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Timestamp: 2019-10-17 10:43:37+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 243, de 24/03/2009
Año 2009 IX Legislatura Núm. 243
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN CALVO POYATO
Sesión núm. 9 celebrada el martes 24 de marzo de 2009
Comparecencia del señor delegado del Gobierno para la Violencia de Género (Lorente Acosta) para informar sobre:
- La medida anunciada por la ministra de Igualdad de poner en funcionamiento un teléfono para los hombres que tengan problemas de agresividad hacia las mujeres. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000051.) ... (Página 2)
- Las líneas de la Delegación. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/000071.) ... (Página 2)
- Las medidas puestas en marcha por el Gobierno en materia de violencia de género. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000446.) ...
- De la diputada doña María del Carmen Quintanilla Barba, en sustitución de la diputada doña Susana Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para luchar contra la violencia de género en el mundo rural. (Número de expediente 181/000216.) ... (Página 21)
- De la señora diputada doña Susana Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de sensibilización para mejorar la conciencia de la sociedad contra los malos tratos y la implicación social y familiar. (Número de expediente 181/000215.) ...
- De la diputada doña Belén María do Campo Piñeiro, en sustitución de la diputada doña Susana Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas dirigidas a las mujeres discapacitadas que padecen violencia de género. (Número de expediente 181/000218.) ...
(Página 26)
- Del diputado don José Ignacio Landaluce Calleja, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre actuaciones acerca de la supresión del fiscal exclusivo de violencia de género en el juzgado de Algeciras (Cádiz). (Número de expediente 181/001317.) ... (Página 28)
De la diputada doña Francisca Medina Teva, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:
- Valoración que realiza el Gobierno del recientemente constituido Foro Con-Fluencia con la participación de mujeres e inmigrantes. (Número de expediente 181/001343.) ... (Página 30)
- Acuerdos que se han alcanzado con las comunidades autónomas en la II Conferencia sectorial de igualdad. (Número de expediente 181/001344.) ...
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
- LA MEDIDA ANUNCIADA POR LA MINISTRA DE IGUALDAD PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO UN TELÉFONO PARA LOS HOMBRES QUE TENGAN PROBLEMAS DE AGRESIVIDAD HACIA LAS MUJERES. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000051.)
- LAS LÍNEAS DE LA DELEGACIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 212/000071.)
- LAS MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA POR EL GOBIERNO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000446.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la sesión de la Comisión de Igualdad con la comparecencia del delegado del Gobierno para la Violencia de Género. Esta comparecencia, como bien saben SS.SS., había sido solicitada por dos grupos parlamentario, por el Grupo Popular y por el Grupo Catalán de CiU, así como por el propio Gobierno, por el propio ministerio. Como SS.SS. conocen muy bien el procedimiento de este debate, saben que en primer lugar tomará la palabra el señor delegado del Gobierno, cuya intervención tendrá el tiempo que considere oportuno para trasladar a SS.SS. la información que demandan, y después estableceremos el turno de intervención de los grupos parlamentarios.
Antes de darle la palabra queremos dar la bienvenida al delegado del Gobierno a esta Comisión, que es su comisión natural. Le agradecemos mucho su presencia aquí y le damos la palabra por el tiempo que considere usted necesario, señor Lorente, y después SS.SS. podrán intervenir para hacer el debate oportuno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Lorente Acosta): Muchísimas gracias, querida presidenta, y muchas gracias también a todos ustedes por estar presentes en la comparecencia para conocer un poco la evolución de las medidas puestas en marcha por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Antes de continuar quiero condenar enérgicamente el último homicidio por violencia de género que ha ocurrido este mismo día, en el cual María Izaskun Jiménez Borja ha sido asesinada
por su pareja al parecer, según los datos que se ofrecen de manera provisional en la investigación. Es un triste comienzo, pero refleja muy bien la realidad que tratamos de abordar a través de las políticas que estamos desarrollando desde la delegación del Gobierno para combatir la violencia de género cuando se ha producido y, fundamentalmente, para prevenirla antes de que se lleve a cabo. En este sentido, quiero compartir con ustedes la satisfacción, la alegría que me da el hecho de estar aquí hoy como delegado de Gobierno para la Violencia de Género.
Creo que es la tercera ocasión en la que tengo la oportunidad de comparecer ante la Comisión para abordar el tema de la violencia de género. Anteriormente lo he hecho en Comisión ante el Parlamento para hablar del desarrollo de la Ley Integral, de la puesta en marcha y un poco de los elementos que deben incluirse, y hoy lo hago como delegado del Gobierno para comentar cómo va evolucionando la situación y cómo va funcionando la Ley Integral, que creo que es un motivo de enorme satisfacción. Precisamente por eso es de justicia agradecer a todas ustedes que mantengan el compromiso que nació con la Ley Integral para apoyar las políticas de prevención y lucha contra la violencia de género, un compromiso que creo que se renueva a diario, por lo menos así lo percibimos desde el Ministerio de Igualdad y así lo siento como delegado de Gobierno: Eso a la hora de enfrentarse a esa triste y dura realidad no deja de ser todo un elemento de confianza, de satisfacción, de ser consciente de que detrás de las políticas que se están desarrollando, con la críticas y con las disparidades que pueda haber en cada uno de los momentos, que es lógico y necesario, detrás de todas las medidas hay una posición unánime de la sociedad para acabar con la violencia de género y con los violentos. Por lo tanto, esa sensación y ese sentimiento quiero compartirlo también con todas ustedes.
En cuanto a la comparecencia, puesto que se hace sobre tres cuestiones puntuales, me van a permitir que la oriente de forma que, antes de entrar a contestar cada una de las cuestiones planteadas, haga una referencia a cuál es la situación actual, para ver cómo esas medidas deben de insertarse en todo lo que son los recursos y acciones que puedan modificarlas y combatirlas y, finalmente, también a una medida concreta de la que se ha solicitado respuesta, que es concretamente el servicio telefónico para información y orientación a los hombres en materias o cuestiones relacionadas con la igualdad de género. Como parte de esa realidad que necesita ser abordada y modificada a través de las políticas que se estén desarrollando, voy a centrarme en algunas de las manifestaciones de la violencia de género, de la reacción social ante la misma. En primer lugar haré referencia a la denuncias, en segundo lugar a los homicidios y en tercer lugar a medidas de protección que se han desarrollado.
En cuanto a denuncias vemos la evolución según los datos de Consejo General del Poder Judicial en los últimos trimestres del año pasado y del 2007 y comprobamos cómo se ha producido un aumento del 12,5 por ciento del año 2008 respecto a 2007, aumento que significa una crítica social y un cuestionamiento de muchas de las medidas que con anterioridad habían sido normalizadas o integradas como parte de la relación habitual dentro de una relación de pareja. También es esperanzador y positivo ver cómo la conciencia social está aumentando, se está traduciendo en un mayor implicación del entorno cercano a la víctima, a la mujer que sufre la violencia de género, y de los profesionales y las profesionales que atienden a las mujeres cuando han sufrido la violencia de género. Vemos que ha habido un incremento muy importante de las denuncias presentadas por familiares, también por actuaciones relacionadas con llamadas de vecinos en intervención directa, y por el parte de lesiones del mundo de la sanidad; reconocer y detectar situaciones de violencia se ha traducido en un incremento del 35,4 por ciento de los casos en los que se ha comunicado la existencia de violencia de género a través del parte de lesiones. En cuanto al dato más negro, más negativo, el de los homicidios, vemos que se ha producido una evolución diferente en los distintos años. Llama la atención el descenso importante en el año 2005, justo al año después de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, y luego el incremento progresivo que se ha producido en los tres últimos años. He decirles que van mejorando los sistemas de detección e identificación de los casos; hay un seguimiento más estrecho y más continuado que no termina el día 31 de diciembre y que precisamente esa mayor aproximación y seguimiento de los casos, sobre todo los casos en investigación, está permitiendo identificar a algunos de ellos incluso tiempo después de haber transcurrido el periodo de tiempo que habitualmente se contabilizaba o se usaba para valorar la incidencia.
Según el dato del último año, recordarán que hubo un primer balance en el que se recogía que fueron 70 los casos de homicidio, y ese seguimiento, que se ha desarrollado fundamentalmente a través de las unidades de violencia de género, de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno ha permitido identificar cinco casos más que estaban en investigación.
Por lo tanto ese esfuerzo en conocer la realidad en toda su dimensión, a pesar de la gravedad y del dolor que produce tomar conciencia de ella, creo que es fundamental para poder orientar las medidas de manera específica a cada una de estas situaciones. En general, comparando el periodo anterior y posterior a la Ley Integral, hay una disminución de tres puntos y medio en cuanto al periodo precedente. Eso es fundamentalmente debido al descenso de 2005, y luego podremos entrar a explicar por qué ha producido también ese incremento progresivo en los tres últimos años. Hay una relación directa respecto a lo que son las denuncias con los homicidios, puesto que estamos comprobando como cuando se denuncia más hay menos homicidios, porque la denuncia permite poner freno a una situación de violencia y en muchos casos también permite poner distancia a la relación que se mantiene frente al maltratador; la denuncia está comportándose como una medida preventiva de situaciones de violencia más grave. De hecho, la valoración, la aproximación a estadísticas que hemos realizado
demuestra que hoy por hoy la probabilidad de que ocurra una agresión grave con resultado de muerte tras una denuncia es dos veces más baja que si se mantiene la relación violenta, puesto que la denuncia da lugar al inicio de todo el sistema de protección, y eso facilita el que las medidas puedan llegar a las mujeres que acuden al sistema, por lo tanto que se produzcan agresiones más grave e incluso agresiones con resultado de muerte.
La distribución por tasa poblacional, como pueden ver, es distinta en las diferentes comunidades autónomas. Esta es un foto fija del 2008, próximamente finalizaremos el informe anual en el cual se hace una perspectiva más amplia de la evolución de la violencia en las distintas comunidades desde el año 2003 y tendremos una foto más real de la situación en el conjunto del territorio del Estado. En cualquier caso, en el 2008 la distribución por tasa proporcional es la que aparece recogida en la diapositiva que pueden ver ustedes en sus pantallas. Respecto al funcionamiento del sistema de protección, ven que han disminuido de manera significativa los casos en los que había denuncia previa, en los que había orden de protección, y también en los que se ha minimizado el riesgo por parte del entorno familiar. Yo creo que esto es consecuencia de una mejor respuesta y de una mayor conciencia de la sociedad, elementos que tienen que trabajar y trabajarse de manera unida, uniforme para evitar la descoordinación; elementos que de alguna manera induzcan a minimizar el riesgo del entorno de la víctima traducido en posibles agresiones, incluso con resultado de muerte. En cuanto al origen de las víctimas y de los agresores, como ustedes conocen también, vemos el incremento de los casos en mujeres extranjeras inmigrantes y de los agresores extranjeros inmigrantes también, aunque en el último año se ha producido una mayor distancia entre agresores y víctimas extranjeras, lo cual significa que un porcentaje de casos de mujeres extranjeras ha sido cometido por agresores españoles. Esa es un poco una primera aproximación al resultado de la violencia de género en forma de homicidios, pero también tenemos que ver la parte positiva que está aportando todo lo que ha sido la respuesta social y el desarrollo de medidas tanto desde el ámbito gubernamental como de las comunidades autónomas, fundamentalmente centradas en la protección y la atención a la mujer.
Como resumen de esta situación de atención y protección, al día de hoy, concretamente en el último balance a 31 de diciembre, son 113.500 mujeres las que se encuentran con orden o alguna medida de protección judicial, de las cuales el 31,7 por ciento son extranjeras. En teleasistencia desde 2005, ha habido 20.319 altas, y las usuarias actuales con este servicio son 12.274; contratos bonificados de sustitución, 1.958; la RAI ha ido incrementándose progresivamente y en 2008 ha sido de 17.400 casos; las ayudas del artículo 27 de la Ley Integral han sido 391; y la autorización de residencia temporal a mujeres extranjeras como consecuencia de la violencia de género ha ido incrementándose de manera significativa en los diferentes años hasta alcanzar el número de 422 en el 2008. Si dentro de esa realidad integramos el Ministerio de Igualdad como un elemento que ha marcado un antes y un después en cuanto a la coordinación, la dirección y el impulso de medidas dirigidas a la prevención de violencia de género, vemos un dato significativo, concretamente lo que ha sido el comportamiento de las denuncias en el periodo inmediatamente anterior, tomando la misma referencia, abril-marzo de 2008 y abril-diciembre, puesto que no tenemos datos de las denuncias en los meses del presente año. Concretamente, ha sido 130.000 y 108.000 si hacemos la referencia o indicamos el dato en el número de meses; vemos que ha pasado de 10.914 denuncias al mes o 359 al día a 12.000 al mes o 394 al día, un incremento de aproximadamente el 10 por ciento, algo que evidentemente refleja el mayor impulso y coordinación, el desarrollo de medidas de concienciación, como veremos ahora, del Ministerio de Igualdad. Esa es un poco la fotografía de la realidad en cuanto a la situación social, y a la manifestación de la violencia en forma de denuncia y de homicidio.
Las medidas que por tanto desde la delegación del Gobierno, desde el Ministerio de Igualdad, desde el Gobierno en definitiva vamos a desarrollar para tratar de mejorar la respuesta preventiva de la violencia y la respuesta de protección y asistencia a las víctimas que sufren esta violencia se pueden resumir en los cinco ejes a los que la ministra en su comparecencia de 9 de junio de 2008 hizo referencia para combatirla; concretamente son: la prevención y sensibilización, la mejora en la atención a las víctimas de violencia de género, la mejora de la respuesta profesional en los diferentes ámbitos, la actuación integral también dirigida a los hombres, y la investigación y gestión del conocimiento sobre todas las cuestiones relacionadas con violencia de género. En el primer punto, en prevención y sensibilización, en las medias que se han ido desarrollando desde el Ministerio de Igualdad destacamos la campaña Contra el maltratador, tolerancia cero, que por primera vez ha centrado el foco en los tres elementos principales: el hombre responsable de la violencia de género, el agresor, la mujer que se enfrenta a la violencia y que cuestiona todas las referencias identitarias y culturales que normalizan la violencia, y luego uno de los argumentos que tradicionalmente ha sido utilizado para aumentar la vulnerabilidad de las mujeres que sufren la violencia, aguantar por los hijos, utilizar a los hijos como moneda de cambio para minimizar la violencia que se pensaba que sufría solo la mujer, cuando sabemos que la exposición a la violencia afecta de manera directa e intensa a los menores, niños y niñas, que conviven en ese ambiente gélido que genera el agresor. Al margen de la campaña se han hecho anuncios durante el Campeonato de Europa de Fútbol en 2008, concienciando a la ciudadanía a través de la participación de los jugadores de la selección española. Hay una exposición itinerante titulada. Por una vida sin malos tratos, que se ha desarrollado en diferentes ciudades del territorio. Luego se han ofrecido una serie de medidas de concienciación, que yo he resumido
en la diapositiva actual; he destacado en color rojo medidas dirigidas específicamente a jóvenes y en color azul medidas dirigidas específicamente a población extranjera inmigrante, teniendo en cuenta que todas van dirigidas a todos los ámbitos. Es cierto que conocemos las dificultades para enfrentarse a la situación de violencia derivada de los elementos de vulnerabilidad o de mayor dependencia que puedan existir en la población extranjera inmigrante y también las dificultades para llegar en un formato adecuado para que se integre el mensaje en la población juvenil, por lo tanto estamos insistiendo en vehículos y canales específicos para esas poblaciones que tienen unas circunstancias diferentes.
En cuanto a la mejora de la atención a las víctimas, básicamente voy a referirles tres apartados: asistencia social integral, con un protocolo que se ha firmado entre el Ministerio de Igualdad, el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación José María Llanos para la creación de un centro de acogida y formación y empleo para mujeres que han sufrido la violencia de género. Se han desarrollado durante los años anteriores los proyectos innovadores para comunidades autónomas y entidades locales y también este año se ha llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas para distribuir el fondo en materia de asistencia social integral, especialmente orientado hacia la prevención y la atención de la violencia de género en población extranjera y en menores. Dentro de empleo se aprobó el programa de inserción sociolaboral para las mujeres víctimas de violencia de género y también, como medida específica para población extranjera inmigrante, dadas las características y la manifestación de la violencia en este grupo poblacional, se ha establecido y desarrollado un plan, el Plan de atención y prevención, para tratar de abordar la violencia de género en esa población, y luego la creación de un espacio de confluencia que permite integrar los movimientos de mujeres y los de inmigrantes para abordar la temática desde una posición común y compartida; concretamente se constituyó el 27 del mes de enero pasado.
En la respuesta profesional, como elementos que están desarrollándose en el momento actual, estamos trabajando en el convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía para mejorar la formación del turno específico sobre violencia de género, con vistas a garantizar una formación adecuada que además pueda servir para evaluar el proceso de incorporación de esos conocimientos a través de los indicadores que se van a establecer. Luego estamos desarrollando un protocolo interinstitucional para la implantación de los dispositivos de localización telemática y seguimiento del cumplimiento de la orden de alejamiento; estamos trabajándolo con el ministerio fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia; posteriormente lo ampliaremos a otros ámbitos para que cuando se pongan en marcha los dispositivos haya un protocolo de coordinación para dar respuesta a las diferentes incidencias que se puedan producir.
La actuación dirigida a los hombres, que creemos que son un grupo importante al que debemos de incorporar a la lucha contra la violencia de género, debe orientarse desde la perspectiva de la prevención y la atención mediante la incorporación a los valores que defendemos como sociedad democrática y con el cuestionamiento de alguna referencias culturales que han sido asociadas a la identidad masculina que son utilizadas para justificar o legitimar el uso de la violencia para resolver conflictos en el ámbito de la relación de pareja. Por eso estamos trabajando con un grupo específico de hombres -y después lo compartiremos con el resto de organizaciones- sobre criterios de calidad para los programas de reeducación; criterios que deben recoger una serie de indicadores que permitan su evaluación, por lo tanto ver en qué sentido hay que insistir o qué es lo que hay que corregir cuando el resultado indique que así debe hacerse. Estamos trabajando, como les adelantaba, en la implantación de esos dispositivos electrónicos para mejorar la respuesta, por lo tanto el cumplimiento de la orden de alejamiento, así como -me detendré a continuación- en el aspecto de la pregunta que se me ha hecho sobre el servicio telefónico de información y orientación. Finalmente se están dirigiendo campañas de concienciación facilitando la toma de conciencia de los hombres como elementos activos.
No basta la pasividad, no basta con que los hombres digan que no son violentos, sino que tienen que dar un paso más y manifestar su rechazo e implicarse directamente en todo lo que son las medidas políticas o acciones que cuestionen la violencia de género de manera directa y contundente, puesto que son ellos los principales parapetos que utilizan los maltratadores para refugiarse y revestirse de normalidad. Si no hubiera hombres que minimizaran, que justificaran, que no rechazaran contundentemente la violencia, no habría lugar donde esconderse entre los hombres; es algo que habitualmente se utiliza para mantener esa estrategia de aparente normalidad en el ámbito público y de violencia en el ámbito privado. Por lo tanto, es uno de los ejes que queremos desarrollar y que a continuación podré concretar en la medida específica del servicio telefónico de información y orientación.
En cuanto a la investigación y gestión del conocimiento son muchos los informes y medidas que se han ido desarrollando, pero básicamente la idea es tratar de recoger la información, los datos, elaborar esa información para poder aportarla a la sociedad, a los expertos, a las expertas desde la plataforma digital que se está desarrollando dentro del entorno web del ministerio, entorno web 2.0, que permitirá un contacto inmediato directo de aquellos profesionales, previamente identificados, para que puedan adquirir la información que desde el observatorio vamos a ir elaborando y recopilando, para que sea toda la sociedad la que contribuya a través también de la investigación y de esa generación de conocimiento en el combate y la aportación de referencias objetivas claras de lo que hay que hacer para dirigir las propuestas y las políticas hacia esos ámbitos que se detecten como de especial importancia en cuanto a la prevención o la
atención. Esa participación de expertos y expertas del mundo universitario, del mundo de las organizaciones puede ser muy enriquecedora, y es la forma más adecuada de generar conocimiento por la información mediante los datos, y ello se hará por medio de la plataforma digital del Ministerio de Igualdad.
