Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr/Resolucion/Show/5694
Timestamp: 2020-07-05 10:47:38+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 92/2006
SENTENCIA 92/2006, de 27 de marzo
ECLI:ES:TC:2006:92
En el recurso de amparo núm. 4492-2003, promovido por don Rafael Chamero Pacha, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Paloma Rabadán Chaves y asistido por el Letrado don Elios Lorda Cervera, contra la Sentencia de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de mayo de 2003 por la que se revocó parcialmente la Sentencia dictada por el Juez de lo Penal núm. 4 de Barcelona, con fecha de 9 de enero de 2003, en el procedimiento seguido contra el recurrente por varios delitos de robo. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha de 7 de julio de 2003 la Procuradora de los Tribunales doña Paloma Rabadán Chaves, en nombre y representación de don Rafael Chamero Pacha, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales de las que se hace mérito en el encabezamiento de esta Sentencia.
2. La demanda de amparo se basa esencialmente en los siguientes hechos:
a) Con fecha de 9 de enero de 2003 el Juez de lo Penal núm. 4 de Barcelona dictó una Sentencia en la que condenaba al ahora demandante de amparo, como autor responsable de a) dos delitos de robo con intimidación agravados por el uso de arma peligrosa, b) un delito de robo con intimidación sin uso de arma peligrosa y c) un delito intentado de robo con intimidación con uso de arma peligrosa, concurriendo en todos los casos la agravante de disfraz, a las siguientes penas: 1) tres años de prisión por cada uno de los delitos enunciados bajo la letra a), 2) dos años y seis meses de prisión por el delito al que se hace referencia en la letra b) y 3) dos años y tres meses de prisión por el delito que se contempla en la letra c), con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago de distintas cantidades en concepto de indemnización y al de las costas procesales.
b) Contra dicha Sentencia presentó el señor Chamero Pacha recurso de apelación, en el cual, entre otros motivos, denunciaba la indebida aplicación de la agravante de disfraz, así como la indebida agravación impuesta por motivo del uso de arma peligrosa en relación con uno de los delitos de robo con intimidación por los que había sido condenado en instancia, concretamente el cometido el 26 de febrero de 2002 en la sucursal de la Caixa Penedés de la calle Comte Borrell 202-204 de Barcelona. Dicho recurso fue estimado parcialmente por Sentencia de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de mayo de 2003, notificada a la representación procesal del recurrente el día 13 de junio de 2003, en el sentido de declarar no concurrente la agravante de disfraz respecto del delito relacionado en la letra c), con la consiguiente rebaja de la pena por dicho delito a la de prisión por tiempo de un año y nueve meses en lugar de los dos años y tres meses impuestos por la Sentencia de instancia, manteniéndose en lo restante los pronunciamientos de la resolución recurrida.
3. Se aduce en la demanda que las Sentencias recurridas han vulnerado los derechos del solicitante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a un proceso con todas las garantías, respectivamente reconocidos en los apartados 1 y 2 del art. 24 CE.
En apoyo conjunto de ambas pretendidas vulneraciones de derechos fundamentales se argumenta que el órgano judicial de instancia no concedió valor alguno al contenido del acta del juicio oral y sí lo hizo, en cambio, a la declaración prestada en comisaría por un testigo presencial de uno de los robos por los que el recurrente resultó condenado en lo tocante al uso de arma peligrosa para su comisión. En consecuencia el Juzgador a quo consideró probado que en dicho robo “amedrentó con un cuchillo que llevaba en la mano” al referido testigo y a otras personas presentes en el lugar de los hechos no obstante no haber prestado dicho testigo declaración alguna en el acto del juicio oral acerca de si efectivamente el actor había hecho uso de la mencionada arma, ni haber sido interrogado contradictoriamente en tal momento en relación con la referida circunstancia, de manera que la apreciación de la misma como agravante habría lesionado los derechos anteriormente indicados.
