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Timestamp: 2020-08-03 20:56:03+00:00

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﻿ DECRETO 2569 DE 2000
DECRETO 2569 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2000
CONTENIDO:ENTIDADES ESTATALES. SE REGLAMENTA LA LEY 387 DE 1997, EN LO RELACIONADO CON LAS ATRIBUCIONES DE LA RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL, DE LA CONDICIÓN DE DESPLAZADO, DEL REGISTRO ÚNICO DE POBLACIÓN DESPLAZADA, DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN E INSCRIPCIÓN, DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA, ENTRE OTROS. DEROGA EL INCISO 2 DEL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 290 DE 1999.
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones”.
en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política, y
Que las atribuciones legales de la red de solidaridad social son complementarias y afines a las atribuidas al Ministerio del Interior, en relación con la inscripción de la población desplazada por la violencia, y se ha delegado en la red de solidaridad social la inscripción de que trata el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 387 de 1997, mediante la Resolución 2045 del 17 de octubre de 2000, proferida por el Ministro del Interior,
ART. 1º—Atribuciones de la red de solidaridad social. La red de solidaridad social como entidad coordinadora del sistema nacional de información y atención integral a la población desplazada por la violencia desarrollará las siguientes actividades:
a) Orientar, diseñar y capacitar a los miembros del sistema, en los procedimientos para obtener la declaración de que trata el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 387 de 1997 y establecer, alimentar y mantener actualizado el registro único de población desplazada;
i) Promover la coordinación entre las entidades estatales de cualquier orden y las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que adelanten, financien o ejecuten programas o proyectos dirigidos a la población desplazada por la violencia, así como promover las actividades de cogestión, y
Condicióndedesplazado
ART. 2º—De la condición de desplazado. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.
ART. 3º—Cesación de la condición de desplazado. Cesará la condición de desplazado y por tanto el reconocimiento que el Estado realiza sobre el que alega ser desplazado, cuando se presente una de las siguientes situaciones:
PAR.—La cesación se declarará mediante acto motivado, contra el cual proceden los recursos de ley y la decisión que los resuelva agota la vía gubernativa.
ART. 4º—Del registro único de población desplazada. Créase el registro único de población desplazada, en el cual se efectuará la inscripción de la declaración a que se refiere el artículo 2º del presente decreto.
ART. 5º—Entidad responsable del manejo del registro único de población desplazada. La red de solidaridad social será la entidad responsable del manejo del registro único de población desplazada.
ART. 6º—De la declaración. La declaración de desplazado por quien alega su condición como tal, deberá surtirse de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997. En la declaración se asentarán los generales de ley y además, entre otros datos, los siguientes:
ART. 7º—Envío de la declaración para su inscripción. La declaración mencionada deberá ser remitida en forma inmediata por la autoridad receptora, a la dirección general para los derechos humanos del Ministerio del Interior o a la sede de la entidad en la que se haya delegado la inscripción de que trata el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 387 de 1997, en el respectivo departamento. El incumplimiento de este mandato será objeto de investigación disciplinaria por el correspondiente órgano de control.
ART. 8º—Oportunidad de la declaración. La declaración a que se refieren los artículos anteriores, deberá presentarse por la persona interesada, (dentro del año siguiente a la ocurrencia de los hechos que dieron origen al desplazamiento)*.
*(Nota: El aparte "dentro del año siguiente a la ocurrencia de los hechos que dieron origen al desplazamiento" en el presente artículo fue declarado nulo por la sección primera del Consejo de Estado en Sentencia 2002-00036 de 2008, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno)
ART. 9º—Valoración de la declaración. A partir del día siguiente a la fecha del recibo en la sede de la entidad en la que se haya delegado la inscripción, esta entidad dispondrá de un término máximo de 15 días hábiles, para valorar la información de que disponga junto con la declaración, a efecto de realizar la inscripción o no en el registro de quien alega la condición de desplazado.
ART. 10.—Inscripción en el registro único de población desplazada. En caso de proceder la inscripción en el registro único, se entenderá surtida la notificación del acto de registro de la condición de desplazado, en la fecha en que se hubiere inscrito, al tenor del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. De tal decisión se dará aviso al interesado.
