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Timestamp: 2018-04-26 21:04:28+00:00

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compromissum | La palabra compromiso deriva del término latino compromissum y se utiliza para describir a una obligación que se ha contraído o a una palabra ya dada. | Page 2
La palabra compromiso deriva del término latino compromissum y se utiliza para describir a una obligación que se ha contraído o a una palabra ya dada.
Posted on July 26, 2013	by aplaenuruguay
LEY DE ACOSO LABORAL – IMPORTANTE ACLARACIÓN:
1) No existe un sólo proyecto de ley (el del año 2009) sino que en el año 2012 se ingresó un segundo proyecto, ambos en la Cámara de Representantes.
2) Quien suscribe, registró el día 4 DE ABRIL de 2013 el “ANTEPROYECTO DE LEY CONTRA EL ACOSO MORAL EN EL TRABAJO Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS POR LA DRA. SOLEDAD DE FRANCO” ante el Registro de Derechos de Autor de la Biblioteca Nacional y obra inscripto con el número 731 del Libro 33.
El proyecto de nuestra autoría está a disposición, para ser consultado, por TODOS los partidos políticos que se interesen en regular la materia.
Es producto de años de estudio del Derecho Comparado, de los dos proyectos obrantes en el Parlamento, de datos y cifras, doctrina, jurisprudencia y la práctica profesional de la dicente.
El no contar con prensa, ha dificultado el conocimiento de nuestro proyecto por parte de los ciudadanos, de ahí la razón de la presente aclaración.
Finalmente, en el entendido de que el mobbing no es patrimonio de “expertos” sino una lacra que atenta contra la DIGNIDAD de los trabajadores todos, los invito a sumarse a la causa y difundirla, para que pronto la LEY diga BASTA A LAS ARBITRARIEDADES y ABUSOS, firmando en:
http://www.change.org/es/peticiones/quienes-esten-a-favor-de-de-una-ley-contra-el-acoso-moral-laboral-en-uruguay .
Quedando a las órdenes para servir, dejo mis señas:
www.acosolaboral.com.uy ,
@doctoradefranco
El Partido Nacional rechaza la legalización de la marihuana
Posted on July 11, 2013	by aplaenuruguay
Reclama combatir el narcotráfico e invertir en educación y rehabilitación
“La marihuana es una bosta”, afirmó el diputado frenteamplista Darío Pérez quien se niega a votar el polémico proyecto que regula la venta de cannabis elaborado por el gobierno.
Si Pérez no cede, el oficialismo no tendrá votos suficientes para aprobar la iniciativa, que es rechazada por toda la oposición, especialmente el Partido Nacional.
El Frente Amplio pretendía aprobar el proyecto el pasado miércoles, pero ante la negativa de Pérez decidió posponer la votación para el 31 de julio.
No obstante, en la interna frenteamplista y en las redes sociales arrecieron las críticas hacia el “legislador rebelde”.
Por ejemplo, el senador Ernesto Agazzi acusó a Pérez de estar “extorsionando” al Frente Amplio.
“Ya lo hemos visto. Lo hizo Semproni, lo hizo el Partido Comunista y ahora lo hace este personaje. Son todos personajes que están buscando obtener en la liga lo que no tienen en la cancha”, expresó el senador en declaraciones publicadas por el matutino La Diaria.
El diputado Pérez, líder de la Liga Federal, es médico y desde que el presidente José Mujica lanzó la idea de regular la venta de marihuana se declaró contrario a la iniciativa.
En los últimos días, el Presidente se reunió con el legislador e intentó convencerlo de votar la propuesta, que puede naufragar si no la acompaña.
“Mujica me dijo muchas cosas, pero capaz que no todo lo que esperaba (…) Siempre hay gente más apurada que otra, pero una ley de este calibre necesita pasos seguros, bien pensados y coordinados”, comentó el diputado.
“Yo quiero que se entienda que un cambio de paradigma de la magnitud del que va a generar la aprobación de esta ley merece pasos muy reflexivos y con mucho tino, como decía mi abuela”, insistió Pérez que aún no confirmó si votará o no la propuesta.
Posición nacionalista
El Partido Nacional no votará la ley que regula la venta de cannabis y varios de sus legisladores se posicionan como firmes opositores a la iniciativa.
El líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, expresó su posición “clara y contundente” contra esta propuesta y dijo que “el Estado termina legitimando una situación que es tremendamente negativa”.
Recordó que “todas las ciencias del país, las cátedras de medicina, oncología, psiquiatría, psicología y farmacología han coincidido en que el mensaje que se trasmite con este proyecto es realmente preocupante”.
La diputada Verónica Alonso acusó al gobierno de “banalizar y naturalizar el consumo” y de “tirar bolazos”.
Alonso inició una campaña con especialistas “para explicar los perjuicios” de este proyecto.
El diputado Gerardo Amarilla advirtió que los problemas que genera el consumo de drogas, “pueden agravarse seriamente con el proyecto de ley que legaliza la producción y comercialización de cannabis”.
“Estamos asistiendo a impactos muy importantes en la salud pública, en la seguridad, en la desintegración familiar, en los ámbitos laborales y educativos, a raíz de determinadas adicciones, como para probar ensayos que podrán terminar condenando a toda una generación”, alertó Amarilla en un comunicado.
Dijo también: “Creemos que la solución no pasa por cambiar de manos el negocio de la droga sino combatir seriamente el narcotráfico y también invertir en educación y rehabilitación”.
“Tenemos información científica y académica suficiente como para entender que lejos de flexibilizarse las normas respecto al cannabis, como se hizo con el tabaco, hay que endurecerlas y encarar campañas de información y educación pública sobre los impactos en la salud humana”, remarcó el diputado, designado para fijar la posición del Partido Nacional en la Cámara.
Amarilla consideró “un chiste” proponer que el Estado comercialice la droga, cobre un impuesto y luego realice tratamientos de rehabilitación.
“La estrategia de ‘Reducción de la Demanda’ sigue siendo para nosotros la mejor alternativa donde los programas de educación, prevención y rehabilitación tengan la prioridad de la política pública”, concluye el comunicado del legislador blanco.
Por último, el diputado Pablo Iturralde se reunió esta semana con el presidente Mujica y le planteó la necesidad de hacer una campaña informando los efectos nocivos de la droga en la salud.
Además, confirmó que Alianza Nacional iniciará una gira por el interior del país para marcar su posición contraria a la iniciativa.
Iturralde también cuestionó la forma en que se aprobó el proyecto en la Comisión de Adicciones de Diputados, donde el Frente Amplio aplicó sus mayorías.
El polémico proyecto elaborado por el Frente Amplio crea el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, cuya tarea será imprescindible para aplicar la ley. Sin embargo, no hay un presupuesto asegurado en la Rendición de Cuentas, actualmente a estudio del Parlamento.
Por otro lado, se informó que cada test para controlar el consumo de marihuana en los conductores de vehículos tiene un costo de US$ 40, por lo que se teme que no se pueda realizar por la falta de fondos.
