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Timestamp: 2020-01-24 10:38:46+00:00

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PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 045 del 28/02/2011
Dictamen : 045 del 28/02/2011
C-045-2011
Con la aprobación de la Señora Procuradora General de la República, damos respuesta a su oficio número DM-0236-01-11, de fecha 19 de enero de 2010 (sic) -recibido el 20 de enero de 2011-, por medio del cual, conforme a lo previsto por el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), nos solicita emitir criterio sobre la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la inscripción que, al 12 de diciembre de 2008, hiciera el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), al Tomo 43, Folio 291, Asiento 10658, del Título de Bachillerato en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo, otorgado por la Universidad Interamericana de Costa Rica al estudiante xxx, portador de la cédula de identidad xxx.
Cabe indicar que si bien con el oficio aludido se pretende acompañar del expediente administrativo ordinario que, al tenor de lo dispuesto en el ordinal 173.3 de la LGAP, debió de haberse tramitado de previo a requerir nuestro dictamen favorable, lo cierto es que la instrucción del mismo ni si quiera ha comenzado, pues luego de la orden del Ministro de incoar el procedimiento y nombrar el órgano director, éste último se ha limitado a “declarar la caducidad del procedimiento” por resolución MEP-OD-004-2010 de las 10:15 horas del 17 de diciembre de 2010.
1. El estudiante xxx, ingresó a la Universidad Interamericana de Costa Rica a cursar la carrera de Bachillerato en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo; para lo cual presentó un diploma de educación Media del Ministerio de Educación Pública, dado en San José a los 15 días del mes de octubre de 1999 y registrado en el libro de títulos Tomo 5, Folio 98 y Asiento 46 (Visible a folio 4).
2. La Universidad Interamericana de Costa Rica le otorga al estudiante xxx el Título de Bachillerato en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo; el cual fuera inscrito por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), el 12 de diciembre de 2008, al Tomo 43, Folio 291, Asiento 10658 (Se infiere de la documentación visible a folios 7, 8, 9 y 10).
3. De acuerdo con estudio realizado por la Dirección de Control de Calidad y Macroevaluación del Ministerio de Educación Pública, comunicado por oficio DEC-2534-2008 de fecha 14 de noviembre de 2008, según actas existentes en esa oficina el título de Bachiller en Educación Media, supuestamente emitido a favor del señor xxx, resultó ser falso, por cuanto las citas de inscripción no corresponden a los registros oficiales de esa oficina, las firmas no son de funcionarios autorizados para ese efecto y los sellos no son los utilizados por esa Dirección en el año 1999 (Visible a folio 6).
4. El asunto es sometido a conocimiento del Consejo Directivo del CONESUP, según oficio Nº DE-11-1461-2009, de fecha 13 de noviembre de 2009, suscrito por su Directora Ejecutiva; quien recomienda se acuerde pedirle al Ministro de Educación incoar procedimiento administrativo ordinario en los términos del 173 de la LGAP (Visible a folio 9).
5. En el artículo 20 de la sesión Nº 640-2009, celebrada el 25 de noviembre de 2009, el CONESUP acoge la recomendación la Dirección Ejecutiva y le solicita al Ministro que valore la anulación del asiento de inscripción del título que, al 12 de diciembre de 2008, hiciera ese Consejo, al Tomo 43, Folio 291, Asiento 10658, del Título de Bachillerato en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo, otorgado por la Universidad Interamericana de Costa Rica al estudiante xxx (Se infiere del Oficio SA-013-2010-CONESUP de 19 de febrero de 2010, visible a folios del 11 al 13 y del 16 al 18).
6. Por resolución Nº 318-2010 de las 02:00 horas del 28 de junio de 2010, el Ministro de Educación Pública ordena la integración de un órgano director a fin de investigar, conforme a los artículos 173 y ss. de la LGAP, la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la inscripción del Título de Bachillerato en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo, otorgado por la Universidad Interamericana de Costa Rica al estudiante xxx (Visible a folios del 19 al 20).
7. Por oficios Nºs MEP-OD-001-2010 y MEP-OD-003-2010 de fechas 21 de setiembre y 20 de octubre de 2010, respectivamente, el órgano director solicita a la Dirección Ejecutiva del CONESUP copia certificada del expediente del caso del señor xxx (Visibles a folios 23, 25 y 26).
