Source: http://crysol.blogspot.com/2013_02_01_archive.html
Timestamp: 2017-10-16 22:17:55+00:00

Document:
Crysol: febrero 2013
La diaria - 28 2 13
Juan Raúl Ferreira denunció amenazas de diputado blanco.
El director de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Juan Raúl Ferreira, denunció “presiones políticas” tras los pronunciamientos de esta oficina referidos al traslado de la jueza penal Mariana Mota a la órbita civil y al fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que determinó la inconstitucionalidad de los artículos segundo y tercero de la ley 18.831, que buscaba declarar de lesa humanidad los delitos que estaban comprendidos en la Ley de Caducidad y por tanto imprescriptibles. “A lo largo del día de hoy [por ayer] he recibido muchas presiones políticas por estas dos supuestas declaraciones de la INDDHH”, expresó Ferreira, que dijo que estas presiones fueron tanto telefónicas como por la red social Twitter.
El ex diputado del Partido Nacional dijo que el responsable de “estas presiones y en algunos casos amenazas” es el diputado nacionalista José Carlos Cardoso, quien “no leyó ninguna de las dos declaraciones, porque nada de lo que dice que estas declaraciones sostienen figura en ellas”. Ferreira dijo remitirse a lo expresado por la INDDHH, que “no tiene nada que ver con lo que expresó el diputado” Cardoso, y agregó: “No voy a integrar su show mediático que lo puede estar precisando, pero yo no y el país tampoco”.
Ayer la diaria publicó cuestionamientos a los pronunciamientos de la INDDHH por parte de legisladores blancos y colorados, entre ellos Cardoso. El diputado sostuvo entre sus críticas que esta oficina “se apresuró” y que no tenía competencias para pronunciarse sobre el caso de Mota.
Consultado anoche por este medio, el diputado negó las acusaciones de Ferreira y dijo que hasta ayer jamás le había mandado un mensaje ni lo había llamado. Su versión fue muy distinta: contó que, tras leer la nota con sus críticas a la INDDHH, Ferreira le mandó un mensaje de texto insultándolo sin siquiera presentarse [no tenía su número] y luego de ser consultado sobre quién era continuó con los insultos, al punto de que “le gritó a mi secretaria”.
Legisladores de la oposición criticaron los últimos pronunciamientos de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
La Diaria - 27 2 -13
Las recientes declaraciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) no pasaron desapercibidas en la oposición. En los últimos días este órgano se expresó por el traslado de la jueza penal Mariana Mota a un juzgado civil y por el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) respecto de la ley 18.831, que establecía la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar.
La INDDHH había advertido el jueves sobre la inconveniencia de trasladar a una jueza especializada en derechos humanos como era Mota y había observado que no era la primera vez que la Corte hacía un mal uso de sus recursos. Este lunes la institución volvió a cuestionar a la SCJ, esta vez por su fallo respecto de la ley 18.831. El eje de su crítica fue que el órgano máximo del Poder Judicial hizo primar el derecho interno por encima de los tratados internacionales que Uruguay ratificó e incorporó a su legislación interna, que establecen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. La visión del organismo, contaria a la del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC), fue cuestionada por legisladores de la oposición.
El diputado blanco José Carlos Cardoso dijo que le llamó la atención el “apuro” con el que la INDDHH emitió su opinión en este último tema. “Pareció que estaban necesitados de hablar y aparecer, debieron haber sido un poco más calmos, porque mañana pueden quedar enredados en medio de un lío”, expresó el legislador, quien además agregó que fue “un poco exagerado” que la INDDHH le marque el paso a la SCJ. También sostuvo que no le ve competencias a esta oficina para opinar sobre el traslado de los jueces, como hizo en el caso de Mota.
Ana Lía Piñeyrúa fue más lejos todavía: dijo discrepar “radicalmente” con las manifestaciones de la INDDHH. La ex ministra de Trabajo opinó que los integrantes de la institución hicieron un “pronunciamiento infundado” con el traslado de Mota y dijo no compartir el “fundamento” del último pronunciamiento, divulgado el lunes por el organismo.
“Estoy en desacuerdo con que el derecho internacional pueda estar sobre las normas nacionales. Es una nueva tesis que le da una superioridad jerárquica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una renuncia a las decisiones soberanas de la República”, manifestó. Para Piñeyrúa, la INDDHH “no es muy plural”, ya que sus integrantes fueron designados sin mayorías especiales en el Parlamento.
La conformación del cuerpo se votó, en mayo de 2012, por mayoría simple en un tercer intento, ya que en las dos instancias anteriores no se pudo llegar a los tres quintos de la Asamblea General que exigía su ley de creación. Sin embargo, en la votación final el único nombre votado en soledad por el FA fue el de la ex fiscal Mirtha Guianze, especializada en derechos humanos. Según Piñeyrúa, la integración plural que “se pretendió en un principio para esta institución no se consiguió”.
Por su parte, el senador colorado Ope Pasquet admitió que no le ha dado mucha importancia a la INDDHH, ya que “en definitiva el FA la integró como quiso y no tuvo en cuenta las propuestas de los partidos tradicionales, así que no me extraña que actúe acorde con el Poder Ejecutivo”. Según agregó, de la institución no espera “más que una conducta oficialista”.
