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Timestamp: 2017-08-23 02:25:08+00:00

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Interdependencia entre el Derecho al ambiente y el Derecho a la salud. »
EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y EL DERECHO AL AMBIENTE
Presentacion con diapositivas “DERECHO AL AMBIENTE VINCULACIÓN CON EL DERECHO AL DESARROLLO (1)“
Pineda, Trina1
Los Derechos Humanos constituyen una serie de libertades y facultades que incluyen a toda persona, en base a su condición humana, para la garantía de una vida digna la cual en el contexto de este estudio se centra en el desarrollo en un ambiente sano y adecuado a través del acceso a la información en esta materia.
En este sentido, dentro de estas libertades y facultades garantistas se encuentra el derecho a la información, que se refiere a la posibilidad que tiene toda persona de acceder a la información que tiene el Estado acerca de los diferentes temas correspondientes al mismo.
El acceso a la información ambiental está regulado por diferentes leyes en distintos Estados, y en su mayoría se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de ambiente.
De modo que la ciudadanía tiene el derecho de recibir información ambiental por cualquier canal solicitado, o bien de consultarla a través de un sitio web, con el objetivo de poder disfrutar de un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo.
I: EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
Según Idalberto Chiavenato, la información
“es un conjunto de datos con un significado, o sea, que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo. En verdad, la información es un mensaje con significado en un determinado contexto, disponible para uso inmediato y que proporciona orientación a las acciones por el hecho de reducir el margen de incertidumbre con respecto a nuestras decisiones”[1].
Para Czinkota y Kotabe, la información “consiste en datos seleccionados y ordenados con un propósito específico”[2].
1.2. El derecho a la información
Se refiere al derecho a obtener información en poder del sector público. Esta información es la que proviene de todos los órganos públicos, lo que deviene en la incorporación de todos los niveles de gobierno, de cualquier sector no importando su estructura jurídica, lo que incluye los documentos que surgen de estos entes públicos y no importando los formatos en los que se guarden la información, en tanto dichos órganos manejen o ejecuten los recursos de naturaleza pública.
Además también se halla la información en manos de personas de derecho privado, siempre y cuando sus acciones pertenezcan al gobierno, que sean delegatorios de servicios públicos del gobierno, o que realicen gestiones de tipo públicas o los recursos con los que se financian sean de esta naturaleza. (Coalision ProAcceso, 2007)
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “el acceso a la información es una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía” (CIDH, 2010:10)
Por lo cual, es imprescindible que todas las democracias del hemisferio consoliden sistemas de esta naturaleza cada vez más asentados y robustos a través de la activa participación de sus ciudadanos en asuntos que son de interés público.
Además de esto también es importante que se destaque que este derecho a la información posee un antecedente “ (…) formal en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, no debe ignorarse que su punto de partida histórico se encuentra en la Declaración Francesa de 1789, lo cual significa que por más de dos centurias este derecho ha estado presente en el desarrollo institucional de nuestros pueblos”. (Grosscors, 1997)
Aunado, debe observarse que “el derecho del ciudadano a la información, en el sentido de derecho a la noticia, tanto para buscarla como para recibirla o difundirla, exige unas condiciones en este objeto del derecho que constituyen determinaciones de aquella cualidad que requería la noticia para ser tal y no ser corrupción de la noticia: la verdad. La noticia ha de ser verdadera”. (Desantes, 1974)
1.3. El derecho a la información en los instrumentos internacionales
Para la UNESCO (1978) la información “(…) es un componente fundamental de la democracia y constituye un derecho del hombre, de carácter primordial en la medida en que el derecho a la información valoriza y permite el ejercicio de todos los demás derechos”.
Sobre el derecho humano a la información, sustentado en la libertad de pensamiento y de expresión, se pueden citar varios instrumentos internacionales:
En consideración con el principio de máxima divulgación que ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones contenido en el artículo 13 de la Convención Americana, la cual permite hacer una relación con respecto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana donde señala que el “derecho de acceso a la información debe estar regido por el `principio de máxima divulgación`”[3]
La Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1946) nos explica por su parte que “la libertad de información es un derecho humano fundamental y piedra de toque de todas las libertades a las cuales están consagradas las Naciones Unidas”[4].
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) señala que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”[5].
Mientras que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) en su artículo 19, numeral 2, vinculado con el derecho de toda persona a la libertad de expresión, señala que “(…) comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”[6], hecho que se corresponde a los estipulado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica (1969).
La Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO (1989) destaca la “(…) promoción de la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen” entre las distintas naciones y dentro de cada una de ellas”[7].
