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Timestamp: 2020-08-10 05:39:06+00:00

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Mediación para Empresas - Wolfenson Abogados
Mediación para Empresas
Wolfenson Abogados acompaña a sus clientes a resolver sus controversias corporativas a través de un proceso de mediación.
A través de un método innovador, sin los costos económicos y de tiempo de un litigio tradicional, posibilitamos extraordinariamente a que el proceso acabe con un acuerdo entre las partes. Hay que recordar que la mediación es una forma de resolver conflictos de forma pacífica, a través del diálogo, por lo que nuestros abogados guiarán al cliente en el proceso de mediación, en los puntos jurídicos que sean necesarios, manteniendo siempre el principio de neutralidad.
A continuación presentamos una guía legal para brindarle orientación sobre la resolución alternativa de conflictos legales entre empresas:
Introducción a la mediación de empresas en Chile:
Sin embargo, y como contrapunto del notorio desarrollo que ha tenido la mediación familiar en Chile, el legislador ha postergado hasta aquí toda y cualquier referencia a la solución mediada de asuntos comerciales y civiles, mostrando así un claro rezago respecto de una tendencia comparada que ve en aquella un mecanismo autocompositivo de soluciones rápidas, de menor costo, ajustadas a las necesidades de cada parte y, principalmente, a las complejidades propias de cada conflicto empresarial.
Pese a la encomiable labor de algunos entes públicos y privados que ofrecen actualmente procedimientos de mediación de asuntos patrimoniales, como el Programa de Mediación Vecinal/Comunitaria a cargo del Ministerio de Justicia y la que ofrece el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago, lo concreto es que en Chile la cultura mediadora en asuntos mercantiles es prácticamente nula o al menos rudimentaria, si se compara con la práctica de otros países. No debe extrañar, por lo mismo, que la tendencia casi intuitiva de empresarios y abogados, al momento de optar entre el litigio y la mediación como vías alternativas de solución de un conflicto, se decante invariablemente —o al menos comúnmente— por la primera, con los costos e ineficiencias que ello pudiere reportar. En las antípodas de esta realidad se encuentran en cambio los sistemas comparados que han optado decididamente por la mediación, como ocurre con los de origen anglosajón, donde la mediación ha sido llevada incluso a las pantallas del cine en películas como "The Social Network", que muestra la negociación y acuerdo que tuvo lugar en el conflicto surgido en el 2008 entre los cofundadores de Facebook, y que permitió dilucidar los destinos y el control de una compañía hoy billonaria.
En el último tiempo, en efecto, países con filiaciones jurídicas muy distintas, como la anglosajona y europeo-continental, han incorporado expresamente a sus respectivas legislaciones la mediación para la solución de conflictos empresariales de carácter patrimonial, como una forma de evitar la excesiva judicialización de los mismos y los costos prohibitivos que ello conlleva para el quehacer de los negocios. Todavía más, y pese a la raigambre esencialmente voluntaria de la mediación, como se dijo supra, razones de política judicial y el anhelo siempre latente de minimizar los costos económicos y sociales de una litigiosidad excesiva, han llevado a algunas legislaciones comparadas a imponer la mediación como un estadio previo y necesario para acceder al proceso; pero no solo en el ámbito de los asuntos de familia o de salud como ocurre en Chile, donde la obligatoriedad encuentra su justificación en el carácter supraindividual de los intereses involucrados, sino en aquellos conflictos de carácter mercantil que, como tales, traen causa en materias de orden patrimonial que son enteramente disponibles para ellas.
