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Normas Técnicas - Doctrina - CONCEPTO 101 - Ramírez Gómez Abogados Asociados
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CONCEPTO 101 DE 2005 NOVIEMBRE 11
LA EXPEDICIÓN DE NUEVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREGIR ERRORES RELACIONADOS CON LA DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA, COMETIDOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTORIADOS Y/O EN DISCUSIÓN ANTE EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONFIGURA EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO DE LA ACTUACIÓN INICIAL.
LA EXPEDICIÓN DE NUEVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREGIR ERRORES FORMALES, ARITMÉTICOS O DE HECHO, COMETIDOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTORIADOS EN LA VÍA ADMINISTRATIVA, AUN CUANDO RESPECTO DE ELLOS SE HAYA ACUDIDO A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SIEMPRE QUE EN ESTE ÚLTIMO CASO NO SE HAYA DICTADO AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA, NO CONFIGURA EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO DE LA ACTUACIÓN INICIAL.
CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 69,71,72,73
DECRETO 2658 DE 1999 ARTICULO 505
DECRETO 4431 DEL 2004 ARTICULOS 13,22
DECRETO 2685 DE 1999 ART. 512-1
DECRETO 1198 DE 2000 ART. 23
Para absolver la consulta elevada, considera este Despacho que se plantean tres interrogantes a saber:
Cuáles son los errores que se pueden corregir por parte de la Administración a pesar de que se encuentren ejecutoriados los actos administrativos.
En qué momento ellos se pueden corregir.
Las correcciones efectuadas por la expedición de nuevos actos administrativos configurarían el silencio administrativo positivo.
Para absolver el primer interrogante planteado, es necesario acudir a las normas generales del Derecho Administrativo, contenidas en el Código Contencioso Administrativo, en donde se establecen los principios para determinar cuáles son los errores que se pueden corregir por parte de la Administración a pesar de que se encuentren ejecutoriados los actos administrativos, así como los mecanismos para efectuar tales correcciones.
Como lo ha señalado la jurisprudencia, la Revocatoria Directa consiste en la atribución concedida al funcionario que expidió el acto o a su superior inmediato para que de oficio o a petición de parte, revoque un acto administrativo contrario a la Constitución o a la ley, al interés público o social, o cuando éste cause un agravio injustificado a una persona la cual solo procede cuando se dan las causales previstas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo. (Sentencia C-742 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
De acuerdo con el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: “1). Cuando sea manifiesta su oposición a la constitución política o a la Ley. 2). Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3). Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”
Así mismo, en atención a lo prescrito en el artículo 71 del citado Código: “La revocación directa podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aun cuando se haya acudido a los tribunales contencioso administrativos, siempre que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda”.
Por su parte, el artículo 72 Ibídem señala que: “Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo”.
Finalmente, el artículo 73 del mencionado Código Señala que:
Al evaluar las anteriores disposiciones, la Doctrina de esta Oficina, en el Concepto No. 139 de 2002, señaló que se entendía por error aritmético y que podía definirse como error de hecho, de la siguiente manera:
” iv) Error aritmético. Se debe entender como aquellas equivocaciones derivadas de una operación matemática que no altere los fundamentos ni las pruebas que sirvieron de base para adoptar la decisión ó, como lo ha expresado la Corte Constitucional”… El error aritmético es aquel que surge de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen. En otras palabras, la facultad para corregir, en cualquier tiempo, los errores aritméticos.., no constituye un expediente para que el juez pueda modificar otros aspectos “fácticos o jurídicos” que, finalmente, impliquen un cambio del contenido jurídico sustancial de la decisión Sentencia T-875 de 2000. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
v) Error de hecho Art. 1510 del C.C., “El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra; como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación; o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra”.
Así mismo, al evaluar las facultades contenidas en el inciso final del artículo 73 del Código Contencioso, la jurisprudencia del Consejo de Estado indicó que podía entenderse como errores formales aquellas imprecisiones que no inciden en el fondo de determinado acto administrativo. Consejo de Estado. Sentencia IJ-029 de 2002.
