Source: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/Argentina.12.221.htm
Timestamp: 2017-12-14 20:59:04+00:00

Document:
Argentina 12.221 Admisible
INFORME Nº 1/03*
PETICIÓN 12.221
1. El presente informe se refiere a la admisibilidad de la petición 12.221. Las actuaciones fueron iniciadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo “Comisión Interamericana”, “Comisión” o “CIDH”) tras recibir una petición, el 12 de mayo de 1999, e información de respaldo, el 6 de octubre de 1999, presentadas por Francisco Gutiérrez, Nilda Maldonado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) (en lo sucesivo “los peticionarios”), contra la República Argentina (en lo sucesivo “Argentina” o “el Estado”).
2. Los peticionarios sostienen que Jorge Omar Gutiérrez, entonces Subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fue asesinado el 29 de agosto de 1994 por agentes del Estado --específicamente un oficial de Policía, en asociación para delinquir con otros oficiales-- que procuraban detener las investigaciones sobre actos de corrupción por elevadas sumas de dinero, realizadas por la víctima contra funcionarios gubernamentales de alta jerarquía. Los peticionarios sostienen que la investigación del asesinato fue obstruida por la Policía Federal y que el procesamiento del presunto asesino fue parcial y presentó vicios que permitieron a los responsables eludir el castigo e impedir que se hiciera justicia a la familia de Gutiérrez. Los peticionarios hacen hincapié en que sus aseveraciones cuentan con el respaldo de las conclusiones de una Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación, creada para investigar supuestos actos de corrupción en la administración aduanera. También sostienen que los hechos alegados constituyen violaciones a los derechos la vida y a la protección y las garantías judiciales, así como omisión, por parte del Estado, de cumplimiento de su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en los Artículos 4, 25, 8 y 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo sucesivo “Convención Americana”).
3. El Estado, por su parte, sostiene que los procedimientos judiciales referentes a la persona formalmente acusada de haber asesinado al Subcomisario fueron manejados por los órganos jurisdiccionales competentes, que actuaron dentro de su esfera de competencia, por lo cual no existe mérito ni posibilidad legal de que los examine la Comisión, y que los peticionarios no presentaron fundamentos de hecho o de derecho suficientes para demostrar la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida que aducen. Además el Estado señala que en virtud de que las autoridades competentes continúan investigando, aún no se han agotado los recursos internos y están siendo respetados los derechos a la protección judicial y a las garantías judiciales.
4. Como más abajo se señala, tras examinar el caso la Comisión concluyó que es competente para entender en las denuncias de los peticionarios referentes a las alegadas violaciones de los artículos 4, 8, 25 y 1(1) en relación con el asesinato de Jorge Omar Gutiérrez y a la respuesta del Estado a la misma, y que el caso es admisible conforme a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.
5. La Comisión acusó recibo de la petición recibida el 12 de mayo de 1999 mediante una nota del 18 de mayo de 1999. El 6 de octubre de 1999 la Comisión recibió información adicional y pruebas documentales en respaldo de la petición. El 9 de noviembre de 1999 la Comisión transmitió al Estado las partes pertinentes de la petición y documentación de apoyo, y le concedió un plazo de 90 días para presentar una respuesta. Por nota de la misma fecha se informó a los peticionarios que se había iniciado el trámite de la petición.
6. Por nota fechada el 14 de febrero de 2000 el Estado solicitó prórroga del plazo para presentar su respuesta. Por notas del 24 de febrero de 2000 la Comisión concedió al Estado 45 días más y notificó esa decisión a los peticionarios. Por nota del 11 de abril de 2000 el Estado solicitó una prórroga adicional. Por notas del 24 de abril de 2000, la Comisión concedió una prórroga hasta el 9 de mayo de 2000 y notificó esa decisión a los peticionarios.
