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Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Org�nica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, tras su reforma por Ley Org�nica 2/2009. T�TULO XV.�Oficinas de Extranjer�a y centros de migraciones (Vigente hasta el 02 de Noviembre de 2013).
T�TULO XV Oficinas de Extranjer�a y centros de migraciones
CAP�TULO ILas Oficinas de Extranjer�a
Creaci�n 1. Las Oficinas de Extranjer�a son las unidades que integran los diferentes servicios de la Administraci�n General del Estado competentes en materia de extranjer�a e inmigraci�n en el �mbito provincial, al objeto de garantizar la eficacia y coordinaci�n en la actuaci�n administrativa.
2. La Secretar�a de Estado de Inmigraci�n y Emigraci�n impulsar� la creaci�n, supresi�n y modificaci�n de Oficinas de Extranjer�a, bas�ndose en la especial incidencia de la inmigraci�n en la provincia y previa consulta a los Ministerios del Interior y de Pol�tica Territorial y Administraci�n P�blica.
A partir de dicho impulso, la creaci�n, la supresi�n o la modificaci�n de Oficinas de Extranjer�a se llevar� a cabo mediante Orden del titular del Ministerio de la Presidencia dictada a propuesta de los titulares de los Ministerios del Interior, de Pol�tica Territorial y Administraci�n P�blica y de Trabajo e Inmigraci�n.
3. Las Oficinas de Extranjer�a estar�n ubicadas en la capital de las provincias en las que se constituyan.
Por razones relacionadas con la configuraci�n geogr�fica, administrativa, econ�mica y de poblaci�n de una provincia, el Ministerio de Pol�tica Territorial y Administraci�n P�blica, con acuerdo de las Secretar�as de Estado de Inmigraci�n y Emigraci�n y de Seguridad, podr� excepcionalmente determinar la ubicaci�n de una Oficina de Extranjer�a en una poblaci�n distinta a la capital de la provincia en la que se constituya.
4. Las Oficinas de Extranjer�a podr�n disponer de oficinas delegadas ubicadas en los distritos de la capital y en los municipios de la provincia para facilitar las gestiones administrativas de los interesados. Dichas oficinas delegadas ser�n creadas por resoluci�n del titular de la Delegaci�n o Subdelegaci�n del Gobierno a la que se adscriba la Oficina de Extranjer�a correspondiente.
Los titulares de las Secretar�as de Estado de Seguridad y de Inmigraci�n y Emigraci�n podr�n dictar Instrucciones conjuntas para coordinar las unidades policiales con las correspondientes Oficinas de Extranjer�a.
Dependencia 1. Las Oficinas de Extranjer�a depender�n org�nicamente de la correspondiente Delegaci�n o Subdelegaci�n del Gobierno, se encuadrar�n en las �reas funcionales de Trabajo e Inmigraci�n, y depender�n funcionalmente del Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n, a trav�s de la Secretar�a de Estado de Inmigraci�n y Emigraci�n, y del Ministerio del Interior, ambos en el �mbito de sus respectivas competencias.
2. Las Oficinas de Extranjer�a se regir�n por lo dispuesto en este Reglamento, as� como por su normativa de creaci�n y funcionamiento.
Funciones Las Oficinas de Extranjer�a ejercer�n, en el �mbito provincial, las siguientes funciones, previstas en la normativa vigente en materia de extranjer�a y r�gimen comunitario:
1. La recepci�n de la declaraci�n de entrada. La tramitaci�n de las pr�rrogas de estancia, de la Tarjeta de Identidad de Extranjero, autorizaciones de residencia, autorizaciones de trabajo y exceptuaciones a la obligaci�n de obtener autorizaci�n de trabajo, autorizaciones de regreso, as� como la expedici�n y entrega de aqu�llas.
2. La recepci�n de la solicitud de c�dula de inscripci�n y de t�tulo de viaje para la salida de Espa�a, as� como su expedici�n y entrega.
3. La tramitaci�n de los procedimientos sancionadores por infracciones a la normativa en materia de extranjer�a y en r�gimen comunitario. No obstante, las devoluciones, y los expedientes sancionadores que lleven a la expulsi�n del infractor extranjero, o a su detenci�n e ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros, ser�n ejecutados por las Brigadas y Unidades de Extranjer�a y Documentaci�n de las Comisar�as de Polic�a.
4. La tramitaci�n de los recursos administrativos que procedan.
5. La elevaci�n a los �rganos y autoridades competentes de las oportunas propuestas de resoluci�n relativas a los expedientes a que se ha hecho referencia en los p�rrafos anteriores.
6. La asignaci�n y comunicaci�n del n�mero de identidad de extranjero, por los servicios policiales de las propias Oficinas.
7. La informaci�n, recepci�n y tramitaci�n de la solicitud de protecci�n internacional y de las solicitudes del estatuto de ap�trida.
8. La obtenci�n y elaboraci�n del conjunto de informaci�n estad�stica de car�cter administrativo y demogr�fico sobre la poblaci�n extranjera y en r�gimen comunitario de la provincia.
9. El control del mantenimiento de las condiciones que determinaron la concesi�n de la autorizaci�n.
Organizaci�n funcional de las Oficinas de Extranjer�a 1. El Jefe de la Oficina de Extranjer�a establecer� los criterios de realizaci�n de las funciones referidas en el art�culo anterior, que se ejercer�n bajo la direcci�n, a trav�s del respectivo Director del �rea funcional o Jefe de la Dependencia provincial de Trabajo e Inmigraci�n, de los Delegados y Subdelegados del Gobierno correspondientes, y sin perjuicio de las competencias que en materia de resoluci�n de expedientes correspondan a otros �rganos.
2. Las oficinas delegadas colaborar�n en el desarrollo de las funciones de la correspondiente Oficina de Extranjer�a, en especial, las referidas a la atenci�n al ciudadano, recepci�n de solicitudes y escritos, notificaci�n y entrega de resoluciones y documentos, y podr�n ejercer las competencias que les sean delegadas.
