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Timestamp: 2019-09-21 02:57:57+00:00

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Por lo tanto, superado el modelo médico o rehabilitador que inspiró la regulación anterior que consideraba la discapacidad como un problema de la persona, y asumiendo la perspectiva del modelo social, las soluciones que se deben adoptar no deben ir dirigidas sólo individualmente a la persona, sino también a la sociedad para tratar de superar las situaciones de discriminación que se producen. Con este enfoque se ap rueba la citada Ley 26/2011, de 1 de agosto, que trata de adecuar la normativa que afecta a los derechos de las personas con discapacidad a la Convención, tratando de eliminar las desventajas sociales que sufren por resultar discriminatorias y vulneradoras de derechos humanos.
En el ámbito sanitario se modifican diversas leyes incluyendo la discapacidad como nueva causa de no discriminación de la persona en su relación con las distintas administraciones públicas sanitarias y, se regula el derecho a la información en formatos adecuados que resulten accesibles y comprensibles a todas las personas. Así, podemos señalar que se modifican el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, ap robado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto; la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y transplante de órganos; la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica; la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida; la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
En materia de accesibilidad es necesario reseñar como elemento clave para la plena efectividad de la accesibilidad universal la modificación del artículo 10 ap artado 2 y del artículo 11 ap artado 3 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.
II.2. También en aras a la conciliación de la legislación reglamentaria estatal a la Convención se ap rueba el Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Tal como se precisa en su introducción las modificaciones se producen: En materia de transportes, la modificación realizada en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transportes para personas con discapacidad, tiene como finalidad incluir los Planes de Accesibilidad en todos los sectores del transporte y establecer un criterio para deslindar las grandes infraestructuras y servicios de las de pequeña entidad. Se adecua lo dispuesto en el Reglamento sobre las condiciones básicas para la accesibilidad de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, ap robado por el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, a lo establecido en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, en materia de accesibilidad a Internet.
Respecto al desarrollo de la función testifical, y a la vista de los actuales medios de ap oyo a las personas con discapacidad, se modifica el Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado, con el fin de adaptarlo a las previsiones de la Convención recogidas en los artículos 2 y 12.
En materia de sanidad, los cambios realizados están dirigidos a garantizar el derecho de acceso a la información de las personas con discapacidad. Para ello, se prevé la utilización de formatos adecuados en la información que se proporciona al paciente y la asistencia y el ap oyo en la prestación de consentimiento de las personas con discapacidad.
II.4. Por último, hemos de señalar la ap robación del Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se ap rueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales. Así, el reglamento establece las condiciones básicas de accesibilidad de los locales electorales, la accesibilidad a la información electoral de carácter institucional, sobre los actos públicos de campaña electoral y de la propaganda electoral. También determina las condiciones para la participación de las personas con discapacidad en la vida política.
En este ap artado, en primer lugar queremos referirnos a los encuentros que se han mantenido por parte de esta institución con las asociaciones que trabajan en este ámbito en la CAV. Siempre hemos considerado que la labor que desempeñan estas entidades enriquece nuestro quehacer actuando como antenas transmisoras de la realidad del colectivo, por lo que nos resulta obligado agradecer la colaboración permanente que han mostrado hacia esta institución.
1º Se habían realizado pruebas piloto para utilizar como prueba de cribado los Potenciales Evocados Auditivos de Tronco. Cerebral automatizados (PEAa), prueba qué actualmente está considerada como "gold estándar" para este cribado. Estas pruebas piloto se habían realizado a finales de 2010 y el primer semestre de 2011 en los hospitales de Donostia y Basurto. Su implantación requiere de análisis detallados fundamentalmente en cuanto a interferencias y tiempo de realización de las pruebas. Ap ostar por su implantación ap ortará ventajas clínicas pero también organizativas tales como acortar la duración actual del cribado, que pasará de las 3 fases que requiere la actual prueba OEA a una única fase que requiere él PEAa.
En relación, también, con este colectivo de discapacidad, hemos de señalar que tuvimos un encuentro con la asociación de atención a personas con pérdida de audición ­(zentzumen guztiekin) que recientemente se había constituido y que venían a informarnos sobre las actividades que pretendían desarrollar dirigidas a aquellas personas, también denominadas personas con pérdida de audición o hipoacúsicas, que tienen un problema en el oído externo o interno y ello les genera una pérdida de audición en mayor o menor grado (pueden ser capaces de oír algunos sonidos o pueden no oír nada en absoluto). En este sentido, la asociación ofrece un servicio de atención y orientación integral, servicio de ap oyo a la comunicación: lectura labial y estrategia de comunicación, ocio integrador y eliminación de las barreras de comunicación.
