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Timestamp: 2019-01-17 23:56:59+00:00

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Foro Legal | Abogados Barcelona: junio 2010
El arbitraje comercial reduce los plazos para dictar el laudo
La Corte Española de Arbitraje, organismo dependiente del Consejo de Cámaras de Comercio, dispone desde el pasado 9 de marzo de un nuevo Reglamento.
Entre las novedades más destacadas que recoge, debe destacarse el intento de reducir los plazos para dictar el laudo, especialmente en aquellos asuntos cuya cuantía sea menor. Así, para controversias de hasta 300.000 €, se tramitará un procedimiento abreviado sobre el que recaerá un laudo en un máximo de tres meses, frente a los cinco que el Reglamento prevé con carácter general. Para los asuntos de mínima cuantía o de especial sencillez, se prevé que el laudo se dicte en un plazo máximo de diez días.
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Las demandas laborales no se admiten si no se acredita el intento previo de conciliación
La jurisdicción social se verá también afectada por la Ley 13/2009 en varios aspectos del procedimiento. Entre ellos, destaca un reforzamiento de la obligación de intentar la conciliación con carácter previo a la demanda judicial. El artículo 81.2 de la Ley del Procedimiento Laboral establece, con su nueva redacción, lo siguiente: “Si a la demanda no se acompañara certificación del acto de conciliación previa, el Secretario judicial advertirá al demandante que ha de acreditar la celebración o el intento del expresado acto en el plazo de quince días”.
Antes de esta modificación, la demanda se admitía, si bien de forma provisional, con la advertencia de que era necesario intentar la conciliación.
La reforma incide, por tanto, en dos aspectos. En primer lugar, en que no permite la admisión de la demanda si no se acredita en el plazo de quince días la conciliación o su intento. En segundo lugar, encarga al Secretario el control sobre esta cuestión, que recaía con la normativa anterior sobre el Juez, en lo que representa una muestra más del nuevo reparto de competencias entre ambas figuras.
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Una base de datos permite conocer todo el historial judicial de cualquier ciudadano
Coincidiendo con las múltiples reformas en materia procesal, Cataluña ha puesto en marcha un importante avance tecnológico, al introducir una novedad pionera: se han unificado todos los registros judiciales que hasta ahora funcionaban (un total de 22) en una única base de datos a través de la que se puede acceder a todo el historial judicial de un ciudadano.
De este modo, a través de un programa llamado Temis, se pueden conocer todos los asuntos en los que una persona es o ha sido parte, conociendo de este modo sus antecedentes, sentencias pendientes de cumplimiento, etcétera.
Asimismo, esta base de datos permite también la consulta de otros datos como, por ejemplo, las órdenes de alejamiento vigentes o el patrimonio de una determinada persona, de modo que se debe garantizar una mejor ejecución de las sentencias judiciales.
Esta base cuenta con datos desde 1984, relativos a un total de 49 partidos judiciales, en los que se incluyen más de 500 juzgados.
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La reforma procesal apuesta por las nuevas tecnologías para ganar eficiencia
La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, para la implantación de la Nueva Oficina Judicial entró en vigor el pasado 4 de mayo de 2010. Aunque todos los procedimientos declarativos que estuvieran abiertos en ese momento seguirán rigiéndose por las normas anteriores, la citada Ley introduce reformas profundas en la legislación procesal y en el modo de organizar la Administración de Justicia.
Dos figuras se ven especialmente afectadas por la reforma: se trata de los Jueces y los Secretarios, cuyas competencias se han visto modificadas de manera sustancial. Siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa, la nueva normativa atribuye mayores competencias a los Secretarios, de tal modo que la función de los Jueces quede más reducida a la tarea jurisdiccional que les es propia y exclusiva, con el objetivo de que puedan dedicarse más a enjuiciar los asuntos. Por su parte, los Secretarios se encargarán de la ejecución civil en todas aquellas partes del proceso que no estén exclusivamente reservadas a Jueces y Magistrados.
Asimismo, la presencia del Secretario dejará de ser necesaria en la Sala de Vistas, puesto que todas las vistas serán grabadas. Bastará con la firma electrónica reconocida del Secretario para dar plena validez a esa grabación, que tendrá carácter de acta.
