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Timestamp: 2020-02-22 19:30:22+00:00

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﻿ Sentencia 1999-00997 de octubre 21 de 2011
SENTENCIA 1999-00997 DE 21 DE OCTUBRE DE 2011
CONTENIDO:DOMINICALES Y FESTIVOS EN ENTE TERRITORIAL. LA COMPETENCIA PARA DETERMINAR EL RÉGIMEN SALARIAL DE LOS EMPLEADOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991, REQUIERE UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y COHERENTE DE SUS MANDATOS, A EFECTOS DE HACER COMPATIBLE LA AUTONOMÍA QUE SE RECONOCE A LOS ENTES TERRITORIALES, EN ESPECIAL LA QUE HACE REFERENCIA A LA FACULTAD DE GOBERNARSE POR AUTORIDADES PROPIAS (ARTÍCULO 287, NUMERAL 1), CON EL ESQUEMA DEL ESTADO COLOMBIANO DEFINIDO COMO UNA REPÚBLICA UNITARIA, PARA LOGRAR QUE LAS ATRIBUCIONES DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS A NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL NO RESULTE ANULADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN SALARIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, AUTONOMÍA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL, COMPETENCIA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL, JORNADA LABORAL EN DÍA DOMINICAL, LIQUIDACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN DÍA DOMINICAL
Sentencia 1999-00997 de octubre 21 de 2011
Rad.: 05001 23 31 000 1999 00997 01 (1541-10)
Actor: Antonio José Lopera Echavarria.
Demandado: Municipio de Copacabana, Antioquia.
Autoridades municipales, Apelación sentencia
Bogotá, D.C. veintiuno de octubre de dos mil once.
El problema jurídico se contrae a establecer, si le asiste al demandante el derecho al reconocimiento y pago de las horas extras; al recargo por trabajo nocturno; a la cancelación del equivalente al doble de un día de salario por cada dominical laborado; al reajuste de las cesantías y demás prestaciones sociales dejadas de cancelar por parte del municipio de Copacabana desde enero de 1992.
En el sub examine se demanda la nulidad del acto presunto del 10 de agosto de 1998, originado con ocasión de la petición elevada por el señor Antonio José Lopera Echavarría el día 8 de mayo de la misma anualidad, en virtud de la cual le solicitó al municipio de Copacabana el reconocimiento y pago de las horas extras tanto diurnas como nocturnas, dominicales, festivos laborados desde el año de 1992 y el correspondiente reajuste de las prestaciones sociales.
El actor impugna la providencia proferida por el a quo, de una parte, porque en su sentir mal pueden menoscabarse derechos laborales amparados por la Constitución y la ley y con ello pretender insólitamente pagar el trabajo suplementario por debajo de los topes mínimos legales permitidos y de otra, porque, en su parecer, a pesar de que no existe prueba concreta respecto de la cancelación de los dominicales y festivos, en caso de duda, esta debe resolverse a favor del trabajador.
Para llegar a una decisión respecto de los conflictos planteados se hará el siguiente análisis:
Según el recurrente si a juicio del gobierno municipal los guardas del municipio de Copacabana debían prestar sus servicios sin sujeción a una jornada máxima, tal situación debía estar reglada mediante un acto administrativo o resolución gubernamental que autorizara la aplicación de una jornada superior a la legal.
Al respecto, el numeral 6 º del artículo 313 de la Constitución Política dispone que corresponde a los concejos municipales determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.
El artículo 288 del Decreto 1333 de 1986, Código de Régimen Municipal, establece que corresponde a los concejos, a iniciativa del alcalde respectivo, adoptar la nomenclatura y clasificación de los empleos de las alcaldías, secretarías y de sus oficinas y dependencias y fijar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos. Estas mismas funciones serán cumplidas por los concejos respecto de los empleados de las contralorías, auditorías, revisorías, personerías y tesorerías.
En relación a las entidades municipales descentralizadas, como lo es, el Instituto de Transito y Transporte Municipal, el titulo 9º del artículo 156 del Decreto 1333 de 1986, dispone que estas deben someterse a las normas que contenga la ley y a las disposiciones que, dentro de sus respectivas competencias, expidan los concejos y demás autoridades locales en lo atinente a su definición, características, organización, funcionamiento, régimen jurídico de sus actos, inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de sus juntas directivas, de los miembros de estas y de sus representantes legales.
Dentro de las facultades de las juntas directivas de las entidades descentralizadas municipales, además de aprobar los presupuestos de tales entidades, tiene la facultad de fijar las escalas salariales y demás derechos y prebendas laborales a excepción de todas aquellas que sean facultades del Congreso de la República.
Entonces la competencia para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, en el marco de la Constitución de 1991, requiere una interpretación sistemática y coherente de sus mandatos, a efectos de hacer compatible la autonomía que se reconoce a los entes territoriales, en especial la que hace referencia a la facultad de gobernarse por autoridades propias (art. 287, num. 1º), con el esquema del Estado colombiano definido como una república unitaria, para lograr que las atribuciones de los distintos órganos a nivel central y territorial no resulte anulada. En otros términos, que la forma como llegue a ejercer uno cualquiera de estos órganos su función, no niegue o invalide la de los otros.
Así las cosas, es claro que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de las entidades territoriales, así: Primero, el Congreso de la Republica, facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar sólo los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y concejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y concejos municipales, en las ordenanzas y acuerdos correspondientes; emolumentos que, en ningún caso, pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional.
En este orden de ideas deben hacerse las siguientes precisiones:
— El Congreso de la República está facultado para expedir la Ley Marco a la cual debe sujetarse el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.
— El Gobierno fija el régimen prestacional de los empleados públicos de todos los órdenes —nacional, seccional o local—, bien que pertenezcan al nivel central de la administración, ora al nivel descentralizado función que en todo caso, es indelegable en las corporaciones públicas territoriales, las cuales no podrán arrogárselas.
— El régimen salarial de los empleados públicos de las entidades descentralizadas se fija de manera concurrente, con la intervención del Congreso, el Gobierno Nacional, y las juntas directivas y directores y gerentes de tales entes.
— El límite salarial de todos los servidores públicos de las entidades territoriales y de sus entes descentralizados por servicios, es establecido por el Gobierno guardando equivalencias con cargos similares del orden nacional, de manera que aquellas no pueden desbordar ese marco.
En sentir del recurrente no existe acto administrativo emitido por la autoridad competente que avale la ejecución de sus servicios por fuera del jornada laboral establecida en la ley.
Al respecto el numeral 6 º del artículo 313 de la Constitución Política dispone que corresponde a los concejos municipales determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.
El artículo 3º de la Ley 4ª de 1992, establece que el sistema salarial de los servidores públicos estará integrado por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos y el artículo 2 º literal j) dispone que para la fijación del régimen salarial —y prestacional también— se tendrá en cuenta el nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño.
Por su parte, el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, establece que además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios.
El artículo 13 de la norma en mención señala que la asignación básica correspondiente a cada empleo, está determinada por sus funciones y responsabilidades, así como por los requisitos de conocimiento y experiencia requeridos para su ejercicio, según la denominación y el grado establecidos en la nomenclatura y la escala del respectivo nivel.
El artículo 42 ibídem indica que son factores de salario, y por ende deben entenderse como una retribución o contraprestación directa por los servicios que presta el trabajador: la asignación básica, el valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, los incrementos por antigüedad, los gastos de representación, la prima técnica, el auxilio de transporte, el auxilio de alimentación, la prima de servicio, la bonificación por servicios prestados y los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión.
— Por escala de remuneración, o tabla salarial se ha entendido que consiste en un ordenamiento numérico contentivo de los diferentes grados de remuneración que pueden existir, ubicados desde el inferior hasta el superior, para hacerles corresponder a cada uno de ellos determinadas consecuencias económicas, las que se reconocen por unidad de tiempo de servicio.
Así las cosas, de las precisiones anteriormente realizadas y ante los límites que propone la existencia de la competencia concurrente, es evidente que en el sub examine no existe acto administrativo que autorice el desempeño de las funciones del peticionario en horas extras diurnas, nocturnas y días festivos, cuando como es bien sabido, factores como este sólo podían ser fijados por el Congreso de la República, o por el Presidente, en ejercicio de las facultades extraordinarias, quien debe actuar con sujeción a la Ley Marco que para el efecto expida el Congreso.
Ahora bien, establecido lo anterior y previó a analizar si efectivamente existe prueba sobre el trabajo realizado en exceso a la jornada ordinaria, es necesario señalar que el régimen que gobierna en este aspecto a los empleados públicos del orden territorial es el Decreto 1042 de 1978, pues si bien dicho precepto en principio rigió para los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional, el artículo 3º de la Ley 27 de 1992 hizo extensiva a las entidades territoriales las disposiciones que regulan el régimen de administración de personal contenidos no solamente en la norma precitada, sino en los decretos leyes 2400 y 3074 de 1968, Ley 13 de 1984 y 61 de 1987.
“Las disposiciones que regulan el régimen de administración de personal, contempladas en la presente ley y las contenidas en los decretos leyes 2400 y 3074 de 1978 y demás normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen, se aplicarán a los empleados que prestan sus servicios en las entidades a que se refiere el artículo 3º de la presente ley”.
Dentro de los empleados a que hace referencia el artículo 3 º de la Ley 443 de 1998, están los que prestan sus servicios en la rama ejecutiva del nivel departamental, distrital, municipal y sus entes descentralizados.
Conclusión, según la cual el Decreto 1042 de 1978, aplica para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden territorial en materia de jornada de trabajo y del trabajo en días de descanso obligatorio, llega la Sala, pues la remisión inicial que hizo la Ley 27 de 1992, no solamente mencionó el régimen de carrera administrativa, sino también el régimen de administración de personal, el cual bien puede comprender, dentro de una interpretación amplia, el concepto de jornada de trabajo, tal como lo ha definido reiteradamente esta corporación.
De lo anterior, es claro entonces, se repite, que el régimen que gobierna a los empleados públicos del orden territorial es el Decreto 1042 de 1978, pues si bien, dicho precepto en principio rigió para los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional, el artículo 2º de la Ley 27 de 1992 hizo extensivas a las entidades territoriales las disposiciones que regulan el régimen de administración de personal contenidas no solamente en él, sino en los decretos leyes 2400 y 3074 de 1978, y las leyes 13 de 1984 y 61 de 1987. La extensión de la anterior normatividad fue reiterada por el artículo 87 inciso segundo de la Ley 443 de 1998, en armonía con el artículo 3 º de esta misma ley.
En razón de lo anterior, es necesario establecer que la jornada laboral ordinaria de los guardas de tránsito, por ser una actividad de vigilancia, puede ser de doce (12) horas diarias, sin exceder de sesenta y seis (66) horas semanales, toda vez que estos, no están sujetos al límite de la jornada laboral ordinaria y que bien podía la administración municipal establecer una jornada laboral excepcional.
Así las cosas, la segunda parte de la presente providencia resolverá la pretensión del actor sobre el derecho que le asiste para que le sean reconocidas y pagadas tanto las horas extras como el trabajo complementario que ahora reclama.
El actor argumenta como motivo de su inconformidad, que tiene derecho a que le paguen las horas extras tanto diurnas como nocturnas, los dominicales y los festivos por él laborados.
Establecido lo anterior, se revisará el marco legal correspondiente a la jornada laboral, horas extras, dominicales y festivos.
Respecto de la jornada ordinaria de trabajo para los empleados públicos se tiene el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, que la estableció en 44 horas semanales en los siguientes términos:
El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las horas extras(1)”.
Así las cosas, la anterior norma es aplicable a los empleos indicados en el Decreto 1042 de 1978, sometidos a jornada ordinaria, ya sea del orden nacional o territorial.
De esta norma se deduce que la jornada ordinaria de trabajo semanal corresponde a 48 horas semanales, pero hace la observación de que aquellos empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia, podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en la semana exceda un límite de 66 horas.
Dentro de esos límites fijados en el artículo, podrá el jefe del organismo establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con el tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras: hace la advertencia que el trabajo realizado el día sábado, no da derecho a remuneración adicional, salvo que exceda la jornada máxima semanal, aplicándose lo dispuesto para las horas extras.
Cuando por razones especiales de servicio fuere necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, condiciona el artículo 36 del Decreto 1042, que el jefe del organismo o la persona en quien este hubiere delegado tal atribución, autorizará descanso compensatorio o pago de horas extras.