De la doctrina precedente puede concluirse que:
La Administración se encuentra facultada para corregir en cualquier tiempo los errores formales, aritméticos o de hecho, que no impliquen cambios sustanciales en las decisiones de fondo de la Administración, por cuanto estos cambios si están sujetos al límite establecido en el artículo 73 del C.C.A. en cuanto a la revocatoria de los actos de contenido individual.
La corrección de estos errores, cuando se han reconocido derechos de carácter particular y concreto, no pueden incidir en el sentido mismo de la decisión. Si la corrección implica la variación del contenido sustancial del derecho mismo, se requerirá, entonces, de la intervención del particular y, en su defecto, la de la jurisdicción, para que ésta declare la existencia del error y la forma en que ha de ser corregido. Corte Constitucional. Sentencia . T- 748 de 1998.
La corrección de los errores formales, aritméticos o de hecho, procede incluso cuando se han interpuesto los recursos de la vía gubernativa y estos han sido resueltos por la Administración, encontrándose debidamente ejecutoriados los respectivos actos administrativos.
La limitación temporal para que la Administración corrija sus propios actos, aun cuando se haya acudido a los tribunales contencioso administrativos, es que se haya dictado auto admisorio de la demanda
Siempre que se encuentre culminada la actuación administrativa deberán corregirse los actos preparatorios, así como los actos definitivos y las decisiones de los recursos de la vía gubernativa, toda vez ellos integran la decisión de la administración, sin que este hecho implique que se está reviviendo la actuación de la Administración o la posibilidad de interponer nuevamente los recursos de la vía gubernativa sobre una decisión que ya se encuentra ejecutoriada, toda vez que no se modifica el sentido ni la decisión de la administración.
En materia aduanera, cuando se trata de actos administrativos de definición de la situación jurídica de la mercancía, se requerirá que se corrija el requerimiento especial aduanero (Hoy Acta de Aprehensión, reconocimiento y avalúo y formulación de cargos), el Acto de definición de la situación jurídica de las mercancías o el Acta de Aprehensión, reconocimiento y avalúo y decomiso directo, y los actos administrativos por medio de los cuales se resuelven los respectivos recursos.
No obstante lo anterior, como en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales las competencias para expedir los actos mencionados se encuentran adscritas a diferentes dependencias pertenecientes a las áreas de fiscalización, liquidación y jurídica, en virtud de lo establecido en el Decreto 1265 de 1999, paras efectos de la corrección de los errores formales, aritméticos o de hecho cometidos en los actos administrativos, surge la inquietud de establecer quien debe efectuar la corrección de la actuación administrativa.
Al respecto, podemos señalar que el Administrador de Impuestos y Aduanas o de Aduanas en donde culminó la actuación administrativa, se encuentra facultado por los artículos 69 y 73 del C.C.A para corregir mediante la expedición de un solo acto administrativo, los errores formales, aritméticos o de hecho que se presenten en los actos preparatorios, en los actos que deciden de fondo, así como en los que deciden los recursos de la vía gubernativa.
No debe olvidarse que a partir de la expedición del Decreto 4431 de 2004, por medio del cual se modificó el procedimiento para resolver la situación jurídica de las mercancías, se unificó en un sola actuación la diligencia de aprehensión de las mercancías, el reconocimiento y avalúo de acuerdo con las previsiones establecidas en el artículo 505 del Decreto 2658 de 1999, modificado por el artículo 13 del Decreto 4431 de 2004 y la formulación de los cargos que antes se plasmaban en el requerimiento especial aduanero. Así mismo, es necesario tener en cuenta que en esta reglamentación se estableció el procedimiento de decomiso directo para las mercancías señaladas en el artículo 512-1 del Decreto 2685 de 1999, donde el acta de Aprehensión, reconocimiento, avalúo y decomiso directo, se convierte en la decisión de fondo de la actuación administrativa.
