Source: http://limamarc-revista.blogspot.com/2014/11/la-conciliacion-del-estado.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FnimeR+%28LIMAMARC.REVISTA%29
Timestamp: 2017-11-20 10:34:32+00:00

Document:
Por Rafael Medina Rospigliosi noviembre 15, 2014
Como consecuencia del nuevo rol de la Estado y la globalización, se generan múltiples relaciones entre el Estado y los particulares, que a su vez genera diversos conflictos entre los mismos, dando lugar al nacimiento de una nueva especialidad en Conciliación, a la que denominamos “Conciliación del Estado”, que es aquella, que sirve para solucionar los conflictos entre el Estado y los Particulares, en cuestión de derechos disponibles.
La Conciliación del Estado, es aquel tipo de conciliación extrajudicial, al amparo de la ley 26872, en que una de las partes o ambas partes, es el Estado, en calidad de solicitante o invitado y que se realiza ante los Centros de Conciliación privados o públicos, debidamente autorizados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en cuestión de derechos disponibles, en que el Estado es representado por los Procuradores Públicos, que forman parte del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, creado por el Poder Ejecutivo en uso de las facultades delegadas por el Congreso de la República en el año 2008.
Lamentablemente es poco utilizada como medio de solución de conflictos y la gran mayoría de procedimientos conciliatorios concluyen por falta de acuerdos o por inasistencia de una de las partes, convirtiéndose en una etapa sin resultados satisfactorios y de perdida de tiempo, por la carencia de mecanismos que transformen a la conciliación en la mejor alternativa que tienen las partes a un proceso judicial.
LAS PARTES EN CONCILIACIÓN DEL ESTADO
En un procedimiento de conciliación del Estado, una parte puede ser el Estado, es decir, el Poder Ejecutivo[1], Judicial, Legislativo, Organismos Constitucionales Autónomos[2], Gobierno Regional o Local, las Fuerzas Armadas y Policiales. La otra parte, los particulares, como las personas naturales, jurídicas, patrimonios autónomos, partidos políticos, consorcios, comunidades campesinas, Colegios Profesionales.
Las materias que se tramitan en conciliación del Estado, son derechos disponibles, constituidos por materias civiles y de Contrataciones del Estado, que se detallan a continuación:
En materias civiles, tenemos las obligaciones de dar suma de dinero, indemnizaciones y desalojos, reivindicación.
2.- CONTRATACIONES DEL ESTADO
En conflictos referidos a contrataciones del Estado, tenemos nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación del plazo contractual, liquidaciones, indemnizaciones, recepción y conformidad, valorizaciones y metrados, liquidaciones, pagos.
Marco Normativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado:
· Decreto Legislativo N° 1068 (28.06.2008): Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
· Decreto Supremo N° 017-2008-JUS (05.12.2008): Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
· Ley N° 30137 (27.12.2013): Ley que establece Criterios de Priorización para la atención del Pago de Sentencias Judiciales.
· Decreto Supremo Nº 001-2014- JUS.
DE LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
La representación del Estado en un procedimiento conciliatorio, no se guía por los requisitos exigidos a los particulares en la Ley de Conciliación, sino por la Ley de la materia, es decir, por la Ley de Defensa Jurídica del Estado y su Reglamento, que establece los requisitos y presupuestos de dicha representación, siendo el actor principal de dicha representación, los Procuradores Públicos.
DEL PROCURADOR PÚBLICO.
La palabra Procurador[3] del latin procurātor, -ōris, en su acepción común significa, persona que en virtud de poder o facultad de otra ejecuta en su nombre algo. En derecho, significa Profesional del derecho que, en virtud de apoderamiento, ejerce ante Juzgados y Tribunales la representación procesal de cada parte.
Para Guillermo Cabanellas[4] el término Procurador significa: Genéricamente, gestor o gerente de un asunto o negocio. | Apoderado, representante. | Mandatario. | Quien con facultad recibida de otro actúa en su nombre. | El que, habilitado legalmente, se presenta en juicio en nombre y representación de una de las partes. | Como galicismo o mala traducción francesa, procurador se dice en lugar de Ministerio fiscal. | En las comunidades religiosas, el encargado de las cuestiones económicas o de los asuntos en una provincia. | EN CORTES. Llamado también a Cortes y de Cortes, era el nombre que se daba al representante que cada una de las ciudades designaba para llevar su voz y voto en las antiguas Cortes españolas. (V. DIPUTADO.) | JUDICIAL. Representante de una de las partes en un juicio.
