Source: https://pt.scribd.com/document/58850789/Ley-de-Memoria-Historica
Timestamp: 2019-09-18 14:03:31+00:00

Document:
salvarSalvar Ley de Memoria Historica para ler mais tarde
1. Quirosa-2007
Informe. Parte Fede
Nm. 99-1
PROYECTO DE LEY 121/000099 Por la que se reconocen y amplan derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecucin o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
La Mesa de la Cmara, en su reunin del da de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia. (121) Proyecto de Ley. 121/000099 AUTOR: Gobierno. Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplan derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecucin o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Acuerdo: Encomendar su aprobacin con competencia legislativa plena, conforme al artculo 148 del Reglamento, a la Comisin Constitucional. Asimismo, publicar en el Boletn Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un perodo de quince das hbiles, que finaliza el da 26 de septiembre de 2006. En ejecucin de dicho acuerdo se ordena la publicacin de conformidad con el artculo 97 del Reglamento de la Cmara. Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2006.P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA Exposicin de motivos El espritu de reconciliacin y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacfica de todas las ideas, que gui la Transicin, nos permiti dotarnos de una Constitucin, la de 1978, que tradujo jurdicamente esa voluntad de reencuentro de los espaoles articulando un Estado social y democrtico de derecho con clara vocacin integradora. El espritu de la Transicin da sentido, de este modo, al modelo constitucional de convivencia ms fecundo que los espaoles hayamos disfrutado nunca. Y es ese mismo espritu el que explica tambin las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo, desde el origen mismo de todo el perodo democrtico, en favor de las personas que, durante los decenios anteriores a la Constitucin, sufrieron las consecuencias de nuestra devastadora guerra civil y del rgimen dictatorial que la sucedi. Pese a ese esfuerzo legislativo, quedan an iniciativas por adoptar para dar cumplida y definitiva respuesta a las demandas de esos ciudadanos, planteadas tanto en el mbito parlamentario como por distintas asociaciones cvicas. Se trata de peticiones legtimas y justas, que nuestra democracia, apelando de nuevo a su espri-
8 de septiembre de 2006.Serie A. Nm. 99-1
tu fundacional de concordia, y en el marco de la Constitucin, no puede dejar de atender. Es la hora, as, de que la democracia espaola y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos polticos o ideolgicos, en aquellos dolorosos perodos de nuestra historia. Desde luego, a quienes perdieron la vida. Con ellos, a sus familias. Tambin a quienes perdieron su libertad, al padecer prisin, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentracin dentro o fuera de nuestras fronteras. Tambin, en fin, a quienes perdieron la patria al ser empujados a un largo, desgarrador y, en tantos casos, irreversible exilio. La presente Ley parte de la consideracin de que los diversos aspectos relacionados con la memoria personal y familiar, especialmente cuando se han visto afectados por conflictos de carcter pblico, forman parte del estatuto jurdico de la ciudadana democrtica, y como tales son abordados en el texto. Se reconoce, en este sentido, un derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano, que encuentra su primera manifestacin en la Ley en el reconocimiento general que en la misma se proclama en su artculo 2. En efecto, en dicho precepto se hace una proclamacin general del carcter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas, por motivos inequvocamente polticos o ideolgicos, durante la Guerra Civil, as como las que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la Dictadura posterior. Esta declaracin general, contenida en el artculo 2, se complementa con la previsin de un procedimiento especfico para obtener una Declaracin personal, de contenido rehabilitador y reparador, que se abre como un derecho a todos los perjudicados, y que podrn ejercer ellos mismos o sus familiares. Se ha considerado conveniente, dado su importante valor simblico, atribuir la emisin de estas Declaraciones, que sern publicadas en el Boletn Oficial del Estado, a un Consejo de designacin parlamentaria, creado ad hoc, e integrado por personalidades de reconocido prestigio cuya eleccin se vea respaldada, adems, por una mayora cualificada del Congreso de los Diputados (arts. 3 a 7). En los artculos 8 a 12 se establece el reconocimiento de diversas mejoras de derechos econmicos ya recogidos en nuestro Ordenamiento. Y en la disposicin adicional segunda se prev, en esta misma direccin, el derecho a una indemnizacin en favor de todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la democracia, de la democracia que hoy todos disfrutamos, y que no haban recibido hasta ahora la compensacin debida. A continuacin, se recogen diversos preceptos (arts. 13 a 16) que, atendiendo tambin en este mbito una muy legtima demanda de no pocos ciudadanos,