Además, pusieron en nuestro conocimiento los problemas que una persona con una discapacidad auditiva sobrevenida está teniendo por carecer de una persona de ap oyo en los estudios de medicina que cursa en la UPV/EHU. Este tema está siendo objeto de tramitación del correspondiente expediente de queja en esta institución.
Efectivamente, pudimos constatar según nos informaron los técnicos de la Once sobre la inaccesibilidad de las redes sociales para la práctica totalidad del colectivo de personas con discapacidad visual y, entre ellas las más conocidas como son facebook y twitter. Asimismo, nos ap untaban sobre la escasa usabilidad de muchas páginas Web de la Administración Pública que las convertía en inaccesibles a pesar de disponer de la triple A y de haber superado los test de la WAI.
Existen ap licaciones como Qwitter, que pueden superponerse, hacer de interfaz, con algunas de las redes más famosas, como twitter, y que pueden usarse como interfaz de voz para poder participar.
– La accesibilidad ha de ser universal y esto incluye el diseño de las herramientas y el software en su origen. Deben resultar accesibles en origen, desde la propia web o red, de lo contrario se obligaría a la utilización de otras ap licaciones que requieren un mayor nivel de destreza y complicación añadida al uso de la herramienta. Ello, además contribuiría a aumentar la denominada brecha digital.
– Existen verdaderos problemas de usabilidad en la navegación por las páginas web y en sus ap licaciones: el modo en el que se ordenan los contenidos, las imágenes, todo ello dificulta la navegación. En este sentido, es la simplicidad en el diseño y el recurso al texto plano, al txt, lo que facilita la navegación.
Queremos referirnos en esta ap artado a las jornadas y foros organizados por las distintas asociaciones de personas con discapacidad en las cuáles miembros de esta institución han colaborado con su participación.
El contenido del foro anual que organiza la asociación FEKOOR en el año 2011 se dedicó a profundizar sobre aquellas actuaciones que deben fomentarse para garantizar "el derecho fundamental de todas las personas a vivir libremente y a decidir la manera en que quieren vivir". Al respecto, podemos señalar que resultaron interesantes las intervenciones de los responsables de Ado-Icarus, organismo que se constituye para dar servicios para la promoción de la vida independiente belga y que, entre otros proyectos, gestionan viviendas con ap oyos para personas con discapacidad física en dicho país. Dicha organización cuenta con 10 proyectos en marcha en Flandes, en los que trabajan 230 asistentes para la vida diaria.
Asimismo, intervino el director de la Federación Vasca de Asociaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual (FEVAS), en cuya ponencia informó sobre la labor que viene desarrollando la asociación en la prestación de servicios y de programas de ap oyo para fomentar la vida independiente de las personas del colectivo.
Para finalizar, el director de FEKOOR, trasladó las bases sobre las que se sustenta el modelo de intervención de la asociación desde su visión de ap oyo a la persona que "parte de la necesidad de innovar en la intervención social".
En la mesa constituida para tratar el acceso al empleo de las personas con discapacidad, tras las reflexiones realizadas, se constató, entre otras actuaciones, la necesidad de ap ostar por una estrategia dirigida a la integración laboral de las personas con discapacidad en el empleo ordinario. En materia de empleo público, se marcaban como retos la efectiva adaptación de las pruebas de acceso; profundizar en el análisis del denominado "certificado de idoneidad" y, hacer extensiva la cuota de reserva también al empleo temporal.
Y por último, en el taller sobre accesibilidad se evidenció la necesidad de un mayor control por parte de las administraciones implicada sobre la ap licación de la normativa vigente en la materia, desde el prisma de la accesibilidad universal y el diseño para todos, tanto en el entorno urbano, como en las edificaciones, infraestructuras y en el transporte.
El informe contiene, diferenciadas por sistemas de transporte, un ap artado de conclusiones concretas, completado con una conclusión final de la que se deduce que aún queda mucho trabajo por hacer para lograr la accesibilidad universal en el transporte público de nuestra Comunidad Autónoma.
