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Timestamp: 2017-11-23 20:18:57+00:00

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Adquisición de bienes por un Ayuntamiento - Especialidades del sujeto - Compraventas - Práctico Contratos Civiles - VLEX 279423
La adquisición de bienes municipales está sometida a la normativa estatal y autonómica aplicable que se expone a continuación.
2 Adquisición de bienes inmuebles
2.1 Normativa estatal para la adquisición de bienes inmuebles
2.2.6 La Rioja
2.2.7 Comunidad de Madrid
4 Calificación del registrador
Bienes de dominio público. A su vez, pueden ser de uso público (ejemplo, un camino, una plaza, etc.), de servicio público (la casa consistorial, la escuela municipal, el pabellón deportivo, etc.) y ser un bien comunal (unas tierras o un bosque cuyo aprovechamiento corresponde a los vecinos.) Todos estos bienes, conforme al art. 132.1 de la Constitución española 1978 (CE), están sujetos al principio de inalienabilidad e inembargabilidad.
Bienes patrimoniales o de propios: son propiedad del Ayuntamiento o Entidad local como si fuera un particular; por tanto, no están destinados a uso o servicio público ni son de aprovechamiento comunal: un ejemplo clásico sería un solar adquirido en concepto de aprovechamiento medio, unas viviendas promovidas por el Ayuntamiento, etc. Entre éstos, destacan por sus especiales normas los bienes incorporados al patrimonio público del suelo.
Adquisición de bienes inmuebles Normativa estatal para la adquisición de bienes inmuebles
Para el caso de enajenación puede verse el tema Enajenación de bienes municipales , y para el caso de permuta el tema Permuta de bienes de un Ayuntamiento.
Podemos afirmar, que dando por supuesto la supremacía de la CE, las normas más importantes a tener en cuenta están contenidas en la llamada legislación básica. En concreto:
La Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) (que es básica en todo su articulado y que ha sido modificada parcialmente por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local y por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local).
El Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL) (que no es básica en todas sus disposiciones y declarado inconstitucional el inciso «El Consejo de Gobierno de» incluido en el segundo párrafo, in fine, del art. 97 por la Sentencia 111/2016 del Pleno del TC, de 9 de junio de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 1959-2014). [j 1]
El RD 1372/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL); (se discute su carácter básico...).
Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre bienes y derechos patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por esta ley y sus disposiciones de desarrollo y, en lo no previsto en estas normas, por la legislación de contratos de las Administraciones públicas.
Tienen el carácter de legislación aplicable a todo el Estado , la norma del art. 27 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:
Por otro lado, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público expresamente excluyó de su aplicación, entre otros.
art. 4 ....p) Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables....
Esta Ley ha sido derogada por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que en su art. 4 mantiene la exclusión de los contrato sobre inmuebles, diciendo:
1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas:.... p) Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial.
La adquisición exige el pertinente acuerdo del Ayuntamiento, con intervención del Secretario municipal, bajo pena de nulidad.
No hay dificultad en la adquisición a título gratuito, aunque lleve cláusula de reversión, si es aceptada por el Ayuntamiento (ver normas que se dirán).
En el caso de adquisición a título oneroso, la regla general es la necesidad de tasación de la finca y el sistema de concurso; pero normalmente se trata de finca única a los fines que interesen al Ayuntamiento, y siempre se había dicho que con el informe previo del Secretario y del Interventor, podía ser adquirida de forma directa, exigiéndose, naturalmente, los pertinentes informes que deberán ser reseñados e incorporados por certificación o testimonio a la matriz.
Pero la Resolución de la DGRN de 9 de julio de 2014, [j 2] entendiendo que el registrador ha de apreciar si es real esta exclusividad, afirma que
ciertamente las normas que regulan la adquisición de bienes inmuebles por parte de las Corporaciones locales no son las mismas que la relativas a su enajenación, pero sus principios rectores (publicidad y concurrencia) sí son comunes y coincidentes, imponiendo como regla general el concurso y habilitando una serie de excepciones tasadas que, de acuerdo con la jurisprudencia antes reseñada, han de ser objeto de una interpretación estricta, de donde se deriva la exigencia de su cumplida justificación.
Y concluye, con referencia a los casos en que es posible la contratación directa, que «no es suficiente la afirmación del Secretario de un Ayuntamiento «se han cumplido todos los requisitos exigidos en la legislación patrimonial y contractual vigente para llevar a cabo la adquisición del mismo [inmueble] mediante el procedimiento negociado sin publicidad»; la razón: dada su imprecisión y generalidad.
La adquisición de bienes por un Ayuntamiento exige como regla general la escritura pública, no bastando certificación administrativa del acuerdo de adquisición.
Cuando estamos ante una adquisición que tenga el carácter de contrato civil y no administrativo, no puede aplicarse sin más la LCSP, con sus modificaciones; en efecto, como dice la Resolución de la DGRN de 5 de diciembre de 2011: [j 3]
Tratándose de un contrato sujeto al Derecho privado, el contrato se regirá, en cuanto su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la LCSP y por sus normas de desarrollo, y en cuanto a sus efectos y extinción por las normas de Derecho privado (art. 20.2, LCSP). En definitiva, el iter administrativo previo a la definitiva adjudicación del contrato se regirá por la legislación administrativa mientras que la formalización y generación de efectos que haya de producir dicho contrato, se regirá por la legislación civil.
Y ésta exige escritura pública para lograr su inscripción registral.
El art. 116, LPAP concede, en el ámbito de la Administración General del Estado, al Ministro de Hacienda la competencia para adquirir a título oneroso bienes inmuebles o derechos sobre los mismos
Que podrá ejercerla por propia iniciativa, cuando lo estime conveniente para atender a las necesidades que, según las previsiones efectuadas, puedan surgir en el futuro, o a petición razonada del departamento interesado
Y la tramitación del procedimiento corresponderá a la Dirección General del Patrimonio del Estado. Para el caso de adquisición de inmuebles o derechos sobre los mismos por organismos públicos vinculados a la Administración General del Estado o dependientes de ella se efectuará por su presidente o director, previo informe favorable del Ministro de Hacienda.
El citado artículo, en su apartado cuarto, primer párrafo, dice que:
La adquisición podrá realizarse mediante concurso público o mediante el procedimiento de licitación restringida regulado en el apartado 4 de la disposición adicional decimoquinta, salvo que se acuerde la adquisición directa por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición resultante de acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del...

References: Real Decreto 
in fine
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución