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Timestamp: 2018-07-22 08:13:12+00:00

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LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN LA ESFERA LOCAL
PRINCIPIOS GENERALES. CLASES DE RECURSOS. EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
En este tema profundizaremos en el estudio del derecho administrativo, centrando nuestro análisis en los recursos aplicables, según la normativa vigente, a los actos administrativos. En nuestra exposición seguiremos la normativa establecida en la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, aplicable como veremos a la esfera local. Posteriormente, nuestro estudio se dedicará al recurso contencioso administrativo como medio de impugnación jurisdiccional de los actos administrativos.
El título VII, de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, establece bajo el nombre de «Revisión de los actos administrativos», una profunda modificación del sistema de recursos administrativos vigente hasta aquella fecha, atendiendo los más consolidados planteamientos doctrinales, tanto en lo referente a la simplificación, como a las posibilidades del establecimiento de sistemas de solución de reclamaciones y recursos distintos a los tradicionales y cuya implantación se va haciendo frecuente en los países de nuestro entorno y que ya existen, en algún caso, en nuestro propio ordenamiento.
Nuestros objetivos al finalizar este tema serán conocer:
- Los medios de impugnación de los actos administrativos
- Las diferencias entre la impugnación en vía administrativa y en vía jurisdiccional
- Las diferencias existentes entre los recursos administrativos
- El sistema de impugnación contencioso administrativo
- Los tipos de recursos administrativos y su regulación
- El recurso contencioso administrativo y su regulación
1. REVISIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
Los actos ad­ministrativos gozan de una pre­sunción de validez establecida en el artículo 57,1º de la Ley 30/1992, de 26 de no­viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati­vo Común; ello no significa que realmente lo sean, sino que con más frecuencia de la desea­da incurren en algún vicio que los hace nulos de pleno derecho o anulables.
A estos efectos, la Ley permi­te a la Administración que, por si misma, sin ser impelida por los interesados, pueda revisar de ofi­cio sus actos administrativos, retirándolos del mundo del Dere­cho.
En otras ocasiones, son los particulares interesados los que, a través de la interposición de los correspondientes recursos admi­nistrativos o, en su caso, contencioso-administrativo, obligan a la Administración a efectuar esta retirada, en vía administrativa o en vía jurisdiccional, respectiva­mente. De ambos casos, nos corres­ponde tratar en este tema
2. REVISIÓN DE OFICIO
Es la efectuada por la Administración, sin necesidad de que se produzca un requerimiento por parte de los interesados. La finalidad será impedir una conducta arbitraría ejecutada por ella, que generaría una absoluta inse­guridad jurídica (recordamos el contenido del artículo 9.3 de la Constitución, que consagra el principio de interdicción de la arbitrariedad de la Administra­ción Pública y el principio de se­guridad jurídica). De este modo la Ley, salvo en supuestos tasados, le obliga a seguir un procedimiento que tie­ne carácter esencial, de forma que su omi­sión acarrearía la nulidad de ple­no derecho del acto por el que se revisa.
Este procedimiento se contie­ne en los artículos 102 a 106 de la Ley 30/ 1992, pudiéndose distinguir los diversos supuestos que a continuación estudiamos.
2.2. Revisión de disposiciones y actos nulos.
Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 62.1 de la Ley 30/ 1992.
2.3. Revisión de actos anulables: la declaración de lesividad
Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano com­petente para resolver podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil re­paración (Artículo 104 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre.
2.5. Revocación de actos
Bajo este epígrafe el artículo 105 de la Ley 30/ 1992, distingue dos supuestos:
a. Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
2.6. Límites de la revisión
El artículo 106 de la Ley 30/ 1992, concluye esta ordenación de la revisión de oficio, disponiendo que "las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes"
3. LOS RECURSOS ADMINIS­TRATIVOS: PRINCIPIOS GE­NERALES
Como se dijo, la presunción de validez de los actos adminis­trativos es "iuris tantum", es de­cir, que admite prueba en con­trario por parte del interesado cuando entable el correspon­diente recurso administrativo y, en su caso, contencioso-admi­nistrativo, de forma que, si de­muestra que la Administración ha incurrido en ilegalidad al dic­tar el acto, éste debe ser anulado.
A este fin, y al margen de los supuestos de la revisión de ofi­cio, la Ley ha concedido al particular diversos cauces para poder llegar a esta anulación, que no son otros que los recursos admi­nistrativos o, en su caso, el acce­so a los órganos jurisdiccionales para conseguir una satisfacción a sus pretensiones, a través del recurso contencioso-administrativo. Son, en definitiva, como seña­la ENTRENA CUESTA, "un acto con el que un sujeto legitimado pide a la Administración que revise una resolución administrativa, o, excepcionalmente, un acto trámite, dentro de los plazos y con arreglo a las formalidades pertinentes".
Para García DE ENTERRIA, los recursos administrativos son "actos del administrado median­te los que este pide a la propia Administración la revocación o reforma de un acto suyo o de una disposición de carácter general de rango inferior a la Ley en base a un titulo jurídico especifico".
Su nota característica es, pues, según este Autor, su fina­lidad impugnatoria de actos o disposiciones preexistentes que se estiman contrarias a Derecho, lo que les distingue de las peti­ciones, cuyo objetivo es forzar la producción de un acto nuevo, y de las quejas, que, como se deri­va de lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre,(en los que se permite al particular la exigencia de responsabilidad por defectuosa tramitación o por in­cumplimiento de los plazos para resolver en el procedimiento), no persiguen la revocación de acto administrativo alguno, sino solamente que se corrijan en el curso mismo del procedimiento en que se producen los defectos de tra­mitación a que se refieren y, en especial, los que supongan para­lización de los plazos preceptivamente señalados u omisión de los trámites que puedan subsa­narse antes de la resolución defi­nitiva del asunto.
Partiendo de estas premisas, y siguiendo al Autor citado, pue­de señalarse que el recurso administrativo es una garantía para los afectados por la resolución administrativa, en cuanto les aseguran la posibilidad de reac­cionar contra ella y, eventual­mente. de eliminar el perjuicio que comporta, alcanzando a todo tipo de actos administrativos. Ahora bien, es una garantía limi­tada. por cuanto se interponen y resuelven ante y por la propia Administración (que es, pues, juez y parte).
3.2. Principios generales
Se recogen en los artículos 107 a 114 de la Ley 30/ 1992, cuyos epígrafes seguimos en esta exposición.
3.2.1. Objeto y clases
Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre.
3.2.2. Fin de la vía administrativa
Como se deduce de lo ex­puesto, para que proceda uno u otro recurso, es determinante que con la resolución que se dic­te se ponga o no fin a la vía administrativa. A estos efectos, el artículo 109 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre señala que ponen fin a la vía administrativa:
En particular, por lo que se refiere a la Administración Gene­ral del Estado, a tenor de la Disposición Adicional Novena de la L.R.J.A.P. y P.A.C., señala que ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes:
- Los adoptados por el Consejo de Ministros y sus Comisio­nes Delegadas.
- Los adoptados por los Ministros en el ejercicio de las com­petencias que tienen atribuidas los Departamentos de los que son titulares.
- Los adoptados por Subse­cretarios y Directores Generales en materia de personal.
Por lo que respecta a la Admi­nistración Local, el artículo 52,2 L.R.L. establece que ponen fin a la vía administrativa las resolu­ciones de los siguientes órganos y autoridades:
- Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Comisiones de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la Comunidad Autó­noma. o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27,2 (se refiere al ejercicio por las Corporaciones Locales de competencias delegadas por las otras Administraciones, en que procederá el recurso administra­tivo ordinario ante las mismas)
- Las de autoridades y órga­nos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Al­calde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pon­gan fin a la vía administrativa
- La de cualquier otra autori­dad u órgano cuando así lo esta­blezca una disposición legal.
Finalmente, en cuanto a las Comunidades Autónomas, habrá que estar a lo que disponga su normativa específica, que. nor­malmente, viene pronunciándo­se en similares términos a los examinados respecto a la Admi­nistración General del Estado.
3.2.3. Interposición del recur­so
c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones
d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige
3.2.4. Suspensión de la ejecución
Aparece regulada en el artículo 111 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre.
3.2.5. Audiencia de los interesados
Con el fin de no causar una indefensión a los interesados que está prohibida por el artículo 24 de la Constitución española de 1978, el artículo 112 de la Ley 30/ 1992 prevé la audiencia de lo interesados, en esta materia de recursos, disponiendo que:
- Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y pre­senten los documentos y justifi­cantes que estimen procedentes.
- No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, he­chos, documentos o alegaciones del recurrente cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho.
- Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, trasla­do del recurso para que, en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente.
- El recurso, los informes y las propuestas no tienen el ca­rácter de documentos nuevos a los efectos de este articulo. Tam­poco lo tendrán los que los inte­resados hayan aportado al expe­diente antes de recaer la resolu­ción impugnada.
3.2.6. Resolución
Respecto de la misma, el artículo 113 de la Ley 30/ 1992 contiene las siguientes reglas:
1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones for­muladas en el mismo o declarará su inadmisión
2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se orde­nará la retroacción del procedi­miento al momento en que el vicio fue cometido salvo lo dis­puesto en el artículo 67 (que trata de la convalidación de los actos ad­ministrativos)
3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cues­tiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este ultimo caso se les oirá previamente. No obs­tante, la resolución será con­gruente con las peticiones for­muladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agra­varse su situación inicial (es de­cir, se prohibe la “reformatio in peius”)
Se encuentra regulada en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre.
Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1, ( es decir, los actos que no hayan agotado la vía administrativa) cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.
4.5. Impugnación posterior
4.6. Motivos
El recurso ordinario podrá fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabili­dad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre.
Ahora bien, los vicios y defec­tos que hagan anulable el acto no podrán ser alegados por los causantes de los mismos (artículo 115 Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre.
5. RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN
Se regula en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre.
5.1.Objeto y naturaleza
A este recurso se dedican los artículos 118 y 119 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre.
Es un recurso extraordinario que sólo se admite en los supuestos del artículo 118 y contra ac­tos firmes, es decir, en principio, inatacables, pero que, por la gra­vedad de las circunstancias con­currentes en su emisión, la Ley permite su impugnación.
6.2. Interposición, objeto y plazos
A tenor del artículo 118 podrá interponerse contra los actos firmes en vía administrativa ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
6.3. Resolución
La regulación del recurso contencioso administrativo se contiene en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
7.1. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo
7.1.1. Ámbito
e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandada aquélla por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social.
Si la parte demandante se personare ante el mismo en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución que declare la falta de jurisdicción, se entenderá haberlo efectuado en la fecha en que se inició el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, si hubiere formulado éste siguiendo las indicaciones de la notificación del acto o ésta fuese defectuosa.
7.1.2. Órganos y competencias
7.2. Las partes
7.2.1. Capacidad procesal
7.2.2. Legitimación
b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 18 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos.
- Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente.
- Los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella.
- Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan. Se exceptúan aquellos a los que por Ley se haya dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de dicha Administración.
a) Las Administraciones Públicas o cualesquiera de los órganos mencionados en el artículo 1.3 de la Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa contra cuya actividad se dirija el recurso.
7.2.3. Representación y defensa de las partes
7.3. Objeto del recurso contencioso-administrativo
7.3.1. Actividad administrativa impugnable
La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior.>
En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha
intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo.
7.3.2. Pretensiones de las partes
7.4. El procedimiento contencioso administrativo
7.4.1. Procedimiento en primera o única instancia
7.4.1. A) Diligencias preliminares
7.4.1. B) Interposición del recurso y reclamación del expediente
d) El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a)
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa especifica, se produzca el acto presunto.
En los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa.
El expediente, original o copiado, se enviará completo, foliado y, en su caso, autentificado, acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La Administración conservará siempre el original o una copia autentificada de los expedientes que envíe. Si el expediente fuera reclamado por diversos Juzgados o Tribunales, la Administración enviará copias autentificadas del original o de la copia que conserve.
Si no se hubieran satisfecho voluntariamente, las multas firmes se harán efectivas por vía judicial de apremio.
7.4.1. C) Emplazamiento de los demandados y admisión del recurso
7.4.1. D) Demanda y contestación
Recibido el expediente administrativo en el Juzgado o Tribunal y comprobados, y en su caso completados, los emplazamientos, se acordará que se entregue al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de veinte días. Cuando los recurrentes fuesen varios y aunque no actuasen bajo una misma dirección, la demanda se formulará simultáneamente por todos ellos. La entrega del expediente se efectuará en original o copia.
Presentada la demanda, se dará traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo, a las partes demandadas que hubieran comparecido, para que la contesten en el plazo de veinte días. Si la demanda se hubiere formalizado sin haberse recibido el expediente administrativo, se emplazará a la Administración demandada para contestar, apercibiéndola de que no se admitirá la contestación si no va acompañada de dicho expediente.
7.4.1. E) Alegaciones previas
7.4.1. F) Prueba
Se recibirá el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y éstos fueran de trascendencia, a juicio del órgano jurisdiccional, para la resolución del pleito. Si el objeto del recurso fuera una sanción administrativa o disciplinaria, el proceso se recibirá siempre a prueba cuando exista disconformidad en los hechos.
La prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, si bien el plazo será de quince días para proponer y treinta para practicar. No obstante, se podrán aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso.
Las Salas podrán delegar en uno de sus Magistrados o en un Juzgado de lo Contencioso-administrativo la práctica de todas o algunas de las diligencias probatorias, y el representante en autos de la Administración podrá, a su vez, delegar en un funcionario público de la misma la facultad de intervenir en la práctica de pruebas.
7.4.1. G) Vista y conclusiones
7.4.1. H) Sentencia
- Inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo.
- Estimación o desestimación del recurso contencioso-administrativo.
- Que el Juzgado o Tribunal Contencioso-administrativo carezca de jurisdicción.
- Que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada.
- Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación.
- Que recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia.
- Que se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera del plazo establecido.
- Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o acto recurrido o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada.
- Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, reconocerá dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma.
- Si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo.
7.4.1. I) Otros modos de terminación del procedimiento
El Juez o Tribunal oirá a las partes por plazo común de cinco días y, previa comprobación de lo alegado, dictará auto en el que declarará terminado el procedimiento y ordenará el archivo del recurso y la devolución del expediente administrativo, si el reconocimiento no infringiera manifiestamente el ordenamiento jurídico. En este último caso dictará sentencia ajustada a Derecho.
En los procedimientos en primera o única instancia el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, una vez formuladas la demanda y la contestación, podrá someter a la consideración de las partes el reconocimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacción y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad.

References: artículo 57
 artículo 9
 artículo 62
 artículo 105
 artículo 106
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 109
 artículo 52
 artículo 27
 artículo 111
 artículo 24
 artículo 112
 resolución 
 Resolución

 artículo 113
 resolución 
 artículo 67
 resolución 
 artículo 107
 artículo 118
 artículo 118
 Resolución

 resolución 
 artículo 18
 artículo 1
 resolución