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Timestamp: 2017-02-20 01:39:26+00:00

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otroblogmás, pero este es el mío!!!!: COMENTARIOS A LA STC 41/2013. NULIDAD D.A.3ª LEY 40/2007
D.A.3ª LEY 40/2007.
antes de analizar la sentencia, conviene recordar que la Ley 40/2007
introdujo por primera vez la posibilidad que las parejas de hecho
-incluídas las del mismo sexo- accediesen a la pensión de viudedad.
No obstante, el acceso a la prestación para las parejas de hecho con
respecto a las parejas de derecho -matrimonio- no se efectuó en
igualdad de condiciones, y así, a título de ejemplo, a las primeras
se les exige un largo periodo de convivencia -5 años-, dependencia
económica y, como en en el caso de la DA 3ª, haber tenido hijos en
común. Dice así la disposición ahora anulada por el TC:
carácter excepcional, se reconocerá derecho a la pensión de
viudedad cuando, habiéndose producido el hecho causante con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, concurran las
Que a la muerte del causante, reuniendo éste los requisitos de alta
y cotización a que se refiere el apartado 1 del artículo 174 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, no se
hubiera podido causar derecho a pensión de viudedad.
Que el beneficiario hubiera mantenido convivencia ininterrumpida,
como pareja de hecho en los términos establecidos en el primer
inciso, párrafo cuarto, artículo 174.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, en la redacción dada por el artículo 5 de la
presente Ley, con el causante, durante, al menos, los seis años
anteriores al fallecimiento de éste.
Que el beneficiario no tenga reconocido derecho a pensión
contributiva de la Seguridad Social.
Para acceder a la pensión regulada en la presente disposición, la
correspondiente solicitud deberá ser presentada en el plazo
improrrogable de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de
esta Ley. La pensión reconocida tendrá efectos económicos desde el
día primero de 2007, siempre que se cumplan todos los requisitos
previstos en esta disposición.»
bien, el magistrado del Juzgado Social nº 33 de Barcelona, Joan
Agustí i Maragall, eleva la cuestión de inconstitucionalidad de la
D.A. 3ª por entender que comporta un trato
desfavorable por causa de la orientación sexual, expresamente
prohibido por el art. 14 CE, toda vez que el requisito de haber
tenido hijos en común que establece la citada disposición para
poder causar derecho a la pensión de viudedad en supuestos de
parejas de hecho en las que el fallecimiento del causante se produjo
antes del 1 de enero de 2008 (fecha de entrada en vigor de la Ley
40/2007), resulta de muy difícil o imposible cumplimiento para las
parejas de hecho homosexuales. Pues, además de la imposibilidad
biológica, ha de tenerse en cuenta que el derecho de las parejas del
mismo sexo a la adopción conjunta y la adopción individual del hijo
del conviviente sólo ha sido reconocido de manera reciente en
algunas Comunidades Autónomas en las leyes que regulan el régimen
jurídico de las parejas de hecho, como ha sucedido en Cataluña en
virtud de la Ley del Parlamento catalán 3/2005, de 8 de abril. La
exigencia del referido requisito, aparentemente neutral, supone así,
según el Juzgado, un trato discriminatorio para las parejas de hecho
del mismo sexo, por su efecto excluyente de la pensión de viudedad.
