Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-38222-de-diciembre-12-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_d52a3e22cb0c00c6e0430a01015100c6&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-26 01:28:22+00:00

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CONTENIDO:LA INCLUSIÓN DE MENORES EN LA GUERRA, A CUALQUIER TÍTULO, REPRESENTA UN GRAVE ATENTADO CONTRA EL DIH, LO CUAL SE CONVIERTE EN UN POSTULADO IMPERATIVO CUYA PREVALENCIA COMPROMETE NUESTRO ESTADO DE DERECHO. LA TIPIFICACIÓN DEL RECLUTAMIENTO ILÍCITO COMO DELITO CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO INVOLUCRA LA EXPECTATIVA QUE TIENE EL MUNDO CIVILIZADO EN RELACIÓN CON QUE SU NIÑEZ Y JUVENTUD SE FORMEN EN LA ESCUELA Y EN LA FAMILIA, NO EN LA GUERRA. ESTO PORQUE CUANDO LOS MENORES INGRESAN AL GRUPO ARMADO ILEGAL SUFREN UNA AFECTACIÓN A SU DERECHO A LA IDENTIDAD, SIENDO INMEDIATAMENTE PRIVADOS DE SU DERECHO A LA EDUCACIÓN, A TENER UN HOGAR Y A CRECER EN LAS CONDICIONES QUE ESTO IMPLICA, A SER SEPARADOS ADEMÁS DE SU ENTORNO Y PRINCIPALMENTE PRIVADOS DE SU NIÑEZ Y SU ADOLESCENCIA. LAS DIFICULTADES QUE ENFRENTAN NO TERMINAN CON SU LIBERACIÓN, NO PUDIÉNDOSE REFLEJAR CON PALABRAS LAS DIMENSIONES DEL DAÑO FÍSICO Y PSICOLÓGICO CAUSADO POR LA GUERRA, PUES PERDIERON EL ROL QUE TENÍAN DENTRO DE SU COMUNIDAD, SON ESTIGMATIZADOS AL SER CONSIDERADOS PERPETRADORES DE DELITOS POR LA MISMA COMUNIDAD E INCLUSO DENTRO DE SUS PROPIAS FAMILIAS, SIN DEJAR DE MENCIONAR LOS PROBLEMAS DE SALUBRIDAD BÁSICA QUE PRESENTAN ALGUNOS, DE UNA GRAVEDAD TAL QUE SE CALIFICA DE IRREMEDIABLEPUESTO QUE NO PODRÁN OLVIDAR LO QUE HAN VISTO Y SUFRIDO, PERO SOBRE TODO, LO QUE HAN HECHO. REITERA ESTA SALA QUE LOS NIÑOS NO PERTENECEN A LA GUERRA, SU LUGAR SE ENCUENTRA JUNTO A SUS FAMILIAS, EN SUS COLEGIOS Y EN UN ENTORNO QUE PERMITA SU CRECIMIENTO Y DESARROLLO Y NO EN ACTIVIDADES QUE LES CAUSAN TAL NIVEL DE PERJUICIOS QUE LES DEJAN MARCAS PERMANENTES. EL RECLUTAMIENTO ILÍCITO DE MENORES ES TOTALMENTE INACEPTABLE, DEJA HUELLAS QUE NUNCA SERÁN BORRADAS EN PERSONAS VULNERABLES E INOCENTES Y ADEMÁS AFECTA A TODA LA NACIÓN PUES EL FUTURO DE ESTOS MENORES ESTÁ VINCULADO CON GENERACIONES ENTERAS PERDIDAS PARA UN DESTINO COMÚN DE ARMONÍA Y CONVIVENCIA PACÍFICA, O POR LO MENOS COMPROMETIDAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, RECLUTAMIENTO ILÍCITO DE PERSONA PROTEGIDA, DERECHOS DEL MENOR DE EDAD
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por una Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual condenó al desmovilizado Fredy Rendón Herrera, por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con tráfico, fabricación y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, utilización ilegal de uniformes e insignias de la fuerza pública, reclutamiento ilícito de menores en concurso homogéneo y sucesivo (309 en total), y el secuestro simple y posterior homicidio agravado del señor Rigoberto de Jesús Castro Mora —alcalde de Unguía Chocó—; impugnación formulada por 4 apoderados de víctimas, así como también por la Representante del Ministerio Público.
El 15 de agosto de 2006 se desmovilizó Fredy Rendón Herrera con el Frente Norte Medio Salaqui del Bloque Élmer Cárdenas, presentándose voluntariamente ante el Comando de Policía de Necoclí el 21 de agosto del mismo año; luego de lo cual —el 31 de agosto— ratificó su voluntad de sometimiento a la justicia, por lo que fue incluido en el listado que para efectos de ser candidato a que se le conceda la pena alternativa, remitió el Alto Comisionado para la Paz al Fiscal General de la Nación.
Por tanto, se dio inicio al itinerario procesal previsto en la Ley 975 de 2005, en desarrollo del cual se le escuchó en versión libre individual, y con fundamento en lo actuado se le realizó una imputación parcial, se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, viniendo luego la formulación de cargos, y ya, ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, la de control formal y material de los mismos, la cual —se desarrolló en 45 sesiones— culminó el 17 de agosto de 2011, pasando luego al incidente de reparación integral, para finalmente proferirse la sentencia cuya apelación se analiza en este proveído.
En la sentencia se inicia con el análisis de cada uno de los cargos imputados, formulados y legalizados contra el desmovilizado Fredy Rendón Herrera, vale decir, concierto para delinquir agravado en concurso material con fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de la fuerza pública, reclutamiento ilícito de menores —a su vez en concurso homogéneo y sucesivo—, secuestro simple y homicidio agravado(1); ocupándose luego de la identidad del postulado, el recuento de la actuación procesal, del resumen de las intervenciones realizadas en la audiencia de control formal y material de cargos(2), y posteriormente las del incidente de reparación integral(3). Seguidamente se hace un recuento de los antecedentes históricos del conflicto y sus actores(4) para posteriormente revisar el marco jurídico aplicable respecto de cada uno de los delitos imputados(5), para concluir en la responsabilidad del postulado.
La individualización de la pena(6) condujo a que Rendón Herrera fuera condenado a 645 meses de prisión, multa en cuantía de 11.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, junto con la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por veinte años; además de reconocérsele la suspensión de la pena por una alternativa por el término de ocho años.
