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Timestamp: 2018-03-23 17:40:34+00:00

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DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DEISSN:0041-9060 IGUALES 1 3
DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES
RESUMEN Este artículo se propone justificar la posibilidad y la necesidad de garantizar derechos sociales a las personas inmigradas en los actuales países europeos. Para ello, se analiza el caso español y se intenta mostrar cómo la explotación y discriminación de inmigrantes pobres constituye a menudo no sólo una situación inaceptable desde un punto de vista moral, sino una violación de estándares internacionales y constitucionales. Finalmente, se argumenta a favor de una política progresiva de fronteras abiertas y de una ciudadanía de residencia basada en el reconocimiento a todas las personas de iguales derechos sociales, políticos y culturales. Palabras clave: derechos personales, derechos políticos, derechos civiles, inmigrantes.
Fecha de recepción: 22 de septiembre de 2005 Fecha de aceptación: 25 de octubre de 2005
SOCIAL RIGHTS AND IMMIGRATION: REASONS FOR A COMMUNITY OF EQUALS
ABSTRACT This article intends to justify the possibility and the need of guaranteeing social rights for migrant people in European
Doctor en derecho. Profesor lector de derecho constitucional. Universidad de Barcelona. Av. Diagonal 684. (08034) Barcelona. gerardo.pisarello@ub.edu,
Vniversitas. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60, julio-diciembre de 2005
countries. In order to do that, it analyses the Spanish case and tries to show how exploitation and discrimination of poor migrants often represents not only an unacceptable situation from a moral standpoint, but a violation of international and constitutional standards. Finally, it argues for a progressive open borders policy and for a residence citizenship based on the recognition of equal social, political and cultural rights to everyone. Key words: personal rights, political rights, civil rights, immigrants.
SUMARIO 1. 2. DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: CONTEXTO SOCIOLÓGICO Y REALIDAD POLÍTICA LOS DERECHOS SOCIALES DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LOS DERECHOS SOCIALES DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN EL ÁMBITO SUPRAESTATAL (EUROPEO) Y SUBESTATAL (AUTONÓMICO Y LOCAL) ANÁLISIS CRÍTICO DEL DESARROLLO DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN EL ÁMBITO ESTATAL Y AUTONÓMICO DERECHOS SOCIALES PARA TODOS: ELEMENTOS PARA UN DEBATE
1. DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: CONTEXTO SOCIOLÓGICO Y REALIDAD POLÍTICA El aumento de las migraciones hacia las regiones más ricas del planeta se ha intensificado en las últimas décadas. El agravamiento de las desigualdades entre las zonas centrales y periféricas del sistema económico mundial1, el aumento en
1 Los datos del Informe de 2005 del Programa de las Naciones Unidas sobre el desarrollo son concluyentes. Las 500 personas más ricas del mundo reúnen más ingresos que los 416 millones de personas más pobres. El 40% de la población mundial sólo logra el 5% de los ingresos totales, mientras el 10% más
numerosas regiones de los conflictos étnicos, la proximidad geográfica, los antiguos vínculos históricos, las oportunidades culturales y políticas, el efecto llamado de un modelo de consumo y producción tan publicitado como insostenible, desempeñan un papel fundamental en la explicación de este proceso2. Las personas migrantes, en consecuencia, pueden dividirse en muchas categorías: refugiados a causa de la persecución, la violencia étnica, el hambre, los desastres naturales o ecológicos, buscadores forzosos o voluntarios de familia, amigos, libertad sexual, paz, dinero, trabajo, cultura, aventura y otras cosas3. Aunque no existen datos fiables sobre este fenómeno, la Organización Internacional para las Migraciones estima que mientras en 1910 unos 33 millones de personas vivían en países distintos al suyo, en el año 2000 el número de migrantes alcanzaba los 175 millones de personas. De ese modo, mientras la población mundial se triplicaba, las migraciones se multiplicaban por seis. Actualmente, según datos de esta misma organización, entre 5 y 10 millones de personas se convierten en inmigrantes cada año. A inicios del siglo XXI, se calcula que en la Unión Europea (UE) más de 16 millones de extranjeros procedentes de países no comunitarios viven solos o con sus familias de manera estable. Como consecuencia de ello, la prosperidad de la UE se asienta de manera creciente en la contribución demográfica, laboral y sociocultural proveniente, sobre todo, de los países y regiones empobrecidos. A pesar de esta realidad, la flexibilización de las fronteras internas y el impulso a la libre circulación de capitales, mercancías y servicios, contrastan con el endurecimiento de las fronteras externas y la introducción de restricciones a la libre circulación de personas y a los derechos de los nacionales de terceros países. El objetivo, ciertamente, no consiste en cerrar de manera hermética los confines de la UE. Se trata, por el contrario, de introducir un sistema más o menos rígido de esclusas que permita utilizar el trabajo inmigrante bajo formas clandestinas e ilegalizadas. El mecanismo es sencillo: el mercado laboral europeo produce una oferta intensa de trabajo para las personas extranjeras, sobre todo en servicios y
rico reúne el 54%. Unos 460 millones de personas de 18 países principalmente de África y de la antigua Unión Soviética han empeorado su nivel de vida respecto a comienzos de la década de los años noventa. Cada día mueren 30.000 niños por causas evitables. 2 Sobre los diferentes factores de expulsión y de atracción de migrantes (push and pull factors), vid., entre otros, M. CASTLES y M. MILLER, The Age of Migrations, Palagrave, MacMillan, Nueva York, 2003, pág. 20 y sigs. S. NAÏR, El imperio frente a la diversidad del mundo, De Bolsillo, Barcelona, 2004, pág. 222 y sigs. S UTCLIFFE , B., ¿Un derecho a desplazarse?, en A LVITE , J.P., (coord.), Racismo, antirracismo e inmigración, Gakoa, Donostia, 1995, pág. 16.
ámbitos productivos no cubiertos por los propios nacionales. Acepta a unos pocos, durante un tiempo limitado, en condiciones relativamente normales y empuja a la mayoría a espacios laborales informales, exponiéndolos a la explotación y a la xenofobia4. El Estado español, que ha pasado de ser un tradicional país emisor de migrantes a convertirse en una de las principales puertas de entrada a la UE, no es una excepción en este panorama general. Entre el año 1981 y el año 2001, el total de personas extranjeras en su territorio pasó de 200.000 a más de 1.000.000. Por su parte, el modelo productivo y de consumo intensivo generado tras el ingreso a la Comunidad Europea, en 1986, así como el relativo estancamiento demográfico, han contribuido a la importación masiva de mano de obra extranjera en sectores como la construcción, la agricultura intensiva, la hostelería, el cuidado de mayores o el servicio doméstico. Según los cálculos del Observatorio Permanente para la Inmigración (OPI), adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, hacia finales de 2004 la población extranjera no comunitaria con autorización para residir dentro del territorio español ascendía a unas 1.305.041 personas. Asimismo, se calculaba que alrededor de 1.000.000 de inmigrantes no comunitarios se encontraban, desde el punto de vista administrativo, en situación de irregularidad. El proceso de regularización extraordinaria emprendido por el gobierno entre febrero y mayo de 2005 ha modificado sin duda estas cifras. A pesar de presentarse como una vía de normalización, las propias fuentes oficiales estiman que aún quedan 150.000 personas sin poder regularizarse. Teniendo en cuenta las elevadas solicitudes en trámite y el número de inscritos en la seguridad social, las asociaciones de inmigrantes sitúan esas cifras en unas 800.000 personas. De este modo, y a pesar de las causas muchas veces extremas que las obligan a abandonar sus países, de su legítimo derecho a buscar nuevas oportunidades de vida y de su contribución al bienestar de las sociedades de recepción, la mayoría de las personas inmigradas que consigue atravesar con vida las fronteras de los países ricos se ve constreñida a malvivir en situaciones de precariedad no sólo social sino también jurídica.
Sobre estas cuestiones, vid, DE L UCAS, J., Puertas que se cierran. Europa como fortaleza , Icaria, Barcelona, 1996; D AL LAGO, A., Nonpersone (Lescdlusione dei migranti in una società globlale), Feltrinelli, Milán, 1999; BALIBAR, E., ¿Nosotros, ciudadanos de Europa?, Tecnos, Madrid, 2003, pág. 71 y sigs.; FERRAJOLI, L., Libertad de circulación y constitucionalismo global, en Las razones jurídicas del pacifismo, Trotta, Madrid, 2003, pág. 125 y sigs.; MEZZARDA, S., Derecho de fuga, Traficantes de Sueños, Madrid, 2004; BENHABIB, S., Los derechos de los otros, Gedisa, Barcelona, 2005.
repercute tanto en la calidad de vida de los inmigrantes como en la del resto de la población de los países receptores. en ALVITE. quienes en razón de las políticas de recortes sociales se ven abocadas a una permanente competencia por recursos escasos. se vuelve muy difícil llevar adelante los propios planes de vida. pone en peligro la intimidad. las mujeres inmigradas son colocadas en situación de marcada vulnerabilidad tanto en el ámbito privado como público. las cuestiones económicas. lo más libremente escogido. op. impide buscar empleo. la mayoría de las leyes de extranjería. vid BLANCO. cit. La ausencia de una vivienda digna y segura. asociarse con otros o educar a los hijos. Racismo. incluida la española. Si estas cuestiones afectan al conjunto de los extranjeros pobres. (coord. Así. por su parte. la vida familiar e incluso la integridad física de los inmigrantes. la vivienda.DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 17 Su acceso a derechos básicos como la atención sanitaria. Vniversitas. sobre todo en las capas sociales más desaventajadas. cabeza de familia y ligado a determinados enclaves laborales y productivos como la construcción o el sector agrícola. resulta a su vez indispensable para consolidar la autoestima y desarrollar la propia personalidad. dado el carácter interdependiente e indivisible de todos los derechos fundamentales. compromete el ejercicio de la libertad de expresión o ideológica y. son inseparables de las cuestiones étnicas o de género5.. julio-diciembre de 2005 . civiles y políticos. El inmigrante como sujeto marginado. sobre todo a los que carecen de papeles.). Claves interpretativas. están diseñadas a partir del modelo normativo del inmigrante varón. Como consecuencia de ello. J. en general.P. en definitiva. e incluso algunos de sus deberes respecto al resto de la comunidad. La falta de una educación de calidad. 5 Sobre esta doble perspectiva. la educación o un empleo digno y estable es restrictivo y discriminatorio y se encuentra subordinado en todo momento a las exigencias de mano de obra barata impuestas por los poderes de mercado. aunque la fuerza de trabajo en las sociedades receptoras es cada vez más multicultural y femenina. la negación o el reconocimiento de derechos sociales básicos impide a las personas inmigradas ejercer otros derechos sociales.. En efecto. étnicas o de género son los más perjudicados. antirracismo e inmigración. Un empleo de calidad. los pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad por razones de origen nacional. Sin una atención sanitaria adecuada. MARÍA CRISTINA. de clase. En la explicación de los procesos de discriminación y explotación. 31 y sigs. naturalmente. de aquellos derechos necesarios para integrarse y participar activamente en los asuntos públicos. Esta situación de privación. pág. por ejemplo. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60.
¿Inmigrantes. sino que incide. antirracismo e inmigración. En el ámbito de la reagrupación familiar. genera una espiral de represión.). en la calidad de vida del resto de la comunidad.).. y su consiguiente condena a situaciones 6 Vid. y TORRES. en DE LUCAS. a su vez. E. en A LVITE. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. reproductivas y de cuidado. Sobre el vínculo entre las expresiones populares de racismo y neofascismo europeo. Migraciones femeninas. ha insistido.18 GERARDO PISARELLO Los ejemplos son numerosos. sobre todo de los que ya padecen una mayor deficiencia de equipamientos. cómo los tenemos?..P. 2002. (coord. en los barrios y entre los sectores en situación de mayor vulnerabilidad económica. dan cuenta sobrada de esta situación6. como ya se ha apuntado. La situación de marginación y exclusión a la que las leyes condenan a los inmigrantes generan focos de violencia o atentados contra la pequeña propiedad que tienen lugar. el acceso a los derechos de las mujeres inmigradas queda en muchos casos supeditado a los derechos de su marido. R. julio-diciembre de 2005 . La existencia de trabajadores y trabajadoras inmigrantes sin derechos laborales suficientes y sin capacidad de negociación frente a los empresarios incide en la precariedad y en la explotación del resto de trabajadores. presenta rasgos específicos de discriminación. (ed.. Desde un punto de vista moral y político. BALIBAR. pág. bloqueo social e impotencia política que. MESTRE. La criminalización de estos actos. La concentración de alumnado extranjero en los centros educativos más deteriorados es un factor de erosión de la pluralidad y de la calidad en general de la esfera pública. 124 y sigs. J. Trabajadoras migrantes y negociación de la igualdad en lo doméstico (experiencias de ACUDE-VIMAR: ecuatorianas en Valencia). sobre todo cuando tienen hijos a su cargo y pertenecen a determinados grupos étnicos. la inclusión subordinada de las personas inmigradas al reconocimiento de los derechos. Racismo. Cuadernos de Geografía. op. 7 Vniversitas. En cualquier caso. el menor o mayor reconocimiento de derechos sociales a la población inmigrada no es sólo un problema para ellas. R. o las que se desarrollan en el ámbito de la industria del sexo y la prostitución. Valencia. en última instancia. y MESTRE.. cit.. Dea ex Machina. las inmigrantes se encuentran sobrerrepresentadas en los empleos más precarios y se encargan de labores con frecuencia excluidas o reconocidas de manera devaluada en el mercado formal de trabajo.. Talasa. El acceso a la vivienda de las mujeres inmigradas. tanto presente como futura. nº 72. Madrid. ¿Existe un racismo europeo? Elementos de análisis y de iniciativa. M. la crisis del sistema representativo y las consecuencias de las políticas neoliberales. J. principalmente. coloca en entredicho derechos y libertades fundamentales de todos los habitantes y propicia la irrupción de conductas xenófobas7. Las tareas afectivas. entre otros. La garantía de un entorno habitacional digno o de servicios públicos adecuados condiciona la salud y la seguridad de barrios enteros. F. CASAL. Y en el ámbito laboral. 2003.
Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. Así. la lógica interna del derecho internacional de los derechos humanos formalmente aceptado por los estados. a entrar en un país. En su artículo 13. al consagrar derechos que se reconocen de manera tendencial a todas las personas. Por eso pueden servir para legitimar o para deslegitimar. el discurso de los derechos ayuda a definir un umbral mínimo y compartido de lo que resulta aceptable e inaceptable. Desde una perspectiva jurídica. GABRIELA RODRÍGUEZ PIZARRO. Vniversitas. El 1° artículo asegura que todos tienen el derecho a una nacionalidad. Documento E/ CN . la explotación. A pesar del significativo silencio de la declaración respecto de la obligación de autorizar el ingreso de inmigrantes. El artículo 14 establece el derecho a disfrutar del asilo bajo ciertas circunstancias. el derecho internacional de los derechos humanos y el propio derecho constitucional interno incorporan límites y vínculos formales a la soberanía externa e interna de 8 En el caso español. de conformidad con la resolución 2003/46 de la Comisión de Derechos Humanos. Y el artículo 15 estipula que. respetar el derecho de asilo o permitir un acceso sencillo a la ciudadanía a las personas extranjeras. en efecto.DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 19 de pobreza y marginalidad. es decir. de 14 de enero del 2004. Es obvio que entre los derechos proclamados y lo que sucede en la práctica existe un abismo manifiesto. El hecho de que el acceso a una vivienda digna o al trabajo sean un derecho no ha eliminado el crecimiento exponencial de las personas sin techo o desempleadas. julio-diciembre de 2005 .4/2004/76/Add. En muchos casos. pero no el derecho a inmigrar. a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. resultan significativas las críticas recogidas en el informe presentado tras su visita por la relatora especial de Naciones Unidas.2. y no sólo a los ciudadanos. sin embargo. exclusión y discriminación sostenida de la población inmigrada supone con frecuencia la violación de prescripciones contenidas en constituciones y convenios de derechos humanos reconocidos por los propios poderes públicos estatales8. la Sra. la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce el derecho a la libertad de movimiento a través de las fronteras. esto es. constituyen hechos inaceptables. Al menos desde un punto de vista basado en el rechazo de cualquier forma de dominación y explotación y en la asunción del principio de igual dignidad de las personas que vivan en un lugar determinado. el derecho a emigrar. no puede desdeñarse. estos hechos comportan también vulneraciones a la legalidad aceptada por los propios estados. Sin embargo.