Junto a la Ley de Enjuiciamiento Civil, otras normas han sido modificadas para reflejar este nuevo reparto de competencias. Así, el artículo 85 de la Ley Cambiaria y del Cheque se modifica para permitir que sea el Secretario –cuando hasta ahora era el Juez– quien estime si se admite la denuncia por extravío, sustracción o destrucción de una letra de cambio y, en caso de admitirla, darle traslado al librado o aceptante.
La atribución al Secretario de funciones reservadas hasta el momento al Juez se advierte también en la Ley de Patentes (artículo 139.2) o en la Ley Concursal (artículos 13 o 29, entre otros).
Junto a la grabación de las vistas, la Ley 13/2009 introduce también las nuevas tecnologías en muchos otros terrenos. Así, se prevé que la publicación de comunicaciones
judiciales en los boletines oficiales se pueda sustituir, de acuerdo con lo que reglamentariamente se apruebe, por la utilización de medios telemáticos, informáticos o electrónicos, de modo que resulte más rápida y menos costosa.
Por otro lado, se permitirán las pujas electrónicas en las subastas judiciales, de tal modo que cualquier persona pueda participar en las mismas a través de Internet, evitando así las limitaciones propias del sistema actual, que exigía la presencia física del pujante. De este modo, se espera también poder obtener mejores precios de remate y evitar también cualquier tipo de práctica de colusión.
Para hacer posibles las nuevas medidas, el sistema informático de los órganos judiciales dependientes del Ministerio de Justicia empezó a ser sustituido el pasado 30 de abril por uno de nuevo, llamado Minerva Noj, con el que se espera alcanzar estos objetivos.
La reforma viene a introducir otras novedades significativas en diversas materias. Así, una de las más destacadas es la ampliación del umbral del procedimiento monitorio, mediante el cual se podrán reclamar deudas de hasta 250.000 €, cuando el límite estaba antes en 30.000 €. Con todo, esta novedad no alcanza a suprimir el límite de la cuantía, tal y como ha hecho la Unión Europea mediante el procedimiento monitorio europeo, regulado por mediante el Reglamento CE 1896/2006, y como están haciendo muchos de los estados miembros.
Por lo que respecta a cuestiones funcionales de procedimiento, se introduce una nueva regulación relativa al señalamiento de vistas, que se hará según los criterios del Juez, una vez haya analizado la complejidad del asunto y haya podido prever la duración aproximada del acto de la vista. De este modo, se intenta optimizar al máximo el uso de las salas de vistas. Sin embargo, los señalamientos que estuvieran ya efectuados en el momento de entrar en vigor estas nuevas disposiciones, se mantendrán con los criterios anteriores.
La Ley de Arbitraje, la de Asistencia Jurídica Gratuita, la de Extradición Pasiva, o la de Condiciones Generales de la Contratación son otras normas que se ven afectadas por una reforma transversal y profunda de todo nuestro sistema procesal.
(Fotografía: Ciutat de la Justícia de Barcelona. Autor: Jorge Franganillo)
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Europa insta a España a eliminar la discriminación en ISD entre CCAA
La Comisión Europea ha remitido al gobierno español un dictamen motivado en el que le insta a unificar la normativa tributaria en materia de Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), por entender que las diferencias entre Comunidades Autónomas (CCAA) suponen “un obstáculo a la libre circulación de personas y capitales”, que es precisamente uno de los grandes principios del Tratado de la Unión Europea.
Efectivamente, el mapa del ISD en España presenta notables diferencias entre unas Comunidades y otras, resultando incluso que en Madrid y en las Islas Baleares el impuesto ha sido totalmente suprimido. Asimismo, cada autonomía ha podido establecer los tipos y las exenciones que ha considerado más pertinentes, generando en consecuencia grandes desigualdades en la determinación de la cuota tributaria en unos territorios y en otros. Por otro lado, las normas aprobadas por las Comunidades Autónomas han supuesto, en general, una rebaja de tipos respecto al régimen general estatal.
