Source: http://stajcantabria.blogspot.com/2008/09/
Timestamp: 2017-11-18 17:53:29+00:00

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JUSTICIA CIEGA: septiembre 2008
"Ya eres el jefe, coño"
Carlos Dívar tomó posesión de sus cargos como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un acto solemne celebrado ante los nuevos veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces y el alto tribunal en Pleno, y al que asistieron, entre otros, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, el presidente del Senado, Javier Rojo y la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas.
El acto se celebró apenas unas horas antes de que el Rey presidiera la apertura del Año Judicial, en el que Dívar leyó su primer discurso formal como presidente del Tribunal Supremo. El breve acto protocolario de toma de posesión estuvo presidido por el magistrado Ramón Trillo, al que le correspondía la presidencia en funciones del Supremo por ser el presidente más antiguo de Sala (la de lo Contencioso-Administrativo).
La anécdota fue muy comentada después de que la pasada semana algunos medios de comuniación revelaran el malestar que el nombramiento de Dívar, hasta ahora presidente de la Audiencia Nacional, habría causado entre algunos magistrados del Tribunal Supremo.
Por su parte, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrarán hoy martes un Pleno ordinario, ya bajo la dirección de Dívar, en el que previsiblemente será elegido vicepresidente de este órgano el vocal Fernando de Rosa, según fue consensuado por los partidos políticos que negociaron la renovación de este órgano.
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Aumentan los casos de violencia doméstica a cargo de menores
Numerosas fiscalías constatan el aumento de delitos de violencia doméstica a cargo de menores, que alguna cree "alarmante", y se considera "esencial" contar con medidas cautelares y definitivas "especialmente diseñadas para estos menores", según consta en la Memoria del Fiscal General del Estado. El informe dedica un punto a los actos de violencia doméstica cometidos por menores, y destaca la dificultad a la que se enfrentan los jueces a la hora de elegir la medida más conveniente al interés del menor, "ya que se trata de menores que sólo delinquen en el ámbito familiar y además suelen ser primarios".
Así, consideran "necesario" contar con medidas, ya que "la falta de recursos específicos" puede llevar a la disyuntiva de dejar al menor en libertad, "en el seno familiar que está dañando", o internarlo en un centro de menores de reforma, "recurso generalmente no adecuado para este tipo de menores, que no suelen cometer más delitos que los de maltrato en el ámbito familiar".
En este sentido, según la Fiscalía Provincial de Ciudad Real, el ingreso en uno de estos centros "puede contaminar la personalidad del menor y agravar el problemas". Numerosas fiscalías han optado, en cambio, por la medida de convivencia con grupo educativo, ya que "permite extraer al menor del hogar familiar, a fin de evitar la reiteración de conductas y lograr la protección de las víctimas, así como la imposición de una orden de alejamiento".
Sobre esta iniciativa, la Fiscalía de Sevilla propone, "a fin de evitar la institucionalización del menor maltratador", recurrir a la familia extensa, aunque si ésta se niega a hacerse cargo, se utilizaría el recurso de los pisos de convivencia y sólo en los casos extremos se solicitaría el internamiento en un centro de reforma.
Este tipo de iniciativa incluye un periodo de observación de 15 días sin salidas y sin permisos, y después se establece un programa de actividades en las que se incluye la educación reglada, ya sea educativa o formativa, y el tratamiento psicológico adecuado a la problemática del menor. Según la Fiscalía de Huelva, los menores ingresados en este tipo de pisos "en ningún caso han reincidido".
Los fiscales reclaman más recursos
Por todo ello, los fiscales de las provincias en las que no se cuenta con la medida de convivencia "vienen reclamando su puesta en funcionamiento"; y las que ya la tienen, "la ampliación de las plazas existentes, especialmente para chicas".
Asimismo, la memoria recoge que "llama poderosamente la atención" la alteración "tan notable" que se produce entre el número de menores chicos y chicas que intervienen como agresores. "Si bien es sabido que la delincuencia juvenil es principalmente masculina, en este tipo de delito se produce una equiparación entre los chicos y las chicas", recoge.
Según la Fiscalía de Almería, en la mayoría de los supuestos, "se trata de una situación de violencia familiar prolongada en el tiempo y no denunciada por los padres hasta que la convivencia resulta del todo imposible por el carácter violento y agresivo de estos adolescentes".
Generalmente, el menor agresor "está insatisfechos con su vida" y reclaman a los padres el cumplimiento "de sus caprichos", que si no lo hacen, "recurren a la violencia física o psicológica para conseguir sus propósitos". Además, la memoria señala que este tipo delictivo afecta a todas familias, esto es, "no sólo se comete en familias desestructuradas o con problemas de integración social, como se trataba hasta ahora en la mayoría de los casos, sino que también se producen casos de malos tratos en familias pudientes, desahogadas económicamente, bien estructuradas y organizadas".
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Los jueces y fiscales españoles destinados en Eurojust cobrarán un complemento anual de 18.000 euros
El Consejo de Ministros aprobó a petición del Ministerio de Justicia y de Economía y Hacienda las cuantías anuales de las retribuciones complementarias y de la indemnización por destino en el extranjero de los jueces, magistrados y fiscales que ocupen plaza de "miembro nacional de Eurojust" o de "asistente" del mismo.
Así, el "miembro nacional de Eurojust" percibirá un complemento de 18.093,83 euros anuales, mientras que su "asistente" recibirá 9.397,20 euros. La indemnización por destino será la misma que perciben otros funcionarios destinados en el extranjero.
Eurojust es un órgano de la UE, integrado por magistrados, fiscales y policías para facilitar la coordinación entre Estados miembros en investigaciones penales en casos de delincuencia organizada y simplificar la ejecución de comisiones rogatorias.
El miembro nacional de Eurojust es el representante español -con un mínimo de 10 años de servicio en la carrera y acreditada experiencia en la jurisdicción penal- ante dicho órgano, que ejerce las competencias atribuidas por el derecho de la UE y está adscrito orgánicamente al Ministerio de Justicia.
Para fijar el importe de estas retribuciones se ha considerado, junto con la naturaleza de las funciones a desempeñar, la equiparación a las retribuciones percibidas por funcionarios de categoría similar destinados en el servicio exterior, según informa el Ministerio a través de un comunicado.
Además en el Consejo de Ministros también se aprobó un acuerdo por el cual se distribuye un total de 3.120.826 euros a los ayuntamientos para subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz del llamado territorio Ministerio durante el año 2008. El incremento del presupuesto de este año es un 5,09 por ciento superior al ejercicio 2007, cuyas subvenciones ascendieron a 2.969.777 euros.
Para la distribución de este crédito, establecido en los Presupuestos Generales del Estado, se han creado unos módulos específicos basados en la población de derecho de cada localidad. En el caso de las agrupaciones de secretarías de juzgados de paz, cada uno de sus municipios integrantes percibirán el 50 por ciento de la cantidad que les corresponda por su población de derecho, mientras que la mitad restante incrementará la cantidad que le correspondiera a los ayuntamientos que sean sede de las citadas agrupaciones.
Este acuerdo será de aplicación en los ayuntamientos de las Comunidades Autónomas del llamado territorio Ministerio (sin competencias en materia de Justicia). A las CCAA que ya tienen traspasadas competencias sobre medios materiales y económicos en Administración de Justicia (Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia, Canarias, Andalucía, Navarra, Madrid, Asturias, Cantabria y Aragón), no les afectan estas medidas.
El contenido de este acuerdo ha sido informado favorablemente por la Federación Española de Municipios y Provincias, así como por la Dirección General de Cooperación Local, del Ministerio de Administraciones Públicas.
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Logroño: La edificabilidad del Palacio de Murrieta no supeditará el traspaso de competencias
El Ministro de Justicia no supeditará «en ningún caso» el avance en el traspaso negociador de las competencias con la Comunidad Autónoma de La Rioja a la resolución previa sobre la superficie total con que contaría el futuro Palacio de Murrieta. El planteamiento ministerial continuará siendo, tal y como se puso de manifiesto en la reunión con los representantes del Gobierno riojano, la celebración de reuniones periódicas de los grupos de trabajo sobre personal, costes e informática, de forma que cuando se concrete la situación de Murrieta se cuente con un camino ya recorrido.
Por su parte, precisa el comunicado remitido desde el Ministerio de Justicia, parece que el Ejecutivo riojano no avanza en el proceso negociador porque supedita el mismo a la edificabilidad del futuro Palacio de Justicia, y afirma que no tiene sentido prosperar en lo restante si previamente este asunto no queda desbloqueado.
En la última reunión celebrada, a la que asistieron el director general de Justicia e Interior, Miguel Sáinz y la subdirectora de este mismo departamento, Cristina Maiso, el Ministerio de Justicia informó del programa de necesidades que está elaborando para el nuevo edificio, en el que se contabilizan unos 23.000 metros construidos. Asimismo matizó que este proyecto se encuentra ahora en fase de estudio por parte de los técnicos.
