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Timestamp: 2016-10-23 20:39:54+00:00

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ORDEN ITC/561/2007, de 7 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de proyectos y actuaciones de formación en telecomunicaciones y tecnologías de la información en el marco del Plan Avanza (Programa Avanza Formación)
ORDEN ITC/561/2007, de 7 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de proyectos y actuaciones de formación en telecomunicaciones y tecnologías de la información en el marco del Plan Avanza (Programa Avanza Formación)	ORDEN ITC/561/2007, de 7 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de proyectos y actuaciones de formación en telecomunicaciones y tecnologías de la información en el marco del Plan Avanza (Programa Avanza Formación) Mis Leyes
ORDEN ITC/561/2007, de 7 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de proyectos y actuaciones de formación en telecomunicaciones y tecnologías de la información en el marco del Plan Avanza (Programa Avanza Formación) Estado	:
ITC/561/2007	Boletín Oficial	:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	Disposición final primera. Título competencial.Disposición final segunda. Entrada en vigor.ANEXO IITítulo del proyecto 2. Datos económicos del proyecto.
El 4 de noviembre de 2005, el Consejo de Ministros adoptó el «Acuerdo por el que se aprueba el plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Información y de convergencia con Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, plan AVANZA, y se adoptan mandatos para poner en marcha diversas medidas normativas de impulso a la sociedad de la información.» En dicho acuerdo se establece que se «... ha elaborado un Plan orientado a conseguir la adecuada utilización de las TIC para contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la productividad...».
Este Acuerdo constituye la expresión práctica del mandato incluido en la disposición adicional séptima de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en relación con la elaboración de un plan para el desarrollo de la Sociedad de la Información y de convergencia con Europa, el cual deberá potenciar decididamente las iniciativas de formación y educación en las tecnologías de la información para extender su uso en diferentes ámbitos, en particular, la gestión de las empresas y el comercio electrónico.
A partir del Acuerdo citado resulta necesario desarrollar las medidas contempladas en el Plan AVANZA siguiendo sus orientaciones y objetivos. En particular, aquellas que ayuden al tejido empresarial español a considerar la formación de sus trabajadores en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) como un factor estratégico de competitividad y sirvan como medio para convertir a las PYME en empresas digitales, integradas en la Sociedad de la Información y capacitadas para alcanzar los objetivos de productividad y competitividad citados tanto en el propio Plan Avanza como en el Acuerdo del Consejo de Ministros aludido.
La presente Orden pretende contribuir a dicha integración desde una doble perspectiva. En primer lugar, se contemplan de manera integral las actividades de promoción de la formación de trabajadores en TIC realizadas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI). Es decir, se reúnen en la presente orden los diversos instrumentos que la SETSI pone a disposición de las empresas y trabajadores para su capacitación en TIC, partiendo del convencimiento de que sólo un enfoque de estas características permite conseguir los efectos deseados. Este enfoque integral pasa por la formación de trabajadores, profesionales y usuarios, las ayudas de tipo financiero para la amortización de equipos informáticos de apoyo a la formación o para abordar la formación en el marco de procesos de cambio asociados a la introducción de las TIC en las PYME.
Estas ayudas están destinadas a fomentar la formación continua, entendida como el conjunto de acciones formativas dirigidas tanto a la mejora de competencias y cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores, que permita compatibilizar la mejora de la competitividad de las empresas con la formación individual del trabajador. Asimismo, las ayudas se destinan exclusivamente a formación general, entendiendo por tal aquella que incluye una enseñanza que no es única o principalmente aplicable en el puesto de trabajo actual o futuro del trabajador en la empresa beneficiaria, sino que proporciona cualificaciones en su mayor parte transferibles a otras empresas o a otros ámbitos laborales, con lo que mejora sustancialmente la empleabilidad del trabajador.
En segundo lugar, la orden toma en consideración los diferentes aspectos de esta problemática, tales como el tamaño de las empresas, la distribución territorial o los agentes más adecuados para impulsar el proceso de cambio. Las actuaciones realizadas en programas anteriores han permitido progresar en la formación de trabajadores en el uso y manejo de las TIC, la cual que se muestra como indispensable para conseguir que las pequeñas y medianas empresas se puedan incorporar con éxito a la Sociedad de la Información y la experiencia adquirida permite mejorar el diseño de los instrumentos de apoyo a la formación, los cuales se definen en esta Orden.
La presente Orden contiene las bases reguladoras del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a promover la capacitación en TIC de los empleados y directivos de las pequeñas y medianas empresas, especialmente de aquellas que están en proceso de incorporación al negocio electrónico y a la Sociedad de la Información en general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Las ayudas objeto de la presente orden de bases pueden ser cofinanciadas por fondos comunitarios, dentro de algunos de los programas operativos del Fondo Social Europeo (FSE). Por ello se contempla la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control propios de dichos programas operativos y, en particular, el Reglamento (CE) número 438/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001.
La presente Orden se dicta al amparo de la competencia estatal en materia de telecomunicaciones prevista por el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española. En este marco, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio es el departamento de la Administración General del Estado encargado, entre otras, de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de telecomunicaciones, medios audiovisuales y desarrollo de la sociedad de la información.
