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Timestamp: 2019-11-15 11:07:57+00:00

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- 2019-10-20T02:12:25+01:000000002531201910 2019-10-20T19:28:59+01:000000005931201910
Los sentenciados por el fallo del Tribunal Supremo. De izquierda a derecha, y desde arriba hacia abajo: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Carles Mundó, Carme Forcadell, Meritxell Borràs, Dolors Bassa, Santi Vila y Jordi Cuixart.
La sentencia del Tribunal Supremo contra el Procès deja de lado el delito de rebelión y adopta el de sedición para nueve de los doce acusados, cuatro de los cuales han visto agravada su sentencia por malversación. Como consecuencia, la violencia se adueña de Barcelona durante cinco días en un contexto de tensión entre el Gobierno central y la Generalitat en plena precampaña electoral.
A las 13:00 del lunes 14 de octubre, era publicada la sentencia 459/2019 del Tribunal Supremo, con la que se impusieron las siguientes penas a los acusados, cuyos nombres se refieren a continuación: Oriol Junqueras (exvicepresidente de la Generalitat), trece años de prisión e inhabilitación absoluta; Raül Romeva (exconsejero de Asuntos Exteriores), doce años de prisión e inhabilitación absoluta; Jordi Turull (exconsejero de la Presidencia y exportavoz del Govern de la Generalitat), doce años de prisión e inhabilitación absoluta; Dolors Bassa (exconsejera de Trabajo de la Generalitat), doce años de prisión e inhabilitación absoluta (todos ellos por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos); Carme Forcadell (expresidenta del Parlament), once años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta; Josep Rull (exconsejero de Territorio y Sostenibilidad), diez años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta; Joaquim Forn (exconsejero de Interior), diez años de prisión e inhabilitación absoluta; Jordi Sànchez (presidente de la Assemblea Nacional Catalana o ANC), nueve años de prisión e inhabilitación absoluta; Jordi Cuixart (presidente de Òmnium Cultural), nueve años de prisión e inhabilitación absoluta (todos ellos por el delito de malversación); Santi Vila (exconsejero de Empresa), inhabilitación especial de un año y ocho meses, y una multa de 60.000 euros a pagar en diez meses; Meritxell Borràs (exconsejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda), inhabilitación especial de un año y ocho meses, y una multa de 60.000 euros a pagar en diez meses; y Carles Mundó (exconsejero de Justicia), inhabilitación especial de un año y ocho meses, y una multa de 60.000 euros a pagar en diez meses (estos tres últimos por el delito de desobediencia, siendo los únicos acusados a los que no se les aplicó la prisión preventiva).
La sentencia, aplicada sobre todo por los hechos del 20 de septiembre (obstrucción de la investigación del Departamento de Economía de la Generalitat que iban a realizar funcionarios del Juzgado de Inspección número trece de Barcelona, con daños a vehículos de la policía) y del 1 de octubre (celebración del referéndum) de 2017, se alcanzó finalmente por unanimidad, siendo muy próxima a la solicitud de la Abogacía del Estado (en la persona de Consuelo Castro), salvo en lo que respecta a los tres imputados a los que no se ha impuesto pena de prisión, para los cuales solicitaba siete años de prisión. Todo ello a pesar de la petición de la Fiscalía General del Estado (siendo su máxima representante María José Segarra) de una pena más estricta contra los doce procesados (siete años para los tres anteriormente mencionados, veinticinco para Junqueras, y entre dieciséis y diecisiete para el resto). Esta divergencia de opiniones estribaba en la consideración del delito desde dos puntos de vista (también se planteó el delito de organización criminal, pero finalmente se les absolvió del mismo): el del delito de rebelión, recogido en el artículo 472 del Código Penal, consistente en un delito contra la Constitución; y el de sedición, pormenorizado en el artículo 544 del Código Penal y referido a un delito contra el orden público. Finalmente, terminó triunfando esta última perspectiva, defendida por Manuel Marchena, el presidente de la Sala Segunda de lo Contencioso del Tribunal Supremo (sala en que se desarrolló el juicio), alegando que no hubo violencia premeditada y organizada por parte de la cúpula secesionista de la Generalitat (condición necesaria para constituir un delito de rebelión), sino que ésta fue una consecuencia no deliberada del proceso soberanista y de las protestas subsiguientes; y que no se pretendía lograr “la independencia de una parte del territorio nacional” (otra condición inherente en la definición del delito de rebelión), sino que el desafío independentista fue una “ensoñación” con la que sus líderes trataron de cubrir sus aspiraciones con un aura de legitimidad “pseudojurídica”, haciendo creer a los ciudadanos que podrían obtener su autodeterminación a través de la Ley de Referéndum y de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. A su vez, en este fallo el Tribunal Supremo negó el argumento soberanista del derecho de autodeterminación respaldado por la ONU, basándose en el principio de que éste no se puede aplicar para “quebrar la integridad territorial de un Estado independiente con un Gobierno que represente a la totalidad de la población”. Por otra parte, a Borràs, Mundó y Vila sólo se les ha imputado el delito de desobediencia, con penas menores que las de sus compañeros. Asimismo, a cuatro de los procesados se les imputó el delito de peculado o malversación de fondos públicos, el cual, aun aumentando la pena de los mismos, no lo ha hecho en gran medida, ya que el delito de malversación y el de sedición han sido estimados por el Tribunal Supremo como delitos “por concurso medial”, es decir, el delito de malversación era necesario para que se diera el de sedición, por lo que no pueden juzgarse ambos delitos por separado. Y a pesar de que se ha estimado que los fondos públicos destinados a urnas para el referéndum, observadores internacionales, etc, alcanza los 2’3 millones de euros, no es fácil de estimar a causa de ciertas lagunas en cuanto al control de las asignaciones económicas a la Generalitat por parte del Ministerio de Hacienda con el Gobierno de Sánchez. A todo esto hay que añadir de igual modo la controversia que ha levantado el hecho de que no se ha aplicado el artículo 36.2 del Código Penal, por el que no se concede el tercer grado a los presos hasta que no haya transcurrido la mitad de su condena, dejando en manos de la administración penitenciaria del Govern la aplicación o no de un régimen abierto para aquellos. Finalmente, a los acusados les queda la opción final de apelar al Tribunal Constitucional en un plazo de treinta días, y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en un plazo de seis meses, para denunciar posibles violaciones de derechos fundamentales durante el proceso judicial (que ha durado ocho meses, desde febrero), cosa bastante difícil, pues de las 493 páginas de la sentencia, 200 han sido destinadas a refutar por parte del Tribunal Supremo cualquier posibilidad de que existan lagunas legales en cuanto a derechos procesales se refiere.
Las reacciones a esta sentencia no se han hecho esperar: el mismo día de la publicación de la sentencia se realizaron protestas en la estación de Sants de Barcelona, que a continuación se trasladó al aeropuerto del Prat, provocando la cancelación de más de cien vuelos. En el transcurso de los hechos, un turista francés de mediana edad falleció debido a un infarto. Además, numerosos jóvenes, entre ellos estudiantes de Bachillerato y universitarios, llevaron a cabo un bloqueo de las infraestructuras ferroviarias en Girona. Es así como se organizó el movimiento de protesta contra el fallo del Procès, de iniciadores desconocidos, conocido como “Tsunami Democràtic”, organizado a través de redes sociales (llegaron a proporcionar billetes falsos para entrar en el aeropuerto por medio de Telegram) y que ha lanzado no sólo protestas pacíficas (como la celebrada el lunes en la plaza de Catalunya, el jueves en el Passeig de Gràcia o la marcha de tres días, iniciada el miércoles, a pie desde Girona hasta Barcelona), sino también tumultos y manifestaciones violentas que han resultado en incendios en la Ciudad Condal, quema de contenedores, el asedio a la Delegación del Gobierno, enfrentamientos con la policía, daños a establecimientos y hoteles (que ya denuncian las consecuencias negativas para el sector servicios con las protestas), etc., ante la mirada atónita de numerosos turistas. Para el miércoles, tras consecutivas noches de violencia, se contabilizaron 256 heridos. Entre estos heridos se encontraban principalmente manifestantes, aunque también agentes de policía. En cuanto al papel de estos últimos, destaca la colaboración de los Mossos d’Esquadra con las fuerzas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, a pesar de que están siendo también procesados por la Audiencia Nacional a consecuencia de su supuesta actuación de no obstrucción e incluso de colaboración con la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, llegando presuntamente a poner trabas al desempeño de las labores de la Policía Nacional y la Guardia Civil. No obstante, la declaración de su exdirector, Josep Lluís Trapero, de que advirtió al Govern de la inconveniencia en la celebración de la votación del 1 de octubre puede suponer un atenuante a su favor. En este clima de conflicto también hay que sumar la reciente aparición de un movimiento de oposición a las protestas contra la sentencia, que exhiben banderas y enseñas nacionales, entre los cuales hay un número considerable de manifestantes de extrema derecha, y que han aparecido generando tumultos en la protesta del Passeig de Gràcia de Barcelona el jueves y en la de la Puerta del Sol en Madrid.
Ante dicha situación, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su consejero de Interior, Miquel Buch, fueron muy criticados en un principio por únicamente mostrar su rechazo a la sentencia y apoyar la desobediencia civil (si bien de momento no llegaron a publicar ningún documento oficial en este sentido, ante las advertencias del Tribunal Constitucional de, en virtud del artículo 161.2 de la Constitución Española, suprimir la resolución 546/XII del Parlament del 26 de septiembre, que permite continuar con el proceso soberanista esgrimiendo el principio de autodeterminación, lo que generó fragmentación entre Junts per Catalunya, CPU, Partit Demòcrata Europeu Català o PDeCAT y Esquerra Republicana de Catalunya sobre su posicionamiento) y no condenar la violencia como ya hizo Ada Colau. Finalmente, fue el miércoles cuando Torra se declaró contrario a la violencia hacia la que habían desembocado las protestas, aunque no pareció mostrar retroceso en cuanto al apoyo a la desobediencia y las protestas contra el fallo del Tribunal Supremo. No obstante, dos sucesos relacionados con esta persona que han sucedido recientemente pueden suponer un cierto revés en la situación: la investigación sobre la posible implicación de Torra con los CDR en marzo de 2018, y la declaración realizada el jueves de que podría convocar un nuevo referéndum de autodeterminación para 2022.
La posición del Gobierno tampoco se ha hecho esperar: Pedro Sánchez ha dejado claro su apoyo a la sentencia y que no se van a conceder indultos. También ha afirmado que no ve necesaria la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional (aprobada en 2015 por el gobierno de Mariano Rajoy), por la que el Gobierno asumiría las funciones de la Generalitat, si bien es cierto que no se ha mostrado reacio a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que conlleva la supresión de la Autonomía, en este caso, de Cataluña. Por otra parte, y ante la proximidad de la campaña electoral, Sánchez ha aprovechado la situación actual de Cataluña para aproximarse a otros partidos, como PODEMOS, PP y CIUDADANOS, que se han reunido con él en el Palacio de La Moncloa: PODEMOS ha mostrado su rechazo a la aplicación de la ley de Seguridad Nacional y su apoyo a la solución a la cuestión catalana por medio del diálogo. Desde PP, Casado (criticado en su propio partido por haber defendido la sentencia y no haberla considerado leve) se muestra partidario de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, de la concesión de las competencias penitenciarias en Cataluña al Gobierno central, para evitar que se den privilegios a los presos procesados, así como la tipificación del delito de referéndum ilegal y de rebelión sin violencia. Los requerimientos de Ciudadanos son similares a los de PP, aunque ambas formaciones aceptaban finalmente la sentencia. Asimismo, Pedro Sánchez trató de negociar la abstención de ambos ante una posible investidura con ciertas medidas que garantizaran la unidad nacional, la fijación de las pensiones sobre el IPC, y una reforma en la elección del presidente por mayoría simple de la Cámara (propuesta contraria al artículo 99.3 de la Constitución Española, según la cual, en la investidura para la Presidencia, el candidato debe contar con mayoría absoluta en el Congreso, y en caso de no lograrse, se repetiría la sesión pasadas cuarenta y ocho horas y, esta vez sí, con mayoría simple). Además, VOX se mostró más tajante en cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional, afirmando que sí hubo un delito de rebelión (Javier Ortega Smith estuvo presente en el juicio como parte de la acusación popular) y que debería declararse el estado de excepción (por el que, durante un máximo de treinta días, se suprimen los derechos fundamentales de los ciudadanos, pudiendo realizar detenciones de hasta diez días, registros de domicilios, etc).