4. Por providencia de fecha 3 de febrero de 2005 la Sala Segunda acordó conocer del presente recurso de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 de la Ley Orgánica de este Tribunal, así como, de acuerdo con lo establecido en su art. 51, dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales de instancia y de apelación a fin de que, en un plazo no superior a diez días, remitieran testimonio del conjunto de las actuaciones ante ellos practicadas, interesando al propio tiempo el emplazamiento, a excepción del recurrente, igualmente en un plazo máximo de diez días, de quienes fueron parte en el procedimiento a fin de que pudieran comparecer en este proceso constitucional, si ese fuera su deseo.
5. Por diligencia de ordenación del Secretario de la Sala Segunda de 22 de diciembre de 2005 se acordó dar vista de las actuaciones recibidas al demandante de amparo y al Ministerio público a fin de que, en un plazo común de veinte días, pudiesen presentar cuantas alegaciones estimaran convenientes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 de la Ley Orgánica de este Tribunal.
6. El Fiscal presentó sus alegaciones mediante escrito de fecha 26 de enero de 2006 en el que concluye proponiendo que no se conceda el amparo solicitado.
Desde esta perspectiva considera el Ministerio público que ninguna vulneración del derecho del actor a la presunción de inocencia cabe reprochar a las resoluciones recurridas, ya que, si bien es cierto que en el acta del juicio oral no se recoge alusión alguna al uso por su parte de un cuchillo para perpetrar uno de los robos por los que fue condenado, ello no significa que dicho extremo no fuera mencionado en ese momento por el testigo presencial de ese hecho, puesto que, ni en el acta del juicio se recogen todas las incidencias que tienen lugar en el mismo, sino que, de conformidad con lo establecido en el art.743 LECrim, en ella únicamente se exige que el Secretario del Tribunal haga “constar sucintamente cuanto importante hubiere ocurrido”, ni dicho documento goza de literosuficiencia respecto de los medios de prueba practicados en el juicio oral. De manera que de tal omisión no cabría deducir que no se hubiera practicado en el acto del juicio prueba de cargo suficiente acerca de la utilización del arma de referencia, especialmente a la vista de que en los antecedentes de hecho de la Sentencia de instancia se afirma en forma expresa que la utilización del cuchillo quedó acreditada por la declaración prestada por un testigo presencial, declaración que, no obstante no precisar el juzgador a quo en qué momento del proceso tuvo lugar, “nada impide considerar que se produjo durante la celebración del juicio”, tal y como así se habría determinado en la Sentencia dictada en apelación al no otorgar la Sala virtualidad probatoria alguna a la declaración que ese mismo testigo había efectuado en dependencias policiales. Concluir cosa distinta supondría, en opinión del Fiscal, adentrarse en el contenido de la valoración probatoria realizada por los órganos judiciales, tarea que no le está permitido realizar a este Tribunal.
7. Por escrito presentado en el Juzgado de guardia el 25 de enero de 2005, registrado en este Tribunal el día 27 de ese mismo mes y año, la representación del recurrente manifestó que se ratificaba en las alegaciones ya formuladas en la demanda de amparo.
8. Mediante providencia de 23 de marzo de 2006 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 27 del mismo mes y año.
1. El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de dos Sentencias sucesivamente dictadas por el Juez de lo Penal núm. 4 de Barcelona y por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de esa misma ciudad en las que el demandante de amparo fue condenado a distintas penas en tanto que autor penalmente responsable de dos delitos de robo con intimidación agravados por el uso de arma peligrosa, un delito de robo con intimidación sin uso de arma peligrosa y un delito intentado de robo con intimidación con uso de arma peligrosa.
