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Timestamp: 2017-12-17 10:04:14+00:00

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Si es que en los próximos días el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, no cumple con dar cumplimiento a la resolución de sentencia de Proceso Constitucional de Cumplimiento N° 7, del 24 de octubre del año 2016, amparada en el expediente judicial N° 01676-2016-0-1706-JR-CI-04, emitida por el titular del Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, Héctor Conteña Vizcarra, será denunciado penalmente por el delito de desobediencia a la autoridad, y podría ser condenado hasta con tres años de cárcel e inhabilitado en el cargo.
La acción penal contra la autoridad edil se debe a que, en su momento el juez dispuso se le diera 10 días de plazo, juntamente con el ex jefe del Centro de Gestión Tributaria - CGT de Chiclayo, Nilton Monje Sampén, para que cumpla con dar cumplimiento a la implementación de la Ordenanza Municipal N° 009-2015 –MPCH.
La mencionada disposición emanada en sesión ordinaria de concejo, consiste en dar facultades al titular del pliego, para la conformación de una Comisión Especial que se encargue del seguimiento e Implementación del nuevo Reglamento de Organización de Funciones -ROF, así como la estructura orgánica y elaborar los nuevos documentos e instrumentos de gestión y normas correspondientes.
De acuerdo a la resolución de sentencia de Proceso Constitucional de Cumplimiento N° 7, del 24 de octubre del 2016, la demanda realizada por Víctor Luna Victoria Menacho está referida a que algunos funcionarios del CGT demuestren por qué actualmente existen nuevos cargos sin contar con funciones específicas, así como las razones por las cuales se han visto beneficiados con llamativos incrementos económicos en sus haberes salariales.
Ante el incumplimiento de los plazos que la ordenanza edil establecía para su implementación, la que hasta la fecha no se han cumplido a pesar de haber transcurrido dos años, el titular del Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, Héctor Conteña Vizcarra, admitió a trámite la demanda de Proceso Constitucional de Cumplimiento, en contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo y el Centro de Gestión Tributaria.
El 27 de abril del 2015, mediante sesión de concejo, bajo la presencia del alcalde David Cornejo Chinguel, y la asistencia reglamentaria de los regidores, se analizó el proyecto del Reglamento de Organización y Funciones, y la propuesta orgánica del CGT, la cual, luego de un arduo debate, se aprobó y se acordó plasmarla en la Ordenanza Municipal N° 009-2015.
La norma edil local fue publicada en el diario oficial el pasado 3 de mayo, mediante memorando N° 070-2016-MPCH/SG.II.RRPP, suscrito por la responsable de Imagen Institucional Angélica Atoche Cuadros, pero hasta ahora no se ha cumplido. Es decir, en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo no existe Manual de Organización y Funciones, Reglamento Interno de Trabajo, entre otros instrumentos de gestión, como el CAP, PAP, Manual Interno, PIA 2016, POI2016 y PEI 2016-2018, TUPA, MAPRO y MPP.
La resolución judicial fue apelada por la Procuradora Pública Municipal, Karen Bustamante Sipión, quien con anticipación había advertido al alcalde David Cornejo Chinguel de la gravedad de la condena, la que le podría significar una denuncia penal si la ignora. Además, le recuerda que la sentencia de esta naturaleza fue a raíz de la negligencia del ex jefe del Centro de Gestión Tributaria, Nilton Monje Sampén, y del mal asesoramiento legal que tuvo en su momento.
Sin embargo, el magistrado Héctor Conteña Vizcarra, mediante Resolución N° 09-2017, del 24 de enero del presente año, declaró inadmisible e improcedente la apelación por haber sido presentada fuera de plazo.
No obstante, la Procuraduría Pública de la municipalidad de Chiclayo presentó el 6 de febrero pasado un escrito –fuera de plazo- en el que deduce nulidad contra la Resolución N° 09-2017, mediante recurso de queja, la cual -por carácter de la Ley- se había convertido en impugnable debido a que la sentencia adquirió carácter de cosa juzgada.
Es así que con Resolución N° 10, del 8 de febrero último, el titular del Cuarto Jugado Civil de Chiclayo, Héctor Conteña Vizcarra, resolvió declarar improcedente la nulidad interpuesta por la Procuraduría Pública municipal de Chiclayo contra la Resolución N° 9.
Además, declaró consentida la Resolución N° 7, del 24 de octubre del año 2016, y dispone requerir a la parte demandada; es decir, a David Cornejo Chinguel y a Nilton Monje Sampén, cumplan en el plazo de 10 días en implementar y acondicionar lo que se dispone en los artículos 2 y 3 de la Ordenanza Municipal N° 009-2015-MPCH, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad.
El 7 de marzo último, Víctor Luna Victoria Menacho cursó la carta N° L034-2017 al alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel y le solicitó que cumpla en el día y bajo responsabilidad con lo ordenado en la Sentencia Constitucional de Cumplimiento, mediante Resolución N° 10 del expediente judicial 01676-2016-0-1706-JR-CI-04.
De igual manera, Víctor Luna Victoria se reservó el derecho de iniciar las acciones penales que pudiesen dar origen por el incumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 009-2015, debido a que hasta la fecha no existe aprobado un TUPA en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo. Además, no se han adecuado al régimen disciplinario de la Ley Servir.
Conocedor del contenido de la resolución del magistrado, mediante carta N° 050-2017-MPCH-A, del 10 de abril último, el alcalde David Cornejo Chinguel se dirige al demandante, Víctor Luna Victoria Menacho, para hacerle conocer el contenido del oficio N° 01-013-000000056-2017 remitido por el jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, Nicolás Mondoñedo Chávez, el día 17 de marzo del presente año.
David Cornejo, señala que el jefe del CGT le hace conocer que el Texto Único de Procedimientos Administrativos –TUPA- ha sido remitido a la municipalidad de Chiclayo.
Asimismo, le indica que mediante memorando N° 205-2017-MPCH-GAJ, el TUPA ha sido derivado a la subgerencia de Contabilidad y Costos para su análisis y determinación de costos.
La mencionada Ordenanza Municipal cuenta con cinco artículos, pero en su Artículo 2 señala: “el de dar facultades al titular del pliego, para la conformación de una Comisión Especial que se encargue del seguimiento e Implementación del nuevo ROF, así como la estructura Orgánica”, para el CGT.
El Artículo 3 encarga al jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, en ese momento Nilton César Monje Sampén, el cumplimiento de lo dispuesto, de acuerdo a sus funciones y elaborar los nuevos documentos e instrumentos de gestión y normas correspondientes”.
“En el actual CGT no existen las funciones específicas del señor Ángel López Castro, quien en la actualidad se desempeña como jefe de la División de Control y Recaudación de la Deuda. De igual manera, la señora Jenny Valiente Vásquez, se desempeña como jefa de la División de Atención al Administrado, así como de Juan Arturo Boyer Ramos, quien es docente de carrera y se desarrolla como jefe de la Sección de la Recaudación no Tributaria del Centro de Gestión Tributaria Los cargos aparentemente fueron aprobados entre ellos, pero es el caso que a la fecha no existen en el Manual de Organización y Funciones del CGT, y mucho menos se han adecuado a la Ley Servir”, explicó Luna Victoria.
Vocales Bravo Llaque, Solano Chambergo y Quispe Díaz ordenaron que juzgado emita nueva resolución respecto al investigado, pero jueza convoca a nueva audiencia para discutir el pedido de excarcelación.
Por unanimidad la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque anuló la Resolución N° 3, del 20 de marzo pasado, emitida por la juez Cecilia Grández Rojas, titular del Cuarto Juzgado Investigación Preparatoria de Chiclayo, que declaraba infundado el cese de prisión preventiva a favor de Jorge Incháustegui Samamé, ordenándole la renovación del acto procesal de manera perentoria.
El cese de prisión preventiva había sido solicitado por tercera vez y promovido por la defensa de Jorge Incháustegui Samamé, investigado del caso “Limpios de la corrupción”, en la causa penal por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos en agravio del Estado y la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Sin embargo, lejos de atacar lo dispuesto por los magistrados del órgano superior, la jueza ha convocado a audiencia para volver a discutir los argumentos de la defensa del exfuncionario de la comuna.
Para Agustín Vásquez Paz, el proceder de la magistrada constituye una vulneración a los Derechos Humanos, pues de manera inexplicable el 17 de abril emitió la Resolución N° 7, convocando a audiencia, cuando correspondería solamente emitir una nueva resolución en base a aspectos ajenos a la naturaleza jurídico procesal de lo instruido por el superior jerárquico.
La defensa de Jorge Incháustegui añade que los magistrados superiores que emitieron la Resolución N° 6, del pasado 10 de abril, César Bravo Llaque, Raúl Solano Chambergo y Erwin Quispe Díaz, establecieron la renovación del acto procesal; es decir, emitir una nueva resolución.
“La acción que viene adoptando y que ha tomado la jueza Cecilia Grández conlleva a la determinación de la existencia de una afectación flagrante del derecho de defensa de mi patrocinado, así como al debido proceso y a la debida motivación, y que lo expone a una innecesaria y arbitraria carcelería, que cada día se dilata en forma innecesaria”, sostiene el letrado.
INCONGRUENTE RESOLUCIÓN
Agustín Vásquez Paz detalla que en la resolución emitida por el superior jerárquico, tanto en su parte considerativa como en la resolutiva, los vocales anulan la resolución de la jueza por ser incongruente y estar indebidamente motivada, especialmente por no haberse dado respuesta a los innumerables medios de convicción invocados por la defensa técnica, así como otras razones señaladas en la resolución emitida por la sala superior.
El elemento de convicción presentado por la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo para solicitar la prisión preventiva contra Jorge Incháustegui fue la existencia de una presunta llamada telefónica entre este y el exalcalde Roberto Torres Gonzales, en la que este último increparía el cobro de supuestas coimas para la autorización de una construcción en la Urbanización Santa Victoria.
Durante el proceso de investigación, se ha establecido que si bien pudo realizarse la llamada telefónica entre Roberto Torres Gonzales y Jorge Incháustegui Samamé, el cotejo de llamadas del reporte alcanzado demuestra que Luis Alberto Barrantes Piscoya, uno de los colaboradores en la investigación que se sigue en el caso de “Los Limpios de la Corrupción”, no estuvo presente en dicho momento, como inicialmente sostuvo al someterse a colaborar con la justicia para evitar ser recluido en el penal de Picsi.
La defensa técnica de Jorge Incháustegui también ha demostrado que Luis Alberto Barrantes Piscoya ha mentido en sus declaraciones como colaborador, al señalar que almorzó con el exalcalde de la municipalidad de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, y fue testigo de supuestas conversaciones entre este y Jorge Incháustegui.
Sin embargo, ha quedado demostrado que dicho colaborador nunca estuvo presente en las conversaciones como en su momento sostuvo, ya que cuando los diálogos supuestamente se produjeron este se encontraba en el distrito de José Leonardo Ortiz, lugar distante a la intersección de las calles Los Sauces y Libertad, en la urbanización Santa Victoria, lugar donde se encontraba la ex autoridad municipal.
“En la acusación contra Jorge Incháustegui también se destaca que la versión del colaborador eficaz CE-70-2014, acerca de las llamadas de Torres Gonzales a Jorge Incháustegui, para que agilice la licencia de la tienda Ripley, dada su condición de Gerente de Urbanismo y Presidente de la Comisión Revisora de Proyectos, mediante los integrantes de dicha comisión se ha dejado establecido que Incháustegui nunca hizo intromisión, más bien las funciones fueron derivadas al señor Mendoza Oliden”, señala el abogado.
El letrado señala que resulta claro, que en momento alguno se ha anulado la audiencia de cesación llevada a cabo, por lo que la nulidad señalada por la Sala Revisora no puede extenderse a los alegatos formulados por la defensa técnica y del Ministerio Público, lo que hace inviable que se renueve este acto procesal, que es independiente a la resolución emitida, peor aún que ha sido emitida en fecha posterior a la audiencia.
“Es cuestionable el proceder de la jueza Cecilia Grández, lo que está determinando es la imposición de un nuevo plazo y nuevos actos procesales innecesarios e inoficiosos, solo para dilatar la emisión de la resolución de cesación pertinente, actitud que resulta además de ilegal, irracional e incomprensible”, asevera.
“Es algo que no se puede concebir, cuando la Sala Superior falla declarando la nulidad de la resolución emitida por la juez Cecilia Grández y le ordena emita una nueva resolución, esta no lo hace y más bien convoca a una audiencia a fin de determinar la procedencia de la cesación de la prisión preventiva, lo cual llama poderosamente la atención porque va contra todo tipo de procedimiento de orden jurídico”, detalla.
