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Timestamp: 2019-01-19 03:09:19+00:00

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Don Diego Portales. Juicio Histórico.
Tal vez ningún hombre público de Chile ha llamado más la atención que don Diego Portales, con la particularidad de que a ninguno se le ha quemado más incienso, a ninguno se le ha elogiado más sin contradicción, más sin discusión sobre su mérito.
Portales dominó durante su vida a sus adversarios y persiguió a sus enemigos, sin dejarles un respiro. Después de su muerte hicieron otro tanto sus partidarios, y hasta la época en que escribimos, su nombre ha llegado siempre unido al predominio y a la gloria del partido que ha gobernado la República con el sistema político que estableció aquel personaje y que afianzó con su martirio.
¿Quién ha podido contradecir su mérito, quién ha podido juzgarlo? Durante su vida habría sido una temeridad estudiarlo, y en esa época tanto como en la que sucedió a su muerte, no había ni pudo haber inteligencia alguna libre de preocupaciones para estudiar al hombre ni para apreciar imparcialmente su obra. Por esto es que jamás se ha levantado una voz para contradecir el unísono coro de alabanzas que ha ensalzado siempre el nombre de Portales; y por esto es que hasta ha parecido de mal tono, o se ha mirado como un bostezo de pasiones mal disimuladas, cualquiera palabra, cualquiera objeción que se haya hecho oír en público o en privado contra el hombre que han dado en presentar como el primer estadista de América.
La generación presente ha entrado a la vida, hallando en pié esa gran figura histórica, y no se ha atrevido a tocarla; así como sucede con esos ídolos que, a pesar de su deformidad, llegan a ser sagrados a fuerza de ser adorados por todas las generaciones anteriores.
Los extranjeros que han venido a Chile, o que han querido conocerlo o estudiarlo, han hallado también en pié ese coloso de reputación, y guiándose por los juicios apasionados de sus adoradores, han concluido también por creer que en Chile nada hay más alto que Portales.
Amen de todo esto, la imbecilidad ha venido a prestar su irrevocable sanción al voto que nos han trasmitido los amigos de Portales, y para ella es poco menos que una herejía el no creer en el ídolo, o atreverse a tocarlo sin estar a su altura. No es extraño: la pasión con que se abraza un partido, sea político, sea religioso, hace aceptar siempre sin discernimiento todo lo que se inventa y se dice de sus héroes; y así se forman esas famas prestigiosas, en que los prosélitos creen con entera fe, que admiran con entusiasmo, y que atestiguan bajo juramento, aunque no les consten los hechos de que dan testimonio.
Pero cuando uno de esos héroes ha coronado su prestigio con un martirio cruento, entonces la admiración se convierte en simpatía y la creencia en sus virtudes pasa a ser adoración. Tal es lo que ha sucedido a don Diego Portales. Víctima inmolada al furor de una revolución vencida, fue también, no solamente para su partido, sino para la nación entera, objeto de la veneración y del respeto, porque nadie quiso hacerse cómplice del crimen, y todos prefirieron participar de la gloria de la víctima inmolada.
Portales fue un hombre público feliz, murió muy oportunamente para su gloria. Si hubiera sobrevivido al combate del Barón y muerto después tranquilamente en su lecho, sin más dolores que los de un achaque ordinario, su gloria no habría sido tan viva, ni habría despertado el entusiasmo de sus amigos. Su nombre habría pasado silenciosamente a la historia, después de unas cuantas ceremonias oficiales destinadas a hacer el duelo.
Veinte y cuatro años nos separan de él, y por lo mismo podemos ya pronunciar un fallo desapasionado, puesto que formamos su posteridad. El que estas líneas escribe no está ligado a la memoria de Portales por ningún móvil personal de odio o de amor. Dedicado desde mis primeros años al estudio de la ciencia política, con la noble aspiración de influir alguna vez en el gobierno de mi patria, aunque he llegado a viejo sin realizarla, era natural que estudiase también con interés al hombre que se presenta como el primer estadista hispano-americano; y al emitir sobre él mi juicio, no hago más que trazar una página para la historia. Puede ser que yo provoque alguna refutación, que subleve alguna pasión en mi contra; ¡qué importa! La historia recogerá lo que juzgue verdadero, si es que, al lado de mi juicio, llega a manos de quien la escriba lo que se diga de estos renglones trazados con calma y seguridad.
Don Diego Portales vivió solo cuarenta y cuatro años (junio de 1793 a junio de 1837), y al morir estaba todavía en todo el vigor de su juventud, ágil, lozano, bien apersonado, ceño severo y un tanto burlesco, fisonomía imponente y altanera. Tenía la conciencia de su superioridad, y estando habituado al respeto de todos, miraba y trataba a los que le rodeaban con tal cual aspereza y con modales y palabras que estaban muy distantes de ser dulces y afables.
Aunque era joven cuando estalló la revolución de la independencia, no se apasionó por ella, como todos los jóvenes de su tiempo, y antes bien guardó en general cierta prescindencia que no se conformaba con el entusiasmo de muchos de sus amigos y de no pocos de sus parientes por la libertad de Chile. Menos se conformaba su prescindencia con sus antecedentes personales, porque mientras fue estudiante en el colegio de San Carlos, se distinguió, más que por sus talentos, por un carácter dominante, travieso y arrojado, que auguraba en él más al revolucionario que al hombre de letras y de estudio. Portales no aprendía nada en el colegio, pero subvertía el orden a cada paso e incomodaba a todos, tanto a los superiores como a sus compañeros, con picantes travesuras y extravagantes ocurrencias.
Fuera ya del colegio, se ocupó en el empleo de ensayador de la Casa de Moneda, cuyo jefe era su padre, y mas tarde se dedicó al comercio, llevando en uno y otro giro una vida oscura en medio del estruendo de la guerra, y consagrada a sus afecciones privadas. Pero allí en la oscuridad era siempre el dominador de todo lo que le rodeaba. Dotado de una voluntad persistente y enérgica, dominaba en sus amores como en sus amistades, en el escritorio como en la tertulia, y tenía siempre a su devoción a muchos parásitos, porque era generoso, franco y leal.
Estaba ya en sus treinta y un años de edad Portales, cuando comenzó a figurar en la vida pública, no como empleado sino como negociante.
