Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/SL-2015/as20153L201.html
Timestamp: 2019-03-19 21:23:58+00:00

Document:
as20153L201
Auto Supremo Nº 201/2015-L.
Sucre, 13 de agosto de 2015.
Expediente: LP. 293/2010.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 150 a 153, interpuesto por el Gobierno Municipal de La Paz representado por Karla Elizabeth Zurita Plata, contra el Auto de Vista Nº 268/2009 de 17 de noviembre de 2009 de fs. 143 a 144, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por la institución recurrente contra Arturo Mérida Vargas, el auto de fs. 156 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;
CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso coactivo fiscal, la Juez Segundo Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de La Paz, emitió Sentencia Nº 67/2008 de 20 de octubre de 2008 de fs. 113 a 116, declarando probada en parte la demanda; interpuesta de fs. 38 a 39 desglosada de fs. 41 a 42, por Gaby Candía de Mercado en su condición de H. Alcaldesa Municipal de La Paz, disponiendo primero: girar pliego de cargo modificando el cargo inicial de la Nota de Cargo Nº 24/97-K por $us. 23.661 (veintitrés mil seiscientos sesenta y uno 00/100 Dólares Americanos) a $us. 10.732 (diez mil setecientos treinta y dos 00/100 Dólares Americanos), en contra de Arturo Mérida Vargas representante de la empresa CANESA, más intereses legales para que en el término de cinco días de su legal notificación paguen el manto adeudado, segundo: se mantienen las medidas precautorias dispuestas por el Auto de Admisión de 22 de agosto de 1997 cursante a fs. 45, con excepción de la medida precautoria de arraigo que ha quedado sin efecto por el carácter vinculante, obligatorio e irrevisable de la ratio dicidendi o razonamiento lógico de la Sentencia Constitucional Nº 0432/2003-R de 04 de abril de 2003.
En grado de apelación, deducida por el Gobierno Municipal de La Paz, de fs. 118 a 120, la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 268/2009 de 17 de noviembre de 2009 de fs. 143 a 144, revocando en parte la Sentencia de fs. 113 a 116 Nº 67/2008 de 20 de octubre de 2008, modificando únicamente el monto en moneda nacional a devolver en la suma de Bs. 41.653,54 (cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y tres 54/100 bolivianos), por evidenciarse error en la sumatoria manteniéndose firmes y subsistente los demás derechos y conceptos reconocidos en sentencia.
Que, contra el referido auto de vista el Gobierno Municipal de La Paz representado por Karla Elizabeth Zurita Plata, interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 150 a 153, bajo los siguientes argumentos:
En el fondo acusó que el auto de vista ha revocado en parte la sentencia, modificando el monto en moneda nacional, para que la empresa coactivada devuelva al Gobierno Municipal de La Paz la suma de Bs. 41.653,54; sin tomar en cuenta el Dictamen de Responsabilidad Civil CGR-1/D-019/97, de acuerdo al art. 3 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, tiene la fuerza coactiva suficiente para iniciar la acción coactiva fiscal, en el que claramente está establecido que Arturo Mérida Vargas en su calidad de gerente general de la empresa CAMESA ha ocasionado un daño civil por la suma de Bs. 98.412 equivalente a $us 23.661, por no realizar completamente las obras de canalización del río Alemán y habiendo recibido el monto total de la obra se ha apropiado indebidamente de bienes del estado. Que el plazo establecido para la entrega de la obra era de 82 días calendarios por el monto de Bs. 104.327,37 de acuerdo con la Invitación Publica Nº 019/92, y toda vez que dicho plazo no fue cumplido y habiéndosele desembolsado la suma de Bs. 96.924,28 por planillas de avance de obras, existió daño económico al estado.
En la forma, acusó que el auto de vista recurrido no responde a los datos del proceso incumpliendo el mandato de lo establecido por los arts. 190, 192 y 236 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al presente caso por permisión del art. 1 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, que obliga a los administradores de justicia fallar sobre las cosas litigadas en la manera como hubieren sido demandadas, en el presente caso el auto de vista simplemente contiene una relación de los hechos, por lo que no valoró toda la prueba aportada por el GMLP, como ser el Informe de Auditoría y el Dictamen de Responsabilidad Civil CGR-1/D-019/97. Por lo que el fallo debe ser excautivo, congruente y motivado, conteniendo decisiones precisas, expresas y terminantes obtenidas de la verdad que arrojen los elementos probatorios. Agrega que el auto de vista recurrido a otorgado más de lo pedido (ultra petita), es más ha otorgado lo que fue pedido respecto a los alcances de la competencia del tribunal de alzada, por lo que se hace referencia que cuando un litigante ha sufrido algún agravio con la sentencia dictada, esta puede impugnarse a través del recurso de apelación, con la finalidad a que el tribunal ad quem revoque la decisión del inferior, con lo que el trámite de este recurso es la de revisión de la decisión anterior, no implicando desde ningún punto de vista un nuevo juicio.
Concluyó solicitando que así interpuesto el recurso de casación en el fondo y en la forma, case el auto de vista recurrido, y deliberando en el fondo revoque la sentencia de primera instancia y se declare probada en todas sus partes la demanda del Gobierno Municipal de La Paz, o en la revisión del recurso en la forma anule obrados hasta fs. 142 con costas.
