Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2797
Timestamp: 2020-06-07 03:29:12+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 280/1994
SENTENCIA 280/1994, de 17 de octubre
ECLI:ES:TC:1994:280
En el recurso de amparo núm. 1.507/93, promovido por don Manuel Ferreiroa Sánchez, representado por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén y asistido del Letrado don José Raúl Dolz Ruiz, sobre Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 11 de marzo de 1993, en causa seguida por reconocimiento de error judicial. Han comparecido el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Presidente don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 12 de mayo de 1993, el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén interpuso recurso de amparo, en nombre y representación de don Manuel Ferreiroa Sánchez, contra la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 11 de marzo de 1993, dictada en recurso núm. 890/91.
b) Notificada la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 12 de marzo de 1991, el actor formuló demanda de reconocimiento de error judicial, por prisión provisional indebida, al amparo de lo previsto en el art. 293.1 L.O.P.J., con la finalidad de poder dirigirse con posterioridad al Ministerio de Justicia en los términos previstos en el párrafo segundo del citado art. 293 L.O.P.J. La demanda fue admitida a trámite, siguiéndose el procedimiento del recurso de revisión en materia civil, evacuando sus respectivos informes el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, respectivamente, por escritos de 5 de febrero y de 17 de marzo de 1992. El Tribunal Supremo dictó, el 7 de abril del mismo año, resolución por la que se declaraba concluso el procedimiento y pendiente de señalamiento del fallo cuando por turno correspondiese. El fallo fue señalado para el 25 de noviembre de 1992 dictándose Sentencia el 11 de marzo de 1993 (not. 15 de abril de 1993).
2. Consideraba el actor que la resolución impugnada vulneraba los arts. 14 y 24 C.E., por los siguientes motivos:
b) El art. 14 C.E., pues la Sala, sin motivación suficiente, se había apartado de la doctrina sentada anteriormente en casos sustancialmente iguales por el mismo órgano judicial. En concreto, de la doctrina sentada en STS de 22 de diciembre de 1990. En la referida Sentencia -seguía diciendo el actor- se establecían los criterios interpretativos del art. 294 L.O.P.J., excluyéndose, para los casos en que se invocase la "inexistencia del hecho" (a la que quedaba equiparada la falta de participación del sujeto en el mismo) los supuestos en que jugase en la exclusión la presunción de inocencia.
En la Sentencia previa, dictada por el Tribunal Supremo en casación, el elemento determinante de la absolución del actor fue el juego del principio de presunción de inocencia. Siendo ésto así, hubiera debido seguirse el proceso previsto en el art. 293 L.O.P.J. En un sentido semejante se había pronunciado la Sala de lo Contencioso- Administrativo, en numerosas Sentencias que se citan.
c) Art. 24 C.E., por haberse abstenido la Sala de entrar a conocer sobre el fondo del asunto, pese a la argumentación mantenida en numerosas resoluciones del propio Tribunal Supremo (Salas de lo contencioso-administrativo y de lo penal), que, conllevarían como resultado obligado este pronunciamiento. Y aun aceptando la tesis del Tribunal Supremo en su Sentencia, esta consecuencia vulneradora del referido derecho fundamental se hace especialmente patente cuando la Sala no advirtió al actor del error en la tramitación, prosiguiéndose ésta, cuando sobre todo el Ministerio Fiscal, en su escrito en el proceso había puesto de manifiesto la probable incorrección del procedimiento seguido, siendo más adecuado el del art. 294 LOPJ, citando al efecto la STC 159/1990.
3. Mediante providencia de 28 de junio de 1993, la Sección Primera acordó admitir a trámite la demanda, requiriéndose a los órganos judiciales a quo para que remitiesen las actuaciones y emplazasen a quienes fueron parte en el procedimiento judicial para que, de desearlo, compareciesen en el proceso de amparo. El Abogado del Estado formalizó su comparecencia por escrito de fecha 1 de julio de 1993 (registrado en este Tribunal el 5 de julio).
4. Abierto el trámite de alegaciones en virtud de lo previsto en el art. 52 LOTC, el Abogado del Estado efectuó las suyas por escrito registrado en este Tribunal el 15 de octubre de 1993. En ellas pone de manifiesto la, a su juicio, falta de consistencia de los dos primeros motivos que el recurrente enuncia en primer lugar en su escrito de demanda, puesto que hace equivaler "motivación suficiente" con la que satisface sus pretensiones. Existe un razonamiento, lógico, coherente y fundado en una norma en la resolución judicial impugnada, con ello basta para estimar cumplidas las exigencias del art. 24 C.E., incluso si el actor lo estima erróneo. Tampoco se ha vulnerado el art. 14 C.E. porque el recurrente ofrece como término de comparación una sola Sentencia (ni mucho menos una línea doctrinal consolidada) y basa su argumentación sobre un mero obiter dictum, que en absoluto fue determinante del fallo, por mucha que fuera su trascendencia doctrinal.
En cuanto al tercer motivo del recurso, que el Abogado del Estado sintetiza como referido a una presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva "fundada en que la decisión de incompetencia vulnera la doctrina constitucional sobre la apreciación de criterios de inadmisión que impidan conocer del fondo del asunto utilizando una interpretación que no sea la más adecuada a la efectividad y protección de los derechos fundamentales", tampoco puede considerarse dotado de contenido. Ello porque cuando la Sala declare su propia incompetencia no impide el conocimiento del fondo del asunto, que siempre es posible que el recurrente inste ante el órgano que resulte competente. Y es que la competencia jurisdiccional, materia de capital importancia, de orden público procesal, difícilmente puede ser interpretada con criterios de favor, por lo que cualquier resolución judicial que determine la propia incompetencia del órgano que la dicta, difícilmente puede desconocer el citado derecho fundamental.
4. Por escrito registrado el 15 de octubre de 1993, la parte efectuó sus alegaciones, reproduciendo sustancialmente las contenidas en la demanda de amparo.
5. El Ministerio Fiscal, asimismo, formalizó sus alegaciones en escrito registrado el 18 de octubre de 1993, manifestando su posición favorable a la estimación de la demanda de amparo. A juicio del Ministerio Público, en la Sentencia impugnada no había razonamientos expresos que justificasen el cambio de criterio de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ni que manifestasen, tampoco, en qué medida dicho cambio de criterio sería estable. Asimismo, la resolución impugnada producía en el actor un grave efecto de indefensión. Exponía el Ministerio Público que la responsabilidad patrimonial por los daños causados a consecuencia de un error judicial darían derecho a una indemnización, siempre y cuando existiera una resolución judicial que declarase la existencia del daño y su vinculación con el error judicial (art. 293.1 L.O.P.J.). Dicho criterio es también aplicable a los casos de prisión preventiva indebida por inexistencia del hecho objetiva o subjetiva; si bien no puede considerarse incluido en este último supuesto la absolución por falta de desvirtuación de la presunción de inocencia. En consecuencia, la vía excepcional que abren los arts. 294 y 293.3 L.O.P.J. no sería de aplicación a este caso, siendo probable que la Administración requiera al hoy actor una resolución judicial que, por las razones expuestas en la Sentencia hoy impugnada, no va a poder ser dictada.
6. Por providencia de 13 de octubre de 1994, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 17 siguiente.
3. Tampoco es admisible que la resolución a quo haya ignorado el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. En primer lugar, porque, como ha habido ocasión de reiterar en la doctrina de este Tribunal, no es posible siquiera acometer el juicio de igualdad cuando se aportan como términos de comparación resoluciones pertenecientes a órganos diversos, y sin duda sucede así, en este caso, en que la mayor parte de las Sentencias que aporta el hoy actor en apoyo de su tesis pertenecen al orden jurisdiccional contencioso administrativo. Y tampoco tiene virtualidad para acreditar la infracción del art. 14 C.E. la aportación de un precedente aislado de la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, desconociendo que, como se desprende de la jurisprudencia de este Tribunal, las exigencias del art. 14 C.E. imponen como mínimo la previa existencia de una doctrina jurisprudencial razonablemente consolidada (STC 63/1984), lo que aqui no ocurre. Todo lo cual obliga a desestimar este segundo motivo de amparo.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 1507-1993
Contra Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en causa seguida por error judicial.
El derecho a la tutela judicial efectiva no impone a los órganos judiciales un deber de fundamentar exhaustivamente sus resoluciones, sino de exteriorizar su base jurídica, para permitir apreciar la ausencia de arbitrariedad (STC 131/1990). [F.J. 2]
No tiene virtualidad para acreditar la infracción del art. 14 C.E. la aportación de un precedente aislado de la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, ya que, como se desprende de la jurisprudencia de este Tribunal, las exigencias del art. 14 C.E. imponen como mínimo la previa existencia de una doctrina jurisprudencial razonablemente consolidada (STC 63/1984). [F.J. 3]
La competencia judicial es un presupuesto de orden público, cuya inexistencia impide al órgano judicial entrar a conocer el fondo del asunto, de ahí que no pueda considerarse que vulnere precepto constitucional alguno una resolución que, a la vista de los elementos fácticos y jurídicos concurrentes en el caso, se abstenga de conocer sobre una «litis» cuya solución entienda que no le está atribuida. Argumentando su tesis sobre una base jurídica, razonablemente discernible de su fundamentación, la Sentencia impugnada únicamente se ha limitado a ejercer la función que tiene atribuida por el art. 117 C.E., sin vulnerar con ello el derecho consagrado en el art. 24 C.E., que puede también ser satisfecho con una resolución meramente procesal (SSTC 96/1991, 98/1992, 163/1993 o 154/1994, entre otras). [F.J. 4]
Artículo 293, ff. 1, 4
Artículo 293.3, f. 4
Artículo 294, f. 4
Incompetencia de jurisdicciónIncompetencia de jurisdicción, f. 4
Indisponibilidad de los requisitos procesalesIndisponibilidad de los requisitos procesales, f. 4

References: resolución 
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Artículo 293

Artículo 293

Artículo 294