que ignoran an el paradero de sus familiares, prevn medidas e instrumentos para que las Administraciones pblicas faciliten, a los interesados que lo soliciten, las tareas de localizacin, y, en su caso, identificacin de los desaparecidos, como una ltima prueba de respeto hacia ellos. Y ello se hace tratando de atender, con sentido de la ponderacin y del equilibrio, los diferentes derechos, intereses, y respetables opciones morales que resultan potencialmente concurrentes al respecto. Se establecen, asimismo, una serie de medidas (arts. 17 y 18) en relacin con los smbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la Dictadura que sean de titularidad estatal, sustentadas en el principio de evitar toda exaltacin del conflicto entre espaoles, y en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que as sea, a que los smbolos pblicos sean ocasin de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio. El legislador considera de justicia hacer un doble reconocimiento singularizado. En primer lugar, a los voluntarios integrantes de las Brigadas internacionales, a los que se les permitir acceder a la nacionalidad espaola sin necesidad de que renuncien a la que ostenten hasta este momento (art. 20); y, tambin, a las asociaciones ciudadanas que se hayan significado en la defensa de la dignidad de las vctimas de la violencia poltica a que se refiere esta Ley, a las que podr concederse la Gran Cruz del Mrito Civil de tipo colectivo como testimonio de este reconocimiento (art. 21). Con el fin de facilitar la recopilacin y el derecho de acceso a la informacin histrica sobre la Guerra Civil, la Ley refuerza el papel del actual Archivo General de la Guerra Civil Espaola, con sede en Salamanca, estableciendo que se le d traslado de toda la documentacin existente en otros centros estatales (arts. 22 a 25). En definitiva, la presente Ley quiere contribuir a cerrar heridas todava abiertas en los espaoles y a dar satisfaccin a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represin de la Dictadura. Quiere contribuir a ello desde el pleno convencimiento de que, profundizando de este modo en el espritu del reencuentro y de la concordia de la Transicin, no son slo esos ciudadanos los que resultan reconocidos y honrados sino tambin la Democracia espaola en su conjunto. Y quiere contribuir a ello, por ltimo, con la conviccin de que no es tarea de la ley, o de las normas jurdicas en general, fijarse el objetivo de implantar una determinada memoria histrica, de que no le corresponde al legislador construir o reconstruir una supuesta memoria colectiva. Pero s es deber del legislador, y cometido de la ley, consagrar y proteger, con el mximo vigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresin de plena ciudadana democrtica. Este es el compromiso al que el texto legal responde.
La presente Ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos en favor de quienes padecieron persecucin o violencia, por razones polticas o ideolgicas, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparacin moral y la recuperacin de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de divisin entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesin y solidaridad entre las diversas generaciones de espaoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales. Artculo 2. Reconocimiento general.
intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitucin. En todos los casos, ser necesario que los comportamientos en su da enjuiciados o sancionados resulten conformes a los principios y valores constitucionales hoy vigentes. Artculo 4. Tramitacin de la solicitud. 1. Tendrn derecho a solicitar la Declaracin las personas afectadas y, en su defecto, su cnyuge o persona ligada por anloga relacin de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado. 2. Asimismo podrn solicitar la Declaracin las instituciones pblicas, previo acuerdo de su rgano colegiado de gobierno, respecto de quienes, careciendo de cnyuge o de los familiares mencionados en el apartado anterior, hubiesen desempeado cargo o actividad relevante en las mismas. 3. Las personas o instituciones previstas en los apartados anteriores dirigirn su solicitud a la Comisin Interministerial a que se refiere la disposicin adicional primera de la presente Ley, en el plazo mximo de un ao a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 4. La solicitud se acompaar de la documentacin que, sobre los hechos y sobre el proceso o procedimiento originario, obre en poder de los solicitantes, as como de todos los antecedentes que se consideren oportunos. 5. La Comisin podr inadmitir la solicitud por no encontrarse el peticionario en alguno de los supuestos de los apartados 1 y 2 del presente artculo o por haberla formulado fuera de plazo. 6. La Comisin, de oficio o a instancia de parte, podr recabar de las distintas Administraciones pblicas y de los rganos judiciales, de acuerdo con la legislacin vigente, los documentos o la informacin que resulten procedentes para resolver. A estos efectos, podr suspender la tramitacin durante un plazo no superior a seis meses. Una vez recibida la documentacin o informacin, la Comisin la pondr en conocimiento del solicitante para que, en el plazo de veinte das, manifieste lo que considere oportuno. 7. A la vista de la documentacin e informacin aportada, la Comisin, en el plazo mximo de un ao a contar desde la presentacin de la solicitud, elevar su propuesta al Consejo previsto en el artculo siguiente. Artculo 5. rgano de resolucin.