El diputado de ese mismo partido Fitzgerald Cantero admitió que la INDDHH ha coincidido con las visiones del gobierno en varios temas: “Lamentablemente no nació de la mejor manera y no se pudieron alcanzar los acuerdos necesarios para una integración plural”. En ese marco, dijo que en función de quiénes la integran y de que “algunos están por razón política y no técnica, me parece natural que se expidan como lo hacen”.
A pesar de estas críticas, varios legisladores de la oposición se negaron a cuestionar a la INDDHH. Entre ellos, el presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, quien dijo que esta oficina “no está sujeta a temas partidarios”: “Los votamos para que opinen en función de su saber y entender. No vamos a andar juzgándolos en función de eso”, opinó.
La diaria - 26 2 13 - Por Diego Recoba
El camino hasta la Plaza Libertad, lugar elegido por los convocantes para manifestarse en rechazo al fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la ley 18.831, estaba complicado. Un enorme vallado policial no sólo impedía arrimarse al edificio de la SCJ -significativamente ubicado en el pasaje de los Derechos Humanos- sino que ya cortaba el acceso por la calle San José, a la altura de Paraguay.
Poco antes de las 18.00, una enorme bandera uruguaya nucleaba a los primeros que llegaban hasta el lugar, pero rápidamente perdió esa exclusividad, debido a la afluencia de gente por los tres costados de libre circulación y a la llegada de organizaciones con sus banderas.
Más temprano, había circulado un correo electrónico en el que militantes de izquierda “no frenteamplista” convocaban a ubicarse en la vereda opuesta (en sentido literal) a aquella en la que estarían los líderes de los diferentes sectores de la coalición de gobierno.
Pero al llegar a la concentración surgía la duda, porque nunca quedó explicitado cuál era la vereda para los dirigentes del FA y cuál para los militantes que les reprochaban a los legisladores los pocos esfuerzos realizados para anular la Ley de Caducidad.
Lo cierto es que era posible encontrar de un lado y del otro de la avenida 18 de Julio a figuras frenteamplistas, entre las que se encontraban Eduardo Lorier, Juan Castillo, Enrique Rubio, Roberto Conde, Eduardo Fernández, Mónica Xavier, Ivonne Passada, Rafael Michelini, Eduardo Brenta, Edgardo Ortuño, Lucía Topolansky, Luis Puig, Aníbal Pereyra, Daniela Payssé, Alberto Couriel, Miguel Fernández Galeano y Yerú Pardiñas, entre otros.
En un momento, la vereda simbólica empezó a quedar más claramente delineada. Por 18 de Julio, desde Cuareim, una columna de varias organizaciones estudiantiles, sociales y políticas llegó con una pancarta que establecía con claridad los matices existentes entre los convocantes: “Parlamentarios del FA. Ésta es su responsabilidad”, decía el cartel.
En la plaza, además de banderas de sindicatos, organizaciones estudiantiles y algunas pocas banderas partidarias, se podía ver un amplio despliegue de medios nacionales y hasta algunos internacionales, como la Televisión Pública de Argentina.
La delegación del otro lado del río también incluía a representantes del Ministerio de Desarrollo (“militantes” me corrigieron), y de Madres de Plaza de Mayo. También había personalidades de diversos ámbitos como los artistas Jorge Schellemberg (actual director de la Sala Zitarrosa), Pablo Pinocho Routin, el cineasta Mario Handler, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, la activista Lilián Abracinskas, el abogado Óscar López Goldaracena, entre otros, que esperaban, conversando, el comienzo de la actividad.
La consigna de la convocatoria se cumplió y todo se desarrolló en silencio (o en el único silencio posible cuando se junta tanta gente), hasta que cerca de las 18.30, algunos cánticos seguidos por aplausos le dieron pie al himno nacional, que fue entonado por los concurrentes. Fue uno de los momentos más emocionantes de la tarde, con militantes, fundamentalmente los nucleados en torno al monumento a la Libertad, que cantaban el himno con lágrimas en los ojos y el puño en alto con el “tiranos temblad”.
Luego de eso, la gran mayoría de las figuras del Frente Amplio se retiraron y el sentimiento que reinaba entre la gente era el ¿y ahora qué? Estaba planteado concentrarse y cantar el himno, pero después nadie sabía de qué iba la propuesta. Por eso cada vez que había algún grupo de aplausos, un griterío, o un ruido fuera de lo común, la gente estiraba el cuello para ver de qué se trataba eso, con la esperanza de que fuera la próxima etapa de la concentración.
En un momento se escucharon muchos aplausos, que festejaban una representación. Una persona disfrazada de granadero y con un cartel que decía “SCJ” agredía y tenía inmovilizada a una persona con los ojos tapados por una venda que decía “Frente Amplio”, las manos atadas y la boca tapada con un bozal con el logo del PIT-CNT.
Durante la jornada, algunos dirigentes dieron sus impresiones. Lorier declaró que en la convocatoria “hay una subjetividad presente que es la de todos los uruguayos indignados, desilusionados por el paso atrás que se ha dado en materia de justicia en nuestro país”.
El senador Rubio, en tanto, planteó que “hay separación de poderes pero no repúblicas aparte” y consultado sobre las críticas de la oposición ante la posibilidad de que el acto de ayer atentara contra la Constitución, se preguntó: “¿Qué hacían en abril del 2008 en la puerta de la SCJ [Jorge]Larrañaga, [Luis Hierro] López, [Aldo] Lamorte, [Pablo] Mieres, realizando un acto?”, en referencia al pedido de declarar la inconstitucionalidad del IRPF.