Libertad de circulación y constitucionalismo global. Italia. durante 1993 casi todos los países de cambiaron su legislación o sus constituciones con el objeto de restringir las condiciones de otorgamiento de asilo y los derechos de los inmigrantes no comunitarios. E. pág. precisamente. S.. permanencia y expulsión de los inmigrantes irregulares. SASSEN. estableciendo algunos criterios orientadores y límites para el resto de poderes públicos11. han contribuido a dejar al legislador ordinario y al gobierno un amplio margen de discrecionalidad a la hora de regular la política migratoria y los derechos de los extranjeros. condicionan y disciplinan lo que los poderes públicos. el margen de actuación de los poderes públicos respecto de los no ciudadanos pasa. julio-diciembre de 2005 . L. sobre todo en las condiciones prácticas de entrada... los tribunales constitucionales han paliado en parte esa situación. S.. Es verdad que en algunos países como Francia. op. cit. Barcelona.. Bélgica o España. pág. pueden hacer o dejar de hacer tanto en su política de control de fronteras como en su política de reconocimiento de derechos a quienes habitan en su territorio. así.). 1 0 FERRAJOLI. Lo que rige. y LAURA DÍEZ.. 19 y sigs.. 2. cit. y DÍEZ. Alemania. es un auténtico sistema de excepción. LOS DERECHOS SOCIALES DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS La mayoría de las constituciones europeas apenas contempla referencias al fenómeno migratorio. B. 127 y sigs. 2001. 2005. Vniversitas. 73 y sigs. La ausencia de previsiones constitucionales claras. 17 y sigs.20 GERARDO PISARELLO los estados9. AJA.. ¿Perdiendo el control?... L. ¿Un derecho a desplazarse?. De ese modo. de ser un poder absoluto e ilimitado a ser un poder controlado y limitado por el derecho10. BENHABIB. 1 1 Vid. una especie de apartheid jurídico caracterizado por la alta inestabilidad de la normativa aplicable. La soberanía en la era de la globalización. Introducció. Bellaterra. Sin embargo. Esto es. (coord. la remisión de cuestiones esenciales a regulaciones administrativas carentes de 9 Una reflexión similar en SUTCLIFFE. en Las razones jurídicas del pacifismo. sumada a las exigencias de un modelo de crecimiento económico asentado en la importación variable de mano de obra barata. op. pág. E. pág. Barcelona. al menos desde un punto de vista formal. Esos límites. cit. La regulació de la immigració a Europa. aunque los derechos de ciudadanía no desaparecen. en AJA. de manera razonable y objetiva. Los derechos de los otros. Fundació La Caixa. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60.
2004.). 2002. Trabajo. Así.. 2000. sólo exigibles de manera mediata y supeditados a la reserva de lo económicamente posible13. julio-diciembre de 2005 . Madrid. sino por su estructura interna.DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 21 control y publicidad adecuados.. pág. Vniversitas. Sin embargo. Libertad de circulación. esta percepción se ha intentado justificar.. derechos sociales y globalización. un importante sector doctrinario sigue reservando la expresión derechos fundamentales a los derechos reconocidos en el capítulo II del título I (algunos 1 2 Sobre esta idea de apartheid jurídico y social han insistido. en la estructura de garantías establecidas en el artículo 53. entre otros. cit. La justiciabilidad de los derechos económicos. op. Así. A. entre otros.. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. 2002. ABRAMOVICH. L. Los derechos sociales. El test de la inclusión: los derechos sociales.. la aplicación selectiva y agravada de penas y sanciones o la demora sistemática en la resolución de los expedientes12. más que en la literalidad de la CE. pág. la Constitución española de 1978 ofrece un cuadro de regulación de los derechos sociales y de las personas extranjeras lo bastante parco y ambiguo como para facilitar las interpretaciones restrictivas por parte del legislador. Trotta. Esa estructura le permitiría disfrutar de un tipo de protección calificada vedada al resto de derechos constitucionales. Algunos retos para el siglo XXI. con la excepción del derecho a la educación (artículo 27) y del derecho al trabajo (artículo 35). (coord. op. B ALIBAR. 1 3 Contra los mitos sobre la diferencia entre derechos sociales y derechos civiles y políticos véanse. se encuentran regulados en el título I de la Constitución. Talasa. Buenos Aires.. la ausencia de garantías jurisdiccionales suficientes. V. C. AÑÓN. en ANTÓN. y unos derechos disminuidos los sociales. A. ¿Nosotros. Visión. la mayoría de derechos sociales incluidos el derecho a las prestaciones de la seguridad social (artículo 41). Casi siempre. 86 y sigs. cit. GARCÍA MORALES. Madrid. como el resto de los derechos fundamentales. JOSÉ. un derecho sería fundamental no por el hecho de estar reconocidos en la norma de mayor valor del ordenamiento. Madrid. ciudadanos de Europa?. La mayoría de la doctrina y de los operadores jurídicos ha aceptado de manera acrítica la tesis de la división tajante entre unos derechos fundamentales los civiles y políticos directamente justiciables. y FERRAJOLI. M. A tono con esta línea general. Los derechos sociales como derechos exigibles. Derecho de ciudad. pág. 127. sociales y culturales. a la protección de la salud (artículo 43) o a una vivienda digna y adecuada (artículo 47) se consagran en el capítulo III del título I como principios rectores de la política económica y social. y COURTIS.. Editorial Complutense. E..
que los derechos sociales no sólo no pueden considerarse derechos fundamentales sino que tampoco serían derechos constitucionales. sobre la subordinación de la riqueza al interés general justificaban la limitación del derecho de propiedad reconocido en el artículo 33. julio-diciembre de 2005 . Comentarios a la Constitución española de 1978. restringen esa calificación a los derechos consagrados en la sección I de dicho capítulo).1. el valor de las cláusulas sociales en la CE quedaría reducido. J IMÉNEZ CAMPO sostiene. en Á LZAGA . Vniversitas. pág. El sistema constitucional de protecció del medi ambient. En consecuencia.. es decir. Barcelona. t. Este ha sido el sentido.. Vid JIMÉNEZ CAMPO. IV. 1 5 Así. como cláusulas de cobertura de medidas legislativas limitadoras del derecho de propiedad o de las libertades de mercado que de otro modo podrían resultar inconstitucionales16. (dir. Art. de la categoría de derechos de configuración legislativa. referido al deber de promover condiciones favorables para el progreso social y económico. el resto de derechos sociales del serían. 2005. 53: protección de los derechos fundamentales.22 GERARDO PISARELLO autores. o el artículo 128.. mucho más intenso en todo caso que tratándose de auténticos derechos fundamentales15. Institut dEstudis Autonòmics. y con la excepción del derecho a la educación (artículo 27). O. Madrid.). 1996. J. en su sentencia 89/1994. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. como el propio capítulo III lo indica. en cierto modo. Desde este punto de vista. 1 6 Por ejemplo. básicamente.1. el artículo 40. a partir del análisis del artículo 53 CE. Edesa. a su papel como mandatos o principios objetivos dirigidos al legislador: a) Por un lado. J. principios rectores de la actuación del legislador pero en ningún caso fuente de auténticos derechos subjetivos14. el Tribunal Constitucional entendió que la existencia de ciertos preceptos constitucionales el artículo 47. utilizada de manera preferente por la doctrina y la jurisprudencia para referirse a los derechos sociales. 201 y sigs. De acuerdo con esta caracterización: a) el legislador dispondría de un amplio margen de libertad para definir (o no) el alcance del derecho. b) 1 4 Algunos autores llevan este punto de vista hasta extremos más radicales. sobre derecho a la vivienda. por ejemplo. en la sentencia 227/1988 del Tribunal Constitucional ( FJ nº 7). el derecho resultaría exigible en sede jurisdiccional. como cláusulas de habilitación. J. Vid un análisis más detenido en J ARIA. y sólo una vez realizada la interposición legislativa. apoyándose en alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
por ejemplo. el Tribunal ha reconocido a otros derechos constitucionales un contenido mínimo o núcleo inderogable. entre otras. A. 1 7 El principio de no-regresividad fue objeto de estudio en los primeros años de vigencia del texto constitucional. el principio de no regresividad operaría. OJEDA MARÍN. b) regular el nivel y condiciones de las prestaciones a efectuar o c) modificarlas y adaptarlas a las necesidades del momento puede verse. Paradójicamente abandonado por la doctrina a medida que más necesario resultaba17. Para ello. julio-diciembre de 2005 . Así. 2 1 Ya en su sentencia 81/1982. 19 STC 32/1981 (FJ 3º). Estado social y crisis económica. En primer lugar. y LÓPEZ GUERRA. una aplicación restrictiva. 2 0 Esta es la terminología que el Tribunal Constitucional utiliza para referirse al mantenimiento de un régimen público de seguridad social. en cuestiones de oportunidad política sobre las que el Tribunal Constitucional no podría entrar22. de un núcleo irreductible e indisponbile19 de prestaciones o de instituciones sociales que el legislador debería preservar en términos que las hagan reconocibles para la imagen que de las mismas tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar20. en sus sentencias 26/1987. mediante la definición de un contenido mínimo18.. L. 1 8 El artículo 53.. los poderes públicos podrían ampararse en la existencia de circunstancias económicas y sociales imperativas para la viabilidad y eficacia de dichas instituciones.2 y en el principio del Estado social. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. 1980. 2 2 Sobre el amplio margen del que el legislador dispondría para a) apreciar la importancia relativa de las situaciones de necesidad a satisfacer.1 dispone que la ley deberá respetar el contenido esencial de los derechos del capítulo II. DE ESTEBAN. por ejemplo. como barreras frente a limitaciones arbitrarias por parte del legislador de estándares sociales ya reconocidos. Barcelona. en cualquier caso. J. Ambas vías han tenido. En segundo término. el Tribunal Constitucional sugirió que los poderes públicos debían justificar la razonabilidad de medidas prima facie regresivas. El régimen constitucional español I. actuarían como cláusulas de no regresividad. La primera. amparándose en la cláusula de igualdad material del artículo 9. es decir. Así. Madrid. de manera relativa. 313 y sigs. 1996. 37/1994 y 213/2005. sostuvo que no se puede privar al trabajador sin razón suficiente para ello de las conquistas sociales ya conseguidas ( FJ 3º). 76/1988. aunque los estudios específicos sobre su posible utilización por el Tribunal Constitucional fueron disminuyendo con el paso del tiempo. pág.. es decir. y aunque no con la misma intensidad. Editorial Complutense. Sin embargo. porque más allá de esa idea de un núcleo inderogable que prácticamente nunca ha sido considerada vulnerada en un recurso de inconstitucionalidad la jurisprudencia ha reconocido al legislador una amplia libertad para modular la acción protectora de la institución en cuestión. a través del control de razonabilidad y proporcionalidad realizado sobre algunas políticas y normas de contenido social21. por una doble vía. entre otras. la STC 65/1987.DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 23 b) En segundo término. Vid. Vniversitas.
Ahora bien. Pero sobre todo. de la confusa redacción del artículo 53. porque todos los capítulos del título I. del acceso a la vivienda aparecen literalmente consagrados como derechos. Muchos derechos civiles y políticos comportan principios y mandatos. Madrid. Ello quiere decir que todos los derechos. vid. aunque el artículo 53 parecen reservar ciertas garantías a un tipo específico de derechos. Teoría de los derechos fundamentales. y PRIETO. en todo caso. R. como ya se ha apuntado antes. sobre todo. porque el juicio en materia de razonabilidad o de proporcionalidad ha tendido en considerar necesarios. sin embargo. 185. sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. si la doctrina y la jurisprudencia se han mostrado dispuestas a admitir un cierto valor jurídico a la dimensión objetiva de las cláusulas sociales s como mandatos o principios dirigidos al legislador. ni tampoco se deriva de manera inequívoca del texto constitucional. L. incluido el III se encuentran agrupados bajo la denominación De los derechos y deberes fundamentales. de un medio ambiente sano.. pueden verse como derechos de configuración legal y como derechos como un contenido indisponible. Debate. que por vía de conexión ha ido dando a los derechos sociales una protección similar a la de muchos derechos civiles y políticos. ALEXY. según el cual éstos. como se ha visto. 77 y sigs. y no sólo los derechos sociales. buena parte de los criterios utilizados por el legislador para disponer restricciones en las políticas sociales. En este punto.3. se han mostrado decididamente más reticentes a la hora de reconocer su dimensión subjetiva de derechos exigibles por vía jurisdiccional23. Vniversitas. Madrid.. julio-diciembre de 2005 . Centro de Estudios Constitucionales. 1990. de su extensión a los derechos sociales. Estudios sobre derechos fundamentales. En primer lugar. como derechos subjetivos exigibles ante órganos jurisdiccionales y como mandatos dirigidos al legislador. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. del mismo modo que muchos de los principios rectores la protección de la salud.. ello no impide. señalar la necesidad y. constitucionalmente legítimos. y sobre todo. pág.24 GERARDO PISARELLO La segunda. de la problemática ubicación constitucional de los derechos sociales como principios rectores en el capítulo III del título I. En segundo término. De hecho. 2 3 Acerca de la ambigüedad con que se usa en estos casos la expresión derechos subjetivos. la posibilidad. buena parte de los prejuicios provienen. 1993. pág. Esta lectura restrictiva. no se desprende de la práctica judicial cotidiana.
Vid. op. ello no es un obstáculo para que los derechos puedan reconocerse a todos27. JARIA. 1997. vol. El sistema constitucional de protecció al medi ambient. C. La nueva ley de extranjería a la luz del texto constitucional. 2 5 De hecho. vinculada de modo más estrecho al tema de la extranjería. J. En cualquier caso.. pág. que los criterios hermenéuticos literalistas u originalistas no constituyen argumento suficiente para resolver el problema de la titularidad de un derecho. ESCOBAR ROCA. de acuerdo con lo que dispongan las leyes podría interpretarse como la necesidad de tener en cuenta lo que establezcan las leyes y no como demanda de una ley previa sin la cual quedaría vacío el contenido del derecho24. escuelas concertadas o como derechos a la participación en las políticas públicas habitacionales. de manera más amplia. el propio Tribunal Constitucional ha reconocido a propósito de garantías como el recurso de amparo (artículo 53) que.DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 25 algunos autores han sostenido que la interpretación restrictiva que pretende fundarse en el artículo 53. las cosas. a propósito del derecho de libre circulación. por ejemplo. en efecto. A veces. frente a acciones u omisiones provenientes de la Administración. educacionales. es evidente que la Constitución española establece diversos círculos de reconocimiento de derechos a las personas de acuerdo con su nacionalidad. etc. Madrid. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. en cambio. sanitarias. es la titularidad de estos derechos. la vivienda). 191 y sigs. Del mismo modo. Madrid. en Revista Española de Derecho Constitucional.. VIDAL FUEYO. Tecnos. los derechos sociales constitucionales se reconocen a todas las personas (la educación. frente a vulneraciones provenientes de otros particulares propietarios de viviendas. los sujetos destinatarios son los ciudadanos (las prestaciones de la seguridad social) o directamente. Vniversitas. vid. en Estudios de derecho público. los españoles (el trabajo. aunque la literalidad de los preceptos constitucionales resulte restrictiva. Sin embargo. Así. A veces. 2 7 La sentencia 94/1993 del Tribunal Constitucional reconoce. 2 6 A propósito de estas vías.26. Los derechos constitucionales dispersos como derechos subjetivos: el ejemplo del medio ambiente. 2001. en un sentido similar. Homenaje a JUAN JOSÉ RUIZ-RICO. I. Por ejemplo. julio-diciembre de 2005 . no han faltado supuestos en los que la tutela ordinaria o por vía de amparo de los derechos sociales se ha obtenido a través de la protección conexa de otros derechos civiles y políticos considerados fundamentales. clínicas sanitarias privadas. 2 4 Vid. cit... Una segunda cuestión. págs. nº 62. G. nada impediría concebir a los derechos sociales como derechos subjetivos prima facie susceptibles de protección jurisdiccional directa o indirecta25. la protección de la salud). 673-674.3 podría contestarse desde un punto de vista literal si se considera que el precepto habla de los principios reconocidos en el capítulo III pero no de los derechos que puedan hallarse en el mismo.
