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Timestamp: 2013-12-11 20:37:01+00:00

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Fw: COMUNICADO DE PRENSA : << No. 18 de 09 de mayo de 2012 >> (1)
Apreciados señores: Para los que no lo conocen, acompaño el comunicado de la Corte Constitucional en el cual se hace referencia a la sentencia que pronunció
Apreciados señores:Para los que no lo conocen, acompaño el comunicado de la Corte Constitucional en el cual se hace referencia a la sentencia que pronunció sobre una serie de aspectos relativos al arbitraje.A tal efecto, es de destacar que la Corte reconoce la constitucionalidad del arbitraje obligatorio en los conflictos colectivos de trabajo, pues señala que el artículo 116 de la C.P. " no se trata de una regla que
implique la inconstitucionalidad de cualquier modalidad de arbitramento
obligatorio, sino como un mandato que debe ser ponderado de acuerdo con otros
bienes constitucionalmente relevantes que estén en juego"Por otra parte la Corte Constitucionalmente declara inconstitucional el artículo 65 de la ley 143 en cuanto consagra un arbitraje obligatorio, pues considera que en este caso no hay razones de pesos que justifiquen imponer esta obligación frente al artículo 116 de la Constitución Política.Adicionalmente, la Corte Constitucional declara exequible el arbitraje técnico señalado que la referencia al arbitraje en derecho o en equidad del artículo
116 de la CP no excluye otras formas de arbitraje que pueda establecer el legislador.Finalmente, consideró la Corte que las normas sobre amigable composición no violan el artículo 116 de la Carta, pues los amigables componedores no administran justicia, sino se trata de un mecanismo contractual de solución de controversias. Agregó que el
documento de los amigables componedores "no tiene las calidades de una sentencia judicial, ya que no
contiene resoluciones ni órdenes, sino que se convierte en un contrato
adicional, modificatorio del contrato que dio origen a la discrepancia
solucionada". ----- Forwarded Message ----- From: Corte Constitucional de Colombia <correos@...> To: jpcm2001@... Sent: Monday, May 14, 2012 2:22 PM Subject: COMUNICADO DE PRENSA : << No. 18 de 09 de mayo de 2012 >> República de Colombia
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COMUNICADO No. 18 Mayo 9 de 2012
Obligatoriedad del arbitramento para resolver
conflictos colectivos de trabajo, cumple con finalidades legítimas desde la
perspectiva constitucional. La amigable composición y arbitramento técnico son
modalidades de solución de conflictos que corresponden a la potestad de
configuración legislativa. Inconstitucionalidad del arbitramento obligatorio
en los contratos de concesión, que requiere de la estipulación libre de las
I. EXPEDIENTE D-8677 – SENTENCIA C-330/12 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
• Código Sustantivo del Trabajo (art. 432, parcial) • Ley 50 de 1990 (arts. 61 y 62, parciales)
• Ley 584 de 2000 (arts. 18 y 19, parciales)
• Ley 1210 de 2008 (art. 1º, parcial)
• Ley 48 de 1968 (art. 3, num. 2 y 3)
• Ley 143 de 1994 (art. 65, parcial)
• Ley 446 de 1998 (arts. 111, parcial, 130, 131 y 132)
• Decreto 2158 de 1948 (arts. 139, parcial y 143)
• Decreto 2279 de 1989 (art. 46)
• Ley 80 de 1993 (art. 74)
Declarar EXEQUIBLE el artículo 452 del Código Sustantivo
del Trabajo y la expresión “ambas partes solicitarán al Ministerio de la
Protección Social la convocatoria del tribunal de arbitramento” contenida
en el artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el
artículo 1º de la Ley 1210 de 2008. En consecuencia, declarar EXEQUIBLE los
literales a) y b) del artículo 19 de la Ley 584 de 2000; el término “obligatorio”
de los numerales 2 y 3 del artículo 3 de la Ley 48 de 1968; las palabras “arbitramento
obligatorio” del numeral 1 del artículo 432 del Código Sustantivo del
Trabajo y el artículo 143 del Decreto ley 2158 de 1948.
Declarar INEXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 65 de
la Ley 143 de 1994.
Declarar EXEQUIBLE las frases “solicitud de
arbitramento serán decididas” y “por la mayoría absoluta de los
trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al
sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores” contenidas
en los artículos 61 de la Ley 50 de 1990, el numeral 2 del artículo 61 de la
misma ley y la expresión “si la mayoría absoluta” del artículo 18 de
la Ley 584 de 2000. Cuarto.-
Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado en la presente
sentencia, la expresión “de carácter permanente” del artículo
139 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Declarar EXEQUIBLE la expresión “o técnico” y la
frase “[c]uando los árbitros pronuncian su fallo en razón de sus
