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Timestamp: 2019-08-17 14:57:20+00:00

Document:
REAL DECRETO 804/1993, de 28 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento tecnico y de Prestacion del Servicio de Telecomunicacion de Valor añadido de suministro de Conmutacion de Datos por paquetes o circuitos. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15380579
Fecha de Entrada en Vigor: 12 de Junio de 1993
Marginal: BOE-A-1993-15066
Sección 2. - arts. 10 y 11
Sección 3. - arts. 12 a 14
Sección 4. - arts. 15 a 17
Sección 5. - arts. 18 a 20
Sección 6. - arts. 21 a 23
Sección 1. - art. 24
Sección 2. - arts. 25 a 28
Sección 3. - arts. 29 a 31
Sección 4. - arts. 32 a 35
Norma citada en: 22 sentencias, 4 artículos doctrinales, 8 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, en su artículo 22, modificado por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, dispone que el Gobierno, reglamentariamente, establecerá el procedimiento y requisitos exigibles para el otorgamiento de las concesiones administrativas para la gestión de los servicios de telecomunicación consistentes en el suministro de conmutación de datos por paquetes o circuitos. La entrada en vigor de la citada Ley 32/1992, de 3 de diciembre, hace necesaria la aprobación del correspondiente Reglamento y da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 90/388/CEE, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones.
Capítulo II Artículos 6 a 23
Sección 1 Artículos 6 a 9
Sección 2 Artículos 10 y 11
El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario mediante la presentación, si la empresa fuese persona jurídica, de la escritura de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil; o tratándose de empresarios individuales, fotocopia del documento nacional de identidad debidamente autenticada, o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
Si el solicitante actúa en calidad de representante, deberá además presentar poder bastante en Derecho, inscrito, en su caso, en el Registro Público correspondiente.
Los que acrediten que el solicitante se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social, aportando los justificantes de:
Estar inscrito en la Seguridad Social.
Haber afiliado y haber dado de alta, en su caso, a los trabajadores que tenga a su servicio y estar al corriente de pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.
Testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, que pruebe la capacidad para contratar con la Administración por parte de las empresas en relación con las situaciones indicadas en los apartados del artículo 9 de la Ley de Contratos del Estado. Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente podrá ser sustituido por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial, administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.
Cuando dos o más empresas soliciten una concesión constituyendo una agrupación temporal, cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad y capacidad, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración. Las responsabilidades y obligaciones inherentes y derivadas de la concesión les corresponderán con carácter solidario.
Proyecto de la instalación, que deberá incluir lo siguiente:
Previsión de servicios portadores a utilizar.
Plan de explotación de la concesión con indicación de naturaleza, características, cobertura geográfica, plazos, interconexiones, modalidades de acceso y tarifas del servicio previstas inicialmente por el solicitante.
Equipos previstos con indicación de sus características técnicas.
El solicitante deberá haber cumplido con sus obligaciones tributarias, como requisito para el otorgamiento de la concesión. Las obligaciones cuyo cumplimiento debe acreditarse son las siguientes:
Haber presentado la declaración de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y haber satisfecho la deuda tributaria del período correspondiente al año en que se solicita la concesión o al inmediato anterior.
Haber presentado las declaraciones, declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones enumeradas a continuación, así como haber ingresado las cuotas que en su caso procedan:
Declaración-liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pagos fraccionados y retenciones e ingresos a cuenta del citado impuesto.
Declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades, pagos a cuenta y retenciones e ingresos a cuenta del citado impuesto.
Declaraciones resúmenes anuales de las retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos personales a que se refieren los dos apartados anteriores.
Autoliquidaciones y declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Declaración del Impuesto General Indirecto en las Islas Canarias.
Declaración del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas en Ceuta y Melilla.
Haber presentado la declaración anual de operaciones a que se refiere el Real Decreto 2529/1986, de 5 de diciembre.
No tener ninguna deuda tributaria incursa en procedimiento de apremio.
Si los documentos acreditativos del cumplimiento de estas obligaciones estuvieran ya en poder de la Administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que haga constar el órgano ante el que presentó esos documentos, la fecha de presentación y el número o referencia de las actuaciones a que tales documentos dieron lugar.
En este supuesto, el órgano competente para otorgar la concesión solicitará de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la información referida al cumplimiento de tales obligaciones, indicando expresamente en la solicitud los apellidos y nombre, y razón o denominación social, número de identificación y domicilio fiscales del solicitante de la concesión.
El órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria informará al órgano que otorga la concesión sobre si los concesionarios concretos han presentado las declaraciones correspondientes y, en su caso, ingresado las deudas tributarias.
Sección 3 Artículos 12 a 14
Notificada la adjudicación de la concesión del servicio de suministro de conmutación de datos por paquetes o circuitos, el concesionario deberá acreditar, dentro de los quince días siguientes, la constitución de una finaza por una cuantía de 30 millones de pesetas en la Caja General de Depósitos o en cualquiera de sus sucursales. La fianza podrá constituirse en metálico, en títulos de la Deuda Pública, o mediante aval ajustado al modelo establecido en la Orden del Ministerio de Hacienda de 10 de mayo de 1968, y estará afecta al cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones, especialmente al resarcimiento de los daños y perjuicios y de los gastos que el concesionario ocasionara a la Administración y a las redes, así como a los casos de resolución de la concesión.
Sección 4 Artículos 15 a 17
La concesión y su titular, así como los datos y circunstancias que deban ser objeto de inscripción, quedarán inscritos en el Registro Central de Servicios de Valor Añadido, que al efecto se llevará en la Dirección General de Telecomunicaiones, antes del comienzo de la explotación del servicio.
El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del concesionario, siendo de su cuenta la indemnización de todos los daños que se causen tanto a la Administración contratante como a terceros como consecuencia de las actuaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo de aquéllos que sean efecto directo e inmediato de una orden de la Administración. El concesionario responderá de cualesquiera reclamaciones judiciales o extrajudiciales de terceros dirigidas contra la Administración derivadas de la actividad de aquél.
Sección 5 Artículos 18 a 20
El concesionario está obligado al cumplimiento fiel y exacto de los términos de la concesion, con pleno respeto a los derechos y libertades reconocidos en la Constitución. En particular, serán obligaciones del concesionario:
Admitir como usuarios del servicio a todas las personas físicas o jurídicas que lo deseen, sin más limitaciones que las que se deriven de la capacidad técnica del servicio.
Los contratos que el concesionario suscriba con los usuarios habrán de recoger los valores de calidad ofertada del servicio, a efectos de posibles indemnizaciones por incumplimiento de los mismos.
Notificar a la Dirección General de Telecomunicaciones las tarifas máximas que deberán satisfacer los usuarios del servicio, o cualquier modificación de las mismas, con quince días de antelación a su aplicación. Dichas tarifas máximas serán de público conocimiento de los usuarios, para lo cual deberá, asimismo, remitir copia de ellas a las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente establecidas cada vez que se modifiquen.
Cumplir la reglamentación de las telecomunicaciones y de las demás obligaciones contenidas en las disposiciones citadas en el artículo 2 de este Reglamento, y en particular de las normas y especificaciones técnicas y de homologación de los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas.
Abonar en tiempo y forma el precio por la utilización, en su caso, de servicios portadores, así como las compensaciones económicas acordadas con los prestadores de servicios de suministro de conmutación de datos por paquetes con los que se interconecte, y las tasas y cánones aplicables.
Facilitar a la Administración, conforme al procedimiento establecido en el artículo 18 del Real Decreto 1017/1989, de 28 de julio, declaración de los ingresos brutos derivados de la explotación del servicio concedido.
Abstenerse de revender capacidad de red hasta tanto no se autorice, de conformidad con la legislación en vigor.
Tomar las medidas oportunas conducentes a garantizar la seguridad de la red en los casos de emergencia o fuerza mayor.
Cumplir los requisitos técnicos exigibles para la conexión a los servicios portadores que se utilicen.
Interconectarse con otros servicios de valor añadido de suministro de conmutación de datos por paquetes o circuitos en los términos establecidos en los artículos 29 a 31, con cumplimiento de las normas técnicas establecidas en garantía de la interoperabilidad de redes y servicios.
Someterse expresamente a la normativa sobre protección de datos, en particular, a lo determinado en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, y a la que ulteriormente se establezca.
Acatar las disposiciones emitidas por las autoridades en caso de emergencia. En tales situaciones, el servicio, por orden de la autoridad competente, podrá ser interrumpido parcial o totalmente según las condiciones fijadas por la legislación y reglamentación en vigor.
Garantizar la cobertura establecida en el artículo 8, salvo que no existiera capacidad en el servicio portador.
Ofrecer las calidades de servicio indicadas por el concesionario en su publicidad o en los contratos individuales, o, en su caso, prestar el servicio con los niveles de calidad que puedan fijarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.
Informar a la Administración y al público de los modos de acceso a través de los servicios portadores de alquiler de circuitos o del telefónico básico, así como de las facilidades disponibles en su servicio.
Las condiciones de resolución de los contratos, principalmente en lo relativo al plazo mínimo de preaviso y a las modalidades de indemnización individuales.
Plazo de preaviso razonable previo a la modificación o supresión de una oferta, antes de ponerla en vigor.
Informar a la Administración de todos aquellos aspectos relacionados con la prestación del servicio ante el requerimiento de aquélla, y en especial, en caso de litigio.
En ningún caso se podrá ofrecer al público servicios de telefonía vocal o télex aprovechando la capacidad excedentaria de la red.
Sección 6 Artículos 21 a 23
Modificación, transmisión y extinción de la concesión
Las consignadas en el artículo 75 de la Ley de Contratos del Estado.
La imposición firme en vía administrativa de la sanción de revocación definitiva del título administrativo habilitante del servicio que preste el infractor, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 34 de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, por la comisión de las actuaciones tipificadas como infracciones muy graves en el artículo 33.2 de ésta.
La renuncia del concesionario con preaviso a la Administración con seis meses de antelación.
La falta de constitución de la fianza o de la inscripción en el Registro Central de Concesionarios de servicios de telecomunicación.
La incursión del concesionario durante la vigencia de la concesión en alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 9 de la Ley de Contratos del Estado.
Las reiteradas deficiencias en la prestación del servicio o la interrupción del mismo, salvo caso de fuerza mayor.
Capítulo III Artículos 24 a 35
Sección 1 Artículo 24
Regulación de las características técnicas
Sección 2 Artículos 25 a 28
Sección 3 Artículos 29 a 31
Sección 4 Artículos 32 a 35
Los usuarios que a la fecha de la entrada en vigor de este Real Decreto tuviesen suscrito con , contratos para la prestación del servicio de suministro de conmutación de datos por paquetes, de conformidad con el anterior régimen juridico, podrán resolver la relación jurídica existente, previa notificación a dicha sociedad con un plazo de preaviso de seis meses.
, podrá continuar prestando dicho servicio durante el período de un año, debiendo solicitar la transformación de su título habilitante en el plazo de seis meses a partir de la publicación de este Reglamento, cumpliendo lo dispuesto en éste.
REAL DECRETO 81/1999, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Título II de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio P...
RESOLUCION DE 15 DE FEBRERO DE 1996, de la Direccion general de Telecomunicaciones, por la que se aprueban las Condiciones en que se debe hacer publica...
Orden ITC/751/2010, de 22 de marzo, por la que se modifica la Orden ITC/4096/2006, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento de uso del d...
ORDEN FORAL 169/2013, de 5 de julio, del Consejero de Presidencia, Justicia, e Interior, por la que se determinan los supuestos de incapacidad temporal en los que con carácter excepcional el personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en Navarra, puede alcanzar el cien por cien de las retribuciones que vinieran percibiendo.
DECRETO 55/1997, de 18 de marzo, por el que se habilitan créditos en el Programa 44310 por ingresos obtenidos en el Programa 95040 del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 1997.
ORDEN 18/2010, de 29 de noviembre, de la Conselleria de Sanidad, para la creación del fichero de la Dirección General de Salud Pública con datos de carácter personal denominado Programa de detección precoz de hipoacusias.
ORDEN ECF/242/2004, de 16 de junio, de nombramiento de vocales de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña.

References: artículo 22
 artículo 3
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 35
 resolución 
 artículo 2
 artículo 18
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 35
 resolución 
 artículo 75
 artículo 34
 artículo 33
 artículo 9
 Artículo 24
 Real Decreto 

REAL DECRETO