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Timestamp: 2019-04-23 19:51:48+00:00

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Acuerdo y Sentencia 00060/2017 Tribunales de Apelación
ACUERDO Y SENTENCIA T.A. CIVIL Y COMERCIAL 3ª SALA Nº 60/17
JUICIO:"ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ C/ DALMI RAMONA ORTIZ MARTINEZ PRO. DEL SUPER MIL Y/O OCUPANTES PRECARIOS S/ DESALOJO".
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 03 días del mes de julio del año dos diecisiete, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Excelentísimo Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, los señores Miembros Dres. MARÍA MERCEDES BUONGERMINI PALUMBO, ARNALDO MARTÍNEZ PRIETO Y EUSEBIO MELGAREJO CORONEL, bajo la presidencia de la primera de los nombrados y por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado como más arriba se menciona, a fin de resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por el Sr. Santiago Benitez, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, contra la S.D. N° 360 de fecha 30 de junio de 2014, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno.
Practicado el sorteo de ley resultó el siguiente orden de votación: MARTINEZ P., BUONGERMINI P. y MELGAREJO C. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. MARTÍNEZ PRIETO, DIJO: El recurrente no ha fundamentado el recurso de nulidad invocado y, no adviniéndose en la resolución recurrida otros vicios o defectos que autoricen a declarar de oficio su nulidad, el citado recurso debe ser declarado desierto.
A SUS TURNOS los Dres. María Mercedes Buongermini Palumbo y Eusebio Melgarejo C. manifestaron que se adhieren al voto del preopinante.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. MARTÍNEZ PRIETO, DIJO: Por la sentencia apelada N° 360 de fecha 30 de junio de 2014 el a quo resolvió: "I.- RECHAZAR, con costas, a la Excepción de falta de acción, la caducidad y la nulidad de actuaciones opuestas por los demandados, por improcedentes. II.- HACER EFECTIVO el apercibimiento decretado en el proveído de fecha 14 de julio de 2.011 (fojas 46), y tener por ciertos los hechos de la demanda. III.- HACER LUGAR, con costas, a la presente demanda de Desalojo promovida por la ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ contra la Sra. DALMI RAMONA ORTIZ MARTÍNEZ (SUPER MIL) y el Sr. SANTIAGO BENITEZ Y/O OCUPANTES PRECARIOS, y en consecuencia, condenar a los demandados a abandonar el inmueble individualizado como: Finca N° 154 de la Distrito de Ayolas, en el plazo de diez (10) días, de ejecutoriedad esta resolución, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere se dispondrá su desahucio por la fuerza. ANOTAR..." (sic.) (fs. 145 vlta.).
Se presenta a fs. 156/158 de autos el Sr. Santiago Benítez a fundamentar el presente recurso de apelación y nulidad. Sostiene no ser un ocupante precario del inmueble que se pretende desalojar y resalta que solo se encuentra ocasionalmente en éste por el hecho de ser compañero sentimental de la Sra. Dalmi Ortiz -codemandada en estos autos, al igual que ser padre de un hijo que tiene en común con ésta. De este modo, peticiona que se haga lugar a la excepción de falta de acción pasiva opuesta respecto de su persona. Se agravia igualmente de que el inferior haya rechazado su petición de caducidad de instancia, pues considera que dicha determinación resulta violatoria de las prescripciones legales dispuestas en el Cód. Proc. Civil sobre la caducidad. En efecto, considera que hasta el dictado de la sentencia definitiva de primera instancia trascurrieron 36 meses; añade que ese tiempo es más que superior al plazo dispuesto en el art. 172 y concordantes del Cód. Proc. Civil. Por consiguiente, solicita de igual modo que se haga lugar a la caducidad de instancia.
La parte contraria contesta los agravios en su escrito obrante a fs. 155/158. En primer término, solicita que se declaren desiertos los recursos por falta de fundamentación. Arguye que el escrito de fundamentación de recursos constituye una incompresible, inentendible y desordenada manifestación de ideas, sin que cumpla en lo más mínimo con los parámetros dispuestos por el art. 419 del Cód. Proc. Civil. Alternativamente, contesta el traslado que le fue corrido y expresa que respecto de la excepción de falta de acción se comprueba su notoria improcedencia –según sostiene- conforme se desprende del reconocimiento del Sr. Benitez de ser ocupante precario del inmueble tal y como lo hizo -según afirma- en su escrito de contestación de la demanda al reservarse el derecho de demandar por retención por mejoras; agrega que luego, en su absolución de posiciones, al reconocer expresamente ocupar el inmueble objeto de la presente litis, también admite dicho carácter.
Por otra parte, en relación con la caducidad de instancia, aduce que, tal y como lo resaltó adecuadamente el a quo en su rechazo de ésta, en ningún momento ha trascurrido el plazo dispuesto por el art. 172 del Cód. Proc. Civil., concluye diciendo que su declaración deviene completamente improcedente. Con todo, peticiona que se confirme el fallo apelado con imposición de costas al apelante.
Por último, en cuanto a los recursos de apelación y nulidad interpuestos por la Sra. Dalmi Ortiz, este Tribunal ha declarado caduca la instancia de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el A.I. N° 271 de fecha 26 de mayo de 2016.
Se discute en esta instancia de manera exclusiva la procedencia o improcedencia de la excepción de falta de acción pasiva y la caducidad de la instancia, planteadas en el marco de un juicio de desalojo. Efectivamente, el juzgamiento realizado por el inferior, respecto de los presupuestos de procedencia del presente juicio de desalojo, no fue objeto de recursos, por tanto, ha adquirido calidad de cosa juzgada. Entonces, nos abocaremos seguidamente a resolver las cuestiones sometidas al arbitrio de este Tribunal, en orden lógico sucesivo.
En primer lugar, corresponde abordar el pedido de la parte actora de declarar desierto el presente recurso por falta de fundamentación. En ese sentido, dispone el Art. 419 del Cód. Proc. Civ. que: "El recurrente hará análisis razonado de la resolución y expondrá los motivos que tiene para considerarla injusta o viciada. No llenándose esos requisitos, se declarará desierto el recurso".
Tal como lo señala la doctrina y la jurisprudencia, la expresión de agravios debe ser precisa, concreta, clara y concisa. Copiar o sintetizar simplemente la demanda, el responde, los alegatos y la sentencia es tarea fútil e innecesaria y no constituye una critica seria. A lo sumo, si ello fuere conveniente como pauta de trabajo de criticas, puede sintetizarse muy brevemente lo que es materia del litigio. Luego, siguiendo el razonamiento del juez, exteriorizados en los considerandos, se debe expresar con claridad y corrección de manera ordenada, "por qué" la sentencia no es justa, los motivos de la disconformidad. Por qué el Juez ha analizado mal las pruebas, ha omitido alguna prueba que pueda ser decisiva, ha aplicado mal la ley, ha dejado de decidir cuestiones planteadas; el recurrente debe expresar, poner de manifiesto, mostrar lo más objetiva y sencillamente posible los agravios, es decir el daño o perjuicio injusto que la sentencia ocasiona.
Ahora bien, no obstante lo antedicho, se debe recordar que nuestra Constitución consagra en su art. 16 el derecho de toda persona a poder defenderse en juicio, derecho que constituye una garantía inviolable. De este modo, consideramos que siempre que exista el más mínimo análisis crítico al fallo recurrido, por más defectuoso que este pueda ser, ya será suficiente para enervar la declaración dispuesta en el art. 419 del Cód. Proc. Civil., cuya aplicación se debe hacer siempre solo como ultima ratio.
Luego de una lectura íntegra del escrito de expresión de agravios del accionado, no puede sino disentirse de la conclusión expresada por la actora en esta instancia, en razón de que el recurso del accionado sí expone una mínima crítica al análisis realizado por el a quo para fallar como lo ha hecho.
Si bien es cierto que no podría afirmarse que la expresión de agravios del accionado sea paradigmática en lo que hace a precisión argumentativa, lo cierto es que contiene alguna crítica a las decisiones del Juzgado, arriba mencionadas, que permiten sostener el recurso en alzada.
Por estos motivos, corresponde admitir el recurso del accionado y estudiar el mérito del mismo.
Pues bien, corresponde a continuación pasar al estudio de los agravios expuestos por el apelante. Primeramente, se debe abordar la caducidad de instancia, ya que si ella ha operado, no podrá ya pronunciarse decisión de fondo, conforme los mandatos del art. 174 del Cód. Proc. Civ.
El recurrente se ha agraviado del rechazo del pedido de caducidad de instancia planteado ante el inferior, sosteniendo que han pasado 36 meses hasta el momento en que se dictó sentencia, y que de ese modo se cumplió con creces el plazo estipulado en el art. 172 del Cód. Proc. Civil.
Debemos recordar que el art. 172 del Cód. Proc. Civil establece que la caducidad de la instancia opera en toda clase de juicios cuando no se instare su curso dentro del plazo de seis meses. En nuestro caso, el recurrente no ha especificado exactamente cuál, a su juicio ha sido el último acto que impulsó el proceso y desde que momento se debería comenzar a realizar el cómputo del plazo de seis meses. Lo único que ha expresado es que trascurrieron 36 meses hasta el dictado de la sentencia, afirmación que nos permite colegir que -según el apelante- el último acto que habría impulsado el proceso, con anterioridad a la sentencia, tuvo lugar 36 meses antes que el dictado de ésta. Al trasladar dicho dato a las constancias de autos, tenemos que el acto que acaeció 36 meses antes que el dictado de la sentencia fue la promoción de la misma demanda, es decir, la presentación del escrito por el cual se inició el presente juicio, escrito que fue presentado en fecha 05 de julio de 2011. Sin embargo, ya en fecha 14 de julio de 2011 el Juzgado dictó la providencia que tuvo por iniciada la demanda, claramente sin que todavía haya trascurrido el plazo de caducidad. Luego, al analizar todas y cada una de las actuaciones acaecidas en autos hasta el dictado de la sentencia, se comprueba que en ningún momento existió un lapso de más de seis meses entre cada acto impulsor.
Lo expuesto nos lleva a concluir que el recurrente ha incurrido en una evidentemente errónea interpretación de la norma del art. 172; en efecto, ante sus alegaciones hemos de entender que aquél considera que desde la iniciación de la demanda hasta el pronunciamiento de la sentencia no deben trascurrir más de seis meses, so pena de producirse la perención del proceso. Esta interpretación se encuentra a todas luces fatalmente errada. Conforme netamente lo prescribe la primera parte del art. 173 del Cód. Proc. Civil, el plazo de seis meses se computa desde la fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del juez o tribunal que tuviere por objeto impulsar el procedimiento. Esta norma resulta del todo lógica, si se comprende que la perención de instancia en el proceso civil es una sanción a la inactividad procesal, no a la duración de los procesos. En otras jurisdicciones es posible que existan supuestos extintivos de los litigios, derivados de la extensión temporal de los mismos, pero, ciertamente, ello no acontece asi en el ámbito civil.
De esta guisa, se debe confirmar la decisión adoptada por el a quo, por la manifiesta improcedencia de la caducidad planteada.
Al haber desestimado el pedido de caducidad, podemos pasar a estudiar las cuestiones sustanciales planteadas, a saber, la excepción de falta de acción opuesta. Al respecto, se debe señalar que, conforme resulta de los arts. 224 inc. c) y 235 del Cód. Proc. Civil, toda parte demandada se encuentra facultada a deducir la excepción de falta de acción como medio general de defensa. Cabe aqui hacer una breve alusión a la excepción de falta de acción en si como método procesal de defensa en un litigio. Sabido es que la acción, como todos los derechos potestativos, es un poder meramente ideal, o sea, el poder de querer determinados efectos jurídicos -actuación de la ley. Igualmente, es sabido que toda acción resulta de tres elementos: a) los sujetos, es decir, el sujeto activo al que corresponde el poder de obrar, y el sujeto pasivo frente al cual corresponde el poder de obrar (personae); b) el objeto, es decir, el efecto perseguido por el poder de obrar, lo que se pide (petitum); c) La causa eficiente de la acción, es decir, el interés que es el fundamento de que la acción corresponda (causa petendi).
