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Timestamp: 2019-04-25 13:53:55+00:00

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Aún hay clases en la Universidad en España. - Página 4
Aún hay clases en la Universidad en España.
La Comunidad de Madrid ya tenía constancia en el año 2013 de presuntas irregularidades académicas en el máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos, que cursaron el presidente del PP, Pablo Casado y la expresidenta regional Cifuentes.
materia el 27/8/2018, 11:35 pm
La Comunidad de Madrid ya tenía constancia en el año 2013 de presuntas irregularidades académicas en el máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos, que cursaron, en diferentes ediciones, el presidente del PP, Pablo Casado y la expresidenta regional Cristina Cifuentes. Un informe de la Fundación Madri+D, organismo dependiente de la Consejería de Educación y que, entre otros cometidos, evalúa la calidad del sistema universitario madrileño, detectó aquel año que no quedaba claro si el máster era presencial o semipresencial. Tampoco se especificaba la normativa de reconocimiento de créditos y convalidaciones.
Aspectos como estos han sido clave en la imputación de Cifuentes y en la decisión de la juez que investiga el caso Máster de enviar al Tribunal Supremo la causa sobre Pablo Casado, al estar este aforado por su condición de diputado.
El informe de la Fundación Madri+D, adelantado por la cadena SER, constata, entre otros aspectos, que en el máster de Derecho Autonómico, dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, faltaba información en las guías docentes y que no estaba claro ni el sistema de toma de decisiones ni las normas de funcionamiento.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró ayer en Melilla que el máster de la Universidad Rey Juan Carlos que fue revisado por la Comunidad de Madrid, y al que se le pidieron subsanar ciertos aspectos, no era el suyo, el de la promoción 2008-2009, sino los de años posteriores. La misma tesis sostuvo el Gobierno regional madrileño en declaraciones a la agencia Efe.
https://elpais.com/politica/2018/08/21/actualidad/1534875828_750332.html
El Tribunal Supremo obliga a leer los trabajos para acreditar los méritos de investigación en la Universidad.
materia el 18/9/2018, 8:31 pm
Da la razón a una profesora y dice que no basta con tener en cuenta la revista en la que se publican los estudios.
Amparo Sánchez, profesora de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Extremadura, recibió una nota muy baja en dos de los trabajos que presentó en 2014 al proceso de valoración de sus méritos investigadores —los famosos sexenios que dan acceso a mejoras salariales y a ciertas actividades dentro de los campus— porque se había publicado en “un medio [revista] inadecuado”; el tribunal evaluador ni siquiera se lo había leído. Se trata del sistema habitual para agilizar unos procesos masivos —los trabajos se califican simplemente por el prestigio internacional de la revista en la que fueron publicados—, pero Sánchez recurrió la decisión porque le parecía injusta, ya que defendía la calidad de esas dos investigaciones. Y, ahora, el Tribunal Supremo le ha dado la razón y obliga a los evaluadores a leer los trabajos para poder valorarlos, por lo menos, los que no están en los listados de revistas prestigiosas, que hasta ahora quedaban excluidos inmediatamente de alcanzar la máxima puntuación. Sánchez espera conseguir ahora el sexenio que le negaron entonces, cuenta.
“Las investigaciones, las aportaciones presentadas por los interesados, no pueden dejar de examinarse solo por el hecho de que no se publicaran en las revistas o medios incluidos en los índices o listados identificados […]. Ni tampoco están excluidos por esa sola razón de la máxima valoración permitida […]. Dependerá de su contenido la evaluación que merezcan”, dice la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo firmada el pasado 12 de junio.
“Recibimos anualmente 10.000 solicitudes de sexenios para resolver en cuatro meses. Existe en cada disciplina unos criterios estándar para valorar la calidad de un trabajo, sustentados en 21 elementos: donde públicas, la revista, evaluadores de esas revistas, y el número de citas que ese artículo ha generado", explica José Arnáez Vadillo, director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), organismo encargado de centralizar cada año, a través la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, el proceso de acreditación de los sexenios de los profesores universitarios españoles. Arnáez Vadillo añade que sí se va a analizar el contenido, pero solo el de aquellos estudios que no estén en publicados en las revistas de más prestigio. “Puede ocurrir que se detecte que un trabajo tiene calidad, pero no está en esos repositorios [el listado de revistas], entonces sí se analizará. Los otros, ¿para qué vas a leer un artículo publicado en una revista con 3.000 citas? No tiene sentido. La sentencia dice que, a la hora de responder a los recursos no favorables, hay que utilizar otros criterios de valoración, así que vamos a explicar por qué un trabajo no ha sido valorado positivamente”.
Sánchez estaba convencida de la calidad de las publicaciones que había presentado en su día y por esa razón, representada por el abogado José Antonio García Rueda, se embarcó en un periplo que comenzó por un recurso a la decisión de la Aneca (rechazado), un juicio contencioso administrativo que también perdió en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, finalmente, en el recurso de casación en el Supremo que sí ha acabado dándole la razón. Pero, más allá de su caso, insiste, espera que el resultado sirva a todos los profesores que han sufrido un sistema injusto.
"Desde su propio origen, el sistema es inviable por ser imposible que una comisión pueda leer y revisar tamaña cantidad de publicaciones. Y esta inviabilidad es la que ha dado lugar a que, de facto, el sistema haya degenerado hacia una evaluación por el continente y no por el contenido. Lo que es absolutamente contrario a la propia esencia de la institución universitaria y, aún más, repugna al sentido común", señala Sánchez. Ahora, la Aneca revisará aquel proceso que le dejó sin sexenio hace unos años, pero esta vez, el resultado sí dependerá del contenido de todos sus trabajos.
Los sexenios son la manera de medir los méritos investigadores de los profesores universitarios, medidos en periodos, lógicamente, de seis años; una vez al año, distintos tribunales de cada área valoran los méritos que les presentan los candidatos. Estas distinciones dan acceso a complementos de productividad en el salario que establecen las universidades; en la de Extremadura, por ejemplo, el primer sexenio significa 650 euros más al año; el sexto (que es el nivel máximo), 2.700 euros.
Pero, además, los sexenios son necesarios para participar en ciertas tareas, por ejemplo, para poder dirigir tesis doctorales o participar en doctorados de calidad. Y, desde 2012, es necesario tener un “sexenio vivo”, es decir, conseguido en los últimos seis años, para evitar que la universidad aumente la carga docente de un profesor alegando que está investigando poco. Por último, los sexenios también se tienen en cuenta, por ejemplo, en el proceso al que tienen que someterse los profesores titulares de la universidad pública que quieren convertirse en catedráticos.
https://elpais.com/sociedad/2018/09/18/actualidad/1537270842_896963.html
El Tribunal de Cuentas reclamó en 2015 más controles universitarios.
materia el 18/9/2018, 8:34 pm
La institución advirtió del desorden de las entidades externas dependientes de los campus y de la falta de recursos para que los consejos sociales controlen el dinero
Las universidades públicas españolas no tienen sistemas de control interno suficientes y los consejos sociales (participados por sindicatos, políticos y empresarios, entre otros, y encargados de aprobar los presupuestos anuales) carecen de los mecanismos y los medios adecuados para ejercer de forma efectiva su tarea de control, sobre todo, ante la proliferación de entidades dependientes de los campus públicos (fundaciones, empresas y otras sociedades) que escapan de una manera flagrante a la supervisión. Estas son las principales conclusiones del último informe detallado del Tribunal de Cuentas sobre los campus públicos, aprobado en 2015 con datos hasta 2012-2013.
“Las normas ya existen, lo que se tiene que establecer es un mecanismo de control [obligatorio y con unos mínimos para todos] a través del consejo social en el que la calidad sea lo que prime. Y que se ejerza. Porque, ¿se ha ejercido en los últimos años? Yo creo que no”, decía ayer el consejero del tribunal Ángel A. Algarra, director de aquel informe. Opina que el cambio que trajo Bolonia, la reforma europea de la educación superior, tiene buena parte de la culpa. “Probablemente hayamos implantado de forma muy rápida algo totalmente distinto” y los sistemas de control no han resistido, dice. Aunque extiende las responsabilidades fuera de la Universidad: “Las comunidades autónomas se han quitado de en medio. Desde su intervención no han existido informes o seguimiento de los informes internos”, asegura.
Algarra, que es además profesor de Fundamentos de Análisis Económicos en la universidad privada CEU San Pablo, asegura que esas disfunciones se van solucionando poco a poco y reclama, en todo caso, no “criminalizar” ni generalizar en un contexto en el que el escándalo de los másteres en la Rey Juan Carlos está salpicando a toda la universidad española, que él considera buena y abierta a la crítica y la mejora. Pero lo cierto es que aquel informe sobre unos campus públicos que en 2016 manejaron unos presupuestos de 8.893 millones de euros es demoledor en algunos puntos.
Por ejemplo, el que se refiere al control de los organismos dependientes creados al abrigo de la Ley de Universidades de 2001. “La creación de entidades instrumentales no siempre ha respondido a nuevas necesidades, sino en ocasiones a la deliberada huida de los controles internos o del control presupuestario y de gestión y a la búsqueda de un campo de actuación menos reglado en el que poder incrementar el margen de discrecionalidad”, dice el texto.
Casi 529 millones
Si el espíritu de estas entidades era dar a los campus instrumentos legales más ágiles y flexibles para poder responder a una realidad compleja y cambiante, el informe advierte de que se hizo sin los necesarios contrapesos. “Teniendo en cuenta que los sistemas de control interno en las propias universidades públicas no se han desarrollado de manera equivalente al de la intervención en las Administraciones públicas [...] todos estos entes instrumentales quedan exentos en la mayoría de los supuestos de cualquier control”, añade.
Y, cuando sí entran en las cuentas anuales, la mayor parte de las veces no aparecen con el suficiente detalle como para estar bien fiscalizados por los consejos sociales y los organismos externos, es decir, las cámaras de cuentas de cada comunidad. De hecho, ni siquiera hay un censo pormenorizado completo de estas entidades, dice aquel texto. Calcularon, con los datos disponibles entonces, que había 382 entidades de este tipo vinculadas a universidades públicas, las cuales habían gastado entre todas 528,9 millones de euros.
Pero los problemas detectados en estos organismos libres —el extinto Instituto de Derecho Público, dirigido por el profesor Álvarez Conde, en la Rey Juan Carlos, no lo era nominalmente, pero sí en la práctica— se enmarcan en un contexto de falta de efectividad general de los controles internos. El texto se queja de que las unidades dedicadas a estos menesteres no existen —o no existían en 2013— en todas las universidades públicas y, donde están, realizan su tarea muchas veces sin el desarrollo normativo necesario —no comparable con el de la Administración pública regional— ni los medios humanos mínimos.
“El control interno no ha sido establecido con criterios claros desde hace tiempo. Entonces, la primera recomendación fue: establezcan ustedes sistemas de control interno adecuados, doten a estas unidades de los medios necesarios”, explicaba este lunes el consejero Algarra. En su opinión, la vía para mejorar esos controles son los consejos económicos y sociales, órganos compuestos por los responsables universitarios y “personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social”, según la Ley de Universidades, lo cual se suele traducir, entre otros, en representantes de las patronales, los sindicatos o los partidos políticos.
A estos consejos, dice también la ley, les corresponde “la supervisión de las actividades de carácter económico de la universidad y del rendimiento de sus servicios”. Pero, de nuevo, aquel informe de 2015 constata que “tanto los medios, órganos de apoyo y propia finalidad de sus reuniones hacen que se observe una necesidad de modificación legal de manera que el control atribuido a este órgano se residencie en un órgano con capacidades técnicas”.
Algarra insiste en que el efecto preventivo de esos informes está funcionando —es decir, que, aunque las mejoras lleven tiempo, las universidades están haciendo esfuerzos para que se produzcan— y, como prueba, recuerda que la Comisión Mixta del Congreso-Senado que les pidió el informe de 2015 —que era el segundo en una década— no le encargó otro general, sino uno específico sobre los sistemas de contabilidad universitarios.
Un instituto que iba por libre
El Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid —centro de la polémica en torno a los másteres obtenidos por políticos supuestamente con trato de favor— fue creado en 2005 bajo la forma legal de un instituto universitario de investigación. Pero, en la práctica, funcionaba como una entidad independiente.
Según la Ley de Universidades de 2001, reformada en 2007, se trata de “centros dedicados a la investigación científica y técnica o a la creación artística” que pueden, además, “organizar y desarrollar programas y estudios de doctorado y de posgrado y proporcionar asesoramiento técnico en el ámbito de sus competencias”. Así, lo raro no es que estos institutos (hay 472 en las universidades públicas) den títulos, sino que se dediquen a ello con el frenesí con que lo hacía el centro de la Universidad Rey Carlos, dirigido por Enrique Álvarez Conde: en 2017 ofreció siete másteres oficiales, 15 títulos propios y un programa de doctorado.
Pero lo más peculiar de ese instituto era el funcionamiento sin control alguno de la universidad desde 2006, según el sumario del caso máster, con un CIF propio que le permitió tener personalidad jurídica independiente y firmar contratos y convenios de forma autónoma. Esto es totalmente irregular, no solo porque la ley coloca estos centros dentro de las estructuras normales de la universidad —al mismo nivel que las facultades y las escuelas—, sino porque se salta los propios estatutos de la Rey Juan Carlos. Por ejemplo, los puntos que dicen que deberán administrar sus recursos “de acuerdo con las directrices de gestión económica establecidas por el Consejo de Gobierno” de la universidad y que este planificará la política de personal.
https://elpais.com/sociedad/2018/09/17/actualidad/1537207551_465218.html?rel=mas
Última edición por materia el 27/9/2018, 1:35 pm, editado 1 vez
El Gobierno cierra un máster de la universidad privada Isabel I de Castilla (Burgos) que multiplicó por 11 los alumnos autorizados, tenía profesores sin capacitar y recursos escasos en el título "online".
materia el 27/9/2018, 12:51 pm
El Gobierno, a través del Consejo de Universidades, ha cerrado un máster online que habilita para profesorado de secundaria y FP que impartía la Universidad Isabel I de Castilla, una institución privada de enseñanza a distancia radicada en Burgos desde hace seis años. En el Registro de Universidades, Centros y Títulos se afirma que puede matricular a 110 personas, pero la universidad llegó a inscribir a 1.227 el pasado año. Alega que hay un problema de “interpretación” del cupo, porque su intención siempre fue apuntar a 100 personas en cada una de sus 10 especialidades (Matemáticas, Música...), lo que suma el millar.
El Consejo de Universidades tomó la decisión de no renovar el título a finales de 2017, tras analizar un informe de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, pero la medida entra este curso en vigor. La universidad la ha recurrido en la Audiencia Nacional.
Sin el máster, la Isabel I ha perdido este curso una sexta parte de su alumnado y unos ingresos brutos de cerca de seis millones de euros. La agencia recomendó al campus que aumentase escalonadamente el número de matrículas y que tuviese una planificación docente previa a saber el número de inscritos.
La agencia de calidad castellanoleonesa juzga que la universidad no contaba con suficientes medios técnicos, materiales ni humanos para atender a un millar de matriculados. Pues, a su juicio, eran profesores poco experimentados o que, en ocasiones, impartían asignaturas para las que no estaban capacitados. Por ejemplo, en un informe negativo de 2016 se menciona a un licenciado de Prehistoria que daba clase de Procesos y contextos educativos.
Con el Plan Bolonia, Educación dejó en 2010 de ofertar el CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica) que convertía a los licenciados españoles en potenciales profesores de secundaria con un pequeño examen y unas prácticas muy cortas. Desde entonces, para ejercer de docente, hay que cursar un máster. El que ofertaba la Isabel I constaba de dos asignaturas obligatorias y cinco optativas, 120 horas de prácticas y un trabajo final. La agencia cuestiona que se convalidasen optativas con experiencias profesionales.
El título comenzó a impartirse en el 2013 con 50 profesores —el 44% de ellos doctores, cuando la ley exige un 50%— y 423 alumnos, según datos de la universidad. Es decir, el campus cuadruplicaba los alumnos autorizados. Al curso siguiente, se aumentó en un 60% su claustro, se cumplió el porcentaje de doctores y sus estudiantes crecieron un 78% (755 alumnos). En 2015, los inscritos pasaron a ser 902 y, el pasado curso, 1.227 graduados pagaron los 4.680 euros del posgrado.
El rector de la Isabel I, Alberto Gómez Barahona, defiende que el título tenía una ratio de 20 alumnos por profesor, “muy por debajo de lo que dice la ley”. El decreto de titulaciones establece que debe de contarse con un profesor a tiempo completo (40 horas a la semana) por cada 50 o 100 alumnos, dependiendo del grado de experimentalidad y presencialidad del título. La agencia de calidad señala, por el contrario, que muchos docentes trabajan allí a tiempo parcial —hace un año toda la plantilla fija del campus sumaba 98 personas— y recuerda que es un máster semipresencial. “Hay que cursar prácticas en centros educativos reales y se necesita mucha supervisión. ¿Cuántos alumnos del máster pueden meterse en el aula de un instituto para que aprendan viendo enseñar al profesor? ¿Uno? ¿Dos?”, se pregunta un portavoz de la agencia. La Isabel I afirma que tiene acuerdos con 2.000 centros educativos en España.
Gómez Barahona sostiene que en la memoria de verificación para impartir el máster redactada en 2012 se hizo una “estimación” de 100 plazas porque pecaron de “novatos”. La universidad nacía entonces, cuenta, y tuvieron siempre en mente la idea de modificar el número de estudiantes en función de la demanda. En 2014, 2015 y 2016 la universidad pidió a Educación las 1.000 plazas, pero se rechazó una y otra vez la modificación tras analizar los informes de la agencia regional, que se pronunció siempre en contra. Los informes son públicos en la página de la agencia, que depende de la Consejería de Educación de Castilla y León pero es autónoma.
El rector recuerda que cada año informaba a la Consejería de Educación de que iba a disponer de 1.000 plazas en el máster del año siguiente y esta no ponía objeciones. Gómez Barahona reconoce, no obstante, que esta entidad tampoco se pronunciaba a su favor: “No hay una resolución escrita”.
El rector, profesor de Derecho Administrativo, ha presentado personalmente el recurso ante la Audiencia Nacional. Cree que son víctimas de una campaña en contra por “no ser un centro de la Iglesia ni afín a ningún partido”, pero ganaremos.
El refugio de 300 docentes italianos
Un total de 296 italianos han cursado el máster de profesorado de la Universidad Isabel I de Castilla. Habilitarse como docente en Italia resulta complicado y lento, por lo que centenares de graduados cursan fuera el posgrado. La universidad cuenta que trasladaron profesores hasta el Instituto Cervantes de Roma para examinar a los alumnos allí. “El año pasado solo tuvimos seis italianos matriculados, porque hacemos las cosas bien, y obligamos a hacer las prácticas aquí y no en Italia”, sostiene el rector Alberto Gómez Barahona.
https://elpais.com/sociedad/2018/09/26/actualidad/1537981730_725589.html
Colegiaciones masivas de italianos y universidades privadas y públicas españolas: Universidad Rey Juan Carlos (URJC)...
materia el 27/9/2018, 1:35 pm
El escándalo asedia a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. En ella estalló el caso máster, que ha acabado ya con una presidenta regional y con una ministra y que cerca al principal líder de la oposición. Y sobre ella han puesto también la mirada la Policía Nacional y el juez de Instrucción número 40 de la capital, que investigan su relación con una supuesta trama de abogados italianos irregularmente colegiados en España. Una historia que ya denunció en 2016 el Observatorio contra la Corrupción después de detectar una colegiación masiva de abogados italianos gracias a las presuntas facilidades irregulares que les daba este centro docente. Según la Cadena SER, que adelantó el jueves esta nueva investigación, no solo ocurría en esta universidad.
"Se celebró un examen o prueba de conjunto a un número muy elevado de alumnos, todos de nacionalidad italiana —más o menos unas 500 personas—, con el fin de que los mismos pudieran obtener, al margen del procedimiento de homologación, el título de Licenciado en Derecho, y así poder comenzar su actividad profesional mediante la simple colegiación en España", resalta el escrito del Observatorio, enviado a la fiscalía. "Es muy llamativo que haya habido hasta ocho autobuses desplazándose desde la estación de Atocha a la universidad como si fueran de excursión", continuaba la denuncia, que expone que los alumnos italianos podrían haber pagado en torno a 11.000 euros por un "examen de convalidación" que les permitía comenzar su actividad profesional "sin someterse a la vigente prueba de acceso a la profesión de abogado".
Esta nueva investigación pone el foco sobre un asunto que lleva levantando recelos en el sector desde hace años. De hecho, la Audiencia Nacional ya dictó un auto el 5 de febrero de 2015, al que ha tenido acceso EL PAÍS, donde apreciaba la "posible existencia de una infracción penal" en un caso denunciado por un abogado de Jaén, que sospechaba que se estaban produciendo prácticas irregulares en los Colegios de Lucena (Córdoba), Jaén y Valencia, ya que en ellos se estaban inscribiendo numerosos abogados italianos. Estos órganos lo negaron. Pero, en su escrito, el letrado afirmaba que 29 de los registrados en Jaén tenían como domicilio profesional un "mismo piso pequeño" de Fuenlabrada (Madrid) y el mismo número de teléfono.
