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Timestamp: 2018-09-21 10:43:44+00:00

Document:
ARG Casación violencia género 2013
Contenido de La Sentencia Casatoria
D Expediente 53 2009 200312 Absolucion
L.Mesa(07-02-1969)
PDF Codigo Procesal Penal
Codigo Procesal Penal Tucumán
Asignan el 2° Juzgado Penal Unipersonal Transitorio del Distrito de San Vicente de Cañete Provincia de Cañete y disponen diversas medidas en el Distrito Judicial de Cañete
2003 indice 1T
acuerdo 42-04
313403118 Apelacion Caucion Economica
Alvarado Velloso Garantismo Procesal 1
DERECHO PROCESAL PENAL I.doc
Exp.+346-2013-0-JR_caso+TARATA_Sentencia+11set.2018_Coleg.pdf
An Everyday Lesson-EnDviolence in Schools
DDHH Migrantes a 73 178 SP
2018 Summary Human Development Statistical Update Sp
Normas Legales 1690482-3
DS 097- 2018-PCM
OMS Es Hora de Actuar 9789243514161-Spa
DL 1377 NNA 1684460-1
PER Plan de Accion Conjunto Para Prevenir Contra Las Mujeres 2018
CRC-C-77-10-2017_FRANCE
Causa Nro. 583/2013 “R., M. E. s/ recurso de casación” - Sala IV - C.F.C.P.
REGISTRO N°2101.13.4
//la ciudad de Buenos Aires, a los del mes de octubre del año
28 dos mil trece,
reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Juan Carlos Gemignani como
Presidente, y los doctores M. Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos como vocales, asistidos por el Secretario de Cámara actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 431/442 en la presente causa Nro. 583/2013 del registro de esta Sala, caratulada “R., M. E. s/ recurso de casación”, de la que RESULTA: I. Que, con fecha del 8 de febrero de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 12 de esta Ciudad resolvió en el marco de la causa Nro. 3810 de su registro, en lo que aquí interesa: “I) NO HACER LUGAR A LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA a favor de M. E. R.…” (fs. 421/423 vta.). II. Que contra dicho pronunciamiento interpuso
recurso de casación a fs. 431/442 la defensora particular, doctora concedida Verónica la vía Villa, asistiendo por el a M. E. a R., quo siendo a fs.
443/444 y mantenido en esta instancia a fs. 455, por la mencionada defensora. III. Que la recurrente encuadró su pretensión en las previsiones de ambos incisos del art. 456 del C.P.P.N. Se agravió por considerar la decisión impugnada
debe ser declarada nula con sustento en dos argumentos: que la resolución es inmotivada porque carece de fundamentación adecuada y que el a quo aplicó erróneamente lo dispuesto en el art. 76 bis, cuarto párrafo, del C.P. Manifestó que se solicitó la suspensión del juicio a prueba teniendo en cuenta que en el presente caso se
verificaban el cumplimiento de los requisitos de la norma legal, esto es: la ausencia de antecedentes penales, la
escala penal del delito imputado, la posibilidad en caso de condena de que la misma sea dejada en suspenso, la
interpretación del instituto efectuada por la C.S.J.N. en el fallo Acosta, el ofrecimiento patrimonial de mil quinientos pesos ($1.500) como reparación económica en la medida de sus posibilidades comunitarias. Se representante suficientemente agravió, del su en primer lugar, Público aduciendo Fiscal no que el y la predisposición a realizar tareas
Ministerio postura
fundó que no
escapa a la parte que el consentimiento del representante del Ministerio necesaria e Público Fiscal para parecería suspender ser el una condición en los
términos del art. 76 bis del C.P., pero siempre que se cumpla el examen de razonabilidad de la fundamentación efectuada por el Fiscal. En tal sentido, entendió que en el presente caso debió ser dejada de lado debido que no cumple sustancialmente con la fundamentación adecuada. En segundo lugar, manifestó la Defensa que, ni el Fiscal actuante, ni el Tribunal han brindado razones
concretas para afirmar, fundadamente, que la aplicación del instituto de suspensión del juicio a prueba resulta
incompatible con la consecución de los objetivos establecidos en la Convención de Belém do Pará. Máxime cuando el instituto procesal en trato no sólo prevé la posibilidad de imponer reglas de conducta sino que garantiza la posibilidad de
atender la pretensión reparadora de la víctima dando cabal cumplimiento a lo estipulado en el art. 7 apartado “g” del instrumento internacional aludido. Agregó que en el presente caso la damnificada tuvo pleno acceso a la justicia,
peticionó a las autoridades y tuvo una adecuada respuesta del Poder Judicial que permitió que se cumpla con una debida investigación. De esta forma, tanto el art. 5 como el 7 de la Convención han sido respetados. Por otro lado, manifestó que no puede concluirse
que la mención del verbo “sancionar” en la Convención citada, puede imponer la obligación de condenar a los acusados, ya que “Concluir de ese modo importaría crear una especial de delitos en los que, aun cumpliendo con los requisitos
