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Timestamp: 2016-07-30 12:10:42+00:00

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I. ANTECEDENTES DEL ARTÍCULO 362 "ATAQUES A LA PAZ PÚBLICA" .
De acuerdo con los antecedentes de este tipo penal, el 16 de julio de 2002, después de una amplia revisión y consulta con especialistas se publica una reforma al Código Penal del DF. En el caso del artículo 362, de acuerdo con el Decreto aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (en adelante ALDF) el 30 de abril de 2002, la redacción de este fue el siguiente: ARTÍCULO 362. Al que por cualquier medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o menoscabar la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o
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PROPUESTA DE INICIATIVA PARA DEROGAR EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DF
presionar a la autoridad para que tome una determinación, se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años. Sin embargo, la denominación aprobada por el Pleno de la ALDF para este delito es de "TERRORISMO"1. El decreto aprobado por el pleno de la Asamblea legislativa del DF fue enviado al Jefe de Gobierno para su publicación; sin embargo el proyecto de Decreto fue devuelto por el Jefe de Gobierno el día 18 de junio con diversas observaciones2. Entre las observaciones formuladas, se incluían modificaciones al artículo 362, es decir, al delito de terrorismo. Las observaciones del jefe de gobierno sobre este artículo, fue modificar la redacción del tipo penal y cambiar el nombre, de "terrorismo" a "ataques a la paz pública", quedando como sigue: ARTÍCULO 362.- Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación. La ALDF recibió las observaciones enviadas por el Jefe de Gobierno y las aprobó sin mayor discusión el día 27 de junio de 2012. El decreto es publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del DF el 16 de julio de 2002. En más de diez años, este artículo no ha recibido modificación alguna, manteniendo la redacción mencionada.
Cfr. Dictamen del 30 de abril de 2002. Ver http://www.jornada.unam.mx/2002/06/21/043n3cap.php?origen=capital.html Consultado el 6 de diciembre de 2012. ANAD/ Página 2
Es importante señalar, que este artículo tienen su referente en el Código Penal Federal en el artículo 1393, la denominación que se le da a nivel federal es de TERRORISMO: “Se impondrá pena de prisión de seis a cuarenta años y hasta mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.” En una comparativo de los artículos 362 del CPDF y el 139 del CPF tienen elementos coincidentes: a) la utilización de sustancias tóxicas (a nivel federal se agrega: armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego) o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento (en el DF se utiliza el término "violencia extrema"). b) La realización de actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, c) Que tenga como objeto producir : A nivel federal se establece "alarma, temor o terror en la población o en un
Es importante recordar, que hasta el año de 1999 el Distrito Federal, no tenía su propio Código Penal, el instrumento aplicable era el mismo que a nivel federal. A partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 22 de agosto de 1996 en el Diario Oficial de la Federación, se establecen nuevas bases para la organización jurídico política del Distrito Federal. Por ello, varios delitos considerados en del Código Penal Federal están incorporados en el Código Penal para el DF. ANAD/ Página 3
grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación". En el caso del DF se modifican dos hipótesis, en lugar de "alarma, temor o terror en la población" se sustituyen por "perturben la paz pública" y en lugar de colocar el concepto de atentar contra la seguridad nacional, se establece el "menoscabo de la autoridad del Gobierno de DF", Aunque se utilizan en algunas hipótesis términos distintos, en esencia similares. Incluso, hay que señalar, que los Códigos Penales en otras entidades federativas se retoman para definir el mismo delito de terrorismo una mezcla de términos. Por citar algunos ejemplos4:
CÓDIGO PENAL VERACRUZ
CÓDIGO PENAL CHIHUAHUA
CÓDIGO PENAL HIDALGO
CÓDIGO PENAL SINALOA
CAPÍTULO V TERRORISMO Artículo 311.-A quien utilizando explosivos, substancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio realice
CAPÍTULO V TERRORISMO ARTÍCULO 116.Se aplicarán de cinco a treinta años de prisión y multa de cien a quinientas veces el salario, sin perjuicio de las penas que correspondan
CAPITULO V TERRORISMO ARTICULO 293.Se impondrá de dos a veinte años de prisión y multa de 100 a 250 días, sin perjuicio de la pena que corresponda por los delitos que
CAPITULO IV TERRORISMO Articulo 291. Salvo que sea delito de la competencia federal, se impondrá prisión de tres a treinta años, sin perjuicio de las penas que
Es importante señalar, que hay entidades federativas que no tienen incorporado en su legislación el delito de terrorismo ni de ataques a la paz pública como Estado de México, Oaxaca, ANAD/ Página 4
actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a ésta para que tome una determinación, se le impondrán de tres a treinta años de prisión, multa hasta de setecientos cincuenta días de salario y suspensión de derechos políticos hasta por cinco años.