1. La presente Orden tiene por objeto el establecimiento de las bases reguladoras del régimen de ayudas del Programa Avanza Formación para la realización de proyectos y actuaciones de formación general en telecomunicaciones y tecnologías de la información que permitan a las pequeñas y medianas empresas, de forma progresiva, incorporar las tecnologías de la información y de las comunicaciones a sus procesos de negocio, a fin de contribuir a incrementar su competitividad y a la mejora de su productividad.
2. Las ayudas destinadas a estos proyectos, cuyos tipos se especifican en el apartado cuarto de la presente Orden, podrán tener carácter plurianual. Las ayudas estarán condicionadas a la existencia de consignación presupuestaria en cada ejercicio y a los requisitos que, para los compromisos de gastos de esta naturaleza, establece el artículo 47 de la vigente Ley General Presupuestaria.
3. Por otro lado, estas ayudas están sometidas al régimen de ayudas a la formación, conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación (DOCE L10, de 13 de enero de 2001), modificado por el Reglamento (CE) n.º 1976/2006 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2006, por el que se modifican los reglamentos (CE) 2204/2002, (CE) 70/2001 y (CE) n.º 68/2001, por el que respecta a la prórroga de sus periodos de aplicación (DOUE L368, de 23 de diciembre de 2006).
Segundo. Ámbito temporal.-De acuerdo con el Plan Avanza, esta Orden estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2010. No obstante, en el caso de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2013.
Las bases reguladoras del régimen de ayudas del Programa Avanza Formación aplicables a partir de 1 de julio de 2008, se adaptarán a la reglamentación comunitaria que sustituya al citado Reglamento (CE) número 68/2001 de la Comisión, cuyo actual plazo de vigencia finalizará el 30 de junio de 2008.
Tercero. Ámbito geográfico.-Las actividades objeto de ayuda podrán realizarse en la totalidad o en parte del territorio nacional, si bien tendrán prioridad las que tengan carácter suprarregional, que podrán complementarse con aquellas otras desarrolladas por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivos territorios. La distribución regional de las ayudas deberá ser compatible con las actuaciones previstas en los Programas Operativos de aplicación del Fondo Social Europeo cuya gestión haya sido encomendada a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Cuarto. Proyectos y actuaciones financiables.
1. Se apoyarán exclusivamente proyectos y actuaciones de formación general, entendiendo por tal, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación, aquella que incluye una enseñanza que no es única o principalmente aplicable en el puesto de trabajo actual o futuro del trabajador en la empresa beneficiaria, sino que proporciona cualificaciones en su mayor parte transferibles a otras empresas o a otros ámbitos laborales, con lo que mejora sustancialmente la empleabilidad del trabajador.
2. Los tipos de proyectos y actuaciones destinadas a trabajadores ocupados susceptibles de recibir ayudas podrán tener el contenido que se detalla a continuación:
a) Formación en telecomunicaciones y tecnologías de la información: Realización de proyectos y actuaciones de formación en tecnologías de la información y de las comunicaciones para trabajadores ocupados pertenecientes a alguna de las siguientes categorías o que como resultado de la formación recibida vayan a poder ser encuadrados en ellas:
1.º Profesionales TIC, capaces de investigar, desarrollar, diseñar, gestionar, operar, instalar, mantener o dar soporte a sistemas de TIC.
2.º Usuarios TIC, capaces de aplicar sistemas y equipos de TIC como una herramienta para su trabajo en una amplia gama de sectores de actividad.
3.º Profesionales de negocio electrónico, capaces de aplicar las TIC, especialmente Internet, al desarrollo de nuevos productos y servicios y/o a la introducción de nuevos procesos que mejoren la eficacia y la eficiencia de la actividad de la empresa.
b) Formación con ayuda de las TIC: Realización de proyectos y actuaciones de formación en línea que pertenezcan a alguno de los siguientes tipos:
1.º Formación de formadores para cursos en línea.
2.º Formación en la que se utilicen nuevas plataformas interactivas, tales como la Televisión Digital, dispositivos móviles con conectividad a Internet en banda ancha, etc.
3.º Formación de trabajadores en innovación, siguiendo un itinerario formativo destinado a que las PYME participantes alcancen un nivel de competitividad e innovación más elevado que en la situación inicial.
4.º Proyectos y actuaciones de formación que impliquen el desarrollo de contenidos digitales para la formación en línea.
c) Formación para la implantación de soluciones de negocio electrónico: Acciones dirigidas a la formación de trabajadores de pequeñas y medianas empresas en la configuración y utilización de una herramienta o solución tecnológica de gestión empresarial avanzada, bien de carácter genérico (Sistemas de atención a clientes, de planificación de recursos empresariales, de cadena de suministro, etc.), o de carácter sectorial, así como la formación a los trabajadores usuarios en el manejo de la misma. Estas acciones formativas deben estar asociadas a un proyecto de implantación de una herramienta o solución de este tipo.
3. No podrán recibir ayudas los proyectos y actuaciones incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón («DOCE» L 205, de 2 de agosto de 2002).
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en la presente Orden, sin perjuicio de las excepciones establecidas en el artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 68/2001 de la Comisión, las siguientes entidades:
1.1 Empresa: Entidad, cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerza una actividad económica y que esté válidamente constituida en el momento de presentación de la solicitud de ayuda. A los efectos de la presente Orden, se integran en particular en el concepto de empresa las sociedades mercantiles públicas, los entes públicos empresariales y los empresarios individuales.