Posteriormente se decretó la extinción del dominio de algunos de los bienes entregados por Fredy Rendón Herrera con fines de reparación, de acuerdo con solicitud elevada por la Fiscalía 25 de Justicia y Paz.
Finalmente, en la sentencia se resolvieron distintas peticiones relacionadas con las medidas de reparación de acuerdo con el tipo de delito(7).
Así, para el reclutamiento ilícito de menores se negó el reconocimiento de perjuicios materiales aduciendo que no se probó que alguno de ellos trabajara al momento de su ingreso a la organización ilegal, y en consecuencia solo se ordenó el pago, a título de perjuicios morales, de una indemnización en salarios mínimos legales mensuales que varía según la edad de ingreso del joven a dicho grupo. Fue así como a quienes lo hicieron antes de cumplir doce años se les reconoció 25 SMLMV, a quienes iniciaron su vida en las AUC entre los 12 y 14 años se les reconoció una indemnización equivalente a 20 SMLMV, a los que entraron entre 15 y 16 años, se les adjudicó una reparación de perjuicios morales por 15 salarios; y, finalmente, de 5 salarios a quienes fueron reclutados teniendo más de 17 años(8).
A su turno, se asignó a las niñas una reparación general de 20 salarios mínimos habida consideración de que sus sufrimientos fueron mayores dada su fragilidad y feminidad, lo que las hacía propensas a convertirse en objetos sexuales, con indiferencia de la edad de su ingreso(9).
Así mismo, la sentencia advierte que si las víctimas cuya indemnización se decretó en ella, ya han sido reparadas por vía judicial o administrativa, tendrán la opción de elegir —de entre las dos reparaciones— la que le sea más favorable; sin que pueda accederse a doble indemnización por el mismo hecho(10). También se consideró en el fallo apelado que el pago a los jóvenes que fueron víctimas directas del reclutamiento no se haga de inmediato para evitar la confusión que se pueda originar en la sociedad, al concebirse el desembolso de tales sumas como un premio, incentivando a otros a ingresar a las filas de las organizaciones ilegales, lo cual se hace atendiendo recomendaciones de orden internacional.
En relación con la reparación del daño moral que se ordena a favor de los parientes de los jóvenes reclutados se dispuso que, en caso de que la presunción de dicho daño no hubiese sido desvirtuada, se le pagaría a los padres de los jóvenes que ingresaron a las filas cuando aún tenían menos de 12 años de edad, 25 salarios mínimos mensuales; a los progenitores de los que se enlistaron en la organización al margen de la ley entre los 12 y 14 años cumplidos, 20 salarios; a los de los niños que fueron incorporados cuando su edad oscilaba entre 15 y 16 años de edad, 15 salarios; y para los padres de jóvenes que fueron reclutados siendo mayores de 17 años, 5 salarios(11); a los hermanos de las víctimas directas la mitad de lo que se reconoce a los padres(12).
A su turno, el a quo negó cualquier reparación por el daño al proyecto de vida por no haber sido probado, dado que de acuerdo con la doctrina del Consejo de Estado, no pueden ser hipotéticos, ni genéricos, sino específicos y ciertos los daños relacionados con este tópico(13).
En el contexto de la rehabilitación de los jóvenes víctimas del delito, y de acuerdo con las dificultades que para ello fueron puestas en evidencia en la audiencia, la Sala ordenó, que se implementara un programa de atención psicológica individualizada para atender el estrés postraumático de batalla, según el tipo de diagnóstico y tratamientos aconsejados, y para ello requirió a las instituciones vinculadas con el sistema de salud, a la preparación de los profesionales en las distintas especialidades psicológicas y psicosociales necesarias para atender las patologías surgidas del conflicto armado, así como la atención de las lesiones físicas y psiquiátricas que padecen los niños víctimas(14).
Atendiendo la solicitud de reparación del daño colectivo, se exhortó al ICBF y “a las secretarías de Salud de los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, coordinados por la Mesa Intersectorial para prevenir el reclutamiento infantil, para que se implemente un programa de atención psicosocial, individual y grupal, dirigido a los miembros de los núcleos familiares de los menores reconocidos en esta sentencia, con el fin de sensibilizar y re significar el paso de los niños y niñas por el grupo armado ilegal y atacar las éticas y modelos de socialización ilegales”(15).
Como garantías de no repetición el tribunal exhortó a las autoridades públicas para que desarrollen políticas públicas orientadas a llevar el Estado a las regiones más vulnerables para la comisión del delito en cuestión, las cuales se precisan al ICBF, SENA, a las universidades de la región, al Ministerio de Educación, a la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Social del Territorio, al Ministerio del Interior, a la Agencia Colombiana para la Reintegración, a la Agencia Colombiana para la Reinserción, a las gobernaciones de Antioquia, Chocó y Córdoba, para que extiendan sus políticas y presencias a las regiones afectadas por el Bloque Elmer Cárdenas a fin de que se atienda a las víctimas del reclutamiento y se evite que nuevos jóvenes sean atraídos o reclutados por las organizaciones criminales.
Como medidas de satisfacción se identificó la necesidad de romper los vínculos jerárquicos existentes entre el desmovilizado y sus víctimas, muchas de los cuales aún lo perciben como un benefactor y ejemplo a seguir, con la colaboración de Rendón Herrera, así como el ofrecimiento suyo de disculpas públicas a los menores agredidos, proceso dirigido por el Estado; además de exhortar a la Secretaría de Educción de Necoclí a instalar en el lugar en que se encontraba la base de entrenamiento militar el Roble, un escenario de reunión comunal, según acuerdo con víctimas y habitantes, que puede ser una escuela pública o un espacio cultural; también la instalación de una placa en la que —sin incluir los nombres de los jóvenes— se invite a reflexionar acerca del reclutamiento forzado; adicionalmente a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación la instalación de una placa en cada plaza central de los municipios del Urabá antioqueño, chocoano y cordobés, con relatos anónimos que invoquen la crueldad del reclutamiento.
De la misma manera, se exhorta a la oficina de la Vicepresidencia de la República a fin de que en la celebración del día del niño soldado —12 de febrero— se realicen campañas de prevención del reclutamiento; a los jóvenes que lo deseen y consideren que su vida no corre riesgo, a ofrecer excusas por las violaciones a los derechos humanos que cometieron en su calidad de menores de edad; a los jóvenes víctimas del reclutamiento que no tengan resuelta su situación militar, declararlos exentos de tal obligación y ordena en consecuencia al Ministerio de Defensa la expedición de sus libretas militares; se exhorta a la Fiscalía General de la Nación para que investigue y persiga los bienes en Colombia de las filiales y sucursales de Chiquita Brands, con fines de reparación de las víctimas de los bloques con presencia en el Urabá antioqueño y chocoano; entre otras determinaciones.
