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Timestamp: 2017-12-16 07:19:12+00:00

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Sinopsis artículo 127
Inicialmente este precepto se contenía en el artículo 117 del Anteproyecto constitucional bajo una redacción bastante diferente de la actual: "Los Jueces y magistrados, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar cargos públicos ni pertenecer a un partido político". Las diferencias fundamentales con el texto final consisten en la inclusión de las palabras "así como los fiscales", y la referencia a los sindicatos entre las prohibiciones que se incluyó en el Informe de la Ponencia (BOC de 17 de abril de 1978). El tema más polémico y que suscitó un intrincado debate en el Congreso de los Diputados fue, sin duda, el de la afiliación de los jueces a partidos y sindicatos al tratarse de un derecho fundamental básico. La Minoría Catalana, el Grupo Socialista y el Grupo Comunista manifestaron su oposición argumentando que para garantizar la independencia del Poder Judicial no era necesaria una limitación de ese tipo en el derecho a la libertad ideológica. Se proponía (Sr. Roca Junyent) que la limitación quedara restringida a la prohibición de actuar públicamente como miembros de un partido político, o que se limitase al ejercicio de cargos directivos (Sr. Castellanos). Se opusieron a estas propuestas los Grupos Parlamentarios de Alianza Popular y de Unión de Centro Democrático, de modo que el texto aprobado por la Comisión mantuvo las limitaciones de la Ponencia, añadiendo la limitación de pertenencia a sindicatos. Además, también incluía la prohibición de asociación profesional, pero la Comisión del Congreso estableció la redacción definitiva, salvo la pequeña variación que supuso la adición del término "otros" antes de cargos públicos, por parte del Senado.
Los motivos que se esgrimieron durante los trabajos constituyentes para aceptar tales limitaciones se basan fundamentalmente en la especial posición de los jueces y fiscales en un Estado de Derecho. Su importante labor de cada a la sociedad comporta necesariamente ciertas restricciones en el ejercicio de algunos de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos para garantizar adecuadamente su necesaria neutralidad e independencia.
2. Tomar en las elecciones legislativas o locales más parte que la de emitir su voto personal. Esto no obstante, ejercerán las funciones y cumplimentarán los deberes inherentes a sus cargos".
Redundando en lo expuesto, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General declara la innegibilidad de los "Magistrados, Jueces y Fiscales que se hallen en situación de activo". En el supuesto de que opten por concurrir como candidatos en unas elecciones bajo la situación administrativa correspondiente, el artículo 7.4 LOREG les reconoce la reserva de plaza o destino "en las condiciones que determinen las normas específicas de aplicación".
No obstante, el problema más importante de la asunción por parte de Jueces, Magistrados y Fiscales de cargos públicos es el de su reingreso en sus funciones jurisdiccionales una vez finalizado su mandato representativo. Su inmediato paso por el mundo político podría ensombrecer su labor bajo la sospecha de la parcialidad sus decisiones judiciales. Por ello, la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre modificó el artículo 357.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de modo que "Los miembros de la Carrera Judicial que deseen participar como candidatos en elecciones para acceder a cargos públicos representativos de ámbito europeo, general, autonómico o local deberán solicitar la excedencia voluntaria, situación en la que quedarán en caso de ser elegidos". Y en el caso de no ser elegidos "quedarán en situación de excedencia forzosa durante tres años, durante los cuales no podrán reingresar al servicio activo, salvo que obtengan, mediante concurso, plaza o destino en que no haya de ejercerse la potestad jurisdiccional".
Actualmente se ha suprimido la excedencia forzosa por este motivo. Esta materia se encuentra regulada, tras la reforma opeada por la disp. adic. 3.8 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, en el artículo 356 (Declaración de situación de excedencia voluntaria) ¿Procederá declarar en la situación de excedencia voluntaria, a petición del juez o magistrado, en los siguientes casos: (¿)f) Cuando sea nombrado para cargo político o de confianza, salvo los supuestos enunciados en el artículo 351 , o cuando se presente como candidato en elecciones para acceder a cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o corporaciones locales. De no resultar elegido, deberá optar, comunicándolo así al Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de treinta días, por continuar en la situación de excedencia voluntaria o por reingresar en el servicio activo¿. Por su parte, el art. 358 dispone los efectos de la excedencia voluntaria. Tras afirmar que la misma no produce reserva de plaza, dispone en su apratado 3:¿ Los que se encuentren en la situación de excedencia a la que se refiere el párrafo f) del artículo 356, en caso de que soliciten el reingreso al servicio activo, quedarán adscritos al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de su último destino, teniendo preferencia para obtener puesto de su categoría en la provincia o, en su defecto, Comunidad Autónoma de dicho último destino¿.
