Source: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762015000200008
Timestamp: 2019-04-24 14:59:04+00:00

Document:
En asedio permanente: La prensa argentina durante el gobierno de Isabel Perón (1974- 1976)
Punto Cero vol.20 no.31 Cochabamba nov. 2015
Under siege: the press Argentina during the government of Isabel Peron (1974- 1976)
Marcelo Borrelli1.
1 Argentino. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina y docente de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. El autor declara no tener conflicto de intereses con Punto Cero ni con ningún miembro de su Comité Editorial.
Recepción: 29 de septiembre de 2015. Aprobación: 20 de octubre de 2015.
En este artículo se analiza la situación de la prensa argentina durante el gobierno peronista de María Estela "Isabel" Martínez de Perón (1974-1976), durante el cual se profundizaron los mecanismos represivos del Estado para sofocar a los sectores políticos opositores, que incluyó una deliberada tendencia a limitar la libertad de prensa a través de sanciones, regulaciones o clausuras. A su vez, el crecimiento de la violencia política protagonizada por organizaciones político-armadas de izquierda y de bandas armadas de ultraderecha consolidó una realidad sumamente dificultosa para el ejercicio periodístico. Ante la práctica autoritaria del gobierno y su avanzada censora, los medios de prensa se posicionaron de manera sumamente crítica frente a la administración nacional, resaltando sus contradicciones, destacando la incapacidad de la presidenta para dominar la situación política y amplificando los datos negativos que se desprendían de la realidad político-económica nacional. Finalmente, la prensa argentina dejará en evidencia su animadversión hacia el gobierno al aprobar a inicios de 1976 el golpe de Estado militar como una solución viable para la crisis nacional.
Palabras clave: Prensa, Argentina, Isabel Perón, dictadura militar, libertad de prensa, censura.
This article describes the situation of the argentinian press during the Peronist government of Maria Estela "Isabel" Martinez de Perón (1974-1976), during which the repressive mechanisms of the state will be deepened to stifle poiiticai opposition sectors, which included a deliberate tendency to limit press freedom through sanctions, regulations or closures. In turn, the growth of poiiticai violence by armed poiiticai organizations of the Ieft and right wing armed groups consolidated an extremeiy difficuit reality forjournalists. Given the authoritarian practice of government censorship and advanced, the media were positioned very critically against the national government, highlighting its contradictions, highlighting the inability of the president to dominate the poiiticai situation and amplifying the negative data that had emerged from national poiiticai and economic reality. Finally, the press Argentina will expose his animosity towards the government to approve in early 1976 military coup as a viable soiution to the national crisis.
Keywords: Press, Argentina, Isabel Perón, military dictatorship, freedom of press, censorship.
Cet article analyse la situation de la presse en Argentine dans le gouvernement péroniste de María Estela « Isabel » Martínez de Perón (1974-1976), au cours duquel les mécanismes répressifs de l'Etatfurent renforcés poursuffoquer lesfactions politique d'opposition, démarche qui a introduit un penchant deliberé pour limiter la liberté de la presse, avec des sanctions, regulations ou fermeture des medias. De sa part, l'élargissement de la violence politique menee par des organisations politiques armées de gauche ainsi que de factions de l'extréme droite a contribué á l'établissement d'un scénario tres difficile pour l'exercice du journalisme. Face á la démarche autoritaire du gouvernement et á sa politique de censure, les journaux ont répondu de maniere extrémement critique envers l'administration nationale, en relevant ses contradictions et en montrant l'incapacité de Mme. Le President pour ménager la situation politique, ainsi qu'en en amplifiant les faits négatifs issus de la réalité politique et économique nationale. A la fin, la presse de l'Argentine exposera son rejet total face au gouvernement á travers du soutien de la premiére au coup d'Etat militaire comme une soiution viable pour la crise nationale.
Mots-clés : Presse, Argentina, Isabel Perón, dictature militaire, liberté de presse, censure.
Este artículo tiene como objetivo analizar la situación de la prensa argentina durante el gobierno peronista de María Estela "Isabel" Martínez de Perón (1974-1976), enfocándonos particularmente en el caso de los diarios de tirada nacional. En este periodo se profundizaron los mecanismos represivos del Estado para sofocar a los sectores políticos opositores -tanto dentro como fuera del peronismo-, que incluyó una deliberada tendencia a limitar la libertad de prensa a través de sanciones, regulaciones o clausuras.
Paralelamente, la escalada de violencia política protagonizada por organizaciones político-armadas de izquierda y de bandas armadas de ultraderecha consolidó una realidad sumamente inestable para el ejercicio periodístico. Durante estos años muchos periodistas sufrieron persecuciones, se exiliaron y algunos fueron asesinados.
A pesar de este clima adverso, los medios de prensa no se privaron de dejar impreso sus opiniones sobre la realidad del país, que en la mayoría de los casos supuso una visión sumamente crítica sobre el gobierno nacional. Al calor de este rechazo, y con una situación política y económica cada vez más inestable hacia inicios de 1976, los medios escritos más importantes confluirán hacia una posición de aprobación ante un eventual golpe de Estado militar.
En este trabajo, por lo tanto, daremos cuenta de la situación de la prensa argentina en el contexto referido, como también de las posiciones editoriales adoptadas por los diarios nacionales más importantes del país ante la coyuntura del golpe de Estado de 1976.
