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Ley 3/1989, de 29 de marzo, de Entidades Autónomas y Empresas Públicas y vinculadas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (Vigente hasta el 01 de Enero de 2007).
Publicado en BOIB núm. 56 de 06 de Mayo de 1989 y BOE núm. 169 de 17 de Julio de 1989
Vigencia desde 07 de Mayo de 1989. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2006 hasta 01 de Enero de 2007
CAPITULO PRIMERO. AMBITO DE APLICACION DE LA LEY Y CRITERIOS GENERALES DE ACTUACION DE LAS ENTIDADES AUTONOMAS Y EMPRESAS PUBLICAS Y VINCULADAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
CAPITULO II. DE LAS ENTIDADES AUTONOMAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
CAPITULO III. DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO QUE DEBEN AJUSTAR SU ACTIVIDAD AL DERECHO PRIVADO
CAPITULO IV. DE LAS SOCIEDADES CON PARTICIPACION MAYORITARIA Y DE LAS SOCIEDADES VINCULADAS
CAPITULO V. DE LOS RECURSOS Y RECLAMACIONES
Ley [BALEARES] 3/1989, 29 marzo, derogada por la letra a) del número 1 de la disposición derogatoria única de Ley [BALEARES] 7/2010, 21 julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears («B.O.I.B.» 29 julio) el 30 de julio de 2010.
Exposición de Motivos La Ley 1/1986, de 5 de Febrero, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, define, aunque de manera sucinta, los distintos Entes que conforman la tipología de administracion institucional de esta Comunidad Autónoma. Por otra parte, recoge, de una manera muy detallada, todo el régimen ecónomico-financiero de estos Entes, y se refiere así a endeudamiento, avales, régimen de creditos presupuestarios, elaboración de presupuestos, fiscalización y control financiero.
A pesar de lo expuesto anteriormente, debemos señalar que la inexistencia de una norma propia, que perfile el régimen general de estos Entes conduce, en muchos casos a la necesidad de adaptar analógicamente la legislación estatal en la materia a nuestras propias peculiaridades y ello en un ejercicio que debiera estar siempre presidido por el principio de seguridad jurídica.
Así pues, la creación de un marco uniforme que regule el procedimiento de creación y funcionamiento de las entidades autónomas, empresas públicas y vinculadas a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, debe significar la posibilidad de implantar una administración institucional propia, cuyas metas máximas deben ser la racionalización, eficacia y economía en la gestión de los fines que se les atribuyan.
CAPITULO PRIMEROAMBITO DE APLICACION DE LA LEY Y CRITERIOS GENERALES DE ACTUACION DE LAS ENTIDADES AUTONOMAS Y EMPRESAS PUBLICAS Y VINCULADAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
La presente Ley se aplica:
a) A las Entidades autónomas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, entendiéndose por tales aquellas entidades de derecho público creadas por Ley del Parlamento, con personalidad jurídica propia distinta de la de la Comunidad Autónoma, a las cuales se encomiendan expresamente en régimen de descentralización la organización y administración de algún servicio público y de los fondos que se adscriben al cumplimiento de actividades económicas al servicio de fines diversos.
Último párrafo de la letra a) del artículo 1.º suprimido por el número 1 del
artículo 44 de la Ley [BALEARES] 13/2005, 27 diciembre, de medidas tributarias y administrativas («B.O.I.B.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2006 b) A las empresas públicas de la Comunidad Autónoma que pueden ser:
1. Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia sometidas a la Comunidad Autónoma, pero que deban ajustar su actividad al ordenamiento jurídico privado.
2. Sociedades civiles o mercantiles con participación mayoritaria de la Comunidad Autónoma, de las Entidades autónomas de la misma o de las sociedades en que la Comunidad Autónoma o las Entidades citadas tengan también participación mayoritaria en el capital social y aquellas Entidades de Derecho Público adscritas a la Comunidad Autónoma que deban ajustar su actividad al ordenamiento jurídico privado.
c) A las Empresas vinculadas a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, es decir, aquellas sociedades civiles o mercantiles a las cuales la Comunidad Autónoma, sus Entidades autónomas o sus Empresas públicas participen directa o indirectamente en su capital en un mínimo de un 10 por 100 sin llegar a la mayoría.
