Source: https://tc.vlex.es/vid/1-2-15034515
Timestamp: 2019-10-14 07:51:54+00:00

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STC 56/1985, 29 de Abril de 1985 - Jurisprudencia - VLEX 15034515
STC 56/1985, 29 de Abril de 1985
Fecha de Resolución: 29 de Abril de 1985
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 264/1984
1. La ausencia de notificación personal del emplazamiento a las personas a cuyo favor reconoció derechos un acto administrativo impugnado en sede contencioso-administrativa puede dar lugar a verdadera indefensión, que puede y debe ser corregida en vía de amparo, aun a costa de sacrificar el principio de santidad de la cosa juzgada. 2. La falta de emplazamiento personal es una infracción que sólo deviene lesión constitucional cuando, pese a haber mantenido el ciudadano una actitud diligente, se ve colocado en una situación de indefensión. Pero cuando tal diligencia no existe, la lesión tampoco, pues, de otro modo, la protección ilimitada del derecho del no emplazado conllevaría, en su automatismo, el sacrificio del derecho a la tutela judicial efectiva de quien, actuando de buena fe, fue parte en el proceso contencioso-administrativo y se creía protegido por la paz y seguridad jurídica que implica la institución de la cosa juzgada.
Sentencia citada en: 401 sentencias, 10 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 264/1984, formulado por el Procurador de los Tribunales don Santos G. C., en nombre y representación de don Manuel A. G., contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona el 7 de abril de 1981, en el recurso contencioso-administrativo núm. 261/1978, interpuesto por don Manuel A. L. contra resoluciones de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Azpeitia de 29 de diciembre de 1977 y 29 de marzo de 1978.
Han comparecido en el recurso el Ministerio Fiscal y el Procurador don Manuel A. T. en nombre y representación de don Manuel A. L.. Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco R. L., quien expresa el parecer de la Sala.
1. El 12 de abril de 1984 el Procurador de los Tribunales don Santos G. C. interpone recurso de amparo constitucional en nombre de don Manuel A. G. contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona de 7 de abril de 1981, dictada en recurso contencioso-administrativo núm. 261/1978 interpuesto por don Manuel A. L. contra resoluciones de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Azpeitia de 29 de diciembre de 1977 y 29 de marzo de 1978. La referida Sentencia devino firme en virtud de Auto de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 2 de abril de 1982, por el que se declaró desistida a la parte apelante del recurso de apelación interpuesto.
El solicitante de amparo no fue emplazado en el meritado proceso, pese a ostentar interés personal y directo en la cuestión debatida. En consecuencia pide que se declare la nulidad de la Sentencia impugnada y que se retrotraigan las actuaciones al momento procesal oportuno para que don Manuel A. G. pueda contestar a la demanda. Por otrosí pide también la suspensión de la ejecución de la Sentencia judicial impugnada, ya que dicha ejecución ocasionaría a don Manuel A. el perjuicio inmediato de tener que demoler unas obras realizadas en su bar-restaurante. Este perjuicio es el que se pretende evitar con la demanda de amparo y, al provocar el cese en la actividad que realiza, haría peligrar la estabilidad económica del recurrente y de las personas que de él dependen.
Interpuesto recurso de reposición contra dicho Decreto por un vecino (el señor A. L.) en solicitud de que se anulara tal legalización y se ordenara la demolición de las obras correspondientes, fue desestimado por resolución de la referida Alcaldía de 29 de marzo de 1978, de la que se dio traslado al señor A. G..
El señor A. señala que ha sido por medio del mencionado oficio como ha llegado a tener noticia por primera vez de una Sentencia -de 7 de abril de 1981 -, que ha adquirido firmeza -al ser declarada desierta la apelación por Auto del Tribunal Supremo de 2 de abril de 1982- y que anula el acto municipal de legalización de su industria sin haber podido comparecer en el correspondiente proceso.
A partir de la copia de la citada Sentencia remitida por el Ayuntamiento al señor A. reconstruye éste dicho proceso, que ha seguido, según relata, los siguientes pasos: Interpuesto recurso por el señor A. L. el 20 de junio de 1978, fue anunciado en el «Diario Oficial» en virtud del art. 64.1 de la L.J., recibiéndose el pleito a prueba el 15 de enero de 1979 y dictándose Sentencia estimatoria del recurso por la Audiencia Territorial de Pamplona el 7 de abril de 1981; recurrida en apelación por el Abogado del Estado, por Auto de 2 de abril de 1982, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró desistida del recurso a dicha parte, ordenando la devolución de las actuaciones y expediente a la Audiencia Territorial de procedencia a fin de que se llevase a cabo la ejecución de la resolución apelada.