La Comisión Europea ha dado a España un plazo de dos meses para plantear soluciones a esta situación y, si transcurrido el mismo no se ha enviado a Bruselas una respuesta convincente, la Comisión pasaría el asunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), el cual ya tiene sobre la mesa otros recursos presentados por la Comisión, en materia tributaria, contra Francia, Bélgica y Finlandia.
La finalidad de la Comisión, con estos recursos, es evitar la llamada competencia fiscal entre territorios.
La base de estas diferencias entre autonomías se encuentra, fundamentalmente, en el artículo 21 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del ISD, que permite a cada Comunidad determinar la escala que aplicará para fijar la cuota íntegra del impuesto.
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El visado colegial dejará de ser obligatorio en el 90% de los casos
La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, sobre actividades de servicios (más conocida como Ley Ómnibus) sigue su desarrollo. Economía ya tiene preparado un Proyecto de Real Decreto para modificar la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales, que eliminará el carácter obligatorio de muchos visados técnicos, utilizados fundamentalmente por arquitectos e ingenieros.
El Ministerio de Economía y Hacienda ha presentado un Proyecto de Real Decreto que prevé eliminar la supresión del visado obligatorio en el 90% de los casos. De este modo, se pasará de los actuales 82 supuestos de visado obligatorio a únicamente 10.
Los colegios profesionales podrán seguir visando proyectos y dictámenes relativos a las áreas sobre las que se suprime la obligatoriedad, si bien ese visado tendrá carácter voluntario.
El Real Decreto llega en todo caso con retraso, puesto que la Disposición Transitoria Tercera de Ley 25/2009 (Ley Ómnibus) obligaba al Gobierno a aprobarlo dentro del plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la citada norma, plazo que expiró el pasado 27 de abril.
En todo caso, el nuevo Real Decreto introducirá reformas en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, para reducir de forma importante el ámbito del visado obligatorio.
Los visados obligatorios
La Exposición de Motivos del Real Decreto se marca como objetivo clarificar el contenido del visado y la responsabilidad que asume el colegio cuando visa, entendiendo que sólo se debe mantener la obligatoriedad de este trámite en diez supuestos, porque “en cada uno de ellos ha quedado acreditada la necesidad de que esté sometido obligatoriamente al visado colegial por existir una relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas”.
Las Comunidades Autónomas, si lo estiman pertinente, podrán añadir más supuestos de visados obligatorios en su ámbito territorial.
Por lo que respecta a la competencia entre colegios, el artículo 4.1 del Proyecto contempla que, cuando varios colegios profesionales sean competentes para el visado por razón de la materia, el profesional podrá obtenerlo de cualquiera de ellos.
Los colegios profesionales, por su parte, deberán verificar al menos tres elementos del proyecto a visar: la identidad y habilitación de su firmante, la corrección e integridad formal de la documentación que compone el trabajo y su conformidad con la normativa aplicable, según exigencia del artículo 5.4.
Asimismo, el artículo 6 extiende la norma a los profesionales que, estando establecidos en cualquier otro estado de la Unión Europea, lleven a cabo proyectos en España.
Los colegios han acogido mal este anuncio de reforma, puesto que prevén que dejarán de ingresar unos 228 millones de euros anualmente.
Puede descargarse el listado de visados obligatorios, junto con este artículo, en formato pdf, con nuestra Newsletter de junio de 2010: http://www.forolegal-abogados.com/cuestiones-juridicas-interes.php
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La ley antitabaco se retrasa y no prevé indemnizaciones por obras
La reforma de la ley del tabaco, que pretende erradicar su consumo de los locales públicos, no entrará en vigor hasta finales de 2010, siempre y cuando los trámites parlamentarios no se retrasen más de lo previsto.
El Ministerio de Sanidad ha anunciado que presentará el proyecto de reforma en junio, proyecto en el que no se contemplan posibles indemnizaciones para los hosteleros que, para la aplicación de la actual normativa, realizaron obras en sus locales para habilitar espacios especiales para fumadores.
Según el Ministerio, sólo un 1% de los locales hizo esas obras de adaptación, que considera que ya han podido amortizar, si bien el gremio no comparte este criterio y solicita compensaciones.

References: artículo 81
 artículo 85
 artículo 21
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6