Source: http://cronica.diputados.gob.mx/Ve17abr2018.html
Timestamp: 2018-05-25 08:56:45+00:00

Document:
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 17 de abril de 2018
De diputados con retiro de iniciativas; de diversas autoridades, contestaciones a puntos de acuerdo; de la Universidad Autónoma de Hidalgo, con informe de auditoría; de la Secretaría de Hacienda, con informe; reincorporación de diputada
Protesta como diputados de los ciudadanos Gonzalo Rene Brito Herrera, Osvaldo Alfredo Franco Madrigal, Juan José García Espinosa y José Nuño Guzmán
Del Congreso de Sonora y de la Cámara de Senadores, con iniciativas
David Mercado Ruíz, PRI, que exhorta a la Secretaría de Cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a intensificar las acciones de estrategias dirigidas a impulsar el relevo generacional en el sector agrícola
Mariana Arámbula Meléndez, PAN, que exhorta al Ejecutivo a suscribir el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, conocido como Convenio Lanzarote
Norma Edith Martínez Guzmán, PES, que se exhorta SFP, PGR, empresas gubernamentales, y entidades federativas a que excluyan a las personas morales de padrón de proveedores a quienes participen en la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos
Edgar Romo García, PRI
Gerardo Federico Salas Díaz, PAN
Tania Elizabeth Ramos Beltrán, PRD
Sara Paola Gálico Félix Díaz, Morena
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de estadística geográfica de turismo, fundamentación
Por el que se expide la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, fundamentación
Por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, fundamentación
Comunicados con reincorporación de diputada y de diputado, y solicitudes de licencia
El presidente diputado Edgar Romo García: (13:07 horas): Se abre la sesión. Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 335 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El presidente diputado Edgar Romo García: Y en virtud de que el acta de la sesión anterior se encuentra publicada también en la Gaceta Parlamentaria, pido a la Secretaría consulte a la asamblea si es de aprobarse.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que están por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Continúe la Secretaría con las comunicaciones.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron de los diputados Jonadab Martínez García y Ramón Villagómez Guerrero solicitudes de retiro de iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron de diversas dependencias 35 contestaciones a puntos de acuerdo aprobadas por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El presidente diputado Edgar Romo García: Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes para su conocimiento.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: La Universidad Autónoma del estado de Hidalgo remite informe de la Auditoría Interna a su matrícula, correspondiente al Primer Trimestre del año 2018.
El presidente diputado Edgar Romo García: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de marzo de 2018, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de marzo de 2017.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Se recibió oficio de la diputada María Monserrath Sobreyra Santos, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 17 de abril del año en curso.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Osvaldo Alfredo Franco Madrigal, José Nuño Guzmán, Juan José García Espinosa y Gonzalo Rene Brito Herrera, para rendir la protesta de ley y entrar en funciones como diputados federales.
Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a las siguientes diputadas y diputados. Diputada Patricia Elizabeth Ramírez Mata, diputado Julio Saldaña Morán, diputado Ángel Santis Espinoza, diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, diputado Moisés Guerra Mota.
El presidente diputado Edgar Romo García: Mandamos un saludo y la bienvenida a este recinto legislativo al Centro Universitario UNE campus Puerto Vallarta, invitados por el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo. Bienvenidos al recinto. Así como a los alumnos del Bachillerato Tecnológico ITECEM, del municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, invitados por el diputado Leopoldo Juárez Colorado. Bienvenidos a esta Cámara.
El presidente diputado Edgar Romo García: Ciudadanos Osvaldo Alfredo Franco Madrigal, José Nuño Guzmán, Juan José García Espinosa y Gonzalo Rene Brito Herrera, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
Ciudadanos Gonzalo Rene Brito Herrera, Osvaldo Alfredo Franco Madrigal, Juan José García Espinosa y José Nuño Guzmán: Sí protesto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El presidente diputado Edgar Romo García: Continúe la Secretaría con iniciativas.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Se recibió del Congreso del estado de Sonora iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación.
El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Se recibió de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso J) de la fracción VI del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Está solicitando el uso de la voz desde su curul, la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (desde la curul): Gracias. Muy buenas tardes, presidente.
Hoy, a nombre de las y los diputados que integramos la bancada de los diputados ciudadanos quiero expresar el reconocimiento a la vida y obra de una gran mujer mexiquense, Juana de Asbaje y Ramírez, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz.
En su 323 aniversario luctuoso, esta gran mexicana no solo nos enseñó la valentía de ser mujer, sino de también, en su obra nos regaló un mensaje de valentía en la toma de decisiones.
En la región de los volcanes, de donde yo vengo, ella es el ícono más importante de la región. Desde el inicio de esta legislatura su servidora ha solicitado la creación de un festival que esté a la altura de la exigencia de esta figura internacional. Espero que pronto se pueda dar este festival y que sigamos honrando a esta gran mujer. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Sus expresiones van a quedar registradas en el Diario de los Debates, diputada.
Tiene el uso de la voz desde su curul, la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Blandina Ramos Ramírez (desde la curul): En relación a la no discriminación.
Buen día, en relación al caso del compañero Omar Ocampo. Él se venía desempeñando en un despacho jurídico, y al comunicarles sus planes de boda con su actual esposo fue despedido de su trabajo por discriminación.
No podemos dejar pasar este tipo de hechos, no podemos aceptar que se despida a una persona por su orientación sexual. No podemos seguir aceptando que como sociedad se siga tomando este tipo de represalias ante casos que son decisiones personales y que no influyen en el desempeño de las labores profesionales.
Debemos ser una sociedad incluyente, que no nos juzguen por nuestra apariencia, que no nos juzguen por nuestro desempeño, por nuestra labor. Es por esto que el compañero Omar Ocampo cuenta con todo nuestro apoyo y seguiremos trabajando para que como sociedad no se sigan permitiendo este tipo de actitudes, y estaremos muy atentos ante la resolución que den las autoridades correspondientes.
La igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas internacionales de derechos humanos. Toda persona, sin distinción, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegidos contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la orientación sexual y la identidad de género. Gracias, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Sus expresiones se registrarán en el Diario de los Debates. Tiene el uso de la voz, desde su curul, el diputado Ricardo Ernesto López Priego.
El diputado Ricardo Ernesto López Priego (desde la curul): Buenas tardes. Con el permiso del diputado presidente. Puebla atraviesa una crisis en materia de seguridad. Nos encontramos vulnerables y desprotegidos frente a una embestida creciente de los delitos y violencia, consecuencia de la desatención y la insensibilidad de los dos últimos gobiernos panistas.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Alcaldes, Puebla se encuentra entre los ocho estados del país más peligrosos para los presidentes municipales por la cantidad de homicidios registrados, lista que ya incluye el asesinato del edil de Tlalnepantla, José Efraín García, registrado la semana pasada. De septiembre de 2017 a la fecha, se han registrado 25 asesinatos de distintos políticos de nivel local y regional.
Por lo anterior, exigimos a las autoridades del estado, en especial al fiscal Víctor Carrancá Bourget, que responda con acciones eficientes y eficaces al problema de la inseguridad y que los recursos etiquetados para la impartición de justicia se ejerzan en esa dirección.
Exigimos a la Fiscalía General del Estado de Puebla cese la persecución política a los disidentes del sistema y fortalezca mecanismos de protección a la sociedad. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates. Desde su curul, la diputada Laura Plascencia Pacheco.
La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (desde la curul): Gracias, presidente. El motivo de mi intervención es para condenar los hechos cometidos contra la presidenta municipal Rosa Pérez, en Chenalhó, el pasado jueves del 12 de abril de este año. Rosa no solamente representa un caso de violencia política contra las mujeres, sino también representa la impunidad en nuestro país.
Solicito a la Mesa Directiva, por favor, a través del presidente, se emita a las autoridades locales una petición para que salvaguarden la vida y la integridad física de Rosa Pérez.
Y en segundo lugar, como todos saben, el Observatorio Nacional del Feminicidio emitió en su último informe cifras alarmantes del feminicidio contra las mujeres. Se incrementaron del 2014 al 2017, el 52 por ciento, los feminicidios en nuestro país, pero además dejaron en evidencia que el 30 por ciento de los casos de feminicidios no se investigan como feminicidios, solamente el 30 por ciento de ellos son investigados por la autoridad local como feminicidios, el 70 por ciento de los casos restantes no son atendidos desde la presunción de feminicidio. De las denuncias presentadas por las víctimas solamente el 5 por ciento llegan a una sentencia condenatoria.
Dejó en evidencia este último informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio la ruta de la impunidad en la cual están involucradas autoridades locales, desde autoridades policiales, periciales, ministeriales y jurisdiccionales, porque la impunidad en México en los delitos cometidos contra las mujeres, y más en específicamente los feminicidios, intervienen autoridades locales de los diferentes órdenes de gobierno.
Le solicito a la Mesa Directiva tenga a bien, en conjunto con los diferentes grupos parlamentarios, someter a discusión y aprobación cuanto antes los dictámenes que tiene en su poder la Comisión de Igualdad de Género.
Uno de ellos habla precisamente de la obligatoriedad para la profesionalización de las policías municipales o de todo el personal que participa en la procuración y en la impartición de justicia en las entidades federativas para que cuenten con perspectiva de género.
Así también hay un dictamen en Mesa Directiva, el cual contempla la incorporación del Poder Legislativo y del Poder Judicial al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Mi llamado es a que la Cámara deje también de ser partícipe en la impunidad contra las mujeres que tienen en su haber casos de violencia. Que sometamos a consideración del pleno cuando antes dichas iniciativas, que tiene ya la Mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Y también externar nuestra preocupación, porque...
La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (desde la curul): Gracias, presidente. El año pasado se aprobaron presupuestos del Anexo 13 para, precisamente, transferir a estados y municipios que cuentan con la alerta de violencia de género un recurso por 100 millones de pesos etiquetados a la Conavim en Gobernación, dichos recursos ni siquiera se han publicado los lineamientos para este recurso.
Nos preocupa porque, por un lado, la narrativa es sancionar y erradicar los feminicidios y la violencia contra las mujeres y la instancia que tiene los recursos federales no ha emitido ni siquiera lineamientos para la aplicación de este recurso. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Diputada, sus expresiones se van a registrar en el Diario de los Debates y se van a hacer constar sus solicitudes, y asimismo se turnarán al órgano de gobierno correspondiente.
Tiene el uso de la voz, desde su curul, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (desde la curul): Gracias, presidente. El motivo para solicitar la atención de todos ustedes es porque en Jalisco la estrategia de seguridad a cargo del gobierno estatal es totalmente fallida.
Lamentamos profundamente que un hombre trabajador, dedicado al servicio de Jilotlán de los Dolores haya perdido la vida en manos de delincuentes que no se tentaron el corazón en arrancar a un hombre de una familia, en arrancar a un hombre que había hecho un excelente trabajo en beneficio de su comunidad. Y que el día de hoy se lamenta en Movimiento Ciudadano la pérdida de Juan Carlos Andrade Magaña, quien fuera presidente municipal de Jilotlán de los Dolores y quien desfiló por esta Cámara en busca de justicia para su pueblo, para la gente que le dio su confianza.
Hoy Jalisco se encuentra sufriendo la calamidad de la falta de estrategias políticas adecuadas para restringir y mantener a raya a los delincuentes. Hoy Jalisco vive la más atroz de las faltas de seguridad y de garantías para los habitantes. Este gobierno priista, encabezado por Aristóteles Sandoval, no se ha ocupado de guardar y resguardar la integridad de los jaliscienses.
Demandamos que se cumpla con los estándares mínimos de seguridad que les den tranquilidad a los jaliscienses. Demandamos que se esclarezca este artero asesinato y le pido respetuosamente a esta Cámara nos regalen un minuto de aplausos, cuando la Presidencia lo considere, porque Juan Carlos, a quien nosotros conocimos como El Cali, fue un hombre comprometido con el servicio y con la integridad. Posicionó a Jilotlán de los Dolores en el segundo lugar en transparencia. Fue un hombre íntegro al servicio de su pueblo y les pido respetuosamente nos regalen ese minuto de aplausos.
Y le mandamos a su familia un abrazo y nuestra solidaridad, y a sus amigos por esta irreparable pérdida. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Diputada, sus expresiones se registrarán en el Diario de los Debates y su solicitud se tomará en cuenta para el análisis correspondiente. Tiene el uso de la voz el diputado Rene Cervera García, del Grupo Parlamentario de Morena, desde su curul.
El diputado Rene Cervera García (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para hacer del conocimiento de esta soberanía que el día de hoy el equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum presentó ante la Fepade una denuncia por el presunto hecho de desvío de recursos públicos y por la utilización de los programas sociales para beneficiar a los candidatos del Frente por México en la ciudad.
Esa denuncia abarca la ejecución de 25 programas sociales que tienen laxitud en cuanto a sus reglas de operación o francamente inexistente. Hemos detectado un total de mil 309 millones de pesos utilizados en estos programas y las delegaciones a las cuales estamos denunciando son la de Iztacalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Coyoacán y Gustavo A. Madero.
Estos mil 309 millones de pesos representan una enorme cantidad de recursos que pudieran ser muy bien aprovechados para resolver problemas de la sociedad capitalina.
Aquí, además de este intento que estamos denunciando de compra de voto, hemos encontrado también la adquisición de diversos medios que están siendo adquiridos con notorios sobreprecios.
Morena no está en contra de los programas sociales, de lo que está en contra es de su utilización con el intento de coaccionar o de comprar el voto. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene el uso de la voz la diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, desde su curul.
La diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán (desde la curul): Gracias, presidente. Para informar a esta soberanía que he presentado un punto de acuerdo para exhortar al gobernador de Chiapas, para que lleve a cabo acciones que eviten el saqueo y devastación de la selva lacandona.
La tala indiscriminada de árboles en esta reserva natural y el tráfico de especies animales ha ido en aumento, debemos proteger lo poco que queda de ella e implementar un ambicioso programa de reforestación. Estamos acabando con el pulmón de México. Chiapas es uno de los estados más pobres del país, a su vez, somos uno de los estados más ricos en reservas naturales. No podemos acabar nosotros mismos con lo poco que queda. Gracias. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Bien, diputada. Sus expresiones quedan registradas en el Diario de los Debates.
Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Hernández Soriano, desde su curul, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Rafael Hernández Soriano (desde la curul): Gracias, presidente. Para referirme a las declaraciones del magnate mexicano Carlos Slim, que básicamente son dos.
Respecto –una– a su respaldo a que continúe la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el que como presidente de la Comisión de Seguimiento a la obra coincidimos. Y la otra, referente a que ya tiene una maqueta, un plan de lo que debiera de construirse en los terrenos del actual.
Opinar al respecto, que este tipo de obras por el impacto que deben de tener positivo, los efectos que van a tener en el país y en la megalópolis, no se deben tomar a la ligera. Las decisiones sobre la misma no se deben tomar como se hizo en las oficinas del Grupo de Atlacomulco, pero tampoco en las de la Torre Carso y tampoco solamente en la casa de campaña de los candidatos o uno de los candidatos a la Presidencia de la República.
