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﻿ AUTO 20923 DE AGOSTO 15 DE 2002
AUTO 20923 DE 15 DE AGOSTO DE 2002
CONTENIDO:ACTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. POSIBILIDAD DE REVOCARLO POR VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, ESTADO CONTRATANTE
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:371 DE SEPTIEMBRE DE 2002, PÁG.2486
Auto 20923 de agosto 15 de 2002
ACTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
POSIBILIDAD DE REVOCARLO POR VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES
EXTRACTOS: «Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto del 22 de marzo de 2001 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual negó la suspensión provisional de la Resolución 0382 del 9 de agosto de 2000 expedida por el Instituto para la Recreación y el Deporte (IDRD).
I. La revocatoria del acto administrativo por medio del cual la entidad pública procede a la adjudicación del contrato.
Dispone el numeral 11 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 que “el acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario”, características que siempre se han reconocido al acto que pone fin al proceso de licitación pública y que abre el camino para la celebración y ejecución del contrato (D. L. 222/83, art. 35).
El carácter irrevocable y obligatorio que la ley ha dado al acto de adjudicación, se deriva del hecho de que esa manifestación de voluntad de la entidad pública sobre la elección y aceptación del proponente que formuló la oferta más conveniente, da lugar a una relación jurídica de la cual se deriva el compromiso para las partes de observar las formalidades propias del perfeccionamiento del contrato, como quiera que en nuestro ordenamiento jurídico se requiere su suscripción para formalizar el acuerdo de voluntades.
Surge pues para el adjudicatario el derecho subjetivo de que sea con él y no con ningún otro que se celebre el contrato, dentro del término establecido en las condiciones generales de la invitación o pliegos de condiciones, para que aquél se ejecute en la forma y condiciones allí establecidas y de acuerdo con la propuesta que le fue aceptada. Y para la entidad contratante, el deber jurídico correlativo de contratar en tales condiciones con el adjudicatario.
Al respecto, bajo la vigencia del anterior estatuto de contratación, la Sala expresó:
“De entrada, se debe recordar que, por precepto legal contenido en el primer inciso del artículo 35 del Decreto Extraordinario 222 de 1983, la resolución de adjudicación, una vez ejecutoriada (sic) es irrevocable y obliga por lo mismo a la entidad y al adjudicatario (...).
Es claro que el legislador extraordinario, por razones de la trascendencia que reviste el acto de adjudicación para la seguridad jurídica de las personas en él comprometidas, sustrajo su control de legalidad de la sede administrativa (asunto que es normal para la generalidad de los actos administrativos, ora a través de los recursos gubernativos, ora por virtud de la revocación directa oficiosa o provocada), para dejarlo, de manera exclusiva, en manos del juez administrativo (...) (1) .
(1) Sentencia del 10 de marzo de 1994, expediente 6.436.
Para la Sala, por consiguiente, la administración no tiene la potestad de revocación del acto de adjudicación, no sólo por la regla de la inmutabilidad de los actos administrativos de carácter particular y concreto, sino por disposición de la ley que expresamente prescribe que dicho acto es irrevocable y obligatorio y por ello en esa oportunidad enfatizó en que le estaba vedado el camino de la revocatoria directa para “restablecer el principio de legalidad roto por la intervención de un acto de adjudicación ilegal”, como quiera que debía instaurar la acción de nulidad en contra de su propio acto.
Sin embargo, una interpretación sistemática de la Ley 80 de 1993 no permite afirmar que existe una violación manifiesta de las normas superiores que invoca el actor, que le abra paso a la medida cautelar impetrada.
El artículo 44 del estatuto contractual señala:
2. Se celebren contra expresa prohibición Constitución o legal;
ART. 45.—De la nulidad absoluta. La nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el agente del Ministerio Público, por cualquier persona (2) o declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por ratificación.
(2) El artículo 32 de la Ley 446 de 1998 modificó el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo y estableció que la nulidad absoluta del contrato puede ser alegada por quien acredite un interés directo.
En los casos previstos en los numerales 1º, 2º y 4º del artículo anterior, el jefe o representante legal de la entidad respectiva deberá dar por terminado el contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre”. (subrayas de la Sala).
De esta última norma se desprende para la administración pública la obligación de terminar unilateralmente el contrato por la concurrencia de vicios que afectan su validez, sin necesidad de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a diferencia de lo que sucede en los contratos entre particulares, en los que la declaratoria de nulidad de los actos y negocios jurídicos es una materia reservada exclusivamente al juez.
Si ante la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades la entidad contratante tiene la potestad —o mejor la obligación— de dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que requiera de decisión judicial previa que declare la nulidad del contrato, no puede afirmarse prima facie, que el acto de adjudicación que resulte viciado de nulidad por violación del mismo régimen por parte del adjudicatario que todavía no es en rigor jurídico el contratista porque falta la formalización del contrato, sea irrevocable.
Por medio de la Resolución 0382 del 9 de agosto de 2000 la directora general del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) revocó directamente la Resolución 0286 del 21 de junio de 2000, a través de la cual se había adjudicado el contrato de la licitación pública Nº 042-99 al consorcio Los Robles, integrado por las sociedades Arias Serna y Saravia S.A. y H. Rojas y Asociados Ltda. y en su lugar lo adjudicó a la Unión Temporal Parque Metropolitano Timiza, por estar el primero inhabilitado.
La entidad licitante en el acto que se acusa expresó “que en el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo se establece la posibilidad de “revocar los actos administrativos de carácter particular y concreto ... si fuera evidente que el acto ocurrió por medios ilegales”. En estos casos el beneficiario del acto no debe otorgar el consentimiento expreso y escrito a la entidad estatal para su revocación.
Justificó su decisión de revocar la adjudicación que había realizado al consorcio demandante, en cuanto era evidente que éste se encontraba inhabilitado para celebrar el contrato, toda vez que en la comunicación Nº 16334 del 11 de julio de 2000 se le informó por el director del DAMA “que la firma Arias Serna y Saravia Ltda. fue inhabilitada para contratar a partir del 27 de abril de 2000”.
El demandante alega que es ilegal la revocatoria del acto por el cual se le adjudicó el contrato, por cuanto lo prohíbe el artículo 30 numeral 11 de la Ley 80 de 1993 y no medió su consentimiento como lo exige el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo. En el recurso de apelación agrega, que se estaba frente a una inhabilidad sobreviniente por cuanto si recaía en uno de los miembros del consorcio se permitía a éste ceder su participación a un tercero y a la sociedad que no lo estaba ejecutar el contrato.
Y frente al segundo de los cargos, procede a hacer las siguientes precisiones:
El artículo 9º de la Ley 80 de 1993 establece:
“De las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante, o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.
Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste cederá su participación a un tercero previa autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal”. (subrayas fuera de texto).
Las previsiones mencionadas no tienen, pues, un sentido sancionatorio sino el carácter de reglas objetivas, correspondientes a situaciones de la misma índole, en guarda de la pureza y la transparencia de la contratación administrativa (3) ” . (se subraya).
(3) Sentencia C- 221 de 1996.
Del acto acusado no se desprende que se haya vulnerado en forma manifiesta el artículo 9º de la Ley 80 de 1993 porque, como se ya se dijo, no se invocó en la solicitud de suspensión provisional del acto. Definir si la entidad contratante en el presente caso vulneró los derechos de la sociedad que resultó inhabilitada al no haberle dado la oportunidad de ceder su participación en el contrato y los perjuicios que se pudieron ocasionar a la otra sociedad integrante del consorcio al impedírsele la celebración del mismo, resultará del debate probatorio que adelanten las partes y será materia de la sentencia.
Confírmase el auto dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 22 de marzo de 2001.
(Auto de 15 de agosto de 2002. Expediente 20.923. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

References: Resolución 
 artículo 30
 artículo 35
 resolución 
 artículo 44
 artículo 32
 artículo 87
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 73
 artículo 30
 artículo 73
 artículo 9
 artículo 9