2. Del contenido de las alegaciones formuladas en la demanda en relación con la primera de las quejas anteriormente enunciadas se desprende que con ellas se denuncia fundamentalmente que la condena que fue impuesta al recurrente por uno de los delitos de robo, en aplicación del tipo penal agravado previsto en el art. 242.2 del Código penal (CP), no se basó en prueba de cargo suficiente de que en la comisión de dicho delito se hubiera hecho uso de un arma peligrosa. Tal fundamento nos conduce a compartir el criterio del Ministerio público sobre la correcta ubicación en la que hemos de situar nuestro examen de este motivo, que no es la que corresponde a los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías invocados en la demanda, sino la propia del derecho a la presunción de inocencia reconocido en el art. 24.2 CE, sin que el hecho de que el demandante no haya aducido expresa y formalmente su vulneración suponga obstáculo alguno para analizar la cuestión planteada desde esta perspectiva, toda vez que, como hemos reiterado de manera constante, “no se exige tanto que la invocación del derecho supuestamente vulnerado haya de llevarse a cabo mediante la concreta identificación del precepto constitucional donde se proclama, ni tampoco mencionando su nomen iuris, cuanto que se acote suficientemente el contenido del derecho constitucional violado, permitiendo así un pronunciamiento del Tribunal sobre la infracción aducida” (por todas, STC 154/2001, de 2 de julio, con abundante cita de la jurisprudencia anterior).
A ello debe añadirse que, según hemos declarado en distintas ocasiones, “en ningún caso el derecho a la presunción de inocencia tolera que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado, sea con una presunción iuris tantum sea con una presunción iuris et de iure” (por todas, STC 87/2001, de 2 de abril, FJ 8). Como recientemente hemos afirmado en la STC 8/2006, de 16 de enero, FJ 2, “no cabe condenar a una persona sin que tanto el elemento objetivo como el elemento subjetivo del delito cuya comisión se le atribuye hayan quedado suficientemente probados, por más que la prueba de este último sea dificultosa y que, en la mayoría de los casos, no quepa contar para ello más que con la existencia de prueba indiciaria. Pues si bien “el objeto de la prueba han de ser los hechos y no normas o elementos de derecho” (STC 51/1985, de 10 de abril, FJ 9), y la presunción de inocencia “es una presunción que versa sobre los hechos, pues sólo los hechos pueden ser objeto de prueba” (SSTC 150/1989, de 25 de septiembre, FJ 2.b; 120/1998, de 15 de junio, FJ 6), y no sobre su calificación jurídica (STC 273/1993, de 27 de septiembre, FJ 3), ello no obstante, en la medida en que la actividad probatoria que requiere el art. 24.2 CE ha de ponerse en relación con el delito objeto de condena, resulta necesario que la prueba de cargo se refiera al sustrato fáctico de todos los “elementos objetivos del delito y a los elementos subjetivos del tipo en cuanto sean determinantes de la culpabilidad” (SSTC 127/1990, de 5 de julio, FJ 4; 93/1994, de 21 de marzo, FJ 2; 87/2001, de 2 de abril, FJ 8). De manera que únicamente cabe considerar prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia “aquélla encaminada a fijar el hecho incriminado que en tal aspecto constituye el delito, así como las circunstancias concurrentes en el mismo ... por una parte, y, por … otra, la participación del acusado, incluso la relación de causalidad, con las demás características subjetivas, y la imputabilidad” (SSTC 33/2000, de 14 de febrero, FJ 4; 171/2000, de 26 de junio, FJ 3).
Conviene finalmente señalar que, según también recordábamos en la STC 8/2006, de 16 de enero, el control que nos compete respecto de la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente para acreditar la efectiva concurrencia de todos y cada uno de los elementos del delito de que se trate no consiste en cuestionar “la específica función judicial de calificación y subsunción de los hechos probados en las normas jurídicas aplicables”, sino en verificar “que la actividad probatoria se ha practicado con las garantías necesarias para su adecuada valoración”, en “comprobar, cuando así se nos solicita, que el órgano de enjuiciamiento expone las razones que le han conducido a constatar el relato de hechos probados a partir de la actividad probatoria practicada”, y en “supervisar externamente la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante”. De manera que “sólo cabrá constatar una vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado” (por todas, SSTC 120/1999, de 28 de junio, FJ 2, y 249/2000, de 30 de octubre, FJ 3).
3. A efectos del enjuiciamiento del presente caso hemos, ante todo, de comprobar si se produjo en él prueba de cargo suficiente para acreditar la presencia de todos y cada uno de los elementos del delito de robo agravado por razón de la utilización de arma peligrosa previsto en el art. 242.2 CP, esto es, tanto del hecho básico del robo (que el recurrente no niega haber cometido) como del hecho-circunstancia (uso de arma peligrosa) que determinó la apreciación por los órganos judiciales de la concurrencia del mencionado tipo agravado.
En el relato de hechos probados de la Sentencia dictada en instancia por el Juez de lo Penal núm. 4 de Barcelona se afirmaba textualmente lo siguiente en relación con el delito en cuestión: “c) Sobre las 10:30 horas del día 26 de febrero de 2002, Rafael Chamero Pacha, acompañado de otro individuo no identificado, se introdujo en la oficina de la Caixa de Penedés sita en la calle Borrell núm. 202-204 de esta ciudad, y tapándose la cara con una media una vez en el interior amedrentó con un cuchillo que llevaba en la mano a Jorge López Carreño y a los presentes solicitando a los empleados cuanto dinero hubiera en la Caja, apoderándose de la cantidad de 807,10 euros y 34.465 pesetas que la entidad perjudicada reclama”. El juzgador de instancia consideró que tales hechos habían quedado plenamente acreditados “por la apreciación en conciencia del conjunto de la prueba practicada y, especialmente, por la prueba testifical practicada en el acto del juicio oral”, manifestando en concreto, en el primero de los fundamentos jurídicos de su Sentencia, que, “en cuanto al uso de arma peligrosa a los efectos de integrar el subtipo agravado, el testigo Jorge López Carreño depuso que el acusado exhibió el cuchillo exigiéndoles el dinero y dadas las circunstancias de los hechos es obvio que dicho instrumento aumentó el temor y angustia del testigo y de los allí presentes hacia su vida y hacia su integridad física quedando por tanto acreditada dicha circunstancia”.
El acta del juicio oral celebrado en instancia no refleja sin embargo que, en la declaración prestada en dicho momento, el indicado testigo se refiriera a la utilización por el recurrente de un cuchillo para perpetrar el robo de referencia. Así se reconoce, por lo demás, en el tercero de los fundamentos de Derecho de la Sentencia dictada en apelación, al admitirse que “es cierto que en el acta del juicio oral nada consta a este respecto, pues en la declaración de este testigo no se refiere la exhibición de cuchillo o arma alguna por parte de los autores del robo”. Sin embargo la Audiencia concluyó que “ello no significa, en absoluto, que no lo hubiera así declarado en el juicio oral, pese a que el acta no recogiera tal manifestación, pues este mismo testigo en Comisaría, al identificar fotográficamente al acusado Rafael Chamero Pacha como uno de los autores del robo, manifestó que éste era el portador de un cuchillo grande”; a lo que añadía que las actas del juicio oral carecen de valor documental, porque “transcriben de un modo fragmentario e incompleto las vicisitudes del acto del juicio”.
4. Aplicada la anterior doctrina al presente caso forzosamente ha de concluirse que en el acto del juicio oral no se practicó prueba suficiente respecto de la utilización por el recurrente de un arma peligrosa (concretamente, de un cuchillo) para perpetrar uno de los robos por los que fue condenado, puesto que el único testigo presencial convocado a la vista oral no fue interrogado por el Ministerio público acerca de dicho extremo ni, a tenor del contenido de su declaración según aparece en el acta, dicho testigo hizo alusión alguna al hecho de que el recurrente hubiese utilizado o exhibido un arma peligrosa, habiéndose limitado a afirmar que amedrentó a una de las empleadas de la entidad bancaria sin especificar el medio del que para ello se había valido. Cierto es que en las actuaciones obra una diligencia de reconocimiento fotográfico, practicada por la policía, en la que se hace constar que el referido testigo reconoció al recurrente como la persona que llevaba un cuchillo. Pero dicha declaración sumarial no pudo ser objeto de contradicción por parte de la defensa del actor, dado que no asistió a la misma. En consecuencia, de acuerdo con nuestra doctrina, no puede concederse eficacia probatoria de cargo a lo declarado por el testigo en ese momento previo al acto del juicio oral.
