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Timestamp: 2019-05-26 22:55:37+00:00

Document:
OCTAVA REUNIÓN DE COMISIÓN INTERPARLAMENTARIA CHILENO-ARGENTINA
SUPRESIÓN DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE PENSIONADOS
NORMAS PARA EXPEDICIÓN DE PROCESO ELECCIONARIO Y SIMPLIFICACIÓN DE SU PROCEDIMIENTO
ACUERDO ENTRE CHILE Y BOLIVIA SOBRE RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE LICENCIAS DE CONDUCIR
MODIFICACIÓN DE D.L. Nº 3.500 EN MATERIA DE PENSIONES VÍA RENTAS VITALICIAS
BENEFICIOS PARA COLONOS Y POBLADORES DE AISÉN Y DE PROVINCIAS DE CHILOÉ, PALENA Y LLANQUIHUE. PROYECTO DE ACUERDO
RECHAZO A SOLICITUD DE JUSTICIA ESPAÑOLA DE DETENCIÓN DE CIUDADANOS CHILENOS. OFICIO
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS ESTATALES. OFICIO
INQUIETUD POR GRAN EXTENSIÓN DE TERRENOS DE SEÑOR DOUGLAS TOMPKINS EN PROVINCIA DE PALENA. OFICIOS
MODIFICACIÓN A LEY DE DONACIONES PARA FINANCIAMIENTO DE SALUD PRIMARIA EN DÉCIMA REGIÓN. OFICIO
PARTICIPACIÓN DE ASTRONAUTA CHILENO EN PROGRAMA ESPACIAL DE NASA. OFICIOS
RECHAZO A TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS ESTATALES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS. OFICIO
RESGUARDO DE INTEGRACIÓN FÍSICA DE ZONA AUSTRAL ANTE DECLARACIÓN DE SANTUARIO DE LA NATURALEZA. OFICIOS
Sesión 47ª, en miércoles 16 de mayo de 2001
(De 16:21 a 18:26)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que suprime cotizaciones previsionales dispuestas por la ley Nº 18.754 (2684-13) (se aprueba en general y particular)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que establece nueva fecha para elecciones parlamentarias del año 2001 (2689-06) (se aprueba en general y particular)
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios (2336-06) (se aprueba en particular)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la ley Nº 19.518, sobre Estatuto de Capacitación y Empleo (2627-13) (se aprueba en general)
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Acuerdo entre Chile y Bolivia sobre Reconocimiento Recíproco de Licencias de Conducir (2612-10) (se aprueba en general y particular)
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica el DL. Nº 3.500, de 1980, para otorgamiento de pensiones a través de rentas vitalicias (1148-05) (se aplaza su discusión)
Beneficios para colonos y pobladores de Aisén y de provincias de Chiloé, Palena y Llanquihue. Proyecto de acuerdo (S 557-12) (se aprueba)
Rechazo a solicitud de justicia española de detención de ciudadanos chilenos. Oficio (observaciones del señor Martínez)
Modernización del Estado y transformación de empresas estatales. Oficio (observaciones del señor Silva)
Inquietud por gran extensión de terrenos de señor Douglas Tompkins en provincia de Palena. Oficios (observaciones del señor Stange)
Modificación a ley de donaciones para financiamiento de salud primaria en Décima Región. Oficio (observaciones del señor Stange)
Participación de astronauta chileno en programa espacial de NASA. Oficios (intervención del señor Horvath)
Rechazo a transformación de empresas estatales en sociedades anónimas. Oficio (observaciones del señor Horvath)
Resguardo a integración física de zona austral ante declaración de santuario de la naturaleza. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Concurrieron, además, el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social , la señora Subsecretaria de Previsión Social y el señor Director del Instituto de Normalización Previsional .
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 29 señores Senadores.
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, referido a obras de pavimentación en las provincias de Linares y Cauquenes, Séptima Región.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, relativo a la situación de la comunidad escolar de la Escuela G-414, de la comuna de Chimbarongo, Sexta Región.
Del Jefe de Gabinete del señor General Director de Carabineros , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre situaciones relacionadas con pescadores artesanales de la Undécima Región.
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como organismo público. (Boletín Nº 2.296-18).
Quisiera que se me otorgase la palabra, para dar cuenta de un informe de la Comisión Interparlamentaria Chileno-Argentina llevada a efecto el 3 y 4 del mes en curso.
Señor Presidente , el 3 y 4 de mayo se celebró en Buenos Aires la Octava Reunión de la Comisión Interparlamentaria Chileno-Argentina.
Dicha comisión deliberó respecto de asuntos de su competencia y se dividió en tres subcomisiones.
1.- Subcomisión de Integración Física.
Adoptó diversos acuerdos, que se consignan en el acta que pondré a disposición del Senado, de modo que sólo destacaré lo que estimo más importante.
El primer acuerdo dice relación a un entendimiento bilateral tendiente a restablecer las condiciones arancelarias preexistentes a la reciente alza dispuesta por Argentina, y a disminuir progresivamente las alzas de tarifas aduaneras decretadas por Chile.
Se convino también en la necesidad de estimular a las autoridades de ambos países con respecto a la crisis sanitaria causada por la fiebre aftosa en Argentina, a fin de que perseveren en un diálogo permanente con miras a que dicha situación no se convierta en un obstáculo para el comercio de productos agropecuarios que no hayan sido afectados por esa enfermedad.
En este aspecto, la delegación chilena hizo presente su preocupación y la del Gobierno por la tardanza de la nación vecina en dar a conocer el problema de la fiebre aftosa, y solicitó que ante cualquier crisis sanitaria las autoridades argentinas informen a la brevedad a las de Chile.
2.- Subcomisión de Cultura, Educación, Salud y Deporte.
Se ocupó de diversos asuntos y adoptó varios acuerdos. Entre los más relevantes figuran:
-Solicitar a las autoridades pertinentes que comuniquen a la FIFA el interés común de que el Campeonato Mundial de Fútbol del 2014 tenga como sede conjunta a Chile y Argentina.
-Auspiciar una integración deportiva mediante encuentros binacionales en los cuales participen niños, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.
-Instar a los respectivos Ministerios de Educación a que los establecimientos públicos y privados impartan, desde el ciclo lectivo del año 2002, el estudio de la historia de ambos países con una visión integradora, destacando la resolución de los conflictos limítrofes.
-El capítulo chileno de tal subcomisión se comprometió, entre otras materias, a someter al Parlamento una modificación legal para que personas de nacionalidad argentina puedan ejercer en Chile la profesión de abogado.
-Hacer constar en el acta su solidaridad con la República de Colombia en su lucha contra el narcotráfico.
3.- Subcomisión de Minería y Energía.
Se abocó al análisis de materias energéticas, geológicas y mineras.
Tocante al tema energético, es preciso destacar el consenso alcanzado -habida consideración de los excelentes resultados de la interconexión gasífera- en el sentido de recomendar a ambos Gobiernos continuar los trabajos de la Comisión Técnica Binacional tendientes a concretar la elaboración del manual de procedimientos de interconexión eléctrica, de modo que el desfase horario de consumo de energía en las horas punta permita un mejor aprovechamiento mutuo del recurso.
Esta subcomisión puso de relieve el avance experimentado por los dos países en la investigación de las disciplinas geológicas y convocó a las entidades gubernamentales y privadas de ellos a promover la transferencia de conocimientos para la explotación del potencial minero y el riesgo geológico.
Por último, se mostró satisfecha con la implementación alcanzada por el Tratado de Integración y Complementación Minera.	Finalizadas las reuniones de las subcomisiones, la Comisión Interparlamentaria llevó a cabo una sesión plenaria, en la que se acordó:
1º) Aprobar las propuestas presentadas por las subcomisiones;
2º) Solicitar a los Gobiernos de Chile y Argentina considerar la participación de la Comisión Interparlamentaria en las reuniones bilaterales que efectúen para debatir cuestiones técnicas y políticas relativas al proceso de integración chileno-argentino, y
3º) Agradecer a los funcionarios de una y otra parte que hicieron posible el encuentro.
Debo agregar que la delegación chilena fue recibida en audiencia por el señor Presidente de la República Argentina . Además, se reunió con el señor Canciller y la señora Vicecancillera de ese Gobierno. Con estos últimos personeros se abordó la proposición de la Comisión en orden a realizar en ambos países el Campeonato Mundial de Fútbol del 2014, materia que concitó especial interés en dichas autoridades.
Pongo a disposición de los señores Senadores el acta del plenario de la Octava Reunión de la Comisión Interparlamentaria Chileno-Argentina, celebrado el 4 de mayo.
Termino agradeciendo a los miembros de la delegación chilena el haber hecho posible dicho encuentro.
Me la había solicitado antes el Senador señor Martínez.
Señor Presidente , en el primer lugar de la tabla de Fácil Despacho aparece el proyecto que suprime las cotizaciones previsionales dispuestas por la ley Nº 18.754 y efectuadas por los pensionados. ¿Ya se había iniciado la discusión anteriormente?
Esa iniciativa se incluyó en primer lugar de la tabla de Fácil Despacho en cumplimiento de un acuerdo de Comités adoptado ayer. Hoy se comenzará a tratar.
Precisamente para esos efectos, solicito la autorización del Senado para que ingresen a la Sala la señora Subsecretaria de Previsión Social y el señor Director del Instituto de Normalización Previsional .
Señor Presidente, quiero pedir a la Mesa que solicite el acuerdo del Senado para alterar el orden de la tabla.
En tercer lugar del Orden del Día figura el proyecto que modifica el Estatuto del SENCE. Es muy simple, fue aprobado por unanimidad en la Comisión y debe volver allí para segundo informe, en el que se recibirán las indicaciones.
Pido tratarlo antes que la iniciativa sobre rentas vitalicias, cuya discusión seguramente será muy larga y podría impedir que se despache hoy.
¿Habría acuerdo para analizar en primer término del Orden del Día el proyecto aludido?
Señor Presidente , con relación al informe entregado por el Senador señor Adolfo Zaldívar, sobre la reunión interparlamentaria celebrada en Argentina, solicito que se envíe oficio en nombre de todos los Senadores -sobre todo en el de quienes participamos en esa reunión- a la señora Ministra de Relaciones Exteriores y a los señores Ministros de Hacienda , de Economía y de Agricultura, con relación a la protesta que los parlamentarios chilenos hicimos a nuestros pares argentinos y al Presidente de la República trasandina, por el alza unilateral de aranceles, la que daña nuestra economía. Creo que es un asunto de extraordinaria importancia.
¿Habría acuerdo para enviar el oficio en nombre de la Sala?
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados por el Senador señor Moreno, en nombre del Senado, en conformidad al Reglamento.
Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un problema reglamentario.
Tocante a lo planteado por el Honorable señor Ruiz De Giorgio, entiendo que el acuerdo consiste en ocuparnos de los tres proyectos que figuran en Fácil Despacho. O sea, el orden no tiene relevancia; lo importante es que se traten los tres.
Pero al que yo me referí no está en Fácil Despacho, sino en el tercer lugar del Orden del Día.
La tabla de Fácil Despacho se mantiene; y lo que se acordó es que en el Orden del Día pasa a tratarse en primer lugar el proyecto signado con el número 3.
Señor Presidente , sólo quiero adherir a lo dicho por el Honorable señor Ruiz De Giorgio. Se trata de una iniciativa aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Da nuevos usos a las franquicias del SENCE, y sugiero aprobarla de inmediato.
Cuando se inicie el Orden del Día, lo propondremos, señor Senador.
Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite, que suprime las cotizaciones previsionales dispuestas por el artículo 2º de la ley Nº 18.754, efectuadas por los pensionados de las entidades que indica, con informe de las Comisiones de Hacienda y Trabajo y Previsión Social, unidas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2684-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 45ª, en 15 de mayo de 2001.
Hacienda y Trabajo, unidas, sesión 46ª, en 16 de mayo de
En el informe se señala que el proyecto tiene como objetivo establecer que a los pensionados de las ex Cajas Nacional de Empleados Públicos y Periodistas; Previsión de la Marina Mercante Nacional; Previsión Social de los Empleados Municipales de Santiago; Previsión Social de Empleados y Obreros de la Empresa de Obras Sanitarias, y de los ex funcionarios de la ex Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado, se les descuente del monto de sus pensiones sólo el 7 por ciento destinado al pago de cotizaciones para el régimen de prestaciones de salud respectivo, suprimiendo el exceso de cotizaciones que enteran actualmente a los correspondientes fondos de pensiones.
