Source: https://www.busqueda.com.uy/nota/presidencia-impulso-un-cambio-normativo-para-evitar-que-fiscales-archivaran-dos-investigaciones/ls-104442-8f3337debd8760319abf
Timestamp: 2020-07-06 23:10:18+00:00

Document:
Presidencia impulsó un cambio normativo para evitar que fiscales archivaran dos investigaciones de su interés
Foto Pablo Vignali / adhocFotos
La modificación permitía que procesaran al dirigente blanco Rodrigo Blas, pero no se la comunicaron a tiempo al fiscal Pacheco; el Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho se negaron a apoyarla porque podría suponer la “violación del principio de independencia técnica de los fiscales”
5min 4 1
La investigación por defraudación tributaria contra el edil blanco Rodrigo Blas llevaba más de cuatro años. La Dirección General Impositiva (DGI) lo denunció junto a otras cinco personas en setiembre de 2014, tras constatar irregularidades en la venta de padrones en el departamento de Maldonado. Las demoras en la causa llevaron a que el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, decidiera archivarla, aun cuando consideró que había “elementos de convicción suficientes” para pedir su procesamiento.
Lo hizo en aplicación de una instrucción general aprobada en febrero que ordenó a los fiscales archivar los expedientes que se encuentren “en etapa presumarial con más de un año de duración y en los que, por carecer de antecedentes judiciales el indagado o por el tipo de delito, eventualmente recaerá procesamiento sin prisión”. Quedaron excluidos de esta disposición los casos en los que “existe interés público en la persecución”.
Una resolución impulsada por el Poder Ejecutivo pudo evitar ese desenlace, pero no llegó a tiempo. El 13 de mayo, dos días antes de que Pacheco decidiera archivar, se aprobó a propuesta de la Presidencia una resolución que incluyó la defraudación tributaria entre los delitos de interés público. Sin embargo, Pacheco alegó que cuando la instrucción le fue comunicada oficialmente, él ya había concluido la indagatoria.
Los argumentos del Poder Ejecutivo alarmaron a la Facultad de Derecho y al Colegio de Abogados, que se negaron a votar la resolución y advirtieron sobre el peligro que suponía para la “independencia técnica de los fiscales”.
Al proponer la resolución, Presidencia no ocultó su interés en impedir la clausura de dos “expedientes concretos”. Según explicitó en la fundamentación de la propuesta, el archivo de los expedientes con más de un año de duración, en los que hubiere un eventual pedido de procesamiento sin prisión, afectarían “directamente” a la DGI, ya que tenía “al menos dos casos de entidad en dicha situación”.
“Se trata de maniobras graves de trascendencia pública (una de ellas con gran despliegue mediático) que incluyen la falsificación de documentos y la participación de varias personas en las mismas, por lo que su clausura lesionaría enormemente la eficacia preventiva que tiene la amenaza de pena en estos casos, así como la imagen del organismo y la confianza de la ciudadanía en que ilícitos graves (y conocidos) sean castigados”, escribió el Poder Ejecutivo en su fundamentación, a la que accedió Búsqueda.
“Cabe aclarar que se trata de casos que han sido objeto de una instrucción que se encuentra avanzada y con buenos resultados, lo que refuerza el perjuicio aludido”, añadió.
Presidencia no especificó a qué casos se refería, pero en ámbitos judiciales y políticos se dio por sentado que, por la descripción incluida en la fundamentación, uno de ellos era el expediente de Blas.
Las instrucciones generales son pautas que orientan la actuación de los fiscales y son evaluadas por un Consejo Honorario integrado por distintos organismos. La resolución propuesta por el Poder Ejecutivo fue aprobada con los votos del prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y el representante de la Asociación de Fiscales, Willian Rosa. La facultad, representada por Gabriel Valentín y Florencio Macedo, y el colegio, representado por su presidente, Diego Pescadere, y el director del Instituto de Derecho Procesal de la facultad estatal, Alejandro Abal, votaron en contra.
La discusión sobre la resolución propuesta por el Poder Ejecutivo fue ardua y el consejo debió reunirse al menos tres veces para buscar un acuerdo. Sin embargo, no hubo consenso y votaron divididos. En los primeros encuentros participó en nombre del gobierno el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, que luego fue reemplazado por Roballo.
Según relataron a Búsqueda fuentes al tanto de las conversaciones, la Universidad y el Colegio de Abogados pidieron a la Presidencia que desarrolle los argumentos para incorporar la defraudación tributaria entre los delitos de interés público, ya que entendían que, al igual que otros de naturaleza patrimonial, el fisco puede recuperar el crédito y sancionar al defraudador en vía administrativa, sin necesidad de acudir a una persecución penal.
Tras el pedido, Presidencia redactó una fundamentación más extensa que distribuyó entre los restantes integrantes del consejo. “Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en sociedad y ahí radica —al menos a nuestro juicio— el interés público de la persecución de los delitos que atenten contra la Hacienda Pública”, dice el documento, y más adelante menciona el interés de la DGI en que no se clausuren dos investigaciones.
Los argumentos del gobierno no solo no convencieron al colegio y a la facultad, sino que intensificaron las discrepancias.
Las instrucciones generales “deben ser, como lo ha señalado la doctrina, generales y abstractas y por ende no deben tomar como fundamento para su dictado la existencia de casos particulares que se encuentren en trámite, ya que ello puede suponer la violación del principio de independencia técnica de los fiscales”, planteó el colegio al fundamentar su voto negativo.
La facultad insistió sobre el mismo punto: “Como su nombre lo indica, y su naturaleza, las Instrucciones Generales deben ser instrucciones referidas al futuro para un número indeterminado de casos”.
“Dentro de la fundamentación que realiza el Poder Ejecutivo, se refiere a la problemática interpretación de la Instrucción General Nº 11 que se pudiera realizar —por los fiscales actuantes— en dos casos particulares en curso. Una fundamentación de este tipo no es de recibo en una Instrucción General”, sostuvo. “En adición, basta decir que se busca solucionar dos casos particulares del pasado, generando un número de dificultades infinitas para el futuro”.
El tema fue planteado al fiscal de Corte durante su comparecencia ante la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados el pasado miércoles 5. El legislador del Partido Nacional Pablo Iturralde planteó que el Poder Ejecutivo solicitó que se aprobara la resolución basado “en que la Dirección General Impositiva tenía dos casos en trámite que, de no llegar a la formalización, quedarían expuestos ante la sociedad por la trascendencia de ambos casos”. Y preguntó a Díaz: “¿El fiscal general cree que las instrucciones generales o las resoluciones que las modifiquen pueden dictarse a partir de casos concretos, puntuales, en los que hay imputados individualizados?”.
“El señor legislador se refiere a los fundamentos que expresó el Poder Ejecutivo; no fueron los del Consejo. El Poder Ejecutivo podrá tener sus argumentos, así como la Asociación de Fiscales, que votó en función de un mandato gremial que tenía el delegado, y el fiscal de Corte, lo hizo conforme a su conciencia”, respondió Díaz.
Dijo también que “el tema se debatió en el consejo durante, por lo menos, cuatro reuniones”, y que la discusión se produjo con los abogados Abal y Valentín. “Fue un debate intenso y, finalmente, después de agotar todas las posibilidades de ponerse de acuerdo”, se aprobó la resolución, añadió. “Estoy absolutamente convencido de que la defraudación tributaria debe estar incluida entre los delitos que tengan interés público en la persecución”.
Consultado por Búsqueda sobre el tema, Díaz dijo que se remitía a las declaraciones que había realizado en el Parlamento.
Miguel Ángel Toma Presidencia de la República Jorge Díaz
Talvi dice que lo “renunciaron” desde Presidencia y que hubo una estrategia de “enchastrarlo” antes de abandonar el cargo
Jue, 06/13/2019 - 14:42
Una duda que creo razonable plantear.
¿Uruguay esta Maduro para ya caer?
¿Se debe considerar Fruta Podrida del arbol del Sometimiento?

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución