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Timestamp: 2013-05-24 23:06:56+00:00

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Informe 151. BOE abril 2007.
www.notariosyregistradores.com INFORME N� 151. (BOE de ABRIL de 2007)
Registro seguros fallecim.
Estatuto empleado p�blico
Estatuto Arag�n
Matrimonios valencianos
Instrucci�n. nacionalidad
Propiedad volum�trica
Valor seguro decenal
Legatario cuota al�cuota
* Joaqu�n Delgado Ramos, registrador de la propiedad de Archidona (M�laga) y notario excte.
la Fuente Sancho, notario de Los Realejos
* Francisco M�nguez Jim�nez, inspector de finanzas, adscrito a
la D. G. Tributos. Madrid.
* Inmaculada Espi�eira Soto, notario de Puerto de
TRANSPARENCIA FINANCIERA. LEY 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones p�blicas y las empresas p�blicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas.
Los objetivos fundamentales de esta Ley son:
- Tratar de evitar los abusos de posici�n dominante por parte de las empresas que tengan concedidos derechos especiales o exclusivos o se encuentren encargadas de la gesti�n de servicios de inter�s econ�mico general, que reciban cualquier tipo de compensaci�n por el servicio p�blico y que realicen tambi�n otras actividades y
- controlar y hacer m�s trasparentes las relaciones financieras existentes entre las empresas p�blicas y las Administraciones p�blicas ya sean de �mbito estatal, auton�mico o local.
Se impone a las empresas p�blicas, previa definici�n de las mismas, la obligaci�n de enviar informaci�n adicional a la Intervenci�n General del Estado.
Se obliga a determinadas empresas a llevar cuentas separadas. Concretamente, una empresa estar� obligada a llevar cuentas separadas, a los efectos de esta Ley, cuando las Administraciones p�blicas de �mbito estatal, estatal, auton�mico o local le hayan concedido derechos especiales o exclusivos o le hayan confiado la gesti�n de un servicio de inter�s econ�mico general, reciba cualquier tipo de compensaci�n por gestionar ese servicio de inter�s econ�mico general o explotar esos derechos especiales o exclusivos y lleve a cabo otras actividades
PDF (5 p�gs. - 154 KB.) PARQUES NACIONALES. LEY 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
Esta ley tiene por objeto establecer el r�gimen jur�dico b�sico de la Red de Parques Nacionales, cuyos objetivos se declaran de inter�s general del Estado.
Efectos jur�dicos de la declaraci�n de Parque Nacional. El r�gimen jur�dico de protecci�n establecido en las leyes declarativas tendr� car�cter prevalente frente a cualquier otra normativa sectorial. En particular, la declaraci�n lleva aparejada (art. 13): 1. La de utilidad p�blica o inter�s social de las actuaciones que, para la consecuci�n de los objetivos de la Red de Parques Nacionales, deban acometer las Administraciones P�blicas. 2. La facultad de la Administraci�n competente para el ejercicio de los derechos de tanteo y de retracto respecto de los actos o negocios jur�dicos de car�cter oneroso y celebrados �nter vivos que comporten la creaci�n, transmisi�n, modificaci�n o extinci�n de derechos reales que recaigan sobre bienes r�sticos situados en el interior del mismo, incluidas cualesquiera operaciones o negocios en virtud de los cuales se adquiera la mayor�a en el capital social de sociedades titulares de los derechos reales citados. A estos efectos: a) El transmitente notificar� fehacientemente a la Administraci�n competente el precio y las condiciones esenciales de la transmisi�n pretendida. Dentro de los tres meses siguientes a la notificaci�n, dicha Administraci�n podr� ejercer el derecho de tanteo oblig�ndose al pago del precio convenido en un per�odo no superior a dos ejercicios econ�micos. b) Cuando el prop�sito de transmisi�n no se hubiera notificado de manera fehaciente, la Administraci�n competente podr� ejercer el derecho de retracto, en el plazo de un a�o a partir de la fecha en que tenga conocimiento de la transmisi�n y en los mismos t�rminos previstos para el de tanteo. c) Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribir�n transmisi�n o constituci�n de derecho alguno sobre los bienes referidos sin que se acredite haber cumplido con los requisitos se�alados en este apartado. 5. El suelo objeto de la declaraci�n de Parque Nacional no podr� ser susceptible de urbanizaci�n ni edificaci�n, sin perjuicio de lo que determine el Plan Rector de Uso y Gesti�n en cuanto a las instalaciones precisas para garantizar su gesti�n y contribuir al mejor cumplimiento de los objetivos del Parque Nacional. Seg�n la Disposici�n final segunda, las Administraciones p�blicas adoptar�n, en un plazo m�ximo de diez a�os las medidas precisas para adecuar la situaci�n de los Parques Nacionales ya declarados a la entrada en vigor de esta ley a estas determinaciones
Planes Rectores: En cada uno de los Parques Nacionales se elaborar� y aprobar� por las Administraciones competentes un Plan Rector de Uso y Gesti�n, que ser� el instrumento b�sico de planificaci�n. Art. 17.
Derecho transitorio: Disposici�n transitoria �nica. Aplicaci�n provisional de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de Conservaci�n de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Hasta el momento en que las Comunidades Aut�nomas asuman la gesti�n de los Parques Nacionales existentes, estos espacios se seguir�n rigiendo por la normativa anterior que les sea de aplicaci�n. PDF (11 p�gs. - 313 KB.) PATENTES. MODIFICACIONES al Reglamento de Ejecuci�n del Tratado de Cooperaci�n en materia de Patentes PCT (�Bolet�n Oficial del Estado� de 7 de noviembre de 1989), adoptadas en la 31 Sesi�n de la Asamblea de la Uni�n Internacional de Cooperaci�n en materia de Patentes (Ginebra 1 de octubre de 2002).
PDF (18 p�gs. - 1537 KB.) *INSTRUCCI�N DGRN SOBRE NACIONALIDAD. Instrucci�n de 28 de marzo de 2007, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los Registros Civiles municipales y dem�s reglas relativas a los expedientes de declaraci�n de nacionalidad espa�ola con valor de simple presunci�n.
Pre�mbulo: Esta Instrucci�n trata de evitar hacia el futuro los casos detectados de aprobaci�n irregular o indebida por parte de los Encargados de algunos Registros Civiles de expedientes registrales tramitados con objeto de obtener declaraciones de nacionalidad espa�ola con valor de simple presunci�n. Se tratan de armonizar los criterios de competencia y de interpretaci�n del
art�culo 17.1, c), del C�digo civil, conforme al cual son espa�oles de origen �Los nacidos en Espa�a de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislaci�n de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad�.
Los objetivos de la Instrucci�n son:
- Clarificar los efectos derivados de tales situaciones irregulares
- Indicar el camino procedimental adecuado para su subsanaci�n
- Reunir los criterios de la DGRN en un solo texto. Disposiciones: Primera. Fuera de los casos de apatridia, la aplicaci�n del art�culo 17.1 c) Cc ha suscitado muchas dudas resueltas a trav�s de las Resoluciones de esta Direcci�n General realizando la interpretaci�n del Derecho extranjero a los efectos de la aplicaci�n de este t�tulo de atribuci�n de la nacionalidad �iure soli� con objeto de evitar la apatridia de los nacidos en Espa�a. Ahora se hace p�blico el conjunto sistematizado de tales criterios en un Anexo. Segunda. La v�a registral para determinar la aplicabilidad en cada caso concreto del precepto contenido en el art�culo 17, n.� 1, c), del C�digo civil, es el expediente de declaraci�n de la nacionalidad espa�ola con valor de simple presunci�n. La competencia para instruir y para resolver el expediente corresponde al Encargado del Registro del domicilio del solicitante. Tercera. Cuando no se respeta la norma de competencia antes indicada, dicha infracci�n implica la nulidad de lo actuado, nulidad que puede ser declarada por la DGRN cuando conozca de la misma a trav�s de los recursos entablados. Cuarta. Ha de diferenciarse entre la resoluci�n del expediente y la anotaci�n posterior de dicha resoluci�n al margen de la inscripci�n de nacimiento del interesado, en el caso de que no sean coincidentes ambos Registros. El Encargado del Registro Civil del nacimiento que reciba la resoluci�n firme no podr� en su calificaci�n enjuiciar el fondo del asunto, debiendo circunscribirse a �la competencia y clase de procedimiento seguido, formalidades extr�nsecas de los documentos presentados y asientos del propio Registro�.
Quinta. Tambi�n es nula la declaraci�n de nacionalidad espa�ola hecha en expediente por �rgano registral competente, cuando se han infringido las reglas que regulan el fondo de la materia, esto es, cuando por haber padecido una err�nea interpretaci�n del Derecho extranjero se haya aplicado indebidamente la regla del apartado c) del n.� 1 del art�culo 17 del C�digo civil. Sexta. �C�mo dejar sin efecto la declaraci�n con valor de simple presunci�n, ya firme, y la anotaci�n practicada? Mientras subsista el inter�s p�blico de conseguir la mayor concordancia posible entre el Registro Civil y la realidad extrarregistral, no juega en el �mbito del Registro Civil el principio de autoridad de cosa juzgada, por lo que es posible
reiterar un expediente sobre cuesti�n ya decidida si las nuevas actuaciones tienen su fundamento en hechos descubiertos posteriormente. Por eso cabe que, de oficio o por iniciativa del Ministerio Fiscal, o de las autoridades de la Direcci�n General de la Polic�a, con ocasi�n de la expedici�n del D.N.I., o de cualquier interesado, y con intervenci�n en todo caso del Ministerio P�blico, se inicie de nuevo expediente para declarar con valor de presunci�n que a los nacidos les corresponde o no les corresponde la nacionalidad espa�ola.
S�ptima.�La nueva declaraci�n reca�da en tal expediente, en caso de ser negativa, ha de tener acceso al Registro Civil para cancelar en su virtud la anotaci�n preventiva practicada, no precis�ndose sentencia firme al ser anotaci�n y no inscripci�n.
ANEXO Relaci�n de Resoluciones de la DGRN reca�das en interpretaci�n del art�culo 17.1 c), del C�digo civil. Se hacen dos listados: por un lado el de los beneficiados por el precepto citado, y, por otro, el de los que no son espa�oles �iure soli�, por corresponderles �iure sanguinis� la nacionalidad de uno de los progenitores. Ejemplos de beneficiados por el art�culo 17.1 c): argentinos, bolivianos, colombianos, costarricenses, cubanos, peruanos�
Ejemplos de no beneficiados: argelinos, b�lgaros, ecuatoguineanos, casi todos los marroqu�es, saharahuis, mauritanos, nicarag�enses, nigerianos, pakistan�es, polacos, rumanos, rusos, senegaleses�
PDF (3 p�gs. - 87 KB.) FORMACI�N PROFESIONAL. Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formaci�n profesional para el empleo.
Este real decreto tiene por objeto regular las distintas iniciativas de formaci�n que configuran el subsistema de formaci�n profesional para el empleo, su r�gimen de funcionamiento y financiaci�n, as� como su estructura organizativa y de participaci�n institucional.
Despu�s de trece a�os de vigencia de dos modalidades diferenciadas de formaci�n profesional en el �mbito laboral �la formaci�n ocupacional y la continua�, se integran ambos subsistemas en un �nico modelo de formaci�n profesional para el empleo
PDF (17 p�gs. - 546 KB.) CASTILLA-LA MANCHA. Ley 6/2006, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el a�o 2007.
PDF (28 p�gs. - 924 KB.) UNIVERSIDADES. Ley Org�nica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Org�nica
La Ley apuesta por la armonizaci�n de los sistemas educativos superiores en el marco del espacio europeo de educaci�n superior y asume la necesidad de una profunda reforma en la estructura y organizaci�n de las ense�anzas, basada en tres ciclos: Grado, M�ster y Doctorado.
Se intenta tambi�n potenciar la autonom�a de las universidades, a la vez que se aumenta la exigencia de rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones.
Se trata de coordinar mejor a los diversos agentes responsables del mundo universitario, atendiendo con mayor �nfasis a la
realidad auton�mica, Para ello, se crea la Conferencia General de Pol�tica Universitaria y se constituye el Consejo de Universidades con funciones de asesoramiento, cooperaci�n y coordinaci�n en el �mbito acad�mico.
Se modifica la selecci�n del profesorado funcionario incorporando un modelo de acreditaci�n que permita que las universidades seleccionen a su profesorado entre los previamente acreditados. Para la contrataci�n del profesorado, esta Ley establece una serie de modalidades contractuales espec�ficas del �mbito universitario que, por las caracter�sticas propias del trabajo y por las condiciones de la relaci�n laboral, no pueden subsumirse en las figuras previstas en la legislaci�n laboral general.
Se trata de vincular la Universidad con el sistema productivo mediante medidas como la creaci�n de institutos mixtos de investigaci�n o potenciar los mecanismos de intercambio de personal investigador.
Adem�s, esta Ley prev� la elaboraci�n de un estatuto del estudiante universitario y la creaci�n del Consejo de estudiantes universitarios, con el fin de articular la necesaria participaci�n del alumnado en el sistema universitario.
PDF (20 p�gs. - 591 KB.) MERCADO DE VALORES. LEY 6/2007, de 12 de abril, de reforma de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificaci�n del r�gimen de las ofertas p�blicas de adquisici�n y de la transparencia de los emisores
Con esta ley se incorpora parcialmente a nuestro ordenamiento (se completar� reglamentariamente).dos directivas comunitarias, con la finalidad de impulsar la construcci�n de un mercado �nico financiero para la Uni�n Europea.
2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 (Directiva de OPAS), relativa a las ofertas p�blicas de adquisici�n, persigue fomentar un mercado de control empresarial eficiente a la par que protege los derechos de los accionistas minoritarios de las sociedades cotizadas. Para ello la Directiva incluye una serie de principios que habr�n de respetarse en su transposici�n: - todos los accionistas deber�n recibir un trato equivalente y deber�n contar con tiempo e informaci�n suficientes para adoptar una decisi�n sobre la oferta;
- el �rgano de administraci�n de la sociedad afectada deber� obrar en defensa de los intereses de la sociedad en su conjunto;
- no deber�n crearse falsos mercados de los valores de la sociedad afectada, de la oferente o de cualquier otra sociedad interesada por la oferta; - un oferente deber� anunciar una oferta una vez que se asegure de que puede hacer frente �ntegramente a la contraprestaci�n a la que se haya comprometido; - la sociedad afectada no deber� ver sus actividades obstaculizadas durante m�s tiempo del razonable. Una aplicaci�n de estos principios es la de que las sociedades cotizadas que pretendan dejar de cotizar en el mercado, deber�n promover una OPA dirigida a todos los valores afectados por la exclusi�n.
2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre armonizaci�n de los requisitos de transparencia relativos a la informaci�n sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociaci�n en un mercado regulado trata de dotar de mayor transparencia a los mercados financieros a trav�s del establecimiento de normas que mejoren la informaci�n que han de dar al mercado los emisores cuyos valores se negocian en mercados regulados. Se centra la Directiva en dos aspectos fundamentales
- la elaboraci�n de informes peri�dicos �anual, semestral y trimestral�, y, - el r�gimen de comunicaci�n de participaciones significativas en el capital de sociedades cotizadas.
PDF (11 p�gs. - 316 KB.) *EMPLEADO P�BLICO. LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B�sico del Empleado P�blico.
Constituci�n: El art�culo
103.3 de la Constituci�n establece que la ley regular� el estatuto de los funcionarios p�blicos y su art�culo
149.1.18.� atribuye al Estado la competencia sobre las bases del r�gimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones P�blicas. Pese a estas previsiones constitucionales no se ha aprobado hasta la fecha una ley general del Estado que, en cumplimiento de las mismas, regule de manera completa las bases de dicho r�gimen estatutario, quiz�s por la dificultad que entra�a. Algunos principios:
- Extensi�n: Esta legislaci�n b�sica ha tenido en cuenta el amplio proceso de descentralizaci�n administrativa que ha tenido lugar durante las �ltimas d�cadas, siendo en la actualidad la Administraci�n del Estado la que menor n�mero de efectivos tiene, por lo que no se configura el r�gimen de la funci�n p�blica sobre la base de un sistema homog�neo que tenga como modelo �nico de referencia a la Administraci�n del Estado, sino que cada Administraci�n puede configurar su propia pol�tica de personal, sin merma de los necesarios elementos de cohesi�n y de los instrumentos de coordinaci�n consiguientes. Por tanto, la densidad de la legislaci�n b�sica en materia de funci�n p�blica se reduce en comparaci�n con �pocas pasadas. - Regulaci�n diferenciada de los sectores del empleo p�blico que lo requieran. La organizaci�n burocr�tica tradicional, creada esencialmente para el ejercicio de potestades p�blicas en aplicaci�n de las leyes y reglamentos, se ha fragmentado en una pluralidad de entidades y organismos de muy diverso tipo, dedicadas unas a la prestaci�n de servicios directos a la ciudadan�a y otras al ejercicio de renovadas funciones de regulaci�n y control. La manifestaci�n m�s significativa de esa tendencia a la diversidad viene siendo el recurso por muchas Administraciones P�blicas a la contrataci�n de personal conforme a la legislaci�n laboral com�n.
Contenido: Establece las bases del r�gimen estatutario de los funcionarios p�blicos incluidos en su �mbito de aplicaci�n y determina las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones P�blicas, as� como los fundamentos de actuaci�n entre los que destaca el servicio a los ciudadanos y a los intereses generales. Art. 1.
A qui�n se aplica: El Estatuto contiene aquello que es com�n al conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones P�blicas, m�s las normas legales espec�ficas aplicables al personal laboral a su servicio, sintetizando aquello que diferencia a quienes trabajan en el sector p�blico administrativo, sea cual sea su relaci�n contractual, de quienes lo hacen en el sector privado. Al personal laboral, en lo no dispuesto por el Estatuto B�sico, habr� de aplicarse la legislaci�n laboral. Excepciones: El Personal retribuido por arancel est� en la lista del art�culo 4 dedicado a �Personal con legislaci�n espec�fica propia al que las disposiciones de este Estatuto s�lo se aplicar�n directamente cuando as� lo disponga su legislaci�n espec�fica. En la lista est�n tambi�n, entre otros, Jueces, Magistrados y Fiscales.
Concepto de empleado p�blico: Lo son quienes desempe�an funciones retribuidas en las Administraciones P�blicas al servicio de los intereses generales.
Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
- Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, est�n vinculados a una Administraci�n P�blica por una relaci�n estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempe�o de servicios profesionales retribuidos de car�cter permanente.
- Corresponde exclusivamente a los funcionarios p�blicos, en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participaci�n directa o indirecta en el ejercicio de las potestades p�blicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones P�blicas Art. 9.
Grupos: Para la clasificaci�n profesional del personal funcionario de carrera, los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulaci�n exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos: - Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2. Se exigir� estar en posesi�n del t�tulo universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro t�tulo universitario ser� �ste el que se tenga en cuenta. La clasificaci�n de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estar� en funci�n del nivel de responsabilidad de las funciones a desempe�ar y de las caracter�sticas de las pruebas de acceso. - Grupo B. Se exigir� estar en posesi�n del t�tulo de T�cnico Superior. - Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, seg�n la titulaci�n exigida para el ingreso. C1: t�tulo de bachiller o t�cnico. C2: t�tulo de graduado en educaci�n secundaria obligatoria. - El personal laboral se clasificar� de conformidad con la legislaci�n laboral. Arts. 76 y 77 y D.Tr. 3�..
Personal directivo: Pieza clave de la Administraci�n del futuro, es el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones P�blicas, definidas como tales en las normas espec�ficas de cada Administraci�n. Su designaci�n atender� a principios de m�rito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevar� a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. El personal directivo estar� sujeto a evaluaci�n con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gesti�n y control de resultados en relaci�n con los objetivos que les hayan sido fijados. Art. 13. La Disposici�n Final Tercera refuerza la total incompatibilidad del personal directivo, incluido el sometido a la relaci�n laboral de car�cter especial de alta direcci�n, para el desempe�o de cualquier actividad privada.
Derechos de los empleados p�blicos: El Estatuto actualiza ese cat�logo de derechos, distinguiendo entre los de car�cter individual y los derechos colectivos, e incorporando a los m�s tradicionales otros de reciente reconocimiento, como los relativos a la objetividad y transparencia de los sistemas de evaluaci�n, al respeto de su intimidad personal, especialmente frente al acoso sexual o moral, y a la conciliaci�n de la vida personal, familiar y laboral. - Los derechos de ejercicio colectivo son, entre otros, a la libertad sindical, a la negociaci�n colectiva, a la huelga, y de reuni�n. Art. 15.
- Derechos propiamente individuales. Destaquemos de los enumerados en el art. 14: . A la inamovilidad en la condici�n de funcionario de carrera.
. Al desempe�o efectivo de las funciones o tareas propias de su condici�n profesional.
. A la progresi�n en la carrera profesional y promoci�n interna.
. A la defensa jur�dica y protecci�n de la Administraci�n P�blica en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio leg�timo de sus funciones o cargos p�blicos.
. Al respeto de su intimidad, orientaci�n sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo.
. A la no discriminaci�n por cualquier otra condici�n o circunstancia personal o social.
. A la adopci�n de medidas que favorezcan la conciliaci�n de la vida personal, familiar y laboral.
. A la libertad de expresi�n
. A la libre asociaci�n profesional.
. Permisos: se regulan pormenorizadamente, incluyendo el de paternidad. D�as libres: Se fijan 6 �moscosos�.
. A los dem�s derechos reconocidos por el ordenamiento jur�dico.
Deberes de los empleados p�blicos. Se destaca de lo regulado en los arts. 52 a 54:
- Se fija un c�digo de conducta, seg�n el cual, los empleados p�blicos deber�n desempe�ar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeci�n al ordenamiento jur�dico. - Deber�n actuar con arreglo a los siguientes
principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicaci�n al servicio p�blico, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoci�n del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.
- Se abstendr�n en aquellos asuntos en los que tengan un inter�s personal, as� como de toda actividad privada o inter�s que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto p�blico. - No contraer�n obligaciones econ�micas ni intervendr�n en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jur�dicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto p�blico. - No influir�n en la agilizaci�n o resoluci�n de tr�mite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ning�n caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos p�blicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. - Resolver�n dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. - Guardar�n secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusi�n est� prohibida legalmente, y mantendr�n la debida discreci�n sobre aquellos asuntos que conozcan por raz�n de su cargo, sin que puedan hacer uso de la informaci�n obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del inter�s p�blico. - Tratar�n con atenci�n y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados p�blicos.
- Han de cumplir la jornada y el horario establecidos.
- Obedecer�n las instrucciones y �rdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracci�n manifiesta del ordenamiento jur�dico, en cuyo caso las pondr�n inmediatamente en conocimiento de los �rganos de inspecci�n procedentes. - Informar�n a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitar�n el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. - Administrar�n los recursos y bienes p�blicos con austeridad, y no utilizar�n los mismos en provecho propio o de personas allegadas. - Se rechazar� cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya m�s all� de los usos habituales, sociales y de cortes�a. - Garantizar�n la constancia y permanencia de los documentos para su transmisi�n y entrega a sus posteriores responsables. - Garantizar�n la atenci�n al ciudadano en la
lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio. Acceso: - Se basa en los principios de igualdad, m�rito y capacidad, transparencia de los procesos selectivos y su agilidad. En particular se hace hincapi� en las garant�as de imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los �rganos de selecci�n, para asegurar su independencia. - Los funcionarios han de ser espa�oles. Los ciudadanos de la Uni�n Europea tambi�n lo podr�n ser con excepci�n de aquellos empleos que impliquen una participaci�n en el ejercicio del poder p�blico o en las funciones de salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones P�blicas. El personal laboral podr� ser extranjero si reside legalmente.
- Los discapaces tendr�n reservadas el cinco por ciento de las plazas.
- El proceso selectivo ser� abierto. No cabe s�lo concurso, salvo que lo disponga una ley. Art. 61.
Tipos de carrera: La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, m�rito y capacidad. Modalidades:
a) Carrera horizontal, que consiste en la progresi�n de grado, categor�a, escal�n u otros conceptos an�logos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. Se trata de potenciar.
b) Carrera vertical: ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisi�n establecidos.
c) Promoci�n interna vertical: ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo a otro superior
d) Promoci�n interna horizontal: acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional. Concursos: La provisi�n de puestos de trabajo y movilidad se llevar� a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designaci�n con convocatoria p�blica. Arts. 78 y ss.
Evaluaci�n: Elemento fundamental de la nueva regulaci�n es la evaluaci�n del desempe�o de los empleados p�blicos, que las Administraciones P�blicas deber�n establecer a trav�s de procedimientos fundados en los principios de igualdad, objetividad y transparencia. La evaluaci�n peri�dica deber� tenerse en cuenta a efectos de la promoci�n en la carrera, la provisi�n y el mantenimiento de los puestos de trabajo y para la determinaci�n de una parte de las retribuciones complementarias, vinculadas precisamente a la productividad o al rendimiento. De ello deriva que la continuidad misma del funcionario en su puesto de trabajo alcanzado por concurso se ha de hacer depender de la evaluaci�n positiva de su desempe�o, pues hoy resulta ya socialmente inaceptable que se consoliden con car�cter vitalicio derechos y posiciones profesionales por aquellos que, eventualmente, no atiendan satisfactoriamente a sus responsabilidades. Jubilaci�n: 65 a�os con car�cter general. Las leyes pueden prever la posibilidad de que quepa solicitar la continuidad hasta los 70. Art. 67.
Excedencias. Se aplica a funcionarios de carrera y pueden ser voluntarias por inter�s particular (pasados 5 a�os de ejercicio), voluntaria por agrupaci�n familiar, por cuidado de familiares (hasta tres a�os por hijos) o por raz�n de violencia de g�nero. Art. 89.
Entrada en vigor. El 13 de mayo de 2007. Ver excepciones en la D.F. 4�.
PDF (30 p�gs. - 906 KB.) Ver Instrucci�n
CASTILLA-LA MANCHA. Ley 8/2006, de 20 de diciembre, que establece el R�gimen Jur�dico aplicable a la Resoluci�n Administrativa en determinadas materias.
La ley trata de adaptar determinados procedimientos administrativas a reglas de la
LRJAPYPAC como las del art�culo 42.2 (resoluci�n en seis meses) o del art�culo 43.2 (silencio positivo). PDF (19 p�gs. - 683 KB.) CASTILLA-LA MANCHA. Ley 10/2006, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Ley
17/2005, de 29 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos.
ISD: se modifica en cuanto a las adquisiciones �mortis causa� de empresas y negocios profesionales de car�cter familiar para favorecer la transmisi�n del patrimonio empresarial o profesional.
PDF (3 p�gs. - 102 KB.) CANARIAS.
Ley 5/2007, de 16 de marzo, de modificaci�n de la Ley
14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias.
PDF (3 p�gs. - 101 KB.) AGUAS. REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Tan s�lo se refiere a las autorizaciones de vertido, introduci�ndose un nuevo apartado 2 en el art�culo 101. PDF (2 p�gs. - 63 KB.) FACTURACI�N TELEM�TICA. Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturaci�n telem�tica y conservaci�n electr�nica de facturas, contenidas en el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaci�n.
Remisi�n electr�nica de facturas: Se desarrollan los art�culos 17 y 18 del Reglamento. Aclara esta Orden que, cuando el Decreto menciona a las facturas o documentos sustitutivos, se refiere a aquellos documentos originales que contienen los datos establecidos en el propio Reglamento. Se trata, por tanto, de los documentos que han sido creados por quienes est�n obligados a su expedici�n, tanto en los supuestos en que la expedici�n haya sido efectuada por ellos mismos como cuando hayan sido expedidos por los destinatarios o por terceros actuando en nombre y por cuenta de los citados obligados a su expedici�n. Por tanto, s�lo los originales de las facturas y documentos sustitutivos, as� como las copias y duplicados de aquellos, tendr�n el valor como justificantes que la normativa tributaria respectivamente les otorga, no teniendo dicha consideraci�n los obtenidos por los destinatarios sin la intervenci�n y aceptaci�n del obligado a su expedici�n, con las excepciones contempladas en esta norma, por no quedar garantizada la autenticidad del origen y la integridad del contenido de los mismos. Certificados electr�nicos: Se aclara la validez de mensajes en formato electr�nico en los que se incluye el env�o de las facturas o documentos sustitutivos. Se acepta esta pr�ctica como v�lida en la medida que incorpore medios que garanticen la autenticidad de su origen y la integridad de los documentos as� remitidos. Se consideran, al respecto, certificados electr�nicos admitidos, los incorporados al cat�logo de certificados electr�nicos admitidos al haber sido homologados por la propia Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria y que est�n recogidos en su p�gina web, siendo todos ellos admisibles para la firma electr�nica de facturas. Sirve tambi�n cualquier otra firma electr�nica avanzada, basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de firma de las reguladas en el art�culo 3.3 de la Ley
59/2003, de firma electr�nica. Se aclaran los requisitos exigibles a las facturas electr�nicas recibidas desde el extranjero que utilizan una firma electr�nica como medio para garantizar la autenticidad de origen e integridad de contenido. Conservaci�n: Desarrolla los art�culos 19 y siguientes. Con car�cter general, las facturas y documentos sustitutivos deben conservarse en el soporte en que originalmente fueron expedidos y recibidos, pues de esta forma se asegura la posibilidad de que pueda verificarse en todo momento que se trata de originales. Como excepci�n, se prev�, respecto de los documentos recibidos electr�nicamente con firma electr�nica reconocida, que si el destinatario cuenta con un dispositivo de verificaci�n de firma, pueda optar por imprimir el documento de forma legible junto a sendas marcas gr�ficas de autenticaci�n y conservar lo impreso. Digitalizaci�n: Se admite como v�lida la digitalizaci�n de documentos recibidos en soporte papel, trasladando la obligaci�n de conservar a ficheros que contengan las im�genes gr�ficas. Para evitar el menoscabo de garant�as, esta Orden regula un sistema de digitalizaci�n certificado. A estos efectos, la Orden define como digitalizaci�n certificada la obtenci�n de una imagen digital fiel e �ntegra del documento original en papel que se pretenda sustituir, cumpliendo con las especificaciones t�cnicas que se publiquen por Resoluci�n de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria. Este proceso de digitalizaci�n se prev� que pueda ser realizado por los propios obligados tributarios o por un tercero prestador de servicios de digitalizaci�n mediante el empleo en ambos casos de un software de digitalizaci�n homologado. PDF (8 p�gs. - 229 KB.) *REGISTRO SEGUROS FALLECIMIENTO. Real Decreto 398/2007, de 23 de marzo, por el que se desarrolla la Ley
20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creaci�n del Registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento
En un primer y urgente examen del mismo, podemos destacar lo siguiente:
1.- Gesti�n: La gesti�n del Registro se atribuye al Registro General de Actos de �ltima Voluntad.
2.- Obligaci�n notarial: En el R.D. se desarrolla la siguiente obligaci�n impuesta por la Ley 20/2005 a los notarios: Los notarios que vayan autorizar una escritura de adjudicaci�n o partici�n de herencia, deben incorporar en la misma el certificado del Registro de Seguros del causante fallecido, para as� favorecer el conocimiento que pretende la ley de los seguros existentes. Si existe alg�n seguro con cobertura de fallecimiento, los notarios deber�n advertir a los interesados de la trascendencia jur�dica de ello (luego veremos c�mo). 3.- Qui�n consulta: La consulta al Registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento puede o debe realizarla, seg�n el caso: a) Cualquier interesado, que deber� presentar el certificado de defunci�n de la persona respecto de la que se quiere conocer la informaci�n, transcurridos quince d�as h�biles desde su fallecimiento, y el Registro emitir� una certificaci�n donde consten, en su caso, los seguros que correspondan. De esta manera, el interesado podr� acudir a las compa��as aseguradoras correspondientes para conocer si es beneficiario o no del seguro.
b) Los notarios que sean requeridos para autorizar actos de adjudicaci�n o partici�n de bienes adquiridos por herencia, salvo que los interesados aporten el certificado correspondiente del Registro. Deber�n solicitarlo telem�ticamente.
4.- Procedimiento telem�tico: Del mismo destacamos cinco pasos: 1�) El notario realizar� la solicitud a trav�s del S.I.C., que estar� conectado con el Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento. El notario exigir� a los interesados la presentaci�n del preceptivo certificado de defunci�n antes de realizar la solicitud y, a los efectos del Registro, una vez realizada esta, se entender� ya cumplido dicho requisito. 2�) La identificaci�n del notario se realizar� utilizando el certificado electr�nico.
3�) El certificado del Registro se expedir� mediante la utilizaci�n de medios electr�nicos, inform�ticos y telem�ticos, y en �l la firma manuscrita del titular del Registro, o funcionario encargado que corresponda, se sustituye por un c�digo de verificaci�n o firma electr�nica. 4�) Obtenido el certificado del Registro el notario proceder�, bajo su fe p�blica, conforme a la legislaci�n notarial, a su traslado a soporte papel para incorporarlo a la correspondiente escritura p�blica. En aquellos supuestos en que no fuera posible su incorporaci�n a la correspondiente escritura p�blica, por no llegar �sta a otorgarse, el notario entregar� a los interesados el soporte papel en que se haya trasladado bajo su fe p�blica la certificaci�n electr�nica del Registro. 5�) Producido el devengo de la tasa por la solicitud del certificado del Registro prevista en la disposici�n adicional s�ptima de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, el notario proceder� a efectuar el cargo correspondiente en la cuenta identificada por el solicitante y el correlativo abono para la Administraci�n, generando el justificante acreditativo de su pago, sin perjuicio de su pago anticipado a trav�s de la instituci�n notarial correspondiente. El notario incorporar� a la escritura el traslado a soporte papel del certificado electr�nico de pago, en caso de haber sido emitido, que tendr� efectos de carta de pago. Cuando por motivos t�cnicos el pago s�lo pudiera realizarse de forma presencial, el notario incorporar� en la escritura la correspondiente carta de pago. 5.- Futura Instrucci�n: La Direcci�n General de los Registros y del Notariado, mediante la correspondiente Instrucci�n, determinar� los requisitos, caracter�sticas y especificaciones t�cnicas de los procedimientos seguros y exclusivos de interconexi�n, la estructura, contenido y formato de los mensajes de intercambio y de los certificados telem�ticos.
6.- Si hay seguros: El notario, en el caso de que del certificado del Registro se desprenda la existencia de alg�n seguro con cobertura de fallecimiento, har� las advertencias legales correspondientes y, en particular, informar� a los interesados de lo dispuesto por la normativa reguladora del contrato de seguro en relaci�n a la designaci�n de beneficiario y, en particular, en el primer p�rrafo del art�culo 88 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, (en el que se dice que: La prestaci�n del asegurador deber� ser entregada al beneficiario, en cumplimiento del contrato, aun contra las reclamaciones de los herederos leg�timos y acreedores de cualquier clase del tomador del seguro. Unos y otros podr�n, sin embargo, exigir al beneficiario el reembolso del importe de las primas abonadas por el contratante en fraude de sus derechos a fin de que los interesados conozcan que la existencia del contrato de seguro no presupone la existencia de ning�n derecho a favor de los herederos ni implica la obligaci�n de integrar las prestaciones que pudieran derivarse del contrato seguro en el caudal hereditario. 7.- Anexos: Entre los anexos se encuentran un modelo de certificado emitido por el Registro y un modelo de solicitud de certificado y un modelo de autoliquidaci�n de las tasas.
8.- Entrada en vigor: El pr�ximo 19 de junio de 2.007.
Resumen elaborado por Pablo Fern�ndez-Prida Casado, Notario de Valdepe�as (Ciudad Real)
Ver resumen de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creaci�n del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento.
PDF (39 p�gs. - 1143 KB.) **VALENCIA. LEY 10/2007, de 20 de marzo, de R�gimen Econ�mico Matrimonial Valenciano.
La nueva Ley Valenciana, reconoce que, pese a que trata de entroncar, con la regulaci�n foral del r�gimen econ�mico valenciano, prescinde, sin embargo, de principios que hoy se consideran intolerables, como son, la subordinaci�n de la mujer al marido, y el significado del r�gimen dotal como ayuda al esposo en el sostenimiento de la econom�a familiar (de ah� la supresi�n de este �ltimo). Pese a ello, establece que dada la mayor dificultad de la mujer a la hora de acceder al trabajo, la atribuci�n a �sta en general de la crianza de los hijos, o de los mayores o discapacitados, se reconoce el trabajo dom�stico como contribuci�n a las cargas del matrimonio.
Ello da lugar a una normativa diferente de la vigente en la �poca foral, pero �reconocible� en la nueva ley, a trav�s de instituciones como la carta de nupcias, las donaciones por raz�n de matrimonio, la libertad de pactos en el r�gimen econ�mico o la adopci�n como r�gimen legal supletorio de la separaci�n de bienes.
De esta forma el nuevo dcho foral, alumbrado en ejercicio de la competencia atribuida a la Comunidad por el art 49.1.2�, del Estatuto, entronca con el Dcho Valenciano Civil Foral, pero actualizado por su filtro a trav�s de las normas constitucionales.
De cualquier forma, este es el primer paso para la recuperaci�n total del Derecho Civil Foral, hasta llegar a un C�digo de Derecho Civil Valenciano, que englobar� finalmente las distintas leyes que se vayan promulgando (es el mismo camino seguido por la Generalitat Catalana).
La ley consta de tres t�tulos: disposiciones comunes al r�gimen econ�mico; la german�a y el r�gimen legal supletorio de separaci�n de bienes. Tiene 48 arts, 2 disposiciones transitorias, una adicional y 4 disposiciones finales.
La ley se aplica a los matrimonios cuyos efectos deban regirse por la ley valenciana, conforme al art 3 del estatuto y a las normas para resolver conflictos aprobadas por el Estado. En este sentido el art 3 del estatuto establece que �el dcho foral valenciano se aplica con independencia de la residencia, a quien ostente la vecindad civil valenciana, seg�n el t�tulo preliminar del c.c., la cual se adquiere por la residencia de 10 a�os en la Comunidad, sin declaraci�n en contra, o por la de 2 a�os, con manifestaci�n a favor de su adquisici�n.�
(Es decir se opta por la aplicaci�n del art 13 y 14 y 9 del c.c., rigiendo por tanto el principio de vecindad civil para la aplicaci�n del dcho civil foral:
De esta forma, contraen matrimonio bajo el r�gimen de separaci�n valenciano, salvo capitulaciones en contrario (a partir de la entrada en vigor de la ley el 25 de abril de 2008):
..- los que en caso de vecindad civil distinta, elijan esta ley, antes del matrimonio, en documento aut�ntico, por ser uno de ellos valenciano, o por tener uno de ellos residencia habitual en la Comunidad Valenciana.
..- a falta de elecci�n, aquellos en los que sea la Comunidad su residencia habitual com�n inmediatamente a la celebraci�n del matrimonio.
..- y finalmente a falta de dicha residencia, por ser el lugar de celebraci�n del matrimonio.)
Como se ve, el sistema es tremendamente complicado, pero as� es el sistema civil del c.c. en materia de determinaci�n de efectos del matrimonio.
Principios que rigen el sistema: El r�gimen econ�mico matrimonial se basa en los principios de igualdad jca de los c�nyuges, y de la m�s absoluta libertad civil; se acuerda por los c�nyuges con total libertad en la carta de nupcias.
Modificaci�n: El r�gimen econ�mico se puede modificar con entera libertad y en cualquier momento, aunque dicha modificaci�n no perjudica los dchos de terceros antes de su conocimiento o de la publicaci�n en el Registro Civil (se sigue el sistema del c.c. que exige el mero otorgamiento de escritura, sin necesidad de ninguna homologaci�n judicial, como ocurre en alg�n sistema vecino (franc�s o belga).
R�gimen legal supletorio:
A falta de carta de nupcias, o caso de ser ineficaces, se aplica el r�gimen de separaci�n absoluta de bienes, sin que la celebraci�n del matrimonio influya en el patrimonio de cada consorte, salvo la de que se afectan sus restas al levantamiento de las cargas del matrimonio. Adem�s los c�nyuges pueden celebrar entre s� todo tipo de actos y negocios. Ninguno se puede atribuir la representaci�n del otro, sino le ha sido atribuida voluntariamente o por ley, salvo los actos propios de la potestad dom�stica.
Concepto y �mbito: Se consideran como cargas del matrimonio los gastos necesarios para el mantenimiento de la familia, adecuados a los usos y nivel de la vida familiar. Los c�nyuges contribuyen a las cargas del matrimonio, bien por acuerdo mutuo o proporcionalmente a sus rentas y patrimonio. Los bienes agermanados y donaciones por raz�n de matrimonio est�n especialmente afectos a dicho levantamiento. Se excluyen los gastos derivados de la gesti�n y defensa de bienes privativos o de inter�s exclusivo de uno de los c�nyuges. Existe un deber de informaci�n rec�proca sobre los actos de administraci�n.
De los actos de un esposo dirigidos a satisfacer las necesidades familiares responden frente a terceros, solidariamente, los bienes del c�nyuge que contrajo la deuda, los agermanados, las donaciones por raz�n del matrimonio y subsidiariamente los del otro c�nyuge.
El trabajo en casa se considera como contribuci�n a las cargas del matrimonio, as� como tambi�n se considera tal, la atenci�n a los hijos, y a los ascendientes que vivan en el hogar familiar, en el suyo propio o en establecimiento de acogida, as� como la colaboraci�n que un c�nyuge preste al otro en su actividad empresarial o profesional. Se establecen determinados m�dulos para la valoraci�n del trabajo en casa, acogiendo el costo de tales servicios en el mercado laboral, por ejemplo. Esta actividad ser� compensada al tiempo de disoluci�n del r�gimen econ�mico, salvo que se hayan obtenido ventajas econ�micas equiparables a dicha compensaci�n. La acci�n para reclamar la compensaci�n prescribe en el plazo de 5 a�os, desde que se pudo exigir.
El sistema es equiparable al que establece el c.c., ya que sea cual sea el r�gimen econ�mico, todo acto dispositivo sobre la vivienda habitual de la familia o sobre muebles de uso ordinario, se precisa por el c�nyuge titular el consentimiento del otro, debi�ndose manifestar en el documento en que se formalice si tal circunstancia concurre en el inmueble dispuesto. La manifestaci�n err�nea o falsa, no perjudica a tercero de buena fe. Cabe el consentimiento supletorio prestado por la autoridad judicial, caso de negativa o incapacidad. El acto realizado sin consentimiento del otro c�nyuge puede ser anulado, en el plazo de 4 a�os, a contar de la inscripci�n en el Registro de la Propiedad, aunque la nulidad del acto no afecta al tercero adquirente a t�tulo oneroso y de buena fe.
Caso de no ser posible la anulaci�n del acto, el c�nyuge no titular puede exigir que las cantidades obtenidas se destinen a la adquisici�n de una vivienda habitual suficiente para la familia.
Al fallecimiento de un esposo, se adjudicar�n al sobreviviente los bienes del ajuar dom�stico de la vivienda habitual, que no se computar�n en el haber hereditario, salvo que sean de extraordinario valor. Se presume que dichos bienes constitutivos del ajuar, pertenecen a ambos c�nyuges por mitad. De igual forma, a la muerte de un c�nyuge, el uso de la vivienda habitual que forme parte del haber del premuerto se adjudicar� al c�nyuge sup�rstite, salvo el caso de violencia dom�stica ejercida por �ste o muerte dolosa.
Pueden otorgar carta de nupcias, quienes pueden contraer matrimonio, incluso los incapacitados sino se lo ha prohibido la sentencia de incapacitaci�n. Cuando se trate de c�nyuge menor y se atribuyan al otro derechos sobre inmuebles, establecimientos mercantiles u objetos de extraordinario valor, se exigir� el complemento de capacidad.
