Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25213
Timestamp: 2020-06-04 18:48:32+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 226/2016
SENTENCIA 226/2016, de 22 de diciembre
ECLI:ES:TC:2016:226
En el recurso de amparo avocado por el Pleno núm. 6237-2011, promovido por doña Susana Pérez-Alonso García-Scheredre, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Covadonga Juliá Corujo y asistida por el Letrado don José Luis Lafuente, contra la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2011, estimatoria del recurso de casación interpuesto por el Partido Socialista Obrero Español contra la Sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Oviedo de 17 de diciembre de 2007 que, a su vez, estimó el recurso de apelación promovido por la actora contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Oviedo de 30 de julio de 2007 (juicio ordinario núm. 596-2007), desestimatoria de la impugnación de la sanción de suspensión temporal de militancia impuesta por el citado partido. Ha sido parte el Partido Socialista Obrero Español, representado por el Procurador de los Tribunales don Roberto Granizo Palomeque y asistido por el Letrado don Francisco Alonso Díaz, y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, quien expresa el parecer del Tribunal.
a) El 27 de julio de 2006 la comisión ejecutiva regional de la federación socialista asturiana del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) acordó solicitar a la comisión federal de listas del partido la suspensión del proceso de primarias para elegir al candidato a la alcaldía de Oviedo. La solicitud se plasmó en escrito de 1 de agosto de 2006, en el que se indicaban las razones que justificarían dicha excepción. La solicitud fue seguida de la publicación de diversos artículos y cartas al director en el diario La Nueva España mostrando su disconformidad con dicha decisión y criticándola. En concreto, la actora publicó una carta al director en el referido diario con fecha 9 de agosto de 2006, bajo el título “Escándalo innecesario en la AMSO”. La carta tenía el siguiente tenor:
“Sería conveniente que algunos afiliados al PSOE repasasen las palabras de Rodríguez Ibarra en cuanto a la lealtad y la fidelidad. Al igual, les recomiendo que repasen las mías al respecto. Felipe González puede ser una buena guía de lo que expongo e incluso hasta el mismo Alfonso Guerra.
NOTA BENE: Es Catilina, no es que exista una candidata que se llame Catalina, que, dado el nivel de formación de algunos, puede que no lo entiendan...”
d) El 23 de octubre de 2006 se publica en el diario La Nueva España una nueva carta de la recurrente titulada “La libertad no tiene fronteras ni espacios tasados”, en la que critica las declaraciones efectuadas a dicho diario por el miembro de la federación socialista asturiana don Alfredo Carreño sobre la sanción impuesta a unos militantes socialistas por opinar, manteniendo que nadie puede dictar dónde, cómo y cuándo se expresan los ciudadanos, los militantes o no de un partido. La carta finaliza en los siguientes términos: “¿Así que puedo hablar en una habitación, a la hora y día que tú me digas, Alfredo? Eres chistoso, francamente”.
e) Una vez concluida la tramitación del expediente sancionador, por acuerdo de 16 de noviembre de 2006 la comisión ejecutiva federal del PSOE resolvió imponer a la actora la sanción de suspensión de militancia por veinte meses, en aplicación del art. 46 c) del Reglamento de afiliados y afiliadas, por la comisión de dos faltas muy graves, tipificadas en el artículo 44 i) (“menoscabar la imagen de los cargos públicos o instituciones socialistas”) y k) (“actuación en contra de acuerdos expresamente adoptados por los órganos de dirección del Partido”) del referido reglamento.
La demanda fue desestimada por la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Oviedo de 30 de julio de 2007, en la que, tras valorar la prueba documental aportada, y, en especial, las manifestaciones contenidas en la carta al director publicada en el diario “La Nueva España” el 9 de agosto de 2006, y con invocación de las SSTC 85/1986, 218/1988, 2/1993 y 56/1995, afirma que la lectura de las cartas publicadas “permite concluir que la decisión del partido de sancionar a la demandante por entender que las manifestaciones contenidas en esos artículos de opinión menoscaban la imagen de los cargos públicos e instituciones socialistas y porque constituye una actuación contraria a un acuerdo adoptado válidamente por los órganos competentes del partido, no es en modo alguno arbitraria ni irrazonable. Y además las expresiones anteriormente reflejadas referidas a la ejecutiva regional y a otros militantes del PSOE menoscaban públicamente la imagen del partido y de los órganos del mismo, ya que, la demandante públicamente opina que los militantes del partido que aparecen en las listas electorales carecen de capacidad para ir en dichas listas”.
Por otra parte, el órgano judicial añade que “este acuerdo sancionador no vulnera el derecho a la libertad de expresión, derecho que los propios Estatutos Federales reconocen a sus militantes, si bien, circunscribiéndolo al seno del Partido, esto es, se posibilita la total libertad de discusión interna y el derecho de crítica sobre posiciones políticas del propio partido y ajenas, mediante ‘la libre expresión oral o escrita y su libre comunicación dentro del Partido’ [artículo 7.1 d) de los Estatutos Federales], así como el derecho a realizar manifestaciones públicas, juicios de valor y expresión de opiniones pero con el límite del respeto a la dignidad de las personas y a las resoluciones y acuerdos adoptados por los Órganos del Partido [artículo 7.1 e) de los Estatutos Federales], de modo que se prevé que los militantes que falten al programa o a los acuerdos y resoluciones de la Organización, expresen públicamente sus opiniones en términos irresponsables o con deslealtad al Partido, o cometan actos de indisciplina puedan ser sancionados con medidas que pueden llegar a la expulsión (artículo 11 de los Estatutos Federales y 35 del Reglamento); y, como apunta la ya citada STC 56/1995, nada se opone al reconocimiento de un derecho a la libertad de expresión de los afiliados en el seno del partido político del que forman parte con los límites que puedan derivarse de las características de este tipo de asociaciones, que no son otros que los que el Partido demandado establece en su normativa interna a la que estaban sujetos los demandantes en cuanto militantes de dicha formación política”.