7. El 8 de mayo de 2000 la Comisión recibió una nota del Estado, fechada el 4 de mayo de 2000, en que indicaba que el objeto de la petición había sido considerado por los tribunales internos y que se había solicitado información pertinente a las autoridades correspondientes. En consecuencia el Estado solicitó una prórroga excepcional para responder, dejando constancia de que no aceptaba ninguna de las manifestaciones de derecho ni de hecho de los peticionarios. La Comisión respondió por nota del 16 de mayo de 2000, en que indicaba que el período previsto en el artículo 34(6) del Reglamento entonces aplicable, había expirado el 9 de mayo de 2000.[1]
8. El 28 de agosto de 2000 los peticionarios se dirigieron a la Comisión para solicitar una audiencia. Por nota del 13 de septiembre de 2000 la Comisión señaló que no le era posible acceder a ello debido al gran volumen de solicitudes ya aceptadas. Por comunicación fechada el 26 de diciembre de 2000 los peticionarios solicitaron que la Comisión aplicara los términos del artículo 42 del Reglamento entonces vigente, que dispone ante la falta de respuesta del Estado, la Comisión puede dar por ciertos los hechos alegados en la petición, en tanto fueran compatibles con otra información disponible.
9. Por nota del 1º de febrero de 2001 los peticionarios reiteraron su solicitud de que se tuvieran por ciertos los hechos por ellos alegados, y sostuvieron que en virtud de su omisión de responder, el Estado había renunciado a su derecho de controvertir la admisibilidad de la petición. Por nota del 26 de marzo de 2001 se acusó recibo de esta comunicación y de la anterior.
10. Por nota del 23 de marzo de 2001 el Estado presentó información en respuesta a la petición 12.221. Señaló que había dirigido tres solicitudes de información a las autoridades provinciales, que las habían respondido en septiembre de 2000 indicando que su demora obedecía a que las solicitudes habían sido incorporadas en otro expediente. El Estado indicó que no se habían agotado los recursos internos y que no era aplicable la presunción de verdad prevista para el caso de omisión de respuesta por parte del Estado.
11. El 25 de mayo de 2001 se transmitió la respuesta del Estado a los peticionarios, a quienes se concedió el plazo de un mes para presentar observaciones. El 25 de junio de 2001 los peticionarios respondieron contestando las aseveraciones del Estado. El 17 de agosto de 2001 las observaciones de los peticionarios fueron transmitidas al Estado, al que se concedió un plazo de un mes para formular su respuesta. Por nota del 8 de agosto de 2001 los peticionarios solicitaron una audiencia para analizar la admisibilidad de la petición de autos. Por nota del 5 de septiembre de 2001 la Comisión señaló que no le era posible acceder a lo solicitado.
12. Por nota del 26 de septiembre de 2001, el Estado presentó información y argumentos adicionales. El 24 de octubre de 2001 se recibió una copia del expediente del caso judicial iniciado contra la persona formalmente acusada. El 29 de octubre de 2001 se transmitió a los peticionarios esa documentación, y se les concedió el plazo de un mes para formular observaciones. Por nota recibida el 29 de noviembre de 2001 los peticionarios solicitaron prórroga para presentar sus observaciones, que les fue concedida hasta el 15 de febrero de 2002. Entre tanto, por nota del 22 de enero de 2002 los peticionarios solicitaron una audiencia ante la Comisión para analizar la admisibilidad de la petición. El 13 de febrero de 2002 la Comisión informó a los peticionarios que no le era posible acceder a lo solicitado.
13. El 15 de febrero de 2002 fueron recibidas las observaciones de los peticionarios. Debido a un error involuntario de archivo, las mismas fueron transmitidas al Estado el 26 de julio de 2002, y se concedió al Estado un plazo de un mes para formular observaciones. Durante una visita de trabajo realizada por el Relator para Argentina de la Comisión entre el 29 de julio y el 6 de agosto de 2002 para ocuparse de varios procesos de solución amistosa y otros asuntos, la delegación de la Comisión se reunió con la familia del Subcomisario Gutiérrez.
14. Por notas del 28 de agosto y del 9 de septiembre de 2002, el Estado formuló observaciones adicionales, que a su vez, el 10 de octubre de 2002, fueron transmitidas a los peticionarios, a quienes se concedió el plazo de un mes para formular observaciones. Por nota del 27 de noviembre de 2002 los peticionarios presentaron una respuesta adicional en que reiteraron posiciones anteriormente expresadas. Éstas fueron transmitidas al Estado con carácter informativo por nota del 23 de enero de 2003.
15. Según el relato de los peticionarios, la noche en que fue asesinado, el Subcomisario Gutiérrez cumplía su turno en la Comisaría Segunda de Avellaneda. Tomó el Ferrocarril General Roca (línea de Constitución a La Plata) para regresar a su domicilio en Quilmes, donde vivía con su esposa y tres hijos. Su cadáver fue encontrado en ese mismo tren por un guardia que no estaba en servicio, poco después de la medianoche, en las primeras horas del 29 de agosto de 1994. La víctima vestía su uniforme reglamentaria y llevaba su pistola de servicio de 9 mm., la chapa, un portafolio, un anillo y una cadena de oro.
