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Timestamp: 2019-01-20 23:34:28+00:00

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Ley de Expropiación Forzosa (Ley de 16 de diciembre de 1954) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 174023
CAPÍTULO I. De los requisitos previos a la expropiación forzosa - arts. 9 a 14
CAPÍTULO II. De la necesidad de ocupación de bienes o de adquisición de derechos - arts. 15 a 23
CAPÍTULO III. De la determinación del justo precio - arts. 24 a 47
CAPÍTULO IV. Del pago y toma de posesión - arts. 48 a 55
CAPÍTULO V. Responsabilidades por demora - arts. 56 a 58
CAPÍTULO I. De la expropiación por zonas o grupos de bienes - arts. 59 a 70
CAPÍTULO II. De la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad - arts. 71 a 75
CAPÍTULO III. De la expropiación bienes de valor artístico, histórico y arqueológico - arts. 76 a 84
CAPÍTULO IV. De la expropiación por Entidades locales o por razón de urbanismo - art. 85
CAPÍTULO V. De la expropiación que dé lugar a traslado de poblaciones - arts. 86 a 96
SECCIÓN 1ª. De las expropiaciones por causa de colonización - art. 97
SECCIÓN 2ª. De las expropiaciones por causa de obras públicas - art. 98
CAPÍTULO VII. De la expropiación en materia de propiedad industrial - art. 99
SECCIÓN 1ª. De las expropiaciones por necesidades militares - art. 100
SECCIÓN 2ª. De las requisas militares - arts. 101 a 107
CAPÍTULO I. Ocupaciones temporales - arts. 108 a 119
CAPÍTULO II. De la indemnización por otros daños - arts. 120 a 123
TÍTULO V. Garantías jurisdiccionales - arts. 124 a 128
Norma citada en: 85217 sentencias, 901 artículos doctrinales, 19 temas prácticos, 10 formularios, 1402 resoluciones administrativas, 194 noticias
Derogados por Ley 8/1990, de 25 de Julio, los preceptos sobre valoración de suelo contenidos en la legislación expropiatoria.
I Justificación de la reforma y nuevo ámbito legal de la expropiación
La simple indicación de que la expropiación forzosa se rige en nuestro país por una Ley promulgada en diez de enero de mil ochocientos setenta y nueve justifica sobradamente la preocupación en torno a un posible y grave desajuste entre el orden real de fines y medios que enmarca hoy ?casi setenta y cinco años más tarde? la acción de la Administración y el sistema de preceptos que integran la normativa vigente. Verdad es que la subsistencia prolongada de una Ley de orden básico no es de suyo argumento contra su calidad técnica y ni siquiera contra su validez político-legal, pero aquélla y ésta están dominadas por el supuesto de que permanezcan relativamente incólumes la configuración de los intereses en juego y los principios fundamentales que a la Ley sirven de premisas obligadas.
Sobre el radio de acción que a la expropiación fijaba el orden político liberal, ha venido a actuar, en primer término, el principio que expresa la conciencia social del nuevo Estado y que hoy se proyecta sobre toda su obra legislativa. El artículo diez de la Constitución de mil ochocientos setenta y seis, del que el artículo primero de la hasta ahora vigente Ley de Expropiación trae su principio de autorización, se expresa en los términos de que «?nadie podrá ser privado de su propiedad, sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización». El artículo treinta y dos del Fuero de los Españoles, de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco, en su párrafo segundo, amplía significativamente el principio, sin perjuicio de conseguir una más rígida formulación de los límites de legalidad. «Nadie podrá ?dice? ser expropiado, sino por causa de utilidad pública o de interés social, previa la correspondiente indemnización, y de conformidad con lo dispuesto en las leyes». Al consagrar la expropiación por interés social, la Ley fundamental viene a incorporar jurídicamente una concepción que, habiendo superado el agrio individualismo del sistema jurídico de la propiedad privada de la economía liberal, viene a entender implícita, tras toda relación de dominio, una función social de la propiedad. Consecuentemente, la expropiación tiene ahora que ser configurada desde esta nueva perspectiva, a fin de brindar a la Administración medios aptos para hacer efectivo el principio obtenido en el estatuto fundamental de derechos y deberes de los españoles.
Esta concepción más amplia de la expropiación ha sido proyectada sobre la legislación hoy en vigor, al menos en aspectos parciales. Toda la legislación del nuevo Estado en materia de colonización, materia tan sensible a las urgencias del interés social, está inspirada en este giro tan significativo. Se ha estimado que la Ley no estaría a la altura de los principios que hoy conforman nuestra legislación, de plantear sus problemas desde el ángulo visual angosto que da perspectiva a la de mil ochocientos setenta y nueve. Consecuentemente, se ha desarrollado, con la precisión posible, aquella fundamental distinción entre la expropiación de utilidad pública y la expropiación de interés social del artículo treinta y dos del Fuero de los Españoles, y se ha generalizado, con las garantías formales obligadas, la posibilidad ?insólita de el concepto clásico de la expropiación? de referir sus beneficios a particulares por razones de interés social.
Desde el momento en que, por las razones aludidas, hubo de renunciarse a la determinación automática del justo precio, para dar paso, en mayor o menor medida, a una apreciación de circunstancias específicas del caso, pasaba al primer plano la cuestión del órgano de tasación. Es evidente que el sistema del «tercer perito» que inspira la legislación hasta ahora vigente, reduce en los más de los caso a un papel puramente pasivo la función del órgano que formaliza la resolución, aparte de llevar consigo un juego de plazos de excesivo peso para la agilidad de la acción administrativa. Como es natural, en el procedimiento actual los peritajes de las partes están inspirados en el propio interés de éstas, al que se sobrepone la mediación arbitral del tercer perito; teóricamente cabría pensar que el tercer peritaje decidiera de derecho la cuestión, cuanto que ya, las más de las veces, lo hace de hecho. Pero esta solución es insatisfactoria, tanto desde el punto de vista de los principios ?por cuanto supone la dejación en manos privadas de una cuestión en la que están vivamente comprometidos intereses públicos e intereses privados, e implica, por lo tanto, una ruptura con las bases mismas de la justicia administrativa? como en consideración a los supuestos mismos del fallo. En efecto, en cuanto éste debe resultar de la apreciación de bases tasadas de diferente índole y, excepcionalmente, de circunstancias muy singulares que justifiquen en un caso dado el separarse de aquéllas, no es posible dejar todos estos elementos a juicio de una persona calificada por la sola condición de su pericia en tasaciones de cierta índole. Por otra parte, sólo una permanencia en esa función, una reiteración en los criterios, un conocimiento de la economía local puede abrir el paso a lo que constituye, sin duda, el ideal en esta materia: objetivar las tasaciones en forma que sean el resultado de la aplicación de criterios generalizados.
Sobre estas bases, el Jurado de expropiaciones puede llegar a corregir las mayores deficiencias del actual sistema de tasación, del mismo modo que lo han hecho en el extranjero organismos similares; pero, sobre todo, encierra las mayores posibilidades de conseguir ?por la preparación de índices y la fijación más precisa de las bases de valoración? llegar algún día a una determinación automática del justo precio.
III Procedimientos especiales
IV Indemnizaciones por ocupación temporal y otros daños
V Garantías jurisdiccionales
Es objeto de la presente Ley la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social a que se refiere el artículo 32 del Fuero de los Españoles, en la que se entenderá comprendida cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueran las personas o entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio.
Artículo citado en: 2715 sentencias, 68 artículos doctrinales, 5 temas prácticos, 68 resoluciones administrativas
La expropiación forzosa sólo podrá ser acordada por el Estado, la Provincia o el Municipio.
Artículo citado en: 915 sentencias, 29 artículos doctrinales, 4 temas prácticos, 10 resoluciones administrativas
Las actuaciones del expediente expropiatorio se entenderán, en primer lugar, con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación.
Salvo prueba en contrario, la Administración expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente, o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales, o, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente.
Artículo citado en: 1244 sentencias, 46 artículos doctrinales, 3 temas prácticos, 16 resoluciones administrativas
Siempre que lo soliciten, acreditando su condición debidamente, se entenderán también las diligencias, con los titulares de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable, así como con los arrendatarios cuando se trate de inmuebles rústicos o urbanos. En este último caso se iniciará para cada uno de los arrendatarios el respectivo expediente incidental para fijar la indemnización que pueda corresponderle.
Si de los registros que menciona el artículo 3 resultare la existencia de los titulares a que se refiere el párrafo anterior, será preceptiva su citación en el expediente de expropiación.
Artículo citado en: 599 sentencias, 20 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, 12 resoluciones administrativas
Se entenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal cuando, efectuada la publicación a que se refiere el artículo 18, no comparecieren en el expediente los propietarios o titulares, o estuvieren incapacitados y sin tutor o persona que les represente, o fuere la propiedad litigiosa.
Artículo citado en: 508 sentencias, 14 artículos doctrinales, un tema práctico, 10 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 123 sentencias, 7 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Las transmisiones de dominio o de cualesquiera otros derechos o intereses no impedirán la continuación de los expedientes de expropiación forzosa. Se considerará subrogado el nuevo titular en las obligaciones y derecho del anterior.
Artículo citado en: 211 sentencias, 10 artículos doctrinales, un tema práctico, 2 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 772 sentencias, 22 artículos doctrinales, 13 resoluciones administrativas
TÍTULO II Procedimiento general Artículos 9 a 58
CAPÍTULO I De los requisitos previos a la expropiación forzosa Artículos 9 a 14
Artículo citado en: 1230 sentencias, 19 artículos doctrinales, un tema práctico, 11 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 877 sentencias, 30 artículos doctrinales, un tema práctico, 9 resoluciones administrativas, 2 noticias
Artículo citado en: 140 sentencias, 12 artículos doctrinales, un tema práctico, 2 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 63 sentencias, 8 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Artículo citado en: 41 sentencias, 7 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Artículo citado en: 55 sentencias, 2 artículos doctrinales
CAPÍTULO II De la necesidad de ocupación de bienes o de adquisición de derechos Artículos 15 a 23
Artículo citado en: 827 sentencias, 15 artículos doctrinales, 3 temas prácticos, un formulario, 3 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 133 sentencias, 4 artículos doctrinales, una resolución administrativa
A los efectos del artículo 15 el beneficiario de la expropiación estará obligado a formular una relación concreta e individualizada, en la que se describan, en todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación.
Cuando el proyecto de obras y servicios comprenda la descripción material detallada a que se refiere el párrafo anterior, la necesidad de ocupación se entenderá implícita en la aprobación del proyecto, pero el beneficiario estará igualmente obligado a formular la mencionada relación a los solos efectos de la determinación de los interesados.
Artículo citado en: 2496 sentencias, 23 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, 21 resoluciones administrativas, una noticia
Recibida la relación señalada en el artículo anterior, el Gobernador Civil abrirá información pública durante un plazo de quince días.
Cuando se trate de expropiaciones realizadas por el Estado, dicha relación habrá de publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia respectiva y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, si lo hubiere, comunicándose además a los Ayuntamientos en cuyo término radique la cosa a expropiar para que la fijen en el tablón de anuncios.
Artículo citado en: 2328 sentencias, 15 artículos doctrinales, un tema práctico, 26 resoluciones administrativas, 2 noticias
Cualquier persona podrá aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación. En este caso indicará los motivos por los que deba considerarse preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros derechos distintos y no comprendidos en la relación, como más conveniente al fin que se persigue.
En el caso previsto en el párrafo segundo del artículo 17, cualquier persona podrá formular alegaciones, a los solos efectos de subsanar posibles errores en la relación.
Artículo citado en: 1365 sentencias, 11 artículos doctrinales, un tema práctico, 19 resoluciones administrativas, 3 noticias
Artículo citado en: 709 sentencias, 10 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
El acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio.
Artículo citado en: 3616 sentencias, 18 artículos doctrinales, un tema práctico, 11 resoluciones administrativas
Contra el acuerdo de necesidad de ocupación se dará recurso de alzada ante el Ministerio correspondiente, que podrán interponer los interesados en el procedimiento expropiatorio, así como las personas que hubieran comparecido en la información pública.
Artículo citado en: 901 sentencias, 13 artículos doctrinales, un tema práctico, un formulario, una resolución administrativa
Artículo citado en: 1982 sentencias, 12 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, 7 resoluciones administrativas
