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Timestamp: 2020-07-14 20:02:07+00:00

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SENTENCIA 2005-01309 DE 24 DE MAYO DE 2018
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL POR EL ALLANAMIENTO DE UN BUQUE PRIVADO. SE ESTABLECIÓ QUE AGENTES ANTINARCÓTICOS, EN CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL, ALLANARON UN BUQUE QUE TRANSPORTABA ALIMENTOS Y DESOCUPARON LOS TANQUES DE AGUA Y DE COMBUSTIBLE DE LA EMBARCACIÓN EN BUSCA DE SUSTANCIAS ILEGALES, LO QUE OCASIONÓ UN DETRIMENTO PATRIMONIAL AL DEMANDANTE. DE ESTE MODO, SE SEÑALÓ QUE, EN EL PROCEDIMIENTO DESARROLLADO EN EL BUQUE DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD ACTORA, LA POLICÍA ANTINARCÓTICOS DESOCUPÓ LOS TANQUES DE AGUA Y DE COMBUSTIBLE, LO CUAL LE PRODUJO A AQUÉLLA UN DETRIMENTO PATRIMONIAL QUE NO TENÍA POR QUÉ SOPORTAR Y, POR CONSIGUIENTE, LA ENTIDAD DEMANDADA DEBE RESPONDER POR DICHA SITUACIÓN, A TÍTULO DE DAÑO ESPECIAL. EN EFECTO, SI BIEN RESULTA PERFECTAMENTE LEGÍTIMO Y AJUSTADO A DERECHO QUE LOS AGENTES ANTINARCÓTICOS, EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PRACTIQUE PROCEDIMIENTOS RUTINARIOS DE INSPECCIÓN EN LAS EMBARCACIONES ATRACADAS EN LOS PUERTOS, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LOS CAPITANES DE ÉSTAS, DICHA CIRCUNSTANCIA NO RELEVA A LAS AUTORIDADES DEL DEBER DE REPARAR LOS DAÑOS ANTIJURÍDICOS QUE, EN EJERCICIO DE TALES ACTIVIDADES, LLEGUEN A CAUSAR, TODA VEZ QUE LAS PERSONAS QUE LOS SUFREN NO TIENEN POR QUÉ SOPORTARLOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, POLICÍA NACIONAL, ALLANAMIENTO DE BIEN, RESPONSABILIDAD POR DAÑO ESPECIAL, IMPUTACIÓN DEL DAÑO ESPECIAL
Sentencia 2005-01309 de mayo 24 de 2018
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
Exp.: 13001233100020050130901 (43.730)
Actor: Marítima ST. Maarten Ltda.
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 7 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró la responsabilidad del accionado y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que éstas ascienden a $ 1.050’000.000 (fls. 5, cdno. 1).
Al respecto, es menester indicar que el recurso de apelación fue interpuesto en vigencia de la Ley 1395 de 2010, “por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial” (fl. 509, cdno. ppal.), cuyo artículo 3º modificó el numeral 2º del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y dispuso que la cuantía del proceso se determina “por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de presentación de la demanda”.
Según la Ley 446 de 1998, los Tribunales conocen, en primera instancia y el Consejo de Estado, en segunda instancia, de los procesos de reparación directa cuya cuantía exceda, al momento de presentación de la demanda, de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como ocurre en este caso(2).
De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable al sub examine(3), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.
Según la demanda, el accionado debe responder por los daños y perjuicios causados como consecuencia del allanamiento ilegal, la retención de la tripulación y los daños causados a la embarcación Amazon’s Dolphin, de propiedad de Marítima ST. Maaerten Ltda., en hechos ocurridos el 3 y el 4 de abril de 2004 en el muelle Mamonal, en Cartagena.
Al respecto, está acreditado que, el 3 y el 4 de abril de 2004, agentes de la Policía Antinarcóticos de Bolívar practicaron una inspección en la citada embarcación, ya que, según información oficial, ésta se encontraba cargada con droga (fl. 37, cdno. 1).
Teniendo en cuenta que los daños y perjuicios que habría sufrido la actora se produjeron los días acabados de mencionar, la demanda de reparación directa debió instaurarse, a más tardar, el 5 de abril de 2006; por lo tanto, como esto ocurrió el 17 de junio de 2005 (fl. 13, cdno. 1), no hay duda de que aquélla se presentó dentro del término de ley.