Dicha supresión se efectúa en la forma y condiciones siguientes: a partir del 1º de julio de 2001, respecto de los pensionados que cuenten a esa fecha con 74 o más años de edad; y a partir del 1º de enero de 2002 al resto de los pensionados.
Concluye el informe proponiendo a la Sala, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas -Senadores señora Matthei, y señores Bitar, Foxley, Parra, Prat y Ruiz De Giorgio, con dos votos cada uno estos cuatro últimos- que se apruebe el proyecto en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe destacar que la iniciativa requiere, para ser aprobada, de quórum calificado, esto es del voto conforme de 24 señores Senadores.
Señor Presidente , el proyecto en debate es de toda justicia, porque beneficia principalmente a personas de edad avanzada. En efecto, dispone eliminar los descuentos de 4 y de 6 por ciento, lo que hasta ahora significa que el pensionado financie su propia pensión de retiro.
Es justo proceder de esa manera con las personas adscritas al INP. Sin embargo, si se hace una comparación con lo que ocurre con los pensionados de CAPREDENA, personal en retiro de las Fuerzas Armadas, se concluye que, si bien es cierto los orígenes de ambos sistema de previsión tienen concepciones diferentes, desde el punto de vista de que el jubilado contribuye el mismo a financiar en parte su pensión de retiro, la situación resulta absolutamente ilógica. Por lo tanto, el criterio que adoptó el Ejecutivo para proponer que las personas del INP no sigan pagando desde determinada fecha, es perfectamente aplicable -y lo quiero plantear así al señor Ministro del Trabajo (el asunto compete también al Ministerio de Defensa)- al personal en retiro de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Porque resulta que ellos aportan, de sus pensiones y montepíos, el 6 por ciento para retiro, con el antecedente adicional de que es la única organización en Chile que todavía sigue aportando el 0,5 por ciento de las pensiones para revalorizar las mismas.
Quiero hacer presente esta situación, que para mí es una anomalía. Si bien no tiene que ver con la línea de origen de los sistemas de previsión, sí se vincula con el concepto de que la persona en retiro se paga a sí misma parte de su pensión. Es decir, de su pensión, sólo recibe el 94 por ciento, y el otro 6 por ciento lo aporta a su propia caja.
En mi opinión, tal situación es anómala; y solicito que el Ejecutivo tome nota de ella y converse el tema con representantes del sector Defensa, a fin de producir una solución al problema. De otra manera, se estaría incurriendo, a mi juicio, en una trato discriminatorio, porque en igualdad de condiciones no se aplica el mismo procedimiento.
Es cuanto quería hacer presente al señor Ministro.
Señor Presidente, el proyecto en análisis -espero que sea aprobado por la unanimidad- encierra un principio de justicia muy evidente.
Se trata de que los pensionados de algunas de las ex cajas de previsión están haciendo una sobrecotización de entre 2 y 4 por ciento de sus pensiones por sobre lo necesario para el fondo de salud. La iniciativa viene a poner término a tal situación, lo que ha de redundar en un mejoramiento de las pensiones que reciben. Hay más o menos 115 mil pensionados que impusieron a esas cajas de previsión que hoy dependen del INP, que perciben en general jubilaciones bastante bajas y que constituyen uno de los grupos más vulnerables de la población.
El proyecto obedece al cumplimiento de un acuerdo tomado entre dicho sector de pensionados y el Presidente de la República durante la campaña presidencial, el que se ha hecho valer en reiteradas ocasiones por los interesados, particularmente por los de la Quinta Región, en reuniones con el Ministro del ramo, con la Subsecretaria y con el propio Presidente de la República . Felizmente ese compromiso se ha venido a concretar en esta iniciativa, ya aprobada por la Cámara de Diputados.
Tengo sólo una observación al respecto: la supresión del descuento previsional se aplicará en dos etapas, según la edad del pensionado. A los que tengan más de 74 años, se les entregara el beneficio a partir de julio del presente año; y a los demás (es un mejoramiento que se logró en la Cámara de Diputados, pero a mi juicio insuficiente aún), a partir del mes de enero de 2002.
En consecuencia, sugiero al señor Ministro -ya que esto corresponde sólo a iniciativa del Ejecutivo- que vea la posibilidad de pagar el beneficio a todos los pensionados, sin hacer diferencias por edad.
Hago presente que, por corresponder el tratamiento de este proyecto a Fácil Despacho, disponemos para su discusión solamente de diez minutos, divididos por iguales partes entre los Senadores que sostengan la iniciativa y los que la impugnen. Es decir, nos encontramos ya con el tiempo agotado.
Ofreceré la palabra al Senador señor Foxley, en su calidad de Presidente de la Comisión, y luego un minuto de tiempo a los otros tres Senadores inscritos.
Señor Presidente, voy a ahorrarme la descripción del proyecto, pues ya la han hecho otros Honorables colegas.
Él fue discutido en las Comisiones de Trabajo y de Hacienda, unidas, y aprobado unánime y entusiastamente por los integrantes de ella. Por eso, propongo que lo aprobemos sin mayor discusión por unanimidad.
Señor Presidente , solamente deseo suscribir la petición formulada por el Senador señor Martínez y pedir al señor Ministro que considere la posibilidad -porque involucra una ley diferente y Cajas diferentes- de considerar el mismo beneficio para la Dirección de Previsión de Carabineros, que involucra a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones y a Gendarmería.
Podríamos hacer llegar un oficio en ese sentido al señor Ministro , sin perjuicio de la constancia que queda en la Sala.
Señor Presidente, me sumo al planteamiento del Senador señor Cordero.
Muy bien, si hay unanimidad, lo enviaremos en nombre de la Sala.
Deseo hacer una consulta, dada la importancia del proyecto. Se establecen dos etapas: mayores de 74 y menores de 74,...
El señor URENDA.- DE 64, señor Senador.
...con fechas diferentes. Quizás la respuesta va a ser obvia, pero me gustaría saber por qué no se estableció una sola, ya que si es tanta la injusticia lo lógico sería repararla de inmediato y no parcelarla, sobre todo habiendo tan pocos meses de diferencia. No veo por qué no se establece una sola fecha.
Esa proposición la formularon todos los sectores, señor Senador, pero indiscutiblemente hay un problema de recursos y el Ministerio de Hacienda, seguramente con el Ministerio del Trabajo...
No le estoy haciendo la pregunta a usted, señor Presidente.
Pero lo que le señalo es lo que consta en la historia misma de la discusión del proyecto. Entonces, ¿para qué seguir debatiendo el asunto?. Simplemente dejemos constancia de la inquietud del señor Senador , que, creo, es compartida.
Señor Presidente , tengo entendido que el oficio va con los dos planteamientos, tanto el relativo a CAPREDENA como el relativo a la Caja de Previsión de Carabineros.
--Se aprueba, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que concurren con su voto favorable 35 señores Senadores.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece nueva fecha para las elecciones parlamentarias del año 2001, con urgencia calificada de "suma". Corresponde señalar que la Sala dio su aprobación a un acuerdo de los Comités en cuanto a eximir esta iniciativa del trámite de Comisión.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2689-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El proyecto tuvo su origen en una moción de diversos señores Diputados y tiene por objeto principal establecer que las elecciones Parlamentarias que deberían verificarse el martes 11 de diciembre del año en curso se realizarán el domingo 2 de diciembre del mismo año. En consecuencia, el acto de constitución de las mesas receptoras de sufragios a que se refiere el artículo 49 de la ley Nº 18.700 se llevará a efecto a las 9 horas del sábado 1º de diciembre. Cabe hacer presente que el proyecto requiere, para ser aprobado, de un quórum de Ley Orgánica Constitucional, es decir, del voto conforme de 26 señores Senadores.
Quiero hacer notar a los señores Senadores que, como dice el proyecto, "No obstante, los plazos que ya hubieran comenzado a correr a la entrada en vigencia de la presente ley, vencerán en la fecha que originalmente habría correspondido.". O sea, no hay cambio en ese punto.. Pero sí debe tomarse en cuenta que el artículo 46 de la Constitución establece como requisito para ser elegido Senador, en su parte final, el "tener cumplidos 40 años de edad el día de la elección". De modo que cabe tener presente que este artículo 46 de la Constitución sigue vigente.
Bien, habrá más cupos entonces...
Señor Presidente , sólo deseo reiterar lo que ha dicho la Senadora señora Frei en el sentido de que el proceso de inscripción de las candidaturas, fecha clave que tenemos por delante -recordemos que ya venció anteayer la desafiliación-, no se adelanta.
Simplemente deseo decir que las modificaciones que puede introducir la ley en materia de orden público no tienen ningún contrapeso. Sin el orden público no hay derechos adquiridos. Quiero poner un solo ejemplo, para ser breve: en la penúltima campaña presidencial fue elegido Presidente de la República don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , por un período de 8 años y, antes de que asumiera, el Congreso cambió la Constitución y redujo dicho período a seis. De manera que esa es una prueba de que en materia de orden público es perfectamente posible modificar las reglas establecidas.
Señor Presidente , Me gustaría entender bien lo que dijo recién el Senador señor Moreno. ¿Qué relación tiene esto con la fecha que venció ayer para la desafiliación? Ninguna.
Si le parece a la Sala, se despachará el proyecto.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que concurrieron con sus votos afirmativos 33 señores Senadores.
Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , en primer trámite constitucional, sobre modificaciones de la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Cuenta con segundos informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2336-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 38ª, en 11 de mayo de 1999.
Gobierno, sesión 7ª, en 16 de junio de 1999.
Hacienda, sesión 7ª, en 16 de junio de 1999.
Gobierno (segundo), sesión 32ª, en 3 de abril de 2001.
Hacienda (segundo), sesión 32ª, en 3 de abril de 2001.
Sesiones 9ª, en 23 de junio de 1999 (queda pendiente su discusión general); 12ª, en 7 de julio de 1999 (se aprueba en general); 42ª, en 8 de mayo de 2001 (queda pendiente su discusión particular).
El proyecto fue aprobado en general por el Senado en sesión de 7 de julio de 1999, y en la sesión 42ª, de 8 de mayo en curso, se aprobaron las disposiciones de acuerdo con el artículo 124 del Reglamento, por 27 señores Senadores.
Quisiera que el señor Secretario informara respecto de una comunicación que recibimos del Tribunal Calificador de Elecciones, antes de aplicar el artículo 133, inciso sexto, del Reglamento.
Se trata de un oficio dirigido al Excelentísimo señor Presidente del Senado por el Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, que en lo pertinente dice:
"Al respecto, el Tribunal estima necesario manifestar a V.E. lo siguiente:
"1. En las elecciones presidenciales pasadas el Tribunal Calificador de Elecciones, conforme a sus atribuciones, implementó un sistema de acopio de sobres de actas de escrutinios en los propios recintos de votación. Esto permitió que, en los locales de votación del país, los sobres dirigidos al Presidente de este Tribunal , fueran retirados por funcionarios de Correos de Chile alrededor de las 20:00 horas del día de la elección. Es así como a las 22:00 horas de ese día comenzaron a llegar a las dependencias de este órgano electoral los primeros sobres de la región metropolitana, quedando concluida la entrega de esta región a las 03:00 de la madrugada del día posterior a los comicios. En cuanto a las demás regiones del país, las más cercanas a la región metropolitana, fueron recibidos a las 04:00 de la madrugada y las restantes a las 20:00 horas del día posterior a la elección.".
Respecto del punto 2, el señor Presidente del Tribunal acompaña un formulario que empleó en ese acto eleccionario.
Y el punto 3 termina diciendo:
"Como consecuencia de esta experiencia, este Tribunal estima innecesario, por el momento, modificar el artículo 74 referido en los términos establecidos en el proyecto, toda vez, que el proyecto no indica las razones que justifiquen la modificación y, además, introduce un elemento más en el proceso de remisión de los sobres, ¿el delegado de la Junta Electoral-, lo que sólo redundará en el retraso en la entrega de este importante material electoral en las dependencias del Tribunal, haciendo más difícil cumplir con el plazo de tercero día de que trata el artículo 100 de la mencionada ley.".