Son obras que por su impacto deben de verse con toda responsabilidad y corregirse y deben de tomarse con la participación de las autoridades de la megalópolis, la Coordinación Metropolitana, especialistas que aporten datos técnicos y científicos sólidos para tomar la decisión pero, sobre todo también, por la sociedad.
Quienes van a verse impactadas de forma directa en las próximas 10 décadas, por lo menos, por la obra. No debemos de atender estos resabios de autoritarismo en las que una persona decide el futuro de la megalópolis y del país. Bienvenidas las aportaciones, pero deben de tomarse en coordinación, y sobre todo cuidando que sean económicamente rentables para los empresarios, para la sociedad, socialmente útiles esta obras y, sobre todo también, en términos de medio ambiente, sustentables.
Por eso llamamos nosotros a ello y a corregir ya los efectos que tienen en medio ambiente en afectación en sitios arqueológicos y, sobre todo, que se consulte a la gente en estos aspectos. Gracias, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Diputado, vamos a registrar todas sus expresiones en el Diario de los Debates. Tiene el uso de la voz la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, desde su curul, diputada.
La diputada Kathia María Bolio Pinelo (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Para suscribir la solicitud de la diputada Blandina, como presidenta de la Comisión sobre la no Discriminación en México. Hacer un atento y respetuoso llamado a la CNDH y a la Conapred para evitar más actos de discriminación no solamente en contra de la comunidad lésbico gay de nuestro país, sino de las mujeres y quienes pierden un empleo y los derechos humanos por tener una ideología e identidad de género distinta a la tradicionalmente conocida. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Queda asentado, diputada. Por último el diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRD. Desde su curul, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Con el objeto de informarle a esta soberanía que el próximo jueves ya van a ser siete meses de lo que ocurrió y afectó a varias entidades de la República Mexicana, y no puede ser que el gobierno federal todavía no termine de entregar los apoyos a las personas que resultaron damnificadas.
Es importante que esta soberanía se pronuncie para que agilicen los apoyos de cientos de familias que no tienen un techo donde vivir, que están esperando que se les entreguen los apoyos de Bansefi, que están esperando que se les entreguen los apoyos de Sedatu y que pareciera ser que mientras varios duermen bajo su techo en sus casas, se nos olvida que hay cientos de familias damnificadas.
También para informarle que la Comisión de Derechos Humanos debe de tomar cartas en el asunto para garantizar la salvaguarda de las personas que aún están en campamentos, y en el caso de personas damnificadas que vienen en una caravana de Oaxaca –directamente de Juchitán– se les garantice su estancia. No puede ser que se nos esté olvidando que hay familias allá afuera que no tienen un techo donde vivir.
También, presidente, que se diga al gobierno federal que tenga un coordinador responsable porque no puede ser que todas las dependencias se estén echando la bolita para que te digan que es con una con otra, y simplemente no se estén dando resultados.
Desde esta Cámara debemos de ser muy enfáticos y ser muy prudentes para poder dar buenos resultados a estas familias que nos están exigiendo que hagamos nuestro trabajo.
El presidente diputado Edgar Romo García: Diputado, se toma nota y se registran en el Diario de los Debates sus expresiones.
Contamos el día de hoy con la presencia de una representación de la República de Corea y está aquí entre nosotros el embajador Sang-il KIM de la República de Corea. Bienvenido, embajador, a este recinto. Tiene el uso de la voz la diputada Luz Argelia, del Grupo Acción Nacional, Paniagua.
La diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa (desde la curul): Con su venia, presidente. Vengo en este momento a compartir con ustedes una problemática que está sucediendo en mi ciudad Mexicali, Baja California, con respecto al distrito médico.
Hace algunos años se logró construir un acuerdo binacional para hacer la nueva construcción de una garita, una garita internacional. Nosotros, es bien sabido que en Baja California tenemos un gran contacto y comercio con Estados Unidos, pero también el turismo médico ha tomado gran auge en Mexicali.
Este proyecto inicial contemplaba dos fuentes para comunicar directamente a la zona del distrito médico en donde se ha estado invirtiendo, tanto por los médicos como por los gobiernos municipales y estatales. Hoy nos damos cuenta, nos han informado que estas obras no van a poderse dar, por haber tenido un recorte el proyecto.
Entonces el exhorto es, y es la voz de los médicos de Mexicali de este distrito médico, que exhortemos a la federación a que podamos concluir estos puentes para que esa competitividad que tenemos, que estamos logrando en Mexicali, que se ha logrado con mucho esfuerzo, pueda continuar y que el turismo médico siga siendo una derrama también en Mexicali, que es parte de la vida económica de nuestra ciudad. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Quedan asentadas, diputada, sus expresiones en el Diario de los Debates.
El presidente diputado Edgar Romo García: Continúe la Secretaría con las proposiciones con puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución, teniendo la palabra de inicio, hasta por cinco minutos, el diputado David Mercado Ruíz, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a intensificar las acciones de estrategias dirigidas a impulsar el relevo generacional en el sector agrícola.
El diputado David Mercado Ruíz: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Es indispensable entender que la población joven del sector agrícola, es decir, la juventud rural juega un papel elemental como actor estratégico para mantener la agricultura familiar y contribuir a la erradicación de la pobreza. Tan es así, que es fundamental garantizar el relevo generacional en el campo.
En las zonas rurales, mujeres y hombres jóvenes jóvenes se encuentran con una realidad adversa ante el insuficiente acceso a una educación de calidad, la falta de empleo bien remunerado y a la escasez de oportunidades de crecimiento profesional, lo que ha provocado durante varios años el paulatino abandono del campo migrando hacia zonas urbanas en busca de empleo en sectores distintos al agropecuario, y en muchas ocasiones migrando hacia el extranjero en busca de oportunidades.
De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria se destaca que el 40.5 por ciento de la población del sector agrícola es mayor de 60 años, el 22.2 por ciento tiene entre 26 a 45 años, mientras que solo un 1.2 por ciento corresponde a los productores jóvenes de entre 15 a 25 años de edad.
Estas cifras reflejan que uno de los mayores retos para México es demostrar a las nuevas generaciones que el sector agropecuario es atractivo y es posible desarrollarse plenamente mediante la realización de las diversas actividades que ofrece el campo.
Está claro que la juventud rural representa un potencial productivo fundamental para el desarrollo económico y social en las comunidades rurales y, por extensión, de la sociedad mexicana. De aquí que, es importante hacer énfasis en las necesidades de apoyar el relevo generacional en el campo para garantizar una zona rural viva, con agricultores y agricultoras.
En este contexto, es imprescindible trabajar en el diseño e implementación de políticas agrarias, económicas y sociales que atiendan de forma específica las necesidades de la juventud rural. Políticas de apoyo que faciliten el acceso de la juventud a la agricultura y a la ganadería, así como a los medios de producción como las tierras, el agua, créditos, mercados, tecnologías adecuadas, entre otros, y mejoren sus condiciones de vida.
Es en este tenor debemos reconocer la enorme relevancia que tiene el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero en el desarrollo económico de nuestro país por su contribución al producto y al empleo, así como por su carácter multifuncional. Es decir, por su función de suministrador de productos alimenticios a los ciudadanos, por su papel en la conservación del medio ambiente y los espacios naturales, garante de la biodiversidad, así como por su importancia como elemento vertebrador del territorio y su contribución al mantenimiento y desarrollo del medio rural, de su cultura y patrimonio.
De tal manera que es importante aprovechar el campo como un espacio de oportunidad esencial para el desarrollo y crecimiento de sus habitantes, sobre todo por las nuevas generaciones a quienes les debemos el esfuerzo de impulsar todas las acciones y estrategias necesarias a fin de ofrecerles condiciones y oportunidades para lograr su desarrollo personal y profesional, en el ejercicio de las actividades económicas en el sector rural.
Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a intensificar las acciones y/o estrategias dirigidas a impulsar el relevo generacional en el sector agrícola. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Para los efectos del artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Mariana Arámbula Meléndez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suscribir el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, también conocido como Convenio Lanzarote, suscrito por la diputada referida y por el diputado Juan Pablo Piña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Mariana Arámbula Meléndez: Me dueles, México. Seguimos en focos rojos en materia de explotación y turismo sexual infantil. Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, el día de hoy estoy aquí ante ustedes, presentando un punto de acuerdo a favor de nuestros niños, derivado de que las nuevas generaciones cada vez tienen acceso a diferentes tecnologías de comunicación, que si bien eso representa un avance, también un riesgo latente para este grupo tan vulnerable.
Resulta que las tablets son las nuevas nanis de nuestros niños. El surgimiento de las nuevas tecnologías ha representado sin duda grandes avances en las diferentes áreas. Cada vez son más las personas, tanto adultos como menores de edad, que se adentran de lleno al uso de las mismas.
De acuerdo con el último estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos del 2017, señala que en el 2016, el 57 por ciento de la población en México hace uso del internet. Sin embargo, estas nuevas tecnologías, como las redes sociales, se usan con fines ilícitos que atentan contra los menores de edad, como la trata de menores, prostitución infantil, pornografía infantil, lenocinio de menores, turismo sexual, pederastia y pedofilia, por mencionar algunos más.
Ante esta creciente situación, el Consejo de Europa, institución creada el 5 de mayo de 1949, con la firma del Tratado de Londres, con el objetivo principal de salvaguardar los derechos humanos y que actualmente está conformado por 47 países, de los cuales se encuentran todos los que conforman la Unión Europea redactó: El convenio para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, el 25 de octubre del 2007 en Lanzarote, España.
Este convenio conocido como Lanzarote entra en vigor el 1 de julio del 2010 y tiene por objeto prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual de los niños, proteger los derechos de los niños víctimas de explotación y abuso sexual, y promover la cooperación nacional e internacional contra la explotación y el abuso sexual de los niños. De igual forma se establece en el artículo 23 la actividad conocida como grooming o acoso sexual cibernético, que surge a partir del uso de estas nuevas tecnologías.
Ahora bien, nuestra legislación federal ha mostrado avances tendientes a proteger la indemnidad sexual de los menores. Estas han sido poco a poco armonizadas con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las personas menores de edad, todo bajo la premisa constitucional de que todas las actuaciones que realice el Estado deberán atender en todo momento el interés superior de la niñez.
No obstante lo anterior, esta capacidad regulatoria se ha visto rebasada con la vertiginosidad con la que crecen las nuevas conductas delictivas y la oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías.
Asimismo, México al haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño desde 1990, tiene el compromiso inquebrantable de reforzar su arquitectura jurídica en aras de salvaguardar el desarrollo psicosexual de los menores, tal como lo establece el artículo 34 de dicha Convención, que a la letra dice: los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales.
Si bien el Código Penal Federal contempla medidas respecto a la protección de la integridad sexual de los menores, en delitos tales como corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual, lenocinio y pederastia es necesario contemplar medidas en torno a las proposiciones hechas a los niños por medio de Internet.
Es por ello que México debe atender a tal situación reforzando o modificando los mecanismos nacionales y celebrando convenios internacionales tendientes a la protección de los derechos de los niños y niñas a las conductas delictivas a que pueden ser sujetos por el uso de las nuevas tecnologías.
Cabe señalar que México es un país observador del Consejo de Europa, junto con otros países como Canadá y Estados Unidos y ha firmado otras convenciones y tratados que ha emitido este Consejo.
Por lo anterior, consideramos pertinente que México suscriba el Convenio Lanzarote para que exista la obligación del Estado de adecuar su legislación a las nuevas formas de explotación y abuso sexual que se están dando por el uso de las nuevas tecnologías.
Además, con la firma del Convenio mencionado se reforzará la protección de los derechos de niños y niñas, ya que en este Convenio se amplían ciertos preceptos con base a las nuevas tecnologías y se establecen medidas de protección a los niños tendientes a detener el abuso y explotación sexual infantil.
Por lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía lo siguiente:
Único. Se exhorta al presidente de la República a suscribir el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, también conocido como Convenio Lanzarote, con base al artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley sobre la Celebración de Tratados y de acuerdo al compromiso adquirido al haber ratificado la Convención de los Derechos de los Niños, en términos de salvaguardar de manera irrestricta el desarrollo psicosexual de nuestros menores.
Por los niños de México, compañeros, todos digamos: ni un niño más maltratado. Sumemos. Es cuanto. Muchas gracias.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado. Se considera de urgente resolución. Consulte la Secretaría, al no haber oradores, a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que instruya a la Procuraduría General de la República, a las entidades de la administración pública federal, empresas gubernamentales, así como a las entidades federativas a que excluyan a las personas morales de padrón de proveedores a quienes participen en la construcción del muro fronterizo entre México y los Estados Unidos de América, en cualquiera de sus etapas. Que también ha sido suscrito por el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PES.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muchas gracias, diputado presidente. Honorable asamblea, la unidad nacional en los últimos días se ha manifestado en contra de declaraciones y acciones del presidente de los Estados Unidos.
La Cámara de Diputados y el Senado de la República se han unido en diferentes momentos ante el reclamo que el presidente de la República ha hecho en orden al respeto, a la sana convivencia y a la solidaridad de las naciones. En ese marco no se puede entender a empresas mexicanas levantando los muros de Donald Trump.
Cierto es que todos deseamos que nuestras empresas crezcan progresivamente, ¿pero podemos admitir que los mexicanos participemos en esta obra de profunda injusticia y que violenta derechos humanos fundamentales?
En Encuentro Social creemos que debe ser inaceptable que algunas empresas con capital mexicano muestren interés por participar en las licitaciones, por aportar materiales, por encargarse de aspectos específicos de la construcción del muro, en cualquiera de los elementos posibles.
En un orden democrático el interés general debe siempre prevalecer por encima de los intereses económicos de los particulares. Es, finalmente, un tema de humanidad. Veamos cuáles son las consecuencias e inmediatamente nos damos cuenta de que una de las principales consecuencias de la construcción del muro será que los miles de migrantes que diariamente intentan cruzar para llegar a los Estados Unidos tendrán que buscar pasos más remotos y poner en un riesgo aún mayor del que hoy están poniendo en riesgo particularmente su vida.
El número de migrantes muertos o desaparecidos en la frontera de Estados Unidos con México hasta agosto de 2017 se ha incrementado en un 38 por ciento con respecto al mismo mes de 2016.
Ante esta situación de tal magnitud, debemos pugnar por la unidad y la solidaridad nacional, de todos los sectores y de todos los actores sociales. Que muestren que la prevalencia es el interés nacional por encima de los intereses particulares.
Por tanto, las personas morales que busquen o que pretendan obtener algún tipo de beneficio privado de alguna acción que se oponga a este interés nacional y, más aún, que pongan en riesgo la seguridad de nuestro país, como es la construcción del referido muro, deberán ser tratadas con firmeza en función de la falta de solidaridad que muestran hacia sus connacionales.
Estados Unidos y México somos socios comerciales, 80 por ciento de las exportaciones mexicanas llegan al vecino país del norte en un monto aproximado de 302 mil 700 millones de dólares en 2016. La mitad de las importaciones que recibe México provienen de Estados Unidos, es decir, alrededor de 179 mil 600 millones de dólares. Pero, además, somos hermanos.
