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Timestamp: 2019-12-10 05:35:28+00:00

Document:
Registro Oficial. 2 de ENERO del 2002
MINISTERIO\n DE ECONOMIA:
344\n Delégase\n al señor ingeniero Julio Ponce Arteta, Subsecretario General\n de Economía, para que represente al señor Ministro,\n en la sesión de Directorio del Banco Central.
345\n Delégase\n al señor ingeniero Jorge Morán Centeno, Subsecretario\n General de Finanzas, para que represente al señor Ministro,\n en la sesión del Plenario de la H. Junta de Defensa Nacional
0418\n Apruébase\n la Ordenanza municipal que amplia el perímetro urbano\n dc la ciudad de Naranjal, provincia del Guayas.
SB-2001-0580\n Déjase\n sin efecto el nombramiento conferido mediante Resolución\n SB-2001- 0154 de 13 de marzo del 2001, al licenciado Fausto Cevallos\n Moreno como liquidador temporal de Sociedad Financiera Alfa S.A.
248-200l-TP Declárase la inconstitucionalidad\n del artículo 2 del Reglamento de Carrera Judicial y del\n Decreto Supremo No 283, publicado en el Registro Oficial No 50\n de 1 de septiembre de 1970.
249-2001-TP Deséchase la demanda\n de inconstitucionalidad planteada por Ricardo Onofre González\n y otros.
250-2001-TP Emítese dictamen favorable previo\n a la aprobación del Tratado Constitutivo del Parlamento\n Andino y su Protocolo Adicional sobre Elecciones Directas\n y Universales de sus representantes.
251-2001-TP\n Deséchase\n la demanda de inconstitucionalidad propuesta por el ingeniero\n Roberto Manabí Rodriguez Guillén.
253-2001-TP Inadmítese la demanda por improcedente,\n propuesta por el economista Xavier Neira Nieto Menéndez\n y otros
254-2001-TP\n Confirmase\n la resolución emitida por el Juez de instancia y niégase\n el amparo solicitado por Pelagia Adayna Carabalí Vivero\n y otras.
255-2001-TP Confirmase la resolución del Juez\n de instancia y niégase el amparo solicitado por el doctor\n Adolfo Moreno Sánchez.
256-2001-TP Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y acéptase el amparo solicitado\n por la señorita Angela Trinidad Melo Martinez.
257-2001-TP Confirmase la resolución del Juez\n de instancia y acéptase el amparo solicitado por la señorita\n Angela Maria Córdova Triviño.
060\n Cantón Quito: Reformatoria\n al texto del artículo IV.158 del Código Municipal
-\n Cantón Salinas:\n Que norma la organización, funcionamiento y control de\n mercados municipales.\n \n
Articulo único.- Delegar al señor lng. Julio\n Ponce Arteta, Subsecretario General de Economía de esta\n Cartera de Estado, para que me represente en la sesión\n de Directorio del Banco Central del Ecuador, que se llevará\n a cabo el día miércoles 19 de diciembre del 2001.
Comuníquese.- Quito, 19 de diciembre del 2001.
Articulo único.- Delegar al señor Ing. Jorge\n Morán Centeno, Subsecretario General de Finanzas, de esta\n Cartera de Estado, para que me represente en la sesión\n del Plenario del la H. Junta de Defensa Nacional, a realizarse\n el día jueves 20 de diciembre del 2001.
N0 0418
Que, el señor Alcalde de la I. Municipalidad de Naranjal,\n provincia del Guayas, mediante oficio N0 010333-IMN-A. de 3 de\n octubre del 2001, remite para la aprobación ministerial\n la Ordenanza municipal que amplia el perímetro urbano\n de la ciudad de Naranjal;
Que, el I. Concejo Cantonal de Naranjal, en sesiones ordinarias\n de 7 y 14 de junio del 2001, expide la Ordenanza que amplia el\n perímetro urbano de la cabecera cantonal de Naranjal;
Que, del análisis realizado por la Dirección\n Nacional de Asuntos Seccionales de este Portafolio, con oficio\n N0 0419-AS. de 29 de octubre del 2001, considera procedente aprobar\n la mencionada ordenanza, toda vez que se ha cumplido con los\n requisitos legales que establece la Ley de Régimen Municipal;\n y,
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ordenanza municipal que amplía\n el perímetro urbano de la ciudad de Naranjal, provincia\n del Guayas, discutida y aprobada en sesiones ordinarias de 7\n y 14 de junio del 2001.
Dado, en la sala del despacho, en Quito, a 26 de noviembre\n del 2001.
Comuníquese. f) Maximiliano Donoso Vallejo, Subsecretario\n de Gobierno.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE NARANJAL
Que el literal e) del Art. 161 de la Ley de Régimen\n Municipal, faculta al Concejo Cantonal a zonificar, estudiar\n y prever las posibilidades de crecimiento y determinar las zonas\n de expansión de la ciudad;
Que la ciudad de Naranjal ha experimentado un crecimiento\n poblacional significativo, en los últimos años;
Que el limite urbano de la ciudad, establecido mediante ordenanza\n expedida el 18 de abril de 1992. publicada en el Registro Oficial\n N0 986 de la fecha 27 de julio de 1992; ha quedado insuficiente\n para el crecimiento y desarrollo de la urbe, razón por\n la cual es deber de la Municipalidad precautelar no solo su área\n de expansión, sino su área de amortiguamiento para\n protección del medio ambiente, en un kilómetro\n allende a las puntualizaciones que se dejan determinadas en la\n presente ordenanza;
Que la Municipalidad de Naranjal debe atender la demanda de\n vivienda, especialmente de tipo social, así como del equipamiento\n urbano necesario, para coadyuvar con la reducción del\n déficit habitacional;
Que la presente ordenanza cuenta con el asesoramiento técnico\n de la Dirección de Asuntos Seccionales del Ministerio\n de Gobierno;
Que la comisión especial a la que se refiere el Art.\n 315 de la Ley de Régimen Municipal se ha pronunciado favorablemente\n respecto de esta ordenanza; y,
En el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley,
La siguiente, Ordenanza que amplía\n el perímetro urbano de la ciudad de Naranjal.
