Source: https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/tag/inundaciones.html
Timestamp: 2019-12-11 11:31:38+00:00

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Viernes, 18 Marzo 2016 18:11
Lunes, 28 Diciembre 2015 07:24
El número de damnificados y desplazados en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay se elevó a cerca de 180 mil, a consecuencia de la crecida de sus ríos fronterizos por el fenómeno meteorológico El Niño, reportaron este domingo fuentes gubernamentales.
Paraguay es sin lugar a dudas el país más afectado con más de 140 mil personas desalojadas y cuatro muertos, aplastados por árboles caídos. La región más golpeada es la zona ribereña cercana a Asunción, donde 90 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares, dijeron las autoridades. Además de Asunción, hay otros siete departamentos en situación de emergencia.
Los pronósticos vaticinan más precipitaciones los próximos cinco días y advierten que el nivel de los ríos se normalizará hasta marzo.
Julián Báez, titular de la Dirección de Meteorología e Hidrología, indicó que de seguir las lluvias en el norte, la altura de los ríos podría alcanzar nueve metros, un límite similar a 1983, cuando las aguas anegaron el puerto de Asunción e inundaron la principales calles del centro.
En Argentina, el presidente Mauricio Macri suspendió este domingo sus vacaciones para viajar a la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, donde sobrevoló en helicóptero una de las tres zonas más afectadas por las inundaciones que ya dejaron 20 mil damnificados y dos muertos en todo el país.
Macri prometió ayuda a los damnificados.
En Brasil, un deslizamiento de tierra en medio de un fuerte temporal dejó cuatro muertos en la región metropolitana de Sao Paulo, mientras en el sur del país continuó la inestabilidad climática.
La oficina de Defensa Civil del estado de Río Grande do Sul, en el sureste de Brasil, afirmó que las inundaciones causadas por las lluvias han forzado a más de 8 mil 800 personas a abandonar sus casas en 38 ciudades de la región oriental, fronteriza con Uruguay y Argentina, mientras un total de 12 ciudades continúan en estado de emergencia.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, destinó 1.6 millones de dólares a las tres regiones más afectadas: Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná.
En el norte de Uruguay, la cantidad de damnificados por las inundaciones aumentó a más de 11 mil, aunque descendió el nivel del río Cuareim, informó el Sistema Nacional de Emergencia.
En tanto, en Gran Bretaña, soldados ayudaron a desalojar a cientos de personas ante el crecimiento del nivel agua en la histórica ciudad de York, tras fuertes lluvias que inundaron pueblos y ciudades en el norte del país.
Jueves, 03 Septiembre 2009 08:17
Deshielo elevará un metro el nivel del mar
El calentamiento global y su efecto sobre el deshielo del Ártico provocará el aumento del nivel de los océanos y consecuencias a la humanidad, según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) presentado en el marco de la Conferencia Mundial del Clima en Ginebra (Suiza).
La elevación de un metro del nivel del mar en 2100 seguida de las inundaciones que afectarán al 25% de la población mundial (actualmente hay más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra) están en la lista de los efectos graves que provocará el cambio climático.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, por su parte, emitió un nuevo llamado urgente para luchar contra el calentamiento global, tras comprobar durante una visita al Ártico los daños causados.
El martes, Ban constató el desgaste causado por el calentamiento, en su visita a Ny-Aalesund, una comunidad científica internacional instalada en el archipiélago noruego Svalbard, y al banco de hielo.
“Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde”, declaró.
Al presentar el informe de la WWF, su asesor para el cambio climático, Martin Sommerkorn, aseguró que el Ártico es un componente crítico de nuestro sistema de climas, se ha calentado al doble de la velocidad que el resto del mundo en las últimas décadas y a medida que sube la temperatura, produce efectos que aceleran las consecuencias.
La mayoría de estos efectos negativos no se registraba en estudios anteriores, como el del Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), ganador del Premio Nobel en 2007, simplemente porque en ese momento la ciencia del Ártico no estaba tan avanzada.
Pero las capas heladas del Ártico almacenan dos veces más de carbono del que hay en la atmósfera. “El rápido calentamiento del Ártico puede llevar a que desaparezca el 90% de la capa cercana a la superficie del permafrost (suelo congelado) al final de este siglo, y esto tiene el potencial de liberar a la atmósfera grandes cantidades de carbono en forma de dióxido de carbono y metano”, afirmó Sommerkorn.
Por todo ello, el WWF considera que la reducción del 25% de las emisiones mundiales de CO2 en este siglo -el objetivo que planteaba el IPCC para frenar el cambio climático- es insuficiente, ya que ese estudio no tenía en cuenta específicamente las condiciones árticas.
El WWF destaca cómo la enorme pérdida de hielo, resultado del calentamiento del Ártico, está ya cambiando patrones de temperatura y precipitaciones en el Hemisferio Norte, lo que afectará cada vez más a la agricultura, los bosques y el acceso al agua. “Para decirlo claro, si no mantenemos el Ártico suficientemente frío, la gente de todo el planeta sufrirá sus efectos”, señaló el experto.
