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Timestamp: 2020-08-15 20:11:22+00:00

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﻿ Sentencia 2006-00085 de noviembre 7 de 2013
SENTENCIA 2006-00085 DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA PENSIONAL. NO OBSTANTE EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SU ARTÍCULO 279 EXCLUYO A LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE SU APLICACIÓN, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE REGÍMENES ESPECIALES, LAS ALTAS CORPORACIONES JUDICIALES HAN CONFLUIDO EN LA POSIBILIDAD DE APLICAR UN PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD POR MEDIO DEL CUAL, EXCEPCIONALMENTE EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL COBIJA A QUIENES NO SON SUS DESTINATARIOS, CUANDO DE LA APLICACIÓN DE LOS REGÍMENES ESPECIALES DE SEGURIDAD SOCIAL SE EVIDENCIE UN TRATO DESFAVORABLE FRENTE A QUIENES SE ENCUENTRAN SOMETIDOS AL RÉGIMEN GENERAL ESTABLECIDO EN LA LEY 100 DE 1993. EN CONSECUENCIA, SI CUMPLIENDO LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES PARA ACCEDER A UNA PRESTACIÓN ECONÓMICA, SE LE ES NEGADA LA REFERIDA PRESTACIÓN EN UN RÉGIMEN ESPECIAL, PODRÍA ESTE SER COBIJADO POR LA NORMA GENERAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PENSIÓN DE INVALIDEZ, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, SISTEMA DE PENSIONES, MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ, RÉGIMEN PENSIONAL ESPECIAL, EXCEPCIONES AL RÉGIMEN ESPECIAL, RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO, PRESTACIONES SOCIALES DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA
Sentencia 2006-00085 de noviembre 7 de 2013
Radicación: 70001-23-31-000-2006-00085-01(0989-09)
Actor: Juan Francisco Martínez González
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional
Bogotá, D.C., siete de noviembre de dos mil trece.
Se trata de establecer en este caso la legalidad de las actas 229 del 18 de marzo de 2004 de la junta médico laboral que determinó una disminución en la capacidad laboral del actor en un porcentaje del 34.42%, por estrés postraumático y trastorno adaptativo con ánimo depresivo, y 2605-2656 de 15 de febrero de 2005 del tribunal médico laboral de revisión militar y de policía que modificó la decisión anterior en el sentido de aumentar el índice de la disminución de la capacidad laboral del demandante en un 52.42%.
En consecuencia, el asunto se contrae a establecer si el señor Juan Francisco Martínez González tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez por disminución de su capacidad laboral, equivalente al 52.42%.
Sobre la pensión de invalidez, esta corporación ha precisado que:
“… la pensión de invalidez constituye un derecho esencial e irrenunciable del trabajador que ha visto afectada parcial o totalmente su capacidad laboral y carece, en consecuencia, de las condiciones sicofísicas necesarias para abastecerse de los recursos mínimos que le garanticen una subsistencia digna.
Esta prestación ha guardado siempre una relación estrecha con derechos fundamentales como la vida, el trabajo y la seguridad social, por eso, ha merecido siempre la protección especial del Estado”(1).
En el presente asunto se tiene que el señor Juan Francisco Martínez González fue retirado de la Policía Nacional mediante la Resolución 4169 de 1º de diciembre de 1999 (fls. 358 a 361, exp.), con fundamento en la facultad discrecional que le otorgan al director general los artículos 55, 56 numeral 2º, literal f) y 67 del Decreto 132 de 1995.
El concepto médico de psiquiatría de 5 de febrero de 2003 (fl. 325, exp.), solicitado por el área de medicina laboral de la dirección de sanidad de la Policía Nacional reseña en relación con el demandante las siguientes afectaciones que repercutieron en su salud mental, incluso antes de ser retirado del servicio:
“Usuario quien acude a valoración por psiquiatría dentro del proceso de retiro. Se revisa fotocopia de historia clínica del psiquiatra tratante en 1999, Dr. Carlos Albis García de fecha diciembre 21 de 1999, diagnóstico previo de estrés postraumático manejado con Estelazine y Rivotril. Control en enero de 2000 en IPS de la Sabana donde se informa mejoría parcial de los síntomas. El paciente refiere exposición a eventos traumáticos de carácter bélico en múltiples ocasiones durante su desempeño como policial y de donde se deriva la sintomatología que expresa como irritabilidad, trastorno del sueño, sensación persecutoria. Después del retiro presentó sensación de minusvalía, desesperanza e ideación suicida. No refiere tratamiento para esta sintomatología. En la actualidad vive en Bogotá, no tiene oficio, no asiste a consulta por psiquiatría. Toma Clona Cepam automedicado sin control médico, según se refiere. El examen mental orientado en tiempo, persona y lugar, afecto, modulado, pensamiento lógico, sin ideación depresiva, ni delirante, inteligencia impresiona como promedio, introspección conservada.
IDX: Estrés postraumático por historia clínica. 2. Trastorno adaptativo con ánimo depresivo. Se observa persistencia de sensación de desesperanza con pobre adaptación al medio laboral. Existe sensación incapacitante ante el porte y uso de armamento por lo cual se sugiere su restricción.
Debe beneficiarse de psicoterapia de apoyo. Se sugiere la disminución del medicamento actual el cual no tiene supervisión médica y puede ocasionar adicción.
Según se establece de la historia clínica emitida por la Clínica Nuestra Señora de la Paz (fls. 180 a 183, exp.) el actor ha estado interno en dos ocasiones:
La primera entre el 21 de marzo y 9 de mayo de 2003, donde se hace mención a que se trata de un subintendente de la Policía Nacional retirado hace tres años, con historia de trastorno por estrés postraumático de cinco años de evolución, con cuadro caracterizado por elementos depresivos, ansioso, insomnio, sensación persecutoria, cefalea intensa, irritabilidad, evocación diurna y nocturna de vivencias traumáticas y crisis de agresividad y discontrol de impulsos. Durante su hospitalización se corrobora los elementos de cuadros clínicos, y se le ordenan los medicamentos de rigor.
La segunda entre el 17 de noviembre y el 1º de diciembre de 2004, donde señala que es un paciente de 36 años, ex-policía, casado y padre de dos hijos menores, con antecedentes de estrés postraumático con síntomas psicóticos, ingresa con ánimo triste, experiencias de flahs back, hiperalertización y sobre exaltación ante los estímulos, insomnio, ansiedad, alucinaciones visuales y auditivas amenazantes e ideación delirante persecutoria y de perjuicio, además impulso de agredir a los demás y a su familia, ideación de muerte por lo cual se hospitaliza. Fue tratado íntegramente por psiquiatría, trabajo social y terapia ocupacional. Se recomendó la asistencia a la clínica diariamente pero se negó a asistir debido a que no cuenta con los recursos económicos para transportarse diariamente a la institución, por lo cual queda pendiente gestionar un subsidio económico para que el paciente pueda beneficiarse del programa y así rehabilitarse. También se le ordena el suministro de medicamentos.
Igualmente, la historia clínica de la Policía Nacional (fls. 192 a 200, exp.) señala que durante el año 2004 fue atendido en cinco ocasiones, cuyos registros dan cuenta de lo siguiente:
— El 24 de febrero de 2004:
“Paciente quien según refiere la esposa participó de tres tomas guerrilleras y hostigamientos, eventos que según la esposa desencadenaron alteraciones del patrón del sueño, conductas paranoides. Fue atendido en Sincelejo por siquiatría en 1999. Le ordenaron Rivotril CBZ y droga cuyo nombre no recuerda”.
“Fue atendido en Bogotá por el Dr. Romo quien inició TTO intrahospitalario en Clínica de La Paz en marzo de 2003. Permaneció hospitalizado 6 semanas se le DX trastorno por estrés postraumático severo y crónico y T depresivo mayor”.
“Fue dado de alta con CMZ, Clonazepam Sertralina”.
“Actualmente con alteraciones del contenido del pensamiento el cual está interferido por ideas de persecución y escatológicas”.
— El 13 de agosto de 2004:
“Hace varios meses sin medicación y control, presenta reactivación de síntomas ansiosos y psicóticos, hetero agresividad, insomnio, conductas inadecuadas, negativismo, hoy llega mutista, no se relaciona, afecto aplanado, irritable, juicio y raciocinio comprometidos, cuenta con buen apoyo familiar de su esposa y de un hermano que lo acompaña hoy”.
“Pobre relación con el entorno, afecto plano, conductas bizarras, tiende a deambular. Irritable”.
— El 13 de septiembre de 2004:
“Hoy viene con la esposa América. Ha mejorado clínicamente con tratamiento farmacológico. Hipoacusia. Refiere que algunas noches siente los guerrilleros fuera de su casa o debajo de la cama. Tiene pesadillas en las que lo están matando y persiguiendo. Esto se acompaña de alucinaciones auditivas, le habla. Miedo salir a la calle. Refiere que cuando su hijo se acerca a jugarle siente deseos de agredirlo. Refiere que no le encuentra sentido a la vida. Su esposa manifiesta que su comportamiento ha mejorado. Afecto aplanado. Juicio y raciocinio comprometido, cuenta con buen apoyo familiar de su esposa y de su hermano”.
“Presenta mejoría parcial, continúa con pesadillas, actitud paranoide, alucinaciones auditivas nocturnas. Hace unos días estuvo manipulando un cuchillo con el que se causó pequeñas heridas en la mano derecha. Ha manifestado ideación suicida. Su esposa manifiesta que con medicación anterior, posterior al egreso de la Clínica de La Paz tenía mejor control sintomático. Insiste en manejarlo desde su casa y se compromete a estar controlando estrictamente. Se dan indicaciones para acudir a urgencias en caso necesario. Información sobre línea 125”.
— El 12 de octubre de 2004:
“Dificultad de su esposa para traerlo a consulta pues el paciente tiene actividad delirante persecutoria altamente estructurada “La guerra siempre está pendiente para matarme” hay ideación suicida frecuente, minusvalía, desesperanza. Se recomienda hospitalización”.
— El 12 de noviembre de 2004:
“Ansioso, hipoacúsico, suspicaz, delirios paranoides, ideas minusválicas y suicidas. Desesperanza.
Se le practicó la junta médico laboral de policía, en cuya acta 229 de 18 de marzo de 2004 (fls. 365 a 367, exp.), se dejó consignado que el señor Juan Francisco Martínez González presenta una disminución en su capacidad laboral del 34.42%, por estrés postraumático.
La anterior decisión fue modificada por el acta del tribunal médico laboral de revisión militar y de policía 2605-2656 de 15 de febrero de 2005 (fls. 368 a 372, exp.), en el sentido de aumentar el índice de la disminución de su capacidad laboral al 52.42%, que surgió de la valoración del epicrisis de la Clínica Nuestra Señora de La Paz que le permitió concluir:
V. Decisiones
Teniendo en cuenta lo evaluado y lo calificado de acuerdo a lo establecido en el Decreto 94 de 1989, los miembros del tribunal médico laboral por unanimidad deciden “Modificar” las conclusiones de la JML 0229 de 18/03/04.
A. Lesiones - Afecciones - Secuelas.
A1. Trastorno de stress postraumático y depresión mayor que ha requerido varias hospitalizaciones.
A2. AV. CC OD 20/25.
A3. Audición normal.
B. Calificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad para el servicio.
Le determina una incapacidad permanente y parcial. No apto.
C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.
Le produce una disminución de la capacidad laboral del DCL 52.42%
D. Imputabilidad del servicio.
A1. Literal A.
A2. Literal A.
E. Fijación de los correspondientes índices:
A1. Se revoca numeral 3-040 literal A índice 5.
Se asigna numeral 3-040 literal B índice 14.
A2. Se ratifica numeral 6-053 índice 2.
A3. No hay lugar a fijar indemnización.
Según el dictamen anterior, el actor presenta reacciones agudas al stress con un índice de lesión en grado máximo y con alteraciones de agudeza visual. Lesiones, afecciones y secuelas que se presentaron en el servicio pero no por causa o razón del mismo.
El Decreto 94 de 11 de enero de 1989 “Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”, en el artículo 89 señala lo siguiente:
“ART. 89.—Pensión de invalidez del personal de oficiales, suboficiales y agentes. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y agentes, adquieran una incapacidad durante el servicio, que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el tesoro público y liquidada con base en las partidas señaladas en los respectivos estatutos de carrera, así:
b) El 75% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica que exceda del 75% y no alcance al 75% y no alcance el 95% (sic).
c) El 100% de dichas partidas cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%.
Este decreto clasificó las incapacidades e invalideces, y estableció las tablas para la calificación de estas últimas, teniendo en cuenta los índices de la lesión y la edad de la persona para determinar la indemnización en meses de sueldo, según la época en que sucedieron los hechos y las circunstancias en que ocurrieron los mismos, así como la época en que fue calificada la lesión, afectación o secuela y la incapacidad, de acuerdo con el concepto que para tal fin emita sanidad militar o de policía.
La valoración de la capacidad laboral del actor fue establecida por el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía mediante acta 2605-2656 de 15 de febrero de 2005 (fls. 368 a 372, exp.), donde estableció el porcentaje de disminución de su capacidad psicofísica en un 52.42%.
Teniendo en cuenta el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral asignado al señor Juan Francisco Martínez González, se tiene que éste no tiene derecho a que se le reconozca la pensión de invalidez prevista en el artículo 89 del Decreto 94 de 1989, pues la misma no iguala o supera el 75% que exige la norma.
Para la Sala la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el actor, permite al juez interpretar que la pretensión está encaminada a obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez en los precisos términos establecidos en los artículos 38 y siguientes de la Ley 100 de 1993, por virtud del principio de favorabilidad, al haber perdido su capacidad laboral en un porcentaje superior al 50%.
De acuerdo con los argumentos de la demanda y el recurso de apelación, el problema jurídico que se suscita en el presente asunto radica en la aplicación del principio de favorabilidad, conforme al cual, las previsiones establecidas en los artículos 38 y ss. de la Ley 100 de 1993 le resultan más beneficiosas.
Para la Sala es claro que el sistema general de seguridad social es de aplicación general, pues así lo precisó el artículo 11 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 797 de 2003.
Sin embargo, el artículo 279 ibídem, estableció la siguiente excepción:
“ART. 279.—El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas.
De conformidad con lo expuesto en la norma transcrita a los sectores que excluyó expresamente la citada ley de la aplicación del sistema integral de seguridad social, entre ellos, a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, no se les aplican los sistemas de pensiones, salud y riesgos profesionales allí establecidos, de manera que en principio el actor se encuentra excluido de su aplicación como lo entendió el a quo en la sentencia materia de inconformidad.
Sin embargo, esta corporación siguiendo las directrices establecidas por la Corte Constitucional ha señalado que excepcionalmente el sistema integral de seguridad social le es aplicable a quienes no son sus destinatarios, cuando de la aplicación de los regímenes especiales de seguridad social se evidencie un trato desfavorable frente a quienes se encuentran sometidos al régimen general establecido en la Ley 100 de 1993.
Así lo precisó:
iii) De la inaplicación de los regímenes exceptuados en materia de seguridad social.
Sobre este particular, estima la Sala que el derecho a la igualdad material no sufre en principio desmedro alguno por la sola existencia de regímenes especiales de seguridad social, pues esta específica normatividad tiene como propósito proteger los derechos adquiridos y, al mismo tiempo, regular unas condiciones prestacionales más favorables para cierto grupo de trabajadores a quienes se aplican.
No obstante ello, excepcionalmente, y cuando se demuestra que sin razón justificada las diferencias surgidas de la aplicación de los regímenes especiales generan un trato desfavorable para sus destinatarios, frente a quienes se encuentran sometidos al régimen común de la Ley 100 de 1993, se configura una evidente discriminación que impone el retiro de la normatividad especial, por desconocimiento del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política.
Así lo ha sostenido la Corte Constitucional en Sentencia C-461 de 12 de octubre de 2005, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz:
“Por las razones anteriores la Corte considera que el establecimiento de regímenes pensionales especiales, como aquellos señalados en el artículo 279 de la Ley 100, que garanticen en relación con el régimen pensional, un nivel de protección igual o superior, resultan conformes a la Constitución, como quiera que el tratamiento diferenciado lejos de ser discriminatorio, favorece a los trabajadores a los que cobija. Pero si se determina que al permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la Carta”.
Posteriormente, en Sentencia T-348 de 24 de julio de 1997 reiteró:
“En general, esta corporación ha considerado que la consagración de regímenes especiales de seguridad social, como los establecidos en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, no vulnera la igualdad, en la medida en que su objetivo reside, precisamente, en la protección de los derechos adquiridos por los grupos de trabajadores allí señalados. Salvo que se demostrare que la ley efectuó una diferenciación arbitraria, las personas vinculadas a los regímenes excepcionales deben someterse integralmente a éstos sin que pueda apelarse a los derechos consagrados en el régimen general”.
Bajo estos supuestos, advierte la Sala(4)(sic) la posibilidad de que, por vía de excepción, se deje de lado la aplicación de regímenes especiales de seguridad social cuando estos impliquen un trato desfavorable y discriminatorio al reconocido por el sistema general contenido en la Ley 100 de 1993”(2).
La Ley 100 de 1993, con las modificaciones que le introdujo la Ley 860 de 2003, reguló la institución jurídica de la invalidez, así como los criterios para establecerla en los siguientes términos:
“ART. 38.—Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.
“ART. 39.—Modificado. Ley 860 de 2003, artículo 1º. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración {** y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez**(3)}.
2. Invalidez causada por accidente. Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, {** y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez**}
PAR. 2º—Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, sólo se requerirá que haya cotizado veinticinco (25) semanas en los últimos tres (3) años”.
La misma ley estableció la forma de determinar el monto de la pensión de invalidez, en los siguientes términos:
“ART. 40.—El monto mensual de la pensión de invalidez será equivalente a:
a) El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%;
b) El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66%;
De las normas transcritas se estable que los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de invalidez son los siguientes:
— Que se trate de un afiliado al sistema.
— Que hubiere cotizado por lo menos 50 semanas, durante los últimos tres años anteriores al momento de producirse el estado de invalidez.
— Que hubiere perdido el 50% o más de la capacidad laboral.
Al verificar si el actor cotizó por lo menos cincuenta (50) semanas dentro de los tres (3) años inmediatamente anteriores al momento en que se produjo su estado de invalidez, la Sala encontró probado que los dictámenes emitidos por la junta médico laboral y tribunal médico laboral de revisión militar y de policía, acusados, obedecieron a la valoración médica del actor por novedad de retiro.
En el acta 229 de 18 de marzo de 2004 de la junta médico laboral (fls. 365 a 367, exp.), se dejó consignado que el señor Juan Francisco Martínez González prestó servicios por espacio de 8 años, equivalentes a 416 semanas, razón por la cual se entiende que, en su condición de subintendente hizo parte del régimen de cotizaciones previsto para el sistema de seguridad social de las Fuerzas Militares, en el artículo 19 de la Ley 352 de 17 de enero de 1997.
Además, quedó plenamente probado que el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía mediante acta 2605-2656 de 15 de febrero de 2005 (fls. 368 a 372, exp.), estableció el porcentaje de disminución de la capacidad psicofísica del señor Juan Francisco Martínez González en un 52.42%.
Bajo el supuesto anterior, para la Sala es evidente que el demandante satisfizo los requisitos exigidos por los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, pues por virtud de su afiliación al sistema de seguridad social de las Fuerzas Militares cotizó por más de 50 semanas durante los últimos tres años, y se disminuyó su capacidad psicofísica en más de un 50%, el cual es suficiente para el reconocimiento de la pensión de invalidez, razón por la cual no tendría ningún sentido decretar la nulidad de los actos acusados, como quiera que los mismos le abrieron la posibilidad a dicha pensión en razón a que establecieron la disminución de su capacidad laboral en un porcentaje del 52.42%.
Debe tenerse en cuenta que esta corporación abrió la posibilidad de demandar los actos de las junta médicas y tribunales médico laborales, porque muchos de sus dictámenes a la luz de la normativa especial imposibilitaban continuar con el trámite o procedimiento administrativo para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
No obstante, luego del análisis antes plasmado, los actos acusados no impiden lo pretendido por el actor conforme a la normativa del sistema general de seguridad social, razón por la cual son los indicadores útiles para acceder a la pensión de invalidez, como quedó dicho.
Así las cosas y sin necesidad de más consideraciones, la Sala revocará el fallo de primera instancia, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Sucre denegó las súplicas de la demanda.
En su lugar, se ordenará a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional que reconozca y pague la pensión de invalidez al señor Juan Francisco Martínez González en cuantía equivalente al 45% del salario que devengaba un subintendente de la policía nacional el día 15 de febrero de 2005, fecha en que el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía estructuró la disminución de su capacidad sicofísica en un porcentaje del 52.42%, sin que en ningún caso sea inferior al salario mínimo legal, tal como lo dispone el literal a) del artículo 40 de la Ley 100 de 1993 por haber acreditado cotizaciones equivalentes a 416 semanas.
Las sumas que resulten a favor del demandante, se ajustarán en su valor como lo ordena el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Donde el valor (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por el señor Juan Francisco Martínez González, por concepto de mesadas pensiónales desde el 15 de febrero de 2005, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de la sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago).
Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, empezando por la primera mesada pensional que se dejó de devengar, y para los demás emolumentos, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.
Liquidada la pensión en los términos indicados, a la mesada pensional para los años siguientes a la fecha en que se ordenó su reconocimiento, se le harán los reajustes legales anuales, en los términos ordenados en la ley.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección “A”, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,
REVÓCASE la sentencia de 5 de marzo de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual denegó las súplicas de la demanda dentro del proceso promovido por el señor Juan Francisco Martínez González.
CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a reconocer y pagar al señor Juan Francisco Martínez González la pensión de invalidez a partir del 15 de febrero de 2005, fecha en que el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía estructuró la disminución de su capacidad sicofísica, sin que en ningún caso sea inferior al salario mínimo legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 38, 39 y 40 de la Ley 100 de 1993 y las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
La suma que resulte a favor del actor se actualizará y reajustará en la forma y términos señalados en la parte considerativa de la presente sentencia.
A la sentencia se dará cumplimiento en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.»
(1) Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A, Expediente 23001-23-31-000-2005-01715-01 (N.I.1279-10), sentencia de 23 de mayo de 2011, Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero. Actor: Manuel Enrique Torres - contra - Mindefensa - Policía Nacional.
(4)(sic) En este mismo sentido pueden verse los siguientes pronunciamientos: Consejo de Estado - sentencias de 23 de julio de 2009, radicación 1925-2007. Actor: William Tapiero Mejía, M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve; sentencia 13 de febrero de 2003, radicación 1251-2002, M.P. Alberto Arango Mantilla.
(2) Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B, expediente 76001-23-31-000-2007-00234-01 (N.I.1630-10), sentencia de 6 de octubre de 2011, M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Actor Hernando Balanta Mezu - contra - Mindefensa - Policía Nacional.
(3) Corte Constitucional. Sentencia C-428 de 1º de julio de 2009. Los textos en corchete [*** subrayados] fueron declarados inexequibles.

References: ARTÍCULO 279
 Resolución 
 artículo 89
 artículo 89
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 279
 artículo 13
 artículo 279
 artículo 13
 artículo 279
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 40
 artículo 178