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Timestamp: 2018-07-18 16:32:43+00:00

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La Ley contra el Odio enmienda parcialmente la Constitución - LUZ Agencia de noticias
17-11-2017 a las 16:21:35
Al menos 8 artículos de la ley menoscaban los principios de pluralidad, diversidad, libertad y acceso a internet. Juan Berríos, profesor de LUZ, asegura que el instrumento enmienda los artículos 23 y 57 de la carta magna
Contraria a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia se convierte en una nueva norma para «censurar la debilitada libertad de expresión» en el país, así lo denunció la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una vez que, el jueves 9 de noviembre de 2017, el documento entró en vigencia tras su aprobación por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y publicación en la Gaceta Oficial N° 41.274.
De acuerdo con artículo 1, el objeto de la ley «es contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia»; sin embargo, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales aseguran que se trata de un instrumento para perseguir a la disidencia política y fustigar la libertad de expresión y de pensamiento.
Enmienda parcial a la Constitución
Juan Berríos Ortigoza, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, no solo coincide con los pronunciamientos de los organismos internacionales, sino que enfatiza en que la ley —al tener rango constitucional— enmienda los artículos 23 y 57 de la Constitución Nacional. «Las normas que contradigan lo que dice esta ley se consideran derogadas, y eso lo dice la disposición transitoria primera: “cualquier norma que colide con lo establecido en esta ley constitucional queda derogada”. Esta ley enmienda parcialmente la Constitución de la República».
La ley hace referencia a 3 conceptos jurídicos que están inmersos en el artículo 57 de la Constitución Nacional que son objetivables: el anonimato, la propaganda de guerra y los mensajes discriminatorios, pero, además, incluye al odio como categoría jurídica, que no está en la carta magna. Juan Berríos explica que la ley no lo define de manera expresa. «Eso tiene que ver con la dificultad de darle una referencia objetiva al término odio. El anonimato, la propaganda de guerra y los mensajes discriminatorios son objetivables, por lo tanto, sería mucho más simple determinar. La ley lo que hace es agregar una categoría que es el odio», manifiesta Berríos, quien asegura que el instrumento legal no es objetivo, y ese es el riesgo.
En su 73.ª Asamblea General, realizada desde el 27 hasta el 31 de octubre de 2017, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre el contenido de la ley. Para esa fecha, el presidente Nicolás Maduro había consignado el proyecto ante la ANC. «El proyecto sanciona el odio en términos genéricos, sin definirlo, y excede con creces lo previsto en el artículo 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia”. El régimen pretende prohibir el odio como tal, reservándose el derecho de determinar qué constituye odio y qué es lo que debe ser sancionado. Sin dudas se trata de otro mecanismo para censurar y crear autocensura», se reseña en el informe sobre Venezuela que elaboró la SIP.
De acuerdo con el profesor Juan Berríos, la ley invierte la premisa contemplada en el artículo 23 de la Constitución Nacional, que hace referencia al principio de progresividad de los derechos humanos sobre la interpretación de alguna restricción. «Lo que se hace es revertir la premisa del artículo 23. En caso de dudas, no se va a preferir aquella norma o el ejercicio con mayor libertad, sino que se preferirá la restricción», indica el profesor de LUZ, quien agrega que la ley siempre afectará la libertad de expresión. «La libertad de expresión, ante el derecho a la paz y a la convivencia pacífica, siempre será sacrificado de manera absoluta, y eso es un asunto que trasgrede del artículo 23 de la Constitución».
Al menos 8 artículos de la ley menoscaban los principios de pluralidad, diversidad, libertad y acceso a internet, según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). El artículo 1 —que establece cuál es el objeto de la norma— y el artículo 12, que obliga a las emisoras de radio y canales de televisión (públicos, privados, comunitarios y de suscripción) a difundir mensajes «dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad» por un tiempo de 30 minutos semanales, vulneran la declaración Conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos, que establece que la libertad de expresión se aplica a internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación, y que todas las «restricciones solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen».
De acuerdo con el análisis del Instituto Prensa y Sociedad, el artículo 13, además de representar una medida de censura, también restringe el acceso a la información y viola los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República, que señalan que la comunicación es libre y plural. Asimismo, el artículo 14 de la ley obliga a las personas jurídicas que administran las redes sociales y medios electrónicos a retirar inmediatamente de su difusión cualquier propaganda o mensaje que constituya una incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia. Según el IPYS, este artículo viola los estándares internacionales de libertad de expresión y los principios de internet como derecho humano.