3. Sin perjuicio de la competencia atribuida al Jefe de la Oficina de Extranjer�a en el apartado 1 de este art�culo, corresponder� a los servicios policiales adscritos a ella:
a) La asignaci�n y comunicaci�n del n�mero de identidad de extranjero y la emisi�n de certificados de residente y no residente.
b) La expedici�n y entrega de la documentaci�n correspondiente a la normativa sobre protecci�n internacional y el estatuto de ap�trida.
c) La expedici�n y entrega del t�tulo de viaje o documento an�logo para la salida de Espa�a, as� como de la Tarjeta de Identidad de Extranjero y de los documentos de identificaci�n provisionales.
d) La expedici�n de las etiquetas de visado en las que se materialicen las pr�rrogas de estancias de corta duraci�n.
e) La materializaci�n de la anulaci�n o retirada de los visados de estancia de corta duraci�n.
f) La tramitaci�n de las autorizaciones de regreso.
g) La grabaci�n en el Registro Central de Extranjeros de los cambios y alteraciones de la situaci�n de los extranjeros previstos en el art�culo 214 de este Reglamento.
Personal 1. Los diferentes servicios encargados de la tramitaci�n de los expedientes en materia de extranjer�a se integrar�n en la Oficina de Extranjer�a, que actuar� como un �nico centro de gesti�n, bajo la direcci�n del respectivo Director del �rea funcional o Jefe de la Dependencia provincial de Trabajo e Inmigraci�n.
2. El personal procedente de los servicios a que se hace referencia en el apartado 1 que no est� integrado org�nicamente en las Delegaciones del Gobierno, conforme a lo dispuesto por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, y su normativa de desarrollo, se integrar� en la Delegaci�n del Gobierno o Subdelegaci�n del Gobierno correspondiente.
3. Las Oficinas de Extranjer�a contar�n con una relaci�n de puestos de trabajo y, en su caso, un cat�logo del personal laboral para la respectiva integraci�n del personal procedente de los servicios a que se hace referencia en el apartado 1 y sus correspondientes puestos de trabajo.
4. Las Oficinas de Extranjer�a contar�n con la adscripci�n de personal de la Direcci�n General de la Polic�a y de la Guardia Civil para la realizaci�n de las funciones que �sta tiene asignadas en materia de extranjer�a.
5. El Jefe de la Oficina de Extranjer�a ser� nombrado y cesado por el Delegado del Gobierno, previo informe favorable de la Secretar�a de Estado de Inmigraci�n y Emigraci�n, ya se provea el puesto de forma provisional o definitivamente.
Su nombramiento se realizar� por el sistema de libre designaci�n entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1 o del Subgrupo A2 de la Administraci�n General del Estado, dentro de los l�mites establecidos en el Reglamento general de ingreso del personal al Servicio de la Administraci�n General del Estado y de provisi�n de puestos de trabajo y promoci�n profesional de los funcionarios civiles de la Administraci�n General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
CAP�TULO IILos centros de migraciones
La red p�blica de centros de migraciones 1. Para el cumplimiento de los fines de integraci�n social que tiene encomendados, el Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n dispondr� de una red p�blica de centros de migraciones, que desempe�ar�n tareas de informaci�n, atenci�n, acogida, intervenci�n social, formaci�n, detecci�n de situaciones de trata de seres humanos y, en su caso, derivaci�n, dirigidas a la poblaci�n extranjera. Igualmente podr�n desarrollar o impulsar actuaciones de sensibilizaci�n relacionadas con la inmigraci�n.
2. En particular, la red de centros de migraciones podr� desarrollar programas espec�ficos dirigidos a extranjeros que tengan la condici�n de solicitantes de asilo o del estatuto de ap�trida, refugiados, ap�tridas, beneficiarios de la protecci�n dispensada por el art�culo 37.b) de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, inmigrantes que lleguen a Espa�a de acuerdo con las normas reguladoras de la gesti�n colectiva de contrataciones en origen, as� como a extranjeros que se hallen en situaci�n de vulnerabilidad o riesgo de exclusi�n social. Corresponder� a la Direcci�n General de Integraci�n de los Inmigrantes determinar los programas que vayan a desarrollar por los centros de migraciones, as� como sus destinatarios.
3. La red de centros de migraciones estar� integrada por los centros de acogida a refugiados regulados en la Orden Ministerial de 13 de enero de 1989, los centros de estancia temporal de inmigrantes en Ceuta y Melilla, as� como, en su caso, por los centros de nueva creaci�n. Los centros integrados en la red de centros de migraciones se regir�n por un estatuto com�n, sin perjuicio de la posibilidad de que los distintos centros desarrollen programas destinados a colectivos determinados, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.
R�gimen jur�dico de los centros de migraciones Mediante Orden del titular del Ministerio de la Presidencia, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios de Pol�tica Territorial y Administraci�n P�blica y de Trabajo e Inmigraci�n, instada por el titular de la Secretar�a de Estado de Inmigraci�n y Emigraci�n, se podr�:
a) Acordar el establecimiento de nuevos centros de migraciones, la ampliaci�n de los ya existentes o su clausura.
c) Determinar las prestaciones que se dispensar�n en ellos, as� como el r�gimen jur�dico al que se hallan sujetas.
Ingreso en centros de migraciones 1. Las normas de funcionamiento interno de los centros determinar�n los requisitos y el procedimiento que se deba seguir para el ingreso de un extranjero en un centro de migraciones.
2. Cuando el extranjero carezca de un t�tulo que autorice su permanencia en Espa�a, el ingreso en un centro de migraciones llevar� aparejada la expedici�n de un volante personal e intransferible que le autorice a permanecer en el centro, en el que junto a la fotograf�a del extranjero se har�n constar sus datos de filiaci�n, nacionalidad, n�mero de identidad de extranjero, si lo tuviera asignado, as� como la fecha de caducidad del tiempo en que habitar� en el centro.
3. Esta autorizaci�n de permanencia se entiende sin perjuicio de las ulteriores decisiones que las autoridades competentes adopten en relaci�n con la situaci�n administrativa del extranjero en Espa�a.
Atribuci�n de competencias en materia de informes, resoluciones y sanciones 1. Cuando las competencias en materia de informes, resoluciones y sanciones no est�n expresamente atribuidas a un determinado �rgano en este Reglamento, ser�n ejercidas por los Delegados del Gobierno en las Comunidades Aut�nomas uniprovinciales y por los Subdelegados del Gobierno en las provincias.
Sin perjuicio de lo anterior, la competencia en materia de admisi�n a tr�mite de procedimientos iniciados en el extranjero corresponder� a la Misi�n diplom�tica u Oficina consular espa�ola en el exterior ante la que se presente la correspondiente solicitud de acuerdo con lo establecido en este Reglamento, no obstante la competencia para resolver sobre el fondo del procedimiento est� atribuida a otro �rgano administrativo.