Respecto a las dimensiones de la parcela, la postura del Gobierno de La Rioja también parece una condición irrenunciable, agrega la nota, y requieren la ocupación completa de los terrenos, con 30.000 metros construidos. Según sus estudios, el cien por cien de la parcela se tiene que destinar exclusivamente a Justicia.
Ante todo ello el Ministerio reitera que la división de la parcela depende de la afectación final que haga la Dirección General de Patrimonio. No obstante, el departamento que dirige Fernández Bermejo no se plantea construir un edificio de 30.000 metros cuadrados, dado que supondría triplicar la superficie ocupada en la actualidad por las dependencias judiciales, que es de 10.000 metros. Construir 23.000 metros cuadrados es un objetivo «bastante razonable», según los técnicos.
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Madrid: Aquí yace la Justicia
El reloj de la séptima planta de los juzgados de plaza Castilla, en Madrid, marca las seis, pero en realidad son las nueve de la mañana. Esta retrasado. En los estrechos y saturados pasillos se confunden víctimas, detenidos, testigos, familiares, abogados, policías y jueces. No hay salas de espera, ni entradas diferentes para cada una de la partes a la sala de audiencias. Una funcionaria arrastra un carro de supermercado repleto de fardos de papeles atados con cuerdas. Pese a que todavía es septiembre y hace calor, el aire acondicionado está roto. En el juzgado de instrucción de lo penal número 32, los funcionarios quedan ocultos por las torres de papel que emergen por todas partes: mesas, estanterías, suelos. Mientras se acumulan los expedientes, los funcionarios lidian con el ordenador, responden al teléfono, atienden a las visitas, reciben las órdenes del juez y asisten a una pareja de policías que pretende conseguir una autorización para pinchar un teléfono que puede ser clave para resolver un homicidio.
El número 32 se ocupa de instruir casos tan prolijos como el Guateque (la trama corrupta de concesión de licencias a locales de ocio en Madrid), tráfico de drogas o falsificaciones. Tras los cristales sucios de las ventanas bulle el paseo de la Castellana y, no muy lejos, se alzan las torres KIO. Se adivina una ciudad moderna, pero en estas dependencias judiciales apenas ha terminado el siglo XIX. El reciente caso Mari Luz planea sobre la mente de los funcionarios. La reacción es la misma en varios de ellos consultados. “Lo raro es que no pase más veces”, dicen.
Como causas de esta situación crítica apuntan a la escasez de medios humanos y materiales. Los funcionarios trabajan con un sistema informático llamado Libra, que ni siquiera es compatible con el procesador de textos de Windows. “Es increíble, seguimos trabajando con miles de fotocopias y millones de papeles”, denuncia Ana, del juzgado de instrucción numero 18. “Todavía hay lugares donde faltan ordenadores o donde dejan los equipos sin instalar”, añade. “Si no sé lo que pasa en el juzgado de la planta de abajo, como voy a saber lo de Cuenca o Sevilla”, apunta Chema, del juzgado 38.
Los funcionarios denuncian también el entorno material donde desarrollan su trabajo. En Plaza Castilla, una vez que los papeles han colonizado los juzgados, pasan a invadir salas de audiencia por la falta de archivos adecuados y la ausencia de digitalización.
“A pesar de todo, los juzgados de plaza Castilla son un lujo comparados con los de la periferia”, recuerda Ana, que viene de trabajar en Alcalá de Henares. Ana afirma que en registro civil de esta localidad los ciudadanos se ven obligados a hacer cola desde la madrugada para lograr ser atendidos. “Es tan pequeño que apenas hay sitio para los funcionarios. Las madres que van a inscribir a sus hijos tienen que sentarse en el suelo”, explica. El problema es común en la periferia de grandes ciudades como Madrid, donde han crecido grandes núcleos urbanos, en ocasiones más poblados que ciertas capitales de provincia, pero cuyos servicios de justicia continúan siendo rurales.
Como solución, los sindicatos reclaman una nueva Oficina Judicial, que reúna los grandes servicios comunes y especializados por jurisdicción. De este modo, en un gran espacio, como del que podrá disponer la Comunidad de Madrid en su proyectada Ciudad de la Justicia, se ofrecería, por un lado, un servicio de atención e información adecuado a los ciudadanos, y, por otro, los jueces contarían con pequeños equipos especializados para analizar los casos y tomar decisiones. Otra de las funciones de esta Oficina sería armonizar las prácticas de cada juzgado.
Finalmente, como recuerdan los funcionarios, son los ciudadanos los que pagan la ineficacia de la Justicia que, como se ha demostrado recientemente, sólo pasa a ocupar parte de la agenda política al producirse un caso trágico como el de Mari Luz. Pero, pasado el fragor de las noticias y los discursos, millones de folios continúan apilados en las mesas de los juzgados, sin que nadie parezca tener tiempo para ocuparse de su contenido.
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Bermejo anuncia un aumento de financiación para la Justicia, sin precisar cómo
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Com. Valenciana: Sánchez de León, nueva consejera de Justicia
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha afirmado que la nueva consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, está "en las mejores condiciones para recoger el testigo" del anterior titular de este departamento, Fernando de Rosa, y para "continuar ese camino de la modernización y leal colaboración" con la administración de Justicia.
Camps se pronunció en estos términos durante la toma de posesión de Paula Sánchez como nueva consejera de Justicia y Administraciones Públicas, en la que juró el cargo en el que releva a Fernando de Rosa, nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La nueva consejera aseguró sentirse "enormemente ilusionada" en su nueva etapa, y se comprometió a que su departamento sea un espacio "abierto" a la resolución de los retos que tiene planteados la justicia de la Comunidad Valenciana.
El Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicó este viernes el cese de De Rosa y el nuevo nombramiento de la consejera, así como la remodelación que ha supuesto este cambio en la organización en el segundo escalón de la Generalitat, con la desaparición de la secretaría autonómica de Cohesión Territorial, que se adhiere a la de Relaciones con el Estado y la Unión Europea, dependiente de Presidencia, y la creación de dos secretarías autonómicas de Bienestar Social: Familia y Coordinación social, y Autonomía Personal y Dependencia.
El jefe del Consell explicó que Sánchez de León ha desarrollado tareas "excepcionales" y "ha aprendido durante estos años y comprendido la inmensa tarea que le corresponde desde la administración autonómica". Por ello, indicó que la nueva consellera "trabajará en la línea de la colaboración con los sindicatos y representantes de la función pública" para la "búsqueda del consenso, en beneficio de los funcionarios pero siempre juntos a beneficio de todos nuestros conciudadanos".
"Todo miembro del Gobierno que asume la responsabilidad de esta cartera sabe que tiene que estar en ese doble compromiso de trabajar por todos los valencianos y de colaborar lealmente con jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados y procuradores y todos los que desarrollan una de las tareas más importantes que una sociedad democrática puede desarrollar: impartir justicia", destacó el presidente.
Así, se dirigió a la nueva consejera y señaló que va a formar parte de un "equipo excepcional, que da lo mejor de sí para estar a la altura de la Comunidad Valenciana y de España". En este sentido, indicó que se trata de un departamento "especialmente sensible" porque conlleva "la tarea de coordinar responsablemente a todas aquellas personas que cumplen esta misión tan especial y específica de estar al servicio desde la administración de todos sus conciudadanos".
Francisco Camps destacó el "especial cuidado" en el "contacto, comunicación y fluidez" mantenido con los representantes del poder judicial, que "han sabido darnos propuestas e iniciativas que han permitido que nuestra colaboración haya sido la mejor posible". De esta forma, hizo hincapié en el "esfuerzo" realizado para la modernización de la justicia y de las nuevas tecnologías aplicadas a "un mejor cumplimiento de este inmenso deber que es impartir justicia".
Durante su intervención, también se refirió al consejero saliente, y manifestó que su nombramiento como vocal del CGPJ es "una decisión muy acertada" que le llena de "emoción y sentimiento". Para Camps, el hecho de que "alguien que ha colaborado en mi Gobierno sea hoy vocal el CGPJ, deja un marchamo enorme para el Gobierno de la Generalitat", por lo que le agradeció el servicio de estos años a la Comunitat y "por adelantado" el que desempeñará en su nueva función.
'Colaboración perfecta'
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, reiteró su reconocimiento a la etapa de "colaboración perfecta" durante el mandato de Fernando de Rosa en la Conselleria de Justicia así como la relación con el presidente de la Generalitat, para invertir en la mejora de las infraestructuras judiciales.