específicos conocimientos en una determinada ciencia, arte u oficio, el
arbitraje es técnico” comprendida en el artículo 111 de la Ley 446 de
1998 y los artículos 74 de la Ley 80 de 1991 y 46 del Decreto 2279 de 1989. Sexto.-
Declarar EXEQUIBLES los artículos 130, 131 y 132 de la
Ley 446 de 1998. 3. Fundamentos
de la decisión La
Corte resolvió en este caso, seis cargos de inconstitucionalidad formulados
contra distintas normas legales que regulan el establecimiento de tribunales
de arbitramento en diversos campos. En primer lugar, el demandante
cuestiona la obligatoriedad del arbitramento para resolver conflictos
laborales, según lo dispuesto en el artículo 1º (parcial) de la Ley 1210 de
2008; literales a) y b) del artículo 19 de la Ley 584 de 2000; los numerales
2 y 3 (parciales) del artículo 3º de la Ley 48 de 1968; el numeral 1 del
artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 143 del Decreto
ley 2158 de 1948, toda vez que considera que estas disposiciones vulneran el
artículo 116 de la Constitución, por desconocer el principio de voluntariedad
del arbitramento. Como punto de partida para resolver este cargo, la Corte
señaló que la voluntariedad en materia arbitral opera como un principio que
caracteriza esta modalidad de mecanismo alternativo de solución de
conflictos, pero que por la misma razón, no se trata de una regla que
bienes constitucionalmente relevantes que estén en juego. Es así como, el
artículo 55 de la Carta indica claramente, que es deber del Estado promover
la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los
conflictos colectivos de trabajo. Igualmente, el artículo 56 constitucional
contempla la existencia de una comisión permanente, integrada por el
Gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores,
encargada de fomentar las buenas relaciones laborales, de contribuir a la solución
de los conflictos colectivos de trabajo y de la concertación de políticas
salariales y laborales. De esto se desprende que la concertación pacífica de
los conflictos laborales tiene relevancia constitucional, de manera tal, que
en ciertos casos la voluntariedad del arbitramento debe ceder ante los
especiales deberes estatales en la materia. Adicionalmente,
la Corte advirtió que al deber estatal de promover la solución pacífica de
los conflictos laborales se aúna la necesidad de preservar la empresa como
una unidad productiva y generadora de empleo, cuya existencia se vería en
riesgo de no preverse un mecanismo que pusiera fin a los conflictos
laborales. Caso especial, lo constituyen los servicios públicos esenciales
pues, precisamente, la prohibición prevista en el artículo 56 superior
conlleva necesariamente el establecimiento de tribunales de arbitramento
obligatorios, pues de otra manera los trabajadores no contarían con un
mecanismo para lograr la concertación con los empleadores, al ser privados de
uno de los instrumentos de negociación colectiva, cual es el ejercicio del
derecho de huelga. Al mismo tiempo, la Corte sostuvo que la desigualdad
estructural de las relaciones laborales y los principios constitucionales del
derecho al trabajo también justifican la previsión de la obligatoriedad del
arbitramento en materia laboral. En este sentido, el establecimiento de un
mecanismo que equipare las relaciones entre capital y trabajo y la
consecuente protección de los trabajadores, se compagina fielmente con los
mandatos establecidos en el preámbulo y los artículos 1, 2, 25, 39, 53, 54,
55, 56 y 64 superiores, que constituyen la Constitución del Trabajo y
que propende hacia el establecimiento de relaciones laborales justas,
mediante la eliminación de desequilibrio propios de éstas para así asegurar
la vigencia y efectividad del principio de igualdad, la protección de ciertos
sectores de la población que se encuentran en situación de debilidad, que son
los trabajadores y un orden social y económico justo. A la vez, el Estado
tiene el deber de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios
la Corte, se tiene entonces, que por existir finalidades constitucionalmente
legítimas se justifica que en materia laboral, el principio de voluntariedad
del arbitramento deba ceder en ciertos casos, por estar en juego bienes
constitucionalmente relevantes y en consecuencia, procedió a declarar
exequibles el artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo y la expresión “ambas
partes solicitarán al Ministerio de la Protección Social la convocatoria del
tribunal de arbitramento” contenida en el artículo 448 del Código
Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1210 de 2008.
Así mismo, declaró exequibles, los literales a) y b) del artículo 19 de la
Ley 584 de 2000; el término “obligatorio” de los numerales 2 y 3 del