En cuanto a la resolución 45/76 A de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1990) se refiere a la función de la información con respecto al servicio para la humanidad.
Los Principios de la Declaración de Chapultepec (1994)[8] en su texto establece que “toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente y que las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público”.
1.4. El derecho a la información en el marco jurídico venezolano
Primeramente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala con respecto al derecho a la información:
En su artículo 28 señala que:
“el derecho al acceso a la información que tiene toda persona y a los datos sobre sí misma o sobre sus bienes que tengan constancia en registros oficiales o privados. Asimismo se puede acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupo de personas, en ambos casos considerando las excepciones establecidas en la ley”.
Mientras que el artículo 58 indica:
Mientras que en su artículo 143, plantea que
“los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados el informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto (…)”
Además del texto constitucional también existen otros instrumentos jurídicos que dan cuenta del derecho a la información a nivel nacional, tal como:
En la Ley Orgánica de Planificación en su artículo 60 ha señalado:
“Los órganos y entes de la Administración Pública están obligados a suministrar a los sectores sociales, información amplia y oportuna sobre sus planes de desarrollo y demás programas y proyectos”.
Y en la Ley Contra la Corrupción se indica que en su artículo 8 que:
“Toda la información sobre la administración del patrimonio público que corresponda a las personas sujetas a esta Ley, tendrá carácter público, salvo las excepciones que por razones de seguridad y defensa de la Nación expresamente establezca la ley”.
Mientras que en su artículo 10 señala el derecho que tienen los particulares a solicitar a los órganos, entes y demás personas indicados en el artículo 4 de esta Ley, cualquier información sobre la utilización de los bienes y recursos públicos a su cargo, salvo las excepciones que por razones de seguridad y defensa de la Nación, de investigación criminal, de intimidad, de honor, de confidencialidad y de reputación, expresamente establezca la ley.
En la Ley Orgánica de Administración Pública, el artículo 12 indica que:
“(…) En tal sentido, cada órgano y ente de la Administración Pública deberá establecer y mantener una página en la internet, que contendrá, entre otra información que se considere relevante, los datos correspondientes a su misión, organización, procedimientos, normativa que lo regula, servicios que presta, documentos de interés para las personas, así como un mecanismo de comunicación electrónica con dichos órganos y entes disponible para todas las personas vía internet”.
Complementando con el artículo 138 que dice:
“La administración pública nacional, de los estados, de los distritos metropolitanos y de los municipios deberán establecer sistemas que suministren a la población la más amplia, oportuna y veraz información sobre sus actividades, con el fin de ejercer el control social sobre la gestión pública. Cualquier particular puede solicitar de los órganos y entes de la Administración Pública la información que desee sobre la actividad de éstos de conformidad con la ley”.
Y en el artículo 139 señala que los órganos y entes de la Administración Pública mantendrán permanentemente actualizadas y a disposición de las personas, en las unidades de información correspondientes, lo que corresponde a la siguiente información: “el esquema de su organización y la de los órganos adscritos, así como guías informativas sobre los procedimientos administrativos, servicios y prestaciones aplicables en el ámbito de su competencia y de sus órganos adscritos”.
Dentro de la Ley de creación del Fondo intergubernamental para la descentralización podemos encontrar que en su artículo 25 indica que:
“Todos los órganos y entes de la Administración Pública mantendrán permanentemente actualizadas y a disposición de las personas, en las unidades de información correspondientes, el esquema de su organización y la de los órganos adscritos, así como guías informativas sobre los procedimientos administrativos, servicios y prestaciones aplicables en el ámbito de su competencia y de sus órganos adscritos”.
II: EL DERECHO A LA INFORMACIÓN CONCERNIENTE AL AMBIENTE
2.1. El Derecho al ambiente
En el Sistema Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se halla contenida la primera base del asentamiento sobre el Derecho a un Ambiente sano, estableciendo que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar.”
Siendo requisito indispensable para el desarrollo efectivo de la salud y el bienestar del ser humano en colectividad, así como el derecho a la vida, el derecho a un ambiente sano y adecuado para poder realizar el desarrollo adecuado de los mencionados.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, menciona la necesidad de mejoramiento del ambiente como uno de los requisitos para el adecuado desarrollo de la persona.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador de 1989 sí regula expresamente el derecho al ambiente en su artículo 11, donde expresa “Todo individuo tiene el derecho a vivir en un ambiente sano y a tener acceso a los servicios básicos públicos. Los Estados parte deben promover la protección, preservación y el mejoramiento del ambiente”.
