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La Reforma Del Proceso Penal (Spanish Edition) | Bernd Schunemann | download
Main La Reforma Del Proceso Penal (Spanish Edition)
La presente monograf?a recoge las reflexiones del autor sobre la indefinici?n actual de las metas reformistas y lo hace con especial agudeza. Su utilidad en Espa?a y en la Am?rica de habla castellana me parece indudable. Tanto aqu? como all? estamos ante la ingente tarea de actualizar nuestro proceso penal. No se trata solamente de si la instrucci?n debe ser llevada por el Juez de Instrucci?n o por el Fiscal, cuesti?n que la presente monograf?a aborda sin prejuicios, o de si el proceso penal requiere una segunda instancia, que no se termina de definir en su contenido. Se trata de c?mo se debe instruir y del sistema de recursos, tanto como de la reforma del juicio oral. Los temas en discusi?n deben ser profundizados con modernas visiones cr?ticas y Sch?nemann nos las proporciona. Es de esperar que sus puntos de vista nos permitan iluminar un ?mbito de problemas que es necesario profundizar con urgencia.
Pages: 112 / 113
ISBN 10: 8497726774
ISBN 13: 9788497726771
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Catedrático de la Universidad de München
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PRESENTACIÓN.................................................................................
LA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 125 AÑOS...................
1. Reforma procesal como ciencia o la cuadratura del
círculo ...................................................................................
2. La reforma en su conjunto como tarea de Sísifo ..............
3. La Ley de enjuiciamiento criminal alemana de 1877.......
4. Panorama sobre esfuerzos reformadores y legislación
complementaria ...................................................................
5. La transformación de la “instrucción”..............................
6. El destino del juicio oral .....................................................
7. La realidad procesal ............................................................
LA ACTUAL SITUACIÓN DE REFORMA.............................
1. La posición del ofendido .....................................................
2. La transformación de la instrucción..................................
3. Cuestiones fundamentales de la reforma del juicio oral..
4. Sobre los recursos ................................................................
5. Las conformidades o los acuerdos procesales sobre el
resultado del proceso de lege ferenda.................................
RESULTADO..............................................................................
Los penalistas de habla castellana conocen ampliamente la obra
del Prof. Bernd Schünemann. De sus trabajos se han publicado numerosas traducciones al castellano en España y en Iberoamérica. Por lo
general ha sido mayor el número de traducciones de trabajos dedicados al derecho penal material. Por eso la presentación de una monografía dedicada al proceso penal y su reforma completará el horizonte
del pensamiento jurídico de Schünemann, poniendo de manifiesto una
faceta de sus investigaciones que tiene singular trascendencia.
Schünemann ha realizado una obra que ha tenido por objeto no
sólo los aspectos metodológicos y sistemáticos del derecho penal,
como sus reflexiones sobre el sistema de la teoría el delito o los delitos
de omisión. También nos ha proporcionado un importante material
para la comprensión de nuevos fenómenos sociales desde la perspectiva del derecho penal: los problemas del SIDA, la criminalidad empresarial, las nuevas formas de administración desleal por órganos societarios, el papel de la víctima en el pensamiento penal, etc. En esta
misma línea se deben situar sus estudios jurídicos sobre las bases fundamentales del debido proceso, así como sus investigaciones sobre el
derecho procesal penal moderno y su reforma.
Sus obras procesales, por otra parte, no sólo son dogmáticas,
como las dedicadas a la casación penal, sino que están íntimamente
vinculadas con su tiempo y los diversos movimientos de reforma del
proceso penal moderno; por lo tanto, con la política procesal en una
etapa histórica en la que se comprueban corrientes encontradas respecto, sobre todo, de las garantías del debido proceso. En este punto Schünemann ha mantenido una prédica esencialmente principista, advir-
tiendo sin descanso sobre las consecuencias de ciertas tendencias
reformistas respecto de las bases constitucionales del proceso penal.
La presente monografía recoge las reflexiones del autor sobre la
indefinición actual de las metas reformistas y lo hace con especial agudeza. Su utilidad en España y en la América de habla castellana me parece indudable. Tanto aquí como allí estamos ante la ingente tarea de
actualizar nuestro proceso penal. No se trata solamente de si la instrucción debe ser llevada por el Juez de Instrucción o por el Fiscal, cuestión que la presente monografía aborda sin prejuicios, o de si el proceso penal requiere una segunda instancia, que no se termina de definir
en su contenido. Se trata de cómo se debe instruir y del sistema de recursos, tanto como de la reforma del juicio oral. Los temas en discusión deben ser profundizados con modernas visiones críticas y Schünemann nos las proporciona. Es de esperar que sus puntos de vista nos
permitan iluminar un ámbito de problemas que es necesario profundizar con urgencia.
Madrid, 9 de marzo de 2005
1. El Derecho penal y procesal penal de los Estados democráticos
de Derecho europeos se encuentra desde hace tres décadas en una
constante crisis, cuyas razones de fondo son equivalentes a las que
provocaron la sustitución del antiguo proceso inquisitivo por el proceso reformado originado en la Revolución francesa de 1789.1 El enorme
aumento de la cantidad de comportamientos desviados en la sociedad
industrial postmoderna, la rápida expansión de la criminalidad organizada favorecida por la apertura de límites, como también las enormes
exigencias probatorias de la nueva categoría del delito ambiental y
económico, han quebrantado por completo los límites de capacidad
del proceso penal creado en el siglo XIX. En efecto, ante una criminalidad masiva, el ideal de este procedimiento, de llevar a cabo una prueba amplia y concentrada en un juicio oral y público como base única
del pronunciamiento de la sentencia, se puede alcanzar respecto de
cada uno de los delitos en particular, pero no así respecto de la enorme
cantidad total de delitos en la práctica de los tribunales.2 En los delitos
económicos, ya la cantidad de material a analizar en cada uno de los
casos es tan enorme, que éste no puede ser presentado en su totalidad
Título original del presente trabajo: “Wohin treibt der deutsche Strafprozess?”
(¿Dónde va a parar el procedimiento penal alemán?). Se trata de una versión sumamente ampliada del artículo publicado en ZStW 114 (2002), pp 1-62. Traducción a
cargo de la Dra. Mariana Sacher, wissenschaftliche Assistentin de la Universidad de
Al respecto, Eb. Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 3a ed. 1965, pp. 324 y ss.; Roxin, Strafverfahrensrecht, 25a ed. 1998, pp. 527 y s.;
Achenbach, FS OLG Oldenburg, 1989, pp. 177 y ss.
Acerca de la sobrecarga cuantitativa del sistema de justicia penal, en detalle, Schünemann, FS Pfeiffer, 1988, pp. 461, 463 y ss.; Barton, StV 1996, 690; el mismo, FS Bemmann, 1997, p. 524.
en la fase de juicio oral.3 Además, frente a la criminalidad organizada,
el Estado debe recurrir a métodos de investigación de los servicios secretos,4 cuyos resultados no pueden ser presentados por completo en el
juicio oral público sin que los canales de investigación, por ejemplo
los agentes encubiertos infiltrados en la organización criminal, sean
“quemados” por completo para el futuro, como se dice en la jerga alemana sobre este tema.
Al generarle tantas exigencias a la fase de juicio oral tradicional,
se ha reforzado y ampliado inevitablemente la significación y función
de la fase de instrucción, independientemente de si el dominio sobre
esa etapa del proceso se encuentra ejercido por la policía, como en Inglaterra; por el Ministerio fiscal, como en Alemania; o, finalmente,
por el juez de instrucción, como en España.5
Con el desarrollo de la práctica de las conformidades o acuerdos
procesales se llega provisionalmente al último punto crucial de esta
pérdida de función de la fase de juicio oral y de colocación de la etapa
previa, que en este trabajo denominaré “instrucción”6 en un primer
plano. La conformidad poseía originariamente en el continente euro3
Al respecto, básicamente ya Herrmann, ZStW 85 (1973), 255; después el dictamen
de Grünwald y las ponencias de Römer, Waldowski y Bruns en el 50° Congreso de Juristas
Alemanes (DJT) de 1974. En teoría y legislación no se avanzó en lo esencial desde ese entonces, mientras que la práctica resolvió el problema a su manera, recurriendo a los acuerdos o conformidades a los que me referiré más adelante.
Al respecto, Paeffgen, StV 2002, 336 y ss.; el mismo, GA 2003, 647 y ss.; sobre el
medio específico de la transmisión de datos e investigaciones previas, de un modo completo Wolter/Schenke/Rieß/Zöller, Festgabe für Hilger, 2003.
Acerca de la inercia de las investigaciones judiciales previas en los mencionados
países véase Stefani/Levasseur/Bouloc, Procédure pénal, 18a ed. 2001, pp. 417 y ss., 564 y
ss.; §§ 91 y ss. öStPO 1975 (BGBl núm. 631) en la versión de la “Diversionsnovelle” de
1999 (BGBl núm. 55); para España art. 14, ap. 1 y 2, 19, ap. 2, 326 y ss. de la Ley de enjuiciamiento criminal en la versión de la Ley orgánica 8/2002 y de la Ley 38/2002 del 24 de
octubre, BOE núm. 258 del 28.10.2002. Acerca de la instrucción por parte de la policía en
Gran Bretaña, véase el Police and Criminal Evidence Act de 1984 (PACE) y, al respecto,
Ashworth, The criminal process, 1994, pp. 4 y ss., 137 y ss., 159 y ss.
Acerca del uso de este término para traducir “Ermittlungsverfahren” y de las particularidades de esta etapa procesal en Alemania, que es conducida por el Ministerio fiscal,
cfr. infra, nota 62.
peo sólo en España un reducido ámbito de aplicación legítimo, pero
entretanto ha sido introducida en el proceso penal italiano como patteggiamento, se encuentra también en la nueva Ley de enjuiciamiento
criminal polaca, y en Alemania es practicada cada vez más frecuentemente, sin consideración de la estructura de su Ley de enjuiciamiento
criminal (StPO), que en realidad es adversa a ella. Pues, los expedientes sumariales son los que constituyen la base para las negociaciones
de las partes procesales sobre el contenido de la sentencia. Entonces,
en caso de conformidad o acuerdo, está en definitiva a cargo de la fase
de instrucción la función de garantizar que la sentencia respete los
principios de verdad y justicia, lo que en realidad es propio del juicio
oral en el proceso penal tradicional.
2. Considerando esta evolución que ha sido brevemente presentada, sería ilusorio creer que el juicio oral tradicional sea un instrumento
apropiado para la lucha contra el delito en la sociedad industrial postmoderna, sincronizada en aumento en la europeización y progresivamente en la globalización.7 Pero constituiría aún una ilusión mayor y
más equivocada si se quisiera sencillamente trasladar aquellas funciones del juicio oral que no pueden ser cumplidas a la instrucción tradicional, ya que ésta es aún menos apropiada para ello. Pues, la etapa
instructoria no está concebida en ninguna Ley de enjuiciamiento criminal europea en el sentido de que conduzca a comprobaciones inequívocas con pretensión de verdad material sobre el delito. Más bien
posibilitaría sólo una exposición rápida y sin complicaciones de las
probabilidades que posee la sospecha de delito. Esto surge de la estructura inquisitiva, que en el fondo es en todos lados igual, pero especialmente en España se encuentra muy pronunciada. Esta estructura
representa un instrumento contundente para efectuar una imputación,
pero no para la averiguación definitiva de la verdad. Pues, la instrucción
actual es la copia fiel del proceso inquisitivo que dominó hasta el 1800
en el continente y luego fue suprimido por sus graves defectos. En ella
una única instancia, ya sea la policía, el Ministerio fiscal o el juez de
instrucción, en un proceso en gran parte secreto, intenta reunir la prue7
Más detalladamente Schünemann, GA 2003, 299 y ss.
ba contra los sospechosos del hecho, lo que debe quedar siempre en
una hipótesis unilateral, en tanto que no haya pasado por el control del
imputado y su defensor y de este modo haya pasado la “prueba de fuego de la situación crítica”.
Para poder hacer frente a todos estos problemas, el usual método
utilizado actualmente de legislar “con estrechas miras”, que siempre
intenta resolver sólo determinados problemas en particular, es absolutamente inapropiado. En lugar de ello, en este pequeño estudio debe
ser realizado el intento de esbozar una perspectiva general del procedimento penal y de ubicar en ella las propuestas de solución en particular.
II. LA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 125 AÑOS
REFORMA PROCESAL COMO CIENCIA O LA CUADRATURA DEL CÍRCULO
El hecho de que el gobierno alemán haya puesto nuevamente en
su agenda la reforma general del procedimiento penal muestra que la
ciencia procesal penal alemana se halla en buen camino, pues no reacciona a cada tesis sólo con una “contratesis”,8 sino se cuestiona también
dónde fue a parar el procedimiento penal y se pregunta por el debate a
su respecto desde el dictado de la Ley de enjuiciamiento criminal del
Imperio (RStPO) hace 125 años. Utilizo aquí la expresión “dónde fue a
parar el procedimiento penal” en su sentido literal, pues para muchos
aspectos de esta evolución y, con más razón, para su resultado final, no
puede ser fijado ningún actor en especial. En efecto, el legislador, que
fue reaccionando en las reformas de una manera cada vez más agitada,
es más un “dirigido” que un “dirigente”. Naturalmente, la tarea de analizar esta evolución posee enormes dimensiones, pues todo lo que ha
sucedido desde la puesta en vigencia de la Ley de enjuiciamiento criminal alemana (StPO) en lo que respecta a reformas legislativas y a la
realidad procesal, y además de todo lo que ha sido reunido por las instancias legislativas y administraciones de justicia de los Länder9, por
la ciencia jurídica y las asociaciones profesionales relacionadas con la
administración de justicia penal, como finalmente también por los grupos de intereses sociales en lo que respecta a propuestas serias de re8
Cfr. al respecto la toma de posición de un grupo de trabajo de profesores sobre el
“texto de puntos angulares”, GA 2002, 82.
Alemania es un Estado federal, en el que cada uno de los Länder participa en la legislación a través de la Cámara de senadores y es competente como instancia superior para
la organización de la justicia, independientemente de los tribunales federales.
forma hasta la redacción de proyectos de ley, es admirable y al mismo
tiempo alarmante. Sólo con hacer una enumeración de las leyes complementarias a la StPO y a la parte procesal de la Ley orgánica del Poder judicial alemana (GVG), se podría hacer un informe, con su descripción completa una monografía, con los proyectos divergentes o
fracasados un manual y con la doctrina de reforma una pequeña biblioteca.10 Es verdad que en la cultura jurídica alemana, por su grado de
diferenciación y cantidad de publicaciones,11 no resulte poco frecuente
que todos los aspectos relevantes alguna vez hayan sido tematizados y
que las obras que se continúen produciendo en el debate se distingan
entre ellas más por el modo en que seleccionan el material argumentativo, apenas abarcable en su totalidad, que por las innovaciones que
puedan aportar. Pero en el Derecho procesal penal se tropieza además
(mucho más que en el Derecho material) con una combinatoria que, en
cierto modo, conduce a una curva exponencial. En efecto, la cantidad
de cuestiones que necesitan ser reguladas lleva a una correspondiente
riqueza de posibilidades de solución que, a su vez, se pueden combinar
en una multiplicidad casi inabarcable. Contrariamente a lo que ocurre
con la Parte especial del Derecho penal, esa combinatoria no tiene lugar uniendo meramente soluciones, sino en una relación de permanente interdependencia. De ello surge para cada publicación nueva sobre
la reforma del procedimiento penal un dilema en el fondo indisoluble,
porque una verdadera consideración del actual debate en una obra de
escaso volumen y que vaya más allá de una mera reunión de citas, sólo
puede hacerse en un campo temático reducido, en el que, a su vez, sólo
puede desarrollarse una concepción reducida, la que, sin una incorporación en el sistema general, debe quedar sin punto de Arquímedes y,
por eso, debe someterse a diversas críticas. A la inversa, una concep10
Para adquirir una visión general es suficiente confrontar la exposición en LR/Rieß,
25 ed. (actualización de 1.8.1998), Einleitung E, en 86 págs. Desde entonces, el 62° DJT
de 1998 se ocupó del tema de la protección del testigo (dictamen de Weigend, al respecto
Schünemann, StV 1998, 391 y ss.) y el 63° DJT de 2000 de la reforma del procedimiento de
recurso (dictamen de Lilie, cfr. Kerscher, ZRP 2000, 533 y ss.; Laufhütte, NStZ 2000, 449 y
ss.), independientemente del resto de la bibliografía de reforma que se agregó a esto.
Caracterizada por Schünemann, FS Roxin, 2001, pp. 1, 2 y ss., como “refinamiento
exagerado de la dogmática jurídica” y “estructura de red”.
ción general sólo puede ser esbozada a grandes rasgos y es criticable
justamente por la utilización altamente selectiva del debate que ya ha
tenido lugar y por la desatención de sus matices.
LA REFORMA EN SU CONJUNTO COMO TAREA DE SÍSIFO
Por esta calamidad ha tenido que pagar el legislador federal alemán.
En efecto, ha pasado de la reiterada idea de una “gran reforma procesal
penal”12 primero a una “reforma procesal penal en cuotas”13, para tener
que abandonar todo esto por “la superación reactiva de una crisis”14. La
coalición gubernamental está “arremetiendo” ahora por tercera vez, produciendo, con todo, ya un “texto de puntos angulares”15 que, entretanto,
ha enardecido el debate.16 Aun cuando no se pueda hacer una prognosis
segura acerca de la suerte que correrán estos “puntos angulares” (pese a
la reconocible decisión firme de la Ministra de justicia, de que esto no
quede detenido esta vez tan pronto como ocurrió con los intentos anteriores de una reforma general17), es tanto útil como urgente que se haga
un análisis considerando la evolución del procedimiento penal alemán
del último siglo. Pues, entretanto, la administración de justicia de los
Cfr. la resolución de la Cámara de diputados de 13.11.1964 sobre el establecimiento
de una Gran Comisión procesal penal (al respecto LR/Rieß, Einleitung E, núm. marg. 96,
187; Engelhard, FS Rebmann [1989], pp. 47 y s.) y, sobre la iniciativa del Ministro de justicia Engelhard de 29.9.1986 Wolter, Aspekte einer Strafprozessreform bis 2007, 1991), p.
11; Roxin (supra, nota 1), § 72 núm. marg. 27. Sobre su fracaso cfr. Rieß, FS Friebertshäuser, 1997, pp. 103 y ss.
Denominada “reforma a través de leyes parciales” por Rieß, FS Schäfer, 1980, p.
165, 168; LR/el mismo, Einleitung E, núm. marg. 107; Wolter (supra, nota 12), pp. 10 y s.;
denominada “reforma procesal penal en cuotas” por Baumann, ZRP 1975, 38 y ss.; Rieß,
FS Pfeiffer, 1988, pp. 155 y ss.; Brüssow, FS Koch, 1989, pp. 57 y ss.
Rieß, ZRP 1977, 69; Schreiber, en: Schreiber/Wassermann (comp.), Gesamtreform
des Strafverfahrens, 1987, pp. 7, 9.
Publicado en StV 2001, 314 y ss. (denominado allí equivocadamente Resolución
del gobierno; corrigiendo esto Däubler-Gmelin, StV 2001, 359, nota 1).
Completamente crítico Salditt, StV 2001, 311 y ss.; Bittmann, ZRP 2001, 441 y ss.;
Gräfin von Galen/Wattenberg, ZRP 2001, 445 y ss.; Deutscher Richterbund, Stellungnahme von Juni 2001; Ignor/Matt, StV 2002, 102; Arbeitskreis der Strafrechtslehrer, GA 2002,
Däubler-Gmelin, StV 2001, 359 y ss.
Länder ha desarrollado una especie de costumbre de continuar, por así
decirlo, “apretando la tuerca” de “la superación reactiva de la crisis”. En
efecto, infracciones reales o supuestas a la “capacidad de funcionar de la
justicia penal” se quieren evitar normalmente limitando la posición jurídica del inculpado y de su defensor (demostrando la experiencia que las
propuestas que antes eran desacreditadas como “lista de horror”18, en el
segundo o tercer intento adquieren la mayoría19). Por eso, frente a las
atrevidas propuestas de la administración de justicia de los Länder, los
“puntos angulares” podrían adoptar al menos la función de establecer
barreras, aun cuando fueran insuficientes como base para una concepción de reforma general del procedimiento penal.
LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL ALEMANA DE 1877
Así, esta reforma global del procedimiento penal alemán no es
algo fácil. Apenas 20 años después de entrar en vigor la Ley de enjuciamiento criminal del Imperio (RStPO) de 187720, se estableció una
comisión reformadora21, aunque hay que caracterizar a esta Ley como
la digna conclusión de un gran siglo también para la ciencia y legisla18
Cfr. las propuestas presentadas por la Reunión de los Ministros de justicia y senadores
nacionales y de los Länder (JuMiKo) en 1982 y el debate al respecto en el 7° Congreso alemán de abogados defensores de 1983, informe de Plottnitz, KJ 1983, 301 y ss.; 11° Congreso
alemán de abogados defensores de 1987, informe de Klein, NJW 1987, 1925; más allá, la crítica de la Asociación de abogados defensores del Land Hesse, StV 1982, 392 y ss.
Cfr. la Ley de descongestionamiento de la administración de justicia (Gesetz zur Entlastung der Rechtspflege) de 11.1.1993, BGBl I 50, como también la crítica expresada en la declaración de expertos ante la Comisión jurídica el 29.4.1992; Asbrock, ZRP 1992, 11; Hamm, StV
1991, 530, Meyer-Goßner, NStZ 1991, 167; Schoreit, DRiZ 1991, 404; Weider, StV 1991, 326;
BRAK und DAV AnwBl 1991, 308 f; DRB, DRiZ 1991, 294. Más allá, la Ley de lucha contra
el delito (Verbrechensbekämpfungsgesetz – VBG –) de 28.10.1994, BGBl I 3186; Ley modificatoria del procedimiento penal (Strafverfahrensänderungsgesetz) de 17.3.1997, BGBl I 534;
Ley de mejoramiento de la lucha contra la criminalidad organizada (Gesetz zur Verbesserung
der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität) de 4.5.1998, BGBl I 845.
De 1.2.1877, RGBl. pp. 253 y ss., que entró en vigor conforme al § 1 EGStPO en
relación con el § 1 EGGVG el 1.10.1879.
Cfr. al respecto Engelhard (supra, nota 12), p. 45; Protokolle der Kommission für
Strafprozeßrecht, 1905; Aschrott (comp.), Reform des Strafprozesses, 1906.
ción procesal penal, a pesar o incluso quizás a raíz de los numerosos
compromisos que se encuentran en ella entre los esfuerzos del Senado
desde una perspectiva estatal y los esfuerzos liberales de la Dieta del
Imperio. Consideremos: que a comienzos del siglo XIX había dominado el procedimiento inquisitivo aún en todos los territorios alemanes;22
que la inspiración mediante las reformas francesas (en vigor a la izquierda del Rin también posteriormente al año 1815) con la “lucha por
el Tribunal de jurados” constituyó uno de los grandes temas del liberalismo en el período previo a la Revolución de Marzo23 (aunque los
procesos penales que fueron realizados en correspondencia con la
Fiesta de Hambach24 pusieron seriamente a prueba la enorme importancia de este tema para la libertad del ciudadano25); que el espíritu re22
Al respecto, fundamental Zachariä, Die Gebrechen und die Reform des deutschen
Strafverfahrens, 1846; el mismo, Handbuch des deutschen Strafprozesses tomos I y II,
1861, 1868; Mittermaier, Die Mündlichkeit, das Anklageprinzip, die Öffentlichkeit und das
Geschworenengericht, 1845; breve presentación en v. Kries, Lehrbuch des Deutschen
Strafprozeßrechts, 1892, pp. 49 y ss.; Schwinge, Der Kampf um die Schwurgerichte bis zur
Frankfurter Nationalversammlung, 1926; Achenbach, FS OLG Oldenburg, 1989, pp. 177 y
Cfr. las referencias supra, nota 22, más allá Gneist, Die Bildung der Geschworenengerichte in Deutschland, 1849; H. Meyer, Tat- und Rechtsfrage im Geschworenengericht,
1860; Glaser, Schwurgerichtliche Erörterungen, 2a ed. 1875; Schwarze, Geschworenengericht
und Schöffengericht, 1864; el mismo, Das deutsche Schwurgericht und dessen Reform,
1865; Mittermaier, Das englische, schottische und nordamerikanische Strafverfahren, 1851,
pp. 346 y ss.; sobre la doctrina acerca de esta cuestión central de la reforma procesal penal en
el siglo XIX, que en esa época era casi inabarcable, pero que actualmente ha caído en el olvido, cfr. las referencias en v. Kries (supra, nota 22), pp. 126 y s., 603.
Una reunión de personas con espíritu democrático en el año 1832, que fue vista por
los príncipes alemanes como la preparación de una revolución contra la monarquía.