Los Procuradores Públicos tienen como sus antecedentes a los “QUAESTORES ROMANOS” Defensores del Tesoro Público. PROCURATORES CAESARIS O RATIONALES, en un principio simple mandatarios o representantes del príncipe, que desempeñaban, en su interés, funciones referentes a la hacienda o a la casa del Emperador. En la Partidas el denominado PATRONO FISCI, hombre que es puesto a razonar y defender en juicio todas las cosas y derechos que pertenecen a la cámara del rey. En las Siete Partidas (o simplemente Partidas) es un cuerpo normativo redactado en Castilla, durante el reinado de Alfonso X (1252-1284), con el objetivo de conseguir una cierta uniformidad jurídica del Reino. Su nombre original era Libro de las Leyes y hacia el siglo XIV recibió su actual denominación, por las secciones en que se encuentra dividida.
Los Procuradores Públicos, son funcionarios Públicos que por mandato del artículo 47 de la Constitución Política de 1993[5] y específicamente del inciso 1 del artículo 37[6] del Reglamento de la Ley de Defensa Jurídica del Estado, Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS, ejercen la representación jurídica de los intereses del Estado en los procedimientos conciliatorios, ante los Centros de Conciliación Extrajudicial, como solicitantes o como invitados, en los que son parte el Estado, para solucionar conflictos que surgen con los particulares, en cuestión de derechos disponibles, sin embargo no solo ejercen la representación jurídica del Estado, sino que también realizan labor de prevención, conciliación, cobranza o pago de sentencia.
La labor de conciliación de los Procuradores Públicas se encuentra enmarcada dentro de dos perspectivas, de una parte, conciliación como actividad, que le permite la posibilidad de intervenir en procedimientos conciliatorios ante Centros de Conciliación, para solicitar el inicio de procedimientos conciliatorios o para participar como invitados en representación de los intereses del Estado, para que un tercero denominado conciliador, le ayude a encontrar una solución satisfactoria para ambas partes y de otro lado, conciliación como resultado, es decir, la posibilidad de suscribir acuerdos, con otras instituciones del Estado o particulares, consagrado en el inciso 3 del artículo 23[7] del Decreto Legislativo 1068, para solucionar conflictos.
Los Procuradores Públicos, Procuradores Públicos Adjuntos y Procuradores Públicos AD Hoc, son designados por el Presidente de la República, mediante Resolución Suprema del Sector Justicia, con refrendo del Ministro de Justicia y/o de los respectivos Ministros, según corresponda. Los Procuradores Públicos Regionales son designados por Resolución Ejecutiva Regional y los Procuradores Públicos de los Gobiernos Locales mediante Resolución de Alcaldía.
Los Procuradores Públicos son operadores del Sistema de Defensa Jurídica del Estado[8] y a diferencia del Ministerio Púbico, ejerce la defensa de los intereses del Estado, se entiende por intereses del Estado como: “El conjunto de objetivos vitales que se persiguen en el seno de una sociedad, y que buscan alcanzar el mayor desarrollo posible, así como las mejores condiciones sociales para los individuos que la conforman. Estos intereses siempre tienen que estar acorde con los valores y principios que los rigen. Ello presupone la existencia de un objetivo específicamente determinado, que cumpla la función de ser, la meta social o colectiva final, entendiéndola no como una sumatoria de fines o intereses personales, sino presentándose como una síntesis de todas ellas, como una especie de bien mayor[9]”
Como se acredita la representación del Estado.
Los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo y de los Organismos Constitucionales Autónomos, acreditan su representación con Resolución Suprema del Sector Justicia.
Los Procuradores Públicos Regionales, acreditan su representación con Resolución Ejecutiva Regional
Los Procuradores Públicos de los Gobiernos Locales, acreditan su representación con Resolución de Alcaldía.
TIPOS DE PROCURADORES:
· Procuradores Públicos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y de los Organismos Constitucionalmente Autónomos.
· Procuradores Públicos Regionales.
· Procuradores Públicos Municipales.
· Procuradores Públicos Ad Hoc.
· Procuradores Públicos Especializados.