Finalmente, por escrito de 12 de abril de 1984, el señor A. interpone recurso de amparo ante este Tribunal.
Por lo que respecta a la pretensión principal, consistente en que se declare la nulidad de la Sentencia impugnada, el señor A. considera que la citada resolución judicial ha violado su derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el art. 24. 1 de la Constitución, causándole, en consecuencia, indefensión, en la medida en que no ha sido emplazado personalmente en el proceso resuelto por la citada Sentencia pese a ser titular de la autorización administrativa impugnada en el mismo y constar sus datos personales, incluido el domicilio, en el expediente administrativo.
Por lo que concierne a la petición de suspensión, el señor A., tras argumentar sobre los perjuicios que le causaría la ejecución de la Sentencia impugnada, de los que se ha hecho mérito, y afirmar que la suspensión no supondría perturbación de intereses generales o de derechos fundamentales o libertades públicas de un tercero, ofrece, espontáneamente, de concedérsele la suspensión, el afianzamiento que le fuese exigido, si así lo estimase necesario este Tribunal.
5. El solicitante de amparo presenta escrito de alegaciones de 29 de mayo de 1984. Entiende que no concurre la causa de inadmisión prevista en el art. 50.2 b) de la LOTC. La actividad judicial que determina la violación que se denuncia estriba en que don Manuel A. estaba legitimado para comparecer en las actuaciones de un proceso cuya Sentencia podía privarle -como así ocurrió- nominativa y personalmente, de un derecho adquirido en virtud del acto administrativo objeto del recurso, y en el que siendo factible el emplazamiento personal en las actuaciones seguidas ante la Sala de la Audiencia Territorial de Pamplona, tal emplazamiento no se hizo, pese a que, antes de abrirse el período de prueba, estaba ya vigente el texto de la Constitución.
Tampoco entiende que concurra la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 a), en relación con el 44.2 de la LOTC, esto es, la presentación de la demanda fuera del plazo de los veinte días computados a partir de la notificación de la resolución recaída. Se insiste en que, al no haber sido parte el señor A. en el proceso contencioso-administrativo, ni le fue notificada la Sentencia recaída en la primera instancia, ni tampoco la declaración de firmeza que de la misma efectuó el Tribunal Supremo.
8. El 26 de septiembre de 1984 la Sección acordó acusar recibo a la Audiencia Territorial de Pamplona de las actuaciones remitidas en cumplimiento de lo proveído el 27 de junio anterior. Acordó, asimismo, tener por personado y parte en el proceso de amparo a don Manuel A. L., y en su nombre y representación al Procurador don Manuel A. T.. De conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 de la LOTC se dio, finalmente, vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a los comparecidos en el proceso para que, en el plazo de veinte días, formulasen las alegaciones que estimaren pertinentes.
11. La representación de don Manuel A. L. se opone a la pretensión de amparo en escrito de 24 de octubre de 1984 con las siguientes alegaciones:
1.ª El señor A. G. afirma que hasta el día 29 de marzo de 1984 no tuvo cabal y exacto conocimiento del proceso contencioso-administrativo núm. 261/1978 y de la Sentencia de 7 de abril de 1981, dictada en el mismo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona.
Y en base a que no concurrió al citado procedimiento, por no haber sido emplazado personalmente, es por lo que el señor A. G. promueve el presente recurso de amparo fundado en el art. 24 de la C.E.
Sin embargo -se afirma- existen hechos anteriores, coetáneos y posteriores que prueban que el señor A. G. tuvo conocimiento de la existencia del aludido proceso contencioso-administrativo y también de la Sentencia dictada en el mismo; acreditándose a su través que el hoy recurrente se apartó voluntariamente del conocimiento del curso de aquel proceso, actitud que obviamente no puede ahora beneficiarle y, menos aún, en perjuicio de tercero.
a) Anteriores.-Con anterioridad al proceso contencioso-administrativo núm. 261/1978, el señor A. L. promovió recurso contencioso-administrativo núm. 322/1976 sobre denuncia al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Azpeitia de la apertura ilegal al público por don Manuel A. G. de un bodegón-restaurante en la denominada Casa Bizker de aquella villa, solicitando que se procediera a la clausura del establecimiento y se impusiera al denunciado la sanción reglamentaria; recurso que fue declarado inadmisible por la Sala de Pamplona por Sentencia de 22 de diciembre de 1977. Promovida apelación por el señor A., la Sala Cuarta del Tribunal Supremo dicta Sentencia de 2 de mayo de 1981 estimando en parte la apelación y desestimando el recurso contencioso-administrativo, por estar tramitándose expediente de legalización de aquella actividad, «sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar en su día para impugnar la resolución que el Ayuntamiento adopte en dicho proceso de legalización»» (considerando 2. ).
