Source: https://clacai.org/2014/07/
Timestamp: 2019-06-20 22:21:18+00:00

Document:
julio 2014 - Clacai: Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro
Stella Maris Manzano, una médica pionera en cumplir con el derecho de las mujeres al aborto no punible.
Es especialista en tocoginecología y se ocupa en Chubut de hacer las intervenciones que la ley autoriza. Aquí, relata el proceso personal que la llevó a poner en práctica sus convicciones. Y explica cómo funciona en su provincia la ley que permite el acceso al aborto no punible a toda mujer que enfrenta un embarazo que pone en riesgo su salud física o psíquica.
Chubut parece una isla en el país. En los hospitales públicos, una mujer que enfrenta un embarazo que puede ser riesgoso o inconveniente para su proyecto de vida puede acceder a un aborto no punible, en menos de cinco días desde que lo solicita. Sin trabas. Sin dilaciones. Sin que un juez católico pretenda prohibirlo. Sin funcionarios que lo impidan. Se aplica la “causal salud”, es decir, se realiza con el fundamento de que se está protegiendo la salud de la mujer, tomando la definición amplia que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que incluye la salud psíquica. Es la única provincia que tiene regulada la atención de los abortos no punibles por una ley. La norma fue sancionada en 2010 por unanimidad, luego de un caso de una adolescente de 15 años, de Comodoro Rivadavia, que tuvo que llegar a la corte provincial para que se garantizara su derecho a interrumpir una gestación producto de una violación, un reclamo que tuvo enorme repercusión en los medios a nivel nacional y derivó en la histórica sentencia FAL del máximo tribunal del país sobre abortos no punibles. Además, médicos del sistema público recetan oxaprost –el medicamento que contiene misoprostol, la droga que se utiliza para interrumpir un embarazo–, y las mujeres que no tienen obra social o no pueden comprarlo lo reciben en forma gratuita en farmacias de los hospitales para usarlo en la intimidad de sus hogares.
Una de las gestoras de que en Chubut se garanticen sin obstáculos arbitrarios los abortos no punibles tiene nombre y apellido: se llama Stella Maris Manzano, es especialista en tocoginecología y medicina legal y trabaja en el Hospital Zonal de Trelew. Ella fue quien realizó el aborto de aquella adolescente de Comodoro, cuando nadie quiso hacerlo en esa ciudad, a pesar de que había un fallo de la corte de Chubut que lo avalaba. Y también se encargó de hacérselo a otra chica de la misma ciudad y la misma edad que también resultó embarazada en una violación casi al mismo tiempo que la otra muchachita. Esas dos intervenciones le valieron una injustificada reducción salarial, a modo de represalia de parte de algún funcionario del Ministerio de Salud, situación que logró revertir (ver aparte). En una entrevista de Página/12, Manzano detalló cómo se logró en la provincia instalar la idea de que el aborto es un derecho y reveló el proceso personal que ella misma atravesó para convencerse de que debía hacerlos para evitar enfermedad y muerte de mujeres por embarazos en término y partos no deseados. “Estoy orgullosa de hacer abortos”, dice, sin incomodidad. La médica decidió contar su experiencia con la idea de animar a otros colegas a defender el derecho de las mujeres a interrumpir una gestación cuando su salud, la psíquica incluida, podría estar en riesgo. Le gustaría también que otros médicos y médicas perdieran el miedo a ser estigmatizados o perseguidos por cumplir con la ley. Hace cuatro abortos por semana y sigue, desde hace cuatro años, en su mismo puesto, con dedicación full-time.
En otras provincias, como Santa Fe o Buenos Aires, el panorama es muy alejado al de Chubut. En algunas ciudades, como Rafaela y Tandil, entre otras, casi todo el plantel de tocoginecólogos de los hospitales públicos locales se declaró objetor de conciencia y no habría ni un profesional que garantizara el derecho de una mujer a realizarse un aborto cuando corre riesgo su vida o su salud o en casos de violación, como está previsto en el artículo 86 del Código Penal, desde 1921, y reafirmó la Corte Suprema dos años atrás.
La médica chubutense se opone férreamente a la objeción de conciencia. Viene trabajando el tema de su inconstitucionalidad en las leyes de salud sexual y reproductiva hace varios años y cree que no se puede legislar sobre esa cláusula porque significa “legislar el derecho a discriminar”. La objeción de conciencia, dice, logra que los médicos no se sientan interpelados por la problemática del aborto clandestino e inseguro. “No asisten a capacitaciones sobre aborto no punible, no analizan sus deberes. Si garantizaron los derechos civiles a la comunidad LGTB, impidiendo que ningún funcionario de un registro civil se negara a celebrar matrimonios de personas del mismo sexo, es absurdo que se niegue nuestro derecho a la salud y la vida permitiendo la objeción de conciencia en todas las leyes de salud sexual y reproductiva. Nuestro derecho a la conciencia moral no puede vulnerar derechos de terceros. No se permitiría que un médico Testigo de Jehová ingrese a un servicio de hemoterapia para obstaculizar trasfusiones. Con nuestros derechos, ¿por qué se permite?”, se pregunta Manzano.
Fue jefa de División Ginecología y del Departamento de Area Externa en el Hospital Zonal de Trelew, y representante provincial, en Chubut, del Programa de Mejoramiento en la Calidad de Atención del Posaborto, del Ministerio de Salud de la Nación, durante los años 2008 y 2009. Además, es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y acaba de estar en Buenos Aires para participar en diferentes iniciativas que buscan impulsar el debate por una reforma legal que despenalice esa práctica.
–¿Qué cambió en Chubut a partir de 2010? –le preguntó este diario.
–Nosotros recetamos el oxaprost en cualquier centro de salud y en el hospital de Trelew. Y el Ministerio de Salud lo provee gratis a toda mujer a la que un médico se lo recete y ponga que es para un aborto no punible. Se lo dan en la farmacia del hospital si no tiene obra social o no lo puede comprar.
