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Timestamp: 2014-10-31 12:41:31+00:00

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Sentencia T.S. (Sala 3) de 27 de junio de 2012. IS. Provisiones y gastos no deducibles - 144098 - Lex Nova, informaci�n jur�dica actualizada
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Sentencia T.S. (Sala 3) de 27 de junio de 2012�RESUMEN:Impuesto sobre Sociedades: Base imponible. Periodificaci�n de pagas extraordinarias procedente. Provisi�n por la depreciaci�n de valores mobiliarios: No deducible. Dotaci�n para provisi�n por insolvencias: No deducible. Provisi�n para responsabilidades por indemnizaci�n personal a la finalizaci�n de obra: No procede. Gastos de esponsorizaci�n, patrocinio y relaciones p�blicas con clientes.En la Villa de Madrid, a veintisiete de Junio de dos mil doce.VISTO por la Secci�n Segunda de la Sala Tercera de este Tribunal, integrada por los Excmos. Se�ores Magistrados anotados al margen, el Recurso de Casaci�n interpuesto, por la entidad Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., representada por el Procurador D. Jacinto G�mez Sim�n, bajo la direcci�n de Letrado, y, estando promovido contra la sentencia de 11 de diciembre de 2008, de la Secci�n Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada en el Recurso Contencioso-Administrativo n�mero 495/2005; en cuya casaci�n aparece como parte recurrida, la Administraci�n General del Estado, representada y dirigida por el Abogado del Estado. ANTECEDENTES DE HECHO�Primero.—La Secci�n Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 11 de diciembre de 2008, y en el recurso antes referenciado, dict� sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Que estimando en parte el Recurso Contencioso-Administrativo formulado por el Procurador D. Jacinto G�mez Sim�n, en nombre y representaci�n de la entidad Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., contra la resoluci�n de fecha 21 de abril 2005, dictada por el Tribunal Econ�mico-Administrativo Central, debemos declarar y declaramos que dicha resoluci�n es nula en relaci�n con la imposici�n de sanciones, siendo conforme a Derecho en todo lo dem�s; sin hacer menci�n especial en cuanto a las costas. ".Segundo.—Contra la anterior sentencia, por el Procurador D. Jacinto G�mez Sim�n, en nombre y representaci�n de la entidad Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., se interpone Recurso de Casaci�n al amparo de los siguientes motivos: "Primero.- Vulneraci�n de las normas reguladoras de la sentencia por causa de incongruencia omisiva (cuesti�n omitida: periodificaci�n de pagas extraordinarias del personal): Al amparo de la letra c) del art�culo 88.1 LJ, por infracci�n de los art�culos 33.1 y 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci�n Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio). Segundo.- Vulneraci�n de la normativa reglamentaria aplicable para resolver acerca de la deducibilidad de dotaci�n a la provisi�n por depreciaci�n de la cartera de valores: Al amparo de la letra d) del art�culo 88.1 LJ, por infracci�n de los art�culos 71.2 y 72.1 del Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 21 a 27 de octubre). Tercero.- Vulneraci�n de las reglas que rigen el reparto de la carga de la prueba (al rechazar parcialmente el ajuste por cuotas satisfechas en virtud de contratos de arrendamiento financiero): Al amparo de la letra d) del art�culo 88.1 LJ, por infracci�n del art�culo 1.214 del C�digo Civil, de los art�culos 114 (los dos apartados) y 118.2 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (BOE de 31 de diciembre), y del art�culo 217 (apartados 2 y 3) de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE de 8 de enero). Cuarto.- Vulneraci�n de la normativa reglamentaria aplicable para resolver acerca de la deducibilidad de la dotaci�n a la provisi�n por insolvencias: Al amparo de la letra d) del art�culo 88.1 LJ, por infracci�n del art�culo 82 (apartados 2, letra c), y 4, reglas tercera y quinta) del Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 21 a 27 de octubre). Quinto.- Vulneraci�n de la normativa reglamentaria aplicable para resolver acerca de la deducibilidad de la dotaci�n a la provisi�n por responsabilidades: Al amparo de la letra d) del art�culo 88.1 LJ, por infracci�n del apartado 1 del art�culo 84 del Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 21 a 27 de octubre). Sexto.- Vulneraci�n de la normativa reglamentaria aplicable para resolver acerca de la deducibilidad de la dotaci�n a la provisi�n por indemnizaci�n personal finalizaci�n de obra: Al amparo de la letra d) del art�culo 88.1 LJ, por infracci�n del art�culo 1 del art�culo 84 del Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (BOE del 212 a 27 de octubre). S�ptimo.- Vulneraci�n de la normativa aplicable y jurisprudencia aplicables para resolver acerca de la deducibilidad de partidas correspondientes a esponsorizaci�n, patrocinio y relaciones p�blicas con clientes o proveedores: Al amparo de la letra d) del art�culo 88.1 LJ, por infracci�n de los art�culos 13 y 14 (inciso final del p�rrafo segundo del apartado f) de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 30 de diciembre de 1978), y el art�culo 100 (apartado 1) del Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 21 a 27 de octubre).". Termina suplicando de la Sala se case y anule la sentencia recurrida. Tercero.—Acordado se�alar d�a para el fallo en la presente casaci�n cuando por turno correspondiera, fue fijado a tal fin el d�a 13 de junio de 2012, en cuya fecha tuvo lugar. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Vicente Garzon Herrero, Magistrado de la Sala
FUNDAMENTOS DE DERECHO�Primero.—Se impugna, mediante este Recurso de Casaci�n, interpuesto por el Procurador D. Jacinto G�mez Sim�n, actuando en nombre y representaci�n de la entidad Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., la sentencia de 11 de diciembre de 2008, de la Secci�n Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, por la que se estim� en parte el Recurso Contencioso-Administrativo n�mero 495/2005 de los que se encontraban pendientes ante dicho �rgano jurisdiccional. El citado recurso hab�a sido iniciado por quien hoy es recurrente en casaci�n contra la resoluci�n de fecha 21 de abril de 2005, dictada por el Tribunal Econ�mico-Administrativo Central, que confirma el acuerdo de fecha 24 de abril de 2002, del Jefe de la Oficina Nacional de Inspecci�n del Departamento de Inspecci�n Financiera y Tributaria de la A.E.A.T., relativo a liquidaci�n del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1992, por importe de 9.811.645,63 €, y acuerdo sancionador por el mismo concepto y per�odo, por importe de 2.030.263,18 €, seg�n Acta de disconformidad de fecha 26 de octubre de 2001, por la que se modifican las bases declaradas por los conceptos de: periodificaci�n gastos personal; provisiones: art. 116 RIS; depreciaci�n de cartera: art. 71.2 RIS; operaciones vinculadas: valoraci�n; imputaci�n resultados UTES; dotaci�n provisi�n por insolvencia; liberalidades; gastos: imputaci�n; y por deducci�n por inversiones.La sentencia de instancia estim� parcialmente el Recurso Contencioso Administrativo y pronunci� el siguiente fallo: "Que estimando en parte el Recurso Contencioso-Administrativo formulado por el Procurador D. Jacinto G�mez Sim�n, en nombre y representaci�n de la entidad Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., contra la resoluci�n de fecha 21 de abril 2005, dictada por el Tribunal Econ�mico-Administrativo Central, debemos declarar y declaramos que dicha resoluci�n es nula en relaci�n con la imposici�n de sanciones, siendo conforme a Derecho en todo lo dem�s; sin hacer menci�n especial en cuanto a las costas.".No conforme con dicha sentencia el demandante interpone el Recurso de Casaci�n que decidimos.Pese a que el recurrente expres� desde el inicio de la liquidaci�n diferentes razones contra ella, el Recurso de Casaci�n que decidimos ha de circunscribirse a los espec�ficos motivos esgrimidos por la entidad recurrente.Segundo.