De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población, solo en 2015 había ya 36.9 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. Y por si eso no fuera poco, somos vecinos y nos indigna que miles de familias anualmente sean separadas de la manera más injusta, violentando todos los tratados internacionales que México ha signado al respecto. Que nuestros jóvenes sufran discriminación, a pesar de que aportan de una manera profundamente significativa a la economía de los Estados Unidos. Pero no solamente eso, que además lleguen a ser perseguidos por el mismo país que los vio nacer.
Es necesario que levantemos la voz para ser tratados así, como socios, como hermanos, como vecinos. Para México el respeto a la soberanía ha sido fundamental y hemos dado la batalla aun hoy en día para conseguir ese respeto. En congruencia respetamos el proceder de la política interna a los Estados Unidos, aun cuando no siempre la compartamos.
Este punto de acuerdo no trata de decidir sobre lo que soberanamente el gobierno de los Estados Unidos puede hacer en el interior de su nación. El punto de acuerdo que hoy ponemos a su consideración versa sobre lo que los mexicanos haremos, lo que sí podemos hacer. Y dice a la letra: “La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se pronuncia en contra de la participación de empresas mexicanas en la construcción del muro fronterizo entre México y los Estados Unidos, en cualquiera de sus etapas. Al tiempo que hace votos para que los Poderes públicos y demás autoridades de los tres ámbitos de gobierno privilegien la celebración de contratos públicos con aquellas empresas que no participen en dicha construcción”.
Estoy segura que juntos podemos hacer que la justicia sea una realidad en nuestro país, para los mexicanos y para nuestros hermanos que hoy radican en los Estados Unidos. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se considera de urgente resolución. Consecuentemente y no habiendo oradores registrados en este punto, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba dicho acuerdo.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Es el turno para la ronda de iniciativas que tenemos en el orden del día, por lo cual se le concede la palabra por cinco minutos al diputado Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Edgar Romo García: Compañeras y compañeros. Con la intención de abonar a la profesionalización de la labor legislativa evaluando el desempeño de los diputados y de las diputadas, y acotando la brecha que existe entre los ciudadanos y sus representantes aquí en el Congreso, quiero presentar ante ustedes esta iniciativa.
La sociedad ha venido perdiendo la confianza en las autoridades y en los políticos y los diputados, no sólo no escapamos a esta realidad, sino que estamos situados en uno de los menores niveles de confianza en la sociedad.
En la última encuesta nacional de Consulta Mitofsky, para medir la confianza en 17 instituciones públicas, los diputados nos encontramos entre las cuatro más bajas con 4.4 de calificación en una escala del 1 al 10. Sobre ello es de advertir dos aspectos importantes.
Primero. Que es evidente la desconfianza que la ciudadanía tiene en los legisladores.
Segundo. Que esa desconfianza en gran medida deviene de la falta de información y conocimiento integral de la sociedad sobre las atribuciones generales y específicas y el desempeño de los diputados.
Es muy preocupante que en pleno siglo XXI el desconocimiento social sobre la función legislativa y parlamentaria sea tan alto en México, y que la ciudadanía no tenga conocimiento fehaciente sobre las tareas que tienen a su cargo y realizan las diputadas y los diputados. Ello nos invita a encontrar nuevos vehículos de difusión de las tareas y funciones parlamentarias que permitan que la ciudadanía conozca y evalúe adecuadamente los resultados de sus representantes.
Organizaciones de la sociedad civil, así como medios de comunicación han realizado diversos esfuerzos de evaluación de legisladores, los cuales son respetables. Sin embargo, en la mayoría de los casos no cuentan con información integral, y ante la falta de esta, se limitan a evaluar elementos cuantitativos, omitiendo otros aspectos importantes tanto de fondo como de forma, relativos a la función legislativa.
La relevancia en el desempeño legislativo no solo son las asistencias ni las iniciativas, sino que se debe de considerar cuál es su impacto, la calidad y la responsabilidad de dichas iniciativas, el trabajo en las comisiones, las propuestas que ahí se plantean, los posicionamientos en pro o en contra de algún dictamen, la participación en tribuna, en foros públicos, en mesas de trabajo, en las discusiones, en fin, entre otras muchas tareas que realizan las legisladoras y los legisladores.
En ocasiones hay compañeros que no pueden asistir al pleno porque se encuentran en reuniones de trabajo y de gestión de algún asunto importante de sus comisiones, ya sea con las dependencias del Ejecutivo, con la sociedad civil, o bien, con la iniciativa privada, haciendo una verdadera gestión legislativa para lograr el consenso integral de su propuesta o de su dictamen y, sin embargo, son esfuerzos importantes que no siempre se ven o no se reconocen, y que a menudo se cuestiona a priori su justificada inasistencia.
También existen diversas funciones que compañeros legisladores realizan al ejercer algún cargo en los órganos de gobierno de esta Cámara, en las comisiones o en los propios grupos parlamentarios, en los cuales desempeñan actividades importantes que también generan resultados positivos, pero que a menudo no son notorios o bien valorados.
Esos escenarios nos indican que es momento de institucionalizar un instrumento de evaluación respecto de las actividades y encomiendas que realizan los diputados en el ejercicio de funciones, pero además, que dicho instrumento contenga parámetros e indicadores que proporcionen datos duros reales para que la ciudadanía conozca a ciencia cierta el desempeño de los legisladores. Es obligatorio profesionalizar y modernizar a la Cámara de Diputados llevándola a estándares internacionales y asegurando el monitoreo y la evaluación de la calidad del trabajo legislativo bajo un sistema sólido e integral.
Tal es el objeto en que hemos trabajado y cuyo resultados se plasma en esta iniciativa que me permito proponerles el día de hoy.
La reforma que se propone es adicionar nuestro Reglamento Interior para crear un sistema de evaluación de diputadas y de diputados que sea completamente público, y que considere una serie de criterios definidos de manera que todos los elementos cuantitativos y cualitativos que intervienen en el ejercicio del cargo de diputado se valoren y se ponderen, a efecto de evaluar de forma eficiente e integral el trabajo que realiza cada uno de las diputadas y diputados.
Para la implementación de este sistema se crea un Consejo Coordinador como órgano interinstitucional que incluye la participación ciudadana a través de la sociedad civil, instituciones académicas y sector empresarial, así como las áreas técnicas de la propia Cámara para que sea este órgano quien defina los criterios correspondientes para constituir el sistema de evaluación.
Además, la transparencia juega un papel determinante, el sistema debe ser completamente público y con difusión permanente en los resultados de la evaluación en el portal de internet de esta Cámara.
Compañeras y compañeros, reconocemos la necesidad de que nuestra institución cuente con un sistema de evaluación de desempeño de las diputadas y de los diputados como medida para mejorar el trabajo legislativo en nuestro país. Asimismo, reconocemos que estamos ante una coyuntura histórica y muy relevante.
A partir de la próxima legislatura los legisladores tendrán derecho a la reelección de sus cargos, y por ello es apremiante trabajar en la consolidación de un modelo de evaluación de legisladoras y legisladores que generen la información necesaria para los ciudadanos para que conozcan, evalúen el actuar de sus representantes y analicen si les otorgan de nuevo su confianza para otro periodo de ejercicio.
Esa es la propuesta que presento a su consideración el día de hoy. En síntesis, es crear un sistema de evaluación de diputadas y de diputados a través de un órgano que incluya la participación ciudadana, la participación académica, la participación empresarial, y que valore elementos cuantitativos y cualitativos de la función legislativa, siendo este un sistema completamente público y transparente. Muchas gracias por su atención. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen. Saludamos la presencia de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, el diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El diputado Gerardo Federico Salas Díaz: Con su permiso, diputada presidente. Compañeras y compañeros legisladores, amigos de los medios, audiencia que nos sigue a través del Canal del Congreso, buenas tardes.
Es necesaria una reforma estructural del campo mexicano en el marco de una política de Estado. Se requiere de acciones urgentes de activación e impulso al sector rural en concertación con los distintos actores que en él participan.
Debemos considerar y dar valor al sector campesino como un sector con genuino arraigo a la tierra, y que demanda una mejora sustancial en su nivel de vida a partir de un mayor acceso a las oportunidades de desarrollo personal, comunitario y de una justa retribución por su trabajo.
El campo mexicano presenta un mosaico étnico, cultural, político y socio-económico, con una gran biodiversidad que debe ser atendido de manera integral, pero también de manera específica en reconocimiento a sus particularidades.
Es prioritario que el Estado responda diferenciadamente a las necesidades de los distintos productores en el medio rural de acuerdo a sus características y capacidades humanas, así como al tipo de unidades de productor que poseen.
De igual manera, es una necesidad de cualquier esfuerzo de política pública sobre reconversión productiva, aprovechar la aptitud potencial del área o sitio, con un uso óptimo del suelo y reducir su siniestralidad, así como considerar la disponibilidad de productores y los cambios tecnológicos que son necesarios de instrumentar con el objeto de mejorar la productividad, competitividad y sustentabilidad de la tierra en cuestión.
El crecimiento económico no se ha reflejado en una parte relevante de productores vinculados a cultivos tradicionales. La reconversión productiva sustentable debe darse con base en los problemas que enfrenta el sector agropecuario, como son la baja productividad, el escaso o nulo financiamiento, la pobreza en el medio rural, el cambio climático, entre otros aspectos.
Por estos motivos, la iniciativa que hoy pongo a consideración de esta soberanía propone reformas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que el gobierno federal y los gobiernos locales fomenten la reconversión productiva sustentable con un enfoque de reordenamiento de la vocación productiva, considerando indicadores de desempeño y un diagnóstico social de la disponibilidad de productores a adoptar un nuevo cultivo.
El fin común es fomentar la planeación integral y el ordenamiento de los mercados, con el objetivo de mejorar el ingreso de los productores y de la cadena productiva en su conjunto, impulsar el desarrollo regional, principalmente en aquellas entidades federativas con desbalances de oferta y demanda y/o con excedentes estacionales, aprovechando su vocación y potencial productivo. Este impulso a la productividad brindará prioridad a los pequeños y medianos productores del sector primario.
De igual manera, con este esquema también se integran y simplifican los mecanismos de inducción y reconversión productiva, con el fin de darle claridad al productor sobre los diferentes incentivos con los que contará para que tome la mejor decisión sobre qué producir, en seguimiento a las demandas de los mercados regionales.
Con estas acciones se busca que los productores, principalmente los pequeños y medianos, tomen la mejor decisión para incrementar sus ingresos y se logre avanzar en el ordenamiento de los mercados a partir de desarrollar un ejercicio de planeación agrícola integral, así como elevar la competitividad de las cadenas productivas.
Es importante manifestar que a la política de reconversión productiva se le atribuyen muchos aspectos positivos, como es dinamizar el sector primario de la economía mediante el impulso de actividades rentables y competitivas, que permitan desarrollar todas las potencialidades que significa la multifuncionalidad del espacio rural, con el objetivo de mejorar los ingresos y condiciones de vida de las familias que viven en el campo, traduciéndose esto en un impacto positivo tanto social como económico en la población.
El reordenamiento de la vocación productiva sustentable se concibe como un proceso que busca transformar la dinámica de desarrollo del territorio cultivable mediante una distribución ordenada de las actividades productivas, de conformidad con su potencial de recursos naturales y humanos, con el propósito de lograr un mayor nivel de participación de la comunidad para decidir el rumbo del desarrollo agrícola regional acorde con su potencialidad, considerando el establecimiento de cultivos alternativos con mayor viabilidad agronómica, rentabilidad económica y vocación social.
Compañeras y compañeros, el campo mexicano ya no puede esperar, la gente que día a día produce nuestros alimentos tiene que ser el centro en la toma de decisiones, ya que el problema del campo y sus oportunidades son de todos y la suma de voluntades y acciones pueden lograr que se le dé la verdadera importancia a la producción nacional y sus cadenas de valor. Es cuanto, honorable asamblea.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural para dictamen. Saludamos la presencia de alumnos de las escuelas secundarias Benemérito de las Américas número 17 y Rosario Castellanos, que son alumnos de tercer grado, del municipio de Naucalpan de Juárez, invitados por el diputado federal Jaime Mauricio Rojas Silva.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación le concedemos el uso de la voz a la diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos, por tratarse de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, la mayor riqueza de México somos los jóvenes, en los cuales están puestas las esperanzas del presente y del futuro.
En 2017, las personas de entre 15 y 29 años de edad representamos una cuarta parte de la población total. Los jóvenes somos el mayor potencial para el desarrollo de las actividades económicas, políticas y culturales, teniendo como resultado mejores estructuras para hacer del país una potencia internacional en cualquier aspecto. El mejor potencial está en la juventud, siempre y cuando se nos otorguen las oportunidades debidas en los tiempos precisos.
La exigencia es evidente, si México es un país joven, debemos seguir explorando para lograr que la causa común cambie su destino, forjando sendas que allanen el camino hacia una patria más justa, solidaria y participativa, donde la inclusión y la equidad sean ingredientes de la transformación a la que la juventud con más ímpetu y coraje llamamos revolución.
La política se purifica cuando los jóvenes desde el ejercicio del poder somos capaces de ejercer la libertad para que la democracia no sea quimera. En esta LXIII Legislatura habemos diputadas y diputados jóvenes, sin embargo, aún no es suficiente.
En la elección federal de 2015, de más de 4 mil candidatos registrados para contender por las 500 curules de esta Cámara de Diputados, solo el 18 por ciento de los contendientes éramos menores de 30 años.
Lo anterior significa que los partidos políticos deben acabar con limitaciones y barreras que impidan que los jóvenes compitamos por cargos de representación popular al seno del Poder Legislativo. Y esto obedece a la modificación del andamiaje constitucional, como es la edad para ser diputado federal, la cual actualmente es de 21 años.
Los jóvenes representamos un tercio del padrón electoral en 2017. En este sentido nuestra participación política representa la oportunidad para externar nuestras necesidades, además de la posibilidad de ejercer activamente nuestros derechos.
Al tener en cuenta este potencial, casi el 40 por ciento de las entidades federativas ya tuvieron la visión para reformar sus Constituciones locales y redujeron la edad de 21 a 18 años, permitiendo a los jóvenes ser representantes populares.
Entidades como la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo y otras nueve más han realizado el ideal constitucional para que los mejores ciudadanos, los jóvenes, asuman estas responsabilidades.
Es por esto que presento esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 55, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que la edad mínima para ser diputado federal sea de 18 años, justo cuando cualquier joven es capaz de ejercer sus derechos políticos. Si un joven de 18 años puede ejercer su derecho a votar, por qué no tendría el derecho a ser votado.
Honorable asamblea, el poder reformador constituyente deber revalorar el papel de los jóvenes en la política para que asumamos un papel prioritario y protagónico en la consolidación de la democracia.
En este sentido deben abrirse espacios derribando los obstáculos de participación y esto es que, al ser capaces de tener plenos derechos políticos a partir de los 18 años, más jóvenes se interesen en asumir cargos de representación popular y que, eventualmente, podamos constituir un bloque permanente que represente los intereses de la juventud mexicana.
Juventud no es sinónimo de inexperiencia. Juventud no es sinónimo de incapacidad. No hay persona que pueda velar mejor por las necesidades y los intereses de un joven que otro joven. Los jóvenes no somos el futuro de México, somos el presente y juntos construiremos el futuro. Es cuanto, presidenta.