Asimismo, insistió en que la nueva consejera de Justicia es "muy trabajadora, enormemente profesional y con las ideas claras" y resaltó que mantendrán una reunión "inmediatamente" para intercambiar criterios y opiniones porque, según dijo, Sánchez de León "va a seguir la relación para trabajar conjuntamente, porque la Justicia es un bien de todos los ciudadanos".
Preguntado por el hecho de que la nueva titular de este departamento no proceda del ámbito judicial, subrayó que "todo depende de las personas" y que "puede que no tenga un conocimiento tan profundo como alguien que proceda de la carrera judicial, pero se puede adquirir rápidamente". Para ello, se mostró "disponibilidad absoluta" para "reunirme todas las horas que quiera en aras de la Justicia".
Por su parte, Fernando de Rosa, al ser preguntado por los periodistas, destacó que un CGPJ de consenso "va a aunar y tener la posibilidad histórica de que se trabaje desde las distintas sensibilidades para una justicia mejor". Respecto a Paula Sánchez de León, aseguró que "sabe de justicia" y será "una gran consejera" por "su talante, conocimiento de la administración y su interés para que tanto la justicia como la administración autonómica", por lo que se mostró convencido de que "va a ser beneficioso para todos los ciudadanos de la Comunidad".
Sevilla: Justicia alega que no cubre una baja... ¡porque se lo impide el ordenador!!
Después de tres meses sin cubrir la baja de una funcionaria del juzgado de lo Mercantil de Sevilla, la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta ha informado a este órgano judicial de que la vacante no puede reemplazarse porque el sistema informático no permite dar entrada a la sustitución de un trabajador que se encuentra destinado como refuerzo en un juzgado.
Así lo pone de manifiesto la carta remitida por la Junta al juzgado de lo Mercantil -tres meses después de que se solicitara la sustitución-y en la que se detalla expresamente que, "con relación a las peticiones de nombramiento de un funcionario para sustituir a la funcionaria interina de refuerzo (...), de baja por enfermedad y debido a que el Sistema de Información de Recursos Humanos no nos permite la sustitución de un código de refuerzo, se ha dado traslado de dicha petición a la Dirección General de Recursos Humanos y Medicina Legal, solicitando se arbitre un sistema para poder llevar a cabo esa medida. En el momento que tengamos respuesta a dicha petición se dará traslado de la misma a ese juzgado" (sic). Es decir, que en el sistema informático no está prevista la sustitución de un funcionario designado como refuerzo y, ante esa deficiencia informática, la Junta opta por dejar sin cubrir la vacante hasta nuevo aviso.
Ésta es la respuesta oficial a las diversas peticiones de sustitución realizadas desde julio pasado por el juzgado de lo Mercantil, que lleva ya tres meses con una funcionaria de baja por enfermedad y el problema sigue sin resolver, lo que incide en la marcha de un órgano judicial que está ya de por sí muy sobrecargado de asuntos.
Ésta no es la primera ocasión en la que el juzgado de lo Mercantil, que en los últimos meses ha visto además cómo se incrementan notablemente los procesos concursales -las antiguas suspensiones de pago y quiebras de empresas- por la situación de crisis económica, solicita a la Junta que proceda a cubrir las plazas de funcionarios vacantes y a incrementar la plantilla mediante el nombramiento de funcionarios de refuerzo.
En concreto y, ante el constante aumento del volumen de trabajo, el juzgado llegó a solicitar que se nombraran nuevos funcionarios de refuerzo para atender a la nueva situación, que ha provocado un incremento del número de empresas que se declaran en concurso de acreedores al no poder hacer frente a las deudas.
La respuesta dada por el departamento que dirige Evangelina Naranjo también ha sido negativa, aunque en este caso la Consejería de Justicia no ha alegado problemas con el sistema informático sino, sencillamente, la falta de presupuesto para el nombramiento de los refuerzos.
La petición para dotar a este juzgado con un refuerzo de funcionarios fue realizada desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a principios de julio y el Servicio de Gestión de Recursos Humanos y Medicina Legal la ha rechazado en una carta en la que explica que el juzgado de lo Mercantil cuenta con tres medidas extraordinarias de refuerzo: un funcionario del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativo, que fue autorizado en enero de 2007, y dos del cuerpo de Gestión Procesal, que fueron nombradas en noviembre de 2007 y enero de 2008.
En su misiva, la Junta señala que los motivos que justificaron la adopción de tales medidas fueron los ya expuestos por el Alto Tribunal andaluz -el volumen de asuntos y la importancia de algunos de ellos- y concluye que "las medidas citadas son las máximas que puede adoptar la Consejería de Justicia y Administración Pública atendiendo a las disposiciones presupuestarias existentes".
La baja de la funcionaria del juzgado de lo Mercantil no es la única que se ha demorado durante tres meses porque recientemente se ha incorporado un funcionario al juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla después de haber estado de baja durante el mismo período de tiempo.
El retraso en cubrir las bajas fue uno de los argumentos que, junto a la sobrecarga de trabajo, esgrimieron los jueces a raíz del escándalo por los errores en el caso de Mari Luz y la ejecución de la condena a Santiago del Valle.
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La sociedad civil... ¿Solución para la Justicia?
La pretensión de querer reformar la justicia española es evidentemente elevada. Pero lo es quizás mucho más si se trata de hacerlo desde nuestra prácticamente inexistente sociedad civil. Aún así, Rosalina Díaz, una de las grandes figuras en el mundo de la edición jurídica se ha fijado esta meta con la creación de la Fundación Wolters Kluwer, que se presentará en sociedad este próximo mes de octubre.
La mujer detrás de la nueva Fundación Wolters Kluwer es consciente de las limitaciones que tiene la sociedad española. “Yo creo que en España no existe una sociedad civil capaz de articular acciones y ponerse en marcha”, dijo Díaz. “No hay plataformas civiles. Realmente están los partidos políticos y poco más”.
A pesar de ello, la directora general de una de las editoriales jurídicas más importantes de España considera que es esencial impulsar la calidad de nuestra justicia a través de la sociedad. “Es muy importante ver lo que los agentes económicos, jurídicos y políticos quieren de la justicia”.
Su idea ha sido respaldada incondicionalmente por un patronato de grandes nombres. “A todos les parece un proyecto interesantísimo”, dijo Díaz. En total son siete, todos ellos hombres –la única mujer es ella, que actuará como presidenta-, y de ideologias contrapuestas. Virgilio Zapatero, antiguo Ministro de la Presidencia durante el gobierno de Felipe González; Enrique Arnaldo, secretario general de la Fundación y ex vocal del CGPJ; Jaume Matas, antiguo Ministro de Medio Ambiente durante la presidencia de Jose María Aznar; Enrique López, actual portavoz del CGPJ y encargado de dirigir el; Jose María Michavila, antiguo Ministro de Justicia del PP; Miguel Rodríguez-Piñero, antiguo presidente del Tribunal Constitucional durante el gobierno de González y Juan Roca, ex rector de la Universidad de Murcia. Quedan por nombrar tres personas más, entre las cuales figurará seguro una mujer.
Dado que uno de los grandes males de la justicia española es su excesiva politización, resulta llamativo un experimento en el que representantes de los dos principales partidos politicos del país tratarán de solucionar lo que no hay manera de arreglar oficialmente. Díaz, aseguró que, pesar de la variedad ideológica, “cuando se sientan juntos da gusto”. A la jurista no le preocupa que sean de derechas, de izquierdas o de centro, “con tal de que sean profesionales del mundo en el que nos movemos”.
La agenda de los ciudadanos en lugar de la de los políticos
“Nosotros no nos vamos a meter en temas de organización judicial de tipo político, sino en aquellas cosas que afectan a los ciudadanos y a la actividad de la justicia”. Ejemplos hay muchos: número y reparto de jueces, turno de oficio, temas de extranjería, etc. La magnitud de los problemas se está midiendo a través del Observatorio de Calidad de la Justicia, que dirige Enrique López, que en estos momentos trabaja recopilando información para dar muy pronto unos datos.
Adicionalmente, las mesas redondas son otra muy buena vía para recoger las necesidades que las diferentes organizaciones demandan a la justicia. En la primera jornada de la Fundación, que coincidirá con su inauguración, se crearán dos mesas. Una económica, en la que figurarán la patronal, los sindicatos y representantes de los bancos. Una jurídica, en la que se integrarán los presidentes de los consejos más reconocidos en el ámbito legal: los registradores, los notarios y los abogados.
“Es una manera de dar voz a las cabezas visibles de esas organizaciones que están por debajo”, recalcó. “Nosotros tenemos que ser capaces de escuchar sus demandas para luego trasladarlas al ámbito de la justicia”.
Una vez recogida la información, su intención es trasladarla a la gente que puede realizar cambios estructurales en la justicia: al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial, las Consejerías de Justicia, las Comunidades Autónomas y demás.
La Fundación se nutrirá de las ganancias de la empresa Wolters Kluwer, una potente editorial jurídica de origen holandés que compró en 1994 a la editorial española La Ley. Esperamos llevar acuerdos con entidades públicas y privadas. “Yo creo que este tema de la reforma de la justicia nos tiene que interesar a todos”.
Para Díaz no hay duda de que crece el interés en el altruismo. “La gente acoge muy bien algo que les suponga hacer algo por otros sin intenciones económicas”. Las Fundaciones son capaces de poner en común intereses, no puramente económicos, de ofrecer algo que pueda mejorar la sociedad sin buscar un beneficio económico.
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El CGPJ retira la sanción a la juez que cuestionó las bodas gays
Andalucía: Junta y TSJ crean una subcomisión para mejorar los juzgados
La Consejería de Justicia y Administración Pública y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han firmado el protocolo de funcionamiento de las Subcomisiones Provinciales de Coordinación y Cooperación, que serán las encargadas de analizar los requerimientos de los distintos órganos judiciales de cada provincia para que éstos sean atendidos más rápidamente, con mayor eficacia y atendiendo a criterios de urgencia e importancia.
La consejera, Evangelina Naranjo, y el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, han acordado la puesta en marcha de ocho Subcomisiones, una por cada provincia andaluza, que se reunirán mensualmente para analizar las peticiones de refuerzo, sustituciones de personal y servicios de apoyo de la Audiencia Provincial, conforme a los criterios consensuados en la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación compuesta por la Consejería y el TSJA. Las Subcomisiones estarán copresididas por los titulares de la Presidencia de la Audiencia Provincial y de la Delegación Provincial correspondiente, e integradas también por el Secretario Coordinador Provincial y el Secretario de la Delegación Provincial.
El objetivo es disponer de un mecanismo, en el seno de la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación entre Consejería y TSJA, que permita una rápida y eficaz resolución en un entorno más cercano e inmediato, de mayor comunicación y coordinación más directa, que posibilite mejorar el servicio que la Justicia presta a los ciudadanos.
Bajo esta premisa, las Subcomisiones también tendrán como competencia la toma de conocimiento e información sobre la viabilidad de las peticiones de nueva construcción, mejora o alquiler de sedes e infraestructuras de uso judicial. Asimismo, analizarán y propondrán los contenidos de los programas de formación dirigidos al personal al servicio de la Administración de Justicia, amén de acoger propuestas y sugerencias relativas al mejor desarrollo de las competencias ostentadas por la Consejería.
La creación de las citadas Subcomisiones Provinciales de Cooperación y Coordinación pretende articular un nuevo mecanismo de compromiso mutuo para resolver las cuestiones cotidianas de los juzgados y tribunales de cada una de las provincias andaluzas, relativas a los medios materiales y humanos que la Administración pone a su disposición.
Torrelavega: Presentado el primer proyecto para el Palacio de Justicia
La constructora Ancemar, en colaboración con el arquitecto César Cubillas, ha sido la primera en presentar su propuesta para la construcción del Palacio de Justicia de Torrelavega, que se ubicará en el solar de El Carmen. Esta empresa ha ideado un edificio totalmente vanguardista y apuesta por ofrecer a los torrelaveguenses un Palacio en el que confluyan elementos avanzados tecnológicamente, teniendo en cuenta la utilidad del mismo.
Basándose en la imagen de la Justicia, representada por una balanza, ha diseñado un exterior en hormigón y cobre modernista que simula esta imagen, y que además es respetuoso con el medio ambiente, ya que integra zonas verdes. El diseño interior también se ha tenido muy en cuenta, ya que se ha distribuido creando amplios espacios que faciliten el flujo de comunicaciones, tanto entre el personal interno como con los visitantes. Hasta el más mínimo detalle ha sido objeto de estudio y análisis por parte de los expertos, según ha informado Ancemar.
De este modo y a la vista de las características que reúne, el proyecto presentado por la empresa torrelaveguense para el futuro Palacio de Justicia se alza, a su juicio, como una «opción importante» en el concurso. Además, como novedad, Ancemar ha colgado su proyecto en Internet, concretamente en Youtube, para que pueda ser visitado por todas aquellas personas que tengan interés en conocerle más a fondo.
Ancemar es una empresa con sede en la capital del Besaya, de hecho sus oficinas están situadas en la Avenida Menéndez Pelayo. Aunque surgió en la década de los setenta, con un carácter principalmente familiar, en la actualidad la sociedad es una importante opción de empleo en la zona. En estos momentos, la constructora se está posicionando hacia una arquitectura de vanguardia, tanto en oficinas como en edificios emblemáticos. De esta manera quiere potenciar nuevas líneas de negocio, diversificando así sus actuaciones.
Colombia: No hay acuerdo para suspender paro de la rama judicial
Después de la reunión que sostuvieron este lunes dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (Asonal) con el gobierno sin llegar a ningún acuerdo, los funcionarios dijeron que mantendrán su paro. La protesta seguirá porque no se sintieron satisfechos con la propuesta económica que hizo el gobierno para nivelar los salarios de los empleados públicos de esta rama. Otro de los puntos que se trata en las reuniones está relacionado con la estabilidad de muchos funcionarios que hoy están en provisionalidad y que temen por sus puestos de trabajo.
Según contaron dirigentes de ese sindicato, los voceros del Ministerio del Interior y de Justicia dijeron que no había recursos suficientes para la equilibrar los salarios al interior de la Rama Judicial entre los que más ganan y los que menos. Ofreció aportar una partida extraordinaria de 50 mil millones de pesos para subir los sueldos de quienes ganan menos, a lo largo de los próximos cinco años.
Los dirigentes de Asonal rechazaron la propuesta y pidieron al gobierno que presentara una nueva. Para ellos, se necesitan al menos 500 mil millones de pesos para nivelar los sueldos en un tiempo negociable.
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Hernando Torres Corredor, reiteró el compromiso que esa Corporación tiene para con los trabajadores de la Rama Judicial.
“La Judicatura es consciente de las solicitudes de los trabajadores de la Rama Judicial”, dijo Torres al referirse a las dos inquietudes que preocupan a los trabajadores.
Asimismo, el jurista se mostró complacido por los diálogos que se iniciaron y manifestó que quizá la parte más complicada será la que le corresponde solucionar al ministerio de Hacienda.
Fabio Hernández, representante de los trabajadores, hizo un llamado al Gobierno para que flexibilicen su actitud en la mesa de negociaciones.
“La población se está viendo perjudicada, no por la intransigencia de los trabajadores, sino por la falta de comprensión del Gobierno del pliego”, dijo Hernández, quien de paso cuestionó el monto que el Ejecutivo está ofreciendo para ajustar los salarios de los trabajadores.
Según el dirigente de Asonal, el monto que el Gobierno ha propuesto para la nivelación salarial no permite que se avance en la discusión. Mientras que el ministerio de Hacienda habla de, por lo menos, 500 mil millones de pesos, durante las discusiones se ha hablado de 50 mil millones de pesos, suma que sería pagada a cinco años.
“Si se tiene en cuenta que son 40 mil trabajadores judiciales, ese monto no sirve para nada de cara a la nivelación”, señaló Hernández, para quien el fin del paro se dará en el momento en que se toquen, de manera juiciosa, temas como la estabilidad laboral, el incremento en la planta de despachos y cargos.
“Ha sido grave”. Así calificó Torres la situación que ha rodeado estos días de paro, más de 15 ya. Según el jurista, a diario los despachos judiciales producen cerca de 4.600 decisiones de fondo. Esto -agregó- permite calcular que las decisiones que se han dejado de tomar rodean las 50 mil decisiones.
Inconvenientes similares se ven reflejados en la legalización de las capturas. En este caso, el magistrado señaló que en muchos eventos de especial atención algunos funcionarios han colaborado, es decir, los casos que han representado gravedad sí han sido atendidos.
Un balance similar tiene Fabio Hernández, quien manifestó que en la actualidad hay más de dos millones de procesos estancados en el país. Una crisis similar es la que se ha presentado en materia de capturas y libertades.
“Se han presentado muchas libertades por vencimiento de términos. Esto es un asunto para que el gobierno se sensibilice”, dijo Hernández, y cuestionó que el gobierno se mantenga intransigente, pues a este panorama se suman las libertades que se están dando por vencimiento de términos.
Finalmente, el presidente de Asonal manifestó que este jueves en el país se presentarán nuevas marchas por parte de los empleados de la Rama Judicial, quienes reiterarán la firmeza en sus reclamos y le pedirán el Estado que cumpla las normas que le otorgan la nivelación de salarios.
Fuente: elcolombiano.com , semana.com
Málaga: El tráfico maniata a los jueces
El juez decano de Málaga, Manuel Caballero Bonald, afirma que después de la reforma del Código Penal para castigar a los conductores sin carné y endurecer las penas por otros comportamientos similares se ha dado una avalancha de procesos para los magistrados de los diez juzgados de lo Penal y, por tanto, éstos no pueden hacer frente con garantías a todas las ejecutorias que tienen pendientes.
El tráfico, sin duda, está maniatando a los jueces. Y esta afirmación se sostiene únicamente echando un vistazo a la memoria del área de Seguridad Vial de la Fiscalía, que nació a mediados de 2007.
Sólo en el pasado mes de mayo, en los días posteriores a la reforma del Código Penal, el 68% de las condenas por delitos de tráfico estaba relacionada con conductores que habían sido ´cazados´ sin carné. En total, se celebraron sólo en ese mes 210 vistas orales por ilícitos sobre tráfico.
De todos ellos, 204 acabaron con la conformidad entre la Fiscalía y la defensa, lo que supuso una reducción de un tercio de la pena para los infractores.
La Fiscalía pidió multas y trabajos en beneficio de la comunidad, lo que plantea otro problema de logística judicial: En Málaga sólo hay 195 plazas para desarrollar este tipo de penas y, por tanto, muchos de los condenados tardan meses en cumplir su castigo. La mayor parte de estas plazas está ofertada por administraciones públicas (ayuntamientos, Diputación Provincial de Málaga o la propia comunidad autónoma). Para solventar esta compleja situación, la Fiscalía está pidiendo que se paguen las multas, mientras que los trabajos sociales se dejan para más adelante.
Diligencias. La reforma del Código Penal en materia de tráfico se planteó mucho antes de 2007, cuando fue aprobada -aunque entró en vigor en mayo pasado-. Los datos de 2006 ya reflejaban una situación complicada en relación a estos delitos. Ese año, el ministerio público solicitó, y los magistrados accedieron, la incoación de 3.458 diligencias previas por causas relativas a la seguridad vial (una media de diez al día).
Ocho de ellas se abrieron para investigar otras tantas muertes en accidentes de circulación por homicidio imprudente; 2.928 por lesiones en siniestros y 74 estuvieron relacionadas con conducciones alcohólicas con resultado de lesiones o daños.
Negativas. Más de 300 personas fueron encausadas por negarse a realizar la prueba de alcoholemia; 92 por conducir de forma temeraria causando lesiones o daños y otras 23 por llevar su coche poniendo en riesgo la circulación. Asimismo, treinta personas fueron investigadas por conducir con desprecio a la vida de los demás con resultado de lesiones o daños, mientras que algunos tipos penales del ilícito quedaron desiertos.
Lo que queda meridianamente claro es que esta tendencia aumentará de forma importante cuando termine este año, con lo que los jueces de lo Penal, encargados de ejecutar estas sentencias, podrían verse más desbordados aun de lo que están.
El teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Málaga, Antonio Morales, valora esta reforma, ya que, en su opinión, "ha permitido incrementar la atención sobre estos asuntos; tener una mayor cohesión en la aplicación e interpretación de la nueva legislación sobre tráfico y mejorar la relación con las víctimas".
El acusador público reconoce que la reforma se hizo "por la trascendencia social que tuvieron algunos accidentes en el legislador".
Castilla y León: El atasco judicial suma casi 100.000 asuntos en trámite
El atasco de la Justicia en Castilla y León continuó su senda ascendente y acumuló casi 100.000 asuntos en trámite al finalizar 2007, lo que supone un incremento del 8,27% respecto al ejercicio anterior, cuando se alcanzó la cifra de 92.258. La mayoría del retraso corresponde a la jurisdicción penal, en la que se concentraron 43.000 asuntos, según se desprende del último informe anual del Consejo General del Poder Judicial, que analiza la situación de la Justicia en España. Sin embargo, y a pesar de que el atasco continúa aumentado, la cifra de asuntos que resolvieron los tribunales de Justicia de Castilla y León también creció durante el año 2007, en concreto, el 4,85%, hasta llegar a los 376.553.
Por detrás de los asuntos penales, en cuanto a volumen se refiere, está la jurisdicción civil, con 35.323; mientras que la de lo contencioso-administrativo, alcanzó los 16.098 asuntos en trámite en 2007. Un retraso que se debe principalmente, en este caso, al retraso que acumula ya tradicionalmente la sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid. Los 5.475 asuntos restantes corresponden al ámbito social. Además, a ello hay que sumar que crece más el número de asuntos en trámite que el de los que entraron en los últimos 12 meses, un total de 383.967, el 5,26% más que en 2006.
Así, de los asuntos que llegaron a los juzgados durante el pasado año, sólo descendió la cifra en la jurisdicción social, en concreto, el 5,16%, para recibir 17.710, frente a los 18.675 de 2006. Por el contrario, los juzgados de lo penal, que concentran el mayor número de cuestiones –casi el 72 por ciento del total– sufrieron un importante aumento, el 6,89% más, con 275.966. Mientras que los civiles crecieron el 2,5%, hasta la cifra de 79.228, y los contenciosos, el 4,16%, hasta 11.063.
En cuanto a las resoluciones, en la jurisdicción penal aumentaron el 5,51%, mientras que en la civil el porcentaje se situó en el 4,16% con 76.374, y en lo contencioso, el 8,9 por ciento. Por el contrario, cayó la de los asuntos sociales, el 4,53%, con un saldo final de 16.664.
Tasas de pendencia y resolución
Con estos datos, la tasa de pendencia, que mide la relación de los asuntos pendientes al final de un período con los resueltos durante el mismo, arrojó un dato negativo al crecer una centésima en 2007, con una tasa del 0,27, frente al 0,26 de 2006. En el conjunto de España la evolución fue también mínima, pero en este caso positiva, ya que pasó del 0,30 en 2006 al 0,29 en 2007.
En función del tipo de jurisdicción, se mantuvo con la misma tasa en la civil (0,46), mientras que en las otras tres aumentó. En concreto, la penal pasó del 0,15 al 0,16; en lo contencioso, del 1,36 al 1,54, y en lo social, de 0,33 al 0,28.
Por otro lado, la tasa de resolución de asuntos se mantuvo igual que el año anterior, en el 0,98, casi igual que la media nacional (0,99), que aumento en los últimos doce meses tras haber registrado el año anterior 0,98.
Otro de los indicadores del funcionamiento de la Administración de Justicia es la tasa de litigiosidad, que situó a Castilla y León en el grupo de cabeza de las comunidades autónomas con menos asuntos por cada mil habitantes y muy por debajo de la media nacional, de 184,6. De hecho, fue la sexta región, con 151,9 asuntos por cada 1.000 ciudadanos, aunque este indicador aumentó frente al dato de 2006, que fue de 144,6.
Por asuntos, de nuevo es la jurisdicción penal la que tienen una mayor litigiosidad, con 109,1 asuntos por cada mil habitantes; seguida de la civil, con 31,3; la social, con siete, y de lo contencioso, 4,4.
Por el contrario, la tasa de congestión de los juzgados de la Comunidad pone de manifiesto un leve empeoramiento de la salud de la Justicia en la Comunidad respecto al año anterior, aunque sigue por debajo de la media nacional. Así, mientras que en 2007 la tasa regional fue del 1,26, en 2006 era de 1,25, sin olvidar que la media nacional el pasado ejercicio fue de 1,29.
La mayor congestión tuvo lugar en los juzgados de lo contencioso (2,35), aunque por debajo del dato anterior (2,53) y por encima de la media nacional (2,29). Por detrás, se situaron los asuntos civiles (1,47), por debajo de la media (1,65), y los de lo social (1,35), con una tasa también inferior a la del conjunto del país (1,54). Fueron los penales los que anotaron la tasa más baja (1,15), muy cerca del dato nacional (1,16).
El funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de Castilla y León mostró una mayor agilidad que la media nacional en la celebración de juicios durante el año 2007 respecto a los que estaban señalados, en todas las jurisdicciones, un dato positivo que revela una mejoría dentro de la situación global.
Así, en los juzgados de primera instancia e instrucción, en porcentaje de juicios civiles celebrados fue del 78,1%, con lo que supera en más de cuatro puntos la media española (74,5). Mientras tanto, se celebraron el 82,5% de los juicios de faltas señalados, casi tres puntos por encima del país (79,4).
Además, en los órganos de violencia contra la mujer tuvieron lugar el 81,6% y el 95%de los juicios señalados civiles y de faltas, respectivamente. En ambos casos por encima del 77,7 por nacional y el 89,6%.
En el ámbito penal se llevaron a cabo el 87,1% de los previstos, frente al 74,9%nacional y el 93,8% de los juicios rápidos, cuando la media fue nacional está muy por debajo, en el 80,2%.
