Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/630
Timestamp: 2020-08-13 14:02:20+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 67/1986
SENTENCIA 67/1986, de 27 de mayo
ECLI:ES:TC:1986:67
En el recurso de amparo núm. 152/1985, promovido por doña Antonia Castillo Cruz, representada por la Procuradora doña Esther Rodríguez Pérez, y defendida por la Abogada doña María Teresa Sánchez Concheiro, contra Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona que anula providencia por la que se tenía por parte a la recurrente. Ha comparecido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Carlos de la Vega Benayas, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Doña Esther Rodríguez Pérez, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de doña Antonia Castillo Cruz, recurre en amparo ante este Tribunal por escrito de demanda que tuvo entrada en el Registro General el día 27 de febrero de 1985, con la pretensión de que este Tribunal solicite del Juzgado de Instrucción núm. 12 de Barcelona las diligencias previas núm. 3.807/1983 y de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial el rollo núm. 14/1984, y se acuerde la firmeza de la providencia del Juez de Instrucción núm. 12 de Barcelona, de 14 de octubre de 1983, en la que se tenía por parte al Procurador don Guillermo Lleó Bisa, en nombre de doña Antonia Castillo Cruz, y, en consecuencia, acuerde este Tribunal revocar la nulidad de los recursos de reforma y subsiguiente apelación interpuestos por esta parte en contra del Auto de 31 de octubre de 1984, en el que se acordaba el sobreseimiento de las diligencias previas núm. 3.807/1983, seguidas por malos tratos contra José Molina Castillo, anulando los autos de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona que provocan indefensión, ya que al no entrar en el fondo del asunto le niegan su derecho a la tutela efectiva de los Tribunales.
a) Doña Antonia Castillo Cruz denunció al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Barcelona, el día 30 de diciembre de 1981, la situación irregular de su hijo José Molina Castillo, interno en la Prisión Modelo de Barcelona, y el Juzgado de Vigilancia incoó el expediente núm. 151/1982, en el que compareció como parte el Procurador señor Lleó Bisa, en nombre de doña Antonia Castillo Cruz.
b) Por providencia de 22 de septiembre de 1983, una vez que el Juez de Vigilancia dio traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y teniendo en cuenta lo solicitado por la parte comparecida, acordó remitir el expediente original al Juzgado de Guardia, por si los hechos eran constitutivos de delito, iniciándose por el Juez de Instrucción núm. 12 de Barcelona las diligencias previas núm. 3.807/1983, en las que, por providencia de 14 de octubre de 1983, se acordó tener «por válido y reproducido todo lo actuado y se tiene por parte al Procurador señor Lleó Bisa, en la representación que ostenta».
c) Con posterioridad la representación de doña Antonia Castillo Cruz solicitó diligencias de prueba y estuvo presente, como parte, en diversas diligencias de declaración de testigos. Por Auto de 31 de octubre de 1984 el Juzgado acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias y contra esta resolución la representación de doña Antonia Castillo Cruz formuló recurso de reforma y subsiguiente apelación, siendo inestimada la reforma por Auto del Juzgado de 26 de noviembre de 1984 y admitida la apelación ante la Audiencia Provincial, compareciendo la parte apelante y evacuando el trámite de instrucción por escrito de 13 de diciembre de 1984.
d) La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, por Auto de 29 de enero de 1985, declaró «nulas y sin efecto alguno todas las actuaciones practicadas en ambas instancias a partir del Auto dictado por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez de Instrucción núm. 12 de esta capital, con fecha de 31 de octubre de 1984, el cual se declara firme, dejando sin efecto la parte de la providencia dictada por el instructor con fecha de 14 de octubre de 1983 en la que se tuvo por comparecida a doña Antonia Castillo Cruz por carecer de legitimación para ello, declarando de oficio las costas causadas en ambas instancias».