CAPÍTULO III De la determinación del justo precio Artículos 24 a 47
Artículo citado en: 2479 sentencias, 44 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, un formulario, 21 resoluciones administrativas, 2 noticias
Artículo citado en: 569 sentencias, 9 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas, una noticia
La fijación del justo precio se tramitará como pieza separada, encabezada por la exacta descripción del bien concreto que haya de expropiarse.
A tal fin, se abrirá un expediente individual a cada uno de los propietarios de bienes expropiables. El expediente será único en los casos en que el objeto de la expropiación pertenezca en comunidad a varias personas, o cuando varios bienes constituyan una unidad económica.
Artículo citado en: 2843 sentencias, 11 artículos doctrinales, un tema práctico, 6 resoluciones administrativas, una noticia
Si se trata de fincas rústicas o urbanas, cuando se hallen inscritas o fueren susceptibles de inscripción bajo un mismo número, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Hipotecaria.
En el supuesto de cosas muebles, cuando exista una universidad de hecho o de derecho.
Artículo citado en: 535 sentencias, 6 artículos doctrinales
Artículo citado en: 657 sentencias, 3 artículos doctrinales
En cada uno de los expedientes así formados la Administración requerirá a los propietarios para que en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la notificación, presenten hoja de aprecio, en la que se concrete el valor en que estimen el objeto que se expropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen pertinentes.
Artículo citado en: 989 sentencias, 8 artículos doctrinales, un tema práctico, una resolución administrativa
La Administración expropiante habrá de aceptar o rechazar la valoración de los propietarios en igual plazo de veinte días. En el primer caso se entenderá determinado definitivamente el justo precio, y la Administración procederá al pago del mismo, como requisito previo a la ocupación o disposición.
Artículo citado en: 967 sentencias, 17 artículos doctrinales, un tema práctico, 3 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 818 sentencias, 15 artículos doctrinales, un tema práctico, un formulario, 4 resoluciones administrativas
El Jurado provincial de expropiación, que se constituirá en cada capital de provincia, estará formado por un Presidente, que lo será el Magistrado que designe el Presidente de la audiencia correspondiente, y los siguientes cuatro vocales :
Un Abogado del Estado de la respectiva Delegación Hacienda.
Dos funcionarios técnicos designados por la Delegación de Hacienda de la provincia, que serán nombrados según la naturaleza de los bienes a expropiar.
Por un representante de la Cámara Agraria Provincial, cuando la expropiación se refiera a propiedad rústica y en los demás casos, por un representante de la Cámara de la Propiedad Urbana; Cámara de Comercio, Industria y Navegación, Colegio profesional u Organización empresarial, según la índole de los bienes o derechos objeto de la expropiación.
El Interventor territorial de la provincia o persona que legalmente le sustituya.
Se constituirán Jurados de expropiación en las ciudades de Ceuta y Melilla, de composición análoga a la expresada en los párrafos anteriores, y presididos por el Juez de Primera Instancia de cada una de dichas plazas.
Artículo 32, apartado 1, letra b), modificado por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 28 de Diciembre de 2012.
Artículo 32, apartado 1, letra e), añadido por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 28 de Diciembre de 2012.
Artículo citado en: 1263 sentencias, 14 artículos doctrinales, 10 resoluciones administrativas
Para que los Jurados de Expropiación puedan válidamente constituirse y adoptar acuerdos será precisa, en primera convocatoria, la asistencia de todos sus miembros, y en segunda, la del Presidente y dos Vocales, uno de los cuales será el mencionado en el apartado a) o en el b) del artículo anterior, y el otro el del apartado c) o el d) de dicho artículo.
Los Jurados decidirán por mayoría de votos sobre los asuntos objeto de su competencia.
En el Reglamento que se dicte en ejecución de esta Ley se regulará todo lo relativo al régimen de incompatibilidades, excusas, asistencias, dietas, que habrán de ser a cargo del expropiante, sanciones y sustituciones de los miembros de los Jurados de Expropiación.
Las funciones administrativas y subalternas de los Jurados que se crean por esta Ley estarán a cargo del personal adscrito a los Gobiernos Civiles, en los que se organizarán los servicios necesarios, actuando de Secretario de aquél un funcionario del Cuerpo Técnico-Administrativo designado por el Gobernador.
Artículo citado en: 1120 sentencias, 7 artículos doctrinales, 32 resoluciones administrativas
Artículo 34 modificado por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Artículo citado en: 10115 sentencias, 21 artículos doctrinales, un tema práctico, 21 resoluciones administrativas
La resolución del Jurado de Expropiación habrá de ser necesariamente motivada, razonándose los criterios de valoración seguidos por el mismo en relación con lo dispuesto en esta Ley.
Artículo citado en: 7233 sentencias, 13 artículos doctrinales, 2 formularios, 7 resoluciones administrativas
Las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tenerse en cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro.
Las mejoras realizadas con posterioridad a la incoación del expediente de expropiación no serán objeto de indemnización, a no ser que se demuestre que eran indispensables para la conservación de los bienes. Las anteriores son indemnizables, salvo cuando se hubieran realizado de mala fe.
Artículo citado en: 14564 sentencias, 32 artículos doctrinales, 5 resoluciones administrativas, una noticia
Artículo citado en: 499 sentencias, 4 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Artículo 38 derogado por la LEY 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.
Artículo citado en: 1219 sentencias, 9 artículos doctrinales, 4 resoluciones administrativas
Artículo 39 derogado por la LEY 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.
Artículo citado en: 1064 sentencias, 19 artículos doctrinales, 13 resoluciones administrativas
La cotización media en el año anterior a la fecha de apertura del expediente.
Artículo citado en: 297 sentencias, 8 artículos doctrinales, 6 resoluciones administrativas
La determinación del justo precio de las concesiones administrativas cuya legislación especial no contenga normas de valoración en casos de expropiación o de rescate, se ajustará a las reglas siguientes:
Cuando se trate de concesiones perpetuas de bienes de dominio público que tengan establecido un canon concesional, se evaluará la concesión a tenor del artículo 39, descontándose de la cantidad que resulte el importe capitalizado al interés legal del canon concesional.
En las concesiones a que se refiere el número anterior, que llevasen menos de tres años establecidas o que no estuviesen en funcionamiento por estar todavía dentro del plazo de instalación, la determinación del precio se ajustará a las normas del artículo 43.