Porque las acusaciones por el delito de traición presentadas ante el Tribunal de jurados terminaron con una absolución y, por el contrario, aquellas por conspiración presentadas ante el Tribunal del distrito compuesto por jueces profesionales, terminaron con penas
de larga duración, véase al respecto Wirth, Das Nationalfest der Deutschen zu Hambach,
ed. 1977; Bühler, Das Hambacher Fest, 1932; Valentin, Das Hambacher Nationalfest, 1932;
Herzberg, Das Hambacher Fest, 1908; Suhrmann, Beiträge zur Geschichte des Hambacher
Festes 1832, 1930; Baumann (comp.), Das Hambacher Fest, 1982; L. Hoffmann (comp.),
Vollständige Verhandlungen vor dem königlich-bayerischen Appellationsgerichte des
Rheinkreises, etc., Zweibrücken 1833; Acusación contra Dr. Wirth, Dr. Siebenpfeiffer etc.,
Zweibrücken 1833; Hülle ZStW 89 (1977), 899 y ss.
formista en materia penal había sido propagado en toda Alemania en
tres formas ya antes de la unificación alemana (en forma de reforma
del procedimiento penal al abandonar la monarquía;26 en forma de publicaciones monumentales de la ciencia procesal penal, atendiendo intensamente también el Derecho comparado27 y, finalmente, en forma
del artículo procesal penal de la Constitución de Paulskirche28 que, a
este respecto, iba más allá de la Constitución nacional alemana); que
BISMARCK pudo presentar29 a la Dieta del Imperio el Proyecto (del
Senado) absolutamente respetable de una Ley de enjuiciamiento criminal ya menos de cuatro años después de la creación del Imperio, que
fue el 29.10.1874; que ese Proyecto fue tratado después en detalle y
diversamente modificado en una comisión de la Dieta del Imperio, a la
que pertenecieron importantes personalidades, como MIQUÉL y
LASKER, ambos dirigentes del partido liberal nacional, y SCHWARZE, un procesalista de la práctica y penalista teórico;30 que la Ley de
Cfr. las referencias supra, notas 22 y 23, como así también von Kries (supra, nota
22), pp. 60 y ss.; Planck, Systematische Darstellung des deutschen Strafverfahrens, 1857;
Mittermaier, Die Gesetzgebung und Rechtsübung über Strafverfahren nach ihrer Fortbildung, 1856; Heffter, Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts, 6a ed. 1857, pp. 525 y
Además de las referencias supra, notas 22, 23 y 26, cfr. ya Feuerbach, Betrachtungen über die Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Gerechtigkeitspflege II, 1825; Biener,
Das englische Geschworenengericht, 1852 bis 1855; Gneist, Vier Fragen zur deutschen
Strafprozeßordnung, 1874; Binding, Die drei Grundfragen der Organisation des Strafgerichts, 1876.
Véase la garantía de la oficialidad y oralidad, del proceso acusatorio y de la constitución del Tribunal de jurados, en todo caso en cuestiones penales graves y políticas en el
art. 10, §§ 178 y 179.
Véase Hahn, Die gesammten Materialien zur Strafprozeßordnung und dem Einführungsgesetz zu derselben vom 1. Februar 1877, tomo I 1880, p. 3. Acerca de los precedentes del Proyecto, que se remontan hasta una resolución de la Dieta del Imperio alemán
del norte de 18.4.1868 y al Proyecto Friedberg terminado en noviembre de 1870, véase
Löwe/Hellweg, Die Strafprozeßordnung für das Deutsche Reich, 12a ed. 1907, Einleitung,
p. XV; v. Kries (supra, nota 22), pp. 63 y s.
Aquí merece ser presentado el desarrollo de los acontecimientos. Así, en julio de
1869, el canciller alemán solicita al Ministro de justicia de Prusia la preparación de un Proyecto de Ley de enjuiciamiento criminal. Este es preparado por el funcionario ministerial
secreto Friedberg en noviembre de 1870 y en el verano de 1871 es revisado y corregido en
el Ministerio de justicia de Prusia, siendo publicado a principios de 1873. En marzo de 1873,
enjuiciamiento criminal fue promulgada por la Dieta del Imperio ya
dos años y tres meses más tarde, en una versión que, fundada en el espíritu del liberalismo, modificó de diversas maneras el Proyecto original, luego de una polémica entre la Dieta y el gobierno del Imperio
que tuvo lugar a un nivel impresionante.31 Si se tiene en cuenta todo
esto, no se puede dudar que la Ley de enjuiciamiento criminal del Imperio (RStPO) es parte de los grandes símbolos liberales del siglo XIX
y, partiendo de su substancia interna, no era necesaria de ninguna manera en el año 1903 una reforma total. Por ejemplo, merece dejarse
constancia que en la presentación hecha por el Ministro de justicia de
Wurtemberg del Proyecto de Ley (aprobado por el Senado) a la Dieta
del Imperio, los principios centrales o “máximas procesales”, tal como
también aún hoy cumplen un papel dominante en los manuales de Derecho procesal y en los exámenes de la carrera de Derecho, fueron
nombrados como fundamento del Proyecto.32 Para ofrecer un único
el Senado crea una comisión de 11 juristas para la revisión de este Primer Proyecto. A esta
comisión pertenece Zachariä por parte de la ciencia. Más allá, está constituida por miembros superiores de las administraciones de justicia de los Länder, entre ellos de Prusia, de
Sajonia el fiscal general Schwarze y, por lo demás, sólo un abogado. La comisión se reúne
39 veces entre el 17 de abril y el 3 de julio de 1873 (o sea, día por medio) y prepara el Segundo Proyecto. Este es presentado en la primavera de 1874 al Senado. A su vez, el Senado
introduce nuevamente la constitución del Tribunal de jurados anteriormente suprimida (!) y
lo presenta como Tercer Proyecto a la Dieta del Imperio en octubre de 1874. La Comisión
de justicia del Imperio, establecida por la Dieta del Imperio con 28 miembros (27 juristas y
un médico psiquiatra) fue instalada especialmente mediante dos leyes del Imperio también
para el período entre las sesiones ordinarias de la Dieta del Imperio y funcionó con Miquél
como presidente y Schwarze para suplantarlo, desde enero de 1875 hasta comienzos de julio de 1876 en 160 sesiones (o sea, casi 10 por mes), agregándose más de 80 sesiones de la
comisión de redacción bajo la presidencia de Schwarze. Los resultados de la segunda lectura en la Dieta del Imperio desde el 27 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 1876 fueron
declarados inaceptables por el Senado en una serie de puntos. Por eso fueron preparadas las
denominadas mociones de compromiso, en reuniones confidenciales entre una serie de
miembros de la Dieta del Imperio y los representantes del Senado. Estas fueron aprobadas
en la tercera lectura del 18 al 21 de diciembre de 1876 sin mayores modificaciones.
El nivel extraordinario de las deliberaciones está documentado en la recopilación
del material realizada por Hahn (supra, nota 29), la que constituye hasta hoy una fuente de
enorme riqueza para todo trabajo dogmático o de Derecho político sobre el Derecho procesal penal de un Estado de Derecho liberal.
Hahn (supra, nota 29), tomo I, pp. 497 y ss.
ejemplo del pensamiento estrictamente de Estado de Derecho de la comisión, merece destacarse la posición del legislador SCHWARZE en contra
de la utilización del denominado “testigo de referencia”. En efecto, puede
ocurrir que un testigo haya declarado en una fase anterior, pero que en el
juicio oral alegue su derecho de abstenerse de declarar. En ese caso, la declaración anterior carece de toda eficacia probatoria y no se efectuará su
lectura en el juicio oral (§252 StPO). Ahora bien, a SCHWARZE le
preocupó que esta falta de eficacia probatoria pudiera ser eludida interrogando al “testigo de referencia”, es decir, a quien había tomado anteriormente la declaración al testigo. A este respecto, declaró categóricamente: “En
tanto que sea lícito que mediante tal clase de manipulaciones, como la
que nos presentó el colega LENZ, se pueda y se permita hacer ilusorio el
pensamiento y el tenor de la ley, allí termina toda legislación.”33 Sin embargo, esto no ha impedido a la jurisprudencia del Tribunal del Imperio,
como también a la del Tribunal Supremo Federal alemán (BGH), justamente elevar “manipulaciones de esa clase” a la categoría de principio.34
Segunda deliberación en Pleno, en: Hahn (supra, nota 29) tomo II 1881, p. 1881;
acentuado acertadamente por Keller, Die Strafprozess-Ordnung, etc. (2a ed. 1882), p. 660;
agregando consideraciones estrictamente teleológicas: Löwe/Hellweg (supra, nota 29),
§ 251 núm 3. Por eso, desde un comienzo, la opinión casi unánime interpretó acertadamente el § 252 StPO en un sentido amplio, negándole toda clase de eficacia probatoria a la declaración, cfr. las numerosas referencias en Löwe/Hellweg, op. cit.
Ya RG Rspr. 3, 449; RGSt. 5, 143; RG Rspr. 4, 271; 7, 278; RGSt. 16, 119. Sorprendentemente, la discusión en el Pleno de la Dieta del Imperio a la que hago referencia, fue citada en la sentencia RGSt. 5, 144, y comentada con la desacertada afirmación de que “atribuirle al propósito del legislador un significado [al § 252 en su nueva versión] que va más
allá de lo literal, no surge de los antecedentes históricos del texto de la ley en cuestión”.
Esto es desacertado, en tanto que el legislador Lenz consideró expresamente, como posibilidad de eludir la prohibición de lectura, la eficacia probatoria mediata de la declaración a través de interrogar a quien la había tomado. Schwarze se había opuesto a esto, no sólo con las
expresiones arriba citadas, sino también alegando la incredibilidad de un testigo cuya declaración se “tantea” como fundamento de la prescripción legal. Así, con la exclamación “¡es
suficiente, ya basta!” en el Pleno provocó que se abandonara el tema. Después de esto, la
prescripción del actual § 252 fue aprobada con la “gran mayoría de la casa” (Hahn, tomo II
p. 1883). La idea “de compromiso” del Tribunal Supremo federal (BGH), de admitir que se
interrogue (solamente, aunque así y todo) a quien había tomado la declaración en sede judicial (BGHSt. 2, 99; 7, 195; 11, 338; 13, 394; 17, 324; 18, 146; 21, 218; 32, 25, 29; 36, 384 y
s.; 45, 342, 345; sobre el estado de la discusión Meyer-Goßner, Strafprozeßordnung, 25a ed. 2001,
PANORAMA SOBRE ESFUERZOS REFORMADORES Y
Por eso, con seguridad no fue imputable a las desfavorables circunstancias políticas, ni se trató de una mera casualidad, el hecho de que
el Proyecto de reforma de 1909 y el de 1919 (el denominado Proyecto
Goldschmidt) no hayan tenido admisión parlamentaria.35 Más bien hizo
falta una concepción global mejor que, al mismo tiempo, se pudiera imponer políticamente. En su lugar, en realidad, se trató siempre de cuestiones de detalle que dejaban intangibles los principios fundamentales:
fin procesal de hallar la verdad material, principio acusatorio con separación de la instrucción y juicio oral, deber de objetividad de las autoridades de persecución penal, publicidad, oralidad, igualdad de armas entre las partes acusadora y acusada y deber judicial de esclarecer el
§252 núm. marg. 14; Roxin [supra, nota 1], pp. 376 y s.), no remedia los defectos de la jurisprudencia del Tribunal del Imperio. En efecto, el argumento de que el juez posee el deber de
informar sobre los derechos, ofrecido originariamente como fundamento para la diferenciación, no sirve. En primer lugar, porque desde la Ley modificatoria del proceso penal (StPÄG)
de 1964, también las otras personas que toman declaración poseen este deber (§§ 163 a III,
IV; 136 I StPO). En segundo lugar, porque la comparecencia inmediata ante el juez de un familiar que quiere declarar en contra, constituye, entretanto, una medida estándar de la práctica
de investigación, de modo que la diferenciación del Tribunal Supremo federal queda completamente en el vacío. Finalmente, porque la memoria del juez que instruye es generalmente la
peor de todos los participantes, ya que el tratamiento periférico con un sumario en su actividad sobrecargada no se le graba en la memoria, de modo que puede poco más que atestiguar
su habitual rectitud en el acta y, con ello en definitiva, sólo remitir de nuevo al acta levantada
(esto se agrega a mi crítica en: FS Meyer-Goßner, 2001, pp. 385, 400 y s.).
A pesar de la exagerada fundamentación de que la Ley de enjuiciamiento criminal
habría sido desde un principio la menos satisfactoria entre las leyes del Imperio referidas a
la justicia en el año 1877 (Verhandlungen des Reichstages, tomo 254, Drucksache núm.
1310, también en: Materialien zur Strafrechtsreform, tomo 12, Bonn 1960; Schubert/Regge, Entwürfe einer StPO und Novelle zum GVG nebst Begründung [Berlín 1908 – 1909],
1991, Begründung p. 5). Véase al respecto Bericht der 7. Kommission des Reichstages
1909 bis 1911, publicado por Schubert/Regge, 1991; Engelhard, FS Rebmann (supra, nota
12), pp. 45 y s. Sobre la crítica al Proyecto Goldschmidt véase Bendix, Die Neuordnung des
Strafverfahrens, 1921; más allá, sobre el tema en general Rieß, en: Vom Reichsjustizamt
zum Bundesministerium der Justiz, 1977, pp. 377 y ss.; el mismo, FS Schäfer, 1980, pp.
156 y ss.; LR-Rieß, Einleitung E, núm. marg. 18 y ss.; Schreiber, en: AK-StPO, tomo 1,
1988, Einleitung, I, núm. marg. 3 y ss.
hecho36 (como punta de lanza de una posición inquisitiva del tribunal en
el juicio oral37), control interno del proceso mediante un sistema diferenciado de recursos de reforma o reposición y demás recursos.