En estas sociedades vinculadas, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, sus Entidades autónomas y Empresas públicas no ostentarán más derechos y obligaciones que los generales que la distinta normativa atribuye a la condición de socio.
Letra c) del artículo 1 redactada por Ley [BALEARES] 11/1991, 13 diciembre («B.O.C.A.I.B» 31 diciembre), de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 1992.
CAPITULO IIDE LAS ENTIDADES AUTONOMAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
1. La ley de creación de cada entidad autónoma ha de determinar la finalidad institucional de la entidad, así como si ésta ha de tener un presupuesto propio e independiente del presupuesto de la Administración de la comunidad autónoma. En defecto de ello, los presupuestos de las entidades autónomas han de integrarse en el presupuesto de la Administración de la comunidad autónoma como secciones presupuestarias.
Número 1 del artículo 2.º redactado por el número 2 del artículo 44 de la Ley [BALEARES] 13/2005, 27 diciembre, de medidas tributarias y administrativas («B.O.I.B.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2006 2. Corresponde al Consejo de Gobierno, mediante un Decreto, desarrollar su organización y su régimen jurídico, y también aprobar sus estatutos, determinar la Consejería a que quedarán adscritas y los bienes que se les asignan.
1. Las Entidades autónomas podrán solicitar a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, a través de la Consejería de la que dependen, la adscripción de bienes del patrimonio de la Comunidad Autónoma para el cumplimiento de sus fines con carácter permanente e indirecto.
2. Los acuerdos de adscripción serán sometidos por la Presidencia de la Comunidad a la resolución del Consejo de Gobierno y se adoptarán en virtud de discrecional ponderación de las razones aducidas por la Entidad solicitante, y deben expresar concretamente el fin al que deben destinarse los bienes. Los bienes adscritos así, conservarán la calificación jurídica originaria y no se integrarán en el patrimonio de la Entidad la cual no adquirirá la propiedad.
A partir de: 1 enero 2007 Artículo 3.º derogado por la letra c) del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 25/2006, 27 diciembre, de medidas tributarias y administrativas («B.O.I.B.» 30 diciembre).
1. Los bienes adquiridos por estas Entidades de forma distinta a la expresada en el artículo anterior se deben incorporar a su patrimonio.
2. Las Entidades autónomas no podrán alienar los bienes afectos de manera permanente y directa al cumplimiento de su finalidad institucional.
3. En caso de disolución, los activos de estas Entidades, dada la naturaleza que tienen, deben incorporarse al dominio público o a los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma.
4. Los bienes de estas Entidades podrán ser alienados, previa autorización, de acuerdo con el procedimiento establecido para la mejora de bienes y derechos del patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
5. a) La autorización a que hace referencia el punto 4 de este artículo debe hacerse por Ley cuando el valor de tasación pericial sobrepase los 100 millones de pesetas, por acuerdo del Consejo de Gobierno cuanto esté comprendido entre los 50 y 100 millones de pesetas, y por acuerdo de la Presidencia cuando el valor sea inferior a 50 millones de pesetas.
b) En el caso de alienación de los bienes, por acuerdo del Consejo de Gobierno o de la Presidencia, se publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» en el plazo máximo de un mes.
6. No será necesaria autorización administrativa para la transmisión a título oneroso en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de bienes adquiridos con la finalidad de devolverlos al tráfico jurídico privado de acuerdo con las funciones atribuidas a las Entidades autónomas.
b) Cuando se trate de transmisiones de bienes inmuebles que constituyen el objeto de la actividad de la Entidad, excepto que así lo disponga la Ley de creación, el decreto de desarrollo o los estatutos de la misma.
c) Cuando se trate de bienes adquiridos como inversión de las reservas a que puedan estar obligados.
d) Cuando los valores de los bienes sean inferiores a 10 millones de pesetas.
A partir de: 1 enero 2007 Artículo 4.º derogado por la letra c) del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 25/2006, 27 diciembre, de medidas tributarias y administrativas («B.O.I.B.» 30 diciembre).
1. La cesión gratuita de los bienes pertenecientes a las Entidades autónomas debe ser autorizada por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Presidencia con las finalidades de utilidad pública e interés social.
2. El acuerdo de cesión debe prever la finalidad concreta a la que las Entidades beneficiarias deben destinar los bienes.