e) Contra esta última resolución la representación de doña Antonia Castillo Cruz interpuso recurso de súplica y por providencia de 5 de febrero de 1985, notificada a la parte recurrente el día 6 de febrero de 1985, la Sección acuerda «no ha lugar a admitir a trámite el recurso de súplica contra el Auto de 29 de enero último, visto el contenido del art. 216 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
2. Por providencia de 14 de mayo de 1985 se tiene por admitida a trámite la demanda de amparo formulada por doña Antonia Castillo Cruz y por personada y parte, en nombre y representación de la misma, a la Procuradora señora Rodríguez Pérez; así como también, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se solicitan se remitan, en el plazo de diez días, testimonio de las siguientes actuaciones: a) A la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Segunda), del rollo de apelación núm. 14/1984, en que se dictó Auto de 29 de enero último pasado; b) Al Juzgado de Instrucción núm. 12 de Barcelona, de las diligencias previas núm. 3.807/1983, y c) Al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Barcelona, el expediente núm. 151/1982.
Con este enfoque podría incluso sostenerse que la solicitante del amparo carece de legitimación para este proceso constitucional, pues, como en los casos contemplados por el ATC de 19 de septiembre de 1984 (RA 405/1984), «está pretendiendo la defensa de unos derechos ajenos» y el verdaderamente legitimado, que es su hijo, no ha expresado su agravio, pues para tener la legitimación no basta con haber sido parte en el proceso previo (art. 46.1 b LOTC), como se estableció en el ATC de 6 de octubre de 1982 (RA 199/1982), si se pide tan sólo la protección de un derecho ajeno. En líneas generales puede afirmarse que todo el que tiene capacidad para ser sometido a un proceso penal la tiene para ejercitar la acción penal por delito que atente a su persona o bienes, y en el presente era don José Molina Castillo, y no su madre solicitante del amparo, el legitimado como verdadero ofendido y perjudicado.
Por todo lo expuesto el Fiscal interesa del Tribunal Constitucional que, de conformidad con los arts. 86.1 y 80 de su Ley Orgánica y 372 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dicte Sentencia por la que estime el recurso interpuesto, pero no en la forma pedida, sino en la de declarar la nulidad de la providencia de 19 de febrero de 1985 y diligencias posteriores a ella para que la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona resuelva mediante Auto el recurso de súplica ante ella interpuso por doña Antonia Castillo Cruz contra el Auto de 29 de enero de 1985.
5. La parte recurrente, en su escrito final, de 17 de octubre de 1985, reproduce los motivos legales en los cuales basaba su petición: Doña Antonia Castillo Cruz, madre de José Molina Castillo, según queda acreditado convenientemente en autos, posee la cualidad de perjudicada por los presuntos delitos imputados, aunque no sea la presunta ofendida por los mismos. El art. 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el párrafo segundo, citado en el referido considerando, habla de ofendido o perjudicado, por lo que es imprescindible aclarar si ofendido y perjudicado son palabras que tienen idéntico significado o por el contrario hay matices diferenciales entre las mismas. A la luz de la doctrina científica, la letra «o» que media entre ofendido y perjudicado, es una conjunción disyuntiva que expresa, en este caso, indiferencia o intercambiabilidad de los términos, porque, como se verá, ofendido y perjudicado no son la misma cosa. Es por este motivo por lo que nuestra Ley procesal dispensa a ambos: Ofendido y perjudicado de las formalidades previstas en el Título II, libro II, para comparecer como parte en un proceso. Doña Antonia Castillo Cruz, madre de José Molina Castillo, en calidad de perjudicada tal como hemos expuesto, no necesitaba cumplimentar los requisitos exigidos en el Título II del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y, por ello, se constituye en parte y como tal es tenida por el Magistrado-Juez de Vigilancia Penitenciaria de Barcelona y por el Magistrado-Juez de Instrucción núm. 12 de Barcelona, tal como se manifiesta en providencia de 14 de octubre de 1983.
No queda duda a esta representación, dicho sea con todos los respetos, que el Auto de 29 de enero, dictado por la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona al decretar nulas las actuaciones practicadas a partir del Auto de 30 de octubre de 1984, dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 12, mediante el que se acuerda el archivo de las diligencias previas 3.807/1983, que se tramitaban en dicho Juzgado por supuestas lesiones a José Molina Castillo, dejando sin efecto la parte de la providencia de 14 de octubre de 1983, en la que se tenía por parte a doña Antonia Castillo Cruz, provoca la indefensión de José Molina Castillo y de su madre, la señora Castillo Cruz.
Termina suplicando se acuerde, a la vista de los argumentos expuestos, revocar el Auto de 29 de enero de 1985, dictado por la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, por el que se acuerda «la nulidad de actuaciones a partir del Auto de 30 de octubre de 1984, el cual se declara firme, dejando sin efecto la parte de la providencia dictada por el instructor, de fecha 14 de octubre de 1983, en la que tuvo por comparecida y parte a doña Antonia Castillo Cruz, por carecer de legitimación para ello», ya que este acuerdo clarísimamente deja en la indefensión a José Molina Castillo.
1. La recurrente en amparo, tras citar el art. 24.1 de la C.E., alega la indefensión causada a su hijo interno en la Prisión Modelo de Barcelona, por el Auto de la Audiencia Provincial de dicha ciudad, de 29 de enero de 1985, y la providencia de 5 de febrero del mismo año. Por el primero se declaraba la firmeza del Auto del Juez instructor, de 31 de octubre de 1984, en el que se decretó el sobreseimiento provisional de las diligencias previas penales seguidas por presunto delito de coacciones y lesiones en la persona de José Molina Castillo, hijo de la hoy recurrente en amparo y ésta la denunciante en aquellas diligencias, a tenor, según el Auto del Juez, de los arts. 641.1.° y 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tras ser apelado dicho Auto por la madre denunciante, a quien se tuvo por parte en aquellas diligencias, la Audiencia, en el aludido Auto de 29 de enero de 1985, decretó la nulidad de las actuaciones a partir del Auto de sobreseimiento del Juez, con fundamento en la falta de legitimación de la madre, al ser simple denunciante y no haber interpuesto la acción penal como se exige en el Título II, libro II, de la L.E.Cr., en forma de querella, dado que carecía de la cualidad de ofendida por el presunto delito al no ser la víctima del mismo, condición correspondiente al hijo, que no compareció ni se mostró parte, pese a tener plena capacidad para ello. Al haber sido tenida por parte la madre, se contravenía frontalmente la Ley (art. 6.3 Código Civil) y las actuaciones devenían nulas, así como ineficaz el recurso de apelación interpuso por dicha señora. Esta misma postura procesal se mantuvo en la providencia de 5 de febrero de 1985, que escuetamente acordaba no admitir a trámite el recurso de súplica interpuesto por la misma recurrente «visto el contenido del art. 216 de la L.E.Cr.».
1º. Otorgar el amparo solicitado y declarar la nulidad del Auto de 29 de enero de 1985 dictado por la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona.
2º. Reconocer el derecho de doña Antonia Castillo Cruz a obtener de dicha Sala un pronunciamiento de fondo respecto del recurso al que dicho Auto se refiere.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 152-1985
Fecha de resolución 27/05/1986
Contra Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona que anuló providencia por la que se tenía por parte a la recurrente
La consideración como parte de la recurrente en amparo durante toda la fase sumarial en las diligencias previas penales iniciadas por denuncia de la misma por presunto delito de coacciones y lesiones en las que aparecía como víctima y ofendido su hijo, da lugar a una situación jurídico-procesal, creada por la propia jurisdicción, que traspasa o trasciende el ámbito de la mera legalidad al afectar al derecho constitucional de la tutela judicial efectiva, y ello como consecuencia del desconocimiento del derecho al recurso que, hasta el momento en que se decretó la nulidad de las actuaciones con fundamento en la falta de legitimación de la actora, ostentaba y poseía la misma, abstracción hecha de la cuestión sobre la legalidad aplicable al concepto de parte procesal penal, en la que este Tribunal no debe entrar a decidir.
Libro II, título II, f. 1
Artículo 641.1, f. 1
Artículo 783, ff. 1, 4
Artículo 187.5, f. 4
Artículo 204 bis, f. 4
Derecho al recurso a quien fue parte en el procesoDerecho al recurso a quien fue parte en el proceso, f. 4
Partes procesalesPartes procesales, Concepto, ff. 2, 3
Partes procesalesPartes procesales, ff. 3, 4

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 641

Artículo 783

Artículo 187

Artículo 204