2º También en el presente ejercicio la institución ha publicado el informe extraordinario La ap licación de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia en la CAPV (ver cap V.1.3. de este informe).
El conjunto de personas con discapacidad que se encuentra en situación de dependencia es notable y la ap licación de aquella normativa les afecta especialmente como usuarias de los servicios que recoge su catálogo y/o perceptoras de las distintas prestaciones económicas que prevé.
• Necesidad de que el Gobierno Vasco ap ruebe la regulación autonómica relativa a los centros residenciales y centros de día destinados a la atención de personas con discapacidad.
A través del desglose de quejas por áreas que realizamos en este ap artado pretendemos dar una visión general de cómo se han distribuido las denuncias presentadas, –en la mayoría de los supuestos por personas con discapacidad o por sus familiares–, con objeto de hacer patente la transversalidad de las cuestiones que han sido sometidas a nuestra consideración y que, como se puede comprobar, prácticamente abarcan la mayoría de las áreas de trabajo de esta institución. También, de esta manera resulta más evidente que las personas afectadas por alguna discapacidad o algún tipo de problema de accesibilidad pueden, todavía hoy, encontrarse con todo tipo de barreras, las urbanísticas y arquitectónicas, de índole social, cultural y colectiva.
También han sido recurrentes las quejas sobre las barreras arquitectónicas en los centros de salud. A modo de ejemplo, podemos significar los problemas de accesibilidad que se plantean en un centro de salud mental (CSM), ubicado en la calle Novia Salcedo de Bilbao. Dicho CSM está situado en la entreplanta de un edificio, cuyo acceso se realiza por un itinerario de 30 escaleras, sin que cuente con ningún medio alternativo de rampa o de ascensor que permita a las personas con movilidad reducida utilizar dicho recurso de manera autónoma. El Director Gerente de la red de salud mental de Bizkaia nos ha informado que se han reanudado las conversaciones con la Comunidad de propietarios del edificio con el fin de acometer la instalación de un ap arato elevador y que, en su caso, de no llegar a un acuerdo desde el servicio, se van a acometer las obras de acondicionamiento del citado ap arato con carga a los presupuestos del 2012.
Por último, en cuanto a las actuaciones de esta institución dirigidas a la promoción de la accesibilidad, destacamos el incremento de quejas que hacen referencia a la falta de control municipal del cumplimiento de la normativa para la eliminación de barreras arquitectónicas en la implantación de nuevas actividades en locales comerciales o en sus reformas. Desde esta institución se ha considerado oportuno incidir ante los ayuntamientos respecto a la necesidad de que se tramiten los expedientes de exención del cumplimiento de la normativa de accesibilidad en los supuestos de reformas de locales o establecimientos públicos, en los términos previstos al efecto en el Anexo V del Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se ap rueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación. De esta forma se garantiza la efectiva función de control de legalidad que se requiere en este tipo de actuaciones.
Por otra parte, hemos tenido que interesarnos por algunos casos cuyas familias se han visto obligadas a acudir a esta institución para corroborar las posibilidades de escolarización de sus hijos. Uno de ellos se trataba de un menor aquejado de una disfasia mixta cuya familia deseaba que continuara escolarizado en el modelo A. En otro, se trataba de una menor con discapacidad intelectual cuya familia insistía en concretar la posibilidad de ser escolarizada en un centro concertado de educación especial. También nos hemos interesado por las condiciones de escolarización de grupos de alumnos como el formado por jóvenes con discapacidad intelectual que siguen un curso de ap rendizaje de tareas en el IES de Elgoibar.
Por último, hemos de indicar que lamentablemente, se han repetido los retrasos en dar respuesta a las necesidades del alumnado con discapacidad auditiva y que precisan de ap oyos de de intérprete de lengua de signos.
Como ya hemos indicado en otras ocasiones, la ap robación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público supuso, una vez más, el intento del legislador de incorporar una medida favorable para un mejor acceso de ciudadanos con discapacidad al empleo público y, en el momento en que se efectúo la convocatoria cuestionada, su artículo 59 ( modificado posteriormente por la Ley 26/2011, de 1 de agosto disponía que en las ofertas de empleo público se debía reservar un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
Recientemente, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, ha colaborado en la edición de un Estudio sobre el agravio comparativo que origina la discapacidad, en el que se analiza y cuantifica el sobreesfuerzo que deben realizar las personas con discapacidad y sus familias, para atender a las necesidades derivadas de esa discapacidad. La investigación pone de manifiesto que estas personas deben afrontar importantes gastos suplementarios en la adquisición de bienes y servicios generales, además de gastos en bienes y servicios específicamente relacionados con la discapacidad –ayudas técnicas, asistencia personal, tratamientos médicos, terapéuticos, habilitadores y rehabilitadores, fármacos–. Además, deben hacerlo con una capacidad económica inferior, pues, se calcula que el ingreso medio anual de los hogares en los que residen personas con discapacidad es ap roximadamente un 25% inferior al del resto.
