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Timestamp: 2019-09-18 13:18:45+00:00

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Caso 12.337, Informe No. 80/09, Marcela Andrea Valdés Díaz (Chile) - D. Estado de cumplimiento de las recomendaciones de la cidh
Caso 12.337, Informe No. 80/09, Marcela Andrea Valdés Díaz (Chile)
En el Informe No. 80/09 de fecha 6 de agosto de 2009, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el caso de Marcela Andrea Valdés Díaz. En resumen, la peticionaria alegaba que la señora Valdés Díaz pertenecía al cuerpo de Carabineros (Policía) de Chile y que desde que contrajo matrimonio con el Capitán de Carabineros de Chile, Claudio Vázquez Cardinalli, en 1994, fue objeto de maltrato físico y psicológico por parte de éste, lo cual fue puesto en conocimiento tanto de Carabineros de Chile como de las autoridades judiciales. La señora Marcela Andrea Valdés obtuvo una orden judicial de protección permanente en 1999. Con base en la solicitud para vivir separados, que fue autorizada por sus superiores, la Prefectura (Policial) de Valdivia inició un sumario con el objeto de investigar la relación matrimonial de la señora Valdés, el cual terminó con la emisión de la Resolución Nº 14 de 4 de junio de 1999, en la cual se impuso una sanción de 15 días de arresto en contra de la señora Valdés y sanciones menores contra otros dos carabineros. Antes de la decisión final la señora Valdés presentó un recurso de protección, recibiendo en consecuencia otra sanción de arresto por hacer uso de recursos judiciales antes de agotar la vía administrativa. Como consecuencia de estas sanciones fue luego pasada a retiro. La señora Valdés apeló judicialmente su retiro, estos recursos fueron denegados sin una revisión sustantiva de sus reclamos.
El 10 de octubre de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó el Informe Nº 57/03, en el cual decidió admitir la petición en relación a las alegadas violaciones de los artículos 5, 8, 11, 24 y 25 de la Convención Americana, en conexión con los artículos 1(1) y 2 del mencionado instrumento y, 7 de la Convención de Belém do Pará.
De conformidad con el acuerdo amistoso el Estado se comprometió a adoptar las siguientes medidas:
1. Medidas de No Repetición:
a. Revisión, actualización y profundización de Ias normas legales y reglamentarias sobre violencia intrafamiliar, con énfasis en las situaciones que aquejan a los funcionarios policiales y las medidas preventivas, sobre acoso sexual y otros.
b. Reforzamiento de los contenidos de las asignaturas relacionadas con derechos humanos, en todos los niveles y procesos educativos de la institución.
c. Continuar con la realización de talleres y seminarios en materias relativas a la protección de la mujer y la función policial, reforzando, especialmente, la atención de víctimas de violencia intrafamiliar, dimensión social del fenómeno sociocultural de la violencia intrafamiliar y sus implicancias jurídicas, violencia intrafamiliar, feminicidios y trastornos educativos de los niños.
d. Considerando que el Estado de Chile, bajo la coordinación de la Asesoría en Materias de Equidad de Género del Ministerio de Defensa Nacional, constituyó un Grupo de Trabajo integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de la Policía de lnvestigaciones, así como de las Cajas de Previsión de las mismas, con la finalidad de detectar posibles inequidades de género, a través de la revisión de la totalidad de la normativa institucional, se reforzarán en esta instancia los asuntos relativos a la violencia intrafamiliar al interior de las instituciones mencionadas y, además, teniendo presente que en una primera etapa ya han participado, relatando sus experiencias y aportando sus visiones y comentarios sobre los asuntos que constituyen el objeto de trabajo del grupo, diversas organizaciones no gubernamentales y destacados académicos, se cursara una invitación a Ios abogados representantes de la peticionaria ante la CIDH, en su calidad de miembros de la organización patrocinante de este caso, Fundación Pro-Bono.
2. Medidas de Reparación Particular:
Publicación de una versión resumida del texto del presente acuerdo en el Diario Oficial de la República de Chile, así como la publicación del mismo en las páginas web del Ministerio de Defensa y de Carabineros de Chile.
3. Prestaciones de Salud:
La peticionaria continuará atendiéndose en el Hospital de Carabineros "DEL GENERAL HUMBERTO ARRAIGADA VALDIVIESO" o en el Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros "HOSPITAL TENIENTE HERNAN MERINO CORREA, indistintamente, bajo las modalidades y condiciones del Fondo Nacional de Salud (FONASA).
4. Reparaciones pecuniarias:
Se pagará a la peticionaria, por concepto de reparación del daño material e inmaterial causado, la suma única y total de US$ 50.000 (cincuenta mil dólares americanos), en su equivalente en pesos, cantidad que será cancelada directamente mediante vale vista a nombre de la Señora Marcela Valdés Díaz.
5. Gastos procesales:
El Estado de Chile rembolsará parte de los gastos procesales, que se han avaluado en la suma única y total de US$ 6.000, cantidad que se solicita sea directamente pagada a la Fundación Pro Bono, organización no gubernamental chilena, a la cual Marcela Valdés reconoce en este acto, el apoyo brindado en la situación que debió enfrentar a raíz de los hechos denunciados a la CIDH.
En el Informe No. 80/09, la Comisión tomó nota de las medidas adoptadas por el Estado en seguimiento del acuerdo de solución amistosa y concluyó que se había registrado un cumplimiento sustancial del acuerdo, en lo esencial, dentro de los términos de la Convención Americana. La CIDH valoró altamente los esfuerzos desplegados por ambas partes para lograr el acuerdo y para desarrollarlo.
En dicho informe, la CIDH concluyó que se dio cumplimiento total al acuerdo de solución amistosa.
Petición P490/03, Informe No. 81/09, X (Chile)
En el Informe No. 81/09 de fecha 6 de agosto de 2009, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el caso de la señora X. En resumen, los peticionarios habían planteado alegatos referentes a la responsabilidad del Estado por las afectaciones en la honra y dignidad de la presunta víctima, a causa de la denuncia interpuesta por una carabinera en contra de la presunta víctima acusándola de sostener una relación lésbica con la Señora Y. La denuncia se refiere también al exceso en el ejercicio de sus funciones por parte de las autoridades policiales encargadas de las investigaciones, al ordenar el allanamiento de morada de la presunta víctima y las injerencias en su vida privada y familiar. Asimismo, la denuncia hace referencia a la supuesta denegación de protección judicial al declararse inadmisible el recurso de protección incoado por la presunta víctima y la aplicación de una sanción inadecuada a la carabinera que presentara la denuncia temeraria.
El Señor Ministro de Defensa Nacional, a través de la Subsecretaria de Carabineros, enviará una carta a la peticionaria y su familia, con el objeto de expresarle las disculpas formales por los hechos denunciados y las consecuencias que estos tuvieron en su vida e intimidad personal y familiar, y manifestarles las medidas dispuestas para remediar las consecuencias e inconvenientes de los mismos.
2. Garantías de no repetición
El Estado de Chile se compromete con la adopción de dos medidas concretas que tienen por objeto evitar que Ios hechos denunciados u otros similares vuelvan a ocurrir. La primera de estas medidas ya se encuentra vigente y ha sido aplicada a un caso particular en agosto de 2007, cumpliendo a cabalidad con los objetivos para los que fue dispuesta:
Elaboración y publicación en el Boletín Oficial de Carabineros de Chile de la Circular N° 1.671 de 18 de enero de 2007, mediante la cual se consagraron los criterios e indicaciones para la protección de la honra y dignidad de las personas en indagaciones administrativas, estableciendo la importancia de garantizar el debido proceso administrativo y de investigar solamente situaciones de relevancia administrativa, respetando la vida privada, honra y dignidad de las personas.
Adopción de las medidas administrativas internas y adecuadas necesarias para garantizar que la peticionaria cumpla con sus funciones policiales normalmente, las cuales incluyen que la persona que formuló Ia acusación en su contra, la cual dio origen a esta petición y la peticionaria no desempeñen sus funciones en la misma Comisaría o Unidad en ningún momento futuro.
El Estado de Chile, a través de Carabineros, se compromete con la adopción de dos medidas concretas que tienen por objeto incrementar la experiencia operativa policial y fortalecer los conocimientos y el desarrollo profesional de la peticionaria:
Se dispondrá el traslado de la peticionaria a una Unidad Operativa de Carabineros ubicada en alguna de las zonas de tratamiento económico especial, de acuerdo con la división geográfica del país, sus características locales y el costo de vida, en la cual permanecerá mientras mantenga las condiciones para continúen prestando servicios, sin que pueda exceder del plazo establecido en las políticas de personal de Carabineros, contenidas en lo pertinente en la Orden General N° 1.484 de 01 de agosto de 2002, la que es de conocimiento de la interesada y que se encuentra publicada como anexo 2 del Boletín Oficial 3922 de 17.08.2002.
La peticionaria tendrá la oportunidad de cursar estudios de inglés durante un año en los cursos que ofrece la Institución en sus planteles educacionales, en la ciudad de Santiago, formalizando su petición a través de la Dirección del Personal de Carabineros, Alta Repartición que la canalizará a la Dirección de Educación para incluirla en los cursos regulares, ocasión en que se le informará la duración y fecha de inicio y término del o los niveles que se impartan en el respectivo año académico. Lo anterior, tendrá lugar en la época que la interesada sea de dotación de una Unidad Operativa de la ciudad de Santiago, esto es, una vez concluida su destinación en regiones. Para estos efectos, la peticionaria [presunta víctima] tendrá un plazo máximo de dos años, a partir del momento en que se encuentre asignada a una Unidad Operativa en la Región Metropolitana.
4. Difusión del acuerdo de solución amistosa
El Estado se compromete a publicar un extracto de los compromisos de que da cuenta el presente acuerdo de solución amistosa, homologado por la CIDH, por una sola vez, en el Diario Oficial de la República de Chile.
Adicionalmente, publicará el texto integro del Acuerdo de Solución Amistosa en el micrositio de la pagina web del Ministerio de Defensa y en la de Carabineros de Chile, haciéndolo visible en la portada de apertura y permaneciendo en ellas por un período de por los menos tres meses.
5. Mecanismo de seguimiento
Se constituirá, bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores -Dirección de Derechos Humanos- una comisión encargada de realizar el seguimiento del cumplimiento de las medidas acordadas, la que deberá efectuar su labor en coordinación con un o una representante de la Comisión interamericana de Derechos Humanos, un o una representante del Ministerio de Defensa y las representantes de la víctima.
En el Informe No. 81/09, la Comisión tomó nota de las medidas adoptadas por el Estado en seguimiento del acuerdo de solución amistosa y concluyó que se había registrado un cumplimiento sustancial del acuerdo, en lo esencial, dentro de los términos de la Convención Americana. La CIDH valoró altamente los esfuerzos desplegados por ambas partes para lograr el acuerdo y para desarrollarlo.
En dicha oportunidad, la CIDH concluyó que se dio cumplimiento total al acuerdo de solución amistosa.
En el Informe No. 62/01 de fecha 6 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación del derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana, en la masacre perpetrada por agentes del Estado y miembros de grupos paramilitares de las siguientes personas: Miguel Enrique Ladino Largo, Miguel Antonio Ladino Ramírez, María Cenaida Ladino Ramírez, Carmen Emilia Ladino Ramírez, Julio Cesar Ladino Ramírez, Lucely Colorado, Dora Estela Gaviria Ladino, Celso Mario Molina, Rita Edelia de Molina, Ricardo Molina, Freddy Molina, Luz Edelsy Tusarma Salazar y Hugo Cedeño Lozano. Asimismo, concluyó que el Estado era responsable por haber incumplido con su deber especial de protección en perjuicio de las menores Dora Estella Gaviria Ladino y Luz Edelsy Tusarma Salazar conforme al artículo 19 de la Convención Americana. La Comisión también concluyó que el Estado colombiano era responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención en perjuicio de Hugo Cerdeño Lozano, Miguel Ladino, Cenaida Ladino, Ricardo Molina Solarte y Celso Mario Molina Sauza, así como de incumplir su obligación de brindar la debida protección judicial a las víctimas del presente Caso conforme a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en conjunción con el artículo 1(1) del Tratado.
La CIDH formuló al Estado colombiano las siguientes recomendaciones:
1. Realizar una investigación imparcial y efectiva ante la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
2. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas sean debidamente indemnizados.
3. Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana, así como adoptar las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional colombiana y por la propia Comisión en la investigación y juzgamiento de Casos similares por la justicia penal ordinaria.
El 17 de diciembre de 2010, el Estado reiteró que el proceso había sido reasignado a la Fiscalía 48 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación y que actualmente continúa en práctica de pruebas que ordenó el fiscal de conocimiento.
El Estado presentó información sobre la incorporación de manera permanente, por parte del Ministerio de Defensa, de políticas sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario dirigidas a todos los miembros de la Fuerza Pública. Concretamente, señaló que los propósitos de la implementación de la política integral de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario son articular el sistema de enseñanza de derechos humanos y derecho internacional humanitario, articular los métodos de instrucción a las necesidades de la Fuerza Pública en el contexto actual e integrar las capacidades de que dispone la Fuerza Pública para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
En cuanto al cumplimiento de la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional, el Estado destacó la labor del Consejo Superior de la Judicatura para dar cumplimiento a la Sentencia C-358 de 1997 de la Corte Constitucional, respecto a la definición de la competencia de la jurisdicción ordinaria frente a graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, destacó la labor voluntaria de los jueces penales militares de enviar a la justicia ordinaria las investigaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. Los peticionarios no respondieron a la solicitud de información.
Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.
En el Informe No. 63/01 de fecha 6 de abril de 2001, la Comisión estableció que el Estado era responsable por la violación de la Convención Americana en sus artículos 4, en perjuicio de Evelio Antonio Bolaño Castro, 4 y 5 en perjuicio de Carlos Manuel Prada González, y 8(1), 25 y 1(1) en perjuicio de ambas víctimas y sus familias. Lo anterior como resultado de la ejecución extrajudicial a manos de agentes estatales de Carlos Manuel Prada González y Evelio Antonio Bolaño Castro y su falta de debido esclarecimiento judicial.
En el Informe 63/01, la CIDH formuló al Estado las siguientes recomendaciones:
1. Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial de Carlos Manuel Prada y Evelio Antonio Bolaño Castro.
2. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban adecuada y oportuna reparación por las violaciones establecidas en el Informe.
El 19 de noviembre de 2010 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre las medidas de cumplimiento adoptadas. El Estado presentó información respecto de las medidas adoptadas para el cumplimiento de las tres recomendaciones. En relación con la primera recomendación, el Estado indica que la investigación se encuentra en etapa de juicio en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Turbo (Antioquia) y, que actualmente se está por resolver un recurso de apelación. Señala que hay seis personas privadas de libertad a disposición del juez y, que en el anterior juzgado se han adelantado varias audiencias públicas en las que se han interrogado a los procesados con miras a fundamentar una decisión de fondo. Respecto a la segunda recomendación, el Estado considera que se encuentra cumplida con el pago de los perjuicios a los familiares de Carlos Manuel Prada y Evelio Antonio Bolaño, mediante la Resolución del Ministerio de Defensa No. 46014 del 27 de octubre de 2009. En relación a la tercera recomendación, el Estado presentó información sobre la implementación de políticas sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario dirigidas a todos los miembros de la Fuerza Pública y las medidas encaminadas a trasladar causas vinculadas con posibles violaciones a los derechos humanos de la justicia militar a la justicia ordinaria. El Estado solicitó a la CIDH que, por la importancia del tema y su profundo impacto frente a la evaluación del deber de garantía y protección de los derechos humanos, así como por el permanente acompañamiento que sobre esa problemática viene ejerciendo desde todas las ramas del poder público, declare el pleno cumplimiento de la recomendación No. 3. Los peticionarios no respondieron a la solicitud de información.
En el Informe No. 64/01 del 6 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación del derecho a la vida de Leonel de Jesús Isaza Echeverry, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana; el derecho a la integridad personal de la señora María Fredesvinda Echeverry consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana; el derecho a la integridad personal y el incumplimiento de la obligación de adoptar medidas especiales de protección con relación a la niña Lady Andrea Isaza Pinzón, establecidos en los artículos 5 y 19 de la Convención Americana; así como del incumplimiento con la obligación de brindar la debida protección judicial a las víctimas del presente Caso conforme a los artículos 8 y 25, en conjunción con el artículo 1(1) del Tratado. El presente Caso versa sobre la responsabilidad de agentes del Estado en la muerte del señor Leonel de Jesús Isaza Echeverry, los perjuicios a la integridad personal de la señora María Fredesvinda Echeverry y la niña Lady Andrea Isaza Pinzón, y la falta de debido esclarecimiento judicial.
1. Realizar una investigación imparcial y efectiva ante la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los responsables por la ejecución extrajudicial del señor Leonel de Jesús Isaza Echeverry.
2. Adoptar las medidas necesarias para reparar las consecuencias de las violaciones a la Convención Americana cometidas en perjuicio de María Fredesvinda Echeverry y Lady Andrea Isaza Pinzón e indemnizar debidamente a los familiares de Leonel de Jesús Isaza Echeverry.
En nota del 17 de diciembre de 2010, el Estado reiteró que el Coordinador de Procuradurías Judiciales Penales Especializadas señaló que la acción de revisión del fallo del Tribunal Superior Militar es jurídicamente inviable puesto que del análisis se evidenció que en el trámite del proceso penal en ningún momento se alegó, por parte de la Fiscalía o del Ministerio Público, la existencia de supuestas pruebas por practicar o la presunta protuberante negligencia del Estado en el deber de investigar. La Comisión observa con preocupación que aun no se ha efectuado el traslado de la causa a la jurisdicción penal ordinaria del proceso adelantado en la jurisdicción penal militar que concluyó con la absolución de los miembros del Ejército Nacional.
El Estado reiteró que mediante Resolución de Pago No. 2512 se dio cumplimiento al acuerdo conciliatorio, habiéndose efectuado el pago de indemnización a favor de María Fredesvina Echeverri de Isaza y a Lady Andrea Isaza Pinzón. El Estado presentó información sobre la incorporación de manera permanente, por parte del Ministerio de Defensa, de políticas sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario dirigidas a todos los miembros de la Fuerza Pública. Concretamente, señaló que los propósitos de la implementación de la política integral de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario son articular el sistema de enseñanza de derechos humanos y derecho internacional humanitario, articular los métodos de instrucción a las necesidades de la Fuerza Pública en el contexto actual e integrar las capacidades de que dispone la Fuerza Pública para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
En cuanto al cumplimiento de la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional, el Estado destacó la labor del Consejo Superior de la Judicatura para dar cumplimiento a la Sentencia C-358 de 1997 de la Corte Constitucional, respecto a la definición de la competencia de la jurisdicción ordinaria frente a graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, destacó la labor voluntaria de los jueces penales militares de enviar a la justicia ordinaria las investigaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de miembros de las Fuerzas Armadas.
Los peticionarios señalaron que formularon un derecho de petición a la Procuraduría a fin de conocer las razones por las cuales dicho organismo no considera viable, adelantar una acción de revisión.

References: Resolución 
 artículo 4
 artículo 19
 artículo 5
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 4
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 artículo 1
 Resolución