Source: http://jovenesemergencia.org/tribunaljuventud/ejes-tematicos/eje-ii/
Timestamp: 2017-06-28 17:37:02+00:00

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Eje II. Violencia económica y material contra la juventud | #TribunalJuventudMX
II.I Introducción. La violencia económica en general
El presente y las expectativas de futuro de la juventud mexicana están condicionadas por dos fenómenos antagónicos: por la permanencia y desarrollo de las relaciones económicas capitalistas, dependientes y neocoloniales y, por las resistencias de las clases nacionales en lucha por la mejora de sus condiciones de vida y por su dignidad personal y nacional. El colonialismo ha sido un rasgo característico desde la invasión española-europea. Primero como economía colonial; después como país económicamente dependiente y, hoy, como una especie moderna de protectorado de los Estados Unidos, como hemos denunciado previamente en el Eje I. Consideramos que podemos distinguir cinco fases en el desarrollo del capitalismo dependiente y semicolonial de México para comprender la dimensión histórica del proceso que hoy denunciamos:
De 1821 hasta el triunfo de la República sobre el imperio.
Las cuatro décadas posteriores al fin del periodo previo. En especial el gobierno de Porfirio Díaz, en el contexto de la consolidación del capitalismo monopólico.
La Revolución mexicana hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. Que se perfila como resultado de dicha revolución, de la crisis de 1929-33 y del proyecto de Lázaro Cárdenas y la nacionalización del petróleo.
De la segunda Guerra Mundial hasta el año 1982. Que va de la consolidación de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, el “pico petrolero” de ese país, los triunfos del socialismo y los movimientos obreros y de liberación nacional y que concluye con la entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y la adopción explícita del modelo neoliberal.
La quinta etapa, la de la nueva ocupación integral de México, comienza en 1982 y llega hasta nuestros días. En ella ubicamos dos momentos: el primero va de la entrada al GATT, pasando por la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), el primer fraude electoral, el alzamiento zapatista y la crisis económica de 1995, hasta la llegada al poder de Vicente Fox; el segundo se define desde la inclusión de México al ámbito de la Seguridad Nacional de Estados Unidos en 2002, pasando por las crisis económicas de la teleinformática y la burbuja inmobiliaria en EE. UU. y la aplicación de la Guerra contra el Terrorismo y el Narcotráfico en México. Momento más reciente que incluye los fraudes electorales de 2006 y 2012, el paquete de reformas planteadas desde el “Pacto por México” y las expresiones últimas de violencia como Tlatlaya y Ayotzinapa.
Esta última etapa corresponde a la que vivimos y denunciamos y se caracteriza por el desmantelamiento del “Capitalismo de Estado” y de las economías sociales, agrarias y urbanas, construidas a lo largo de varias décadas y, en ciertos casos, producto de 500 años de resistencias. Formas de acumulación que garantizaban mayores márgenes de autonomía al Estado mexicano frente a los capitales monopolistas locales y extranjeros y ante las grandes potencias. Los tratados de libre comercio con “América del Norte”, los acuerdos energéticos y los político-militares, han sido la vía principal de la nueva ocupación nacional y de la transnacionalización de las oligarquías económicas, políticas y culturales.
Así, la desarticulación del Estado-nación y la recolonización de nuestro país se abrió paso dislocando el territorio, las redes productivas, financieras y comerciales tendencialmente nacionales. Quebrando y suprimiendo la propiedad social y comunal sobre la tierra. Y, sobre todo, desarticulando a las clases trabajadoras y a las clases nacionales; destruyendo las bases económicas y políticas de su reproducción y disgregando sus identidades populares y nacionales.
La generaciones jóvenes somos transferencia de ganancias y riquezas a las economías mercantiles y capitalistas de occidente y a las oligarquías criollas en México, bajo una “economía del despojo”. Economía de procesos económicos basados en la superexplotación del trabajo, el trabajo servil y esclavo; además, del hurto de los bienes naturales, la propiedad pública, comunal y social. En México la producción de plusvalías derivadas de las relaciones típicas de la explotación capitalista siempre han operado en el mar de la economía del despojo. El precarismo laboral, el trabajo femenino no pagado —que en nuestro país aporta más del 20% del Producto Interno Bruto (PIB)—, el despilfarro de la fuerza de trabajo de millones de personas empleadas en servicios personales, el tráfico de personas —que raya en la esclavitud—, han sido la característica estructural de las economías mercantiles coloniales y del capitalismo dependiente y semicolonial. Características que se han llevado a nuevos extremos en la época neoliberal del “libre” comercio. Visto el mundo desde aquí, no es aventurado suponer que el capitalismo “normal”, basado en la pura producción de plusvalías capitalistas y en la productividad derivada de las innovaciones científico-técnicas, es insostenible sin el despojo colonial y neocolonial, sin la destrucción del mundo.
En tales condiciones, el causante de la pobreza, la explotación, la discriminación y violencia que nos aqueja, el capitalismo dependiente y semicolonial (que se alimenta de las transferencias de riqueza a la burguesía imperial y a sus estados) es el principal obstáculo para el desarrollo de fuerzas productivas destinadas a resolver los problemas de las mayorías nacionales, entre ellas las fuerzas productivas humanas jóvenes que somos nosotros y nosotras.
El Estado mexicano como Estado al servicio de las multinacionales, ha devenido como el principal garante de la recolonización del país. La “clase política”, en su mayoría, es una “clase” subordinada y cómplice de las multinacionales y gobiernos imperialistas para depredar lo que queda de México; para justificar el “Estado fallido” y para militarizarlo e invadirlo porque así lo requiere la economía norteamericana para salir de su crisis que trae la caída de la tasa de ganancia. Lo hace intensificando la depredación y la ocupación neocolonial de nuestros pueblos, en especial de los bienes naturales y de las fuerzas productivas, en las que resaltan con especial importancia las y los trabajadores, de los cuáles las y los jóvenes resultamos ser sumamente codiciados, en tanto ofrecemos una fuerza de trabajo calificada, disciplinada, superexplotable, capaz de generar ganancias por vías convencionales y no convencionales.
II.II TLC, ASPAN y la economía criminal
México ha sido un país estratégico en el proceso histórico de construcción del territorio estadounidense, de su población, del control de su clase obrera, así como en el proceso de construcción de su control sobre América Latina y sobre la Cuenca del Pacífico (…) México ya era desde la primera mitad del siglo xx el principal territorio de salida de las empresas transnacionales yanquis hacia Latinoamérica y el mundo (…)Por dicha geopolítica del libre comercio, México se ha convertido es un espacio de libre comercio particularmente salvaje (en materia petrolera, minera, maquiladora, eléctrica, automotriz, en la industria aérea, agropecuaria y turística, así como laboral y migratoriamente), pues ha sometido plenamente su soberanía bajo las reglas del juego que le han impuesto las principales empresas transnacionales de los bloques regionales más ricos y alevosos del mundo (Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón e Israel), al tiempo en que se ha prestado a funcionar como el anzuelo y plataforma de libre exportación de Estados Unidos hacia Europa y Japón, lo mismo que hacia una buena parte de América Latina.
Después de 18 años de libre comercio, México ha entregado a intereses extranjeros la mayor parte de industria petrolera, sus yacimientos mineros, su biodiversidad y agua, sus principales infraestructuras estratégicas; también, al apostar ciegamente por una maquila que sólo funcionó entre 1992 y 2002, vio destruida la mayor parte de su industria previa; al optar por alimentos baratos y de mala calidad vio destruida su agricultura y ganadería, perdiendo con ello la fuerza de su mercado interno y su Sistema financiero. México perdió así su soberanía energética, petroquímica, alimentaria, ambiental, demográfica, educativa y de investigación. Como saldo de esta destrucción salvaje de las fuentes de empleo, México ha exportado más de 20 millones de trabajadores a Estados Unidos; según el investigador Edgardo Buscaglia, el 40% de su Producto Interno Bruto está en manos de la economía criminal, mientras 3 de cada 4 empleos pertenecen a la economía informal. La contaminación de las milpas mexicanas con maíz transgénico, o la creación de plantaciones con biocombustibles y con maíz biorreactor reflejan bien la profundidad que hoy alcanza la devastación económica, política y cultural del país.1
En realidad el libre comercio y el TLCAN, su figura más radiante, es una estrategia de Estados Unidos para enfrentar la pérdida de competitividad de sus empresas en la economía global y en su propio mercado interno. Es una apertura comercial unilateral que disminuye el papel del Estado en la economía y desregula las inversiones y los accesos al mercado en sectores estratégicos como el financiero, el agrícola, la industria automotriz, el transporte aéreo y terrestre así como las telecomunicaciones. En el TLCAN las reglas del neoliberalismo fueron construidas a imagen y semejanza de la normatividad estadounidense, buscando el beneficio de las empresas transnacionales con base en Estados Unidos. Según los apologistas del TLCAN, el país aumentaría su nivel de exportaciones a partir de productos cuyas materias primas y proceso de producción beneficiarían a la economía mexicana. La realidad muestra otra cara en la que este modelo “exportador” es más bien “importador”, en el que México funciona como una plataforma de ensamblaje donde primero se reciben materias primas procedentes de otros países, posteriormente se ensambla o subprocesa bajo un esquema de trabajo en el que los salarios reales están por debajo del nivel real de 1980, y por último, una reexportación de partes importadas (97% de partes importadas y 3% de insumos nacionales). El mediocre crecimiento económico en México (1% en los ochenta, poco más del 3% en los noventa y alrededor del 1.5% en la siguiente década), el deterioro social, los bajos salarios y la miseria (casi 60% de la población en pobreza) echan por la borda las promesas de beneficio que traería el libre comercio.
La idea del TLCAN como un pacto basado en beneficios recíprocos entre los socios siempre ha sido una falacia, pues desde el proceso de negociación por parte del gobierno priista de Carlos Salinas de Gortari se permitió la imposición de Estados Unidos sin que se reconociera la necesidad de dotar de fondos financieros para amortiguar los efectos del ajuste estructural que implicaba (como en el caso de la Unión Europea con las economías más débiles). Tampoco se exigió ligar los cambios económicos a esquemas financieros de ayuda internacional (como en la economía Asia-Pacifico). Esto sirvió a Estados Unidos para negar las asimetrías existentes ocultando que México sería el país que sufriría los impactos más severos en esta “generosa asociación”, sin mencionar que nuestros “socios” pretenden especializarnos como el basurero de desechos tóxicos de la región. Durante los últimos 20 años de TLCAN la tasa media de crecimiento del PIB por habitante fue de sólo 0.51% anual, la más baja desde el fin de la Revolución Mexicana. Somos uno de los países que menos crece, ocupamos el número 25 dentro de los 33 países de América Latina. En términos de competitividad pasamos del lugar 40 al 66 en 2011, según estimaciones del Banco Mundial (BM). Sin embargo, en las últimas dos décadas, las exportaciones de México a Estados Unidos se han sextuplicado mientras que las ventas de EE. UU. a México se han triplicado.2 Aproximadamente el 90% de las exportaciones de México que nos son petróleo van a Estados Unidos.3
Antes del TLCAN el país importaba 19% de alimentos, dos décadas después importa el 42%. Las importaciones inundaron el mercado nacional y la producción de los principales granos cayó 12%; carnes rojas 33% y productos maderables 37%. El Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario se estancó 1.8 en promedio al año y el precio de la canasta básica aumentó 257%.
Se desmanteló el campo. Sólo una décima parte de los 3.6 millones de unidades de producción cuentan con créditos y únicamente 0.7% de ellas están dentro de la escala de 100 hectáreas de temporal o 50 de riego. Los precios internos por tonelada de maíz cayeron 36%; frijol 21%, y trigo 11%. Aumentó la pobreza rural. Los precios de garantía desaparecieron. La producción de maíz en el país fue de tres toneladas por hectárea mientras que en Estados Unidos de 9.7 en promedio. En cuanto al desarrollo tecnológico, Estados Unidos no ha interrumpido desde 1884 la investigación agropecuaria. En México prácticamente ha desaparecido, pues del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias sólo queda una décima parte de su estructura.
Datos de la Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación (SAGARPA) indican que en la década pasada la producción de arroz, frijol, maíz, trigo, sorgo y soya fue, en promedio, de 28 millones de toneladas. Las importaciones pasaron de 18 millones de toneladas a 21 millones. Se importa 95% de soya, 60% de arroz, 49% de trigo, 25% de maíz y 40% de la carne que demanda el mercado interno.
En este periodo según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), desaparecieron 391 mil unidades de producción porcícola y 322 mil ganaderas. A ambas les afectaron las importaciones y los aumentos de 40% de los costos de producción por el alza internacional de los precios de los granos. Este año el consumo per cápita en el país será menor de la década anterior. Los costos estimados por el daño ambiental son equivalentes a un promedio anual de 637 mil millones de pesos. El resultado para el campo es devastador: se perdieron 4.9 millones de empleos en la agricultura familiar, 6 millones de habitantes del sector rural migraron, el PIB agropecuario pasó de 5% a 1.5% y México se convirtió en el tercer importador mundial de alimentos.
Ahora, el mercado agroalimentario mexicano es dominado por 30 trasnacionales y sólo 10% de los agricultores del país se consideran “exitosos”, mientras el déficit comercial es de 119 mil 112 millones de dólares. El país se convirtió en importador de plaguicidas; compró en el exterior 949 mil toneladas de esos productos. Antes se gastaban 57 millones de dólares, ahora 206 millones de dólares
Consecuencia del daño al campo y de los nuevos patrones de consumo impuestos con la destrucción de la soberanía alimentaria, la obesidad en mujeres pasó de 34 a 73%; la desnutrición crónica en menores de cinco años es de 13.6% cuando debe estar por debajo de 2.5%. La lactancia se industrializó, de un 22% de mujeres que amamantaban a sus hijos, ahora sólo lo hacen el 14%; el consumo de refrescos, endulzados con jarabe de alta fructuosa, aumentó en 37%. El 40% de los niños con sobrepeso y obesidad padecen hipertensión, tienen problemas con la insulina, glucosa, triglicéridos.4
Como ya mencionamos, a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos decidió unilateralmente la creación del comando de Norteamérica y con ello la imposición de la vigilancia y control policiaco militar en todo México. Junto con estas medidas se exacerbaron las políticas estadounidenses que criminalizan a los migrantes que, entre otras cosas, imponen la aceptación por parte de nuestro país de un perímetro de seguridad que abarca desde Estados Unidos hasta la frontera de México con Centroamérica, a través de la firma de acuerdos como el programa de repatriación de migrantes mexicanos y el acuerdo de repatriación segura y ordenada de extranjeros centroamericanos.5
Mientras tanto, la producción petrolera de Petróleos Mexicanos (PEMEX) tiene como prioridad abastecer de crudo a Estados Unidos, para luego comprarle diversos productos petroquímicos y la gasolina que consumimos. La reforma energética sirvió para apuntalar los activos financieros de los Estados Unidos. Los recursos petroleros del país fueron bursátilizados a favor de las empresas extranjeras y de las Reserva Federal de EE. UU. Así, el TLCAN ha reducido el papel de México a simple abastecedor de energía y mano de obra barata calificada; a ser una economía exportadora de manufacturas, fuertemente adicta a importaciones agrícolas y manufactureras.6
También, el derecho a la propiedad privada ha sido suprimido o limitado al máximo para el grueso de la población: cualquier pequeño o mediano empresario puede ser despojado por las bandas paramilitares, solapadas y promovidas desde los aparatos estatales, los grandes empresarios y los organismos de seguridad estadounidense.7 Pero además del clima de inseguridad que amenaza las propiedades de los medianos y pequeños empresarios, debe destacarse, que neoliberalismo privó de los bienes indispensables a la mayoría de población. El derecho de tránsito, a la vida, a la inviolabilidad del domicilio y de la persona, de nombrar democráticamente a los representantes populares, están sujetos a los caprichos de la delincuencia, de las tropas gubernamentales, de los jueces, las televisoras y de las autoridades electorales que garantizan la impunidad de quienes han usurpado el Gobierno de la República, de 1988 a la fecha.
Tras 20 años de TLCAN, el nuevo paquete de reformas del Pacto por México, impuestas —como ya denunciamos— por la imposición de gobernantes, la colusión en el sistema de partidos y el reparto de la administración del país, avanzan con nuevos esquemas de ocupación como la propuesta en 2010 por Estados Unidos de una “Alianza para la Energía y el Clima en Las Américas” (AECA) y el lanzamiento de un proyecto comercial que se revela cada día más complejo y ambicioso, la “Alianza Transpacífica” (TPP, por sus siglas en inglés)8 y el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés).
II.III Explotación, precarización del trabajo y migración para la juventud
El modelo laboral legalizado con la Reforma Laboral de 2012 empezó a experimentarse desde 1970. La apertura de la inversión en la frontera norte con la maquila de exportación trajo consigo la incorporación masiva de mujeres, que se volvió explosiva en la siguiente década, desarrollándose en otros sectores productivos y de servicios. En los inicios del sector maquilador la fuerza de trabajo de mujeres representó una mayoría notable, que en los últimos lustros fue menguando. Las características de este trabajo eran los movimientos repetitivos, altos ritmos de producción impuestos por la empresa, trabajo a destajo, condiciones ínfimas de trabajo y violencia laboral y sexual, con formas de contratación al inicio por las centrales obreras corporativas; luego predominó el modelo de contrato de protección patronal. Se impuso un control férreo de las trabajadoras y los trabajadores, si bien no dejaron de estallar conflictos. Cabe mencionar que los perfiles de las trabajadoras eran migrantes, jóvenes, madres solteras o jefas de familia, a quienes se sumó también el trabajo infantil.
La mayor irrupción de las mujeres se dio en el marco de la flexibilización como columna vertebral de la reorganización de las relaciones de trabajo y tiene una estrecha correspondencia con las relaciones sociales de desigualdad y subordinación de género que están presentes en el mercado de trabajo.
Las plazas que se atribuyen a las mujeres en la maquila, al igual que en el sector servicios, la agricultura y la industria, facilitan jornadas laborales arbitrarias, la ausencia de prestaciones sociales, bajos salarios, con una rotación del empleo muy amplia, además de que continúan asumiendo de manera generalizada la carga del trabajo doméstico, lo que resulta significativo y acentúa la precariedad de sus condiciones en las empresas y del propio mercado de trabajo.
El desarrollo del modelo maquilador y las condiciones laborales y de contratación de las mujeres y jóvenes prefiguraron la precarización generalizada del trabajo que ganó terreno en el país como una estrategia de largo plazo del capital. Se combinaron claramente con la difusión desmesurada del outsourcing y la subcontratación de ciertas tareas específicas del proceso productivo o la comercialización que las empresas —en sectores como la metalurgia, la minería, la industria manufacturera, los servicios financieros (bancos, casas de bolsa), etcétera, hasta en las propias administraciones de distintos niveles del gobierno, que privatizan servicios y funciones— fueron encomendando. Gracias a la desregulación y la complicidad del Estado, esta modalidad reforzada por las empresas con el fin de abaratar los costos de producción e incrementar las tasas de ganancias, nos coloca en total indefensión a asalariados sujetos al trabajo temporal, el tiempo parcial, al pago por hora, salarios raquíticos siempre declinantes, ausencia de jornadas precisas, de prestaciones, seguridad social y pensiones, la individualización completa de las relaciones de trabajo, la mayoría de las veces informales. Es el reinado del sindicalismo de protección, de los contratos simulados y del abandono de las responsabilidades sociolaborales de las empresas (generalmente las mayores del país) derivadas a intermediarios que tampoco las asumen.9
En el colmo del cinismo, ante la prosperidad que no acaba de llegar para las mayorías, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó el 3 de febrero de 2014 que los beneficios del TLCAN, firmado hace dos décadas, se verán reflejados en todo el país y en todas las empresas en los próximos 20 años. Mientras eso ocurre los derechos sociales han sido abatidos. Las últimas reformas laborales: Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Ley Federal del Trabajo, echaron a tierra el artículo 123 constitucional y numerosas disposiciones internacionales ratificadas por el Estado Mexicano.10 Cien años de luchas y avances jurídicos fueron desechados en aras de elevar la rentabilidad del capital a costa de los salarios. La dignidad de los mexicanos, de los trabajadores y trabajadoras, en cuanto personas, concepto central en la Constitución, ha sido suplido con el concepto de “calidad” tomado de la producción industrial. Ahora, las personas, desde el punto de vista filosófico y jurídico, somos simple capital humano, una cosa más que puede mejorar su calidad.
Por eso, desde los “nuevos paradigmas”, además de hablar de calidad de vida nos hablan de “trabajo decente” en lugar de trabajo digno. Así fue como el Estado de derecho Social devino es Estado asistencial, filantrópico; así fue como el proyecto salinista de Solidaridad, acabó por convertirse con diferentes nombres —Progresa, Seguro Popular y Teletón, entre otros— en la política estatal para administrar la pobreza creciente y las nuevas clientelas sociales.
El salario mínimo general de 1994 y deflactado con el índice nacional de precios al consumidor era de 15.91 pesos y para el 2000 bajo a 10.58 pesos diarios. Desde que el TLCAN entró en vigor, el poder adquisitivo registra una pérdida del 80% en el poder adquisitivo. Los datos del salario horario de manufactura en México con respecto de Estados Unidos resiente una caída del 12% del año 1980 al 2000.11 El outsourcing o intermediarismo patronal, el salario y la jornada parcial o por horas, la flexibilización de las cargas y tareas laborales, la supresión del derecho de huelga, los contratos a prueba, los despidos injustificados, el despotismo fabril, la ausencia de verdaderos contratos colectivos y la conversión de los sindicatos en simples agencias de contratación, en sindicatos empresarios, ha sido la norma para la mayoría de los 17 millones de trabajadores que se estiman formales y para el grueso de los 49.5 millones de personas catalogadas como Población Económicamente Activa (PEA).
En ese contexto las y los jóvenes somos especialmente vulnerables. De los 14.7 millones que laboramos, sólo 32% contamos con seguro por incapacidad médica o contrato laboral.12 Un 26% recibimos un salario mínimo o menos como remuneración y 24% no tienen sueldo, somos propineros, laboramos a destajo, eventualmente o en un negocio familiar. Es decir, casi 50% del total, vivimos con cinco dólares o menos al día. Sin embargo, 4 de cada 10 laboramos más de 48 horas a la semana.13
La inestabilidad laboral y la limitación de acceso a la seguridad social suscitan entre nosotras y nosotros la incertidumbre respecto al futuro profesional y laboral, aún más sobre nuestros proyectos de vida. Ante la oferta y demanda de empleo, la aplicación para puestos de trabajo se traduce en prácticas discriminatorias: la edad, la apariencia, el nivel educativo y la exigencia de experiencia previa se vuelven normas para la contratación eventual y justificaciones para imponer el tiempo parcial. En la actualidad 60% de las y los jóvenes entre los 20 y 29 años no tenemos escuela ni empleo. Según la Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México de 2010 el 34% la población joven cree que la falta de experiencia y empleo son un problema principal para su generación; mientras 36.5% menciona que eran aceptados por su preparación insuficiente.14
Históricamente la tasa de desocupación entre las y los jóvenes ha sido mayor a la tasa que corresponde al resto de la población. Además, durante las situaciones de crisis como la que ocurrió en el periodo 2008-2009, la tasa de desocupación se eleva en mayor medida entre nosotras y nosotros. De las personas que presentan algún nivel de pobreza, 9.8% se encuentran en pobreza extrema; en la población joven, este porcentaje alcanza 9.4%. 7 de cada 10 jóvenes conseguimos nuestro primer empleo a través de redes informales, preferentemente amigos o familiares. De acuerdo con el INEGI, la tercera parte de la PEA en 2009 nos incorporamos al mercado laboral antes de los 14 años. En tanto, 8 de cada 10 individuos obtuvimos nuestro primer empleo antes de los 20 años.15
Al cierre del sexenio calderonista el 30% de los hogares más ricos (que alojan a cerca de 35 millones de personas) concentraban 62.7% del ingreso corriente total, mientras el restante 70% de los hogares (casi 82 millones de personas) se repartían sólo 37.3% del ingreso. En realidad el problema de la concentración del ingreso y la pobreza es más evidente si recurrimos a datos como los siguientes: de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 42% del valor de la economía mexicana está concentrado en manos de poco más de 200 mil inversionistas. Ello significa que 0.18% de la población posee casi la mitad de la riqueza nacional. Visto en forma inversa, 99.82% de las y los mexicanos estamos excluidos de esa porción de la economía; esto es, 42% de la economía para poco más de 200 mil personas y el resto, para 110 millones.16
Entre la población joven 44.9% enfrentamos situación de pobreza; 3.5 millones de jóvenes vivimos situación de pobreza extrema. Los estados más pobres, en porcentaje de jóvenes de 12 a 29 años son Chiapas con el 75.3 %; Guerrero con el 70.2% y Puebla con el 63%.
Sobre la población que no estudia ni trabaja, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que el promedio nacional es de 24.7% entre las y los jóvenes de 15 a 29 años; es decir, el tercero más alto de la organización y el cual se incrementa con la edad, pues entre el sector de 25 a 29 años alcanza 29.5%. La mayoría de la población, el 64%, alcanzó un nivel inferior a la educación media superior, pues sólo 35% llegó a las aulas de bachillerato, lo que representa uno de los porcentajes más bajos de las naciones que integran este organismo, sólo por arriba de Portugal y Turquía.
Además, subraya la OCDE que México tiene las tasas de matrícula más bajas entre la población de 15 a 19 años, pues 4 de cada 10 no asistimos a la escuela, pese a que nuestro grupo etario representa la mayor población en la historia del país.
A esto se suma que entre las y los jóvenes que se considera que no estudiamos ni trabajamos, las mujeres enfrentamos los peores escenarios. La OCDE alerta que” las muchachas de 15 a 29 años de edad corren el riesgo de pasar más tiempo sin empleo ni educación, con un promedio de 5.7 años, en contraste con sus pares hombres, quienes en ese mismo rango de edad pueden pasar 1.7 años sin trabajo ni actividades formativas”.
En 2011, el porcentaje de mujeres que se encontraba en esa situación era tres veces mayor que en el caso de los hombres, con 37.8 y 11 por ciento, respectivamente, condición que se acentúa con los años. En el caso de los hombres, en ningún grupo etario el porcentaje de quienes no estudian ni trabaja (ninis) supera 12 por ciento, mientras en el caso de las mujeres, entre los 15 y 19 años, más de 25 por ciento son ninis, pero se incrementa a 42 por ciento entre los 20 y 24 y casi 5 de cada 10, en el grupo de edad de 25 a 29 años.
Respecto de los jóvenes que logramos concluir la educación superior, advierte la OCDE que pese a tener uno de los mejores niveles educativos, somos más vulnerables al desempleo, pues se estima que al menos 7.2 por ciento de quienes tienen estudios universitarios y se encuentran en un rango de edad de 25 a 34 años no tienen trabajo, mientras sólo el 3.4% se encuentran en esta situación entre los adultos de 35 a 44 años.17
La disminución en el poder adquisitivo y la baja en los salarios característico de la entrada del TLCAN fue posible por la debilidad que impuso sobre los asalariados el desempleo, por la represión de la actividad sindical independiente y por el control corporativo de los sindicatos. Así como, por la precarización de los pocos empleos generados, la pérdida de empleos industriales (alrededor de 600 mil del 1994 al 2004) y por la destrucción masiva de empleos en la agricultura. Aunado al deterioro salarial, la debilidad en la generación de empleos, la oleada de importaciones que quiebra a los productores nacionales y las devaluaciones periódicas del peso frente al dólar ha empujado crecientemente a emigrar. Actualmente, predominan entre los migrantes mexicanos las y los jóvenes aptos para el trabajo y los servicios incluyendo un sector amplio de trabajadores con educación universitaria, cuya formación representa un enorme ahorro para Estados Unidos y para México; una inaceptable transferencia y desperdicio de recursos humanos.
Para la OCDE, “la migración de la juventud se muestra como uno de los rostros de la exclusión extrema que comparte rasgos en común con la experiencia del exilio, el desarraigo y la pérdida de horizontes temporales y espaciales, así como la anulación de expectativas laborales o de relaciones personales”. La migración es motivada por la miseria, los bajos salarios y los altos niveles de desempleo y por estrategias de gobiernos y empresas transnacionales que lucran con el uso de población en situación de vulnerabilidad extrema.
A pesar de que las y los jóvenes señalamos a la inseguridad como una de nuestras principales preocupaciones antes que el tema del desempleo, no es aventurado suponer que este último es uno de los motivos principales de la expulsión de población joven a los Estados Unidos. Las tasas oficiales de desempleo sitúan el fenómeno en una cifra que oscila en torno al 5%. En el caso de la población joven esta cifra va del 8 al 9%. En la vida real, más allá de las cifras del INEGI, los porcentajes son cercanos al doble de lo estimado por el gobierno. No hay otra manera de explicar la práctica de desplazamiento de tantas personas.
En México, 25% de los jóvenes de entre 14 y 29 años, migramos sobre todo al extranjero en busca de seguridad y mejores oportunidades. Los estados con mayor cantidad de emigrantes son Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Aguascalientes, Nayarit y Colima; entre ellos se concentra la mitad de los que hemos migrado. Según datos del INEGI, solamente de Guanajuato salieron en 2010 casi 120 mil personas hacia los Estados Unidos, casi el 10% del total. En el mismo año, salieron de Tamaulipas poco más de 21 mil y quien registra muy poco emigración son Campeche, Tabasco, Baja California Sur y Quintana Roo. En los estados de mayor expulsión de jóvenes, los porcentajes superan el 50% de la población joven.
México mantiene su liderazgo como proveedor de población nacida en el extranjero para Estados Unidos, con 11.5 millones de personas (casi la tercera parte del total de extranjeros en ese país); no hay ningún país que tenga un flujo similar. Sólo si observamos toda la población de origen asiático de conjunto, tenemos un referente similar, con 10 millones de personas (donde se incluye a China, Filipinas, India, etcétera). Los países de América Central suman 2.6 millones, el resto de Sudamérica 2.5 millones y la población del Caribe 3.3 millones. Vista de conjunto la región latinoamericana, para el 2007, provee 19.9 millones de personas para Estados Unidos (alrededor del 55% de la población total de extranjeros); siendo los mexicanos una mayoría aplastante, en referencia a todos los flujos que arriban a Estados Unidos para buscar mejores condiciones de trabajo y de vida.
Entre los cambios más importantes que han ocurrido en los procesos migratorios entre México-Estados Unidos/México-Canadá, e incluso, entre los flujos internos en México, a partir de los acuerdos del libre Comercio que ha suscrito México, encontramos los siguientes:
En primer lugar, tenemos un incremento cuantitativo del número de personas que emigra de sus territorios: Sólo un ejemplo, en el caso de la migración entre México y Estados Unidos en 1990 había 4.4 millones de migrantes; para antes de empezar la crisis económica actual, en 2007 eran 11.9 millones; en 2013, se reportan 11.8 millones de personas.
