Source: https://tc.vlex.es/vid/1-2-ba-an-stc-3-4-131-5-15034029
Timestamp: 2019-06-19 09:15:50+00:00

Document:
STC 186/1988, 17 de Octubre de 1988 - Jurisprudencia - VLEX 15034029
Número de Recurso: Conflictos Positivos de competencia nº 34, 430 y 503/1984 (acumulados)
1. La competencia estatal en cuanto a la ordenación general de la economía responde al principio de unidad económica y abarca la definición de las líneas de actuación tendientes a alcanzar los objetivos de política económica global o sectorial fijados por la propia Constitución, así como la adopción de las medidas precisas para garantizar la realización de los mismos. La necesaria coherencia de la política económica exige decisiones unitarias que aseguren un tratamiento uniforme de determinados problemas en orden a la consecución de dichos objetivos y evite que, dada la estrecha interdependencia de las actuaciones llevadas a cabo en las distintas partes del territorio, se produzcan resultados disfuncionales y disgregadores. 2. Este Tribunal ha declarado que las normas básicas que se dicten después de la Constitución deberán tener normalmente forma de Ley, lo que no impide que, de acuerdo con lo que ya se dio en la STC 32/1981, dichas normas básicas puedan inferirse de la legislación preconstitucional, ni excluye que, especialmente cuando se trate de medidas de carácter coyuntural, se contengan en disposiciones de rango infralegal, si bien su más reciente doctrina exige que en tal caso se haga constar que las normas en cuestión tienen carácter básico o que ese carácter puede deducirse de la misma lectura de las disposiciones. 3. El Estado puede operar sobre el sector vitícola haciendo uso de su competencia para proceder a la ordenación general de la economía, pero ello siempre que no vacíe de contenido las competencias de la Comunidad Autónoma sobre la viticultura, desplazando las que con carácter exclusivo tienen respecto de las actuaciones administrativas de gestión que, «ratione materiae», se subsumen en el título competencial de la agricultura. 4. Se reitera doctrina contenida en la STC 29/1986, según la cual «el art. 131 de la Constitución responde a la previsión de una posible planificación económica de carácter general como indica su propio tenor literal, y de los trabajos y deliberaciones parlamentarias para la elaboración de la Constitución se deduce también que se refiere a una planificación conjunta, de carácter global de la actividad económica. Por ello resulta claro que la observancia de tal precepto no es obligada constitucionalmente en una planificación de ámbito más reducido, por importante que pueda ser». 5. La ordenación general de la economía hace posible la intervención del Estado a través de medidas económicas en sectores materialmente atribuidos a la competencia de las Comunidades Autónomas, que no pueden quedar en ningún caso vacías de contenido a causa de la intervención estatal, que, a su vez, llegará hasta donde lo exija el principio que instrumenta, límite éste cuya observancia se deduce partiendo de la finalidad perseguida por las medidas en cada caso adoptadas.
Sentencia citada en: 104 sentencias, 25 artículos doctrinales, 12 resoluciones administrativas
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Tomás y Valiente, Presidente, doña Gloria Begué Cantón, don Angel Latorre Segura, don Francisco Rubio Llorente, don Antonio Truyol Serra, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don Miguel Rodríguez-Pinero y Bravo-Ferrer, don Jesús Leguina Villa y don Luis López Guerra, Magistrados, ha pronunciado
En los conflictos positivos de competencia iniciados bajo los núms. 34/1984, 430/1984 y 503/1984, que han sido acumulados, los cuales han sido promovidos por el Gobierno Vasco, representado por sus Abogados don José R. F. M. G. A., don Rafael G. A. y don Javier O. B., contra el Gobierno de la Nación, en relación con la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 29 de julio de 1983, por la que se regula la concesión de autorizaciones para el riego de la vid en situaciones excepcionales, el Real Decreto 275/1984, de 11 de enero, sobre reestructuración y reconversión del viñedo, y el Real Decreto 425/1984, de 8 de febrero, por el que se regula el régimen de autorizaciones para el riego de la vid en situaciones excepcionales, el Real Decreto 275/1984, de 11 de enero, sobre reestructuración y reconversión del viñedo, y el Real Decreto 425/1984, de 8 de febrero, por el que se regula el régimen de autorizaciones para la plantación de viñedo durante la campaña 1983-84, y en los que ha comparecido el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado, siendo Ponente el Magistrado don Angel L. S..
1. El 14 de enero de 1984 tuvo entrada en este Tribunal Constitucional escrito de don José R. F. M. G. A., por el que, en nombre del Gobierno Vasco, planteaba conflicto positivo de competencia frente al Gobierno del Estado, con relación a la Orden de 29 de julio de 1983 («Boletín Oficial del Estado» núm. 221, de 15 de septiembre de 1983) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con base a los siguientes fundamentos:
B) Sigue diciendo la representación del Gobierno Vasco que la Orden impugnada regula tres facultades: Autorización, sanción e inspección, todas ellas de contenido ejecutivo. En cuanto a la facultad de autorización, tras poner de relieve la, a su juicio, confusa redacción de la Orden, de la que no resulta con claridad a qué Administración corresponde la facultad de autorizar, la representación del Gobierno Vasco insiste en que, de acuerdo con el art. 10.9 del EAPV, la citada facultad corresponde «en su totalidad a la Comunidad). De igual vicio de incongruencia adolecerían los arts. 2 y 3 de la Orden impugnada, pues no cabe que la Administración del Estado asigne a las Administraciones de las Comunidades determinadas funciones. Una y otras son personas jurídicas distintas, sin que las Administraciones de las Comunidades puedan ser tratadas como órganos subordinados a la Administración del Estado.
4. Por escrito presentado en este Tribunal el 14 de junio de 1984, don Rafael G. A., en nombre del Gobierno Vasco, planteó conflicto de competencia frente al Gobierno del Estado en relación al Real Decreto 275/1984, de 11 de enero, sobre restauración y reconversión del viñedo. En el escrito se dice, en síntesis, lo siguiente:
Por «otrosi» señala que en el caso de que el Tribunal Constitucional entendiera que el Real Decreto citado o alguno de sus preceptos constituye norma básica, estaría viciado de inconstitucionalidad por infracción del art. 86.1 de la Constitución, pues si no cabe regular el régimen de las Comunidades Autónomas por Decreto-ley, mucho menos puede hacerse por Decreto, siendo el vehículo normativo ordinario de este tipo de normas la Ley; en consecuencia, pide que el Tribunal declare por ese motivo la inconstitucionalidad del Real Decreto 275/1984. 5. El 6 de julio de 1984 don Javier O. B., en nombre del Gobierno Vasco, presentó en este Tribunal escrito por el que planteaba conflicto positivo de competencias frente al Gobierno del Estado en relación al Real Decreto 425/1984, de 8 de febrero. En este escrito se dice, en síntesis, lo siguiente:
7. El Real Decreto 275/1984, de 11 de enero, sobre reestructuración y reconversión del viñedo invade, para la representación del Gobierno Vasco, la competencia del País Vasco en materia de agricultura, de denominación de origen y de organización institucional. La invasión de la competencia en materia de agricultura estriba, a juicio del promotor del conflicto, en que, al encomendar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la promoción en todo el territorio nacional de un Plan de Reestructuración y Reconversión del Viñedo y la declaración de las zonas susceptibles de reestructuración y/o reconversión (arts. 1 a 5), al reconocerle la facultad de recabar de las Comunidades Autónomas cuanta información sea necesaria al respecto (art. 6) y al habilitarle para dictar las medidas necesarias de ejecución y desarrollo del Real Decreto (art. 7), la intervención del Estado excede de lo que permite la cláusula de ordenación general de la economía, al tiempo que no se respetan las exigencias impuestas por el art. 131 de la C. E. para la elaboración de planes económicos. Asimismo, se considera infringido el principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas (art. 156 de la C. E.) por el art. 5, que en su párrafo segundo prevé que las ayudas que se establezcan en la declaración de una zona susceptible de reconversión y/o reestructuración se adecuarán a las circunstancias concretas de cada una de las zonas viticolas objeto de actuación y serán aplicadas por las Comunidades Autónomas conforme a la normativa en vigor. La invasión de la competencia en materia de denominación de origen no se concreta en razonamiento alguno, y, por último, la competencia en materia de organización institucional se entiende transgredida por el art. 4.1 del Real Decreto que prevé la audiencia a las Organizaciones Profesionales Agrarias y, en su caso, otras instituciones afectadas».
Por lo que se refiere a la competencia estatal en materia de ordenación general de la economía, es de señalar que lo que fundamentalmente hace el Real Decreto es establecer las líneas de actuación relativas a la reestructuración y reconversión del viñedo, con el fin de conseguir los objetivos económicos que en su preámbulo se fijan para el sector;corregir los desequilibrios interterritoriales y el desequilibrio estructural del mercado del vino así como fomentar el mercado nacional e internacional de caldos de calidad y aumentar la competitividad de la producción vitivinícola nacional.
El Gobierno Vasco considera que, dado que las líneas de actuación previstas y las medidas adoptadas se integran en un Plan de Reestructuración y Reconversión, debió cumplirse con las exigencias derivadas del art. 131 C. E. Pero, como ya señalara la STC 29/1986, el art. 131 de la Constitución responde a la previsión de una posible planificación económica de carácter general como indica su propio tenor literal, y de los trabajos y deliberaciones parlamentarias para la elaboración de la Constitución se deduce también que se refiere a una planificación conjunta, de carácter global de la actividad económica. Por ello resulta claro que la observancia de tal precepto no es obligada constitucionalmente en una planificación de ámbito más reducido, por importante que pueda ser (fundamento jurídico 3.º).
SAP Burgos 316/2011, 14 de Julio de 2011
ATS 508/2017, 2 de Marzo de 2017
SAP Jaén 11/2000, 20 de Enero de 2000
STSJ Canarias 783/2007, 18 de Octubre de 2007

References: Real Decreto 
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