Cuando en las presentes bases se aluda a pequeñas y medianas empresas (PYME), se entenderá por tales, de acuerdo con la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003 («DOUE» L124, de 20 de mayo de 2003), sobre definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, las empresas que cumplan los siguientes requisitos:
b) Pequeña empresa: Dentro de la categoría PYME se define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocio anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros, computándose los límites de acuerdo con la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión antes indicada.
c) Microempresa: Dentro de la categoría PYME se define a una microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros, computándose los limites de acuerdo con la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión antes indicada.
1.1 Entidades sin ánimo de lucro: Las organizaciones públicas o privadas, cualquiera que sea su estatuto fundacional, con personalidad jurídica propia que, sin ánimo de lucro, tengan la finalidad de prestar servicios de formación a las pequeñas y medianas empresas, mediante la realización de proyectos o actuaciones de formación en telecomunicaciones y tecnologías de la información. Entre éstas se encuentran las Asociaciones empresariales sectoriales sin ánimo de lucro que realicen proyectos y actuaciones de formación para su sector.
1.2 Agrupaciones de Interés Económico de empresas que cumplan la finalidad del párrafo anterior.
1.3 Agrupaciones: Las anteriores entidades podrán formar uniones o agrupaciones sin personalidad jurídica, rigiéndose por el contrato, convenio o acuerdo que las regule, al amparo del artículo 11.3, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, existiendo un órgano de representación que actúe de interlocutor a efectos de la solicitud. Este interlocutor o entidad representante recibirá, distribuirá, representará y desempeñará las obligaciones que la propia agrupación deba cumplir conforme a las presentes bases y a la convocatoria correspondiente, así como las que correspondan a todos los miembros de la agrupación.
a) Proyecto o actuación individual: proyecto o actuación realizados por una sola entidad, siendo ésta una empresa, una entidad sin ánimo de lucro o una Agrupación de Interés Económico. Estos proyectos o actuaciones podrán contar, en todo caso, con subcontrataciones, reguladas en el punto 4 de este apartado.
b) Proyecto o actuación en cooperación: proyecto o actuación desarrollado por una agrupación en las que participen más de uno de los mencionados como beneficiarios, que pueden pertenecer o no al mismo tipo de sujetos, cuyas relaciones estén formalizadas documentalmente mediante un contrato, convenio o acuerdo en el que se establezcan los derechos y obligaciones de los distintos sujetos participantes. Estos proyectos o actuaciones podrán contar con subcontrataciones, reguladas en el punto 4 de este apartado.
3. En los proyectos o actuaciones en cooperación que se presenten, deberá nombrarse un representante. El representante será el solicitante de la ayuda y el responsable de la realización del proyecto o actuación ante la Administración. A tal fin, canalizará la relación con los participantes y, llegado el caso, aportará la documentación justificativa de la realización del proyecto o actuación. El pago de la ayuda concedida se realizará al representante, quien se responsabilizará de la transferencia a cada participante de los fondos que le correspondan.
4. Cuando en la realización de un proyecto o actuación se subcontrate parte de su ejecución, el coste de la subcontratación no podrá superar el 70 por ciento del coste total del proyecto o actuación, excepto en el caso de las entidades sin ánimo de lucro, en las que podrá alcanzar el 95 por ciento.
Según lo indicado en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad financiada.
Cuando la subcontratación exceda del 20 por ciento del importe de la ayuda, y dicho importe sea superior a 60.000 euros, deberá celebrarse un contrato por escrito entre las partes y presentarse con carácter previo a la resolución de la concesión. Se entenderá concedida la ayuda y autorizado el contrato por el órgano concedente de la ayuda cuando el beneficiario reciba la resolución de concesión.
No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias detalladas en el artícu-lo 29.7 de la Ley General de Subvenciones.
Sexto. Requisitos y obligaciones de los beneficiarios.-Los beneficiarios no podrán encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias que prohiben la obtención de la condición de beneficiario, recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de la ley citada y de las presentes bases, comunique el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.
Asimismo, si las ayudas concedidas con cargo a la presente Orden estuvieran cofinanciadas con Fondos comunitarios, los beneficiarios estarán obligados al cumplimiento de la normativa sobre dichos Fondos.
Séptimo. Entidades colaboradoras.
2. Podrán actuar como entidades colaboradoras:
c) Los organismos y demás entes públicos, así como las corporaciones de Derecho público.
d) Las sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones Públicas, organismos o entes de derecho público.
e) Las asociaciones a las que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.
f) Las demás personas jurídicas públicas o privadas que cumplan las siguientes condiciones de solvencia y eficacia: cifra de negocios media de los tres últimos ejercicios superior a 500.000 euros, que acrediten al menos dos años de experiencia en el área temática o actividad objeto de la colaboración y que cuenten con recursos humanos cualificados para prestar la colaboración, en número igual o superior a 2 en equivalente a jornada completa.
3. Las entidades colaboradoras deberán desempeñar las funciones siguientes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
4. Cuando la Administración General del Estado, sus organismos públicos o las Comunidades Autónomas actúen como entidades colaboradoras, las actuaciones de comprobación a que se hace referencia en el punto 3.d) de este apartado, se llevarán a cabo por los correspondientes órganos dependientes de las mismas, sin perjuicio de las competencias de los órganos de control nacionales o comunitarios y de las del Tribunal de Cuentas.