3. Si los bienes cedidos no se destinan al uso previsto en el plazo fijado o si dejan de ser destinados, la cesión se considerará resuelta y los bienes revertirán a la Entidad autónoma en cuestión, la cual tendrá derecho a percibir, previa la tasación pericial, el valor de los daños y el detrimento que estos hayan experimentado.
A partir de: 1 enero 2007 Artículo 5.º derogado por la letra c) del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 25/2006, 27 diciembre, de medidas tributarias y administrativas («B.O.I.B.» 30 diciembre).
Estas Entidades ejercerán las potestades concedidas por las Leyes para la recuperación posesoria de los bienes que les pertenezcan o que les hayan sido adscritos.
1. Las tarifas y precios que estas Entidades apliquen serán autorizados por el titular de la Consejería a que estén adscritas, exceptuando aquellos casos en que, por su naturaleza, esta finalidad esté atribuida a otro órgano de la Comunidad Autónoma o a otra Administración pública.
2. El titular de la Consejería podrá delegar esta competencia en el Consejo de Administración de la Entidad.
Las obligaciones contraídas por las Entidades señaladas por el artículo 1.a) no se podrán exigir por la vía de constreñimiento, exceptuándose los créditos liquidados en favor de la Hacienda del Estado o de la Comunidad Autónoma y de los garantizados con aval, fianza, prenda o hipoteca. En consecuencia, estas Entidades deben cumplir las sentencias y resoluciones firmes que impongan obligaciones o responsabilidades económicas, mediante la habilitación del crédito correspondiente en su presupuesto.
El régimen de contratación de las Entidades autónomas de tipo administrativo debe sujetarse a las normas administrativas de contratación.
El Decreto de desarrollo de la Ley de creación o los estatutos deberán determinar la composición de las masas de contratación.
1. El Decreto de desarrollo de la Ley de creación o los estatutos de las Entidades Autónomas de tipo comercial, industrial, financiero o análogo determinará las características de su régimen de contratación y, de manera especial, los contratos que puedan suscribir, de acuerdo con el derecho civil y mercantil, de manera directa, sin someterse a los procedimientos administrativos de selección de contratistas y, en general, a las normas administrativas sobre contratación.
2. En cualquier caso, la contratación no administrativa se limitará a aquellos ámbitos de actuación específica que constituyan el objeto comercial, industrial o financiero de la Entidad.
En ningun caso afectará a la adquisición de bienes o construcción de inmuebles que sean necesarios para el servicio de la Entidad, que estarán siempre regidos por la normativa administrativa que sea de aplicación.
Las Entidades autónomas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares podrán hacer uso del procedimiento administrativo de constreñimiento en la recaudación de ingresos de derecho público que tengan autorizada. Por otra parte, las acciones para cobrar los ingresos de derecho privado serán ejercidas ante la jurisdicción ordinaria.
Los Presidentes, Directores, Consejeros, Vocales y personal directivo de las Entidades autónomas y empresas públicas serán designados y separados libremente de acuerdo con lo que dispone en sus respectivas normas fundacionales.
El nombramiento de Presidentes y Directivos se efectuará, a no ser que lo fueran con carácter nato por razón del cargo que desempeñan, por Decreto, cuando aquellos ostentarán, al menos, la asimilación correspondiente a Director General. En los demás casos, su designación, así como la de Consejeros, Vocales y personal directivo estará atribuida a la competencia del Consejero respectivo.
La retribución de los Directivos o Gerentes será determinada por el Consejo de Administración de la Entidad autónoma o Empresa pública, de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
El personal de las Entidades señaladas en el artículo 1.a) estará integrado por:
1. Los funcionarios de carrera propios o adscritos a la Entidad, en los términos previstos en la legislación de función pública.
2. Excepcionalmente el personal laboral que, de acuerdo con las Leyes, mantenga una relación contractual de esta naturaleza.
3. El personal eventual que en ningún caso ocupara plazas reservadas en la plantilla para los funcionarios o personal laboral y que cesarán automáticamente al producirse el cese del Presidente del Consejo de Administracion.
