Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=683449
Timestamp: 2019-05-21 07:40:09+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°80
SOLICITUD DE PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA PARA AUSENTARSE DEL PAÍS EN PERÍODO QUE INDICA
CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
DESIGNACIÓN DE SEÑOR GONZALO BERRÍOS DÍAZ Y DE SEÑORA CARMEN DOMÍNGUEZ HIDALGO COMO MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO DE ACADEMIA JUDICIAL
SANCIÓN A MANEJO DE MANERA CONSTANTE POR COSTADO IZQUIERDO DE CALZADA
Sesión 80ª, en martes 16 de enero de 2018
Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República con el cual solicita el acuerdo del Senado para ausentarse del territorio nacional los días que indica, de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 25 y en el número 6) del artículo 53 de la Constitución Política de la República (S 1.961-06) (se aprueba el oficio).................................................
Informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias suscitadas en la tramitación del proyecto de ley que otorga nuevas atribuciones al Ministerio de Desarrollo Social en materia de niñez y crea la Subsecretaría de la Niñez, dependiente del mismo (10.314-06) (se aprueba el informe)..................................................................
Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República con el que solicita el acuerdo del Senado para designar miembros del Consejo Directivo de la Academia Judicial al señor Gonzalo Berríos Díaz y a la señora Carmen Domínguez Hidalgo (S 1.960-05) (se aprueba el oficio).......................
Proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito y la ley N° 18.287, con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales (10.125-15) (se aprueban las modificaciones de la Cámara de Diputados)......................................
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito con el objeto de tipificar como falta grave la conducción por el costado izquierdo de la calzada de manera constante en carreteras de dos o más pistas (10.495-15) (se aprueba en particular).....................................
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia , señor Gabriel de la Fuente Acuña; de Desarrollo Social, señor Marcos Barraza Gómez, y de Transportes y Telecomunicaciones, señora Paola Tapia Salas.
Asimismo, se encontraban presentes asesores parlamentarios.
--Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 15 señores Senadores.
Las actas de las sesiones 78ª y 79ª, ordinarias, en 9 y 10 de enero de 2018, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Con el primero da inicio a un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en lo relativo al cumplimiento de penas y medidas de seguridad (boletín N° 11.569-07).
Con el segundo manifiesta que no hará uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental respecto del proyecto de ley que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Fondo de Infraestructura S.A." (boletín N° 10.647-09).
Con el tercero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley sobre universidades del Estado (boletín N° 11.329-04).
Con el último retira la urgencia del inciso segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental para la tramitación del oficio de Su Excelencia con el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar Director de la Empresa Televisión Nacional de Chile al señor Jorge Andrés Richards Rojas, por el período que indica (boletín N° S 1.940-05).
Con el primero comunica que ha aprobado el proyecto que modifica la ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, para tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hoja (boletín N° 11.168-12).
Con el segundo señala que aprobó el proyecto que modifica la ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, para otorgar fuero laboral a los dirigentes gremiales de los profesores (boletín N° 11.362-13).
Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el control de constitucionalidad del proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA (boletín N° 9.689-21).
Remite copia de las sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad relativos a las siguientes disposiciones:
Adjunta resolución dictada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 196 ter de la ley N° 18.290, de Tránsito.
Da respuesta a requerimiento, formulado en nombre del Senador señor Navarro, relativo a las obras inconclusas del contrato de demolición del puente viejo de San Pedro, sobre el río Biobío.
Informa solicitud, expedida en nombre del Senador señor Navarro, acerca de la agilización del decreto de emergencia para otorgar recursos al sector de la quebrada Las Petras en Concón, ante el inminente riesgo de derrumbe.
Envía datos sobre consulta, formulada en nombre del Senador señor De Urresti, relativa a la adopción de medidas de mantención de la Ruta E-781, en la Región de Valparaíso.
Responde sendas peticiones, enviadas en nombre del Senador señor García, en cuanto a dos proyectos de asfaltado de la Región de La Araucanía: tramo entre Puente Quepe y Camino Nuevo, de la comuna de Padre Las Casas, y Ruta Faja 20.000, en la comuna de Cunco.
Contesta requerimiento, planteado en nombre del Senador señor De Urresti, acerca de las medidas adoptadas por el brote de fiebre Q en las Regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Responde petición relativa a las acciones aplicadas para atender a los usuarios de la Posta Rural de Melinka, materia solicitada en nombre del Senador señor Horvath.
Complementa respuesta, enviada ante consulta del Senador señor De Urresti, sobre la red de administración de bancos de recursos zoogenéticos para el resguardo de especies nativas.
Expresa pronunciamiento sobre peticiones del Senador señor García, sobre lo siguiente:
-Solicitud de los vecinos de Vilcún, relativa al bus que realiza viajes con subsidio de transporte rural en esa localidad.
-Subsidio de transporte para el tramo Los Quilantos-Temuco.
Informa requerimiento, manifestado en nombre de la Senadora señora Allende , en cuanto a la destinación de recursos del Fondo de Administración Pesquero al programa de capacitación, apoyo social y reconversión laboral para los tripulantes desplazados de la ley N° 19.713.
Consigna antecedentes para el requerimiento, expedido en nombre del Senador señor Bianchi, acerca de la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre Chile y Argentina a la solicitud de pensión de la persona individualizada.
Del señor Gobernador de Chiloé :
Atiende preocupación, formulada en nombre del Senador señor Navarro, relativa al aseo y ornato en el sector de Molulco de Quellón.
Envía antecedentes relativos al aseo y ornato del sector de Villa Los Jardines de esta localidad, materia consultada en nombre del Senador señor Navarro.
Da cuenta de los motivos de la no continuidad de ciertas personas en el proceso de selección señalado; consulta realizada en nombre del Senador señor Tuma.
Adjunta datos sobre instituciones ubicadas en áreas de inundación, consulta efectuada en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Director Nacional (s) de la CONADI:
Informa sobre el procedimiento para finalizar el proceso de asignación de espacio marino costero de pueblos originarios para la comunidad individualizada, pregunta formulada en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta :
Remite antecedentes sobre el estado de la solicitud de un particular para el otorgamiento de un terreno en comodato en la comuna de Taltal, consulta realizada en nombre del Senador señor Araya.
Contesta petición, manifestada en nombre del Senador señor Navarro, en relación con robos ocurridos en estacionamientos en el período indicado.
De la señora Directora (s) del Servicio de Salud de Talcahuano:
Comunica informe sobre accidentes cerebrovasculares sufridos por jóvenes en los últimos años, materia requerida en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Jefe del Departamento de Asistencia y Servicios al Usuario de la Superintendencia de Seguridad Social:
Anexa datos relativos a las apelaciones de las licencias médicas de la persona individualizada, de la comuna de Antofagasta, materia consultada en nombre del Senador señor Araya.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana", suscrito en Santiago, Chile, el 24 de octubre de 2016 (boletín N° 11.167-10).
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas (boletín N° 10.687-06) (con urgencia calificada de "suma").
Del Senador señor Navarro, para ausentarse del país a contar del día 15 de enero.
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que señala que aprobó la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 19.132, que crea la empresa Televisión Nacional de Chile (boletín N° 6.191-19) (con urgencia calificada de "suma").
De las Comisiones de Hacienda y de Educación y Cultura, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre universidades del Estado (boletín N° 11.329-04) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Los Comités, en sesión celebrada el día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Tratar como si fuera de Fácil Despacho, en la presente sesión, el asunto signado con el número 8; esto es, el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República , con el cual solicita el acuerdo del Senado para ausentarse del territorio nacional los días que indica, de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 25 y en el número 6) del artículo 53, ambos de la Constitución Política de la República, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores (boletín N° S 1.961-06).
2.- Incorporar a la tabla de esta sesión, en cuanto se dé cuenta de él, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al ciudadano cubano señor Yasmani Acosta Fernández.
3.- Citar a sesión especial para mañana miércoles 17, de 12 a 14 horas, a fin de tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre universidades del Estado.
Hago presente a la Sala que mañana las Comisiones no estarán autorizadas para funcionar entre las 12 y las 14, a fin de contar con el quorum requerido en la sesión especial.
Señor Presidente , a instancias del Ejecutivo , pido la unanimidad de la Sala para abrir plazo de indicaciones, hasta hoy a las 18 horas, respecto de dos proyectos de ley: el que crea una nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional -lo está tratando la Comisión de Economía- y el que modifica la ley N° 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas. Este último se encuentra en la Comisión de Hacienda.
Señor Presidente , solicito el acuerdo de la Sala para que el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones sea visto en general solo con el informe de la Comisión de Agricultura. En la discusión en particular podrá pasar también a la Comisión de Medio Ambiente, según acordó la Sala.
Señor Presidente , el Senado acordó hace unas semanas que, después de ser despachado por la Comisión de Agricultura, el proyecto fuera a la de Medio Ambiente, lo que es relevante porque contiene normas que se van a superponer con las de otra iniciativa que también analizará esta última Comisión.
Por lo tanto, no veo razón para modificar ese acuerdo.
Normalmente, la práctica ha sido que los proyectos vayan a una Comisión técnica y no a dos, porque muchas veces se producen contradicciones entre ellas y puede que una apruebe una iniciativa en general y la otra la rechace, como ha sucedido.
Entiendo que la idea que se está planteando no es que la iniciativa no se vea, sino que, aprobada en general por la Comisión de Agricultura, se discuta en la Sala, se despache en general y luego vaya a las dos Comisiones señaladas para la discusión en particular.
En el fondo, tiene cierta razón el planteamiento del Senador señor Letelier, pues permite evitar contradicciones. Entonces, si hay aprobación de la Comisión de Agricultura, traigamos a la Sala el proyecto, lo sometemos a discusión, y luego lo devolvemos, primero, a la Comisión de Agricultura y, después, a la de Medio Ambiente.
Señor Presidente , la iniciativa del SERNAFOR la ha estudiado la Comisión de Agricultura. Yo me pregunto: ¿con qué objeto debe pasar a la Comisión de Medio Ambiente o a Comisiones unidas? ¡Que la vea solo la Comisión de Agricultura!
No entiendo la lógica. Nosotros estamos preocupados por el proyecto relativo al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que se encuentra en la Comisión de Hacienda. Llevamos cuatro años tramitándolo. Por su parte, la Comisión de Agricultura ha tratado el Servicio Nacional Forestal. Entonces, que lo siga viendo. ¡No entiendo para qué va a pasar a Medio Ambiente!
Porque, además, estamos con otro proyecto relativo a las bolsas plásticas...
Si me permite, señor Senador, estamos resolviendo una cosa diferente.
Al parecer, la Sala -yo no estaba presidiendo en ese momento- tomó la decisión de mandar un proyecto para su discusión en general a dos Comisiones: la de Agricultura y la de Medio Ambiente. La primera ya lo aprobó en general. Entonces, se pide traerlo a la Sala, aprobarlo en general, y enviarlo en particular a la Comisión de Agricultura y a la de Medio Ambiente. Si se quiere, podemos acordar que lo vean ambas Comisiones, unidas. Las dos cosas se pueden hacer.
Pero primero tenemos que resolver la petición de eliminar el trámite en general en la Comisión de Medio Ambiente, de manera que la iniciativa pase a la Sala de inmediato.
¡No, señor Presidente ! No hay acuerdo.
Señor Presidente, nosotros estamos en la postura que ha planteado el Senador señor Patricio Walker. Por eso, no damos el acuerdo.
El Senador señor Patricio Walker ha señalado, si le entiendo bien...
Que no pase a la Comisión de Medio Ambiente en la discusión general.
Lo hará en el trámite en particular.
Aquí estamos proponiendo traer el proyecto, que ya está aprobado por la Comisión de Agricultura, a la Sala para su discusión en general.
En eso estamos de acuerdo, señor Presidente.
¡Eso es lo que estoy consultando!
Sí, pero usted planteó que después pasaba a las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente.
Yo les pido lo siguiente: despachemos el proyecto en general cuando llegue a la Sala desde la Comisión de Agricultura y luego resolvamos si va o no a la de Medio Ambiente.
¡Eso está resuelto!
Sí, está resuelto. Tendríamos que modificar o mantener esa decisión, pero lo primero que les estoy planteando es si habría acuerdo en que el proyecto venga de Agricultura a la Sala para su discusión en general. Después tendremos que votar si en el trámite en particular pasa a Agricultura y Medio Ambiente, porque se está pidiendo modificar ese acuerdo.
Señor Presidente , la solicitud que en su oportunidad hicieron algunos Senadores para que este proyecto, después de Agricultura, fuera a Medio Ambiente dice relación con una superposición de funciones que puede producirse entre el Servicio Nacional Forestal, que hemos discutido en Agricultura, y el Servicio de la Biodiversidad, que se ha discutido en Medio Ambiente.
Entonces, yo sugiero que, como ya la Comisión de Agricultura aprobó en general la iniciativa, esta pase a la Sala; la aprobamos aquí y después se envía a Medio Ambiente para el solo efecto del artículo referido a la eventual superposición, que tiene que ver con los parques. De esa manera se evita que la Comisión de Medio Ambiente revise completo el proyecto, lo que no tendría ningún sentido. Ella debe remitirse solo a los artículos relativos al Servicio de Biodiversidad.
Por lo demás, así hacemos en la Comisión de Constitución cuando nos mandan un proyecto. Por ejemplo, hoy día tenemos la iniciativa relativa a SERNAPESCA, donde solo discutimos las normas relativas a modificaciones penales; nada más. No entramos en el resto del articulado.
Señor Presidente , a lo largo del debate se ha ido complejizando la situación.
Aquí hay un acuerdo de la Sala de que el proyecto relativo al Servicio Nacional Forestal lo vean la Comisión de Agricultura y después, la de Medio Ambiente.
El Senador Letelier, tengo entendido, propuso que, una vez aprobado en general por la Comisión de Agricultura, cosa que ya está hecha, pase a la Sala y, posteriormente, en la discusión en particular vaya a Agricultura y a Medio Ambiente.
Hasta ahí, estamos dispuestos a dar el acuerdo. Pero las otras modificaciones, si formar Comisiones unidas o que solamente vaya a Medio Ambiente, no me parecen razonables, señor Presidente , porque el problema del Servicio Nacional Forestal es que se está tramitando en paralelo otro proyecto que dice relación con materias similares, lo que puede llevar a contradicciones.
Nosotros estaríamos de acuerdo en que, con la aprobación en general de la Comisión de Agricultura, lo viera la Sala en general, y después pasara, en particular, tanto a Agricultura como a Medio Ambiente.
De hecho, es absolutamente indispensable que el proyecto relativo a la biodiversidad, que está analizando la Comisión de Medio Ambiente, también tenga un trabajo de la Comisión de Agricultura, de manera de evitar esas superposiciones que pueden ser extraordinariamente negativas para un área tan sensible como esta.