Pero también hubo otras opiniones. Los militantes, muchos de ellos víctimas de los crímenes que el fallo de la Corte mandó cerrar, empezaron a juntarse en grupitos y resultaba más interesante escuchar las conversaciones de esos militantes anónimos que la de los líderes políticos. En un grupo de mujeres que habían sido detenidas y torturadas en la dictadura cívico-militar, se criticaba a Eleuterio Fernández Huidobro y su expresión de “pacto de guerreros”. Una señora, con una mezcla de rabia y decepción en su expresión, decía que “Huidobro si quiere perdonar a los milicos por una cuestión de guerreros que lo haga, pero que no pretenda que todos lo hagamos. Menos nosotros, que fuimos la verdadera carne de cañón de la dictadura, a quienes nos molían en los cuarteles y las cárceles”.
Un par de veteranos tenían “rabia” por “lo respetuoso que es el uruguayo”. “Acá están los legisladores que no hicieron nada por anular esta ley, y nadie les dice nada”, vociferaba. Otro grupo hablaba sobre lo tranquila que había estado la concentración. Una señora bajita esperaba que “viniera alguien a decirle que se trataba de una broma”, y señalaba que la decisión de la Corte había generado que “la rabia del viernes” se transformara ayer “en una mezcla de confusión y de ganas de despertar de un mal sueño”.
La diaria - 26 2 13 -
Columna de opinión. Por Marcelo Pereira
El 6 de junio de 1973, tres meses antes del golpe de Estado contra Salvador Allende y cuando la coyuntura, ya crítica, incluía duros enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, el periódico Puro Chile publicó en su portada dos noticias diagramadas de tal modo que la foto del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, sobre una de ellas, quedara ubicada junto al gran titular de la otra, “¡VIEJOS DE MIERDA!”.
Aún se discute aquel hecho: algunos consideran que fue la expresión más destacada del modo en que los medios de comunicación contribuyeron a polarizar la situación del país, con un estilo de descalificación personal que no dejaba espacio para el razonamiento político y la búsqueda de acuerdos; hay quienes hacen autocrítica por ello, mientras otros insisten en que fue un gesto legítimo y necesario de repudio.
Sea como fuere, hoy, en Uruguay, es importante tratar de comprender los acontecimientos en curso, para que cada uno pueda tomar decisiones de la mejor calidad posible con miras al mañana. A las marchas y concentraciones en silencio se les pueden atribuir muchos significados; necesitamos palabras que ayuden a enriquecer reflexiones colectivas, para delimitar un “nosotros” e identificar posibilidades de acción.
A esos efectos, no aporta mucho vociferar insultos. Tampoco aportan, por cierto, argumentaciones alambicadas como las que abundan en el fallo de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la constitucionalidad de la ley 18.831, adornadas con palabras y frases en latín, francés e italiano que la corporación no consideró necesario traducir. Ni aporta el coro lastimero de quienes se han erigido, de improviso, en celosos custodios de la separación de poderes del Estado y la seguridad jurídica, después de haberlas avasallado con la Ley de Caducidad que pergeñaron y defendieron durante décadas.
Quizás aporte algo señalar que, en el terreno de la doctrina jurídica, las posiciones en mayoría y en minoría recogidas en ese fallo se alinean con sendas corrientes de opinión mundiales respecto a las relaciones entre el derecho internacional humanitario y la soberanía de los Estados. Corrientes que, por supuesto, no son el producto puro de la abstracción, sino que han surgido a partir de intereses y conflictos, y resultan funcionales a unas u otras fuerzas en pugna.
El enfoque actualmente minoritario en la SCJ es el que viene ganando terreno desde hace décadas: sostiene, por lo menos desde los juicios de Nüremberg en los que fueron condenados altos jerarcas nazis, que determinadas conductas son “crímenes contra la humanidad” porque afectan sus intereses colectivos fundamentales, y que ninguna norma nacional o acuerdo internacional puede ampararlas. De allí deriva, entre otras cosas, que tales crímenes no deben prescribir, o sea que la posibilidad de juzgarlos y castigarlos no debe extinguirse jamás.
La actual mayoría de la SCJ se opone a esto afiliándose a una corriente que, mientras se bate en retirada, alega que nunca debe aplicarse en forma retroactiva una norma penal más perjudicial para la persona sometida a proceso, aunque sea por estos crímenes gravísimos. Pero lo que indica la doctrina internacional predominante es que en estos casos no se trata de elegir la ley más beneficiosa para el acusado, a fin de proteger sus derechos individuales, sino la más beneficiosa para la protección de los derechos de la humanidad toda.
La relación de fuerzas dentro de la SCJ es, por supuesto, variable: depende de su integración coyuntural y no expresa una esencia metafísica de la Justicia (la mayoría de ese organismo declaró constitucional en 1988 la Ley de Caducidad, y quienes ocupaban las cinco butacas en 2009 resolvieron, por unanimidad, que era inconstitucional). Es probable que, con el paso del tiempo, pasen a predominar entre los cortesanos los criterios que prevalecen en el mundo. El riesgo es que, hasta que eso suceda, se profundice el daño que causa la impunidad al conjunto de la sociedad uruguaya.