De esas referencias que acabo de presentar las dos primeras responden a cuestiones que conllevaron la comparecencia del delegado del Gobierno, y la tercera cuestión o pregunta está centrada sobre el denominado teléfono para hombres. Creo que debe reentenderse -por eso aporto la información correspondiente- como un servicio de información telefónica; no es un elemento pasivo en el sentido de un instrumento, sino un canal para fomentar y facilitar la implicación de los hombres en todo el desarrollo de políticas dirigidas a la igualdad y por lo tanto a la prevención de la violencia de género. Es un papel fundamental. Deben ser conscientes de la importancia de su implicación, la importancia de desvincularse de los elementos y las referencias que habitualmente han normalizado determinadas actitudes y conductas de los hombres. Esa falta de toma de conciencia y de implicación se observa de manera muy gráfica en los datos que el barómetro del CIS recoge cada mes, puesto que, como pueden comprobar, la sensibilidad media de la sociedad española frente a la violencia de género es del 2,5, pero cuando hacemos un estudio por géneros, hombres o mujeres, vemos que la media está en el 3,8 por ciento de las mujeres y el 1,5 de los hombres; una diferencia del 153 por ciento, la más alta en cualquier elemento de los recogidos por el barómetro del CIS. Todos muestran diferencias, la mayorías mínimas no llegan al 15 o el 20 por ciento, y la percepción de la gravedad de la violencia de género se tiene de una manera totalmente diferente entre hombres y mujeres; eso es señal de que hay un claro desconocimiento, un claro distanciamiento, una falta de toma de conciencia del papel de los hombres en el combate de la violencia de género. Además de ese desconocimiento, que debemos corregir a través de un conocimiento de esa información de esos datos, de esos elementos, de esa responsabilidad que debíamos transmitir a los hombres para que se impliquen, necesitamos también dar respuestas a una demanda que ya existe. Los datos que tenemos ahora mismo en la delegación del Gobierno a través de la línea de atención ciudadana nos muestran que el 20,9 por ciento de las peticiones de comunicación, de preguntas, respuestas sobre violencia o igualdad en general de las llegadas a la delegación del Gobierno, como les decía, durante el 2008 eran planteadas por hombres y en lo que llevamos de año el 34,6 por ciento de la solicitudes de información también las han realizado ellos. Es una situación que además coincide con otras demandas.
Concretamente en días pasados hemos tenido una reunión con la Fundación ANAR de ayuda a niños y adolescentes en riesgo, y nos comentaban que en su servicio telefónico, en la línea del menor, el 23,2 por ciento de las llamadas eran por hombres y en la línea del adulto el 48,4 por ciento eran también realizadas por hombres, lo cual implica que hay una demanda de información. Por lo tanto, el servicio telefónico ha tenido un incremento paulatino conforme hay mayor conciencia de la necesidad de implicarse como hombres en lo que es la igualdad y la prevención de la violencia de género.
El servicio estamos diseñándolo con un grupo de hombres expertos en igualdad y en prevención de violencia de género y los objetivos fundamentalmente van a girar alrededor de dos puntos: por una parte informar y orientar, porque no es un servicio de atención, sino de información y orientación a otros recursos donde puedan resolver las cuestiones que plantean; y al mismo tiempo generar demanda, es decir aproximar recursos e información para que los hombres se vean partícipes y conozcan vías y canales, programas, medidas, recursos a los cuales acudir para trabajar por la igualdad y en contra de la violencia de género. Habitualmente los recursos más demandamos por la experiencia de algunos servicios telefónicos que existen en algunas organizaciones y en el ámbito de la Unión Europea, suele ser sobre participación en elementos de promoción de la igualdad o el conocimiento de esos recursos para intentar implementarlos. Hay un parte de cooperantes, de colaboradores, también de profesionales, que quieren trasladar al ámbito fundamentalmente de la educación esa necesidad de presentar al hombre vinculado a la igualdad y por lo tanto a la prevención de la violencia de género, pero también luego hay algunas cuestiones relacionadas con elementos del día a día que ellos entienden que necesitan una respuesta como hombres. En ese sentido habitualmente las cuestiones más habituales giran alrededor de la conciliación, de las relaciones paterno-filiales, de la relación de pareja, separaciones, custodias de los hijos e hijas, sexualidad o temas laborales que entran en conflicto sobre algunas de las nuevas políticas de igualdad. Esa demanda de información suele producirse a través fundamentalmente de los propios implicados, pero también hay dos grupos importantes, familiares y personas del entorno cercano a estos hombres que quieren tener información para luego compartirla con ellos, aparte de los profesionales. En este sentido, profesionales del ámbito de la sanidad, de la psicología, del trabajo social son los que acuden a estos servicios preguntando sobre cuestiones puntuales o adónde dirigir o con quién poner en contacto a hombres que buscan ese tipo de información o de recursos para canalizar esa inquietud, para implicarse en la prevención de la violencia de género o en cuestiones relacionadas con la igualdad. Características del servicio en cuanto a la definición previa que estamos haciendo. Será un servicio gratuito. No es un servicio de urgencia, no es un servicio de atención, por lo tanto va a tener un horario de 9 a 11 para compatibilizarlo con el horario laboral y que haya posibilidad de contactar fuera de él. Los días en que estará en funcionamiento, según el diseño inicial, será de lunes a vienes, y en cualquier momento se garantizará la confidencialidad de la información o de las conversaciones que se mantengan. El presupuesto para el desarrollo, que está en marcha en el momento actual es de 1,2 millones de euros para 2009.
Con el servicio de información y orientación para la implicación y la toma de conciencia de la importancia de la participación de los hombres en todas las políticas preventivas de violencia y de promoción de la igualdad habrá una referencia nueva que permita cambiar esa actitud pasiva -no voy a decir connivente en ningún caso con la violencia, pero pasivas-, lo cual es suficiente para permitir que haya un espacio propio para la violencia y los hombres violentos, y puede ser un revulsivo que facilite esa toma de conciencia y la implicación de los hombres. De manera que, junto al resto de las medidas, la concienciación es un elemento clave, puesto que significará un posicionamiento crítico frente a la violencia de género que se traducirá en prevención, y esta evitará que ocurran nuevos casos de violencia de género. Los signos -permítanme utilizar un símil médico por mi formación-, las señales, los datos que aparecen demuestran que la sociedad, como decía gracias a la implicación de todos los partidos desde esa posición unánime, está tomando conciencia de esa nueva situación. El hecho de que hayamos tenido un mes sin ningún caso, como ha sido enero, o que a fecha de hoy, con el último caso desgraciado de María Izaskun, sean nueve las mujeres asesinadas, mientras que el año pasado por la misma fecha eran 19, significa que estamos antes una situación de clara reacción social frente a la violencia de género y a los violentos. En ningún caso debe tranquilizarnos o debemos conformarnos con esa situación, pero hay que mantener la esperanza de que es posible acabar con la violencia de género y que cuando se produzca habrá una atención para resolver las cuestiones que afecten a las mujeres que sufren la violencia de género, una atención dirigida a su recuperación y también a su protección, para evitar que en ningún caso el recurso al sistema pueda suponer una situación de riesgo, que signifique victimización para la mujer o para las mujeres que sufren violencia de género.
Básicamente estas son las líneas directrices de lo que son las políticas que se están desarrollando desde la delegación del Gobierno para la prevención, atención y protección de las víctimas de violencia de género.
Quedo a su disposición para cualquier cuestión que quieran plantearme.
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora al turno de intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios. Tiene en primer lugar la palabra la señora Camarero en nombre de su grupo.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señor Lorente, quisiera comenzar agradeciendo su intervención. Hace meses que esperábamos su comparecencia en esta Comisión, que para algunos de nosotros era especialmente interesante, porque le hemos seguido y admirado como experto en este tema, y nos interesaba conocer su postura y su opinión ahora como miembro del Gobierno.
Señor Lorente, casi cuatro años -en junio hará cuatro años del cumplimento total de la entrada en vigor de esta ley- nos permiten analizarla, hacer un análisis sereno y pormenorizado de su desarrollo, de su puesta en marcha; y como de lo que está bien nos felicitamos todos, hoy creo que es el momento de destacar algunas lagunas, algunas deficiencias o algunos defectos que bien el tiempo o la mala planificación inicial han sacado a relucir. En su intervención echamos de menos autocrítica, asunción de responsabilidades y voluntad de corregir algunos fallos. Nos hubiera gustado hoy oírle un análisis más realista en el que además de las grandes cifras que usted nos ha traído nos reconociese lo que todos los expertos en la materia, las asociaciones de mujeres y los profesionales que cada día trabajan con esta violencia admiten, que son las deficiencias y los problemas que está sacando a relucir el desarrollo de la ley, y además nos adelantara qué medidas prevé el Gobierno poner en marcha para acabar con ellos, para poner remedio a la falta de efectividad de muchas de las medidas que recogíamos en la norma.
El año 2008 -usted ha dado las cifras- ha sido especialmente sangriento en cuanto a violencia contra las mujeres se refiere. Los datos del Gobierno -hoy ha corregido usted los iniciales- nos hablan de 75 mujeres asesinadas. Las asociaciones de mujeres elevan la cifra hasta 101. En 48 horas hemos de lamentar dos nuevos casos de asesinato, uno en Castellón y otro en Gernika, como usted denunciaba. Estas cifras, que desde luego no dejan de crecer año tras año, creemos que deben hacer replantearse al Gobierno su estrategia, su hoja de ruta en esta lucha contra la violencia de género, porque es evidente que los resultados hasta el momento no son nada alentadores. Según los datos que usted mismo nos ha aportado en el 2008 solo el 23 por ciento de la víctimas mortales habían denunciado al agresor y solo el 14 por ciento contaba con una orden de protección, algo que nos demuestra, a pesar de que usted lo ha vendido, lo ha contado de otra forma, que la denuncia sigue sin funcionar adecuadamente, porque las mujeres siguen sin presentar denuncias mayoritariamente, las mujeres agredidas; porque la mujeres siguen retirando las denuncias; porque sigue habiendo quebrantamiento de las órdenes de alejamiento; porque sigue habiendo reanudación de la convivencia, lo hemos visto en el último caso de Castellón, en el que la mujer, a pesar de una orden de alejamiento, ha reanudado la convivencia en este caso con su asesino. Habría que preguntarse por qué, si es por miedo, por falta todavía de sensibilización social, porque las mujeres no confían en la Administración, porque no se sienten suficientemente protegidas. El Gobierno tiene que analizar y explicar por qué están ocurriendo estos casos.
De protección tenemos que hablar, y lo cierto es que a pesar del paso del tiempo, siempre incidimos en los mismos fallos, en los mismos errores.
Siguen faltando efectivos, siguen faltando medios. Es necesario intensificar los esfuerzos para salvar la integridad física, es más, la vida de las mujeres. Hoy siguen siendo agredidas mujeres, siguen siendo asesinadas, y no solamente mujeres que no habían denunciado; casi un 30 por ciento de las mujeres asesinadas habían denunciado, habían dado ese difícil paso de la denuncia, incluso muchas de ellas disponía
de una orden de alejamiento y protección. Pese a ello, el Estado les falló y ustedes tienen que asumir esa responsabilidad, porque cada muerte es un fracaso del sistema, es un fracaso de lo Gobierno, es un mensaje de desprotección que debe ser tenido en cuenta por el Gobierno para evitar evaluaciones complacientes. Además sigue habiendo fallos en las órdenes de alejamiento y de protección, y hay nombres propios que así lo corroboran, como Sylvina Bassini o Virma Gimeno; y sigue habiendo insuficientes agentes especializados. Ustedes en sus distintas comparecencias hablan de uno 1.800 agentes especializados. La Policía nos hablan de apenas 600 miembros de las UPA, de las unidades de protección y atención, que son las que de verdad están especializadas en la protección de las mujeres, es decir un agente por cada 38 mujeres con orden de protección; recordemos, 23.000 órdenes de protección y 600 agentes, cuando los propios agentes de la Policía dicen que para ser efectiva y de calidad esa protección, tendría que rondar entre las 10 y 15 mujeres atendidas. Los sindicatos no paran de denunciar, tanto los sindicatos policiales como los de la Guardia Civil, la escasez de medios. Los sindicatos de la Guardia Civil manifiestan que los medios humanos y materiales son los mismos que hace quince años y que muchos seguimientos no se pueden hacer por falta de personal y carga de trabajo, sin hablar de la falta de especialización de los agentes. El protocolo de valoración del riesgo policial no sirve, no está siendo efectivo; los jueces no lo consideran adecuado, la valoración al final se realiza a través de un programa informático al que se introducen los datos que aporta la víctima, y en muchas ocasiones, y porque los agentes que tienen que introducir esos datos no tienen acceso al sistema, lo realiza otro agente que solo conoce de la víctima lo aportado en el atestado policial de un compañero. Por lo tanto, todos los expertos, todos lo juristas mantienen que las valoraciones del riesgo las deberían realizar las unidades de valoración integral, que son las que de verdad pueden hacerlo, pero por desgracia solo contamos con 29 en toda España, cifra insignificante con el volumen de mujeres víctimas que hay. Sigue sin existir una seguridad individualizada y adaptada a las necesidades de las víctimas, a pesar de que ustedes dicen que esa es una de las funciones de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para la violencia de género. Pues si es así, estas están fallando, porque ustedes anuncian que una de las funciones de estas subdelegaciones y delegaciones del Gobierno es tener especial precaución cuando los mujeres entrar en situaciones de especial vulnerabilidad, como el caso de reanudación de la convivencia. Si es así, en Castellón hace dos días ha fallado, porque evidentemente la mujer asesinada allí reanudó su convivencia y no obtuvo la protección necesaria, y el resultado ha sido su propia muerte.
No ha hablado usted, no entiendo muy bien por qué, ya que es una de las partes fundamentales de la violencia, del tema de los juzgados. Entiendo que el Gobierno es solidario, y usted como delegado del Gobierno también nos tiene que explicar qué está pasando con los juzgados. Es de todos conocido la saturación, los retrasos en las causas, la insuficiencia de medios materiales y personales (funcionarios, equipos técnicos de apoyo, equipos psicosociales, unidades de valoración integral). Los juzgados compatibles están infradotados y la especialización que la ley pretendía, que los legisladores pretendíamos, no se está cumpliendo. Se producen desequilibrios territoriales en los juzgados, por lo tanto las mujeres están recibiendo una respuesta judicial de calidad muy diferente dependiendo de donde se cometa el delito. Han anunciado reiteradamente la comarcalización de los juzgados y hoy por hoy siguen sin existir. Hay una diferencia, insisto, brutal de medios entre los juzgados exclusivos, los 92, y los 366 de los mixtos. Hay una falta de formación específica y continuada en todos los operadores jurídicos. Sigue sin existir una formación adecuada, y eso en la subcomisión de violencia que está trabajando en este momento todos los juristas expertos en la materia que han venido nos lo han puesto de relieve. La presidenta de la Comisión contra los Malos Tratos nos hablaba de que en el turno de oficio de los abogados realizaban un cursillo que no sirve, que no es suficiente para que los abogados adquieran la especialización necesaria que requiere un tema tan delicado con es la lucha contra la violencia. Tampoco hay un protocolo común para todo el territorio nacional a la hora de informar a las víctimas de los permisos o excarcelaciones de sus agresores y poderles dar una protección determinada a partir de ese momento. Falla uno de los derechos fundamentales que tiene las víctimas, y es el derecho a la información. Es necesario, desde nuestro punto de vista, que las víctimas estén acompañadas, aconsejadas, informadas, incluso mimadas. Es necesario una asistencia jurídica adecuada y desde el inicio, incluso previamente a la denuncia. Hoy las cifras nos dicen que solo el 51 por ciento de los juzgados de violencia disponen de turno de asistencia letrada; el 78 por ciento de los exclusivos, pero solo el 45 por ciento de los compatibles. Por lo tanto, al final son las asociaciones de mujeres y las comunidades autónomas las que están realizando estas funciones, supliendo las lagunas del Gobierno.
Es necesario, como usted ha dicho, hablar de mujeres inmigrantes, porque las cifras, lo sabemos, se han disparado en los últimos años. En lo que llevamos de año siete de las nueve mujeres asesinadas eran extranjeras.
Las cifras son las que figuran en la página web de su ministerio; si no, habrá que corregirlas. Han aprobado un Plan de atención y prevención entre la población extranjera, que además de llegar con meses de retraso no cuenta con presupuesto alguno ni aparece en el plan del presupuesto previsto. No hemos encontrado ninguna partida en los Presupuestos Generales del Estado, me gustaría que hoy nos contase, porque no lo ha hecho, qué presupuesto tiene este plan y también qué medidas ya están en marcha, qué medidas que posibilitan a las mujeres conocer sus derechos, qué medidas que posibilitan a los hombres conocer las condenas que sus actos tienen en este país, qué medidas para mejorar la adaptación y la formación...
La señora PRESIDENTA: Señora Camarero, debe ir terminando.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Enseguida termino, señora presidenta.
Digamos qué medidas están elaborando para ayudar a las mujeres inmigrantes, la independencia económica, algo vital para salir de este ciclo. De independencia económica tenemos que hablar, porque me gustaría saber qué esta pasando con el plan de empleo específico anunciado durante mucho tiempo. Esta falta de presupuestos, de recursos, quienes más la sufren son las comunidades autónomas, que han pasado de los 12 millones de fondo los dos primeros años a contar con 5 millones para el desarrollo de sus medidas. También tenemos que hablar de rehabilitación de maltratadores, que a pesar de estar recogida en la Ley Integral sigue siendo muy escasa. Después de cuatro años el Consejo General del Poder Judicial y todos los juristas implicados hablan de escasez en la implantación de los medios de rehabilitación. No hay generalización, no hay un modelo homologado para todos, y el Ministerio de Igualdad hace meses anunció la formación de un grupo de personas para diseñar un nuevo modelo. Nos gustaría saber qué ha pasado, porque creemos que este modelo no está en marcha.
Voy terminando, señora presidenta, pero creo que tener aquí la oportunidad de hablar con el delegado del Gobierno merece un poquito de...
La señora PRESIDENTA: Señora Camarero, todos estamos de acuerdo con lo que usted acaba de decir, pero usted se conoce perfectamente como funciona el Reglamento y además lo aplicable a este tipo de debate. Sabe que tiene diez minutos, de los cuales ya lleva casi un minuto más consumido. Ni siquiera la estoy cortando, sino advirtiéndole de su tiempo.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias señora presidenta. Termino en un segundo.
Simplemente quiero decir al señor Lorente que tampoco le hemos oído hablar de qué medidas se están poniendo en marcha para los menores víctimas directas de esta violencia, y que creemos que hasta ahora son las grandes olvidadas por el Gobierno en esta lucha. Aprobaron hace unos pocos consejos de ministros una medida, que pueden cobrar la pensión de viudedad de la madres, pero no conocemos ninguna medida para la rehabilitación, para sacar a los menores de esta violencia, para evitar que puedan reincidir cuando son adultos.
Para terminar, y esa era la cuestión por la que nosotros pedíamos la comparecencia, voy a hablar de teléfono para hombres. La señora Aído, la ministra, lo presentó como un teléfono para hombres con problemas de agresividad; esto motivó su comparecencia. Queríamos conocer su presupuesto; habla usted de 1.200.000 euros, que me parece que en esta época de crisis quizá podríamos emplearlos para otras cuestiones que de verdad ayudasen más a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia.
Me gustaría saber cuál va a ser su funcionamiento; cuándo se va poner en marcha, porque conocemos el anuncio, pero aun no se ha puesto en marcha; si servirá para solicitar información o ayuda; quién va a atender este teléfono; si se van a derivar a otros instituciones, a psicólogos, a asistentes sociales, qué va a pasar con estos hombres que llamen a ese teléfono; qué seguimiento se va a realizar con esos hombres y si de verdad usted, como experto en la materia, cree que un hombre agresivo, un hombre violento, un hombre que tenga deseos de agredir a su mujer va a llamar al teléfono de 9 a 11 entre semana para que le den una respuesta a sus problemas. Estas son las cuestiones que planteábamos, y añado una básica: ¿Qué tiene que ver el asesoramiento y asistencia a los maltratadores con una información sobre permisos paternales y excedencias de la Ley de Igualdad? Desde luego la medida tenía un tufillo claro de improvisación y el tiempo transcurrido desde el anuncio nos hace ver que así ha sido.
Para terminar, señor Lorente, creemos que es necesario redoblar los esfuerzos, intensificar las medidas e incrementar los medios materiales y humanos al servicio de esta lucha. Hay que gastar más en implantar medidas positivas y eficaces y menos en publicidad y autobombo.