Aunque el Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, encabezado entonces por Javier Gómez Bermúdez, admitió a trámite la denuncia y dio parte al Ministerio Público, finalmente, este órgano judicial descartó entrar en el fondo de la cuestión porque no era de su competencia. Según reza en el auto de archivo, se procedió a sobreseer porque el "supuesto fraude no produciría grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, ni existen múltiples perjudicados, ni la cuantía de la supuesta defraudación afecta a la economía nacional; por lo que se rechaza el conocimiento por falta de competencia".
Según consta en el sumario del caso Máster, el Grupo Operativo de Extranjeros II (GOE II) de la Policía Nacional citó hace unas semanas al profesor Pablo Acosta, nombrado por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid para hacerse cargo del Instituto de Derecho Público (IDP), donde estalló el escándalo. Los agentes tomaron esta decisión porque "gran parte de la información que maneja este GOE II apunta a que esta universidad estaría relacionada con los ciudadanos italianos que están siendo investigados por colegiarse como abogados en distintos colegios de España, al parecer, sin cumplir los requisitos legalmente establecidos".
A raíz de este escándalo, la policía se puso en contacto con la Rey Juan Carlos, que, según el propio centro, está colaborando con la policía desde mayo, aportando documentación para esclarecer los hechos.
Evitar un máster en Italia
El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha afirmado este jueves que permitió la colegiación de ciudadanos italianos que no tenían el título profesional de abogado porque lo permitía la ley y porque tenían "la seguridad o confianza" de que los títulos de Derecho de la Rey Juan Carlos "eran válidos". Con este diploma, evitaban cursar un máster en Ciencias Jurídicas exigido en Italia para ejercer la abogacía, que cuesta en torno a 18.000 euros, y además, con la colegiación en España, podían ejercer en toda Europa. Cuando el ICAM supo que había una investigación, abrió varios expedientes.
https://elpais.com/sociedad/2018/09/20/actualidad/1537474134_839135.html
Nuevo caso que afecta a la Universidad Rey Juan Carlos. Según ha sabido la Cadena SER, un juzgado de Madrid y la policía investigan un presunto fraude de colegiación masiva en España de cientos de abogados italianos. Estos licenciados convalidaban aquí sus estudios en varias universidades, entre ellas, la Rey Juan Carlos siendo rector Fernando Suárez, mano derecha de González Trevijano y que tuvo que dejar el cargo por haber plagiado.
La Brigada Provincial de Extranjería de Madrid solicitó el pasado mes de junio información a la Universidad Rey Juan Carlos sobre colegiaciones masivas en España de abogados italianos dentro de una investigación dirigida por el juzgado numero 40 de la capital.
Se investigan "convalidaciones poco claras" de las licenciaturas de Derecho, según han confirmado a la Cadena SER fuentes policiales y judiciales, realizadas en la Universidad Rey Juan Carlos y otras universidades, algunas de ellas privadas.
La policía ha detectado posibles falsedades documentales. Y se centra en abogados italianos que se han colegiado en distintos colegios de España incumpliendo presuntamentelos requisitos legales. A las universidades los agentes les han pedido listados de alumnos.
Lo cierto es que en 2016 ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid sobre un fraude en la homologación de licenciaturas en Derecho a 500 italianos que el 18 de mayo se desplazaron hasta en 8 autobuses desde Atocha hasta la Universidad Rey Juan Carlos "como si fueran de excusión" para hacer un examen y obtener el título. Entonces el rector era Fernando Suárez quien tuvo que abandonar el cargo por las acusaciones de plagio.
Así lo relataba la denuncia que elevó el Observatorio contra la Corrupción y que señalaba que los italianos podrían haber pagado hasta 11.000 euros por ello. La denuncia fue finalmente archivada. Ahora, dos años después, un juzgado y la policía vuelven a investigar estas convalidaciones y colegiaciones.
http://cadenaser.com/ser/2018/09/19/sociedad/1537382119_065452.html
José Carlos Bermejo: ''Los rectores son señores feudales".
Anibal el 28/9/2018, 9:23 am
...La universidad está al servicio de los profesores. Hacen miles de reglamentos para que todo sea conforme a su legalidad. Los rectores tienen el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Están blindados.
El jurista alemán Erich Kaufman decía que la ciencia jurídica meramente técnica es una prostituta a disposición de todos y para todos y eso es lo que pasa en la universidad.
...Ahora es el voto caciquil de siempre, de repartir favores. Son señores feudales que quieren que cada universidad tenga de todo y piden siempre más dinero público.
Ha habido propuestas, una de ellas incluso publicada por la Fundación Alternativas del PSOE, para que el rector fuera nombrado por el presidente de la autonomía, fuera de esa universidad. Estaría controlado por un consejo de administración con el 50% de representantes de la universidad y el 50% de fuera. Se desfuncionarizaba a los profesores. Algo así estaba también en el informe de los expertos de Wert , pero no se hacen el harakiri.
http://www.elmundo.es/cronica/2018/09/28/5ba548ade2704e4c738b461a.html
En relación a la sentencia del Tribunal Supremo del 12 de junio pasado que obliga a leer los trabajos presentados cada seis años para la evaluación de la investigación (los llamados sexenios).
materia el 2/10/2018, 8:56 pm
Muchos profesores universitarios agradecemos a Amparo Sánchez Segura, profesora de la Universidad de Extremadura, haber cortado uno de los nudos gordianos que atenazan desde comienzos de este siglo el buen funcionamiento de la universidad española, y celebramos la sentencia del Tribunal Supremo del 12 de junio pasado que obliga a la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI, ahora tutelada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y de Acreditación, ANECA) a leer los trabajos presentados cada seis años para la evaluación de la investigación (los llamados sexenios) en vez de recurrir a la excusa del "publique usted en revistas de impacto" tantas veces aducida ante nuestras reiteradas reclamaciones.
Sin sexenios no es posible progresar en la carrera docente. Ahora bien, este reconocimiento de la labor investigadora se logra presentando cinco trabajos realizados cada seis años, principalmente publicaciones: artículos, capítulos de libro o libros. La valía de estas publicaciones se mide mediante los llamados "indicios externos de calidad": en el caso de los artículos, la presencia y la posición de las revistas que los publiquen en los índices internacionales de publicaciones (indexación).
Señalemos de pasada que estos índices son muy predominantemente anglosajones; que abundan en ellos mucho más las revistas de esa procedencia que las de otras regiones del mundo, ya que se atienen a criterios largamente experimentados en sus comunidades académicas; y que las agencias de indexación que los gestionan reciben sustanciosos beneficios por esa labor sin que nadie vigile o ponga en discusión tales criterios (igual que ocurre con las agencias de calificación de las entidades financieras).
A su vez, la valía de los libros se evalúa en función de la editorial que los publique, negando cualquier valor a las ediciones universitarias, dándoselo escaso a las institucionales y otorgando, en cambio, preferencia a las editoriales comerciales en la suposición de que tienen formado criterio para distinguir las obras de mayor calidad. A este respecto, baste una pregunta: el criterio de estas editoriales ¿será exclusivamente científico o también de rentabilidad, en función de las posibles ventas debido a la popularidad del tema o del autor? Probablemente sea, en los mejores casos, una mezcla virtuosa de ambos.
Junto a estos criterios aparece el del número de citas que el escrito en cuestión ha suscitado en otras publicaciones desde su aparición (el llamado impacto). No es difícil darse cuenta de que no serán solo los trabajos de peor calidad los que carezcan de citas: cuanto más novedoso sea un trabajo, más dificultades tendrá para ser reconocido en el establishment académico y menos citas recibirá durante los primeros años, que es cuando se realiza la evaluación.
Por otra parte, la valoración de las publicaciones es intencionadamente desproporcionada: hay que presentar cinco publicaciones con independencia de si se trata de un artículo o de un libro. Un artículo puede tener, digamos, entre 1 y 15 páginas; un libro, entre 120 y 350; parece claro que un buen libro es un producto mucho más elaborado y que requiere una dedicación mucho mayor en esfuerzo y tiempo que cinco artículos; no solo no se reconoce así, sino que ni de lejos se valoran uno y otro en función del trabajo relativo necesario para escribirlos.
¿De dónde surgen estos criterios tan sesgados? Probablemente del convencimiento de los sucesivos equipos ministeriales y de la ANECA de que el modelo de las ciencias puras es el único válido para todas las ramas del conocimiento: cuando se implantaron estos criterios, ya existía en el campo de las ciencias un sistema internacional de revistas que atendía a esas necesidades (en los demás campos tuvo que improvisarse a trancas y barrancas); en las ciencias el avance del conocimiento se hace mediante investigaciones muy concretas realizadas por equipos de investigación, que se dan a conocer rápidamente en el ámbito científico, con el fin de que otros equipos puedan contrastar y continuar su labor; por tanto no hacen falta libros, solo artículos, a veces cortísimos (puesto que se supone que todos los conocimientos previos son ya de dominio de los lectores) firmados por el director del equipo y por los investigadores directamente concernidos, para dar cuenta del hallazgo con cierta rapidez en revistas de tanto más prestigio cuanto más importante es éste.
A este modelo se han acercado con bastante éxito las carreras técnicas: las ingenierías, aunque no todas en el mismo grado. Pero tal modelo nada tiene que ver con el habitual en las carreras humanísticas, las de ciencias sociales ni la de arquitectura, en las que hay una tradición centenaria de elaboración lenta del pensamiento con argumentos complejos presentados a través de libros; y de utilizar el artículo más bien para la divulgación, exactamente al contrario que en las ciencias puras.
Ahora bien, ¿costaría mucho trabajo reconocer que hay diferentes modelos de avance del conocimiento según las ramas del saber? Cabe pensar que forzar los mecanismos habituales en esas ramas, aparte de innecesario, no puede tener más que consecuencias negativas porque desvirtúa los procedimientos largamente experimentados de transmisión del saber. Sin embargo, las instituciones estatales se han mostrado desde el primer momento (la ANECA fue fundada en 2002) inflexibles en la imposición a rajatabla de un modelo único, sin discusión previa en el ámbito universitario ni en el político, y en la obligación para todos los profesores de adaptarse a él como puedan si quieren avanzar en su carrera docente.
Dado el mecanismo descrito, ya se comprenderá que los procesos de evaluación han de ser poco menos que automáticos y los llamados comités asesores (uno por cada campo, formados por seis profesores pertenecientes al mismo) se dedican sobre todo a matizar, mejorar, ampliar o restringir los criterios sobre los indicios de calidad de las publicaciones, seguramente con la voluntad de aproximarlos en la medida de los posibles a la realidad de las respectivas ramas del saber. Pero no parece que nunca en los años transcurridos se haya estimado la posibilidad de leer los trabajos enviados, al menos los que pudieran presentar alguna duda razonable.
Tiene razón José Arnáez Vadillo, actual director de la ANECA, cuando dice que no tiene sentido leer un trabajo publicado en una revista de prestigio mundial y que ha recibido 3.000 citas (El País, 19.9.2018). Parece claro, sin embargo, que no todos los trabajos se encuentran en esas excepcionales condiciones. Pero la respuesta descubre el trasfondo del problema: los trabajos se evalúan por su proximidad a ese ideal (de nuevo según el modelo de las ciencias puras); sería inútil, por tanto, examinar aquellos que no se han publicado en revistas de alta indexación ni han recibido apenas citas, porque forzosamente han de ser de baja calidad.
La ventaja de este sistema es económica: dado que se reciben unas 10.000 solicitudes anuales (lo que significa unos 50.000 trabajos) los emolumentos de los componentes de los comités se multiplicarían si tuviesen que dedicar tiempo a leer los trabajos que no cumplen esos criterios; así que es mucho mejor ignorar cualquier posibilidad de reconocimiento a tales trabajos, sean o no importantes sus aportaciones.
Esto es lo que el Tribunal Supremo obliga ahora a reconsiderar con el consiguiente coste: se necesitarán, no ya comités de asesoramiento, sino comisiones de evaluación muy numerosas y con un mayor grado de especialización, pagadas no por la asistencia de sus miembros a unas pocas reuniones al año, sino de acuerdo con las horas que deberán dedicar a la lectura de todos los casos susceptibles de reclamación. Por tanto, el coste del sistema se va a elevar enormemente: cabe suponer una resistencia numantina de estos organismos a llevar a la práctica la resolución judicial, no ya por su demostrada ausencia de convicción, sino por falta de presupuesto.
Se descubre aquí una de las costumbres inveteradas de las administraciones (estatal y autonómicas) en relación con la universidad: la de introducir reformas de largo alcance a bajo coste, cargando a las espaldas de los profesores el excedente de trabajo. Esto es lo que ha pasado con la introducción de los nuevos planes de estudio (derivados de los acuerdos de Bolonia) a coste no ya cero, sino negativo, gracias a la amortización de las plazas de profesores jubilados durante cuatro años con la oportuna excusa de la crisis económica; y también con el proceso de informatización de las universidades, que en lugar de simplificar ha aumentado su burocratización: más y más horas de dedicación no solo docente, sino administrativa para el profesorado, sin que por ello se hayan relajado las exigencias investigadoras ni, por supuesto, hayan aumentado los sueldos.
Como se ve, no es uno, sino varios los problemas graves que aquejan a la universidad. El presidente de la CRUE, Roberto Fernández Díaz, ha declarado con razón estos días (RNE, 23.9.2018) que los universitarios no acostumbramos a quejarnos, menos aún en la calle o en los medios, y que quizá por ello los gobiernos han sacado la conclusión de que no hay problemas en la universidad. Pues bien, puede que haya llegado el momento de sacar a debate público la situación universitaria real. Ojalá la propuesta de una nueva Ley de Universidades dé ocasión para hacerlo.
Miguel Ángel Aníbarro, profesor titular en el Departamento de Composición Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid, y 35 firmas más.
https://elpais.com/sociedad/2018/10/01/actualidad/1538392959_890623.html
materia Sep 18, 2018
La Universidad de Barcelona retira el doctorado a Marc Guerrero, cargo del PDeCAT, por plagio.
materia el 5/10/2018, 3:42 pm
La Universidad de Barcelona (UB) retirará el título de doctor a Marc Guerrero, figura destacada del sector liberal del PDeCAT, por haber plagiado partes importantes de su tesis de un libro publicado por el politólogo Jaume Urgell, según ha podido saber EL PAÍS. La decisión llega tras el preceptivo informe de la Comisión Jurídico Asesora de la Generalitat, que ha ratificado las irregularidades encontradas por una comisión de la universidad que detectó la existencia de “pasajes plagiados de gran relevancia” y la copia de una "parte esencial de la estructura argumental”.
Guerrero era en el momento de la denuncia eurodiputado y la figura más importante del partido en Bruselas, donde también era vicepresidente del Partido Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE).
Guerrero recibió la máxima calificación por su tesis, cum laude, que defendió en 2007 en la Facultad de Económicas de la UB. Titulado "La identidad en la actuación exterior subestatal", el trabajo se centraba en comparar la política exterior de la Generalitat de Cataluña con la del Estado de Washington, en Estados Unidos.
La tesis, sin embargo, contenía al menos cuatro páginas copiadas literalmente del libro "Dar protagonismo a Cataluña", de Urgell, que cuenta con un máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard, además de numerosas coincidencias en su exposición, según avanzó este diario en diciembre de 2015.
Tras recibir la denuncia de Urgell, la Escuela de Doctorado ordenó crear una comisión técnica formada por tres catedráticos para investigar el plagio. La comisión concluyó que Guerrero había copiado de forma literal “aproximadamente” cuatro páginas del libro de Urgell. Pese a que esta extensión, según palabras de la propia comisión, “parecería tener una importancia relativamente menor”, las conclusiones destacaron que “los pasajes plagiados tienen un papel de gran relevancia” y que “en el conjunto de la tesis las ideas de Jaume Urgell tomadas sin cita son parte esencial de la estructura argumental”.
La retirada del doctorado a Guerrero culmina un largo proceso que ha durado más de tres años y que no ha estado exento de problemas administrativos. En un primer momento, Urgell denunció el caso a la Facultad de Económicas y al Rectorado. La primera envió la denuncia a la Escuela de Doctorado (que no abrió ningún procedimiento), mientras el segundo lo puso en manos de su asesoría jurídica. Esta respondió a Urgell que el tema no era competencia de la universidad y le invitó a recurrir a la vía contencioso-administrativa.
Posteriormente, la universidad admitió que no había dado la respuesta adecuada a la denuncia y ordenó a su Escuela de Doctorado crear la comisión técnica. Tras conocer estas conclusiones, el entonces rector de la UB, Dídac Ramírez, dictó una resolución que ordenaba abrir un expediente para revisar la concesión del título de doctor a Guerrero.
El siguiente paso era remitir el caso a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, un órgano consultivo formado por 15 juristas de reconocido prestigio. La Escuela de Doctorado de la UB, sin embargo, tardó más de tres meses —el plazo legalmente establecido— en hacerlo, por lo que el procedimiento caducó. El nuevo rector de la UB, Joan Elias, firmó la Resolución de archivo el 14 de septiembre de 2017.
Urgell presentó entonces un recurso de reposición para que la Universidad de Barcelona iniciara un nuevo procedimiento, que ahora ha concluido. El afectado mostró este jueves su satisfacción por la decisión. "Era evidente que Guerrero había cometido plagio. No voy a entrar en la intencionalidad, pero cuando preparas una tesis doctoral hay cosas que tienes que tener muy claras. Y una es que debes citar todo aquello que alguien ha escrito antes y no hacerlo pasar como trabajo propio", afirmó.
Guerrero ha asegurado a este diario que no tiene "ninguna notificación" de que le haya sido retirado el doctorado.
https://elpais.com/sociedad/2018/10/05/actualidad/1538735216_826003.html
materia el 5/10/2018, 3:53 pm
No toda coincidencia entre dos o más trabajos supone un plagio, deben ser estructurales y fundamentales.
Si, además, el supuesto autor copió de forma intencionada y para obtener un beneficio existe delito
Las simples ideas, cualquiera que sea su grado de originalidad, no pueden ser objeto de tutela por el derecho de autor. Así lo consideró el Juzgado de lo Mercantil de Madrid (puede consultar aquí la sentencia) cuando examinó una demanda de plagio sobre una obra destinada a estudiantes. Se rechazó la existencia de plagio tras un estudio y comparación de los textos. Tampoco se halló plagio en las ecuaciones o figuras utilizadas por obedecer a criterios convencionales de carácter más o menos universal.
https://elpais.com/economia/2018/10/05/mis_derechos/1538738679_548613.html
La nota más baja en las pruebas de acceso a la universidad mejora según se sube un escalón en el nivel de ingresos.
Anibal el 6/10/2018, 9:51 pm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/selectividad/2018/09/21/rentas-notas-selectividad/00031537528014464628388.htm
Endogamia: La ley obliga a difundir las convocatorias desde 1983, pero no se cumple.
materia el 30/11/2018, 1:46 am
https://elpais.com/sociedad/2018/11/21/actualidad/1542797341_669946.html
Las universidades titulan a un 50% más de maestros y maestras de lo necesario. La Conferencia de Rectores alerta por primera vez en su informe anual del desajuste.
materia el 12/12/2018, 7:21 pm
https://elpais.com/sociedad/2018/12/11/actualidad/1544552685_545152.html
47 de las 50 universidades incumplen la supervisión que exige el Tribunal de Cuentas.
materia el 17/12/2018, 10:14 pm
El Tribunal de Cuentas reclama desde 2002 que las comunidades autónomas aprueben un marco legal que permita actuar con más autonomía a los Consejos Sociales, que son los que supervisan las auditorías de las universidades. De tal forma que Intervención —el órgano de control y supervisión— no dependa de gerencia sino de los propios consejos. Es decir, que el que audita no esté subordinado al auditado. Pero solo tres del medio centenar de universidades, la de Las Palmas, Tenerife y Oviedo, cuentan con este modelo, según los consejos y el tribunal, porque así lo han dictaminado sus leyes autonómicas.
“Las intervenciones tienen siempre un papel muy antipático que es el de poner reparos. Y esta actividad se puede desarrollar si tú estás fuera del sistema”, sostiene Ignacio Villaverde, secretario del consejo de Oviedo, una de las universidades con este órgano independiente del rectorado. “Puedes controlar con la garantía de que nadie te va a tocar o engañar. Y te permite tener un control más objetivo, imparcial y eficaz”. Pone un ejemplo: “Puedes seguir ciertos movimientos que quizá no verías si no accedes a la información de primera mano”.
“Es como si el presidente de una empresa en bolsa se audita a sí mismo. ¿Eso qué valor tiene? Relativo”, dice Raimundo Baroja, presidente del consejo de Tenerife. “No entiendo cómo se les ha permitido a las universidades. Nosotros por ley tenemos que velar por la eficiencia en la gestión, pero ese es un capítulo que no se ha desarrollado porque es más polémico. Tendríamos que analizar resultados académicos, indicadores... y por el momento no lo hacemos”. En la nueva ley de universidades que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades trabaja con los rectores, los consejos reclaman desempeñar ese papel en la gestión.
“Los sistemas de rendición de cuentas no están funcionando”, asegura Antonio Abril, presidente de los consejos sociales. Cada consejo está conformado por empresarios, sindicatos, figuras de la cultura, el rector, el gerente y algún alumno y profesor. Su presidente es elegido por el gobierno autonómico. “La sensación que tengo —y que me transmiten— es que nadie tiene verdadero interés en que seamos realmente órganos de control y supervisión”, sostiene Abril, secretario general del gigante Inditex y presidente del consejo de A Coruña. “Porque si, cuando hacen una norma autonómica, los consejos no aparecemos es que no nos apoyan… Además, evidentemente, los rectores quieren que el control sea mínimo
Captar fondos, la asignatura pendiente
Los Consejos Sociales reclaman más protagonismo y vigilancia de las cuentas de las universidades, y estas lamentan que los consejos no atraigan fondos privados para los campus, en especial tras el tijeretazo presupuestario de los años de crisis (perdieron un 15% de 2008 a 2014). El autor del reciente libro Financiación de la universidad pública en tiempos de crisis. Los consejos sociales, Javier Fernández, que trabaja en la Universidad Complutense, afirma: “En sus más de 30 años de existencia, los Consejos Sociales han jugado un escaso papel en la captación de recursos para sus universidades, cuando esta competencia está claramente contenida en la ley”.
Vicente Gotor, rector entonces de la Universidad de Oviedo, respondió en 2014 al ser preguntado por la financiación del campus: “No hemos encontrado muchas puertas abiertas, mucho mecenazgo. Esta es una de las funciones que debería realizar el Consejo Social, pero no lo hace. Ni el Consejo Social de la Universidad de Oviedo ni casi ninguno en España. Hay raras excepciones”.
En el otro extremo, los rectores reclaman más flexibilidad en su quehacer y el ministerio está dispuesto a concederla pero bajo un férreo control del dinero público. José María Sanz, exrector de la Autónoma de Madrid y hoy vicepresidente adjunto de la conferencia de rectores (CRUE), dice: “La universidad mejora con órganos como los que existen o ligeramente diferentes, pero ganando en confianza y transparencia. ¿Si pones a las mismas personas en diferentes sitios y coordinadas de forma diferente las cosas van a mejorar? Probablemente no ocurra. O se elige a las personas de forma diferente y con condiciones y disposición diferentes, o la cosa no cambia”.
“Las funciones que se nos reconocen son mínimas”, prosigue Abril. El consejo tiene que aprobar los presupuestos de la universidad para que salgan adelante, las cuentas una vez estos sean ejecutados y la creación de nuevos títulos. Sin embargo, rara vez pone pegas a la gestión del rectorado. No hace ruido.
Frente a las quejas de Abril sobre la precariedad de los consejos, hay voces autocríticas como la de Ángel Tristán, presidente del consejo de Las Palmas, uno de los campus con el modelo recomendado por el Tribunal de Cuentas. En su intervención en un reciente congreso de consejos sociales en Gran Canaria —al que este diario acudió invitado— aseguró: “Hay una inactividad forzada en distinto grado, al no poder o no querer los consejos sociales desarrollar en plenitud las funciones supervisoras y de asesoramiento que les encomienda la ley de Universidades”. Tristan sostiene que debido a esa inactividad no se ha alcanzado “excelencia, competitividad y profesionalización en la gestión universitaria”. Él ha puesto en manos de la justicia una posible irregularidad en un centro de su universidad.
Tras el escándalo del caso máster en la Universidad Rey Juan Carlos, su consejo se negó en junio a aprobar la memoria económica del campus por alguna “irregularidad” y tres de sus consejeros —entre ellos Adolfo Suárez Illana— acaban de dimitir por motivos "profesionales y personales".
A raíz de lo ocurrido en la Rey Juan Carlos, los Consejos Sociales —con responsabilidad penal y patrimonial sobre lo que firman— han empezado a sentirse desprotegidos. “Entiendo vuestra intranquilidad”, se solidarizó Javier Medina, letrado del Tribunal de Cuentas. “Conocemos la preocupación creciente por los problemas surgidos en la organización de las universidades y también por las insuficiencias de la normativa actual”, aseguró Medina.
https://elpais.com/sociedad/2018/11/19/actualidad/1542647178_667831.html
Universidad: Más de 230.000 estudiantes se mudan para conseguir su título. De los 190.000 matriculad@s en máster, 50.000 cambiaron de comunidad.
materia el 3/1/2019, 9:38 pm
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/02/midinero/1546452210_019494.html?por=mosaico
Los rectores se rebelan contra la obligación de cotizar por todos los becarios a la Seguridad Social.
materia el 5/1/2019, 4:37 pm
El Gobierno exige que los estudiantes en prácticas no laborales estén dados de alta en la Seguridad Social.
Es la primera ocasión en la que la CRUE tiene un encontronazo con el Ejecutivo [del PSOE].
https://elpais.com/economia/2019/01/04/actualidad/1546629304_142817.html
El Tribunal Supremo anula cursos de la Universidad Rey Juan Carlos utilizados para acceder a comisario por unos 400 mandos de la Policía Nacional.
materia el 10/1/2019, 5:47 pm
La razón es que los cursos de la Rey Juan Carlos eran de sesenta créditos y a distancia, muy lejos de los requisitos de 180 créditos de un título medio o de los 240 créditos de una licenciatura. Es decir, según la sentencia de la Audiencia Nacional, eran títulos obtenidos «en un período corto de tiempo (pocos meses), mediante curso a distancia y con una carga lectiva de 60 créditos», lo que es insuficiente para esa equiparación.
Además, apunta que en este caso no consta la fecha de matrícula, la titulación de acceso, las materias superadas con indicación de los créditos de cada una de ellas y el curso académico en el que se cursó. El sindicato Alternativa Sindical de Policía (ASP), que emprendió una batalla judicial en la que incluso llevó este asunto a la vía penal con una denuncia que fue archivada, calcula que unos 400 mandos de la Policía realizaron esos cursos para poder ascender a comisario. Según ese sindicato, el curso se ofreció en los años 2013 y 2014, hasta que lo paralizó el Ministerio en el 2015, y que el coste por alumno fue de 3.000 euros. ...
Ramón Cosío, portavoz del SUP, ha dicho que lo que deja en «evidencia» la resolución del Supremo son las «deficiencias» de la carrera profesional en este cuerpo y... ha reivindicado una carrera «estrictamente profesional» en la Policía, como tiene la Guardia Civil, para que no se tenga que acudir a «atajos»...
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2019/01/10/supremo-anula-cursos-rey-juan-carlos-acceder-comisario/00031547119443591290717.htm
https://elpais.com/politica/2019/01/10/actualidad/1547119018_338082.html
El Tribunal Constitucional avala que la universidad privada pueda hacer prácticas en hospitales públicos.
materia el 7/2/2019, 2:32 am
Duro varapalo al Gobierno de la Comunidad Valenciana, formado por PSOE y Compromís. El Tribunal Constitucional ha anulado la parte de la ley autonómica de Salud que prohibía a los alumnos de Medicina de las universidades privadas hacer prácticas en hospitales y centros sanitarios públicos.
Según considera el pleno del tribunal de garantías en una sentencia difundida este martes, el Ejecutivo regional había vulnerado la Ley Fundamental al contradecir la normativa estatal, que insta a los Gobiernos a cooperar con todas las universidades, sin distinguir entre públicas o privadas.
Los magistrados reprochan al bipartito que la norma valenciana únicamente impone al Ejecutivo "el deber de colaboración" con las universidades de "titularidad pública". Además, insisten en que la legislación nacional insta a las autonomías a sellar convenios con las privadas para establecer vínculos con las instituciones sanitarias públicas. "Siendo la realización de las prácticas imprescindibles, además, para completar el período de formación y la obtención de los títulos académicos", apostilla el tribunal.
El recurso fue presentado por un grupo de senadores del PP.
https://elpais.com/sociedad/2019/02/05/actualidad/1549388596_385875.html
El Tribunal Superior de la C.A.de Valencia ordena que los alumnos de campus privados hagan prácticas en hospitales públicos.
materia Oct 01, 2018
https://elpais.com/sociedad/2018/10/01/actualidad/1538410974_978597.html
Demasiados ‘papers’. (Francisco Fuster, profesor de Hª Contemporánea en la Universidad de Valencia).
materia el 21/2/2019, 4:24 pm
Mi pasaje favorito de la extensa y deliciosa entrevista –memorable en su conjunto– que Julio Cortázar concedió a Televisión Española en 1977 es ese en que el presentador del programa “A Fondo”, el inolvidable Joaquín Soler Serrano, preguntaba al escritor argentino por qué motivo le costó tanto decidirse a publicar el primer libro firmado con su nombre real (la obra de teatro Los reyes, aparecida en 1949, cuando ya rondaba los 35 años) y no con el seudónimo de “Julio Denis”, con el que había presentado en sociedad sus primeros versos. La razón –argumentaba Cortázar con parsimonia, entre trago de whisky y calada al pitillo– es que no me sentía nada seguro… Honestamente, veía lo que había escrito hasta esa fecha como una especie de borradores –el desahogo de un adolescente– indignos de ser impresos y entregados al público. Además, añadía el autor de Rayuela, observaba con pudor y con vergüenza ajena que mis amigos de juventud literaria ya habían editado sus primeras obras: panfletos ingenuamente provocadores, de escasísima calidad objetiva, que en ningún caso justificaban tamaña inversión de papel y de tinta.
Me viene a la cabeza esta anécdota al reflexionar sobre la inhumana cantidad de papeles que, en forma, sobre todo, de infumables artículos académicos (también de actas de congresos, libros colectivos, monografías, etc.), escribimos y publicamos quienes trabajamos en la universidad. Ciertamente, el sistema universitario adolece de problemas estructurales bastante más graves, pero, dentro del derrotero que ha tomado en los últimos años esta noble institución, supuestamente dedicada a la docencia y la investigación, el de la exagerada masificación de papers no me parece un asunto menor, pues no deja de ser el síntoma de una forma de entender el proceso de creación del saber y porque enlaza, directamente, con otro tema recurrente y no menos discutible: el sistema de evaluación de la calidad investigadora que rige en España (me refiero a la ANECA y a otros organismos cuyas iniciales prefiero omitir, por la salud mental del lector común, que vive felizmente ajeno a esta realidad).
Decir que el profesor universitario está “obligado” a transferir su conocimiento a la sociedad es algo tan obvio, que nadie lo pone en duda. Cualquier investigador mínimamente responsable no ignora que su trabajo de laboratorio o de archivo solo cobra sentido cuando los resultados o conclusiones rebasan los muros de la academia y llegan si no al “público en general”, al cual hace ya siglos que hemos renunciado, sí, al menos, a eso que solemos llamar la “comunidad científica”. ¿Qué función, sino esa misma, tienen los libros publicados por editoriales universitarias y las revistas científicas que, pese a ser leídas por un ínfimo porcentaje de la población (incluso de la población académica), se siguen publicando con una regularidad asombrosa? Ese no es el debate, pues.
Pensemos, por ejemplo, en la figura del llamado becario predoctoral, primer eslabón en la escala evolutiva del homo academicus en España. Aunque el sentido común aconseja que dicha persona debiera dedicar los años de su beca a formarse (su nombre oficial es “Personal Investigador en Formación”), a adquirir conocimientos y a reflexionar sobre ellos de forma crítica y reposada, con el objetivo final de elaborar algo tan serio como una tesis doctoral, sucede, precisamente, lo contrario. La ansiedad por “hacer méritos” que afecta a los “mayores” con quienes conviven en su Departamento o Grupo de Investigación (el profesor que necesita la acreditación del Ministerio para consolidar su plaza o el funcionario que aspira a conseguir otro sexenio para ser catedrático) acaba afectándoles a ellos, que terminan por contagiarse de esta locura colectiva. La consecuencia de esta paranoia, que ejerce su presión de arriba abajo, recorriendo todos los niveles de un sistema estamental, es que alguien que apenas empieza a investigar y que, por tanto, difícilmente sabe hacerlo bien, se ve forzado a hacer de todo, menos aquello para lo que se supone que le pagan: redactar su tesis. Es harto frecuente ver a un Becario de Investigación dar clases sin estar lo suficientemente preparado; recorrer la geografía española acudiendo a mil congresos absurdos de jóvenes –o no tan jóvenes– investigadores, en los que hay veinte o treinta mesas y talleres paralelos; hacer estancias de investigación que, en muchos casos, se alargan sine die innecesariamente, pues lo mismo que muchos hacen en París, Londres o Nueva York, lo podrían hacer perfectamente en Madrid, Barcelona o Valencia; y, por supuesto, publicar y publicar papers que, en un 90% de casos, siendo generosos, van directamente a la basura porque nadie, en su sano juicio, invertiría media hora de su vida en leerlos.
Si el criterio cuantitativo se impone al cualitativo, la universidad se convierte en una maquinaria burocrática sin sentido en la que, como en cualquier organización –ya lo explicó el sociólogo alemán Robert Michels en Los partidos políticos (1911)– se impone la “ley de hierro de la oligarquía”. En nuestro gremio, las ideas dominantes son las ideas de la “clase” que posee la capacidad para expedir certificados o para facilitar el acceso a publicar. No eres nadie ni vales nada, si no tienes un certificado con un sello y una firma que diga que eres alguien y vales algo. Trasladado al ámbito de la producción científica, eso se traduce en la fabricación sistemática de kilos y kilos de morralla: refritos de ideas ajenas y mil veces repetidas, carentes de profundidad analítica y, por supuesto, del más mínimo valor literario. Ni contenido, ni forma. Ni ética, ni estética. La obligación de sobrevivir y adaptarse al medio se impone a la dignidad personal y al amor propio de cada cual, en un ambiente darwiniano en el que proliferan las ONGs académicas: un IP (Investigador Principal) que usa el dinero del Proyecto de Investigación o de la Cátedra que dirige para inflar el CV de sus discípulos con el indisimulado objetivo de promocionarles y “colocarles” en una posición de ventaja con respecto a otros que, aun siendo mejores, no tienen acceso a esos “fondos reservados”. Dicho de otro modo, acumulación de eso que Bourdieu y Passeron llamaron “capital simbólico”, no por la vía del mérito personal, en libre y sana competencia, sino de la cooptación gremial: si tu director de tesis tiene Proyecto, “barra libre” de consumiciones; si no, a hacer “horas extra” para buscarte la vida.
Si de verdad aspiramos a la tan cacareada excelencia, uno de los debates inaplazables que la universidad española tiene pendiente es el de mirarse al espejo y decidir entre cantidad y calidad, en todos los sentidos posibles de la disyuntiva: en el número de universidades (es obvio que no puede haber una universidad excelente en cada provincia española), de grados y másters (el curso pasado se impartieron alrededor de 4.000 másters en toda España), de estudiantes por profesor (no se puede enseñar y evaluar igual trabajando con grupos de 30-40 alumnos, que con grupos de 80-100), etc. Con el modelo actual, condicionado por esa espada de Damocles que es el publish or perish, resulta muy difícil, por no decir imposible, que un joven investigador cuya plaza no es definitiva (alguien que todavía necesita consolidarse para lograr una mínima estabilidad laboral) se plantee objetivos a medio o largo plazo, que no sean el de ir tirando; el de ir añadiendo ítems al CV bajo la premisa de que todo suma. ¿Para qué organizar un buen congreso, convenciendo a ponentes extranjeros de nivel, si otros lo hacen con gente de su facultad –y con algún amigo de fuera– y lo venden como un “simposio internacional”? ¿Para qué invertir tres o cuatro años de tiempo y esfuerzo en escribir monografía de 400 páginas, si luego cuenta lo mismo que dos artículos o tres capítulos en actas de congresos pagadas por el Proyecto? Si la cantidad se impone a la calidad, lo único que compensa es fabricarse un CV ad hoc y adaptarlo a cada beca que pides o a cada plaza a la que opositas. Debemos decidir si queremos a gente con un CV de peso, o con uno que pese, literalmente.
https://elpais.com/elpais/2019/02/18/ciencia/1550484222_682428.html
El 50% del profesorado universitario fijo investiga poco o nada.
materia el 28/2/2019, 2:28 am
Un endeble sistema de rendición de cuentas llena las aulas de funcionarios que transmiten conocimiento sin generarlo.
El sistema de sexenios se revela insuficiente 30 años después
Desde 1983 la ley establece que los profesores universitarios están obligados a enseñar e investigar, pero la mitad de ellos lo incumple. El 34% de los catedráticos (3.600) y el 60% de los profesores titulares (16.200) no han demostrado producir ciencia de calidad a lo largo de toda su carrera, como demuestran los datos recién publicados por el Gobierno que, en todo caso, reflejan una mejoría respecto a hace un lustro. La investigación en la Universidad se evalúa y se premia con un complemento salarial en la nómina. Son los llamados sexenios, que ideó el catedrático Roberto Fernández de Caleya hace 30 años y que impusieron por primera vez la autoevaluación de un colectivo de funcionarios y su efecto en el sueldo.
EE UU y China lideran la productividad científica medida en patentes y en publicaciones en revistas especializadas. En estas últimas editaba España en 1990, el 1,6% de las investigaciones mundiales y hoy alcanza el 3,2%, ocupando el undécimo puesto. Además, registra un 1% de patentes lo que la sitúa en un décimo sexto puesto. El 19% de estas patentes en 2017 fueron universitarias, frente al 12,4% una década antes.
Entre los que no tienen sexenios cabe también la posibilidad de que sencillamente no les interese solicitarlos. Pero esto no es habitual si se ha investigado previamente, porque los sexenios son imprescindibles en algunas universidades para impartir clases de doctorado, dirigir tesis o participar en los tribunales que las evalúan. Y sin sexenios hoy no se promociona en la carrera.
Ese aparente desinterés por incrementar el sueldo a base de investigar puede tener su origen en la Ley para la Reforma Universitaria de 1983, que permitió subir los salarios a quienes firmaran contratos con la industria. Parte de los profesores de Ingenierías han descuidado su vertiente investigadora menos lucrativa en favor de la empresa privada. Y por tanto tienen menos sexenios.
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD. Curso 2017-2018
https://elpais.com/sociedad/2019/02/27/actualidad/1551285363_939435.html
Luis Sanz-Menéndez.
Profesor de Investigación en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos.
La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) ha hecho que los criterios sean, poco a poco, más claros y exigentes, evitando universalizar el complemento. Los sexenios fueron adquiriendo prestigio asociado a la calidad.
Las plantillas de las universidades deben responder a sus necesidades para el cumplimiento de sus misiones; los sexenios miden una de ellas. Nos indican si sus profesores cumplen esos mínimos de rendimiento investigador. La Ley de Universidades incluye docencia e investigación como responsabilidades de los cuerpos docentes (catedráticos, profesores titulares, étcétera), pero un 20% no tienen ningún sexenio; algunas universidades superan el 40%.
La convocatoria de 2018, que ha redefinido los criterios de evaluación en “transferencia de conocimiento e innovación” (campo 0), puede desvirtuar el sentido de los sexenios, que estaba asociado a la evaluación del rendimiento y a la calidad; ahora se han introducido criterios que no concuerdan con incentivar la investigación.
Hay temas urgentes; por ejemplo, desvincular la obtención del sexenio de la antigüedad ya que, con independencia de las contribuciones y la excelencia, no se puede llegar al máximo de sexenios hasta casi los 60 años. Quizás hubiera sido más razonable reducir de seis a tres años el periodo mínimo evaluable a solicitud del interesado (incluso manteniendo el número máximo actual de sexenios), lo que ayudaría a reconocer a los más excelentes, sin esperar a que se hagan viejos. Y se podría repensar la tendencia excesiva a la cuantificación (al peso) y a la bibliometrización de la evaluación; no debería elevarse a los altares el factor de impacto de las revistas, sino la contribución al conocimiento. También es importante que, en un contexto de expansión del trabajo en equipo, se determine qué es una contribución significativa al conocimiento, dada la multiplicación de coautorías y la división del trabajo entre líderes e investigadores de apoyo.
En los centros españoles de mayor prestigio internacional (CNIO, CRG, ICFO, CNIC, IRB, etcétera) los investigadores no funcionarios no tienen sexenios y no se duda que sean excelentes. En definitiva, hay que alinear los sistemas retributivos y los incentivos con la moneda de cambio en la comunidad académica: la reputación y el reconocimiento por los colegas (a ser posible de otras partes del mundo). Un incentivo, si se universaliza, deja de serlo.
https://elpais.com/sociedad/2019/02/27/actualidad/1551287632_338104.html
Jorge Lirola, profesor en la Universidad de Almería, ha recibido dos sanciones por enfrentarse a sus superiores y denunciar prácticas irregulares
Anibal el 4/3/2019, 3:18 pm
Jorge Lirola es una persona incómoda, al menos para ciertos sectores de la Universidad de Almería (UAL). Es de los que no se callan. Si ve algo que considera irregular o ilegal, lo dice. Protesta en directo y por escrito. De momento le ha costado dos sanciones de la dirección de la universidad por, supuestamente, sobrepasarse con sus superiores.
La segunda sanción, muy reciente, era de más de cuatro años de suspensión de empleo y sueldo. Pero las dos veces Lirola consideró que era injusto, que estaba sufriendo una especie de caza de brujas por ser insistente en la denuncia. Recurrió a la Justicia y ganó. Las dos veces; la segunda, recientemente.
Pero no han acabado sus cuitas con la UAL: en este momento tiene otro proceso abierto.
El último caso le ha costado a la universidad una indemnización que rondará los 11.000 euros para el profesor (con dinero público) porque, viene a explicar el juez, el entonces rector del centro, Pedro Molina García, se lo tomó de una manera demasiado personal y le sancionó directamente cuando era el destinatario directo de las críticas de Lirola y debería haberse abstenido del proceso sancionador.
"Nunca me han sancionado por cuestiones relacionadas con mi actividad, como no acudir a clase, incumplir con las tutorías o machacar a los alumnos. Siempre por supuestas irreverencias con superiores", expone Lirola. "La represión que han tratado de ejercer sobre mí en la Universidad de Almería por mis denuncias de irregularidades no han surtido efecto y no me han amedrentado, si bien las irregularidades de fondo siguen estando ahí: plazas amañadas en las Universidades, corporativismo para no afrontar constructivamente denuncias de irregularidades en la docencia, mal uso de los fondos públicos, impunidad al vulnerar las autoridades de las Universidades las leyes y normativas por ellos mismos aprobadas", opina.
Este diario ha preguntado a la Universidad de Almería por su versión de los hechos, pero no ha obtenido respuesta.
"No denota falta de respeto"
Los desencuentros de Lirola con su universidad empezaron, o al menos pasaron a otro nivel, a mediados de los 90. Este profesor había interpuesto cinco contenciosos contra prácticas que consideraba corruptas o irregulares en la UAL.
Por una de ellas recibió una sanción de apercibimiento del entonces presidente de la Comisión Gestora de la Universidad, Alberto Fernánez Gutiérrez, por "incorrección con los superiores".
Se fue al juzgado y el juez le dio la razón. "Haciendo abstracción de antecedentes y situaciones más o menos incómodas que mantuviera el recurrente con la Comisión Gestora de la UAL, [el escrito de protesta que provocó la sanción] en sí mismo no denota falta de respeto o consideración con iguales o superiores", escribió el juez. Y anuló la sanción porque, escribió el juez, "conculca la legislación vigente incurriendo en desvío de poder y abuso de buena fe".
"Fue una ridiculez, una falta leve que era más una amenaza para que no continuara en esa línea [de reclamar]. Fue un ejemplo para otras personas, y sugerían que si me quedaba quieto, me la quitarían. Pero yo no quería que me la quitaran a cambio de callarme. Si la merecía, que la pusieran. Si no, que la quitaran", recuerda Lirola. Era el primer profesor sancionado en la joven universidad, y las noticias de su caso corrieron por el campus.
Llamar "corrupto" a un rector
Pasaron los años y Lirola, miembro de la Asociación para la Transparencia Universitaria, continuó con su labor de vigilancia del poder en su centro. Sin problemas reseñables excepto algún encontronazo con compañeros hasta que comenzó una serie de denuncias públicas por la concesión de una cátedra.
Los estatutos de la UAL fijan que, para crear una comisión de selección en un tribunal que otorgue una plaza que salga a concurso público, el departamento afectado propondrá dos candidatos y el rectorado uno.
Pero desde el rectorado, cuenta Lirola, cambiaron la norma —contraviniendo los estatutos— para invertir la proporción: el rectorado pondría dos de los miembros, el departamento uno. Lo denunció.
Y no se ahorró los calificativos. Entre otras cosas, Lirola acusaba al entonces rector de "corrupto". "Ha prevaricado", "se ha saltado la legalidad", "ha intentado coaccionar y ha cometido abuso de poder", afirmó, según se recoge en la sentencia.
El máximo mandatario de la universidad le sancionó (él personalmente) en octubre de 2011 con una suspensión de cuatro años y tres meses de empleo y sueldo por desconsideración con los superiores, atentado grave a la dignidad de los funcionarios de la Administración y grave perturbación del servicio.
Lirola reclamó y, en segunda instancia, consiguió una suspensión cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía bajo el argumento de que la sanción no tenía relación con su actividad docente y por tanto no podía aplicarse castigo a esa labor.
Era octubre de 2012 y ya había pasado todo un año sancionado. Doce meses que el profesor pasó en su mayoría en la Fiscalía, en la sala de espera con su ordenador con con la esperanza de que el Fiscal le recibiera algún día. Presentaba escritos casi a diario acusando al rector, cuenta. No consiguió nada.
Pero cuando se celebró finalmente el juicio, le dieron la razón. Alegaba el juez que había "una situación de enfrentamiento personal-profesional creada por el recurrente [Lirola], lo que contamina al rector (...) de cara a constituirse válidamente en autoridad que incoa el expediente sancionador", por lo que anuló la sanción.
El rector recurrió, pero la democracia universitaria truncó sus planes. Tras las elecciones, con el cambio de máximo mandatario, la universidad renunció a continuar ese camino y la UAL se retiró del proceso. La sentencia pasó a firme y Lirola fue definitivamente restituido en su puesto y recibió los salarios atrasados con intereses de demora.
Pero no era suficiente para él. Además del daño moral, la suspensión le costó un sexenio en ese momento (que pudo recuperar después). La UAL se negaba a pagarle. Intentó llegar a un acuerdo a través de la mediación, cuenta, pero la asesora jurídica de la universidad se negó. Vuelta al juzgado. El juez le dio la razón de nuevo y reconoció el daño moral y la pérdida del sexenio y condenó a la universidad a resarcirle con casi 13.000 euros.
"La represión que han tratado de ejercer sobre mí en la Universidad de Almería, por mis denuncias de irregularidades, no han surtido efecto y no me han amedrentado", valora Lirola, "si bien las irregularidades de fondo siguen estando ahí: plazas amañadas en las Universidades, corporativismo para no afrontar constructivamente denuncias de irregularidades en la docencia, mal uso de los fondos públicos, impunidad al vulnerar las autoridades de las Universidades las leyes y normativas por ellos mismos aprobadas y un largo etcétera".
https://www.eldiario.es/sociedad/profesor-Universidad-Almeria-sancionado-veces_0_872813480.html
La Universidad de Oviedo ignoró una sentencia que le obligaba a destituir a una profesora a la que dio plaza con opacidad.
materia el 4/3/2019, 5:30 pm
Esta es una historia repetida en algunas universidades españolas. Un concurso por una plaza, dos candidatas. Una tiene un perfil a priori más ajustado a la plaza, la otra saca la plaza con unos criterios desconocidos. La primera recurre, la universidad lo ignora. Hasta que un juez le dice que el proceso "no se ajusta a derecho" y debe repetir la prueba.
Pero la Universidad de Oviedo obvió la sentencia judicial durante un año, estuvo pagando un salario público a la profesora a la que el juez había anulado la plaza. Repitió el proceso de selección que la Justicia había invalidado y volvió a otorgársela a la misma profesora que la había ganado en primera instancia.
La otra profesora ha vuelto a recurrir.
La Universidad de Oviedo intenta justificar que el juez "no anuló la plaza", aunque la sentencia lo dice textualmente, y explican que mantener a una persona en su cargo de manera provisional contra lo que dice un juez "es el procedimiento habitual en las universidades y otras administraciones públicas" por "razones evidentes de interés público, pues no se puede dejar al estudiantado sin docencia".
Fuentes conocedoras del caso explican que la profesora dejó el cargo cuando se publicó en el BOE la anulación de su nombramiento y recuerdan que actualmente no puede trabajar hasta que se solucione la situación.
De Literatura y Género
La Universidad de Oviedo convocó una plaza de profesor titular con perfil de Literaturas de Estados Unidos en 2016.
Se presentaron dos candidatas, Susana Vega y Marta Fernández. Fernández sacó la plaza. Obtuvo 89 puntos frente a los 70 de Vega bajo unos criterios que nadie conocía.
La primera [Vega] es doctora en la materia, ha investigado y escrito artículos sobre la materia. La segunda [Fernández] es doctora en Estudios de la Mujer, campo en el que ha investigado y publicado, con incursiones en el mundo televisivo o el teatro estadounidense, pero siempre bajo la perspectiva de género.
Fuentes cercanas al caso recuerdan que Fernández ha sido responsable de toda la docencia de literatura de EEUU en la Universidad de las Islas Baleares desde 2004 y que su aproximación a la materia a través del género, un enfoque transversal y no cerrado, no invalida sus aportaciones a ese campo.
Susana Vega no quedó conforme con el resultado. No lo estaba durante el proceso porque la Universidad no había publicado el baremo que fija los criterios a la hora de evaluar los méritos de los candidatos, tal y como estable[ce] la ley, y ni siquiera fueron explicados a posteriori. "Yo, como profesora de universidad, tengo la obligación de hacer revisiones y explicar a los alumnos cada décima de su nota. Tengo menos derechos que mis alumnos", explica. Tampoco lo estuvo cuando se culminó. Consideraba que tenía más méritos, un perfil más ajustado a la plaza que se ofertaba.
Y recurrió. Lo hizo ante la Universidad, que rechazó la reclamación. Así que se plantó ante el juez.
El juzgado de lo contencioso-administrativo nº 5 de Oviedo le dio la razón en lo sustancial. Rechazó el cambio que pedía Vega de Comisión de Selección que había adjudicado la plaza, pero validó que la convocatoria no se había ajustado a derecho.
"El sistema de valoración determina (...) la adjudicación, por lo que si los criterios son inadecuados, la adjudicación no estaría correctamente fundada", escribe el magistrado. Tras dar una serie de ejemplos concretos de puntuaciones en los que "no se sabe a cuántos puntos podría llegarse ni por qué", argumenta que "al no existir esa especificación, tampoco puede saberse en qué medida los distintos méritos o la experiencia son valorados, ya que queda al aire, por ejemplo, si tres puntos son el máximo, el mínimo, si pueden ser adecuados o resultar insuficientes".
Por ello, el juez estimó la demanda de Vega y anuló "por no ser conformes a derecho" las resoluciones 12 y 16 de enero de 2017 de la Universidad de Oviedo y ordenó que se repitiera el proceso. La resolución 12 era por la que la Universidad rechazaba el recurso de Vega y la 16 era la que nombraba a Fernández como profesora titular. Era marzo de 2018.
Acatar a medias
Pero la Universidad decidió actuar a medias. Organizó la repetición de la prueba, pero González ya había sido nombrada y desde el rectorado optaron por ignorar la exigencia judicial de anulación.
Un email de la Jefa de Servicio de Profesorado del centro, de junio, explica a Vega, cuando esta pidió explicaciones, que "conservaremos el nombramiento hasta que se resuelva definitivamente el proceso".
Le pagaban el salario (público) y actuaba de facto como poseedora de esa plaza. A este respecto, la Universidad ha explicado a este diario vía email que "el juez no anuló ningún nombramiento, sino que ordenó una retroacción de actuaciones por un defecto formal (...). Mientras se produjo la repetición del procedimiento, se mantuvo el nombramiento de la candidata propuesta, con carácter provisional, como se hace siempre en estos casos".
La primera sentencia emitida por el juez dice literalmente: "Estimo el recurso (...) contra las Resoluciones de 12 y 16 de enero de 2017 de la Universidad de Oviedo, que se anulan por no ser conformes a Derecho". Unos párrafos más arriba especificaba que por la Resolución de 16 de enero "se nombra a la codemandada Profesora Titular de la Universidad en el Área de conocimiento de Filología Inglesa".
Hay más. Cuando Vega vio que la Universidad no tenía intención de ejecutar la sentencia, volvió al juzgado a pedir la ejecución forzosa. El juez le dio la razón y requirió a la Universidad de Oviedo para que "en el plazo de cinco días proceda a (...) comunicar la anulación del nombramiento de Dª Marta Fernández como Profesora Titular de Universidad".
Y, sin embargo, la Universidad afirma que no se ha producido ninguna anulación. No ha querido explica en qué se basa.
Nueva prueba, mismo resultado
Finalmente, dos años después de que se realizara el primer examen y un año después de la sentencia, se repitió la prueba. Según Vega, de nuevo sin baremos, que se publicaron el 19 de diciembre, después de haber examinado a los candidatos. La Universidad sostiene en el comunicado enviado a este diario que sí los publicó.
El resultado de la repetición de la prueba fue aún peor para los intereses de Vega: las puntuaciones fueron 103,8 para Fernández frente a los 55,1 de Vega. En 2016 fueron 89-70, también a favor de Fernández. En ambos casos contabilizaban exactamente los mismos méritos, los que tuviera cada candidata en 2016, cuando se realizó la prueba por primera vez, no se podían añadir nuevos.
Fernández había sacado la plaza de nuevo. Con la misma Comisión. La plaza le fue adjudicada el 19 de diciembre de 2018. Justo ese mismo día, el rector envió por fin al BOE el escrito por el que anulaba el nombramiento original .
Pero el nombramiento no se ha podido completar. Vega ha vuelto a poner la rueda en marcha. Ha reclamado ante la Universidad, que tiene tres meses para resolver y mientras dure este proceso no puede nombrar definitivamente a Fernández. Si fallan en su contra, Vega asegura que acudirá de nuevo a los tribunales porque, según ella, la Universidad se ha limitado a repetir el proceso con los mismos errores que la primera vez.
Vega explica que está entre "ojiplática" y a la vez no tan sorprendida. "Estoy acostumbrada a ver cómo funcionan estos amaños, las irregularidades. Estoy aquí por vocación, llevo años intentado llegar a los más alto y no voy a desistir. Me da igual los años que me lleve y que tenga que poner demanda tras demanda. Sé que es un fraude y voy a ir hasta el final", asegura.
https://www.eldiario.es/sociedad/Universidad-Oviedo-pagando-profesora-Justicia_0_869663307.html
La Universidad Internacional de La Rioja (Unir), única cotizada en bolsa en España.
materia el 18/3/2019, 1:24 am
Proeduca no es una empresa muy conocida, pero es la cabecera de un grupo de 19 sociedades en España y Latinoamérica que sostiene la única universidad española, en este caso 100% online, que cotiza en Bolsa: la Universidad Internacional de La Rioja (Unir). Su salida al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) la semana pasada fue todo un bombazo: sus acciones se sitúan ya un 59% por encima del precio de partida y sitúan el valor de la firma en 356 millones. En el folleto de emisión Proeduca desnuda sus cuentas y deja ver que es una máquina de hacer dinero aunque no destaque en los rankings de calidad académica: 111 millones de facturación por impartir a través de Internet 136 títulos entre oficiales (94) y propios (42) a 33.400 estudiantes. Tiene una liquidez envidiable —53 millones invertidos en fondos de inversión y 17 millones en cuentas corrientes— y el año pasado pagó un dividendo récord de 15 millones. Todo lo ha conseguido en apenas 12 años de vida.
Licenciado en Filosofía, Arrufat fue durante 25 años consejero delegado de la editorial Magisterio Español y antes había trabajado en empresas del sector avícola. Se ha sabido rodear de personas con perfil variado: en el consejo se sientan consultores, directivos, exejecutivos de medios de comunicación y políticos. Carlos Mayor Oreja, hermano pequeño del exdiputado Jaime Mayor, fue presidente de Proeduca entre abril de 2015 y julio de 2018, fecha en que fue citado como investigado en el caso Lezo. Consejero de Educación en la Comunidad de Madrid en los Gobiernos de Alberto Ruiz-Gallardón, Mayor Oreja se ha retirado de la política, sigue investigado en la Operación Lezo y es consejero de Proeduca.
Como presidente de la Fundación Unir también está otro expolítico del PP, Luis Alegre, el que fue durante 16 años consejero de Educación de La Rioja y bajo cuyo mandato se dieron las autorizaciones para que Unir comenzase la actividad. ¿Un ejemplo de puerta giratoria? “No puedo trasladar una opinión sobre eso. Ya estaba cuando yo llegué a Proeduca. Entiendo que el grupo considera que es una persona que aporta experiencia”, defiende Stein. La Unir también imparte un máster junto al Instituto Atlántico de Gobierno, la escuela de negocios fundada por José María Aznar, tiene en su comité científico a la exministra de Educación Pilar del Castillo y ha contado con Alberto Ruiz-Gallardón entre sus docentes. Destacados miembros del PSOE también están vinculados con la institución. Jordi Sevilla, exministro del PSOE, es el presidente del consejo social y Manuel de la Rocha, que fue consejero de Educación en Madrid, también ha trabajado para el grupo.
Como campus estrictamente virtual, su principal activo es el profesorado. La Unir tiene 647 docentes propios y 667 externos. Un 38% de la plantilla está contratada de forma temporal y el resto son indefinidos. El 26% tiene contrato a tiempo parcial y un tercio trabaja desde su casa. “Las nuevas tecnologías te permiten llegar a mucha más gente y romper las paredes de las aulas. Este modelo no afecta a la calidad, es normal por el tipo de empresa. Intentamos atraer el mayor talento”, explica Stein. El rector, José María Vázquez García-Peñuela, reconoce que hay un porcentaje bastante grande de profesores a tiempo parcial. “Gran parte de nuestros estudiantes son de máster, programas necesariamente especializados. Encontrar profesores específicos para una o dos asignaturas, a lo sumo, hace que tengamos ese perfil”.
Lo que no es tan habitual es su modelo comercial, en el que los tutores cobran una comisión si consiguen la rematriculación de los alumnos. Además, para captar clientes se promocionan con Google Adwords y Facebook; realizan campañas desde el centro de atención telefónica de la empresa y, en Latinoamérica, en algunos casos lo hacen a través de distribuidores que van a comisión. Pero los antiguos métodos, según Stein, no dejan de funcionar. “El alumno está en el centro de nuestro modelo. El éxito del grupo es que la inmensa mayoría de los nuevos estudiantes acuden a nosotros por el boca a boca”, tercia el presidente. La mayoría son anónimas, pero la Unir no destaca precisamente por tener buenas críticas en foros de Internet. “Tenemos miles de alumnos de 90 nacionalidades. Somos una universidad joven, desde luego que habrá muchas cosas que mejorar para mantener los estándares de calidad en lo más alto”, se escuda Stein. La Unir también tiene distintos sistemas de cobro según el país. En España, por ejemplo, suele facturar por anticipado, pero en países de Latinoamérica ofrece el abono con cuotas y da otras facilidades. En cualquier caso, tiene mucho éxito: el 10% de las personas que solicitan información acaba pagando la matrícula.
La Universidad de La Rioja, pública, lleva años peleando contra la Universidad Internacional de La Rioja (Unir) en los tribunales porque considera que su nombre causa confusión entre los estudiantes y muchos problemas administrativos de personas que se quieren matricular en una de ellas y acuden a la otra. De hecho, ambas tienen su sede en la misma calle, la avenida de La Paz, en Logroño, apenas separadas por 30 números. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE impidió el registro de una marca de la empresa en el ámbito comunitario, pero el pasado febrero la Audiencia Provincial de Alicante dio la razón a la compañía para seguir operando con sus marcas en España. La entidad pública puede recurrir la decisión.
Fondos de capital y universidades.
materia el 8/4/2019, 2:30 am
Los fondos de capital riesgo, que ven en las universidades privadas un negocio en crecimiento
Hace apenas una semana se cerraba la última transacción: el fondo británico CVC Capital Partners se hacía con una participación mayoritaria en la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) de Madrid por una cantidad que no se ha desvelado, pero que El Confidencial cifra en 1.100 millones de euros.
Tres meses antes, la firma Permira, también británica, ganaba la puja, en la que coincidió con CVC y otros cinco candidatos, organizada por Laureate Education para vender la Universidad Europea de Madrid, Valencia, Canarias y Portugal, así como la escuela de marketing lusa IPAM, en una operación valorada en 770 millones de euros.
...los activos inmobiliarios que suelen llevar aparejadas estas transacciones dificultan la valoración y son, según el gerente de la Universidad de Barcelona, Oriol Escardíbul, uno de los atractivos de las compras.
...en la comunidad capitalina, el PP y Ciudadanos han dado luz verde a la instalación de tres nuevas universidades privadas, “a las que nos hemos opuesto y presentado una demanda para paralizarlas porque ya hay muchas universidades en Madrid. Con estas tres, las privadas serían 15, frente a las seis públicas. Y, además, porque su modelo favorece la desigualdad”, según Carlos Andradas, rector en funciones de la Universidad Complutense de Madrid.
https://elpais.com/economia/2019/04/04/actualidad/1554400898_537764.html?rel=lom
Re: Aún hay clases en la Universidad en España.

References: e contrario
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