A partir de algunos datos empíricos que hemos obtenido con ocasión de la realización de este trabajo, y de la información estadística que proporcionan a su vez algunos estudios realizados en Chile y en el extranjero respecto del fenómeno de la litigiosidad en materias civiles y comerciales, apuntamos a dilucidar, entonces, las razones que explican el notorio desarrollo que ha experimentado la mediación en asuntos mercantiles en los últimos años, enfocándonos especialmente en la fórmula obligatoria previa que, con matices, ha sido recogida transversalmente por países con distintas tradiciones y sistemas jurídicos. Es el caso, como veremos, de Alemania e Italia, ambos tributarios del Derecho continental europeo; de países del common law como Inglaterra y los EE. UU. de Norteamérica (este último mediante la figura del court annexed mediation); y también en algunas legislaciones Latinoamericanas que, si bien no serán analizadas en esta oportunidad, constituyen también una clara muestra de la tendencia global del fenómeno apuntado (a partir de ahí revisaremos la viabilidad —primero— y la conveniencia —después— de implementar legalmente la mediación comercial en el derecho chileno, incluida la fórmula obligatoria conocida ya en los ámbitos antes referidos (familia y salud), pero aun al debe respecto de materias de índole mercantil e incluso de carácter mixto, como ocurre con las relaciones de consumo.
Como se señala en el "Perfil de Proyecto" del Programa BID sobre "Apoyo a la Reforma Judicial", aprobado en julio de 2010, según el "Reporte Sobre la Justicia en las Américas del Centro de Estudios de Justicia de las Américas" (CEJA), Chile es el país de América Latina con la tasa más alta de litigiosidad, con un ingreso anual de causas que sigue aumentando (en 2008 ingresaron 13% más de causas que en 2007). Este aumento de causas —dice el mismo Perfil—, ha sido enfrentado y contrarrestado con un incremento sostenido del presupuesto judicial, que entre 2003 y 2007 aumentó en 50%, y con una mayor capacidad para poner término a las causas pendientes, sin considerar, por lo mismo, la utilidad que presentan en esta misma línea mecanismos alternativos de solución de conflictos civiles y comerciales como la mediación.
Según las estadísticas publicadas por el Poder Judicial, de 126.219 causas ingresadas a las Cortes de Apelaciones del país entre 2010 y 2012 (o sea, sin contar los ingresos del sistema de turnos en los Juzgados de Letras), el 20,4% fueron de naturaleza civil y comercial. A ellas se suma 49,3% de causas de diversa índole que no encajan en los ingresos de la jurisdicción de familia, laborales y penales (v. gr. recursos de protección), observándose además una tendencia al aumento de ingresos, que en el período 2011-2012 alcanzó 20,69% y en donde el mayor impacto lo generan precisamente las causas civiles.
En cuanto al primer grupo de causas —las ejecutivas y preparatorias—, es bien conocida la intención del Proyecto de Código Procesal Civil, en su redacción inicial, en cuanto a desjudicializar y privatizar el sistema de cobranzas, para entregarlo al denominado "oficial de ejecución" (al menos en una primera fase). Dicha iniciativa, sin embargo, ha sido decididamente criticada y su destino es por lo mismo incierto, por lo que no nos ocuparemos por ahora de este grupo de causas ni de la función que podría cumplir en ellas la mediación.
Del universo de ingresos que acabamos de mencionar, acerca de procedimientos ordinarios y sumarios, y para definir concretamente (a) de qué tipo de materias conocen los juzgados civiles, (b) quiénes son los litigantes que acuden a la jurisdicción y (c) cuál es la cuantía promedio de tales asuntos, durante el 2013 el Ministerio de Justicia realizó un interesante estudio estadístico respecto de las causas ingresadas durante el 2011 al 15° Juzgado de Letras de Santiago, el que fue tomado como muestra representativa de la situación de los restantes tribunales civiles de la misma jurisdicción. Los datos de dicho estudio, que incluyó a su vez un índice de asuntos a cargo de la Corporación de Asistencia Judicial, pueden sintetizarse de la siguiente forma:
b) La cuantía promedio de los procedimientos ordinarios —principalmente cobro de pesos— alcanzó casi los $19.000.000, con un piso de $ 36.000; mientras que en los juicios de indemnización de perjuicios alcanzó a poco más de $ 53.000.000, con un piso de $ 5.000.000.
d) Tratándose de la asistencia judicial gratuita y, más específicamente, de la que presta la Corporación de Asistencia Judicial a personas que gozan del beneficio del privilegio de pobreza, el 31% de las causas civiles que atiende dicha Corporación, que representan a su vez el 15 % del total de sus ingresos, corresponden a asuntos patrimoniales de muy baja cuantía y de lato conocimiento; el 20% corresponde a causas voluntarias; el 19% son causas ejecutivas o en etapa de cumplimiento; el 11% son juicios de arrendamiento y el 7% de precario, ambos tramitados conforme al procedimiento sumario; y el 7% restante corresponde a otros asuntos civiles. La duración de esas causas, a su vez, va desde un mínimo de 360 días y un máximo de 420 días en el caso de las sometidas al procedimiento sumario; y de 560 a 780 días las de más larga duración, normalmente procedimientos ordinarios.
