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Timestamp: 2020-01-25 02:59:32+00:00

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Libre de un delito de alcoholemia 🥇ABOGA2
ABOGA2 - Abogados absolución delito de alcoholemia - A continuación les vamos a exponer uno de los casos de nuestro despacho ABOGA2, en los que conseguimos que nuestro cliente quedara absuelto del delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol del art. 379.1 del Código Penal del que se le acusaba.
Según manifiesta el atestado, nuestro cliente realizó una serie de manifestaciones a los agentes, comunicándoles que había estado en una cena y tras ello se disponía a volver a su casa, pero acabó perdiéndose y habiendo llegado a el camino de tierra en el que se encontraba, decidió echar marcha atrás colisionando con el “bolardo”, el cual no llegó a ser visto por los agentes.
La jurisprudencia es reiterada al confirmar que las manifestaciones espontaneas pueden llegar a tener valor probatorio, pero estas deberán ser valoradas con prudencia y deben ser realmente espontaneas, ya que de lo contrario se vulnerarían los derechos de quien las realizó.
En el presente caso, nuestro cliente no ratificó estas declaraciones en sede judicial, pero además en ningún caso podrían ser consideradas espontaneas ya que se producen en contestación al interrogatorio que aquellos le realizan y en todo caso antes de que le leyeran sus derechos.
Juzgado de lo Penal nº 03 de MÓSTOLES
C/ Luís Jiménez de Asúa, s/n , Planta 3 - 28931
Tfno: 916647262
Fax: 916647257
51012330
NIG: XX.XXX.XX.X-XXXX/XXXXXX
Procedimiento: Procedimiento Abreviado XX/2019
O. Judicial Origen: Juzgado de Instrucción nº 06 de Móstoles
Procedimiento Origen: Procedimiento Abreviado XXXX/2018
Delito: Contra la seguridad del tráfico
Acusado: D./Dña. Nicolás
PROCURADOR D./Dña. XXXX
LETRADO D./Dña. JESÚS ANGEL LORENZO GONZALEZ
D./Dña. XXXX del Juzgado de lo Penal nº 03 de Móstoles, en Procedimiento Abreviado XX/2019 dimanante del Procedimiento Abreviado XXXX/2018, del Juzgado de Instrucción nº 06 de Móstoles ha dictado, en nombre del Rey, la siguiente,
En Móstoles, a 7 de octubre de 2019.
Vistos por D. XXXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal n.º 3 de Móstoles las presentes actuaciones de Juicio Oral nº XX/19, procedente de los autos de Diligencias Previas XXXX/18 del Juzgado de Instrucción nº 6 de Móstoles sobre delito contra la seguridad del tráfico, seguidas contra Don Nicolás, en libertad por esta causa, defendido por Letrado Sr. Jesús Ángel Lorenzo González, con la intervención del Ministerio Fiscal en ejercicio de la acción pública, dicto la presente sentencia:
PRIMERO.- Recibida en este Juzgado la causa, tras incoarse el correspondiente expediente, se convocó para la celebración del correspondiente Juicio Oral, que ha tenido lugar el día 4 de octubre de 2019.
SEGUNDO.- Se celebró el acto del juicio al que comparecieron las partes, practicándose las pruebas propuestas que obra en las actuaciones, tras la cual el Ministerio Fiscal interesó la condena de Don Nicolás como autor de un delito contra la seguridad del tráfico.
Las defensas solicitan la absolución y tras informe de las partes, se declaró el juicio visto para sentencia.
El acusado Don Nicolás mayor de edad y sin antecedentes penales, sobre las 3.11 horas del día 2 de noviembre de 2018 fue sometido a prueba de determinación del grado de impregnación alcohólica con etilómetro debidamente calibrado y homologado , dando en la primera comprobación 0,76 y en la segunda 0,68 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Que el vehículo Mercedes Benz XX matrícula XXXX se encontraba parado en la calle XXX de XXXX.
PRIMERO.- El artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “El Tribunal, apreciando según su conciencia, las pruebas practicadas en el juicio...dictará sentencia”. El sistema de libre valoración de la prueba no supone que el Ordenamiento Jurídico recoja una serie de máximas de la experiencia con arreglo a las cuales puedan declararse unos hechos como probados con independencia del convencimiento del juzgador respecto de los mismos, sino que incide directamente en este conocimiento como elemento directo de decisión. Libre valoración no significa, sin embargo que la decisión se base en el capricho del juzgador ni tampoco que los criterios de razón utilizados no hayan de ser motivados en la resolución decisoria que se dicte. Así, como ha señalado el Tribunal Constitucional entre otras en Sentencia 116/1997, de 23 de junio, Auto de 7 de diciembre de 1995, la Sentencia 32/1995, de 6 de febrero, o bien Sentencia 283/1994, de 24 de octubre, la práctica de la prueba ha de estar revestida de formas que garanticen su pureza, con respeto al principio de contradicción, en la valoración en conciencia por el Juez existirá una libertad, cuya guía han de ser las reglas de la sana crítica, el juez habrá de ponderar libremente los distintos elementos de prueba, valorando su significado y trascendencia, en orden a la fundamentación del fallo contenido en la Sentencia. Para que dicha ponderación pueda desvirtuar la presunción de inocencia, será precisa una mínima actividad probatoria de cargo, con suficientes garantías procesales y de las que pueda deducirse no sólo la existencia del hecho punible sino también la culpabilidad del encausado.