El hecho de que en algunos impuestos, como es el caso del IRPF, se hayan establecido muy adecuadamente, por cierto, unas pasarelas u homologaciones entre la dependencia y la discapacidad ha contribuido a que las dudas en la ap licación de otros beneficios fiscales no se despejen y que a lo largo de 2011 nos han trasladado los y las ciudadanas.
Así, el IVTM recoge una exención para las personas con discapacidad, cuya modificación a finales de 2009 dio lugar a un número importantes de quejas, cuyo contenido ya abordamos en este ap artado IV.4 del informe correspondiente al ejercicio 2010.
En este ap artado hemos de referirnos a las quejas presentadas por personas con movilidad reducida, titulares de la tarjeta de discapacidad, denunciando las dificultades que se encuentran a la hora de ap arcar su vehículo, bien por la insuficiencia de plazas de ap arcamientos reservadas, bien por la utilización indebida que determinados usuarios realizan de dichas plazas, o incluso, de las propias tarjetas de estacionamiento.
En este ámbito, además de las cuestiones ya referidas y que había sido planteadas por FEVAPAS, sobre los problemas que tenían los usuarios de los implantes cocleares para la renovación de sus componentes externos, queremos comentar el caso de las ayudas para la audición de pacientes hipoacúsicos. Estas ayudas están previstas para menores de cero a dieciséis años de edad, afectados de hipoacusia bilateral neurosensorial con determinada pérdida de audición (Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, Anexo VI, ap artado 7).
Esta configuración tiene que ver con que es un elemento necesario para el tratamiento y la integración social de los niños hipoacúsicos, al permitirles la adquisición del lenguaje, debiendo complementarlo con la rehabilitación del lenguaje y la educación del niño. La actual diferenciación por razón de edad no es por tanto injustificada. Sin embargo, desde el punto de vista de la integración de las personas con discapacidad, la petición de reconocerlo más allá de esa edad es fundada. Es una petición de ampliación recogida también en el anexo V del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2008-10, de consulta y participación de las para la elaboración de dicho plan. Su ap artado 5.1 sobre valoración del área de salud, propone actualizar la cartera de servicios ortoprotésicos de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de la Salud, para ampliar la cobertura de la prestación para audífonos a mayores de 16 años e incrementar la cuantía de la prestación.
En primer lugar, en este ap artado queremos hacer referencia a dos expedientes de oficio, tramitados en el presente ejercicio, a raíz de los problemas detectados en la gestión de varias denuncias presentadas por particulares.
Por otro lado, hemos de destacar la queja que nos presentaba una madre por lo que entendía una demora injustificada en la atención dispensada por Osakidetza a su hijo, quien padecía un retraso madurativo global (motor y del lenguaje). Dicha demora había motivado que la derivación a los servicios de atención temprana de la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) se hiciera cuando aquel contaba ya con tres años, momento en el que, de acuerdo al Decreto vigente –Decreto Foral 157/2010, de 15 de diciembre, por el que se ap rueban las bases reguladoras y la convocatoria pública para la concesión de ayudas individuales para estimulación temprana en el año 2011– no se dispensaba tal atención.
Los trastornos del desarrollo infantil deben detectarse en el momento en que ap arecen los primeros signos indicadores de los mismos. La detección debe ir seguida del inicio del proceso diagnóstico y de la intervención terapéutica.
El Acuerdo del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria de 28 de febrero de 2011 por el que se ap rueba el nuevo Modelo de Atención Temprana para la CAPV exige de nuestras administraciones una adaptación de sus instrumentos jurídicos, entre otros aspectos, por lo que se refiere a la ampliación de la atención hasta los 6 años, lo cual, en el momento de la tramitación de esta queja, no se había propiciado en Bizkaia.