· Procuradores Públicos Especializados Supranacionales
LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO COMO PARTE SOLICITANTE
Cuando el Estado interviene como parte solicitante, es decir, cuando inicia un procedimiento conciliatorio ante un Centro de Conciliación Extrajudicial, lo realizará a través del respectivo Procurador Público, quien por el sólo efecto de su nombramiento, ejerce la representación y defiende jurídicamente los intereses del Estado[10] en los temas que conciernen a la entidad de la cual dependen administrativamente o en aquellos procesos que por su especialidad asuman, bastando que presente la resolución de nombramiento y no siendo necesario de la expedición de una resolución que lo autorice para iniciar o participar de un procedimiento conciliatorio, ni mucho menos que dicha resolución contenga las facultades que se le exige a los particulares.
En este caso, adjuntará a la solicitud de conciliación, además de los documentos relacionados al conflicto, copia simple de la Resolución que lo designa como Procurador Público, copia de su Documento Nacional de Identidad y su constancia de habilitación del Colegio de Abogado respectivo, pudiendo delegar su representación a un Abogado, que laboren o presten servicios en las Procuradurías Públicas por medio de un escrito simple.
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, debidamente representado por el Procurador Público Dr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identificado con DNI, Nº XXXXXXXXXX, con domicilio en XXXXXXXXXXXXXX y designado con Resolución Suprema Nº 0023-2014- JUS
LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO COMO PARTE INVITADA
Cuando el Estado es Invitado a un procedimiento conciliatorio, ante un Centro de Conciliación Extrajudicial, debe asistir a la audiencia de conciliación, el Procurador Público, de dicha Entidad, quien representa a dicha Entidad, siendo suficiente para acreditar que cuenta con las facultades de representación, la presentación de la respectiva resolución que lo designa como Procurador Público.
El Procurador Público, puede delegar su representación a un Abogado, que labore o presten servicios en la Procuraduría Pública por medio de un escrito simple.
En este caso, el Procurador Público se presentará al Centro de Conciliación Extrajudicial, el día y hora señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, presentando copia simple de la Resolución que lo designa como Procurador Público, copia de su DNI y la constancia de habilitación del Colegio de Abogado respectivo.
SUPUESTOS DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL.
Los Procuradores Público, por imperio de la Ley de Defensa Jurídica del Estado y su Reglamento, previo cumplimiento de determinados requisitos, pueden llegar a acuerdos totales o parciales con otras Instituciones Públicas o particulares, es decir, suscribir actas de conciliación extrajudicial de acuerdo total o parcial, ante los Centros de Conciliación Extrajudicial, en temas civiles y de contrataciones del Estado los mismos que desarrollamos a continuación:
A.- MATERIAS CIVILES
A.1.- PRETENSIONES DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO
El artículo 38 del Decreto Supremo 017-2008-JUS, modificado por Ley Nº 30137[11], establece que los Procuradores Públicos pueden alcanzar acuerdos, ante los Centro de Conciliación Extrajudicial, respecto de obligaciones de dar suma de dinero, que no sean pago indebido, dentro de determinadas montos que se detallan a continuación:
A.1.1.- OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO, MENORES A 5 UIT
Los Procuradores Púbicos, pueden lograr a acuerdos totales o parciales, ante Centros de Conciliación Extrajudicial, como solicitantes o invitados, siempre que se trate de pretensiones de obligaciones de dar suma de dinero menores a 5 UIT, no siendo necesario en este caso, la expedición de una resolución autoritativa.
Obligación de dar suma de dinero que no sea pago indebido
Cuando se trata de obligaciones de dar suma de dinero menores a 5 UIT, los Procuradores Públicos, pueden llegar acuerdos totales, ante Centros de Conciliación Extrajudicial, sin necesidad de Resolución Autoritativa, siempre y cuando no se trate de un pago indebido.
Entiéndase por pago indebido, aquella suma de dinero que el Estado paga a otra persona, como el pago de remuneraciones, pensiones, bonificaciones, honorarios CAS, órdenes de servicios, propinas por prácticas profesionales, sin que dicha persona tengan derecho a dicho pago.
A.1.2.-.- OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO MENORES A 25 UIT.
El segundo supuesto permite a los Procuradores Púbicos, conciliar extrajudicialmente, en Centros de Conciliación Extrajudicial, como partes solicitante o invitada, respecto de pretensiones referidas a obligaciones de dar suma de dinero menores a 25 UIT, incluido los intereses.
