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Timestamp: 2019-03-21 11:51:50+00:00

Document:
as201311124
AUTO SUPREMO Nº. 124/2013
Sucre, 8 de mayo de 2013
EXPEDIENTE: Santa Cruz 62/2013
PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Rene Apaza Huallpa contra Luís Alberto Torrez Rojas
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Luis Alberto Torrez Rojas (fs. 238 a 241), impugnando el Auto de Vista Nro. 70/2012 emitido el 17 de septiembre de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 226 a 229), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Rene Apaza Huallpa contra el recurrente por la presunta comisión del delito de asesinato, previsto y sancionado por el artículo 252 del Código Penal.
Sustanciado el juicio oral, público y contradictorio, el Tribunal de Sentencia Nro. 1 de la capital del departamento de Santa Cruz, que conoció esa causa, dictó Sentencia Nro. 03/2012 el 16 de febrero de 2012 (fs. 190 a 203), declarando a Luís Alberto Tórrez Rojas autor y culpable de la comisión del delito de asesinato, previsto y sancionado por el artículo 252 del Código Penal, condenándolo a la pena privativa de libertad de treinta años de presidio a cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz (Cárcel Pública de Palmasola), más el pago de costas a calificarse en ejecución de Sentencia
El procesado Luís Alberto Torrez Rojas, contra la Sentencia interpuso recurso de apelación restringida (fs. 210 a 213), que fue resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz por Auto de Vista Nro. 70/ 2012 de 17 de septiembre de 2012, declarándolo improcedente confirmando la Sentencia impugnada.
Contra dicha resolución el procesado Luís Alberto Torrez Rojas interpuso recurso de casación (fs. 238 a 241) que ahora es caso de autos.
Que analizado el referido recurso de casación, fue admitido conforme a los argumentos descritos en el Auto Supremo Nro. 99/2013 de 3 de abril de 2013, a tal efecto la resolución se circunscribirá a la verificación de la posible existencia de defectos absolutos previstos por el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, por violación a la garantía constitucional de presunción de inocencia y al principio de inmediación, al haberse vulnerado lo estipulado en los incisos 1) y 2) del artículo 16 de la Constitución Política del Estado, artículo 8 de la Convención América sobre Derechos Humanos, y artículo 370 inciso 4) del citado adjetivo penal, debido a que se basa en elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio, y según los siguientes motivos:
1. Que no es cierto lo que manifiesta el Tribunal de Alzada, ya que si se realiza una relación exhaustiva de la Sentencia, se tiene que en todo lo que se enmarca, es en la declaración de un testigo que fue a expresar en juicio lo que dijo otro coimputado, violando por completo lo que establecen los artículos 330 y 333 del Código de Procedimiento Penal referidos a la inmediación en los juicios orales, debiéndose tomar en cuenta que el policía asignado al caso Edgar Yanarico Cuellar (Edgar Yanarico Orihuela) no tenía ninguna prueba que lo relacione con el caso, solo una declaración informativa en el que estuvo presente, siendo que el declarante Daniel Faldin Tapia no fue presentado como testigo de cargo; no siendo evidente que todas las pruebas tengan una interrelación entre si y que demuestran su participación. Por consiguiente lo que se ha realizado es una valoración defectuosa de la prueba, en vulneración al principio de inmediación como garantía constitucional del debido proceso.
2. Que las aseveraciones realizadas por el Tribunal de Alzada -respecto a la abstención de la declaración del procesado- violan lo establecido por el artículo 116 de la Constitución Política del Estado en concordancia con los artículos 6, 92 del Código de Procedimiento Penal ya que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, pilar fundamental de un Estado de Derecho que vela por el debido proceso y las garantías constitucionales, toda vez que el silencio de una persona no se podrá tomar en su contra, prohibiéndose toda presunción de culpabilidad, más aún si la parte acusadora es la que debe probar la acusación; por lo que la Sentencia se encuadra en lo establecido por el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, conforme señala el Auto Supremo Nro. 259 de 6 de mayo de 2011, puesto que no es verdad que no se citó la vulneración, toda vez que se citó el artículo 13 del Código Penal Adjetivo y se manifestó que la declaración de un solo testigo Edgar Yanarico Cuellar (Edgar Yanarico Orihuela) que declara lo que escuchó, viola por completo las reglas de la inmediación, la presunción de inocencia, valorándose la prueba según el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, sin tomar en cuenta la ilicitud de las mismas, todo con el fin de sentenciar a una persona pues de ninguna manera se puede introducir una declaración de un testigo que venga a decir lo que dijo otro testigo; por lo que existiendo duda no puede sentenciarse a otra persona.
