Source: https://issuu.com/csccoo/docs/accion_sindical_n_8
Timestamp: 2017-02-23 16:15:02+00:00

Document:
Informativo Digital Acción Sindical Confederal, número 8 by Informatica CCOO - issuu
SEPTIEMBRE 2010, Número 8
acciónsindical
Secretaría de Acción Sindical. Confederación Sindical de Comisiones Obreras
29 de septiembre, YO
El 29-S nos jugamos
también la jubilación a
en la 99ª Conferencia
El 2º Congreso de la
CSI y los objetivos
Un año de trabajo en
el CERSE
Entra en vigor el nuevo 20
y Acuerdos Colectivos
Convenio de Grandes
CCOO llama a los trabajadores y trabajadoras a participar
en la huelga general el próximo 29 de septiembre contra la
reforma laboral y los recortes sociales
La reforma laboral da respuesta a los grupos más conservadores y amplía
el poder empresarial en detrimento de los derechos de los trabajadores
El proyecto de ley, que quedará aprobado el 9 de septiembre, significa un ataque frontal a los derechos laborales y constata la sumisión del Gobierno a los
poderes financieros. Las enmiendas aprobadas en el Congreso y en el Senado
empeoran el proyecto de ley de reforma laboral y justifican aún más la huelga
general convocada por CCOO y UGT para el 29 de septiembre. Una huelga general necesaria e imprescindible para lograr que se dé marcha atrás en la reforma laboral, para cambiar el rumbo de la política económica y para frenar los
intentos de recortar el sistema público de pensiones.
HUELGA GENERAL, 29 de
septiembre, YO VOY
a huelga general es la respuesta
necesaria y proporcionada ante la
agresión a los derechos laborales que
han supuesto los dos últimos decretos leyes
aprobados por el Gobierno y ante el abandono de las políticas públicas de fomento
del empleo, de la actividad económica y de
bienestar social que ha llevado aparejada
la nueva política económica adoptada para
satisfacer las exigencias del ECOFIN.
El giro brusco en las políticas públicas
sitúa la prioridad en la reducción del déficit público, por la vía de recortar de forma
drástica el gasto social y la inversión pública,
lo que se traduce en menor actividad económica y mayor desempleo.
CCOO ha venido denunciando sistemáticamente que con un despido más fácil y
barato no se crea empleo, sino que se da alas
al uso fraudulento de los contratos temporales y a la sustitución del empleo fijo por
precario; en definitiva, al crecimiento del
desempleo y de la temporalidad abusiva, problemas
estructurales del mercado
de trabajo español llevaempresarial es la
dos a su máxima expresión
con la recesión económica
y el giro copernicano de las
empresarial por el que
se apuesta en la reforma
laboral aprobada por el Gobierno, como
si ello fuese el paradigma de la necesaria
adaptación y modernización de las empresas y las relaciones laborales, es la ante-
sala del incremento de la precariedad laboral, ya que ésta se mide, además de por el
crecimiento de la economía sumergida, del
desempleo y de la contratación temporal,
por el deterioro de las condiciones económicas y de trabajo que sufren las personas
asalariadas cuando se pone en cuestión el
derecho y primacía de la negociación colectiva y del control administrativo y judicial en
beneficio de la discrecionalidad del empresario en la determinación y modificación
de elementos tan esenciales de la relación
laboral como son la extinción y la suspensión del empleo, la modificación substancial de las condiciones de trabajo, incluida
la del horario, la movilidad geográfica y el
descuelgue de los compromisos salariales
determinados colectivamente.
El Gobierno ha optado, ahora, por atender las más añejas demandas empresariales que fueron la causa del fracaso del diálogo social de 2009 en torno a las medidas
urgentes para frenar el desempleo y reactivar la economía, mientras se desatienden,
una vez más, las propuestas sindicales que
venimos presentando desde el inicio de la
crisis en demanda de un gran pacto social
por el empleo y el cambio de modelo productivo, como vía para afrontar los efectos de la crisis y dirigir la salida de la misma
hacia la adaptación y transformación de las
estructuras económicas, financieras, educativas, productivas y laborales, que eliminen las debilidades estructurales de nuestro modelo económico y social, y otorguen
mayores garantías futuras para no reproducir crisis tan dañinas como la que estamos
atravesando, a la vez que, mientras persista
la crisis, se mantengan y refuercen los mecanismos de protección a las personas desempleadas, se potencien instituciones laborales alternativas a la extinción del empleo
y se garantice el acceso de las empresas, de
las familias y de las personas individuales
al crédito necesario para el desarrollo de la
actividad económica y para el consumo.
Las políticas de inversión y gasto público,
como defendemos siempre los sindicatos
de clase, son un motor imprescindible para
el desarrollo económico y social de un país;
Las medidas anticrisis adoptadas
por el Gobierno han sido claramente
insuficientes para atender las
necesidades perentorias de millones
de trabajadores y trabajadoras y de
gran parte del tejido empresarial que
sustenta el grueso del empleo
son la locomotora para la reactivación económica y del empleo en épocas de crisis,
cuando la inversión privada se encuentra
en retroceso, desaparecida o secuestrada.
Cuando, como ahora, se opta por drásticos
recortes en la inversión y el gasto público de
la totalidad de las Administraciones Públicas, magnificando la necesidad de reducción del déficit público más allá de los límites y plazos razonables y compatibles con
la reactivación económica, las Administraciones Públicas se convierten en los primeros causantes del aumento del desempleo y
del deterioro de las condiciones de vida de
millones de personas por la repercusión que
las políticas públicas tienen en todo el tejido
El Gobierno, en su nueva apuesta, no ha
tocado fondo y prepara nuevas reformas
estructurales, la primera de las ya anunciadas, la del Sistema Público de Pensiones, adelantando su intención de introducir nuevos requisitos para acceder a la pensión de jubilación y a la determinación de
su cuantía, con propuestas que significarán
mayores dificultades de acceso al derecho
de pensión y menores cuantías en la prestación económica. Todo ello, con el objetivo
de asegurar la viabilidad futura del sistema,
por la vía de la contención o reducción del
gasto y no por el del aumento de las aportaciones públicas y privadas a los ingresos que deben nutrir y asegurar el sistema
público. Para este nuevo viaje reformador, el
Gobierno, previendo las previsibles discrepancias con las organizaciones sindicales,
ya prepara la búsqueda de apoyos alternativos, algunos de ellos en partidos políticos
que representan intereses poco identificados con la defensa de los sistemas públicos
de protección social y que, a cambio de su
voto, exigirán la introducción de medidas en
el proyecto de reforma de las pensiones con
una orientación, previsiblemente, aún más
regresiva. Por esta vía, el mantenimiento
de la movilización social, encabezada por el
movimiento sindical, estará servido.
El debate parlamentario del proyecto
de ley se ha hecho con prisas y de
espaldas a la ciudadanía, en pleno
periodo estival, buscando la menor
repercusión pública de los pactos
realizados que endurecen aún más la
El texto final del proyecto de ley que será
aprobado el 9 de septiembre es el resultado
de las negociaciones del Gobierno con los
grupos parlamentarios más conservadores
de la Cámara, que han logrado introducir
enmiendas que incrementan la pérdida de
los derechos individuales y colectivos.
nidades autónomas y amplía las excepciones en el derecho a la percepción de la prestación por desempleo en estos contratos;
reduce el plazo de resolución de la autoridad laboral a 7 días en los supuestos de
desacuerdo para la extinción de contratos por causas objetivas; hace recaer sobre
el trabajador con contrato indefinido de
fomento de empleo la carga de la prueba
cuando alegue fraude de ley en el procedimiento extintivo por despido objetivo;
amplía las causas para facilitar la modificación substancial de condiciones de trabajo
introduciendo la de prevenir una evolución
negativa de la empresa o mejorar las perspectivas de la misma; establece la obligación
de pactar procedimientos de arbitraje para
solventar las discrepancias en torno a la
modificación de condiciones pactadas en un
convenio colectivo; impide el control judicial
y sindical sobre los descuelgues salariales de
un convenio sectorial cuando son pactados
en el seno de la empresa, entre otras medidas relativas al mercado de trabajo.