2. Cuando se trate de supuestos en los que se vaya a realizar una actividad laboral en distintas provincias, la competencia para la concesi�n de las autorizaciones para residir y trabajar corresponder� a la autoridad competente de acuerdo con el apartado anterior de la provincia en la que se vaya a iniciar la actividad laboral.
3. No obstante lo anterior, corresponde al titular de la Direcci�n General de Inmigraci�n la competencia para tramitar y resolver sobre las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 67 de este Reglamento, cuando las solicitudes sean presentadas por empresas que, teniendo diversos centros de trabajo en distintas provincias, cuenten con una plantilla superior a 500 trabajadores.
Igualmente, el titular de la Direcci�n General de Inmigraci�n ser� el competente para resolver sobre las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de duraci�n determinada en los supuestos previstos en el art�culo 98.2.a) y b) cuando el n�mero de puestos de trabajo ofertado en su conjunto supere una cifra que se determinar� mediante Orden del titular del Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n.
Asimismo, el titular de la Direcci�n de Inmigraci�n ser� el competente para autorizar la tramitaci�n de autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de duraci�n determinada en los supuestos previstos en el art�culo 98.2.a) y b), cuando la oferta de empleo se encuadre dentro de un proyecto de cooperaci�n al desarrollo financiado con fondos p�blicos.
En los supuestos previstos en este apartado, las solicitudes ser�n presentadas por el empleador, personalmente o a trav�s de quien ejerza v�lidamente la representaci�n empresarial, ante el registro del �rgano competente para su tramitaci�n o ante la Oficina de Extranjer�a correspondiente a la provincia donde se vaya a desarrollar la actividad laboral. En su caso, la Oficina de Extranjer�a dar� traslado inmediato de la solicitud a la Direcci�n General de Inmigraci�n, para su tramitaci�n y resoluci�n.
En estos casos, la Direcci�n General de Inmigraci�n decidir� sobre la concesi�n de las autorizaciones o�da la Comisi�n Laboral Tripartita de Inmigraci�n. En las autorizaciones vinculadas a proyectos de cooperaci�n al desarrollo, el informe favorable de la Comisi�n Laboral Tripartita de Inmigraci�n sustituir� la valoraci�n de si la situaci�n nacional de empleo permite la contrataci�n.
4. Cuando circunstancias de naturaleza econ�mica, social o laboral lo aconsejen y en supuestos no regulados de especial relevancia, a propuesta del titular de la Secretar�a de Estado de Inmigraci�n y Emigraci�n, previo informe del titular de la Secretar�a de Estado de Seguridad y, en su caso, de los titulares de las Subsecretar�as de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n y de Pol�tica Territorial y Administraci�n P�blica, el Consejo de Ministros podr� dictar, previa informaci�n y consulta a la Comisi�n Laboral Tripartita de Inmigraci�n, instrucciones que determinen la concesi�n de autorizaciones de residencia temporal y/o trabajo, que podr�n quedar vinculadas temporal, por ocupaci�n laboral o territorialmente en los t�rminos que se fijen en aqu�llas, o de autorizaciones de estancia. Las instrucciones establecer�n la forma, los requisitos y los plazos para la concesi�n de dichas autorizaciones. Asimismo, el titular de la Secretar�a de Estado de Inmigraci�n y Emigraci�n, previo informe del titular de la Secretar�a de Estado de Seguridad, podr� otorgar autorizaciones individuales de residencia temporal cuando concurran circunstancias excepcionales no previstas en este Reglamento.
5. En el ejercicio de las competencias de coordinaci�n que tiene atribuidas, el titular de la Secretar�a de Estado de Inmigraci�n y Emigraci�n podr� proponer al Consejo de Ministros la aprobaci�n de las instrucciones a las que haya de ajustarse la actuaci�n de los diferentes departamentos ministeriales en cuanto ejerciten funciones relacionadas con los �mbitos de la extranjer�a y la inmigraci�n.
Normativa aplicable a los procedimientos 1. En lo no previsto en materia de procedimientos en este Reglamento se estar� a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en su normativa de desarrollo, particularmente, en lo referido a la necesidad de motivaci�n de las resoluciones denegatorias de las autorizaciones.
2. De conformidad con lo establecido en la disposici�n adicional und�cima de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el procedimiento de visado se regir� por la normativa espec�fica prevista en el art�culo 27 de la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, desarrollada en este Reglamento, en la normativa de la Uni�n Europea y en las dem�s disposiciones que se dicten en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Espa�a, y se aplicar� supletoriamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Lugares de presentaci�n de las solicitudes 1. De conformidad con la disposici�n adicional tercera de la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio espa�ol las solicitudes relativas a las autorizaciones iniciales de residencia y de trabajo deber�n presentarse, presencial o electr�nicamente por el interesado, ante los registros de los �rganos competentes para su tramitaci�n.
2. Cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio extranjero, la presentaci�n de solicitudes de visado y su recogida se realizar� ante la misi�n diplom�tica u oficina consular en cuya demarcaci�n resida, salvo lo dispuesto de conformidad con la disposici�n adicional tercera de la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, en los procedimientos de solicitud de visado descritos en este Reglamento.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n, si media causa que lo justifique, podr� determinar otra misi�n diplom�tica u oficina consular en la que corresponda presentar la solicitud de visado.
3. Las solicitudes de modificaci�n, pr�rroga o renovaci�n de las autorizaciones de residencia y de trabajo se podr�n presentar en cualquier otro registro de conformidad con el art�culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr�nico de los ciudadanos a los servicios p�blicos.
Pr�ctica de la notificaci�n por medios electr�nicos 1. Para la notificaci�n de las resoluciones y comunicaci�n en relaci�n con los procedimientos previstos en este Reglamento, se habilitar� un sistema de notificaci�n electr�nica, que ser� el de notificaci�n mediante comparecencia electr�nica en la sede, en la forma regulada en la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electr�nico de los ciudadanos a los servicios p�blicos y en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, sin perjuicio de que por los �rganos competentes se pueda establecer otro sistema de notificaci�n electr�nica de acuerdo con lo previsto en la letra d) del art�culo 35.2 del referido Real Decreto.