El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Sí, diputado, ¿con qué objeto? Diputado Basave, ¿con qué objeto?
El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez (desde la curul): Para pedir que le pregunte a la diputada si acepta que suscriba su iniciativa.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Diputada Tania Elizabeth, el diputado Basave pide su autorización para suscribir la iniciativa. Está autorizado. Queda a su disposición en la Secretaría.
La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Sara Paola Gálico Félix Díaz, adelante. ¿Con qué objeto?
La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz (desde la curul): Gracias, presidenta. De igual forma, felicitar a la diputada por esta importante iniciativa y pedir poder suscribirme a ella. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Como ya lo autorizó, queda a su disposición en la Secretaría para ser suscrita por quienes así lo deseen. Se turna, en tanto, a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación tiene la palabra por cinco minutos precisamente la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 196 del Código Penal Federal, y 475 de la Ley General de Salud.
La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en nuestro país la venta y el consumo de drogas ha aumentado, constituyendo uno de los principales problemas de seguridad y salud.
Resulta alarmante cómo en los últimos siete años el consumo de adolescentes de 12 a 17 años aumentó 125 por ciento, y 222 por ciento en mujeres.
La venta de drogas se incrementó en el 2017 según datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 27.3 por ciento a nivel nacional y en el 86.6 por ciento en la Ciudad de México, cifras alarmantes. Aumento, obviamente la violencia, los asaltos, los robos, acoso sexual y diversos problemas sociales.
Una y otra vez los especialistas han señalado la evidente debilidad institucional propiciando el auge de las bandas criminales. Además, la corrupción e impunidad en el país son las principales causas del crecimiento de la delincuencia organizada, la cual cada vez lastima más a la sociedad mexicana.
Derivado de lo anterior en los últimos años se ha presentado una problemática grave, la venta de drogas en las instituciones educativas, particularmente de educación media superior y superior. Prueba de ello es lo ocurrido en la UNAM y que en el dominio público, gracias a diversos medios de comunicación, la presencia de narcomenudistas ha traído consigo otros actos delictivos, situación riesgosa para toda la comunidad estudiantil y académica.
Es de precisar que narcomenudeo y la violencia son ilícitos presentes no sólo en la UNAM, sino en diversas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a lo largo y ancho de nuestro país. Las universidades se han vuelto desafortunadamente los espacios idóneos para los narcomenudistas, ya que encuentran consumidores viables y, a su vez, posibles vendedores.
La clandestinidad del comercio de la droga ya no está lejos, ahora los jóvenes la encuentran a plena luz del día, en sus salones, en sus jardines, en sus baños y en los espacios deportivos. Esta facilidad para conseguir la droga hace que quienes no se habían iniciado en el consumo lo hagan y quienes no habían hecho del consumo un hábito hoy presenten una adicción.
Es urgente proteger a las y los jóvenes. Es responsabilidad del Estado garantizar su seguridad al interior de las instituciones educativas, sin que ello implique vulnerar su autonomía. De ahí que propongo eliminar la tipificación de narcomenudeo en la Ley General de Salud, cuando este se cometa en centros educativos, y agregarlo al Código Penal Federal como un delito grave y agravado que alcance hasta 37 años de prisión para quien comercie o suministre narcóticos –aun gratuitamente, independientemente de la cantidad– al interior de instituciones públicas o privadas de educación básica, media superior y superior, centros educativos o dentro del espacio comprendido en un radio a menos de 500 metros de los límites de la colindancia de estas.
Aumentar las penas es una de las soluciones que podemos dar dentro de este sistema y Poder Legislativo. Utilizar los recursos públicos para ejecutar la política de prevención efectiva en lugar de malgastarlos en publicidad gubernamental. Es otra solución que corresponde al Ejecutivo, al igual que poner un alto a la corrupción y a la impunidad. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias a usted, diputada. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud para dictamen.
Saludamos la presencia de alumnos del cuarto cuatrimestre de la carrera de derecho de la Universidad Univer de Tepic, Nayarit –entiendo que del municipio de Bahías de Banderas–, invitados por la diputada Rubí Cardoso Guzmán. También a la Asociación Civil Plenitud, Cultura y Desarrollo, Asociación Civil, invitados por el diputado Pedro Alberto Salazar Muciño. Muy bienvenidos sean.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga los artículos 84 y 85 de la Ley Agraria.
El diputado Moisés Guerra Mota: Con su venia, señora presidenta. Buenas tardes, compañeros. Compañeras y compañeros diputados. El sector agrícola siempre ha sido uno de los grupos sociales más desprotegidos, por lo que aún tenemos una deuda social e histórica por saldar.
Desde que se creó la Ley Agraria se han logrado avances sustanciales para dar mayor certeza jurídica en la tenencia de la tierra y en el surgimiento e implementación de nuevas instituciones que velan por los derechos de los hombres y mujeres del campo.
Instituciones como el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios llegaron a sentar bases para promover el desarrollo, la productividad, el bienestar, la justicia, la paz y la gobernabilidad entre los ejidatarios y la comunidad.
La Ley Agraria define a los ejidatarios como hombres y mujeres titulares de derechos ejidales, los ejidatarios tienen derecho para el uso y disfrute sobre sus parcelas, y cada ejido cuenta con su propio reglamento interno.
El artículo 27 de nuestra Carta Magna y la legislación agraria, permiten adquirir el dominio pleno sobre sus tierras, protegiendo y fortaleciendo la vida ejidal y comunal, dando prioridad –para la adquisición– a las personas que han estado directamente relacionadas con el ejido, es decir, a todos los familiares, entendido por esto a todas aquellas personas que además de tener alguna relación de parentesco, matrimonio o concubinato, además estén vinculadas con la vida, comunidad, dentro del ejido. Esto les da preferencia respecto de otras que hayan trabajado la tierra por más de un año, de los ejidatarios o avecindados o del propio núcleo ejidal.
La Ley Agraria tiene como finalidad dar seguridad y certeza jurídica al régimen de la propiedad agraria en nuestro país, y promover mejores condiciones de vida para los campesinos mexicanos. Por lo que dentro de sus artículos deben brindar seguridad respecto a su patrimonio y sus medios de subvención, lo cual es fundamental para el sector agrícola.
Lo que resulta de suma importancia es analizar la ley y eliminar las contradicciones que pueden darse entre diversos artículos, como es el caso del artículo 84 y 85 de la Ley Agraria, en los que encontramos contradicciones al fijar disposiciones que están fuera de su ámbito.
El artículo 82 de la Ley Agraria establece que a partir de la cancelación de la inscripción correspondiente, registro agrario nacional, las tierras dejaran de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común. Sin embargo, dentro del artículo 84 nos habla del derecho al tanto para familiares del enajenante y las personas que hayan trabajado dichas parcelas por más de un año, lo cual ya se otorgó en el artículo 80.
Por lo tanto, después de dotar el dominio pleno, la regulación, deja de estar en el ámbito de la materia agraria. Posteriormente, la Ley Agraria manifiesta una contradicción al fijar disposiciones que ya están fuera de su ámbito, marcándolas dentro del texto en el artículo 84.
Por esta razón el artículo 84, así como el 85 al estar tal cual, ocasionan una controversia, la cual esta sobrada al otorgar facultades donde ya no las hay, y resultan improcedentes.
Es por ello que propongo sean derogados, con la finalidad de poder contar con una legislación que tenga implementación correcta y adecuada a las necesidades que el sector agrícola requiere. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Se turna su iniciativa a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, uno de los ejes estratégicos del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza y que conforma su agenda legislativa, es el desarrollo económico sustentable, mismo que encuadra nuestro compromiso de impulsar acciones e iniciativas que ayuden a construir una economía abierta, competitiva e incluyente.
Para conseguir dicho objetivo resulta imperativo promover, a través de la adecuación de preceptos legales, la participación femenina en los distintos niveles de dirección y juntas ejecutivas, situación que sin duda tendrá un impacto positivo en la economía nacional y en la sociedad en general.
Es por ello que pongo a consideración de la asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso b) de la fracción XI del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuya finalidad es incentivar una mayor inclusión de mujeres en los puestos directivos de las empresas.
Datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que México ha registrado un incremento significativo y sostenido en la tasa de participación de las mujeres en la economía en 1970, 17 de cada 100 mujeres desarrollaba actividades económicas, pero hoy el número se ha incrementado a casi 44.
A pesar de lo anterior, las mujeres mexicanas aún siguen encontrando obstáculos para conseguir espacios determinantes y en los espacios de toma de decisiones. Esto, sin duda alguna, significa una limitante para el desarrollo económico del país, ya que la preparación académica de las mujeres aún no se ve reflejada en su participación en puestos directivos.
En Nueva Alianza queremos acelerar este proceso de incorporación y consideramos prioritario que las organizaciones desarrollen políticas incluyentes que reconozcan el valor que aporta el talento de la mujer.
En este tema, la Organización de las Naciones Unidas ha sido enfática al señalar que la incorporación de los talentos, aptitudes, experiencias y energías de la mujer requiere la puesta en marcha de acciones internacionales y de políticas decididas.
Cumpliendo con lo propuesto por los principios para el empoderamiento de las mujeres, diversos países han introducido acciones sustanciales que se han traducido en iniciativas y políticas para alcanzar la igualdad sustantiva entre géneros.
Muestra de ello son las acciones emprendidas por países como Australia, Chile, República Checa, Japón, Polonia, Portugal, Luxemburgo y Suiza, quienes, siguiendo las recomendaciones de género de la OCDE establecieron objetivos de fácil alcance para conseguir un equilibrio de género en los puestos ejecutivos de las empresas privadas y las paraestatales.
Otros países han tomado medidas más audaces, fijando cuotas obligatorias para la representación de las mujeres en las juntas directivas, como es el caso de Israel, que estableció el 50 por ciento, de Francia, Islandia y Noruega, con el 40 por ciento, de Austria, que constituyó el 35 por ciento, y de Bélgica, Grecia e Italia, con el 33 por ciento de los puestos directivos para asignarse a mujeres.
Las y los diputados de Nueva Alianza consideramos que es preciso acelerar el proceso de inclusión de las mujeres en las posiciones de liderazgo y en los consejos de administración de las empresas. Esto no solo es una medida para mejorar la vida de las mujeres, sino que es una buena apuesta también para las empresas y para el país. Lo anterior se corrobora con los datos de ONU Mujeres México y de la Red del Pacto Mundial México, que muestran que la igualdad de género ayuda a las empresas a mejorar sus resultados.
En Nueva Alianza estamos convencidos que dar a las mujeres la oportunidad de colaborar en puestos directivos es un buen negocio. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen. Diputado Pinto Torres, ¿con qué objeto?
El diputado Francisco Javier Pinto Torres (desde la curul): Presidenta, con el objeto de que en los hechos quede también plasmado lo que nuestro coordinador Valles ha hecho en esta propuesta. Solicitar nos permita a la bancada turquesa adherirnos a su iniciativa y así verificar que en Nueva Alianza somos feministas.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Diputado Luis Alfredo, ¿está de acuerdo? Queda expedita en la Secretaría para firma de dicha y acertada iniciativa, que seguramente muchos compañeros y compañeras se sumarán a ella.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Abel Cruz Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por el propio diputado Abel Cruz y un grupo de integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado Abel Cruz Hernández: Con su venia, ciudadana presidenta. Compañeras y compañeros diputados, honorable asamblea, la obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible, que esa es la parte más importante, que se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa e hipertrofia general de tejido adiposo a nuestro cuerpo.
Es decir, cuando la reserva natural de energía de los humanos y otros mamíferos, almacenada en forma de grasa corporal se incrementa, hasta un punto en que pone en riesgo la vida o la salud de las personas.
El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos dos millones 800 mil personas adultas, como consecuencia de sobrepeso y obesidad.
La Organización Mundial de la Salud define la obesidad como el índice de masa corporal que se realiza entre el cociente del peso y la estatura de un individuo al cuadrado, es igual o superior más o menos a 30 kilogramos por metro cuadrado.
También se considera signo de obesidad un perímetro abdominal en hombres mayor o igual a 102 centímetros y en mujeres mayor o igual a 88 centímetros.
La obesidad forma parte del síndrome metabólico y es un factor de riesgo conocido. Es decir, una indicación de la predisposición a varias enfermedades, particularmente enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño, ictus o accidentes vasculares cerebrales y osteoartritis, así como para algunas formas de cáncer, que es algo importantísimo, padecimientos dermatológicos y gastrointestinales.
Hace poco, acaba de salir información, que cada seis segundos muere una persona en el mundo por un problema de enfermedades cardiovasculares y que obviamente tienen que ver muchísimo con el tema de hoy, que es obesidad.
En los últimos 30 años México se ha convertido en uno de los países del mundo más afectados en los índices de obesidad, sobre todo los niños. Las altas tasas de enfermedades cardiovasculares y con un gasto público en salud insuficiente, es importantísimo, que no lo hay para atender esta problemática.
El país reportó tasas de mortalidad a 30 a días de la admisión de accidentes cerebrovasculares, 30 días, esto es importante. Aquí la parte importante es que es más elevada que ningún otro país de la OCDE.
Somos el país con más enfermos que mueren hospitalizados, eso es importantísimo, 19.2 muertes por cada 100 admisiones hospitalarias y el promedio de la OCDE es de 8.2, es una vergüenza para nuestro país.
La mala alimentación y sus consecuencias para la salud son, entre otras, las causas de la obesidad y principalmente de la diabetes. De hecho, México tiene el número más alto de admisiones hospitalarias por diabetes de los países de la OCDE. Otra vez vamos a la misma, 292 por cada 100 mil habitantes.
De acuerdo a las cifras oficiales, en el 2014 el Seguro Popular ha afiliado en su padrón a poco más de 57 millones de mexicanos. Es una cifra que sin duda habla de avances, no lo podemos negar, pero no significa el acceso efectivo a un sistema de salud oportuno y sobre todo de la calidad necesaria.
El informe de la OCDE señala que el acceso efectivo y universal a los servicios de salud se ve frenado por un reducido gasto público en esta materia, que por cierto en este año va a ser inferior al último, de los últimos 16 años.
En el 2016 el gobierno mexicano gastó solo mil 80 dólares por persona, la cantidad más baja de la OCDE, hay una brecha importante en el acceso de salud en las zonas rurales. El Coneval estimó que aproximadamente el 32 por ciento de las personas afiliadas al Seguro Popular tardó más de 2 horas en trasladarse para recibir atención médica y según la propia Encuesta de satisfacción del Seguro Popular, el tiempo de espera promedio para recibir atención médica fue de 78 minutos en el año 2014.
Por lo anterior, se traduce también que existe una demanda insatisfecha de acciones en salud que no se alcanzan a cubrir por parte de los afiliados y en el caso de nuestro país el gasto de bolsillo representa el 41 por ciento del gasto dedicado a la salud, el segundo porcentaje más alto en la OCDE.
Es claro que la Ley General de Salud vigente no resuelve la problemática que actualmente prevalece, por lo cual, en nuestra perspectiva como integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social consideramos que se debe reformar la ley y orientar la misma para reforzar los elementos jurídicos de una política pública preventiva contra la obesidad y todos los padecimientos que trae consigo.
