Source: https://vlex.com.pa/vid/recurso-casacion-civil-primera-31810903
Timestamp: 2019-11-18 21:12:47+00:00

Document:
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 15 de Noviembre de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 31810903
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 15 de Noviembre de 1993
BANCO GENERAL, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE SILVIA RAQUEL SCHAW U
Agotados los trámites procesales inherentes a esta clase de recurso extraordinario, es labor de esta Sala de Casación Civil de la Corte resolver la casación interpuesta por la firma forense ALEMÁN, CORDERO, G. y LEE en su condición de apoderados judiciales del BANCO GENERAL, S.A., lo cual hace previas las siguientes consideraciones jurídicas:
S.R.S.U. confirió poder especial al licenciado A.G.A. para que promoviera proceso ordinario de mayor cuantía contra la sociedad BANCO GENERAL, S.A. con el propósito de que mediante los trámites legales fuera condenada la aludida sociedad a pagarle la suma de cinco mil balboas (B/.5,000.00) en concepto de daños y perjuicios, salvo mejor apreciación pericial, como consecuencia de la devolución por parte del Banco General del cheque No. 664356 por la cantidad de B/.220.00 expedido a favor de la empresa HUMAN DEVELOPMENT, S. A.
Admitida la demanda y corrida en traslado al representante legal de la sociedad demandada, éste confirió poder especial a la firma forense ALEMÁN, CORDERO, G. y LEE como apoderada especial principal y al licenciado L.M.B. como sustituto. Al contestar dicha demanda, la representación judicial se opuso a la pretensión de la demandante y solicitó al tribunal que la desestimara por carecer de fundamento y ser además temeraria. Cumplidas las fases procesales de pruebas y alegatos, el juzgador primario desató la controversia el día veintitrés (23) de enero de 1991 condenando al BANCO GENERAL, S.A. a pagarle a la señora S.R.S.U. la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO BALBOAS (B/.235.00); absolvió a las partes del pago de costas en cuanto al trabajo en derecho; y cada una asumiría los gastos conforme lo causaron.
Apelada la resolución por los procuradores judiciales de las partes; y, concedido dicho recurso por el juez a-quo, ingresó el negocio al Primer Tribunal Superior de Justicia en donde, de conformidad con el artículo 1264 del Código Judicial se abrió el negocio a pruebas en vista de que al momento del acto de la notificación de la sentencia de primera instancia el licenciado A.G. así lo había solicitado. Precluido dicho término, se le señaló el término para los alegatos, concurriendo las partes a la Secretaría a presentar sus escritos. En este estado se puso el negocio para resolver, lo cual hizo el Primer Tribunal Superior de Justicia el día once (11) de agosto del pasado año conceptuando que se hacía necesario la reforma de la sentencia apelada en el sentido de establecer la condena en concepto de daños y perjuicios en contra del BANCO GENERAL, S.A. y a favor de S.R.S.U. en la suma que resulta de la aplicación del procedimiento que dispone el artículo 983 del Código Judicial. Para la cuantificación de los daños y perjuicios se establecieron las siguientes bases:
Determinar, con la asistencia de peritos idóneos en la materia, el valor de los daños materiales ocasionados por razón de la debitación de la suma de B/.235.00, de la cuenta No. 04-001-724456-0, así como el daño que experimentó la demandante a raíz de la devolución del cheque No. 664356 que giró a favor de HUMAN DEVELOPMENT, S.A.;
Valor del lucro cesante representado por los intereses legales que debía reportarle a la demandante, la suma indebidamente debitada de la cuenta No. 04-001-724456-0, desde la fecha de su debitación hasta la fecha de la presentación de la demanda; y
Valor del daño moral que sufrió la demandante, con ocasión de la debitación de la cuenta No. 04-001-724456-0, y la devolución del cheque No. 664356 girado a favor de HUMAN DEVELOPMENT, S.A., para lo cual habrá de valerse el Tribunal de dictámenes de expertos en la materia".
Contra dicha resolución anunció recurso de casación la representación jurídica de la sociedad demandada.
La causal de fondo alegada por la parte impugnante es la de: "Infracción de normas sustantivas de derecho, por concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida" y se encuentra fundamentada en los motivos que a continuación se transcriben:
"1. El Primer Tribunal Superior de Justicia, dictó en el presente proceso la sentencia de 11 de agosto de 1992, modificando la sentencia de 23 de enero de 1991 dictada por el Juez Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido de establecer la condena en daños y perjuicios en contra de BANCO GENERAL, S.A. y a favor de S.R.S.U. en la suma que resulte de aplicar el procedimiento previsto en el artículo 983 del Código Judicial, por considerar -en forma errónea. que BANCO GENERAL, S.A. no podría legalmente efectuar la compensación de B/.235.00 entre la deuda que con él tenía C.L.S. por razón de sobregiro en la cuenta corriente 01-1-01-001-006796-0 y la deuda de BANCO GENERAL, S.A. frente a C.L.S. como cotitular (junto con S.R.S.U.) de la cuenta "o" número 04-001-724456-0. Esta actuación del Primer Tribunal Superior de Justicia desconoce por completo el hecho de que BANCO GENERAL, S.A. y C.L.S. tenían recíprocamente las calidades de acreedor y deudor hasta la concurrencia de B/.235.00, porque existían entre ellos dos deudas diferentes, y no un sólo crédito que el banco pretendió cobrar unilateralmente al aplicar la precitada suma de una cuenta a la otra, como se afirma en la sentencia de segunda instancia (foja 205), con lo cual se desconoce una compensación válidamente realizada, conforme a la legislación civil vigente.
La sentencia recurrida se profirió en base al criterio de que existía una sola deuda, y no dos diferentes, porque en ella no se valoraron los elementos probatorios -aportados en el cuaderno de pruebas de la parte demandada- que establecen fehacientemente que BANCO GENERAL, S.A. y C.L.S. eran recíprocamente acreedores y deudores, como son el dictamen del perito JULIO ANTONIO EFFIO (fojas 47 a 50) y el dictamen de los peritos DIANA LEE CHEN y MARIO GARUZ (fojas 57 a 59) dentro de la diligencia de inspección jurídica de los libros, registros y archivos de BANCO GENERAL, S.A. , además de los testimonios de MARÍA ESTHER TAYLOR DE MOSCOSO (fojas 33 y 34) y de I.A.G. DE ALEMÁN (fojas 35 y 36), todos los cuales demuestran que al 17 de febrero de 1989, C.L.S. era deudor de BANCO GENERAL, S.A. en la suma de B/.235.00 por razón de la cuenta número 01-1-01-001-006796-0 (la cual estaba sobregirada en esta misma cantidad), y que a su vez BANCO GENERAL, S.A. era deudor de C.L.S. en la suma de B/.253.37 por razón de la cuenta "o" número 04-001-724456-0 de la cual dicho señor C.L.S. era cotitular junto con S.R.S..
El Primer Tribunal Superior de Justicia no apreció correctamente las pruebas antes señaladas, incurriendo por ello en error de derecho al ejercer su función valorativa, cuando concluyó que entre BANCO GENERAL, S.A. y C.L.S. sólo existía una deuda, y que por lo tanto no procedía la compensación de obligaciones recíprocas. Si hubiese dado el valor correcto a las pruebas que constaban en el proceso, no habría llegado a la equivocada conclusión de que entre BANCO GENERAL, S. A. y C.L.S. no existían dos deudas recíprocas, y por tanto no hubiese fallado en la forma en lo que hizo, violando las normas sustantivas de derecho que establecen el derecho de compensación entre deudores y acreedores recíprocos".
Seguido de los motivos transcritos, el casacionista sostiene que la sentencia acusada infringe las siguientes normas de derecho: 769 y 945 del Código de Procedimiento Civil; 1081, 1082 y 1088 del Código Civil; y, el artículo 3 de la ley 42 de 8 de noviembre de 1984.
Tal como se ha mencionado en líneas que anteceden, el recurso ha sido dirigido contra la sentencia del 11 de agosto de 1992 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso ordinario que S.R.S. le sigue a la sociedad recurrente. Pues bien, en la citada resolución, el Tribunal ad-quem exterioriza sus razonamientos jurídicos, en lo medular, así: APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA: según el Tribunal Superior la demandada escinde la materia de su inconformidad con respecto a la sentencia del juzgador primario en dos puntos sustanciales, a saber:
El fallo recurrido adolece de incongruencia por extrapetita;
Que la devolución de la suma debitada es improcedente porque C.L.S. era dueño de la totalidad de la cuenta debitada.
Con respecto al primer cargo se consideró que la incongruencia acusada en el grado de ultrapetita no se había producido en la sentencia impugnada. El segundo cargo fue descartado de la manera siguiente:
Que el punto medular de la controversia gira en torno a determinar si el Banco demandado podría efectuar compensación de dicha cuenta, o no, a manera de establecer si la debitación que provocó la devolución del cheque No. 664356 girado por la demandante contra la cuenta No. 04-001-724456-0 produjo los daños y perjuicios que por esta vía reclama la señora S.R.S.U. o, en su defecto, se ajusta a derecho, tal como lo señala la institución bancaria demandada.
Que al analizar la encuesta sub-judice, el Tribunal observa que el BANCO GENERAL no podría efectuar la pretendida compensación alegada, pues para ello era menester que existieran dos deudas, a tenor de lo dispuesto en el numeral 1), del artículo 1082 del Código Civil, ya que a pesar de que el señor L.S. era titular de la cuenta "O" NO. 04-001-724456-0 abierta en la institución bancaria demandada, y que a la vez mantenía un sobregiro sobre la cuenta corriente No. 01-001-006796-0, por el orden de B/.235.00. no se colige en autos que entre la parte demandada y el señor L.S. existiera o se dieran las cualidades de acreedor y deudor, recíprocamente, cuenta habida que no se observan dos créditos, sino más bien un sólo crédito que pretendió el banco cobrar al aplicar la suma de B/.235.00 de una cuenta a la otra con respecto al primer cargo se consideró que la incongruencia acusada en el grado de ultrapetita no se había suscitado en la sentencia impugnada. El segundo cargo fue descartado de la manera siguiente:
Que la situación planteada hubiese tenido un cariz distinto si se observara entre el señor L.S. y el BANCO GENERAL las calidades de acreedor y deudor recíprocamente, porque al operar la compensación de pleno derecho, por el solo ministerio de la ley, las dos deudas se hubiesen extinguido mutuamente desde el mismo instante en que existen a la vez, hasta la concurrencia de la menor.
APELACIÓN DE LA DEMANDANTE:
El cargo esgrimido por la demandante se concreta al quantum de la condena que persigue y establece en la suma de B/.5,000.00, más B/.235.00 que entraña la sentencia de primera instancia.
A este cargo el Tribunal consideró que:
- Los daños y perjuicios reclamados por lógica jurídica tienen su génesis en esta reclamación en la obligación de que está revestido todo depositario, incluyendo a cualquier institución bancaria de custodiar y salvaguardar los fondos que le han sido depositados (art. 1459 del Código Civil y 838 del Código de Comercio), en determinada cuenta corriente, en este caso, la cuenta No. 04-001-724456-0, ya que en autos no se aprecia que el señor C.L.S. haya autorizado a la entidad bancaria a debitar de dicha cuenta corriente la suma de B/.235.00, tal como lo hizo la parte demandada, argumentando para ello, haber procedido conforme al medio de extinción de las obligaciones conocido como la compensación.
- Hay que tener presente que al momento de girar la parte actora el cheque No.664356 a favor de HUMAN DEVELOPMENT, S.A. lo hizo a sabiendas de que contaba con fondo para ello, y por otro extremo que en nuestra legislación penal el girar cheque sin fondos está erigido en delito, conforme lo tipifica el artículo 28 y siguientes del Código Penal.
- Al haber debitado el BANCO GENERAL, S. A. la cuenta No. 04-001-724456-0 en la suma de B/.235.00 para compensar un saldo insoluto que sobre la cuenta No. 01-1-01-001-0067960 tenía por dicha suma el señor C.L.S., sin la autorización de éste ni de la demandante, se desprende entonces, que se tipificó el delito de girar cheques sin suficiente provisión de fondos, porque HUMAN DEVELOPMENT, S.A., a pesar de que sea una sociedad familiar, es un ente o persona jurídica autónoma, con capacidad jurídica para ejercitar derechos y contraer obligaciones, por lo que no puede operar como un eximente, aquello de que la señora S.R.S.U. sea suscriptora y vicepresidenta de la referida sociedad anónima, frente a la comisión del delito de girar cheque sin fondos a que se vio avocada la parte actora por el manejo poco precavido de la parte demandada de los dineros depositados, evento que suscita la existencia de los daños y perjuicios que entraña la pretensión.