Saravia pide que FFAA combatan el narcotráfico
El líder de la Concertación Republicana Nacional, Jorge Saravia, pidió que el gobierno “saque a la calle a las Fuerzas Armadas” para combatir las bocas de pasta base y reforzar los puestos fronterizos.
“El Estado no está haciendo lo que tiene que hacer. Saque las Fuerzas Armadas a la calle, en apoyo a la fuerza policial y verá que en seis meses no queda una boca de pasta base”, remarcó el precandidato nacionalista.
Además, dijo que “es una locura” el proyecto que legaliza la marihuana.
“Dígale a una madre que le va a permitir a su hijo fumar porro y ¿el desarrollo mental y humano del joven? Todo el mundo sabe que la marihuana sicológicamente afecta el cerebro y este es un elemento más que va a frenar el desarrollo (…) estamos atacando a los jóvenes”, aseguró.
Piden informes por campaña en favor de la marihuana
El diputado Gonzalo Novales envió un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Educación para intentar conocer detalles de la ONG que en estos días difunde publicidad a favor de la legalización de la marihuana.
Para Novales es “engañosa” la campaña televisiva y se pregunta “de dónde proviene el dinero” para financiarla.
Declaración de Alianza Nacional
Los sectores parlamentarios que apoyan al líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, transmitieron la siguiente declaración sobre el proyecto referido al cannabis:
1º Que discrepan totalmente con la forma que el gobierno ha abordado la política de drogas, y particularmente el proyecto de legalización de la Marihuana.
2º Que el mencionado proyecto viola tratados de cooperación internacional suscritos por el país.
3º Que no soluciona ni el narcotráfico ni el consumo problemático, por el contrario la legalización ambientará el consumo abusivo y la disponibilidad de la sustancia agravará el impulso adictivo. En cuanto al narcotráfico, lejos de erradicarlo, el proyecto consolidará su poder, y lo que es peor, convertirá al país en territorio liberado.
3.1 Que la venta en Farmacias a través de un Registro y autocultivo generarán un verdadero mercado negro con los excedentes de producción y compra de la marihuana legal al que deberán y podrán acceder todos los que no puedan o quieran figurar en dicho Registro.
4º Reclamamos del gobierno la implementación de una campaña de información y concientización sobre los efectos nocivos de la utilización de drogas.
5º Nuestros legisladores emprenderán una campaña nacional en el sentido mencionado.
6º Por lo expresado, rechazamos el proyecto de ley y reafirmamos nuestro compromiso de continuar con una política restrictiva y punitiva de combate al narcotráfico y con una política educativa y sanitaria que nos permita enfrentar de manera eficaz el consumo problemático de este tipo de sustancias.
7º Asimismo exigimos el combate frontal contra todas las drogas, particularmente la Pasta Base de Cocaína, flagelo que afecta a nuestra sociedad e impacta en la Seguridad Pública
Declaración de Concordia Nacional
La Juventud de Concordia Nacional, sector liderado por Ana Lía Piñeyrúa, fijó posición sobre el proyecto de regulación de la marihuana:
1. Nos pronunciamos enfáticamente en contra de un proyecto que facilita y pone a disposición de toda la población una droga altamente nociva y adictiva que perjudica notablemente a los consumidores.
2. Las formas dispuestas para su acceso (autocultivo, clubes de fumadores, compra directa) así como la imposibilidad práctica por parte del Estado de contralor efectivo no pone ningún límite real al consumo, constituyendo un verdadero peligro para la sociedad en su conjunto.
3. Nos pronunciamos en contra de todos los mecanismos que faciliten el consumo, incluyendo el autocultivo.
4. No se disponen las medidas suficientes para ayudar a los drogadictos a salir de su condición enfocándose el proyecto simplemente en facilitar el acceso.
5. El proyecto aumenta los incentivos a consumir marihuana al facilitar el acceso y abaratarlo lo que repercutirá en una aumento del número de consumidores y la cantidad consumida generando un aumento del gasto hoy incalculable sobre el sistema de salud.
6. La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y la Sociedad de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia advierte de las consecuencias del consumo puntual de la droga pero aún más en los casos crónicos. En particular declararon en un comunicado a la opinión pública oponiéndose al proyecto: “Cuando el consumo es frecuente, intenso y crónico puede generar un síndrome amotivacional con apatía, desinterés, indiferencia, disfunción de las capacidades cognitivas (atención, memoria, procesamiento de la información, razonamiento), afectación de reflejos, actividad motora y coordinación. Incluye alteraciones emocionales, cansancio y aumento de peso. Se deterioran las actividades interpersonales, sociales, el desempeño escolar, laboral, atlético”.
7. No estamos dispuestos a que desde el gobierno se sigan impulsando políticas contrarias al interés general y en este caso en particular que exponen a los jóvenes a situaciones de riesgo innecesarias y a todas luces contraproducentes.
Por lo tanto, la Juventud de Concordia Nacional por las razones expuestas enfrentará por todos los medios legales disponibles la puesta en vigencia del proyecto y buscará los mecanismos de salud pública que disminuyan y no que aumenten el consumo de drogas entre los jóvenes.
Fuente: La Democracia
Posted on July 4, 2013	by aplaenuruguay
Los sectores independientes de la sociedad civil venezolana, se están planteando una disyuntiva crucial en torno al tema de la unidad de los factores democráticos, a la luz de la galopante corrupción en los gobiernos regionales y municipales, que chocan con los valores morales y principios éticos que mayoritariamente sustentan la clase media.
¿Hasta cuando la sociedad civil acompañará a liderazgos cuestionados sin que con ello se estén claudicando valores de decencia, honradez, honestidad y justicia, inculcados por nuestros padres y maestros?
La sociedad civil se ha caracterizado por actuar con responsabilidad y saber evaluar las consecuencias de los actos que afectan su buena calidad de vida. Lo cierto es que políticos inescrupulosos se han cubierto con el paraguas oposicionista para cometer fechorías y actos de peculado, contando para ello en muchos casos, con una especie de manto de impunidad derivado de cierta solidaridad automática, por parte de quienes apoyan la resistencia y la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela.
El peculado no tiene color político ni existe un corrupto bueno y otro malo. Todos son perversos y atentan contra los intereses de quienes cancelan sus impuestos y esperan recibir contraprestación en servicios públicos de excelente calidad, eficientes y oportunos.
Cuando un funcionario corrupto se apropia indebidamente de los fondos públicos, está condenando a muerte posiblemente a algún ciudadano que requiere servicio médico o policial, el cual no puede ser prestado porque un gobernante decidió tomarlos para viajar por el mundo o comprar bienes para ostentarlos públicamente y darle de bofetadas a la gente decente con su impudicia.