Y de esta manera proponemos a esta honorable legislatura reformar y adicionar diversos artículos relativos a esta materia. Modificar la denominación capítulo tres, el título octavo de la ley para introducir en la misma obligación para la Secretaría de Salud de realizar acciones tendientes a prevenir la obesidad e instrumentar en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con otras dependencias las escuelas de salud. Lo anterior para evitar la morbilidad en la población con motivo de la obesidad.
Las dependencias y entidades, mediante la promoción, divulgación y mejoramiento de los hábitos saludables, y promover programas para el control de la obesidad, diabetes, presión arterial, enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas degenerativas, a fin de mejorar la calidad de vida en la población, lo cual queda a su consideración.
Ojalá lo tomemos en cuenta, México necesita tener una mejor calidad de vida. Encuentro Social dice no al fuero. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Es el turno para la diputada Sofía González Torres, a fin de presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que suscribe ella misma e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Sofía González Torres: Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el Poder Legislativo constituye la piedra angular en el ejercicio democrático de este país. Es en la pluralidad de ideologías políticas que convergen en este espacio donde se presentan las propuestas que habrán de fortalecer el desarrollo de esta nación.
El trabajo legislativo tiene su origen en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, donde se señala que las comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones, resoluciones contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
Las comisiones son órganos de gran relevancia para el Congreso, para que el Congreso pueda llevar a cabo sus funciones legislativas y atender de esta manera, de una forma integral, las necesidades de todos los órganos de la vida nacional.
Dichos órganos legislativos constituyen grupos especializados en los que los legisladores profundizan con puntualidad las materias que son de su competencia en las labores de legislación y control.
En este sentido, un tema trascendental en el mundo actual lo constituye, sin duda alguna, las tecnologías de la información y de la comunicación. El uso de herramientas tecnológicas fomenta el desarrollo de una sociedad del conocimiento, la cual es condición primordial para alcanzar las metas sociales, económicas y políticas de todos los países.
El desarrollo de la sociedad de la información reclama que los gobiernos estén a la altura de nuevas exigencias en el mundo global, para que así, a través de estas tecnologías las sociedades se puedan desarrollar y haya nuevas competencias para poder afrontar con éxito los cambios que impone el acelerado avance de esta tecnología.
Sin embargo, nuestra actual legislación parlamentaria no cumple en su catálogo de comisiones ordinarias con este sector fundamental. Se deja en un segundo plano como una condición especial.
Es por esto que, en aras de que este honorable Congreso de la Unión, atendiendo la importancia de las llamadas TIC constituyen en el mundo actual, presento a esta soberanía la inclusión de la Comisión de Tecnologías de la Información y Comunicación como comisión ordinaria para ambas Cámaras.
Tomando en cuenta el nuevo entorno social, político y económico del país, se hace necesario generar una nueva configuración respecto de la Comisión de Tecnologías de Información y Comunicación, para que permita prestar una mayor y especial atención a los asuntos de su competencia, transitando de ser una comisión especial a una ordinaria.
En consecuencia, esta propuesta constituye una medida positiva para el correcto desarrollo del trabajo parlamentario que se lleva a cabo dentro de este Congreso de la Unión y, por lo tanto, un mejor desempeño del servicio público del Poder Legislativo. Los invito a todos ustedes a apoyar esta propuesta. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias a usted, diputada. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen. Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de estadística geográfica de turismo.
Para hablar por la Comisión y fundamentar el dictamen tienen el uso de la voz, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, hasta por cinco minutos, la diputada Gretel Culin Jaime.
La diputada Gretel Culin Jaime: Con el permiso de la Mesa Directiva. Saludo a mis compañeros diputados, diputadas, medios de comunicación que nos acompañan, público en general.
Antes de posicionar el dictamen que nos ocupa, informo al pleno de la adenda presentada al dictamen inicial, por la cual el artículo único transitorio que se proponía en el dictamen, se considere como artículo primero transitorio y se adiciona a un artículo segundo transitorio en los siguientes términos.
Segundo. La Secretaría de Turismo cubrirá las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto con cargo al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
El dictamen que nos ocupa tiene como finalidad establecer un sistema nacional de información, estadística y geografía, el cual se considera necesario su regulación en la Ley General de Turismo, tratándose de un sistema que recopilará toda la información turística en tiempo real. Emitirá estadísticas sobre el sector turístico, lo que se traducirá en una herramienta para fortalecer al sector y que los tres órdenes de gobierno implementen políticas públicas a favor de un fortalecimiento real del turismo mexicano.
Los sistemas de información y las tecnologías de información han cambiado la forma en que operan las organizaciones actuales, a través de su uso se logan importantes mejoras, pues automatizan los procesos operativos, suministran la plataforma de información necesaria para la toma de decisiones.
Y, lo más importante, su implantación logra ventajas competitivas a reducir la diferente problemática a que nos podemos enfrentar, máxime cuando se trata de una de las derramas en que la actualidad representa la forma de subsistir de muchas familias mexicanas, por lo que resulta necesario la implementación de un sistema informativo que coadyuve a mejorar las políticas turísticas de nuestro país.
Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio, o la toma de decisiones en la administración pública.
En la reforma planteada se pretende contar con un sistema de información, esto a través de un conocimiento práctico y real, es decir, conocer realmente lo que pasa con el turismo en México, lo que se puede traducir en una herramienta que permita mejorar a esta rama económica y una mejor forma de aprovechar los recursos con que cuenta nuestro país.
Resulta de vital importancia que en el sector turístico cuente con un sistema de información y estadística del sector, que este permita tener información primordial para la toma de decisiones y para enfocar las políticas públicas para impulsar el turismo, ya sea desde desarrollar productos, las necesidades de la prestación de servicios turísticos, necesidad de infraestructura y problemática que afecta al sector.
Esto, además de que actualmente la globalización hace necesaria la implementación de las tecnologías de la información que han sido conceptualizadas como la integración y convergencia de la computación, las telecomunicaciones y la técnica para los procesamientos de datos donde sus principales componentes son el factor humano, los contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura, el software, los mecanismos de intercambio de información, los elementos de política y regulaciones, además de los recursos financieros.
De conformidad con lo anterior, la propuesta legislativa es acorde con las recomendaciones antes señaladas, y a nombre de quienes integramos la Comisión de Turismo, solicitamos a nuestros compañeros su apoyo en este dictamen, ya que esta reforma beneficiará al sector turístico y a todas las familias mexicanas que tienen en el turismo su fuente de subsistencia. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, compañeros.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación y de acuerdo a lo que han resuelto en la comisión, se les concede el uso de la voz a los proponentes hasta por cinco minutos. Primero al diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional. Roberto Guzmán Jacobo.
El diputado Roberto Guzmán Jacobo: Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Con la venia de la Presidencia. Público que nos ve en el Canal del Congreso.
El turismo en México es una actividad económica de enorme importancia, contribuyendo en un porcentaje alto, que respecta al Producto Interno Bruto. El mismo alcanza un alto grado de desarrollo como consecuencia de las características naturales que ofrece el país, características que aúnan una rica historia y una proliferación de paisajes naturales de enorme belleza.
De esta manera, México recibe anualmente un amplio número de turistas provenientes de todo el mundo, caudal que genera muchos puestos de trabajo para los mexicanos. Al respecto, existe en nuestro país una política tendiente a favorecer todo lo posible a esta actividad, facilitando continuamente a los visitantes su estadía.
En México el turismo es el tercer generador de divisas después de la manufactura y el petróleo. A México lo ubica entre los primeros 10 países que captan al turismo mundial, siendo la única nación latinoamericana que figura en este grupo. Genera aproximadamente 6.0 millones de empleos anuales, aporta el 8.3 por ciento del Producto Interno Bruto nacional distribuido en transporte, restaurante, alojamiento, comercio, artesanías y otros.
Por esta situación, es necesario incorporar en la Ley General de Turismo al sistema nacional de información estadística del sector turismo de México –el sistema solamente aparece en el reglamento de la ley.
Para dotarlo de un carácter general se requieren lineamientos de la Ley General de Información Estadística y Geográfica, así puede garantizar el diseño, captación, producción, actualización, organización, procesamiento, integración, compilación, publicación, divulgación y conservación de la información del interés nacional.
Además, al estar alineado a la ley el sistema, se garantiza a los informantes que los datos proporcionados serán estrictamente confidenciales y no podrán ser utilizados para otro fin que no sea el estadístico. Por lo que esta iniciativa pretende crear un sistema nacional de información estadística y geográfica del sector turismo en México, en el cual cada estado de la República o municipio puede tener acceso a la consulta de datos veraces respeto a la captación de turismo en un espacio geográfico y de tiempo determinado.
Así como en el atlas turístico de México para que sirva como herramienta para el análisis de la información geoespacial y fortalezca la calidad de la información que suministra a la sociedad y al Estado. Sin duda, el acopio de la información estadística tendrá entre otros beneficios, mejorar la calidad y seguridad de los servicios que brinda al turista.
En Morena estamos convencidos que con este tipo de iniciativas podemos mejorar y garantizar mejores oportunidades para nuestros mexicanos, por lo que solicitamos su voto a favor para la aprobación de este dictamen, ya que beneficiará a millones de mexicanos que dependen del turismo. Muchas gracias, buenas tardes.
La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Desde su curul solicita el uso de la voz la diputada Laura Plascencia Pacheco, Movimiento Ciudadano. Hasta por un minuto, desde su curul, diputada.
La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (desde la curul): Gracias, presidenta. Para felicitar a la Comisión de Turismo por este dictamen, a los grupos parlamentarios y especialmente externar la posición de Movimiento Ciudadano, el cual será a favor de esta iniciativa.
Este dictamen fortalece la prestación de los servicios turísticos, pero además le brinda al país la oportunidad de tener un sector turístico fortalecido, que contribuya para poder recibir año con año a todos los turistas que llegan a nuestro país, y obviamente incrementar la economía mexicana. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Quedan asentados en el Diario de los Debates sus dichos, y para concluir la ronda de intervinientes, como proponente tiene el uso de la voz el diputado Alfredo Bejos Nicolás, hasta por cinco minutos.
El diputado Alfredo Bejos Nicolás: Con su venia, diputada presidenta. El turismo es una actividad económica que ha experimentado un crecimiento importante a nivel mundial en los últimos años y se prevé que este dinamismo se mantenga hacia el futuro.
El impacto de esta actividad económica ha llegado al punto que hoy representa el 7 por ciento de las exportaciones mundiales de bienes y servicios, cifra superior a lo alcanzado por el comercio mundial. Este crecimiento ha permitido que represente el 10 por ciento del producto interno bruto a nivel mundial, y 1 de cada 11 empleos se ha generado por el turismo.
México cuenta con todo para ser una potencia turística, diversidad natural y riqueza cultural. En nuestro país, 10 millones de empleos directos e indirectos se generan, de los cuales el 60 por ciento es para mujeres y jóvenes.
Nuestro país regresó a los primeros 10 lugares más visitados a nivel mundial, pasando del lugar número 15 en 2013, ahora al octavo lugar en 2016, y se está trabajando, se calcula que seremos el sexto a nivel mundial en este año.
Somos el primer lugar mundial del sector de cruceros y con respecto al flujo de turistas internacionales, este creció en un 67 por ciento en 2017, con respecto a 2012, es decir, de 23 a 39.3 millones de visitantes.
México es una nación que se ha beneficiado del ascenso representado por el turismo internacional y ha mostrado sabiduría para capitalizar el buen momento por el que atraviesa el turismo a nivel mundial. Gracias al trabajo de cada una de las personas que participan en el sector, este se consolida como uno de los sectores prioritarios para el desarrollo del país.
Contar con datos metodológicamente sustentados es una condición necesaria para la toma de decisiones en cualquier sector. Contar con un sistema nacional de medición y generación de información estadística y geográfica en el sector turístico se vuelve imperativo para el desarrollo de nuestro país. Así, midiendo los fenómenos y acciones que se desarrollan en el sector se tiene precisión de ellos, pero se debe de señalar la relevancia del dato duro obtenido.
En este contexto retomamos los conceptos de los observatorios o sistemas de información, los cuales son definidos como un órgano permanente dedicado a la investigación, análisis, evaluación y consulta de la actividad turística en sus diversas modalidades, mediante un trabajo intersectorial y multidisciplinario que permite medir y monitorear la actividad turística, así como las variables que le afectan.
Derivado de esta situación nace la necesidad de incorporar en la Ley General de Turismo el sistema nacional de información estadística del sector turismo de México, dotándolo de formalidad y certeza en su operatividad, no solo para la dependencia responsable de su actividad, sino para todos los integrantes que participan de manera activa en el sector, así como para la sociedad en su conjunto.
Esta formalidad jurídica permitirá una congruencia legislativa y operativa con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, garantizando el diseño, captación, producción, actualización, organización y procesamiento de la información de interés nacional. La información es la base de la toma de decisiones.
Por ello resulta fundamental que el sistema nacional de información estadística del sector turismo de México evolucione y se convierta en un sistema nacional de información estadística y geográfica del sector turismo de México, que contenga el Atlas Turístico de México como ente espacial y no solo de promoción, para que sirva como herramienta para el análisis de la información geoespacial y robustecer la calidad de la información que suministra a la sociedad y al Estado.
En suma, la falta de formalidad jurídica y la no evolución del sistema de información sectorial podría traer consigo en mediano y largo plazo una falta de información, lo que generaría una posibilidad de una toma ineficaz de decisiones en la planeación y aplicación de las políticas públicas sectoriales, así como en la toma de decisiones de los actores privados del sector.
Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros diputados, es por lo que subo a esta máxima tribuna a pedir su voto a favor del presente dictamen. Muchas gracias, es cuanto, diputado presidente.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Suficientemente discutido. Proceda la Secretaría a dar lectura a la adenda de modificación que se realizó al dictamen que se encuentra en discusión.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Debe decir: Transitorios.
Segundo. Las erogaciones que se generen por motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. Asimismo, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, darán cumplimiento al presente decreto con cargo a sus respectivos presupuestos. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión, amén de que usted acaba de dar lectura.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: En votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas a nombre de la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobadas las modificaciones.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para que proceda la votación en lo general y en lo particular, con las modificaciones recientemente aprobadas.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: ¿Falta algún diputado de emitir su voto? Por favor avisen quién hace falta de emitir su voto y por qué razón.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprovechamos para saludar a vecinos de las colonias de Cuernavaca que han sido invitados por el diputado Javier Bolaños Aguilar y se encuentran en este recinto legislativo. Un saludo a todos ustedes.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 340 a favor. Nombre por favor.
La diputada Justina del Carmen Luna Pérez (desde la curul): A favor.
La diputada Lorena del Carmen Alfaro García (desde la curul): A favor.
La diputada Daniella Judith Hernández Flores (desde la curul): A favor.
La diputada Brenda Borunda Espinoza (desde la curul): A favor.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: ¿Alguien más que falte de emitir su voto? Se emitieron a favor 344 votos, 6 en contra y 0 abstenciones.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado en lo general y en lo particular por 344 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo en materia de estadística, geográfica de turismo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Edgar Romo García: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, por el que se expide la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante. Tiene la palabra para fundamentar el dictamen hasta por cinco minutos el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
De igual manera, mandamos un saludo a los jóvenes del Sindicato del IMSS, Sección 23 de Querétaro, Red de Jóvenes, invitados por el diputado Hugo Cabrera. Bienvenidos a este recinto.