16. La investigación judicial fue realizada por el Juzgado Criminal y Correccional Nº 5 de la Ciudad de La Plata. Los peticionarios alegan que la indagatoria presentó fallas desde el comienzo, señalando, por ejemplo, que los investigadores no tomaron nota de ciertas pruebas o no les dieron importancia. Señalan que si bien la teoría inicial examinada era que la víctima había sido asesinada por una bala perdida disparada desde fuera del tren, era evidente para todo el que examinara la posición del cadáver y las heridas de entrada y salida, que había sido asesinada de un disparo efectuado a corta distancia, desde atrás. Se sostuvo que la bala había sido disparada a una distancia de menos de 50 cm, había penetrado en la nuca y había salido en una zona próxima a la frente, lo que los peticionarios denominan "tiro de la muerte”, premeditado y con intención de matar. Según los peticionarios se formularon otras teorías análogamente infundadas a los efectos de oscurecer la verdad.
17. Los peticionarios informan que más tarde fueron encontrados dos testigos del asesinato. El primero, Gabriel Ramón (“David”) Silva, fue localizado, no por la Policía, sino por la familia de la víctima. En sus declaraciones ante las autoridades, Silva indicó que los asesinos eran dos miembros de la Policía Federal Argentina apodados “Chiquito” y “Colorado”. Añadió que ambos habían sido vistos en los trenes todos los viernes a determinada hora, exigiendo un soborno de diez pesos a los vendedores ambulantes como él y que a los que no pagaban les confiscaban sus mercaderías y los detenían por 24 horas. Dijo que fue Chiquito --a quien ulteriormente identificó como Alejandro Daniel Santillán, miembro de la Policía Federal-- el que había disparado contra Gutiérrez. Silva se retractó parcialmente de su declaración durante el juicio, pero más tarde declaró ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación que la retractación había sido preparada con los abogados de Santillán tras haber sido mantenido en prisión durante tres días en la División Roca de la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria de la Policía Federal Argentina (en lo sucesivo “SSF-PFA”), donde fue torturado por dos agentes de la SSF-PFA.
18. Los peticionarios señalan que la otra testigo, Alejandra Chumbita, efectuó descripciones similares, señalando inclusive que los dos hombres le advirtieron, después del asesinato, que no dijera nada. Uno le mostró una chapa policial y le dijo que ambos eran policías y que la víctima era un borracho.
19. Los peticionarios señalan asimismo que fue a través de la reconstrucción de los hechos realizada con el testigo Silva que los expertos pudieron localizar el impacto de la bala disparada en un pilar de un puente. Los peticionarios sostienen que las declaraciones de esos dos testigos indican que el Oficial conocido como "Colorado" se aproximó al Subcomisario Gutiérrez cuando éste estaba sentado en el tren. Según esas versiones los dos conversaron, luego Santillán siguió caminando, giró en su torno para ponerse detrás de Gutiérrez y disparó el tiro fatal.
20. Los peticionarios sostienen que el día siguiente al arresto y la detención de Alejandro Daniel Santillán, el 23 de septiembre de 1994, la SSF-PFA presentó declaraciones de dos menores que implicaban a otras dos personas en el asesinato. Los menores se retractaron durante el juicio y ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación, sosteniendo que habían sido torturados por los mismos dos agentes de la SSF-PF identificados por el testigo David Silva como los que lo habían torturado. Los peticionarios sostienen que la investigación iniciada contra ambos agentes no produjo resultado alguno y que ningún Oficial de Policía ha sido sancionado en relación con estos hechos.
21. Alejandro Daniel Santillán fue mantenido en detención preventiva por un poco más de dos años. La audiencia de su juicio se celebró los días 11 y 12 de noviembre de 1996. Fue absuelto sobre la base de "dudas insalvables", según los peticionarios principalmente como resultado de la retractación parcial del testigo Silva, otras dudas en relación con la declaración de Silva y Chumbita, y la coartada ofrecida por su compañera y por la madre de ésta.
22. Los peticionarios sostienen que los hechos en cuestión demuestran la obstrucción de la justicia realizada por la Policía Federal, que fue evidente en el momento del juicio pero que no fue tenida en cuenta por las autoridades judiciales y frente a la cual no se tomó medida alguna. Argumentan que la judicatura, por su parte, realizó una investigación incompleta y deficiente. Los peticionarios hacen hincapié en que no se realizó ningún esfuerzo serio para identificar al otro supuesto perpetrador del crimen, apodado "Colorado", pese a las descripciones físicas y a la información conexa proporcionada por diversos testigos. Estos factores hicieron que el procesamiento fuera incompleto y estuviera viciado de nulidad. En consecuencia sostienen que el Estado no cumplió sus obligaciones de investigar el asesinato y procesar y castigar a los responsables, en observancia de las normas del debido proceso.
23. Los peticionarios hacen hincapié en que su posición con respecto a la investigación y al procesamiento deriva de, y es respaldada por, las conclusiones de la "Comisión Especial Investigadora de la probable comisión de hechos ilícitos perpetrados o producidos en la Administración Nacional de Aduanas” creada por la Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Argentina. Informan que la Comisión Especial comprobó graves irregularidades en la investigación de la muerte de Jorge Omar Gutiérrez, y por esa razón acudieron al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires para solicitar que se considerase la reapertura de la investigación. Los peticionarios señalan también que uno de los jueces que juzgó a Alejandro Daniel Santillán mencionó en la propia sentencia fallas de la investigación que le habían impedido llegar a una conclusión sobre la responsabilidad por el crimen. En este sentido, los peticionarios sostienen que, de hecho, las violaciones de derechos humanos que expresan fueron reconocidas por el Estado.
24. Los peticionarios afirman que la Comisión Interamericana es competente para entender en el caso, en especial porque los recursos internos que corresponden a sus denuncias fueron invocados y agotados, a través de la sentencia definitiva que confirmó la absolución de Santillán. Los peticionarios adjuntaron a sus escritos una copia de la sentencia emitida por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires y apelaciones conexas, todas las cuales fueron rechazadas. Los peticionarios señalan que a pesar que se reabrió la investigación judicial de la muerte del Subcomisario Gutiérrez, en virtud de las solicitudes de investigación presentadas por escrito por la familia, no se ha registrado avance alguno. Además, aunque se iniciaron varias investigaciones por falso testimonio en relación con el procesamiento de Santillán, se perdió el expediente de uno de ellos y se desecharon los cargos de otros dos.
25. Finalmente, los peticionarios afirman que como el Estado no presentó su respuesta a la Comisión dentro de los 90 primeros días previstos, renunció a su derecho de contestar los cargos como inadmisibles o controvertir los hechos aducidos. Citando el artículo 42 del antiguo Reglamento de la Comisión y el artículo 39 del actual Reglamento, así como jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostienen que toda alegación de parte del Estado referente al no agotamiento de los recursos internos debió haber sido formulada en esa primera oportunidad, y que la demora del Estado en responder implica renuncia a su derecho de contestar las alegaciones de derecho y de hecho formuladas en la petición.
26. La posición del Estado puede resumirse en seis puntos. Primero, el Estado sostiene que las denuncias de los peticionarios referentes a la absolución de Alejandro Daniel Santillán debido a insuficiencia de la prueba son inadmisibles, porque obligarían a la Comisión a actuar como una denominada "cuarta instancia" de revisión. El Estado sostiene que el proceso seguido contra Santillán y la investigación que lo precedió fueron realizados por los órganos jurisdiccionales pertinentes que actuaron dentro de la esfera de su competencia y conforme al derecho interno. Si la Comisión revisara ese proceso estaría tomando parte en evaluaciones de hecho y de derecho interno que corresponden al sistema jurídico interno. El Estado hace hincapié en que el juicio de Santillán terminó con su absolución debido a que la Fiscalía no logró producir pruebas suficientes que superaran la presunción de inocencia en su favor, y se realizó con plena participación de las partes, incluida la familia de la víctima.
27. Segundo, el Estado señala que si bien la absolución de Alejandro Daniel Santillán dio lugar a una sentencia definitiva que es ahora cosa juzgada, esa sentencia se limitó a cerrar la investigación en cuanto se refería a ese acusado. El Estado indica a este respecto que el proceso de investigación de la muerte del Subcomisario fue reabierta a solicitud de la Fiscalía y sigue abierta, y que la familia de Gutiérrez sigue participando en ella como parte. En consecuencia, la investigación puede seguir su curso si surgen nuevas pruebas. El Estado concluye, pues, que el procesamiento de Santillán y la investigación en curso demuestran que los recursos internos se han mostrado disponibles y eficaces.
28. Tercero, el Estado afirma que las denuncias de los peticionarios referentes al derecho a la vida contenidas en la petición de autos son manifiestamente infundadas. El Estado describe como conjeturas las posiciones de los peticionarios con respecto a los móviles del asesinato y a la responsabilidad de los agentes del Estado, y sostiene que los peticionarios no han proporcionado ningún elemento de derecho o de hecho que demuestre la participación de agentes del Estado en el asesinato del Subcomisario Gutiérrez, ni la omisión del sistema jurídico interno de reaccionar frente al crimen.
29. Cuarto, el Estado señala que sus autoridades se mostraron diligentes en el caso, y ello de diversas maneras. Informa, por ejemplo, que la Policía de la Provincia de Buenos Aires modificó la categorización administrativa de la muerte de Gutiérrez --inicialmente clasificada como no imputable al servicio y luego imputable al servicio, lo que dio lugar a que sus herederos tuvieran derecho a ser indemnizados. (El Estado señala que esta evaluación administrativa no implica en modo alguno aceptación de responsabilidad por parte de la Provincia con respecto a la petición de autos). El Estado menciona asimismo los actos de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación como prueba de su interés en la plena resolución del asunto.
30. Quinto, el Estado sostiene que los propios peticionarios demostraron que aún no se han agotado los recursos internos, ya que siguen llevando adelante sus reclamaciones tanto ante las autoridades judiciales internas como ante la Comisión Interamericana. El Estado caracteriza los actos de los peticionarios a este respecto como contradictorios, señalando que si los peticionarios verdaderamente hubieran agotado los recursos internos disponibles no seguirían participando en la actual investigación judicial. El Estado sostiene que los peticionarios, por el contrario, se han limitado a señalar su desacuerdo con los resultados de determinados aspectos del proceso jurisdiccional. El Estado concluye, por lo tanto, que los peticionarios no agotaron los recursos internos ni invocaron ninguna violación de los derechos a la protección y a las garantías judiciales previstos en los artículos 8 y 25 de la Convención. El Estado subraya que la obligación de investigar es de medios, y no de resultados, y que esa obligación se cumplió plenamente en el caso de autos.
31. Sexto, con respecto a las alegaciones de los peticionarios de que la omisión del Estado de responder puntualmente a la solicitud de información de la Comisión significa que el Estado renunció a su derecho de cuestionar la admisibilidad de la petición o de los hechos alegados; el Estado sostiene que esa conclusión es errónea por razones de hecho y de derecho. Señala que su solicitud de prórroga del 4 de mayo de 2000 contenía una expresa reserva en el sentido de que la misma no implicaba aceptación alguna de las alegaciones de los peticionarios y que ulteriormente, tan pronto estuviera disponible, se presentaría información pertinente. Señala asimismo que la presunción establecida en el artículo 39 del actual Reglamento de la Comisión, referente a la veracidad de los hechos alegados cuando el Estado no responde, se aplica recién cuando se ha alcanzado la etapa de consideración del fondo del asunto en un caso.
32. Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Convención Americana, los peticionarios están legitimados para formular una petición ante la Comisión. La petición objeto de estudio indica que la supuesta víctima estaba sometida a la jurisdicción del Estado argentino en la época de los hechos aducidos. Con respecto al Estado, la Comisión señala que Argentina es un Estado parte de la Convención Americana, habiendo depositado en debida forma su instrumento de ratificación el 5 de septiembre de 1984. En consecuencia la Comisión posee competencia ratione personae para examinar las denuncias presentadas. Además posee competencia ratione materiae porque los peticionarios aducen violaciones de derechos protegidos en el marco de la Convención Americana.
33. La Comisión posee jurisdicción temporal para examinar las denuncias. La petición se basó en alegaciones sobre hechos ocurridos a partir del 29 de agosto de 1994, fecha del fallecimiento de Jorge Gutiérrez. Los hechos aducidos se produjeron por lo tanto con posterioridad de la entrada en vigor de las obligaciones del Estado como Parte de la Convención Americana. Además, como en la petición se alegan violaciones de derechos protegidos en el marco de la Convención Americana que tuvieron lugar en el territorio de un Estado parte, la Comisión concluye que posee competencia ratione loci para tomar conocimiento de la misma.