1. Como expresin del derecho de todos los ciudadanos a la reparacin de su memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carcter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas, por razones polticas o ideolgicas, durante la Guerra Civil, cualquiera que fuera el bando o la zona en la que se encontraran quienes las padecieron, as como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura que, a su trmino, se prolong hasta 1975. 2. Las razones polticas o ideolgicas a que se refiere el apartado anterior incluyen la pertenencia o colaboracin con partidos polticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minoras tnicas, sociedades secretas, logias masnicas y grupos de resistencia, as como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingsticas o de orientacin sexual. Artculo 3. Declaracin de reparacin y reconocimiento personal. 1. Se reconoce el derecho a obtener una Declaracin de reparacin y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos a que se refiere el artculo anterior. 2. Esta Declaracin ser de aplicacin respecto de las penas y sanciones de carcter personal impuestas durante la Guerra Civil por Juzgados, Tribunales u rganos administrativos de cualquier naturaleza y respecto de todas las ejecuciones llevadas a cabo por cualquier organizacin o grupo durante el mismo perodo, siempre que, en uno y otro supuesto, se vinculen, directa o indirectamente, con motivaciones polticas o ideolgicas, en los trminos del artculo 2.2 de esta Ley. 3. Tambin ser de aplicacin en relacin con las ejecuciones, penas y sanciones de carcter personal que se hubiesen producido tras el fin de la Guerra Civil, cuando hubiesen tenido como objeto la represin o persecucin de quienes defendieron la legalidad institucional anterior al 18 de julio de 1936, pretendieron el restablecimiento en Espaa de un rgimen democrtico o
1. Al objeto de resolver sobre las solicitudes de Declaracin a que se refieren los artculos precedentes, se constituye un Consejo integrado por cinco personalidades de reconocido prestigio en el mbito de las ciencias sociales, elegidas por mayora de tres quintos del Congreso de los Diputados.
2. Sus miembros no estarn sujetos a mandato imperativo, ni recibirn instrucciones de ninguna autoridad. Desempearn sus funciones con autonoma y libertad de criterio, conforme a lo previsto en la presente Ley, y guardarn reserva sobre cuanto conozcan en el ejercicio de aqullas. No podrn ejercer ningn otro cargo de representacin o designacin polticas. 3. Cesarn por alguna de las siguientes causas: a) Renuncia. b) Finalizacin de sus funciones. c) Fallecimiento o incapacitacin sobrevenida. d) Haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso. 4. Los miembros del Consejo elegirn de entre ellos a su Presidente. Ser Secretario del Consejo, con voz pero sin voto, el que lo sea de la Comisin Interministerial a que se refiere la disposicin adicional primera de esta Ley. 5. El Ministerio de la Presidencia facilitar al Consejo los medios personales y materiales necesarios para su adecuado funcionamiento. Artculo 6. Funciones del Consejo.