2. La prensa argentina en la década del 70
En la década del '70 el diario era el medio de comunicación masiva más popular2. No competía con los otros medios, sino que se complementaban sus funciones. A la mañana sus noticias eran retomadas y ampliadas por la radio, mientras que a la noche la televisión lo hacía con los vespertinos y la radio. A diferencia de la mayoría de las radios y canales de televisión que eran manejados por el Estado, los grandes diarios nacionales estaban en manos privadas3. La alta politización de la época posicionaba al diario como un instrumento fundamental para los debates políticos. Estar informado, conocer las definiciones ideológicas de cada uno de los diarios de influencia nacional y comparar sus posiciones era una obligación para los militantes políticos. Los diarios no eran solo medios de información: su lectura determinaba una línea ideológica, una forma de comprender el mundo y la política. Los lectores más avezados leían dos periódicos, y también más en casos particulares. Además, existía una pluralidad de publicaciones partidarias. La clase media exhibía hábitos de lectura consolidados: en sus hogares se leía al menos un diario y una o dos revistas. La oferta informativa era amplia. Argentina era el país de América -luego de Estados Unidos y Canadá-que más había desarrollado sus medios masivos de comunicación (Ford y Rivera, 1987).
En 1976 los diarios más importantes de alcance nacional se editaban en la ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina: La Nación, Clarín, La Prensa, Crónica, La Razón y La Opinión4. También la oferta de revistas era amplia: una veintena superaba la tirada de 50 mil ejemplares. Los magazines de espectáculos y actualidad llevaban la delantera, se destacaban: Gente, que llegó a vender 300 mil ejemplares, Así, Siete Días, La Semana, Semana Gráfica, Radiolandia, Antena, TV Guía, Vosotras (de 50 mil ejemplares), Labores, Para Ti (150 mil ejemplares). Las revistas políticas tenían sus fieles lectores, destacándose por su periodismo de interpretación de la actualidad política o sus notas sobre cultura, economía e historia. Las más relevantes eran: Panorama, Redacción, Confirmado, Extra, Carta Política y Primera Plana.
3. El diario como actor político
Siguiendo los postulados de Borrat (1989), planteamos el rol del periódico en las sociedades modernas como un actor político dentro de un sistema político determinado. En palabras de Borrat (1989: 10): "Entendiendo por actor político a todo actor colectivo o individual capaz de afectar al proceso de toma de decisiones en el sistema político, afirmo que el periódico independiente de información general es un verdadero actor político de naturaleza colectiva, cuyo ámbito de actuación es el de la influencia, no el de la conquista del poder institucional o la permanencia en él. El periódico influye así sobre el Gobierno, pero también sobre los partidos políticos, los grupos de interés, los movimientos sociales, los componentes de su audiencia. Y al mismo tiempo que ejerce su influencia, es objeto de la influencia de otros, que alcanza una carga de coerción decisiva cuando esos otros son los titulares del poder político". Entender al periódico como actor del sistema político implica: a) que el análisis del periódico como actor es inseparable del análisis del "sistema político" del que forma parte; b) que el periódico es un actor social puesto en relaciones de conflicto con otros actores -como cualquier actor del sistema político-, aunque especializado en la confección de relatos acerca de los conflictos entre los actores del propio sistema y otros sistemas políticos; c) que ser actor de conflictos no desconoce que el periódico también es actor de consensos (aunque para Borrat el consenso es una categoría subordinada al conflicto); d) en función de su rol en relación a los conflictos el periódico puede situarse como narrador, comentarista o participante del conflicto político. A su vez, Borrat distingue tres niveles referidos a cómo se involucra en los conflictos políticos el periódico independiente de información general: en el nivel extra el periódico es observador externo como narrador o comentarista de conflictos entre otros actores sin involucrarse; en el nivel ínter es parte principal o asume el rol de intermediario neutral en relaciones de conflicto que lo ligan con otros actores; en el nivel intra es actor colectivo involucrado por conflictos internos que le oponen con algunos de sus componentes, o entre sus componentes. En el nivel ínter e intra es actor de conflictos, en el nivel extra se ocupa de conflictos ajenos. Las actuaciones del periódico en los tres niveles se expresan en parte en actuaciones públicas (el discurso que narra y comenta la actualidad política en la superficie redaccional del diario) y en actuaciones no-públicas (el proceso de producción de la actualidad periodística). Las actuaciones públicas se conocen por la lectura de los temarios publicados, las otras se infieren a partir de las actuaciones públicas, de manera tentativa (BORRAT 1989: 10-11).
Estas categorías de Borrat nos permiten, no solo comprender teóricamente el rol de los diarios argentinos en esta coyuntura específica, sino también observar de qué manera se involucraron en los conflictos políticos de la etapa 1974-1976. Volveremos sobre este punto.
4. Una relación conflictiva: la prensa y el gobierno de Isabel Perón
El incremento de la violencia política luego de la muerte del presidente argentino Juan Perón en julio de 1974 había transformado el ejercicio del periodismo en una profesión en asedio permanente5. Como recuerda Díaz (2002: 49), en aquellos años era común escuchar en las redacciones "después de la de piloto de pruebas, la de periodista es la profesión más peligrosa". En efecto, los periodistas y los medios de prensa se encontraban bajo la presión directa de las organizaciones político-armadas de izquierda y las bandas parapoliciales de derecha, como la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como "Triple A", que era conducida en las sombras por José López Rega, secretario privado de Isabel Perón y ministro de Bienestar Social6. En ese tiempo fueron asesinados conocidos periodistas, otros recibieron intimidaciones u atentados7 y, en este marco, algunos decidieron marchar al exilio (para un testimonio, véase GRAHAM-YOLL 1985). Téngase en cuenta que muchos periodistas eran a su vez militantes políticos y las persecuciones que padecieron estuvieron relacionados mayormente con su inserción política y no directamente con su hacer profesional. Por su parte, las empresas editoras de periódicos sufrieron reiteradas "advertencias", amenazas y atentados: La Voz del Interior de la provincia de Córdoba, El Día de la ciudad de La Plata, The Buenos Aires Herald, La Prensa y La Opinión (todos editados en la Capital Federal), entre otras (DÍAZ 2002: 54-64)8.
También el gobierno de Isabel Perón, fortaleciendo su raigambre autoritaria, puso en práctica políticas que reprimieron el ejercicio de la libertad de prensa. Ya el breve gobierno de Juan Perón había generalizado una serie de procedimientos autoritarios en el campo cultural que envalentonaron a los sectores parapoliciales de derecha ligados a López Rega (SVAMPA 2007: 417). Las medidas represivas de Isabel aprovecharon cierto consenso sobre que la libertad de prensa podía quedar subordinada a las urgencias de una situación política cada vez más crítica. En efecto, desde mediados de 1975 el gobierno peronista sufrió un vertiginoso proceso de licuación de poder, flanqueado por la agudización de la violencia política, los problemas económicos, los planes militares para desembarcar en el poder, la militarización de la política, las peleas hacia dentro del peronismo y la pérdida de legitimidad del accionar presidencial, entre otras variables desestabilizadoras9. Así, un gobierno que se sabía endeble y asediado, desviaba la atención sobre su propia incapacidad situando a los medios de prensa como "enemigos del pueblo". Como lo han destacado algunas investigaciones (FRANCO 2012; SERVETTO y PAIARO 2013), los discursos públicos de Isabel Perón construyeron en forma insistente diversos "enemigos" que eran señalados como los principales responsables de los problemas del país. En este relato, el enemigo emblemático a combatir fue "la subversión", el "terrorismo violento" o el "extremismo ideológico" -entre otras acepciones estigmatizantes para referirse a la guerrilla y a los sectores de la izquierda más radicalizada-, ya que actuaba bajo "ideologías extrañas" en contraposición al ser nacional "occidental y cristiano".
En este contexto, el gobierno llevó adelante diversas acciones restrictivas para la libertad de prensa. En principio, se destacó la clausura de diversas publicaciones. Por motivos ligados a la disputa interna del peronismo, se clausuraron los diarios del peronismo de izquierda Noticias (ESQUIVADA 2009), El descamisado (NADRA y NADRA 2011) y su continuación La Causa Peronista; El Peronista, Militancia y El Nuevo Hombre sufrieron la misma suerte. También se clausuraron El Mundo (MAGGIO 2012), ligado al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) -la guerrilla de origen trotskista, que era el brazo militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)-, y otros de circulación menor, como el matutino La Calle de izquierda moderada. Las revistas humorísticas también sufrieron la censura: Satiricón, de humor negro, fue clausurada en octubre de 1974 bajo acusaciones de "inmoralidad", Chaupinela, otro intento humorístico de los periodistas de Satiricón, fue clausurada por el gobierno de Isabel en 1975 con un juicio por desacato (IGAL2013). El mismo destino vio la revista del nacionalismo católico de derecha Cabildo -y sus intentos de reaparición con otros nombres-. En el ámbito de la prensa de difusión masiva el gobierno clausuró el diario popular Crónica por tiempo indeterminado desde el 21 de diciembre de 197410 (pero por una decisión judicial la clausura fue levantada el 17 de diciembre de 1975). Otro emprendimiento del dueño de Crónica, el diario Ultima Hora -que apareció desde el 20 de febrero de 1975 hasta el 19 de diciembre de ese año-, fue clausurado por cinco días por decreto n° 3422 del Poder Ejecutivo del 17 de noviembre de 1975, por publicar la noticia sobre la muerte de ocho niños por una epidemia de sarampión, motivo por el cual fue acusado de "distorsionar la realidad" para "crear un clima de angustia en la opinión pública" (cit. por GARCÍA 2012: 99 y Boletín Oficial de la República Argentina, decreto n° 2422, 20/11/1975, pp. 2-3). El diario La Opinión fue cerrado el 13 de febrero de 1976 por 10 días, como colofón de su enfrentamiento directo con el gobierno peronista (MOCHKOFSKY 2004: 224-225).
La administración de Isabel también impulsó medidas de asfixia económica a través de la quita de la publicidad oficial o la demora en los pagos11, la política sobre importación del papel12, e incursionó en agresiones verbales, como cuando la presidenta catalogó, el 5 de noviembre de 1975 y por cadena nacional de radio y televisión, a la acción de la prensa como de "terrorismo periodístico" (Clarín, 6/11/1975), que impactó en el periodismo y fue repudiada. Téngase en cuenta que, en un contexto donde la violencia política estaba exacerbada, este tipo de acusaciones podían estimular las prácticas violentas contra los medios implicados. Así parecieron entenderlo algunos exponentes de la prensa. Por ejemplo, el diario Clarín hizo referencia a la frase presidencial en el editorial "Terrorismo periodístico y realidad", del 13 de marzo de 1976. Allí se quejaba por el uso del término "terrorismo" para designar al ejercicio periodístico y además destacaba, en referencia al gobierno, su "peligrosa tendencia a desviar la atención de los problemas reales, atribuyendo las culpas a quienes poco o nada tienen que ver con su producción", para finalizar: "No hay, pues, confabulaciones ni terrorismo periodístico sino que (...) existe un registro común de una realidad unívoca y una preocupación (...) ante el delicado momento que le toca atravesar a la República" (Clarín, 13 de marzo de 1976, p. 6). En un sentido similar se había expresado el director de la revista de interés político Redacción, Hugo Gambini, en el editorial titulado "El terrorismo periodístico", en noviembre de 1975. Allí se preguntaba "¿(...) es que el Gobierno pretende acallar (...) a la prensa escrita? ¿Qué quiere esconder? ¿Su ineficacia administrativa? ¿Su fracaso político?", para finalizar con una defensa lacónica del trabajo de la prensa: "En materia de terrorismos, el pueblo ya está suficientemente golpeado como para que se le pretenda inventar uno nuevo. El plomo de las imprentas no mata a nadie. Eso sí, penetra en las conciencias, hiere a la inmoralidad, despabila a los dormidos, asusta a los impostores. Sirve a la República para evitar que se sirvan de ella" (Hugo Gambini, Redacción, noviembre de 1975, p. 5).
