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Timestamp: 2016-10-24 18:31:30+00:00

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no han sido exitosos. podemos mencionar a guisa de
2 Tal es el caso. al menos de manera incipiente. No obstante. Resulta difícil explicar este “fenómeno delictivo”. Es imperativo revertir los índices de inseguridad pública e imprescindible que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones. Es claro que esta situación dificulta el desarrollo de México. la insatisfacción de las necesidades básicas de amplias capas de la población.
ejemplo. En suma. la sociedad mexicana experimenta un dramático círculo vicioso: la incidencia delictiva aumenta a causa de la deficiencia y corrupción de las autoridades encargadas de combatirla. los niveles de impunidad y de inseguridad pública se han incrementado en los últimos años. lo que genera impunidad. Vínculo jurídico. se impondrá una sanción proporcional a la conducta y que la víctima tendrá a su alcance los elementos y medios eficaces para ser restituida en el agravio ocasionado. a pesar que en el discurso oficial y en las campañas mediáticas el gobierno mexicano pretenda sostener lo contrario. Esto es. servicios de salud deficientes.
En nuestro país. Su etiología es compleja y multifactorial. desde hace mucho tiempo ha dejado de ser un problema doméstico. Esta dramática situación es reconocida por el Ejecutivo federal quien. el creciente desempleo y el subempleo. incluso. no podemos soslayar una diversa variable que influye en la generación y agudización de la actual situación de crisis en que nos encontramos inmersos: la ineficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia de nuestro país y la corrupción. que cobra mayor importancia tratándose de disposiciones de naturaleza penal y procesal penal.12
EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE. la inestabilidad financiera de los mercados. Principio de publicidad y transparencia. en la “Exposición de Motivos” de la Reforma Constitucional en materia de Seguridad y Justicia establece. la esencia del denominado “Derecho Público” está constituida por la interrelación entre gobernantes y gobernados. y además modernizar y fortalecer a las instituciones en aras de garantizar una atmósfera de paz y tranquilidad públicas. necesariamente. ya que los reflectores de diversos países y organismos internacionales se han posado en nuestro territorio a fin de presenciar la manera en que infructuosamente se pretende hacer frente a estos
. podemos realizar algunas reflexiones. a quienes eventualmente les será aplicada. en estas relaciones que surgen en el seno del Estado es necesario que los gobernados conozcan.
En efecto. donde es nota común que el hampa cotidianamente realice actividades vinculadas con el narcotráfico. la preocupante agudización de la pobreza extrema. entre otras. en su caso. Sobre este particular (modificación del marco constitucional penal). Las últimas décadas de nuestro país se han caracterizado por un acelerado crecimiento de los índices delictivos. social y político en el que. Así. Sinaloa y Baja California. causas que históricamente han favorecido la impunidad.
No debe perderse de vista que la crisis de seguridad pública a que nos referimos. si bien han tenido como nota distintiva la constancia y la buena fe. No resulta ajeno para nadie. así como de insatisfacción y reclamo a las autoridades gubernamentales.. ya que aleja las inversiones. se debe procurar ampliar y defender los derechos y prerrogativas de las personas en todos los órdenes de vida. el hecho de que la delincuencia común y la denominada “delincuencia organizada” hayan expandido alarmantemente su campo de acción en las grandes ciudades. sino que además su redacción debe ser clara y asequible para los ciudadanos. cuáles son las consecuencias que se generan por vulnerar una norma jurídica o. el acceso marginal a las oportunidades de educación. Y a su vez. por citar un ejemplo. la desintegración familiar. mismos que han generado un tenso ambiente de inseguridad. la difusión de programas con un alto contenido de violencia en los medios masivos de comunicación. muchas veces producto de diversas variables que afectan a la sociedad misma y que no tienen vinculación alguna con la criminalidad. las leyes no sólo deben ser materia de información para la sociedad. el deterioro de las condiciones económicas y sociales del país. de los estados de Aguascalientes. que sienta la certeza de que. Luego. ante la comisión de un delito.. situación que tiene desoladas a diversas poblaciones. esta percepción de impunidad e impotencia del gobierno ha servido para favorecer a la delincuencia. ejecute altos mandos policíacos o realice “levantones” de personas. por menor que éste sea. provoca desconfianza en las instituciones públicas y obstaculiza el desarrollo personal de los individuos y de toda nuestra comunidad.2 Los esfuerzos gubernamentales a éste respecto. Aunado a estos factores sociológicos. da lugar a una percepción de temor generalizado en la sociedad. cuáles son los objetivos y alcances del texto legal materia de reforma. e incluso se ha hecho del control de diversos centros de población.
347. tal y como acontece con otras instituciones jurídicas. resulta claro que si el Constituyente pretendía rediseñar esta importante parte del sistema jurídico mexicano. de forma normal. o bien. Buenos Aires. Por ende el Constituyente. podemos entender los motivos por los cuales en los órganos de gobierno más altos de nuestro país se determinó reformar el sistema de justicia mexicano. incluidas las de orden procesal penal. Argentina.
necesidad de reparar el orden jurídico positivo cuando no se cumple directamente.. Derecho Penal (La ley. et. Institución adjetiva esta última cuya importancia es superlativa. 5 Righi. que será el eje rector con base en el cual las legislaciones federal y estatales van a adecuar sus marcos jurídicos. culmina con la emisión de un fallo o de una sentencia por parte de una autoridad de tipo judicial—. dicho redireccionamiento debió realizarse de manera integral. a ella deben de ajustarse las leyes y codificaciones de nuestro país. Es lógico advertir que el Derecho Procesal Penal constituye. quinta edición. pretendo analizar dos importantes figuras que han sido recientemente incorporadas a nuestro texto constitucional. dado que nuestra Constitución federal es la base fundamental de toda nuestra estructura jurídica. antes que todo. para que este esfuerzo no quedara a nivel de remiendo intrascenden4 García Ramírez.14
EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE. Editorial Hamurabi. p. Una vez esbozado este delicado panorama. necesariamente. el delito. el “hecho que la ley señale como delito” así como la “probabilidad de comisión o participación del inculpado”. Modificaciones que. penitenciario. las embajadas de diversos países con los que México guarda relaciones diplomáticas han tenido que cerrar sus puertas dado el clima de inseguridad que impera. impunidad y corrupción se han convertido en las cartas de presentación de la República mexicana frente al concierto de naciones. sino tan sólo con arreglo a las disposiciones que describe el delito”.5 Por ende..al. respecto del riesgo que implica vacacionar en nuestro territorio. o bien exigirse determinadas prestaciones sin el aval judicial. Sergio. Esto es. es eminentemente pragmática. pues surge de la
Con respecto a esta categoría procesal. 2005.
grupos delincuenciales. una “investigación institucionalizada” con respecto a un hecho de la vida cotidiana —la cual. Violencia. En él. En estas reflexiones. México. razón por la cual se encuentra regido por reglas de procedimiento que aseguran tanto su objeto.4 El proceso penal es. hago la advertencia que en el desa rrollo de la presente investigación se empleará indistintamente la expresión: “probabilidad de intervención del inculpado”. ya que bajo el concepto “intervención” estimo se contienen tanto la autoría como la participación de un inculpado en un hecho delictivo. y el interés de la persona o personas que buscan la conservación de su libertad y demás derechos.
. p. es claro que nada agravia y afecta tanto a la sociedad como la impunidad y la violencia. o bien de seguridad pública nacional. Esteban. El proceso penal no es la excepción a esta regla: “(…) la determinación y realización de la pretensión penal estatal no puede llevarse a cabo de ‘cualquier manera’. per se. 1989. y nada demerita tanto a la autoridad como el tildarla de ineficiente y corrupta. el proceso y la pena). Editorial Porrúa. como la forma. las partes no pueden convenir libremente ni lo que van a investigar. II. que diversos gobiernos extranjeros emitan “alertas” a sus ciudadanos. Curso de Derecho Procesal Penal. y con base en esos nuevos postulados deberán garantizar el interés colectivo y la paz social. profunda y novedosa. una “relación de antagonismo” entre el interés de la comunidad que busca la vigencia y el respeto del orden jurídico como garantía de convivencia y paz social. 1. entre otros. Para ninguno de nosotros es ajeno el hecho de que en diversas ocasiones. pues se erige como la base de todo el sistema de procuración e impartición de justicia. tendrán incidencia en los ámbitos penal sustantivo y adjetivo. ni la forma de hacerlo. De ahí la importancia de esta Reforma Constitucional en materia de Seguridad y Justicia que ahora se analiza. al redireccionar el sistema de justicia mexicano. primeramente a nivel constitucional. LAS NUEVAS CATEGORÍAS CONSTITUCIONALES -ADJETIVAS Y SU
La teleología del proceso penal. Luego. necesariamente se encontraba obligado a incidir en temas procesales penales. 3 con base en las cuales se pretende edificar el nuevo “proceso penal” (de corte acusatorio y con preeminencia de la oralidad) tanto a nivel federal como local. ya que en todos los casos deben de ajustarse a las normas y conceptos de naturaleza procesal. y a la cual haré referencia.
un papel verdaderamente trascendente por su importancia en el Estado de Derecho. Buenos Aires.. 1987.8 Por lo que respecta a nuestro país la Suprema Corte de Justicia de la Nación.7 Ya en el siglo XX. este concepto se tradujo en una expresión de uso común por los prácticos europeos y por las legislaciones americanas. emitió durante la Quinta Época del Semanario
Luna Castro. Es el que hace referencia a la utilización de instrumentos o medios destinados a facilitar la actividad del delincuente. rastros o vestigios que fueron dejados por el imputado en la comisión del hecho delictuoso. tuvieran que ser rediseñados por el legislador constituyente. 1999.
Esto es. a tal nivel que representó. pp. Así. noviembre de 1967. número 450. El cuerpo del delito o corpus delicti. la acción punible abstractamente descrita en cada infracción. por lo que respecta a nuestro tópico. México. México. Su aplicación al Derecho colombiano. Debo precisar que sus antecedentes inmediatos se encuentran en las instituciones que vienen a sustituir. Argentina. a fin de hacer referencia a las huellas encontradas durante el examen de los cuerpos de las víctimas. Conceptos generales. 8 Cancino.
Entendido como la persona o cosa sobre la que se han ejecutado los hechos que la ley tipifica como delictivos. al concepto “cuerpo del delito” (hoy en día hecho que la ley señale como delito) le fueron atribuidas diversas acepciones en su significado. el Derecho Penal sustantivo. exige la constatación del “hecho que la ley señale como delito” y “probabilidad de intervención del inculpado”. Categorías adjetivas que. 60. El cuerpo del delito. 25 y ss. así como diversas posiciones de análisis mismas que se pretenden sistematizar a fin de facilitar su comprensión:6
Díaz A.. a través de su Primera Sala.
. razón por la cual es menester puntualizar algunos de sus antecedentes. debe decirse que el 18 de junio de 2008 fue reformado el texto de un trascendente precepto legal como lo es el artículo 16 constitucional. en su momento. La Justicia. El cuerpo del delito. III. tales como las garantías individuales en materia penal. vienen a revolucionar los postulados y principios del proceso penal en nuestro país. tomo XXVI. ANTECEDENTES TEÓRICOS La reforma constitucional de 18 de junio de 2008 a los artículos 16 y 19. especialmente derivado del principio de legalidad. y que serán nuestra materia de análisis. Antonio José. entre otros aspectos.. el sistema de seguridad pública. y desde luego. una tercera acepción como cualquier huella o vestigio de la naturaleza real que se conserve respecto de la acción material realizada”. lógicamente. esto es. Es el que está constituido por las piezas de convicción. De ahí la necesidad de que diversas esferas. el Derecho Penitenciario. 90. es decir. en un esfuerzo teórico por definir este concepto. el Derecho Procesal Penal. para la orden de aprehensión y el auto vinculatorio al proceso. que al “cuerpo del delito” históricamente se le ha considerado como: “(…) el hecho objetivo ínsito en cada delito. por las de “hecho que la ley señale como delito” y “probabilidad de intervención del inculpado”. El concepto de tipo penal en México (Un estudio actual sobre las repercusiones de su aplicación en la legislación nacional). refiriéndome desde luego a las figuras de “cuerpo del delito” y “responsabilidad penal probable”. es un añejo concepto utilizado en las leyes germánicas de la Edad Media. por las huellas.16
EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE. A partir de ese momento. Editorial Abeledo-Perrot. se le ha estimado como el efecto material que los delitos de hecho permanente dejan después de su perpetración (…) y finalmente. en palabras del destacado jurista José Nieves Luna Castro. p. p.
te. quien fue el primero en emplearla a mediados del siglo XVI. a fin de sustituir las históricas figuras de “cuerpo del delito” y “responsabilidad penal de tipo probable”. José Nieves. en otras ocasiones. Clemente. Editorial Porrúa. El concepto “cuerpo del delito” se atribuye a Farinccio.
Fernando. de lo que se sospecha por tener indicios. Nadie podrá ser detenido. al menos de manera probable o presunta (semiplena).
hay elementos suficientes para suponer que una persona ha tomado parte en la ejecución de un acto ilícito por el que debe ser sometido al proceso correspondiente. el cuatro de octubre del año del Señor de 1824.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 182410 Respecto de los conceptos cuerpo del delito (hecho que la ley señale como delito) y probable responsabilidad penal (probabilidad de intervención del inculpado). consultable en el Tomo CIII. puede advertirse a manera de antecedentes el siguiente artículo: “Artículo 150. página un mil doscientos cuarenta y dos. basada meramente en aspectos descriptivos o estructurales. de manera indirecta.
. IV. donde textualmente se disponía: “CUERPO DEL DELITO. por regla general. no debe olvidarse que todo antisocial. Elemento que. pues así se desprende del capítulo relativo a la comprobación del cuerpo del delito”. con base en esta simple precisión dogmática. ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES IV. esto es. p. cuando
Arilla Bas. El procedimiento penal mexicano. espacial y temporal. Situación similar aconteció con el concepto de “responsabilidad penal probable o presunta”. la ciencia procesal penal haya creado la figura de la “responsabilidad penal”. y. aparejado a la figura del “cuerpo del delito”. implica un fenómeno psicológico. de la Libertad y 2º.