h) Interpuesto recurso de apelación por la demandante, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Oviedo lo estimó en la Sentencia de 17 de diciembre de 2007, declarando nulo el acuerdo de suspensión de militancia adoptado por la comisión ejecutiva federal del PSOE. La Sala entendió que la crítica enjuiciada no era constitutiva de ataque alguno a las personas, cuando menos de forma nominada, “pues las referencias se producen en un contexto generalizado y nunca personal, además de pretender corregir lo que se consideraba desacertado”, añadiendo que “tampoco lo es frente a una resolución de un acuerdo definitivo, dado que, como ya se indicó, estaba en proceso de formación. Es en este periodo donde esta Sala considera lícita la crítica, no sólo en el ámbito interno, sino también externo o público, con la finalidad de llegar al conocimiento de todos los asociados o a afiliados de Oviedo y Asturias, en cuanto interesados todos ellos en el entonces proceso electoral municipal, en el que la forma de elegir a los posibles candidatos tenía una innegable importancia. El mandato de un funcionamiento democrático, a que alude el citado art. 6 CE, obligaba a los órganos del partido demandado a extremar y favorecer el derecho a comunicar públicamente las opiniones, incluso las divergentes, para así poder adoptar una mejor solución al respecto. Por ello se considera que existió una exacerbación o exceso en el límite impuesto a la libertad de expresión de la demandante, teniendo en cuenta que una vez adoptado el acuerdo por la Comisión Federal de Listas, ninguna otra crítica pública se le conoce a la citada”.
i) El PSOE promovió frente a la anterior resolución judicial recurso de casación, aduciendo infracción de los arts. 20.1 a) y 22.1 CE, en relación con el art. 6 CE. El recurso fue estimado por la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2011. Tras exponer la doctrina que debe presidir la ponderación de los dos derechos fundamentales en conflicto (libertad de expresión y derecho de asociación), recogiendo la extensión y límites de cada uno de ellos, así como los criterios que deben presidir la ponderación entre uno y otro, la Sentencia aplica dicha doctrina al caso enjuiciado, señalando que la información que servía de base al artículo de opinión enjuiciado tiene relevancia social, y que la consideración del principio de proporcionalidad en las expresiones utilizadas lleva, sin embargo, a revertir el juicio de ponderación que se realiza, entendiendo la Sala que se emplean términos que resultan objetivamente injuriosos y que no guardan relación directa con la crítica efectuada con un sentido objetivo de menosprecio. A su juicio, se trata de expresiones “susceptibles de provocar en los lectores una imagen distorsionada por las connotaciones negativas que las declaraciones en sí mismas conllevan, susceptibles de crear dudas específicas sobre la honorabilidad de los miembros de la ejecutiva al exponer que priorizan sus intereses particulares sobre los colectivos que representan”. Asimismo, la Sala entiende que no son objeto del proceso las hipotéticas trabas a la libertad de expresión de opiniones, ideas o pensamientos que pudieran haber sufrido los miembros del partido a lo largo del proceso que determinó la suspensión del proceso de primarias para la selección del candidato a la alcaldía de Oviedo, sino que la polémica “se centra en el acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE acordando la suspensión de militancia por período de 20 meses a consecuencia de las opiniones proferidas por la demandante en un diario local consideradas contrarias a los estatutos del partido”. Y, desde esta perspectiva, afirma que “esta Sala no puede compartir el criterio seguido por la Audiencia Provincial en su resolución, por cuanto estima vulnerado el derecho del asociado al considerar que el acuerdo contra el que expresa la crítica no es tal, sino solamente una mera propuesta por depender su aceptación de la decisión del órgano competente para adoptarla, pues como se ha indicado este aspecto no ha sido objeto de denuncia, y, en todo caso, la libertad de expresión durante el proceso de adopción de la decisión no está exenta de límites [artículo 7 d) y e)]. Los acuerdos asociativos están sometidos al examen de su regularidad para la determinación del cumplimiento de las formalidades estatutarias que establezcan, en cuanto admisibles y lícitas, según el procedimiento interno para su adopción y su respeto a las normas legales y en consecuencia es evidente que la falta de infracción de dichas garantías provoca la estimación de las alegaciones del motivo y en consecuencia la revocación de la sentencia impugnada, pues el canon de enjuiciamiento no es la libre expresión de ideas, opiniones o pensamientos, sino la conformidad o no con las disposiciones legales -o estatutarias- que regulan las decisiones adoptadas”.
10. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 7 de junio de 2013, en el cual interesó la desestimación del recurso de amparo por entender que no se ha producido la vulneración del derecho fundamental alegado por la actora. Tras exponer los antecedentes del caso y la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con sanciones impuestas a los miembros de una asociación y su posible revisión jurisdiccional, señala que no se puede desconocer que tanto la autoorganización como consecuencia del derecho de asociación (art. 22.1 CE) como, en alguna medida, el derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] han de entrar en la valoración de la conducta del partido político al sancionar y la del órgano judicial para calificar tal conducta como sancionable, habida cuenta de que el criterio de la base razonable impone la valoración de la carta al director publicada en el diario “La Nueva España”. El criterio sentado en la doctrina constitucional expuesta en supuestos de colisión de ambos derechos es el de que la potestad sancionadora se asiente en una base razonable, pues solo en el caso contrario cabría la corrección judicial, so pena de llegar al extremo de anular la potestad sancionadora de la asociación. En este sentido, alegada como fundamento de la demanda la salvaguarda de la libertad de expresión, procede que el Juzgador examine, una vez constatado el cumplimiento de las previsiones estatutarias en cuanto a la tramitación del procedimiento, la existencia de “base razonable de la sanción”, lo que obliga a examinar si el artículo periodístico contiene, por las expresiones usadas, esa base razonable para sancionar. Al hilo de ello, entiende el Fiscal que, de la lectura de la Sentencia del Tribunal Supremo, se colige que las expresiones empleadas por la demandante en su carta al director han sido correctamente evaluadas por el órgano judicial, en cuanto que de cada una de las frases y expresiones se desprende la denuncia descarnada de priorización de los intereses particulares a los públicos en las frases destacadas por la Sentencia. El Ministerio Fiscal entiende que no es asumible que ello sea, como se afirma en la demanda, un ataque a la generalidad del sistema de partidos y del funcionamiento de los mismos cuando la crítica se ejerce en un contexto determinado como lo es el de las elecciones primarias del PSOE, partido que, junto con sus dirigentes, debe considerarse especialmente aludido en las frases utilizadas, sin que por lo demás puedan tener efecto de justificación las excusas que por la recurrente se dan en la demanda de amparo, explicaciones no válidas para justificar un escrito objetivamente injurioso. Por ello, cobra realidad la frase constantemente utilizada por la jurisprudencia constitucional en el sentido de que la libre expresión de ideas, pensamientos y opiniones no autoriza los insultos habida cuenta de que el honor y la dignidad de las personas se hallan constitucionalmente protegidos.