Las Entidades autónomas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se extinguen:
a) Por aplicación del procedimiento descrito en la disposición adicional tercera de la Ley 10/1995, de 20 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.Letra a) del artículo 14 redactada por Ley [BALEARES] 9/1997, 22 diciembre («B.O.C.A.I.B.» 30 diciembre), de diversas Medidas Tributarias y Administrativas.
c) Porque han cumplido la finalidad para la que fueron creadas mediante acuerdo en este caso del Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento de las Islas Baleares.
CAPITULO IIIDE LAS ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO QUE DEBEN AJUSTAR SU ACTIVIDAD AL DERECHO PRIVADO
La creación de las entidades de derecho público que deben ajustar su actividad al derecho privado debe ser autorizada por Ley del Parlamento. Se les aplicará lo que dispone el artículo 3. Su extinción y disolución se acordará según lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 10/1995, de 20 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Artículo 15 redactado por Ley [BALEARES] 9/1997, 22 diciembre («B.O.C.A.I.B.» 30 diciembre), de diversas Medidas Tributarias y Administrativas.
La actividad de estas Entidades debe someterse a las normas de derecho mercantil, civil o laboral, sin perjuicio de las materias a que se aplica la presente Ley, de las exceptuadas por la Ley de creación o por el Decreto de desarrollo y, en general, las de actividades referentes a las relaciones de tutela con la Administración.
La contratación de las Entidades reguladas en este capítulo se sujeta al derecho privado.
Será aplicable a estas Entidades lo que se dispone en los artículos 3.º , 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 11, 12 Y 14 de la presente Ley.
Las relaciones entre estas Entidades y el personal se regirán por las normas civiles, mercantiles o laborales, según la naturaleza contractual que preside esta relación.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la normativa reguladora del régimen jurídico de cada entidad tiene que determinar, en su caso, las condiciones conforme a las cuales los funcionarios de la administración autonómica pueden ser cedidos en comisión de servicios o adscritos, así como las competencias que, en relación con estos funcionarios, han de ejercer los órganos de la entidad, de acuerdo con la legislación sobre función pública
Segundo párrafo del artículo 19 introducido por el artículo 38 de la Ley [BALEARES] 8/2004, 23 diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública («B.O.I.B.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2005 CAPITULO IVDE LAS SOCIEDADES CON PARTICIPACION MAYORITARIA Y DE LAS SOCIEDADES VINCULADAS
1. En las previsiones presupuestarias, el Consejo de Gobierno podrá acordar mediante Decreto la constitución de Sociedades sujetas a normas civiles y mercantiles para conseguir los objetivos asignados por el Estatuto de autonomía.
2. El Decreto de constitución debe determinar necesariamente el objeto social, el capital fundacional de la Sociedad, la participación que directa o indirectamente tendrá la Comunidad Autónoma y la forma jurídica que debe adoptar. El Consejo de Gobierno dará cuenta de ello al Parlamento.
3. Los estatutos de estas Entidades serán aprobados por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero al cual se adscriba la Sociedad.
4. De la misma manera el Consejo de Gobierno acordará, en las previsiones presupuestarias, a propuesta del Consejero a quien corresponda, la adquisición a título oneroso de participación mayoritaria directa o indirecta en Sociedades civiles o mercantiles ya constituidas.
5. La pérdida de posición mayoritaria en estas sociedades se acordará según lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 10/1995, de 20 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Número 5 del artículo 20 redactado por Ley [BALEARES] 9/1997, 22 diciembre («B.O.C.A.I.B.» 30 diciembre), de diversas Medidas Tributarias y Administrativas.
6. La venta de títulos de Sociedades que no comporten la pérdida de posición mayoritaria de la Comunidad Autónoma o de sus Entidades autónomas debe acordarse por el Consejo de Gobierno y el acuerdo en el plazo de un mes, será publicado en el «Boletín Oficial de la comunidad Autónoma de las Islas Baleares».
7. La adquisición y alienación de títulos correspondientes a Sociedades con participación minoritaria de la Comunidad Autónoma o de Entidades reguladas por la presente Ley deben ser acordadas por el Consejo de Gobierno.
El procedimiento para la disolución de sociedades con participación mayoritaria de la Comunidad Autónoma deberá ajustarse a las normas legales que sean de aplicación y en todo caso a lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley 10/1995, de 20 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Artículo 21 redactado por Ley [BALEARES] 9/1997, 22 diciembre («B.O.C.A.I.B.» 30 diciembre), de diversas Medidas Tributarias y Administrativas.