Ahora bien, para resolver el segundo interrogante planteado, en el sentido de determinar la competencia temporal de la Administración para efectuar este tipo de correcciones, considera este Despacho que debe darse aplicación al artículo 71 del Código Contencioso Administrativo, según el cual: “La revocación directa podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aun cuando se haya acudido a los tribunales contencioso administrativos, siempre que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda.
En efecto, esta limitación a la competencia temporal de la Administración, tiene su razón de ser en el hecho que la revocatoria como procedimiento específico de control de la misma administración sobre sus actos, no puede convertirse en un instrumento que permita mantener indefinidamente las posibilidades de modificación de los mismos, en contra de los principios de seguridad jurídica que deben gobernar todas las actuaciones del Estado, máxime que como se señala en la norma en comento, cuando los actos administrativos son sometidos al control jurisdiccional, escapan a la orbita de competencia de la entidad gubernamental, así sea para corregir errores formales, aritméticos o de hecho en que se haya incurrido en los mismos.
Finalmente, para resolver el tercer interrogante relacionado con la posibilidad que estos actos de corrección configuren el silencio administrativo positivo, me permito manifestarle:
Prescribe el inciso primero del artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 22 del Decreto 4431 de 2004 que:
“Los términos para decidir de fondo previstos en el presente Capítulo son perentorios y su incumplimiento dará lugar al silencio administrativo positivo. Cuando el procedimiento se haya adelantado para imponer una sanción, se entenderá fallado a favor del administrado. Cuando el procedimiento se haya adelantado para formular una liquidación oficial, dará lugar a la firmeza de la declaración. En los casos de mercancía aprehendida para definición de situación jurídica, dará lugar a la entrega de la misma al interesado previa presentación y aceptación de la declaración de legalización, cancelando los tributos aduaneros a que hubiere lugar y sin el pago de rescate”. Subrayado fuera de Texto.
Tal como lo señaló esta Oficina en Concepto No. 121 de 2002 las decisiones mediante las cuales la autoridad aduanera resuelve el fondo de un asunto, se adoptan a continuación del período probatorio y son susceptibles de ser impugnadas por el administrado a través del recurso de Reconsideración, y están referidas a las liquidaciones oficiales, las resoluciones que imponen una sanción o a las que ordenan el archivo del expediente, el decomiso o la devolución de la mercancía.
Indica la interpretación doctrinal que, el primer evento de ocurrencia del silencio administrativo positivo que señala el artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 23 del Decreto 1198 de 2000 y el artículo 22 del Decreto 4431 de 2004, se presenta cuando la administración no expide tales actos dentro de los términos señalados en el artículo 512 Ibídem.
Como ya se había mencionado, al haberse decidió ya la instancia gubernativa, los actos administrativos de corrección de los errores formales, aritméticos o de hecho, no son los actos que deciden de fondo la actuación de la administración, ya que no modifican la voluntad de la administración y no inciden en el sentido mismo de la decisión, razón por la cual sobre estos no puede predicarse que se configure el silencio administrativo positivo.
En efecto, por el hecho que la Administración en virtud del principio general, aclare o revoque parcialmente sus actos para corregir los errores mencionados, no puede predicarse que se retrotraen los efectos de los actos administrativos ni de la vía gubernativa.
Para concluir este Despacho puede señalar que la expedición de nuevos actos administrativos para corregir errores formales, aritméticos o de hecho, cometidos en los actos administrativos que se encuentran ejecutoriados en la vía administrativa, aun cuando respecto de ellos se haya acudido a la jurisdicción contenciosa administrativa, siempre que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda, no configura el Silencio Administrativo Positivo de la actuación inicial.

References: artículo 69
 artículo 69
 artículo 71
 artículo 72
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 505
 artículo 13
 artículo 512
 artículo 71
 artículo 519
 artículo 22
 artículo 519
 artículo 23
 artículo 22
 artículo 512