2. Para que la notificaci�n se practique mediante el sistema de comparecencia electr�nica en la sede se requerir� que el interesado haya se�alado dicho medio como preferente o haya consentido su utilizaci�n. No obstante, al amparo de lo dispuesto en el art�culo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en el art�culo 36.4 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, la admisi�n de la notificaci�n mediante comparecencia electr�nica en la sede ser� obligatoria para todos los solicitantes personas jur�dicas y para aquellos colectivos de personas f�sicas que, por raz�n de su capacidad econ�mica o t�cnica, dedicaci�n profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnol�gicos precisos.
3. El sistema de notificaci�n electr�nica permitir� acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposici�n del interesado del acto objeto de notificaci�n, as� como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificaci�n se entender� practicada a todos los efectos legales.
4. Cuando existiendo constancia de la puesta a disposici�n del interesado del acto objeto de notificaci�n, transcurrieran diez d�as naturales sin que se acceda a su contenido, se entender� que la notificaci�n ha sido rechazada, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad t�cnica o material del acceso. El rechazo se har� constar en el expediente, especific�ndose las circunstancias del intento de notificaci�n, y se tendr� por efectuado el tr�mite, continu�ndose el procedimiento, o inici�ndose, en su caso, el plazo para interponer el recurso que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
5. Producir� los efectos propios de la notificaci�n por comparecencia el acceso electr�nico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, siempre que quede constancia de dicho acceso.
6. Los �rganos de la Administraci�n General del Estado competentes para la tramitaci�n de los procedimientos regulados en el presente Reglamento vendr�n obligados a utilizar el sistema de notificaci�n mediante comparecencia electr�nica en la sede una vez que en la Aplicaci�n inform�tica de extranjer�a se realicen las oportunas adaptaciones t�cnicas que lo posibiliten.
Las Comunidades Aut�nomas con competencias ejecutivas en materia de autorizaciones de trabajo podr�n sustituir la notificaci�n mediante comparecencia electr�nica en la sede del �rgano correspondiente de la Administraci�n General del Estado por notificaciones a trav�s de otras formas de practicar la notificaci�n en el marco de lo previsto en el art�culo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, para aquellos ciudadanos que opten por las mismas.
El Tabl�n Edictal de Resoluciones de Extranjer�a 1. Cuando no se hubiese podido practicar la notificaci�n de las resoluciones en los procedimientos regulados en el presente Reglamento, la notificaci�n se har� por medio de anuncio en el Tabl�n Edictal de Resoluciones de Extranjer�a. Transcurrido el periodo de veinte d�as naturales desde que la notificaci�n se hubiese publicado en el Tabl�n Edictal de Resoluciones de Extranjer�a se entender� que �sta ha sido practicada, d�ndose por cumplido dicho tr�mite y continu�ndose con el procedimiento, o inici�ndose, en su caso, el plazo para interponer el recurso que proceda.
2. La pr�ctica de la notificaci�n en el Tabl�n Edictal de Resoluciones de Extranjer�a se efectuar� en los t�rminos que se determinen por Orden del titular del Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n.
3. El funcionamiento, la gesti�n y la publicaci�n en el Tabl�n Edictal de Resoluciones de Extranjer�a se har� con pleno sometimiento a lo dispuesto en la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecci�n de datos de car�cter personal, y conforme a los requisitos exigidos por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr�nico de los ciudadanos a los Servicios P�blicos.
4. Cuando a las Comunidades Aut�nomas se les hayan traspasado competencias en materia de notificaci�n de resoluciones, podr�n efectuar la publicaci�n de las resoluciones cuya notificaci�n les corresponda a trav�s de sus propios Tablones Edictales.
La Administraci�n General del Estado impulsar� el establecimiento de f�rmulas de colaboraci�n para que los distintos tablones existentes interoperen entre s�, permitiendo al ciudadano, a trav�s de un �nico acceso, el conocimiento y la comunicaci�n de cualesquiera notificaciones que sobre �l existan.
V�ase Orden TIN/3126/2011, de 15 de noviembre, por la que se regula el Tabl�n Edictal de Resoluciones de Extranjer�a (�B.O.E.� 18 noviembre).
Aplicaci�n inform�tica para la tramitaci�n de procedimientos 1. Una vez implantada la aplicaci�n com�n de extranjer�a en cumplimiento de lo previsto en la Disposici�n adicional quinta de la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, las referencias realizadas en este Reglamento a la grabaci�n de actuaciones administrativas en la aplicaci�n inform�tica correspondiente se entender�n hechas a aqu�lla cuando el actuante sea un �rgano de la Administraci�n General del Estado competente en materia de extranjer�a.
Igualmente, las menciones sobre intercambios de informaci�n entre �rganos de la Administraci�n General del Estado para la tramitaci�n de las distintas fases de los procedimientos en materia de extranjer�a e inmigraci�n se entender�n hechas a cambios en el �rgano administrativo competente para la continuaci�n de la tramitaci�n del procedimiento y, en consecuencia, para determinar modificaciones en su estado electr�nico.
La aplicaci�n inform�tica com�n garantizar� que los �rganos administrativos competentes en las distintas fases del procedimiento tienen conocimiento en tiempo real del inicio de cualquier fase sobre la que les corresponde actuar, cuando �ste derive de la actuaci�n previa de otro �rgano.
2. Cuando la Misi�n diplom�tica u Oficina consular competente no disponga, por raz�n de su ubicaci�n geogr�fica, de los medios t�cnicos necesarios para la conexi�n en tiempo real a la aplicaci�n inform�tica com�n, se realizar�n volcados de informaci�n entre dichos �rganos y la aplicaci�n, con periodicidad diaria.
3. La administraci�n de la aplicaci�n com�n de extranjer�a depender� del Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n. Su implantaci�n se llevar� a cabo en coordinaci�n y colaboraci�n con el Ministerio de Pol�tica Territorial y Administraci�n P�blica.
Los �rganos competentes de la Administraci�n General del Estado realizar�n las actuaciones tendentes a la adecuada dotaci�n de medios humanos, econ�micos y materiales de las tareas destinadas a su implantaci�n, desarrollo y mantenimiento. Para ello, se establecer�n las partidas presupuestarias que se consideren necesarias.
Por Acuerdo entre la Secretar�a de Estado de Inmigraci�n y Emigraci�n y la Subsecretar�a de Pol�tica Territorial y Administraci�n P�blica, que deber� ser suscrito en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este Reglamento, se fijar� la fecha de puesta en funcionamiento de la aplicaci�n inform�tica com�n.