El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy presento a consideración de este honorable pleno el dictamen por el que se expide la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, que fue votado a favor por unanimidad por todos los partidos que integramos la Comisión de Justicia.
Un dictamen proveniente de una iniciativa de nuestro señor presidente Enrique Peña Nieto, que viene a fortalecer el compromiso de gobierno, de fortalecer la justicia cotidiana.
Este dictamen es de suma importancia, porque como ya sabemos, la justicia y la cultura cívica son pilares fundamentales de cualquier país democrático. Esto es porque la justicia cívica podemos entenderla como el conjunto de procedimientos e instrumentos del buen gobierno, orientados a fomentar la cultura de la legalidad y dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios en la convivencia diaria.
La justicia cívica juega un papel importante en el día a día de los ciudadanos. El modelo homologado de justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad para los municipios de México.
Esto que da de un acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana identificó que a junio de 2017 más del 40 por ciento de la población de 18 años o más tuvo al menos un conflicto o un enfrentamiento en su vida cotidiana durante los últimos tres meses. También refiere que en la misma Encuesta se identificó que aproximadamente el 50 por ciento de estos conflictos escalan a insultos e incluso a violencia física.
Estas acciones si no cuentan con una atención pronta y correcta pueden llegar a la realización de conductas tipificadas como delitos, aumentando la carga de trabajo en los organismos de procuración y administración de justicia o engrosando la cifra negra de delitos de nuestro país.
Por ello la necesidad de tener una justicia cívica, eficaz y oportuna. Es un tema de importancia para el país eliminando las problemáticas que se presentan en las entidades federativas como la diversidad de ordenamiento y materias que se regulan en ellos, así como la falta de actualización de dichas normas, solo por mencionar algunos casos.
Por tanto este dictamen que vengo a fundamentar el día de hoy presenta una oportunidad para corregir las problemáticas que existen en la materia y consolidar la justicia cívica como pieza fundamental de la justicia cotidiana.
Con la ley que hoy tenemos a nuestra consideración lograremos la difusión de la cultura cívica para la prevención de conflictos vecinales y comunales. Que cada municipio de demarcación territorial cuente al menos con un juzgado cívico. Incorporar la justicia alternativa en la resolución de conflictos en materia de justicia cívica. Establecer la profesionalización de los jueces y la capacitación y certificación de los facilitadores. La creación del registro de infractores, lo que fortalecerá la justicia cívica y dotará de eficacia a las disposiciones legales.
Asimismo, se da cabida a la justicia itinerante, la cual busca acercar mecanismos de resolución de conflictos, trámites y servicios a poblaciones alejadas, y zonas marginadas, lo que representa un acercamiento con los ciudadanos que más lo necesitan.
Por todo lo anterior, compañeras y compañeros diputados, les invito a votar a favor del presente dictamen que busca la prevención de delitos, fomento de la cultura de la legalidad y la sana convivencia social de los mexicanos.
Los invito a que conscientemente el día de hoy hagamos un acto de justicia votando a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra por cinco minutos cada uno.
Diputado Abel Cruz Hernández, diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputada Lia Limón García, diputado Jesús Emiliano Álvarez López, diputado José Hugo Ángel Olvera, diputada Alejandra Gutiérrez Campos, diputada María Gloria Hernández Madrid. Inicia con el uso de la tribuna hasta por cinco minutos el diputado Abel Cruz Hernández, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado Abel Cruz Hernández: Con su venia, presidente. Honorable asamblea. El 5 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial el decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta reforma se facultó al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de Justicia Cívica e Itinerante.
La justicia cívica tiene un papel fundamental en el mantenimiento del orden y la tranquilidad de una sociedad, pues faculta a las autoridades más cercanas a los ciudadanos a actuar de manera inmediata, ágil y sin tantos formalismos ante los conflictos que se presentan de forma cotidiana.
La justicia cívica se entiende como el primer instrumento de mantenimiento de la convivencia armónica y de la prevención del delito, ocupando un papel fundamental en la preservación del orden y la tranquilidad de la sociedad. Por lo anterior es importante que el fomento de la cultura cívica sea efectivo, y además la justicia en esta materia sea eficaz. Se van a homologar los principios y bases que darán contenido a las políticas públicas y harán el desarrollo de la actuación de los juzgados en la materia.
En una sociedad en la que vemos cada vez más degradados los valores, es indispensable fomentar principios como la difusión de la cultura cívica para la prevención de los conflictos entre vecinos.
De igual forma, la corresponsabilidad en la conservación del entorno social, el respeto a las libertades y derechos de los otros, la prevalencia del dialogo para solucionar problemas y el fortalecimiento de una vida democrática. Y esto, entre otros, solamente.
Por otro lado, la falta de accesibilidad física debido a la lejanía o a las características geográficas y socioeconómicas de las comunidades se traduce en un obstáculo para el acceso a la justicia, por lo que es importante desarrollar mecanismos de justicia itinerante como una medida para reducir la marginación jurídica y garantizar el acceso en condiciones de igualdad a las personas.
En consecuencia, el presente dictamen proyecta llevar a las comunidades la accesibilidad de trámites y servicios, así como el acceso a tribunales para una correcta impartición de justicia, ya que la situación actual de los mismos genera desigualdad y discriminación, lo que lleva a los ciudadanos a padecer la privación de servicios públicos básicos, como la obtención de documentos oficiales, que reflejen su situación jurídica y la de sus bienes.
Por lo tanto, se prevé que para el desarrollo de las jornadas de justicia itinerante podrán sumarse organizaciones del sector privado, académico y social, para dar acompañamiento o ampliar la atención a comunidades.
Por todo lo anterior, nuestro voto será a favor del presente dictamen, pues para Encuentro Social cualquier medida tendiente a garantizar el acceso efectivo a la justicia merece ser atendida, ya que para recuperar la seguridad ciudadana es necesario continuar con la implementación de políticas públicas que permitan generar un ambiente de orden y paz a través de normas mínimas de comportamiento social que hagan más grata la vida en sociedad.
Encuentro Social dice no al fuero. Es cuanto. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, señor presiente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Continúa en su turno la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del grupo legislativo Nueva Alianza, para hacer uso de la tribuna hasta por cinco minutos, y fijar la posición de su grupo parlamentario.
La diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. En el 2016 se dio inicio a un proceso reformador en materia de justicia cotidiana, cuyo objetivo es robustecer la protección de los derechos de las y los mexicanos en diversas áreas de la vida diaria, al garantizar que nadie pueda ser molestado en su persona, trabajo, familia, domicilio, papeles o posesiones de manera arbitraria y fuera de la legalidad.
El dictamen que hoy nos ocupa, forma parte de este proceso reformador al expedir la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, entendida como el primer instrumento para mantener la convivencia armónica y de prevención del delito, por lo que juega un papel clave en la preservación del orden y la tranquilidad de la sociedad.
De ahí la importancia de homologar los procedimientos de mediación y conciliación en todo el país para resolver de manera rápida y eficiente los conflictos entre las personas y evitar que estos lleguen a instancias judiciales.
En Nueva Alianza estamos comprometidos a impulsar todas aquellas acciones afirmativas encaminadas a mejorar el nivel de vida y bienestar de todos los mexicanos, siempre con estricto apego y respeto al Estado de derecho.
En ese sentido coincidimos con la propuesta que sienta las bases para la organización y el funcionamiento de la justicia cívica, así como la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno de acercar los mecanismos de resolución de conflictos, trámites y servicios a las poblaciones de difícil acceso y zonas marginales.
Para ello, la nueva ley establece que cada municipio o demarcación territorial deberá contar con al menos un juzgado cívico encargado de atender los conflictos de la materia, que deberán ser utilizados mecanismos orales, públicos y expeditos que concentren las actuaciones en una sola audiencia.
El convenio al que arriben las partes será definitivo y obligatorio, las sanciones aplicables serán principalmente amonestaciones y servicio a favor de la comunidad, dejando el arresto únicamente en aquellos casos en que la seguridad ciudadana se encuentre en riesgo.
Asimismo, se propone la creación del registro de infractores, el cual incluirá información de las personas que hubieren sido sancionadas y que será una herramienta de consulta obligatoria para los jueces al momento de individualizar la sanción ya que la reincidencia aumentará la misma.
Para Nueva Alianza garantizar los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad, ha sido un compromiso permanente. Por ello, aplaudimos que la ley atienda a aquellas comunidades que se encuentren más alejadas y en zonas marginales.
Con el establecimiento de la justicia, literalmente se reduce la marginación jurídica y la discriminación derivada de obstáculos geográficos mediante jornadas de justicia itinerante la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales acercarán trámites y servicios a las zonas marginales. Además, podrán atenderse conflictos individuales, colectivos o comunales con asistencia judicial o haciendo uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Con todo lo anterior, se deja atrás un sistema de impartición de justicia lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso, para dar un paso a un nuevo modelo que permita prevenir la violencia y dar solución de forma amistosa, temprana, rápida y eficaz a los conflictos del día a día. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene el uso de la tribuna el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, para fijar la posición de su Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, la justicia en este país sigue siendo la gran deuda, pero esta ley viene a resolver muchos de los graves problemas que se dan sobre todo en las zonas rurales, donde de por sí los servicios públicos están muy alejados y los ciudadanos, los campesinos, los agricultores tienen que padecer aun gobierno lejano y de oídos sordos.
Esta es una ley que da respuesta a un reclamo de hace muchísimos años y décadas, tal vez a las mismas motivaciones que dieron a la revolución. La revolución, dicen los expertos y los historiadores, no solo se dio por la desigualdad, sino también por la falta de acceso a la justicia y en muchos casos porque esa justicia era solo para los poderosos.
Esta justicia cívica itinerante permitirá por supuesto prevenir el delito, lograr que los asuntos no se vuelvan más violentos o más graves. Aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias, es decir que se permita aplicar las normas de amigable composición, que se permita dialogar, que haya facilitadores precisamente porque uno de los graves problemas que tiene este país es la saturación que tienen los juzgados, porque en esta concepción de hacer sedes judiciales nunca se previó que hay muchos ciudadanos en este país que no tienen, literalmente, ni siquiera para sufragar los gastos de acudir a un juzgado.
Esta ley viene a hacer justicia a los más vulnerables, a los más alejados, a los que han padecido, como se dijo anteriormente, a un gobierno que nunca los vio.
Que hoy se pueda tener jueces itinerantes y jueces en las comunidades más alejadas de este país permitirá, precisamente, que pueda tener acceso a la justicia a esos que eran los olvidados.
Por otro lado, que esos conflictos vecinales, esos conflictos comunitarios que se dan mucho en las zonas rurales puedan tener a los expertos, a estos mediadores, a estos conciliadores para que esos conflictos no se agraven ni se conviertan en conflictos más complejos, que luego son más difíciles de resolver o que traen más consecuencias para la sociedad.
Esta no solamente es justicia itinerante, esta no solamente es justicia para acercar a aquellos que no podían acudir a la justicia, es también para hacer una justicia más eficaz, una justicia más pronta y expedita, como lo mandata el 17 constitucional.
Por eso, aquellos donde se requería que hubiera justicia y que no había, hoy van a tener esa posibilidad. Aquellos que estaban lejos de las instituciones, hoy van a tener la posibilidad de poder arreglar esos conflictos. Porque además el problema de las comunidades rurales no solamente era no poder acudir a solicitar el acceso a la justicia, sino también el pagar un abogado.
Hoy el poder resolver los conflictos con los mecanismos alternativos de solución de controversia, donde recientemente también aprobamos una reforma constitucional y una ley reglamentaria, permitirá que precisamente no se ocupe siempre utilizar los servicios de un abogado, es decir, que la justicia realmente también pueda ser gratuita. Pero, sobre todo, cuando hay justicia, cuando se puede recomponer el tejido social, por supuesto que se fortalece la democracia, que de eso se trata, de un país como el nuestro donde estamos en los últimos lugares del cumplimiento del Estado de derecho.
Por eso esperemos que pronto se apruebe en la colegisladora y esperemos que esta pronto se publique, porque esto es un reclamo social, esta es una de las necesidades más fuertes que tiene el país, volver a recomponer las instituciones para fortalecerlas, para permitir que México regrese al cauce de la institucionalidad.
No sé en qué momento nos perdimos, pero es el momento de volver a lo más importante, a la columna vertebral de cualquier Estado, que es el fortalecer y el cumplir el Estado de derecho, que hoy México no tiene. Es cuanto, presidente, compañeras y compañeros diputados.
El presidente diputado Edgar Romo García: Continúa con el uso de la tribuna la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para fijar la posición de su grupo, hasta por cinco minutos.
La diputada Lia Limón García: Con su venia, diputado presidente. “Si la justicia existe, entonces tiene que ser para todos; de lo contrario, ya no es justicia”, Paul Auster.
La Ley General de Justicia Cívica e Itinerante es una de las propuestas que resultó de los diálogos de la justicia cotidiana impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto en un ejercicio conjunto con el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con la finalidad de fortalecer la cultura de justicia y legalidad, hacer accesible la justicia para el ciudadano de a pie y atender conflictos del día a día entre las personas de manera expedita.
Esta ley que hoy discutimos se centra en dos objetivos fundamentales: por un lado busca sentar las bases para la organización y el funcionamiento de la justicia cívica, y por otro lado pretende establecer las acciones para acercar la justicia a los ciudadanos. Es decir, acercar los mecanismos de resolución de conflictos, trámites y servicios que hoy existen a poblaciones alejadas, de difícil acceso, zonas marginadas a través, justamente, de la justicia itinerante.
En tal sentido, cabe señalar que la justicia cívica implica que un juez, que formalmente es de naturaleza administrativa, realice funciones materialmente jurisdiccionales, que resuelva de manera inmediata los conflictos entre ciudadanos o resuelva acerca de la responsabilidad de un ciudadano por la comisión de una falta de orden administrativo a través de un procedimiento ágil y sin formalismos innecesarios ante los conflictos que se presentan.
Por su parte, la justicia itinerante es un medio de acceso a la justicia de rapidez en el despacho jurisdiccional y de acentuada inmediación en la que, por un lado, se pueden acercar los trámites y servicios de las dependencias y entidades federales y locales a poblaciones alejadas de difícil acceso y zonas marginadas, y por otro, puedan atenderse conflictos individuales, colectivos o comunales con asistencia judicial o haciendo uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
El antecedente el día de hoy vigente es la justicia itinerante en materia agraria que llevan a cabo los tribunales agrarios en toda la República Mexicana, que de manera periódica acuden a diversos municipios del país a fin de facilitar el acceso a la justicia.
Si bien las entidades federativas ya cuentan con leyes o reglamentos en materia de cultura y justicia cívica, cada una tiene un diseño distinto, por lo que a través de la presente ley se busca unificar el contenido de las normas en aras de igualar el ámbito de protección en toda la República Mexicana, considerando las diferencias entre cada entidad federativa.
