Source: http://www.slideshare.net/jorgeopiac/auto-n-218-de-2006
Timestamp: 2016-05-25 15:36:54+00:00

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REPUBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Tercera de Revisión AUTO N° 218 de 2006 Referencia: Sentencia T-025 de 2004 y Autos 176, 177 y 178 de 2005. Verificación de las medidas adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 sobre el problema del desplazamiento interno. Magistrado Ponente: MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSABogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil seis (2006)La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por losMagistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y RodrigoEscobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, haadoptado el presente Auto con el propósito de constatar si se ha demostradoque las órdenes impartidas en la sentencia T-025 de 2004 y los Autos 176, 177y 178 de 2005 han sido cumplidas, en forma tal que se haya avanzado demanera acelerada y sostenida en la superación del estado de cosasinconstitucional en relación con el problema del desplazamiento interno.I. ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA DE LA PRESENTEPROVIDENCIA.1. De conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, la CorteConstitucional “mantendrá la competencia hasta que esté completamenterestablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”.2. En la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró la existenciade un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento internoen el país, e impartió una serie de órdenes complejas dirigidas a varias
2autoridades de los niveles nacional y territorial, encaminadas a superar dichasituación.3. El día 29 de agosto de 2005, la Sala Tercera de Revisión de la CorteConstitucional profirió los Autos Nos. 176, 177 y 178 de 2005, en los cualesrevisó el grado de cumplimiento de las órdenes proferidas en la sentencia T-025/04 para proteger los niveles mínimos de satisfacción de los derechosfundamentales de la población en estado de desplazamiento, e impartió unaserie de órdenes encaminadas a que las entidades responsables de la atención ala población desplazada avanzaran de manera acelerada y sostenida hacia lasuperación de dicho estado en un plazo razonable.4. Dado que han transcurrido varios meses desde la adopción de los referidosAutos 176, 177 y 178, que se han cumplido varios de los términos otorgadospor la Corte para el cumplimiento de las ordenes allí impartidas, y que seavecina el cumplimiento del plazo más largo establecido en dichos Autos –asaber, un año a partir de su comunicación, que tuvo lugar el 13 de septiembrede 2005-, es necesario que la Sala determine si las entidades que conforman elSistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) ylas demás autoridades destinatarias de las referidas órdenes han demostradoque se está avanzando, o que, por el contrario, se han presentadoestancamientos o retrocesos en la adopción de las medidas y accionesnecesarias para superar el estado de cosas inconstitucional en materia dedesplazamiento forzado.5. La presente providencia se adopta con base en los diversos informes decumplimiento remitidos a esta Corporación por las entidades que conforman elSNAIPD y por otras autoridades destinatarias de las ordenes impartidas en losAutos 176, 177 y 178 de 2005. En total, la Corte analizó ochenta y dosinformes de cumplimiento, con sus anexos, provenientes de trece entidades.Dichos informes, que fueron presentados en forma mensual y bimensual,tienen en su conjunto una extensión de aproximadamente veinte mil folios,incluyendo los extensos anexos que les fueron adjuntados. Así mismo, laCorte se ha basado en la información pública y notoria sobre hechos atinentesal fenómeno del desplazamiento que han acaecido en los últimos meses en elpaís.6. El propósito de la presente providencia no es el de evaluar directamente lapolítica pública de atención a la población desplazada -asunto que compete adistintos organismos del poder público de conformidad con la distribución defunciones consagrada en la Constitución Política y la ley-, sino el de valorarlos informes de cumplimiento presentados a la Corte Constitucional por losdestinatarios de las órdenes impartidas en la sentencia T-025/04 y los Autos176, 177 y 178 de 2005, con miras a determinar (i) si tales entidades handemostrado apropiadamente que se ha superado el estado de cosasinconstitucional en materia de desplazamiento interno, o que se ha avanzado
3en forma significativa en la protección de los derechos de la poblacióndesplazada, y (ii) si se ha suministrado a la Corte información seria, precisa ydepurada para establecer el nivel de cumplimiento que han obtenido lasórdenes impartidas en las providencias judiciales mencionadas.7. Con base en la verificación efectuada en el presente Auto, así como en losAnexos donde constan los informes recibidos, la Corte procederá a efectuarlas observaciones pertinentes, solicitar las aclaraciones a las que haya lugar, yadoptar las determinaciones que sean relevantes y necesarias para garantizarque se cumpla con el propósito de solucionar el estado de cosasinconstitucional en materia de desplazamiento interno de manera coherente,seria, específica, sostenida y eficiente, en armonía con los mandatosconstitucionales aplicables.II. APRECIACION GENERAL SOBRE LA SITUACION DEL ESTADODE COSAS INCONSTITUCIONAL EN MATERIA DEDESPLAZAMIENTO INTERNO.1. El principal interrogante que ha de responder la Corte en el presente Auto esel siguiente: ¿las entidades que conforman el Sistema Nacional de AtenciónIntegral a la Población Desplazada han demostrado, mediante los informes quehan presentado a la Corte Constitucional, que se ha superado el estado decosas inconstitucional en materia de desplazamiento interno o que se haavanzado de manera acelerada y sostenida hacia su superación, por medio dela adopción efectiva y gradual de las medidas ordenadas en la sentencia T-025de 2004 y en los Autos 176, 177 y 178 de 2005?2. Con base en un análisis cuidadoso de los extensos informes decumplimiento remitidos por las entidades que conforman el SNAIPD, la CorteConstitucional concluye que hasta la fecha, a pesar de que se ha informadoa la Corte sobre ciertos avances importantes en áreas críticas de lapolítica de atención a la población desplazada, no se ha demostrado quese haya superado el estado de cosas inconstitucional declarado en lasentencia T/025 de 2004, ni que se esté avanzando en forma acelerada ysostenida hacia su superación. La falta de información que demuestre lasuperación de este estado de cosas inconstitucional, a pesar de las órdenesjudiciales encaminadas a superarlo, es un indicador de la persistencia de estagrave crisis humanitaria, que contraría numerosos mandatos de la ConstituciónPolítica y del derecho internacional, resumidas en los Principios Rectores delDesplazamiento Forzado Interno de 1998.13. En síntesis, las autoridades que integran el Sistema Nacional de AtenciónIntegral a la Población Desplazada no han demostrado satisfactoriamente ante1 Naciones Unidas, Doc E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998. Informe del Representante Especialdel Secretario General de Naciones Unidas para el tema de los Desplazamientos Internos de Personas, FrancisDeng.
4la Corte que hayan adoptado las medidas necesarias para resolver el referidoestado de cosas inconstitucional, a pesar de que tal y como se les ordenó en losAutos 176, 177 y 178 de 2005, tenían la carga de probar el cumplimiento desus obligaciones en este campo mediante el envío de informes periódicos a laCorte Constitucional. Los extensos informes de cumplimiento recibidos enesta Corporación, que en varios casos tienen cientos de páginas de extensiónjunto con sus Anexos –y que, en total, suman aproximadamente veinte milfolios-, no aportan una prueba idónea sobre el cumplimiento adecuado de loordenado en la sentencia T-025/04 y los Autos referidos. La Corte haconstatado un avance en la factura de algunos informes, pero globalmente,después de analizar los recibidos en forma mensual o bimensual desde el mesde octubre de 2005, es claro que continúan siendo deficientes.4. En efecto, la mayoría de los informes de cumplimiento recibidos por laCorte Constitucional adolecen de varios problemas, entre los cuales se resaltanlos siguientes: (i) contienen un alto cúmulo de información que resultairrelevante para determinar el cumplimiento de lo ordenado en los Autos enmención; (ii) su extensión es, a todas luces, excesiva, lo cual dificulta laidentificación de las medidas específicas relativas al desplazamientoefectivamente adoptadas por las entidades correspondientes, y en algunoscasos parecerían disimular el escaso cumplimiento otorgado a las órdenesimpartidas en la sentencia y los Autos mediante la presentación de altascantidades de datos poco pertinentes; (iii) son inconsistentes, tanto en símismos como a lo largo del tiempo – es decir, la información suministrada a laCorte en diferentes secciones del mismo informe es inconsistente, o varía deun informe bimensual de cumplimiento al siguiente, lo cual revela faltas en suelaboración y presentación, así como inconsistencias y falencias en la políticade atención a la población desplazada; (iv) en no pocos casos, las distintassecciones de un mismo informe contienen párrafos idénticos, incluso copiadosliteralmente de informes anteriores, lo cual muestra que el proceso de reportara la Corte Constitucional los avances en el cumplimiento de lo ordenado en losAutos de 2005 se convirtió en un procedimiento mecánico y formal.Las anteriores falencias, que no son las únicas detectadas por la Corte sino lasmás prominentes, comprueban que salvo algunas excepciones –a saber, losinformes remitidos por el Ministerio de Agricultura, el ICBF, el SENA y elMinisterio de Educación- los informes de cumplimiento a ella remitidos soninapropiados e inconducentes. En conclusión, no constituyen una pruebaidónea sobre el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-025 de 2004 ylos autos referidos y, por supuesto, están lejos de mostrar que se estáavanzando de manera acelerada y sostenida en la superación de las causas delestado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada,como se exigió en los Autos 176, 177 y 178 de 2005 de esta Sala.5. A pesar de la existencia de dichos problemas, la Corte Constitucional haanalizado cuidadosamente la totalidad de la información que se consigna en