Gesti�n inform�tica en los procedimientos con intervenci�n de las Comunidades Aut�nomas A los efectos de asegurar la necesaria coordinaci�n de los �rganos competentes de la Administraci�n General del Estado con los de las Comunidades Aut�nomas, la gesti�n electr�nica de los procedimientos de autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena de los extranjeros, se realizar� por dichas Administraciones mediante aplicaciones inform�ticas que respondan a formatos y est�ndares que se determinar�n de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el �mbito de la Administraci�n electr�nica, as� como a condiciones de seguridad de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el �mbito de la Administraci�n electr�nica.
A tales efectos, la gesti�n electr�nica de procedimientos debe permitir:
a) La actualizaci�n en tiempo real de la base de datos de la Administraci�n General del Estado en cada fase de tramitaci�n de los expedientes que supongan la introducci�n y modificaci�n de datos e informes por cada administraci�n competente.
b) El acceso y la consulta de las administraciones competentes, incluidas las Misiones diplom�ticas u Oficinas consulares, del estado de tramitaci�n de los expedientes.Seg�n sus necesidades organizativas y de acuerdo con la legislaci�n vigente en materia de protecci�n de datos de car�cter personal, las Administraciones competentes podr�n establecer diferentes niveles de acceso para la consulta de los datos e informes recogidos en la tramitaci�n electr�nica de los procedimientos.
c) La intercomunicaci�n y el intercambio de datos e informes entre las Administraciones competentes cuando sean necesarios para la tramitaci�n y resoluci�n de los expedientes de autorizaci�n inicial de trabajo por cuenta propia o ajena.Las condiciones y garant�as de las comunicaciones y el intercambio de datos e informes entre la Administraci�n General del Estado y las Comunidades Aut�nomas se fijar�n en un convenio de colaboraci�n.
d) La obtenci�n de datos actualizados para el cumplimiento de las funciones de observaci�n permanente de las magnitudes y caracter�sticas m�s significativas del fen�meno inmigratorio, para analizar su impacto en la sociedad espa�ola y facilitar informaci�n objetiva y contrastada, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 67 de la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, y el Real Decreto 345/2001, de 4 de abril, por el que se regula el Observatorio Permanente de la Inmigraci�n.
e) La notificaci�n electr�nica a los ciudadanos que as� lo hayan solicitado o consentido expresamente, en los t�rminos previstos en este Reglamento, con la excepci�n prevista en el art�culo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, as� como un �nico acceso a los distintos Tablones Edictales de Extranjer�a que le puedan afectar.
Legitimaci�n y representaci�n 1. De conformidad con la disposici�n adicional tercera de la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio espa�ol habr� de presentar personalmente las solicitudes iniciales relativas a las autorizaciones de residencia y de trabajo o a pr�rrogas de estancia. En aquellos procedimientos en los que el sujeto legitimado fuese un empleador, las solicitudes iniciales podr�n ser presentadas por �ste o por quien v�lidamente ejerza la representaci�n legal empresarial.
2. Cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio extranjero, la presentaci�n de solicitudes de visado y su recogida se realizar�n personalmente. Cuando el interesado no resida en la poblaci�n en que tenga su sede la misi�n diplom�tica u oficina consular y se acrediten razones que obstaculicen el desplazamiento, como la lejan�a de la misi�n u oficina, dificultades de transporte que hagan el viaje especialmente gravoso o razones acreditadas de enfermedad o condici�n f�sica que dificulten sensiblemente su movilidad, podr� acordarse que la solicitud de visado pueda presentarse por representante debidamente acreditado.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en los supuestos de presentaci�n de solicitudes y recogida de visado de estancia, tr�nsito y de residencia por reagrupaci�n familiar de menores, ambos tr�mites podr�n realizarse mediante un representante debidamente acreditado.
4. Asimismo, no se requerir� la comparecencia personal en los procedimientos de contrataci�n colectiva de trabajadores, en los supuestos previstos en un convenio o acuerdo internacional; en tal caso, se estar� a lo dispuesto en �l.
5. Se entender� cumplida la obligaci�n de comparecencia personal de una persona f�sica o jur�dica o de una entidad sin personalidad jur�dica, cuando se presenten solicitudes, escritos o documentos autenticados electr�nicamente o, de estar as� previsto, previo cotejo de los que hayan sido aportados, utilizando para ello los sistemas de firma electr�nica incorporados al Documento Nacional de Identidad u otros sistemas de firma electr�nica avanzada admitidos por la Administraci�n General del Estado de acuerdo con los apartados a) y b) del art�culo 13.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y con el art�culo 10 del Real Decreto 1671/2009, de 16 de noviembre.
La admisi�n de los sistemas de firma electr�nica a que se refiere el art�culo 13.2.c) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, deber� aprobarse mediante Orden del titular del Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n.
6. Igualmente, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 23 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se entender� cumplida la obligaci�n de comparecencia personal cuando la presentaci�n electr�nica de documentos se realice de acuerdo con lo establecido mediante Convenios de habilitaci�n para la representaci�n de terceros.
Dichos Convenios establecer�n en todo caso la obligatoriedad de que los profesionales adheridos a ellos se comuniquen con la Administraci�n General del Estado utilizando exclusivamente medios electr�nicos, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
Para el desarrollo de los Convenios previstos en este apartado, la Administraci�n General del Estado podr� establecer que los profesionales adheridos a ellos creen los correspondientes registros electr�nicos de apoderamiento o representaci�n.
7. Las solicitudes de modificaci�n, pr�rroga o renovaci�n de las autorizaciones de residencia y de trabajo o de estancia por estudios, movilidad de alumnos, pr�cticas no laborales o servicios de voluntariado se podr�n presentar personalmente, sin perjuicio de la existencia de f�rmulas de representaci�n voluntaria a trav�s de actos jur�dicos u otorgamientos espec�ficos.
Normas comunes para la resoluci�n de visados 1. La resoluci�n de los visados corresponde a las misiones diplom�ticas y oficinas consulares.
2. En la resoluci�n del visado se atender� al inter�s del Estado y a la aplicaci�n de los compromisos internacionales asumidos por el Reino de Espa�a en la materia. El visado se utilizar� como instrumento orientado al cumplimiento de los fines de la pol�tica exterior del Reino de Espa�a y de otras pol�ticas p�blicas espa�olas o de la Uni�n Europea, en especial la pol�tica de inmigraci�n, la pol�tica econ�mica y la de seguridad nacional, la salud p�blica o las relaciones internacionales de Espa�a.