Mota presentó recurso para revocar su traslado.
La diaria - 26 2 - 13
Tal como había anunciado, y pocas horas antes de la movilización en Plaza Libertad (ver páginas 2 y 3), la jueza Mariana Mota presentó ayer ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de revocación contra la decisión de ese organismo del 13 de febrero, que la trasladó desde un juzgado penal a la órbita civil. Los ministros de la SCJ tienen un plazo de 150 días para responder, y teniendo en cuenta que ellos mismos decidieron cambiar de jurisdicción a Mota, es probable que el trámite administrativo continúe en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En caso de que esa instancia tampoco arroje resultados positivos para la magistrada, sus abogados tienen previsto recurrir el fallo ante tribunales internacionales.
En el escrito de 11 páginas, Mota sostiene que la SCJ vulneró “principios de transparencia y buena administración” al no fundamentar su polémica resolución. También responsabiliza al máximo órgano por “arbitrariedad y desviación de poder” y alerta que con esta decisión se está “conspirando contra la independencia técnica de los magistrados, obteniendo por resultado enlentecer o paralizar la administración de justicia en determinadas causas”, en referencia sobre todo a las más de 50 que ella venía investigando, vinculadas a crímenes cometidos en la última dictadura.
Señala que su caso es el único entre todos los traslados recientes de magistrados que no implica “ni un ascenso ni está fundamentado en avance alguno en la carrera judicial”. “No solicité en ningún momento el cambio de materia o ser trasladada a otro juzgado. Por lo que debe buscarse en otro lado la motivación del acto. Es más, considero que el traslado decidido contraría el buen servicio que reclama la Constitución”, argumenta.
En otro pasaje, Mota afirma que la “carencia” de motivación de la resolución de la SCJ provoca una “situación de indefensión” que obliga a “especular sobre las verdaderas causas del traslado”, y luego cita declaraciones a la prensa sobre el caso de los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak y el vocero de la corporación Raúl Oxandabarat, que vincularon este traslado con conceptos tales como “sumarios”, “investigaciones administrativas” y “acumulación de tarjetas amarillas”.
“Debo reconocer que no domino las reglas de juego del más popular de los deportes en nuestro país, pero creo entender que la acumulación de tarjetas amarillas refiere a que la acumulación de tarjetas te deja afuera del próximo partido. Pues bien, la dicente, devenida sorpresivamente en jugadora de fútbol, no cuenta con tarjetas amarillas, y eso lo conoce fehacientemente la SCJ”, señala Mota en otro pasaje del escrito.
En caso de que tales afirmaciones sean confirmadas, según Mota, se estaría frente a un “eventual delito de difamación e injuria, y seguro ante un acto de mala fe”, ya que todas las investigaciones internas contra su persona fueron archivadas “sin consecuencias”.
Mota descarta otras motivaciones surgidas durante los últimos días desde la SCJ, entre ellas, que se ha “cumplido un ciclo” –de hecho su reemplazante, Beatriz Larrieu, lleva más años que ella en la órbita penal–; o que es necesario que los jueces adquieran conocimiento en todas las áreas del derecho (según Mota ése es un “concepto enciclopedista, largamente perimido”).
Luego pasa a las razones no invocadas en la resolución de la SCJ del 13 de febrero. Mota recuerda, como por si acaso, que en Juzgado Penal de 7˚ Turno se investigaban “temas muy sensibles”, que “concitaban la atención de los medios de prensa”, lo cual motivó reiteradas opiniones de “actores de la vida pública” que deslizaron “una y otra vez la inconveniencia de mi permanencia en el cargo”. Además, señala en el escrito, hubo una “campaña de descrédito” contra su persona desde algunos medios de prensa, que “nunca probaron nada”. También menciona las diferencias que tuvo con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, debido a la investigación del accidente aéreo de Air Class, y el “beneplácito y regocijo” que provocó su traslado en figuras como el presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez.
“La decisión del traslado inmotivado afectará consecuentemente las causas en que se investigan graves violaciones a los derechos humanos”, concluye Mota, quien interpreta, finalmente, que su traslado se transformará en una “dilación o retraso injustificado y en apariencia deliberado en el servicio de justicia”, contrariando, entre otras cosas, la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la sentencia que condenó al Uruguay por el caso Gelman sostiene que “las investigaciones en el Estado relativas a este caso han sobrepasado cualquier parámetro de razonabilidad en la duración”.
La Suprema Corte de Justicia acaba de declarar inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18 831 en el recurso presentado por los coroneles Rudyard Scioscia y Mario Cola. El Cnel. ® Guillermo Cedrez ya ha comenzado a organizar una cena de camaradería y confraternidad con los integrantes de la misma. Probablemente, dependiendo de la decisión que adopte cada juez, las causas en las cuales no hayan procesados hasta el momento, serán archivadas. Quizás, ni siquiera el Gral. ® Pedro Barneix, con evidencias abrumadoras en su contra, surgidas de un expediente desarrollado durante “el proceso” por la propia justicia militar, sea procesado por el asesinato, a manos propias, en la tortura, de Aldo Perrini, en 1974, en el departamento de Colonia. Una verdadera vergüenza nacional.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia genera legítima indignación en importantes sectores de la ciudadanía en general. Muy especialmente en los centenares de familiares y de víctimas directas que han presentado las correspondientes denuncias y que observan que el órgano con potestades de impartir justicia, con la obligación de ejecutarla, les niega su derecho, consagrado por las disposiciones constitucionales y las normas internacionales de derechos humanos.