ANÁLISIS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
el TC la cuestión propuesta por el Magistrado y señala al respecto:
siendo el derecho a contraer matrimonio un derecho constitucional,
el legislador puede establecer diferencias de tratamiento entre la
unión matrimonial y la puramente fáctica, concluyéndose que «la
diferencia de trato en la pensión de viudedad entre cónyuges y
quienes conviven de hecho sin que nada les impida contraer
matrimonio no es arbitraria o carente de fundamento» (STC 184/1990,
FJ 3), ni resulta discriminatoria desde la perspectiva del art. 14
CE, pues la exigencia del vínculo matrimonial para tener derecho a
la pensión de viudedad «no está privada de justificación
objetiva y razonable»
este modo, se ha venido considerando de forma reiterada por nuestra
doctrina que la exclusión de las parejas de hecho de la protección
dispensada en materia de pensión de viudedad por el sistema público
de Seguridad Social no resulta contraria a la Constitución, sin
perjuicio de que, como también hemos tenido ocasión de advertir en
esa misma doctrina, tampoco existe obstáculo constitucional alguno
a que el legislador pueda extender la protección de la pensión de
viudedad a las uniones de hecho estables, heterosexuales u
homosexuales: «es cierto también que el legislador podría
extender a las uniones estables de hecho, al menos en determinadas
condiciones, los beneficios de la pensión de viudedad. Extensión
que en modo alguno resulta vedada por el art. 14 ni encontraría
obstáculos en los arts. 32 y 39 de la Constitución. El legislador
dispone de un amplio margen de libertad en la configuración del
sistema de Seguridad Social y en la apreciación de las
circunstancias socioeconómicas de cada momento a la hora de
administrar recursos limitados para atender a un gran número de
necesidades sociales (por todas, SSTC 65/1987, FJ 17; 134/1987, FJ 5
y 97/1990, FJ 3). En tal sentido, la opción de requerir la
existencia de previo vínculo matrimonial para tener derecho a una
pensión de supervivencia no es la única constitucionalmente
posible, por lo que es legítimo propugnar que la actual pensión de
viudedad se extienda por el legislador a las uniones estables de
hecho» (STC 184/1990, FJ 3), «sean o no heterosexuales» (ATC
222/1994, de 11 de julio, FJ 2). En suma, «habrá de ser, en su
caso, el legislador quien decida proceder a dicha extensión, con
los requisitos y en los términos que se consideren pertinentes, y
en el marco de una nueva y coherente ordenación de la citada
pensión, singularmente si la convivencia establece sin vínculo
matrimonial se instalara como una práctica social extendida» (STC
184/1990, FJ 5).
ello se intenta, como también señala el preámbulo de la Ley
40/2007, «una aproximación, en la medida de lo posible, a la
institución matrimonial», toda vez que, «habida cuenta de la
imposibilidad de conseguir la plena equiparación entre las parejas
matrimoniales y las de hecho, se hace inviable la plena igualación
en el régimen jurídico de las prestaciones de viudedad»
es, justamente, la ordenación de la pensión de viudedad en el caso
de parejas de hecho estables que introduce la Ley 40/2007 (dando
nueva redacción al art. 174.3 LGSS) para hechos causantes acaecidos
a partir de su entrada en vigor (1 de enero de 2008), de tal suerte
que su reconocimiento se fundamenta en la concurrencia de una
situación real de necesidad del supérstite, en función de su
nivel de ingresos propios y de la existencia o no de cargas
lo tanto, está claro que el Constitucional no considera, en una
primera aproximación a la cuestión, que parejas de hecho y de
derecho tengán que tener un tratamiento “igualitario” con
respecto al acceso a las prestaciones de seguridad social, y en
concreto de la pensión de viudedad.
la cuestión central de la cuestión de inconstitucionalidad es:
de lo anterior –y ello nos sitúa ya en el problema a abordar en la
presente cuestión– la Ley 40/2007 establece también en su
disposición adicional tercera una regla de carácter excepcional y
eficacia retroactiva favorable, que permite acceder a la pensión de
viudedad a los supérstites de parejas de hecho estables en las que
el fallecimiento del causante hubiere tenido lugar antes de la
entrada en vigor de la Ley 40/2007, siempre que se cumplan una serie
de requisitos, entre ellos el de haber tenido hijos en común, que es
el requisito cuestionado y que excluye de la pensión de viudedad a
los supérstites de parejas de hecho en las que el fallecimiento del
causante se hubiese producido antes del 1 de enero de 2008 y que no
hubiesen tenido comunes, aunque cumplan el resto de requisitos
establecidos por la referida disposición adicional para acceder a la
respecto señala el T.C. antes de resolver la cuestión: Claúsula
general de igualdad versus discriminación por razón de sexo.