34. El artículo 46 de la Convención Americana establece como requisito para que un caso pueda ser admitido "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos". Se estableció ese requisito para brindar al Estado la posibilidad de resolver las controversias dentro de su propio marco jurídico. Conforme a lo arriba indicado, los peticionarios sostienen que la petición cumple este requisito y que al no responder a la petición en la debida oportunidad, el Estado renunció a su derecho de contestar la cuestión de que se trata. El Estado sostiene que señaló en su solicitud de prórroga del 4 de mayo de 2000 que la demora en su respuesta no constituía renuncia a su derecho, y que presentaría la información pertinente una vez que pudiera hacerlo.
35. A este respecto es una doctrina firmemente establecida en la jurisprudencia del sistema interamericano que el requisito de agotamiento de los recursos internos se considera un medio de defensa, por lo cual el Estado puede renunciar a él, aun tácitamente.[2] Como lo señaló la Corte Interamericana, “la excepción de no agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual se presume la renuncia tácita a valerse de la misma por parte del Estado interesado”.[3] La jurisprudencia de la Comisión confirma que a falta de oportuna respuesta por parte de un Estado, la Comisión no está obligada a considerar potenciales objeciones a la admisibilidad que puedan haberse planteado a ese respecto.[4] Además, la Comisión desea hacer hincapié en la obligación de los Estados miembros, que se refleja en los procedimientos generales estipulados en el artículo 48 de la Convención Americana, así como en los artículos 18 y 19 de su Estatuto, de responder oportunamente a las solicitudes de información de la Comisión.
36. En este sentido, la Comisión observa que en virtud de la prolongada demora en presentar su respuesta, el Estado corrió el riesgo de que se le aplicara el principio de preclusión emanado de la presunción de renuncia. Sin embargo, tomando en consideración que: (a) el Estado indicó a partir del 4 de mayo de 2000 que sus autoridades internas se estaban ocupando del tema y que no renunciaba a su derecho a responder;[5] (b) el Estado presentó una respuesta a la petición con una copia del expediente judicial antes de la preparación del actual informe; (c) ambas partes han tenido la oportunidad de presentar observaciones adicionales durante la etapa de admisibilidad, y (d) que es importante asegurar que la petición se beneficie de una tramitación completa, la Comisión considerará los escritos presentados por las partes a este respecto.
37. En la medida en que la petición aduce supuestas fallas en el proceso penal contra Santillán, las partes están de acuerdo en que se agotaron los recursos internos pertinentes.[6] Las partes discrepan, en cambio, acerca de si el agotamiento de esos recursos cumple los requisitos del artículo 46 con respecto a la petición en conjunto. El Estado sostiene que el hecho de que siga pendiente la investigación, que se mantiene abierta a la fecha del presente informe, significa que el requisito no se cumplió. Los peticionarios sostienen que pese al transcurso de más de ocho años desde la muerte de la víctima, la investigación pendiente no ha dado lugar a ninguna acusación por el homicidio y que no se ha producido avance alguno con respecto a la imposición de sanciones por la obstrucción de justicia que alegan, o la aclaración de ésta, habiéndose probado por lo tanto su ineficacia.
38. Cuando no se dispone de recursos internos por razones de hecho o de derecho no es necesario cumplir el requisito del agotamiento de los mismos[7]. El artículo 46(2) de la Convención establece que esta excepción se aplica: cuando no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho que se alega ha sido violado; cuando no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna; o cuando haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. En consecuencia, cuando un peticionario aduce que no está en condiciones de agotar los recursos internos, el artículo 31(3) del Reglamento de la Comisión establece que se traslada al Estado la carga de probar que determinados recursos internos siguen ofreciendo una reparación eficaz frente a los perjuicios aducidos.
39. Los recursos que los peticionarios deben agotar son, por lo tanto, los que están disponibles y son eficaces. Como lo confirma la jurisprudencia firme del sistema, los recursos que no sean rápidos no pueden considerarse disponibles ni efectivos. Sobre la base del examen realizado por la Comisión sobre las posiciones de las partes, el estado de la investigación, que sigue abierta, el transcurso de más de ocho años desde el asesinato del Subcomisario, y la inexistencia de información específica proveniente del Estado acerca de qué medidas concretas, si las hay, falta completar, la Comisión concluye que los peticionarios quedaron excusados del cumplimiento del requisito del agotamiento de este proceso de conformidad con el artículo 46(2).