Se reclama justicia.
Todas las denuncias presentadas, absolutamente todas, fueron presentadas en el ámbito penal, reclamando justicia, la sanción legal de los responsables de los delitos. El País, en crónicas recientes, ha señalado que es el afán por obtener indemnizaciones lo que ha impulsado los juicios, para desmerecer a los denunciantes y desacreditarlos. El derecho a una adecuada reparación, en todos los planos, integral, está consagrado por la normativa internacional de derechos humanos. Como colectivo siempre lo hemos reivindicado y lo seguiremos haciendo en las instancias que correspondan. Las denuncias no se presentaron en el ámbito civil donde seguramente hubieran tenido andamiento sino en la esfera penal, para obtener la verdad y la justicia que existen en un Estado de derecho e institucional democrático.
El mensaje para el presente y el futuro.
Lo más trascendente y preocupante de la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia es el mensaje implícito que trasmite, con el beneplácito del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Partido Independiente, a los potenciales golpistas y perpetradores de futuras violaciones a los derechos humanos: en Uruguay, estos crímenes que se condenan en todo el mundo, gozan de impunidad.
Investigar, esclarecer y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, al igual que con todos los delitos, es el elemento básico y esencial, para generar las condiciones que impidan que ellos vuelvan a repetirse. Es la base del orden democrático institucional y del Estado de derecho.
Recurrir a la justicia es el camino que tienen las personas violentadas para que los perpetradores reciban el castigo que merecen, para no tener que hacer justicia por mano propia, para que no haya “ajustes de cuentas” y la convivencia sea pacífica y civilizada, encausada de acuerdo a las leyes.
La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los derechos humanos, siempre, y muy especialmente cuando, como en el caso uruguayo, son masivas, sistemáticas y generalizadas, es la herramienta que permite erradicar de los órganos y cuerpos del Estado a todas aquellas personas que son una amenaza real para la sociedad y que además gozan del privilegio de portar armas.
Sancionar, penal y administrativamente, a los autores materiales e intelectuales, mediatos e inmediatos de las graves violaciones, de los crímenes, es un elemento educador, de promoción de valores, de conductas y de prácticas apropiadas en las instituciones del Estado. Del mismo modo que se sanciona y castiga la corrupción, deben castigarse las violaciones a los derechos humanos.
Aquellos lodos y las actuales conductas: la ley de seguridad del Estado.
Promover, apoyar y defender la impunidad, en forma militante, por parte de los partidos tradicionales, no es solo una estrategia electoral o electorera, circunstancial, por parte de los mismos para enfrentarse al partido de gobierno. Con honrosas excepciones, la han defendido a capa y espada, desde el mismo retorno a la institucionalidad democrática.
Así como jamás mencionan en sus discursos, declaraciones y documentos las normas de DDHH, ni reconocen los tratados en la materia, rechazan a la Comisión Interamericana de DDHH y a la Corte IDH, la impunidad para los violadores de los derechos humanos del terrorismo de Estado se ha transformado en parte consustancial de la identidad de ambos partidos, para todas sus corrientes internas y han logrado incorporar a la militancia por la misma al Partido Independiente en los últimos tiempos. Les duelen prendas históricas.
Las FFAA fueron convocadas al escenario político nacional por Jorge Pacheco Areco en el año 1968, al amparo de las Medidas Prontas de Seguridad, para reprimir a los gremios en lucha, cuando se decretó la congelación de los salarios y se militarizó a los trabajadores bancarios, de la UTE y de OSE.
En el año 1971, meses antes de las elecciones que se llevaron a cabo bajo dichas medidas, en setiembre, mediante el Decreto 560/71, se les encomendó la represión a los grupos que hacían política armas en mano, se supeditó a la policía a ellas, se crearon las Fuerzas Conjuntas (FFCC) y se designó al frente del Estado Mayor Conjunto al recientemente ascendido Gral. Gregorio Álvarez.
Las violaciones a los derechos humanos, las detenciones masivas sin garantías de ningún tipo, los apremios, las torturas, los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales fueron autorizadas, por la vía de los hechos, por el Parlamento en el año 1972 cuando se votó, por el Partido Colorado y por el Partido Nacional, con sus únicos votos, el Estado de Guerra interno el 15 de abril.
Meses más tarde, cuando ya había sido asesinado en la tortura, en Treinta Tres, el militante demócratacristiano Luis Batalla, con miles de ciudadanos detenidos en todo el país, siendo sometidos a apremios y feroces torturas, sin garantías de ningún tipo, sin ser sometidos a jueces, el Parlamento votó la Ley de Seguridad del Estado que modificó el Código Penal, creó nuevos delitos, aumentó las penas y le adjudicó competencia a la justicia militar para juzgar a dichos ciudadanos. Las prácticas represivas de las fuerzas armadas contaron, en su momento, con la aquiescencia de los parlamentarios de los partidos tradicionales.
La invocación de que la Ley de Caducidad fue ratificada dos veces en las urnas por la ciudadanía, por parte de los defensores de la impunidad, no es más que una excusa, elegante, disfrazada de democratismo y de falso respeto a la voluntad popular, para seguir transitando el camino elegido hace más de cuarenta años, falseando la verdad histórica y asegurando la impunidad.
La derecha está hecha de hipocresía.
El ingreso de algunos centenares de personas a la sede de la SCJ para asistir a la ceremonia pública, acompañando y respaldando a la Dra. Mariana Mota, la negativa a desalojarla y los forcejeos, obvios y habituales ante este tipo de circunstancias, han sido calificados como “asonada”, desempolvando la vieja terminología dictatorial, por el Partido Colorado y los medios de la oposición que los han amplificado.
La Suprema Corte de Justicia que nunca dio orden de investigar ninguna de las desapariciones forzadas, ni de los asesinatos, ni ninguna grave violación a los DDHH, de las miles que ocurrieron, incluso ordenó una investigación judicial. El País y Búsqueda que han dedicado editoriales enteros para presionar a la Corte, haciendo campaña contra la jueza y pidiendo su destitución, que ensalzaron y destacaron la entrevista del Dr. Jorge Batlle y del Dr. Gonzalo Aguirre cuando la cuestionaron ante la magistratura, dicen que se presiona al Poder Judicial y que está en riesgo el orden institucional. El vocero oficial del terrorismo Estado pontificando sobre el Estado de Derecho, la separación de poderes y las disposiciones constitucionales. ¿La justicia, el derecho a la justicia, no figura en las disposiciones constitucionales? ¡Cuánta hipocresía y falsedad!
La Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es el camino a transitar.
La investigación, esclarecimiento y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos es la piedra angular del restablecimiento pleno de la institucionalidad democrática, de la vigencia certera de las disposiciones constitucionales, del Estado de derecho, pero las obligaciones del Estado no se reducen a ese solo aspecto en la actualidad.
La Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General en diciembre de 2005, por unanimidad de los Estados miembro, Uruguay incluido, es la declaración universal de los derechos de todas las personas que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos como los ocurridos en nuestro país. Es también un instrumento internacional que explicita, clara y detalladamente, las obligaciones de los Estados para superar dichas situaciones. Es el estándar internacional de la calidad democrática con respecto al pasado reciente.
El Estado uruguayo aún tiene materias pendientes con las víctimas y no solo en cuanto a la verdad y la Justicia. No es solamente el Poder Judicial el que está omiso. El Estado uruguayo aún no ha asumido públicamente su responsabilidad por lo ocurrido, en una ceremonia oficial y pública como lo señala la Resolución 60/147 y no ha ofrecido las disculpas correspondientes, para establecer la Verdad histórica. Por mandato de la Corte IDH en el caso Gelman vs Uruguay lo ha hecho solamente para dicho caso, dando cumplimiento a la sentencia específica, pero lo tiene aún pendiente hacia el resto de las víctimas, sus familiares y la sociedad toda.
Tampoco ha establecido un día de Recordación y Homenaje nacional a todas las víctimas por su dolor y su sufrimiento, para dignificarlas, para valorizar y ensalzar las normas de derechos humanos como pilar básico de la convivencia pacífica y civilizada, como ideal de vida a perseguir para construir una sociedad plena. También para evitar que nazcan y se fortalezcan las tesis revisionistas destinadas a ocultar el pasado, a negarlo o a distorsionarlo, señal clara de lo cual es el libro “Agonía de una democracia” del Dr. Julio María Sanguinetti, que reescribe “Las FFAA al pueblo”, usando un lenguaje más pulido y menos rústico que el original.
Tal como lo señalara recientemente la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en su sentencia de diciembre del año pasado, el Estado uruguayo aún continúa violando el derecho a una auténtica reparación, a miles de víctimas u obligándolas a renunciar a otros derechos ciudadanos para acceder a ella.
La condena de la ONU
La Alta Comisionada para los DDHH de la Organización de las Naciones Unidas, Navi Pillay, ha expresado su preocupación por el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia y en los hechos la ha desautorizado por ser un impedimento para la justicia. El descrédito, el desprestigio, la falta de legitimidad de los integrantes del cuerpo con esta sentencia es grande. Han generado alarma pública en importantes sectores de la población y expuesto al país a la vergüenza internacional.
El proyecto de sociedad
Nuestro colectivo, formado por personas maduras sabe de derrotas. Nunca son definitivas. La única lucha que se pierde es la que se abandona. La vida nos ha enseñado que el capitalismo no es el destino de la humanidad. Como sistema es incapaz, por su propia naturaleza, de preservar el planeta, de crear una sociedad justa, de abundancia material y espiritual, de paz y de convivencia pacífica y civilizada. El sistema que lo sustituya, construcción colectiva de los trabajadores y sectores populares, independientemente de la forma que adopte, tendrá como pilares básicos y esenciales la doctrina de los Derechos Humanos y los principios de la democracia, del republicanismo, del Estado de derecho y de la libertad en todos los planos.
Junto a los trabajadores, junto a todos los sectores populares, seguiremos bregando por profundizar la transición democrática iniciada en marzo de 1985, batallando contra la impunidad, en defensa de las normas de DDHH, por Verdad, Justicia y Memoria, teniendo como hoja de ruta la plena implementación en la realidad del país de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas. ¡Hasta que las velas ardan! Es nuestro compromiso con nuestros detenidos desaparecidos y los que siempre nos acompañan en nuestro corazón. Nunca Más terrorismo de Estado.
