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Timestamp: 2018-03-22 04:29:46+00:00

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Debido Proceso | El Juego de la Suprema Corte
1. Debido proceso. Certeza Jurídica1
En razón de hacer efectiva la garantía que se impuso en una suspensión dentro de un juicio de amparo, ¿que notificación marca el inicio del cómputo del plazo de seis meses,2 para la interposición del incidente de reparación de daños y perjuicios, una vez causada ejecutoria la sentencia dictada en un recursos de revisión en un amparo indirecto?
Existían dos posibilidades: primera, aquella realizada por el juez de distrito, una vez recibida la copia de la ejecutoria dictada en la revisión y; la segunda, como resolvería la Corte, es aquella que lleva a cabo la Suprema Corte y/o el Tribunal Colegiado de Circuito, sobre la sentencia dictada en el recurso de revisión, haciéndolo de acuerdo con las reglas generales para las notificaciones.3
2. Justicia fiscal4
A las normas que rigen la condonación de deudas tributarias, ¿se les aplican los principios de justicia fiscal?
La Corte definiría que la condonación de deudas fiscales pertenece al ámbito de los beneficios otorgados por razones no estructurales a la contribución; en ese sentido, se trata de una acción unilateral del Estado encaminada a no hacer efectiva la deuda fiscal, renunciándose a recibir el pago. Por esa razón, ella no obedece a una exigencia constitucional de justicia tributaria,5 lo que no se traduce en una amplia discrecionalidad de las autoridades, ya que debe observarse bajo el principio general de igualdad.6
3. Trata de personas7
La legislación local consideraba en torno al delito de trata de personas varios temas: cuál sería la legislación aplicable de manera supletoria; distribución de competencias para investigar, perseguir y sancionar ese delito; procedimientos en materia de reparación del daño.
La Corte definiría que el marco constitucional y las leyes generales reglamentarias de la materia, si bien dejan facultades a las legislaturas locales, estas no pueden legislar en materia de investigación, procedimiento y sanciones, porque ello significaría estar invadiendo la competencia de regulación del Congreso de la Unión.8
4. Autonomía judicial, ahorro y austeridad9
Se debía verificar si la nueva legislación local sobre austeridad estaba violentando la autonomía del Poder Judicial del estado. Para ello se analizarían cinco argumentos.
Primero. La necesidad por parte del Poder Judicial de anexar al anteproyecto de presupuesto, el informe de austeridad. En tal informe debía destacarse el monto de lo ahorrado en gasto operativo durante el ejercicio y hacerlo del conocimiento de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno, perteneciente al Ejecutivo local, a efecto de contemplar el ahorro en el paquete presupuestal del siguiente ejercicio fiscal, en los términos de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de la entidad.
La Corte indicaría que estas disposiciones no violentaban la autonomía e independencia judicial, ya que se daban en respeto del marco constitucional y legal mexicano, a fin de facilitar las atribuciones del Congreso en materia de contabilidad y gasto público y la verificación a través de la instancia técnica especializada, del manejo de los recursos públicos, los cuales deben estar apegados a los principios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.10
Segundo. Se indicaba que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno debía dirigir los recursos derivados del ahorro, con preferencia al capítulo de inversión pública. A tal efecto se preveía la intervención de esta Secretaría en la determinación de castigos y premios derivados del cumplimiento o incumplimiento a los lineamientos y políticas en la materia de austeridad y ahorro.
Ahora bien, diría la Corte que el mecanismo descrito no violaba la autonomía e independencia del Poder Judicial, puesto que esta actividad no se realizaba tratándose de la elaboración del presupuesto de egresos del Poder Judicial y la determinación del destino de los recursos que le corresponden. En este caso, la intervención se limitaba a incluir en el paquete presupuestal, el anteproyecto de presupuesto relativo.11
Tercero. Prohibición de pagos no contemplados en el presupuesto. En esto casos concretos, no había afectación ya que estas prohibiciones a pagos a las remuneraciones de los servidores públicos, en cuanto y a los principios que rigen la administración de los recursos económicos del Estado, incluidas las entidades federativas, se referían a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, con lo cual se satisfacen los objetivos a los que están destinados.12
Cuarto. Se consideraba inexacto que se obstaculizara el conocimiento de las obligaciones y reglas impuestas en materia de austeridad y ahorro. Por un lado, el uso de palabras y términos de fácil entendimiento y comprensión para el común de las personas, como ocurre con las expresiones: titulares de los sujetos obligados, montos autorizados, mecanismos de control y seguimiento del ejercicio presupuestal, optimizar estructuras orgánicas y ocupacionales, mínimo indispensable, planes de modernización, tabulador de cuotas que fije topes, etcétera.
Por otro lado, las normas impugnadas precisan a los servidores públicos responsables de actuar o a quienes se les puede atribuir la omisión de actuar, los encargados de tramitar el procedimiento por el incumplimiento de ley y de dictar las sanciones aplicables, etc.13
Quinto. Un artículo transitorio establecía el plazo de 180 días naturales para que los sujetos obligados determinaran y aprobaran las modificaciones presupuestales necesarias para el cumplimiento de los objetivos de austeridad y ahorro. Se determinaría que la obligación era posible de acatar por dos razones.
Muchas de sus prescripciones no requerían para su cumplimiento e implementación de la modificación del presupuesto de egresos, tales como el establecimiento de medidas de control y seguimiento del ejercicio del presupuesto y la implementación de medidas y acciones tendientes a eliminar trámites innecesarios, la de agilizar procesos internos y reducir costos de operación y administración, la elaboración del Programa de Austeridad y Ahorro y del reglamento relativo, la abstención de autorización de bonos y percepciones extraordinarias y de contratación de seguros de gastos médicos privados y secretarios privados, salvo las excepciones autorizadas, la de optimizar estructuras orgánicas y ocupacionales, la de elaborar tabuladores de gastos tope en algunos rubros, y algunas otras más.
Por otro lado, en relación a los cambios que requerían de modificaciones en el presupuesto de egresos, se determinaba con toda claridad que tales modificaciones debían hacerse en los términos de la legislación vigente y, por tanto, los sujetos obligados quedaban constreñidos a actuar conforme a las prescripciones en la materia en aplicación.14
5. Tortura15
Como se expresaría, no se estaba analizando específicamente el concepto del delito de tortura, su construcción típica, sino más bien, el argumento principal era que el nuevo marco estatal sobre tortura, legitimaba el ejercicio del uso de la fuerza, cuando se tratara de la aplicación de sanciones de orden penal.
Sin embargo, para definir si existía una violación debía atenderse a la definición de tortura que se daba en el marco jurídico en estudio, al tipo penal y las excepciones que el mismo marco indicaba.
En ese sentido, por un lado, por tortura se indicaba: “todo acto u omisión por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.
De igual manera se indicaba que: “Comete el delito de tortura el servidor público que realice cualquier acto u omisión por el cual se inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos 10 o mentales u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes con fines de investigación, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”; así como que “Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de cualquier acto u omisión que persiga o conduzca a disminuir o anular la personalidad de la víctima, su capacidad física o mental, aunque no le cause dolor físico o angustia psíquica”.
Sobre ello se diría que es acorde con el marco constitucional e internacional, centrándose ahora en el tema de los actos que no se considerarían tortura y que podrían estar afectando.
En ese sentido decía la norma: “No se considera tortura, los sufrimientos físicos o mentales que sean consecuencia de sanciones penales, medidas incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo de autoridad, siempre que exista proporcionalidad en el uso de la fuerza y no se encuentren dentro de las prohibidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la legislación aplicable o los criterios emitidos por el Poder Judicial”.
Esto último daba cuatro criterios de validación que hacía a la Corte concluir que aunque la redacción no era la más satisfactoria, debía calificarse de válida. El hecho de que se incluyeran como criterios: la legitimidad, proporcionalidad, su no contravención con el marco constitucional e internacional, al mismo tiempo que su alineación con los criterios jurisprudenciales, harían a la Corte aceptar que el marco jurídico en estudio resultaba adecuado.16
6. Derecho a la consulta. Municipios indígenas17
En Oaxaca se hizo una reforma que afectaba al ámbito municipal, específicamente en el tema de autoridades conducidas por sistemas normativos indígenas. Mediante esta reforma, se preveían facultades para la asamblea general comunitaria -máxima autoridad en los municipios indígenas para elegir a sus autoridades- y, de igual manera, se predecía la terminación anticipada del mandato de los integrantes de los ayuntamientos electos mediante sistemas normativos internos.
Importante subrayar que la Corte debatiría una vez más sobre el tema la existencia misma del municipio indígena y legitimación de los mismos (derechos o no a defender), aunque decidiría en la presente ocasión, ser neutral en estas expresiones.
Ahora bien, quedaba claro a la Corte que, reconociendo la existencia de una consulta con motivo de la reforma constitucional en estudio, una modificación al marco normativo bajo el que se gobiernan estos municipios gobernados por sistemas normativos indígenas, exigía una consulta a los pueblos indígenas destinatarios, lo cual no sucedió. Por otro lado, la existencia misma de la Asamblea General Comunitaria, como máxima autoridad para los municipios indígenas, ya había sido declarada inválida por la propia Corte.18
1 Contradicción de Tesis 542/2012. Ponente Min. Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena. Sesionada el 3 de mayo de 2016. Mayoría de seis votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 45.
2 Concedido por la Ley de Amparo abrogada, artículo 129.
3 Artículo 29.
4 Contradicción de Tesis 276/2015. Sesionada el 9 de mayo de 2016. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz.
5 Artículo 31, fracción IV.
6 Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, p. 49.
7 Acción de Inconstitucionalidad 6/2015. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Sesionada los días: 12, 16, 17 y 19 de mayo de 2016.
8 Unanimidad de votos a favor del proyecto modificado. Sesión del 17 de mayo de 2016, p. 27.
9 Controversia Constitucional 8/2015. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Sesionada el 23 de mayo de 2016.
10 Votación favorable, sesión del 23 de mayo de 2016, p. 9
11 Votación favorable, p. 10.
12 Unanimidad de 9 votos, p. 14.
13 Votación favorable, p. 16.
14 Votación favorable, p. 18.
15 Acción de Inconstitucionalidad 32/2015. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sesionada el día 24 de mayo de 2016. Artículos 2, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley para Prevenir, Sancionar, Erradicar y Reparar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes del Estado de Jalisco, así como el artículo 154-H, fracción II, quinto párrafo, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.
16 Unanimidad de votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, p. 30.
17 Controversia Constitucional 60/2015 y otras. Ponente Min. Margarita Luna Ramos. Sesionadas el 26 de mayo de 2016. Decreto 1291, publicado el veintiuno de agosto de dos mil quince: Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, adiciona un Capítulo Sexto denominado: “De la terminación anticipada del periodo de las autoridades en los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas” al Título Tercero, denominado “Del Gobierno Municipal”.
18 Ocho votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 23.
[3] Amparo Directo en Revisión 1312/2014. Sesionado el día 27 de enero de 2015. Ponente. Min. José Fernando Franco González Salas. Engrose consultable aquí.
[4] Amparo directo 4/2009. Sesionado el 28 de septiembre de 2009, 18 de febrero de 2010, 17, 19 y 23 de agosto de 2010 –todas las anteriores fue ponente el Min. Cossío Díaz-, el 29 de enero de 2015. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Mayoría de 8 votos por la concesión del Amparo. Consultable aquí.
1. Consulta Popular. Eliminación de Diputados y Senadores plurinominales[1]
La Corte analizaría la constitucionalidad de la Consulta Popular, sobre la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales?”
Tras estudiar los diversos temas que pueden generar impedimento para realizarla, el estudio se centró en definir, si se podía encuadrar dentro de la restricción por “materia electoral”. En ese sentido, se abocó a analizar ¿qué es material electoral?
Se definiría que si bien, la reducción de Diputados y Senadores de representación proporcional, constituye un tema de tipo orgánico del Poder Legislativo, igualmente advirtió un tema electoral, en tanto que se vería reducida la participación de los partidos políticos y, en su caso, candidatos independientes y, por otro, se tocarían los efectos de la votación de la ciudadanía, en cuanto a la representatividad, al igual que tendría un impacto sobre la forma como operarían los principios de mayoría relativa y representación proporcional, como candado para evitar la sobre o sub-representación.
2. Deuda Pública Nacional[2]
Se analizó el mecanismo de aprobación de la Deuda Pública Nacional[3]. En resumen diría la Corte, este caso se trató de lo siguiente: Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, los argumentos eran: vulneración del artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Federal por otorgar al Poder Ejecutivo Federal una supuesta autorización a priori para la contratación de deuda, sin que dicha celebración sea aprobada posteriormente por el Congreso; a que autoriza la celebración de empréstitos con un fin distinto a lo previsto por ese precepto; a que transgrede los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y legalidad del gasto de los recursos económicos públicos, previstos en el artículo 134 constitucional, y a que genera un despilfarro de estos recursos al autorizarse la contratación de deuda sin que exista la necesidad para ello.
Para resolver la controversia diría el ponente: ¿Es constitucional el artículo 2º de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014? ¿Qué es lo que debe autorizar el Congreso de la Unión en la ley de ingresos? ¿Le corresponde o no autorizar de manera general la contratación de deuda vía montos límite o se requiere una autorización específica para cada uno de los empréstitos? A lo anterior respondería la Corte.
La función de una norma general dentro del sistema financiero no puede ser la de autorizar actos concretos, entender de otra manera la función de la ley de ingresos, implicaría –considera el proyecto– tergiversar el sistema financiero constitucional y condicionar la autorización de cada uno de los actos administrativos, en una ley general, esto es, administrar a través de la ley, lo que no sólo rompe con la naturaleza propia de la ley, sino con el principio, de división de poderes.
Además no se estaba autorizando la celebración de empréstitos con un fin distinto a lo previsto por la Constitución, ya que los fines de financiamiento, se encontraban explicitados de manera pormenorizada; a lo que se adicionaba que, funcionalmente, el ejercicio y gestión del gasto no se encuentran en la ley de ingresos, sino en las partidas del presupuesto de egresos.
De tal forma, que los montos generales de endeudamiento neto, interno y externo que se estaban autorizando, no sobrepasaban el monto presupuestado para inversión física, al igual que la aplicación y destino de este monto se encontraba desglosado, de manera pormenorizada, en los demás tomos del presupuesto y justificada en la estrategia programática del gasto.
Se consideró infundada la supuesta violación a los principios de gastos sobre los recursos públicos previstos en la Constitución, ya que no es sino hasta que el gasto ha sido ejercido, cuando pueden realizarse las evaluaciones correspondientes y determinar si su administración se realizó conforme a los principios referidos
Se reforzó lo establecido con anterioridad sobre los principios constitucionales, en el sentido de que deben ser evaluados con la administración del gasto y realizado por la entidad técnica.
Igualmente se estableció, la imposibilidad de exigir una motivación reforzada, y se señaló que en el caso sí existe una motivación suficiente, misma que se advierte en la exposición de motivos de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de dos mil catorce.
3. Hacienda Municipal y recursos que la integran[4]
En primera instancia se determinó que es facultad de los ayuntamientos elaborar su iniciativa de ley de ingresos y enviarla a los Congresos para su análisis y aprobación, lo cual, una vez logrado, el Ayuntamiento elabora su presupuesto de egresos.
En el caso concreto, el ayuntamiento elaboró su ley de ingresos y solicitó por el rubro de “participaciones federales”, ciento setenta y seis millones de pesos por concepto de “laudos laborales y administrativos”.
El Congreso al analizar la ley, determinó eliminar ese rubro, pues no podía ser considerado ingreso, al no tener una fuente del cual se pudiere obtener. Esta decisión podría estar afectando la autonomía municipal, pues el Congreso, bajo el criterio de vinculatoriedad debía respetar lo mandado por el ayuntamiento.
Sin embargo, señalaría la Corte, dicho criterio, tratándose de leyes de ingresos no es aplicable, porque no se trataba de un rubro sobre conceptos propios de los ayuntamientos, tales como: cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y tablas de valores unitarios del suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de contribuciones sobre propiedad inmobiliaria, derechos por servicios prestados por los municipios.
La ley de ingresos aprobada por el Congreso local, se consideró fundada y motivada.
Por otro lado, el Congreso no podía haber resuelto la solicitud de una partida extraordinaria, cuyo objetivo fuera hacer frente a las obligaciones del ayuntamiento, como deuda pública, ya que ello es sólo procedente para inversiones públicas productivas, lo cual no era el caso.
Finalmente, el dictamen en sentido negativo de ampliación de presupuesto, se consideró fundado y motivado, indicando que las partidas para solventar sus pasivos por las condenas en laudos, debían ser contempladas en el presupuesto de egresos.
4. Debido proceso. Justicia expedita y economía procesal[5]
¿Puede un Tribunal Colegiado estar integrado por un magistrado titular, un Secretario en funciones de magistrado por designación del Consejo, y un Secretario en funciones que suple a un magistrado por designación del propio Tribunal Colegiado?
Existen dos supuestos, bajo los cuales un secretario puede desempeñar las funciones de Magistrado: Primero, para cubrir ausencias temporales de los magistrados de Circuito. Segundo, para cubrir a los magistrados que han sido declarados legalmente impedidos, que falten accidentalmente, o que falten por más de un mes.
La designación por ausencia temporal, la hace el Consejo de la Judicatura Federal y la designación por impedimento, falta accidental o por más de un mes, lo hace el propio Tribunal Colegiado.
Se resolvería. En primer término, no es adecuada la solución jurídica de enviar los autos a un Tribunal Colegiado más próximo, pues dicha solución sólo está prevista para el caso de que dos magistrados estuviesen impedidos.
En ese sentido, se consideró que el legislador previó figuras alternas para cubrir excepcionalmente las ausencias e impedimentos de los magistrados, lo que llevó a la Corte a la afirmación de que nada impedía que en situaciones excepcionales, como la ausencia de un magistrado y el impedimento de otro, un Tribunal Colegiado pudiera válidamente estar integrado por dos secretarios en funciones; solución, además que, encuentra refuerzos en el mandato de justicia expedita y en el principio de economía procesal.
5. Debido proceso. Equilibrio procesal entre las partes, acceso a la justicia, justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, principio de progresividad[6]
La pregunta a resolver era: ¿Cuál es la normatividad que rige la oportunidad para promover el juicio de amparo indirecto en contra de autos que afecten la libertad personal dentro del procedimiento, dictados y notificados a partir del tres de abril de dos mil trece, o sea con la entrada en vigor de la nueva ley de amparo?
La propuesta indicaba, que el plazo de quince días, señalado en la ley de amparo vigente, podría estar afectando, entre otros derechos humanos, el principio de progresividad. Pero en razón de que, la votación fue mayoritaria en contra de la propuesta, se puede presumir la validez de dicho término.
6. Taxatividad. Seguridad jurídica[7]
Se analizaba el siguiente texto de la ley general de salud: “Al que venda o suministre a menores de edad o incapaces, mediante cualquier forma, substancias que se encuentren comprendidas dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 245 de esta Ley, se aplicará de 7 a 15 años de prisión.” El problema era que en la lista referida, se encuentran sustancias que sirven para el tratamiento de diversos padecimientos -obesidad, psicosis, antidepresivos, tratamiento contra migraña, sedantes, entre otros- cuya venta y suministro sí están permitidos.
Diría la Corte, sostener el artículo como constitucional, crearía inseguridad jurídica por no saber si la venta y suministro de estas sustancias está permitida, igual estaría afectando el derecho a la salud, porque su prohibición no consentiría los tratamientos indicados, al igual que sería contrario al principio de exacta aplicación de la ley.
7. Municipios, aportaciones federales[8]
El punto conflictivo fueron los montos finales asignados al municipio, devenidos de los fondos para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, lo que se hace con el fin constitucionalmente legítimo de abordar el problema de la pobreza extrema de las distintas regiones del país.
En ese sentido, el municipio se inconformaba porque la cantidad entregada, la consideraba insuficiente para cubrir y satisfacer los derechos y garantías sociales, elevados a rango constitucional, que tienen encomendados.
La Corte resolvería que la configuración de las aportaciones federales, es una potestad de la Federación, en ejercicio de sus facultades de dirección de política pública de naturaleza redistributiva, y que los montos habían sido emitidos en cumplimiento de esta facultad.
Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998
[1] Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular 4/2014. Sesionada el 3 de noviembre de 2014. Ponente Min. José Fernando Franco González Salas. Unanimidad de 9 votos, p. 27.
[2] Acción de inconstitucionalidad 38/2013, sesionada el 4 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de votos a favor de la propuesta, p. 37. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil catorce y reforma al primer párrafo del artículo 2º de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece. CPEUM: 134, 73 fracción VIII y 31 fracción IV.
[3] Una explicación la encontramos en “La Suprema Corte frente a la deuda pública nacional”, en este mismo espacio.
[4] Controversia Constitucional 19/2014. Sesionada el 4 de noviembre de 2014. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de votos, p. 55.
[5] *Contradicción de Tesis, 218/2014. Ponente Min. Sergio Valls Hernández, sesionada los días 11 y 13 de noviembre de 2014. Seis votos a favor de la propuesta del proyecto, sesión del 13 de noviembre de 2014, p. 7.
[6] Contradicción de tesis 248/2014. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Sesionada el día 6 y 13 de noviembre de 2014. Mayoría de seis votos en contra de la propuesta, sesión del 13 de noviembre de 2014, p. 29.
[7] Acción de Inconstitucionalidad 2/2014. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo, sesionada los días 27 de noviembre y 1 de diciembre de 2014. Ocho votos a favor de la propuesta, p. 6.
[8] Controversia Constitucional 28/2014, sesionada los días 1, 2 y 8 de diciembre de 2014. Ponente Min. Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena. Mayoría de 7 votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 6., CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. www.victorcolliek.com

References: artículo 129
 Artículo 29
 Artículo 31
 artículo 154
 artículo 73
 artículo 134
 artículo 2
 artículo 245
 artículo 2