8. Por resolución MEP-OD-004-2010 de las 10:15 horas del 17 de diciembre de 2010, el órgano director se limita a “declarar la caducidad del procedimiento”; esto, porque según interpretan sus integrantes, el plazo perentorio de un año, contado a partir de la adopción del acto, que establece el ordinal 173.4 de la LGAP, se encuentra hartamente superado.
II. Consideraciones atinentes a la caducidad de la potestad anulatoria administrativa.
Por consiguiente, mientras aquel acto haya sido adoptado después del 1 de enero de 2008 –como ocurre en este caso- y en el tanto sus efectos perduren a este momento (acto de efecto continuado), será posible ejercer legítimamente respecto de él la potestad de autotutela revisora administrativa que posibilita en cualquier momento la anulación oficiosa administrativa de aquellos actos administrativos de contenido favorable -declaratorios de derechos subjetivos-, siempre y cuando, en primer lugar, el vicio del que adolezcan constituya una nulidad absoluta, en los términos del artículo 173.1 de la LGAP; es decir, que además sea evidente y manifiesta; y en segundo término, mientras sus efectos perduren (art. 173.4 Ibídem). (Dictamen C-206-2010 de 04 de octubre del 2010).
IV.- En estos casos el Ministro debe decidir, bajo su entera responsabilidad, si acoge o no el informe “no vinculante” del órgano director u ordena la instrucción del procedimiento ordinario.
En casos similares al presente, en los que el órgano director no instruyó el procedimiento administrativo ordinario, sino que se limitó a rendir un informe “no vinculante” (art. 303 LGAP) aludiendo que la potestad anulatoria administrativa podría estar caduca, hemos señalado que lo procedente es que el Ministro, bajo su entera responsabilidad, decida si acoge la recomendación del órgano director y subsecuentemente, ordene el archivo del procedimiento; o bien, se separe de aquel informe, mediante resolución motivada con mención sucinta al menos de sus fundamentos (art. 136 inciso c) LGAP), en cuyo caso deberá ordenar la instrucción del procedimiento administrativo ordinario que se echa de menos (dictámenes C-255-2010 de 9 de diciembre de 2010, C-256-2010 de 13 de diciembre de 2010 y C-264-2010 de 16 de diciembre de 2010).
Con base en la doctrina administrativa expuesta, especialmente referida a la reforma del plazo de caducidad introducida por el Código Procesal Contencioso Administrativo, el órgano consultante cuenta con los criterios hermenéuticos necesarios para adoptar las medidas correctivas necesarias, en caso de estimarse procedentes, a fin de ordenar la debida instrucción del procedimiento administrativo ordinario anulatorio que tiene por objeto anular en sede administrativa la inscripción que, al 12 de diciembre de 2008, hiciera el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), al Tomo 43, Folio 291, Asiento 10658, del Título de Bachillerato en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo, otorgado por la Universidad Interamericana de Costa Rica al estudiante xxx.
Finalmente, consideramos oportuno recordar que, en caso de tramitarse el procedimiento administrativo ordinario y de solicitarse nuevamente nuestro dictamen al tenor del artículo 173 de la LGAP, es deber de la Administración activa, so pena de responsabilidad del funcionario respectivo, por un lado, conformar un expediente documental, debidamente identificado, completo, ordenado cronológicamente y debidamente foliado, de todas las actuaciones sucesivas que se presenten en la tramitación del respectivo procedimiento ordinario (Artículo 296 de la LGAP en relación con el ordinal 51 del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley Nº 8508). Y por el otro, existe también la inexcusable obligación de aportar ante la Procuraduría General aquel expediente y dar certeza de su contenido –sea el original o copia certificada de aquel, con expresa indicación de que corresponde a la totalidad de las piezas y documentos que lo componen- (dictamen C-003-2010 de 11 de enero de 2010).
En razón de lo anterior, devolvemos el asunto junto con la documentación que nos fuera remitida al efecto, para que instruya el procedimiento administrativo ordinario correspondiente.
LGBH/ gvv

References: resolución 
 artículo 20
 resolución 
 resolución 
 artículo 173
 resolución 
 artículo 173