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Timestamp: 2016-12-06 01:35:42+00:00

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⭐RESERVAS DE DOMINIO SOBRE UNIVERSALIDADES DE BIENES (STOCKS DE VEHÍCULOS) DESTINADOS A LA REVENTA AL PÚBLICO. (Resolución de la DGRN de 5 junio 2012)
RESERVAS DE DOMINIO SOBRE UNIVERSALIDADES DE BIENES (STOCKS DE VEHÍCULOS) DESTINADOS A LA REVENTA AL PÚBLICO. (Resolución de la DGRN de 5 junio 2012)
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Yolanda Río Fuentes
1 MADRID Castellana, Madrid Tel.: (34) BARCELONA Diagonal, 640 bis Barcelona Tel.: (34) BILBAO Alameda Recalde, Bilbao Tel.: (34) MÁLAGA Marqués de Larios, Málaga Tel.: (34) VALENCIA Gran Vía Marqués del Turia, Valencia Tel.: (34) VIGO Colón, Vigo Tel.: (34) BRUSELAS Avenue Louise, Bruselas Tel.: (322) LONDRES Five Kings House 1 Queen Street Place EC 4R 1QS Londres Tel.: +44 (0) LISBOA Avenida da Liberdade, Lisboa Tel.: (351) RESERVAS DE DOMINIO SOBRE UNIVERSALIDADES DE BIENES (STOCKS DE VEHÍCULOS) DESTINADOS A LA REVENTA AL PÚBLICO (Resolución de la DGRN de 5 junio 2012) Ángel Carrasco Perera Catedrático de Derecho Civil Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo La reserva de dominio clásica y sus limitaciones. Todos los operadores económicos que actúan en el mercado de provisión de bienes saben que en Derecho español no existe otra modalidad de reserva de dominio sobre bienes muebles suministrados con precio aplazado que la que se contiene en la Ley 28/1998, y que en esta Ley la reserva de dominio no opera propiamente como una retención del dominio en manos del vendedor, sino como garantía pignoraticia. Es sin duda a esta sui generis y limitada reserva de dominio a la que luego se referirán los art º LEC, 56 1 a) y º Ley Concursal. Es cierto, empero, que el art de la Ley 7/1996 (Ley de Comercio Minorista) y el art. 10 de la Ley 3/2004 (Ley Antimorosidad) se refieren también a la reserva de dominio, pero nadie imaginaba que tales preceptos podrían utilizarse como normas fundamentadoras de un régimen especial de la reserva de dominio con eficacia jurídico real, distinto del regulado históricamente como prenda e inscrito en el Registro de Bienes Muebles conforme a uno de los modelos contractuales aprobados por la DGRN. Esta limitada eficacia de la institución de la reserva de dominio ha conducido a la extrema consecuencia de que los fabricantes y vendedores mayoristas de bienes muebles (vehículos, principalmente) no pueden reservarse el dominio sobre los mismos cuando han sido vendidos a distribuidores minoristas para su posterior reventa al consumidor final. Es notorio que se excluyen de la cobertura de la Ley las reservas de dominio que se pretendan imponer sobre bienes muebles destinados a la reventa por el distribuidor final (art. 5.1 de la Ley). Los fabricantes de automóviles no podían reservarse el dominio frente a sus concesionarios, si optaban por venderles los vehículos (no matriculados) a plazos, con o sin financiación de terceros. Más aún, debido a la extendida interpretación restrictiva de los privilegios que se suele hacer en sede concursal, existe jurisprudencia menor que niega al financiador de la compraventa el privilegio del art º LC, por referirse éste a los plazos de compraventa con precio aplazado, y deja de ser el caso c u a n d o e l fi n a n c i a d o r p a g a a l f a b r i c a n t e o mayorista el precio, ya que entonces las cuotas debidas por el comprador al financiador subrogado no son plazos de una compraventa (SAP Alicante, secc. 8ª, 15 octubre 2010, AC 2010, 1891; SAP Palencia, secc. 1ª, 30 de diciembre 2011, AC 2012/84). Otra consecuencia notoria de este régimen es que las reservas de dominio constituidas fuera de España conforme a la ley del país de expedición no tendrán eficacia en España, porque con toda seguridad la reserva estará allí configurada de forma distinta que en la Ley 28/1998 y casi seguro que no se ha inscrito como reserva pignoraticia en el Registro de Bienes Muebles (SAP Burgos, secc. 3ª, 8 febrero 2011, AC 2011/389). 12 La Resolución de la DGRN de 5 de junio de 2012 Todo esto promete cambiar a raíz de una Resolución de la DGRN de 5 de junio 2012, que resuelve la consulta planteada por un fabricante en un contrato marco de concesión de vehículos (Ford España), y por su financiador (FCE Bank), que pretenden el acceso registral de una reserva de dominio auténtica (no pignoraticia) sobre los vehículos vendidos al concesionario y financiados por un tercero. Este contrato marco sería inscribible en el Registro de Bienes Muebles conforme al art. 4 f) o por la cláusula residual de la letra (o)- de la Orden reguladora del mismo (Orden 19 julio 1999). Del contrato marco resulta que aquella reserva no se constituye como prenda no posesoria, sino como un derecho de propiedad retenida, que permite a su titular recuperar la posesión en caso de impago. En esta reserva se subrogaría el financiador que adelanta su precio al concedente. Para la DGRN, el art. 5.1 de la Ley 28/1998 no supone obstáculo a la inscripción de esta reserva, porque si bien aquella norma impediría el acceso al Registro de los bienes muebles identificables destinados a la reventa, los arts de la Ley de Comercio y 10 de la Ley Antimorosidad servirían como fundamentos normativos de una modalidad de reserva de dominio distinta de la configurada en la Ley 28/1998. Aunque la DGRN no se atreve a decirlo abiertamente, de la referencia que se hace al RD 1828/1999 no queda duda alguna que la reserva que se está inscribiendo es una reserva de propiedad y que ello es tolerado por nuestro sistema registral mobiliario, que no es se dice- un mero régimen de publicidad registral de gravámenes, sino también de titularidades. Tampoco se arredra la DGRN ante la limitada ambición del art. 10 de la Ley Antimorosidad, que parece contemplar una eficacia meramente interna del pacto de reserva de dominio, pues con todo, no es menos cierto ( ) que el recto propósito de una tal garantía en atención a su finalidad típica es que pueda hacerse valer frente a terceros. Así, en una tercería de dominio o por ejemplo como privilegio especial del art º Ley Concursal. Una vez inscrita esta modalidad de reserva, se cumpliría la exigencia del art. 90.2, y el derecho estaría constituido con todos los requisitos precisos para gozar de la condición de privilegio concursal especial. El contrato marco se inscribiría en el Registro del domicilio del concesionario. Como el objeto de la garantía es un conjunto dinámico de bienes muebles registrables futuros será conveniente que en dicho contrato se apodere irrevocablemente al financiador para practicar las altas y las bajas de las reserva de dominio correspondientes a los contratos individuales por vehículos respectivamente comprados y revendidos. Como no existen modelos oficiales para la constancia registral del contrato marco, deberá acceder al Registro por medio de escritura o póliza por analogía como la prenda sin desplazamiento. Las compraventas individuales de vehículos o de lotes de vehículos podrán darse de alta en el Registro por medio de los documentos acreditativos de las compraventas. En ejecución de lo previsto en la correspondiente cláusula autorizatoria contenida en el contrato marco, las compraventas individuales pueden remitirse telemáticamente por el financiador conforme a las Instrucciones de la DGRN de 23 octubre 2001 y 3 diciembre 2002 o mediante el sistema de remisión previsto en la Resolución Circular sobre formalización en documento electrónico con firma digital de 13 septiembre A estos efectos podrá utilizarse el modelo de contrato de compraventa de bienes muebles aprobado por la Resolución de 18 febrero 2000 ( Modelo V ) en el que describirán los bienes de forma habitual y se recogerán las cláusulas pertinentes de la reserva de dominio contenidas en el contrato marco inscrito, que será de obligatoria referencia. No obstante sería convenient e l a a p r o b a c i ó n d e u n m o d e l o e s p e c í fi c o para la formalización de estas operaciones derivadas de contratos de concesión comercial y de las reservas de dominio resultantes 23 de la misma, a propuesta de las entidades consultantes o de cualquier otro interesado. Hasta aquí la Resolución. Legalidad y pragmática de la solución registral Para cualquiera que esté familiarizado con esta rama del Derecho resulta evidente que la interpretación forzada de la DG contraría la voluntad histórica del legislador y el canon de interpretación sistemática. No es dudoso que los arts. 10 Ley 3/2004 (que es una norma fallida) y 17.2 Ley de Comercio, en la que la mención a la reserva es un extremo secundario e instrumental, no tuvieron como propósito modificar el régimen pignoraticio, registral y formal de la reserva de dominio regulada en la Ley de Ventas a Plazos. La DG no respeta la exigencia