En este ámbito debe computarse la campaña que lanzó el gobierno el 18 de mayo de 1975 por la Cadena Oficial de Televisión contra los diarios La Opinión y El Cronista Comercial, aludiendo a que estas publicaciones atizaban "las prácticas disolventes de la comunidad bajo la apariencia de apoyo a algunas gestiones de gobierno" (cit. por CARNEVALE 1999: 168-169). Ese día La Opinión había publicado una nota contra el "terrorismo de izquierda y de derecha", recordando atentados y crímenes de ambos bandos y "las reacciones" de "voceros del oficialismo, la oposición y las Fuerzas Armadas" (cit. por CARNEVALE 1999: 168-169).
Una de las medidas restrictivas más relevantes para el accionar de la prensa durante estos años fue la sanción de la ley n° 20.840 conocida como de "Seguridad Nacional" o "antisubversiva", promulgada el 30 de septiembre de 1974 en el contexto de crecimiento de la violencia política. Su objetivo primordial se vinculaba a la represión de la "subversión", y en su artículo 1o establecía la imposición de prisión de tres a ocho años a quien intentara o preconizara por cualquier medio "alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación". Como se observará, frase lo suficientemente amplia y vaga como para sancionar a cualquier sector social y político díscolo. Pero su articulado también hacía pender la amenaza sobre los medios de comunicación. En su artículo 3o, inciso b) imponía prisión de dos a cinco años "A los redactores o editores de publicaciones de cualquier tipo, directores y locutores de radio y televisión, o responsables de cualquier medio de comunicación, que informen o propaguen hechos, imágenes o comunicaciones de las conductas previstas en el artículo 1o" (Boletín Oficial de la República Argentina, 2/10/1974, p. 2). Como era esperable, la medida recibió fuertes rechazos de parte de los órganos de prensa.
En este terreno también se inscribieron otros articulados, como el decreto n° 1273, publicado el 20 de mayo de 1975, que en su artículo 1o creaba una oficina denominada "Registro de Agencias Noticiosas" en la que se tenían que inscribir todas las agencias noticiosas domiciliadas en el país para continuar funcionando -también los corresponsales que dependían de ellas- y prohibía a los medios de comunicación nacionales o extranjeros la difusión de noticias referidas al país que hubieran sido suministradas por agencias noticiosas extranjeras (en su artículo 4°)13. Esta disposición complementaba al decreto n° 587 del 16 de agosto de 1973, firmado por el presidente Raúl Lastiri14 y que entró en vigencia el 3 de octubre de 1973, que en su artículo 2° prohibía a las agencias noticiosas extranjeras suministrar noticias o informaciones argentinas "de cualquier naturaleza" dentro del territorio nacional15. Y al que estableció el estado de sitio el 6 de noviembre de 197416, que contenía partes que restringían la actividad periodística. Según el periodista Graham-Yoll (1984: 82; cit. por SCHINDEL 2012: 84), quien ejerció la profesión en aquellos años en el diario de la comunidad británica The Buenos Aires Herald, la intención del contralor se debía a que los periodistas argentinos pasaban información que no se podía publicar en el país a los corresponsales o a las agencias extranjeros para que las emitieran en el exterior, y así luego podían ser publicadas en el país pero con el crédito de la fuente extranjera.
Por último, a inicios de octubre de 1975, la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia y la Secretaría de Informaciones del Estado, quedaron bajo la jurisdicción del Consejo de Defensa Nacional, integrado por el ministro de Defensa y los tres comandantes de las Fuerzas Armadas con la asesoría del Estado Mayor Conjunto, a los fines de la "lucha contra la subversión"17.
Es interesante destacar que este andamiaje legal censor impulsado por el gobierno de Isabel Perón fue mantenido por la dictadura militar, que lo utilizó en diversas ocasiones para presionar, en este caso "legalmente", a ciertos medios de prensa cuando estos "traspasaban" los límites impuestos por el régimen18. Como señala Avellaneda (1986: 16), la remisión del discurso censor a la legislación anterior fue un mecanismo típico del control ejercido durante el periodo 1960-1983 en Argentina, bien para legitimar esas prácticas sobre una "continuidad histórica" y una "atemporalidad" de los criterios normativos aplicados, o para evitar la responsabilidad de crear la norma restrictiva. Ello es importante para subrayar que las prácticas censoras en la Argentina tuvieron una paulatina consolidación desde inicios de los años 60, que luego se acelera y sistematiza a partir de 1974 y hasta 1983 (AVELLANEDA 1986: 10-17). En este contexto, debe considerarse el avanzado grado de autocensura que en la etapa 1974-1976 se impusieron las empresas periodísticas y los periodistas que trabajaban en ellas frente a la radicalización de los conflictos políticos y el avance represivo del Estado. Vale destacar un elemento señalado por Avellaneda (1986: 13-4) en torno a una de las características centrales del discurso censor: su ubicuidad. Al no haber existido en la Argentina una oficina de censura centralizada, con ciertas políticas regulares e institucionalizadas, las prácticas censoras parecían "estar en todas partes y en ninguna" (AVELLANEDA 1986: 14). Y desde 1974 este fue el elemento más efectivo del discurso censor cultural argentino, articulado a partir de 1976 con la práctica del terrorismo de Estado que tuvo como uno de sus objetivos la internalización del castigo y la inmovilización de las posibles reacciones.
5. La actitud de los grandes diarios frente al golpe de Estado de 1976
El cúmulo de acciones restrictivas que impulsó la administración de Isabel Perón generó protestas, críticas y enfrentamientos públicos entre las empresas periodísticas y el gobierno. Particularmente en los últimos meses de su gestión se estableció un verdadero círculo vicioso entre la prensa diaria y la administración peronista. Como parte de ese enfrentamiento, los órganos de prensa desplegaron una estrategia informativa que desprestigió aún más a un gobierno preso de sus propias contradicciones y asolado por una coalición cívico-militar que desde junio de 1975 se aprestaba a tomar el poder a través de un golpe de Estado. En este marco, desde los editoriales y las crónicas políticas se redimensionaron las versiones sobre el golpe de Estado, se enfatizó sobre la incapacidad de la presidente para gobernar19, se amplificaron los errores del gobierno y se desacreditaron las políticas implementadas y los planes que incluían algún tipo de traspaso legal del poder para salir de la crisis, entre otros recursos que se orientaban a profundizar el clima de desestabilización (al cual el propio gobierno contribuía con creces). En muchos casos, estas opiniones se realizaban en forma inversamente proporcional a la ponderación positiva de las Fuerzas Armadas, cuya intervención era sugerida cada vez menos elípticamente. Siguiendo los conceptos de Borrat, los diarios argentinos trataron de generar una influencia destinada a afectar el proceso de toma de decisiones en el sistema político para, como mínimo, justificar una intervención política que diera por finalizado al gobierno de Isabel Perón. Por supuesto, tal posicionamiento debe interpretarse dentro de una cultura política autoritaria que se caracterizaba por la ausencia de "fe democrática" y que aceptaba la intervención castrense en la vida política del país como un acontecimiento legítimo. Cultura política que, en última instancia, convalidaba que se incumplieran las normas jurídicas o formales de la institucionalidad republicana si éstas no aseguraban el "bienestar popular", el orden público o ciertos objetivos políticos presentados como una mejora del bien común.
Así fue que durante 1975 las redacciones y las publicaciones de los principales diarios fueron caja de resonancia de los rumores sobre el golpe de Estado, con el consiguiente desmedro para la estabilidad institucional. Y en la superficie redaccional de los periódicos las palabras "caos", "desorden", "crisis", "desintegración", "descontrol", "desgobierno" e "inmoralidad" fueron una y otra vez utilizadas para definir la realidad nacional (interpretada así también por amplios sectores de la población civil, los militares, y los sectores dirigentes).
Hacia fines de ese año la campaña de desprestigio contra el gobierno adquirió mayor vehemencia, mientras las referencias hacia la realidad nacional se hacían cada vez más dramáticas y admonitorias20. En los casos de los diarios La Nación, La Prensa y La Razón existió una orientación editorial deliberada para socavar aún más la ya frágil legitimidad del gobierno peronista, sugiriendo o avalando al golpe de Estado como única salida posible a la "crisis" nacional (Cf. DÍAZ 2002). Sin embargo, La Nación mostró una mayor opacidad en su estrategia editorial, ya que no hubo un llamado taxativo sobre la necesidad de un golpe de Estado ni una demanda concreta sobre las Fuerzas Armadas para que ejercieran un rol activo en el sistema político. Sí, una mirada sumamente crítica sobre el gobierno de Isabel Perón y sobre la realidad nacional que fue construyendo paulatinamente la necesidad de un "gran cambio" al que, finalmente, consideró "inevitable" cuando este se concretó a través del golpe de Estado (Cf. DÍAZ, GIMENEZ Y PASSARO 2002: 108-9). Su patente animadversión hacia la presidenta se hacía saber un día después de su derrocamiento: "cada vez más, el gobierno justicialista se abandonó en sus propias obsesiones. La más absurda de éstas fue la conversión de la república en una suerte de monarquía en la cual la viuda de un caudillo pretendió que el poder fuese un bien casi computable en el juicio sucesorio" (cit. por DÍAZ, GIMENEZ Y PASSARO 2002: 111). En el caso de La Prensa, se trataba de un medio históricamente opositor al peronismo y desde ese espacio enunciativo esbozó una crítica persistente e inflexible sobre el gobierno de Isabel Perón y sobre otros actores vinculados al "populismo", que para el diario era el principal responsable de la decadencia del país. Si bien en marzo de 1976 no hizo alusión directa al golpe, utilizó una adjetivación desmedida y catastrofista que justificaba así el derrocamiento del gobierno. Y una vez acaecido éste, interpretó que en realidad no había habido una ruptura del orden constitucional, ya que como durante el gobierno de Isabel no había existido una "verdadera democracia" no era ella la que finalizaba con el golpe, sino solo un gobierno (Cf. DÍAZ Y PASSARO 2002: 133-137). La Razón, uno de los principales vespertinos de la época que estaba vinculado al Ejército argentino, no tenía editoriales, por lo tanto construyó su posicionamiento demoledor contra el gobierno desde sus titulares de tapa en cuerpo catástrofe. Desde allí descalificó al Poder Ejecutivo, a los partidos políticos y al sindicalismo, y construyó a las Fuerzas Armadas como el único actor que podía rescatar al país del "caos" (Cf. DÍAZ Y GIMENEZ 2002: 200-213). Cabe destacar que, si bien el golpe era un acontecimiento esperado por todas las redacciones hacia marzo de 1976, La Razón fue el único diario que lo anticipó, cuando publicó en su tapa del 23 de marzo de 1976, su recordado titular: "Es inminente el final. Todo está dicho". Clarín fue crítico de los extravíos del gobierno, con un fuerte hincapié en el área económica, y construyó discursivamente al golpe como un desenlace lógico e "inevitable", aunque no realizó una campaña editorial sistemática para socavar la gobernabilidad de la administración peronista (BOrrELLI 2016; DÍAZ 2002)21. Como se desprende de lo antedicho, ninguno de estos diarios repudió el golpe de Estado22.
En resumen, puede afirmarse que el golpe del 24 de marzo de 1976 fue legitimado por la gran prensa nacional, a través de diferentes estrategias y por diversos motivos ideológicos, como la única solución política efectiva frente a los errores del gobierno, a una realidad social, política y económica que se juzgaba caótica, y frente a la necesidad de "refundar" a la sociedad argentina en todos sus ámbitos. Así fue que los diarios nacionales más influyentes convergieron con la impronta refundacional con el que las Fuerzas Armadas tomaron el poder estatal y se presentaron ante la sociedad. Tanto es así que, una vez echada a rodar la dictadura, y a medida que su "promesa refundacional" se hizo cada vez más imprecisa, sin embargo los grandes diarios nacionales, a la vez que tendían a volverse más críticos hacia el gobierno militar, no dejaban de destacar la "inevitabilidad" y la necesidad histórica que había tenido el golpe frente al "caos" y el descalabro institucional del gobierno de Isabel Perón (BORRELLI 2011).
El periodo de gobierno de Isabel Perón profundizó y amplió una tendencia censora y restrictiva para el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa que se había iniciado en tiempos de la presidencia de Juan Perón, pero que dio un salto cualitativo en el marco de la espiralización de la violencia política, la inoperancia presidencial, las desavenencias políticas hacia adentro del partido gobernante y los problemas políticos y económicos del país. El gobierno de Isabel Perón construyó a los medios de prensa críticos como "enemigos", acusándolos de prácticas desestabilizadoras que, sin obviar posibles intenciones en este sentido, pusieron de relieve la impronta autoritaria de su práctica política. Esto se evidenció en la creación y aplicación de nuevos instrumentos legales que reforzaron la censura, en la clausura de medios por decreto, en el ataque verbal hacia los medios de prensa o en la omisión del gobierno para castigar a los sectores de la derecha peronista -ligados a sus intereses-que persiguieron, atentaron, amenazaron y, en algunos casos, asesinaron a periodistas u hostigaron a medios de prensa.
La prensa en general fue distanciándose del gobierno de Isabel Perón a medida que su descrédito se hacía mayor en la opinión pública y la situación socio-política se tornaba más inestable. Y entendemos que las políticas negativas hacia el sector implementadas por el gobierno peronista son una variable de máxima relevancia para comprender ese distanciamiento. Por otra parte, si bien el contexto de espiralización de la violencia -tanto de los sectores de la derecha como de la izquierda- y las acciones restrictivas del gobierno promovieron la autocensura ante ciertas circunstancias, ello no supuso el silenciamiento absoluto de los medios de prensa, que en general siguieron denunciando los problemas que consideraban acuciantes para el país.
La gran prensa nacional legitimó el golpe de Estado de 1976, aunque a través de estrategias diferenciadas. En casos concretos, hubo expresiones que se sumaron a las tendencias desestabilizadoras que existían en el escenario político de 1975, con las Fuerzas Armadas y sectores civiles opositores orientados a desgastar al gobierno para propiciar su recambio por un golpe de Estado. Ninguno de los grandes diarios repudió el golpe, que en términos generales fue presentado como un acontecimiento "inevitable" y provocado por la propia impericia del gobierno más que por la acción de las Fuerzas Armadas que, en cambio, fueron exhibidas como salvadoras de la Nación ante el "vacío de poder".
Para finalizar, si retomamos los postulados de Borrat en relación a los niveles de involucramiento en los conflictos políticos, observamos entonces que la prensa argentina se situó en estos años en el nivel inter, como parte principal en la relación con otros actores del sistema político. Esto le implicó quedar expuesta a las represalias de diversos grupos políticos y del gobierno nacional, como también de orientar su tarea periodística hacia fines políticos específicos a través del ejercicio de la influencia, como por ejemplo, al justificar argumentativamente el derrocamiento del gobierno por su impericia, su falta de apego democrático o su responsabilidad en el "vacío de poder" que dejaba al país, en este óptica, al borde de su "desintegración".
1 El autor agradece el apoyo del proyecto bajo su dirección PICT 2012-0284 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Argentina) que ha facilitado la presentación de este artículo. Algunos aspectos preliminares de la investigación fueron presentados en el IX Encuentro Internacional de Historiadores de la Prensa, realizado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, Santiago de Querétaro (México) del 29 al 31 de octubre de 2014.