Ciertamente, existieron algunos enfoques absolutamente constructivos, como por ejemplo en el Proyecto Goldschmidt, el reforzamiento de la
defensa en la etapa de instrucción mediante la ampliación de sus derechos a
presenciar el procedimiento. Pero éstos quedaron en el camino ya antes del
desmantelamiento del procedimiento correspondiente a un Estado de Derecho provocado por el nacionalsocialismo, a favor de una reforma puramente destructiva que abolía el verdadero Tribunal de jurados mediante el Decreto de urgencia de Emminger de 4.1.1924.38 Si se examina esta “reforma”
más de cerca, se manifiesta, por así decirlo, como un presagio fatídico para
aquella “legislación reformadora” específica que se derrama desde hace
apenas 30 años sobre la StPO. Comenzando por las Disposiciones transitorias para la etapa previa a la reforma del Código penal (Einführungsgesetz
zum Strafgesetzbuch –EGStGB -) de 2.3.1974,39 hasta la Ley modificatoria
del procedimiento penal (Strafverfahrensänderungsgesetz) 1999 de
2.8.200040 (salvo algunas pequeñas cuestiones que se agregaron), esta “legislación reformadora” ha producido más de 2,5 leyes modificatorias promedio por año. Ello significa una quintuplicación de la frecuencia modificatoria respecto del período que va desde 1877 a 1974. Ciertamente, la idea
de suprimir el Tribunal de jurados no había surgido por primera vez con el
Decreto de Emminger, sino había sido un tema constante del debate de re36
El deber del juez de esclarecer el hecho, regulado actualmente en el §244, ap. 2 StPO, ya había sido considerado en el §243 Abs. 3 StPO en su antigua versión, que regulaba,
conforme a su texto literal, sólo la facultad del tribunal de ampliar la producción de la prueba, cfr. RGSt. 6, 135, 136; 13, 158, 159; Löwe/Hellweg (supra, nota 29), §243, núm. 7 a.
La prescripción que se encuentra actualmente en el §238, ap. 1 StPO se encuentra
textualmente ya en el §237, ap. 1 RStPO de 1877.
Decreto orgánico de organización de los tribunales y administración de justicia penal, RGBl.
I p. 15. Ciertamente, algunas mejoras fueron también impuestas por ley, como por ejemplo mediante
la denominada Lex Höfle de 27.12.1926 (RGBl. I, p. 529) sobre un examen judicial de la detención,
eventualmente oral. Pero esto no tenía en ese entonces la misma significación que hoy, ya que la prisión provisional antes de la acusación (que, naturalmente, también podía ser formulada mediante solicitud de instrucción judicial) no podía durar más de cuatro semanas conforme a la § RStPO.
BGBl. I pp. 469, 502.
BGBl. I p. 1253.
forma. Pero la fundamentación dada ahora para la repentina supresión, la
forma de imponerse y la parcialidad de la perspectiva documentan una caída del pensamiento liberal de Estado de Derecho dominante en las disputas
en el siglo XIX. Luego de un breve renacimiento del pensamiento liberal
entre la Ley de reinstalación de la unidad jurídica de 12.9.195041 y la Ley
modificatoria del procedimiento penal de 19.12.196442, la tendencia a su
caída ha continuado en las últimas tres décadas en la legislación complementaria sobre el procedimiento penal. En efecto, fundar la necesidad de
simplificar la administración de justicia en las necesidades financieras del
Imperio alemán,43 implica darle prioridad a aspectos fiscales frente a aspectos de Estado de Derecho, lo que suena como una única medida de urgencia
(por eso, habría cubierto sólo las modificaciones interinas en los §§44-46
del Decreto44) Pero esta idea se encuentra hasta hoy no sólo en la regulación
de la defensa necesaria y de los costos del procedimiento,45 sino también
Gesetz zur Wiederherstellung der Rechtseinheit, etc., BGBl. I pp. 455, 629.
StPÄG, BGBl. I p. 1067.
Drucker, JW 1924, 241, 242; Heilberg, JW 1924, 443; Bender, JW 1924, 1651; Lobe, DJZ
1924, 81 y s.; Rittweger, DJZ 1924, 196 y ss.; v. Staff, DRiZ 1924, 33, 37 y s.; Kronecker, ZStW 45
(1925), 421, 424 y ss.; cfr. sobre la crítica de esa época, por lo demás, la visión general en la excelente presentación de Vormbaum, Die Lex Emminger vom 4. Januar 1924, 1988, pp. 74 y ss.
Al respecto, Vormbaum (supra, nota 43), p. 43.
Cuando la StPO establece la defensa necesaria sólo para casos de excepción en el § 140
y no prevé de modo alguno una asistencia en virtud de “derecho de pobres”, renuncia, en definitiva, por razones fiscales, a la garantía estructuralmente irrenunciable (a lo que regresaré más
adelante) de poseer una asistencia con base jurídica que se ocupe de los intereses del procesado.
El deber del condenado de cargar con los costos está también fundado en razones puramente fiscales (KMR-Paulus, § 464 núm. marg. 33, 41). Conforme a la opinión dominante, ello es constitucional (cfr. sólo las referencias en Paulus, op. cit., núm. marg. 33), pero en su configuración
en particular sólo puede ser fundado consistentemente con dificultades (cfr. nuevamente Paulus,
op. cit., núm. marg. 34-40, cuyo propio criterio del “comportamiento negativo objetivamente
imputable” no ofrece ninguna ventaja respecto del criterio de la opinión dominante, y tampoco
respecto del principio de haber dado el motivo, que es criticado acertadamente por Paulus). Por
el indiscutible efecto de pena accesoria que posee de facto, es erróneo desde el punto de vista
político-criminal y, por eso, debe ser eliminado (acertadamente, ya von Hippel, Der deutsche
Strafprozeß, 1941, pp. 692 y s.; Eb. Schmidt, Lehrkommentar zur StPO II, núm. marg. 8 vor
§ 464; detalladamente W. Hassemer, ZStW 85 [1973], 651, 671; Roxin [supra, nota 1], § 57
núm. marg. 5; la anticrítica de Paulus [op. cit., núm. marg. 44] pierde su fuerza de convicción
por sí misma, en tanto que reconoce aceptar un menoscabo de la resocialización, pero no concluye con frase alguna que ofrezca argumentos a favor de asumir esta desventaja).
después de la unificación ha sido alegada expresamente como fundamento para la Ley de simplificación de la justicia de 17.12.199046 y
para la Ley de descongestionamiento de la administración de justicia
de 11.1.199347.48 La próxima atrocidad consistió en que el Decreto de
Emminger estaba basado en un Derecho reglamentario de emergencia
del gobierno del Imperio conforme a la Ley otorgante de potestades de
8.12.1923.49 Esta Ley requería que las medidas pudieran ser consideradas como “necesarias y urgentes de acuerdo a la necesidad del pueblo
y el Imperio”, lo cual, evidentemente, no podía constituir una base
para una transformación fundamental y a largo plazo del procedimiento penal en su conjunto.50 Así, queda el triste resultado de que una configuración del procedimiento penal que había sido conseguida por representantes del pueblo frente a la dictadura monárquica fue
malograda por una abdicación de la representación del pueblo a favor
de una dictadura del gobierno. Obviamente, el paralelismo con la legislación de las últimas tres décadas no concierne al aspecto formal de
Rechtspflege-Vereinfachungsgesetz, BGBl. I p. 2847.
Gesetz zur Entlastung der Rechtspflege, BGBl. I p. 50.
La Ley de descongestionamiento de la administración de justicia había eliminado al
tercer juez profesional de la Gran Sala de lo Penal del Tribunal del Land para cuestiones de
primera instancia. Esto había sido efectuado por los Länder expresamente para condicionar
su participación en la nueva estructuración de la justicia para las regiones correspondientes
a la antigua República democrática alemana. Sin embargo, esta supresión del tercer juez
perdió vigencia a través de la segunda prórroga mediante Ley de 22.12.1997 (BGBl. I p.
3223) hasta el 31.12.2000 en el § 76, ap. 2 GVG. Pero se ha mantenido el traslado de la
competencia de apelación en cuestiones de Tribunal de escabinos a la Pequeña Sala de lo
Penal del Tribunal del Land conforme al § 76, ap. 1, 1° frase GVG. La eliminación del tercer juez profesional, a consecuencia de la cual quedan en el juicio oral sólo el magistrado
que preside y el magistrado ponente de la fase intermedia, continuó así la línea del Decreto
de Emminger, que suprimió que se excluyera del juicio oral (lo cual estaba previsto en el
§ 23, ap. 3 StPO) al magistrado ponente actuante en la resolución de apertura (§ 21, ap. 1
del Decreto de Emminger). De este modo, aumentó en gran medida la influencia unilateral
que produce el conocimiento del expediente a la asimilación judicial de la información, a lo
que volveré más adelante.
RGBl. p. 1179.
La confirmación de la “indiferencia al Derecho” del Decreto de Emminger, que se
encuentra en menos de dos páginas en RGSt. 58, 120 y s. constata, en realidad, nada menos
que la caída del Estado democrático de Derecho.
la usurpación de competencias, sino más bien a la remisión a una (supuesta) necesidad como base de legitimación, ya que en la mayor parte
de las leyes complementarias procesales penales se trató de “leyes de
lucha” (primero contra el terrorismo y después contra la criminalidad
organizada).51 Naturalmente, no es en sí ilegítimo preguntarse si el
procedimiento penal es apropiado para la lucha efectiva contra la criminalidad, ya que el deber del Estado de proteger los derechos funda51
Gesetz zur Ergänzung des Ersten Gesetzes zur Reform des Strafverfahrensrechts de
20.12.1974 (BGBl. I p. 3636), críticos al respecto Schmidt-Leichner, NJW 1975, 417;
Groß, NJW 1975, 422; Zuck, NJW 1975, 434; Ulsenheimer, GA 1975, 103; Baumann, ZRP
1975, 38; Dünnebier, NJW 1976, 1; Rudolphi, ZRP 1976, 165, 167 y s.; Gesetz zur Änderung des StGB, der StPO, des GVG, der BRAO und des StVollzG de 18.8.1976 (BGBl. I p.
2181) (denominada “Ley Antiterrorismo”), críticos al respecto, Dahs, NJW 76, 2145; Jung,
JuS 1976, 760; Gesetz zur Änderung des EGGVG de 30.9.1977 (BGBl. I p. 1877) (denominada “Ley de incomunicación procesal”), críticos al respecto: Fachgruppe Richter und Staatsanwälte in der Abteilung Justiz der ÖTV Berlin, KJ 1978, 178; Hannover, DuR 1979,
184; Hassemer, ZRP 1980, 326, 330; Göddeke, DuR 1981, 192; Deutscher Anwaltsverein,
AnwBl 1983, 97 y ss.; Gesetz zur Änderung der StPO de 14.4.1978 (BGBl. I p. 497), críticos al respecto Riegel, BayVBl 1978, 589; Rudolphi, JA, 1979, 1, 5 y ss.; Suden/Weitemeier, Die Polizei, 1980, 333; Passgesetz y Gesetz zur Änderung der StPO de 19.4.1986
(BGBl. I p. 537), críticos al respecto, Seifert, KJ 1986, 42, 47 y ss.; Marqua, DRiZ 1986,
152; Kühl, NJW 1987, 737; Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus de 19.12.1986 (BGBl
I p. 2566), críticos al respecto, Dencker, KJ 1987, 36; Dencker, StV 1987, 117; Kühl, NJW
1987, 737; Achenbach, Kriminalistik 1987, 296; Birkenmaier, DRiZ 1987, 68.; Gesetz zur
Änderung des StGB und des Versammlungsgesetzes und zur Einführung einer Kronzeugenregelung bei terroristischen Straftaten de 9.6.1989 (BGBl. I p. 1059), críticos al respecto
Hassemer, StV 1989, 79 y s.; Krauß, StV 1989, 315, 321 y s.; Kunert/Bernsmann, NStZ
1989, 449, 456 y ss.; Denny, ZStW 103 (1991), 269; Lammer, ZRP 1989, 248.; Gesetz zur
Änderung des AWG, des StGB und anderer Gesetze de 28.2.1992 (BGBl. I p. 372), críticos
al respecto, Hund, NJW 1992, 2118; Gusy, StV 1992, 484; Göhler, wistra 1992, 133; Michalke, StV 1993, 262.; Gesetz zur Bekämpfung des Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität (OrgKG) de 15.7.1992 (BGBl. I p. 1302),
críticos al respecto, Hassemer, KJ 1992, 64; Meertens, ZRP 1992, 205; Krüger, Kriminalistik 1992, 594; Eisenberg, NJW 1993, 1033; Stümper, Kriminalistik 1994, 191; Entlastungsgesetz und Verbrechensbekämpfungsgesetz (supra, nota 19), críticos al respecto, Scheffler,
NJW 1994, 2191; Hamm, StV 1994, 456; Weber, DRiZ 1994, 186; Neumann, StV 1994,
273; Dahs, NJW 1995, 553; Krüger, Kriminalistik 1995, 41; Eßer, StraFo 1996, 79; Bürgle,
StV 1998, 514; VerbOrgKG (supra, nota 19) y Gesetz zur Änderung des GG (art. 13 GG) de
26.3.1998 (BGBl I p. 610), críticos al respecto, Dittrich, NStZ 1998, 336; Leutheusser-Schnarrenberger, ZRP 1998, 87; Momsen, ZRP 1998, 459; Krause, Hanack-FS, 1999, p. 221;
Denninger, StV 1998, 401; Zuck, NJW 1998, 1919.
mentales obliga a hacer uso también del Derecho penal –cuando es
realmente la última ratio–,52 lo que no es posible sin una administración
de justicia penal que funcione bien. Esta fórmula ha sido extraída por el
Tribunal Constitucional alemán (BVerfG) del principio de Estado de
Derecho.53 En mi opinión, la crítica a esta fórmula54 no es convincente.
Pero ello no significa que por eso se la pueda utilizar como llave maestra para cualquier “estrategia de lucha”. Por el contrario, siempre tiene
que ser considerada en el balance de los fundamentos (establecidos
también en el principio de Estado de Derecho) de un justo proceso de
Estado de Derecho. Justamente se atendió tan insuficientemente a este
balance en el Decreto de Emming, como en una gran parte de la legislación complementaria de los últimos 30 años. Obviamente, este balance
Por cierto, la doctrina penal de la limitación a la protección del bien jurídico (es decir, de la prevención de daños sociales), que se remonta hasta la época de la Ilustración
(Beccaria y Hommel), representa al mismo tiempo una legitimación. Esta doctrina no sólo
precede históricamente a la teoría moderna de los derechos fundamentales y, por tanto, le
sirve de base, sino también establece presupuestos de legitimación esenciamente más estrictos. Por eso, es más adecuada a un Estado de Derecho liberal que la poco estricta teoría
constitucional postmoderna del ius puniendi, tal como es propugnada actualmente como
consecuencia de la sentencia “Cannabis” (BVerfGE 90, 145), véase por todos Schünemann
(supra, nota 11), pp. 1, 26 y ss.; el mismo, en: el mismo (comp.), Strafrechtssystem und Betrug, 2002, pp. 51 y ss.; cfr., por lo demás, acerca del deber del Estado de proteger los derechos fundamentales del ciudadano también frente a lesiones sociales, BVerfGE 39, 1; 46,
160; 64, 261; 99, 185; Starck en v. Mangoldt/Klein/Starck, Bonner Grundgesetz Kommentar, tomo 1, 4a ed. 1999, art. 1, núm. marg. 158 y ss.; Sachs en: el mismo, Grundgesetz
Kommentar, 2a ed. 1999, vor art. 1, núm. marg. 35 y ss., así como también Murswiek ibid.,
art. 2, núm. marg. 27 y ss.
La fórmula de la “capacidad funcional de la administración de justicia penal”, utilizada en numerosas sentencias como requerimiento del principio de Estado de Derecho (por
ejemplo BVerfGE 33, 367, 383; 34, 238, 248; 38, 105, 115 y s., 118; 38, 312, 321; 41, 246,
250; 44, 353, 374, 378; 46, 214, 222; 51, 324, 343), ha sido entretanto modificada en la terminología, sin reconocibles modificaciones de fondo, véase BVerfGE 77, 65, 76; 80, 367,
Básicamente Hassemer, StV 1982, 275 y ss. Véase también el mismo, KritV 1990,
260 y ss.; Niemöller/Schuppert, AöR 107 (1982), 237, 387, 443; Frohn, GA 1984, 554, 560
y ss.; Wolter, Meyer-GS, 1990, pp. 493, 502; Kiehl, NJW 1993, 501 y ss.; Lorenz, GA
1992, 254, 275 y ss.; Degenhardt, Art. Gerichtsverfahren, en: Isensee/Kirchhof, Handbuch
des Staatsrechts, tomo III, 1988, § 76 núm. marg. 30 y ss.; Naucke FS Grünwald, 1999, pp.
403, 416.
no puede ser deducido de principios generales, como por ejemplo de las
máximas procesales, sino que necesita de una decisión jurídico-política
a tomar finalmente por el legislador. A su vez, esta decisión sólo puede
ser tomada racionalmente sobre la base de un nivel óptimo de información, que incluye un conocimiento del contexto empírico. Esto significa
concretamente, conocimiento de la práctica procesal ejercida y de leyes
psicológicas que en esto sean efectivas.55
El Decreto de Emming ofrece un ejemplo de esto. En efecto, si el
Tribunal de jurados no hubiera sido más que un baluarte de la libertad
civil contra la autoridad monárquica, como por momentos aparentaba
serlo en la disputa en el siglo XIX, se podría haber pensado en la República de Weimar en su supresión –aun cuando esto hubiera sido precipitado incluso en este estrecho marco, porque la justicia de los años
20 en su jurisprudencia y en su pensamiento quedó ligada a la monarquía todavía más tiempo.56 Pero ya observando a los Estados Unidos
de Norteamérica, que arraigan el Tribunal de jurados en una Constitución desde un principio democrática, se pude ver un fondo más profundo, que consiste en impedir todo prejuzgamiento imaginable en razón de haberse ocupado anteriormente del caso. El hecho de que este
problema fue advertido y tomado seriamente en cuenta al redactar la
Ley de enjuiciamiento criminal del Imperio (RStPO), lo muestra la ya
mencionada exclusión del juicio oral de quien en la precedente fase
intermedia ha sido magistrado ponente.57 Al suprimir el Decreto de
El hecho de que una legislación no puede funcionar si no se ha considerado el contexto social en el que será aplicable, incluyendo las leyes empíricas, es, entretanto, un lugar
común de la teoría de la legislación, véase Büllesbach, en: Kaufmann/Hassemer (comp.),
Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 6a ed. 1994, pp. 456 y
ss.; Starck, ZG 1988, 1, 18 f; Noll, Gesetzgebungslehre, 1973, pp. 64 y ss.
Angermund, Deutsche Richterschaft 1919-1945, 1990, pp. 31 y ss.; Sinzheimer, Die
Justiz – eine Chronik, 1968, pp. 103 y ss.; Wassermann, Auch die Justiz kann aus der Geschichte nicht aussteigen, 1990, pp. 62 y ss.
Berichterstatter: magistrado ponente, que en la deliberación previa al dictado de
sentencia hace una ponencia sobre los resultados obtenidos en el proceso hasta el momento,
cfr. actualmente el § 234 y s. StPO. La particularidad del magistrado ponente es que, del
mismo modo que el magistrado que preside, ha leído el expediente y, además, hace el proyecto de sentencia.
Emming tanto la constitución del Tribunal de jurados por completo,
como también su equivalente rudimentario en las Salas de lo Penal de
los Tribunales del Land (Landgerichte)58 (precisamente, la exclusión
del anterior magistrado ponente), estableció justamente a la inversa el
principio de que el juez se hubiera ocupado anteriormente del caso. De
esta manera estableció una calamidad en el juicio oral alemán, que es
que el tribunal que conoce de la causa quede aferrado a lo que surge de
los expedientes de la instrucción. Acerca de la posibilidad de equilibrar esto de otra manera ni siquiera se pensó. Justamente esa parcialidad de la legislación, más aún: esta pérdida profunda de la comprensión por la necesidad de un equilibrio que deben poseer los roles
procesales, constituye más tarde la dirección dominante en la legislación complementaria de las últimas tres décadas.
La 1° Ley de Reforma del Derecho procesal penal de 9.12.197459
suprimió con la instrucción judicial (o instrucción conducida por el
juez)60 otro núcleo del procedimiento penal reformado, desarrollado en
el siglo XIX, sin que el legislador o los pocos autores que prestaron
atención a esta modificación61 siquiera hubieran dado cuenta de qué
función poseía la instrucción judicial para el balance del procedimiento penal y al menos qué equivalente tendría que haberse adoptado en
su lugar. Ciertamente, la instrucción judicial -como parte propia del
procedimiento entre la instrucción dominada por el Ministerio fiscal y
el juicio oral- fue teniendo cada vez menos valor. Así, en 1974 aparecía tan obsoleta como el Tribunal de jurados que nunca se había arraigado realmente en la conciencia jurídica de la población en general.
Pese a ello, si se hubiera atendido cuidadosamente a la estructura del
procedimiento, no se debería haber pasado por alto que la instrucción
Landgericht corresponde aproximadamente a las Audiencias provinciales españolas. Posee competencia de primera instancia para criminalidad grave y también actúa como
BGBl. I pp. 3393, 3533.
Gerichtliche Voruntersuchung: la instrucción era antes conducida por el juez de instrucción. Desde 1974 es conducida sólo por el fiscal.
Rieß, NJW 1975, 81, 85; Lampe, NJW 1975, 195, 199; Herrman, JuS 1976, 413,
judicial actuaba en cuestiones capitales como compensación para la
segunda instancia relativa a los hechos que aquí faltaba. De este modo,
su supresión sin compensación redujo esencialmente las cautelas de
averiguación de la verdad en la preparación del juicio oral y, al mismo
tiempo, reforzó enormemente la posición de poder del Ministerio fiscal y de la policía que se encuentra funcionalmente a su cargo. A su
vez, esto reabrió la herida que el Decreto de Emminger ya había provocado al balance del procedimiento penal a través de establecer que
el tribunal que conoce de la causa se hubiera ocupado anteriormente
del caso (y, así, con la influencia ejercida por la vía recorrida por el
Ministerio fiscal). A ello se agrega la posibilidad del Ministerio fiscal
que le ofrece el §153 a StPO (incorporada al Derecho positivo aún en
el mismo año por las Disposiciones transitorias para la etapa previa a
la reforma del Código penal -Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch,
EGStGB -), de sobreseer (si se quiere, también sólo con el consentimiento del inculpado y del tribunal) el procedimiento en fase instructora imponiendo una obligación (en la mayoría de los casos, en forma
del pago de una suma de dinero. Así, apenas 100 años después de dictar la Ley de enjuiciamiento criminal, aumentó enormemente la posición de poder de las autoridades de persecución penal (Ministerio fiscal y policía). Frente a esto existe un mejoramiento relativamente
pobre de la posición jurídica del inculpado y de la defensa, lo que se
LA TRANSFORMACIÓN DE LA “INSTRUCCIÓN”62
a) A continuación quisiera presentar un resumen de los aspectos
fundamentales de la transformación del procedimiento penal alemán,
provocada por las leyes modificatorias a la StPO, como así también a
Para traducir “Ermittlungsverfahren” se utiliza en el texto a continuación el conocido término “instrucción”, sin recurrir a una terminología especial, como podría ser la expresión “procedimiento de investigación”. Pero hay que considerar las características especiales de esta fase procesal en Alemania. En efecto, ésta es conducida desde el año 1974
por el Ministerio fiscal. La figura del juez de instrucción que conduce la investigación fue
abolida completamente.
través de los cambios sufridos por la realidad procesal en los últimos
125 años. Así, en el procedimiento previo al juicio oral ha aumentado
enormemente la posición de poder del Ministerio fiscal mediante una
extensa aplicación del principio de oportunidad en el ámbito de las faltas (definidas en el §12 StGB), mediante la posibilidad de llegar a un
sobreseimiento del proceso cumpliendo ciertas obligaciones (§153 a
StPO) y mediante la supresión de la instrucción judicial. Sin embargo,
el simultáneo traslado de la masa de procesos de instrucción a las autoridades policiales produce un debilitamiento del Ministerio fiscal sólo
en la relación interna Ministerio fiscal/policía, pero ello no modifica
para nada el aumento de poder de las autoridades de persecución penal
en general. Paralelamente a esto, los órganos de investigación recibieron, paso a paso, todos los medios modernos de coerción y técnicas de
investigación que desde el punto de vista policial se mostraban deseables y útiles. Así, la red de persecución penal represiva establecida en
el marco de las “leyes de lucha” con actividad policial preventiva e informativa63 condujo a una aglomeración cuántica de poder que, en esas
dimensiones, no se pudo observar más allá de los Estados policía. De
esta manera, cada reforzamiento de la policía de seguridad y de información significa también eo ipso un aumento de poder del aparato de
persecución penal, de modo que los denominados Paquetes de seguridad I y II, dictados recientemente con la velocidad de los antiguos decretos de urgencia del presidente del Imperio,64 dejaron sin modificar
el texto de la StPO, pero no así el poder del aparato de persecución.
b) Junto a esto, los medios de coerción tradicionales, ya previstos
en la Ley de enjuiciamiento criminal del Imperio (RStPO) de 1877, sufrieron una ampliación funcional, que ha tenido lugar en parte mediante la ampliación legal de sus ámbitos de aplicación y, en parte, mediante la realidad práctica procesal. Es sorprendente, pero fue justamente
la Ley modificatoria del procedimiento penal (StPÄG) de 1964, de es63
Insistente al respecto Wolter, ZStW 107 (1995), 793 y ss.; Paeffgen, en: Wolter
(comp.), Zur Theorie und Systematik des Strafprozeßrechts, 1995, pp. 13 y ss.
En oportunidad de la 6a Ley de modificación penal (StrRG), la actual Ministra de
justicia caracterizó tan drástica como acertadamente a las reformas de exageradamente
apresuradas, hechas a ciegas, véase BT-Prot. 13/18438.
píritu liberal, la que extendió la prisión provisional a ámbitos que van
más allá de la mera finalidad de asegurar el proceso. En efecto, sencillamente en la regulación de la persecución penal represiva fue introducida, como caballo de Troya, la medida policial preventiva de la detención preventiva (Vorbeugehaft), para los casos en que existe peligro
de reiteración del delito (hoy el §112 a StPO). Una medida de estas características es inaudita en el marco de un Estado de Derecho. Lo mismo se puede decir del motivo de prisión denominado “gravedad del
hecho” (§112, ap. 3 StPO), que significa stricto sensu la falta de todo
motivo para mantener a alguien en prisión.65 Este motivo proviene del
pensamiento nacionalsocialista, del mismo modo que la detención preventiva,66 y también igual que ella destruyó desde hace tiempo los titubeantes esfuerzos del Tribunal Constitucional alemán por fijar límites.
En efecto, el Tribunal había declarado constitucional la detención preventiva primeramente sobre la idea de que ésta estuviera prevista sólo
para graves delitos sexuales y, de esa manera, para proteger a un círculo de personas especialmente desamparadas.67 Sin embargo, de esto no
ha quedado nada en el actual catálogo del §112 a StPO. Mediante la
extensión del §112 a, ap. 1, núm. 2 StPO a los casos graves de quebrantamiento de la paz estatal, lesiones corporales peligrosas, hurto especialmente grave, receptación comercial y en banda, como así también a la estafa y a numerosos delitos de la Ley de estupefacientes
(Betäubungsmittelgesetz), la restricción realizada por el Tribunal
Constitucional fue, por así decirlo, burlada. Del mismo modo, fue
abandonada completamente la única base discutible de prognosis para
una detención preventiva (Vorbeugehaft) en un Estado de ciudadanos
libres y emancipados, que sería el comportamiento dominado por los
instintos en los delitos sexuales graves y, por tanto, el comportamiento
El Tribunal Constitucional alemán ha intentado salvar a la prescripción de la inconstitucionalidad, partiendo de una especie de suposición de la existencia de un motivo
para la prisión, BVerfGE 19, 342, 350; BVerfG NJW 1966, 772.
Cfr. art. 5 de la Ley modificatoria de prescripciones del procedimiento penal y de la
Ley de Organización de la justicia de 28.6.1935 (Gesetz zur Änderung von Vorschriften des
Strafverfahrens und des Gerichtsverfassunggesetzes, RGBl. I pp. 844, 847).
BVerfGE 19, 342, 349 y s.
que en cierto modo no es libre. Y el hecho de que se puede abusar no
sólo teóricamente de la posibilidad de una prisión provisional sin fundamento (§112, ap. 3 StPO), utilizándola como ejecución de la pena de
privación de la libertad con anterioridad al dictado de la sentencia,
sino que ella poseía en ocasiones esta función también efectivamente
en el pasado, lo muestra la última fase de persecución penal de delitos
nacionalsocialistas, en los que los inculpados, lógicamente de avanzada edad, fueron mantenidos en prisión provisional sin que existiera peligro serio de fuga. De este modo, ya durante el transcurso del proceso
debieron comenzar a cumplir de hecho la amenazante prisión perpetua
que, sin embargo, por razón de la edad se extendería sólo a pocos años.
Finalmente, en el ámbito de la criminalidad económica se ha agregado
una modificación en el funcionamiento de la prisión provisional fundada en la práctica procesal. Así, se la utiliza no sólo para producir
confesiones, sino también declaraciones sobre hechos hasta el momento desconocidos, en combinación con el ofrecimiento de un sobreseimiento parcial conforme al §154 StPO. Esto ha sido denominado por
la doctrina con el eufemismo “motivos apócrifos de prisión”.68 Además, en gran parte de los casos, la prisión provisional es más grave que
la posterior sanción penal. Por eso, ella se desarrolló en la práctica ya
desde hace mucho tiempo hasta convertirse en un medio de “azote
procesal” que no se distingue del posible resultado procesal. Esto lo
planteé en 1981 en una ponencia en la Karlsruher Juristische Studiengesellschaft sobre la pregunta “¿Se encuentra el procedimiento penal
alemán enfermo en su cabeza y miembros?” (provocando una fervorosa protesta) habiendo sido confirmado en lo esencial por las detalladas
investigaciones empíricas realizadas posteriormente por SCHÖCH a
pedido del Ministerio de justicia.69
Sobre el concepto véase Münchhalffen, StraFo 1999; 332, sobre la cuestión Volk,
NJW 1996, 879 y ss.
Utilizando la estadística criminal de 1980, comprobé que en el 47,5 % de todas las
prisiones provisionales no se condena posteriormente a pena de privación de la libertad.
Más adelante trataré esto en detalle. Gebauer, Die Rechtswirklichkeit der Untersuchungshaft in der Bundesrepublik Deutschland, Neue Kriminologische Studien, tomo 7, 1987, pp.
193 y ss.; Schöch, FS Lackner, 1987, pp. 991, 1007 f; ders., Der Einfluß der Strafverteidigung auf den Verlauf der Untersuchungshaft 1997, pp. 15 y s.
c) Un desarrollo similar ha tenido lugar en la realidad práctica respecto de los medios coercitivos tradicionales del registro y el secuestro de los objetos que constituyen el cuerpo del delito. Expresado puntualmente, se puede pensar en el registro del sótano del sospechoso en
el año 1877 y el hallazgo del cadáver debajo de una pila de carbón. Por
el contrario, en la realidad práctica de los procesos económicos penales domina actualmente el registro de la totalidad de empresas económicas y el secuestro de su completa contabilidad y expedientes comerciales. Esto, conjuntamente con la detención de los dirigentes de la
empresa, genera una presión casi insuperable para el o los inculpados,
que conduce a querer terminar el proceso con ayuda de conformidades
o acuerdos procesales (de lo que me ocuparé más adelante), mediante
una sumisión ya en un estadio temprano de la instrucción. Es obvio
que el instituto de los hallazgos casuales que puedan utilizarse en otros
o en nuevos procesos penales (§108 StPO) adquiere una dimensión
completamente nueva en registros y secuestros completos. Quisiera
denominar a esta dimensión el efecto hidra, porque se llega forzosamente para la continuación de la instrucción a una búsqueda (que se
extiende permanentemente) de hechos delictivos comprobables mediante el material secuestrado, después de un secuestro completo de
“compromiso” (scil. para lograr un resultado de la investigación que
sea computable).
d) Quisiera aquí interrumpir mis consideraciones sobre el aumento de
la posición de poder de las autoridades de persecución penal mediante la
transformación de la etapa de instrucción, porque presentar más detalles
(que por razones de espacio no es posible) no modificaría en nada la imagen total. En efecto, según el texto de la ley y la realidad procesal tenemos
ya hoy desde el punto de vista de las posibilidades de intervención, para
decirlo contundentemente, la instrucción de un Estado policía. Ello debe
ser sencillamente constatado por quien –como yo mismo– considera en
principio necesaria y legítima una modernización de la instrucción, es decir, una adecuación de las estrategias de persecución penal a las formas
cambiantes de la criminalidad,70 y no insiste –a diferencia de la “escuela
Véase Schünemann, GA 1995, 201, 214 y ss.
de Frankfurt” y de los numerosos representantes de la ciencia procesal penal alemana que la siguen71– ya a priori en la intangibilidad de un Derecho
penal y proceso penal como quiera que se lo defina de “clásico”. En mi
opinión, el desarrollo de Estado policía de la fase de instrucción alemana
no puede ser ignorado ni tampoco caracterizado como “demoníaco”. Hay
que concebirlo como el intento de mantener un control estatal del comportamiento desviado, a pesar de que la República Federal de Alemania pasó
de ser una sociedad con tendencia a la pequeña burguesía hermética en los
años 50, que era en principio fácil de controlar, a una sociedad llena de diferentes subculturas, no homogénea y, a raíz de sus límites abiertos, con
tendencia a ser incontrolable. Por eso, la conversión de la instrucción en
una “instrucción policial”,72 que se encuentra desde hace décadas en el
centro de la crítica, y que en el marco a continuación debe ser caracterizada efectivamente como el desarrollo siempre fuerte de elementos policiales en la instrucción, no debe ser rechazada globalmente con razones fundamentalistas, pero debe ser examinada muy estrictamente respecto al
único presupuesto que la puede hacer aceptable desde el punto de vista de
un Estado de Derecho: la creación de mecanismos de control teóricamente
suficientes y prácticamente eficientes. Pues, el verdadero Estado policía,
en el que la policía y nadie más domina, justamente no conoce control alguno del desarrollo de poder estatal. En cambio, éste es imprescindible en
un Estado de Derecho también en forma de democracia (que anteriormente era frecuentemente caracterizada como capaz de defenderse)73 no sólo
en forma del tradicional esquema de división de poderes, sino en el sentido de un poder opositor específico procesal74 justamente también frente
a la justicia que degenera en un “poder temible”.75
Referencias en Schünemann, GA 1995, 214, nota 43; más allá, Institut für Kriminalwissenschaften Frankfurt a. M. (comp.), Vom unmöglichen Zustand des Strafrechts,
1995; el mismo (comp.), Irrwege der Strafgesetzgebung, 1999.
Schoreit, StV 1989, 449; König, Die Entwicklung der strafprozessualen Zwangsmaßnahmen seit 1877, 1991, pp. 157 y ss.; Albrecht, StV 2001, 416, 417 y ss.
BVerfGE 5, 85, 139; 13, 46, 50; 25, 44, 58; 25, 88, 100; 28, 36, 48 y ss.; 28, 51, 55;
30, 1, 19 y ss.; 39, 334, 349, 369; 46, 34, 48; 80, 244, 253.
Y no en el sentido de un poder opositor social general, al respecto Holfort, Der Verteidiger als soziale Gegenmacht, en el mismo, Strafverteidiger als Interessenvertreter,
1979, pp. 37 y ss.; Göddeke, Die Einschränkung der Strafverteidigung, 1980, p. 65.
e) Desde el punto de vista del proceso interno, existen dos ámbitos a partir de los que se puede colocar un límite a las competencias
policiales de las autoridades de persecución penal: el poder de oposición procesal del inculpado y su defensor (aquí denominados en conjunto como “la defensa”), como también los recursos de reforma o reposición y los restantes recursos.
aa) La posición de la defensa se ha reforzado considerablemente
desde 1877.76 Pero en las últimas décadas ha sido de nuevo sumamente restringida.77 Curiosamente, se ha tardado hasta la Ley modificatoria del procedimiento penal (StPÄG) de 1964 para que se fijara
la base legal (§§136, 163 a StPO) que es obvia, que consiste en el
deber de informar al inculpado ya en la primera declaración de su
derecho a guardar silencio y a consultar un abogado. Naturalmente,
los restantes problemas de eficiencia sólo fueron resueltos parcialmente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo federal alemán.78
Al problema de que la defensa necesaria continúa estando insuficientemente regulada volveré en el marco de las consideraciones sobre la reforma. Algo similar ocurre con el importante derecho que
posee la defensa a la vista del expediente. Conforme al §147 StPO en su
Al ocuparme aquí sólo del poder opositor específico procesal, excluyo el tratamiento de
aquel tercer pilar que quizás sea el más importante y al que podríamos agradecer que la realidad
(salvo las excepciones mencionadas) no sea de Estado policía, sino que tenga lugar en las vías
tradicionales del procedimiento penal liberal de Estado de Derecho. En efecto, los medios de
comunicación y la opinión pública crítica cumplen efectivamente un papel esencial en el control
del desarrollo estatal del poder. Todo esto, pese a que las posibilidades de intervención de la instrucción alemana han recibido, entretanto, la construcción normativa de un Estado policía.
La posición especialmente fuerte de la defensa en el juicio oral, donde logra imponerse, repercute naturalmente de modo reflejo en la fase de instrucción, especialmente
como criterio para su posición de poder en la negociación de una conformidad o acuerdo.
Esto ha ido ocurriendo ya desde la Ley de reforma del Derecho procesal penal de
1974, mediante la que fue suprimido el mejoramiento que se había realizado en 1964 del
derecho a ser oído mediante la introducción del derecho a ser oído al final del proceso.
Sobre la falta de eficacia probatoria de la declaración en caso de no haber informado de sus derechos a quien declara, sólo para el caso de contradicción expresa, BGHSt 38,
214; 42, 15, 22; sobre el deber de la policía de colaborar para que el inculpado pueda disponer de un abogado defensor, las sentencias (en parte contradictorias) BGHSt 42, 15 y 42,
170; rechazando que el perito tenga el deber de informar al inculpado de su derecho a guardar silencio, BGH NJW 1968, 2297; NStZ 1997, 296.
versión antigua, este derecho comenzaba sólo con la instrucción judicial
y también queda a discreción del Ministerio fiscal en su extensión actual
a la instrucción, con una extensión decretada por el Tribunal Constitucional en el procedimiento de detención.79 Sobre sus restantes insuficiencias volveré en el marco de las consideraciones de reforma.
bb) Los verdaderos derechos de participación en el proceso sólo existen cuando se trata del caso excepcional en Alemania de que las declaraciones sean tomadas por el juez de instrucción (§§168 c, 168 d StPO),
quien por regla general no conduce la instrucción.80 Sin embargo, sin una
completa vista del expediente, tampoco aquí pueden hacerse valer adecuadamente estos derechos. Más allá, están permitidas las investigaciones
propias, pero no están aseguradas por ejemplo por un deber de los testigos
de declarar, etc. Por estos motivos, el ámbito de libertad de acción de la
defensa en la instrucción queda frecuentemente reducido a oponer recursos de reforma o reposición. Estos se encuentran disponibles en una elevada cantidad, que además ha sido ampliada por el Tribunal Constitucional.81 También deben ser vistos en relación con la competencia del juez de
instrucción, que corresponde en la mayoría de las medidas coercitivas.
Esta competencia fue debilitándose en la realidad práctica, para dar lugar
a la competencia de urgencia de las autoridades de prevención penal. Sin
embargo, esta práctica fue prohibida por el Tribunal Constitucional.82 De
este modo, existe teóricamente una protección judicial completa ya en la
instrucción, pero que en la realidad práctica amenaza terminar en el vacío.
El enorme número de las decisiones a tomar y la rutina consistente en que
el Ministerio fiscal presenta la resolución ya lista para firmar, amenaza
con desnaturalizar al juez de instrucción, convirtiéndolo en una especie de
“funcionario certificante del Ministerio fiscal”.83 También el Tribunal del
BVerfG NJW 1994, 3219; StV 1994, 465.
Sobre el rol del juez en la etapa instructoria en Alemania cfr. supra, este título con
nota 62 y también el punto III 2 al final.
BVerfGE 96, 27; StV 1997, 505; EuGRZ 1997, 374; RdL 1997, 320; NJW 1998,
2131; 1998, 2432; 1999, 273; 1999, 3773.
Cfr. los números en Asbrock, ZRP 1998, 18 y lo más reciente: BVerfG NJW 2001,
Acertadamente Lilie, ZStW 111 (1999), 807, 814 y s.
Land (Landgericht84), como instancia para recurrir, se cuida por lo general
de estorbar las estrategias de investigación del Ministerio fiscal.
f) En consecuencia, los mecanismos de control procesales internos
en la instrucción deben ser aún calificados de débiles respecto de su eficiencia, a pesar del considerable desarrollo que tuvieron si se los compara con los previstos en la Ley de enjuiciamiento criminal del Imperio
(RStPO) de 1877. Por eso se puede considerar precario a este estado,
ya que, como se dice hoy día, los dados caen por lo general ya en la
instrucción, y un desarrollo equivocado en este estadio sólo puede ser
corregido en la etapa de juicio oral en casos excepcionales.85 Pero, en realidad, ésta es incluso aún una perspectiva demasiado estrecha, ya que no
se trata sólo de las posibilidades insuficientes de control, sino –mucho
más radicalmente–, de la falta de estructura contradictoria, que se pone
de manifiesto en cada proceso instructorio, aun cuando no se llegue a medios coercitivos, ni a otros pasos espectaculares, ni a errores específicos de
investigación por parte de las autoridades de persecución penal. Pues,
como surge de una serie de investigaciones de las ciencias sociales sobre
las declaraciones testimoniales en sede policial, la declaración de un testigo asentada en un acta no es de ningún modo la mera reproducción de lo
que queda en su memoria (comparable con la descripción que ofrece una
fotografía), sino un producto de interacción entre el testigo y el funcionario que toma la declaración, en el que encuentran lugar masivamente las
propias hipótesis de éste último que dirigen el interrogatorio.86 A raíz de
Sobre el Landgericht cfr. supra, nota 58.
Fundamental ya E. Müller entre otros, AnwBl 1986, 50 y ss.; Richter II, AnwBl
1985, 431; Roxin (supra, nota 1), § 37 núm. marg. 1; Alternativ-Entwurf Reform des Ermittlungsverfahrens, 2001, p. 27.
Cfr. Wulf, Strafprozessuale und kriminalpraktische Fragen der polizeilichen Beschuldigtenvernehmung auf der Grundlage empirischer Untersuchungen, 1984; Gundlach,
Die Vernehmung des Beschuldigten im Ermittlungsverfahren, 1984; Banscherus, Polizeiliche Vernehmung, Formen, Verhalten, Protokollierung, 1977, pp. 207 y ss.; Schmitz, Tatgeschehen, Zeugen und Polizei, 1978, pp. 189 y ss.; el mismo, en: Kube, entre otros (comp.),
Wissenschaftliche Kriminalistik, 1983, pp. 353, 356; Eisenberg, Kriminologie, 5a ed. 2000,
pp. 302 y s. Acerca de la sobrecarga psicológica que sufre la policía cuando, en el intento
de probar la culpabilidad del sospechoso principal, debe poner del mismo modo de relieve
los aspectos que lo descargan, véase Schünemann, Kriminalistik 1999, 74, 148 y s.
esta “plasticidad” de una declaración testimonial, todo acta de declaración
extendida por un funcionario de persecución penal sin control contradictorio del defensor muestra una deformación sistemática en dirección a las hipótesis sobre el autor y el hecho mantenidas por el funcionario que toma la
declaración. Como estas hipótesis son inconscientes, no pueden ser eliminadas imponiendo el deber de objetividad (§160, ap. 2 StPO). Esta asimetría se genera de modo precario en todo el proceso “como una enfermedad
constante”. La razón de esto radica en el rol procesal, por su parte problemático, que ocupa el juez alemán. En efecto, a diferencia por ejemplo del
procedimiento norteamericano con jurados, el juez alemán no sólo produce
por sí mismo la prueba en el juicio oral y de este modo cumple un papel inquisitivo, sino que además hace esto sobre la base y siguiendo la dirección
que ha tomado el expediente de la instrucción del Ministerio fiscal, que le
sirve como base de acción. Ya desde el comienzo ha confirmado la idoneidad de las actuaciones para fundar una alta probabilidad de condenar. Esta
constelación desencadena, como lo ha confirmado una serie de experimentos de psicología social que he presentado hace años y que por eso no trataré en detalle, el denominado efecto de inercia o perseverancia. De acuerdo
a éste, el juez no valora más de modo estrictamente neutral el resultado de
la prueba del juicio oral, sino de forma asimétrica, desfigurada en dirección
a la hipótesis de la acusación. Este mecanismo, que ha sido denominado
muy acertadamente la propia confirmación de la hipótesis, se da inconscientemente, por eso no puede ser evitado por el deber de objetividad.87 En
consecuencia, las desfiguraciones estructurales de las actas testimoniales,
que han sido extendidas sin la participación contradictoria, se producen
hasta la sentencia. Ellas son incluso más graves en caso de conformidades
o acuerdos procesales (lo que trataré a continuación), porque el juez aquí se
basa forzosamente por completo en las actuaciones del expediente y no posee ninguna posibilidad de corregirlas.
Por consiguiente, la influencia de la etapa de instrucción en el resultado de la totalidad del proceso penal es enorme en la actualidad (en
una forma inconcebible para los padres de la Ley de enjuiciamiento
Schünemann, en: Bierbrauer/Gottwald/Birnbreier-Stahlberger (comp.), Verfahrensgerechtigkeit, 1995, pp. 215 y ss.; el mismo, StV 2000, 159 y ss.
criminal del Imperio –RStPO –), y esto ocurre de una manera extremadamente penosa por las asimetrías ya descriptas. Sin embargo, yo no
iría tan lejos como lo hace WOLTER, en cuyas palabras la instrucción
sería el “núcleo y momento culminante” del procedimiento penal.88
Pues, a diferencia del juicio oral, la instrucción no conoce un núcleo y
un momento culminante, sino que puede ser comparada con una especie de puré que –para continuar con esta imagen–ahoga al momento
culminante del juicio oral claramente concebido y estilizado como tal
en la StPO. Justamente la estructura con forma de mosaico de la instrucción es responsable de que esta influencia se apoye en una multiplicidad de pasos en particular más pequeños y, por eso, no puede establecerse fijamente en un único punto de Arquímedes.
EL DESTINO DEL JUICIO ORAL
a) Naturalmente, con esto no está dicho que el secreto poder dominante de la instrucción puede (pudiera) ser compensado en el juicio oral.
Esto es, mediante la actividad de la defensa, cuya influencia aquí es incomparablemente más fuerte que en la instrucción, y se ha intensificado
en comparación con la situación de 1877, claro que debilitándose nuevamente en las últimas décadas. Así, el derecho más importante de la defensa, que es el de proponer diligencias de prueba, fue desarrollado en
particular no antes de la jurisprudencia del Tribunal del Imperio,89 y en
el año 1950 fue incorporado a la Ley en el §244, ap. 3 a 5 StPO.90 Este
derecho fue alterado sensiblemente en su esencia sólo en un punto, en
el marco de las “leyes de lucha”, que consiste en las restricciones para
poder nombrar testigos del extranjero. Aquí, el derecho de la defensa
de proponer diligencias de prueba se reduce prácticamente al deber judicial de esclarecer el hecho.91 Conceptos radicales reiteradamente
nuevos de las administraciones de justicia de los Länder, de reducir en
En: Aspekte (supra, nota 12), p. 35.
Instructivamente Wessels, JuS 1969, 1 y s.
Mediante la Ley de unificación de 12.9.1950 (Vereinheitlichungsgesetz, BGBl I pp.
455, 491).
Véase § 244, ap. 5, frase 2 StPO en su nueva versión.
general el derecho de la defensa de proponer diligencias de prueba al
deber judicial de esclarecer el hecho,92 pudieron ser rechazados exitosamente en varias oportunidades. Por el contrario, el derecho de la defensa de presentar medidas de prueba “en el acto” sufrió una restricción
considerable. Este derecho poseía una significación fundamental en la
concepción originaria de la Ley de enjuiciamiento criminal del Imperio (RStPO),93 y hoy representa sólo un anexo del derecho de la defensa de proponer diligencias de prueba.94
b) En general, las debilidades inmediatas que tuvo que soportar la
posición de la defensa en el juicio oral mediante la legislación reformista de las últimas décadas, no se exceden aún de los límites. Mucho
más precaria es la debilidad mediata, producida por apartar justamente
a los testigos que sean al mismo tiempo centrales y problemáticos de
la presencia de la defensa, quien puede poner en prueba su credibilidad. Este “armamento” de la prueba testimonial contra el procesado,
que socava el principio fundamental del juicio oral justo, garantizador
de la verdad material a favor del procesado, se halla en la jurisprudencia ya desde épocas tempranas. Esto es, desde la jurisprudencia del
Tribunal del Imperio anteriormente mencionada sobre la declaración
del “testigo de referencia”, es decir, de quien ha interrogado anteriormente a un testigo que en el juicio oral hace valer su derecho a negarse
a declarar. Esta jurisprudencia encuentra su continuación, cuando no el
reforzamiento de sus conceptos, en la introducción mediata de la declaración del acusador encubierto (delator o “soplón”, “V-Mann”) (que
la policía lo ha mantenido intencionadamente fuera del juicio oral) a
través de tomarle declaración al funcionario (¡incluso sólo policial!)
que lo ha interrogado o al jefe del acusador encubierto.95 Esto contras92
Por ejemplo la Resolución de los Ministros de justicia de los Länder de 24.4.1991
(BR-Dr. 314/91); al respecto Schulz, StV 91, 354, 355 y ss.; Werle, JZ 1991, 789, 792 y ss.
La versión antigua del § 244, ap. 1 StPO obligaba al tribunal a tomar declaración a todos los
testigos y peritos propuestos y tenía en la sistemática de aquel entonces la función que hoy posee el
derecho de proponer diligencias de prueba, cfr. Löwe/Hellweg (supra, nota 29), § 244, núm. 1.
Véase el § 245, ap. 2 StPO en su nueva versión.
BGHSt 17, 382, 383 y s.; 33, 178, 181; 36, 160; NJW 1991, 646; BVerfGE NJW
1992, 168.
ta sorprendentemente con la restricción que existe de que el “testigo de
referencia” sólo pueda ser un funcionario del Poder judicial, de modo
que no sería posible afirmar la eficacia probatoria de la declaración del
funcionario policial que tomó la declaración en la etapa de investigación al testigo que en el juicio oral hace uso de su derecho de negarse a
declarar. A su vez, la legislación ha “insistido” a través de las medidas
de protección de la víctima y del testigo con el efecto de mantener
apartada a la declaración testimonial del ofendido (y, usualmente, del
denunciante). Esto se llevó a cabo primero otorgándole la posibilidad
de vista del expediente y de poseer un asesor, en muchos casos designado por el Estado (Ley de protección de la víctima –Opferschutzgesetz– de 18.12.1986, §§68 b, 406 e -406 g StPO). Desde la Ley de protección del testigo (Zeugenschutzgesetz) de 30.4.1998,96 éste se
encuentra protegido en otros casos para que no tenga una confrontación directa con el procesado (§§58 a, 168 e, 247 a, 255 a StPO).
Cuando se comparan estos cuatro reforzamientos de la posición del
acusador a costa de la defensa (que normalmente son discutidos aisladamente), y se toma conciencia de que aquí se trata absolutamente de
las centrales declaraciones testimoniales con las que la acusación existe y se sostiene, se puede considerar toda la dimensión en que ha tenido lugar un cambio de peso frente a la Ley de enjuiciamiento criminal
del Imperio (RStPO) de 1877.