Para combatir los efectos del cambio climático, el Programa Mundial de Alimentos (PAM) y la Organización Mundial de la Meteorología (OMM) reforzaron ayer una alianza. El subdirector del PAM, Staffan de Mistura, manifestó que la OMM tiene la tecnología, el conocimiento, pero ellos tienen las personas, más de 11.000 funcionarios en 73 países del mundo que están sobre el terreno y pueden avisar y actuar en caso de una alerta temprana. “El cambio climático es un multiplicador de cualquier tipo de hambruna”, agregó.
A su vez, el secretario general adjunto de la OMM, Jeremiah Lengoasa, dijo que el fin es proporcionar lo más rápido información. A partir de ahora, entonces, los sistemas informáticos de ambas organizaciones estarán conectados para que fluyan los datos sin trabas informáticas ni burocráticas. La idea es identificar las áreas vulnerables en las que puede suceder una crisis humanitaria o donde pueda ocurrir un fenómeno meteorológico extremo y estar preparados.
Un ejemplo son los huracanes que se forman en el Caribe y que afectan a Centroamérica. “Podemos saber con una anticipación de cuatro días su recorrido y enviar personal y material, para que ya estén sobre el terreno cuando lleguen", explicó Carlo Scaramella, coordinador de Cambio Climático del PAM.
Sábado, 21 Mayo 2011 09:45
Inundaciones y decisiones gubernamentales. Sentido práctico de la resiliencia… y un ejemplo de su negación
El invierno tiene en vilo a muchas poblaciones en todo el país.
Las causas son muchas, como la marginación y la pobreza que obligan a
infinidad de familias a ‘instalarse’ en zonas de alto riesgo.
Pero también se inundan zonas de ganadería extensiva, terrenos que eran
públicos y ahora de grandes haciendas; también, de viviendas levantadas por
debajo de las cotas de los ríos. ¿Quién avaló tales procederes?
El invierno es fuerte pero también el afán de lucro de quienes imponen
su interés individual, sin ver lo público. Y ahora los funcionarios culpan a los ríos.
Sin duda, hay un modelo de acumulación que no repara en la naturaleza,
con un modelo que sólo mira el aquí y el ahora.
Ante nosotros están los resultados.
Preocupa que se insista en el modelo y sus formas.
Así se concluye por las medidas para ‘remediar’ los males,
en los que las comunidades no están pero sí los agentes privados
(ver Gustavo Wilches Chaux). Son medidas pensadas para asegurar
acumulación y beneficios para los de siempre, pero asimismo con la
persistencia en privatizar los servicios públicos, afectando
a las comunidades (ver Rafael Colmenares).
Como el peor ciego es aquel que no quiere ver, en el Plan Nacional de Desarrollo
se quiere dar al traste con los acueductos comunitarios, experiencia con la que muchas comunidades aseguran a bajo costo un recurso esencial para la vida (ver Bibiana Salazar Restrepo). La lección está en la trilogía de este informe: hay que replantear el modelo de acumulación y retomar la senda de privilegiar lo colectivo sobre lo particular, lo común sobre el interés de lucro, el largo plazo sobre el inmediatismo.
Dicen que el término viene de la física y que hace referencia a la capacidad de un resorte para regresar a su forma inicial luego de que ha sido estirado: “En términos simples –dice Wikipedia– es la capacidad de memoria de un material para recuperarse de una deformación, producto de una presión externa”.
Lo encontré por primera vez, hace 30 o 40 años, en los textos de ese pionero y maestro de la ecología llamado Eugene Odum, quien hablaba de “estabilidad de resistencia” para referirse a la “capacidad de un ecosistema ante las perturbaciones y conservar su estructura y función intactas” y de “estabilidad de resiliencia o elasticidad” respecto de la “capacidad de un ecosistema para recuperarse luego de haber sido sujeto a una perturbación”.
Luego, cuando me topé en la vida con eso que hoy se conoce como “gestión del riesgo”, me dí cuenta de que, en últimas, el objetivo de esa “interdisciplina aplicada” es fortalecer la capacidad de resistencia y la capacidad de resiliencia de un territorio expuesto a un conjunto de amenazas y riesgos, y, en consecuencia, a la posibilidad de sufrir un desastre; o de un territorio que ya ha sido afectado por un desastre y que necesita recuperarse de manera oportuna y adecuada.
Desde entonces, esos conceptos han guiado mi actividad profesional y mi proyecto de vida, pero hoy los entiendo y los expreso de manera más gráfica: Resistencia es la capacidad de la araña y de la telaraña para aguantar sin mayores traumatismos los efectos de un “balonazo”. Y resiliencia es la capacidad de la araña para volver a tejer la telaraña luego de haber sido afectada por un “balonazo”.