Por otro lado, y como se muestra en el siguiente cuadro, en cifras del año 2013 —muy conservadoras por cierto— para las partes el costo básico de litigar asciende en general a la suma aproximada de $ 346.000, sin contar los honorarios de los abogados y gastos extraordinarios como inscripciones, peritajes y otros, lo que hace económicamente inviable la vía jurisdiccional, judicial o arbitral.
En este punto, aunque advirtiendo por cierto la distinta naturaleza de los intereses y derechos tutelados, resulta pertinente mencionar que el sistema de mediación contemplado en la Ley de Tribunales de Familia, N° 19.968, establece como regla general la gratuidad del servicio para la mediación de alimentos, cuidado personal y relación directa y regular (siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones), circunscribiendo el servicio de mediación pagada al sistema de mediación familiar licitada. Pues bien, y como se dirá más adelante, un sistema de mediación de asuntos comerciales y civiles patrimoniales requiere igualmente —mutatis mutandi- de un compromiso real del Estado, que la haga económicamente atractiva para las partes y jurídicamente eficiente en cuanto mecanismo alternativo de solución de sus conflictos; y todo, claro está, sin perjuicio de la intervención de agentes y centros privados de mediación, al que las partes puedan optar libremente asumiendo los costos involucrados.
Especialmente descriptivo es en este punto el estudio realizado por el "ADR Center", en colaboración con la "European Company Lawyers Association" (ECLA) y la "European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises" (UEAPME), encargado por la Comisión Europea en el marco del Proyecto denominado "The Cost of Non ADR — Surveying and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial Litigation". El estudio fue realizado a abogados, empresas y Centros de ADR de 26 países miembros, excluido Dinamarca, y si bien muestra el impacto económico que tiene para las empresas la decisión de no someterse a mecanismos alternativos de solución de conflictos en el ámbito transfronterizo, resulta plenamente extrapolable al ámbito de los conflictos empresariales internos y a los costos que ello representa para las empresas. Precisamente, el estudio aspira a que sus resultados motiven a los responsables de formular las políticas y las regulaciones internas de cada país, para que apliquen la Directiva N° 2008/52/CE de 21 de mayo, del Parlamento Europeo y del Consejo, Sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (vid. infra), no solo a los asuntos transnacionales, sino también a nivel nacional.
La mediación —concluye este informe— "ahorra dinero", pero las empresas y sus asesores legales aún no son conscientes de las particularidades y ventajas de la misma, por los costos en dinero y en tiempo que evita para ambos. Así, el estudio demostró que dos de cada cinco de los abogados de empresa encuestados (39,3%), y siete de cada diez empresas (66,6%), señalaron destinar un tiempo significativo de su actividad a juicios y alegatos, respectivamente. Por su parte, más de dos tercios de esas empresas informaron destinar una parte considerable de su presupuesto a gastos administrativos anuales, relacionados con los costos legales y judiciales de estos juicios, y más de cuatro quintas partes de sus abogados señalaron que sus respectivos clientes incurrían en gastos también considerables. La mayoría de las empresas, además, estimó que no vale la pena recurrir a un litigio para solucionar conflictos cuya cuantía sea inferior a 50.000 euros, mientras que los abogados encuestados estimaron que ese piso variaba entre los 10.000 a 50.000 euros.
A todo lo anterior, en fin, se suma el desconocimiento y la falta de confianza de las empresas en cuanto a los índices de éxito que se logran en los procedimientos de mediación, los que según sus estimaciones no superarían el 50% de los casos. Tal circunstancia, como es evidente, refleja la poca información que manejan las empresas en este sentido y explica, consecuencialmente, el desincentivo que existe en cuanto a recurrir a dicho mecanismo. Los abogados de las mismas empresas, en cambio, consideraron que al menos el 80% de los casos que se someten a mediación terminan con un buen resultado, con una duración media de 40 días y sesiones de aproximadamente 8 horas cada una, lo que se vio confirmado por el hecho de que 3,5 de cada 5 abogados estimó que una reunión con sus clientes, para evaluar la incorporación de una cláusula de mediación obligatoria en sus respectivos contratos, tenía un valor "Considerable" o, derechamente, "Mucho" valor, en el entendido que el mediador sea una persona debidamente capacitada en relación con las materias involucradas en dichos contratos.
Por otra parte, y como se muestra en un reporte de abril de 2012, solicitado por la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea, existe un importante segmento de conflictos empresariales que simplemente no se resuelven, pues las partes no promueven ningún mecanismo para ello ni realizan ninguna gestión en ese sentido. Diversas fueron las razones detectadas y que explican este fenómeno, dependiendo de si se trata de tribunales estatales o de mecanismos alternativos de solución de controversias (ADR):
a) En el caso de los órganos jurisdiccionales estatales, el 45% de las empresas consultadas consideró que el costo de litigar era demasiado alto en relación con la cuantía en disputa; 27% dijo además que sería un camino demasiado largo y por tal razón inviable; otro 27% señaló que no tenía mayores expectativas ni interés en judicializar el asunto; y 25% prefirió no arruinar su relación de negocios con la contraparte.
b) En cuanto a los ADR, se concluyó que la falta de información acerca de estos mecanismos es la principal razón por la que las empresas optan por no utilizarlos. En concreto, y tratándose de la mediación, el 20% señaló que ni siquiera tenía conocimiento de su existencia y el 8% manifestó que no sabía cómo empezar el procedimiento. En el arbitraje la situación es similar, pues los porcentajes indicados son del 19% y del 7%, respectivamente. En total, cerca de una cuarta parte de las empresas mencionadas señaló al menos una de estas dos razones para no usar un ADR (24% para el arbitraje y 25% para la mediación).
Resulta evidente, entonces, que la situación descrita genera una dinámica negativa en términos de eficiencia económica y de competitividad, cuyos efectos y alcances a futuro son insospechados. Solo por vía de ejemplo, y volviendo al estudio estadístico antes mencionado, en el ámbito europeo el 38% de las empresas manifestó haber tenido un conflicto con otra en los últimos tres años, con un monto o cuantía media en disputa —calculado con base en el último problema que tuvo cada empresa— de 28.300 euros en el caso de las controversias internas, y de 44.300 euros para los asuntos fronterizos. En las empresas medianas, esos montos fueron de 47.100 euros y de 106.900 euros, respectivamente; mientras que en las microempresas el monto medio fue de 20.100 euros y de 25.700 euros, respectivamente. De estos conflictos, en fin, el 38,4% de los ocurridos en el ámbito interno quedó sin solución, mientras que en los transfronterizos el porcentaje fue del 35,8%.
Todas estas razones, en fin, con más o menos matices, explican y justifican la clara tendencia del derecho comparado en cuanto a incorporar la mediación comercial en las legislaciones internas, incluso como requisito previo e indispensable de acceso a la jurisdicción. Ejemplo de ello —sin perjuicio de los ya mencionados— son los casos de China (aun cuando el término "mediación" no encuentra allí una traducción propia), Hong Kong e Indonesia, entre muchos otros; y en el ámbito latinoamericano los casos de Colombia, Perú, Ecuador y Argentina, por nombrar también algunos.
Como se acaba de señalar, en la actualidad el auge de la mediación comercial es notorio en el derecho comparado, con marcada presencia en el Derecho comunitario europeo más reciente y en países del cono sur de América. Nos centraremos por ahora en el análisis del primero, en el entendido que se trata de experiencias surgidas de realidades y necesidades perfectamente extrapolables al ámbito empresarial interno e internacional de Chile, y de fenómenos también asimilables de creciente litigiosidad.
A partir de la Directiva 2008/52/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, Sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, precedida por el denominado "Libro Verde" de la Comisión Europea, del 2002, y por la Propuesta de Directiva sobre mediación del 2004, los países de la Unión Europea han debido incorporar a sus legislaciones internas un elenco normativo mínimo para fomentar la mediación en los litigios transfronterizos de carácter civil y mercantil.
En esa tarea, sin embargo, muchos de esos países han ido más allá de lo que impone la señalada Directiva, incorporando también la mediación civil y mercantil como alternativa complementaria de solución de los conflictos internos, recogiendo así los lineamientos que planteara en su momento la Propuesta de Directiva recién mencionada y el interés generalizado, tanto de empresas como de abogados, de contar con una legislación interna que incluya la mediación comercial como previa y obligatoria.
Desde la dictación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 1881, hasta su reforma de 31 de agosto de 1984, la mediación en España —entonces llamada "conciliación"— fue obligatoria, elevada incluso al rango de presupuesto procesal por influjo de la Constitución de Cádiz de 1812, que dedicaba tres artículos a la conciliación obligatoria previa. Sin embargo, y debido a la falta de una regulación complementaria básica que incentivara su aplicación y reforzara sus efectos, con el correr del tiempo aquella "había quedado convertida en un rito carente de contenido, y sin eficacia pacificadora de contiendas ni en la vida social ni en el mundo empresarial".
Décadas más tarde, la ley española N° 5/2012, de 6 de julio, sobre Mediación en asuntos civiles y mercantiles, incorporó al Derecho español la Directiva 2008/52/CE, mencionada supra. En su regulación, sin embargo, la ley superó con mucho los contenidos y aspectos que la normativa comunitaria le mandaba transponer, orientados básicamente a incentivar el uso de la mediación en los conflictos transfronterizos, extendiéndose en general a todos los conflictos de derecho privado que tengan lugar en España con excepción, entre otros, de los asuntos de consumo.
En su Exposición de Motivos, la ley le asigna a la mediación el carácter de vehículo privilegiado para descomprimir el quehacer de los tribunales estatales, en el entendido que aquella contribuye a concebir a los tribunales de justicia en este sector del ordenamiento jurídico como un último remedio, en caso de que no sea posible componer la situación por la mera voluntad de las partes, y puede ser un hábil coadyuvante para la reducción de la carga de trabajo de aquéllos. En sus apartados II y III, a su vez, la misma Exposición fija los grandes lineamientos y fines de la Ley, señalando como tales (a) la desjudicialización de los asuntos civiles y mercantiles, para reducir la carga de trabajo de los tribunales; (b) la flexibilidad del contenido del acuerdo resultante de la mediación, con miras al logro de soluciones en las que no se aplique la ecuación "vencedor-vencido", propia del proceso heterocompositivo; y (c) la primacía del principio dispositivo y de la autonomía de la voluntad de las partes, por sobre el protagonismo de la ley.
Así, y tomando como base las disposiciones de la Ley Modelo UNCITRAL sobre Conciliación Comercial Internacional, de 24 de junio de 2002, la ley española le asigna a la mediación mercantil una función de primera línea para la solución de conflictos, sustentada en la autonomía de la voluntad y en el principio de igualdad de las partes y de equilibrio y respecto de sus opiniones (art. 8); en el de neutralidad e imparcialidad del mediador (art. 9); y en el principio base de la confidencialidad, por el que se prohíbe al mediador y a las partes revelar la información obtenida con ocasión del procedimiento y se releva adicionalmente, a las demás personas que hayan intervenido en el mismo, del deber de declarar luego en juicio o en un arbitraje (art. 9).
A partir de los años 90 del siglo pasado, y concretamente de la Ley N° 580/1993, sobre la reordenación de las cámaras de comercio, el derecho italiano ha experimentado un notorio avance en materia de mediación, plasmado finalmente en el Decreto Legislativo N° 28/2010, de 5 de marzo, que abandonó la lógica de la intervención sectorial del legislador en esta materia para implantar una disciplina general de la mediación en asuntos civiles y comerciales. Así, el artículo 5° del DL consagra en Italia la mediación previa como un requisito de procesabilidad de las acciones relativas a controversias en materia de copropiedad, derechos reales, división, sucesión hereditaria, pactos de familia, arrendamiento, comodato, alquiler de ascienda, responsabilidad por el daño causado por la circulación de vehículos y embarcaciones, responsabilidad médica y la que proviene de difamaciones por medios escritos o por cualquier otro medio de publicidad, y las derivadas de contratos de seguro, bancarios y financieros; sin perjuicio de la facultad del juez para proponer la mediación durante el curso del juicio. Asimismo, y a diferencia del sistema norteamericano y el de la mayoría de los países europeos, el modelo italiano se basa principalmente en los organismos o instituciones públicas o privadas de mediación, más que en los mediadores individualmente considerados, las que si bien están sometidas a las reglas del mercado y de la libre competencia, son fiscalizadas por el Estado mediante la inscripción previa en un registro que lleva el Ministerio de Justicia. Del mismo modo, el DL se encarga especialmente de velar por la calidad en la formación de los mediadores que prestan servicios en dichas instituciones, la que es controlada también por el Estado mediante la inscripción previa obligatoria de los organismos de formación, ante el mismo Ministerio.
La conciliación, aunque conceptualmente distinta de la mediación como mecanismo de autocomposición constituye un instrumento de general aplicación en el derecho alemán. El art. 278.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en efecto, exige que el tribunal promueva e intente en todo momento un acuerdo directo entre las partes. Todavía más, según el apartado 2° de la misma disposición, incorporado en el 2002, el juez está obligado a proponer un procedimiento de conciliación como requisito previo para iniciar el procedimiento contencioso, en la medida que ello "no resulte inútil", lo que se traduce en un sistema de obligatoriedad previa intermedia o atenuada, que radica en último término en el criterio del tribunal.
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 15 de la Ley de Introducción a la Ley alemana de Enjuiciamiento Civil (Gesetz betreffend die Einführung del Zivilprozesordnung), de 1999, faculta a los Estados Federales para que incorporen la mediación obligatoria previa para asuntos patrimoniales de poca cuantía (hasta 750 Euros), la que en todo caso debe llevarse a cabo ante un organismo de conciliación extrajudicial. Esta autorización, recogida por diversos estados, se ha traducido por ejemplo en fórmulas innovadoras como la de Baviera, donde se ha nombrado a los Notarios como organismos encargados de llevar a cabo estos procedimientos.
Según el art. 26.4, en efecto, el juez está facultado para derivar a las partes a mediación, antes y durante el procedimiento, y para suspenderlo en este último caso durante un mes. Tal llamado no es obligatorio, por cierto; pero la parte que se rehúsa injustificadamente a someterse a mediación, cuando el juez o la contraparte la sugieren con razonable fundamento, podrá ser sancionada con las costas del juicio.
Gracias a este sistema, en fin, y según estadísticas del Centre of Efective Dispute Resolution (CEDR), solo en el 2009 fueron resueltos en ese Centro 6.000 asuntos comerciales vía mediación.
Para concluir esta breve revisión de mecanismos de mediación en el derecho comparado, resulta de especial interés mencionar el novedoso sistema del court annexed mediation (mediación anexa a la Corte), aplicado en varios estados de los Estados Unidos de Norteamérica y en países de todos los continentes, como Sudáfrica, Puerto Rico, Filipinas y Australia —por nombrar algunos—, lo que evidencia una tendencia global hacia la mediación de asuntos patrimoniales.
La asistencia y participación de las partes y sus abogados a la mediación es generalmente obligatoria, a menos que el tribunal señale lo contrario. En el caso del estado de Mississippi, por poner un ejemplo, el Reglamento de Mediación Anexa a la Corte establece que la ausencia de alguna de las partes, o su falta de participación y colaboración en el procedimiento de mediación, podrá ser denunciada por la otra parte a la Corte respectiva, la que podrá sancionar a la parte o a sus abogados con el pago de los gastos razonables incurridos por cualquier incumplimiento a esta regla, incluyendo los honorarios del abogado de la otra parte y los del mediador. Estos últimos, por lo general, son pagados por la parte que solicitó la mediación, salvo acuerdo en contrario; o por ambas, si la decisión fue adoptada de oficio por el tribunal.
En un contexto como el chileno, en donde no existe mayor cultura respecto de la mediación mercantil y sus atributos, la puesta en marcha y el desarrollo de la misma en este ámbito supone algo más que el respaldo gubernamental a iniciativas públicas o privadas de estímulo a la mediación, o el apoyo financiero a programas, centros o actividades orientadas al mismo fin. Mucho más que eso, y como lo señalan también algunos estudios especializados, la experiencia comparada muestra que es altamente improbable encontrar un solo caso en que los intentos por introducir la mediación, solo mediante la promoción y la capacitación, haya sido exitoso. Ambos aspectos son útiles y necesarios sin duda; pero insuficientes en una etapa de lanzamiento que, como tal, no puede quedar entregada únicamente a las reglas del mercado.
En primer lugar, nos parece que el Estado legislador debe ofrecer una estructura normativa básica que le asegure a las partes la posibilidad de mediar eficazmente sus conflictos mercantiles; pero no solo como alternativa para evitar un juicio entre ellas, sea de forma previa obligatoria o por medio de un pacto de sujeción a mediación que lleve aparejada la declinatoria de competencia, sino también como manera de suspender el juicio que ya se ha iniciado y de disponer por ende de su objeto, si se trata de materias disponibles en derecho. El juez, antes o durante el juicio, debe tener la facultad de invitar o incluso de forzar a las partes —y para determinados asuntos— a someterse a un procedimiento de mediación ante mediadores calificados y debidamente certificados, sea de oficio o a solicitud fundada de alguna de las partes, incluyéndose aquí —como lo han hecho ya algunas legislaciones extranjeras según lo dicho supra- la posibilidad de que el tribunal suspenda el procedimiento contencioso por tiempo prudencial, para intentar precisamente una solución amistosa por vía de mediación.
En virtud del principio de colaboración procesal, el justiciable se encuentra obligado a observar una conducta de cooperación con la función judicial, de cara a la solución de los conflictos, fundado en una concepción solidaria del proceso que entronca, finalmente, con el principio de la buena fe y probidad procesal. Dicho de otra forma, el deber de colaboración constituye concretamente una manifestación del principio general de la buena fe en el ámbito del proceso; o como dice Bustamante: "el conjunto de reglas de conducta, gobernadas por el imperativo ético, a las cuales deben ajustarse todos los sujetos del proceso (...)" que "proscribe la malicia, la mala fe y la deshonestidad como instrumentos inaceptables para ganar los pleitos". Elocuente resulta en este sentido la experiencia del ya mencionado Centro de Mediación y Arbitraje, de la Cámara de Comercio de Santiago —CAM Santiago—, que entre el 2013 al 2015 ha tenido un ingreso total de 38 mediaciones. De ellas, pues, ninguna se ha traducido en un acuerdo entre las partes —al menos hasta aquí—, lo que se debe en buena medida a la escaza colaboración de las mismas y a la opción preconcebida de sortear en el menor tiempo posible los efectos vinculantes de una cláusula de mediación previa que, más que una oportunidad para solucionar el conflicto, se ve como un obstáculo para recurrir derechamente a la vía arbitral o judicial.
No nos extenderemos mayormente en este aspecto por ahora, pues supera el ámbito material del que nos hemos propuesto como objeto de estudio. Sin embargo, no debe olvidarse que, de conformidad con el artículo 94 del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Chile AG, del 2011, la promoción de una solución alternativa a los conflictos constituye también un deber ético de los abogados que intervengan profesionalmente en ellos, y no solo una opción más a la que puedan echar mano eventual y discrecionalmente. Según la norma mencionada, que trata precisamente de la Resolución alternativa de conflictos, El abogado debe hacer los mejores esfuerzos para evitar o poner término a un conflicto judicial mediante los mecanismos legales, siempre y cuando favorezcan una justa transacción o resultado a favor de su cliente, lo que supone una colaboración también leal y de buena fe. Como apunta Martí, en fin, "Los abogados hemos tenido y tenemos desde tiempo inmemorial la obligación de conducir nuestro desempeño profesional por el camino de la concordia. Probablemente no todos, o no siempre, cumplimos con esa obligación deontológica; y en todo caso es más frecuente todavía el cliente más o menos comprometido, acaso indómito, que espera que lo que él entiende como su verdad se la diga un juez. Juegan en ello estrategias, intereses, compromisos y también, por qué no decirlo, un cierto sentido mítico de la justicia".
Finalmente, uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la mediación, a nivel interno e internacional, radica en la falta de regulación de algún mecanismo de ejecución del acuerdo resultante de la misma, que dé certeza a las partes en cuanto a su efectivo cumplimiento como ocurre con el arbitraje.
Por lo anterior, la mayoría de los ordenamientos jurídicos que han regulado la mediación civil y comercial han optado por asignarle mérito ejecutivo al acuerdo, con más o menos formalidades y sea que este se adopte antes o durante el proceso judicial, lo que supone nuevamente un compromiso del Estado legislador que, al menos hasta aquí, permanece ausente en el sistema judicial chileno.
La mediación comercial, en síntesis, es una novedad que toma fuerza en el derecho comparado y que, sin embargo, permanece ausente en la legislación chilena. Se trata, por lo mismo, de una realidad interna que describe incluso el peor de los escenarios, si se piensa en aquellos asuntos en donde las partes en conflicto, en vez de someterlos a la justicia ordinaria o a un proceso arbitral, prefieren reflejar derechamente los activos en disputa como una pérdida en sus balances financieros, resignando a priori toda posibilidad de mantenerlos o, en último término, de reasignarlos o reorganizarlos por la vía de una autocomposición mediada. Semejante panorama, pues, complota contra la competitividad de las empresas económicamente más débiles (principalmente micro y pequeñas empresas), que por lo mismo son las más sensibles y con mayor exposición al conflicto empresarial y a sus efectos económicos de cara a la explotación y subsistencia del giro comercial. Visto en términos agregados, se trata de un fenómeno que afecta a la economía nacional en su totalidad, con pérdidas macroeconómicas que el Estado bien podría evitar —al menos en buena parte— mediante la regulación y fiscalización de un sistema de mediación que, además de ofrecer soluciones que mantienen y promueven las relaciones comerciales entre las partes en conflicto, permite descargar al mismo tiempo a los tribunales de justicia respecto de asuntos que no han debido llegar a ellos.
4. Mientras que en el derecho comparado la mediación de asuntos comerciales y civiles ha sido considerada —e incorporada legalmente— como un mecanismo que apunta al interés colectivo, superador por ende del puro interés individual comprometido en el conflicto inter partes, en Chile no existe una regulación general de la misma ni, hasta aquí, iniciativas legislativas concretas que apunten a su aplicación en términos amplios.
No obstante lo anterior, algunas experiencias puntuales en mediación de asuntos patrimoniales, como el Programa de Mediación Vecinal/Comunitaria impulsado por el Ministerio de Justicia, o el plan piloto de mediación laboral de los años 2002 y 2004, por nombrar las principales, han dado auspiciosos resultados. De igual forma, la experiencia recogida por el "Sistema Nacional de Mediación", a cargo del mismo Ministerio, muestra que al menos en el ámbito familiar —único que ofrece datos estadísticos concretos— los resultados del sistema de mediación licitada han sido muy positivos, con altos índices de satisfacción de los usuarios. Distinta ha sido la experiencia con la mediación que lleva a cabo el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago, lo que se debe en buena parte a la falta de cooperación de las partes y de sus abogados.
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Enlaces de interés sobre la Mediación para Empresas:
1.- Centro de Arbitraje y Mediación - Cámara de Comercio de Santiago
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References: resolución 
 artículo 5
 artículo 15
 artículo 94
 Resolución 
 resolución