1. El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 27 de septiembre de 2011, estimatoria del recurso de casación interpuesto por el Partido Socialista Obrero Español contra la Sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Oviedo, de 17 de diciembre de 2007, estimatoria, a su vez, del recurso de apelación promovido por la actora contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Oviedo de 30 de julio de 2007. En último término, la demanda se dirige también contra el acuerdo de 16 de noviembre de 2006 de la comisión ejecutiva federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que fue confirmado por las citadas resoluciones judiciales, y que resolvió imponer a la actora la sanción de suspensión de militancia por veinte meses, en aplicación del art. 46 c) del Reglamento de afiliados y afiliadas, entonces vigente, y ello como respuesta a la publicación de dos cartas al director de su autoría en el diario “La Nueva España”. En síntesis, la demandante de amparo estima que el ejercicio de la potestad disciplinaria por el mencionado partido, posteriormente confirmada en sede judicial, vulneró su derecho fundamental a la libertad de expresión.
Atendiendo a lo expuesto, y en la línea de la jurisprudencia que mantenemos de manera constante desde el ATC 188/2008, de 21 de julio, hasta pronunciamientos más recientes (SSTC 203/2015, de 5 de octubre; 160/2015, de 14 de julio; 145/2015, de 25 de junio; 124/2015, de 8 de junio; 87/2015, de 11 de mayo; 204/2014, de 15 de diciembre; 128/2014 y 126/2014, de 21 de julio, y 178/2012, de 15 de octubre, entre otras), cabe concluir que se ha cumplimentado por la parte recurrente “el razonable esfuerzo argumental que le compete en orden a enlazar las infracciones constitucionales denunciadas con alguno de los criterios establecidos en el art. 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, precepto según el cual la especial trascendencia constitucional del recurso se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales” (STC 87/2015, FJ 3). Por tanto, el recurso de amparo cumple, además de los restantes requisitos procesales previstos en el art. 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la exigencia impuesta por el art. 49.1 in fine LOTC de justificar de manera expresa en la demanda de amparo la especial trascendencia constitucional del recurso.
3. El cumplimiento por la recurrente de la exigencia de justificar suficientemente que concurre en este caso una especial trascendencia constitucional traslada al Tribunal la necesidad de apreciarla, atendiendo a los criterios señalados por el art. 50.1 b) LOTC y desarrollados, de forma no exhaustiva ni excluyente, en la STC 155/2009, de 25 de junio. Desde la aprobación de esta sentencia, nuestra doctrina viene insistiendo en que corresponde al Tribunal Constitucional apreciar si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional, atendiendo, conforme al art. 50.1 b) LOTC, a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales (en este sentido, por todas, SSTC 183/2011, de 21 de noviembre, FJ 2, y 212/2013, de 18 de diciembre, FJ 2). Y lo hace ad casum, teniendo un amplio margen decisorio a este respecto debido al carácter notablemente abierto e indeterminado, tanto de la noción de “especial trascendencia constitucional” como de los criterios legalmente establecidos para su apreciación (STC 77/2015, de 27 de abril, FJ 1, y jurisprudencia allí citada).
b) Este recurso de amparo plantea un problema de posible injerencia en la libertad de expresión, aspecto distinto a la libertad para transmitir informaciones. La actividad de la recurrente en amparo que fue objeto de la sanción disciplinaria encaja perfectamente en la definición que nuestra doctrina formula del derecho a la libertad de expresión ex art. 20.1 a), es decir, “la emisión de pensamientos, ideas u opiniones, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos” (STC 139/2007, de 4 de junio, FJ 6), pues estamos ante una clara exteriorización de opiniones o ideas de quien es titular del derecho a la libertad de expresión. En definitiva, la apertura del expediente disciplinario y la imposición de la correspondiente sanción a la demandante de amparo —así como a otros nueve afiliados del partido cuya sanción, no obstante, fue posteriormente anulada por la Sentencia de 31 de julio de 2008 del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Oviedo, anulación luego confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo 269/2012, de 11 de abril, que obra en autos— como consecuencia de sus manifestaciones críticas podrían constituir una injerencia en el ejercicio, por la recurrente, de su derecho a la libertad de expresión en el sentido del art. 20.1 a) CE.
c) Si bien la libertad de expresión consagrada en el art. 20 CE es, como la mayor parte de los derechos fundamentales, preferentemente un derecho de garantía frente a los poderes públicos, su contenido se extiende también a las relaciones entre particulares y, por tanto, puede reivindicarse también frente a estos, aunque en ese ámbito el contenido y ejercicio del derecho se someta a unos límites específicos (STC 56/1995, de 6 de marzo, FJ 5, y jurisprudencia allí citada). Por tanto, en el presente asunto debemos resolver el conflicto entre los derechos de una persona física —la afiliada—, y los de una persona jurídica —el partido político—, teniendo en cuenta el reconocimiento constitucional tanto de la libertad de expresión como del derecho de asociación.
5. Como recordamos en la STC 23/2010, de 27 de abril, FJ 3, la libertad de expresión comprende, junto a la mera expresión de juicios de valor, la crítica de la conducta de otros, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática. En el marco amplio que se otorga a la libertad de expresión quedan amparadas, según nuestra doctrina, “aquellas manifestaciones que, aunque afecten al honor ajeno, se revelen como necesarias para la exposición de ideas u opiniones de interés público” (por todas, SSTC 107/1988, de 8 de junio, FJ 4; 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 10; 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4, y 181/2006, de 19 de junio, FJ 5). Así, “el derecho a la libertad de expresión, al referirse a la formulación de ‘pensamientos, ideas y opiniones’, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, dispone de un campo de acción que viene sólo delimitado por la ausencia de expresiones sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas” (STC 79/2014, de 28 de mayo, FJ 6 y jurisprudencia allí citada). Sin embargo, la Constitución no reconoce en modo alguno un pretendido derecho al insulto, de modo que no cabe utilizar, en ejercicio del derecho a la libertad de expresión constitucionalmente protegida, expresiones ‘formalmente injuriosas’ (SSTC 107/1988, de 8 de junio, FJ 4; 105/1990, de 6 de junio, FJ 8; 200/1998, de 14 de octubre, FJ 5, y 192/1999, de 25 de octubre, FJ 3), o ‘absolutamente vejatorias’ (SSTC 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4; 174/2006, de 5 de junio, FJ 4, y 9/2007, de 15 de enero, FJ 4); es decir, quedan proscritas “aquellas que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate” (STC 41/2011, de 11 de abril, FJ 5, y jurisprudencia allí citada).