2.2. La información sobre el ambiente. Instrumentos nacionales e internacionales.
En el art. 64 con respecto al derecho a información señala que:
“debe ser reconocido a cada persona. El Estado es el garante de su ejercicio, de la confiabilidad de la información y de su difusión. Este derecho será ejercido según las modalidades definidas en esta Ley y en los demás instrumentos normativos que al efecto se dicten”.
Mientras que en su art. 65 acerca de la promoción de intercambio de información señala que:
“A fin de cumplir con lo previsto en el artículo anterior, el Estado promoverá el intercambio de información sobre los conocimientos vinculado con el ambiente y el desarrollo sustentable”.
En cuanto al registro de la información ambiental la Ley señala en su art.66 que:
“La Autoridad Nacional Ambiental establecerá y mantendrá un Registro de Información Ambiental, el cual deberá contener los datos biofísicos económicos y sociales, así como la información legal, relacionados con el ambiente. Los datos del registro son de libre consulta y se deberán difundir periódicamente por medios eficaces cuando fueren de interés general”.
Y en su art. 67 indica que:
“El registro al que se refiere el artículo anterior deberá contener a menos los siguientes aspectos:
Los inventarios de sistemas ambientales.
Los inventarios de recursos hídricos.
Los inventarios del recurso suelo.
Los inventarios de diversidad biológica y sus componentes.
Los inventarios forestales.
Los inventarios de cuencas hidrográficas.
El inventario de fuentes de emisión y contaminación de suelos, aire y agua.
La información sobre áreas bajo régimen de administración especial.
La información hidrometeorológica e hidrogeológica.
La información jurídica de leyes, decretos y resoluciones vigentes en materia ambiental.
La información sobre el hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas debidamente demarcadas.
Cualesquiera otras, de interés para la gestión del ambiente y el desarrolle sustentable”.
En el art. 68 se tiene previsto que el intercambio de información de las instituciones públicas y privadas sobre los aspectos mencionados en el artículo anterior, deben suministrarla a las Autoridades Nacionales Ambientales.
Cabe destacar que los artículos 71, 72 y 73, señalan la garantía del Estado al acceso a la información ambiental, salvo que ésta haya sido clasificada como confidencial, considerando que las personas deberán establecer mecanismos de intercambio de información ambiental, de conformidad con los lineamientos de sistematización que establezca la Autoridad Nacional Ambiental y la ley, mediante resolución debidamente publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, siendo esta última la coordinadora con los organismos y entes públicos de la promoción y divulgación de esta información y las estrategias pertinentes.
2.3. Derecho a la información, Derecho al ambiente y el papel de los medios de comunicación
Si bien el derecho al ambiente sugiere que
“toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica”[9].
También es necesario que existan los mecanismos para que la información del goce de este derecho esté a la mano de toda la ciudadanía de forma oportuna y veraz en tanto la misma sea de naturaleza pública al pertenecer al Estado. En este sentido, la vinculación que existe entre el derecho a la información y el derecho al ambiente se podría sintetizar en el derecho a la información ambiental, la cual se presenta en distintos instrumentos internacionales y nacionales y que en pocas palabras se refiere al derecho que tiene toda persona a acceder al conocimiento de los procesos gubernamentales de toma de decisiones que impliquen una alteración al ambiente, lo cual permite que la participación de la población sea real y efectiva en cuanto a las políticas públicas referidas al ambiente y a las actividades que podrían afectar todo el ecosistema.
Entre estos mecanismos se encuentran los medios de comunicación, los cuales responden a las necesidades sociales de toda la población acerca de la información, la cual debe ser oportuna y veraz, dichos medios no sólo comportan a los del tipo masivo sino también los comunitarios y los institucionales. En este sentido, cada uno de ellos tiene un papel relevante para el acceso a la información y más en materia ambiental, lo que resulta en que las personas puedan obtener información para desarrollarse en un ambiente sano y que permita la sustentabilidad en toda su expresión, por lo que la relación existente entre estos medios y la ciudadanía es imprescindible.
Considerando lo mencionado anteriormente, es preciso destacar las áreas de accesibilidad o aplicación de cada tipo de medio de comunicación con respecto al tema estudiado en este informe.
Por un lado, los medios de comunicación masiva, que constituyen uno de los ejes centrales de todo sistema democrático, y se conforman por los audiovisuales (televisoras y radios), la prensa escrita y el internet, permiten a los y las ciudadanos y ciudadanas el acceso a la información de forma directa y constante, en especial este último que sugiere una suerte de interacción dual donde es posible la retroalimentación informativa a través de foros y otros mecanismos, los cuales también han empezado a ser utilizados por la televisión en la última década y que ya era usada por la radio en vivo.