En este sentido, para que la cultura cívica sea más efectiva y la justicia más eficaz, es necesario homologar los principios y bases que darán contenido a las políticas públicas y guiarán el desarrollo de la actuación de los juzgados cívicos.
Cabe señalar que para ello existen distintos elementos con los que busca contribuir esta presente ley a través del acceso a la justicia pronta y expedita. Establece varios elementos, algunos de ellos son los principios de la justicia cívica, entre ellos la difusión de la cultura cívica para la prevención de conflictos vecinales y comunales, la corresponsabilidad de las personas en la conservación del entorno social, el respeto de la libertad y derechos de los otros, la prevalencia del diálogo para la resolución de los conflictos, el fomento de la participación ciudadana para la resolución de conflictos, entre otros.
Del mismo modo, se mandata a cada municipio o demarcación territorial a contar con al menos un juzgado cívico que opere de forma ininterrumpida para la atención de los conflictos de esa naturaleza.
Busca también impulsar una forma más ágil y eficaz de resolver controversias, privilegiando la solución amigable y la participación activa de las partes en sustitución de las autoridades judiciales.
Los procedimientos que conocerán los juzgados cívicos podrán iniciar con la presentación o remisión del probable infractor, o bien, con la presentación de una queja de cualquier particular ante el juez en contra de un probable infractor. Y por ello se prevén procedimientos orales, públicos y expeditos que concentrarán las actuaciones en una audiencia única.
En el ámbito de justicia itinerante se propone incorporar las jornadas de justicia itinerante a través de las unidades móviles en las que participen autoridades de los tres órdenes de gobierno, encargadas de trámites, servicios de programas sociales y de la administración de justicia.
Asimismo, la federación y las entidades federativas, de manera coordinada, diseñarán las jornadas de justicia itinerante, de forma que se localicen estratégicamente para atender el mayor número de personas y se atiendan las necesidades particulares de la comunidad de que se trate. Estos elementos que conforman esta nueva ley, sin duda contribuirán a hacer accesible la justicia para el ciudadano.
Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del presente dictamen, toda vez que consideramos urgente dejar atrás un sistema de impartición de justicia lento, incierto, discriminatorio, complicado, costoso y en muchas ocasiones inaccesible para la gran mayoría de las personas.
La nueva ley también contribuirá a que conflictos menores del día a día, como por ejemplo, los problemas vecinales, se solucionen de manera justa, rápida y expedita.
Hacer accesible la justicia para todos no solo contribuye al pleno ejercicio de los derechos humanos, sino que da certeza jurídica y garantiza una sociedad más armónica. Como dice Ralph Nader: “Una sociedad que cuenta con justicia es una sociedad que necesita menos caridad”. Es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: El diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena, pasará a tribuna a fijar la posición de su grupo parlamentario hasta por cinco minutos.
El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, quiero dirigir este mensaje principalmente a aquellos que me están sintonizando desde sus casas a través del Canal del Congreso, que nos verán en redes sociales o por la transmisión de Internet.
El dictamen que hoy se discute para expedir una Ley General de Justicia Cívica e Itinerante es para abordar un problema dejado en el olvido por esta administración. En acceso a la justicia para los ciudadanos de abajo, es decir, para los trabajadores, los estudiantes, los comerciantes, los obreros, los indígenas y todos aquellos para los que la ley nunca está al alcance.
La falta de acceso a la justicia incide en la calidad de vida de los mexicanos, en el ejercicio de los derechos humanos, el desarrollo económico y en la consolidación de un Estado de derecho.
Por un lado, se hace referencia en los discursos oficiales de los avances en el marco institucional, pero por otra parte la mayoría de los mexicanos no tienen un acceso adecuado a la justicia.
Uno de los grandes problemas es el gran desconocimiento que tienen las personas sobre sus derechos y las vías para ejercerlo. Hoy votaremos una Ley General de Justicia Cívica e Itinerante que pretende abatir uno de los rezagos, no el único ni el principal, por ciento, pero sí una demanda sentida de la población.
Se busca tener formas más ágiles de solución de los conflictos entre particulares, en donde los ciudadanos sean escuchados y atendidos en sus quejas, de manera más rápida y que impidan que también sean presa de la corrupción a la que constantemente se ven sometidos en su búsqueda para alcanzar la justicia.
Se llega a acuerdos cada vez más rápidos y que la burocracia sea cada vez menor para llegar a acuerdos entre particulares.
Nuestro anhelo es contribuir para hacer realidad la frase de don José María Morelos y Pavón, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario.
Por ello, este dictamen maneja un nuevo concepto: justicia itinerante. Es decir, acercar la justicia a las personas en comunidades alejadas, de difícil acceso y zonas marginadas. La justicia itinerante como una medida para reducir la marginación jurídica y así asegurar que todas las personas tengan acceso a trámites, servicios y a los documentos oficiales que reflejan su situación jurídica y la de sus bienes. Y, por otro lado, como una medida para facilitar el acceso a la justicia que se imparte en los tribunales.
Se propone también, incorporar jornadas de justicia itinerante con unidades móviles en las que participen autoridades de los tres órdenes de gobierno, encargadas de trámites, servicios, programas sociales y de la administración de justicia.
En este sentido, la responsabilidad del Estado para hacer posible el acceso a la justicia se traduce en que la federación, las entidades federativas y los municipios de manera coordinada, diseñarán las jornadas de justicia itinerante de forma que se localicen estratégicamente para atender al mayor número de personas y que se atiendan las necesidades particulares de la comunidad.
De una vez por todas queremos hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 17 constitucional que señala: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales”. Por estas razones, el grupo parlamentario votará a favor de esta iniciativa. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, para fijar la posición de su grupo parlamentario, el diputado José Hugo Ángel Olvera, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Hugo Ángel Olvera: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados. El dictamen que hoy pone a su consideración este pleno por la Comisión de Justicia, atiende los problemas cotidianos más frecuentes a los que se enfrenta la población en la vida diaria, la impunidad en las faltas cometidas en la convivencia al interior de las comunidades.
Esta ley garantiza el derecho de acceso a la justicia cotidiana para todas y todos los mexicanos, favoreciendo un clima de mayor convivencia social, estableciendo las coordinaciones para el desarrollo de una ciudadanía cada día más participativa.
Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD anticipa su voto a favor del presente dictamen, tomando en consideración que tanto en los presupuestos federal y estatal, esta ley deberá contar con los recursos suficientes y necesarios para su implementación.
Debemos señalar la importancia de las dos partes que conforman el cuerpo de este ordenamiento. En primer término, la implementación de un sistema uniforme de impartición de justicia cívica, que en algunas entidades federativas o municipios ni siquiera existe, dejando a las y los ciudadanos en indefensión ante las faltas cometidas por aquellos quienes, amparados por la impunidad, cometen conductas que enturbian la convivencia diaria de los vecinos; desde el tirar basura en lugares prohibidos, pasear a sus mascotas sin tomar la medidas de protección adecuadas para evitar que esto pueda causar daño a otras mascotas o personas, no respetar la preferencia que el peatón tiene sobre el paso de automóviles.
Todo ello y según las disposiciones legales específicas que cada una de las entidades federativas emita para el cumplimiento de esta ley, será motivo de la presentación del ciudadano frente al juez cívico, quien tomando en consideración lo consignado en el registro de infractores que al efecto se propone y se pone en funcionamiento.
El juez cívico deberá privilegiar los mecanismos alternativos de solución de controversias, de tal manera que la convivencia de cada comunidad se vea favorecida por la construcción de una colectividad comprometida con la sociedad.
En relación a la justicia itinerante, debemos resaltar dos cuestiones que nos parecen relevantes. La primera, que a través de este mecanismo la población que habita en zonas alejadas, de difícil acceso o de alta marginación, podrá contar con la presencia del Estado mexicano frente a la gran ausencia e ignorancia de la que ha sido objeto durante muchos años.
El planteamiento de acciones de justicia itinerante tiene por objeto el acercar a estas comunidades ignoradas por las instituciones, trámites y servicios de las dependencias estatales y federales, cuya presencia en la zona habrá de ser periódica y coordinada con las autoridades propias del municipio o comunidad a la que van dirigidas. Estas acciones establecerán, en consecuencia, el primero vínculo de relación entre las autoridades y los ciudadanos.
Esta ley general, en suma, tiene un noble objetivo y puede constituir uno de los principales mecanismos de integración que coadyuvan, sin duda alguna, a la conformación de una ciudadanía comprometida con su comunidad que coadyuva en reconstruir el tejido social, generando nuevas formas de convivencia que ayuden a la superación de la situación de crisis humanitaria en la cual nos encontramos.
Por lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario del PRD, refrenda su compromiso social con las y los mexicanos, votando a favor del presente dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se solicita la presencia de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, para hacer uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, y fijar la posición de su Grupo Parlamentario, del Partido Acción Nacional.
La diputada Alejandra Gutiérrez Campos: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros. Los legisladores tenemos la responsabilidad de legislar para fortalecer las instituciones del Estado mexicano y los derechos de los ciudadanos, así como de robustecer el régimen de seguridad pública y de justicia.
El dictamen que discutimos en este momento forma parte del nuevo contexto en materia de justicia y ha avanzado hacia la apertura, mecanismos que facilitan el ejercicio al derecho fundamental de justicia.
Una de las premisas que anima al presente dictamen es precisamente el de la prevención. Una de las exigencias de la ciudadanía ha sido el contar con mecanismos de justicia cotidiana, que es aquella justicia que incide en la resolución de conflictos vecinales y del trato del día a día.
Como representantes populares sabemos y estamos conscientes que muchas veces son estos conflictos permanentes y persistentes los que generan desgaste en la vida de miles de familias, y terminan incluso, por desembocar en actos violentos que podrían tener repercusiones penales. La justicia cívica es el eslabón fundamental de la paz social.
Como legisladores estamos obligados a generar los mecanismos necesarios para que funcione correctamente, desafortunadamente en la actualidad la denominada justicia de barandillas se encuentra desacreditada y arrumbada en las prioridades de la política pública.
Con la aprobación de la Ley de Justicia Cívica se establecerán instancias homogéneas en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, para atender de una manera ordenada y con servidores públicos certificados, los procedimientos concernientes a la justicia cívica.
Se disponen los procedimientos uniformes diseñados para desahogar la problemática vecinal y de faltas administrativas bajo las premisas de racionalidad y proporcionalidad, indispensables en la generación de una armonía social como base de convivencia.
Asimismo, se otorga centralidad en la aplicación de mecanismos alternos de solución de controversias a través de mediaciones y de conciliaciones. Para las poblaciones remotas se establece que los órganos de justicia del día a día, deban habilitarse de manera itinerante y de esa manera estar en posibilidades de intervenir de manera oportuna.
Como podemos observar, compañeras y compañeros, estamos a punto de aprobar una de las leyes que podrán incidir en el mejoramiento de la vida cotidiana de millones de personas. Los mexicanos nos merecemos vivir mejor, nos merecemos una verdadera vida en comunidad. Es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene el uso de la tribuna la diputada María Gloria Hernández Madrid, para fijar –hasta por cinco minutos– la posición de su Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Gloria Hernández Madrid: Con el permiso del presidente e integrantes de la Mesa Directiva, saludo a mis compañeras y compañeros diputados, así como a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través del Canal del Congreso.
La justicia debe de ser certera, efectiva y accesible, pero además, en nuestro tiempo, es prioritario que sea pronta y expedita. Esta exigencia ciudadana debe de ser y ha sido prioridad para una gran parte de quienes integramos esta legislatura.
Si bien, no es una atribución natural de un legislador la procuración de justicia, sí lo es dotar de los instrumentos necesarios al sistema jurídico mexicano para que esta sea una realidad cotidiana en la vida del país.
El día de hoy buscaremos adicionar un engranaje fundamental a la maquinaria procesal de la justicia en México, con la convicción de que esta permitirá avanzar en la prontitud e inmediatez mencionadas.
Es importante señalar que el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto ha señalado que en nuestro país la justicia debe de ser una realidad y de piso parejo para todos. Por eso, hace cuatro años se encomendó al CIDE la organización de un diálogo nacional por la justicia plural y transparente, que contó con la participación de cientos de expertos y de múltiples instituciones gubernamentales y académicas de la sociedad civil.
El presidente atendió las propuestas que resultaron en la fundamentación de un decreto administrativo, la presentación de ocho iniciativas de reforma constitucional con una nueva ley general y tres de reforma legal sobre justicia cotidiana.
Dispuestos a hacer de este ideal jurídico una realidad en la ley, las diputadas y los diputados aprobamos crear el sistema nacional de impartición de justicia, para facilitar la articulación entre instancias públicas, trasladar la impartición de la justicia laboral al Poder Judicial de la Federación y a los Poderes Judiciales locales.
Homologar criterios y procedimientos de los procesos civiles y familiares para hacerlos más expeditos y uniformes, y fortalecer el derecho de acceso a la justicia evitando formalismos y tecnicismos para resolver de fondo todo tipo de conflictos.
Por otro lado, las relaciones diarias entre las personas de nuestra sociedad generaron durante el último trimestre de 2017, que el 40 por ciento de la población mayor de 18 años tuvo de manera directa algún conflicto cotidiano, sin embargo, menos de un cuarto de la población considera que sus gobiernos sean muy efectivos o algo efectivos en su capacidad para resolver esos problemas.
Por si fuera poco, existe un grave problema de marginación jurídica en nuestro país. Casi 7 millones de personas viven en comunidades aisladas y ellos están imposibilitados de realizar trámites tan básicos como es obtener un acta de nacimiento, y carecen de acceso a un sistema que les permita resolver sus problemas de forma pacífica, pronta y oportuna.
En el contexto planteado, resulta urgente establecer mecanismos que permitan resolver directamente los conflictos entre ciudadanos y eventualmente los que también se presenten con las autoridades, así como garantizar que todos tengan acceso a los trámites y servicios que requieran. Y se trata de infundirle vigor a la forma más común de justicia; la cotidiana.
Derivado del fenómeno expuesto, consideramos que la Ley de Justicia Cívica e Itinerante es una nueva perspectiva de resolver los conflictos cotidianos, pero aún más, será una vía efectiva y ágil basada en fomentar la cultura cívica y generar un modelo que permita solucionar de manera amistosa, oportuna, rápida y eficaz, los conflictos individuales, vecinales o comunales.
Disponer que cada municipio, demarcación territorial, cuente con juzgados cívicos para atender los conflictos en la materia, estableciendo además la estructura mínima para su adecuado funcionamiento.
Promover la solución de conflictos mediante procedimientos de mediación y conciliación y crear un registro de infractores en materia de justicia cívica, cuya información será consultada obligatoriamente para que los jueces al momento de individualizar las sanciones puedan resolver, así como establecer que la federación y las entidades federativas de manera coordinada llevarán a cabo jornadas de justicia itinerante para acercar mecanismos de resolución de conflictos, trámites y servicios a poblaciones alejadas de difícil acceso a zonas marginadas.