artículo 3 de la Ley 48 de 1968; las palabras “arbitramento obligatorio” del
numeral 1 del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo
segundo lugar, a diferencia de las normas laborales analizadas
anteriormente, la Corte encontró que el establecimiento del tribunal de
arbitramento obligatorio que se impone en el inciso segundo del artículo 65
de la Ley 143 de 1994, vulnera el artículo 116 de la Constitución, al
desconocer el principio de voluntariedad en el arbitramento. Su finalidad es
la de proteger los intereses económicos de alguna de las partes en el
contrato de concesión, el cual puede ser considerado como un propósito
constitucionalmente legítimo. Sin embargo, no es de tal entidad, que permita
morigerar el principio de voluntariedad consagrado en artículo 116
constitucional. Aunque se podría argumentar que se trata de un propósito que
no está prohibido en la Constitución y que la medida no resulta
manifiestamente irrazonable para su consecución, ni supera la importancia del
principio de voluntariedad en el arbitramento. Así, el principio de
voluntariedad se debe emplear de manera estricta en los eventos en que sea el
interés económico el que gobierna las actuaciones de las partes y de manera
atenuada en el caso que se busque la protección de un interés superior. En
este sentido, la voluntad de las partes es un requisito constitucional
imperativo y un elemento medular para la configuración de un tribunal de
arbitramento, pues la legitimidad de los árbitros se funda en la existencia
de este concierto de voluntades entre las partes enfrentadas de sustraer la
resolución de sus disputas del sistema estatal de administración de justicia
y atribuirla a particulares. En el caso del inciso segundo del artículo 65 de
la Ley 143 de 1994 obliga al concesionario o a la entidad concedente, que en
el evento de no estar de acuerdo con el dictamen pericial emitido para
evaluar el reconocimiento y pago de los bienes señalados en el contrato para
tal fin, deba acudir a un tribunal de arbitramento. La Corte determinó que
resulta contrario al principio de voluntariedad cualquier disposición que
imponga a los particulares en determinados casos, la obligación de acudir al arbitraje,
si no hay razones de peso que justifiquen tal obligación. De ahí que obligar
a cualquiera de las partes del contrato de concesión a acudir a este mecanismo
de solución de conflictos -salvo que así lo acuerden libremente las partes
contratantes- cuando difieran en el dictamen pericial, vulnera el artículo
116 de la Constitución y por ende, el inciso segundo del artículo 65 de la
Ley 143 de 1994 fue declarado inexequible. En
tercer lugar, la Corte consideró que la voluntad expresada en la
mayoría absoluta de los trabajadores de una empresa o de la asamblea general
de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de
aquellos trabajadores, de someter un conflicto colectivo de trabajo a la decisión
de un tribunal de arbitramento, se ajusta perfectamente a la Constitución, en
la medida en que refleja el principio democrático que debe orientar el
funcionamiento de los sindicatos y las organizaciones sociales, de
conformidad con el artículo 39 de la Carta. A su juicio, exigir que todos los
trabajadores de una empresa avalen que el diferendo laboral sea sometido a la
justicia arbitral, impediría la utilización de este mecanismo alternativo de
solución de conflictos, pues es casi imposible en un organismo plural, como
es una empresa, que todos los integrantes de ésta estén de acuerdo en una
misma decisión. Aunado a lo anterior, el funcionamiento de los sindicatos y
de las organizaciones sociales está sujeto a los principios democráticos,
conforme al artículo 39 superior. Por consiguiente, fueron declaradas
exequibles las frases “solicitud de arbitramento serán decididas” y “por
la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea
general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la
mitad de aquellos trabajadores” contenidas en los artículos 61 de la Ley
50 de 1990, el numeral 2 del artículo 61 de la misma ley y la expresión “si
la mayoría absoluta” del artículo 18 de la Ley 584 de 2000. En
cuarto lugar, la Corte advirtió que el artículo 116 de la Constitución
establece que los “particulares pueden ser investidos transitoriamente de
la función de administrar justicia en la condición de […] árbitros
habilitados por las partes para proferir fallos en derecho y en equidad, en
los términos que determine la ley”. En virtud de este precepto, no es
concebible que el ejercicio de la jurisdicción, como función estatal, se
desplace de manera permanente y general a los árbitros y conciliadores.
Aunque en una primera lectura del artículo 139 del Código Procesal del
Trabajo, pudiera pensarse que vulnera el artículo 116 de la Carta, por aludir
a “tribunales o comisiones de arbitraje de carácter permanente”, la
Corte precisó que la permanencia se refiere a la posibilidad de que se solucionen
todos los conflictos que surjan en el ámbito de una convención colectiva, por
un tribunal de arbitramento que se designa para tal efecto, si así se
solicita por las partes. Es decir, que la permanencia se predica de la
designación de un tribunal de arbitramento disponible durante la vigencia de la
convención colectiva, de manera que no haya que designar para cada caso un
tribunal, sino que el conformado, siempre estará a disposición de las partes
para la solución de tales conflictos, por el término que rija la respectiva
convención, cuando así lo soliciten. Dictado el fallo correspondiente, cesa
la función del tribunal. En estos términos, la expresión “de carácter
permanente” del artículo 139 del Código Procesal del Trabajo de la
Seguridad Social, no contradice el artículo 116 de la Constitución y por
consiguiente fue declarada exequible, frente al cargo examinado. En
quinto lugar, la Corte señaló que cuando el artículo 116 de la
Constitución establece que los árbitros pueden fallar en derecho o en equidad,
no puede ser interpretado como una regla exceptiva que solo permita estas dos
modalidades de arbitramento, pues tal entendimiento limitaría de manera
excesiva el margen de configuración del legislador y la naturaleza de la
Constitución como una norma abierta a la interpretación legislativa. Se
trata, entonces, de una regla especial que hace referencia a dos modalidades
de arbitramento, pero que no excluye que la ley establezca otras, como el
arbitramento técnico previsto en el artículo 111 de la Ley 446 de 1998
y en los artículos 74 de la Ley 80 de 1993 y 46 del Decreto 2279 de 1989, el
cual está a cargo de árbitros expertos en una determinada ciencia, arte u
oficio, designados por las partes para resolver las diferencias de carácter
exclusivamente técnico. En consecuencia, las expresiones acusadas de los
mencionados artículos constituyen un desarrollo de la potestad legislativa
que no contradice el artículo 116 de la Carta Política, de modo que el cargo
de inconstitucionalidad esgrimido no estaba llamado a prosperar.
último, en relación con el sexto cargo formulado contra la figura de
la amigable composición regulada en los artículos 130, 131 y 132 de la
Ley 446 de 1998, la Corte Constitucional encontró que no desconoce el
artículo 116 del Estatuto Superior. En efecto, la amigable composición es un
mecanismo de solución de conflictos de tipo eminentemente contractual, no
procesal –como el arbitramento o la conciliación- que se conviene mediante un
pacto o convenio para delegar en un tercero la solución de un conflicto que
se plasma en un documento contractual en virtud del cual las partes asumen
compromisos voluntarios, inmutables y vinculantes para ellas. En realidad, el
pronunciamiento del amigable componedor consiste únicamente en un acuerdo contractual
que fija los compromisos que asumen las partes voluntariamente, en virtud del
mandato que le ha sido conferido para definir el conflicto surgido entre
ellas, por lo que no es posible inferir que con este mecanismo de solución de
conflictos se esté administrando justicia. En este sentido, el citado
documento no tiene las calidades de una sentencia judicial, ya que no
solucionada. En
consecuencia, las actuaciones realizadas por los amigables componedores no
corresponden a una manifestación del ejercicio de la función jurisdiccional
del Estado, pues al tenor de lo prescrito en el artículo 116 de la
Constitución Política, dicha función se limita a las figuras procesales de la
conciliación, el arbitramento y los jurados de conciencia. Por consiguiente,
la Corte declaró exequibles los artículos 130, 131 y 132 de la Ley 446 de
magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, se reservó la posibilidad de
presentar una eventual aclaración de voto, relacionada con los fundamentos
que justifican el establecimiento del arbitramento obligatorio para resolver
conflictos colectivos del trabajo.
El control de la explotación ilegal de minerales
prevista en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, no requería de la
realización de la consulta previa a las comunidades étnicas. Sin embargo, la
derogatoria de las normas que permitían la legalización de la pequeña minería
y de la minería tradicional si ha debido ser consultada a dichas comunidades,
por afectarlas de manera directa
II. EXPEDIENTE D-8779 – SENTENCIA C-331/12 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
1450 DE 2011
16) Por
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
106. CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES. A
partir de la vigencia de la presente ley, se prohíbe en todo el territorio
nacional, la utilización de dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás
equipos mecánicos en las actividades mineras sin título minero inscrito en el
Registro Minero Nacional. El
incumplimiento de esta prohibición, además de la acción penal correspondiente
y sin perjuicio de otras medidas sancionatorias, dará lugar al decomiso de
dichos bienes y a la imposición de una multa hasta de mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes, que impondrá la autoridad policiva
correspondiente. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
solicitudes que actualmente se encuentren en trámite para legalizar la
minería con minidragas a que se refiere el artículo 30
de la Ley 1382 de 2010, serán rechazadas de plano por la autoridad minera.
El Gobierno Nacional reorganizará los municipios verdaderamente explotadores
de oro y tomará medidas para aquellos municipios que usurpan y cobran por
conceptos de regalías en esta materia sin tener derechos por este concepto;
igualmente aquellos excedentes que se demuestren del resultado del uso
indebido de estas regalías serán utilizadas como indexación e indemnización a
los municipios afectados por la minería ilegal de acuerdo a la reglamentación
que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.
276. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean
fin de dar continuidad a los objetivos y metas de largo plazo planteados en
los anteriores Planes de Desarrollo, se mantienen vigentes las siguientes
disposiciones de la Ley 812 de 2003 los artículos, 20,
y 121;
de la Ley 1151 de 2007 los artículos 11,
excepto su tercer inciso, 62,
los incisos primero y tercero del 69,
inciso primero del 131,
y 156,
de la Ley 1151 de 2007. Ampliase hasta el 6 de agosto de 2012, las funciones
establecidas en el artículo 65
de la Ley 1350 de 2009.
en especial el artículo 9o del Decreto 1300 del 29 de julio de 1932; los
artículos 3o y 4o del Decreto 627 de 1974; 19 de la Ley 55 de 1985; 9o de la
Ley 25 de 1990; elimínase la periodicidad de dos (2) años prevista en el
artículo 2o de la Ley 1ª de 1991 para la presentación y aprobación de los
Planes de Expansión Portuaria y en el artículo 15
de la Ley 105 de 1993 para la presentación y aprobación de los Planes de
Expansión Vial, 21
de la Ley 160 de 1994; el inciso segundo del artículo 151
de la Ley 223 de 1995; el numeral 5 del artículo 2o
de la Ley 549 de 1999; los artículos 2o,
de la Ley 590 de 2000; 10,
y el parágrafo del artículo 12
de la Ley 681 de 2001; parágrafo 3o del artículo 19
de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo 5o
de la Ley 1383 de 2010; parágrafo 2o del artículo 7o
de la Ley 872 de 2003; 26,
inciso 2o del artículo 28
de la Ley 1150 de 2007; 32
de la Ley 1176 de 2007; artículo 69
de la Ley 1341 de 2009 exceptuando su inciso segundo; parágrafo 2o del
artículo 12 y el artículo 30 de la Ley 1382 de
2010 y el parágrafo del artículo 63
de la Ley 1429 de 2010. Deroga
las Leyes 188
de 1995; 812
de 2003 y 1151
de 2007, a excepción de las disposiciones citadas en el segundo inciso del
artículo 3o,
literal a) numeral 5 de la Ley 1163 de 2007 la expresión “y cruces de
información no sujeta a reserva legal de las bases de datos de la entidad” y
del numeral 8 suprímase la expresión “Servicios de procesamiento, consulta de
datos de identificación”.
Suprímanse
del artículo 424
del Estatuto Tributario los siguientes bienes, partida y subpartida
arancelaria: 82.01 Layas, herramientas de mano agrícola y el inciso primero
del parágrafo del artículo (Message over 64 KB, truncated) Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.

References: artículo 116
 artículo 65
 artículo 116
 artículo
116
 artículo 116
 artículo 452
 artículo 448

artículo 1
 artículo 19
 artículo 3
 artículo 432
 artículo 143
 artículo 65
 artículo 61
 artículo 18
 artículo
139
 artículo 111
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 3

artículo 432
 artículo 143

artículo 116

artículo 55
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 452
 artículo 448
 artículo 1
 artículo 19

artículo 3
 artículo 432
 artículo 65
 artículo 116
 artículo 116

resolución 
 artículo 65
 artículo
116
 artículo 65
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 61
 artículo 18
 artículo 116
 artículo 139
 artículo 116
 artículo 139
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 111
 artículo 116

artículo 116
 artículo 116
 artículo 30
 artículo 65
 artículo 9

artículo 2
 artículo 15
 artículo 151
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 19
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 28
 artículo 69

artículo 12
 artículo 30
 artículo 63

artículo 3
 artículo 424