Source: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160215/AnuncioC3B0-110216-0001_es.html
Timestamp: 2017-06-25 00:02:11+00:00

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Pág. 5240
A las obligaciones de transparencia y buen gobierno exigidas por estas leyes se les han ido uniendo, a lo largo de los años, otras obligaciones en leyes sectoriales reguladoras de materias como las subvenciones, la ordenación urbanística, las prestaciones sanitarias, el sistema de archivos, la calidad de los servicios públicos, e incluso en la propia Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia. En cualquier caso, la creciente exigencia ciudadana de control público de la actividad de las instituciones, así como la necesidad de adaptar las leyes existentes en Galicia al nuevo marco legal derivado de la aprobación de nueva legislación básica, aconsejan la aprobación de un nuevo texto. Una nueva norma que, además de avanzar en los pasos dados por la legislación previa y superarlos, integre en un mismo texto toda la regulación referida a la rendición de cuentas de los poderes públicos gallegos, tanto en lo que respecta a los datos derivados de su actividad administrativa y gubernamental como en lo referente a los mecanismos de control de las buenas prácticas por parte de las personas que tienen responsabilidades públicas. Una nueva norma que, en los momentos previos a su remisión al Parlamento, esté sujeta a un proceso de participación ciudadana que tendrá resultado en la incorporación de aportaciones ciudadanas a su redacción final.
En su capítulo IV, el título I aborda la regulación del derecho ciudadano al acceso a la información pública, más allá de aquella que sea ofertada en virtud de lo dispuesto en el capítulo I. De este modo, se determina el procedimiento pertinente, estableciendo la necesaria obligación de las administraciones públicas de facilitar a la ciudadanía aquella orientación y asesoramiento que precise, así como de proporcionarle modelos normalizados de solicitudes y canales electrónicos para tramitarlas. Por último, el capítulo V regula los necesarios mecanismos de coordinación y control de dichas obligaciones de transparencia. Así, en primer lugar regula el Portal de transparencia y Gobierno abierto, en el que el sector público autonómico deberá dar cuenta de las obligaciones de publicidad activa. En segundo lugar, organiza los mecanismos internos de coordinación dentro del sector público autonómico para dar cumplimiento a las solicitudes de información pública y, por último, de conformidad con la posibilidad regulada en la disposición adicional cuarta de la ley básica, determina el órgano independiente capaz de resolver las reclamaciones sobre resoluciones denegatorias a dichas solicitudes. Para garantizar la auténtica independencia de este órgano, se opta por la atribución de esta competencia al Valedor del Pueblo, institución estatutaria de contrastada independencia, al tener garantizado en su ley reguladora que ni su nombramiento ni su cese sean potestad del Gobierno autonómico sino del Parlamento.
El título II de la presente ley, por su parte, centra su atención en los mecanismos de buen gobierno y control de la actividad de las personas que ocupan altos cargos en el sector público autonómico. En concreto, el capítulo I de este título procede a regular con precisión, en primer lugar, el repertorio de personas que tienen la consideración de alto cargo y, a continuación, las obligaciones que les acompañan en el ejercicio de esa responsabilidad, dando rango legal a la necesaria existencia de un código ético institucional en el ámbito del sector público autonómico. En lo referente a las incompatibilidades, partiendo del principio general de dedicación exclusiva, establece las oportunas, razonables y limitadas excepciones a esta y pasa, a continuación, a potenciar el control sobre los eventuales conflictos de intereses que puedan surgir en el ejercicio de su cargo. De esta manera, se establece como principal novedad respecto a la legislación vigente la obligación de abstenerse en las tomas de decisiones relativas a personas jurídicas o entidades privadas de las que el alto cargo hubiese tenido parte en su dirección, asesoramiento o administración en los dos años anteriores al nombramiento.
Artículo 1. Objeto 1. La presente ley tiene por objeto regular la transparencia y publicidad en la actividad pública, entendiendo esta como la desarrollada con una financiación pública, así como el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública, entendiendo esta otra tal y como se define en el artículo 24 de esta ley.
Artículo 2. Principios rectores de la ley
c) A las corporaciones de derecho público que desarrollen su actividad exclusivamente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, en lo relativo a sus actividades sujetas a derecho administrativo. d) Al Parlamento de Galicia, Consejo Consultivo, Valedor del Pueblo, Consejo de Cuentas, Consejo Económico y Social, Consejo Gallego de Relaciones Laborales y Consejo de la Cultura Gallega en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo y, en todo caso, respecto de sus actos en materia de personal y contratación.
