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Timestamp: 2019-08-24 00:35:46+00:00

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Sentencia de Tutela nº 954/06 de Corte Constitucional, 17 de Noviembre de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 43625745
Sentencia de Tutela nº 954/06 de Corte Constitucional, 17 de Noviembre de 2006
Derecho al acceso a la administracion de justicia de auxiliar de la justicia (secuestre) que fue sancionado disciplinariamente y condenado al pago de multa y la exclusion de la lista de auxiliares de la justicia en el año 1999. Solicita se ordene dejar sin efecto la providencia de la sala disciplinaria del consejo seccional de fecha 1 de septiembre de 2005 que omitio resolver un conflicto de competencia relacionado con la peticion de rehabilitacion como auxiliar de la justicia. Derecho al debido proceso y al acceso a la administracion de justicia. Elementos integrantes del derecho al debido proceso. Competencia de las oficinas judiciales en relacion con los auxiliares de la justicia. La oficina judicial será responsable de que quienes estén actuando como auxiliares de la justicia lo estén haciendo con el lleno de los requisitos legales establecidos por la ley y los acuerdos que reglamenten sus funciones, y por ello, estarán sometidos a la ley para todos los efectos, incluso para excluir a quienes no puedan actuar como auxiliares de la justicia. Desde el 1° de septiembre de 2005, el consejo seccional de la judicatura había definido en cabeza de la oficina judicial de bucaramanga la competencia para resolver sobre la rehabilitación del actor como auxiliar de la justicia, y en tanto esta situación aún no se haya cumplido de manera diligente, esta sala de revisión considera que en efecto, se consumó una clara violación del derecho al acceso a la administración de justicia, concretada en la prolongada y reiterada denegación de las autoridades judiciales aquí mencionadas al abstenerse por espacio de más de tres años, en resolver la reclamación del actor. Concedida
De la lectura del Acuerdo No. 1518 de 2002 se advierte que, la Oficina Judicial, será la que asuma la competencia, no solo para adelantar el proceso de inscripción, la verificación de requisitos, la elaboración de las listas, la integración final de las mismas y su remisión a los correspondientes despachos, y a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, sino que además, se les delega la función de verificar cuándo una persona natural o jurídica, puede o no ser incluida en una lista como auxiliar de la justicia (art. 12), y en el caso de que judicialmente sea sancionado, será dicha Oficina Judicial, la encargada de excluirlo de manera automática tan pronto dicha situación le sea informada. Ciertamente, la Oficina Judicial referida actúa como una unidad de trabajo judicial destinada a dinamizar la efectiva, y oportuna administración de justicia, encargándose en consecuencia de la logística misma de la justicia, en los términos del Decreto 2287 de 1989. Dicho decreto en su artículo tercero señala que dentro de las funciones de las Oficinas Judiciales está la de ''llevar y organizar los listados de auxiliares de la administración de justicia y suministrar la información y apoyo requerido por los jueces.''(numeral sexto). De esta manera, la Oficina Judicial será responsable de que quienes estén actuando como Auxiliares de la Justicia lo estén haciendo con el lleno de los requisitos legales establecidos por la ley y los acuerdos que reglamenten sus funciones, y por ello, estarán sometidos a la ley para todos los efectos, incluso para excluir a quienes no puedan actuar como Auxiliares de la Justicia.
Acción de tutela instaurada por E.R.J. contra la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander.
dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala de Conjueces de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en el trámite de la acción de tutela instaurada por E.R.J. contra la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander.
El 17 de junio de 1999, mediante providencia judicial, el Juzgado Octavo Civil Municipal de B., sancionó disciplinariamente y condenó al pago de una multa y a la exclusión de la lista de auxiliares de la justicia, al señor E.R.J., quien se desempeñaba como secuestre.
El 13 de agosto de ese mismo año, el Tribunal Administrativo de Santander falló a favor del accionante una acción de tutela que promoviera en contra del Juzgado Octavo Civil Municipal de B., al no habérsele notificado de manera personal la providencia sancionatoria. Así, la notificación se hizo en debida forma.