SEGUNDO.- Para desvirtuar el principio de presunción de inocencia y decantar una opinión favorable a la culpabilidad del reo, es necesario; a) la existencia en la causa de una mínima actividad probatoria practicada con todas las garantías de inmediación, publicidad y contradicción inherentes al proceso penal, lo que exige que la misma se produzca en el acto del juicio oral, (STC 28.10.85, 17.12.85, 17.6.86, 18.2.88, 3.11.89, 15.1.90, 23.5.91 y STS. 14.7.86, 1.10.86, 6.2.87, 3.5.88, 21.9.89, 18.4.90, 5.7.91); y b) que además de dicha prueba, lícitamente obtenida y practicada con plenas garantías formales, sea materialmente de cargo, esto es, que ofrezca un contenido inculpatorio o incriminador, directo o indirecto, suficiente y adecuado para que del mismo se desprenda la realidad de los actos imputados y la participación del acusado, estando referido a hechos, datos o circunstancias vinculadas a la estructura típica de la figura delictiva o de los que racionalmente pueda inferirse la participación del reo, (STC. 7.2.84, 27.11.85, 21.7.86, 10.11.87, 25.9.89, 15.01.2007 y STS. 7.10.85, 28.5.86, 6.2.87, 15.4.89, 2.12.2003 y 27.07.2010).
TERCERO.- De la prueba practicada en el acto del plenario no ha quedado plenamente acreditado que el acusado cometiera los hechos imputados.
El acusado en su declaración en juicio niega que condujera el vehículo manifestando que estaba descansando o durmiendo. Las actuaciones comienzan por un supuesto testigo directo Agente de la Guardia Civil que supuestamente vería conduciendo al acusado. No existe testigo alguno que haya comparecido en juicio, contamos con la versión única de los Agentes de la Policía Municipal que llegaron al lugar de los hechos más tarde (números XXX y XXX) y que no fueron testigos de los hechos sino meros testigos de referencia. No se ha traído a juicio al testigo de los hechos Agente de la Guardia Civil para que pueda ser valorado y sometido a contradicción en acto de juicio. El acusado niega que él condujese el vehículo, manifestando que se sometió a la prueba de alcoholemia por no desobedecer. Carecemos de cualquier medio de prueba que acredite que el acusado fuese quien conducía el vehículo. La mera declaración de los Agentes es declaración de referencia, no se considera suficiente por este motivo para ser prueba de cargo suficiente contra el acusado. No existen testigos directos de los hechos que hayan declarado en juicio. El denunciado no ha reconocido los hechos no reconociendo que fuese conduciendo el vehículo. No comparece ningún testigo distinto sobre el hecho de que estuviese conduciendo el vehículo. El procedimiento esta huérfano de prueba respecto al elemento esencial del delito, encontrándonos en un típico supuesto de ausencia de prueba de la versión de la acusación sin que existan elementos para dar credibilidad o tener por suficiente la existentes para desvirtuar la presunción de inocencia. Ante las dudas existentes en la forma que ocurrieron los hechos la solución no puede ser otra que la sentencia absolutoria. No concurre así ninguno de los elementos necesarios exigibles jurisprudencialmente para desvirtuar la presunción de inocencia.
Con arreglo a lo anterior, no puede afirmarse, por las razones antes expuestas, que en el supuesto de autos exista prueba que sea materialmente de cargo, esto es, que ofrezca un contenido inculpatorio o incriminador, directo o indirecto, suficiente y adecuado para que del mismo se desprenda la participación del acusado en los actos denunciados. De este modo, resulta también de aplicación el principio in dubio pro reo, condición o exigencia subjetiva del convencimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba inculpatoria existente aportada al proceso. Así como la presunción de inocencia parte de la carencia de actividad probatoria de cargo desarrollada de manera legítima, aquel principio implica la existencia de una prueba contradictoria, incluida desde luego la de cargo, que el Juzgador, de acuerdo con el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, valora y, como consecuencia, como indican las SS.T.S. de 8 de junio y 22 de octubre de l989, si en esa valoración se introduce un elemento de duda razonable y lógico respecto a la realidad de los hechos o a la existencia de elementos psicológicos, debe absolver (S.T.C. de 20 de febrero de l989 y SS.T.S. de 9 de mayo de l988, 8 de junio y 2 de octubre de l989). De este modo, concurriendo tales dudas en el presente caso, es procedente dictar sentencia absolutoria.
QUINTO.- Por tanto, de la prueba practicada en el acto del juicio no ha resultado probado que el acusado cometiera el delito que se le imputa.
SEXTO.- No habiendo delito, no cabe hablar de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
SEPTIMO.- La inexistencia de responsabilidad criminal comporta la ausencia de responsabilidad civil «ex delictu», conforme a «lo previsto en los arts. 109 y siguientes del Código Penal.
OCTAVO.- Al no ser el acusado penalmente responsable, procede declarar las costas procesales de oficio, por mandato del artículo 123 del Código Penal y 240 de la L.E.Criminal.
Vistos los preceptos legales citados, y demás de pertinente y general aplicación,
Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO libremente al acusado Nicolás ya circunstanciado, de los delitos que le venían siendo imputados, declarándose de oficio las costas causadas en el procedimiento, dejando sin efecto desde este momento cualquier medida cautelar de naturaleza penal que en su caso se haya impuesto en ésta causa.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe recurso de APELACIÓN, ante este Juzgado, en el plazo de DIEZ DÍAS a partir del siguiente a su notificación, para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, con los requisitos del artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos principales, juzgando definitivamente en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN: La anterior Sentencia fue publicada por quien la suscribe, en el día de la fecha, ante mí, Secretaria Judicial de este Juzgado. Doy fe.
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References: artículo 741
 resolución 
in dubio
 artículo 123
 resolución 
 artículo 790