Source: http://www.cnv.gov.ar/ResDisciplinarias/ResFinales/Resolucion13899.htm
Timestamp: 2017-11-24 16:21:39+00:00

Document:
Estructura Resolución SEVEL
Dicha asamblea aprobó también una oferta pública de 40.000.000 acciones de igual clase y similares características (colocación secundaria), de propiedad de Francisco Macri y Blanco Villegas en un 75% y 25%, respectivamente, las que debían ser adjudicadas recién luego de colocada la totalidad de la emisión ofrecida por Sevel.
los vendedores celebraron con Chase un contrato de underwriting con compromiso de colocar las acciones indicadas con el "mejor esfuerzo", debiendo Chase determinar su precio de corte en el acto de proceder a su adjudicación, basado en el método de subasta holandesa (en la cual, en función del precio ofrecido por acción y la cantidad de acciones disponibles, se van aceptando las ofertas recibidas comenzando por la de mayor precio y continuando en forma descendente hasta agotar las acciones disponibles o, en su defecto, el total de las acciones por las cuales hubieren ofertado el conjunto de los oferentes si fuere menor, resultando el precio de corte aplicable a todas las ofertas, el precio incluido en la última orden de compra aceptada);
existieron dos segmentos para realizar las ofertas: el competitivo y el no competitivo;
todas las acciones adjudicadas en el segmento competitivo debían serlo al precio incluido en la última orden de compra aceptada, que determinaba el precio de corte, siempre que éste fuera igual o superior al precio base (mínimo) fijado por Sevel en $1,58 (anexo IV, fs. 2813);
todas las acciones adjudicadas en el segmento no competitivo debían serlo al precio de corte resultante del segmento competitivo (anexo IX, fs. 2814).
Los inversores interesados debieron necesariamente recurrir para canalizar sus ofertas a agentes colocadores, los que luego las derivaron durante el período de suscripción a Chase a través de los agentes mayoristas Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Citibank NA - suc. Bs. As.-;
respecto de cada oferta recibida los agentes colocadores debieron asegurarse, por el modo que estimaron más apto, del posterior pago que correspondiera en función del precio de corte resultante y de cuyo efectivo ingreso fueron garantes y principales pagadores;
el grupo Macri, que poseía a través de distintas sociedades y tenencias personales directas la totalidad de las acciones clase A y C de Sevel (anexo IX, fs. 2798), se comprometió a no disponer de las acciones clase C no adjudicadas en esta oferta por un período de 90 días corridos a partir de la fecha en que las acciones se encontrasen totalmente suscriptas, y
existió asimismo por su parte un compromiso de no conversión de acciones clases A y B en acciones clase C, y de no emisión de nuevas acciones clase C, por un período de 180 días corridos a partir de la fecha en que las acciones se encontrasen totalmente suscriptas.
en el segmento competitivo, en el que se determinaba el precio de corte a pagar por todos los oferentes, las ofertas presentadas excedieron el total de acciones ofrecidas, por lo que se aceptaron ofertas hasta la cantidad de 56.000.000 acciones comenzando por las de mayor precio y hasta agotar las acciones disponibles en ese segmento, lo cual tuvo lugar al precio indicado en la última orden de compra aceptada ($2 por acción).
las ofertas recibidas en el segmento competivo excedieron los 56.000.000 acciones, debiándose efectuar un prorrateo en el nivel de la oferta de $2 por acción de resultas del cual, cada oferente de este nivel recibió el 14,75% de su oferta.
BM resultó ser la mayor adjudicataria en esta licitación con 20.085.004 acciones, estando obligada a abonar $40.172.548, mientras que Towlin, Lansing y Gadsen resultaron adjudicatarias de 2.436.956, 989.513 y 494.757 acciones, respectivamente, por las que estaban obligadas a abonar $4.873.912, $1.979.026 y $989.514, respectivamente.
Se acreditaron U$S50.000.000 en esa cuenta de BM en BBH (anexo I, fs. 146), que simultáneamente fueron debitados para una inversión transitoria que se restituyó el 26-6-92.
BM, Towlin, Gadsen y Lansing solicitaron a Medefín la transferencia a Lawton de la totalidad de las acciones que les habían sido adjudicadas, sociedad que las mantuvo inmovilizadas por dos (2) años.
Medefín transfirió de su cuenta en el BCRA a la cuenta de Citibank NA -suc. Bs. As.- en el BCRA la suma de $48.015.000 (fs. 813 y fs. 815/816).
Medefín otorgó a Lawton, cuyo capital social integrado ascendía a sólo U$S1 (fs. 262), el recibo oficial Nº 1-0031142 por la suma de $48.015.000 (fs. 819), pero no se detectó ninguna constancia de que Lawton haya entregado suma alguna a Medefín en Buenos Aires.
La junta directiva de Lawton designó presidente al señor Santiago Lussich Torrendel (fs. 2552).
Que la manipulación involucra la compra o venta de un título valor con el propósito de crear una apariencia falsa o errónea de transacciones frecuentes o de elevar o deprimir el precio del valor negociable, lo que incide en la compra o venta de terceras personas (Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., pág. 963, 6ta. ed., 1990).	Que para caracterizar la manipulación, es conveniente examinar el documento público titulado "Investigating and Prosecuting Market Manipulation"-"Investigación y procedimiento sancionatorio en la manipulación de mercado"- (v. www.iosco.org/docs-public-2000) en el cual la International Organization of Securities Commissions ("IOSCO") -Organización Internacional de Comisiones de Títulos Valores- delineó los aspectos fundamentales de esta práctica y sus efectos nocivos en la transparencia y confianza pública que debe primar en los mercados de valores negociables, los que se destacan a continuación.
6.8.- Responsabilidad de los Directores
6.8.1.- Responsabilidades de los Directores Sujetos al Régimen de la Ley Nº 17.811
Que la jurisprudencia ha sostenido que "[l]a responsabilidad del directorio de" "una sociedad anónima nace de la sola circunstancia de integrar el órgano de gobierno" (CNCom, Sala B, "Jinkus, Gabriel A. C/ Video Producciones Internacionales S.A. y" "otros", 6-11-96, Rev. La Ley, 1997-D, pág. 483), "de una manera que cualesquiera" "sean las funciones que efectivamente cumple un director, su conducta debe ser" "juzgada en función de la actividad probada por el órgano..." (CNCom, Sala E, Expte. Nº 84.227/95, "Banco Medefin S.A. s/ retardo en la presentación de información contable", ED, 5-12-96).
Que además ha señalado que "[d]ado que el directorio de la sociedad anónima" "es un órgano colegiado, el reproche por mal desempeño del cargo está dirigido, en" "principio, contra todos los integrantes del órgano...", para cuya imputación debe prescindirse "... de todo juicio de atribución basado en el obrar individual de los" "directores que permita distinguir los grados o matices de culpa o dolo que pudiera" "existir entre ellos. No se trata de una responsabilidad objetiva, ni derivada de una" "obligación de resultados, sino de una presunción de culpabilidad de todos los" "miembros del órgano colectivo que provoca una inversión de la carga probatoria, y" "que obliga al director a tener que demostrar la diligencia y lealtad con que ha actuado" "para poder liberarse de su responsabilidad..." (Cám. Fed. de Apel. de Mendoza, Sala B, Expte. Nº 66.184-B-3743, "Bolsa de Comercio de San Juan S.A. s/ verificación 28.08.95", 1-9-00)
Que este fallo también indicó que "ya sea por comisión, ya por omisión, todos" "los administradores deben responder por los actos negligentes. Es que, aún cuando se" "impute una conducta concreta a uno o varios administradores, al mismo tiempo se" "estará atribuyendo al resto de los integrantes del mismo órgano, culpa por ‘no hacer’" "aquello a que estaban obligados por su función: percibir el negligente accionar y obrar" "para impedirlo. La invocación de ignorancia acerca de los acontecimientos, en vez de" "justificar, agrava la negligencia. Tampoco, la delegación de funciones en otras" "personas logra liberar de responsabilidad a los directores...".
Que por ende, no puede aceptarse que los integrantes del directorio puedan ser ajenos a operaciones de importancia para la sociedad, ni tampoco puede admitirse que fueron partícipes meramente formales en las decisiones del consejo del que forman parte, ya que la ley de sociedades anónimas atribuye a sus miembros una serie de responsabilidades y misiones que no pueden ser ignoradas a la hora de determinar su responsabilidad (conf. sent. de la AN del 23-4-97, recurso Nº 6/884/95, ponente: Guerrero Zaplana).
Que la extensión de la responsabilidad de los administradores se apoya también en factores de atribución correlacionados con las obligaciones que tienen: extremar los recaudos de previsión, cuidado, prudencia, transparencia y vigilancia de las operaciones que se desarrollan en el ámbito de su responsabilidad, debiendo para ello contar con pericia, conocimiento del delicado ámbito en el que despliegan sus actividades y dar estricto cumplimiento a las reglamentaciones dictadas por esta CNV, todo lo cual los habilita razonablemente a verificar y oponerse a los procedimientos irregulares.
Que adicionalmente, quienes tienen definidas obligaciones e incumbencias de dirección y fiscalización en las sociedades emisoras sujetas al régimen previsto en la Ley Nº 17.811 tienen responsabilidades agravadas derivadas de su recurso al ahorro público, conocen de antemano su sujeción al poder de policía de esta CNV y saben que por la naturaleza e importancia económica de su actividad se encuentra justificado el rigor con que debe ponderarse su comportamiento (conf. doctr. de la Cám. Nac. Cont. Adm., Sala II, in re "Hamburgo s/ Res 379 del BCRA", 8-9-92 y "Galarza", 1-9-92).
6.8.2.- Ignorancia o Desconocimiento de la Operación
Que en sus descargos, Mayorga y Rodríguez Alcobendas (fs. 4043/4089), Mauricio Macri (fs. 3077), Provera y Rucci (fs. 2481/249043) y Cáceres Monié (fs. 2474) expresaron que, en su carácter de directores, no pudieron tomar conocimiento de la operación cuestionada por estar ésta vinculada al sector financiero y por constituir actos de gestión ordinarios de las respectivas sociedades.
Que no basta para eximir de responsabilidad a los directores o síndicos la mera alegación de ignorancia, en tanto ello comporte el incumplimiento de sus obligaciones, por lo que resultan sancionables quienes por omisión no justificable, aún sin actuar materialmente en los hechos, no desempeñaron su cometido de dirigir la actividad desarrollada por la sociedad, coadyuvando de este modo a la configuración de los comportamientos irregulares (conf. Cám. Nac. Cont. Adm., Sala II, "Banco Patagónico S.A.", 17-10-94).
Que por ello, y aún cuando de las actas de directorio de Sevel y Medefín del año 1992 (fs. 5118/5188 y fs. 5200/5205, respectivamente) no surge el tratamiento por esos órganos de los hechos bajo examen, cabe concluir sin embargo que ni su falta de conocimiento, autoría, intención, participación, cooperación, conocimiento intelectual y material, ni la creencia de que estaban operando correctamente, constituyen factores que puedan eximir o reducir su responsabilidad, sin que esta conclusión importe una punición automática.
Que en cuanto a la alegada ignorancia de que la conducta realizada constituye infracción, si bien el ciudadano "no puede conocer todas las infracciones que van" "creando las normas jurídicas, pero tampoco puede refugiarse en su ignorancia, que" "sería... un desprecio para el Estado y para los intereses públicos protegidos por las" "normas ransgredidas..." (conf. Nieto, Alejandro "Derecho Administrativo Sancionador", ob. cit., pág. 348).
Que sin perjuicio de que la ignorancia de los hechos investigados no sirve de excusa, los directores implicados no adujeron ni probaron una causa exculpatoria válida para eximirse de su responsabilidad.
6.8.3.- Existencia de Daño. Innecesariedad de su Acreditación.
Que no obstante ello en el presente caso se causó un concreto perjuicio a 636 oferentes que presentaron solicitudes en el segmento competitivo (v. fs. 31/43) y a todos los oferentes que presentaron solicitudes en el segmento no competivo, lo que corresponde sea ponderado en la resolución de este sumario.
6.8.4.- La Carga de la Prueba. Responsabilidad Solidaria
Que Francisco Macri (fs. 5500/5526), Sevel (fs. 4778/5482), Mauricio Macri, Da Costa, Ferraris, Pucci y Amasanti (fs. 5483/ 5487), Berdina (fs. 5488/5491), Ortner (fs. 5492/5499), Rucci, Provera (fs. 2482/2486) y Blanco Villegas (fs. 5442/5449), cuestionaron lo afirmado por esta CNV en la Resolución inicial en cuanto a que "la" "carga probatoria no [debe interpretarse] como algo estático, sino en un sentido" "dinámico que lleva a su desplazamiento y rotación de cara a los distintos sujetos" "participantes, quienes se encuentran en mejores condiciones, por su posición o" "conocimiento, de explicar y acreditar situaciones que aparecen apartadas de lo que es" "el normal proceder en el mundo de los negocios" (v. fs. 2334 último párr. y 2335, primer párr.), por entender que es esta CNV la que debe probar la conducta subjetiva de cada uno de los sumariados para imponerles una sanción.
Que el directorio de una sociedad anónima es un órgano colegiado y el reproche por su mal desempeño está dirigido, en principio, contra todos sus integrantes ilimitada y solidariamente (art. 274, Ley Nº 19.550).