- Mirado el daño no como elemento constitutivo de la responsabilidad civil, sino en cuanto a las cuestiones que suscita su reparación, el Tribunal arriba a la conclusión de que la parte demandante no acreditó en autos la cuantía que en concepto de daños y perjuicios reclama y que asciende a la suma de B/.5,000.00, "salvo mejor tasación pericial"; por ende, no cabe otra alternativa que proceder a condenar a la parte demandada en forma abstracta, conforme lo pauta el artículo 983 del Código Judicial.
Al exponer el contenido del recurso hemos señalado que el casacionista invoca la causal de "Infracción de las normas sustantivas de derecho, por concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida" y que la misma se encuentra respaldada en tres (3) extensos motivos. De los mismos (motivos) concluye esta Sala que se hacen, básicamente, los siguientes cargos de injuricidad:
Que la sentencia del tribunal ad-quem se profirió en base al criterio de que existía una sola deuda y no dos diferentes al no valorar los elementos probatorios aportados por la parte demandada como lo son el dictamen del perito JULIO ANTONIO EFFIO (fojas 47 a 50) y el dictamen de los peritos DIANA LEE CHEN y MARIO GARUZ (fojas 57 a 59) dentro de la diligencia de inspección judicial de los libros, archivos y registros de BANCO GENERAL, S.A.
Igualmente se sostiene que no se valoraron los testimonios de MARÍA ESTHER TAYLOR DE MOSCOSO (fojas 33 y 34) y de I.A.G. DE ALEMÁN (fojas 35 Y 36), los cuales demostraban que al 17 de febrero de 1989, C.L.S. era deudor del BANCO GENERAL, S.A. en la suma de B/.235.00 por razón de la cuenta número 01-01-001-006796-0 y a su vez BANCO GENERAL era deudor de C.L.S. en la suma de B/.253.37, por razón de la cuenta "o" número 04-001-724456-0 de la cual dicho señor C.L.S. era cotitular junto con S.R.S..
En síntesis pues, la discrepancia fundamental de la casacionista con la sentencia impugnada, a juicio de la Sala, consiste en la errada apreciación del dictamen pericial (fs. 47 a 50 y 57 a 59) y la prueba testimonial (fs. 33 a 36). De haber dado el valor correcto a las pruebas, según el recurrente, el Tribunal de segunda instancia no habría llegado a la equivocada conclusión de que entre BANCO GENERAL, S. A. y C.L.S. no existían dos deudas recíprocas.
Tratándose de la causal de infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba se hace necesario recordar que los errores probatorios conforman una cadena de tres eslabones: a- el error y su demostración; b- la consiguiente infracción de la ley sustantiva; y c- la incidencia del cargo sobre la parte dispositiva de la resolución recurrida. Qué significa lo anteriormente señalado? Pues bien, que el hecho de que el sentenciador cometa yerros en la apreciación de la prueba los mismos por sí solos, no configuraran la causal de casación sino que dichos yerros son medios por el cual puede arribarse al motivo que va a consistir justamente en la infracción de la norma de derecho sustantiva o material. Pasemos pues, a realizar un análisis del asunto de una forma separada respecto a la valoración de cada prueba.
a.- Lo relacionado a el dictamen del perito JULIO ANTONIO EFFIO (fs.47 a 50) y el dictamen de los peritos DIANA LEE CHEN y MARIO GARUZ (fs. 57 a 59) dentro de la diligencia de inspección judicial de los libros, registros y archivos de BANCO GENERAL.
A fojas 47,48,49 y 50 de este negocio se observa el dictamen rendido por el perito licenciado JULIO ANTONIO EFFIO T., perito nombrado por el Tribunal. Dicho dictamen pericial fue recibido en el tribunal en el término y hora señalado. En dicho dictamen el perito del tribunal al emitir concepto de acuerdo con el cuestionario que le fue propuesto señaló que había llevado a cabo el examen de las tarjetas de firmas, contratos de cuenta corriente, notas de débitos y créditos, correspondencias, listado de computadoras (movimiento diario) archivo de microfilmes, informes internos de gestión de cobranza, memorándum y estados de cuentas bancarias; y, en lo pertinente se lee así:
... El Banco fundamentó esta nota de débito en su contrato de cuenta corriente con su cliente, pero somos de la opinión que el mismo no lo autoriza para debitar la cuenta de un cliente sin su debida autorización escrita, y menos dos cuentas corrientes distintas con los mismo titulares en una ...