También se han incluido enmiendas que permiten a las mutuas destinar una parte de los
excedentes obtenidos en la gestión de contingencias profesionales o de IT al establecimiento, por vía reglamentaria, de reducción
de cotizaciones empresariales por contingencias comunes y se desvían a las mutuas
competencias de los servicios públicos de
salud. Una enmienda aprobada en el Congreso reduce, del 5% actual al 2,5%, los
niveles de absentismo del total de la plantilla requeridos cuando se procede al despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo justificadas pero intermitentes, y en el
Senado se ha eliminado toda referencia a los
niveles de absentismo del total de la plantilla, para tener en cuenta sólo las ausencias
del trabajador, aunque sean justificadas.
Mediante Disposiciones adicionales
se condiciona el futuro del diálogo
Las modificaciones adoptadas en el trámite
parlamentario empeoran las condiciones
para dar estabilidad a los contratos de obra;
flexibilizan la edad en los contratos formativos dejando su determinación a las comu-
Se ha adoptado una disposición adicional, sexta, que faculta al Gobierno para que,
cuando el empleo inicie su recuperación,
reforme la normativa que regula las prestaciones por desempleo con el objetivo de
aumentar su vinculación con las políticas activas de empleo. Es decir, se trata de aumentar
los requisitos para la percepción de la prestación de desempleo, como ya hizo el Gobierno
del PP con el RDL 5/2002, que dio origen a la
huelga general del 20 de junio de 2002.
La disposición adicional vigésima primera
insta al Gobierno a que, en el plazo de seis
meses desde la entrada en vigor de esta ley
y en defecto de acuerdo en el proceso de
negociación bipartita, promueva iniciativas
para la reforma de la negociación colectiva.
Este requerimiento, además de una intromisión en el diálogo social bipartito, desincentivará el interés empresarial en esta negociación, a la espera de que el Gobierno y un
Parlamento favorable a sus tesis liberales
le faciliten el camino para una reforma en
clave desreguladora.
El éxito de esta huelga general será
fundamental para iniciar un proceso
de rectificación de las políticas y
y la piedra de toque para que nuevas
reformas se aborden desde el diálogo,
la negociación y el acuerdo social
La preparación de la huelga general ha
movilizado a las organizaciones y representantes de CCOO que, junto con la UGT, nos
hemos propuesto hacer llegar al conjunto
de la población asalariada, a las entidades
sociales y a la ciudadanía en general, toda
la información sobre los efectos de estas
reformas y de las alternativas que ambos
sindicatos promovemos. Una intensa campaña centrada en destacar que existen otras
políticas posibles, socialmente más justas y
equitativas; que frente a la resignación hay
un gran margen para la acción colectiva;
que la huelga general tiene razones, fundamentos y objetivos.
Los apoyos previos a la huelga general se
están multiplicando con la adhesión de
otras organizaciones sindicales, asociaciones sociales y profesionales, personas significadas del ámbito académico y cultural,
comités de empresa y de asambleas de trabajadores.
En este mes de septiembre, la campaña sindical en los centros de trabajo se multiplicará para conseguir que los pronunciamientos a favor de la huelga general se extiendan al mayor número posible de empresas y
que las trabajadoras y trabajadores dispongan de información suficiente para sumarse
a la gran movilización del 29 de septiembre.
29 de septiembre, Jornada de Acción Europea
¡No a la austeridad – Sí al crecimiento y al empleo!
Convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y respaldada por
las Federaciones sindicales europeas y los sindicatos
nacionales de los países de la
Unión, el próximo 29 de septiembre se desarrollará una
Jornada de Acción, con una
gran manifestación de los
sindicatos europeos en Bruselas y acciones en cada país,
con el objetivo de que millones de trabajadores y trabajadoras se movilicen contra las medidas de austeridad que amenazan con llevar a Europa a la recesión y
al aumento del desempleo.
El llamamiento de la CES
señala que la crisis financiera ha hundido a Europa en
la peor situación que hayamos conocido desde 1930,
produciendo 23 millones de
parados en Europa, millones de ciudadanos europeos en situación de precariedad y el aumento de la tensión y el conflicto social en todos los países, y denuncia
que, ante esta situación extrema, los gobiernos europeos aportan, como toda respuesta,
medidas de austeridad y recortes del gasto
público, afectando también a los mecanismos de solidaridad social.
La CES rechaza la presión a la que los mercados están sometiendo a los gobiernos y
que amenaza a las instituciones que definen
a la Europa Social; rechaza también que se
nieguen o reduzcan los fondos económicos
para favorecer el crecimiento sostenible y el
empleo, después de haber gastado miles de
millones en salvar a los bancos y otras entidades financieras.
Reclama actuaciones contundentes y sostenidas en favor de las ciudadanas y ciudadanos europeos, por el acceso a empleos
de calidad, el empleo estable y el desarrollo de la formación; la garantía de un salario decente; la protección y la evolución del
poder adquisitivo; la garantía de mejores
pensiones; el respeto y desarrollo de las normas sociales, garantía del Estado de derecho social en todos los países; instrumentos
de diálogo social fuertes en toda la Unión
Europea y el acceso a los servicios públicos
y sociales de calidad.
¡Por la Europa del empleo, de la
justicia social y de la solidaridad!
¡Participa activamente en el Día
Europeo de Acción!
Ver folleto de la campaña de la CES en http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/558565.pdf
La reforma de la negociación
Secretaría de Acción Sindical de la CS de CCOO
urante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de reforma
laboral se ha introducido un nuevo
elemento que vendrá a perturbar y a condicionar negativamente el proceso de diálogo social bipartito, comprometido entre
las confederaciones empresariales y sindicales más representativas, en torno a
la reforma de la negociación colectiva, al
haber aprobado un artículo en el que se
insta al Gobierno a legislar sobre esta materia, en seis meses desde que quede aprobada
la nueva ley, haya o no acuerdo en el ámbito
Esta intromisión, incluida
en el proyecto de ley a proEl texto del proyecto
puesta del grupo parlamentario de CiU, y con la acepde ley de reforma
tación del PSOE y otros
grupos representados en
laboral aprobado por
la Cámara, en una materia
el Parlamento atenta
reservada a la negociación
autónoma de las organizacontra el diálogo
ciones empresariales y sinsocial establecido
dicales, por decisión propia y con el consenso de
para la reforma de la
del Acuerdo para el Diálogo
Social 2008-2012, restará
posibilidades a la negociación con CEOE y CEPYME, que aún se halla
en fase embrionaria por las dificultades que
conlleva esta materia, y podría abocarla al
fracaso aun antes de ser iniciada.
CCOO y UGT estamos comprometidos en
abordar esta negociación en el ámbito del
diálogo social bipartito y exigiremos que se
respete este proceso de negociación y sus
resultados. Para activarlo, hemos vuelto a
requerir a las confederaciones empresariales, CEOE y CEPYME, que fijen su posición
oficial sobre las materias objeto de negociación en respuesta a la propuesta sindical
presentada el pasado mes de mayo, con el
fin de consensuar el temario y establecer el
calendario de la negociación.
