Source: http://docplayer.es/10715388-Tribunal-superior-de-justicia-de-madrid-sala-de-lo-civil-y-penal.html
Timestamp: 2018-04-24 10:53:20+00:00

Document:
Emilio Quintana Lagos
1 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CIVIL Y PENAL RFª.- ROLLO DE APELACIÓN 15/2010 Dimanante de Diligencias Previas 1/2009 RECURRENTES PRINCIPALES: 1.- JOSE LUIS IZQUIERDO LOPEZ 2.- JAVIER NOMBELA OLMO 3.- FRANCISCO CORREA SANCHEZ 4.- MANUEL DELGADO SOLIS 5.- JOSE ANTONIO LOPEZ RUBAL 6.- ANTOINE SANCHEZ, 7.- PABLO CRESPO SABARIS 8.- ALBERTO LÓPEZ VIEJO 9.- JACOBO GORDON LEVENFELD 10.-ALFONSO BOSCH TEJEDOR, 11.-CARLOS CLEMENTE AGUADO 12.-JOSE LUIS ULIBARRI COMERZANA 13.-BENJAMIN MARTIN VASCO 14.-GUILLERMO ORTEGA ALONSO RECURRENTES POR ADHESION: 15.- ANDRES BERNABE NIETO, 16.- ARTURO GONZÁLEZ PANERO, 17.- ALFONSO GARCÍA-POZUELO ASINS, 18.- ALVARO PÉREZ ALONSO, 19.- CANDIDO HERRERO MARTINEZ 20.- ADRIAN SENIN RICO, 21.- GINES LOPEZ RODRIGUEZ 22.- CESAR TOMAS MARTIN MORALES RECURRIDOS: ADADE FISCALIA VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO ILTMO. SR. D. JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO: Con todo el respeto y consideración que me merecen el resto de los integrantes de la Sala de lo Civil y Penal, siento disentir de la opinión mayoritaria expresada en el Auto pronunciado en el día de hoy que debió confirmar en su integridad los Autos apelados y contener, como fundamentos de derecho y Acuerdo decisorio de los recursos de apelación, adhesiones a los miemos y pretensiones de nulidad de actuaciones planteadas los que se expresan a continuación, en vez de los contenidos y pronunciado por decisión mayoritaria de los integrantes del Tribunal, aceptándose en su integridad el resto de Antecedentes de Hecho de dicho Auto: FUNDAMENTOS JURÍDICOS: PRIMERO.- Extemporáneidad del planteamiento de la nulidad de la medida de interceptación de las comunicaciones y nulidades pretendidas: Debe significarse, para comenzar, que habiéndose interesado en unos casos la nulidad de todas las actuaciones posteriores a las escuchas puestas en cuestión, y en otros la nulidad genérica de las diligencias derivadas, no se ha venido a identificar la 1
2 relevancia concreta de las escuchas habidas en las actuaciones o líneas de investigación seguidas, efectuándose menciones genéricas o indiscriminadas a la imposibilidad de discernir lo afectado de lo no afectado por las escuchas tachadas de ilegales, por lo que la conexión de antijuridicidad resultaría, en cualquier caso, de difícil encuadramiento en el caso planteado ante la referida falta de determinación y concretitud de la tacha de ilegalidad en la prueba puesta en cuestión, no sabiéndose a cuales de las diligencias practicadas se refieren tan indeterminadas pretensiones de nulidad. Hay que recordar, a tal efecto, con remisión a lo que al respecto consta extensamente en el Auto dictado el por el Instructor designado del turno preestablecido por ésta Sala de lo Civil y Penal, que la Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de señaló que Según la jurisprudencia de esta Sala, siguiendo los criterios de nuestro Tribunal Constitucional, y en la línea de la doctrina anunciada de los "frutos del árbol envenenado" o de la "excepción del nexo causal atenuado", la eventual nulidad de las escuchas telefónicas no arrastra la de aquellas diligencias de prueba que, aun estando viciadas, desde la perspectiva de la causalidad natural, no guardan con ellas lo que se ha venido en llamar "conexión de antijuricidad". Consecuentes con tal doctrina para que se produzca la transmisión inhabilitante debe existir entre la fuente corrompida y la prueba derivada de ella la denomianda "conexión de antijuricidad", que no opera ante la existencia de pruebas autónomas e independientes jurídicamente, entre las que destaca la de confesión del inculpado. La Sentencia de , del Tribunal Constitucional, en el mismo sentido, indica que la cuestión, como apunta el Ministerio Fiscal, enlaza directamente con la conexión de antijuridicidad entre las pruebas ilícitas y las reflejas, y su alcance. Sobre el citado extremo ha tenido ocasión de pronunciarse este Tribunal. En la Sentencia 28/2002, de 11 de febrero, Fundamento Jurídico 4, dijimos que desde la Sentencia 114/1984, de 29 de noviembre, hemos sostenido que, aunque la prohibición de valorar en juicio pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales sustantivos no se halla proclamada en un precepto constitucional, tal valoración implica una ignorancia de las garantías propias del proceso (artº 24.2 de la Constitución Española) y una inaceptable confirmación institucional de la desigualdad entre las partes en el juicio, y en virtud de su contradicción con ese derecho fundamental y, en definitiva, con la idea de proceso justo, debe considerarse prohibida por la Constitución (Sentencia 114/1984, de 29 de noviembre, Fundamento Jurídico 5 y, entre las más recientes, Sentencias 81/1998, de 2 de abril, Fundamento Jurídico 2; 69/2001, de 17 de marzo, Fundamento Jurídico 26). Tal prohibición atañe no sólo a los resultados directos de la intervención, sino que se extiende a cualquier otra prueba derivada de la observación telefónica, siempre que exista una conexión causal entre ambos resultados probatorios (Sentencia 49/1996, de 26 de marzo, Fundamento Jurídico 2
3 3), aunque derive indirectamente de aquélla (Sentencias 85/1994, de 14 de marzo, Fundamento Jurídico 4; 86/1995, de 6 de junio, Fundamento Jurídico 3; 181/1995, de 11 de diciembre, Fundamento Jurídico 4; 54/1996, de 26 de marzo, Fundamento Jurídico 8). Junto a esta regla general, en supuestos excepcionales hemos considerado lícita la valoración de pruebas que, aun cuando se encuentren conectadas desde una perspectiva natural con el hecho vulnerador del derecho fundamental, por derivar del conocimiento adquirido a partir del mismo, puedan considerarse jurídicamente independientes (Sentencias 86/1995, de 6 de junio, Fundamento Jurídico 4; 54/1996, de 26 de marzo, Fundamento Jurídico 6; 81/1998, de 2 de abril, Fundamento Jurídico 4; 151/1998, de 13 de julio, Fundamento Jurídico 3; 166/1999, de 27 de septiembre, Fundamento Jurídico 4; 136/2000, de 29 de mayo, Fundamento Jurídico 6). La razón fundamental que avala la independencia jurídica de unas pruebas respecto de otras radica en que las pruebas derivadas son, desde su consideración intrínseca, constitucionalmente legítimas, pues ellas no se han obtenido con vulneración de ningún derecho fundamental (Sentencia 184/2003 de 23 de octubre, Fundamento Jurídico 2). Por ello, para concluir que la prohibición de valoración se extiende también a ellas, habrá de precisarse que se hallan vinculadas a las que vulneraron el derecho fundamental sustantivo de modo directo, esto es, habrá que establecer un nexo entre unas y otras que permita afirmar que la ilegitimidad constitucional de las primeras se extiende también a las segundas (conexión de