Y por otro lado, también se ha podido escuchar la voz internacional. Una voz influida por la Secretaría de Estado de España Global, dirigida por Irene Lozano, que reunió a casi todos los embajadores establecidos en España (110 de 119) para informarles sobre las consecuencias de la sentencia, a lo que hay que añadir un vídeo con varios ministros hablando en cinco idiomas, defendiendo la legitimidad de la sentencia. Así se ha reflejado en el hecho de que, ante la reunión de noventa cónsules en la ciudad de Barcelona organizada por Torra, la mayoría no acudió. En este sentido, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, Francia, Alemania, etc, declararon su respeto hacia la sentencia y su apoyo a la unidad territorial de España (a pesar de la petición por parte de Puigdemont de una condena desde las altas instituciones de la Unión Europea hacia la sentencia del Tribunal Supremo y la actuación del Gobierno central con respecto a la reciente coyuntura en Cataluña), aunque la Comisión Europea no prestó excesiva atención a la situación reciente con respecto al fallo del Supremo debido al problema del Brexit y a una mayor preocupación por la formación de un gobierno estable en España. Otros países, como Reino Unido y Estados Unidos, declararon que el problema soberanista era un problema interno de España y aceptaban las decisiones del Gobierno central. En este contexto, el juez Pablo Llarena reactivó la euroorden de detención de Carles Puigdemont, exiliado en Waterloo (Bélgica), la cual plantea varios problemas, como el hecho de que la Fiscalía belga ha dejado en suspenso dicha orden hasta que no reciba una traducción en neerlandés, francés, alemán o inglés, o que en el Derecho belga no existe una tipificación del delito de sedición tal y como existe en el Derecho español, con lo que sólo se podría acusar a Puigdemont de malversación de fondos públicos, mientras que el juez Llarena pide para él también el delito de sedición. Sin embargo, la orden ya ha tenido cierta efectividad al impedir la entrada de Puigdemont en el Parlamento Europeo en Bruselas, junto al hecho de que si intenta salir de Bélgica, podría ser arrestado. Pese a todo ello, ha declarado que se pondrá a disposición de la justicia belga, llegando a presentarse de forma voluntaria a pasar veinticuatro horas de privación de libertad en un centro penitenciario de dicho país en los últimos días. No obstante, también existen algunas voces partidarias del independentismo, como los Verdes del Parlamento Europeo, el partido Nueva Alianza Flamenca (independentistas flamencos en Bélgica) y la presidenta de Escocia, Nicola Sturgeon.
Por último, es conveniente resaltar la gran relevancia de los sucesos que han tenido lugar durante estos seis últimos días, que supone un punto de inflexión para el desarrollo del movimiento independentista en Cataluña, y que ha llevado a una escalada de violencia que se ha extendido más allá de Barcelona. Violencia sin contención ni límites. Es la discordia de la sentencia. Es la sentencia de la discordia. “Dies irae”. “Día de ira”.
FUENTES: EL PAÍS, EL MUNDO y CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
NOMBRE: FÉLIX NÚÑEZ RUIZ

References: artículo 472
 artículo 544
 artículo 36
 artículo 161
 resolución 
 artículo 155
 artículo 99