Para poder hacer un balance a este respecto, la exposición de las
transformaciones del procedimiento penal alemán que hasta ahora he
limitado a la legislación y a la jurisprudencia de los tribunales superiores y, por tanto, a la superficie normativa, debe ser completada obviamente con una breve consideración de la realidad procesal. En efecto,
transformaciones en la frecuencia de procesos, en la medida del proceso y en las rutinas procesales dominantes en la vida cotidiana, no determinan menos la posición procesal de poder y las posibilidades de
BGBl. I p. 820.
los diferentes sujetos procesales de ejercer influencia, que el marco de
acción normativo.
a) El argumento de que existe una elevada cantidad de procesos,
ofrecido frecuentemente para dictar leyes complemetarias de aceleramiento y simplificación del proceso, fue recogido en cierto modo, en
todo caso hasta finales de los años 80, para los tribunales mediante el
aumento de los puestos de jueces.97 Más difícil era ya desde siempre la
situación en el Ministerio fiscal, cuya capacidad acusadora constituye,
por así decirlo, el cuello de botella de la persecución penal. Por eso se
acusa desde hace mucho tiempo sólo en una parte de los casos descubiertos conforme a la estadística criminal de la policía.98 En esto consiste, sin duda, la explicación decisiva para la permanente ampliación
del principio de oportunidad. Al mismo tiempo, la sobrecarga del Ministerio fiscal es prácticamente el arma más poderosa de la defensa,
para la que ya la complicación real o aparente del caso podría elevar
las posibilidades de un sobreseimiento.
b) La excesiva duración del proceso penal se pone de manifiesto
sobre todo en las cuestiones para las que son competentes en primera
instancia las Salas de lo Penal de los Tribunales del Land.99 Los factores desencadenantes son, por un lado, los tipos penales de Derecho penal material que están siendo redactados cada vez más de modo poco
feliz para su reproducción en medios forenses. Por otro lado, el desarrollo (constituido naturalmente por numerosos detalles de formas dife97
Véase Schünemann, FS Pfeiffer (supra, nota 2), pp. 461, 463 y ss.; el mismo, Absprachen im Strafverfahren?, 1990, pp. 28 y ss.
En 1998 fueron esclarecidos 3.376.524 de casos (Bundeskriminalamt [comp.], Polizeiliche Kriminalstatistik Bundesrepublik Deutschland, 1998, lista 1, p. 1), pero sólo fueron sentenciadas 974.187 personas (Statistisches Bundesamt, Rechtspflege –
Strafverfolgung, 1998, p. 16). Para el año 1976, los números son respectivamente
1.404.889 (Bundeskriminalamt [comp.], Polizeiliche Kriminalstatistik Bundesrepublik
Deutschland, 1976, lista 1, p. 1) y 838.069 (Statistisches Bundesamt, Rechtspflege –
Strafverfolgung, 1976, p. 10). Aun suprimiendo los sospechosos menores de edad para la
responsabilidad penal, fueron sentenciados en 1998 sólo 706.230 de los 2.707.835 casos
esclarecidos no relacionados con el tráfico automovilístico, véase Bundesministerium des
Inneren/Bundesministerium der Justiz, Erster Periodischer Sicherheitsbericht, 2001, p. 343.
Schünemann, Absprachen (supra, nota 97), pp. 28 y s.
rentes) de las formas de criminalidad. En efecto, no es más característica la criminalidad de aventureros y pobres, que se ha convertido en
poco frecuente, sino la criminalidad económica y ambiental, por un lado, y la criminalidad organizada, por el otro. El primer grupo se caracteriza por estructuras delictivas extremamente complicadas, de difícil
delimitación con los procesos legales. El segundo grupo, por espacios
herméticos de delincuencia y los consecuentes enormes problemas de
esclarecimiento y persecución.100 En ambos casos se produce la consecuencia procesal de una sobrecarga del juicio oral construido sobre los
principios de oralidad, inmediatez y concentración.
c) A la transformación de las formas de criminalidad corresponde,
en una maraña de cadenas de causas y reacciones difícil de desenredar,
una transformación del pensamiento social respecto del Derecho y la
justicia penal. En relación con la forma en como el Estado ha reaccionado frente a los problemas descriptos dentro del sistema de justicia
penal, esta transformación del pensamiento social ha ido generando
desde hace 25 años una transformación en forma de derrumbe del procedimiento penal. Ello se ha practicado primero de un modo sumamente discreto entre conocedores de la cuestión y, entretanto, al salir a
la luz, sin rodeos y de un modo completamente autosuficiente. En
efecto, el Estado reemplaza el Derecho penal retributivo por el Derecho penal preventivo y transforma al procedimiento penal, que originariamente debía poner de manifiesto la “majestad sin fines de la pena
retributiva” (MAURACH). De este modo, refuerza la posición procesal de poder de las autoridades de prevención penal (Ministerio fiscal
y policía) a costa de la posición del inculpado y su defensa, como también del juez, quien, si bien dicta la sentencia decisiva formalmente y
hacia el exterior aún sobre la base del juicio oral, de facto actúa frecuentemente sólo como órgano de ejecución del Ministerio fiscal. En
consecuencia, cuando la pena retributiva retrocede frente a la pena con
fines, y con el deber de perseguir y castigar (que está forzosamente en
estrecha relación con la pena retributiva, evocado consecuentemente
Cfr. sólo Sieber/Bögel Logistik der organisierten Kriminalität, 1993, Militello/Arnold/Paoli (comp.), Organisierte Kriminalität als transnationales Phänomen, 2000.
por KANT en el famoso caso de la isla101) retrocede en muchos ámbitos
frente al principio de oportunidad, entonces se desmorona forzosamente la
inquebrantabilidad del principio fundamental procesal de averiguación
material de la verdad, que está relacionado con la idea de retribución y el
deber de perseguir y castigar. A esto se suma que esta realización se muestra apenas posible en los procesos monstruosos que se han convertido en
vida cotidiana de los procesos económicos, independientemente de las
modernas mezclas filosóficas de la idea de una única verdad material102,
censurada por considerarse casi ingenua. Estas y otras transformaciones
de la sociedad y de la comunicación normativa que se halla en ella, que ya
he tratado en otro lugar,103 han producido un desarrollo que ha tenido lugar
en la realidad práctica sin considerar el texto literal de la ley, que en este
sentido no ha sido modificado. También han conducido a un trastorno tan
fundamental de una gran parte de los procesos penales, que las modificaciones mediante leyes complementarias tratadas anteriormente son, en
comparación, prácticamente marginales. Naturalmente, con esto me refiero a las conformidades o acuerdos procesales que reemplazan la investigación de la verdad material a realizar en el juicio oral como base de la
sentencia, por el consenso del participante. En otras palabras, mediante la
sumisión del inculpado al marco de una sentencia acordada previamente,
relativamente suave, o al menos presentada por el tribunal como relativamente suave.104 Estas conformidades o acuerdos procesales abarcaban
Kant, Die Metaphysik der Sitten, 1797, p. 199.
Freund, Normative Probleme der “Tatsachenfestellung”, 1987, p. 103; Volk, FS Salger, 1993, pp. 411 y ss.; Schulz, Normiertes Mißtrauen, 2001, pp. 267 y ss.
Schünemann, GA 1995, 206 y ss.; el mismo, en: Kühne/Miyazawa (comp.), Alte
Strafrechtsstrukturen und neue gesellschaftliche Herausforderungen in Japan und Deutschland, 2000, pp. 15 y ss.
Para ofrecer sólo una selección de la doctrina al respecto, que entretanto existe en
una enorme cantidad, quisiera mencionar, fuera de mis propios trabajos (Absprachen im
Strafverfahren? [supra, nota 97]; AnwBl 1989, 494 = NJW 1989, 1895; JZ 1989, 984; FS
Baumann, 1992, p. 361; StV 1993, 657; FS Rieß, 2002, p. 525) los siguientes: los trabajos
tanto numerosos como importantes de Weigend (JZ 1990, 774; Absprachen in ausländischen
Strafverfahren, 1990; NStZ 1999, 57; en: Roxin/Widmaier [comp.] 50 Jahre Bundesgerichtshof – Festgabe aus der Wissenschaft IV, 2000, p. 1011); más allá, Ministerium für Justiz, etc., Baden-Württemberg (comp.), Verständigung im Strafprozeß, 1987, con aportes de
Schünemann, Schmidt-Hieber, entre otros; Dencker/Hamm, Der Vergleich im Strafprozeß, 1988;
aproximadamente de un cuarto a un tercio de los procesos penales ya
en la época de la encuesta que realicé a fines de los años 80. Conforme
a los informes que ofrece la realidad práctica al respecto, esto habría
aumentado en la última década. En consecuencia, supuestamente se
puede partir actualmente de la base de que en la mitad de las sentencias y en todos los sobreseimientos conforme al §153 a StPO ha existido una conformidad o acuerdo procesal respecto del contenido de la finalización del proceso. Más allá, también en al menos la mitad de los
casos en que se acuerda prisión provisional. Si se considera todo esto,
en el fondo existen actualmente dos formas paralelas completamente
diferentes de procedimiento penal en Alemania. Por un lado, el procedimiento penal alemán clásico, por así decirlo, desarrollado conforme
a las reglas de la StPO. Por otro lado, una forma de procedimiento diseñada por la práctica para la práctica, en la que las posiciones jurídi104
Nestler-Tremel, en: Lüderssen/Nestler-Tremel/E. Weigend (comp.), Modernes Strafrecht
und ultima-ratio-Prinzip, 1990, p. 159; Rönnau, Die Absprache im Strafprozeß, 1990; el
mismo, wistra 1998, 49; Eich, Die tatsächliche Verständigung im Steuerverfahren und
Steuerstrafverfahren, 1992; Siolek, Verständigung in der Hauptverhandlung, 1993; Friehe,
Der Verzicht auf Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen – Zugleich ein Beitrag
zur Problematik strafprozessualer Absprachen, 1997, que es la tesis doctoral más profunda
y aguda sobre el tema, lamentablemente no considerada por la jurisprudencia; Weider Vom
Dealen mit Drogen und Gerechtigkeit, 2000; Sinner, Der Vertragsgedanke im Strafprozeßrecht, 1999; Niemöller, StV 1990, 34; Zschockelt, NStZ 1991, 305; el mismo, FS Salger,
1995, p. 435; Küpper/Bode, Jura 1999, 351, 393; Kargl, en: Pelikan (comp.), Mediationsverfahren, 1999, p. 93; Ranft, Strafprozeßrecht, 2a ed. 1995, pp. 295 y ss.; KK/Pfeiffer, 4a
ed. 1999, Einl., núm. marg. 29a y ss.; Herrmann, JuS 1999, 1162; Hamm, FS Meyer-Goßner, 2001, p. 44 (absolutamente crítico). Apologizando Widmaier, StV 1986, 357 y s.;
Dahs, NJW 1987, 1318; el mismo, NStZ 1988, 153; las ponencias de Böttcher, Widmaier y
Schäfer en el informe L del 58° DJT 1990; Böttcher, FS Meyer-Goßner, 2001, p. 49; Böttcher/Dahs/Widmaier, NStZ 1993, 375; Kintzi, DRiZ 1992, 245; el mismo, JR 1998, 245; el
mismo, FS Hanack, 1999, p. 177; Landau/Eschelbach, NJW 1999, 321. Diferenciando Schmidt-Hieber Verständigung im Strafverfahren, 1986; el mismo, FS Wassermann, 1985, p.
995; el mismo, NJW 1990, 1884; el mismo, DRiZ 1990, 321; Lüderssen, StV 1190, 415;
Gerlach, Absprachen im Strafverfahren, 1992; Braun, Die Absprache im deutschen Strafverfahren, 1998; Wolter y Schlüchter en SK-StPO, núm. marg. 66 y ss. vor § 151, núm.
marg. 23 y ss. vor § 213; LR/Rieß, Einl. G, núm. marg. 58 y ss.; Bottke, GS Zipf, 1999, pp.
451 y ss.; Schmitt, GA 2001, 419; Meyer-Goßner, StraFo 2001, 73; Kuckein/Pfister, en:
Geis entre otros (comp.), 50 Jahre Bundesgerichtshof, 2000, p. 641. Desde una perspectiva
de la sociología del Derecho Bussmann, Die Entdeckung der Informalität, 1991.
cas e interacciones reguladas en la StPO representan sólo la masa de
negociación y el material de juego para un acuerdo de la sumisión del
inculpado (que tiene lugar, en definitiva, de acuerdo a las reglas de la
justicia de intercambio) a un determinado resultado procesal.
Como base de negociación de la conformidad o acuerdo sirve el
resultado de la investigación que se ha logrado hasta ese momento en
el proceso. Ello tiene lugar frecuentemente al terminar las investigaciones que el Ministerio fiscal considera necesarias, pero no en pocos
casos también en un estado procesal anterior o posterior, como al obtener un resultado provisional de las investigaciones o también con un
resultado provisional del juicio ora

References: de lege ferenda
 resolución 
 Resolución

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in fine