40. La invocación de excepciones a los requisitos del artículo 46 está estrechamente vinculada con el examen de los aspectos sustanciales de posibles violaciones de derechos comprendidos en este caso, especialmente las garantías relativas al acceso a la justicia. No obstante, dada su naturaleza y su finalidad, el examen previsto en el artículo 46(2) posee autonomía en relación con las normas sustanciales de la Convención. La determinación de si las excepciones al requisito del agotamiento de los recursos internos se aplican en determinado caso, exige un análisis de las denuncias formuladas antes de la determinación de los aspectos sustanciales del caso y separadamente de los mismos y a la luz de normas distintas de la utilizada para establecer si el Estado es responsable de la violación de los derechos a la protección o a las garantías judiciales estipulados en la Convención. Las causas que han impedido el agotamiento de los recursos internos y las consecuencias de los mismos serán analizados en la medida en que corresponda cuando la Comisión examine los aspectos sustanciales del caso de autos.
41. Conforme a lo dispuesto por el artículo 46(1)(b) de la Convención, una petición debe ser presentada en plazo para ser admitida, concretamente, dentro de los seis meses contados a partir de la fecha en que el denunciante haya sido notificado de la decisión definitiva a nivel nacional. La regla no se aplica cuando haya sido imposible agotar los recursos internos por inobservancia del debido proceso, denegación de acceso a recursos o injustificada tardanza en el dictado de la sentencia definitiva. En casos de ese género el artículo 32 del Reglamento de la Comisión establece que la presentación deberá realizarse “dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión. A tal efecto, la Comisión considerará la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso”. Esta regla tampoco se aplica cuando se aduce una situación continua en que los derechos de la víctima se alega que son afectados de manera continuada.
42. La petición de autos fue presentada el 12 de mayo de 1999, dentro de los seis meses siguientes de la fecha de la sentencia dictada el 12 de noviembre de 1998 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazó el recurso extraordinario presentado por la familia Gutiérrez contra la sentencia que absolvió a Santillán. Además, la petición hace también referencia a la investigación del asesinato que sigue pendiente. Por lo tanto la Comisión concluye que se ha cumplido el requisito de la presentación en plazo estipulado en el artículo 46(1)(b).
43. El artículo 46(1)(c) establece que la admisibilidad de una petición está sujeta al requisito de que el asunto “no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional” y el artículo 47(d) de la Convención estipula que la Comisión no puede admitir una petición que "sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional”. En el caso de autos las partes no han sostenido la existencia de ninguna de esas dos circunstancias de inadmisibilidad, ni ello surge de las actuaciones cumplidas.
44. El artículo 47(b) de la Convención Americana prohíbe admitir las alegaciones en que no se aduzcan hechos que tiendan a probar una violación de derechos. En el caso de autos el Estado ha sostenido, en términos generales, que la petición debe ser declarada inadmisible porque en ella no se exponen hechos que caractericen una violación. Más concretamente, el Estado sostiene que los peticionarios pretenden que la Comisión actúe como "cuarta instancia", para lo que no es competente, y que los peticionarios no han demostrado la participación de ningún agente del Estado en el asesinato de la víctima.