por los delitos que resulten, a quien para tratar de menoscabar la autoridad del Estado, presionar a la autoridad para que tome una determinación, o para perturbar la paz pública, y utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio o inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan terror o alarma en la población.
resulten, al que utilizando explosivos, substancias tóxicas, armas de fuego, por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público que persigan producir o que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, perturben la paz pública o traten de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación.
correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando explosivos, sustancias toxicas, armas de fuego o por incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al publico, que produzcan alarma, temor, terror en la población, o a un grupo o sector de ella, para perturbar la paz publica o tratar de menoscabar la autoridad del estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación.
A partir de los ejemplos anteriores, resulta evidente que aún y con las
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diferencias mínimas en conceptos, resulta evidente que la conducta punible establecida en el artículo 362 del Código Penal para el DF es la de TERRORISMO aunque se le haya denominado "ATAQUES A LA PAZ PÚBLICA". Lo anterior se refuerza, al analizar las definiciones que sobre este delito existen, como a continuación se explicará:
Actualmente existen 12 convenios5 destinados a la erradicación del terrorismo, que han emanado del sistema de las Naciones Unidas, y por
1. Convenios sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, firmados en Tokio el 14 de septiembre de 1963 (entró en vigor el 4 de diciembre de 1969); 2. Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970 (entró en vigor el 14 de octubre de 1971); 3. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971 (entró en vigor el 26 de enero de 1973); 4. Convención sobre la prevención y el castigo de los delitos contra las personas internacionalmente protegidas, inclusive agentes diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973 (entró en vigor el 20 de febrero de 1977); 5. Convención internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979 (entró en vigor el 3 de junio de 1983); 6. Convención sobre la protección física de los Materiales Nucleares, firmada en Viena el 3 de marzo de 1980 (entró en vigor el 8 de febrero de1987); 7. Protocolo para la represión de los actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil internacional, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988 (entró en vigor el 6 de agosto de 1989); 8. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988 (entró en vigor el 1º de marzo de 1992). 9. Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988 (entró en vigor el 1º de marzo 1992);10. Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección, firmado en Montreal el 1º de marzo de 1991 (entró en vigor el 21 de junio de 1998); 11. Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997 (entró en vigor el 23 de mayo de 2001); 12. Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999 (entró en vigor el 10 de abril de 2002). ANAD/ Página 6
lo tanto, han sido ratificadas por un número considerable de Estados. A nivel de diversos organismos regionales, se han aprobado 10 instrumentos que, en general, no se hacen cargo de definir el concepto de terrorismo, sino que utilizan un mecanismo de reenvío a los distintos convenios emanados de la ONU6. En el caso de México, es Estado Parte en todos los tratados a nivel universal y a nivel regional, del único emanado de la Organización de los Estados Americanos. Sin embargo, ninguno de estos instrumentos internacionales contiene una definición de terrorismo, es más, solamente se llegó a emplear la palabra terrorismo por primera vez en dos textos de reciente data, a saber: “Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas” y el “Convenio internacional para la
1. Convención árabe sobre la represión del terrorismo, firmada en una reunión celebrada en la Secretaría General de las Liga de los Estados Árabes en El Cairo el 22 de abril de 1998 (entró en vigor el 7 de mayo de 1999); 2. Convención de la Organización de la Conferencia Islámica sobre la lucha contra el terrorismo internacional, aprobada en Uagadugú el 1º de julio de1999; 3. Convención Europea para le Represión del Terrorismo, concertada en Estrasburgo el 27 de enero de 1977 (entró en vigor el 4 de agosto de 1978); 4. Convención de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la prevención y represión de los actos de terrorismo encuadrados como delito contra las personas y actos conexos de extorsión de alcance internacional, concertada en Washington, D.C. el 2 de febrero de 1971 (entró en vigor el 16 de octubre d 1973); 5. Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) sobre la prevención y la lucha contra el terrorismo, aprobada en Argel el 14 de julio de 1999 (entró en vigor el 6 de diciembre de 2002); 6. Convención regional sobre la eliminación del terrorismo de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional, firmada en Katmandú el 4 de noviembre de 1987 (entró en vigor el 22 de agosto de 1988), los siete Estados miembros de la Asociación (Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka) son parte de la Convención; 7. Tratado de Cooperación entre lo Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes para combatir el Terrorismo, hecho en Minsk el 4 de junio de 1999; 8. Convención Interamericana contra el Terrorismo, aprobada en Bridgetown el 3 de junio de 2002 (entró en vigor el 10 de julio de 2003); 9. Protocolo por el que se enmienda la Convención Europea para la Represión del Terrorismo, aprobado en Estrasburgo el 15 de mayo de 2003; 10. Protocolo adicional de la Convención regional sobre la eliminación del terrorismo de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional, aprobado en Islamabad el 6 de enero de 2004. ANAD/ Página 7
represión de la financiación del terrorismo”, pero sin dar un significado del mismo. A pesar de la falta de acuerdo que hay en torno a un concepto unívoco de terrorismo, la comunidad internacional sí está conteste en cuanto al sentimiento de rechazo que genera este delito, puesto que existe en ella la conciencia de que cualquier país u organización puede ser víctima. Entre los esfuerzos realizados para definir el terrorismo, se constituyó un Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio de las Naciones Unidas, el cual describió el terrorismo como: "cualquier acto... destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo". La Asamblea General de las Naciones Unidas elaborara un convenio general contra el terrorismo. En su proyecto de artículo 2 contiene una definición de terrorismo que incluye señalar que «comete delito quien ilícita e intencionalmente y por cualquier medio cause: a) la muerte o lesiones corporales graves a otra persona o personas; o b) daños graves a bienes públicos o privados, incluidos lugares de uso público, instalaciones públicas o gubernamentales, redes de transporte público, instalaciones de infraestructura o el medioambiente; o c) daños a los bienes, lugares, instalaciones o redes... cuando produzcan o puedan producir un gran perjuicio económico... en caso de que el propósito de tal acto sea,
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por su naturaleza o contexto, intimidar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer o dejar de hacer algo». (el resaltado es nuestro) Los elementos importantes que se deben resaltar de ambas definiciones, es que desde la perspectiva del derecho internacional, para considerar un acto como terrorista es fundamental atender el contexto y el propósito, es decir, la motivación con el que se cometen esos actos, ya que son los elementos que permiten distinguir este delito de otros. Por la comisión del delito de ataque a la paz pública -que en realidad es el delito de terrorismo- fueron consignadas las 70 personas, 11 mujeres y 59 hombres, detenidos el 1 de diciembre en el DF durante las movilizaciones contra la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. El objetivo de la movilización  de la cual se derivan las detenciones, consignaciones y ahora procesamiento de 14 personas era participar , en una manifestación. Es decir, la finalidad de las personas que acudieron el 1 de diciembre a la marcha fue manifestarse, en ejercicio pleno de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión, garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, entre los que se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este contexto el acusar de "ataques a la paz pública" es decir, de terrorismo , criminaliza la protesta social; y envía un mensaje negativo a la población. Durante esa manifestación pública, es evidente que se cometieron disturbios y actos vandálicos, que como tal la Procuraduría General de
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Justicia del DF (en adelante PGJDF) debió calificarlos con forme al catálogo de delitos comunes e identificar a los responsables en lo individual de su comisión. Sin embargo, el consignar por la presunta comisión terroristas, del lo delito que de a "ataques todas a la paz pública", implica necesariamente calificar los hechos del 1 de diciembre como actos luces resulta absolutamente desproporcionado. Más aún, considera que estos actos fueron cometidos "en pandilla" porque señala que las personas que participaron en la manifestación pertenecen a grupos anarquistas o #132. Esta aseveración resulta tan desproporcionada como la consignación por el delito de terrorismo, ya que implica considerar a una pandilla a un grupo de personas que han decidido asociarse con base en una ideología política.
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La acusación desproporcionada de la PGJDF vulnera los artículos 137, 158 y 169 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En un Estado democrático de derechos, no se puede menoscabar la protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos recogidos en los instrumentos internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de ANAD/ Página 11
La Ley debe garantizar la seguridad y la observancia de los derechos, fija también las hipótesis en las que éstos pueden verse restringidos. Se trata de supuestos de gravedad extrema, en los que se autoriza al poder público a acudir a expedientes de fuerza inadmisibles en condiciones normales. Para que éstos resulten legítimos es preciso que las alteraciones en el sistema de derechos sean razonables y proporcionales al peligro que se trata de enfrentar10. Las y los jóvenes que expresan su inconformidad  política o social e incluso económica y que son detenidos en este contexto, no pueden seguir siendo víctimas acusaciones represivas y propio de regímenes autoritarios.
II. INCONSTITUCIONALIDAD
DELITO DE "ATAQUES A LA PAZ PÚBLICA" 362 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DF, POR LO
QUE SE DEBE DEROGAR ESTE DELITO EN ESTE CASO
El artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho humano a la legalidad penal, en los siguientes términos:
cualquiera otra índole. 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
Cfr. García Ramírez, Sergio. "Consideraciones sobre Terrorismo". En http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/833/4.pdf Consultado el 5 de diciembre de 2012, pág. 71. ANAD/ Página 12
"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata". Por su parte, el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estado Parte de respetar y garantizar el principio de legalidad y no retroactividad. De acuerdo a la doctrina, del derecho a la legalidad penal, deriva un mandato de exigencia para que el legislador describa de manera clara y precisa las conductas prohibidas y sus consecuencias jurídicas; y también un mandato de "taxatividad" que es una exigencia dirigida al juez para que se abstenga de aplicar las normas penales a los casos que no vengan expresamente previstos en las mismas, más allá del sentido literal posible.11 Así, el principio de legalidad es vulnerado no sólo cuando la legislación contiene tipos penales que no permiten distinguir entre conducta legal e ilegal, sino también cuando establece tipos penales que no permiten diferenciar entre un delito y otro, al menos cuando las consecuencias relativas a la naturaleza del foro competente a los procedimientos aplicables y a las penas son importantes12; y cuando estás normas son utilizadas por los operadores de justicia en los casos concretos. Como se ha referido el delito de "ataques a la paz pública" contiene los
Inzunza Cázares, Enrique. La exacta aplicación de la ley penal y el mandato de determinación. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2009, pp. 6061. 12 Corte Interamericana, caso Castillo Petruzzi (Fondo), párrs. 119-122 (1999).Cantoral Benavides (Fond1º, 103,105 y 133, de la Constitución Federal o), párrs. 155-158 (2000). ANAD/ Página 13
siguientes elementos: a) al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, b)realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, c)que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación. De la descripción típica de este delito, conceptos como "violencia extrema", la finalidad de " perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación " implica elementos subjetivos y que requiere de una valoración por parte de la autoridad para determinar su actualización en los casos específicos. De acuerdo con la doctrina, en el caso de "perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación" contiene un elemento teleológico, relacionado con una finalidad política13. Este elemento, es precisamente el que permite distinguir el terrorismo de otros delitos que pudieran ser de delincuencia organizada común. Es decir, permite determinar la existencia de una autentica asociación ilícita, de una organización perfectamente estructurada y jerarquizada que se presenta como un auténtico contra ordenamiento estatal y que nos permite también diferenciar el terrorismo de otras manifestaciones políticas que
Por ello el delito de terrorismo es considerado como un delito político y por lo tanto cuando las personas son acusadas de este delito pueden solicitar asilo político en términos del artículo 22.7 de la CADH. ANAD/ Página 14
utilizan una violencia espontánea o no organizada14. Así, este elemento subjetivo del injusto implica que el autor conoce y quiere la finalidad de la asociación ilícita, de manera que la conducta delictiva específica debe ir finalísticamente encaminada a subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública 15, siendo esta finalidad, como ha indicado Muñoz Conde16,"doble y alternativa y no de forma cumulativa que hace referencia a los aspectos políticos y sociales que presenta el fenómeno terrorista". El elemento teleológico, por consiguiente, es un criterio básico para definir el terrorismo e imprescindible para que se puedan aplicar estos tipos delictivos, por lo que las conductas delictivas desprovistas de esta finalidad son únicamente subsumibles en los tipos comunes. De acuerdo con la doctrina antes citada, es preciso, que quede la
Cfr. LAMARCA PÉREZ, C., “Internacionalización del Derecho Penal y principio de legalidad: el Caso Scilingo”, en La Ley Penal: Revista de Derecho Penal, procesal y penitenciario, No. 34, enero 2007, pág. 74. 15 LAMARCA PÉREZ, C., Delitos contra el orden público, en LAMARCA PÉREZ, C., Manual de Derecho Penal, Parte Especial, Colex, Madrid, 2004, pp. 686 a 688, para esta profesora: "Todos los tipos penales de terrorismo previstos en el C.P. de 1995 exigen que la conducta delictiva se realice con una determinada finalidad, es decir la estructura típica requiere la presencia de un elemento subjetivo del injusto que ha de ser abarcado por el dolo del autor de modo que la conducta delictiva concreta (homicidio, secuestro, etc.) debe ir finalísticamente encaminada a subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública)". Igualmente VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C. Nuevo Código Penal Comentado, Edersa, Madrid, 1996, pág. 695. POLAINO NAVARRETE, M. Delitos de terrorismo, en COBO DEL ROSAL, M., Curso de Derecho Penal Español, Parte Especial, Marcial Pons, Madrid, 1997, pág. 906. PRATS CANUT, J.M. De los delitos de terrorismo, en QUINTERO OLIVARES, G., Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, Aranzadi, Pamplona, 1996, pág. 1622. 16 MUÑOZ CONDE, F. Derecho Penal, Parte Especial, Universidad de Sevilla, 1976, pág. 615 y en Derecho Penal, Parte Especial, Tirant lo blanch, Valencia, 1996, pp. 777 a 787. Se refiere este profesor a que con la concurrencia de una sola de las finalidades se cumple con el elemento subjetivo del injusto y no es necesario que el dolo del autor abarque ambas finalidades para que se puedan aplicar los tipos de terrorismo, es decir, que se den de forma coetánea ambos elementos teleológicos. ANAD/ Página 15
finalidad perfectamente delimitada para observar así escrupulosamente el principio de taxatividad de las normas penales, ya que de lo contrario habría conductas que siendo en puridad de desórdenes públicos podrían subsumirse en los tipos de terrorismo, quedando a criterio de las y los operadores de justicia qué conductas son de terrorismo y qué conductas son de desórdenes públicos, lo que sería extremadamente peligroso, como lo que ocurre en el presente caso, donde personas detenidas en una manifestación donde ocurrieron disturbios, son acusados de conductas terroristas. Situación, que desafortunadamente se actualiza en las acusaciones hechas por la PGJDF al grupo de manifestantes que consignó. Del análisis del delito de "ataques a la paz pública", resulta claro que utiliza “conceptos difusos”, y desde el poder legislativo no se han dado elementos claros para determinar sus alcances de lo qué se entenderá como "perturbación a la paz pública", ni tampoco "violencia extrema". Lo anterior, es contrario a lo preceptúan los sistemas penales modernos, esto es, términos rígidos que no permitan mayor interpretación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido que: "...la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal..." (Caso Castillo Petruzzi vs. Perú, párr. 120). El delito debe tener clara definición de la conducta incriminada, se debe establecer sus elementos y permitir deslindar ese delito de conductas ilícitas sancionables con otras medidas; ya que la ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al
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arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la libertad. En palabras del ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos humanos, Sergio García Ramírez, este principio es vulnerado cuando la descripción legal de la conducta es equívoca, confusa, ambigua, al punto que desemboca en interpretaciones diversas (“auspiciadas” por el legislador y que son la puerta del arbitrio) y conducir a consecuencias penales diferentes, que se reflejan en la punición y en el enjuiciamiento, por ejemplo. De ahí la exigencia de rigurosa caracterización de las conductas punibles, al amparo del principio de legalidad17. El artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, al no tener elementos normativos que permitan definir analizar con claridad los concepto de "violencia extrema", "perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación.", dejan al arbitrio de las y los operadores de justicia su aplicación indiscriminada, como ocurre en el caso de las personas procesadas por los hechos del 1 de diciembre de 2012, donde la PGJDF imputa a 70 personas que encontrándose en una manifestación en la que ocurren disturbios  sin importar si participaron o no en la comisión de los mismos el delito de ATAQUES A LA PAZ SOCIAL es decir, de TERRORISMO , cuya naturaleza es de un delito político.
Cfr. Voto razonado del Juez Sergio García Ramírez con respecto a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Tristán Donoso vs. Panamá, del 27 de enero de 2009. ANAD/ Página 17
La ambigüedad del delito permite que la autoridades puedan imputar un delito grave, que en sí mismo implica la pérdida de la libertad durante el proceso; la vaguedad del delito también permite que las y los operadores de justicia a través del derecho penal enviar un mensaje disuasivo a la población sobre el "riesgo que implica participar en actividades políticas o manifestaciones", generando con ello, violaciones a la libertad de expresión y libre manifestación. Los derechos humanos confieren legitimidad a la norma punitiva y, al mismo tiempo, limitan su espacio y operación. De acuerdo con el jurista García Ramírez, el Derecho penal ocupa un lugar de “frontera”, entre el reproche público legítimo  que trae consigo consecuencias penales pertinentes y la incriminación excesiva  que significa desbordamiento de la función punitiva;18 como ocurre en el presente caso, donde la PGJDF acusa a 70 personas  que en contextos distintos fueron detenidas, algunas simplemente por manifestarse; otras por increpar a la autoridad ante su uso desmedido de la fuerza; otras por simplemente encontrarse caminando en la calle de un delito que tiene una pena de 6 a 30 años de edad, más la agravante de haberse cometido en pandilla, lo cual incrementa la pena de forma considerable. A partir del la reforma publicada el 10 de junio de 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1º, párrafo tercero establece: "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
Ibídem. ANAD/ Página 18
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." A luz de los hecho ocurridos el 1 de diciembre, donde un grupo de manifestantes ha sido acusado por la PGJDF de terrorismo, precisamente por la vaguedad del tipo penal, resulta fundamental que, desde el Poder Legislativo, se ponga un límite al uso arbitrario del derecho penal y se evite la criminalización de la protesta social, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 1º Constitucional. El Estado en la aplicación del derecho penal no puede menoscabar la protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos recogidos en los instrumentos internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El poder público, no puede las arremeter contra diferentes las o personas, disidentes,
inconformes,
pretendiendo "uniformar" a la sociedad bajo un pensamiento único; porque cuando el derecho penal es utilizado para "castigar" de manera desproporcionada estas situaciones, estamos frente a un terrorismo de Estado. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 122 Base Primera, Fracción V, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 fracciones XIV y 46 de la fracción I, del Estatuto de Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la
ANAD/ Página 19
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