Opinando N° 32 - Año 2 - Lunes 25 de febrero de 2013
La Diaria - 25 2 13
Hoy a las 18.00, en Plaza Libertad, se expresará rechazo al fallo de la mayoría de la SCJ que bloquea juicios por crímenes de la dictadura.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) se instaló en el ojo de la tormenta como consecuencia de sus últimos pronunciamientos vinculados a los derechos humanos. El viernes hizo doble mérito: por un lado, rechazó la invitación de la comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados para explicar los motivos del traslado de la jueza Mariana Mota; por otro, confirmó el fallo que declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la ley Nº 18.831, interpretativa de la Ley de Caducidad.
La primera resolución se manejaba en los días previos. La SCJ declinó la invitación realizada por el Parlamento para explicar los fundamentos del traslado de la jueza Mariana Mota desde la órbita penal a la civil. El comunicado firmado por los cinco ministros recuerda otras oportunidades en las que la SCJ concurrió al Palacio Legislativo, aunque también menciona la pertinencia del pedido de informes ante este tipo de situaciones. A raíz de esto, dirigentes del Movimiento de Participación Popular (MPP) analizan la posibilidad del juicio político (verhttp://ladiaria.com.uy/articulo/2013/2/auditoria-interna/ ).
Esa misma mañana, la SCJ dictó la sentencia por la cual los artículos 2 y 3 de la ley Nº 18.831 fueron declarados inconstitucionales. Fue aprobada por cuatro votos a uno: avalaron esa posición los ministros Julio César Chalar, Jorge Chediak, Jorge Larrieux y Jorge Ruibal Pino, mientras que Ricardo Pérez Manrique votó en contra.
La mayoría de la SCJ sostiene, invocando principios doctrinarios e interpretación de las normas constitucionales del país, que las personas tienen derecho a que no se les apliquen, en forma retroactiva, normas penales más severas que las que estaban vigentes cuando ocurrieron los hechos de los que son acusadas, y a que no se les tipifiquen delitos que no existían en aquel momento en el ordenamiento jurídico.
A criterio de Chalar, Chediak, Larrieux y Ruibal Pino, este “valor absoluto” es una “garantía implícita e inherente a la personalidad humana o derivada de la forma republicana de gobierno”, que da seguridades “contra cualquier actuación arbitraria de la ley penal” y, por lo tanto, no es aceptable que la ley Nº 18.831 declare que una serie de delitos cometidos durante la dictadura son crímenes de lesa humanidad y que no prescriben, porque se perpetraron cuando Uruguay aún no había aceptado las normas internacionales que definen esos crímenes como imprescriptibles.
Con respecto a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mayoría de la SCJ considera inadmisible que prevalezcan sobre la Constitución uruguaya, y se aventura incluso a discutir la interpretación, por parte de la CIDH, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
El fallo sólo tiene efectos para el caso por el que fue presentado el recurso de inconstitucionalidad, pero es evidente que la opinión de la actual mayoría de la SCJ prevalecerá en todas las situaciones similares, de modo que en las causas reabiertas, iniciadas o a iniciarse se aplicaría el mismo criterio de que los delitos ya no pueden ser juzgados.
La posición minoritaria de Pérez Manrique se apoya en dos pilares básicos. Por una parte, señala que Uruguay incorporó los crímenes de lesa humanidad a su ordenamiento jurídico en 1945, cuando reconoció al Tribunal Militar Internacional formado para juzgar en Nürenberg las atrocidades cometidas por los nazis, y la existencia de los delitos imprescriptibles definidos por su Estatuto. A esto se suma que el Estado uruguayo ya ha reconocido expresamente que la dictadura cometió crímenes de lesa humanidad
Por otra parte, recuerda que, cuando la propia SCJ declaró inconstitucional la Ley de Caducidad en 2009, afirmó que “en la medida en que los derechos humanos son inherentes a la dignidad humana, ellos limitan la soberanía o potestad estatal, no pudiendo invocarse esta última para justificar su vulneración o para impedir su protección internacional, no pudiendo invocarse el principio de no intervención cuando se ponen en ejercicio las instituciones, los mecanismos y las garantías establecidas por la comunidad internacional para asegurar la protección y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de toda persona y de todas las personas que forman parte de la humanidad”.
Los fundamentos de una y otra posición reeditan una larga polémica nacional e internacional, que de hecho comenzó también con los juicios de Nürenberg: hasta hoy hay quienes sostienen que fueron ilegítimos porque a los nazis se les tipificaron delitos que no existían en el ordenamiento jurídico alemán cuando cometieron genocidio, entre otros crímenes.
Las primeras causas que serían archivadas a raíz de este pronunciamiento son la del coronel Tranquilino Machado por el caso Ramón Peré, la del policía retirado Ricardo Zabala por el caso Julio Castro, y la de los coroneles Rudyard Scioscia y Mario Cola, quienes habían sido denunciados por Orlinda Falero y Julio Martínez, secuestrados y detenidos en el centro clandestino Automotores Orletti, en Buenos Aires, en 1976. No sucederá así con los procesos contra Miguel Dalmao por el caso Nibia Sabalsagaray y contra Nino Gavazzo, Jorge Pajarito Silveira y Gregorio Álvarez, ya que se les tipifica otros delitos que contaban con otra fecha de prescripción.