Por otra parte, se celebraron el 88,4% de los juicios civiles señalados en los juzgados de menores, mientras la media de las comunidades se situó en el 75,9%, y el 90,7% de los penales, por encima del 82,3% de España. Los juzgados de lo mercantil arrojaron una porcentaje del 72,3%, siete puntos por encima de la media, con un 79,9%; los de lo contencioso, del 83,6%, frente al 85,2 de media, y los de lo social, del 76,9, frente al 67,8%.
Por último, las secciones penales de las audiencias provinciales de Castilla y León celebraron el 86,8% de los juicios señalados durante el pasado ejercicio, casi siete puntos por encima de la media, de 80,1%.
Aumenta la plantilla de funcionarios judiciales
Otro dato positivo de este informe sobre la situación de la Justicia elaborado por CGPJ es el aumento de la plantilla de funcionarios judiciales. Según estos datos, en Castilla y León se incorporaron 40 trabajadores a lo largo del pasado ejercicio. El número de médicos forenses, 56, fue el único que se mantuvo igual que en 2006. El mayor incremento de puestos correspondió a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal, que con 22 nuevas plazas, llegó hasta los 990. Por su lado, el Cuerpo de Gestión alcanzó los 623 trabajadores, frente a los 611 de 2006, y el de Auxilio Judicial contó con siete nuevas plazas y un total de 592 funcionarios a cierre de 2007.
También aumentó el número de jueces y magistrados, con cuatro más que el año anterior, hasta completar los 274, con cuatro más en las jurisdicciones civil y penal, en la que trabajan 214 jueces. Al tiempo, se mantiene la cifra de 30 en lo contencioso-administrativo y otros tantos en lo social.
Una sentencia del TSJN del 14 de enero, ha ratificado el criterio mantenido por la sentencia del juzgado social número 2 de Pamplona desvelando el conflicto de criterios que convergían entre el derecho del empresario a su libertad de organización empresarial y el derecho de los trabajadores a su libertad individual, esto es, entre la facultad de la dirección de regular internamente las condiciones en las que debe darse la producción y la libertad del empleado para fumar.
Alicante: La Audiencia pide al Gobierno tres nuevos magistrados
El aumento de los casos relacionados con la delincuencia organizada, el gran volumen de ejecutorias y la elevada cifra de presos preventivos está situando a la Audiencia Provincial de Alicante en una situación "próxima al colapso". El presidente de la institución, Vicente Magro, ha remitido una carta al Ministerio de Justicia advirtiendo de esta problemática y solicitando una agilización de los trámites para la incorporación de tres nuevos magistrados a las dependencias judiciales de la capital.
El máximo representante de la Audiencia precisó que la provincia está afrontando cada vez más juicios de especial "complejidad" por el crecimiento, principalmente, de las acciones perpetradas por grupos organizados. Una circunstancia que afecta a Alicante de manera "relevante" frente a otras provincias y que está limitando las posibilidades de actuación de la Audiencia por la falta de "refuerzos" y de cauces "específicos" para abordar estos casos.
Las dificultades para digerir el gran volumen de asuntos tiene también su reflejo en el periodo de espera para que los presos preventivos pasen ante el juez. El número de reclusos en esta situación continúa en niveles de "alerta" -superando la barrera de los 400 en toda la provincia, según los últimos datos aportados por la Fiscalía-. Una circunstancia que podría empeorar "si las medidas necesarias para combatir este problema no se adoptan a corto plazo", apuntaron fuentes judiciales.
En esta misma línea, desde el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Alicante subrayaron que el volumen de presos preventivos esta vinculado de manera importante a la actividad de las mafias y grupos organizados que operan en la provincia y cuya desarticulación supone "la entrada, en algunos casos, de hasta 15 ó 20 acusados de golpe a las prisiones", lo que provoca una situación de inestabilidad "permanente" en las instalaciones penitenciarias.
Para combatir esta problemática, el presidente de la Audiencia ha recogido en su misiva al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, un informe en el que detalla la propuesta de la institución de activar juzgados específicos para los asuntos de delincuencia organizada, tribunales "a los que podrían adscribirse temas de narcotráfico; redes de prostitución; o los asuntos vinculados a detenciones ilegales".
La activación de estos puntos judiciales especializados, junto a la disposición de un magistrado para atender estos procedimientos -actuando como ponente en estas causas de manera exclusiva- permitiría, según las mismas fuentes, "descongestionar y mejorar" las actuaciones. La Audiencia argumenta, además, esta necesidad en los múltiples casos de robos en comercios con sistemas como el "alunizaje" o los asaltos en viviendas. Delitos que "están creando alarma social" y que con estas medidas pasarían a evaluarse en estos juzgados, "en los que se concentraría la instrucción de los casos".
Vicente Magro incidió en que la apuesta firme por este tipo de iniciativas evitaría el "bloqueo" que la entrada de este tipo de asuntos produce en algunos juzgados, donde "procedimientos de tal magnitud obligan a ralentizar la actividad".
La petición de nuevos magistrados atiende, de igual manera, a la fuerte presencia de asuntos relacionados con la violencia de género que trata la provincia. La solicitud de estas incorporaciones tiene como fecha establecida el próximo año y pretende "reforzar" las negociaciones realizadas por la Conselleria de Justicia, con el objetivo de conseguir que los tres magistrados "comiencen a trabajar en 2009 en cada una de las tres secciones de la Audiencia".
País Vasco: El 60% de los jueces son mujeres
El símbolo de la Justicia es una mujer con los ojos vendados que sostiene una balanza en una mano y una espada en la otra. Las estadísticas demuestran que esa imagen no es una simple metáfora en el País Vasco, ya que se ha convertido en la comunidad que, proporcionalmente, tiene más mujeres en la carrera judicial. Según la memoria del Tribunal Superior, las juezas y magistradas copaban el 60% de las plazas del País Vasco en diciembre de 2007.
El Observatorio de la Administración de Justicia, un organismo que depende del Departamento de Joseba Azkarraga, rebaja la cifra al 55%, pero con cualquiera de ambas estimaciones, el País Vasco aparece en el primer puesto del ránking nacional, a cierta distancia de las otras tres autonomías en las que las mujeres también son mayoría en la judicatura: Madrid (52,7%), Cataluña (52,4%) y Valencia (51,7%).
La irrupción femenina en la magistratura no sólo llama la atención por su magnitud, sino también por la rapidez con que se ha producido. Las mujeres españolas tuvieron vetado el acceso a la carrera judicial hasta 1966, y hubo que esperar hasta 1976 hasta que la primera jueza comenzó a dictar sentencias. En apenas 32 años han dado la vuelta a la Justicia, hasta el punto de que algunos juristas varones se preguntan, medio en broma, medio en serio, si las leyes de igualdad aprobadas por el Parlamento Vasco (2005) y por el Congreso (2007) servirán en la práctica para garantizar las cuotas masculinas en juzgados y tribunales. Sin ir más lejos, en el País Vasco, las mujeres también constituyen ahora mismo una abrumadora mayoría en la Fiscalía, en el cuerpo de secretarios judiciales, entre los procuradores y entre el personal judicial, tanto el que tiene categoría de funcionario como el laboral.
La magistrada Garbiñe Biurrun, destinada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior del País Vasco, pone un sencillo ejemplo para ilustrar la transformación que se ha producido en los palacios de Justicia: «Cuando ejercí como jueza de lo Social en San Sebastián, recuerdo que en algunas vistas todas éramos mujeres: yo, la secretaria, la abogada del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la letrada del trabajador o trabajadora». Dejando a un lado esos episodios concretos, la composición de la judicatura ha variado de tal forma que difiere incluso de la realidad demográfica del País Vasco, donde el número de mujeres es prácticamente el mismo que el de hombres (1.089.405 frente a 1.039.934, respectivamente, en 2006).
Biurrun advierte de que los primeros indicios de la feminización de la judicatura empezaron a apreciarse, al menos, desde finales de los ochenta, pues en su promoción -la del 87- «ya había una o dos mujeres más que hombres». Pero la tendencia se ha acentuado con el paso del tiempo, y sólo hay que echar un vistazo a las remesas de licenciados en Derecho y de jueces para comprobarlo: en 2007, el 56,7% de los nuevos titulados y el 56,6% de los nuevos miembros de la carrera judicial fueron mujeres. Un año antes, los porcentajes fueron mayores: el 66,1% y el 59,3%, respectivamente.
Sin concurso oposición
«Esa evolución de la Justicia es importante desde la perspectiva de género, aunque no podemos olvidar que también ha cambiado la extracción social de los jueces», puntualiza Garbiñe Biurrun. Pero en el primero de los procesos, el País Vasco figura en las posiciones de cabeza: dos de cada tres fiscales son mujeres, una proporción que se repite entre los procuradores, y que aumenta hasta el 74,5% entre los secretarios judiciales y hasta el 74,9% entre los funcionarios (oficiales, auxiliares, agentes y forenses). Los únicos reductos masculinos son los juzgados de paz y la abogacía, escenarios en los que ellas representan el 34,6% y cerca del 40%, respectivamente.