esta situación podrá prolongarse durante varios años. la totalidad de derechos fundamentales civiles. comenzando por la libertad de circulación. Como el propio Tribunal Constitucional ha admitido. por su conexión inmediata con el principio de dignidad. Que las diferenciaciones de trato.2 de la Constitución española.26 GERARDO PISARELLO Así. por su parte. reunión. sean admisibles. en principio. a la libertad ideológica. FJ nº 4. ninguna diferenciación normativa puede vaciar el contenido del derecho en cuestión. Deben. Vniversitas. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. Por otra parte. en todo caso. Por el contrario. Así. Los nacionales de países miembros de la Unión Europea. Así. como el derecho a la vida. les permite gozar de la misma consideración que los ciudadanos españoles. e incluso tienen el derecho a votar y a ser elegidos en las elecciones municipales (artículo 13. la integridad física y moral. prácticamente. que en principio se reservan a los nacionales (artículo 13). En algunos casos. sólo a los ciudadanos con nacionalidad española. existirían una serie de derechos. por tanto. El Tribunal Constitucional ha entendido que esta previsión no supone que los derechos de los extranjeros queden desprotegidos desde el punto de vista constitucional. si se deja de lado algunos derechos como el de voto (que sólo se reconoce a nivel local en caso de reciprocidad) y el de acceso a la función pública. no quiere decir que sean incontroladas. julio-diciembre de 2005 . sin distinción y. a la hora de residir o trabajar en España. como los de asociación. en los que el legislador podría introducir distinciones normativas. los pertenecientes a los diez países del Este incorporados en 2004. el margen para regular los derechos de los extranjeros no sería en ningún caso absoluto. disfrutan de un estatuto ligeramente inferior pero privilegiado que. libertad de circulación. a la tutela judicial efectiva que. con independencia de que el texto constitucional se refiera a los españoles a la hora de consagrarlos28. Para el resto de extranjeros. respetar el 2 8 Sentencia Tribunal Constitucional 107/1984. dentro de los nacionales de países que forman parte de la Unión Europea. por ejemplo. gozan de un estatuto jurídico devaluado que afecta a algunos de sus derechos. no todos tienen la misma consideración. corresponderían tanto a nacionales como a extranjeros. y la mayor parte de los derechos sociales. como ya se ha señalado. reformado en 1992 tras la aprobación del Tratado de Maastricht). Ahora bien. habría una serie de derechos. la CE remite al principio general del artículo 13 según el cual gozarán de los derechos reconocidos en el título I en los términos que establezcan los tratados y la ley (artículo 13). manifestación. políticos y sociales se reconoce. No están sujetos a restricciones.
porque desconoce el principio básico de indivisibilidad e interdependencia entre todos los derechos fundamentales. 62/1982. Valencia. la tendencia a aceptar de manera acrítica que la restricción de derechos puede ser un instrumento legítimo para evitar el efecto llamada o para asegurar la preferencia del nacional representa un pesado lastre sobre la legislación y sobre la jurisprudencia hasta ahora existente en materia de extranjería. es decir.DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 27 contenido indisponible que todo derecho constitucional encierra para el legislador y la administración. nº 5. Por otro lado. Tirant Lo Blanc. 2004. A SENSI . necesarias. 213/2005. en el sentido que no haya una alternativa menos gravosa o restrictiva. el monográfico El principio de proporcionalidad. julio-diciembre de 2005 . en Cuadernos de Derecho Público. vid . 66/1991. Migraciones internacionales y principios constitucionales . más alejados de la idea de dignidad los participativos y sociales resulta discutible por varias razones. Vniversitas. 3 0 Para una crítica de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este aspecto. sus sentencias 159/1986. Políticas de la sospecha. en consecuencia. sea definida por los propios destinatarios de los derechos30. Y de manera más detallada. 1998. democráticos y sociales. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. necesarios para que la idea de dignidad. vinculados de manera más inmediata a la dignidad de las personas los civiles y unos derechos. y estrictamente proporcional al interés general perseguido29. ni la normativa constitucional ni la jurisprudencia constitucionales pueden considerarse el mejor de los mundos posibles en materia de reconocimiento de derechos a los extranjeros. Vid. Para comenzar. porque supone excluir los presupuestos materiales. Del mismo modo. Con todo. J. Ciertamente. la Constitución reconoce que la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes constituyen el fundamento del orden político y de la paz social y vinculan a todos los ciudadanos y poderes públicos 2 9 La jurisprudencia del TC respecto del principio de razonabilidad y proporcionalidad es extensa. desde el punto de vista constitucional. no arbitrarias. tampoco puede desconocerse que tanto el texto constitucional como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional estipulan una serie de principios en materia de trato a las personas extranjeras cuyo alcance no ha sido explorado lo suficiente y que obligarían a un juicio más severo sobre la normativa y las prácticas existentes. Por un lado. adecuadas al fin perseguido.. entre otras. en las distintas dimensiones jurídicas de esta exigencia: legítimas. Y deben ser razonables. 90/1983. en lugar de concepto simplemente impuesto. La propia distinción del Tribunal Constitucional entre unos derechos indisponibles. Madrid.
puedan producirse por razones de origen. y COURTIS. tanto en el ámbito público como en el privado. el Comité de Derechos Económicos. 29 y sigs.. O. Trotta. Como consecuencia de ese principio.. 2002. así como de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (artículo 9. FISS. Algunos de estos tratados y acuerdos desde el Pacto Internacional de Derechos Económicos. PREUSS... que es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento del PIDESC. ABRAMOVICH. Madrid. Vniversitas. Derecho a la dignidad. I. ha emitido una serie de comentarios generales en los que establece el alcance del contenido de los derechos allí establecidos. de hecho. pág. SARLETT. julio-diciembre de 2005 . Esta interpretación amplia supondría. op. la eliminación de muchos de los elementos normativos y prácticos que favorecen que un sector considerable de la población viva como una auténtica infraclase32. en FISS. También encomienda a los operadores políticos y jurídicos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas.. op.. Buenos Aires. C. 2002. O. entre otros.. Sociales y Culturales de Naciones Unidas. La protección constitucional de los nuevos ciudadanos. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais.1 y 9. También.. cit.1)31. Madrid. G UTIÉRREZ GUTIÉRREZ. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. Instituto de Derechos Humanos. 3 1 Sobre las posibilidades de una utilización garantista del principio de dignidad en relación con la inmigración. Así. pág. Los derechos sociales como derechos exigibles. vid. raza o sexo (artículo 14 CE). entre otros. 3 3 Así. 306 y sigs. Y es coherente con el artículo 10. pág. I.2 del texto constitucional. O. V. cit. en FISS. 190 y sigs. Bilbao. pág. así como las obligaciones resultantes para los poderes públicos de los estados que lo han ratificado34. E. hasta la Convención sobre los derechos del niño o sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establecen estándares amplios de protección de unos derechos reconocidos. 2004. 25 y sigs. MIÑO y DÁVILA.. Sociales y Culturales (PIDESC). ¿Nosotros ciudadanos de Europa?. Una comunidad de iguales. que obliga a interpretar las normas relativas a derechos fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Estado español33. por ejemplo.. U... BALIBAR.28 GERARDO PISARELLO (artículos 10. 3 2 Vid.. en la mayoría de los casos. Una comunidad de iguales. Livraria do Advogado. a todas las personas por su sola condición de tales. 23 y sigs. Dignidad de la persona y derechos fundamentales . Las políticas migratorias y la protección internacional de los derechos y libertades de los inmigrantes. 71 y sigs. Universidad de Deusto. BONET. 2003. Dykinson. Porto Alegre. El inmigrante como paria. no sólo proscribe las discriminaciones arbitrarias que. 2005. J.2). 3 4 Vid.
Asimismo. ANDRÉS. El juez nacional como garante de los derechos humanos. 3 LOS DERECHOS SOCIALES DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN EL MARCO EUROPEO. si el derecho internacional de los derechos humanos. en la definición del contenido mismo del derecho en cuestión35. incluidas los inmigrantes. Por el contrario. Es decir. el PIDESC establece el deber de los poderes públicos de no emprender políticas regresivas arbitrarias en materia de derechos sociales. Ante exigencias de este tipo que. deben probar. respetando el principio de prioridad. y en parte los mecanismos de protección ligados al Consejo de Europa (como es el caso del Tribunal Europeo de Estrasburgo y su jurisprudencia) reflejan esta tendencia garantista. vid IBÁÑEZ. y hasta máximo de recursos disponibles para garantizar los derechos en cuestión (artículo 2. como arrendadores. empleadores o proveedores de asistencia sanitaria o educación privados. Madrid. en todo momento. 3 5 Sobre la posibilidad de dar un mayor alcance interpretativo al PIDESC y a las Observaciones Generales del Comité de DESC en el ámbito interno. el PIDESC obliga a los poderes públicos a respetar. como en el caso español.1 del PIDESC). Ello no quiere decir que los poderes públicos deban proporcionar de manera automática recursos gratuitos a todas las personas que lo requieran. pág. por ejemplo. 1999. P. julio-diciembre de 2005 . AUTONÓMICO Y LOCAL Ahora bien. Y deben actuar. lo que en materia de inmigración resulta decisivo. También les impone el deber de adoptar medidas de protección frente a abusos provenientes de otros particulares. eliminando privilegios y otorgando primacía a los casos más urgentes y a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad de la sociedad. Vniversitas. en Consolidación de derechos y garantías: los grandes retos de los derechos humanos en el siglo XXI. Consejo General del Poder Judicial. Pero sí que tienen una serie de obligaciones negativas y positivas dirigidas a asegurar el goce de estos derechos a todas las personas. y promover los derechos sociales allí consagrados. no puede decirse lo mismo de la Unión Europea. es decir. asimismo. proteger. poseen rango constitucional.DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 29 Entre otras cuestiones. que están realizando el máximo de esfuerzos. los obliga a erradicar discriminaciones arbitrarias o que deben garantizar a los destinatarios de prestaciones sociales derechos de información y participación en los planes y programas públicos. Así. perfectamente aplicables al ámbito de las población inmigrada. los poderes públicos no pueden ampararse en una presunción irrebatible de escasez de recursos o de medios. 289 y sigs. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. que empeoren las ya existentes.
París. Madrid.. (ed. E. 2004. naturalmente. G. que en su momento se pronunció a favor de garantizar a los residentes de larga duración derechos tan cercanos como sea posible a los reconocidos a los ciudadanos de la UE37. LEuropa dei migranti. bienes y servicios36. E.). frontière. E.. la 2003/109. Lo que ocurre. MEZZARDA. en Jueces para la democracia. y RIGO. y las recomendaciones del Consejo Europeo de Tampere. Roma. en BRONZINI. nº 50. S.. o la 2004/38. S. BALIBAR. 2003. 3 8 Vid DE LUCAS. Éditions du Passant.).. 2004. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. La Directiva 2000/43.. Derive Aproddi. DUMMETT. 3 7 Vid. El reconocimiento de derechos a los nacionales de terceros países ha permanecido por el contrario supeditado a ese objetivo y a las exigencias derivadas de la construcción de un mercado altamente competitivo. Ai confini dellEuropa. El propio tratado constitucional aprobado en Roma en octubre 2004 no ha hecho sino mantener el bajo perfil de la UE en materia social y no ha revertido en nada su impacto excluyente y discriminatorio en materia migratoria38. entre otros.30 GERARDO PISARELLO En realidad. pág. posteriormente se aprobaron disposiciones y directivas que introducen mejoras puntuales en algunos ámbitos y que sólo de manera parcial han sido traspuestas por el Estado español. J. sobre el derecho de reunificación familiar.. P. Manifestolibri. Eso no quiere decir. 2004. Perplejidades ante la Constitución europea. una vez más. la 2000/78. Roma. FRIESE. 161 y sigs. H. de acuerdo con el título IV del Tratado de Ámsterdam. pág. sobre el establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. y WAGNER. Del mismo modo. y con libre circulación de capitales. A.. pág. 81 y sigs. BENHABIB. sobre el estatuto de los residentes de larga duración que sean nacionales de terceros países. en MEZZARDA. constitution. Europa. la 20003/86. 97 y sigs. la incidencia de la política comunitaria en materia de inmigración se ha centrado en la colaboración entre algunos gobiernos estatales para el control de fronteras y visados y para la creación de un espacio policial de seguridad interna. NEGRI.. Cátedra. con independencia de su origen étnico o racial. es decir. julio-diciembre de 2005 . con mano de obra flexible y a bajo costo.. Los derechos de los otros. (eds. es que estos progresos sólo han tenido un papel marginal en la orientación del derecho comunitario. Vniversitas. M. Sobre inmigración y refugiados. de 1999. Costituzione e Movimenti Sociali.. 3 6 Vid. Un primer aspecto positivo tiene que ver con la definición de la política de inmigración europea como parte del primer pilar. S. sobre el derecho de los ciudadanos y de los integrantes de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros. Madrid. sobre la implementación de igualdad de trato entre las personas. Europa. R IGO. 2001. entre otros. son ejemplos de estas medidas. cit.. I confini della libertà. que el ordenamiento comunitario no haya incorporado instrumentos que permitirían avanzar hacia una ciudadanía europea basada en la residencia.
ciertamente. Une certaine idée de lEurope. Vniversitas. A pesar de la enorme publicidad dada a su incorporación con valor jurídico en el Tratado. entre otras cuestiones. el veredicto es inapelable: la palabra mercado se cita 78 veces y la palabra competencia. de las condiciones de integración de los extranjeros (artículos III-153 y sigs. sino que ya aparecen de entrada contradichos por el compromiso con la alta competitividad y con una competencia libre y no falseada recogidos en la propia parte I (artículos I-3-3 y I-3-2)39. servicios y mercancías. el cuidado exhibido en la consagración de los derechos de libertad entre los que se incluye la libertad de empresa (artículo II-76) y el derecho de propiedad (artículo II-77) es visiblemente mayor que el aplicado al reconocimiento de los derechos denominados de igualdad (título II) y de solidaridad (título III). Sin embargo. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. expresiones como progreso social o economía social de mercado aparecen mencionadas 3 y 1 vez. la detenida regulación tanto de las cuestiones policiales y de seguridad. Un ejemplo de ello es la propia la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. París.). L. al pleno empleo. 3 9 Si se somete el Tratado constitucional a una criba de conjunto. Lo mismo ocurre con las invocaciones al desarrollo sostenible. y a pesar de la supuesta apuesta de la Carta por la interdependencia e indivisibilidad entre las diferentes categorías de derechos. En cambio. 27. donde en cambio abundan las menciones a una economía de mercado abierta en la que la competencia es libre. 2004. De entrada. decisiones importantes vinculadas a la política europea en materia de asilo. al progreso social. las referencias ya tímidas que la parte I del tratado hace a una economía social de mercado (artículo I-3-3) desaparecen por completo en la parte III. como de las que consagran la libre circulación de capitales. Plon. la Carta consolida la subordinación de los derechos sociales a los derechos patrimoniales y prácticamente ignora la problemática específica de la inmigración. julio-diciembre de 2005 . Vid FABIUS. a la lucha contra la exclusión o a la prosecución de un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente (artículo I-3-3). respectivamente.. proclamada en Niza en diciembre de 2000 y recogida ahora en la parte II del Tratado constitucional. de inmigración y de control de fronteras exteriores y encomienda a futuras leyes comunitarias la regulación. contrasta con las escasas referencias a los derechos de los extranjeros o al estatuto jurídico de los trabajadores provenientes de terceros países. se comunitarizan. En materia de extranjería.DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 31 Así. No sólo naufragan en los dogmas liberales detallados en la parte III.