Suscriben el oficio el señor Mario Garrido Montt, Presidente , y la señora Carmen Gloria Valladares Moyano, Secretaria Relatora.
Me permito proponer a la Sala lo siguiente: dar por aprobados sin discusión todos los artículos; aceptar la sugerencia del Tribunal Calificador de Elecciones, y rechazar la modificación al artículo 74.
La señora FREI ( doña Carmen) .-
Es razonable la sugerencia del señor Presidente . En todo caso, quiero dejar constancia de que ese oficio, como lo manifesté ayer, acaba de llegar. Por eso, no lo consideramos.
Efectivamente, llegó a la Mesa el día lunes.
Entonces, tendríamos que verlo en la Sala.
Por eso mismo, creo que se trata de una cooperación del Tribunal que va en la línea correcta.
Si le parece a la Sala, se darán por aprobadas todas las disposiciones del proyecto, con excepción de la modificación al artículo 74, que se entiende rechazada, dejándose constancia, para los efectos del quórum de que concurrieron 30 señores Senadores a su ratificación.
Señor Presidente , si entendemos que el proyecto está despachado, que la Cámara de Diputados hará otro tanto y que el Ejecutivo lo aprobará, va a quedar promulgado antes de las próximas elecciones parlamentarias. Como las normas de Derecho Público se aplican "in actu", debemos entender que se aplicarán para estas elecciones.
¿Qué implicancias prácticas tiene esto entre otras? Al respecto, quiero ejemplificar con un caso para que el Servicio Electoral tenga un criterio claro sobre la materia.
El artículo 6º que se ha aprobado establece que "Las declaraciones de candidaturas a Senadores y Diputados sólo podrán hacerse hasta las veinticuatro horas del nonagésimo día anterior a la fecha de la elección correspondiente.". Vale decir, se está modificando el plazo actual de 150 a 90 días. En consecuencia, para los efectos del cálculo aproximado de los plazos, la inscripción de las candidaturas parlamentarias en este año electoral no serían a mediados de julio -el 14 de julio me parece-, sino el 3 ó 4 de septiembre.
Por lo tanto, cuando se dice -estoy simplemente dando un ejemplo- que "Para ser incluido como candidato de un partido político o de un pacto electoral, siempre que en este último caso no se trate de un independiente, se requerirá estar afiliado al correspondiente partido con a lo menos dos meses de anticipación al vencimiento del plazo para presentar las declaraciones de candidaturas." -lo inverso señala para las candidaturas independientes-, debe entenderse que las disposiciones establecidas en el artículo 4º se aplicarán en conformidad a los plazos consignados en la nueva ley.
En consecuencia, como en conformidad a la actual ley, las inscripciones finalizan el 15 de julio, el plazo que venció ayer se entiende modificado con la aprobación de esta norma. Porque si entra a regir antes de las elecciones, la fecha de inscripción de candidatos va a ser en septiembre. Por lo tanto, el plazo de dos meses antes para la inscripción o retiro de militantes se entenderá cumplido con respecto al nuevo plazo en que deberán inscribirse las candidaturas. Entiendo que ésa es la recta interpretación de la norma, para que no se presenten problemas con posterioridad.
Señor Presidente , yo no lo entiendo así. Porque lo que acabamos de aprobar -y lo leí textualmente- dice: "No obstante los plazos que ya hubieren comenzado a correr a la entrada en vigencia de la presente ley, vencerán en la fecha que originalmente habría correspondido.". O sea, que eso es lo que correspondería, y no lo que figura en esta iniciativa.
Por lo demás, de aquí a que el proyecto sea enviado a la Cámara de Diputados y se promulgue como ley, muchos de los plazos ya van a estar corriendo. Entonces, no sé como...
¿Cuál es la disposición?
Se refiere al proyecto anterior, relativo al cambio de fecha de las elecciones de diciembre próximo.
Pero ésa es otra cosa. La iniciativa de ley anterior está precaviendo la situación de los cambios de plazo con respecto a los efectos que esa norma provoca.
No tiene nada que ver con ésta, que es distinta. Si se aprueba antes, empieza a regir antes. Y la lógica del Derecho Público es que las normas se apliquen una vez dictadas, a menos que el Ejecutivo no desee promulgarlas, para evitar la aplicación de los nuevos plazos. Pero los que se establecen en la nueva ley son los que se deberán aplicar. Quiero que ello quede claro para los efectos de la interpretación de la ley.
Señor Presidente, estamos frente a un tema que requiere de una especial atención de nuestra parte.
Coincido con lo que acaba de señalar el Honorable señor Larraín . La norma que hemos visto, referente a la no modificación de las fechas, se refiere al adelanto de la fecha de la elección del 2 de diciembre, pero no al nuevo proyecto de ley. En consecuencia, podemos cometer un error garrafal si ponemos en marcha un sistema de fechas que interrumpa las actualmente vigentes, relacionadas con las inscripciones, con las renuncias a los partidos, etcétera.
Por lo tanto, pienso que en esto hay dos soluciones para enfrentar este problema. Una, es introducir un artículo transitorio que establezca que la vigencia de estas normas se aplicará para una próxima elección y no para ésta. Ése puede ser un camino.
La segunda alternativa es contar con la voluntad del Ejecutivo, de manera que el ritmo de avance del proyecto y el mecanismo de las urgencias hagan aplicable para las próximas elecciones esa norma, pero no para la de diciembre.
Ahora, debo señalar -la vez pasado no pude hacerlo; sé que no se puede modificar el artículo 6º y que todos nosotros militamos en partidos políticos- que, en mi opinión, estamos cometiendo un error garrafal al postergar todas esas fechas. Porque lo que va a ocurrir es que los complejísimos procesos de selección de las candidaturas en el seno de los partidos políticos se van a extender indefinidamente en el tiempo hasta casi el final, con todas las tensiones que ello conlleva.
En todo caso, haré lo posible para que en la Cámara de Diputados algunos levanten su voz sobre esta materia. Creo que no es bueno para los partidos, porque lo que perdemos es más de lo que ganaríamos por acortar las campañas electorales. Sé que ésa es otra discusión, pero no quería dejar de señalárselo a los señores Senadores. Todos son dirigentes de partido y saben lo que cuesta mantener la cohesión y la seriedad en las colectividades políticas, así como el orden en los mismos. Ésta es una cuestión fundamental para una democracia, y una norma como ésta puede hacer aún más compleja la situación.
En ese sentido, creo que hemos cometido un error al aprobar un plazo de 90 días -así lo he señalado en más de una ocasión-, pero por lo menos debemos reducir el efecto negativo de este hecho haciendo inaplicable esta norma para esta elección, porque de lo contrario complicaremos más las cosas.
Señor Presidente , deseo argumentar en la misma línea que los Honorables señores Larraín y Bitar . Si es tan claro el problema, por qué no reabrimos debate y enviamos el proyecto de nuevo a Comisión? Ésta podría introducir un artículo transitorio, ya que al analizar las normas quizás convenga que algunas entren en vigencia de inmediato y otras no.
Otra fórmula puede ser que la Cámara de Diputados modifique esta disposición. Pero si no hay tanto apuro en la tramitación del proyecto, es mejor que salga bien redactado del Senado.
Ésa sería la propuesta, señor Presidente.
Señor Presidente, no estoy de acuerdo con reabrir el debate, porque soy partidario de que estas normas se apliquen ahora.
Me parece bueno para el país acortar el período de las campañas electorales y el plazo de inscripción de las candidaturas ahora. Si hemos aprobado una norma, no veo por qué debamos diferir su aplicación. Pienso que debemos continuar.
En todo caso, quiero dejar constancia de que ése es el alcance de la disposición.
Entonces, para qué planteó el problema, señor Senador.
En realidad, no lo planteé como un problema, sino como un criterio de interpretación, con el objeto de que no se produzca un equívoco de parte del Servicio Electoral. Si se dictan normas de esta naturaleza, son para aplicarlas, y así debe entenderse. No me opongo a que ello ocurra. Simplemente, deseaba aclarar el criterio interpretativo, porque eso es lo correcto.
En primer lugar, hago presente a la Sala que concluyó el tiempo de Fácil Despacho. Por lo tanto, no puedo reabrir el debate sobre el proyecto si no hay unanimidad
Pero se puede dejar la constancia.
En segundo término, si se quiere rectificar la iniciativa, el Ejecutivo podría hacerlo por la vía del veto. Asimismo, como aquélla se encuentra en primer trámite, también es factible modificarla en la Cámara de Diputados; después puede haber un tercer trámite, y eventualmente, una Comisión Mixta.
Por consiguiente, el proyecto se encuentra despachado, pues no puedo modificar el acuerdo que tomó la Sala.
Señor Presidente , deseo corroborar lo señalado por usted: estamos ante un proyecto; faltan otros trámites para que se convierta en ley. Con el tiempo habrá que conversar...
Sí. Deberán dictarse las normas transitorias correspondientes, en fin.
Es decir, el proyecto se aprobó, pero quedamos a la espera de lo que ocurra más adelante.
Señor Presidente , sólo deseo dejar una constancia: ya comenzó el proceso electoral de diciembre y, conforme a la idiosincrasia chilena, no hay que cambiar las reglas una vez iniciado un proceso de tal índole.
Y hay algo muy claro: mientras esté vigente, hay que aplicar la actual normativa. Éste es sólo un proyecto, con buenas intenciones -no tiene otro alcance-, en tanto no sea ratificado por el Parlamento y promulgado por el Presidente de la República .
Por acuerdo unánime de la Sala, corresponde tratar en primer lugar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.518, sobre Estatuto de Capacitación y Empleo, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social señala en su informe que los objetivos del proyecto son permitir la cobertura del mecanismo del SENCE, con franquicia tributaria, para nivelar estudios básicos y medios para los trabajadores; incorporar carreras técnicas profesionales impartidas por centros de formación técnica al financiamiento de la franquicia tributaria del SENCE; promover el acceso de los discapacitados a la capacitación laboral; favorecer la capacitación en nuevas tecnologías de la información, especialmente en la red Internet, flexibilizando y ampliando los mecanismos actualmente existentes en el SENCE; fomentar la capacitación de dirigentes sindicales, permitiendo para ello el uso de la franquicia tributaria del SENCE cuando ésta sea pactada colectivamente, y aumentar los plazos de ejecución de los cursos de capacitación que la empresa hubiera previsto realizar respecto de trabajadores cuya relación laboral con ella se encuentre próxima a concluir.
Asimismo, luego de reseñar los antecedentes tenidos en consideración durante el análisis del proyecto y el debate suscitado en el seno de la Comisión, el informe hace constar que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores Pérez, Ruiz De Giorgio y Urenda.
En consecuencia, la Comisión propone a la Sala aprobar en general la iniciativa en la misma forma en que fue comunicada por la Honorable Cámara de Diputados.
Señor Presidente , esta iniciativa pretende ampliar la cobertura de los fondos del Estatuto de Capacitación y Empleo, contemplado en la ley Nº 19.518, y, también, los fondos de capacitación públicos.
El proyecto tiene cuatro propósitos: primero, mejorar las competencias generales de los trabajadores facilitando la formación de un sistema de educación y capacitación permanente; segundo, permitir el acceso a la capacitación en nuevas tecnologías de información; tercero, facilitar el acceso y la capacitación de personas con discapacidad, y, por último, contribuir a la formación de dirigentes sindicales.
La iniciativa fue aprobada unánimemente en la Cámara de Diputados, tanto en su Comisión de Trabajo y Previsión Social como en la Sala.
El proyecto, mediante el número 2 del artículo 1º, agrega los siguientes incisos al artículo 10 de la ley Nº 19.518:
"Se considerarán también capacitación, las actividades destinadas a desarrollar las aptitudes, habilidades o grados de conocimiento de los dirigentes sindicales, cuando estas sean acordadas en el marco de una negociación colectiva y, tengan por finalidad habilitarlos para cumplir adecuadamente con su rol sindical.
"El programa y financiamiento contemplado en este artículo para programas de capacitación orientados a trabajadores que tengan la calidad de dirigentes sindicales, será sin perjuicio de otros programas y fuentes de financiamiento públicos, contemplados en otros cuerpos legales.".