También ha sido una constante de nuestra jurisprudencia señalar que no se trata solo de un derecho de libertad, que reclama la ausencia de interferencias o de intromisiones de las autoridades estatales en el proceso de comunicación, sino también de la garantía de una institución política fundamental, la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático (STC 12/1982, de 31 de marzo). Es decir, el art. 20 CE “garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas” (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4, reiterada por la STC 79/2014, de 28 de mayo, FJ 6). En la misma línea se pronuncia la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde la Sentencia en el asunto Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976, al afirmar que la libertad de expresión (art. 10.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales: CEDH) constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso (en el mismo sentido SSTEDH asunto Castells c. España, de 23 de abril de 1992, § 42; asunto Fuentes Bobo c. España, de 29 de febrero de 2000, § 43; asunto Stoll c. Suiza, de 10 de diciembre de 2007, § 101; asunto Movimiento raeliano suizo c. Suiza, de 13 de julio de 2012, § 48; y asunto Morice c. Francia, de 23 de abril de 2015, § 124).
Como el resto de derechos fundamentales, también el ejercicio de la libertad de expresión está sometido a límites constitucionales (STC 65/2015, de 13 de abril, FJ 3). Quedan extramuros de la protección que confiere el derecho las “frases y expresiones ultrajantes y ofensivas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito” (STC 23/2010, de 27 de abril, FJ 3). Pero, junto a ello, “la tendencia expansiva de la libertad de expresión encuentra también su límite en el respeto al contenido normativo garantizado por otros derechos fundamentales, cuya afectación no resulta necesaria para la realización constitucional del derecho. Como hemos señalado en ocasiones anteriores, el deslinde de la libertad de expresión no es nunca total y absoluto (por todas, STC 173/1995, de 21 de noviembre, FJ 3) y a menudo, la delimitación de su ámbito protegido sólo puede hacerse a partir de la de otros derechos fundamentales, aunque, eso sí, mediante la adecuada ponderación de los valores constitucionales enfrentados, entre los que destaca la garantía de la existencia de la opinión pública indisolublemente unida al pluralismo político” (STC 23/2010, FJ 3, y jurisprudencia allí citada).
6. En cuanto al contenido del derecho de asociación en relación a un partido político, nuestra doctrina ha venido sosteniendo de forma constante que un partido político es una forma de asociación que se sitúa bajo las previsiones del art. 22 CE (STC 3/1981, de 2 de febrero, FJ 1), opción constitucional que traduce la voluntad “de asegurar el máximo de libertad e independencia de los partidos” garantizando un “menor grado de control y de intervención estatal sobre los mismos” (STC 85/1986, de 25 de junio, FJ 2, reiterado en la STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 5). Esta posición ha venido justificando, con carácter genérico, la autocontención de los órganos judiciales a la hora de juzgar la actividad interna de los partidos y las relaciones de estos con sus afiliados, y ha justificado también un control meramente formal de la potestad sancionadora de los partidos que conducía a excluir, como criterio general, un examen sobre el alcance de tal potestad sancionadora cuando la misma incidía en el ejercicio de los derechos de los afiliados, ya sean estatutarios, legales o incluso constitucionales.
Ahora bien, la especial condición constitucional que el art. 6 CE confiere a los partidos políticos impide que puedan considerarse meras personas jurídico-privadas titulares del derecho de asociación contemplado en el art. 22 CE. Aun manteniendo, como hemos venido declarando hasta la fecha, que no existen modalidades diversas del derecho de asociación en función del tipo de asociaciones en que se concrete, no puede obviarse que la Constitución, en su título preliminar, otorga una particular posición y relieve constitucional a los partidos políticos por la importancia decisiva que tales organizaciones están llamadas a desempeñar en las modernas democracias pluralistas (STC 3/1981, de 2 de febrero, FJ 1), por la trascendencia política de sus funciones (concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular) y por servir de cauce fundamental para la participación política (STC 10/1983, de 21 de febrero de 1983, FJ 3, posteriormente reiterada en la STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 5). Por ello, “los arts. 6 y 22 deben interpretarse conjunta y sistemáticamente, sin separaciones artificiosas y, en consecuencia, debe reconocerse que el principio de organización y funcionamiento interno democrático y los derechos que de él derivan integran el contenido del derecho de asociación cuando éste opera sobre la variante asociativa de los partidos políticos” (STC 56/1995, FJ 3).
Lo anterior supone que debe tenerse en cuenta el mandato constitucional “de que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos” (STC 3/1981, FJ 1) en todas las dimensiones del derecho de asociación, que se proyecta tanto en la libertad de creación de partidos políticos, como en el derecho de afiliación o no afiliación, y en la potestad de autoorganización, pero particularmente en esta última, de la que deriva la facultad de autorregulación expresada a través de la aprobación de estatutos propios y de reglamentos de funcionamiento interno, y de la que también emana la facultad disciplinaria ad intra del partido. La razón de ser de esta exigencia se recuerda en el fundamento jurídico 3 de la STC 56/1995: “difícilmente pueden los partidos ser cauces de manifestación de la voluntad popular e instrumentos de una participación en la gestión y control del Estado que no se agota en los procesos electorales, si sus estructuras y su funcionamiento son autocráticos. Los actores privilegiados del juego democrático deben respetar en su vida interna unos principios estructurales y funcionales democráticos mínimos al objeto de que pueda ‘manifestarse la voluntad popular y materializarse la participación’ en los órganos del Estado a los que esos partidos acceden (STC 75/1985)”.