Art. 1.- Los límites de la zona urbana de la ciudad\n de Naranjal son los siguientes: AL NORTE.- Del punto N0 1 ubicado\n en la intersección de la paralela Nor-occidental a la\n calle 20ava. Oeste de la lotización Bellavista, que pasa\n a 50 metros de su eje, con el estero El Tintal; continúa\n por el curso del estero indicado aguas arriba hasta intersecar\n la paralela Nor-occidental a la calle Quito que pasa a 300 metros\n de su eje, punto N0 2; siguiendo por la paralela referida, al\n Nor-este hasta su cruce con la prolongación de la calle\n Independencia, punto N0 3; siguiendo por la prolongación\n de la calle indicada al Sur-este, hasta intersecar la prolongación\n de la calle Robles cii el punto N0 4; continuando por la prolongación\n de la calle Robles al Nor-este hasta intersecar la prolongación\n de la calle Colón en el punto N0 5; de esta intercepción.\n Sigue por la prolongación de la calle Colón hasta\n intersecar la paralela Nor-occídental a la calle Tarqui\n que pasa a 180 metros de su eje, punto N0 6; siguiendo por la\n paralela referida al Noreste hasta intersecar la paralela Occidental\n a la carretera Panamericana (Guayaquil-Machala), que pasa a 100\n metros de su eje, punto N0 7; de esta intersección continúa\n por la última paralela indicada al Norte, - hasta intersecar\n la vía de acceso a la hacienda Pechichal, punto N0 8;\n siguiendo por la vía indicada al Sur-este que cruza la\n carretera Panamericana Guayaquil--Machala hasta su unión\n con el camino que conduce a la hacienda El Amparo, punto N0 9.
AL ESTE.- Del punto N0 9, una alineación al Sur-este\n hasta intersecar la vía que conduce a La Delicia, punto\n N0 lo (situado a 300 metros al Este de la unión de la\n vía que conduce a la hacienda El Amparo); de este punto\n el meridiano geográfico al Sur hasta intersecar la calle\n Segunda de la lotización La Alegría, punto N0 11;\n continuando por la prolongación de la calle Alegría\n al Sur-este, hasta intersecar la paralela oriental a la calle\n 12ava. Este de la lotización Defensores de la Frontera,\n que pasa a 50 metros de su eje. punto N0 12; siguiendo por la\n paralela señalada al Sur hasta intersecar la prolongación\n de la calle Hortencia Mata, punto N0 13; continuando por la prolongación\n de la calle indicada al Sur-este hasta intersecar la prolongación\n de la paralela Sur-oriental a la calle 14ava. Este de la lotización\n Las Orquídeas que pasa a 200 metros de su eje, punto N0\n 14; dé dicha intersección sigue por la paralela\n señalada al Sur-oeste. hasta intersecar la calle Emilio\n González, punto N0 15.
AL SUR.- Del punto N0 15 continúa por la calle Emilio\n González, al Noreste hasta intersecar la paralela Sur\n a la prolongación de la calle 8ava. Sur-este de la cooperativa\n 5 de Junio, que pasa a 100 metros de su eje, punto N0 16; siguiendo\n por la paralela referida al Oeste, hasta intersecar la calle\n 12ava. Sur-oeste, en el punto N0 17; siguiendo por la calle 12ava.\n Sur-oeste al Noroeste, hasta intersecar la paralela Sur-oriental\n a la carretera Panamericana Machala-Guayaquil que pasa a 200\n metros de su eje, punto N0 18; continuando por la última\n paralela anotada al Sur-oeste en una longitud de 1.110 metros\n hasta el punto N0 19.
AL OESTE.- Del punto N0 19 una alineación al Noroeste\n hasta intersecar la carretera Panamericana Guayaquil-Machala\n en el punto N0 20. situado a 500 metros al Sur-oeste de la unión\n de la avenida Homero Castro Zurita; de dicha intersección\n la línea perpendicular a la carretera Panamericana al\n Noroeste, hasta intersecar la paralela Nor-occidental a la carretera\n Panamericana, que pasa a 200 metros de su eje, punto N0 21; continuando\n por la paralela señalada al Noreste, hasta intersecar\n la paralela Nor-- occidental a la avenida Hornero Castro Zurita,\n que pasa a 200 metros de su eje, punto N0 22; siguiendo por la\n paralela señalada al Noreste hasta intersecar la paralela\n Sur-occidental a la prolongación de la calle 3era. de\n la lotización Primavera, que pasa a 150 metros de su eje,\n punto N0 23, de esta intersección sigue por la última\n paralela indicada al Noroeste, hasta intersecar la paralela Nor-occidental\n a la prolongación de la calle 20ava. Oeste de la lotización\n Bellavista, que pasa a 50 metros de su eje, punto N0 24; continuando\n por la paralela indicada al Noreste, hasta intersecar el estero\n El lintel en el punto N0 1.
Art. 2.- Formará parte de la presente ordenanza el\n plano urbano de la ciudad de Naranjal, en el que se encuentran\n replanteados los límites de la misma, como documento habilitante.
Art. 3.- Esta ordenanza entrará en vigencia a partir\n de la aprobación por parte del Ministerio de Gobierno\n y su publicación en el Registro Oficial.
Dado en la sala de sesiones del I. Concejo Municipal del Cantón\n Naranjal, a los siete días del mes de junio del dos mil.
f.) Alan Peñaranda Pesantes, Vicealcalde de la Municipalidad\n del Cantón Naranjal.
f.) Lcdo. Raúl Barreto Campoverde, Secretario Municipal.
CERTIFICADO DE DISCUSION.
El infrascrito Secretario del I. Concejo Cantonal de Naranjal\n certifica que, la presente ordenanza, fue discutida y aprobada\n por el I. Concejo en sesiones ordinarias del día siete\n y catorce de junio del dos mil.
f.) Lcdo. Raúl Barreto Campoverde, Secretario de la\n I. Municipalidad de Naranjal.
De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 129 y 133 de\n la Ley de Régimen Municipal vigente, sanciono la presente\n ordenanza y ordeno su promulgación y publicación\n en el Registro oficial.
f.) Ruperto Espinoza Rivas, Alcalde de la I. Municipalidad\n de Naranjal.
Secretaria Municipal.- Sancionó y ordenó su\n promulgación en el Registro Oficial; y, firmó la\n presente Ordenanza de ampliación del perímetro\n urbano de la ciudad de Naranjal, el señor Ruperto Espinoza\n Rivas, Alcalde del cantón Naranjal, a los veinte y siete\n días del mes de junio del dos mil.
No. SB-2001-0580
Que mediante Resolución No. JB-2001-323 de 9 de marzo\n del 2001, se dispuso la liquidación forzosa de los negocios,\n propiedades y activos de SOCIEDAD FINANCIERA ALFA SA.. con domicilio\n en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha;
Que con Resolución No. SB-2001-0154 de 13 de marzo\n del 2001, se nombró al licenciado Fausto Cevallos Moreno\n como liquidador temporal de SOCIEDAD FINANCIERA ALFA S.A., en\n liquidación;
Que el literal q) del articulo 180 de la Codificación\n de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en\n concordancia con el artículo 3, Sección IV, Capítulo\n I, Subtitulo III, del Titulo XI de la Codificación de\n Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria,\n establece que el liquidador de una institución financiera\n podrá ser designado o removido libremente por el Superintendente\n de Bancos;
Que la Dirección de Disoluciones y Liquidaciones de\n la Intendencia Nacional Jurídica, mediante memorando No.\n DDL-2001-699 de 12 de noviembre del 2001, ha recomendado el cambio\n del liquidador; y,
ARTICULO 1.- Dejar sin efecto, a partir de la inscripción\n de la presente resolución en el Registro Mercantil, el\n nombramiento conferido mediante Resolución No. SB-2001-0154\n de 13 de marzo del 2001, al licenciado Fausto Cevallos Moreno\n como liquidador temporal de SOCIEDAD FINANCIERA ALFA S.A., en\n liquidación.
ARTICULO 2.- Nombrar liquidador de SOCIEDAD FINANCIERA ALFA\n SA., en liquidación, al señor Carlos Varela Jara,\n quien tendrá, para los fines del proceso liquidatorio,\n todas las facultades que establecen las leyes para los liquidadores,\n en especial aquellas que tienden a proteger los intereses de\n los trabajadores, inversionistas y acreedores en general, de\n acuerdo con las normas sobre prelación legal establecidas\n en la Codificación de la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero.
ARTICULO 3.- Delegar al señor Carlos Varela Jara, conforme\n lo dispuesto en el articulo 2, Sección 1, Capitulo 1,\n Subtítulo II, del Titulo XI de la Codificación\n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta\n Bancaria, el ejercicio de la jurisdicción coactiva, que\n la ejercerá de acuerdo con lo dispuesto en la Codificación\n de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y en\n la Sección Trigésima Primera del Título\n Segundo del Código de Procedimiento Civil, para que actúe\n en calidad de empleado recaudador y proceda al cobro de las obligaciones\n vencidas a favor de la entidad en liquidación; y, la emisión\n de órdenes de cobro, generales o especiales.
El liquidador nombrado, como Juez de Coactiva, organizará\n los expedientes respectivos según las normas previstas\n en el Capítulo I "Normas para el Ejercicio de la\n Jurisdicción Coactiva por parte de la Superintendencia\n de Bancos", Subtítulo II, del Titulo XI de la Codificación\n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta\n Bancaria, y deberá informar al Superintendente de Bancos\n periódicamente sobre el estado de los juicios.
ARTICULO 4.- Disponer que en el plazo de diez días,\n contados a partir de la inscripción de la presente resolución\n en el Registro Mercantil, los liquidadores saliente y entrante\n levanten el inventario de los bienes de propiedad de la financiera\n y suscriban el acta de entrega recepción correspondiente.
ARTICULO 5.- Disponer que el señor Registrador Mercantil\n del cantón Quito -inscriba esta resolución en los\n registros a su cargo y siente las notas de referencia previstas\n en el inciso primero del artículo 51 de la Ley de Registro.
ARTICULO 6.- Disponer que el texto Integro de la presente\n resolución se publique, por una sola vez, en uno de los\n diarios de mayor circulación de la ciudad de Quito.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial,-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, a los trece días del mes de diciembre del\n alío dos mil uno.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, a los trece\n días del mes de diciembre del año dos mil uno.
f.) Letty Suárez C., Prosecretaria Técnica,\n (E).
14 de diciembre del 2001.
Nro. 248-2001-TP
En el caso signado con el Nro. 004-2001-DL
ANTECEDENTES: La Primera Sala de lo Laboral y Social de la\n Exma. Corte Suprema de Justicia remite a este Tribunal de sentencias\n dictadas por dicha Sala, en los cuales se han declarado inaplicables\n el Decreto No. 283, publicado en el Registro Oficial No. 50 de\n 1 de septiembre de 1970, y el artículo 2 del Reglamento\n General de Carrera Judicial, según los cuales los servidores\n dependientes de los registradores y notarios públicos\n están sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n sus reglamentos y demás normas de Derecho Administrativo.\n Dicha inaplicabilidad se la declara por contravenir lo dispuesto\n en el artículo 35 número 9, inciso final de la\n Constitución de la República.
Del análisis de la aludida disposición constitucional,\n la Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Exma. Corte Suprema\n de Justicia sostiene que es evidente que la gestión de\n las notarías y registros de la Propiedad, que son dependientes\n de la Función Judicial, dada la naturaleza de sus labores,\n no pueden ser asumidas por otros sectores de la economía\n por delegación total o parcial; además de que la\n Ley Orgánica de la Función Judicial entrega tales\n funciones a particulares designándoles y controlando sus\n gestiones.
Sin embargo, los servidores dependientes de los registros\n y notarias públicas, no se encuentran inmersos en las\n excepciones constitucionales, y por ello su vínculo se\n rige por el Código del Trabajo. Por ello, el Decreto No.\n 283 y el artículo 2 del Reglamento de Carrera Judicial\n no son inaplicables a dichos servidores por contravenir el artículo\n 35, número 9 inciso final de la Constitución de\n la República.
Que, el Pleno del Tribunal Constitucional, en aplicación\n de lo que disponen los artículos 274 y 276 número\n 1 de la Constitución de la República, es competente\n para conocer y resolver sobre la declaratoria de inaplicabilidad,\n por razones de inconstitucionalidad, que ha sido formulada por\n la Primera Sala de lo Laboral y Social de la Exma. Corte Suprema\n de Justicia;
Que, el artículo 5 del Decreto Supremo No. 283, publicado\n en el Registro Oficial No. 50 de 1 de septiembre de 1970,. dispone\n que "Los empleados, ayudantes y subalternos de las Notarlas\n y Registros serán considerados como servidores públicos\n y estarán sujetos al Derecho Público Administrativo;\n percibirán como remuneración los derechos que les\n señalan las respectivas Leyes, sin perjuicio del sueldo\n que acordaren con los respectivos Notarios y Registradores y\n que deberá ser pagado por éstos";
Que, el inciso segundo del artículo 2 del Reglamento\n de Carrera Judicial establece que "Los servidores dependientes\n de los registradores y notarios están amparados por la\n Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, sus reglamentos\n y demás normas positivas de Derecho Público Administrativo";
Que, la Administración Pública, en sentido objetivo,\n es una actividad que se ocupa de satisfacer las necesidades e\n intereses generales, y de cumplir con los cometidos estatales,\n en cuanto éstos requieren de una ejecución concreta\n y práctica. Por otra parte, la Administración Pública\n en sentido subjetivo, consiste en el conjunto de- entidades y\n árganos a los cuales el ordenamiento jurídico les\n ha dado la facultad de administrar;
Que, el artículo 2 de la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa define al servidor público como "[...]\n todo ciudadano legalmente nombrado para prestar servicios remunerados\n en las instituciones a que se refiere en inciso primero de este\n artículo"; es decir, quienes ejercen funciones públicas\n remuneradas en dependencias fiscales o en otras instituciones\n de derecho público y en instituciones de derecho privado\n con finalidad social o pública. Por su parte, el artículo\n 1 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n dispone que paro la aplicación de sus normas se consideran\n comprendidos en el servicio civil, entre otros, a los funcionarios\n que laboren en los organismos del Estado señalados en\n la Constitución de la República;
Que, el articulo 35 número 9 de la Constitución\n de la República, invocado por Primera Sala de lo Laboral\n y Social de la Exma. Corte Suprema de Justicia para determinar\n la inaplicabilidad del articulo 2 del Reglamento de Carrera Judicial,\n dispone que "Para las actividades ejercidas por las instituciones\n del Estado y que pueden ser asumidas por delegación total\n o parcial por el sector privado, las relaciones con los trabajadores\n se regularán por el derecho del trabajo, con excepción\n de las funciones de dirección, gerencia, representación,\n asesoría, jefatura departamental o equivalentes, las cuales\n estarán sujetas al derecho administrativo";
Que, la Ley Notarial define a los notarios como "[...]\n los funcionarios investidos de fe pública para autorizar,\n a requerimiento de parte los actos, contratos y documentos determinados\n en las leyes". Por su parte, el Registrador de la Propiedad\n o Mercantil, tiene como función la de inscribir los instrumentos\n públicos, títulos y demás documentos que\n la ley exige o permite que se inscriban en los registros correspondientes,\n como lo dispone el articulo 1 de la Ley de Registro;
Que, las notarias y registros son dependientes de la Función\n Judicial, tanto por la naturaleza de sus labores, como de lo\n que tiene que ver con el nombramiento, control de sus actividades\n y sanciones, como puede apreciarse de la lectura de los artículos\n de la Sección VI y VII de la Ley Orgánica de la\n Función Judicial, y de las disposiciones de la Ley Notarial\n y de la Ley de Registro;