Los seudo líderes que coaccionan a la sociedad civil, con el temor que despiertan los enemigos de la libertad centrados en los grupos oficialistas, para que sufraguen en favor de funcionarios cuestionados y corruptos, no respetan a los electores y en muchos casos pactan con esos enemigos, para mantener sus privilegios obscenos. Estos politiqueros no merecen el respeto ni el respaldo de los ciudadanos, ellos subestiman la capacidad crítica de los venezolanos y la madurez alcanzada durante estos terribles años de oprobiosa barbarie castro-comunista.
La denuncia valiente y sin complejos es la autentica vacuna o antídoto contra la corrupción. Mantener presente que los funcionarios públicos ladrones, desprecian el bien común y al prójimo.
Los corruptos son seres egoístas y vanidosos que no tienen respeto ni consideraciones por nada ni nadie y son capaces de traicionar personas e ideales, si esto les abre una puerta para escapar de la justicia y la cárcel.
Es necesario permanecer alertas, no confundirse, los corruptos carecen de moral y por ende no valoran los principios de justicia y libertad que mueven a la oposición venezolana y a la sociedad civil en general. En las conciencias elevadas no opera el chantaje!
Etiquetas: Corrupción Maneiro
posted by CONTRALOR-SOCIAL @ 1:36 p.m.
Fuente: en este enlace
Posted on July 1, 2013	by aplaenuruguay
Jorge Luis Batlle Ibañez
Recientemente se recordaron en el Parlamento de la República los episodios vividos el 27 de junio, hace 40 años, cuando el Parlamento fue clausurado por la intervención militar y el decreto firmado por el Poder Ejecutivo.
Se ha querido reducir a esta fecha y a este acontecimiento la historia de los años que corrieron desde 1960 hasta 1984. Fueron 24 años llenos de acontecimientos fundamentales que concluyeron el 27 de junio con el cierre del Parlamento hasta que en 1984 renace la democracia en el Uruguay.
Esta historia ha sido muy mal contada y muy engañosamente tergiversada por quienes han querido utilizar los acontecimientos como justificación política de su propia conducta.
Pero los hechos, los hechos, pueden más que las palabras, que los discursos y que las deformaciones históricas sobre las que se ha insistido permanentemente. Nadie puede ignorar que cuando las Fuerzas Armadas dieron sus comunicados la izquierda los apoyó decididamente. Nadie puede ignorar, además, que el movimiento subversivo, que se hizo notorio a partir de 1962, -el Golpe de Estado se dio en 1973, 11 años después- tenía como único objeto tomar el poder por las armas.
Pero existe un episodio relevante que no ha sido debidamente divulgado, aunque sobre él hay escritos esclarecedores como el libro de Leonardo Haberkorn “Milicos y tupas”, que relata todo lo que sucedió en julio de 1972 en el Cuartel del Batallón Florida y en el Cuartel de Artillería de El Pantanoso.
Ese episodio se llamó “La Tregua” y es bueno saber que los Grales. Álvarez y Cristi en julio de 1972 tuvieron dos largas reuniones de 6 y 8 hs. respectivamente con Mauricio Rossencof que estaba preso en el Batallón Florida. Habría que preguntarle al Sr. Rossencof de qué hablaron. Es bueno saber que el integrante de la dirección del MLN Adolfo Wasen Alaniz se reunió y dialogó con el Cdte. del Batallón Florida el Tte. Cnel. Legnani. Es bueno saber que en ese mismo mes en el Cuartel de El Pantanoso un día apareció David Cámpora dirigente del MLN que se reunió con los presos y la oficialidad completa del Batallón para anunciar un nuevo tiempo de trabajo en común entre militares y tupas. Es bueno saber que una noche cuando Armando Miraldi dormía lo despertaron y se encontró con que un oficial estaba en su pieza acompañado de Henri Engler, que no estando preso concurría habitualmente al Batallón para participar de la operación.
Es bueno saber que militares y tupamaros presos en el Batallón Florida salían juntos y se encontraban con Raúl Sendic, Martínez Platero y Henri Engler para continuar los acuerdos entre militares y tupas.
Es bueno saber que el Cr. Konke, que estaba detenido en el Cuartel de El Pantanoso, de larga experiencia en el movimiento de Velazco Alvarado en el Perú, mantenía conversaciones con el Cr. Trabal, que lo sacaba del Cuartel, lo llevaba a su casa y conversaba largamente sobre esas experiencias políticas. Uno de los temas que se trataba con el Cr. Konke, fue la operación, en la que él participó en el Perú entre un viernes y un lunes se abrieron todos los cofres de los bancos, sacaron lo que había adentro y dejaron un papel escrito diciendo que los bienes encontrados se podían recoger siempre que se invirtieran en el Perú.
Todo este proceso fue el que yo denuncié en octubre de 1972 cuando dije que los militares se preparaban para un golpe de Estado, cosa que estaba pensada y ya puesta en ejecución entre tupas y militares. Un gobierno tipo Velazco Alvarado en el Perú era el objetivo de ambas partes. Recuerdo que ese día de octubre, por la noche, estando el apartamento donde yo vivía rodeado por el Ejército, con focos, parlantes y chanchitas que daban vueltas a la manzana, el entonces Strio. de la Presidencia Luis Barrios Tassano, me llamaba por teléfono para decirme que estaban realizando esfuerzos con la unidad militar para no llevar adelante lo que se proponían, como finalmente lo hicieron, detenerme por haber ofendido la fuerza moral del ejército acusándoles que iban a dar un golde de Estado.
La resolución firmada por el Poder Ejecutivo de detenerme, ya era en si misma un golpe de Estado. El segundo golpe de Estado fue el 9 de febrero y el tercero el 27 de junio.
A los tupamaros de entonces dar un golpe de Estado con los militares no les parecía nada malo. Esa ideología nacionalista y autoritaria, en donde coincidieron con algunos oficiales del ejército, forma parte de su manera de ser, y lo demuestran todos los días en el gobierno.
Son autoritarios y dictatoriales, y la única cosa que les falta hacer es la Ley de medios, para establecer la censura sobre los medios como el Proyecto de Ley lo establece. Solo saben de autoritarismo y dictadura y por eso como no entienden de gobierno, están absolutamente empantanados.
Mujica, yo a usted no lo disculpo
Posted on June 28, 2013	by aplaenuruguay
MI DERECHO DE RÉPLICA, COMO CIUDADANO URUGUAYO, A JOSÉ MUJICA.
MUJICA, YO A UD. NO LO DISCULPO
No merece, ni me sale que le llame Presidente, pues Usted solo me genera desprecio.
Usted, en tres oportunidades, nos tildó de “atorrantes”, a todos los uruguayos (sus compatriotas).
Usted, desde sus mentirosas disculpas en el programa “Hablemos”, volvió a asegurar que jamás vio a un “uruguayo diagnosticado por exceso de trabajo” y que “no nos caracterizamos por matarnos en el laburo”.
Usted, con esas palabras, ha agraviado la memoria de mi hijo Marcelo, que falleció porque el exceso de trabajo no le permitió controlarse un cáncer que terminó con su vida, y debió tratarse en Estados Unidos, porque su perverso sistema de salud mercantilista y corrupto no le cubrió el tratamiento.
Yo jamás le toleraré, Señor Mujica, estos agravios. Ante todo, deseo -a través de estas líneas- repudiar sus “hípicos”dichos. Repudio sus disculpas. Y lo repudio a Usted.
E insisto: yo jamás le aceptaré esas disculpas, porque me ha enseñado Usted a despreciarlo, no dejándome otro camino que condenarlo por su mediocridad.
Sepa Usted que mi hijo Marcelo falleció hace muy poco. Tenía solo 35 años, y supo trabajar durante 14 horas por día sin descansos.
Murió -como venía diciéndole- a los 35 años. Edad durante la cual Usted desconocía profundamente en qué consistía trabajar para ganarse la vida. La historia siempre recordará que Usted, a esa misma edad, se trasladaba de cloaca en cloaca para robar, asesinar y secuestrar.
Mi hijo supo ganarse su pan con honestidad y el exceso de trabajo le quitó la oportunidad de seguir viviendo. A él sí le fue diagnosticado “exceso de trabajo”.
Estas son las injusticias de la vida; Marcelo tenía una vida plena y útil: tenía hijos y era un amante del trabajo.
Pero Usted nunca ha dejado de ser un vago; Usted continúa con vida, aunque cargando con notorios antecedentes salpicados de crímenes, homicidios y secuestros. Ahora, ha completado Usted su ambición, pues regentea un gobierno inapelablemente corrupto.
Exhibe Usted la costumbre de generalizar a todos los uruguayos, midiéndolos con los parámetros de sus propios defectos y falencias.
No porque Usted sea alcohólico, todos los uruguayos somos borrachos.
No porque Usted sea un desaliñado, todos los uruguayos somos mugrientos y desprolijos.
No porque Usted haya asesinado, secuestrado y robado, todos los uruguayos somos delincuentes.
No porque Usted haya sido un vago toda su vida, todos los uruguayos somos “atorrantes”.
Como está claro que Usted carece del coraje más elemental para enfrentarse a nadie, jamás conocerá lo que significa que agravien la memoria de un hijo.
Con toda la falsedad de la que pudo echar mano, Usted le manifestó al periodista que lo entrevistó (quien no supo contraatacarlo, o no quiso): “Si el pueblo uruguayo se sintió ofendido, le pido disculpas”.
Pues, sepa Usted que sí; nos hemos sentido ofendidos y, en lo que a mi respecta -como ya se lo he mencionado antes-, no pienso disculparlo. Lejos de aceptar esas disculpas, lo condeno por su mediocridad.
Seguramente esta carta la deben compartir los padres que perdieron a sus hijos y los hijos que perdieron a sus padres, por el solo pecado de trabajar en el Uruguay que Ud. desgobierna, en manos de los criminales que su gobierno no supo ni sabe combatir y que sienten la misma indignación y dolor que siento yo ante sus agraviantes insultos.
Señor José Mujica: Usted sabe muy bien dónde nos encontramos, Usted y yo. Pero existe entre nosotros una diferencia insalvable: Usted dispone de la posibilidad de llegar a mí por varios medios, mas yo no puedo acercarme a Usted a través de canal alguno. Usted teme por su pasado y por su presente y -pocas dudas caben- debe protegerse tras su custodia. En lo que a mí respecta, me basta y me sobra la memoria de mi hijo para sentirme protegido cuando transito por nuestras calles.
Es de estimarse que yo no debería mencionarlo, aunque considero que los uruguayos vivimos en un país libre. Pero, dado que sus reacciones matutinas siempre exhiben un carácter imprevisible, le hago saber que la presente misiva le es enviada bajo la protección del Artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos, que estipula: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” (Declaración Universal de los Derechos Humanos; Asamblea General de Naciones Unidas, 10 de octubre de 1948).
Y, ¿sabe una cosa, Señor Mujica? Si se propone Usted violar esta Declaración, proceda a su gusto y criterio. Por mi parte, estimo que ha quedado bien claro que ya no me queda nada más grande qué perder.
Jorge Azar-Gómez
Ex representante de Uruguay ante la
http://www.diarioenfoques.net/index/edition/e/1822
Así estuvimos en Comisión del Parlamento
Posted on June 22, 2013	by aplaenuruguay
Versión taquigráfica Parlamento CASO COTELO‏
Abogada Dra María Soledad De Franco 03:09 p.m.
Para: doctoradefranco@yahoo.com
Comparto la versión taquigráfica de nuestra intervención en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, como consecuencia de la denuncia realizada por mi cliente el Sr. Gonzalo Cotelo, en virtud de su asedio moral dentro de Facultad de Psicología.
Este es un paso importante en el comienzo de nuestra gran lucha por eliminar, denunciar y sancionar el acoso moral en el trabajo en Uruguay. Aún queda mucho por hacer, principalmente que los señores parlamentarios tomen conciencia de la gravedad del acoso y emprendan el camino hacia su regulación jurídica.
A todos los que nos han acompañado de mil maneras posibles, ETERNAMENTE GRACIAS!!!
A todos los que nos han puesto piedras en el camino, nos han ignorado, o han intentado empañar con calumnias nuestra labor, también GRACIAS!!! Nos dan la fuerza para seguir HACIENDO lo que se DEBE HACER!
Información Pública según la Ley 18.381, extraída de la web: www.parlamento.gub.uy
(Ingresan a Sala la doctora Soledad De Franco, el licenciado Gonzalo Cotelo y el doctor Gabriel Motta)
——La Comisión de Legislación del Trabajo da la bienvenida a la doctora Soledad De Franco, al licenciado Gonzalo Cotelo y al doctor Gabriel Motta, quienes nos enviaron una nota en la que se denuncia un caso de acoso laboral y moral. La Comisión decidió recibirlos para que expongan al respecto. Posteriormente, los Diputados harán los comentarios y las consultas que entiendan pertinente.
SEÑORA DE FRANCO.- Soy la abogada representante del señor Cotelo. Mi cliente es funcionario de la Universidad de la República desde el año 1989, y tiene una foja de servicios en blanco. En el año 2008, el Decano de la Facultad de Psicología, Luis Leopold, ordenó no distribuir más las economías pertenecientes al rubro salarios y trasladarlas al rubro gastos. A raíz de eso, los funcionarios de la Facultad de Psicología -entre ellos, mi cliente- se reunieron en una asamblea gremial y cada uno hizo propuestas diferentes con relación a las medidas de lucha a adoptar. En esa asamblea, el señor Cotelo sugirió como medida de lucha el trabajo de brazos caídos. No sabemos cómo, pero lo cierto es que eso llegó a conocimiento del Decano Leopold y, casualmente, a partir de esa fecha, mi cliente comenzó a ser trasladado de facto -porque no había ninguna resolución o acto jurídico que así lo dispusiera-, lo que constituye una evidente sanción.