Judicial de la Federación una tesis aislada en materia común. En efecto. una garantía de libertad deambulatoria. se compone de dos elementos principales e inseparables: 1) el hecho considerado en sí mismo. Ambos conceptos en nuestro sistema jurídico penal mexicano. de igual manera. hasta incluir elementos propios de la evolución dogmática de la teoría del delito. 3º. la necesidad de acreditar. Luego. Se advertía. cuyo grado de certeza varía en atención a la fase procesal en que se ubique. se justifica que en un plano procesal. con total abstracción de la voluntad o del dolo.. históricamente detentaron una gran importancia procesal. existe presunta o probable responsabilidad penal. de los elementos contenidos en la figura que describe el delito”. Doctrinariamente. “Probable” o “presunta” son sinónimos. claramente podemos advertir de la redacción de dicha Carta Magna que consagraba a favor de todo gobernado. debe entenderse el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyan el delito. sin que haya semiplena prueba o indicio de que es delincuente. En consecuencia. que se refieren sólo a la culpabilidad. el ilustre tratadista Fernando Arilla Bas lo define como: “(…) la realización histórica. de la Federación. a fin de que se responsabilizara socialmente por el mismo. IV.” Así. 2) la culpabilidad del agente.2 Leyes Constitucionales de la República Mexicana de 30 de diciembre de1836 En dicho ordenamiento fundamental de corte centralista.9 Este concepto tuvo una evolución que va desde su integración.. estableciendo que la misma sólo podría ser afectada ante la presencia de una prueba “semiplena o indicio” de que alguien era delincuente.— Por cuerpo del delito. Editorial Porrúa. ha cambiado en su conformación acorde con las modificaciones hechas a los sistemas o escuelas penales.18
EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE. 97. Así. La responsabilidad es el deber jurídico del sujeto de soportar las consecuencias de un hecho delictivo atribuido. previo desahogo de un procedimiento. México. la materialidad del injusto. ya que desde sus orígenes fue empleado como un mecanismo jurídico para vincular al autor con el hecho antisocial. desde esa época. significan lo fundado en razón prudente. se encuentra como antecedente:
10 Otorgada por el Supremo Poder Ejecutivo nombrado provisionalmente por el soberano Congreso General de la Nación. la intervención de una persona en un hecho estimado por la ley como delictivo. 4º. mismo que puede ser pleno o probable. un acto de la razón y del libre albedrío. de la Independencia. y considerando bajo el aspecto subjetivo. ya que durante años fueron la base de todo el sistema penal. a fin de hacer referencia a la existencia de determinadas pruebas por las cuales se pueda suponer la intervención de un sujeto en la realización de un hecho considerado como delictivo. el delito estimado en su elemento físico material es un acto externo que cae bajo el dominio de los sentidos. 1997.
IV.4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 En este histórico documento fundamental.) Artículo 19. y que se le haya tomado declaración preparatoria. Nadie puede ser molestado en su persona. y que por un lado se hace alusión al concepto “hecho criminal” para referirse a una conducta antisocial.. y sólo cuando obren contra él indicios suficientes
Dado en el Palacio de Chapultepec. Segundo.. constituye responsables a la autoridad que la ordena o consciente. Que preceda información sumaria de que resulte haber sucedido un hecho que merezca. Que resulte también algún motivo o indicio suficiente. se estableció lo siguiente:
Artículo 40. para efectos de su acreditamiento. En el caso de delito in fraganti. por el entonces Presidente sustituto de la República Mexicana. ministros. y a los agentes. para creer que tal persona ha cometido el hecho criminal. (. categoría ésta última respecto la cual. que haya datos suficientes según las leyes para creer que el detenido es responsable. sin que se justifique con un auto motivado de prisión y los demás requisitos que establezca la ley.. a fin de vincular provisionalmente al autor con el hecho. Para proceder a la simple detención basta alguna presunción legal.20
EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE. el 10 de abril de 1865..3 Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana de 15 de mayo de 1856 En este efímero ordenamiento11 que estructuró a la República mexicana.. según las leyes. se desprende que en dicho ordenamiento se hace alusión por vez primera a los conceptos de “cuerpo del delito” —empleado como sinónimo de “delito”— y “responsable”. que funde y motive la causa legal del procedimiento. El sólo lapso de éste término.
copia al reo y a su custodio. Ninguno será aprehendido sino por los agentes que la ley establezca o por las personas comisionadas al efecto y en virtud de orden escrita del juez de su propio fuero o de la autoridad política respectiva.
Artículo 43. e incluso una clara similitud con el texto constitucional reformado el 18 de junio de 2008.
En la redacción de estos preceptos legales. sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. La autoridad judicial no puede detener a ningún acusado por más de cinco días sin dictar el auto motivado de prisión del que se dará
Otorgado el 15 de mayo de 1856. IV. Para proceder a la prisión se requiere: Primero.
. Artículo 44. puede apreciarse que el legislador constituyente se limitó a emplear las expresiones “delito” y “delincuente” para referirse a las categorías materia de este análisis:
Artículo 16. domicilio. IV. se hace referencia no sólo a la mera existencia de pruebas que acrediten tales extremos.5 Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1865 En el artículo 60 de este breve ordenamiento emitido por Maximiliano de Habsburgo. sólo se exigía la existencia de “datos suficientes”.. o sospecha fundada. (. al referirse a la existencia de una “presunción legal” o de una “sospecha fundada”. papeles y posesiones. sino también a una clara exigencia al juez para que analice los mismos y tenga por acreditados tales extremos legales. que incline al juez contra persona y por delito determinado.12 se establecía lo siguiente: “Artículo 60.. Desde luego. ser castigado con pena corporal. dado por escrito y firmado. y al diverso de “motivo o indicio suficiente de que la persona lo ha cometido”. alcaldes o carceleros que la ejecuten (…). y para el cual se requiere: que esté averiguado el cuerpo del delito. se encuentra una mayor diferenciación entre ambos conceptos.
De la simple lectura de los anteriores preceptos. Una ley fijará las penas necesarias para reprimir la arbitrariedad de los jueces en esta materia. familia. Ninguna detención podrá exceder del término de tres días. y cuando contra él obren indicios por los cuales se presuma ser reo de determinado delito que se haya cometido. ciudad de México. don Ignacio Comonfort. si lo hubiere.Ninguno será detenido sino por mandato de autoridad competente. y de quien es su acusador.) Artículo 44. impuesto de la causa de su prisión. toda persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata.
Los custodios que no reciban copia autorizada del auto de formal prisión dentro del plazo antes señalado.7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada el 3 de septiembre de 1993) De acuerdo a la reforma constitucional. o bien en grado de probabilidad. en que cualquiera persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices. En ambos.El Ministerio Público acreditará los elementos del tipo penal del delito de que se trate y la probable responsabilidad del inculpa-
. La prolongación de la detención en perjuicio del inculpado será sancionada por la ley penal. hecha excepción de los casos de flagrante delito. en las cárceles. sancionado cuando menos con pena privativa de la libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado. y sin que estén apoyadas aquéllas por declaración. acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito.
Evidentemente en esta Carta Magna se desprende el empleo. de la expresión “probable responsabilidad”. en el que cualquiera puede aprehender al reo para conducirlo a la presencia judicial o de la autoridad competente”. según la disposición constitucional en estudio. misma que se hizo el 10 de enero de 1994. sin que preceda denuncia. por vez primera. poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata. para el libramiento de la orden de aprehensión y el dictado de la formal prisión. toda gabela o contribución. a no ser por la autoridad judicial. fue necesaria la adecuación del Código Federal de Procedimientos Penales para que concordara con lo que establecía el artículo 16 constitucional. la cual se tendría acreditada. el legislador constituyente plasmó en el texto del artículo 16 constitucional lo siguiente:
(…) No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención. de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable de responsabilidad al inculpado. IV.6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 El 5 de febrero de la precitada data. se advierte el empleo de la palabra “hecho determinado” para referirse al antisocial que presuntamente desplegó el inculpado..