2 En 1976 se publicaban en la Argentina 297 diarios, 765 periódicos y 960 semanarios, además de 250 publicaciones en idiomas diversos (POSTOLSKI y MARINO 2005: 166).
3 El manejo discrecional y propagandístico que hizo el gobierno de Isabel Perón de los medios de radio y televisión estatales sobrevaloró a la prensa escrita como medio crítico del poder político de turno. La prensa escrita objetó reiteradamente ese manejo estatal, que a su vez justificó aún más su rol de contralor del poder político, que ya de por sí se autoarrogaba en línea con la tradición liberal del ejercicio periodístico.
4 La Nación había nacido el 4 de enero de 1870, fundado por el político y periodista Bartolomé Mitre. Su dueño en el periodo de estudio era la familia Mitre, su director Bartolomé Mitre, y su tirada diaria rondaba los 248 mil ejemplares (SIDICARO 1993). La Prensa fue publicada por primera vez el 18 de octubre de 1869. Su fundador y director fue el periodista y político José C. Paz. En el periodo de estudio tuvo una tirada promedio de 162 mil ejemplares diarios, su dueño era la familia Gainza Paz y su director Alberto Gainza Paz (PANELLA 2006). El diario Clarín publicó su primer número el 28 de agosto de 1945, fue fundado por el político y periodista Roberto J. Noble, y a partir de su fallecimiento en 1969 su directora fue su viuda, Ernestina Herrera de Noble. Desde ese momento comenzó una carrera ascendente hasta ser, hacia fines de la década del '60, el matutino de mayor tirada en la Capital Federal, promediando los 360.000 ejemplares diarios (BOrrELLI 2016; SIVAK 2013). Crónica fue fundado el 29 de julio de 1963 por el empresario periodístico Héctor Ricardo García. Hacia el periodo de estudio, sumando sus tres ediciones diarias, "tiraba" cerca de 800 mil ejemplares, siendo el de mayor tirada de la época (FRANCO 2012: 195). El vespertino La Razón fue publicado por primera vez el 1 de marzo de 1905, siendo uno de los emprendimientos pioneros del nuevo periodismo comercial, ya que no estaba vinculado a un caudillo político. Fue fundado por el periodista Emilio Morales. Al momento del golpe de Estado de 1976 su dueño era Patricio Peralta Ramos y estaba dirigido en su faz periodística por Félix Laiño (desde 1937). Desde fines de los años 50 se le atribuyó una cercanía con el Ejército argentino. Su tirada promedio era de 500 mil ejemplares sumando la edición matutina y vespertina. El diario La Opinión salió a la calle el 4 de mayo de 1970, fundado por el periodista Jacobo Timerman. Fue un diario de "vanguardia" que renovó las formas de hacer periodismo, con hincapié en las notas de interpretación. Su periodo "independiente" finalizó en abril de 1977, cuando fue intervenido por la dictadura militar (RUIZ 2001).
5 La fórmula Juan Perón-Isabel Perón había sido electa el 23 de septiembre de 1973 con el 61,85% de los votos (y asumieron los cargos el 12 de octubre de ese año). Con el fallecimiento del presidente el 1 de julio de 1974 asumió ese cargo su vicepresidenta, Isabel.
6 Desde fines de 1973 sus acciones criminales contra militantes e intelectuales, por lo general de izquierda, tuvieron amplia repercusión pública, generando incertidumbre y temor en la población.
7 Entre los casos más resonantes se encuentran el secuestro y posterior asesinato de David Kraiselburd en julio de 1974, quien era director del diario El Día de la ciudad de La Plata y de la agencia de noticias Noticias Argentinas, a manos de la organización político-armada peronista Montoneros; los asesinatos de los periodistas de La Opinión Pedro Leopoldo Barraza -el 13 de octubre de 1974- y Jorge Money -en mayo de 1975- , nunca aclarados pero con alta probabilidad de que hayan sido responsabilidad de la Triple A (SÁENZ QUESADA2003: 288).
8 Para un racconto de los principales acontecimientos sufridos por la prensa y los periodistas durante 1975, véase Graham-Yoll (1975: 73-74); véase también el balance negativo del diario La Nación sobre la libertad de prensa a mediados de 1975 {La Nación, 7/6/1975, p.8; cit. por SIDICARO 1993: 383).
9 DE RIZ 1986; DI TELLA 1985; ITZCOVITZ 1985; MACEYRA 1983; NOVARO y PALERMO 2003; SÁENZ QUESADA, 2003.
10 Fue clausurado bajo la justificación que el vespertino violaba el artículo 22 de la Constitución Nacional, al haber atizado la recuperación de las Islas Malvinas por la fuerza popular. Crónica había lanzado una campaña de reclutamiento de voluntarios para la recuperación de Malvinas que tuvo bastante éxito y molestó al gobierno nacional. Según su propietario y director, Héctor Ricardo García, la clausura respondió en realidad a otras razones: su oposición al proceso de estatización de los canales capitalinos de televisión luego de la muerte de Perón, debido a que él era propietario de Canal 11 al momento de la expropiación -(DE RÚSSOVICH Y LACrOIX 1986: 17; ULANOVSKY 2005: 65)-, y a que López Rega quería quedarse con el diario y otros de sus medios (GARCÍA 2012: 90).
11 Sobre este punto, varias entidades de editores y empresarios de la prensa publicaron en septiembre de 1975 la solicitada "La prensa argentina ante una grave situación" donde denunciaban la deuda que mantenía el Estado por la publicidad oficial (Redacción, septiembre de 1975).
12 La mayoría del papel prensa que se consumía en Argentina era importado y los gobiernos solían manejar los aranceles a la importación de papel o la cuotificación de su entrega como un elemento condicionante para la prensa.
13 En el artículo 2° informaba sobre una extensa lista de requisitos que debían cumplimentar las agencias, que ponía en evidencia la intención de control. En el artículo 5o enumeraba las sanciones que aplicaría a las agencias y a los medios que suministraran información que infringieran los decretos n° 587 (al que nos referimos más adelante) y n° 1273: suspensión temporal o anulación de la inscripción en el registro, restricción o prohibición del uso del crédito bancario y acceso a beneficios fiscales, suspensión o cancelación de frecuencias (radio o TV); en el caso de la prensa, prohibición temporaria de impresión, circulación y distribución y clausura del establecimiento. En el caso de los corresponsales se preveía su posible expulsión del país (Boletín Oficial de la República Argentina, decreto 1273, 20/5/1973, p. 3).
14 Quien ocupó la presidencia brevemente desde el 13 de julio al 12 de octubre de 1973, luego de la renuncia de Héctor Cámpora -quien había asumido el 25 de mayo de 1973- y hasta la asunción de Juan Perón luego de su triunfo en las elecciones de septiembre de ese año.
15 El decreto n° 587 también disponía en su artículo 5o que "las noticias o informaciones argentinas" ocuparían por lo menos el 50 por ciento del tiempo que insumiera en su transmisión oral o televisiva y lo mismo para el espacio en caso de publicación, y prohibía en su artículo 1° el "empleo de voces o expresiones idiomáticas extranjeras en la propalación de todo tipo de noticia o informaciones". En todo caso, decretaba que debían ser traducidas todas las expresiones idiomáticas extranjeras al idioma nacional.
16 El estado de sitio fue decretado cinco días después que la organización Montoneros asesinara en un atentado al jefe de la Policía Federal, Alberto Villar, y a su esposa. El estado de sitio le permitía al Poder Ejecutivo detener sin intervención judicial a sospechosos de haber cometidos delitos contra el Estado. Estuvo vigente hasta el fin de la dictadura militar de 1976-1983, siendo suprimido el 29 de octubre de 1983 (SErVETTO y PAIARO 2013: 365 y 380).
17 Esta nueva organización fue dispuesta por el presidente interino ítalo Lúder -Isabel se encontraba de licencia- a través del decreto 2772, conocido como de "aniquilamiento" por el cual "las Fuerzas Armadas, bajo el comando superior del presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país" {Clarín, 9/10/1975, p. 17). De esta manera el poder político se subordinaba totalmente al militar en el orden represivo -y también político-, ofreciendo un manto legal a la represión. A cambio las Fuerzas Armadas se habían comprometido a no derrocar al gobierno.
18 El gobierno militar utilizó la Ley 20.840 de "Seguridad Nacional" como justificativo para procesar y encarcelar por unas horas al director del diario The Buenos Aires Herald, Robert Cox, a mediados de abril de 1977. Fue como escarmiento porque el 21 de abril de ese año el diario había publicado una información sobre una conferencia de prensa de Montoneros en Roma. Luego, el 24 de febrero de 1978, la dictadura prohibió la impresión, circulación y distribución del vespertino La Razón del día siguiente por publicar información de Chile sobre el conflicto del Canal de Beagle, lo hizo a través del decreto n° 493 que se remitía en su fundamentación al decreto n° 1273 de 1975 sobre Agencias Noticiosas sancionado por el gobierno de Isabel Perón y que meses después sería derogado por el propio gobierno militar (Boletín Oficial de la República Argentina, 2/3/1978, p. 1).
19 La imagen presidencial quedó fuertemente desprestigiada ante la opinión pública en 1975. La incapacidad manifiesta de Isabel para manejar el proceso político, su carácter ciclotímico y sus contradicciones, sus problemas de salud -por los cuales se tuvo que tomar licencia en medio de una ola de rumores-, las sospechas de corrupción sobre ella y sus funcionarios, entre otros elementos, la ubicaron en un lugar de debilidad por el cual la prensa comenzó a hablar del "vacío de poder" como uno de los problemas de la crisis política. En este marco, hacia fines de 1975 las versiones sobre el futuro institucional del país eran múltiples, pero ninguna la incluía a Isabel. Se especulaba con su renuncia presidencial, el juicio político, la declaración de insania presidencial y un golpe de Estado. También corrían versiones sobre la posibilidad de modificar la legislación para que un oficial superior de las Fuerzas Armadas ejerciera la presidencia o que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la administración real del Estado con Isabel manteniendo formalmente la presidencia (KANDEL y MONTEVERDE 1976: 110-11; SÁENZ QUESADA2003: 375).
20 Más aún luego del intento golpista de parte de un sector de la Fuerza Área encabezado por el brigadier Jesús Orlando Capellini, del intento de copamiento del ERP de un batallón del Ejército en Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires (ambos a mediados de diciembre de 1975), y que el jefe del Ejército Jorge Videla emplazara en la navidad de ese año al gobierno nacional a que diera soluciones efectivas a la crisis nacional.
21 La página editorial del diario estaba manejada por el desarrollismo, nucleado en el partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). El MID formó parte de la coalición de gobierno -que con el peronismo como partido sobresaliente había ganado las elecciones de marzo de 1973, el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI)- hasta mediados de diciembre de 1975. Desde ese momento las críticas de Clarín al gobierno fueron más directas y enfáticas.
22 Para un análisis en profundidad sobre la prensa argentina y los golpes de Estado, consúltese Borrelli y Saborido (2014) yVitale(2015)
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