Como medida de reparación del daño a sujeto colectivo se ordenó la promoción de un ambicioso programa de apropiación y ejercicio de los derechos por parte de los entes territoriales donde hizo presencia el bloque Élmer Cárdenas, así como programas de auto sostenimiento de la región y psicosociales de apoyo a las víctimas, lo mismo que campañas de prevención del delito de reclutamiento forzado.
Finalmente se ordenan medidas de reparación del daño originado con el secuestro y homicidio de Rigoberto Castro.
La sentencia en cuestión fue apelada por los siguientes sujetos procesales:
1. La doctora Claudia Liliana Guzmán Sánchez, representante de víctimas, quien así orientó el planteamiento de su inconformidad:
En primer término cuestionó el fallo por no haber concluido que los menores reclutados devengaban el salario mínimo, por cuanto el tribunal consideró que por su edad no se podía presumir que los reclutados ganaran el salario mínimo legal mensual vigente, lo cual encuentra contrario a la obligación de protección de la niñez trabajadora, y en consecuencia la exigencia de la acreditación de las horas laboradas, resulta altamente discriminatoria e inequitativa, cuando en realidad se debió aplicar la presunción contenida en el artículo 115 del Código de la Infancia y la Adolescencia, en relación con lo que debe recibir como salario un menor trabajador.
Así, solicitó que se reconociera como daño material el salario mínimo a los menores reclutados.
Indicó también dicha representante de víctimas que como consecuencia del error planteado en relación con el salario mínimo a título de daño material, también se alteró la forma en que se cuantificaron los perjuicios morales originados también en el reclutamiento ilícito de menores de edad, al fijar un tope “que no se compadece con el dolor y pérdida de los menores reclutados”; y se perdió el norte de la reparación moral que tiene objetivos más amplios de los entendidos por el tribunal, lo cual se evidenció en la fijación de un monto injustamente bajo, y por tanto desproporcionado frente a los daños originados por el reclutamiento de aquéllos que, por ese hecho, perdieron su infancia.
En apoyo de su argumento, calificó como paradójico que en reparación administrativa, consuetudinariamente más baja que la judicial, se le haya reconocido a una niña reclutada la suma de dieciséis millones de pesos, cuando en la sentencia apelada, el monto por el mismo concepto, ni siquiera ascendió a los diez millones, cuando, con los testimonios recepcionados en la audiencia, se puso de manifiesto el gran impacto psicológico de los niños soldados y su dificultad de integrarse a la sociedad, amén de la desintegración de sus familias a causa del reclutamiento, lo que trajo marginación y discriminación social a la región.
En segundo lugar, la apelante cuestionó la consideración del a quo, según la cual las indemnizaciones administrativa y judicial no pueden concurrir, quedando a discreción de la víctima escoger cuál de las dos persigue; aduciendo que de acuerdo con el Decreto 1290 de 2008 la reparación administrativa es complementaria de la judicial, y que en consecuencia, resulta desatinado afirmar que la víctima no puede acceder a doble indemnización invocando el mismo origen de daño, como se hace en la sentencia apelada.
Como tercer punto de disenso cuestionó el condicionamiento que el tribunal impuso al pago de los daños tasados relacionados con el delito de reclutamiento ilícito, referido a que sólo sería procedente cuando “la Agencia Colombiana para la Reintegración o quien haga sus veces, certifique que las víctimas directas han cumplido todo el plan de reinserción previsto en su normatividad”; en sustento de lo cual arguye que los reclutados fueron precisamente las víctimas y no los victimarios, y por tanto deben disfrutar de inmediato de su condición de niños y jóvenes, y menos aún pueden ser tratados como delincuentes a los que se les otorga una generosa gracia; y por lo tanto, no resulta coherente que mientras el sujeto activo de crímenes internacionales ingrese desde el principio sin condicionamiento alguno a programas de reinserción, a la víctima de los mismos se le someta al mismo tratamiento, el cual dura cinco años aproximadamente, como prerrequisito del pago de la indemnización a la que tienen derecho; lo cual, a juicio de la apelante, se aprecia inequitativo y violador de los derechos preferentes de niñas, niños y adolescentes incorporados en el conflicto armado en condición de combatientes.
Otro punto de su inconformidad se origina en que, según refiere la apelante, el tribunal omitió la indemnización de algunas víctimas que según la libelista fueron descartadas no obstante haber sido acreditada su situación como tal:
— Respecto del reclutamiento del joven Eduard Murillo Moreno, no se reconoció como víctima indirecta al joven Geifer Rivas Palacio, hermano de crianza de aquél, a quien el tribunal le negó la reparación de daño moral.
— Frente a la víctima directa del reclutamiento, joven Ludis Esther Atencio Montoya, no se ordenó reparación a favor de la madre de crianza, señora Celis Villalobos Ayala.
En conclusión la libelista solicita, respecto de este tópico, que a tales personas se les incluya en la liquidación correspondiente y se les cuantifique el daño moral.
Finalmente, la censora solicita que se le contesten algunas peticiones hechas en el momento procesal oportuno pero cuya definición fue omitida en la sentencia de fondo, por lo cual predica la deficiente motivación del fallo:
— Que en la sentencia se reivindicara el buen nombre de los jóvenes reclutados, en el sentido de que se declarara formalmente —en dicha providencia y de forma pública— que ellos fueron víctimas de la guerra.
— La reivindicación solemne de la reputación de las víctimas, dada la estigmatización de que son objeto.
2. La doctora Luz Elizabeth Días Sáenz (también representante de víctimas):
Se ocupó de varios aspectos de la sentencia con los que expresó su inconformidad:
Uno primero, relacionado con los daños materiales originados en que, los jóvenes prestaron sus servicios en meses y años, en condiciones extremas de inseguridad, seguramente sin horario laboral, y como trabajaron “en condiciones infralegales e infralaborales” se merecen el reconocimiento de por lo menos el salario mínimo en su favor; y que al no serles pagado en su condición de combatientes, se les generó un daño real y concreto que debe ser indemnizado, a lo cual se negó la sentencia apelada; no obstante que está probado que fueron reclutados y puestos a trabajar en condiciones ilegales.