R.. como del artículo II-112. Mientras derechos como el derecho al trabajo. en MIRAUT MARTÍN. 2003. a principios que sólo podrán alegarse ante un órgano jurisdiccional previo desarrollo legislativo (artículo II-112.7). la similitud del artículo II-112. Valencia. D E SCHUTTER. en las legislaciones y prácticas nacionales. estas últimas desaparecen tanto del artículo I-9. a ayudas en materias de vivienda (artículo II-94) o a la protección de la salud (artículo II-95) aparecen reconocidos a las personas en general y no sólo a los ciudadanos. Diritti e Costituzione nellUnione Europea.3) o a un simple mandato de protección del medio ambiente (artículo II-97). 4 1 L A T ORRE . Los derechos de ciudadanía en la Carta europea de derechos. en ZAGREBELSKY. a una ayuda de vivienda (artículo II-94. Madrid. dedicado a los derechos fundamentales. lo que prueba la fuerza de atracción que éstas han ejercido sobre aquél. como la libertad de empresa o el derecho de propiedad.). dedicado al alcance e interpretación de la Carta. al derecho a trabajar (artículo II-75)40. la supeditación del reconocimiento de muchos de esos derechos a lo establecido en el derecho de la Unión. Dykinson. su estatuto de minoría jurídica y de derechos de segunda categoría en relación con ciertos fundamentales. a las prestaciones de seguridad social (artículo II-94). el artículo II-113 establece que ninguna disposición de la Carta puede interpretarse como limitativa o lesiva de derechos reconocidos en los diferentes 4 0 Curiosamente. Laterza. migración y derecho. GARCÍA MANRIQUE. como criterio interpretativo. 2004. (ed. respectivamente. nº 15. otros. 2004. Ciertamente. La Constitución en tiempos de imperio. en Pasajes.5 con el artículo 53. Sin embargo. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60.5)42 no pueden interpretarse sino como intentos de mantener. (ed. pensado precisamente para limitar el alcance de los derechos sociales. o la referencia.). 4 3 Vid.. La garanzia dei diritti e princìpi sociali nella Carta dei diritti fondamentali. junto al resto de libertades de mercado. pág. sobre todo de tipo patrimonial43.3 de la Constitución española. a las explicaciones de los mismos realizadas por la convención redactora (artículo II-112. Es verdad que ciertos derechos sociales como el derecho a la educación (artículo II-74). 279 y sigs. L. M. a trabajar (artículo II-91). Justicia. 4 2 Es verdad que la Carta no establece qué preceptos consagran derechos y cuáles principios. Bari. julio-diciembre de 2005 . la equívoca remisión. Vniversitas. G. al respecto. permiten introducir al menos alguna sospecha al respeto. en lo fundamental. introducida a instancias del Reino Unido. aunque el preámbulo de la Carta menciona tanto al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) como a la cartas sociales europea y comunitaria. el derecho a trabajar está ubicado en el título sobre libertades. a una vivienda digna o a un ambiente sano y de calidad aparecen reducidos. aparecen consagrados de una manera generosa y despojados incluso de la función social que le imponen ciertas constituciones estatales41.32 GERARDO PISARELLO Así. Sin embargo.
Pero eso no quiere decir tampoco que ésta vaya a facilitar. el respeto por el principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia (artículo III-177)44. ni si el Tribunal de Justicia es un órgano preparado para asumirlas sin que eso genere sobrecargas desmedidas. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. de ese modo. cit. se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites definidos por ellas. en La regulació de la immigració a Europa.. julio-diciembre de 2005 . como cláusula de cierre.. AJA. en efecto. op.) que se mencionan en otras partes de la Constitución. Es decir. la capacidad de las comunidades autónomas para decidir sobre aspectos clave de las políticas migratorias como el ingreso o incluso ciertas políticas ligadas al ejercicio de sus competencias. Así. Vniversitas. y no al revés. 18 y 19. Para comenzar. que la Carta no moleste. que sea un elegante convidado de piedra respetuoso de un sistema de reparto competencial que exige. Desde el punto de vista competencial.. Se consigue. Introducción. págs. que es la Carta la que ha de interpretarse de acuerdo con los principios y políticas estipulados en el resto del tratado constitucional. es mínima. los derechos reconocidos (. al menos en el corto plazo. los desafíos planteados a la garantía de los derechos sociales de las personas inmigradas no son menores. el artículo 149. la cláusula horizontal del artículo II-111 se encarga en recordar que la Carta no crea ninguna competencia ni misión nuevas para la Unión. una presión eficaz de los operadores políticos y jurídicos para mejorar el nivel de protección ya existente. comenzando por el Convenio Europeo. 4 5 Pese a algunos aspectos parciales de descentralización. no está claro que pueda utilizarse como parámetro para objetar actos o normas estatales que puedan vulnerarlas. y DÍEZ..1. Así.DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 33 instrumentos estatales e internacionales de protección de derechos humanos. el desconocimiento del carácter descentralizado de la organización territorial en materia migratoria ha sido otro déficit grave del sistema constitucional español que ha generado enormes disfunciones prácticas y ha tenido una influencia negativa en la legislación posterior45. establece que las disposiciones de la Carta están dirigidas a las instituciones. mientras que el artículo II-112 dispone que. Una primera interpretación de este precepto es que las comunidades autónomas sólo podrían incidir de manera limitada 4 4 El artículo II-111.2 de la CE establece la competencia exclusiva del Estado central en materia de extranjería. Ya en el ámbito subestatal. ni cuál sería la vía procesal que los ciudadanos podrían utilizar para impulsar sus quejas. E. órganos y organismos de la Unión y a los estados miembros únicamente cuando apliquen el derecho de la Unión. Por tanto. A ello se suma que órganos como el Consejo Superior de Política de la Inmigración es débil y poco funcional. L.
la Ley 4/1994. apartado K y 26. del País Vasco. Justicia. de la comunidad valenciana. en MIRAUT MARTÍN. Inmigración y derechos sociales. como los Planes concertados para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales. como el régimen de entrada de los extranjeros o la regulación de infracciones y sanciones a dicho régimen. A partir 4 6 Vid. 26/1985 y 4/1994 en materia de asistencia y servicios sociales. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. orientados a coordinar a los diferentes niveles de la administración pública y a garantizar al menos un contenido mínimo en las prestaciones otorgadas46.20 y 149. sanidad (artículo 149. La mayoría de las comunidades autónomas. pág. 2005. J. op. 278 y sigs.1. Y aunque estas prestaciones también han variado de territorio en territorio. sin embargo. competencias en materia de prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social (artículos 25. migración y derecho. GARCÍA AÑÓN. 255 y sigs. Vniversitas. La integración social de los inmigrantes y la concreción de sus derechos en los planes autonómicos. ha asumido. descentralización. A partir de este marco general. Muchas de ellas se hacen eco de la nueva realidad en materia de extranjería.30). nº 4.17). en Revista de Derecho Migratorio y Extranjería. estas competencias han sido ejercidas con diferente alcance en los diversos territorios autónomos tanto en relación con los nacionales como con las personas inmigradas47. pág.34 GERARDO PISARELLO en cuestiones vinculadas a la política de control de fronteras.). de hecho. desconcentración y coordinación del sistema catalán de servicios sociales y el decreto legislativo 17/1994. En la práctica. una parte importante de las comunidades autónomas aprobó leyes orientadas a consolidar un sistema propio de servicios sociales y a ordenar tanto su número como la multiplicidad de organismos y entidades que intervenían en el sector. con el objeto de ordenar la multiplicidad de organismos y entidades que intervienen en el sector. Ley 5/1997. (ed. JUSTE. 4 8 Así. Muchas de estas leyes dieron cuenta de la nueva realidad en materia de extranjería y extendieron a las personas inmigradas algunas de las prestaciones sociales previstas48. Lex Nova. un número importante de competencias en materia de asistencia y seguridad social (artículos 148. cit. julio-diciembre de 2005 .. PILAR ANDRÉS. al amparo de la CE. sobre todo en lo que se refiere a la regulación y gestión de los derechos sociales de las personas extranjeras. 4 7 Las leyes autonómicas posteriores a la segunda mitad de la década de los noventa surgen tras la consolidación de los sistemas de servicios sociales.16) o protección de menores.2. tanto las comunidades autónomas como las entidades locales han gozado de un importante margen de actuación. Una introducción al marco legal de los servicios sociales para extranjeros.3) educación (artículos 148. Ley 5/ 1996 del País Vasco. de Navarra. vivienda (artículo 148. de administración institucional. L. la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985 ha reconocido a los municipios. para una Carta de derechos sociales. no han faltado medidas. sobre todo a los más poblados. Ley 12/1998 contra la exclusión social. Del mismo modo. apartado C). Madrid. A partir de los años noventa.17 y 149. que parcialmente han compartido con el Estado central. por el que se aprueba el texto refundido de las leyes 12/1983. Ley Foral 9/1999..
sobre todo en términos pedagógicos. Ley 1/2002 de Servicios Sociales de La Rioja y Ley 1/2003 de Servicios Sociales del principado de Asturias. título I). Actualmente. De ese modo. especialmente en aquellas que tienen más alto número de inmigrantes. encomienda a un Consejo de Garantías Estatutarias la posibilidad de ejercer un control objetivo. el establecimiento de derechos y deberes a los inmigrantes. 30 de septiembre. 5 0 Vid Proposta de Proposició de llei orgánica per la qual sestableix lEstatut dautonomia de Catalunya i es deroga la Llei orgànica 4/1979. esa normativa tuvo que adecuarse a la aparición de la nueva Ley Orgánica de Extranjería 4/2000 e introducir servicios sociales especializados49. de 2005. deberes y principios rectores (título I). El caso de Catalunya es en este sentido ilustrativo. La propuesta de reforma del estatuto de 1979 aprobada por el Parlamento el 30 de setiembre de 200550 y elevada al Congreso de los Diputados para su tramitación como ley orgánica incide en numerosas cuestiones ligadas a la materia de extranjería y es una de las más ambiciosas en materia de reconocimiento de derechos.DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 35 del año 2000. 4 9 La Ley 10/2000 de la Comunidad Autónoma Vasca. b) Por otro. título I). vinculante. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. Vniversitas. 5 1 Según el artículo 37 de la propuesta. la idea de indivisibilidad e interdependencia estructural entre derechos y se coloca en su justo punto la distinción normativa entre derechos subjetivos y principios o mandatos objetivos al legislador. esta distinción no pretende atribuir a cada categoría de derechos diferentes técnicas de garantías. como requisitos de acceso a una renta básica para que puedan ejercer sus derechos de ciudadanía (artículo 6). del 18 de desembre. julio-diciembre de 2005 . sobre proyectos o proposiciones de ley que afecten los derechos reconocidos. que recoge la llamada Carta de derechos sociales. A diferencia de lo que sugiere el artículo 53 de la CE. prevé la posibilidad de que los actos que vulneren derechos puedan ser objeto de recurso directo. y a pesar de la relativa indeterminación del texto acerca de su eficacia inmediata51. y el reclamo de competencias específicas en la materia. y los derechos y deberes lingüísticos (capítulo III. establece un doble sistema de garantías jurisdiccionales: a) Por un lado. se fortalece. BOPC. El artículo 38. Son también de esta época el decreto 188/2001 de los extranjeros y su integración social en Cataluña. En materia de derechos. sino más bien distintos niveles de titularidad. por su parte. es objeto importante del debate sobre la reforma de los estatutos de autonomía en muchas comunidades autónomas. título I). subjetivo frente a una sala de garantías estatutarias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. por ejemplo. la propuesta de reforma rompe con la estructura de la Constitución española e introduce una triple categoría: los derechos y deberes referidos al ámbito civil y social (capítulo I. los vinculados al ámbito político y administrativo (capítulo II. de lEstatut dautonomia de Catalunya . y encontrarse en un supuesto de necesidad. sólo establece la vecindad administrativa el empadronamiento en cualquier municipio de su territorio. la regulación esencial y el desarrollo directo de los derechos y deberes recogidos en el título I deberán realizarse por ley del Parlamento.
la noción de ciudadanía política. El artículo 15. el derecho de petición y el planteamiento de quejas a las instituciones locales y de la Generalitat se reconoce a todas las personas (artículo 29).36 GERARDO PISARELLO Como criterio general. de manera imparcial. el Convenio europeo para la protección de derechos humanos y libertades fundamentales. aplicada o interpretada de manera que reduzca o limite los derechos fundamentales que reconocen la Constitución y los tratados y convenios internacionales ratificados por España (artículo 37. sociales y culturales. De este modo. Vniversitas. se establece que todos tienen derecho a no ser discriminados por razones lingüísticas (artículo 32) así como el derecho a recibir la enseñanza en catalán (artículo 35). a los ciudadanos de Catalunya. el artículo 37. la Constitución. la Unión Europea. y los otros tratados y convenios internacionales que reconocen y garantizan los derechos y libertades fundamentales52. mientras la idea de ciudadanía civil y social incluye a todos. sobre todo en lo que se refiere al derecho de voto. objetiva y proporcionada a las finalidades que se persigan (artículo 30). en los términos que establezca la ley54.2. 5 4 Según el artículo 37.3. los ciudadanos del Estado que tengan vecindad administrativa en Catalunya.1 establece que los ciudadanos son titulares de los derechos y deberes establecidos en el estatuto.1 liga a los ciudadanos la titularidad de los derechos establecidos en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. También a todos se garantiza el derecho a acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos y a los servicios económicos de interés general y a ser tratados. en las cuestiones que los afecten. sin distinción. estipula una novedosa cláusula de no explotación y garantiza el derecho de todas las personas a vivir con dignidad. Con un límite: que ninguna de las disposiciones del título I sea desarrollada. el Parlamento debe aprobar por ley una Carta de derechos y deberes de los ciudadanos de Catalunya. los derechos reconocidos a los ciudadanos pueden extenderse a otras personas. en principio. mientras que los derechos políticos y lingüísticos del capítulo II y III se reconocen. Sin embargo. 5 3 Así. seguridad y autonomía y a desarrollar libremente su personalidad y capacidad personal. se incorpora una distinción de fondo: los derechos civiles y sociales del Capítulo I se reconocen a todos. Y en cuestiones lingüísticas. el Pacto internacional de derechos económicos. 5 2 A pesar de que el artículo 15. la Declaración Universal de Derechos Humanos. Según el artículo 15.4 contempla que ninguna de las disposiciones del título I podrá ser desarrollada.2. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. julio-diciembre de 2005 . A partir de aquí. por su parte. no se trata de una definición absoluta y cerrada53. aplicada o interpretada de manera que reduzca o limite los derechos fundamentales que reconocen la Constitución y los tratados y convenios internacionales ratificados por España. se vinculada la nacionalidad y a la vecindad administrativa: gozan de la condición política de catalanes estipula el artículo 7. el Pacto internacional de derechos civiles y políticos. el artículo 15.4).
1 estipula que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de régimen de acogida e integración de las personas inmigradas. comprendería: a) la tramitación y resolución de los permisos y autorizaciones de trabajo por cuenta propia o ajena. Aquí. Vniversitas. el título IV de la Propuesta de reforma confirma lo estipulado en el título I. en efecto. Madrid. Asimismo.3 prevé que en el marco de la comisión bilateral Generalitat -Estado. Donostia-San Sebastián. julio-diciembre de 2005 . de acuerdo con las necesidades y previsiones de trabajo y desarrollo económico. se establezcan: a) el número. Belfast. Dicha competencia. el Proyecto de reforma no pretende apartarse de la línea de oficial de control por cupos y contingentes. la Carta europea de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad. entre otras cuestiones: a) b) el establecimiento y la regulación de garantías en relación con los derechos y deberes de las personas inmigradas. el artículo 138. a través de sus ayuntamientos. La importancia de la Carta es que contribuye a definir el espacio local como el ámbito 5 5 Dicha competencia. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. Por lo que se refiere a las competencias de los poderes públicos autonómicos sobre estos temas. los poderes públicos se obligan a establecer un régimen de derechos y deberes para las personas inmigradas basado en la igualdad de oportunidades y en la garantía de: prestaciones y ayudas que permitan su acomodación social y económica y la participación en los asuntos públicos (artículo 42. lugar de origen y capacitación profesional de personas inmigrantes dirigidas a Catalunya.DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 37 Es más. y el establecimiento y regulación de las medidas necesarias para su integración social y económica y para su participación en los asuntos públicos. c) la emisión de informes legalmente establecidos sobre la situación laboral de los extranjeros. el artículo 138. Así. el elemento clave del reconocimiento de derechos sigue siendo la cuestión del trabajo. tanto las relativas a las normas sobre extranjería como los acuerdos internacionales y los actos ejecutivos de trascendencia especial para Catalunya. Lyon. Ginebra. en cuestiones de derechos. sin embargo. aprobada en Sant Denis en mayo de 2000. Una vez más. b) la tramitación y resolución de recursos presentados en relación a la garantía de derechos.7). y d) la aplicación del régimen de inspección y sanción. Budapest o Venecia han asumido. En el ámbito local. Simplemente se limita a reconocer a la Generalitat competencia para ejecutar la legislación estatal y europea en materia de trabajo de los extranjeros55. incluiría. y b) las decisiones estatales sobre inmigración. unas 200 ciudades europeas entre las que figuran Barcelona.