Que dicha norma establece una presunción de culpabilidad de todos los miembros del órgano colectivo que provoca una inversión de la carga probatoria, que obliga a cada director a tener que probar su diligencia y lealtad con que ha actuado para poder liberarse de responsabilidad (conf. Cám. Fed de Apel. de Mendoza, fallo del 1-9-00 en autos Nº 66.184 ya cit.), o acreditando debidamente una causa exculpatoria válida (v.gr., que no asistieron a las reuniones de directorio por una causa justificada, conf. doctr. sent. del 1-9-92 de la Cam. Nac. Cont. Adm., Sala II, "Galarza" del 3-9-92; y Sala II, "Mackinlay, Federico", 23-11-76, entre otras).
Que esa alteración de la carga de la prueba se produce al colocar el ordenamiento jurídico a los administradores en posición de garantes, encomendándoles la realización de una actividad positiva necesaria y racionalmente posible para evitar un concreto resultado (comisión de la infracción).
Que no nos hallamos en presencia de una responsabilidad objetiva en el seno del derecho administrativo sancionador, ya que los directores son responsables al menos, a título de culpa, por no haber desplegado la diligencia exigible en el ejercicio de sus funciones y no haber adoptado las medidas disponibles para prevenir la concreción de la manipulación en examen.
6.8.5.- Delegación de Funciones
Que prácticamente todos los directores titulares sumariados adujeron en sus descargos –sin aportar prueba que lo certifique- que delegaron sus responsabilidades en esta operatoria en las áreas gerenciales de Sevel y Medefín.
Que ese argumento tampoco logra liberarlos o eximirlos de responsabilidad por cuanto –como afirmó el 30-10-70 la CNAC, Sala B en el caso "Flaiban S.A." (v. cita del fallo en el pto. 6.7.1)- "... se elige al Director por la confianza que merece a los" "accionistas, y debe conducirse con diligencia. La delegación de funciones no le exime" "de este deber de controlar... Si el desempeño efectivo y eficaz del cargo excedía de su" "capacidad o de las disponibilidades de su tiempo, no debieron permanecer en los" "cargos: si lo hicieron, deben responder por las consecuencias" (v. pto. VIII a).
Que recientemente la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza sostuvo en ese mismo sentido que los directores deben dedicar al desempeño de su cargo todo el tiempo y la atención necesarios para cuidar y procurar un desempeño eficaz, y si no pueden hacerlo debidamente, deben renunciar (conf. sent. del 1-9-00 en autos Nº 66.184, B-3743 rotulados "Bolsa de Comercio de San Juan s/ Verificación 28.8.95").
6.8.6.- Posición de Garantes de los Administradores
Que aún si como adujeron algunos directores (Rucci y Provera a fs. 2482/2486, Da Costa, Ferraris y Pucci a fs. 3330/3380, Cáceres Monié a fs. 2474/2475, Mayorga y Rodríguez Alcobendas a fs. 4044/4090) se entendiera que la operatoria bajo examen constituyó una actividad ordinaria de las áreas gerenciales de Sevel y Medefín, los administradores son igualmente responsables al asumir una posición de garantes (conf. García, Luis M. y Llerena, Patricia M., "Criminalidad de empresa", Ad. Hoc S.R.L., Bs. As., 1990, pág. 37).
Que los directores son garantes de la actuación de sus subordinados por la posición jerárquica de mando y señorío que se encuentran dentro de la organización de
la sociedad y por ser custodios de los bienes jurídicos que administran.
Que por su función y competencia han contribuido a la comisión de la infracción de sus dependientes, al no haber tenido cuidado en su elección, no haber supervisado y vigilado sus actividades y no haber detectado la comisión de las irregularidades, de manera que las infracciones de los subordinados implicaron un correlativo incumplimiento de sus propias obligaciones como garantes.
Que en España la teoría del garante fue acogida por los Tribunales Contenciosos Administrativos.
Que cabe citar a modo de ejemplo y por su fuerza persuasiva la sentencia de la AN del 19-6-97, Sala Contencioso Administrativa, Sección 6, que estableció que "..." "las normas de aplicación determinan un sistema por el cual los administradores" "pueden controlar la actuación de la sociedad" y "se colocan en posición de garantes" "respecto del funcionamiento de la sociedad, de ahí la necesidad de que todos firmen" "los documentos que reflejan la situación de la misma; medio éste encaminado a" "asegurar el conocimiento necesario para valorar la gestión realizada" (conf. CNMV, ob. cit, págs. 291 y sigts.).
Que dicho fallo afirmó además que "... son los administradores, quienes tienen" "la obligación de adoptar las medidas necesarias para asegurar una ordenada gestión" "societaria y los medios jurídicos para realizar su función, siendo responsables por el" "resultado de tal gestión, salvo que resulte acreditado que emplearon todos los" "instrumentos jurídicos a su alcance para conocer y corregir la situación prohibida por" "la Ley".
7.- ANÁLISIS DE LAS DEFENSAS PARTICULARES
Que en los puntos 5.1.1 a 5.1.3 de esta Resolución fueron presentadas nociones básicas referidas al grado de evolución de los mercados de títulos valores en el mundo a partir de la década iniciada en 1990, su impacto en Argentina y la imperiosa necesidad de reprimir las prácticas manipulativas en razón de los efectos nocivos para el desarrollo de un mercado de capitales.
Que los conceptos generales allí introducidos deben tenerse presente al analizarse diversos aspectos que surgen de este expediente y en particular, de manifestaciones expuestas en sus descargos por Francisco Macri y Cardoni.
Que adicionalmente, no puede soslayarse el proceder obstructivo de los sumariados al evaluarse su conducta, ya que en lugar de limitarse a confrontar los argumentos expuestos por esta CNV para favorecer el rápido esclarecimiento de los hechos investigados, procuraron resolver estos actuados por una vía recursiva no prevista en la Ley Nº 17.811 (v. pto. 4.2).
7.1.- Análisis del Descargo de Sevel
Que se encuentra acreditado en estas actuaciones (v. en part. pto 8 de esta Res.) que Sevel tuvo activa participación en un esquema de manipulación que posibilitó la elevación del precio de corte de sus acciones en la licitación en examen, mediante el financiamiento de ofertas presentadas por sociedades que carecían de fondos para hacer frente a los compromisos que asumieron en la licitación.
Que en tal sentido, Sevel reconoció en su descargo (fs. 3581/3609) que financió las ofertas presentadas por BM, Towlin, Gadsen y Lansing.
Que en efecto, el 25-6-92 Sevel realizó imposiciones financieras por un monto total de U$S50.000.000 a la cuenta Nº 2048080 de BM en BBH (fs. 2305) través de tres transferencias (U$S5.112.500 y U$S 25.058.333 de su cuenta en Credit Lyonnais, Panamá y U$S20.000.000 de su cuenta en Banca Nazionale del Laboro, NY, v. fs. 2305/2306).
Que con este dinero BM pagó las acciones que le habían sido adjudicadas (v. detalle, pto. 3.2, en especial fechas 25 y 26-6-92).
Que sin esas transferencias BM no contaba con recursos propios para efectuar pago alguno por las acciones que le habían sido adjudicadas (v. anexo II, fs. 292/467).
Que ese aporte fue el instrumento utilizado por Sevel para llevar a cabo la manipulación en examen al intentar ocultar, a través de la financiación de una sociedad oferente en la licitación (BM), la compra de acciones que la misma sociedad había ofrecido públicamente por licitación.
Que si BM no hubiese presentado su oferta en el segmento competitivo (sostenida patrimonialmente con fondos de Sevel), el precio de corte hubiera sido de $1,58 y no de $2 (fs. 2173 y pto. 7.2.1 de esta Res.).
Que el interés económico de Sevel resulta del mayor precio obtenido por acción ($0,42 de más) que le reportó un ingreso de $16.800.000 adicional al que el que le hubiera correspondido de no mediar la oferta de BM.
Que desde el punto de vista de su responsabilidad, corresponde remitir al punto 6.5 de esta Resolución.
Que por ello corresponde tener acreditado el cargo por infracción al artículo 27 del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001), cuyos antecedentes son los artículos 15 de la RG N° 202; 21 de la RG N° 219, 22 de la RG N° 227 y 25 del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997).
7.2.- Análisis de los Descargos de Francisco Macri, Cardoni, Sevel y sus Adherentes
Que en sus descargos Francisco Macri (fs. 2711/2864) y Cardoni (fs. 3944/4039) distinguieron dos períodos, el de suscripción de las ofertas (del 15 al 19-6-92) y el de su pago (25 al 26-6-92).
Que en síntesis, respecto del primero de esos tramos Cardoni expresó que al presentar ofertas para comprar acciones de Sevel tenía previsto financiarlas inicialmente a través de operadores de la plaza local y posteriormente, a través de un banquero mexicano, permaneciendo por ese motivo en ese país del 16 al 19-6-92.
Que según su relato, inicialmente y luego de extensas tratativas ese banquero -a quien no identificó- se avino a financiar la operación de compra de esas acciones, pero posteriormente se retractó aduciendo un cambio brusco del mercado bursátil.
Que respecto de la segunda etapa Cardoni y Francisco Macri manifestaron que, atento a la inminencia del vencimiento del plazo para el pago, el primero se contactó con el segundo, aviniéndose el segundo a financiar la operación ponderando que la misma no era contraria a norma jurídica alguna.
Que sin embargo, los sumariados no acompañaron prueba documental ni ofrecieron otros medios de prueba que respaldaran concretamente sus afirmaciones.
Que más allá de la mera retórica, los sumariados admitieron que fue Francisco Macri (presidente de Sevel a la época de los hechos examinados y vendedor del 75% de las acciones de Sevel ofrecidas en el tramo de oferta secundaria de la licitación) quien financió las ofertas presentadas por las sociedades cuyo control se adjudicó Cardoni, lo que de por sí es concluyente para tener por configurada la infracción investigada en este sumario.
Que por otro lado, el proceso de licitación tiene etapas distintas, sucesivas y coligadas, pero no deja de constituir un procedimiento único, que tiene un camino, un íter procedimental, por lo que no resulta posible la absoluta separación de sus distintos tramos (v.gr., presentación de ofertas y pago), por cuanto uno conlleva necesariamente al otro.
Que las constancias del pasaporte de Cardoni (fs. 4040/4042) sólo acreditan que el 16 y 19-6-92 el nombrado ingresó y salió de México, pero no prueba en absoluto ni constituye indicio alguno de la existencia de negociaciones para financiar el pago de las acciones adjudicadas a las sociedades cuyo control se adjudicó.
Que en tal sentido, se aprecia inverosímil que hayan sido genuinas las ofertas cuestionadas, ya que fueron suscriptas por sociedades sin domicilio en el país y sin capital social relevante, y presentadas a través de una entidad bancaria presidida por el ofertante, que no les requirió garantías de ninguna índole y que pese a ello adelantó significativos fondos ($48.015.000) para el pago de las acciones adjudicadas.
Que refuerza tal conclusión la circunstancia de que, al momento en que Cardoni instruyó a BM, Towlin, Gadsen y Lansing para que cursara esas ofertas, aún se encontraba -según sus propias manifestaciones- en largas tratativas para obtener un financiamiento que de ningún modo tenía asegurado.
Que conforme se explica en el punto 6.7. de esta Resolución, caracterizada jurisprudencia establece la presunción de culpabilidad de los directores de las sociedades anónimas por las infracciones que hubieren cometido, salvo que invoquen o demuestren la existencia de alguna circunstancia exculpatoria válida.
Que los motivos por ellos invocados para explicar la transferencia a Lawton de la totalidad de las acciones adjudicadas tampoco resultan atendibles ya que no acompañaron prueba instrumental ni de ninguna otra índole del acuerdo al que, según afirmaron, habrían arribado, y específicamente, no probaron que BM, Towlin, Gadsen, Lansing y Lawton perteneciera a Cardoni, que esa sociedad fue un simple vehículo para garantizar el repago de los depósitos efectuados, ni la entrega de acciones al portador de Lawton a Francisco Macri ni su oportuna devolución.
Que caracterizada jurisprudencia ha dicho respecto a la carga de la prueba que, como principio general, ella "... no supone ningún derecho del adversario, sino un" "imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo que" "consiste en que quien no prueba los hechos que invoca como fundamento de la" "pretensión, pierde el pleito si de ellos depende la suerte de la litis. En estas" "condiciones, la carga no significa obligación de probar, ni siquiera necesidad de que" "la prueba proceda de alguna parte; significa estarse a las consecuencias de que la" "prueba se produzca o no. De ahí resulta que quien no prueba los hechos que debe" "demostrar, sufre las consecuencias de perder el pleito si de ello depende la suerte de la" "litis... Es decir que, cuando alguien como la parte actora, inicia una acción, toma a su" "cargo una actividad probatoria cuyo incumplimiento la expone al riesgo de no lograr" "la demostración de los hechos oportunamente afirmados; incumplimiento éste que no" "puede ser suplido por la imaginación o por un forzado juego de presunciones de" "quienes administran justicia" (CNCom, Sala 3, 28-4-95, "González, Luis v Transportes Pampeano S.A. v. González, Norberto y otro", Rev. La Ley, 17-10-95, pág. 6; Fallo 93.655).
Que el artículo 1193 del Código Civil prescribe que "[l]os contratos que tengan" "por objeto una cantidad de más de diez mil pesos" [cifra actualizada por la Ley Nº 18.188, pesos ley], "deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos".
Que teniendo en cuenta que la cifra establecida en ese artículo ha pasado a ser irrisoria por la inflación (a la época de los hechos, equivalente a menos de 1 centavo), en la actualidad el significado de la norma es que los contratos por regla general deben hacerse por escrito, como exigencia ad probationem (conf. Belluscio, Augusto C. y Zannoni, Eduardo A., "Código Civil y leyes complementarias", Tº 5, Astrea, pág. 877).
Que esa exigencia de prueba fehaciente es aplicable a la presunta titularidad por Cardoni de Lawton y al negocio jurídico que presuntamente celebró con Francisco Macri, los que no fueron acreditados por ellos.
Que el argumento de que Sevel era una, o la más, importante colocadora de fondos en el mercado financiero local (v. anexo D al descargo de Francisco Macri a fs. 2684/2688), esgrimido para relativizar la trascendencia de las imposiciones de Sevel en BM por U$S50.000.000 que sirvieron para financiar la oferta de BM, carece de entidad para enervar el cargo concreto de manipulación, al no indicarse cuál sería su relación con el caso en examen.
7.2.1. Elementos de la Manipulación
Que en el punto V.2 de su descargo (fs. 2765/2769), Francisco Macri examinó los elementos básicos de la manipulación previamente indicados a fs. 2224 y concluyó que ellos no se encontrarían reunidos en este caso.
Que previo a ingresar en el análisis de sus argumentos, cabe recordar que la afirmación de la presunta falta de sus "elementos clásicos" es una defensa común en los casos de manipulación, y que tal manifestación suele ser irrelevante ("This case does not involve the ‘classic elements’ of manipulation. This is immaterial"-"Este caso no involucra los ‘clásicos elementos’ de manipulacion. Esto es irrelevante"- in re Swartwood, Hesse Inc., 52 SEC Docket 2219, 13-10-92).
Que Francisco Macri afirmó en primer término no haber efectuado una
transacción de compra de acciones de Sevel (fs. 2766).
Que esa definición de manipulación no alude a transacciones "de compra", sino simplemente a "transacciones", concepto que huelga aclarar es más amplio en su contenido que el propuesto por Francisco Macri y permite desestimar su afirmación de fs. 2762 en cuanto a que la adquisición de acciones por cuatro sociedades ajenas y no por él ni por una sociedad en la que él tuviera decisión implique la ausencia de este primer elemento, ya que está debidamente acreditado en este expediente que efectuó transacciones en la especie Sevel vendiendo acciones de esa firma.
Que en este sentido, basta recordar que el propio prospecto indicó que Francisco Macri era un accionista vendedor del 75% de las acciones ofrecidas en la oferta secundaria (anexo IX, fs. 2798), por lo que corresponde tener por configurado este requisito.
Que a fs. 2768 Francisco Macri afirmó que no causó el alza o baja del precio de corte de la acción de Sevel, porque éste ya estaba determinado al cierre del período de recepción de las ofertas.
Que a este respecto, corresponde destacar que a fs. 2173 se había concluido que si BM no hubiese presentado su oferta en el segmento competitivo (sostenida patrimonialmente con fondos de dos de los vendedores, Sevel y Francisco Macri), el precio de corte hubiera sido de $1,58 y no de $2; ello, en función de la magnitud de su oferta en ese segmento: 20.004.369 acciones sobre un total de 56.000.000 acciones ofrecidas, o sea, más del 35% del total de acciones ofrecidas en el segmento competitivo.
Que a fin de clarificar la comprensión de este punto, cabe recordar que las acciones adjudicadas en el segmento competitivo debían serlo al precio incluido en la última orden de compra aceptada, que determinaba el precio de corte, siempre que éste fuera igual o superior al precio de base (mínimo) fijado por Sevel en $1,58 (anexo IV, fs. 2813).
Que a fs. 2173 primer párrafo se informó que, de no haber existido la oferta de BM, la cantidad total ofertada en el segmento competitivo hubiera sido inferior a la cantidad de acciones disponibles en ese segmento y, desde que la última oferta se realizó a un precio de $1,58, ése hubiera sido el precio de corte.
Que la irrevocabilidad y magnitud de la oferta de BM tuvo por efecto inmediato e irremediable producir el agotamiento de la cantidad de acciones disponibles en el segmento competitivo y provocar un nivel más alto en el precio de corte de las acciones de Sevel, a pesar de que sólo con posterioridad todos los oferentes fueron informados en cuánto se incrementó el valor de cada acción y cuál fue el provecho económico de los vendedores.
Que Cardoni, que actuó a través de una de las sociedades que según reconoció controlaba (BM), no pudo desconocer al momento de ofertar por aproximadamente el 35% de las acciones existentes en el segmento competitivo, el específico efecto que produciría esa conducta: elevar en forma irreversible el precio de corte.
Que la aludida consecuencia surge indefectiblemente de los hechos mismos y de la naturaleza de las cosas, por lo que no requiere de una prueba concreta de esta CNV tendiente a acreditarla y no impide que este Organismo haga mérito de esa circunstancia
de hecho que surge sin discusión de los actuados.
Que Cardoni entendió que para que un sujeto esté en posición de incurrir en manipulación, se requiere como condición sine qua non la posibilidad de la consumación real y concreta de tal hecho y agregó que al momento en que Sevel le confirió el préstamo de U$S50.000.000, una conducta manipulativa en la licitación era de realización imposible (v. fs. 3944/4039).
Que respecto a este argumento defensivo cabe señalar que no tiene relevancia la defensa de Cardoni referente a que BM, Towlin, Gadsen y Lansing habrían hecho sus ofertas "a un riesgo calculado y con un sesgo conservador" (fs. 3966), ya que no fueron solamente los precios ofrecidos, sino la magnitud de las ofertas, las que tuvieron incidencia en el precio de corte.
Que estas conclusiones permiten rebatir el argumento de la imposibilidad de manipulación del precio de corte ex- post facto esgrimido por Cardoni, quien entendió que tal hipótesis constituye un contrasentido ya que en su opinión había quedado clausurada para el agente la posibilidad de arbitrar los medios para causar efectos sobre elementos definitivamente fijados (precio, volumen, etc.).
Que a fs. 2768 Francisco Macri señaló que no indujo a terceras personas a comprar o vender acciones en la oferta pública inicial de Sevel.
Que sin embargo, no cabe duda que la oferta de BM al elevar el precio de corte finalmente incidió en el precio pagado por los oferentes, lo que concuerda con la definición de manipulación del Black’s Law Dictionary transcripta en el punto 5.1.3. de esta Resolución, según la cual ella involucra la compra o venta de un título valor con el propósito de crear una apariencia falsa o errónea de transacciones frecuentes o de elevar o deprimir el precio del título valor, lo que incide en la compra o venta de terceras personas.
Que así, es fácil advertir que pueden ser dos los propósitos de una manipulación según esta definición, los que no necesariamente deben darse simultáneamente (nótese la conjunción disyuntiva "o" después del término "frecuentes"); observación que resulta trascendente por cuanto en este caso se encuentra acreditado al menos el segundo propósito.
Que ese diccionario contiene en su página 1323 otra definición de manipulación bajo la expresión rigging the market (manipular fraudulentamente el mercado), indicando que se trata de un término de la bolsa de valores que denota la práctica de inflar el precio de ciertas acciones o realzar su valor de cotización a través de compras simuladas (nótese nuevamente la conjunción disyuntiva "o").
Que por lo demás, con relación al argumento de Francisco Macri de que BM, Lansing, Towlin y Gadsen realizaron sus ofertas con total libertad e independencia de todas las restantes (v. pto. V.4 de su descargo a fs. 2777/2780), tendiente a demostrar la presunta inexistencia de manipulación, cabe recordar que el hecho que los compradores tenían información independiente relativa a la inversión ofrecida no es un hecho relevante para rechazar la configuración de la manipulación (in re MS Wien & Co., 23 SEC 745 -1946-: "Purchasers had independent information concerning the security. This is immaterial" - "Los compradores tenían información independiente concerniente
al valor negociable. Esto es irrelevante"-).
7.2.2.- Mercado Primario y Secundario
Que en su descargo (pto. V.3 a fs. 2769/2777), Francisco Macri hizo referencia a la "distribución" de valores negociables del derecho norteamericano e intentó demostrar que una manipulación de mercado no puede tener lugar en una oferta pública inicial, sino únicamente en el mercado secundario, ya que son dos situaciones sustancialmente diversas (v. fs. 2772 y fs. 2775).
Que al margen de que en este caso también se verificó una oferta secundaria (constituida por las ventas de tenencias de Francisco Macri y Blanco Villegas), la norma cuya posible infracción se le imputó no contiene la distinción propuesta por Francisco Macri, estableciendo un principio de hermenéutica jurídica pacíficamente aceptado que si una norma no establece distinciones le está vedado hacerlas a su intérprete.
Que aún si con ello hubiera insinuado que no existe la posibilidad fáctica de que ocurra una manipulación de mercado en una oferta pública inicial, cabe señalar que tal posibilidad fue reconocida por la IOSCO (v. pto. 5.1.3 de esta Resolución) y adicionalmente, en un reciente artículo se informó que la SEC está volviendo su atención a las ofertas públicas iniciales de acciones, a las que quiere "limpiar" y que, como mínimo, su investigación dejará en claro para todos que un proceso de oferta pública inicial es un mercado donde pueden ocurrir manipulaciones (The Economist, vol. 357, nro. 8202, diciembre 23 – enero 5, 2001, pág. 19, Fair shares for all?).
Que cabe señalar que en el derecho inglés -útil no sólo por la similitud filosófica de los enfoques británicos y estadounidenses hacia la regulación de los mercados de valores negociables, sino también por el liderazgo que en materia de servicios financieros ejerce en Europa la City de Londres-, la Ley de Sociedades británica (Companies Act 1985) prohibe a las sociedades en sus artículos 151 a 158 que asistan financieramente a un tercero para que éste adquiera las acciones de esa sociedad y que una asistencia financiera ilegal ocurre, por ejemplo, cuando una sociedad presta u otorga dinero a alguien para que esa persona compre acciones en esa sociedad, lo que puede constituir un uso impropio de los fondos de esa sociedad.
Que una reglamentación más específica todavía es aquélla contenida en el artículo 47 inciso 2 de la Ley de Servicios Financieros (Financial Services Act 1986), que está dirigida a prevenir la manipulación de mercado (v. Davies, Paul, "Gower’s Principles of Modern Company Law" -Principios de derecho moderno de las corporaciones- Londres, Sweet & Maxwell, 6ta ed., 1997, pág. 435: "Section 47(2) is" "aimed particularly at market manipulation... ‘false and, fictitious acts’... undertaken" "with the object of causing a rise or fall of market prices... [are] clearly an offence" "under the new section" - "El artículo 47(2) está dirigido particularmente a la" "manipulación de mercado... ‘actos falsos, ficticios’... emprendidos con el objeto de" "causar una suba o baja de los precios del mercado [constituyen] claramente una" "infracción bajo el nuevo artículo-"; y Tennekoon, Ravi, The Law & regulation of International Finance, Butterworths, Londres, Dublín, Edinburgo, 1991, pág. 341: "Section 47(2) creates a new statutory offence of market manipulation"-"El artículo 47(2) crea por ley una nueva infracción de manipulación de mercado"-).
Que en conclusión, el argumento que sostuvo Francisco Macri en el último párrafo de fs. 2775 no es atendible, dado que la normativa en que se fundó la apertura de este sumario no establece distinciones entre ofertas primarias y secundarias y por ende, sus prescripciones se aplican a ambas por igual, ya que en ambos casos pueden llevarse a cabo manipulaciones de mercado.
7.2.3.- El Financiamiento y su Presunta Falta de Incidencia en las Ofertas
Que las siguientes observaciones referidas a los descargos de Francisco Macri y Cardoni respecto al financiamiento acordado entre ellos permiten extraer conclusiones respecto de la verosimilitud y atendibilidad de algunas de sus manifestaciones.
Que de ambos descargos surge que Cardoni no disponía de los fondos necesarios para hacer frente a las obligaciones emergentes de la adjudicación de acciones de Sevel (v. fs. 2750 y sigts. y 3965 y sigs.).
Que Cardoni no precisó en su descargo en qué fecha se habrían producido sus encuentros con la cúpula directiva de Medefín que determinarían que debería efectuar sus ofertas a título personal (fs. 3962/3963), ni en qué fecha se habría encontrado con un "conocido banquero" de México (fs. 3965), pero si bien no es posible establecer qué día habría obtenido tal financiación, al indicar que existieron "intensas tratativas" previas (fs. 3965), es dable presumir que ella recién se habría otorgado el 18 ó 19-6-92.
Que sin embargo, Cardoni afirmó en el punto (v) de su descargo (v. fs. 3968/3969) que "[s]orpresivamente y de manera súbita, las condiciones del mercado bursátil experimentaron un cambio brusco... alrededor del 18 de junio de 1992" y que, "[p]roducto de la debacle de los mercados mexicanos" la asistencia financiera que presuntamente le había sido acordada le fue luego denegada por aquel "conocido banquero", sin precisar tampoco en qué fecha ocurrió ello.
Que no obstante tal circunstancia, la falta de certeza al 17-6-92 de que contaría con fondos para pagar sus ofertas no le impidió efectuar ese día a través de BM su oferta más importante y proseguir cursando otras el 19 de ese mes y año (v. fs. 3966).
Que tampoco precisó Cardoni en qué fechas habría contactado "a diversos operadores de la plaza financiera" luego del presunto rechazo al financiamiento que habría solicitado en México (fs. 3969), a quienes -al igual que en el caso anterior- tampoco identificó, pese a no invocar imposibilidad alguna a este respecto.
Que Cardoni tampoco precisó la fecha en que se contactó con Francisco Macri (fs. 3970 y sigts.), pero si su objeto era solicitarle fondos para pagar sus ofertas (v. además fs. 2750 y sigts.), es lógico suponer que ello no sucedió antes del 24-6-92, fecha en la que fue comunicado el precio de corte y en la que BM ratificó su oferta (fs. 283), a pesar de que a esa fecha no tenía asegurada su financiación y habían caído los precios
de cotizaciones de las acciones en los mercados de valores latinoamericanos.
Que la circunstancia de que Cardoni no disponía de los fondos necesarios para afrontar tal erogación, ni tenía certeza de que podría obtenerlos antes de las fechas previstas para efectivizar sus pagos, no le impidió introducir a través de BM, una de sus sociedades controladas, una oferta equivalente al 35% de las acciones ofrecidas en el segmento competitivo y que tuvo directa incidencia en la determinación del precio de corte.
7.2.4.- Documentación Obtenida a Través de la SEC
Que en cuanto a la cooperación con la SEC reconoció que la internacionalización de los mercados de títulos valores y la creciente realización de transacciones en dos o más jurisdicciones determinan con frecuencia que la investigación de violaciones a las leyes de títulos valores en un país requiere reunir información localizada fuera de ese país, por lo que resulta de crítica importancia que las autoridades regulatorias cooperen y provean acceso a la información que sea necesaria para la prevención, detección e investigación de violaciones a las leyes de títulos valores.
Que la obtención con la cooperación de la SEC de documentación que sirvió para respaldar los cargos formulados en este sumario reconoce esta nueva realidad, por lo que mal podría en consecuencia ser objetada su agregación a estos actuados, tal como lo hizo Francisco Macri en el punto VII de su descargo (v. fs. 2849/2854).
Que por otra parte, las objeciones que allí formula no son relevantes: las que introdujo en el punto VII.1 de su descargo (agregación de documentación sin traducir) fueron subsanadas durante el período de prueba, y pese a las normas que allí invocó para fundar su pedido de traducción resulta discutible que no rijan en este caso los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia consagrados en el artículo 1º inciso b) de la Ley Nº 19.549, toda vez que el derecho de defensa que protegen las normas que exigen las traducciones no se veía en modo alguno vulnerado, ya que el mismo descargo firmado por quien cuestionó tal agregación contiene traducciones de documentos redactados en idioma inglés (v. sin ir más lejos el punto VII.2 que figura a continuación de su reclamo, fs. 2851/2853).
7.3.- Análisis del Descargo de Jorge Blanco Villegas
Que el señor Blanco Villegas en su descargo de fs. 3856/3863 expresó que sólo participó a la época de los hechos en las reuniones de directorio de Sevel, teniendo una dedicación a tiempo parcial (v. fs. 3861 vta., con cita de Raimondi), negando conocimiento de cada uno de los hechos que se le imputan, salvo los referidos a las reuniones de directorio a las cuales asistió.
Que a diferencia de los señores Francisco Macri y Mauricio Macri, de las constancia de este expediente resulta que Blanco Villegas (vendedor de 10.000.000 acciones en la licitación) no financió con dinero propio la compra de acciones de Sevel por BM en la licitación, por lo que le cabe responsabilidad por el hecho de integrar el directorio de Sevel a la época de los hechos.
Que en tal sentido, cabe reiterar que conforme consolidada jurisprudencia, la responsabilidad de los directores de una sociedad anónima nace de la sola circunstancia de integrar dicho órgano de gobierno de una manera que cualesquiera sean las funciones que efectivamente cumplan, sus conductas deben ser juzgadas en función de la actividad realizada por el órgano (v. pto. 6.7.1).
7.4.- Análisis de los Descargos de Medefín, Cardoni, Mayorga y Rodríguez Alcobendas
Que Medefín (fs. 2443 y fs. 2491 y sigts.), Cardoni (fs. 3944/4039) y Mayorga y Rodríguez Alcobendas (fs. 4043/4089) plantearon en sus descargos -y lo reiteraron en sus respectivos memoriales- que esta CNV carece de competencia para investigar a Medefín, por cuanto no se encontraba en esa época dentro del régimen de oferta pública.
Que esta CNV tuvo competencia para iniciarle sumario a Medefín porque el artículo 7º de la Ley Nº 17.811 sujeta a su normativa a todas "... las personas físicas o" "jurídicas que en cualquier carácter intervengan en la oferta pública de títulos valores..." cuyo contralor le asignó el artículo 6º, inciso f) de esa Ley, en función del cual este Organismo debe "[f]iscalizar el cumplimiento de las normas legales, estatutarias o" "reglamentarias en lo referente al ámbito de aplicación de la presente ley".
Que la Exposición de Motivos de la Ley Nº 17.811 explicó al respecto que "el" "proyecto amplía el ámbito de atribuciones conferidas actualmente al ente estatal," "extendiéndola no sólo a las instituciones bursátiles, empresas emisoras y agentes de" "bolsa, sino a todas las organizaciones unipersonales y sociedades que intervengan" "directa o indirectamente en la oferta o negociación pública de títulos valores," "cualquiera sea la forma o medio utilizado" (Cap. 1, pto. 4).
Que la competencia que la Ley Nº 17.811 le otorga a esta CNV permite que el ejercicio de su poder de policía se extienda al control de las negociaciones que rodean la compraventa de títulos valores, abarcando todas sus gamas e instancias y extendiéndose a quienes directa o indirectamente intervengan en ella, cualquiera sea el medio utilizado.
Que en "Warroquiers S.A. s/ Sumario por CNV" la Sala C de la CNAC afirmó el 21-8-75 que "... según el criterio del legislador, la determinación de los sujetos" "comprendidos debe tener en cuenta tanto su participación -directa o indirecta, total" "parcial- en la oferta, como la que efectúen en las negociaciones de títulos".
Que refiriéndose a la Exposición de Motivos de la Ley Nº 17.811, ese fallo sostuvo: "El Capítulo I (punto 3) muestra la intención de regular la actividad de" "‘agentes de bolsa y demás personas’ y ejercer el poder de policía respecto a la oferta" "pública y negociación de títulos (Párrafo segundo). Nótese, por lo tanto, que el" "análisis no puede detenerse en la oferta pública, sino que debe abarcar, todas las" "gamas e instancias de las negociaciones que rodean la compraventa de títulos." "Además, el punto 4 del mismo capítulo, en su párrafo cuarto, precisa lo que se viene" "de exponer, cuando expresa que ‘... el proyecto amplía el ámbito de atribuciones" "conferido... al ente estatal, extendiéndolo no sólo a las instituciones bursátiles," "empresas emisoras y agentes de bolsa, sino a todas las organizaciones unipersonales y" "sociedades que intervengan directa o indirectamente en la oferta pública y" "negociación pública de títulos valores, cualquiera sea la forma o medio utilizado’".	Que como consecuencia de la adopción de este criterio interpretativo, la Justicia en lo Penal Económico ha autorizado la intervención de esta CNV como parte querellante en causas seguidas a intervinientes no intermediarios, ni autorizados, que por procedimientos diversos, en la negociación de valores negociables, afectaron con su comportamiento los principios sobre los que descansa la operatoria bursátil, con incidencia susceptible de juzgamiento en la esfera de competencia de este Organismo y en lo penal (conf. CNPE, "C.I. y otros s/ art. 33 del Código Penal", 30-4-84).
Que resulta indiscutible que lo dispuesto por la normativa infringida es materia de competencia de esta CNV, ya que las configuraciones de conductas que realiza no son extrañas a la oferta pública, teniendo con ella una relación inmediata que justifica la intervención de su poder de policía.
Que en la Resolución inicial se explicó que Medefín canalizó las ofertas objeto de investigación y adelantó el 25-6-92 fondos para pagar las acciones adjudicadas a BM, Towlin, Gadsen y Lansing, siendo esa participación suficiente para encuadrar su actuación dentro de los términos de la Ley Nº 17.811, ya que intervino -como agente de colocación- en la oferta de acciones de Sevel.
Que Medefín, Cardoni, Mayorga y Rodríguez Alcobendas afirmaron que el primero no actuó como agente colocador y que no tenía, en consecuencia, obligación legal de adoptar ningún recaudo para garantizar el cumplimiento de las ofertas de BM, Towlin, Gadsen y Lansing, a pesar de su magnitud.
Que poco importa si fue Citibank NA –suc. Bs. As.- o Medefín el agente de colocación en la licitación de acciones, sino que éste era "el responsable de pago frente a los vendedores" (v. pto. IV.4.b párr. quinto de la Res. Nº 11.788 a fs. 2323; pto. IV.2 del descargo de Francisco Macri, en especial fs. 2724/2725, y pto. iii del descargo de Cardoni, en especial fs. 3961/3962).
Que siendo esto así, no son atendibles los argumentos que Francisco Macri expuso en el punto IV.4.1. de su descargo (v. fs. 2750 y sigs.) en el sentido que concederle crédito a Cardoni era la única opción que le quedaba ante la irrevocabilidad de las ofertas, para evitar tener que iniciar un largo juicio de responsabilidad contra Cardoni para cobrar el importe de las ofertas impagas, ya que no era Cardoni sino Medefín o Citibank NA -suc. Bs. As.- (o quien fuese agente colocador), el real obligado a abonar las aludidas sumas de dinero frente a los vendedores y eventualmente esa entidad financiera tendría disponible acciones judiciales de repetición contra Cardoni.
Que la asunción por los agentes colocadores de la responsabilidad de pago frente a los vendedores torna insostenible que Francisco Macri haya tenido la necesidad de auxiliar económicamente a Cardoni para financiar la compra de las acciones en la licitación y que Francisco Macri haya sido "el principal interesado (y eventual afectado) por esa situación" (fs. 2753); en todo caso el agente colocador (sea Medefín o Citibank NA -suc. Bs. As.-), debió haberle requerido las garantías que haya juzgado pertinentes
por las ofertas que aquél efectuó a través de sus sociedades controladas.
Que por otro lado, cabe recordar que el 25-6-92 BM, Towlin, Gadsen y Lansing solicitaron a Medefín la transferencia de la totalidad de las acciones que les habían sido adjudicadas a una tercera sociedad extranjera, Lawton.
Que no se aprecia ajustado a mínimos recaudos de seguridad que impone el sentido común e indican las prácticas bancarias corrientes que Medefín acepte que el inicial obligado a su pago efectúe una cesión de deuda a favor de otra tercera sociedad sin sede en el país (Lawton) y cuyo capital integrado era de U$S 1 (fs. 262).
Que en cuanto a la vinculación de Medefín respecto a la operación cuestionada, esta CNV considera que la intervención de ese Banco fue decisiva para llevar a cabo y hacer posible instrumentalmente la manipulación en examen, al canalizar las ofertas cuestionadas y adelantar fondos para el pago de las acciones adjudicadas el 25-6-92.
Que en efecto, la incorporación en la licitación de ofertas con apariencia exterior de correctas, verdaderas y regulares, por parte de dicho Banco, fue el artificio idóneo y sutilmente pensado para incidir en el precio de corte de la acción y dieron sustento a la maniobra en infracción.
Que ello provocó en Chase una correcta apreciación de elementos maliciosamente introducidos y no sinceros, con lo que se configuró su error, con perjuicio para varios cientos de oferentes adjudicatarios que debieron abonar $0,42 de más por acción (fs. 31/43).
Que resulta relevante -a pesar de que Francisco Macri y Cardoni la calificaron en sus descargos como práctica habitual- la circunstancia que, encontrándose depositada en el exterior en la cuenta de BM la suma de U$S50.000.000, no constituyó ello obstáculo para que el 25-6-92 Medefín otorgara a Lawton aquí en Buenos Aires recibo oficial por la suma de $48.015.000 (fs. 819) sin haber sido ese pago efectivamente desembolsado ese día (recién fue acreditado el día siguiente).
Que cabe destacar que ese mismo día (25-6-92) Medefín pagó las acciones adjudicadas a BM, Towlin, Gadsen y Lansing, transfiriendo de su cuenta en el BCRA a la cuenta de Citibank NA -suc. Bs. As.- en el BCRA la suma de $48.015.000 (fs. 813 y
fs. 815/816, v. pto. 3.2 y 4.5 de esta Res.).
Que de todas formas, la alegada intervención de Medefín en carácter de mero presentador no resulta convicente, ya que está acreditado en el expediente además que el 25-6-92 intervino activamente adelantado el pago a través del envío de $48.015.000 al Citibank NA -suc. Bs. As.-, monto equivalente a los que debían satisfacer las cuatro sociedades que efectuaron ofertas por su intermedio y cuya titularidad Cardoni se adjudicó, lo que no se condice con el supuesto rol pasivo adjudicado por Medefín (pto. 7.3 de su descargo a fs. 2501) y Cardoni (pto. (viii)b de su descargo a fs. 3979/3982).
Que no se aprecia verosímil, teniendo en cuenta el capital total integrado a esa fecha de Lawton -U$S1- que esta sociedad haya tenido capacidad para anticipar el pago que afirma Medefín haber recibido, dinero que, por lo demás, se encontraba en trámite y con similar imputación.
Que otro elemento a tener en cuenta, es que la apertura de la carpeta comercial de Lawton en Medefín se produjo recién el 31-7-92, lo que implica un retraso mayor a un (1) mes desde la adjudicación de las acciones de Sevel, cuando el cumplimiento de las formalidades inherentes a la registración del comitente debieron ser previas a la aceptación de órdenes de su parte, dada su intervención como agente del mercado abierto, hecho que también es indicativo de que existió un acuerdo previo entre las sociedades involucradas en la maniobra (Sevel, Medefín, BM, Lawton, Lansing, Gadsen
y Towlin).
Que en conclusión, corresponde tener acreditado el cargo por infracción al artículo 27 del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001), cuyos antecedentes son los artículos 15 de la RG N° 202; 21 de la RG N° 219, 22 de la RG N° 227 y 25 del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997), ya que intervino directa y activamente en la instrumentación de la manipulación analizada.
7.5.- Análisis de los Descargos de los Síndicos de Sevel y Medefín
Que tanto Pupillo (fs. 4091), Lisdero y Demattei (fs. 3614/3653), como Bunge, Alanis y Bande (fs. 2518/2532), síndicos de Sevel y Medefín, respectivamente, plantearon la falta de acción de esta CNV para sancionarlos y sostuvieron que los síndicos no deben fiscalizar los actos de gestión ordinaria de la sociedad, pues ellos hacen a su oportunidad, mérito o conveniencia.
Que la Ley Nº 19.550 prescribe en su artículo 294 inciso 9º que "[s]on" "atribuciones y deberes del síndico, sin perjuicio de los demás que esta ley determina y" "los que le confiere el estatuto:... [v]igilar que los órganos sociales den debido" "cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias".
Que conforme señaló oportunamente la jurisprudencia, no cabe duda que esta CNV cuenta con potestad instructoria y sancionatoria de los síndicos de sociedades anónimas, teniendo en cuenta los deberes impuestos a éstos por la Ley Nº 19.550 (CNCom, Sala D, 7-2-86, "Laboratorios Alex s/ informe de auditoría de la Bolsa de Comercio c/Comisión Nacional de Valores").
Que esta CNV entiende que los síndicos debieron velar -y no lo hicieron- por el cumplimiento por el órgano de administración de sus obligaciones legales (v.gr,. sujetarse a las regulaciones dictadas por esta CNV) y haber adoptado los medios disponibles para superar la situación de incumplimiento.
Que uno de los remedios previstos por la Ley Nº 19.550 se encuentra expresamente previsto en el artículo 294 inciso 7º, que establece que es deber del síndico, entre otros, el de "[c]onvocar a asamblea extraordinaria, cuando lo juzgue necesario y a asamblea ordinaria o asambleas especiales, cuando omitiere hacerlo el directorio".
Que Nissen sostiene que "[e]l deber de ejercer el control de legalidad sobre" "toda actuación societaria que pesa sobre la sindicatura (art. 294, inc. 9º) sólo puede" "ser cumplido eficazmente en la medida en que este órgano pueda contar con los" "caminos más directos para evitar que la ilegítima conducta de los restantes órganos" "sociales puedan ocasionar perjuicios concretos a la sociedad y en tal sentido, la" "posibilidad de convocar a los accionistas para adoptar las decisiones correspondientes" "debe ser una vía a la cual no debe someterse a ningún requisito previo" (Nissen,
Ricardo A., "Ley de sociedades comerciales", T. 5, pág. 85, Abaco, Buenos Aires, 1996).
Que según este autor "... la actuación de la sindicatura frente a determinadas" "inconductas de los directores encuentra su obligatorio camino en la convocatoria a" "asamblea ordinaria para que los accionistas tomen conocimiento de lo acontecido o" "resuelvan, en consecuencia, ya sea la remoción de los administradores o la instrucción" "para que actúen en sentido diverso" (Nissen, Ricardo, ob. cit, pág. 85 in fine).
Que no obstante lo expuesto, no se advierte que los síndicos de Sevel y Medefín, como remedio a la falta de adecuación de los administradores a las normas vigentes, hayan ejercido la atribución que la Ley Nº 19.550 les confirió para hacer conocer a los accionistas de la sociedad la posible transgresión cometida por el órgano de administración, repararla y eximirse de ese modo de su eventual responsabilidad.
Que a fin de remediar la actuación irregular del órgano de administración, los síndicos debieron haber adoptado las medidas legales para revertirlas, impugnando lo decidido en la reunión de directorio, ya sea asentándolo en el libro de actas de la comisión fiscalizadora, expresándolo en la reunión de directorio, y si fuesen desoídos, convocar inmediatamente a una asamblea extraordinaria (conf. Halperín, Isaac, "Sociedades anónimas", pág. 532 y 534, Depalma, Buenos Aires, 1975 y Martorell, Ernesto, "Sociedades Comerciales", 2da. edición, Depalma, Buenos Aires, pág. 427).
Que de las actas de las reuniones de la comisión fiscalizadora de Sevel a la época de los hechos acompañadas por los sumariados y agregadas a fs. 4935/4970 no surge que los síndicos hayan dejado constancia de objeción alguna a la actuación del órgano de administración de esa sociedad.
Que la comisión fiscalizadora de Medefín no acompañó las actas de sus reuniones, es dable presumir que si en las actas de esa comisión hubieran dejado constancia de alguna objeción seguramente las habrían acompañado como prueba instrumental en estos actuados.
Que autorizada jurisprudencia ha dicho que los síndicos "... son los encargados" "por la ley de una fiscalización constante, rigurosa y eficiente de las disposiciones del" "directorio, por lo que sus funciones a los efectos de la normal marcha de la sociedad" "es más importante individualmente que la de cada uno de los directores. La falta" "deliberada o no del debido ejercicio de las múltiples obligaciones que la ley les" "impone -entre otras, las de control, asistencia, convocación a asambleas (Ley de" "Sociedades, artículos 294/296)- los hace incurrir en gravísima falta..." (del dict. del Fiscal de Cámara Nº 66.266 del 27-4-92, in re: "Comisión Nacional de Valores – Cía Argentina del Sud S.A. s/verificación contable", a cuyos fundamentos remitió la Sala C del Tribunal, sent. del 7-10-92; "Banco Medefín S.A. s/ retardo en la presentación de información contable"; ED, 5-12-96 y más recientemente su dict. in re "Comisión Nacional de Valores. Expediente Nº 60.883 MAE s/ Res. "S" 46 – "Finmark S.A. A.M.A. s/ suspensión de operaciones", que hizo suyo la Sala B).
Que los actos de vigilancia o gestión de la sindicatura no pueden redundar en perjuicio del público inversor, cuya protección –a través de informes claros, veraces, temporáneos- es el fin primordial de la injerencia del Estado a través de los mecanismos previstos en la Ley Nº 17.811 (dict. del Fiscal de Cámara, Dr. Raúl Calle Guevara, del 15-9-00, que hizo suyo la CANC, Sala E, 10-10-00 en el Expte. CNV Nº 66.345 rotulado "Nogués Hermanos S.A. s/ incumplimiento en la presentación de estados
contables").
Que en cuanto a la tipificación del reproche se ha sostenido que "[e]s válido" "que se imponga a los directores y síndicos de una sociedad anónima deberes en" "términos genéricos, como lo hace la Ley 19.550: art. 59 (obrar con lealtad y con la" "diligencia de un buen hombre de negocios) y 294 (incs. 1º y 5º) (fiscalizar la" "administración de la sociedad, examinar sus libros y documentos, informar a la" "asamblea, dictaminar sobre la memoria y los estados contables). De igual modo, es" "válido que se dispongan responsabilidades en términos genéricos, como lo hace la" "Ley 19.550, art. 274 (responsabilidad de los directores por su mal desempeño)" (conf. CNCom, Sala D, 7-2-86, "Laboratorios Alex s/ informe de auditoría de la Bolsa de Comercio...", cit.).
Que por lo precedentemente expuesto los síndicos de Sevel y Medefín a la época de los hechos examinados resultan responsables por no dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294 inciso 9º de la Ley Nº 19.550.
7.6.- Análisis del Descargo de Lawton
Que Lawton rechazó en su descargo la competencia y jurisdicción de esta CNV para formularle cargo alguno y mucho menos imponerle sanción (fs. 2559/2560).
Que a este respecto es necesario destacar que la Ley Nº 17.811 estableció en su artículo 1º que este Organismo tiene "... jurisdicción en toda la República..." y que en el caso planteado la licitación de acciones de Sevel fue realizada en Argentina, donde esta CNV sí tiene competencia y jurisdicción, por lo que poco importa el carácter nacional o extranjero de las personas físicas y jurídicas que participaron en la manipulación para atribuirles responsabilidad.
Que las 24.007.500 acciones de Sevel transferidas a Lawton permanecieron en Caja de Valores S.A., sin alteraciones en la subcuenta Nº 292354 de Lawton en el depositante Nº 460 Medefín desde su acreditación el 7-7-92 (fs. 592) y hasta el 5-7-94, salvo los incrementos provenientes de pagos de dividendos y revalúos (fs. 2333), circunstancia corroborante además, de que los títulos comprados permanecieron en Argentina durante al menos dos años, país donde se celebró la licitación.
Que en cuanto a su responsabilidad, corresponde remitir al punto 6.5 de esta Resolución.
Que por ello, corresponde tener acreditado a su respecto el cargo por infracción al artículo 27 del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001), cuyos antecedentes son los artículos 15 de la RG N° 202; 21 de la RG N° 219, 22 de la RG N° 227 y 25 del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997).
7.7.- Análisis de los Descargos de BM y Casanovas
Que BM no presentó su descargo y por lo tanto, esta CNV tiene por no controvertido y probado (lo que corrobora además la documentación obrante en el expediente) que esa sociedad participó en forma directa en la maniobra de manipulación en examen, toda vez que su oferta por aproximadamente el 35 % del total de las acciones ofrecidas en el segmento competitivo en la licitación en análisis tuvo directa incidencia en la determinación del precio de corte, elevándolo de $1,58 a $2,00.
Que los fondos con los cuales BM pagó las acciones que les fueron adjudicadas provinieron de las colocaciones efectuadas por Sevel el 25-6-92.
Que por otro lado, fueron las colocaciones de Mauricio Macri por cuenta de Francisco Macri las que permitieron a BM restituir los depósitos de Sevel a sus respectivos vencimientos, ya que sin éstos BM era incapaz de devolverlos.
Que en consecuencia, corresponde tener a su respecto acreditada la infracción al artículo 27 del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001), cuyos antecedentes son los artículos 15 de la RG N° 202; 21 de la RG N° 219, 22 de la RG N° 227 y 25 del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997).
Que por su parte, el alegado comportamiento de Casanovas en cumplimiento de una mera actividad instrumental no constituye una circunstancia eximente de su responsabilidad, ya que la responsabilidad de los directores de una sociedad anónima nace de la sola circunstancia de integrar dicho órgano de gobierno, de manera tal que cualesquiera sean las funciones que efectivamente cumpla, su conducta debe ser juzgada en función de la actividad realizada por el órgano (fs. 3654/3671 y pto. 6.7.1 y jurisprudencia allí citada).
Que asimismo, conforme fue relatado en la Resolución inicial, BM se presentó espontánemente luego de que Sevel fuese requerida para que diera explicaciones acerca de sus inversiones en BM durante el mes de junio de 1992, ante la eventualidad -así lo expresó- que su información sirva a los fines de la investigación y control de esta CNV (fs. 558).
Que indicó, "...BM no efectuó operación alguna por cuenta de terceros en la" "mencionada licitación, habiéndose efectuado ofertas y aplicado recursos a la" "negociación con total autonomía de operaciones financieras posteriores a la licitación" "efectuadas por SEVEL ARGENTINA S.A. con esta compañía...".
Que contrariamente a lo allí manifestado, reconoció Cardoni en su descargo que BM se encontraba bajo su control personal, y que fue él quien le solicitó a Francisco Macri fondos para financiar la compra de acciones en la aludida licitación, por lo que resulta obvio que la actuación de BM en la operatoria en examen fue por cuenta de terceros (Cardoni), sin autonomía de actuación y sin utilizar recursos propios (fs. 3944/4039).
Que eso también fue reconocido en su descargo por Casanovas, al expresar que en 1989 Cardoni la designó como directora titular de BM para cumplir un mero rol instrumental: seguir las instrucciones que le fueran expresamente requeridos por los accionistas de BM (fs. 3654/3671).
Que la conducta contradictoria de BM en el desarrollo de las presentes actuaciones administrativas, vulnera el principio de veracidad y contradice los propios actos de los implicados en la misma actuación administrativa (antes y después de la instrucción de sumario).
Que el primer principio citado en el párrafo anterior, impone a las personas físicas y jurídicas que tengan obligaciones de información derivadas de las normas aplicables en esta CNV, a respetar el principio de veracidad que comprende la remisión de información con certeza, objetividad, eficacia, completitud y suficiencia sobre el
objeto esencial de los hechos puestos en conocimiento.
Que por su parte, la doctrina llamada de los actos propios no es un principio general del derecho, lejos de ello, el principio general sobre el que ella se asienta es el de buena fe, del que la citada doctrina no es sino concreción (conf. sent. de la AN de 11-11-99, Sala de lo Cont.-Adm., Sec. 6ª, pon.: D. Manuel García Fernández-Lomana).