f) A las asociaciones constituidas por los entes, organismos o entidades anteriores. 2. Los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y entidades privadas perceptoras de fondos públicos a que se refiere el artículo 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuando recibieran fondos del sector público autonómico, darán cumplimiento a sus obligaciones de publicidad en el Portal de transparencia y Gobierno abierto. 3. En lo concerniente a las obligaciones de suministro de información, la presente ley será de aplicación a cualquier entidad privada que reciba o gestione fondos públicos o cuya actividad tenga interés público o repercusión social en los términos previstos en el artículo siguiente.
Artículo 4. Obligación de suministro de información
1. Todas las personas físicas o jurídicas distintas de las indicadas en el artículo 3.1, que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, estarán obligadas a suministrar a la Administración, al organismo o a la entidad de las previstas en el artículo 3.1 a que se hallen vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones previstas en este título. 2. Esta obligación de suministrar información se extenderá a:
3. Para garantizar el cumplimiento de lo previsto en este y en el anterior artículo, las bases reguladoras de las subvenciones, así como la documentación contractual o los negocios jurídicos que instrumenten la prestación de los servicios públicos o el ejercicio de potestades públicas, recogerán expresamente esta obligación de suministro de información y las consecuencias de su incumplimiento. 4. Reglamentariamente se determinará el procedimiento que es necesario seguir para el cumplimiento de esta obligación, así como las multas coercitivas aplicables en los supuestos en que el requerimiento de información no sea atendido en plazo. La multa de 100 a 1.000 euros será reiterada por periodos mensuales hasta el cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del 5 % del importe del contrato, subvención o instrumento administrativo que habilite para el ejercicio de las funciones públicas o la prestación de los servicios. En el supuesto de que en dicho instrumento no figurase una cuantía concreta, la multa no excederá de 3.000 euros. Para la determinación del importe se atenderá a la gravedad del incumplimiento y al principio de proporcionalidad.
Artículo 5. Fomento de la cultura de la transparencia
Artículo 7. Obligaciones específicas de información institucional, organizativa y de planificación Además de la información que debe hacerse pública según la normativa básica en materia de transparencia, los sujetos citados en el artículo 3.1 también publicarán:
i) Las agendas de la actividad institucional pública de los miembros de la Xunta de Galicia y de las personas que ocupen altos cargos, que se mantendrán públicas, como mínimo, durante un año. Artículo 8. Obligaciones específicas de información sobre las relaciones con la ciudadanía
Artículo 9. Obligaciones específicas de información de relevancia jurídica
Artículo 10. Obligaciones específicas de información en materia de personal
b) Los efectivos de personal funcionario, laboral, sanitario y docente, así como la información sobre los efectivos de personal eventual en los términos previstos en el artículo 32 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia. c) Los permisos para la realización de funciones sindicales, liberados y liberadas sindicales tanto de carácter institucional como las dispensas sindicales, distribuidos según relación nominal de personas y organizaciones sindicales a las que están vinculados, así como todos los costes que estas originan.
Artículo 11. Obligaciones específicas de información económica, presupuestaria y estadística
Artículo 12. Obligaciones específicas de información patrimonial
Artículo 13. Obligaciones específicas en materia de contratación pública
j) La valoración de las ofertas de acuerdo con los criterios de valoración, con las limitaciones impuestas por la excepción de confidencialidad prevista en el artículo 153 del Texto refundido de la Ley de contratos del sector público. k) La adjudicación del contrato. l) La formalización del contrato.
Artículo 14. Obligaciones de información sobre concesión de servicios públicos
Artículo 15. Obligaciones específicas de información sobre convenios
Artículo 16. Obligaciones de información sobre encomiendas de gestión y encargos a medios propios
Artículo 17. Información específica sobre subvenciones
a) El texto íntegro de la convocatoria de las ayudas o subvenciones. b) Las concesiones de dichas ayudas o subvenciones. 2. Se entienden incluidas a efectos de lo establecido en el párrafo anterior: a) Cualquier otro acuerdo o resolución del que resulte un efecto equivalente a la obtención de ayudas directas por parte del beneficiario o beneficiaria. b) Las aportaciones monetarias realizadas por la Comunidad Autónoma a favor de las entidades locales, siempre que no estén destinadas a financiar globalmente la actividad de cada ente. 3. Pueden ser excluidos de la publicación: a) Aquellos supuestos en los que la publicación de los datos de la persona beneficiaria, en razón al objeto de la ayuda, sea contraria al respeto y a la salvaguarda del honor y de la intimidad personal y familiar de las personas físicas, en virtud de lo establecido en la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. b) Aquellos datos que estén protegidos por el secreto comercial o industrial, previo informe debidamente motivado. c) Con carácter general, aquellos supuestos o aquellos datos en los que así lo exijan o aconsejen razones prevalentes por la existencia de un interés público más digno de protección, el cual, en todo caso, deberá ser motivado expresamente. Artículo 18. Información sobre ordenación del territorio y medio ambiente
e) Todas las resoluciones e informes que en el ejercicio de sus potestades y competencias emitan la Xunta de Galicia y los órganos que, en su caso, ejercen competencias sobre urbanismo. 2. Igualmente, serán objeto de publicación:
Artículo 19. Información específica sobre las relaciones de la Xunta con el Parlamento de Galicia
Artículo 21. Reutilización de la información del sector público autonómico
2. Se promueve la puesta a disposición en formatos abiertos para facilitar la reutilización de la información del sector público con la finalidad fundamental de facilitar un mejor conocimiento de la actividad del sector público y el uso de los datos para la creación, por parte de terceros, de productos derivados y servicios de valor añadido. 3. Los órganos y unidades de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia velarán para que los documentos a los que se aplica esta ley y la restante información que se considere de interés público puedan estar disponibles en formato abierto para su reutilización.
Artículo 22. Formatos disponibles
Artículo 23. Catálogo de información reutilizable en formato datos abiertos
4. El portal de datos abiertos tendrá a disposición de las personas interesadas un espacio para realizar propuestas y sugerencias sobre la información puesta a disposición en el mismo. CAPÍTULO IVDerecho de acceso a la información pública
Artículo 24. El derecho de acceso a la información pública
Artículo 25. Limitaciones del derecho de acceso a la información pública
Artículo 26. Solicitud de acceso a la información
Artículo 27. Tramitación y resolución de las solicitudes de acceso
2. Cuando las solicitudes se refieran a información que afecte a derechos e intereses de terceros, el órgano encargado de resolver les concederá un plazo de quince días para que puedan formular alegaciones. El traslado de la solicitud a la persona afectada producirá la suspensión del plazo para resolver hasta que se reciban las alegaciones o transcurra el plazo concedido para su presentación.
4. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse, a la persona solicitante y a los terceros afectados que así lo hubiesen solicitado, lo antes posible y, como más tarde, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. 5. Transcurrido el plazo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.
Artículo 28. Reclamaciones frente a las resoluciones en materia de acceso a la información pública
1. Contra toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Valedor del Pueblo, salvo en aquellas dictadas por los sujetos previstos en el artículo 3.1.d) de la presente ley, contra las que, conforme a lo previsto en la normativa básica, solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo. 2. La reclamación ante el órgano independiente de control tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, así como un carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa.
Artículo 29. Portal de transparencia y Gobierno abierto
3. El acceso de la ciudadanía a la información del Portal de transparencia y Gobierno abierto será gratuito y respetará los principios de accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. La información estará disponible en gallego y castellano. 4. El Portal de transparencia y Gobierno abierto incorporará, en los términos que se establezcan reglamentariamente, otra información de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia, así como permitirá la interconexión con otras direcciones electrónicas de la Red de portales de la Administración general y del sector público autonómico, integrada por los portales web y servicios web sociales y participativos cuya titularidad, gestión y administración corresponden a los órganos o unidades de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia en el ejercicio de sus competencias. 5. Los instrumentos de ordenación de la información del Portal de transparencia y Gobierno abierto, las prescripciones técnicas y las unidades encargadas de su organización y gestión, que se determinarán reglamentariamente, garantizarán que la información disponible esté actualizada y que sea accesible y comprensible, y velarán por la accesibilidad universal en los términos previstos en la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. El Portal de transparencia y Gobierno abierto estará sometido a las normas generales que rijan la presencia de la Administración autonómica y de su sector público en internet. 6. Reglamentariamente se determinarán las medidas complementarias y los instrumentos de colaboración con las otras administraciones y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley, a fin de promover la interoperabilidad con las direcciones electrónicas que en ellas se establezcan para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y publicidad activa y para facilitar que las entidades sin ánimo de lucro y corporaciones de derecho público afectadas puedan cumplir con las obligaciones de publicidad activa a través del Portal de transparencia y Gobierno abierto.