Se trata de un protector gástrico, que contiene misoprostol, la droga que la OMS recomienda para realizar abortos con medicamentos. En otros países, como México, donde está despenalizado el aborto en el Distrito Federal hasta la semana doce de gestación, se combina como sugiere la OMS con la mifepristona, otra droga, que en la Argentina está prohibida, y que hace que el tratamiento sea más efectivo.
Chubut es la única provincia que tiene una ley que regula la atención de los abortos no punibles. Fue votada por unanimidad en junio de 2010, como consecuencia de dos casos de adolescentes violadas en Comodoro Rivadavia, que debieron recurrir a la Justicia para conseguir un aborto. La ley provincial, recordó Manzano, establece que el aborto se tiene que hacer en el plazo de cinco días a partir del momento en que fue pedido. Y que el Estado tiene la obligación de garantizarlo. “Empezamos primero con casos de violación. Y con causal salud en casos en que eran más evidente en que la salud estaba en riesgo porque tenían enfermedades previas, leucemia, cardiopatías, problemas de columna, etcétera. Y también con la causal psicológica. La ley provincial dice que si la salud psíquica está en riesgo un psicólogo puede certificarlo. Esto nos ayudó en algún punto, en algunas ciudades como Puerto Madryn. En otras, se constituyó en un obstáculo porque muchas psicólogas tenían miedo de escribir el diagnóstico. Y en esta maduración que hemos tenido todos, y yo en lo personal, me di cuenta de algo que es muy obvio, que ni siquiera hace falta un psicólogo, que todo aborto es no punible por el Código Penal de hoy, porque dice que cualquier médico diplomado lo puede hacer con el consentimiento de la mujer si el embarazo pone en riesgo su vida o su salud. Y todas las mujeres ponemos en riesgo nuestra vida y nuestra salud en cualquier embarazo”, dice Manzano.
–¿Podría explicarlo un poquito más?
–Las cifras de mortalidad materna del país son más que claras. La gran mayoría de las mujeres que mueren lo hacen por causas obstétricas directas. Es decir, empezaron el embarazo y en el tercer mes, por ejemplo, aparece presión alta, pre eclampsia, eclampsia, diabetes gestacional, hemorragias por desprendimiento de placenta, placenta previa, hemorragias puerperales. Entonces, llegué a entender que la ley no obliga a nadie a arriesgar su vida si no quiere. Con lo cual no se puede obligar a una mujer embarazada a llegar a un parto cuando un aborto hecho en un hospital no tiene riesgos. No hay muertas en países que han legalizado el aborto como Uruguay, el Distrito Federal mexicano, o Finlandia desde 1976. Intelectualmente lo había entendido hacía bastantes años, pero me llevó un tiempo llevarlo a la práctica. En el Hospital Zonal de Trelew hay cuatro médicos más de planta y varios residentes que también están haciendo abortos. Y hay médicos generalistas o ginecólogos que los hacen en los once centros de salud y uno de adolescencia que tiene la ciudad. En el Hospital de Madryn también hay tres médicos que no son objetores. Profesionales del servicio de Adolescencia de Puerto Madryn presentaron un trabajo en el Congreso de Adolescencia con unos 160 abortos no punibles realizados en dos años por causal de salud integral.
Manzano explica a otros médicos por qué realiza abortos. Les dice que si ven una persona ahogándose en un río, la ley no los obliga a tirarse para salvarla. Los puede obligar a arrojarle un salvavidas, porque de lo contrario sería abandono de persona. Pero no a tirarse al agua; no a poner en riesgo su vida. No obliga la ley a cualquier persona a donar órganos en vida. No se obliga a ningún varón a donar un riñón a un chiquito desconocido porque se entiende que no se puede obligar a una persona a poner en riesgo su vida. “Y donar un riñón es menos peligroso que parir en la Argentina. Es mucho más peligroso un parto”, termina su explicación.
–¿Es así? Sorprende ese dato…–le pregunta Página/12.
–Empecé a ver las estadísticas oficiales de 2012 de mortalidad materna: 283 mujeres perdieron la vida por causas vinculadas al embarazo en la Argentina en ese año. Un 11 por ciento murió por abortos clandestinos; un 56 por ciento, por causas obstétricas directas, es decir, empezaron sanas el embarazo y una causa obstétrica directa las mató. Y las causas obstétricas directas más comunes son hipertensión, hemorragias posparto, infecciones puerperales, diabetes gestacional. Me llamó mucho la atención que hay una nena muerta de entre 10 y 14 años. Murió por una causa obstétrica directa.
–¿Lo que quiere señalar es que si se hubiera hecho un aborto en esos casos se hubieran salvado sus vidas?
–Yo quisiera saber si a esas mujeres les dieron la posibilidad de elegir. Porque si murieron queriendo continuar con ese embarazo está todo bien. Pero los médicos, ¿les estamos explicando a las mujeres que en la Argentina es entre 80 y 160 veces más peligroso parir que abortar? No el doble ni el triple. Es muchísimo. ¿O que la OMS dice que una de cada 530 mujeres muere por complicaciones de un embarazo en la Argentina? Durante muchos años nos han hecho creer que el aborto es terriblemente peligroso. Que nos podemos desangrar, morir. Nunca he visto una muerte por hemorragia. Todas mueren por infección porque han sido hechos en la clandestinidad. Y nadie nos habla de los riesgos del parto. Ni siquiera circulan las cifras de cuántas mujeres enferman durante el embarazo. No se las consigue en el Ministerio de Salud. Aun mirando las cifras más duras, que son las de mortalidad materna, vemos que llegar a un embarazo a término tiene mucho peligro de muerte, que no lo tiene un aborto realizado en un hospital.