La exigencia legal de que los estatutos de un partido contemplen los derechos y deberes de los afiliados -que pueden alcanzar la extensión que tengan por conveniente los partidos (STC 56/1995, FJ 3), no transforma los derechos fundamentales de los afiliados en meros derechos de configuración estatutaria. Los afiliados son titulares y pueden ejercer en el interior del partido los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos, derechos estos últimos irrenunciables, salvo limitadas excepciones que siempre han de ser expresas (SSTC 123/2009, de 18 de mayo, FJ 2; 82/2006, de 13 de marzo, FJ 2; 183/2000, de 10 de julio, FJ 4; 91/2000, de 30 de marzo, FJ 8, y 76/1990, de 26 de abril, FJ 7, en relación al derecho a la tutela judicial efectiva).
En síntesis, dado que los partidos políticos son asociaciones “cualificadas por la relevancia constitucional de sus funciones y éstas se cifran en la expresión organizada del pluralismo político con el fin de asegurar la mejor correspondencia entre la voluntad de los ciudadanos y la voluntad general expresada en la ley” (STC 138/2012, de 20 de junio, FJ 3), la cuestión relativa al ejercicio de los derechos fundamentales en su seno, no ya por el partido político (cuestión a la que ya nos hemos referido en la citada STC 138/2012, de 20 de junio), sino por los afiliados, adquiere una significación constitucional añadida. De hecho, trasciende a aquellos derechos en particular afectando a la propia esencia del Estado democrático en el seno del cual están llamados a actuar los partidos políticos. En esta línea, la STC 56/1995 reconoció abiertamente que “nada se opone, pues, al reconocimiento de un derecho a la libertad de expresión de los afiliados en el seno del partido político del que forman parte con los límites que puedan derivarse de las características de este tipo de asociaciones” (FJ 5).
7. Por lo que respecta a la interacción entre los derechos fundamentales en juego, como avanzamos en el fundamento jurídico 4, los límites específicos de la libertad de expresión en el seno de los partidos políticos no han sido objeto de definición en nuestra doctrina. Ahora bien, de la propia Constitución se deriva que la libertad de expresión tiene su límite “en el respeto a los derechos reconocidos en este Título [Primero]” (artículo 20.4), entre los cuales se encuentra sin duda el derecho fundamental de asociación reconocido en el artículo 22. Por tanto, para resolver el presente recurso de amparo debemos atender asimismo a los deberes que asume quien se adscribe a un partido, esto es tomar en cuenta las obligaciones dimanantes de la pertenencia a una asociación política que puedan operar como límite externo a la libertad de expresión.
Este Tribunal ya se ha referido en el pasado a las obligaciones que dimanan de la pertenencia a una asociación. Así, en la STC 218/1988, de 22 de noviembre, FJ 1, afirmamos lo siguiente: “la potestad de organización que comprende el derecho de asociación se extiende con toda evidencia a regular en los Estatutos las causas y procedimientos de la expulsión de socios. La asociación tiene como fundamento la libre voluntad de los socios de unirse y de permanecer unidos para cumplir los fines sociales, y quienes ingresan en ella se entiende que conocen y aceptan en bloque las normas estatutarias a las que quedan sometidos. Y en cuanto la asociación crea no sólo un vínculo jurídico entre los socios, sino también una solidaridad moral basada en la confianza recíproca y en la adhesión a los fines asociativos, no puede descartarse que los estatutos puedan establecer como causa de expulsión una conducta que la propia asociación, cuya voluntad se expresa por los Acuerdos de sus órganos rectores, valore como lesiva a los intereses sociales”. Así pues, hemos admitido que los partidos puedan ejercer legítimamente su potestad disciplinaria llegando incluso hasta la adopción de la sanción de exclusión temporal o definitiva de un afiliado, con la consiguiente y muy importante afectación del derecho de asociación de la persona afiliada en su vertiente de libertad de adscripción a las asociaciones ya creadas (por todas, STC 104/1999, FJ 4).
En primer lugar, debemos reiterar la competencia de los órganos judiciales para llevar a cabo un control formal del ejercicio de la potestad sancionadora de los partidos políticos sobre sus miembros, con el fin de verificar que la sanción, que supone prima facie una injerencia en el ámbito de protección del derecho fundamental del afiliado, está prevista en los estatutos, se ha impuesto conforme al procedimiento allí previsto y cuenta con una base razonable. Este Tribunal sostuvo hasta la STC 42/2011, de 11 de abril, que si bien la actividad de las asociaciones es un ámbito no exento del control judicial, este control había de tener un alcance estrictamente formal, contrayéndose al análisis de la competencia del órgano social actuante y la regularidad del procedimiento y de la existencia de una base razonable en la adopción de la decisión sancionadora (por todas, SSTC 218/1988, de 22 de noviembre, FJ 2; 96/1994, de 21 de marzo; 56/1995, FJ 4, y 104/1999, de 14 de junio, FJ 3). Se afirmaba, por tanto, que el control jurisdiccional de las expulsiones dictadas en ejercicio de la potestad disciplinaria del partido, “no consiste en que el Juez pueda entrar a valorar, con independencia del juicio que ya han realizado los órganos de la asociación, la conducta del socio, sino en comprobar si existió una base razonable para que los órganos de las asociaciones tomasen la correspondiente decisión” (STC 218/1988), y que el control jurisdiccional, menos intenso en los aspectos sustantivos que en los procedimentales, debía ceñirse a determinar “si la decisión carece de toda razonabilidad a la luz de las disposiciones legales y estatutarias aplicables” (STC 56/1995, FJ 4).