antijuridicidad). En todo caso, se consideran precipitadas, en general, las impugnaciones formuladas, todas ellas, las adhesiones a las mismas y las pretensiones de nulidad conjuntamente formuladas, debiendo haber sido rechazadas por la Sala y por el Instructor ante su extemporaneidad y previsión legal expresa de ser otro el momento procesal adecuado para el planteamiento y decisión al respecto. Y ello debió ser así, ya se adelanta, porque, como lo demuestra la falta de unanimidad de la Sala sobre dicha trascendente cuestión, ni se trata de las únicas diligencias de investigación, que cuentan con una multitud de ellas precedentes y posteriores, ni de su acordada nulidad o ilicitud se deriva una decisión de cierre de la causa ni de la investigación en curso. La decisión así adoptada por mayoría del Tribunal padece así de una extensión contraria a la propia naturaleza de la fase de instrucción, en la que se produce el acopio del material que puede servir para llegar al juicio oral o no, según su resultado incriminatorio o de esclarecimiento de los hechos investigados (artº 299 en relación con el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), sin que pueda olvidarse que el propio artº 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala al respecto que Todas las Autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento penal cuidarán, dentro de los límites de su respectiva 3
4 competencia, de consignar y apreciar las circunstancias así adversas como favorables al presunto reo. Así debieran haber sido enfocadas las pretensiones de nulidad planteadas en las prematuras vías de las impugnaciones, adhesiones y peticiones de nulidad suscitadas por las partes personadas en ellas ya que, no tratándose de única la diligencia de investigación cuestionada, ni apareciendo con claridad que de ella dependa todo el resto de la instrucción, la unánime opinión doctrinal consultada estima que debe concentrarse su estudio y decisión junto con la de la decisión definitiva del proceso que, de no terminar antes por otra causa, será la que ratifique las consecuencias de la correspondiente apreciación efectuada al inicio de las sesiones del juicio oral o en la misma Sentencia, como se verá a continuación. Es general la opinión que viene estimando que, al prever expresamente el artº de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que El Juicio oral comenzará con la lectura de los escritos de acusación y de defensa. Seguidamente, a instancia de parte, el Juez o Tribunal abrirá un turno de intervenciones para que puedan las partes exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano judicial, vulneración de algún derecho fundamental, existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido y finalidad de la pruebas propuestas o que se propongan para practicarse en el acto. El Juez o Tribunal resolverá en el mismo acto lo procedente sobre las cuestiones planteadas. Frente a la decisión adoptada no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la pertinente protesta y de que la cuestión pueda ser reproducida, en su caso, en el recurso frente a la sentencia, dado que la cuestión planteada no gozaba de la claridad precisa para debatirse en el prematuro momento de la instrucción en curso en la que se ha planteado, debió trasladarse la decisión a dicho trámite de las cuestiones previas anterior a las propias sesiones del juicio oral, previsión específica que no se ha respetado en éste caso al decidirse de forma anticipada. En el juicio oral ordinario por delitos graves, desde la Sentencia de la Sala 2ª de , es práctica común en las Audiencias dar un trámite a las partes para plantear estas mismas cuestiones con carácter previo y fuera del trámite ya precluido de los artículos de previo y especial pronunciamiento del artº 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiendo indicado dicha resolución al respecto, aun con carácter restrictivo por falta de previsión legal expresa, que En todo caso y ciñéndonos a la cuestión que nos ocupa, la Audiencia había citado a las partes para el juicio oral y dio comienzo a sus sesiones abriendo un debate preliminar que resolvió por medio de Auto y no, como hubiera sido lo lógico, abordando la cuestión en la sentencia definitiva que dictase en la que podría perfectamente valorar la efectividad de la prueba y su 4
5 adecuación a la legalidad constitucional u ordinaria. Al no hacerlo así se lesiono el principio de unidad de acto que recoge el articulo 744 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aplicable al procedimiento ordinario, en el que se establece que abierto el juicio oral éste continuara por todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su conclusión, que debe culminarse por la sentencia que ponga fin a la causa. Aunque se destaca la cuestión en otros párrafos, se debe recordar, de nuevo, que no se trata aquí de la única diligencia de posible incriminación practicada, sino que se han practicado otras muchas con anterioridad y con posterioridad. Por ello mismo, la afectación a derechos fundamentales, concretamente y al menos al derecho a la tutela judicial efectiva del artº 24 de la Constitución, se produciría siempre, lo que dejaría en virtual e inaplicable la norma que establece la concentración previa al inicio del juicio oral cuando no se trate de la única posible prueba de cargo sobre la que se debate -como es el caso, en el que hay otras muchas y numerosas diligencias de investigación-, siendo la previsión legal saneadora del material probatorio a considerar en el juicio oral mera literatura jurídica carente de finalidad alguna real. Por supuesto que, de tratarse de la única diligencia la cuestionada, o de ser la principal, la postura del Voto particular habría coincidido con el criterio mayoritario de la Sala. Pero ese no es el caso planteado. Debió pues denegarse la nulidad interesada, posponiendo su análisis al momento señalado expresamente por la Ley y por la doctrina jurisprudencial. Y que ello debió acordarse así se infiere, en lógica derivada, de lo que se razona en la propia decisión mayoritaria sobre la existencia de indicios relacionados con las escuchas cuestionadas, centradas en las efectuadas en Centro Penitenciario entre los internos en prisión preventiva y sus abogados y letrados que los visitaron en él, puesto que, una vez más, y tras la decisión de anularlas, sigue estimando la decisión del Tribunal, frente a la pretensión instada de forma particular por uno de los internos, que no procede acceder a la modificación de su situación de prisión provisional incondicional, manteniéndose la misma por ahora. Así pues, aun en el caso de sustanciarse el juicio oral por los trámites del juicio oral y ordinario ante la Sala, en su día y de no ponerse fin al procedimiento de otro modo, como podría ser el sobreseimiento o la pérdida de la condición de aforados antes de la apertura del juicio oral ahora hipotético de los imputados que determinan la atracción de la competencia ante la Sala de lo Civil y Penal, sería en la Sentencia definitiva tras el juicio oral el momento en el que se debiera decidir sobre la validez de alguna o algunas de las diligencias puestas en cuestión en éste momento por todas las pretensiones de las que conoce en grado de apelación éste Tribunal. En la Sentencia del Tribunal Constitucional 247/1994, de 19-9, se apuntó al respecto, de forma clara, precisa y contundente, que 5