38 GERARDO PISARELLO natural de ejercicio de los derechos de todas las personas. incorporan una serie de criterios que permiten (e incluso obligan) a avanzar hacia un reconocimiento igualitario de derechos a todas las personas. en consecuencia. Y el artículo IV. con independencia de su nacionalidad. políticos. 5 6 La excepción más saliente es la extensión a todas las personas del derecho de sufragio activo y pasivo en el ámbito municipal. necesarias en una sociedad democrática. en última instancia. Vniversitas. En definitiva: ni el derecho internacional y regional de los derechos humanos. denunciar numerosas lagunas e inconsistencias de la normativa vigente y de las prácticas públicas y privadas en materia de extranjería.2). ni la Constitución española. ni los estatutos de autonomía. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. que las ciudades signatarias se comprometen a promover después de un período de residencia de dos años en las mismas (artículo VIII. social y ecológica. ni el derecho comunitario. por su parte. en su redacción actual. Si bien el estatuto jurídico de la Carta europea es objeto de discusión sobre todo porque es una Carta firmada por las ciudades y no por los estados comienzan a existir casos de aplicación que permiten entrever una utilización garantista dirigida tanto a deslegitimar las actuaciones arbitrarias de los poderes públicos y privados como a ampliar el reconocimiento de derechos a las personas inmigradas. sociales. julio-diciembre de 2005 . el deber de establecer un trato idéntico entre ciudadanos y extranjeros. Sin embargo. proporcionadas a su finalidad y. por el solo hecho de serlo (la obligación de que las distinciones establecidas sean razonables. Su artículo II establece que los derechos civiles. garantizando a cada una de ellas el derecho de ciudadanía. imponen a los operadores políticos y jurídicos. independientemente de su nacionalidad56. establece un principio de prioridad de la población y las personas en situación de mayor vulnerabilidad. ni las cartas locales de protección de derechos. Así. el artículo I de la Carta define a la ciudad como: un espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes que tienen derecho a encontrar las condiciones para su realización política. es un buen ejemplo de ello) Y que permiten. culturales y ambientales enunciados en la Carta: se reconocen a todas las personas que viven en las ciudades signatarias. asumiendo deberes de solidaridad.
Vniversitas. Algunas proposiciones acerca de reformar la Ley Orgánica 4/2000. J. vid. M. págs. nº 38.. 5 7 Para una crítica a la evolución de la política y la legislación de extranjería e inmigración española. texto que vino a remplazar la hasta entonces vigente Ley Orgánica de Extranjería 7/1985.. La contrarrefoma de la ley 8/2000 en España.. La última reforma de la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 14/2003). Madrid. en Tiempo de paz . tuvo entre sus objetivos endurecer los dispositivos penales contra los extranjeros y facilitar los mecanismos de expulsión. APARICIO. la normativa sobre extranjería en el ámbito estatal se ha caracterizado por una extrema inestabilidad. en Jueces para la democracia. en buena medida como respuesta a una sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2003 que había anulado diferentes artículos del reglamento de extranjería por vulneración del principio de legalidad. 2000. Para entender la regulación actual. págs. nº 6.DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 39 4. vid. Madrid. Una aproximación jurídica a sus derechos . la Ley orgánica 4/2000 tuvo una vigencia efímera y fue muy pronto modificada por la Ley orgánica 8/2000. A pesar de haber contado con el acuerdo general entre los dos grandes partidos de ámbito estatal. 2004. julio-diciembre de 2005 .. Una oportunidad perdida para la política de inmigración. entre otros. PEÑA. ANÁLISIS CRÍTICO DEL DESARROLLO DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN EL ÁMBITO ESTATAL Y AUTONÓMICO Como se ha apuntado ya. 33-56. Madrid. que a pesar de afectar un número limitado de preceptos. se aprobó la Ley orgánica 14/2003. por la apelación recurrente a regulaciones administrativas de difícil control y por un alto grado de inseguridad jurídica para la población inmigrada. Lex Nova. esta ley introdujo modificaciones de fondo de un carácter claramente restrictivo desde el punto de vista de los derechos de las personas extranjeras57. Inmigrantes. 2001. 5 8 Sobre los posibles aspectos inconstitucionales de la LO 14/2003. y SOLANES. en Revista de Derecho Migratorio y Extranjería. A. El marco jurídico de la inmigración. 2001. se aprobó la Ley orgánica 11/2003. 6-22. Posteriormente. en DE LUCAS. Bajo la apariencia de una simple reforma. se encuentran recurridas ante el Tribunal Constitucional58. nº 61. págs. Valencia. sobre derechos y libertades de los extranjeros. Un análisis crítico a la luz de su falta de eficacia y de eficiencia. S. que modificó 31 de los 70 artículos de la ley e introdujo 8 nuevos. Aprobada contra la mayoría gubernamental conservadora. D E L UCAS . Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. Una política de inmigración que no llega: las sinrazones de la contrarreforma de la LO 8/2000. muchas de las disposiciones de estas reformas. Germania. debe tomarse como referencia la Ley Orgánica 4/2000. y con un cariz relativamente garantista. J. Con posterioridad a la Ley orgánica 8/00. 3-11. sobre todo las que afectan a derechos de las personas extranjeras.
a las prestaciones y servicios de la seguridad social (artículo 14). lo que incluye el derecho a la reagrupación (artículo 16). por un lado. entre residentes regulares e irregulares. b) Un segundo nivel de reconocimiento comprende a los extranjeros que. cualquiera sea su situación administrativa. entre aquellos que se encuentren empadronados en su localidad de residencia habitual y aquellos que no. a) Un número importante de derechos sociales. La primera cuestión que plantea esta clasificación es la adecuación a la Constitución y al derecho internacional de los derechos humanos de la propia distinción. con independencia de su situación administrativa. la LO 4/2000 establece. o a ayudas en materia de vivienda (artículo 13). tras las reformas de LO 8/2000. se reconoce exclusivamente a los residentes regulares. en efecto. a la educación no obligatoria. julio-diciembre de 2005 . Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. por un lado.40 GERARDO PISARELLO Por lo que se refiere a los derechos sociales. Para ello distingue. las gravosas condiciones a las que se supedita el Vniversitas. en la práctica. Así. que los mayores de dieciocho años empadronados podrán ejercer en las mismas condiciones que los españoles (artículo 12) y. se encuentren inscritos en el padrón municipal. a efectos de atribuir derechos. la ley estipula que los derechos se ejercerán en las mismas condiciones que los españoles. del derecho a la educación. En todos estos casos. c) Por último. entre regulares e irregulares. el decisivo derecho a trabajar por cuenta propia o ajena (artículo 10). incluido el acceso al sistema público de becas y ayudas (artículo 9). Es el caso del derecho a los servicios y prestaciones sociales básicos (artículo 14) o el derecho: a la asistencia pública de urgencia ante la contracción de enfermedades graves o accidentes cualquiera que sea su causa (artículo 12). Sobre todo. a tener una vida en familia e intimidad familiar. se prevé un umbral mínimo de derechos sociales que la ley reconoce a todas las personas. Y dentro de estos últimos. Es el caso del derecho a la asistencia sanitaria. si se consideran. un triple nivel de reconocimiento.
Lo que se produce. ya sea por ser esposo o esposa de alguien con permiso de trabajo. En el caso de la residencia obtenida mediante reagrupación familiar. estos permisos son temporales y su renovación.. por su parte. en prohibitivas condiciones para el acceso regular al resto de los derechos. O dicho de otro modo. y por otro. de este modo. JOSÉ (ed. salvo excepciones. Las situaciones jurídicas posibles son múltiples. al mantenimiento de una oferta de empleo en el mercado laboral formal o a que se siga disponiendo de los recursos exigidos. es claro: evitar que personas que ingresan al territorio español de manera legal puedan. podría ser un criterio razonable y acorde con el principio de incorporación progresiva de los derechos ciudadanos a un régimen universal de derechos fundamentales reconocidos a todas las personas por el solo hecho de serlo. El objetivo. un empleo estable y una vivienda adecuada se convierten en deberes legales. el reconocimiento de derechos a la simple residencia.DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 41 acceso y mantenimiento de la regularidad. PUV. Normalmente. para obtener esta autorización. en AÑÓN. 2004. con las restricciones por sectores. la ley exige también a quien la solicita la prueba de un alojamiento adecuado (artículo 18). Para poder residir en territorio español más de tres meses (esto corresponde al visado de turista) hay que solicitar una autorización de residencia. prolongar su estancia en esas condiciones y convertirla. Ahora bien. actividades o áreas geográficas que la administración pueda establecer. es preciso conseguir una oferta de empleo. es una clara inversión de conceptos: lo que deberían ser derechos fundamentales de las personas ingresos básicos. Vniversitas.. Valencia. lo serían incluso para muchos de los considerados ciudadanos. GARCÍA AÑÓN. Pero este permiso no implica que se pueda trabajar. en efecto. Para ello debe conseguirse una autorización específica. M. J. Los derechos sociales de los inmigrantes. Sin embargo. en general. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60.). julio-diciembre de 2005 . así. es decir. La universalidad de los derechos sociales: el reto de la inmigración. en realidad. es necesario acreditar medios de vida suficientes para mantenerse sin necesidad de trabajar. en una vía de acceso a la totalidad de los derechos fundamentales. las finalidades de fondo que se pretende perseguir con ellas59. ya sea por disponer de medios propios. inclusión. Estos requisitos. al hecho de vivir en un determinado territorio. la idea de residencia que tiene la legislación española es tan restrictiva que comporta un criterio antes de exclusión que de acceso al disfrute de los derechos. Ligar. 5 9 Vid DE LUCAS. más allá de un tiempo reducido. manifiestamente inaccesibles para la mayoría de personas inmigradas. J. Reconocimiento. está ligada. Medidas antidiscriminatorias y derechos de los inmigrantes. Para obtener la autorización de residencia. ciudadanía.
cit. del todo irrazonables si se piensa que pueden afectar a personas que han desarrollado en el país una parte significativa de su vida personal y familiar y que. genera una situación de miedo e inseguridad que bloquea el ejercicio de los derechos más elementales. 2003. la condena a la irregularidad afecta aspectos centrales de su vida. DE GENOVA. RBA Integral. cuando no le imposibilita. precisamente. en cualquier caso.42 GERARDO PISARELLO De esa manera. de SANTOLAYA. I confini della libertà. la propia ley establece vías extraordinarias de regularización. y 81 y sigs. (ed. Con el fin de moderar estos efectos. pág. están ligadas.. acceder a recursos públicos habitacionales.. la colaboración con las autoridades. por ejemplo. El problema. 6 2 Vid el capítulo  Espanya. imponerse al interés del Estado en la expulsión. sino de soluciones excepcionales de complicada cuando no imposible tramitación burocrática. 6 1 GIMÉNEZ ROMERO. o la concurrencia de razones de tipo humanitario... S. 251 v 256. ¿Qué es la inmigración?. sus resultados reales han sido más que discutibles. Así. Ai confini dellEuropa. son provocadas por la imposibilidad de mantener los exigentes requisitos establecidos para vivir de manera legal60. La regulació de la immigració a Europa. es decir. Objetivamente. en MEZZARDA. 181 y sigs. cit. sociales o laborales cuya protección podría. el proceso de regularización impulsado por el Gobierno español a comienzos de 2005 fue anunciado como un ejemplo de política exportable al resto de la Unión Europea.). Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. Psicológicamente. La produzione giuridica dellilegalità . 106 y 107. a la permanencia en el país y al desarrollo de vínculos afectivos. P. en general. llegado el caso. 6 0 Vid. C. E. alquilar un piso.. lo coloca en una situación de extrema vulnerabilidad: le impide y le dificulta. un criterio que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vinculado en muchas ocasiones al ejercicio del derecho a una vida privada y familiar (artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) y que el gobierno ha utilizado a veces para justificar procesos de regularización extraordinarios62. op. Sin embargo.. págs. apelan a criterios como la vinculación con padres originalmente españoles. abrir cuentas bancarias y.. sanitarios y educativos61. Es el caso del arraigo. pág. N.. Algunas de estas vías. julio-diciembre de 2005 . RIGO. Para las personas inmigradas. E. L. Vniversitas. el propio derecho se convierte en productor de ilegalidad. en A JA.. incluso desde una perspectiva instrumental. es que no se trata de criterios orientados a repensar el vínculo entre ciudadanía y derechos fundamentales. (coords. y DÍEZ.. Otras. Barcelona. y la mayoría de las situaciones de irregularidad son sobrevenidas. son potenciales cotizantes a la seguridad social y contribuyentes al fisco.).
y a una aplicación coherente del principio de no discriminación arbitraria. su necesidad en una sociedad democrática. Políticas de la sospecha. ya que los trabajadores no podían modificar su área geográfica ni rama de actividad bajo pena de perder las autorizaciones conseguidas. pág. certificado municipal de inserción que sólo es susceptible de cubrir unos pocos casos.. op. se supedita a tantos requisitos 3 años de estancia. Esta situación de subordinación se prolongó después de la regularización. cit. oferta de un año. sean regulares o irregulares. se denunciaron numerosos despidos. lazos familiares. Por otro lado. presiones sobre los trabajadores para que pagasen ellos mismos la seguridad social. que ni los convenios 97 y 143 de la OIT. se configuran de tal manera que es prácticamente imposible que contribuyan a una mejora sustancial de la situación. El arraigo laboral. quedaba en sus manos la posibilidad de que un trabajador o trabajadoras pudieran regularizarse. se sumarán: los relativos a la suficiencia de la inversión y a la potencial creación de ocupación entre otros que reglamentariamente se establezcan (artículo 37). En materia de autorizaciones para trabajar por cuenta propia. BONET. Es verdad. no es fácilmente demostrable. ya que salvo en el caso del servicio doméstico. 6 3 Vid. op. Así contemplada. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. Sin embargo. 61 y sigs. Por ejemplo. Ciertamente. porque se diseñó un proceso a medida de los empresarios. por ejemplo. la razonabilidad y la objetividad de la distinción entre extranjeros regulares e irregulares a la hora de reconocer derechos. cit. sería posible partir desde una perspectiva diferente. julio-diciembre de 2005 . J. precisamente por su carácter ilegal y sumergido. El arraigo social..DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 43 Ante todo. la ley establece que a los requisitos exigidos a los nacionales. J. Como consecuencia de ello. ASENSI SABATER. en efecto. ello no quiere decir que los poderes públicos dispongan de discrecionalidad absoluta para regular la materia. de la integración. se debilitarían de forma manifiesta63. porque el resto de mecanismos de regulación previstos en el reglamento de extranjería. Vniversitas. requiere 2 años de estancia y una sentencia judicial que de cuenta de una relación laboral cuya existencia.. ni la Convención de Derechos de los Trabajadores Migrantes y su Familia todavía no ratificada por el Estado español contemplan el derecho incondicional de los migrantes al trabajo.. y sobre todo. subordinando la política externa de control de fronteras y la política interna de control de inmigrantes sin papeles a la lógica de los derechos fundamentales. por ejemplo. Las políticas migratorias y la protección internacional de los derechos de los inmigrantes. ventas de contratos. como el arraigo social y laboral. por su parte.