Limita el artículo 36 referido al pago de las horas extras o el reconocimiento del descanso compensatorio, a los siguientes requisitos:
“a) (literal modificado por D. 660/2000, art. 12) Para que proceda el pago de horas extras y del trabajo ocasional en días dominicales y festivos, así como el reconocimiento, cuando a ello hubiere lugar de descansos compensatorios de que trata el Decreto 1042 de 1978 y sus modificatorios, el empleado deberá pertenecer al nivel técnico hasta el grado 09 o el nivel asistencial hasta el grado 19. (...).
PAR. 1 º— (...)
En ningún caso podrá pagarse mensualmente por el total de horas extras, dominicales y festivos más del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración mensual de cada funcionario.
PAR. 2 º— Amplíese el límite para el pago de horas extras mensuales a los empleados públicos que desempeñen el cargo de conductor mecánico en las entidades a que se refiere el presente decreto, a ochenta (80) horas extras mensuales.
b) El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante comunicación escrita, en la cual se especifican las actividades que hayan de desarrollarse.
c) El reconocimiento del tiempo de trabajo suplementario se hará por resolución motivada y se liquidará con un recargo de veinticinco por ciento sobre la remuneración básica fijada por la ley para el respectivo empleo.
d) (Modificado por D. 10/89, art. 13). (...) En ningún caso podrá pagarse más de cincuenta (50) horas extras mensuales.
e) Si el tiempo laborado fuera de la jornada ordinaria superar dicha cantidad, el excedente se reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por cada ocho horas extras de trabajo”.
El análisis precedente contra argumenta la tesis planteada por la entidad, consistente en que para el orden municipal y departamental, en materia de jornada de trabajo, debe aplicarse el artículo 3º de la Ley 6ª de 1945, y, sobre la regulación del trabajo y descanso en dominicales y festivos, aplica la Ley 57 de 1926 y el Decreto 1278 de 1931.
La Corte Constitucional en Sentencia C-1063/2000 al estudiar la demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 3º de la Ley 6ª de 1945, señaló que se encuentra vigente pero cobija únicamente a los trabajadores oficiales de cualquier orden, pues respecto de los empleados públicos, así como de los trabajadores del sector privado, otras disposiciones han venido a regular el tema de la jornada de trabajo máxima legal.
Además de lo expuesto, no podría ser otra la interpretación aplicable a los empleados territoriales, porque una disquisición diferente iría en contra del principio de igualdad ya que se les exigiría una jornada superior que a los demás empleados del nivel municipal, como en este caso.
En conclusión, la jornada laboral la constituyen 44 semanales y cualquier exceso sobre la misma se torna en trabajo suplementario, o de horas extras, que debe ser remunerado con pagos adicionales al salario reconocido por trabajo ordinario, y con los recargos de ley.
El señor Antonio José Lopera Echavarría solicita se ordene al Municipio de Copacabana, Antioquia, cancelarle las horas extras, recargos diurnos, nocturnos, festivos, dominicales y compensatorios desde el 19 de agosto de 1992 a agosto de 1996, atendiendo el salario básico devengado en cada año y conforme a los topes y cantidades mínimas expresadas en las normas aplicables
A folio 2 del expediente se observa, que el actor se vinculó como guarda adscrito a la inspección de transito y transporte de la alcaldía municipal, desde el 19 de agosto de 1992.
Aparece a folios 5 a 9 del expediente la respuesta dada el 13 de enero de 1995, por la división jurídica del municipio de Copacabana al derecho de petición elevado por el peticionario en la que consta:
“Conforme al artículo 3 º de la Ley 6ª de 1945 la jornada máxima de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales: No obstante la administración municipal puede establecer el horario semanal de tal suerte que no se labore el día sábado, lo que indica que debe aumentarse el horario diario de trabajo hasta el día viernes. Pero para su caso particular ha creado (desconozco a través de qué acto administrativo) una jornada de doce horas continuas con 24 de descanso según entiendo.
Es así que cuando un empleado público municipal, labore un dominical o un festivo, tendrá derecho a su elección, o bien al descanso compensatorio, o a una indemnización igual a la treintava parte de su sueldo. (D. 222/32, arts. 2º y 3º).
Esta norma ordena el pago doble de domingos y festivos para empleados y obreros municipales cuando hayan de laborarlos por necesidad de la administración, no sé hasta qué punto y a través de qué situación administrativa se presentó tal necesidad, pero es de esperarse que es evidente que el tráfico de vehículos automotores también funcionan en los días domingos y festivos. También es obvio que para ello debe demostrarse que prestó sus servicios en los días de descanso y que no se ha pagado, bien mediante certificación de funcionario competente o ya por testimonio o por cualquier otro medio de prueba establecido por ley (en su caso, aportan una serie de cuadros, a modo de ejemplo por ustedes elaborados) lo cual es un hecho, les puede servir de prueba.
De todo lo anterior se deduce que si por necesidad del servicio un empleado debe laborar en los días festivos tiene pleno derecho a que se le remunere su labor con un salario doble, o se le dé un descanso compensatorio.
En el cuaderno 2 del expediente obra copia de las planillas desde el 1º de enero de 1992 hasta el 19 de junio de 2002, donde se encuentra el registro de los días laborados por el demandante y sus respectivos turnos.
Como es sabido, el guarda de tránsito es un servidor público debidamente investido de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal, para vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte, lo cual indica que su actividad se relaciona con el control del orden público, actividad que se asemeja a la de la Policía Nacional, funciones que no pueden sufrir interrupción alguna en su prestación, lo cual genera que su trato sea excepcional en materia de la jornada laboral ordinaria.
Del acervo probatorio obrante en el plenario, es del caso precisar que se encuentra demostrado en el expediente que el actor al desempeñar su función como guarda de transito del municipio de Copacabana, laboró 12 horas por 24 de descanso; que cuando se vinculó al servicio del municipio demandado, tenía pleno conocimiento de las condiciones de modo tiempo y lugar del servicio que asumiría, razón por la cual mal se haría en patrocinar que, habiendo aceptado de antemano las reglamentaciones de su empleo, posteriormente, pretenda reclamar del tesoro público erogaciones no establecidas legalmente, ni presupuestadas en el ente territorial demandado.
Si bien, la situación excepcional de tales funcionarios, en el sistema jurídico tiene normas que restringen sus condiciones en relación con los demás servidores, verbi gratia, en materia de jornada de trabajo; en otros aspectos tiene normas que compensan tales condiciones restringidas, concediendo beneficios que otros servidores no tienen, que no son del caso mencionar.
Sin embargo lo anterior, es del caso señalar que analizado el acervo probatorio obrante en el expediente, es pertinente precisar que dado que en el presente caso no obra certificación detallada en donde conste que el actor hubiere laborado en algunas ocasiones por fuera de las horas reglamentarias a saber: horas extras diurnas, nocturnas, dominicales, ni festivos, en el periodo de tiempo que reclama, para la Sala es claro que le asiste razón al a quo, cuando define que los elementos probatorios son insuficientes para establecer indubitablemente los días festivos y las horas efectivamente laboradas, a saber: que compensatorios fueron concedidos y cuales cancelados en dinero, etc., habida cuenta que las planillas de los días laborados allegados al expediente (cdno. 2), no arrojan esta información, tampoco los cuadros de turno indican con claridad el trabajo suplementario en días de descanso obligatorio, carga probatoria que corresponde a la demandada conforme a lo señalado en los artículos 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil.
En razón a lo anterior, el actor no tiene derecho al reconocimiento de los incrementos por horas extras, ni por laborar en días dominicales y feriados, simplemente tendría derecho a solicitar el pago de horas extras siempre y cuando su jornada semanal sobrepasara el límite máximo establecido por el legislador, que como se indicó es de 66 horas semanales conforme al artículo 33 del Decreto 1042 de 1978(2), situación que, se repite, no se encuentra probada en el sub examine.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
CONFÍRMASE la sentencia de primero (1º) de diciembre de dos mil nueve (2009), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso promovido por el señor Antonio José Lopera Echavarría contra el Municipio de Copacabana, Antioquia.
(1) Modificado en lo pertinente por los artículos 1º al 3º del Decreto 85 de 1986.
(2) La norma anterior se aplica frente al vacío normativo que dejó la declaratoria de inexequibilidad del artículo 3º de la Ley 6º de 1945, mediante la Sentencia de la Corte Constitucional C- 1063-00, en lo atinente a la regulación de las actividades discontinuas y de simple vigilancia.

References: resolución 
 artículo 313
 artículo 288
 artículo 156
 artículo 313
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 42
 artículo 13
 artículo 42
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 87
 artículo 3
 artículo 33
 artículo 36
 artículo 36
 resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 33
 artículo 3