De conformidad con los documentos visibles a folios 16 y 17 del cuaderno 1 está acreditada la existencia y representación de Marítima ST. Maarten Ltda.; asimismo, está demostrado, según Resolución 5 del 14 de enero de 2004, expedida por la Dirección General Marítima, que la actora se encontraba habilitada como “Empresa Nacional de Servicio Público de Transporte Marítimo Internacional y de Cabotaje, movilizando carga general refrigerada suelta y a granel seca (...)” y que, para la prestación del servicio, “utilizará la nave Amazon’s Dolphin” (fls. 34 y 35, cdno. 1), cuya propiedad está demostrada con el certificado de matrícula 35 del 13 de enero de 2004 (fl. 129, cdno. 1).
En consecuencia, la actora se encuentra legitimada para demandar por los daños y perjuicios que dijo haber sufrido como consecuencia de los hechos acaecidos el 3 y el 4 de abril de 2004.
2.4 Apelante único
Teniendo en cuenta lo expuesto en el recurso de apelación, el estudio del presente asunto se contraerá a establecer si el procedimiento que la Policía Antinarcóticos de Bolívar practicó en el buque Amazon’s Dolphin, el 3 y el 4 de abril de 2004, estuvo o no ajustado a la ley y si, además, los perjuicios que el tribunal encontró acreditados con ocasión del vaciamiento de los tanques de agua y de combustible de la embarcación se encuentran demostrados o no en el plenario.
Ahora, dada la condición de apelante único y en virtud del principio de la no reformatio in pejus, no podrá agravarse la situación de la parte demandada; así, la decisión impugnada sólo puede ser modificada por el juez de segunda instancia si con ello el apelante resulta favorecido o mejorado en su situación.
2.5. Caso concreto y análisis probatorio.
Según la parte actora, el procedimiento realizado por la Policía Antinarcóticos en el barco Amazon’s Dolphin fue ilegal, por cuanto se realizó sin orden judicial alguna ni autorización del capitán de la embarcación y, además, los tripulantes fueron retenidos durante 24 horas y sometidos a toda clase de maltratos e improperios, lo cual configuró una falla en la prestación del servicio, imputable al demandado.
Este último alegó que se trató de una inspección antinarcóticos rutinaria autorizada por el capitán del barco y que, por tanto, nada ilegal hubo.
El tribunal sostuvo que dicha inspección fue ilegal, por cuanto se practicó sin orden judicial alguna ni autorización del capitán de la embarcación y en ella se produjo el vaciamiento de los tanques de agua y de combustible de ésta, lo cual le causó perjuicios a la actora.
Al respecto, está acreditado que, el 3 y el 4 de abril de 2004, la Policía Antinarcóticos de Bolívar practicó una “inspección” al buque Amazon’s Dolphin, anclado en el muelle Mamonal, en Cartagena, procedimiento que se produjo tras haber recibido información de inteligencia según la cual “motonaves de cabotaje” estaban siendo utilizadas para el tráfico de estupefacientes (fls. 51, 53 y 54, cdno. 1).
Consta, asimismo, según el documento suscrito por el Mayor Leonardo Alberto Mejía Martínez —comandante de la Base Antinarcóticos de Puertos de Cartagena (fl. 51, cdno. 1)— y el testimonio del señor Wilson Murillo Sánchez (fls. 331 y 332, cdno. 1) —quien para entonces hacía parte de la tripulación de la citada embarcación(4)—, que durante dicho procedimiento los agentes antinarcóticos desocuparon los tanques de agua y de combustible de ésta, a fin de constatar si en ellos había o no droga.
Cabe anotar que el agua que transportaba la embarcación era para el consumo humano y debió ser arrojada al mar, para que los agentes antinarcóticos inspeccionaran los tanques, razón por la cual la tripulación debió comprar más agua, como consta a folios 43 y 80 del cuaderno 1, lo cual, sin duda, produjo un detrimento patrimonial a la demandante.
Se acreditó, igualmente, que el combustible de la embarcación fue vaciado en un recipiente, operación conocida como “trasiego”, lo cual tuvo un costo, como lo muestran los documentos visibles a folios 43, 83 y 84 del cuaderno 1 y, por consiguiente, al igual que lo que ocurrió con el vaciamiento del agua al mar, causó un detrimento patrimonial a la demandante.
Puestas así las cosas, se encuentra acreditado el daño sufrido por la actora, con ocasión del vaciamiento de los tanques de agua y de combustible del buque Amazon’s Dolphin.
Acreditado el daño, procede la Sala a establecer si éste es imputable o no al demandando, para lo cual es preciso señalar que, el 3 de diciembre de 2007, el oficial citado 4 párrafos atrás rindió declaración ante el Tribunal Administrativo de Risaralda, en cumplimiento del despacho comisorio 171 del 29 de octubre de 2007, librado por el Tribunal Administrativo de Bolívar y sostuvo que la Policía Antinarcóticos de ese departamento practica inspecciones rutinarias a las embarcaciones del Puerto de Cartagena, previa autorización de los capitanes de éstas y que la realizada en el buque Amazon’s Dolphin fue autorizada por el señor Pedro Manuel Rodríguez García, capitán del barco, quien, además, estuvo presente en la diligencia y ordenó que algunos de los miembros de la tripulación acompañaran al personal de la policía durante el procedimiento. Agregó el testigo que no se encontró nada ilegal (fls. 217 y 218, cdno. 1).