Siguiendo en esta línea de ideas se encuentran los medios comunitarios, que si bien la escala de difusión es menor, es mucho más íntima o debería serlo por la cercanía con respecto al público que se dirige, debido a que se trata de los habitantes de una comunidad, siendo la realidad de la misma el eje fundamental de la noticia, ahora bien con respecto a la materia ambiental, la información se focaliza en los problemas locales y la implementación de políticas de la misma naturaleza, ejerciendo de este modo el derecho a la información ambiental a través de las organizaciones que tengan la competencia.
Ahora bien, los terceros que son los medios de comunicación institucionales se orientan a dar una información concreta y precisa, no dando posibilidades a confusiones, porque precisamente su objetivo es informar a la colectividad acerca de las distintas áreas, donde se incluyen los programas, estructuras, noticias y demás informaciones del acontecer diario para dar cuenta de la gestión de la institución en la materia competente. En cuanto al ambiente, es preciso resaltar que este tipo de medios sólo tendrá relevancia en tanto la institución tenga vínculos con esta materia de forma directa o indirecta, esta última cuando la función central de la institución no sea el ambiente y que surge a partir de programas complementarios, o eventos de naturaleza mixta que se relacionan a él.
2.4. Actualidad en la República Bolivariana de Venezuela y las políticas públicas relacionadas con el derecho a la información en materia ambiental.
A pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 58 señale lo oportuno, veraz e imparcial de la información, hay que considerar lo que el Juez Titular de la Corte de Apelaciones del Estado Zulia, Colmenares Olivar, (2003), ha expresado “(…) en un artículo denominado Análisis del significado del término “Información oportuna, veraz e imparcial, sin censura” que ”desde la perspectiva de lo contradictorio, la adjetivación del derecho a información como oportuna, veraz e imparcial, dejó paso sin duda a una inmensa zona gris marcada por preguntas como: ¿oportuna para quién?, ¿veraz e imparcial a favor de quién?”. (León, 2008)
De aquí que sea de suma importancia valorar el argumento presentado por el juez, ya que si se observan las declaraciones realizadas por Jesse Chacón, ex Ministro de Comunicación e Información donde en una rueda de prensa publicada en la página Web de la Agencia Bolivariana de Noticias, en el 2004 menciona que “los grandes medios de comunicación niegan el derecho a estar informados a los ciudadanos, cuando censuran hechos que según su criterio, no deben ser escuchados ni vistos por los venezolanos”. (León, 2008)
Ahora bien, en el caso de la materia ambiental, donde se relacionarían el derecho a la información y al ambiente, la situación se intensifica debido a que si ni siquiera se sabe a ciencia cierta hasta donde son los límites de esa naturaleza oportuna, veraz e imparcial al igual que la direccionalidad de la misma, dificulta esto la posibilidad de evaluar, en estos términos, hasta donde se ha dejado de garantizar el derecho a la información en cuanto a lo ambiental, debido a que existen campañas por parte de algunos entes del Estado como el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente que si bien han generado políticas de tipo informativo, habría que considerar hasta donde es oportuna, veraz e imparcial la información que se genera y la ejecución de dichas políticas que van ligadas a la función educativa de los mismos.
Además de eso queda preguntar qué pasó con las denuncias que aparecen en el informe sobre el derecho al ambiente de PROVEA que estipula que
“durante el año 2004 la Defensoría del Pueblo (DP) recibió un total de 145 denuncias del ámbito nacional. Del total, 88 están relacionadas con la protección al ambiente, 52 con ilícitos ambientales y, por último, 5 se refieren a fallas en las medidas de protección a la pesca. Los estados de donde se recibieron más denuncias fueron: Mérida (26); Carabobo (15); Lara (12); Amazonas (11); Zulia (10); Sucre (9); Bolívar (8); Falcón (7); Miranda (7); Área Metropolitana (6). En el resto de los estados se recibieron menos de 5 peticiones en cada caso”[10].
Porque en base al derecho a la información ambiental se debería haber publicado el curso de estas acciones porque el Estado debe garantizar la información adecuada, oportuna y veraz a la ciudadanía.
La información es un conjunto de datos que tienen un significado y que están ordenados de forma tal que responden a un propósito específico, que produce la reducción de la incertidumbre o el aumento del conocimiento de algo.