5. Cuando sea preciso seleccionar entidades colaboradoras que sean personas sujetas a derecho privado, se llevará a cabo mediante un procedimiento sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación.
1. Las ayudas a la financiación de proyectos y actuaciones objeto de esta Orden podrán concederse con arreglo a las siguientes modalidades:
2. El apoyo que reciban los beneficiarios podrá revestir una o varias de las modalidades enumeradas en el punto anterior, en función de las características y grado de riesgo de cada proyecto o actuación y del tipo de beneficiario, respetando los límites de intensidad de ayuda establecidos en el apartado noveno.
3. El importe de ayuda concedido para un único proyecto o actuación no podrá ser superior a 1 millón de euros.
4. Las ayudas podrán estar cofinanciadas con Fondos comunitarios en los términos y casos en que así se recoja en las resoluciones de convocatoria.
5. En razón a que las ayudas en forma de préstamo suponen un equivalente teórico monetario en términos de subvención, la Comisión de Evaluación prevista en el apartado decimosexto podrá proponer la concesión de un préstamo en lugar de la subvención que se hubiera solicitado por el interesado, en el caso de las convocatorias que incluyan ambos tipos de ayudas. El interesado, a su vez, deberá indicar si, en caso de serle denegada la subvención, solicita o no un préstamo, entendiéndose que la negativa faculta a la Comisión para no proponer ningún tipo de ayuda.
b) Plazo máximo de amortización de 7 años, modulable en la respectiva resolución de concesión, atendiendo a la naturaleza y a las características del proyecto o actuación. En cualquier caso, se podrá conceder un plazo de carencia no superior a dos años. La modificación del plazo de amortización finalmente concedido se regirá por lo dispuesto en el apartado vigésimo quinto de la Orden,
d) Garantías: Las que se establezcan en el apartado vigésimo segundo de esta Orden.
3. En ningún caso se considerarán gastos financiables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
4. Cuando el importe del gasto financiable supere la cuantía de 12.000 euros, en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos financiables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.
1. Las subvenciones y préstamos de los que puedan beneficiarse los proyectos y actuaciones objeto de esta Orden, se financiarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se determinen en las correspondientes convocatorias.
2. Los instrumentos de financiación en forma de subvenciones y préstamos se podrán conceder con carácter plurianual, de acuerdo con las características de los proyectos y actuaciones, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
3. Se entiende por intensidad bruta de la ayuda el valor de la ayuda actualizado, cuyo cálculo se realiza conforme a lo establecido en el artículo 2.e) del Reglamento (CE) n.º 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas.
4. La intensidad bruta máxima de las ayudas en forma de subvención que se podrá conceder para los proyectos y actuaciones regulados en esta Orden, será de hasta el 70 por ciento del coste subvencionable de la actuación cuando el beneficiario sea una PYME o una entidad sin ánimo de lucro y no excederá del 50 por ciento en los demás casos.
5. En el caso de que se trate de proyectos o actuaciones que se efectúen en regiones contempladas en las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), los porcentajes máximos sobre el coste subvencionable de los proyectos que figuran en el punto anterior se incrementarán del siguiente modo:
Duodécimo. Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento y rango de la convocatoria.
1. El órgano competente para convocar las ayudas relativas a esta Orden será la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
2. El órgano competente para instruir el procedimiento será la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
3. El órgano competente para resolver será la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información u órgano directivo en quien delegue.
Decimotercero. Convocatorias de ayudas.
b) Convocatorias abiertas, con un calendario que especifique varios plazos de presentación de solicitudes a los que se corresponderán varios procedimientos de evaluación y selección, a lo largo de un ejercicio presupuestario.
Las resoluciones de convocatoria detallarán al menos el contenido mínimo previsto en el artículo 23 de la Ley General de Subvenciones.
Decimocuarto. Solicitudes y plazo.
1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas seguirá el modelo que figura, a título informativo, en el anexo de la presente Orden. Dicho modelo estará disponible para su cumplimentación y presentación en la dirección de Internet del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.mityc.es/portalayudas). El modelo citado consta de tres elementos: solicitud de ayuda, cuestionario y memoria, los cuales se cumplimentarán necesariamente con los medios electrónicos de ayuda disponibles en la referida dirección de Internet. Dicho modelo podrá ser modificado en las convocatorias que se realicen en el marco de la presente Orden de bases.
2. Las convocatorias deberán prever la presentación de la solicitud de ayuda, cuestionario y memoria ante el Registro Telemático del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio mediante firma electrónica, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden ITC/3928/2004, de 12 de noviembre, por la que se crea un registro telemático en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio («Boletín Oficial del Estado» núm. 289, de 1 de diciembre). El certificado electrónico con el que se realice la presentación deberá corresponder al solicitante de la ayuda.
3. Cuando así se prevea en las convocatorias, la solicitud de ayuda, impresa con los medios electrónicos citados en el punto 1 y con firma manuscrita, podrá presentarse en el Registro Auxiliar de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, calle Francisco Gervás, número 7, 28020 Madrid. Las solicitudes se dirigirán al Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
En este caso, el cuestionario y la memoria se remitirán necesariamente por vía telemática siguiendo las instrucciones que figuran en las direcciones de Internet correspondientes.
5. Los interesados podrán presentar ante el Registro Telemático del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio solicitudes, escritos y comunicaciones relacionados con los procedimientos regulados en estas bases reguladoras y en las respectivas convocatorias, de acuerdo con lo previsto en la Orden ITC/3928/2004, de 12 de noviembre, por la que se crea un registro telemático en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en la que se establecen los requisitos y condiciones técnicas para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios telemáticos.
6. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos citados anteriormente que ya obren en poder del órgano competente para la tramitación de las solicitudes señalado en el apartado sexto de la presente Orden, de conformidad con lo previsto por el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debiéndose indicar en el cuestionario de solicitud el número del expediente que le fue comunicado en aquella ocasión, siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
7. De conformidad con el apartado 4 del artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la presentación de la solicitud para la obtención de ayuda conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de certificados telemáticos. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar dicha certificación cuando le sea requerida por la Administración.
8. Respecto de las solicitudes de ayudas para proyectos o actuaciones de carácter plurianual, tras dictarse la resolución estimatoria de las mismas, el beneficiario individual o el beneficiario representante y el resto de beneficiarios en proyectos en cooperación no tendrán obligación de presentar solicitudes en los ejercicios posteriores para las anualidades incluidas en la resolución estimatoria de su proyecto o actuación, sin perjuicio de la obligación de presentar los justificantes previstos en el apartado vigésimo sexto de esta Orden y cumplir los demás requisitos previstos por la normativa vigente para que el órgano competente pueda reconocer la obligación correspondiente.
10. Con carácter general, el plazo para presentación de solicitudes será de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, la convocatoria podrá elevar dicho plazo hasta un máximo de dos meses.
Decimoquinto. Instrucción.-El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley General de Subvenciones.
Decimosexto. Evaluación y selección de las solicitudes.
2. Los resultados de las evaluaciones efectuadas por el órgano instructor se trasladarán a las Comisiones de Evaluación. Estas comisiones realizarán el informe de la evaluación final y propuesta de estimación o desestimación de las solicitudes de financiación de proyectos y actuaciones, El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Evaluación, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de diez días para presentar alegaciones.
Criterio de selección previa. b) Adecuación del proyecto o actuación propuesta a las prioridades del Fondo Social Europeo.
Los umbrales mínimos recogidos en la tabla anterior se expresan como porcentaje de la puntuación máxima.
5. La composición de las comisiones de evaluación será la siguiente:
Además, la convocatoria correspondiente podrá añadir a la citada composición, vocales en representación de cualquier organismo de la Administración General del Estado, acorde con la temática de la convocatoria. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del Plan Avanza es la coordinación de actuaciones de la Administración General del Estado con las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas, la convocatoria podrá incluir también a representantes de éstas en las comisiones de evaluación. Asimismo, se podrá contar con la participación de entidades y expertos externos.
6. Las comisiones de evaluación regirán su funcionamiento por lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Decimoséptimo. Propuesta de resolución provisional y trámite de audiencia.
1. Una vez la Comisión de Evaluación haya emitido su informe, se formulará por el órgano instructor la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se comunicarán a los solicitantes para que en plazo de diez días, formulen las alegaciones que estimen convenientes
3. En otro caso, examinadas las alegaciones, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva que será notificada a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que procedan a su aceptación. Dicha aceptación se entenderá otorgada, en ausencia de respuesta del beneficiario, en el plazo de diez días. La propuesta de resolución definitiva deberá expresar:
e) En su caso, la justificación de las modificaciones al proyecto o actuación propuesto por el solicitante, que hayan condicionado la propuesta de resolución.
De acuerdo con el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno frente a la Administración a favor del beneficiario propuesto, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
La resolución vendrá debidamente motivada, para lo que incluirá las referencias a esta Orden y a la convocatoria a la que corresponda la resolución, así como a los informes del órgano instructor y del órgano colegiado encargado de la evaluación de las solicitudes. En el caso de las solicitudes estimadas se señalará también el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente Orden y en la convocatoria. En el caso de las solicitudes desestimadas se indicará el motivo de desestimación, en particular, se mencionará si no se ha alcanzado alguno de los umbrales mínimos previstos en el apartado decimosexto.
2. Corresponde al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, u órgano en quien delegue, la resolución de concesión o denegación de las solicitudes, a la vista de la propuesta de resolución definitiva. Se notificarán las resoluciones de concesión o denegación a cada solicitante.
Las solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de seis meses desde la publicación de la correspondiente convocatoria o, en el caso de las convocatorias abiertas, desde el inicio del periodo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes.
c) Modalidad e importe de la ayuda concedida.
f) La documentación e informes técnicos y económicos que justifiquen la realización del proyecto o actuación objeto de la ayuda, así como los plazos en los que se debe justificar la realización del proyecto o actuación objeto de la ayuda concedida. En los casos en que la resolución de concesión de la ayuda lo requiera explícitamente, el beneficiario deberá presentar un informe realizado por un auditor o empresa de auditoria inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
h) que la ayuda que se concede tiene un carácter de ayuda a la formación general, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas a la formación («Diario Oficial de las Comunidades Europeas» L10, de 13.01.2001).
4. La citada resolución podrá ser recurrida en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la referida Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, contra la citada resolución cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio.
2. Las convocatorias podrán prever que las listas de las propuestas de resolución provisionales, las propuestas de resolución definitivas y las resoluciones estimatorias o desestimatorias de concesión de las ayudas sean publicadas en la página Web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.mityc.es) surtiendo todos los efectos de notificación practicada según lo dispuesto en el párrafo b del número 6 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación a los procedimientos de concurrencia competitiva.
Vigésimo. Publicidad de las ayudas concedidas.
3. En las publicaciones, actividades de difusión, páginas web y otros resultados a los que pueda dar lugar el proyecto deberá mencionarse al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como entidad financiadora, citando el programa Avanza Formación. En caso de que el proyecto fuera cofinanciado por el Fondo Social Europeo deberá así mismo realizarse la mención correspondiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento (CE) n.º 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, y en el Reglamento (CE) n.º 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 2000, sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales.
Vigésimo primero. Compatibilidad con otras ayudas.-La percepción de las ayudas reguladas en esta Orden será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, salvo si tal acumulación condujera a una intensidad de la ayuda superior a la establecida para las circunstancias concretas de cada caso en un reglamento de exención por categorías o en una decisión adoptada por la Comisión. En este caso, los límites máximos fijados se aplicarán tanto si la aportación para el proyecto subvencionado procede de recursos estatales como si la financia parcialmente la Comunidad. Esta compatibilidad estará condicionada a que el importe de las ayudas concedidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras, supere el coste de la actividad subvencionada.
El solicitante deberá declarar las ayudas que haya obtenido o solicitado para las actuaciones o proyectos para los que solicita financiación, tanto al presentar las propuestas como en cualquier momento ulterior en que esta circunstancia se produzca, y aceptará las eventuales minoraciones aplicables para el cumplimiento de lo anteriormente indicado.
Esta compatibilidad también estará condicionada a que en determinadas convocatorias se pueda exigir un importe o porcentaje mínimo de financiación propia.
1. En el caso de los procedimientos de selección de entidades colaboradoras será de aplicación lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En particular, los participantes en un proceso de selección de entidades colaboradoras sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, y no discriminación, no precisarán la presentación de garantías provisionales.
En el caso de que la colaboración suponga la entrega o distribución de fondos mediante pago anticipado, no será necesario presentar garantías por el importe de los fondos públicos recibidos, en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, organismos y demás entes públicos, sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones públicas, asociaciones a las que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local u otras personas jurídicas públicas.
b) Cuando se trate de entregas por importe inferior o igual a 500.000 euros efectuadas a otras personas jurídicas privadas.
2. En todos los casos las subvenciones se abonarán a los beneficiarios de manera anticipada y sin la necesidad de presentación de garantías. Esta medida será de aplicación a todas las categorías de beneficiarios recogidas en el apartado quinto.
3. Los préstamos serán abonados a los beneficiarios anualmente con anterioridad a la justificación de la realización de la actuación o proyecto, y requerirán la presentación de garantías, salvo en los casos previstos en esta Orden, por importe igual a la cantidad del pago anticipado.
Junto con la propuesta de resolución provisional estimatoria y la notificación del inicio del trámite de audiencia, se solicitará al interesado la aportación del resguardo de constitución de las garantías ante la Caja General de Depósitos, en alguna de las modalidades previstas en la normativa de la citada Caja [Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero («BOE» núm. 48, de 25 de febrero de 1997) y Orden de 7 de enero de 2000 («BOE» núms. 21 y 26, de 25 y 31 de enero de 2000), modificada por la Orden ECO/2120/2002, de 2 de agosto («BOE» núm. 203, de 24 de agosto de 2002)] y con los requisitos establecidos para las mismas. La aportación de los resguardos de constitución de las garantías no supone la generación de derecho alguno frente a la Administración, ni prejuzga el contenido de la resolución definitiva de concesión, ni genera derecho subjetivo a la obtención de ayuda por el interesado.
En caso de préstamos plurianuales se requerirá para cada anualidad la constitución de la garantía correspondiente a la ayuda de ese año, aplicándose todos los requisitos expuestos en los puntos anteriores. En el supuesto de no presentación de las garantías requeridas, se revocará la ayuda concedida para ese año y para anualidades posteriores.
4. No se precisará la presentación de garantías para el pago de préstamos en los siguientes casos:
Vigésimo tercero. Pago de las ayudas.
1. Las subvenciones y los préstamos serán siempre abonados con anterioridad a la realización del proyecto o actuación.
2. El pago de la ayuda quedará condicionado a que exista constancia por parte del órgano gestor de que el beneficiario cumpla los requisitos establecidos en la presente Orden, así como los señalados en el artícu-lo 34 de la Ley General de Subvenciones, entre ellos el de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, En el caso de que no conste la situación del beneficiario respecto a tales obligaciones, se le requerirá para que en el plazo máximo de diez días, desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, aporte los oportunos certificados, sin perjuicio de lo previsto en el apartado decimocuarto.7.
Cuando se trate de resoluciones estimatorias de ayudas de carácter plurianual, los pagos en ejercicios sucesivos al de la concesión quedarán igualmente condicionados a que exista la constancia, por parte del órgano gestor, de que el beneficiario cumple los citados requisitos. El pago de la primera anualidad se tramitará con motivo de la resolución de concesión. El pago de las restantes estará condicionado a la recepción de los informes de ejecución técnica y económica que se establezcan en las convocatorias, así como a las disponibilidades presupuestarias.
No obstante, y aún en el caso de que el proyecto o actuación tenga una duración que abarque varios ejercicios, la convocatoria podrá establecer que los pagos se realicen de una sola vez y tras dictarse la resolución de concesión.