Esos dos ámbitos tienen en común que no se accede a ellos a través de una oposición, una circunstancia que no se le escapa a la fiscal-jefe del Tribunal Superior del País Vasco, María Ángeles Montes. Ella sugiere que las opositoras tal vez son «más constantes» al preparar los duros exámenes que dan acceso a las carreras judicial y fiscal. «Es un hecho -prosigue- que la equiparación ha sido mayor en las Administraciones públicas que en la privada. Existen criterios objetivos de selección, los sueldos son los mismos... En el ámbito privado, la igualdad casi parece una utopía por el momento».
A diferencia de los puestos de la Administración judicial, en los bufetes de abogados no imperan la antigüedad, ni se remunera a ambos sexos por igual. Tampoco existen unos horarios establecidos ni una letrada joven puede estar segura de tener hijos sin comprometer por ello su trayectoria profesional. «Es una cuestión de igualdad de oportunidades», recalca Montserrat Comas, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que destaca el contraste existente entre la presencia femenina en la carrera judicial y «su escasa representación» en los tribunales más importantes y en los órganos de gobierno de la judicatura.
Según el CGPJ, en enero de este año ejercían en España 2.350 jueces y 2.065 juezas (46,8%). Sin embargo, estas últimas sólo ocupan siete plazas de 90 en el Tribunal Supremo. Ciertamente, María Eugenia Casas encabeza el Constitucional, pero tan sólo hay una presidenta de Tribunal Superior (María Eugenia Alegret, en Cataluña). Del mismo modo, sólo se contabilizan seis presidentas de audiencia provincial, de las cuales dos corresponden precisamente al País Vasco: Ana Iracheta, en Bilbao, y María Victoria Cinto, en San Sebastián.
Sin embargo, pese a que Euskadi es una excepción en ese escalafón concreto, en la cúpula judicial vasca escasean las mujeres: en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior sólo ejerce una magistrada frente a cuatro varones; en la Sala de lo Social, dos de diez y en la Contenciosa, una de ocho. En cambio, la Fiscalía del Tribunal Superior está dirigida por María Ángeles Montes desde hace once años. Y durante bastante tiempo, la teniente fiscal -la número dos, para los legos en Derecho- también fue una fiscala, aunque su puesto lo ocupa ahora un hombre.
«Peso creciente»
Los informes estadísticos del CGPJ dan por sentado que el colectivo femenino tendrá «un peso creciente» en los palacios de Justicia. Lo lógico es que escalen los puestos más altos a medida que acumulen años de antigüedad y los magistrados veteranos se jubilen. Ahora mismo, en la franja de 30 a 41 años, dos de cada tres plazas las ocupan juezas, una circunstancia que ya está teniendo efectos en las salas de las audiencias provinciales y, por supuesto, en los juzgados unipersonales. De hecho, la mitad de los 14 jueces decanos del País Vasco son mujeres elegidas por sus colegas en cada partido judicial.
No obstante, la equiparación de sexos ha encontrado una barrera todavía difícil de franquear: los cargos a los que se accede por designación del CGPJ: el Supremo, el Constitucional, la presidencia de los Tribunales Superiores y, hasta cierto punto, las salas de lo Civil y Penal de estos últimos órganos. Para Montserrat Comas, presidenta de la comisión de Igualdad del Poder Judicial y del Observatorio de Violencia de Género, la manera de hacer añicos ese techo de cristal es la discriminación positiva. Sólo así podría conseguirse, por ejemplo, que los cursos de formación de los jueces también sean dirigidos por mujeres, que éstas tengan más presencia en los tribunales de oposición y que sean presidentas de los Tribunales Superiores, objetivos que el pleno del CGPJ se marcó en 2005 y que no se han cumplido.
«No hay que esperar a que la situación de desigualdad cambie con el curso de los años -agrega Comas-. Hay que actuar ahora porque es una injusticia. Necesitamos políticas activas para favorecer los nombramientos de juezas en cargos gubernativos cuando exista igualdad de méritos». Entre esos cargos figuran precisamente las vocalías del Poder Judicial, un órgano en el que ahora sólo hay dos mujeres: Montserrat Comas y la jurista María Ángeles García. No obstante, en la próxima renovación del CGPJ, el Gobierno y la oposición parlamentaria parecen decididos a aplicar criterios de paridad sociológica.
«Después de 32 años, nadie sostiene que las juezas puedan ejercer la profesión peor o de forma distinta», concluye Comas. A falta de un estudio sobre la impronta femenina en la Administración de Justicia, la magistrada intuye que las mujeres han contribuido a impulsar muchos cambios sociales a través de la jurisprudencia de los tribunales. Su colega Garbiñe Biurrun comparte ese punto de vista y avisa: «Hay cientos de magistradas con quince años de antigüedad, que es el requisito para acceder al Supremo; y también existen juristas destacadas con méritos de sobra para entrar en el Poder Judicial y en el Constitucional».
Con ese telón de fondo, la fiscala María Ángeles Montes aún recuerda «el paternalismo» con el que fue acogida por algunos profesionales varones cuando recorrió por primera vez las dependencias judiciales. Pero asegura que aquellas actitudes son cosa del pasado. «A mí, realmente, no me gustaría una Administración judicial con el 100% de mujeres», asegura.
Baleares: Administración y sindicatos inician el traspaso de Justicia
La primera reunión para negociar el traspaso de las competencias de Justicia de Madrid a Baleares se celebró en Palma entre representantes de la Administración y de los sindicatos. A la reunión, celebrada en la sede de la conselleria de Interior, asistieron el director general de Financiación Pública, Bernat Ramis; la directora general de Justicia, Sandra Capllonch; técnicos de ambos departamentos y miembros de los sindicatos con representación en Justicia: UGT, CCOO, CSIF, USO y STAJ.
En esta negociación se decidirá la contrucción de los nuevos juzgados de Ibiza, que en principio se levantarán en el solar de sa Graduada. El traspaso afectará a 1.200 trabajadores entre funcionarios y personal laboral del Ministerio de Justicia.
Durante este primer encuentro se abordó la problemática actual con la Administración Estatal de Justicia y el futuro traspaso de competencias a la comunidad.
Talavera de la Reina: Terror y hedor en el juzgado
El Consejo General del Poder Judicial ha sancionado con multas por valor de 7.500 euros a un juez de lo social de Talavera de la Reina (Toledo) que en los últimos años ha sometido a los funcionarios a una permanente situación de "nerviosismo, angustia, temor y humillación", además de obligarles a soportar su falta de higiene personal. Los funcionarios no soportan que se hurgue en los pies, los oídos o la nariz. Tampoco su costumbre de orinar en los lavabos con la puerta abierta, mientras dicta.
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asumió la propuesta del instructor del expediente abierto a Angel Luis del Olmo, en la que planteaba que se le sancionase con un total de 7.500 euros por dos faltas graves de abuso de autoridad y desconsideración con los funcionarios y con el secretario judicial.
El expediente se inició a raíz de una denuncia colectiva de la plantilla del Juzgado de lo Social número 3 de Toledo, con sede en Talavera de la Reina. Las primeras quejas se remontan a 2006, dos años después de la llegada al Juzgado de Del Olmo, de 54 años y con ocho de antigüedad en la carrera judicial.
De acuerdo con los hechos que se han acreditado en el expediente, Del Olmo estableció un sistema de transcripción de sus resoluciones consistente en dictarlas en su despacho a una funcionaria. Ante las quejas de ésta por el trato que le dispensaba el juez, se estableció un sistema rotatorio entre cuatro funcionarios. Todos ellos han acabado en tratamiento médico y psicológico (también psiquiátrico, en el caso de la primera funcionaria), aunque no se han dado de baja laboral.
Según la propuesta de resolución aceptada por el CGPJ, Del Olmo "somete de manera habitual y continuada a los funcionarios a condiciones de trabajo vejatorias, tratándoles sin educación, de manera despreciativa y dictatorial, como si no fueran personas, sin consideración a su dignidad, provocándoles situaciones de humillación, angustia, temor, nerviosismo y estrés así como de repulsión, debido esto último a su falta de higiene y aseo personal".
Cuando dictaba, el magistrado cerraba la puerta de su despacho, lo que infundía temor "debido a su hostilidad y agresividad", hasta el punto de que el funcionario de turno pasaba con su móvil "por si surgía algún incidente, para poder llamar a sus compañeros o incluso a la Policía".