La propuesta sindical1 contempla abordar
una serie de medidas para ampliar la cobertura y fortalecer la estructura de la negociación colectiva; clarificar las bases sobre las
que se asienta la legitimación empresarial
y sindical para negociar; potenciar el papel
de las comisiones paritarias en la administración de los convenios colectivos; ampliar
los derechos de información y participación
colectiva; reforzar el deber de negociar y la
solución autónoma de conflictos; instrumentar medidas de carácter institucional
para mejorar la información pública y el análisis de los convenios y acuerdos colectivos.
La reforma consensuada de la negociación
colectiva, si se orienta hacia la articulación, coordinación y especialización de los
distintos ámbitos de negociación, hacia la
ampliación de la cobertura personal y funcional y hacia la necesaria adecuación a
las realidades sectoriales y empresariales,
podría tener efectos más positivos para la
mejora del empleo y de la competitividad
empresarial que cualquier reforma del mercado laboral, máxime si ésta se impone sin
Notas: 1. Ver el texto de la propuesta sindical en http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/561554.pdf
El 29-S nos jugamos también la
a causa inmediata de la convocatoria de huelga general para el próximo
29 de septiembre es la reforma laboral aprobada por el Gobierno. Esta movilización general debe responder y condicionar
también los comportamientos del Gobierno
en otras materias de importancia que, previsiblemente, se abordarán en los próximos
meses. Las anunciadas reformas del sistema
de pensiones, la estructura de negociación
colectiva y el sistema de formación para el
empleo son aspectos relevantes que estarán
afectados por la forma y los objetivos con
que se aborden.
Lejos de mantener el procedimiento
seguido en los últimos 15 años,
tras el Pacto de Toledo, de alcanzar
consenso político sobre orientaciones
generales y acuerdo con los
interlocutores sociales, el Gobierno
busca los apoyos necesarios para
aprobar una ley que le permita, entre
otras cosas, retrasar obligatoriamente
la edad de jubilación a los 67 años
En el propio trámite parlamentario de la
reforma laboral como proyecto de ley se
han incorporado contenidos específicos en
materia de Seguridad Social que no estaban
en el RD ley aprobado originalmente por el
Gobierno y que ya está en vigor. Hasta el 9
de septiembre no tendremos la foto final de
estos cambios, una vez el Congreso de los
Diputados haya cerrado el texto definitivo.
No obstante, lo ya aprobado en el Congreso,
que no ha sufrido cambios en el Senado,
estará en el texto definitivo.
Los cambios incorporados por el Gobierno
en el trámite de enmiendas al proyecto
de ley hurtan un contenido más a lo que
debe abordarse de forma global en el marco
del Pacto de Toledo, primero por los grupos parlamentarios en la comisión específica creada para este fin y, después, a través
del diálogo social, afectando a materias tan
relevantes como la incapacidad temporal o
el despido, por citar sólo un par de ejemplos. En incapacidad temporal por contingencias comunes, instaurando la posibilidad
de reducción de cotizaciones a las empresas
que gestionan esta contingencia a través de
las mutuas y que presenten bajos índices de
siniestralidad; con ello se favorece el traspaso de la gestión de estas prestaciones a
través de las mutuas y se abre una nueva
vía de reducción de cotizaciones en contingencias comunes, aquellas que sirven para
pagar las pensiones.
En cuanto al despido por causas objetivas
por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas, regulado en el art. 52.d del Estatuto
de los Trabajadores, se reducen los requisitos exigidos a las empresas para utilizar esta
modalidad de extinción de la relación laboral.
Por otra parte, el Grupo Socialista ha promovido la incorporación de una propuesta
de CCOO en el marco de la negociación de
las condiciones de integración de las trabajadoras del hogar en el Régimen General de
la Seguridad Social. Se trata de la garantía
de percepción líquida del salario mínimo
interprofesional, sin que ésta pueda verse
minorada por prestaciones en especie. Esta
medida es positiva, lástima que en lugar de
aprobarse en el marco de la efectiva integración de estas trabajadoras en el Régimen
General, tal y como se acordó en el Acuerdo
de Pensiones de 2006, veamos al Gobierno
utilizar esta propuesta sindical para maquillar su reforma laboral, al tiempo que el
ministro de Trabajo mantiene bloqueada la
finalización de la negociación indicada, es
decir, la mejora sustancial de las condiciones de trabajo y protección social de estas
trabajadoras, por razones difícilmente explique “ahora no hay
cables que, probablemás remedio que
mente, tengan más
que ver con su futuro
recortar”, imponen
Pero además de estas
una congelación de
incorporaciones, los
en materia de pensiones para los próximos meses son muy
preocupantes y refuerzan la necesidad de
modificar de manera sustancial los objetivos que están planteando.
Con el argumento de que “ahora no hay más
remedio que recortar”, imponen una conge-
lación de las pensiones, anuncian su intención de retrasar la edad de jubilación a los
67 años y plantean unilateralmente una
reforma laboral que, como hemos dicho,
entre otras cuestiones, amplía el margen
discrecional del empresario para despedir por causas objetivas a quienes presenten cierto número de ausencias en el trabajo
aunque estén debidamente justificadas.
Pero el presidente del Gobierno y sus ministros van más allá. Vienen omitiendo en las
últimas semanas referencias a su compromiso de abordar una futura reforma del
sistema de pensiones a través del diálogo
social. Lejos de mantener el procedimiento
seguido en los últimos 15 años, tras el Pacto
de Toledo, de alcanzar consenso político
sobre orientaciones generales y acuerdo
con los interlocutores sociales, que tan buenos resultados ha producido, parece que
el Gobierno se contenta ahora con buscar
los apoyos parlamentarios necesarios para
aprobar una ley de reforma que le permita
al Gobierno, entre otras cosas, retrasar obligatoriamente la edad de jubilación a los 67
años, igual que consiguió los apoyos políticos para congelar las pensiones en 2011.
se ha hecho explícita en un reciente viaje
al extranjero en el que, defendiendo esta
estrategia, refuerza su amparo a las posiciones más agresivas en materia de pensiones
y parece renunciar al más que conveniente
compromiso del conjunto de la sociedad,
pero muy especialmente de trabajadores y
empresas en las actuaciones en esta materia. No debemos olvidar que las pensiones
contributivas son financiadas con los salarios, a través de las cotizaciones de empresas y trabajadores, lo que hace aún más
grave obviar la participación de los agentes sociales.
Desde CCOO debemos reiterar con este
motivo el llamamiento a los trabajadores y
trabajadoras de este país para dar una respuesta clara a la deriva del Gobierno de
afrontar la crisis a costa, fundamentalmente,
de personas asalariadas y pensionistas. La
participación masiva en la huelga general
del 29 de septiembre debe servir para que
el Gobierno corrija la reforma laboral que
ha puesto en marcha, pero servirá también
para demostrarle que el camino emprendido
de reformas unilaterales lesivas para trabajadores y trabajadoras es un error y le obligará a abordar, entre otras reformas nece-
sarias, la del sistema de pensiones desde la
concertación y el diálogo.
La necesaria reforma del sistema de pensiones debe ser afrontada de forma global,
con un conjunto de medidas que actúen
de manera adecuada sobre los ingresos y
gastos del sistema de pensiones, y debe
hacerse de manera concertada. CCOO ha
reiterado su disposición a ello de manera
inequívoca y manifiesta su compromiso
de exigir que se celebre esa negociación y
de abordar en ella tanto las conclusiones
de la Comisión Parlamentaria de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo
como las que presenten las partes, desde
un criterio de defensa del sistema de pensiones, de su sostenibilidad, del refuerzo
de la contributividad del mismo y de los
niveles de protección que presta como
elemento esencial en el sistema de protección social.
El empleo doméstico en la 99ª
Elena Martín Vidal
Secretaria de Juventud y Empleo de la Federación Estatal
de Actividades Diversas de CCOO
l pasado junio se celebró la 99ª Conferencia Internacional del Trabajo,
en Ginebra (Suiza), a la que asistieron 183 países miembros de la Organización
Este año los aspectos fundamentales tratados fueron la elaboración de una norma
sobre VIH/SIDA en el mundo del trabajo,
el empleo como objetivo estratégico y el
empleo decente para los trabajadores y trabajadoras domésticas.
En relación a este último, y como paso previo, los representantes del grupo de trabajadores del hogar se reunieron el pasado mes
de abril para redactar un documento que
sirviera de base para el posterior debate en
la conferencia, el cual fue elaborado a partir
de las respuestas obtenidas en un cuestionario que los países miembros cumplimentaron y reenviaron a principios de 2010 a la
sede de la OIT.
El objetivo básico es mejorar las condiciones
sociales y laborales de precariedad y vulnerabilidad en la que están inmersos estos
trabajadores y trabajadoras, denominador
común del sector en todos los países sin
excepción, si bien la fragilidad que sufren
se agrava en los países en desarrollo, en los
cuales la legislación estatal no protege a los
niños y niñas que acaban trabajando en las
tareas domésticas y siendo víctimas de todo
Las normas de la OIT prohíben el trabajo infantil desde el año 1992 en el que se firmó un
acuerdo ratificado por los gobiernos a fin de
lograr la total erradicación de esta forma de
explotación a nivel mundial en el año 2016;
hecho este que no podía ser ignorado en la
conferencia de este año, ya que la preocupación de la OIT y de la ONU es que la actual
crisis económica pueda frenar, en los sectores
más desfavorecidos, las medidas tendentes a
dar cumplimiento al principio de igualdad y
de protección a la infancia a nivel mundial.
Los trabajadores y la mayor parte de los
gobiernos veíamos necesario e imprescindible redactar un documento vinculante y de
obligatorio cumplimiento. La votación sobre
este asunto se celebró el 4 de junio, y no
faltaron contratiempos ya que nunca antes
en este grupo de trabajo se había llevado
a tal extremo ninguno de los puntos tratados; finalmente el grupo de trabajo decidió
redactar un convenio complementado con
una recomendación, el cual será debatido y
en su caso ratificado en la 100ª Conferencia,
que se celebrará en la primera quincena de
En nuestro país, los cambios sociales que en
pocos años se han producido (incorporación de la mujer en el mercado de trabajo,
prolongación de la esperanza de vida, modificaciones en los modelos tradicionales de
familia, la inmigración, etc.), han supuesto
que el trabajo doméstico realizado por personas ajenas al ámbito familiar sea hoy en
día un hecho en expansión y de características complejas.
Se trata de un sector en el que el 92% de los
trabajos son desempeñados por mujeres, y
es un hecho que el trabajo asalariado femenino ha aumentado en el empleo doméstico
algo más que en el conjunto de sectores de
Notas: 2. Accede a toda la documentación de la conferencia en la web de la OIT. http://www.ilo.org/global/What_
we_do/Officialmeetings/ilc/ILCSessions/99thSession/lang--es/index.htm
En los datos de junio del corriente año, del
total de afiliados al Régimen Especial de
Empleados de Hogar que es de 297.113,
más de la mitad, un 61,7%, son trabajadoras inmigrantes (183.361), para ellas éste
es el principal sector de inserción laboral,
donde trabajan más de un tercio de las mismas; en cuanto al tipo de jornada, lo hacen
principalmente a tiempo completo. En este
punto se observan ciertas diferencias con
las empleadas domésticas de nacionalidad
española, que trabajan fundamentalmente
a tiempo parcial (el 68%); si bien, a consecuencia de la crisis económica, su presencia en esta actividad se ha incrementado, de
forma que acumulando el trabajo desarrollado a tiempo parcial para diferentes hogares, ha aumentado sensiblemente el número
de trabajadoras españolas que finalmente
realizan una jornada completa.
reúne actualmente unas características
muy diferentes a las de antaño, y es reflejo
de una realidad muy alejada de la que sirvió en su momento para establecer la regulación actualmente vigente, regulación que
es heredera de una concepción del trabajo
doméstico basada en valores decimonónicos y, consecuencia de su escasa valoración
social, dirigidos a mujeres e inmigrantes.
Por ello, Comisiones Obreras considera
necesario abordar los trabajos que deben
conducir a una nueva regulación que impli-
que un auténtico cambio del modelo y que
permita la profesionalización del sector. En
este sentido proponemos las tres líneas de
actuación siguientes:
yy Mejoras en la relación laboral: la relación
contractual (verbal o escrita) debe quedar claramente establecida así como las
condiciones pactadas; la retribución por
jornada completa no podrá ser inferior al
Salario Mínimo Interprofesional; equiparación con el resto de trabajadores regulados por el Estatuto de los Trabajadores
en relación a la jornada máxima semanal,
derechos relativos a la extinción del contrato…; y otras mejoras relativas al establecimiento de los periodos de descanso
así como a la prevención y salud laboral.
yy La convergencia del Régimen Especial
de Empleadas de Hogar con el Régimen
General, mediante la introducción de
cambios en las bases y tipos de cotización establecidos, en las condiciones de
acceso a las prestaciones por incapacidad
temporal así como en la introducción del
derecho al desempleo.
yy Introducir cambios normativos e incentivos que fomenten la participación en
el sector de empresas que promueven
empleos con derechos laborales y la protección social del Régimen General atendiendo la demanda de trabajo doméstico
de forma generalizada, como uno más de
los servicios que se prestan en el mercado.
acci��nsindical
El 2º Congreso de la CSI y
los objetivos del sindicalismo
Secretario de Internacional de la CS de CCOO4
l 2º Congreso de la Confederación
Sindical Internacional (CSI), celebrado en Vancouver (Columbia Británica, Canadá), entre el 21 y el 26 de junio
pasado, recogió los análisis y las propuestas
programáticas que, partiendo de lo aprobado en su congreso fundacional (Viena,
2006), ha venido desarrollando en estos
cuatro años, en especial las relacionadas con
las propuestas realizadas al G20 y las
relativas al cambio
climático, economía
verde y transición
justa. La universalización del trabajo
decente y de los
principios y derechos fundamentales de trabajo, conceptos ambos de la
OIT, sigue siendo el
eje vertebrador del
de la CSI. La lucha por la igualdad de género
fue también uno de los temas destacados
Asistieron 692 delegados y delegadas que
representaban a 231 organizaciones sindicales de 127 países y territorios. A la CSI
pertenecen 352 organizaciones de 156 países, con un total de 176 millones de trabajadores y trabajadoras afiliados. El porcentaje
de mujeres participantes ha sido del 45%:
376, de las cuales 308 eran delegadas y 68
asesoras y observadoras. El porcentaje de
jóvenes alcanzó el 9%.
Junto a las confederaciones sindicales afiliadas estuvieron presentes las nueve Federaciones Sindicales Internacionales, así
como representantes de instituciones y
La delegación de CCOO, encabezada por
el secretario general, Ignacio Fernández
Toxo, estuvo formada por 11 personas, de
las que 6 eran hombres y 5 mujeres. Además de la Comisión Ejecutiva Confederal,
en la delegación tuvieron presencia dos
federaciones sectoriales y tres organizaciones territoriales.	El debate político del congreso se realizó en
torno al informe presentado por el secretario general saliente, Guy Ryder, cuyo título
era “Ahora los pueblos. De la crisis a la justicia global”, y la resolución general que lo
acompañaba. En el amplio debate realizado, con la intervención de 140 portavoces
de delegaciones, se manifestó un nivel muy
generalizado de acuerdo con los contenidos
del informe y de la resolución general, que
Guy Ryder incidió también, en el resumen del
debate, en la necesidad de defender los servicios públicos y de luchar contra la corrupción. De las siete prioridades de trabajo que
la resolución general establecía, Ryder mencionó como esencial la lucha por la universalización de los derechos sindicales.
Notas: 3. Enlace a los documentos aprobados: http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Internacional:Organiza
ciones_sindicales:CSI:Documentos
Notas: 4 Extracto del informe presentado por Javier Doz, de fecha 8 de julio de 2010.
Sharan Burrow, nacida en Nueva Gales
del Sur, profesora de educación secundaria, presidió en los años 90 su sindicato nacional de docentes (AEU). Fue
elegida en 2000 presidenta de la central
sindical australiana ACTU, responsabilidad que dejará al hacerse cargo de la
secretaría general de la CSI. De 2004 a
2006, Burrow fue la primera mujer elegida como presidenta de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) y, en 2006, en el
congreso fundacional de la CSI fue elegida presidenta. Fue, además, fundadora
de la Southern Cross Climate Coalition,
coalición australiana contra el cambio
climático fundada en 2008. Es miembro
del Partido Laborista Australiano.
El Congreso elige como nueva
Secretaria General a Sharan Burrow
La presidenta saliente y secretaria general
después del congreso, la australiana Sharan
Burrow, hizo un discurso inaugural enérgico, en el que analizó la crisis y responsabilizó de la misma a un modelo de globalización neoliberal sin reglas dominado por
el capital financiero. Burrow fue especialmente crítica con el cambio de política de
la UE y la mayoría de sus naciones que han
abandonado las orientaciones que suscribieron en anteriores cumbres del G20 y del
Pacto Mundial por el Empleo, dejando de
lado como prioridades el crecimiento económico, la creación de empleo y la protección de los parados, para centrarse exclusivamente en la reducción de los déficit
públicos. Con ello, subrayó la nueva secretaria general de la CSI, lo más probable es que
se vuelva o se permanezca en la recesión y
que tampoco se reduzcan los déficit.
La delegación de CCOO tuvo una
participación activa en el Congreso y
en las reuniones de las Comisiones
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en su intervención ante el
plenario, afirmó que “lo esencial para el
movimiento sindical, en estos momentos,
es luchar porque el modelo que prevalezca
sea el social y democrático, vigente hoy en
Europa, y no aquellos que se basan en la
ausencia de derechos sociales y laborales
o en el deterioro de los mismos”. Toxo hizo
hincapié en el notable cambio de escenario que ha tenido lugar desde el congreso
fundacional de la CSI, que se ha manifestado en un incremento de los desequilibrios
económicos y sociales, con más hambre,
más desempleo, más economía informal y
una ausencia de derechos que ha puesto de
manifiesto los límites de un orden económico y social claramente injusto.
También intervino en el plenario Cristina
Bermejo, en representación del Comité de
Juventud, presentando la resolución sobre
una vida decente para los trabajadores y
las trabajadoras jóvenes. Cristina Bermejo
se refirió a la necesidad de que la afiliación
de los jóvenes sea una de las prioridades de
la actividad de todos los sindicatos, para lo
que se debían adaptar las estrategias de sindicalización a fin de que llegasen a los jóvenes que trabajan en nuevos sectores y en
situaciones laborales no tradicionales.
CCOO tuvo dos representantes en la comisión de resoluciones, Enrique Fossoul y
Katiana Vicens. Carmen Bravo y Cristina
Bermejo se incorporaron a los debates de
las resoluciones sobre igualdad de género y
trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras jóvenes; Marisol Pardo intervino
en los de cooperación sindical.
Las prioridades de la CSI: Siete ejes
estratégicos de acción
Trabajo Decente para todos, promoviendo la aplicación del Pacto Mundial por
el Empleo, aprobado por la OIT en 2009.
Justicia y equidad en el mercado de trabajo, que significa “el respeto universal de
los Derechos Fundamentales del Trabajo, la
promoción de la organización sindical y la
cobertura de la negociación colectiva, combatir el trabajo precario e informal y acabar
con la brecha salarial y las desigualdades de
Educación, sanidad y servicios públicos de calidad para todos, reafirmando
el compromiso histórico del movimiento
sindical con una sanidad y una educación
públicas y de calidad, de acceso universal,
relacionándolo con el cumplimiento de los
Objetivos del Milenio y aprobando realizar, junto con Global Unions, una campaña
mundial con estos objetivos.
Regular los mercados financieros de un
modo efectivo y adecuado, para ponerlos al
servicio de la economía real, e implantar un
impuesto internacional a las transacciones
Un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono, para prevenir el cambio
climático, garantizar más empleos y promover una “transición justa”.
Un nuevo modelo de desarrollo que permita un desarrollo equilibrado de todos los
países y reduzca decisivamente la pobreza y
Un gobierno democrático de la globalización, basado en una profunda reforma de
las instituciones multilaterales y del sistema
de Naciones Unidas que asegure el cumplimiento de los objetivos anteriores.
Un año de trabajo en el
CERSE5
El pasado mes de julio se cumplió un año del arranque de los trabajos puestos en
marcha en el seno del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas con
el objetivo de elaborar un documento global que el Consejo debería aprobar en otoño
de 2010 para su remisión al Gobierno
a crisis financiera y económica mundial nos ha demostrado que es necesario un cambio sustancial en nuestra concepción de la economía, de los procesos productivos, de la creación de valor,
del sistema de consumo, de las relaciones e
interdependencias existentes entre el crecimiento económico y el progreso social, y en
la gestión responsable de los recursos naturales y del impacto de las actividades económicas sobre el medio ambiente.
Para conseguirlo, una de las cosas más
necesarias, ineludibles deberíamos decir, en
el mundo del trabajo desde el punto de vista
de la responsabilidad social de las empresas, sería la regulación efectiva de las actividades empresariales, tanto a nivel nacional
como a escala regional y mundial. Entenderíamos esta regulación, especialmente en
estos tiempos, como la mayor garantía del
respeto de los derechos humanos y de los
En España, la constitución formal el 20
de enero de 2009 del Consejo Estatal de
(CERSE), como órgano consultivo y asesor del Gobierno, de carácter cuatripartito y paritario, y con el objetivo de impul-
sar y fomentar las políticas de RSE, se perfilaba como un gran avance en esta materia, incluso a nivel europeo. El 6 de mayo de
ese mismo año se formaba la Comisión Permanente del CERSE, y se llegaba al acuerdo
de que las decisiones a adoptar se basaran
en el principio de la búsqueda del consenso.
En la reunión se configuraron cinco Grupos
de Trabajo6, formados por miembros de cada
uno de los cuatro grupos representados en
el Consejo7, con la posibilidad de incluir
expertos en RSE. El CERSE comenzó sus trabajos en julio de 2009.
funcionamiento del CERSE
Nuestra experiencia en el CERSE, aunque
sea pronto para llegar a conclusiones, tiene
luces y sombras. Su creación fue un hecho
muy positivo y el Consejo debería convertirse en un ámbito de diálogo y concertación sobre la responsabilidad empresarial.
Pero no disponer de recursos ni de presupuesto, como le sucede a este organismo, es
una gran dificultad que debería solventarse
lo antes posible. Además, después de más
de un año de su puesta en funcionamiento,
Notas: 5. El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) es un órgano adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración que tiene un carácter “asesor y consultivo”. Está encargado del impulso y fomento de
las políticas de responsabilidad social de las empresas y se constituye en el marco de referencia para el desarrollo
de esta materia en España.
Notas: 6. RSE y crisis económica; Transparencia, comunicación, informes y memorias de sostenibilidad; Consumo
e inversión socialmente responsable; La RSE y la educación; Cohesión social, gestión de la diversidad y cooperación al desarrollo.
Notas: 7. Los cuatro grupos que componen el CERSE son: Organizaciones Sindicales más representativas, Organizaciones empresariales más representativas, otras organizaciones e instituciones de reconocida representatividad
e interés en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas, y Administraciones Públicas.
aún no disponemos de un “documento oficial consensuado”. La situación, tras unos
primeros meses de conflicto, caracterizados
por la “apatía” de la Administración y la actitud de “bloqueo” por la parte empresarial,
parece que podría resolverse y llegar a un
acuerdo, al menos de mínimos, si fructifican
los esfuerzos que se están realizando en los
distintos grupos creados. Cada uno de ellos
debe elaborar “documentos base”, enfocados en la temática del propio grupo, que
incluyan, como contenido mínimo, el análisis de la situación, orientaciones y recomendaciones, y conclusiones finales. Con estos
documentos se redactaría un “documento
final de síntesis”, que tras aprobarse en el
pleno del CERSE se remitiría al Gobierno.
La previsión a cumplir es confeccionar este
documento para otoño de 2010.
Sin embargo, la situación existente en los
distintos grupos no es análoga y se resume
yy El papel de la RSE ante la crisis económica: su contribución al nuevo
modelo productivo, la competitividad
y el desarrollo sostenible. Los debates
internos se centran en cómo integrar la
RSE en el sistema de gestión empresarial;
los sistemas de evaluación; el diálogo con
los grupos de interés; la RSE y la PYME;
la competitividad; el sistema productivo;
los nuevos emprendedores, el papel de las
Administraciones Públicas en la responsabilidad social; las experiencias internacionales en RSE, y la aportación de la
RSE para superar la crisis económica. El
Grupo de Trabajo ha seleccionado 9 experiencias en diversos campos (empleados,
gestión de talento, conciliación, medidas de igualdad y mejora de la productividad; clientes y consumidores desde la
perspectiva de la mejora de la competitividad y la RSE; Administraciones Públicas,
en su doble faceta de impulsoras y creadoras de políticas en RSE, y empleadoras y
perceptoras de dichas políticas). En estos
momentos se está fijando la metodología
de trabajo del grupo con la intención de
elaborar un documento de conclusiones
y/o recomendaciones.
yy Transparencia, comunicación y estándares de los informes y memorias de
sostenibilidad. Se trabaja en este grupo
las características que deben contemplar los informes sobre RSE, indicadores,
evaluación y auditoría; la importancia de
confeccionar en las empresas la denominada triple memoria (económica, social y
medioambiental), y las ventajas e inconvenientes de regular la información que
debe contener esta memoria. Se está elaborando un documento base sobre diversos elementos: diagnóstico de la RSE
en España; grupos de interés; esfera de
influencia de una organización; modelos de referencia para informar, indicadores, comparabilidad y verificación; verificación de la información no financiera y
participación social en el seguimiento de
la aplicación de los compromisos de responsabilidad social; papel de la Administración Pública en la generalización de la
RSE. Este documento está pendiente de
debatir y consensuar. Asimismo, se está
debatiendo otro documento sobre principios, temas y subtemas que debe contener un informe o memoria de sostenibilidad. Y que si está casi acordado en el
capítulo de temas y subtemas, aún presenta dificultades en la elección definitiva
de los indicadores que debe contener el
yy Consumo e Inversión Socialmente Responsable. Se están analizando conceptos
como el consumo ético; comercio justo;
consumo ecológico; experiencias europeas en consumo e inversión socialmente
responsable, e iniciativas de las empresas y de las Administraciones Públicas, y
las compras públicas y el Plan Nacional de
Compra Verde. Se han creado dos subgrupos que trabajan sobre dos documentos:
Inversión Socialmente Responsable y Consumo Socialmente Responsable. En el primero se están tratando temas referentes a
la definición, análisis, situación de la ISR
(pudiéndose incluir un estudio sobre rentabilidad e inversión socialmente responsable), experiencias internacionales, experiencias privadas y públicas en tipología de
productos y servicios de inversión, desarrollo de capacidades informando y fomentando la ISR y recomendaciones. También
se estudian aspectos relacionados con la
educación financiera. El subgrupo de Consumo está debatiendo sobre marco conceptual; información y formación del con-
sumidor; accesibilidad y apoyo a las personas con discapacidad y acciones de carácter ambiental; garantías y buenas prácticas en los sistemas de medición, certificación y validación de prácticas y usos;
experiencias internacionales; patrones de
consumo, y recomendaciones.
yy La RSE y la educación. El documento
de trabajo, el más avanzado en su elaboración, aborda temas relacionados con
la incorporación de la RSE en el sistema
educativo, la difusión, formación e información en RSE, la RSE en las universidades y escuelas de negocio y la innovación
curricular y la investigación. Previo a este
trabajo se han realizado distintas comparecencias y aportaciones de documentación por varias instituciones8. Actualmente se están debatiendo y analizando
las propuestas presentadas por las diferentes organizaciones. El impulso en este
grupo por parte de CCOO para la incorporación de la RSE a todo el sistema educativo y no sólo a las universidades y escuelas de negocios ha sido decisivo para conseguir este objetivo.
yy Cohesión Social, Gestión de la Diversidad y Cooperación al Desarrollo. En
este grupo se intenta llegar a un consenso
sobre materias relacionadas con la definición conceptual de la gestión de la diversidad, la cohesión social y la cooperación
al desarrollo, la incorporación de cláusulas sociales en las contrataciones públicas,
la integración de colectivos en riesgo de
inclusión para su incorporación al mercado
de trabajo, y temas de igualdad y derechos
humanos. Se han elaborado dos documentos: un documento base sobre aspectos
relacionados con Cohesión Social, Gestión
de la Diversidad y Cooperación al Desarrollo, y otro, basado en las recomendaciones
de otros foros reconocidos9, y pendiente
de incorporar recomendaciones propias
del grupo. Ambos documentos están en
fase de debate para acercar posturas y llegar al mayor consenso posible.
Notas: 8. Secretaría de Estado de Universidades, Dirección General de Formación Profesional, Fundación Tripartita
de Formación Continua, Departamentos de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid y el de Economía de
la Universidad Autónoma de Valencia, y Escuelas de Negocio.
Notas: 9.Tales como el Foro de Expertos en RSE, la Comisión de Seguimiento del Diálogo Social o la Subcomisión
Parlamentaria del Congreso
No queda más que esperar a que en septiembre, cuando de nuevo los grupos de trabajo se reúnan, se logre alcanzar el deseado
consenso. Eso sí, todos los componentes
de los grupos de trabajo deberían reflexionar sobre el imprescindible contenido
mínimo de este documento final, y oficial, del Consejo. Un documento esperado
y referenciado ya en distintos contextos e
instituciones, y sin olvidar que uno de los
El documento final elaborado
debe situarse a la altura de la
expectación que ha causado y
marcar una dirección que dote de
credibilidad a la RSE en España
objetivos a corto plazo es dar respuesta a las
consultas planteadas en la proposición no
de ley aprobada por el Congreso sobre RSE10.
Por tanto, el documento final elaborado
debe situarse a la altura de la expectación
que ha causado y marcar una dirección que
dote de credibilidad a la RSE en España, y, en
consecuencia, avance en la promulgación
de normas e instrumentos que garanticen la
transparencia, la participación, la verificación y la evaluación, factores determinantes
para hacer que la responsabilidad social sea
una estrategia real, que la convierta en una
práctica asumible y valorada social y laboralmente, incompatible con la discrecionalidad de prácticas carentes de credibilidad
y coherencia, y con políticas engañosas de
Notas: 10. Proposición no de ley aprobada por el Congreso sobre RSE:
Punto 6. Favorecer la inversión socialmente responsable (ISR), tanto en el sector privado como en el público y, especialmente en este último caso, propiciar la consideración de los aspectos sociales y medioambientales.
Punto 7. Fomentar la transparencia empresarial mediante la incorporación a las empresas de la
información que realizan a través de la triple memoria: económica, social y medioambiental.
Registro de Convenios y
l Consejo de Ministros aprobó, por
iniciativa del Ministerio de Trabajo e Inmigración, el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, que establece la puesta en
marcha de un sistema telemático de registro público de convenios y acuerdos colectivos y de otros documentos relacionados con
la negociación colectiva y que sustituirá a
los actuales registros de la Administración
laboral en el ámbito estatal, en las comunidades autónomas y en las provincias. El RD
713/2010 fue publicado en el BOE11, el 12 de
junio de 2010, teniendo prevista su entrada
en vigor el 1 de octubre próximo.
En el mismo real decreto se incorporan las
hojas estadísticas de los convenios colectivos, con las modificaciones consensuadas
con las organizaciones sindicales y empresariales, en el ámbito de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos
y con las comunidades autónomas, en el
ámbito de las Conferencias Sectoriales.
La nueva norma viene a desarrollar lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio
(RCI. 2007, 1222), de Acceso Electrónico
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos,
aunque aclarando que no es sólo un medio
electrónico para registrar documentos ante
la Administración, sino un registro administrativo de funcionamiento electrónico
mediante los correspondientes asientos y
El carácter público del registro implica que
cada persona física o jurídica que sea parte
interesada en el acto a inscribir, puede acceder al estado de tramitación de la solicitud,
en cualquier momento del procedimiento,
así como a la totalidad de la documentación registrada, incluido el contenido de la
hoja estadística en el caso de los convenios colectivos, y al texto del convenio o
acuerdo una vez publicado en el boletín oficial correspondiente.
Tipos de documentos objeto de
El Anexo 1 del RD incluye la codificación de
los documentos inscribibles, según naturaleza (convenio colectivo; adhesión a convenio o acuerdo colectivo; laudo arbitral;
acuerdo de mediación; acuerdo de fin de
huelga; extensión de convenio; acuerdo
marco; acuerdo sectorial sobre materias concretas; acuerdo interprofesional;
acuerdo en empresa española de dimenNotas: 11. BOE 12 de junio 2010 http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/547701.pdf
sión comunitaria o mundial; acuerdo sobre
plan de igualdad; otros acuerdos inscribibles; convenio o acuerdo de eficacia limitada
y acuerdo de empresa, estos dos últimos sólo
a efectos de depósito), según materia (formación profesional; solución extrajudicial
de conflictos; estructura de la negociación
colectiva; prevención de riesgos laborales;
clasificación profesional; distribución irregular de la jornada; modificación substancial de las condiciones de trabajo; derechos
de información y participación; acciones de
responsabilidad social de las empresas; otras
materias) y según tipología del acto inscribible (texto del acuerdo o comunicación; inicio
de negociaciones; revisión salarial; modificación parcial del articulado; prórroga; denuncia; comunicación de la comisión paritaria;
impugnación a instancia de parte).
Con la entrada en vigor del RD
713/2010 se amplían de forma
importante los tipos de acuerdos
colectivos que deben ser objeto
de inscripción y se definen las
obligaciones y efectos de la
inscripción del documento
Esta detallada codificación de los documentos que son objeto de registro público en las
Administraciones laborales competentes, es
de gran importancia porque permitirá avanzar en el conocimiento del alcance real de
la negociación colectiva en materia de contenidos, de innovación, flexibilidad y adaptación a los cambios que la negociación
colectiva está implementando, ya que una
parte de los mismos se establece a través de
acuerdos colectivos que hasta ahora, y salvo
excepciones, no están siendo registrados,
con lo que se impide o dificulta extremadamente su localización, cuantificación y análisis, quedando limitado el conocimiento a lo
regulado en los convenios colectivos, acuerdos interprofesionales y acuerdos sectoriales de materias concretas, que sí son registrados y se publican en boletines oficiales.
El RD 713/2010 recoge y tipifica, con naturaleza específica, los acuerdos sobre Planes
de Igualdad por requerimiento expreso de
CCOO y UGT. Actualmente es difícil localizar los textos de todos los Planes de Igualdad negociados por las partes legitimadas
y con eficacia general, siendo muy complicado delimitar los Planes de Igualdad así
negociados y firmados de aquellos otros,
definidos y adoptados unilateralmente por
las empresas o de acuerdo con organismos
de igualdad o con otras entidades carentes de legitimación para negociar en materia de relaciones laborales, y que parecen ser
multitud, si nos atenemos a las noticias que
recogen los medios de comunicación provenientes de organismos de igualdad o de las
propias empresas, pero de los que se desconoce, en su inmensa mayoría, los contenidos y el carácter legal de los mismos.
Los acuerdos en empresas españolas de
dimensión comunitaria o mundial también
han sido incorporados en el RD 713/2010 a
petición de CCOO y UGT, así como los acuerdos sobre modificación de condiciones de
trabajo, prevención de riesgos laborales,
derechos de información y representación
o los relativos a la responsabilidad social de
las empresas. La Administración no aceptó
otras propuestas sindicales, como el registro de los acuerdos laborales firmados en las
Administraciones, entes y empresas públicas,
o la de los acuerdos alcanzados en el marco
de expedientes de regulación de empleo. No
obstante, seguiremos reclamando su inclu-
sión en este registro, a través de las comunidades autónomas y en futuras negociaciones con la Administración central.
Modificaciones en las Hojas
Las hojas estadísticas de los convenios
colectivos incorporan algunas modificaciones importantes; entre ellas, la de eliminar los anexos de los efectos económicos anuales de los convenios plurianuales,
sustituida por una hoja estadística específica que deberá cumplimentarse y presentarse junto con el acuerdo sobre la revisión
salarial de cada año de vigencia del convenio, en la que se incluirá el número de trabajadores afectados como forma de actualizar eventuales cambios en
la composición de las planSe crea una hoja
tillas, aspecto central para
una más correcta exploestadística específica
tación de los datos estapara registrar los
dísticos de la negociación
La hoja estadística general incluye nuevas prede la activación de las
guntas sobre las cláusulas
que regulan los convenios
colectivos: medidas para
facilitar la conciliación de
la vida personal, familiar y
laboral, permisos y excedencias por circunstancias familiares o personales; cláusulas
dirigidas a prevenir el encadenamiento de
contratos; cláusulas sobre externalización
de actividades, subrogación contractual;
igualdad y no discriminación; adaptación
al Sistema Nacional de las Cualificaciones;
medio ambiente; teletrabajo. Estas novedades están fundamentadas en la necesidad
de recoger materias que se han incorporado
en los convenios negociados en los últimos
años en desarrollo de nuevas leyes laborales
o de acuerdos interprofesionales. En contrapartida se han eliminado algunas preguntas
que se han considerado prescindibles o suficientemente cubiertas por otras.
Mejorar la información, ampliar
La representación sindical de CCOO en
mesas negociadoras y comisiones paritarias de convenios y acuerdos colectivos
debe garantizar que todos los acuerdos
colectivos producidos por la negociación
con empresas o patronales sean inscritos
en el Registro de la Autoridad Laboral que
territorialmente corresponda, siendo parte
activa y directa en el proceso de inscripción,
reclamando la responsabilidad compartida
de esta gestión que ahora, casi siempre, se
delega en la empresa o en una organización
Dicha responsabilidad lleva aparejada la
correcta inscripción de los datos básicos
requeridos en el RD 713/2010, así como la
de los datos de la hoja estadística correspondiente, en el caso de convenios colectivos y actos asimilados (prórroga, adhesión,
extensión, revisión).
CCOO considera de suma importancia que se
difunda rápidamente la existencia y características del nuevo registro administrativo,
instando a las Administraciones laborales
competentes a que instrumenten procedimientos para hacer una amplia divulgación.
Por nuestra parte, debemos garantizar que
la información llegue a la totalidad de nuestras estructuras sindicales que forman parte
de mesas negociadoras y al mayor número
posible de centros de trabajo donde CCOO
cuente con presencia en la RLT.
Continúa la campaña en contra
del Convenio de Grandes
n el verano de 2009, cuando a nivel
confederal el diálogo social se encontraba prácticamente roto, dada la
firme actitud que CCOO y UGT mantuvieron
frente a las propuestas absolutamente regresivas de la patronal, en el sector de grandes
almacenes, con el convenio vencido desde
enero y siete meses de congelación salarial, la patronal ANGED (Asociación de Grandes Empresas de Distribución, que representa
a 16 grandes empresas, tales como El Corte
Inglés, Carrefour, Cortefiel, Eroski...) logró, con
la firma del Convenio de Grandes Almacenes,
CCOO y UGT continúan
desarrollando en septiembre
y octubre la campaña de
modificación de condiciones de
trabajo y pérdida de derechos
producida por el convenio de
Grandes Almacenes firmado el
pasado año por la patronal ANGED y
por FASGA y FETICO
el recorte de derechos laborales para las trabajadoras y trabajadores por él afectados, que
la CEOE no consiguió a nivel estatal.
La marginalidad de los sindicatos de clase
frente a la mayoría absoluta de Fasga y Fetico
en la representación sectorial y la utilización
de la situación de crisis como justificación
explican un acuerdo, firmado el 5 de agosto
de 2009 y que estará vigente hasta finales
de 2012, que arrebata conquistas consolidadas en anteriores negociaciones.
CCOO y UGT se negaron a firmar un texto
en el que los cambios introducidos implican
una clara pérdida de derechos, tales como:
yy Pérdida de la cláusula de revisión salarial cuando, además, se ha establecido el
incremento salarial anual como la media
entre el IPC real del año anterior y el IPC
previsto para el año en cuestión, susceptible de sufrir alguna rebaja en función del
Índice de Ventas en Grandes Superficies,
que elabora y publica el INE.
yy A partir de enero de 2012, a aquellos trabajadores del Grupo de Profesionales que
no tenían un sistema definido para obtener el complemento de nivel, se les exigirán 10 años de antigüedad para su acceso
yy A partir de la segunda baja por Incapacidad Laboral en un mismo año no se abonarán los tres primeros días.
yy Derivando al Comité Intercentros la posible liberalización de horarios, se introduce
la posibilidad de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo (art.
41 del ET) sin necesidad de abrir un expediente de modificación.
yy Desaparece el compromiso de empleo fijo
para un porcentaje determinado de la
Y todo ello, tal y como se especifica en el
manifiesto conjunto elaborado por CCOO y
UGT para informar a los trabajadores y a la
opinión pública, “en un sector con grandes
y personal, con una desprofesionalización
creciente, con salarios que no alcanzan los
mil euros, sin garantías ciertas de descanso
semanal, con un alto porcentaje de contratos a tiempo parcial no deseado -en algunas
empresas cerca del 90%-. En definitiva, un
sector glamuroso ante la opinión pública,
pero con más de 300.000 trabajadores y trabajadoras en situación precaria y con unas
condiciones sociolaborales por debajo de la
media nacional”.
Tras la firma del convenio, la estrategia
adoptada por FECOHT ha seguido una doble
vía: en primer lugar, y desde el punto de
vista jurídico, la Federación ha presentado
ante la Audiencia Nacional una demanda
en la que impugna catorce apartados del
convenio colectivo por incumplimiento del
Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y la Constitución
Española, al generar discriminaciones entre
los trabajadores del sector. Y, en segundo
lugar, desarrollando una acción sindical que
impida su aplicación.
En esta segunda línea de actuación se
enmarcan, por un lado, las asambleas realizadas en las diferentes comunidades autónomas para explicar los cambios introducidos y los efectos que va a tener o ya está
teniendo la aplicación del convenio, no
siempre fáciles de entender dada la com-
pleja redacción empleada en cuestiones tan
importantes como el salario o la distribución de la jornada laboral.
Y, por otro lado, mediante la convocatoria
conjunta por parte de CCOO y UGT de una
serie de concentraciones frente a las sedes
de ANGED, patronal del sector, en cada
una de las comunidades autónomas. El 12
de mayo dieron inicio estas manifestaciones que, continuadas el 9 de junio y el 7 de
julio, fueron respaldadas por centenares de
representantes sindicales que manifestaron
su claro rechazo al convenio; la siguiente
convocatoria prevista es para el próximo 9
Dado que la firma del convenio está provocando el rechazo de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del sector, desde las
federaciones sectoriales de CCOO y UGT se
reitera el llamamiento al conjunto de trabajadores y trabajadoras del sector de grandes almacenes para que participen en estas
concentraciones, a las que están siendo
convocados a través de las organizaciones
La campaña se culminará con una concentración general en Madrid el 6 de octubre,
fecha previa al inicio de los procesos electorales que se desarrollarán en estas empresas, ocasión que no debe ser desaprovechada dada la urgente necesidad de cam-
biar la actual representación mayoritaria en
los comités de empresa, por lo que las federaciones de CCOO y UGT en el sector están
pidiendo a los trabajadores que rechacen
de manera fehaciente las candidaturas de
Fasga y Fetico que, con el amparo y apoyo
de las empresas, secuestran la voluntad de
CCOO va a seguir reivindicando el derecho al descanso semanal y a horarios com-
patibles con la vida familiar y personal,
unos salarios dignos y empleo estable y
con derechos. El sindicato apuesta decididamente por la negociación y asume
su responsabilidad en el actual momento
con objeto de avanzar en acuerdos que
den estabilidad a las empresas y al empleo
sin empeorar las condiciones laborales de
los trabajadores del comercio de grandes
Informativo Digital Acción Sindical Confederal, mes Septiembre, número 8

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto

 real decreto