3. El pago de las ayudas estará condicionado a la presentación de garantías en los casos previstos en el apartado vigésimo segundo.
Vigésimo cuarto. Ejecución de la actividad.-Los gastos previstos en el proyecto o actuación objeto de ayuda deberán ser realizados en los años para los que se conceda la ayuda. Con carácter general será de aplicación lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.
En lo referente a la subcontratación de actividades subvencionadas y a los gastos de amortización, será de aplicación, respectivamente, lo establecido en los artículos 29 y 31.6 de la Ley General de Subvenciones.
Respecto a los gastos de amortización, será de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, sin que el periodo de amortización de los instrumentos y equipos pueda ser inferior a veinticuatro meses.
Vigésimo quinto. Modificación de las condiciones de ejecución de la actividad.-Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados que se recojan en las resoluciones de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, en aspectos tales como el importe de la inversión aprobada, de sus conceptos, o el cumplimiento de plazos para la realización del proyecto o actuación, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión. Cualquier cambio en el proyecto requerirá acumulativamente:
No obstante, en casos debidamente justificados se podrán admitir incrementos de hasta un 20 por ciento en los apartados que figuran en la resolución de concesión, compensables con disminuciones de otros, siempre que no se altere el importe total de la subvención y se compruebe que permiten la consecución o mejora de los objetivos previstos en el proyecto, sin necesidad de modificar la resolución de concesión.
1. La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV, artículo 30 y sucesivos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el título II, capítulo II, de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, según las disposiciones que sobre seguimiento técnico establezcan las convocatorias y, en su caso, según lo establecido en la normativa aplicable de los Fondos comunitarios de la Unión Europea, en el supuesto de que dicha convocatoria estuviera cofinanciada por dichos Fondos.
3. Cuando el beneficiario opte por presentar la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, la aportación de los justificantes de gasto de la memoria económica justificativa podrá ser sustituida por un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de General de Subvenciones. A este efecto el gasto derivado de la elaboración de dicho informe tendrá la consideración de gasto financiable, hasta el límite del 1 por ciento del presupuesto financiable, sin exceder de 3.000 euros.
El informe del auditor tendrá el alcance que se detalla en el anexo II, siendo su objeto la comprobación de la adecuación de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa y de la documentación acreditativa del pago a la Resolución de concesión y a las Instrucciones de justificación de ayudas.
4. Los beneficiarios de las ayudas podrán realizar la presentación por vía telemática de la documentación justificativa de la realización del proyecto o actuación. La presentación de la documentación justificativa correspondiente se realizará de acuerdo con lo estipulado en la página Web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.mityc.es), donde figurarán las instrucciones detalladas para la presentación telemática y los formularios correspondientes.
En los trámites en los que se realice la presentación telemática de la documentación justificativa, se entenderá que esta modalidad se extiende tanto a la presentación inicial, en el plazo indicado anteriormente, como a las posibles subsanaciones que sean solicitadas a los beneficiarios por el órgano gestor.
Como regla general, la presentación de la documentación antedicha se realizará desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del año inmediato posterior al de la realización de la actividad, y se entregará al órgano competente para instruir el procedimiento. Las inversiones y gastos o compromiso de gastos previstos deben realizarse desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año para el que se concede la ayuda. Sin embargo, los documentos de pago emitidos por el beneficiario pueden tener fecha de vencimiento posterior, siempre que dicha fecha esté comprendida dentro del plazo concedido para presentar la documentación justificativa.
6. Con posterioridad a la presentación de la documentación aludida en los puntos anteriores, se realizará la correspondiente comprobación técnico-económica. Esta comprobación podrá realizarse mediante técnicas de muestreo especificadas en la convocatoria. Si la misma demostrara el cumplimiento de las exigencias establecidas en la resolución de concesión de la ayuda, se procederá, en el caso de que haya existido constitución de garantías, a la devolución de las mismas.
7. El órgano concedente de la ayuda, tras la correspondiente comprobación técnico-económica, emitirá una certificación acreditativa del cumplimiento de los fines que justificaron la concesión de la ayuda. Dicha certificación, será necesaria para el inicio del procedimiento de reintegro e igualmente para la devolución de garantías, según proceda.
8. En casos debidamente justificados, y mediante petición razonada, el beneficiario podrá solicitar la ampliación del plazo de rendición de los antedichos informes, antes de que finalice el plazo de presentación inicialmente previsto. El órgano concedente podrá otorgar una ampliación del plazo que no exceda la mitad del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero. La concesión o denegación de la ampliación deberá realizarse de la forma prevista en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Vigésimo séptimo. Actuaciones de comprobación y control.-El beneficiario de la ayuda estará obligado a facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización del proyecto o actuación objeto de la misma. Asimismo, el beneficiario estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, así como al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas y, en su caso, a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con los Fondos Comunitarios.
A los efectos del seguimiento y control de las actividades financiadas, los beneficiarios deberán disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable al beneficiario, así como las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Este conjunto de documentos constituye el soporte justificativo de la subvención concedida, y garantiza su adecuado reflejo en la contabilidad del beneficiario.
Vigésimo octavo. Incumplimientos, reintegros y sanciones.