objetivos de procedencia que fija el instituto, su autor no podría ser beneficiado con el instituto de la probation”, violándose así el principio pro homine y el principio de legalidad. En el mismo orden de ideas, agregó la defensa que
“elevar a las mujeres a un plano superior, en perjuicio del acusado en el marco de un proceso penal, desoye las líneas directrices que fija el recordado principio pro homine”. A su vez, la Defensa manifestó que la finalidad del instituto de la suspensión del juicio a prueba (esto es, principio penal de última ratio, modo alternativo de solución de conflicto y la resocialización -y no estigmatización- del imputado) debe ser tenida en cuenta a la hora de evaluar la pertinencia de este instituto procesal. Asimismo, consideró que debe tenerse en cuenta que la suspensión del juicio a prueba evita la revictimización de la presunta damnificada y sortea los perjuicios que un
proceso penal puede causar en los lazos familiares de quienes tienen un hijo en común. Mencionó la importancia de cuidar el interés superior del niño que se ve ineluctablemente sometido por el proceso. Asimismo, destacó que siendo el padre del niño quien solventa los gastos para que pueda estudiar, el niño se vería indudablemente afectado si se continuara con el proceso y eventualmente se llegara a una condena de efectivo cumplimiento. Por último, y en tercer lugar, la Defensa concluyó que aun cuando el Fiscal en su dictamen tiene en cuenta la manifestación de la presunta víctima, la oposición de la
misma no obsta a la concesión del beneficio debido a que se encuentra abierta la vía civil para los reclamos de tipo pecuniarios. En suma, solicitó en definitiva se haga lugar al
recurso y se conceda la suspensión del juicio a prueba a M. E. R.. Hizo reserva del caso federal. IV. Que durante el término de oficina previsto por los arts. 465, cuarto párrafo y 466 del C.P.P.N., se presentó la doctora Verónica Villa y amplió los fundamentos
presentados en la instancia anterior. Manifestó que tanto el Ministerio Público Fiscal -en su dictamen- como el Tribunal Oral -en la resolución impugnada-, han vulnerado el derecho a la igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución
Nacional. Explicó que la resolución denegó la aplicación del instituto peticionado por tratarse de delitos contemplados en la Convención de Belém do Pará, generando de este modo una arbitraria e inadmisible exclusión. Asimismo, reiteró la
interpretación de la Convención que debería haber adoptado el a quo. Por último, entendió que el fallo Góngora es
inaplicable al presente caso, ya que las sentencias de la Corte se limitan al caso, no son leyes y carecen de efecto erga omnes (fs. 460/463). V. Que en la etapa prevista en los arts. 465,
último párrafo, y 468 del C.P.P.N., la defensa de M. E. R. presentó breves notas. Celebrada la audiencia prevista en dicho estadío procesal, de lo que se dejó constancia a fs. 473, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, M. Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani. El señor juez Gustavo M. Hornos dijo: I. Inicialmente, corresponde señalar que el recurso de casación interpuesto oportunamente (conf. art. 463 del C.P.P.N.) por la defensa de M. E. R. resulta formalmente admisible, en principio, pues la resolución atacada deviene equiparable podría a una un sentencia gravamen definitiva de en virtud de que o
tardía reparación posterior (conf. Fallos: 304:1817;
312:2480). En efecto, así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Padula, Osvaldo Rafael”,
oportunidad en la que nuestro más Alto Tribunal sostuvo que el gravamen que se deriva de la resolución que deniega la suspensión del juicio a prueba “…no resulta susceptible de reparación posterior, en tanto restringe el derecho del
procesado a poner fin a la acción
y evitar la imposición de
una pena. Es que la finalidad de quien requiere la suspensión del juicio a prueba no es la de obtener una sentencia
absolutoria, sino la de no seguir sometido a proceso mediante la extinción de la acción penal” (conf. C.S.J.N., “Padula, Osvaldo Rafael y otros s/defraudación -causa Nº 274”, P. 184 XXXIII, rta. el 11/11/97, considerando 5º). Por lo demás, estando reunidos los restantes requisitos de admisibilidad formal previstos en los arts. 432, 438, 456, 463 y ccdtes. del C.P.P.N., corresponde proceder al estudio de cuanto fuera materia de agravio por parte de la recurrente. II. En el caso de autos el Tribunal fundó la
denegatoria de la suspensión del proceso a prueba solicitada por la defensa de M. E. R. por entender que la negativa a la solicitud de la defensa, efectuada por el señor Fiscal, se encuentra debidamente fundada, resultando, por lo tanto,
vinculante para el Tribunal. Surge del auto de elevación a juicio, obrante a fs. 335/341, que se le imputa a M. E. R. el delito de lesiones graves, agravado por el vínculo (cónyuge) (Art. 90 y 92 en función del art. 80 inc. 1 del C.P.). En efecto, se le imputa que el día 21 de abril el de 2011, R. la empujó a M. A. R. la
puerta, le propinó golpes de puño en los hombros y le asestó varios golpes con la cabeza en la nariz, provocándole
lesiones consistentes en desviación nasal y herida cortante dorso nasal con tiempo de curación e incapacidad mayor a
damnificada, sin embargo, volvió a tomarla de los cabellos y a golpearla contra la pared del pasillo. A los pocos minutos, merced a la intervención de un vecino del edificio que había sido alertado por el hijo de ambos, R. cedió con la agresión. Ahora bien, continuando con el análisis de la
presente causa, surge de la resolución impugnada (fs. 421/423 vta.) que el Fiscal actuante se opuso a la suspensión del juicio a prueba con aduciendo, mayor que certeza al en síntesis, hechos frente a que debían
establecerse ocurridos:
efectivamente un caso de
violencia de género existen principios como los establecidos en la Convención de Belém do Pará que deben aplicarse y citó las recomendaciones de la Señora Procuradora General de la Nación de las que no puede apartarse, pues se trata de
cuestiones de política criminal (fs. 421 vta.). Llegado el momento de decidir, el a quo resolvió denegar la suspensión del juicio a prueba pues, luego de efectuar un analisis de las normas de la Convención de Belém do Pará, de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que versaban sobre cuestiones de género y de otros instrumentos internacionales emanados de la O.E.A, consideró que el dictamen del representante del Ministerio Público
Fiscal superó el juicio de razonabilidad, se adecuó a las prescripciones legales y no introdujo requisitos que la ley no prevé, por lo que resultaba vinculante para el tribunal. III. Reseñados los antecedentes del caso no puede pasarse por alto que el hecho por el cual M. E. R. fuera requerido a juicio se halla en efecto alcanzado por las
previsiones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar de Belém do la Violencia la contra cual, como la ya Mujer tuve
(“Convención
Pará”),
oportunidad de señalar al referirme a la problemática de la violencia de género, establece en sus artículos 1º y 2º “A” que “…para los efectos de esta Convención debe entenderse por
violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el la privado” mujer y que la “[s]e entenderá que violencia sexual y
psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación,
maltrato y abuso sexual” (cfr. las causas de esta Sala IV caratuladas “MUMELI, Nora s/recurso de casación” (causa nro. 13.315. reg. nro. 1271/12, rta. el 24/8/2012) y “ROMERO,
Rafael Carlos s/recurso de casación (causa nro. 14.807, reg. nro. 1755/12, rta. el 27/9/2012)) Así, lo cierto es que en la especie no puede ser otra la conclusión ya que se advierte que los golpes
efectuados contra la damnificada dentro del ámbito familiar reflejan una peculiar concepción del género femenino que
lejos de reconocerle autonomía y libertad para construir las relaciones interpersonales que desee, lo objetiviza y lo
reduce a un estado semejante al de una posesión. Asi en el caso, los empujones, los golpes de puño en los hombros y los varios golpes con la cabeza en la nariz que M. E. R. le propició a M. A. R. deben ser consideradas razonablemente violencia de género contra la víctima. IV. Ahora bien, a partir de la calificación de un hecho como “violencia contra la mujer” en los términos de la Convención de Belém do Pará, corresponde tener en cuenta que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos in re “Góngora, Gabriel Arnaldo s/ causa nº 14.092” (Recurso de Hecho, expte. G. 61. XLVIII, resuelto el
23/4/2013) entendió que la interpretación que vincula los objetivos del articulo 7 Convención citada, con la necesidad de establecer un "procedimiento legal, justo y eficaz para la mujer", que incluya "un juicio oportuno" impone considerar
que la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente. Señaló el alto Tribunal de que “Este que el impedimento sentido surge, en primer juicio
expresado en la cláusula en examen resulta congruente con el significado que en los ordenamientos procesales se otorga a la etapa final del procedimiento criminal (asi, cí. Libro Tercero, Titulo 1 del Código Procesal Penal de la Nación), en tanto únicamente de alli puede derivar el pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, es decir, verificarse la posibilidad de sancionar esta clase de hechos exigida por la Convención. Particularmente, en lo que a esta causa respecta, la concesión de la suspensión la del proceso de a prueba en al
estadio procesal la existencia de hechos que prima facie han sido calificados como de violencia contra la mujer, junto con la determinación de la responsabilidad de quien ha sido
imputado de cometerlos y de la sanción que, en su caso, podria corresponderle. En segundo término, no debe tampoco obviarse que el desarrollo del debate es de trascendencia capital a efectos de posibilitar que la víctima asuma la facultad de comparecer para efectivizar el "acceso efectivo" al proceso (cfr.
