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Novedades jurídicas | Legalista.es
Graba sus abusos sexuales y le absuelven porque fue violado su derecho de privacidad
Publicado 24/10/2012
La Audiencia de Barcelona ha absuelto a un hombre de 40 años acusado de abuso sexual, teniendo en cuenta que la víctima, su hermana, ha violado su privacidad al hacerse con el DVD en el que el hombre había registrado el abuso y en el que se basaba la acusación. El razonamiento del Tribunal es que el hecho de que las grabaciones fueron obtenidas sin el consentimiento del abusador viola su derecho a la privacidad y “contamina” todas las medidas adoptadas con posterioridad.
El fiscal pidió 12 años de prisión, y la acusación particular, de 18 años. Saldrá inmediatamente salir de la cárcel, donde estuvo preso desde febrero de 2011, acusado de un delito de abuso sexual.
En el fallo, la Audiencia no entra a valorar los actos sexuales documentados en fotos y videos tomados por el demandado que abusaba de su cuñada cuando ella dormía, decretada la absolución al considerar que la víctima violó su derecho a la privacidad al obtener el DVD en la que guardaba copias sin permiso.
La esposa del acusado, quien se encontraba en proceso de separación, descubrió el DVD en el coche del acusado, lo encontró con la intención de encontrar pruebas que corroboren la sospecha de infidelidad.
Empezó a ver el DVD junto con su hermana, que en ese momento pudo ver por las grabaciones que el acusado abusó sexualmente de ella mientras ella dormía profundamente, tomando días de vacaciones.
Después de ver algunos de los contenidos de los videos, la esposa y su hermana pusieron el caso en manos de la policía catalana, quienes de inmediato ordenaron la detención del acusado por considerar que era responsable de un delito continuado de abuso sexual, por el que el fiscal pidió el juicio sentenciado a 12 años de prisión.
Sin embargo, el Tribunal Supremo absolvió al acusado porque el hecho de que su esposa obtuvo el DVD fue sin el consentimiento del acusado y esto viola su derecho a la privacidad y “contamina” todas las medidas tomadas “a posteriori”.
En el juicio, en el que la acusación particular pidió una pena de 18 años y medio de cárcel para el acusado, él negó los abusos y los describió como un juego sexual en el que pretendía despertara la cuñada con quien tuvo una relación romántica, una versión que la demandante negó rotundamente.
La víctima en este caso de abuso sexual ha presentado un recurso contra absolución del acusado ante el Tribunal Supremo.
En casos así o similares antes de iniciar cualquier acción siempre hay que ponerse en manos de un abogado para que nos oriente y demos los pasos correctos que no nos cierren ninguna vía y de esta forma poder actuar con todo el peso de la Ley. Para cualquier duda, les recordamos que pueden realizar gratuitamente su consulta desde nuestras oficinas; ¡Llamenos y pida cita! 91 328 86 06. Consúltanos sobre cualquier caso, desde delitos sexuales, hasta financieros, como la reclamación de acciones preferentes.
Publicado en Novedades jurídicas, Varios
Se pueden invalidar contratos abusivos a través de los tribunales
Publicado 29/04/2012
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmó el 26 de abril de 2012 que los órganos judiciales nacionales pueden declarar la nulidad de una cláusula contractual abusiva y extender dicha anulación a todos los consumidores que hayan firmado las mismas condiciones en casos de interés público.
La Corte de Luxemburgo se ha pronunciado así sobre una cuestión judicial remitida por un tribunal húngaro, acerca de una disputa entre la oficina nacional de protección del consumidor y la compañía telefónica del mismo país Invitel.
Los Estados miembros pueden estipular que si una cláusula contractual es declarada nula como consecuencia del ejercicio de una acción de interés público por una oficina de protección del consumidor contra un profesional, ésta cláusula deje de vincular a todos los que hayan celebrado un contrato con las mismas condiciones generales con ese profesional o empresa.
Una norma de esas características constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de cláusulas abusivas, según el Tribunal.
El caso en Hungría se inició después de que la oficina de defensa del consumidor registrase numerosas reclamaciones contra Invitel, que había incorporado de manera unilateral a las condiciones generales de sus contratos de abono una cláusula que le permitía facturar a posteriori a los clientes “gastos por giro” en caso de pago de las facturas por giro postal.
Los contratos no fijaban cómo deberían calcularse tales gastos por giro, según explica el Tribunal de la UE en un comunicado.
La oficina de defensa del consumidor estimó que esta cláusula era abusiva y solicitó a la Justicia húngara la declaración de su nulidad, además de la devolución a los clientes de Invitel de los importes cobrados indebidamente.
En MAP & Asociados tenemos experiencia en la reclamación de contratos abusivos, como por ejemplo, la reclamación de swaps o clips hipotecarios.
MEDIDAS DE APOYO A HIPOTECADOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
Se ha publicado el Real Decreto-Ley 8/2011 de 1 de julio, en el que se incluyen nuevas medidas de protección a los deudores hipotecarios, garantías del pago de las obligaciones contraídas por las administraciones públicas y otras medidas para el impulso de la actividad empresarial y la creación de empresas.
-Medidas de simplificación administrativa. Se modifican Procedimientos administrativos con sentido del silencio negativo que pasan a positivo.
Se modifica el régimen legal del silencio administrativo en procedimientos que no se consideren de interés general, intentando reducir el ámbito del silencio negativo a aquellos supuestos en los que lo exija una ley y a los procedimientos que lo hagan por imperiosas razones de interés general.
-Inembargabilidad de ingresos mínimos familiares.
En el caso de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado, en la ejecución forzosa posterior basada en la misma deuda, la cantidad inembargable establecida en el artículo 607.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se incrementará en un 50 por ciento y además en otro 30 por ciento del salario mínimo interprofesional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario o pensión superiores al salario mínimo interprofesional. A estos efectos, se entiende por núcleo familiar, el cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes y descendientes de primer grado que convivan con el ejecutado.
Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional y, en su caso, a las cuantías que resulten de aplicar la regla para la protección del núcleo familiar prevista en el apartado anterior, se embargarán conforme a la escala prevista en el artículo 607.2 de la misma ley.
Fin a la pensión compensatoria de una mujer por falta de interés en trabajar
Publicado 21/07/2011
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por una mujer divorciada frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, que acordaba la finalización de la pensión compensatoria, a cargo del ex cónyuge, de la que había sido beneficiaria desde la Sentencia de divorcio, en el año 2003, por entender que el transcurro de ocho años desde esa fecha era tiempo más que suficiente para que la mujer hubiera encontrado un empleo, superando así el desequilibro económico que le causó la ruptura del vínculo matrimonial.
En un proceso de divorcio, el hecho que genera el derecho a percibir una pensión compensatoria, es el desequilibrio económico que el divorcio produce en uno de los cónyuges, en la mayor parte de los casos mujeres, que durante toda a casi toda la duración del matrimonio se han dedicado fundamentalmente al cuidado de los hijos y del marido, en detrimento de su carrera profesional.
Ahora bien, exceptuando los supuestos de mujeres de edad avanzada, con escasa formación y nula experiencia laboral, cuyo matrimonio ha durado muchos años, los Tribunales han venido entendiendo, especialmente en los últimos años, que la duración de esta pensión no debe tener carácter vitalicio y sí ser limitada en el tiempo.
En este supuesto concreto, la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Córdoba y posteriormente la Audiencia Provincial, en principio no limitaron la pensión a una fecha concreta, con la consiguiente extinción automática de la misma una vez llegara esa fecha, aunque sí acordó que transcurridos cinco años desde la fecha de la sentencia, se revisarían las condiciones tenidas en cuenta cuando se fijó la pensión, con especial atención al interés de la mujer para conseguir un trabajo.
Tras un proceso de modificación de medidas, finalmente el Tribunal Supremo ha estimado que el transcurso de ocho años en total han sido suficientes para que la ex esposa pudiera conseguir una ocupación remunerada y por ende superar el desequilibrio económico, y que si no lo ha hecho ha sido por causa imputable a su propia falta de interés y voluntad «no siendo jurídicamente aceptable repercutir en el esposo pagador de la pensión las consecuencias negativas derivadas de la falta de acceso al mismo (empleo) por la pasividad de la esposa en su búsqueda y obtención».
Para llegar a esa conclusión de falta de interés en trabajar, se ha tenido en consideración que, si bien la ex esposa se encontraba inscrita como demandante de empleo en el INEM, durante todos estos años únicamente ha realizado dos cursos formativos, por una duración total de seis meses y no ha enviado ningún curriculum a ninguna empresa, lo que lógicamente puede entenderse como una actitud cuanto menos pasiva en acceder al mercado laboral.
Una aseguradora es condenada a pagar una pensión vitalicia.