—Desde esta perspectiva, el primero de los motivos esgrimidos ha de ser apreciado. Efectivamente, y pese a vagas referencias que la sentencia de instancia contiene a la periodificaci�n de remuneraciones peri�dicas, es claro que en ella no se contiene una argumentaci�n espec�fica que haga referencia a cual es la raz�n de decidir sobre este punto. A ello ha de a�adirse que a efectos de acreditar la consecuci�n de la periodificaci�n efectuada la entidad recurrente ha realizado una prueba pericial y documental cuyos resultados no han sido discutidos y que parecen determinantes. Pues bien, a dicha prueba la sentencia no hace menci�n alguna, lo que abunda en la incongruencia que a la misma se reprocha. Colocados en la situaci�n de Tribunal de Instancia entendemos que la prueba practicada, cuyas conclusiones no han sido desvirtuadas por la contraparte, son definitivas en cuanto a la correcci�n formal y material de la contabilidad de la entidad recurrente en el proceso controvertido.Lo razonado comporta la estimaci�n del recurso en el punto analizado.Tercero.—Desestimatoria ha de ser, sin embargo, la soluci�n que adoptemos respecto a la problem�tica planteada por la provisi�n por la depreciaci�n de valores mobiliarios. La entidad recurrente plantea, en esencia, si el t�rmino de la comparaci�n para los valores mobiliarios sobre los que opera la provisi�n son los que resulten del comienzo y del fin del ejercicio como sostiene la Administraci�n, o, han de resultar de los correspondientes a los �ltimos balances aprobados. La cuesti�n est� resulta en nuestra sentencia de 22 de enero de 2009, entre otras, raz�n por la que habr� de estarse a la doctrina all� establecida donde se afirma: "Pues bien, partiendo de este bloque normativo, se desprende que, si la depreciaci�n invocada se debe a las p�rdidas sufridas por la entidad participada en el ejercicio 1992, la repercusi�n contable del valor de las acciones, a la hora de proceder a la autoliquidaci�n del Impuesto sobre Socieades, afecta y se ha de plasmar en el ejercicio afectado, es decir, 1992, cuando se produce el cierre del ejercicio, pues lo que subyace es el valor de realizaci�n de las acciones en funci�n del "valor patrimonial"; de la sociedad participada, seg�n la contabilidad, puesto de manifiesto en el balance de la participada al cierre de su ejercicio econ�mico, elaborado de acuerdo con los criterios y formalidades establecidos en las normas mercantiles de aplicaci�n, y que, en definitiva, se refiere al "valor te�rico seg�n balance";, de forma que dicha situaci�n se refleje en el valor de las acciones, como "representaci�n"; de "partes al�cuotas del capital social";. Cuarto.—En el siguiente motivo se alegan como vulnerados preceptos probatorios a efectos de determinar el alcance de las cuotas satisfechas en virtud de contratos de arrendamiento financiero, pues son discrepantes las cuant�as que las partes estimen que est�n en juego por este concepto. La problem�tica que en este motivo subyace es determinar el verdadero importe de dicha partida.Parece evidente que en los supuestos como el analizado el criterio de "facilidad" probatoria ha de ser definitivo, y es indudable que la parte ha podido recurrir, como lo ha hecho con la periodificaci�n de las pagas extras, al criterio de t�cnicos que acreditaran la bondad de su aserto. Como no lo ha hecho su recurso ha de ser desestimado.Quinto.—Id�ntico pronunciamiento desestimatorio ha de seguir la dotaci�n para provisi�n por insolvencias. Dos son las partidas controvertidas, la primera de ellas hace referencia a cuanto es el tiempo que ha de ser tenido por moroso el cr�dito que la actora ostentaba frente a "Circuit de Catalu�a".A�n aceptando, como alega la actora, que la fecha de la factura no es la relevante para determinar la fecha en que el cr�dito es moroso, no es menos cierto que habiendo tenido lugar la certificaci�n de las obras el 30 de septiembre, y habi�ndose de librar la certificaci�n 15 d�as despu�s y disponiendo el deudor de 90 d�as a partir de esa fecha para el pago, resulta patente que el plazo de vencimiento de la obligaci�n del deudor tuvo lugar en 1993, y no en 1992, como la demandante sostiene. Por tanto, en 1992 no pod�a ser provisionado, el cr�dito en el modo en que la actora lo llev� a cabo, lo que comporta aceptar la regularizaci�n practicada.Id�ntico razonamiento merece la provisi�n de 54.674.984 pesetas y referida a los intereses devengados por morosidad del cliente Residencial Villa Magdalena. Es verdad, como afirma la entidad recurrente, que el pr�stamo ten�a su origen en un pr�stamo vencido y exigible en 1989, pero no se debe olvidar que estaba garantizado con un efecto que venc�a el 31 de diciembre de 1992 y que los intereses se generaban a partir de esa fecha. Es dudoso si la morosidad del cr�dito se inicia en 1989, o, alternativamente, el 31 de diciembre de 1992 que venc�a el efecto que garantizaba el cumplimiento del principal, pero lo que resulta indudable es que a la fecha indicada, diciembre de 1992, los intereses no hab�an sido liquidados, raz�n por la que resulta improcedente establecer una provisi�n sobre unos intereses todav�a inexistentes (observes�, que si el efecto hubiese sido pagado a su vencimiento los intereses provisionados no habr�an existido, pues de los datos existentes en el recurso no consta que el importe de los intereses hubiese sido incorporado al principal del cr�dito).Todo lo razonado comporta la desestimaci�n del motivo analizado.Sexto.—Por lo que hace a la regularizaci�n derivada de la no aceptaci�n de la provisi�n para responsabilidades es claro que el precepto legal que contempla la provisi�n de este tipo de contingencias establece: "En los casos en que la entidad haya contra�do o incurrido en responsabilidades, objeto de litigios en curso o derivadas de indemnizaciones o pagos pendientes debidamente justificados, pero cuya cuant�a no est� definitivamente establecida, se podr� dotar una provisi�n para responsabilidades por el importe estimado de las mismas.". No deja de ser cierta la argumentaci�n de la recurrente sosteniendo que: el precepto aplicable no exige expl�citamente que la entidad que realiza la provisi�n sea parte del litigio en que se debate sobre las responsabilidades provisionadas. Sin embargo, esta Sala viene afirmando esta interpretaci�n como claramente se infiere del fundamento jur�dico tercero de la sentencia de 17 de mayo de 2012 donde se afirma: "Damos respuesta conjunta a los dos primeros motivos del recurso de casaci�n, que tienen relaci�n con la regularizaci�n por la Inspecci�n de la deducci�n de 400.000.000 ptas., por tratarse de "provisi�n para responsabilidades no deducible"; y que, sin embargo, la entidad recurrente entiende que s� tiene �ste �ltimo car�cter. Pues bien, el art�culo 13 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades, en lo que interesa, establece: "1. No ser�n deducibles las dotaciones a provisiones para la cobertura de riesgos previsibles, p�rdidas eventuales, gastos o deudas probables.2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, ser�n deducibles:a) Las dotaciones relativas a responsabilidades procedentes de litigios en curso o derivadas de indemnizaciones o pagos pendientes debidamente justificados cuya cuant�a no est� definitivamente establecida....";.Este es el �nico precepto al que debemos estar para determinar si la provisi�n practicada por la recurrente era o no deducible en su liquidaci�n del Impuesto de Sociedades al ejercicio 1998.Dicho lo anterior, nos encontramos ante similar redacci�n y desde luego ante el mismo criterio que se recog�a en el art�culo 84 del Reglamento del Impuesto de Sociedades, aprobado por Real Decreto 2631/1982, criterio, ciertamente restrictivo, que trat� de ampliarse sin �xito, de lo que es ejemplo el informe para la reforma del Impuesto de Sociedades, elaborado por la Secretar�a de Estado de Hacienda, en el a�o 1994, al estimar incompatible con la correcta determinaci�n de la base imponible, la admisi�n de dotaciones para provisiones relativas a hechos meramente probables. Por ello, ante todo, debemos poner de manifiesto que el legislador parte de la regla general de que lo previsible o probable no admite provisi�n con el car�cter de deducible. Lo expresa muy claramente afirmando