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Timestamp: 2019-07-21 13:13:04+00:00

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Sentencia del tribunal Supremo Sentencia Apertura Paquete Postal Por Vigilante de Seguridad al ver en SCANER estupefacientes
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Tema 63. La Policía Local Como P.judicial.
Acta Num 1 Negociacion Convenio Seguridad
Acta final. seguridad 2014 (2).pdf
Argumentos en Contra y a Favor de Considerar Al Recurso De
5.1 Casacion. para la preespecializacion..docx
20140918 ACTA Nº 2 (18 septiembre 2014)
2013 - Quinteros - CFCP - Sala II
EJERCICIO DE AUTOAPRENDIZAJE PENAL UPANA (1).docx
Matriz de Consistencia Jesus
Roj: STS 355/2011 - ECLI:ES:TS:2011:355
Id Cendoj: 28079120012011100016
N de Recurso: 1622/2010
N de Resolucin: 53/2011
En la Villa de Madrid, a diez de Febrero de dos mil once.
En los recursos de casacin por quebrantamiento de forma, infraccin precepto constitucional e
infraccin de Ley que ante Nos penden, interpuestos por Carlos Francisco y Juan Mara , contra sentencia
dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Seccin 1, que conden a los acusados
como autores penalmente responsables de un delito contra la salud pblica; los componentes de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberacin y Fallo,
bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez
de la Torre, siendo tambin parte el Ministerio Fiscal, y dichos recurrentes representados por los Procuradores
Sres. Abajo Abril y Bande Gonzlez respectivamente.
Primero.- El Juzgado de Instruccin nmero 1 de Las Palmas, inco Procedimiento Abreviado con el
nmero 21 de 2009, contra Carlos Francisco y Juan Mara , y una vez concluso lo remiti a la Audiencia
Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, cuya Seccin Primera, con fecha 9 de abril de 2.010, dict
sentencia, que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS: PRIMERO.- Probado y as se declara que el acusado don Carlos Francisco
(mayor de edad y sin antecedentes penales) el da 25 de marzo de 2008, a travs de la empresa de
mensajera SEUR, SA., envi, desde Bilbao a Las Palmas de Gran Canaria, un paquete con declaracin cierta
de contenido para transporte areo, en cuyo interior haba, adems de los pilotos de BMW y la tornilleria
declarados, una bolsa termosellada conteniendo 965,3 gramos netos de anfetamina con una riqueza media
del 4,9%.
El da 26 de marzo de 2006, en las instalaciones de la empresa de Seur, S.A. en la localidad de Getafe,
Madrid, al pasar dicho paquete por el scanner, el vigilante de seguridad detect que aqul contena una bolsa
que no se corresponda con lo declarado por el remitente, por lo que procedi a la apertura del paquete, no
as de la referida bolsa, la cual fue entregada junto con el paquete y el resto de su contenido a funcionarios
del Cuerpo Nacional de Polica de la Comisara de Getafe.
SEGUNDO.- Como destinatario del paquete referido en el apartado anterior figuraba el acusado don
Avelino (mayor de edad y sin antecedentes penales), sin que haya quedado probado que el mismo tena
conocimiento de que aqul le iba a ser remitido.
Tampoco ha quedado probado que los acusados don Juan Mara , doa Covadonga y don Avelino
(estos dos ltimos, tambin mayores de edad y sin antecedentes penales) hubiesen convenido con el acusado
don Carlos Francisco la remisin de la anfetamina contenida en el indicado paquete.
TERCERO.- No ha quedado probado que el acusado don Desiderio (mayor de edad y sin antecedentes
penales), sobre las 12:30 horas del da 24 de abril de 2008, encontrndose en la zona de la Calzada Lateral
del Norte, sita en Miller Bajo, Las Palmas de Gran Canaria, entregase al tambin acusado don Francisco
(mayor de edad y sin antecedentes penales), un total de 1.009,40 gramos de anfetaminas con una riqueza
media del 7,9%.
CUARTO.- Probado y as se declara que el da 24 de abril de 2008 funcionarios del Cuerpo Nacional
de Polica procedieron a la entrada y registro del domicilio del acusado don Francisco , sito en la CALLE000
n NUM000 , piso NUM001 , letra NUM002 , de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, incautando
490,39 gramos de haschish con una riqueza media del 7,43%, expresada en Delta 9 tetrahidrocannabinol as
como 53,85 gramos de haschish con una riqueza media del 9,11%, expresada en Delta 9 tetrahidrocannabinol
sustancia que el acusado Francisco posea con la finalidad de transmitirla a terceros consumidores.
QUINTO.- Sobre las 23:30 horas del da 19 de junio de 2008 el acusado don Juan Mara (mayor de edad
y sin antecedentes penales), en la estacin de servicio BP de la autova GC-1, direccin Las Palmas, y trmino
municipal de San Bartolom de Tirajana, recibi de un individuo no identificado una bolsa conteniendo 491,08
gramos de anfetamina con una riqueza media del 6,4%, sustancia que dicho acusado pretenda destinar a
la venta a terceros consumidores.
SEXTO.- El acusado don Juan Mara acudi a dicha estacin de servicios con su compaera
sentimental, la tambin acusada doa Covadonga (mayor de edad y sin antecedentes penales),
ocupndosele a sta un envoltorio conteniendo 115 gramos de anfetamina, con una riqueza media del 8,9%,
sin que haya quedado probado que la acusada poseyese dicho envoltorio con la intencin de transmitirlo a
terceros consumidores.
FALLO: Que DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a don Desiderio , a doa Covadonga y a don
Avelino del delito contra la salud pblica, en la modalidad de sustancias que causan grave dao a la salud,
previsto y penado en el articulo 368 del Cdigo Penal , penltimo inciso, de que venan siendo acusados,
declarando de oficio el pago de las costas procesales causadas a instancia de dichos acusados.
DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a don Carlos Francisco como autor criminalmente
responsable, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de un delito
contra la salud pblica previsto y penado en el artculo 368, penltimo inciso, del Cdigo Penal, en la modalidad
de sustancias que causan grave dao a la salud, a las penas de CUATRO AOS Y SEIS MESES DE PRISION
E INHABILITACIN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE
LA CONDENA, condenndole, asimismo, al pago de una sexta parte de las costas procesales.
DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a don Francisco como autor criminalmente responsable,
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de un delito contra la salud
pblica previsto y penado en el articulo 368, ltimo inciso del Cdigo Penal, en la modalidad de sustancias que
no causan grave dao a la salud, a las penas de UN ANO Y NUEVE MESES DE PRISION E INHABILITACION
ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL MISMO TIEMPO y al pago de una
sexta parte de las costas procesales.
Y DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a don Juan Mara como autor criminalmente
contra la salud pblica previsto y penado en el articulo 368, penltimo inciso, del Cdigo Penal , en la
modalidad de sustancias, que causan grave dao a la salud, a las penas de CUATRO ANOS DE PRISION E
INHABILITACION ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA
CONDENA, condenndole, asimismo, al pago de una sexta parte de las costas procesales.
Se acuerda el comiso y destruccin de la totalidad de las sustancias estupefacientes intervenidas en la
presente causa, y, en su caso, de la muestras conservadas para su anlisis.
Para el cumplimiento de las penas de prisin impuestas les ser de abono a los penados el tiempo que
hubieren estado preventivamente privados de libertad por esta causa.
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casacin por quebrantamiento
de forma, infraccin precepto constitucional e infraccin de Ley, por Carlos Francisco y Juan Mara que
se tuvieron por anunciados, remitindose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones
necesarias para su substanciacin y resolucin, formndose el correspondiente rollo y formalizndose el
Cuarto.- La representacin de los recurrentes, basan sus recursos en los siguientes MOTIVOS DE
RECURSO INTERPUESTO POR Carlos Francisco
PRIMERO.- Al amparo del art. 5.4, 11.1 238.3 y 240.1 de la LOPJ. y el art. 849.1 LECrim.
SEGUNDO.- Al amparo del art. 849.1 LECrim.
TERCERO.- Al amparo del art. 5.4 LOPJ. denuncia vulnerado el art. 18.1 y 3 CE.
CUARTO.- Al amparo del art. 5.4 LOPJ. y art. 852 LECrim. denuncia vulnerado el derecho a un proceso
con todas las garantas, art. 24.2 CE.
QUINTO.-Al amparo del art. 849.1 LECrim. denuncia infraccin del art. 368 CP. por indebida aplicacin.
SEXTO.- Al amparo del art. 5.4 LOPJ. y del art. 852 LECrim. denuncia diversas transgresiones del
derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE. as como vulneracin del derecho de defensa
reconocido en el art. 24.2 CE.
SEPTIMO.- Al amparo del art. 852 LECrim. vulneracin del derecho al juez ordinario predeterminado
por la Ley consagrado en el art. 24.2 CE. en relacin con el art. 9.3 del mismo texto.
OCTAVO.- Al amparo del art. 5.4, 238.3 y 240.1 LOPJ. denuncia vulnerado el art. 24.2 CE.
NOVENO.- Al amparo del art. 852 LECrim. denuncia infringido el art. 120.3 CE.
RECURSO INTERPUESTO POR Juan Mara
PRIMERO.- Al amparo del art. 849.1 LECrim. por error de hecho en la apreciacin de la prueba. Por la
va del art. 849.1 LECrim. y del art. 5.4 LOPJ. denuncia infraccin del art. 24.2 CP.
Quinto.- Instruido el Ministerio Fiscal de los recursos interpuestos no estim necesaria la celebracin de
vista oral para su resolucin y solicit la inadmisin y subsidiariamente la desestimacin de los mismos por las
razones expuestas en su informe; la Sala admiti el mismo quedando conclusos los autos para sealamiento
Sexto.- Hecho el sealamiento se celebr la deliberacin prevenida el da veintisis de enero de dos
RECURSO Carlos Francisco
PRIMERO: El motivo primero, nulidad al amparo de los arts. 5.4, 11.1, 238.3 y 240.1 LOPJ . y art.
849.1 LECrim ., de la actuacin ilcita llevada a cabo por el vigilante de la empresa Prosegur, Carlos Jos
, procediendo a la apertura e inspeccin de un paquete en las oficinas de la empresa Seur de Getafe, sin
ostentar la cualidad de polica judicial, vulnerndose las normas reguladoras del procedimiento, actuacin que
contamina y vicia de nulidad "ab initio" la referida prueba, as como de todas aquellas obtenidas a partir de sta.
El motivo segundo por infraccin de Ley, al amparo del art. 849.1 LECrim. al violarse en la apertura del
paquete en las oficinas de Seur en Getafe los dictados de las Actas del Convenio de la Unin Postal Universal
de Beijing, la Ley 24/98 de Servicio Postal Universal y de la Liberalizacin de los Servicios Postales as como
el Real Decreto 1829/99 de 3.12, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestacin
de los servicios postales, que autorizan exclusivamente a las autoridades administrativas y aduaneras para
proceder a la inspeccin de los paquetes postales a los efectos de determinar que no contienen sustancias
u objetos cuyo envo, traslado o comercio est prohibido como, por ejemplo las sustancias estupefacientes,
dado que Seur como operador postal no garantiz el secreto e inviolabilidad de la comunicacin postal, de
conformidad con el art. 18.3 CE; el paquete remitido por su peso y dimensiones se encontraba dentro del
mbito del servicio postal universal (hasta 10 kgs. de peso); la apertura del paquete por parte del vigilante
de seguridad constituy un acto de violacin injustificado del envo postal por cuanto ste no ostentaba la
condicin de polica judicial ni tenia tampoco facultad alguna para intervenir y/o inspeccionar un envo postal
por no tener tampoco la condicin de funcionario de la Secretaria General de Comunicaciones del Ministerio de
Fomento (Servicio de Inspeccin Postal) ni de los servicios aduaneros, el vigilante de seguridad y el operador
Seur vulneraron gravemente el protozoo legalmente establecido en el art. 18 del RD. 1829/99 de 3.12, para la
comprobacin del contenido de los envos cuando el operador postal tenga la fundada sospecha de que alguno
de los envos ya admitidos contiene algn tipo de objeto cuya circulacin por la red postal est prohibida. El
motivo tercero por infraccin de precepto constitucional al amparo de los arts. 5.4 LOPJ . y art. 852
LECrim . por violacin de los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones postales y a
la intimidad personal (art. 18.1 y 3 CE . en relacin con el art. 579 LECrim .), al haberse abierto el paquete
sin autorizacin judicial, teniendo en cuenta que el paquete postal debi ser estimado como correspondencia
postal porque podra ser portador de mensajes de ndole confidencial.
Dada la conexin entre los tres motivos procede analizar con carcter prioritario el articulado en tercer
lugar dada la incidencia que su eventual estimacin o desestimacin tendra en los anteriores.
Por la adecuada resolucin de este motivo tercero se debe recordar como esta Sala en el acuerdo del
Pleno no jurisdiccional de 4 abril 1995 ya entendi que, aunque los paquetes postales deban ser considerados
como correspondencia por la posibilidad de que contuvieran mensajes personales de ndole confidencial,
quedaban en todo caso excluidos los que se enviaban abiertos y aquellos que se enviaban en rgimen de
"etiqueta verde", supuestos en que "el reconocimiento de los envos postales poda efectuarse de oficio y sin
formalidades especiales", por cuanto suponan la existencia de una expresa declaracin del remitente acerca
de su contenido lo que excluira la posibilidad de que contuviera mensajes u otro signo de correspondencia
( STS. 103/2002 de 18.1).
Posteriormente la STC. 281/2006 de 9.10, distingui entre envo postal y correspondencia postal,
limitando a sta la proteccin constitucional, afirmando que "la nocin constitucional de comunicacin postal
es, en consecuencia, una nocin restringida que no incluye todo intercambio realizado mediante los servicios
postales". En este sentido, se dice, "la comunicacin postal es desde la perspectiva constitucional equivalente
a la correspondencia".
En esta sentencia se excluy de la proteccin constitucional al secreto de las comunicaciones postales
"aquellos objetos - continentes- que por sus propias caractersticas no son usualmente utilizados para contener
correspondencia individual sino para servir al transporte y trfico de mercancas ( ATC 395/2003, de 11 de
diciembre, F. 3)", y aquellos otros que, "pudiendo contener correspondencia, sin embargo, la regulacin legal
prohbe su inclusin en ellos, pues la utilizacin del servicio comporta la aceptacin de las condiciones del
Teniendo en cuenta que lo que se protege es el secreto de la comunicacin postal, entendi el
Tribunal Constitucional que "quedan fuera de la proteccin constitucional aquellas formas de envo de la
correspondencia que se configuran legalmente como comunicacin abierta, esto es, no secreta. As sucede
cuando es legalmente obligatoria una declaracin externa de contenido, o cuando bien su franqueo o
cualquier otro signo o etiquetado externo evidencia que, como acabamos de sealar, no pueden contener
correspondencia, pueden ser abiertos de oficio o sometidos a cualquier otro tipo de control para determinar
su contenido".
Por su parte esta Sala, en la STS n 185/2007, de 20 de febrero, adems de hacerse eco de las
precisiones contenidas en la citada Sentencia del Tribunal Constitucional, seal que ya con anterioridad haba
establecido la distincin entre paquete y correspondencia, limitando a esta ltima la proteccin constitucional,
citando el acuerdo de 9 de abril de 1995, y precisando que "deben excluirse de dicha intervencin judicial
cuando se trate de los paquetes expedidos bajo etiqueta verde (art. 117 Reglamento del Convenio de
Washington que permite la inspeccin aduanera), o cuando por su tamao o peso evidencian la ausencia de
mensajes personales o en aquellos envos en cuyo exterior se hace constar su contenido ( SS. 5.2.97, 18.6.97,
7.1.99, 24.5.99, 1.12.2000, 14.9.2001), porque el bien jurdico constitucionalmente protegido es el secreto de
las comunicaciones, sin que puedan entenderse amparados por el precepto constitucional los paquetes al
margen de lo anterior. As se ha expresado reiterada doctrina de esta Sala como son exponentes las SSTS
404/2004, que declara que el transporte de mercancas no es comunicacin postal, como puede deducirse a
simple vista, dadas las caractersticas del envo, que por su configuracin, dimensiones y peso se alejan del
concepto de paquete postal, apto para transmitir comunicaciones; o la 699/2004, que expresa que cuando en
su envoltura se hace constar su contenido, ello implica, por parte del remitente, la aceptacin de la posibilidad
de que sea abierto para el control de lo que efectivamente el mismo contiene; la 103/2002, en la que se dice
que en la circulacin de paquetes en rgimen de etiqueta verde, que se caracteriza por contener una expresa
declaracin del remitente acerca del contenido del paquete, lo que excluye la posibilidad de que contengan
mensajes o escritos privados, el envo bajo tal rgimen contiene una explcita autorizacin a los responsables
de Correos para que procedan a la apertura del paquete en orden a verificar la veracidad del contenido ( SSTS
18.6.97, 26.1.1999, 24.5.99, 26.6.2000).
A partir de la STC. antes citada -nos dice la STS. 232/2007 de 20.3 -, deben tenerse presente una serie
de criterios interpretativos respecto al alcance del derecho constitucional al secreto de las comunicaciones
postales (art. 18-3 C.E.) que resumimos del siguiente modo:
1) No todo envo o intercambio de objetos o seales que pueda realizarse mediante los servicios
postales es una comunicacin postal (Fud. 3, pg. 13).
2) La comunicacin es a efectos constitucionales el proceso de transmisin de expresiones de sentido
a travs de cualquier conjunto de sonidos, seales o signos, por lo que el derecho al secreto de las
comunicaciones postales slo protege el intercambio de objetos a travs de los cuales se transmiten mensajes
mediante signos lingsticos, de modo que la comunicacin postal es desde esta perspectiva equivalente a
la correspondencia (Fud. 3, Pg. 14).
3) No gozan de la proteccin constitucional aquellos objetos -continentes- que por sus propias
caractersticas no son usualmente utilizados para contener correspondencia individual, sino para servir al
transporte y trfico de mercancas, de modo que la introduccin en ellos de mensajes no modificar su rgimen
de proteccin constitucional (Fud. 3, Pg. 14).
4) Tampoco gozan de proteccin aqullos objetos que pudiendo contener correspondencia, sin
embargo, la regulacin legal prohbe su inclusin en ellos, pues la utilizacin del servicio comporta la
aceptacin de las condiciones del mismo (Fud. 3, Pg. 14).
5) El envo de mercancas o el transporte de cualesquiera objetos, incluidos los que tienen como funcin
el transporte de enseres personales -maletas, maletines, neceseres, bolsos de viaje, bales, etc.- por las
compaas que realizan el servicio postal no queda amparado por el derecho al secreto de las comunicaciones,
pues su objeto no es la comunicacin en el sentido constitucional del trmino (Fud. 3, Pg. 15).
6) El art. 18-3 C.E. no protege directamente el objeto fsico, el continente o soporte del mensaje
en s, sino que stos slo se protegen de forma indirecta, esto es, tan slo en la medida en que son el
instrumento a travs del cual se efecta la comunicacin entre las personas -destinatario y remitente-. Por
consiguiente cualquier objeto -sobre, paquete, carta, cinta, etc.- que pueda servir de instrumento o soporte
de la comunicacin postal no ser objeto de proteccin al derecho reconocido en el art. 18-3 C.E. si en las
circunstancias del caso no constituye el instrumento de la comunicacin o el proceso de la comunicacin no
ha sido iniciado (Fud. 3, Pg. 15 y 16).
Tampoco gozara de cobijo constitucional el presunto derecho invocado, aunque se contemplaran los
actos realizados por la polica y agentes de aduanas con posterior intervencin de la comisin judicial (auto de
28-agosto-2003) desde la perspectiva del derecho a la intimidad personal (art. 18-1 C.E.), sobre todo cuando
no consta en el paquete postal mencin alguna sobre la posibilidad de contener objetos personales e ntimos
y de sus caractersticas externas no se infiere que la finalidad del continente fuera sta. Pero aunque pudiera
afirmarse (de un objeto cualquiera) la condicin de personal e ntimo, su inspeccin o control cumple las dos
exigencias que la Constitucin impone a la afeccin de este derecho fundamental: su previsin legal y su
adecuacin al principio de proporcionalidad.
De un lado, la normativa internacional -Actas del Convenio de la Unin Postal Universal de Beijing de
1999, en vigor para Espaa desde su publicacin en el BOE n 62 de 14 de marzo de 2005-, as como la
legislacin interna -Ley 24/1998 - autorizan a las autoridades administrativas y aduaneras para proceder a la
inspeccin de los paquetes postales a los efectos de determinar que no contienen sustancias u objetos cuyo
envo, traslado o comercio est prohibido, como por ejemplo las drogas (Fud. 4, Pg. 17).
En el caso presente el paquete remitido por el recurrente tenia una declaracin cierta de contenido al
hacer constar que lo remitido eran "pilotos del BMW CE-34 y tornilleria", lo que exclua el envo de mensajes, es
decir, su utilizacin como correspondencia postal y posibilitaba bien a los funcionarios de Aduanas, empleados
de correos o de empresas de mensajera, realizar funciones de control e inspeccin, en este caso, pasar el
envo por el scanner, en un rutinario control de seguridad y, al detectar la presencia en el interior del paquete
de una bolsa de considerable tamao que no se corresponda con lo declarado, proceder a su apertura con
la finalidad de comprobar la posible existencia de efectos ilcitos, apertura que no supuso infraccin alguna
del derecho al secreto de las comunicaciones postales, habida cuenta que ya en el propio envo se exclua
la existencia de esa clase de comunicaciones, por lo que, aunque se tratara de paquete postal, no integra el
concepto de correspondencia a la que se refiere nuestra Constitucin (art. 18.3 CE.) o el art. 8 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos o el art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos.
SEGUNDO: La desestimacin del motivo tercero incide en la improsperabilidad de los motivos primero
En efecto la interpretacin que del art. 11.1 LOPJ. han hecho tanto el Tribunal Constitucional como esta
Sala, permitir sostener en nuestro ordenamiento un concepto de prueba ilcita referido exclusivamente a la que
es obtenida violentando derechos y libertades fundamentales, de manera que por definicin, se concibe otra
suerte de ilicitud probatoria simplemente ordinaria, que se ha dado en llamar prueba irregular, cuyos efectos
no podran ser parejos a la anterior por mor del derecho fundamental a la prueba (art. 24.2 CE), ( STS. 6/2010
de 27.1).
Las diferencias entre la prueba ilcita y la prueba irregular, en orden a la eficacia probatoria en el proceso
penal, no son sin embargo apreciables en un primer grado, ya que tanto una como otra carecen de virtualidad
al respecto, dependiendo en el segundo caso de la naturaleza, gravedad y acumulacin de irregularidades y
sobre todo, de la indefensin practicada (art. 238.1 LOPJ.).
La diferencia entre la prueba ilcita y la prueba irregular, por tanto, habr de advertirse en un segundo
grado, en relacin con las pruebas relacionadas con ellas, ya que para las derivadas de las pruebas ilcitas
se impone asimismo la ineficacia como lgica consecuencia de una fuente de contaminacin -la llamada en el
mbito anglosajn doctrina del fruto podrido o manchado ("the tainted fruti) o, genricamente, doctrina de los
"frutos del rbol envenenado (The fruti o the poisonous tree doctrine), mientras que para las derivadas de las
simplemente irregulares no se produce tal radical consecuencia, por mor de lo dispuesto en el art. 242 LOPJ.
y nada obsta a que la conviccin se obtenga por otros acreditamientos en la materia.
Esta diferencia se resuelve en la practica, por tanto, en la posibilidad de recuperacin del material
probatorio evidenciado por la prueba irregular, mediante su conversin en algn otro tipo de prueba subsidiaria,
generalmente la testifical o la confesin, a modo de subsanacin, posibilidad que es impensable en el caso
de la prueba ilcita.
En este sentido la STS. 999/2004 de 19.9, seala que por el contrario, si las infracciones cometidas
tuvieren un mero carcter procesal, la consecuencia alcanzar tan slo al valor probatorio de los productos de
la interceptacin de las comunicaciones, pero manteniendo an su valor como instrumento de investigacin y
fuente de otras pruebas de ella derivadas. No transcienden de la condicin de meras infracciones procesales,
con el alcance y efectos ya sealados, otras irregularidades que no afecten al derecho constitucional al
secreto de las comunicaciones y que tan slo privan de la suficiente fiabilidad probatoria a la informacin
obtenida, por no gozar de la necesaria certeza y de las garantas propias del proceso o por sustraerse a las
posibilidades de un pleno ejercicio del derecho de defensa al no ser sometida a la necesaria contradiccin,
ms al ser tales irregularidades procesales posteriores a la adquisicin del conocimiento cuya prueba funda
la condena, lo conocido, en este caso gracias a la apertura del paquete por el vigilante privado, puede ser
introducido en el juicio oral como elemento de conviccin a travs de otros medios de prueba que acrediten su
contenido. Y desde luego lo conocido puede ser objeto de posterior investigacin y prueba por otros medios
que legtimamente accedan al juicio oral.
En el caso que se analiza, detectado por el scanner que el paquete, remitido con declaracin de
contenido, contena una bolsa que por su tamao no se corresponda con lo declarado, la apertura del paquete
no revesta infraccin del derecho fundamental recogido en el art. 18.3 CE. ciertamente la apertura del paquete,
se efectu materialmente por un vigilante de seguridad quien no ostenta la condicin de polica judicial, art. 283
LECrim. ni de funcionario administrativo o de aduanas o perteneciente al Servicio Postal, pero su actuacin
se limit al paquete no a la bolsa que contena la sustancia sospechosa, la cual fue entregada junto con el
paquete y resto de su contenido a funcionarios del Cuerpo Nacional de Polica a la Comisara de Getafe, por lo
que, en todo caso, se tratara de una prueba irregular pero cuyo contenido pudo ser introducido en el plenario
por las pruebas que se detallan en el apartado a) del Fundamento Jurdico Tercero, fundamentalmente los
testimonios del Director de Seguridad, Delegado de Seguridad y Vigilante de Seguridad y de los funcionarios
del Cuerpo Nacional de Polica n NUM003 y NUM004 , quienes acudieron a las dependencias de Seur en
Getafe y recogieron la bolsa que les fue entregada cerrada y sellada.
TERCERO: El motivo cuarto al amparo de los arts. 5.4 LOPJ. y 852 LECrim. por vulneracin de
un proceso con todas las garantas (art. 24.2 ) al considerar que se violaron las exigencias legales que
permitiran que resultara probada la correccin de la cadena de custodia de la sustancia estupefaciente
objeto de intervencin y por lo tanto la sujecin del procesado a un proceso con todas las garantas
sin que pudiera producirse indefensin.
Se seala en el motivo que de acuerdo con las diligencias policiales la apertura del paquete que
contena presuntamente la sustancia estupefaciente fue realizado por un vigilante de la empresa Prosegur
con carnet profesional n NUM005 en las dependencias de la empresa Seur en Getafe, observando los
agentes de la polica que hicieron acto de presencia que el citado paquete se hallaba abierto, por lo que resulta
evidente que esa apertura y manipulacin del contenido de dicho paquete por parte del vigilante se hizo sin
las correspondientes garantas acreditativas de su contenido (presencia de comisin judicial) ciertamente y
viera de nulidad la referida prueba, tal como reflej el auto judicial de 26.3.2008 de la titular del Juzgado de
Instruccin 6 de Getafe denegando la entrega vigilada solicitada por la Brigada de la Polica Judicial Grupo II
de la Comisara de Getafe por no estar garantizada la cadena de custodia del referido paquete.
Adems no se cumplieron las exigencias legales en la aprehensin y apertura del paquete, sino tampoco
en el proceso de custodia y entrega de la sustancia intervenida al organismo legalmente habilitado para su
anlisis con infraccin de lo precisado en el art. 3 de la Ley 17/67 de 8.4 y de la orden de 8.11.96, que contiene
las normas de preparacin y remisin de muestras objeto de anlisis por el Instituto Nacional de Toxicologa,
dada la deficiente custodia policial en la Comisara de Getafe desde el 26.3 al 31 del mismo mes de 2008,
fcilmente constatable por el escaso rigor de los funcionarios policiales a la hora de elaborar el atestado.
-Durante el 26.3.2008 el atestado refiere una sucesin de instructores que se hicieron cargo de la caja
de cartn intervenida, sin reflejarse en el atestado las correspondientes diligencias de traspaso y aceptacin.
-El agente n NUM006 efectu la diligencia de pesaje con bscula de precisin dando un resultado
de 1049 gramos incluido el envoltorio, pero la bolsa al ser recibida en el Arca funcional de Sanidad de la
Delegacin de Gobierno de Madrid el 31.3.2008 con un peso bruto de 1.077,6 gramos (28,6 gramos de ms
de lo inicialmente pesado en Comisara), diferencia de peso que refuerza las dudas sobre la posibilidad que
la sustancia intervenida y analizada no fuese le misma.
-Se realiza el mismo 26.3.2008 la prueba de Drogotest mediante la aplicacin de un spray reactivo
sobre una pequea muestra obtenida del envoltorio dando como resultado positivo a herona y de acuerdo al
Informe analtico de 10.4.2008 se describe la sustancia intervenida como herona.
-A pesar de haberse practicado una incisin en la bolsa para llevar a cabo la prueba de Drogotest no
consta en el atestado que se procediera siquiera al correcto sellado, precintado y etiquetado de la sustancia,
incumplindose lo dispuesto en el art. 338 LECrim.
-Segn el oficio 6691 remitido a la Direccin General de Farmacia por el Instructor CP. 82495 el
26.3.2008, se remite una bolsa de plstica, de aproximadamente 1 Kg. de peso a la que se ha realizado una
incisin para obtener una muestra, y sin embargo posteriormente en el informe de Recepcin de la sustancia
"datos relativos a la aprehensin", que se cumplimente en el momento en que el funcionario policial n NUM007
deposita la muestra en el Laboratorio, detallando la "descripcin de la sustancia entregadas", (documento
firmado por el funcionario de la Unidad aprehensora y el funcionario de Laboratorio) se describe como "una
bolsa de plstico gris conteniendo en su interior una bolsa de plstico transparente recubierta por otras 4
bolsas transparentes cerradas al vacio".
- Tampoco obra en autos junto al informe de Recepcin del rea de Sanidad, el documento anejo al
envo de muestras (obligatorio conforme a la orden de 8.11.96), que acredita la observacin en todo momento
de la cadena de custodia policial desde la toma de las muestras hasta su recepcin en el Instituto.
-En suma, la ausencia de identificacin del numero de placa de los funcionarios encargados de la
custodia, de su lugar de custodia -durante los cinco das entre la diligencia policial de remisin al Laboratorio
de la sustancia incautada (fechada al 26.3.2008), y la fecha de entrega de la misma por la Unidad Aprehensora
en las Dependencias del rea Funcional de Sanidad de la Delegacin del Gobierno de Madrid el 31.3.2008
por parte del Funcionario Policial n NUM007 , supone que nadie se hizo responsable de ese objeto que pudo
estar en manos de cualquiera, sin que conste en el atestado diligencia de deposito de la bolsa aprehendida
en la Caja Fuerte de Comisara por parte de agente alguno.
a)-Que la apertura del paquete se realizara sin la presencia de la comisin judicial solo implica que
carecer en s misma de valor probatorio, an cuando se refleje documentalmente en su atestado policial, por
lo que los elementos probatorios que de ellos pudieran derivarse deben incorporarse al juicio oral mediante
su medio probatorio aceptable en derecho: por ejemplo la declaracin testifical de las personas presentes
debidamente practicada en juicio con todas las garantas de la contradiccin y la inmediacin. La diligencia
de apertura de un paquete puede tener valor de prueba preconstituida s se practica judicialmente respetando
el principio de contradiccin mediante la asistencia del interesado.
Ello es as conforme a una reiterada doctrina del Tribunal Constitucional referida a las pruebas de
imposible reproduccin en el juicio oral (requisito material) practicadas ante el Juez de instruccin (requisito
subjetivo) con cumplimiento de todas las garantas legalmente previstas (requisito objetivo) y reproducidas en
el juicio oral a travs del art. 730 LECrim. (requisito formal).
Por tanto el acta en que se document la diligencia en cuanto al contenido de la misma y la resea de
los efectos hallados en su transcurso, no precisa de ratificacin alguna por parte de ninguna de las personas
presentes, su funcin acreditativa deriva de la propia naturaleza de la funcin orgnicamente atribuida al
Secretario Judicial que ha debido intervenir tanto en la diligencia como en la redaccin del acta.
Por tanto en el caso presente la ausencia de la comisin judicial y del secretario, sin invalidar la
diligencia ni generar su nulidad, priva del valor de prueba anticipada con plenos efectos en el juicio oral pues
la ausencia de la fe pblica le priva de autenticidad y valor probatorio, debiendo suplirse tal defecto con la
declaracin de los intervinientes en dicho acto, no impidiendo en nada que mediante otros medios de prueba
complementarios se evidencie el contenido del paquete, en este caso la bolsa de plstico con sustancia
presuntamente estupefaciente, como acaeci en el presente caso con las testificales de Ildefonso , Fidel y
Carlos Jos , director, delegado y vigilante de seguridad respectivamente, siendo ste ltimo quien detect,
al pasar el paquete por la cinta del scanner, la existencia de una bolsa sospechosa en el interior del paquete
por lo que lo abri y comprob que contena una bolsa con material orgnico, comunicndoselo directamente
a su superior y hacindose entrega de la bolsa sospechosa a funcionarios del Cuerpo nacional de Polica
de la Comisara de Getafe, en concreto los n NUM003 y NUM004 quienes en el juicio oral ratificaron
que acudieron a las dependencias de Seur en Getafe y recogieron la bolsa que pareca contener sustancia
estupefaciente, asegurando ambos que la bolsa les fue entregada cerrada; y con las fotografas del paquete
y de la bolsa indicados (folios 641 a 643, 645 y 648 a 650).
b)-En cuanto a la cadena de custodia el problema que plantea -hemos dicho en SSTS. 1190/2009 de
3.12 y 6/2010 de 27.1 - es garantizar que desde que se recogen los vestigios relacionados con el delito hasta
que llegan a concretarse como pruebas en el momento del juicio, aquello sobre lo que recaer la inmediacin,
publicidad y contradiccin de las partes y el juicio de los juzgadores es lo mismo. Es a travs de la correccin
de la cadena de custodia como se satisface la garanta de la "mismidad" de la prueba. Se ha dicho por la
doctrina que la cadena de custodia es una figura tomada de la realidad a la que tie de valor jurdico con el fin
de en su caso, identificar en todo la unidad de la sustancia estupefaciente, pues al tener que pasar por distintos
lugares para que se verifiquen los correspondientes exmenes, es necesario tener la completa seguridad de
lo que se traslada, lo que se mide, lo que se pesa y lo que se analiza es lo mismo en todo momento, desde el
instante mismo en que se recoge del lugar del delito hasta el fomento final en que se estudia y destruye.
En el ATS. de 30.10.2008, podemos recordar las ideas capitulares en la materia. Es funcin de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, segn el apartado 1 g) del artculo 11 de la LO 2/1986, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "... asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, ponindolos
a disposicin del Juez o Tribunal competente y elaborar los informes tcnicos y periciales procedentes", y el
artculo 4 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulacin de la Polica Judicial, dispone que
todos los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad practicarn por su propia iniciativa las primeras
diligencias de prevencin y aseguramiento y la ocupacin y custodia de los objetos que provinieren del delito
o estuvieran relacionados con su ejecucin, dando cuenta de todo ello en los trminos legales a la autoridad
judicial o fiscal.
Tratndose de estupefacientes o sustancias psicotrpicas debe tenerse en cuenta el Convenio nico
de 1961 sobre los primeros, ratificado por Espaa mediante Instrumento de 3-2-1966, y el Convenio de Uso de
las segundas de 21-2-1971, que obligan a concentrar en un servicio administrativo la intervencin de dichas
sustancias decomisadas, como recuerda, en relacin con el Convenio nico, el prembulo de la Ley 17/1967,
de 8 de abril, sobre Normas Reguladoras de estupefacientes, cuyo artculo 4 establece el Servicio de Control
de Estupefacientes, siendo uno de sus cometidos que "las sustancias estupefacientes decomisadas a los
delincuentes e infractores de contrabando sern entregadas al Servicio de Control de Estupefacientes".
Lo anterior ya ha sido puesto de relieve por la Jurisprudencia de esta Sala (STS de 6 de julio de 1990)
cuando razona que "a partir de los Convenios Internacionales (mencionados) la Comunidad Internacional
decidi medidas drsticas de intervencin sobre tales sustancias a fin de prevenir los graves daos que su
uso puede ocasionar en la salud fsica o psquica de los consumidores, siendo precisamente una de tales
medidas la adopcin por parte de los Estados signatarios de un servicio administrativo de control para impedir
que las drogas txicas puedan encontrarse en dependencias pblicas distintas de las previstas a tal fin"
reproduciendo a continuacin el art. 31 de la Ley 17/67.
Es cierto que la cadena de custodia exige que conste siempre en los protozoos de conservacin las
firmas tanto de los policas y tcnicos que ocupan, trasladan, pesan, entregan en Comisara y depositan en
sanidad la sustancia incautada, como la firma de quienes en cada una de las secuencias mencionadas las
En nuestro caso, consta, segn resulta de la testifical y de las fotografas obrantes a los folios 643, 645, y
648 a 651, que la bolsa conteniendo la sustancia estupefaciente en ningn momento fue abierta por el vigilante
de seguridad el cual abri solo el paquete o caja de cartn remitido; y en tal estado cerrada y termosellada fue
recibida por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Polica con carnets profesionales NUM008 y NUM004
quienes firman el acta de 26.3.2008 junto con el vigilante de seguridad (folio 646), haciendo constar la entrega
de "una caja de aproximadamente 3 kgs. conteniendo en su interior pilotos y tornillera BMW y un paquete
cerrado hermticamente conteniendo aproximadamente 1 Kg. de sustancia purulenta color claro al
parecer estupefaciente..."
Ese mismo da, a las 2 horas y 36 m. los funcionarios policiales antes indicados comparecen ante
el Instructor del atestado n NUM009 , funcionario de polica con carnet profesional NUM010 hacindole
entrega de los diferentes efectos intervenidos, entre los mismos, una bolsa hermtica y cerrada de plstico
transparente conteniendo una sustancia polvorienta (folios 598, 599).
A las 8,00 horas del 26.3.2008 cesa en las diligencias como instructor el anterior funcionario (folio 600)
hacindose cargo de las mismas, como instructor el funcionario NUM011 y como secretario el n NUM006
, quienes igualmente se hacen cargo de la caja de cartn de color marrn de la empresa Seur nm. Paquete
NUM012 (folio 601).
Asimismo consta practicada diligencia de pesaje del envoltorio intervenido, siendo de 1049 gramos
incluido el envoltorio, y prueba de Drogotest consistente en la aplicacin de un spray reactivo sobre una
pequea muestra obtenida del envoltorio, dando como resultado positivo herona "con reportaje fotogrfico
donde se observa la operacin de extraccin de muestra" (folios 616 a 620).
Al folio 634 intervienen como instructor el funcionario policial n NUM013 para hacer constar, adems
de la recepcin va fax del juzgado instruccin n 6 de Getafe denegando la entrega controlada del paquete
intervenido, que por el Instructor se dispone la remisin de la bolsa de plstico de aproximadamente 1 Kg.
de peso, conteniendo en su interior al parecer sustancia estupefaciente a la Direccin General de Farmacia y
Productos Sanitarios (seccin de Estupefacientes y Psicotrpicos) para su estudio, anlisis y posterior emisin
de informe, oficio n 6691 fechado el 26.3.2008 (folio 663).
El 31.3.2008 el funcionario policial n NUM007 deposita la bolsa intervenida en manos del Jefe de
Seccin del Servicio de Inspeccin de Farmacia y Control de Drogas del rea de Sanidad de la Delegacin
de Gobierno en Madrid (folio 765), constando informe recepcin firmado por el funcionario de la Unidad
Aprehensora y el funcionario de Laboratorio, en el que se describe "una bolsa de plstico gris conteniendo en
su interior una bolsa de plstico transparente por otras 4 bolsas transparentes cerradas al vaco", conteniendo
un "slido" pastoso anaranjado y se recibe con un peso bruto de 1077,6 gramos y peso neto de 965,3 gramos.
En nuestro caso no existe un solo paso en el que no se sepa quien entrega y quien recibe la sustancia,
de modo que no se advierte forma de que en alguna de las inexistentes fases de ocultacin haya podido ser
mutada la cantidad o calidad del producto. En efecto la prueba realizada en Comisara sobre una muestra
obtenida por incisin de la bolsa es solo a efectos meramente orientativos, siendo nicamente la practicada
en Laboratorios oficiales la que permite constar con rigor la naturaleza y pureza de las sustancias intervenidas
y la diferencia de pesaje entre el realizado en Comisara y el consignado en la recepcin por el Laboratorio es
mnima 1049 y 1077,6 gramos respectivamente y motivada posiblemente por el peso de las bolsas de plstico
con las que se cerr la bolsa original una vez hecha la puncin para el anlisis para su emisin al Laboratorio.
Es cierto que existe un lapso temporal entre el oficio policial acordando la remisin de la bolsa al
Laboratorio, 26.3.2008, y su recepcin en el Organismo competente 31.3.2008, pero no es nada ms que
eso, la cadena de custodia fue respetada por los policas que declararon en el plenario manifestaron que en
Caminara haba una caja fuerte y all se custodi la droga (agente con carnet NUM004 ). As lo acepto el
tribunal y la credibilidad de esos testimonios no es revisable en casacin.
CUARTO: El motivo quinto por infraccin de Ley, art. 849.1 LECrim. por aplicacin indebida del
art. 368 CP .
Se argumenta que del factum de la sentencia no concurren todos y cada uno de los elementos tpicos,
objetivos y subjetivos que integran el delito sancionado, pues dadas las circunstancias en las que se produce
la apertura e inspeccin del paquete por parte del vigilante jurado, las faltas de garantas que acreditaran su
autentico contenido y el respeto a la cadena de custodia, no se puede confirmar que el recurrente conociera
que transportaba una bolsa termosellada con sustancia estupefaciente, pudiendo ser introducida la misma por
un tercero con posterioridad a su facturacin y, en todo caso, con carcter previo a su puesta a disposicin
del Cuerpo Nacional de Polica. No queda acreditada ni la posesin de la droga por parte del recurrente ni la
finalidad de transmisin a terceros, habida cuenta que la persona que figura como destinatario del paquete no
ha quedado probado que conociera que dicho paquete le iba a ser remitido.
El motivo en cuanto est supeditado a la prosperabilidad de los motivos anteriores, debe ser
Con independencia de que el destinatario del paquete conociera o no su envo y estuviera de acuerdo
con el acusado, el destino de la droga a su difusin a terceros, se infiere de las propias circunstancias de su
remisin, a travs de un paquete postal, y de la cantidad de droga remitida, casi 1 Kg. de anfetamina.
QUINTO: El motivo sexto por infraccin de precepto constitucional al amparo del art. 852 LECrim
. en relacin con el art. 5.4 LOPJ . se denuncia transgresiones del derecho a la tutela judicial efectiva,
art. 24.1 CE , as como la vulneracin del derecho de defensa reconocido en el art. 24.2 CE .
a) vulneracin del derecho a la tutela judicial efectiva por la regularidad de la prueba conexa e
influencia de la ilicitud del auto de 26.12.2007 con la consiguiente nulidad de todo lo instruido con
posterioridad. Auto ste en el que se acord la intervencin, grabacin y escucha de los telfonos NUM014
de la operadora Movistar y NUM015 de France Telecom y que de acuerdo con el Fundamento Jurdico
primero de la sentencia recurrida entiende vulnerado el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones
telefnicas consagrado en el art. 18.3 CE. por lo que declara la nulidad del referido auto de 26.12.2007, y
de acuerdo al art. 11.1 LOPJ. de todas las pruebas derivadas de dicha resolucin al haber sido obtenidas
indirectamente con vulneracin del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones (restantes autos
de intervencin telefnicas, declaraciones de funcionarios del Cuerpo Nacional de Polica actuantes a las
vigilancias y seguimientos efectuados a los acusados), pero no as otras como las declaraciones de
contenido autoincriminatorio -cuya problemtica ser analizada en el recurso del otro acusado- ni a la
prueba testifical practicada en relacin a la interceptacin el 26.3.2008 del paquete remitido a travs de
Seur por D. Carlos Francisco por producirse la misma, a juicio de la fe "... de forma casual, apareciendo
desconectada de las intervenciones telefnicas y de la investigacin que se venia llevando a cabo en
las Palmas de Gran Canaria".
El recurrente discrepa de esta interpretacin por entender que si se declara la nulidad del auto de
26.12.2007, la nulidad alcanza a todo el procedimiento, al no existir de forma diferenciada un auto de incoacin
de Diligencias Previas y un auto de intervenciones telefnicas, los efectos de la nulidad se comunican a todas
las diligencias que sean vinculadas al existir entre unas y otros no solo una conexin natural sino lo que
se ha venido a denominar como "conexin de antijuricidad", dado que si no hubiera sido por las pruebas
declaradas judicialmente nulas jams se hubiera identificado al recurrente, ni conocido que ste haba remitido
el 25.2.2008 un paquete con destino a Gran Canaria, tampoco se hubiera tenido constancia de la existencia
de interceptacin el 26.3 en Getafe ni el contenido de las diligencias policiales practicadas por el Grupo II, de la
Polica Nacional de Getafe que soportan el fallo condenatorio, y se habra encargado de tramitar la instruccin
del proceso el Juzgado de Instruccin n 6 de Getafe y caso de acordarse la apertura del juicio oral, se hubiera
celebrado ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Las SSTC. 66/2009 de 9.3 y 28/2002 de 11.4, recuerdan que desde la STC. 114/84 de 9.11, hemos
sostenido que, aunque la prohibicin de valorar en juicio pruebas obtenidas con vulneracin de derechos
fundamentales sustantivos no se halla proclamada en un precepto constitucional, tal valoracin implica una
ignorancia de las garantas propias del proceso (art. 24.2 CE) y una inaceptable confirmacin institucional
de la desigualdad entre las partes en el juicio, y en virtud de su contradiccin con ese derecho fundamental
y, en definitiva, con la idea de " proceso justo", debe considerarse prohibida por la Constitucin ( SSTC
114/1984, 81/1998, 69/2001, 28/2002, y 66/2009). Tal prohibicin atae no solo a los resultados directos de
la intervencin, sino que se extiende a "cualquier otra prueba derivada de la observacin telefnica, siempre
que exista una conexin causal entre ambos resultados probatorios ( STC. 49/96 de 26.3), aunque derive
indirectamente de aquella ( SSTC. 85/94 de 14.3, 86/95 de 6.6, 181/93 de 11.12, 54/96 de 26.3). Junto a esta
regla general en supuestos excepcionales hemos considerado licita la valoracin de pruebas que, an cuando
se encuentren conectadas desde una perspectiva natural con el hecho vulnerador del derecho fundamental,
por derivar del conocimiento adquirido a partir del mismo, puedan considerarse jurdicamente independientes
( SSTC. 86/95 de 6.6, 81/98 de 2.4, 151/98 de 13.7, 166/99 de 27.9, 136/2000). La razn fundamental que avala
la independencia jurdica de unas pruebas respecto de otras, radica en que las pruebas derivadas son desde
su consideracin intrnseca, constitucionalmente legitimas, pues ellas no se han obtenido con vulneracin
de ningn derecho fundamental ( STC. 184/2003 de 23.10). "Por ello, para concluir que la prohibicin de
valoracin se extiende tambin a ellas, habr de precisarse que se hallan vinculadas a las que vulneraron el
derecho fundamental sustantivo de modo directo, esto es, habr que establecer un nexo entre unas y otras
que permita afirmar que la ilegitimidad constitucional de las primeras se extiende tambin a las segundas
(conexin de antijuricidad). En la presencia o ausencia de esa conexin reside, pues, la ratio de la interdiccin
de valoracin de las pruebas obtenidas a partir del conocimiento derivado de otras que vulneran el derecho
al secreto de las comunicaciones ( STC. 81/98 de 2.4).
Al amparo de esta construccin constitucional se han incorporado dos tipos de excepciones: la
de confesin voluntaria del acusado y la del descubrimiento probablemente independiente o prueba
hipotticamente independiente. La primera no afectara al recurrente quien en ningn momento durante la
instruccin o en el juicio oral, realiz declaracin autoincriminatoria reconociendo haber remitido en el paquete
una bolsa con anfetaminas. La segunda se aplic por primera vez en la STC. 81/98 al estimarse que el delito
obtenido con la intervencin telefnica ilcita era un dato "neutro", pues no fue indispensable un determinante
por s solo de la ocupacin de la droga en poder del acusado. Dicha excepcin se aplic tambin en las
SSTC. 171/99 y 238/99. Esta construccin produce, defecto, segn la doctrina, sin reduccin del estndar de
inevitabilidad exigido en la excepcin norteamericana del " inevitable discovery", que obliga a las acusaciones
a acreditar de forma fehaciente que la prueba se hubiera obtenido necesariamente an cuando la inicial ilicitud
no hubiera tenido lugar, esto es, la inevitabilidad del descubrimiento por medios lcitos. Por tanto, el estndar
de inevitabilidad se sustituye por el menos exigente de "probabilidad", amplindose de esta forma el campo de
aplicacin de la excepcin y reducindose, correlativamente, el mbito de operatividad e la regla de exclusin.
Dicha excepcin parece inspirarse en la doctrina alemana de los "cursos de investigacin hipotticos segn
la cual la utilizacin del material probatorio obtenido ilcitamente debera aceptarse en los supuestos en que
el mismo pudo haber sido obtenido sin una lesin de las prohibiciones establecidas para la obtencin de
En definitiva se ha mantenido la posible independencia y validez de la diligencia de entrada y registro
de las evidencias obtenidas en ella -en el caso presente seria la apertura del paquete- respecto de las
intervenciones telefnicas ilcitas, si la misma se pudiera haber obtenido de un modo licito por el rgano judicial,
de haberse conocido por ste la circunstancia de la lesividad de su derecho fundamental ( STC. 22/2003 de
10.2, FJ. 10 y 11, contenida en el FJ. 10 de la STC. 49/99 de 5.4, 171/99 de 27.9), o examinando la valoracin
individualizada de las pruebas efectuada por el Tribunal penal para condenar ( STC. 87/2001 de 2.4).
Doctrina que seria aplicable al caso presente, el hallazgo de la droga en la sede de la empresa Seur
en Getafe se produce en las diligencias previas incoadas por el Juzgado Instruccin n 6 de dicha localidad quien posteriormente se inhibi a favor del Juzgado Instruccin n 1 Las Palmas-. La forma en que se produjo
tal ocupacin -al pasar el paquete por el scanner y detectar su vigilante de seguridad que contena una bolsa
que no se corresponda con lo declarado, revela que el hallazgo se produjo de forma casual e inevitable, con
independencia de que hubiera mediado inhibicin o se hubiera finalizado la instruccin y enjuiciado el hecho
en Madrid, la desconexin con las intervenciones ilcitas del Juzgado Instruccin n 1 Las Palmas aparece
La pretendida conexin que se relata en el motivo fue descartada por la sentencia impugnada y al
tratarse de una mera hiptesis, su comprobacin pudo hacerse por el recurrente sealado qu conversaciones
telefnicas en concreto avalaban esa conexin o relacin y el previo conocimiento policial del envo del paquete
que, de ser cierto, hubiera posibilitado su entrega vigilada, art. 263 bis LECrim. y la intervencin policial antes
de la llegada del paquete a Getafe.
B) Infraccin del derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa en relacin a la
prctica de la prueba pericial prestada en el juicio oral por Da. Violeta .
Se seala en el motivo que el informe de recepcin de las sustancias intervenidas aparece firmado el
31.3.2008 por la Sra. Brigida Jefe de Seccin del Servicio de Inspeccin de Farmacia y Control de Drogas
del rea Funcional de Sanidad de la Delegacin de Gobierno de Madrid. Igualmente obre un Informe analtico
de sustancias denominadas por trafico ilcito, expediente de decomiso NUM016 y firmado con el VB de
un funcionario no identificado del Laboratorio de la Agencia Espaola de Medicamentos y Productos
Sanitarios de la Subdireccin General de Inspeccin y Control de Medicamentos del Ministerio de
Asimismo el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales de 1.7.2009 interes la pericial
de Brigida (rea funcional de Sanidad, Delegacin de Gobierno de Madrid) jefe de Seccin del Servicio de
Inspeccin de Farmacia y Control de Drogas del rea Funcional de Sanidad de la Delegacin del Gobierno
en Madrid, y no as de ninguno de los funcionarios del Laboratorio de la Agencia Espaola de medicamentos
y Productos Sanitarios de la Subdireccin General de Inspeccin y control de Medicamentos del Ministerio de
Sanidad y Consumo que hubiesen efectuado la analtica.
En el escrito de conclusiones provisionales de la defensa se impugn el informe analtico.
Mediante auto de 30.11.2009 la Seccin 1 de la Audiencia Provincial de Las Palmas declar pertinentes
las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal y la Defensa.
Doa. Brigida no compareci al Plenario y s lo hizo sin haber sido su pericial propuesta por el Ministerio
Fiscal o la Defensa, D Violeta , como Jefe del Servicio de la Agencia Espaola de Medicamentos y Productos
Sanitarios quien manifest haber efectuado el anlisis al que se refiere el informe, ratificndolo y aclarndolo,
formulndose por las defensas la protesta en relacin a la practica de esa pericial.
Se sostiene as que la admisin injustificada de pruebas a las partes propuestas de forma
extempornea, integra vulneracin de derechos fundamentales de carcter procesal, reconocidos en el art.
24.1 y 2 CE. como son el derecho a un proceso justo, con todas las garantas: el derecho a la tutela judicial
efectiva y el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, pues una cosa es que en estas periciales
realizadas en Centros oficiales no sea necesario que venga al Juicio Oral la misma persona que realiz las
pruebas por todo el personal trabaja con unos mismos protocolos, medios y netos y puedan sustituirse unos
a otros al respecto y otra cosa completamente diferente es que, tratndose de pericias y funcionarios de
organismos diferentes (servicio de Inspeccin de Farmacia de la Delegacin de Gobierno de Madrid y Agencia
Espaola de Medicamentos y Productos Sanitarios) un perito no propuesto en tiempo y forma por las partes
( Violeta como Jefa del Servicio de este ltimo) puede sustituir a otro durante la vista oral (Doa. Brigida
Jefe de Servicio del Servicio de Inspeccin de Farmacia) para intentar de esta manera suplir el error procesal
cometido por el Ministerio Fiscal al omitir solicitar la pericial de su responsable del Laboratorio donde se hizo el
anlisis, por lo que es manifiesta la violacin del derecho a un proceso justo o proceso con todas las garantas,
tutelado por los arts. 24.2 y 61.1 respectivamente de la CE. y del TEDH.
Adems de lo anterior la pericial se practica sobre elementos cuya incorporacin y obtencin lo han sido
con violacin de derechos fundamentales -tal como se ha sealado en los motivos precedente- por lo que ni
siquiera el informe puede tener valor a los efectos del art. 788 LECrim.
Con carcter previo y para un recto entendimiento de las anteriores manifestaciones del recurrente
debemos distinguir los distintos supuestos en orden a la pericial y su posible eficacia e impugnacin.
-Periciales documentadas con privilegio legal.
En el caso del procedimiento abreviado, se opera una identificacin ope legis entre los informes emitidos
por laboratorios oficiales sobre la naturaleza, cantidad y pureza de las sustancias estupefacientes cuando
en ellos conste que se han realizado siguiendo los protocolos cientficos aprobados por las correspondientes
normas, y la prueba documental (art. 788.2 LECrim.). La mera impugnacin formal no impide su valoracin,
previa su introduccin como prueba documental, sin necesidad de ratificacin (Pleno no jurisdiccional de
25.5.2005).
-Pericias preconstituidas, segn denominacin del Tribunal Constitucional que remite al art. 726 para
su valoracin ( ATC. 26.9.2005 con cita AATC. 164/95 de 5.6 y 393/90 y SSTC. 24/91 y 143/2005), y que
comprende pautas de asistencia, informes forenses, tasaciones practicadas por perito judicial, actas policiales,
entendiendo por tales aquellas actuaciones policiales objetivas e irrepetibles ( STC. 303/93, recogida del
cuerpo, los efectos o los instrumentos del delito, los croquis o fotografas levantados sobre el terreno o la
misma comprobacin de la alcoholemia). No precisan ratificacin si no son impugnados materialmente, no
bastando la mera impugnacin formal.
-Periciales documentadas con privilegio jurisprudencial consolidado.
El Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda de 21.5.99, punto 2, afirm la innecesariedad de
ratificacin del dictamen de los peritos integrados en organismos pblicos, salvo que la parte a quien perjudique
impugne el dictamen o interese su presencia para someterlos a contradiccin en el plenario y lo hiciera en
Es el caso de los informes cientficos realizados por los especialistas de los Laboratorios oficiales
del Estado, basados en conocimientos especializados, que no precisan de ratificacin para ser valorados,
salvo en caso de impugnacin tempestiva y con contenido material ( SS. 21.1.2005 en relacin con informes
lofoscpicos y de 27.11.2000 en cuanto a informes de Gabinete de Balstica). Como justificacin, se invoca
la condicin de funcionarios pblicos de quienes los elaboran, la consiguiente presuncin de imparcialidad,
su especializacin tcnica, y adscripcin a organismos dotados de los costosos y sofisticados medios
propios en las modernas tcnicas de anlisis y la doctrina del Tribunal Constitucional en relacin con la
denominada "prueba preconstituida" ( SSTS. 1.12.95, 6.6.96, 10.6.99, 28.6.2000, 16.4.2001, 31.1.2002,
25.1.2005, 31.1.2008, 1.6.2009).
-Otras pericias, documentadas o no, sometidas a la necesidad de ratificacin en el juicio oral.
En cuanto a las exigencias del contenido de la impugnacin, habr que distinguir:
-Periciales del art. 788.2 LECrim. Tesis estricta.
-No basta la mera impugnacin por la Defensa: "La manifestacin de la defensa consistente en la
mera impugnacin de los anlisis sobre drogas elaborados por centros oficiales, no impide la valoracin del
resultado de aquellos como prueba de cargo, cuando haya sido introducido en el juicio oral como prueba
documental, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el art. 788.2 LECr . Las previsiones del art.
788.2 de la LECr son aplicables exclusivamente a los casos expresamente contemplados en el mismo" (Pleno
de 25.5.2005).
Es posible no obstante, la impugnacin solicitando la defensa otros informes de distintas entidades
cualificadas, o de laboratorios particulares, si lo considerase oportuno, o incluso solicitando la comparecencia
al acto del juicio oral de los que hayan participado en la realizacin de las operaciones que quedan plasmadas
en el informe. En todo caso, deber especificarse el rgano o laboratorio que interese practique la nueva
pericia, pues en caso de solicitar simplemente "otra analtica por otro rgano" se entender que no hay
verdadera impugnacin ( STS. 17.2.2009), si bien la limitada competencia para realizar, con carcter oficial,
anlisis de drogas, de acuerdo con los Tratados internacionales, no impide a la parte solicitar otra analtica,
designando el Laboratorio correspondiente y asumiendo los gastos que la nueva analtica conlleve ( SSTS.
15.1.2002, 21.7.2004 y 22.3.2006).
-Debe precisarse el extremo impugnado y la razn de la impugnacin ( STS. 29.6.2009), si se refiere a
la competencia profesional del perito, a la necesidad e aclaraciones sobre la naturaleza de la droga, su peso
o pureza, a la cadena de custodia, al mtodo empleado etc... y los motivos especficos por los que cuestionan
tales extremos.
As en STS. 3.2.2009 hemos dicho que la previsin legal del art. 788.2 LECrim. tiene su explicacin
en las particularidades de esta clase de prueba generalmente consistente en la aplicacin de procedimiento
qumicos o protocolos estandarizados, lo que unido a las garantas que ofrecen los organismos oficiales
que los realizan, aporta las necesarias dosis de seguridad acerca de los resultados. Y aade que no impide
que la defensa pueda proponer la practica de cuantas pruebas considere procedentes a la defensas de sus
tesis, orientadas a completar, a precisar o a contradecir los resultados de tales anlisis, especialmente en
los casos de mayor complejidad o que presenten caractersticas extraordinarias, aunque su admisin quede
condicionada a las reglas generales de pertinencia o necesidad. Tampoco impide que la defensa censure
a travs de sus argumentaciones y planteamientos determinados aspectos del anlisis que pudieran ser
considerados por el tribunal en el momento de valorar las pruebas disponibles. En consecuencia, mientras que
en el mbito de la pericial, la impugnacin de la prueba excluye la tcita aceptacin de su resultado haciendo
necesaria la comparecencia del perito como presupuesto condicionante de su misma validez probatoria, en
el de la documental la validez y eficacia de la prueba directamente resulta de su propia naturaleza, lo que no
obsta la posibilidad de contraprobar como se estime oportuno mediante proposiciones probatorias dirigidas
a demostrar su falta de validez o a evidenciar su falta de credibilidad ya en el campo de la valoracin de las
pruebas contradictorias ( STS. 866/2009 de 27.9).
-Informes remitidos por Centros oficiales en general y "pericias preconstituidas", tesis laxa aplicable a
toda prueba pericial.
Basta con que la defensa impugne el resultado de los dictmenes practicados durante la instruccin o
manifieste de cualquier modo su discrepancia con dichos anlisis, para que el documento pierda su eficacia
probatoria y la prueba pericial deba realizarse en el juicio oral, conforme a las reglas generales sobre carga y
practica de la prueba en el proceso penal ( STS. 584/2003 de 16.4), por lo que "no cabe imponer a la defensa
carga alguna en el sentido de justificar su impugnacin del anlisis efectuado" y que "el acusado le basta
cualquier comportamiento incompatible con la aceptacin tcita para que la regla general (comparecencia
de los peritos en el Plenario) despliegue toda su eficacia". ( SSTS. 1148/2003 de 5.11, 1520/2003 de 17.11,
1511/2000 de 7.3).
La diferencia esencial respecto de otras pericias radica en que la emitida por Centros oficiales no
precisa, en caso de ausencia absoluta de impugnacin, ratificacin (entre otras muchas SSTS. 23.10.2003,
5.11.2003, 16.1.2004, 22.5.2009).
En el caso presente obra al folio 764 informe analtico de 10.4.2008 del Laboratorio Agencia Espaola
de medicamentos y productos sanitarios, Subdireccin General de Inspeccin y Control de Medicamentos del
Ministerio de Sanidad y Consumo, en que consta el peso neto de la muestra, 965,3 gramos, su descripcin:
pasta sosa; sustancia identificada: Anfetamina; riqueza % media: 4,9, los protocolos cientficos-tcnicos
empleados: R. Qumicas de color, extraccin de disolventes orgnicos, CCD (cromatografa de caparina de alta
resolucin) HPLC (cromatografa liquida de alta resolucin); GC (cromatografa gaseosa); SM (espectrometra
de masas), y coeficiente de variacin aplicado sobre el % de riqueza media +- 5%.
El hoy recurrente en su escrito de defensa, tras poner de manifiesto la discrepancia entre el peso (1049
gramos incluido envoltorio) y el resultado de la prueba de drogotest (positivo a herona), en las diligencias
practicadas en Comisara n 26.3.2008 y el informe analtico al que se hacho referencia de 10.4.2008, en el
que la sustancia era anfetamina y el peso bruto 1.077,6 gramos, se limit a impugnar de forma expresa el
contenido de este informe (folios 764 y 765).
Impugnacin meramente formal por cuanto no seal que aspectos del anlisis cuestionaba y que
hubiera posibilitado, por ello, su introduccin en el plenario como prueba documental, art. 788.2 LECrim.
SEXTO: No obstante como dicha parte propuso como prueba pericial la de Doa. Brigida (rea
funcional de Sanidad, Delegacin del Gobierno en Madrid) Jefe del Servicio de Inspeccin de Farmacia y
Control de Drogas), habr de analizar si su incomparecencia al plenario y su sustitucin por D Violeta , Jefa
del Servicio Agencia Espaola de Medicamentos y productos sanitarios, Subdireccin General de inspeccin
y control de medicamentos, se ha producido algn tipo de indefensin material.
En principio la proposicin de pruebas en el proceso penal ha de hacerse en el momento especialmente
previsto por la Ley, que garantizan el principio de igualdad entre las partes y, al propio tiempo, favorecen las
exigencias de la lealtad procesal.
Desde esta perspectiva constitucional ha de admitirse, en atencin al derecho de defensa y a la
proscripcin de la indefensin que la posibilidad de proponer prueba en el proceso penal ha de entenderse
amparada hasta el mismo acto del juicio oral como expresamente permite para el procedimiento abreviado
el art. 786.2 LECrim. siempre que ello est razonablemente justificado, no suponga un fraude procesal, y no
constituya un obstculo al principio de contradiccin e igualdad de las partes ( STS. 1060/2006 de 11. 10).
La razn es que al margen de lo que sea buena fe procesal, las pruebas anunciadas al inicio de las sesiones
an permiten a las dems partes un efectivo uso del derecho y principio de contradiccin, ya que sobre las
mismas pueden interrogar a testigos, peritos etc... e incluso y acto seguido de su proposicin, todava pueden
proponer otras que las desvirten, no ocurre as cuando s se proponen inmediatamente antes del trmite
de conclusiones, pues dice la STS. 29.9.98 - ya no se puede someter a la prueba tan extemporneamente
incorporada ms que a contradiccin dialctica pero no a la efectiva y real contradiccin que vendra de la mano
del interrogatorio de acusados, testigos, peritos o de otra prueba, tambin "in extremis", de signo contrario,
causando as a la parte que no la propuso una verdadera y material indefensin.
Ahora bien en el caso presente ofrece la peculiaridad de que la perito que compareci al juicio oral,
Violeta , Jefa del Laboratorio de Servicio de la Agencia Espaola del medicamento, que si bien no fue la
propuesta en su da por el Ministerio Fiscal -habra sido Doa. Brigida , Jefe del Servicio de Inspeccin
de Farmacia y control de Drogas del rea Funcional de Sanidad de la Delegacin del Gobierno en Madridfue la persona que hizo el anlisis y lo firm, lo que llev a la Sala como el informe tiene un valor del art.
788 LECrim. y la persona que lo ha firmado est presente, a estimar que no se crea indefensin. No se
trata, por tanto de una prueba propuesta ex novo, sino de que la prueba pericial propuesta y admitida fuera
sometida a contradiccin mediante el interrogatorio a la persona que lo practic, subsanndose as un error
del Ministerio Fiscal en su proposicin. En este extremo segn reiterada doctrina jurisprudencial -por todas
STC 36/97 de 25.2 - "el ncleo del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consiste en el acceso a la
jurisdiccin, es decir que un Tribunal resuelva en el fondo la controversia de derechos e intereses legtimos
ante l planteada, salvo que se lo impida una razn fundada en un precepto expreso de una Ley, que a su
vez sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental; si bien la interpretacin judicial del
correspondiente obstculo procesal debe guiarse por un criterio de proporcionalidad entre la entidad
del defecto advertido y la sancin derivada del mismo, no impida la cognicin del fondo de un asunto
sobre la base de meros formalismos o de entendimientos no razonables de las normas procesales SSTC 120/1993 ".
Asimismo no resulta ocioso destacar la jurisprudencia relativa a la interpretacin del art. 729 LECrim. en
sus nmero 2 y 3. As la STS. 23.11.2007 recuerda con cita en la STS. 599/94 de 21.3 que "si bien es cierto que
el art. 729.22 LECrim. autoriza al Tribunal a practicar las pruebas no propuestas por las partes que considere
necesarias para la comprobacin de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de acusacin, no lo es
menos que esta disposicin encuentra su lmite en el derecho del procesado a ser juzgado por un Tribunal
imparcial (art. 6 CEDH y 24 CE). Esta garanta resulta, como es claro, desconocida cuando el Tribunal asume
el papel de acusador y persecutor del acusado. Por tal motivo, el art. 729.2 LECrim. no puede ser utilizado
por el Tribunal en contra del acusado, como lo pretende la recurrente. Y, en todo caso, el derecho a la tutela
judicial efectiva del acusador particular en un proceso penal no implica que el Estado deba asumir (el costo de)
las pruebas que aqul necesite para hacer valer su pretensin". Igualmente, se ha precisado ( STS 918/2004
de 16.7), que: "el art. 729 LECrim., incluido en la normativa general que regula el procedimiento ordinario,
contempla varias excepciones a la regla general del art. 728 LECrim. sobre la prctica de las pruebas en el
juicio oral, respetando el equilibrio de las partes propio del sistema acusatorio para preservar la imparcialidad
del juzgador. El art. 729.2 y 3 LECrim., como ha destacado la doctrina, es cauce para decidir la prctica de
determinadas pruebas cuya necesidad nace del curso de los debates. El Tribunal ejercita una facultad ordinaria
de resolucin que la ley le concede expresamente en funcin de su criterio acerca de la necesidad de la
prueba extemporneamente propuesta por alguna de las partes. Para la doctrina actual es inobjetable siempre
que se respeten los principios de igualdad y contradiccin y no se confunda el papel del rgano jurisdiccional
con el de la acusacin". En particular exige un consolidado cuerpo de doctrina, antes y despus de la STS.
2706/93 de 1.12, que fue muy restrictiva sobre el alcance del art. 729.2 LECrim. ( SSTS. 22.1.92, 21.3.94,
23.9.95, 4.11.96, 11.11.98, 15.5.99, 1186/2000 de 28.6, 328/2001 de 6.3), reconduciendo su contenido al
menos "lesivo" del art. 729.3, cuya limitacin a la excepcionalidad de la prueba para valorar exclusivamente
las pruebas testificales ha sido superada por el principio de defensa contenido en la Constitucin y en los
pactos internacionales de derechos humanos suscritos por Espaa, que "no supone que el Juzgador asuma
funciones acusativas y por tanto ajenas, toda vez que la prueba testifical -en este caso pericial- fue propuesta
en momento procesal oportuna por el Fiscal y por tanto conocida por la defensa quien pudo prepararse para
argumentar contra ella o articular su contraprueba".
En el caso que se discute no se trata, ciertamente, de una prueba cuya necesidad nace en el curso de
los debates, ni desde luego de la ofrenda por las partes para acreditar alguna circunstancia que influya en
la declaracin probatoria de un testigo. La prueba, adems, ha sido efectivamente propuesta, lo que permite
cumplir el supuesto previsto en el art. 728 LECrim, por lo que la solucin ms equilibrada, sin riesgo de serio
compromiso a la imparcialidad, era la admisin.
SEPTIMO: El motivo sptimo nulidad al amparo de los arts. 5.4, 11.1 238.3, 240.1 LOPJ . junto
con el art. 852 LECrim . por la vulneracin del Juez ordinario natural e imparcial predeterminado por
la Ley, art. 24.2 CE en relacin con el art. 9.3 CE . lo cual redundara en la radical nulidad de todas las
actuaciones realizadas por el Juez instructor de Las Palmas, que con evidente falta de competencia hubiera
llevado a cabo la investigacin de la interceptacin del paquete en Getafe, al tratarse de infracciones cometidas
fuera de su demarcacin por una persona no residente en la misma y haber procedido a la incoacin de las
correspondientes diligencias previas por la comisin de un presunto delito contra la salud pblica y vulneracin
derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.
El derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley est contemplado en el art. 24.2 CE. y supone
- STS 578/2006 de 27.5:
a) el rgano judicial haya sido creado previamente por una norma jurdica;
b) est investido de jurisdiccin y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuacin o
proceso judicial de que se trate; y
c) su rgimen orgnico y procesal no permita calificarlo de rgano especial o excepcional ( STC
47/1983).
De modo que al venir su composicin previamente determinada por la Ley, se preste la debida garanta
de independencia e imparcialidad del llamado a juzgar.
Partiendo de esta premisa debemos sealar, como ya ha establecido esta Sala en resoluciones
anteriores (entre otras 6.2.2001 y 25.1.2001) que la mera existencia de una discrepancia interpretativa sobre la
normativa legal que distribuye la competencia sobre los rganos de la jurisdiccin penal ordinaria, no constituye
infraccin del derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la Ley.
Como ha sealado SSTC. las cuestiones de competencia reconsiderables al mbito de la interpretacin
y aplicacin de las normas reguladoras de dicha competencia entre rganos de la jurisdiccin ordinaria no
rebasan el plano de la legalidad careciendo por tanto de relevancia constitucional ( SSTC. 43/84, 8/98, 93/98,
35/2000).
El derecho al Juez predeterminado por la Ley nicamente puede quedar en entredicho cuando un
asunto se sustraiga indebida o injustificadamente al rgano al que la Ley lo atribuye para su conocimiento,
manipulando el texto de las reglas de distribucin de competencias con manifiesta arbitrariedad, como seala
la STC 25/2000 recogiendo lo ya expresado en la STC. 262/94 de 3.10.
Igualmente, en la STC 126/2000, de 26 de mayo, se expresa que la interpretacin de las normas
sobre competencia y, por consiguiente, la determinacin del rgano judicial competente, son cuestiones que
corresponden en exclusiva a los Tribunales de la jurisdiccin ordinaria, por lo que, en realidad, el recurrente
trata de trasladar a este Tribunal el problema legal de la determinacin del Juez del caso cuyo discernimiento
no nos compete cuando, como en este supuesto, los rganos judiciales han realizado una interpretacin
razonable de la legalidad procesal que, por serlo, no nos compete revisar ni sustituir y en el ATC de 7 de
abril de 1997 se recuerda que constituye reiterada jurisprudencia de este Tribunal que el derecho al juez
predeterminado por la Ley, reconocido en el art. 24.2 CE, configura la garanta de que el rgano judicial llamado
a conocer del asunto haya sido creado previamente por la norma, est investido de jurisdiccin y competencia
antes del hecho que motiva su actuacin y de que su rgimen orgnico no permita ser calificado de especial
o excepcional (entre otras muchas, SSTC 47/1983, 148/1987, 39/1994 y 6/1997).
En la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1999 se declara que en modo alguno
ha sido vulnerado el derecho al Juez predeterminado por la ley, en concordancia con la doctrina de la Sala,
recordndose la sentencia de 20 de febrero de 1995 y del Tribunal Constitucional (cfr. Sentencias 64/1997,
de 7 de abril, y 4/1990, de 18 de enero, en cuanto el derecho al Juez predeterminado por la ley exige, en
primer trmino, que el rgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurdica, que sta le haya
investido de jurisdiccin y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuacin o proceso judicial
y que su rgimen orgnico y procesal no permita calificarle de rgano especial o excepcional. Y el mismo
Tribunal Constitucional, en su Sentencia 193/1996, de 26 de noviembre, declara que el derecho al llamado
juez legal comprende, entre otras consideraciones, la exclusin de las distintas modalidades del Juez ad
hoc, excepcional o especial, junto a la exigencia de la predeterminacin del rgano judicial, predeterminacin
que debe tener por origen, una norma dotada de generalidad, y que debe haberse dictado con anterioridad
al hecho motivador del proceso, respetando en todo, la reserva de ley en la materia (vid. STC 38/1991, con
cita de otras muchas).
Y en la Sentencia tambin del Tribunal Supremo de 13 de enero de 1999 se declara que el conocimiento
cierto con carcter previo a la iniciacin de todo proceso penal de los rganos jurisdiccionales que han de
intervenir en l es requisito necesario para dar satisfaccin del derecho al Juez ordinario predeterminado por
la ley (art. 24.2 de la CE) cuyo contenido esencial viene integrado por tres pilares bsicos: la prohibicin de
instituir rganos jurisdiccionales a no ser por una ley en sentido estricto, pero no necesariamente mediante ley
orgnica ( STC 95/1988, de 26-5 y 101/1984, de 8-11; la prohibicin de Tribunales especiales, y la posibilidad
de determinar con absoluta certeza el rgano llamado a resolver sobre un hecho delictivo desde el momento
Estos criterios de generalidad y anterioridad constituyen la garanta de la inexistencia de Jueces
ad hoc ( SSTC 199/1987, de 16-12 y 47/1983, de 31-5 y prohben la aplicacin retroactiva de normas
modificadoras de la competencia.
El concepto de Juez ordinario predeterminado por la ley, a que se refiere el art. 24.2 de la CE, guarda,
segn recogen las SSTC 75/1982, de 13-12 y 4/1990, de 18-1), una innegable conexin con las cuestiones
de competencia y puede quedar vulnerado cuando un asunto se sustrae indebida o injustificadamente de la
jurisdiccin ordinaria y se atribuye a una jurisdiccin especial.
Cuando la disputa se centra en cul debe ser el rgano jurisdiccional, al que, dentro de la jurisdiccin
ordinaria corresponde al conocimiento de determinado asunto, la decisin que resuelve tal disputa, aunque
pueda entenderse contraria a las normas procesales, no entraa por s misma una vulneracin del derecho
constitucional garantizado.
En el caso presente la detencin de la droga en el paquete remitido por el recurrente en Getafe
determin la incoacin por el Juzgado de Instruccin n 6, de unas diligencias previas, al ser en principio
competencia al tratarse de hecho ocurrido de forma independiente a la investigacin que se segua en el
Juzgado de Instruccin n 1 Las Palmas, pero constatado que este juzgado segua otras diligencias en las que
aparecan implicadas otras personas, entre ellas quien apareca como destinatario del paquete, ello determin
la inhibicin por el Juzgado de Getafe. Consecuentemente no se pareca quebranto de normas competenciales
ni menos an de vulneracin del derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley.
OCTAVO:El motivo octavo por infraccin de precepto constitucional al amparo de los arts. 5.4,
238.3 y 240.1 LOPJ . en armona con el art. 852 LECrim . por vulneracin del art. 24.2 CE , derecho
a la presuncin de inocencia y tutela judicial efectiva mediante el resultado de pruebas obtenidas
ilcitamente, como ante la inexistencia de prueba de cargo, debiendo prevalecer el principio "in dubio
pro reo".
El motivo tras sealar las pruebas que, segn el fundamento derecho tercero, se tienen en cuenta para
declarar probados los hechos en relacin a este acusado y destacar la doctrina jurisprudencial acerca de la
presuncin de inocencia, considera que la audiencia no dispuso en realidad de material probatorio valido y
suficiente por cuanto los medios probatorios encuentran su fundamento en la ilcita apertura e inspeccin de
un paquete postal por parte del vigilante de seguridad sin las correspondientes garantas que acreditaran su
contenido, como seria la presencia de la comisin judicial o de la polica actuante, no quedando garantizada
la cadena de custodia del referido paquete.
El motivo est igualmente condicionado a la prosperabilidad de los motivos precedentes por lo que la
desestimacin de estos implica que el Tribunal de instancia cont con prueba de cargo, obtenido sin violacin
de derechos fundamentales, suficiente para desvirtuar la presuncin de inocencia, y en cuanto a la prevaleca
invocada del principio in dubio pro reo, debemos recordar que el proceso de anlisis de las diligencias en un
proceso penal obliga a deslindar dos fases perfectamente diferenciadas.
1 Una primera de carcter objetivo que podra calificarse de constatacin de existencia o no de
verdaderas pruebas, fase en la que a su vez habra que diferenciar dos operaciones distintas:
a) precisar si en la realizacin de las diligencias probatorias se han adoptado y observado las garantas
procesales bsicas.
b) precisar si, adems, tales diligencias probatorias suponen o aportan objetivamente elementos
incriminatorios o de cargo.
2 Una segunda fase de carcter predominante subjetiva, para laque habra que reservar "estrictu
sensu", la denominacin usual de "valoracin del resultado o contenido integral de la prueba", ponderando
en conciencia los diversos elementos probatorios, en base a los cuales se forma libremente la conciencia del
En la primera fase operara la presuncin de inocencia, en la segunda el principio in dubio pro reo. As la
presuncin de inocencia se desenvuelve en el marco de la carga probatoria y supone ( STC. 31.5.85) que no es
el acusado a quien corresponde demostrar que es inocente frente a la acusacin que contra l se formula, sino
que es a quien le mantiene a quien compete acreditar la imputacin mediante las correspondientes pruebas,
practicadas con validez jurdica y que puedan objetivamente reputarse como pruebas de cargo.
El principio "in dubio pro reo", presuponiendo la previa existencia de la presuncin de inocencia, se
desenvuelve en el campo de la estricta valoracin de las pruebas, es decir de la apreciacin de la eficacia
demostrativa por el Tribunal de instancia a quien compete su valoracin la conciencia para formar su conviccin
sobre la verdad de los hechos (art. 741 LECr.).
Reitera la jurisprudencia que el principio informador del sistema probatorio que se acua bajo la
frmula del "in dubio pro reo" es una mxima dirigida al rgano decisor para que atempere la valoracin
de la prueba a criterios favorables al acusado cuando su contenido arroje alguna duda sobre su virtualidad
inculpatoria; presupone, por tanto, la existencia de actividad probatoria vlida con signo incriminador, pero
cuya consistencia ofrece resquicios que pueden ser decididos de forma favorable a la persona del acusado.
El principio in dubio pro reo, se diferencia de la presuncin de inocencia en que se dirige al Juzgador
como norma de interpretacin para establecer que en aquellos casos en los que a pesar de haberse realizado
una actividad probatoria normal, tales pruebas dejasen duda en el animo del Juzgador, se incline a favor de
la tesis que beneficie al acusado ( STS. 45/97 de 16.1).
Desde la perspectiva constitucional la diferencia entre presuncin de inocencia y la regla in dubio pro
reo resulta necesaria en la medida que la presuncin de inocencia ha sido configurada por el art. 24.2 como
garanta procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano protegido por la va de amparo, lo que
no ocurre con la regla in dubio pro reo, condicin o exigencia "subjetiva" del convencimiento del rgano judicial
en la valoracin de la prueba inculpatoria existente aportada al proceso. Este principio slo entra en juego,
cuando efectivamente, practicada la prueba, sta no ha desvirtuado la presuncin de inocencia, pertenece
a las facultades valorativas del juzgador de instancia, no constituye precepto constitucional y su excepcional
invocacin casacional solo es admisible cuando resulta vulnerado su aspecto normativo, es decir "en la medida
en la que est acreditado que el Tribunal ha condenado a pesar de la duda" ( SSTS. 70/98 de 26.1, 699/2000
de 12.4).
Aunque durante algn tiempo esta Sala ha mantenido que el principio in dubio pro reo no era un derecho
alegable al considerar que no tenia engarce con ningn derecho fundamental y que en realidad, se trataba
de un principio interpretativo y que por tanto no tenia acceso a la casacin, sin embargo, en la actualidad
tal posicin se encuentra abandonada. Hoy en da la jurisprudencia reconoce que el principio in dubio pro
reo forma parte del derecho a la presuncin de inocencia y es atendible en casacin. Ahora bien, solo se
justifica en aquellos casos en los que el Tribunal haya planteado o reconocido la existencia de dudas en
la valoracin de la prueba sobre los hechos y las hayas resuelto en contra del acusado ( SSTS. 999/2007
de 12.7, 677/2006 de 22.6, 1125/2001 de 12.7, 2295/2001 de 4.12, 479/2003, 836/2004 de 5.7, 1051/2004
de 28.9), reiterada jurisprudencia que insiste en que dicho principio nicamente puede estimarse infringido,
en su aspecto normativo, cuando reconociendo el tribunal sentenciador la existencia de una duda sobre la
concurrencia de alguno de los elementos integradores del tipo o la participacin del acusado, opta por la
solucin ms perjudicial para ste, pero no cuando, como sucede en el caso actual, el Tribunal sentenciador
no alberga duda alguna.
El principio "in dubio pro reo" -dice la STS. 666/2010 de 14.7 - nos seala cual debe ser la decisin
en los supuestos de duda, pero no puede determinar la aparicin de dudas donde no las hay, existiendo
prueba de cargo suficiente y vlida, si el Tribunal sentenciador expresa su conviccin sin duda razonable
alguna, el referido principio carece de aplicacin ( SSTS. 709/97 de 21.5, 1667/2002 de 16.10, 1060/2003 de
21.7). En este sentido la STS 999/2007 de 26.11 con cita de la STS. 939/98 de 13.7, ya recordaba que "el
principio in dubio pro reo no tiene acceso a la casacin por suponer una valoracin de la prueba que est
vedada a las partes con arreglo a lo establecido en el artculo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero
esta doctrina quiebra cuando es la propia Sala sentenciadora la que en sus razonamientos nos muestra unas
dudas evidentes. En estos casos s es posible examinar en casacin la existencia y aplicacin de tal principio
favorable al reo. Por tanto, el principio in dubio pro reo s puede ser invocado para fundamentar la casacin,
cuando resulte vulnerado su aspecto normativo, es decir, en la medida en la que est acreditado que el Tribunal
ha condenado a pesar de su duda. Por el contrario, no cabe invocarlo para exigir al Tribunal que dude, ni para
pedir a los jueces que no duden. La duda del Tribunal, como tal, no es una cuestin revisable en casacin,
dado que el principio in dubio pro reo no establece en qu supuestos los jueces tienen el deber de dudar, sino
cmo se debe proceder en el caso de duda ( SSTS 1186/1995, 1 de diciembre, 1037/1995, 27 de diciembre).
Pues bien en modo alguno la Sala de instancia refleja un razonamiento que, pese a dudar de la autora
del recurrente de un delito del art. 368 CP, la mera lectura de la sentencia pone de relieve, por el contrario,
el firme convencimiento de dicha autora.
NOVENO: El motivo noveno por infraccin de precepto constitucional al amparo del art. 5.4 LOPJ
. y art. 852 LECrim . por vulneracin de la obligacin de motivacin de las sentencias recogida en el
art. 120.3 CE . en relacin a la individualizacin de la pena, por cuanto el Tribunal "a quo" no ha ponderado
la determinacin de la pena del recurrente, pues si bien argumente para fijar la pena en la mitad inferior, a
la hora de imponer dentro de sta la pena utiliza un argumento para agravar la pena arbitrario y carente de
justificacin cual es la apreciacin de que Carlos Francisco ostenta el papel de suministrador principal al
remitir la sustancia desde la Pennsula hasta Las Palmas de Gran Canaria.
Como hemos dicho en SSTS, 919/2010 de 14.1 0, 665/2009 de 24.6, y 620/2008 de 9.10, el derecho
a la obtencin de la tutela judicial efectiva en el concreto aspecto de la motivacin de la sentencia exige una
explicitacin suficiente de la concreta pena que se vaya a imponer a la persona concernida. En tal sentido basta
citar la doctrina constitucional en esta materia concretada en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional,
en su sentencia 21/2008 de 31 de Enero.
"....Este Tribunal ha declarado reiteradamente que el deber general de motivacin de las sentencias
que impone el art. 120.3 C.E ., y que se integra en el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva del
art. 24.1 C.E . --conforme al cual las decisiones judiciales deben exteriorizar los elementos de juicio sobre
los que se basan y su fundamentacin jurdica ha de ser una aplicacin no irracional-- resulta reforzado en el
caso de las sentencias penales condenatorias, por cuanto en ellas el derecho a la tutela judicial efectiva se
conecta con otros derechos fundamentales y, directa o indirectamente, con el derecho a la libertad personas
(por todas, entre otras muchas, SSTC 43/1997 de 10 de Marzo ; 108/2001, de 23 de Abril ; 20/2003 de 10 de
Febrero ; 170/2004, de 18 de Octubre ; 76/2007, de 16 de Abril ).
Un deber de motivacin que incluye no slo la obligacin de fundamentar los hechos y la calificacin
jurdica, sino tambin la pena finalmente impuesta en concreto (por todas, SSTC 108/2001, de 23 de Abril ;
20/2003, de 10 de Febrero ; 148/2005, de 6 de Junio ; 76/2007, de 16 de Abril ).".
"....El fundamento de extender el deber reforzado de motivacin a las decisiones judiciales relativas
a la fijacin de la pena radica en que el margen de discrecionalidad del que legalmente goza el Juez no
constituye por s mismo justificacin suficiente de la decisin finalmente adoptada, sin que, por el contrario,
el ejercicio de dicha facultad viene condicionado estrechamente por la exigencia de que la resolucin est
motivada, pues slo as puede procederse a su control posterior en evitacin de toda arbitrariedad. De este
modo, tambin en el ejercicio de las facultades discrecionales que tiene reconocidas legalmente el Juez penal
en la individualizacin de la pena, es exigible constitucionalmente, como garanta contenida en el derecho a
la tutela judicial efectiva, que se exterioricen las razones que conducen a la adopcin de la decisin....".
Reiteradamente ha sealado esta Sala -por todas STS. 809/2008 de 26.11 - que la obligacin
constitucional de motivar las sentencias expresadas en el artculo 120.3 de la Constitucin comprende la
extensin de la pena. El Cdigo Penal en el artculo 66 establece las reglas generales de individualizacin,
y en el artculo 72 concluye disponiendo que los Jueces y Tribunales razonarn en la sentencia el grado y la
extensin de la pena concretamente impuesta. La individualizacin realizada por el tribunal de instancia es
revisable en casacin no solo en cuanto se refiere a la determinacin de los grados o mitades a la que se refiere
especialmente el citado artculo 66, sino tambin en cuanto afecta al empleo de criterios inadmisibles jurdicoconstitucionalmente en la precisa determinacin de la pena dentro de cada grado o de la mitad superior o
inferior que proceda.
Es cierto que en ocasiones tambin ha recordado esta Sala (STS. 27.9.2006), que el Tribunal
Constitucional interpretando los arts. 24 y 120 CE. ha sealado que una motivacin escueta y concisa no
deja, por ello, de ser tal motivacin, as como una fundamentacin por remisin no deja tampoco de serlo,
ni de satisfacer la indicada exigencia constitucional ( SSTC, 5/87, 152/87 y 174/87), no exigindose que
las resoluciones judiciales tengan un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado, pero
tambin lo es que esta Sala ha dicho, SSTS. 976/2007 de 22.11, 349/2008 de 5.6, que la sentencia impugnada
no individualiza la pena impuesta en los trminos que exige el art. 120 de la Constitucin y 66 y 72 del Cdigo
Penal, cuando el Tribunal tan slo alude a la gravedad del hecho y a la proporcionalidad, sin explicar, de
forma racional, el concreto ejercicio de la penalidad impuesta. Y, en otras ocasiones, se ha precisado ( STS
de 18-6-2007, n 599/2007), que an habindose hecho genricamente referencia a la gravedad del hecho,
sin embargo, debi justificarse su individualizacin en cuanto no se impuso la mnima legal.
En este sentido, el art. 66, regla primera, del Cdigo Penal, dispona que: cuando no concurrieren
circunstancias atenuantes ni agravantes o cuando concurran unas y otras, los Jueces o Tribunales
individualizarn la pena imponiendo la sealada por la Ley en la extensin adecuada a las circunstancias
personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, razonndolo en la sentencia.
Esta es la redaccin hasta la Ley Orgnica 11/2003, de 29 de septiembre, que retoc dicho artculo 66,
convirtiendo la regla primera, para lo que aqu afecta, en regla sexta, y si bien es cierto que desaparece el
aserto: razonndolo en la sentencia, no puede ser interpretado de manera que conduzca a la ausencia
de motivacin, pues sta resulta del art. 120.3 de la Constitucin Espaola y el art. 72 del Cdigo penal,
modificado por LO 15/2003, de 2.11, aclara ahora que para verificar tal individualizacin penolgica, se
razonar en la sentencia el grado y extensin concreta de la pena impuesta.
En concreto y en cuanto a la individualizacin de la pena a imponer deben tenerse en cuenta las
circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho. En cuanto a las primeras
son las que se refieren a los motivos o razones que han llevado a delinquir el acusado, as como aquellos
rasgos de su personalidad delictiva que configuran igualmente esos elementos diferenciales para efectuar tal
individualizacin penolgica y que deben corregirse para evitar su reiteracin delictiva.
La gravedad del hecho a que se refiere el precepto no es la gravedad del delito, toda vez que esta
"gravedad" habr sido ya contemplada por el Legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal
delito. Se refiere la Ley a aquellas circunstancias fcticas que el Juzgador ha de valorar para determinar la pena
y que sean concomitantes del supuesto concreto que est juzgando; estos elementos sern de todo orden,
marcando el concreto reproche penal que se estima adecuado imponer. Por ello, en cuanto a los caracteres
del hecho, es decir, a un mayor o menor gravedad, tiene que tenerse en cuenta que el legislador ha puesto de
manifiesto en la infraccin, su doble consideracin de acto personal y de resultado lesivo para el bien jurdico,
de modo que para determinar ese mayor o menor gravedad del hecho ha de valorarse el propio hecho en s,
con arreglo a la descripcin que se contenga en el relato de hechos, es decir, con arreglo al verdadero hecho
real, y as concretar el supuesto culpable, por cuento la gravedad del hecho aumentar o disminuir en la
medida que lo haga la cantidad del injusto (antijuricidad o el grado de culpabilidad del delincuente, la mayor o
menor reprochabilidad que merezca). Por ello, y considerando que el legislador, al establecer el marco penal
abstracto, ya ha valorado la naturaleza del bien jurdico afectado y la forma bsica del ataque al mismo, la
mayor o menor gravedad del hecho depender:
En primer lugar, de la intensidad del dolo, -y si es directo, indirecto o eventual- o, en su caso, del grado
de negligencia imputable al sujeto.
En segundo lugar, la mayor o menor gravedad del hecho depender de las circunstancias concurrentes
en el mismo, que sin llegar a cumplir con los requisitos necesarios para su apreciacin como circunstancias
atenuantes o agravantes, ya genricas, ya especficas, modifiquen el desvalor de la accin o el desvalor del
resultado de la conducta tpica.
En tercer lugar, habr que atender a la mayor o menor culpabilidad -o responsabilidad- del sujeto,
deducida del grado de comprensin de la ilicitud de su comportamiento (conocimiento de la antijuricidad del
grado de culpabilidad y de la mayor o menor exigibilidad de otra conducta distinta.
Y en cuarto lugar, habr que tener en cuenta la mayor o menor gravedad del mal causado y la conducta
del reo posterior a la realizacin del delito, en orden a su colaboracin procesal y su actitud hacia la vctima y
hacia la reparacin del dao, que no afectan a la culpabilidad, por ser posteriores al hecho, sino a la punibilidad.
Se trata en definitiva, de un ejercicio de discrecionalidad reglada, que debe ser fundamentadamente
explicado en la propia resolucin judicial y controlable en casacin, incluso por la va del art. 849.1 LECrim.
para la infraccin de Ley.
Ante una ausencia de motivacin de la individualizacin de la pena, caben tres posibles remedios, como
recuerda, entre otras, la STS. 13.3.2002:
a) Devolver la sentencia al rgano jurisdiccional de instancia para que dicte otra razonando lo que en
la primera qued irrazonado;
b) Subsanar el defecto en el supuesto de que el rgano jurisdiccional de apelacin le facilite la sentencia
de instancia los elementos necesarios para motivar la individualizacin de la pena, bien en la misma extensin
fijada por el de instancia, bien en otra que el de apelacin considere adecuada.
c) Imponer la pena establecida por la ley en su mnima extensin.
La primera opcin, que implica la nulidad parcial de la sentencia, tiene como limitacin lo dispuesto en
el art. 240.2 prrafo 21 LOPJ. en su redaccin dada por la LO. 19/2003 de 23.12 (" en ningn caso podr el
Juez o Tribunal, con ocasin de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya
sido solicitada en dicho recurso , salvo que apreciare falta de jurisdiccin o de competencia objetiva o
funciona l o se hubiese producido violencia o intimidacin que afectare a ese tribunal"). La segunda opcin
es posible, cuando los elementos contenidos en la propia sentencia permitan al juzgador de apelacin (o
casacin) hacer las valoraciones necesarias para la fijacin concreta de la pena en cumplimiento de las reglas
de los distintos apartados del art. 66 CP. y dems aplicables a la penalidad del hecho delictivo enjuiciado. En
cuanto a la tercera, procede nicamente y de forma excepcional cuando se haya intentado infructuosamente
la subsanacin en la omisin o sta ya no sea posible y, adems, de la sentencia no resulten elementos que
permitan al juzgador ad quem la individualizacin de la pena.
En el caso presente la Sala de instancia, fundamento jurdico sptimo individualiza la pena con arreglo
a los criterios establecidos en la regla 6 del art. 66.1 CP. y valorando que todos carecen de antecedentes
penales as como el peso y grado de pureza de las sustancias estupefacientes, objeto del delito, estima
proporcionado fijar la pena en la mitad inferior, y dentro de esta, al hoy recurrente Carlos Francisco al
considerar que ostenta un papel de suministrador principal, al remitir la sustancia desde la Pennsula hasta
las Palmas de Gran Canaria, la pena de 9 aos y 6 meses prisin -la mitad dentro de esta mitad inferior (3
a 6 aos prisin)-.
Consecuentemente no puede hablarse de falta de motivacin y la exasperacin punitiva -1 ao y
6 meses- sobre el mnimo imponible justificada dada su concreta actuacin remitiendo por mensajera un
paquete con 965,3 gramos de anfetaminas.
DECIMO: El motivo primero por infraccin de Ley, al amparo del art. 849.2 LECrim. por haberse
incurrido en error en la apreciacin de la prueba, al admitirse como prueba de cargo la aprehensin de
sustancia estupefaciente y el informe de su anlisis, no viciada de nulidad. Por infraccin de Ley, al
amparo del art. 849.1 LECrim. por infraccin de precepto constitucional en relacin con lo establecido
en el art. 5.4 LOPJ . por referencia al art. 24.2 CE .
Con independencia del planteamiento inadecuado del recurso al incluir en un solo motivo dos distintas
denuncias casacionales, con infraccin de lo preceptuado en el art. 874 LECrim. en orden a los requisitos
de forma que deben rodear el escrito de formalizacin del recurso, en concreto que las diferentes razones
de impugnacin deben estar rodeadas como motivos diferentes, que se presentaran debidamente separados
y numerados, lo que imposibilita que se junten diversas impugnaciones en un mismo motivo, dado que lo
pretendido en el recurso es que la declaracin de nulidad del auto de 26.12.2007 que acord la intervencin,
grabacin y escucha de determinados nmeros de telfonos y de todas las pruebas derivadas de dicha
resolucin, se extienda, en virtud de la denominada conexin antijuricidad, a la aprehensin de la sustancia
estupefaciente en la detencin del recurrente y, por consiguiente, al informe de la sustancia emitida por el rea
de Sanidad de la Subdelegacin del Gobierno y a su ratificacin en el juicio por el perito; y a las declaraciones
de contenido autoincriminatorio prestadas por el recurrente en fase de instruccin y en el plenario, lo que
realmente se denuncia es la vulneracin del derecho a la presuncin de inocencia, infraccin de precepto
constitucional, y en tal sentido debe ser analizado el motivo.
El reconocimiento de la lesin del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones telefnicas
no supone que la droga no fue hallada, ni que sobre el hallazgo no se pueda proponer prueba -entre estas el
anlisis a la misma- porque haya de operarse como si el mismo no hubiera sucedido. Por ello, la pretensin
acusatoria puede fundarse en el relato fctico que parta de su existencia.
En consecuencia, incluso cuando la nulidad sea declarada previamente al juicio oral o al comenzar sus
sesiones, puede preguntarse al acusado sobre ella.
En efecto debemos recordar la doctrina de esta Sala, mantenida, entre otras, en sentencias 416/2005
de 31.3, 261/2006 de 14.3, 25/2008 de 29.1, 1045/2009 de 4.11, 1183/2009 de 1.12, al examinar cual
es la trascendencia mediata a los efectos inhabilitantes de la prueba obtenida con violacin del derecho
fundamental, en el sentido de superar las diversas interpretaciones y la integracin, en los ms justos trminos,
de lo que el mandato legal contiene como severa proscripcin del uso de practicas constitucionalmente
reprobables en la obtencin de elementos probatorios y de la bsqueda de eficacia, en trminos de estricta
justicia, para el proceso penal, impone una alternativa, de la que se hacen eco sentencias como la del Tribunal
Constitucional 8/2000 de 17.1 y la de esta Sala 550/2001 de 3.4, entre otras, asentadas sobre las siguientes
aseveraciones en orden a la transferencia mediata de la nulidad por vulneracin del derecho fundamental a
una prueba que directamente no produjo esa vulneracin:
a) que en primer lugar, hemos de partir de una fuente probatoria obtenida, efectivamente, con violacin
del derecho fundamental constitucionalmente conocido, y no afectada simplemente de irregularidad de
carcter procesal, por grave que sea sta.
b) que la nulidad institucional de una prueba en el proceso no impide la acreditacin de los extremos
penalmente relevantes mediante otros medios de prueba de origen independiente al de la fuente contaminada,
pues si no existe una "conexin causal" entre ambos ese material desconectado estar desde un principio
limpio de toda contaminacin.
c) Por ultimo, y esto es lo mas determinante, que no basta con el material probatorio derivado de esa
fuente viciada se encuentre vinculado con ella en conexin exclusivamente causal de carcter fctico, para
que se produzca la transmisin inhabilitante debe de existir entre la fuente corrompida y la prueba derivada
de ella lo que doctrinalmente se viene denominando "conexin de antijuricidad", es decir, desde un punto de
vista interno, el que la prueba ulterior no sea ajena a la vulneracin del mismo derecho fundamental infringido
por la originaria sino que realmente se haya transmitido, de una a otra, ese carcter de inconstitucionalidad,
atendiendo a la ndole y caractersticas de la inicial violacin del derecho y de las consecuencias que de ella
se derivaron, y desde una perspectiva externa, que las exigencias marcadas por las necesidades esenciales
de la tutela de la efectividad del derecho infringido requieran el rechazo de la eficacia probatoria del material
En definitiva, que para que tan nocivos efectos se produzcan es siempre necesario que la admisin
a valoracin de una prueba conculque tambin, de alguna forma, la vigencia y efectividad del derecho
constitucional infringido por la originaria que, de este modo, le transmite una antijuricidad que la obligacin de
tutela de aquel derecho est llamada a proscribir. De no ser as, aunque la segunda prueba haya sido obtenida
a causa de la constitucionalmente inaceptable, conservar su valor acreditativo, pues esa vinculacin causal
se ha producido en virtud de unos resultados fcticos que no pueden excluirse de la realidad y no existen
razones de proteccin del derecho vulnerado que justifiquen unas consecuencias ms all de la inutilizacin
del propio producto de esa vulneracin.
Recordaba la STS 2210/2001 de 20.11, que el tema ha sido abordado en diversas sentencias del
Tribunal Constitucional que han deslindado cuidadosamente la causalidad material de la causalidad jurdica
en relacin a la extensin que ha de drsele a la nulidad de una prueba y las consecuencias que de ella se
deriven, de suerte que no es la mera conexin de causalidad la que permite extender los efectos de la nulidad
a otras pruebas, sino la conexin de antijuricidad la que debe de darse.
En palabras de la STS 161/99 de 3.11, es la conexin de antijuricidad con las otras pruebas lo que
permite determinar el mbito y extensin de la nulidad declarada, de suerte que si las pruebas incriminadoras
"tuvieran una causa real diferente y totalmente ajenas (a la vulneracin del derecho fundamental) su validez y
la consiguiente posibilidad de valoracin a efectos de enervar la presuncin de inocencia sera indiscutible..."
Doctrina que constituye un slido cuerpo jurisprudencial del que pueden citarse las SSTC 81/98, 49/99, 94/99,
154/99, 299/2000, 138/2001.
En idntico sentido podemos decir con la STS 498/2003 de 24.4 y la muy reciente 1048/04 de 22.9, que
hay que diferenciar entre las pruebas originales nulas y las derivadas de estas ya directa o indirectamente, de
acuerdo con lo prevenido en el art. 11.1 LOPJ., de aquellas otras independientes y autnomas de la prueba
nula y ello porque si bien desde una perspectiva de causalidad material pueden aparecer conectadas con el
hecho constitutivo de la vulneracin del derecho deben estimarse independientes jurdicamente por proceder
de fuentes no contaminadas, como seran aquellas pruebas obtenidas fruto de otras vas de investigacin
tendente a establecer el hecho en que se produjo la prueba prohibida, como seria el supuesto de nulidad de
unas intervenciones telefnicas que no extendera a los conocimientos policiales exclusivamente obtenidos a
travs de vigilancias estticas y seguimientos acordados al margen de aquella intervencin, o bien en aquellos
casos en los que no se de la llamada conexin de antijuricidad entre la prueba prohibida y la derivada.
En similar direccin el Tribunal Constitucional en reciente sentencia 66/2009 de 9.3, ha precisado que
la valoracin en juicio de pruebas que pudieran estar conectadas con otras obtenidas con vulneracin de
derechos fundamentales sustantivos requiere un anlisis a dos niveles: en primer lugar, ha de analizarse si
existe o no conexin causal entre ambas pruebas, conexin que constituye el presupuesto para poder hablar
de una prueba derivada. Slo si existiera dicha conexin procedera el anlisis de la conexin de antijuricidad
(cuya inexistencia legitimara la posibilidad de valoracin de la prueba derivada). De no darse siquiera la
conexin causal no seria necesaria ni procedente analizar la conexin de antijuricidad, y ninguna prohibicin
de valoracin de juicio recaera sobre la prueba en cuestin. En definitiva, se considera licita la valoracin
de pruebas causalmente conectadas con la vulneracin de derechos fundamentales, pero jurdicamente
independientes, esto es, las pruebas derivadas o reflejas (por todas SSTC. 81/98 de 2.4, 22/2003 de 10.2).
Por ltimo el Tribunal Constitucional ha afirmado que la valoracin acerca de si se ha roto o no el nexo
entre una prueba y otra no es, en s misma un hecho, sino un juicio de experiencia acerca del grado de conexin
que determina la pertinencia o impertinencia de la prueba cuestionada que corresponde, en principio, a los
Jueces y Tribunales ordinarios, limitndose el control casacional a la comprobacin de la razonabilidad del
mismo ( STC. 81/98 de 2.4, citando ATC. 46/83 de 9.2, y SSTS. 51/85 de 10.4, 174/85 de 17.12, 63/93 de
1.3, 244/94 de 15.9).
Por otra parte se ha mantenida la desconexin de antijuricidad por gozar de independencia jurdica, en
supuestos de declaracin de autoincriminatoria, no solo de acusado en plenario ( SSTC. 136/2006 de 8.5,
49/2007 de 12.3) sino incluso de imputado en instruccin ( SSTC. 167/2002 de 18.9, 184/2003 de 23.10) "en
atencin a las propias garantas constitucionales que rodean la prctica de dichas declaraciones que permite
afirmar la espontaneidad y voluntariedad de las mismas". En igual direccin esta Sala, STS. 1129/2006 de
15,11, ha precisado que "En consecuencia, en las condiciones antes descritas, la confesin de los hechos por
parte del imputado o acusado, que puede obedecer a distintas causas, debe entenderse como la consecuencia
de una decisin suficientemente informada y libre, producto de una opcin entre las distintas que la situacin
le ofrece, y cuyas consecuencias debe asumir. Es posible, por lo tanto, valorar tal declaracin como prueba
de cargo vlida, en tanto que desvinculada de la prueba ilcita", y STS. 812/2006 de 19.7 "A este respecto,
conocida jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por todas, STC 8/2000, de 17 de enero), ha declarado que
la nulidad constitucional de una prueba en el proceso no impide la acreditacin de los extremos penalmente
relevantes mediante otros medios de prueba que puedan considerarse jurdicamente independientes de la
prueba contaminada, aun cuando estuvieran ligados a ella en el plano de la causalidad material. Un supuesto
de este gnero es el que concurre cuando, por ejemplo, lo conocido inicialmente a travs de una interceptacin
telefnica ilegtima, tiene luego vlido acceso al juicio y al conocimiento judicial merced a la confesin de los
acusados, que hubieran aceptado que, en efecto, los hechos postulados como tales por la acusacin haban
tenido ciertamente lugar.
Ms en concreto la STC 136/2006, de 8 de mayo, se ha pronunciado sobre la legitimidad constitucional
de la valoracin de la prueba de confesin en supuestos como el presente, entendiendo que "los derechos
a no declarar contra s mismo, a no confesarse culpable y a que las declaraciones se presten con asistencia
letrada son garantas constitucionales que constituyen medio eficaz de proteccin frente a cualquier tipo de
coercin o compulsin ilegtima, por lo que el contenido de las declaraciones del acusado puede ser valorado
siempre como prueba vlida. En consecuencia, 'las garantas frente a la autoincriminacin reseadas permiten
afirmar, cuando han sido respetadas, la espontaneidad y voluntariedad de la declaracin. Por ello, la libre
decisin del acusado de declarar sobre los hechos que se le imputan permite, desde una perspectiva interna,
dar por rota, jurdicamente, cualquier conexin causal con el inicial acto ilcito. A su vez, desde una perspectiva
externa, esta separacin entre el acto ilcito y la voluntaria declaracin por efecto de la libre decisin del
acusado atena, hasta su desaparicin, las necesidades de tutela del derecho fundamental material que
justificaran su exclusin probatoria, ya que la admisin voluntaria de los hechos no puede ser considerada
un aprovechamiento de la lesin del derecho fundamental' ( STC 161/1999 de 27.9)."
Ciertamente puede no ocurrir lo mismo cuando se trata de declaraciones sumariales temporalmente
cercanas al hecho cuya existencia se ha obtenido con la prueba que luego se declara constitucionalmente
ilcita. En esos casos, tanto si la declaracin es policial como si es sumarial, la existencia del objeto obtenido
ilcitamente condiciona la declaracin del imputado, que tiende naturalmente a organizar su defensa partiendo
de una realidad que en ese momento no se encuentra en situacin de cuestionar. En algunos casos, en el
momento en que se le recibe declaracin ni el imputado ni su defensa han tenido oportunidad de conocer las
condiciones en las que tal objeto ha sido conocido, obtenido e incorporado su existencia al proceso. Por ello,
es preciso un examen detenido de cada casa para determinar si puede afirmarse que la confesin realizada
lo fue previa informacin y con la necesaria libertad de opcin y no de forma condicionada por el hallazgo
cuya nulidad se declara posteriormente.
DECIMO PRIMERO: Situacin que seria la contemplada en las presentes diligencias, tal como recoge
la sentencia impugnada, fundamento jurdico tercero, apartado c) dado que este acusado en la declaracin
prestada en fase de instruccin reconoci que la sustancia que le fue intervenida en la gasolinera de la B.P.
en el Sur (de Gran Canaria) era suya y exculpando a su compaera sentimental Covadonga . Es cierto que en
el plenario este acusado se neg a contestar a las preguntas que se le efectuasen, salvo a las de su abogado
defensor, siendo su anterior declaracin introducida en el plenario por su lectura a instancia del Ministerio
Fiscal, quien interes se hiciese constar en el acta si dicho acusado "reitera" lo que dijo en instruccin: que
era cierta la entrega y que Covadonga no sabia nada", por al hacer uso del derecho a la ltima palabra,
Juan Mara reconoci que fue l la persona que recibi la bolsa conteniendo anfetaminas y no su compaera
sentimental la coacusada D Covadonga , manifestado: "que no s cierto que su mujer cogiera la bolsa, que
la persona la primera vez le da la muestra, que la bolsa se la dan a l y no a Covadonga , que ella fue a
comprar tabaco".
En este extremo se ha considerado por la doctrina como una de las manifestaciones ms expresivas
y genuinas de la autodefensa el llamado "derecho a la ltima palabra" del art. 739 LECrim. que se inscribe
plenamente en el derecho de defensa, en cuanto es la oportunidad procesal para corregir cualquier olvido
o error, o matizar hechos o afirmaciones barajadas en el curso del juicio ( SSTC. 65/2003 de 7.4, 207/2002
de 11.11).
Tambin este Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre este extremo. As en STS. 9.6.2003 se dice:
"...es precisamente la palabra utilizada en el momento final de las sesiones del plenario, la que mejor expresa
y garantiza el derecho de defensa, en cuanto que constituye una especie de resumen o compendio de todo
lo que ha sucedido en el debate pblico y contradictorio que constituye la esencia del juicio oral. El acusado
conoce mejor que nadie todas las vicisitudes que pueden influir en la mejor calificacin y enjuiciamiento de
los hechos que constituyen la base de la acusacin".
La STS. 669/2006 de 14.6 insiste en que "el art. 739 LECrim. abre para el acusado la posibilidad
de expresar, directamente y sin mediacin alguna, las alegaciones que estime pueden contribuir al ms
eficaz ejercicio del derecho de defensa, matizando, completando o rectificando, en su caso, los hechos y
los argumentos expuestos por su Letrado; y al mismo tiempo, permite eventualmente que el Tribunal
incorpore, a los elementos que debe apreciar en conciencia segn el art. 741 de la misma Ordenanza
Procesal, algunos que, siendo dignos de advertencia y reflexin, hubiesen sido omitidos en la
actuacin del Letrado..."
La STC. 93/2005 de 20.4 alude la posibilidad de confesin en ste tramite "...por su parte, en relacin
con el derecho de ltima palabra, hemos indicado en la STC 181/1994, de 20 de junio, F. 3, que el derecho
a la defensa comprende, en este aspecto, no slo la asistencia de Letrado libremente elegido o nombrado de
oficio, en otro caso, sino tambin a defenderse personalmente [arts. 6.3 c) y 14.3 d) del Convenio y del Pacto
ms arriba reseados] en la medida en que lo regulen las Leyes procesales de cada pas configuradoras del
derecho. Es el caso que la nuestra en el proceso penal (art. 739 LECrim. ofrece al acusado el "derecho a la
ltima palabra" ( STS. de 16 de julio de 1984, por s mismo, no como una mera formalidad, sino ... por razones
ntimamente conectadas con el derecho a la defensa que tiene todo acusado al que se brinda la oportunidad
final para confesar los hechos, ratificar o rectificar sus propias declaraciones o las de sus coimputados
o testigos, o incluso discrepar de su defensa o completarla de alguna manera. La raz profunda de todo ello
no es sino el principio de que nadie pueda ser condenado sin ser odo, audiencia personal que, aun cuando
mnima, ha de separarse como garanta de la asistencia letrada, dndole todo el valor que por s misma le
corresponde. La viva voz del acusado es un elemento personalsimo y esencial para su defensa en juicio.
Consecuentemente se trata de manifestaciones del recurrente que corroboran la admisin de los hechos
realizada en la instruccin y efectuadas en el plenario, con plena informacin de sus derechos constitucionales
y que, en cuanto desconectados de la ilicitud de la intervencin telefnica, son aptas como prueba de cargo
para desvirtuar la presuncin de inocencia.
DECIMO SEGUNDO: Respecto a las alegaciones de los recurrentes al evacuar el traslado conferido en
virtud de diligencia de ordenacin de 13.12.2010, derivada de la entrada en vigor de la LO. 5/2010 de 12 junio,
por la que se modificaron diversos artculos del Cdigo Penal, y en concreto el art. 368 CP. estableciendo en
relacin a sustancias o productos que causan grave dao a la salud, una penalidad, en cuanto a la pena de
prisin de 3 a 6 aos, en lugar a la anterior de 3 a 9 aos, reduccin del limite mximo con la consiguiente
incidencia en la determinacin de las mitades inferior y superior y solicitando, en base a ello, la imposicin de
la pena de 3 aos prisin, debemos partir de que en el supuesto en que nos encontramos no se trata de la
revisin de una pena firme, sino en el trmite de un recurso de casacin, en el que puede y debe procederse
a una nueva individualizacin de la pena, teniendo en cuenta los propios factores y criterios expuestos en la
resolucin recurrida.
Siendo as el Tribunal a quo conforme se ha expuesto en el motivo precedente, motiva la imposicin
de las penas a ambos acusados en la mitad inferior, que, conforme a la anterior regulacin, comprendera un
marco penolgico de 3 a 6 aos prisin y dentro de esa penalidad impone la de 4 aos y 6 meses a Carlos
Francisco , y 4 aos a Juan Mara penas que, respectivamente, se corresponderan con la mitad y la tercera
parte de aquel marco penolgico.
Es cierto que estas penas estaran compartidas en la actual regulacin en la mitad inferior, 3 a 4 aos y
6 meses prisin, pero no seran congruentes con la facultad discrecional del tribunal de instancia y los factores
de individualizacin que expuso que le llevaron a considerar proporcionada su imposicin en la mitad y tercera
parte de la mitad inferior.
Por tanto, en aplicacin de esos mismos criterios las penas resultantes conforme a la nueva penalidad,
seran 3 aos y 9 meses para Carlos Francisco y 3 aos y 6 meses para Carlos, estimndose en este sentido
DECIMO TERCERO: Estimndose parcialmente los recursos las costas se declaran de oficio, art. 901
Que debemos declarar y declaramos haber lugar a los recursos de casacin, interpuestos por
Carlos Francisco y Juan Mara , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de
Gran Canaria, Seccin 1, que conden a los acusados como autores penalmente responsables de un delito
contra la salud pblica; y en su virtud CASAMOS Y ANULAMOS parcialmente la mentada resolucin, dictando
nueva sentencia ms conforme a derecho, con declaracin de oficio de las costas.
Comunquese esta resolucin al Tribunal Sentenciador a los efectos legales procedentes, con
devolucin de la causa que en su da remiti, interesando acuse de recibo.
y firmamos D. Juan Saavedra Ruiz D. Andres Martinez ArrietaD. Miguel Colmenero Menendez de
LuarcaD. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Siro Francisco Garcia Perez
En la causa incoada por el Juzgado de lo Penal n 1 de Las Palmas de Gran Canaria, con el nmero 21
de 2009, contra Carlos Francisco , nacido el 14.2.1961, en Zalla (Vizcaya), hijo de Ignacio y de Jacqueline,
con DNI. NUM017 , y privado de libertad por esta causa desde el 16 de julio de 2008 hasta el 17 julio de 2.008;
Juan Mara nacido el da 18 octubre de 1958, en Santa Mara de Guia, (Las Palmas), hijo de Manuel y de
Amanda, con DNI. NUM018 y privado de libertad por esta causa desde el 19 junio de 2008 hasta el 11 de
marzo 2.010; se ha dictado sentencia que ha sido CASADA Y ANULADA PARCIALMENTE por la pronunciada
en el da de hoy, por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados
al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, hace constar los
Se aceptan los de la sentencia recurrida incluyendo hechos probados.
Primero.- Tal como se ha razonado en el Fundamento Derecho 12 de la sentencia precedente ha de
procederse a una nueva individualizacin de las penas impuestas por aplicacin de la Disposicin Transitoria
3c) LO. 5/2010 de reforma del Cdigo Penal.
Que manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial
de Las Palmas, Seccin Primera, de fecha 9 de abril de 2.010, las penas privativas de libertad que deben ser
impuestas, sern 3 aos y 9 meses prisin a Carlos Francisco y 3 aos y 6 meses prisin a Juan Mara .
y firmamos D. Juan Saavedra Ruiz D. Andres Martinez ArrietaD. Miguel Colmenero Menendez de Luarca
D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Siro Francisco Garcia Perez
PUBLICACIN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente
Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, mientras se celebraba audiencia pblica en el da de
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