5los referidos informes. Con base en ello, la Corte concluye que a pesar de quese ha informado sobre avances puntuales en ciertas áreas concretas de lapolítica de atención a la población desplazada, no se ha demostrado que losderechos constitucionales fundamentales de la población en estado dedesplazamiento forzado hayan dejado de ser desconocidos de manerasistemática y masiva, ni que las medidas adoptadas por las entidadesnacionales y territoriales responsables de atender a la población víctima dedesplazamiento forzado hayan sido suficientes o conducentes para superar elestado de cosas inconstitucional en este campo, o para avanzar sostenida yaceleradamente hacia su superación. Por tal razón, es necesario adoptarcorrectivos urgentes e inmediatos para garantizar que se avance en lasuperación de dicho estado de cosas inconstitucional.6. A partir de la anterior conclusión, se pregunta la Corte Constitucional si lasentidades públicas competentes han otorgado alguna explicación para no haberlogrado demostrar que han avanzado adecuadamente en la adopción demedidas que permitan superar el estado de cosas inconstitucional declarado enla sentencia T-025 de 2004. La respuesta es negativa: los informes decumplimiento que ha examinado la Corte, lejos de admitir que no se ha podidoavanzar adecuadamente y proveer explicaciones sólidas para ello, reportancomo resultados de avance lo que son meros propósitos, acciones futuras, oplanes y programas sin desarrollo alguno, o constituyen informes decumplimiento parcial de las obligaciones constitucionales y legales que asistena las entidades del SNAIPD dentro de sus diversas áreas de competencia.7. En el mismo sentido, la Corte se pregunta si, dado el evidente atraso en lademostración del cumplimiento de lo ordenado en los Autos 176, 177 y 178para adoptar las medidas conducentes a la superación del estado de cosasinconstitucional y dado el vencimiento de varios de los plazos otorgados paraello, las entidades han solicitado el otorgamiento de alguna prórroga. Larespuesta es, nuevamente, negativa.8. En esa medida, en la presente providencia no se otorgarán nuevos plazospara el cumplimiento de lo ordenado en las referidas providencias, sino que –sin perjuicio de todo lo ordenado en los Autos 176, 177 y 178 de 2005 asícomo en la sentencia T-025 de 2004- se señalarán las áreas en las cuales losinformes de cumplimiento evaluados dejan entrever los mayores rezagos,advirtiendo a las autoridades competentes que, dentro del plazo restante, es suobligación constitucional no sólo adoptar los correctivos a que haya lugar,sino presentar a la Corte el informe correspondiente, según lasespecificaciones que se indican posteriormente. Dicho plazo, el más largofijado en los Autos 176, 177 y 178 de 2005, vence el día 13 de septiembre de2006 –en este sentido, aclara la Corte que si bien se otorgaron plazos dedistinta duración a las distintas entidades que recibieron órdenes en los Autos176, 177 y 178 de 2005, para efectos de la demostración del cumplimiento de
6dichas órdenes se habrá de tomar el término más largo allí conferido, a saber,un año-.III. AREAS DE LA POLITICA DE ATENCION A LA POBLACIONDESPLAZADA EN LAS QUE SE PRESENTAN LOS PROBLEMASMAS GRAVES Y LOS REZAGOS MAS SIGNIFICATIVOS.La Corte Constitucional considera especialmente preocupante que losinformes de cumplimiento -presentados por las entidades del SNAIPD y losdemás destinatarios de las órdenes impartidas en la sentencia T-025/04 y losAutos 176, 177 y 178 de 2005- no solo distan de ser aptos para demostrar lasuperación del estado de cosas inconstitucional o la adopción de medidas parasu resolución, sino que dejan entrever serios atrasos en diez áreas críticas dela política de atención a la población desplazada. Por ello, esta Sala impartiráen la presente providencia mandatos específicos, encaminados no sólo asuperar los rezagos o situaciones problemáticas que en ellas se han detectado,sino a que las entidades competentes informen en forma clara, transparente yconcisa sobre la adopción de medidas conducentes a su superación. Las diezáreas críticas son las siguientes:(1) la coordinación general del sistema de atención a la población desplazada;(2) las actividades de registro y caracterización de la población desplazada enel país;(3) el aspecto presupuestal de la política de atención a la poblacióndesplazada, tanto en su formulación como en su proceso de ejecución material;(4) la ausencia general de indicadores de resultado significativos basados en elcriterio del “goce efectivo de los derechos” de la población desplazada entodos los componentes de la política, a pesar del avance de algunas entidadesal respecto;(5) la falta de especificidad en la política de atención a la poblacióndesplazada, en sus diferentes manifestaciones;(6) la desprotección de los grupos indígenas y afrocolombianos, especialmenteafectados por el desplazamiento interno en los últimos meses;(7) la escasa seguridad para los procesos de retorno de la población desplazadaa sus tierras;(8) la falta de diferenciación entre la atención recibida por los desplazadosrecientes frente a quienes se desplazaron antes de la adopción de la sentenciaT-025 de 2004 y los Autos 176, 177 y 178 de 2005;(9) la deficiente coordinación de las labores adelantadas por las entidadesterritoriales por parte del Ministerio del Interior y de Justicia; y(10) la ausencia de un enfoque de prevención dentro de la política pública deatención a la población desplazada, y en particular dentro de las operacionesmilitares y de seguridad adelantadas por el Estado.1. Falta de coordinación del sistema de atención a la población desplazaday fragmentación de la política de atención.
7La Corte Constitucional ha detectado, desde la sentencia T-025/04, una visibledescoordinación general de la política de atención a la población desplazada.La falta de coordinación propicia, a su vez, la fragmentación de esta política ydificulta su implementación consistente y efectiva, así como la adopción deuna perspectiva de conjunto que permita evaluar sus resultados, adoptar loscorrectivos pertinentes y facilitar su desarrollo gradual, pero acelerado, a lolargo del tiempo.La obligación de coordinar el sistema recae, de conformidad con el Decreto250 de 2005, sobre Acción Social; sin embargo, no hay en los informespresentados a la Corte por esta entidad indicación alguna sobre elcumplimiento de su rol de coordinación del sistema. Al mismo tiempo, en elAuto 178 de 2005 se impartió una orden clara al CNAIPD, encaminada asuperar las falencias en la capacidad institucional del sistema de atención a lapoblación desplazada como un todo2. Para dar cumplimiento al mandato encuestión, el CNAIPD debía adoptar un programa de acción coordinado, conuna serie de indicadores de resultado comunes, para efectos de superar en unplazo máximo de seis meses las falencias institucionales allí identificadas.Vencido el término que fue otorgado al CNAIPD en el Auto 178/05 paraadoptar tal programa de acción coordinado, dicho Consejo no ha demostradoadecuadamente que le haya dado cumplimiento a lo ordenado. En losdiferentes informes de cumplimiento remitidos por este organismo a la CorteConstitucional se provee información sobre la adopción de medidas puntuales,tales como (a) la promulgación de Acuerdos sobre el tema de participación dela población desplazada o la respuesta a sus peticiones, así como sobre laadopción de “mecanismos para definir responsabilidades en la ejecución delos programas institucionales para la población desplazada y el planpermanente de formación, entrenamiento y preparación de los funcionarios”2 La orden impartida en este sentido al Consejo fue: “Cuarto.- ORDENAR al Consejo Nacional de AtenciónIntegral a la Población Desplazada por la Violencia, que en un plazo de tres (3) meses, contados a partir dela comunicación del presente auto, establezca y ponga en marcha prontamente un programa de accióncoordinado para la superación de las falencias en la capacidad institucional señaladas en el párrafo 3.6. delAnexo a este Auto, relativo a la “Evaluación del cumplimiento de la orden contenida en le ordinal cuarto dela parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004”, a fin de que en el plazo máximo de seis (6) meses,contados a partir de la comunicación del presente auto, tales falencias en la capacidad institucional hayansido efectivamente superadas. Para ello el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazadapor la Violencia deberá adelantar las 9 acciones descritas en el considerando 11 de este Auto”. Las falenciasidentificadas en el Auto 178/05 en la capacidad institucional del sistema de atención a la población desplazada fueron lassiguientes: “3.6. La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las organizaciones de desplazadosy el ACNUR señalan como falencias que aún no han sido superadas, las siguientes: (i) la falta de una estrategia y unplan de contingencia que asegure la suficiente apropiación de recursos para la implementación de políticas de atención;(ii) la falta de capacitación de los funcionarios responsables; (iii) las dificultades para establecer el nivel de cobertura delos programas de cada entidad del sistema; (iv) el bajo nivel de compromiso de las entidades territoriales; (v) la falta deindicadores de seguimiento y evaluación que permitan, entre otras cosas, medir el goce efectivo de los derechos; (vi) lafalta de claridad en la definición de las competencias institucionales; (vii) la falta de instrumentos de coordinaciónadecuados para la Red de Solidaridad; (viii) la falta de precisión en el establecimiento de plazos para cumplir con losobjetivos planteados en el Plan Nacional de Acción; (ix) la falta de personal suficiente y adecuadamente capacitado paraatender a la población desplazada; (x) la falta de mecanismos eficaces para que toda la población desplazada conozcaoportuna y totalmente el contenido de sus derechos y de las políticas, así como sobre los requisitos y procedimientos paraacceder a los distintos programas institucionales; (xi) la falta de mecanismos para vincular a la sociedad civil en elapoyo a programas de atención a la población desplazada; (xii) la ausencia de procesos de capacitación adecuados paralos funcionarios que atienden a la población desplazada; y (xiii) la falta de mecanismos adecuados para superar la bajacobertura y las deficiencias de los programas de estabilización económica y de vivienda”
8–algunos de los cuales, según se informa, no han sido publicados por virtud dela Ley de Garantías Electorales-, (b) la conformación de mesas territoriales deapoyo a las organizaciones de población desplazada, (c) la evaluación de losinformes de la Mesa Nacional de Fortalecimiento a las Organizaciones dePoblación Desplazada, (d) la generación de directrices dirigidas a las entidadesque conforman el SNAIPD sobre distintos aspectos atinentes a sucompetencia, o (e) la generación de informes y recomendaciones sobre losaspectos presupuestales de la política de atención a la población desplazada,entre otras.Para la Corte Constitucional, si bien estas actividades pueden ser importantesen sí mismas, no suplen la ausencia de una instancia central coordinadora que,a través de la adopción e implementación de un programa de acción generalpara las diferentes entidades que conforman el SNAIPD –que incluya eldiseño y aplicación de una serie de indicadores de resultado coherente yefectiva-, asegure el desarrollo y ejecución armónico y coordinado de lapolítica pública referida, según ha sido previsto en las normas reglamentariasaplicables. Igualmente, de los informes de cumplimiento presentados porAcción Social no se deduce que ésta haya asumido a cabalidad lasobligaciones que le corresponden en tanto coordinador del sistema. Por otraparte, si bien en algunos de los informes de cumplimiento remitidos a la Cortepor el CNAIPD se anuncia que se adoptará un programa coordinado para lasuperación de las falencias en la capacidad institucional, y se informa sobrealgunas acciones puntuales encaminadas a desarrollar eventualmente dichoprograma, el mismo todavía no ha sido formulado, a pesar de que el términode seis meses conferido para ello venció en marzo de 2006, sin que en losinformes posteriores haya explicaciones que justifiquen el rezago.Verificada, con base en los informes presentados, la aparente persistencia deuna falta de coordinación efectiva del sistema por parte de Acción Social, asícomo el retraso en el cumplimiento de la orden impartida al CNAIPD y elvencimiento del término dentro del cual debió ser cumplida, debe resaltar laCorte que la ausencia de una instancia central de coordinación en la ejecuciónde la política pública de atención al desplazamiento interno tiene comoconsecuencia directa la fragmentación y falta de armonía de sus diferentescomponentes, todo lo cual redunda negativamente sobre la protección de losderechos fundamentales de las personas desplazadas por la violencia. Esimperativo, en esa medida, que dentro del tiempo que resta para que se cumplael término de un año a partir de la comunicación del Auto 178/05, AcciónSocial adopte los correctivos que le permitan cumplir con sus labores decoordinación del sistema y el CNAIPD de cumplimiento a lo que le fueordenado en este ámbito.2. Problemas en las áreas de registro y caracterización de la poblacióndesplazada.