ART. 11.—De la no inscripción. La entidad en la que se haya delegado la inscripción, no efectuará la inscripción en el registro de quien solicita la condición de desplazado, en los siguientes casos:
3. Cuando el interesado efectúe la declaración y solicite la inscripción en el registro (después de un (1) año de acaecidas las circunstancias descritas en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997)*.
*(Nota: El aparte "después de un (1) año de acaecidas las circunstancias descritas en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997" en el numeral 3° del presente artículo fue declarado nulo por la sección primera del Consejo de Estado en Sentencia 2002-00036 de 2008, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno)
ART. 13.—Inscripción en el registro único de población desplazada en caso de desplazamientos masivos. Cuando se produzcan desplazamientos masivos, el comité municipal, distrital, las autoridades municipales y el Ministerio Público, tanto de la zona expulsora como de la receptora de la población desplazada, actuarán en forma unida para establecer la identificación y cuantificación de las personas que conformaron el desplazamiento masivo y efectuarán una declaración sobre los hechos que originaron el desplazamiento del grupo.
PAR.—El trámite previsto en este artículo exime a las personas que conforman el desplazamiento masivo de rendir una declaración individual para solicitar su inscripción en el registro único de población desplazada.
ART. 14.—Exclusión del registro único de población desplazada. La exclusión del registro único de población desplazada, y en consecuencia, la pérdida de los beneficios establecidos en la Ley 387 de 1997, a favor de la población desplazada, procede cuando:
2. Cuando a juicio de la entidad en la que se haya delegado la inscripción, de acuerdo con el parágrafo del artículo 18 de la Ley 387 de 1997, se demuestre la falta de cooperación o la reiterada renuencia del desplazado para participar en los programas y acciones que con ocasión del mejoramiento, restablecimiento, consolidación y estabilización de su situación, desarrolle el Estado.
PAR.—La exclusión del registro único de población desplazada, se realizará a través de acto motivado e implica la revocatoria de la decisión tomada en el acto anterior mediante el cual se decidió la inclusión en el registro. Esta decisión se notificará al afectado, y es susceptible de los recursos de ley. La decisión de los recursos agota la vía gubernativa.
(Nota: Véase sección primera del Consejo de Estado en Sentencia 2002-00036 de 2008, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno)
ART. 15.—De la confidencialidad del registro único de población desplazada. Con el fin de proteger el derecho a la vida, a la intimidad, a la honra y bienes de los inscritos, la información contenida en el registro único de población desplazada es confidencial.
(Nota: El inciso segundo del presente artículo fue modificado por el Decreto 2131 de 2003 artículo 9º del Ministerio de Protección Social).
ART. 16.—Ayuda inmediata. Una vez recibida en la sede de la entidad en la que se haya delegado la inscripción la declaración enviada por la autoridad receptora de la misma, la persona que solicita el reconocimiento de su condición de desplazado por el solo hecho de haber efectuado la declaración dentro del término anteriormente señalado, tendrá derecho a acceder a los beneficios establecidos en la Ley 387 de 1997, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, para la atención humanitaria de emergencia, proporcionada como ayuda inmediata y hasta el momento en el cual se expida el acto que decida sobre la inscripción en el registro.
(Nota: El aparte "dentro del término anteriormente señalado" en el presente artículo fue declarado nulo por la sección primera del Consejo de Estado en Sentencia 2002-00036 de 2008, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno)
ART. 17.—Atención humanitaria de emergencia. Realizada la inscripción, la persona tendrá derecho a que se le otorgue atención humanitaria de emergencia por el término establecido en el parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y acceso a los programas de ayuda, que con ocasión a la condición de desplazado adelante el Estado, sin perjuicio de que el interesado tenga acceso a los programas sociales de retorno, reasentamiento o reubicación y otros que preste el Estado.
ART. 18.—(Nulo).* Programas de retorno, reasentamiento o reubicación. Si el interesado efectúa la declaración y solicita la inscripción en el registro con posterioridad a la fecha antes indicada, esto es, un (1) año después de acaecidos los hechos que dieron origen a tal condición, la persona solicitante sólo tendrá derecho de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, al acceso a los programas que con ocasión a la condición de desplazado preste el Estado en materia de retorno, reasentamiento o reubicación.
*(Nota: El presente artículo fue declarado nulo por la sección primera del Consejo de Estado en Sentencia 2002-00036 de 2008, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno)
ART. 19.—De la red nacional de información para la atención a la población desplazada por la violencia. La red nacional de información para la atención a la población desplazada por la violencia estará coordinada por la red de solidaridad social, entidad que definirá las características técnicas del sistema de información y los puntos de información local.
ART. 20.—De la atención humanitaria de emergencia. Se entiende por atención humanitaria de emergencia la ayuda temporaria e inmediata encaminada a acciones de socorro, asistencia y apoyo a la población desplazada, a fin de mitigar las necesidades básicas en alimentación, salud, atención sicológica, alojamiento, transporte de emergencia, elementos de hábitat interno y salubridad pública.
Se tiene derecho a la atención humanitaria de emergencia por espacio máximo de tres (3) meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres (3) meses más.
ART. 21.—Prórroga de la atención humanitaria de emergencia. A juicio de la red de solidaridad social y de manera excepcional, se podrá prorrogar la atención humanitaria de emergencia hasta por un término de tres (3) meses al tenor del parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, y lo previsto en el inciso segundo del artículo anterior, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y atendiendo criterios de vulnerabilidad, solidaridad, proporcionalidad e igualdad.
ART. 22.—Montos de la ayuda humanitaria de emergencia. En atención a los principios de solidaridad y de proporcionalidad, la red de solidaridad social destinará de los recursos que para tal fin reciba del presupuesto nacional y de manera proporcional al tamaño y composición del grupo familiar, un monto máximo equivalente en bienes y servicios, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, así:
ART. 23.—De las reglas para el manejo de la atención humanitaria de emergencia. El Gobierno Nacional podrá celebrar convenios con organizaciones no gubernamentales, entidades del sector privado y organizaciones internacionales para la prestación de la atención humanitaria de emergencia.
ART. 24.—Prohibición de limitaciones. Se prohíbe cualquier tipo de restricción al paso de ayuda humanitaria para la población desplazada. La fuerza pública deberá garantizar el oportuno paso de la ayuda a sus destinatarios. Las acciones culposas o dolosas de las autoridades relacionadas con la distribución de la ayuda de emergencia serán objeto de investigación disciplinaria y sancionadas de conformidad con la ley.
Delaestabilizaciónsocioeconómica
ART. 25.—De la estabilización socioeconómica. Se entiende por la estabilización socioeconómica de la población desplazada por la violencia, la situación mediante la cual la población sujeta a la condición de desplazado, accede a programas que garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas en vivienda, salud, alimentación y educación a través de sus propios medios o de los programas que para tal efecto desarrollen el Gobierno Nacional, y las autoridades territoriales, en el ámbito de sus propias competencias y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.
ART. 26.—Componentes de los programas de estabilización socioeconómica. Se entiende por componentes de los programas de estabilización socioeconómica, la vivienda y la incorporación en la dinámica económica y productiva y además en el ámbito rural, el acceso a la tierra para fines productivos.
Los componentes vivienda y tierra serán suministrados a través de los sistemas que para tales efectos desarrollen el Banco Agrario, el Inurbe y el Incora, dentro de sus planes de atención a población desplazada, los cuales podrán, subsidiariamente, ser apoyados por la red de solidaridad social, y a los cuales accederán en procura de satisfacer los derechos vulnerados en tal materia, preferencialmente, las personas que al momento del desplazamiento, previa verificación de la red de solidaridad social, contaban con derecho de propiedad o posesión sobre un lote de terreno o una vivienda.
PAR.—Para efectos de la ejecución de proyectos productivos, el Estado promoverá a través de la red de solidaridad social, la participación de organizaciones privadas nacionales e internacionales con experiencia en procesos de consolidación y estabilización socioeconómica de población desplazada.
La coordinación de las labores que desarrollen las organizaciones que participen en la formulación y ejecución de tales proyectos productivos, estará bajo la dirección de la red de solidaridad social, quien podrá celebrar los convenios que resulten necesarios.