Que en tal sentido, la sentencia del Tribunal Supremo Español (TSE) del 27-2-81, manifestó que "constituye un principio... de la Teoría General del Derecho, la" "inadmisión de la contradicción con una propia conducta previa, como una exigencia" "de la fides, y que una de las exigencias de la fides es la necesidad de impedir "venire" "contra factum propium" -ir contra los actos propios-.
Que por lo demás, la citada doctrina, en cuanto concreción de un principio general inspirador de todo el ordenamiento jurídico -sin duda uno de sus principios más esenciales- es de aplicación al campo del derecho administrativo (conf. sentencia del TSE de 12-12-78 y 27-2-81).
Que siguiendo con esta línea de razonamiento, ir contra los propios actos vulnera también el principio de igualdad, ya que "actuar con criterio distinto ante supuestos" "idénticos supondría una "vulneración de los actos propios" y un tratamiento" "arbitrario" (conf. sentencia del TS de 31-10-72).
Que por lo expuesto, y remitiendo en honor a la brevedad al punto 6 de la presente Resolución en cuanto a las responsabilidades de los directores, corresponde tener a su respecto acreditada la infracción al artículo 27 del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001), cuyos antecedentes son los artículos 15 de la RG N° 202; 21 de la RG N° 219, 22 de la RG N° 227 y 25 del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997)..
7.8.- Análisis de los Descargos de Otero de Dovat y Viera Garola
Que de una de las certificaciones notariales acompañadas por Otero de Dovat y Viera Garola surge que Lawton no tuvo actividad alguna mientras ambas fueron directoras, quedando desvinculadas las nombradas de su junta directiva el 25-6-92, fecha en que se designó presidente al señor Santiago Lussich Torrendel (fs. 2552).
Que en la aludida certificación notarial intervino una escribana uruguaya (Ana Labanca) que dio fe de los hechos descriptos, y si bien ello no cumple con los requisitos impuestos por el artículo 993 del Código Civil argentino en cuanto a que esos hechos materiales no fueron cumplidos por ella ni pasaron en su presencia, tienen un valor probatorio de suficiente entidad para otorgarles eficacia y validez, al no existir otros elementos de juicio en las presentes actuaciones que los desvirtúen o desacrediten.
Que por lo demás, no hay elementos que directa o indirectamente puedan implicar a Otero de Dovat y Viera Garola en la operación cuestionada, por lo que
corresponde absolverlas de responsabilidad.
7.9.- Análisis de los Descargos de Ortner, Berdina, Villamayor, Pagano y Posse
Que por las consideraciones que se exponen a continuación, corresponde absolver a los señores Berdina y Ortner, directores de finanzas y de administración de Sevel a la época de los hechos examinados, respectivamente; y Villamayor, Pagano y Posse, gerentes de mercado de capitales, de banca de inversión y de administración de Medefin a la época de los hechos examinados, respectivamente.
Que los nombrados afirmaron que no tuvieron participación en ninguno de los hechos mencionados en la Resolución inicial (v. pto 4 donde se sintetizan sus descargos).
Que esta CNV entiende que el solo hecho de pertenecer a las áreas donde presuntamente se materializó la manipulación en estudio (y se firmó la documentación) dentro del organigrama de funcionamiento de las sociedades implicadas, no es de por sí una circunstancia relevante que lleve necesariamente a hacerlos responsables de haberla llevado a cabo personalmente.
Que la Ley Nº 19.550 no estableció la responsabilidad ilimitada y solidaria respecto de ellos, ni tienen por la naturaleza de la actividad que desempeñaron deberes agravados, siendo en este caso exigible la atribución subjetiva de responsabilidad para ser pasibles de sanción.
Que al no regir a su respecto las reglas aplicables a los administradores, y al no relacionar la Resolución inicial conforme lo exige el principio de congruencia ni cuál fue el reproche de la conducta de cada uno de los gerentes en particular, ni sus responsabilidades personales y concretas en la manipulación de precios, ni que participaron de algún modo de ella, ni que la conocieron y pudieron haberla evitado, corresponde la absolución de todos ellos.
8.- Acreditación de la Infracción de Manipulación de Mercado
Que la prueba indiciaria debe partir de hechos plenamente probados (indicios), porque no se puede construir certezas sobre la base de simples probabilidades (conf. TCE, sent. 174, 17-12-85).
Que a las inferencias que se extraen de los indicios se debe llegar a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano (conf. sent. de la AN, 15-4-99, Sala de lo Cont. Adm., Secc. 6ª, Recurso Nº 6/532/1996).
Que en el caso concreto de una manipulación es muy difícil para una autoridad regulatoria -no sólo en el caso de esta CNV, sino en el de las restantes jurisdicciones- obtener pruebas directas (sea a través de testimonios o documentos) que la acrediten.
Que por el contrario y tal como lo explicó el documento de la IOSCO (v. pto. VI.4 de esta Res.), es más común que un caso de manipulación se base en pruebas indirectas y en inferencias.
Que en lo referente a la prueba del propósito de la conducta desplegada en este tipo de casos, la SEC estableció en Federal Corp que, "[d]esde que es imposible" "penetrar en las profundidades de la mente humana, es necesario en la generalidad de" "los casos (esto es, en ausencia de una admisión expresa) que la evidencia de un" "propósito de manipulación se base en inferencias extraídas de pruebas" "circunstanciales" (in re Federal Corp., 25 SEC 227, 230 (1974)), agregando en Pagel: "La prueba de la manipulación siempre depende de inferencias extraídas de una masa" "de detalles fácticos. Las evidencias deben ser obtenidas de patrones de conducta, de" "aparentes irregularidades y de la información relativa a las transacciones. Cuando" "todos estos elementos son considerados en conjunto, ellos pueden emerger como" "ingredientes de un esquema manipulativo diseñado para interferir en las fuerzas de un" "mercado libre" (CCH, 83, 909 at 87,751).
Que caracterizada doctrina ha establecido también que "un motivo para" "manipular, cuando se lo integra con la necesaria serie de transacciones, establece" "prima facie el propósito de manipulación y transfiere al acusado la carga de ir hacia" "delante con la prueba" (Loss, L, Fundamentals of Securities Regulation, 855, 2da ed., 1988).
Que ello permite rechazar categóricamente el argumento de Francisco Macri (v. pto. V.12 de su descargo a fs. 2806/2808), demás sumariados que adhirieron a él y Mauricio Macri (v. su descargo a fs. 3098) de que el dolo debió ser probado y que no se acreditó en estos actuados.
Que tanto la SEC como los tribunales estadounidenses han sostenido que prima facie existe un caso de manipulación, y la inferencia de un propósito manipulativo está justificado, cuando una persona que tiene un interés pecuniario directo sustancial en una transacción determinada da activamente pasos para provocar un alza en el mercado del título valor (in re Westinghouse Airbrake Co., 419 F.2d 787, 791-97-2d Cir. (1969) y Halsey, Stuart & Co., 30 SEC 106, 124 (1949)).
Que en el caso examinado el interés pecuniario de los vendedores resulta evidente, ya que el mayor precio obtenido de $0,42 por acción reportó un ingreso mayor tanto para Sevel ($16.800.000), como para Francisco Macri ($12.600.000) y Blanco Villegas ($4.200.000) que el que hubiera resultado de no mediar la oferta de BM.
Que se encuentra acreditado en estas actuaciones que dos de los vendedores, Sevel y Francisco Macri, tuvieron activa participación en un esquema de manipulación que posibilitó la elevación del precio de corte de la acción de Sevel, mediante su financiamiento de ofertas presentadas por sociedades que carecían de fondos para hacer frente a los compromisos que asumieron en la licitación de esa acción.
Que en los hechos investigados se verifica la totalidad de los extremos indicados por la IOSCO en su documento transcripto en el punto 5.1.2 de esta Resolución, los que constituyen inferencias que respaldan la conclusión de que en el presente caso existió una manipulación de mercado.
Que en particular, ese documento admite que, durante una oferta pública inicial, puedan incrementarse las ganancias recibidas a través de la manipulación del precio al cual las acciones serán vendidas.
Que el documento de la IOSCO señaló además que un elemento clave para determinar la capacidad para influenciar el precio (o volumen) de un título valor por parte de un manipulador está dado por su control sobre su oferta, y que si la cantidad comprada del valor negociable en cuestión es importante y los manipuladores tienen un incentivo económico para aumentar el precio, se puede tener la casi certeza de que se está ante un caso de manipulación.
Que Sevel y Francisco Macri, los dos vendedores que financiaron la oferta de BM cuya titularidad se adjudicó Cardoni, vendieron más del ochenta y siete por ciento (87%) de las acciones ofrecidas en esta licitación.
Que BM no percibió su carencia de fondos suficientes como un obstáculo que le impidiera presentar una oferta por aproximadamente el 35% del total de las acciones ofrecidas en el segmento competitivo (en el que se fijaba el precio de corte al cual serían adjudicadas todas las acciones) que por su magnitud tuvo directa incidencia en la determinación del precio de corte, elevándolo de $1,58 a $2,00 y que debió ser financiada inicialmente por Sevel y luego por Francisco Macri.
Que ello es así por cuanto si no hubiera existido tal oferta, la cantidad total ofertada en el segmento competitivo hubiera sido inferior a la cantidad de acciones disponibles en ese segmento y, desde que la última oferta se realizó a un precio de $1,58, ése hubiera sido el precio de corte (v. fs. 2173 primer párr. y hechos probados, pto. 4.5 de esta Res.).
Que la IOSCO puntualizó además que en el caso de una oferta pública inicial, existen casos en los que personas que actúan cooperando con el o los tenedores de importantes bloques de acciones del título a manipular remiten ofertas a pesar de la ausencia de una demanda legítima y de la existencia de un flujo de órdenes.
Que en este sentido y pese a la expectativa que la oferta había generado inicialmente en el mercado, hubo finalmente una demanda menor a la esperada, consignando el diario Página 12 que la acción de Sevel "pisó freno" y que, pese a que Chase intentó presentar el resultado de la oferta como un éxito, la sensación de los financistas fue que no se alcanzó el objetivo deseado, lo que habría sido explicado por Chase en función de "la retracción de la demanda por parte de los inversores internacionales".
Que de la prueba reunida en este expediente resulta que la maniobra de manipulación se produjo por el comportamiento interrelacionado de Sevel, Francisco Macri, Mauricio Macri, Medefín, Cardoni, BM, Towlin, Gadsen, Lansing y Lawton.
Que en cuanto al rol que le cupo a Medefín en esta licitación, no resulta trascendente determinar si fue o no uno de los agentes colocadores, sino que éstos eran garantes y responsables de pago frente a los vendedores (v. pto. IV.2 del descargo de Francisco Macri a fs. 2724).
Que siendo esto así, cabe inferir que nunca existió la necesidad de que Cardoni le solicitara financiamiento a Francisco Macri y que no es exacto que éste no tuvo otra alternativa que conferírselo, ya que la eventual falta de pago por Cardoni de las acciones adjudicadas a las sociedades cuyo control se adjudicó no hubiera significado el inicio por Francisco Macri de acciones judiciales de extenso trámite y resultado incierto para asegurarse su cobro (conf. pto. IV.4.1 de su descargo a fs. 2752/2753), por cuanto los agentes colocadores estaban obligados a abonarle tales sumas a Francisco Macri y demás vendedores y eventualmente debieron reclamárselas luego a Cardoni.
Que en última instancia, la aceptación de ofertas suscriptas por sociedades sin domicilio en el país, sin capital social propio y sin certeza sobre su posibilidad de pago era responsabilidad de los agentes colocadores y en modo alguno incidía ello en la percepción por los vendedores de los fondos provenientes de las acciones que ofrecían a la venta.
Que por todas las consideraciones expuestas precedentemente corresponde tener por configurada la infracción al artículo 27 del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001), cuyos antecedentes son los artículos 15 de la RG N° 202; 21 de la RG N° 219, 22 de la RG N° 227 y 25 del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997).
9.- LA SANCIÓN
9.1.- Criterios para Determinar la Sanción a Aplicar
Que la sanción a aplicarse debe combinar adecuadamente los elementos punitivo y disuasivo, para evitar eventuales repeticiones de conductas de este tipo tanto por parte de los sumariados como por terceros.
Que las consecuencias que de ellas se derivan son tan perjudiciales para el afianzamiento del mercado de capitales y el correlativo desarrollo económico del país que una vez detectado, ese proceder al mismo tiempo antijurídico y antieconómico debe ser sancionado.
Que a fin de seleccionar la sanción a aplicar, corresponde tener presente los criterios establecidos en el último párrafo del artículo 10 de la Ley Nº 17.811, los que se exponen a continuación junto con las circunstancias obrantes en este expediente que a ellos se refieren.
9.1.1.- La Naturaleza y Entidad de la Infracción
Que la manipulación acarrea graves perjuicios para el desarrollo de un mercado de valores negociables eficiente y transparente, para quienes en él procuran financiarse a tasas competitivas y por ende, para la economía de un país, produciendo efectos nocivos tan grandes que en varias jurisdicciones se la reprime no tan sólo por vía administrativa, sino penalmente.
Que el mercado de capitales constituye una parte insustituible de la infraestructura nacional, sin la cual resulta impensable el desarrollo y crecimiento de la industria, el agro, el comercio y los servicios en un marco moderno y eficiente.
Que para el buen funcionamiento del mercado de capitales, cuya protección le encomendó la Ley Nº 17.811 a este Organismo, es imprescindible que aquél cuente con la confianza de los inversores, la que sólo puede alcanzarse sobre bases transparentes y competitivas e igualitarias.
Que pocas cosas hay tan perjudiciales para la confiabilidad de un mercado de capitales, esencial para la canalización del ahorro, la producción y la creación de empleo, con el consiguiente efecto negativo sobre las inversiones, que las prácticas de manipulación, ya que constituyen comportamientos desleales que alteran el mecanismo independiente de formación de precios y perjudican a los restantes inversores.
Que el perjuicio que causan quienes incurren en esta práctica va mucho más allá del que sufren los inversores particulares o el lucro que los infractores obtuvieron, toda vez que es el propio mercado el que se encuentra perjudicado por estas maniobras al dañarse la confianza en el mecanismo de formación de precios (conf. Bianchi, Roberto,
"Régimen de la transparencia de la oferta pública", Zavalía, pág. 79 y sigts.).
Que cualquier maniobra tendiente a alterar el justo equilibrio entre la oferta y la demanda provoca un grave daño, no sólo a los inversores, efectivos o potenciales, sino también a la economía del país y por ende a toda la comunidad y quita credibilidad al sistema bursátil, impidiendo que los ahorros de la población se vuelquen al sector productivo de la economía nacional.
Que así de lo entendió la CSJN al señalar que de los términos de la Ley Nº 17.811 se desprende que el propósito no es sólo regular ciertas relaciones entre particulares, sino que apunta a un objetivo eminentemente público: crear las condiciones e instrumentos necesarios para asegurar una efectiva canalización del ahorro hacia fines productivos (Fallos 303:1812);
9.1.2.- Las Consecuencias Desfavorables de los Hechos
para el Mercado de Capitales Nacional
Que en las consideraciones generales de esta Resolución se destacaron los esfuerzos emprendidos a partir de la década iniciada en 1990 para contar en Argentina con un mercado de capitales con los más altos estándares de orden, eficiencia e integridad exigidos en los países con mercados más desarrollados y se remarcó la importancia de reprimir las conductas manipulativas porque vulneran dichos esfuerzos y provocan graves consecuencias en la economía de un país.
Que a efectos de tener una acabada idea de la trascendencia que para el mercado de capitales local tuvo esta licitación, deben ponderarse los extremos destacados por Francisco Macri con la ayuda de diversos artículos periodísticos en el punto 3.2 de su descargo (fs. 2741 y sigs.).
Que allí, Francisco Macri se refirió a la expectativa generada por esta licitación (fs. 2742), que dio origen a una convocatoria extraordinaria (fs. 2742) y masiva (fs. 2743), como así también a predicciones de una gran demanda (fs. 2743) y a un clima de
ansiedad entre los financistas (fs. 2743) y euforia entre los inversores –"la City"- (fs. 2744).
Que a este clima de euforia contribuyó sin duda el predicamento y la importancia de Sevel en la economía del país, y es precisamente por ello que su ejemplo resulta aún más desalentador para el mercado de capitales local, ya que atenta contra la posibilidad de que se afiance en Argentina una cultura de propiedad masiva de valores negociables.
Que una cultura de propiedad masiva de títulos valores es de gran importancia porque permite canalizar el ahorro del sector privado hacia la industria y el comercio, creando así empleo y expandiendo la economía de la Nación.
Que un mercado accionario floreciente facilita la captación de fondos por parte de nuevas firmas y jóvenes emprendedores y reduce la dependencia del crédito bancario por parte de las compañías que desean financiarse.
Que se consideran de aplicación en este punto las consideraciones obrantes en los puntos 5.1 y 5.2 de esta Resolución, a lo que cabe agregar que si ellas son válidas en un mercado de capitales desarrollado, más aún lo son en un mercado que, a la época de los hechos examinados, hacía ingentes esfuerzos para modernizar su normativa y adaptarse a los estándares de confiabilidad y transparencia cuyo fomento y protección es
hoy moneda corriente en todo el mundo.
9.1.3.- La Importancia de las Personas Físicas y Jurídicas Involucradas en este Sumario
Que en la página 3 del prospecto preparado con motivo de la oferta pública de Sevel se hizo constar que Sevel era en esa época "el principal productor de automóviles y autopartes en la Argentina", sus productos se comercializaban "tanto en el mercado local como en el exterior" y se distribuían en el mercado local a través de "una vasta red de concesionarios".
Que Sevel informó allí además que a esa época detentaba "una sólida posición de liderazgo en el mercado automotriz local, con una participación del 47.8% en 1991.
Que Cardoni dijo conocer a fs. 3970 que "por ese entonces, Sevel era una fuerte" "colocadora de fondos en el mercado", lo que fue confirmado en términos prácticamente idénticos por Francisco Macri, quien a fs. 2757 manifestó que "[e]n ese tiempo, Sevel era una importantísima o quizá la más importante colocadora de fondos en el mercado financiero".
Que Francisco Macri fue su presidente desde 1981 y a la época de su oferta pública inicial (anexo IX, fs. 2809).
Que Francisco Macri definió a Cardoni a fs. 2753 como "un destacado hombre de las finanzas locales" y declaró a fs. 2751 que había recibido con agrado la noticia de que firmas vinculadas a Cardoni pasarían a ser accionistas de Sevel "en atención al prestigio personal de que gozaba en el mundo empresario".
Que por su parte, Cardoni aseveró a fs. 3962 que él "presidía por ese entonces un banco con activa participación en la operatoria del mercado de capitales", lo que concuerda con la opinión de Francisco Macri, quien describió a Medefín a fs. 2751 como un "prestigioso banco de plaza" que, conforme manifestó a fs. 2725, "a la fecha de los hechos, tenía una importante actividad financiera y actuaba fuertemente en el mercado de capitales"; y conjeturó que estas cualidades eran las que posiblemente habrían sido tenidas en cuenta por Citibank NA -suc. Bs. As.- para no solicitar garantías a BM, Towlin, Gadsen y Lansing.
9.1.4.- Las Ganancias Obtenidas como Consecuencia
de los Actos Constitutivos de la Infracción
Que a fs. 2173 penúltimo párrafo se concluyó que la introducción de la oferta de BM en el segmento competitivo de esta licitación produjo un incremento de $0,42 por acción y determinó que el precio de corte quedara fijado en $2 por acción, resultando "consecuentemente mayores ingresos para Sevel, F. Macri y para B. Villegas" "soportado por los adjudicatarios de la licitación".
Que tal como se adelantó en el punto 3.2. de esta Resolución, el beneficio para los vendedores fue de $16.800.000 (Sevel), $12.600.000 (Francisco Macri) y $4.200.000 (Blanco Villegas).
9.1.5.- La Gravedad del Perjuicio Causado
Que también a fs. 2183 penúltimo párrafo y fs. 2264 se hizo constar que los adjudicatarios en esta licitación -excluido BM- debieron abonar $25.240.051,62 en exceso de lo que les hubiera correspondido de no haber presentado BM su oferta.
Que los perjudicados fueron 636 oferentes que presentaron solicitudes en el segmento competitivo (v. fs. 31/43) y todos los oferentes que presentaron solicitudes en el segmento no competivo.
9.2.- Sanción
Que como se tiene afirmado conductas como las examinadas en este expediente deterioran fuertemente los esfuerzos realizados por nuestro país a partir de la década comenzada en 1990 (v. pto. 5.1.1) y perjudican gravemente a los participantes en el mercado de capitales, a quienes se imponen de esta manera mayores costos de capital para financiar sus expectativas de inversión y/o expansión.
Que de las constancias de este expediente resulta indudable que a la época de los hechos examinados Sevel era una de las más importantes compañías de la Argentina (v. pto. 9.1.3) y que su oferta pública de acciones suscitó un marcado interés y atención en la plaza local, tal como fue consignado por los propios sumariados en sus descargos al referirse detalladamente a los comentarios que por entonces recogían diversas publicaciones periodísticas.
Que las actividades de manipulación que se tienen por acreditadas y que configuran la infracción sustento del cargo, su gravedad, el contexto y circunstancias ya expresadas en que ocurrieron, determina se establezcan acumulativamente dos tipos de sanciones: suspensión de oferta pública y multa cuya imposición valora, entre otras, las cuestiones y aspectos indicados seguidamente.
Que en cuanto a la elección de la sanción a imponer, desde que las contempladas en la ley no están correlacionadas a incumplimientos determinados, la CNV tiene amplia facultad para fijarlas bajo criterios o parámetros razonables y proporcionados a la entidad de las infracciones.
Que en el ejercicio de esas facultades para valorar la oportunidad y procedencia de imponer prohibición de oferta pública, resulta insuficiente y no satisface el sentido finalista que la medida conlleva, la simple o automática apreciación de hechos anteriores cualquiera sea su entidad.
Que no se advierte un peligro actual y grave, ni se aprecia como necesaria e inmediata la protección de los tenedores de valores negociables de la emisora, por la concentración en ella de su capital, que unido a los cambios en su grupo de control, determina que se considere como no oportuna la aplicación de la máxima sanción de prohibición de oferta pública.
Que definida como correspondiente la sanción de suspensión de oferta pública, en el caso, y por lo antes señalado, no tendrá incidencia en la práctica el señalamiento contenido en la Exposición de Motivos de la Ley Nº 17.811 (Cap. I N° 6, 4ta. y 5ta. oración) en orden a que el impacto económico de la medida recae sobre los inversores tenedores de la especie.
Que ante la inexistencia de cualquier efecto extintivo de responsabilidad por la falta atribuible a Sevel frente a su diversa denominación actual (v. pto. 9.4), esta sanción suspensiva recaerá sobre Peugeot Citröen Argentina S.A., por continuar la emisora su funcionamiento bajo esta razón social.
Que la quiebra de Medefin acreditada por quienes asumieron su defensa (v. fs. 5190), situación que confirma la posterior presentación del Síndico Judicial (v. fs. 5244), constituye impedimento para la aplicación a esa sociedad de suspensión de oferta pública, no así la sanción de multa desde que debe ser efectivizada por sus directivos sumariados y sancionados; no encontrándose bajo sumario otra sociedad respecto de la cual pueda aplicarse este tipo de sanción.
Que en otro orden ha destacado la Excma. Cámara Comercial, en general respecto a las sanciones que está habilitada a imponer esta CNV que "... no se trata" "aquí de arbitrar el remedio del acto erróneo o inconsulto lesivo de un interés" "susceptible de tutela, sino de la aplicación del correctivo que tiene como" "presupuestos la negligencia, la intención maléfica y el daño, notas todas que aquella" "consideración descarta" ("Las Palmas del Chaco Austral S.A. s/ sumario", C. Com. 20-02-75, Sala "C" Bol. Inf. CNV. N° 16, año 1975, pag. 65; CNV c/ Edit. Codex S.A -C. Com. Sala "A" 12.12.75 L.L. 1977 A, pag. 388).
Que ese correctivo procura activar con preponderancia el rol ordenador de conductas futuras que se traduzcan en comportamientos ajustados a la normativa, y así reciba aplicación la función disuasiva de la sanción que se dirige al autor de la conducta disvaliosa, particularmente en el caso de la multa, y no al perjudicado a otro título, como podría ser el indemnizatorio.
Que constituye un impedimento legal infranqueable por derivación del principio constitucional de la "irretroactividad de la ley" (art. 18, CN), que esta CNV se aparte del artículo 10 de la Ley Nº 17.811 vigente a la época de los hechos (texto según Ley Nº 23.513), que establecía en lo pertinente "Las personas físicas y jurídicas que no" "cumplan las disposiciones de esta ley y las reglamentarias, sin perjuicio de las" "acciones civiles o penales pertinentes, son pasibles de las sanciones siguientes:... b)" "Multa de australes setecientos noventa y seis mil seiscientos noventa y cuatro a" "australes setenta y nueve millones seiscientos sesenta y nueve mil trescientos noventa" "y ocho. En el caso de las personas jurídicas debe ser aplicada a los directores," "administradores, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia y gerente que" "resulten responsables, en forma solidaria..." (monto seg. Res. CNV Nº 180/91, B.O.: 6-9-91, re-expresados como $79,66 y $7.966,90 con la vigencia de la Ley de Convertibilidad Nº 23.928).
Que debe ser destacado que esta respuesta que hoy brinda la CNV ante la gravísima infracción acreditada si bien queda encuadrada en la ley vigente al momento del hecho y cuantificada en el importe máximo de la multa ($7.966,90) de carácter solidario, corresponde reconocerla como carente de sentido y efecto disuasorio, ejemplificador o intimidatorio.
Que al mismo tiempo debe ser destacado, aún cuando no reciba aquí aplicación, que modificaciones legales posteriores del año 1994 y del año corriente (art. 154, Ley Nº 24.241 y art. 39, Dto. Nº 677/01) incrementan el tope máximo de la sanción de multa aplicable por esta CNV de $1.000 a $1.500.000, previéndose su elevación hasta 5 veces el monto del beneficio obtenido o del perjuicio ocasionado como consecuencia del accionar ilícito, si alguno de ellos resultara mayor, y también se incorpora con un sentido general otro tipo de sanciones, caso de la inhabilitación temporal para el ejercicio de determinadas funciones.
Que con ello se significa que el legislador al colocar en un distinto escenario la ecuación costo-beneficio y contemplar nuevos tipos de sanción cuya previsión en la ley persigue claramente el efecto de estímulo a la observancia de la normativa, y recobre la eficacia perdida la función disuasoria y desalentadora de conductas infractorias.
9.3.- Discrecionalidad de la Facultad Sancionatoria
Que la CSJN ha establecido que del pronunciamiento dictado por un órgano estatal altamente especializado por la complejidad técnica de la competencia que se le ha asignado (en el caso, esta CNV) sólo cabría apartarse ante razones de arbitrariedad grave, palmaria y manifiesta (Fallos 268:340, 284:280, 281:214; 293:691, para supuestos similares en los que actuó el BCRA).
Que el ejercicio de la facultad sancionadora por esta CNV es discrecional y su intrínseca decisión meritoria está exenta de control judicial, salvo grave irrazonabilidad o arbitrariedad.
Que la apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la graduación de las sanciones pertenece al ámbito de las facultades discrecionales del tribunal administrativo, en cuyo ejercicio éste no debe ser sustituido por los jueces (conf. Cam. Nac. Cont. Adm. Federal, Sala II, "Negri, Carlos A. c/ C.P.A.C.F.", 24-8-99 y Sala III, "Gorrini", 17-10-96), por lo que la actividad jurisdiccional resulta limitada a controlar la legalidad o arbitrariedad de su actividad (conf. Sala II, "Cattelani", 8-6-89 y "Mazzini").
Que en ese orden de consideraciones, en la causa "Dopico, Alfredo José c/ Estado Nacional - Min. de Cultura y Educación (Resol. SA Nº 550/98)", la Cámara Nacional de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal, Sala II, con voto de la Dra. María Inés Garzón Conte Grand, al que adhirió el Dr. Damarco, sostuvo que "no" "debe ser considerado por este Tribunal la graduación de la sanción aplicada... Una de" "las misiones más delicadas del Poder Judicial es saber mantenerse en la esfera de sus" "funciones, no invadiendo las atribuciones de otros departamentos (CSJN F. 313:863)" "y sustituir de oficio el criterio del órgano con competencia para ejercer el poder" "disciplinario en orden a la sanción aplicada no constituye una correcta aplicación del" "principio iura novit curia, pues éste no permite a las jueces apartarse de los términos" "de la apelación ni admitir defensas no esgrimidas... Cabe recordar que la graduación" "de la sanción según la apreciación de la gravedad de las faltas cometidas traduce el" "ejercicio de facultades discrecionales, propias de la administración. Es precisamente" "la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a" "los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos" "de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dichos presupuestos (CSJN, Fallos 304: 721; 305:1489; 306:126)".
Que esa misma línea argumental fue expuesta por la PTN, que afirmó que "... la" "actividad discrecional de la Administración, en cualquiera de sus manifestaciones," "comporta una actividad en principio exenta de control judicial, correspondiendo sólo" "a los magistrados intervinientes ponderar si se encuentra vulnerada la razonabilidad," "buena fe y desviación de poder, en tanto límites del obrar administrativo aún en su" "aspecto discrecional" (Dict. 231:135).
9.4.- Cambio de Denominación de Sevel
Que conforme surge de la documentación agregada a fs. 5624/5625, el 9-2-00 Sevel informó a esta CNV que en su asamblea de accionistas del 7-2-00 se había resuelto reformar el artículo 1º de su estatuto social, que quedó redactado en lo pertinente de la siguiente manera: "Bajo la denominación ‘Peugeot Citröen Argentina" "S.A.’ continúa funcionando la sociedad... ‘Sevel Argentina Sociedad Anónima’".
Que esta CNV conformó dicha reforma por Resolución Nº 13.315 del 23-3-00 (fs. 5626/5627, copias extraídas de fs. 58/59 y fs. 80/81, respectivamente, del Expte. Nº 173/00 rotulado "Sevel Argentina S.A. s/ reforma de estatuto").
Que en consecuencia, y como fue anticipado, corresponde que la sanción a imponer le sea aplicada a Peugeot Citröen Argentina S.A.
Que interesa destacar sobre este particular que en una resolución del 6-7-00, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico sostuvo que "la" "transformación que hubiese tenido la empresa ‘Sevel Argentina S.A.’ hasta la" "actualidad no puede considerarse óbice ni para la posibilidad de enjuiciamiento del" "ente ideal ni para la eventual aplicación de la pena, pues ‘La naturaleza propia de las" "sociedades comerciales y su actuar en las actividades económicas, revela la" "posibilidad de transformaciones diversas por voluntad de las personas físicas," "algunas de las cuales producen, en los hechos, la disolución, o sea, la no" "subsistencia con la misma personalidad jurídica.’; por ende, con una interpretación" "contraria, ‘... se tornaría sumamente fácil eludir la responsabilidad penal en las" "personas jurídicas, porque bastaría que las personas físicas provocaran por su" "propia voluntad y conforme a las facultades que le otorga la ley comercial, la" "disolución de la sociedad, para impedir el ejercicio, por parte del Estado, de su" "pretensión punitiva.’ (conf. sumario fallo de la C.N.A.P.E., ex-Sala)" (v. fs. 5628/5637).
ARTICULO 1º.- Aplicar la sanción de multa máxima vigente a la época de los hechos de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 7.966) (art. 10 inc. b de la Ley Nº 17.811 -seg. Res. CNV Nº 180/91, B.O.: 6-9-91-) por infracción constatada al artículo 27 del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001), cuyos antecedentes son los artículos 15 de la RG N° 202; 21 de la RG N° 219, 22 de la RG N° 227 y 25 del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997) a:
Francisco MACRI (DNI Nº 11.773.556) la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($3.800).
PEUGEOT CITRÖEN ARGENTINA S.A. la suma total de PESOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($1.850) dividida en DOS (2) grupos de personas, a saber: a) hacer efectiva en forma solidaria la suma de PESOS MIL SETECIENTOS ($1.700) en las personas de los directores titulares Francisco MACRI (DNI Nº 11.773.566) la suma de PESOS QUINIENTOS ($500); Mauricio MACRI (DNI Nº 13.120.469) la suma de PESOS QUINIENTOS ($500); Paolo RUCCI (DNI Nº 92.816.304) la suma de PESOS CIEN ($100); Luis DA COSTA (LE Nº 5.407.864) la suma de PESOS CIEN ($100); Domenico FERRARIS (PP Nº G637.030) la suma de PESOS CIEN ($100); Miguel PUCCI (CI Nº 2.302.643) la suma de PESOS CIEN ($100); Armando AMASANTI (DNI Nº 92.486.242) la suma de PESOS CIEN ($100), Sergio PROVERA (DNI Nº 92.448.367) la suma de PESOS CIEN ($100) y Jorge BLANCO VILLEGAS (CI Nº 5.115.600) la suma de PESOS CIEN ($100); y b) hacer efectiva en forma solidaria la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA ($150) en las personas de los síndicos titulares Arturo LISDERO (LE Nº 4.309.404) la suma de PESOS CINCUENTA ($50), Ricardo DEMATTEI (LE Nº 7.660.707) la suma de PESOS CINCUENTA ($50) y Néstor PUPILLO (DNI Nº 10.743.627) la suma de PESOS CINCUENTA ($50), por la infracción constatada al artículo 294, incisos 7º y 9º de la Ley Nº 19.550.
BANCO MEDEFÍN S.A. –posteriormente, BANCO MEDEFÍN-UNB S.A.- la suma de PESOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS ($1.916) dividida en DOS (2) grupos de personas, a saber: a) hacer efectiva en forma solidaria la suma de PESOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS ($1.766) en las personas de los directores titulares Daniel CARDONI (CI Nº 6.049.765) la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS ($1.366); Fernando MAYORGA (CI Nº 5.891.373) la suma de PESOS CIEN ($100); José LÓPEZ MAÑÁN (CI Nº 6.326.988) la suma de PESOS CIEN ($100), Mariano RODRÍGUEZ ALCOBENDAS (DNI Nº 11.472.113) la suma de PESOS CIEN ($100) y José CÁCERES MONIÉ (CI Nº 6.179.082) la suma de PESOS CIEN ($100); y b) hacer efectiva en forma solidaria la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA ($150), en las personas de los síndicos titulares José ALANÍS (CI Nº 4.394.881) la suma de PESOS CINCUENTA ($50), Gustavo Héctor BUNGE (CI Nº 4.953.909) la suma de PESOS CINCUENTA ($50) y Alberto BANDE (LE Nº 4.403.798) la suma de PESOS CINCUENTA ($50), por la infracción constatada al artículo 294, incisos 7º y 9º de la Ley Nº 19.550.
LAWTON INTERNATIONAL CORPORATION la suma de PESOS DOSCIENTOS ($200), la que se hará efectiva en la persona del director Santiago Diego LUSSICH TORRENDEL (CI Nº 1.386.725-7).
BM INTERNATIONAL BANK AND TRUST COMPANY LIMITED la suma de PESOS DOSCIENTOS ($200), la que se hará efectiva en la persona de la directora titular Claudia CASANOVAS (DNI Nº 14.391.531).
ARTICULO 2º.- Aplicar a PEUGEOT CITRÖEN ARGENTINA S.A. la sanción de suspensión para efectuar oferta pública de títulos valores por el término de SEIS (6) meses, por infracción constatada al artículo 27 del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001), cuyos antecedentes son los artículos 15 de la RG N° 202; 21 de la RG N° 219, 22 de la RG N° 227 y 25 del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997) (conf. art. 10 inc. c de la Ley Nº 17.811).
ARTICULO 3º.- El pago de la multa deberá realizarse en la Subgerencia de Administración de esta COMISION NACIONAL DE VALORES, sita en 25 de Mayo 175, piso 11, de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs. En el caso de que la multa sea pagada fuera del término de DIEZ (10) días hábiles administrativos, la mora se producirá de pleno derecho, devengándose los correspondientes intereses.
ARTICULO 4º.- Absolver a los señores Miguel ORTNER (DNI Nº 10.424.263), Hugo BERDINA (LE Nº 4.291.626), Julio VILLAMAYOR (DNI Nº 10.498.620), Rogelio PAGANO y Angel POSSE (CI Nº 4.851.121).
ARTICULO 5º.- Absolver a las señoras Marta OTERO DE DOVAT y Judith VIERA GAROLA.
ARTICULO 6º.- Declarar extinguida la acción por fallecimiento respecto del señor Manuel CRESPO MOREDA (CI Nº 856.155-5).
ARTICULO 7º.- Registrar y notificar a todos los sumariados con copia autenticada de la presente Resolución.
ARTICULO 8º.- Notificar a su requerimiento al TRIBUNAL DE ETICA DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS de esta Ciudad con copia autenticada de la presente Resolución.
ARTICULO 9º.- Notificar a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con copia autenticada de la presente Resolución para su publicación en su Boletín Diario e incorpórese en el sitio Web del Organismo en www.cnv.gov.ar.
Carlos E. WEITZ
Hugo L. SECONDINI
Director - En disidencia con el artículo 2º. Conste en Acta.
María Silvia MARTELLA
J. Andrés HALL
1.- OBJETO DE INVESTIGACION
2.- INICIACION DEL SUMARIO
4.- SUSTANCIACION DEL SUMARIO
4.1.9.- Descargo de los Directores de Medefín
4.1.10.- Descargo de los Síndicos de Medefín
4.1.11.- Descargo de los Gerentes de Medefín
4.1.13.- Descargo de Directores de Lawton
5.1.1.- Relacionadas con el Desarrollo del Mercado de Capitales Argentino y la Importancia Práctica de Asegurar la Existencia de Mercados Eficientes, Justos y Ordenados
5.1.2.- Relacionadas con la Manipulación como Conducta Inconsistente con la Existencia de Mercados Eficientes, Justos y Ordenados
6.- ANALISIS DE LAS DEFENSAS COMUNES
6.2.1.- Diferencias Sustanciales del Derecho Administrativo Sancionador con el Derecho Penal
6.3.- Potestad de esta CNV para dictar Reglamentos Administrativos que describan Conducta de ‘‘Manipulación de Mercados"
6.4.- El principio de Irretroactividad de la Ley. Delimitación Fáctica del Objeto del Proceso y su Sometimiento a Contradicción. Alcance del Encuadre Legal en la Resolución inicial
6.6.- Procedimiento Sumarial: Derecho a Ofrecer y Producir Prueba: su Alcance
6.7.- Competencia para Fiscalizar la Manipulación: Jurisprudencia Administrativa y Judicial
6.8.3.- Existencia de daños. Innecesariedad de su Acreditación
7.- ANALISIS DE LAS DEFENSAS PARTICULARES
7.2.1.- Elementos de la Manipulación
7.4.- Análisis del Descargo de Medefín, Cardoni, Mayorga y Rodríguez Alcobendas
8.- Acreditación de la Infracción de la Manipulación de Mercado
9.- LA SANCION
9.1.2.- Las Consecuencias Desfavorables de los Hechos para el Mercado de Capitales Nacional
9.1.4.- Las Ganancias Obtenidas como Consecuencias de los Actos Constitutivos de la Infracción

References: Resolución 
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 artículo 27
 artículo 1193
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 6
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 artículo 27
 artículo 294
 artículo 294
in fine
 artículo 294
 artículo 1
 artículo 27
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 artículo 27
 artículo 993
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 artículo 27
 artículo 10
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 artículo 10
 artículo 1
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 artículo 294
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 artículo 27
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 artículo 2
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