5. Ahora bien, la apreciación de que en el caso resulta vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2, in fine, CE) no nos exime de examinar el otro motivo de amparo invocado en la demanda, consistente en la vulneración del derecho del actor a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), que se afirma ocasionada por no haber dado respuesta el Tribunal ad quem a uno de los motivos planteados en su recurso de apelación contra la Sentencia de instancia, relativo a la falta de apreciación por el Juez a quo de la circunstancia eximente prevista en el art. 20.1 CP, ya que su eventual estimación, como se advierte en el siguiente fundamento jurídico, podría conducir a una declaración de nulidad de las resoluciones recurridas más amplia que la efectuada por razón de la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia en virtud de las consideraciones anteriormente expuestas.
6. La apreciación de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2, in fine, CE) ha de conducir a la anulación de las resoluciones recurridas, si bien exclusivamente en lo tocante a la calificación de los hechos de referencia como delito de robo agravado por la circunstancia de haber hecho uso el autor de un arma peligrosa en el caso del cometido, concretamente, el 26 de febrero de 2002 en la sucursal de la Caixa Penedés de la calle Comte Borrell 202-204 de Barcelona, lo que deja subsistente la calificación de esos mismos hechos a título de un delito de robo no agravado por tal circunstancia o tipo básico de robo (art. 242.1 CP) puesto que el propio demandante de amparo ha reconocido haber realizado la conducta subsumible en este último tipo penal.
Otorgar parcialmente el amparo solicitado por don Rafael Chamero Pacha, y en consecuencia:
1º Declarar que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) del recurrente.
2º Restablecerlo en la integridad de su derecho, y a tal fin declarar, en los términos indicados en el fundamento jurídico 6, la nulidad parcial de la Sentencia dictada en apelación por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, retrotrayendo las actuaciones para que por la Audiencia Provincial se pronuncie nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 4492-2003
Promovido por don Rafael Chamero Pacha frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que confirmó su condena por varios delitos de robo con intimidación.
Vulneración del derecho a la presunción de inocencia: condena penal fundada en pruebas sobre un elemento fáctico del delito, como el uso de arma peligrosa, que no constan en el acta del juicio oral.
No consta que la afirmación hecha por el testigo ante la policía en el sentido de que el demandante de amparo había exhibido un cuchillo en el momento del atraco haya sido sometida a la debida contradicción, puesto que nada se dice a este respecto en el acta del juicio oral [FJ 4].
Doctrina sobre el derecho a la presunción de inocencia [FJ 2].
No se practicó prueba suficiente respecto de la utilización por el recurrente de un arma peligrosa para perpetrar uno de los robos por los que fue condenado, puesto que el único testigo presencial convocado a la vista oral no fue interrogado por el Ministerio público acerca de dicho extremo [FJ 4].
El acta del juicio oral es un documento fehaciente que resulta imprescindible para llevar a cabo el control externo que nos compete al efecto de concluir si hubo o no en el proceso prueba de cargo suficiente y practicada con las debidas garantías de oralidad, contradicción e inmediación [FJ 3].
Lo que no se dice en el acta del juicio que en ese momento se produjo es como si no se hubiese producido, aun cuando en verdad se produjera, no pudiendo en cualquier caso presumirse in malam partem dicha producción. [FJ 4].
La vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2, in fine, CE) deja subsistente la calificación de esos mismos hechos a título de un delito de robo no agravado por tal circunstancia o tipo básico de robo (art. 242.1 CP) [FJ 6].
Artículo 24.2 (derecho a la presunción de inocencia), ff. 2, 5, 6
Artículo 280, f. 3
Artículo 281, f. 3
Artículo 242.1, f. 6
Artículo 242.2, ff. 2, 3
Nulidad de sentenciasNulidad de sentencias, f. 6
Circunstancias agravantes de la responsabilidad penalCircunstancias agravantes de la responsabilidad penal, f. 4
Interrogatorio de testigosInterrogatorio de testigos, f. 4
Valor del contenido del acta del juicio oralValor del contenido del acta del juicio oral, f. 4

References: resolución 
in fine
in fine
 resolución 
in fine

Artículo 24

Artículo 280

Artículo 281

Artículo 242

Artículo 242