El número 5 del artículo 1º reemplaza el inciso tercero del artículo 33 de la ya mencionada ley por los que se indican:
"La ejecución de acciones de capacitación que las empresas efectúen para sus ex trabajadores, podrán exceder hasta cinco meses la vigencia de la respectiva relación laboral, cuando la última remuneración del ex trabajador no exceda del equivalente a 25 unidades tributarias mensuales. Dichas acciones de capacitación deberán ser efectuadas sólo por Organismos Técnicos de Capacitación.
"El empleador deberá comunicar dichas acciones al SENCE al menos un día hábil antes que ellas comiencen.".
Por otra parte, la iniciativa establece -como señaló el señor Secretario - que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, con cargo al Fondo Nacional de Capacitación, podrá realizar programas especiales, con vigencia de tres años, tales como ejecución de acciones destinadas al desarrollo de competencias y habilidades en el uso de nuevas tecnologías de la información, especialmente en la red Internet. Estos cursos tendrán un propósito específico y quedarán bajo la supervigilancia de la institución pública respectiva, que depende del Ministerio del Trabajo.
Al mismo tiempo, se propone la ejecución de programas de capacitación para trabajadores y administradores o gerentes discapacitados, definidos como tales por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de los Servicios de Salud.
Por las razones expuestas, solicito que el proyecto sea aprobado por unanimidad, tal como lo hicieron la Cámara de Diputados y la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Para tal efecto, podríamos tratarlo como si fuera de fácil despacho, fijando plazo para formular indicaciones.
Señor Presidente , no deseo abundar sobre la iniciativa que nos ocupa -ya se dieron todas las explicaciones-, sino tan sólo pedir su aprobación y que, en lo posible, fijemos el 5 de junio próximo como plazo para presentar indicaciones.
Me parece que nadie debería estar en desacuerdo con un proyecto de esta naturaleza, que será muy beneficioso para el mundo laboral y que -como señaló el Senador señor Pérez - ha sido aprobado unánimemente en todas sus instancias.
Advierto a la Sala que, para ser aprobada, esta iniciativa requiere el voto conforme de 26 señores Senadores.
Señor Presidente , deseo hacer una consulta al Senador señor Pérez .
Su Señoría señaló que el acceso de los discapacitados a la capacitación laboral deberá ser previo informe médico.
Existe un Registro Nacional de la Discapacidad. ¿Se estaría, entonces, colocando ahora una cortapisa a los discapacitados inscritos en él para acceder al beneficio en comento?
La discapacidad debe ser calificada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Ello, para determinar quiénes son discapacitados y quiénes no. De lo contrario, cualquier persona, invocando el número 2 del artículo 2º del proyecto, podría impartir un curso a discapacitados pese a no estar los alumnos en esta condición.
Por lo tanto, tiene que haber una institución que califique la dicapacidad.
Rectifico la información antes entregada: el proyecto en debate no requiere quórum especial de aprobación.
Señor Presidente , deseo dejar en claro que existe el Registro Nacional de la Discapacidad y que para figurar en él hay un procedimiento establecido por la ley.
Me da una interrupción, Su Señoría.
Ruego a los señores Senadores evitar los diálogos y dirigirse a la Mesa.
Es que para ahorrarnos...
Señor Presidente , sólo deseo evitar que haya una separación que implique que personas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad no puedan acceder, por sus labores, a la capacitación de que se trata. O sea, no me parece adecuado que se les exija adicionalmente un control médico.
Mi deseo es que tales personas se integren al beneficio, que no queden marginadas de él a causa de una interpretación.
Señor Presidente, el número 2 del artículo 2º señala textualmente: "La ejecución de acciones de capacitación, para trabajadores y administradores o gerentes discapacitados, definidos como tales por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de los Servicios de Salud, en los términos dispuestos en los artículos 7º y siguientes de la ley Nº 19.284, y que además se encuentren inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad establecido en el artículo 12 del citado cuerpo legal,"...
A eso me estoy refiriendo. Por lo tanto, es exactamente lo mismo que plantea el Honorable señor Martínez.
Conforme. Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda, y luego, el Senador Viera-Gallo.
Señor Presidente , quiero aclarar que la Comisión, conforme al Reglamento actual, no estudió en particular el proyecto; simplemente, lo analizó en general y lo aprobó.
Por ello, estimo que no corresponde que entremos en detalles, pues, obviamente, eso dependerá de las indicaciones que formulemos y, en todo caso, del segundo informe de la Comisión.
vieraSeñor Presidente , lo planteado por el Senador señor Martínez resulta muy pertinente, pero es más bien propio de la discusión particular. Sería conveniente tenerlo presente en esa instancia, ya que no todos los discapacitados -como consta en el informe conocido por Sus Señorías- están inscritos en el registro respectivo, pues ello es restrictivo. Tan así es que el informe de la Comisión de Salud que aprobó el Senado en materia de discapacidad propuso eliminar ese registro, por constituir un trámite inútil. Mucha gente no inscribe en él a los familiares discapacitados por estimar que atenta contra el honor o la dignidad de la persona.
Entonces, la Comisión de Trabajo debe estudiar a fondo la materia, de manera que la norma quede abierta a cualquier discapacitado.
Señor Presidente , en forma muy breve, debo aclarar que el sentido del artículo es permitir que las empresas usen sus franquicias tributarias para capacitar a personas discapacitadas que no sean trabajadores de ellas. Es decir, el objeto es ampliar las posibilidades de los discapacitados de acceder a la capacitación.
Los eventuales requisitos son materias absolutamente secundarias en comparación con la naturaleza y el propósito del precepto.
Si le parece a la Sala, daremos por aprobada la idea de legislar.
Propongo como plazo para presentar indicaciones el 5 de junio próximo, a las 12.
Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre las Repúblicas de Chile y de Bolivia sobre Reconocimiento Recíproco de Licencias de Conducir, suscrito en Arica el 3 de septiembre de 1999, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2612-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 29ª, en 20 de marzo de 2001.
Relaciones Exteriores, sesión 46ª, en 16 de mayo de 2001.
El Convenio tiene por objeto reconocer y aceptar, recíprocamente, como válidas las licencias de conducir de vehículos automotores, que se encuentren vigentes, expedidas por parte de ambos países, a condición de que hubieren sido otorgadas por las autoridades competentes a sus nacionales mayores de 18 años.
La Comisión de Relaciones Exteriores, luego de reseñar en el informe los antecedentes tenidos en cuenta para el estudio de dicho instrumento internacional, describe el debate suscitado en su interior y concluye proponiendo a la Sala, por la unanimidad de sus miembros (Honorables señores Bombal, Gazmuri, Lavandero, Martínez y Romero), aprobar el proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Por tratarse de un texto de artículo único y conforme al artículo 127 del Reglamento, la Comisión propone a la Sala discusión general y particular a la vez.
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo es muy sencillo. Tiene por objeto autorizar el uso recíproco, en Chile y Bolivia, de las licencias para conducir vehículos particulares. Existe una licencia, pero no es aplicable a ellos, pues no son calificados como de carga o de pasajeros. Y hay una Convención sobre Circulación por Carretera que hace extensiva la autorización a todos los vehículos.
Por lo tanto, el proyecto corrige una insuficiencia de la legislación vigente, complementándola en el sentido de que las licencias de aquella índole extendidas en Chile o Bolivia son válidas en ambos países.
Por esa razón, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el proyecto de acuerdo.
Señor Presidente , en la misma línea de lo señalado por el Senador señor Valdés , deseo manifestar que el Acuerdo apunta hacia un desarrollo más profundo de las relaciones con Bolivia.
El reciente nombramiento del ex Ministro de Defensa señor Edmundo Pérez Yoma como Cónsul General en aquel país constituye una señal potente de la voluntad chilena en esa dirección.
Por tanto, quiero inscribir este proyecto en el propósito de facilitar la internacionalización.
No olvidemos que a comienzos de los años 90, durante el Gobierno del Presidente Aylwin, se pavimentó la carretera entre Arica y Tambo Quemado , para tener el primer camino asfaltado hasta La Paz; ello permite unir ambas ciudades en seis horas. Sin embargo, en la frontera, a veces toda la inversión hecha en infraestructura se pierde por limitaciones burocráticas.
El Convenio que nos ocupa resuelve dificultades como ésas.
Asimismo, en los próximos meses el Gobierno debe avanzar (espero que rápidamente) en la instalación de un nuevo complejo fronterizo en la zona del lago Chungará -como el de Chacalluta-, que está diseñado.
Por cierto, todo eso apunta hacia un flujo expedito, internacionalizado, entre Chile y Bolivia, en toda la zona limítrofe y en los nuevos pasos fronterizos que establezcamos tanto en la Primera Región como en la Segunda.
Por eso, insto a los señores Senadores, no sólo a aprobar este proyecto de acuerdo, sino también a hacerlo por unanimidad.
Corresponde ocuparse en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, estableciendo normas relativas al otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias, con segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1148-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 32ª, en 26 de enero de 1994.
Trabajo, sesión 19ª, en 16 de julio de 1996.
Hacienda, sesión 19ª, en 16 de julio de 1996.
Trabajo (complementario), sesión 23ª, en 12 de septiembre de 2000.
Hacienda y Trabajo, unidas (nuevo complementario), sesión 8ª, en 7 de noviembre de 2000.
Hacienda y Trabajo, unidas, sesión 45ª, en 15 de mayo de 2001.
Sesiones 21ª, en 18 de julio de 1996 (queda pendiente la discusión general);.13ª, en 28 de noviembre de 2000 (se aprueba en general).
En cuanto a este proyecto, un Comité pidió aplazamiento de la discusión.
Daremos por aprobado el aplazamiento de la discusión.
Por lo tanto, la iniciativa no se tratará en esta sesión.
Corresponde votar, sin discusión, un proyecto de acuerdo mediante el cual los Honorables señores Horvath, Páez, Stange y Zaldívar (don Adolfo) proponen diversas medidas para favorecer a los colonos y pobladores de Aisén y de las provincias de Chiloé, Palena y Llanquihue que se encuentren en la situación que se indica.
El texto del proyecto de acuerdo es el siguiente:
"Mientras no se cuente con la nueva ley que entregue títulos gratuitos y en condiciones justas a los colonos y pobladores de Aisén, de las Provincias de Chiloé, Palena y Llanquihue que tengan estas situaciones pendientes, no se les cobre arriendo, se congele a los que actualmente los están pagando, y no se realice ningún apremio de desalojo.".
De los señores BITAR, CHADWICK, MORENO, OMINAMI Y ROMERO:
A la señora Ministra de Relaciones Exteriores, solicitándole APOYO DEL GOBIERNO A DON CARLOS CARDOEN ANTE INJUSTA SITUACIÓN PROCESAL EN ESTADOS UNIDOS.
Al señor Ministro de Obras Públicas , preguntándole sobre MOTIVOS DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS EN RUTA COSTERA (REGIÓN DE LOS LAGOS).
Al señor Ministro de Obras Públicas , requiriéndole PRIORIDAD PARA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A QUIMÁVIDA, COMUNA DE DOÑIHUE.
Al señor Director Nacional de la JUNAEB , pidiéndole disponer la entrega de ALMUERZOS A ESTUDIANTES DE LICEO SAN JOSÉ Nº 39, EN COMUNA DE REQUÍNOA (ambos de la Sexta Región).
Al señor Director del Instituto Nacional de Deportes de Chile , solicitándole FONDOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PATIO TECHADO EN ESCUELA NUEVO REINO, COMUNA DE PUERTO CISNES (UNDÉCIMA REGIÓN).
De los señores HORVATH y URENDA:
A los señores Superintendente de Servicios Sanitarios y Gerente General de ESVAL S.A., consultándole sobre CAUSAS DE CONTAMINACIÓN DE AGUA POTABLE DOMICILIARIA EN BOSQUES DE SANTA JULIA, COMUNA DE VIÑA DEL MAR (QUINTA REGIÓN).
A Su Excelencia el Presidente de la República , reiterándole petición acerca de INEFICACIA DE INCENTIVOS PARA DESARROLLO DE PRIMERA REGIÓN.
A Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Subsecretario de Pesca , solicitándoles LEVANTAMIENTO DE VEDA DE JUREL EN FRANJA DESDE PARALELO 18 HASTA RÍO LOA.
A los señores Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Transportes y Telecomunicaciones, en cuanto a inquietud de trabajadores portuarios de iquique por reforma laboral E incumplimiento de acuerdos del gobierno.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo , requiriéndole INVESTIGACIÓN SOBRE venta de CASAS a pobladores de "grupo galaxia", EN ALTO hospicio, Y REPACTACIÓN O CONDONACIÓN DE DEUDAS.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y al señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá , planteándoles la posibilidad de reasignación de CASA serviu A HIJO de doña mery carrasco neira en alto hospicio.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales , acerca de PROBLEMAS EN TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EVANGÉLICA DE DIOS PENTECOSTAL, EN ALTO HOSPICIO.
Al señor Subsecretario de Pesca , requiriéndole SOLUCIÓN A CONFLICTO DE BUZOS MARISCADORES Y AYUDANTES DE BUZOS POR RENOVACIÓN DE LICENCIAS.
A los señores Ministros de Hacienda y de Agricultura , solicitándoles enviar al Parlamento PROYECTO SOBRE CONDONACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE DEUDAS A DUEÑOS DE PARCELAS EX CORA.
En Incidentes, el Comité Renovación Nacional no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
Señor Presidente , en repetidas ocasiones este Comité y diversos otros Senadores hemos hecho presente una inconsecuencia que ocurre en el ámbito internacional, especialmente en las relaciones con el Reino de España.
Me refiero en esta oportunidad a la determinación tomada con cierta frecuencia por el juez señor Garzón en términos de incluir a ciudadanos chilenos en una lista internacional y solicitar, a través de la INTERPOL y de las Cancillerías en forma directa, su detención bajo el supuesto de hallarse involucrados en situaciones que habrían ocurrido en nuestro país.
Ello se ha traducido en una permanente violación de la soberanía nacional por parte de un juez que se atribuye facultades que nadie ni organismo alguno le han otorgado, y que pretende internacionalizar los alcances de la legislación española e inmiscuirse en el funcionamiento del sistema judicial chileno. Esto reviste especial importancia, porque hace dos días se conoció su intención de solicitar la detención de un ex Ministro de Defensa Nacional , general en retiro del Ejército, don Herman Brady , so pretexto de que le cabría cierta responsabilidad en hechos cuya investigación, por propia decisión, dicho juez se ha atribuido.
Tal situación se ha venido repitiendo y sabemos que, en una listas de 38 personas que él ha publicado, hay dos señores Senadores que están bajo esa amenaza. Esta medida, que coarta el más elemental de los derechos humanos, como lo es el de libre tránsito o desplazamiento de un lugar a otro, no ha merecido, sin embargo, una enérgica reacción en defensa de la soberanía nacional, especialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y a lo anterior debemos agregar el hecho de que Su Excelencia el Presidente de la República tiene considerado en los próximos días una visita oficial al Reino de España. Lo cierto es que los ciudadanos no se explican por qué no se adoptan medidas en resguardo de nuestra soberanía, especialmente de la soberanía jurisdiccional, transgredida permanentemente con las actuaciones de ese juez.
Deseo en esta oportunidad solicitar el envío de una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores, reiterando una petición anterior en el mismo sentido hecha a través del señor Presidente , haciendo presente que tal situación debe ser resuelta por ser ya absolutamente insostenible y debe ser rechazada en forma enérgica, pues está afectando incluso el funcionamiento interno de esta Corporación.
Debo advertir que el resto de nuestro tiempo ha sido cedido al Comité Institucional Nº 2.
No hay problema porque, como el Comité Socialista no está, le correspondería intervenir al Comité Institucional Nº 2.
El Comité Socialista ha tenido también la gentileza de cederme su tiempo, lo cual no quiere decir que lo ocuparé en su totalidad.
Señor Presidente , en una reunión del Senado celebrada el 8 de mayo, me permití anunciar que tenía el propósito, junto con el Honorable señor Parra , de intervenir -primero el Senador que habla y, en seguida, mi colega de bancada- sobre el tema que se ha dado en llamar "de las empresas públicas" y de las consecuencias derivadas de los intentos de privatización, como también de las irregularidades que hipotéticamente se han denunciado en el pago de indemnizaciones y demás en este campo.
Hice presente previamente que mi intención era la de intervenir sobre esta materia en Incidentes, como una deferencia a los señores representantes de los distintos partidos en el Senado.
Con posterioridad, el tema de la privatización de empresas ha dado origen a una serie de intervenciones críticas en los más distintos estamentos de la comunidad nacional. Especialmente en dos libros, uno de la señora María Olivia Monckeberg , y otro, de don Carlos Huneeus , se ha abordado el tema relativo al denominado "saqueo de los fondos públicos", con relación a gestiones de las empresas del Estado o de la privatización de ellas.
Asimismo, hace muy pocos días el Ejecutivo anunció que, dentro de un proceso de transformación y modernización del Estado, se introducirían normas modificatorias en el sistema de las empresas estatales para transformarlas en sociedades anónimas, lo que para muchos ha significado un nuevo intento de privatización de las empresas que aún permanecen en poder del Estado.
La enorme relevancia que en un sentido genérico este asunto tiene para el patrimonio público y su importancia desde el punto de vista de las concesiones, la probidad y la ética, aplicables por entero al campo de la Administración, como asimismo la forma como periódicamente materias de esta índole son expuestas ante la opinión pública con visos de escándalo, nos ha preocupado enormemente en nuestra condición de integrantes del Partido Radical. Por ello, juntamente con el Honorable señor Parra , estudiamos esta materia y decidimos dar a conocer al Senado nuestros puntos de vista, sobre todo si, como hipotéticamente se piensa, llega a realizarse, o se intenta hacerlo, la transformación de las empresas estatales en sociedad anónimas, lo que, a nuestro juicio, encierra el peligro encubierto de que, por esta vía, pudiese culminar un proceso de privatización de las aún quedan en poder del Estado.
Consideramos necesario que esta Corporación conozca en profundidad un asunto de esa índole.
I. UNA NECESARIA CONCEPTUALIZACIÓN
Las empresas del Estado constituyen un sistema organizativo tradicional en las administraciones del mundo. En efecto, nacieron a inicios de la década de los 20, en el siglo pasado, y fueron extendiéndose a lo largo del tiempo como verdaderas organizaciones administrativas estatales. Su origen radica en la conceptualización amplia del servicio público. Es decir, de una administración destinada a satisfacer las necesidades de la colectividad de manera continua y permanente. Eso implicó considerar a las empresas públicas del Estado como servicios públicos, de naturaleza económica o mercantil. O sea, las empresas públicas no nacieron con objetivos de carácter comercial. Desde su inicio se utilizó la fórmula industrial por tener que satisfacer el interés público. La empresa del Estado en sus orígenes y desarrollo responde en verdad a la necesidad de un Estado al servicio de las personas. No es, y nunca fue, fuente de lucro para el Estado. Es y ha sido siempre fuente de prestaciones públicas.
Creo que vale la pena no perder jamás de vista lo anterior, porque de otra manera se distorsiona, como en la realidad ha sucedido en nuestro país, el auténtico sentido que generó la creación de esas empresas. Esta afirmación es más diáfana aún, si se considera que la visión del liberalismo económico más radical, como fue el que gobernó a este país durante las décadas de los 70 y 80, jamás prescindió de las empresas del Estado. Es cierto que privatizó muchas, en términos con frecuencia oscuros. Sin embargo, no eliminó a las empresas estatales.
Eso nos permite concluir, entonces, que de la empresa del Estado no se puede prescindir. Es más, es, a nuestro modo de ver, una organización pública necesaria. Ésta es una afirmación indispensable ante la prédica constante que se hace de la privatización total.
II. EL VERDADERO SENTIDO Y ALCANCE DEL MARCO REGULATORIO CONSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA
1. La Constitución no prohíbe el Estado Empresario.
La regulación de la actividad económico-empresarial de la autoridad pública que se efectúa en el artículo 19, número 21°, no hace más que poner sobre el tapete de la discusión aquello que tanto la doctrina como la jurisprudencia han denominado la participación de la autoridad como Estado Empresario en el libre juego económico. Pretender negar la intervención pública dentro de la economía -en el actual desarrollo del ordenamiento jurídico y social de finales del siglo XX y comienzos del XXI- implicaría sencillamente un despropósito. No sólo se alejaría de una interpretación formal del artículo 19, número 21°, de la Carta Fundamental, sino que, además, ello dejaría sin respaldo expreso una serie de cuerpos legales que atribuyen al Estado facultades para regular materias tan disímiles como el medio ambiente, la libre competencia, el derecho de los consumidores, o la actividad laboral, entre muchos otros aspectos. Lo cierto es que en modo alguno la referencia al principio de subsidiariedad puede ser entendida como una actitud de abstencionismo a priori del Estado o una abdicación de su deber frente al bien común.
Con todo, si bien el sistema diseñado privilegia la participación de los sujetos privados, coexistiendo una pluralidad de agentes económicos, ello no excluye al Estado del manejo de esta actividad en general. La autoridad pública, en esta perspectiva, tiene un rol fundamental en el manejo de la función económica y, además, se le permite "ingresar" al desarrollo de una actividad empresarial, siempre y cuando una ley de quórum calificado así lo autorice.
La discusión de fondo se centra, entonces, en determinar hasta qué punto el Estado puede intervenir en el libre juego económico como un agente más, imbuido de atribuciones tales que su participación empresarial sea plenamente lícita en un contexto de igualdad de oportunidades. Es decir, lo que se discute en esta garantía no es tanto la posibilidad de "crear" entidades organizativas regidas por un determinado estatuto jurídico de naturaleza pública; sino que lo que se está regulando en definitiva es la capacidad del Estado para participar en el mercado económico como cualquier otro "sujeto empresarial".
2.- Régimen constitucional.
El inciso segundo del Nº 21º del artículo 19 de la Constitución dispone a la letra: "El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado;".
Del análisis del precepto transcrito, es posible desprender las siguientes conclusiones:
a) En primer lugar, está norma no prohíbe al Estado desarrollar actividades económicas. Lo que hace es sujetar el ejercicio de una actividad económica por parte del Estado o sus organismos a una autorización. Esta autorización no es cualquiera, sino que debe consistir en una ley, con lo cual el constituyente ha buscado condicionar la posibilidad de una actividad económica del Estado a una manifestación de voluntad positiva del Parlamento.
b) En segundo lugar, establece que, una vez otorgada la autorización al Estado o a algunos de sus organismos para desarrollar o participar en una actividad económica determinada, ésta -la actividad empresarial- debe regirse por las normas comunes aplicables a los particulares. Con ello, se buscó que las empresas del Estado o aquellas en que éste tenga participación no tuvieran un régimen jurídico de privilegio, sino que actuaran en igualdad de condiciones con los actores privados que puedan desarrollar la misma actividad.
c) En tercer lugar, la Constitución se pone en el caso de que se establezcan excepciones al régimen común privado aplicable a la actividad específica que el Estado desarrolle o en la que participe. Debe destacarse que esa posibilidad, es decir, la sustracción del ámbito de las normas comunes, no cabe respecto de los particulares; éstos, ni aún por ley, pueden salirse del ámbito regulatorio que les es propio.
3.- El alcance del sometimiento a la legislación común.
El inciso segundo del Nº 21º del artículo 19 de la Constitución exige que, una vez autorizado el Estado o alguno de sus organismos para desarrollar o participar en una actividad empresarial, ésta queda sometida a la legislación común aplicable a los particulares. En efecto, el tenor literal del precepto señala: "En tal caso," -cuando exista autorización- "esas actividades estarán sometidas a la legislación común".
Con ello se busca que el Estado esté obligado a utilizar en su actividad empresarial el derecho privado.
Sin embargo, dicha utilización de las formas del derecho privado es un sentido instrumental, pues no puede perder su carácter de ente público y, por lo tanto, su sujeción al derecho público en los demás ámbitos de su existencia y actuación es indiscutible.
4.- La doble naturaleza de la actividad empresarial del Estado.
En una empresa pública se distinguen, pues, dos aspectos claramente diferenciables. Por una parte, una naturaleza pública; y, por la otra, una naturaleza privada. La primera emana de su vinculación o de su inserción en la Administración del Estado. En tal sentido, las empresas públicas constituyen un servicio público, puesto que es posible encontrar en ella todos los elementos determinantes de éste: una función considerada como obligatoria, recursos públicos y régimen jurídico especial. El segundo aspecto fluye de su relación con las otras empresas que compiten con ella en el mercado.
Ello explica que el régimen jurídico sea público en cuanto se refiere al conjunto de normas relativas a la creación, organización y estructura del ente, pero que sea de derecho común al regular la actividad que desarrollan.
Hay doctrina moderna abundante en este sentido.
En virtud de esta doble naturaleza de las empresas públicas, ellas están sujetas a un estatuto de derecho público y a un estatuto de derecho privado.
De acuerdo al primero, se rigen por el principio de legalidad, es decir, no pueden actuar sin atribuciones legales, expresas y previas, de modo que su accionar no puede contradecir el ordenamiento jurídico.
Como entes regidos por el derecho privado, en cambio, se sujetan a la preceptiva común aplicable a los particulares. Estas normas se articulan bajo un concepto contrapuesto al anterior, pues se rigen por el principio de la autonomía de la voluntad, conforme al cual pueden realizar todo aquello que la ley no prohíbe de manera expresa. Asimismo, se rigen por el principio de igualdad jurídica. Ello también se contrasta con el aspecto público de las empresas, que tienen privilegios y potestades propias de los órganos que integran el aparato institucional de la Administración.
En la actividad empresarial del Estado, entonces, si bien hay siempre un aspecto regido por el derecho común, hay también envuelto otro que no puede sustraerse del derecho público.
La precisión es importante, porque cuando el artículo 19, número 21º establece que sólo por ley de quórum calificado se puede sustraer a la actividad empresarial del Estado de la legislación común, se está refiriendo al aspecto propiamente empresarial, que es regido por esta legislación, pues la otra, que podríamos llamar "pública", está siempre sustraída a este tipo de legislación.
Sin embargo, la utilización sistemática del derecho privado por la Administración tiene un límite dado por su carácter de organización política. En este sentido, la utilización del derecho privado no libera a la Administración de la aplicación del derecho público, pues, como siempre ocurre en los casos en que se aplica el derecho privado a la actividad pública, hay un fondo o núcleo constante e irreductible de carácter público.
En otras palabras, las instituciones que se han creado o que funcionan de acuerdo con el derecho privado, se encuentran sometidas al derecho público en cuanto dependen en definitiva de otra institución inequívocamente pública, en todo aquello que se refiere al ámbito interno de las relaciones que unen a dichos entes con la Administración. Externamente, estos entes se rigen, en sus relaciones con terceros, por un régimen de derecho privado; pero internamente, en sus relaciones con la Administración, caen de lleno en el campo del derecho público.
En definitiva, entonces, el aspecto público de la actividad empresarial del Estado está centrado en todos aquellos ámbitos y actividades ajenas a lo empresarial. Ello no constituye una excepción al sometimiento a la legislación común que ordena la Constitución, toda vez que no guarda relación con la actividad empresarial desarrollada, sino con la naturaleza pública de uno de los gestores de ésta y su relación al interior de la Administración.
La empresa pública en cuanto a organización presenta rasgos comunes con la empresa privada: sustantivación patrimonial, personal propio, identificación de fines económicos, sometimientos "ad extra" al ordenamiento jurídico privado. Es evidente que si la expresión "empresa pública" tiene algún sentido, le vendrá dado por la identificación de las modalidades organizatorias y operativas propias de la estructura y el tránsito empresarial. La empresa pública, pues, no se rige en sus relaciones con terceros por el ordenamiento jurídico público, sino que anuda sus vinculaciones a través de mecanismos contractuales que incorporan voluntariamente a las partes. El dato significativo de las empresas públicas es la mediatización pública directa de su sistema de toma de decisiones y, en suma, el control.
Así, entonces, la Administración, en cuanto a manejo de los fondos públicos, debe atenerse a los presupuestos en cada caso aprobados. No puede, en definitiva, gastar sino cuando existe crédito bastante en el Presupuesto. Todo esto supone que, antes de llegar al contrato y a su contenido, por muy privado que éste sea, hay que pasar por una fase preparatoria que se traduce en una pluralidad de actos de inequívoco carácter público. Todos estos actos preparatorios son, pues, perfectamente separables del contrato mismo que se perfecciona después de ellos y, por supuesto, de su contenido. Así, en todos los casos de utilización por la Administración del derecho privado, siempre existe un núcleo de carácter público que puede y debe separarse, para sumar correcto tratamiento, del bloque del acto del negocio privado en que aparece mezclado.
Por mucho que el artículo 19 Nº 21º de la Constitución quiera equiparar la actividad empresarial del Estado o de sus organismos con la de los particulares, esta identificación nunca podrá ser absoluta, pues mientras el particular trabaja con dineros privados, el Estado y sus organismos lo hacen con recursos públicos.
Al abordar la norma constitucional contenida en el artículo 19, Nº 21º, inciso segundo, existe la obligación hermenéutica de hacerlo en el sentido integral que tiene un texto como la Constitución Política de la República. Ello implica que debe compatibilizarse la norma referida, necesariamente, con aquellas otras que disponen obligaciones sobre los entes públicos en materia de administración financiera.
5. El control público
Si la empresa pública tiene este doble carácter, privado en su actividad y público en lo relativo a su organización, es lógica y consecuente la existencia de un control concurrente a estas dos actividades.
Si sólo se dejara a las empresas del Estado sometidas al control de las superintendencias -como se ha pretendido y se pretende-, abarcaríamos uno de los aspectos de la actividad empresarial. Sin embargo, esta doble naturaleza exige la concurrencia de control público como elemento indispensable de su existencia. Todo aquello, sin considerar que tal intención se apartaría por completo de los principios del sistema nacional de control administrativo, hoy universalmente aceptados como esenciales.
III. LA EFICACIA COMO ARGUMENTO DIVINO
Sobre la base de una búsqueda de eficacia (palabra mágica) se abandonan formas que han presidido siempre la actuación de nuestra Administración Pública, se busca la asimilación a la empresa privada, se laboraliza la función pública, se abandonan los procedimientos públicos de contratación y se dispone del patrimonio del Estado como si éste fuera propiedad de los gobernantes. De modo especial se ha postulado dicho acercamiento a la empresa pública en todos sus aspectos: objetivos, estatus jurídico, régimen de personal, autonomía empresarial, régimen patrimonial y financiero. Se quiere con ello -según se nos dice- "despolitizar" la empresa, convertirla en una de verdad, lo que exige la "privatización" de su régimen jurídico.
Todo esto se dice y se expresa como si la eficacia fuera un privilegio de la actividad empresarial privada. Lo dramático de esto es que ello forma parte de un fenómeno más general, que podríamos llamar de consideración "empresarial" del Estado, que lleva a una privatización general de éste. La verdad es que esto no es nada nuevo. Siempre ha habido la tendencia a escapar a los controles que impone el derecho público, como fueron de antiguo las instituciones semifiscales. La novedad del fenómeno hoy -y lo digo sin eufemismos- es una pretendida generalización de esta "huida" desbandada, descontrolada y a veces fraudulenta, con la deslegalización que ello supone de la vida del Estado.
Si quisiéramos hacer un balance de lo que esto ha significado, en particular, las enseñanzas de los 70 y 80 en nuestro país, sobre los efectos que produjo esa privatización de la gestión pública y de las empresas del Estado, se comprobaría que lo de la "eficacia" era, consciente o inconscientemente, una mera excusa. La razón última de por qué la actuación pública prefiere el régimen jurídico privado es ésta: porque así consigue una vía libre de todo control (o casi todo): a la empresa pública, en forma jurídica; a la privada no le son aplicables los controles de tipo público.
Esta "huida", insistimos en ello, no es al derecho privado, sino una mera escapada del derecho que permite la afirmación de los intereses personales y/o de partido, al eliminar los controles que defienden los intereses de los representados.
Señor Presidente , en conclusión, la política hasta aquí seguida, de cambio de legislación y de "huida" de lo público a lo privado, nos parece en plenitud deplorable.
Primero, ¿cuándo empezó? Y cabe formularnos esta pregunta. Esto no comenzó en el Gobierno del señor Frei , como se dijo hace poco, como consecuencia de algunos problemas o avatares derivados de las indemnizaciones. Tampoco en el período del régimen autoritario. Muy poco después de la reforma constitucional de 1943, en plenas administraciones radicales -tengo la objetividad y la honestidad de reconocerlo- se inició esta "huida". Reitero: fue después de la reforma constitucional del año 1943, la cual, entre otras, persiguió dos finalidades de interés público evidente e indiscutible. Una era, como los señores Senadores recordarán, la restricción de la iniciativa parlamentaria en materia de gasto público. Como consecuencia de dicha reforma constitucional, se dispuso -norma que hasta el día de hoy subsiste en la actual Constitución, en términos generales- que sólo por ley de iniciativa del Presidente de la República se podrán crear cargos en la Administración Pública, en las empresas del Estado o en otras instituciones estatales. Y se agregó, también, que sólo por ley de iniciativa del Primer Mandatario se podrían conceder aumentos de remuneraciones y jubilaciones al personal de las instituciones de la Administración Pública, de las empresas estatales y de las instituciones semifiscales y autónomas.
Es decir, con el evidente, sano y patriótico propósito de restringir la iniciativa parlamentaria, se dispuso que todas esas leyes que creaban gastos públicos de tal naturaleza, que algunos críticos de la época llamaban sencillamente "ganzúas", o el déficit creado al amparo de la actividad que a la sazón el Congreso tenía, había que limitarlas. Y los parlamentarios hicieron honor a su comprensión del interés público resolviendo aprobar una ley de esa índole.
La segunda finalidad de la reforma del año 1943 fue -paralela a la anterior, una consecuencia de la anterior- elevar a la Contraloría a rango constitucional, y disponer que un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República fiscalizaría, entre otras materias, precisamente todo tipo de gastos en que podía incurrir el Estado y que se entregaban a las instituciones indicadas.
¿Cuál fue el camino seguido para comenzar esta "huida"?
Poco tiempo después se inició la privatización de empresas públicas, sin modificar la Carta Fundamental: aplicando simplemente normas del Código del Trabajo a los empleados de algunas de esas entidades autónomas, y declarando, ya en esa época, el establecimiento de las primeras sociedades anónimas, como terminología que se utilizaba respecto de algunas de esas instituciones. Recuerdo, por ejemplo, que se declaró sociedad anónima a la antigua Caja de Crédito Agrario, al Instituto de Economía Agrícola, posteriormente a la ENDESA, y así se continuó.
¿Cuáles fueron las consecuencias de la aplicación del Código del Trabajo para los empleados de esas entidades? El resultado, paulatino pero gradual, fue que éstos empezaron a ver aumentadas sus remuneraciones a un nivel por completo desmedido con relación al de los funcionarios públicos del sector.
Ése fue uno de los efectos de tales disposiciones. Pero también hubo otros. Por el lado contrario, los empleados veían sacrificadas su carrera y su estabilidad laboral. Sin embargo, como contrapartida, se les empezó a otorgar y a reconocer indemnizaciones, las cuales estaban primigeniamente reconocidas en el Código del Trabajo. No obstante, como se habían salido de las normas estatutarias rigurosamente controladas, ellas eran pactadas por los órganos directivos de esas entidades con las respectivas corporaciones de tipo social o sindical formadas al margen de la ley por los respectivos funcionarios, por cuanto se debe recordar que la sindicación no estaba permitida dentro de los órganos del Estado.
Así comenzó el proceso. Y de esa manera se dio inició a un avance paulatino de quebrantamiento de normas que regulaban un conjunto de disposiciones sobre ética, restricción de gastos y control de los mismos, ejercitadas rigurosamente por la Contraloría General de la República de la época, lo que se fue perdiendo de manera gradual.
¿Qué ocurrió después? En octubre del año pasado -esto se recordó y discutió ampliamente tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados-, se descubrieron pagos de indemnizaciones que traspasaban todo límite, y que, si bien desde el punto de vista formal podía estimarse que se subordinaban a las disposiciones del Código del Trabajo, no se sometían ni a la ética ni a la comparación que necesariamente debía realizarse entre distintos grupos del sector estatal.
Tal situación provocó un escándalo que, inclusive, hizo necesaria la formación de una comisión en la Honorable Cámara de Diputados. Pero, en pocas palabras, el asunto todavía se encuentra pendiente. En definitiva, esos pagos, que se estimaron insólitos, quedaron simplemente como una confrontación con la realidad ética que se persigue y se ha perseguido invariablemente en la Administración.
Pero después, señor Presidente , volvió a surgir otro comentario, rayano también en el escándalo, con motivo de la publicación de los dos libros a los cuales me referí (el de la señora Mönckeberg y el del señor Huneeus ), que en lo fundamental denuncian lo que se ha llamado el proceso del saqueo de fondos públicos en empresas del Estado como consecuencia de su privatización.
El asunto, evidentemente, está "sub lite", y las conclusiones dependerán de la forma como se aborde. Porque no vacilo en pensar que deberá discutirse una materia de esa índole, pues a lo menos se deduce -de las afirmaciones y documentos que acompañan las referidas obras- que el proceso generalizado de privatización de las empresas, efectuado durante el último período del Régimen autoritario, justamente incidió, en cuanto a la iniciativa, en muchos de los personeros que después aparecieron beneficiándose con el resultado de esa misma privatización cuando los capitales pasaron al área privada. Y, deplorablemente, las cantidades de dinero que ahí aparecen en juego son enormes. Parecería como que la finalidad real perseguida con la privatización que se pretendió hacer no se habría obtenido. En todo caso, queda en claro que la institución de alguna manera habría servido de fundamento para enriquecimientos que evidentemente quedan al margen de lo que se pretendió con este tipo de medidas, las cuales, lamentablemente, se trata de implantar y generalizar en nuestro régimen.
Así las cosas, nos hemos visto sorprendidos por el anuncio mediante el cual el Supremo Gobierno declara que, dentro de los procesos de modernización de la Administración Pública, se habría tomado la determinación de transformar en sociedades anónimas las empresas que quedan en poder del Estado, y aún más: se manifestó que se convertirían en sociedades anónimas abiertas.
De llegar a materializarse una medida de tal índole, naturalmente que no estamos distantes de pensar que, dependiendo de cuándo ella se adopte -este año o el próximo-, será ya mucho más fácil todavía privatizar las empresas que aún quedan en poder del Estado por la vía de la simple venta de acciones.
Sólo deseo, señor Presidente , terminar mi intervención formulándome algunas preguntas, e invitando a mis distinguidos colegas a realizar lo propio.
En primer lugar, ¿es acaso la privatización un sinónimo de modernización? Lo digo, porque el fundamento para privatizar a menudo incide en el anuncio o en el deseo de modernizar. Y me permito recordar que muchos de los distinguidos Senadores que me acompañan en esta reunión fueron testigos de que, en el pasado, la palabra modernización no se utilizaba en la Administración Pública, sino que era reemplazada por otras expresiones de tanta relevancia como aquélla: se hablaba de reorganización o racionalización del Estado.
Me cupo el honor de ser Presidente de una comisión de racionalización del Estado nombrada por el Presidente señor Frei Montalva cuando asumió su mandato. Y debo expresar que fue gratísimo y honroso trabajar allí con un destacado grupo de jóvenes personalidades que el Gobierno había designado en la función pública, entre las cuales un distinguido miembro de ella era, precisamente, el señor Presidente de nuestra Corporación.
Dicho organismo desarrolló una función racionalizadora. Recuerdo, por ejemplo, que desde esa época, después de un estudio pormenorizado realizado por esa comisión, se estableció en la Administración Pública -por segunda vez en Chile, pero ahora exitosamente- la jornada única. También se instauró -como consecuencia del trabajo de ese organismo- la dictación de los decretos firmados "por orden del Presidente de la República ", a fin de agilizar la gestión en las entidades estatales, medida que continúa rigiendo hasta el día de hoy.
Además, se suprimió gran cantidad de feriados que existían en nuestro país. Tal determinación se mantuvo durante muchos años, pero posteriormente fue modificada por el Gobierno autoritario que restableció como feriados una serie de fechas que esa comisión había declarado que debían ser días laborales.
He señalado, a modo de ejemplo, algunos casos que positivamente se materializaron en la realidad, como muchos otros que contribuyeron a agilizar los procedimientos de la Administración Pública.
Por lo tanto, el expresar que vamos a modernizar la Administración porque está obsoleta no es más que una frase carente de contenido esencial, porque antaño existieron varias comisiones de racionalización de la gestión pública, y, en general, ellas se ajustaron a la realidad de hacerla coincidir con los nuevos tiempos que se van viviendo. De manera, pues, que eso de privatizar como sentido de modernidad no nos parece más que una frase.
Como también nos parece algo sin contenido el que se diga que lo privado es sinónimo de la probidad y de la ética. Siempre, señores Senadores, hemos sostenido que la ética es propia de los campos público y privado. No concebimos que un país tenga condiciones de austeridad en el primero si se carece de ellas en el segundo. Muchos de los actos que significan las vulgarmente denominadas "coimas" en la Administración del Estado chileno son consecuencia no sólo del empleado que las percibe, sino también del privado que las paga.
La verdad es que si no se logra una conciencia colectiva en el caso de la austeridad y la ética -y el país cuenta con posibilidades ciertas de conservar esa conciencia colectiva-, ambas no se conseguirán, naturalmente, por decreto.
Pero, precisamente cuando se agudizan los controles, ha menester recordar que Chile, desde los inicios de su vida independiente, dispuso de un sistema de control eminentemente eficiente, debiendo recordarse al respecto los nombres de Portales, de Freire, de O'Higgins, así como el de otras personalidades distinguidas del pasado que ya en su época fueron capaces de establecer determinado tipo de exigencias, las cuales permitieron que el país viviese durante todo el siglo XVIII y hasta el XIX, en el transcurso del proceso de su formación, dentro de un régimen de austeridad. Ese sistema culminó muchos años después con la transformación de los organismos de fiscalización, que Chile fue el único país que hizo nacer desde el inicio de su vida independiente, en lo que hoy es la Contraloría General de la República.
¡Qué malo resulta, entonces, pretender agilizar lo que se denomina "empresas", ese rubro importante de la función estatal, sobre la base de restringir los controles! A ello conduce, evidentemente, su transformación en sociedades anónimas. Porque automáticamente se pasa a decir que quedarán sometidas a la fiscalización de la respectiva superintendencia, y se olvida que en ese tipo de entidades, como he intentado probarlo al hablar en general de ello, resulta muy difícil desglosar, desde el punto de vista del control, a un organismo público como la Contraloría General de la República. Y, por desgracia, es lo que está pasando hasta el día de hoy.
¡Cómo no habrá de lamentarse que se encuentre pendiente desde hace más de diez años el estudio sobre la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría! Hasta el día de hoy ello no se ha materializado en un cuerpo legal y el proyecto respectivo ni siquiera ha sido sometido a la consideración del Congreso.
La verdad es, pues, que toda la situación nos parece extremadamente peligrosa y grave. Sobre la base de calificaciones, se están perdiendo conceptos que fueron propios de las empresas estatales y que ya no rigen para ellas, sino, paradójicamente, para las privadas. Hoy se acostumbra a hacer referencia a que los empresarios privados organizan la "planificación" de sus empresas. Sin embargo, ese término se desterró en las empresas del Estado y en el campo público, en general, sobre la base de que representaba una especie de simbología de tipo marxista que no tenía por qué regir para la Administración Pública.
Termino expresando, por lo tanto, nuestra profunda preocupación por todo aquello que, bajo el pretexto de cuestiones puramente formales, que no dicen relación al fondo del proceso de modernización o necesaria racionalización de la Administración estatal, puede conducir, en última instancia, a la gravísima consecuencia que significaría la privatización de las empresas que quedan en poder del Estado. Con ello, nada bueno se ha de obtener, y sí surgirán el peligro y la inquietud consiguiente de nuevos actos que haya que reprochar mañana, junto con deplorar su consagración.
Solicito que la intervención del Honorable señor Silva sea enviada por oficio, en su nombre y en el mío, al señor Ministro Secretario General de la Presidencia , como encargado de conducir el proceso de modernización del Estado.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, conforme al Reglamento, en nombre de los Honorables señores Silva, Parra y Viera-Gallo.
Los Comités Mixto y Demócrata Cristiano no intervendrán.
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente e Independientes, tiene la palabra el Senador señor Stange.
Señor Presidente , en toda la Región de los Lagos y en gran parte del país existe cierta inquietud y no poca discusión por la gran extensión de terrenos que el señor Douglas Tompkins, súbdito estadounidense, considera de su propiedad en la provincia de Palena y que cortan el territorio nacional, literalmente, de mar a cordillera, con no menos de 32 kilómetros de límite con Argentina, donde, a la vez, posee una vasta superficie.
En especial, la preocupación se basa en la falta de información al respecto y en la poca reacción del Gobierno ante las peticiones de antecedentes formuladas por distintos organismos, por parlamentarios y por particulares sobre la finalidad que se dará a las más de 400 mil hectáreas que, a cualquier título y en no más de nueve años, posee el señor Tompkins en forma personal y en representación de instituciones de su país.
Por oficio del Senado Nº 12.436, de 17 de junio de 1998, quien habla solicitó que el señor Ministro Secretario General de la Presidencia respondiera a distintos puntos que figuran en un acta de acuerdo firmada por el Gobierno de Chile, a través del Ministro Secretario General de la Presidencia de entonces, y los señores Pedro Pablo Gutiérrez , actuando en representación de Bosque Pumalín Foundation, y Douglas Tompkins, documento que iba a caducar el 7 de julio de ese año.
Con fecha 4 de diciembre de 1998, por oficio del Senado Nº 13.207, se solicitó al señor Ministro Secretario General de la Presidencia una respuesta al oficio anterior, en atención a que el señor Tompkins continuaba adquiriendo terrenos en la región de Palena y en sectores de la comuna de Cochamó, provincia de Llanquihue. Tampoco se ha recibido contestación.
El 12 de marzo de 1999 y por oficio del Senado Nº 13.916, se reiteraron los oficios anteriores, pero tampoco se ha obtenido resultado.
Igualmente, no han sido respondidos el oficio Nº 14.670, de 20 de julio de 1999, y el Nº 15.291, de 21 de diciembre de 1999, dirigidos ambos al mismo Secretario de Estado.
Idéntica situación se registra hasta ahora con el oficio Nº 1.729, enviado con fecha 3 de mayo del año en curso por el Jefe de la Oficina de Informaciones de esta Corporación, señor Manuel José Guzmán Izquierdo , al señor Subsecretario General de la Presidencia , señor Eduardo Dockendorff Vallejos .
En el acta de acuerdo inicial, de 7 de julio de 1997, y cuya vigencia fue de un año, se puntualizaban obligaciones tanto para Bosque Pumalín Foundation como para el Gobierno de Chile. Debido a que no se ha dado respuesta a los oficios mencionados, el Senador que habla ignora si se está dando cumplimiento a esos acuerdos.
En todo caso, el señor Tompkins continúa comprando terrenos en la región y actualmente abarca más de 400 mil hectáreas, con 32 kilómetros de límite fronterizo al norte de Chaitén, y alcanza hasta el mar. A través de ese territorio cruza la Carretera Austral, pero el propietario no permite caminos laterales.
Existe inquietud en la zona, por cuanto, a raíz de haberse saneado títulos conforme a las bases de acuerdo, ese ciudadano estadounidense se encuentra comprando legalmente tierras con documentación al día. Y es extraño que haya ofrecido cooperar en la tramitación de los títulos de propiedad de los colonos, de acuerdo con el acta. ¿Qué respuesta tiene sobre el particular el Ministerio de Bienes Nacionales? Uno de sus ex funcionarios en la región es ahora asesor o consultor de Parque Pumalín.
Conforme al punto uno de las bases de acuerdo, es legítimo preguntar al Ministerio de Bienes Nacionales ¿por qué en numerosas ocasiones se produjeron disputas sobre la propiedad de terrenos que eran ocupados durante generaciones por colonos al ser impugnados después por Bosque Pumalín Foundation ? ¿Se resguardaron debidamente los intereses de los antiguos pobladores o sólo se llegó a los tribunales de justicia en las acciones de reclamación?.
Al respecto, solicito al señor Secretario General de la Presidencia y a los Ministerios correspondientes que informen cuántos pobladores vivían en los terrenos que ahora son de propiedad del señor Tompkins y que al venderse fueron obligados a abandonarlos.
Es de suma importancia aclarar si se ha dado cumplimiento por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores al inciso final del punto 2 del Acta de Acuerdo, mediante el cual se determina taxativamente que "...la adquisición de predios ubicados a 5 o menos kilómetros de la línea fronteriza, deberá contar con el Visto Bueno previo de la Dirección de Fronteras y Límites...".