el gobierno central ha tendido. Por lo que se refiere a las autorizaciones para trabajar por cuenta ajena. Política de extranjería y derechos constitucionales.2 y 14. El sentido de estas políticas. 2002. Inmigración y derechos sociales. Una introducción al marco legal de los servicios sociales para los inmigrantes. dos niveles de garantía: uno relativo a los servicios y prestaciones sociales básicas. 6 4 APARICIO. lo que está proscrito tanto en el ámbito estatal como internacional.1). a veces. al menos formalmente. así como a las que se deriven de la seguridad social. Sin embargo. cit. PILAR. en Jueces para la democracia. por ejemplo. M. 282 y sigs. como ya se ha sostenido. que corresponderían a todos los extranjeros con independencia de su situación legal (artículo 14. o la Ley 1/2003 del principado de Asturias.3) y otro al resto de servicios y prestaciones específicas. a las vías previstas en el llamado régimen general (artículo 38). en los últimos años. Hasta la aprobación de la Ley Orgánica de Extranjería. por ejemplo. En relación con el derecho a la protección social. la legislación estatal resulta igualmente discutible.44 GERARDO PISARELLO Sin embargo. se diferencian. De hecho. op. ante todo. nº 44. para los de aquí) este intervencionismo estatal restrictivo no autoriza la introducción de criterios desproporcionados que no sólo vulneran derechos de las personas inmigradas sino que afectan. pág. 6 6 Así. son las leyes y reglamentos posteriores los que distinguen entre el acceso a servicios sociales generales o especializados por parte de los extranjeros según sean residentes legales o no66. las propias legislaciones autonómicas sobre servicios sociales exigían a los extranjeros el requisito de residencia para el acceso tanto a los servicios generales como a los especializados. esta noción de residencia no estaba vinculada. que se reconocerían a los residentes (artículos 14. 6 5 Vid ANDRÉS JUSTE. Madrid. julio-diciembre de 2005 .. es sujetar el derecho a trabajar y la libertad de circulación de las personas a las exigencias de control de los flujos migratorios y a la necesidad de proteger la situación nacional de empleo. Sin embargo. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. julio. más allá de su naturaleza intrínsecamente discriminatoria (el derecho a trabajar es. como ocurriría posteriormente. la libertad de contratación de los potenciales empleadores64. a la necesidad de autorización administrativa para residir 65. Vniversitas. a priorizar los mecanismos de contratación en origen. La convocatoria del contingente 2002: una cuestión de ilegalidad y de inconstitucionalidad. una configuración en exceso onerosa de estos requisitos adicionales no sólo constituiría una discriminación en el acceso al trabajo sino que incidiría en las propias condiciones para trabajar. por contingentes o en el marco de acuerdos migratorios (artículos 39 y 42). en la Ley 1/2002 de la Comunidad Autónoma de La Rioja.. En el resto de derechos sociales.
No tendrían. como titulares del derecho a la seguridad social. En este último caso. Estas últimas son prestaciones económicas mensuales de las que puede ser beneficiaria una persona durante un mínimo de 3 años y van ligadas a un compromiso de actividades formativas y/o educativas que faciliten su inserción sociolaboral. Así. La mayoría realiza trabajos productivos y reproductivos. de asistencia sanitaria (artículo 7. con independencia del contrasentido que supone pretender vincular el acceso estable a los derechos de seguridad social a un mercado laboral formal cada vez más inestable y flexibilizado. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. si el titular era otra persona y siempre que no estuviera probada la irregularidad de su situación. la irrazonabilidad de la restricción ha llevado a las propias comunidades autónomas a intentar extender estos derechos también a los inmigrantes irregulares. que la ley atribuye a los residentes. con la reforma del IRPF. paga el IVA y. En estos supuestos. por ejemplo. julio-diciembre de 2005 . Vniversitas.6). a las que sólo tendrían derecho aquellos extranjeros ligados formalmente al mercado de trabajo.1) o ayudas de vivienda (artículo 8. extranjeros beneficiarios de ese derecho. de las prestaciones económicas individualizadas ( PEI). podría pensarse que el legislador ha tenido en mente las prestaciones contributivas. dirigidas a sufragar gastos en materia de vivienda y necesidades familiares básicas. Es el caso. Estas prestaciones se regulan mediante Órdenes anuales a las que se accede con independencia de la situación administrativa de documentado o indocumentado.2). en consecuencia. La sentencia distinguió entonces entre trabajadores extranjeros residentes en España. el reconocimiento a los extranjeros irregulares sólo de las primeras. cualquiera sea su situación administrativa. o las prestaciones económicas regladas ( PER). Problemas similares se plantean en torno a las ayudas de vivienda (artículo 13) y la educación de naturaleza no obligatoria. por qué aceptarse distinciones más gravosas que las que se establecen entre los propios ciudadanos (en materia. la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por el no reconocimiento del derecho a la seguridad social de una ciudadana rumana que convivía con un español. titular del derecho a la asistencia sanitaria de la seguridad social. el Tribunal Constitucional se planteó. nada autoriza a considerar como no contribuyentes a los inmigrantes irregulares que no están afiliados a la seguridad social. 6 8 Por ejemplo. en las mismas condiciones que los españoles. por ejemplo. la Ley 5/1997 de la comunidad valenciana prevé en su artículo 12. sin embargo. privándolos de las específicos. en materia de educación no obligatoria (artículo 4. 6 7 En su sentencia 95/2000.DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 45 Con independencia de los criterios más o menos evanescentes utilizados para distinguir entre prestaciones básicas y específicas. ni su exclusión de aquellos servicios y prestaciones ligados a la seguridad social67. tampoco aquí parece que el argumento de la prioridad del nacional o el riesgo del efecto llamada puedan justificar de manera objetiva y sobre bases empíricas adecuadas. de prestaciones por desempleo) 68. los que viven en pisos de alquiler contribuyen a que el arrendador desgrave. Ahora bien. el decreto 188/2001 sobre los extranjeros y su integración social dictado por la Generalitat de Catalunya establece derechos y medidas públicas de fomento para los inmigrantes inscritos en el padrón municipal.f una serie de prestaciones calificadas como programas de atención de las necesidades más básicas. por ejemplo.
donde una regulación exhaustiva del alcance de los derechos. la decisión del Tribunal Superior comporta una interpretación cuestionable de las competencias que las comunidades autónomas pueden tener en la materia. Dicho precepto. Por un lado. ante una impugnación de la administración central. no adoptar medidas que hagan frente a una discriminación de hecho en la educación y no adoptar medidas deliberadas. acabaría vaciando las Vniversitas. concretas y orientadas hacia la implementación gradual de la enseñanza secundaria. reconocen el derecho de todos a la educación y establece el deber. plantea al menos dos problemas graves en términos de constitucionalidad.2 del PIDESC. Al concretar el alcance de estos preceptos. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. La exclusión. julio-diciembre de 2005 . Otros artículos como el 13. Por el contrario. Por otra parte. el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (STSJC 1233/2004). La distinción de la ley resulta especialmente objetable por lo que se refiere a los menores de 18 años que. anuló el artículo 4. una actuación más intensa del Estado central en materia de control de fronteras externas y flujos migratorios.46 GERARDO PISARELLO Sin embargo. los discrimina y en cierto modo los culpabiliza por la situación irregular de sus padres. sin embargo. no sólo de garantizar la educación primaria obligatoria. una situación que vulnera de manera abierta tanto el PIDESC como los artículos 2. que contradice las obligaciones que el Estado ha contraído en virtud del artículo 2. superior y fundamental.6 al entender que la Generalitat carecía de competencias para regular materias reservadas al Estado y que se facilitaban fondos públicos en una actividad no querida por el legislador estatal. En un contexto en el que el fenómeno migratorio se ha convertido en una realidad estructural. la Observación general nº 13 del Comité de DESC ratifica que constituyen violaciones del PIDESC. entre otras. se ven privados del derecho a la educación no obligatoria. Pero se debilita sensiblemente en materia de integración de los inmigrantes. es excesivo entender que la competencia exclusiva estatal en materia de extranjería establecida por el artículo 149.1. por ejemplo. supone una utilización desproporcionada y no contrastada del argumento del efecto llamada.1 y 28 de la Convención de los Derechos del Niño. en efecto. pudiendo haber acabado su ciclo de estudios de carácter básico y obligatorio a los 16 años. sino de generalizar y hacer accesible tanto la enseñanza secundaria como la superior. en efecto. esta exclusividad puede justificar.2 de la Constitución otorga cobertura a cualquier intervención referida a las personas inmigradas. incluidas las que se produzcan por razón de origen nacional. todavía. establece el deber de los poderes públicos de garantizar los derechos sociales sin ningún tipo de discriminación. Esta decisión.
. Especialmente lesivas. Tirant Lo Blanc. siempre que su materialización. como ya se ha visto. aunque el artículo 18.B. A. el juicio sobre la exigencia de inscripción en el padrón como condición de ejercicio de derechos podría ser más benigno. los efectos que se derivan de la misma tienen una importancia extraordinaria. Valencia. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. claramente vulneradoras del derecho a la intimidad o a la libertad informática de las personas extranjeras. Dejando de lado la trascendencia que el empadronamiento ha tenido para la demostración de la fecha de permanencia en los procesos de regularización. sobre todo. Vniversitas. Protección de datos personales y derechos de los extranjeros inmigrantes . En comparación con la distinción entre residentes regulares y no regulares. habitacional o de bienestar y asistencia social. Ciertamente. Así. sino más bien lo contrario. por ejemplo.. 6 9 Vid una completa argumentación al respecto en SOLANES. y CARDONA RUBERT. a pesar de que en la exposición de motivos de la reforma se justifica esta disposición como una forma de mejorar la gestión mediante la simplificación de los trámites administrativos. la posibilidad de que la policía pueda acceder a esta bases de datos (DA 7ª). son las disposiciones de la LO 14/2003 que. 2005. a este requisito formal. naturalmente.. ligándolo a la política sancionatoria y de control de fronteras. M. la legislación no siempre facilita ese acceso. julio-diciembre de 2005 . podrían conducir a la inconstitucionalidad del empadronamiento como exigencia para el ejercicio de derechos69. no son pocos los derechos sociales cuyo ejercicio aparece vinculado. sea más sencilla que el trámite que permite pasar de la irregularidad a la regularidad. sin modificar de manera directa la situación actual. Este tipo de disposiciones. En efecto. lo que se hace es introducir un elemento disuasorio que limita de manera indirecta el ejercicio de los derechos. Sin embargo. la prohibición de discriminación no sólo se plantea con respecto a la distinción entre regulares e irregulares.2 de la Ley de Bases del Régimen Local establece que la inscripción de las personas extranjeras en el padrón municipal no constituirá prueba alguna de su residencia legal en España ni les atribuirá más derechos que los que les confiere la legislación vigente. También es discutible la adecuación a la Constitución y al derecho internacional de derechos humanos de aquellos supuestos normativos que condicionan el ejercicio de ciertos derechos a la inscripción o no en el padrón municipal.. en general. sanitaria. tienen en materia educativa. incorpora el deber de renovar el empadronamiento cada dos años y.DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 47 competencias legislativas y de gestión que las comunidades.
finalmente. Para ello. unos 800. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. 90 y sigs. op. tramitada también junto a la LO 14/ 2003. es evidente que perjudica sobre todo a las personas inmigradas. llegando a más de 5 años. el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. pág. BONET. Sin embargo.1 de la LO 4/2000 reconoce el derecho a la asistencia sanitaria.48 GERARDO PISARELLO Algo similar puede decirse de la reforma. De esta manera. En materia habitacional. cit. Y aunque aparentemente una medida de este tipo afecta a todos por igual. en todo caso. ayudas y la prueba del arraigo que a muchos pudiera llevarle a conseguir los papeles en el futuro. según la definición proporcionada por el propio comité DESC. deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente.. Desde ese punto de vista. Los ayuntamientos no estarían obligados a notificar a los extranjeros. el artículo 12.. se ha visto cómo el artículo 12. el nuevo artículo estableció que.2 y 11. al artículo 16 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. que podría ser inmediatamente borrados del padrón. Las políticas migratorias y la protección internacional de los derechos y libertades de los inmigrantes. perdiendo así prestaciones municipales.. A veces. la inscripción padronal sólo surtirá efecto (.1 de la LO 4/2000 podría considerarse discriminatorio en la medida en que excluye a los extranjeros irregulares del conjunto de prestaciones que configuran la atención primaria básica de salud. en consecuencia. en las mismas condiciones que los españoles.1 del PIDESC. julio-diciembre de 2005 . de los artículos 2. En materia de salud. en su Observación general nº 14.) por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y. 7 0 Así. igualmente. estos plazos suelen ser irrazonablemente largos. por lo que podría reputarse como una discriminación indirecta y una vulneración. sólo a los extranjeros empadronados. Un derecho que. los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos suelen establecer en sus promociones un tiempo de inscripción en el padrón municipal como condición de acceso a pisos con protección oficial. excede la atención de urgencia continuada70. Vniversitas. J.000 inmigrantes todos los que no tienen residencia permanente estarían forzados legalmente a pasar por los consistorios para renovar su empadronamiento.. debe recordarse que el artículo 12 del PIDESC reconoce a toda persona. como en algunos planes de ayudas para acceso a pisos de alquiler. cuyo objetivo principal fue tener actualizados los padrones e impedir que inmigrantes que habían cambiado de municipio siguieran en los registros de sus anteriores ciudades.
utilizar el control de fronteras y su potestad sancionadora para hacer valer de manera irrestricta el interés nacional. es de sostener que en la medida en que pertenecen a una comunidad de naciones. en realidad. De lo que se trataría. por tanto. la única manera de avanzar hacia un modelo de atribución igualitaria de derechos a todas las personas por su sola condición de tales. las condiciones materiales en las que viven muchos migrantes están ente las peores del mundo. endeble. trabajo y acceso al resto de derechos que sean necesarios para asegurar el principio de preferencia de los nacionales. Para comenzar. en ejercicio de su soberanía interior. en una serie de presupuestos de fondo. Por el contrario. pueden introducir todos los requisitos en materia de residencia. El segundo es que. en realidad. 59 y sigs.. M. La primera de estas obligaciones es no levantar barreras contra la gente de otros países que desee entrar en el suyo71. Sobre inmigración y refugiados. en última instancia. habría que invertir el argumento según el cual los estados pueden imponer restricciones incondicionadas a la libre circulación de las personas en nombre del interés nacional. El tercero es que la negación de derechos a quienes se encuentran en situación de irregularidad es una manera de evitar un efecto llamada que. En realidad. Si estos presupuestos se aceptan de manera acrítica. en algunos contexto se culpa a los migrantes de toda clase de males y son objeto de ataques físicos y políticos. la defensa de un reconocimiento amplio de derechos fundamentales para todas las personas extranjeras estará siempre condicionada por argumentos utilitaristas (si sirve o no a los españoles) y resultará. más allá de las inconsistencias jurídicas que puedan achacarse a la legislación vigente. implícitos o explícitos. en ejercicio de su soberanía exterior. se pretende evitar. pero también tienen obligaciones frente a éstas. DERECHOS SOCIALES PARA TODOS: ELEMENTOS PARA UN DEBATE Como puede verse. las normas que rigen la migración tienen una importancia política y social cada vez mayor: el número de personas que se desplazan por obligación o elección crece rápidamente. la restricción de derechos a la población inmigrante descansa. Vniversitas.. según el discurso oficial. cit. los estados tienen derechos. julio-diciembre de 2005 . pág. 7 1 DUMMETT. El primero es que los estados pueden. es rechazar estos presupuestos y partir de un análisis basado en premisas garantistas y cosmopolitas. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60.DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 49 5.
como condición central para el libre desarrollo de la personalidad72. de manera excepcional. sino a buscar nuevas oportunidades de vida en otro país. Alemania o Italia. Madrid) los índices siguen siendo relativamente bajos en relación con la media de muchos países europeos.. 102 y sigs. julio-diciembre de 2005 . pág. en definitiva. ¿Hay que abrir las fronteras?. como establece el artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948 .. El carácter incondicional de este derecho a inmigrar a otro país aumentaría en la medida en que las personas o sus familias se encontraran en un contexto opresivo desde el punto de vista político. La segunda es que la presencia de los inmigrantes es en buena medida el producto de una necesidad local: la demanda de mano de obra extranjera es persistente en muchos sectores productivos y de servicios y se ha convertido en un elemento imprescindible no sólo para apuntalar el régimen de seguridad social. Paradójicamente.50 GERARDO PISARELLO Así vistas las cosas. cit. que sin embargo nunca es utilizada como argumento para el endurecimiento de leyes y mucho menos de fronteras. de la descaracterización (que no puede. sino también para mantener el insostenible modelo de crecimiento y consumo asumido por las regiones y países ricos de Europa. 79 y sigs. lo más parecido a una amenaza real para la identidad de estas sociedades. para describir la situación de los países de la Unión Europea en relación con la inmigración proveniente de los países empobrecidos. si de la migración se derivaran perjuicios manifiestos para sus poblaciones. es posiblemente la creciente norteamericanización de sus formas de vida y de consumo. S ASSEN. pretender agitar el fantasma de la superpoblación... podrían aducirse varias razones. La primera es que a pesar del crecimiento de la población inmigrada en los últimos años. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. Sobre inmigración y refugiados. naturalmente. En el caso concreto del Estado español. Girona. resulta un despropósito. op. económico o socio-cultural. es este último tipo de argumentos el que el discurso populista y chauvinista suele utilizar para rechazar la inmigración a los países de Europa. Almería. cit. 2000. ¿ Perdiendo el control? La soberanía en la era de la globalización. Baleares. S. WITHOL DE WENDEN. dado el envejecimiento de la población y la caída de la tasa de natalidad.. el principio rector en esta materia debería ser el reconocimiento universal no sólo del derecho a emigrar. 7 2 BENHABIB. 29 y sigs. como la superpoblación o su notoria descaraterización73. pág. equipararse con cualquier forma de influencia o mestizaje) y de la saturación. 17 y sigs. pág.. M. cit. Por su parte las comunidades de recepción podrían restringirlo. del umbral de tolerancia. Así. 33 y sigs.. Barcelona. como Francia. S. Vniversitas. C.. pág. y sobre todo.. op. de su concentración en ciertas ciudades (Alicante. Bellaterra. Sin embargo. 7 3 Esta es la línea de argumentación utilizada por D UMMET.. Los derechos de los otros.