Las normas del párrafo anterior serán de aplicación para la expropiación de concesiones de minas de minerales especiales de interés militar y de minerales radiactivos, salvo en lo relativo, en cuanto a estos últimos, a las indemnizaciones y premios por descubrimiento establecidos en la legislación especial.
Artículo citado en: 354 sentencias, 11 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 265 sentencias, 9 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Solo será de aplicación a las expropiaciones de bienes muebles cuando éstos no tengan criterio particular de valoración señalado por leyes especiales.
Artículo 43, apartado 2 modificado por la LEY 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.
Artículo 43, apartado 2 modificado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.
Artículo 43, apartado 2 modificado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Artículo citado en: 9888 sentencias, 55 artículos doctrinales, 4 resoluciones administrativas, una noticia
Artículo citado en: 601 sentencias, 12 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Artículo citado en: 236 sentencias, 5 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 2266 sentencias, 7 artículos doctrinales, un tema práctico, 4 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 3282 sentencias, 18 artículos doctrinales, un tema práctico, 2 resoluciones administrativas
CAPÍTULO IV Del pago y toma de posesión Artículos 48 a 55
Una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de seis meses.
Artículo 48, apartado 2 modificado por la Ley 21/1986, de 23 de Diciembre, de Presupuestos generales del Estado para 1987.
Artículo citado en: 1929 sentencias, 20 artículos doctrinales, un tema práctico, 10 resoluciones administrativas, una noticia
La Ley 41/1964, de 11 de junio, de Reforma del Sistema Tributario declara vigente este artículo.
Artículo citado en: 514 sentencias, 10 artículos doctrinales, un tema práctico, 31 resoluciones administrativas
Cuando el propietario rehusare recibir el precio o cuando existiere cualquier litigio o cuestión entre el interesado y la Administración, se consignará el justiprecio por la cantidad que sea objeto de discordia, en la Caja General de Depósitos, a disposición de la autoridad o Tribunal competente.
Artículo citado en: 830 sentencias, 11 artículos doctrinales, un tema práctico, 9 resoluciones administrativas, 2 noticias
Artículo 51, párrafos segundo y tercero añadidos por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Artículo citado en: 663 sentencias, 19 artículos doctrinales, 15 resoluciones administrativas
Se entenderá cumplido el trámite de declaración de necesidad de la ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados, según el proyecto y replanteo aprobados y los reformados posteriormente, y dará derecho a su ocupación inmediata.
Se notificará a los interesados afectados, según los artículos tercero y cuarto de esta Ley, el día y hora en que ha de levantarse el acta previa a la ocupación. Esta notificación se llevará a efecto con una antelación mínima de ocho días y mediante cédula. Caso de que no conste o no se conozca el domicilio del interesado o interesados, se entregará la cédula al inquilino, colono y ocupante del bien de que se trate, sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ley. Con la misma anticipación se publicarán edictos en los tablones oficiales, y, en resumen, en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la Provincia, en un periódico de la localidad y en dos diarios de la capital de la provincia, si los hubiere.
En el día y hora anunciados se constituirán en la finca que se trate de ocupar el representante de la Administración, acompañado de un perito y del Alcalde o Concejal en que delegue, y reunidos con los propietarios y demás interesados que concurran, levantarán un acta, en la que describirán el bien o derecho expropiable y se harán constar todas las manifestaciones y datos que aporten unos y otros y que sean útiles para determinar los derechos afectados, sus titulares, el valor de aquellos y los perjuicios determinantes de la rápida ocupación. Tratándose de terrenos cultivados se hará constar el estado y extensión de las cosechas, los nombres de los cultivadores y el precio del arrendamiento o pactos de aparcería en su caso. Si son fincas urbanas se reseñará el nombre de los arrendatarios, el precio del alquiler y, en su caso, la industria que ejerzan. Los interesados pueden hacerse acompañar de sus peritos y un Notario.
A la vista del acta previa a la ocupación y de los documentos que obren o se aporten en el expediente, y dentro del plazo que se fije al efecto, la Administración formulará las hojas de depósito previo a la ocupación. El depósito equivaldrá a la capitalización, al interés legal del líquido imponible, declarado con dos años de antelación, aumentado en un 20 por 100 en el caso de propiedades amillaradas. En la riqueza catastrada el importe del depósito habrá de ser equivalente a la cantidad obtenida capitalizando al interés legal o líquido imponible o la renta líquida, según se trate de fincas urbanas o rústicas, respectivamente. En los casos de que la finca en cuestión no se expropie más que parcialmente, se prorrateará el valor señalado por esta misma Regla. Si el bien no tuviera asignada riqueza imponible, servirá de módulo la fijada o los bienes análogos del mismo término municipal. La cantidad así fijada, que devengará a favor del titular expropiado el interés legal, será consignada en la Caja de Depósitos. Al efectuar el pago del justiprecio se hará la liquidación definitiva de intereses.
Efectuado el depósito y abonada o consignada, en su caso, la previa indemnización por perjuicios, la Administración procederá a la inmediata ocupación del bien de que se trate, teniendo en cuenta lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 51 de esta Ley, lo que deberá hacer en el plazo máximo de quince días, sin que sea admisible al poseedor entablar interdictos de retener y recobrar.
Efectuada la ocupación de las fincas se tramitará el expediente de expropiación en sus fases de justiprecio y pago según la regulación general establecida en los artículos anteriores, debiendo darse preferencia a estos expedientes para su rápida resolución.
En todo caso, sobre el justiprecio acordado definitivamente para los bienes objeto de este artículo, se girará la indemnización establecida en el artículo 56 de esta Ley con la especialidad de que será fecha inicial para el cómputo correspondiente la siguiente a aquella en que se hubiera producido la ocupación de que se trata.
Artículo 52, primer párrafo modificado por la Ley 11/1996, de 27 de Diciembre, de Medidas de Disciplina presupuestaria.
Artículo 52, apartado 6º modificado por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Artículo citado en: 21584 sentencias, 85 artículos doctrinales, 3 temas prácticos, 103 resoluciones administrativas, 14 noticias