La tramitación de este expediente propició el compromiso por parte de la Diputación Foral de Bizkaia de modificar el límite de edad establecido para poder participar en el Programa de Atención Temprana. Este compromiso se ha materializado mediante la ap robación del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 150/2011, de 19 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral 157/2010, de 15 de diciembre referido, que amplia la atención temprana hasta los 6 años.
Asimismo, hemos recibido algunas quejas relativas a las demoras que se están registrando en la atención temprana en el territorio histórico de Araba. Ello, unido a nuestra preocupación por que el Acuerdo del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria de 28 de febrero de 2011 al que aludíamos se materialice y la coordinación sociosanitaria en materia de niños y niñas nacidas con bajo peso o riesgo de padecer discapacidad se consolide, ha motivado la reciente ap ertura de un expediente de oficio sobre la mejora de la atención temprana en el conjunto de la CAPV.
En cuanto a las quejas presentadas a lo largo de este año por personas con discapacidad en relación con la ap licación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en la CAPV, hemos de decir que aquellas que tenían relación con retrasos en el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia –numerosas en años anteriores– han disminuido radicalmente; de hecho, en la tramitación de la única queja registrada no se ap recia irregularidad en el actuar administrativo por cuanto que no habían transcurrido los plazos legales previstos en la normativa.
V.1. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supuso un punto de inflexión en el tratamiento de la discapacidad. A partir de su ap robación podemos afirmar que la discapacidad ha de ser tratada desde el prisma de los derechos humanos, lo que significa que se ha de considerar a las personas con discapacidad plenamente como sujetos titulares de derechos y no como meros objetos de tratamiento de políticas asintenciales.
Por lo tanto, superado el modelo médico o rehabilitador que inspiró la regulación anterior que consideraba la discapacidad como un problema de la persona, y asumiendo la perspectiva del modelo social, las soluciones que se deben adoptar no deben ir dirigidas sólo individualmente a la persona, sino también a la sociedad para tratar de superar las situaciones de discriminación que se producen. Con este enfoque se ap rueba la citada Ley 26/2011, de 1 de agosto, que trata de adecuar la normativa que afecta a las a los derechos de las personas con discapacidad a la Convención, tratando de eliminar las desventajas sociales que sufren por resultar discriminatorias y vulneradoras de derechos humanos. Tal como se viene a precisar en el preámbulo de la ley, si bien se pretende profundizar en el modelo social de la discapacidad, a su vez se "da un impulso reformador en el sentido de salvaguardar los derechos de tales personas con el objetivo de favorecer la toma de decisiones en todos los aspectos de su vida, tanto personal como colectiva, avanzar hacia la autonomía personal desinstitucionalizada y garantizar la no discriminación en una sociedad plenamente inclusiva".
En este contexto, consideramos también oportuno ahondar en la normativa autonómica de referencia sobre los derechos de las personas con discapacidad con objeto de realizar determinados ajustes y modificaciones que permitan evitar contradicciones en su ap licación y poder garantizar la efectividad de los derechos que recoge la Convención.
A modo de ejemplo, hemos de señalar que en las reuniones mantenidas con las asociaciones que trabajan desde distintas perspectivas en el ámbito de la discapacidad, una de las cuestiones más demandadas por todas ellas ha sido la necesidad de proceder a la revisión de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad y, del Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se ap rueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.
Han sido numerosas las ocasiones en las que hemos podido constatar que desde las administraciones públicas vascas se ha realizado una interpretación restrictiva en su ap licación, desarrollando actuaciones que se alejaban de los principios básicos y fundamentales establecidos en la citada Convención. Basta con recordar las escaleras mecánicas que se han instalado en muchos municipios de nuestra Comunidad como elementos que favorecen la accesibilidad. Estas instalaciones, como es conocido, excluyen de su uso a las personas con discapacidad.
V.4. Las personas con discapacidad siguen teniendo dificultades para el acceso a las prestaciones y recursos sociales que les permitan tener una vida en condiciones de igualdad. Como hemos podido relatar de las actuaciones seguidas en el presente ejercicio, todavía hoy se dan situaciones no previstas en la normativa; se producen carencia en los recursos sociales que garanticen una respuesta adecuada a las necesidades específicas del colectivo o la falta de adaptación de las ya existentes. La ap robación del Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales debe significar un antes y un después en la política social de la CAPV.

References: Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 11
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 59