. ¿Perdiendo el control?. sin embargo. pág. las únicas situaciones de superpoblación son las provocadas por las rígidas restricciones a la libertad de circulación y de residencia. op. al respecto. Vniversitas.. op. 102 y sigs. C. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60.. y de 10 a 1 a comienzos del XX. como una simple cuestión de buena voluntad. la proporción de ingresos reales per cápita en los países ricos respecto de los más pobres. S. 151 y sigs.. Según las últimas estimaciones oficiales. al respecto. Por otro lado. Permitiría el regreso a sus países de origen de personas y familias que no lo hacen por temor a perder su estatuto legal y evitaría las concentraciones de población extranjeras en determinada ciudades y zonas. 85 y sigs. laboral y sociocultural realizada por las personas inmigradas y. En cualquier caso. op. Mientras esta situación no se revierta. S.. La posibilidad de que esta perspectiva se asuma se encuentra bastante alejada de la realidad. cerrando de ese modo la brecha con las regiones más ricas del planeta.500 millones de euros (sin contar las cantidades enviadas por mecanismos informales y no declaradas). 7 5 Vid. no de la ayuda exterior proporcionada por los países ricos. pág. en 2004 los inmigrantes exportaron capitales. pág. pasada y presente. pág. cit. julio-diciembre de 2005 . Por el contrario. sobre todo. S. el impulso de fronteras cada vez más porosas y la defensa en el horizonte de un derecho universal a migrar es la única 7 4 Vid. con los peligros xenófobos que ello supone74. por valor de casi 3. cit.. cit. las contribuciones más importantes a los países empobrecidos suelen provenir. ha pasado a ser de 60 a 1 en el 2000. de la deuda social y ecológica.DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 51 En realidad. tendría que concebirse como una obligación resultante de la contribución demográfica. es evidente que la única manera de erradicar el riesgo de un masivo efecto llamada consiste en revertir las políticas que provocan el efecto salida en los países más pobres. contraída por los países ricos y sus empresas en los países y regiones empobrecidos75. Según el Financial Times... La necesidad de transformar esa realidad no puede verse. Esas remesas se han convertido en un gran negocio para las entidades que las gestionan. NAÏR. 260 y sigs. cit. condicionada a la puesta en marcha de políticas discrecionales de ayuda exterior y codesarrollo. sino del dinero enviado por los propios inmigrantes. Desde ese punto de vista. SASSEN. El imperio frente a la diversidad del mundo.. WIHTOL DE WENDEN. Los derechos de otros. que era de 3 a 1 a comienzos del siglo XIX. una política de flexibilización y apertura de fronteras facilitaría una autorregulación más sensata de los flujos migratorios. BENHABIB. op. ¿Hay que abrir las fronteras?. comenzando por los grandes bancos y algunas entidades financieras especializadas. a cambio de su trabajo.
las sociedades actuales son ya lo suficientemente plurales como para que la apelación a esa identidad nacional homogénea. inclusión. 7 7 DE LUCAS. los que viven en un lugar. sobre todo. Una comunidad de iguales. del lastre económico y moral que supone confinar a una parte significativa de su población a un sistema excepcional de vigilancia y control y a un apartheid social y jurídico77. pág. son de ese lugar78.. o un juguete que nos da placer o nos entretiene. cit. indiferenciada e invariable en el tiempo. es decir. op. sino dominar los flujos migratorios. Plaza y Janés. Esta distinción. 89 y sigs. (ed. en AÑÓN. Vniversitas. M. Y agrega: la idea de dominación es la clave de nuestra política de inmigración: no queremos controlar (ni regular).. asimismo. JOSÉ. de categorías inconsistentes. Vid. Barcelona. en definitiva. por el contrario.. cit. carece de todo sustento describir a la actual población inmigrante como una amenaza a cualquier identidad nacional. sin embargo. de quienes contribuyen efectivamente al sostenimiento de la comunidad y de quienes. como se domeña. La universalidad de los derechos sociales: el reto de la inmigración. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60.. contribuiría. ¿Nosotros ciudadanos de Europa?. B. KRISTEVA.. El segundo elemento de crítica es el rechazo a la noción de preferencia del nacional en materia de derechos. 7 8 BALIBAR. al menos contra el de la mayoría de sus ciudadanos. 35. pág. op. ciudadanía. pág. Aquí. estabilizadas y culturalmente diversas76. O. El caso español es un ejemplo claro de ello: tras décadas de migraciones internas y externas y de ejercicio más o menos 7 6 Vid TUSHNET. de que en cuestión de reconocimiento de derechos. en el mediano plazo a crear sociedades más igualitarias. E. Pero sobre todo.. en efecto. M. recuerda a este propósito el lema de LÉVINAS: es imposible dominar al otro sin perder la propia alma. Fronteras abiertas. a su vez. Vid Reconocimiento..52 GERARDO PISARELLO alternativa capaz de introducir mejoras. Los derechos sociales de los inmigrantes. julio-diciembre de 2005 .. suele asentarse en percepciones idealizadas acerca de los culturalmente cercanos. 184 y sigs. Contra lo que afirman las versiones alarmistas. SUTCLIFFE. 30. 53 y sigs. Muchas de las restricciones de derechos a las personas extranjeras se justifican. J. op. Se trata. sobre todo cuando las vías de acceso a la nacionalidad se encuentran bloqueadas o son especialmente gravosas. a partir de una diferenciación tajante entre nacionales y no nacionales. serían sujetos desvalidos que comportan una sangría permanente para las arcas públicas. 1991. como se domestica un animal de tiro o de monta o un esclavo que nos son útiles.. porque como ya se ha dicho. resulte sostenible. En otras palabras: sociedades menos violentas y liberadas.. la progresiva asunción de una ciudadanía basada en la simple residencia y en la idea. J.. cit. ¿Un derecho a desplazarse?. pág. una posibilidad de este tipo difícilmente desataría un caos imprevisible o atentaría contra el interés nacional del país. por el contrario. En primer lugar. cit. Extranjeros para nosotros mismos.). Por el contrario. en FISS. el principio rector debería ser si no la eliminación de toda ley de extranjería.
S. entre otros. conocimientos históricos y jurídicos) que los propios ciudadanos en muchos casos no tienen79. Derecho de fuga. las peor situadas: muchas de ellas llegan siendo adultas y cuentan con una formación laboral y escolar. secundaria y no pocas veces universitaria.5%). Representan. orígenes y orientaciones políticas. formación especializada. en su mayoría. a causa del éxodo de algunos de sus miembros más emprendedores y talentosos. Vniversitas. al tiempo que pagan impuestos y contribuyen a financiar la seguridad social80. con ciudadanos que conviven a partir de lenguas. las personas que emigran no son. Junta de Andalucía. MEZZARDA. en realidad.. cit. 2004. En un contexto así. Los inmigrantes suelen.. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60.7%). 93 y sigs. deberes y virtudes cívicas (valores éticos. por tanto. excluyendo a quienes. precisamente. F. Por otra parte. comportaría un desconocimiento manifiesto de la situación migratoria existente.3%) y 1998 (0. religiosas o sexuales diversas. 8 0 Vid. La extranjera. costeada por sus países de origen. GARCÍA-CALABRÉS COBO. El crecimiento de la afiliación de extranjeros a la seguridad social. por su innata condición de parias. afectivos y de cuidado. Sevilla. Un razonamiento de este tipo. aportar más de lo que reciben: por temor o inseguridad. realizan trabajos productivos y reproductivos. para comenzar. cuya calidad de vida se erosiona. Mucho menos puede exigirse a las personas inmigradas. julio-diciembre de 2005 . Estudio de la inmigración femenina en España. quedarían sin protección una parte importante de ciudadanos a los que tampoco podría aplicárseles el carácter de contribuyentes. como es obvio.1%). permitió pasar de la situación de déficit de 1996 (-0. por ejemplo. fundamentales para la reproducción social. pretender ligar el reconocimiento de derechos a una idea preconcebida e inmutable de lo nacional conduce a un camino sin salidas. Contra lo que suele afirmarse. pág. a los superávit de 1999 (0. Algo similar ocurre con la pretensión de restringir los derechos a los ciudadanos que contribuyen efectivamente. un beneficio neto para los contribuyentes nacionales y una pérdida completa para las comunidades de origen.DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 53 normalizado de la autonomía territorial. parte de una concepción muy estrecha de lo que es contribuir socialmente.. 1997 (-0. op. realizan con frecuencia un uso más autocontenido de las prestaciones y servicios públicos que el resto de los ciudadanos. Según datos de junio de 2005 7 9 Vid. entre otros. Siguiendo esos parámetros. la configuración identitaria es más plurinacional y pluricultural que nunca. como condición de ingreso y de disfrute de ciertos derechos. deben resignarse a recibir de manera subsidiaria lo que la caridad pública buenamente pueda darles.2%) y 2000 (0.
cit. la de los empleadores que discriminan. cit. pág. sino la de los poderes privados y públicos que la propician. ¿Perdiendo el control?. BALIBAR. Barcelona. julio-diciembre de 2005 . Nonpersone. Por el contrario. no tanto la ilegalidad de los inmigrantes que han caído en una situación de irregularidad administrativa casi imposible de evitar. Valencia.. no sólo de gastos económicos a largo plazo insostenibles. Nosotros. han generado una bolsa constante y creciente de personas en situación de irregularidad que se han visto empujadas a una economía sumergida desprovista de reglas y controles suficientes. Por el contrario. en S. 194 y sigs. A. Las legislaciones de extranjería vigentes tanto en territorio español como en el ámbito europeo han fracasado en su declarado propósito de combatir a las mafias y de garantizar flujos migratorios ordenados en condiciones de seguridad jurídica.495.329 pertenecían a países no comunitarios.. multas a las empresas de transportes e incluso a los conductores que lleven a personas sin papeles) y de los controles internos ante la presencia de inmigrantes irregulares (más policía. no cumplen con la legislación laboral o empujan a los inmigrantes a la explotación. ¿Qué es la inmigración?. 1. Virus.. Es decir.. Homo Sacer II. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. de extrema violencia82. de vulneración de derechos y. el número de afiliados extranjeros a la seguridad social ascendía a 1.. cit. SASSEN. cit. Esto es. Vniversitas. 81 y sigs. centros de internamiento. E. reducción de prestaciones sociales. el único fundamento sensato para la atribución de derechos debería ser el simple hecho de ser persona y. como demuestran los recientes sucesos en Ceuta y Melilla.. de habitar en un lugar determinado81. sobre todo cuando lo hacen en condiciones de abierta discriminación y explotación.476. En este sentido. 133 y sigs. restaurar una auténtica cultura de la legalidad exigiría comenzar por combatir la ilegalidad de quienes tienen poder y no la de quienes carecen de él83. 2005. A. IZQUIERDO. en su caso. vallas.. pág. pág.. 2004. G.. El endurecimiento de los controles externos de fronteras (visados. 208 y sigs.. muros. 9 y sigs. Tolerancia cero. op. entre otros. Pero no pueden. 8 3 Así. A. se ha convertido en un foco permanente. 1.54 GERARDO PISARELLO del Ministerio de Trabajo. op. Estrategias y prácticas de la sociedad de control. AGAMBEN. expulsiones) no ha servido para revertir este fenómeno ni para disuadir a las personas que deciden emigrar. naturalmente. Pre-Textos. De ese total. pág. redadas. sino sobre todo de excepcionalidad. DE GIORGI. 8 1 GIMÉNEZ ROMERO.. condicionar el reconocimiento de derechos a que los inmigrantes sirvan al mercado laboral. Estado de excepción. Como se ha dicho. Epílogo. 8 2 Vid DAL LAGO. Estos argumentos de utilidad permiten contrarrestar el estereotipo del inmigrante paria que sólo recibe recursos y prestaciones sociales del país de recepción. ¿ciudadanos de Europa?.. pág. pág. C.202. 133 y sigs..
H.. pág.. pág. E. desde diferentes perspectivas. Madrid. B.. pág. (ed. pág. 8 5 Vid. con capacidad y poder de actuar. S. 30. Ciertamente. 306 y sigs. 156 y sigs. NYERS. Identidades comunitarias y democracia. Nosotros. Reconocimiento. los derechos de participación política son. MEZZARDA. Para los inmigrantes. los flujos de inmigrantes continuarán... la política exterior y la política interior son inescindibles. J. es improbable que de un día para otro las sociedades de recepción. Y si se les impide entrar de manera legal. Para que ello ocurra.. 143 y sigs. ciudadanía. políticos y culturales a todas las personas.. inclusión..DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 55 amenazándolos con denunciar su presencia a las autoridades. Vniversitas. cit. Pero no de cualquier manera. está estrechamente ligado al reconocimiento de derechos de participación. pág. P. resulta inseparable de la supresión progresiva de toda ley de extranjería y del reconocimiento igualitario de derechos fundamentales sociales. en MEZZARDA. Los derechos sociales de los inmigrantes. abandonen sus prejuicios y asuman el principio de fronteras abiertas y de igual reconocimiento de derechos. Derecho de fuga. pág. 117 y sigs.. La libertad de migración y de circulación. Nada de esto.. y no en mero objeto de las políticas públicas. cit. el verdadero test de inclusión comunitaria y la principal herramienta para abandonar la propia situación de vulnerabilidad86. I confini della libertà. por el sólo hecho de habitar en un territorio determinado84. Mientras eso no ocurra. op.. el reconocimiento de derechos. o al menos sectores significativos de la misma. que sería la exigencia primaria de un movimiento mundial anti apartheid. 8 6 Vid. SILVEIRA GORSKI. Trotta. sociales o de cualquier tipo. de información y de decisión que conviertan a los inmigrantes en sujetos activos. S. pág. op. op.. BALIBAR. arbitraria o negligente en los trámites con personas extranjeras.. S. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. en efecto.. naturalmente. julio-diciembre de 2005 . H.. junto a los derechos sociales. civiles. 243. en SILVEIRA. es imprescindible rescatar al fenómeno migratorio de la penumbra creada por los estereotipos xenófobos y hacerlo políticamente visible. por ejemplo.. MEZZARDA. BENHABIB. lo harán ilegalmente. cit. DE LUCAS. Derecho de fuga.. cit. cit. 2000. pág. En este sentido. Cosmopolitismo abierto. (ed. cit. ¿ciudadanos de Europa?. SUTCLIFFE. ¿Un derecho a desplazarse?. S. o la de los funcionarios públicos que actúan de manera abusiva. cit. En este punto.). sino a través de la voz de las propias mujeres y hombres inmigrados85. op.. La vida en común en las sociedades multiculturales.. 8 4 Vid.). Aportaciones para un debate. 27 y sigs. 11 y sigs. será posible si no se repara la brecha que separa a las regiones opulentas de las empobrecidas y si no se revisan las formas de producción y consumo de las primeras. Los derechos de los otros.