Por consiguiente. IV. toda molestia que se infiera sin motivo legal. son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. con base en la “(…) declaración.22
EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE.(…) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia. de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal.(…) Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del término de setenta y dos horas. de persona digna de fe o por cualesquiera otros datos (…)”. si fuere conducente. Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso.. los cuales estaban redactados de la siguiente manera:
Artículo 16. acusación o querella. ya que la constatación de los mismos será materia del proceso. a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición. Aunado a lo anterior. y si no reciben la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes pondrán al inculpado en libertad.. sin que se justifique con un auto de formal prisión y siempre que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten los elementos del tipo penal del delito que se impute al detenido y hagan probable la responsabilidad de éste. Artículo 19. los artículos 16 y 19 de la Constitución Política exigieron la acreditación de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado. Todo maltratamiento que en la aprehensión o en las prisiones. bajo protesta. Se exceptúa el caso de delito in fraganti.. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue. de nueva cuenta se advierte su acreditamiento de manera provisional.
para presumirle autor de un delito. deberá ser objeto de averiguación separada. En este ordenamiento puede apreciarse el empleo de las expresiones “delito” y de “indicios suficientes para presumir autor” del mismo. bajo protesta.. sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación. la cual quedó de la siguiente manera:
Artículo 168. deberán llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el término.
a virtud de que la precitada reforma al texto constitucional no definía lo que en esa época se debía entender como “cuerpo del delito” y “probable responsabilidad”. es menester precisar que dado el contenido del artículo segundo transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 que modifica la Constitución federal.
Este dispositivo instrumental sigue actualmente vigente. 20 y 21. y la autoridad judicial. entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente. cuarto y sexto. la autoridad deberá constatar si no existe acreditada en favor de aquél alguna causa de licitud y que obren datos suficientes para acreditar su probable culpabilidad. a su vez. y se regresó al concepto de “cuerpo del delito”. la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad. los Estados y el Distrito Federal. párrafo séptimo. c) el objeto material. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16. y la autoridad judicial. párrafos segundo y decimotercero.
Luego. párrafos tercero. Los elementos del tipo penal de que se trate y la probable responsabilidad se acreditará por cualquier medio probatorio que señale la ley. examinará si ambos requisitos están acreditados en autos.
do. Para resolver sobre la probable responsabilidad del inculpado. El cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad se acreditarán por cualquier medio probatorio que señale la ley.(…) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito.. se acreditarán.
IV. d) los medios utilizados. sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. de los medios probatorios existentes. La existencia de la correspondiente acción u omisión y de la lesión o.
III. deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio (…)”. no obstante que el texto de la Constitución federal. en el ámbito de sus respectivas competencias.13 existe una vacatio legis por virtud de la cual los legisladores secundarios cuentan con un plazo de ocho años a fin
13 “Artículo Segundo. 17. fue reformado el 18 de junio de 2008. a través de esta importante reforma constitucional fue abandonado el empleo de la corriente finalista que sostenía la necesidad de aplicar los “elementos del tipo penal”. la Federación. III. g) los elementos subjetivos específicos y h) las demás circunstancias que la ley prevea. se reitera. Luego. modo y ocasión. f) los elementos normativos. y La realización dolosa o culposa de la acción u omisión. en su caso. examinará si ambos requisitos están acreditados en autos. La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando. e) las circunstancias de lugar. Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito.
Asimismo. sin exceder el plazo de ocho años.. se deduzca su participación en el delito. La forma de intervención de los sujetos activos. 19. por lo cual el 18 de mayo de 1999 se estableció lo siguiente:
Artículo 168-. como base del ejercicio de la acción. en el caso de que la descripción típica lo requiera. En consecuencia. como base del ejercicio de la acción penal. El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado. de la Constitución. tiempo. Dichos elementos son los siguientes: III.. contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto. el peligro a que ha sido expuesto el bien jurídico protegido. a su vez. fue necesario que el legislador secundario en el Código Federal de Procedimientos Penales precisara el alcance de ambos objetos.8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada el 8 de marzo de 1999) Sin entrar en más discusiones teóricas. si el tipo lo requiere: a) las calidades del sujeto activo y del pasivo. en el cual se establecía en la parte relativa lo siguiente:
Artículo 16. b) el resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión.24
EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE. así como los normativos.
facilitar la contradicción de las diligencias de investigación y de los datos de prueba que existen en su contra y garantizar que conozcan los derechos que le asisten. Permitir al imputado. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación. Si el imputado se encuentra detenido. en tiempo. sobre medidas cautelares de carácter real o personal. conforme a su derecho de defensa realice su primera declaración. pero el juez podrá no admitir alguno de ellos u otorgarles libremente una clasificación jurídica distinta a la asignada por el ministerio público. Artículo 305. precisa y circunstanciada de los hechos. sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”. Artículo 303. que el juez resuelva sobre la legalidad y constitucionalidad de la detención.. mediante el acto de formulación de la imputación: igualdad procesal. c) Que no se encuentre demostrada por encima de toda duda razonable una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación.Objeto de la audiencia de vinculación a proceso.9 Código Modelo del proceso penal acusatorio para los estados de la Federación Conforme al Código Modelo del proceso penal acusatorio para los estados de la Federación. mismo que actualmente establece: “No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. en el cual se exprese: a) Los datos personales del imputado. 2. reformado el 18 de junio de 2008. los cuales se transcriben: Artículo 294. así como a los elementos normativos y subjetivos cuando la figura típica de que se trate los requiera. con su defensor. 4. si lo considera conveniente..Requisitos para vincular a proceso al imputado.
de reformar el texto de las legislaciones tanto federal como locales que se estimen necesarias para implementar la importante reforma constitucional en análisis. cuando los datos de prueba revelen razonablemente los elementos objetivos o externos descritos en el tipo penal que constituyen el elemento material del hecho que la ley califique como delito. Así las cosas.26
EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE. en su caso. salvo que exista causa legal para suspender su continuación. Que el ministerio público solicite a la autoridad judicial la aplicación de medidas cautelares de carácter real o personal. b) La relación clara. 1. La vinculación a proceso se admitirá o rechazará por auto debidamente fundamentado.Auto de vinculación a proceso. elaborado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de los Estados Unidos Mexicanos sobre el tema.
6.. analizando el tipo penal al que se adecuan y la probable participación del imputado. b) Que las antecedentes de la investigación expuestos por el ministerio público se establezcan datos que permitan establecer razonablemente la existencia de un hecho o hechos que las leyes del Estado califiquen como delito y la probabilidad de la autoría o participación del imputado. 3. modo y lugar.. 1. y c) Lo resuelto. Se entenderá que se ha establecido la existencia de un hecho delictivo.
La audiencia de vinculación a proceso será continua. 303 y 305. 2. Establecer un plazo para el cierre de la investigación.
. Que el imputado. Dictar cuando así proceda en función de los méritos del caso un auto de vinculación a proceso. Una vez resuelta a vinculación a proceso se determinara si procede cerrar la investigación o el plazo para su cierre cuando el Ministerio Público solicite su continuación. y tendrá por objeto: 1. El juez decretará la vinculación a proceso del imputado siempre que se reúnan los siguientes requisitos: a) Que se haya formulado la imputación e informado de su derecho de declarar o abstenerse de hacerlo. es necesario citar el texto del artículo 16 constitucional. 5. es importante el análisis de los artículos 294. para finalizar este capítulo de “Antecedentes” constitucionales de los conceptos de “hecho que la ley señale como delito” y “probabilidad de intervención del inculpado”. IV.. Esta decisión se considerará parte del auto de vinculación. 2.
no de decidir en definitiva sobre la responsabilidad penal del
imputado que era lo que en la práctica ocurría en el sistema mixto preponderantemente inquisitivo. modo y lugar. expondré mis inquietudes y conclusiones en torno a los motivos y/o razones legales por las cuales el Constituyente decidió abandonar el empleo de las expresiones “cuerpo del delito” y “responsabilidad penal de tipo probable”.