En segundo lugar, en este incremento de personas que migran por nuestro territorio, encontramos una mayor diversidad de tipos de población, es decir, no sólo migran los hombres adultos, sino también las mujeres, los indígenas, los jóvenes, e incluso los niños. Estamos frente a un fenómeno de creciente proletarización de la población, dónde las empresas utilizan todo tipo de fuerza de trabajo, siempre con la tendencia a que sea la más barata y, por tanto, a que viva en condiciones muy precarias.
En tercer lugar, encontramos una mayor dependencia laboral (la llamada integración de los mercados laborales entre México y Estados Unidos, principalmente, pero también crece la conexión con Canadá). Esto se traduce en una mayor dependencia de los países de origen de migrantes hacia las remesas (México, y los países centroamericanos).
En 2007, México tenía el primer lugar mundial de recepción de remesas, con alrededor de 27 mil millones de dólares (superando en monto el ingreso por divisas petroleras), con la crisis este flujo disminuyó.
En cuarto lugar, se ha incrementado la violencia contra las personas que migran en nuestro territorio y en el paso hacia Estados Unidos. Una violencia que no sólo viene del crimen organizado, que lucra con su necesidad de migrar, sino que también viene de parte del gobierno mexicano y estadounidense, incluso de empresas que se benefician económicamente con las múltiples violaciones que se ejercen contra esta población migrante.18
La migración de México a Estados Unidos ha tenido un fuerte incremento en las últimas décadas. Sin embargo, la crisis económica mundial han producido un fenómeno reciente: la migración de niños y jóvenes de muy temprana edad que salimos de México.
Estados Unidos tiene políticas contradictorias, ya que continúa la integración comercial a través del Tratado de Libre Comercio y simultáneamente frena el flujo de mexicanos a ese país, lo que se refleja en el incremento del número de aprehensiones y deportaciones.
En Estados Unidos, 21% de los niños o jóvenes tienen un padre nacido en el extranjero. Al menos 27% de los migrantes en California viven en familias “mixtas”, es decir, con residentes legales e ilegales, y 30% de los niños viven en familias mixtas. En los condados de San Diego e Imperial, cerca de la mitad de los niños de la frontera son parte de una familia migrante.
En California, 40% de los niños está debajo de la línea de pobreza y pertenece a familias mixtas. Un padre de cada una de estas familias es un candidato potencial para la expulsión, que divide a la familia y crea otras dificultades.
La población joven somos particularmente vulnerable a los efectos de la migración y la deportación, ya sea directa o indirectamente, a través de nuestros padres y, sin embargo.
La aportación de este Tribunal respecto a la violación de los derechos de los migrantes jóvenes ha sido sacar a la luz una población verdaderamente invisibilizada. En la actualidad, alrededor de 9.6% de los mexicanos que residen en Estados Unidos tiene menos de 17 años.
De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM) en lo que va del 2012 se han registrado 3,196 niños, niñas y adolescentes alojados en estaciones migratorias, de los cuales 99 se encontraban viajando solos. Por otra parte, en este año se han devuelto 3,008 niños, niñas y adolescentes (46 no acompañados) a su país de origen, siendo la mayoría (2,955) de Centroamérica, representando un incremento del 50% respecto al mismo periodo del año anterior.
Los primeros patrones de migración de mexicanos estaban constituidos principalmente por hombres que habían sido los principales proveedores financieros de sus familias o por hombres solteros. Recientemente, este patrón migratorio ha cambiado ya que más miembros de la familia, mujeres y niños, también están migrando, debido, entre otras razones, al incremento de la demanda laboral en Estados Unidos, a necesidades económicas de las familias en México y a la necesidad del contacto con los familiares que ya viven en los Estados Unidos.
De acuerdo a datos de la UNICEF (2008), los niños y niñas y las y los jóvenes que deciden cruzar la frontera sin compañía podemos sufrir graves violaciones a nuestra integridad física y a sus derechos humanos. Los niños migrantes podemos sufrir accidentes (asfixia, deshidratación, heridas), ser enganchados a redes del crimen organizado, ser sometidos a explotación sexual o laboral, sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación o perder la vida en el momento del tránsito y cruce, entre muchas otras cosas. Nos encontramos en un estado permanente de violación de derechos, ya que, además de los riesgos que enfrentamos, interrumpimos nuestros estudios regulares, lo cual frena nuestras posibilidades de desarrollo y, por supuesto, no disfrutamos de derechos básicos, como el derecho a la alimentación, a la salud y a vivir en familia, entre otros.
Una de las mayores problemáticas es cuando los jóvenes migrantes mexicanos al llegar al país receptor que es Estados Unidos cambiamos nuestra forma de vida y nos vemos sometidas (os) a abandonar nuestra tierra, cultura, familia y relación con México, aquí enunciaremos cuatro de las razones:
la descomposición y las transiciones de las familias migrantes; es decir los lazos afectivos de los jóvenes hacia sus padres se vuelven más difíciles de sostener;
la importancia de las estrategias instrumentales y funcionales de afrontamiento, como adquirir el idioma inglés, el acceso a los servicios de salud y al sistema educativo estadounidense, que a su vez sirven como instrumentos de integración obligatoria a otra cultura;
el contexto social, como la actitud de la población y las autoridades del país receptor que en su mayaría son xenofóbicas, racistas y discriminatorias contra todo aquel que no sea “blanco”;
las consecuencias de la deportación de alguno o ambos padres cuando los jóvenes permanecen en el vecino país.
En los últimos años, las políticas anti inmigrantes aplicadas por el gobierno estadounidense han afectado severamente el bienestar de cientos de miles de familias de inmigrantes mexicanos. Por ejemplo, durante los primeros siete meses del 2009, el grupo de trabajo de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, reportó que al menos 90 mil niños mexicanos fueron deportados por el gobierno de Estados Unidos. También se ha deportado a alrededor de 300 mil adultos.
II.IV Bono demográfico
Ante el Tribunal Permanente de los Pueblos ya se ha denunciado que bajo el libre comercio se entrega a la juventud como bono demográfico.19
Algunas reformas de los últimos años han tenido por destinarios particulares a nosotras las y los jóvenes. La laboral, la de seguridad social, la educativa y la reforma al Código Penal, entre otras de tipo federal y estatal, se hicieron pensando en la juventud. Proyectando los escenarios probables para extraer el máximo de ganancias posibles de quienes no tienen mayor futuro sí todo sigue por donde los planificadores estatales y empresariales han decidido. Las ingenierías que pretenden capitalizar el “Bono Demográfico” han trazado una ruta para reducir costos y maximizar los beneficios reduciendo salarios, prestaciones laborales, y gastos sociales. Todo lo han previsto para edificar los escenarios para que la obsolescencia humana pueda hacerse realidad en los tiempos que el capital juzga pertinentes. Enfermedades programadas, muertes súbitas, esclavitudes sexuales y refacciones humanas suficientes. Carne para los ejércitos formales e informales; soldados y sicarios suficientes. Mercados estratificados para la venta de todo tipo de productos y fantasías. Migrancias sacrificables en burdeles, minas, ejércitos, campos de trabajo y fábricas. Carne de presidio, de manipulaciones mediáticas y electorales. Carne de hospitales, depósitos de cáncer y depresiones sin fin; consumidores de todo tipo de drogas. Carne indigente y vagabunda expulsada de los psiquiátricos, de las banquetas, presos de la locura, la droga y la enfermedad. Carne de filantropía y programas para evadir impuestos. Carne sin alma surtidora de las gerencias del caos y de los mercados y barrios de gente importante; en fin, la deshumanización a todo lo que da. Todo está planificado, nada se ha dejado al azar.
Para tales fines el Estado Mexicano nos contabiliza pacientemente. El “Bono Demográfico” será fugaz. Para el Estado las y los jóvenes somos un sector poblacional que cuenta entre 12 y 29 años de edad. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, este sector representamos el 32.2% del total de la población con 35.8 millones. Lo que este porcentaje significa para ellos es un “bono demográfico”, es decir “la situación en la que la población en edad económicamente activa es mayor que la población en edad económicamente no activa”, esta situación conlleva a que las acciones oficiales, o políticas públicas, que el Estado mexicano emprende en cuestión de juventud se enfoquen a cuestiones laborales. Tal como se enuncia en el primer párrafo del Diagnóstico sobre la situación de la juventud en México 2013 del IMJUVE-SEDESOL “Para aprovechar esta oportunidad (el bono demográfico) México debe estimular la inversión en educación, capacitación laboral y creación de fuentes de trabajos para las y los jóvenes”.20 En una educación para las competencias empresariales y por tanto laboral; de calidad. Una educación para producir insumos productivos, cosas. “Si se cumplieran las premisas establecidas para la fecundidad, la mortalidad y la migración internacional, la población del país aumentaría de 103.9 millones de habitantes a mediados de 2005 a 108.4 en 2010, 120 .9 en 2030 y 121.9 millones en 2050. La tasa de crecimiento total a su vez descendería de 0.89 por ciento en 2005 a 0 .77 en 2010, 0.3 en 2030 y -0.2 en 2050. Se puede ver que después de la culminación de la lucha armada de la revolución mexicana, la población del país decrecerá a partir de 2042.”21
Hoy en día, en México residen 20.2 millones de jóvenes en 15 y 24 años de edad de los cuales 10.4 millones somos adolescentes (15 a 19) y 9.8 somos adultos jóvenes (20 a 24 años). En conjunto, las y los jóvenes representamos cerca de la quinta partes de la población total del país, la cual asciende a 108.4 millones en 2010.22
Sin embargo, el peso específico de la población joven ya ha comenzado a disminuir en términos relativos y se encuentra próximo a hacerlo en su volumen absoluto, a razón del descenso en los niveles de fecundidad en las últimas décadas. La tasa global de fecundidad (TGF), pasó de 6.72 hijos por mujer en 1970 a 2.2 en 2009.23
Se espera que para el año 2030 la población joven será de 13.6 por ciento (6.9 % de adolescentes y 6.7% de adultos jóvenes). En términos absolutos, la población joven alcanzamos nuestro máximo histórico en 2011, con 20.2 millones, y se espera que reduzcamos el tamaño a 16.4 millones en 2030.24
La mitad de las entidades de la República tienen una proporción de población joven por debajo del promedio nacional (18.7%), en posición contraria se encuentra la mitad de las entidades que tienen una proporción de por arriba del promedio nacional, como es el caso de Chiapas (21.2%), Quintana Roo (20.5%), Guerrero (20.2%), Oaxaca (19.9%), Querétaro (19.6%), y en general aquéllas que, ya sea por encontrarse en transiciones demográficas menos avanzadas, tienen bajos niveles de desarrollo social o presentan movimientos migratorios importantes, tienen una estructura por edad más joven.25
Ante la carne joven y los recursos naturales los planificadores se entusiasman y postulan que estamos frente a una época de oro: “el alza mundial de los precios de los commodities y los insumos que se producen en Latinoamérica -debido al incremento de la demanda global- aunado a una fuerza laboral joven y amplia -con menos dependientes económicos que en el pasado-, representa una oportunidad única e histórica de desarrollo: bono demográfico con abundancia de recursos económicos para la región”.26
Por eso se ve como un problema la seguridad social: la esperanza de vida al nacer en Latinoamérica hace dos décadas era de 65 años, coincidente con la edad legal de jubilación en la mayoría de los países; para 2015, también en la gran mayoría de los países de la región, la esperanza de vida será al menos de 75 años, diez años más que la edad promedio de jubilación. Esta tendencia incrementará la presión sobre los sistemas de pensiones, tanto públicos como privados, haciendo cada vez menos sustentables los regímenes de pensiones de “privilegio” que para algunos grupos sociales garantizaban una edad de jubilación incluso menor a la edad de 65 años.27
Después del boom demográfico viene la decadencia; situación parecida a los tiempos de vida que le quedan a las fuentes de energía no renovables y a muchos minerales estratégicos, que están siendo hurtados en gran escala por las trasnacionales mineras estadounidenses que navegan con banderas piratas canadienses. La juventud, por decirlo así, sólo durará 15 años a lo más; luego vendrá el envejecimiento incontrolable y el agotamiento de los recursos naturales estratégicos. “La reducción de 3 a 18 puntos porcentuales en el consumo de los “dependientes” con respecto a los “trabajadores” de inicio (63 por ciento en 2000) de ser adecuado y racionalmente aprovechada ayudaría a fomentar el ahorro y la inversión que podría contribuir a detonar el crecimiento económico de nuestro país, permitiendo además sentar las bases para enfrentar el envejecimiento más agudo que tendría lugar después de 2030.”28
II.V Presentación de los casos
Presentamos en este eje “Violencia economía y material hacia los jóvenes” a los sujetos jóvenes y organizaciones directamente afectados que expondrán ante el jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos los delitos que el Estado mexicano ha cometido en su contra; las mismas afectaciones que en el pasado sufrieron otras generaciones como en 1968 siguen permeando la vida económica de los jóvenes mexicanos en la actualidad. La impunidad principal, característica de la justicia mexicana, revictimiza y perpetua un sistema ajeno a las necesidades y costumbres de los que aquí habitamos, algunos de los casos más agudos que se viven en el país son el desplazamiento y la migración de nuestros hermanos mexicanos y centroamericanos que obligados a la precariedad económica existente en nuestro país se exponen a un éxodo de muerte por el territorio nacional rumbo a los Estados Unidos. Quienes pueden acercarnos más a la problemática y ser testimonio fiel de los abusos cometidos son aquellos que como Defensores de Derechos de los migrantes nos acompañan en esta Audiencia:
El albergue Hermanos en el camino documenta la constante violencia y hostigamiento contra los migrantes y organizaciones que deciden solidarizarse en contra de este genocidio al que conduce la migración forzada, violando el derecho nacional e internacional que definen y establecen las hipótesis normativas y requisitos para el reconocimiento jurídico de derechos constitutivos de desplazamiento forzado, refugio, genocidio y crímenes de lesa humanidad en contra de la población migrante y sus familias, situación que dificulta o imposibilita su acceso a la justicia.
Un caso más que ejemplifica la violación sistemática a la Constitución mexicana —Art.4 Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.— es el de los jóvenes del Estado de Durango que han sido despojados, perseguidos y criminalizados por las autoridades y la Policía Federal, que van contrario a lo establecido por la Constitución.
Con las políticas neoliberales a partir de los ochenta en nuestro país se produjo, entre otras problemáticas, el abandono de la Seguridad Social y como consecuencia de ello se han producido miles de negligencias, mal manejo de los recursos públicos y corrupción en las instituciones encargadas de velar por la salud, educación y la vivienda digna en México. Ejemplo de los crímenes por desmantelamiento de la Seguridad Social es la atroz Tragedia de la Guardería ABC, ocurrida en Hermosillo, Sonora, donde murieron quemados negligentemente 49 niños de entre 1y 4 años de edad. Los únicos responsables son el Gobernador que dio concesiones de las guarderías a privados. Los padres de familia, después de peregrinar en varios tribunales nacionales e internacionales, no han tenido una resolución a su favor, no existen responsables y existe un vacío de justicia enorme referente al caso; no sólo son responsables directos el Gobernador y concesionarios de la guardería, sino también por omisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determino no fincar responsabilidades a los funcionarios implicados en el caso.
La violencia económica contra los jóvenes llega a límites de exterminio, al grado en que miles de nosotros vivimos en situaciones de vulnerabilidad. Otro de los casos es el de los “Jóvenes y niños de la calle” del centro histórico del Distrito Federal, que son víctimas de los deficientes programas del Gobierno del Distrito Federal, quien en vez de rescatarles e incorporarles a una vida digna, implementa políticas de “limpieza social” y criminalización de la pobreza, es decir, aplica programas clasistas para responder a las contradicciones del sistema que él mismo nos han impuesto; so pretexto de son una mala imagen para el turismo en el Centro Histórico y sus alrededores.
Otro caso que es relevante presentar ante este Tribunal es el de “La 72”, albergue ubicado Tenosique, Tabasco, en una de las fronteras más peligrosas para nuestros hermanos migrantes centroamericanos, que al igual que en el resto del país, tienen que librarse de la persecución, secuestro, violaciones y extorsión al que son sometidos no sólo del crimen organizado, sino también de los agentes de Inmigración del Instituto Nacional de Migración en nuestro país. El fraile encargado de este albergue y refugio presentará su testimonio, tomando la voz de aquellos migrantes en contra de los cuales sean cometido serios delitos.
Finalmente y como último caso a presentar en esta Audiencia con respecto al eje que nos corresponde, está la acusación de la organización de la sociedad civil INFANCIA COMÚN que denunciará la cruel trata de personas con fines de explotación sexual por organizaciones delincuenciales coludidas y coordinadas con autoridades federales y en mucho de los casos con autoridades locales, así como con gobiernos del extranjero que por la corrupción existente propician las condiciones necesarias para que este delito de lesa humanidad siga creciendo y arrojando ganancias millonarias equiparables con las de tráfico de drogas.
II.VI Consecuencias para las generaciones futuras
Por todas las consecuencias de la política económica del Estado mexicano, denunciamos el genocidio económico que afecta y afectará y a las generaciones futuras.
Ante este desvío de poder económico, el Estado mexicano es el principal responsable, puesto que su papel histórico debería ser el velar por la realización de los intereses generales de la sociedad, así como por la articulación general de la vida económica. E, ha dejado de ejercer las actividades económicas que garantizan el proceso de reproducción de la vida de todos los miembros, grupos y capitales de nuestra propia sociedad, así como generar condiciones óptimas para las generaciones futuras,lo que incluye la reproducción de toda la población y de todos los actores económicos de la misma.
Las generaciones futuras heredarán un país desmantelado. En términos económicos no contarán con las condiciones necesarias para la reproducción de la vida. La desviación de poder económico del Estado que entregó por completo a capitales extranjeros el sector energético niegan la posibilidad de una vida nacional soberana para las generaciones futuras. La vida económica del país tendrá solamente una dinámica de producción volcada hacia el exterior con una precarización de los salarios y condiciones generales de trabajo que no se podrá revertir porque las regulaciones salariales serán siempre determinadas por el exterior y porque la entrega del sector energético, y de todos los recursos del país representan una cesión completa del control nacional sobre bienes fundamentales para la reproducción de la vida económica y la renuncia a garantizar en el mediano plazo una alternativa energética a los combustibles fósiles.
Finalmente, la entrega de la juventud como bono demográfico, ya sea en territorio mexicano o en Estados Unidos como la cesión de la fuerza productiva humana más capaz en beneficio de los capitales extranjeros significa para un futuro toda una generación enferma, sin capacidades de subsistencia mínimas, porque toda su energía se entregó a un libre comercio que no desarrolló nunca la economía nacional, y con esto, además de tener un país sin recursos energéticos mínimos para sostener el desarrollo, nos encontraremos con una población mayoritariamente vieja sin posibilidades de darle una conducción económica distinta a la determinada anteriormente, porque sus capacidades productivas quedaron seriamente reducidas y minadas.
II.VII. Agravios, derechos violados y responsables
La violencia económica y material que vivimos la juventud afecta directamente la posibilidad de un proyecto de vida digno.
La explotación y horas extras en los centros de trabajo, el desplazamiento involuntario y la concentración de los obreros en las ciudades industriales exige cada vez más que quienes se incluyan en el proceso productivo sean demasiado jóvenes; los mismos que al ingresar a un empleo se quedan sin tiempo para estudiar u obtener algún tipo de formación profesional. Aunado a esta problemática esta el fenómeno de no poder reproducirse socialmente, es decir de no relacionarse con sus amigos, familia y sobretodo su pareja, dejando nulas posibilidades de ocio, convivencia sexual, o de la procreación.
A partir de la implementación de medidas neoliberales, la entrada en vigor del TLCAN hace 20 años, las Reformas Neoliberales del pasado sexenio de Calderón y las Reformas Estructurales del presente gobierno de Enrique Peña Nieto exponemos que los principales agravios y delitos cometidos contra la juventud son: la interrupción permanente de un proyecto de vida digno, el desplazamiento forzado hacia las ciudades, el despojo de tierras y territorios, al mismo tiempo grandes concentraciones de jóvenes en las urbes, así es como se van ensanchando los ejércitos de reserva: jóvenes ninis, desocupados que bajo la precariedad están dispuestos a vender su mano de obra barata cayendo en la sobreexplotación.
Las únicas posibilidades que el sistema neoliberal nos deja a la juventud son reducidas a los outsourcing. A emplearnos en servicios, sin garantías sociales, ni médicas. Una otra posibilidad de empleo es la de la economía informal tan criminalizada por los mismos gobiernos que no garantizan otras formas de la reproducción de la vida, o como última opción nos conducen a engrosar las filas de desempleados.
Los planes binacionales, las leyes de migración, y la coordinación entre las naciones sólo ha servido para actuar obligándonos a salir de nuestros lugares de origen y criminalizarnos y perseguirnos por ser ilegales.
Entre los principales agravios que sufrimos por las políticas económicas están: la explotación y la superexplotación, el desplazamiento forzado, la concentración de población, el empobrecimiento y precarización de la juventud, persecución y criminalización.
Por todo lo anterior afirmamos que los Derechos violentados son:
Bajo leyes internacionales, declaraciones y pactos siguientes:
Declaración Universal de los Derecho Humanos.
Principios básicos y directrices de la ONU sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo.
Se violentan los derechos económicos protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título II. de los derechos, las garantías y los deberes Capitulo 2. De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales desde el art. 42 hasta el art. 74.
Se viola la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo
Violación al derecho a no ser pobre.
Se viola el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC)
Art. 26 derecho al trabajo. Convención iberoamericana de derechos de los jóvenes.
Art. 27 derecho a las condiciones de trabajo. Convención iberoamericana de derechos de los jóvenes
Art. 28 derecho a la protección social. Convención iberoamericana de derechos de los jóvenes
Art. 30 derecho a la vivienda. Convención iberoamericana de derechos de los jóvenes
Art. 34 derecho al desarrollo. Convención iberoamericana de derechos de los jóvenes
Violación a los siguientes artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica. 1969: Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal , Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre, Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal, Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad, Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia,
II.VIII Responsables
Responsabilizamos al Estado Mexicano a todos los funcionarios que han tenido decisiones respecto al rumbo económico del país. Los denunciamos ante este Tribunal por participación por traición a la patria en beneficio de las clases anti nacionales, las trasnacionales y las grandes potencias extranjeras. El desmantelamiento del país ha sido sistemático y lleva por lo menos 50 años de complicidades, por lo que puntualmente hacemos responsables a los gobiernos federales: Miguel Ávila Camacho (1940-1946), Miguel Alemán Valdés (1946-1952), Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958), Adolfo López Mateos (1958-1964), Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), José López Portillo Pacheco (1976-1982), Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1982-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000- 2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012- hasta el momento) por permitir la injerencia de los EE. UU. en la vida económica del país y fomentar con leyes y decretos nacionales la sumisión neocolonial.
Responsabilizamos a las instancias de gobierno federal, estatales, municipales, y del ámbito ejecutivo, legislativo y judicial.
Acusamos al Estado Mexicano, a los legisladores y funcionarios de todos los niveles que han promovido el desmantelamiento del país en contra de las y los mexicanos, de la propiedad social, en favor de empresas trasnacionales para darles certeza jurídica, arrebatando las posibilidades de un proyecto de nación soberano y patriótico, acusamos a todos los órganos internacionales de ayuda por promover el saqueo del país, por medio de créditos y supuestos fondos de ayuda, OMC, FMI, OEA, BM, BID, OCDE y al Estado Norteamericano.
II.IX Exigencias, demandas y reparaciones Le pedimos al Tribunal Permanente de los Pueblos:
1) que reconozca y se pronuncie por la profunda crisis, genocidio económico y emergencia humanitaria en que México se encuentra sumido, así como sus causas estructurales que hemos señalado, y coadyuven en su visualización internacional.
2) Para salvaguardar el derecho a la verdad que fue violentado en la instauración del modelo económico, recomienden el establecimiento de una Comisión de la Verdad que especifique en qué condiciones se tomaron las decisiones de política económica que son constitutivas del modelo neoliberal y cuáles eran otras alternativas históricas posibles y no lesivas de los derechos de los pueblos.
3) Ante la andanada de iniciativas de ley, reformas estructurales y nuevas legislaciones que abusan de figuras jurídicas como la utilidad pública (tal es el caso de la ley minera o de la ley de asociaciones público-privadas), demandamos la conformación de un observatorio interdisciplinario de carácter internacional que visibilice ante la opinión pública mundial las graves violaciones que los poderes legislativos y los tribunales mexicanos están efectuando en contra de los derechos fundamentales y de los principios básicos de la democracia constitucional.
4) Tomando en consideración que no se aplicó el principio de participación en la instauración del neoliberalismo y que este modelo es intrínsecamente violador de derechos humanos, corroboren la necesidad de realizar un proceso amplio de participación –por ejemplo, un congreso constituyente con confirmación de las resoluciones por medio de referéndum- que permita transformar el modelo económico hacia uno que no sea sistemáticamente violatorio de derechos humanos.
5) Apoyen nuestra exigencia de una investigación real sobre los culpables de la sistemática violación de derechos de los pueblos por la instauración del modelo económico y la instauración del neoliberalismo y sus consecuencias.
6) El reconocimiento de la desviación de poder como un crimen de Estado, a la altura de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, de genocidio económico, es decir, de las potencialidades criminales de la figura jurídica, así como de todas sus vertientes, en tanto desviación del poder político, del poder económico y del poder cultural del Estado.
7) Confirmen la responsabilidad del Estado mexicano en la violación flagrante y sistemática de los derechos de los pueblos, de las minorías y de los individuos, en los crímenes internacionales e infracciones a los derechos fundamentales de los pueblos y de las minorías, en las violaciones graves y sistemáticas de los derechos y libertades de los individuos reconocidos por el “código internacional de derechos humanos”; violaciones todas que han resultado de la implementación de políticas públicas de libre comercio, operación concretada a partir de la comisión dolosa del crimen de desviación de poder, con todas las agravantes posibles, en perjuicio de la Nación mexicana y en beneficio mediato de grupos económicos minúsculos y directo de políticos corruptos y entreguistas, como parte de un proyecto perfectamente planeado desde las más altas esferas del Imperio.
8) Soliciten al gobierno de México la denuncia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con base en el artículo 2205 del propio tratado.
9) Convaliden nuestro reclamo de justicia y de cese a la impunidad, recomendando las reparaciones y transformaciones conducentes y el cumplimiento de las sanciones respectivas.
10) Soliciten urgentemente un pronunciamiento a los jueces miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la titularidad del ejercicio del control de la convencionalidad, con el propósito de que las autoridades jurisdiccionales mexicanas no difuminen, confundan ni se sustraigan de esta importante atribución propia de dicho tribunal regional de protección de derechos humanos.
11) Convoquen a la realización de actividades simbólicas que permitan crear conciencia social en torno a las violaciones sistemáticas de los derechos de los pueblos por el modelo económico neoliberal.
1 Raymundo Espinoza y Andrés Barreda. (2012). “La destrucción de México ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. México: El Cotidiano, núm. 172, marzo-abril. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2 Manuel Sánchez (Deputy Governor of th Ban of Mexico) (2014), Mexican Structural Reforms and the Binational Relationship. Los Angeles, CA, Latino Business and Community Leader Luncheon, The Federal Reserve Bank of San Francisco, september 9, 2014, p. 1
3 Manuel Sánchez (Deputy Governor of th Ban of Mexico) (2014), Mexican Structural Reforms and the Binational Relationship. Los Angeles, CA, Latino Business and Community Leader Luncheon, The Federal Reserve Bank of San Francisco, september 9, 2014, p. 2
4 Matilde, Pérez. (2014). “Con TLCAN se descuidó alimentación de población; obesidad en mujeres pasó de 34 a 73%”. México: La Jornada. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/01/30/con-tlcan-se-descuido-alimentacion-de-poblacion-obesidad-en-mujeres-paso-de-34-a-73-5357.html
5 Dictamen Juarez 2012. “Acusación General del TPP”. México, p.13
6 Alvarez Béjar, Alejandro. (2004) A 10 años del TLCAN ¿Apetitosa neocolonia de jóvenes sin futuro?. México. Observatorio de la Economía Latinoamericana.
7 Para un recuento exhaustivo y demoledor, por la cantidad y la seriedad de los datos manejados, es conveniente consultar “Los señores de narco” de Anabel Hernández y las investigaciones de Ana Lilia Pérez difundidas a través de algunos libros, entre los que destacan el Cártel Negro y Camisas azules y manos negras.
8 Alejandro Álvarez Béjar. Notas para participar en el Coloquio de Primavera de la Academia Mexicana de Economía Política (AMEP), en la Mesa sobre Estructura del Sector Energético Nacional, Posgrado de Economía, UNAM, 23 de mayo de 2013.
9 Arturo Anguiano Orozco y Rosario Ortiz Magallón. (2013). “Reforma Laboral en México, precarización generalizada del trabajo”México. El Cotidiano 182. p. 97.
10 Hoja Obrera de la Universidad Obrera de México Vicente Lombardo Toledano, números: 130, 131 y 132.
11 Álvarez Béjar, Alejandro. (2004) A 10 años del TLCAN ¿Apetitosa neocolonia de jóvenes sin futuro? México. Observatorio de la Economía Latinoamericana.
12 UNFPA, IMJUVE (2012). Políticas y programas para el desarrollo de la juventud. México, p 76.
13 Ana Paola Aldrete González y Luis Ignacio Román Morales. “La precarización del empleo como ejercicio de violencia hacia los jóvenes,” México. Observatorio del Empleo de la Universidad Iberoamericana de Puebla. 14 Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México (2010), realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). México. Disponible en: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436&op=436 15 Encuesta Nacional de Juventud (2010-2013).“Diagnóstico sobre la situación de la juventud en México.” p. 9
16 “Desigualdad y concentración de la riqueza.”(2014). México. La Jornada. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/02/12/editorial
17 Laura, Poy Solano. (2014) “ Seis de cada 10 jóvenes han desertado de las aulas: OCDE.”México, Periódico La Jornada. p. 34
18 Acusación general: Por violaciones impunes, masivas y sistemáticas de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias. TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS CAPÍTULO MÉXICO (2011-2014).
19 Acusación General del TPP “Las mujeres son especial del bono.” México, mayo 2012, p. 41.
20 Instituto Mexicano de la Juventud. (2013). Diagnóstico sobre la situación de la juventud en México. México. p. 4
21 Consejo Nacional de población, (2002) Proyección de la población de México.
22 Dinámica demográfica de la población joven de México (2010). En Situación actual de los jóvenes en México. DF : Consejo Nacional de Población, p. 13
23 Ibid, pag. 13
24 Ibid., p. 14
25 Ibid. P. 18
26 Ibid, pag. 18
27 El futuro del trabajo en América Latina (2006), Manpower, México, p. 5
28 Consejo Nacional de población, (2002) Proyección de la población de México.

References: artículo 123
 resolución 
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 11
 Artículo 22
 artículo 2205