Vigésimo noveno. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.-En los casos de incumplimiento de la finalidad o de la obligación de justificación, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:
b) El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la inversión financiable o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro de la totalidad de la ayuda concedida.
c) Cualquier otro incumplimiento se considerará incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la inversión financiable o de la obligación de justificación y dará lugar al reintegro parcial de la ayuda en el porcentaje correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.
d) Conforme a lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro de la ayuda no justificada y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan.
e) La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable obligará a la devolución de las cantidades desviadas.
Trigésimo. Normativa aplicable.-Las ayudas reguladas en esta Orden se regirán, además de por lo dispuesto en la misma, por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General presupuestaria, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las demás disposiciones que resulten de aplicación.
Trigésimo primero. Facultades de ejecución.-Se faculta al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información para dictar las resoluciones necesarias para la ejecución de esta Orden.
La presente Orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones.
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Estructura del informe de Auditor
Origen y cuantía de la financiación pública y privada.
Para cada uno de los siguientes capítulos:
f) Costes del personal docente.
g) Gastos de desplazamiento del personal docente.
h) Otros gastos corrientes, tales como materiales específicos para la formación y suministros.
i) Amortización de los instrumentos y equipos en proporción a su utilización exclusiva para el proyecto o actuación.
j) Costes de servicios de asesoría en relación con la acción de formación.
El apartado vigésimo quinto de la Orden de bases, que autoriza incrementos del 20 % en un concepto del presupuesto financiable, compensables con disminuciones en otros, sin necesidad de autorización previa del MITYC.
Las posibles vinculaciones entre el beneficiario y las entidades subcontratadas, según lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Las instrucciones de justificación de ayudas de la convocatoria (publicadas en la dirección http://www.mityc.es/portalayudas).
3.1 Costes del personal docente.
Si las personas en él incluidas, las horas imputadas y su coste horario coinciden, dentro el margen que se fije en las instrucciones de justificación, con los del presupuesto financiable del proyecto o actuación aprobada.
Si las personas están incluidas en documento TC2 de la Seguridad Social y en el modelo 190 o certificado de retenciones del IRPF de Hacienda, o bien, estando dadas de alta en el régimen de autónomos, colaboran directamente con la entidad beneficiaria de la ayuda.
Horas fuera del plazo de ejecución.
3.2 Gastos de desplazamiento del personal docente.
Si los gastos corrientes incluidos coinciden con los del proyecto aprobado.
Las fechas de las facturas y documentos acreditativos del pago deberán ser coherentes con el calendario de realización del proyecto que figura en la resolución de concesión o sus posibles ampliaciones de plazo de ejecución aprobados por el MITYC.
Explicará las diferencias entre el presupuesto imputado y el justificado, con indicación de los motivos y su importe total, así como cualquier comentario que a juicio del auditor sea relevante y añada claridad al análisis realizado.
Facturas o documentos de pago de desplazamientos no directamente relacionados con el proyecto o actuación.
3.3 Otros gastos corrientes, tales como materiales específicos para la formación y suministros en relación a las siguientes partidas de gasto:
Gastos de personal propio, no docente
Si las personas están incluidas en documento TC2 de la Seguridad Social y en el modelo 190 o certificado de retenciones del IRPF de Hacienda, o bien estando dadas de alta en el régimen de autónomos, colaboran directamente con la entidad beneficiaria de la ayuda.
Gastos de materiales didácticos y de difusión.
Gastos de alquileres de aulas.
Para cada uno de estos tres conceptos, el Auditor deberá analizar:
Si estos conceptos están incluidos dentro del presupuesto financiable que figura en la resolución de concesión.
Si los gastos incluidos coinciden con los del proyecto aprobado.
Facturas o documentos de pago de otros gastos corrientes no directamente relacionados con el proyecto o actuación.
3.4 Amortización de los instrumentos y equipos en proporción a su utilización exclusiva para el proyecto o actuación.
Si las horas de amortización imputadas coinciden con los del proyecto o actuación aprobada.
Ausencia de facturas, documentos de pago y/o contrato de alquiler o leasing en su caso.
3.5 Costes de servicios de asesoría en relación con la acción de formación.
Si los gastos incluidos coinciden con los del proyecto o actuación aprobada.
En el caso de que alguno de ellos sea diferente, el auditor deberá analizar si se trata de modificaciones por otros gastos equivalentes, que no afectan al importe de las partidas del presupuesto financiable aprobado y por ello no sujetos a aprobación previa o, en el caso de que no sea así, analizará si los cambios han sido previamente aprobados por el MITYC.
Los contratos por los que se acuerdan los términos de la asesoría en relación con la acción de formación.
La existencia de al menos tres ofertas de distintos proveedores para los casos recogidos en el apartado décimo de la Orden de Bases.
Ausencia de ofertas, contratos o documentos de pago.
(Sello, nombre, firma, fecha y número de inscripción en el ROAC.
ORDEN ITC/561/2007, de 7 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de proyectos y actuaciones de formación en telecomunicaciones y tecnologías de la información en el marco del Plan Avanza (Programa Avanza Formación)	Trámites

References: artículo 9
 artículo 149
 artículo 47
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 29
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 15
 resolución 
 artículo 47
 artículo 2
 artículo 87
 artículo 23
 artículo 35
 artículo 22
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 66
 artículo 46
 resolución 
 resolución 
 artículo 59
 artículo 46
 artículo 44
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 31
 artículo 31
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 30
 Real Decreto 
 artículo 74
 Resolución 
 resolución 
 artículo 49
 artículo 70
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 29
 resolución 
 resolución