Además, la cuenta corriente número 01-1-01-001-006796-0 a nombre de C.L.S. no fue simultáneamente acreditada, debido a que en esa fecha, es decir 17 de febrero de 1989 estaba cerrada, y el crédito fue a la cuenta RESERVA PRESTAVOS (sic) INCONBRABLES, asiento contable que cumple con los principios de contabilidad de aceptación general y el artículo 43-A del Decreto Número 60 de 28 de junio de 1965 ...
El análisis de la acusada sentencia revela que el juzgador ad-quem no menciona ni analiza el dictamen del perito J.A.E.T.A. bien, esta Sala de la Corte llega a la conclusión de que el hecho que la sentencia acusada nada diga con respecto a los elementos de convicción que aporta este elemento probatorio, ello no es motivo para que se case la sentencia toda vez que, como se anotó en líneas anteriores, es necesario que el error probatorio conduzca a la infracción de la norma sustantiva de derecho.
Por otro lado, el dictamen de los peritos DIANA LEE CHEN y MARIO GARUZ es evidente que sí fue valorado por el tribunal ad-quem. A fojas 201 de este negocio se puede observar que el Primer Tribunal Superior de Justicia señala:
"Igualmente acompañó la demanda la tarjeta de apertura la cuenta No. 01-1-01-001-006796-0 a nombre de C.L.S. (fd. 26), así como el Informe Pericial rendido por los Contadores Públicos Autorizados D.L.C. y M.G. (fs. 57-59), quienes sobre el particular, dictaminaron lo siguiente:
"De acuerdo con los registros contables del Banco General, S.A., al cierre del día 16 de febrero de 1989 el saldo de la cuenta corriente número 01-1-01-001-006796-0 de la cual era titular C.L.S. era cero. El saldo cero de la cuenta corriente número 01-1-01-001-006796-0 es producto de la transferencia de saldo, el cual estaba en sobregiro por la suma de doscientos treinta y cinco balboas (B/.235.00), a la cuenta de mayor general No. 189 "Deudores Varios (cuentas por cobrar)", efectuada el día 29 de septiembre de 1988. Posteriormente, el saldo de la cuenta de Deudores varios (cuenta por cobrar) C.L.S. por la suma de doscientos treinta y cinco balboas (B/.235.00) fue acreditado con cargo a la cuenta No. 270 "Reserva para préstamos Incobrables". (fs.57).
"Empero, a pesar de que los peritajes citados con antelación arriban a conclusiones idénticas, al señalar que la parte actora no sufrió daños y perjuicios, materiales o morales-, por la circunstancia especial de que el cheque devuelto por falta de provisión de fondos de la cuenta No. 04-001-724456-0, identificado con la numeración 664356, fue girado a favor de la empresa HUMAN DEVELOPMENT, S.A., sociedad familiar, en la cual aparece como suscriptora y vicepresidente la propia demandante, el Tribunal debe dilucidar que los daños y perjuicios reclamados por lógica jurídica".
No obstante lo anotado, esta S. advierte que de fojas 57 a fojas 59 consta el informe pericial de los licenciados DIANA LEE CHEN, Contador Público Autorizado con Licencia No. 2545 y MARIO GARUZ, Contador Público Autorizado con Licencia No. 293, pero, al momento de ser presentado ante el Juzgador Primero del Circuito de lo Civil, el S. de dicho tribunal dejó constancia que dicho dictamen se recibía a insistencia de conformidad con lo que prescribe el artículo 476 del Código Judicial puesto que fue presentado fuera del término señalado para la entrega del mismo (informe); y, aunado a lo anterior, no se apersonaron al Tribunal para someterse a las preguntas y repreguntas que la ley exige. Dicho informe fue presentado el día 29 de mayo de 1990. pero, fuera de la hora señalada para entregarlo.
Tanto el juzgador primario como el ad-quem tomaron en cuenta y valoraron este medio de prueba; cabe preguntarse ¿ qué valor tiene el mismo si no fue presentado en la hora que el Tribunal señaló para que se rindiera el dictamen y como consecuencia de ello los peritos no pudieron ser interrogados, contrainterrogados y tachados por el adversario. A todas luces resulta evidente que en este caso no se dado cumplimiento al principio de la contradicción ni a lo que prescribe el artículo 945 del Código Judicial.
Dentro de los principios que gobiernan la teoría general de la prueba judicial se encuentra el principio de la contradicción de la prueba, el cual guarda relación con los principios de la unidad y la comunidad de la prueba. Este principio es considerado como un requisito esencial para su validez y autoridad, consistente en que "la parte contra quien se opone un prueba debe gozar de oportunidad procesal para conocerla y discutirla, incluyendo en esto el ejercicio de su derecho de contraprobar, es decir, que debe llevarse a la causa con conocimiento y audiencia de todas las partes" (DEVIS ECHANDÍA, H., Teoría General de la Prueba, Tomo I, pág. 123). El contradictorio constituye una garantía para la contraparte y un instrumento para que la prueba sea lo más auténtica y fiel posible. Si la prueba se ha surtido sin darle cumplimiento a este principio y a lo que se establece en el párrafo primero del artículo 945 de la citada ley, pero, dicho dictamen rendido antes de que se dicte la sentencia de primera instancia es válido y eficaz, máxime en un proceso escrito como lo es el de conocimiento.
No hay que perder de vista que cuando la inspección judicial es practicada por el J. en asocio de peritos se conjugan dos pruebas (el reconocimiento y la peritación). El valor que cada una de ellas tenga será asignado por el juzgador según el resultado que la misma muestre.
C. de lo expuesto que, el Primer Tribunal valoró el dictamen de los peritos LEE CHEN y GARUZ, por consiguiente se descarta este cargo.
a.- Lo referente a los testimonios de MARÍA ESTHER TAYLOR DE MOSCOSO (fs. 33 y 34) y de I.A.G. DE ALEMÁN (fs. 35 y 36).
La parte demandada adujo los testimonios de Estela Tarte, M.E.T. de M., I.A.G. de A. y L.M.L.U.. El juzgador primario los admitió y fijó fecha para la práctica de los mismos. Con respecto a los testimonios que el casacionista señala como no valorados por el ad-quem, se trata de las declaraciones de E.I.T.V. y M.E.T. de Moscoso quienes coinciden en afirmar que antes de compensarse la deuda se le avisó al señor C.L.S. sobre el débito que se le iba a hacer el 17 de febrero de 1989 en la cuenta conjunta "O" que mantenía con S.R.S.. De conformidad con lo que establece el artículo 896 del Código Judicial en su numeral 3o. nos encontramos ante testigos sospechosos puesto que son dos funcionarias del BANCO GENERAL, parte del proceso que pidió la prueba. La primera de las personas llamadas aquí, en la posición de asistente de oficial en el departamento de cobros de sobregiro y la segunda como vicepresidente en la casa matriz de dicha institución bancaria. Obviamente que siguiendo las reglas de la sana crítica resulta evidente que la circunstancia anotada disminuye la fuerza de esas dos declaraciones, lo cual significa que no es que se haya incurrido en un error de derecho al ejercer su función valorativa sino que se le ha dado el valor correcto a estos dos testimonios. En consecuencia, tampoco prospera este cargo.
Cabe señalar en este mismo orden de ideas que el artículo 769 del Código de Procedimiento no guarda relación con la causal invocada; por consiguiente ni éste ni el 945 del mismo cuerpo legal han sido infringidos como tampoco el 1081, 1082, 1088 del Código Civil y 3 de la Ley 42 del 8 de noviembre de 1984.
En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia del once (11) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992) proferida por el Primer Tribunal Superior de justicia.
(fdo.) R.T.M.

References: resolución 
 artículo 1264
 artículo 983
 resolución 
 resolución 
 artículo 983
 artículo 3
 artículo 1082
 artículo 28
 artículo 983
 resolución 
 resolución 
 artículo 43
 artículo 476
 artículo 945
 artículo 945
 artículo 896
 artículo 769