Anticipamos ya que el T.C. se pronuncia favorablemente sobre la
cuestión planteada, pero no en virtud de la discriminación por
razón de sexo, sino
por la cláusula general de igualdad.
Dicho de otro modo, el requisito establecido en la cuestionada letra
c) de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007 se exige a
todas las parejas de hecho, con independencia de que sus componentes
sean de distinto o del mismo sexo, y ello al margen (claro está) de
que el requisito sea, como señala el Juzgado promotor de la
cuestión, de más difícil o incluso imposible cumplimiento en el
caso de las parejas homosexuales, dada la imposibilidad biológica
de que las parejas homosexuales tengan hijos entre sí y la
imposibilidad legal de adopción conjunta por estas parejas (también
de las parejas de hecho formadas por miembros de distinto sexo)
hasta fechas relativamente recientes, cuando diversas Comunidades
Autónomas han aprobado leyes que permiten la adopción conjunta por
principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento
legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de
relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato
normativo respecto a la regulación de una determinada materia
supone una infracción del mandato contenido en el art. 14 CE, sino
tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que
puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una
justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla
general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de
hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en
consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación
que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación
dice la exposición de motivos de la Ley 40/2007 acerca de las
razones que han llevado al legislador a establecer la exigencia de
que la pareja de hecho hubiese tenido hijos en común como requisito
sine qua non para poder causar derecho a la especial pensión de
viudedad prevista en la disposición adicional tercera de dicha Ley.
DEL T.C.
expuesto permite concluir que el requisito contenido en la letra c)
de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de
diciembre, constituye una directa vulneración del principio de
igualdad ante la ley consagrado por el art. 14 CE, pues la diferencia
de trato que se establece por la norma cuestionada entre parejas de
hecho, en razón a que hubieran tenido o no hijos en común, no sólo
no obedece, como se ha visto, a ninguna razón objetivamente
justificada, relacionada con la propia esencia, fundamento o
finalidad de la pensión de viudedad especial regulada en la referida
disposición adicional de la Ley 40/2007 (aplicable sólo a hechos
causantes acaecidos antes de su entrada en vigor), sino que conduce
además a un resultado desproporcionado, al impedir
injustificadamente a determinados supérstites de parejas de hecho el
acceso a la protección dispensada mediante dicha pensión, por ser
de imposible cumplimiento (por razones biológicas o jurídicas) la
exigencia de haber tenido hijos comunes.
conduce a declarar por este motivo la inconstitucionalidad y nulidad
de la letra c) de la disposición adicional tercera de la Ley
40/2007, lo que hace innecesario que nos pronunciemos acerca de si,
además, el precepto en cuestión conlleva una vulneración de la
prohibición de discriminación en función de «cualquier otra
condición o circunstancia personal o social» a la que art. 14 CE se
refiere, en particular por causa de la orientación sexual, en la
medida en que el requisito de haber tenido hijos comunes resulta de
muy difícil o imposible cumplimiento para las parejas de hecho del
mismo sexo, conforme a los argumentos que han quedado anteriormente
BIEN, SIN EFECTO RETROACTIVO.
obstante entender que es un graqn avance social la sentencia del
Constitucional, el problema es que en la práctica no va a tener más
repercusión que en la sentencia que dicte el magistrado promotor de
la cuestión de incostitucionalidad, ya que, recordemos, aquella DA
3ª tenía efecto temporal, por lo que no permite que quienes, por no cumplir el requisito de haber tenido hijos en
común con el causante, no solicitaron la pensión de viudedad
prevista en la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007 en el
plazo de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de dicha
Ley, puedan reclamar ahora la pensión, como consecuencia del
referido requisito temporal; ni permite, claro está, revisar
procesos ya finalizados mediante sentencia firme que denegaron la
pensión por aquel motivo.
hecho, en reciente sentencia del TS se estableció que más allá del
período indicado en la propia DA 3ª precluyó la posibilidad de
solicitar la pensión de viudedad por esta vía extraordinaria.
está de más recordar que ni el Ministerio Fiscal, ni el Abogado del
Estado estuvieron de acuerdo con la cuestión interpuesta, y que
incluso la sentencia ha sido objeto de voto particular.
POSICIÓN DEL COL.LECTIU RONDA.
más allá de la interpretación final realizada por el T.C. y frente
a la discusión central, claúsula
general de igualdad versus discriminación por razón de sexo,
entendemos que realmente se ha vulnerado la segunda -de hecho es lo
que defendía el magistrado Joan Agustí- y es que, para nosotros,
subyace un elemento moral de no reconocimiento por parte de los
poderes públicos de los derechos de las parejas extramatrimoniales
frente a las matrimoniales, que se acentúa en los casos en que la
pareja es del mismo sexo. Ejemplos de lo expuesto:
lo hemos visto, los requisitos de acceso de las parejas de hecho a
la pensión de viudedad son mucho más estrictos que con respecto a
las matrimoniales -tiempo de convivencia, dependencia económica,
etc...-.
acrecimiento de la pensión de viudedad con respecto a los
huérfanos, que permite “mitigar” en parejas de hecho o
separados-divorciados sin derecho a pensión el daño causado por no
acceder a la prestación, tribunales como el TSJ de Catalunya se han
mostrado contrarios a tal solución -pendiente hoy de resolución
por parte del Tribunal Supremo, que esperamos sea favorable a
nuestra tesis, y no a la del TSJ Catalunya-.
extraordinarias en caso de parejas del mismo sexo para demostrar la
convivencia “more uxorio” teniendo en cuenta el carácter
homófobo de nuestra sociedad.
SUPUESTO CONCRETO DE TRATO DISCRIMINATORIO RESPECTO A PAREJAS DEL
solicitó al Instituto Nacional de la Seguridad Social la pensión de
viudedad, por el fallecimiento de su marido D. Ramón, ocurrido el
19-1-12, y dicha entidad dictó resolución de 23-2-12 por la que le
reconoció su derecho a percibir una pensión temporal de viudedad
conforme a una base reguladora de 788,62 euros, un porcentaje del
52%, con efectos de 1-2-12 y con una duración de dos años.
y Ramón contrajeron matrimonio el día 9-9-11. En fecha
19-7-11 el causante otorgó testamento a favor del actor, haciendo
constar en la correspondiente escritura que convivía como pareja
estable con él desde hacía
más de treinta años. El actor y el causante habían abierto
bancarias conjuntas desde el año 1992 y se presentaban socialmente
estable. El causante tuvo el primer síntoma de su enfermedad en
Seguridad Social determinó que existía derecho a pensión de
viudedad pero con efectos temporales -dos años-, al haber fallecido
por enfermedad ya conocida. No obstante, Col.lectiu Ronda solicitó
reconociese la pensión de viudedad con
carácter vitalicio. La Seguridad Social negó dicha solicitud por
motivos: "El matrimonio con la persona causante ha tenido una
inferior a un año. Según la documentación aportada al expediente,
la enfermedad que causó el fallecimiento existía con anterioridad a
No existen hijos comunes con la persona causante".
artículo 174.1, párrafo tercero, de la Ley General de la Seguridad
Social dispone que "En los supuestos excepcionales en que el
fallecimiento del causante derivara de enfermedad común, no
sobrevenida tras el vínculo conyugal, se requerirá, además, que el
matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como
mínimo a la fecha del fallecimiento o, alternativamente, la
existencia de hijos comunes. No se exigirá dicha duración del
vínculo matrimonial cuando en la fecha de celebración del mismo se
acreditara un período de convivencia con el causante, en los
términos establecidos en el párrafo cuarto del apartado 3, que,
sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos
párrafo cuarto del apartado 3 establece que "A efectos de lo
establecido en este
apartado, se considerará pareja de hecho la constituida, con análoga
afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para
mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una
estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del
causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años.
La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante
certificación de la inscripción
en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades
autónomas o
ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público
en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la
como la formalización del correspondiente documento público deberán
haberse producido con una antelación mínima de dos años con
fecha del fallecimiento del causante".
el presente caso, efectivamente tal como alega la entidad gestora
como motivos de oposición, el matrimonio del actor con el causante
tuvo una duración inferior a un año, puesto que se casaron el día
9-9-11 y el causante falleció el día 19-1-12; la enfermedad que
causó el fallecimiento del causante existía con anterioridad a la
fecha del matrimonio, puesto que el causante tuvo el primer síntoma
de su enfermedad en diciembre de 2010; y no tuvieron hijos en común.
obstante, de la prueba practicada se evidencia no solo que eran
pareja sentimental desde muchos años antes de contraer matrimonio,
tal y como se desprende de las numerosas fotografías aportadas y de
las declaraciones del testigo que compareció al acto de juicio, sino
que también puede deducirse que existía una convivencia estable
entre ellos también desde años antes de la formalización de su
matrimonio; así, de la documental aportada por la parte actora se
evidencia que desde el año 1992 habían abierto diversas cuentas
bancarias conjuntas, en las que hacían constar un único domicilio
como el de ambos, y que en fecha 19-7-11 el causante otorgó
testamento a favor del actor, haciendo constar en la correspondiente
escritura que convivía como pareja estable con él desde hacía más
de treinta años (STSJ Cataluña de 25-6-12, rec. 8046/2011).
tenerse en cuenta, en cualquier caso, que como refiere el Tribunal
Supremo (STS 14-6-10, RJ 2010/2646), los requisitos que la normativa
expuesta impone, tienen como finalidad "evitar los matrimonios
"de conveniencia", contraídos precisamente con el único
fin de devengar una pensión de viudedad cuando se teme el próximo
fallecimiento del causante", y debe considerarse que tal
motivación ha quedado desvirtuada en este caso, al haberse
acreditado la existencia de una relación estable de larga duración
muy anterior al matrimonio.
por tanto, la Magistrada de instancia -Juzgado Social nº 24 de
Barcelona, Mª Pía Casajuana Palñet- reconoció el derecho a
percibir la pensión de forma vitalicia.
más que evidente que Antonio y Ramón no pudieron establecers como
pareja de hecho o matrimonio hasta que la legislación lo permitió
-su relación se remonta a mchísimos años antes-. Y, aunque
formalmente se pudiesen formalizar su relación, era prácticamente
imposible que tuviesen hijos en común, lo que hubiera otorgado la
pensión vitalicia automáticamente. No obstante, en este caso
considera la Magistrada que existió convivencia “more uxorio”
muy prolongada en el tiempo y por tanto concede la pensión sin
son las vías de la no discriminación e igualdad efectiva por las
que hemos de avanzar, con resoluciones como las dictadas por la
magistrada del Juzgado Social nº 24 o cuestiones de
inconstitucionalidad como las planteadas por el magistrado del
Juzgado Social nº 33. Así lo creemos firmemente en Col.lectiu
Anónimo6 de junio de 2013, 22:01Que gran aportación! Y que suerte de tener jueces así! Porque tela con las resoluciones de la Seguridad Social....ResponderEliminarAnónimo15 de marzo de 2016, 18:05hola, miguel quería comentarte mi caso, tuve un accidente laboral hace 6 días, fue al coger un cubo en el trabajo, me han dado la baja por una lumbalgia en la mutua, la baja es de unos 10 a 15 días, hace dos mese me hicieron una resonancia y tengo dos hernias y espondiliosis, sigo aún con mucho dolor el la cadera y la lumbar; mi pregunta es tengo que decirle al médico de la mutua lo de la resonancia y llevarle los resultados?agradezco su atención.ResponderEliminarRespuestasmiguel arenas18 de marzo de 2016, 17:17En cuanto se lo digas te derivará a la seguridad social......EliminarResponderAñadir comentarioCargar más...

References: artículo 174
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 artículo 5
 resolución

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artículo 174