Sobre la acusación invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 398 de 25 de junio de 2001, manifestando que en el presente caso no se ha tomado en cuenta lo estipulado por la Carta Magna en los incisos 1) y 2) del artículo 16, en concordancia con el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal referentes a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, tampoco la Convención Americana sobre Derechos Humanos artículo 8, el principio in dubio pro reo, que se encuentra relacionado con las garantirás constitucionales de presunción de inocencia, seguridad jurídica y debido proceso, debiendo el juzgador considerar este principio pues no se puede condenar al imputado sin valorar previamente las pruebas de cargo, ya que las pruebas ilícitamente obtenidas no cumplen las formalidades de la ley para los efectos de su validez.
Finaliza pidiendo se anule totalmente la Sentencia y se disponga la reposición del juicio por otro Tribunal, bajo el principio de probidad y las garantías constitucionales de imparcialidad e igualdad.
Que conforme el Auto Supremo de Admisión Nro. 99/2013 de 3 de abril de 2013, el análisis del presente recurso, se circunscribirá a la verificación de las denuncias efectuadas en la citada resolución, la que se encuentra relacionada con la posible existencia de defectos absolutos previstos por el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, por violación a la garantía constitucional de presunción de inocencia y al principio de inmediación, al haberse vulnerado lo estipulado en los incisos 1) y 2) del artículo 16 de la Constitución Política del Estado, artículo 8 de la Convención América sobre Derechos Humanos, y artículo 370 inciso 4) del citado adjetivo penal, porque se basa en elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio.
El debido proceso, es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; la Constitución Política del Estado, en sus artículos 115 y 117, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Entre los elementos que configuran el debido proceso se encuentran: a) el derecho a la defensa, b) el derecho al juez natural, c) la garantía de presunción de inocencia, d) el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete, e) el derecho a un proceso público, f) el derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable, f) el derecho a recurrir, g) el derecho a la legalidad de la prueba, h) el derecho a la igualdad procesal de las partes, i) el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, j) el derecho a la congruencia entre acusación y condena, k) la garantía del non bis in idem, l) el derecho a la valoración razonable de la prueba, ll) el derecho a la comunicación previa de la acusación; m) la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; n) el derecho a la comunicación privada con su defensor; o) el derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular.
Bajo ese marco garantista, se concluye lo siguiente:
Primero.- En lo relativo a la denuncia de defectos absolutos previstos en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, por violación a la garantía constitucional de presunción de inocencia y al principio de inmediación, al haberse vulnerado lo estipulado en los incisos 1) y 2) del artículo 16 de la Constitución Política del Estado.
Sobre la denuncia de defectos absolutos por violación al principio de inmediación, es necesario destacar que uno de los principios procesales del juicio oral y ordinario es el principio de oralidad que está plenamente garantizado en el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal, por el cual se impone que los actos jurídicos procesales constitutivos del inicio, desarrollo y finalización del juicio se realicen utilizando como medio de comunicación la palabra proferida oralmente; la necesidad de la oralidad del juicio oral y ordinario es indiscutible, en tanto se requiere el debate entre los intervinientes, por ello está íntimamente ligado al llamado principio de inmediación, éste principio tiene como finalidad el mantener la más íntima relación posible, el más estrecho contacto entre el juzgador de una parte y las partes procesales y la totalidad de los medios probatorios de la otra, desde el comienzo del juicio oral y ordinario hasta la Sentencia, conforme determina el artículo 330 del citado adjetivo penal.
En ese contexto, en el caso de autos, no obstante de que el recurso de casación esta instituido para impugnar el Auto de Vista y no la Sentencia, de la lectura del Auto de Vista recurrido y en especial del Considerando III, se verifica que el Tribunal de Alzada ante la denuncia de vulneración del derecho al Juez imparcial, independiente y no perjudicado, relativo a la valoración de la prueba testimonial del testigo de cargo Edgar Yanarico Orihuela, expuesta en el recurso de apelación restringida (fojas 210 a 213), advirtió que el convencimiento del Tribunal de Alzada no nace de la exclusividad de la sola declaración del Policía Asignado al caso Edgar Yanarico Orihuela sino también del conjunto de las pruebas desfiladas y judicializadas en la audiencia de juicio oral y público, sin que llegue a contrastar valoración defectuosa de la prueba; conclusión del Tribunal de Alzada que a criterio de éste Tribunal Supremo resulta acorde a los datos del proceso, por cuanto de la revisión del Acta de Audiencia de Juicio Oral (fs. 163 a 169 y 185 a 186) se evidencia que el Tribunal de Sentencia Nro. 1 de la capital del departamento de Santa Cruz dirigió el desarrollo del juicio oral y ordinario en observancia a los principios de oralidad e inmediación, previstos en los artículos 330 y 333 del Código de Procedimiento Penal, y en Sentencia Nro. 03/2012 de 16 de febrero de 2012 realizó la valoración intelectiva de las pruebas documentales, materiales y testimoniales producidas en el juicio oral y ordinario, asumiendo convicción sobre la responsabilidad penal del imputado Luís Alberto Torrez Rojas no solo en base a la declaración testifical del testigo de cargo Edgar Yanarico Orihuela sino sobre la base de la totalidad de pruebas de cargo producidas en el juicio oral y ordinario.