6 cuando se establece un trámite en una cierta fase del procedimiento no cabe practicarlo en otro momento y así ocurre en el abreviado, donde al comienzo del juicio oral aparece configurada una audiencia preliminar en la que cualquiera de las partes tendrá la oportunidad de exponer cuanto estime oportuno acerca de una serie de cuestiones y entre ellas, la eventual "vulneración de un derecho fundamental" (artº de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Allí y entonces, no antes ni después, pueden y deben proponerse tales cuestiones y la decisión del Juez que recaiga sobre ellas sí puede ser objeto de un proceso de amparo, una vez agotado el recurso de apelación, uno de cuyos motivos bien puede ser la sedicente indefensión. Conviene recordar que el antecedente del actual artº de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es el anterior citado en la resolución en cuestión. La decisión del Tribunal Constitucional es clara y contundente sobre el cauce y el momento del planteamiento, que no puede ser el anticipado y extemporáneo que ahora se intenta. Ello debió ser así puesto que, pese al silencio legal y a las previsiones generales contenidas en los arts. 11 y 238 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, solo cuando el motivo de nulidad argumentado sea manifiesto y evidente, puede ser excluido en la fase de instrucción, anulándolo, ya que si, tal y como sucede en éste caso, existe una duda sobre la validez de la ingerencia judicial habida en las comunicaciones, aun no puede hablarse de prueba, sino de diligencia o diligencias de investigación o de instrucción (arts. 299, 758 y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), cuya conversión en medio de prueba depende siempre del órgano judicial llamado al enjuiciamiento, sobre todo si, como ocurre o sucede en el supuesto de la instrucción en cuestión, no se trata del único medio incriminatorio del que se dispone a la fecha. O sea que, en todo caso, no depende de la decisión actualmente considerada, la continuación o no de la instrucción y la futura pendencia del juicio oral derivado, ni la desaparición de los indicios de criminalidad considerados con anterioridad. Dos apuntes añaden fundamento a la procedencia de la extemporaneidad mantenida por el Voto particular que se desarrolla, a saber. El primero es que a lo dicho no se opone la Circular 1/1999 de la Fiscalía General el Estado ya que, como se ha dicho, no son las escuchas puestas en cuestión ni las diligencias principales del proceso de investigación en curso ni las únicas de las que deriven todas las demás, al haber estado precedidas y seguidas de otras muchas cuyo análisis deberá, en su caso, realizarse en otro momento y de forma individualizada, ni depende de su acordada exclusión como evidencia el mantenimiento de los indicios de criminalidad ni la desaparición de los mismos, por lo que su incidencia en aquel es, en todo caso, parcial. El segundo es que la decisión mayoritaria de la Sala permitirá el cuestionamiento permanente y la dilación de la solución definitiva de la instrucción en contra de la de finalidad de concentración prevenida por 6
7 el Legislador respecto, también, de las posibles infracciones parciales de derechos fundamentales. Las anteriores consideraciones resultan plenamente aplicables en un todo a la instrucción en curso, de la que derivan las apelaciones, adhesiones y solicitudes de nulidad de actuaciones planteadas, en tanto que la penalidad aplicable, en principio, no superaría los límites que para el juicio oral por procedimiento abreviado se desprenden de las disposiciones al efecto contenido en los arts y 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo, en todo caso, irrelevante que los superasen, como se ha señalado antes, pues también deben decidirse con carácter previo y con efectos en la Sentencia que pudiera recaer tras la celebración del hipotético juicio oral, de llegarse al mismo. SEGUNDO.- Sobre la importancia del derecho fundamental a la defensa y el secreto profesional del defensor: No puede sino comenzarse los razonamientos atinentes a la decisión de las impugnaciones y solicitudes de nulidad de actuaciones de las que se trata en el recurso con una referencia, siquiera sucinta o esencial, a los derechos de defensa y a su relación con el secreto profesional de, entre otros, los abogados defensores en todo tipo de procesos, derechos fundamentales consagrados en los arts. 24 y 20.1.d) de la Constitución. El derecho de defensa de los abogados que actúan en los procesos o que asesoran a sus clientes tiene que conceptuarse como básico y esencial en un Estado de Derecho, y así lo hace nuestra Constitución, proclamándolo con el máximo rango que se establece en nuestro Ordenamiento Jurídico. Las limitaciones al mismo han de ser, por ello mismo y por la garantía de los derechos de los ciudadanos, de carácter excepcional, justificadísimas y no habituales o permitidas solo o únicamente en circunstancias extraordinarias. Tampoco puede obviarse la importante función que se atribuye al respecto al Ministerio Fiscal al que el artº 124 de la misma otorga funciones tales como la misión (de) promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. Así lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, relacionando el derecho de defensa con el secreto profesional de los abogados defensores, señalando en la importante Sentencia de , entre otros extremos de importancia en relación con la cuestión controvertida, que El letrado que utiliza su teléfono para comunicarse con sus clientes que lo tienen intervenido, no puede pretender un trato privilegiado que extienda el secreto a estos 7