El “balonazo” está constituido por los efectos de la materialización de una amenaza, de origen natural como un terremoto, el fenómeno del El Niño o La Niña, o un huracán; o de origen humano, como el conflicto armado, una crisis financiera o un TLC para el cual el territorio no se encuentre preparado.
Cada vez estoy más convencido de que los dos conceptos –el de resistencia y el de resiliencia– finalmente son sinónimos, y de que, después del “balonazo”, un sistema vivo y por ende complejo (el organismo humano, el sistema araña-telaraña o el territorio resultado de las interacciones entre dinámicas naturales y culturales) no vuelve al estado original, como si no hubiera sucedido nada, sino que nace de nuevo, ojalá en mejores condiciones para aguantar y recuperarse de los efectos de los mismos o nuevos “balonazos”.
Pero, sobre todo, estoy convencido de que la resistencia-resiliencia de un sistema depende primordialmente de la autonomía y la fortaleza de los elementos que lo conforman: en el caso del territorio, de los ecosistemas y las comunidades y sus instituciones; en el caso de la telaraña, de la capacidad de la araña para tejer y volver a tejer su propia red.
Resulta usual que, cuando una comunidad (o, más exactamente, un territorio) está siendo afectada por un desastre (decir “por los efectos de un desastre” sería redundante, porque esos efectos son el desastre), acuda en su ayuda un conjunto muy grande de actores externos –gubernamentales unos, no gubernamentales otros–, dotados todos, sin duda alguna, de la mejor voluntad.
Pero también es usual que el apoyo externo se centre en la reconstrucción de la telaraña, mas no en el fortalecimiento de la araña para que ella misma, a su propio ritmo y con sus propias prioridades, pueda volver a tejer su propia telaraña. Se piensa que como la araña ha quedado golpeada por el desastre, se puede poner en un frasco para que observe resignada y agradecida mientras los actores externos le tejen una nueva telaraña, la cual, se asegura y le aseguran, va a quedar ‘mejor’ que la que existía antes de sufrir el desastre.
No existen, por supuesto, política o plan de reconstrucción que no afirmen que se basan en la participación de la comunidad o que no declaren que tendrán en cuenta los derechos y las particularidades de la población afectada, incluyendo, como es obligatorio, el respeto a la cultura y la perspectiva de género.
Sin embargo, en la práctica, a las arañas se les asigna el papel de espectadoras pasivas de lo que deciden y hacen los de afuera, y la ‘participación’ se limita a que la comunidad local aporte su mano de obra para las actividades que no requieren calificación.
En el caso del desastre invernal que hoy afecta a Colombia, adquiere especial importancia la participación real de las comunidades y la prioridad de que sus estrategias ancestrales de vida constituyan el eje de la recuperación. En el Caribe y otras zonas del país, las comunidades tienen claro cómo enfrentar los retos de la adaptación (al cambio climático, a la vida cotidiana), y el papel del Estado debe ser remover los obstáculos que hoy impiden que esas estrategias resulten totalmente eficaces.
Veamos un ejemplo concreto de cómo se aplica una concepción del mundo, de la sociedad y de los desastres y su gestión, que termina por debilitar la resiliencia de un territorio y de los actores sociales que lo conforman.
Con base en la Emergencia Ecológica declarada por el gobierno nacional con motivo del desastre que está azotando al país, se expidió el Decreto 4819 de 2010, mediante el cual se crea el Fondo de Adaptación, que ya fue declarado exequible por la Corte Constitucional.
Artículo 1°. Creación del Fondo. Créase el Fondo de Adaptación, cuyo objeto será la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de “La Niña”, con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Este Fondo tendrá como finalidad la identificación, estructuración y gestión de proyectos, ejecución de procesos contractuales, disposición y transferencia de recursos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, de telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios públicos, de vivienda, de educación, de salud, de acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios, afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con ocasión del fenómeno de “La Niña”, así como para impedir definitivamente la prolongación de sus efectos, tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección en lo sucesivo, de la población de las amenazas económicas, sociales y ambientales que están sucediendo.
O sea que es claramente ese Fondo el encargado de tejer la telaraña, sin que hasta ahora aparezca por ninguna parte la araña. ¿Quiénes son, entonces, ese Fondo y quienes toman las decisiones en él? Lo define el artículo 2°:
Artículo 2°. Estructura. La Dirección y Administración del Fondo estará a cargo de un Consejo Directivo, el cual estará integrado de la siguiente manera:
5. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República o su delegado.
Es decir, un representante del Presidente de la República, cinco funcionarios con rango ministerial y cinco miembros del sector privado. O, en lenguaje más común, cinco empresarios. No aparece por ninguna parte la araña afectada por el desastre: ni las autoridades regionales y municipales y mucho menos las comunidades y sus organizaciones.