- tendrán personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines,
- tendrán como fines la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos sus aspectos y la realización de actividades encaminadas al servicio de la justicia en general,
- no podrán realizar actividades políticas ni tener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos,
- deberán tener ámbito nacional, sin perjuicio de la existencia de secciones cuyo ámbito coincida con el de un Tribunal Superior de Justicia,
- podrán asociarse libremente a asociaciones profesionales,
- sólo podrán formar parte de ellas aquellos que ostenten la condición de jueces y magistrados en servicio activo,
- ningún juez o magistrado podrá estar afiliado a más de una asociación profesional.
Cumplidas estas condiciones, las asociaciones profesionales estarán válidamente constituidas desde que se inscriban en el Registro del Consejo General del Poder Judicial, solicitud a la que deberá acompañarse un ejemplar de sus Estatutos y la relación de afiliados. Naturalmente, su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos, pero estos Estatutos deberán incluir además los siguientes extremos: nombre de la asociación, fines específicos, organización y representación de la misma, régimen de afiliación, medios económicos y régimen de cuotas y forma de elección de los cargos directivos.
Las asociaciones inscritas en el Registro del Consejo General del Poder Judicial perciben una subvención de éste órgano para el desarrollo de sus actividades ordinarias, así como para actividades dirigidas a la formación de sus miembros. Por ejemplo, en el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 12 de marzo de 2003 se aprueba el importe total de los presupuestos destinados a la formación continua de jueces y magistrados que estuvieran auspiciadas por Asociaciones judiciales. Los criterios de distribución se fijaron en el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 20 de noviembre de 1996.
Con respecto a la inscripción en el Registro habilitado en el Consejo General del Poder Judicial, el Pleno del Consejo en Acuerdo de 21 de diciembre de 2000 denegaba la inscripción en el Registro de Asociaciones de Jueces y Magistrados a la Asociación de Magistrados Suplentes y Jueces Sustitutos (AMSJS), alegando que no tenían la consideración de jueces profesionales, dado que su actividad es de carácter temporal. Contra dicho Acuerdo se interpuso recurso de alzada que fue desestimado por el Acuerdo Plenario de 21 de Marzo de 2001 en que se reproducían las mismas razones del Acuerdo del Pleno previo. No obstante, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló el Acuerdo plenario del Consejo en sentencia de 7 de marzo de 2003 (Nº recurso: 510/2001. Ponente: Enrique Cancer Lalanne). En esta sentencia el Tribunal Supremo entendía que: "La nota de temporalidad en el desempeño de la función jurisdiccional, no es un requisito que resulte ni de la Constitución, ni de la regulación del art. 401, LOPJ, que únicamente alude en su regla 5ª, a la condición genérica de Jueces y Magistrados en activo, que es condición que cumplen los que han de integrar la Asociación en constitución que actúa como actora por cuanto que en los Estatutos que dicha Asociación presenta, para formar parte de la misma, se exige la condición de Juez sustituto o Magistrado Suplente, que es calidad que solo se tiene en virtud de nombramiento en vigor del Consejo General del Poder Judicial -arts. 200 y concordantes de la LOPJ" y añadía que "la falta de profesionalidad, tampoco puede ser entendida en el sentido que se mantiene en el acuerdo impugnado, pues tratándose de una actividad retribuida, por cuanto que en tanto que se ejerce se es titular de los mismos derechos que los Jueces y Magistrados titulares -art. 200.3 LOPJ-, es claro que la nota en cuestión se ostenta por los componentes de la Asociación reclamante, al menos en los términos literales de la expresión utilizada por el art. 401 de la LOPJ", es decir que, "ni la Constitución, ni la Ley hablan de Asociaciones de Jueces o Magistrados profesionales, sino de Asociaciones profesionales de Jueces o Magistrados".
Por todo ello, la Sala Tercera del Tribunal Supremo entendía que "la denegación a los recurrentes de la inscripción de la Asociación que pretenden constituir en el Registro de Asociaciones de Jueces y Magistrados (...) parte de una interpretación restrictiva y formalista del derecho de asociación profesional de Magistrados y Jueces (...) que disminuye de un modo exagerado el derecho de defensa de los intereses que son propios de esos también componentes del Poder Judicial, ajenos a la Carrera Judicial, pero así mismo sometidos al mismo rígido sistema de incompatibilidades durante su permanencia en actividad, y sin que tampoco se les permita, en dicha situación la integración defensiva en sindicatos". Y, por tanto admitió la pretensión de los recurrentes y anuló el Acuerdo plenario del Consejo General del Poder Judicial de 21 de marzo de 2001
Tampoco es una materia frecuente en el constitucionalismo comparado. Pueden citarse: el 64 de la Constitución francesa de 1958 que se limita a señalar que una ley orgánica determinará el estatuto de los magistrados y fiscales, y el artículo 104 de la Constitución italiana, aunque, referido únicamente a las incompatibilidades de los miembros del Consejo Superior de la Magistratura: "No podrán mientras permanezcan en el cargo estar inscritos en asociaciones profesionales ni formar parte del Parlamento ni de Consejo Regional".
La Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial es mucho más rigurosa que la Ley del Poder Judicial de 1870. En sus artículos 389 a 397 se regula detalladamente el régimen de incompatibilidades, siendo sus líneas básicas: la incompatibilidad entre el ejercicio de la función jurisdiccional y cualquier otro cargo, empleo, actividad pública o privada con excepción de la docencia e investigación jurídica, científica o técnica, o la creación literaria, artística... (art. 389), el derecho de opción en el caso de incompatibilidad (art. 390) y las incompatibilidades en el ejercicio de la función jurisdiccional, especialmente por razón de parentesco.
Igualmente, la Ley Orgánica del Poder Judicial regula en su artículo 397 el régimen de las autorizaciones, reconocimientos y denegaciones de compatibilidad, así como la competencia que sobre esta materia detenta el Consejo General del Poder Judicial, previo informe de, al menos, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia o Audiencia respectiva, al que se une el informe que elabora el Servicio de Inspección del propio Consejo.
- el ejercicio de cualquier otra jurisdicción ajena a la del Poder Judicial,
- cualquier cargo de elección popular o designación política del estado, Comunidades Autónomas, provincias y demás entidades locales y organismos dependientes de cualquiera de ellos,
- los empleos o cargos dotados o retribuidos por la Administración del Estado, las Cortes Generales, la Casa Real, Comunidades Autónomas, provincias, municipios y cualesquiera entidades, organismo o empresas dependientes de unos u otras,
- los empleos de todas clases en los tribunales y juzgados de cualquier orden jurisdiccional,
- con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquella, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Conviene matizar que según jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS de 29 de octubre de 1987, de 30 de junio de 1988, 18 de noviembre de 1991...) esta remisión al artículo 1.3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas se debe completar con el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial,
- con el ejercicio de la Abogacía y de la Procuraduría,
- con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido,
- con el ejercicio de toda actividad mercantil, por si o por otro,
- con las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género,
Por su parte el artículo 391 LOPJ impide la pertenencia a la misma Sala de Justicia o Audiencia Provincial o Sala de Gobierno a Jueces o Magistrados que estuvieren unidos por vínculo matrimonial o situación de hecho equivalente, o tuvieren parentesco entre sí dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad... Y el 392 LOPJ impide que Jueces o Magistrados puedan intervenir en la resolución de recursos relativos a resoluciones dictadas por quienes tengan con ellos alguna de las relaciones de las señaladas
- el de juez o magistrado y con los empleos de toda clase en tribunales y juzgados en cualquier orden jurisdiccional,
- con el de cualquier otra jurisdicción, así como la participación en actividades u órganos de arbitraje,
- con cualquier otro cargo de elección popular o designación política del Estado, Comunidades Autónomas, provincias y demás entidades locales y organismos dependientes de cualquiera de ellos,
- con los empleos o cargos dotados o retribuidos por la Administración del Estado, las Cortes Generales, la Casa Real, Comunidades Autónomas, provincias, municipios y entidades dependientes,
- con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica, técnica...
- Con el ejercicio de la abogacía, excepto cuando tenga por objeto asuntos personales del Fiscal, de su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, de los hijos sujetos a su patria potestad o de las personas sometidas a su tutela, con el ejercicio de la procuraduría, así como todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido. La incompatibilidad con el ejercicio de la abogacía se extenderá en todo caso a la llevanza, directamente o mediante persona interpuesta, de aquellos asuntos en los que el Fiscal hubiese intervenido como tal, aun cuando haya pasado con posterioridad a la situación de excedencia. A este supuesto le será aplicable el régimen de responsabilidad disciplinaria previsto en el Estatuto General de la Abogacía para quienes ejerzan la profesión de abogado estando incursos en causa de incompatibilidad.
- con el ejercicio de la procuraduría, así como todo asesoramiento jurídico, sea o no retribuido,
- con el ejercicio directo, o mediante persona interpuesta, de toda actividad mercantil,
- con las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra clase que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedad o empresas mercantiles públicas o privadas de cualquier genero.

References: artículo 127
 artículo 117
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 357
 artículo 356
 artículo 351
 artículo 356
 artículo 104
 artículo 397
 artículo 1
 artículo 391
 resolución