El acta de ocupación que se extenderá a continuación del pago, acompañada de los justificantes del mismo, sera título bastante para que en el Registro de la Propiedad y en los demás registros públicos se inscriba o tome razón de la transmisión de dominio y se verifique, en su caso, la cancelación de las cargas, gravámenes y derechos reales de toda clase a que estuviere afectada la cosa expropiada.
Artículo 53, párrafo primero modificado por la Ley 21/1986, de 23 de Diciembre, de Presupuestos generales del Estado para 1987.
Artículo citado en: 311 sentencias, 20 artículos doctrinales, 33 resoluciones administrativas
Artículo 54 modificado por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Artículo citado en: 2072 sentencias, 74 artículos doctrinales, 4 temas prácticos, un formulario, 38 resoluciones administrativas
Artículo 55 modificado por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Artículo citado en: 1021 sentencias, 41 artículos doctrinales, un tema práctico, un formulario, 30 resoluciones administrativas
CAPÍTULO V Responsabilidades por demora Artículos 56 a 58
Artículo citado en: 15615 sentencias, 17 artículos doctrinales, un formulario, 53 resoluciones administrativas, 5 noticias
Artículo citado en: 10043 sentencias, 17 artículos doctrinales, 29 resoluciones administrativas, 3 noticias
Artículo 58, modificado por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 28 de Diciembre de 2012.
Artículo citado en: 2625 sentencias, 10 artículos doctrinales, 2 formularios, 6 resoluciones administrativas, 5 noticias
TÍTULO III Procedimientos especiales Artículos 59 a 107
CAPÍTULO I De la expropiación por zonas o grupos de bienes Artículos 59 a 70
Artículo citado en: 24 sentencias, 5 artículos doctrinales, un tema práctico
Artículo citado en: 104 sentencias, 3 artículos doctrinales, 8 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 22 sentencias, 3 artículos doctrinales
Artículo citado en: 107 sentencias, 8 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Artículo citado en: 123 sentencias, 10 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Artículo citado en: 73 sentencias, 7 artículos doctrinales
Artículo citado en: 146 sentencias, 12 artículos doctrinales, 5 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 62 sentencias, 8 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Artículo citado en: 26 sentencias, 7 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Artículo citado en: 69 sentencias, 10 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 32 sentencias, 10 artículos doctrinales
CAPÍTULO II De la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad Artículos 71 a 75
Artículo citado en: 183 sentencias, 10 artículos doctrinales, un tema práctico, 5 resoluciones administrativas
1; La declaración positiva de que un determinado bien o categoría de bienes deben sufrir determinadas transformaciones o ser utilizados de manera específica.
2; Que dicha declaración sea formulada por Ley o por Decreto acordado en Consejo de Ministros.
3; Que la Ley contenga inequívocamente la intimación de expropiación forzosa frente al incumplimiento.
4; Que para la realización de la específica función señalada se haya fijado un plazo y a su vencimiento aquella función resultare total o sustancialmente incumplida por el propietario.
Artículo citado en: 886 sentencias, 7 artículos doctrinales, 25 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 1156 sentencias, 4 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, una resolución administrativa
Artículo citado en: 492 sentencias, 5 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, una resolución administrativa
La declaración de necesidad de ocupación se sustituirá por la declaración de que, en el caso que se contempla, concurran los requisitos del artículo 72, debiendo observar, por lo demás, las mismas garantías de información pública, notificación, audiencia de interesados y recursos que se regulan en el Título II de esta Ley.
Cuando por virtud de la Ley puedan los particulares ser beneficiarios de la expropiación, la Administración podrá expropiar la cosa directamente, por su justo precio, para adjudicarla posteriormente a tales particulares, o bien sacarla a subasta pública, en cuyo caso la determinación del justo precio jugará a los solos efectos de fijación del tipo de licitación.
Si la subasta fuese declarada desierta, se anunciará una segunda licitación rebajando el tipo de la primera en un 25 por 100, y procediendo a la apertura de un nuevo período de admisión de licitadores.
De quedar desierta la segunda subasta, la Administración podrá optar por adquirir la cosa en el tipo que en la misma hubiera servido de base de licitación asumiendo la carga correspondiente, o dejarla en estado público de venta. El derecho a la adquisición de la cosa se determinará por la prioridad de solicitud en los correspondientes registros oficiales.
El expediente de expropiación caducará a los seis meses de declarada desierta la segunda subasta en el caso de que la Administración no hubiera optado por adquirir la cosa.
Artículo citado en: 174 sentencias, 5 artículos doctrinales
CAPÍTULO III De la expropiación bienes de valor artístico, histórico y arqueológico Artículos 76 a 84
Artículo citado en: 85 sentencias, 5 artículos doctrinales, un tema práctico
Artículo citado en: 52 sentencias, 3 artículos doctrinales
El justo precio de los bienes se determinará mediante tasación pericial por una Comisión compuesta por tres académicos, designados, uno por la Mesa del Instituto de España, otro por el Ministerio de Educación y el tercero por el propietario del bien afectado. La designación podrá recaer en académicos de las Academias de distrito, presidiendo el primero de los indicados y decidiendo los empates con voto de calidad.
Artículo citado en: 85 sentencias, 5 artículos doctrinales, un tema práctico, 2 noticias
La Comisión prevista en el artículo anterior se reunirá en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de la Orden Ministerial por la que se acuerde la apropiación. En el mes siguiente deberá formular, con informe motivado, el justo precio que haya de abonarse, que tendrá carácter ejecutorio para la Administración y para el expropiado. El justo precio en ningún caso será inferior al que resulte de aplicar las disposiciones del Título II de la presente Ley.
Artículo citado en: 57 sentencias, 4 artículos doctrinales
En los casos de expropiación, venta pública, subasta o liquidación de los bienes a que se refiere el presente Capítulo, el Estado podrá ejercer, para sí o para otra persona pública, el derecho de tanteo, obligándose al pago del precio en un período no superior a dos ejercicios económicos, salvo que el particular interesado acepte otras formas de pago.
Igualmente el Estado podrá ejercer, para sí o para otra persona pública, el derecho de retracto en un plazo de seis meses, a partir de la fecha en que tenga conocimiento fehaciente de la transmisión, en las condiciones de pago señaladas en el párrafo anterior.
CAPÍTULO IV De la expropiación por Entidades locales o por razón de urbanismo Artículo 85
Para la determinación del justo precio se seguirán las reglas y el procedimiento establecidos en el Capítulo III del Título II de esta Ley.
En el Jurado Provincial de Expropiación, el funcionario técnico a que se refiere el apartado b) del artículo 32 será designado por la Corporación local interesada.
Las facultades atribuidas en esta Ley a la Administración o autoridades gubernativas que en ella se mencionan, corresponderán íntegramente, en los asuntos de las Corporaciones locales, a éstas o a los Organismos especiales que en los mismos intervienen y sin limitación de la autonomía que se les concede en las disposiciones vigentes.
Artículo citado en: 242 sentencias, 9 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, 2 resoluciones administrativas
CAPÍTULO V De la expropiación que dé lugar a traslado de poblaciones Artículos 86 a 96
Artículo citado en: 80 sentencias, un artículo doctrinal, un tema práctico, 2 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 88 sentencias, 2 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Artículo citado en: 104 sentencias, un artículo doctrinal
Cambio forzoso de residencia.
Gastos de viaje por traslado familiar.
Transportes de ajuar y elementos de trabajo.
Jornales perdidos durante el tiempo a invertir en los referidos transportes.
Reducción del patrimonio familiar, referida a las bajas en la producción agropecuaria por mermas de la superficie personalmente aprovechada en los aspectos de propiedad, arrendamiento y derecho de disfrute de terrenos comunales por razón de vecindad.
Quebrantos por interrupción de actividades profesionales, comerciales y manuales ejercidas personalmente por el interesado en el lugar de su residencia.
Artículo citado en: 50 sentencias, 5 artículos doctrinales, 2 temas prácticos
Los vecinos podrán solicitar su instalación en el nuevo territorio de la entidad, al presentar la solicitud de indemnización a que se refiere el artículo 91. A tal efecto, al publicarse el anuncio previsto en el mismo artículo se expresará la necesidad de que dentro del plazo en él fijado, se presenten las solicitudes de los interesados acerca de tal extremo.
Transcurrido el plazo a que se alude en el artículo anterior, se formará una relación de vecinos con descripción detallada de las viviendas que ocupaban y de las fincas que personal y directamente explotaban, la cual se expondrá al público por un plazo de quince días, a fin de que puedan rectificarse errores materiales. Hechas las rectificaciones a que en su caso hubiere lugar, se elevará la relación al Consejo de Ministros, para que, a través del Instituto Nacional de Colonización, se proceda a la adquisición de fincas adecuadas para el establecimiento de los vecinos que así lo hayan solicitado y para la elección de la nueva entidad local que venga a sustituir a la desaparecida como consecuencia de las obras determinantes del traslado de la población.
Artículo citado en: 48 sentencias, un artículo doctrinal, una noticia
Por el Instituto Nacional de Colonización se procederá a instalar a los vecinos en el nuevo territorio de la Entidad, proporcionándose a cada uno de ellos en arrendamiento o en propiedad, una vivienda o local de negocio de características similares a la que ocupaban en la zona expropiada. Se les adjudicará también una finca o fincas de características análogas a las que como propietarios o a título distinto vinieren cultivando directa y personalmente, pudiendo adquirir su propiedad con arreglo a lo dispuesto en la legislación especial de colonización.
Respecto a la nueva entidad local, la adjudicación de los bienes que hayan de constituir su patrimonio se verificará conforme a lo establecido en la legislación especial de colonización, destinándose a tal objeto las cantidades que deba percibir en concepto de indemnización por las expropiaciones la Corporación local desaparecida como consecuencia de las obras determinantes del traslado de población.
CAPÍTULO VI De las expropiaciones por causa de colonización o de obras públicas Artículos 97 y 98
SECCIÓN 1ª De las expropiaciones por causa de colonización Artículo 97
SECCIÓN 2ª De las expropiaciones por causa de obras públicas Artículo 98
Artículo citado en: 44 sentencias, 5 artículos doctrinales, un tema práctico, una noticia
CAPÍTULO VII De la expropiación en materia de propiedad industrial Artículo 99
Artículo 99 derogado por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad.
Artículo citado en: 4 sentencias, 5 artículos doctrinales, un tema práctico
CAPÍTULO VIII De la expropiación por razones de defensa nacional y seguridad del Estado Artículos 100 a 107
SECCIÓN 1ª De las expropiaciones por necesidades militares Artículo 100
Artículo citado en: 34 sentencias, 2 artículos doctrinales, un tema práctico
SECCIÓN 2ª De las requisas militares Artículos 101 a 107
Artículo citado en: 11 sentencias, 2 artículos doctrinales, 2 temas prácticos
Fuera de los casos previstos en el artículo anterior, únicamente podrán ser objeto de requisa: los alojamientos para personal, ganado y material; las raciones de pan y pienso, así como el combustible y el alumbrado, el alojamiento y cuanto sea necesario para la asistencia a enfermos o heridos; los medios terrestres, marítimos o aéreos para locomoción o transporte de personal, ganado o material de los ejércitos o sus servicios. La duración máxima de estas dos últimas prestaciones no excederá de veinticuatro horas cada vez.
En períodos de grandes maniobras de concentración de fuerzas, se podrán también requisar por la autoridad militar correspondiente, propiedades rústicas y urbanas como medios auxiliares para las maniobras, con las limitaciones y formas señaladas en los Reglamentos especiales. Las requisas a que se refiere este párrafo sólo se podrán exigir en el territorio y en el período de tiempo que previamente se señale.
También se podrá acordar por Decreto, la requisa, en vía de ensayo, de todos los medios útiles de locomoción y transporte, tanto de índole animal como mecánica.
Artículo citado en: 10 sentencias, 5 artículos doctrinales, un tema práctico
Toda prestación por requisa da derecho a una indemnización por el importe del servicio prestado, del valor objetivo de lo requisado, o de los daños y desperfectos que por su causa se produzcan.
Las cantidades que hayan de abonarse por este concepto y cuyo pago no se haya verificado en un plazo de tres meses, a partir de la fecha en que se efectuó la requisa, devengarán el interés legal.
No será indemnizable la prestación de alojamiento, tanto en casas particulares como en edificios públicos, de las fuerzas de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y demás personas afectas a los mismos.
Artículo citado en: 12 sentencias, 3 artículos doctrinales, un tema práctico
El importe de las indemnizaciones se fijará por la Comisión Central de Valoraciones de Requisas y por las provinciales.
La Comisión Central de Valoraciones de Requisas Militares, que se nombrará por Decreto, estará compuesta por representantes de los Ministerios militares y de los civiles y demás Organismos más directamente relacionados con las requisas, formando parte de ella un General y un Jefe de los Cuerpos de Intendencia e Intervención, y un Auditor. Será misión de esta Comisión el establecer tarifas uniformes para las prestaciones que lo requieran, redactar las bases de valoración para que sirvan de norma a las Comisiones provinciales, examinar y aprovechar las tarifas que éstas les señalen, así como fijar a las mismas los precios que son objeto de consultas.
Las Comisiones provinciales estarán compuestas por cinco Diputados provinciales designados por el Presidente de la respectiva Diputación provincial, y un Jefe de Intendencia y otro de Intervención de cualquiera de los Ejércitos, y será presidida por quien designe la autoridad militar. Estas Comisiones señalarán los precios a las prestaciones para las que no exista tarifa general, elevándolas a la aprobación de la Central, señalando también con posterioridad las indemnizaciones de requisas que no figuren en tarifa alguna.
Podrán constituirse, en su caso, en territorios ocupados Comisiones especiales de valoración, limitando su actuación en las reclamaciones que se hayan presentado, a hacer las valoraciones con las comprobaciones pertinentes, a los fines de que, terminado el período de guerra, se resuelva sobre el derecho al percibo de indemnización.
Artículo citado en: 23 sentencias, 3 artículos doctrinales, 6 resoluciones administrativas
TÍTULO IV Indemnizaciones por ocupación temporal y otros daños Artículos 108 a 123
CAPÍTULO I Ocupaciones temporales Artículos 108 a 119
La Administración, así como las personas o Entidades que se hubieran subrogado en sus derechos, podrán ocupar temporalmente los terrenos propiedad del particular, en los casos siguientes:
Con objeto de llevar a cabo estudios o practicar operaciones facultativas de corta duración, para recoger datos para la formación del proyecto o para el replanteo de una obra.
Para establecer estaciones y caminos provisionales, talleres, almacenes, depósitos de materiales y cualesquiera otros más que requieran las obras previamente declaradas de utilidad pública, así por lo que se refiere a su construcción como a su reparación o conservación ordinarias.
Para la extracción de materiales de toda clase necesarios para la ejecución de dichas obras, que se hallen diseminados por la propiedad, o hayan de ser objeto de una explotación formalmente organizada.
Cuando por causa de interés social, y dándose los requisitos señalados en el artículo 72, la Administración estime conveniente, no haciéndolo por sí el propietario, la realización por su cuenta de los trabajos necesarios para que la propiedad cumpla con las exigencias sociales de que se trate.
Artículo citado en: 350 sentencias, 14 artículos doctrinales, un tema práctico, 5 resoluciones administrativas, una noticia
Las viviendas quedan exceptuadas de la ocupación temporal e imposición de servidumbre. En los casos en que su franqueamiento pueda ser de necesidad para los fines aludidos en el artículo anterior, deberá obtenerse el permiso expreso de su morador.
Artículo citado en: 17 sentencias, 3 artículos doctrinales, una resolución administrativa, 2 noticias
En el caso primero del artículo 108, el funcionario público encargado de llevar a cabo los estudios o el particular debidamente autorizado al efecto, deberán ir provistos de los documentos que acrediten la misión confiada, expedidos por la autoridad delegada del Gobierno en el lugar, a fin de que se les preste toda clase de auxilio, y muy especialmente el de procurar el permiso de los respectivos propietarios para que la Comisión de estudios pase por sus fincas. Los perjuicios que con las operaciones pudieran causarse en ellas serán abonados en el acto, previa tasación por peritos designados por el propietario y el facultativo encargado de las operaciones, y, caso de no llegar a una avenencia, por el Alcalde o persona en quien éste hubiere delegado sus facultades.
Si el propietario opusiese resistencia a conceder el permiso, o si después de tasados los perjuicios en la forma prevista en el párrafo anterior, insistiese en su negativa, se dará cuenta al Gobernador Civil de la provincia o a la autoridad competente por razón del caso para que adopte las medidas pertinentes. Sin embargo, el mismo Gobernador podrá retirar, a instancia de parte, la autorización otorgada, exigiendo la responsabilidad que procediese por cualquier abuso cometido.
Artículo citado en: 14 sentencias, 3 artículos doctrinales, una resolución administrativa, una noticia
A los efectos del número segundo del artículo 108, la declaración de utilidad pública o de interés social lleva consigo el derecho a las ocupaciones temporales que el fin concreto de la expropiación exija.
La necesidad de tales ocupaciones será objeto de un procedimiento ajustado a lo previsto en el Capítulo II del Título II, pero la resolución de la Administración, a que se alude en el artículo 21, será ejecutiva, sin perjuicio de los procedimientos ulteriores para determinar el justo precio. Cuando se trate de una finca con cuyo dueño se hayan practicado anteriores diligencias, se suprimirá la publicidad de las notificaciones, que serán personales, o, en su caso, por medio del Alcalde.
Artículo citado en: 38 sentencias, 4 artículos doctrinales, una resolución administrativa, una noticia
Para las ocupaciones a que se refiere el artículo anterior, y siempre que fuere posible evaluar de antemano la indemnización, se intentará por la Administración, antes de la ocupación, un convenio con el propietario acerca del importe de la misma. A tales efectos, se hará por el representante de la Administración, o por el autorizado para la ocupación, la oferta de la cantidad que se considere ajustada al caso, concediéndose al interesado el plazo de diez días para que conteste lisa y llanamente si acepta o rehúsa la expresada oferta.
De aceptarse la oferta expresamente, o de no contestar en dicho plazo, se hará el pago o consignación de la cantidad ofrecida y la finca podrá ser ocupada, desde luego, sin que pueda haber lugar a reclamación de índole alguna.
Artículo citado en: 102 sentencias, 7 artículos doctrinales, un tema práctico, 2 resoluciones administrativas, una noticia
Artículo citado en: 45 sentencias, 4 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas, una noticia
Artículo citado en: 40 sentencias, 3 artículos doctrinales, un tema práctico, una resolución administrativa, una noticia
Las tasaciones, en los casos de ocupación temporal, se referirán siempre a la apreciación de los rendimientos que el propietario hubiere dejado de percibir por las rentas vencidas durante la ocupación, agregando, además, los perjuicios causados en la finca o los gastos que suponga restituirla a su primitivo estado. Nunca deberá alcanzar la tasación de una ocupación el valor de la finca, y la Administración, en los casos en que le parezca excesiva, podrá pedir la valoración de la expropiación pura y simple por los procedimientos que esta Ley determina, y optar por ella siempre que su importe no exceda de una mitad de la de los daños y perjuicios causados.
Artículo citado en: 1372 sentencias, 5 artículos doctrinales, 13 resoluciones administrativas, una noticia
En los casos comprendidos en el número 3 del artículo 108, el valor de los materiales recogidos en una finca o arrancados de canteras existentes en la misma, sólo se abonará cuando aquellos estuvieren recogidos y apilados por el propietario, antes de la notificación de su necesidad para la Administración, o cuando las canteras se encontrasen abiertas y en explotación con anterioridad a la misma fecha, acreditándose en uno y otro caso la necesidad de los materiales y los productos para su uso.
No bastará, por tanto, para declarar procedente el abono de los materiales el que en algún tiempo se haya podido utilizar alguno con permiso del propietario o mediante una retribución cualquiera.
Tampoco se tendrán en cuenta las reclamaciones por indemnización de beneficios que se presuman como efecto de arriendos para establecer determinadas industrias, si no estuvieran establecidos en las condiciones expresadas.
Artículo citado en: 47 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas, una noticia
Artículo citado en: 14 sentencias, 2 artículos doctrinales, una resolución administrativa, una noticia
Si la ocupación a que se refiere el caso cuarto del artículo 108 implicase para el propietario la pérdida temporal de los beneficios que la propiedad ocupada sea susceptible de producir, la Administración deberá abonarle una renta que se determinará automáticamente en el valor del líquido imponible registrado.
Si las obras realizadas por la Administración determinasen en el futuro un aumento de los rendimientos económicos de la propiedad ocupada, la Administración ocupante tendrá derecho al reembolso de la capitalización de dicho aumento, que estará garantizado mediante una hipoteca legal sobre la finca.
Artículo citado en: 11 sentencias, 4 artículos doctrinales, una resolución administrativa, una noticia
Cuando, de acuerdo con la legislación vigente, el Estado decidiese, por razones de interés público, la intervención de una empresa mercantil que por cualquier causa hubiese cesado en el trabajo o que por sanción gubernativa hubiese sido temporalmente clausurada, deberá indemnizarse a sus titulares el valor efectivo de los daños y deterioros extraordinarios sufridos por la maquinaria e instalaciones, siempre que tales daños se produzcan precisamente a causa de la intervención.
Desaparecida la causa de la intervención, los titulares de la empresa podrán solicitar que cese la ocupación de la misma; pero si no encontrasen conveniente la continuación del negocio, lo manifestarán así a la Administración, que podrá decretar, si ello fuese oportuno, su expropiación, de acuerdo con los preceptos de esta Ley.
Artículo citado en: 10 sentencias, 6 artículos doctrinales, una resolución administrativa, una noticia
CAPÍTULO II De la indemnización por otros daños Artículos 120 a 123
Artículo citado en: 1074 sentencias, 11 artículos doctrinales, un tema práctico, 10 resoluciones administrativas, una noticia
Dará también lugar a indemnización con arreglo al mismo procedimiento toda lesión que los particulares sufran en los bienes y derechos a que esta Ley se refiere, siempre que aquélla sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, o la adopción de medidas de carácter discrecional no fiscalizables en vía contenciosa, sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pueda exigir de sus funcionarios con tal motivo.
En los servicios públicos concedidos correrá la indemnización a cargo del concesionario, salvo en el caso en que el daño tenga su origen en alguna cláusula impuesta por la Administración al concesionario y que sea de ineludible cumplimiento para éste.
Artículo citado en: 14841 sentencias, 88 artículos doctrinales, un tema práctico, 833 resoluciones administrativas
En todo caso, el daño habrá de ser efectivo, evaluado económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
El derecho de reclamar prescribe al año del hecho que lo motivó. Presentada reclamación, se entenderá desestimada por el transcurso de cuatro meses sin que la Administración resuelva. A partir de este momento, o de la notificación de la resolución expresa, en su caso, empezará a correr el plazo para el procedente recurso contencioso-administrativo.
Artículo citado en: 10407 sentencias, 31 artículos doctrinales, 60 resoluciones administrativas
Cuando se trate de servicios concedidos, la reclamación se dirigirá a la Administración que otorgó la concesión, en la forma prevista en el párrafo segundo del artículo 122, la cual resolverá, tanto sobre la procedencia de la indemnización como sobre quién debe pagarla, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 121. Esta resolución dejará abierta la vía contencioso-administrativa, que podrá utilizar el particular o el concesionario, en su caso.
Artículo citado en: 2022 sentencias, 15 artículos doctrinales, 20 resoluciones administrativas
TÍTULO V Garantías jurisdiccionales Artículos 124 a 128
Artículo citado en: 128 sentencias, 4 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, 2 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 1461 sentencias, 25 artículos doctrinales, un tema práctico, una resolución administrativa, una noticia
Contra la resolución administrativa que ponga fin al expediente de expropiación o a cualquiera de las piezas separadas, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, con excepción del caso previsto en el número 3 del artículo 22.
Asimismo ambas partes podrán interponer recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos que sobre el justo precio se adopten. En este caso el recurso deberá fundarse en lesión cuando la cantidad fijada como justo precio sea inferior o superior en más de una sexta parte al que en tal concepto se haya alegado por el recurrente o en trámite oportuno.
En todo caso el recurso podrá fundarse en vicio sustancial de forma o en la violación u omisión de los preceptos establecidas en la presente Ley.
Se considerarán de turno preferente los recursos comprendidos en este artículo.
Artículo citado en: 1265 sentencias, 13 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, un formulario, 3 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 151 sentencias, 11 artículos doctrinales
Disposición Adicional, añadida por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 28 de Diciembre de 2012.
DECRETO 138/2008, de 17 de junio, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2009, y se abre plazo para fijar las fiestas locales.

References: artículo 32
 artículo 3
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 17
 resolución 
 resolución 

Artículo 32

Artículo 32

Artículo 34
 resolución 
 resolución 

Artículo 38

Artículo 39
 artículo 39
 artículo 43
 resolución 

Artículo 43

Artículo 43
 Real Decreto 

Artículo 43
 Real Decreto 
 resolución 

Artículo 48

Artículo 51
 artículo 5
 artículo 51
 artículo 56

Artículo 52

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 58
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 72
 Artículo 85
 artículo 32
 resolución 
 artículo 91
 Artículo 97
 Artículo 98
 Artículo 99

Artículo 99
 Artículo 100
 artículo 72
 resolución 
 artículo 108
 resolución 
 artículo 108
 resolución 
 artículo 21
 resolución 
 resolución 
 artículo 108
 resolución 
 artículo 108
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 122
 artículo 121
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 22