Sobre la denuncia de defectos absolutos por violación a la garantía constitucional de presunción de inocencia, cabe anotar que entre uno de los elementos que configuran el debido proceso se encuentra la garantía de presunción de inocencia, esta garantía está contemplada en el artículo 116 parágrafo I de la Constitución Política del Estado que expresamente determina que: “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”; norma constitucional que se complementa con lo establecido en el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal y artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En ese marco, en el caso de autos, de la lectura del Auto de Vista recurrido y en especial del Considerando III, se verifica que el Tribunal de Alzada ante la denuncia de vulneración del derecho al Juez imparcial, independiente y no perjudicado, relativo a la valoración de la prueba testimonial del testigo de cargo Edgar Yanarico Orihuela, expuesta en el recurso de apelación restringida (fojas 210 a 213), advirtió que la postura del recurrente no es coherente ni lógica cuando por una parte alega el artículo 120 parágrafo I de la Constitución Política del Estado y por otra olvida que tuvo la oportunidad de ser escuchado ante la autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial ya que se abstuvo de declarar y manifestar su verdad sobre los hechos ocurridos, acogiéndose a su derecho a guardar silencio; conclusión del Tribunal de Alzada que a criterio de éste Tribunal Supremo es expuesta para resaltar la inconsistencia de su posición y no como juicio de presunción de culpabilidad, toda vez que la garantía de presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado dentro de la presente causa penal se encuentra plenamente garantizada, por cuanto el imputado no fue tratado como culpable, menos como delincuente, con incidencia en la valoración de todas las pruebas documentales, materiales y testimoniales producidas en el juicio oral y ordinario por parte del Tribunal de Sentencia, cuando asumió convicción sobre la responsabilidad penal del imputado Luís Alberto Torrez Rojas no solo en base a la declaración testifical del testigo de cargo Edgar Yanarico Orihuela, máxime si el recurrente no expuso con especificidad las medidas restrictivas que afectaron esa garantía durante el desarrollo del juicio oral y ordinario.
Segundo.- En lo concerniente a la denuncia de defectos absolutos previstos en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, por haberse vulnerado lo estipulado en el artículo 370 inciso 4) del Código de Procedimiento Penal, porque se basa en elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio.
En cuanto a la denuncia descrita precedentemente, corresponde advertir que ante la denuncia de defecto de la Sentencia, prevista en el artículo 370 inciso 4) del Código de Procedimiento Penal, en mérito a que ésta se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura, expuesta en el recurso de apelación restringida (fs. 210 a 213), el Tribunal de Alzada, en resolución de vista Nro. 70 emitido el 17 de septiembre de 2012, consideró dicho extremo en el párrafo cinco del Considerando III, argumentando que la Sentencia no es fruto de la valoración exclusiva de la sola declaración del testigo de cargo Edgar Yanarico Orihuela, sino también del conjunto de las pruebas desfiladas y judicializadas en la audiencia de juicio oral y público, cuya acta corre a fojas 163 a 169 y 185 a 186, en la que quedaron debidamente judicializadas las pruebas documentales de cargo que había producido el Ministerio Público, en conformidad con lo establecido por el artículo 333 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, de tal suerte que la Sentencia dictada por el Tribunal inferior no se adecua a la previsión del artículo 370 inciso 4) del citado adjetivo penal; ante esta situación, la citada denuncia carece de mérito, más aun cuando el recurrente no expresó de forma puntual y suficiente los motivos de hecho y de derecho por los que considera lesionados sus derechos fundamentales, sus afirmaciones genéricas están desprovistas de adecuados y precisos fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que debió exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el Tribunal de Alzada, toda vez que el recurso de casación esta instituido para impugnar el Auto de Vista.
Por lo expuesto y efectuado el análisis respectivo, éste Tribunal Supremo no advierte la posible existencia de defectos absolutos que vulneren el debido proceso, la garantía constitucional de presunción de inocencia y el principio de inmediación, y el artículo 370 inciso 4) del Código de Procedimiento Penal.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Luís Alberto Torrez Rojas (fs. 238 a 241), impugnando el Auto de Vista Nro. 70/2012 emitido el 17 de septiembre de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 226 a 229), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Rene Apaza Huallpa contra el recurrente por la presunta comisión del delito de asesinato, previsto y sancionado por el artículo 252 del Código Penal.

References: artículo 252
 artículo 252
 resolución 
 resolución 
 artículo 169
 artículo 16
 artículo 8
 artículo 370
 artículo 116
 artículo 169
 artículo 13
 artículo 171
 artículo 16
 artículo 6
 artículo 8
in dubio
 artículo 169
 artículo 16
 artículo 8
 artículo 370
 artículo 169
 artículo 16
 artículo 333
 artículo 330
 artículo 116
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 120
 artículo 169
 artículo 370
 artículo 370
 resolución 
 artículo 333
 artículo 370
 artículo 370
 artículo 42
 artículo 419
 artículo 252