Que, las funciones del Notario y del Registrador son eminentemente\n públicas, pero muestro ordenamiento jurídico permite\n delegar a los particulares la realización de dichas funciones,\n por lo cual la situación del régimen aplicable\n a los empleados y dependientes las notarías y registros\n encaja en el articulo 35 número 9 inciso final de la Constitución\n de la República. Por otra parte, el carácter propio\n de las funciones de los notarios y registradores no tiene la\n virtualidad de modificar la naturaleza de las labores de los\n empleados y dependientes de dichos funcionarios, como para que\n aquellas se rijan por el Derecho Administrativo: a más\n de que las labores de dichos empleados y dependientes de ninguna\n manera encajan en la disposición del articulo 2 de la\n Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa;
Que, las normas citadas de antedicha ley y de su reglamento\n pugnan definitivamente con las normas de la Ley Notarial y de\n la Ley de Registro, bien por las labores específicas que\n realizan los empleados y dependientes de las notarias y registros,\n bien porque éstas no encuadran en las entidades que señala\n el citado articulo 1 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil\n y Carrera Administrativa;
Que, por exclusión, no siendo el Derecho Administrativo\n el que debe regir las labores de los empleados y dependientes\n de las notarios y registros, es el Derecho Laboral quien regulará\n dichas labores, a través del Código del Trabajo;
Que, el excluir a los susodichos empleados y dependientes\n de su lev natural, implica al mismo tiempo desconocer los derechos\n que aquélla determina, y sobre todo los que se encuentran\n enumerados en el articulo 35 de la Constitución de la\n República, entre los que sobresalen, específicamente,\n las normas que declaran que la legislación del trabajo\n y su aplicación se sujetarán a los principios del\n derecho social, y que los derechos del trabajador son irrenunciables;
Que, además, el inciso segundo del artículo\n 18 de la Constitución de la República dispone que\n "En materia de derechos y garantías constitucionales,\n se estará a la interpretación que más favorezca\n a su efectiva vigencia"; y siendo la naturaleza de las actividades\n de los empleados y dependientes de los notarios y registradores\n extraña a la que desempeña un servidor público,\n únicamente cabe someter dichas actividades a las normas\n del Código del Trabajo;
Que, el artículo 206 de la Constitución de la\n República dispone que "El Consejo Nacional de la\n Judicatura será el órgano de gobierno, administrativo\n y disciplinario de la Función Judicial"; mientras\n que el artículo 1 del Decreto Supremo 283, publicado en\n el Registro Oficial No. 50 de 1 de septiembre de 1970, dice:\n "Facúltase a la Corte Suprema de Justicia para que\n proceda a la reorganización del Tribunal de lo Contencioso\n Administrativo, del Tribunal Agrario, de las Cortes Superiores\n y de los Tribunales, Juzgados, Notadas, Registros y Secretarias\n y demás oficinas y dependencias de la Función Judicial".\n Este artículo, y los demás que contiene el mencionado\n decreto supremo, contravienen expresamente el articulo 206 de\n la Constitución de la República, aparte de que\n han sido derogados expresa o tácitamente por otras leyes;\n y,
1. Declarar la inconstitucionalidad del articulo 2 del Reglamento\n de Carrera Judicial y del Decreto Supremo No. 283, publicado\n en el Registro Oficial No. 50 de 1 de septiembre de 1970, y suspender\n sus efectos, de conformidad con el artículo 278 de la\n Constitución de la República.
2. Publicar en el Registro Oficial.- Notifíquese".
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada con ocho votos a favor correspondientes\n a los doctores Guillermo Castro, Oswaldo Cevallos, Luis Chacón,\n Carlos Helou, Luis Mantilla, Hernán Rivadeneira, Hernán\n Salgado y Marco Morales; un voto salvado del doctor René\n de la Torre, en sesión de once de diciembre del dos mil\n uno.-Lo certifico.
VOTO SALVADO DEL DOCTOR RENE DE LA TORRE ALCIVAR
En el caso signado con el Nro. 004-2001-DI.
Con los antecedentes del voto de mayoría salvo mi voto\n con el siguiente criterio:
1. Conforme el artículo 18, la Constitución\n debe interpretarse en su conjunto, de tal manera que sus disposiciones\n tengan real aplicación.
2. El artículo 276 número 1 de la Constitución\n Política determina que el Tribunal puede declarar la inconstitucionalidad\n de una norma de carácter general y conforme la Ley del\n Control Constitucional artículo 20, escucharse previamente\n al organismo o a la persona que emitió la norma.
3. Por ello en el presente caso debe escucharse y oírse\n a la Función Ejecutiva y al Procurador General del Estado.\n Al no tener el criterio de la Función Ejecutiva y del\n señor Procurador del Estado se está violando el\n derecho de defensa y en adelante con este procedimiento se hace\n muy fácil declarar la inconstitucionalidad de una norma.
4. Al elaborar el Proyecto de Ley Orgánica del Tribunal\n Constitucional que se encuentra en el Congreso Nacional, el Pleno\n del Organismo ha adoptado el criterio que para declarar la inconstitucionalidad\n de una norma que previamente el Juez ha declarado inaplicable,\n conforme el articulo 274 de la Constitución, debe seguirse\n el mismo trámite establecido para los casos previstos\n en el articulo 276 número 1 de la Constitución\n Política.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito,\n 26 de diciembre del 2001.
Nro. 249-2001-TP
En el caso signado con el Nro. 034-2001-TC.