La médica saca algunos apuntes y muestra otras estadísticas oficiales. En 2012, las adolescentes de entre 15 y 19 años muertas por complicaciones de embarazo representaron el 5,6 por ciento de las muertas de esa edad por todas las causas registradas por el Ministerio de Salud de la Nación. Y el 5,7 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años que falleció fue por las complicaciones de embarazo: “El 11 por ciento por aborto, las otras 89 por ciento, intentando llegar a un parto, muriendo al final del embarazo o en el parto –destaca Manzano–. Y no murieron por mala praxis. Murieron porque hay muchas enfermedades que los médicos no podemos evitar”.
Source: Julio 2014
23/07/2014 /por Clacai
https://clacai.org/wp-content/uploads/d47300311cae084d6efc47adaeb5f6f5_S.jpg 394 525 Clacai https://clacai.org/wp-content/uploads/2019/02/logo-1.png Clacai2014-07-23 23:09:022017-08-30 12:16:24“Estoy orgullosa de hacer abortos”
México: Polémica por la interrupción legal del embarazo
Ciudad de México.- El tema de la interrupción legal del embarazo generó una reprimenda de la Internacional Socialista por la actitud “retrógrada” de legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que votaron en contra de una iniciativa que convertiría al estado mexicano de Guerrero en la segunda entidad en liberar el aborto en el país.
La movilización de mujeres de partido y organizadas en grupos feministas fue la reacción que sucedió al dictamen del Congreso local, que desechó la propuesta del gobernador Ángel Aguirre Rivero para despenalizar el aborto en el sureño estado de Guerrero, el pasado 10 de junio, hecho que podría quedar sin efecto en los próximos días si el PRD nacional logra que sus legisladores en esa entidad reflexionen y cambien su voto.
Una movilización interna en esa fuerza política ha considerado que los parlamentarios que están contra la interrupción legal del embarazo se pusieron “a favor de dogmas y creencias religiosas”, por lo que habría que considerar la suspensión de sus derechos políticos.
La iniciativa de la exdiputada independiente Enoé Uranga generó la queja ante la Internacional Socialista y la protesta nacional porque se violan, dijo a SEMlac, los principios básicos de la igualdad, los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas.
El PRD respaldó totalmente la iniciativa del gobernador perredista de Guerrero para reformar el Código Penal y establecer la interrupción legal del embarazo en esa entidad, al considerar que allí existe un problema de salud porque los embarazos se interrumpen en condiciones antihigiénicas, lo que afecta principalmente a las mujeres pobres e indígenas.
La dirigente femenil del PRD, Mónica Soto, afirmó que, a partir de la propuesta del gobernador, se activó la negativa de la jerarquía católica, grupos organizados de los sectores más conservadores y representantes de cuerpos colegiados que se opusieron a la aprobación del aborto en Guerrero, consiguiendo doblegar a algunos legisladores perredistas.
Considerando que el Congreso de Guerrero cierra su período de sesiones el próximo 30 de julio, el Consejo Nacional del PRD, en un pleno extraordinario, emitió un resolutivo con carácter obligatorio para que sus diputados y diputadas en esa entidad respalden, sin condiciones, la iniciativa de ley “Por una Maternidad Libre y Segura”, sobre la base de que “son las mujeres las que deben tomar la decisión de continuar o interrumpir su embarazo” y conforme a los valores y principios que respalda ese partido político.
Falta que el pleno del Congreso decida si valida el trabajo hecho en comisiones o lo rechaza, lo que implicaría volver a trabajar sobre el tema. Si, por el contrario, avala el dictamen, sería la primera iniciativa de ley enviada por el gobernador Aguirre Rivero en ser rechazada.
El PRD es la primera fuerza del Congreso de Guerrero con 20 diputados de 46, seguida por el PRI con 13, por lo que se consideró que, sin dificultades, pasaría la iniciativa del gobernador.
Sin embargo, la iniciativa de ley no prosperó en comisiones cuando fue turnada a las de Salud, Justicia y Equidad de Género en el Congreso local, siguiendo el procedimiento, donde el PRI, el Partido Acción Nacional y la actuación de algunos legisladores del PRD sumaron suficientes votos para desechar la iniciativa encaminada a despenalizar el aborto.
Previamente, la iniciativa había provocado duros enfrentamientos entre grupos que la apoyaban y aquellos que afirmaban defender el derecho a la vida, pero se sintió la fuerza de los grupos conservadores organizados que, en las distintas discusiones antes de la votación, no se prestaron a un intercambio abierto de ideas, sino que emplearon la violencia verbal y hasta física para rechazar cualquier argumento a favor de la despenalización del aborto.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, informó a SEMlac que se reunió con los legisladores para presentarles argumentos jurídicos que avalarían la interrupción legal del embarazo, pero a cualquier palabra suya la respuesta fue interrumpirla y no dejarle hablar, además de empujones que no llegaron a más, gracias a la intervención de elementos de la seguridad del hotel donde tenía lugar la reunión.
En cambio, quienes se expresaban en contra de la despenalización del aborto tenían abierto el micrófono, como fue el caso de María de la Luz Reyes Ríos, presidenta del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero A.C.
De la Luz dijo, respecto a la ministra Sánchez Cordero, que “su postura ha sido a favor de la despenalización del aborto, entonces que no nos venga con el cuento de que viene a dar argumentos jurídicos porque, en el caso del Distrito Federal, ella no presentó ningún argumento de fondo”.
Por nueve votos a favor, cuatro en contra y una abstención, los legisladores de las Comisiones Unidas de Salud, Justicia y Equidad de Género del Congreso de Guerrero decidieron desechar la iniciativa del gobernador Aguirre Guerrero.
Ello fue posible gracias a que la propia presidenta de una de las comisiones, la de Equidad y Género, Ana Lilia Jiménez Rumbo, del PRD, votó a favor del dictamen que rechazaba la despenalización del aborto, y otro diputado perredista, Roger Arellano Sotelo, se abstuvo de votar dejando solos a sus compañeros.
Siete de los 15 diputados integrantes de las comisiones aprobaron el dictamen en contra de la propuesta de despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación, pero fueron nueve los votos a favor de este porque las diputadas Verónica Muñoz, del PRI, y Karen Castrejón, del Partido Verde Ecologista de México, votaron en dos comisiones cada una.
El día crucial de la votación en comisiones, los diputados reunidos en la sala José Francisco Ruiz Massieu establecieron en el dictamen, con la ayuda de algunos perredistas, únicamente los argumentos en contra de la interrupción legal del embarazo.
Tal es el caso de afirmar que en la Constitución se establece como obligación, desde 2011, que todas las autoridades deben promover, proteger y garantizar los derechos humanos, de acuerdo con los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, lo cual favorece y brinda mayor protección a las personas, pero al parecer lo interpretaron como la protección de la vida desde “la concepción”.
El diputado perredista Nicanor Adame Serrano, en cambio, afirmó que el dictamen estaba lleno de inconsistencias jurídicas y científicas, al ejemplificar que en las consideraciones médicas no se incluía la definición de embarazo que tiene la Organización de la Salud.
Criticó que se utilice el término “concepción”, por ser de corte religioso, al tiempo que recriminó que se incluyeran solo las posturas de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estaban en contra del aborto, y no la de quienes estuvieron a favor, que fueron la mayoría.
Además de la Resolución del Consejo Nacional del PRD, que en una carta abierta exige congruencia a sus legisladores en Guerrero, varias Comisiones de la Cámara de Diputados Nacional, por medio de su diputada federal Elena Tapia Fonllem, enviaron un texto para su publicación en diarios nacionales.
El documento lleva la firma de numerosos legisladores que exhortan al Congreso de Guerrero a votar a favor de la despenalización del aborto y reprueban la actitud y declaraciones de los altos jerarcas de la Iglesia católica de esa entidad.
A la vez, representantes de organizaciones feministas anticiparon que promoverán el voto de castigo en contra de la diputada local del PRD, Ana Lilia Jiménez Rumbo, y de todas las que promuevan el rechazo a la despenalización del aborto
Tomado de: http://www.yancuic.com/
https://clacai.org/wp-content/uploads/3307717c0fe122dc2ed142f42c77bf35_S.jpg 394 525 Clacai https://clacai.org/wp-content/uploads/2019/02/logo-1.png Clacai2014-07-23 22:42:242017-08-30 12:16:24México: Polémica por la interrupción legal del embarazo
#Aborto: Asturias, Andalucía, Canarias y País Vasco piden la retirada "inmediata" de la reforma
Denuncian que el Ministerio “se ha negado a debatirla”
Madrid (Europa Press) Las comunidades autónomas de Asturias, Andalucía, Canarias y País Vasco han exigido la “retirada inmediata” del anteproyecto de Ley de Protección del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada, al tiempo que han denunciado el Ministerio de Sanidad no tiene previsto abordar este asunto en la Conferencia Sectorial de Igualdad que se celebra este lunes.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de dicha reunión en el Ministerio de Sanidad en Madrid, los representantes de estas cuatro comunidades autónomas han asegurado que pedirán su retirada durante el turno de ruegos y preguntas “que es el único” que así lo permite el orden del día según han explicado.
Así, han recalcado que van a “introducir” el debate sobre este asunto durante la Conferencia Sectorial ya que, en su opinión, es donde se debe “producir una interlocución entre el Gobierno central y las comunidades autónomas”.
Además, han recordado que cinco autonomías (Asturias, Andalucía, Canarias, País Vasco y Cataluña) ya solicitaron en la conferencia técnica preparatoria de esta reunión que se incluyera el aborto en el orden del día. En este sentido, la directora del Instituto andaluz de la mujer, Silvia Oñate, ha dicho que han obtenido “el silencio y la callada por respuesta”.
“Es incomprensible que el Ministerio se haya negado a debatir la ley del aborto que afecta a los derechos de la mujer y a la igualdad”, ha subrayado el consejero de Presidencia , Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spinola.
ASTURIAS: “CONVERTIR UN DERECHO EN UN DELITO”
En este misma línea se ha manifestado el consejero de Presidencia del Gobierno de Asturias, Guillermo Martínez Suárez, que ha asegurado que estas regiones van a introducir el debate del aborto, a pesar de que “el Ministerio consideró que no era un asunto importante en materia de igualdad”.
“Creo que la sociedad española en este caso no puede ni va a entender que el máximo órgano de coordinación entre Gobierno de España y comunidades autónomas en materia de igualdad no aborde un debate sobre la reforma de la ley del aborto”, ha afirmado, añadiendo que este hecho “dice muy bien qué modelo de sociedad intolerante y de recortes de derechos quiere este Gobierno del PP”.
El consejero asturiano ha criticado la reforma de la ley del aborto ya que, a su juicio, “lo que pretende es convertir lo que hasta ahora era un derecho es un delito”. Además, considera que la norma situaría a España “30 años atrás”.
CANARIAS: LA LEY DEL ABORTO “ES UN AGRAVIO A LA MUJER”
El consejero canario ha lamentado el “ninguneo” del Gobierno al no abordarse este debate en la Conferencia Sectorial de este lunes. Asimismo, ha recordado la “posición contraria” del Gobierno de Canarias a este anteproyecto de ley porque, en su opinión, “es un ley retrógrada, que desprecia a las mujeres” y que supone “un atentado a la libertad y dignidad de las mujeres”.
“El anteproyecto de ley que supone un agravio considerable a la mujer” ha remachado, para después añadir que esta norma “va a suponer” que las mujeres con “recursos podrán abortar” pero aquellas que no cuenten con recursos económicos “tendrán que hacerlo de forma clandestina”.
ANDALUCÍA: LEY DEL ABORTO ES “NOCIVA”
Desde Andalucía, Oñate se ha mostrado contraria a la ley porque “vulnera y atenta contra los derechos y libertades de las mujeres” y porque, en su opinión, “no regula ni apuesta por la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de la ciudadanía en general”.