Una segunda inconformidad está dirigida a cuestionar la forma en que se calcularon los perjuicios morales de sus representados:
— De una parte considerando muy bajos los montos que fueron reconocidos a las víctimas, frente a un tope máximo de 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo dispuesto por la ley penal; siendo claro que ningún dinero es suficiente para reparar tales daños; por lo cual solicita elevar dichos montos.
— Sobre todo —los perjuicios morales— en relación con dos personas que vieron afectada su función locomotora —uno por pérdida de más del 60 % de su pierna derecha (Jair Mosquera de León), y el otro por pérdida permanente de movilidad en su pierna izquierda (Benito Cardona Rentería—).
Frente a los mismos perjuicios morales considera la censora inequitativo y una expresión de discriminación de género, el que a las niñas perjudicadas se les otorgue una indemnización mayor que a los varones, siendo en todo caso mínima e insuficiente; por lo que, si bien reconoce, como lo dice el tribunal, que las niñas son más vulnerables al abuso y violencia sexual, tal situación no debe generar una diferencia tan notoria frente a los niños, quienes también padecieron el mismo dolor que aquéllas, y vieron afectada su emocionalidad por la falta de libertad que presidía su autodeterminación, subordinada a los mandos paramilitares.
Una tercera censura con el fallo objeto de la alzada, la defensora pública la dirige a señalar que varios familiares, víctimas indirectas, fueron excluidos de la reparación, por lo que solicita que se incluyan como beneficiarios a las siguientes personas, a quienes presenta como víctimas indirectas:
Un cuarto reproche realizado por la apelante se centra en la reparación por el daño a la vida de relación, la que fue negada, especialmente de Ángel Jair Mosquera de León, quien perdió más del 60 % de su pierna derecha, y Benito Cardona Rentería, persona que sufrió pérdida permanente de la movilidad de su pierna izquierda, y que padecen el perjuicio por tal situación.
Así mismo, el reclutamiento ilícito dificulta la reconstrucción de lazos de amistad entre las víctimas directas y sus comunidades, toda vez que aumenta el temor con el que se les observa y reduce la confianza a niveles tales que impiden o dificultan gravemente su reincorporación al seno de su sociedad; por lo que solicita que sus representados sean indemnizados por dicho concepto.
3. La defensora pública de víctimas, doctora Yudy Marinella Castillo Africano, inicia su sustentación reiterando sus solicitudes realizadas en el incidente de reparación integral y no respondidas en la sentencia, específicamente con relación a atención y apoyo psicológico, ordenado a una de las hijas de uno de los ilícitamente reclutados, el que debe ser extensivo a sus demás hijos.
En segundo lugar se ocupó de solicitar que a los reclutados ilícitamente se les indemnizara su lucro cesante a razón del salario mínimo que devengaban al momento de su ingreso a la organización armada ilegal, en cumplimiento de la presunción del artículo 115 del Código de la Infancia y la Adolescencia.
En tercer lugar se opone a la conclusión del tribunal, según la cual, aplicando normas internacionales, no conviene que el menor reciba dinero de indemnización, para que la sociedad no vea como un premio que se les otorga a quienes le hicieron daño, por cuanto los Principios de París y las opiniones de expertos se aplican cuando los menores siguen siéndolo, no así cuando tienen calidad de mayores de edad como sucede en estos casos, algunos de los cuales han conformado ya hogares, por lo que el temor del destino que los menores darían a dichos dineros, estaría disipado con su mayoría de edad; además que los hechos victimizantes tuvieron ocurrencia entre el 96 y el 2004, por lo que la reparación que se les pagaría ahora no sería inmediata, y en cambio serviría para mitigar las penurias y necesidades que han debido soportar con origen en el rechazo social propio de la visión de ex combatientes que de ellos se tiene.
También cuestiona la forma en que se tasó el daño moral de las víctimas directas, siendo claro que para ellas no podía aplicarse la misma medida que para las indirectas, toda vez que además del desprendimiento y separación temporal de sus familias, también tuvieron que padecer situaciones difíciles en las filas de sus reclutadores, por lo que debe revisarse dicha tasación.
La apelante solicita que además del reconocimiento de la reparación a través de las medidas denominadas de “rehabilitación por la afectación al proyecto de vida, la pérdida de la niñez y las secuelas —estrés postraumático e hiper excitación—; sea a su vez reconocida la suma adicional de 250 salarios mínimos legales vigentes como medida compensatoria por la pérdida de la niñez. Para ello arguye que debe ser revocado el numeral 5º de la sentencia y en su lugar ordenar el pago aludido.
Otro tópico que fue materia de cuestionamiento por parte de la apelante, fue el relacionado con aquellas peticiones reparatorias mencionadas en el incidente de reparación integral, pero que califica la censora como ignoradas en la sentencia: a) como que se ordene el pago a las víctimas que aún no se han hecho presentes al proceso, con fundamento en varios precedentes del sistema interamericano, petición justificada en la imposibilidad de ubicar a varios de los parientes de los reclutados ilícitamente, así como de compilación de los documentos necesarios para el ejercicio de la acción, y en consecuencia se conceda un plazo de 24 meses para recoger la indemnización concedida también a sus pares; b) la vigilancia y control a los procesos adelantados contra los menores reclutados —Lorenzo Yáñez Julio—, o contra los responsables de la muerte de menores que cayeron en su actividad militar (Sergio Andrés Pulgarín Restrepo, Jeison Alexander Ruiz Calle, Juan Camilo Lemos Bardricho, Leonel Vargas Flórez); para evitar su impunidad; c) subsidio en proyectos agrícolas, técnicos y tecnológicos dirigidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; d) incorporación de cada uno de los reclutados a los programas de protección integral de asistencia y atención a víctimas, subsidios de vivienda, de retorno y reubicación, y todos los programas que se desarrollen en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011.
Plantea también como parte de su inconformidad, que se revoque el condicionamiento impuesto en la sentencia al pago de los perjuicios morales, pues al tratarse de personas mayores de edad, muchas de ellas con proyectos de vida en marcha, no puede condicionarse dicha erogación por cuanto rompe con la igualdad de las otras víctimas y además sólo sería merecedora de tal reparación una vez cumpla ciertos requisitos, como si su calidad de víctima no la tuviera ya.
Un aspecto adicional de la apelación está vinculado con el punto 26 de la parte resolutiva del fallo impugnado, en tanto allí se impone que “los jóvenes que quieran, y consideren que su vida e integridad no corre peligro, deberán, igualmente solicitar perdón por las violaciones a los derechos humanos que perpetraron siendo menores de edad”, toda vez que dicha medida muestra a las víctimas como victimarios.
Por último, la abogada en cita, solicita adicionar algunos nombres de parientes de los reclutados, a los que se negó el derecho a ser reparados:
— Jaime Mena (padre del reclutado Jhon Jamer Mena)
— Luz Amparo Calle, hermana de Jeison Alexander Ruiz.
— Anna Felicia Primera, Livis Primera, Yesenis Zabala, Yorley Zabala, Clímaco Gamboa, Alejandro Zabala, Clímaco José Zabala, padres y hermanos de Waiser Zabala Vargas, lo mismo que los otros hermanos Ángel Humberto Y María Alejandra Gamboa.
— Dariluz Murray, Dulfarys Murray y Jefferson Rivas, hermanos de Daniel Murray Rivas.
— Daniel Murray Rivas, hermano de Jefferson Rivas López.
A favor de quienes solicita el reconocimiento de dichos perjuicios.
4. El doctor Héctor Enrique Rodríguez Sarmiento (representante de víctimas) también se ocupó de cuestionar los montos de la reparación, aduciendo, en primer término que debió reconocerse el salario mínimo como presunción de lo que devengaban los jóvenes al momento de ser integrados a las filas de las AUC, y también se opone a que la orden de pago de las reparaciones concedidas a las víctimas directas esté sometida a condición alguna, pues no son en este momento menores de edad y por tanto la recomendación contenida en los Principios de París en tal sentido no opera para ellos.
Cuestionó también el monto de los daños morales reconocidos a las víctimas, el que calificó de desproporcionado con el sufrimiento de que fueron presa en su paso por las filas de dicha organización armada al margen de la ley, soportado en los distintos informes e investigaciones que se presentaron en el curso del incidente de reparación integral; además de destacar la diferencia entre el monto reconocido en la sentencia atacada y el que ha consignado la Corte Interamericana en sentencias contra nuestro Estado, como las de Ituango y Puerto Bello, de acuerdo con el cual debe proceder nuestro Estado a reconocer la correspondiente indemnización, toda vez que la suma fijada no resulta proporcionada, razonable y ponderada, para compensar el sufrimiento causado.
Insistió también en la reparación al daño a la vida de relación a la que tendrían derecho sus representados, sin enfrentar la motivación de su desconocimiento en la sentencia apelada, esto es, la falta específica de su prueba, limitándose a señalar genéricamente “la prueba de este tipo de daño está en los documentos, intervenciones, estudios, presentaciones, declaraciones, obrantes al proceso, según los cuales el menor reclutado sufre consecuencias por esta nefasta experiencia temprana, de la cual no podrá recuperar su vida normal, y por tanto las secuelas y la estigmatización lo acompañarán en su vida cotidiana; y concluye confundiendo los daños psicológicos con el de daño a la vida de relación.
En consecuencia, solicita que se revisen los montos por reparación inmaterial de carácter moral, así como los daños materiales, y además que se reconozca reparación por daño al proyecto de vida.
4. La impugnación de la representante del Ministerio Público.
La doctora Diana María Cadena Lozano —Procuradora 43 Judicial II Penal— interpuso recurso de apelación contra la sentencia, con fundamento en que allí no quedó claro el concepto de reparación colectiva, ni el de la representación de víctimas indeterminadas —temas que le son propios al Ministerio Público—; pero sin concretar en estricto sentido inconformidad directamente orientada a la modificación de alguna parte del fallo impugnado; aunque sí precisando la estrategia probatoria y operativa adelantada por dicha agencia oficial, a partir de lo cual critica la parcialidad envuelta en el solo delito macro de reclutamiento ilícito al que se contrae la sentencia, cuando alrededor de dicha conducta se vinculaban un sinnúmero de prácticas de victimización asociadas con el accionar armado; y por ende la comprensión del daño colectivo también se aprecia de manera incompleta o parcial, en lo cual concreta su recriminación; la que se alza por la “imprecisión conceptual” del tribunal.
El defensor de Fredy Rendón Herrera llamó la atención sobre la posible vulneración del principio de legalidad de la pena, en tanto los reclutamientos se produjeron en vigencia del Decreto-Ley 100 de 1980 y por tanto se vulnera el principio de legalidad y de favorabilidad al sancionarse con fundamento en legislación posterior desfavorable a los intereses de su asistido.
Luego de radicado el recurso en esta corporación, se recibió un documento suscrito por los directores de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el que dicen aclarar algunas situaciones relacionadas con varios puntos de la sentencia, la cual no obstante no haberles sido notificada, contiene varias exhortaciones y órdenes relacionadas con una serie de actividades orientadas al desarrollo de políticas públicas de atención a las víctimas del reclutamiento ilícito.
En dicho documento, luego de hacerse un recuento de la legislación existente sobre desmovilización, se relata el procedimiento que se sigue con quienes siendo menores de edad, dejan las armas, para finalmente realizar algunas consideraciones en orden a precisar las competencias de las medidas que se ordenan en la sentencia a las instituciones equivocadas.
La Sala aprovecha la oportunidad para saludar como buenas prácticas judiciales estos esfuerzos de sentencias concentradas por delitos y exhorta a que se sigan atendiendo de esta manera los procesos, como una perspectiva integral sistemática y coherente de abordaje por vía judicial del acontecer delictual que se somete a su consideración; lo cual va haciendo más ágil el procedimiento en la medida en que se van profiriendo sentencias, como la apelada, en las que se realiza la contextualización por bloques, —el “Élmer Cárdenas” en el asunto de la referencia—, la cual ya no es necesario que se repita en otros fallos o procesos, convirtiéndose en referentes obligados de todas las demás providencias en que se juzgan los punibles cometidos por dicho frente, providencias que habrán de ser más expeditas en tanto ya no se requiere repetir la mencionada exposición del contexto, siendo suficiente solo una por bloque y por frente, para no incurrir en repeticiones innecesarias y superfluas, que en todo caso, retrasan el avance del conocimiento de los hechos delictivos y la imposición de su condigna pena.
El derecho internacional humanitario, esa rama del derecho surgida del horror, construida sobre las humeantes ruinas europeas de la segunda guerra mundial, escrito con la sangre de las víctimas y animado por los gritos de horror salidos de sus moribundas entrañas que aturden la racionalidad fracasada, para quienes no hubo explicación sobre lo inevitable de las guerras, las que esconden en su justificación nada más que la vanidad, la avaricia y el orgullo de aquéllos a quienes nada importa los derechos de los demás.
d) La protección especial prevista en este artículo para los niños menores de 15 años seguirá aplicándose a ellos si, no obstante las disposiciones del apartado c), han participado directamente en las hostilidades y han sido capturados;”
6.4.1. Es incuestionable que por el hecho de haber sido reclutados a las filas de los grupos armados ilegales —muchos de ellos de manera forzosa o de forma aparentemente “voluntaria”—, los niños y adolescentes combatientes son víctimas del delito de reclutamiento ilícito de menores, y en tal calidad tienen derecho a una asistencia y protección especial por parte del Estado, así como a que se haga efectiva la responsabilidad penal de quienes les llevaron a ingresar al conflicto armado. Pero al mismo tiempo, resulta igualmente incuestionable que en el curso de las confrontaciones, estos menores pueden llegar a cometer hechos ilícitos de la mayor gravedad, los cuales a su vez generan víctimas —y estas víctimas, en la medida en que sobrevivan o bien sus familiares, también tienen derechos de raigambre constitucional e internacional que han de ser necesariamente respetados (a saber, los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación respecto de las infracciones a las leyes penales(28)).
6.4.2. La existencia y el grado de responsabilidad penal de cada menor implicado en la comisión de un delito durante el conflicto tiene que ser evaluado en forma individual, con la debida atención no sólo a su corta edad y su nivel de desarrollo psicológico, sino también a una serie de factores que incluyen (a) las circunstancias específicas de la comisión del hecho y (b) las circunstancias personales y sociales del niño o adolescente implicado, entre ellas si ha sido, a su turno, víctima de un crimen de guerra de la mayor seriedad; así mismo, en cada caso concreto deberá establecerse (c) el grado de responsabilidad que cabe atribuir a los culpables del reclutamiento del menor que impartieron las órdenes, (d) la responsabilidad de quienes, además de los reclutadores, han obrado como determinadores de su conducta —entre otras, bajo la amenaza de ejecución o de castigos físicos extremos, como se mencionó en acápites precedentes—, y (e) la incidencia de estas circunstancias sobre la configuración de los elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad necesarios para la existencia de un delito. También habrá de determinarse en cada caso individual (f) si es posible, por las conductas específicas y concretas del menor involucrado, que su comportamiento configure un determinado delito político a pesar de haber sido reclutado, si fuere el caso, en forma contraria a su voluntad, así como (g) la relación entre la configuración de estos delitos políticos y la posible responsabilidad penal que proceda por los delitos conexos, al igual que (h) las conductas que quedarían excluidas de su órbita, tales como la ferocidad, barbarie, terrorismo, etc. Estos son factores a los que el juzgador individual habrá de conferir la mayor trascendencia dentro de su análisis de responsabilidad. En esta medida, los procesos judiciales que se adelanten en relación con los menores combatientes, si bien deben ser respetuosos de la totalidad de las garantías que rodean el juzgamiento de menores infractores, deben además tener un carácter especialmente tutelar y protectivo de los niños o adolescentes implicados, por su condición de víctimas de la violencia política y por el status de protección especial y reforzada que les confiere el Derecho Internacional en tanto menores combatientes —carácter tutelar que hace imperativa la inclusión de este tipo de consideraciones en el proceso de determinación de la responsabilidad penal que les quepa, así como de las medidas a adoptar. Todo ello sin perjuicio de la coordinación entre las autoridades judiciales competentes y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, encargados de desarrollar el proceso de protección y reinserción social que ordena la ley.
Así, puede concluirse que los 309 fueron víctimas, y todos ellos, en la actualidad no sólo son mayores de edad, sino que tienen sus propios proyectos de vida, como indican varios de los impugnantes.
Con dicha determinación se atienden no sólo motivos de inconformidad de varios impugnantes, sino que además se responden los planteamientos expresados por las agencias del Estado mencionadas.
En esa lógica ha de quedar claro que el llamado a realizar la reparación es aquel quien con su acción u o misión causó el daño; siendo en particular el escenario del proceso de justicia y paz, aquél en el que los victimarios confiesan sus delitos y reparan a sus víctimas, contexto en el cual, también en virtud de otro principio del derecho, no puede existir enriquecimiento sin causa, lo que supone que sólo puede ser reparado por una sola vez el titular del derecho dañado, de manera tal que con dicho pago se equilibre la relación de igualdad alterada con el delito.
Por tanto, sólo pueden concurrir a perseguir su reparación las víctimas a quienes aún no se les han resarcido sus daños a efectos de que primero se les reconozca y luego se les pague; ya que, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 45 de la Ley de Justicia y Paz —que no hace más que actualizar y ratificar la prohibición del enriquecimiento sin causa—, “Nadie podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto”(30).
Es tan clara esa obligación en cabeza del postulado, que la Corte ha señalado que en caso que medie pronunciamiento por parte de la justicia ordinaria en relación con la condena en perjuicios —a partir de sentencias anticipadas, por ejemplo—, aquélla prevalece sobre la tasación realizada por el mismo concepto por el Juez de Justicia y Paz, en cuanto se trata de cosa juzgada:
Por tanto, si dentro del proceso transicional se juzga y condena al desmovilizado con ocasión de los delitos por él perpetrados, sólo es él quien puede ser destinatario de la condena originada en su confesión y en consecuencia, de los perjuicios causados con dichos punibles cometidos en el contexto del conflicto armado, máxime que la Ley 975 de 2005, en el inciso cuarto de su artículo 23 le da la posibilidad de conciliar su valor; no siendo posible que lo aceptado como perjuicios por el condenado termine comprometiendo a un tercero que no participó de dicho acuerdo.
La respuesta a dicho interrogante sólo puede ser de naturaleza negativa. No obstante ello, el Estado, en tanto garante de la política pública orientada a la reconciliación nacional, en desarrollo del principio de solidaridad social característico del Estado social, asume una parte de la carga impuesta al desmovilizado, a la espera de que él directamente la pague con sus bienes, surgiendo la relación entre la reparación judicial y la administrativa.
Así lo entendió la Corte Constitucional cuando al analizar la exequibilidad del artículo 54 de la Ley 975 advirtió(32)
“El artículo 54, bajo examen establece que el fondo para la reparación de las víctimas estará integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a que se refiere la ley, por recursos provenientes del presupuesto nacional y por donaciones en dinero o especie, nacionales o extranjeras. La satisfacción del principio de reparación exige la observancia de un orden en la afectación de los recursos que integran el fondo. Así, los primeros obligados a reparar son los perpetradores de los delitos, en subsidio y en virtud del principio de solidaridad, el grupo específico al que pertenezcan los perpetradores. Antes de acudir a recursos del Estado para la reparación de las víctimas, debe exigirse a los perpetradores de los delitos, o al bloque o frente al que pertenecieron, que respondan con su propio patrimonio por los daños ocasionados a las víctimas de los delitos. El Estado ingresa en esta secuencia sólo en un papel residual para dar una cobertura a los derechos de las víctimas, en especial a aquellas que no cuentan con una decisión judicial que fije el monto de la indemnización al que tienen derecho (inciso segundo del artículo 42 de la Ley 975 de 2005) y ante la eventualidad de que los recursos de los perpetradores sean insuficientes” (resaltado no original).
“Que además de la reparación judicial establecida en la Ley 975 del 25 de julio de 2005 de Justicia y Paz, es viable que el Estado, dentro del principio de solidaridad y la obligación residual de reparar pueda establecer un procedimiento administrativo para reparar de manera anticipada a las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley, sin perjuicio de la obligación de hacerlo que tienen los victimarios y el derecho de repetición del Estado contra estos;”
El fondo creado con los bienes entregados por los desmovilizados con fines de reparación, constituye la masa que si bien no es de propiedad del Estado, éste asume, por virtud de la ley, la obligación de administrar, proteger y monetizar; que de ser suficientes para reparar a las víctimas, el Estado no tendría que concurrir a pagar la indemnización por vía administrativa.
“el lucro cesante como derecho legítimo debe partir de un beneficio lícito, en el entendido de que habrá lugar a disfrutar de él porque se trata de un bien no prohibido por la ley, lo cual, por el contrario, le brinda protección, y la legislación mal puede amparar recursos logrados a través de las actividades realizadas (…) en su condición de integrantes de las AUC”(36).
En relación con estos cuestionamientos de la sentencia apelada, hay que decir que en el párrafo 819 se menciona que en varias ocasiones se reconocieron derechos a acudientes de los menores a pesar de la ausencia del vínculo consanguíneo con éstos, pero que en los casos en que se negó, como en los mencionados, tal decisión se motivó en la ausencia de las formalidades en los poderes con fundamento en los cuales se les representaba. Así sucedió con Geifer Rivas Palacios(38) y la señora Celis Villalobos Ayala(39).
— Así mismo, que no fueron reconocidos tanto los perjuicios morales como los originados en el daño a la vida de relación de Ángel Jair Mosquera de León, quien perdió más del 60 % de su pierna derecha, y Benito Cardona Rentería, quien sufrió pérdida permanente de la movilidad de su pierna izquierda.
La Sala pudo constatar que es cierto que en el caso del menor Jonathan Carmona, hubo pronunciamiento sobre las pretensiones a favor de la victima directa (sesión de nov. 11/2011 -00:08:06) pero no sobre las solicitadas por las victimas indirectas; motivo por el cual se declarará la nulidad del fallo para que se revise este aspecto en particular. Esto por cuanto, como se ha sostenido en ocasiones anteriores, reconocer las pretensiones desconocidas en primera instancia “vulneraría el principio y derecho fundamental constitucional de la doble instancia, porque lo censurado no es una decisión en uno u otro sentido, sino precisamente la ausencia de pronunciamiento”(40); por eso en dicha oportunidad la Corte aclaró que “el tribunal estaba, y está, obligado a valorar las pretensiones de los intervinientes y pronunciarse negativa o positivamente sobre ellas, para garantizar el derecho al debido proceso”(41).
“no obstante la prevalencia que debe darse a los derechos de las víctimas en el trámite de la Ley 975 del 2005 y el procedimiento especial que la ley y la jurisprudencia han habilitado, no puede dejarse de lado que, igual, existen instancias preclusivas para que partes e intervinientes accedan a ser reconocidas, formulen sus pretensiones y alleguen las pruebas que las demuestren. En esas condiciones, no resulta de buen recibo que vencidas las fases respectivas se admita la intervención de quien no acudió oportunamente, como que ello equivaldría a que de manera indefinida podría acudirse a retrotraer el trámite para revivir fases ya superadas”(46) (resaltado fuera del texto original).
Igual situación se presenta con el caso de la victima Jeison Alexander Ruiz, ya que a pesar que se hizo solicitud indemnizatoria esta no fue respaldada con el poder para actuar, tal como consta a folio 370.
Waiser Zabala Vargas fue igualmente representado por la Dra. Yudi Marinella Castillo. La mencionada profesional en sesión de 10 de noviembre de 2011, presentó solicitudes a favor del núcleo familiar de la víctima directa, pero sin el acompañamiento de los mandatos judiciales respectivos. Es así como a folio 373 y 374 se condensan las pretensiones que si se mencionaron explícitamente —hubo eventos en los que no se solicitó indemnización—; y hubo otros casos de familiares en los que no se allegó poder para actuar. En los casos de Daniel Murrai Rivas y Jefferson Rivas López (ambos menores reclutados que son a su vez familiares) a folio 374 se deja constancia que a criterio del Tribunal de Justicia y Paz, no se presentó poder para actuar.
Frente a esta solicitud la Sala considera, como lo ha venido diciendo, que las etapas para que los interesados puedan ser reconocidos como víctimas (directas o indirectas) y con las formalidades para ello se encuentran establecidas en la ley y deben ser respetadas. En el caso concreto, dado que los familiares no reparados no otorgaron poder en debida forma a la abogada Yudy Marinella Castillo Africano, esta no se encontraba legitimada para actuar en su nombre; y por tanto no se modificará la sentencia en este sentido. Precisamente frente a la necesidad de la existencia de poder para representar a las víctimas, la Corte Constitucional ha afirmado que “tienen capacidad para comparecer por sí al proceso, las personas que pueden disponer de sus derechos. Igualmente, que las demás personas deberán comparecer por intermedio de sus representantes, o debidamente autorizadas por éstos con sujeción a las normas sustanciales”(47).
Como quiera que la defensa no interpuso ningún recurso la Sala se abstiene de realizar cualquier consideración a su escrito, por no contener posición procesal expresa respecto de alguna de las apelaciones, toda vez que dicho libelo fue presentado precisamente en la oportunidad del traslado a los no recurrentes.
Magistrados: José Leonidas Bustos Martínez—José Luis Barceló Camacho Fernando Alberto Castro Caballero—María del Rosario González Muñoz—Gustavo Enrique Malo Fernández—Luis Guillermo Salazar Otero—Julio Enrique Socha Salamanca—Javier de Jesús Zapata Ortiz.
(1) Folios 5 a 47 del fallo de primera instancia.
(2) Folios 50 a 77 del fallo de primera instancia.
(3) Folios 77 a 103 del fallo de primera instancia.
(4) Folios 105 a 232 del fallo de primera instancia.
(5) Folios 232 a 305 del fallo de primera instancia.
(6) Folios 308 a 314 del fallo de primera instancia.
(7) Folios 320 a 412 del fallo de primera instancia.
(8) Párrafo 801 del fallo apelado, folios 340 y 341.
(9) Párrafo 811 de la sentencia impugnada, folios 343 y 344.
(10) Tópico 795 del fallo de primera instancia, folio 339.
(11) Párrafo 817 del fallo apelado, folios 345 y 346.
(12) Párrafo 818 de la sentencia, folio 346.
(13) Párrafos 821 a 826, folios 369 a 371 del fallo apelado.
(14) Párrafos 827 a 834, folios 371 a 375.
(15) Párrafo 832 numeral 1º páginas 374 y 375 del fallo apelado.
(16) Al respecto ver: Convención sobre los Derechos del Niño. Art. 3. Interés superior del menor.
(18) Corte Penal Internacional. Sentencia de primera instancia en contra de Thomas Lubanga Dyilo . ICC-01/04-01/06. 14 de marzo de 2012. Par. 605.
(20) Corte Penal Internacional. Sentencia de primera instancia en contra de Thomas Lubanga Dyilo . ICC-01/04-01/06. 14 de marzo de 2012. Par. 531.
(21) Corte Penal Internacional. Sentencia de primera instancia en contra de Thomas Lubanga Dyilo . ICC-01/04-01/06. 14 de marzo de 2012. Par. 605.
(22) Corte Penal Internacional. Sentencia de primera instancia en contra de Thomas Lubanga Dyilo . ICC-01/04-01/06. 14 de marzo de 2012. Par. 622.
(23) Corte Penal Internacional. Sentencia de primera instancia en contra de Thomas Lubanga Dyilo . ICC-01/04-01/06. 14 de marzo de 2012. Par. 628.
(24) En igual sentido se pronunció el Tribunal Especial para Sierra Leona, en su sentencia de primera instancia en el caso desarrollado en contra de Brima, Kamara y Kanu. Judgement, par. 736 y 737. AFRC case.
(25) Corte Penal Internacional. Sentencia de primera instancia en contra de Thomas Lubanga Dyilo . ICC-01/04-01/06. 14 de marzo de 2012. Par. 621.
(26) Tribunal Especial para Sierra Leona, Caso Fofana y Kondewa. SCSL-04-14-A. Decisión de segunda instancia, mayo 28 2008. Par. 144.
(28) Sobre el tema de los derechos de las víctimas de delitos, se pueden consultar las sentencias C-228/02 (MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; aclaración de voto de Jaime Araujo Rentería), C-916/02 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, adoptada por unanimidad), y C-004/2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett; adoptada por unanimidad), entre otras.
(29) Human Right Watch en su informe titulado “Aprenderás a no llorar: niños combatientes en Colombia”, asegura que para 2003 el número de menores de edad involucrados en el conflicto armado colombiano superaba los once mil, y que por lo menos el 30 % de los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, son también menores de edad.
(35) Así lo ha entendido la Corte Constitucional que en Sentencia T-458/10, al señalar:
“Para que las víctimas individuales y colectivas puedan obtener el derecho a la reparación integral el ordenamiento jurídico ha previsto hasta ahora dos vías institucionales a través de las cuales. De un lado, la Ley 975 de 2005 estableció que dentro de los procesos penales llevados dentro de la jurisdicción especial de Justicia y Paz es posible iniciar un incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal, “el cual debe abrirse en la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial se declare la legalidad de la aceptación de cargos, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio Público a instancia de ella”[10]. En este incidente, los primeros obligados a reparar son los perpetradores de los delitos; luego, en subsidio y en virtud del principio de solidaridad, el grupo específico al que pertenezcan los perpetradores; y, residualmente, el Estado[11].
De otro lado, a través del Decreto 1290 de 2008, el gobierno dispuso crear un programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de violaciones del derecho a la vida, la integridad física, la salud física y mental, la libertad individual y sexual por parte de grupos armados organizados al margen de la ley. Este mecanismo pretende que el Estado repare de manera anticipada a las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley, en ejercicio del principio de solidaridad y obligación residual, y en atención a los parámetros de orden internacional que señalan que la reparación debe ser suficiente, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de las violaciones y a la entidad del daño sufrido[12]. El reconocimiento de las medidas de reparación a las que se refiere el presente programa no exige a la víctima haber acudido previamente a la vía judicial, así como tampoco agota las posibilidades de ser beneficiario de otros programas que completen el proceso de reparación integral a las víctimas.
El Estado tiene la obligación de facilitar el acceso de los accionantes a la reparación tanto por vía judicial como por vía administrativa. En virtud de ello, las entidades encargadas no pueden imponer requisitos que impliquen para las víctimas una carga desproporcionada, porque no puedan cumplirlos[13], porque su realización desconozca la especial protección constitucional a la que tienen derecho, o porque se vulnere su dignidad[14]. No obstante, las víctimas conservan la obligación mínima de presentarse ante la entidad correspondiente y solicitar el acceso a los programas.
(36) Sentencia de 6 de junio de 2012 radicado 35508.
(40) Corte Suprema de Justicia, radicado 35508 de 6 de junio de 2012, M.P. Dr. Jose Luis Barceló Camacho.
(41) Corte Suprema de Justicia, radicado 35508 de 6 de junio de 2012, M.P. Dr. Jose Luis Barceló Camacho.
(46) Corte Suprema de Justicia, radicado 35508 de 6 de junio de 2012, M.P. Dr. Jose Luis Barceló Camacho.
(47) Auto 025/94 Corte Constitucional.

References: artículo 115
 artículo 115
 artículo 45
 artículo 23
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 42