ANTECEDENTES: Ricardo Onofre González Secretario General\n del Sindicato de Choferes Profesionales de la provincia del Guayas\n y Augusto Aguirre Rodríguez, Presidente de la Federación\n de Transportadores Urbanos del Guayas, con mil firmas de apoyo\n y fundamentados en lo que disponen los artículos 276,\n numeral 1 de la Constitución y 23, literal d) de la Ley\n de Control Constitucional, comparecen ante el Tribunal Constitucional\n y demandan la inconstitucionalidad por el fondo y por la forma\n del articulo 4 de la Ley Sustitutiva de la Ley de Creación\n de la Comisión de Tránsito del Guayas, publicada\n en el Registro Oficial N0 202 de 1 de junio de 1999.
Señalan los demandantes que la Ley de Tránsito\n y Transporte Terrestres, publicada en el Registro Oficial N0\n 1002 de 2 de agosto de 1996, determina que son miembros del Directorio\n de la Comisión de Tránsito del Guayas el Secretario\n General del Sindicato de Choferes Profesionales de la provincia\n del Guayas y un representante de los transportistas. Que, en\n forma sorpresiva, en la Ley Sustitutiva de la Ley de Creación\n de la Comisión de Tránsito del Guayas, publicada\n en el Registro Oficial N0 202 de 1 de junio de 1999, en forma\n ilegal, los representantes de los choferes profesionales y transportistas\n son suprimidos, por lo tanto quedando sin representación\n los gremios a los cuales representan ante el Directorio de la\n Comisión. Que ninguna ley especial puede reformar una\n ley orgánica como es la Ley de Tránsito y Transporte\n Terrestres, teniendo en cuenta la jerarquía de las leyes\n determinada en los artículos 272 y 143 segundo inciso\n de la Constitución Política del Estado.
El H. José Cordero Acosta, Presidente del Congreso\n Nacional contesta la demanda y alega: a) falto de legitimo contradictor\n por cuanto han sido demandados el Procurador del Estado y el\n Director de la Comisión de Tránsito del Guayas,\n ninguno de los cuales constituye autoridad expedidor o sancionador;\n b) improcedencia sustantiva de la acción por cuanto la\n ley impugnada fue objeto de conocimiento, tratamiento y aprobación\n por parte del Congreso Nacional, de conformidad con las disposiciones\n constitucionales y legales respectivas y mereció la sanción\n por parte del Presidente de la República, como aparece\n en el Registro Oficial en el que se halla publicada, por lo que\n no existe inconstitucionalidad por la forma, aparte que los demandantes\n sobre este aspecto no expresan argumento alguno; y, c) plena\n constitucionalidad de forma y de fondo del articulo 4 de la ley,\n por cuanto al constar en la disposición legal impugnada\n una integración del Directorio de la Comisión de\n Tránsito del Guayas, diferente a la que señala\n una ley anterior y al no haber una derogatoria expresa, se produjo\n una abrogación tácita cuyo efecto es la vigencia\n de lo dispuesto en la ley posterior como consecuencia de la derogatoria\n de la ley anterior, por lo que no hay contradicción de\n leyes; y, por cuanto la Constitución Política contempla\n en su artículo 142 la división de leyes en orgánicas\n y ordinarias y fija caracterizaciones de las primeras, que en\n cumplimiento de la vigésima segunda disposición\n transitoria ibídem, el Congreso mediante Resolución\n 22-058. publicada en el Registro Oficial N0 280 del 8 de marzo\n del año en curso, determinó la calidad de orgánicas\n a las leyes vigentes. en cuyo listado no aparecen las leyes que\n se alude en la demanda.
En similares términos contesta la demanda el señor\n Presidente de la República, añadiendo que la plena\n constitucionalidad del artículo impugnado está\n determinada por cuanto el artículo 123 de la Constitución\n dispone que no podrán ser miembros de organismos directivos\n de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación\n las personas que tuvieren interés en las áreas\n que se sujetan al control y regulación de los emites creados\n para ese efecto, así como en tanto el Presidente de la\n República está facultado para reorganizar los directorios\n de las entidades y empresas respectivas a fin de convertirlas\n en entidades autónomas, respecto del transporte terrestre,\n aéreo, marítimo y fluvial, de conformidad a lo\n dispuesto por la Ley de Modernización en la disposición\n Tercera-A agregada por el artículo 29 de la Ley para la\n Promoción de la Inversión y Participación\n Ciudadana.
Que, el Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver la presente causa en virtud de lo dispuesto en el\n numeral uno del articulo 276 de la Constitución Política\n del Estado;
Que, no se he omitido solemnidad sustancial alguna por lo\n que se declara su validez;
Que, los accionantes fundamentan su demanda en que la disposición\n contenida en el artículo 4 de la Ley Sustitutiva de la\n Ley de Creación de la Comisión de Tránsito\n del Guayas, siendo ley ordinaria, ha modificado una ley orgánica,\n cual es la de Tránsito y Transporte Terrestres, por lo\n que, en primer término, corresponde verificar el carácter\n de las mismas, a cuyo efecto se procede al análisis de\n la normativa constitucional relativa a la clasificación\n de las leyes. El artículo 142 determina que las leyes\n orgánicas serán aquellas que versan sobre: a) la\n regulación de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial,\n régimen seccional autónomo y organismos del Estado\n establecidos en la constitución, b) régimen de\n partidos, ejercicio de derechos políticos y sistema electoral;\n c) regulación de garantías de derechos fundamentales\n y procedimientos para su protección; y, d) las que determine\n la constitución que se expidan con este carácter.\n El carácter de orgánicas de las leyes previstas\n por la Constitución, como conceptúa Guillermo Cabanellas,\n dice relación a su condición de complementada "de\n la Constitución de un Estado, por ordenar ésta\n la formación de una ley especial para desenvolver un precepto\n e institución". Las demás leyes son ordinarias;
Que, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres tiene\n por objeto "la organización, la planificación,\n la reglamentación y el control del tránsito y el\n transporte terrestre, el uso de vehículos a motor, de\n tracción humana, mecánica o animal, de la circulación\n peatonal y la conducción de semovientes; el control y\n la prevención de los accidentes, lo contaminación\n ambiental y el ruido producido por vehículos a motor;\n y, la tipificación y juzgamiento de las infracciones de\n tránsito", aspectos que, si bien son de significativo\n importancia, no entran en el campo de la determinación\n constitucional constante en el artículo 142, como tampoco\n la constitución, de manera específica ha determinado\n el carácter de orgánico para esta ley, circunstancia\n que se encuentra ratificada por la Resolución R-22-058\n emitida por el Congreso Nacional, en uso de la atribución\n conferida por la disposición transitoria vigésima\n segunda de la Constitución, que determina las leyes que\n tienen jerarquía y calidad de orgánicas, en cuyo\n listado no consta la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres;\n concluyéndose, en consecuencia, que esta ley es ordinaria;
Que, siendo las leyes materia del presente análisis\n de carácter ordinario, las diferencias que pudieren existir\n entre ellas no constituyen alteración del sistema normativo\n jerárquico establecido constitucionalmente, pues no se\n trata de la contradicción de unja ley ordinaria respecto\n a una orgánica. Por otra parte, la legislación\n civil vigente, establece reglas para superar los conflictos existentes\n entre leyes, por lo que se debe estar a las mismas; sin embargo,\n éste no es aspecto que debe dilucidarse por vía\n de acción de inconstitucionalidad; y,
1. Desechar la demanda de inconstitucionalidad planteada.\n -
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada con siete votos a favor correspondientes\n a los doctores Guillermo Castro, Luis Chacón, René\n de la Torre, Carlos Helou, Luis Mantilla, Hernán Rivadeneira\n y Hernán Salgado; dos votos salvados de los doctores Oswaldo\n Cevallos y Marco Morales, en sesión de once de diciembre\n del dos mil uno.- Lo certifico.
VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES OSWALDO CEVALLOS BUENO Y MARCO\n MORALES TOBAR
Que, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, publicada\n en el R.O. No. 1002 de 2 de agosto de 1996, en el capítulo\n referente a la Comisión de Tránsito de la provincia\n del Guayas, esto es, en el articulo 30 que se refiere a la integración\n del Directorio incluía entre otros: literal h) Al Secretario\n General del Sindicato de Choferes Profesionales de la provincia\n del Guayas; y literal i) A un representante de los transportistas;
Que, el artículo 4 de la Ley Sustitutiva de la Ley\n de Creación de la Comisión de Tránsito del\n Guayas, publicada en el RO. No. 202 del 1 de junio de 1999, que\n hace referencia a la integración del Directorio, excluye\n a los representantes de los choferes profesionales de la provincia\n del Guayas y a los transportistas;
Que, el artículo 123 de la Constitución Política\n dice: "No podrán ser funcionados mii miembros de\n organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal\n de control y regulación, quienes tengan intereses o representen\n a terceros que los tuvieren en las áreas que vayan a ser\n controladas o reguladas";
Que, como punto de refuerzo, se debe tener presente el canon\n de interpretación sistemática de la Constitución,\n que considera que su texto es un todo orgánico, excluyendo\n definitivamente, toda interpretación desencajada, que\n saque de contexto una norma constitucional determinada y que,\n eventualmente, pueda llevar a la anulación de otros preceptos\n constitucionales;
Que, al respecto, la disposición constitucional referida,\n debe entenderse en relación a personas individualmente\n consideradas, quienes en calidad de tales si pueden tener o representar\n intereses personales, pero en modo alguno, respecto de las entidades\n o gremios representados por sus delegados; en este sentido, la\n propia Constitución Política prevé la participación\n de la sociedad civil o políticamente organizada, a través\n de delegados en organismos de control como el Tribunal Constitucional,\n Tribunal Electoral, Comisión de Control Cívico\n de la Corrupción, situación que, se tornada improcedente\n de considerarse que el espíritu del artículo 123\n prohíbe tal participación;
Que, del análisis del expediente, no aparece justificativo\n o fundamento alguno que nos permita concluir que los choferes\n profesionales de la provincia del Guayas y el representante de\n los transportistas, actúen en función de intereses\n personales, lo cual constituye simplemente una expectativa que\n no aporta elementos jurídicos que prueben tal supuesto.\n Al contrario, la presencia de los transportistas dentro del Directorio,\n pueden aportar con su conocimiento y experiencia en beneficio\n de las políticas generales del Directorio de la Comisión\n de Tránsito del Guayas;
Que, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres manda\n que en los consejos provinciales de Tránsito del país\n ha de existir representación de los gremios de transporte;
Que, dicha disposición en el caso de la provincia del\n Guayas no se la recoge de conformidad con lo que dispone el artículo\n 29 letras g) y h), lo cual da lugar. a que se produzca un tratamiento\n totalmente inequitativo entre los transportistas de todas las\n provincias del país y los de la provincia del Guayas,\n pues mientras en todos los consejos provinciales de Tránsito\n y Terrestre se cuenta con representación de los transportistas\n y del Secretario General del Sindicato de Choferes Profesionales,\n en el exclusivo y único caso de la provincia del Guayas\n aquello no se produce, cuestión que es atentatoria de\n modo fundamental a lo dispuesto en el número 3 del artículo\n 23 del Texto Constitucional; y.
1. Declarar la inconstitucionalidad por el fondo del artículo\n 4 de la Ley Sustitutiva de la Ley de Creación de la Comisión\n de Tránsito del Guayas, publicada en el Registro Oficial\n No. 202 de 1 de junio de 1999.
2. Publicar la presente resolución en el Registro Oficial.-\n Notifíquese".
f.) Dr. Marco Morales Tobar. Vocal.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito,\n a 26 de diciembre del 2001.
Nro. 250-2001-TP
En el caso signado con el Nro. 005-2001-CL
ANTECEDENTES: El Presidente de la República, doctor\n Gustavo Noboa Bejarano, solicita el dictamen del Tribunal Constitucional,\n conforme lo disponen los artículos 277, inciso segundo,\n y 276, número 5, de la Constitución de la República,\n sobre el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino y su Protocolo\n Adicional sobre Elecciones Directas y Universales de sus representantes,\n previo a su aprobación por parte del Congreso Nacional.
Que, el Tribunal Constitucional es competente para conocer\n la solicitud de dictamen realizada por el señor Presidente\n de la República, en virtud de lo dispuesto en los artículos\n 162 inciso segundo, 276 número 5, y 277 inciso primero\n del número 5, de la Constitución;
Que, el Tratado sujeto al presente dictamen sustituye al Tratado\n Constitutivo del Parlamento Andino de 25 de octubre de 1979,\n instrumento proyectado, que se complementa por el Protocolo Adicional\n sobre Elecciones Directas y Universales de sus representantes;
Que, el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino es un instrumento\n internacional que responde a las disposiciones constitucionales\n que debe observar el Ecuador, a través de sus representantes,\n en sus relaciones con la comunidad internacional, al propugnar\n la integración, específicamente la Andina, y propiciar\n el desarrollo de la comunidad internacional, la estabilidad y\n fortalecimiento de sus organismos, tal como se establece tanto\n en el preámbulo como en el texto permanente de los instrumentos\n objeto de este dictamen, en absoluta concordancia con el articulo\n 4, números 4 y 5, de la Constitución;
Que, de conformidad con lo señalado en el considerando\n precedente, al Parlamento Andino se lo proyecta como el órgano\n deliberante del sistema andino de integración, representándose\n a los pueblos de esta comunidad de naciones a través de\n parlamentados electos, de conformidad con el artículo\n 2 del Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, los que actuarán\n en función de los objetivos e intereses comunes de los\n Estados, a través de las sesiones del órgano comunitario,\n tal como se dispone en los artículos 3 y siguientes del\n instrumento;
Que, los propósitos y atribuciones del Parlamento Andino,\n señalados en los artículos 11 y 12 del Tratado\n Constitutivo, se encuentran en plena conformidad con lo previsto\n en los artículos 4, número 5 de la Constitución,\n en materia de integración, 16 y siguientes del Código\n Político, respecto de la defensa de los derechos humanos,\n y 1 y 6, número 6, de la Carta Fundamental, en relación\n con el afianzamiento del sistema democrático;
Que, las condiciones previstas en el artículo 18 y\n siguientes del Tratado Constitutivo en relación con la\n suscripción, ratificación, vigencia y denuncia\n del instrumento se encuentran en conformidad con las disposiciones\n constitucionales en la materia, en especial a los artículos\n 171, número 12, 130, número 7, y 162 de la Constitución\n y a las normas señaladas en la Convención de Viena\n de 1969 sobre Derecho de los Tratados;
Que, la organización del Parlamento no contiene contradicción\n alguna con la Constitución ecuatoriana, sus parlamentados\n tienen un periodo de dos años, contemplándose el\n principio de reelección de sus miembros, tal como se establece\n en el inciso tercero del artículo 98 del texto constitucional,\n estableciendo el orden de subrogación en casos de ausencia\n temporal y definitiva, señalándose los dignatarios\n del organismo y su calidad de persona jurídica internacional,\n teniéndose presente que la elección de estos dignatarios,\n de manera popular, directa y secreta, tal como se contempla en\n el artículo 1 del Protocolo Adicional, se encuentra prevista\n en el artículo 7 de la Ley de Elecciones, previa convocatoria\n por parte del Tribunal Supremo Electoral, de conformidad con\n la letra f del articulo 20 de la misma ley;
Que, este Tribunal hace presente, que la duración de\n los parlamentarios andinos en sus cargos, de conformidad con\n el Tratado en comento, se señala en un periodo de dos\n años, ocurriendo que la Ley de Elecciones, en su articulo\n 46, señala que el tercer domingo de octubre de cada cuatro\n años se realizará la primera vuelta electoral.\n en la que se elige Presidente de la República ~. entre\n otros, representantes ante el Parlamento Andino, mas en el articulo\n 49 del mismo cuerpo normativo, se indica que el tercer domingo\n de mayo de cada cuatro años, se elegirán prefectos\n provinciales, alcaldes municipales, consejeros provinciales de\n elección directa, mayorías de consejos provinciales\n y miembros de juntas parroquiales rurales, omitiendo la elección\n de parlamentarios andinos, debiéndose adecuar esta ley,\n de rango orgánico, a lo dispuesto en el Tratado en comento,\n cuya jerarquía dispositiva es superior, de acuerdo con\n el articulo 163 de la Constitución;
Que, en relación a lo señalado en el considerando\n precedente, si bien el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino\n y

References: artículo 2
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 artículo 3
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 artículo 51
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 artículo 2
 artículo 35
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 206
 artículo 1
 artículo 278
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 artículo 18
 artículo 276
 artículo 20
 artículo 142
 artículo 123
 artículo 29
 artículo 4
 artículo 142
 artículo 142
 Resolución 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 123
 artículo 123
 resolución 
 artículo 18
 artículo 98
 artículo 1
 artículo 7