que no son deducibles "las dotaciones a provisiones para la cobertura de riesgos previsibles, p�rdidas eventuales, gastos o deudas probables";.Frente a esa regla general, se prev�n como excepciones, dos supuestos: las responsabilidades procedentes de litigios en curso y las correspondientes a indemnizaciones o pagos pendientes, cuya cuant�a no est� definitivamente establecida.Se trata de supuestos unidos por el nexo com�n de que el importe de la responsabilidad est� indeterminado. Pero as� como en el primero se fundamenta en un hecho no producido, el segundo tiene por base la existencia de un hecho ya producido.En efecto, el primero de los supuestos exige la existencia de un conflicto entre partes proyectado ya hacia un proceso en curso, del que a trav�s de la correspondiente sentencia puedan derivarse para una de ellas, la demandada, responsabilidades, debiendo entenderse �ste �ltimo t�rmino como la consecuencia jur�dica de la lesi�n de derechos que obliguen a la reparaci�n del da�o causado. Y es para la cobertura de los gastos o p�rdidas derivadas de la satisfacci�n de esta responsabilidad, para lo que procede dotar la provisi�n correspondiente.El segundo supuesto abarca las responsabilidades derivadas de hechos producidos que han generado da�os y, de consiguientes, la obligaci�n de indemnizar los mismos, pero la cuant�a o importe a satisfacer no est� definitivamente establecida.Por tanto, en el primero de los casos existe incertidumbre acerca de si se producir� la exigencia responsabilidad, pero tambi�n existe un litigio pendiente entre partes, del cual podr� derivarse la misma. En el cambio, en el segundo, se conoce el hecho determinante de la responsabilidad, pero no el importe que alcanza.Pues bien, si situamos el escenario en la fecha de 31 de diciembre de 1998, encontramos que el d�a anterior, la entidad hoy recurrente vende la finca sita en el t�rmino municipal de Serrej�n (C�ceres), de cabida 1.300 Has. a "TESSA IB�RICA, S.A.";, por precio de 510.000.000 ptas., del que se hab�an percibido 110.000.000 ptas. y el resto (400.000.000 ptas.) se aplaza su pago efectivo, mediante la constituci�n de un dep�sito en la Notaria en la forma que consta en los antecedentes.Claramente no concurren ninguno de los supuestos de deducibilidad que se establecen en el art�culo 13.2.a) de la Ley 43/1995. No existe pago o indemnizaci�n pendiente a cargo de SELGASA y mucho menos existe litigio en curso, del cual pueda derivar responsabilidad para dicha entidad. En efecto, SELGASA, a la fecha indicada no ten�a a su cargo obligaci�n alguna de pago, pues ni era librado aceptante de la letra (lo era "T�cnicas de An�lisis y Gesti�n de Mercados,S.A.";, que, por cierto, seg�n la declaraci�n del Impuesto e Sociedades del a�o 1998, obrante en el expediente administrativo, segu�a siendo propietaria del 100% de las acciones de SELGASA, aqu� recurrente) ni avalista de la misma (CAJA POSTAL DE AHORROS). Pero tampoco exist�a litigio en curso del que pudiera derivar responsabilidad para la recurrente, sin que pueda incluirse en el art�culo 13.2.) de la Ley 43/1995, al que antes nos hemos referido, la mera expectativa de que el acreedor, ante el fracaso de la acci�n personal, ejercite la acci�n real derivada de la hipoteca. Pero es que a mayor abundamiento, en el hipot�tico caso de no ser acertado el razonamiento desestimatorio que acaba de exponerse, debe tenerse en cuenta que en el caso de sufrir la recurrente las consecuencias de la acci�n real por parte del acreedor -que insistimos, a 31 de diciembre de 1998, no se hab�an producido-, y trat�ndose de una hipoteca en garant�a de deuda ajena, surgir�a autom�ticamente en su favor el derecho de subrogaci�n legal del art�culo 1210.3.