Los Vocales representantes del capital de la Comunidad Autónoma o de otras Entidades previstas por esta Ley son designados atendiendo a criterios de competencia empresarial, profesional o técnica o de idoneidad para ejercer el cargo. A estos efectos es de aplicación expresa el contenido del artículo 21 de la presente Ley.
Las personas que presten servicios en estas Sociedades serán sometidas a las normas civiles, mercantiles o laborales que, según la relación contractual que tengan les corresponda.
CAPITULO VDE LOS RECURSOS Y RECLAMACIONES
1. Contra los actos administrativos de las Entidades reguladas en los capítulos II y III se podrá recurrir por vía administrativa ante el titular de la Consejería a la que esten adscritas.
2. La Resolución del titular de la Consejería será susceptible de recurso contencioso-administrativo.
3. Los plazos y las características de los recursos serán los establecidos con carácter general por las Leyes de procedimiento.
4. El recurso extraordinario de revisión, en su caso, debe interponerse siempre ante el titular de la Consejería a la que esté adscrita la Entidad que dictó el acto.
5. En materia urbanística, se aplicará el régimen de recursos regulado por la legislación específica.
1. Las reclamaciones sobre la aplicación y efectividad de los tributos y los derechos cuya gestión sea encomendada a las Entidades autónomas reguladas en el capítulo II tendrá carácter económico-administrativo y deben presentarse ante estos Tribunales.
2. Contra la resolución de estos órganos se podrá interponer recurso contencioso-administrativo.
Antes de ejercer acciones ante la jurisdicción ordinaria contra las Entidades reguladas en el capítulo II será necesario formular reclamación gubernativa, con el carácter y los efectos regulados por las leyes generales sobre procedimiento administrativo. La competencia para decidir sobre estas reclamaciones corresponde al titular de la Consejería a la que estén adscritas.
El artículo 79 de la Ley 1/1986, de 5 de Febrero, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, queda redactado tal como sigue: «Las Entidades autónomas y las empresas públicas previo informe favorable de la Consejería de la que dependan y autorización del Consejero de Economía y Hacienda, podrán prestar avales dentro del límite máximo fijado con esta finalidad para cada ejercicio y Entidad o Empresa por la Ley de presupuestos. Deberán dar cuenta a la Consejería de Economía y Hacienda de cada aval que concedan.»
El artículo 99.1 Y 99.2 De la Ley 1/1986, de 5 de Febrero, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, queda redactado tal como sigue:
1. Los altos cargos, los funcionarios y el personal contratado al servicio de la Comunidad o de las Entidades autónomas o Empresas públicas de la misma que, dolosamente o culpablemente, intervengan en acciones u omisiones que ocasionen perjuicio económico en la Hacienda de la Comunidad, quedarán sometidos a la responsabilidad civil, penal o disciplinaria que corresponda de acuerdo con las Leyes. La responsabilidad penal y la disciplinaria serán compatibles entre sí y con la civil.
2. Están sujetas a la obligación de indemnizar a la Hacienda de la Comunidad Autónoma, además de los altos cargos, los funcionarios y el personal contratado que adopten la resolución o que realicen el acto determinante de aquella, los interventores, el tesorero y el ordenador de pagos que, con dolo, culpa, negligencia o ignorancia inexcusable, deban participar en el expediente respectivo y no hayan salvado su actuación mediante observación escrita a sobre la improcedencia o ilegalidad del acto o de la resolución..
Todos los bienes inmuebles de titularidad de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que a la entrada en vigor de la presente Ley, hayan sido adscritos formalmente al Instituto Balear de la Vivienda, y que se encuentren afectos al cumplimiento de la finalidad institucional propia, deben integrarse en el Patrimonio de esta Entidad.
Asimismo, se consideran en el régimen de excepción recogido en el párrafo anterior los solares o edificaciones procedentes del patrimonio del extinguido Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda [contemplados en el punto segundo del acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de Marzo de 1987 («Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» de 9 de Junio), sobre la adscripción al IBAVI de Bienes y Derechos], que puedan ser transferidos a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y en él se contemplan los que ya se han traspasado a esta Comunidad según Real Decreto 1479/1984, de 20 de Junio, por el que se transfieren a esta Comunidad competencias en materia de vivienda y turismo.
Los altos cargos, funcionarios y personal laboral de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que en representación de la misma formen parte de los Consejos de Administración de las Entidades y Empresas reguladas por la presente Ley, no tendrán derecho a ninguna retribución, con excepción de las dietas que cada Entidad o Empresa acuerde conceder.
Por la presente Ley y a los efectos de lo que establece la disposición adicional cuarta de la Ley 10/1987, de 29 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para 1988 se crean las siguientes Entidades autónomas y Empresas públicas:
a) Empresa pública, constituida como Entidad de derecho público que actúa bajo fórmulas de derecho privado, cuya finalidad institucional es promover la oferta pública balear en los mercados nacional e internacional.
b) Entidad autónoma de tipo comercial-industrial cuya finalidad institucional es administrar, explotar, gestionar y mantener las residencias vacacionales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
c) Empresa pública, constituida como Sociedad mercantil, cuya finalidad institucional es la formación integral de los jóvenes agricultores.
d) Empresa pública, constituida como Sociedad mercantil, cuyo objeto es realizar actividades industriales, de investigación, comerciales y de prestación de servicios relacionados con la acuicultura en el más amplio sentido.
Por esta Ley se crean las empresas públicas siguientes:
a) Empresa pública, constituida como Sociedad mercantil, cuyo objetivo es ha gestión y la prestación de servicio en explotaciones ganaderas.
b) Empresa pública, constituida como sociedad mercantil, cuyo objeto es la gestión y la prestación de servicios a los sectores agrario y pesquero
Letra b) de la disposición adicional sexta redactada por la disposición adicional primera de la Ley [BALEARES] 10/2003, 22 diciembre, de medidas tributarias y administrativas («B.O.I.B.» 29 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004 Séptima
Los estatutos de las Entidades y Empresas en las que participa la Comunidad Autónoma deben adaptarse a las disposiciones de la presente Ley, en el plazo de nueve meses de haber entrado en vigor.
Las actuaciones y la competencia de las entidades autónomas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en materia de patrimonio estarán sujetas a la Ley 11/1990, de 17 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y a la normativa complementaria y de desarrollo que rige para toda la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Disposición adicional 8.ª introducida por Ley [BALEARES] 9/1997, 22 diciembre («B.O.C.A.I.B.» 30 diciembre), de diversas Medidas Tributarias y Administrativas.
Los cargos directivos de la entidad autónoma Instituto de Estudios Baleáricos, con competencia general que no se asimilen en rango de director general pueden ser ocupados por funcionarios públicos o por personal laboral contratado al amparo de la relación especial de alta dirección.
Disposición adicional novena introducida por la disposición adicional decimosexta de la Ley [BALEARES] 8/2004, 23 diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública («B.O.I.B.» 30 diciembre /«B.O.E.» 19 enero 2005).Vigencia: 1 enero 2005 DISPOSICION TRANSITORIA
Unica. Para el ejercicio de 1989 y de acuerdo con lo que establece el artículo 57.2 de la Ley 1/1986, de 5 de Febrero, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, corresponden a los Presidentes o a los Directores generales o Gerentes de las Entidades autónomas, y ello por razón de lo que puedan establecer al respecto el Decreto de desarrollo de la Ley de creación o los estatutos de la Entidad, la autorización y el ordenamiento de pagos relativos a la Entidad respectiva, siempre que cada operación de éstas no sobrepase los 7.500.000 Pesetas. Si excede esta cifra la competencia en materia de autorización y disposicion del gasto corresponderá al Consejo de Gobierno, que la ejercerá a propuesta del Consejero al que esté adscrita la Entidad en cuestión. La competencia en materia de reconocimiento de la obligación y el ordenamiento de pago será siempre, independientemente de la cuantía, de los Presidentes o bien de los Directores generales o Gerente de la Entidad autónoma.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en todo lo que se opongan a los preceptos de la presente Ley o que los contradigan.

References: artículo 1

artículo 44
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 44
 resolución 
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 3

Artículo 15
 artículo 19
 artículo 38
 artículo 20

Artículo 21
 artículo 21
 Resolución 
 resolución 
 artículo 79
 artículo 99
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 57