Por ende. es incuestionable que el principio de legalidad penal. Máxime que el compromiso de ésta y otras administraciones federales anteriores. Se trata de un juicio de probabilidad. es uno de los remanentes más virulentos del modelo inquisitivo. al ser la base de estructuración de la nación mexicana. académico o doctrinario. Con base en el contenido del artículo 168 del código adjetivo federal. procesal y sustantiva. dilucidar tanto los aspectos formales y los esenciales que la motivaron. subjetivos (genéricos y específicos) y normativos. al analizar una disposición legal o su reforma. esto es el desarrollo de una dogmática jurídico-penal mexicana. se destaca el establecimiento de la existencia del hecho que la ley señale como delito. la presente reforma constitucional así como las subsecuentes que eventualmente el Poder Constituyente resolviere aprobar. así como establecer un sistema integral de garantías a su favor con principios acordes que rijan al sistema penal. en cuanto al concepto de los elementos objetivos. sino en la presentación de indicios que permitan razonablemente suponer la existencia del hecho y la probable participación del imputado en él. entre otros. Luego de aprobarse el proyecto. basado en las herramientas y tradición jurídica imperantes en nuestro país. conocido también como exacta aplicación de la ley en materia penal. en la iniciativa (exposición de motivos). en demerito de los derechos del imputado y de las condiciones para una persecución penal eficaz. el cual se entiende cuando los datos de prueba revelen razonablemente los elementos objetivos o externos descritos en el tipo penal que constituyen el elemento material del hecho que la ley califique como delito. antes de su reforma de 18 de mayo de 1999. La determinación sobre la existencia de esos datos se desprende no de la discusión dogmática sobre la existencia del delito.. ¿tendrá aparejada alguna finalidad específica que resulte benéfica para nuestro sistema de justicia? Es necesario precisar que desde mi perspectiva. y a su vez incluir las diversas de “hecho que la ley señale como delito” y “probabilidad de intervención del inculpado”.
En síntesis: en su contexto. así
. OPINIÓN EN TORNO AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN
Es interés de todo juzgador. pondera la certeza. Incluso. a fin de que las incorporaciones que se hagan en el texto constitucional. se precisaba cada uno de esos elementos. debe descansar en el análisis serio. redunden en beneficios para nuestra sociedad. El argumento analógico para dar contenido a los elementos de tipo penal. al decir del profesor Julio Maier. sino que la adecuación o modernización del texto constitucional. además del dogmático-jurídicopenal. precisa y circunstancias de los hechos en tiempo. La expresión datos que establezcan la existencia del hecho viene a sustituir a la categoría de cuerpo del delito que.. así como a los elementos normativos y subjetivos cuando la figura típica de que se trate los requiera. el auto de vinculación a proceso deberá contener la relación clara. Por esto. En la misma idea el Código Modelo. responsable y crítico de nuestra realidad nacional. por lo que habrá que desarrollar la interpretación y argumentación de la norma jurídica. la cual tendrá lugar en el juicio propiamente dicho. V. tutela y protección del imputado. analizando el tipo penal a que se adecuan y la probable participación del imputado. estimo que el Código Modelo y su exposición de motivos aportan los cimientos estructurales de los conceptos “hecho que la ley señale como delito” y “probabilidad de comisión o participación del inculpado”. conforme al argumento teleológico de la reforma que estructuró un sistema acusatorio en el que se respeten los derechos del imputado. debe destacarse lo relativo a la vinculación a proceso:
El nuevo estándar para vincular a proceso es un concepto procesal y no de la teoría del delito. conforme a los métodos dialécticos-histórico.28
EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE. constitucional. no deben estar atadas a ninguna corriente doctrinal o jurídica específica. ¿Habrá sido un mero cambio semántico intrascendente? ¿Será constitutivo de la introducción de una novedosa teoría que se encuentra de moda en alguna parte del mundo? O bien. históricamente ha sido el de avanzar en el perfeccionamiento de nuestro propio sistema de enjuiciamiento penal.
. Máxime que tradicionalmente se emplea la expresión “responsabilidad penal”. p. se adecue a una norma penal abstracta. a la postre. El procedimiento penal. Me parece. Lo que realmente pretendo puntualizar es la necesidad de adecuar cualquier propuesta extranjera a nuestra realidad nacional.
como una de teoría general del proceso penal nacional. jurídica y política (como si fuera una varita mágica).
además. Únicamente en el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales. trigésima primera edición. Manuel. podrían resultar benéficos para México. cuya obligación constitucional de sostener y probar recae en el Ministerio Público. científico y judicial. los inculpados y demás personas inmersas de manera directa o indirecta en el mundo del Derecho Penal y Procesal Penal. con lo cual. Proceso cognoscitivo que evidencia la necesaria vinculación entre los polos sustantivo/dogmático con el diverso procesal penal. puesto que en sentido estricto no es obligación del imputado responder o responsabilizarse por un acto tildado como delictivo en una fase previa de la sentencia. Editorial Porrúa. En segundo término (y por lo que respecta al aspecto jurídico desfavorable). esto es. antes que definirlo bajo cualquier escuela o corriente de pensamiento penalista. se vulneraba el principio de presunción de inocencia. al concepto “probable responsabilidad penal”. fue generadora de confusión entre los miembros de la comunidad jurídica del país. Concepto que me parece adecuado.
. la cual estimo incorrecta. la imposición de la misma es siempre eventual. por que muchas veces les resultaba imposible desvirtuar esa primera impresión de la autoridad judicial. el cual puede o no revestir una cobertura legal prevista en un ordenamiento ius punitivo. a fin de aludir a la obligación de responder a la sociedad por la imputación hecha en su contra. hay una referencia. Ahora bien. sino también para la comunidad jurídica en general. ya que debe recordarse que el delito (materia del proceso penal a desarrollarse). 2002. en cambio. se encuentra definida la figura de la “responsabilidad penal plena”.15 Concepto que podemos calificar de “impropio”.
Rivera Silva. México. derivó en la multiplicidad de concepciones y/o definiciones estructurales en cada una de las legislaturas locales. culpabilidad o prisión. queriendo con ello solucionar nuestra realidad social. resultaba de complejo entendimiento para los miembros del conglomerado social. es que tenga oportunidad de “desvirtuar” esa acusación. por lo que respecta a la primer categoría procesal in examine. como producto del conocimiento. De igual manera. ya que la categoría procesal citada en primer término. acertado que el Constituyente hubiera determinado sustituir la expresión “cuerpo del delito” por “hecho que la ley señale como delito”. puede advertirse que ni en la Constitución ni en la legislación penal secundaria. de tipo estructural. ya que algunos juzgadores al emitir sus sentencias se limitaron a acreditar de manera “plena” los mismos requisitos exigidos para la figura de la “probable responsabilidad penal”. En el primero de los casos (aspecto social desfavorable). entre otras. Y. asesorados por el sector académico. Además.30
EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE. Con esta postura no pretendo soslayar la importancia de los avances técnico-jurídicos desarrollados en otros países y que. el término “delictivo” hace alusión directa a la necesidad de que el “hecho” que se estima relevante. Otro sector. en atención a su momento de constatación y grado de certeza). sin pretender insertarla de forma autoritaria o irreflexiva en nuestro entorno jurídico. situación que derivó en la incertidumbre e incongruencia jurídica a nivel nacional. constituye en sí mismo un acontecer de la vida social. ya que la finalidad de su presentación ante la autoridad judicial.
14 Algunos doctrinarios han iniciado la tendencia de emplear como sinónimo de “hecho delictivo” la diversa expresión de “hecho punible”. Obviamente. advertían que esta figura era constitutiva de un juicio a priori fatal. evolución y/o adecuación del marco jurídico y herramientas con que actualmente se cuentan. me declaro partidario del desarrollo e implementación de políticas legislativas y criminales por parte de nuestros propios legisladores. 164. entonces. Por ello. por lo que respecta al elemento “responsabilidad penal de tipo probable” (que a la vez también podría resultar “plena”. de igual manera resultó generadora de conflictos y confusiones no sólo para la sociedad. se le estigmatizó como sinónimo de culpabilidad que se emitía previo dictado de la sentencia. desde su reincorporación al texto constitucional en 1999 (tal y como quedó evidenciado en el capítulo de “Antecedentes”).. ya que además de que la punibilidad no es formalmente un elemento del tipo penal sino una consecuencia.14 debe decirse que el Constituyente optó por incluir ahora el vocablo “hecho” en lugar de cuerpo. aun cuando fuese desahogado un proceso. a un tipo penal. quienes durante mucho tiempo lo consideraron como sinónimo de condena. desde luego. Ahora bien.
Situación que resulta contraria con los postulados de la teoría general del delito y de nuestra dogmática jurídico penal. En suma. Aspecto respecto del cual. aun cuando el texto constitucional no hiciera referencia expresa al mismo. ya se encontraba reconocido en nuestro sistema jurídico. 16. fue sustituida esta polémica categoría procesal por la de “probabilidad de intervención del inculpado”. a fin de acreditar ambas categorías en una fase previa a la instrucción. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. me pronuncio por corregir en la nueva legislación secundaria que al efecto se promulgue. La cual me parece que consiste. O bien el caso de las excluyentes del delito que comprenden. agosto de 2002.– De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14. En suma. se dedujera: a) la participación del inculpado en el delito. necesariamente comprendido en la figura del “cuerpo de delito”. párrafo primero. EL CONCEPTO DE “PROBABILIDAD DE INTERVENCIÓN DEL INCULPADO ”
El principio de presunción de inocencia. párrafo segundo. Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. se advierte cómo el legislador. ya que en esta categoría quedaron erróneamente comprendidos elementos correspondientes al delito mismo. en la exigencia para la autoridad
judicial a fin de que exprese (basada en los elementos de prueba que fueran recabados en la indagatoria) la “posibilidad razonable” de que un individuo intervino (cometió o participó) en la realización de un hecho.
asoció dicho concepto procesal (responsabilidad penal plena) con el de la culpabilidad y sus elementos positivos y negativos. sin faltar aquellos que incurrieron en mixtura de ambas posturas. inquisitoriales y tortuosos que habían resentido. olviden la existencia de diversos procedimientos rígidos. y 102. y no obstante ello.. se considera que el legislador hizo la enmienda de dichos conceptos a fin de que los gobernados. según la redacción del artículo 168 instrumental. Sobre este mismo particular. VI. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. párrafo primero. que a su vez forma parte del injusto penal. era necesario que de los medios probatorios existentes. e incluso la complementaron con los requisitos exigidos para los “elementos del tipo penal”. por una parte. apartado A. forman parte de la responsabilidad penal probable. y además busca el conocimiento y difusión de las leyes entre sus destinatarios. la tesis aislada P. a fin de hacerlo mucho más accesible para los gobernados. esencialmente. considerado por la ley como delictivo. a fin de generar una cultura de legalidad y de respeto a las instituciones.32
EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE. de manera previa a la importante reforma constitucional aprobada el 18 de junio de 2008. 21. que por congruencia debieron ser absorbidos por la figura del “cuerpo del delito”. Tomo XVI. párrafo segundo. b) la comisión dolosa o culposa del mismo. el principio del debido proceso legal
. De esta forma. cuya certeza de los mismos sigue siendo materia de la sentencia. que textualmente establece: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. considero que el empleo de estas nuevas expresiones (hecho que la ley señale como delito y probabilidad de intervención) incorporan mayor claridad y simpleza en la redacción del texto constitucional. XXXV/2002.. Aunado a lo anterior. Tal es el caso de los elementos genéricos dolo y culpa que se erigen como elementos integradores de la responsabilidad penal. página 14. y c) que no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad. se reitera. emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.16 Este
16 Al respecto. terminó por divorciar la dogmática jurídico penal de los postulados del proceso penal federal. se puede advertir otra deficiencia técnico jurídica. Estimo que subsiste la obligación de examen de indicios a cargo de la autoridad judicial. hasta en tanto el legislador ordinario adecue dicho marco normativo conforme a la nueva reforma— se advierte que a fin de tener por acreditada dicha categoría procesal. siendo separados de los diversos elementos subjetivos específicos que permanecen en el lado del cuerpo del delito. ya que de la simple lectura del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales —que permanece vigente. ambas figuras novedosas siguen siendo juicios racionales basados en indicios en torno a aspectos objetivos y subjetivos del delito. se desprenden. a fin de abatir impunidad. paulatinamente. El Constituyente busca otorgar mayor seguridad y certeza jurídica a los gobernados. a las “causas de licitud” que son el aspecto negativo de la antijuridicidad. 19. al ponderar incorrectamente aspectos vinculados con una política criminal de tipo represiva. Consecuentemente en el texto constitucional reformado el 18 de junio de 2008. cfr. párrafo primero.
constitucional. pretendo detectar la existencia de alguna institución similar a las que son ahora materia de análisis. tal estado..
importante principio que. dichos conceptos no podrían ser antagónicos per se. fue incorporado al texto del artículo 20. al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado. Así.34
EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE. los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado". ya que será materia de un re-examen por la autoridad judicial al momento de dictar sentencia definitiva. además. la expresión de los “datos” que determinen la probabilidad de que el indiciado cometió o participó en la comisión de un hecho que la ley señale como delito. VII. dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito. como presupuesto procesal para el ejercicio de la acción penal pública —ya que hoy en día se reconoce la existencia de la acción penal privada—. y que el Estado sólo podrá privarlo del mismo cuando al existir suficientes elementos incriminatorios. aunado al derecho tutelado de que el imputado ejerza su derecho de defensa plenamente. Argentina. fracción I. para lo cual se transcribe el contenido de las disposiciones que estimamos equivalentes a nuestra actual Constitución federal. fundado y motivado. en el artículo 21. de nuestra Constitución federal en los términos siguientes: “B. Soslayando dicha circunstancia. fracción I. particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar "los datos que arroje la averiguación previa. al disponer que "la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público". al ser formalmente parte del texto constitucional.
que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad. dado que ambos se encuentran insertos en el texto de nuestra ley fundamental. esto es. las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente.. de forma alguna contraviene el contenido del artículo 20. mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos. y que el Estado sólo podrá privarlo del mismo cuando.”
Sobre el particular. debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. no se vulnera el aludido principio. el juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable. en la parte conducente. existiendo suficientes elementos incriminatorios. en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento. basado en los elementos de convicción recabados en la fase de averiguación. de forma alguna se trata de una determinación definitiva en torno a la culpabilidad del inculpado. y por otra. En efecto. la cual evidentemente podrá ser desvirtuada durante el proceso. el principio acusatorio. De los derechos de toda persona imputada: I. La Constitución de la República Federal de Alemania del 23 de mayo de 1949.”. y seguido un proceso penal en su contra el acusador tiene la carga de probar la culpabilidad. párrafo primero. así como en el artículo 102. apartado B. Chile y España. lato sensu. porque para la constatación de dicha categoría únicamente se exige un grado de convicción de mera “probabilidad”. puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce. las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente. a través de pruebas lícitas. tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19. es o no contraria a este importantísimo principio. al disponer que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los delitos del orden federal. Consecuentemente. Además dicha categoría es provisional. PERSPECTIVA DEL DERECHO COMPARADO De un sucinto análisis de los textos constitucionales de diversos países como Alemania. considero necesario dilucidar si la categoría procesal de “probabilidad de intervención del inculpado” en la comisión de un hecho que la ley señale como delito. debo mencionar que partiendo desde una perspectiva de teoría constitucional. consiste en que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad. (Garantías jurídicas en caso de privación de la libertad)
. apartado B. En primer lugar. correspondiéndole "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos". establece:
Artículo 104. cuyo origen será un juicio racional. puede concluirse que dicha categoría procesal no contraviene el aludido principio de presunción de inocencia. y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento. en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia. En ese tenor. el Juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable. a priori. libramiento de una orden de aprensión o bien la emisión de un auto de vinculación a proceso.
poniendo a su disposición al afectado. ni juzgado por comisiones especiales. (2) Sólo el juez decidirá sobre la licitud y duración de una privación de libertad. b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes. Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona.(4) De toda resolución judicial que ordene o prolongue una privación de libertad deberá informarse sin demora alguna a un familiar del detenido o a una persona de su confianza..
(1) La libertad de la persona podrá ser restringida únicamente en virtud de una ley formal y sólo respetando las formas prescriptas en la misma. La regulación se hará por ley. dar aviso al juez competente. (…) 7º. y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. deberá. a menos que una nueva ley favorezca al afectado. interrogarla y darle la oportunidad para formular objeciones. o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio. la policía no podrá mantener a nadie bajo su custodia más allá del fin del día siguiente al de la detención. en la Constitución Política de la Nación Argentina se determina:
Artículo. sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. (…)
. dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. encontramos las siguientes disposiciones:
Artículo 19. podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante. El domicilio es inviolable. El juez podrá. El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Por su propia autoridad. en la Constitución del Reino de España. En todo caso de privación de libertad no basada en una orden judicial deberá procurarse de inmediato la decisión judicial. sujeto a prisión preventiva o preso. Las personas detenidas no podrán ser maltratadas ni psíquica ni físicamente. En consecuencia: a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República. el juez deberá informarla acerca de las causas de la detención. c) Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. La Constitución asegura a todas las personas: (…)
Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales. con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes. podemos destacar las siguientes disposiciones:
Artículo 17. y hasta por diez días. sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho. por resolución fundada. como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.
Por otra parte. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. El juez deberá dictar de inmediato o bien una orden escrita de prisión indicando las causas de la misma. toda especie de tormento y los azotes (…)
En la República de Chile. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas.. en el caso que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas. a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros.
Finalmente. por su parte. (3) Toda persona detenida provisionalmente bajo la sospecha de haber cometido un acto delictivo deberá ser llevada ante el juez a más tardar el día siguiente al de su detención. 18.36
EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE. u ordenar la puesta en libertad. Sin embargo. ampliar este plazo hasta por cinco días. d) Nadie puede ser arrestado o detenido.
pues en ella se utiliza el binomio procesal hecho delictivo-responsabilidad penal. en los términos que la ley establezca. Tan es así.. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. en el plazo máximo de setenta y dos horas. el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. donde tradicionalmente contamos con una pésima técnica legislativa constitucional.
De la simple lectura de los anteriores textos constitucionales.38
EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE. o para evitar un resultado contraproducente. al consagrarse un principio de libertad deambulatoria para sus habitantes. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. ya que hay propensión de engrosar cada vez mas la Carta Magna
a fin de incluir en ella cada vez más temas de protección. e incluso disposiciones de estructura y organización que.. que en caso de que algún tópico. 3. VIII. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. ANÁLISIS TELEOLÓGICO DE LA REFORMA Es innegable que detrás de toda reforma judicial. a fin de “constitucionalizar” prácticamente todos los supuestos de la vida práctica. la regulación fundamental que guarda mayor semejanza con el nuevo texto constitucional que analizamos es la constitución chilena. y 19 constitucionales. en las constituciones de Alemania. debe procederse a la modificación de dicho ordenamiento fundamental. definiciones. en apariencia al menos en el texto constitucional.
1. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales. tal y como acontece en nuestro país (con la respectiva adecuación de términos). Dicho comentario aplica para la denominación del elemento “probabilidad de comisión o participación del inculpado”. es obligación de todo estudioso del Derecho tratar de desentrañar no sólo los motivos o razones que llevaron al Constituyente a modificar el texto de nuestra ley fundamental. Luego. únicamente se estima necesario puntualizar que la misma puede verse afectada para el caso de que se haya cometido un “acto o hecho delictivo”. subyace oculto el espíritu del legislador que pretendió dar solución a un problema de la vida cotidiana mediante la reforma del texto legal. no encuentre una referencia directa en el texto fundamental. Tenemos la equívoca idea de que nuestra Constitución debe ser omnicomprensiva y específica en todo lo relacionado a la vida nacional. tal vez secundario. En primer lugar. donde se hace referencia a dichas categorías procesales:
Artículo 16. por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. 2. Sin embargo. procedo a citar el contenido de los artículos 16 párrafo segundo. y de modo que le sea comprensible. inmediatamente es atacado de inconstitucional y. a diferencia de lo que acontece en nuestro país. Esto es. Argentina y España. 4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. ¿no bastaba que el legislador hubiera establecido probabilidad de intervención del inculpado? Mismo concepto que se estima legalmente podría abarcar ambas figuras. no pudiendo ser obligada a declarar. dichas naciones consideran innecesario establecer criterios de vinculación provisional entre el hecho delictivo con su autor o partícipe. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata. deberían ser materia de una legislación secundaria. Asimismo. podemos formular interesantes conclusiones. de sus derechos y de las razones de su detención. e incluso propugnar por la implementación de las medidas necesarias para hacerla más eficaz. ya que uno puede cuestionarse: ¿era realmente necesario que el Poder Constituyente distinguiera entre las figuras de autoría y participación de naturaleza eminentemente dogmática en el texto de la Constitución federal. Bajo este contexto. y en todo caso. sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. por ende. y analizar los alcances y efectos que dicha reforma genera. Nadie puede ser privado de su libertad. naturalmente. obviamente al tratarse de un ordenamiento estructural superior donde únicamente se deben consagrar principios generales que son objeto de ampliación y desarrollo por parte de la legislación secundaria. a fin de hacer referencia a una categoría procesal?. Esto. sancionado con pena privativa de libertad y obren datos
Luego. estimamos conveniente citar el sentir del titular del Ejecutivo federal con respecto a esta tendencia:
. se busca que tanto las consignaciones como el libramiento de las órdenes de aprehensión y emisión de los autos de vinculación a proceso sean técnicamente menos rígidos. las cargas de trabajo inherentes a cada institución y además para generar en la sociedad una percepción de seguridad pública. Me explico. debemos acotar que dicha relajación en los requisitos formales y esenciales para la emisión de las anteriores resoluciones judiciales. Si bien es cierto que la actividad racional del juez y del Ministerio Público haya disminuido su nivel de exigencia. de forma alguna es intrascendente puesto que no se limita a un mero cambio de denominación de elementos. el empleo de las expresiones “datos que establezcan” y “expresará los datos” en sustitución de los conceptos “acreditar” y “comprobar”. por cuanto se refiere a la sustitución de los conceptos “cuerpo del delito” y “probable responsabilidad penal”. De la acuciosa lectura de ambos preceptos fundamentales. de forma alguna trae aparejada inseguridad jurídica o bien una tácita derogación de las restantes garantías penales consagradas en la Constitución. Lo anterior. y “comprobar” (los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado). Esto es. por los diversos de “hecho que la ley señale como delito” y “probabilidad de comisión o participación del inculpado”. a fin de emitir los autos de vinculación a proceso resultantes. no menos cierto es también que la misma aún permanece sujeta a diversas exigencias fundamentales. al implementar un nuevo modelo de justicia penal tendente a flexibilizar los procedimientos de averiguación previa y preinstrucción. sino que implica todo un re-direccionamiento en la filosofía y principios del proceso penal. así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. no es un mero accidente gramatical. sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado.40
EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE. para lo cual se establecen menores exigencias argumentativas o justificatorias de sus determinaciones en aras de evitar la impunidad de determinadas conductas. a que en su lugar establezca que únicamente deberán de ser “expresados” los datos que justifiquen su actualización en cada caso concreto. ya que no es lo mismo que el texto constitucional exija “acreditar o comprobar” tales categorías procesales. se insiste. puede advertirse que la reforma constitucional en estudio. sino que nos lleva a reflexionar en torno al hecho de que el legislador originario —al desempeñar su función como analista de la realidad socio jurídica que vivimos. En consecuencia. a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición.) Artículo 19. como la obligación de fundar y motivar todas sus determinaciones. resultan indicativos de que el legislador establece para
nuestro sistema de justicia penal un menor grado de rigidez.. (. el lugar. vigentes hasta el 18 de junio de 2008. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas. generar una atmósfera de confianza para la ciudadanía y agilizar el trámite de la ya de por sí voluminosa carga de trabajo.
Luego de leer estos preceptos constitucionales. así como para el juez.. en el análisis de los medios de prueba recabados durante la indagatoria. En efecto. anteriormente contenidas en los invocados numerales 16 y 19 constitucionales. El legislador fue más allá. se advierte que el poder reformador de igual manera abandonó el empleo de las expresiones “acreditar” (“existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado”).. Sobre el particular. se advierte que el Constituyente no solamente se limitó a sustituir el concepto de “cuerpo del delito” para incorporar la noción de “hecho que la ley señale como delito”. y evidentemente en la reducción de las cargas jurídicas establecidas para el Ministerio Público y el juez. y de esta forma lograr abatir la impunidad.
que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. que fomente una participación más activa y un respeto a las instituciones establecidas al efecto. Dicho cambio en la redacción de ambos preceptos. todo con el objeto de abatir la impunidad.. tiempo y circunstancias de ejecución. ni tampoco que simplemente se apartó de la locución “probable responsable” para adoptar el término “exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó”. se plantea la necesidad de crear una atmósfera jurídica más flexible para el Ministerio Público y juez penal en el desempeño de sus funciones. Al respecto. a fin de adecuar los ordenamientos pertinentes— pretende implementar una exigencia probatoria menor a cargo tanto del Ministerio Público para obtener el libramiento de la correspondiente orden de captura.
con lo cual el Constituyente.
Así. términos. Se propugna por un encuentro nacional entre los miembros del Poder Judicial de la Federación. a fin de hacerlo mucho más accesible para los gobernados.42
EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE. presidentes de los tribunales de justicia locales. a fin de evitar la incertidumbre jurídica y hacer más efectiva la procuración e impartición de justicia en nuestro país. CONCLUSIONES I.
(…) El Ejecutivo Federal a mi cargo reconoce profundamente los esfuerzos y el trabajo realizado para alcanzar la meta de una justicia pronta y expedita y considera de la mayor importancia sentar las bases constitucionales para aplicar un nuevo modelo de justicia penal en todo el país. tal y como se desprende de la propia iniciativa de reforma en materia de seguridad y justicia que fuera presentada por el titular del Ejecutivo federal. el contenido de estos conceptos debe ser funcional con la misión del Derecho Penal.. Máxime. Este tema resulta trascendente no sólo por la congruencia que debe caracterizar las resoluciones ministeriales y judiciales. Sólo de esta forma podrá alcanzarse un ideal de justicia. único y funcional respecto de las nuevas categorías procesales “hecho que la ley señale como delito” y “probabilidad de intervención del inculpado”. la importancia de estas dos nuevas categorías procesales obliga a formular un concepto legislativo uniforme que garantice la seguridad jurídica en el procedimiento penal. en la que se establece:
(…) La unificación penal ha sido una tendencia cada vez más fuerte de las repúblicas que han elegido como modelo de organización el sistema federal (…) La unificación legislativa conlleva un doble significado: por un lado. y en 1999 con el retorno del “cuerpo del delito” y la “probable responsabilidad del inculpado” a la ley fundamental. por una parte. Sin soslayar que. por ejemplo. todas las adecuaciones secundarias deberán guardar congruencia con los instrumentos internacionales signados y ratificados por México. la certidumbre jurídica mediante la adopción de reglas claras que permitan delimitar competencias y.. formas de notificación y reglas de valoración de pruebas. por el otro. con la presencia de un representante del Poder Ejecutivo federal. y sobre todo evitar la histórica contradicción o distanciamiento entre los postulados procesales y los dogmáticos. ya que ambas disciplinas tienen la misma teleología: la tutela de los bienes jurídicos de la sociedad y la consolidación de la paz y armonía sociales. No debe permitirse que la incertidumbre jurídica haga acto de presencia como aconteció en 1993 con la incorporación de los “elementos del tipo penal” al texto constitucional. Pero. conforme lo dispuesto en el artículo 133 constitucional. la certeza jurídica mediante la adopción de figuras delictivas únicas para todo el territorio nacional. un criterio de igualdad en la consideración de cuales son los delitos graves. Esto implica establecer. La Federación y las entidades federativas. podrán coordinar los esfuerzos y obtener la colaboración de todos los actores en el abatimiento de la impunidad y la recuperación de la seguridad y la justicia. debe de preservarse un “principio de unidad”. Primera: el empleo de las expresiones “hecho que la ley señale como delito” y “probabilidad de intervención”. lo que permite concluir la interpretación de los conceptos. que la tendencia evidenciada ha sido lograr la unificación del Derecho Penal y Procesal Penal en nuestro país. procura otorgar mayor seguridad y certeza jurídica
. sino también porque incide en aspectos vinculados con la libertad del inculpado. procurando que todos los conceptos que la integren tengan armonía entre sí. seguridad e igualdad para todos los miembros de la sociedad. los miembros del Congreso de la Unión y presidentes de las mesas directivas de las legislaturas estatales. en la nueva estructuración de los conceptos de “hecho que la ley señale como delito” y “probabilidad de intervención del inculpado” así como de los elementos que los integren. evitando ambigüedades o contradicciones entre la Constitución y los sistemas de justicia federal y estatales. así como los plazos. sus respectivas consecuencias jurídicas y la sustanciación de los procedimientos. que en verdad es el anhelo de la mayoría de nuestros compatriotas. además. bajo criterios uniformes y sistemáticos. a fin de unificar esfuerzos para la formulación de un concepto estructural equilibrado. y entre estos. aun cuando detenten naturaleza eminentemente instrumental. incorporan mayor claridad y simpleza en la redacción del texto constitucional. entre otros (…)
Por ende. los procuradores General de la República y estatales.
c. deberá determinar lo acontecido en la realidad. Cuarta: los conceptos que nos ocupan deben interpretarse en los siguientes términos: a. Probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión: es la exigencia de expresar razonablemente. subjetivos (genéricos y específicos) y normativos. implica que el juez —de control-garantías-intermedio—. que el tipo penal concreto requiera. por otra.44
EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE. se debe respetar el principio de debido proceso legal. busca el conocimiento y difusión de las leyes entres sus destinatarios.. Hecho que la ley señale como delito: su existencia.
a los gobernados y. se da cuando de los datos de prueba se evidencien razonablemente los elementos objetivos. Conceptos que constituyen juicios personales flexibles. se afirma. III.. la probabilidad de que el imputado participó o cometió un hecho considerado como delito. vistos los autos que le remita el órgano investigador. Tercera: el imperativo constitucional de fijar hechos. sustentados en datos constitutivos de indicios que razonablemente suponen la existencia del hecho y la probable participación del imputado en el. IV. con sustento en los indicios recabados. Segunda: en el dictado de la orden de aprehensión y auto de vinculación a proceso. b. a fin de generar una cultura de legalidad y respeto a las instituciones. a efecto de resolver fundada y motivadamente.
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