Es por ello que agradezco a nuestro coordinador, el diputado Carlos Iriarte, que a nombre del Grupo Parlamentario del PRI me permita pedirles, compañeras y compañeros, que votemos a favor de crear una justicia que construyamos todos y los invitemos a que en el mismo sentido acompañen este dictamen, que contribuye a hacer de la justicia que tenemos aquella que queremos, una más cercana y al alcance de todas las mexicanas y mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputada. Una vez que ha sido agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Toda vez que no se ha reservado artículo alguno para su discusión en lo particular, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: ¿Falta algún diputado de emitir su voto? Favor de levantar la mano el diputado que falte de emitir su voto. ¿Algún otro diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 344 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado por unanimidad, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, por lo tanto, pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Edgar Romo García: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce, para fundamentar el dictamen, de conformidad con lo que establece el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce: Con su venia, señor presidente. Distinguidas y distinguidos compañeros legisladores, me permito en este acto, y ante esta la máxima tribuna de la nación, hacer patente un respetuoso y fraterno reconocimiento a todos mis compañeros legisladores, en mi calidad de integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes hemos construido mejores condiciones para aquella garantía individual consagrada en el artículo 4o. constitucional.
Por ello, en este fin de periodo, desde este espacio, en lo público hago un reconocimiento para todos y cada uno de mis compañeros legisladores de la comisión. Sin duda, hago un amplio reconocimiento a este pleno del parlamento mexicano, que se ha mostrado siempre a favor del medio ambiente y sus recursos naturales en un esfuerzo comprometido, real y demócrata para procurar y proteger todo lo que significa, como ya lo he comentado, el medio ambiente.
Es preciso considerar que el día de hoy discutimos un asunto polémico. Permítanme precisarles, vivimos en la era del plástico y nos enfrentamos a la complejidad, derivado del exagerado consumo de plásticos sintéticos.
Se estima que la producción de plásticos en la segunda mitad del siglo pasado, a la fecha, a nivel global tendríamos cantidad suficiente para cubrir el planeta con este material.
Sabedores de que somos responsables y conscientes de que gran parte de nuestra actividad moderna, como la industria alimenticia, médica, automotriz, aeronáutica, entre otras, depende de estos productos, es importante precisar que estamos dispuestos a evolucionar hacia un consumo más racional e inteligente de estos materiales, y en particular, con consumo de popotes.
Y me refiero específicamente al alto volumen de la demanda de estos productos plásticos, ya que por ser prácticos estos productos han venido a facilitar las actividades diarias de las personas, y adicionalmente, el incremento exponencial de la población de México y el mundo. Su demanda y producción se ha visto incrementada considerablemente, inclusive, permítanme el término, en forma desmedida.
Es por ello que debemos considerar mejorar los hábitos sustentables en el consumo, con el único fin de evitar generar pasivos ambientales derivados de incorrectas prácticas del exagerado consumo, así como la consecuente disposición final de estos productos.
Una vez que se convierten en residuos sólidos urbanos, por el tamaño general de los popotes y debido a que en su mayoría se fabrican con plásticos sintéticos, principalmente de polipropileno, aumentan el riesgo de generar contaminación en el ambiente y sus consecuentes afectaciones de la biodiversidad
A efecto de estar en las condiciones óptimas para coadyuvar en la minimización de riesgos por la inadecuada disposición de estos materiales, estimamos viable considerar acciones encaminadas a que el consumo de popotes se promueva mediante un consumo voluntario, principalmente en los establecimientos de alimentos y bebidas, ya que esta medida fomentará en la población hábitos de consumo eficiente, moderado y responsable. Esto desde luego fomentará en las personas un consumo sustentable, principalmente de productos de difícil disposición final, como ya se practica por propia voluntad en algunos establecimientos de comida en las principales ciudades del país.
Desde luego, reconocemos los esfuerzos y acciones emprendidas por la industria en la constante búsqueda del desarrollo de tecnologías que lleven a polímeros más eficientes, como es el ejemplo de la fabricación de plásticos que se compongan de celdas más separadas. Esto con el objeto de facilitar su degradación, loables acciones de la industria química y de la industria de los plásticos.
Por la búsqueda de tecnologías que logren la fabricación, que permitan una ágil degradación de los productos plásticos, lograremos fortalecer la preservación de la diversidad del país, disminuyendo los pasivos ambientales.
Por último, compañeras y compañeros diputados, es importante señalar que la suma de estas acciones impulsará las adecuadas condiciones de la educación permanente y sistemática en la población.
Por todo lo anterior, estimadas diputadas y diputados, los convoco a sumarnos a votar incluso de manera unánime a este dictamen, que solamente busca favorecer el consumo responsable de productos plásticos, en particular los popotes, que tienden a un alto consumo, que por su característica son difíciles de recolectar y, por tanto, también su disposición final, transitando a un consumo voluntario, dejando de lado acciones de orden prohibitivo.
Concluyo, compañeras diputadas y diputados. Con esta medida sin duda estamos realizando acciones favorables por nuestro planeta, que dejaremos a las generaciones presentes y futuras. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se han registrado diversos grupos parlamentarios para fijar su posición, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Iniciando con el uso de la tribuna, el diputado Arturo Álvarez Angli, hasta por cinco minutos, como proponente de esta iniciativa y con la intención de fijar la posición de su grupo parlamentario.
El diputado Arturo Álvarez Angli: Gracias, diputado presidente. En la lucha por la conservación de nuestro medio ambiente cada vez afortunadamente somos más los que de distintas áreas hacemos algo para contribuir a su protección. Por lo que hace a los que integramos al Partido Verde, nos hemos desde hace muchos años comprometido para impulsar todas aquellas propuestas que abonen a poner un alto a la degradación ambiental y sobre todo para contribuir y proteger, y mejorar los recursos naturales aún existentes.
El caso que hoy nos ocupa es una propuesta cuya esencia busca generar conciencia en la sociedad para implementar acciones sencillas que permitan disminuir los impactos negativos sobre el medio ambiente al utilizar utensilios de materiales altamente contaminantes. Se trata, en este caso, de algo tan simple y sencillo como los popotes. Uno de los casos que verdaderamente son más alarmantes ya que están hechos, en su gran mayoría, de un derivado del petróleo llamado propileno, por lo cual su proceso de degradación es prácticamente nulo, persistiendo casi infinitamente en miles de pequeños pedazos que ocasionan severos daños ecológicos, principalmente a los animales que los injieren, confundiéndolo en la mayoría de sus casos con alimento.
La mayoría de los materiales plásticos pueden reciclarse o transformarse en otros materiales, pero no es tan fácil hacer esto con los popotes. La problemática, de verdad, no es menor, el 95 por ciento de los popotes que se utilizan no son reciclables y tienen una vida útil a veces casi instantánea, ya que solo son utilizados por una única ocasión y a veces ni siquiera son utilizados, simplemente son desperdiciados.
Para atender dicha situación, a nivel internacional se han lanzado diversas campañas en Estados Unidos. Por ejemplo como vive libre de popotes, en la cual se convenció a la Asociación Nacional de Restaurantes de eliminar la práctica de introducir los popotes en las bebidas cuando son servidas a los clientes.
Nuestro país no es ajeno a estas acciones, la iniciativa privada, muchas de las grandes operadoras de restaurantes, ha tomado la estafeta respecto de iniciativas que inhiben el consumo de popotes. Se trata de campañas para evitar el uso de estos por parte de sus comensales, con resultados positivos tanto en lo social como en lo económico, por lo que ha demostrado que el ser responsable y respetuoso con el medio ambiente también otorga beneficios económicos a quienes lo intentan.
No obstante, las acciones se han quedado en campañas acompañadas de buenas voluntades, es por ello que consideramos necesario respaldar dichas acciones y fortalecerlas a través de su inclusión dentro de nuestro marco jurídico, permitiendo con ello dar continuidad a lo alcanzado y seguir beneficiando a nuestro medio ambiente.
Ante tal situación, hoy con el presente dictamen, tenemos la oportunidad de fijar bases sólidas en el camino hacia la adopción de prácticas mucho más amigables con nuestro medio ambiente, no se trata, por supuesto, de calificar de malos a quienes los utilizan por necesidad o incluso por elección, simplemente consideramos que es urgente comenzar a transitar hacia la ejecución de prácticas mucho más sustentables.
Por todo ello, como iniciador de la propuesta que nos encontramos discutiendo, anuncio por supuesto el voto a favor de nuestra bancada esperando el respaldo de todos ustedes al presente dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Quiero dejar muy en claro y hacer un énfasis que no pretendemos satanizar absolutamente ningún utensilio, lo que pretendemos es justamente establecer nuevos criterios que debemos adoptar como consumidores, hacerlo de manera más responsable a nuestro medio ambiente.
Tampoco tiene nada de malo por sí solo la existencia del popote, pero hoy existen, como lo podemos ver aquí, popotes elaborados con el hueso de aguacate –que somos el país primer productor de aguacate, por ejemplo–. Este es un popote biodegradable que da exactamente el mismo uso que aquellos elaborados de polipropileno, y que por supuesto sus efectos al medio ambiente no tienen absolutamente nada que ver.
No estamos en contra del uso del popote sino del abuso del popote. No son solamente los centavos que se pueden ahorrar dejando de utilizarlo, sino los cientos de pesos que podemos evitar tener que gastar para combatir los efectos negativos de los años y años que tarda en degradarse un artículo tan pequeño, tan insignificante, pero que provoca tanto daño al medio ambiente y que pone en riesgo también, y es el causante de muchas de las muertes de innumerables especies, principalmente en nuestros océanos. Es hacer una reflexión, es asumir de nueva cuenta nuestro compromiso como seres humanos de que debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance por cuidar el medio ambiente. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene el uso de la tribuna la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena, para fijar la posición de su grupo parlamentario, hasta por cinco minutos.
La diputada María Chávez García: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Para Morena, si bien concordamos en cuanto al hecho de que los popotes crean serios problemas ambientales y su empleo debe de ir disminuyendo hasta el punto que los efectos de la falta de demanda de los consumidores se dejen de producir, no podemos avalar este dictamen por ser fruto de las peores prácticas parlamentarias contrarias al Reglamento de esta Cámara de Diputados, con lo que se violan los principios de certeza y legalidad que deben regir el proceso legislativo.
El dictamen que se pretende hacer pasar como resultado de la cuarta reunión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, convocada para el día 22 de marzo de los corrientes, pero dicha reunión, en términos de reglamento de la Cámara de Diputados, no se llevó a cabo, ya que al inicio y durante el desarrollo de la misma no se tuvo el número mínimo de diputados para contar con el quórum, requisito indispensable para poder sesionar, como lo señala el numeral 2 del artículo 167 del citado Reglamento.
La simulación de la reunión comenzó cuando menos con dos horas de retraso con respecto a la hora señalada en la convocatoria emitida por la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con lo cual se viola el numeral 3 del artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Además, esta se dio a puerta cerrada y sin la presencia del Canal de televisión del Congreso. Esto último, en contra versión del 214.
La convocatoria a la cuarta reunión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para el día 22 de marzo de los corrientes, se emitió con menos de 24 horas de anticipación, lo cual infringe el artículo 150, fracción II, también del Reglamento.
Si bien, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta –de forma fraudulenta– presenta ante las instancias pertinentes de esta Cámara, anexo al dictamen la lista de asistencia y la hoja de votación con mínimo de firmas necesarias para acreditar el quórum, y la validez de la aprobación del dictamen, la última firma necesaria se consiguió días después de la fallida reunión de comisión.
Esta Cámara, como parte del Poder Legislativo tiene la importante labor de intervenir en el proceso por medio del cual se construyen las leyes de aplicación nacional. Por lo mismo, la primera institución que debe de cumplir las normas jurídicas de esta Cámara y la primera norma que debemos respetar es nuestro Reglamento.
Avalar la reunión en que se aprobó el dictamen en comento y el dictamen en sí mismo, es un acto de incongruencia que nos demerita como institución, como legisladores y como mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Han terminado las posiciones de los grupos parlamentarios, y continuamos con la discusión en lo general. Se ha registrado en contra, el diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos.
El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz: Con su venia, presidente. Muchísimas gracias. Primero queremos destacar que la iniciativa a discusión es una iniciativa de amplio valor y que se tiene que reconocer que tiene que haber una regulación, pero también mecanismos que permitan la inhibición del consumo de los popotes.
Si es que esta iniciativa ya está siendo implementada por diversos grupos y sectores, también no podemos dejar de señalar que la misma no tiene un fondo como tal. El fondo como tal significa cuál es el objetivo de la regulación.
El objetivo de la regulación es simplemente dejarlo a lo que digan los tres órdenes de gobierno, o realmente queremos incidir dentro del consumismo de las personas, para que dejen de utilizar los popotes y tengan más conciencia ambiental.
Eso es lo que tenemos que discutir de fondo. No decimos que no, está bien la iniciativa, decimos que se tiene que reforzar la iniciativa. ¿Por qué?, porque tenemos que ser muy incisivos en donde tengamos que inhibir al máximo el consumo de popotes y para ello también debe de existir una regulación a los mismos, así como tiene que existir una regulación a los plásticos y regulación a varias cuestiones que han afectado el medio ambiente, pues tenemos que ver las cosas de fondo y no simplemente de forma.
Por ello, la postura del Grupo Parlamentario del PRD a este dictamen será abstenerse, porque consideramos que el dictamen tiene que ser más de fondo que de forma, y el compromiso ambiental no solamente tiene que ver con campañas que ya se están dando mediáticamente en varios sectores, sino también tiene que ver un compromiso real con el derecho constitucional de las y los mexicanos a un medio ambiente sano.
Termino diciendo. El compromiso que cada uno de ustedes tiene como legisladores no solamente es garantizar el derecho de sus votantes, sino que las iniciativas que discutamos en este Congreso puedan incidir y puedan ser aplicables en todo el país. Por ello reiteramos que nos vamos a abstener y yo los invito a que avancemos para que tengamos un México sustentable. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, toda vez que ya no hay más oradores, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Algún compañero diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 245 votos, 70 abstenciones, 0 en contra, de un total de presentes de 315 diputadas y diputados. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado en lo general y en lo particular por 245 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Edgar Romo García: Le pido a la Secretaría continúe con la reincorporación de diputados.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Se recibieron oficios de los diputados Manuel de Jesús Espino Barrientos y Alma Lucía Arzaluz Alonso, por lo que se comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 15 y 19 de abril del año en curso, respectivamente.
Se recibió solicitud de licencia del diputado Santiago Taboada Cortina, pido a la Secretaría dar cuenta con el punto de acuerdo.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Punto de acuerdo. Único. Se concede licencia al diputado Santiago Taboada Cortina para separarse de sus funciones como diputado federal electo por la cuarta circunscripción, del 19 de abril al 2 de julio del año en curso.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García (16:42 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 18 de abril de 2018, a las 11 horas, con amplia votación de dictámenes.

References: artículo 35
 artículo 7
 artículo 79
 resolución 
 artículo 100
 artículo 110
 artículo 23
 artículo 34
 artículo 89
 artículo 100
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 27
 artículo 84
 artículo 82
 artículo 84
 artículo 80
 artículo 84
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 artículo 34
 artículo 34
 artículo 104
 artículo 144
 artículo 104
 resolución 
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 artículo 104
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 artículo 17
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 artículo 109
 artículo 144
 artículo 35
 artículo 104
 artículo 4
 artículo 104
 artículo 167
 artículo 167
 artículo 150
 artículo 144
 artículo 35