· Obligación de dar suma de dinero, que no sea pago indebido.
La controversia del procedimiento conciliatorio tiene que tratarse de una obligación de dar suma de dinero, que no sea pago indebido, es decir, solo se puede acordar obligaciones de dar suma de dinero, como prestamos de dinero y otras de la misma naturaleza, prohibiéndose taxativamente las obligaciones de dar suma de dinero proveniente de pago indebido, es decir, aquellas situaciones en que el Estado hubiera pagado, cuando no debía suma alguna de dinero.
· Resolución autoritativa de la Secretaría General de la Entidad o quien haga sus veces.
El Procurador Público de una Entidad que actúa como parte Solicitante o Invitada en un procedimiento conciliatorio, necesita previamente de una resolución que lo autorice para alcanzar acuerdos ante un Centro de Conciliación, es decir, para que el Procurador Público de una Entidad del Estado, suscriba un acta de conciliación extrajudicial por acuerdo total o parcial, ante un Centro de Conciliación Extrajudicial, requiere previamente que la Secretaria General de la Entidad o quien haga sus veces, emita una resolución que lo autorice para llegar a un acuerdo con la otra parte del procedimiento conciliatorio.
A.1.3.- -OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO MAYORES A 25 UIT
La tercera posibilidad que los Procuradores Púbicos, pueden conciliar extrajudicialmente, en Centros de Conciliación Extrajudicial, como parte Solicitantes o Invitadas, comprende pretensiones de obligación de dar suma de dinero de sumas mayores a 25 UIT.
· Obligación de dar suma de dinero que no sea pago indebido
Al igual que en el anterior supuesto, la controversia del procedimiento conciliatorio debe versar sobre obligación de dar suma de dinero, que no provenga de un pago indebido efectuado por el Estado.
· Resolución autoritativa del Titular de la entidad.
Para alcanzar acuerdos totales o parciales ante un Centro de Conciliación Extrajudicial, el Procurador Público, como representante del Estado, necesita que el Titular de la Entidad a quien representa, previamente lo autorice expresamente para conciliar extrajudicialmente, por medio de una resolución autoritativa.
A.2.- PRETENSIONES DISTINTAS A OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
El Decreto Supremo Nº 001-2014- JUS,[12] que incorpora el Articulo 38 - B, al Decreto Supremo 017-2008-JUS, establece que los Procuradores Públicos pueden alcanzar acuerdos totales o parciales ante los Centros de Conciliación Extrajudicial, en pretensiones diferentes a obligaciones de dar suma de dinero, supuesto que involucra todas aquellas pretensiones que no calzan en el artículo 38- A del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1068, como indemnizaciones, desalojos y reivindicación, teniendo como requisito la emisión de la resolución autoritativa del Titular de la Entidad.
Requisitos conciliar extrajudicialmente
. Informe del Procurador Público al Titular de la Entidad, precisando los motivos de la solicitud.
En este supuesto el Procurador Público deberá emitir del correspondiente informe al Titular de la Entidad
. Resolución Autoritativa del Titular de la Entidad.
Para que el Procurador Público suscriba un acta de conciliación por acuerdo total o parcial, ante un Centro de Conciliación Extrajudicial, requiere previamente que Titular de la Entidad, emita una resolución que lo autorice a conciliar extrajudicialmente.
B.- MATERIAS DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
En materias de contrataciones del Estado, los Procuradores Públicos deben acordar únicamente respecto a materias susceptibles de conciliación señaladas expresamente en la Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento como: nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación del plazo contractual, liquidaciones, indemnizaciones, recepción y conformidad, valorizaciones y metrados, liquidaciones, pagos.
Para arribar a acuerdos y suscribir actas por acuerdos totales y /o parciales ante Centros de Conciliación Extrajudicial, respecto a temas vinculados a contrataciones del Estado, los Procuradores Públicos, necesitan que los titulares de las Entidades a la cual representan, emitan la correspondiente resoluciones que los autoricen a conciliar extrajudicialmente con la otra parte del procedimiento conciliatorio.
RESOLUCIÓN AUTORITATIVA
Entiéndase por Resolución Autoritativa, aquel acto administrativo con la forma de una resolución, expedida por el Titular de una Entidad o Secretario General o el que haga sus veces, mediante el cual, se autoriza expresamente al Procurador Público, a llegar a un acuerdo, ante un Centro de Conciliación Extrajudicial.
Atendiendo ha que por imperio del inciso H del artículo 16[13] de la Ley 26872, Ley de Conciliación y del artículo 22[14] de su Reglamento, Decreto Supremo 014-2018-JUS, el acta de conciliación por acuerdo total, debe contener obligaciones ciertas[15], expresas[16] y exigibles[17], por tanto, la resolución autoritativa también debe contener obligaciones ciertas, expresas y exigibles, así deberá preciar, el monto total de la deuda, el plazo y su forma de pago.
Tratándose de una resolución autoritativa referida a una obligación de pago, debe contener el monto total de la deuda, numero de cuotas, el monto de cada cuota, la fecha de pago de cada cuota, la forma de pago de cada cuota, lugar de pago. De tratarse de una resolución autoritativa para desalojo, la resolución autoritativa, debe establecer a quien corresponde la obligación de restituir la posesión del inmueble, precisar la dirección del inmueble objeto de desalojo, el plazo y forma de la restitución.
Asimismo, debe contener expresamente la autorización al Procurador Público a conciliar extrajudicialmente, con determinada persona, debiendo precisar, el nombre de la persona con la que se alcanza el acuerdo total o parcial.
[1] El Poder Ejecutivo, está constituido por los diversos Ministerios:
· Presidencia del Consejo de Ministros.
• Ministerio de Energía y Minas
• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
• Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción
• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
· Los proyectos, programas, órganos desconcentrados, órganos Públicos del Poder Ejecutivo, Instituciones y demás instituciones orgánicas.
[2] Órganos Constitucionales Autónomos :
• Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
• Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
• Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)
• Tribunal Constitucional (TC)
• Ministerio Público (MP)
• Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)
• Contraloría General de la República (CGR)
• Defensoría del Pueblo (DEPU)
• Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS)Universidades Públicas
[3] http://lema.rae.es/drae/?val=procurador
[4] https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-cabanellas/-p
[5] El artículo 47° de la Constitución Política del Perú establece expresamente “que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley”.
[6] Artículo 37.- DECRETO SUPREMO Nº 017-2008-JUS. De las atribuciones y obligaciones de los Procuradores Públicos
El Procurador Público tiene las siguientes atribuciones y obligaciones:
1. Representar al Estado y defender los intereses de la Entidad a la que representa ante los órganos jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Público, Policía Nacional, Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación y otros de similar naturaleza en los que el Estado es parte.
[7] Artículo 23.- De las atribuciones de los Procuradores Públicos:
2. Los Procuradores Públicos podrán conciliar, transigir o desistirse de demandas, conforme a
los requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento. Para dichos efectos será
necesario la expedición de la resolución autoritativa del titular de la entidad, para lo cual del
Procurador Público deberá emitir un informe precisando los motivos de la solicitud.
[8] El D. Leg. 1068 define al Sistema de Defensa Jurídica del Estado como el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, estructurados e integrados funcionalmente mediante los cuales los Procuradores Públicos ejercen la defensa jurídica del Estado.
[9] BASTOS PINTO, Manuel y otros. Diccionario de Derecho Constitucional Contemporáneo. Lima: Gaceta Jurídica, 2012, p. 268.
[10] El Artículo 22 del Decreto Legislativo 1068 señala como funciones de los Procuradores Públicos:
· Los Procuradores Públicos tienen como función representar y defender jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la entidad de la cual dependen administrativamente o en aquellos procesos que por su especialidad asuman y los que de manera específica les asigne el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
· La defensa jurídica del Estado comprende todas las actuaciones que la Ley en materia procesal, arbitral y las de carácter sustantivo permiten, quedando autorizados a demandar, denunciar y a participar de cualquier diligencia por el sólo hecho de su designación, informando al titular de la entidad sobre su actuación.
[11] “Artículo 38.- De la atribución de conciliar, transigir o desistirse de las demandas
1. Cuando se discuta el cumplimiento de una obligación de dar suma de dinero que no sea pago indebido, se autoriza a los procuradores a transigir o conciliar las pretensiones controvertidas, siempre que la cuantía en moneda nacional, o su equivalente en moneda extranjera, no exceda las cinco unidades impositivas tributarias, monto que no incluye los intereses.