8 extremos. La valoración del contenido de las conversaciones deberá ser utilizada cautelosamente por el órgano juzgador, pero en ningún caso se puede declarar la nulidad de su contenido, y que El secreto profesional que protege a las relaciones de los abogados con sus clientes, puede, en circunstancias excepcionales, ser interferido por decisiones judiciales que acuerden la intervención telefónica de los aparatos instalados en sus despachos profesionales. Es evidente que la medida reviste una incuestionable gravedad y tiene que ser ponderada cuidadosamente por el órgano judicial que la acuerda, debiendo limitarse a aquellos supuestos en los que existe una constancia, suficientemente contrastada, de que el abogado ha podido desbordar sus obligaciones y responsabilidades profesionales integrándose en la actividad delictiva, como uno de sus elementos componentes. Por su parte, en la derivada Sentencia 150/2006, de 22-5, del Tribunal Constitucional, se completó la anterior, al rechazar el recurso de amparo formulado en su contra, indicando que Por tanto, se ha considerado esencial la aportación de los elementos objetivos indiciarios que sirven de soporte a la investigación y que permiten establecer una conexión entre el sujeto o sujetos que van a verse afectados por la medida, en cuanto usuarios de la línea telefónica a intervenir, y el delito investigado, excluyendo de este modo las escuchas prospectivas, por cuanto éstas suponen un sacrificio desproporcionado del derecho fundamental. Y ello porque la expresión de lo que se ha denominado presupuesto habilitante de la medida no es un requisito meramente formal, sino que "constituye una exigencia del juicio de proporcionalidad" (Sentencia del Tribunal Constitucional 49/1999, de 5 de abril, Fundamento Jurídico 7), por lo que tan sólo resultará constitucionalmente exigible la aportación de aquellos datos que resulten imprescindibles para poder constatar la idoneidad y estricta necesidad de la intervención y excluir las escuchas prospectivas, debiendo valorarse la suficiencia o no de los datos aportados a tal efecto en atención a las circunstancias concurrentes en el momento de la adopción de la medida en cada caso concreto. Se considera necesario, además, realizar algunas precisiones sobre el alcance de la confidencialidad, del secreto profesional del defensor, cuando de la investigación de delitos se trata. Dichas precisiones deben partir, como es natural, del alcance no absoluto o intocable, de ningún derecho, cuando exista un conflicto de derechos, como ocurre en el caso aquí planteado, exigiéndose una ponderación de los que se encuentran en conflicto. Las prevenciones sobre el derecho de defensa y la confidencialidad de las comunicaciones entre el cliente y su abogado contenidas en la Resolución (73) 5 del Comité de Ministros del Consejo 8
9 de Europa no suponen sino el adecuado ejercicio, no el delictivo actual o previsible en el futuro inmediato, del derecho de defensa, sin que puedan trasladarse al caso de comprobación efectiva de actuación no profesional sino de colaboración criminal o de ocultación de efectos o del mismo cuerpo del delito por el Abogado que, de esa forma, más que de defensor actúa como colaborador, cooperador o autor de infracciones criminales previas, simultáneas o posteriores a la comunicación con su cliente en prisión provisional por delitos relacionados con aquellos en los que participa su Abogado. En el mismo sentido, nada tiene que oponerse aquí a la libertad de defensa manifestada en la colaboración de varios defensores en la estrategia de defensa (Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de ), y si en su expulsión del proceso, como veremos que se acordó, para no poder ser consideradas nunca como una evidencia de cargo o a considerar, pero que no dará lugar a la nulidad de la intervención judicialmente acordada si ésta fue lícita y se acordó en situación acreditada que revelase la existencia de indicios contra el Abogado actuante, manifestada en imputación decretada y no levantada a la fecha actual, o en la racional previsibilidad referida a la posible continuidad delictiva de colaboración criminal con el defendido o en la ocultación de efectos o cuerpo del delito investigado. En ese caso no se trata de la defensa de un imputado en prisión, sino de presunta actividad delictiva del Abogado no amparada por los derechos de la defensa. Sería, por lo tanto, tan elevado el margen de impunidad y de privilegio singularizado que derivaría de la interpretación que se hace en la decisión adoptada por la mayoría de la Sala que, más que garantía del derecho de defensa, cuya comprobación hace inviable la continuación de la intervención lícita y la eliminación de las escuchas referidas al derecho de defensa, tal y como se acordó en el tercero de los Autos impugnados, que sería el proceso español, como veremos de inmediato, un apartado islote en el mundo de las normativas de otros países democráticos que no mantienen, como regla, las consecuencias derivadas en general y para todo tipo de comunicaciones entre los clientes en prisión preventiva y sus Abogados que cooperan o se involucran -dejando de cumplir así sus deberes profesionales, de defensor, y utilizando un necesario secreto de defensa con finalidad viciada y criminal- en la ejecución, la ocultación o la continuidad de actividades delictivas, de sus efectos o del cuerpo del delito entendido en el sentido referido en los arts. 334 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esa fue la finalidad de las intervenciones decretadas, que se cuestionan ante la Sala, ya que para su acuerdo existían previas imputaciones de 3 Abogados y de 1 asesor fiscal, imputaciones que no se han dejado sin efecto en la actualidad, siendo irrelevante, como ocurre en la generalidad de las intervenciones telefónicas que parten de 9
10 indicios comprobados en la instrucción, que no se mencionen por el nombre determinado a los intervinientes en las conversaciones, siempre que éstas reúnan las precisas condiciones de prueba de cargo y no de estrategias de defensa, que deben excluirse como evidencias en todo caso. Pero sobre ello se tratará con más extensión más adelante. Ha de exponerse en éste Voto particular, porque la explicación con supuestos que pueden darse resulta la mejor de las explicaciones visuales posibles, las consecuencias que podrán llegar a darse de mantenerse el criterio de la mayoría de la Sala. Pensemos, como posible y sin demérito de la inmensa mayoría de los abogados con elevada categoría moral e intelectual actuantes en los procesos penales que se siguen en España, que un interno en prisión preventiva se concierta con su abogado para que transmita -y eso nunca es derecho de defensa sino otra cosa muy diferente- y para que de instrucciones de matar a una persona, o de hacer desaparecer el cadáver de la persona asesinada, o para facilitar el blanqueo de dinero sucio procedente del tráfico de drogas, de la prostitución ilegal o de la evasión fiscal, o del tráfico de influencias. La inmunidad absoluta que se da en esos casos a la confidencialidad en el locutorio de las prisiones impediría la prevención e investigación, y acaso hasta la comisión de delitos contra la vida o de otros considerados siempre con la categoría de graves en el Código Penal vigente y en la relacionada normativa comunitaria europea e internacional que obliga a España y que puede dar lugar, de no cumplirse, a su responsabilidad internacional, y ello, como es natural, ya que no se discrimina en la decisión mayoritaria de la Sala, aunque existieran indicios objetivos de la actuación criminal ya existente, en curso, continuada o previsible del o de los defensores o de los terceros abogados relacionados