La señora PRESIDENTA: Tiene ahora la palabra la señora Pigem en nombre de su grupo.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señor Lorente, señor delegado del Gobierno, bienvenido a esta Comisión, como siempre ha sido un placer escucharle. Mi grupo parlamentario solicitó, al conocer su nombramiento, su comparecencia en esta Comisión, porque la verdad es que nos felicitamos por el mismo. Seguíamos su trayectoria desde hacía tiempo y creemos que es una persona experta, que ha sido un referente, que tiene una larga experiencia práctica y académica sobre el fenómeno de la violencia de género al que llegó, como muchas veces ha relatado desde sus libros, desde su práctica de médico-forense. Comprenderá que después de llegar con todas estas expectativas, tiene usted un reto por delante que le deseamos sinceramente que pueda cumplir, y que para ello puede contar con mi grupo parlamentario. Nosotros estaremos siempre apoyando todas las políticas que nos parezcan efectivas en la lucha para erradicar esta lacra social. Además nos felicitamos porque usted es un hombre, y nosotros sinceramente pensamos que una de las asignaturas pendientes que teníamos en esta sinergia de voluntades políticas para luchar contra la violencia de género era la implicación de los hombres, no solo atendidos por diversos modos, como el teléfono, etcétera, sino que también tomaran en primera persona la voluntad y la voz para acabar con un fenómeno que afecta las mujeres, pero que no es un problema de las mujeres, sino que es un problema social.
Nosotros tenemos una evaluación globalmente positiva en su conjunto de la Ley contra la Violencia de Género. Globalmente positiva no solo porque nos parece una buena ley, aunque sinceramente le decimos que estamos acostumbrados
a leer buenas leyes contra la violencia de género casi desde los años 80.
Yo creo que aquí lo importante es que la ley es una buena ley, pero a ella, a esta buena redacción, se suma una clara voluntad política no solo del Gobierno, sino de todos los grupos parlamentarios de exigir la implementación de todas las medidas que hay en ella. Solamente la suma de estas dos cuestiones, una buena ley y una buena voluntad política para implementarla, creo que es lo que hace la política de España diferente de quizás la que se pueda hacer desde otros países. Creo que es una buena ley, creo que ha aumentado el rechazo social, y tenemos unas buenas estadísticas; ha aumentado la protección, ha aumentado la concienciación y globalmente han aumentado las denuncias. No todo es positivo, evidentemente. La ley, como un instrumento que es, es perfectible; todos los instrumentos lo son, incluso los buenos. Justamente por eso mi grupo parlamentario solicitó que se abriera una subcomisión de estudio, que se está realizando precisamente en la Comisión de Igualdad. Yo no voy a centrarme tanto en las lagunas que puede tener la ley, sino que le voy a plantear cinco o seis cuestiones que me parece que entran de lleno en el objetivo de la delegación al formular políticas públicas que desarrolle el Gobierno para luchar contra la violencia de género.
Uno de los objetivos que aquí nos ha anunciado es actuar sobre los hombres. Yo le digo que esto me parece que es la asignatura pendiente, por lo tanto no me parece mal siempre que se haga de la manera adecuada y correcta; así me ha parecido que eran sus explicaciones. La señora Camarero le ha hecho unas preguntas al respecto, y me remito también a ellas. Este objetivo es valiente, porque usted sabe que el tema de los hombres en relación con la violencia de género es controvertido, porque desde muchas asociaciones de mujeres se dice que si hay recursos para todos es aceptable, pero que si los recursos son escasos -y parece que estamos en una época de escasez de recursos- quizá debieran de dedicarse primordialmente a atender las necesidades de las mujeres maltratadas. Con todo y con esto, creo que es un objetivo que merece la pena, y que hay que hacerlo de una manera prudente y adecuada.
Le quería comentar que las terapias para maltratadores que actualmente se realizan se hacen únicamente sobre aquellos maltratadores que han ingresado en prisión. Sabemos que los que ingresan en prisión, según los últimos datos que tengo, no llegan a un 10 por ciento de los condenados por violencia. Hay no obstante casi 6.000 hombres en prisión por violencia de género, pero hay casi 70.000 condenados. Por lo tanto, yo me pregunto si se han planteado que estas terapias no sean únicamente voluntarias, sino que se condicionaran los permisos o las salidas a que se realizaran estas terapias en prisión, y que los hombres condenados por violencia de género que no han entrado en prisión tuvieran que seguir estas terapias desde el momento en que se consideran efectivas; si no se consideraran así me imagino que no dedicarían recursos a ello.
Le planteo también un tema que me preocupa, que es qué piensan hacer desde el Gobierno para erradicar o anular este bulo que corre de que se piensa que las denuncias son falsas y se ponen para intentar obtener algo. Sabe usted mi condición de jurista y le puedo decir que esto pasa en todos los delitos: hay un porcentaje, quizá mínimo, de denuncias falsas; y, con todo, con la violencia de género quizá este porcentaje es más bajo que en los otros delitos, hay una opinión pública extendida de que las denuncias se ponen para intentar conseguir algo.
Yo quiero entrar en un aspecto que suele ser también polémico, la publicidad. Usted está facultado para ejercitar la acción de cesación de la publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer. Mire, los medios de comunicación españoles son los únicos que en nuestro entorno publicitan día tras día anuncios de prostitución acompañados de fotografías y de descripciones explícitas de qué es lo que se puede hacer con estas mujeres. Yo creo que esto no hace nada más que abundar en una imagen sexista de las mujeres, y creo que actuar entra dentro de las facultades de su cargo. Por lo tanto, yo le pregunto por qué no se actúa; si es que no se actúa, si se piensa actuar. Yo sé el problema que hay detrás de esto, que los medios de comunicación tienen recursos económicos gracias a estos anuncios, pero yo me planteo si al menos no sería posible que no hubiera fotografías en actitudes manifiestamente sexistas, que no dudaríamos en prohibir si se tratara de un anuncio publicitario, y que no hubiera descripciones prácticamente pornográficas de qué es lo que se puede hacer. Yo se lo digo porque además del tema sexista y del de la imagen de la mujer, esto es un manual de pornografía al alcance de todos los menores, cosa que legalmente está también prohibida.
Le felicito por el tema de las estadísticas. Creo que tenemos unas estadísticas francamente buenas. Sabemos en todo momento mes a mes cómo esta la situación, que no siempre nos agrada, pero por lo menos podemos constatar mes a mes y año a año cómo está la situación. Quiero hacer hincapié en que me parece acertado que haya un Plan de atención y prevención de la violencia de género en la población extranjera. Sabemos que las estadísticas nos señalaban que la violencia disminuía en las mujeres españolas, pero la proporción era escandalosamente alta en las mujeres extranjeras. El otro día el ministro Rubalcaba, cuando dio los datos de Ministerio de Interior relativos a los delitos, no explicó que hasta 2007 la tendencia era esta, pero ahora se estaba invirtiendo. Por lo tanto, me parece bien la actuación sobre la población extranjera, pero no olviden continuar con la población española, porque parece que en ella está repuntando, desgraciadamente.
Por último no creo que tenga ya mucho más tiempo, señora presidenta, querría referirme a la explotación de mujeres en situación irregular. Me gustaría que me diera su opinión sobre el tema que ha saltado en Cataluña de la explotación sexual de mujeres en situación irregular, y asimismo que esto era posible porque funcionarios policiales toleraban y permitían desde sus responsabilidades en la Ucrif esta situación. Han detenido a varios cargos
de la policía. En el día de ayer se detuvo al comisario del Cuerpo Nacional de Policía Luis Gómez González, detenido porque está acusado de formar parte de una presunta trama de corrupción en la que varios mandos policiales de Barcelona habrían cobrado dinero por parte de responsables de prostíbulos para avisarles con antelación de las inspecciones policiales que se iban a hacer. Esta era una de las razones por las que, a pesar del clamor popular de que allí se estaba explotando a mujeres, y mujeres en situación irregular, parecía que nunca se podría acceder a ello. Este no es un tema de ahora, este es un tema que va por lo menos desde los años 2002 a 2007, es decir, con responsabilidad de los gobiernos del Partido Popular y del también del Partido Socialista. Es un tema que está causando una gran alarma, es un tema que nos preocupa especialmente, es un tema que nos preocupa porque...
La señora PRESIDENTA: Señora Pigem, vaya terminando.
La señora PIGEM I PALMÉS: Si, voy concluyendo. Nos parece que sería extraño que esto sucediera únicamente en Cataluña. En todo caso, sí queríamos saber cuál es su opinión al respecto y qué es lo que piensan hacer.
Siento haber agotado mi tiempo, le plantearía muchísimas más cuestiones, pero me daré por satisfecha con la respuesta a estas.
La señora PRESIDENTA: Iniciamos ahora el turno de los portavoces de los grupos que no han pedido la comparecencia, y para ello en primer lugar tiene la palabra la señora Fernández Davila en nombre del Grupo Mixto.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar quiero agradecer al señor delegado del Gobierno su comparecencia, así como toda la información que nos acaba de aportar, y le felicito asimismo por la responsabilidad que está desarrollando, porque entendemos que es importante que también un varón sea responsable de gestionar este tipo de políticas, e incluso puede servir para concienciar a esa parte de la sociedad que es vital para resolver un problema tan grave como este. También quiero decir que aún sigue siendo necesario concienciar a muchas mujeres de este mismo problema, es decir, hay mujeres que desgraciadamente tienen una conciencia similar a la de los varones con relación al asunto que nos ocupa.
En segundo lugar diré que, seguramente ya no es necesario porque lo tenemos manifestado en otras ocasiones, para nosotros la violencia de género no solamente es el asesinato de mujeres por sus parejas o personas de su entorno, sino que la violencia de género es mucho más y que esa violencia es la que genera después esta lacra que es el asesinato de mujeres. La valoración que hacemos de la gestión del Gobierno y del desarrollo de la Ley Integral es una valoración también integral; por lo tanto, la valoración en términos generales es positiva, porque se ha puesto en marcha una cantidad de medidas que antes de la ley no existían y que desde nuestro punto de vista facilitan que muchas mujeres puedan salir de ese entorno que significa el maltrato y renovar o reiniciar una nueva vida, unas veces solas y otras veces con sus hijos cuando los tienen. Hay datos que usted nos da en relación con medidas de la ley que nos parecen muy positivos, pero quisiéramos en esta cuestión preguntarle si es posible conocer la complementariedad que existe en las comunidades autónomas a esta ley y cómo eso mejora incluso la prestación que desde el Estado con esas mismas medidas se está dando. Me refiero sobre todo a las medidas sociales y quiero saber si desde las comunidades autónomas hay una implicación similar entre todas o hay, por así decirlo, algunas comunidades que han avanzado más no solamente desde el punto de vista legislativo, sino en el compromiso del desarrollo de las propias medidas que la Ley de Violencia del Estado significan. Nos parece importante, porque para nosotros las medidas sociales y preventivas son fundamentales para poder evitar ese nivel superior o dramático que es la muerte de las mujeres.
En esta misma dirección, y dado que no es la primera vez que tratamos el tema, nos gustaría saber si el Gobierno ha previsto o desde la delegación del Gobierno se tiene previsto hacer alguna consideración para mantener la protección de la mujeres que hayan decidido reanudar la convivencia o retirar la denuncia. Nosotros no acusamos al Gobierno de esta decisión de las mujeres, es una decisión de las mujeres, equivocadas, evidentemente no es culpa del Gobierno, pero sí que nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de tomar medidas a pesar de la decisión que ellas tomen. Es evidente que en más de una ocasión nos hemos encontrado con que algunas de las víctimas mortales estuvieron en esta situación, no solamente esta última de Castellón, sino en otras ocasiones, pero además, aunque el resultado final no sea su asesinato, sí sabemos que muchas reanudaciones de convivencia significan la continuidad del maltrato físico. Por lo tanto, pregunto por la necesidad de reflexionar sobre la conveniencia de mantener la protección, independientemente de esta actitud individual de la mujer. En ese sentido, también la necesidad de avanzar en la formación de los profesionales -y con esto queremos decir la necesidad de seguir avanzando, porque reconocemos que se ha hecho en cuanto a los profesionales de la policía y de los juzgados-, pero aún sigue habiendo casos en los que las mujeres no tienen el trato adecuado para que se puedan sentir seguras en el momento de la denuncia, y eso es fundamental incluso a la hora de que no la retiren.
Señor delegado del Gobierno, en relación con su intervención y la ley, nos gustaría hacer unas consideraciones fundamentales para nosotros en materia de prevención, porque creemos que es donde se tiene que actuar, independientemente de que los resultados sean a largo plazo. Seguramente usted se da cuenta de que no estamos haciendo hincapié en las mujeres que mueren anualmente, porque sabemos, y lo sabíamos cuando aprobamos la ley, que eso era algo que tendríamos que resolver en años, que
no se podría solucionar de inmediato porque la violencia de género tiene un origen que no se puede salvar simplemente con medidas legislativas o policiales, con independencia, evidentemente, de que estas sean necesarias. Usted no habló de la prevención, a la que nosotros damos gran importancia, no habló de en qué medida la ley se está desarrollando en los ámbitos sanitarios y el compromiso que desde ese ámbito se está teniendo con lo que la ley estipula que debe tener. Es decir, ¿hay denuncias desde las instituciones sanitarias de situaciones de violencia doméstica sobre mujeres que aparecen por urgencias fundamentalmente o, si no aparecen por urgencias, por el médico de familia que tenga la persona, y que evidentemente son situaciones que se pueden detectar desde este ámbito? Es decir, ¿qué implicación desde la sanidad, de acuerdo con lo que en la ley se recoge, está teniendo?
La educación para nosotros es fundamental, la educación del futuro de nuestros hombres y mujeres, porque en la eliminación de la violencia no solamente hay que educar a los hombres, también tenemos que educar a las mujeres, para que no estén dispuestas a aceptar ningún tipo de violencia.
Usted en lo que nos acaba de informar no hace mención alguna y nos parece importante porque así como hemos avanzado desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de concienciación de los poderes públicos, de concienciación de la sociedad sobre esta violencia de género, también seguramente me va a dar la razón en que esta violencia cada vez tiene nuevas manifestaciones o responde a fenómenos que son nuevos en nuestra sociedad, porque, independientemente de que el origen sea el mismo, hay nuevas manifestaciones en nuestra sociedad que incrementan esa violencia de género. La educación para nosotros es fundamental, teniendo en cuenta sobre todo que desgraciadamente nos estamos encontrando con demasiadas ocasiones en las que esta violencia es ejercida por jóvenes, además de manera brutal, que tienen que ver con estas nuevas formas o tendencias que tenemos este momento procedentes de las nuevas tecnologías, la utilización de Internet, cómo se utiliza, porque la Internet no es mala, lo que es malo es cómo se utiliza ese medio. Cómo podemos informar y formar y educar a nuestros jóvenes para que tengan esa conciencia sobre el mejor uso de estas tecnologías. Por lo tanto, educación ¿cómo funciona ahí? ¿Cómo funciona también en maneras preventivas a la hora de controlar determinadas actividades que hoy se entienden como lúdicas en los jóvenes y que al final están representando un mal en general para muchos aspectos, pero en particular para la violencia de género? Nos gustaría que, si tiene algo en relación con esto, nos lo pudiera explicar.
Los medios de comunicación. La señora Pigem ya hizo una exposición en relación con esto. Además del tema en que ella centró la cuestión, sigo considerando que es necesario avanzar en algo que evidentemente puede entrar en contradicción con los que se denomina libertad de expresión, y digo se denomina porque la libertad de expresión ha de tener también el límite de que esta libertad no haga daño a otros, porque entonces ya no es libertad, es otra cosa. Los medios de comunicación, no tanto los públicos pero sí los privados, y los audiovisuales en particular, de los escritos la señora Pigem ya hizo una exposición que yo comparto plenamente, pero en los medios audiovisuales nos sigue pareciendo grave la utilización de espectáculo sobre cuestiones relacionadas con la violencia de género. Reconociendo que a este respecto se ha mejorado bastante pero no mucho, aun reconociendo que se ha mejorado bastante entendemos que...
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández, vaya concluyendo.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí. Voy finalizando, señora presidenta.
Entendemos que se siguen utilizando a manera de espectáculo estos temas.
A veces formalmente, queriendo orientar hacia que se está informando, pero realmente, al no tratarse debidamente los asuntos, eso genera en ocasiones incluso una posición contraria a quien es víctima de los malos tratos, porque las que conocemos y los que conocemos la casuística que se desarrolla alrededor de una mujer víctima de malos tratos, sabemos cómo estas pueden actuar. Por lo tanto, espectáculos que sobre todo en los últimos meses se ven en la televisión son contraproducentes para la concienciación de las mujeres, y sobre todo contraproducentes para el tratamiento de las mujeres víctimas de violencia de género porque las hacemos culpables cuando realmente son víctimas. En este sentido están actuando los medios de comunicación. Señor delegado del Gobierno, y remato, señora presidenta, se lo quiero comentar porque creo que el Gobierno alguna implicación tiene en algún asunto que es noticia durante meses en los medios de comunicación del Estado, y creemos que debería parar actuaciones que pudieran significar espectáculo. Me refiero a lo del profesor Neira y a todo lo que hay en su entorno. A veces pensando que algo puede ser beneficioso, realmente estamos provocando lo contrario, por lo menos es la apreciación que nosotros hemos tenido después de meses de observar un mal tratamiento de la violencia de género.
La señora PRESIDENTA: Señora Montón. Tiene ahora la palabra en nombre de su grupo la señora Medina Teva.
La señora MEDINA TEVA: En primer lugar, también desde el Grupo Parlamentario Socialista, queremos expresar nuestra más profunda condena por el asesinato que ha sucedido esta madrugada en Gernika. En segundo lugar, muchas gracias, señor delegado del Gobierno, señor Lorente, bienvenido a esta Comisión de Igualdad, queremos agradecerle su comparecencia, la información tan detallada que nos ha ofrecido y felicitarle también por su trayectoria y compromiso con el feminismo en general, pero muy particularmente con la lucha en la erradicación de la violencia de género.
Señorías, el pasado 29 de junio de 2008 se cumplieron tres años de la entrada en vigor de la Ley orgánica de
medidas de protección integral contra la violencia de género, una ley que ha vertebrado y estructurado la lucha contra este grave problema social.
Esto ha supuesto sin duda una respuesta de acción positiva frente a la violencia contra las mujeres. Una ley para atajar una violación tan flagrante de los derechos humanos como la que representa las violencia que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de serlo. Se trata de ofrecer por tanto una respuesta integral a la víctima y combatir una lacra que una sociedad democrática como la actual no se puede permitir.
Además también se presentó por parte de la ministra en esta misma Comisión una informe de evaluación de la mencionada ley, ofreciéndonos un diagnóstico que ha permitido poner en marcha nuevas medidas. Precisamente y en este sentido, también ha aludido a ello la señora Pigem, está ahora mismo en marcha una subcomisión que se ha creado en el seno de esta Comisión de Igualdad sobre este tema. A mí me gustaría resaltar que si algo se repite por la distintas personalidades que han tenido a bien comparecer en la misma, es que la Ley Integral es un medio adecuado para avanzar en la erradicación de este fenómeno, es más, señalan la trascendencia de esta ley, situándola fuera de toda duda. Esto, sin embargo, no quiere decir que sea la panacea. La ley, lo ha repetido muchas veces la ministra, es un punto de partida, en ningún caso un punto de llegada, y precisamente se trata de ver qué aspectos o medidas funcionan bien, cuáles se pueden modificar. Sin embargo, como en tantos otros asuntos, la responsabilidad de los representantes públicos es fundamental, porque si lanzamos el mensaje de que la ley no funciona, cosa por otra parte totalmente falsa, se victimiza más a las víctimas, provocamos su desconfianza en el sistema y evitamos así que la mujeres den el difícil paso de denunciar a su agresor.
La violencia no puede seguir siendo una estrategia de dominación, en ningún caso puede ser un instrumento para regular la relación de pareja.
Si se quiere erradicar la violencia de género el reto consiste en modificar un sistema de valores, lo decía también la señora Fernández Davila, no solamente se pude medir por el número, desgraciadamente, de homicidios, sino que tenemos que mirar más allá. Se trata de modificar un sistema también de organización social, un sistema de creencias que coloca a las mujeres en posición de discriminación. En este sentido, desde mi grupo pensamos que la prevención y la educación efectivamente son fundamentales, y aquí la tan denostada asignatura educación para la ciudadanía, ahora por cierto tan constitucional asignatura educación para la ciudadanía, cumple una función fundamental porque se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se basa también en nuestra Constitución.