Ahora bien, en el análisis de esta doctrina, que deriva de las premisas sentadas en el fundamento jurídico 2 de la STC 218/1988, debe recordarse que el fundamento jurídico 3 de aquel pronunciamiento también afirmaba que la jurisprudencia relativa a los límites del control judicial a la actividad interna de las asociaciones se refiere a lo que pudieran llamarse asociaciones puramente privadas. “Una situación distinta —dijimos entonces— surgiría si la expulsión del socio, por limitarse al supuesto que aquí interesa, se produjese en una asociación que, aun siendo privada, ostentase de hecho o de derecho una posición dominante en el campo económico, cultural, social o profesional, de manera que la pertenencia o exclusión de ella supusiese un perjuicio significativo para el particular afectado”. Debe reconocerse, por tanto, que la línea jurisprudencial mantenida en la primera década de formación de nuestra doctrina dejaba las puertas abiertas a la intensificación del control judicial en determinados supuestos, sobre la base de la naturaleza de la asociación sobre la que ese control debiera actuar. Tal intensificación se constata en la STC 96/1994, de 21 de marzo, en la que se reconocen al juez mayores facultades revisoras porque concurrían efectos económicos directos asociados a la decisión de expulsión de un socio cooperativista, y se reafirma en la STC 42/2011, de 11 de abril, que reconoce que el ejercicio del derecho de autoorganización “está sujeto tanto a límites establecidos directamente en la propia Constitución como a otros que puedan fijarse para proteger o preservar otros derechos fundamentales, valores o bienes constitucionalmente protegidos o intereses constitucionalmente relevantes (entre otras muchas, SSTC 1/1981, 2/1982, 91/1983, 22/1984, 110/1984, 77/1985, 159/1986, 120/1990, 181/1990 y 143/1994)” (FJ 3). Es decir, ya en la STC 42/2011, de 11 de abril, FJ 3, aunque siguiera el canon tradicional, se señaló que “aunque el enjuiciamiento de los Tribunales ordinarios sobre la actividad de las asociaciones esté claramente delimitado, en supuestos de conflicto entre derechos fundamentales (v.gr.: asociación y la libertad de expresión, como en este caso) el juicio ponderativo del Tribunal tampoco debe de ser excluido (STC 204/1997, de 25 de noviembre, FJ 2), por mor del art. 53 CE”.
La doctrina de este pronunciamiento es también aplicable al ámbito de los partidos políticos, como asociaciones constitucionalmente cualificadas. Ciertamente, nuestra doctrina también había venido afirmando que las decisiones relativas a las causas y los procedimientos de expulsión de los miembros de un partido “están sometidas a un control de regularidad estatutaria por parte de los órganos judiciales, de forma que una expulsión adoptada en contra de los procedimientos y garantías que regulan los estatutos puede ser objeto de control judicial por vulnerar eventualmente derechos fundamentales de los afectados” (STC 185/1993, de 31 de mayo, FJ 4). No obstante, hasta la fecha no habíamos precisado que ese control de la regularidad de la expulsión también puede extenderse al análisis material de las causas de expulsión, en particular cuando esas causas pueden entenderse como límites al ejercicio de un derecho fundamental del afiliado en el seno del partido político. Por ello, debemos reconocer ahora que el control jurisdiccional de la actividad de los partidos políticos puede adentrarse en la ponderación de la conformidad constitucional de ciertas decisiones de la asociación que impliquen una injerencia en un derecho fundamental, en particular cuando se trata del ejercicio de la potestad disciplinaria y esta se proyecta a zonas de conflicto entre el derecho de asociación —del partido— y la libertad de expresión —del afiliado—, siendo ambos igualmente derechos fundamentales.
9. La recurrente en amparo, como se ha relatado en los antecedentes, publica el 9 de agosto de 2006 una carta al director en el diario “La Nueva España”, criticando el hecho de que unos días antes la comisión ejecutiva regional de la federación socialista asturiana del PSOE acordara solicitar a la comisión federal de listas del partido la suspensión del proceso de primarias para elegir al candidato a la alcaldía de Oviedo. El contenido de dicha carta acarreó a la actora la sanción de suspensión de militancia por veinte meses, en aplicación del art. 46 c) del Reglamento de afiliados y afiliadas, por la comisión de dos faltas muy graves tipificadas en el art. 44 i) (“menoscabar la imagen de los cargos públicos o instituciones socialistas”) y k) (“actuación en contra de acuerdos expresamente adoptados por los órganos de dirección del Partido”) del referido reglamento.
1. Voto particular que formula el Presidente, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, a la Sentencia que resuelve el recurso de amparo avocado núm. 6237-2011, al que se adhiere el Magistrado don Andrés Ollero Tassara.
1. Comparto, desde luego, que la cuestión planteada en el presente recurso es la de una colisión entre la libertad de expresión de la actora [art. 20.1 a) CE] y la libertad de asociación del partido político del que es afiliada (art. 22 CE), una de cuyas manifestaciones es la de ejercer su potestad disciplinaria sobre sus miembros en el respeto, claro es, de los propios estatutos, de la legalidad aplicable (sobre todo, Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos) y, muy en primer lugar —conforme a nuestra jurisprudencia— de la propia Constitución, pues los derechos fundamentales de los asociados no quedan en suspenso frente al partido cuando se ejercen ya sea en el seno de la organización, ya sea al margen de sus cauces internos, pero en relación con actuaciones de aquélla. De este último carácter fue, en el caso actual, el proceder de la demandante, pues las manifestaciones por las que fue expedientada y sancionada se realizaron en un medio público de comunicación, no a través de las vías o cauces internos del partido, precisión ésta que nada dice en sí misma pero que sitúa lo planteado en ella al margen del imperativo establecido en el artículo 6 CE, de conformidad con el cual la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos. Esta exigencia constitucional está ordenada, como carga que es de los partidos y a la vez fuente de derechos de sus afiliados, a asegurar la “participación en la toma de decisiones y en el control del funcionamiento interno” de aquéllos [STC 56/1995, FJ 3 a)] y nada de ello se ejerció mediante la publicación, en un medio de comunicación a todos accesible, de las opiniones por las que fue impuesta la sanción. La Sentencia de cuya fundamentación parcialmente discrepo invoca sin embargo con cierta reiteración, e innecesariamente a mi juicio, aquel mandato constitucional en orden a la estructura y funcionamiento democráticos de los partidos, menciones estas que en nada contribuyen a situar en sus debidos y precisos términos el problema jurídico-constitucional planteado ante el Tribunal. Esta es mi primera discrepancia, aunque, como indicaré inmediatamente, no la más relevante.
2. La Sentencia, de otra parte, cita ajustadamente la jurisprudencia constitucional recaída en controversias de este género, y así recuerda cómo hemos dicho que nuestro control, en vía de amparo, sobre sanciones disciplinarias impuestas por asociaciones y, específicamente, por partidos políticos, tiene un alcance estrictamente formal, relativo a la competencia y al procedimiento para sancionar, así como —ya en un plano sustantivo y en lo que ahora más importa— a la existencia de una base razonable en la adopción de la decisión sancionadora. A estos últimos efectos —que son, reitero, los relevantes para mi discrepancia— la Sentencia introduce en su razonamiento una inflexión de no poco alcance sobre aquella consolidada doctrina del Tribunal, pues sostiene que nuestro enjuiciamiento también puede extenderse al análisis material de las causas de expulsión cuando las mismas puedan entenderse como límites al ejercicio de un derecho fundamental del afiliado. Se afirma, así, que los indicios de una base mínima razonable para sancionar no son suficientes —frente a lo que sostenía nuestra jurisprudencia hasta hoy— para apreciar debidamente la conformidad constitucional de la sanción disciplinaria impuesta para valorar esta conformidad sería en adelante precisa una ponderación entre derechos similar a la que el Tribunal realiza, en general, ante los supuestos comunes de derechos en tensión, es decir, aquellos que se dan entre sujetos jurídicos que, a diferencia del caso actual, no tienen en común sino la ciudadanía. Discrepo de este planteamiento que, por lo demás, la Sentencia no lleva hasta sus consecuencias últimas (acreditando así, en definitiva, la no pertinencia de reconsiderar la jurisprudencia establecida en pro de un control más incisivo e intenso de estas actuaciones de asociaciones y partidos políticos):
a) Que estamos ante una reconsideración y modificación de la jurisprudencia constitucional en este extremo es cosa notoria, sin que ello quede empañado por la cita en esta Sentencia de algunas resoluciones del Tribunal relativas al mayor control al que, en casos de este género, podrían quedar sujetas las asociaciones en “posición dominante”. Tal línea jurisprudencial existe, en efecto, pero debo advertir que es no poco problemático asimilar los partidos políticos a aquel tipo de asociaciones para las que el control jurisdiccional pudiera, en atención a aquella singular posición, ser de mayor intensidad. De las Sentencias constitucionales que cita al efecto la resolución de la que disiento (SSTC 218/1988 y, sobre todo, 96/1994) se desprende inequívocamente que el presupuesto para tal control más incisivo se fundamentaría en unos perjuicios individualizados y añadidos a la sanción misma, perjuicios que — parece obvio— no cabe apreciar en los casos de pérdida o suspensión de la condición de afiliado a un partido político.
b) Estimo que el cambio jurisprudencial que la Sentencia introduce viene a romper el equilibrio, preservado hasta ahora por el Tribunal, entre la posición jurídico-constitucional del partido (arts. 6 y 22 CE) y la del afiliado sancionado a resultas de su ejercicio de la libertad de expresión que como ciudadano ostenta [art. 20.1 a) CE]. La cuestión no es la de si asociados o, como en este caso, afiliados “pierden” o “mantienen” sus derechos fundamentales frente al partido cuando los ejercen, como en este caso, al margen de la organización, pero respecto de ella. Sus derechos de ciudadanía los conservan en tales casos íntegros. El asunto crucial es, más bien, en qué grado, con qué modulación, pueden ejercer tales derechos frente a la organización y fuera de los cauces internos —como aquí ocurrió— con plena inmunidad frente a la disciplina partidaria y sus salvaguardas legales y estatutarias; en qué medida, en otras palabras, pueden imponer a la organización, y por tanto al conjunto de asociados, el deber de estar y pasar, sin reacción adversa alguna, ante cualesquiera manifestaciones públicas que el afiliado realice como tal. Una respuesta matizada a esta cuestión la ha venido proporcionando la jurisprudencia constitucional, hasta la fecha, al señalar que las facultades sancionadoras de la organización son susceptibles de control jurisdiccional, pero sólo —como antes recordé y la Sentencia lo hace— en punto a la competencia, al procedimiento y a la existencia de una “base razonable” para la sanción misma. Este equilibrio, que preserva al tiempo los derechos fundamentales del afiliado y los de igual rango de los demás asociados y de la propia asociación, es el que queda alterado, lamentable e innecesariamente, en el planteamiento general de la presente Sentencia, que—en abstracto— aplica a una colisión de derechos como esta las pautas de razonamiento y ponderación concebidas por nuestra jurisdicción para conflictos entre sujetos que, como dije, tienen en común sólo la ciudadanía, no otro tipo de relaciones jurídicas, como las que nacen del pacto asociativo.
c) Pero es que incluso, como se acaba de apuntar, este cambio en las pautas de enjuiciamiento constitucional no se lleva en la Sentencia hasta sus consecuencias lógicas, lo que muestra muy a las claras, a mi parecer, que la inflexión jurisprudencial anunciada es improcedente, pues, de haberse sido consecuente con ella, se habrían venido a alterar los equilibrios recién mencionados entre unos y otros de los derechos fundamentales aquí comprometidos, equilibrios que, al cabo, la propia Sentencia preserva, aunque ello sea por la vía de separarse, en su razonamiento final y ya conclusivo, de las premisas de las que partía y que acabo de criticar. La Sentencia invoca y expone, en efecto, un juicio de ponderación que no diferiría, en abstracto, del general establecido para cualesquiera casos en que apareciera involucrada, ante otro derecho fundamental, la libertad de expresión uti cives. Pero la ponderación finalmente realizada es muy distinta a la que por lo general se lleva a cabo en aquellas colisiones por así decir comunes, sin duda porque no puede dejar de reconocerse, para supuestos como el presente, las limitaciones derivadas del deber de lealtad hacia el partido político al que la demandante pertenecía de forma voluntaria, según la propia Sentencia advierte. Así es, en efecto: la “ponderación” de la Sentencia no se proyecta directa o inmediatamente sobre los ámbitos respectivos de los derechos fundamentales en tensión (método común en nuestra jurisprudencia), sino, mucho más limitadamente, sobre la ponderación misma —vistas las manifestaciones de la actora— llevada a cabo por el partido al sancionar, restricción esta del enjuiciamiento muy visible en las reiteradas referencias que la resolución de la que discrepo hace a que las manifestaciones de la actora pueden ser consideradas por el partido —con estas palabras u otras— como merecedoras de la sanción impuesta. Apreciaciones como estas —que comparto— son las que llevan finalmente a la decisión y expresan una, por así decir, restringida “ponderación de la ponderación” que muestra cómo, al cabo, el paradigma de control anunciado no puede llevarse a su término, pues ello conduciría a desconocer los necesarios márgenes de apreciación del partido ex artículo 22 CE, algo que era lo salvaguardado, mediante la mera exigencia de una base razonable, por la jurisprudencia cuya reconsideración, sin embargo se pretende. En suma: la resolución del caso, así como el razonamiento final de la Sentencia, no difieren, en contra del replanteamiento doctrinal anunciado, de lo que habría deparado, sin mayores reservas, la jurisprudencia establecida, cuyo acomodo constitucional queda confirmado por la propia Sentencia. Ninguna razón jurídico-constitucional había, por ello, para dejar sentado tal no consumado replanteamiento jurisprudencial.