también el inciso "f" del artículo 7 de la Convención) de la manera más amplia posible, en pos de hacer valer su
pretensión sancionatoria. Cuestión esta última que no integra, en ninguna forma, el marco legal sustantivo y procesal que regula la suspensión del proceso a prueba. De lo hasta aquí expuesto resulta que prescindir en el sub lite de la sustanciación del debate implicaría
contrariar una de las obligaciones que asumió el Estado al aprobar la "Convención de Belém do Pará" para cumplir con los deberes de prevenir,investigar y sancionar sucesos como los
aquí considerados.” V. Por ello, tratándose como quedara expuesto ut supra, el caso la de un delito de violencia por de genero, y
Tribuna, entiendo que no corresponde beneficiar a M. E. R. con la suspensión del juicio a prueba. Propongo, en definifiva, el rechazo del recurso de casación interpuesto. Sin costas en la instancia en virtud de haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al
recurso (arts. 8.2.h C.A.D.H., arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). El señor juez doctor M. Hernán Borinsky dijo: I. Corresponde recordar que se imputa a M. E. R. el haber causado lesiones corporales graves a su cónyuge M. A. R.. Dicho suceso habría tenido lugar el día 21 de abril de 2011, dentro la franja horaria comprendida 19:00 y las 21:00 hs. aproximadamente en el interior del domicilio de la
víctima y en circunstancias en que el causante se constituyó en dicha morada a efectos de restituir el hijo que tienen en común. El imputado habría empujado a la damnificada hacia el placard del dormitorio, se colocó adelante suyo y presionó las puertas contra su cuerpo de manera que la inmovilizó, a la vez que le pegaba golpes de puño en los hombros; además, el encausado aplicó a la nombrada R. un cabezazo en la nariz y diversos golpes en la cabeza, provocándole sangrado nasal. Ante esa situación, el menor egresó del apartamento a fin de conseguir auxilio, oportunidad en la que el imputado mermó la fuerza que aplicaba a la víctima, lo que si bien fue
aprovechar por ésta y tratar de salir tras los
pasos de su hijo, el imputado volvió a tomarla fuertemente, la sujetó de sus cabellos e intentó ingresarla al baño,
empero al no lograrlo, le agarró los brazos y la golpeó reiteradas veces contra la pared. El imputado cesó con su accionar y se retiró del lugar en ocasión de concurrir al departamento vecinos del edificio (cfr. requerimiento fiscal de elevación a juicio fs. 312/320 vta. y auto de elevación a
juicio de fs. 335/341). En el marco de la audiencia prevista en el art. 293 del C.P.P.N., el Fiscal de Juicio se opuso a la concesión del instituto con invocación de la “Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” - “Convención de Belem do Pará” (ratificada por la República Argentina mediante Ley 24.632, B.O. 09/04/1996). II. Establecido ello, resulta pertinente recordar
que si bien en la presente se dispuso fijar audiencia para que las partes informen, conforme lo previsto en los arts. 465, último párrafo, y 468 del C.P.P.N., ello no impide que esta Alzada efectúe formal un del examen recurso más de profundo casación sobre sometido la a
examen, una vez superada la etapa procesal supra aludida y/o la audiencia de expresión de agravios. Esta posición encuentra respaldo en las palabras de Fernando De la Rúa al expresar que “La concesión del recurso de casación por del de el tribunal de a quo constituye Sin una no etapa hay al es
inevitable posibilidad tribunal de
conocimiento Esa
llegue no
definitiva, y este último, si considera que el recurso es formalmente desecharlo improcedente sin y ha sido el mal concedido, (art. podrá en
cualquier momento, ya sea antes o después de la audiencia para informar o en el mismo momento de dictar sentencia” (DE LA RÚA, Fernando, “La Casación Penal. El recurso de casación en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, pág. 241). Formulada la precedente aclaración, se advierte que la presentación recursiva bajo estudio no cumple con el
requisito de debida motivación exigido por la ley adjetiva (art. 463 del C.P.P.N.), toda vez que el recurrente no
consigue demostrar los vicios jurídicos invocados y, en esta dirección, no logra rebatir los fundamentos sobre los cuales
el tribunal a quo sustentó el temperamento denegatorio
adoptado. Puntualmente, el impugnante no ha logrado refutar los argumentos expuestos por el fiscal de intervención, sino que se ha ceñido a sostener una opinión discrepante respecto de la hermenéutica de la ley efectuada por el “a quo”, sin haber demostrado eficazmente que dicho tribunal, así como el fiscal ante esa sede, hubieran interpretado incorrectamente la normativa que regula la procedencia del instituto de la suspensión del juicio a prueba. Tampoco atacada que se advierte su déficit en la el resolución juicio de
oportunidad y conveniencia de la acusación pública encuentra sustento en disposiciones legales (“Convención de Belem do Pará”, ratificada por la República Argentina mediante Ley 24.632, B.O. 09/04/1996) aplicables, en principio, al sub examine en función de sus concretas características (vid. en lo pertinente y aplicable mi voto in re C.F.C.P., Sala IV, “Fernández, Pablo Martín s/recurso de casación”, causa Nro. 16.080, Reg. Nro. 394/13, rta. el 22/03/13; “Farías, Jorge Agustín s/recurso de casación”, causa Nro. 16.447, Reg. Nro. 884/13, rta. el 31/05/13; “Rivero, Marcelo Fabián s/recurso de casación”, Reg. Nro. 1485/13, rta. el 20/08/13, con cita – estos dos últimos de fecha fallos– del precedente “Góngora” no de la
23/04/13,
refutados por la parte recurrente, más allá de sostener un juicio discrepante a su respecto). Por su parte, el tribunal de juicio efectuó correctamente el control de logicidad y fundamentación que le compete. En este contexto, como fuera adelantado, el recurso de casación en estudio carece de motivación suficiente, toda vez que la parte recurrente se limitó a reiterar sus propias convicciones respecto del modo en que debió ser resuelta la cuestión, por lo que corresponde concluir que, si el
recurrente no asumió la carga de demostrar que el tribunal a
quo aplicó erróneamente la ley, el recurso no se abastece en este aspecto. Por los fundamentos que anteceden, el recurso de casación interpuesto no cumple con las pautas de motivación exigidas por el artículo 463 del C.P.P.N.; falencia que
define su improcedencia formal ante esta instancia. III. anteceden, En virtud al de las consideraciones inadmisible que el
recurso de casación interpuesto a fs. 431/442 por la doctora Verónica Villa, en su carácter de asistente técnica de M. E. R., con costas en la instancia (arts. 463 -a contrario sensu, 530 y 531 del C.P.P.N.), debiéndose llevar adelante el juicio oral. Tener presente la reserva de caso federal. El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo: Que consideraciones preopinante, expuestos por coincido efectuadas entiendo Defensa en por que lo el sustancial voto de de los con mi las colega
ninguno un
argumentos fundado en
alguno de los supuestos que habilitan esta jurisdicción, sino que configuran una simple discrepancia con los argumentos expuestos por el Tribunal a quo. Por eso es que habré de adherir a la solución allí propuesta. Así lo voto Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, por mayoría, el Tribunal RESUELVE: I. DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación
interpuesto a fs. 431/442 por la doctora Verónica Villa, en su carácter de asistente técnica de M. E. R., con costas en la instancia (arts. 463 -a contrario sensu-, 530 y 531 del C.P.P.N.), debiéndose llevar adelante el juicio oral. II. TENER PRESENTE la reserva de caso federal. Regístrese, comuníquese a la notifíquese de y, oportunamente Pública de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada Nº 15/13,
CSJN) a través de la Secretaría de Jurisprudencia de esta Cámara, y remítase la causa al Tribunal Oral en lo Criminal N° 12 de esta ciudad, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.
M. HERNÁN BORINSKY
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 resolución 
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 artículo 7
 resolución 
 artículo 463