2. En los casos que se discutan obligación de dar suma de dinero que no sea pago indebido, se autoriza a los procuradores públicos a transigir o conciliar las pretensiones controvertidas, siempre que la cuantía en moneda nacional, o su equivalente en moneda extranjera, no exceda de veinticinco unidades impositivas tributarias, incluidos los intereses. Previamente se debe solicitar la expedición de la resolución autoritativa de la Secretaría General de la entidad o quien haga sus veces.
3. Cuando se discuta el cumplimiento de una obligación de dar suma de dinero que no sea pago indebido de sumas mayores a veinticinco unidades impositivas tributarias, se autoriza a los procuradores públicos a transigir o conciliar las pretensiones controvertidas, previa resolución autoritativa del Titular de la entidad.
El Titular de la entidad, o la persona a quien delegue de forma expresa y por resolución del Titular de la entidad, cuenta con facultades suficientes para participar en procedimientos de conciliación extrajudicial y suscribir los respectivos acuerdos, dentro de los límites establecidos por el presente artículo. Se puede delegar esta facultad en el procurador público de la entidad.”
[12] Segunda.- Incorporación del artículo 38-B al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1068, del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS
Incorpórese el artículo 38-B, al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1068, del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 017-2008-JUS, cuya redacción es la siguiente:
“Artículo 38–B.- Disposiciones Adicionales para el cumplimiento de las sentencias consentidas y ejecutoriadas
Para todos los supuestos de conciliación, transacción o desistimiento no estipulados en los artículos 38 y 38-A de la presente norma, deberán observarse las condiciones establecidas en el artículo 23, inciso 2) del Decreto Legislativo Nº 1068, esto es:
- La emisión de un informe del Procurador Público al Titular de la Entidad precisando los motivos de la solicitud.
- La expedición de la resolución autoritativa del Titular de la Entidad”.
[13] Articulo 16
Inciso H.- El Acuerdo Conciliatorio, sea total o parcial, consignándose de manera clara y precisa los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles acordadas por las partes; o, en su caso, la falta de acuerdo, la inasistencia de una o ambas partes a la Audiencia o la decisión debidamente.
[14] Artículo 22.- Acta y acuerdo conciliatorio
El acta que contiene el acuerdo conciliatorio debe precisar los acuerdos ciertos, expresos y exigibles
establecidos por las partes.
[15] Ciertos.- Quiere decir, que las obligaciones acordadas por las partes, tienen que estar perfectamente descritas y establecidas en el acta de conciliación, es decir, tiene que precisarse con la mayor claridad, precisión y exactitud posible, en qué consisten las obligaciones acordadas, además tienen que ser auténticas, verdaderas y reales, prescindiéndose de las obligaciones dudosas, oscuras, ambiguas, relativas y falsas. Por ejemplo, en una conciliación sobre pago de soles, se consignará que Juan se obliga a pagar la suma de S/ 200.00 nuevos soles.
[16] Expresas.- Las obligaciones acordadas por las partes, deben constar por escrito en el acta de conciliación, por lo que debe evitarse acuerdos tácitos, sobreentendidos o deducidos de actitudes del obligado a cumplir la prestación.
[17] Exigibles.- En el acta se debe precisar el momento, es decir, el día, mes y año, a partir del cual una de las partes puede solicitar a la otra parte, el cumplimiento de la obligación acordada, debe precisarse además con claridad el lugar y el modo en que se cumple lo acordado. Por ejemplo, en una conciliación sobre desalojo se dirá que “Juan se obliga a entregar a Pedro la posesión del inmueble sito en avenida Callao numero ciento dos, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, el día treinta del mes de abril del año dos mil diez”.
Conciliación FACULTADES PARA CONCILIAR LA CONCILIACIÓN DEL ESTADO REPRESENTACIÓN DEL ESTADO
Etiquetas: Conciliación FACULTADES PARA CONCILIAR LA CONCILIACIÓN DEL ESTADO REPRESENTACIÓN DEL ESTADO

References: resolución 
 artículo 47
 artículo 37
 artículo 23
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 38
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 38
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 16
 artículo 22
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 47
 Artículo 37
 Artículo 23
 resolución 
 Artículo 22
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 23
 resolución 
 Artículo 22