CONSIDERANDO II: Que, así expuesto los argumentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:
Que, planteado el recurso de casación e ingresando a su análisis, previamente a su consideración se aclara que, habiendo sido presentado en el fondo y en la forma, y tomando en cuenta la finalidad de cada uno de ellos, toda vez que el planteamiento del recurso en el fondo busca modificar el contenido de una resolución en la que se habría incurrido en errores in judicando, mientras que el recurso de casación en la forma responde a errores in procedendo, infiriendo la nulidad de actuaciones por vulneraciones a las formas esenciales del proceso, situación que de ser evidenciada por el tribunal de casación, no requiere consideración en el fondo; razón por la cual se resuelve el recurso primeramente en la forma, sin que ello represente modificación alguna del contenido del recurso planteado, y guardando la debida congruencia; en base a los siguientes fundamentos:
Sobre la casación en la forma, de la revisión de obrados se colige:
En cuanto a que el auto de vista recurrido simplemente contiene una relación de los hechos, que no valoró toda la prueba aportada por la institución recurrente, como ser el Informe de Auditoría y el Dictamen de Responsabilidad Civil CGR-1/D-019/97, y que no es congruente y motivado, con los elementos probatorios, además de otorgar más de lo pedido (ultra petita); al respecto, se debe tener presente al tenor de la exigencia inserta en el art. 251 concordante con el art. 254 del Código de Procedimiento Civil y conforme la uniforme jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, al recurrir en la forma se busca la nulidad de la resolución impugnada, a tal efecto de la aplicación del instituto de la nulidad, convergen varios principios, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir "no hay nulidad sin perjuicio"; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad sólo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante; que en el caso de autos, de la revisión del auto de vista se evidencia que este cumple con pertinencia establecida en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil; asimismo, el tribunal ad quem, al constituirse en la instancia de segundo grado tiene como finalidad conocer los recursos de apelación, por el que las partes exponen sus agravios en la búsqueda de que el superior en grado enmiende conforme a derecho la resolución dictada por el juez a quo, en cumplimiento a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la sentencia y la expresión de agravios del recurso, adecuando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 del Código Adjetivo Civil; asimismo debe ceñirse a lo pedido por las partes en el proceso y que, salvo expresa autorización de la ley, no puede contener más de lo pedido (ultra petita), ni debe dejar sin analizar y sin resolver ninguna pretensión sostenida por las partes (citra petita).
Que en el caso de autos, se cumplió con la congruencia y debida pertinencia, así como el deber jurídico que hace al debido proceso, que conforme señala la Sentencia Constitucional Nº 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: "La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.(...) cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas", no se evidencia la vulneración acusada, tampoco fue acreditado ninguna causal de nulidad del proceso.
En cuanto a la casación en el fondo, se establece lo siguiente;
En cuanto a que el auto de vista, modificó el monto en moneda nacional, para que la empresa coactivada devuelva al Gobierno Municipal de La Paz la suma de Bs. 41.653,54; sin tomar en cuenta el Dictamen de Responsabilidad Civil CGR-1/D-019/97, referido al punto que se cuestiona, cursa en obrados de fs. 134 a 136 el informe técnico S.S.A. Nº 051/2009.
Al respecto, es preciso señalar que ante el incumplimiento de la obra realizada correspondiente a la canalización del Rio Alemán, la misma que se efectúo con la suscripción del contrato de fecha 17 de febrero de 1993, obra que se inició el 16 de febrero de 1993; y que fue paralizada en fecha 29 de marzo de 1993, reiniciando la misma en fecha 23 de abril de 1993, y nuevamente ordenándose que se paralice en fecha 11 de mayo de 1993, y su reiniciación en fecha 2 de septiembre de 1994, han provocado que transcurran más de un año de la suspensión, y si bien se evidencia que estas actividades no fueron de total responsabilidad de coactivado Arturo Mérida Vargas, como representante de CAMESA, sin embargo, al no haber sido resuelto el contrato de prestación de servicio, (Anexo 1), que en la cláusula décima sexta, señala las causales de resolución de contrato en la que se establece el incumplimiento, mal se puede decir que existió apropiación de dineros del Estado.
En ese contexto, se debe tener presente que para efectuar el pago por avance de obra, previamente se requiere del informe del Supervisor de obras y autorización del Director de Supervisión; ahora bien en el caso de autos, se evidencia que ante el informe del supervisor de obras quien señaló que el avance de la misma solo estaba ejecutada en un 52.95% equivalente a Bs. 55.270,74, es decir que habiendo recibido la empresa un monto superior al mismo, corresponde su devolución, actuados que fueron considerados correctamente por el tribunal ad quem al modificar la Nota de Cargo.
En mérito a lo expuesto, no siendo evidente los reclamos efectuados en el recurso de casación, corresponde resolver de acuerdo a lo establecido en los arts. 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, con la permisión contenida en el art. 1 del Procedimiento Coactivo Fiscal.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación deducido de fs.150 a 153.
Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 y el 52 del D.S. 23215.

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