Quiero aclarar que el señor Cotelo ingresó por concurso a la Administración y también por concurso ascendió al cargo de Jefe Administrativo, Nivel 1, Grado 12. A la fecha en que ocurrió la situación que acabo de narrar, el señor Cotelo era el Jefe de Bedelía en la Udelar. Como decía, después de esa reunión, comienzan a trasladarlo.
Primero lo trasladan como asistente administrativo en el Área de Psicología y Diagnóstico, donde comienza a sufrir todo tipo de malos tratos y groserías de parte de la Directora de esta área.
Paulatinamente, se le empiezan a quitar funciones. Pasa de ser Jefe a ser un mero telefonista; luego, ni siquiera tiene esa tarea y termina cumpliendo la función de pegar carteles, por ejemplo, comunicados a los estudiantes. Realizó esa labor hasta que lo trasladaron a Intendencia -lugar que no tiene absolutamente nada que ver con su cargo presupuestal-, lo cual implicaba una degradación al escalafón de Servicios Generales; de manera que pasó a depender del Intendente. La orden que venía de arriba era que no se podía seguir dando trabajo a Cotelo. Lo más insólito fue que el año pasado le quitaron el acceso al sistema de gestión de expedientes de la Udelar, el “Expe+”.
Al día de hoy, como medida preventiva, el señor Cotelo está suspendido por tres meses, cobrando la mitad del sueldo, tomando como base una denuncia que es totalmente falsa; les dejaré las pruebas de ello.
Ese es el “racconto” de la carrera funcional.
¿Por qué venimos acá? Por algo muy sencillo. El señor Cotelo, en cumplimiento de las funciones que le habían asignado -como relaté anteriormente-, el 31 de mayo de 2010 pegó un cartel. Dos meses y medio después, el Decano de la Facultad de Psicología lo acusó de haber pegado un cartel que contenía una fotografía de Adolfo Hitler y un enunciado que decía algo así como: “No más dictadura. No más terror en Psicología”. Tengo una copia; si quieren, después se los muestro.
Como abogada, me voy a remitir a las pruebas. Las pruebas que se utilizaron en dicho sumario en contra de mi cliente fueron las filmaciones contenidas en las cámaras de seguridad de Facultad de Psicología. A la fecha, las dieciséis cámaras existentes en esa Facultad fueron declaradas ilegales, a través de las Resoluciones 1034 y 1035 de 2012 de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Concretamente, la ilegalidad deriva de que esas cámaras estaban operando sin cumplir con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Nº 18.331, que establece el registro ante el organismo de control. De manera que estamos en presencia de cámaras de facto o cámaras secretas; si bien eran visibles, eran totalmente ilegales. Esa es la prueba en base a la cual las autoridades de la Facultad de Psicología solicitan la destitución del señor Cotelo, porque habría pegado el papel con la foto de Hitler. Reitero: habría pegado.
Nosotros recurrimos esa aberración, porque las faltas administrativas tienen que estar debidamente comprobadas. La Oficina Nacional del Servicio Civil nos dio la razón, dado que dictaminó que no había ningún elemento de prueba que hiciera a mi cliente pasible de la imputación de falta administrativa alguna. Sin embargo, encabezados por el Decano Luis Leopold, siguieron adelante y se llegó a la propuesta de destitución. Recurrimos la propuesta. Como era inviable mantener esa ilegalidad, el Consejo de Psicología optó por revocar la propuesta de destitución y volver a juzgar a mi cliente por el mismo hecho. A pesar de que volver a juzgar por el mismo hecho está prohibido -“non bis in ídem”-, como lo que ahí prima es el voluntarismo de ciertos individuos, a la fecha, se está tramitando una mal llamada ampliación sumarial, para la cual la instructora designada es la doctora Adriana Yerlas.
Pese a las denuncias que hicimos en reiteradas oportunidades, aportando las resoluciones correspondientes en cuanto a que las pruebas en las que se están basando fueron declaradas ilícitas y, por tanto, no pueden ser utilizadas como tales, no hemos tenido ninguna respuesta. Todo lo contrario: hubo una nueva sanción al señor Cotelo. Ahora ya no solo le imputan el hecho de que habría pegado el papel, sino también que se ha excedido en la defensa. Y le imputan esto porque, ante la inercia de la Facultad, no tuvimos más alternativa que presentar una denuncia penal, que tiene el Juez Saravia, en Tercer Turno. Según lo dictaminado por el Juez, se va a aguardar las resultancias administrativas.
Ante esa situación, se podrán imaginar que mi cliente ya está condenado. Los escritos que realizamos son, simplemente, para cumplir y poder llegar al TCA y que este anule. La cuestión es cómo una persona puede vivir durante tres o cuatro años -eso es lo de que dura un juicio en el TCA- sin salario y siendo considerado un delincuente porque habría pegado un papel.
Quiero comentarles algo más, que diría es absolutamente pintoresco; realmente no sé cómo calificarlo. Me refiero a algo que advertimos en el DVD que estamos dejando a cada uno de los legisladores. Además de que los videos, por su medio de obtención, son ilícitos, como a mi cliente había que sancionarlo a como diera lugar, el Decano de la Facultad de Psicología, Luis Leopold, presentó un video ante el Consejo, llamado “Colacación de carteles” -así está escrito-, que está grabado en DVD como “Operación Cotelo” -muy sugestivo-, y dura cuatro minutos y siete segundos. Cuando nosotros lo comenzamos a estudiar advertimos cosas insólitas. Por ejemplo, a medida que el segundero del reproductor de video avanzaba, el tiempo real retrocedía. Pongo un ejemplo bien claro: cuando se inicia este video de poco más de cuatro minutos, la hora de la cámara de filmación es 11 y 44 AM, y cuando termina, cuatro minutos después, la hora que figura es 13 y 29. Me parece que no hay que ser perito ni científico de ningún tipo para darse cuenta de que eso está adulterado. Denunciamos esto pero, evidentemente, ya estamos hablando de algo más que de una omisión o una incapacidad para ejercer con corrección y decencia la abogacía; estamos hablando de un encubrimiento.
¿Saben qué es lo más grave y lo que más nos indigna? Que denunciamos esto y la instructora, doctora Yerlas, a nuestras espaldas, violando el debido proceso, solicitó al ingeniero Pablo Musé Freire que analizara un video. Y les digo “un video” porque ni la instructora ni Musé ni nosotros sabemos cuál fue el video analizado.
En oportunidad de interrogar en vía administrativa al doctor Musé, después de que se presentara como el mejor científico de la región y de decir que había hecho un estudio muy especializado del video -reitero que es un video que no tiene nombre-, le pregunté: “¿Qué video analizó usted? Identifíquelo”. Me contestó: “Ah, yo no sé”. Volví a preguntar: “¿No recuerda el nombre?” Y respondió nuevamente: “No”. Entonces, le pregunté qué duración tenía ese video, a lo que respondió: “Y, bueno. Duraba algo así como una hora cincuenta minutos, una hora cuarenta y cinco minutos, dos horas”. Toda la declaración -de la que tengo copia- es una constante ambigüedad.