de vinculación positiva con el legislador. Pero sí respeta una mera vinculación negativa. Porque la interpretación de la DG no conculca directamente la letra de ninguna ley y es admisible como interpretación posible de los términos legales si éstos tuvieran que ser desarticulados de su contexto. Cabe todavía en el ámbito enorme de la interpretación literal de alguna ley, si se parte, además, de que nuestro sistema de garantías reales mobiliarias carece de racionalidad y consistencia interna, lo que permite que casi cualquier propuesta interpretativa encuentre amparo en un nicho legal que le dispense de cumplir con otra norma. Dicho esto, añado que la interpretación propuesta por la DG tiene que ser aplaudida, porque permite el desarrollo pretoriano de un Derecho necesario que, por la fosilización del legislador estatal, no cabía esperar. Voy a aceptar en todos sus puntos la construcción propuesta por la Resolución, simplemente como instrumento pragmático que permite salir del impasse en que se encontraba la distribución comercial a plazos de material sujeto a circulación. Pero no basta con abrir las puertas del Registro. Es preciso testar la nueva figura y enfrentarla a los retos extrarregistrales para determinar si hemos encontrado o no un instrumento eficaz para ampliar el espectro y las posibilidades de nuestras garantías mobiliarias. Se somete a la Ley 28/1998? Existe una incongruencia chocante entre bienes muebles y contratos sometidos a la Ley 28/1998 y bienes muebles y contratos no sometidos. Los primeros antes, los únicos susceptibles de reserva de dominio- sólo pueden someterse a una reserva de dominio como la diseñada en la Ley, formalizada en modelo oficial, pignoraticia y registrable. Los segundos pueden estar sujetos a una modalidad dominical y no pignoraticia de reserva de dominio, con retención de la propiedad a favor del vendedor o financiador. Según la DG, también esta reserva impropia está constitutivamente sujeta a inscripción en el Registro de Bienes Muebles, pero la inscripción no comporta los efectos jurídicos impuestos por el modelo pignoraticio de la reserva clásica; es decir, no estaría sujeta al art de la Ley 28/1998. Pero estará sujeto a los límites de los arts. 3, 4, 6.3 de la Ley? Existirá un contenido imperativo del contrato en la forma exigida por arts. 7 y 8? Podrá desistirse del contrato (art. 9) en toda modalidad de venta a plazos en la que se halla pactado una reserva de dominio atípica sobre bienes no sujetos a la Ley 28/1998? Es todo ello un presupuesto necesario para tener acceso al estatuto jurídico privilegiado del art. 15 de la Ley? Imposible saberlo, porque este test tiene que ser practicado fuera del Registro. La pérdida del privilegio de ejecución en cosa propia Esta reserva de dominio auténtica, despojada de su condición pignoraticia, no puede habilitar la ejecución sobre cosa propia, cual impone el modelo procesal de la reserva de dominio clásica española. Como no se puede jugar a las dos barajas, la reserva auténtica con retención dominical no puede ser objeto de declaración-ejecutiva en los términos de los art ª y de la LEC, porque 34 de hecho la reserva, que atribuye a su titular una especie de derecho de separación, no comporta la simultánea adquisición de un privilegio pignoraticio sobre cosa propia del ejecutante. Ahora bien, si tal cosa es así, inevitablemente se arrastraría con ello la inaplicación del art ª Ley Concursal y, por mucho que la Resolución insista dos veces en ello, una reserva auténtica no es compatible con un privilegio ejecutivo que en el art º se supone, necesariamente, como recayente en bien que pertenece a la masa activa del concursado. Con todo, reparemos que esta interpretación inutilizadora de la reserva no es fatal. Reparemos en los términos del art º LEC. La norma no se está refiriendo a las reservas de dominio de la Ley 28/1998, sino al incumplimiento por el comprador de los contratos inscritos en el Registro y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto. Es decir, el privilegio procesal de ejecución en cosa propia por medio de un declarativo sui generis corresponde a todo vendedor de contrato de venta a plazos que se halle inscrito, ya por modelo ya (como bien propone la DG) por medio de escritura o póliza. Con todo, no habríamos ganado mucho, porque el acceso privilegiado al procedimiento sumario de declaración no comporta necesariamente que se disponga de un privilegio especial de cobro en los términos de los art Ley 28/1998 y ª Ley Concursal. Y tampoco serviría acudir a una analogía forzada con las compraventas bajo condición resolutoria, que además de su faceta recuperatoria, son adornadas extrañamente de un privilegio ejecutivo en el art º LC, porque la reserva de dominio auténtica al menos la del contrato marco que fue objeto de examen por la DG- no se construye como una compraventa sometida a condición resolutoria. Con todo, con buena voluntad, todavía podría proponerse su encaje en el privilegio del apartado 4º del art. 90.1, si se consigue vencer la enorme resistencia que impondrá el común entendido de interpretar restrictivamente los privilegios concursales. En cualquier caso, lo que ni con buena voluntad podría conseguirse es atribuir a esta reserva no pignoraticia el privilegio ejecutivo extraconcursal del art de la Ley 28/1998. Lo que importa es la resolución del contrato, no la reserva de dominio Aceptemos que nuestra reserva de dominio con retención dominical e inscrita en el Registro está amparada en el supuesto del art º LEC, y que el vendedor puede reclamar una resolución judicial sumaria del incumplimiento del comprador, con obtención de la entrega inmediata del bien previa resolución del contrato. No existe el problema del privilegio, porque la ejecución del crédito se liquida en la restitución del bien al vendedor. Y si el comprador se halla en concurso? Aquí vuelve a encontrar otra insalvable trampa nuestro vendedor con reserva dominical inscrita. Como su reserva no es una garantía pignoraticia, como las enumeradas en los arts. 56 y 57 Ley Concursal, el vendedor no podrá proceder a la ejecución de la garantía en los términos de estos preceptos y del art. 155 de la Ley. Tendrá que reivindicar frente a la masa. Pero la reivindicación de un bien mueble sometido a reserva comporta el ejercicio de un derecho de separación ex iure dominii (art. 80 Ley Concursal) que no puede hacerse efectivo sin que el titular reservista destruya el título posesorio del comprador incumplidor por medio de una resolución contractual. Y para esta resolución no rige el procedimiento verbal del art º ni el incidente de reivindicación del art. 80 Ley Concursal, sino el incidente concursal de resolución contractual, en el que el vendedor tendrá que satisfacer los requisitos de los arts. 61 y 62 de la Ley Concursal (SJMER Bilbao 1, , AC 2007/2068; SAP Alicante, 8ª, 15 octubre 2010, AC 2010/1891; SAP Guipúzcoa, secc. 2ª, 30 julio 2010, AC 2010/1695; SJMER Alicante 1, 20 noviembre 2009, AC 2010/62). Difícilmente podrá satisfacerlos, porque es casi seguro que el contrato de compraventa será de la clase de contratos que estén sustancialmente cumplidos 45 por el vendedor reservista, e incumplido por el comprador, antes del concurso, sin posibilidad de articular una pretensión de resolución (SAP Barcelona, secc. 15ª, 30 enero 2009). Y si las prestaciones correspectivas estuvieren sustancialmente pendientes de cumplimiento por ambas partes por ejemplo, proponiendo que el contrato a resolver no es la compraventa singular, sino el contrato marco, que constituye un escenario abierto y duradero de relaciones mutuas no consumadastodavía habría de darse el caso que el vendedor pretendiese resolver el contrato sólo por incumplimientos posteriores al concurso, ya que no podría hacerlo por incumplimientos anteriores. Puestos así- es decir, ante un vendedor reservista que pretende el ejercicio de su derecho de separación por el incumplimiento de una deuda del comprador que estaría calificada de deuda contra la masanada añade la reserva de dominio al crédito de restitución derivado de la resolución exitosamente intentada en incidente concursal. Ni tan siquiera se le permitiría al vendedor que hiciere uso de esta reserva dominical, ya desatada del nudo contractual por medio de la resolución contractual; porque la reserva de dominio no es un medio adecuado para liquidar la situación posesoria ni las restituciones mutuas que deban hacerse a resultas de la resolución. Es decir, resuelto el contrato, el vendedor ya no necesitaría, pero tampoco podría, reivindicar simplemente la cosa, pues habría de procederse a una liquidación de la relación contractual que no tiene lugar en la escueta reivindicación ex iure dominii. Dónde está la ventaja? Hasta ahora no hemos apreciado ninguna ventaja operativa en una reserva de dominio auténtica. La retención del dominio en poder del vendedor no ha servido para mejorar sus opciones de recuperación siempre que, como es el caso si el deudor incumple, sea preciso resolver el contrato de compraventa y el título (compraventa) por el que deudor posee la cosa. Y si se pretende con la reserva una especie de ejecución privilegiada sobre cosa propia, la reserva auténtica sólo puede conseguir este propósito atormentando su estructura. En todo caso, aunque se pueda aceptar que una reserva de dominio de esta clase (inscrita en el Registro) merece el mismo trato concursal que el resto de privilegios dominicales del art º Ley Concursal (reserva de dominio pignoraticia, arrendamiento financiero, condición resolutoria expresa), no habrá base para dar un salto igual cuando se pretenda un privilegio extraconcursal, e incluso aquél deberá lidiar con dudoso éxito contra el asentado prejuicio antiprivilegio que impera con unanimidad entre los operadores jurídicos concursales. El simple acceso al Registro de Bienes Muebles no garantiza al acreedor vendedor que los jueces civiles o mercantiles y los administradores concursales vayan a compartir la voluntarista concepción jurídica de la DG cuando la eficacia de la reserva se ventile fuera de la competencia registral. Reserva clásica y reserva auténtica ante la tercería de dominio Qué ventaja queda, pues, a la reserva de dominio auténtica frente a la clásica reserva pignoraticia? Sólo podría manifestarse una ventaja de esta clase si el vendedor pudiera hacer ejercicio de la reserva de la retención del dominio- sin necesidad de resolver el contrato en el que se funda el título del comprador: en las tercerías de dominio. Con todo, también aquí los resultados son paradójicos. Repárese en el tenor del art Ley 28/1998, que a tales efectos dota a la reserva de dominio pignoraticia de un equipaje procesal a efectos de tercería que sólo se explica si para la ley el vendedor sigue siendo propietario pleno del bien embargado. La reserva de dominio auténtica no querría pretender mejor trato a efectos de tercería que la robusta posición que este precepto confiere a la reserva pignoraticia. 56 Mejor, la reserva clásica, y aún mejor la prenda sin desplazamiento Debe aprovecharse la oportunidad que brinda a los operadores la Resolución de 5 junio 2012, y saludarla como un remedio saludable al estancado escenario de nuestro Derecho de garantías mobiliarias. Pero es preciso dar un paso suplementario. Si la DG aprueba que los arts. 10 Ley Antimorosidad y 17.2 Ley de Comercio Minorista son fundamentos normativos de una reserva de dominio distinta de la regulada como pignoraticia en la Ley 28/1998, pero que, con todo, está sujeta a las exigencias registrales de esta Ley y al conjunto normativo que se teje alrededor del Registro de Bienes Muebles, también será posible que esta reserva de dominio extralegem se constituya conforme al modesto modelo pignoraticio de la Ley de 1998 y se elimine del contrato marco toda referencia a una posible consideración de la garantía del vendedor como auténtica retención en su poder del derecho de propiedad. No hace falta que los contratantes califiquen la reserva de un modo u otro, basta que omiten hacer descripciones por demás, innecesariasde los efectos jurídicos de la institución en cuestión. Esto es, por el bien del propósito que anima a la DG, tiene que aceptarse que también las reservas de dominio no cubiertas por el ámbito de aplicación de la Ley 28/1998 puedan constituirse como reservas de tipo pignoraticio. Pero llegados a este punto, otra paradoja final se impone, a saber: si en el fondo se quiere conseguir con esta estrategia una garantía real mobiliaria no posesoria sobre un stock de bienes cambiantes y destinados a la reventa, y si, por falta de modelo oficial, el acceso al Registro se instrumentaliza por medio de escritura o póliza, entonces no hay ninguna diferencia entre una reserva de dominio atípica como la descrita y una prenda sin desplazamiento sobre el stock que representa una universalidad de bienes (vehículos) destinados por el pignorante a la reventa. Todavía más, esto último es más seguro, porque el desempeño concursal y extraconcursal de esta prenda está testado en la práctica y no quedan abiertas incertidumbres peligrosas sobre la reacción futura de otros operadores jurídicos distintos de la DGRN. 6 Documentos relacionados
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