En ese sentido, David Gómez Gamboa, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ y director de la organización Aula Abierta Venezuela, asegura que la ley «es un instrumento adicional de toda una estrategia de un régimen que busca avanzar hacia el manejo absoluto del poder comunicacional, amenazando la libertad de expresión». A juicio del profesor Gómez Gamboa, la ley «asoma la posibilidad de ilegalizar partidos políticos, cerrar medios de comunicación e inclusive a prestadores de servicios de internet, e impone determinados contenidos» vulnerando aún más derechos tan elementales para una democracia, como la libertad de expresión y de información.
Las medidas restrictivas, de acuerdo a los estándares sobre libertad de expresión en internet que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos «deben ser transparentes y estar sometidas a rigurosos controles de órganos autónomos y especializados, de manera que tengan la capacidad técnica y las garantías suficientes para resguardar posibles amenazas estructurales respecto de internet o de la integridad de las comunicaciones». El Instituto Prensa y Sociedad, en su análisis, establece que se ignoran los principios establecidos en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que sí son de obligatorio cumplimiento por ser parte de los tratados asumidos por el Estado venezolano en la Constitución Nacional.
Los artículos que han generado mayor controversia en la opinión pública es el número 20, que establece entre 10 y 20 años de prisión como sanción para «quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio», y el artículo 21, el cual señala como «un agravante de todo hecho punible que sea ejecutado o incrementado por motivo de la pertenencia, real o presunta, de la víctima a determinado grupo racial, étnico, religioso o político, así como por motivos de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio».
Los artículos mencionados violan el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 59 de la Constitución Nacional, además del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hace referencia a que todos los ciudadanos tienen derecho a su libertad y seguridad personal. Asimismo, el artículo 22 de la denominada ley contradice —según el IPYS— la Declaración Conjunta del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, que establece que los sistemas de filtrado y bloqueo de contenidos impuestos por gobiernos o proveedores de servicios comerciales que no sean controlados por el usuario final constituyen una forma de censura previa y no representan una restricción justificada a la libertad de expresión.
Distintos han sido los pronunciamientos en rechazo a ley por parte de organismos nacionales e internacionales y de organizaciones de la sociedad civil. El 10 de noviembre de 2017, a través de un comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su «grave preocupación», debido a que se establecen «sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e internet», contrario a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
A juicio de la Relatoría Especial, las restricciones contenidas no solo generan un «fuerte efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática», sino que podrían impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país. Para los relatores de la CIDH, 3 aspectos de la ley resultan alarmantes: «El uso de figuras vagas y sanciones exorbitantes e imprescriptibles para penalizar expresiones de interés público; la imposición de gravosas obligaciones a todos los medios de comunicación, entre ellas la supresión y retiro de información de interés público; y la amplia posibilidad otorgada al Estado de utilizar los medios de comunicación e imponer contenidos», se reseña en el comunicado.
Ante la falta de precisión y claridad en el régimen de obligaciones sobre los medios de comunicación y las plataformas de internet que están contenidas en la denominada ley, la Relatoría Especial considera que, en nombre de la paz, la tranquilidad pública y la nación, se le otorga al Estado facultades para censurar a los medios de comunicación. «Es fundamental que el marco legal provea seguridad jurídica a los medios de comunicación y determine, en los términos más claros y precisos posibles, las condiciones de operación», prescriben los relatores en el comunicado. Del mismo modo, manifiestan a las autoridades dejar sin efecto la norma y que se rectifiquen los aspectos que podrían conducir a una grave afectación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa, una vez aprobado el documento por la Asamblea Nacional Constituyente, lo calificó como «una nueva ley de censura y persecución del régimen venezolano» que, a su juicio, busca acabar con la debilitada libertad de expresión en el país. Para la SIP, la ley criminaliza la disidencia y borra de raíz dos de los derechos más preciados en una democracia: la libertad de asociación y la libertad de expresión.
Última actualización ( 17-11-2017 a las 18:35:51 )

References: artículo 1
 artículo 57
 artículo 20
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 1
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 59
 artículo 9
 artículo 22