Al respecto, cabe anotar que, según el libro de control de la Policía Antinarcóticos de Bolívar, el registro de la embarcación se produjo con la autorización del capitán del barco (folio 53, cuaderno 1); además, se observa que, en respuesta a una petición formulada por el señor Rodrigo Vargas Tovar, administrador del buque Amazon’s Dolphin, el Mayor Mejía Martínez sostuvo que la inspección de la embarcación “se realizó con la autorización del capitán de la motonave” (fl. 51, cdno. 1).
Contrario a esto, la parte actora sostuvo a lo largo del proceso que dicho procedimiento no contó con tal autorización; sin embargo, aparte de que nada respalda esta versión, lo cierto es que el capitán de la embarcación nada dijo sobre el particular en la protesta formal que presentó, el 5 de abril de 2004, ante la Capitanía de Puerto de Cartagena por los hechos ocurridos el 3 y el 4 de esos mismos mes y año en el Puerto Mamonal, pues en ella se limitó a decir que el procedimiento practicado en el buque Amazon´s Dolphi “nos ocasiono (sic) detrimento en gastos no acordes a nuestra operación”, sin mencionar para nada que aquél se hubiera realizado por la fuerza, o de manera arbitraria o sin su autorización (fl. 37, cdno. 1).
Ahora, el testigo Wilson Murillo Sánchez (citado en el pie de página 4 de este fallo) manifestó que el día del procedimiento él y los demás miembros de la tripulación fueron insultados y atropellados por los agentes antinarcóticos, para que dijeran dónde se encontraba escondida la droga (fls. 331 y 332, cdno. 1), pero es claro que dicha situación no implica que la inspección hecha a la citada embarcación se hubiera practicado contra la voluntad y sin la autorización del capitán de ésta, quien, como se dijo en el párrafo anterior, nada manifestó al respecto en su referida protesta del 5 de abril de 2004, lo cual, por lo demás y obvias razones, le resta credibilidad a lo que el testigo en mención aseguró en su declaración.
Como puede verse, no obran pruebas en el plenario que desvirtúen las afirmaciones del Comandante de la Base Antinarcóticos de Cartagena (fls. 217 y 218, cdno. 1) ni lo consignado en el libro de registro de la Policía (fl. 53, cdno. 1), en cuanto en aquéllas y en éste se señaló que la inspección practicada en el buque Amazon´s Dolphi se produjo con la autorización del capitán de éste.
El artículo 73 del Decreto 1355 de 1970, aplicable al sub examine, dispone que “El acceso al domicilio o a sitio privado donde se ejerza trabajo o recreación familiar, requiere consentimiento de su dueño o de quien lo ocupe”. Por su parte, el artículo 78 ibídem señala que “La policía y los demás funcionarios a quienes la ley faculte expresamente para allanar domicilios o sitios cerrados donde se ejerzan actividades privadas, podrán hacerlo, pero solo a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” (se resalta).
En torno a la inviolabilidad del domicilio, la Corte Constitucional ha sostenido que ésta:
“constituye una de las piezas más representativas del principio de separación entre lo público y lo privado, ya que excluye, en principio, de la intervención estatal, espacios cerrados al público, que se encuentran estrechamente vinculados con el ejercicio libre de la vida privada. La salvaguarda del domicilio frente a las intromisiones públicas manifiesta, a través de la protección de un espacio físico, la garantía misma del principio de libertad en varias de sus manifestaciones, tales como el derecho a la intimidad, ‘esencial en una sociedad democrática respetuosa del valor de la autonomía’, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de creencias y de cultos y a la libre expresión cultural y de ideas. El vínculo que existe entre la protección del domicilio y la libertad, explica que la misma garantía de reserva judicial para su limitación se encuentre tanto respecto de la privación de la libertad, como en el acceso al domicilio (art. 28 de la Constitución) (...) El domicilio, entendido en un sentido amplio, se constituye así en un espacio excluido de la intervención pública, salvo la presencia de motivos de interés público, previstos en la ley y verificados previamente por una autoridad judicial, salvo en casos excepcionales determinados y delimitados de manera clara por la ley”(5).