Las condiciones de la acción, por su parte, son aquellas necesarias para obtener una resolución favorable y varían según lia naturaleza de la resolución perseguida. Asi, si se ha pedido una sentencia de condena, las condiciones para obtenerla son normalmente: a) la existencia de una voluntad de la ley que garantice a una parte un bien, obligando a la otra a una prestación; b) la calidad, o sea, la identidad de la persona que pretende con la persona favorecida por la ley, y de la persona contra la cual se pretende con la persona obligada; c) el interés de conseguir el bien mediante los órganos públicos (CHIOVENDA, José. 1922. Principios de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Traducción española de CASÁIS Y SANTALÓ, José. 1977. Madrid. Reus S.A. Pág. 114). Como se ve, legitimación sustancial y requisitos de procedencia de la pretensión no son conceptos idénticos ni indistintos, aunque su vinculación reciproca es, ciertamente, estrecha.
Asi se tiene, por un lado, la legitimación de las partes en lo que hace a la viabilidad de poder ejercer una acción respecto del adversario -que no es otra cosa que el poder de hacer valer una pretensión- con aleatoria eficacia; y, por el otro, el derecho subjetivo material o de fondo que les asiste al actor y al demandado, el cual será finalmente declarado en oportunidad de realizar el examen de fundabilidad de la pretensión.
Se requiere, entonces, para que prospere una pretensión, que exista primeramente una titularidad o un vinculo jurídico que la sustente. No se trata, pues, todavía de que se den los presupuestos o requisitos de procedencia de la pretensión -fundabilidad-, sino de que haya sustrato obligacional o relacional de derecho entre las partes. Habiéndolo, la demanda tiene chances de prosperar, sin perjuicio de que la pretensión misma resulte luego no ser procedente por falta de algún requisito de procedencia o fundabilidad; pero si no se tiene legitimación, la pretensión está condenada, ab initio, a fracasar y el análisis de la fundabilidad será vacuo.
En nuestro caso, el Sr. Santiago Benitez sostiene que no existe legitimación pasiva respecto de su persona, pues, según expresa, éste no reviste el carácter de ocupante precario, de modo que no corresponde que se persiga el presente juicio de desalojo en contra suya. Pues bien, conforme se desprende del art. 621 del Cód. Proc. Civil., el juicio de desalojo procede contra cualquier locatario, sublocatario u ocupante precario cuya obligación de restituir un inmueble o parte de él fuere exigible. En el caso de marras, se colige que la parte actora ha categorizado a los dos demandados como ocupantes precarios, conforme resulta de los escritos obrantes a fs. 44/47 y 56 de autos. Consecuentemente, se debe determinar si el Sr. Benitez se encuentra ocupando efectivamente el inmueble, y en caso afirmativo, determinar en qué carácter se ejerce dicha ocupación. Esto último constituye de igual modo un requisito indispensable, pues, de no configurarse ninguno de los tres supuestos contemplados en el art. 621 del Cód. Proc. Civil, aunque existiese una efectiva ocupación, no resultará viable la presente demanda.
Se debe entonces establecer igualmente cuáles son los elementos constitutivos de la ocupación precaria de modo a determinar su existencia en estos autos. Es pacifico que la precariedad se refiere a la situación conocida como "actos de tolerancia" o permisión de ocupación del inmueble por parte del dueño, en los que el poseedor inmediato ingresa y posee en tal carácter para el dueño, y continúa haciéndolo mientras la interversión a la que alude el art. 1921 del Cód. Civ. no opere; además de ella, está la intrusión, la que, según la constante elaboración de jurisprudencia y doctrina, se califica como ocupación subrepticia y oculta, rehuyendo el ocupante la publicidad de los actos posesorios a la que refiere el art. 1933 del mismo cuerpo legal. Junto con estos supuestos se encuentra la previsión de la obligación exigible de restituir inmuebles, que debe complementarse con la norma del art. 1911 del Cód. Civ., donde se enumeran, a titulo ejemplificativo, situaciones en las que el poseedor lo es solo temporalmente, con obligación de devolver la cosa al fenecimiento de su derecho.