La carta de nupcias puede establecer el r�gimen econ�mico matrimonial y cualesquiera pactos de naturaleza patrimonial o personal entre los c�nyuges o a favor de los hijos nacidos o por nacer, para que produzcan efectos durante el matrimonio o a su disoluci�n, sin m�s l�mites que los que establece la ley, las buenas costumbres o el principio de igualdad de dchos y obligaciones entre los c�nyuges. La carta de nupcias se puede otorgar antes o despu�s del matrimonio, e igualmente se puede modificar, en todo o parte, por las mismas personas que las constituyeron.
Para su validez la carta de nupcias o su modificaci�n debe otorgarse en escritura p�blica, y s�lo ser�n oponibles a terceros desde su inscripci�n en el Registro Civil. La carta de nupcias queda sin efecto en los casos de nulidad, divorcio o separaci�n. En estos casos y en el convenio regulador, se pueden ratificar, modificar o extinguir, dchos u obligaciones establecidas anteriormente.
Son donaciones por raz�n de matrimonio las hechas por uno de los contrayentes o de los c�nyuges a favor del otro en consideraci�n al matrimonio que se va a celebrar o ya celebrado y aquellas que otorguen otras personas con la misma consideraci�n o para ayudar al levantamiento de las cargas del matrimonio.
Tienen capacidad para ello las personas que pueden contratar y disponer y disponer de los bienes y pueden aceptarlas quienes puedan contraer matrimonio. Pueden ser objeto de ella toda clase de bienes, universalidades de bienes, dchos y acciones. Cabe la reserva de usufructo en le donante, o hacerse con car�cter sucesivo a los hijos o hijas con ocasi�n del matrimonio, para el caso de defunci�n de uno de ellos. Las donaciones hechas conjuntamente a los contrayentes o a los c�nyuges, pertenecen a ambos por partes iguales. Se pueden hacer en carta de nupcias o en escritura separada, y si se trata de inmuebles, deber� siempre de hacerse en escritura p�blica.
Pueden ser revocadas: si el matrimonio no se celebra en el t�rmino de un a�o; si se incumple el modo o la condici�n; si el matrimonio se declara nulo, o se disuelve, o los c�nyuges se separan de hecho o judicialmente. La acci�n caduca al a�o desde que el donante tenga conocimiento de la causa de la revocaci�n. Los bienes donados est�n sujetos a colaci�n en la herencia del donante, en los t�rminos que resulten del Dcho Sucesorio Valenciano (se anuncia pues la siguiente ley Foral de Sucesiones )
Concepto: Como novedad del dcho foral valenciano, la German�a es una comunidad conjunta o en mano com�n de bienes, pactada entre los esposos en carta de nupcias, antes de contraer matrimonio, con ocasi�n de �ste, o en cualquier momento posterior, modificando o complementando aquellas. Adem�s este car�cter agermanado se puede hacer constar en el documento p�blico de su adquisici�n, sin necesidad de otorgar o modificar la carta de nupcias. Como el resto de los bienes del matrimonio, estos bienes est�n afectos al levantamiento de las cargas del matrimonio.
Composici�n y actos dispositivos: La german�a puede comprender todos, algunos o alguno de los bienes de los esposos. Su composici�n se puede modificar durante su vigencia, tanto aportando bienes a la misma, como excluy�ndolos, aunque dicho cambio no perjudicar� los dchos adquiridos por terceros. Los actos de adm�n. y disposici�n de los bienes agermanados requieren el consentimiento de ambos esposos, aunque cabe el consentimiento judicial supletorio.
Extinci�n: La german�a se extingue por acuerdo mutuo de los c�nyuges, y en caso de disoluci�n del matrimonio, separaci�n o nulidad, aunque cabe el pacto de continuaci�n en mano com�n o por cuotas, entre los esposos, o entre el sup�rstite y los herederos del otro. Al igual que en los gananciales, caso de deudas privativas, y a falta de bienes de este car�cter, responden los bienes agermanados. El acreedor podr� pedir el embargo de estos bienes que ser� notificado al otro c�nyuge, que podr� solicitar que la traba se sustituya por la parte que ostente en ellos el c�nyuge deudor, lo que supondr� la disoluci�n de la german�a.
La divisi�n de los bienes agermanados entre los c�nyuges o entre el sobreviviente y herederos, se har� por mitad entre ellos, aunque tambi�n cabe la liquidaci�n atribuyendo a un c�nyuge el usufructo y al otro o a sus herederos la nuda propiedad.
EXENCI�N FISCAL. Disp. Adicional:
Las aportaciones a la german�a y las adjudicaciones resultantes de su liquidaci�n total o parcial, gozan de la exenci�n del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jcos documentados. EL REGIMEN LEGAL SUPLETORIO DE SEPARACION DE BIENES
En defecto de pacto entre los c�nyuges o si este deviene ineficaz, el r�gimen econ�mico ser� el de separaci�n de bienes, de forma que la celebraci�n del matrimonio, no afectar� a la composici�n de sus patrimonios, salvo la afecci�n al levantamiento de las cargas del matrimonio. Cada esposo responder� de las obligaciones y responsabilidades que contraiga. Si no se puede acreditar a cual de los c�nyuges pertenece alg�n bien, �ste les corresponder� por mitad, aunque si se trata de bienes muebles de uso personal o afectos a la actividad de un esposo, se presume pertenecen a �ste. Y ello sin perjuicio de su afecci�n al levantamiento de las cargas del matrimonio.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Los matrimonios celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, sin perjuicio de lo que puedan acordar en carta de nupcias, quedan sometidos a la sociedad de gananciales del c.c.. Los contra�dos con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, quedan acogidos al legal supletorio de la separaci�n de bienes, salvo que en carta de nupcias, pacten un r�gimen distinto.
El c.c. ser� dcho supletorio en defecto de la presente ley, de la costumbre, de los principios generales del ordenamiento valenciano, y de la doctrina del TS de justicia de la Comunidad Valenciana.
Los c�nyuges podr�n acogerse en bloque a cualquiera de los reg�menes econ�micos matrimoniales establecidos en el c.c. en lo que no sea incompatible con las disposiciones imperativas de esta ley.
ENTRADA EN VIGOR. La ley entrar� en vigor el 25 de abril de 2008.
Jorge L�pez Navarro, Notario de Alicante.
PDF (8 p�gs. - 267 KB.) VALENCIA. LEY 12/2007, de 20 de marzo, de modificaci�n de la Ley
5/1983, de 30 de diciembre, de Govern Valenci�.
Entre los art�culos modificados est� el 21:
Art�culo 21. i) Participar en la fijaci�n de demarcaciones correspondientes a los Registros de la Propiedad y Mercantiles, demarcaciones notariales y n�mero de Notarios, as� como de las oficinas liquidadoras con cargo a los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, de acuerdo con lo que prev�n las leyes del Estado. Nombrar a los Notarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, de conformidad con las leyes del Estado.
PDF (3 p�gs. - 82 KB.) ESTATUTO DE ARAG�N. Ley Org�nica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonom�a de Arag�n.
Art�culo 9. Eficacia de las normas.
2. El Derecho Foral de Arag�n tendr� eficacia personal y ser� de aplicaci�n a todos los que ostenten la vecindad civil aragonesa, independientemente del lugar de su residencia, y excepci�n hecha de aquellas disposiciones a las que legalmente se les atribuya eficacia territorial.
Art�culo 71. Competencias exclusivas.
En el �mbito de las competencias exclusivas, la Comunidad Aut�noma de Arag�n ejercer� la potestad legislativa, la potestad reglamentaria, la funci�n ejecutiva y el establecimiento de pol�ticas propias, respetando lo dispuesto en los art�culos 140 y 149.1 de la Constituci�n. Corresponde a la Comunidad Aut�noma la competencia exclusiva en las siguientes materias:
2.� Conservaci�n, modificaci�n y desarrollo del Derecho Foral aragon�s, con respeto a su sistema de fuentes.
Art�culo 75. Competencias compartidas.
En el �mbito de las competencias compartidas, la Comunidad Aut�noma de Arag�n ejercer� el desarrollo legislativo y la ejecuci�n de la legislaci�n b�sica que establezca el Estado en normas con rango de ley, excepto en los casos que se determinen de acuerdo con la Constituci�n, desarrollando pol�ticas propias. Corresponde a la Comunidad Aut�noma la competencia compartida en las siguientes materias:
10.� R�gimen de los recursos fundados en el Derecho foral aragon�s contra la calificaci�n negativa de documentos, o cl�usulas concretas de los mismos, que deban tener acceso a un Registro p�blico de Arag�n. Art�culo 78. Notarios y registradores.
1. Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles ser�n nombrados por la Comunidad Aut�noma, de conformidad con las leyes del Estado, siendo m�rito preferente el conocimiento del Derecho propio de Arag�n y espec�ficamente su Derecho foral. 2. La Comunidad Aut�noma participar� en la fijaci�n de las demarcaciones correspondientes a las Notar�as y a los Registros de la propiedad y mercantiles en Arag�n, de acuerdo con lo previsto en las leyes generales del Estado.
3. Corresponde a los �rganos jurisdiccionales de la Comunidad Aut�noma el conocimiento de los recursos contra la calificaci�n de documentos o cl�usulas concretas de los mismos, que deban tener acceso a un Registro p�blico de Arag�n y est�n fundados en el Derecho foral aragon�s. PDF (20 p�gs. - 609 KB.) NAVARRA.
PDF (41 p�gs. - 1676 KB.) BALEARES. Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Funci�n P�blica de la Comunidad Aut�noma de las Illes Balears.
PDF (30 p�gs. - 889 KB.) CNAE. Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificaci�n Nacional de Actividades Econ�micas 2009 (CNAE-2009).
PDF (22 p�gs. - 867 KB.) TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:
MONTES. Recurso de inconstitucionalidad n�mero 1014-2004, en relaci�n con los art�culos 7.2.h), 46.1 y 47.3 de la Ley
PDF (1 p�gs. - 25 KB.) LEY DEPENDENCIA. Recurso de inconstitucionalidad n�mero 2250-2007, en relaci�n con determinados preceptos de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de promoci�n de la autonom�a personal y atenci�n a personas en situaci�n de dependencia.
PDF (1 p�gs. - 25 KB.) LEY DEPENDENCIA. Recurso de inconstitucionalidad n�mero 2313-2007, en relaci�n con determinados preceptos de la Ley
PDF (1 p�gs. - 25 KB.) TRIBUNAL SUPREMO:
AUTORIZACI�N DE RESIDENCIA. PROVIDENCIA de 16 de marzo de 2007, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se admite a tr�mite la cuesti�n de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n�mero 2 de Almer�a, sobre el
art�culo 75.1, p�rrafo primero, del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, en el particular relativo a que �la vigencia de las autorizaciones de residencia temporal se extinguir� sin necesidad de pronunciamiento administrativo�.
PDF (1 p�gs. - 26 KB.) IVA: DEVOLUCIONES. PROVIDENCIA de 16 de marzo de 2007, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se admite a tr�mite la cuesti�n de ilegalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Contencioso-Administrativo, Secci�n 5.�, sobre el
art�culo 31, apartado 1.3, del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor A�adido.
PDF (1 p�gs. - 26 KB.) SECCI�N 2�:
OPOSICIONES REGISTROS. Orden JUS/930/2007, de 3 de abril, por la que se dispone la sustituci�n de miembro del Tribunal Calificador de las oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocadas por Resoluci�n de 20 de octubre de 2006.
Se sustituye a don Valent�n Barriga Rinc�n, Registrador de la Propiedad de Salamanca por do�a Mar�a Isabel Cabra Rojo, Registradora de la Propiedad de Soria y Vocal del Colegio de Registradores.
PDF (1 p�gs. - 39 KB.) OPOSICIONES REGISTROS. Acuerdo de 20 de abril de 2007, del Tribunal de las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, por el que se se�ala la fecha en que han de dar comienzo los ejercicios de las mismas.
Comenzar�n el 7 de junio de 2007.
PDF (1 p�gs. - 32 KB.) ABOGADOS DEL ESTADO. Orden JUS/1140/2007, de 18 de abril, por la que se convoca proceso selectivo para el Ingreso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Abogados del Estado.
PDF (3 p�gs. - 124 KB.) JUBILACIONES.
El Notario de Santa Cruz de Tenerife, don Jos� Mar�a Delgado Bello.
El Notario de Las Palmas de Gran Canaria, don �ngel Enr�quez Cabrera.
El Notario de Madrid, don Gerardo Mu�oz de Dios.
El Notario de Torrej�n de Ardoz, don Jos� G�mez de la Serna Nadal.
El Notario de Marbella-San Pedro, don Manuel Andrino Hern�ndez.
El Notario de Lal�n, don Victorino Guti�rrez Aller.
El Notario de Madrid, don Jos� Antonio Aguirre Rodr�guez.
El Notario de Santander, don Jes�s Mar�a Ferreiro Cortines.
El Notario de Benidorm, don Fernando Planelles Chapuli.
Don �ngel Badia Salillas, registrador de la propiedad de Vila-seca i Salou, en situaci�n de excedencia voluntaria.
64. LA PROPIEDAD VOLUM�TRICA. SU CONFIGURACION COMO SEGREGACION DE VOLUMEN SUBTERRANEO O COMO COMPLEJO URBANISTICO. R. 24 de febrero de 2007, DGRN. BOE de 4 de abril de 2007.
HECHOS: Se formaliza una escritura p�blica de �disgregaci�n� entre suelo y subsuelo de una finca, es decir (y por lo que resulta de la exposici�n de los hechos de la Rs), una separaci�n, sin m�s, entre ambos elementos, pero sin una determinaci�n precisa de la parte segregada o disgregada, ni tampoco el establecimiento de una propiedad horizontal o un derecho de subedificaci�n. Acto seguido se cede gratuitamente el suelo (nos imaginamos que a una Adm�n. P�blica, para calle o Parque) y se reserva con car�cter privado, con destino a garaje, la zona de subsuelo. Cada uno de dichos elementos queda sujeto a un distinto r�gimen jco: la propiedad del suelo queda de dominio p�blico, como digo, en tanto el subsuelo queda de propiedad privada.
REGISTRADORA: Rechaza la inscripci�n, dado que se rompe el principio de especialidad hipotecaria, es decir, no se lleva a cabo una segregaci�n propiamente dicha, ni se constituye una PH o se reserva un dcho de subedificaci�n, en relaci�n con la separaci�n de ambos elementos.
NOTARIO: El notario entiende, por el contrario, que es suficiente para la separaci�n registral de suelo y vuelo, la mera �disgregaci�n� entre ambos elementos, sin que sea necesaria la utilizaci�n de otro instrumento jco, y se basa para ello en la Rs de 5 abril de 2002.
La DG da la raz�n a la Registradora, pero por no haberse observado en la escritura el principio de especialidad hipotecario. Sin embargo hace una muy interesante reflexi�n respecto a la admisi�n en Nuestro Ordenamiento, de la llamada �propiedad volum�trica�, frente al concepto cl�sico de propiedad.
Parte del hecho de que no existen obst�culos estructurales para la configuraci�n de un r�gimen distinto de la propiedad del suelo y subsuelo, dado que en nuestro sistema, se admiten no s�lo fincas perimetrales terrestres, sino vol�menes edificables, siempre que exista una perfecta definici�n de los mismos. Y para ello no es preciso acudir a la figura de la segregaci�n, sino que basta la delimitaci�n del distinto r�gimen jco aplicable a cada uno.
La concepci�n cl�sica del dcho de propiedad, y el principio de accesi�n, tiene excepciones, derivadas, bien de la voluntad del propietario (constituci�n de un dcho de superficie o subedificaci�n), o bien de la propia ley (limitaciones por ejemplo derivadas de la Ley de Minas, Aguas, Navegaci�n a�rea etc.).
Las exigencias necesarias para dar lugar a dicha separaci�n entre dominio p�blico y privado son:
� Por una parte, la existencia de una justa causa, como es aqu� la explotaci�n de los subterr�neos de zonas p�blicas.
� Y de otro, que no se distorsionen los principios hipotecarios.
� Pero, en cada caso, debe quedar claro si lo que se pretende es: 1).- Bien segregar un volumen subterr�neo para configurar una finca independiente totalmente del suelo-vuelo, en cuyo caso, es necesario llevar a cabo una modificaci�n hipotecaria, normalmente una segregaci�n, previa licencia municipal, con especificaci�n del volumen edificable que se segrega y se constituir� una finca registral independiente, 2).- O bien si lo que se quiere es que siga existiendo una vinculaci�n entre ambos elementos, aunque sujetos a un r�gimen jco distinto, es decir se trata de un desdoblamiento del r�gimen jco del suelo-vuelo y subsuelo, pero existiendo una vinculaci�n entre ambos, en cuyo caso, deben quedar claramente reguladas las relaciones derivadas de dicha coexistencia, para lo que se precisa aplicar la t�cnica de la divisi�n horizontal, aplicable a los complejos urban�sticos, por existir al menos un elemento com�n entresuelo y subsuelo, que es precisamente la l�nea de separaci�n entre uno y otro, normalmente a trav�s de una forjado. En este supuesto, en el folio de la finca matriz del suelo, se har� constar la configuraci�n de parte del subsuelo como bien patrimonial, y en el folio del subsuelo se har� referencia a la finca matriz, constando en ambas las reglas que regulan el complejo.
COMENTARIO: Haciendo un poco de historia en el tema del dcho de propiedad, hemos de remontarnos a la Rs de 16 noviembre de 1981, que ya establec�a dos conceptos del dcho de propiedad: la que llamaba propiedad �civilista� propia del Dcho Romano y recogida por el Code Napole�nico, en que la propiedad era un dcho absoluto, en el que las limitaciones eran excepcionales, frente a la que llamaba concepci�n �administrativa�, que proveniente del Dcho Alem�n, consideraba tales limitaciones como �delimitaciones� del dominio. Estimaba que el art 348 del c.c. hab�a sido ampliamente superado por el art 33 de la CE, donde tras de reconocer el dcho de propiedad, era su funci�n social la que delimitaba su contenido, de acuerdo con las leyes.
Este concepto de propiedad delimitada, ya hab�a sido recogido por nuestra Ley del Suelo de 1956 y 1972, que vinieron a dar entrada a la que se conoce como �propiedad urbana�, dentro de la cual se comenz� a discutir qu� facultades integraban su concepto, e incluso si tal concepto era, como dec�a Garc�a de Enterr�a, una especie de propiedad esencial, a la que se le iban luego agregando facultades.
Esta idea de n�cleo de propiedad, desprovisto de facultades urban�sticas (que sigue el modelo italiano), dio lugar a la llamada propiedad urbana evolutiva, recogido por la luego derogada ley 8/90, que lleg� a introducir una propiedad urbana, a la que se agregaban facultades, seg�n el propietario iba cumpliendo sus deberes urban�sticos (asi daba poco a poco dcho a urbanizar, al aprovechamiento, a edificar y s�lo en un �ltimo momento a hacer propia la edificaci�n).
Tras la derogaci�n de dicha norma y al aldabonazo dado por nuestro TC en s de 1997, se dio lugar a la disgregaci�n del urbanismo y su atribuci�n a las distintas Autonom�as, manteniendo tan s�lo unos cuantos preceptos estatales, uno de los cuales era el mantenimiento de un solo concepto de propiedad urbana en todo el territorio nacional (la verdad es que hoy d�a es discutible este extremo). Quiz� haya sido, y es una opini�n personal, esta dispersi�n urban�stica, la causante de gran parte de los males que nos aquejan en este terreno. Hoy en d�a la propiedad urbana, se configura en general como una propiedad con derecho a edificar, pero para cuyo ejercicio se precisa de una licencia, y en general se establece que las plusval�as que genera la edificaci�n se reparten entre los propietarios y la Comunidad a trav�s de complejos sistemas de distribuci�n (El nuevo Proyecto de Ley del Suelo, recoge, sin embargo, a la consideraci�n del suelo, como propiedad desprovista del dcho a construir).
La opini�n doctrinal que se sustenta, en torno al dcho de propiedad, es la que no existe un concepto �nico predicable, de los distintos bienes, que igual que se puede hablar de una propiedad urbana, tambi�n se puede hablar de propiedad r�stica, intelectual, de minas etc.�, cada una con unas caracter�sticas especiales, que no son propias de las dem�s y cuya delimitaci�n corresponde siempre a la norma que las regula.
Pero tras de esta introducci�n quiz� innecesaria, pero con un af�n de profundizar en este tema, volvamos a la PROPIEDAD VOLUM�TRICA: El concepto cl�sico de propiedad, como derecho cuasi absoluto y extensible �por arriba hasta el cielo y por abajo hasta los infiernos�, como si fuera una columna intocable, es un poco el que reflejaba nuestro c.c, y frente a �l, como hemos visto, se han ido separando determinados conceptos como el de propiedad urbana o la consideraci�n del aprovechamiento urban�stico, como formas de propiedad que chocaban con el sistema.
Junto a ello, se comenz� a plantear en las grandes ciudades, la cuesti�n de espacios aprovechables, a distinta altura, que no encajaban en estos esquemas r�gidos y de una forma u otra se intent� de darles soluci�n.
La primera lanza que se rompi� en su defensa la dio la repetida Rs de
5 de abril de 2002, en que rechazaba la interpretaci�n tradicional del art 348 c.c. y acud�a a la CE de 1978 para plantear la admisi�n de esta nueva propiedad por vol�menes, en el que ya se manejaba la posibilidad de esta novedad: en este supuesto el caso era distinto al de la Rs que nos ocupa, ya que se desafectaba el subsuelo de un terreno p�blico, para configurarlo como una finca independiente. Tras de admitir esta posibilidad, la DG acud�a a la figura de la
concesi�n admva o la desafecci�n de la unidad subterr�nea destinada a aparcamiento, estableciendo que ello no supon�a ninguna limitaci�n al destino demanial del suelo, ni se mermaba el uso p�blico del mismo. En el supuesto, no se llegaba a segregar un volumen edificable de subsuelo (posibilidad que hoy se admite), sino que segu�a vinculado con la superficie, pero quedando reglamentadas las relaciones derivadas de la coexistencia de suelo y vuelo p�blicos, con un volumen edificable de car�cter patrimonial, y se acud�a a la figura de la constituci�n de un complejo inmobiliario. La unidad subterr�nea, sin romper su vinculaci�n con la finca matriz, una vez desafectada, pod�a abrir en el Registro finca independiente.
RESUMEN FINAL: Tras de la nueva Rs, se admite perfectamente la referida propiedad volum�trica, y se exigen la concurrencia de estas circunstancias: 1)
Causa justificada; 2) mantenimiento de los principios registrales, en concreto el de especialidad; 3) Se admiten dos posibilidades: a- o bien se produce la segregaci�n de volumen edificable, desconectado de la superficie terrestre (me imagino que siempre que no existe ning�n elemento com�n) y se configura como finca independiente, abriendo folio aparte, y todo ello, previa licencia municipal b- o bien se mantiene la coexistencia entre ambos elementos, mediante la constituci�n de un complejo inmobiliario, y en tal caso, se abre en el folio abierto al suelo p�blico, la configuraci�n de parte del subsuelo como bien patrimonial, y en el folio abierto a �ste, constar� cual es la finca matriz de procedencia y en ambos folios, se reflejar�n las reglas del complejo inmobiliario articulado. (JLN). PDF (2 p�gs. - 81 KB.) 65. LA PROPIEDAD VOLUM�TRICA. SU CONFIGURACION COMO SEGREGACION DE VOLUMEN SUBTERRANEO O COMO COMPLEJO URBANISTICO. R. 26 de febrero de 2007, DGRN. BOE de 4 de abril de 2007.
Contenido id�ntico a la anterior n�mero 64, de 24 de febrero de 2007. (JLN)
PDF (2 p�gs. - 94 KB.) 66. LA PROPIEDAD VOLUM�TRICA. SU CONFIGURACION COMO SEGREGACION DE VOLUMEN SUBTERRANEO O COMO COMPLEJO URBANISTICO. R. 27 de febrero de 2007, DGRN. BOE de 4 de abril de 2007.
PDF (2 p�gs. - 94 KB.) 67. USUFUCTOS VIDUALES SUCESIVOS EN HERENCIA. CALIFICACION ALTERNATIVA Y LEGITIMACION DEL NOTARIO PARA PEDIRLA. R. 3 de marzo de 2007, DGRN. BOE de 4 de abril de 2007. Notario de Reinosa don V�ctor Fuentes Arjona � Registro de Reinosa.
Hechos: En una herencia se adjudica a la viuda el usufructo vitalicio y a los herederos la nuda propiedad. Uno de ellos, a su vez, muri� con posterioridad al primer causante dejando hijos y viuda y a �sta se le adjudica tambi�n el usufructo vitalicio sobre la nuda propiedad de la parte del hijo fallecido sin precisar el car�cter de este usufructo respecto del primero. La registradora exige que se especifique que el segundo usufructo es sucesivo al primero. La DGRN considera que, aunque ser�a deseable que constara claramente determinado el car�cter del usufructo en la escritura, en el caso presente est� suficientemente claro el car�cter sucesivo del segundo usufructo. El registrador como norma de actuaci�n no ha de tener en cuenta solo la pura literalidad del documento, sino tambi�n la intenci�n evidente de las partes.
Adem�s, reitera tambi�n la DGRN que el notario est� legitimado para pedir la calificaci�n alternativa de otro registrador, en contra de la opini�n del registrador al que se pidi� calificaci�n alternativa en este caso, que consideraba que el notario no era �interesado� para ello. (AFS)
PDF (5 p�gs. - 187 KB.) **68. REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL DE MATRIMONIO DE DISTINTA NACIONALIDAD.. R. 5 de marzo de 2007, DGRN. BOE de 4 de abril de 2007. Notaria de Ciudad Real, do�a Mar�a Luisa Garc�a de Blas Valent�n-Fern�ndez - Registro n.� 2, de Ciudad Real
Un matrimonio compuesto de espa�ol y peruana compra �con sujeci�n al r�gimen de su nacionalidad�, que no se especifica cual es.
La DGRN considera que trat�ndose de matrimonios de extranjeros de la misma nacionalidad no hay que especificar el r�gimen econ�mico matrimonial, ya que estar� sujeto al derecho extranjero, y la cuesti�n del r�gimen matrimonial concreto se difiere al momento de la venta (art. 92 RH). Pero trat�ndose de dos personas de distinta nacionalidad (no se aclara, pero parece que la DGRN sobreentiende que uno espa�ol y otro extranjero) hay que especificar si el r�gimen aplicable est� sujeto a la ley espa�ola (en cuyo caso se aplican las reglas ordinarias para los espa�oles y habr� que especificar el r�gimen, conforme al art�culo 51.9 RH) o sujeto a la ley extranjera (en cuyo caso no es necesario especificar el r�gimen concreto, pero s� a qu� legislaci�n est� sujeto). (AFS)
PDF (2 p�gs. - 93 KB.) 69. EMBARGO DE BIENES FUERA DEL TERRITORIO DE LAS ENTIDADES LOCALES. R. 8 de marzo de 2007, DGRN. BOE de 4 de abril de 2007.
Confirmando la Nota de la Registradora, se reiteran recientes Resoluciones seg�n las cuales el Recaudador Municipal de un Ayuntamiento carece de jurisdicci�n para trabar bienes situados fuera del territorio de su corporaci�n, ya que el art. 8 de la Ley Reguladora de las Haciendas locales expresamente recoge que las actuaciones en materia de inspecci�n o recaudaci�n ejecutiva que hayan de efectuarse fuera del territorio de la respectiva entidad local en relaci�n con los ingresos de derecho p�blico propios de �sta deber�n ser practicados por los �rganos competentes de la correspondiente Comunidad Aut�noma o del Estado seg�n los casos, previa solicitud del presidente de la Corporaci�n. Y dado que la calificaci�n de los documentos administrativos, aunque tiene un alcance limitado, s� llega a la competencia del �rgano administrativo -art. 99 RH- es correcta la actuaci�n del Registrador. (MN)
PDF (2 p�gs. - 92 KB.) *70. EXCESO DE CABIDA: NO CABE INSCRIBIRLO CERRADO EL FOLIO. R. 12 de marzo de 2007, DGRN. BOE de 4 de abril de 2007.
El historial registral de una finca figura cerrado por haberse aportado a una Junta de Compensaci�n; ahora se pretende reabrirlo para inscribir un exceso de cabida alegando que en dicha finca estaba incluida una cabida no inscrita que no se aport� a la Junta.
La Direcci�n confirma la calificaci�n y desestima el recurso ya que una vez aportada la finca a la Junta de Compensaci�n y cerrado el folio, los propietarios ya no son titulares de una cabida no inscrita, sino de una finca no inmatriculada, y lo que procede es inmatricular la cabida no inscrita como finca independiente por cualquiera de los procedimientos establecidos por la Legislaci�n Hipotecaria. (MN)
PDF (1 p�gs. - 45 KB.) *71. CONSTITUCI�N DE DERECHO DE SUPERFICIE EN EJECUCI�N DE CONVENIO URBAN�STICO. CALIFICACI�N DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. R. 13 de marzo de 2007, DGRN. BOE de 4 de abril de 2007.
Hechos: Se trata de una escritura en la que se constituye un derecho de superficie a favor de dos entidades, en un 40% una y en un 60% otra, y ello en ejecuci�n de un convenio urban�stico, suscrito en principio con unas entidades diferentes.
Registradora: La completa y fundamentada nota de calificaci�n, en la que se reproduce una previa nota puesta, y al parecer no recurrida, a la escritura en la que se documentaba el convenio urban�stico, queda reducida a dos defectos, tras pasar por la calificaci�n sustitutoria. Estos defectos quedan concretados en los dos siguientes:
1. No utilizaci�n por parte del Ayuntamiento del procedimiento adecuado para la constituci�n del derecho de superficie. El Registrador consider� que debi� utilizarse el procedimiento negociado, al quedar desierto el concurso, pero no la adjudicaci�n directa a trav�s de la ejecuci�n de un Convenio Urban�stico.
2. Por establecerse una participaci�n del 40% y del 60% a favor de los superficiarios, sin fijar las normas de comunidad que regulen dicha situaci�n, no siendo suficiente la remisi�n a las normas que rigen la propiedad horizontal, ya que no se delimitan los elementos independientes ni los comunes.
Doctrina: La DG, tras revisar lo que es calificable o no dentro de los actos administrativos, de conformidad con el art. 99 del RH,, concluye que si bien puede calificar, entre otros extremos, la congruencia de la resoluci�n con el procedimiento seguido y los tr�mites esenciales de este procedimiento, ello no le faculta para calificar si el procedimiento seguido por la administraci�n es el que deber�a haberse utilizado. Si pudiera calificar la procedencia del procedimiento se convertir�a en �rgano revisor de la legalidad administrativa, tarea que es puramente jurisdiccional a trav�s de los cauces legalmente previstos. El Registrador s�lo tiene que calificar si en el procedimiento elegido por la administraci�n se han cumplido los tr�mites esenciales de dicho procedimiento. Sobre esta base la consecuencia es obvia. Como le est� vedado calificar si el procedimiento es o no el adecuado, el primer defecto es revocado en su integridad. No obstante la DG, en aras del principio de seguridad jur�dica, se�ala a continuaci�n las razones por las que piensa que la administraci�n ha actuado correctamente. Y en definitiva viene a decir que la constituci�n del derecho de superficie se rige por la legislaci�n urban�stica y que con arreglo a ella (la de Castilla la Mancha), la constituci�n ha sido bien realizada.
En cambio se confirma el segundo defecto, considerando la DG, que para que la PH quede debidamente constituida deber�n describirse tanto los distintos elementos independientes, como los distintos elementos comunes del complejo inmobiliario, con sus viales, instalaciones y servicios comunes.
Comentario: Lo verdaderamente importante de esta resoluci�n es la delimitaci�n que hace del �mbito de la calificaci�n en relaci�n con los documentos administrativos, considerando que queda fuera de esa calificaci�n la determinaci�n del procedimiento elegido por la administraci�n para realizar sus actos. En definitiva, que sea cual sea el procedimiento elegido por la administraci�n, el Registrador debe acatarlo y calificar sobre la base de que la elecci�n est� bien hecha. Puede calificar la congruencia, por supuesto, pero esa congruencia, en el ejemplo puesto por la propia DG, se limitar� a rechazar un procedimiento que no es que sea incongruente, sino que no tiene nada que ver con lo pretendido en el acto administrativo. Fuera de este caso extremo, revisar un acto administrativo a trav�s de un procedimiento de contrataci�n p�blica, pone como ejemplo la DG, en ning�n otro caso podr� el registrador, seg�n esta resoluci�n, poner en cuesti�n la adecuaci�n del procedimiento a la finalidad perseguida.
La doctrina de la DG reflejada en esta resoluci�n no es totalmente nueva, pues ya en resoluci�n de 18 de Noviembre de 1986 determin� que el Registrador no es competente para calificar si una adquisici�n por parte del Ayuntamiento realizada a por concierto directo, se ajusta o no a las normas administrativas, aunque, tambi�n es cierto, que en posterior resoluci�n de 26 de Abril de 1988, citada en el vistos, s� consider� al registrador competente para decidir que la enajenaci�n de bienes de un Ayuntamiento se deb�a haber hecho por subasta y no por venta directa.
En definitiva y a la vista de la resoluci�n que resumimos y de las otras citadas, habr� que ponderar con especial cuidado cualquier calificaci�n de documento administrativo que ponga en cuesti�n la procedencia o no del sistema utilizado por la administraci�n para la consecuci�n de sus fines. (JAGV)
PDF (6 p�gs. - 217 KB.) 72. RECURSO GUBERNATIVO: PLAZO DE INTERPOSICI�N. R. 14 de marzo de 2007, DGRN. BOE de 4 de abril de 2007.
Se inadmite un recurso por haberse interpuesto fuera de plazo, al haber transcurrido el mes que prev� el art. 326 LH, desde la notificaci�n de la calificaci�n. (MN)
PDF (4 p�gs. - 160 KB.) 73. RECTIFICACI�N DE PERTENENCIA A UNA URBANIZACI�N. R. 14 de marzo de 2007, DGRN. BOE de 4 de abril de 2007. Interesado - Registro de San Lorenzo del Escorial, n� 3.
Hechos: Se solicita mediante instancia, firmada por los propietarios actuales de una finca, que se rectifique se descripci�n haciendo desaparecer la frase �forma parte de la Urbanizaci�n R�o Cof�o�. Dicha expresi�n se hereda de la finca matriz de la que �sta se segreg�.
El registrador hace un pormenorizado an�lisis de la informaci�n aportada por el interesado y de la procedente del Ayuntamiento, as� como de los datos registrales para concluir que no se trata de una mera modificaci�n de una finca corrigiendo un error en una situaci�n geogr�fica, sino de una modificaci�n con efectos jur�dicos y que por tanto no puede hacerse la rectificaci�n sin el consentimiento de la Asociaci�n de Propietarios de dicha Urbanizaci�n, persona interesada en la rectificaci�n del Registro (por ej. por gastos de urbanizaci�n o mantenimiento) o sin pronunciamiento judicial.
Los interesados recurren fund�ndose sobre todo en el Informe presentado de la Comunidad de Madrid.
La DGRN confirma la calificaci�n. Analiza las descripci�n registral de la finca y de su matriz para concluir que la referencia a la pertenencia de la finca a la �urbanizaci�n R�o Cof�o�, desde su primera inscripci�n, no es un dato meramente accesorio, sino que es esencial en su descripci�n.
Estima que la pertenencia de una finca a una �urbanizaci�n� tiene consecuencias de �ndole urban�stico; pero tambi�n de car�cter civil, por cuanto conlleva un conjunto de facultades, derechos, cargas y obligaciones propter rem con respecto de los dem�s propietarios. Por ello, la pretensi�n de suprimir tal referencia puede tener consecuencias para los dem�s propietarios de parcelas. En consecuencia, para rectificar el Registro con arreglo al art�culo 40 d) de la Ley Hipotecaria, a falta de consentimiento, ha de seguirse un procedimiento judicial contra la entidad representante de dicha urbanizaci�n. (JFME)
PDF (3 p�gs. - 127 KB.) 74. EMBARGO CONTRA PERSONA CASADA EXTRANJERA. R. 15 de marzo de 2007, DGRN. BOE de 4 de abril de 2007. Ayuntamiento - Registro de J�vea.
Se presenta en el Registro mandamiento expedido por el Recaudador Municipal ordenando el embargo de una finca que aparece inscrita a favor de unos c�nyuges de nacionalidad holandesa, con sujeci�n a su r�gimen econ�mico matrimonial y sin determinaci�n de cuotas. El Registrador deniega la anotaci�n por entender que debe entablarse el procedimiento no s�lo contra el marido, sino tambi�n contra la esposa, no siendo suficiente la mera notificaci�n, �nico tr�mite realizado con la misma.
El Ayuntamiento recurre alegando que hay que entender que la finca est� inscrita proindiviso por partes iguales entre los c�nyuges, por lo que debe anotarse el embargo. La DGRN confirma la calificaci�n y su criterio de que, para el embargo de los bienes, habr�n de aplicarse las normas de la legislaci�n que rija el r�gimen econ�mico del matrimonio y que, si no se acreditan las normas aplicables, como ocurre en el caso presente, puede solucionarse el problema dirigiendo la demanda contra ambos c�nyuges, �nico supuesto en el que, si la anotaci�n concluyera con la venta forzosa de la finca, el funcionario correspondiente podr�a actuar en representaci�n de ambos titulares en caso de rebeld�a. Nota: todav�a no se ha planteado, pero este criterio (que considero ortodoxo, pero muy estricto al ser m�s riguroso que el previsto para los gananciales en el
art�culo 144 del Reglamento Hipotecario) podr�a considerarse extrapolable a los procedimientos judiciales en los que se ordene una anotaci�n preventiva. (JFME)
PDF (2 p�gs. - 93 KB.) 75. INMATRICULACI�N DE FINCAS QUIZ�S INCLUIDAS EN OTRA INSCRITA. R. 15 de marzo de 2007, DGRN. BOE de 12 de abril de 2007. Interesado - Registro de Villarcayo.
Hechos: se presenta una escritura de compraventa de varias fincas indic�ndose que algunas no est�n inscritas.
El registrador suspende la inscripci�n de las fincas sin datos registrales por tener dudas fundadas sobre su identidad; debido a que la descripci�n de las mismas coincide en algunos detalles con determinada finca registral, estimando que, en realidad las referidas fincas se encuentran intercaladas dentro de los linderos de la susodicha finca, no siendo posible determinar �con los datos de los asientos registrales y de los documentos presentados- si las fincas cuya inmatriculaci�n se pretende son o no id�nticas a la finca inscrita. Advierte que, sobre esta materia no cabe recurso gubernativo.
El interesado recurre alegando la perfecta identificaci�n y que ya se le inscribieron otras en el mismo paraje.
La DGRN confirma la calificaci�n, pues el procedimiento entablado no es el h�bil en este supuesto pues las dudas que al Registrador le surjan acerca de la identidad de las fincas, cuando se trata de inmatricularlas, es una concreta situaci�n de hecho que no puede ser decidida mediante el presente recurso, sino que debe ser planteada por el interesado ante el Juez de Primera Instancia del partido, conforme a lo dispuesto en los art�culos
300 y 306 del Reglamento Hipotecario.
Parece que hubo notificaciones del recurso por parte del registrador que la DGRN no consider� procedentes, pues no tuvo en cuenta las alegaciones presentadas por estos notificados. (JFME)
PDF (2 p�gs. - 111 KB.) 76. EMBARGO CONTRA PERSONA CASADA EXTRANJERA. R. 15 de marzo de 2007, DGRN. BOE de 12 de abril de 2007. Ayuntamiento - Registro de J�vea.
Es similar a la 74 con la �nica diferencia de que los c�nyuges son de nacionalidad suiza, pero tambi�n adquirieron la finca �para su sociedad conyugal�. (JFME)
PDF (2 p�gs. - 108 KB.) 77. CANCELACION DE HIPOTECA Y PREVIA CESION DEL CREDITO. R. 16 de marzo de 2007, DGRN. BOE de 12 de abril de 2007. Interesado - Registro de Cerdanyola del Vall�s, n�mero 2.
Se presenta una escritura de cancelaci�n de hipoteca, y posteriormente otra escritura, de fecha anterior, relativa a la cesi�n del cr�dito garantizado con la hipoteca ya cancelada; y adem�s una escritura de la entidad bancaria reconociendo el error de la cancelaci�n por la existencia de la previa cesi�n. El registrador alega adem�s que hay una discrepancia de 1 d�a entre la fecha de la escritura de constituci�n de la hipoteca cancelada, seg�n la escritura de cancelaci�n y la que consta en el Registro, aunque a pesar de esa discrepancia no se pone en duda de que se trate de la misma hipoteca.
La DGRN considera que el valor de los 2 documentos posteriores es relativo (aunque no los rechaza de plano por aplicaci�n del principio de prioridad temporal), pero sin entrar en ello estima que en todo caso lo determinante es que de dicha documentaci�n resulta que la entidad bancaria, que estaba en posesi�n del cr�dito, cobr� del deudor y que el cesionario del cr�dito ni lo notific� al deudor ni inscribi� la cesi�n, por lo que no puede ser protegido por el Registro. (AFS)
PDF (2 p�gs. - 108 KB.) 78. EMBARGO CONTRA PERSONA CASADA EXTRANJERA. R. 16 de marzo de 2007, DGRN. BOE de 12 de abril de 2007. Ayuntamiento - Registro de J�vea.
Resoluci�n similar a las n�meros 74 y 76. En este caso, la finca aparece inscrita a favor de unos c�nyuges de nacionalidad marroqu� �casados en r�gimen de comunidad�, que compran �con sujeci�n a su r�gimen econ�mico matrimonial�. (JFME)
PDF (2 p�gs. - 99 KB.) 79. INTERPRETACI�N DEL ART. 98 DE LA LEY 24/2001. JUICIO DE SUFICIENCIA NOTARIAL. CONGRUENCIA DE DICHO JUICIO. R. 30 de marzo de 2007, DGRN. BOE de 14 de abril de 2007. Notario de de Coslada don Vidal Olivas Navarro - Registro n� 19 de Madrid. Vinculante.
Su contenido es id�ntico al de la Resoluci�n de 2 de Abril de 2007, resumida bajo el n�mero 80. (JAGV)
PDF (5 p�gs. - 208 KB.) 80. JUICIO DE SUFICIENCIA NOTARIAL EN RELACION CON LOS PODERES. ACTUACIONES NOTARIALES CARA A TERCEROS. R. 2 de abril de 2007, DGRN. BOE de 14 de abril de 2007. Notario de Burgos don Daniel Gonz�lez del �lamo - Registro n� 19 de Madrid. Vinculante.
HECHOS: Se formaliza una escritura de ratificaci�n de otra anterior de compraventa, en la que se aporta un poder respecto del cual el notario indica que �Yo, el Notario, a mi juicio y bajo mi responsabilidad, considero suficientes las facultades representativas acreditadas en la copia autorizada del indicado poder, que tengo a la vista, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, para la ratificaci�n de la compraventa que se instrumenta en esta escritura, comprendi�ndose tambi�n facultades para sus actos y convenios accesorios, o que son incidencia, complemento o ejecuci�n de las mismas�.
REGISTRADOR: Rechaza la inscripci�n ya que no se especifican por el notario cu�les son las facultades representativas, lo que impide al Registrador calificar la suficiencia del poder alegado en los t�rminos previstos en la legislaci�n hipotecaria�. Se basa para ello en la Rs de 12 de abril de 2002, que exigi� una somera o sucinta especificaci�n de las facultades contenidas en el poder, y cuya orientaci�n ha sido posteriormente modificada por la DG, pero que fue ratificada por la ss de 25 de octubre de 2006, dictada por la Secci�n S�ptima de la Audiencia Provincial de Valencia. Y es que para juzgar la congruencia entre el poder aportado y el negocio celebrado, es necesario que el notario transcriba las facultades adecuadas. Tambi�n lo exige el art 54. f de la Ley de Procedimiento Administrativo seg�n el cual deben ser �motivados todos los actos que deban serlo por disposici�n legal o reglamentaria expresa�.
Una interpretaci�n contraria a lo anterior, en relaci�n con la doble redacci�n dada al art 98 por las leyes 24/2001 y la 24/2005, no puede suponer que se haya atribuido de forma excluyente a los notarios la facultad de valoraci�n de la capacidad legal de los otorgantes, asumiendo una responsabilidad que no s�lo podr�a privar a los mismos de la confianza en ellos depositada, sino que obviar�a las competencias de los registradores y dejar�a sin eficacia alguna su funci�n calificadora.
DIRECCION GENERAL: Estima el recurso del Notario e insiste en la reiterada doctrina del Centro Directivo, en el sentido de que �el Registrador debe calificar la existencia y regularidad de la rese�a identificativa del documento de que nace la representaci�n y la existencia del juicio notarial de suficiencia expreso y concreto en relaci�n con el acto o negocio jco documentado o las facultades ejercitadas y la congruencia de la calificaci�n que hace el notario del acto o negocio documentado y el contenido del mismo t�tulo. El Registrador no puede revisar el juicio del notario sobre capacidad natural del otorgante, tampoco podr� revisar la valoraci�n que en la forma prevenida por el art 98 (ley 24/2001) haya realizado el Notario de la suficiencia de las facultades representativas de quien comparece en nombre ajeno que hayan sido acreditadas. Lo que el registrador debe calificar es la existencia del juicio notarial de suficiencia de las facultades representativas acreditadas y que el juicio emitido por el notario �que no el poder- es congruente con el contenido del t�tulo. Por ello resulta evidente que la ley ha establecido que la suficiencia de dichas facultades representativas es valorada por el notario y no por el registrador.
En relaci�n con alguna manifestaci�n del registrador de que es �ste quien realmente protege a los �terceros� (opini�n que es compartida por la S de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife 391/06 de 22 de noviembre de 2006, relativa a la inscripci�n en el Registro de la Propiedad Espa�ol, de una escritura de venta formalizada ante Notario Alem�n) la DG hace una manifestaci�n importante para el Notariado:
�El notario interviene no s�lo para salvaguardar el inter�s de los contratantes, sino tambi�n de los terceros, ya que los efectos de la escritura se producen no s�lo entre las partes, sino adem�s �como dice el art 1218 c.c.- en contra de tercero. La tercivalencia de la escritura, obliga al notario a adoptar numerosas cautelas a favor de los terceros, como dejar inutilizados los t�tulos del transferente, y muchas otras (notificaci�n al arrendatario, verificaci�n de la licencia de segregaci�n de un terreno, inclusi�n de la finca en las �reas de retracto a favor del Ayuntamiento, etc..) y entre los terceros protegidos por la actuaci�n notarial, se encuentran las propias Administraciones P�blicas, especialmente el Fisco (remisi�n de informaci�n a los Ayuntamientos, Catastro, o Administraciones Auton�micas o Estatal). Y esta labor que el Notario debe desplegar le es encomendada por el Legislador con independencia de que preste su funci�n en r�gimen de libre concurrencia y libertad de elecci�n por el particular. Esa libertad de elecci�n trata de un modo de organizar el servicio p�blico que seg�n demuestra la pr�ctica es �ptimo para asegurar la �gil y eficiente prestaci�n del mismo, sin que ese criterio organizativo empa�e en modo alguno el ejercicio de dicha funci�n p�blica.
De cualquier forma ese juicio de legalidad que emite el Notario, est� sometido como es l�gico a revisi�n jurisdiccional en el procedimiento adecuado.
PDF (5 p�gs. - 203 KB.) **81. REPRESENTACI�N: LA COPIA QUE SE LE EXHIBA AL NOTARIO DEBE SER LA AUTORIZADA. OPCI�N DE COMPRA: FORMA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA ESCRITURA DE OPCI�N. R. 19 de marzo de 2007, DGRN. BOE de 19 de abril de 2007. Notario de Madrid, D. Ignacio S�enz de Santamar�a Vierna - Registro de M�laga 10.
Hechos: Se trata de una escritura de cesi�n de un derecho de opci�n de compra, entre dos sociedades, cedente y cesionaria, ambas representadas por la misma persona, su administrador �nico, y en la que el Notario, a los efectos del cumplimiento del art. 98 de la Ley 24/2001, se limita a decir que se le exhibe copia de las pertinentes escrituras de nombramiento. Al propio tiempo se hab�a pactado, y as� constaba inscrito, que la cesi�n del derecho se pod�a llevar a cabo simplemente notificando notarialmente a la concedente la cesi�n. Registrador: dicha escritura fue calificada con un doble defecto: 1. No resulta que se le haya exhibido al Notario la copia autorizada de donde resulta el nombramiento de administrador. 2. No se acredita debidamente la notificaci�n notarial a la concedente pues el Notario se limita a decir, por manifestarlo as� el compareciente, que la notificaci�n fue realizada el d�a X seg�n acta notarial que me exhibe y devuelvo. El Notario recurre poniendo de relieve lo d�bil de la argumentaci�n e incluso sosteniendo que si se rese�an los datos de inscripci�n en el Registro Mercantil, lo que se hac�a con una de las escrituras de nombramiento, ello implica que se trata de copia autorizada, pues la nota de despacho del Registro Mercantil s�lo debe constar en dicha copia.
Doctrina: La DGRN confirma ambos defectos. El primero pues aunque pudiera sobreentenderse que si el Notario hace el juicio de suficiencia, sin reserva ni advertencia alguna, ello supone que la copia que se le ha exhibido es la autorizada, la claridad y precisi�n t�cnica que debe exigirse a todo documento notarial, y m�s con la trascendencia que hoy tiene el juicio de suficiencia, hace que con expresiones gen�ricas, ambiguas o imprecisas, como las de la escritura calificada, no pueda entenderse cumplido el requisito respecto de la forma de acreditar la representaci�n en la forma exigida en el art. 98 del la Ley 24/2001.
Respecto del segundo defecto, aunque deja claro que no es necesario insertar, transcribir o acompa�ar el documento de donde resulta la notificaci�n, pues la narraci�n de Notario da fe por s� sola de la existencia del documento, es lo cierto, sigue diciendo la DG, que la narraci�n que hace el notario de la realizaci�n de la notificaci�n es demasiado escueta pues ni siquiera dice de qu� tipo de copia se trata, ni tampoco, a�adimos nosotros, el notario que realiz� la notificaci�n. Por ello, la DG, sin prejuzgar la forma de cumplimiento del requisito, confirma en este punto la nota de calificaci�n por la �precisi�n t�cnica� que debe presidir la redacci�n de toda escritura p�blica.
Comentario: Tres son las cuestiones que creemos se deducen de esta resoluci�n:
1. La necesidad ineludible de que el Notario, para dar debido cumplimiento al art. 98 de la Ley 24/2001, exprese que tiene a la vista, en el momento del otorgamiento, la copia autorizada de donde resulta la representaci�n. 2. Para dar cumplimiento a requisitos, bien sean legales o bien pactados, es suficiente, salvo que la Ley exija otra cosa- caso de certificados bancarios en constituciones de sociedades, o de licencias de segregaci�n o de edificaci�n, que deben ser insertados en la escritura- con que el Notario rese�e de forma suficiente el requisito exigido sin que el registrador pueda exigir su trascripci�n o acompa�amiento.
3. Llama la atenci�n que no se haya planteado en la calificaci�n el supuesto de m�ltiple representaci�n con posibilidad de intereses opuestos que se daba en la escritura calificada. Dado que una misma persona actuaba como administrador �nico de las sociedades cedente y cesionaria, y aunque, en materia de representaci�n voluntaria, ya ha dicho la DGRN, que la existencia de la autocontrataci�n con posibilidad de intereses opuestos es algo que apreciar� el Notario y que si expresa sin reserva de ninguna clase que el apoderado tiene facultades suficientes para el acto de que se trata, en esa daci�n de fe se incluye la no existencia de problema alguno con la autocontrataci�n, bien porque en el poder ya estaba autorizada, o bien porque estima que no existen intereses opuestos (RDGRN de 28 de febrero de 2007), en materia de representaci�n org�nica, como era el caso de la escritura calificada, no conocemos ninguna resoluci�n en dicho sentido. En nuestra opini�n dicha cuesti�n, es decir, la posibilidad de intereses opuestos en la representaci�n org�nica, es calificable por el Registrador y ello por la sencilla raz�n de que la representaci�n org�nica viene predeterminada por la Ley (Cfr. art. 129 LSA y 63 LSRL) y por lo tanto en ning�n caso podr� presuponerse que el Notario, al hacer su juicio de suficiencia, haya apreciado que el autocontrato estaba debidamente autorizado por los t�rminos del poder. Por tanto, en estos casos, estimo que si el Notario, al hacer el juicio de suficiencia, no a�ade que ello lo es incluso en el caso de la m�ltiple representaci�n que, en su caso se de en la escritura, y que hace dicho juicio porque no existen intereses opuestos, el Registrador debe calificar la posible existencia de autocontrato o m�ltiple representaci�n con posibilidad de intereses opuestos con posible perjuicio para una de las partes, exigiendo los complementos de capacidad que en cada caso se estimen necesarios (ratificaci�n por la Junta general de la sociedad). As� resultaba claramente de las resoluciones de la propia DG de 9 de Mayo de 1978 y de 14 de mayo de 1998, obviamente anteriores al art. 98 de la Ley 24/2001, pero que, por las razones apuntadas, las considero aplicables. (JAGV).
PDF (4 p�gs. - 154 KB.) *82. POSIBILIDAD DE INSCRIBIR EL ACTA DE TERMINACI�N DE OBRA NUEVA DE TRES VIVIENDAS SIN SEGURO POR DESTINARLAS EL AUTOPROMOTOR A USO PROPIO. R. 17 de marzo de 2007, DGRN. BOE de 21 de abril de 2007. Vinculante. Interesado - Registro de Ripoll.
Hechos: Se otorga acta de finalizaci�n de obra de un edificio plurifamiliar, compuesto por una planta s�tano destinado a tres aparcamientos, planta baja, primera y segunda con una vivienda en cada una de ellas. No se ha constituido en Propiedad Horizontal. El otorgante manifiesta que no es necesario la constituci�n del seguro decenal pues su intenci�n es la destinar la vivienda a uso propio, siendo segunda residencia, estando casado y con dos hijos.
Al suspender la inscripci�n la Registradora de la Propiedad por la falta de constituci�n del seguro decenal alega el recurrente que destinar� una vivienda para el uso del matrimonio y las dos restantes para el uso de cada uno de sus hijos, sin que se haya constituido Propiedad Horizontal, por lo que hay unidad de morada.
Por el contrario, la Registradora de la Propiedad entiende que es necesaria la constituci�n del seguro pues la Ley habla solo de una �nica vivienda unifamiliar para uso propio para exonerar del seguro.
Finalmente la Direcci�n General resuelve que la Ley solo exige la declaraci�n de que se va a usar lo construido para uso propio para no estar obligado a constituir el seguro decenal, estimando el recurso interpuesto.
Comentario: La cuesti�n fundamental del recurso es la dilucidar el concepto de una �nica vivienda para uso propio, contenido en la Ley 38/1999. La extensi�n y composici�n de una vivienda puede ser muy variable: desde mini-pisos hasta palacios de considerable extensi�n en los que podr�an vivir much�simas m�s personas que una familia compuesta de cinco miembros. Ante esta realidad es l�gico que se considere vivienda �nica el edificio en el que administrativamente existen tres viviendas, sin que a su vez no se haya constituido una propiedad horizontal, lo que explicitar�a una inexistente voluntad de independencia. Los deberes legales y morales de procurar los padres que sus hijos tengan, en sentido amplio, los alimentos necesarios se compagina con el respeto a una cierta autonom�a personal, asign�ndole a cada uno de ellos una planta del edificio. Por ello, a la consideraci�n meramente administrativa de la existencia de tres viviendas, se impone la realidad social de una �nica vivienda, la de la familia inmediata del autopromotor. La realidad debe prevalecer sobre las formas, as� lo reconoce el art�culo 1.281 del C�digo Civil. (JZM)
PDF (2 p�gs. - 83 KB.) *83. SEGREGACION Y LICENCIA. DIFERENTES OPCIONES. R. 20 de marzo de 2007, DGRN. BOE de 21 de abril de 2007.
Vinculante. Notario de Tomares, don Juan Sol�s Sarmiento - Registro de la Palma del Condado.
Se obtiene licencia para segregar un trozo de terreno de unos 17.000 metros cuadrados (que es suelo urbanizable) de una finca matriz de unos 20.000 metros cuadrados. En la escritura se invierten los t�rminos: se segrega el trozo previsto inicialmente como Resto, de unos 3.000 metros, r�stico, y quedan como Resto los 17.000 para los que se obtuvo licencia de segregaci�n. El registrador considera que la operaci�n no se ajusta a la licencia.
La DGRN revoca la calificaci�n aclarando que existen tres opciones igualmente v�lidas en el presente caso: dividir la finca en dos, segregar la mayor y dejar como Resto la peque�a, o segregar la peque�a y dejar como Resto la mayor. La opci�n elegida es una cuesti�n de mec�nica registral, (aparte de las consecuencias fiscales) que no afecta al fondo del asunto y por ello la legislaci�n no impone ninguna de las tres opciones. (AFS)
PDF (2 p�gs. - 97 KB.) *84. VALOR DEL SEGURO DECENAL. AMPLITUD DE LA NOTA DE CALIFICACI�N. R. 21 de marzo de 2007, DGRN. BOE de 21 de abril de 2007. Don Jos� Antonio Riera �lvarez, notario de Arucas - Registro Las Palmas de Gran Canaria n.� 1. Vinculante.
Hechos: Se trata de una escritura de declaraci�n de obra nueva finalizada en la que se testimonia la constituci�n del seguro decenal.
El Registrador suspende la inscripci�n porque �la suma asegurada por el seguro decenal cuya p�liza se testimonia en la escritura es inferior al valor de la obra nueva declarada, �nica valoraci�n que consta en el t�tulo, sin que se concrete que la suma asegurada es el valor que se corresponde con los conceptos a que se refiere el art�culo 19 de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenaci�n de la Edificaci�n.�
El Notario interpuso recurso alegando, entre otras razones, que la nota de calificaci�n era escueta en exceso y poco clara y que no hay norma que imponga la coincidencia entre la valoraci�n dada a la obra nueva y la suma asegurada. La DGRN revoca la calificaci�n distinguiendo entre una cuesti�n de fondo y otra de forma. En cuanto al fondo, tras repasar las principales disposiciones aplicables al seguro decenal recuerda que el importe m�nimo del capital asegurado viene determinado por el
art. 19.5.c) de la Ley de Ordenaci�n de la Edificaci�n y por la Instrucci�n de
11 de Septiembre de 2000 y es el 100% del coste final de la ejecuci�n material de la obra, incluidos los honorarios profesionales. Dicho valor no tiene que ser equivalente al declarado como valor de la obra nueva en el documento notarial, pues el coste final de ejecuci�n material, incluidos honorarios profesionales, hace referencia a la suma de las cuant�as de los recursos empleados para la realizaci�n de la obra, cuant�a que es la que debe ser objeto de seguro, mientras que el concepto de valor de la obra nueva recoge una realidad mayor en la que se incluye, no s�lo el coste de ejecuci�n sino otros aspectos, fundamentalmente, el incremento o valor a�adido de la construcci�n, el cual vendr� determinado por una serie de circunstancias concurrentes y diversas tales como el mercado, el entorno, la situaci�n las propias caracter�sticas internas y externas de la obra, etc.
Considera que el de la obra nueva no es el �nico valor que aparece en el t�tulo, pues, incorporado a la escritura se testimonia la constituci�n del seguro decenal, y desde ese mismo momento forma un todo indivisible con el t�tulo, siendo tambi�n objeto de calificaci�n por el Registrador. Y en ese testimonio aparece el valor de ejecuci�n material.
La cuesti�n de forma o procedimental versa sobre la alegada poca fundamentaci�n de la nota de calificaci�n. La DG entiende que es aplicable la Jurisprudencia del TS sobre el
art�culo 54 de la actual Ley de Procedimiento Administrativo Com�n, pues al registrador se le debe exigir el mismo deber y extensi�n en la motivaci�n que a cualquier otro �rgano administrativo, a pesar de que la terminolog�a de dicho art�culo 54 no coincida con la del
19 bis de la Ley Hipotecaria. La motivaci�n debe darse con la amplitud necesaria para que el interesado conozca las razones que justifiquen la decisi�n y se destierre toda posibilidad de una calificaci�n que no sea arreglada a Derecho, no siendo suficiente como medio de motivaci�n la simple cita de unos preceptos legales sin acompa�amiento de la interpretaci�n, exposici�n del razonamiento l�gico que de ellos hace el �rgano que dicta el acto. En el caso enjuiciado estima la DG que la motivaci�n ha sido escueta, pero suficiente para la tramitaci�n del expediente pues el interesado ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa. (JFME)
PDF (3 p�gs. - 136 KB.) *85. LEGATARIO DE PARTE ALICUOTA: DEBE INTERVENIR EN LA ESCRITURA DE PARTICION DE HERENCIA. R. 22 de marzo de 2007, DGRN. BOE de 21 de abril de 2007. Interesados � Registro Madrid n.� 11
HECHOS: Se formaliza una escritura de protocolizaci�n de operaciones particionales, en la que intervienen todos los herederos, pero no lo hace un legatario de parte al�cuota, a quien se hab�a legado el tercio libre de su herencia.
REGISTRADOR.- Rechaza la inscripci�n, pues aunque son discutibles las facultades del legatario de cuota, se acepta por la mayor�a de la doctrina que puede pedir la partici�n, e intervenir en el aval�o, pero no todos est�n de acuerdo en que deba intervenir en la partici�n de la herencia. Tambi�n le plantea problemas la valoraci�n de los bienes hereditarios, pese a que se ha hecho con un informe pericial, y en que se atribuye al bien adjudicado al legatario un valor muy superior al resto.
DIRECCION GENERAL.- Tras de reiterar las dudas que existen respecto de si el legatario de cuota debe o no intervenir en la partici�n de la herencia, lo que no resulta del c.c. (art 655), ni de la LH ni del RH (art 42.7 y 146.3 y 152), se apoya en la LEC para dar una respuesta positiva y desestimar el recurso en este punto: art 782.1 que reconoce al legatario de cuota el dcho a reclamar la divisi�n de la herencia; el art 783.2 donde en caso de divisi�n judicial indica que se mandar� convocar a Junta, a los herederos, legatarios de cuota y c�nyuge viudo; art 784.1 que le reconoce la cualidad de miembro de la Junta y art 793.3 que establece que debe ser citado para la formaci�n de inventario.
Adem�s da estos argumentos para exigir su intervenci�n en la partici�n:
- El inter�s que tiene en el mantenimiento de la integridad del caudal hereditario, no ya como heredero, sino como copropietario de los bienes hereditarios.
- Si es considerado como copropietario del activo hereditario junto a los herederos, parece l�gica la necesidad de su intervenci�n no s�lo para realizar actos de disposici�n, sobre bienes comunes, sino tambi�n para proceder a la extinci�n de comunidad mediante la partici�n de la herencia.
En definitiva, la DG desestima el recurso, exigiendo la intervenci�n del legatario de cuota en la partici�n. Pero estima el recurso y rechaza el otro argumento del registrador respecto a la valoraci�n de los bienes, ya que �ste es un tema que no debe ser objeto de calificaci�n por el mismo.
COMENTARIO. Posiblemente cabr�a considerar que eran todos legatarios de cuota. Porque si se hab�a legado a una persona, un tercio de la herencia, los herederos (ll�meseles como quiera) eran legatarios de cuota de los otros dos tercios. (JLN)
PDF (2 p�gs. - 98 KB.) 86. EMBARGO DE BIENES DEL C�NYUGE NO DEUDOR: LA RESPONSABILIDAD DEBE DECLARARSE POR RESOLUCI�N JUDICIAL FIRME. R. 23 de marzo de 2007, DGRN. BOE de 21 de abril de 2007. Agencia Tributaria � Registro n.� 1 de Burgos.
Se plantea si cabe una anotaci�n preventiva de embargo ordenada por la autoridad administrativa sobre una finca inscrita a nombre del c�nyuge no deudor acompa�ando una sentencia no firme en la que se declara la responsabilidad del bien por la deuda que motiva el embargo. El Registrador la deniega por falta de firmeza de la sentencia.
La Direcci�n confirma la calificaci�n y argumenta que para anotar un embargo sobre bienes del c�nyuge no deudor, es necesario que la deuda contra�da bajo la vigencia del r�gimen de gananciales sea ganancial, y as� sea declarado en juicio declarativo previo entablado contra ambos c�nyuges. Pero es preciso que este pronunciamiento sea definitivo e irrevocable y por tanto en una resoluci�n firme, firmeza que ha de constar inequ�vocamente y no puede ser apreciada por el Registrador por el mero hecho de haber transcurrido el plazo para recurrirlas.
Adem�s, frente a la alegaci�n del recurrente de que el
art. 524.4 LEC admite anotaciones preventivas de resoluciones judiciales no firmes, establece que dicho art�culo no es aplicable al caso planteado ya que, en primer lugar se refiere a sentencias, luego el precepto no es aplicable a documentos administrativos, como es el caso, y, en segundo lugar, s�lo se refiere a sentencias que den lugar a la pr�ctica de asientos de inscripci�n o de cancelaci�n, esto es, de asientos definitivos que previamente pueden reflejarse registralmente, v�a anotaci�n preventiva, de manera provisional, hasta que recaiga sentencia firme, y que desaparecer�n cuando se practique el asiento de inscripci�n o cancelaci�n correspondiente. Sin embargo la Direcci�n se�ala que al ser un procedimiento fiscal y no civil, es aplicable la legislaci�n tributaria y que, conforme al art.
81.3.b LGT, cabr�a la posibilidad del denominado embargo preventivo como medida cautelar de car�cter provisional de cara a obtener una especial garant�a en los cr�ditos tributarios como consecuencia del inter�s p�blico existente en el cobro efectivo de dichos cr�ditos, pero al no haber sido objeto de solicitud el Registrador no puede practicarla de oficio. (MN)
PDF (3 p�gs. - 138 KB.) 87. OPERACIONES JURIDICAS COMPLEMENTARIAS A UN PROYECTO DE COMPENSACI�N INSCRITO. R. 26 de marzo de 2007, DGRN. BOE de 21 de abril de 2007. Junta de Compensaci�n - Registro de Orense n.� 2. Hechos: En el presente expediente se discute sobre la inscripci�n en el Registro de la Propiedad de una certificaci�n administrativa por la que se aprueban operaciones jur�dicas complementarias a un proyecto de compensaci�n ya inscrito, con la finalidad de hacer constar a favor de determinadas fincas de reemplazo la adjudicaci�n de uso del subsuelo de parte de las parcelas calificadas como Dotaciones Urban�sticas Locales de Espacios Libres y Zonas Verdes P�blicas.
El registrador deniega la inscripci�n y la DGRN confirma su criterio recordando que �Nada impide que pueda admitirse la modificaci�n de la situaci�n jur�dica real inscrita en virtud de un t�tulo administrativo si en el correspondiente expediente �ste, por nueva resoluci�n de la Administraci�n, es alterado, siempre que se trate de expedientes rectificatorios en los que la autoridad administrativa interviniente sea competente por la modificaci�n que se acuerde, no se hayan transferido las fincas a terceros protegidos por la fe p�blica registral y se cumplan en �l las garant�as legales establecidas a favor de la persona afectada. Lo que ocurre en el caso debatido es que, habiendo ganado firmeza en v�a administrativa el acuerdo de aprobaci�n definitiva de un proyecto de reparcelaci�n, y estando ya inscrito y bajo la salvaguardia de los Tribunales (ex art�culo 1 de la Ley Hipotecaria) no cabe ya, ni so pretexto de la realizaci�n de una operaci�n jur�dica complementaria de la reparcelaci�n ex art�culo 174.5 del Reglamento de Gesti�n Urban�stica, introducir en aqu�l una modificaci�n del alcance que la que ahora se cuestiona (que desborda claramente lo que es un mero error material o de hecho o una previsi�n complementaria plenamente respetuosa del contenido b�sico que se completa), que conculcar�a, adem�s, el propio r�gimen establecido para la revisi�n de los actos administrativos -cfr. art�culos 102 y siguientes de la Ley de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n-. (JDR)
PDF (3 p�gs. - 132 KB.) RESOLUCIONES MERCANTIL:
Junto a este informe se publica la rese�a del Seminario celebrado el 27 de marzo de 2007. Se recoge a continuaci�n un caso, estando el resto en
7. GARAJE POR CUOTAS CON DERECHO A USO DE PLAZA. Se presenta una escritura de divisi�n de un local en participaciones indivisas con derecho a uso de plazas de garaje; la escritura se otorga exclusivamente por el propietario del local, y en ella se describen perfectamente las plazas con sus correspondientes linderos.
Se plantea la Registradora si es necesario acuerdo de la Junta, y si es inscribible una de las cl�usulas de las normas de utilizaci�n que recoge una reserva a favor del propietario del local para a�n despu�s de vender las plazas, realizar operaciones de divisi�n y segregaci�n. Tambi�n se plantea la necesidad o no de licencia municipal.
En principio la resoluci�n de la DGRN de 20 de febrero de 1989 entiende que el destino de un local a garaje con adscripci�n de uso de plazas a las respectivas participaciones indivisas no implica subdivisi�n de local y no requiere acuerdo de la Junta. La DGRN tambi�n admite la creaci�n de subcomunidades dentro de un concreto elemento privativo en propiedad horizontal, conservando �ste su objetividad jur�dica como elemento independiente dentro de la total propiedad horizontal y sin modificaci�n de la composici�n personal de la Junta de Propietarios, soluci�n frecuente en los casos de locales destinados a plaza de garajes. S�lo se plantear�an problemas si a los locales resultantes de la subdivisi�n se les se�alasen cuotas en relaci�n con el total valor del inmueble, lo cual, sin duda, para admitirse requerir� del acuerdo de la Junta del edificio.
En cuanto a la reserva de facultades por el propietario �nico en los estatutos, los mismos, resultan inscribibles. Sin embargo, para la propiedad horizontal, la DGRN considera de modo restrictivo la introducci�n de reservas a favor del propietario �nico.
Ahora bien, en el caso de los garajes, dicho propietario �nico puede reservarse tales facultades de divisi�n o segregaci�n a fin de facilitar la puesta en el mercado de las plazas y para facilitar posteriores operaciones registrales, por lo que a esos limitados fines se observa un criterio favorable a la inscripci�n.
Por lo que se refiere a la necesidad de licencia, las resoluciones de 6, 7 y 8 de septiembre de 2000, se�alan que la transmisi�n de una cuota indivisa de una finca con asignaci�n del uso exclusivo de un espacio determinado implica una verdadera divisi�n cuando cada una de las partes es susceptible de constituir f�sicamente finca absolutamente independiente de las otras, estando sujeta por ello al requisito de la licencia municipal o a justificar la innecesariedad de la misma. Ahora bien, en ese caso se trataba de fincas r�sticas, es decir, para un supuesto radicalmente diverso del que contemplamos. Por eso en el presente caso no se aprecia que exista exigencia legal alguna en cuanto a la necesidad de presentar licencia de divisi�n para su inscripci�n.
N� de consulta: V0254-07.
Fecha: 09/02/2007.
Materia: Tributaci�n de los excesos de adjudicaci�n cuando se trate de una vivienda y plaza de garaje.
A efectos del ITP/AJD, las plazas de garaje, en general, no tienen la consideraci�n de vivienda. No obstante, las plazas de garaje adquiridas con la vivienda habitual, con un m�ximo de dos, se asimilar�n a �sta, cuando cumplan los requisitos del art�culo 54 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas. El trastero adquirido conjuntamente con la vivienda el que est� unido de forma inseparable por estar prohibida su transmisi�n independiente si tendr� la consideraci�n de mayor superficie de la vivienda. En consecuencia, la adjudicaci�n a uno de los c�nyuges de la vivienda, garaje y trastero, por ser indivisible o desmerecer mucho por su divisi�n, compensando en met�lico al otro c�nyuge no est� sujeta al ITP y estar� exento en la liquidaci�n de la sociedad ganancial. Conforme a la consulta V0428-07, de 28/02/2007, si el que recibe el dinero en la disoluci�n de la comunidad tiene m�s de sesenta y cinco a�os y se trata de la vivienda habitual la ganancia patrimonial est� exenta.
La Orotava, Archidona, Bilbao, Madrid, Los Realejos, Lugo, Puerto de la Cruz, Alicante, Granada, Lucena, Vitigudino y Arucas, a 6 de mayo de 2007.
LISTA DE INFORMES Visita n� desde el 2 de mayo de 2007

References: Real Decreto 
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