La Audiencia Provincial de Jaén ha dictado una sentencia pionera que permite por primera vez que una víctima de accidente de tráfico con lesiones y secuelas invalidantes graves, sea indemnizada de por vida.
El fallo de la resolución judicial ha impuesto a la aseguradora, Mutua Madrileña Automovilista, la obligación de satisfacer a la víctima, una niña que con tan sólo dos años de edad quedó tetraplejica tras un accidente de tráfico, una pensión vitalicia de 4.000 euros mensuales (revalorizables anualmente según el IPC), además de una indemnización de 1.031.801,87 euros.
Publicado en Noticias legales, Novedades jurídicas
Contratos suscritos con Entidades Bancarias: Seguros, SWAPS, Permuta Financiera
Aproximadamente a finales del año 2006, prácticamente la totalidad de los bancos y Cajas de Ahorro comenzaron a ofertar un producto dirigido a clientes, particulares y empresas, que tuvieran suscrito un préstamo hipotecario o de cualquier otra índole con la entidad.
El producto en cuestión se ofertó como un contrato de seguro completamente gratuito ante la posible subida de los tipos de interés. Sin embargo, los clientes que firmaron el producto descrubieron no mucho tiempo después que lo que les habían vendido resultó ser algo muy distinto a un seguro, más bien se trataba de un complejo derivado de alto riesgo, especulativo con los tipos de interés y tóxico.
Además, y según expertos en la materia, el producto está diseñado de forma que no sólo no cubre el riesgo de fluctuación de los tipos de interés, que es lo que se ofertaba, sino que incrementa ese riesgo, estableciéndose una serie de barreras que limitan considerablemente el beneficio que pudiera corresponder al cliente, limitación que no existe si el beneficio corresponde al banco. En resumen, el banco gana.
Casualmente, poco después de vendidos estos productos y firmados los contratos, los tipos de interés comenzaron a bajar estrepitosamente y, conforme a las más que poco claras cláusulas del contrato, los clientes comenzaron a recibir liquidaciones negativas que, en algunos casos, han supuesto pérdidas económicas muy elevadas.
¿ Cómo actuar en estos casos? ¿Hay alguna posibilidad de dejar sin efecto estos contratos y recuperar el dinero perdido?
Como siempre, habrá que estar al caso concreto y analizar el contrato firmado puesto que no todos los productos ofertados son iguales, pero lo cierto es que ya existe un número elevado de sentencias, tanto de Juzgados de Primera Instancia como de Audiencias Provinciales, que han declarado NULO el contrato firmado y en consecuencia, condenan al banco o a la caja a devolver al cliente las cantidades pérdidas con base al contrato firmado.
Las sentencias que han declarado la nulidad de estos contratos, se basan, entre otras cosas, en el error en que incurrió el cliente cuando firmó el contrato, error inducido por los empleados de las entidades bancarias que dieron una información errónea, no ajustada a la realidad y sin advertir en ningún momento de los riesgos asociados al producto, creando una evidente confusión al cliente.
Otra de las cosas tenidas en cuenta por los Tribunales para declarar la nulidad de este tipo de contratos es la dificultad que entraña para un cliente medio, sin especiales conocimientos finanacieros, comprender el contenido del contrato, plagado de cláusulas poco claras, a veces ininteligibles, con anglicismos, fórmulas que la mayor parte de los clientes desconocen.
En definitiva, cláusulas oscuras y abusivas que hacen nulo un contrato conforme a la normativa vigente.
Si se encuentra afectado por esta situación, póngase en contacto con MAP & ASOCIADOS y le asesoraremos e informaremos sobre los pasos a seguir para defender sus intereses, pudiendo librarse del abuso de los Swaps.
Publicado en Noticias legales, Novedades jurídicas, Sociedades, seguros y registros
Contratos bonificados… ¡¡AL FIN!!
Debido a la ineficacia de la reforma laboral y la desaparición de las ya existentes bonificaciones, se ha publicado el pasado sábado en el BOE el RD Ley 1/2011, de 11 de febrero de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas
Con el objeto de mejorar la situación laboral del país y reducir el índice de desempleo en general y en especial en determinados colectivos como el de jóvenes o desempleados de larga duración, así como para la formación, recualificación y actualización de conocimientos.
En cuanto a las bonificaciones a la contratación, se precisa que los contratos se celebren con jóvenes menores de 30 años que lleven al menos 1 año inscritos como demandantes de empleo. El tipo de contrato debe establecerse a tiempo parcial, siendo la jornada máxima del mismo, de 30 horas semanales. En adición a lo anterior, si el trabajador contratado tuviera condición de víctima de violencia doméstica, o colectivo en situación de exclusión social, puede optar por la aplicación de las bonificaciones y reducciones de cuotas establecidas en el capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.
Como novedad importante en relación a lo establecido con anterioridad en otras Disposiciones sobre mejorabilidad en el empleo, nos encontramos:
– Las contrataciones al amparo de lo establecido en esta Ley deberán suponer un incremento neto en la plantilla de la empresa.
– Las empresas quedan obligadas al mantenimiento del nivel de empleo adquirido con la contratación de la plantilla durante la duración de ésta. El incumplimiento de este punto, representa para la empresa la obligación de cotizar las cantidades bonificadas.
En lo que se refiere a la recualificación profesional, queda sujeta la inclusión en dicho plan al cumplimiento de diversos puntos:
– Haber agotado la prestación contributiva por desempleo.
– No haber agotado ni tener derecho a subsidios por desempleo, como “la Prestación Extraordinaria del programa temporal de protección por desempleo e inserción, ni las que hubieran agotado o pudieran tener derecho a la renta activa de inserción…”
Si desea cualquier información adicional al respecto, en MAP & Asociados estamos a su disposición para analizar las medidas a adoptar más convenientes para su empresa.
Publicado en Novedades jurídicas, Temas laborales
Maltratar a un animal es delito.
La reforma de la Ley 5/2010, reconoce a los animales como titulares de derechos, los animales pueden ser protegidos penalmente, y ahora maltratar a un animal es delito, (entre tres meses a un año de prisión).
El artículo 337 dice que el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.
Requisitos para denunciar:
Que haya un maltrato físico o psíquico. También cabe el maltrato por omisión; dejar de alimentar a un animal o abandonarlo, por ejemplo, dentro de un coche y al sol, se considera maltrato.
Que ese maltrato sea injustificado. Distinto es que uno se defienda de un ataque de un perro catalogado peligroso, porque sería un estado de necesidad.
Que el maltrato se realice empleando cualquier elemento que pueda ser susceptible de ser utilizado como arma.
Que el animal maltratado sea doméstico o amansado, ni bravo, ni silvestre, ni salvaje.
Que el resultado sea la muerte o se causen lesiones que menoscaben gravemente la salud del animal.
Lo increíble de esta reforma del delito de maltrato animal es que se suprime el ensañamiento. Desde el 23 de diciembre del pasado año el ensañamiento ya no servirá para distinguir esta figura constitutiva de delito de la falta del artículo 632.2 del Código Penal.
Ahora la diferencia estará en el resultado: un maltrato injustificado con resultado muerte o lesiones graves es delito; un maltrato cruel con lesiones no graves o sin lesiones, es falta.
Esta reforma es bienvenida, pero insuficiente. ¿Por qué diferenciar entre un animal salvaje y uno doméstico?. ¿Es que sufren de forma diferente?.
Publicado 04/02/2011
Jubilación y pensión para amas de casa
El trabajo de las amas de casa ha sido reconocido, por algunas comunidades autónomas, como un empleo propio, que debe tener su contraprestación en dinero.
Es el colectivo de oficio más numeroso del país. En algunos casos, como Valencia, las amas de casa pueden suscribirse de forma voluntaria: deben tener 65 años como mínimo, entre otras condiciones, como asociarse a la Federación de Amas de Casa y Consumidores de la Comunidad Valenciana.
Así, las valencianas reciben entre 30 euros mínimo al mes y 8.000 euros por haber cumplido tareas de hogar.
La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) ha pedido, en más de una oportunidad, que el Estado contemple a este colectivo importante y se vea la posibilidad de otorgar una jubilación a quien ha trabajado en su hogar.
Por el momento, no hay política de estado general en España que permita a un ama de casa cobrar una jubilación. La opción es, a los 60 años, si no has cotizado, una pensión de invalidez no contributiva, pero debes cumplir los requisitos de renta (menos de 4598 euros al año) y tener un grado de minusvalía que te impida haber efectuado un trabajo.
Ante cualquier duda, consulta con nuestros asesores sobre jubilaciones.
En relación con el hogar, también te ofrecemos servicios de alta en la Seguridad Social de empleados del hogar.

References: artículo 129
 artículo 607
 artículo 607
 resolución 
 artículo 337
 artículo 632