Ciudad Real: La Junta de Personal cree necesarios más planes de actuación
La Junta de Personal de Justicia, reestructurada tras las dimisiones provocadas a raíz de la huelga de funcionarios de más de dos meses, considera que los planes de actuación puestos en marcha por el Ministerio de Justicia, para intentar poner “al día” a los juzgados por los asuntos que no se tramitaron durante el periodo de huelga, son insuficientes.
Los planes, de tres meses de duración, se establecieron en base al atasco acumulado juzgado por juzgado, ya han terminado y efectivamente “se ha movido todo el papel que estuvo parado, pero ahora el problema lo tenemos en otro lado, se ha generado más trabajo: juicios, sentencias, ejecutorias, habría que prorrogarlos o aplicar unos nuevos”, explica el presidente de la Junta de Personal, que se reunió por primera vez tras el paréntesis veraniego. Además está el problema, no resuelto, de la Audiencia Provincial y los juzgados de paz, “ellos se quedaron fuera de estos planes y van a notar el repunte de actividad en los juzgados”, agrega.
Por otra parte, la Junta de Personal ha decidido presentar un recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJLM) por la falta de decanato en los juzgados de Tomelloso. Esta circunstancia sobrecarga de trabajo a los funcionarios de guardia de cada uno de los tres juzgados, “en vez de tener un decanato con su personal para notificaciones y presentación de demandas, escritos, etc, como ocurre en otros juzgados similares como Alcázar y Puertollano”.
La Junta de Personal eligió también como nuevo secretario al médico forense José García Muñoz.
Los efectos colaterales de la larga huelga en Justicia han hecho mella en la Junta de Personal de Justicia, en la que el sindicato UGT ha perdido representación, tras la renuncia de militancia de sus miembros, que tenían mayoría. Ahora hay seis independientes, como el propio presidente, y representación de CCOO, CSIF y STAJ.
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Argentina: Pretenden limitar la actividad sindical de los trabajadores judiciales
Corrientes, Argentina. Carlos Tomada, Ministro de Trabajo de la Nación, se comprometió a dar soluciones respecto de una acordada firmada por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes que les limita a los trabajadores la actividad sindical. Explícitamente la acordada establece que el Sindicato de Trabajadores Judiciales, previo a recurrir a la medida de acción directa, debe exponer ante el Superior Tribunal de Justicia por medio de los integrantes de la Comisión Directiva, los motivos del conflicto. El secretario general del SITRAJ (Sindicato de Trabajadores Judiciales), Juan Carlos González, señaló que habrá un nuevo encuentro, del cual pueden surgir las soluciones.
Este viernes por la mañana se concentraron en Plaza 25 de Mayo los distintos gremios que conforman la Multisectorial. Allí los diferentes sindicatos dieron detalles de sus reclamos ante el gobierno y sus necesidades. El Sindicato de Trabajadores Judiciales, SITRAJ, dio a conocer sus planteos contrarios a una acordada firmada por el STJ que les limita sus actividades gremiales. Por lo cual elevaron el reclamo a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y al Ministerio de Trabajo de la Nación.
“Fue una en el marco de la Multisectorial, donde brindamos informes de los distintos sectores. Nosotros desde el judicial pusimos en conocimiento a los otros sindicatos el planteo de la anulación de la acordada rubricada por el Superior Tribunal de Justicia que limita el derecho de huelga. Reglamenta algo que no está en la Ley sindical, porque impide a los trabajadores judiciales a que pueden ejercer actividades sindicales” describió González.
El miércoles último por la tarde los recibió por ese tema el Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada. El cual se mostró interesado. Por lo que consideraron positiva la entrevista con el funcionario nacional, ya que se comprometió a hablar con el gobernador de la provincia y ver alternativa para solucionar este problema.
Es más, acotó González, el Ministro conoce del avance gremial que se gestionó a nivel internacional, con una denuncia en la OIT. Por lo que se trataría de evitar que el litigio sea enmarcado en ese organismo del trabajo, de lo contrario algún funcionario provincial y nacional deberán ir a responder a ese órgano. Esa interpretación refuerza la esperanza de los judiciales de llegar a una solución alternativa, antes que seguir litigando en la justicia.
“Si no se encuentra una solución, serían responsables ante la OIT y serían llamados a comparecer. Y esto refuerza la necesidad de conseguir una solución ante el gobierno nacional” explicó.
De ahora en más, el compromiso además de estas gestiones, el Ministerio de Trabajo de la Nación estaría convocando a una nueva reunión cuando se tenga una posibilidad de solución. “Nos dio un dato importante el Ministro Tomada, que la Dra. Rial, que es la que le sigue en el cargo a Tomada, fue nombrado como integrante de la OIT. Esto más teniendo en cuenta que ella se expidió favorablemente ante un planteo del SITRAJ rechazando la acordada” sintetizó.
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Asturias: Las competencias que no acaban de llegar
De Francisco García Valledor a María José Ramos o de Juan Fernando López Aguilar a Mariano Bermejo: las negociaciones para lograr que el Principado asuma plenamente las competencias sobre los servicios de Justicia han visto pasar ya a una larga lista de negociadores, tanto desde el Principado como del Gobierno nacional. La actual consejera del ramo, María José Ramos, se situó como la última en esa serie al reafirmar que «antes del 1 de enero de 2009 esperamos hacer efectiva esa trasferencia».
Ambas administraciones han acordado el dinero público que debe ceder Madrid para que el Principado asuma la gestión de los actuales medios materiales y personales. «Ahora mantenemos ciertas diferencias económicas sobre las vacantes que faltan en la plantilla», desveló Ramos.
El comentario lo hizo durante la inauguración oficial de la nueva oficina que acogerá al Juzgado y la Fiscalía de Menores. La sede empezó a funcionar a principios de mes tras una inversión regional que supera el millón de euros, pero que tiene carácter provisional. El propio Principado tiene previsto crear una Ciudad de la Justicia. Será en el espacio que libere el actual Hospital Central tras su traslado al edificio que ahora se está construyendo en el barrio ovetense de La Cadellada. El futuro palacio podrá acoger todas las dependencias de la Justicia en Asturias, solventando así la actual dispersión de oficinas.
El nuevo Juzgado de Menores «tiene instalaciones magníficas, pero recuerdo que ahonda en la dispersión de sedes», reconoció el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau.
Hasta ahora las diligencias sobre delitos cometidos por menores se llevaban en el Palacio de Justicia de Llamaquique, «donde ya no cabía porque se nos ha quedado pequeño, algo que nos obliga a ir a una solución global y total», reclamó Gerardo Herrero, Fiscal jefe de Asturias.
Zaragoza: Inspección sugiere crear un nuevo juzgado de familia
El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recomendado la creación en Zaragoza de un nuevo juzgado de familia que se sume a los tres existentes, dado que estos funcionan al límite de sus posibilidades y realizan un tercio más del trabajo que les corresponde. El empeño de los magistrados y los funcionarios les permite ir al día, pero a costa de un constante sobreesfuerzo.
De hecho, desde hace cuatro años, los juzgados de familia de la capital aragonesa resuelven entre un 17% y un 42% más de casos de los que tienen asignados según los módulos del Ministerio de Justicia. Por este motivo, la Inspección sostiene que el nuevo juzgado está plenamente justificado, ya que absorbería el exceso de trabajo que afecta a los tres órganos operativos.
Anualmente, los jueces de familia emiten en torno a 3.000 sentencias sobre asuntos que, en la mayoría de los casos, tratan del impago de pensiones y el incumplimiento del régimen de visitas.
"Aun así, estos datos no son del todo fiables, pues en este ámbito del Derecho la mayor complejidad se da en las ejecuciones de sentencia, y lo normal es que muchos casos ya sentenciados den lugar a varias ejecuciones", explica el titular de uno de los juzgados de familia zaragozanos.
Además, los procedimientos se complican todavía más en los asuntos denominados contenciosos, es decir, en los que no hay acuerdo de las partes. Sin embargo, los casos que se tramitan de mutuo acuerdo suponen más del doble de los que se realizan con la oposición de los intervinientes, en una proporción de 2,5 a 1.
La Administración de Justicia exige que los juzgados de familia emitan cada año 200 sentencias contenciosas, un porcentaje que, en el caso de Zaragoza, también se cumple estrictamente y que incluso se rebasa.
El Servicio de Inspección giró una visita a los juzgados de familia la pasada primavera y emitió unas conclusiones en las que somete a la Comisión Mixta del CGPJ y al Ministerio de Justicia la necesidad de crear un nuevo órgano judicial especializado en asuntos familiares. Asimismo, los inspectores también dejaron constancia ante la Diputación General de Aragón de que son necesarios ciertos reajustes en los locales de los tres juzgados para adecuarlos a su función.
"No tenemos un problema de espacio, como pasa en otras jurisdicciones", indicó el magistrado citado anteriormente. "Lo que pasa es que la distribución del espacio en las oficinas no se adapta al trabajo que se realiza en ellas", explicó.
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