ART. 27.—Montos de la ayuda en materia de estabilización socioeconómica. El consejo directivo de la red de solidaridad social a propuesta del director de esta entidad, definirá anualmente conforme a la asignación presupuestal de las entidades miembros del sistema nacional de atención integral a la población desplazada, a la naturaleza de las necesidades por atender en la consolidación y estabilización socioeconómica de dicha población y en atención a los criterios de igualdad y solidaridad, los montos máximos expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes con los que se atenderá cada grupo familiar en tal materia, y determinará los porcentajes necesarios que se distribuirán en los siguientes conceptos: subsidio para tierra; subsidio para vivienda; apoyo para seguridad alimentaria; incorporación a la dinámica productiva. En estos conceptos se incluirán los costos relativos a la capacitación, asistencia técnica integral y gestión para la comercialización.
ART. 28.—Del retorno. El Gobierno Nacional apoyará a la población desplazada que voluntariamente desee retornar a sus lugares de origen, desarrollando los componentes de la consolidación y estabilización socioeconómica. Previo al proceso de retorno deberá realizarse una evaluación sobre las condiciones de orden público existentes en las regiones o localidades hacia las cuales se pretenda retornar, y cuyo resultado se hará conocer a quien desea retornar. Si a pesar de una evaluación negativa sobre las condiciones de retorno, los desplazados insisten en su interés de retornar, el Gobierno Nacional a través de la red de solidaridad social, levantará un acta en la cual se evidencien las condiciones del lugar de destino, que los interesados en el retorno conocen de las mismas, que no obstante subsiste la voluntad inequívoca de retornar y que asumen la responsabilidad que tal decisión conlleve.
PAR.—Los procesos de retorno podrán ser acompañados por organizaciones humanitarias de carácter nacional e internacional que ayuden a evaluar y verificar las condiciones en que se producirá el retorno, y formulen recomendaciones sobre las acciones o procesos requeridos para mejorar dichas condiciones y hacer posible el retorno.
ART. 29.—Creación de los comités. Los alcaldes municipales, distritales y los gobernadores, crearán los comités para la atención integral a la población desplazada por la violencia, en los términos y para los fines previstos en el artículo 7º de la Ley 387 de 1997 y el presente decreto.
ART. 30.—Convocatoria de los comités. Los comités municipales, distritales y departamentales para la atención integral a la población desplazada por la violencia, deberán ser convocados en los siguientes eventos:
En los eventos anteriores la primera autoridad civil del lugar deberá convocar al comité municipal, distrital o departamental de la zona en forma inmediata, en un lapso no superior a las cuarenta y ocho (48) siguientes a la ocurrencia de los hechos que dan lugar a la convocatoria, comunicando tal decisión a la red de solidaridad social, con el fin de adoptar las medidas a que hubiere lugar en materia de prevención, emergencia, asentamiento temporal, protección de población vulnerada e inicio de trámites para la inclusión en el registro único de población desplazada. El incumplimiento de esta obligación legal será objeto de investigación disciplinaria.
ART. 31.—Funciones de los comités municipales, distritales y departamentales para la prevención del desplazamiento forzado y la atención integral a la población desplazada por la violencia. En ejecución de las acciones jurídicas y asistenciales que les atribuye la Ley 387/97, los comités municipales, distritales y departamentales para la prevención del desplazamiento forzado y la atención integral de la población desplazada por la violencia, desarrollarán funciones en prevención del desplazamiento forzado y en atención integral de la población desplazada.
ART. 32.—Funciones de los comités en prevención del desplazamiento forzado. Son funciones preventivas de los comités en materia de desplazamiento forzado, entre otras, las siguientes:
ART. 33.—Funciones de los comités en atención integral de la población desplazada. Son funciones de los comités en atención integral de la población desplazada, entre otras, las siguientes:
1. Recolectar, en los desplazamientos masivos, la información de la población desplazada e iniciar los trámites para su inscripción en el registro único de población desplazada.
ART. 34.—Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, especialmente el inciso segundo del artículo 1º del Decreto 290 del 17 de febrero de 1999.
Dado en Bogotá, D.C., a 12 de diciembre de 2000.

References: ARTÍCULO 1
 artículo 189
 artículo 32
 Resolución 
 artículo 32
 artículo 2
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 44
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 9
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 7
 artículo 1