En este recurso núm. 332/1976 sí compareció como codemandado el señor A. G., según resulta de la Sentencia dictada por la Sala de Pamplona en los indicados Autos. Y ello (la comparecencia), aunque el hoy recurrente no fue emplazado personalmente; esto es, el señor A. G., pese a la falta de emplazamiento personal, tuvo conocimiento de la sustanciación del proceso y compareció en él en calidad de parte codemandada.
b) Coetáneos.-Del acto municipal de 29 de marzo de 1978, objeto del recurso contencioso-administrativo núm. 261/1978 y del que tuvo conocimiento el ahora demandante de amparo, se desprenden dos datos que ponen de manifiesto que el señor A. G. tuvo conocimiento de la posibilidad de que por el señor A. L. se promoviese este recurso núm. 261/1978, y que, por tanto, el actual actor actuó, en su caso, negligentemente, sin que su falta de diligencia pueda perjudicar al señor A..
Una actuación normalmente diligente del señor A. G. le hubiera permitido -como ya antes le permitió en el recurso num. 332/1976- comparecer en el recurso contencioso-administrativo núm. 261/1978, pese a no haber sido emplazado personalmente.
c) Posteriores.-Resulta inverosímil que el señor A. G. no tuviera conocimiento de la Sentencia frente a la que promueve el amparo hasta cuando había transcurrido casi dos años desde su firmeza. Y ello más aún, si se tiene en cuenta que ese conocimiento coincide temporalmente con el momento en que, tras un largo rosario de actuaciones encaminadas a su ejecución, el Ayuntamiento de Azpeitia se viese compelido a ejecutar aquélla.
A la vista de tales circunstancias, es insólita la sorpresa con que el 29 de marzo de 1984 el señor A. G. dice acoger la noticia de la existencia de la Sentencia contra la que ahora se alza en amparo.
El señor A. G. tuvo conocimiento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona con anterioridad a la fecha indicada en s u escrito de demanda, esto es, el 29 de marzo de 1984; y por consiguiente, si se tiene en cuenta que ya a mediados de 1982 o, en el peor de los casos, en 1983 el demandante de amparo tuvo conocimiento de la meritada Sentencia, es obvio que ha transcurrido con exceso el plazo fijado por el art. 44.2 de la LOTC para interponer el recurso de amparo contra un acto y omisión de un órgano judicial que pueda constituir violación de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
El señor A. G. tuvo -o, en otro caso, pudo tener actuando con la normal diligencia- conocimiento de la interposición del recurso contencioso-administrativo 622 concurrir a la defensa de sus intereses legítimos.
Además, el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la C.E.) exige la protección de los legítimos derechos e intereses de la persona -en este caso, el señor A. L. ha obtenido una resolución judicial favorable, a través de un proceso en el que se han observado escrupulosamente las normas procesales vigentes.
4.ª La pretensión del amparo pretende desconocer el derecho fundamental que ostenta el señor A. L. a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
Ante el incumplimiento del fallo judicial por el Ayuntamiento de Azpeitia, el señor A. promovió un incidente jurisdiccional de ejecución de Sentencia ante la Sala de Pamplona. Pese a sus intentos de lograr aquella ejecución y pese también a los acuerdos de la Sala sentenciadora en idéntico sentido, el Ayuntamiento de Azpeitia no procedió al cumplimiento del fallo judicial.
El señor A. reclama la protección de su derecho, también fundamental, a un proceso público sin dilaciones indebidas (art. 24.2 de la C.E.), a cuyo través consiga la pronta ejecución de un fallo judicial que le es favorable.
Todo ello trae consigo la procedencia de desestimar el recurso de amparo promovido por el señor A. G., ya que el señor A. L. es titular de los derechos fundamentales contenidos en el art. 24.1 y 2 de la C.E., derechos que no pueden quedar desprotegidos ni pueden ser tampoco violados.
Por otrosí solicita la representación del señor A. el recibimiento a prueba del recurso, indicando, como extremos sobre los que habría de versar, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona dictada en el recurso 332/ 1976; la información publicada en los medios de comunicación social sobre la existencia de la referida Sentencia y cualquier otro extremo que pudiera tener relación con el recurso.
12. La Sección, por providencia de 21 de noviembre de 1984, acordó dar traslado al recurrente y al Ministerio Fiscal de la solicitud de recibimiento a prueba formulada por la representación del señor A. L.. El solicitante de amparo no formuló alegación alguna; el Ministerio Fiscal mostró su conformidad con el recibimiento a prueba. Por providencia de 19 de diciembre de 1984 la Sección acordó recibir a prueba el presente recurso por plazo común de treinta días, aunque referido exclusivamente a la información publicada en los medios de comunicación social sobre la existencia de la Sentencia sobre la que se promueve el recurso de amparo.
13. Por escrito de 10 de enero de 1985, la representación de don Manuel A. L. pide que se ordene la práctica de la prueba documental, consistente en dirigir oficio o comunicación a la Dirección del periódico «El Diario Vasco», a fin de que facilite a la Sala ejemplar de dicho periódico correspondiente al día 28 de mayo de 1982 en que se hizo público el acuerdo del Ayuntamiento de Azpeitia sobre la Sentencia impugnada. La Sección, por providencia de 20 de febrero de 1985, admitió la propuesta y concedió a la representación de la parte proponente un plazo de catorce días para que aportase, por sí misma, el ejemplar del periódico que había indicado.
El 11 de marzo de 1985 la representación del señor A. aportó fotocopia de la página 16 del periódico «El Diario Vasco» correspondiente al viernes 28 de mayo de 1982, en el que figura una crónica del corresponsal en Azpeitia, señor E., referente al extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de la indicada localidad en su última sesión anterior.
Por tanto, la fotocopia del diario aportada no permite concluir, como pretende el demandado, que el recurrente supiera con anterioridad, casi dos años antes, la existencia de la Sentencia que ahora se impugna en amparo. Ello sin perjuicio de que es difícil no convenir con dicho demandado «que resulta inverosímil que el señor A. no tuviera conocimiento de la Sentencia», dadas las reclamaciones previas en que intervino y la forzosa noticia que de una resolución de este tipo se tiene en una localidad de no mucha población.
1. La pretensión formulada en el presente recurso de amparo es la de que declaremos la nulidad de la Sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Pamplona el 7 de abril de 1981 en el recurso interpuesto por don Manuel A. L. contra dos resoluciones del Ayuntamiento de Azpeitia por las que se legalizaban unas obras realizadas en el bar-restaurante de don Manuel A. G..
Don Manuel A. L., que también ha comparecido en este recurso, se opone tajantemente a las pretensiones del solicitante de amparo. Ha intentado probar que el señor A. tuvo conocimiento de la existencia del proceso contencioso-administrativo con anterioridad a la fecha del 29 de marzo de 1984; que el recurrente ha mantenido una actitud poco diligente en la defensa de sus intereses y que, en fin, conceder el amparo que se impetra produciría un grave perjuicio al señor A., hasta el punto de pararle una auténtica lesión del derecho -que también posea una tutela judicial efectiva.
Es obvio que los actos municipales impugnados en el proceso contencioso de que trae causa el presente recurso reconocían derechos subjetivos en favor del señor A. G.. En consecuencia, a tenor de lo dispuesto en el art. 29.1 b) de la LJCA, el recurrente debió ostentar la condición de parte demandada en aquel proceso. Por otra parte, la circunstancia, debidamente acreditada, de que el legitimado como parte demandada era conocido e identificable, a partir de los datos que obraron en autos, nos obliga a examinar si efectivamente se ha producido, o no, una lesión constitucional del derecho a una tutela judicial efectiva del recurrente, toda vez que, antes de concluir el proceso, entró en vigor la Constitución Española de 1978 y su haz de garantías jurisdiccionales.
3. Con carácter previo se ha de examinar si efectivamente concurre en el presente caso la causa de inadmisión que fue puesta de manifiesto por nuestra providencia de 16 de mayo de 1984, y en la que ha insistido la representación del señor A. L.; en concreto, si la demanda ha de ser considerada como extemporánea por interpuesta fuera del plazo de veinte días que dice el art. 44.2 de la LOTC. Como se ha afirmado en nuestra reciente sentencia de 26 de marzo de 1985 (R.A. 378/1983), dicho plazo ha de ser computado desde el momento en que el demandante tuvo conocimiento suficiente de la existencia de la Sentencia frente a la que se interpone el recurso de amparo. Aunque, como también reconoce El Ministerio Fiscal, resulta poco creíble que el señor A. G. no tuviera conocimiento de una Sentencia dictada dos años antes de la fecha del 29 de marzo de 1984 por él reconocida como de primera noticia -y no completa- de la precitada resolución; aunque también resulte poco verosímil esa falta de noticias en una localidad de las dimensiones de Azpeitia, respecto de un asunto del que se ocuparon los medios de comunicación social, hay que convenir en que el codemandado, señor A., no ha logrado probar en forma fehaciente que el recurrente haya conocido la resolución de la Audiencia Territorial con anterioridad a la precitada fecha de 29 de marzo de 1984. No podemos, en consecuencia, estimar que concurre en este caso la extemporaneidad del recurso que ha aducido como excepción el señor A..
Sin embargo, sí es preciso dejar constancia de la conducta procesal del señor A. G. en el presente recurso, en el que, a partir del momento de la solicitud de recibimiento a prueba, de la que se le dio traslado por providencia de 21 de noviembre de 1984, ha omitido toda intervención y todo alegato en defensa de sus derechos, en los que se dice indefenso. Es éste un aspecto importante a los efectos de la decisión de la presente litis.
Hay que acoger, en este caso, las alegaciones del codemandado señor A. sobre la conducta indiligente del señor A.. Y es que no puede invocar válidamente indefensión, en esta vía constitucional, quien ha mantenido una conducta procesal errática y abusiva. El solicitante de amparo se debe ver vinculado por sus propios actos a lo largo del muy dilatado proceso seguido en vía administrativa y contenciosa frente al señor A..
Hay que hacer mérito, en primer lugar, de que el 21 de enero de 1976 el Alcalde de Azpeitia ordenó la suspensión de las obras que el señor A. venía realizando sin licencia. Dicha orden de suspensión fue consentida por el hoy solicitante de amparo, que no recurrió contra ella, por lo que devino firme, como declara la Sentencia de la Audiencia Territorial. Ello no impidió al señor A. hacer caso omiso de la orden de suspensión, continuando las obras hasta su total terminación. No por ello abandonó la defensa puntual de sus intereses, hasta el punto de comparecer como codemandado en el recurso contencioso-administrativo núm. 261/1978, también promovido por el señor A., pese a no haber sido -tampoco en este caso- emplazado personalmente. Sin embargo no compareció en el recurso contencioso cuya Sentencia impugna y, todo ello, pese a haberle sido notificada personalmente la resolución del recurso de reposición previa al mismo.
Tan sólo dos años después de que la jurisdicción contenciosa reconociera la necesidad de demoler las obras por él realizadas es cuando el señor A. reacciona y se ve sorprendido por esta nueva resolución, frente a la que invoca indefensión. Y una vez entablado el presente recurso de amparo -y obtenida la suspensión de la ejecución de la Sentencia- omite la colaboración procesal debida a este Tribunal, declinando formular alegaciones sobre la prueba solicitada.
De todo lo expuesto resulta, con meridiana claridad, que frente a la tenaz y constante defensa de sus derechos, que ha practicado el señor A., el recurrente ha tenido una conducta indiligente que nos lleva a excluir que se haya visto lesionado en su derecho fundamental a una tutela judicial efectiva. Basta, para declararlo así, comprobar que le fue notificado personalmente el recurso de reposición previo al contencioso-administrativo que se siguió ante la Audiencia Territorial de Pamplona, como ya dejamos indicado en nuestra citada Sentencia de 26 de marzo de 1985, el conocimiento por parte del administrado de que el acto administrativo por el que se ve beneficiado ha sido recurrido en vía administrativa (y más en un recurso de reposición previo al contencioso) impone sobre él una obligación de especial diligencia para seguir el curso del procedimiento. Diligencia que el señor A. supo utilizar en el recurso contencioso núm. 261/1978, y que debió emplear en el presente caso.
Denegar el amparo solicitado por don Manuel A. G. y el levantamiento de la suspensión de la ejecución de la Sentencia de la Audiencia Territorial de Pamplona de 7 de abril de 1981.
SAP Álava 291/2013, 9 de Julio de 2013
STSJ Castilla y León , 5 de Octubre de 2001
STS 28/2017, 16 de Enero de 2017

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