Se puede pensar que cuando el decreto habla de “sector privado” está haciendo referencia a todo aquello que no es estatal. Serían sector privado, entonces, el maromero del semáforo y la madre cabeza de la familia desplazada que ocupa una zona de alto riesgo. Muchos autores definen el sector privado como “aquella parte de la economía que busca el ánimo de lucro en su actividad”.
De hecho, el decreto se encarga de aclarar que, para efectos de esta norma, una cosa es el “sector privado” y otra son “la sociedad civil”, las “organizaciones no gubernamentales” y los “organismos multilaterales”.
Estos comités sectoriales le otorgan por primera vez la posibilidad a la araña de sacar la cabeza del frasco y opinar, suponiendo, claro, que por “sociedad civil” se entiendan las comunidades afectadas. Su presencia en esos comités no es obligatoria sino un “podrá” que queda al arbitrio del Consejo Directivo.
Y aunque sean convidados allí, opinar no es lo mismo que decidir. No les corresponde esa función a los comités sectoriales sino al Consejo Directivo del Fondo, como claramente lo especifica el decreto cuando le asigna las responsabilidades al mismo.
Es decir, que aquí se materializa también esa conjugación común del verbo participar: “Yo participo, tú participas… ellos deciden”.
En opinión de quien esto escribe, el Decreto 4819 de 2010 es inconstitucional porque va en contravía del artículo 1° de la Constitución Nacional que establece que “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria […] democrática, participativa y pluralista…”.
El artículo 13 de la Constitución, por su parte, establece la igualdad de todas las personas ante la ley y determina que “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados”.
Con todo respeto por la Corte Constitucional, me parece que se le pasó por alto el pequeño detalle de que ese decreto viola la esencia misma de lo que la Constitución consagró como parte de la esencia del país.
Más allá de todas las cualidades sociales y profesionales que seguramente posean las cinco personas que el señor Presidente de la república haya designado (o que designe) para representar al sector privado en el Consejo Directivo del Fondo de Adaptación (personalmente no sé quiénes serán), no pueden considerarse representantes de las miles de familias afectadas por el desastre invernal, ni más allá de lo formal tienen verdadera legitimidad para tomar las decisiones que definan el futuro de esas miles de familias y de los territorios de los cuales forman parte.
A un sector limitado de la sociedad se le está otorgando la facultad de tomar decisiones que van a afectar a muchos más sectores, que están quedando expresamente excluidos de la posibilidad de decidir sobre su propio futuro.
Aparentemente, les puede quedar muy bien reconstruida la telaraña, pero, sin una participación activa, real y decisoria de la araña, los territorios que hoy están afectados por el desastre no van a ser más resilientes frente a nuevas y seguramente mayores amenazas.
Cualquier proceso de recuperación pos-desastre tiene, esencialmente, el reto de fortalecer a los actores sociales locales, de hacer más sostenibles sus interacciones con el territorio y de cualificar su capacidad de interlocución con otros actores. ¿Cómo se puede lograr eso si de entrada se los priva del poder de decisión y, si se quiere, de la posibilidad de equivocación?
Estos son los sujetos sociales que se suelen considerar “carentes de músculo” por algunos sectores decisorios de la economía y de la sociedad.
No hay duda. Por el mero hecho de haber sido afectadas por un desastre, las comunidades y sus autoridades locales no quedan discapacitadas para pensar, para decidir ni para actuar; ni carecen de “músculo” ni tienen por qué endosarles su futuro a otros actores y sectores económicos y sociales.
Publicado enEdición 169
El 30 de noviembre, un terraplén del Canal del Dique se rompió a la altura de Santa Lucía, y el agua inundó gran parte del sur del Atlántico. Lo ocurrido pudiera tener mayores dimensiones que lo sucedido en 2005 en Nueva Orleáns al paso del huracán Katrina. Al menos cuatro poblados del departamento quedaron sepultados bajo el agua y seguramente tendrán que ser reubicados. El 5 de diciembre, en Bello (Antioquia), un alud de tierra sepultó un barrio y decenas de personas (se estima que al menos un centenar) fallecieron. A mediados de diciembre, Gramalote, tradicional pueblo de Norte de Santander, con 150 años de establecido, fue literalmente “comido por la tierra” luego que una falla geológica, saturada de agua, se desplazara y lo destruyera por completo. En La Renta (Lebrija, Santander), otra falla geológica que se anegó por las intensas lluvias destruyó más de tres kilómetros de la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, dejando cerrada esta importante arteria vial que comunica el puerto fluvial petrolero con los Santanderes. La vía sigue, hasta el momento de elaborar esta nota (enero 14), sin ser reparada.
Lo que algunos han dado en llamar una “emergencia invernal” no es más que la evidencia de la crisis ambiental del país. Los ejemplos son claros. Gran parte del territorio nacional, especialmente regiones de la Costa Caribe, los Santanderes, Antioquia, Valle del Cauca, Chocó y la Sabana de Bogotá, estuvo inundado por semanas, y varios sectores aún continúan anegados. Los principales ríos del país –Magdalena, Sinú, San Jorge, Atrato, Cauca y demás afluentes menores que tributan en estos ríos– se han desbordado, dejando poblaciones enteras bajo el agua, además de cultivos e infraestructura. En la zona andina, los derrumbes y los deslizamientos son pan de cada día y destruyen barrios y poblados. La red vial del país colapsó y no será recuperada sino con meses de intensas obras; nueve vías nacionales están cerradas y restringidos 269 pasos por derrumbes, inundaciones y puentes en mal estado.
Esta catástrofe ambiental ya tiene enormes repercusiones sociales. Según la Cruz Roja Colombiana, son 303 los muertos, 296 los heridos y 73 los desaparecidos por la ola invernal que afecta a 2.200.000 personas y tiene damnificadas a 445.500 familias, 317.000 viviendas averiadas y más de 3.348 totalmente destruidas. La Defensa Civil Colombiana informó que actualmente 121.345 personas afectadas por la ola invernal se encuentran ubicadas en 521 albergues temporales, escuelas, colegios y otros sitios públicos. Al desplazamiento por el conflicto se suman ahora miles de desplazados ambientales; de otro lado, la provisión de alimentos disminuyó y es notorio el aumento de los precios de la canasta familiar; la oferta de empleo ha disminuido, afectando el ingreso, y, por último, se incrementó el número de personas destechadas. Otras repercusiones son geográfico-ambientales, debido a las modificaciones de los territorios inundados en el escenario regional-municipal del país.
El presidente Juan Manuel Santos, que sigue culpando a la naturaleza al decir que lo ocurrido es la peor tragedia natural, ya ha advertido que la actual situación es una oportunidad para “reconstruir el país”, y dio un paso para esto, declarando la emergencia nacional el pasado 7 de diciembre, con el argumento de implementar acciones que permitan acelerar la atención a los damnificados por las inundaciones y los deslizamientos ocasionados por las lluvias.
Sin duda, lo sucedido plantea interrogantes importantes para hacer claridad sobre las causas de esta crisis ambiental, pero también sobre las medidas de mitigación. ¿Lo sucedido es producido por el llamado fenómeno de La Niña, intensificado por el cambio climático global? ¿Qué incidencia tiene el modelo de desarrollo territorial del país? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones estatales y particularmente las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en la prevención y moderación de estos “desastres naturales”? ¿Qué efectos tendrá la llamada reconstrucción del país que promueve el presidente Santos?
Espejismo del cambio climático en Colombia
Aunque el gobierno nacional culpabiliza al intenso fenómeno de La Niña, “derivado del cambio climático”, como el responsable de la crisis invernal, sin duda la causa principal está en un modelo desarrollo que ha transformado las selvas en potreros, plantaciones agroindustriales o proyectos mineros. Los ríos son desviados, represados, canalizados e invadidos sin respetar sus viejos cauces, y las ciénagas y humedales desecados, invadidos y rellenados para ser urbanizados o potrerizados. Antes de promover procesos de manejo sustentable, agroecológico o de conservación, se siguen priorizado obras de infraestructura que sacrifican montañas, selvas, páramos, ríos y humedales. El resultado está a la vista: erosión en las partes altas y ríos y ciénagas, colmados por sedimentos.
En lugar de rectificar, se viene profundizando un modelo económico que se reprimariza. Se intensifican las exportaciones primarias de petróleo, minerales, metales preciosos, energía y productos agrícolas (flores, banano, cítricos, café y carne), dejando grandes impactos sociales y ambientales que no se compensan con las divisas obtenidas. Tal modelo agro-extractivo exportador tiene su cuota de responsabilidad debido a la ampliación de la frontera minero-agrícola (en zonas de páramos y selvas). Ahora bien, respecto al modelo de desarrollo territorial, la vocación de los suelos y las aguas ha sido alterada. Así, por ejemplo, las tierras del Bajo Sinú (Córdoba), que tenían vocación agrícola y de protección ambiental como las ciénagas, han sido desecadas por los ganaderos, que de este modo amplían los linderos de sus fincas.
“La consecuencia más funesta que dejó la acción del Estado en esos ecosistemas cienagueros fue que abrió las agallas de la codicia de los terratenientes, quienes, siguiendo el ejemplo del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, en forma privada se han dedicado a desecar las zonas pantanosas en todo lo largo y ancho de la geografía de este departamento, con el propósito de aumentar el tamaño de sus propiedades. La acción de los terratenientes por acabar con los pantanos ha exasperado al máximo la preocupación de los campesinos como producto del desarrollo capitalista del campo. Ahora ven desplomarse [...] la última oportunidad de seguir viviendo en la vasta gama de pueblos de ciénagas que derivan el sustento directo de la gran biodiversidad de fauna y flora que éstas les ofrecen”1.
Lo que sucede no es nuevo. Desde hace años, las poblaciones del San Jorge y el Sinú, antiguo territorio Zenú, vienen denunciando que las inundaciones son cada vez más frecuentes e intensas en la zona, ya que las ciénagas y los humedales cumplían el papel ecológico de regulación de las inundaciones, y, no existiendo éstas, son más factibles y crecientes las inundaciones –tal como sucede actualmente–, además de la afectación que la construcción de la represa de Urrá ocasiona en la dinámica hídrica de la cuenca del río Sinú.
En las ciudades, las familias campesinas han tenido que construir sus asentamientos en zonas de alto riesgo (caso Bello, Antioquia, Morrorrico en Bucaramanga, ciudad Bolívar en Bogotá, etcétera) y en las zonas de cauce de los ríos (Río de Oro en Girón, Santander), en muchas ocasiones bajo la permisividad de las instituciones estatales (nacionales, regionales-municipales), que no les ofrecen opciones, y que no definen políticas ni programas para reducir la vulnerabilidad de estas poblaciones ya asentadas. Es ésta una problemática que tiene que ver con la iniquidad del acceso a la tierra urbana. Las mejores tierras de la ciudades son ocupadas por urbanizaciones estratos 5 y 6, centros comerciales y otros intereses del capital, beneficiando a los grandes constructores (plusvalía urbana) y disminuyendo los espacios necesarios para vivienda social.
El problema de fondo es el tipo de ordenamiento territorial (rural y urbano) que se hace en los ámbitos municipal-regional y nacional para el desarrollo del capital, y no uno que contribuya al buen vivir de la población y la sustentabilidad (mitigación de riesgos, reforestación de cuencas hidrográficas, respeto por los cauces de los ríos, usos debidos del suelo; no desecamiento de ciénagas, manglares y humedales, protección de los páramos y selvas, etcétera). En esta problemática contribuyen las instituciones estatales de orden nacional y regional-municipal, como es el caso de las CAR, que tienen responsabilidad en el ordenamiento territorial según el artículo 7º de la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997.
¿Las CAR, responsables de los desastres naturales?
El presente gobierno nacional ha señalado cierta responsabilidad de las CAR en las inundaciones por no haber adelantado las medidas preventivas al respecto. Sin embargo, cabe decir que ello significa buscar culpables en entidades donde históricamente la clase política regional-nacional ha formado parte de sus consejos directivos y se beneficia tanto de la “captura reguladora como de la captura política” de estas entidades, y no sólo la clase política sino también las ONG partícipes. “El mayor problema que parece afectar el sistema de gobierno de las CAR es su captura por parte de grupos del sector político tradicional, de la sociedad civil y del sector productivo, con el fin de satisfacer sus intereses particulares”2. Intereses forestales, mineros, aprovechamiento de caudales e intereses agroindustriales.
Entonces, la afirmación del Gobierno tiene y no tiene razón por lo expuesto. Además, con la reforma de las instituciones ambientales en el gobierno anterior, las CAR se dedicaron más al desarrollo de la agenda gris (saneamiento ambiental –obras de ladrillo y cemento) que al desarrollo de la agenda verde (conservación, mitigación, restauración y protección ambiental). Y frente a problemas de competencias interinstitucionales con entidades nacionales como Minambiente o Minminas, las CAR presentan una limitada autonomía de la gestión ambiental, por ejemplo, con la aprobación de licencias ambientales a megaproyectos que afectan jurisdicciones regionales; entonces, lo que se hace es “buscar la causa río arriba”.
Lo anterior no escinde la responsabilidad que les cabe a las CAR dentro de sus funciones, como lo reza el literal 19, artículo 31 de la Ley 99 de 1993:
“Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua y recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras”.
Seguramente las CAR más grandes y que manejan importantes recursos económicos no los han utilizado para el cumplimiento de estas funciones, o el problema arriba señalado de su “captura política y reguladora” ha desviado el uso de los mismos. Pero el juicio de responsabilidades no es sólo de las CAR sino también de otras entidades estatales, como los departamentos, los municipios, Mintransporte, Minambiente y Minhacienda, por aquello de la disciplina fiscal. Como corolario en la relación Estado-Sociedad, se dirá que el Estado no está al servicio de la sociedad sino la sociedad al servicio del Estado.
¿Reconstruyendo el país o configurando nuevos territorios?
Ante la emergencia nacional, el Gobierno hizo una declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. Ha tomado medidas asistencialistas, como impulsar la campaña “Colombia Humanitaria”, que está recaudando fondos para la atención a los afectados5. También definió medidas tributarias (exenciones fiscales a las zonas afectadas), ha mencionado la posibilidad de entregar tierras de extinción de dominio, ha ofrecido a los afectados trabajo temporal por seis meses en la reconstrucción, está otorgando subsidios de arriendo por seis meses, ha hecho promesas de reubicación de poblados (caso Gramalote, Norte de Santander, y sur del Atlántico) y definió la reconstrucción de las vías afectadas.
Pero no se mencionan las causas de la problemática de fondo, dados los acumulados de los desastres en el país. Parodiando al profesor Carlos Vilas respecto a la política social, unos se dedican a crear los desastres (modelo de desarrollo) y otros a recoger los escombros (las entidades asistencialistas y el Estado).
La crisis invernal les cae como anillo al dedo a Santos y su gobierno, que ve en ella una oportunidad para “pensar en grande”, reconstruyendo el país a su acomodo. De hecho, la crisis también permite argumentar la venta de un nuevo porcentaje de la acciones de Ecopetrol. Con los varios miles de millones de dólares que esperan conseguir por su venta, constituirán un fondo de reconstrucción de obras de infraestructura, como carreteras y puentes, destruidos por las inundaciones y las lluvias provocadas por el fenómeno de La Niña. Seguramente también la minería será avalada con el mismo argumento: fondos para la reconstrucción.
El asunto es claro: mientras las lluvias dejaron millones de personas afectadas, la reconstrucción facilitará la reconfiguración de nuevos territorios para el capital. Más claro no canta un gallo.
* Profesor de la Escuela Superior de Administración Pública y miembro del equipo de Censat Agua Viva.
** Censat Agua Viva-Amigos de la Tierra Colombia.
1 Cepeda, Iván; Rojas, Jorge. A las puertas del Ubérrimo. Editorial Debate, Bogotá, 2008, p. 18.
2 Canal A., Francisco, Rodríguez B., Manuel. “Las corporaciones autónomas regionales, quince años después de la creación del Sina”, en: Gobernabilidad, instituciones y medio ambiente en Colombia. Manuel Rodríguez Becerra, editor. Foro Nacional Ambiental, Bogotá, 2008, p. 359.
A la fecha de escrito el artículo, se habían conseguido donaciones que superan los 33 mil millones de pesos entre donaciones económicas y en especie.
Sábado, 11 Diciembre 2010 17:24
Tras el bloqueo a la reforma constitucional del agua como bien público y común. El país se inunda
El invierno hace agua las políticas de desarrollo impulsadas desde el alto gobierno. El Congreso de la República, que negó el Referendo por el Derecho al Agua como bien público, está ante la posibilidad de corregir su gestión a favor de las minorías. Hay que continuar el esfuerzo por hacer de las propuestas de referendo un debate nacional y un horizonte de lucha social hacia la transformación profunda del modelo de desarrollo que hace del agua una amenaza, antes que un principio de vida.
La crítica situación nacional producida por las inundaciones de pueblos enteros y de tierras productivas en todo el país acrecienta el absurdo de la negativa del pasado Congreso Nacional a las propuestas del referendo de agua, avaladas por más de dos millones de firmas de ciudadanos dispuestos a votar por una nueva plataforma constitucional que le diera piso a una política integral del agua en el país, para evitar a largo plazo que millones de colombianos sigan sin acceder al agua potable, que millares de niños se sigan enfermando o muriendo por ello, o que decenas de municipios permanezcan anegados gran parte del año, antes de dar paso a las trágicas sequías.
Esa postura de la clase política no permitió llevar a debate un modelo de uso del agua todavía basado en la desecación de humedales, en destrucción de páramos, la devastación de bosques andinos y la extensión de potreros en los cuales la ganadería extensiva pisotea riberas y extiende latifundios, como forma de ampliar grandes propiedades rurales sin importar que ello conduzca a inundaciones de ciudades enteras. Ni dejó avanzar el debate nacional sobre la otra cara de ese modelo: el uso de ríos y humedales como botaderos de basura y de aguas servidas, que, además de destruir la vida misma, dificultan el ciclo del agua, ya enfrentado de hecho a los efectos globales del cambio climático.
Pero lo más grave es que esas mismas mayorías parlamentarias se aprestan ahora a incrementar esos problemas a través de su apoyo incondicional a un nuevo plan de desarrollo basado en propuestas que suponen un uso o afectación intensiva del agua por parte de las políticas forestales, agroindustriales, petrolera y minera, que ahora intensifican la demanda de agua como insumo, generalmente gratuito y a costa del derecho fundamental al acceso al agua potable.
En efecto, la gran minería, sustentada como fuente de recursos para resolver la crisis fiscal, de no mediar una fuerte y amplia movilización social y política que la rechace, se expandirá y continuará la destrucción de cuencas enteras; y la política de los planes departamentales de agua, predominantemente urbanos, imponen ordenamientos territoriales que tienden a descomponer lo que queda del campo y profundizan la inviabilidad financiera de los municipios, que, no pudiendo cumplir con las imposiciones financieras de tales programas, probablemente tendrían que aportar el agua misma en sus fuentes en los mercados crecientes del recurso.
Al lado de ello, los gobiernos locales avanzan en los procesos de concesionamiento y gestorización privada del agua potable mediante esquemas de prestación especulativos en contra de los municipios y los usuarios de los estratos 1, 2, 3 y 4 en la forma como acaba de suceder en Acuavalle, los contratos de Empresas Públicas Municipales de Cali y la continuidad de los contratos en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Como se ve, el agua es un elemento esencial para la vida, pero a la vez un hilo conductor de los problemas y los conflictos nacionales, y un principio básico para recuperar la dimensión de los bienes comunes y públicos, y uno de los temas alrededor de los cuales se pudiera reconstituir un básico pacto social en torno a la sustentabilidad y la justicia social auténticas. El agua misma convoca a la reflexión y la movilización nacional; y el movimiento del agua continúa. 2011 será un año decisivo para ésta, la lucha de todos y de todas.
La Declaración final de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, realizada en Cochabamba en abril pasado y a la cual nos adherimos (*), es clara en advertir sobre las consecuencias de la expoliación de la naturaleza y sus efectos en el cambio climático, el aumento de la pobreza, la transnacionalización de la gestión del agua, la privatización de fuentes hídricas, el aumento de las emisiones de dióxido de carbono por los países desarrollados, y llama a desarrollar referendos en las ciudades de todo el mundo para protestar y denunciar las acciones y las conductas que llevan al desastre contra el ser humano, la flora, la fauna y la existencia misma del planeta Tierra, y convoca a forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos.
* http://www.censat.org/noticias/2010/4/23/Declaracion-final-de-la-Conferencia-Mundial-de-los-Pueblos-sobre-el-Cambio-Climatico-y-los-Derechos-de-la-Madre-Tierra/.
Publicado enEdición 164
Domingo, 28 Noviembre 2010 18:23
Se repite y se repite. Agua, improvisación y demagogia
"Ríos Magdalena y Cauca se salen de cauce", "Inundados pueblos ribereños de los principales ríos del país por rompimiento de diques", "Miles de damnificados sin lugar a donde ir".
Los titulares pueden ser de cualquier año: de 2010 o de 2009; de 1970 o de 1990. Cualquier año, porque uno tras otro es la misma historia: llega la temporada invernal y los más pobres del país se ven sumidos bajo el agua, con sus pocas pertenencias anegadas, sus precarias viviendas arrastradas o inundadas; sus escasos animales ahogados, enfermos o sin dónde comer. Siempre es lo mismo.
Las cifras producen igual sensación, pueden ser de un año o de otro cualquiera. Las de 2010 obligarían a la renuncia de los ministros que tienen que ver con este sector: Medio Ambiente, Agricultura, Salud, Vivienda, y con los directores de los organismos de emergencia, pero todos prosiguen en sus funciones como sino fuera con ellos:
Cifras al 16 de noviembre de 2010
Damnificados: 1.174.480
Fallecidos: 106
Desaparecidos: 21
Heridos: 168
Regiones más golpeadas: Sucre, Bolívar, Magdalena, Córdoba y Chocó. ¿Cuántos afectados piscológica, moral, humanamente? Nadie sabe. Tampoco les interesa.
En 2009, los damnificados no fueron pocos (1.394.895). Sin embargo, ahora no se cansan de repetir que es la mayor tragedia invernal de los últimos 30 años. Y puede que lo sea, ese no es el asunto; la pregunta esencial es por qué sucede otra vez, a pesar de que los estudios sobre el clima, la cartografía regional y la dinámica del desarrollo agrícola, así como los efectos de la misma pobreza de siempre, permiten adelantarse a cualquier tragedia de estas.
Tragedia de nunca acabar. Ocurre cada año y la fórmula es idéntica: pronunciarse desde el alto gobierno, informando de la cantidad de millones destinados para minimizar la tragedia, al tiempo que instituciones como la Cruz Roja y la 'caritativa empresa privada' emprenden campañas de recolección de mercados y ropa destinados a las poblaciones siempre ahogadas por la pobreza y ahora por el agua. Atacan la calentura, sin inmutarse por la infección, que en este caso es un sistema para el cual los pobres son simples números, cifras que reportan a la hora de las calamidades pero que nunca están, de verdad verdad, dentro de la planificación oficial de mediano y largo plazo.
Dolor y tristeza. Parece de nunca acabar y sin embargo lo presentan cada año como gran novedad, ahora ‘justificada’ por el fenómeno de La Niña. Sin embargo, lo verdaderamente trágico y lo que no parece tener fin es la irresponsabilidad oficial, la falta de previsión, el desinterés por arrancar de raíz los factores que facilitan que el invierno genere tanta tristeza entre centenares de poblaciones y millones de connacionales.

References: Artículo 1
 artículo 2

Artículo 2
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 7
 artículo 31