Para Oñate, “la ley vigente es una ley absolutamente garantista, que da derechos y libertades y regula perfectamente la atención a las mujeres que desean, por el motivo que sea, interrumpir voluntariamente su embarazo”.
Así pues, según ha dicho, la nueva norma es “nociva” para los derechos de las personas y además “pone en riesgo” la salud de las mujeres ya que se estimula que tengan que “florecer métodos clandestinos” para abortar que, a su juicio, “suponen graves riesgos y secuelas físicas y psicológicas, y en muchas ocasiones la muerte”.
PAÍS VASCO: LEYES DEBEN OFRECER GARANTÍA JURÍDICAS Y SANITARIAS
Por su parte, la directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, Izaskun Landaida ha tachado la noma de “retroceso intolerable”. En su opinión, las leyes lo que deben hacer es ofrecer “garantías jurídicas y sanitarias” y tras esto, deben ser las “personas y las mujeres quienes en función de sus circunstancias” tomen “una u otra decisión”.
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Aborto no punible: intimaron al gobierno porteño por el sistema de apoyo a mujeres con discapacidad
Argentina: La justicia porteña intimó a la Ciudad para que modifique las normas que no respetan un adecuado sistema de contención a mujeres con discapacidad intelectual que solicitan la interrupción del embarazo.
Roberto Gallardo, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 2, consideró en su fallo que el sistema de apoyos “es un derecho de la mujer, que debe respetar su voluntad y no puede -bajo ningún supuesto- forzarla o sustituirla”.
También determinó que el Ministerio de Salud porteño debe considerar que la función de apoyo“tiene por finalidad asistir a la mujer con discapacidad en la toma de sus propias decisiones, respetando de modo irrestricto su voluntad y preferencias”.
Asimismo, el juez dejó en claro que es la mujer la que decide quién la acompañará y para el caso de no existir personas de su confianza “la autoridad administrativa deberá designar una persona idónea para prestar el apoyo requerido”. Esa designación “deberá tener siempre en cuenta la opinión de la mujer con discapacidad”, aclaró el magistrado.
En las consideraciones, Gallardo remarcó que su decisión se enmarca dentro “del cambio de paradigma del sistema de sustitución en la toma de decisiones” establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por otra parte, el juez consideró que, según la resolución cuya modificación se propicia, el equipo de apoyo “actuará en forma conjunta con el equipo médico tratante y estará conformado por diversos profesionales que serán designados por la Dirección del Hospital“.
Tal como se estableció en la cautelar del año pasado, donde ya se había ordenado al Gobierno porteño que arbitre este sistema, los equipos de apoyo “no pueden ser equiparados a un curador, un tribunal o un equipo técnico”.
“Pueden cumplir dicha función los asistentes personales o pares (otras personas con discapacidad), amigos o cualquier otra persona, con el requisito de que el sistema se sustente en la confianza, se proporcione con respeto, y nunca en contra de la voluntad de la persona con discapacidad”, determinó la justicia.
La sentencia fue dictada en el marco de un amparo iniciado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
En marzo de 2013, la jueza Patricia López Vergara, en calidad de subrogante del Juzgado 2 había resuelto suspender cautelarmente la aplicación de ciertos requisitos previstos en el protocolo para el aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires.
Entre otras medidas, había ordenado que se arbitre un sistema de salvaguarda para que la mujer con discapacidad pueda tomar sus decisiones en forma autónoma.
Fuente: http://nueva-ciudad.com.ar/
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#Perú: Impunidad en casos de esterilizaciones forzadas, violencia sexual y aborto terapéutico
Lima: El Comité de Expertas que vigila el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw), examinó al Estado peruano el 1° de julio en su 58° periodo de sesiones, donde reiteró su preocupación por la situación de impunidad respecto a las esterilizaciones forzadas y la violencia sexual durante el conflicto armado interno.
El día de ayer este Comité hizo público su Informe Final en el que saludan los progresos del Estado en materia de no discriminación contra las mujeres, como la aprobación de la Guía Técnica Nacional para el procedimiento de Aborto Terapéutico.
Sin embargo señalan sus preocupaciones por la persistencia de barreras para el cumplimiento de la Convención y la vigencia de los derechos de las mujeres.
El Comité Cedaw exhortó al Estado peruano a intensificar sus esfuerzos para lograr la igualdad de género mediante medidas a ser adoptadas por el Poder Ejecutivo, Congreso de la República y Sistema de Justicia.
Al respecto insta al Estado peruano a prestar especial atención a las necesidades de las mujeres pobres, de zonas rurales, indígenas, afrodescendientes, amazónicas, trabajadoras del hogar, lesbianas, bisexuales y transexuales; quienes enfrentan múltiples e interrelacionadas formas de discriminación, no solo por su condición de género sino de étnico-racial, posición económica, clase u orientación sexual.
El Comité reitera su preocupación por la situación de impunidad respecto a las esterilizaciones forzadas y la violencia sexual durante el conflicto armado interno.
En ambos casos las principales afectadas fueron mujeres pobres de las zonas rurales, andinas y amazónicas.
Las expertas mencionaron que el caso de las mujeres esterilizadas en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000), no ha sido investigado de manera efectiva y que a la fecha estas mujeres no han recibido reparación.
El Comité Cedaw viene pronunciándose al respecto desde el año 2002 en que recomendó al Estado peruano evitar a futuro la repetición de estos hechos, así como procesar ante los tribunales a los responsables de esta violación del derecho a la salud.
Asimismo, las expertas cuestionan que hasta la fecha no se investiguen ni sancionen las violaciones a los derechos de las mujeres durante el conflicto armado interno, en especial las diferentes formas de violencia sexual.
Por ello, recomiendan subsanar este vacío investigando, procesando y castigando a los responsables.
Asimismo, insta al Estado peruano a reconocer y brindar reparaciones integrales a las mujeres víctimas de todas las formas de violencia sexual.
En su Informe Final el Comité Cedaw destaca como una de las principales barreras para la igualdad de género, los obstáculos que las mujeres encuentran al momento de querer acceder a justicia, debido a la discriminación y estereotipos de género de operadores/as judiciales, fiscales y policiales.
Ante esto insta al Estado a intensificar sus esfuerzos para modificar los patrones culturales que justifican la violencia hacia las mujeres y fortalecerlas capacidades de estos operadores y operadoras.
Asimismo, las expertas expresan en su Informe Final su preocupación por las dificultades lingüísticas y económicas que limitan el acceso de las mujeres a la justicia.
Por ello, convocan al Estado a facilitar el acceso a una defensa gratuita y medidas de protección reales para las mujeres afectadas por alguna forma de violencia, desde un enfoque y prácticas interculturales de las y los operadores de justicia estatales.
Cabe mencionar, que en su Informe Final el Comité Cedaw llama la atención al Estado peruano por el incumplimiento de las resoluciones del Comité Cedaw y Comité de Derechos Humanos, respectivamente, en los casos de LC y de KL por haber sufrido daños irreparables a su salud, cuando el Estado peruano les negó el acceso al aborto terapéutico.
Por ello, recomienda agilizar y vigilar la aplicación de las resoluciones de esto tribunales internacionales.
Del mismo modo, recomienda al Perú legalizar el aborto en casos de violaciones sexuales, incesto y malformaciones graves en el feto.
Además, el Comité insta al Estado ratificar sin demora el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las/os trabajadoras/es domésticas/os; y establecer la igualdad de la protección social y los beneficios para este sector[10].
Alienta al Estado peruano a persistir en los esfuerzos para transformar los roles tradicionales de género, así como a aprobar una ley específica contra el acoso a las mujeres que hacen política.
Asimismo, las expertas del Comité Cedaw exhortan al Estado peruano a incrementar el presupuesto para fortalecer al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), con la finalidad de aumentar los recursos humanos y financieros para el cumplimiento adecuado de sus competencias y funciones a favor de la igualdad de género.
“Ante estas recomendaciones, Demus exhorta al Estado peruano en sus diferentes niveles, a dar cumplimiento a estas recomendaciones para garantizar la real igualdad de género”, precisó María Ysabel Cedano García, directora de Demus.
Fuente: http://www.inforegion.pe
https://clacai.org/wp-content/uploads/65eb99de7f31e7479a8853734ca0c7ac_S.jpg 394 525 Clacai https://clacai.org/wp-content/uploads/2019/02/logo-1.png Clacai2014-07-23 22:09:232017-08-30 12:16:24#Perú: Impunidad en casos de esterilizaciones forzadas, violencia sexual y aborto terapéutico
[Argentina] La UBA manifestó su apoyo al proyecto de legalización del aborto
Este miércoles el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó una resolución para apoyar el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La iniciativa fue presentada por consejeros de la mayoría estudiantil de la agrupación La Mella.
El órgano máximo de co-gobierno de la UBA resolvió pronunciarse a favor del tratamiento y aprobación en el Congreso del proyecto de Ley impulsado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito (compuesta por más de 300 organizaciones a nivel nacional). Con 21 votos a favor y cuatro abstenciones se aprobó una resolución que fue presentada por la mayoría estudiantil.
Notas pudo acceder al texto completo impulsado por la UBA donde se fundamenta en detalle los motivos por los cuales se decidió apoyar el proyecto de ley la Campaña. Allí se recuerda que “la práctica de abortos inseguros y clandestinos es la principal causa de mortalidad materna en nuestro país” y que, en este sentido, “considerar a los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, implica la implementación de políticas públicas integrales para garantizarlos”.
Por otra parte la resolución remarca que al encontrarse fuera del sistema de salud pública la “solución” del aborto es clandestina lo cual “significa mayor probabilidad de enfermedad o muerte para muchas mujeres, agravada en contextos de pobreza”. En el texto mencionado también se sostiene que “la Universidad de Buenos Aires tiene la responsabilidad de participar en este debate público desde un enfoque crítico, científico y tomando en consideración las necesidades sociales reales de nuestro país”.
Es por eso que reconociendo “a las mujeres como sujetos sociales, como ciudadanas y agentes morales capaces de decidir si desean o no ser madres, el número de hijos/as que desean tener y el espacio temporal entre los nacimientos” el Consejo Superior de la UBA resuelve apoyar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito mediante el impulso de esta ley.
Sobre este tema, la consejera superior por la mayoría estudiantil, impulsora del proyecto y militante de La Mella, Paloma Bokser, afirmó: “El pronunciamiento de la UBA es muy importante para la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Es la universidad pública más importante de la Argentina, y la posición que exprese es de gran relevancia en el debate público para que de una vez por todas se trate el proyecto”.
En el mismo sentido se expresó Adrián Lutvak, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y también militante de La Mella. “La institución debe involucrarse con los problemas de la sociedad y en este caso a favor de la pelea por los derechos de las mujeres, que bajo la legislación actual mueren por abortos clandestinos o son condenadas social y penalmente por no poder decidir sobre su cuerpo”, sostuvo Lutvak.
El proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
Este proyecto ha sido presentado en abril de 2014 por quinta vez en el Congreso luego de perder estatus parlamentario por falta de tratamiento las cuatro veces anteriores. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito ha sido la impulsora desde la primera presentación en el año 2007.
En esta oportunidad cuenta por primera vez con más de 70 firmas de diputados y diputadas de diversos partidos políticos como el Frente para la Victoria, el PRO, la Unión Cívica Radical, Libres del Sur, GEN, el Partido Socialista, Unidad Popular, Proyecto Sur, Nuevo Encuentro y el Frente de Izquierda y los Trabajadores.
Tomado de: http://notas.org.ar
16/07/2014 /por Clacai
https://clacai.org/wp-content/uploads/f863e4fb1b47b206b2276d9b70a5b183_S.jpg 394 525 Clacai https://clacai.org/wp-content/uploads/2019/02/logo-1.png Clacai2014-07-16 22:03:402017-08-30 12:16:24[Argentina] La UBA manifestó su apoyo al proyecto de legalización del aborto
Las mujeres que abortan en El Salvador sufren presión social, según activista
El poder en El Salvador está “tan viciado” que desde todos los estratos sociales se ejerce una “gran presión y discriminación” hacia las mujeres que abortan, según declaró hoy a Efe Alejandra Burgos, defensora de los derechos de la mujer.
Así lo expresó en una entrevista con motivo de su visita a Madrid para participar en varios actos junto con Amnistía Internacional con la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos en El Salvador como telón de fondo.
Según la activista, el poder económico de los que denomina “antiderechos” o grupos “pro-vida” es tan fuerte que está instalado en todas las instancias públicas, desde el aparato judicial “criminalizador” hasta el personal médico y los medios de comunicación.
En esa línea aseguró que los medios de comunicación salvadoreños con más audiencia tratan de “sembrar un ambiente de temor y estigma” hacia las mujeres que abortan y les acusó de tener “relación directa con la jerarquía católica”, con la que, a su juicio, comparten el mismo discurso.
Burgos destacó que todo relacionado con el aborto en ese país es ambiguo debido, por una parte, a la cerrazón de las autoridades del país y, por otro, al progresivo cambio de mentalidad de la población.
La modificación del Código Penal en 1998 cambió la situación, ya que hasta entonces el aborto era posible en los supuestos ético, terapéutico y eugenésico y desde ese momento esa práctica se penalizó en todas sus formas.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, en la que trabaja Burgos, considera que esa nueva legislación ha desembocado en una “gran regresión de los derechos de la mujer”.
En ese sentido, Burgos reconoció que El Salvador “volvió atrás” y que precisamente por eso su organización trabaja para “generar discusión e impacto social y mediático” y poder llegar así a todas las capas de la sociedad, algo que, aseguró, “se está consiguiendo progresivamente”.
Para apoyar esta idea, Burgos destacó que el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas publicó recientemente una encuesta que revelaba que el 52 % de la población estaba a favor de la despenalización del aborto.
Este dato “supone un cambio considerable” en la opinión y la actitud de los salvadoreños en relación con el aborto pero al respecto la activista afirmó que es algo que “todavía se expresa públicamente con cierta resistencia”.
Burgos afirmó de forma rotunda que El Salvador es “un país machista en el que existen muchos estereotipos de género” y aseguró que se trata de un tema cultural porque “es parte de la educación que hemos recibido”.
Respecto al presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, que ocupa el cargo desde el 1 de junio, manifestó que el país necesita que “el Gobierno establezca una posición más clara de izquierdas”.
La activista manifestó que desde que Sánchez Cerén está en el poder se han dado pasos a favor de los derechos humanos, como la ley de acceso a la información gracias a la cual su organización logró “liberar a siete mujeres porque se pudo demostrar que eran inocentes”.
A pesar de los mencionados signos de mejora, Burgos recordó que las cifras son poco alentadoras y aportó algunos datos como que en El Salvador “129 mujeres fueron procesadas por abortar y, por consiguiente, fueron acusadas de homicidio”.
Además, declaró que en el país se producen “4.500 abortos clandestinos al año según cifras no oficiales”.
Tomado de: http://noticias.lainformacion.com/
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[Nicaragua] Demandan despenalización del aborto terapéutico
Grupos feministas cierran el tráfico exigiendo a la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la despenalización del aborto terapéutico
Cada cinco minutos grupos feministas están cerrando el tráfico frente a la Corte Suprema de Justicia, en Carretera Norte, demandando que los magistrados se pronuncien sobre el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron contra el artículo del código penal que castiga el aborto terapéutico.
Las mujeres organizadas presentaron un escrito pidiendo a la CSJ que se pronuncie porque ya van varios años de retardación de justicia.
El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico conformado por varias organizaciones no gubernamentales, informó que cada año unas 16 mujeres mueren en el país porque no tuvieron acceso a un aborto terapéutico.
Anunciaron que seguirán protestando para que el artículo del código penal que castiga esta práctica sea derogado.
Tomado de: http://www.elnuevodiario.com.ni/
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Decisión del Tribunal de São Paulo de absolver a un agricultor Pindorama (SP), quién atrapado violando a una niña de 13 años, en 2011. ‘S jueces de TJ-SP señalaron que la chica era una prostituta y que el agricultor habría sido inducido a error sobre la edad de la niña. En el proceso de sentencia, que se ejecuta en secreto, cuya apelación se hará en los próximos días a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Márcio Fernando Elias Rosa. Líderes de los organismos de defensa de los Derechos del Niño y del Adolescente criticaron la decisión.
La decisión del Tribunal de Justicia de 16 de junio, a favor del agricultor GB, ahora de 79 años. Residente en Pindorama en la región de Catanduva. B. fue detenido en febrero de 2011 con dos chicas, una de 14 y otra 13, en su camioneta en una plantación de caña de azúcar en el municipio rural. Las niñas dijeron que habían ido a un programa, la mayor recibió 50 reales y la más joven, 30 reales El uso carnal fue probada con la niña de 13 años.; el agricultor fue encarcelado durante 40 días, pero fue liberado y no regresó a la cárcel.
En el primer caso, B. fue absuelta del delito de prostitución y el infractor fue condenado a ocho años por violación. El fiscal apeló la absolución, pero el análisis de la apelación hecha por la primera Sala Penal Especial de la ECJ, el granjero fue absuelto de dos cargos. La sentencia del Tribunal de Justicia señala que, por mayoría, los jueces deciden negar la apelación del MP y rechazar la sentencia de que el agricultor con arreglo al artículo 217-A (violación a menores) sobre la base del artículo 386 del Código de Procedimiento Penal, al no constituir hecho existen pruebas de un delito (III) y no la suficiente prueba (VII).
En el proceso de análisis, el ponente reconoce el carácter absoluto de la presunción de la violencia por el delito de violación de la niña de 14 años, en este caso, el Supremo Tribunal Federal (STF), pero acepto la pretensión de la defensa de que el agricultor fue llevado a error con respecto a la edad de la niña de la experiencia previa que tenía vida sexual y la práctica de la prostitución.
“No podemos perder de vista que a veces podemos encontrar a niñas menores de 14 años que parecen ser de mayor edad, especialmente en los casos en los que se dedican a la prostitución, el uso de narcóticos y cuando ingerimos bebidas alcohólicas, ya que en tales casos, es evidente que no sólo el aspecto físico sino también mental de estos menores no son coincidentes con el comúnmente observado en personas de una edad temprana “, dice el juez de absolver a continuación, el engaño de los agricultores en la acción. “… Sólo la forma de vida de la víctima y su físico, es que no podemos afirmar categóricamente que el acusado tenía la intención de apropiarse de las especies.”
“El acusado cometió el delito de violación de los derechos del niño y debe ser castigado por ello. Había explotación sexual de un menor de edad, que es un crimen atroz y debería haber sido condenado por ello”, dijo el presidente del Consejo Nacional para los Derechos del Niño y adolescentes (CONANDA), Miriam Maria José dos Santos. “Es una pena que todavía hay tribunales del país con representantes que no cumplen aún con el Estatuto del Niño y del Adolescente y el artículo 227 de la Constitución Federal, que establece que es deber del Estado proteger a los niños y adolescentes y los puso a salvo la explotación y la violencia “, dijo.
Ariel Castro Alves, fundador de los Hijos de la Asociación de Abogados de Brasil Comité Especial, la decisión del Tribunal de Justicia “es algo así como una licencia para la explotación de niños y adolescentes”. Él dijo que los jueces “blasfemaron la legislación y la jurisprudencia y violan el principio de la plena protección prevista en la Constitución y la CEPA.” “De ahora en Sao Paulo cualquier abusador sexual puede explotar sexualmente a los niños y adolescentes justifican no sabía que eran menores de edad en la impunidad”, agregó.
El informe escuchó los miembros del consejo en Pindorama. Uno de ellos, que participó en el enfoque adoptado para el productor a la prisión, dijo que las dos niñas no eran prostitutas. “Ellas eran usuarios de drogas”, dijo el asesor, que pidió no ser identificado. Ella dijo que la niña mayor salió del mundo de las drogas, se casó y está embarazada.
Tomado de: http://noticias.uol.com.br/
https://clacai.org/wp-content/uploads/9bb0829a333b5390f3f06935811f1da4_S.jpg 394 525 Clacai https://clacai.org/wp-content/uploads/2019/02/logo-1.png Clacai2014-07-16 21:51:532017-08-30 12:16:24TJ considera adolescente prostituta e absolve fazendeiro
No más retroceso en los derechos de las mujeres
El jueves 10 de julio, la Corte Constitucional votará la solicitud de nulidad de 13 sentencias, entre ellas, la T-627 de 2012 y la T-841 de 2011, que hacen énfasis en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La solicitud de nulidad de estas sentencias fue hecha por la Procuraduría General de la Nación.
El magistrado ponente será Alberto Rojas Ríos, cuya elección fue anulada por irregularidades a la hora de conformar la terna para magistrado por parte del Consejo de Estado, porque la mayoría de los miembros de la Sala Plena hicieron pública su intención de voto, cuando el reglamento de esa corporación señala que debe ser secreto.
La vigencia de estas sentencias es fundamental para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La sentencia T-627 de 2012 resuelve una tutela interpuesta por primera vez en la historia por 1280 mujeres de varias regiones del país. En ésta, la Corte Constitucional ordenó al Procurador General y a dos de sus Procuradoras Delegadas, Ilva Miriam Hoyos y María Eugenia Carreño, rectificar la información incorrecta, incompleta y sesgada que habían emitido sobre salud sexual y reproductiva, específicamente sobre educación sexual, anticoncepción de emergencia y aborto legal. Por primera vez un funcionario público de la categoría del Procurador fue conminado a rectificar por ejercer su labor en contravía de los derechos fundamentales.
La sentencia T-841 de 2011 obligó a una EPS a indemnizar a una niña de 12 años de bajos recursos por negar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a pesar de contar con un certificado médico que daba cuenta de la afectación que el embarazo causaba para su salud. La sentencia reitera el principio de confidencialidad si se quiere solicitar una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), establece medidas para avanzar en la difusión y cumplimiento del derecho al aborto, aclara que las solicitudes de IVE deben ser atendidas por parte de las EPS en un plazo máximo de cinco días y reconoce el derecho al diagnóstico como parte fundamental del acceso a la IVE.
Este jueves se tomarán decisiones trascendentales sobre los derechos humanos de las mujeres reconocidos por la propia Corte Constitucional, en tal sentido, La Mesa:
1. Reconoce la independencia de este organismo y confía en que bajo ninguna circunstancia, cederá a los intereses del Ministerio Público en cabeza del Procurador Alejandro Ordóñez, quien ha liderado una campaña sistemática por anular los fallos proferidos por la misma Corte Constitucional cuando estos reconocen, garantizan y protegen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
2. Confía en que la Corte Constitucional reafirmará su compromiso con los derechos de las ciudadanas, respetará el marco constitucional de los derechos fundamentales, como es su función, y desestimará la petición de la Procuraduría, salvaguardando la seguridad jurídica, el principio de confianza legítima que prima en las relaciones del Estado con sus administrados y los derechos que protegen la autonomía, la libertad, la vida y la salud de las mujeres en Colombia.
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres*
Fuente: http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/
09/07/2014 /por Clacai
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References: artículo 86
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 217
 artículo 386
 artículo 227