� del C�digo Civil que, seg�n la Sentencia de la Sala de Primera, de lo Civil, de este Tribunal Supremo, ampara tambi�n al hipotecante por deuda ajena, "tanto el caso del pago voluntario, como el que se produce en virtud de la realizaci�n forzosa, porque, aun cuando en este �ltimo caso ha desaparecido el inter�s de liberaci�n de la finca, resultar�a carente de sentido e injusto establecer una soluci�n diferente, agravando de forma desproporcionada el sacrificio sufrido con la p�rdida de aqu�lla.";. Por tanto, no resulta posible acoger ninguno de los dos primeros motivos.".El principio de unidad de doctrina obliga a reiterar lo que all� se afirma.Por otra parte, no cabe aceptarse incongruencia de la sentencia por el hecho de que se acepte, en este y en otro motivo, la posibilidad de deducci�n de las cantidades controvertidas, pero en los ejercicios en que resulten procedentes, lo que, en cualquier caso, deber� hacerse. Ello no hace sino desestimar el motivo planteado, sin perjuicio de que el recurrente pueda solicitar su aplicaci�n en el ejercicio procedente.S�ptimo.—En lo referente a la provisi�n por indemnizaci�n a personal por la finalizaci�n de obra, fundada tambi�n el art�culo 84 del Real Decreto 2631/1982 es evidente la necesidad de su rechazo. En parte resultan aplicables los razonamientos contenidos en el fundamento tercero de la sentencia antes citada de 17 de mayo de 2012, y en parte la alegaci�n del recurrente carece de cobertura en dicho precepto, pues es evidente que la obligaci�n de indemnizar no nace hasta que se produce la resoluci�n del contrato, y no, como sostiene la recurrente, al inicio del contrato. Es verdad que desde un punto de vista econ�mico es razonable hacer frente a estas contingencias, pero ello no permite desvirtuar la naturaleza de lo provisionado que no es una "provisi�n" sino una "previsi�n" que, como afirm� la Inspecci�n, tiene su �mbito propio en el art�culo 85 citado del Real Decreto 2631/82. Octavo.—Finalmente, y por lo que hace al s�ptimo motivo, sobre gastos de esponsorizaci�n, patrocinio y relaciones p�blicas con clientes, formulado como motivo de casaci�n al amparo del art�culo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional, es patente que la Sala de instancia niega que los gastos ahora discutidos, y con la legislaci�n aplicable a los hechos, que es la anterior a la Ley 43/1995, sean necesarios para la obtenci�n de los ingresos. El rechazo del motivo resulta obligado si se tiene presente que la argumentaci�n esgrimida, contra las conclusiones de la sentencia de instancia, se basa en la nueva regulaci�n que sobre la materia establece la Ley 43/1995. Es manifiesto que dado el ejercicio liquidado 1992, dicha normativa no es aplicable a esos hechos.A mayor abundamiento, la necesidad de los gastos para la obtenci�n de los ingresos es una apreciaci�n que corresponde, en principio, a la Sala de instancia, y cuya revisi�n requiere un cauce procesal que no ha sido el utilizado.Noveno.—Dada la estimaci�n parcial del Recurso de Casaci�n no procede hacer imposici�n expresa de las costas causadas, en virtud de lo establecido en el art�culo 139 de la Ley Jurisdiccional. En su virtud, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo espa�ol, nos confiere la Constituci�n,
FALLAMOS�1.�- Que debemos estimar parcialmente el Recurso de Casaci�n interpuesto por el Procurador D. Jacinto G�mez Sim�n, actuando en nombre y representaci�n de la entidad Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.2.�- Que debemos anular y anulamos la sentencia de instancia en lo referente al segundo fundamento de esta resoluci�n.3.�- Ordenar a la Administraci�n que compute como deducibles las cantidades que no siendo deducibles en el ejercicio liquidado, lo sean en otro.4.�- Desestimar el Recurso de Casaci�n en todo lo dem�s.5.�- No hacemos imposici�n de las costas causadas.As� por esta nuestra sentencia, que se publicar� en la Colecci�n que edita el Consejo General del Poder Judicial lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Rafael Fernandez Montalvo D. Manuel Vicente Garzon Herrero D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco D. Oscar Gonzalez Gonzalez D. Manuel Martin Timon PUBLICACI�N.- Le�da y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Manuel Vicente Garzon Herrero, estando constituida la Sala en audiencia p�blica, de lo que, como Secretaria de la misma CERTIFICO.

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