Asimismo, interesa saber en qué condiciones el Ministerio de Bienes Nacionales otorgó usufructo al señor Tompkins sobre sectores cordilleranos, por cuanto al parecer los terrenos adquiridos a pobladores están ubicados sólo en partes bajas. Es digno de mencionar que seis años atrás Carabineros proyectó, y después implementó, un retén a la orilla sur del río Vodudahue para atender a los numerosos pobladores del sector. Actualmente sólo quedan cinco familias en su jurisdicción. Lo mismo sucede con una escuela pública construida en las cercanías, que atiende a numerosos alumnos, que son hijos de los pobladores. En este momento, se estudia la posibilidad de clausurar dicho recinto educacional por falta de estudiantes.
El señor Tompkins manifiesta que, una vez que el Gobierno lo autorice, entregará la administración del Parque Pumalín a un directorio que estaría integrado por cuatro ciudadanos norteamericanos y tres chilenos. Por el momento, este compromiso no ha sido cumplido por Chile.
Sin embargo, esa persona está promoviendo a nivel internacional y nacional "paquetes" de turismo hacia sus propiedades.
En tal virtud, solicito información acerca de cuántas contribuciones, derechos o impuestos paga el señor Tompkins por esas propiedades y por las actividades que realiza.
Es innegable la provechosa propaganda que se hace del Parque Pumalín con hermosas exhibiciones del maravilloso paisaje de esa región. Tengo que reconocer que el actual propietario ha demostrado especial preocupación por mantener lo más natural posible la ecología y el medio ambiente.
Debe de ser cuantiosa la cantidad de dinero que el mencionado ciudadano norteamericano está invirtiendo en el país, pues ha adquirido propiedades en Puerto Montt, Fresia , Puerto Varas, en la Undécima y Duodécima Regiones, etcétera. Quizá, sería necesario recabar información sobre la procedencia de tales fondos.
La inquietud que estoy representando se refiere a las "imprecisas" versiones e informaciones que esporádicamente se reciben, pues es poco común que un particular pueda ser dueño de más de 400 mil hectáreas, las que en 90 por ciento están constituidas por montañas y, por lo tanto, no son terrenos productivos. El verdadero temor es que el parque, con su nueva categoría de "Santuario", limite significativamente el desarrollo social y económico de la zona, por cuanto para toda intervención -sea vial, energética o de cualquiera otra índole-, se deberá contar, además de la anuencia del dueño de la propiedad, con el asentimiento del Consejo de Monumentos Nacionales, aparte de todos los otros antecedentes que es necesario reunir y que son de ordinaria exigencia.
Es imprescindible que el Gobierno adopte pronto una política definida al respecto, para prevenir aspectos de seguridad nacional y a la vez buscar una fórmula legal, a fin de impedir que un solo particular, especialmente extranjero, pueda poseer tanta cantidad de terreno para destinarla a un proyecto de parque.
También es de urgencia que el Gobierno adopte medidas administrativas que, complementando la Ley Austral, otorguen facilidades o beneficios a los colonos de esa apartada región, para evitar precisamente su éxodo.
Por todo lo anterior, y con profunda inquietud, solicito al señor Presidente del Senado que se oficie, en mi nombre, al señor Ministro Secretario General de Gobierno , don Claudio Huepe , para que dé respuesta a los oficios ya mencionados y disponer así de información fidedigna que permita resguardar los intereses del Estado y, especialmente, de los escasos colonos que por generaciones aún viven en el sector.
En el mismo sentido, pido que se recabe información directa a los Ministerios de Bienes Nacionales, al de Relaciones Exteriores y al de Justicia, y al Servicio de Impuestos Internos.
Finalmente, solicito remitir estos antecedentes a la señora Ministra de Educación , doña Mariana Aylwin , por cuanto ella es la autoridad que deberá firmar también la resolución sobre el Parque Pumalín, adjuntándole fotocopia de las Bases del Acuerdo firmado el 7 de julio de 1997.
Señor Senador, junto con remitir esos oficios, la Mesa incluirá los anteriores y hará presente al señor Secretario General de Gobierno el incumplimiento de las reiteradas solicitudes que reiteradamente ha formulado el Senado. Si no hay respuesta, se solicitará la ampliación de las normas reglamentarias correspondientes.
Señor Presidente, he estado permanentemente en espera de recibir respuesta, pero ello no ha ocurrido.
Ojalá, ahora se obtenga.
Señor Presidente , se encuentra en vigencia la ley Nº 19.247, de 15 de septiembre de 1993, la que, entre otras materias, establece un beneficio a las donaciones con fines educacionales, creándose exenciones o rebajas con relación al Impuesto de Primera Categoría y a la determinación de la renta líquida imponible.
Las donaciones en cuestión pueden significar una rebaja de hasta la totalidad del monto de la donación respecto de los tributos que afectan a las rentas de quienes practiquen esa liberalidad.
En mi calidad de Senador de la Décima Región de Los Lagos , algunas entidades y personas jurídicas me han representado su interés de realizar donaciones para financiar o mejorar la salud primaria, construir centros médicos o postas en zonas rurales y para que corporaciones de beneficencia ejecuten esas tareas. De más está decir que estas últimas cuentan con la participación desinteresada de contadas personalidades, aparte de la experiencia desarrollada en el campo de las enseñanzas básica, media y técnica especializada.
Una vía expedita para lograr las finalidades expresadas sería ampliar el ámbito de aplicación de la ley sobre donaciones, de modo de hacerlas efectivas a las que se realicen para complementar la acción destinada a amparar la salud primaria, mediante la construcción e implementación de centros médicos o postas en zonas rurales.
Nuestra Carta Fundamental dispone que una normativa de esa naturaleza corresponde a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República y que debe tener su origen en la Cámara de Diputados.
Por tal razón, solicito por intermedio de esta Alta Corporación que se oficie, en mi nombre, al Presidente de la República , para que envíe un proyecto tendiente a introducir las siguientes modificaciones: en la letra a) del artículo 1º de la citada ley, agregar los conceptos "centros médicos y postas en zonas rurales, que atiendan la salud primaria", como beneficiarios de las donaciones; en la letra d) del mismo precepto, aludir a "Proyecto de Salud" y que las comisiones de confianza pasen a ser letra e). Además, en el artículo 6º, debe contemplarse la expresión "Proyecto de Salud" cuantas veces sea necesario. Lo mismo en el artículo 7º.
Se trata, en general, de introducir las enmiendas o adecuaciones necesarias para la finalidad propuesta.
Finalmente, deseo manifestar que las modificaciones a que se aspira tienen una clara perspectiva social y constituyen una verdadera necesidad para la región que represento, donde -reitero- existen personas y entidades interesadas en canalizar parte de sus tributos en un objetivo primario y básico. La normativa por emplear sería de una institucionalidad reciente, con clara intervención de los representantes regionales de la autoridad, lo que da a ello una fisionomía de eficiencia y corrección.
En los ocho minutos que restan al Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
En primer lugar, deseo referirme muy brevemente a un proyecto y anhelo que en Chile se ha venido desarrollando desde hace algunos años en forma muy seria y consistente: que un astronauta chileno participe en un viaje espacial, posibilidad que podría concretarse en 2002.
En nuestro país existe una organización llamada ASTROCHILE, que cuenta con un astronauta preparado, con la máxima calificación y con grados académicos obtenidos en Estados Unidos, a quien la NASA no sólo ve con buenos ojos, sino que tiene bastante adelantado el proyecto para su concreción.
Me he informado de que el Gobierno chileno incluso ofició en su oportunidad	al entonces Presidente norteamericano señor Clinton , a fin de que se llevara a efecto el plan; sin embargo, debido a problemas de último minuto los documentos no alcanzaron a entregársele a tiempo para su ratificación. Esto corresponde ahora al actual Jefe del Estado , señor George Bush .
Pido oficiar a la Presidencia de la República -que es la que maneja el asunto- y al señor Ministro del Interior, a fin de que se nos hagan llegar los antecedentes del caso y se estudie la forma de materializar ese anhelo.
Señor Presidente , a propósito de privatizaciones, deseo plantear la situación de la Empresa de Servicios Sanitarios de Aysén, EMSSA .
Yo me he opuesto a las privatizaciones de las empresas públicas de la Undécima Región, especialmente de la de transportes TRANSMARCHILAY y de la eléctrica EDELAYSÉN, por considerar que en esa zona el Estado todavía debe desarrollar una larga obra antes de pensar siquiera en privatizar. En el caso de TRANSMARCHILAY, falta implementar muchos transbordadores; en el de EDELAYSÉN -dependiente fundamentalmente de centrales térmicas, lo cual es irónico en una zona de tanto potencial hidroeléctrico-, deben construirse centrales hidroeléctricas y el sistema interconectado regional.
En cuanto a la Empresa de Servicios Sanitarios de Aysén, se encuentran pendientes algunos proyectos de agua potable (aunque la cobertura es cercana al ciento por ciento), particularmente en la línea del manejo de cuencas; una forestación adecuada, de modo de contar con agua en la cantidad y calidad que se requiere; generar obras compatibles, por ejemplo, para proveerse de electricidad con la finalidad de bajar los costos, ya que el agua potable que entrega es una de las más caras de Chile, y construir las plantas de tratamiento correspondientes con el fin de asegurar la producción limpia y la condición de privilegio ecológico de la Región.
Entendemos que la mayor crítica a las empresas estatales -ésa es nuestra experiencia en la Región- se genera más bien por la conformación de los Directorios, ya que sus miembros son de confianza de los Gobiernos de turno, cualesquiera que éstos sean, y no siempre resultan ser las personas más idóneas para dirigir una compañía. Eso da pábulo a ciertos manejos administrativos que podrían ser más eficientes y eficaces.
Justamente para evitar eso no debe caerse en la tentación de las privatizaciones, sobre todo de empresas que todavía no están maduras para ello.
Por las razones expuestas y ante el anuncio de la posible transformación de algunas empresas estatales en sociedades anónimas abiertas, junto con manifestar mi oposición solicito que se oficie sobre la materia al Sistema Administrador de Empresas (SAE), que se halla a cargo del proceso de privatización, expresándole nuestras aprensiones y requiriendo los antecedentes del caso.
Por último, con respecto al caso de don Douglas Tompkins, al que me he referido en ocasiones anteriores y que ha abordado ampliamente esta tarde el Senador señor Stange , cabe señalar que ha habido una evolución en su proyecto.
Originalmente dicho inversionista contemplaba la adquisición de un millón de hectáreas tanto en Chile como en Argentina, para transformarlas en una suerte de parque de la paz, que de hecho existe, por ejemplo, en países de África. Hoy ya no plantea solamente una preservación de la naturaleza, sino un modelo de cómo hacer las cosas bien en ella. Y en sus casi 500 mil hectáreas desarrolla proyectos turísticos; fundos agroecológicos con provisión de frutas, verduras, flores, ganado ovino y bovino, y una de las plantas de miel más grandes del sur. Además, está construyendo caminos, centrales hidroeléctricas, etcétera.
Ante la eventualidad de que ese sector sea declarado santuario de la naturaleza, es imprescindible que previamente las autoridades competentes de Gobierno aseguren la continuidad y posible integración física de la zona austral mediante la reserva de franjas para el camino longitudinal, sin transbordo en todas sus alternativas; caminos transversales; ductos y sistemas de transmisión de energía o comunicaciones.
Es preciso considerar que esta situación se ha producido, fundamentalmente, por la facilidad de compra que implica el abandono en que se hallan el territorio austral y sus pobladores, quienes no tienen integración física ni posibilidades de participar en proyectos productivos del tipo que he señalado; no cuentan con títulos de dominio al día; carecen de capacitación y de una formación acorde para salvar el abismo de casi cincuenta años de falta de integración física con el resto del territorio.
Por los motivos anotados, pido que se oficie a la señora Ministra de Educación , como autoridad competente en lo relativo a la declaración de santuario de la naturaleza, y a los Ministerios Secretaría General de Gobierno y del Interior.
--Se levantó a las 18:26.

References: resolución 
 artículo 2
 artículo 49
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 124
 artículo 133
 artículo 74
 artículo 100
 artículo 74
 artículo 74
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 33
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 127
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 resolución 
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 7