Por el se ha dicho reiteradamente que el desalojo no procede contra el poseedor del inmueble, porque éste no encaja en ninguno de los supuestos enunciados en el art. 621 del Cód. Proc. Civ. Este artículo no alude al poseedor en cuya cabeza no existe una obligación de restituir. Y esta es una ocasión oportuna para aclarar dicha expresión. La mención genérica a la "obligación de restituir" no se trata de una remisión a una obligación de restituir de carácter real, sino de carácter personal exigióle. Es por eso que no se admite al poseedor como legitimado pasivo, porque la obligación de restituir no deriva de un derecho real, sino de un derecho personal a obtener la restitución de la cosa, emane éste de una locación o de la extinción de un derecho real anterior -y permítasenos subrayar esta sutil distinción: no del derecho real, sino de la extinción de un derecho real de la que surge una obligación personal de restituir- siempre que no medie interversión posesoria.
Es esencial, pues, determinar en el presente caso si existe ocupación, y, en caso afirmativo, de qué tipo de ocupación se trata: si de una precaria o una verdaderamente posesoria.
Ahora pasaremos a analizar la situación del recurrente, el cual ha sostenido no ocupar el inmueble ni como precarista ni en ningún otro carácter. Por el contrario, ha argüido encontrarse en la propiedad solamente de manera ocasional para cumplir con el deber de prestación alimentaria con su hija, que tendría en común con la codemandada Dalmi Ortiz. Hemos de principiar el presente análisis remarcando el acta obrante a fs. 49 de autos, en donde se dejó constancia de la constitución realizada por el Juzgado inferior al inmueble objeto de la litis. Conforme se lee en el mismo, una funcionaria del Supermercado que funciona en el lugar atestiguó que el inmueble se encontraba ocupado por la Sra. Dalmi Ortiz y el Sr. Santiago Benítez.
Por otra parte, el Sr. Benítez, al momento de contestar la demanda, si bien rechazó en principio ser ocupante del inmueble, expresó en su contestación, a fs. 146 in fine, que reservaba el derecho de demandar por retención de inmueble por mejoras introducidas en caso de prosperar la presente acción. Finalmente, el Sr. Benitez reconoció de modo expreso en su propia absolución de posiciones (fs. 138), específicamente ante la primera posición, al ser preguntado sobre si ocupaba el inmueble en cuestión con la Sra. Ortiz, que si lo hacía.
De las tres pruebas destacadas se debe señalar que la última constituye claramente la más diáfana de todas para demostrar la efectiva ocupación del inmueble por parte del Sr. Benitez. En efecto, tal como se resaltó en el párrafo anterior, en dicha ocasión éste confesó, ante la primera posición, encontrarse ocupando el inmueble objeto de esta demanda en conjunto con la Sra. Dalmi Ortiz. De igual modo, ante la segunda posición reconoció no contar con ningún contrato de locación ni autorización de la propietaria, la Entidad Nacional Yacyretá, para ocupar el inmueble. De este modo, el Sr. Benitez ha confesado ser ocupante del inmueble en cuestión además de no poseer ningún titulo o derecho que lo autorice a encontrarse en él.
Ahora bien, conforme lo dispone el art. 302 del Cód. Proc. Civil, toda confesión, sea judicial o extrajudicial, debe necesariamente ser apreciada en conjunto con las demás pruebas y bajo la óptica del principio de la sana critica. En ese sentido, conviene remarcar las demás pruebas mencionadas anteriormente. Asi, primeramente tenemos que al momento de practicarse la constitución judicial, una de las funcionarias que trabaja en el Supermercado propiedad de la codemandada Dalmi Ortiz, manifestó que el inmueble era ocupado tanto por ésta última como por el Sr. Benitez. Por otro lado, el Sr. Benitez, al contestar la demanda, y luego, ante la tercera posición de su absolución de posiciones, sostuvo reservarse el derecho de demandar por retención por mejoras a la hoy accionante.
En este punto cabe recordar que, conforme resulta del art. 1826 y concordantes del Cód. Civ., la figura de la retención presupone la existencia efectiva de una acreencia, y que implica además la posesión actual del bien. "Para que se configure el derecho de retención son necesarios estos requisitos: a) Es necesario que el retenedor tenga la cosa en su poder [...]. b) El retenedor debe tener un crédito cierto y exigible contra el propietario de la cosa. No se requiere que el crédito sea líquido, c) Debe mediar una relación de conexidad entre el crédito y la cosa; como dice el Código, el crédito debe haberse originado en razón de la cosa." (Llambias, Jorge; Raffo, Patricio; Sassot, Rafael, "Manual de Derecho de Obligaciones", 11 ed., Perrot, Bs. As., 1997 p. 166). De este modo, quien reclama la retención por mejoras reconoce, por un lado, encontrarse en poder de la cosa en cuestión, y, además, en nuestro caso en especifico, que dicha retención encontrarla su fundamento en mejoras realizadas en el inmueble por parte del demandado.
De aqui se sigue que dicha pretensión en potencia, esgrimida por el Sr. Benitez, no venga sino a confirmar la ocupación del inmueble por parte de éste. Con todo, ya existen suficientes elementos para determinar el carácter de ocupante del Sr. Benitez, y el consecuente rechazo de su excepción.
Ahora bien, sin perjuicio de lo antedicho, conviene resaltar, meramente obiter, que aunque la ocupación del Sr. Benitez se hubiese debido a una permisión concedida por parte de la Sra. Dalmi Ortiz -tal como éste sostiene-, ello no hubiese enervado la demandada en su contra. En efecto, tal como reconoce el demandado, éste es padre de la hija de la Sra. Dalmi Ortiz. Más aun, éste ha reconocido en su absolución de posiciones ocupar el inmueble en conjunto con la Sra. Dalmi Ortiz. Asi pues, aunque dicha ocupación se relacione con el deber de prestación alimentaria que pesa sobre él y se deba simplemente a una permisión de la originaria, resultarla igualmente procedente hacer lugar al desalojo en su contra. Esto se debe a que la situación anteriormente descrita colocarla al Sr. Benitez en una situación de dependiente de la ocupante originaria respecto del bien inmueble. Recordemos que los dependientes no tienen un derecho autónomo a la cosa o en la cosa, sino que siguen la suerte de su principal en ello. Consecuentemente, al comprobarse la ocupación del Sr. Benitez conforme este mismo reconoció, el hecho de que ésta sea de carácter dependiente de la ocupación de la Sra. Ortiz, no obstará a la procedencia de la demanda de desalojo en su contra.
En tal menester, al no haber demostrado el Sr. Benitez ningún titulo que lo habilite a ocupar el inmueble en cuestión y, ante la acreditación por parte de la actora de su titularidad y la legitimidad de su pretensión, no resta sino enfatizar la notoria improcedencia de la excepción de falta de acción pasiva opuesta por el Sr. Benitez y, en consecuencia, declarar la confirmación del fallo apelado.
Por todas estas consideraciones se advierte que el presente recurso de apelación deviene improcedente, por lo que la sentencia respectiva se encuentra ajustada a derecho y la recurrida debe ser confirmada.
En cuanto a las costas corresponde su imposición a la parte perdidosa, de conformidad con lo establecido en el art. 203 del Cód. Proc. Civ.
A SUS TURNOS los Dres. Maria Mercedes Buongermini Palumbo y Eusebio Melgarejo C., manifestaron que se adhieren al voto del preopinante.
Asunción, 03 de julio de 2.017.
VISTO: El mérito que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala,
CONFIRMAR el fallo recurrido.
ANOTAR, registrar, y remitir copia a la Excma. Corte suprema de Justicia.

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in fine