con el interno en la prisión. Resulta, por todo ello, desmesurada, contraria a la interpretación restrictiva que debe tener todo privilegio en conflicto con otros derechos fundamentales y de forma individualizada y justificada, contraria a la ponderación de un posible conflicto de derechos fundamentales, desmedida respecto a las intervenciones telefónicas practicadas en la vía ordinaria del artº 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que las Sentencias ya citadas al principio de la Sala 2ª excluyen la eficacia del derecho a no declarar de aquellos sobre los que recaen indicios de responsabilidad penal o sobre los que es previsible que recaigan por la inminencia de la posible comisión de delitos de ejecución permanente, o añadidos a los ya cometidos, la novedosa interpretación que realiza el criterio mayoritario, que no comparto en absoluto, del derecho de defensa cuando se realiza en los locutorios de las prisiones aunque pueda haber sido desnaturalizado por la infracción penal en ejecución o prevista de algún abogado que se entrevista con el 10
11 interno. En estos casos, siempre que se constate la implicación prevista, en curso o previsible racionalmente del abogado en la actividad criminal, no se puede hablar de confidencialidad, ni de derecho de defensa, ni de secreto profesional, sino, claramente, de actividad criminal contraria a lo que son todos esos derechos puesto que, usando o bajo la apariencia de ampararse en ellos, se persigue otra finalidad real contraria e ellos: la comisión de delitos. Y eso aunque la entrevista se realice en el locutorio de la prisión. Qué diferencia real y sustantiva existe con la entrevista reservada en el despacho o en el bufete de su defensor?: en mi criterio que se auxilie o se intervenga en la comisión de un delito ejecutado, permanente o futuro?, pero ninguna otra. Si no hay actividad criminal alguna, recobran toda su vigencia los derechos de defensa, de confidencialidad, a no declarar, y a no confesarse culpable, al secreto profesional, porque se están ejercitando y en ese caso sí, evidente, constitucional y legalmente, son intocables y así debe saberlo el defendido. En ese sentido, acudiendo a la perspectiva del derecho comparado vigente en otros sistemas jurídicos de países democráticos, con un sistema de garantía de los derechos fundamentales similar al nuestro, se debe indicar que la tónica jurídico-procesal en Italia (arts. 200 y 271 del Código de Procedimiento Penal) es la de no prohibirse las escuchas a los abogados, estableciéndose que cuando se trate de escuchas realizadas a los abogados y se trate de las amparadas por el secreto profesional, las mismas no pueden utilizarse en el proceso penal como prueba respecto de los hechos de los que han tenido conocimiento por razón de su profesión, siendo destruidas salvo que se trate del cuerpo del delito. En Estados Unidos, dentro del derecho federal, atendiendo a su interpretación doctrinal y jurisprudencial, y con especialidades en algunas legislaciones estatales, se dispone (& 2517(4) del United States Code) que las denominadas comunicaciones privilegiadas o con abogados defensores están prohibidas en principio, con la excepción de que las partes estén tratando sobre un crimen que han cometido o que planean cometer, con independencia de la relación que exista entre ellas. Se puntualiza, asimismo, que si se obtuvieron escuchas referidas a la estrategia de defensa, deben ser suprimidas las mismas como evidencias. Por último, incluso en la legislación procesal penal de Suecia, en la que se establece una prohibición absoluta de las escuchas entre clientes y abogados, se dispone que deben ser destruidas de inmediato, dada la especial preferencia dada a la protección de datos confidenciales, pero no se dice nada sobre si el abogado a pasado a ser codelincuente con el defendido y existe en la legislación procesal sueca una normativa especial sobre nulidades en el proceso penal. 11
12 Se puede adelantar así que la tónica general del derecho comparado en materia de intervención de las comunicaciones va dirigida a la exclusión del proceso, a su eliminación como evidencia en el caso de haberse obtenido, o a su destrucción, de aquéllas escuchas que realizadas durante la relación confidencial o de defensa real entre cliente y su abogado se refieran al derecho de defensa o a las estrategias de defensa, sin que convierta en nulas la integridad de las intervenciones judiciales decretadas en caso alguno, ni tampoco se establezca su eliminación ni el que deba dejarse de tenerlas como diligencia probatoria si se traspasan los límites del derecho de defensa o es muy probable que se traspasen, en razón de los indicios existentes al ordenarse la intervención judicial, lo que demanda un juicio sobre la razonabilidad del mismo acuerdo o decisión judicial de acordarlas, sobre la ingerencia decretada en su momento y en razón el estado de la investigación criminal en curso. TERCERO.- Sobre las presuntas infracciones de blanqueo de capitales y los medios legales para su averiguación: La importancia y gravedad de las presuntas infracciones criminales integrantes de los delitos de blanqueo de capitales investigados, que motivó la medida de ingerencia cuestionada, resalta, en el orden del derecho comunitario europeo, de las siguientes menciones, aparte de las de derecho internacional general que más adelante se mencionan. Se introduce este apartado con la finalidad de exponer la relevancia de una de las imputaciones principal efectuada por la acusación, y su significado comunitario e internacional actual: -Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo: Dispone en su artº 1 que 1. Los Estados miembros velarán por que el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo queden prohibidos. 2. A efectos de la presente Directiva, las siguientes actividades, realizadas intencionadamente, se considerarán blanqueo de capitales: a) la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas en dicha actividad a eludir las consecuencias jurídicas de su acto; b) la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad reales de bienes o de derechos sobre esos bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad; c) la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una 12