Artículo 30. Órganos, servicios o unidades administrativas responsables de la transparencia
Artículo 31. Coordinación y control interno en materia de transparencia
1. En el ámbito del sector público autonómico, la coordinación general y el control interno en materia de transparencia serán ejercidos por la Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación prevista en la Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración. 2. Dicha comisión, que será asistida por la persona titular del centro directivo con competencias en materia de evaluación y reforma administrativa, establecerá la planificación directiva en materia de transparencia, podrá dictar instrucciones, establecer protocolos y fijar criterios tanto respecto a la implementación de la publicidad activa como en relación con el seguimiento del adecuado cumplimiento de las demás obligaciones en materia de transparencia.
Artículo 32. El Comisionado de la Transparencia
Artículo 33. La Comisión de la Transparencia
1. Se crea la Comisión de la Transparencia como órgano colegiado independiente adscrito al Valedor del Pueblo. 2. Se compondrá de los siguientes miembros:
Artículo 34. Separación de funciones y medios
Artículo 35. Colaboración con el Valedor del Pueblo
2. La Xunta de Galicia, a través de la Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación prevista en el artículo 31 de esta ley, remitirá al Valedor del Pueblo el informe referido en el artículo 5. Artículo 36. Informe anual al Parlamento
d) El personal eventual que, en virtud de nombramiento legal, ejerza funciones de jefatura de gabinete o jefatura de prensa de los gabinetes de la persona titular de la Presidencia de la Xunta y de los demás miembros del Consejo de la Xunta de Galicia. e) Las personas titulares de cualquier otro puesto de trabajo de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y entes instrumentales del sector público autonómico, cualquiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se efectúe por decreto del Consejo de la Xunta de Galicia. f) El presidente o presidenta del Consejo Económico y Social.
Sección 2ª. Ejercicio del alto cargo
Artículo 38. Nombramiento y ejercicio del alto cargo
Sección 3ª. Régimen de actividades e incompatibilidades de altos cargos
Artículo 39. Principios generales 1. Los altos cargos comprendidos en el ámbito de aplicación de este capítulo ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad pública con:
2. En ningún caso se podrá percibir más de una remuneración, periódica o eventual, con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y de los organismos y empresas de ellas dependientes, sin perjuicio de las indemnizaciones por gastos de viajes, estancias, traslados o asistencias que en cada caso correspondan por las actividades declaradas compatibles. Artículo 40. Compatibilidades con actividades públicas
d) La representación de la Administración autonómica en los órganos colegiados o en los consejos de administración de organismos o empresas con capital público o de entidades de derecho público. En el supuesto de pertenencia a más de dos consejos de administración de organismos o empresas con capital público o de entidades de derecho público, solo se podrán percibir cantidades en concepto de asistencia por un máximo de dos consejos de administración.
Artículo 41. Compatibilidad con el ejercicio de la docencia
Artículo 42. Compatibilidad con actividades privadas 1. El ejercicio de un cargo de los comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley será compatible con las siguientes actividades privadas, siempre que con su desarrollo no comprometa la imparcialidad o independencia de sus funciones públicas: a) Las que se deriven de la simple administración del patrimonio personal o familiar. b) Las actividades de producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquellas, así como la colaboración y la asistencia ocasional como ponente en congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de carácter profesional, siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios o supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes. c) La participación en entidades culturales o benéficas que no tengan ánimo de lucro y siempre que no perciban ningún tipo de retribución o percepción por dicha participación. 2. La persona interesada en la realización de estas actividades se lo comunicará a la Dirección General de la Función Pública con carácter previo, salvo en el supuesto establecido en el apartado 1.a).
3. Los miembros del Consejo de la Xunta no podrán percibir retribución alguna por la colaboración y/o asistencia ocasional como ponente en congresos, seminarios, jornadas de trabajo o cursos de carácter profesional. A los derechos económicos que, en su caso, pudieran devengarse derivados de las referidas actividades se les dará el destino dispuesto en el artículo 40.2.