Obviamente, como el perito desconoce qué perició, nosotros menos aún podemos saber qué fue lo periciado. Sí podemos deducir que si el doctor Musé habla de algo cercano a las dos horas, ciertamente, no se trata del video que nosotros impugnamos y denunciamos como ilegal.
Lo más interesante de todo esto es que cuando le pregunté al doctor Musé cómo llegó a intervenir en este procedimiento, me contestó: “A mí me llamó alguien de Facultad de Psicología, que no se identificó, y me dijo que tenía que hacer un trabajo”. Al mejor estilo siciliano, ¿no? Entonces, le dije: “Pero usted es profesor de Facultad de Ingeniería. ¿Cómo cumplió con ese trabajo?”. Y la respuesta es lo que realmente nos hace pensar en crimen organizado. Me respondió: “Quien me dio la orden directa de realizar este trabajo fue el Decano de la Facultad de Ingeniería, doctor Héctor Cancela”.
No tengo más que agregar.
SEÑOR COTELO.- Soy licenciado en sociología y hace veinticuatro años que trabajo como administrativo ocupando distintos cargos; hace más de diez años como Jefe Administrativo. Llegué a la Facultad de Psicología cuando hace diez años no existía y se formaban colas de una noche a la otra para poder ingresar e inscribirse. Los estudiantes mandaban a sus abuelos, gente mayor, para sacar número. Aquello era un caos. Entonces, instrumenté un sistema informático, nunca realizado. Precisamente, eso fue en beneficio de todos los estudiantes, que a esta altura son ocho mil. A través de ese mecanismo, los estudiantes no hacen colas, pudiendo inscribirse desde cualquier lugar del país y obtener cualquier información de su interés.
En ese entonces, el decano era Víctor Giorgi, uno de los que más me apoyó así como también las asistentes académicas, porque se realizaron muchos cambios en beneficio tanto de los funcionarios como de los estudiantes y docentes. Poseo documentación de Giorgi destacando mi actividad y brindando su total apoyo a mi gestión.
Hasta ahí, transcurrieron veinticuatro años sin ningún problema en mi carrera. Como expresó la abogada, lo único que encontraron en mi trayectoria fue la realización de cursos en diferentes áreas, para mejorar la gestión, sobre marketing, etcétera; todo positivo. Sin embargo, ahora parece que los veinticuatro años no sirven para nada, porque estamos hablando de que se me ha hecho un sumario prácticamente por delincuente y hace pocos días llegó otro. Estamos hablando de dos sumarios. Me sacaron de la Facultad durante tres meses percibiendo medio sueldo para que no estuviera presente. ¿Por qué? Porque solicitaba pruebas para mi defensa y, por ejemplo, si solicitaba un expediente, no me lo daban. Esto fue hablado con la abogada Pierri de la Facultad, quien se negaba. La doctora fue con la escribana y fueron maltratadas por la abogada; les negó el expediente que es de acceso público y de mi interés. La Ley Nº 18.381, de 2008, es clarísima en ese sentido cuando expresa que el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.
Pero lo peor de todo en este largo proceso de más de tres años ocurrió cuando fui con la escribana a Jurídica de la Universidad de la República, pensando que es uno de los lugares más ecuánimes. Allí se me negó el expediente y la escribana fue maltratada. Tenía que ir con una escribana para que me dieran el expediente. Además, me mintieron cuando me dijeron que el expediente estaba reservado. Entonces, pregunté por qué. La normativa vigente -a esta altura ya soy especialista- expresa que se debe cumplir con una serie de requisitos para que el expediente sea reservado. Me dijeron una mentira. El propio abogado de Jurídica me mintió. Eso está grabado y, con la firma de la escribana, fue elevado al ámbito penal.
Se sentían presionados porque yo iba y pedía documentación y llamaron a la Facultad preguntando qué hacía yo allí. Había entonces una cuestión de continua persecución. Realmente hubo acoso, hostigamiento continuo. Comenzaron por retirarme las tareas administrativas, me aislaron, me dejaron sin trabajo.
En el CD que les entregué está el programa “Santo y Seña”, trasmitido por Canal 4 en 2010, y consta que expresé que estaba sin trabajo, sin tareas. Me enviaron a Intendencia sin trabajo. Dejar sin trabajo a alguien, tratando de aislarlo para que se vaya, es una característica bien clara del móvil, que está bien representado en libros por especialistas, entre ellos, Leymann, quien habla del psicoterror. Lo que ha instalado el Decano es el psicoterror, persiguiendo a los docentes, expulsándolos y no renovándoles sus contratos. Inclusive, no hay docentes que dicten clases; los estudiantes no pueden terminar y todo por una cuestión de persecución. Por ejemplo, un docente me decía que a cualquier reunión que asistía, ya sea de ADUR o de Affur, siempre encontraba a alguna persona que no conocía. También había gente que conocíamos, que estaba en la línea del Decano siendo este informado de quiénes hablaban y qué decían. Indudablemente, esa persona no iba a durar una semana en la Facultad y así ocurría. Instaló el psicoterror, de tal forma que me convertí en un “quemado”. De acuerdo a las propias palabras utilizadas por los especialistas, estoy “quemado”. Estoy quemado en toda la Universidad de la República, porque me han quitado el prestigio alcanzado durante veinticuatro años de labor. Me han agredido. Se ha expresado cualquier cosa sobre mi persona, cuando realmente el Decano ha cometido un delito. Ya no puedo decir que “habría cometido”. El Juez lo dirá, pero ha cometido un delito, porque en el CD presentamos un informe de un especialista que estudió el video paso por paso -está editado en seis partes diferentes-, marcando todo lo que está cortado. Sin embargo, el informe del ingeniero Musé -este pobre a quien le ordenaron hacer este mandado tan difícil- expresa que el video no está cortado, que las placas -como ellos les dicen- están editadas segundo a segundo. Pero según el especialista que mencioné, en el tramo de ocho a doce segundos, se mechó un segundo de tiempo. Ha habido fraude para tratar de demostrar algo indemostrable.
Quiero acotar que el 31 de mayo de 2010 toda la Facultad estaba de paro, todos los órdenes y además Affur. El 9 de junio, los estudiantes ocuparon por primera vez. Se me acusa que el 31 de mayo pegué los carteles. Imaginen todos los carteles que pudieron haberse pegado con la Facultad en conflicto y ocupada. Estamos hablando de ocho mil estudiantes, doscientos cincuenta docentes y cien funcionarios. Todos estábamos en conflicto, sin embargo yo era buscado quizás por ese antecedente.
