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InDret. Responsabilidad por hecho ajeno e incertidumbre sobre la autoría. Comentario a la STS, 1ª, Fernando Gómez
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Virginia Tebar Cordero
1 InDret Responsabilidad por hecho ajeno e incertidumbre sobre la autoría Comentario a la STS, 1ª, Facultad de Derecho Universitat Pompeu Fabra Working Paper nº: 193 Barcelona, enero de 20042 La tradicionalmente conocida como responsabilidad por hecho ajeno (de manera fundamental, en los art Código civil, art. 120 Código penal, art. 145 Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común) es una de las componentes esenciales del Derecho de daños tal y como se conoce y se aplica hoy por los Tribunales españoles. Los demandados individuales por responsabilidad civil son ya relativamente infrecuentes en nuestros Tribunales. Son las organizaciones, públicas y privadas, y las compañías de seguros quienes responden legalmente de la mayor parte de los daños que ocurren en una sociedad desarrollada. La responsabilidad de las organizaciones es posible precisamente por la previsión normativa, en distintos textos legales de nuestro sistema jurídico, del mecanismo de la responsabilidad por hecho de otro. La sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de resuelve uno de los más dramáticos (por la gravedad de los daños ocasionados) casos de responsabilidad por hecho ajeno de los últimos años en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y lo hace, además, en un sector, como es el de los accidentes de tráfico, en el que la conjunción de dos factores harían esperable un papel poco relevante de la responsabilidad por hecho de otro. De un lado, la dispersión en el ejercicio de la actividad: en España hay 616 vehículos a motor por cada 1000 habitantes, lo que explica que, a salvo los menores y los muy ancianos, todos seamos conductores en muchas o pocas ocasiones, y lo seamos, además, de forma individual y no como agentes de una organización. De otro, la exigencia legal de un seguro obligatorio de responsabilidad civil que cubre con límites, como después se comentará- las responsabilidades frente a terceros derivados de la actividad automovilística hace innecesario, de ordinario, tratar de acudir a otras fuentes de compensación a las víctimas distintas de las aseguradoras. Veamos primero el relato de los hechos que dieron lugar a la sentencia o, al menos, lo que se puede reconstruir con base en el resumen que contiene el Fundamento segundo de la misma. 1. El relato de hechos El 21 de agosto de un vehículo de la marca BMW, propiedad de la sociedad Andrés Muñoz SA fue conducido por D. Valentín V, empleado de la citada sociedad, y conductor habitual del vehículo 2 al taller de la entidad Sánchez Ferrero SA para proceder a la reparación del electro ventilador. 1 En efecto, aunque parezca mentira, el Tribunal Supremo resuelve finalmente el asunto a poco menos de 2 meses de cumplirse 18 años de ocurrido el accidente. Sobran los comentarios acerca de la eficacia de la Administración de la justicia, así como sobre la utilidad de una jurisprudencia que interpreta unas normas acaso ya derogadas, o cuyo entendimiento tal vez haya cambiado de manera importante en el largo tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos. 2 Parece deducirse, aunque no se aclara del todo en el relato de hechos de la sentencia, que se trataba del chófer del vehículo. 23 Al día siguiente, 22 de agosto, una vez efectuada la reparación, el vehículo abandona el taller ocupado por D. Valentín V. y D. Luis F., éste último mecánico electricista empleado por Sánchez Ferrero SA, con el propósito, en apariencia, de probar la eficacia de la reparación en carretera. El vehículo era conducido en ese momento, de acuerdo con el hecho probado aceptado por la Audiencia, por D. Valentín V 3. Cuando el vehículo circulaba por el Km. 6 de la carretera nacional N-VI, debido al exceso de velocidad, invade el carril opuesto de la calzada y choca con una furgoneta belga marca Fiat donde viaja un matrimonio de esa nacionalidad ( D. Dean S. y Dña. Monique G.) con sus hijas Celine y Françoise. La furgoneta, que cambia su trayectoria al colisionar con el BMW, es a su vez embestida por detrás por el vehículo marca Renault en el que viajaban D. Ángel P. y Dña. Esther P. El