El Presidente Pinto no había tomado una sola medida contra la insurrección, antes bien, había dejado el puesto, haciendo una renuncia en que formulaba como causales de su separación, las mismas que los revolucionarios invocaban para justificar su movimiento. No era extraño: una fracción de los pelucones, que entonces se llamaba de los O’Higginistas, se había aprovechado de la liberalidad del gobierno y de los puestos que en él tenía para insinuarse en e1 ánimo del general Pinto, y aún para interesarle en la candidatura a la vice presidencia de su Ministro de Hacienda, don Francisco Ruiz Tagle [2].
Eran ya, las cuatro de la mañana, cuando el general Prieto, que no había desplegado sus labios, se levantó para retirarse, y respondió a la interpelación que le dirigió uno de los liberales: que “no podía aceptar la proposición porque sus compromisos eran muy fuertes y estaban muy adelantados”. Portales, que era el árbitro para desligar al general de esos compromisos, no estaba presente, y su personero, Rodríguez Aldea, no había aceptado el medio que se proponía: eso era bastante. El general se retiró, y por consiguiente, la cuestión debía ser resuelta por las armas[3].
Queda ratificado en todos, y cada uno de sus artículos el presente tratado.
Mas éste, falto de espíritu para encaminar la reacción, renuncia su cargo un mes después de su nombramiento, empujado por las instancias de Portales y de los demás directores de la reacción. El vice presidente lo reemplaza, y se estrena confiriendo a don Diego Portales los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, de Guerra y Marina, esperando de su amor patrio este nuevo e importante servicio a la causa pública [4]; pero conserva en el ministerio de hacienda a don Juan Francisco Meneses (6 de abril de 1830).
Cuando Portales admitió el ministerio, ya hacía un mes que el Ejecutivo estaba investido secretamente de facultades extraordinarias contra las personas; y públicamente, por decreto de 2 de abril, de autoridad para usar do las rentas y de los bienes de la nación y para proporcionarse recursos a fin de restablecer el orden. El Congreso de Plenipotenciarios, que por sí no tenía esos poderes, ni por la Constitución que aparentaba defender y obedecer, ni por los tratados en virtud de los cuales fue convocado, era el que confería tamaña autoridad.
Cuando el vice presidente que suscribe se resolvió a tomar las riendas del gobierno en las apuradas circunstancias que rodeaban a la patria, lo hizo con aquel conocimiento de que no podría extinguir la guerra civil que la devoraba, sujetándose a la observancia de fórmulas, que si son alguna vez las protectoras de la inocencia, lo son también con mayor frecuencia del crimen. Esto mismo expuso a los señores plenipotenciarios; y los términos en que está concebido el juramento que prestó el día de su recibimiento, indican demasiado sus propósitos. Satisfecho el Congreso de esta verdad, que solo la práctica de los negocios puede descubrir en toda su extensión, y mereciendo el que suscribe su confianza, fue autorizado en sesión secreta de 7 de marzo último, para destinar dentro o fuera del país a los quo so hicieren prisioneros de la división de don Ramón Freire, y a cualesquiera otros individuos que fuese necesario para conservar el orden y tranquilidad pública. Usando de esta autorización, ha procedido contra varios de los más conocidos desorganizadores, para contener en tiempo los progresos de la rebelión que comenzaba a amagar de nuevo a la república: y atacado el gobierno por semejante providencia, que suponen haber tomado excediendo los límites de sus atribuciones, habría convenido publicar las facultades que tiene del Congreso, para poner coto a la calumnia, si la calidad de reservadas con que vinieron, no exigiese previa autorización al efecto.
Pero el ministro Portales no pensó así, y aunque ya habían sido cumplidas por los constitucionales las estipulaciones, los persiguió, encarceló y desterró como a los demás; y desaprobó el convenio en una nota dirigida al general Aldunate el 24 de mayo, en la cual revela la nueva política y declara textualmente que el gobierno no puede aprobar el convenio, porque esa aprobación lo comprometería a retroceder en su marcha. “El gobierno cree, decía el ministro al general, que V. S. no era dueño de su palabra de honor que empeñó, y que por esta razón no le liga de modo alguno”; y al lado de esta peregrina creencia, agrega el ministro esta otra frase, que a modo de aquel tremendo ridículo de Triboulet, espanta y hace sonreír al mismo tiempo: “el gobierno juzga que en el estado en que se encontró el país, era necesario y prudente ver con el más profundo sentimiento correr alguna sangre chilena, para evitar que después se derrame a torrentes”. Esto decía para significar al general que el gobierno “consideraba bajo diverso aspecto que él los medios de afianzar la paz, el orden y la tranquilidad públicas”, pues el general debía convencerse “como todas las personas de orden que sienten mejor acerca de la suerte y verdaderos intereses del país, que este se convertiría en un teatro de convulsiones y espantoso desorden, si los que los promueven siempre se dejasen en posesión de los elementos que torpemente se han puesto en sus manos” [5].
Diez y seis meses solamente estuvo Portales a cargo de los ministerios que se le encargaron por el gobierno revolucionario, antes de la batalla de Lircay, habiendo dejado de desempeñar el de guerra y marina durante el corto tiempo que lo ejerció el general Cruz; pero no necesitaba de más para dar el tono y trazar la marcha de la administración. A su salida, los liberales quedaban abatidos y sin acción ni representación ninguna, ni en la administración, ni en la prensa, ni en la enseñanza: de todas partes habían sido arrancados para el destierro. La policía de Santiago quedaba organizada para perseguir, por medio de un reglamento que atribuía a los vigilantes numerosas y temibles facultades. El ejército estaba bien pagado; y desde sus jefes hasta el último de sus soldados, sabían que la delación era un nuevo medio consagrado para adquirir ascensos, recompensas y favor del gobierno; y para el caso en que a pesar de semejantes alicientes fuese desleal, se había prestado una atención preferente a la organización y disciplina de la guardia nacional, agasajando a los artesanos y empeñando su gratitud, tanto por medio del trato personal e íntimo, como por decretos supremos, tal como el de 6 de mayo de 1830, en que el gobierno decía que “deseando dar un testimonio de su reconocimiento a los importantes servicios que estaban prestando a la nación los cuerpos cívicos de la capital, desde el momento en que los pueblos resolvieron vengar el ultraje con que fueron hollados sus sagrados derechos, había solicitado del Congreso de Plenipotenciarios autorización para invertir cinco mil pesos en vestuarios que debían dárseles sin cargo alguno”. La administración de las provincias quedaba completamente asegurada en manos de intendentes, gobernadores, asambleas y municipalidades de la devoción del gobierno y de toda su confianza; y por fin, se había hecho la elección de diputados, senadores y electores de presidente al arbitrio del partido triunfante y sin tener al frente un solo adversario.
Esa era la obra de Portales a mediados de 1831. Auxiliado poderosamente por el Congreso de Plenipotenciarios, había logrado someter a la nación entera, halagando y soliviantando todos los intereses retrógrados y egoístas, y persiguiendo al partido vencido en todas las esferas, en todos los ángulos de la sociedad. El Congreso de Plenipotenciarios había dado al gobierno autorizaciones sin límites para todo y en todo, sin tener él mismo más autoridad que la que le daban los tratados de diciembre; y a propósito de nuevos peligros, oficiaba al vice presidente, en 16 de febrero de aquel año, “haciéndolo responsable ante la nación si no ponía en ejercicio todas las facultades que se le habían conferido y de que nuevamente le investía el Congreso para hacer cuanto juzgase conveniente”. Y no solamente lo facultaba de nuevo, sino que lo “conjuraba por la patria a no omitir medio alguno de salvarla, y lo hacia responsable ante ella misma de cualquiera omisión causada por esos sentimientos de pundonor que solo podía imaginar la delicadeza del vice presidente”. Más tarde, en abril, aprobando las medidas que el ejecutivo había tomado por noticias de un proyecto de invasión de los chilenos desterrados, “le encarecía los males a que el país se hallaría expuesto continuamente si no se tomaban providencias severas para escarmentar a los delincuentes”.
Ese Congreso, tan parecido a la asamblea legislativa de Rosas en su entusiasmo por constituir un gobierno fuerte y por autorizar el despotismo, era el destinado a dar el golpe de gracia a las instituciones liberales. En setiembre de 1830 había devuelto a las comunidades de regulares los bienes que por ley de septiembre de 1826 se habían mandado vender, tomando aquella resolución a consecuencia de las solicitudes que al efecto habían hecho las municipalidades de Santiago y Concepción, y que el ejecutivo había recomendado.
Esta manera de iniciar reformas retrógradas, por medio de solicitudes de los cabildos, era un expediente ideado entonces para dar un origen popular al la derogación de las leyes más notables del gobierno liberal; y Portales se había valido de él para dejar asegurada la reforma de la Constitución antes de separarse del mando.
Una solicitud, con este objeto, había sido elevada por la Municipalidad de Santiago el 18 de febrero de 1831 al gobierno, y éste la pasó al Congreso de Plenipotenciarios, que no tardó en dictar una ley mandando circular la solicitud en todos los pueblos de la república e invitando a los electores de senadores y de diputados a que expresasen, en sus sufragios, si daban a sus representantes la facultad de anticipar y convocar la Gran Convención que la Constitución había mandado formar en 1836. La invitación fue obedecida como un precepto unánimemente, y la Constitución fue derogada de hecho por los electores, en la parte que determinaba lo relativo a su reforma.
El nuevo Congreso, que habla sido elegido con tal incumbencia, no nos dejó grandes muestras de su laboriosidad en el período ordinario de sus sesiones: de modo que no dio a Portales la gloria de poner su nombre en ninguna ley ni decreto que merezca notarse; pero el Senado le dio una muestra de respeto, cuando Portales renunció, en junio de 1831, la vice presidencia de la República, a que había sido elevado por el voto de los electores ministeriales en las elecciones de aquel año: el Senado decía en su contestación “que había resuelto, acto continuo por unanimidad, lo siguiente: no ha lugar a la admisión de la renuncia”.
Por fin, el 31 de agosto, sin que el Congreso hubiera decretado todavía la reforma de la Constitución, a que lo habían autorizado los electores, el ejecutivo admitió la renuncia que don Diego Portales hizo del ministerio, y expidió una circular firmada por don Manuel Carvallo, como oficial mayor, anunciando este acontecimiento y lisonjeándose de que las fatigas y desvelos del ministro le valían la gloria de ver convertido el país que la desgracia tenía envuelto en la anarquía, en tranquila mansión de la libertad.
El mismo ex-ministro hizo burla de este sarcasmo imprudente, riéndose en su tertulia de aquella frase y atribuyéndola al genio travieso del que la había redactado.
Portales bajaba del poder en los momentos en que era el árbitro absoluto de la voluntad y simpatías de su partido. Pudo ser presidente dos veces y lo rehusó, pudo ser dictador, como Rosas, presidente perpetuo, como Santa Cruz, pero jamás reveló tales intenciones. Semejante desprendimiento que tanto lo enaltece, y que nos proporciona la complacencia de rendirle un homenaje que la historia no le debe por sus principios, por su funesta política, por sus hechos administrativos, no era lo que le hacia grande a los ojos de sus secuaces y compañeros. Lo que estos admiraban y admiran aún era al hombre enérgico y sin miedo para despotizar, al político audaz que había sabido arruinar a sus enemigos, al ministro sin piedad que se burlaba de la desgracia que causaba, y cuyas palabras burlescas y actos de rabia o despecho se repetían y revestían de los colores de la anécdota para aplaudirlos y ensalzarlos. ¡Funesta y ridícula propensión de nuestra sociedad a considerar grande hombre al que tiene ínfulas de tirano y osadía para despreciar la libertad y encadenarla!
El ejemplo de esa osadía ha sido fecundo, como lo es siempre el mal ejemplo, y como que es tanto más fácil gobernar arbitrariamente que de un modo racional y ajustado al derecho y la justicia. La porción retrógrada de nuestra sociedad, por tanto, ha tenido varios hombres grandes de su gusto que admirar, pero ningún estadista a quien la historia deba aplausos; pues la política conservadora, que es la política de la mentira y de la arbitrariedad [6], no puede producir sino mediocres administradores o mandones enérgicos al estilo del que la fundó entre nosotros.
Esos términos más oportunos no eran otros que los que produjeran una completa centralización de todos los poderes en el Ejecutivo, pues los revolucionarios de 1829, que propiamente eran contrarrevolucionarios, porque reaccionaban contra uno de los grandes fines de la revolución de la independencia, profesaban el principio de que la única y mejor garantía del Orden estaba en la acumulación de la autoridad en el poder ejecutivo, y no en la concordia de todos los intereses y de todos los derechos, que se había procurado buscar antes por medio de las instituciones liberales [7].
El gobierno era poderoso: su marcha inflexible, sistemática, decidida, lo había rodeado de prestigio y de terror, y la fuerte organización que se había dado en todas las jerarquías de su autoridad, había asegurado definitivamente su triunfo y el de su partido. Los cuatro años trascurridos, desde la separación de Portales del ministerio hasta 1835, habían bastado a sus sucesores para consumar la empresa iniciada por aquel y elevar al partido pelucón a la plenitud de su predominio, al cenit de su poder. Pero la reacción colonial no se había operado todavía completamente, porque en el seno mismo del partido triunfante hallaba alguna resistencia: ella alcanzará a todo su esplendor más tarde, cuando, con la mayor naturalidad y sin resistencia ninguna, se erijan templos al fundador de la colonia, a título de ser el introductor de la religión y de haber sido tan gran conquistador; cuando el público se preocupe de milagros obrados en casa de un ministro de Estado [8]; cuando el mismo secretario universal del partido reaccionario, el canónigo Meneses, suba al púlpito a sancionar con su palabra de sacerdote las supercherías que se armen sobre la santidad de un donado; cuando, en fin, la prensa oficial proclame con descaro que “El partido conservador tiene por principal misión la de restablecer en la civilización y en la sociabilidad de Chile el espíritu español”, y los imitadores de Portales perfeccionen de tal modo el original, que lleguen a dar su nombre al sistema de política iniciado por aquel [9].
Pero lo que es en 1835, todavía la reacción colonial luchaba con los resabios de liberalismo que aun se conservaban; y una prueba de ello tenemos en aquella divergencia que se abrigaba en el seno del gabinete, y de que antes hemos hecho mérito. Por ese tiempo traspiró hasta el público esa divergencia, con motivo del proyecto de una legación a España para solicitar el reconocimiento de nuestra independencia, que el ministro del Interior había formulado. Los amigos del ministro de Hacienda estallaron; y Benavente, el antiguo ministro de la contrata del estanco, el compañero de Portales desde la época del Hambriento, fundó un periódico titulado el Philopolita, que apareció por primera vez el 3 de agosto de aquel año, con el objeto confesado de corregir el fanatismo y negligencia del ministro del Interior. “La prensa periódica, según el Philopolita, estaba en la más espantosa nulidad”, como que en realidad no había papel alguno hasta entonces, si no era el periódico oficial; pero el ejemplo del Philopolita fue fecundo y luego aparecieron el Farol para apoyar y defender al ministro atacado, y el Chileno y el Voto público, para segundar el ataque. El Philopolita se declaraba liberal por convencimiento y protestaba odiar la tiranía, no obstante que había contribuido tan eficazmente a fundarla; elogiaba la marcha del gobierno, daba su voto por la reelección del Presidente de la república, pero sostenía que “el ministro del Interior era inepto, negligente para todo, menos para servir al fanatismo, pues su conato era poner a Chile en el estado en que estaba la España de los aciagos días de los Felipes”. A más de esto, desde su primer número hizo oposición acalorada contra la misión que se proyectaba para España.
Estaba visto, la prensa opositora únicamente se sublevaba contra el triunfo del fanatismo, o más propiamente, contra la retrogradación del gobierno hacia uno de los vicios de la época colonial. El Farol adoptó el sistema consagrado por la prensa del despotismo, llamando ladrones, desorganizadores, revolucionarios, enemigos del orden a los escritores del Philopolita, a fin de convertir la discusión en disputa y dar pretexto a un golpe de Estado; pero llevó su indiscreción hasta censurar malignamente al ministro de Hacienda.
La situación pacífica, o mejor diremos, sumisa y obediente, había cesado, y esto ponía en conflictos al gobierno. Por eso fue que al mes de haber aparecido el Philopolita, el 21 de setiembre, fue nombrado Portales ministro de Guerra, y trasladándose a Santiago, se hizo el centro de los amigos del gobierno y de los escritores ministeriales. Los antiguos amigos se habían dividido: Garrido y Meneses campeaban en el Farol, Benavente y Gandarillas en el Philopolita.
Dos meses después, 9 de noviembre, Portales reasumía además los ministerios del Interior y Relaciones Exteriores, y Tocornal se dedicaba al de Hacienda. Rengifo había renunciado el 6 de este mes, y el Philopolita, temiendo sin duda esa concentración de fuerzas en el ministerio, terminaba su tarea en el número décimo quinto y lamentaba la separación del ministro de Hacienda. “Los que quieran descubrir la verdadera causa de esa pérdida, decía, búsquenla en ciertas ideas erróneas, en varias suposiciones y en algunos hechos falsos que, de poco tiempo a esta parte, guían la política de nuestro gabinete. Allí encontrarán el criadero del descontento, compuesto por la credulidad, la astucia y la superstición, y fomentado por áulicos, cuyo interés público está reducido a trabajar párrafos halagüeños para cada uno de los potentados”.
Así trataba de explican el Philopolita, como una empresa de la astucia y de la falsedad, la preferencia que Portales había dado a la conducta y a la política del ministerio del Interior sobre la del de Hacienda y de los antiguos amigos que tanto le habían ayudado en otro tiempo a conquistar el poder; y le dirigía además un sentido artículo sobre los efectos de la impostura, recordándole que él mismo, Portales, había sido víctima de ella a propósito de la negociación del estanco. Pero si hubo más astucia en el ministro del Interior, no se debió a ella el triunfo de la política retrógrada y absolutista sobre la política flexible y liberal en religión que los filopolitas habían iniciado, sino exclusivamente a las simpatías y principios del hombre omnipotente: Portales pensaba como Tocornal, y éste no había dado un paso sin su consejo: ahí estaba la solución del enigma.
Los filopolitas fueron derrotados, cayeron de la gracia del gobierno por haber pretendido tan solo atacar la superstición y el fanatismo, no obstante sus protestas de respeto por la política profana del gobierno; pero la opinión pública comprimida hasta entonces, como estaba, los acogió y les premió, con mayores simpatías que las que merecían, el pequeño esfuerzo que habían hecho por liberalizar al gobierno, siquiera en cuanto a los negocios clericales.
El ministro Portales se apresuró a darles una prueba bien eficaz de su adhesión a la política combatida, haciendo su estreno con varios decretos sobre la separación del Seminario Conciliar del Instituto Nacional, sobre el plan de estudios eclesiásticos, sobre el encargo a Italia de veinte y cuatro religiosos de la orden seráfica para el colegio de Chillán; y promoviendo al poco tiempo la erección del arzobispado de Santiago y de los obispados de Ancud y de La Serena. Y esto no era porque el ministro fuese fanático o siquiera piadoso, no; sus hábitos y sus sentimientos le impedían serlo. Pero era lógico y sabía que sobre ser esencialmente fanático su partido, era el clero un sólido apoyo de su poder: y eso era lo que no habían comprendido los pelucones filopolitas.
El movimiento de la prensa producido por el Philopolita duró solamente hasta diciembre. En 1836, durante los primeros seis meses, todo enmudeció, y el gobierno asumió de nuevo su actitud imponente. Pero ya en julio principió a cambiar enteramente la situación, y entraron el gobierno y la sociedad en una época de agitación y de actividad verdadera, que sobrevivió al ministro Portales, y durante la cual desplegó la administración pelucona todos los recursos de que eran capaces sus directores y adquirió toda la gloria y el poder que le han servido para perpetuarse en el mando.
Pero en las alturas de Juan Fernández, el 1º de agosto, entre dos y tres de la mañana, la tripulación de 42 hombres de la Monteagudo, que navegaba sola, se sublevó, poniendo presos al coronel Puga y a sus compañeros que eran 11; y levantó una acta de adhesión al gobierno de Chile, aclamando comandante primero y segundo a Rojas y Zapata, que eran los caudillos de la insurrección. Rojas había concebido la idea de este movimiento desde que supo el objeto de la expedición, y aprovechando la oportunidad de haber sido comisionado en alta mar con Zapata y otros para trasbordar del Orbegoso las tercerolas y sables que traían los expedicionarios, se confabuló con ellos fácilmente, persuadiéndolos de que no tenían nada que esperar de una empresa tan arriesgada, mientras que podían recibir pingües recompensas del gobierno de Chile, si le entregaban la fragata. Rojas, que era de una familia aristocrática de Chile, había fugado en su niñez de la casa paterna, y de marinero había recorrido toda la costa del Pacífico. Después de haber sido jornalero mucho tiempo en Guayaquil, se había trasladado al Callao, y hallándose mal en este puerto y con la determinación de volverse a su anterior residencia, se enganchó en la Monteagudo; pero se sintió violentamente contrariado cuando en la navegación supo cual era el verdadero rumbo del buque y el objeto de la empresa. Animoso como era, y sin ninguna simpatía por los expedicionarios, se propuso y logró cruzar sus planes[10].
Las consecuencias de su arbitrariedad le colocaban entonces en una situación terrible, que le embarazaba naturalmente en el desempeño de la empresa tan ardua que se había echado a cuestas, al hacer la guerra a la Confederación. Guerra más terrible, sin treguas y dolorosa, era lo que tenía que sostener en Chile con los intereses que su política tiránica había puesto en conflicto. Los enemigos de la administración estaban condenados por la persecución a no descansar un momento en la tarea de conquistar las garantías que se les negaban, y no veían en la guerra con el Perú sino un recurso adoptado para fortificar y cimentar el despotismo de que ellos eran víctimas. Parece que la excitación y el calor que el empeño de la República había producido, despertaban el espíritu público, por tan largo tiempo abatido, en un sentido contrario a la administración y al ministro que aparecía como su mejor apoyo. Así es que en esa época, en que el gobierno apelaba al patriotismo para salvar el honor nacional empeñado, los enemigos del gobierno acudían también al patriotismo para reconquistar las libertades públicas, conspirando, a merced de la situación. No había en esto sino un resultado muy lógico de la política restrictiva e inflexible del ministro Portales, que le enajenaba la voluntad de una gran mayoría y le hacia antipático aún en la empresa mas patriótica y más interesante al país que había acometido.
El ministro no comprendía que su apelación al patriotismo habría sido eminentemente fecunda y provechosa en aquellas circunstancias, si hubiera ido acompañada de una amnistía completa, que diera a esa apelación el carácter de un abrazo fraternal para empeñar el patriotismo de todos en una guerra verdaderamente nacional. No, cegado por su pasión política, se creía fuerte con solo su partido para hacer frente a sus antiguos enemigos interiores y a sus nuevos enemigos extranjeros; y deseaba llevar al patíbulo a los desterrados que habían traído la expedición a Chiloé y perseguir con más ahínco a los que conspiraban. ¡Funesta aberración de la política restrictiva, que siempre pierde a los que la padecen!
En noviembre de aquel año denunciaba el ministro ante el Congreso una nueva conspiración, la más atroz que hasta entonces se había descubierto, porque estaba fundada en el espantoso propósito de asesinarle. Los díscolos no descansan, decía el ministro, y ni la situación de la República los contiene; y proponía que se otorgasen al gobierno las mismas facultades extraordinarias que se le habían dado en la ley de 31 de agosto de 1833, con la calidad de que bastara el acuerdo del ministro del ramo respectivo para extender estas facultades a los intendentes y demás subalternos, sin necesidad del de la mayoría de los ministros que aquella ley exigía. El Congreso aprobó el proyecto el 9 de noviembre por el término de seis meses, y el gobierno arrastró a las cárceles y al presidio de Juan Fernández a multitud de ciudadanos, haciendo cesar un periódico independiente que se había fundado con el título de El Barómetro. La guerra ardía en lo interior y exterior de la república.
El 18 del mismo mes, la Corte Marcial sentencia la causa de los expedicionarios, revocando la condenación a muerte que el consejo de guerra les había impuesto, y condenando al general Freire, al coronel Puga y otros a destierro por diez años, y a los demás por ocho en el lunar que designare el Presidente de la República. Esta sentencia hizo un efecto siniestro en el gobierno, el ministro Portales se sintió violentamente contrariado, y no vio en ella sino una abierta oposición a su política; y en efecto algo había de ello, porque los miembros de la corte, aunque amigos sinceros del gobierno, habían querido salvar la vida del héroe a quien juzgaban, persuadidos de que si confirmaban la sentencia del consejo de guerra, el gobierno la haría ejecutar.
Inmediatamente el ministro pasó la sentencia al fiscal de la Corte Suprema para que si la consideraba, como el gobierno, contraria a las leyes, acusase a los jueces que la habían dictado; y el 21 expidió un decreto mandando a aquel funcionario que pidiese ciertas declaraciones de la sentencia, de las cuales no había la menor necesidad, pero que daban al ministro la facilidad de refutar la sentencia de un modo hiriente, mostrando los inconvenientes que traía el dejar con vida a tan terribles conspiradores. Las declaraciones se versaban sobre estas dudas:
1º. Si el gobierno puede o no tomar seguridades para que los reos, en vez de ir a cumplir la sentencia al punto que él les señale, no se vayan a Lima a conspirar por segunda y tercera vez contra la independencia y tranquilidad de la República.
2º. Si el gobierno pudiese pedir esas seguridades y los reos no quisiesen darlas, esperando que con esta negativa obtendrán por último resultado el que el gobierno pudiera dejarlos ir a formar su cuartel general de insurrección en Lima, antes que ocupados aquí mismo en sus maquinaciones puedan perjudicar más la causa pública en los momentos que el país está empeñado en una cuestión de la mayor gravedad con el gobierno del Perú, en cuyo desenlace pueden influir eficazmente los díscolos: ¿podrá usar de coacción para mandarlos al punto que les señale, a costa de quien se hará este gasto y qué providencia tomará en caso de que no se quieran admitir por el gobierno del punto a donde se les mande?
3º. Si no dando las seguridades y no estando ningún gobierno obligado a custodiarlos, se volviesen a la República o se fueren a conspirar nuevamente en el Perú, y cuáles son los medios de coacción de que se valdría el gobierno para contener a los expatriados u obligarlos al cumplimiento de la sentencia
4º. Si las costas en que se les condena solo deberán ser las del proceso o deben también comprender los gastos que han causado al país con la invasión.
La corte evacuó la declaración en los términos en que el gobierno mismo podía haberse resuelto tan candorosas cuestiones, pero respondió evasivamente a la última en que ya se iniciaba la idea de la responsabilidad civil por delitos políticos, que veinticinco años más tarde ha sido erigida en ley del Estado. El fiscal Gutiérrez respondió al mismo tiempo que la corte debía ser acusada, y el gobierno expidió un decreto suspendiendo a los jueces, poniéndolos en arresto y mandándolos acusar, exceptuando sin embargo al regente y al vocal Mardones que, por revelaciones del acuerdo, se sabía que habían votado por la pena capital. Este segundo ataque a la independencia judicial, consignado en decreto del 24 de noviembre, mostró una vez más que el gobierno estaba resuelto a obligar a los tribunales ordinarios a respetar y segundar su política a todo trance, no bastando para ello el plan adoptado de nombrar jueces interinos a los que aspiraban a hacer carrera. ¡Y sin embargo, en nuestros días se ha presentado a aquel gobierno como el fundador y regularizador de la administración de justicia!
Pero el ministro no quedó satisfecho con la solución que la corte había dado a sus preguntas, y creyendo que no bastaban los medios de coacción de que el gobierno podía usar para los casos indicados, y por otra parte considerando inseguro el presidio de Juan Fernández, por las evasiones que ya habían sucedido, presentó al Congreso el proyecto que fue ley de 27 de enero de 1837 y así se tranquilizó respecto de los expedicionarios de julio que habían salvado del patíbulo. Esa ley estableció que: “Los reos políticos relegados o desterrados sufrirían precisamente la pena de muerte si quebrantasen su condena o destierro, debiendo la autoridad ejecutarlos dentro de 24 horas, sin más proceso que el necesario para comprobar la identidad de la persona, y sin que de sus procedimientos se pudiese interponer recurso alguno”. El barbarismo de esta ley, que derogaba todas las leyes de procedimientos judiciales, está patente y produjo una indignación general.
Todavía más, las facultades extraordinarias y todas esas precauciones no bastaban: el ministro temía siempre a la guerra que se veía precisado a mantener por su política interior. Las leyes y las fórmulas le molestaban, y se le presenta sin embargo como el modelo del gran gobernante. No sabía, no podía, no quería gobernar de un modo regular, y de esta situación nació la celebérrima ley de 31 de enero de 1837. El complaciente Congreso de entonces abatió su dignidad hasta el punto de tener la impudencia de ”declarar en estado de sitio toda la República, por el tiempo que durase la guerra con el Perú, autorizando en consecuencia al Presidente de la República para usar de todo el poder público que su prudencia hallare necesario para regir el Estado, sin otra limitación que la de no poder condenar por sí ni aplicar penas, debiendo emanar estos actos de los tribunales establecidos o que en adelante estableciere el mismo Presidente”.
La exageración absolutista había llegado a su colmo. Quedábamos treinta años más atrás, en plena colonia: poder absoluto y arbitrario, clase privilegiada, la de los adictos al poder, fanatismo triunfante y dominante, terror, nulidad del espíritu público, postración universal... El Congreso de Portales no había abierto la Constitución, no le había hecho el saludo de los duelistas antes de matarla; el golpe había sido alevoso, ciego, rabioso. Aquel Congreso traidor a la patria, a la revolución de 1810 y a su propio Código fundamental, no había visto que no cumplía con la parte vigésima del artículo 82 de este Código con determinar la duración del estado de sitio por el tiempo que durase la guerra con el Perú, puesto que aquella disposición exige un determinado tiempo, y era muy incierto e indeterminado y vago el de la duración de la guerra. Tampoco entendió el artículo 161, que suspende el imperio de la Constitución durante el estado de sitio, pero solamente en cuanto a las garantías individuales, y no en cuanto al orden constitucional, ni para trasladar a manos del Presidente la autoridad de todos los poderes constituidos, ni todo el poder público que su prudencia hallare necesario para regir el Estado [11], porque semejante traslación sería un mal mayor que el que autorizara la declaración de sitio, cualquiera que fuese. Pero a más de tamañas infracciones, aquel Congreso refractario, no satisfecho con encomendar la suerte de la República a la prudencia arbitraria del Presidente, le autorizó también expresamente para establecer tribunales especiales, atropellando la Constitución, que quiere por su artículo 134 que ninguno sea juzgado por comisiones especiales, y que por su artículo 161 dispone precisamente que las medidas que tomare el Presidente contra las personas en estado de sitio, no puedan exceder de un arresto o traslación a cualquier punto de la República. Esta terrible ley prohibía al Presidente condenar por sí, pero le daba el poder de condenar por medio de los tribunales extraordinarios que estableciere, para no verse obligado a respetar la jurisdicción de los ordinarios, que juzgando conforme a las leyes existentes, podían contrariar su política y limitar su poder absoluto. Es cierto que tal Dictadura era determinada por la duración de una guerra indeterminada, pero los efectos de las medidas que dictara eran permanentes. ¡Un poco de menos desinterés personal en el ministro Portales, menos modestia y patriotismo en sus compañeros de gobierno, y la monarquía absoluta habría quedado establecida para siempre, con cualquier nombre, con cualquier pretexto! ¡La execración de la posteridad caiga sobre aquel Congreso, así como pesa sobre él la tremenda improbación de la historia!
Dos días después de creada esta dictadura, el ministro Portales expedía su tan conocido decreto de los Consejos de guerra permanentes, “atendiendo a la necesidad de remover las causas que favorecen la impunidad de los delitos políticos, los más perniciosos para las sociedades, y que consisten principalmente en los trámites lentos y viciosos a que tienen que ceñirse los tribunales ordinarios”. Compuestos aquellos consejos del juez letrado nombrado por el gobierno y de dos individuos más, nombrados también por el gobierno, estaban destinados a juzgar los delitos políticos y los de infidencia o inteligencia con el enemigo, cualquiera que fuese el fuero de los reos o su clase, con arreglo a la Ordenanza militar, según un sumario formado por noticia o sospecha del delito, y en el término de tres días contados desde la terminación del sumario y dentro de los cuales debían practicarse todas las diligencias del juicio. De la sentencia de estos consejos no se concedía apelación, ni otro recurso alguno, sino el que fuese dirigido a hacer efectiva la responsabilidad de los jueces por su sentencia o porque dejasen pasar más tiempo del concedido, pues el gobierno temía que hasta esos jueces le fueran infieles.
Un mes después, ya esos consejos manchaban nuestra historia con la sangre de tres víctimas inocentes acusadas de una conspiración aislada, sin elementos, sin acto alguno que la comprobase; y tres meses más tarde, caían otros nueve desgraciados bajo la cuchilla de aquéllos sangrientos tribunales... ¡No toquemos el velo del olvido que encubre tan atroz hecatombe ofrecida en aras del despotismo! ¡Lloremos sí el extravío de la política que busca el respeto de las instituciones en la violación de las leyes sacrosantas que aseguran los derechos naturales del hombre! ¡Protestemos sí con la conciencia de la historia, que será la de la posteridad, contra ese extravío que pretende, que aspira a presentar como el grande hombre de una república al tirano que la degradó con su despotismo!
Aquella institución tremenda tenía el carácter de un ataque violento y extraordinario a la Constitución y a las leyes de la república; pero la historia no puede complacerse en presentarla como un hecho aislado y remoto, porque al fin la perfección del sistema político que la dictó ha logrado convertirla en una institución ordinaria, autorizando, por medio del artículo 56, título 76 de la Ordenanza del ejército, a los consejos de guerra ordinarios para juzgar sin apelación, y sometiendo en la práctica a semejantes tribunales todos los delitos políticos, cualquiera que sea el fuero o clase de los delincuentes. Así, lo que fue un recurso extremo en manos del ministro Portales, ha llegado a ser en las de sus sucesores un medio común y ordinario [12].
Entre tanto los revolucionarios habían levantado un acta, que firmaron todos los jefes y oficiales del cantón, el coronel Sánchez el primero, menos los comandantes García y Necochea, que habían sido aprisionados con el ministro, y los que estaban fuera o en comisión. Vidaurre declaró ante todos que aquella acta era su bandera y su proclama [13].
Todas las leyes a que se alude en este escrito, se registran en los boletines de la época respectiva. Volver.
Renuncia del general Pinto.- He recibido el oficio de V. E. del día de ayer, en que se sirve trasladarme el que con igual fecha le dirige el presidente de la Cámara de Diputados, comunicándole la orden del Congreso general para que me apersonase ante él, hoy a las doce, a recibir el encargo de Presidente de la República.
El inesperado honor que me hace la Representación Nacional en este decreto, después de la repugnancia que he manifestado dos veces, a tomar sobre mis débiles fuerzas la responsabilidad de tan alto cargo, me deja penetrado de reconocimiento, pero de ningún modo altera mi resolución.
No insisto en mis enfermedades habituales. No invoco el principio incontestable de que toda grave responsabilidad debe ser voluntariamente contraída. En otras circunstancias hubiera renunciado gustoso este derecho. Motivos de un orden superior me hacen imposible hacerlo.
Algunas de las primeras operaciones del Congreso adolecen, en mi concepto, de un vicio de ilegalidad que, extendiéndose necesariamente a la administración que obrase en virtud de ellas, o que pareciere reconocerlas, la haría vacilar desde los primeros pasos y la despojaría de la confianza pública.
No me erijo en el juez del Congreso. Lo respeto demasiado. La inteligencia que doy a la carta constitucional, será tal vez errónea; pero basta que en un punto de tanta importancia difieran mis opiniones de las del Congreso; basta que entre los principios que lo dirigen y los míos, no exista aquella armonía sin la cual no concibo que ninguna administración pueda ser útil; basta sobre todo la imposibilidad de aceptar la presidencia sin aparecer partícipe en actos que no juzgo conformes a la ley, o de una tendencia perniciosa, para que me sea no solo lícito, sino obligatorio el renunciarla.
Al represar por tercera, y espero que por última vez, esta resolución, he creído que debía a la nación, que me ha distinguido con su confianza, la exposición franca de mis sentimientos, y suplico a V. E. me haga el honor de trasmitirla al Congreso.- Dios guarde a V. E. muchos años.- Santiago, octubre 18 de 1829.
F. A. Pinto. Volver.
Este suceso ha sido narrado cuando vivían varios de sus autores y testigos, que lo han confirmado al autor. Volver.
Hasta, ese momento no había prestado ninguno. Volver.
No se trataba de eso, sino de dejarlos volver a sus hogares sin armas.Volver.
Véase la introducción de nuestro libro La Constitución Política de la República de Chile comentada, en que está latamente demostrada esta verdad. Volver.