4. La frmula de reparacin regulada en esta Ley ser compatible con cualquier otra ya instada por el interesado y prevista en el ordenamiento jurdico. 5. Las Declaraciones de reparacin y reconocimiento personal se publicarn en el Boletn Oficial del Estado para su general conocimiento. Artculo 8. Mejora de las prestaciones reconocidas por la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, de reconocimiento de pensiones, asistencia medico-farmacutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y dems familiares de los espaoles fallecidos como consecuencia o con ocasin de la pasada Guerra Civil. 1. Con el fin de completar la accin protectora establecida por la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, de reconocimiento de pensiones, asistencia medico-farmacutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y dems familiares de los espaoles fallecidos como consecuencia o con ocasin de la pasada Guerra Civil, se modifican las letras a) y c) del nmero 2 de su artculo primero, que quedan redactadas como sigue: a) Por heridas, enfermedad o lesin accidental originadas como consecuencia de la guerra. c) Como consecuencia de actuaciones u opiniones polticas y sindicales, cuando pueda establecerse asimismo una relacin de causalidad personal y directa entre la Guerra Civil y el fallecimiento. 2. Las pensiones que se reconozcan al amparo de lo dispuesto en el apartado anterior tendrn efectos econmicos desde el primer da del mes siguiente a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, siendo de aplicacin, en su caso, las normas que regulan la caducidad de efectos en el Rgimen de Clases Pasivas del Estado. Artculo 9. Importe de determinadas pensiones de orfandad. 1. La cuanta de las pensiones de orfandad en favor de hurfanos no incapacitados mayores de veintin aos causadas por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, y 35/1980, de 26 de junio, se establece en 132,86 euros mensuales. 2. A las pensiones de orfandad a que se refiere el presente artculo les ser de aplicacin el sistema de complementos econmicos vigentes y experimentarn las revalorizaciones que establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada ao. 3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores tendr efectividad econmica desde el primer da del mes siguiente a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, sin perjuicio de las normas que sobre caducidad de efectos rigen en el Rgimen de Clases Pasivas del Estado.
Corresponden al Consejo las siguientes funciones: a) Resolver, en el plazo mximo de seis meses, las propuestas elevadas por la Comisin Interministerial, emitiendo Declaracin favorable o denegndola, en los trminos previstos en el artculo siguiente. b) Reclamar de la Comisin Interministerial que complete la informacin necesaria para pronunciarse antes de emitir la Declaracin, y con suspensin del plazo para emitirla. c) Elaborar un informe anual sobre su actividad, que remitir al Congreso de los Diputados. Artculo 7. Contenido de la Declaracin.
1. Las Declaraciones de reparacin y reconocimiento personal tendrn por nico objeto la constatacin de que las ejecuciones, condenas o sanciones sufridas son manifiestamente injustas por contrarias a los derechos y libertades que constituyen el fundamento del orden constitucional hoy vigente y son la base de la convivencia de la sociedad. 2. En ningn caso la Declaracin a que se refiere este artculo constituir ttulo para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administracin Pblica, ni dar lugar a efecto, reparacin o indemnizacin de ndole econmica o profesional. 3. La Declaracin omitir toda referencia a la identidad de cuantas personas hubiesen intervenido en los hechos o en las actuaciones jurdicas que dieron lugar a las sanciones o condenas.
Artculo 10. Modificacin del mbito de aplicacin de las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisin como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnista. 1. Con el fin de incorporar supuestos en su da excluidos de la concesin de indemnizaciones por tiempos de estancia en prisin durante la Dictadura, se modifican los apartados uno y dos de la disposicin adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el ao 1990, que quedan redactados como sigue: Uno. Quienes acrediten haber sufrido privacin de libertad en establecimientos penitenciarios o en Batallones Disciplinarios, en cualquiera de sus modalidades, durante tres o ms aos, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, y tuvieran cumplida la edad de sesenta aos en 31 de diciembre de 1990, tendrn derecho a percibir por una sola vez una indemnizacin de acuerdo con la siguiente escala:
cas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, que quedar redactada de la siguiente manera: u) Las indemnizaciones previstas en la legislacin del Estado y de las Comunidades Autnomas para compensar la privacin de libertad en establecimientos penitenciarios como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnista. Artculo 12. Ayudas para compensar la carga tributaria de las indemnizaciones percibidas desde el 1 de enero de 1999 por privacin de libertad como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnista. 1. Las personas que hubieran percibido desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2004 las indemnizaciones previstas en la legislacin del Estado y de las Comunidades Autnomas para compensar la privacin de libertad en establecimientos penitenciarios como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnista, podrn solicitar, en la forma y plazos que se determinen, el abono de una ayuda cuantificada en el 15 por ciento de las cantidades que, por tal concepto, hubieran consignado en la declaracin del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas de cada uno de dichos perodos impositivos. 2. Si las personas a que se refiere el apartado 1 anterior hubieran fallecido, el derecho a la ayuda corresponder a sus herederos, quienes podrn solicitarla. 3. Las ayudas percibidas en virtud de lo dispuesto en el presente artculo estarn exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas. 4. Por Orden del Ministro de Economa y Hacienda se determinar el procedimiento, las condiciones para su obtencin y el rgano competente para el reconocimiento y abono de esta ayuda. Artculo 13. Colaboracin de las administraciones pblicas con los particulares para la localizacin e identificacin de vctimas. 1. Las Administraciones pblicas, en el marco de sus competencias, facilitarn a los descendientes directos de las vctimas que as lo soliciten las actividades de indagacin, localizacin e identificacin de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represin poltica posterior y cuyo paradero se ignore. Lo previsto en el prrafo anterior podr aplicarse respecto de las entidades que, constituidas antes de 1 de junio de 2004, incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines.
Tres o ms aos de prisin ......................... 6.010,12 Por cada tres aos completos adicionales ... 1.202,02 Dos. Si el causante del derecho a esta indemnizacin hubiese fallecido, y en 31 de diciembre de 1990 hubiera podido tener cumplidos sesenta aos de edad tendr derecho a la misma el cnyuge suprstite, que sea pensionista de viudedad por tal causa o que, aun no teniendo esta condicin, acredite ser cnyuge viudo del causante. 2. Se aade un apartado siete a la disposicin adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos del Estado con la siguiente redaccin: Siete. Quienes se consideren con derecho a los beneficios establecidos en los apartados uno y dos anteriores, ya sean los propios causantes o sus cnyuges suprstites o pensionistas de viudedad por tal causa, debern solicitarlos expresamente ante la citada Direccin General de Costes de Personal y Pensiones Pblicas. Artculo 11. Tributacin en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas de las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron privacin de libertad como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnista. Con efectos desde el 1 de enero de 2005, se aade una nueva letra u) al artculo 7 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsi-
2. Conforme a su normativa reguladora, podrn arbitrarse subvenciones para contribuir a sufragar los gastos derivados de las actividades contempladas en este artculo. Artculo 14. Mapas de localizacin.
Artculo 16. Acceso a los terrenos afectados por trabajos de localizacin e identificacin. 1. La realizacin de las actividades de localizacin y eventual identificacin o traslado de los restos de las personas referidas en el apartado 1 del artculo 13 se constituye en fin de utilidad pblica e inters social, a los efectos de permitir, en su caso y de acuerdo con los artculos 108 a 119 de la Ley de Expropiacin Forzosa, la ocupacin temporal de los terrenos donde deban realizarse. 2. Para las actividades determinadas en los apartados anteriores, las administraciones autorizarn, salvo causa justificada de inters pblico, la ocupacin temporal de los terrenos de su titularidad por parte de los descendientes directos de las vctimas o de las organizaciones que asuman su realizacin. 3. En el caso de terrenos de titularidad privada, los descendientes, o las organizaciones legitimadas de acuerdo con el apartado anterior, debern solicitar el consentimiento de los titulares de derechos afectados sobre los terrenos en que se hallen los restos. Si no se obtuviere dicho consentimiento, las Administraciones pblicas podrn autorizar la ocupacin temporal, siempre tras audiencia de los titulares de derechos afectados, con consideracin de sus alegaciones, y fijando la correspondiente indemnizacin a cargo de los ocupantes. Artculo 17. Smbolos y monumentos pblicos.