El letrado explica también que hasta la fecha, en cuanto al delito de Lavado de Activos se ha presentado una pericia y no ha quedado establecido si existe o no desbalance patrimonial en el caso del exfuncionario.
“Hasta el momento el Ministerio Público no puede demostrar con quien se asoció Jorge Incháustegui, qué rol cumplió. Por último, la Fiscalía ha guardado silencio acerca de la invocación de un hecho falso por parte de la fiscal que participó en la audiencia de cese de prisión preventiva, cuando se afirmó sobre la llamada telefónica entre los coimputados Roberto Torres Gonzales e Incháustegui Samamé, el día 30 de setiembre del año 2014”, menciona.
Ante los jueces superiores –señala el abogado Agustín Vásquez- ha quedado demostrado que no existe elementos de convicción para que Jorge Incháustegui permanezca un día más detenido en el penal de Picsi.
“Todo el mundo dice, dice y dice, pero no hay nada concreto. Percy Quesquén es colaborador eficaz pero no se le puede creer todo lo que dice, ya que hasta la fecha sus supuestas declaraciones reveladoras no han podido ser demostradas, y solamente han quedado en dichos o en simples chismes que pudo haber inventado para salvar de la cárcel”, cuestiona.
De igual manera, detalla que ha quedado probado que otro colaborador que falta a la verdad es Luis Barrantes Piscoya, quien en los 31 meses de investigación por parte del Ministerio Público no ha podido demostrar la veracidad de sus declaraciones. Además, hasta la fecha ha quedado demostrado que ha caído en contradicciones.
Ante esta situación, la defensa de Incháutegui Samamé no descarta quejar y denunciar a la jueza Cecilia Grández Rojas ante los órganos competentes.
De igual manera, el último martes el letrado Agustín Vásquez interpuso de manera formal un recurso de reposición contra el decreto contenido en la Resolución N° 7 emitida y notificada el día 17 de abril del presente año, que dispone convocar a audiencia para discutirse la solicitud de cesación de prisión preventiva.
“Con esta acción legal, la juzgadora deberá dejar sin efecto la convocatoria y proceder a emitir la correspondiente resolución conforme a lo ordenado por la Sala Superior de Apelaciones, mediante resolución número seis del último 10 de abril”, puntualiza el abogado.
Debido a discrepancias e incompatibilidades administrativas de función, así como por la presunta protección a cuestionados funcionarios para quienes el Ministerio Público viene pidiendo prisión preventiva y cárcel por haberse –supuestamente-apropiado de dineros del Estado, el gerente general de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, Walter Torres Vera, renunció al cargo de manera irrevocable.
Junto a él también renunciaron el gerente de Administración y Finanzas, Juan Suyón Escurra; el gerente de Asesoría Jurídica Santos Bances Llontop; el subgerente de Tesorería, Alfredo Chunga Sandoval, y el Coordinador del Plan de Incentivos, Arturo Carrera Sánchez.
El lunes por la tarde la noticia corrió como reguero de pólvora en la comuna, debido a que en los últimos siete meses la calma y la paz laboral reinaba en la casa edil e incluso los representantes de los trabajadores de ambos sindicatos – obreros y empleados- mantenían estrecha conversación y coordinación con la gerencia general, con el único objetivo de sacar a adelante al distrito con obras de desarrollo y mantener al día en sus pagos a los trabajadores.
Después de casi siete meses, la inestabilidad administrativa volvió a la municipalidad del distrito, luego que el gerente general de la comuna, Walter Torres Vera, y cuatro de sus principales funcionarios renunciaran de manera irrevocable al cargo, ante presuntas incompatibilidades con el alcalde Epifanio Cubas Coronado.
Aunque abiertamente no se dijo, una de las razones que habría forzado la renuncia de los funcionarios de manera masiva, sería que la autoridad edil persiste en mantener en los cargos a dos funcionarios, los que gozan de su entera confianza, a pesar que uno de ellos se encuentra inhabilitado para ejercer la función pública hasta el año 2020 al haber sido encontrado responsable de haber causado perjuicio económico administrativo a la municipalidad de Cochabamba, en Cajamarca, cuando se desempeñó como subgerente de Logística.
Rald de la Piedra Arévalo, quien tampoco reúne el perfil profesional para ejercer el cargo de subgerente de Logística e incluso ostenta el grado académico de bachiller en biología, extrañamente no es cuestionado por el responsable de Recursos Humanos, Yuri Leonardo Castillo Castañeda.
Para esta persona, que es noticia conocida, la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, a cargo de Magaly Quiroz, ha solicitado al juzgado de turno 18 meses de prisión preventiva en el penal de Picsi por haberse presuntamente apropiado, junto a otros ex funcionarios de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, de más de un millón de soles.
Otro de los motivos sería que el subgerente de Recursos Humanos, Yuri Leonardo Castillo Castañeda, afronta dos procesos penales tanto en etapa de juicio oral y otro en investigación preparatoria por los delitos de abuso de autoridad y peculado en agravio de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Llama la atención que a pesar que el área de Asesoría Legal, el Procurador Municipal, así como los regidores de oposición han opinado y pedido la separación de la gestión municipal de Rald de la Piedra Arévalo y Yuri Castillo Castañeda, el burgomaestre los mantenga en el cargo e incluso les habría otorgado mayores responsabilidades, a pesar de estar cuestionados y no reunir el perfil profesional, en la conformación de comités de selección para la licitación de obras a ejecutarse en los próximos días.
Ante las discrepancias con el titular de la municipalidad de José Leonardo Ortiz, la tarde del lunes el gerente edil optó por dejar el cargo, previa comunicación verbal al alcalde Epifanio Cubas Coronado, con el objetivo que tome acciones y medidas a fin de evitar una inestabilidad administrativa y que los trabajadores, tanto obreros como empleados, se vean afectados.
En conferencia de prensa realizada el último martes, el gerente municipal renunciante, acompañado de su equipo técnico dejó en claro que su alejamiento de la casa edil se debía también a motivos estrictamente personales y profesionales, en salvaguarda de su nombre y su carrera de abogado.
Torres Vera descartó que la decisión tomada sea irresponsable y de carácter desestabilizador; pues, durante en marzo pasado se reunió con el alcalde Epifanio Cubas Coronado y le hizo ver algunas cosas que estaban ocurriendo en la comuna y de acciones negativas de algunos funcionarios para con los intereses del Estado, y que iban a perjudicar a la gestión, así como la paz laboral que desde setiembre del año pasado se había logrado.
Asimismo, desde el punto de vista legal le hizo ver la toma de acciones y medidas disciplinarias contra personal laboral de la comuna, en las cuales se viene haciendo abuso del derecho por desconocimiento o por hacer daño, y hasta existiría una mala interpretación de la Ley, lo cual sería peligroso para la administración pública, porque a la larga le va a ocasionar problemas legales y económicos a la comuna.
Asimismo, dejó entrever que ante la indiferencia del alcalde Epifanio Cubas y el peligro legal que cierne sobre la municipalidad, debido a la falta de una toma de decisión satisfactoria, a la autoridad municipal se le hizo saber – hace 15 días- que vaya buscando un nuevo gerente municipal porque había decidido dar un paso al costado ante la inseguridad jurídica que se vive al interior de la comuna y ante la presencia de personas con problemas con la justicia por haber presuntamente causado daño económico al Estado.
Torres Vera hizo un balance de sus siete meses al frente de la gerencia general de la comuna leonardina, destacando el primer lugar haber logrado conciliar con los trabajados y apostar por la paz laboral, la cual se encontraba resquebrajada cuando él asumió funciones.
Otro de sus logros –señaló- es haber estabilizado el pago de los haberes de los trabajadores, los cuales se encontraban atrasados y no había visos de solución, lo cual generaba incertidumbre, inestabilidad y llevaba a la realización de paros y huelgas de manera frecuente.
“Si bien es cierto no hemos podido estabilizar por completo los pagos de los trabajadores, logramos estabilizarnos en un 90 por ciento. En la actualidad se les debe los meses de febrero y marzo, los que ya estaban programados para hacerse efectivos. El problema es que en la comuna leonardina los trabajadores ganan 16 sueldos al año y la recaudación es baja, más aún ahora que estamos sufriendo las secuelas de El Niño Costero, razón por la que la gente administrada no está cumpliendo con el pago de impuestos y árbitros municipales”, detalló.
Entre los pasadizos del edificio de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz trascendió que el alcalde Epifanio Cubas Coronado tendría pensado designar a Yuri Castillo Castañeda como el nuevo gerente municipal.
En una carta pública, enviada a las redacciones de los diferentes medios de comunicación, el empresario Carlos Roncal Miñano, invoca al Ministerio Público a que sea objetivo, imparcial y proporcional en las investigaciones que realiza en su contra.
Desde la clandestinidad, Carlos Roncal, revela que su libertad se encuentra afectada por “una acusación mal intencionada, armada desde la cárcel por un delincuente, convicto y confeso, un abogado y un fiscal” que se habría prestado al juego, para hacerle daño y refundirlo el prisión, tan solo, presuntamente, por haberse negado a “arreglar” y presumiblemente a pagar una fuerte suma de dinero para no ser involucrado en el asesinato del auditor de la SUNAT, Luis Cieza Herrera.
En la misiva, la cual es de dominio y conocimiento público, revela que días antes al operativo desarrollado por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Lambayeque, el 3 de noviembre del 2016, fue tentado a una extorsión por un abogado de quien por el momento ha decidido mantener su nombre en reserva.
¿EXTORSIONADORES DE ALTO NIVEL?
El letrado –según la misiva- le reveló que iba a tener problemas con la justicia y que él podía ayudarlo porque es amigo del fiscal principal que estaba viendo el caso, cuyo nombre también se mantiene en reserva por el momento.
Indica que ante la extraña propuesta, sin especificar si le pidieron dinero o no, así como qué cantidad, su respuesta fue negativa, diciéndole que no tenía “por qué temer a los problemas legales ya que su conciencia estaba tranquila”, y no había cometido ningún acto al margen de la ley y que en todo caso esperaría la citación de la fiscalía o de la policía.
“Me permito hacer llegar la presente para que la tomen en cuenta como ilustración frente a los hechos e investigaciones de la supuesta organización criminal ‘La hermandad del norte’, en la cual el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, me imputa cargos relacionados a la muerte del señor Luis Cieza Herrera, funcionario de la SUNAT”, detalla en una parte de la misiva.
Relata que en febrero pasado sus abogados tuvieron acceso a la carpeta fiscal donde se plasman las declaraciones de los colaboradores eficaces, enterándose que el letrado que en octubre del 2016 lo fue a “visitar” para “alertarlo” de una investigación en su contra era defensor del colaborador eficaz signado con el código 15012016.
Lo más extraño de todo – narra en la misiva- es que “con el transcurrir de los días se hizo público a través de los medios de comunicación que el citado colaborador eficaz 15012016 también registra otro código por parte del Ministerio Público”, uno de testigo clave N° 012016.
“Por parte del Ministerio Público existe una presunta irregularidad e ilegalidad, frente a los hechos reales, no descartándose que puedan existir malos elementos que pretenderían sacar provecho del derecho, abusando de la responsabilidad y confianza que el Estado ha depositado en ellos”, señala.
Lo más extraño de todo – sigue narrando en la carta- es que al verse descubierto, el letrado “negociador” renunció a seguir como abogado defensor del delincuente que el Ministerio Público hasta el momento tiene como colaborador eficaz.
“Cuando mis abogados tuvieron acceso a la carpeta de los colaboradores eficaces, nos enteramos que este abogado era defensor del delincuente con código 15012016, tal como está registrado en la carpeta fiscal. Con el transcurrir de los días se hizo público que este colaborador eficaz 15012016 también tiene el código de testigo clave 01 2016 y se descubrió la irregularidad e ilegalidad, frente a estos hechos reales, este mal abogado renunció como defensor del delincuente, que es colaborador y testigo”, reza otra parte de la carta de Roncal Miñano.
Por estas razones el empresario se pregunta el porqué de la renuncia del abogado y por qué la Fiscalía no se percató de esta situación aparentemente anómala.
“Frente a los hechos reales actuales, en el curso de la investigación, donde se han descubierto hechos delictivos a través de unos manuscritos incautados a personas que están privadas de su libertad, me hace pensar, con más convicción, que soy víctima de un complot, con el único propósito de recluirme en la cárcel”, redacta en el documento.
PROTEGERÍAN AL ASESINO
Añade que, como es de público conocimiento, un empresario habría enviado a una persona a ofrecer una fuerte suma de dinero con la única finalidad que incriminen hechos relacionados a la muerte de personas, y que esto le hace pensar que alguien sació la sed de dinero para inculparlo o meterlo como sea dentro de esta red criminal y distraer al verdadero asesino del ex funcionario de SUNAT.
“Estos hechos reales que estoy manifestando, lo hago desde la clandestinidad y también los haré saber personalmente a la Fiscalía cuando se me den garantías de respeto a mis derechos fundamentales para apersonarme a la investigación”, detalla.
De igual manera, señala que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, “mucho más cuando las imputaciones hechas por un colaborador eficaz no pueden ser corroboradas con hechos reales y concretos por parte del Ministerio Público”.
“A través de este documento invoco, no desafío, exhorto al Ministerio Público a que sea objetivo, imparcial y proporcional en sus investigaciones, tal como manda la ley. No por el hecho que haya una imputación contra mi persona yo debería ir a prisión, para que después de 36 meses preso, me digan: “Usted tenía razón, es inocente” y recién pueda recobrar mi libertad”, acota en la misiva.
Explica que le asiste el derecho de hacer respetar sus garantías constitucionales, tales como la libertad y la presunción de inocencia.
“Pregunto señores periodistas, ¿quién paga el daño hecho a mi persona? ¿Lo hará el señor fiscal a cargo de la investigación?, ¿lo hará la juez?... No, nadie pagará el incalculable daño moral, económico, empresarial hecho a mi persona y a toda mi familia”, sostiene.
Señala que después de haber revisado los celulares de las personas que supuestamente coordinaban con él, los fiscales no han encontrado ningún vínculo con su persona, especialmente con Alexander Siesquén Sampén, sindicado por el Ministerio Público como su intermediario.
“A ese señor no lo conozco, tal como lo demuestran los videos del seguimiento al que estuve sujeto durante meses. No hay ninguna evidencia de que me haya reunido con algún miembro de esta organización criminal. Todos estos hechos están en la carpeta fiscal, pero sin ningún sustento y mucho menos haberse comprobado”, sigue narrando en la misiva.
Carlos Roncal exhortó a los administradores de justicia a que actúen de acuerdo a ley y también al Poder Judicial, que actúe como un árbitro que garantice el debido proceso, así como a enterarse bien de los requerimientos solicitados por el Ministerio Público, los que deberían estar bien fundamentados como manda la ley, para que el proceso sea justo para cualquier ciudadano.
“Como empresario y ciudadano, soy respetuoso de las instituciones democráticas de nuestro Estado, confío que tenemos magistrados muy profesionales y que hacen honor a la investidura que la sociedad les ha encargado. Solo espero que se haga justicia, como cualquier ciudadano que ha visto que han atropellado sus derechos fundamentales”, explica.
CHICLAYO: LA CIUDAD CAOS DONDE TODO ESTí� PERMITIDO
Chiclayo, la ciudad multicolor, que alguna vez fue bonita y ordenada, padece cada día más del desgobierno, aquel que permite que con sus calles, sus áreas públicas y sus monumentos pase de todo, donde es posible edificar sin respeto por las normas pese a tener un Plan de Desarrollo Urbano vigente.
OCI INTERVIENE EN CASO DEL JEFE DEL CGT: ¿NICOLí�S MONDOí�EDO PUEDE SEGUIR EJERCIENDO LA DEFENSA LI
Lo grave es que lo sucedido el lunes último no es nuevo. Nicolás Mondoñedo se ha ausentado en diversas ocasiones de su despacho en el CGT para atender sus casos particulares como abogado en el Poder Judicial.
El martes 18 se conoció que por disposición de la Contraloría General de la República, la OCI del municipio provincial, a cargo de Wilder Castro Nieves, ha tomado cartas en el asunto para determinar hasta qué punto estaría incurriendo en falta el actual jefe del CGT.
PARA EVITAR LA EXCLUSIÓN SOCIAL: IMPORTANCIA DE LAS POLí�TICAS DE USO DEL SUELO URBANO

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