Efectivamente queda mucho camino por recorrer, pero sí nos gustaría poner desde el Grupo Parlamentario Socialista en valor las medidas que se han puesto en marcha desde el Gobierno, desde el Ministerio de Igualdad, y que han supuesto sin duda alguna un punto de inflexión a la hora de abordar la violencia machista. Sí quisiera resaltar que sí se dispone de más información y más recursos para salir de una situación de maltrato, y no solamente se dispone de hecho sino con dinero encima de la mesa, que es como muchas veces realmente se ve la apuesta política que se hace. Más de 300 millones de euros se van a destinar en 2009 a luchar con esta lacra. Las campañas informativas de sensibilización social son fundamentales, así la campaña contra el maltratador. Tolerancia cero, porque el maltratador tiene que recibir el rechazo y el aislamiento social. Igualmente, la puesta en marcha del teléfono de atención a los hombres en el marco precisamente de la estrategia de desarrollo de nuevos modelos de masculinidad que puedan ayudar a cambiar las estructuras que provocan la desigualdad y a prevenir la violencia de género. No podemos olvidar que la violencia contra las mujeres la ejercen los varones desde un concepto de masculinidad patriarcal dominante y, por tanto, es necesario avanzar hacia nuevos modelos desde los que establecer unas relaciones de pareja sobre nuevas referencias. Nos parece una iniciativa muy acertada, que además sabemos que cuenta con alguna experiencia en países europeos, como por ejemplo en Noruega. La implicación y el compromiso de los hombres en la lucha contra la violencia de género son imprescindibles, y en eso, señor Lorente, estamos completamente de acuerdo con usted. Se ha elaborado también un programa de inserción sociolaboral para las mujeres víctimas de violencia de género. La implantación de los dispositivos electrónicos de detección de proximidad a los imputados y condenados por maltrato, o el número de sentencias judiciales que se han dictado por delito de violencia sobre la mujer, ya que más del 68 por ciento de esas sentencias son condenatorias.
A nosotros sí, señora Camarero, nos parece muy importante que las mujeres denuncien, porque efectivamente la denuncia puede actuar como una medida preventiva para evitar la violencia machista. El que solo en el primer semestre del 2008 se hayan presentado más denuncias que a lo largo de todo el año 2006 es un claro indicador de que funciona. El que 400 mujeres al día decidieran denunciar, implica que confían en las instituciones y en su protección para recuperar su vida. Aquí yo quisiera también hacer una reflexión, lo han comentado algunas de las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, sobre que las mujeres denuncian en falso ser víctimas de violencia machista. Sobre quienes afirman que las mujeres interponen denuncias falsas recae, pensamos, la carga de probar precisamente su existencia. La mera difusión de insidias o sospechas no contrastadas lo único que revela es un proyecto ideológico de perpetuar la discriminación contra las mujeres, así como un escaso rigor en las afirmaciones que se dice efectuar en el ejercicio de la libertad de expresión. Para eso un dato, la memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2007 refiere 18 casos en toda España, toda vez que en ocasiones las denunciantes se retractan de su denuncia por una errónea concepción del perdón al acusado o por el deseo de evitar su condena. En cualquier caso, desde el Grupo Parlamentario Socialista reivindicamos que las mujeres también son titulares del derecho de presunción de inocencia.
El número de denuncias presentadas por los familiares, usted aludía a ello en una de las graficas que nos ha presentado durante su intervención, se ha incrementado en más de un cien por cien, prueba evidente de que, aunque queda mucho camino por recorrer, el apoyo y la sensibilización de las personas allegadas a las víctimas y de toda la sociedad es una vía fundamental para acabar con ese problema. Por tercer año consecutivo también desciende el número de mujeres fallecidas con denuncia previa, con solicitud de orden de protección o con orden de protección en vigor, lo que indica que es fundamental poner en marcha estos mecanismos.
Volvemos a reincidir en la importancia de la denuncia y la orden de protección.
Quiero resaltar el esfuerzo de las comunidades autónomas y ayuntamientos de acuerdo con sus competencias en esta materia. Es evidente que la necesidad de la colaboración institucional de todas las administraciones para luchar contra la violencia de género es imprescindible, pero sí es cierto también que no todas las comunidades autónomas se implican de la misma manera o ponen en marcha estas medidas o las desarrollan de la misma forma. Me voy a referir a las unidades de valoración integral a las que ha aludido antes la portavoz del Grupo Popular, porque las que son competencia del ministerio nos consta que ya están puestas en marcha, y el resto son competencia de las comunidades autónomas. Yo vengo de una comunidad autónoma, de Andalucía, donde desde hace ya varios años cada provincia tiene una unidad de valoración integral. No pueden decir lo mismo comunidades, como Madrid o Valencia.
Por otra parte es evidente el incremento de asesinatos de mujeres extranjeras, que pasan de un 39,4 por ciento en 2007 a un 44,3 en 2008.
Igualmente se incrementa, aunque en menor medida, también el número de agresores extranjeros. Estos datos efectivamente revelan que las diferentes raíces culturales en algún caso o la desinformación en otros hacen que haya aumentado el número de mujeres víctimas de violencia. Por eso también queremos hacer hincapié y poner en valor la puesta en marcha por parte del Gobierno del Plan de atención y prevención de violencia de género en la población inmigrante, a fin de conseguir una mayor sensibilización sobre este tema, así como una disminución drástica en el número de víctimas y agresores en este colectivo.
Para el Grupo Parlamentario Socialista los menores también tienen una importancia fundamental. Consideramos que el trabajo de sensibilización y apoyo hacia los que están inmersos en casos de violencia de género es prioritario para intentar precisamente la no reproducción en el futuro de estas terribles conductas.
También me gustaría resaltar que se ha aprobado un real decreto por el que da la luz verde precisamente al Registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, que ofrecerá información sobre la existencia de órdenes en vigor de busca y captura o de detención y puesta a deposición, así como sobre la peligrosidad del sujeto.
La señora PRESIDENTA: Señora Medina Teva, vaya concluyendo.
La señora MEDINA TEVA: Termino enseguida.
En definitiva, la violencia de género es si duda, lo dije al principio de mi intervención, la manifestación más dura y perversa de la desigualdad entre hombres y mujeres. Cambiar esta realidad es un desafío que desde el Grupo Parlamentario Socialista nos consta que ha asumido el Gobierno como objetivo prioritario en la pasada legislatura, y que en esa lucha sigue empeñado, reivindicando a su vez la unidad y el consenso de todas las fuerzas políticas y de los agentes sociales para erradicar esta lacra que no se nos puede olvidar que es un problema de toda la sociedad. Termino agradeciendo al señor Lorente su intervención, le trasmitimos el apoyo de este grupo parlamentario para seguir redoblando esfuerzos en la lucha contra la violencia de género.
La señora PRESIDENTA: Tiene ahora nuevamente la palabra para contestar a SS.SS. el señor delegado del Gobierno. Señor Lorente, tiene la palabra.
El señor DELEGADO DE GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Lorente Acosta): Muchas gracias a todas las portavoces por sus intervenciones.
Agradezco los comentarios y las puntualizaciones, las criticas también.
Son muchas cuestiones, yo creo que tendré que hacer casi una comparecencia semanal para poder abordar todas ellas, para lo cual quedo a su disposición sin problema alguno, pero la percepción, el resumen que yo haría es que estamos de acuerdo. Es decir, creo que estamos en la misma posición, que estamos valorando una realidad, una realidad que es diversa, que tiene diferentes frentes, que va respondiendo y adaptándose a los nuevos cambios que se van introduciendo conforme vamos modificando parte de esa realidad y que, por lo tanto, hay elementos positivos que se van alcanzando y hay elementos que todavía tenemos que conseguir y resolver.
Se ha hecho referencia a esa realidad cultural de la que nace la violencia de género, que no podemos perder nunca de perspectiva, y si es una realidad cultural sobre lo que es la identidad de hombres que consideran que están legitimados o que el recurso a la violencia es algo justificable, puesto que el daño que produce es menor respecto al bien que pretende solucionar, que en el fondo es restaurar el orden dentro de esa relación, pues lógicamente vemos que hay una normalización en cuanto asunción o aceptación de la violencia. Se cuestiona la cantidad, no el hecho de que se utilice la violencia, por eso hay una crítica hacia lo cuantitativo y por eso, cuando cambian las circunstancias en las que se produce la agresión, se piensa que ha desaparecido la violencia, cuando en el fondo la violencia continúa a través de lo que es el cuestionamiento, la críticas, el control, el rechazo, la recriminación, etcétera. La violencia no es solo agresión. Yo creo que eso lo conocemos, lo compartimos,
pero tenemos que ser conscientes de cómo se comporta esa realidad social sobre una construcción cultural identitaria cuando es cuestionada desde fuera, es decir, cuando hay medidas, leyes, actitudes, recursos, acciones que cuestionan esa realidad o esas referencias y a los que lo llevan a cabo, a los agresores. Lógicamente, digo lógicamente puesto que es un comportamiento humano, quien está en la idea de que tiene razón y está legitimado sobre el uso de ese ejercicio, de esa potestad que le da o que lo otorga, según su creencia, la cultura, cuando se ve atacado o cuestionado no rechaza su posición, sino que lo que hace es reforzarse sobre ella. Estamos viviendo, lo hemos comentado y hay datos objetivos, lo que se denomina una contrarreacción, un backlash, como dicen los anglosajones, de aquellos hombre que no quieren renunciar a sus privilegios, comodidades, estatus, poder dentro de esa relación, y utilizan el argumento habitual, que es el de la violencia, para mantenerse en esa posición de privilegio.
¿Por qué digo que estamos viviendo en una contrarreacción? Porque aparte de la crítica social que cuestiona la esencia de la violencia, que cuestiona incluso el instrumento dirigido a combatir la violencia, como si el instrumento en sí fuera el problema y la causa de la violencia, me refiero a la Ley Integral, en lugar de cuestionar aquellos elementos que o se tienen que adaptar a esa nueva realidad o no son desarrollados adecuadamente por quienes tienen que implementarlo. Pues habitualmente ese incremento, esa contrarreacción se traduce en un aumento de lo que es la violencia, el número de casos. Recordemos que lo primero que hizo la ley fue disminuir los casos de 72 a 57, y que ese aumento progresivo conforme la sociedad ha ido criticando y cuestionando todo lo que ha significado la igualdad, es parte de la contraviolencia. También se ha notado en el hecho de que cada vez hay más casos en los que tienen antecedentes de agresiones previas a otras mujeres o a la misma mujer.
Hay también una impulsividad o compulsividad en el hecho de que el 53 por ciento de los homicidios se acumulan, en los tres primeros días tras un homicidio previo, eso refleja esa mayor ira o compulsividad. Pero luego también en la materialización de la violencia estamos comprobando cómo han disminuido los medios o instrumentos que suponen un contacto distante y corto con la víctima, fundamentalmente armas de fuego, y están aumentando los mecanismos de muerte que conllevan un contacto íntimo y prolongado con la víctima, fundamentalmente asfixia por estrangulación a lazo o a mano y homicidios por arma blanca, y dentro de las armas blancas, según los estudios del Consejo General del Poder Judicial, la media de puñaladas ha pasado de 16 a 28. Luego, vemos que hay una contrarreacción de los violentos frente al cambio social que cuestiona su posición. Tenemos que ser conscientes de esa realidad, porque tratar de achacar que esa reacción contraria a lo que supone el avance o la lucha con la violencia de género es consecuencia del instrumento que está produciendo ese acorralamiento, por llamarlo de alguna forma, de los violentos, es equivocarnos en el diagnóstico. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de esa oposición, de esa resistencia que va a haber por parte de un sector, el sector que justifica y minimiza la violencia, para llevar a cabo una perpetuación de su posición. Por eso creo que estamos de acuerdo en lo que es la situación, pero no podemos confundir el síntoma con la causa que lo produce. En ese sentido el hecho de tener un claro diagnóstico nos va a ayudar a dirigir las medidas adecuadamente.
Porque los síntomas siempre confunden, los síntomas son un conjunto de síntomas, es decir, uno no puede hacerle caso a un síntoma ni a dos ni a tres, porque te pueden confundir. Hay que ponerlos en relación con el resto de las manifestaciones, y cuando hablamos de una norma, como a la que se ha hecho referencia, que es la Ley Integral que actúa sobre elementos preventivos, elementos de atención y elementos de prevención y punición, no podemos quedarnos solo con un resultado último en cuanto a manifestación negativa, puesto que entonces estaríamos haciendo un diagnóstico inexacto, estaríamos describiendo bien un síntoma, pero no analizando de manera adecuada la situación global.
En ese sentido es muy importante que huyamos o por lo menos me gustaría transmitirles a ustedes la clara idea y conciencia personal y del ministerio de que en ningún caso se viene aquí a presentar unos datos que supongan autobombo o justificación o satisfacción por la gestión que se están llevando a cabo. Tratamos de reflejar realidad, y precisamente si fuera autobombo no habría recogido el dato más grave con 75 mujeres asesinadas cuando a día 31 de diciembre había 70 formal y oficialmente confirmadas. El hecho es que queremos continuar diagnosticando y buscando cuál es la realidad del ámbito de la ley, porque cuando una organización de mujeres hace referencia a ciento y pico casos, está hablando de violencia de género y está hablando correctamente, pero no es violencia de género en el ámbito de una relación de pareja, que es lo que aborda la Ley Integral, y ahí las cifras oficiales, cuyo seguimiento lleva a cabo el Ministerio de Igualdad a través de la delegación del Gobierno; son 75 casos. En ningún caso habría supuesto autobombo hacer referencia a esas cifras, a esos datos, puesto que podríamos habernos quedado con la primera aproximación, que es lo que habitualmente se ha comparado año tras año. Es decir, ningún año ha habido un seguimiento con posterioridad al 31 de diciembre, mientras que este año estamos comparando unas cifras derivadas de ese análisis en continuidad respecto a lo que otros años se hacía y se detenía el día 31 de diciembre básicamente. Luego, no es autobombo, porque en ningún caso sería autobombo presentar 68 casos en vez de 75, o presenta 57 en lugar de 62. De cualquier modo, estaríamos hablando de mujeres asesinadas y nuestro objetivo es concienciar a la sociedad para que abandone esas referencias que permitan recurrir a la violencia de género. Eso se va a traducir en un resultado positivo en cuanto a la situación última, pero no es el hecho de reducir un año el número de mujeres asesinadas o el aumentar un dato en positivo lo que nos debe de llevar
a concluir en un sentido o en otro. Lo que sí es importante es que si tenemos conciencia de ese factor cultural, tal como se ha recogido por las diferentes portavoces, del papel de los hombres como causante de la violencia, tampoco debemos de minimizar la necesidad de llegar a los hombres. Permítanme insistir en el hecho de que el teléfono o el servicio telefónico no es minimizar. No debemos de trivializar un factor cuando hemos vistos cómo cuando los hombres disponen de referencias y modelos adecuados de comportamiento y de actitud frente a los violentos actúan igual. El caso del profesor Neira, comentado aquí, ha servido para que muchos hombres tomen conciencia de la necesidad de implicarse y de actuar de manera coherente con lo que es su responsabilidad ciudadana, y eso ha permitido que estén sucediendo muchos casos, el último recientemente, de hombres que detienen a otros hombres cuando agreden a una mujer. Tenemos que aproximar ese modelo alternativo de ser hombre, no decir, como se decía antes: bueno, ellos sabrán, algo habrá hecho ella, etcétera, las justificaciones tradicionales. Todas las medidas que permitan actuar preventivamente sobre la violencia de género, y eso pasa siempre por actuar sobre el hombre que genera la violencia de género, deben de ser valoradas positivamente.
Estamos desarrollando medidas que han sido implementadas con éxito en otros países de la Unión Europea y que permiten llevar a cabo esa actitud de información, orientación y asesoramiento en cuestiones que pueden estar vinculadas a los hombres en general, por lo tanto toman conciencia de que la igualdad va con ellos, o pueden estar relacionadas con situaciones surgidas de una situación como puede ser la separación, como puede ser la conciliación, como puede ser la custodia. No es, y lo vuelvo a repetir, no es un teléfono para hombres y no es un teléfono para maltratadores. Yo no sé si un maltratador va a llamar por teléfono, pero es que ojalá que no lo haga, porque el teléfono le va a colgar. No es un teléfono para maltratadores, es un servicio de información y orientación para hombres que plantean cuestiones que pueden estar relacionadas con los conflictos de pareja, que no todos son violencia, o que pueden estar relacionadas con factores que necesiten de su identificación con las políticas de igualdad. Eso al final redunda positivamente en las mujeres que sufren violencia de género, como ha ocurrido en otros países. Tenemos datos, tenemos esa realidad de demanda, es decir, el 34,6 por ciento de las comunicaciones con el Ministerio de Igualdad han sido realizadas por hombres, el 46 por ciento en la Fundación ANAR, en otros teléfonos igual.
Hay una demanda a la que hay que dar respuesta, ¿o se la vamos a negar? Entonces, es importante que se oriente, primero, la necesidad de implicarlos y, segundo, son medidas, igual que la reeducación, igual que todas, que van dirigidas a proteger a las mujeres. Que nadie ponga en conflicto lo que son las medidas para hombres, como si estuviéramos en mundos separados, con las medidas para mujeres. Todas y cada una de las medidas que se desarrollan para la prevención de violencia de género van en beneficio de lo que es la sociedad y en beneficio directo de aquellas mujeres que pueden sufrirlas. No es una situación dicotómica hombres-mujeres. Se actúa preventivamente abordando el problema de los hombres y se actúa preventivamente abordando el problema también en las mujeres, porque, como muy bien ha dicho la señora Fernández Davila, las mujeres también reproducen las referencias culturales, por eso es cultura, que les ha asignado su rol como mujeres, basado fundamentalmente en el hecho de ser esposa, madre o ama de casa. Como decía, estamos en una posición común y también comparto la necesidad de seguir avanzando.
Tengo la percepción de que el tiempo se convierte en tiempos y que a veces para unos corre muy rápido y para otros corre muy lento, y cuando llevamos años de retraso en un tema como es la igualdad y la violencia de género además la distorsión es añadida o es aumentada. Estoy convencido de que muchas de las cuestiones que se han planteado, y compartimos la necesidad de mejorar algunos de los recursos, se van a desarrollar progresivamente conforme vayamos implementando las medidas que he apuntado; algunas de ellas sobre las que me ha preguntado, señora Camarero, las he recogido previamente en mi exposición y tendrán que desarrollarse paulatinamente a lo largo de esta legislatura, puesto que no todas las cuestiones se pueden poner en marcha simultáneamente. Estoy convencido. Lo que sí le puedo garantizar es que todas y cada una de ellas están presupuestadas, están recogidas. Concretamente, me han pasado el dato, el Plan para la atención y prevención de la violencia de género en inmigrantes, está presupuestado, con la implicación de todos los ministerios, en 11.614.000 euros. Los presupuestos contra la violencia de género que se han ido aprobando en estos últimos años, han pasado de 146,433 millones de euros en 2005 a prácticamente 300 millones de euros.
Luego, sí hay una implicación de todos los ministerios en las políticas que se tienen que desarrollar de manera transversal desde cada uno de ellos, unidas estas políticas a las medidas y recursos que han de desarrollarse desde las comunidades autónomas. Porque las competencias directas de los ministerios, como ustedes saben, están muy reducidas y muy limitadas a cuestiones muy concretas, y son las comunidades autónomas las que tienen que implementar el resto.
La señora Fernández Davila también preguntaba si hay una posición unánime en todas las comunidades. La hay en cuanto a la lucha contra la violencia de género, pero sí es verdad que la prioridad, las medidas a desarrollar son diferentes en cada una de ellas. Eso depende de la propia concepción, de la propia idea, del propio diagnóstico que se haga y de las circunstancias de cada una de las comunidades autónomas. En fin, estoy convencido, en el sentido de que estamos colaborando con ellas, de que todas y cada una de ellas tienen el objetivo común de acabar con la violencia de género a través de las políticas que están desarrollando. En ese sentido el ministerio, en las reuniones, trata de coordinar y orientar, en la medida de sus competencias, también de priorizar algunas cuestiones puntuales cuando detectamos algún
déficit, como por ejemplo ha ocurrido este año con en el reparto del fondo para la población extranjera inmigrante y para los menores.
En cuanto a la respuesta profesional, que también ha sido comentada por ustedes, debemos de diferenciar entre lo que es la especialización y lo que es la especificidad. Es decir, la especialización nace de la formación, igual que ocurre en medicina o en cualquier otro ámbito, y el hecho de que haya especialistas o personas o profesionales que solo actúan en un ámbito determinado no significa que el resto, si está haciendo una actuación especializada, no lo sea por el hecho de que no esté en un ámbito especializado. Por ejemplo, un pediatra. Hay pediatras en pueblos donde desarrollan la función de pediatra y de médico general, es un especialista en pediatría, lo dice el título y lo dicen su formación y su capacitación, pero no deja de ser pediatra porque además vea a personas adultas. En cambio, un pediatra de un servicio hospitalario que solamente ve niños y niñas, es pediatra también. No es ni más ni menos, es el mismo título el que respalda ambas actuaciones.