Procedimiento en materia de visados 1. La Misi�n diplom�tica u Oficina consular receptora de la solicitud de visado devolver� una copia sellada de ella con indicaci�n de la fecha y el lugar de recepci�n o remitir� el acuse de recibo al domicilio fijado a efectos de notificaci�n en el �mbito de la demarcaci�n consular.
2. La Oficina consular y el solicitante, a tenor de las posibilidades t�cnicas existentes en el territorio, pueden convenir, dejando menci�n sucinta de ello en el expediente y en la copia de la solicitud que se devuelve como recibo, el domicilio -que ha de estar en todo caso dentro de la demarcaci�n consular- y el medio para efectuar los requerimientos de subsanaci�n o de aportaci�n de documentos o certificaciones exigidos, as� como para efectuar las citaciones de comparecencia y las notificaciones de resoluci�n.
Las citaciones y requerimientos se realizar�n a trav�s del tel�fono o del telefax de contacto proporcionado por el interesado o su representante legal, y se dejar� constancia fehaciente de su realizaci�n en el expediente de visado.
Si la citaci�n o requerimiento efectuado a trav�s de llamada al tel�fono de contacto convenido hubiera sido desatendido, se cursar�n por escrito las citaciones, requerimientos o notificaciones al domicilio fijado a este efecto en la solicitud, el cual deber� encontrarse situado en el �mbito de la misma demarcaci�n consular.
Sin perjuicio de lo establecido para los supuestos de comparecencia personal y entrevista de los solicitantes de visado, las citaciones o requerimientos cursados deber�n atenderse en un plazo m�ximo de diez d�as.
Agotadas todas las posibilidades de notificaci�n que se prev�n en esta disposici�n adicional sin que aqu�lla se pueda practicar, cualquiera que fuese la causa, la notificaci�n se har� mediante anuncio publicado durante diez d�as en el correspondiente tabl�n de la oficina consular, extremo del que ser� informado el solicitante en el momento de presentar la solicitud de visado.
De resultar desatendidos en su plazo los requerimientos o citaciones, se tendr� al solicitante por desistido, y se le notificar� la resoluci�n por la que se declara el desistimiento por el mismo procedimiento del p�rrafo anterior. La resoluci�n consistir� en la declaraci�n de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicaci�n de los hechos producidos y las normas aplicables.
Un extracto del procedimiento que se contempla en esta disposici�n adicional se recoger� en el impreso de solicitud para conocimiento del interesado.
3. La misi�n diplom�tica u oficina consular ante la que se presente la solicitud de visado, si mediara una causa que lo justifique, adem�s de la documentaci�n que sea preceptiva, podr� requerir los informes que resulten necesarios para resolver dicha solicitud.
4. Durante la sustanciaci�n del tr�mite del visado, la misi�n diplom�tica u oficina consular podr� requerir la comparecencia del solicitante y, cuando se estime necesario, mantener una entrevista personal para comprobar su identidad, la validez de la documentaci�n aportada y la veracidad del motivo de solicitud del visado. La incomparecencia, salvo causa fundada debidamente acreditada ante el �rgano competente, en el plazo fijado, que no podr� exceder de quince d�as, producir� el efecto de considerar al interesado desistido en el procedimiento.
Cuando se determine la celebraci�n de la entrevista dentro de procedimientos regulados en el t�tulo IV de este Reglamento, en ella deber�n estar presentes, al menos, dos representantes de la Administraci�n espa�ola, adem�s del int�rprete, en caso necesario, y deber� quedar constancia de su contenido mediante un acta firmada por los presentes, de la que se entregar� copia al interesado.
Si los representantes de la Administraci�n llegaran al convencimiento de que no se acredita indubitadamente la identidad de las personas, la validez de los documentos, o la veracidad de los motivos alegados para solicitar el visado, se denegar� su concesi�n. En caso de haberse celebrado una entrevista, se remitir� una copia del acta al �rgano administrativo que, en su caso, hubiera otorgado inicialmente la autorizaci�n.
5. Si el solicitante, en el momento de resolver, no figura en la lista de personas no admisibles, la misi�n diplom�tica u oficina consular valorar� la documentaci�n e informes incorporados al efecto junto, en su caso, con la autorizaci�n o autorizaciones concedidas, y resolver� la solicitud del visado.
Notificada la concesi�n del visado, el solicitante deber� recogerlo en el plazo de un mes desde la notificaci�n salvo en los procedimientos en que expresamente se determine otro plazo por este Reglamento. En caso de no hacerlo as�, se entender� que el interesado ha renunciado al visado concedido y se producir� el archivo del procedimiento.
6. La resoluci�n denegatoria de un visado se notificar� al solicitante de forma que le garantice la informaci�n sobre su contenido las normas que en Derecho la fundamenten, el recurso que contra ella proceda, el �rgano ante el que hubiera de presentarse y el plazo para interponerlo.
7. La denegaci�n de un visado de residencia para reagrupaci�n familiar o de residencia y trabajo por cuenta ajena, as� como en el caso de visados de estancia o de tr�nsito, deber� ser motivada, e informar� al interesado de los hechos y circunstancias constatadas y, en su caso, de los testimonios recibidos y de los documentos e informes, preceptivos o no, incorporados, que, conforme a las normas aplicables, hayan conducido a la resoluci�n denegatoria.
8. Sin perjuicio de la eficacia de la resoluci�n denegatoria, y con independencia de que el interesado haya o no presentado recurso contra ella, el extranjero conocedor de una prohibici�n de entrada por su inclusi�n en la lista de personas no admisibles podr� encauzar a trav�s de la oficina consular una solicitud escrita dirigida al titular de la Secretar�a de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior si quisiera ejercer su derecho de acceso a sus datos o a solicitar su rectificaci�n o supresi�n de los mismos en el sistema de informaci�n de Schengen.
9. Las misiones diplom�ticas u oficinas consulares, en el plazo m�ximo de quince d�as desde su expedici�n, deber�n comunicar a la Direcci�n General de Inmigraci�n, a trav�s de los �rganos centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n, las resoluciones sobre visados que hubiesen realizado, salvo los de tr�nsito y estancia de corta duraci�n.
10. El contenido de esta disposici�n adicional se entender� sin perjuicio de lo establecido por el Derecho de la Uni�n Europea en materia de visados de tr�nsito aeroportuario, visados uniformes o visados de validez territorial limitada.
Exigencia, normativa y convenios en materia sanitaria 1. Lo establecido en este Reglamento no excluye la vigencia y cumplimiento de lo dispuesto en los reglamentos y acuerdos sanitarios internacionales, as� como en los art�culos 38 y 39 y en la disposici�n final octava de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en el Real Decreto 1418/1986, de 13 de junio, sobre funciones del Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad en materia de sanidad exterior, y en las dem�s disposiciones dictadas para su aplicaci�n y desarrollo.
2. La Administraci�n General del Estado, a los efectos de la realizaci�n de cuantas actuaciones y pruebas sanitarias pudieran derivarse de la aplicaci�n de este Reglamento, suscribir�, a trav�s de los departamentos ministeriales en cada caso competentes, los oportunos convenios con los correspondientes servicios de salud o instituciones sanitarias.
Plazos de resoluci�n de los procedimientos 1. Sin perjuicio de los plazos espec�ficamente establecidos en relaci�n con determinados procedimientos, el plazo general m�ximo para notificar las resoluciones sobre las solicitudes que se formulen por los interesados en los procedimientos regulados en este Reglamento ser� de tres meses contados a partir del d�a siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del �rgano competente para tramitarlas. Se except�an las peticiones de autorizaci�n de residencia por reagrupaci�n familiar, de autorizaci�n de trabajo de temporada y las realizadas al amparo de los art�culos 185 y 186 de este Reglamento, cuyas resoluciones se notificar�n en la mitad del plazo se�alado.
2. En los dem�s procedimientos en materia de visados, el plazo m�ximo, y no prorrogable, para notificar las resoluciones sobre las solicitudes ser� de un mes, contado a partir del d�a siguiente al de la fecha en que la solicitud haya sido presentada en forma en la oficina consular competente para su tramitaci�n, salvo en el caso de los visados de residencia no lucrativa, en los que el plazo m�ximo ser� de tres meses. En el caso del visado de residencia no lucrativa, la solicitud de la pertinente autorizaci�n de residencia por parte de la Delegaci�n o Subdelegaci�n del Gobierno que corresponda interrumpir� el c�mputo del plazo, hasta que se comunique la resoluci�n.
3. El contenido de los apartados 1 y 2 de esta disposici�n adicional se entender� sin perjuicio de los plazos establecidos por el Derecho de la Uni�n Europea como directamente aplicables en materia de visados de tr�nsito aeroportuario, visados uniformes o visados de validez territorial limitada.
4. La obligaci�n formal de informar al solicitante de visado sobre el plazo m�ximo para la notificaci�n de la resoluci�n del procedimiento, los supuestos de suspensi�n del c�mputo de dicho plazo y los efectos del silencio administrativo se entender� cumplida mediante la inserci�n de una nota informativa sobre tales extremos en los impresos de solicitud.
Silencio administrativo Transcurrido el plazo para resolver las solicitudes, de conformidad con lo establecido en la disposici�n adicional anterior, �stas podr�n entenderse desestimadas, de acuerdo con lo dispuesto en la disposici�n adicional primera de la propia Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, y con las excepciones contenidas en dicha disposici�n adicional.
Recursos Las resoluciones que dicten los �rganos competentes de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n, del Interior, y de Trabajo e Inmigraci�n, los Delegados del Gobierno y Subdelegados del Gobierno, bajo la dependencia funcional de estos dos �ltimos Ministerios, con base en lo dispuesto en este Reglamento, sobre concesi�n o denegaci�n de visados, pr�rrogas de estancia o autorizaciones de residencia y de trabajo, c�dulas de inscripci�n, as� como sobre sanciones gubernativas y expulsiones de extranjeros, pondr�n fin a la v�a administrativa, y contra �stas podr�n interponerse los recursos administrativos o jurisdiccionales legalmente previstos. Se except�an las resoluciones sobre denegaci�n de entrada y devoluci�n, las cuales no agotan la v�a administrativa.
Los actos y resoluciones administrativas adoptados ser�n recurribles con arreglo a lo dispuesto en las leyes, y su r�gimen de ejecutividad ser� el previsto con car�cter general en la legislaci�n vigente, salvo lo dispuesto en la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, para la tramitaci�n de expedientes de expulsi�n con car�cter preferente.
Cobertura de puestos de confianza A los efectos del art�culo 40.2.a) de la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, se considera que ocupan puestos de confianza aquellos trabajadores que desempe�en �nicamente actividades propias de alta direcci�n por cuenta de la empresa que los contrate, basadas en la rec�proca confianza y que ejerzan legalmente la representaci�n de la empresa o tengan extendido a su favor un poder general.
Asimismo, tendr�n la misma consideraci�n los trabajadores altamente cualificados que tengan conocimiento esencial para la realizaci�n de la inversi�n y sean especialistas o desempe�en funciones relacionadas con la direcci�n, gesti�n y administraci�n necesarias para el establecimiento, desarrollo o liquidaci�n de la citada inversi�n. Estos trabajadores deben poseer acreditada experiencia en la realizaci�n de dichas funciones o haber realizado trabajos en puestos similares en la empresa inversora o en el grupo de empresas en el que puede estar integrada esta �ltima.
Cotizaci�n por la contingencia de desempleo En las contrataciones de los extranjeros titulares de las autorizaciones de trabajo para actividades de duraci�n determinada y para estudiantes no se cotizar� por la contingencia de desempleo.
Informes policiales Los informes policiales en materia de seguridad y orden p�blico a emitir en el marco de los procedimientos regulados en este Reglamento contendr�n en todo caso el conjunto de la informaci�n obrante en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adscritos a la Direcci�n General de la Polic�a y de la Guardia Civil.
Igualmente, los emitidos respecto al �mbito territorial de Comunidades Aut�nomas a las que se les haya traspasado competencias en materia de seguridad ciudadana y orden p�blico, contendr�n el informe sobre afectaci�n del orden p�blico aportado por la autoridad auton�mica competente.
Tasas por tramitaci�n de procedimientos 1. Los �rganos competentes para la tramitaci�n de los procedimientos regulados en este Reglamento, salvo los relativos a visados, realizar�n, una vez admitida a tr�mite la correspondiente solicitud, las actuaciones tendentes a la comprobaci�n de oficio de que se ha efectuado el abono de las tasas exigibles de acuerdo con el art�culo 44.2 de la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero.