Artículo 43. Conflicto de intereses 1. La persona que ocupe un alto cargo de los mencionados en el ámbito de aplicación de este título deberá evitar, en todo caso, la influencia de sus intereses personales en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades por suponerles un beneficio o perjuicio.
4. En el supuesto de que la persona que sea nombrada para ocupar un alto cargo posea la participación a que se refiere el apartado anterior, tendrá que enajenar o ceder las participaciones y los derechos inherentes a ellas durante el tiempo en que ejerza su cargo, en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente al de su nombramiento. Si la participación hubiese sido adquirida por sucesión hereditaria u otro título gratuito durante el ejercicio del cargo, tendrá que desprenderse de ella en el plazo de tres meses desde su adquisición. Dicha participación y posterior transmisión serán, asimismo, declaradas a los registros previstos en el artículo 49 en la forma que reglamentariamente se determine.
Artículo 44. Deber de abstención 1. Las personas que ocupen los altos cargos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título deberán abstenerse de intervenir en los procedimientos administrativos que afecten a sus intereses personales, tal y como están definidos en el artículo anterior.
Artículo 45. Limitaciones al ejercicio de actividades posteriores al cese 1. Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán realizar actividades ni prestar servicios en entidades privadas relacionadas con expedientes sobre los cuales hubiesen dictado resolución en el ejercicio del cargo. 2. Quedarán exceptuadas de lo dispuesto en el apartado anterior aquellas personas que se reincorporen a entidades privadas en las que ya hubiesen ejercido con anterioridad a ocupar el puesto de alto cargo, siempre y cuando la actividad que vayan a desempeñar en ellas sea en puestos de trabajo que no estén directamente relacionados con las competencias del cargo público ocupado ni puedan adoptar decisiones que afecten a las competencias del cargo público desempeñado.
Artículo 46. Prohibición de la tenencia de fondos en paraísos fiscales
Sección 4ª. Transparencia y control de las actividadesy del patrimonio de los altos cargos
Artículo 47. Declaraciones de actividades y de bienes patrimoniales 1. Los cargos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título están obligados a formular las siguientes declaraciones:
2. Las declaraciones mencionadas en los supuestos a) y b) del apartado anterior se efectuarán en los términos reglamentariamente establecidos dentro de los tres meses siguientes a la fecha de toma de posesión y cese, respectivamente, del alto cargo. 3. Anualmente, durante el mes de julio, presentarán ante el Registro de Bienes Patrimoniales copia de las declaraciones tributarias mencionadas en la letra b) del apartado 1.
Artículo 48. Órgano de gestión 1. La Oficina de Incompatibilidades y Buenas Prácticas de la Xunta de Galicia será el órgano competente para la gestión del régimen de incompatibilidades regulado en este título, así como para conocer las denuncias que sobre los presuntos incumplimientos de ese régimen puedan formularse. Estará adscrito a la consejería competente en materia de función pública.
Artículo 49. Registro de Actividades de Altos Cargos y Registro de Bienes Patrimoniales 1. El Registro de Actividades de Altos Cargos será público. El contenido de las declaraciones inscritas en él estará disponible en el Portal de transparencia y Gobierno abierto.
Artículo 50. Actuación del Gobierno de la Xunta en funciones
Artículo 51. Actuación del Gobierno en funciones con relación al traspaso de poderes
Artículo 52. Régimen sancionador
Artículo 53. Infracciones y sanciones en materia de gestión económico-presupuestaria
Artículo 54. Infracciones en materia de incompatibilidades y conflicto de intereses 1. Se consideran infracciones muy graves:
Artículo 55. Infracciones y sanciones disciplinarias 1. Las personas que ocupen los altos cargos incluidos en el ámbito de aplicación del título II estarán sujetas al régimen de infracciones y sanciones disciplinarias recogido en la normativa básica en materia de transparencia y buen gobierno.
2. Además, se considera infracción grave el incumplimiento reiterado de las obligaciones en materia de transparencia previstas en esta ley cuando se produzca un daño manifiesto, e infracción leve el incumplimiento de las indicadas obligaciones cuando no sea reiterado y no se produzca daño manifiesto. Artículo 56. Órganos competentes 1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, sea a iniciativa propia, sea como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia ciudadana.
Artículo 57. Actuaciones previas 1. El órgano competente para la instrucción, con anterioridad a la iniciación de cualquier expediente de responsabilidad, podrá realizar actuaciones previas de carácter reservado al objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación y notificará el inicio de tales actuaciones a la persona interesada.
4. Una vez realizada la información previa, el órgano competente para la instrucción elevará el informe de las actuaciones previas realizadas al órgano competente para la incoación. Artículo 58. Procedimiento
1. El procedimiento se tramitará en expediente contradictorio y sumario conforme se determine reglamentariamente. En lo que no se regule específicamente, se aplicará la normativa de régimen jurídico y procedimiento administrativo aplicable a las administraciones públicas. 2. Las personas responsables de los ficheros, archivos y registros de carácter público proporcionarán al órgano competente para la instrucción, cuando les sean requeridos, información, datos y colaboración en la forma establecida en la legislación en materia de datos de carácter personal.
3. De conformidad con lo previsto en la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, el órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pueda dictarse. 4. Concluida la instrucción, el órgano instructor formulará propuesta de resolución en la que se fijarán de forma motivada los hechos, especificándose los que se consideren probados y su calificación jurídica, y se determinarán la infracción y la persona o personas que resulten responsables, especificándose la sanción que propone que se imponga y las medidas provisionales que se adoptaron, o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.
Artículo 59. Sanciones en materia de incompatibilidades y conflicto de intereses
d) Una sanción pecuniaria por un importe de entre un mínimo del cinco por ciento y un máximo del diez por ciento de su salario bruto mensual. 2. La sanción por infracción grave comprenderá:
c) Una sanción pecuniaria por un importe de entre un mínimo del dos por ciento y un máximo del cuatro por ciento de su salario bruto mensual. 3. Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación por escrito.
Artículo 60. Prescripción de infracciones y sanciones
1. Las infracciones y sanciones reguladas en la presente ley prescribirán a los cinco años, tres años y un año, según se trate de responsabilidades muy graves, graves o leves, respectivamente. 2. Para el cómputo de los plazos de prescripción, así como para las causas de su interrupción, se observará lo dispuesto en la normativa básica de procedimiento administrativo.
Artículo 61. Informe al Parlamento de Galicia
Disposición adicional primera. Formación del personal público
La Escuela Gallega de Administración Pública incorporará, dentro de su plan de formación, instrumentos específicos para formar al personal empleado público en los derechos y obligaciones regulados por esta ley. Disposición adicional segunda. Autorización de convenios
Los convenios de colaboración que suscriba el sector público autonómico precisarán de autorización previa del Consejo de la Xunta de Galicia cuando impliquen asunción de obligaciones de contenido económico por importe superior a 150.000 euros o cuando dichas obligaciones, aunque no sobrepasen la citada cifra, tengan carácter plurianual. Disposición adicional tercera. Información previa al Parlamento
Disposición adicional sexta. Reasignación de los medios del Valedor del Pueblo
Disposición adicional séptima. Normativa comunitaria
Disposición transitoria primera. Obligaciones de transparencia
Disposición transitoria segunda. Vigencia de las disposiciones reglamentarias
Disposición transitoria tercera. Instrumentos tecnológicos
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 1. Queda derogada la Ley 9/1996, de 18 de octubre, de incompatibilidades de los miembros de la Xunta de Galicia y altos cargos de la Administración autonómica.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia
«Artículo 53 bis. Régimen económico aplicable a los órganos de gobierno o dirección y al personal directivo de las entidades del sector público autonómico
Se autoriza al Consejo de la Xunta de Galicia para adecuar, conforme a criterios objetivos, los conceptos retributivos y las percepciones económicas de cualquier naturaleza que resultan aplicables a: a) Los órganos unipersonales de gobierno y los miembros de los consejos rectores de las entidades reguladas en el artículo 45.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor del Pueblo
Disposición final cuarta. Desarrollo normativo 1. En un plazo no superior a un año desde la entrada en vigor de la presente ley, la Administración general de la Comunidad Autónoma desarrollará reglamentariamente:

References: Artículo 1
 artículo 24

Artículo 2
 artículo 3

Artículo 4
 artículo 3
 artículo 3

Artículo 5

Artículo 7
 artículo 3
 Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 32

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13
 artículo 153

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
 resolución 
 Artículo 18

Artículo 19

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27
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Artículo 28
 resolución 
 artículo 3

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35
 artículo 31
 artículo 5
 Artículo 36

Artículo 38

Artículo 39
 Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42
 artículo 40

Artículo 43
 artículo 49

Artículo 44

Artículo 45
 resolución 

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55
 Artículo 56

Artículo 57
 Artículo 58
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Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61
 artículo 45