45. A los efectos de la admisibilidad, la Comisión debe decidir si los hechos pueden caracterizarse como violación de derechos, según lo estipulado en el artículo 47(b) de la Convención Americana, o si la petición es “manifiestamente infundada” o es “evidente su total improcedencia”, conforme al subpárrafo (c) de ese artículo. El criterio de evaluación de esos requisitos difiere del que se utiliza para pronunciarse sobre el fondo de una petición; la Comisión debe realizar una evaluación prima facie para determinar si la petición establece el fundamento de la violación, posible o potencial, de un derecho garantizado por la Convención, pero no para establecer la existencia de una violación de derechos.[8] Esta determinación implica un análisis sumario, que no implica prejuzgar sobre el fundamento del asunto. Al establecer dos etapas --una referente a la admisibilidad y la otra al fondo del asunto-- el Reglamento de la Comisión refleja esa distinción.[9]
46. Con respecto a la cuestión de si al examinar esta petición la Comisión estaría actuando como "cuarta instancia" de revisión del asunto, la jurisprudencia de la Comisión establece claramente que ésta “no es competente para revisar sentencias dictadas por tribunales nacionales que actúen en la esfera de su competencia y apliquen las debidas garantías judiciales”.[10] La Comisión “no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los límites de su competencia”.[11] No obstante, dentro de los límites de su mandato de garantizar la observancia de los derechos consagrados en la Convención, la Comisión es necesariamente “competente para declarar admisible una petición y fallar sobre su fundamento cuando ésta se refiera a una sentencia judicial nacional que haya sido dictada al margen del debido proceso” o a la violación de cualquier otro derecho garantizado por la Convención,[12] tal como ocurre en el caso de autos. El argumento del Estado por el que se niega que los peticionarios hayan presentado suficientes elementos de hecho y de derecho que respalden la conclusión de que se ha cometido una violación del derecho a la vida se considerará en la etapa de estos procedimientos referente al fondo del asunto. La Comisión concluye, en el caso de autos, que los peticionarios han formulado denuncias referentes a supuestas violaciones del derecho a la vida y a la protección y a las garantías judiciales que, si cumplen otros requisitos y resultan probadas, pueden tender a demostrar la violación de derechos protegidos en los artículos 1, 4, 8 y 25 de la Convención Americana.
1. Declarar admisible el presente caso en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 4, 8, 25 y 1(1) de la Convención Americana.
Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 20 días del mes de febrero de 2003. (Firmado): Marta Altolaguirre, Primera Vicepresidenta; José Zalaquett, Segundo Vicepresidente; Comisionados Robert K. Goldman, Julio Prado Vallejo Clare K. Roberts y Susana Villarán.
* Conforme a lo dispuesto por el artículo 17(2) del Reglamento de la Comisión, su Presidente, Juan E. Méndez, de nacionalidad argentina, no participó en el debate ni en la adopción de la decisión del caso de autos.
[1] El Reglamento actual entró en vigor el 1º de mayo de 2001.
[2] Véase Corte IDH, Caso Castillo Páez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 30 de enero de 1996, párrafo 40; Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares, Sentencia del 31 de enero de 1996, párrafo 40.
[3] Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, Excepciones Preliminares, Sentencia del 1º de febrero de 2000, párrafo 53 (en que se citan las sentencias mencionadas en la nota 2, supra).
[4] Véase, por ejemplo, CIDH, Informe Nº 89/01 (admisibilidad), Caso Nº 12.342, Balkissoon Roodal, Trinidad y Tobago, 10 de octubre de 2001, párrafo 29.
[5] No se trata de una situación en que el Estado haya declinado presentar una objeción con respecto a este requisito en la etapa inicial de los procedimientos tan sólo para argumentar el no agotamiento en una etapa posterior, de modo que se presuma su renuncia tácita a la objeción. Véase, por ejemplo, CIDH, Informe Nº 81/01 (admisibilidad), Caso Nº 12.228, Alfonso Martín del Campo Dodd, México, 10 de octubre de 2001, párrafos 15-19.
[6] Tras la decisión de primera instancia, los familiares de la víctima, actuando como parte, presentaron recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, que los rechazó. Luego promovieron un recurso extraordinario a nivel federal, al que hizo lugar la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires. Esta última decisión fue revocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 12 de noviembre de 1998, por haber sido concedida por error, ya que no se estaba impugnando la sentencia de un tribunal superior.
[7] Véase Corte IDH, Excepciones al agotamiento de los recursos internos (artículos 46(1), 46(2)(a) y 46(2)(b) Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Ser. A Nº 11, párrafo 17.
[8] CIDH, Informe Nº 128/01, Herrera y Vargas [“La Nación”], Costa Rica, Caso Nº 12.367, 3 de diciembre de 2001, párrafo 50.
[10] Véase, en general, CIDH, Informe Nº 101/00, Caso Nº 11.630, Arauz y otros, Nicaragua, 16 de octubre de 2000, párrafo 56, en que se cita CIDH, Informe Nº 39/96, Caso Nº 11.673, Marzioni, Argentina, 15 de octubre de 1996, párrafos 50-51.
[11] CIDH, Informe Nº 7/01, Caso Nº 11.716, Güelfi, Panamá, 23 de febrero de 2001, párrafo 20, en que se cita Marzioni, supra, párrafo 51.

References: artículo 34
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 39
 resolución 
 artículo 39
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 48
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 31
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 32
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 17