Ahora bien para el sistema internacional de Derechos Humanos se maneja el derecho a la información y éste se orienta a obtener información en poder del sector público, no importando el formato en el que se disponga de la misma, bajo la consigna de que ese contenido del conocimiento pertenece a la colectividad de un Estado, asimismo, el acceso a la información es la herramienta para que se construya la ciudadanía y se fortalezca la democracia.
Pero no se remite sólo a la búsqueda sino también de la divulgación de la misma, donde entran los medios de comunicación de todo tipo, cuando se relaciona con respecto al derecho al ambiente, es observable como la interacción de ambos derechos se da con naturalidad precisamente porque por su parte el primero considera que toda persona tiene derecho a vivir en condiciones adecuadas y esto implica que el ambiente debe ser un espacio apto para el desarrollo, pero para lograr eso debe haber una participación y corresponsabilidad con el Estado, el cual tiene el deber a informar acerca de las directrices de las políticas públicas en esta materia, así como proporcionar los mecanismos adecuados para la obtención de la información.
Los medios de comunicación tienen una gran importancia debido a que proporcionan información acerca del tema a través de las noticias, pero no sólo los del tipo masivo como diarios y canales televisivos, sino el internet como matriz de conexión que permite el acceso a la fuente de conocimientos de forma directa, en algunos casos y que para que este acceso sea efectivo los entes del Estado en esta materia (ambiental) deben mantener actualizadas sus páginas webs y demás órganos divulgativos.
A nivel nacional existen diversas disposiciones que van orientadas a la publicación de la información por parte de los órganos de la Administración Pública así como para garantizar el acceso a los archivos y registros administrativos con ciertas limitaciones que se refieren más a materias relativas a seguridad interior y exterior como a investigación criminal y a la intimida de la vida privada.
En cuanto a la información sobre el ambiente, en el ordenamiento interno, se señalan varias disposiciones como la de la Ley Orgánica del Ambiente, así como en la Constitución que hacen de la información ambiental una de las premisas para la promoción de intercambio informativo relacionado con el ambiente y con el desarrollo sustentable.
Esto también permite que haya denuncias a lugar en instancias pertinentes pero sólo se puede lograr ante una situación informativa que maneje realmente la materia ambiental de forma adecuada y oportuna para implementar mejores proyectos dirigidos a la educación sobre el ambiente.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) . (2010). El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano. Washington: OEA.
Desantes, J. (1974). La Información como Derecho. Madrid: Editora Nacional.
Grosscors, G. (1997). El derecho a la información: Marco para el fortalecimiento de la libertad de prensa, la transparencia de la gestión publica y la participación ciudadana. Ponencia presentada ante el Foro Iberoamericano convocado por UNESCO bajo los auspicios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y la Comisión Presidencial de Venezuela para la Reforma del Estado para tratar el tema “Comunicación e Información. Caracas: UNESCO.
León, D. (2008). Aporrea. Obtenido de http://www.aporrea.org/medios/a55719.html
UNESCO. (1978). Declaración sobre los principios de las comunicaciones. UNESCO.
PROVEA. Disponible en el sitio web: http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/05_ambiente.pdf
[1] Chiavenato, Idalberto. (2006:110). Es preciso resaltar que esta definición es originada de la Teoría de la Administración.
[2] Czinkota y Kotabe. (2001: 115).
[3] CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros. Transcritos en: Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C Nº. 151, párr.. 58 c).
[4] Asamblea General de las Naciones Unidas. Convocatoria de una conferencia internacional de libertad de información. Sexagésima quinta reunión plenaria. 14 de diciembre de 1946.
[5] Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[6] La observación general 10 afirma que para el párrafo 2 se hace la previsión de la protección del derecho de expresión, que comprende no sólo la libertad de “difundir informaciones e idea de toda índole” sino también la libertad de “buscarlas” y “recibirlas”. Haciendo hincapié en que no todos los Estados han prestado atención suficiente al hecho de que debido al desarrollo de los modernos medios de información pública, es requerida la implementación de medidas eficaces para impedir un control de dichos medios que lesione el derecho.
[7] Este recurso se puede encontrar en la siguiente página web: http://www.un.org/spanish/events/pressday/2008/windhoek.shtml
[8] Es un documento que establece los lineamientos para proteger y preservar la libertad de expresión y de la prensa.
[9] PROVEA. Disponible en el sitio web: http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/05_ambiente.pdf
[10] PROVEA. Disponible en el sitio web: http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/05_ambiente.pdf
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References: artículo 13
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 13
 Resolución 
 resolución 
 artículo 28
 artículo 58
 artículo 143
 artículo 60
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 4
 artículo 12
 artículo 138
 artículo 139
 artículo 25
 artículo 11
 resolución 
 artículo 58