Don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Adela Asua Batarrita, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 6237-2011
Una militante de la federación socialista asturiana del PSOE publicó en el diario “La Nueva España” una carta crítica con la suspensión del proceso de primarias para elegir al candidato a la alcaldía de Oviedo. El contenido de la carta acarreó a la actora la sanción de suspensión de militancia del mencionado partido por veinte meses.
Se deniega el amparo. La Sentencia reconoce que la potestad disciplinaria en el seno de los partidos puede conllevar un efecto restrictivo del libre ejercicio de la libertad de expresión de sus afiliados, en el caso de que una manifestación interna o pública de opiniones y juicios de valor puedan reputarse perjudiciales, atentatorios e hirientes contra la imagen externa y los intereses del partido, y que puedan inducir a la opinión pública a considerar que el partido no responde a una organización y funcionamiento democrático. En particular, se declara que el ejercicio de la libertad de expresión dentro de un partido se entiende voluntariamente constreñido desde el momento en que se ingresa en él. Por ello, la Sentencia concluye que el control jurisdiccional de la actividad de los partidos políticos puede adentrarse en la ponderación de la conformidad constitucional de ciertas decisiones en materia de potestad disciplinaria que impliquen una injerencia en los derechos fundamentales de los afiliados.
La especial trascendencia constitucional del recurso de amparo reside en que se plantea un problema en relación con el ejercicio y los límites específicos de la libertad de expresión de los integrantes de los partidos políticos y la facultad de autoorganización de éstos sobre el que es necesario aclarar la doctrina constitucional.
El partido político, al imponer a la recurrente la sanción de suspensión temporal de militancia, ejerció de forma legítima su potestad disciplinaria que se fundamenta en la facultad de autoorganización; tal ejercicio de su potestad sancionadora resulta acorde con el derecho de asociación al llevarse a cabo frente a un comportamiento que comprometía gravemente su imagen pública y las expectativas legítimas de respeto en el ejercicio de la crítica [FJ 10].
La intensidad de la crítica legítima no justifica que se utilicen expresiones que puedan legítimamente considerarse atentatorias contra la imagen externa del partido y de quienes lo dirigen, y que induzcan a la opinión pública a considerar que la propia organización no respeta el mandato constitucional de responder a una organización y funcionamiento democrático [FJ 10].
El control jurisdiccional de la actividad de los partidos políticos puede adentrarse en la ponderación de la conformidad constitucional de ciertas decisiones de la asociación que impliquen una injerencia en un derecho fundamental, en particular cuando se trata del ejercicio de la potestad disciplinaria y esta se proyecta a zonas de conflicto entre el derecho de asociación del partido y la libertad de expresión del afiliado, siendo ambos igualmente derechos fundamentales [FJ 8].
El juicio de ponderación que ha de llevarse a cabo en esta materia debe atender a los siguientes criterios o aspectos de la conducta objeto de sanción o restricción: el interés general o la relevancia pública de las manifestaciones exteriorizadas por el afiliado; la finalidad que anima las manifestaciones objeto de controversia; y la propia naturaleza de las manifestaciones en cuanto a su carácter ofensivo [FJ 5].
Doctrina sobre el derecho a la libertad de expresión (SSTC 139/2007 y 23/2010) [FFJJ 4, 5].
La Constitución, en su Título Preliminar, otorga una particular posición y relieve constitucional a los partidos políticos por la importancia decisiva que tales organizaciones están llamadas a desempeñar en las modernas democracias pluralistas, por la trascendencia política de sus funciones y por servir de cauce fundamental para la participación política (SSTC 3/1981y 48/2003) [FJ 6].
Este Tribunal entiende que es necesario aclarar su doctrina en relación con el ejercicio de derechos fundamentales por los integrantes de asociaciones como son los partidos políticos [FJ 3].
Artículo 6, ff. 1, 2, 6, VP
Artículo 20.1 a), ff. 1, 4, VP
Artículo 22, ff. 4, 6, 7, 10, 11, VP
Artículo 44 (redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), ff. 2, 4
Artículo 8.5, f. 7
Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo. Control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 2007 (Stoll c. Suiza)
§ 101, f. 5
§ 124, f. 5
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 29 de marzo de 2016 (Bédat c. Suiza)
Afiliados a partidos políticosAfiliados a partidos políticos, ff. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10
Autoorganización de partidos políticosAutoorganización de partidos políticos, ff. 2, 4, 6, 8, 10
Contenido de la libertad de expresiónContenido de la libertad de expresión, ff. 1 a 10
Derecho de asociaciónDerecho de asociación, Doctrina constitucional, ff. 2, 4, 6 a 8, 10
Derechos de los afiliados a partidos políticosDerechos de los afiliados a partidos políticos, f. 6
Estatutos de partidos políticosEstatutos de partidos políticos, ff. 4, 6 a 9
Exigencia de organización democráticaExigencia de organización democrática, ff. 4, 5, 9, 10
Fines de los partidos políticosFines de los partidos políticos, f. 7
Límites a la libertad de expresiónLímites a la libertad de expresión, ff. 2, 4 a 10
Partidos políticosPartidos políticos, Reconocimiento constitucional, ff. 2, 3, 6 a 8, 10
Pluralismo políticoPluralismo político, ff. 5, 6

References: artículo 44
 resolución 
 resolución 
in fine
 artículo 22
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 artículo 22
 resolución 

Artículo 6

Artículo 20

Artículo 22

Artículo 44

Artículo 8