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Timestamp: 2018-05-20 13:57:33+00:00

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INEFICACIA CONCURSAL. ACCIÓN REVOCATORIA CONCURSAL. PEDIDO DE BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS. IMPROCEDENCIA
Bava, Norma N. (viuda de Kutcha, Alfredo) y otros c/Caja de Crédito La Industrial Cooperativa Ltda. s/ordinario
TRIBUNAL:Cám. Nac. Com SALA A FECHA:27/02/2007
Buenos Aires, 27 de febrero de 2007
1. Apeló la parte actora la resolución dictada en fojas 85/86 en cuanto rechazó el beneficio de litigar sin gastos incoado en fojas 44 y la producción de diligencias preliminares solicitada 81 vta./82.
Los fundamentos obran expuestos en fojas 110/133.
2.1. Los accionantes hicieron saber en fojas 44 que solicitarían la concesión del beneficio de litigar sin gastos que prevé el artículo 789, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por carecer de recursos económicos para solventar el pago de las costas y los gastos de justicia que irrogue la tramitación del presente proceso.
2.2. El a quo desestimó liminarmente la pretensión con sustento en que la acción encuadraba en las previsiones del artículo 120, ley de concursos, por lo que no correspondía su admisión.
2.3. Los recurrentes se quejaron de dicha decisión con base en que esta acción no se adecuaba estrictamente a los términos del artículo 120, ley de concursos, ya que se vieron obligados a hacerse parte en autos ante el abandono de la Sindicatura a fin de evitar el decaimiento del proceso, por lo que no sería dable colocarlos en una posición diversa a la que ocupaba el funcionario concursal, quien podía tramitar la demanda sin que tener que afrontar compromiso fiscal alguno.
2.4. Sin perjuicio de las vicisitudes que pudieron determinar el desistimiento de la acción formulado por la Sindicatura, los cierto es que los recurrentes asumieron el rol de parte actora en esta acción de ineficacia concursal, ejerciendo el derecho que expresa y específicamente les confiere la norma antes citada. Síguese de ello, que no operó en el “sub examine” un supuesto de subrogación procesal, sino el efectivo ejercicio de una facultad que el ordenamiento concursal les confiere a los acreedores, y que se rige por sus propias reglas. Sentado ello, véase que el referido artículo 120, ley de concursos determina que “cualquier acreedor interesado puede deducir a su costa esta acción…”, quien “… no puede requerir beneficio de litigar sin gastos…”, otorgando incluso la potestad al juez de ordenar “que el tercero afiance las eventuales costas del proceso…”.
En tanto los términos de esta norma conforman la regulación especial que rige la materia debatida en el “sub lite”, sus previsiones prevalecen sobre las reglas procesales, así como sobre los principios que rigen relaciones de diversa naturaleza (vgr. los del derecho laboral), por que la solución adoptada por el a quo se estima adecuada al caso en tanto no es dable para el acreedor que promueve una demanda de ineficacia requerir el beneficio apuntado, máxime que los quejosos no atacaron la constitucionalidad de la disposición legal aplicada.
Ante ello, no cabe otra solución más que desestimar el agravio ensayado sobre este ítem.
3.1. Se agraviaron también los actores porque se revocó la concesión de la producción de las diligencias solicitadas por la Sindicatura en fojas 33 consistentes en el libramiento de oficios al Registro Nacional de las Personas y a la Secretaría Electoral a fin de que proporcionen los domicilios de los demandados, y al BCRA para que informe si la “Caja de Crédito La Industrial Coop. Ltda.” habría pasado a ser “Nuevo Banco Industrial de Azul SA”, su domicilio inscripto y si esta última es considerada sucesora de la cooperativa en los juicios en que era legitimada pasiva y que fueran oportunamente ordenadas en fojas 34, como asimismo que se denegara la requerida por su parte en fojas 81 vta. tendiente a que se intime a la Sindicatura a adjuntar a la causa copia de los escritos “reiteradamente mencionados por la misma como extraviados”.
