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Legislación: DECRETO 5/2009, de 13 de enero, por el que se crea la Red de Alerta de Andalucía de Productos de Consumo y se regula la adopción de medidas administrativas preventivas.
Fecha: 30/01/2009 Ambito: Andaluz
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 20 de 30/01/2009
Capítulo II. De la Red de Alerta de Andalucía
Artículo 3. Creación y configuración
Artículo 6. Actuaciones objeto de comunicación
Artículo 8. Información de riesgos a los consumidores
Artículo 9. Convenios de colaboración
Capítulo III. De las medidas administrativas preventivas
Artículo 10. Medidas administrativas preventivas
Artículo 11. Órganos competentes para la adopción de las medidas
Artículo 12. Advertencias y requerimientos
Artículo 13. Iniciación del procedimiento
Artículo 14. Tramitación del procedimiento
Artículo 15. Finalización del procedimiento
Disposición adicional primera. Directrices y guías de funcionamiento
Disposición adicional segunda. Comunicación de los riesgos
El Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce en su artículo 47.1.1.” la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en el procedimiento administrativo y en su artículo 58.2.4.º establece la competencia exclusiva, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.” y 13.” de la Constitución, sobre defensa de los derechos de los consumidores, y la regulación de los procedimientos de mediación, información y educación en el consumo y la aplicación de reclamaciones.
En el ejercicio de esta competencia, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, que establece el marco general de los derechos de las personas consumidoras y usuarias y constituye la norma de cabecera de la intervención pública en esta materia.
Es por ello que mediante el presente Decreto se crea la Red de Alerta de Andalucía de productos de consumo, y la adopción de medidas administrativas preventivas. En cuanto al ámbito de aplicación del Decreto, se ha seguido el marco establecido por la normativa comunitaria europea, siendo de aplicación a todo producto puesto en el mercado a disposición de las personas consumidoras y usuarias, salvo que exista una normativa específica que tenga el mismo objeto.
Sin duda alguna, una pieza clave en la Red de Alerta de Andalucía de productos de consumo son las Entidades Locales.
La Ley 13/2003, de 17 de diciembre, atribuye a las Administraciones Locales andaluzas un amplio abanico de competencias en la materia de protección de las personas consumidoras y usuarias. Por tanto, se integrarán en esta Red de Alerta aquellas Entidades Locales que hayan comunicado a la Administración Autonómica andaluza la asunción de las competencias relativas a la Inspección de Consumo y a la adopción de medidas administrativas preventivas para garantizar los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97.5 de la citada ley. El alcance de la competencia que los Municipios tienen en esta materia aparece regulado en el artículo 67.2 de la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.
La Red de Alerta de Andalucía es el instrumento adecuado para el intercambio y comunicación de la información sobre los riesgos de los productos que se suministren o se pongan a disposición de las personas consumidoras y usuarias, ya sea de forma gratuita o en el marco de una actividad comercial o de una prestación de servicios.
En la elaboración de este Decreto se ha otorgado el preceptivo trámite de audiencia a las asociaciones empresariales, así como el trámite de informe al Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía establecido en los artículos 34.2 y 39 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.3, 27.6 y 46.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 13 de enero de 2009, D I S P O N G O
Este Decreto no es aplicable a los productos usados que se suministren como antigüedades o para ser reparados o reacondicionados antes de su utilización, siempre que el proveedor informe de ello claramente a la persona a la que suministre el producto.
A los efectos de lo previsto en el presente Decreto, se estará a las definiciones que de producto seguro, producto inseguro, riesgo, productor y distribuidor se realizan en el artículo 2 del Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.
Capítulo II De la Red de Alerta de Andalucía
1. Se crea la Red de Alerta de Andalucía como instrumento de colaboración, cooperación y coordinación entre los distintos órganos de la Administración de la Junta de Andalucía con competencias en materia de consumo, y entre éstos y las Entidades Locales.
2. La Red de Alerta de Andalucía está basada en un sistema de intercambio rápido de información en forma de red y está conformada por puntos de contacto, entendiendo como tales las unidades administrativas de las Administraciones Públicas referidas en el apartado anterior, desde las que se transmiten y reciben las comunicaciones respecto de las actuaciones que se adopten en relación con los productos de consumo que puedan suponer un riesgo para la salud y la seguridad de las personas consumidoras y usuarias.
1. La coordinación y organización de la Red de Alerta de Andalucía corresponde a la Dirección General competente en materia de consumo, que será el punto de contacto autonómico del Sistema de Intercambio Rápido de Información (SIRI) y la encargada de evaluar la información generada por el ámbito provincial establecido en el apartado 2, decidiendo si la información recibida se comunica al organismo de la Administración General del Estado competente en materia de consumo a través de dicho sistema. Asimismo, corresponde a este Centro Directivo transmitir a todos los puntos de contacto integrados en la Red de Alerta de Andalucía la información remitida por el organismo de la Administración General del Estado competente en materia de consumo a través del SIRI.
2. En cada una de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de consumo existirá un punto de contacto que se corresponderá con el Servicio competente en materia de inspección de consumo, que será el responsable de la coordinación, evaluación y traslado de las notificaciones derivadas de su propio funcionamiento y del de los puntos de contacto de las Entidades Locales integradas en la Red de Alerta de su provincia al punto de contacto autonómico.
2. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de consumo, antes de remitir a la Dirección General competente en la materia toda comunicación que le haya sido dirigida por una Entidad Local de su respectiva provincia para su inclusión en la Red de Alerta de Andalucía, verificarán que dicha comunicación cumple con lo dispuesto por el artículo 6 y el apartado anterior, recabándole, en su caso, las aclaraciones, subsanaciones o informaciones adicionales necesarias.
Iguales facultades corresponden a la Dirección General competente en materia de consumo respecto de las comunicaciones recibidas de las referidas Delegaciones Provinciales al objeto de cumplir con lo establecido por el artículo 5.1.
De conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, y sin perjuicio de la utilización de cualesquiera otros medios que se consideren necesarios, la Dirección General competente en materia de consumo, al objeto de garantizar la protección de la salud y la seguridad de las personas consumidoras y usuarias, tras la verificación recogida en el artículo 7.2 anterior, publicará la información básica sobre todo producto objeto de comunicación en la Red de Alerta de Andalucía, en la correspondiente página web ubicada en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es).
Capítulo III De las medidas administrativas preventivas
Son órganos competentes para la adopción de las medidas administrativas preventivas previstas en el artículo anterior:
1. En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de consumo. A la persona titular de la Dirección General competente en materia de consumo le corresponde la coordinación de las actuaciones de las distintas Delegaciones Provinciales, pudiendo ordenar lo necesario para la extensión de las medidas, determinar los trámites a llevar a cabo por éstas y, en su caso, la avocación de la competencia, a efectos de garantizar que las decisiones adoptadas tengan eficacia en todo el territorio de la Comunidad Autónoma.
2. No obstante, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, con carácter previo a la iniciación del procedimiento, en el acuerdo de inicio del procedimiento para la adopción de medidas administrativas preventivas, o durante su instrucción, se podrán adoptar todas aquellas medidas provisionales que sean imprescindibles para la efectiva protección de la seguridad de las personas consumidoras y usuarias.
3. En este procedimiento no será necesaria la realización de los trámites de audiencia y prueba cuando hayan sido cumplimentados ante el mismo supuesto de hecho y ante idéntica medida en el procedimiento administrativo que haya seguido otra Administración Autonómica, la Administración del Estado u otra de ámbito superior. En este caso, en el expediente administrativo se incluirá una identificación del procedimiento y órgano donde se realizaron dichos trámites, así como toda la documentación que se haya recibido al respecto. Tampoco se realizará el trámite de audiencia en aquellos casos en que fuera imposible la localización o identificación de las personas productoras o distribuidoras del producto o prestadoras del servicio de que se trate, causantes del riesgo.
4. En cualquier momento en el que los afectados decidan voluntariamente cumplir su deber de adoptar las medidas adecuadas para evitar los riesgos en la forma que el órgano administrativo competente considere que queda garantizada la seguridad de las personas consumidoras y usuarias, se podrá dar por finalizado el procedimiento y dictar resolución en la que así se haga constar.
1. El procedimiento para la adopción de medidas administrativas preventivas se tramitará y resolverá con la celeridad que la adopción de este tipo de medidas requieren, y finalizará mediante resolución del órgano en cada caso competente, conforme a la atribución competencial del artículo 11 apartados 1 y 2, sin perjuicio del plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa del procedimiento establecido en el artículo 64.2 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre.
2. Contra la citada resolución, que en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía no agota la vía administrativa, cabrá la interposición de recurso de alzada, de acuerdo con el artículo 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o el que corresponda en el ámbito municipal.
Cuando la Consejería competente en materia de consumo, ya sea a través de la Dirección General o de las Delegaciones Provinciales competentes de la referida Consejería, en el curso de las actuaciones llevadas a cabo o con base a la información transmitida a través de la Red de Alerta de Andalucía, tenga conocimiento de que un producto de consumo presenta un riesgo inaceptable para la salud de las personas consumidoras y usuarias, lo pondrá en conocimiento de la Consejería con competencia en materia de salud a efectos de lo previsto en el artículo 59.1 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre. En caso de que afecte a las competencias de otro órgano de la Administración Pública, se procederá, asimismo, a ponerlo en su conocimiento, a los efectos oportunos.
Se faculta a la Consejera de Gobernación para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente Decreto.

References: Artículo 3

Artículo 6

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15
 artículo 47
 artículo 58
 artículo 97
 artículo 67
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 70
 artículo 7
 artículo 68
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 resolución 
 artículo 64
 artículo 114
 artículo 59