Señor Presidente , más allá de los eufemismos y las precisiones, creo que la reflexión que tenemos que hacer es si existe voluntad política en esta Alta Cámara para despachar el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal dentro de la presente legislatura.
Considero que se trata del primer acuerdo que debemos alcanzar.
El año pasado -se los recuerdo a los estimados colegas- nos comprometimos en esta misma época, cuando el país estaba siendo asolado por incendios forestales, a que nos íbamos a abocar transversalmente a la tarea de superar la CONAF y establecer un nuevo Servicio Nacional Forestal. Se trabajó con los sindicatos, con los gremios, con las universidades, para los efectos de contar con una institución, pasado un año, con capacidad operativa, con división de tareas, de modo de poder enfrentar una situación de la naturaleza descrita.
Pienso que ese es el debate de fondo.
Estamos a diez sesiones de terminar esta legislatura. Y entendiendo principalmente lo que señalaba el Senador Pérez Varela en su última intervención en cuanto a que el Servicio Nacional Forestal dialoga con el Servicio de Biodiversidad, quiero señalarle a mi colega, con mucho respeto, que, si los ponemos a dialogar, no sacaremos ninguno de los dos proyectos. Tienen que trabajarse por separado. A mi juicio, se ha hecho una labor importante en cada una de las Comisiones, especialmente en Agricultura, y también en Medio Ambiente, en lo que corresponde. Pero, si vamos a llevar el proyecto sobre Servicio Nacional Forestal, en su debate en particular, a cada una de las Comisiones, especialmente a Agricultura y Medio Ambiente, no vamos a sacarlo a tiempo.
Entonces, lo que debemos hacer es sincerar la situación. Creo que la fórmula de discutir la iniciativa en general esta semana o lo antes posible en la Sala, para que luego cada Comisión precise dónde están sus nudos y no vincularla con otras más, es el acuerdo que debiéramos alcanzar y que nos permitiría tener legislación sobre la materia.
Un Servicio Nacional Forestal como en el que hemos avanzado, con el entendimiento que ha habido con los gremios, con los sindicatos, con entidades relacionadas con la ciencia, con las universidades, con los propios actores, merece hacer un esfuerzo en ese sentido.
Yo pediría esa flexibilidad: traer el proyecto a la Sala en general, de tal forma que el mismo debate nos aclare un poco el modo de seguir avanzando para poder despacharlo en la presente legislatura.
Creo que no podemos continuar con esta discusión. Es un tema que tendrá que resolverse en su momento. Pero considero que ya existe cierta concordancia en cuanto a que la iniciativa, ya aprobada por la Comisión de Agricultura, venga a la Sala para los efectos de ser aprobada en general. Y, una vez que eso suceda, veamos en reunión de Comités o...
Ya existe un acuerdo al respecto.
Pero los acuerdos se pueden modificar con los quorums que corresponden. No estoy dejando sin efecto el ya existente, que se halla vigente y se mantendrá mientas no sea modificado.
Yo estoy planteando, para evitar una discusión mayor, que resolvamos que la iniciativa venga a la Sala para su aprobación general, y después...
¡Ya está acordado el procedimiento!
Señor Senador, yo no puedo impedir que alguien me pida la revisión de un acuerdo. Y eso lo debe resolver la Sala con los pertinentes.
Ya existe un acuerdo.
Sí, y se mantendrá mientras no sea modificado. Yo no puedo cambiarlo.
Señor Presidente , nuestra bancada se allana a lo que usted ha planteado, en el sentido de que el proyecto, ya despachado por la Comisión de Agricultura, venga a la Sala para su aprobación general, y que la cuestión reglamentaria de si va tanto a Agricultura como a Medio Ambiente para su debate particular la zanjemos después de aquello.
Sin embargo, señor Presidente , hay algo que quiero dejar absolutamente sentado, porque las palabras del Senador De Urresti pueden producir un equívoco en cuanto a la existencia o no de voluntad política para sacar adelante el proyecto.
La Comisión de Agricultura es presidida por un Senador de Chile Vamos, y fue este quien llevó adelante la votación del día lunes. O sea, ha habido una voluntad política absolutamente clara para despachar el proyecto, al cual el Gobierno recién le puso urgencia hará no más de tres semanas. En ese momento, la Comisión de Agricultura estaba viendo las modificaciones al Código de Aguas y el Ejecutivo -insisto- recién hace dos o tres semanas pidió que dejáramos de lado dicho asunto para comenzar a analizar la iniciativa relacionada con el Servicio Nacional Forestal.
Por lo tanto, la falta de voluntad política no se ha dado en estas bancadas, que han ofrecido todas las facilidades para poder seguir desarrollando el proyecto. Tan así es que, señor Presidente , ahora aceptamos su proposición de resolver el tema reglamentario una vez que la Sala despache en general la iniciativa, pues siempre queremos ayudarlo en sus tareas a la cabeza de esta Corporación.
Le agradezco, señor Senador, su buena voluntad y la posibilidad de darles trámite a los distintos proyectos.
Estimo que aquí hay interés de trabajar y sacar adelante las iniciativas.
Por lo tanto, se procederá en la forma que se ha indicado.
Según lo resuelto por los Comités, corresponde analizar, en primer lugar, el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 25 y en el número 6) del artículo 53 de la Constitución Política de la República, solicita el acuerdo del Senado para ausentarse del país desde el 21 hasta el 27 de febrero de 2018, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1.961-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 77ª, en 3 de enero de 2018.
Relaciones Exteriores: sesión 79ª, en 10 de enero de 2018.
La Comisión de Relaciones Exteriores, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Chahuán, Lagos, Larraín, Letelier y Pizarro, acordó recomendar a la Sala la aprobación de la solicitud de autorización.
¿Habría acuerdo para acoger la solicitud?
--Se aprueba la solicitud de la Presidenta de la República para ausentarse del país en el período indicado.
Corresponde ocuparse del informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que otorga nuevas atribuciones al Ministerio de Desarrollo Social en materia de niñez y crea la Subsecretaría de la Niñez, dependiente del mismo, con urgencia calificada de "simple".
En tercer trámite: sesión 74ª, en 20 de diciembre de 2017.
Mixta: sesión 78ª, en 9 de enero de 2018.
Sesiones 2ª, en 15 de marzo de 2017 (se aprueba en general); 25ª, en 21 de junio de 2017 (quedan pendientes la discusión y la votación particular de los números 1), 3) y 5) del artículo primero transitorio); sesión 26ª, en 4 de julio de 2017 (queda pendiente la discusión y la votación particular del número 1) del artículo primero transitorio); 27ª, en 5 de julio de 2017 (se aprueba en particular); 75ª, en 20 de diciembre de 2017 (se rechazan las modificaciones y el proyecto pasa a Comisión Mixta); 79ª, en 10 de enero de 2018 (el informe queda para segunda discusión).
Cabe recordar que la Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que consiste en aprobar, con modificaciones, los números 3) y 10), nuevos, introducidos por la Cámara de Diputados, proposición que acordó con las votaciones que consigna en su informe.
Se hace presente que la Comisión Mixta deja constancia de que las normas en controversia revisten carácter orgánico constitucional, por lo que requieren 19 votos favorables para su aprobación.
Señor Presidente , quisiera señalar que en la Comisión se llegó a acuerdo respecto de dos artículos, que básicamente apuntan, el primero de ellos, a establecer el mecanismo que fijará los estándares para los organismos colaboradores y los programas de las líneas de acción contempladas en el numeral 3) del artículo 4° de la ley N° 20.032.
Quiero explicarme, señor Presidente .
En esta iniciativa, que crea la Subsecretaría de la Niñez en el Ministerio de Desarrollo Social, existen dos mecanismos para que las instituciones puedan acreditarse y, de este modo, cumplir eficazmente su labor.
Uno de ellos corresponde al que nosotros tenemos establecido en el proyecto de ley en tramitación, referido a la reinserción de adolescentes infractores de ley. Se crea un consejo autónomo e independiente que va a recibir todas las peticiones y solicitudes de los organismos que quieran ser colaboradores y ejecutar programas para la reinserción social y atender a los menores infractores de ley, así como lo que diga relación con la nueva institucionalidad que se establece para los menores vulnerados en sus derechos y que no sean infractores de ley.
La lógica apunta a un consejo con miembros independientes que evalúen si las instituciones realmente cumplen los requisitos para acreditarse, porque necesitamos organismos colaboradores que hagan bien su trabajo, en un ámbito muy importante y en el cual hemos visto muchas falencias y fallas gravísimas en los últimos años.
En esta iniciativa hay un cambio en esa materia.
Junto con el Ministro, establecimos que "un reglamento dictado por el Ministerio de Desarrollo Social y suscrito, además, por los Ministros de Hacienda y de Justicia y Derechos Humanos, fijará estándares para los organismos colaboradores".
En un caso, tal como dijimos, será un consejo; en este, será un reglamento.
Finalmente, acordamos que fuera un reglamento, con la firma nada menos que de dos Ministros, y dejamos pendiente, para el debate que haya cuando llegue al Senado el proyecto de ley referido a los menores vulnerados en sus derechos, si vamos a usar el modelo del consejo o el del reglamento.
Por ahora, se establece un reglamento, y así quedó acordado. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor, pues nos parece que ese es el camino correcto, entre otras cosas, porque no tenemos facultades para instituir un consejo. El señor Ministro nos dijo que no estaba en condiciones de pedir un cambio de esa envergadura en el texto a estas alturas, pero quedamos de estudiarlo cuando llegara la otra iniciativa, para ver si en definitiva lo puede hacer un consejo, autónomo e independiente, y no un simple reglamento -sin querer mirar en menos a los reglamentos- firmado por dos Ministros de Estado .
Lo importante, yo diría lo sustancial, es que todos los organismos que trabajen con menores tendrán que acreditarse a través de un mecanismo extraordinariamente exigente que asegure que cumplen con condiciones profesionales y son idóneos para la labor que debe realizarse, de tal manera que realmente presten el servicio que los menores se merecen y no nos encontremos, como muchas veces ocurre, con instituciones, dependientes del Estado o particulares, que no están a la altura.
Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor.
En segundo lugar, se incorporó un Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez -algo muy importante- como un órgano meramente consultivo para ver cómo enfrentar las políticas públicas relativas a los menores. Y, simultáneamente, se desechó, prácticamente en forma unánime en la Comisión, la existencia de un Consejo Nacional de los Niños, dado que su constitución representaba un asunto extraordinariamente complejo. ¿Quién y cómo elegiría a sus miembros? ¿Qué edad deberían tener y de qué región deberían provenir? No es llegar y que la ley establezca simplemente un consejo, materia que, además, no puede quedar entregada a un reglamento.
Por consiguiente, nosotros vamos a aprobar el informe de la Comisión Mixta, porque frente a los dos temas en discusión recomienda la decisión correcta dentro de las facultades que existen: acreditación obligatoria, clara, categórica y definitiva para todas las instituciones, y establecimiento de un Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez (que, entre paréntesis, ya existe por ley hoy día) como órgano consultivo para la fijación de políticas públicas, desechando la idea de un Consejo Nacional de los Niños.
Pido autorización de la Sala para abrir la votación, ya que el proyecto tiene rango orgánico constitucional.
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros, para fundamentar su voto.
Señor Presidente , ayer dimos cuenta de que la Comisión Mixta aprobó por unanimidad los números 3) y 10), nuevos, así que solamente quiero recalcar que el avance que significa una nueva institucionalidad dedicada exclusivamente a la promoción y protección de los derechos de los niños y niñas es de gran importancia para nuestro país, dada la poca relevancia que se les ha dado a estos temas a lo largo de la historia.
La Comisión Mixta conformada en este Parlamento ha despejado las controversias que dicen relación, primero, con el sistema de acreditación y los estándares, y luego, con un Consejo de los Niños.
Creo firmemente, señor Presidente , que si bien el proyecto ha tenido una tramitación que no ha sido fácil y ha sido muy controvertida en algunos puntos específicos, lo importante es robustecer nuestra institucionalidad para otorgar mayor protección a los niños que a diario ven vulnerados sus derechos y que actualmente no ven en el Estado a su mejor aliado.
La nueva Subsecretaría de la Niñez será la instancia gubernamental para reconocer y proteger con mayor fuerza los derechos de los niños y las niñas. Así, podremos cumplir, como Estado, con los distintos estándares internacionales existentes en materia de infancia, especialmente con la Convención de Derechos del Niño.
Junto con la Defensoría de la Niñez, el sistema de garantías y los proyectos que modifican el SENAME, este Gobierno habrá hecho una contribución real y sucinta a la protección de los niños, especialmente los más vulnerables y desprotegidos.
Señor Presidente , con la creación de la Subsecretaría de la Niñez , las temáticas de los niños, tanto de aquellos vulnerados en sus derechos como de todos ellos, son asumidos por el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, de alguna manera estamos avanzando hacia un Ministerio que se hace cargo de la vida de las personas. A través de la Subsecretaría generamos una institucionalidad que se preocupa de la niñez, de manera transversal, en todas las políticas públicas de nuestro país.
Esta es una iniciativa impulsada por este Gobierno que nosotros apoyamos, que buscamos mejorar y que fue trabajada con bastante unidad entre Gobierno y Oposición. En ese sentido, es un texto compartido por todos los sectores.
Uno se podría preguntar si este era el proyecto más relevante o el primero que se debía enviar al Parlamento. Con una mirada de largo plazo, probablemente sea tremendamente importante, porque por primera vez se establece una institucionalidad, así como dónde y quién tendrá a su cargo la temática de la niñez en nuestro país, pero, en mi opinión, no era el más urgente. Para mí, lo más apremiante era la separación del SENAME en una institucionalidad preocupada, por un lado, por los niños vulnerados en sus derechos, y por otro, por los niños infractores de ley.
Si a mí me hubiesen preguntado por dónde empezar, probablemente habría contestado que por la separación del Servicio en dos instituciones, porque es ahí donde tenemos la crisis más relevante, la que más le duele al alma de nuestro país en este momento.
Sin embargo, no por eso quiero quitarle importancia al proyecto que crea la Subsecretaría de la Niñez, porque sí considero relevante, en el largo plazo, establecer qué institucionalidad estará a cargo de los asuntos de la niñez dentro de nuestro aparato estatal.
Es un primer paso, aunque aún bastante arriba o centralizado.
Hay un tema del cual tendremos que preocuparnos ahora, con una mirada de largo plazo, desde la Subsecretaría de la Niñez , hacia donde efectivamente están las familias y los niños: cómo llegar bien, con buenos servicios, a ayudarles a las familias y a los niños vulnerados en sus derechos; cómo el Estado llega hasta cada una de las familias, para que sean estas las que puedan hacerse cargo de sus problemáticas y los niños no terminen en hogares; cómo lograr que las falencias se solucionen dentro de las propias familias.
Para lograr eso, necesitamos llegar territorialmente a ellas, a fin de impedir que, a través del sistema judicial, los niños vayan a hogares debido a que sus parientes más cercanos no pueden hacerse cargo de ellos.