Entonces, reducir la idea de que los profesionales especializados son los de las UPAC, pues es la unión de la especialización a la especificidad, pero está el servicio de atención a las mujeres, el SAM y el EMUME, donde hay profesionales que se han formado al margen de los cursos de formación que se imparten tanto en la academia de la Guardia Civil como en la academia de la Policía sobre temas de violencia de género. Entonces hay conocimientos sobre esa realidad y según el grado de complicación del tema a abordar, se trata por estructuras más específicas y más especializadas, pero reducir el número a las actuaciones específicas, creo que no es correcto, porque entonces, si fuera esa realidad, la situación sería mucho más grave. Estamos hablando de 142.000 denuncias este año pasado, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, y estamos viendo que la respuesta mayoritaria es una respuesta positiva.
Si hubiera un gran déficit en lo que son los recursos, sería muy difícil que a pesar de todo el quebranto y toda la crítica, el rechazo que significa la denuncia se tradujera en situaciones que suponen violencia o falta de resolución de los problemas que presentan la mujeres con mayor, digamos, proporción. En general la proporción de las respuestas va en términos positivos -y no es autobombo, es descriptivo- respecto a lo que es la situación de las mujeres que acuden, el balance, cuando hablamos de 113.000 órdenes de protección, cuando hablamos de todos los recursos asistenciales que se están poniendo en marcha y cuando hablamos de todas las medidas que además de las específicas, están desarrollándose en los diferentes ámbitos. En ese sentido también recojo lo que ha apuntado respecto a la actuación sanitaria, donde se ha experimentado un incremento de prácticamente el 40 por ciento en el número de parte de lesiones que se han comunicado a los juzgados como consecuencia de haberse detectado y diagnosticado la violencia de género, puesto que es una respuesta positiva. Porque además el sanitario es un ámbito clave, puesto que es allí donde va a ir prácticamente el cien por cien de las mujeres maltratadas. Va a denunciar aproximadamente un 10 o un 20 por ciento, pero el cien por cien pasan por los servicios sanitarios.
Entonces, hay que trabajar en el ámbito, y para ello el Ministerio de Sanidad desarrolló junto con las comunidades autónomas un protocolo común, que es el que ha dado lugar de alguna manera a ese incremento del número de partes de lesiones que se ha llevado a cabo. Eso significa que la respuesta como consecuencia de ese instrumento más la formación que se está llevando a cabo va dando frutos y tiene que seguir dándolos. Estamos en un proceso evolutivo, en un proceso cambiante, tenemos que ir un poco adaptando y readaptando las medidas a cada una de las circunstancias concretas, y yo creo que ese síntoma, ese signo de que se van adaptando y se va respondiendo a las demandas que reclama la sociedad es adecuado.
¿Que hay que mejorar la respuesta profesional? Estoy de acuerdo. ¿Que hay que mejorar la respuesta en la situación de los juzgados, no solamente en violencia de género? Estoy de acuerdo. ¿Que hay que tratar de dar más medios personales y materiales para abordar las cuestiones de violencia de género? Estoy de acuerdo. ¿Que hay que tratar de crear estructuras especializadas allí donde sean demandadas y sean necesarias? Estoy de acuerdo. En ese estar de acuerdo con esas estructuras, la Unidad de Violencia de Genero, las unidades forenses, son unas unidades que, como ha apuntado la señora Medina Teva, están en todas las comunidades dependientes del Ministerio de Justicia, del Gobierno. En cambio en el número hay que diferenciar, porque la ley establece unidades especializadas vinculadas a institutos de medicina legal. Luego, si es un instituto regional, es decir, que está definido como instituto catalán o instituto valenciano o instituto vasco, habrá una, aunque tenga competencia en todo el territorio. En Andalucía hay ocho, porque son ocho los institutos de medicina legal. Luego, a la hora de sumar no cabe pensar que no hay recursos o que no se han puesto en marcha porque no coincida con el número de provincias, ya que el ámbito es el del instituto de medicina legal porque están vinculadas a ellas. Por eso la diferencia entre los recursos entre juzgados especializados y juzgados compatibles no es tanta en recursos como en la carga de trabajo que produce el hecho de tener que abordar materias no relacionadas con violencia de género, con la exigencia de tiempo y recursos en las materias de violencia de género específicas. Entonces, un instituto de medicina legal da respuesta al juzgado especializado y al juzgado compatible, la da porque es su obligación como instituto de medicina legal. No es un órgano la unidad dependiente del juzgado, sino dependiente del instituto de medicina legal, y por lo tanto está para un juzgado y para otro, y la respuesta tiene que ser similar en uno y en otro. Entonces, eso es un poco lo que hay y luego ver la demanda que se produce para adaptar esa respuesta.
En cuanto a la valoración del riesgo, también debemos diferenciar entre lo que es la valoración del riesgo policial, que es previa a lo que es la actuación judicial, y que es
una medida necesaria, puesto que es algo que habitualmente ya se ha hecho toda la vida; es decir, la diferencia es que antes un policía o un guardia civil tomaba una decisión por su intuición, formación o experiencia profesional y actuaba en consecuencia, y ahora tiene un instrumento informático, pero que no es el ordenador el que lo resuelve, es él metiendo los datos y luego tomando la decisión, porque hay una segunda parte, a pesar de lo que dice el sistema, de lo que es el programa, respecto a lo que él deduce y piensa de la situación valorada.
Es una aproximación previa para tomar una decisión en la fase anterior a lo que es la instrucción. Una vez que está en el juzgado serán el juez o la jueza los que tendrán que decidir qué tipo de evaluación, si remite el caso a la unidad forense o si se conforma con la información obtenida y con las declaraciones que ha llevado a cabo dentro de lo que es su instrucción. Por lo tanto, no es incompatible, y si me pregunta como delegado, como experto, soy partidario de desarrollar e impulsar todo lo que es la valoración del riesgo en vía judicial a través de las unidades forenses, porque creo que son dos fases distintas, vamos a tomar una imagen o una aproximación diferente, y por lo tanto ambas se complementa.
Insisto, eso nunca debe de ser una crítica a lo que es el instrumento policial, puesto que sirve para lo está diseñado, que es tomar decisiones en la fase previa a lo que es la participación judicial.
Sobre la aproximación de los recursos a la víctima, tenemos que tener en cuanta que hoy por hoy la posibilidad de acudir a los centros que las comunidades tienen para asesorarse, para pedir asistencia letrada, está presente. Es verdad que tenemos que coordinar mejor esa repuesta para que no sea tan dependiente del conocimiento previo de la víctima y que incluso se la pueda informar desde las comisarías o desde los cuarteles sobre la posibilidad de acudir a un centro antes de hacer la denuncia, y teniendo en cuenta que las denuncias se realizan en momentos distintos.
Según el Consejo General del Poder Judicial el porcentaje de denuncias inmediatas en los casos más graves creo que está alrededor del 20 por ciento, la mayoría ocurre la semana anterior, un 40 por ciento, y algunas la semana anterior, es decir, que hay un tiempo entre el hecho de la agresión que da lugar a la denuncia y la interposición de la denuncia, luego hay una capacidad de actuar también con los recursos que contemplan las comunidades autónomas. En ese sentido, hay que tratar de mejorar toda la asistencia a las víctimas, incluyendo, como muy bien ha apuntado, a los menores y las menores que conviven en la relación, son víctimas de violencia de género, están expuestas a violencia de género, y el plan que estamos desarrollando con el Observatorio contra la violencia de género va dirigido a eso, es decir, un poco a establecer un plan de actuación con la implicación y la participación de las comunidades, porque tampoco puede hacerlo el ministerio directamente. Puede establecer unas pautas comunes, unos criterios generales para que luego las comunidades autónomas intervengan en lo que son sus recursos asistenciales a fin de adaptar la respuesta a lo que es la situación específica de esos menores, algunos víctimas de violencia física y el cien por cien víctimas de la violencia psicológica por convivir en un ambiente caracterizado por esa violencia.
La señora Pigem comentaba sobre la reeducación, que también es un tema que ha sido planteado por las diferentes portavoces. Se está trabajando. No es que se fuera a hacer y quedó en el aire, sino que se está trabajando ya con un grupo de hombres expertos sobre los criterios comunes y los indicadores para el desarrollo de estos programas en el medio extrapenitenciario. ¿Por qué lo planteamos de esa forma? Porque la eficacia de los programas tiene que ser valorada en su conjunto, porque dentro de la población de agresores estamos hablando de un grupo heterogéneo, el hecho de ser maltratador es consecuencia de una conducta, pero el abordaje de esa conducta va a ser muy diferente dependiendo de factores individuales, psicobiográficos, circunstanciales muy distintos.
Por lo tanto, hay dos elementos: uno, la posibilidad de abordar y tener que actuar sobre ese grupo heterogéneo, y, dos, la necesidad de valorar evolutivamente la situación de riesgo durante el transcurso de ese programa de reeducación, que eso es un elemento fundamental, puesto que ahí sí que se va a valorar el riesgo de manera continuada y por parte de especialistas, no por elementos ajenos a lo que es la propia actuación sobre los agresores. Luego, ese es un factor positivo que queremos combinar dentro de los que son los programas.
Respecto a las denuncias falsas, es otro tema muy interesante a considerar y sobre el que reflexionar. Si nosotros quitamos la reflexión sobre los homicidios, sobre las muertes, ¿cuál es el debate social existente? Es decir, si se habla de violencia de género, ¿a qué nos referimos cuando no se habla de homicidios? ¿Cuál es el común de la ciudadanía o incluso de algunas columnas o artículos de opinión? Básicamente destacan las denuncias falsas como una realidad que, como muy bien ha dicho, es inexistente en la práctica. Existe, pero en una dimensión que nunca justificaría el porqué hay una conciencia, una percepción de que el problema de la violencia de género se reduce a las denuncias falsas y por lo tanto a la búsqueda instrumental de resultados a través de la interposición de la denuncia. Y, como muy bien ha dicho, al margen de esos pocos casos, las mujeres no solo deben de contar con la presunción de inocencia, sino con la presunción de conciencia inocente, porque parece que las mujeres son perversas por definición y que van a actuar de manera malévola para conseguir objetivos utilizando medios subrepticios.
Entonces, ese elemento demuestra claramente cuál es la situación social y cultural frente a todo elemento crítico con lo que está pasando, y la reacción conlleva el tratar de deslegitimar a quien está interponiendo denuncias, a quien está cuestionando el modelo establecido históricamente, y eso es parte de esa realidad y de esa contrarreacción que estamos comentando.
Con referencia a otro tema que ha sido planteado en común, el de los medios de comunicación, se ha creado
ya un grupo de trabajo desde el ministerio para, con expertos y expertas del ámbito de los medios de comunicación, abordar el problema grave de lo que es el tratamiento de la violencia de género en los medios. Alguna referencia, como los ejemplos que ha puesto la señora Pigem, claramente cuestionan la dignidad de la mujer y la presentan como un objeto, algo que habitualmente es lo que intenta conseguir el maltratador con ese proceso de deshumanización del objeto de la violencia que llaman los antropólogos y que en definitiva es la cosificación de la mujer, pues directamente no la presentan como objeto o como cosa para satisfacer inquietudes, deseos, placeres por parte de los hombres. Eso es algo que deber cuestionado, porque es muy difícil avanzar en concienciación, avanzar en educación cuando la referencia social sigue estando un poco distorsionada a través de estos mensajes, de estos mandatos que están llegando al subconsciente de mucha gente y al consciente de unos cuantos que directamente buscan ese tipo de información para perpetuarse en lo que su posición, su idea y su concepción de lo que son las mujeres. El resto de medidas están insertadas dentro de lo que es violencia de género, pero no en el ámbito de la ley. Por eso el Gobierno aprobó un plan dirigido a la prevención de la trata de mujeres víctimas de explotación sexual y laboral, y por lo tanto muchas de las cosas que se han planteado estarían directamente integradas en el desarrollo del plan que se llevará a cabo durante tres años y que tiene un presupuesto propio.
Finalmente, he de agradecerles su intervención y comunicarle algo que ustedes conocen perfectamente: la subcomisión está en marcha. Desde el Ministerio de Igualdad estamos esperando las conclusiones de esta subcomisión para participar en lo que se haya decidido en ella y ver cómo podemos mejorar todo lo que son los recursos existentes que prevengan y den respuesta a la situación cambiante de la violencia de género. Al mismo tiempo también se van a crear unos grupos de trabajo dentro del Observatorio contra la violencia de género, del Ministerio de Igualdad, para abordar temas específicos, que son los que más polémica o más dificultades a la hora de solucionarlos están planteando. Con las conclusiones de los grupos de trabajo y de la subcomisión podremos tener un diagnóstico muy bueno para abordar medidas que se puedan desarrollar a continuación de esos dos elementos de referencia. (La señora Camarero Benítez pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lorente, por las respuestas que ha ofrecido a SS.SS. Con esto terminamos los puntos 1, 2 y 3, que se acumulaban con la comparecencia del delegado del Gobierno. (La señora Camarero Benítez pide la palabra.) Señora Camarero, no vamos a reabrir el debate. Si quiere hacer alguna pregunta puntual, tiene algún minuto.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Sí. Muy brevemente decirle al delegado del Gobierno que por supuesto todos estamos de acuerdo en la necesidad de luchar contra esta lacra. Todos hemos trabajado y seguimos trabajando, nos ocupamos y nos preocupa esta lacra, por lo cual ya anunciarle que nosotros seguiremos apoyando todas las iniciativas que provengan de cualquiera de los grupos y que intensifiquen el trabajo en esta lucha.
Eso no quiere decir que nosotros en esta sede, que es la que toca, no asumamos nuestra responsabilidad como oposición y le plantearemos aquellas cuestiones que consideremos fundamentales para mejorar el desarrollo y la implementación de la ley. Por eso le decía que en el análisis, más allá de decir esto es lo que hemos hecho, ustedes tienen que decir esto es lo que queda por hacer, estas son las medidas que quedan por desarrollar y este es el tiempo o la hoja de ruta que vamos a llevar a cabo para efectuarlas. Eso es lo que nosotros no vemos en cada una de sus intervenciones, por eso le decía menos autocomplacencia y más explicarnos a todos los grupos qué medidas quedan por hacer y cuándo se van a poner en marcha. Evidentemente teníamos claro que usted no iba a falsear las cifras y que nos iba a venir aquí con la cifra exacta de 75 mujeres muertas, que era de todos conocida, el año pasado. Eso es lo que le pedíamos, insisto, que las medidas que están pendientes y que están poco desarrolladas, terminen de desarrollarlas.
No me ha contestado a algunas de las cuestiones, por eso insisto, que yo le preguntaba en mi primera intervención: para cuándo el Plan de empleo, para cuándo el modelo homologado el rehabilitación de maltratadores, para cuándo el teléfono del maltratador. Queda claro, nosotros en cuanto a rehabilitación y recuperación de los maltratadores todo el esfuerzo necesario, porque creemos que es fundamental para que no reincidan, para que no salgan de la cárcel como el asesino de la mujer de Castellón, después de 18 meses en prisión, y vuelvan a atacar, en este caso para asesinar a su mujer.
Otra de las preguntas que no me ha contestado usted es para cuándo los mecanismos de control de los agresores. Dijeron que se pondrían en marcha en el mes de marzo y no se han puesto en marcha. Respecto a la protección yo le insisto, faltan medios, faltan agentes no solamente especializados de las UPAC, porque si sumamos UPA, SAM y EMUME, como usted ha dicho, ustedes reconocen que hay 1.800 agentes para los cientos de miles de mujeres. Seguimos insistiendo en que son escasos, y lo que le pedimos es: usted, más que político es un experto en la materia, saben dónde están los fallos, conoce perfectamente, aunque ahora venga usted en el papel del delegado del Gobierno, qué es lo queda por hacer, pues insista a sus compañeros más políticos, insista en que adopten más medidas, que se implemente adecuadamente esta ley que es de todos, que todos consideramos como nuestra, puesto que por ello la votamos favorablemente, que insista en mejorar los mecanismos, que insista en las implementación de las leyes, que insista en dotar de más presupuestos. Y aquí un inciso. Desde mi grupo desde luego no vamos a aceptar que se critique el funcionamiento de las comunidades autónomas. Creo que las comunidades autónomas están
haciendo un esfuerzo importantísimo en la lucha contra la violencia de género y en muchos casos están supliendo algunas de las lagunas del Gobierno, y encima sin presupuesto. Porque tenemos que recodar que de los 12 millones del fondo se ha pasado a 5 millones. Es necesario también ayudar más a las comunidades autónomas para que puedan implementar de forma adecuada el desarrollo de esta ley.
Termino agradeciéndole su comparecencia, el tono de la misma, insistiéndole que tanto usted como el resto del Gobierno, el resto, porque esto un problema transversal, con lo cual afecta a todos los departamentos del mismo, tienen que intensificar. El reto es muy importante. La ley, una ley integral como esta tan ambiciosa, requiere mucho esfuerzo y requiere mucho presupuesto. En eso vamos a seguir insistiéndole: más esfuerzo, más presupuestos y más medios para terminar con esta lacra que a todos nos afecta. (La señora Medina Teva pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Pues de la misma manera, brevísimamente, porque no se reabre el debate y SS.SS. saben que es solamente para puntualizar algo que al señor delegado se le pueda recordar.
La señora MEDINA TEVA: Simplemente una puntualización. Primero, desde el Grupo Parlamentario Socialista diré que yo no voy a entrar en polémica innecesaria acerca las responsabilidades de las comunidades autónomas en la lucha contra la violencia de género, lo que pasa es que la realidad es la que es, y unas comunidades apuestan de una manera y otras de otra, no inventamos absolutamente nada.
Otra puntualización respecto al funcionamiento de la ley. El hecho y la realidad es que hay más efectivos policiales, es que hay más juzgados especializados, es que hay más denuncias, más condenas, más recursos de asistencia social; por tanto, estamos caminando hacia una mayor justicia social y la Ley Integral es un buen instrumento. Autocomplacencia, ninguna. ¿Qué está todo hecho? En absoluto. Ahora lo que sí tenemos que reconocer es lo que sí se está haciendo, las medidas que se están llevando a cabo y tratar también de ponerlas en valor.
La señora PRESIDENTA: Señor delegado, tiene la posibilidad de contestar, le agradecería que con la mayor brevedad, para cerrar el debate.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Lorente Acosta): Brevemente, quiero agradecer de nuevo las intervenciones de las señoras Camarero y Medina. Han sido tantos los frentes abiertos, en el sentido de las cuestiones planteadas, que he intentado resumir lo más global para no entrar en detalles puntuales, pero de manera rápida paso a contestarle. El real decreto de empleo se aprobó el 21 de noviembre y está en marcha. Hay convenios con algunas empresas para lo relativo a la concienciación y a la posibilidad de integrar a mujeres que han sufrido violencia de género dentro de sus puestos de trabajo. Las políticas se van desarrollando conforme van implementándose los recursos y los medios contemplados en ellas, y ahí está la referencia. En cualquier caso, es un instrumento muy importante porque sirve precisamente para lo que siempre hemos planteado, para recuperar a la mujer y situarla en el lugar de donde la violencia la había apartado.
Respecto a la reeducación, estamos trabajando en los criterios. Le puedo asegurar que no son cuestiones sencillas de adoptar. Por eso le digo respecto a los tiempos, que la percepción que uno tiene es distinta cuando hablamos del tiempo, para unos corre muy rápido, para otros corre muy despacio, y con el retraso histórico añadido, a veces se distorsiona aún más la percepción. Yo espero que esté lo antes posible. Aunque te echan en cara si no cumples, la idea sería que antes del verano tuviéramos esas referencias para tener los criterios y los indicadores, y creo que podemos conseguirlo.
El teléfono. Yo le pediría, puesto que estoy en sede parlamentaria, que es donde se generó la confusión, que no volvamos a hablar del teléfono para maltratadores, porque no es un teléfono para maltratadores. Yo entiendo que gráficamente sea un poco la primera noción, pero como ahora tenemos la posibilidad de corregir la confusión, hablamos de un servicio telefónico de información y orientación con implicación de los hombres, que tendrá un nombre, un número, da igual, pero que lo buscamos es prevenir la violencia incluyendo e implicando a los hombres como elementos activos en la lucha contra la violencia de género, pero nunca un teléfono para maltratadores. Bueno, hay uno para maltratadores, que es el 091; a ese pueden llamar cada vez que tengan un problema, porque seguro que le van a atender adecuadamente.
Respecto a los GPS hablamos de que para marzo o para la primavera. Era una referencia personal, no era una referencia compartida en el ministerio, sino una demanda a raíz del caso de Galicia. Se está trabajando para marzo, y ahora mismo se han presentado los pliegos, la licitación. Espero que pronto podamos tener ese servicio, depende del número de empresas, de todo el procedimiento, de los pasos administrativos, etcétera. Se está trabajando en ello para que pueda implementarse lo antes posible, que será pronto.