2. El periodo de pago voluntario para el abono de dichas tasas ser�, salvo en los procedimientos relativos a visados, de diez d�as h�biles, seg�n los casos:
3. Las tasas por tramitaci�n de autorizaciones de residencia, autorizaciones de trabajo o expedici�n de Tarjetas de Identidad de Extranjero tendr�n car�cter autoliquidable.
Entidades acreditadas para impartir formaci�n a reconocer en los informes sobre esfuerzo de integraci�n La Secretar�a de Estado de Inmigraci�n y Emigraci�n impulsar� la adopci�n de mecanismos de colaboraci�n y cooperaci�n relativos a las condiciones de solvencia t�cnica, material y financiera a acreditar por entidades privadas que desarrollen actuaciones de formaci�n, en orden a su reconocimiento en informes sobre el esfuerzo de integraci�n del extranjero a emitir por las Comunidades Aut�nomas y que podr�n ser presentados en los procedimientos relativos a la renovaci�n de autorizaciones de residencia temporal o de residencia temporal y trabajo.
Desconcentraci�n de la competencia de cierre de puestos habilitados 1. Se desconcentra a favor del titular de la Secretar�a de Estado de Seguridad la competencia para acordar, en los supuestos en los que lo requiera la seguridad del Estado o de los ciudadanos, el cierre temporal de los puestos fronterizos habilitados para el paso de personas a que se refiere el art�culo 3 de este Reglamento.
2. El titular de la Secretar�a de Estado de Seguridad comunicar� las medidas que vayan a adoptarse a la Secretar�a de Estado de Inmigraci�n y Emigraci�n, a los departamentos afectados y, a trav�s del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperaci�n, a aquellos pa�ses e instituciones con los que Espa�a est� obligada a ello como consecuencia de los compromisos internacionales suscritos.
Autorizaci�n de trabajo de los extranjeros solicitantes de protecci�n internacional Los solicitantes de protecci�n internacional estar�n autorizados para trabajar en Espa�a una vez transcurridos seis meses desde la presentaci�n de la solicitud, siempre que �sta hubiera sido admitida a tr�mite y no estuviera resuelta por causa no imputable al interesado. La autorizaci�n para trabajar se acreditar� mediante la inscripci�n �autoriza a trabajar� en el documento de solicitante de protecci�n internacional y, si procede, en sus sucesivas renovaciones, y estar� condicionada a su validez. En caso de que no proceda esta inscripci�n porque no se cumplan los citados requisitos, la Oficina de Asilo y Refugio har� constar tal hecho en resoluci�n motivada y se lo notificar� al interesado.
Representantes de las organizaciones empresariales en el extranjero 1. A los efectos de las previsiones contenidas en el art�culo 39 de la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, y el t�tulo VIII de este Reglamento, en los correspondientes procesos de selecci�n en origen de los trabajadores extranjeros podr�n participar representantes de las organizaciones empresariales espa�olas.
A tal efecto, representantes de dichas organizaciones podr�n quedar acreditados por la Secretar�a de Estado de Inmigraci�n y Emigraci�n ante las misiones diplom�ticas u oficinas consulares de Espa�a en los pa�ses que hayan firmado acuerdos sobre regulaci�n de flujos migratorios.
2. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n y la Secretar�a de Estado de Inmigraci�n y Emigraci�n promover�n conjuntamente la firma de Convenios de colaboraci�n con las Comunidades Aut�nomas con competencias ejecutivas en materia de autorizaciones de trabajo y que hayan establecido servicios para facilitar la tramitaci�n de los correspondientes visados, de cara a ordenar la actuaci�n de �stas en el marco de procedimientos de gesti�n colectiva de contrataciones en origen.
Facilitaci�n de la entrada y residencia de los familiares de ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, no incluidos en el �mbito de aplicaci�n del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulaci�n y residencia en Espa�a de ciudadanos de los Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo Las autoridades competentes facilitar�n, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, y en el presente Reglamento, la obtenci�n del visado de residencia o, en su caso, de una autorizaci�n de residencia por circunstancias excepcionales, a quien sin estar incluido en el art�culo 2 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulaci�n y residencia en Espa�a de ciudadanos de los Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, acompa�e a un ciudadano de la Uni�n o se re�na con �l, y se halle en una de las siguientes circunstancias:
a) Sea otro familiar, en l�nea directa o colateral, consangu�nea o por afinidad, que, en el pa�s de procedencia, est� a cargo o viva con el ciudadano de Estado miembro de la Uni�n Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, o cuando por motivos graves de salud o discapacidad, sea estrictamente necesario que dicho ciudadano se haga cargo de su cuidado personal.
b) Sea la pareja, ciudadano de un Estado no miembro de la Uni�n Europea ni parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, con la que el ciudadano de la Uni�n mantiene una relaci�n estable debidamente probada.Las autoridades exigir�n la presentaci�n de acreditaci�n, por parte de la autoridad competente del pa�s de origen o procedencia, que certifique que est� a cargo del ciudadano de la Uni�n o que viv�a con �l en ese pa�s, o la prueba de la existencia de motivos graves de salud o discapacidad que requieran estrictamente que el ciudadano de la Uni�n se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia. Igualmente se exigir� prueba suficiente de la existencia de una relaci�n estable con el ciudadano de la Uni�n.
Disposici�n adicional vig�simo tercera derogada por la disposici�n derogatoria �nica del R.D. 987/2015, de 30 de octubre, por el que se modifica el R.D. 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulaci�n y residencia en Espa�a de ciudadanos de los Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo (�B.O.E.� 9 noviembre).
Legislaci�n en materia de protecci�n internacional Los preceptos relativos a la protecci�n internacional contenidos en el presente Reglamento se interpretar�n de conformidad con lo dispuesto en la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protecci�n subsidiaria, y en el Reglamento de desarrollo de esta �ltima.
Extranjeros no comunitarios empleados por las Fuerzas Armadas La normativa que se dicte en desarrollo de este Reglamento, as� como las actuaciones de los �rganos competentes para su aplicaci�n tendr�n en consideraci�n las especificidades propias de los extranjeros no comunitarios relacionados con las Fuerzas Armadas a trav�s de una relaci�n de servicios de car�cter temporal.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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