Es la apuesta que nos queda por delante: cómo enfrentar el tema territorialmente -a través de los municipios o no-, cuál es la respuesta que finalmente damos a este tremendo desafío.
En ese sentido, este es un primer paso, en el que espero que trabajemos todos para que no se quede en una oficina en Santiago, sino que podamos apoyar territorialmente a cada una de las familias que lo requieran a lo largo del país.
Señor Presidente , estimados colegas, hay un debate fundamental, que se refiere a cómo adecuar nuestra institucionalidad a las obligaciones que debemos tener para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Existe un marco legal que rige en la materia y se halla en nuestra Constitución y hemos aprobado la Declaración de la Infancia de Naciones Unidas, que es una estructura jurídica general.
La Subsecretaría de la Niñez constituye una de las piezas institucionales claves y desde ella se formularán políticas públicas para todos los niños, las niñas y los adolescentes, no solo para los vulnerados, no solo para los abandonados, sino que para todos.
Pero también hay un debate mayor -en otra ocasión el Senador Montes lo planteó- sobre la necesidad que nos asiste como sociedad de preocuparnos por qué está pasando con los niños en Chile hoy día, cuál es su realidad, aspecto en el que probablemente tengamos más preguntas que respuestas.
Por cierto, este cambio institucional es tremendamente importante.
La Comisión Mixta logró despejar dos temas que, yo diría, eran de naturaleza menor.
Y, como dijo la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, en la construcción de esta institucionalidad ha habido en general un trabajo muy transversal. Está la Ley sobre Defensoría de la Niñez, que ya fue despachada; y también la normativa que establece un sistema de garantías, donde tenemos aún trabajo pendiente.
Señor Presidente , junto con ratificar que la bancada socialista votará a favor de este proyecto que crea la Subsecretaría de la Niñez, debo señalar que en algún momento probablemente necesitaremos hacer un debate de otra naturaleza, relacionado con cuántas Subsecretarías estarán alojadas en el Ministerio de Desarrollo Social y cuál será el alcance de ese tipo de accionar.
Pienso que esa es una discusión necesaria no para hoy; quizás para cinco años más. No obstante, el hecho de ir sectorializando el debate en algunos ámbitos debe tener un límite. Porque el mundo de los adultos mayores está pidiendo su Subsecretaría, al igual que otros sectores.
En consecuencia, estimo que se debe definir en algún momento si esa será la estructura institucional a futuro.
Ahora bien, respecto de esta materia, no debería haber ninguna duda: hay un tremendo avance. Y yo, a diferencia de lo que piensa la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, considero que existen temas urgentes y otros que son importantes. La división del SENAME es una tarea muy importante, ¡muy importante!, pero eso debe hacerse con los datos necesarios, no con los ligados a una crisis, sino que conforme a una política pública permanente.
Para eso necesitamos contar con la Subsecretaría de la Niñez , la cual se hará cargo de una de las áreas que estarán involucradas aquí, en particular con el hecho de acoger niños que se encuentran en situación de abandono y de vulneración de sus derechos, donde crearemos una nueva institucionalidad.
A mi juicio, ese es el orden correcto.
Finalmente, deseo destacar que en la historia de nuestro país va a quedar subrayado que fue en el Gobierno de la Presidenta Bachelet donde más se hizo por los niños y las niñas en lo referente a construcción de infancia, a políticas de la niñez, a iniciar una etapa vinculada a una temática en la que, sin duda, teníamos una gran deuda.
Quiero insistir en una cosa que acaba de señalar el Senador Letelier: cuando estamos creando una Subsecretaría y un conjunto de instituciones es para los niños en su conjunto no solo para los menores infractores, ni para los vulnerables, pues tiene que haber alguna capacidad en la sociedad para proyectar una respuesta a la realidad de los niños, a su necesidad en este tiempo.
Comenio, hace 350 años, decía que el desarrollo de un niño tiene que ver con que en su interior se pongan los gérmenes que le permitan desplegar toda su potencialidad.
Esa era su definición en esa época.
Pero yo además creo que se requiere que haya una preocupación general como sociedad, y ojalá que esta institución ayude en tal sentido.
En 1920 se hablaba en Chile de que se estaba en el siglo de los niños, que había que preocuparse de los menores por todos lados, y hoy día necesitamos tener por lo menos una sociedad de los niños, que se preocupe de otra manera por ellos. Sin embargo, la respuesta actual no corresponde a las características, las necesidades y los desafíos, no solo en materia de educación, sino también en los barrios, en la televisión, en el tipo de sociedad que se desea construir para adelante.
Y, por tanto, pienso que la Subsecretaría que se crea no es solo de protección social.
Ahora, quisiera decirle especialmente esto a personas como el Senador Alberto Espina, quien a lo mejor alguna responsabilidad va a tener en el futuro, como también a los que desarrollan distintos roles: es muy importante asumir globalmente el tema de los niños porque estamos tremendamente atrasados y poco claros en lo que se debe hacer para adelante.
Señor Presidente, en la misma línea de lo expresado por colegas de distintas bancadas, me parece que en esto ha habido un trabajo bastante transversal.
Efectivamente, en lo referente a la infancia tenemos todavía una legislación bastante insuficiente.
El Senador Letelier aludió a la legislación de hace algunos años, a su puesta al día, al reconocimiento de lo que significa la Conferencia de Naciones Unidas en materia de infancia, a lo relacionado con el maltrato en los años 90, todo lo cual se ha ido perfeccionando con el tiempo. Pero todavía es muy insuficiente porque, por cierto, no hay elementos, no existe un acompañamiento por parte del Estado, no se observa hoy día un organismo especializado para lograr justamente lo que aquí distintos Senadores han señalado: generar una mirada preventiva antes de que sea tarde y se tenga que llegar al SENAME y a todo lo que se ha denominado acá como "la infancia vulnerada".
Por consiguiente, lo que hace este proyecto esencialmente es cambiar la relación entre el Estado y la infancia, reconocer a los niños como sujetos de derecho. En consecuencia, una preocupación directa y fundamental en las políticas públicas es la protección especializada.
En su articulado, el proyecto consagra la protección especializada para niños vulnerados, pero también la protección universal en materia de prevención, que se hace con todas las políticas públicas: Chile Crece Contigo , Seguridades y Oportunidades, y en función de todo lo que existe en los distintos organismos que hoy día tienen impacto en la infancia -desde luego, la educación-. Porque acá estamos hablando -varios Senadores lo han manifestado- no solo del niño que ha sido vulnerado, sino también del menor que asiste al colegio conforme a planes regulares pero que está experimentando agobio escolar, exceso de tareas y muchos temas que hoy día hacen que en la infancia en Chile -ocurre especialmente en Latinoamérica con niños de entre 8 y 14 años- haya mayores trastornos que en cualquier otro país.
Y de ello también debe hacerse cargo el sistema escolar.
Por consiguiente, faltaba en ese sentido este órgano especializado. Y destaco el hecho de que él quedará en el Ministerio de Desarrollo Social.
También quiero poner de relieve el rol que ha tenido el Ministro Barraza en empujar este proceso, al igual que, por cierto, el de otros organismos, como el Consejo de la Infancia.
Sin embargo, si nuestro país ha adoptado la decisión -se ha dicho acá que este es el Gobierno que más institucionalidad ha generado- de robustecer la institucionalidad y los derechos de los niños, estimo que no podemos quedarnos solo en este proyecto, porque ello puede traer consecuencias, ya que nos faltarán piezas en este engranaje sistémico que es la protección a la infancia.
Ciertamente, el Defensor de la Niñez -como se dijo, dicho proyecto ya fue despachado- es fundamental, pero tanto o más importante es poder establecer un catálogo de derechos, lo cual corresponde a otra discusión, está consagrado en otra normativa y hoy día se encuentra en su fase final en la Comisión de Infancia creada por este Senado, relacionada con las garantías de la niñez.
En lo atinente a esta materia, ha habido una larga discusión, en la que escuchamos a los jueces de familia de distintos lugares del país. Y quiero reconocer la generosidad que ellos tuvieron, porque perfectamente les podía haber sido más cómodo sacarse algunas funciones de encima. Pero fue todo lo contrario.
Lo que se busca con este proyecto es que la cantidad de menores que tengan que llegar a los tribunales de familia y terminar en casas de acogida o en sistemas residenciales sea la estrictamente necesaria. En este sentido, se requiere que previamente exista un órgano que haga la contención, que acompañe. Y, por lo tanto, el fortalecer la vía administrativa resulta fundamental.
Sobre el particular, señor Presidente , simplemente estamos a la espera de una indicación del Ejecutivo, la cual me parece que está en condiciones de darse a conocer por lo menos a los miembros de la Comisión de Infancia. Y si eso es así, junto con respaldar la creación de la Subsecretaría de la Niñez, por constituir un paso primordial, yo le pediría al Ejecutivo que le pusiera "discusión inmediata" al proyecto que establece las garantías de la niñez, porque, como lo han señalado Naciones Unidas y un montón de organismos que nos visitaron en la Comisión, parece fundamental para constituir una prevención fuerte -seguramente será tarea del próximo Gobierno-, y así hacernos cargo de otro tema pendiente: la infancia vulnerada y lo que hoy vemos que ocurre en el SENAME.
Según lo señalado en el informe de Comisión Mixta, existió un acuerdo respecto a las modificaciones introducidas y se definió un nuevo artículo 3 ter. Por lo tanto, creo que podemos aprobarlo por unanimidad.
La dificultad actual de la institucionalidad -que todos reconocemos- radica en la necesidad de establecer una diferenciación entre los niños que tienen medidas de protección (o sea, vulnerables), a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, y los infractores de la ley, a cargo del Ministerio de Justicia. Y el SENAME considera aquí criterios de intervención.
Recordemos que el Ministerio de Desarrollo Social, a diferencia del Ministerio de Justicia, es un organismo llamado por definición a fijar estándares, evaluar y determinar metodologías para programas sociales. Y en este marco, se fijan estándares tanto para los organismos colaboradores (que todos veníamos reclamando) como para la administración directa.
De esta manera, en el artículo 3 ter quedan definidos los estándares para organismos colaboradores, conforme a las labores que van a cumplir los Ministerios de Desarrollo Social, de Hacienda, de Justicia y de Derechos Humanos.
Este reglamento, además, aclara que aquello no será aplicable a los programas de reinserción para adolescentes infractores de la ley penal.
Otro aspecto significativo es que el artículo 16 ter dispone que "De conformidad a lo establecido en la ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, existirá un Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez que será especialmente oído en las materias establecidas en las letras b) y g) del artículo 3 bis de esta ley".
Con ello se llena un vacío y se permite a la propia sociedad civil ejercer también una labor fiscalizadora y de colaboración para proteger a los menores vulnerables.
Por todo lo anterior, me parece que se resolvieron los temas que fueron a Comisión Mixta; y, en consecuencia, daremos nuestro apoyo a este proyecto.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (29 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum exigido.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero agradecer el apoyo de las señoras y los señores Senadores.
Las propuestas de la Presidenta de la República respecto de la nueva institucionalidad en materia de niñez son altamente importantes para el país. Se trata de cinco iniciativas legislativas que buscan cambiar el paradigma de la protección integral a los derechos de los niños y las niñas. A aquellas se sumaron otras mociones parlamentarias, las cuales apoyamos con fuerza, que hoy día son leyes de la República.
Entre estas se encuentran las relativas a las entrevistas videograbadas y a la ley que tipifica con penas más severas el maltrato de niños, niñas y adolescentes, como también las cinco iniciativas que mencionaba al inicio, principalmente referidas al Defensor de la Niñez ; a los dos servicios que remplazan al SENAME, a saber, el Servicio de Protección Especializada y el Servicio de Reinserción Social Juvenil; y la ley en proyecto sobre sistemas de garantías, en lo cual esperamos poder avanzar en lo que resta de este período.
Lo importante, señor Presidente , es que aquí se cambia el enfoque: buscamos una institucionalidad especializada que dé efectiva protección y restituya los derechos a los niños y niñas que han experimentado serias y graves vulneraciones.
Del mismo modo, queremos establecer una protección universal que nos permita conjugar el enfoque de los derechos humanos de la Convención de los Derechos del Niño con las políticas, planes y programas en materia de políticas sociales con que hoy día cuenta el Ministerio de Desarrollo Social. Y lo hacemos a través de esta Cartera porque le incorporamos nuevas funciones, dándole el carácter de ente rector. Esto, en definitiva, posibilita ampliar la mirada y no continuar con una visión parcelada que no permite contar con prevención, promoción y protección efectiva.
En síntesis, señor Presidente , esta ley en proyecto va a contribuir de manera significativa a resguardar de manera integral a los niños y niñas de nuestro país y a construir una cultura de respeto a los derechos de la niñez.
Corresponde ocuparse del oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República , mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar miembros del Consejo Directivo de la Academia Judicial al señor Gonzalo Berríos Díaz y a la señora Carmen Domínguez Hidalgo, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y la urgencia del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1.960-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 75ª, en 20 de diciembre de 2017.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 79ª, en 10 de enero de 2018.
Sesión 79ª, en 10 de enero de 2018 (el oficio presidencial queda para segunda discusión).
A la sesión en que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento consideró este asunto asistieron la señora Domínguez y el señor Berríos.
La Comisión deja constancia, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, Espina, De Urresti y Larraín, de que en la proposición en estudio se da cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos por nuestro ordenamiento jurídico para la designación de los integrantes del Consejo Directivo de la Academia Judicial .
En discusión el oficio presidencial.
Señor Presidente , los antecedentes de las personas propuestas por la Presidenta de la República para desempeñarse en la Academia Judicial están en manos de los integrantes de esta Corporación. Por lo tanto, quiero ser breve y no entrar en muchos detalles.
Eso sí, quiero señalar que ellos vienen a remplazar a dos personas que durante el último período han desarrollado muy exitosamente su labor. Me refiero a Humberto Nogueira y a Miguel Otero -ambos académicos, el último también fue compañero nuestro aquí en el Senado-, quienes han tenido una participación extraordinariamente relevante en las funciones que cumple la Academia Judicial. Estas son muy importantes, pues organizan y supervisan la formación de los jueces cuando estos están llamados a subir de categoría y, al mismo tiempo, cuando tienen que cumplir nuevas atribuciones.
La capacitación, por ejemplo, cuando se trata de una reforma judicial que cambia radicalmente la estructura de un código o de un sistema normativo determinado, exige a los jueces ponerse al día. Y esta labor la cumple la Academia Judicial.
Por tanto, quienes están supervisando esta tarea desarrollan un trabajo extraordinariamente valioso y necesario.
Hemos oído en la Comisión a doña Carmen Domínguez y a don Gonzalo Berríos , y quiero testimoniar ante esta Corporación que se trata de personas que no solamente cuentan con una larga trayectoria académica y con una muy buena formación personal, desde el punto de vista de estudios y publicaciones, sino de profesionales que entienden la labor de la Academia y que saben que se trata de un trabajo de formación especializada, permanente, que pone a los ministros y a los magistrados en una posición de excelencia para desempeñar debidamente sus funciones.
Ciertamente, hay labores que no se han efectuado bien y existen dificultades en la Academia. Esto no es desconocido por quienes han sido propuestos por la Presidenta .
En ese sentido, ante las inquietudes que planteamos respecto a cómo especializar a algunos jueces; a cómo coordinar la labor de formación de estos con las universidades; a cómo colaborar en una formación de carácter regional, no solo temático, pudimos apreciar que todo ello quedó claramente comprendido por ambos académicos.
Por ello, estoy seguro de que van a contribuir enormemente a mejorar la formación de nuestros jueces.
Por las razones indicadas, la unanimidad de pareceres que se registró en la Comisión en el sentido de recomendar sus nombres por cumplir los requisitos necesarios para asumir estas funciones me hace pensar que ojalá logremos, más allá de cualquier consideración, la aprobación unánime de ambos postulantes para desempeñarse en la Academia Judicial.
Señor Presidente , la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento informa la solicitud de Su Excelencia la Presidenta de la República para designar miembros del Consejo Directivo de la Academia Judicial a la señora Carmen Domínguez y al señor Gonzalo Berríos .
En su oficio, la Jefa de Estado hace presente que dichos cargos fueron servidos anteriormente por los académicos señores Humberto Nogueira Alcalá y Miguel Otero Lathrop , quienes se desempeñaron en esa función hasta el mes de junio de 2016, época en que expiraron sus mandatos.
A la sesión en que se analizó este asunto concurrieron, especialmente invitados, la señora Carmen Domínguez y el señor Gonzalo Berríos .
Asimismo, asistió el Jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Álvaro Pavez .
Estuvieron presentes también el asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y asesores de señores Senadores.
Es importante señalar que la Academia Judicial es una corporación de derecho público, creada por la ley Nº 19.346, cuya finalidad es la formación de los postulantes a cargos del Escalafón Primario del Poder Judicial y el perfeccionamiento de todos los integrantes de dicho Poder del Estado. Esta corporación tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y está sometida a la supervigilancia de la Corte Suprema.
La dirección superior de esta institución corresponde a un Consejo que está integrado por nueve miembros. Dos de ellos deben ser académicos con más de cinco años de docencia universitaria, designados por el Presidente de la República , con acuerdo del Senado. Estos miembros duran cuatro años en sus cargos y pueden ser reelegidos.
En este caso, Su Excelencia la Presidenta de la República , en oficio dirigido al Senado, ha propuesto a la profesora Carmen Domínguez y al señor Gonzalo Berríos como candidatos a integrar el Consejo Directivo de la Academia Judicial .
El señor Gonzalo Patricio Berríos Díaz es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile.
Asimismo, es magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Diego Portales.
También es diplomado en Derecho Penal Sustantivo de la Universidad Las Américas y diplomado en Reforma al Proceso Penal de la Universidad Alberto Hurtado.
Actualmente, se desempeña como Subdirector de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y como profesor de la asignatura sobre Derecho Penal Juvenil. En esta entidad académica, además, ha impartido cursos vinculados a Derecho Penal, Derecho Procesal y Derecho Penitenciario, tanto a nivel de pregrado como de posgrado.
Del mismo modo, ha ejercido la docencia en otros planteles formativos y se ha desempeñado como profesor en algunas versiones del programa de formación para postulantes al Escalafón Primario del Poder Judicial, que imparte la Academia Judicial de Chile.
En el pasado reciente se desempeñó como Jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil y Defensas Especializadas de la Defensoría Penal Pública.
El señor Berríos es autor de diversos artículos en revistas y de libros sobre materias vinculadas a Derecho Penal Juvenil.
Por su parte, la señora Carmen Aída Domínguez Hidalgo es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, magíster en Derecho Comparado de la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Derecho de la misma casa de estudios.
En la actualidad se desempeña como profesora titular del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, institución en la que, además, ejerce los cargos de Directora del Centro UC de la Familia y de consejera de su facultad.
Entre las asignaturas que imparte destacan Teoría del Acto Jurídico y Teoría de la Ley, Personas y Bienes, Obligaciones, Fuentes de las Obligaciones I y II, Derecho de la Familia , Derecho Sucesorio y La Reparación del Daño.
Ha publicado múltiples libros vinculados al Derecho Civil, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
La Comisión de Constitución tuvo a bien escuchar a ambos candidatos y también al abogado y Jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, don Álvaro Pavez .
Luego de un conjunto de preguntas que realizaron los señores Senadores, la Comisión estimó que los postulantes reúnen las condiciones y los requisitos para ser propuestos en dichos cargos.
En consecuencia, la Comisión de Constitución solicita a esta Honorable Sala la aprobación de ambos nombramientos.
Señor Presidente , simplemente, quiero ratificar lo que han dicho los Senadores Harboe y Larraín .
La Comisión de Constitución acordó unánimemente dar su aprobación a los nombramientos del académico Gonzalo Berríos y de la profesora Carmen Domínguez en el Consejo Directivo de la Academia Judicial.
Los postulantes realizaron una muy buena exposición respecto de cuáles son los nuevos desafíos que enfrenta la Academia Judicial en el día de hoy y, a partir de eso, cómo ellos pueden transformarse en un aporte a su Consejo Directivo.
Cabe recordar que la Academia Judicial se ha ido consolidando en el tiempo. Es un organismo que en la actualidad está formando a jueces, a ministros de corte, y ha ido fortaleciendo su prestigio en la preparación de los distintos miembros que ingresan al Poder Judicial.
En esa línea, creemos que el aporte del profesor Gonzalo Berríos y de la profesora Carmen Domínguez será bastante importante para la Academia Judicial.
Asimismo, como Comisión agradecimos a los docentes Humberto Nogueira y Miguel Otero , quienes integraron la Academia Judicial en calidad de académicos.
Señor Presidente , seré muy breve, pues los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra ya indicaron los méritos y las virtudes de las personas que hoy día estamos ratificando como integrantes del Consejo Directivo de la Academia Judicial: la señora Carmen Domínguez y el señor Gonzalo Berríos .
Al respecto, quiero hacer tres breves consideraciones.
En primer lugar, agradezco a los profesionales que cumplieron esta función durante los últimos años y que no han sido renovados en sus cargos, pues se ha determinado que otros distinguidos profesionales asuman esas labores. Me refiero a don Humberto Nogueira y a don Miguel Otero , quienes desempeñaron su función en la Academia Judicial, la que fue extraordinariamente relevante.
En segundo término, quiero hacer presente que la labor de la Academia Judicial es fundamental en la administración de justicia. Es mucho más importante de lo que puedan imaginar aquellos a los que por distintas razones no les ha tocado participar en los temas vinculados al Poder Judicial.
Uno de los elementos claves para el buen funcionamiento de un Estado de Derecho es que los jueces tengan una adecuada formación, tanto aquellos que ingresan al Escalafón Primario como los que realizan cursos de perfeccionamiento profesional para optar a cargos en las cortes de apelaciones.
Pienso que los dos profesionales propuestos reúnen los requisitos, la preparación profesional, la experiencia y, sobre todo, la voluntad de querer ser extraordinariamente rigurosos en la formación de los magistrados.
En Chile debemos mejorar la formación de nuestros jueces.
No es el momento para referirme a ello, pero he visto casos de sentencias judiciales respecto de las cuales algunas instancias superiores han señalado -me refiero a cortes de apelaciones que han revisado fallos de tribunales orales- las graves deficiencias que ellas contienen.
No se trata de una interpretación distinta de la ley en un sentido u otro, sino de una crítica muy fuerte por parte de las cortes de apelaciones acerca del contenido de ciertas sentencias y resoluciones de los tribunales orales. Esto no responde solo a que se haya tenido una visión distinta de la forma como se pudo haber ponderado la prueba, sino a que no se han seguido con claridad los principios que deben inspirar una sentencia judicial.
La Academia Judicial posee un papel fundamental, razón por la cual debemos fortalecerla y extender su labor. A la vez, representa una contribución muy relevante para los propios jueces, pues los ayuda en su perfeccionamiento.
Por ello, en la medida que tengamos una institución que siga fortaleciéndose, como lo ha hecho la Academia Judicial, vamos a contar con jueces mejor preparados. Si existen jueces mejor preparados, vamos a tener mejores fallos, y con mejores fallos lograremos una mejor administración de justicia.
Por las razones expuestas, voto a favor de la señora Carmen Domínguez Hidalgo , quien realizó una brillante exposición en la Comisión, y de don Gonzalo Berríos Díaz , quien también hizo una completa y muy lúcida presentación en dicho órgano técnico, para integrar el Consejo Directivo de la Academia Judicial .
--Se aprueba el oficio de la Presidenta de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar miembros del Consejo Directivo de la Academia Judicial a la señora Carmen Domínguez Hidalgo y al señor Gonzalo Berríos Díaz (23 votos a favor).
Votaron las señoras Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Hernán Larraín, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito y la ley N° 18.287 con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un Registro de Pasajeros Infractores y modificar normas procedimentales, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "simple".
Sesiones 59ª, en 7 de octubre de 2015 (se aprueba en general); 48ª, en 13 de septiembre de 2016 (discusión en particular, se envía el proyecto a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para nuevo informe); 86ª, en 1 de marzo de 2017 (se aprueba en particular); 49ª, en 3 de octubre de 2017 (queda pendiente la discusión de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados).
Cabe recordar que la discusión de las enmiendas quedó pendiente en la sesión de 3 de octubre de 2017.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones hace presente que, de acuerdo con lo resuelto por el Presidente del órgano técnico, solo procedió a tomar conocimiento de las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional. De este modo, la Comisión no se manifestó ni a favor ni en contra respecto de tales enmiendas, ya que se interpretó que ello debía ser resuelto por la Sala del Senado.
Asimismo, cabe reiterar que las enmiendas consistentes en la incorporación de un nuevo inciso séptimo al artículo 88 bis, propuesto en el numeral 4 del artículo 1, y en la incorporación de un nuevo inciso cuarto al artículo 22 quáter, contemplado en el número 3 del artículo 2, requieren 18 votos favorables para ser aprobadas, por ser normas de quorum calificado.
Les propongo pronunciarnos sobre las disposiciones que requieren quorum especial en la primera votación.
Que intervenga la señora Ministra.
Reitero el planteamiento en orden a que nos pronunciemos primero respecto de las normas de quorum especial.
Tiene la palabra el señor Secretario, para que indique qué disposiciones corresponde votar.
Las normas de quorum especial en este proyecto son: nuevo inciso séptimo propuesto para el artículo 88 bis, contenido en el numeral 4 del artículo 1, y nuevo inciso cuarto planteado para el artículo 22 quáter, contenido en el número 3 del artículo 2.
Estas disposiciones requieren 18 votos favorables para su aprobación.
Señor Presidente , ¿la señora Ministra puede entregar una explicación general del proyecto?
Algunos colegas han solicitado intervenir.
La señora TAPIA ( Ministra de Transportes y Telecomunicaciones).-
Señor Presidente , en primer término, deseo recordar que estamos ante un proyecto de ley que ya había sido aprobado por el Senado en forma bastante transversal, con el apoyo de todos los bloques.
Es importante contar con esta herramienta, para que también el próximo Gobierno pueda seguir disminuyendo la evasión en el transporte público, una realidad que hoy día se presenta en Santiago, pero que en el futuro, en la medida que se cuente con las tarjetas de pago, puede darse de igual manera en las demás regiones y ciudades de nuestro país.
Solo quiero destacar algunos de los cambios relevantes incorporados en la Cámara de Diputados y que creemos han enriquecido la iniciativa.
A modo de ejemplo, recordemos el caso de una inspectora que sufrió un grave accidente, más bien una agresión, cuando realizaba un control de evasión. Debido a ello resultó lesionada de gravedad en su rostro. Obviamente, no ha podido volver a trabajar y, lo más seguro, no podrá retomar sus labores porque presenta una incapacidad muy relevante.
Entonces, en la Cámara de Diputados se aumentó la sanción y la penalidad para quienes agredan físicamente o amenacen a una persona que está efectuando una fiscalización.
Por otro lado, discutimos largamente acá que el Registro de Infractores debía generar efectos. Así, se incorporó en el Senado la norma según la cual una persona no podría obtener su licencia de conductor mientras estuviera en dicho Registro. Lo mismo, respecto del pase escolar.
Ahora bien, la Cámara de Diputados agregó que una persona no podrá sacar el permiso de circulación de su vehículo mientras no pague su multa. Apenas la cancele, sale inmediatamente del Registro y puede obtener los documentos, todos relacionados con transporte.
Una de las modificaciones que requieren quorum calificado dice relación con el Registro de Infractores . En su momento se pensó que tuviera una naturaleza pública total. Pero, en definitiva, primó el criterio de que aplicáramos los conceptos generales de la Ley de Transparencia, esto es, si se solicita información respecto de si una persona se encuentra anotada en el referido Registro, se le debe consultar a dicha persona, vía Ley de Transparencia, si estima o no que se entreguen sus datos. Y si no está disponible para ello, no se proporciona la información.
Esos son los cambios principales.
También está la incorporación de la tecnología. Esto es bien importante para que el día de mañana se pueda controlar la evasión a través de medios tecnológicos.
Nosotros ya tenemos elaborado el reglamento. Obviamente, la idea sería dejar esto lo más avanzado posible para que el próximo Gobierno también pueda seguir bajando la evasión, como lo hemos hecho en este último tiempo, porque sabemos que se requiere reducirla aún más.
Por lo tanto, estimamos que esta será una herramienta de suma eficiencia para poder seguir disminuyendo esas cifras.
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación respecto de las modificaciones que requieren quorum calificado.
¡Abra la votación nomás!
Antes de iniciar la votación, solicito autorización para el ingreso de asesores de los Comités.
En votación las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados consistentes en incorporar un nuevo inciso séptimo al artículo 88 bis, propuesto en el número 4 del artículo 1, y en añadir un nuevo inciso cuarto al artículo 22 quáter, contemplado en el número 3 del artículo 2.
Señor Presidente , Honorable Sala, creemos que bajar la evasión, sin lugar a dudas, constituye hoy uno de los mayores desafíos en el caso del transporte público de la Región Metropolitana.
Recuerdo que hace un tiempo tratamos de generar un registro único de personas que evadían el pago, pero en su oportunidad, lamentablemente, no obtuvimos los quorums necesarios.
Al respecto, queríamos establecer como sanciones, por ejemplo, las relacionadas con trabajos comunitarios.
Hoy día veo por lo menos un cambio de actitud. En esta misma Sala se aprobó el proyecto unánimemente.
Sin lugar a dudas, entender que el cambio cultural es fundamental para los efectos de un mejor transporte público va en la dirección correcta.