Lo más importante a destacar es que se sentían seguros con el sumario y demás. Pero más allá de la autonomía -tema importante a desarrollar en la Universidad-, que me han reiterado hasta el cansancio -parecería que fuera un país-, existe la Agesic, organismo encargado de regular la informática y las comunicaciones, dentro de la Ley Nº 18.381, que no es considerada. Tienen diez denuncias presentadas por no haberme entregado ningún expediente y en todas se expresa que para la Agesic es una falta grave. Ellos dicen que no pueden hacer nada. Entonces, hay que investigar quiénes son los funcionarios, pero nunca se investiga porque archivan las denuncias, y mientras esté en la Universidad, se cubren entre ellos.
Creyeron que saliendo de la órbita de la Universidad iban a tener el mismo apoyo. Sin embargo, puedo leerles el informe elaborado por la Oficina Nacional del Servicio Civil cuando fui destituido: “[…] no se ve en ningún momento al sumariado que estuviera pegando los carteles de autos”. Y sigue más adelante: “[…] para imputarle una falta disciplinaria a un funcionario es requisito indispensable que estén plenamente probados los hechos que se le imputan”. Culmina expresando: “[…] no se le puede imputar falta alguna al funcionario sumariado”. Y la conclusión: “[…] no es procedente la destitución del funcionario”. Esto les cambió todos los planes porque tuvieron que revocar pero, como ha dicho la doctora, inventaron una ampliación para seguirla por otro lado.
Puedo decir muchas cosas más. Por ejemplo, puedo hablar de hostigamiento cuando me sacaron la identificación para acceder a los expedientes -cada administrativo y más un jefe, entre otras cosas, tiene el acceso a los expedientes-, el correo que todo el mundo tiene, etcétera. Me aislaron en una habitación en la que tengo que permanecer sin hacer nada. Hace unos días, una asistente académica -tendrá 22 años, la edad de mi hija; yo tengo 54 años- me echó de un curso de capacitación que se estaba haciendo para jefes y al que había sido invitado -todos los jefes fueron a ese curso-, argumentando que estoy sumariado y que eso se encuentra en el reglamento. Le dije que no existe ningún reglamento que exprese eso; que no estaba sentenciado; pero igual me fui. Esta es otra de las denuncias, pero se archivan. Todas estas denuncias se han juntado y la doctora ha elaborado de cuatro a cinco escritos por semana.
Lo último que se ha argumentado para habilitar el segundo sumario es que soy distorsivo, pero lo que busco es la manera de defenderme. Entonces, me sacan de la Facultad por tres meses, haciendo una ampliación del sumario.
En el CD que se entregó hay seis archivos y figuran el famoso video, el informe muy técnico del editor del Canal 5, lo que se publicó en el diario “El País”, lo trasmitido en Radio Sarandí y en Canal 4.
SEÑOR PUIG.- La denuncia es de una gravedad sustancial.
Asimismo, me gustaría escuchar la versión de la Facultad de Psicología. No tengo claro el procedimiento pertinente, es decir, si hay que comunicar a la Universidad de la República y a partir de allí a la Dirección de la Facultad.
SEÑOR ABDALA.- Coincido plenamente con lo que plantea el señor Diputado Puig, ya que es lo que corresponde porque, sin duda, el tenor de las afirmaciones es de una gravedad muy importante. Es decir, aquí se combinarían -tenemos que hablar en condicional hasta escuchar a la otra parte- situaciones de una eventual persecución sindical con episodios todavía más graves y con connotaciones penales. De manera que, sin ninguna duda, habría que convocar a las autoridades de la Facultad, encabezadas por el Decano. Creo que es muy importante que asista el Decano porque, más allá de lo institucional, aquí ha habido imputaciones “intuitu personae”.
La doctora De Franco expresó que las pruebas fueron declaradas ilícitas. No me quedó claro si ese informe fue de la Oficina Nacional del Servicio Civil o alguien más produjo esa declaración.
Por otra parte, quisiera saber si el sumario siguió su curso, en qué etapa está, si continúa abierto una vez que se revocó el pedido de destitución. Parecería que si estuviera abierto, se ha prolongado por mucho tiempo. Quisiera saber todo esto a cuenta de mayor abundamiento, porque cuando recibamos al Decano tendremos oportunidad de cotejar datos y hechos y, eventualmente, después generar una nueva convocatoria.
SEÑOR VIDALIN.- No tengo preguntas para formular. Tal cual lo han planteado los colegas Diputados, como es de estilo de esta Comisión, invitaremos a la otra parte para tener la otra versión y ser lo más objetivos posible para el tratamiento de un tema tan delicado como es este.
SEÑORA DE FRANCO.- En respuesta a lo que me consultó el señor Diputado Abdala, puedo decir que quien determinó que todas las filmaciones obtenidas por la Facultad de Psicología son ilegales fue la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, que depende de Agesic, y esta a su vez directamente de Presidencia. Ello se hizo a través de las Resoluciones Nº 1034 y Nº 1035 de 2012. Una de estas resoluciones, que es muy breve pero ilustrativa, establece que existió por parte de la denunciada -o sea, la Udelar, Facultad de Psicología- una contravención al principio de legalidad establecido en el artículo 6º de la Ley Nº 18.331. Además, esta resolución indica que la Facultad de Psicología deberá presentar los formularios para realizar la instrucción de base de datos en el plazo de treinta días. Esto lo dictaminó el organismo competente por la Ley Nº 18.331.
En segundo lugar, le respondo que, a mi juicio, si bien la resolución de marzo de 2012 que propuso la destitución del señor Cotelo -porque habría pegado un papel- fue recurrida por quien les habla, ese recurso prosperó en cuanto a que la propia Facultad revocara la propuesta de destitución pero no clausuró el sumario, que era lo que correspondía, sino que se dijo: “Revocamos la propuesta de destitución para volver a indagar sobre los mismos hechos”. Acá no hay hechos nuevos; se trata del mismo hecho del 31 de mayo de 2010. Entonces, se sigue indagando sobre el mismo hecho. ¡Claro! Como no tenían las pruebas suficientes, se enteraron de que eran ilegales y la Oficina Nacional del Servicio Civil les dijo que era una aberración lo que estaban haciendo, decidieron buscar nuevas pruebas. ¿Cuál fue la nueva prueba que encontraron? La intervención del doctor Musé.
SEÑOR ABDALA.- ¿Quiere decir que en esa etapa, a esa altura del procedimiento, la Facultad resolvió revocar y profundizar la investigación, y no sustituir la sanción, por ejemplo aplicando sanción a cambio de la destitución, lo que eventualmente hubiere sido previsible?
SEÑORA DE FRANCO.- Exacto. Procesalmente, como lo advierte el doctor Abdala, la Facultad podría haber revocado perfectamente e, inclusive, haber propuesto una sanción alternativa, de hasta seis meses. Sin embargo, en este caso, no ocurrió así sino que se revocó a los efectos de seguir investigando en un proceso absolutamente inquisitivo.