1. Las Administraciones pblicas competentes elaborarn y pondrn a disposicin de los interesados a que se refiere el artculo 13, dentro de su respectivo mbito territorial de actuacin, mapas en que consten los terrenos en que se localicen los restos de las personas a las que se refiere el artculo anterior incluyendo la informacin complementaria disponible sobre los mismos. 2. El Gobierno determinar el procedimiento de elaboracin de un mapa integrado que comprenda todo el territorio espaol, que ser igualmente accesible para los interesados y al que se incorporarn los datos que, en los trminos que se establezcan, debern ser remitidos por las distintas Administraciones pblicas competentes. 3. Las reas incluidas en los mapas sern objeto de especial preservacin por parte de sus titulares, en los trminos que reglamentariamente se establezca. Artculo 15. Autorizaciones administrativas para actividades de localizacin e identificacin. 1. Las Administraciones pblicas competentes autorizarn las tareas de prospeccin encaminadas a la localizacin de restos de las vctimas referidas en el apartado 1 del artculo 13, de acuerdo con la normativa sobre patrimonio histrico. 2. Las Administraciones pblicas, en el ejercicio de sus competencias, establecern el procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos de las vctimas referidas en el apartado 1 del artculo 13, o las entidades que acten en su nombre, puedan recuperar los restos enterrados en las fosas correspondientes, para su identificacin y eventual traslado a otro lugar. 3. En cualquier caso, la exhumacin se someter a autorizacin administrativa por parte de la autoridad competente, en la que deber ponderarse especialmente la existencia de oposicin por cualquiera de los descendientes directos de las personas cuyos restos deban ser trasladados. A tales efectos, y con carcter previo a la correspondiente resolucin, la administracin competente deber dar adecuada publicidad a las solicitudes presentadas, comunicando en todo caso su existencia a la Administracin General del Estado para su inclusin en el mapa referido en el apartado primero del artculo anterior. 4. Los restos que hayan sido objeto de traslado y no fuesen reclamados sern inhumados en el cementerio correspondiente al trmino municipal en que se encontraran, a cargo de los solicitantes de la exhumacin.
Los rganos que tengan atribuida la titularidad o conservacin de los monumentos, edificios y lugares de titularidad estatal, tomarn las medidas oportunas para la retirada de los escudos, insignias, placas y otras menciones conmemorativas de la Guerra Civil, existentes en los mismos, cuando exalten a uno slo de los bandos enfrentados en ella o se identifiquen con el rgimen instaurado en Espaa a su trmino. Lo previsto en el prrafo anterior no ser de aplicacin cuando concurran razones artsticas, arquitectnicas u otras de inters general que lo hagan improcedente. En estos casos, podr considerarse, de acuerdo con las circunstancias, la forma de dar testimonio de homenaje y recuerdo a todas las vctimas de la Guerra Civil. Artculo 18. Valle de los Cados. 1. El Valle de los Cados se regir estrictamente por las normas aplicables con carcter general a los lugares de culto y a los cementerios pblicos. 2. En ningn lugar del recinto podrn llevarse a cabo actos de naturaleza poltica ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo. 3. La Fundacin gestora del Valle de los Cados incluir entre sus objetivos honrar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represin poltica que la sigui, con el objeto de profundizar en el conocimiento
de ese perodo histrico y en la exaltacin de la paz y de los valores democrticos. Artculo 19. Edificaciones y obras pblicas realizadas mediante trabajos forzosos. Conforme a su normativa reguladora, las Administraciones pblicas podrn prever subvenciones para la confeccin de censos de edificaciones y obras pblicas realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, as como por prisioneros en campos de concentracin, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas. Artculo 20. Concesin de la nacionalidad espaola a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales. 1. Con el fin de hacer efectivo el derecho que reconoci el Real Decreto 39/1996, de 19 de enero, a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales que participaron en la Guerra Civil de 1936 a 1939, no les ser de aplicacin la exigencia de renuncia a su anterior nacionalidad requerida en el artculo 23, letra b, del Cdigo Civil, en lo que se refiere a la adquisicin por carta de naturaleza de la nacionalidad espaola. 2. Mediante Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, se determinarn los requisitos y el procedimiento a seguir para la adquisicin de la nacionalidad espaola por parte de las personas mencionadas en el apartado anterior. Artculo 21. vctimas. Reconocimiento a las asociaciones de
fuentes secundarias que puedan resultar de inters para el estudio de la Guerra Civil, la Dictadura franquista, la resistencia guerrillera contra ella, el exilio, el internamiento de espaoles en campos de concentracin durante la Segunda Guerra Mundial y la transicin. c) Fomentar la investigacin histrica sobre la Guerra Civil, el franquismo, el exilio y la transicin, y contribuir a la difusin de sus resultados. d) Impulsar la difusin de los fondos del Centro, y facilitar la participacin activa de los usuarios y de sus organizaciones representativas. 3. La estructura y funcionamiento del Centro Documental de la Memoria Histrica se establecer mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros. Artculo 23. Archivo General de la Guerra Civil Espaola. 1. Los documentos originales, o copias fidedignas de los mismos, referidos a la Guerra Civil de 1936-1939 y a la represin poltica subsiguiente sitos en archivos, museos o bibliotecas de titularidad estatal, se integrarn en el Archivo General de la Guerra Civil Espaola, de titularidad estatal y con sede en la ciudad de Salamanca, creado por Real Decreto 426/1999, de 12 de marzo, en la forma y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determinen. 2. Se arbitrarn los medios necesarios para que la Administracin General del Estado proceda a la recopilacin de los testimonios orales relevantes sobre la Guerra Civil espaola y la represin poltica subsiguiente y a su integracin en el Archivo General de la Guerra Civil Espaola. Artculo 24. Adquisicin y proteccin de documentos sobre la Guerra Civil y la Dictadura. 1. La Administracin General del Estado aprobar, con carcter anual y con la dotacin que en cada caso se establezca en los Presupuestos Generales del Estado, un programa de convenios para la adquisicin de documentos referidos a la Guerra Civil o a la represin poltica subsiguiente que obren en archivos pblicos o privados, nacionales o extranjeros, ya sean en versin original o a travs de cualquier instrumento que permita archivar, conocer o reproducir palabras, datos o cifras con fidelidad al original. Los mencionados fondos documentales se incorporarn al Archivo General de la Guerra Civil Espaola. 2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histrico Espaol, los documentos obrantes en archivos privados y pblicos relativos a la Guerra Civil y la Dictadura se declaran, a todos los efectos, constitutivos del Patrimonio Documental y Bibliogrfico.
El Gobierno, mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, podr conceder la Gran Cruz del Mrito Civil de tipo colectivo a las asociaciones, fundaciones y organizaciones que se hayan destacado en la defensa de la dignidad de las vctimas de la violencia poltica a que se refiere esta Ley y en la contribucin a la recuperacin de la memoria histrica. Artculo 22. Creacin del Centro Documental de la Memoria Histrica. 1. De conformidad con lo previsto en la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, se constituye el Centro Documental de la Memoria Histrica, con sede en la ciudad de Salamanca. 2. Son funciones del Centro Documental de la Memoria Histrica: a) Mantener y desarrollar el Archivo General de la Guerra Civil Espaola, y proceder a la actualizacin de las tcnicas para su uso y conservacin. b) Recuperar, reunir, organizar y poner a disposicin de los interesados los fondos documentales y las
Artculo 25. Derecho de acceso a los fondos de los archivos pblicos y privados. 1. A los efectos de lo previsto en esta Ley, se garantizar a los interesados y a sus herederos el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos pblicos y la obtencin de la copia que soliciten de los documentos que les conciernan. 2. Lo previsto en el apartado anterior ser de aplicacin, en sus propios trminos, a los archivos privados sostenidos, total o parcialmente, con fondos pblicos. 3. El acceso a los documentos contenidos en los archivos a que se refieren los apartados anteriores se regir por lo previsto en el artculo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histrico Espaol. Lo dispuesto en el apartado 3 del citado artculo 57 ser de especial aplicacin cuando los documentos identifiquen a los autores o a otras personas intervinientes en los hechos o en las actuaciones jurdicas sobre los mismos, en cuyo caso los responsables de los archivos pblicos sustituirn la entrega de una copia de los mismos por un certificado sobre su contenido, con el fin de preservar la identidad de aquellos. Disposicin adicional primera. Comisin Interministerial para la atencin a quienes padecieron las consecuencias de la Guerra Civil y de la Dictadura. 1. Se crea una Comisin Interministerial para la atencin a quienes padecieron las consecuencias de la Guerra Civil y de la Dictadura, con la composicin, organizacin y funciones que se determinen reglamentariamente. 2. La norma reglamentaria a que se refiere el apartado anterior dispondr la disolucin y el cese en sus funciones de la Comisin Interministerial para el estudio de la situacin de las vctimas de la Guerra Civil y del franquismo, creada por Real Decreto 1891/2004, de 10 de septiembre. 3. Antes de comenzar sus trabajos, la Comisin Interministerial para la atencin a quienes padecieron las consecuencias de la Guerra Civil y de la Dictadura dictar una resolucin organizativa por la que se crearn las subcomisiones de apoyo que considere oportunas, integradas por personal al servicio de las Administraciones pblicas. La existencia y composicin de las mismas se reflejar en la correspondiente relacin de puestos de trabajo del Ministerio de la Presidencia. Disposicin adicional segunda. Reconocimiento en favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el perodo comprendido entre 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977. 1. En atencin a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte, se reconoce el derecho a una indemnizacin, por una cuanta de 135.000 , a los beneficiarios de quienes fallecieron durante el
perodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, en defensa y reivindicacin de las libertades y derechos democrticos. 2. Sern beneficiarios de la indemnizacin a que se refiere el apartado primero de esta disposicin los hijos y el cnyuge de la persona fallecida, si no estuviere separado legalmente ni en proceso de separacin o nulidad matrimonial, o la persona que hubiere venido conviviendo con ella de forma permanente con anloga relacin de afectividad a la del cnyuge durante, al menos, los dos aos inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren tenido descendencia en comn, en cuyo caso bastar la mera convivencia. Subsidiariamente, si no existieran los anteriores, sern beneficiarios, por orden sucesivo y excluyente, los padres, nietos, los hermanos de la persona fallecida y los hijos de la persona conviviente, cuando dependieren econmicamente del fallecido. Cuando se produzca la concurrencia de diversas personas que pertenezcan a un grupo de los que tienen derecho a la indemnizacin, la cuanta total mxima se repartir por partes iguales entre todos los que tengan derecho por la misma condicin, excepto cuando concurran el cnyuge o persona con anloga relacin afectiva y los hijos del fallecido, en cuyo caso la ayuda se distribuir al 50 por ciento entre el cnyuge o la persona con anloga relacin de afectividad y el conjunto de los hijos. 3. Proceder el abono de la indemnizacin siempre que por los mismos hechos no se haya recibido indemnizacin o compensacin econmica alguna o, habindose recibido, sea de cuanta inferior a la determinada en esta disposicin. 4. El Gobierno, mediante Real Decreto, determinar las condiciones y el procedimiento para la concesin de la indemnizacin prevista en esta disposicin. Corresponder la tramitacin de este procedimiento a la Comisin prevista en la disposicin adicional primera de esta Ley y al Consejo de Ministros su resolucin definitiva. 5. Los beneficiarios de la indemnizacin establecida en esta disposicin dispondrn del plazo de un ao, a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto a que se refiere el apartado anterior, para presentar su solicitud ante la Comisin en l mencionada. Disposicin adicional tercera. Proteccin de datos.
1. La recogida, cesin y tratamiento de datos de carcter personal de las personas implicadas en los expedientes contemplados en la presente Ley slo podrn realizarse en ficheros informticos de titularidad pblica y se regir por lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal. 2. El acceso a los documentos obrantes en los archivos pblicos referidos a vctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura estar sometido a los plazos y condiciones establecidos en el artculo 37 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, y en el artculo 37 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histrico Espaol. Disposicin adicional cuarta. Adecuacin del Archivo General de la Guerra Civil Espaola. Se autoriza al Gobierno a que lleve a cabo las acciones necesarias en orden a organizar y reestructurar el Archivo General de la Guerra Civil Espaola. Disposicin final primera. Aplicacin supletoria. Ser aplicable supletoriamente al procedimiento regulado en los artculos 3 a 7 de la presente Ley lo
previsto en la Ley 30/1992, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. Disposicin final segunda. rrollo. Habilitacin para el desa-
Se habilita al Gobierno y a sus miembros, en el mbito de sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicacin de lo establecido en esta Ley. Disposicin final tercera. Entrada en vigor.
La presente Ley entrar en vigor al da siguiente de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.
Edita:Congreso de los Diputados Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid Telf.: 91 390 60 00. Fax: 91 429 87 07. http://www.congreso.es Imprime y distribuye: Imprenta Nacional BOE Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid Telf.: 91 384 15 00. Fax: 91 384 18 24 Depsito legal: M. 12.580 - 1961
Documentos semelhantes a Ley de Memoria Historica
Resum Història molt bo
Héctor Pont
Trabajo P.I 2
Daina Bartašiūtė

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto