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Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 11/2014, DE 9 DE DICIEMBRE, DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE EXTREMADURA (DOE 239 DE 12)
La Constitución Española ( RCL 1978, 2836 ) recoge, a lo largo de su articulado, varios preceptos en los que, de diversas maneras, se defienden y protegen los derechos de todas las personas, sea cual sea su condición física, mental o social.
En cumplimiento de dichas exigencias se aprobó la Ley 13/1982, de 7 de abril ( RCL 1982, 1051 ) , sobre Integración Social de los Minusválidos.
Posteriormente, la Asamblea de Extremadura aprobó la Ley 5/1987, de 23 de abril ( LEXT 1987, 1408 ) , de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que vino a exigir en su artículo 12 a los Servicios especializados en atención a las personas con discapacidad la promoción de una serie de medidas encaminadas a eliminar obstáculos en la vida de estas personas.
La Ley 8/1997, de 18 de junio ( LEXT 1997, 122 ) , de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura reguló las medidas tendentes a eliminar progresivamente y de manera definitiva las barreras que impedían a las personas con alguna discapacidad, el pleno disfrute de sus derechos de ciudadanos constitucionalmente reconocidos, siendo la misma objeto de desarrollo a través del Decreto 153/1997, de 22 de diciembre ( LEXT 1998, 11 ) , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura, y seis años más tarde, como consecuencia de la publicación de la Ley 6/2002, de 27 de junio, de medidas de apoyo en materia de autopromoción, accesibilidad y suelo, se modifica la propia Ley 8/1997 motivando la redacción y aprobación de un segundo reglamento, Decreto 8/2003, de 28 de enero, con el mismo nombre.
Veinte años después de la promulgación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, sobre Integración Social de los Minusválidos, y como complemento a esta, se aprueba por el estado la Ley 51/2003, de 2 de diciembre ( RCL 2003, 2818 ) , de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad, a partir de la cual se produce un amplio desarrollo normativo que da lugar a una pluralidad de normas estatales, entre las que destaca la Ley 27/2007, de 23 de octubre ( RCL 2007, 1926 ) , por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que reconoce el derecho de libre opción de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas, y a los distintos medios de apoyo a la comunicación oral, lo que constituye un factor esencial para su inclusión social.
Asimismo, en el ámbito internacional, se produce un cambio de enfoque de las políticas de discapacidad. Así, la aprobación el 13 de diciembre de 2006, por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, ratificada por el Estado Español y publicada en el BOE el 21 de abril de 2008, fija el compromiso de promover, proteger y asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad y de promover el respeto a su dignidad inherente. La misma ya establece la obligación de adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, entendiendo estas últimas como una extensión de la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información.
La Ley 26/2011, de 1 de agosto ( RCL 2011, 1517 y 1831) , de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, imprime un decidido impulso reformador en el sentido de salvaguardar los derechos de tales personas con el objetivo de favorecer la toma de decisiones en todos los aspectos de su vida, tanto personal como colectiva, avanzar hacia la autonomía personal desinstitucionalizada y garantizar la no discriminación en una sociedad plenamente inclusiva.
Finalmente ha visto la luz el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre ( RCL 2013, 1746 ) , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que pretende regular, armonizar y aclarar el marco normativo fundamental estatal, conforme al mandato recogido en la disposición final segunda de la citada Ley 26/2011, de 1 de agosto. Así pues, se refunden la Ley 13/1982, de 7 de abril, sobre Integración Social de los Minusválidos, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre ( RCL 2007, 2352 ) , por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
En coherencia con lo expresado, es necesario proceder a la aprobación de una nueva normativa que, respetando los mencionados principios y superando el clásico concepto de «eliminación de barreras arquitectónicas», apueste por un nuevo modelo cuya finalidad sea garantizar el pleno y libre desarrollo de las personas en el medio social y comunitario; garantizando la accesibilidad al medio físico, a la comunicación y a los servicios a todas las personas de nuestra Comunidad Autónoma y especialmente a las personas con mayores necesidades de accesibilidad, como pueden ser las personas con discapacidad, las personas mayores o las personas que de forma temporal se encuentran con dificultades para relacionarse con el entorno (niños y niñas, personas accidentadas, mujeres embarazadas,...).
En el título II se recogen las condiciones de accesibilidad y medidas de acción positiva a llevar a cabo en la edificación y en los espacios públicos, tanto urbanizados como naturales.
Además de realizar una adaptación a la normativa nacional se incluyen de manera expresa los espacios naturales de uso público tales como parques y reservas naturales, playas fluviales, etc.
Finalmente, en el Título IX se recoge el régimen sancionador acorde con el marco común establecido en el citado Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre ( RCL 2013, 1746 ) .
Artículo 4. Condiciones de accesibilidad en la edificación
Artículo 5. Condiciones de accesibilidad en los espacios públicos urbanizados y los espacios públicos naturales
Artículo 6. Medidas de acción positiva en la edificación, espacios públicos urbanizados y espacios públicos naturales
Artículo 7. Condiciones de accesibilidad en el transporte público
Artículo 8. Condiciones de accesibilidad en el transporte privado
Artículo 9. Medidas de acción positiva en el transporte
Artículo 10. Condiciones de accesibilidad a la comunicación
Artículo 11. Condiciones de accesibilidad en la sociedad de la información y los medios de comunicación social
Artículo 12. Medidas de acción positiva en la comunicación
Artículo 13. Condiciones de accesibilidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público
Artículo 14. Medidas de acción positiva para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público
Artículo 16. Observatorio Extremeño de la Accesibilidad
Artículo 17. Planes de accesibilidad
Artículo 18. Fondo para la Promoción de la Accesibilidad
Artículo 19. Licencias y autorizaciones municipales
Artículo 20. Contratos administrativos
Artículo 21. Visado de los proyectos técnicos
Artículo 22. Control de las condiciones de accesibilidad
Artículo 23. Composición del Consejo Extremeño para la Promoción de la Accesibilidad Universal
2. El Consejo estará integrado por representantes de las distintas Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura competentes por razón de la materia, así como por asociaciones, entidades y expertos, de acuerdo con el principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, así como con los siguientes criterios: a. Un representante de Junta de Extremadura, designado por la Consejería competente, por cada una de las siguientes áreas:
– Espacios públicos urbanizados.
– Espacios públicos naturales.
– Sociedad de la información.
– Bienes y servicios a disposición del público.
h. Dos representantes elegidos por las organizaciones que, conforme a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical ( RCL 1985, 1980 ) , tengan la consideración de centrales sindicales intersectoriales más representativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 24. Funciones del Consejo Extremeño para la Promoción de la Accesibilidad Universal
2. En concreto le corresponde: a. Recibir información de las distintas Administraciones Públicas, asociaciones y entidades con el fin de actuar como órgano de coordinación de los distintos programas relacionados con el objeto de esta ley.
Artículo 25. Objeto de las infracciones
Artículo 26. Legitimación activa
1. Las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones representativas y asociaciones en las que se integran, tendrán la consideración de interesados en estos procedimientos en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 27. Sujetos responsables
1. Esta ley se aplicará a los responsables de la infracción, personas físicas o jurídicas, que incurran en las acciones u omisiones determinadas como infracción en esta ley y las establecidas como comunes en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre ( RCL 2013, 1746 ) , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
2. Tendrán la consideración de infracciones muy graves, además de las establecidas como tal en el artículo 81.4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre ( RCL 2013, 1746 ) , las siguientes:
2. Será de aplicación lo establecido en los artículos 84 y 85 en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre ( RCL 2013, 1746 ) , para la determinación de los criterios de graduación de las sanciones y la aplicación de sanciones accesorias.
Artículo 31. El procedimiento sancionador
Las infracciones previstas en la presente ley serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto para el procedimiento sancionador en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Reglamento sobre procedimientos sancionadores de la Junta de Extremadura.
Artículo 32. Administración y órganos competentes
Artículo 33. Prescripción de las infracciones y sanciones
Disposición adicional primera. Símbolo Internacional de la Accesibilidad
Disposición adicional segunda. Actualizaciones de las cuantías de las sanciones pecuniarias
Disposición adicional tercera. Apoyo animal
Disposición adicional cuarta. Planes de accesibilidad
Disposición adicional quinta. Planeamiento urbanístico
Disposición transitoria primera. Normativa vigente
Hasta que no se produzca el desarrollo reglamentario previsto en esta ley, mantienen su vigencia, en los aspectos de contenido técnico que no se encuentren regulados en la misma, las disposiciones previstas en la Ley 8/1997, de 18 de junio ( LEXT 1997, 122 ) , de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura, y el Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura, así como la Orden de 7 de junio de 1999, por la que se establece el modelo de tarjeta de aparcamiento para discapacitados, siempre que no sean contrarias a las previsiones recogidas en la misma.
Disposición transitoria tercera. Planeamiento urbanístico
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley, y en concreto la Ley 8/1997, de 18 de junio ( LEXT 1997, 122 ) , de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura, el Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura y la Orden de 7 de junio de 1999, por la que se establece el modelo de tarjeta de aparcamiento para discapacitados, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria primera.

References: artículo 12
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23
 artículo 7

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26
 artículo 31

Artículo 27
 Real Decreto 
 artículo 81
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33