13 actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad; d) la participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras precedentes, la asociación para cometer ese tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o de facilitar su ejecución. 3. Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los bienes que vayan a blanquearse se hayan desarrollado en el territorio de otro Estado miembro o en el de un tercer país. 4. A efectos de la presente Directiva, se entiende por «financiación del terrorismo» el suministro o la recogida de fondos, por cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en los arts. 1 a 4 de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo. 5. El conocimiento, la intención o la motivación que han de darse en las actividades a que se refiere el presente artículo, apartados 2 y 4, podrán establecerse basándose en elementos de hecho objetivos. Su artº 2, sobre el ámbito personal o subjetivo de aplicación de la normativa comunitaria de blanqueo de capitales, a su vez, indica que 1. La presente Directiva se aplicará a: 1) las entidades de crédito; 2) las entidades financieras; 3) las siguientes personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión: a) los auditores, contables externos y asesores fiscales; b) los notarios y otros profesionales independientes del Derecho cuando participen, ya actuando en nombre de su cliente y por cuenta del mismo, en cualquier transacción financiera o inmobiliaria, ya asistiendo en la concepción o realización de transacciones por cuenta de su cliente relativas a: I) la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, II) la gestión de fondos, valores u otros activos pertenecientes al cliente, III) la apertura o gestión de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores, IV) la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas, V) la creación, el funcionamiento o la gestión de sociedades, fiducias, o estructuras análogas; c) los proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos que no estén ya contemplados en las letras a) o b); d) los agentes de la propiedad inmobiliaria; e) otras personas físicas o jurídicas que comercien con bienes únicamente en la medida en que los pagos se efectúen al contado y por importe igual o superior a , ya se realicen en una o en varias transacciones entre las que parezca existir algún tipo de relación; Los Estados miembros podrán decidir no incluir en el ámbito de aplicación del art. 3, apartados 1 o 2, a las personas físicas o jurídicas que realicen actividades financieras con carácter ocasional o de manera muy limitada y cuando exista escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. 13
14 A continuación, el artº 3 efectúa las siguientes definiciones de interés relevante en el ámbito del blanqueo de capitales: A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 1) «entidad de crédito»: toda entidad que se ajuste a la definición del art. 1, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, así como toda sucursal, tal y como se define en el punto 3 del art. 1 de dicha Directiva, establecida en la Comunidad por entidades de crédito que tengan su sede social dentro o fuera de la Comunidad; 2) «entidad financiera»: a) toda empresa distinta de una entidad de crédito que efectúe una o varias de las operaciones mencionadas en los puntos 2 a 12 y 14 de la lista que figura en el anexo I de la Directiva 2000/12/CE, incluidas las actividades de los establecimientos de cambio y de las empresas de transferencia o envío de dinero; b) toda empresa de seguros debidamente autorizada con arreglo a la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida, en la medida en que realice actividades contempladas en dicha Directiva; c) toda empresa de inversión tal como se define en el art. 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros; d) toda empresa de inversión colectiva que negocie sus participaciones o acciones; e) los intermediarios de seguros según se definen en el art. 2, apartado 5, de la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre la mediación en los seguros, con excepción de los intermediarios a que se refiere el art. 2, apartado 7, de dicha Directiva, cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con la inversión; f) las sucursales, situadas en la Comunidad, de las entidades financieras contempladas en las letras a) a e) que tengan su sede social dentro o fuera de la Comunidad; 3) «bienes»: todo tipo de activos, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos; 4) «actividad delictiva»: cualquier tipo de participación delictiva en la comisión de un delito grave; 5) «delitos graves»: como mínimo, los siguientes: a) los actos definidos en los arts. 1 a 4 de la Decisión marco 2002/475/JAI; b) cualquiera de los delitos contemplados en el art. 3, apartado 1, letra a), de la Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; c) las actividades de las organizaciones delictivas definidas en el art. 1 de la Acción Común 98/733/JAI del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea; d) el fraude según se define en el art. 1, apartado 1, y el art. 2 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, al menos en los casos graves, e) la 14
15 corrupción; f) todos los delitos que lleven aparejada una pena privativa de libertad o medida de seguridad de duración máxima superior a un año o, en los Estados en cuyo sistema jurídico exista un umbral mínimo para los delitos, todos los delitos que lleven aparejada una pena privativa de libertad o medida de seguridad de duración mínima superior a seis meses; 6) «titular real»: la persona o personas físicas que posean o controlen en último término al cliente y/o la persona física por cuenta de la cual se lleve a cabo una transacción o actividad. El titular real incluirá, como mínimo: a) en el caso de las personas jurídicas: I) la persona o personas físicas que en último término posean o controlen una entidad jurídica a través de la propiedad o el control, directos o indirectos, en dicha persona jurídica de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto, incluidas las carteras de acciones al portador, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a requisitos de información de Derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes; para cumplir este criterio, se considerará suficiente un porcentaje del 25 % más una acción, II) la persona o personas físicas que ejerzan por otros medios el control de la gestión de una entidad jurídica; b) en el caso de las entidades jurídicas, como las fundaciones, y de los instrumentos jurídicos, como los fideicomisos, que administren y distribuyan fondos; I) cuando ya se hayan designado los futuros titulares, la persona o personas físicas que sean titulares del 25 % o más de los bienes de una entidad o un instrumento jurídicos, II) cuando los beneficiarios de la entidad o el instrumento jurídicos estén aún por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa principalmente la entidad o el instrumento jurídicos, III) la persona o personas naturales que ejerzan un control sobre el 25 % o más de los bienes de una entidad o un instrumento jurídicos; 7) «proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos»: toda persona física o jurídica que preste con carácter profesional los siguientes servicios a terceros: a) constituir sociedades u otras personas jurídicas; b) ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; c) facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otra persona o instrumento jurídicos; d) ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso expreso o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; e) ejercer funciones de accionista nominal por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes con el Derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; 8) «personas del medio político»: personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, así como sus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados; 9) «relación de negocios»: relación empresarial, profesional o comercial 15
