Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2014/as201421340L.html
Timestamp: 2019-03-21 20:03:16+00:00

Document:
as201421340L
Auto Supremo: Nº 340
Expediente: LP-70-09-A
1.- El recurso de casación en el fondo, interpuesto por Helder Rubén Bustillos Durán, cursante de fojas 381 a 385, contra el Auto de Vista Nº 504 de 17 de diciembre de 2008, pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior de Distrito de La Paz, en el proceso ordinario sobre resarcimiento, seguido por el recurrente en contra de la Unidad Ejecutora del Programa de la Cuenta del desafío del Milenio, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, representada por Ramiro Foronda Aliaga, en su calidad de Coordinador a.i., los antecedentes y;
2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante auto de fojas 357 y vuelta de obrados, pronunciado por el Juez de Partido Decimo en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, se declaró probada la excepción (de incompetencia) de fojas 337, con costas.
Que, en grado de apelación, la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior de Distrito de La Paz, por Auto de Vista Nº 504 de 17 de diciembre de 2008, cursante de fojas 375 y vuelta, se confirmó el auto apelado, con costas y por auto de fojas 378, se declaró no ha lugar a la solicitud de explicación, complementación y enmienda.
Contra el referido Auto de Vista y su complementario, por memorial cursante de fojas 381 a 385, Helder Rubén Bustillos Durán, interpuso recurso de casación en el fondo, que se compendia a continuación.
3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- Se denuncia la violación del artículo 157-a) inciso 1) de la Ley de Organización Judicial (abrogada), porque se desconoce la competencia atribuida a los juzgados administrativos, quienes no tienen competencia para conocer demandas sobre incumplimiento de obligaciones por parte de una entidad descentralizada. También denuncia la violación del artículo 47 de la Ley Nº 1178, ya que esta demanda no ha sido iniciada con base a una nota de cargo girada por la unidad administrativa de la entidad pública acompañada de informe de auditoría interna y del contrato administrativo respectivo. Se denuncia igualmente la interpretación errónea del artículo 778 del Código de Procedimiento Civil alegando que por la naturaleza de la controversia no corresponde el contencioso administrativo porque no existe la instancia para reclamar sobre la resolución de este contrato, que en el derecho administrativo no existen normas que regulen la resolución, rescisión unilateral, interpretación de contratos, daños y perjuicios, etc. También denuncia la violación del artículo 48 de la Ley Nº 1178, en razón a que se trata de una demanda contra el Estado y no del Estado contra su persona, por lo que corresponde al Juez de Partido en lo Civil y no al Juez administrativo.
Finalmente denuncia error de hecho en la valoración de la prueba, alegando que el contrato de prestación de servicios de consultoría por producto, tenía una duración de 60 días, desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2007, por lo cual se encuentra vencido por lo que no regula la relación contractual entre las partes, y que no se habría valorado el contrato suscrito con posterioridad (fojas 8 a 11) el cual no contiene la cláusula 23 en sentido de que las controversias que surjan entre las partes en ejecución del contrato, deban someterse a la vía judicial la jurisdicción administrativa.
Finalmente pide que se case el Auto de Vista y que se declare la competencia del Juzgado de Partido en lo Civil.
3.2.- Contestación al Recurso de Casación.- No existe contestación al recurso de casación en el fondo.
Se deja establecido, que nuestra arquitectura constitucional y legal, anterior y actual, no confirió a la jurisdicción ordinaria civil la competencia para la tramitación de la contención derivada de contratos administrativos, por la naturaleza misma de estos, su sustanciación en juzgados de materia civil, como es el caso, le otorgó un marco erróneo de legalidad sin que se considere de dónde nace su competencia, lo cual no puede ser consentido por el actual Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la sumisión constitucional y legal en que se encuentra, sin que signifique restricción al acceso a la justicia, que no es el caso, es más bien la predominancia del debido proceso para los justiciables, que no debe apartarse del juez natural, pues él es la garantía de otorgar la seguridad jurídica regida bajo un principio de legalidad.
En el caso en examen en la demanda se pretende el resarcimiento por trabajos realizados y falta de ganancia por rescisión unilateral de un contrato administrativo de consultoría en línea como Coordinador en Monitoreo y Evaluación de Apoyo a la Unidad ejecutora del Programa de la Cuenta del Desafío del Milenio a la Formulación y Preparación de la propuesta del país a la Corporación del Desarrollo del Milenio, suscrito con la Unidad Ejecutora del programa del desafío del Milenio, dependiente del Ministerio de Planificación del desarrollo; es decir se trata de un contrato administrativo de prestación de Servicio, cuyas emergencias, como es el caso de un eventual resarcimiento de daños y perjuicios a causa de la rescisión unilateral del mismo, no es competencia de la jurisdicción civil sino de la jurisdicción administrativa por vía del proceso contencioso, tal como se explicita precedentemente. En nada le afecta a la competencia el hecho de que no se consigne en el contrato la jurisdicción aplicable para la resolución de los conflictos emergentes de la ejecución del contrato, pues la competencia por razón de materia es de orden público, y por lo mismo no es disponible por los justiciables. Consiguientemente no es verdad que los jueces de instancia hayan violado e interpretado erróneamente las normas legales que se denuncian ni que hubieran incurrido en error de valoración de la prueba, razón por la cual el recurso deviene en infundado.
En mérito de las consideraciones precedentes, corresponde resolver en la forma prevista por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
IV. POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 - 2), y 273 del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, cursante de fojas 381 a 385, interpuesto por Helder Rubén Bustillos Durán, con costas.

References: artículo 157
 artículo 47
 artículo 778
 resolución 
 artículo 48
 resolución 
 artículo 8