92.1. El problema del subregistro es una falencia que ya había sido indicada enlos anteriores pronunciamientos de esta Corporación. Para la Corte es claroque existe una marcada discrepancia entre las dimensiones reales delfenómeno del desplazamiento interno y las cifras incluidas sobre el mismo enel Registro Único de Población Desplazada, y que no se ha suministradoinformación adecuada para demostrar que se haya solucionado taldiscrepancia. La existencia de sistemas no gubernamentales de registro de lapoblación desplazada, cuyas cifras sobrepasan con mucho a las que seincluyen en el SUR, así como el reconocimiento en discursos y presentacionespúblicas de cifras cercanas a los 3 millones de desplazados por parte delDirector de Acción Social, indica, cuando menos, que el sistema oficial deregistro subdimensiona significativamente este grave problema nacional,problema que también ha sido señalado enfáticamente por la ProcuraduríaGeneral de la Nación y las organizaciones de población desplazada. Comoconsecuencia, la totalidad de la política pública para la atención deldesplazamiento interno se encuentra formulada sobre presupuestos que nocorresponden a la dimensión real del problema que se pretende atender.Si bien Acción Social reportó, en sus primeros informes de cumplimiento, quese estaba implementando un sistema de estimación de fuentes contrastadaspara efectos de medir el subregistro e implementar los correctivosprocedentes, en los últimos informes de cumplimiento recibidos por la Cortese guarda silencio sobre el tema. En otras palabras, cerca de un año hatranscurrido desde que la Corte señalara, en las providencias adoptadas enagosto 29 de 2005, que el problema de subregistro debía ser resuelto, y aún nose ha probado que se hayan adoptado las medidas procedentes para solventaresta grave falencia de la política pública. En este ámbito, la responsabilidadrecae sobre Acción Social, que es la entidad gubernamental encargada delregistro de la población desplazada y de la demostración de la superación delos problemas en este campo.La Corte entiende que el subregistro obedece, en muchos casos, a la falta dedisposición de la población desplazada a registrarse como tal en el sistemaoficial de registro –por distintos motivos, incluyendo el temor, la reticenciafrente a las autoridades y la ausencia de información sobre la existencia dedicho sistema-. Sin embargo, ello no excusa la inacción de la entidadgubernamental encargada de medir esta alarmante realidad nacional en lostérminos más precisos posibles. No es aceptable que una autoridadgubernamental como Acción Social se escude en razones como las que sepresentaron en contestación al informe de cumplimiento de la ProcuraduríaGeneral de la Nación para exonerarse de su deber de medir el desplazamientointerno en sus reales dimensiones: “En cuanto a su afirmación referida al Subregistro y a la deficiencia de información, le informamos que Acción Social posee los instrumentos técnicos y los procedimientos para medir el fenómeno del desplazamiento y presentar las cifras que reflejan la evolución del mismo tomando como base la información
10 que cada persona reporta sobre su condición al momento de rendir su declaración como desplazado. Si bien es cierto que las cifras del Registro Único de Población Desplazada no coinciden con las presentadas por otras fuentes, esto parte de la base que el Registro tiene como propósito, registrar a cada hogar y persona que solicita se le reconozca tal condición, así como la de facilitar para cada persona el acceso a la atención que el Estado colombiano ofrece. Por su parte, el fenómeno del subregistro es el fenómeno de abstinencia de la población desplazada a rendir una declaración ante el Ministerio Público, se presenta básicamente por que la población no posee información sobre sus derechos, tiene desconfianza en los funcionarios e instituciones del Estado, desea anonimato ante la situación del desplazamiento o tiene temor a poner en riesgo la seguridad personal y la del hogar. El subregistro por tanto es dimensionable desde el año 1997 (con la expedición de la Ley 387), hacia delante, previo a ello no es posible obtener una medición como quiera que el marco legal vigente no contempla tal función. En este orden de ideas, ni la antigua Red de Solidaridad ni la actual Acción Social pueden atribuirse funciones que no se encuentran previamente establecidas por la Ley, en la medida que estarían extralimitando el ejercicio de sus funciones, tal como lo dispone el artículo 6 de la Constitución Política”Al contrario, la Corte considera que una de las principales obligaciones deAcción Social en virtud del Decreto 250 de 2005 en relación con el registro dela población desplazada es la de solventar los problemas de (i) discrepanciaentre los distintos sistemas oficiales y no gubernamentales de medición deldesplazamiento, y (ii) falta de registro de la población efectivamentedesplazada dentro del sistema oficial de medición. En la medida en que lasautoridades no tengan información completa y veraz sobre las dimensiones delproblema que pretenden atacar, sus actuaciones estarán diseñadas yformuladas sobre la base de estimaciones erróneas y, por ende, no tendránplena efectividad para contrarrestar la crisis humanitaria generada por eldesplazamiento.Adicionalmente, la Corte advierte que en los últimos seis meses ha habido unmayor número de quejas presentadas tanto informalmente ante estaCorporación como a través de acciones de tutela instauradas en las distintaslocalidades donde se presenta el fenómeno del desplazamiento, en relacióncon la existencia de mayores obstáculos y renuencia o negativa de losfuncionarios encargados del registro a incluir dentro del sistema a casosrecientes de desplazamiento forzado, dejando así excluidos del sistema deprotección a individuos y familias que requieren atención inmediata por suscondiciones de desprotección. También se ha informado a la Corte sobrereiteradas negativas a registrar segundos desplazamientos, desplazamientosintraveredales e intraurbanos, desplazamientos originados en operaciones depolicía o militares en las que no se ha incluido un componente humanitario niun plan de contingencia humanitario, así como las solicitudes de registrodespués del primer año de ocurrido el desplazamiento. Estas situaciones hanocurrido en relación con casos de desplazamiento que han sido públicamente
11conocidos, como ha sucedido en los departamentos de Nariño, Cauca,Antioquia, Chocó, Putumayo y Caquetá, entre otros.En resumen, Acción Social todavía está en el deber de probar ante la CorteConstitucional que ha adoptado las medidas necesarias para solventar losproblemas en el campo del registro de la población desplazada que se hanseñalado en este acápite, puesto que hasta la fecha los informes por ellapresentados distan de ser adecuados para dicho propósito.2.2. En relación con el proceso de caracterización de la población desplazadaque se encuentra incluida en el SUR, la Corte observa que los informes decumplimiento a ella presentados son indicativos de un significativo atraso enel cumplimiento de las obligaciones de Acción Social en este campo.El contenido de la orden impartida en el Auto 178 de 2005 en relación con elproceso de caracterización fue claro y se expresó en términos inequívocos: sepretendía que en el término perentorio de tres meses, el Director de la Red deSolidaridad Social –hoy Acción Social- hubiese adoptado las medidasrequeridas para que el proceso de caracterización se hubiese culminadoefectivamente en el lapso de un año, es decir, para septiembre de 2006. Enefecto, dicho funcionario debía, en un plazo de tres meses, diseñar,implementar y aplicar prontamente los procedimientos y correctivosrequeridos para superar los distintos problemas indicados, con igual claridad,en el mismo Auto 178/05, “a fin de que en el plazo máximo de un (1) año,contado a partir de la comunicación del presente Auto, se haya culminado elproceso de caracterización de la población desplazada por la violencia”. LaCorte se preguntará, pues, si (i) efectivamente se demostró que, dentro deltérmino de tres meses (es decir, hasta el 13 de diciembre de 2005) AcciónSocial no solo diseñó, sino que implementó prontamente los procedimientos ycorrectivos necesarios para la resolución de los problemas indicados en elAuto 178/05, y (ii) si tal y como se han desarrollado hasta la fecha lasactividades de Acción Social en relación con el proceso de caracterización dela población desplazada, es probable o factible que para septiembre de 2006dicho proceso se haya culminado.De entrada se observa que Acción Social no demostró haber cumplido la ordenque le fue impartida en el Auto 178 de 2005, en el cual se estableció quedentro del término de tres meses –es decir, hasta el 13 de diciembre de 2005-debía adoptar las medidas necesarias para que, a más tardar un año después, elproceso de caracterización de la población desplazada se hubiera completado.Pues bien, fue hasta el primer semestre de 2006 que Acción Social informósobre la adopción de un Plan Nacional de Caracterización que, hasta la fecha,se encuentra en sus primeras fases de aplicación y presenta, como lo reconocela misma Acción Social, un retraso importante en su implementación. En esteorden de ideas, resulta claro que para el momento en el cual se venza eltérmino de un año conferido por la Corte –el 13 de septiembre de 2006-, elproceso de caracterización de la población desplazada no habrá finalizado.
12Lo que es más significativo es que el Plan Nacional de Caracterización noprevé los instrumentos necesarios para que, una vez finalizado dicho procesode caracterización, se focalice la política pública de atención a la poblacióndesplazada de conformidad con los resultados que arroje su aplicación. Esdecir, parecería que el proceso de caracterización ha sido visualizado porAcción Social como un fin en sí mismo, y no como un medio para adaptar lapolítica pública de atención a la población desplazada a las realidades que sehayan observado durante tal caracterización.2.3. De particular relevancia en este sentido es la incorporación de un capítuloespecial sobre el tema del sistema estatal de información sobre desplazamientoforzado en el Documento CONPES 3400. Dicho capítulo dice, en lopertinente: “VII. SISTEMAS DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA POLITICA DE ATENCION AL DESPLAZAMIENTO FORZADO Una de las más graves falencias institucionales en el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de la política de atención a la PD es la precariedad de los sistemas de información. Aunque el Estado colombiano, a través del Sistema Único de Registro (SUR), ha hecho importantes avances para caracterizar y medir la magnitud del desplazamiento, y, así mismo, las entidades del SNAIPD están avanzando en la puesta en marcha de sistemas de información, aún se presentan entre otras, las siguientes restricciones: (i) No toda la PD inscrita en el SUR está caracterizada ya que hasta el momento sólo se han incluido en este ejercicio los desplazamientos individuales y la tercera parte de los masivos; (ii) Algunas de las entidades del SNAIPD aún no diferencian en sus sistemas de información la PD del resto de la población beneficiaria de sus programas regulares, lo que impide conocer el estado de la atención en cada uno de los componentes; (iii) Un número significativo de la PD aún no cuenta con cédula de ciudadanía, lo que impide cruzar la información del Sistema Único de Registro – SUR con las bases de datos de las entidades del SNAIPD y dificulta la atención en programas que requieren de identificación del usuario; (iv) No es posible cruzar información poblacional entre municipios expulsores y receptores para promover la atención de los afectados a través de cuentas de compensación. Tal es el caso del régimen subsidiado en el que los municipios receptores son reacios a atender desplazados toda vez que su afiliación y financiación corresponde a otros municipios. (…) En respuesta a lo anterior, resulta urgente dotar a la política con mejores procedimientos e instrumentos de generación y administración de información, así como con mecanismos permanentes y robustos de seguimiento y evaluación que permitan superar las dificultades mencionadas. Generación y administración de la información Resolver los problemas de información existentes constituye uno de los objetivos principales de la política de atención a la PD. Con ello se busca contar con información oportuna y de calidad para formular mejores intervenciones, controlar sus resultados y evaluar sus impactos sobre la población objetivo. Igualmente, se busca dotar al Estado de elementos para poder responder de manera más ágil frente a la magnitud y eventualidades del problema del desplazamiento forzado.
13 Por estas razones se adelantarán las siguientes acciones: (i) El gobierno nacional, a través de Acción social, definirá protocolos de caracterización que incluyan la definición de estándares y procedimientos más ágiles para adelantar este proceso, tanto al nivel de las entidades del gobierno, con base en el SUR, como al nivel de las entidades no públicas, a través del Sistema de Estimación por Fuentes Contrastadas – SEFC-. Esta actividad deberá ser realizada en un plazo no superior a 6 meses; (ii) Las entidades del gobierno nacional iniciarán de manera inmediata, y concluirán en un plazo no superior a 6 meses, la implementación de procedimientos de registro que diferencien la atención brindada a la PD del resto de beneficiarios de sus programas. Para esto, Acción Social brindará apoyo técnico a las entidades del SNAIPD e identificará las áreas en que se requiera el fortalecimiento de los sistemas de información, así como los procedimientos para ello. Para lograr este propósito en el nivel territorial, Acción Social identificará los mecanismos jurídicos y administrativos que garanticen la obligatoriedad de diferenciar a la PD en la oferta de beneficios públicos ofrecidos por los departamentos y municipios. Las propuestas sobre los mecanismos mencionados deberán ser remitidas a la Corte Constitucional previo a la emisión del auto administrativo que desarrolla la sentencia T-025 en este aspecto; (iii) Para resolver los problemas de cedulación que impiden la adecuada atención de beneficiarios en algunos de los programas de la oferta estatal, se vinculará de manera permanente a la Registraduría Nacional como parte del CNAIPD y dentro de éste se le solicitará revisar y mejorar el alcance del convenio de cedulación que adelanta con Naciones Unidas (ACNUR). Como complemento a lo anterior, Acción Social definirá un mecanismo permanente de coordinación con la Registraduría con el cual, con base en la información del SUR, se asegure una mejor focalización del programa de cedulación en los municipios con mayor población no cedulada. (iv) Por último, para resolver los problemas que impiden cruzar información poblacional entre los municipios, Acción Social, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y el Comité Técnico del COINFO, identificará las áreas en las cuales con mayor urgencia se requieren mecanismos para cruzar información intermunicipal y propondrá acciones a las entidades pertinentes. Como complemento a lo anterior, se deberá establecer un esquema de cuentas de compensación que faciliten la atención de la PD. Acción Social, con el apoyo técnico del DNP, definirá un esquema que será presentado a consideración del Conpes. (…)”La Sala observa una importante discrepancia entre el contenido de esteDocumento CONPES y el de los informes de cumplimiento presentados porAcción Social en relación con el tema del registro y caracterización de lapoblación desplazada. Especialmente significativa es la falta de acción enrelación con el proceso de cedulación de los ciudadanos desplazados quetodavía no tienen un documento de identidad válido y por lo mismo no puedeningresar al sistema.2.4. La Corte ha de resaltar con el mayor énfasis la importancia crítica quetiene el proceso de registro y caracterización de la población desplazada por laviolencia, para efectos de formular e implementar una política públicadestinada a garantizar efectivamente los derechos constitucionales de dichosegmento poblacional. Se reitera que el diseño mismo de tal política públicade atención, así como su materialización, seguimiento y evaluación, dependenen su alcance, oportunidad y efectividad, de la calidad y precisión de lainformación recopilada en las bases de datos oficiales sobre poblacióndesplazada.En ese sentido, todos los componentes de la política pública de atención ala población desplazada dependen, para su debida formulación y
14ejecución, de un adecuado proceso de registro y caracterización. Cualquieratraso, rezago o falla en el proceso de registro y caracterización de lapoblación desplazada por la violencia tiene un impacto directo sobre latotalidad de los elementos que integran la política pública en referencia. Hastatanto los problemas del proceso de registro y caracterización no sean resueltos,no se podrá avanzar de manera confiable, acelerada, específica y sostenida enla resolución de los diversos y complejos problemas que conforman el estadode cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025/04. Por ello, el temadel registro y caracterización de la población desplazada ocupa, como loreconoce el propio Documento CONPES citado, un lugar de primera prioridady tiene una importancia estratégica dentro del proceso como un todo –prelación que, a juzgar por los informes remitidos a la Corte, no le ha sidodebidamente conferida por Acción Social.En ese mismo orden de ideas, la Sala enfatiza que los esfuerzos de registro ycaracterización de la población desplazada constituyen una pieza clave en lasuperación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamientointerno, ya que dicho estado de cosas surge de la discrepancia existente entrela magnitud real del problema y la respuesta estatal y social al mismo, como seestableció en la sentencia T-025 de 2004.3. Aspecto presupuestal de la política de atención a la poblacióndesplazada.Las insuficiencias presupuestales fueron identificadas como una de lasprincipales causas estructurales del estado de cosas inconstitucional en que seencuentra la población desplazada, en la sentencia T-025 de 2004. Desdeentonces se ha informado sobre avances significativos en la cuantificación delos recursos necesarios para financiar las políticas en la materia. El últimoestimativo efectuado por el DNP ha evolucionado de 4.7 a 5.1 billones depesos para atender a la población desplazada hasta diciembre de 2005.También se han identificado globalmente las fuentes donde se conseguiríanlos recursos faltantes. Además, se ha aumentado el presupuesto apropiado paracumplir los compromisos derivados de la política sobre desplazamientointerno y derivados de las órdenes impartidas por la Corte. En varias entidadesse ha mejorado también en la ejecución de tales recursos. No obstante, lainversión social focalizada en los desplazados y su financiación plena yoportuna, seguía siendo deficiente a agosto de 2005.Por eso, en el Auto 176 de 2005, la Corte impartió una serie de órdenesespecíficas en materia presupuestal. Específicamente, se ordenó al Ministro deHacienda y Crédito Público, al Director de Acción Social y al Director delDepartamento Nacional de Planeación: (1) que diseñaran un cronograma en elcual se efectuara una estimación del ritmo y los mecanismos con los cuales sedestinarían en forma efectiva los recursos que DNP había calculado comonecesarios para cumplir la política pública de atención al desplazamiento
15forzado, y señaló los requisitos que debía cumplir dicho cronograma3; (2) queactualizaran periódicamente los cálculos efectuados conforme a la evolucióndel fenómeno del desplazamiento interno en el país, para lo cual se advirtió alDirector del DNP que es su deber realizar y comunicar oportunamente loscálculos de actualización a los que haya lugar4; (3) que indicaran, en cada unade las vigencias fiscales relevantes, los detalles específicos de las asignacionespresupuestales efectivamente destinadas a la atención de la poblacióndesplazada por parte de las entidades del orden nacional5; (4) que se enviaranreportes a la Corte, a la finalización de cada vigencia fiscal, indicando laforma precisa en que se había ejecutado el presupuesto destinado a la atenciónde la población desplazada6; y (5) teniendo en cuenta que dentro del procesose había demostrado la falta de compromiso de las entidades territoriales hacia3 La parte resolutiva del Auto 176 expresa a este respecto: “Primero.- ORDENAR, por intermedio de la SecretaríaGeneral de la Corte Constitucional, que a más tardar el día 1º de diciembre de 2005, el Ministro de Hacienda y CréditoPúblico, el Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, yel Director del Departamento Nacional de Planeación, remitan a esta Corporación así como al Procurador General dela Nación, al Defensor del Pueblo y al Contralor General de la República, un cronograma mediante el cual señalen aqué ritmo y mediante qué mecanismos se destinarán los recursos estimados por el Departamento nacional de Planeacióncomo necesarios para la implementación de la política pública de atención a la población desplazada encaminada asuperar el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004. Este cronograma incluirá, comomínimo: 1. El monto total de dineros que serán asignados con el fin de ejecutar la política de atención a la poblacióndesplazada, desagregado: (a) por vigencias fiscales; (b) estableciendo la proporción de éstos que provienen de lacomunidad internacional, de las entidades territoriales, de la Nación, u otras fuentes; (c) individualizando las personas uorganismos responsables de la consecución de los recursos y de su ejecución; (d) señalando los recursos que provendrándel presupuesto de cada entidad del nivel nacional responsable de la ejecución de la política de atención a la poblacióndesplazada; (e) de acuerdo al componente de la política de atención a la población desplazada al cual serán destinadoslos dineros, haciendo explícitas las entidades responsables de su ejecución; (f) diferenciando entre los recursosdestinados a los programas generales para la población vulnerable y los dirigidos a la población desplazada. 2. Elmomento, así como también el ritmo mediante el cual se avanzará hasta cumplir con los objetivos fijados en el estimativodel Departamento Nacional de Planeación, habrá de ser razonable, pero sostenido y progresivo, en los términos delpresente auto”.4 Se dijo en la parte resolutiva: ““Segundo.- ADVERTIR, por medio de la Secretaría General de esta Corporación, alDirector del Departamento Nacional de Planeación, que el estimativo calculado por dicha entidad, habrá de seractualizado, de forma tal que se incluyan periódicamente las personas desplazadas registradas para cada vigencia. Losnuevos cálculos serán comunicados oportunamente al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al Director de la AgenciaPresidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social. También serán comunicados a lapoblación desplazada y al público en general mediante los mecanismos que el Departamento Nacional estime adecuados.También lo serán a esta Corte y al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo y al Contralor General dela República”5 La parte correspondiente de la parte resolutiva del Auto 176 de 2005 es la siguiente: “Cuarto.- ORDENAR, por mediode la Secretaría General de esta Corporación, que en la fecha en la que se apruebe el Presupuesto General de la Naciónde cada vigencia fiscal, hasta el momento en el cual se cumpla con el nivel de recursos estimados por el DepartamentoNacional de Planeación para la implementación de la política de atención a la población desplazada, el Ministro deHacienda y Crédito Público envíe a esta Corporación un informe en el cual señale el monto incluido en el Presupuestode Gastos destinado a la atención de la población desplazada, desagregado por secciones, cuentas ejecutoras y susrespectivos conceptos descriptivos. Se indicará cómo dichas apropiaciones son consistentes con el cronograma descritoen la orden primera de este auto. Copia del mismo también será enviada a la Procuraduría General de la Nación, a laDefensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República”.6 La parte resolutiva dispone en este punto lo siguiente: “Quinto.- ORDENAR, por medio de la Secretaría General deesta Corporación, que a más tardar un mes después de finalizada cada vigencia fiscal (incluida la vigencia fiscal de2005), hasta el momento en el cual se cumpla con el nivel de recursos estimados por el Departamento Nacional dePlaneación para la implementación de la política de atención a la población desplazada, el Ministro de Hacienda yCrédito Público y el Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – AcciónSocial (o quien haga sus veces), envíen a esta Corporación un informe en el que se indique, para la correspondientevigencia: 1. El monto de recursos que cada entidad u organismo del nivel nacional ha ejecutado para la atención de la población desplazada; 2. Si en efecto la entidad u organismo correspondiente ha dado una prioridad a la ejecución de los recursos relativos a la atención de la población desplazada; 3. La manera precisa como los recursos apropiados para cada sección del Presupuesto General de la Nación cumplen con el cronograma descrito en el apartado 5.4.4.1. de este auto.Copia de este informe también será enviada a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a laContraloría General de la República”.
16la política de atención a la población desplazada, y habida cuenta de lanecesidad de asegurar la colaboración de dichos entes dentro de los principiosde coordinación, concurrencia y subsidiariedad (art. 288, C.P.), la Sala previnoa las entidades territoriales que tomaran en consideración la prelaciónconstitucional del gasto público orientado a satisfacer las necesidades de lapoblación desplazada, así como lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 921 de20047.La Corte constata, en primer lugar, que las autoridades destinatarias de estasórdenes efectivamente remitieron, dentro de las fechas estipuladas, informesde cumplimiento sobre el aspecto presupuestal de la política pública deatención a la población desplazada. En efecto, el 1º de diciembre se envió uncronograma, por parte de las tres autoridades mencionadas, que incluía unestimativo de costos de atención a la población desplazada según loscomponentes legalmente establecidos de la política de atención; dichocronograma indicaba, efectivamente, los ritmos y mecanismos de consecuciónde los recursos necesarios para implementar tal política, dentro de lasvigencias fiscales correspondientes a los años 2005 a 2010. También se envióa la Corte un informe, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,sobre la ejecución presupuestal de los rubros correspondientes a la poblacióndesplazada durante la vigencia fiscal de 2005.Visto dicho cronograma presupuestal, así como el estimativo con base en elcual fue formulado, a la luz tanto de los informes de ejecución remitidos porcada una de las entidades del SNAIPD a la Corte Constitucional como delinforme de ejecución presupuestal de la vigencia 2005 enviado por elMinisterio de Hacienda y Crédito Público, la Corte considera pertinenteefectuar, en consonancia con lo indicado por la Procuraduría General de laNación, las siguientes observaciones:3.1. En primer lugar, la estimación de los costos de implementación de lapolítica de atención a la población desplazada, tal y como consta en losinformes remitidos a esta Corporación, es problemática. Dicha estimación, queprovee la base para los cálculos que fundamentan el cronograma presupuestal2005-2010, no se encuentra adecuadamente sustentada, ya que:(i) no se explica en los informes presentados con posterioridad al Auto 176/05cómo se llegó a una cifra específica sobre el costo de atención de cada hogardesplazado, es decir, cuáles fueron los factores que se tuvieron en cuenta paraefectuar el cálculo; ante la falta de claridad sobre cuáles fueron los factores encuestión, es necesario que las autoridades destinatarias de la orden expliquensi se mantuvieron los mismos supuestos sobre los que se informó conanterioridad a la adopción del Auto 176/05, o si éstos fueron modificados;7 Se dijo en la parte resolutiva: “Séptimo.- PREVENIR a las entidades territoriales para que tengan en consideraciónla prelación constitucional que tiene el gasto público destinado a la población desplazada dentro del gasto público socialy el artículo 58 de la Ley 921 de 2004, al momento de responder los requerimientos del Ministerio de Hacienda y CréditoPúblico, el Departamento Nacional de Planeación o la Agencia Presidencial para la Acción Social y la CooperaciónInternacional – Acción Social para el efecto de cumplir la sentencia T-025 de 2004 y el presente auto”.
17(ii) el estimativo no valora las especificidades de la población a atender, porcuanto no tiene en cuenta los resultados obtenidos hasta la fecha del procesode caracterización de la población desplazada – cuyos avances hasta elmomento en que se adopta esta providencia no han sido incorporados dentrode un nuevo cálculo actualizado que responda a dichas especificidades en cadauno de los componentes de atención. En esa medida, la estimación de costoscarece del enfoque diferencial exigido por la Constitución Política; de allí quelas autoridades destinatarias de las órdenes impartidas en el Auto 176/05deban indicar si se han incluido, dentro del estimativo en cuestión, los avancesobtenidos hasta la fecha en el proceso de caracterización;(iii) no se ha demostrado que el cálculo de costos se haya actualizado deconformidad con la evolución del fenómeno del desplazamiento interno; loque es más, dicho cálculo se basa en una hipótesis de comportamiento delfenómeno del desplazamiento con tendencia decreciente, mientras que lasobservaciones efectuadas por la Procuraduría y otras entidades indicarían quedicha tendencia decreciente no se ha verificado para el año 2006.3.2. En segundo lugar, existen serias inconsistencias en los informes decumplimiento entre (a) la formulación del estimativo de costos deimplementación de la política pública y el diseño del cronograma presupuestal2005-2010, por una parte, y (b) la formulación de las metas de atención a lapoblación desplazada por cada una de las entidades del SNAIPD, por otra. Enotras palabras, no se aprecia en tales informes una armonía elemental entre elmonto de recursos que las autoridades presupuestales han consideradonecesario para implementar la política pública en referencia, y lo que cada unade las entidades llamadas a ejecutar dicha política pública considera necesariohacer para cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales en esteámbito. Las discrepancias entre una y otra postura, que en ciertos casos sonprotuberantes, se pueden apreciar con una simple lectura de las metas fijadaspor cada una de las entidades del SNAIPD en sus informes bimensuales a laCorte Constitucional. No se ha proporcionado una explicación clara sobre lasrazones de esta discrepancia, aunque para esta Corporación resulta evidenteque ella se deriva de la protuberante descoordinación del Sistema de atencióna la población desplazada y de la política pública que a través de él sematerializa. Tampoco se ha explicado cómo se habrán de actualizar loscálculos presupuestales y el cronograma de atención a la población desplazadacon base en la armonización de esta discrepancia.3.3. En tercer lugar, con base en los informes de cumplimiento remitidos porlas entidades del SNAIPD y el informe de ejecución presupuestal de 2005remitido por el Ministerio de Hacienda, para la Corte es evidente que elcronograma presupuestal para la vigencia 2005-2010 incluido en elDocumento CONPES 3400 ya ha sido incumplido. En efecto, existen varioscasos de sub-ejecución presupuestal –es decir, de ejecución incompleta de losrubros asignados para cada uno de los componentes de atención-, así comoalgunos ejemplos de sobre-ejecución –como sucedió, por ejemplo, con el
18componente de Ayuda Humanitaria de Emergencia por parte de AcciónSocial, al cual se le terminaron asignando más recursos de los inicialmenteprevistos- o ejecución a ritmos y montos distintos de los establecidos en elpresupuesto –por ejemplo, ejecución acelerada de los rubros previstos paratoda una vigencia fiscal dentro de los primeros meses de la misma, comosucedió con el Ministerio de Agricultura. Estos desbalances, que equivalen aun incumplimiento del cronograma presupuestal inicialmente remitido a laCorte, no han sido explicados o justificados de manera razonada – lo cualamerita que se provea, por las autoridades destinatarias de las órdenesimpartidas en el Auto 176/05, una explicación coherente para los mismos.Tampoco se ha explicado cómo tales desbalances inciden sobre el cronogramapresupuestal 2005-2010, si éste habrá de reformularse con base en losresultados materiales de la ejecución presupuestal efectuada hasta la fecha, o silos desbalances presentados durante la vigencia fiscal de 2005 se corregirán en2006, y de qué forma. No se indica cómo se administrarán los recursossobrantes o faltantes en cada uno de esos casos. Para la Corte, la existencia deestas inconsistencias, discrepancias y falta de claridad redunda negativamente,en últimas, sobre la aplicación efectiva y ordenada de la política pública deatención a la población desplazada, y por lo tanto sobre el goce efectivo de losderechos de las personas y familias en condición de desplazamiento forzado.3.4. Cuarto, no hay claridad en los informes sobre la participación de lasentidades territoriales dentro del esquema de financiación de la política deatención a la población desplazada. Se explica en el informe del 1º dediciembre de 2005 lo siguiente:““Teniendo en cuenta que el monto de recursos necesarios para la atención a la PoblaciónDesplazada por la Violencia a diciembre de 2004 se estimó en $4.7 billones y que el montode los recursos presupuestales necesarios para dicho propósito durante la vigencia fiscalde 20058 se calculó en $413.6509 y que se apropiaron recursos por un monto que asciendea $1.3 billones para las vigencias fiscales 2005 y 2006, la Nación y las entidadesterritoriales deberán hacer un esfuerzo presupuestal del orden de $3.97 billones (AnexoNo. 5).En la medida en que tanto las entidades del orden nacional como las del orden territorialdeben demostrar un compromiso con la política para la atención a la PoblaciónDesplazada por la Violencia acorde con las obligaciones constitucionales y legales, en elcronograma que se propone se establece el porcentaje de participación para ambosniveles, el cual se calculó en: 75% ($2.9 billones) para la Nación y 25%10 ($990 milmillones) para las entidades territoriales11.8 Según las cifras del Sistema Único de Registro, 106.650 personas se han desplazado durante el 2005 (concorte a 31 de octubre de 2005). Según proyecciones del DNP, se calcula que a diciembre de 2005 el total depersonas desplazadas durante este año puede ser de 126.671.9 Esta estimación se basó en los mismos supuestos reportados a la Corte Constitucional en la Audiencia deInformación realizada el 29 de junio de 2005 para el estimativo de los $4.5 billones de pesos.10 Este porcentaje incluye los componentes de salud, educación, vivienda y atención humanitaria deemergencia.11 En la Audiencia de información realizada el día 29 de junio de 2005 en esa Corporación, el DNP presentóuna desagregación del estimativo total de $4.5 billones, indicando el porcentaje de participación en laapropiación de recursos para atender a la Población Desplazada por la Violencia de la siguiente forma: 70%la Nación, 15% las entidades territoriales y 15% la cooperación internacional. Sin embargo, en la medida en
19De acuerdo con lo anterior, el ritmo de asignación de recursos con cargo al PresupuestoGeneral de la Nación para la atención a la Población Desplazada por la Violencia serealizará gradualmente durante las vigencias fiscales comprendidas entre el 2007 a 2010.Cabe señalar que por tratarse de recursos del Presupuesto General de la Nación, seráresponsabilidad del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeaciónla inclusión de dichos recursos en el proyecto y anteproyecto anual de presupuesto,respectivamente.El cronograma señalado en el documento Conpes 3400 para cubrir las necesidades de lapoblación desplazada es el siguiente: Cuadro No. 2 Cronograma Nación 2007 2008 2009 2010 TotalAtención a 653.698.385.089 653.698.385.089 653.698.385.089 653.698.385.089 2.614.793.540.35Población 4Desplazada a 31de dic 2004 130.280.891.766 130.280.891.766 111.669.335.799 372.231.119.331Total 783.979.276.854 783.979.276.854 756.367.720.888 653.698.385.089 2.987.024.659.68 5 Cálculos DNP – DJS – GEGAILa distribución de estos recursos por componente de atención y entidad ejecutora, tomarácomo base la programación realizada para la vigencia fiscal de 2006, y conforme a loordenado por la Corte Constitucional, se irá ajustando a medida evolucione la realidad delproblema del desplazamiento, ya sea para aumentar dicha estimación o para disminuirla,según se cubran las necesidades de los desplazados y de acuerdo con la informacióncontenida en el SIGOB sobre los resultados de la política y el registro del SUR”.El cronograma de cumplimiento indica que las entidades territoriales aportaránel 25% de los recursos requeridos para implementar dicha política, a partir dela vigencia fiscal de 2007; sin embargo, no se hace una indicación semejantepara la vigencia de 2006, como tampoco se hizo para la vigencia de 2005 yaexpirada. En esta medida, observa la Corte que los cálculos sobre los recursosa aplicarse en 2005 y 2006 no incluyen la participación de las entidadesterritoriales: de un estimativo general de 5.1 billones de pesos distribuidosentre las vigencias fiscales de 2005 a 2010 para la atención de la poblacióndesplazada a diciembre de 2004, se restan un total de 1.3 billones de pesos quefueron apropiados para 2005 y 2006 a cargo de las entidades nacionales, yposteriormente los 3.97 billones restantes se dividen entre 75%correspondientes a la Nación y 25% correspondientes a las entidadesterritoriales para las vigencias fiscales de 2007 a 2010. De esta forma, no seexplica por qué no se incluyeron las entidades territoriales dentro de losque el ejercicio de estimación se ha ido ajustando a una información más precisa en términos de presupuestoy cifras del desplazamiento, estos porcentajes han cambiado. Los recursos y esfuerzos de la cooperacióninternacional no se incluyen en este ejercicio, dada la dificultad que se presenta para garantizar con certeza sudisponibilidad.
20cálculos presupuestales de las vigencias 2005 y 2006, ni cómo incidió elesfuerzo presupuestal territorial realizado durante 2005 y 2006 sobre lapolítica de atención y sus diversos componentes.Adicionalmente, con base en los diversos informes presentados por elMinisterio del Interior y de Justicia sobre el cumplimiento de su deber decoordinar los esfuerzos territoriales para la atención de los desplazados,concluye la Corte que no se ha demostrado que exista un esquema apropiadopara asegurar que los rubros presupuestales correspondientes a las entidadesterritoriales sean efectuados de la manera y en el monto previstos. En estamedida, los informes presentados parecen indicar que el cumplimiento delcronograma de atención presentado a la Corte Constitucional se ve amenazadopor la falta de un esquema para la coordinación de los esfuerzospresupuestales a cargo de las entidades territoriales.3.5. Quinto, no se efectuó una individualización concreta de las personas y losorganismos responsables de ejecutar los recursos previstos en el cronogramapresupuestal y en el presupuesto general de la Nación para las vigencias 2005y 2006, a pesar de que se impartió un mandato claro en este sentido.Simplemente se señala cuál es la entidad del SNAIPD correspondiente, perodentro de dichas entidades no se especifica cuál dependencia o funcionariotendrá la responsabilidad de garantizar que tales recursos se ejecuten de lamanera y en los montos previstos. Esta falta de individualización concreta deresponsabilidades afecta directamente la transparencia de la gestiónpresupuestal en relación con la política de atención al desplazamiento.3.6. Se recuerda que dentro del contexto del estado de cosas inconstitucionalgenerado por la discordancia entre la magnitud del problema dedesplazamiento forzado y la respuesta institucional para resolverlo, la Corteidentificó una serie de problemas presupuestales en el Auto 176/05, y unaserie de necesidades para resolverlos: (i) la necesidad de precisarresponsabilidades específicas individuales y por cada entidad, (ii) la necesidadde precisar las fuentes y mecanismos de consecución de los recursosrequeridos, y (iii) la necesidad de asegurar que el esfuerzo gradual desatisfacción de los derechos de la población desplazada efectivamente se haga,“no se postergue por vía de liquidaciones inferiores a lo presupuestado paracada vigencia fiscal, no se diluya en las partidas o programas generales parapoblación vulnerable, y sea sostenido para alcanzar la meta fijada”.Como consecuencia de las falencias anteriormente señaladas, concluye laCorte que no se ha demostrado que se haya dado una solución a los problemaspresupuestales en cuestión, cerca de un año después de que se impartieran lasórdenes correspondientes: (i) no se ha efectuado una precisión concreta sobrelas responsabilidades específicas individuales en cada una de las entidades delSNAIPD, (ii) no hay en absoluto claridad sobre el rol de las entidadesterritoriales dentro de la financiación de la política pública de atención al
21desplazamiento, y (iii) los niveles de sub-ejecución y sobre-ejecuciónpresupuestal identificados por la Corte inciden directamente sobre lamaterialización del esfuerzo gradual plasmado en el cronograma presupuestalremitido por el Ministerio de Hacienda, DNP y Acción Social, sin que se hayademostrado que exista una herramienta para la resolución de los desbalancesresultantes ni una corrección concordante de los cálculos inicialmenteefectuados.4. Ausencia de indicadores de resultado confiables y significativos.Una de las ordenes generales impartidas en los Autos 177 y 178 de 2005, tantoal Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada como alas entidades que conforman el SNAIPD, fue la de adoptar indicadores deresultado “que tengan en cuenta el goce efectivo de los derechos de lapoblación desplazada y que permitan determinar la dimensión de la demandaespecífica atendida, así como el avance, retroceso o estancamiento de cadaprograma y componente de atención”.Cada uno de los informes de cumplimiento remitidos a la Corteindividualmente por las entidades del SNAIPD contiene un capítulo sobreindicadores de resultado. Sin embargo, el contenido de tales capítulos dista deser apropiado, por las razones siguientes:4.1. No existe, hasta la fecha, una serie de indicadores que, a partir de lasespecificidades de cada componente de la política pública, responda a criterioshomogéneos en su diseño, aplicación y validación por el contrario, cada unade las entidades integrantes del SNAIPD ha generado su propio conjunto deindicadores, en muchos casos modificándolo a lo largo de los distintosinformes bimensuales de cumplimiento. De tal forma, se observa una completafalta de coordinación en el diseño, aplicación y validación de resultado decumplimiento, que a su vez revela, nuevamente, un serio problema defragmentación en la política pública de atención a la población desplazada asícomo de indefinición de los objetivos y de las metas a alcanzar, según lasprioridades fijadas. La obligación de adoptar indicadores también fue recogidaen el Decreto 250 de 2005, expedido el 7 de febrero de 2005; elincumplimiento de esta norma evidencia, con mayor claridad, que aún no se hacumplido ni con el Plan Nacional adoptado, ni con lo ordenado por la Corte.4.2. Los criterios para medir los resultados, presentados en una lista deindicadores, no han sido aplicados de tal forma que se muestre cómo hanevolucionado los resultados de la política pública, y si tales resultadosdemuestran un cumplimiento de lo ordenado en la sentencia en lo atinente algoce efectivo de los derechos de los desplazados. Esta aplicación debíahacerse, a lo menos, a partir de la sentencia T-025 de 2004 para mostrar si seha avanzado, o si por el contrario, si hay estancamiento o retroceso en cadacomponente de la política.
224.3. No es claro, en ninguno de los casos, si los indicadores de resultado sonaplicables o significativos; de hecho, más allá de presentarse como simplescriterios de cumplimiento de las metas fijadas por cada entidad del SNAIPDen los informes remitidos a la Corte, no parece claro que exista un funcionarioo entidad encargado de darles aplicación, efectuar el seguimiento de laimplementación de la política y orientarla de conformidad con sus resultados,introduciendo los correctivos o modificaciones a los que haya lugar.De esta forma, subsiste una de las principales fallas ya identificadas por estaCorporación y se torna apremiante la necesidad de que se adopten diferentesseries de indicadores de resultado, que más allá de ser simples enunciacionesde elementos inconexos o de criterios aislados relativos a algunas metas,sirvan como instrumentos para medir de manera transparente confiable ysignificativa la efectividad de la política pública de atención a la poblacióndesplazada, en relación con dicha política como un todo y con cada uno de suscomponentes, basados en la necesidad de garantizar el goce efectivo de losderechos fundamentales de las personas en estado de desplazamiento. Son, así,tres (3) las series de indicadores de resultado cuya adopción fue ordenada en elAuto 178 de 2005 y que se requieren para cumplir este propósito, a saber: (i)una serie de indicadores de resultado relativa a la coordinación nacional detodos los componentes de la política pública de atención a la poblacióndesplazada, (ii) una serie de indicadores referente a la coordinación de lasactividades de las entidades territoriales en desarrollo de todos loscomponentes de la política de atención a la población desplazada, y (iii) unaserie de indicadores específica para cada uno de los componentes de la políticapública a cargo de las entidades que conforman el SNAIPD dentro de su áreade competencia –v.g. garantía de la subsistencia mínima, apoyo para elautosostenimiento, vivienda, retornos, tierras, salud, educación, etc.-.4.4. Habida cuenta de que la carencia de un sistema de indicadores haceimposible evaluar los resultados efectivamente alcanzados y por endedeterminar si cada responsable ha avanzado con el ritmo adecuado en elcumplimiento de lo ordenado, la Corte decide que, en caso de que alfinalizarse los términos otorgados en el Auto 178/05 no se haya aportado unaserie de indicadores que cumpla con estos requisitos mínimos, la Corte habráde explorar la posibilidad de adoptar indicadores elaborados por fuentesexternas al SNAIPD.5. Falta de especificidad en la política de atención en sus diversoscomponentes.5.1. Como resultado de las fallas en la caracterización de la poblacióndesplazada y la insensibilidad que se presentó en la formulación de la políticafrente a los sujetos de especial protección constitucional titulares de derechosconstitucionales, entre otras causas señaladas desde la sentencia T-025 de
232004, ante la Corte no se ha demostrado que la política pública de atención aldesplazamiento se haya formulado o aplicado con observancia del criterio deespecificidad que se deriva del mandato de garantizar los derechos de lossujetos especialmente vulnerables. Por el contrario, hay en los informesremitidos algunos ejemplos de programas o acciones diseñados para lapoblación vulnerable en general, a través de los cuales se continúancanalizando esfuerzos para la atención a la población desplazada, y sin quedichos programas tengan la especificidad requerida respecto de losdesplazados; tal es el caso del programa “Familias en Acción” donde sesubsume parte de la atención a los desplazados.5.2. Si bien se ha demostrado un avance significativo en el nivel básico deespecificidad consistente en diferenciar la atención que se presta a lapoblación desplazada de la atención que se presta al resto de la poblaciónvulnerable, el criterio de especificidad está ausente de los informes en tresniveles distintos de igual trascendencia constitucional: (a) en relación con lossujetos de especial protección constitucional que forman parte de la poblacióndesplazada –ancianos, niños, mujeres cabeza de familia-, (b) en relación conlas diferencias regionales que presenta el fenómeno del desplazamiento, y (c)en relación con la condición de víctimas del conflicto armado que tienen laspersonas desplazadas.5.3. Aunque existen excepciones, como es el caso del Instituto Colombiano deBienestar Familiar, puede afirmarse que en general las entidades que integranel SNAIPD han dejado a un lado la necesidad de diseñar y aplicar susprogramas de atención prestando cuidadosa atención a las especificidades dela población que han de atender, en estos tres niveles.5.3.1. En primer lugar, es preocupante que en los informes no se muestra quelos programas de atención adelantados por las distintas autoridades queconforman el sistema presten especial atención a las necesidades particularesde los ancianos, los niños y las mujeres cabeza de familia que conforman lapoblación a atender. En efecto, estos sujetos de especial protecciónconstitucional resultan afectados en forma aguda por la condición dedesplazamiento, dada la magnitud de los riesgos a los que están expuestos –por ejemplo, riesgos para su salud y su vida, de caer en redes de tráfico yprostitución, de ser reclutados forzosamente para los grupos armadosirregulares, de desnutrición de los niños o, en el caso de las mujeres y niñas,de sufrir violación de sus derechos sexuales y reproductivos-. Si bien latotalidad de individuos desplazados comparten, en términos generales, laviolación de sus derechos constitucionales, estos tres grupos poblacionales sediferencian del resto en cuanto a la especificidad de sus vulnerabilidades, susnecesidades de protección y de atención, y las posibilidades que tienen dereconstruir sus proyectos de vida digna. De ahí se deriva la necesidad deadoptar un enfoque diferencial, específico, que reconozca que eldesplazamiento surte efectos distintos dependiendo de la edad y del género.
24Estas falencias en materia de especificidad agravan las fallas en losindicadores de resultado, puesto que en los criterios de medición remitidos a laCorte no se incluyen indicadores que muestren los resultados alcanzados conrelación a los ancianos, los niños y las mujeres cabeza de familia.5.3.2. En segundo lugar, como consecuencia de la falta de coordinación de losesfuerzos territoriales en la atención al desplazamiento forzado, se observa conbase en los informes de cumplimiento que la política de atención a lapoblación desplazada desconoce las variaciones y especificidades regionalesdel desplazamiento interno, derivadas de las distintas dinámicas territorialesdel conflicto armado. Aunque el desplazamiento es una crisis humanitaria queafecta a todo el país, tiene características regionales e incluso locales que serelacionan directamente con los actores que los generan, sus modalidades deocurrencia, las poblaciones afectadas y las causas que lo nutren. También cabediferenciar la situación de los municipios expulsores de población y la de losmunicipios receptores de población desplazada, entre los cuales algunos tienenun porcentaje muy elevado de desplazados respecto del total de su población.De allí la importancia de los Planes Integrales Únicos - PIU, respecto de loscuales los informes no muestran que hayan sido adoptados e implementadoscon la efectividad y organización inicialmente anunciadas.5.3.3. Finalmente, no observa la Corte que se haya demostrado que el diseñode la política de atención a los desplazados tenga en cuenta su condición devíctimas del conflicto armado, la cual les confiere derechos específicos, comolo son los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.Para el caso específico de las personas víctimas del desplazamiento forzado,estos derechos se manifiestan, igualmente, en la protección de los bienes quehan dejado abandonados, en particular de sus tierras – componente deprotección que no ha sido resaltado con suficiente fuerza por las entidades queconforman el SNAIPD.6. Desplazamiento de grupos indígenas y afrocolombianos.6.1. El desplazamiento de los grupos étnicos colombianos es una de las áreasen las que se ha detectado uno de los vacíos más preocupantes en la política deatención que se evalúa. Tanto por las comunicaciones e informes que se hanhecho llegar a la Corte Constitucional, como por hechos públicos y notorios deconocimiento general, es claro que los grupos indígenas y afrocolombianos delpaís han sufrido un impacto proporcionalmente mayor dentro del total devíctimas del desplazamiento forzado durante el transcurso del último año, y nose ha probado que exista dentro de la política de atención un elementoespecífico orientado a prevenir la ocurrencia de desplazamientos de estosgrupos y atender de manera inmediata y efectiva las necesidades específicasde los que ya han sido desplazados.
256.2. El desplazamiento forzado es particularmente gravoso para los gruposétnicos, que en términos proporcionales son los que sufren un mayor nivel dedesplazamiento en el país, según se ha informado reiteradamente a la Corte ylo han declarado distintos analistas del fenómeno. El impacto del conflictocomo tal se manifiesta en hostigamientos, asesinatos, reclutamiento forzado,combates en sus territorios, desaparición de líderes y autoridades tradicionales,bloqueos, órdenes de desalojo, fumigaciones, etc., todo lo cual constituye uncomplejo marco causal para el desplazamiento. El desplazamiento de losgrupos indígenas y afrocolombianos conlleva una violación grave de losderechos constitucionales específicos de los que son titulares, incluyendo susderechos colectivos a la integridad cultural y al territorio. Más aún, la relaciónde los grupos étnicos indígenas y afrocolombianos con su territorio y losrecursos presentes en él transforma el desplazamiento forzado en una amenazadirecta para la supervivencia de sus culturas.6.3. Por estas razones, el Estado está en la obligación de actuar con particulardiligencia para prevenir y solucionar este problema; pero con base en losinformes de cumplimiento remitidos a la Corte, se observa un notorio vacío eneste componente de la política de atención al desplazamiento. La inacción delas autoridades competentes se transforma, así, en un factor que agrava losefectos de esta crisis humanitaria.7. Falta de seguridad para los procesos de retorno7.1. Tal y como lo ha informado en repetidas oportunidades la ProcuraduríaGeneral de la Nación, los procesos de retorno de la población desplazada sehan adelantado sin que se preste especial atención a sus condiciones deseguridad, tanto durante la movilización física de la población como durantesu permanencia en los sitios de retorno. Este vacío es particularmente grave sise tiene en cuenta que incide directamente sobre el ejercicio de los derechos ala vida, la integridad personal y la seguridad de la población en estado dedesplazamiento, y que en el Auto 178/05 se habían impartido ordenes claraspara que, en el término máximo de seis (6) meses, se adoptara un programaencaminado a superar las falencias institucionales en este campo12.7.2. En este sentido son particularmente alarmantes las falencias en losinformes presentados por la Agencia Presidencial para la Acción Social y laCooperación Internacional y del Ministerio de Defensa Nacional. La primera,por cuanto las actuaciones sobre las que informa en este campo se han12 La parte resolutiva del Auto 178/05 dice, en lo pertinente: ““Décimo cuarto.- ORDENAR al Director de la Red deSolidaridad Social que en un plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la comunicación del presente auto,diseñe, implemente y aplique prontamente un programa de acción coordinado para la superación de las falenciasseñaladas en el párrafo 4.15.12 del Anexo a este Auto, relativo a la “Evaluación de las medidas adoptadas paragarantizar el derecho al retorno y al restablecimiento”, de tal forma que en un plazo máximo de seis (6) meses, contadosa partir de la comunicación del presente auto, el retorno y el restablecimiento se puedan efectuar en condicionescompatibles con el pleno respeto de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno adoptados en el marcode la Organización de las Naciones Unidas que desarrollan derechos constitucionales. Para ello, el Director de la Redde Solidaridad Social y el Ministro de Defensa Nacional deberán adelantar las 9 acciones descritas en el considerando11 de este Auto”.
26limitado, esencialmente, a la adopción y ajuste de un “Protocolo de Retornos”sobre cuya aplicación práctica todavía no se ha rendido informaciónconclusiva, y a la proyección de diagnósticos sobre el goce efectivo de losderechos de la población retornada, que aun no se han efectuadocompletamente. El segundo, por cuanto los informes de cumplimiento que hapresentado a la Corte se han limitado a describir –con gran extensióndocumental- operaciones militares generales, que en algunos casos incluyenelementos de acompañamiento a población retornada pero, en general,carecen, según los propios informes, del enfoque específico requerido paraproteger la seguridad de la población desplazada que decide regresar a sulugar de origen.8. No diferenciación entre la atención recibida por los desplazadosrecientes frente a quienes se desplazaron antes de la adopción de lasentencia T-025 de 2004 y los Autos 176, 177 y 178 de 2005.Con base en distintas comunicaciones que se han hecho llegar a la CorteConstitucional, así como en hechos notorios que han sido comunicados a laopinión pública a través de la prensa, constata esta Corporación que lasdistintas entidades que conforman el SNAIPD no han demostrado que laatención otorgada a las personas que se han desplazado recientemente seacualitativamente mejor que la que se otorgó a quienes se desplazaron conanterioridad a la adopción de la sentencia T-025/04 y los Autos 176, 177 y178. De hecho, la información con la que cuenta esta Corporación indica queen muchos casos les ha sido negado el acceso a los componentes más básicosde la atención estatal, como lo son la ayuda inmediata o la ayuda humanitariade emergencia.En esa medida, para demostrar que la política pública de atención a lapoblación desplazada ha avanzado sustancialmente, aún en sus componentesmás elementales, es necesario que las entidades que integran el SNAIPD, yAcción Social en particular, presenten a esta Corte, dentro del término queresta para que se venza el plazo de un año conferido en el Auto 178 de 2005,la información necesaria para acreditar que, al menos en lo que respecta alcomponente de garantía de la subsistencia mínima –a través de la ayudainmediata y ayuda humanitaria de emergencia-, la población que se hadesplazado en el curso de los últimos meses recibe atención de manera eficaz,oportuna y efectiva, sin que se presenten los problemas indicados en elreferido Auto 178/05, o en caso de que se presenten, que ello ocurra en menorgrado y se provea una explicación sólida al respecto.Resalta la Corte que entre los desplazamientos masivos de los cuales ha tenidonoticia, -a través de informaciones de prensa que les dan carácter de hechonotorio o de cartas provenientes de los propios desplazados- y en relación conlos cuales se ha de proporcionar información clara a este particular, seencuentran los que tuvieron lugar en los municipios de Nariño (Antioquia),
27Argelia (Antioquia), San Juan Nepomuceno (Bolívar), Florencia (Caldas),Samaná (Caldas), Itsmina (Chocó), Río Sucio (Chocó), Ungía (Chocó),Corregimiento de La Carra (Guaviare), San José del Guaviare (Guaviare),Vistahermosa (Meta), Policarpa (Nariño), Ricaurte (Nariño), Iscuandé(Nariño), Barbacoas-Altaquer (Nariño), Orito (Putumayo), Puerto Asís(Putumayo), Hormiga (Putumayo) y San Miguel (Putumayo).9. Deficiente coordinación de los esfuerzos de las entidades territorialespor parte del Ministerio del Interior y de Justicia.9.1. En la sentencia T-025 de 2004, se ordenó al Ministerio del Interiorpromover “que los gobernadores y alcaldes a que se refiere el artículo 7º de laLey 387 de 1997, adopten las decisiones necesarias para asegurar que existacoherencia entre las obligaciones, constitucional y legalmente definidas, deatención a la población desplazada a cargo de la respectiva entidad territorialy los recursos que debe destinar para proteger efectivamente sus derechosconstitucionales.”9.2. La Corte Constitucional estableció en el Auto 177 de 2005 órdenespuntuales y plazos razonables para que el Ministerio del Interior y de Justiciadiseñara, implementara y aplicara prontamente una estrategia de promoción yde coordinación de esfuerzos nacionales y territoriales que condujeraefectivamente a que las entidades territoriales asumieran un mayorcompromiso tanto presupuestal como administrativo para la atención a lapoblación desplazada y la garantía efectiva de sus derechos. Sin embargo, losinformes presentados a la Corte no demuestran que los esfuerzos del Ministrodel Interior y de Justicia hayan comprendido acciones idóneas para avanzaradecuadamente en el cumplimiento de dicha orden.9.3. Las principales falencias se presentan, según se deduce de los informes decumplimiento, en las siguientes áreas: (a) la interpretación que ha hecho elMinisterio de su rol como promotor y coordinador de los esfuerzos nacionalesy territoriales para la atención integral de la población desplazada, que esrestrictiva y desconoce la posición central que ha de ocupar dicho Ministerioen los esfuerzos de coordinación, según se ordenó en el Auto 177 de 2005; (b)en particular, la referencia constante que se ha hecho a la autonomía de lasentidades territoriales en tanto factor que obstaculiza la adecuada coordinaciónde los esfuerzos emprendidos por tales autoridades, desconociendo que se tratade un asunto de interés nacional que, por lo mismo y de conformidad con lajurisprudencia constitucional (sentencia C-579 de 2001) justifica un mayornivel de intervención por las autoridades del nivel central; (c) el enfoque quese ha dado a la función de coordinación a cargo del Ministerio, que se hacentrado en el envío de comunicaciones y exhortos, la realización de discursosy conferencias, sin avanzar en acciones concretas de coordinación que dencumplimiento a lo ordenado; (d) el escaso análisis de la información aportadapor las entidades territoriales respecto de su compromiso para la atención de la
28población desplazada; y (e) el retraso en la generación de indicadores quepermitan evaluar tanto el avance de los entes territoriales en la superación delestado de cosas inconstitucional, como la efectividad de las labores decoordinación adelantadas por el Ministerio del Interior y de Justicia.9.4. Así mismo, nota la Corte que la información enviada por el Ministro delInterior y de Justicia hasta el momento es extensa, confusa, en muchos casosirrelevante, desordenada, y en ocasiones desactualizada e incompleta. Másaún, observa la Sala que se ha enviado directamente a la Corte la informaciónremitida al Ministerio por las entidades territoriales, sin que dicho Ministerioactúe como un filtro analítico de la referida información dentro de su rol decoordinador.9.5. A la fecha, la Corte no ha recibido los siguientes documentos: - La primera y segunda evaluaciones sobre situación del compromiso actual de las entidades territoriales en materia de atención a la población desplazada, solicitadas en el numeral primero del ordinal segundo de la parte resolutiva del Auto 177 de 2005. Esas evaluaciones debieron haber sido entregadas el 13 de octubre de 2005 y el 13 de marzo de 2006. Con posterioridad a ese plazo, en los informes de mayo, junio y julio de 2006, se han entregado informes parciales y matrices de seguimiento, algunas de ellas con información incompleta, con un análisis inicial de la situación en los departamentos del Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda, Guanía, Casanare, Meta y Arauca. - Las estrategias de coordinación y promoción de mayores compromisos presupuestales y administrativos de las entidades territoriales, con la información y características señaladas en los numerales dos, tres, cuatro, cinco y seis del ordinal segundo de la parte resolutiva del Auto 177 de 2005, de tal manera que sea posible identificar las metas puntuales en el corto, mediano y largo plazo, el cronograma fijado, los indicadores para evaluación y seguimiento, los mecanismos de coordinación y seguimiento y las medidas concretas, efectivamente conducentes adoptadas por el Ministerio del Interior y de Justicia para avanzar en la superación del estado de cosas inconstitucional.Las anteriores falencias ameritan que, dentro del término que resta para que secumpla el plazo de un año conferido en el Auto 178 de 2005, el Ministerio delInterior subsane las deficiencias en la información presentada a estaCorporación y demuestre efectivamente que ha adoptado las accionesconducentes a coordinar los esfuerzos territoriales para superar el estado decosas inconstitucional en materia de atención a la población desplazada.10. Ausencia de un enfoque de prevención dentro de la política pública deatención a la población desplazada, y en particular dentro de las
29operaciones adelantadas por la Fuerza Pública que pueden generardesplazamiento poblacional.Uno de los principales vacíos detectados por la Corte Constitucional en laformulación y desarrollo de la política pública de atención al desplazamientoes el del enfoque preventivo que la debe caracterizar. En efecto, en la sentenciaT-025 de 2004 se enfatizó la obligación estatal de prevenir los factores quedan lugar al desplazamiento interno de la población, mientras que losPrincipios Rectores sobre los Desplazamientos Internos a los que se ha hechoreiterada alusión indican, en el Principio 5, que “Todas las autoridades yórganos internacionales respetarán y harán respetar las obligaciones que lesimpone el derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el derechohumanitario, en toda circunstancia, a fin de prevenir y evitar la aparición decondiciones que puedan provocar el desplazamiento de personas”.La Corte ha reconocido en sus providencias que la presencia legítima de laFuerza Pública en todo el territorio nacional y la recuperación del monopoliode las armas son mandatos constitucionales cuya aplicación compete a laRama Ejecutiva del poder público. También ha reconocido que elmejoramiento de las condiciones de seguridad de los habitantes desestimula eldesplazamiento. Por eso, la Corte no ha hecho ni hace en el presente autoobservaciones al respecto y respeta la competencia del Ejecutivo para definirlas políticas atinentes al orden público.No obstante, al margen del tema anteriormente mencionado, se pueden llegar apresentar situaciones específicas en las cuales se pueda anticipar que, por lasparticularidades de dichas situaciones, la acción legítima de la Fuerza Públicapuede suscitar, como efecto indirecto, un desplazamiento de personas.Con base en el análisis de los diversos informes de cumplimiento que se hanremitido a esta Corte, se concluye que en los documentos remitidos, elenfoque preventivo para estas situaciones específicas está ausente. En larespuesta ante el desplazamiento en dichos casos predomina un enfoqueencaminado primordialmente a paliar las consecuencias del desplazamientointerno sobre el disfrute de los derechos constitucionales de quienes se venafectados por él, mediante la provisión de distintos componentes de atención acargo de las diferentes entidades del SNAIPD. Sin embargo, se echa de menosla existencia de esfuerzos estatales encaminados a prevenir el desplazamientointerno en tales situaciones específicas, es decir, a atacar las causas específicasque le dan origen en cada caso particular desde antes de que se produzca eldesplazamiento mismo. Lo anterior en ningún momento implica que se dejende realizar las acciones propias de la fuerza pública en cualquier lugar delterritorio nacional, de conformidad con las determinaciones que competeadoptar al Ejecutivo de conformidad con las directrices presidenciales en elámbito de la preservación y restablecimiento del orden público.
Resume-Raghu Seelamonthula

References: artículo 27
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 artículo 58
 artículo 58
 resolución 
 artículo 7