El 20 de junio de 2000, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, negó el recurso de apelación que interpusiera el accionante en contra de la decisión proferida por el Juzgado Octavo Civil Municipal de esa misma ciudad. A partir de esta fecha -20 de junio de 2000-, comenzó a contabilizarse el fenómeno de prescripción de la pena disciplinaria, la cual corresponde a dos (2) años, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 34 de la Ley 200 de 1995, ley vigente al momento de la ocurrencia de los hechos.
El 16 de octubre de 2002, habiendo vencido ya el término de prescripción de la sanción ya mencionada, el accionante se inscribió nuevamente en la lista de auxiliares de la justicia, cumpliendo para ello con todos los requerimientos exigidos por el Consejo Seccional de la Judicatura, y obteniendo así, la correspondiente licencia. De esta manera la Oficina Judicial de Bucaramanga incluye al accionante en las listas respectivas como perito y secuestre.
Aclara el accionante, que el procedimiento para la confección de este tipo de listas de auxiliares de la justicia, exige la fijación al público de la correspondiente lista, a efectos que la misma sea objetada, ya sea por un particular o por algún servidor público. Aún así, el término de fijación al público, de la lista en la cual se encontraba incluido su nombre, venció en silencio.
En el mes de diciembre de 2003, más de un año después de que el accionante se inscribiera nuevamente como auxiliar de la justicia, la Juez Octavo Civil Municipal de B. allegó al Director de la Oficina Judicial de Bucaramanga, una fotocopia informal de la providencia por la cual se había condenado disciplinariamente al señor R.J. en el año de 1999. Con base en dicho documento, el Director de la mencionada Oficina Judicial de Bucaramanga procedió, de facto, a excluir al accionante de la lista como auxiliar de la justicia.
El 14 de enero de 2004, luego de que el accionante le había solicitado a la Juez Octavo Civil Municipal de B., lo rehabilitara como Auxiliar de la Justicia, ésta, de manera ''lánguida'', dio respuesta a su solicitud, mediante Auto de cúmplase, en el cual resuelve dicha petición concluyendo que '' la determinación de este despacho (sic) es intemporal.'' (Oficio No. 0092 de enero 21 de 2004), oficiando a la Oficina Judicial de Bucaramanga. Con todo, advierte el accionante, que no hubo un pronunciamiento de fondo acerca de la solicitud de rehabilitación como auxiliar de la justicia.
Así, contra el Auto del 21 de enero de 2004, se interpuso acción de tutela, la cual fue conocida en primera instancia por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de B., que negó el amparo constitucional solicitado. No obstante, en segunda instancia, la Sala Civil del Tribunal Superior de esa misma ciudad, tuteló parcialmente los derechos del accionante, y ordenó el trámite de un proceso administrativo.
El 3 de marzo de 2004, mediante Resolución No. 01, la Oficina Judicial de B., resuelve excluir al actor de la lista de auxiliares de la justicia, con base en la información allegada por la Juez Octavo Civil Municipal de Bucaramanga.
Contra la anterior resolución, el accionante presentó los recursos de reposición y apelación, siendo negado el primero y rechazado el segundo por extemporáneo.
Frente a la negación del recurso de apelación, se presentó una nueva acción de tutela, la cual fue conocida por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. Esta acción de tutela fue negada en primera instancia, y confirmada en segunda.
Con el anterior recuento cronológico de las numerosas actuaciones judiciales que ha tenido que adelantar, el accionante pretende demostrar que no ha podido encontrar solución a sus problemas jurídicos.
De la misma manera, señala que para la fecha en que cometió la falta disciplinaria, el estatuto disciplinario vigente era la Ley 200 de 1995, y según esta norma, el término máximo de la sanción impuesta, tal y como lo señala el artículo 34, era de dos (2) años, teniendo por tanto, que la ejecución de la sanción estaba ya prescrita.
Como parte de la normatividad que regula los requisitos, deberes y obligaciones de los Auxiliares de la Justicia, el accionante hace referencia al Acuerdo No. 1518 de 2002, emanado del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, por medio del cual se estableció el régimen de funcionamiento y honorarios de los auxiliares de la justicia, régimen expedido de conformidad con las facultades conferidas al Consejo Superior de la Judicatura, por el artículo 257 de la Constitución Política, así como por el numeral 21 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 y por la Ley 446 de 1998. De esta manera, aclara el actor, que el término máximo de exclusión para cualquier auxiliar de la justicia es el de dos (2) años, si el hecho que la causó ya feneció al momento de la inscripción.