Noruega y los Países Bajos. La evolución en este sentido ha sido. es una de las causas fundamentales de la intensificación de la xenofobia y de la degradación del resto de sus derechos. Finlandia.2 de la Constitución española. evitar exámenes o sistemas de prueba que pudieran resultar discriminatorios e incorporar el deber de fundamentar los rechazos y el derecho a recurrirlos. constituiría un contrasentido. se prevea por tratados o por ley el reconocimiento del derecho activo y pasivo en las elecciones municipales. después de ser aprobado por cuatro estados miembros. pero sólo unos pocos de los más de cuarenta que integran el Consejo de Europa lo han ratificado. sería necesario. propone el reconocimiento del derecho de sufragio en el ámbito local. Por ejemplo. sin reconocerles la ciudadanía. si no queda otro remedio. Para ello. sin embargo. El Cconvenio entró en vigor en 1997. Dinamarca. salvo que. laboral y barrial y que pagan impuestos como el resto de los ciudadanos. que aunque en principio reconoce a todos los extranjeros las libertades de reunión y manifestación (artículo 7). Según el artículo 4 de la Constitución francesa de 1793: (T)odo extranjero mayor de veintiún años Vniversitas.56 GERARDO PISARELLO De ahí la gravedad de la actual Ley de extranjería. pobre. el Consejo de Europa aprobó un convenio sobre la participación de los extranjeros en la vida pública local. siguiendo criterios de reciprocidad. Estos países. de asociación (artículo 8) y de sindicación y huelga (artículo 11) las vacía de contenido al condicionar su ejercicio a la obtención de una autorización de estancia o residencia en España. julio-diciembre de 2005 . no nacionales. no establecer requisitos de residencia que superen los tres años88. Ciertamente. Y de ahí la necesidad de superar el estrecho marco del artículo 13. son prácticamente los mismos que habían reconocido el derecho de voto con anterioridad87. Por eso. 8 7 A pesar de su escaso cumplimiento. En el año 1992. Islandia. entre los que se cuentan Suecia. que participan en la vida escolar. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60.. la Carta europea de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad establece en su artículo VIII que las ciudades signatarias promueven la extensión del derecho de sufragio activo y pasivo en el ámbito municipal a todos los ciudadanos y ciudadanos mayores de edad. después de cinco años de residencia regular. el horizonte normativo debería ser la simplificación del acceso a la ciudadanía. como mínimo: alcanzar acuerdos que facilitaran la doble (o múltiple) nacionalidad. aunque pueda admitirse la atribución de voto a los extranjeros residentes en las elecciones locales. el reconocimiento del derecho de voto libre a los extranjeros. los criterios del convenio han sido superados por otros documentos. 8 8 Vistas con una cierta perspectiva. Allí se establecen diferentes vías de intervención y. En efecto. la negación del voto y del resto de derechos políticos a personas que llevan años residiendo en un país. que atribuye en exclusiva a los españoles la titularidad de los derechos de participación reconocidos en el artículo 23. estas exigencias de la fraternidad pueden parecer moderadas. después de un período de dos años de residencia en la ciudad.
AJA E. 1. Estado de excepción. es menester un esfuerzo cotidiano y continuado. Homo Sacer II. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. E. Madrid. en Cuadernos de Derecho Público. Centro de Estudios Constitucionales. y DÍEZ. julio-diciembre de 2005 . o adquiere una propiedad. está en posesión de los derechos de ciudadano francés (. La regulació de la immigració a Europa. Madrid.... Consejo General del Poder Judicial. en Revista de derecho migratorio y extranjería. Talasa. y COURTIS. Lo cierto. El juez nacional como garante de los derechos humanos.. los enormes privilegios en juego y las aproximaciones electoralistas contribuyen a presentar el fenómeno de la inmigración antes como una amenaza que como una oportunidad para contrarrestar el desmantelamiento de las políticas sociales y mejorar la calidad de vida de todas las personas. L. Introducció. Madrid. en Revista de Derecho Migratorio y Extranjería.DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 57 Infortunadamente.. A. ABRAMOVICH. APARICIO. AGAMBEN. y por identificar al extranjero que cada ser humano lleva dentro de sí. R. 2002. además de legalizaciones y de concesión de papeles. Algunos retos para el siglo XXI. Trotta. sin embargo. P. Lex Nova. o adopta un niño. es que la cuestión migratoria es quizás el principal campo de batalla donde se juegan las posibilidades de construir sociedades más libres. 2005. Para ello.. en Consolidación de derechos y garantías: los grandes retos de los derechos humanos en el siglo XXI. Fundació La Caixa. económicos. nº 6. y DÍEZ L. 1993.. domiciliado en Francia desde hace un año. precisamente. Los derechos sociales como derechos exigibles. en ANTÓN. Vniversitas. el colonialismo y el militarismo. Inmigración y derechos sociales.). por comprender los resortes invisibles.. Valencia. políticos y psicológicos de la xenofobia. plurales e igualitarias. Madrid. M. P. G. nº 5. 2000.. todo extranjero que el cuerpo legislativo piense que ha merecido bien de la humanidad. Madrid. Un análisis crítico a la luz de su falta de eficacia y de eficiencia. cumplidos que. V. nº 7. en AJA. 2004. El test de la inclusión: los derechos sociales. Un esfuerzo que comienza.. Una introducción al marco legal de los servicios sociales para extranjeros. BIBLIOGRAFÍA AA. vive aquí de su trabajo. ALEXY. 1998.J. VV. (coord.. o se casa con una francesa.). Trabajo. Madrid. derechos sociales y globalización. ANDRÉS JUSTE. Lex Nova. comenzando por las más desaventajadas. AÑÓN. Pre-Textos. (coord. Madrid. La última reforma de la Ley de extranjería (Ley Orgánica 14/2003).. El principio de proporcionalidad. C. en resumen. 2004. exorcizadas del fantasma del racismo.). M. o alimenta a un viejo. 2005. Teoría de los derechos fundamentales. ANDRÉS IBÁÑEZ. 1999. Barcelona.
BONET.. J.. Barcelona. Barcelona. Gaoka. J. Migraciones femeninas. Vniversitas. 2005. Milán. 2004. J. ASENSI. Claves interpretativas. J. DE LUCAS. Una política de inmigración que no llega: las sinrazones de la contrarreforma de la L. PEÑA. nº 61. Madrid.. La convocatoria del contingente 2002: una cuestión de ilegalidad y de inconstitucionalidad. Gedisa.. S. Madrid. M. Racismo. BALIBAR. CASAL. (ed... M. JOSÉ. nº 44. J. MARÍA C. S. Una aproximación jurídica a sus derechos. Europa como fortaleza. Los derechos sociales de los inmigrantes. J.. en Jueces para la democracia. BALIBAR. J. 2004. ciudadanía.. 2003. Visión.. 2001. BLANCO. y TORRES. BENHABIB. Madrid.. Madrid.. (coord. El marco jurídico de la inmigración.. DE LUCAS. en AÑÓN. Icaria. Barcelona. Nueva York.).P.. J. en DE LUCAS. Puertas que se cierran. julio-diciembre de 2005 . Política de extranjería y derechos constitucionales.. Una oportunidad perdida para la política de inmigración. 1980. Racismo. antirracismo e inmigración. Bilbao. y MILLER. 2002. inclusión. en A LVITE. Reconocimiento.58 GERARDO PISARELLO APARICIO. 8/2000.). julio. Donostia. Estrategias y prácticas de la sociedad de control. J. DAL LAGO. J. G.. ¿Nosotros. nº 50. The Age of Migrations. 2003. y LÓPEZ GUERRA. F. ¿Inmigrantes. Valencia. en DE LUCAS. (eds.O. Gaoka. Madrid. L. 2004. La universalidad de los derechos sociales: el reto de la inmigración. DE GIORGI. DE LUCAS. BALIBAR. E. 1995... 2004. Cátedra.P. 1996.). M. Buenos Aires. Palagrave. ¿Existe un racismo europeo? Elementos de análisis y de iniciativa. 2003. Germania. 2000. Instituto de Derechos Humanos. La contrarrefoma de la Ley 8/ 2000 en España. en Jueces para la democracia. Universidad de Deusto.). en ZAGREBELSKY. Tecnos.. (coord. antirracismo e inmigración. Barcelona. Bari. ciudadanos de Europa?. M.. Políticas de la sospecha. MacMillan. Laterza. Los derechos de los otros. en Tiempo de paz.. 2003. 2002. Talasa. DUMMETT. A. cómo los tenemos?.. CASTLES. 1999.. J. Tolerancia cero. nº 38. Donostia. (ed. E. Virus. Madrid..). Las políticas migratorias y la protección internacional de los derechos y libertades de los inmigrantes. Migraciones internacionales y principios constitucionales Tirant Lo Blanc. DE LUCAS. Valencia. 2005. DE LUCAS. (ed.. Algunas proposiciones acerca de reformar la Ley Orgánica 4/2000. 2001. Perplejidades ante la Constitución europea. Madrid. en A LVITE. DE SCHUTTER. PUV. Nonpersone (Lescdlusione dei migranti in una società globlale). J. El inmigrante como sujeto marginado. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. La garanzia dei diritti e princìpi sociali nella Carta dei diritti fondamentali. y MESTRE R. M. en Jueces para la democracia. Inmigrantes.. A. y SOLANES. 2001. M. DE ESTEBAN. Sobre inmigración y refugiados.). Valencia. J. Derecho de ciudad.. Feltrinelli. E. El régimen constitucional español I. DE LUCAS. 1995. Diritti e Costituzione nellUnione Europea. A.
2003. Justicia. en MIRAUT MARTÍN.. (ed. La universalidad de los derechos sociales: el reto de la inmigración. Libertad de circulación y constitucionalismo global. FABIUS. Dignidad de la persona y derechos fundamentales. 2003.). Edesa. KRISTEVA. U. Plaza y Janés. R.. Los derechos de ciudadanía en la Carta europea de derechos.). Una comunidad de iguales. migración y derecho.. Madrid. LEuropa dei migranti. 2004.. El imperio frente a la diversidad del mundo. MEZZARDA S. J. PREUSS. t. GARCÍA-CALABRÉS COBO. 2005.... Sevilla.. Buenos Aires. Madrid. GIMÉNEZ ROMERO. Extranjeros para nosotros mismos. 2002. La justiciabilidad de los derechos económicos. Editorial Complutense. WAGNER (eds. MIÑO y DÁVILA Editores. MESTRE.. FRIESE. J.DERECHOS SOCIALES E INMIGRACIÓN: RAZONES PARA UNA COMUNIDAD DE IGUALES 59 ESCOBAR ROCA. Valencia. GARCÍA AÑÓN. JARIA. Homenaje a JUAN JOSÉ RUIZ-RICO.. en AÑÓN. I. Madrid. Dea ex Machina. S. 1991. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ. Dykinson. Editorial Complutense. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60... 2004. GARCÍA AÑÓN.). julio-diciembre de 2005 . Trabajadoras migrantes y negociación de la igualdad en lo doméstico (experiencias de ACUDE-VIMAR: ecuatorianas en Valencia).. RBA Integral. M.. Traficantes de Sueños. L. Estudio de la inmigración femenina en España. F.. Estado social y crisis económica. Barcelona. L. 2004. en FISS.. La integración social de los inmigrantes y la concreción de sus derechos en los planes autonómicos. JOSÉ. Cuadernos de Geografía. Manifestolibri. NAÏR. Dykinson. ¿Qué es la inmigración?.. R. 1990. O. Debate. La Constitución en tiempos de imperio. A. MIÑO y DÁVILA. O. JIMÉNEZ CAMPO. vol. Barcelona. Europa. Los derechos constitucionales dispersos como derechos subjetivos: el ejemplo del medio ambiente. 2003. J. IV. 1997. Roma. G.. en ÁLZAGA. Junta de Andalucía. M. sociales y culturales. 2005. Madrid. Estudios sobre derechos fundamentales. El inmigrante como paria. PUV. Dykinson. 2003. Madrid. L.. y RIGO E. 2004. OJEDA MARÍN. H. 53: protección de los derechos fundamentales.). Madrid. O. Trotta. (ed. I.. en M IRAUT Martín. 2005. (ed. S. Barcelona. en Pasajes. nº 72. L.. FISS. Comentarios a la Constitución española de 1978. C. A. en FISS. J.. migración y derecho. Valencia. Madrid. Madrid. París. NEGRI y P.. El sistema constitucional de protecció del medi ambient. MEZZARDA. 2004..). Derecho a la dignidad. La protección constitucional de los nuevos ciudadanos.. J. 1996. L. Una comunidad de iguales. Tecnos. PRIETO. Buenos Aires. en Estudios de derecho público. Une certaine idée de lEurope.. Madrid. Plon. Costituzione e Movimenti Sociali. Madrid. GARCÍA MANRIQUE. (dir. nº 15. Valencia. 1996. Institut dEstudis Autonòmics. O. Derecho de fuga. 2004. 2004. A. De Bolsillo. Vniversitas. BRONZINI. 2005. GARCÍA MORALES. en Las razones jurídicas del pacifismo.. Barcelona. Medidas antidiscriminatorias y derechos de los inmigrantes. 2002. LA TORRE. La extranjera. Art. Justicia. en G. FERRAJOLI.
en MEZZARDA.. Gakoa. SOLANES. Vniversitas. I confini della libertà. Barcelona. C. Roma. en FISS. 1995. SASSEN. antirracismo e inmigración. y CARDONA RUBERT.60 GERARDO PISARELLO RIGO. Buenos Aires. (ed.). MARÍA B. Bogotá (Colombia) N° 110: 13-60. TUSHNET. H. S.. 2001. Bellaterra. 2000. La vida en común en las sociedades multiculturales.) Racismo. nº 62.. (coord. 2004. Tirant Lo Blanc. SUTCLIFFE. en Revista Española de Derecho Constitucional. WITHOL de WENDEN.)..P. 2001. Identidades comunitarias y democracia. Bellaterra. en SILVEIRA.. O. Madrid. M. Madrid. H.. J. ¿Hay que abrir las fronteras?. SARLETT. 2004. Protección de datos personales y derechos de los extranjeros inmigrantes. Una comunidad de iguales. Ai confini dellEuropa. ¿Un derecho a desplazarse?.. B.. ¿Perdiendo el control? La soberanía en la era de la globalización. Valencia. MIÑO y DÁVILA.. Fronteras abiertas. SILVEIRA GORSKI. C. Barcelona. 2005.. julio-diciembre de 2005 . Trotta. S. Livraria do Advogado. Derive Aproddi. I. A. en ALVITE. VIDAL FUEYO. 2002. Aportaciones para un debate. (ed. Porto Alegre. La nueva ley de extranjería a la luz del texto constitucional. 2000. E.. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Donostia..
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 resolución 
 artículo 15
 artículo 53
 resolución 
 artículo 33
 artículo 128
 artículo 40
 artículo 53
 artículo 47
 artículo 53
 artículo 9
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 13
 artículo 10
 artículo 53
 artículo 149
 artículo 37
 artículo 53
 artículo 38
 artículo 15
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 15
 artículo 15
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 artículo 15
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 artículo 12
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