Alegaron que si el Juzgado ordenó en su oportunidad la producción las medidas solicitadas por la Sindicatura, no se advertía por qué ahora no resultaban procedentes. Explicaron que no se ponderó que los integrantes del litisconsorcio activo actúan con “carta de pobreza” a tenor de lo normado por los artículos 20 de la ley de contrato de trabajo y 32, ley de concursos que los exime de abonar el arancel allí previsto.
Esgrimieron que los domicilios en cuestión no pudieron ser ubicados, pese a agotar todas las posibilidades a su alcance y que habiéndose transformado “Caja de Crédito La Industrial Coop. Ltda.” en un banco comercial es evidente que rige el deber de secreto que protege a la mayor parte de la información financiera.
3.2. Se define como medida preliminar a aquella que tiene por objeto asegurar a las partes la idoneidad y precisión de sus alegaciones, permitiéndoles el acceso a elementos de juicio susceptibles de delimitar con la mayor exactitud posible los elementos de su futura pretensión u oposición, o la obtención de medidas que faciliten los procedimientos ulteriores (cfr. Palacio, L. E.: “Derecho procesal civil” - T. VI - pág. 11). Este tipo de diligencia, a pesar de su ubicación en el Capítulo II del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, conjuntamente con las medidas de prueba anticipada, se diferencia de éstas en cuanto a que tienen por objeto determinar y establecer las características del proceso, y las conservatorias, asegurar elementos probatorios (cfr. Falcón, E. M.: “Código Civil y Comercial de la Nación” - T. II - pág. 585).
3.3. Las medidas solicitadas no se encuentran comprendidas dentro de la enumeración efectuada por el artículo 323, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, enumeración que si bien no es taxativa, quedando a criterio del juez la admisión de otras medidas distintas a las contempladas por la norma, ello es en tanto y en cuanto se justifique fehacientemente que la diligencia es imprescindible para emplazar correcta y útilmente la demanda (conf. Colombo, Carlos J. - Kiper, Claudio M.: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” - T. III - pág. 475 y ss.).
Ahora bien, siendo las diligencias preliminares excepción al trámite normal del proceso, es requisito que se demuestre la necesidad de que aquellas se concreten, debiéndose acreditar, en el caso particular de autos, que el informe pretendido no podría ser obtenido sin intervención judicial, cuestión que no se ha cumplido en la especie (esta Sala - 11/12/2001 - “Muñoz, Liliana Elvira c/Verón, Héctor Antonio s/diligencia preliminar”; Sala C - 5/8/1988 - “López, Oscar c/Mariscal, Miguel”).
Ello sentado, véase que los actores no han demostrado que la información pretendida no pueda ser obtenida de los registros referidos, sino que solamente se limitaron a manifestar dogmáticamente que “los domicilios en cuestión no pudieron ser ubicados” y que el oficio requerido al BCRA estaría afectado por el secreto que protege a la mayor parte de la información financiera.
Por lo demás, habida cuenta las consideraciones expuestas en el punto precedente, plenamente aplicables a la materia en tratamiento, no resulta atendible la argumentación desarrollada por los recurrentes sobre la actuación “con carta de pobreza” que a su entender correspondería, como elemento dirimente de la cuestión.
Por estos fundamentos, se rechazará también este agravio.
4. Como corolario de todo lo hasta aquí expuesto, esta Sala
Desestimar el recurso interpuesto en fojas 104 y confirmar la resolución dictada a fojas 85/86 en todo lo que fue materia de agravio. Sin costas por no mediar contradictor.
Devuélvase a primera instancia, encomendándose al señor juez a quo disponer las notificaciones pertinentes. La señora jueza de Cámara doctora María Elsa Uzal no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).
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References: resolución 
 artículo 789
 artículo 120
 artículo 120
 artículo 120
 artículo 323
 resolución 
 resolución