A modo de conclusión, quiero comentar brevemente que a nivel jurídico existe una gran preocupación de parte de quien les habla y de otros colegas en cuanto a que este tipo de situaciones se denuncian cada vez más y pasan sobre todo en el ámbito público. Es vergonzoso cómo se persigue a los funcionarios públicos. ¿Qué está sucediendo? Como no tenemos una herramienta jurídica, una ley específica, queda en el saber hacer, en la imaginación de cada abogado cómo encarar este tipo de situaciones.
Si bien sé que no es motivo de esta convocatoria, me permito hacer esta disquisición un tanto abusiva solicitando a la Comisión de Legislación del Trabajo que comience a pensar en la posibilidad de legislar sobre el acoso moral laboral. Al respecto, les comento que quien les habla inscribió en la Biblioteca Nacional, en abril de este año, un proyecto de ley en ese sentido, luego de haber estudiado durante dos años la normativa comparada en esta materia. Me parece que la dignidad en el trabajo es un tema que el legislador no puede soslayar, y les pido eso: que piensen seriamente sobre el asunto, porque este tipo de situaciones realmente está llevando a algunas personas, en el caso extremo, al suicidio. En Uruguay hay dos suicidios por día y existe una vinculación muy directa con el acoso.
SEÑOR PRESIDENTE.- Podemos adelantar que el Senado tiene a estudio un proyecto de ley sobre el “mobbing”, un tema nuevo de preocupación en los ámbitos laborales.
Agradecemos vuestra presencia. Desde ya sepan que lo planteado será de trámite para los colegas Diputados, así que a la brevedad tendrán novedades acerca de este asunto.
SEÑOR MOTTA.- En mi calidad de médico de emergencias, puedo decir que Uruguay es el primer país de Sudamérica en tasa de suicidios. En el trabajo que presentó la doctora De Franco se nos menciona como referentes, en cuanto a que el acoso moral laboral es la causa de los dos tercios del suicidio por causas sociales. Tal vez este aspecto no puedan entenderlo como médicos pero sí como seres humanos. La persona que se suicida por supuesto que está en un “hictus mental” muy especial, en el cual puede caer cualquier persona normal; es decir, no es necesario estar loco para suicidarse. Se define la locura en el suicidio, por ejemplo, en el caso de una persona esquizofrénica a la que se le muere el canario y se mata porque no tiene otra compañía; en este caso hay una distorsión de la realidad: Sin embargo, muchas veces el acosado recurre a mecanismos de defensa que están bien descritos en la psiquiatría; paradójicamente, suicidarse es un mecanismo de defensa y si no, se recurre al parasuicidio, por ejemplo, a la drogadicción, el alcoholismo, etcétera. Por eso, es muy importante el tema del acoso, porque nosotros somos campeones en Sudamérica en cuanto a suicidios. Es un tema que hay que investigar, puesto que tenemos dos suicidios por día, más allá de los intentos y demás.
(Se retiran de Sala el licenciado Gonzalo Cotelo, la doctora Soledad De Franco y el doctor Gabriel Motta)
Posted on May 20, 2013	by aplaenuruguay
En el Uruguay de hoy, tres problemas se encuentran al tope de las preocupaciones. Uno es el de la inseguridad, que ha rebrotado y que es más profundo y de avance más estructural. Los otros son el de la educación y el de la salud, que en el estado en que se encuentran ahora, ni con dinero se pueden actualizar y menos solucionar.
En los últimos años, la inseguridad ha avanzado como una mancha cancerosa sin detenerse. Tiene épocas de “altas y bajas” en cuanto a su repercusión, pero jamás ha retrocedido.
El Estado termina cediendo una de sus facultades a empresas privadas y la estrategia de la protección del derecho a la vida y la seguridad a la propia población, pues si se espera por el Estado, la seguridad “de todos” queda confinada a los sectores más peligrosos.
El Gobierno hace tres años que viene anunciando que está estudiando medidas para combatir la delincuencia, la droga y la inseguridad, o sea que hace tres años que vienen “chamuyando” (al decir del señor Presidente) sobre el tema, pero en términos ejecutivos, no se ha visto nada, más bien hemos visto y vivido el deterioro del sistema.
Los uruguayos somos “inadaptados” en nuestro propio País, pues no nos adaptamos a vivir con temores, desconfiando del que se para al lado, nerviosos cuando vamos a pagar una cuenta o a comprar algo por temor a que asalten el local, etc.
Mientras el ministro Bonomi sigue señalando a la oposición por una uspuesta conspiración contra él y sigue desmantelando la policía, nuevamente comunica que están preparando el “show” de presentación de las nuevas (¿nuevas?) medidas para combatir la inseguridad, mientras tanto seguimos contando los muertos y las rapiñas.
Esto nos representa la imagen de los bomberos, sentados frente a una fábrica incendiándose, estudiando las causas que motivaron el incendio, mientras el fuego destruye la fábrica.
Lo mismo hace el Gobierno, que ha convertido el 710 de la Pza. Independencia en un “centro de meditación” y hace tres años que viene estudiando las causas de la inseguridad, mientras la ciudad es propiedad de los delincuentes y los uruguayos somos asesinados sin piedad y lo peor es que los crímenes, asaltos, abusos y maltratos, son mucho más frecuentes en las clases más castigadas de la población.
Hoy se discute si se puede allanar en la noche una boca de venta de droga, si el menor debe ser más o menos castigado, si los presos deben ser tratados y protegidos con mayores medidas humanitarias que la población que con sus impuestos los alimentan y los cobijan.
Y es así, que mientras ellos vuelven a recomponer a las Fuerzas Conjuntas (Policía y Fuerzas Armadas) que ellos tanto combatieron en su época de terroristas, para solucionar el caos de las cárceles y la inseguridad, se debe actuar de inmediato contra las bocas de venta de drogas, sancionando con medidas que salgan del Estado e inhabiliten ese comercio (no vivienda), medidas que se deben coordinar con los Entes quienes les deben cortar de inmediato todos los servicios que ellos presten, para ser más claro, comprobada la existencia de una boca de venta, se le debe cortar de inmediato la luz (UTE), el agua (OSE), el gas , etc., castigando a los que luego de efectuado los cortes se “cuelguen” de los servicios.
Igual sistema se debe aplicar en los hogares de los padres de los menores infractores y a los cuales no hay manera de sancionar, seguramente al sentirse afectados no serán tan condescendientes con sus hijos infractores.
Señor Presidente ponga en funcionamiento estas sencillas pero efectivas medidas y verá como algo puede empezar a cambiar y no siga culpando a la prensa por difundir noticias policiales… la Ley Mordaza comienza siempre por una punta.
De algo puede estar seguro Señor Presidente, el viejo Uruguay de la clase media poderosa, del país “europeo” que se creía distinto de la América Latina profunda, ha quedado definitivamente atrás.
Ex representante de Uruguay ante O.N.U.
Mail: azargomezjorge@gmail.com
Plan Escudo Guayanés
Embajador argentino contaminado

References: resolución 
 Artículo 19
 resolución 
 artículo 6
 artículo 6
 resolución 
 resolución