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Timestamp: 2019-11-12 05:40:24+00:00

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BOC - 1996/087. Viernes 19 de Julio de 1996 - 1151
1996/087. Viernes 19 de Julio de 1996
BOC Nº 087. Viernes 19 de Julio de 1996 - 1151
1151 - LEY 3/1996, de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones.
d) Impulsar el desarrollo integral de las personas mayores, en orden a la consecución del máximo bienestar en sus condiciones de vida, prestando especial atención a las personas de edad superior a los 80 años, en razón de la necesidad que presentan de una mayor protección.
g) Promocionar y difundir la función social de las personas mayores en la sociedad canaria. h) Promover la permanencia de los mayores en el contexto sociofamiliar en el que han desarrollado su vida.
1. La presente Ley será de aplicación a todos los ciudadanos que, teniendo la condición política de canarios, determinada en el Estatuto de Autonomía de Canarias:
a) Sean mayores de 60 años.
c) O sean pensionistas mayores de 50 años que estén afectados de incapacidad física, psíquica o sensorial en los casos en que sus circunstancias personales, familiares o sociales así lo requieran.
Artículo 3.- Criterios de actuación.
d) Potenciar la implicación social por medio del desarrollo de medidas de responsabilidad pública y social que promuevan la solidaridad y la iniciativa social hacia las personas mayores con especiales necesidades de atención. TÍtulo I
Artículo 4.- Principios informadores.
f) Las relaciones humanas entre las personas mayores y el resto de los ciudadanos de Canarias, han de estar presididas por el diálogo y la comprensión mutua para hacer frente adecuadamente a los problemas de la vejez, aprovechando la contribución positiva de las personas mayores al desarrollo social, a través de mecanismos mutuos de acción y participación.
CapÍtulo I De la participaciÓn
Artículo 5.- Promoción de la participación.
Artículo 6.- Consejo Canario de los Mayores.
3. El Consejo Canario de los Mayores, como órgano representativo del colectivo de personas mayores del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, elegirá a los representantes de los mayores en el Consejo General de Servicios Sociales, creado por la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales.
e) Promover acciones, de todo tipo, en apoyo de los derechos e intereses de los mayores. 2. Las Administraciones públicas canarias facilitarán al Consejo Canario de los Mayores la información necesaria para el cumplimiento de los anteriores objetivos.
Artículo 10. - Ámbito de la atención.
Artículo 11.- Actuaciones en el campo de la salud.
a) Reconversión progresiva de los hogares y clubes para la tercera edad, dependientes de los Servicios Sociales, en centros de día polivalentes con actividades enfocadas a la consecución del máximo grado posible de independencia para personas mayores con incapacidad leve o moderada. b) Transformación, igualmente progresiva, de las actuales residencias de válidos en centros de cuidados continuados.
Artículo 12.- Promoción de la educación para la salud.
Artículo 13.- Promoción de la cultura y ocio.
1. Deberá propiciarse el aprovechamiento de la riqueza cultural de los mayores, para potenciar su autovaloración y salvaguardar el patrimonio y las tradiciones culturales. 2. Las actividades programadas por los centros o instituciones destinadas a las personas mayores deben proyectarse desde una perspectiva cultural, de modo que constituyan un elemento que enriquezca y aporte bienestar a sus destinatarios y a cuantos se relacionen con ellos.
4. Los programas de actividades de ocio y tiempo libre deben elaborarse teniendo en cuenta el entorno socio-cultural de los mayores y sus intereses y aspiraciones individuales y comunitarias, así como realizarse de modo que el protagonista de la actividad sea la persona mayor.
5. Se potenciará el ejercicio físico de los mayores, en coordinación con los centros de atención primaria de salud, que orientará a la persona mayor sobre el tipo adecuado de actividad física a realizar, promoviendo el uso de todas las instalaciones deportivas dependientes de las Administraciones públicas, al objeto de garantizar su máxima rentabilidad social.
Artículo 14.- Instrumentos de actuación.
Artículo 15.- Apoyo a la permanencia en el propio hogar.
1. La adopción de medidas destinadas a facilitar la permanencia en su domicilio habitual de las personas mayores, mediante el fomento de su autonomía personal y la mejora en las condiciones de habitabilidad y acceso de su vivienda. 2. El apoyo a las familias que habitualmente conviven con mayores, con especial atención a la figura del cuidador efectivo de los mismos, tanto en su formación e información, como en la posibilidad, en su caso, de alojamiento alternativo temporal.
Artículo 16.- Programas alternativos.
Artículo 17.- Alojamientos y estancias.
Artículo 18.- Ubicación.
Los recursos de alojamiento y estancia, tanto públicos como privados, para personas mayores que se establezcan en Canarias, deberán estar ubicados lo más próximos posible a las zonas de mayor actividad socio-comunitaria, a la vez que bien comunicados con los Servicios de Salud.
Artículo 19.- Condiciones y requisitos.
El Gobierno desarrollará reglamentariamente las condiciones y requisitos que han de reunir los recursos públicos y privados de alojamiento y estancia para personas mayores radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias en lo referente a aspectos higiénico-sanitarios, acceso y recorridos interiores, instalaciones, dependencias, medidas de protección anti-incendios y características generales de la edificación adecuados a las necesidades de cada tipo de usuario.
Artículo 20.- Organización y funcionamiento.
Artículo 21.- Apertura.
La apertura y funcionamiento de centros de alojamiento y de estancia públicos y privados para personas mayores en Canarias estarán sujetos a la autorización del departamento competente en materia de Asuntos Sociales, de conformidad con lo que reglamentariamente se determine.
Artículo 22.- Solicitudes de acceso.
1. El acceso al disfrute de los servicios prestados en los centros de alojamiento y de estancia, públicos o privados con participación de la Comunidad Autónoma en su financiación, a los que se refiere esta Ley, se realizará previa solicitud de los interesados.
Artículo 23.- Fijación de los precios públicos.
La cuantía de los precios de los servicios de alojamiento y estancia regulados en la presente Ley será establecida de conformidad con el Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y normativa de desarrollo. Las personas que carezcan de los recursos suficientes para abonar su importe tendrán derecho, en la forma y condiciones que reglamentariamente se determinen, a la exención del pago del total o de una parte del coste efectivo de la plaza que ocupen.
Artículo 24.- Garantías del pago.
Artículo 25.- Centros residenciales de asistidos.
Son centros residenciales de asistidos aquellos centros de cuidados continuados, destinados a prestar alojamiento a personas mayores que, por causa de deterioro físico o mental, requieran una actuación básica, cuidados médicos y de enfermería, y cuya situación de vida digna no pueda ser mantenida en su domicilio, aún utilizando todos los recursos sociales y sanitarios.
Artículo 26.- Centros residenciales de válidos.
Artículo 27.- Centros residenciales mixtos.
Son centros residenciales mixtos aquellos destinados al alojamiento y atención conjunta de personas mayores válidas y asistidas.
Artículo 28.- Viviendas tuteladas.
Artículo 29.- Centros de día.
Artículo 30.- Centros de estancia diurna.
Artículo 31.- Centros de estancia nocturna.
Artículo 32.- Centros de alojamiento o estancia singulares.
Artículo 33.- Condiciones específicas de los centros.
Se determinará reglamentariamente las condiciones específicas que deberán reunir los centros relacionados en los artículos anteriores, de acuerdo con las características de los mismos, el grado de autonomía o invalidez y las circunstancias sociales de los usuarios a cuya atención se destinan.
Artículo 34.- De la Comisión Tutelar del Mayor Incapacitado.
Artículo 35.- De la asistencia e información al Mayor.
Artículo 36.- Ámbito de la inspección y control.
Artículo 37.- Personal de inspección.
2. La materialización de los actos de inspección se realizará mediante acta levantada el efecto. TÍtulo V
Artículo 39.- Sujetos responsables.
Artículo 40.- Suspensión de la tramitación.
Artículo 41.- Infracciones administrativas.
Artículo 42.- Clases.
Las infracciones se califican como leves, graves o muy graves en atención a la importancia del perjuicio causado, la relevancia o transcendencia social de los hechos, el grado de intencionalidad o negligencia en su comisión y, en su caso, la reincidencia en las mismas.
Artículo 43.- Infracciones leves.
a) Las irregularidades de carácter formal en el cumplimiento de la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de personas mayores. b) Las derivadas de negligencia, siempre que de las mismas no se deduzcan perjuicios para los beneficiarios o no impidan o dificulten el correcto funcionamiento del servicio o centro.
c) La inobservancia, por parte de los usuarios de los centros o servicios, de las normas señaladas en el correspondiente reglamento interno, que generen una alteración o distorsión de escasa entidad en la normas de convivencia, respeto mutuo, solidaridad del colectivo y participación.
Artículo 44.- Infracciones graves.
b) El incumplimiento de la normativa establecida para la atención de las necesidades básicas sanitarias, farmacéuticas, y/o asistenciales de los usuarios, así como las de higiene y limpieza, que les comporten riesgos o perjuicios que no afecten a su integridad física o mental.
c) Las infracciones señaladas en el artículo 43.c), cuando las consecuencias de las mismas constituyan un considerable trastorno del funcionamiento y/o convivencia del centro o servicio.
Artículo 45.- Infracciones muy graves.
a) La reincidencia en la comisión de faltas graves. b) La comisión, en el plazo de un año, de dos infracciones de las señaladas en el punto c) del artículo anterior.
g) El incumplimiento de la normativa establecida para la atención de las necesidades básicas sanitarias, farmacéuticas, y/o asistenciales de los usuarios, así como las de higiene y limpieza que les comporten riesgos o perjuicios que afecten a su integridad física o mental.
Artículo 46.- Clases y graduación.
b) Infracciones graves, con multa de 500.001 pesetas a 2.500.000 pesetas, cuando la infracción fuera cometida por el titular del centro o servicio.
c) Infracciones muy graves, con multa desde 2.500.001 a 10.000.000 de pesetas para las infracciones cometidas por titulares de centros o servicios. En aquellos casos en que las infracciones muy graves fueran cometidas por los usuarios de centros o servicios del Gobierno de Canarias, con la privación de los derechos de usuario por tiempo superior a un año o con carácter definitivo en todos los centros o servicios públicos o privados en cuya financiación participe la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. Las sanciones pecuniarias previstas anteriormente serán actualizadas por el Gobierno de Canarias conforme a la variación del Índice de Precios al Consumo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Primera.- Se instituyen los Premios de Solidaridad con los Mayores, como reconocimiento público a las personas físicas o jurídicas que destaquen notoriamente por su especial solidaridad con las personas mayores.
Segunda.- Se modifica parcialmente la Ley 1/1985, de 12 de febrero, del Diputado del Común, añadiendo un apartado 5º al artículo 9, del siguiente tenor:
Uno de los Adjuntos de la institución del Diputado del Común tendrá encomendada la responsabilidad de velar especialmente por la protección de los derechos de los mayores. Tercera.- Se modifica parcialmente el Decreto 5/1995, de 27 de enero, sobre composición, organización y funcionamiento del Consejo General de Servicios Sociales de Canarias, añadiendo un párrafo e) al apartado 1 de su artículo 3, del siguiente tenor:
El representante de las Asociaciones de Tercera Edad y el de los Usuarios de Centros de Tercera Edad serán designados por el Consejo Canario de los Mayores de la Comunidad Autónoma Canaria.
Primera.- Los centros y establecimientos residenciales para personas mayores existentes en la Comunidad Autónoma de Canarias dispondrán de un plazo de dos años para presentar, para su aprobación, el proyecto de reglamento de régimen interior regulado en el artículo 20 de la presente Ley, ante el órgano de la Consejería competente en materia de Asuntos Sociales.
Segunda.- El Gobierno de Canarias establecerá reglamentariamente los plazos de adaptación a lo previsto en esta Ley de los centros y servicios creados con anterioridad a su entrada en vigor.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de julio de 1996.

References: Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44
 artículo 43

Artículo 45

Artículo 46
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 20