resultado es varias veces mortal. La sentencia dice escuetamente: 5 personas fallecidas, 3 lesionados y daños materiales diversos. Aunque no se indica expresamente, puede deducirse que fallecen los 2 ocupantes del BMW, así como 3 de los ocupantes de la furgoneta, los padres y su hija Celine. Los ocupantes del Renault y la segunda hija de la familia belga que viajaba en el vehículo, resultan heridos (no se explica con qué alcance). En el atestado levantado por la guardia civil se identifica inicialmente como conductor del BMW a D. Valentín V. (el empleado de la sociedad propietaria del vehículo) y como ocupante a D. Luis F. (empleado del taller Sánchez Ferrero). Seis días después de los hechos, en una ampliación de diligencias, la guardia civil modifica el atestado inicial, cambiando la inicial identificación de conductor y pasajero del BMW: D. Luis F. se hace constar como conductor y D. Valentín V. como ocupante del asiento delantero. A raíz de los hechos, se suceden las demandas, que van a dar lugar a distintos procedimientos que serán acumulados. La Cª de seguros Iberia, con alta probabilidad aseguradora del vehículo (aunque no se indica), reclama el reembolso de ptas. a Sánchez Ferrero SA. La sentencia que se comenta no contiene indicación alguna ni acerca de los conceptos ni acerca del fundamento de tal pretensión, como tampoco lo hace respecto de las restantes pretensiones que a continuación se enumeran. D. Paulino V. (con toda probabilidad pariente de Valentín V., aunque no se indica) reclama ptas. de Sánchez Ferrero SA. Europassistance, Cª de seguros, reclama de Andrés Muñoz SA, Sánchez Ferrero SA e Iberia, Cª de seguros el reembolso ptas. 3 Probablemente, aunque la sentencia no indica nada al respecto, la fuente de conocimiento de tal hecho es el testimonio de otros empleados de Sánchez Ferrero SA, ya que los dos ocupantes del vehículo fallecerán en el accidente que da origen a la sentencia. 34 Dña. Marie Anne S., en su propio nombre y como tutora de Françoise S., Arlette S., Claire S., Franz S. y Clara G. (estos últimos, hijos del matrimonio belga fallecido) reclama ptas. de Sánchez Ferrero SA. D. Ángel P. y Dña. Esther P. reclaman ptas. de Sánchez Ferrero SA y de Iberia, Cª de seguros. El JPI de Madrid absuelve a Andrés Muñoz SA e Iberia, Cª de seguros, de las pretensiones dirigidas contra ellas y condena a Sánchez Ferrero SA a pagar a los demandantes las cantidades solicitadas. La Audiencia Provincial de Madrid confirma, tras la apelación de Sánchez Ferrero SA, la sentencia del JPI en todos sus extremos. Recurrida en casación esta sentencia, el Tribunal Supremo desestima íntegramente el recurso de Sánchez Ferrero SA. 2. El porqué de las reclamaciones frente al responsable ex art CC Es poco frecuente que los accidentes de tráfico den origen a numerosas y cuantiosas reclamaciones contra personas o entidades distintas de las aseguradoras de la responsabilidad civil de los vehículos involucrados. El caso de la sentencia parece ser una clamorosa excepción a esta regularidad. La razón de ello estriba, probablemente, en la limitación cuantitativa de la cobertura del seguro obligatorio de responsabilidad automovilística y, en especial, en su carácter drástico en las fechas en las que ocurrió el accidente. En el verano de 1985 regía aún el reglamento del seguro obligatorio de vehículos de motor aprobado por Decreto 3787/1964, de 19 de noviembre 4, modificado en cuanto a las cuantías que servían de límite a la reparación de los daños corporales por el Real Decreto 1980/1852, de 4 de julio. Los topes de cobertura del seguro obligatorio vigentes en la fecha del accidente eran draconianos, sin lugar a dudas desde la perspectiva actual, y probablemente también a los ojos del momento: ptas. por incapacidad permanente, ptas. por muerte y por gran invalidez. De hecho, al año siguiente, el Real Decreto 2641/1986, de 30 de diciembre 5, aprobó un nuevo reglamento del seguro obligatorio que elevaba las coberturas mínimas hasta ptas. por víctima, esto es, multiplicaba por 16 la cobertura máxima del sistema anterior 6. 4 El reglamento desarrollaba la Ley 122/1962, de 24 de diciembre, de uso y circulación de vehículos a motor. Posteriormente, la misma fue refundida en texto aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo. 5 El reglamento de 1986 desarrollaba el Real Decreto Legislativo 1301/1986, de 28 de junio, que adaptó el texto refundido de la Ley de uso y circulación de vehículos de motor al ordenamiento jurídico comunitario, y ajustaba las coberturas vigentes en España a las impuestas por la Segunda directiva comunitaria en la materia. 6 Hoy la cuantía que se fija en el vigente reglamento del seguro obligatorio, aprobado por Real Decreto 7/2001, de 12 de enero, es de euros ( ptas.) por víctima. 45 Por añadidura, la cobertura de seguro voluntario de responsabilidad civil automovilística por parte de la entidad Andrés Muñoz SA tampoco debía ser generosa, si es que existía en absoluto, lo que dejaba como única opción de compensación medianamente efectiva a las víctimas del accidente la reclamación frente a la organización responsable de los daños causados. 3. Los responsables por hecho de otro en el caso Si el accidente objeto de la sentencia que se comenta, asumiendo íntegramente el relato de hechos anterior, ocurriera hoy, además de la eventual responsabilidad de Sánchez Ferrero por los actos de su empleado Luis F. sería indudable la responsabilidad de la empresa Andrés Muñoz SA. En efecto, el art. 1.1.V de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor 7 hace al propietario del vehículo responsable de los daños causados cuando mantenga con el conductor alguna de las relaciones que regulan los arts CC y 22 CP. La referencia al art. 22 CP debe entenderse hecha al actual art CP, que hace responsable civil a las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros por los delitos o faltas cometidos en la utilización de aquéllos por sus dependientes o representantes o personas autorizadas (el subrayado es mío). Por tanto, aun cuando el accidente hubiera sido causado bajo la conducción de Luis F., en quien no concurría la condición de empleado o dependiente de Andrés Muñoz SA, no cabe duda que se trataba de una persona autorizada para ello por el dependiente de Andrés Muñoz SA que tenía expresamente encomendada la utilización del vehículo. Es probable que la referencia al art CC en el art. 1.1.V. de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor fuera bastante para atribuir responsabilidad a la empresa propietaria del vehículo, a la vista de la rigurosa jurisprudencia en esta materia del Tribunal Supremo 8, pero la conexión sistemática con el art CP hace muy poco dudoso tal resultado en un caso como el presente. Bajo la legislación sectorial vigente en la fecha real del accidente, el texto refundido de 1968, la responsabilidad del propietario del vehículo no tenía un reflejo legal propio, y sólo cabía afirmar la responsabilidad del mismo, sin un mandato legal específico al respecto, bajo los presupuestos de aplicación y los criterios generales del art CC o del art. 22 CP (el derogado, claro). En ellos, al contrario que en el actual art CP, no hay una referencia explícita a la simple autorización para conducir como fundamento para imputar responsabilidad al propietario. Si bien la jurisprudencia, tanto civil como penal, que interpretó ambos preceptos fue muy rigurosa con el propietario, parece incontestable que cabía albergar entonces unas dudas sobre la 7 El vigente texto de la Ley procede de la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados. 8 Véanse sobre la misma, Esther Gómez Calle, Los sujetos de al responsabilidad. La responsabilidad por hecho ajeno, en Fernando Reglero (coord.) Tratado de la responsabilidad civil, Cizur Menor, Aranzadi (2002), p (crítica con tal jurisprudencia) y ss; Fernando Reglero, Responsabilidad y seguro en la circulación de vehículos a motor, en Fernando Reglero (coord.) Tratado de la responsabilidad civil, Cizur Menor, Aranzadi (2002), p. 743 y ss; Antonio Cabanillas, La responsabilidad extracontractual del empresario por los daños causados por un dependiente de alta cualificación técnica, en 56 ADC (2003), p. 206 y ss. 56 responsabilidad de Andrés Muñoz SA que hoy no estarían justificadas. Tal vez por ello sólo Europassistance, entre los demandantes, optó por exigir responsabilidad a la entidad propietaria del vehículo, y tal responsabilidad no fue apreciada en primera instancia (esta absolución no fue recurrida). Todo lo anterior, claro, suponiendo que el conductor del vehículo al ocurrir el accidente fuera el empleado de Sánchez Ferrero SA, y no el de Andrés Muñoz SA. De haber sido el segundo quien conducía el vehículo al producirse los daños, no cabe duda alguna, ni entonces ni hoy, de la responsabilidad de la empresa titular del vehículo y empleadora del conductor causante del accidente. La cuestión es bien distinta si se piensa en la responsabilidad del taller Sánchez Ferrero SA. Su responsabilidad tiene como único fundamento legal el art CC y pende de la acreditación de un dato que, en este caso, se reveló como muy problemático: la identidad del conductor del coche al ocurrir el accidente. Si y sólo si el conductor es identificado como alguien en quien concurre el doble requisito exigido por el art CC, esto es, la relación de dependencia con Sánchez Ferrero SA, de un lado, y la causación del daño en el desempeño de sus obligaciones o servicios a favor del principal, de otro, puede nacer responsabilidad para Sánchez Ferrero SA del accidente producido. No es extraño, pues, que la defensa de Sánchez Ferrero SA haga hincapié (motivos I y II del recurso de casación) en las cuestiones de valoración de la prueba de la identidad del conductor y trate de destruir la atribución de autoría a Luis A. que habían realizado las sentencias de instancia. De haber logrado destruir esa atribución la absolución de Sánchez Ferrero SA estaba garantizada. En realidad, la identidad del conductor del BMW al producirse el accidente está sujeta a una incertidumbre nada desdeñable: El vehículo sale del taller conducido no por el empleado de Sánchez Ferrero SA sino por el empleado de Andrés Muñoz SA. Si bien es cierto que la acreditación de esta circunstancia probablemente sólo es posible con el testimonio de otros empleados de Sánchez Ferrero SA, cuya imparcialidad puede resultar cuestionable, lo cierto es que se da por probado en las sentencias de instancia. En la primera versión del atestado de la guardia civil se identificaba como conductor a Valentín V., empleado de Andrés Muñoz SA, y ello a pesar de que no parece probable que al elaborarse el atestado se hubiera podido comprobar quién estaba al volante al abandonarse el taller. El cambio de identificación se produce varios días después de los hechos, como ampliación de diligencias de oficio por parte de la guardia civil y sin que consten los motivos o fundamentos de tal modificación, de gran trascendencia para las responsabilidades civiles dimanantes de los hechos, como se puede comprobar. 67 Citados a juicio como testigos los dos miembros de la guardia civil que intervinieron en el asunto, el uno no compareció y el otro no aclaró nada acerca de las causas del importante cambio en el contenido del atestado. La sentencia del Tribunal Supremo despeja las dudas acerca de lo sucedido con un genérico voto de confianza en la probidad de las autoridades públicas:... ha de tenerse en cuenta, al igual que ocurre en cualquier comunidad civilizada, la constancia de lo apreciado por los agentes encargados de auxiliar y comprobar in situ el suceso en una verosimilitud inevitable que no certeza- de lo que pudo lógicamente ocurrir. El Tribunal Supremo, en definitiva, entiende que, salvo prueba en contrario ofrecida por el demandado, ha de aceptarse la descripción de las circunstancias incluida la identidad del conductor causante del accidente- de la producción del suceso que resulta de la versión final de las diligencias practicadas por la autoridad pública encargada del caso. El cúmulo de factores de incertidumbre que Sánchez Ferrero SA ofrece quién conducía al salir del taller, el primer atestado, la falta de justificación para el cambio en éste, la falta de información en la vista por parte de los agentes) con el propósito de minar la viabilidad de la versión final del atestado en ese punto, no va a ser estimado suficiente para alterar la convicción del juzgador en cuanto a la autoría del hecho y, casi irremisiblemente como consecuencia de ello, en cuanto a la responsabilidad del taller Sánchez Ferrero SA. Cabe preguntarse si los demandantes de mayor peso cuantitativo (por el importe de lo demandado) y cualitativo (por su condición, literalmente, de huérfanos a resultas del accidente) hubieran dirigido su demanda no sólo contra Sánchez Ferrero SA, sino también contra Andrés Muñoz SA. Es posible que en este escenario el Tribunal Supremo, y acaso los tribunales inferiores, alentados por la muy probable, a la vista de las razones apuntadas anteriormente, responsabilidad de la segunda sociedad, hubieran estado más dispuestos a apreciar la incertidumbre acerca de un hecho crucial en el suceso, como es el de la identidad del conductor. Hubiéramos visto al Tribunal Supremo lidiando un interesante caso de incertidumbre causal 9, en el que hubiera sido digna de ver la opción adoptada por aquél. Habrá que esperar otra ocasión. 4. La aplicación del art CC en el caso Una vez afirmada judicialmente la identidad del conductor del vehículo al producirse el accidente, la suerte como demandado de Sánchez Ferrero SA estaba decidida. En realidad, en los restantes motivos de su recurso de casación se trasluce una notable falta de convicción. 9 Sobre las distintas soluciones, teórica y prácticamente aplicables a la atribución de responsabilidad en los casos de incertidumbre sobre la causalidad, véanse William Landes y Richard Posner, The Economic Structure of Tort Law, Harvard University Press, Cambridge (MA) (1987). Entre nosotros, Albert Ruda, La responsabilidad por cuota de mercado a juicio, InDret 3/8 Aun cuando el fundamento y el alcance de la responsabilidad del empresario por los hechos de sus dependientes sigue siendo objeto de vivo debate en la literatura jurídica española 10, la jurisprudencia del Tribunal Supremo se muestra, en conjunto, notablemente estable y firme 11 en el rigor y la exigencia objetiva, o casi, de responsabilidad del empresario ex art CC 12. En cuanto al doble presupuesto condicionante de la responsabilidad de Sánchez Ferrero SA según esta norma, vgr. la relación de dependencia del conductor del vehículo con Sánchez Ferrero SA, de un lado, y la causación del daño en el desempeño de sus obligaciones o servicios por parte del conductor en favor de su principal, su concurrencia deja lugar a pocas dudas. En cuanto al primero, porque Luis A., considerado el conductor al acaecer el accidente, estaba vinculado con Sánchez Ferrero SA por una relación de naturaleza laboral, lo que sin duda alguna satisface la exigencia de relación de dependencia entre causante material y empresario. En cuanto al segundo, el demandado alega en su recurso que la actuación de Luis A. se había producido al margen de sus funciones y tareas dentro de la organización en la que se insertaba. Se argumenta que Luis A. era mecánico-electricista, y que en sus tareas no se hallaba la de conducir los vehículos en reparación o reparados, por lo que vendría a faltar, según Sánchez Ferrero SA, el segundo de los presupuestos de su responsabilidad de acuerdo con el art CC. 10 Entre las aportaciones recientes más destacadas se cuentan Javier Barceló, Responsabilidad extracontractual del empresario por actividades de sus dependientes, McGraw-Hill, Madrid (1995), Pedro Zelaya, La responsabilidad civil del empresario por los daños causados por los dependientes, Aranzadi, Pamplona (1995), Esther Gómez Calle, Los sujetos de al responsabilidad. La responsabilidad por hecho ajeno, en Fernando Reglero (coord.) Tratado de la responsabilidad civil, Aranzadi, Cizur Menor (2002), p. 424 y ss., Pablo Salvador y Carlos Gómez Ligüerre, Respondeat Superior II. De la responsabilidad por hecho de otro a la responsabilidad de la organización, InDret 3/2002, y Miquel Martín y Josep Solé, Liability for Damage Caused by Others under Spanish Law en J. Spier (Ed.), Unification of Tort Law: Liability for Damage Caused by Others, Kluwer Law International, The Hague/ London / New York, 2003, p Actitud que, en términos generales entiendo la más sensata como postura de partida. Siempre me ha parecido que la ventaja comparativa y la conveniencia de ello, además- de los Tribunales para apreciar la culpa in eligendo o in vigilando en el seno de una organización compleja, aunque la culpa se presuma, es una verdadera entelequia. Sólo en casos de organizaciones simples y de omisiones de control groseras, como ocurre en la reciente STS, 1ª, , en la que la responsabilidad por hecho de otro se imputa a un notario por la negligencia de un oficial de su notaría de cuyas irregularidades previas había amplia constancia por denuncias anteriores. De hecho, la retórica de la culpa in vigilando, que de manera no infrecuente gusta de manejar el Tribunal Supremo, puede conducir a una aplicación analógica potencialmente incontrolable de la responsabilidad ex art CC fuera de sus supuestos de hecho: la muy reciente STS, 1ª, , llega a plantearse si habrá culpa in vigilando de una hija por los daños causados por su padre jubilado (nada se dice de que pudiera estar afectado de una incapacidad no declarada judicialmente, por lo que ni siquiera la tortuosa vía del art. 229 CC era imaginable) con el que ni siquiera convivía, aunque termina exonerándola de responsabilidad (no así el JPI, que la condenó inicialmente). 12 Uno de los aspectos todavía problemáticos en la jurisprudencia sobre el art CC es el de si es presupuesto de la responsabilidad del principal la del propio dependiente autor material del daño. Hay opiniones doctrinales (Esther Gómez Calle, Los sujetos de la responsabilidad. La responsabilidad por hecho ajeno, en Fernando Reglero (coord.) Tratado de la responsabilidad civil, Aranzadi, Cizur Menor (2002), p ) y jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo (STS, 1ª, ; STS, 1ª, ; STS, 1ª, ) que entienden (frente a la postura tradicional y, aún hoy, dominante en el Tribunal Supremo: SSTS,1ª, , , entre otras muchas) que no es preciso establecer la responsabilidad individual del agente para que se desencadene la del empresario u organización. En el caso que se comenta, sin embargo, la cuestión no era problemática, dado el carácter objetivo de la responsabilidad del conductor del vehículo, y la falta absoluta de indicios relativos a eventuales factores de exoneración de aquella responsabilidad automovilística. 89 El Tribunal Supremo rechaza tal argumentación al entender que existía una clara conexión entre las funciones y servicios que desempeñaba Luis A. y el accidente ocurrido. El trágico suceso fue consecuencia de la prueba del arreglo del vehículo, consistente en una reparación del electroventilador, aspecto éste englobado con claridad en las funciones de mecánico-electricista que desempeñaba a favor de Sánchez Ferrero SA, lo que se confirma además, según el Tribunal Supremo, por el hecho de no existir en el taller persona especializada (en comprobar en carretera los coches ya reparados, parece sobreentenderse). Aun cuando se hubiera apreciado en la causación del daño por parte del Tribunal Supremo lo que no es el caso- una extralimitación del dependiente en el ejercicio de sus funciones propias, no por ello hubiera quedado cerrada la vía para afirmar la responsabilidad de Sánchez Ferrero SA. El rigor ya mencionado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo se aprecia también en el trato judicial dado a las extralimitaciones de los agentes al producir los daños: sólo cuando se trata de casos clamorosos de extralimitación de funciones queda cortado, a juicio del Tribunal Supremo, el nexo con la relación dependiente-empresario que permite fundar la responsabilidad del segundo. Tal vez la mejor muestra de esta actitud en el enjuiciamiento de las extralimitaciones la tengamos en la jurisprudencia sobre delitos cometidos por agentes de seguridad, pública y privada, con uso de sus armas 13, aunque hay otros ámbitos en los que el Tribunal Supremo, en especial la Sala 2ª, ha afirmado la responsabilidad de empresario en presencia de conductas del dependiente extralimitadas respecto de sus funciones o tareas ordinarias: SSTS, 2ª, , , , , En este caso, puede haber muy pocas dudas que, de haber habido extralimitación de funciones en la conducta de Luis A. por un suponer, hubiera accedido a dar una vuelta en coche con Valentín V., conocido suyo, por apartarse durante un tiempo de su lugar de trabajo- no se trata de una de las que serían consideradas relevantes, por entenderse entonces el daño causado fuera del cometido laboral del empleado, para negar la responsabilidad del empresario ex art En definitiva, una vez establecidos los hechos por el Tribunal, y aceptada por tanto la condición de conductor al ocurrir los mismos del empleado de Sánchez Ferrero SA, poco consuelo podía ofrecer a ésta el art CC para poder librarse de la responsabilidad por los daños derivados del trágico accidente de carretera de aquel verano de Sobre esta interesante y nutrida jurisprudencia puede consultarse, Marc-Roger Lloveras, Policías que disparan, InDret 1/ Documentos relacionados
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REAL DECRETO 
 ARTÍCULO 50
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