16 vinculada a la actividad profesional de las entidades y personas sujetas a la presente Directiva y que, en el momento en el que se establece el contacto, pretenda tener una cierta duración; 10) «banco pantalla»: entidad de crédito o entidad que desarrolla una actividad similar, constituida en un país en el que no tenga una presencia física que permita ejercer una verdadera gestión y dirección y que no sea filial de un grupo financiero regulado. A continuación, la expresada Directiva dispone, en su artº 9 que 5. Los Estados miembros prohibirán a la entidad o persona interesada que no pueda cumplir lo dispuesto en el art. 8, apartado 1, letras a), b) y c), efectuar operaciones a través de una cuenta bancaria, establecer una relación de negocios o llevar a cabo una transacción, o le exigirá que ponga fin a la relación de negocios y estudie el envío de una comunicación sobre el cliente a la unidad de inteligencia financiera (UIF) con arreglo al art. 22. Los Estados miembros no estarán obligados a aplicar el párrafo anterior cuando los notarios, profesionales independientes del Derecho, auditores, contables externos y asesores fiscales estén determinando la posición jurídica en favor de su cliente o desempeñando su misión de defender o representar a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoación de un proceso o la forma de evitarlo. 6. Los Estados miembros exigirán a las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva que no sólo apliquen procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente a todos los nuevos clientes, sino también, en el momento oportuno, a los clientes existentes, en función de un análisis del riesgo. No existe la obligación de denunciar al cliente respecto de los profesionales liberales o abogados ya que la obligación citada contenida en el artº 22 de la expuesta Directiva queda exceptuada en el artº 23 en los siguientes términos: 1. No obstante lo dispuesto en el art. 22, apartado 1, en el caso de las personas contempladas en el art. 2, apartado 1, punto 3, letras a) y b), los Estados miembros podrán designar al organismo autorregulador pertinente de la profesión de que se trate como la autoridad a la que se ha de informar en primera instancia en lugar de la UIF. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, en tales casos, los organismos autorreguladores designados transmitirán de inmediato la información sin filtrar a la UIF. 2. Los Estados miembros no estarán obligados a imponer las obligaciones establecidas en el art. 22, apartado 1, a los notarios, profesionales independientes del Derecho, auditores, contables externos y asesores fiscales con respecto a la información que éstos reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la posición jurídica en favor de su cliente o desempeñar su misión de defender o representar a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha 16
17 información antes, durante o después de tales procesos. -Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de personas del medio político y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada: Dispone en su artº 3.4 que Al determinar si los clientes o los productos y transacciones mencionados en los apartados 1, 2 y 3 presentan un riesgo bajo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, los Estados miembros prestarán especial atención a toda actividad de estos clientes o todo tipo de productos o transacciones que, por su naturaleza, se considere especialmente susceptible de uso o abuso a efectos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Los Estados miembros no considerarán que los clientes o los productos y transacciones mencionados en los apartados 1, 2 y 3 presentan un riesgo bajo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo si se dispone de información indicativa de que el riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo puede no ser bajo. Y en su artº 4.2 que Al evaluar el riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo a efectos de lo dispuesto en el art. 2, apartado 2, de la Directiva 2005/60/CE, los Estados miembros prestarán especial atención a toda actividad financiera que, por su naturaleza, se considere especialmente susceptible de uso o abuso a efectos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Los Estados miembros no considerarán que las actividades financieras a que se refiere el apartado 1 presentan un riesgo bajo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo si se dispone de información indicativa de que el riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo puede no ser bajo. Desde la perspectiva del derecho internacional general, procede resaltar que la normativa española se fundamenta en normas internacionales, en las que se han sentado las bases para la cooperación y la lucha contra el crimen organizado. Así podemos citar, el Convenio de Viena, «Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias psicotrópicas», aprobado el 20 de diciembre de 1988, que extendió la sanción al blanqueo de dinero, intentando privar de las ganancias del delito a los autores, y posibilitando mecanismos de asistencia internacional. También la <<Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional>> (Nueva York, 15 Noviembre 2000), abierto a la firma en Palermo (diciembre 2000), entró en vigor el 29 septiembre 2003, que tiene por finalidad la lucha contra la delincuencia organizada, o contra la participación en una organización delictiva, contra el blanqueo de capitales y contra la corrupción, obligando a los Estados a prestarse la mas amplia asistencia recíproca sobre 17
18 investigaciones, procesos y actuaciones judiciales con relación a los delitos comprendidos en la Convención. En el ámbito europeo, aparte de lo ya antes reseñado como acervo más reciente, señalaremos el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito (Estrasbugo 8 de noviembre de 1990) ratificado por España el 21 de octubre de Los estados signatarios de este Convenio, en el ámbito del Consejo de Europa, pretenden luchar contra la actividad delictiva, privando al delincuente del producto del delito, entendiendo por producto todo provecho económico derivado del delito, con un sistema eficaz de cooperación internacional. Para ello, establece una serie de medidas de confiscación de los instrumentos y productos derivados del delito, e indagatorias. Como ya se ha visto antes, también varias directivas de la Unión Europea se han ocupado de armonizar las legislaciones de los estados europeos, así la primera más importante Directiva 91/308/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, a la que han seguido otras que han motivado reformas legislativas en España, por lo que podemos afirmar que en nuestro país se ha legislado bajo directiva comunitaria. Las normas básicas españolas están contenidas en la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, y en el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la referida Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, habiendo sido objeto de posteriores reformas dicha Ley 19/1993. Define la Ley, en su artº 1, el blanqueo de capitales como la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de alguna de las actividades delictivas enumeradas en el apartado anterior o de participación en las mismas -un delito castigado con pena superior a tres años- para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado. También se establece en la Ley española que quedarán, asimismo, sujetas a las obligaciones establecidas en esta ley, con las especialidades que puedan establecerse reglamentariamente, las personas físicas o jurídicas que ejerzan aquellas otras actividades profesionales o empresariales particularmente susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales. Se considerarán tales:... d) Los notarios, abogados y procuradores quedarán igualmente sujetos cuando realicen ciertas actividades, tales como: 1.º Participen en la concepción, realización o asesoramiento de transacciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades 18
19 comerciales; la gestión de fondos, valores u otros activos; la apertura o gestión de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores; la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fiducias («trust»), sociedades o estructuras análogas, o 2.º Actúen en nombre y por cuenta de clientes, en cualquier transacción financiera o inmobiliaria. Siguiendo, ya en el plano del derecho penal español, aparte de la existencia de otros delitos imputados en la causa o diligencias de las que deriva la impugnación de la que ahora se trata, conviene señalar que los arts. 13 y 33 del Código Penal, tal y como destacó en su informe el Ministerio Fiscal, conceptúan como delitos graves los de blanqueo de capitales definidos en los arts. 301 y siguientes de dicho Cuerpo Legal, investigándose hechos que se refieren a la circunstancia del trasiego o circulación de millones de euros procedentes de presuntos delitos fiscales, de cohecho y de tráfico de influencias, mediante el establecimiento de una red de sociedades en España y en el extranjero, concretamente en territorios no colaboradores, of share o vulgarmente conocidos como paraísos fiscales, persiguiéndose incluso modalidades imprudentes de dichas infracciones de blanqueo de capitales con arreglo a la doctrina jurisprudencial establecida por la Sala 2ª del Tribunal Supremo y a lo dispuesto en el artº del Código Penal vigente. CUARTO.- Requisitos de proporcionalidad, ponderación o necesidad e idoneidad de las medidas cautelares, y su razonabilidad: En el primero de los fundamentos de la presente resolución ya se ha hecho referencia los presupuestos habilitantes de la medida cautelar de intervención de las comunicaciones de una persona por orden judicial que, resumidamente, han de reunir los siguientes requisitos acumulados o concurrentes, para lo que seguimos la clara exposición y pautas al respecto contenida en la ya antes citada Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de , procediendo a analizar, al tiempo, lo que ocurre en el caso traído a la Sala por las impugnaciones suscitadas: a) Habilitación judicial: La doctrina jurisprudencial estima que se trata de un requisito insubsanable para la viabilidad constitucional de las escuchas, y consiste en que la autorización para la intervención telefónica, la realice un Juez de Instrucción, bien en el curso de la investigación criminal o bien dando paso a un proceso que se inicia a partir de la concesión de la interceptación. El Juez que adopta la medida tiene que ser el Juez ordinario 19
20 predeterminado por la ley. Tanto en el caso de que se acceda a la medida o bien se niegue, el Juez tiene que incoar unas Diligencias Previas (o un Sumario, añadimos), que sirvan de encuadre a la resolución judicial, en forma de Auto, que debe ser adoptada para exteriorizar la voluntad judicial. En el caso que nos ocupa, el Juez que adopta inicialmente la medida de intervención, es el que por reparto le corresponde el testimonio deducido de otras diligencias previas que actúan como matriz, de las que se desglosan las actuaciones que constituyen la esencia del procedimiento en el que se han dictado los Autos recurridos, completados por el dictado por el Instructor designado por ésta Sala con posterioridad. Esta Sala ha declarado en precedentes fechas, rechazando otra impugnación planteada al respecto, la plena regularidad del turno y de la incoación de las diligencias por el inicial Instructor. En el caso controvertido no se debate sobre la existencia de autorización judicial, sino sobre su legitimidad, por lo que ha de tratarse de tal extremo en la referencia al ámbito concreto en el que se acordó la intervención de las comunicaciones, los locutorios de la prisión de Soto del Real en la que se encontraban internos en calidad de presos preventivos tres de los imputados en la causa, situación en la que continúan en la actualidad. Como esa es una de las cuestiones centrales sobre las que versa la impugnación, se dedica a ella, en su integridad, el siguiente razonamiento jurídico de ésta resolución, y a ella remitimos en éste momento en todo, aparte de lo que ya se ha adelantado antes al tratar del derecho de defensa, del secreto profesional adecuadamente utilizado y de la confidencialidad. b) Motivación: Destaca la Sala 2ª, asimismo, que la resolución judicial ha de ser motivada, debiendo adoptar la forma de Auto en el que se contengan, no sólo los presupuestos fácticos que condicionan la medida, sino también los razonamientos jurídicos que la justifican. La motivación no sólo es una exigencia formal impuesta al Juez, sino también una garantía para que la persona afectada pueda, en su momento, valorar y combatir la adecuación de la medida a los presupuestos legales y jurisprudenciales, exigidos para legitimar una decisión tan lesiva para el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones telefónicas. Después de diversas vacilaciones, la jurisprudencia mayoritaria de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, ha venido admitiendo la fundamentación fáctica por remisión a los oficios policiales que solicitan la medida, siempre que su contenido contenga todos los elementos necesarios, para conocer, con exactitud, las condiciones en que se produce la autorización. 20

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
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