Señor Presidente , tal como lo manifestó la Ministra , estuvimos muy de acuerdo en cuanto a que enfrentar la evasión es fundamental, en atención a los recursos que tiene que recuperar el Estado, pues hoy día estamos en una situación bastante compleja: en algunos momentos se ha superado el 30 por ciento de evasión.
¡Eso es muy grave!
Cabe mencionar que una de las grandes discusiones que se dieron fue el hecho de contar con un registro público de infractores, pues de alguna manera atentaba o podía atentar contra derechos, por lo que significa la publicación de datos personales, lo que, a la larga, puede generar problemas de inconstitucionalidad.
Trabajamos en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y también hemos conversado bastante con los Diputados, quienes hicieron una sugerencia a fin de acotar el alcance de la norma y, de esta manera, lograr un acuerdo.
Creemos importante dar una señal en el sentido de que el transporte público cada día tiene que mejorar, pero también debe ser financiado por quienes lo utilizan.
El objetivo de este proyecto es aplicar sanciones más gravosas a quienes no paguen el pasaje del transporte público o utilicen un mecanismo para acceder a él del cual no son titulares.
Junto con ello, se crean un Registro de Usuarios y un Registro de Pasajeros Infractores .
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones llevará un registro con la individualización y domicilio de todas aquellas personas a quienes se les haga entrega de un mecanismo o instrumento que permita el acceso al transporte público remunerado de pasajeros.
Es importante señalar que este proyecto regula también el uso indebido del instrumento o mecanismo que permite el acceso al transporte público remunerado de pasajeros.
Al efecto, Carabineros, los inspectores fiscales y municipales y el personal autorizado de ferrocarriles del servicio metropolitano podrán solicitarle al portador del instrumento o mecanismo de pago acreditar su identidad o titularidad, con la finalidad de detectar su posible uso indebido.
Eso es muy relevante, porque se ha detectado mala utilización de ese tipo de instrumentos.
De otro lado, existirá un Registro de Pasajeros Infractores , cuya operación y administración estarán a cargo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Es del caso señalar lo que dijo la Ministra en cuanto al reglamento, el cual habrá de garantizar las medidas de seguridad en el tratamiento de la información y en el ejercicio de los derechos de los infractores. Eso significa que sobre el particular debiera existir reserva.
En cuanto a la tramitación, podemos resumirla de la siguiente forma:
A) El proyecto que modifica la Ley de Tránsito y crea un Registro de Pasajeros Infractores ingresó en primer trámite a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado estableciendo un registro de carácter público que cualquiera podía consultar para pedir información sobre si un individuo figuraba o no en él.
Con ello el Gobierno pretendía, de alguna manera, un escarmiento público: establecer una especie de DICOM social -sanción extremadamente gravosa- por el solo hecho de evadir el pago de la tarifa. Ello, en circunstancias de que el real problema de la falta de pago emana del déficit en la calidad del sistema público de transporte. La Comisión de Transportes reguló el registro, y así lo aprobó el Senado.
B) En el segundo trámite, la Cámara de Diputados modificó el proyecto, fijando, conforme a la Ley de Transparencia, una regla de acceso limitado, la cual quedó consagrada en el artículo 22 quáter, que restringe el derecho al acceso a la información solo a las personas naturales -es importante señalar esto-, exigiendo su RUT, con un número acotado a ocho solicitudes al año.
Por eso, señor Presidente, creemos que esto no es lo ideal. Lo ideal es que tengamos un transporte público eficiente, que existan zonas pagas, que haya todo lo que significa inversión real, con el fin de que...
... la gente que utiliza el transporte público sienta que le sirve y que su rebelión es contra el sistema existente en la actualidad por la mala implementación y la falta de inversión.
Por ello, voy a votar a favor de la modificación pertinente de la Cámara de Diputados, pues considero necesario dar una señal importante y avanzar en la obligación de todos los usuarios de pagar lo que corresponde.
Es del caso tener presente que los chilenos en general le estamos entregando un subsidio muy significativo al transporte público y, adicionalmente, que la evasión supera todos los límites imaginables.
En consecuencia, estimo que hay que respaldar lo que aprobó la Cámara Baja en el caso de la situación explicitada.
Señor Presidente, yo comparto lo que acaba de plantear el colega García-Huidobro.
Al final, creo que estas cosas probablemente no son lo óptimo, lo ideal. Pero, como dice la Ministra, al menos van en el sentido de hacer un esfuerzo para disminuir los grados de evasión existentes, que son muy significativos.
Ahora, yo pedí la palabra simplemente para hacer una sugerencia.
En todo caso, estimo adecuado que la información contenida en el Registro de Usuarios tenga carácter reservado, que al final parece ser una solución mejor.
Sin embargo, la redacción es rara. Porque se dice: "La información contenida en el ` Registro de Usuarios ' será reservada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República,...".
Pero se agrega: "... por afectarse con su publicidad los derechos de las personas.".
Se trata de una forma de redactar bastante extraña. Es como si fuera una sentencia. Está explicando, en circunstancias de que la ley debe mandar, prohibir o permitir, pero sin usar ese tipo de redacción, como si estuviéramos ante resoluciones.
Yo no tengo problemas en que se apruebe; puedo votar a favor. No sé si alguien -la Secretaría, en fin- puede revisar si eso es correcto desde el punto de vista jurídico.
En el evento de que así no fuera, yo pediría que se sacara la frase "por afectarse con su publicidad los derechos de las personas".
No es un problema de fondo, sino formal.
Nosotros también debemos procurar que los mandatos sean claros, que las lógicas legales sean precisas, sin generar esta suerte de normas que interpretan o que resuelven una situación que no ha sido objeto de pregunta.
Señor Presidente , además de dar mi aprobación y de, ojalá, facilitar el despacho del proyecto, solicito revisar la redacción a que me referí -la gente de la Comisión de Constitución puede ser más precisa en esa materia-, simplemente para intentar que las normas que despachamos tengan sentido.
Sería importante tomar nota, señora Ministra . Porque yo coincido con el Senador señor Coloma en que es innecesaria la frase en comento. Creo que basta la primera parte de la disposición.
De todas maneras, podemos escuchar argumentaciones sobre el particular.
Señor Presidente , el texto que estamos conociendo esta tarde tiene, en lo que respecta a la creación de registros y subregistros y a la publicidad de ellos, una diferencia sustancial con el que despachó el Senado.
Cuando se discutió el proyecto aquí, me correspondió ir a la Comisión de Transportes para poder plantear una preocupación.
Todos queremos que la tarifa del transporte público se pague. De eso no existe duda.
También, todos coincidimos en que es necesario crear mecanismos de sanción para quien no paga. Tampoco hay duda de eso.
El problema radicaba en que el proyecto original, el que finalmente se aprobó en esta Corporación, no solo contenía una sanción en el ámbito de la renovación de licencia de conducir y otras penas accesorias, sino que además establecía la publicidad; es decir, creaba un DICOM para quienes no pagaban en el sistema de transporte público.
Desde el punto de vista de la tendencia internacional en materia de protección a la vida privada, aquello no es adecuado. Asimismo, resulta tremendamente desigual.
¿Por qué crear un registro público para quienes no pagan la micro, pero no hacer lo propio en el caso de los infractores de las normas tributarias?
Entonces, se aplicaba para los pobres un criterio completamente distinto.
Fui a expresar eso a la Comisión de Transportes. Pero, lamentablemente, la mayoría de sus integrantes no estuvieron de acuerdo con la posición que planteé y votaron en contra. Y, en definitiva, el proyecto se fue así a la Cámara Baja.
Yo me alegro, porque después tuvimos una reunión con algunos Diputados para trabajar esta materia con las organizaciones de protección de datos para hacerles ver la gravedad de lo que podía ocurrir. Por ejemplo, que al crearse un registro público de infractores pudiera consultarlo cualquiera y utilizar la información pertinente, entre otras cosas, como un mecanismo de discriminación laboral.
Entiendo que el legislador no quería eso y que el Gobierno tampoco lo deseaba. Pero una cosa es crear registros públicos y dar facilidades para acceder a ellos y otra tener capacidad para prever las consecuencias sociales de tal decisión. Y la experiencia internacional así lo demuestra.
Por consiguiente, la Cámara de Diputados modificó la norma pertinente y estableció ciertas limitaciones.
En segundo lugar, puede acceder al Registro cualquier persona, por un máximo de ocho veces al año. Además, no será factible utilizar aquel para fines distintos de los ya establecidos; es decir, se acota un poco la información. Y en ningún caso -esto es importante- el Registro tiene carácter público.
Sí, debo hacer presente una inquietud vinculada con la redacción. Aunque entiendo su sentido, creo que puede dar pie para confusiones.
En el artículo 22°, inciso noveno, de la ley vigente se dice: "Los infractores que fueren condenados por no pagar la tarifa en el transporte público de pasajeros serán anotados en un `Sub Registro de Pasajeros Infractores '". O sea, se registra a quien no ha pagado la tarifa.
Pero después se expresa: "El Secretario del Tribunal , cada dos meses, individualizará a los infractores sancionados que no hayan pagado las multas aplicadas y lo comunicará, para su anotación...". Técnicamente, es un registro, no de quien no ha cancelado la tarifa, sino de aquel que no ha pagado la multa originada por la no cancelación de aquella.
¡Ojo con eso! Porque puede ocurrir que alguien diga "Este señor es infractor porque no pagó la multa", lo cual no es lo mismo que sostener "Es infractor porque no canceló la tarifa".
Estoy haciendo una advertencia, señor Presidente, pues entiendo que la idea del legislador es crear un registro de personas que no cancelan la tarifa en el transporte público, son multadas y no pagan la multa.
En otras palabras, si una persona no ha pagado la tarifa, fue multada y pagó la multa, no puede estar en el registro, pese a haber sido infractora.
Ojo con eso, para que la situación quede meridianamente clara.
Lo significativo, en todo caso, es que el Gobierno acogió las normas sobre protección de los datos personales, que marcan la tendencia en el ámbito internacional.
Ciertamente, queremos que se pague. Y hay que establecer incentivos para que la gente lo haga. Pero ellos no van por la vía de la publicidad de los datos personales, sino por la de establecer un conjunto de sanciones accesorias que creen una cultura encaminada a estimular el mayor pago.
Considero adecuados los cambios que hizo la Cámara de Diputados a ese respecto.
Finalizo manifestando una preocupación, señor Presidente .
Acá se habla de "transporte público", no de "Transantiago". La medida en comento, pues, va a ser aplicable al transporte de todas las regiones. Entonces, las condiciones son muy distintas.
Porque si una persona no puede cancelar la tarifa de la micro en una zona de rezago, por ejemplo, y hace los pagos respectivos después con cierto retraso, quedará incluida en el Registro.
No es lo mismo imponer sanciones a la evasión masiva que ocurre hoy día en la Región Metropolitana que aplicarlas a regiones en que no se da tal situación y donde también tendrá efecto la norma pertinente, que no distingue.
Sin perjuicio de lo anterior, como no se trata de una materia de esta discusión sino de los cambios que introdujo la Cámara de Diputados, voy a concurrir con mi voto favorable, habida consideración de que se eliminó el DICOM de quienes no pagan la tarifa, que me parecía desigual y atentatorio contra la protección de la vida privada.
Señor Presidente , el colega Harboe me ahorró comentarios con relación a la técnica legislativa -ya la habíamos observado- usada para establecer un DICOM de los pobres, un DICOM de infractores de un sistema de transporte mal planificado, mal ejecutado, y que se ha intentado arreglar por la vía de leyes sancionatorias, en circunstancias de que, claramente, estamos en presencia de un sistema que no ha funcionado, que no ha sido validado por la ciudadanía, lo cual en gran medida genera los altos niveles de evasión existentes.
Dicho aquello, debo puntualizar que este proyecto atentaba contra normas básicas que seguimos discutiendo en la Comisión de Constitución, a propósito precisamente de la Ley sobre Protección de Datos Personales, para evitar que este tipo de información circule y termine utilizándose para fines distintos del establecimiento de un registro de evasores.
Ahora, me preocupa sobremanera esta iniciativa, pues tiene una mirada, una connotación, un énfasis puesto absolutamente en la Región Metropolitana.
Existe allí un sistema bastante colapsado desde el punto de vista del Transantiago, y hemos ido parchando a través de distintos proyectos de ley. Pero creo que esa no es la vía correcta.
Al respecto, señor Presidente, por su intermedio le digo a la señora Ministra que me gustaría que en el caso de las regiones el Ministerio de Transportes actuara con la misma celeridad con que concurre a solucionar los problemas del Transantiago.
En tal sentido, hay algo que resulta inadmisible, por no decir sorprendente.
Durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos demostramos fehacientemente la existencia de una arquitectura del engaño para disfrazar los fondos espejo, que no son tales y que en las regiones terminan siendo invertidos en las cosas más increíbles, que nada tienen que ver con el transporte. Entonces, seguimos mejorando la calidad del transporte en Santiago, y en las regiones, ¡que se las arreglen...! Así, con tales recursos construimos calles, arreglamos sedes sociales, en fin -otro tipo de cosas-, y terminamos prestándoles plata del transporte a otros servicios.
Eso quedó claro. Sin embargo, no vimos ninguna reacción.
Pero hay algo que me parece del todo inadmisible. Y se lo he hecho ver a la señora Ministra de Transportes .
En efecto, he solicitado la intervención de la Contraloría General de la República para que investigue por qué en el pago mensual que se les debe hacer a los transportistas adjudicatarios de licencias fluviales tenemos decenas de días de espera. Pero la señora Ministra señala que están dentro del margen.
Yo invito a la señora Ministra a que se reúna con los afectados y les explique por qué todos los meses deben sufrir la burocracia santiaguina para que se firme un simple cheque correspondiente al subsidio de la zona sur; por qué un pequeño lanchero que tiene una embarcación y con eso vive debe esperar que el funcionario de turno de Santiago se digne a realizar el procedimiento del caso.
¡Es necesario descentralizar y que el Ministerio de Transportes fije una prioridad!
¡Basta! ¡Basta de medir a las regiones con un rasero distinto y de traspasar el problema político al territorio! ¡Porque somos los parlamentarios y los alcaldes quienes debemos dar la cara por la ineficiencia del Ministerio en el pago de los subsidios correspondientes!
Ahí no existe preocupación. No hay ley, ni decreto, ni resolución: ¡nada! ¡Que se jodan los pequeños boteros!
Entonces, a llamar por teléfono, a cruzar el territorio y a viajar a la capital regional.
¡No, pues! ¡Basta ya!
El Transantiago es un gran problema, ¡y recibe todo tipo de apoyo...! Hemos concurrido con nuestra votación en cada uno de los lugares donde ha sido necesario. Pero ¡basta!
Como Senador de la República y como representante de la Región de Los Ríos, no tolero, no acepto que haya un trato discriminatorio hacia transportistas humildes, sencillos. El retraso en el pago, aunque sea de una semana -se lo digo a la señora Ministra , por intermedio de la Mesa- significa que, para vivir, ese hombre deba conseguir plata prestada.
¡No corresponde, señora Ministra , que el funcionario de su dependencia que debe cumplir el procedimiento respectivo esté tranquilito en Santiago y no firme!
Señor Presidente , yo no concurro con mi voto favorable a este proyecto, porque creo que es discriminatorio y está mal planteado. Además, me parece que en algún momento hay que poner un "parelé".
Aunque estamos en votación, tiene la palabra la señora Ministra para hacerse cargo de las interrogantes que se han planteado.
Primero, el Senador Coloma hizo alusión a una frase contenida en la norma atinente al Registro de Usuarios , donde, efectivamente, se expresa que la información es reservada. Y luego, tras una cita al artículo 8° de la Constitución, se dice "por afectarse con su publicidad los derechos de las personas".
La verdad es que estamos contestes, concordamos con la propuesta de Su Señoría. Pero lo que se hace básicamente es redundar, repetir un poco lo que allí se contiene.
Sin perjuicio de compartir el fondo, creemos que la forma no altera el proyecto de ley.
Por lo tanto, pediríamos mantener la disposición como está, al objeto de que la iniciativa pueda ser aprobada y despachada hoy día y de tener esta herramienta, que, como hemos dicho, será muy eficaz para la Ley de Evasión.
Reitero que compartimos el criterio general. Pero más bien se trata de una suerte de iteración de lo mencionado en el artículo 8° de la Carta Fundamental.
En segundo lugar, tocante a lo planteado por el Senador Harboe, debo manifestar que en numerosas disposiciones se establece que no se trata de un registro de infractores en la cancelación de la tarifa, sino de infractores que a la vez no cumplen con el pago de la multa.
Esa es la razón por la cual en varias normas se menciona que solo quienes no pagan la multa van al Registro de Evasores.
Además, este proyecto de ley contiene un doble beneficio: al que quiere resarcir su conducta, por un lado, le permite una rebaja superior a la actual, que es de 50 por ciento de la multa, y por otro, le da más plazo para pagar.
Por último, en cuanto a las aseveraciones del Senador De Urresti, debo decir que le estamos enviando un oficio completo respecto a cada uno de los pagos y a la forma como se han efectuado, conforme a los contratos vigentes hoy día.
Quiero destacar que, como Gobierno, como Ministerio de Transportes, obviamente nos interesa responderles a los ciudadanos en tiempo y forma. Las regiones no nos dan lo mismo: estamos permanentemente en ellas. Así que me parece que es preciso separar un poco las aguas, porque este es un proyecto de ley importante, necesario.
Otra cosa son los aspectos del subsidio a nivel regional. Por ejemplo, respecto de la iniciativa sobre la descentralización, nosotros, como Ministerio, fuimos los primeros en levantar la mano y decir: "Estamos disponibles para delegar la facultad en las regiones, porque creemos en el proceso y en que se requiere dar esta señal". Pero, como resulta evidente, ello es prácticamente imposible mientras no contemos con el marco jurídico y legal adecuado.
Existe toda la voluntad de solucionar, además, las dificultades que puedan haber existido. Mantengo mi posición al respecto y lo haré siempre. Cuando el Honorable señor De Urresti lo estime, obviamente, se puede hacer llegar la presentación. Responderemos en tiempo y forma.
Vamos a preocuparnos incluso de acelerar los pagos más allá de lo establecido en los contratos, para que ojalá no se enfrenten los problemas que Su Señoría ha esbozado bien, porque son reales, y, naturalmente, no tenemos por qué no hacernos cargo y no buscar la forma de optimizar, entonces, los plazos.
Señor Presidente , hay un debate formal, que dice relación con el proyecto, y otro más de fondo, que tiene que ver con la ley sobre los datos de las personas.
En lo formal, el articulado en examen apunta a generar una serie de mecanismos para sancionar al evasor. Entiendo que todos compartimos que podría ser llamado "ladrón", en particular el contumaz. Es alguien que, al no pagar un servicio, no solo cae en la condición del llamado "free rider" por los estadounidenses, sino que también infringe las normas de convivencia, las cuales establecen que, independientemente de quien se trate, el usuario tiene que pagar si se cobra una tarifa.
Estimo que hemos mantenido una actitud excesivamente tolerante no solo en relación con el transporte público, sino, además, con muchos sectores de la sociedad en que debemos revaluar cómo robustecer las normas de convivencia y la sanción a quienes las violentan. Ha cambiado mucho la permisividad -no es un problema de un sector político u otro- respecto de la certeza de algunas de ellas, lo que es muy negativo. Eso se ve no solo en el ámbito de que se trata, sino también en las redes sociales; en delitos de calumnia; en muchas prácticas donde no hay un cierto respeto por ellas, lo que se advierte en algo tan básico como el pago de una tarifa.
Se fijan sanciones como la suspensión de la entrega de la licencia de conductor, a lo que la Cámara agregó la del permiso de circulación.
Resulta evidente que la discusión es más larga en cuanto al manejo de datos. A algunos nos gustaría que fuera posible consultar en un registro, sin consentimiento, si el infractor contumaz pagó o no la multa, si es o no un buen ciudadano. ¡Y punto!
Es como el caso de un empleador que necesita contratar a alguien que trabaje con niños: tiene que recurrir a un registro para saber si la persona fue o no condenada en algún momento por pedofilia o algún delito de abuso contra menores.
La voluntad de la Cámara de Diputados fue otra, contemplando una reserva mayor que la aprobada por el Senado.
Mas quisiera consignar que no se debilita la esencia de la iniciativa. La discusión es si se debe o no dar publicidad a la comisión de una falta; si se trata de un registro público.
En la ley de datos personales veremos cómo abordar la cuestión más en detalle.
Para efectos del proyecto, el mecanismo permite por lo menos un camino para conocer la identidad de quienes evaden y son contumaces, y les genera una sanción al momento de sacar la licencia de conductor, el permiso de circulación, la tarjeta nacional estudiantil o cualquier otro beneficio que el Estado pudiera dar en el área de transporte.
Me parece que este es el objeto del articulado y que es preciso aprobar la norma que se establece.
Señor Presidente , solo deseo expresar una duda.
En general, estoy de acuerdo con el texto. Estimo que se avanza bastante y que tenemos que hacer algo para evitar la evasión. Pero se confrontan derechos que eventualmente pueden provocar otras consecuencias.
Cuando se trata de un registro, no se hace referencia simplemente a una lista de personas con alguna característica que quieren mantener en reserva, sino a aquellas cuya actuación pública no cumple con las normas, pero tampoco con las sanciones. Por lo tanto, hay una contumacia.
El problema dice relación con si el instrumento es público o es reservado, y, entonces, cuál es su sentido. Porque si se mantendrá en una reserva permanente, en un secreto a todo evento, no implicará mucho. Se supone que su efecto es de alguna manera sancionador.
En seguida, ¿dónde están los límites respecto del derecho a la privacidad, a la protección de datos personales, pero también el derecho a la libertad de expresión y de información? ¿Qué pasa con los medios de comunicación y el derecho a buscar información, a difundirla y a acceder a ella?
Pongámonos en el evento de un registro acerca de una persona que es autoridad y postula a un cargo de representación popular, la que no cumple con las leyes y tampoco con las sanciones que la sociedad le aplica. ¿Tiene derecho a mantenerse una especie de secreto?
Entonces, la pregunta es cuál es el sentido del registro.
Pero ¿hasta dónde llega el límite de los derechos a la protección de los datos personales y los derechos de los medios de comunicación y de la ciudadanía a saber, a acceder a información, y a buscarla y difundirla?
A mi juicio, cabe dar dos vueltas más a este aspecto, porque eventualmente podría significar una colisión de intereses y derechos.
Deseo dejar una constancia, señor Presidente.
Entiendo la razón que dio la señora Ministra respecto de la redacción sugerida. Creo que esta no queda bien. Pero que por lo menos quede constancia de que no se pretende alterar el sentido de la norma, sino que puede ser una reiteración.
Sobre la base de esa lógica, si a la Sala le parece necesaria una aprobación en esos términos para que no haya otro trámite, dejémoslo así.
Con la constancia que se ha...
Puede intervenir, señor Senador , en el entendido de que se cerró la votación.
Lo haré en la misma línea que mi Honorable colega Coloma, para que no queden dudas de lo dicho.
La señora Ministra estuvo en Valdivia a las dos o tres semanas de asumir. Los afectados y el Senador que habla le entregamos una carta en sus manos. Fue hace casi un año. ¡Hasta el día de hoy no recibimos una respuesta a lo que se requirió!
Ojalá esta llegue formalmente al menos antes del 10 de marzo próximo.
--Se aprueban las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados en relación con el número 4 del artículo 1 y el número 3 del artículo 2, dejándose constancia, para los efectos del quorum constitucional exigido, de que se registran 26 votos a favor y una abstención.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Zaldívar.
Se ha propuesto votar en conjunto el resto de las modificaciones efectuadas por la Cámara.
Con relación al artículo 1, la Cámara de Diputados ha incorporado el siguiente número 1, nuevo, pasando el actual 1 a ser número 2, y así, sucesivamente:
"1) Modifícase el artículo 4 del siguiente modo:
"a) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual segundo a ser inciso tercero, y así sucesivamente:
"b) Reemplázase en el actual inciso segundo, que ha pasado a ser inciso tercero, la frase "del inciso anterior" por la siguiente: "de lo dispuesto en los incisos precedentes".
"c) Sustitúyese en el actual inciso quinto, que ha pasado a ser inciso sexto, el texto "conductores los sectores en que se usan estos equipos; y adoptará medidas tendientes a asegurar el respeto y protección a la vida privada, tal como la prohibición de que las imágenes permitan individualizar a los ocupantes del vehículo" por el siguiente: "conductores o pasajeros los sectores o vehículos en que se usan estos equipos. Cuando estos se utilicen para controlar vehículos, se adoptarán las medidas necesarias para asegurar el respeto y protección a la vida privada, tales como la prohibición de que las imágenes permitan individualizar a los ocupantes de los vehículos".
"d) Intercálase el siguiente inciso séptimo, nuevo, pasando el actual sexto a ser inciso octavo:
"e) Reemplázase en el actual inciso séptimo, que ha pasado a ser inciso noveno, la frase "policial o el Director del Tránsito" por la siguiente: "policial, el director del tránsito o el inspector fiscal del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones".
"f) Reemplázase en el inciso final la frase "el vehículo transcurrieren más de cuarenta y cinco" por la siguiente: "el vehículo o al pasajero infractor, según corresponda, transcurrieren más de cuarenta y cinco".".
--Se aprueba el número 1, nuevo, del artículo 1 (15 votos a favor y una abstención).
Votaron las señoras Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Harboe, Hernán Larraín, Ossandón, Prokurica, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Zaldívar.
Conforme al texto despachado por la Cámara de Diputados, el número 3 ha pasado a ser 4, con las modificaciones que se expresan a continuación.
En el inciso tercero del artículo 88 bis se ha reemplazado la frase "de estos instrumentos o mecanismos" por "de los instrumentos o mecanismos que permitan el uso del transporte público remunerado".
El inciso cuarto se ha sustituido por el siguiente:
"En el momento de la entrega de un instrumento o mecanismo que permita el acceso al transporte público remunerado de pasajeros, podrá solicitarse la individualización y el domicilio del requirente, quien lo entregará de forma voluntaria, para el solo efecto de acreditar su calidad de beneficiario o usuario frecuente, por medio de la exhibición de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. Con todo, solo podrán acceder a los beneficios quienes estén incorporados al " Registro de Usuarios ".".
En el inciso quinto se ha incorporado, entre el vocablo "usuarios" y el punto final, la frase ", así como para propósitos estadísticos y para el desarrollo de políticas públicas asociadas al transporte público remunerado de pasajeros".
En el inciso sexto se ha agregado a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la oración "Con todo, la información que provenga de instrumentos como el pase escolar, o de cualquier otro instrumento o mecanismo que pertenezca a un niño, niña o adolescente, deberá ser especialmente protegida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, extremando las medidas de seguridad adecuadas y velando por que su tratamiento sólo se efectúe atendiendo al interés superior de todas las personas menores de 18 años.".
Se ha incorporado un inciso séptimo que ya se votó, pasando los actuales incisos séptimo y octavo a ser octavo y noveno.
--Se aprueba el número 3, que pasa a ser 4, del artículo 1 (15 votos a favor y una abstención).
Votaron las señoras Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Espina, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Hernán Larraín, Ossandón, Prokurica, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Zaldívar.
Los Honorables señores Lagos y Quintana dejan constancia de su intención de voto a favor.
En relación con el inciso tercero del artículo 88 ter, se ha intercalado, entre las palabras "pasajeros" y "deberán", la expresión ", debidamente identificados,".", y se han agregado un inciso cuarto y un inciso quinto.
Señor Presidente , sería importante que un integrante de la Comisión o la señora Ministra pudieran explicar qué sucederá con los pasajeros que sean inmigrantes y no estén debidamente documentados.
¿Cómo se contempla esa situación? Hoy día vemos que ellos utilizan en gran medida el Transantiago, y muchos no cuentan con cédula de identidad.
Señor Presidente , hemos constatado en terreno lo planteado por el señor Senador. Desde hace más de un año estamos realizando siempre los controles de evasión con carabineros presentes. Eso ha determinado la disminución de la cantidad de diligencias, obviamente; pero, a su vez, ha aumentado la eficiencia. Así que, en cuanto a infracciones, hemos respondido bastante bien, aun cuando el número total de chequeos ha bajado.
Lo que sucede en esos casos, entonces, es que siempre hay un carabinero disponible para efectuar el procedimiento, conducir a la persona hasta un recinto donde pueda ser identificada y aplicar el sistema general.
Esta última también puede ser puesta a disposición de la PDI.
Se realizaron controles especiales para revisar su situación migratoria.
Lo tenemos cubierto de esa forma porque -reitero- siempre contamos con el apoyo de la PDI (se han hecho operativos especiales a fin de controlar el sistema) o de Carabineros. Los inspectores que llevan a cabo la fiscalización nunca están solos.
--Se aprueban las enmiendas de la Cámara de Diputados al artículo 88 ter (18 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Las siguientes modificaciones efectuadas por la Cámara de Diputados dicen relación con el inciso tercero del artículo 88 quáter (página 14 del boletín comparado).
--Se aprueban las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados al inciso tercero del artículo 88 quáter (18 votos por la afirmativa y una abstención).
En seguida, la Cámara de Diputados modificó los incisos primero, segundo y tercero del artículo 196 quáter, contenido en el número 4, que ha pasado a ser número 5 (páginas 15, 16 y 17 del boletín comparado).
--Se aprueban las enmiendas de la Cámara de Diputados al artículo 196 quáter (18 votos a favor y una abstención).
En la página 17 del boletín comparado, la Cámara de Diputados remplazó el artículo 196 quinquies por el que ahí figura e incorporó un artículo 196 sexies, que comienza en la página 17 y se extiende hasta la primera línea de la página 18.
--Se aprueban las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados (18 votos por la afirmativa y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Continúe, señor Secretario .
Seguidamente, la Cámara de Diputados remplazó el artículo 196 septies, que ha pasado a ser 196 octies, por el que se señala en las páginas 19 y 20 del boletín comparado.
--Se aprueba la modificación introducida por la Cámara de Diputados al artículo 196 septies, que ha pasado a ser 196 octies (17 votos a favor y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Hernán Larraín, Letelier, Ossandón, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores De Urresti y Pizarro.
En seguida, la Cámara de Diputados modificó el número 5, que ha pasado a ser número 6, en la forma señalada en las páginas 20 y 21 del boletín comparado.
--Se aprueban las enmiendas de la Cámara de Diputados al número 5, que ha pasado a ser número 6 (17 votos por la afirmativa y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García-Huidobro, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
A continuación, señores Senadores, la Cámara de Diputados modificó el número 2 del artículo 2° en la forma que consta en la página 37 del boletín comparado.
--Se aprueba la enmienda de la Cámara de Diputados al número 2 del artículo 2° (17 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz y Von Baer y los señores Chahuán, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Prosiga, señor Secretario .
En seguida, la Cámara de Diputados les efectuó modificaciones a los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 22 bis, contenido en el número 3 del artículo 2°. El texto propuesto para esas normas figura en las páginas 38 y 39 del boletín comparado.
Señor Presidente , la última frase del inciso segundo del artículo 22 bis aprobado por la Cámara de Diputados dice: "En ningún caso su consulta podrá afectar negativamente a quienes en él aparezcan en aspectos laborales, comerciales, inmobiliarios, crediticios o de acceso a diversos beneficios, entre otros.".
En la misma línea de lo que argumentaba el Senador Guillier, si vamos a tener un registro con una idea disuasoria, para que no se sigan manteniendo las infracciones, y, por otro lado, lo vinculamos con la Ley de Protección de Datos, de manera que en definitiva no se afecte el numeral aquí contenido, ¿quién tiene acceso al registro? ¿Cómo acceden la opinión pública y los medios de comunicación? ¿Cómo sé quién es infractor? ¿O simplemente estamos haciendo algo indiciario?
Entonces, como señalé anteriormente, me gustaría que el Presidente de la Comisión de Transportes o la señora Ministra nos pudieran aclarar de qué manera se resuelve la dicotomía.
Porque, se dice: "En ningún caso su consulta podrá afectar negativamente a quienes en él aparezcan en aspectos laborales, comerciales, inmobiliarios, crediticios", etcétera.
Me llama la atención la utilización del término "inmobiliarios". Si los aspectos comerciales se refieren a todos los efectos del crédito, mi impresión es que los aspectos inmobiliarios podrían estar incorporados dentro de ese concepto.
Por tanto, solicito que, de ser posible, el Presidente de la Comisión de Transportes o la señora Ministra aclaren este punto.
Señor Presidente , quiero comentarles que esta modificación fue requerida por algunos Diputados porque precisamente se advirtió esta dicotomía entre la protección de los datos personales versus el derecho a la información.
Particularmente, la bancada del Partido Socialista requirió la precisión, como una forma de proteger también -así lo entendimos-, en esta fase, los derechos de las personas.
Ahora bien, como lo decía el Senador Chahuán, este es un registro que se creó en el 2011, en el Gobierno anterior. Pero en esa oportunidad no fue posible darle ningún efecto. En cambio, este proyecto de ley tendrá efectos concretos, que ya hemos señalado y que no repetiré. Por lo tanto, se avanza. Creemos que luego la discusión podría volver a generarse, en la medida en que podamos evaluar la efectividad de la norma, para ver si es necesario que el registro tenga carácter público o no.
Pero en la etapa en que nos encontramos, y entendiendo que existen distintas posiciones, ha sido posible avanzar transversalmente de esta forma. Consideramos que eso es valioso, y hay que reconocer que la iniciativa propone una herramienta más eficaz que la que existe actualmente. Y, como es natural y obvio, el debate se podrá dar nuevamente en una fase posterior, para discutir ya la naturaleza pública de estos datos.
Entiendo que dentro de los objetivos del proyecto tal vez el más importante es que aquellos que son evasores del transporte público, y que lo son de manera cotidiana, tengan algún tipo de sanción: en algunos casos, multas; en otros, si la infracción es reiterada o hay falsificación, algo más grave.
Lo que no entiendo es que, si se persigue inhibir esa conducta, en el último párrafo del inciso se establezca que "En ningún caso su consulta" -es decir, saber que alguien es infractor- "podrá afectar negativamente a quienes en él aparezcan en aspectos laborales, comerciales, inmobiliarios, crediticios o de acceso a diversos beneficios, entre otros.".
O sea, da lo mismo. La persona no sufrirá ningún menoscabo; no tendrá ningún problema. ¿Para qué se va inhibir de hacer algo que no le afectará cuando le pidan antecedentes laborales? Porque alguien que evade un pago después tiene réplicas en su conducta diaria y en el aspecto laboral. ¿O una persona que falsifique un documento para usar el transporte público no quedará con ningún tipo de antecedente o no se verá perjudicado en nada cuando solicite un crédito u otros beneficios que entrega el propio Estado?
Tal vez se podría dejar el texto del inciso hasta la frase "que les correspondan respecto de sus datos" y no colocar lo que está de ahí hacia abajo, porque, de lo contrario, se pierde completamente el efecto.
Pido que me corrijan si estoy equivocado. Y si es posible, solicito votación separada del párrafo que sigue a la frase "que les correspondan respecto de sus datos", porque no estoy de acuerdo con esa parte de la norma.
Señor Presidente , cuando debatimos respecto de los cambios que se hicieron en la Cámara de Diputados, justamente uno de los argumentos que se dieron fue que si bien tenemos un objetivo común, cual es incentivar que la gente pague, cuando la gente no lo hace hay que sancionarla -eso es lo que corresponde en materias laborales, tributarias, en fin-, pero no necesariamente hacerlo público, ya que son cosas completamente distintas.
Y lo que se busca con el último párrafo es que los datos contenidos en el registro sean utilizados para los fines con que fueron recolectados. Es decir, el objetivo es que la autoridad conozca que una persona no pagó, le cobre una multa y, eventualmente, le aplique incluso sanciones para impedir su acceso a un conjunto de beneficios de carácter estatal. ¿Pero por qué vamos a permitir que se utilice un registro de esta naturaleza, que puede afectar a las personas en sus relaciones laborales, en aspectos inmobiliarios y crediticios, si ese no es el objetivo?
De hecho, la virtud que tuvo la ley N° 20.575, más conocida como "Ley DICOM", fue aplicar el principio de finalidad del dato a los registros comerciales. Porque está muy bien que el que no paga una deuda no sea susceptible de ser sujeto de crédito, porque es un mal pagador; pero no es adecuado que dicha información le signifique una afectación, por ejemplo, para encontrar un trabajo, matricular a sus hijos en el colegio o en la universidad, etcétera.
Es decir, estamos hablando de lo que la tendencia mundial conoce como el "principio de finalidad". Lo que hace este párrafo es justamente acotar el uso de la información a los fines para los que se está creando la ley. Y, además, se halla en plena concordancia con la iniciativa sobre protección de datos que despacharemos la próxima semana en la Comisión de Constitución.
En consecuencia, considero adecuado mantener la norma cuestionada. Es distinto si alguien me dice: "Mire, lo que pasa es que esto puede no ser un incentivo". En ese caso, hay que buscar otra fórmula. Y, según me señala el Senador Letelier, la iniciativa además contempla un conjunto de sanciones para acceder a ciertos beneficios públicos. Una persona que evade y que está en el registro no podrá hacerse de un beneficio público. Ahí existe una sanción. Pero la publicidad en sí misma, para la afectación de otros derechos distintos de los que originaron la iniciativa, no me parece adecuada y, por lo demás, contraviene la doctrina internacional en esta materia.
Voy a abrir la votación.
Señor Presidente , pedí votación separada.
Quiero decir algo antes de que se inicie la votación, señor Presidente .
Señor Presidente , el Senador Pizarro pidió votación separada. Él propone que la norma llegue hasta donde dice "que les correspondan respecto de sus datos". Pero la frase siguiente señala: "Dichos datos no podrán ser consultados por personas jurídicas.". Y, si se elimina, se abriría la posibilidad de que personas jurídicas pudieran solicitar los antecedentes.
Es un tema que se discutió bastante y la Cámara de Diputados optó por esta redacción.
Quiero hacerle presente al Senador señor García-Huidobro que es una enmienda introducida por la Cámara de Diputados. Lo que corresponde es votar los tres incisos...
Por eso pedí votación separada del inciso segundo, señor Presidente .
Vamos a votar todo el inciso que se consigna en las páginas 38 y 39.
Le voy a pedir al Senador señor Pizarro que aclare su petición.
Señor Presidente , le solicité votar separadamente la parte final del inciso, que va desde "Dichos datos no podrán ser consultados por personas jurídicas" hasta "acceso a diversos beneficios, entre otros.".
A mí me hace sentido en alguna medida el alegato realizado por el Senador Harboe, pero es contradictorio con el objetivo que persigue el proyecto.
Uno podría decir que la norma tal vez no debería afectar en términos laborales, pero distinto es cuando se habla de "acceso a diversos beneficios". Porque, ¿quién es el que entrega beneficios? El propio Estado. ¿Quién más va a ser: acaso la Lotería o el retail?
Entonces, tengo mis dudas.
Por eso pedí que se votara separadamente la parte final del inciso, que a lo mejor se puede arreglar después, en una Comisión Mixta.
Vamos a votar, de acuerdo a la petición del señor Senador , todo el inciso segundo, salvo el párrafo final, que dice "En ningún caso su consulta podrá", hasta la expresión "entre otros.".
Yo planteé que fuera desde "Dichos datos no podrán ser consultados por personas jurídicas" hasta la expresión "entre otros.".
Por lo tanto, en votación la primera parte del inciso.
Para aclarar, el señor Presidente ha puesto en votación las enmiendas de la Cámara de Diputados a los incisos segundo, tercero y cuarto, salvo la parte final del inciso segundo.
--Se aprueban las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados a los incisos segundo, exceptuada su parte final, tercero y cuarto del artículo 22 bis (15 votos a favor y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, García-Huidobro, Harboe, Hernán Larraín, Letelier, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores De Urresti y Guillier.
Ahora corresponde votar la segunda parte del inciso segundo, según la propuesta formulada por el Senador señor Pizarro .
Figura en la página 39 y dice así: "Dichos datos no podrán ser consultados por personas jurídicas. En ningún caso su consulta podrá afectar negativamente a quienes en él aparezcan en aspectos laborales, comerciales, inmobiliarios, crediticios o de acceso a diversos beneficios, entre otros.".
Señor Presidente , yo voy a votar a favor.
El hecho de que una persona jurídica consulte una base de datos de este tipo no podría tener otra finalidad que generar acciones discriminatorias y hacer mal uso de datos personales. Creo que una empresa podría utilizar esa información como una especie de DICOM, y eso es lo que queremos evitar.
Se trata de encontrar un equilibrio entre el derecho a la información y la reserva de datos personales. Y aquí estamos en el meollo de un caso. Hemos optado por postergar el debate profundo sobre el particular, que va más allá de la ley en proyecto, y por eso acogemos la propuesta de la Cámara de Diputados en el sentido propuesto.
Cuando discutamos la ley específica sobre la materia podremos ahondar en cómo, quién y cuándo podrá consultar los datos personales de cada individuo. Es cierto que en este caso se trata de datos personales vinculados al incumplimiento de normas de convivencia, de faltas que algunos cometen, pero, si bien se va a autorizar la consulta de dicha información, que es reservada, respetando los procedimientos establecidos en la ley de transparencia, se quiere evitar que alguien, usando esos datos, pueda generar una discriminación arbitraria en otros aspectos. Es el criterio que adoptó la Cámara.
Ello me parece discutible cuando se utilizan fondos públicos, pero entendemos que ese debate lo tendremos en otro momento y no ahora.
Para fundar su voto, tiene la palabra el Senador señor Larraín.
Señor Presidente , la única duda que me asalta es que aquí se dispone que dichos datos no podrán ser consultados por personas jurídicas, sin distinguirse si son privadas o públicas. Por lo tanto, solo personas naturales podrían consultar. Ningún organismo del Estado quedaría facultado para hacerlo.
¿Es eso lo que se quiere lograr?
Me baja una duda respecto del alcance de la norma, porque el registro puede convertirse en un instrumento enteramente inútil. Lo hago presente porque, tal cual se halla redactada, es omnicomprensiva.
No le puedo dar la palabra a ninguna autoridad porque estamos en votación.
--Se aprueba la parte final del inciso segundo del artículo 22 bis en la forma propuesta por la Cámara de Diputados (13 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, García-Huidobro, Harboe, Hernán Larraín, Letelier, Ossandón, Prokurica, Quinteros, Tuma y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores De Urresti, Guillier y Patricio Walker.
Señores Senadores, ahora corresponde entrar al artículo 22 quáter.
Las modificaciones de la Cámara de Diputados figuran entre las páginas 40 y 42 del comparado.
El inciso cuarto de esta disposición, que requería quorum calificado, no debe votarse, por cuanto ya fue aprobado.
Por lo tanto, Sus Señorías deben pronunciarse sobre las enmiendas al resto de los incisos modificados por la Cámara.
Se pondrán en votación.
¿También el de quorum?
El inciso cuarto, que figura en la página 42, se aprobó al comienzo, con el quorum correspondiente.
En consecuencia, debemos votar los incisos restantes, que no requieren quorum especial de aprobación.
Pero estamos votando las modificaciones de la Cámara de Diputados.
Así es, Su Señoría, salvo el inciso cuarto, que se votó al comienzo, porque requería quorum calificado, lo mismo que el inciso de otra disposición.
Por lo tanto, en votación los incisos primero, segundo y sexto del artículo 22 quáter propuestos por la Cámara, porque el cuarto ya está aprobado.
Ruego pronunciarse a los señores Senadores que aún no lo han hecho.
--Se aprueban los incisos primero, segundo y sexto del artículo 22 quáter despachados por la Cámara de Diputados (14 votos a favor y 3 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, García-Huidobro, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Ossandón, Prokurica, Quinteros, Tuma y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores De Urresti, Pizarro y Patricio Walker.
Los últimos cambios de la Cámara de Diputados consisten en agregar una oración final al artículo transitorio, que pasa a ser artículo primero transitorio, y un artículo segundo transitorio, nuevo, que figuran entre las páginas 46 y 48.
Consulte, señor Secretario .
--Se aprueban los artículos primero y segundo transitorios propuestos por la Cámara de Diputados (15 votos a favor y una abstención), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa la señora Muñoz y Von Baer y los señores Chahuán, García-Huidobro, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
En la tabla figura un proyecto que no es de quorum. Me refiero al que tiene por objeto sancionar a quienes conduzcan de manera constante por la pista izquierda en carreteras de doble vía.
Propongo tratarlo a continuación, aprovechando la presencia de la señora Ministra de Transportes .
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Alejandro García-Huidobro, Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Manuel Antonio Matta y Manuel José Ossandón, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito con el objeto de tipificar como falta grave la conducción por el costado izquierdo de la calzada de manera constante en carreteras de dos o más pistas, con segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.495-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores García-Huidobro, Girardi, Letelier, Matta y Ossandón):
En primer trámite: sesión 89ª, en 6 de enero de 2016 (se da cuenta).
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 48ª, en 13 de septiembre de 2016.
Transportes y Telecomunicaciones (segundo): sesión 68ª, en 29 de noviembre de 2017.
Sesiones 60ª, en 8 de noviembre de 2016 (queda para segunda discusión en general); 62ª, en 15 de noviembre de 2016 (se aprueba en general).
Esta iniciativa fue aprobada en general por el Senado en su sesión de 15 de noviembre de 2016.
La Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, y efectúa una sola enmienda al texto aprobado en general, la cual fue acordada por unanimidad, por lo que debe ser votada sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que en su tercera columna transcribe la modificación introducida, y en la cuarta, el texto como quedaría de ser aprobada.
Póngalo en votación, señor Presidente .
En votación la modificación introducida por la Comisión de Transportes.
Señor Presidente, me parece bien que se discuta este proyecto, que creo que concita consenso, pero no hemos podido estudiarlo ni tenemos los antecedentes técnicos.
Me gustaría hacer una pregunta, por su intermedio, a la señora Ministra o a alguno de los Senadores que formaron parte de la Comisión. Se entiende que tiene que haber una sanción para quienes conduzcan permanentemente por la izquierda en carreteras de doble pista. La pregunta es cómo se va a fiscalizar, considerando que rara vez existen patrullas de Carabineros en circulación.
Por eso, sería importante conocer cómo se resolvió esa situación. Lo importante, para mí, es que, si va a existir una norma que sancionará tal infracción, se establezca un modo de fiscalizar su cumplimiento.
Claramente, la conducción por la pista izquierda en carreteras de doble vía genera un tremendo retraso. Sin embargo, creo que aquí hay un tema más relevante, que ya discutimos a propósito de otro proyecto de ley que presentamos en la misma Comisión, referido a la formación de los conductores. Pienso que los conductores no se representan actualmente que conducir por la izquierda genera un atasco y ralentiza la circulación.
Entonces, más allá de que haya una sanción, que me parece bien, la cuestión es, en primer término, cómo se fiscaliza. Carabineros -insisto- rara vez hace control carretero en movimiento.
Y, en segundo lugar, me gustaría consultar cómo va aparejada esta normativa con el proceso de formación y otorgamiento de licencia. Claramente, nosotros tenemos un proceso de otorgamiento de licencias débil, por cuanto no hay una educación, no hay una formación, no hay cursos prácticos.
No quiero que esta sea una norma vacía, que simplemente esté consignada en la ley, pero que no tenga sanción efectiva. Sin duda, la conducción por la derecha de los vehículos más lentos es fundamental para lograr una buena velocidad y circulación, pero me gustaría aclarar esos antecedentes.
Señor Presidente , mantener la izquierda en las vías de desplazamiento de los vehículos es una falta. Así se nos enseña a todos quienes hemos aprendido a manejar: que se debe conducir por la derecha y, solo para sobrepasar o adelantar a otro vehículo, utilizar la pista izquierda, con un tiempo prudente para aquello.
Pues bien, ahora esa infracción se transforma en una falta grave.
Primero quiero situar lo que se está haciendo en la geografía del texto.
Frente a las reglas del tránsito, uno siempre puede hacer la reflexión que hizo el colega que me antecedió en el uso de la palabra: cómo fiscalizar. Y se pueden dar muchos ejemplos de cosas que las personas deben hacer para mantener buenas normas de convivencia pero no hacen.
En este caso, es evidente que el fiscalizador debe ser Carabineros, en términos exclusivos. Y es evidente que varios vehículos transitan por la pista izquierda sin haber ningún otro por la pista derecha. Eso de por sí ya es motivo de sanción. Y queremos que la gente lo sepa: que en Chile no se maneja "a la inglesa", sino de una forma tal que uno debe circular por la pista derecha y solo usar la izquierda para adelantar a otros vehículos que también van por la pista derecha, a fin de generar un flujo adecuado.
Señor Presidente , esta es una ley sencilla, pero que tendrá un altísimo impacto para usar en forma positiva y constructiva las vías públicas y evitar el ralentizamiento del tráfico. Sí es probable que tenga problemas de fiscalización, como las puede haber con muchas otras normas del tránsito, pero aquí se fija un criterio y la gravedad con respecto a una falta.
Tal es el objetivo.
Preguntar quién fiscalizará es como preguntar quién fiscaliza a que alguien no se pase una luz roja a las cuatro de la mañana. Es una situación de esa naturaleza, pero el proyecto apunta en la dirección que todos queremos, señor Presidente , e invito a mis colegas a votarlo a favor.
Señor Presidente , este proyecto, que presentamos quienes somos miembros de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, surge de la experiencia que hemos recolectado acerca del funcionamiento de las carreteras de dos o más pistas en Chile. Es cosa de ver el caos y el desorden que se forma todos los días.
Por lo tanto, lo primero que queremos hacer presente es que aquí hay involucrado un tema de cultura. Efectivamente, tiene razón el Senador De Urresti en cuanto a que tenemos que preocuparnos más de las escuelas de conductores, de la educación vial en los colegios y de todo lo que signifique difusión para una buena conducción. Y este proyecto justamente busca generar educación y una cultura de buen manejo en pos de una correcta utilización de las pistas en las carreteras.
En su momento, el Senador Espina pidió que el proyecto fuera enviado nuevamente a Comisión para un informe adicional. Y tanto Carabineros como CONASET coincidieron en que esta es una iniciativa positiva, que va en la línea correcta de lo que deben ser nuestras normas de tránsito.
El hecho de usar la pista derecha es trascendental, puesto que sirve para ordenar a los vehículos que quieren avanzar a mayor o menor velocidad. Por la misma razón, los vehículos que circulan en forma más lenta tienen que viajar por la derecha, posibilitando que los vehículos que van más rápido adelanten por el lado izquierdo en forma segura. En la Comisión se indicó que gran cantidad de accidentes ocurren justamente porque algunos conductores se ven obligados a adelantar por el costado derecho. Obviamente, la gente siempre está mirando por el espejo retrovisor izquierdo. Y esto lo corroboraron tanto la Secretaría de Carabineros como la CONASET.
En el mismo sentido, al mantener la pista derecha, hay que considerar que todas las salidas, desvíos, rotondas, caleteras, accesos a autopistas, salvo contadas excepciones, se han construido para ser utilizadas en ese sentido; y, por la misma razón, siempre se debe circular por la pista derecha.
La pista izquierda, como se ha mencionado, debe ser ocupada con precaución y exclusivamente para maniobras de adelantamiento. De ahí que el proyecto pretende sancionar con mayor severidad a los conductores que hagan uso indebido de esa pista, de forma de poder al menos contribuir a que exista un menor número de accidentes en nuestras carreteras.
Somos conscientes de que la ley en proyecto, para su total eficacia -tal como lo planteó el Senador De Urresti-, debe ir acompañada de una fiscalización constante por parte de Carabineros. Y la institución también debe actualizar su procedimiento: más que estar parados mirando lo que ocurre, lo importante es que estén conduciendo en las pistas pertinentes. Es una función que le va a corresponder a Carabineros.
Asimismo, debe haber una colaboración mancomunada de las direcciones de tránsito, de los jueces de policía local, como de otros organismos involucrados.
Y por último, ha de procederse a la instalación de una señalética que comunique lo que estamos aprobando.
Por eso, es relevante despachar la iniciativa que nos ocupa porque va a impedir una mayor cantidad de accidentes y va a ordenar el tránsito en las carreteras de dos, tres o más pistas.
Deseo intervenir después de la votación del proyecto.
Tiene la palabra, entonces, el Senador señor Lagos.
Señor Presidente, usted me ha estimulado a hacer uso de la palabra.
Primero, el hecho de conducir por la izquierda o de conducir por la derecha, usted sabe que...
¡No es lo mismo...!
Así es, no es lo mismo conducir por la izquierda, que ¡llegar a la izquierda...!
¡A veces, para llegar a la izquierda, hay que conducir por la derecha...!
Pero, hablando más en serio, tengo una pregunta. No conozco el proyecto en detalle, pero se la formulo, tal vez, a la señora Ministra .
Se dice que se sanciona a quien conduzca de manera permanente por la izquierda.
¿Por varios días...?
No. Imagino que será en un mismo trayecto.
Para los que nos están viendo por televisión, el Senador Víctor Pérez me pregunta si la frase "de manera permanente" se puede interpretar como "por varios días". No, pienso que será en un trayecto y por un período acotado.
Si los vehículos circulan a 120 kilómetros por hora en la Ruta 68, que es de dos pistas solamente en sus principales tramos, y no es posible andar, al menos de manera permitida, a una velocidad mayor, entonces, por definición, de acuerdo al proyecto de ley deberían transitar todos por la calzada derecha. Porque no está permitido sobrepasar los 120 kilómetros por hora, según entiendo.
En consecuencia, si quienes circulan por la derecha lo hacen a 120 kilómetros por hora, respetando rigurosamente la ley, mal podría alguien adelantarlos por la izquierda, porque excedería el límite máximo de velocidad.
De ahí que, si todos deciden ir a 120 kilómetros por hora por la calzada derecha, ello significaría que nadie podría transitar por la calzada izquierda de manera permanente a esa velocidad, ya que sería ilegal. Porque la iniciativa que vamos a aprobar prohíbe andar a más de 120 kilómetros por hora, ciertamente, y menos por la izquierda, de manera permanente.
¡Estarían coludidos...!
No, si los conductores deciden circular a 120 kilómetros por hora por la calzada derecha, ninguno podría hacerlo legalmente por la calzada izquierda.
Dejo planteada esta inquietud porque entiendo a qué apunta la ley: a aquellos que vayan a menos de 120 kilómetros por hora.
No sé si el texto lo menciona específicamente porque no he tenido oportunidad de leerlo, para ser bien franco. Y apuesto doble contra sencillo a que tal vez no lo señala la iniciativa en detalle. Porque está pensada para los que van apurados, a mayor velocidad, por la pista izquierda, y que se encuentran con autos que andan más lento y que les entorpecen su circulación.
Yo puedo entender el sentido de la norma, pero ¡aclárenlo! porque, de lo contrario, solo desde el punto de vista jurídico estamos aprobando que si los vehículos van a 120 kilómetros por hora por la calzada derecha ningún otro puede ir por la calzada izquierda.
Listo. Logré el objetivo, señor Presidente . Me despabilé.
¡Vamos a pasar al tema del Congreso del Futuro...!
Sí, al Congreso del Futuro.
¡A las bacterias...!
¡Esta discusión estaba considerada en la inauguración del Congreso del Futuro...!
Ahora, siento que lo dicho se aplica tanto a las rutas de dos calzadas como a las de tres. Incluso, en el caso de estas últimas, estaríamos todos circulando por la calzada derecha...
Por ley, todos deben circular por la derecha.
Aunque no sé: ¿cómo se define la calzada del medio?
¡Esta es una intervención ideológica...!
Bueno, lo dejo para una posterior discusión.
Porque, ¡ojo!, si hay tres calzadas, esto cambia.
Hay que someterlo a una reflexión profunda.
--Se aprueba en particular el proyecto (17 votos a favor y una abstención), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, García-Huidobro, Guillier, Letelier, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Señor Presidente , intervengo muy brevemente para pedir la autorización de la Sala a fin de fijar un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (boletín N° 11.174-07).
Si pudiera establecerse hasta el día lunes 5 de marzo sería ideal.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos y al señor Director Nacional de Gendarmería, solicitándoles IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EXTERNO EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE REGIÓN DE MAGALLANES.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones y a la señora Gerente General Ejecutiva de BancoEstado, pidiéndoles informar sobre PRIMER AUTO HÍBRIDO QUE SE UTILIZARÁ COMO TAXI EN COMUNA DE OSORNO, MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y EVENTUAL INTRODUCCIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA EN OTRAS REGIONES.
Al señor Rector de la Universidad de Chile, para que remita antecedentes acerca de MÉTODO IMPLEMENTADO PARA IDENTIFICAR ESPECIES MADERERAS Y EVITAR TRÁFICO Y COMERCIALIZACIÓN ILEGAL DE ESPECIES PROTEGIDAS EN MARCO DE CONVENCIÓN CITES Y ACUERDO DE COLABORACIÓN AMBIENTAL ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS.
Al señor Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario y a la señora Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego, a fin de que envíen información referente a PROYECTO BUCHAHUEICO PARA DESARROLLO DE CEPA PINOT NOIR A PARTIR DE ALIANZA ENTRE VIÑA SAN PEDRO Y COMUNIDAD MAPUCHE DE VALLE DEL MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
A las señoras Ministras del Trabajo y Previsión Social y de Salud, pidiéndoles remitir INFORME SOBRE GASTO FISCAL DE FONDO NACIONAL DE SALUD DURANTE 2016 Y 2017 DEBIDO A RECHAZO DE APLICACIÓN DE BENEFICIOS DE LEY N° 16.744 A TRABAJADORES.
A la señora Ministra de Salud, solicitándole antecedentes sobre IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ALCOHOLISMO 2017-2020, ELABORADO JUNTO CON SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL, y acerca de ACCIONES MINISTERIALES ANTE PROMOCIÓN PUBLICITARIA DE PRODUCTO ALRESKATE FEST.
A la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género y al señor Director Nacional del Instituto de Salud Pública de Chile, requiriéndoles información sobre PRODUCTO ALRESKATE FEST, DE LABORATORIO ABBOTT.
Al señor Director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, para consultarle su opinión sobre PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE MEDICAMENTOS Y OTROS PRODUCTOS PARA RECUPERACIÓN DE EFECTOS TÓXICOS DE CONSUMO DE ALCOHOL.
--Se levantó la sesión a las 19:6.

References: artículo 25
 artículo 53
 artículo 73
 artículo 53
 resolución 
 artículo 196
 artículo 25
 artículo 53
 artículo 25
 artículo 53
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 3
 artículo 53
 artículo 88
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 2
 artículo 88
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 2
 artículo 88
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 2
 artículo 22
 artículo 8
 artículo 22
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
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 artículo 88
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 artículo 88
 artículo 88
 artículo 196
 artículo 196
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 artículo 2
 artículo 2
 artículo 22
 artículo 2
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 22
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