El Araucano, dirigido entonces por don Manuel José Gandarillas, tratando de refutar un luminoso y patriótico escrito de don Ventura Marín contra la reforma de la Constitución de 28, acusaba a este código de defectuoso por la extensión que daba al derecho de sufragio, porque admitía a los destinos públicos personas no calificadas, es decir, no propietarios acaudalados; porque establecía asambleas provinciales, y sobre todo, porque prohibía al ejecutivo arrojar del país a un perturbador secreto, o encerrar a un conspirador astuto, sin formarle causa. El periódico oficial se pronunciaba también contra las fórmulas, como el gobierno, y a este propósito replicaba el señor Marín palabras que no podemos dejar de copiar: “La arbitrariedad, decía, es hija del despotismo, y arbitrariedad e inobservancia de las fórmulas, son sinónimos, en la opinión del señor Constant, y de todos los que entienden el lenguaje de los políticos modernos. Estas barreras del poder ejecutivo son, como dice este autor, las divinidades tutelares de las asociaciones humanas, las únicas protectoras de la inocencia y las que mantienen por sí solas las relaciones de todos los hombres. Sin ellas todo es oscuro, todo se entrega a la conciencia solitaria, a la opinión vacilante: las fórmulas son las que prestan la evidencia, y por lo mismo, son el único recurso a que puede apelar el oprimido; y yo añado, ellas son la esencia de todo gobierno libre, lo que por tantos años han reclamado todos los pueblos cultos, y lo que en las presentes circunstancias nadie les puede quitar. Teniendo el poder ejecutivo la facultad indeterminada de extrañar a un perturbador oculto, sin que éste pueda reclamar la injusticia ante un tribunal de la nación, no hay legislador, no hay juez que no esté sujeto a la arbitrariedad del mandatario y de sus últimos agentes; no hay individuo en toda la república que no sienta el peso de una autoridad ilimitada; no hay ciudadano virtuoso que no tema la suerte de Malesherbes, de Vergniaud y Condorcet, y que no prefiera los azares de una revolución a los peligros de una situación precaria e insubsistente. Pero ¿para qué me canso en explanar una verdad que ha llegado a ser común? Baste decir a Vd., señor editor, que en Inglaterra tiembla el gobierno al usar de la facultad que le dan las cámaras de suspender el habeas corpus. No me diga usted que este lenguaje pertenece al dominio de la retórica, porque es una cosa vieja en todas partes que estos son los términos en que se responde a los defensores de los derechos del ciudadano. Si después de la última revolución convino revestir al ejecutivo de facultades extraordinarias, ha llegado el tiempo de que éstas cesen y de que se cierre, por la estricta observancia de la Constitución (la de 1828), una puerta que puede sumirlo todo en el abismo de la arbitrariedad o en los horrores de la anarquía...”. ¡Esta profecía se ha cumplido! Araucano, número 41, 42 y 43. Volver.
En 1852 se habló mucho de la verdad de un milagro del ánima del siervo de Dios Bardesi en casa del Ministro del Culto, y la prensa en general trasmitió el hecho sin comentarios. Volver.
Últimamente se ha llamado Montt-Varismo la política que antes pudo llamarse con igual propiedad Portalismo o Tocornalismo o Egañismo, etc. Volver.
Rojas fue después nuestro cliente, y sus relaciones, así como las del capitán general Freire y otros actores de aquellos sucesos, nos han servido para formar esta relación, en vista de los documentos oficiales de la época. Volver.
Véase la comprobación de esta doctrina en la Constitución política comentada, página 478, artículo 161. Volver.
Dicho artículo de la ordenanza está mandado observar en esta forma por un simple decreto de 9 de marzo de 1852, siendo de advertir que la ordenanza misma es un decreto. Volver.
La siguiente es el Acta de la revolución, tal como aparece original en el proceso que se formó a los que la firmaron. Las frases entre comillas fueron dictadas por el mismo Vidaurre.
En la ciudad de Quillota, cantón principal del ejército expedicionario sobre el Perú, a tres de junio de 1837 años, reunidos espontáneamente los jefes y oficiales infrascritos, con el objeto de acordar las medidas oportunas “para salvar la patria de la ruina y precipicio a que se halla expuesta por el despotismo absoluto de un solo hombre, que ha sacrificado constantemente a su capricho la libertad [y] la tranquilidad de nuestro amado país”, sobreponiéndose a la Constitución y a las leyes, despreciando los principios eternos de justicia, que forman la felicidad de las naciones libres, y finalmente persiguiendo cruelmente a los hombres más beneméritos que se han sacrificado por la independencia política. Considerando al mismo tiempo que el proyecto de expedicionar sobro el Perú y por consiguiente “la guerra abierta contra esta república, es una obra forjada más bien por la intriga y tiranía que por el noble deseo de reparar agravios a Chile”, pues, aunque efectivamente subsisten estos motivos, se debía procurar primeramente vindicarlos por los medios incruentos de transacción y de paz, a que parece dispuesto sinceramente el Mandatario del Perú. Considerando, en fin, que el número de la fuerza expedicionaria, sus elementos y preparativos son incompatibles con lo arduo de la empresa y con los recursos que actualmente cuenta el caudillo de la oposición, y de consiguiente se perderían sin fruto y sin éxito las vidas de los chilenos y los intereses nacionales; hemos resuelto unánimente, a nombre de nuestra Patria, como sus más celosos defensores; 1°. Suspender por ahora la campaña dirigida al Perú, a que se nos quería conducir como instrumentos ciegos de la voluntad de un hombre, que no ha consultado otros intereses que los que halagaban sus fines particulares y su ambición sin límites; 2°. Destinar esta fuerza puesta bajo nuestra dirección para que sirva del más firme apoyo a los hombres libres, a la nación legalmente pronunciada por medio de sus respectivos órganos, y a los principios de libertad y de independencia que hemos visto largo tiempo hollados, con profundo dolor, por un grupo de hombres retrógrados y enemigos naturales de nuestra felicidad, que se habían vinculado a sí propios los destinos, y la fortuna y los más caros bienes de nuestra República, con escándalo del mundo civilizado, con la ruina de infinidad de familias respetables y a despecho de la opinión general. Protestarnos solemnemente ante el Orbe entero, que nuestro ánimo no es otro que el ya indicado; que no nos mueve a dar este paso, ni el espíritu de partido, ni la ambición de mandar, ni la venganza odiosa, ni el temor de los peligros personales; sino únicamente el sentimiento más puro de patriotismo y el deseo de restituir a nuestro país el pleno goce de sus derechos con el ejercicio libre de su soberanía que se hallaban despreciados y hechos el juguete de la audacia e intrigas de unos pocos, que no habiendo prestado ningunos servicios en la guerra de la independencia, se complacían en vejar y deprimir a los que se sacrificaron heroicamente por ella. Juramos así mismo, por nuestra honor y por la causa justa que hemos adoptado, que consecuentes con nuestros principios, estaremos prontos y muy gustosos a sostener el decoro nacional contra cualquiera déspota que intentase ultrajarlo; aunque fuese preciso perder nuestras vidas, si la nación pronunciada con libertad, lo estimare por conveniente. Y en conclusión, protestamos y juramos nuevamente que nuestra intención es servir de apoyo y protección a las instituciones liberales, y “reprimir los abusos y depredaciones inauditas que ejercía impunemente un Ministerio gobernado con espíritu sultánico”. Volver.

References: resolución 
 artículo 82
 artículo 161
 artículo 134
 artículo 161
 artículo 56
 artículo 161