Adicionalmente, anota el actor, que a consecuencia de los mismos hechos por los que fue sancionado disciplinariamente, fue objeto de una investigación penal por el delito de peculado culposo y condenado a una pena principal de seis (6) meses de arresto y la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término. Debió pagar además, una indemnización de perjuicios por valor de noventa mil ($90.000) pesos.
En consecuencia, es claro que la Juez Octavo Civil Municipal de Bucaramanga, actuando de manera extemporánea y sin la debida competencia, se ensaña en contra del accionante convirtiendo una sanción disciplinaria temporal, en una de carácter permanente e ''intemporal'' como así lo afirmó, causándole graves perjuicios, pues la actuación adelantada por la Oficina Judicial de B., que concluyó con la exclusión del actor como auxiliar de la justicia, se cumplió sin el agotamiento de proceso judicial alguno. Además, los perjuicios, morales y materiales, así como el lucro cesante dejado de percibir por el accionante como consecuencia de dicha actuación, afecta gravemente sus derechos.
a) En octubre de 2004, el señor E.R.J. presentó ante la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, solicitud de REHABILITACIÓN como auxiliar de la justicia en calidad de perito y secuestre.
c) A. dichas certificaciones a la Oficina Judicial mencionada, el Director de ésta, mediante Oficio de enero 11 de 2005, señala que no es procedente tramitar la solicitud de REHABILITACIÓN como quiera que debe cumplir la orden judicial impartida por el Juzgado Octavo Civil Municipal de B., ''en el sentido de que es INTEMPORAL.''
f) El 17 de febrero de 2005, mediante providencia notificada por estado, el Juzgado Octavo Civil Municipal de B., niega su solicitud de rehabilitación, manifestando que la sanción es INTEMPORAL.
i) Creado el conflicto de competencia negativo por la denegación de justicia en punto a la solicitud de rehabilitación hecha por el accionante, éste último considera que su situación es aún más compleja vista la posición que asumiera el Juzgado Octavo Civil Municipal de B. en relación con la petición en comento.
j) En consecuencia, considera el actor que ''el `quid' del asunto es determinar si el proceso de rehabilitación es meramente administrativo o judicial. Si es administrativo, es prudente determinar quién es el competente para pronunciarse sobre ello, si la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, (o la Oficina Judicial) o la Rama Judicial mediante una actuación administrativa.''
l) Así, el 15 de julio del mismo año, mediante una providencia de trámite, el magistrado ponente, decide remitir dicha petición ''al JEFE DE LA OFICINA JUDICIAL de esta ciudad para lo de su competencia''.
m) Recibida la petición por la Oficina Judicial de B., ésta fue repartida a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga.
n) El 22 de agosto de 2005, el magistrado encargado de decidir respecto de esta petición, resuelve devolver dicha petición a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, señalando que ''se determina devolverle directa e inmediatamente la actuación en ciernes al Señor Presidente del Consejo de que se viene haciendo memoria, para que ésta autoridad, defina lo pedido por el suscribiente en algún sentido, o declare su incompetencia y le remita el caso a la autoridad que deba resolverlo.''
''Observado el escrito del señor E.R.J., se tiene que no se trata de un conflicto de competencia, sino que su petición va encaminada a que se le incluya nuevamente en la lista de auxiliares de la justicia, lo cual es competencia de la Oficina Judicial.
''Por lo anterior, infórmesele al señor R.J., por la secretaria (sic) de esta Corporación que deberá dirigirse a dicha dependencia para los fines deseados.''
- Folios 16 a 21, solicitud para dirimir conflicto negativo de competencia, hecha por el señor R.J. a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, sin fecha.
- Folios 22 a 27, solicitud de rehabilitación del señor R.J. como secuestre sancionado, dirigida a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander de fecha 20 de octubre de 2004.
- Folios 30 y 31, respuesta de fecha 11 de enero de 2005, dada por el Director de la Oficina Judicial de B. a la remisión que hiciera la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, en la que niega su rehabilitación como auxiliar de la justicia, en razón al carácter intemporal de la sanción impuesta por la Juez Octava Civil Municipal de esa misma ciudad.
- Folios 32 a 34, Escritos de solicitud de aclaración hecha por el apoderado del señor R.J. al Director de la Oficina Judicial de Bucaramanga, en razón a su escrito de fecha 11 de enero de 2005, y respuesta a la solicitud de aclaración de fecha 19 de enero de 2005.
- Folios 35 a 39, Pronunciamiento hecho el 15 de febrero de 2005, por la Juez Octavo Civil Municipal de B. en la cual niega la petición de rehabilitación del señor R.J. como auxiliar de la justicia.
- Folios 40 a 51, recursos de apelación y súplica presentados el 22 de febrero y 4 de mayo de 2005, en contra de la decisión de la Juez Octava Civil Municipal de B., y presentado por el apoderado del señor R.J..
- Folio 56, oficio de fecha 15 de julio de 2005, suscrito por el Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, por el cual se remite a la Oficina Judicial de Bucaramanga oficio presentado por el señor R.J..
- Folio 57, oficio de fecha 1° de septiembre de 2005, suscrito por el Magistrado de la sala Dual de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, por el cual informa al señor R.J. que:
- Folios 62 a 76, providencia judicial del 16 de noviembre de 2005, por la cual la sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se abstiene de fallar una acción de tutela promovida por el señor R.J. en contra del Consejo Seccional de la judicatura, sala Disciplinaria, por inaplicación del numeral 2° del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000. Ordenando en su lugar, remitir el expediente al Consejo Seccional de la judicatura de Santander para lo de su competencia.
- Folios 141 a 146, sentencia de tutela proferida el 13 de febrero de 2006, por la Sala de Conjueces de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, cuyo actor es el señor E.R.J. contra la sala Jurisdiccional Disciplinaria de ese mismo Consejo Seccional de la Judicatura.
''La sanción de exclusión de la lista de auxiliares de la justicia es de carácter permanente, por esta razón para solicitar su inclusión nuevamente, el sancionado debe solicitar previamente su rehabilitación, pero no para que se le diga que estuvo bien sancionado, que se cumplió al efecto lo preceptuado por el ordenamiento jurídico, y que por lo tanto, se deniega su petición por ser la exclusión intemporal, es contrasentido afirmar eso, el hecho de la exclusión de la lista de auxiliares de la justicia es capítulo cerrado, precisamente se pide la rehabilitación cuando la sanción es de naturaleza permanente, de lo contrario, se esperaría el simple transcurso del tiempo para dar por terminada la sanción; lo que se debe estudiar en el proceso de rehabilitación, es que esa persona no volverá a cometer faltas que ameriten sanción en el cargo de auxiliar de la justicia, que ya purgó su pena, se examinará su conducta por intermedio de los testimonios que aparezcan en la solicitud de rehabilitación, que acredite haber cumplido con el pago correspondiente a la indemnización de perjuicios a que fue condenado por su accionar, y que en general va a observar un comportamiento ejemplar en sus funciones de auxiliar.
''¿Pero, ante que autoridad se presenta la solicitud de rehabilitación?
''El artículo 85 numeral 21 de la Ley 270 de 1996, preceptúa lo siguiente: `Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:
'21. Establecer el régimen y la remuneración de los auxiliares de la justicia'.
''Pues en cumplimiento de la anterior norma jurídica, la referida Sala procedió a expedir el Acuerdo 1518 de 2002, contentivo del régimen y los honorarios de los auxiliares de la justicia, desafortunadamente dicha regulación quedó incompleta, ya que no se reglamentó lo atinente a los excluidos de la lista de auxiliares de la justicia, el procedimiento y la autoridad competente para su rehabilitación, esta parte quedó en el limbo jurídico, precisamente por esto es que se presentó el hecho que nos ocupa.
''Es bien conocido que todas las personas que trajinamos en el mundo jurídico, que no se puede denegar justicia pretextando inexistencia de norma aplicable al caso objeto de decisión, precisamente para evitar esto, el artículo 8° de la Ley 153 de 1887, consagra lo siguiente: `Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.'
''Ahora bien, aplicando la analogía tenemos que el artículo 114 # 5° de la Ley 270 de 1996 se ocupa de un tema semejante o parecido, veamos: `Corresponde a las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura:
`5. Conocer de la solicitud de rehabilitación de los abogados'.
''Como la analogía no se está aplicando para efectos sancionatorios sino al contrario para rehabilitar al sancionado, es procedente su aplicación al caso que nos ocupa, por ende, resolviendo de fondo la petición que se originó la tutela, es competente para conocer de la solicitud de rehabilitación del auxiliar de la justicia E.R.J., la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander.''
Mediante escrito de fecha 8 de mayo de 2006, el M.C.T.M.L., en su condición de Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, impugnó la decisión proferida por la Sala de Conjueces de ese mismo Consejo Seccional. Dicho magistrado luego de hacer un recuento de todas las actuaciones adelantadas por el accionante, concluye señalando que de las actuaciones surtidas ante dicha Corporación, no se puede inferir violación alguna de los derechos fundamentales del accionante, y mucho menos se puede considerar que se violó el derecho al acceso a la administración de justicia.
''Si bien ha existido discusión sobre lo debatido, la Presidencia de la Sala fue categórica, precisa y si se quiere escueta en expresar a través de sus providencias que lo pretendido por el actor, era su nueva inclusión en la lista de auxiliares de la justicia, para lo cual debía dirigirse a la oficina judicial como es de ley.''
Impugnada la decisión de primera instancia, conoció la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la cual en sentencia del 29 de junio del año en curso, revocó la decisión de primera instancia, y en su lugar negó el amparo solicitado.
''Por lo anterior, infórmele al señor R.J. por la secretaría de esta Corporación que deberá dirigirse a dicha dependencia para los fines deseados.
''Cumplido lo anterior, archívese en la secretaría de esta Corporación.''
Que en efecto la decisión transcrita, decidió lo pertinente respecto de la petición tutelar, toda vez que dispuso que la autoridad competente para resolver la nueva inclusión del actor en la lista de auxiliares de la justicia, era la Oficina Judicial de Bucaramanga, ''y ello obedeció a esa libertad y competencia que ostenta la Sala accionada para tomar sus decisiones, que por escueta en su apariencia, no significa una decisión contraria a los mandatos judiciales, por el contrario, la forma en que lo hizo resulta armónico con los principios de eficiencia de la administración de justicia, máxime que para poder decidir sobre un conflicto de competencia se necesita el pronunciamiento de la referida oficina judicial, sin perjuicio de que éste sea resuelto por la autoridad competente conforme a la ley, atendiendo las funciones que cumplan las autoridades incursas en el conflicto.''
Corresponde a la Sala de Revisión determinar si en el presente caso, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander ha vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad del señor R.J., en tanto en el trámite de la reclamación iniciada por el actor para ser rehabilitado como auxiliar de la justicia, al parecer dicha autoridad judicial no ha querido resolver el presunto conflicto de competencia que se ha suscitado con ocasión de dicha petición.
Ha de advertirse que el Consejo Superior de la Judicatura, consideró necesario vincular al proceso a terceros interesados en las resultas del proceso, como lo es la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, la Juez Octavo Civil Municipal de B. y la Oficina Judicial de dicha ciudad, por cuanto estas autoridades, intervinieron en las diferentes actuaciones adelantadas por el accionante, en procura de ser rehabilitado como auxiliar de la justicia.
De los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
a. El derecho fundamental al debido proceso, surge de manera dispersa en numerosas normas de la Constitución política, teniendo sin embargo, su máximo expresión en el artículo 29 Superior que establece que ''el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas'', y como tal, este derecho le asiste a todas las personas, incluso a las personas jurídicas, siendo por demás, un derecho de aplicación inmediata tal y como lo señala el mismo artículo 85 Superior.
Así mismo, desde el mismo Preámbulo de la Carta Política, es claro que las autoridades Estatales deben orientar sus actuaciones para lograr el debido respeto de uno de los valores constitucionales más importantes, cual es, la justicia. Pero además, es el entorno jurídico, en el que dicho valor se debe desarrollar para garantizar a todos los ciudadanos sus derechos, siendo este el medio apropiado por el cual se debe administrar justicia, garantizando por esta vía, la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales (Art. 2).
Desde la perspectiva constitucional la adopción por parte del Constituyente del modelo del Estado social de derecho implica que el acceso a la administración de justicia así como a los demás derechos reconocidos en la Constitución, exige que su garantía se haga de forma efectiva, pues su simple protección formal, es decir, la mera enunciación de los mismos en una Carta de derechos sería incoherente con el mandato de respeto de la dignidad humana. Es por ello, que el mismo artículo 5º Superior reconoció, sin discriminación alguna, la supremacía de los derechos inalienables de las personas, incluido el de acceso a la administración de justicia, que como ya se anotó, debe garantizarse de forma material y efectiva.
Con la expedición por parte del Legislador de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia - en cuyo artículo 1º dispuso que ''La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional'', se da cumplimiento al mandato constitucional impuesto al Estado de asegurar el respeto inmediato de las garantías al debido proceso y de acceso a la administración de justicia al cual se ha hecho alusión.
''el acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados. Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar al derecho a que hace alusión la norma que se revisa -que está contenido en los artículos 29 y 229 de la Carta Política- como uno de los derechos fundamentales, susceptible de protección jurídica inmediata a través de mecanismos como la acción de tutela prevista en el artículo 86 superior.''
b. Ahora bien, en el entendido de que el derecho al debido proceso, tiene un desarrollo judicial, el cual se refiere a la materialización del derecho al acceso a la administración de justicia, o derecho a la jurisdicción, contenido en el artículo 229 de la Carta Política, todas las personas pueden acudir al Estado, quien, como administrador de justicia, permite la resolución de los conflictos particulares o la defensa del ordenamiento jurídico. Dicha vinculación se explica por ser el proceso y, en particular, la sentencia que ordinariamente le pone fin, el medio para la concreción del derecho a la jurisdicción.
v) El derecho a que las decisiones se adopten en un término razonable, sin dilaciones injustificadas. (N. y subraya fuera del texto original).
De esta manera, el derecho al debido proceso, que se plantea como el límite material por naturaleza, que impide el posible abuso de las autoridades del Estado, comporta un conjunto de reglas mínimas de carácter sustantivo y procedimental que deben ser seguidas fielmente por las autoridades en el ámbito judicial o administrativo, garantizando así, los derechos e intereses de las personas vinculadas a los diferentes procesos.
Competencia de las Oficinas Judiciales en relación con los Auxiliares de la Justicia.
Recordemos igualmente que la Ley 270 de 1996 en su artículo 70 establece que ''Al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la administración de la rama judicial y ejercer la función disciplinaria de conformidad con la Constitución Política y lo dispuesto en esta ley.''
Ciertamente, la Oficina Judicial referida actúa como una unidad de trabajo judicial destinada a dinamizar la efectiva, y oportuna administración de justicia, encargándose en consecuencia de la logística misma de la justicia, en los términos del Decreto 2287 de 1989. Dicho decreto en su artículo tercero señala que dentro de las funciones de las Oficinas Judiciales está la de ''llevar y organizar los listados de auxiliares de la administración de justicia y suministrar la información y apoyo requerido por los jueces.''(numeral sexto).
En el presente caso, el señor E.R.J. considera que sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad han sido violados por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, al considerar que dicha autoridad judicial no ha resuelto el conflicto negativo de competencia que se ha suscitado en relación con la solicitud que él hiciera respecto de su petición de rehabilitación como auxiliar de la justicia, por cuanto las autoridades que han conocido su caso, Oficina Judicial, Juzgado Octavo Civil Municipal y Sala Civil - Familia del Tribunal Superior, todos de la ciudad de Bucaramanga, así como ese mismo Consejo Seccional de la Judicatura, han considerado que no son las competentes.
Ha de señalarse previamente que el accionante quien había sido sancionado disciplinaria y penalmente como auxiliar de la justicia, purgó las sanciones correspondientes, teniéndose para ello, que el término de prescripción de la sanción disciplinaria comenzó a contabilizarse a partir de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia que fuera dictada el 20 de junio de 2000 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de B., que confirmó la decisión judicial impartida por la Juez Octavo Penal Municipal de la misma ciudad.
Así, habiendo cumplido con la sanción disciplinaria a él impuesta por la Juez Octavo Civil Municipal de B., se presentó nuevamente para ser admitido como auxiliar de la justicia, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Acuerdo 1518 de 2002. De esta manera, su nombre se incluyó en una lista que se publicó en la Secretaría de la Oficina Judicial de B. a efectos de que objetara su postulación, si fuere el caso. El termino de fijación de dicha lista venció en silencio, con lo cual se agotó el procedimiento establecido por el mencionado Acuerdo, llevando a que se conformara de manera definitiva la lista de auxiliares de la justicia, en la cual se incluía el nombre del accionante.
Sin embargo, en diciembre del 2003, más de un año después de que se integrara de manera definitiva la lista en cuestión, la Juez Octavo Civil Municipal de B., entregó al Director de la Oficina Judicial de esa misma ciudad, copia de la providencia que ella emitiera en 1999, en la que se sancionaba al señor R.J., documento con el que permitió que el Director procediera a retirar al accionante de la mencionada lista de auxiliares de la justicia, ratificando posteriormente su posición, con la expedición de la Resolución No. 01 de marzo 3 de 2004.
Como se puede observar, la actuación adelantada por la Juez Octavo Civil Municipal de B., justificada en el argumento de que su decisión sancionatoria en contra del señor R.J. era ''intemporal'' desconoció los procedimientos del Acuerdo 1518, pues su objeción en contra del señor R.J., se hizo por fuera de los términos señalados, desbordando toda competencia judicial.
En efecto, en tanto la exclusión del accionante de la lista de auxiliares de la justicia se pudo adelantar con desconocimiento de los estrictos términos dispuestos por el Acuerdo 1518 de 2002, puede señalarse igualmente que la providencia presentada por la Juez Octavo Civil Municipal de B., para objetar la aspiración del actor como auxiliar de la justicia, no era oponible en los términos de la ley 200 de 1995, pues la sanción disciplinaria que contemplaba dicha decisión judicial, no podía superar los dos (2) años, razón por la cual, la misma ya había prescrito. En este punto es necesario anotar, que tanto la Carta Política, como las normas legales de orden penal y disciplinario, señalan que las penas impuestas no serán imprescriptibles, y que las mismas deberán ser impuestas, en estricto respeto al principio de legalidad.
Sobre el particular, la Corte en sentencia C-653 de 2001 señaló lo siguiente:
''Tanto en materia penal como disciplinaria, la garantía constitucional del principio de legalidad impone al legislador la obligación de definir previa, taxativa e inequívocamente las conductas consideradas como reprochables y las sanciones en las que incurrirá quien cometa alguna de las conductas prohibidas, pues sólo de esa manera el principio de legalidad cumple verdaderamente su función garantista y democrática, protege la libertad de las personas y asegura la igualdad ante el poder punitivo estatal. Cuando ello no ocurre así, la norma en cuestión viola la Carta, bien sea porque no determine claramente la conducta reprochada, o porque no define claramente cuál es la sanción que debe imponerse o los criterios que claramente permiten su determinación. El mandato contenido en el artículo 29 de la Carta Política exige al legislador definir de manera clara, concreta e inequívoca las conductas reprobadas disciplinariamente, el señalamiento anticipado de las respectivas sanciones, el establecimiento de las reglas sustantivas y procesales para la investigación y la definición de las autoridades competentes que dirijan y resuelvan sobre la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios investigados.''
''Con todo, teniendo en cuenta que desde un principio se puede apreciar que pudo haber algunos errores por cuenta del Director de la Oficina Judicial de Bucaramanga, el accionante, con la clara intención de respetar las decisiones que se asumieron en su momento, inició un periplo judicial que asegurase que su aspiración a auxiliar de la justicia, así como su retiro, fuere consecuencia de una actuación judicial o administrativa respetuosa del debido proceso, dentro de la cual hubiere podido ejercitar su derecho fundamental de defensa.''
Con todo, en el presente caso, luego de que el Juzgado Octavo Civil Municipal de Bucaramanga, la Oficina Judicial de dicha ciudad, la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga y la misma Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, tomaran parte en la reclamación del accionante, concluyen cada una en su momento, que no eran competentes para resolver la petición del actor en torno a su rehabilitación como auxiliar de justicia. Por ello, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, mediante Auto del 1° de septiembre de 2005, señaló que era la Oficina Judicial de Bucaramanga la competente para resolver la petición de rehabilitación del actor como auxiliar de la justicia.
En efecto, y en tanto el accionante observó que con esta actuación el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, nuevamente remitía su caso a la Oficina Judicial de B., consideró que sus derechos fundamentales al debido proceso, y al acceso a la administración de justicia, estaban siendo violados, pues su agotador trasegar judicial, iniciaba una nueva etapa de rotación de una autoridad a otra sin que su petición fuera resuelta de fondo.
Por ello, y en razón a que el accionante se encuentra en un limbo jurídico que no le ha permitido ejercer su función como auxiliar de la justicia desde el año 2002, con la consecuente afectación de derechos fundamentales como al trabajo, la libre escogencia de profesión u oficio, al mínimo vital entre otros, permite considerar, que en efecto la extensa faena judicial que ha adelantado, la cual se ha prolongado por más de tres (3) años, y que al parecer no ha finalizado aún, demuestra claramente la violación de sus derechos fundamentales al debido proceso y en especial al acceso a la administración de justicia de la cual ha sido objeto el actor. Pero además, ésta violación no se ha consumado única y exclusivamente en cabeza de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, pues en esta actuación denegatoria de justicia también han participado el Juzgado Octavo Civil Municipal de B., la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de esa misma ciudad y hasta la propia Oficina Judicial.
De esta manera, resuelta la principal inquietud que planteaba el actor, relativa a quien era la autoridad competente para resolver su petición de rehabilitación como auxiliar de la justicia, es claro de todos modos que la tardanza en tomar dicha decisión, confirma la violación del derecho al acceso a la administración de justicia por parte de todas las autoridades judiciales que de una u otra manera tuvieron conocimiento del caso del señor R.J., y no definieron de manera oportuna tal situación. Con todo, es claro que la intención final del actor es lograr su rehabilitación como auxiliar de la justicia, y para ello, ha de señalarse que la autoridad que ha sido designada por la sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander para resolver de fondo tal petición, deberá hacerlo de manera eficaz y oportuna, es decir, a la mayor brevedad, pues prorrogar en el tiempo y de manera injustificada la resolución de esta petición, haría más evidente la clara violación de los derechos fundamentales alegados por el actor como violados.
Por tal motivo, esta Sala de Revisión, revocará la sentencia proferida por la sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y en su lugar, tutelará el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia del señor E.R.J.. Para ello, se ordenará, en virtud de lo resuelto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, y si aún no lo hubiera hecho, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, remita a la Oficina Judicial de Bucaramanga, la petición de rehabilitación del señor E.R.J. como auxiliar de la justicia, tal y como dicho Consejo Seccional lo consideró en Auto del 1° de septiembre de 2005. Recibida tal petición por parte de la Oficina Judicial de Bucaramanga, y si aún no lo hubiera hecho, ésta deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto puesto a su consideración, en un término que no podrá exceder de un (1) mes, vistas las circunstancias especiales del caso.
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 29 de junio del presente año, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En su lugar, TUTELAR el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia del señor E.R.J..
Segundo. ORDENAR, a la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, si aún no lo hubiera hecho, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, remita, a la Oficina Judicial de Bucaramanga, la petición de rehabilitación del señor E.R.J. como auxiliar de la justicia, tal y como lo indicara ese mismo Consejo Seccional en Auto proferido el 1° de septiembre de 2005. Recibida tal petición por parte de la Oficina Judicial de Bucaramanga, y si aún no lo hubiera hecho, ésta deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto puesto a su consideración, en el término que no podrá exceder de un (1) mes, vistas las circunstancias especiales del caso.

References: artículo 34
 Resolución 
 artículo 34
 artículo 257
 artículo 85
 artículo 1
 artículo 85
 artículo 8
 artículo 114
 artículo 29
 artículo 85
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 229
 resolución 
 artículo 70
 Resolución 
 artículo 29
 resolución