Como se dejó dicho atrás, para la época de los hechos Marítima ST. Maarten Ltda. era la propietaria del buque Amazon’s Dolphin, el cual era utilizado para desarrollar su actividad comercial, esto es, el transporte de “carga general refrigerada y a granel seca” (fls. 34 y 35, cdno. 1); por lo tanto, como aquél desarrollaba una actividad privada, estaba excluido “de la intervención pública” y, por consiguiente, para ingresar a él se requería la orden de la autoridad judicial competente o, en su lugar, el consentimiento de su propietario, y dado que no está demostrado que el capitán Pedro Manuel Rodríguez García haya desautorizado o no permitido que la Policía Antinarcóticos de Bolívar inspeccionara la embarcación a su mando, es obvio que no se configuró la falla del servicio alegada por la parte demandante.
En cuanto al maltrato y a la retención de que habría sido víctima la tripulación del buque durante 24 horas, no obra prueba que así lo demuestre, ante lo cual debe llamarse la atención sobre el hecho de que el capitán de la embarcación nada haya dicho al respecto en su protesta del 5 de abril de 2004.
No obstante, como se dejó dicho atrás, en el procedimiento desarrollado en el buque de propiedad de Marítima ST. Maarten Ltda., la Policía Antinarcóticos de Bolívar desocupó los tanques de agua y de combustible, lo cual le produjo a aquélla un detrimento patrimonial que no tenía porqué soportar y, por consiguiente, el demandado debe responder por dicha situación, a título de daño especial.
En efecto, si bien resulta perfectamente legítimo y ajustado a derecho que la Policía Antinarcóticos, en cumplimiento de sus funciones, practique procedimientos rutinarios de inspección en las embarcaciones atracadas en los puertos, previa autorización de los capitanes de éstas, dicha circunstancia no releva a las autoridades del deber de reparar los daños antijurídicos que, en ejercicio de tales actividades, lleguen a causar, toda vez que las personas que los sufren no tienen porqué soportarlos.
Sobre el particular, la jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido que los daños causados por las autoridades, en cumplimiento de sus deberes, pueden desencadenar la responsabilidad objetiva del Estado bajo el título de imputación de daño especial, que se configura “por el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas, por virtud del cual basta con acreditar la ocurrencia del daño antijurídico y el nexo de causalidad entre éste y la actuación legítima de la Administración”, para que surja el deber de resarcirlo(6).
En el sub lite, como se vio, la actora sufrió un daño antijurídico como consecuencia del vaciamiento de los tanques de agua y de combustible de la embarcación Amazon’s Dolphin, de modo que el demandado está obligado a indemnizar los perjuicios que dicha situación le causó a aquélla.
2.6 Indemnización de perjuicios.
El tribunal condenó al demandado a pagar $ 5’788.923, correspondientes a los perjuicios causados por el vaciamiento del tanque de agua y de combustible de la embarcación Amazon’s Dolphin (fls. 504 y 505, cdno. 1).
La Sala confirmará el monto de la condena impuesta por el tribunal, toda vez que, de conformidad con los documentos visibles a folios 80, 81, 83 y 84 del cuaderno 1, se encuentra acreditada dicha suma de dinero.
Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($ 5’788.923), multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió el fallo de primera instancia.
índice final – abril /2018 (141,70)
Ra = R ($ 5’788.923) -------------------------------------------------------- = $ 7’556.797,68
índice inicial – octubre/2011 (108,55)
2.7. Decisión sobre costas.
La Sala se abstendrá de condenar en costas al demandado, por cuanto la conducta procesal no se enmarca dentro de los supuestos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
MODIFÍCASE la sentencia del 7 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la cual quedará así:
a. DECLÁRASE la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los daños causados a Marítima ST. Maaerten Ltda., con ocasión del vaciamiento de los tanques de agua y de combustible de la embarcación Amazon’s Dolphin.
b. CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar, a favor de Marítima ST. Maaerten Ltda., siete millones quinientos cincuenta y seis mil setecientos noventa y siete pesos con sesenta y ocho centavos ($ 7’556.797,68), por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente.
d. Sin condena en costas.
e. DESE cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.
f. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.
2 Para el año de presentación de la demanda (2005), 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalían a $ 190’750.000, por cuanto el salario mínimo era $ 381.500 (D. 4360 del 22 de diciembre de 2004).
3 Ley 446 de 1998 (art. 44).
4 Testimonio rendido el 29 de enero de 2008 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cumplimiento del despacho comisorio 70 del 13 de junio de 2007, librado por el Tribunal Administrativo de Bolívar (fl. 266, cdno. 1).
5 Sentencia C-212 del 5 de abril de 2017.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de octubre de 2013 (Exp. 32.556).

References: artículo 3
 artículo 20
 artículo 136
 Resolución 
 artículo 73
 artículo 78
 artículo 171
 artículo 55
 artículo 115
 artículo 362