Consultado por la diaria, el constitucionalista José Korzeniak ratificó que la SCJ ignora la noción de “derecho internacional humanitario”. “Esa tendencia del derecho internacional establece que si hoy encuentran a un nazi que participó en el Holocausto lo llevan y le hacen un juicio, como les hicieron a otros. Esa tendencia del derecho internacional humanitario fue ratificada en el Tratado de Roma, al que Uruguay suscribió hace unos ocho o diez años”, explicó.
Respecto de la prescripción del delito de desaparición forzada, Korzeniak plantea que “si la víctima todavía está desaparecida la prescripción ni siquiera entró en vigencia, ya que empieza a correr cuando cesa el delito, si lo desaparecieron y no concluyó el delito no corre la prescripción”.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos, el PIT-CNT y el Frente Amplio convocan una concentración a las 18.00 en la plaza Libertad para luego concurrir al Velódromo Municipal a un acto organizado por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
La oposición criticó esta convocatoria. El diputado nacionalista José Carlos Cardoso advirtió que se trataría de una posible configuración de “atentado a la Constitución” (ver recuadro). La senadora Lucía Topolansky respondió ayer, en declaraciones a El Espectador, que la posición del MPP es convocar a la manifestación en apoyo a la posición del juez Pérez Manrique y no en rechazo del fallo, lo cual no implicaría un atentado a la Constitución.
Las repercusiones favorables al fallo de la SCJ fueron las esperadas. Desde la cárcel de Domingo Arena Jorge Pajarito Silveira dijo a la agencia Reuters que criticaba la convocatoria al expresar que “van a hacer una manifestación porque el pueblo está en contra de lo que hizo la SCJ, y el pueblo, la mayoría del pueblo, es el que la ratificó dos veces con los votos”. Respecto del fallo de la SCJ, Silveira opinó que “primó la lógica” y pidió que finalicen las denuncias: “Nos tienen presos a nosotros, que se queden contentos”.
Las repercusiones por el fallo de la SCJ tuvieron alcance internacional. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (institución que ya había pedido información sobre el traslado de la jueza Mota a la Institución Nacional de Derechos Humanos), Navi Pillay, expresó en un comunicado su preocupación por la declaración de inconstitucionalidad de la ley Nº 18.831. “Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”, afirmó la jerarca, quien está en su cargo desde 2008.
El diputado nacionalista José Carlos Cardoso propondrá hoy al directorio del Partido Nacional (PN) analizar la convocatoria anunciada para las 18.00 en respuesta al fallo de la SCJ, que estableció como inconstitucional dos artículos de la ley que restableció la pretensión punitiva del Estado para los “delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado”. Según Cardoso, en este caso se busca “movilizar para intimidar a los jueces”, dado que la convocatoria es en la plaza Libertad, donde se ubica la sede de la SCJ. “¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Festejar la independencia de poderes?”, ironizó el diputado, que advirtió que “se puede configurar atentado a la Constitución”. Según Cardoso, el PN debe “expresarse” sobre lo que acontecerá y defender a la SCJ en su “autonomía” y “soberanía” para resolver. “No hay que intimidarlos, sino dejarlos trabajar tranquilamente”, sostuvo, agregando además que los ministros “no están jugando a los políticos”.
Por su parte, la viuda de Hector Gutiérrez Ruiz y actual concejal del Municipio Ch de Montevideo, Matilde Rodríguez Larreta (Alianza Nacional), dijo que no concurrirá a la concentración, aunque expresó que cada ciudadano es “libre de manifestar su opinión”.
La Institución Nacional de Derechos Humanos se pronunciará hoy en rechazo a la declaración de inconstitucionalidad de la norma interpretativa de la Ley de Caducidad. El Servicio Paz y Justicia de Uruguay expresó el viernes su “consternación e indignación” por el pronunciamiento de la SCJ. Calificó la decisión como un “gravísimo retroceso a la aplicación de la justicia frente a los horrores ocurridos en nuestro pasado reciente” y entendió que “incumple manifiestamente” la sentencia de la CIDH en el caso Gelman. También destaca el fallo discorde del ministro Ricardo Pérez Manrique.
Condena de ONU al fallo de la Suprema Corte de Justicia
Jerarca de ONU dijo estar "preocupada" por fallo de la SCJ
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó hoy su "preocupación" por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que declaró inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad.
"Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional", dijo la jerarca en un comunicado divulgado hoy por el organismo internacional.
Pillay agregó estar "sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte, que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley que permitió llevar ante la Justicia violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de 1973 a 1985, anulando así la amnistía de facto en el país".
Según el texto, la sentencia adoptada por los magistrados uruguayos "abre el camino para el cierre de las investigaciones en curso sobre violaciones de derechos humanos, violando el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación".
El comunicado agrega que la noticia, a la que califica de "alarmante", ocurrió "solo días después" del traslado de la jueza Mariana Mota.
Por estas decisiones, el organismo judicial enfrenta duras críticas por parte de varios sectores del Frente Amplio y organizaciones sociales, pero también ha recibido el apoyo de líderes de los partidos políticos de la oposición.
24 2 13

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución