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Timestamp: 2020-02-20 05:51:00+00:00

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CPLT Jurisprudencia | Esteban Rodríguez con SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Esteban Rodríguez con SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN Rol: C231-17
Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Educación, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) Registro de título profesional o técnico de las 13 personas que indica en su solicitud, indicando título, fecha de titulación y centro de educación superior que otorgó el título. b) Normativa que regula la obligación de informar al MINEDUC los títulos profesionales o técnicos otorgados por centros de educación superior o técnica. Especifica que requiere registro de títulos, no de egresos o de grados académicos y en caso de existir más de un título de cada persona se deben incluir los datos respectivos. Requiere la solicitud de letra a) en formato Excel y de la letra b) en pdf. El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo, respecto de la solicitud que se lee en la letra b) del literal 1) de lo expositivo pues el órgano reclamado cumplió con su obligación de informar lo pedido oportunamente.
Corte de Apelaciones de Santiago, 13/10/2017, 5620-2017
Corte de Apelaciones de Santiago, 5620-2017
DECISIÓN AMPARO ROL C231-17
En sesión ordinaria N° 796 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de abril de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C231-17.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 01 de diciembre de 2016, don Esteban Rodríguez solicitó a la Subsecretaría de Educación la siguiente información:
a) Registro de título profesional o técnico de las 13 personas que indica en su solicitud, indicando título, fecha de titulación y centro de educación superior que otorgó el título.
b) Normativa que regula la obligación de informar al MINEDUC los títulos profesionales o técnicos otorgados por centros de educación superior o técnica.
Especifica que requiere registro de títulos, no de egresos o de grados académicos y en caso de existir más de un título de cada persona se deben incluir los datos respectivos. Requiere la solicitud de letra a) en formato Excel y de la letra b) en pdf.
2) SUBSANACION: Por medio de correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2016, el órgano reclamado comunicó al peticionario la prórroga del plazo de respuesta, por otros diez días hábiles, en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 14, de la Ley de Transparencia, atendido el volumen y análisis de las solicitudes de información recibidas diariamente, que han hecho difícil reunir y revisar la información solicitada dentro del plazo ordinario.
3) RESPUESTA: El 16 de enero de 2017, la Subsecretaría de Educación respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución exenta N° 145, de misma fecha, señalando, en síntesis, que:
En cuanto a la normativa que regula la obligación de informar al MINEDUC los títulos profesionales o técnicos otorgados por centros de educación superior o técnica (letra b) de la solicitud) indica que el artículo 104, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, consagra el principio de autonomía institucional de las entidades de educación superior, según el cual "(...) tienen el derecho a regirse por sí mismas, de conformidad con lo establecido en sus estatutos en todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y comprende la autonomía académica, económica y administrativa", correspondiendo en virtud de dicho principio a estas instituciones y no al Ministerio, mantener, resguardar y rectificar los registros académicos de quienes son o fueron sus alumnos, y por ende, certificar la aprobación de los programas de estudios y el otorgamiento de los títulos y grados académicos conferidos.
Indica que sólo a partir del año 2007, el Ministerio cuenta con un registro sistemático de los datos de titulación y graduación de los estudiantes de casas de estudios superiores. Lo anterior surge del mandato establecido en el artículo 49, de la ley 20.129, del Ministerio de Educación, del año 2006, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, en el cual se señala que corresponde al Ministerio de Educación desarrollar y mantener un sistema nacional de información de ese nivel educativo, que contenga los antecedentes necesarios para la adecuada aplicación de las políticas públicas destinadas a dicho sector de educación para la gestión institucional y para la información pública, de manera de lograr una amplia y completa transparencia académica administrativa y contable de las instituciones superiores. Para dichos efectos el artículo 50 del mismo cuerpo legal, autoriza a esta Secretaría a recoger la información proporcionada por las instituciones superiores, la cual dará a conocer a los distintos usuarios como datos estadísticos, según dispone el artículo 23 del decreto N° 352, de 2012, de esta Secretaría, que reglamenta el sistema de información de la educación superior.
A su vez, el Ministerio posee adicionalmente los registros académicos de aquellas instituciones que han perdido su reconocimiento oficial, los cuales son remitidos por las propias casas de estudios al momento de su cierre, con el propósito que esta Cartera pueda continuar la labor de mantenimiento, resguardo, rectificación y certificación. Al respecto indica que dicha información no se encuentra sistematizada, estando únicamente en soporte papel, por lo que para proceder a la búsqueda de los títulos de una persona determinada, se requieren datos personales y específicos de cada requirente. Esta obligación se establece en base al proceso contemplado en la ley 20.800, y el artículo 55 de su reglamento, aprobado por el decreto N° 20, de 2005 de Educación. A su vez, el Ministerio posee adicionalmente los registros académicos de aquellas instituciones que han perdido su reconocimiento oficial, los cuales son remitidos por las propias casas de estudios al momento de su cierre, con el propósito que esta Cartera pueda continuar la labor de mantenimiento, resguardo, rectificación y certificación. Al respecto indica que dicha información no se encuentra sistematizada, estando únicamente en soporte papel, por lo que para proceder a la búsqueda de los títulos de una persona determinada, se requiere conocer su nombre completo, cédula de identidad, la carrera, la institución, años en los cuales cursó sus estudios y el año en que obtuvo el diploma. Esta obligación se establece en base al proceso contemplado en la ley N° 20.800, de este Ministerio, del año 2014, que crea el administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales, y en el artículo 55, de su reglamento, aprobado por el decreto N° 20, de 2005, del Ministerio de Educación.
A su turno, respecto de la solicitud referida a los datos de titulación de las personas singularizadas (letra a) de la solicitud) señala que su divulgación implicaría afectar la esfera de su vida privada, a la luz de los artículos 4, 7, 9 y 20 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y los artículos 3 y 23, del decreto N° 352, de 2012, de Educación, que impone el deber de reserva a los funcionarios públicos de esta Secretaría, respecto de los datos de carácter personal que se contengan en la información proporcionada por las instituciones de educación superior para efectos de su sistema de información.
En consecuencia, al no ser el solicitante el titular de los datos requeridos y no constando su calidad de apoderado el Servicio se encuentra impedido de hacer entrega de estos antecedentes por contravención a las normas de la citada ley N° 19.628, como asimismo la afectación a la vida privada de los titulares de los datos, consagrada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, configurándose las causales de reserva del artículo 21, números 2 y 5 de la Ley de Transparencia. Se cita jurisprudencia del Consejo sobre la materia.
4) AMPARO: El 17 de enero de 2017, don Esteban Rodríguez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.
5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante oficio N° 1413, de 02 febrero de 2017, confirió traslado a la Sra. Subsecretaria de Educación.
Mediante ordinario N° 485, de 20 de febrero de 2017, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis que:
Luego de reiterar la respuesta entregada al solicitante en su oportunidad, respecto de los antecedentes de titulación de las personas consultadas, señala que esta fue denegada, por corresponder a datos personales de sujetos diversos al solicitante, por estimar que su comunicación a terceras personas, como es el caso de autos, implicaría la afectación de la esfera de la vida privada de sus titulares, lo cual se encuentra amparado por el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada y por las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 2 y 5 de la Ley de Transparencia, ésta última causal en atención a la naturaleza de las leyes invocadas.
Seguidamente se refiere latamente a que el derecho de acceso a la información no es absoluto, para lo cual cita normas constitucionales, la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los tribunales superiores y doctrina sobre la materia. Asimismo, reitera que, de conformidad al principio de finalidad que rige en materia de tratamiento de datos por parte de los organismos públicos, consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.628, esta Secretaría de Estado se encuentra impedida de comunicar a terceros los antecedentes solicitados sin el consentimiento de sus titulares. Cita jurisprudencia del Consejo en la cual se señala que los datos personales si no obran en poder del órgano por no haber sido recolectados de una fuente accesible al público no procede su entrega.
1) Que, el presente amparo se funda en la insatisfacción del reclamante ante la denegación de la información que se lee en el literal 1) de lo expositivo, esto es, a) el registro de título profesional o técnico de 13 personas que señala, indicando título, fecha de titulación y centro de educación superior que otorgó el título y b) normativa que regula la obligación de informar al Ministerio de Educación (MINEDUC) los títulos profesionales o técnicos otorgados por centros de educación superior o técnica.
2) Que, sobre el particular, respecto de la solicitud que se lee en la letra a) del literal 1) de lo expositivo, referida a antecedentes sobre el título profesional de las personas que indica, si bien, el órgano reclamado indicó que a partir del año 2007, cuenta con un registro sistemático de los datos de titulación y graduación de los estudiantes de casas de estudios superiores y, que además posee los registros académicos de las instituciones que han perdido su reconocimiento oficial, estos últimos sólo en formato papel, lo cierto es que denegó la información por corresponder a datos personales, cuya comunicación a terceras personas, implicaría afectar la esfera de la vida privada de sus titulares, lo cual se encuentra amparado por el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, configurándose, por ende, las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 números 2° y 5°, de la Ley de Transparencia, ésta última causal, en atención a la naturaleza de las leyes invocadas.
4) Que, teniendo presente lo anteriormente expuesto, a juicio de este Consejo, es relevante para el control social, conocer quiénes han obtenido un título técnico y profesional, a fin de poder determinar con certeza qué personas han sido investidas con las condiciones necesarias para ejercer su profesión, y acreditar de este modo, la veracidad curricular de aquellos que publiciten detentarla. Dicho control social, también se ve reflejado en el Código Penal, específicamente en el artículo 213, al sancionar con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, a quienes fingieren ser titular de una profesión que, por disposición de la ley, requiera título, y ejerciere actos propios de dichos cargos o profesiones. En esta línea argumentativa, corresponde entonces, desestimar la alegación relativa a la afectación de la vida privada, por vincularse lo requerido a datos personales, toda vez que lo solicitado en el literal en comento, se trata precisamente, de información referida al nivel profesional de determinadas personas que prestan servicios, en forma directa o indirecta -a través de organizaciones públicas o privadas- a los miembros de la sociedad, información que cede, como se dijo, ante necesario control social en el conocimiento de los datos requeridos.
6) Que, al respecto, la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol 12109-2016, de fecha 21 de marzo de 2017, en reclamo de ilegalidad, deducido por esta misma Subsecretaría de Educación, en contra de la decisión C1993-16 que ordenó a dicha institución la entrega de información consistente en "nombre de los titulados de la carrera de ingeniería comercial de la Universidad de Temuco (cerrada) durante todos los años en que esta funcionó", sentenció, "Que en este orden de ideas y a la luz de las normas transcritas, la decisión de amparo recurrida se encuadra dentro de los datos que no están afectos a secreto o reserva, tanto porque al referirse al título profesional obtenido en una universidad, son de carácter público, no siendo necesaria autorización del beneficiario del mismo, cuanto porque la ley de protección de datos personales le da tal calidad a los que figuren en registros públicos."(considerando 5°)/"Que lo señalado precedentemente se encuentra en absoluta armonía con lo preceptuado en el artículo 8 de la Constitución Política y la garantía establecida en el artículo 19 N° 4 del mismo cuerpo de normas, ya que los datos que se solicitan, no afectan la vida privada ni la honra de esas personas ni de su familia, (....)."(considerando 6°)/ "Que así las cosas, la información ordenada entregar, se encuentra dentro de las excepciones del artículo 4to de la ley 19.628, no siéndole aplicable lo preceptuado en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, por no concurrir al respecto la causal de secreto o reserva, a todas luces entonces, la decisión de amparo C1993-16 no reviste los caracteres de ilegalidad que le atribuye la recurrente." (considerando 7°).
7) Que, en mérito de lo razonado precedentemente, este Consejo, desestimará la causal de reserva prevista en el artículo 21, números 2 y 5, de la Ley de Transparencia, ordenándose la entrega del registro de título profesional o técnico de las 13 personas requeridas, indicando título, fecha de titulación y centro de educación superior que otorgó el título, y en el evento de no obrar alguna de esta información en poder de la reclamada deberá acreditarse fundadamente dicha circunstancia ante este Consejo y el reclamante.
8) Que, respecto de la letra b), del literal 1) de lo expositivo, esto es, "la normativa que regula la obligación de informar al MINEDUC los títulos profesionales o técnicos otorgados por centros de educación superior o técnica", revisados los antecedentes tenidos a la vista, especialmente la contestación entregada al reclamante en su oportunidad, este Consejo estima que el órgano reclamado cumplió con su obligación de informar lo pedido. Por tanto respecto de este punto se rechazará el amparo.
I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Esteban Rodríguez, en contra de la Subsecretaria de Educación; rechazándolo respecto de la solicitud que se lee en la letra b) del literal 1) de lo expositivo pues el órgano reclamado cumplió con su obligación de informar lo pedido oportunamente, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
a) Entregar la siguiente información: Registro de título profesional o técnico de las 13 personas que se señalan en la solicitud de acceso a la información, indicando título, fecha de titulación y centro de educación superior que otorga el título. En caso de existir más de un título de cada persona incluir los datos respectivos. La información debe ser entregada en formato Excel. En caso de no obrar alguna de esta información en poder de la Subsecretaría deberá acreditarse fundadamente dicha circunstancia ante este Consejo y el reclamante.
III. Encomendar el Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Esteban Rodríguez y a la Sra. Subsecretaria de Educación.

References: artículo 14
 resolución 
 artículo 104
 artículo 49
 artículo 50
 artículo 23
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 9
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 213
 artículo 8
 artículo 19
 artículo 4
 artículo 21
 artículo 21