Por lo demás, he de decirle que desde el Gobierno en ningún caso hemos cuestionado a las comunidades autónomas; al contrario, hemos reconocido que su papel es fundamental, que lo están haciendo muy bien, que todas tienen como objetivo común combatir la violencia, aunque es cierto que las prioridades son diferentes, lo cual yo entiendo que puede ser por cuestiones de concepción de la violencia, de la realidad de cada uno de los territorios, etcétera. En cuanto a la financiación, no debemos confundir los proyectos innovadores, que son los 12.000 contemplados en la primera, con los 5 millones actuales, que es un fondo que no va dirigido a programas en concreto, sino a ayuda a la asistencia integral en general. Por lo tanto, una cosa es un proyecto innovador que por sus características
se supone que es nuevo, que rompe con lo existente y que desarrolla una implementación mayor, y otra cosa es un fondo para compartir con las comunidades, de manera que se pueda mejorar la asistencia. En cualquier caso, atendiendo a la evolución de ese presupuesto y a las circunstancias actuales, es una cantidad que permite desarrollar los objetivos principales que se han planteado, que es la mejora de lo que ya existe para orientarlo hacia la población extranjera inmigrante y para la prevención y atención de la violencia en los menores que están expuestos a ello.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor delegado. Vamos a despedir al señor Lorente. En unos segundos retomamos la sesión para responder a las preguntas orales que figuran en los siguientes puntos del orden del día.
(Pausa.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN QUINTANILLA BARBA, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA SUSANA CAMARERO BENÍTEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA LUCHAR CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNDO RURAL. (Número de expediente 181/000216.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, continuamos la sesión con las preguntas orales y damos la bienvenida a esta Comisión a la secretaria general de Políticas de Igualdad, que viene a contestar en nombre del ministerio las preguntas orales que tenemos pendientes. Bienvenida, señora Martínez, a su Comisión natural para debatir los puntos del orden del día que vamos a alterar, porque la vicepresidenta de nuestra Comisión se tiene que ir y nos pide que su pregunta, que era la 5, la pueda formular al principio.
Después continuamos el orden que tenemos establecido si no hay ningún inconveniente. Como SS.SS. saben, vamos a dividir los tiempos de pregunta-respuesta del mismo modo que en el Pleno, solo que con un minutaje mayor. Así que acumularemos a los quince minutos, siete minutos y medio y otros siete minutos y medio para la diputada que pregunta y la señora secretaria general que contesta. Tiene la palabra por tanto la señora Quintanilla para formular la pregunta a la señora secretaria general.
La señora QUINTANILLA BARBA: Quiero que mis primeras palabras sean de bienvenida a la secretaria general en el seno de nuestra Comisión, de la Comisión de Igualdad, para contestar las preguntas de los distintos grupos parlamentarios; desde luego mi grupo le da la bienvenida a la Comisión.
Señora secretaria general, sabe que alrededor de 5 millones de mujeres viven en los pueblos de España, son mujeres del mundo rural, mujeres para las que la palabra igualdad sigue siendo todavía una utopía en su vida.
Si hablamos de conciliación, si hablamos de empleo, si hablamos de servicios sanitarios cercanos hablamos de mujeres que siguen sufriendo una doble discriminación, la de ser mujer y la de ser rural. Por ello en la anterior legislatura, en la número VIII, nuestro grupo parlamentario presentó una iniciativa en la que pedíamos la realización de estudios acerca de la incidencia de la violencia de género que se produce en el entorno rural. Además tengo que decirle, señora Martínez, que esta iniciativa fue aprobada por todos los grupo parlamentarios por unanimidad. A través de esta iniciativa se instaba al Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas a poner en marcha un informe para tener claro cuál había sido y cuál es la incidencia de la violencia de género en la vida de las mujeres rurales, aunque desgraciadamente todavía tenemos pocas estadísticas. Y además le pedíamos al Gobierno que pusiera en marcha una campaña a nivel nacional y trabajara con los agentes sociales, y sobre todo con las organizaciones no gubernamentales, para que se concienciara a las mujeres del mundo rural sobre qué es una denuncia, qué es una orden de protección e, indiscutiblemente, qué es una orden de alejamiento, y por supuesto cuál es la protección que tienen y que de alguna manera dimana de la Ley Integral. A esa iniciativa, que vuelvo a repetir fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, van dirigidas las preguntas que hoy le quiero formular. ¿Qué medidas ha llevado a cabo el Gobierno hasta el momento en este sentido? ¿Se ha elaborado dicho informe acerca de la incidencia de la violencia de género que sufren las mujeres del medio rural? ¿Qué actuaciones ha acometido el Gobierno en lo que respecta a la campaña de información y sensibilización diseñada especialmente para las víctimas del mundo rural? Además, ¿qué medidas y qué informe ha elaborado el Gobierno para conocer exactamente la incidencia y las estadísticas de mujeres muertas y de las denuncias que se producen por las mujeres que sufren violencia de género en el del mundo rural?
Muchísimas gracias, secretaria general, de nuevo le doy la bienvenida y espero su respuesta.
La señora PRESIDENTA: Señora secretaria general, tiene la palabra para contestar a su señoría.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Martínez Lozano): Como usted sabe, las medidas dirigidas a combatir la violencia de género en el medido rural se enmarcan dentro de la Ley Integral contra la Violencia que, como saben, en su artículo 32 recuerda esa necesidad de tener en cuenta la situación de las mujeres que por sus circunstancias personales y sociales pueden tener mayor riesgo de sufrir la violencia de género o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en esta ley. En este sentido, el propio Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia contempla una atención especial a estos colectivos de mujeres que presentan una
mayor vulnerabilidad, entre otros, las mujeres del mundo rural. Para la consecución de estos objetivos del plan nacional se contemplan una serie de ejes prioritarios, y dentro de ellos están los programas de servicios sociales, que son los que garantizan realmente el derecho a la asistencia social de estas víctimas de violencia de género, especialmente importantes en el medio rural, a través de los ayuntamientos. A fin de garantizar este derecho a la asistencia social y estos programas, sobre todo en el ámbito rural, tanto en el año 2007, a través de la concesión directa de subvenciones públicas, como en el año 2008, mediante la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva, las Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha financiado la ejecución de proyectos innovadores por parte de comunidades autónomas y entidades locales que necesariamente deben contemplar la situación de los colectivos de mujeres que puedan presentar mayor vulnerabilidad o mayores dificultades, entre otras, las mujeres del ámbito rural. Y tengo que decirle que hay algunos proyectos de algunos municipios que se financiaron en el 2007 realmente importantes.
Pero además de eso, contestando a ese informe al que hacía referencia S.S., tengo que informarles que el pasado 22 de octubre firmamos un convenio específico entre el Ministerio de Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias para la realización de ese estudio, el de la violencia de género en los pequeños municipios, destinado a fijar los términos de colaboración entre el Ministerio de Igualdad y la FEMP para incorporar la dimensión local en la lucha contra la violencia de género en una doble vertiente: por una parte, a través de la mejora del conocimiento del fenómeno de la violencia en los pequeños municipios, y por otra parte, mediante la profundización del análisis de la Ley Integral y su implicación en la esfera de las competencias de las entidades locales, de los propios ayuntamientos. Este estudio nos va a permitir la aproximación al conocimiento de los retos que supone en la actualidad la lucha contra la violencia de género en los municipios rurales de menos de 10.000 habitantes y en el ámbito rural, referente sobre todo a municipios de menos de 20.000 habitantes, y la repercusión que sobre estos municipios está teniendo la aplicación de la Ley Integral. Yo confío, y siempre mantengo cierto respeto por las fechas, sobre todo cuando no está en las manos del ministerio el control de alguna de estas fechas, en que para el mes de junio o julio podremos disponer ya de este informe, que en el momento en que lo tengamos lo haremos público, por supuesto, y estaremos encantados de presentarlo en esta Comisión.
Además de eso, y para canalizar la colaboración entre el Ministerio de Igualdad y la FEMP, tenemos previsto suscribir un convenio en las próximas semanas para promover e impulsar las iniciativas sobre la igualdad. También de forma específica en ese convenio vamos a aprobar proyectos de prevención, protección y asistencias de las víctimas de violencia de género en los municipios. En este año 2009, dentro de ese convenio, para el que hay una previsión presupuestaria de 300.000 euros, vamos a incluir medidas e instrumentos de coordinación interinstitucional y formación de profesionales, especialmente de las policías locales, que era una demanda que nos hacían precisamente algunos ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Por último, tengo que decirle, señoría, que muchas de las actuaciones en relación con la violencia de género que se garantizan a nivel estatal están incluidas en el ámbito local, es decir, se garantizan también en el ámbito local.
Quiero destacar simplemente, a modo de ejemplo, el servicio 016 de información y asesoramiento jurídico especializado, al que tienen acceso todas las mujeres vivan donde vivan; y el servicio de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género, que en estos años de vigencia cuanta ya con 7.740 municipios adscritos, es decir, el 95 por ciento de los municipios de este país están adscritos a este servicio de teleasistencia móvil que está garantizando no solo asesoramiento a las mujeres víctimas, sino también a veces acompañamiento y apoyo psicológico. Tuve la oportunidad de conocer in situ el funcionamiento de este servicio y tengo que decir que es un servicio de gran utilidad que está llegando sobre todo a las mujeres del ámbito rural, que gracias a un botoncito pueden tener de manera directa e instantánea, apoyo psicológico cuando lo requieren y también apoyo policial o de seguridad cuando la situación lo requiere. También hemos puesto en marcha campañas de información y sensibilización, de las que el delegado les ha hablado y yo les hablaré más tarde, a través de los medios de comunicación, y hemos distribuido ampliamente a través de todos los ayuntamientos y la red de oficinas de la mujer, folletos informativos sobre la Ley Integral y los derechos que la Ley Integral recoge. Por último, en la puesta en marcha de los dispositivos telemáticos para el control de las medidas de alejamiento impuestas judicialmente, también vamos a tener en cuenta, cómo no, la realidad de todos los núcleos de población, para lo que se van a implicar por supuesto a las policías locales. Por tanto, creo que con esto respondo a las preguntas que me hacia S.S. y, como le decía, en el momento en que ese estudio esté elaborado estaremos encantadas de darlo a conocer, por supuesto lo haremos público, y de presentarlo en esta Comisión, si así se desea.
La señora PRESIDENTA: Señora Quintanilla, le quedan tres minutos y cuarenta y cinco segundos.
La señora QUINTANILLA BARBA: Largo me lo fía, amigo Sancho, decía don Quijote en su libro, en El ingenioso hidalgo don Quijote, de Miguel de Cervantes. Señora Martínez, secretaria general, cuatro años para que podamos ver en el mes de junio el informe sobre la incidencia de la violencia de género en las mujeres del mundo rural. Mire usted, 400.000 mujeres, según el Ministerio de Igualdad, sufren malos tratos en España.
Yo me pregunto: ¿cuántas de esas mujeres son de los pueblos de España? De las 75 mujeres que han muerto
en manos de sus maltratadores, ¿cuántas de ellas eran de los pueblos de España?
Además, las mujeres del mundo rural no tiene acceso tan rápido a poner la denuncia. Las mujeres del mundo rural, las más privilegiadas, tienen un centro asesor de la mujer en la comarca, que posiblemente esté a 10, 15 ó 20 kilómetros. Muchas de las mujeres del mundo rural tienen que cruzarse por la calle con el maltratador. Las mujeres del mundo rural necesitan no que ustedes firmen convenios con la Federación de Municipios y Provincias -y quiero decirle que desde luego lo valoramos desde mi grupo parlamentario-, sino que colaboren directamente con aquellas organizaciones que están trabajando a pie de obra, informando y formando a las mujeres sobre la Ley orgánica de medidas integrales contra la violencia de género, sobre qué es una orden de protección, sobre qué incidencia tiene esa orden de protección en sus vidas, sobre qué es la orden de alejamiento, sobre qué pueden hacer para que esa denuncia la asuman no como algo que están haciendo en contra del padre de sus hijos, como está pasando, sino como que va a significar la protección para ellas mismas, de su vida y de la de sus hijos, que son víctimas invisibles de la violencia de género. Por eso yo quiero que en esta pregunta asuma el compromiso de que no pueden pasar cuatro años sin que tengamos un informe tremendamente importante para hacer posible que establezcamos medidas especiales y específicas para las mujeres del mundo rural, tal y como preveía la Ley orgánica de medidas integrales contra la violencia de género. En ese sentido va dirigida mi pregunta y en ese sentido, por favor, les pediría en sede parlamentaria que tengan un mayor compromiso con los 5 millones de mujeres que viven en los pueblos de España.
La señora PRESIDENTA: Señora Martínez, tiene dos minutos para cerrar la pregunta.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Martínez Lozano): Señora Quintanilla, usted sabe que es preocupación y ocupación del Ministerio de Igualdad mejorar la situación en la que viven las mujeres del mundo rural, no solo las víctimas de violencia de género, sino todas las mujeres del ámbito rural. De ahí ese plan que se aprobó en 2007 por parte del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, que contempla precisamente un conjunto de medidas para conseguir la igualdad real y efectiva en las mujeres del ámbito rural, y que también contempla medidas dirigidas a proteger a las mujeres víctimas de la violencia de género; un plan que está dando ya resultados. En el pasado Consejo de Ministros, por ejemplo, aprobábamos el real decreto de la cotitularidad de las explotaciones agrarias, una larga reivindicación de las mujeres del ámbito rural.
Se han hecho muchas cosas en estos cuatro años, señora Quintanilla, usted lo sabe, y ese informe de tres años de aplicación de la Ley Integral es un informe rico en datos. En ese informe tenemos un diagnóstico bastante claro de cuál es la realidad de las mujeres que sufren violencia en nuestro país, y ese informe, que creo que estará terminado para el mes de junio o julio y que podremos presentarlo, nos arrojará sin duda muchos más datos interesantes y que nos puede servir para intensificar las medidas de protección y ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito rural.
Por último, quiero destacar que gran parte de esas ayudas, de esas subvenciones que se dan a través del 0,7 del IRPF y de la convocatoria general de subvención del Instituto de la Mujer, van dirigidas precisamente a programas de atención a mujeres víctimas de la violencia de género. Sigue siendo una línea prioritaria en esa convocatoria de ayudas y subvenciones a las ONG de mujeres, y en esa línea vamos a seguir trabajando en los próximos años, siempre poniendo sobre la mesa más dinero, 300.000 euros, como le decía, este año para intensificar esa formación y apoyo a las profesionales que atienden a mujeres en el ámbito rural, y más dinero también para analizar las causas y las consecuencias en las mujeres del ámbito rural.
La señora PRESIDENTA: Señora Martínez, su tiempo se terminó.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SUSANA CAMARERO BENÍTEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA MEJORAR LA CONCIENCIA DE LA SOCIEDAD CONTRA LOS MALOS TRATOS Y LA IMPLICACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR. (Número de expediente 181/000215.)
La señora PRESIDENTA: Señora Camarero, tiene la palabra para formular la pregunta a la señora secretaria general.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señora secretaria general, señora Martínez, bienvenida la Comisión de Igualdad. Sabe, porque ha estado presente al final de la misma, que acabamos de terminar una comparecencia del delegado del Gobierno contra la violencia, al que le hemos planteado ciertas cuestiones, para nosotros importantes, referidas al desarrollo de la Ley Integral y a su política, la política del Gobierno, contra la violencia de género. Y le hemos manifestado nuestra decepción porque los resultados de esta política no sean más eficaces, porque las cifras de la violencia, especialmente la de las mujeres muertas y de las mujeres que sufren graves daños en su integridad física, no dejen de crecer, y porque sigan existiendo fallos en la respuesta que reciben estas mujeres cuando deciden romper el ciclo de la violencia.
Podemos hablar del derecho fundamental a la información, de la insuficiencia de apoyo, del asesoramiento integral, de los retrasos en los juzgados de violencia, de las dificultades añadidas de sufrir largas esperas en las salas junto con sus agresores, de la falta de protección y
seguridad, de los fallos en las órdenes de alejamiento y protección, de la especial vulnerabilidad de las mujeres extranjeras, de los escasos recursos puestos a disposición de los menores, de la tardanza en el cobro de las ayudas sociales, de la escasez de rehabilitación de agresores o de la insuficiencia de campañas de sensibilización. Son algunos de los fallos, de los defectos, de las lagunas o de los desencuentros entra la propia ley y su desarrollo que este grupo parlamentario quería exponer al delegado del Gobierno, y aprovecho y se lo he expuesto de forma rápida a usted, que es la siguiente máxima responsable en el ministerio. Nos hemos dejado algunas cuestiones muy puntuales para usted. Le acaba de preguntar mi compañera, doña Carmen Quintanilla, por el tema de la mujeres rurales y mi pregunta se va a centrar en la sensibilización, la prevención y la concienciación social de este drama.
Es evidente que normas como la Ley Integral y anteriormente la ley reguladora de la orden de protección, o las modificaciones del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, han servido y sirven de acicate para la conciencia social de que la violencia de género no es una cuestión familiar o de pareja y se convierte, se ha convertido ya, en un problema de todos, de los poderes públicos y de la sociedad en su conjunto. De hecho, el debate surgido alrededor de la aprobación de la Ley Integral fue decisivo para que en ese año, en el 2004-2005, se redujese el número de mujeres asesinadas. Sin embargo, esta cifra, que fue festejada por el Gobierno como el principio del final de esta lacra, no fue más que un espejismo que pronto se rompió para de nuevo producirse un ritmo ascendente en el número de mujeres asesinadas, que no ha dejado de crecer hasta el momento, por desgracia. Y esto supone un evidente fracaso institucional. Pero más allá de esto, supone también un fracaso de toda la sociedad, que no están siendo capaz de poner todo de su parte para que estas situaciones no se reproduzcan. Cada muerte es un fracaso irreversible de una sociedad que no acaba de regirse por criterios de equidad, de diálogo y de resolución pacífica de conflictos. Y las cifras nos demuestran que las víctimas siguen encontrando poco apoyo en su entorno. Hablamos de que durante 2008 hubo 400 denuncias diarias, que los nueve primeros meses del año hubo 180.000 denuncias y, sin embargo, la gran mayoría fueron presentadas por las víctimas. A pesar del incremento del porcentaje de las denuncias de los familiares -el señor Lorente nos hablaba de más de un 113 por ciento de incremento de las denuncias-, siguen siendo cifras insuficientes, muy escasas. Aunque cuando sucede la agresión muchos reconocen que lo veían venir, que la situación se esperaba, ¿qué han hecho para ayudar a la víctima? Entre poco y nada.
Porque a pesar del rechazo a la violencia, salvo casos aislados de todos conocidos, como el profesor Neira y algún otro, seguimos sin asumir que nuestra ayuda, nuestra participación y nuestra colaboración son imprescindibles.
Todos coincidimos en que la sensibilización y la prevención son factores claves para acabar con esta lacra social, que tienen un resultado a medio o largo plazo. Pero lo que nos preocupa a este grupo es que no se empiecen a visualizar resultados. En 2006 el Gobierno aprobó el Plan nacional de sensibilización y prevención. En el mismo se recogen medidas dirigidas al sistema educativo, a los medios de comunicación, a publicidad, también a mejorar la formación de los operadores en violencia, sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios de justicia. A este respecto, desde nuestro punto de vista, hay que mejorar, y mucho, el trabajo realizado en el sistema educativo y, como piden las asociaciones de mujeres, ampliarlo a todos los niveles educativos.
Respecto a los medios de comunicación, todavía tenemos que lamentar que algunos medios sigan utilizando y destacando de las noticias el tema más morboso, y que no traten de destacar tanto el castigo al agresor como lo medios de que dispone la víctima para salir de ese ciclo de violencia. Y si hablamos de la formación, todos los expertos en la materia coinciden en la necesidad de incrementar la formación específica de los profesionales sanitarios, de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los funcionarios de justicia, jueces, abogados del turno de oficio, etcétera, una formación que debe ser, a nuestro entender, específica y continuada en el tiempo.
Es necesario, y así lo aprobamos lo grupos parlamentarios por unanimidad en la pasada legislatura, incidir en la campañas de sensibilización continuas, especialmente las dirigidas al agresor y a su repulsa, que desde nuestro punto de vista no se están haciendo de forma permanente y que tienen mucho que mejorar. Creemos que deben intensificarse las campañas dirigidas a familiares, a amigos, a vecinos, al entorno de las víctimas para que ayuden a salir de la violencia, para que denuncien lo que sepan, para que colaboren aportando pruebas a las causas, y que no siga recayendo todo el peso de la prueba sobre las víctimas.
Señora secretaria general, queda mucho camino que recorrer también en cuanto a sensibilización y prevención se refiere. Fueron ustedes muy ambiciosos, todos lo fuimos al aprobar esta ley, una ley integral tan compleja, pero no basta con aprobar leyes. Ahora tienen la obligación de desarrollarla adecuadamente cueste lo que cueste. Deben por ello, insisto, redoblar los esfuerzos. No es la hora de la autocomplacencia, es la hora de hincar los codos y ponerse a trabajar por las mujeres, y en el trabajo, en el esfuerzo contarán como siempre con mi grupo. Y por eso hoy queremos preguntarle y que nos conteste a qué medidas concretas han puesto en marcha durante estos cuatro años de desarrollo de la ley para mejorar la concienciación y la implicación social y familiar, y qué valoración hacen desde el Gobierno sobre la efectividad de las medidas puestas en marcha.
La señora PRESIDENTA: Señora secretaria general tiene la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Martínez Lozano): Señora Camarero, comparto con usted esa ambición por acabar
con este grave problema social que es la violencia de género, y creo que tenemos que seguir siendo ambiciosas por parte del Gobierno, por parte de la oposición, de todos los grupos parlamentarios. Claro que hay que seguir trabajando y eso es lo que de manera intensa estamos haciendo desde el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Que no le quepa ninguna duda de que no vamos a ahorrar esfuerzos en seguir luchando de la manera más eficaz que entendemos contra la violencia de género. Lo que sí que le rogaría es que no caigamos en la trampa de seguir utilizando el número de muertes como ese indicador de fracaso o éxito de una ley que no solo es ambiciosa, sino que también pretende algo tan importante como es un cambio de estructura social muy profundo. Y eso, como sabe, señora Camarero, requiere no solo de esfuerzos y de recursos, que también, sino de tiempo y de mucha implicación social. Y sí que hay un hecho claro, probablemente el delegado lo haya comentado con anterioridad, y es que a mayor grado de sensibilización social, menor número de mujeres víctimas mortales. Eso es algo que tenemos que tener claro por parte del ministerio, y por eso nuestro objetivo prioritario en este año ha sido intensificar los recursos destinados a la prevención y la sensibilización, y las medidas destinadas también a esta causa. Por eso desde la Delegación del Gobierno se han dispuesto de 8 millones de euros exclusivamente para campañas y alguna otra cantidad destinada también a actividades específicas de información y sensibilización. La sensibilización todavía es algo baja, no llega al 3 por ciento en el mejor de los casos según el barómetro del CIS, y estamos empeñados en subir ese grado de concienciación y sensibilización social sobre el problema de la violencia.
La señora PRESIDENTA: Señora Camarero, tiene cuarenta y cinco segundos, si puede decir algo en ese tiempo, y si no, damos la pregunta por terminada.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: No, señora presidenta. Por supuesto que los utilizaré. Mire, señora Martínez, le agradezco su contestación. La sensibilización es fundamental para terminar con esta lacra a medio y largo plazo. Pero es necesario, y le insisto, y es mi obligación hacerlo, que intensifiquen los esfuerzos, terminen de desarrollar, desplegar el Plan de sensibilización, intensifiquen las campañas de sensibilización, hagan todos los esfuerzos para que la sociedad se sienta implicada en esta lucha, y que seamos capaces de pasar la barrera de la repulsa a la de la acción, y que entre todos colaboremos de forma más activa en la lucha contra esta violencia de género que nos afecta a todos.
La señora PRESIDENTA: Señora Martínez.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Martínez Lozano): Muy brevemente le voy a comentar, señora Camarero, algunas de las iniciativas que dentro de esas medidas que usted nos reivindicaba hemos hecho y estamos haciendo. Estamos manteniendo esa campaña, Ante el maltratador, tolerancia cero, a la que se aludía anteriormente en la comparecencia del delegado, con vallas, con distribución de carteles y con otros artículos promocionales, y estamos trabajando ya en el lanzamiento de una nueva campaña dirigida precisamente a esa movilización social que nos reclamaba. Una campaña que esperemos y esperamos presentar antes del verano. Además de eso, en el ámbito educativo hace más de un año pusimos en marcha un programa de sensibilización con chavales de instituto para la elaboración de cortos sobre los problemas de la violencia de género. El proyecto que llamamos, Menos es más, cine para ser la voz de quienes callan, es un proyecto educativo dirigido a los estudiantes de ESO, bachillerato, formación profesional a nivel nacional.
La finalidad última de este programa, de este proyecto era educar en la igualdad entre hombres y mujeres, en el respeto de los derechos y libertades fundamentales desde la infancia, y porque también el cine, con sus historias contadas a través de las imágenes y de las palabras, transmite un conocimiento del fenómeno de la violencia de género sobre las mujeres que ayuda a un mejor conocimiento de sus manifestaciones y a la detección precoz del entorno y de los adolescentes. Se logró con este proyecto implicar alumnos de toda España, de los institutos de toda España, de 3.º y 4.º de ESO y 1.º de bachillerato, entre 14 y 16 años.
Después de un concurso y con los cortos seleccionados por parte de los chavales, se consiguió además una amplia sensibilización por parte del personal docente, y estos cortos finalmente se rodaron por seis directores y directoras famosos y ampliamente reconocidos en nuestro cine, como son Ángeles González Sinde, Gracia Querejeta, Chus Gutiérrez, Daniel Guzmán, Marta Belaustegui y Jesús Ruiz. Este proyecto ha cumplido ampliamente sus objetivos. Los cortos se presentaron públicamente el pasado 24 de febrero. Se han distribuido en la red y ahora se está elaborando una unidad didáctica para trabajar con estudiantes de secundaria también sobre los cortometrajes que ya se han rodado. Y además estamos intentando cerrar un convenio con las principales salas de cine para emitirlos durante las sesiones de cine comercial.
Estamos trabajando también en otras acciones de sensibilización implicando, como usted bien decía, a todos los colectivos sociales.
Estamos trabajando con colegios profesionales y con entidades privadas, con el Colegio de Farmacéuticos para iniciar una campaña de sensibilización a través de todas las farmacias de este país. Asimismo, hemos iniciado contactos con algunas fundaciones deportivas, que también nos han comprometido su cooperación y su colaboración, y en eventos deportivos que suelen tener bastante impacto, iniciativas de sensibilización en ese sector, además tan masculinizado.
En relación con los medios de comunicación, a los que usted también hacía referencia y que nos parecen de enorme trascendencia, lo contaba el delegado hace un momento, hemos creado ya un grupo de trabajo para trabajar en el tratamiento de los medios de comunicación
relacionados con la violencia de género, y no solo para mejorar el tratamiento, sino para seguir buscando la complicidad de los medios de comunicación en la concienciación y la sensibilización, porque no toda la información se traduce en concienciación y en sensibilización, y eso es lo que estamos elaborando con ellos. Tengo que decir que hay buena predisposición por su parte. Estamos trabajando con la FAPE y con representantes de todos los medios escritos, de los diarios nacionales y regionales, y los medios audiovisuales, las principales cadenas públicas.
También hemos hecho algunas exposiciones con motivo del 25 de noviembre, de grafitis, concursos de hip hop. En fin, estamos intentando llegar a través de las manifestaciones artísticas con las que los chavales, los jóvenes se sienten identificados, y con todos los instrumentos que creemos que pueden servir para la concienciación sobre este problema social en que, como usted bien decía, es imprescindible la implicación de todos los agentes, de todos los colectivos sociales, de todos los profesionales y, por supuesto, es muy importante llegar a los chavales y a las chavalas, a los jóvenes y las jóvenes, porque son el primer elemento para lograr acabar a largo plazo con la violencia de género. Ese Plan nacional de sensibilización, como sabe, acabó en diciembre del año pasado. Seguimos trabajando, no obstante, en medidas de prevención y sensibilización. El informe de dos años se está elaborando en este momento, lo aprobará el próximo pleno del observatorio, y en el mes de mayo probablemente, en esa reunión del pleno prevista para mayo, se pueda aprobar este informe, y a partir de ahí tener datos que nos arrojen luz de todo lo que hemos conseguido con estas medidas que llevamos poniendo en marcha en los últimos años, y concretamente las que llevamos intensificando en el último año.
- DE LA DIPUTADA DOÑA BELÉN MARÍA DO CAMPO PIÑEIRO, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA SUSANA CAMARERO BENÍTEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS DIRIGIDAS A LAS MUJERES DISCAPACITADAS QUE PADECEN VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 181/000218.)
La señora PRESIDENTA: Una vez alterados estos dos puntos del orden del día que correspondían a dos preguntas, continuamos por la pregunta número 6, punto 6.º del orden del día, y va a formularla, sustituyendo a la diputada Camarero Benítez, en nombre de su grupo la señora Do Campo.
Señora Do Campo tiene la palabra.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señora secretaria general, sinceramente he decirle que pensé que esta pregunta podría estar ya contestada con la intervención anterior del delegado del Gobierno para la Violencia de Género, pero tengo que mostrar mi decepción porque no se ha hecho ni una referencia, dentro de lo que son los ejes de actuación dirigidos a las mujeres discapacitadas que padecen violencia de género.
Señora Martínez, usted conoce bien la macroencuesta del Instituto de la Mujer del 2006, que dice que las mujeres extranjeras y las mujeres con discapacidad presentan una frecuencia mayor del maltrato reconocido. Es ya un hecho conocido, señorías, por diversos informes de diferentes instituciones, de diferentes manifiestos que nos dicen y nos reiteran que las mujeres son más vulnerables a los abusos y a los malos tratos que los hombres. Tanto en España como en otros países de la Unión Europea se barajan cifras en las que en torno al 40 por cien de las mujeres sufren malos tratos físicos. En este mismo sentido aparecen datos en diferentes estudios también realizados en países de la Unión Europea que muestran cómo las mujeres con discapacidad son receptoras de un mayor número de abusos que las mujeres sin discapacidad, en una ratio de dos a cinco veces más. Y si a esto le sumamos el factor de mujer con una discapacidad con deficiencia severa en su caso, o dificultad de comunicación, hace todavía que exista un altísimo riesgo de sufrir algún tipo de violencia, superando incluso los porcentajes de malos tratos que se barajan ya respecto a las mujeres sin discapacidad.
Señorías, vemos también cómo en muchas ocasiones la falta de información repercute no solo en las mujeres discapacitadas víctimas de violencia de género, sino también en los profesionales que tienen que atender los servicios de información dirigidos a estas mujeres discapacitadas víctimas de violencia. Es necesario redoblar esfuerzos en la información en estos casos, en la información y en la formación. Está claro que las mujeres con discapacidad son más vulnerables a la violencia, y por ello los poderes públicos tienen que poner sobre la mesa medidas eficientes y no solo propagandísticas, que ayuden para identificar y prevenir esta violencia, sobre todo cuando muchos casos por problemas de comunicación tienen dificultad para expresarse y comunicar esos malos tratos. También observamos la dificultad en ocasiones de poder acceder a estos puntos de asesoramiento; observamos la dificultad que tienen en muchas ocasiones de no poderse defender físicamente, la dificultad de diagnosticar el tipo de violencia hacia estas mujeres discapacitadas que se pueden dar en diferentes modalidades, como abusos físicos, agresiones corporales, aislamiento, maltrato verbal, agresiones sexuales y un sinfín. Señora secretaria general, de la misma manera al Grupo Popular le preocupa también la invisibilidad de la violencia ejercida contra las mujeres con discapacidad que impide que esta violencia sea combatida de modo efectivo. Y nosotros le queremos preguntar, ¿qué van a hacer para que esta invisibilidad sea visible? Esta claro que la mayoría de las acciones violentas ejercidas contra las mujeres con discapacidad, no se manifiestan ni se generan del mismo modo que cuando se ejercen sobre mujeres sin ningún tipo de deficiencia. ¿Qué van a hacer al respecto dentro de sus programas?
Señorías, ¿por qué las mujeres con alguna discapacidad son las grandes olvidadas en las campañas contra la violencia de género? Usted misma nos hablaba ahora
de carteles, de películas o cortos a los que muchas mujeres víctimas de violencia a lo mejor no van a poder llegar. Y esto no lo dice el Partido Popular, lo dicen muchos expertos en temas relacionados con la violencia de género. Por tanto, nos gustaría saber qué van a hacer o cómo van a reforzar estas medidas. Nos preocupa en el Grupo Parlamentario Popular el que haya, y ustedes mismos lo reconocen, porque así vemos como la señora ministra va a inaugurar o va a visitar algún centro, mujeres cuya discapacidad ha venido dada por la violencia de género. Y es verdad que se está trabajando en diferentes comunidades autónomas, creando centros, incluso para que estas mujeres se incorporen a ese mundo laboral. Pero también díganos, por favor, qué van a hacer a ese respecto. Nos preocupa la protección de estas mujeres porque sabemos que, además, cuanto mayor grado de discapacidad hay es mayor su vulnerabilidad.
Señora Martínez, en el Grupo Popular queremos datos concretos, porque vemos que hay datos concretos en otros países y no tenemos aquí, en España, datos concretos referidos hacia las mujeres discapacitadas.
Vemos, por ejemplo, como en Estados Unidos se ha hecho un estudio que nos revela que las mujeres con discapacidad tienen mayor riesgo de ser víctimas de malos tratos por parte de sus parejas, que me imagino que usted estará de acuerdo con eso, pero tienen centros de investigación, de control y de prevención que han revelado que el 37,3 de las mujeres con discapacidad habían experimentado algún tipo de violencia a manos de sus parejas, frente a un 20 por cien que no tenían discapacidad. ¿Tenemos datos en España para que usted nos los pueda transmitir?
Y por otro lado, también nos preocupa, porque observamos por diferentes estudios que se realizan y se han realizado, la dependencia económica. La dependencia económica facilita que las mujeres con discapacidad sufran violencia...
La señora PRESIDENTA: Señora Do Campo, tiene cincuenta segundos.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Termino. Decía que la dependencia económica facilita que las mujeres con discapacidad sufran violencia doméstica, y por lo tanto, señora secretaria general, nos gustaría que nos dijese cuáles van a ser esas medidas dirigidas para las mujeres discapacitadas que padecen violencia de género.
La señora PRESIDENTA: Señora secretaria general, tiene la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Martínez Lozano): Tengo que decirle que todas las actuaciones y medidas que estamos desarrollando en relación y dirigidas a las mujeres con discapacidad que padecen violencia de género, están destinadas precisamente a cumplir ese mandato y esas recomendaciones que nos hace la Ley Integral, que además no exige poner especial atención a esos colectivos de mujeres con especiales dificultades, como es el caso de las mujeres con discapacidad.
En ese sentido, destaco que en el 2006 se aprobó un plan de acción para las mujeres con discapacidad, y en la elaboración de ese plan participó la Delegación para la Violencia de Género. Se está trabajando ya en la elaboración del III Plan para personas con discapacidad y ahí estamos también con el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para incorporar además medidas específicas en materia de violencia de género.
En el campo de la sensibilización tengo que decirle, señoría, que todas las campañas institucionales para sensibilizar y prevenir la violencia de género se emiten con subtítulos para su accesibilidad a las personas con discapacidad auditiva, y estamos trabajando ya en la próxima campaña que presentaremos antes del verano, como le decía, y en esa campaña incluiremos alguna referencia a estos colectivos, como usted bien aconseja. Como sabe, en la anterior campaña incluíamos algunos mensajes específicos dirigidos a mujeres inmigrantes, e incluso algunas mujeres inmigrantes eran protagonistas de esa campaña de tolerancia cero ante el maltratador también, porque entendíamos que era importante reforzar la sensibilización en ese sector y en ese colectivo de mujeres, e igual lo vamos a hacer con el colectivo de mujeres con discapacidad en la próxima campaña de comunicación en la que estamos trabajando.
En el ámbito de la información, la Delegación del Gobierno, como saben, puso en marcha el servicio telefónico 016 de información y asesoramiento gratuito a mujeres víctimas de violencia de género, y cuenta con un sistema de accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva, a través de un dispositivo DTS, que está conectado a través del número 900116016. No obstante, se está trabajando actualmente con la Confederación Estatal de Personas Sordas en la mejora de la accesibilidad de las personas sordas y con discapacidad auditiva en este servicio telefónico del 016. Estamos trabajando también en varios estudios, señoría, precisamente para tener más datos sobre lo que usted nos demandaba, y estamos trabajando en el Cermi, que también nos demandaba este tipo de estudios. Y en colaboración con el Cermi hemos encargado a la socióloga Cristina Santamaría un estudio, hace ya varios meses, sobre los procesos y realidades de las mujeres discapacitadas a causa de la violencia ejercida contra ellas. En este estudio se han visto, entre otras cosas, qué procesos relacionales concretos han sido los desencadenantes de la discapacidad sobrevenida, qué tipo de estructura relacional vinculada a la mujer discapacitada por la violencia ejercida sobre ella y cuál es su relación con el agresor, en qué situaciones relacionales quedan estas mujeres y su grupo pertenecientes tanto en lo que se refiere a sus familiares de origen como a los nuevos núcleos familiares, y también se han analizado en ese estudio las necesidades y las demandas que experimentan actualmente, tanto en lo que se refiere a sus propias identidades como mujeres autónomas como en relación a sus hijos
o hijas y otros sujetos dependientes de ellas. Los resultados de este estudio los tenemos ya; van a ser aprobados por el pleno del Observatorio de violencia de género, porque este estudio formará parte de ese informe anual del Observatorio de violencia que, como digo, se reunirá el próximo mes de mayo, y en el momento en que el observatorio lo apruebe estará a disposición de todas ustedes. En la actualidad además, porque lo planteamos así, lo programamos así con el Cermi, estamos trabajando asimismo en realizar un proyecto de estudio sobre el análisis de la violencia de género en relación con las mujeres discapacitadas, acercamiento a su incidencia, nivel de riesgo y accesibilidad de los servicios. Como usted dice, señoría, necesitamos más datos para conocer la realidad de la violencia de género en el colectivo de mujeres discapacitadas; muchas de ellas además no denuncian porque no tienen oportunidad de hacerlo debido a sus limitaciones físicas y psíquicas en muchas ocasiones, y queremos, precisamente para intensificar las medidas dirigidas a combatir la violencia en este colectivo de mujeres, contar con un diagnóstico más acertado. Estamos trabajando por tanto en ese estudio, ese estudio lo acabamos de encargar. El otro, sobre las secuelas que para las mujeres tiene la violencia de género, ya está realizado; como les digo, se presentará en el próximo mes de mayo en el observatorio. Y además de esto, estamos trabajando con el Cermi. El próximo jueves firmamos un convenio de colaboración entre el Ministerio de Igualdad y el Cermi para intensificar todo tipo de acciones y programas dirigidos a la protección de las mujeres discapacitadas víctimas de la violencia de género.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO LANDALUCE CALLEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ACTUACIONES ACERCA DE LA SUPRESIÓN DEL FISCAL EXCLUSIVO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL JUZGADO DE ALGECIRAS (CÁDIZ). (Número de expediente 181/001317.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta que está en el punto 7.º del orden del día, y tiene la palabra para formularla el diputado señor Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: En el mes de enero de este año una orden del Ministerio de Justicia hacía desaparecer la figura del fiscal; en este caso se trataba de una fiscal que se dedicaba en exclusiva a los casos relacionados con la violencia de género en el Campo de Gibraltar, dejando así de pertenecer a la plantilla de la fiscalía. La noticia, como pueden suponer SS.SS., fue recibida con preocupación por diversos ámbitos. En primer lugar, fue el fiscal jefe del área del Campo de Gibraltar quien alertó de las consecuencias; esto llevaba aparejado, sin lugar a dudas, que la supresión de este fiscal provocaría y ha provocado que los casos que surgen en el Juzgado de violencia de género se tengan que repartir por turnos entre los 15 fiscales que componen la plantilla oficial, son 11 fiscales titulares y 4 en régimen de sustitución, pero sin ocupar plaza oficialmente. Estos recortes, como podremos imaginarnos todos, suponen un incremento de la ya de por sí saturada carga de trabajo que soportan los fiscales en los juzgados, y por tanto afecta negativamente a la operatividad de la justicia en el Campo de Gibraltar. Así, si ya existía una saturación en este Juzgado de violencia de género, con un fiscal específico, debido al elevado número de casos que trata, esta decisión del Ministerio de Justicia, a juicio del Grupo Parlamentario Popular decisión incompresible, va a provocar más retrasos en la toma de decisiones judiciales que por su naturaleza requieren una gran urgencia.
Una urgencia que, como todos sabemos, puede marcar la diferencia en una víctima más o en una víctima menos.
Como nos podemos imaginar, la noticia también provocó el rechazo de las asociaciones de mujeres, que tampoco alcanzan a conocer las causas en las que el Ministerio de Justicia adoptó esta drástica decisión. Para el Grupo Parlamentario Popular esta medida contradice de manera preocupante el discurso que vienen manteniendo el Gobierno y el Partido Socialista, que ha asegurado en numerosas ocasiones que la lucha contra la violencia sexista se iba a convertir en uno de los principales ejes de actuación en el Gobierno. Tanto es así que creo que el Ministerio de Igualdad debería, a nuestro juicio, no solo mantener los mecanismos existentes contra la violencia sexista, sino también incrementarlos y potenciarlos. Lo que nunca podríamos imaginarnos es que la lucha contra esta lacra social iba a recibir recortes tan preocupantes como el que se ha producido en el Campo de Gibraltar con la supresión del fiscal con sede en un juzgado de Algeciras. Con estos datos, la decisión del Ministerio de Justicia no puede ser valorada sino como un paso atrás en la lucha contra la erradicación de la violencia de género, y creemos más que justificada esa explicación por parte de los responsables del Ministerio de Igualdad que hoy venimos a pedirles. Más que una argumentación sobre los motivos que han llevado a la desaparición de este fiscal, algo que sinceramente no creemos que podamos compartir, en el Grupo Popular esperamos hoy, en esta Comisión, en esta pregunta, en este momento, recibir una respuesta tranquilizadora en la que se nos comunique la vuelta de esa figura al Juzgado de Algeciras, porque es evidente que se ha cometido un grave error, y en el Grupo Parlamentario Popular no queremos que se pida perdón por un daño ya hecho, pero aún así es un daño reparable. Por ello esperamos, señora secretaria general, que de esta reunión, de este momento, de esta respuesta que estamos anhelantes por recibir por su parte, salga una fecha concreta para el retorno de esta figura a su lugar de origen del que nunca debió salir.
La señora PRESIDENTA: Señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Martínez Lozano): Señoría, como usted probablemente conocerá ya, la Ley 24/2007, del 9 de octubre, refuerza la autonomía del ministerio fiscal como órgano de relevancia constitucional, mejorando su capacidad funcional y actualizando su estructura jerárquica y organizativa. Esta ley reordena asimismo el modelo de implantación geográfica teniendo en cuenta nuestro modelo de Estado de las autonomías e impregna al ministerio público de los principios de especialización por razón de la materia. Posteriormente el Real Decreto de 28 de diciembre del 2007, desplegó parcialmente la nueva estructura del ministerio fiscal y estableció la plantilla orgánica para todo el año 2008. Este real decreto crea la Fiscalía de Área de Algeciras sustituyendo esta fiscalía de área a la adscripción permanente, cuya plantilla se mantuvo en su integridad, y creándose una plaza de fiscal jefe de área de Algeciras fue nombrado por Real Decreto, de 22 de febrero de 2008, en este caso.
La plantilla de la antigua adscripción de Algeciras, creada en 1989, ha evolucionado por tanto sustancialmente desde el año 2004 en que contaba con 11 miembros. Actualmente, es decir, después del año 2004, en el año 2008, esta Fiscalía de Área de Algeciras está compuesta, además de por este fiscal jefe de área, por 10 fiscales y 4 abogados fiscales, lo que supone, como S.S. sabe, un incremento muy importante: de 11 personas en el año 2004 se cuenta con 15 personas actualmente. La plantilla de la Fiscalía del Área de Algeciras se encuentra totalmente cubierta en estos momentos, según los datos que nos aportan la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, y no se ha suprimido ninguna plaza, como alude en su pregunta. Por tanto, tengo que decirle que actualmente está la plantilla cubierta y no se ha producido recorte alguno en la misma.
La señora PRESIDENTA: Señor Landaluce, tiene dos minutos cincuenta segundos para continuar su intervención.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Desgraciadamente me llevo un chasco. Yo pensé que usted me iba a dar una alegría, que nos iba a dar una alegría, que nos iba a decir que en tal fecha tendríamos ese fiscal de nuevo específico de lucha contra la violencia de género. Desgraciadamente nos hemos encontrado con que las explicaciones que usted nos da, dan los datos que nosotros ya decíamos, de 15, que además no son todos titulares, que deberían haberse cubierto las plazas para dar más seguridad, más estabilidad al trabajo de esos 15 fiscales. Pero las explicaciones que me da, que no me satisfacen, se las van a tener que dar ustedes desde el ministerio a esas miles de mujeres que a diario se ven sometidas a malos tratos; a estas mujeres son a las que tendrán que darles estas explicaciones. Porque, fíjese, el interés del Gobierno por sus problemas se ha traducido en una reducción de medios. Actualmente la Administración cuenta con menos medios para defender los derechos y velar por su integridad. Y aunque solamente fuese una mujer la beneficiada por la existencia de un juzgado de violencia de género con un fiscal propio, ya merecería la pena su mantenimiento y su restitución. Además, señora secretaria general, es que las cifras son muchos menos halagüeñas. En el primer año de funcionamiento, en el año 2007, de este juzgado, se tramitaron 609 asuntos; de ellos, la mayoría en el ámbito penal, 584 casos. Y, según los datos que conocemos referidos a este pasado año, no es que se haya producido un descenso en los asuntos tramitados, algo que podía servir como excusa para justificar la desaparición del fiscal especifico en esta materia, sino que el total de asuntos ha llegado a los 700. Es decir, hemos aumentado desgraciadamente en el número de asuntos relacionados con este terrible problema. Con estas cifras, cualquier medida que no sea reforzar el incremento de los medios de estos jugados es no querer ver una realidad que mantiene a la sociedad en vilo. Sé que también a ustedes, pero insisto en que a toda la sociedad la mantiene en vilo. Además, vuelvo a recordarle que los juzgados de violencia de género son los que más carga de trabajo soportan, una situación que en algunos lugares ha llegado a desembocar en huelga, como usted bien ha conocido.
Por ello, esas previsiones son un chasco. Nosotros queremos oír de usted no que hay 15 fiscales, no que están saturados, que es la realidad, no que todos entienden de este tema, sino que...
La señora PRESIDENTA: Señor Landaluce, su tiempo se termina.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Señora presidenta, dos segundos. Lo que nosotros pedimos de verdad es que se comprometa, que mire los datos y que vea que es necesario retomar un fiscal específico para el Campo de Gibraltar de lucha contra la violencia de género.
La señora PRESIDENTA: Señora secretaria general, tiene cuatro minutos y cuarenta y nueve segundos para terminar con esta pregunta.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Martínez Lozano): Señoría, usted sabe que no se están reduciendo medios judiciales para la lucha contra la violencia de género, sabe que es así, y que lo que se ha producido en la fiscalía de Algeciras ha sido una reordenación atendiendo al volumen de casos. Y las mujeres víctimas de violencia de género de Algeciras y del Campo de Gibraltar están atendidas por el juzgado especializado y también por la fiscalía. No están desatendidas, señoría, y usted lo sabe. Además, saben que estamos incrementando año tras año el número de juzgados exclusivos de violencia de género y el número de fiscales exclusivos de violencia de género, que va acompañando paralelamente al proceso de creación de nuevos juzgados exclusivos. En este momento estamos en una mesa de trabajo el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Igualdad, para intentar cerrar la plantilla del año 2008 de nuevos juzgados
exclusivos y compatibles y de fiscales exclusivos de violencia de género.
Incluso una medida que se nos había quedado en un cajón, porque el anterior Consejo General del Poder Judicial no había estimado oportuno seguir adelante con ello, que es la especialización de los juzgados de lo Penal, también lo hemos retomado en ese grupo de trabajo en el que estamos el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la responsable del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del consejo, y el Ministerio de Igualdad, para seguir incrementando los instrumentos y medios jurídicos para la lucha contra la violencia de género.
Usted sabe, señoría, sabe que es así, que año tras año estamos incrementando de una manera progresiva el número de juzgados exclusivos y el número de fiscales exclusivos. Y ahora, además, vamos a entrar en la especialización de los juzgados de lo Penal, algo que también será importante sin lugar a dudas. Pero siempre hay que atender al número de casos, y los baremos no lo pone el Ministerio de Igualdad, los baremos los ponen los propios jueces, el propio sistema judicial, porque hay que atender a todos los casos y a todos los delitos que se producen en nuestra sociedad. No se puede tampoco detraer medios de otro tipo de jurisdicciones, ya que todo incremento de medios tiene que ir acompasado entre todo tipo de delitos. Así es que no solo no vamos a seguir reduciendo los medios judiciales, porque no los hemos reducido en ningún momento, sino que seguiremos creciendo en efectivos y en medidas judiciales que contribuyan a la mejor lucha contra la violencia de género.
- VALORACIÓN QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL RECIENTEMENTE CONSTITUIDO FORO CON-FLUENCIA CON LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES E INMIGRANTES. (Número de expediente: 181/001343.)
La señora PRESIDENTA: Entramos en el punto 8, la pregunta que va a formular en nombre de su grupo la señora Medina Teva.
La señora MEDINA TEVA: Bienvenida, señora secretaria general, señora Martínez. Recientemente se ha constituido el Foro Con-Fluencia, un foro cuya creación está contemplada en el Plan de atención y prevención de la violencia de género en la población inmigrante 2009-2012, un foro de encuentro con organizaciones de mujeres e inmigrantes. Es una realidad, señorías, que España se ha configurado en los últimos años como un país de inmigración procedente de muchos lugares del mundo, y que la población extranjera en nuestro país representa ya más del 11 por ciento sobre el total de la población residente en España. Pero la proporción de mujeres víctimas y de agresores extranjeros en nuestro país por violencia de género supone una sobrerrepresentación con respecto al peso demográfico de mujeres y varones extranjeros en España. De ahí la necesidad de la puesta en marcha por parte del Gobierno del mencionado plan.
Este espacio, que cuenta con numerosas organizaciones y asociaciones que trabajan en permanente contacto con mujeres inmigrantes, pretende ser un espacio propio para la reflexión y el debate así como para el intercambio de buenas prácticas. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos poner en valor esta iniciativa, señora secretaria general, y en ese sentido queremos preguntarle qué valoración realiza el Gobierno del recientemente constituido Foro Con-Fluencia.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Martínez Lozano): Como usted sabe y bien ha dicho, a este ministerio y al Gobierno le preocupa ese incremento tan notable que ha habido de la violencia de género en población extranjera inmigrante, en mujeres inmigrantes. De ahí ese plan de sensibilización del que el delegado les hablaba anteriormente y de ahí que intensifiquemos todas la medidas, todos los programas y todas las actuaciones posibles dirigidas a prevenir la violencia en ese colectivo de mujeres que tienen especiales dificultades y que tienen una especial vulnerabilidad. Por eso, como digo, aprobamos este plan hace unos meses, el 9 enero, y por eso constituimos ese foro de Con-Fluencia.
Se constituyó hace unas semanas en el Ministerio de Igualdad y de él forman parte organizaciones de mujeres y organizaciones de inmigrantes pertenecientes al Foro de Integración de los Inmigrantes. La primera reunión ha sido muy productiva; creemos que es importante poner en contacto la experiencia de las organizaciones de mujeres, que en España llevan trabajando muchos años en la lucha contra la violencia de género, y utilizar y aprovechar la experiencia y el contacto de las organizaciones de inmigrantes que trabajan con la población inmigrante.
Nos parece que gracias a esas organizaciones de inmigrantes podemos llegar también a esos colectivos de mujeres, es el principal instrumento.
Esa reunión, como digo, de ese grupo que se constituyó formalmente el pasado 27 de enero, fue muy productiva. Después de esa reunión, las organizaciones nos están enviando a la delegación del Gobierno propuestas de actuaciones y programas de actuaciones y en este momento estamos estudiando todas esas medidas y todos esos programas. Además, cuando esté disponible la nueva web del Ministerio de Igualdad, este foro también va a poder disponer de un espacio propio, para poder intercambiar información y materiales dirigidos a las mujeres de población inmigrante.
Quiero asimismo decir que el plan se está poniendo en marcha, se está empezando a aplicar. El nuevo proyecto de Ley de Extranjería contempla ya todas las modificaciones legales que estaban contempladas en el plan y que
van dirigidas a mejorar la protección de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género. Y también en el propio fondo de asistencia social integral que hemos distribuido entre las comunidades autónomas hemos priorizado al colectivo de mujeres inmigrantes a la hora de poner en marcha el programa de asistencia social e integral.
- ACUERDOS QUE SE HAN ALCANZADO CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LA II CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD. (Número de expediente 181/001344.)
La señora PRESIDENTA: Señora Teva, tiene S.S. otra vez la palabra para formular la última pregunta de esta sesión.
La señora MEDINA TEVA: Señora Martínez, el pasado mes de enero se celebró la II conferencia sectorial, donde participan las comunidades autónomas junto con el Ministerio de Igualdad, una conferencia que, después de aprobado el nuevo reglamento, ha pasado a denominarse Conferencia Sectorial de Igualdad. El objetivo de este encuentro con las personas responsables de las políticas de igualdad de las diferentes comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla es establecer mecanismos de cooperación en la lucha contra la violencia de género.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que la coordinación institucional es fundamental a la hora de poner en marcha las diferentes medidas y actuaciones encaminadas a la lucha contra este grave problema social. Así lo ha entendido el Gobierno y, aun cuando hay actuaciones que son competencia de las diferentes comunidades, sí se ha querido dar un impulso, implicando y acordando con las mismas comunidades autónomas las acciones previstas por parte del Ministerio de Igualdad en relación con la prevención y protección frente a la violencia de género.
Si las políticas puestas en marcha por el ministerio son importantes, evidentemente pensamos que no lo es menos el grado de implicación y de desarrollo que, dentro de sus competencias, tienen las comunidades autónomas. En este tema, como en tantos otros, la equidad territorial es un objetivo prioritario y, desgraciadamente, ese grado de implicación y apuesta por el desarrollo de estas políticas no es el mismo en todos los territorios de nuestro país. Y a los datos me remito. En cualquier caso, queremos preguntarle qué acuerdos, señora secretaria general, se han alcanzado con las comunidades autónomas en esta II Conferencia Sectorial de Igualdad.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Martínez Lozano): La verdad es que en los ministerios que, como es el caso del Ministerio de Igualdad, comparten competencias con las comunidades autónomas, estos espacios de conferencia sectorial son los espacios oportunos, idóneos y muy importantes, para establecer las líneas de cooperación que tenemos que establecer entre el Estado y las comunidades autónomas. Por tanto, damos gran importancia a estas conferencias sectoriales.
En la conferencia sectorial del pasado mes de enero abordamos varios temas, todos ellos importantes y todos ellos encaminados a intensificar nuestras políticas de colaboración y cooperación con las comunidades autónomas. Uno de los temas, de los más importantes que se abordaron en esta conferencia sectorial, tiene que ver con la distribución de ese fondo de asistencia social integral que el Ministerio de Igualdad ha dispuesto en los presupuestos del año 2009. Como ustedes saben, las competencias sobre la asistencia social integral, sobre los servicios sociales, no son competencia del Estado, son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. No obstante, teniendo en cuenta la importancia que damos a este tipo de programas de asistencia social a las mujeres víctimas y con la idea de garantizar también que esos programas se lleven a cabo en todas las comunidades autónomas, hemos querido poner sobre la mesa estos 5 millones que figuran en el presupuesto del año 2009, que vienen a completar esa serie de presupuestos que desde que se aprobó la Ley Integral en el año 2007 hemos venido poniendo a disposición de las comunidades autónomas para estos programas.
Hemos distribuido, como digo, entre todas las comunidades autónomas 5 millones y en esta ocasión lo que les hemos pedido es que intensifiquen sus programas de asistencia social dirigidos al colectivo de mujeres inmigrantes, precisamente porque nos preocupa el incremento notable de víctimas mortales de ese colectivo de mujeres. También les hemos pedido en esta ocasión que refuercen todos los programas de atención social dirigidos a menores, víctimas indirectas también de la violencia de género. Creemos que estos menores necesitan asimismo programas de atención psicológica especializada y unos protocolos de actuación especializada. Estos niños requieren una atención muy concreta y les hemos pedido a las comunidades autónomas que refuercen ese tipo de programas, que nos parecían insuficientes en algunas comunidades autónomas. A través de este fondo que hemos distribuido con criterios objetivos, teniendo en cuenta la población y el número de niños y de población inmigrante que hay en cada comunidad autónoma, hemos pedido a las comunidades autónomas que refuercen este tipo de programas. Hemos garantizado, eso sí, a cada comunidad autónoma un mínimo de 200.000 euros y a partir de ahí la distribución y la cantidad de dinero ha sido proporcional al número de habitantes, de mujeres inmigrantes y de menores de 18 años.
Otro de los temas abordados en la reunión, importante y del que el delegado del Gobierno hablaba en su anterior comparecencia, tiene que ver con la puesta en marcha de los programas de reeducación de maltratadores.
El ministerio dispone en este presupuesto de 2 millones de euros para el desarrollo de estos programas para la prevención
de la violencia de género a través de la reeducación de agresores. Tenemos también que ponerlos en marcha porque la Ley Integral, en su artículo 35, nos obliga a ello; son programas que, además de intentar romper las pautas de comportamiento de este tipo de agresores, nos permiten prevenir nuevas agresiones en caso de riesgo. Y estamos trabajando en una triple línea: elaborando por un lado criterios comunes de calidad de este tipo de programas, formando a quienes van a impartirlos con estos criterios de calidad y ampliando la oferta de este tipo de programas, que se ponen en marcha en las comunidades autónomas de una manera bastante desigual.
Tenemos un grupo de trabajo constituido con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, estamos trabajando con ellos, creemos que los programas que se den dentro de prisión como los que se den fuera tienen que ser los mismos y tienen que estar unidos a todo tipo de programas de atención psicológica y a todo tipo de terapias que se ofrecen a estas personas. Pensamos que tienen que responder a los mismos criterios terapéuticos, entre otras cosas porque así dispondremos de indicadores para valorar el impacto de estos programas, porque no es verdad que este momento tengamos indicadores claros que nos permitan hacer una valoración real del impacto que este tipo de programas pueden tener. Creemos en este tipo de programas, la ley así lo reconoce, y queremos apostar por esa unificación de criterios y por programas que terapéuticamente estén validados con criterios profesionales y de calidad. No nos vale cualquier tipo de taller, de programa o de charla. Y en ese sentido estamos trabajando, como muy bien explicaba anteriormente el delegado del Gobierno.
Informamos asimismo en esa conferencia sectorial de los dispositivos para el control telemático de las medidas de alejamiento, como el delegado también les ha manifestado. Estamos trabajando en la licitación de esos dispositivos y el procedimiento está ya muy avanzado. Ha habido ya varias reuniones con los ministerios implicados, Interior, Justicia y el de Igualdad, para establecer el protocolo y una vez que termine el proceso de licitación y la adquisición de estos dispositivos, que será en los próximos meses, antes del verano, creo que podremos atrevernos a decir que estos dispositivos estarán en marcha. Estamos trabajando también en el protocolo que tendrá que seguir a la aplicación de estos dispositivos, donde están implicados la autoridad judicial, el Ministerio del Interior y la Policía; también las policías autonómicas en el caso de las comunidades autónomas con competencia en la materia. Estamos trabajando, como digo, en el protocolo y terminando el proceso de licitación de los dispositivos. Todo eso se lo hemos contado a las comunidades autónomas.
Por último, en esa conferencia sectorial informamos a las comunidades autónomas de diversos asuntos relacionados con la Unión Europea, de nuestra próxima Presidencia de la Unión Europea, de cuál es la agenda europea en materia de igualdad que ahora mismo estamos fomentando y propiciando y en la que estamos participando desde España. Dentro de los ejes prioritarios para la Presidencia de la Unión Europea, que España ostentará en el primer semestre del 2010, está el eje de igualdad.
Estamos también impulsando activamente la Directiva comunitaria de Igualdad de Trato; este ministerio y el Gobierno tienen un gran interés por que esa directiva vea la luz. Si finalmente esa directiva no ve la luz en la Presidencia sueca, España retomará los contactos políticos para intentar que sea una realidad lo antes posible. Y, como ustedes también saben, le tocará a España en marzo de 2009 ser la portavoz de nuevo de la Unión Europea en la revisión de la plataforma de Beijing, en Beijing + 5, que tendrá lugar en Nueva York en marzo del próximo año. De todas esas cuestiones informamos a las comunidades autónomas en esta conferencia sectorial, que, como les decía antes, es el marco idóneo de colaboración y cooperación entre las comunidades autónomas. Intentamos siempre que el clima sea de máxima cooperación, sobre todo en aquellas políticas que entendemos que compartimos el Gobierno y las comunidades autónomas, porque el objetivo de la igualdad es un objetivo ampliamente compartido y la mayoría de las decisiones adoptadas en esta conferencia sectorial lo han sido siempre por consenso y por unanimidad de todas las personas asistentes.
La señora PRESIDENTA: Señora Medina. (Denegación.) Muy bien.
Hemos terminado, señorías, el orden del día. Volvemos a agradecer la comparecencia de la secretaria general de Políticas de Igualdad y, sin más asuntos que tratar, levantamos la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.

References: artículo 27
 real decreto 
 resolución 
 real decreto 
 artículo 32
 real decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 35