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Timestamp: 2020-02-20 05:54:01+00:00

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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 15 de Junio de 2004, C. 894. XXXVIII - Jurisprudencia - VLEX 40196782
C. 894. XXXVIII.
Compañía Azucarera Concepción S.A. c/ Estado Nacional CSec. de EnergíaC s/ proceso de conocimiento.
Vistos los autos: "Compañía Azucarera Concepción S.A. c/ Estado Nacional CSec. de EnergíaC s/ proceso de conocimiento".
) Que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al confirmar el pronunciamiento de primera instancia, rechazó la demanda promovida con el objeto de que se condenara al Estado Nacional a abonar a la firma actora una indemnización de daños y perjuicios generados por el incumplimiento de una serie de resoluciones administrativas o Cen su defectoC por el incumplimiento de lo dispuesto en el art. 4°, inc. c, de la ley 23.287 (fs. 533/536 vta.).
) Que contra dicho pronunciamiento la demandante dedujo recurso ordinario de apelación (fs. 539/541), que fue bien concedido (fs. 595) en tanto se dirige contra una sentencia definitiva en una causa en que el Estado Nacional es parte y el valor cuestionado en último término supera el mínimo previsto en el art. 24, inc. 6°, ap. a, del decreto-ley 1285/58, con las modificaciones introducidas por la ley 21.703 y la resolución 1360/91 de esta Corte.
) Que con el objeto de facilitar la adecuada comprensión de las cuestiones debatidas en el pleito, es conveniente reseñar sucintamente sus antecedentes fácticos y su marco normativo.
Mediante el decreto 1339/80 se implementó el denominado "plan alconafta", por el que se autorizó, en las provincias del noroeste argentino C. perjuicio de que después pudieran añadirse otras provincias másC, la comercialización, como combustible para automotores, de la mezcla de naftas con
alcohol anhidro (alconafta). Al mismo tiempo, se previó que "el precio de venta de dicha mezcla no podrá ser superior al precio oficial que se fije a la nafta de similar nivel de calidad. Los hidrocarburos derivados del petróleo, integrantes de la mezcla, tributarán un impuesto igual al determinado para la nafta común o especial, según sea el caso (ley 17.597 y complementarias)". La Secretaría de Energía quedó facultada para dictar las reglamentaciones que considerase adecuadas para la interpretación de las disposiciones contenidas en el decreto.
En ejercicio de las referidas facultades, la Secretaría de Energía dictó la resolución 213/84 por la que dispuso que el precio del alcohol anhidro sería equivalente al "precio de venta de la alconafta menos el valor de retención comercial para las zonas en que se implemente el Plan Alconafta".
La ley 23.287, sancionada en 1985, ratificó el "plan alconafta" Cal que declaró de interés nacionalC y fijó su marco legal, en el que se contempló que sería la autoridad de aplicación la Secretaría de Energía (art.
), la que se hallaba facultada para establecer los mecanismos necesarios para determinar el precio del alcohol etílico en función de los costos y márgenes razonables de beneficios (art. 4°, inc. c).
Posteriormente, la Secretaría de Energía, mediante resolución 307/86, mantuvo el precio del alcohol anhidro, suspendió los efectos de la resolución 213/84 y encomendó a la Dirección Nacional de Políticas y Programación de los Combustibles "el estudio de la ecuación económica del alcohol etílico como combustible a fin de determinar los mecanismos más convenientes para fijar el precio y correspondientes valores de retención".
Por resolución 339/86, esa misma secretaría esta-
Corte Suprema de Justicia de la Nación bleció a partir del 5 de julio de 1986 los precios de venta oficiales de los derivados de combustibles líquidos; determinó los valores de retención sobre el precio de venta de los derivados de combustibles líquidos del petróleo nacional y de las alconaftas, así como también las bonificaciones que percibirían los expendedores por las ventas de esos combustibles en las estaciones de servicio; y dispuso que el precio del alcohol anhidro era el precio "puesto en destino". También contempló que para el cálculo de los fondos previstos en las leyes 17.597 y 20.073, modificada por la ley 20.336, se aplicarían sobre la venta de alconaftas super y común, respectivamente, los valores de retención fijados para sus correspondientes derivados combustibles líquidos de petróleo, naftas super y común.
La resolución 382/96, vigente desde el 2 de agosto de 1986, también de la misma secretaría, tuvo un contenido similar al de la resolución 339/86.
Esas tres resoluciones fueron impugnadas Cmediante recursos jerárquicosC por la Cámara de Alcoholes. Tales impugnaciones dieron lugar a la nota DNPPC/SSC 15.442/86 del subsecretario de Combustibles, en la que se explicó que "los incrementos futuros del precio del alcohol se fijarán en proporción al incremento en el valor de la retención de las naftas", en tanto dicho mecanismo era más equitativo y consideraba los intereses del país, de los consumidores y de los productores, ya que aumentaba las ventas (ver anexos V y VI de la documentación acompañada por la parte actora).
En ese contexto tuvo lugar una serie de reuniones entre la Secretaría de Energía, la Cámara de Alcoholes y las empresas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Esta-
do, Esso y Shell. En la reunión del 30 de septiembre de 1986, las compañías petroleras y las empresas productoras de alcohol acordaron firmar un contrato por tres años; además, aceptaron las modificaciones introducidas por la resolución 339/86 y desistieron de las impugnaciones que habían deducido contra ella y contra las resoluciones 382/86 y 307/86. También acordaron solicitar a la Secretaría de Energía que ratificara lo expresado en la nota DNPPC/SSC 15.442/86. Mediante la nota DNPPC/SSC 17.449/86, el subsecretario de Combustibles informó que continuaba "teniendo vigencia lo expuesto en la nota DNPPC/SSC n° 15.442", hasta que se reglamentara la ley 23.287 (ver anexos VII y VIII de la documentación).
Las destilerías asociadas a la Cámara de Alcoholes y las petroleras Y.P.F. y Esso firmaron los convenios de "compra de alcohol" (ver anexo IX de la documentación).
La resolución 39/88 de la Secretaría de Energía fijó, con efecto a partir del 1° de febrero de 1988 "los valores de retención de los derivados combustibles líquidos del petróleo nacional y los precios F.O.B. para los distintos tipos de petróleo nacional".
Por resolución 77/88, la misma secretaría fijó, a partir del 19 de febrero de 1988: a) "los precios oficiales de conformidad con las disposiciones de la ley 17.597, sus correspondientes impuestos internos de acuerdo con lo establecido en el art. 43 punto 1 del título VI de la ley 23.549 y sus consecuentes precios oficiales de venta al público", de las alconaftas; b) "los precios mínimos, netos del Impuesto al Valor Agregado y todo otro gravamen, como así también del impuesto que surge de la aplicación del Artículo 4° de la Ley 17.597". También previó que "el impuesto interno Ley 23.549, conforme las normas del Capítulo I CDisposiciones GeneralesC
Corte Suprema de Justicia de la Nación Artículo 2° de la Ley de Impuestos Internos incide en la etapa del expendio (comercialización) del producto, resultando de aplicación lo prescripto por el segundo y el último párrafo del Artículo 1° de la Ley 17.597". Ambas resoluciones fueron impugnadas mediante recurso jerárquico, con sustento en que fijaban un precio del alcohol anhidro inferior al que correspondía en función del mecanismo acordado hasta la reglamentación de la ley 23.287 y al que surgía de aplicar el art. 4°, inc. c, de dicha ley (ver anexo X de la documentación).
Con posterioridad, la Secretaría de Energía dictó las resoluciones 134/88, 146/88, 200/88, 262/88, 312/88, 364/88, 438/88, 538/88, 620/88 y 653/88, 3/89, 26/89, 76/89, 134/89 y 147/89, que fueron impugnadas mediante recursos jerárquicos que, pese al pedido de pronto despacho, no fueron resueltos (ver anexos XII y XVIII de la documentación).
) Que la firma recurrente promovió demanda con el objeto de que se le reconociera, como pretensión principal, una indemnización por los daños y perjuicios que alegó haber sufrido, como consecuencia del incumplimiento de las notas 15.442/86 y 17.449/86 y del acta del 30 de septiembre de 1986 por parte de la Secretaría de Energía, a partir del 1° de febrero de 1988 y hasta el mes de mayo de 1989 en que el "plan alconafta" fue suspendido. En forma subsidiaria demandó que se le reconocieran los daños y perjuicios provocados por el incumplimiento de lo dispuesto en el art. 4°, inc. c, de la ley 23.287 (fs. 2/47).
Al argumentar sobre su pretensión principal señaló que con el dictado de las resoluciones 39/88 y 77/88 se había
generado "una diferencia en menos del 39,81% en el precio del alcohol" que fue mantenida por las referidas resoluciones 134/88, 146/88, 200/88, 262/88, 312/88, 364/88, 438/88, 538/ 88, 620/88 y 653/88, 3/89, 26/89, 76/89, 134/89 y 147/89, todas ellas dictadas hasta el momento en que se suspendió el "plan alconafta". Sustentó la pretensión subsidiaria en que el Estado Nacional no cumplió con la previsión contenida en el art. 4°, inc. c, de la ley 23.287, según la cual la autoridad de aplicación debía determinar el precio del alcohol etílico anhidro en función de los costos y márgenes razonables de beneficios, concretamente un precio que cubriera sus costos más una utilidad razonable que estimó en un 10% sobre venta.
) Que para rechazar la demanda la cámara juzgó, con relación a la pretensión principal, que únicamente la Secretaría de Energía, como autoridad de aplicación, tenía competencia para modificar cualquier situación de los productores o de los elementos que componían el precio del producto, por lo que las notas emanadas de la Subsecretaría de Combustibles Cdependiente de aquéllaC no podían tener más efecto que el informativo, sin comprometer al Estado. A ello agregó que la ley 23.287 sólo esbozó un programa tendiente a impulsar la producción de alconafta, que no generó una relación contractual nacida de la concesión. En lo atinente a la pretensión subsidiaria, consideró que la recurrente no había probado que el modo en que la demandada fijó el precio del combustible no hubiera respetado el parámetro de "costos y márgenes razonables de beneficios" previsto en el art. 4° de la ley 23.287. En ese sentido, indicó que la actora no había aportado los elementos de juicio necesarios para la fijación de un precio acorde con las pretensiones de los productores, por lo que no podía atribuirse a la Administración el haber establecido por sí misma el valor de venta del producto te-
Corte Suprema de Justicia de la Nación niendo en consideración elementos de juicio que consideró razonables. Y añadió que en el convenio firmado entre las empresas azucareras y las destilerías para el suministro de alcohol anhidro proveniente de la caña de azúcar el Estado no había intervenido, por lo que no había asumido compromiso alguno que pudiera exigírsele en la causa.
) Que la recurrente se agravia, en primer lugar, de que la cámara haya considerado a la Secretaría de Energía única autoridad de aplicación (ver memorial de fs. 602/627 vta., replicado a fs. 630/647 vta.). Señala, en ese sentido, que si bien dicha secretaría tuvo competencia primaria, existieron actos expresos de atribución de funciones o delegación de facultades a otras dependencias de la Secretaría de Energía, tal como la resolución 213/84 que tuvo en cuenta que la Comisión Ejecutiva del Plan Alconafta había recomendado una de las alternativas propuestas por la Comisión Socioeconómica convocada al efecto, y la resolución 307/86 que encomendó a la Dirección Nacional de Políticas y Programación de los Combustibles el estudio de la ecuación económica del alcohol etílico como combustible a fin de determinar los mecanismos más convenientes para fijar el precio y correspondientes valores de retención. Sostiene, asimismo, que el subsecretario de Combustibles, por su nivel jerárquico C"un alto funcionario del Gobierno de la Nación"C obligó al Estado Nacional, haya existido o no delegación de facultades.
) Que tales argumentos no pueden ser acogidos. La cámara ha juzgado correctamente que el subsecretario de Combustibles carecía de competencia para fijar el precio del alcohol anhidro, toda vez que su determinación fue atribuida, por expresa previsión del art. 4°, inc. c, de la ley 23.287, a
la autoridad de aplicación de la ley, la cual, según su art.
, era la Secretaría de Energía. Si bien es cierto que el art.
de la ley fue vetado por el decreto 2044/85, no puede soslayarse, por un lado, que tal observación fue fundada por el Poder Ejecutivo Nacional en la "intromisión en la llamada zona de reserva de la Administración", ni, por otro, que aquél recalcó al mismo tiempo que ello no suponía "en modo alguno poner en tela de juicio la actual competencia primaria [de la Secretaría de Energía] para entender en [la] elaboración e implementación" del plan alconafta (ver considerandos del decreto).
Por otra parte, de las constancias de la causa surge que la falta de competencia no pudo haber sido ignorada por la recurrente. En efecto, en la reunión del 30 de septiembre de 1986 las empresas petroleras y la Cámara de Alcoholes (que agrupaba a diversas destilerías asociadas a ella, entre las cuales se encontraba la firma demandante, quien había delegado en dicha cámara "la función de único representante ante las empresas petroleras"; ver punto I, "Personería", del recurso jerárquico deducido por dicha cámara contra la resolución 339/86, que consta como anexo IV de la documentación acompañada, y "convenio interempresario para suministro del alcohol anhidro", obrante a fs.
166/177 de esta causa), acordaron solicitar a la Secretaría de Energía que ratificara lo expresado por el subsecretario de Combustibles en la ya citada nota DNPPC/SSC 15.442/86 "respecto de la variación del precio del alcohol en proporción al valor de retención de las naftas para la etapa que cubre el período de vigencia de la resolución 339/86 hasta la reglamentación de la ley 23.287, a partir de la cual regirá el precio que fije la autoridad de aplicación en cumplimiento de lo establecido en el art. 4° inc. c) de la ley mencionada".
También en dicho encuentro, el
Corte Suprema de Justicia de la Nación presidente de la Cámara de Alcoholes se comprometió a gestionar ante la Secretaría de Energía "una aclaración por escrito acerca de la forma en que se hará el ajuste del precio del alcohol hasta tanto se reglamente la ley". Como resultado de dicha gestión, el subsecretario de Combustibles manifestó, por medio de la ya mencionada nota DNPPC/ SSC 17.449/86, que continuaba en "vigencia lo expresado en la nota DNPPC/SSC n° 15.442 (...) los incrementos futuros del precio del alcohol se fijarán en proporción al incremento de retención de naftas" (ver considerando 3° de este pronunciamiento).
Sobre la base de las circunstancias reseñadas no puede sino concluirse que la firma recurrente conocía la falta de competencia del subsecretario de Combustibles para determinar el precio del alcohol anhidro. De lo contrario cabría preguntarse qué otro sentido tuvieron el pedido de ratificación por la Secretaría de Energía Cacordado en la referida reuniónC y la gestión efectuada ante ella por el presidente de la Cámara de Alcoholes, que no hubiese sido el de obtener un pronunciamiento de la autoridad de aplicación o, en otras palabras, del órgano competente.
En refuerzo de la conclusión precedente, todavía puede agregarse otro fundamento.
En el contrato suscripto entre las firmas petroleras y las destilerías, las partes convinieron, en su cláusula quinta, en lo que aquí interesa señalar, que: "El precio a pagar por 'El comprador' a 'Los vendedores' por litro de alcohol anhidro desnaturalizado (...) será el que fije la Autoridad competente, al presente la Secretaría de Energía..." (el destacado no aparece en el texto original).
) Que las afirmaciones que anteceden, a su vez,
conducen, por un lado, a desechar lo alegado por la demandante en el sentido de que la jerarquía del subsecretario de Combustibles, "un alto funcionario del Gobierno de la Nación", obligó al Estado Nacional; y, por otro lado, dichas afirmaciones privan de relevancia a lo aducido por la apelante en el sentido de que la resolución 16/88 de la Secretaría de Desarrollo Regional evidenciaba que la Secretaría de Energía no constituía la única autoridad competente para fijar las retenciones y precios de los combustibles.
Tampoco pueden ser atendidas las críticas fundadas en la existencia de actos expresos de atribución de funciones o delegación de facultades a diversas oficinas dependientes de la Secretaría de Energía, tales como la Comisión Ejecutiva del Plan Alconafta y la Dirección Nacional de Políticas y Programación de los Combustibles. No se advierte que la Secretaría de Energía haya efectuado delegación alguna en dichas dependencias ni tampoco en otras.
Como es sabido, la delegación requiere una norma que la autorice y un acto concreto e individual del órgano delegante. Por otra parte, las dos oficinas recién mencionadas sólo tenían funciones de asesoramiento de la Secretaría de Energía, tal como se desprende claramente de las resoluciones 213/84 y 307/86.
) Que, sin perjuicio de lo expuesto en el considerando precedente y por vía de hipótesis, aun cuando se considerase que el subsecretario de Combustibles era competente para fijar el precio del alcohol anhidro, la nota 17.449/ 86, como acertadamente consideró el tribunal a quo, tuvo un contenido meramente informativo. Esta conclusión se desprende de los términos en que dicha nota fue redactada, la que contempló, en lo que aquí importa destacar, que "...esta Subsecretaría informa que continúa teniendo vigencia lo expresado en la nota DNPPC/SSC n° 15.442/86..." (el destacado no se en-
Corte Suprema de Justicia de la Nación cuentra en el texto original). De esos términos deriva, asimismo, que sólo hubo intención por parte del subsecretario de Combustibles de mantener el sistema de fijación del precio del alcohol anhidro hasta que se reglamentara la ley 23.287, pero sin considerarlo como una pauta rígida e inalterable. Ello es así, pues su variación podía resultar aconsejable por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, propios de la discrecionalidad administrativa, dentro de un marco de respeto a los costos y márgenes razonables de beneficios consagrados en el art. 4°, inc. c, de la ley 23.287.
Por otra parte, en la ya referida cláusula quinta del contrato firmado entre las empresas petroleras y las destilerías Ccontrato que fue posterior a la nota 17.449/86C se convino, en cuanto aquí interesa poner de relieve, que "...cualquier variación de estos factores económicos, cualquier modificación en los componentes del costo de cada producto que las partes se vean impedidas de trasladar al precio de venta que hicieran variar la ecuación económica del presente contrato, será causal inimputable de resolución del mismo, en caso de no existir un acuerdo previo entre las partes sobre la negociación como consecuencia de la variación económica ocurrida".
Parece claro, entonces, que era bien conocida la posibilidad de que se produjeran cambios en los factores económicos y componentes de la mezcla.
Las afirmaciones precedentes llevan a desechar, a su vez, lo aseverado por la recurrente en el sentido de que la nota 17.449/86 constituye un acto administrativo regular, y que tanto ella como la referida nota 15.442/86, conjuntamente con la solicitud de la Cámara de Alcoholes que provocó el dictado de ambas notas, constituyen manifestaciones de
voluntad de las partes que "dieron origen no sólo a un acto administrativo bilateral, sino a un cuasicontrato administrativo", situación que "merece protección contractual".
10) Que no resultan aplicables al caso las conclusiones y fundamentos contenidos en el pronunciamiento de Fallos: 323:922, donde se examinó un supuesto distinto del que aquí se ha configurado, ya que allí efectivamente existió un acuerdo firmado entre los sectores interesados y el Estado Nacional (acuerdo que originó la ley 23.292; ver considerando 11 de dicho pronunciamiento), situación que, como puede apreciarse, difiere de un modo claro de la que dio lugar a este pleito. Las mismas razones llevan a desechar la aplicación del precedente de Fallos: 296:672.
11) Que la apelante también se agravia de que el tribunal a quo haya fundado el rechazo de la pretensión principal en el convenio acordado entre las distintas productoras azucareras y las destilerías, cuando en realidad ella se había referido a los contratos de provisión de alcohol anhidro suscriptos entre las destilerías y las firmas petroleras. Es suficiente señalar, para rechazar la crítica, que aun cuando aquélla, en su expresión de agravios ante la cámara, hubiera querido aludir al contrato que firmarían las destilerías y las empresas petroleras para la provisión de alcohol anhidro C. cual no surge con claridadC, el Estado no suscribió dicho contrato, por lo que mal puede interpretárselo en el sentido de que aquél se haya comprometido a seguir una determinada conducta (art. 1199 del Código Civil).
12) Que, asimismo, la actora critica el rechazo de la reparación de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del Estado de lo dispuesto en el art. 4°, inc. c, de la ley 23.287, que demandó en forma subsidiaria. Tras señalar que quedó demostrado que las resoluciones impugnadas
Corte Suprema de Justicia de la Nación tramitaron sin antecedentes, que no contaron con estudios técnicos y que no estuvieron sustentadas en estructuras de costos y gastos, expresa que el porcentaje de beneficio razonable de 10% fue tomado por la firma consultora L.U., B., Jalón y asociados de la estructura base aprobada por la Secretaría de Desarrollo Regional el 30 de septiembre de 1987 y calculado por aquélla sobre el costo de producción promedio de la industria. Y destacó que el mismo porcentaje también fue calculado sobre la base de los costos de producción individual que fueron estimados en el peritaje contable.
Tales argumentos no pueden ser atendidos. La carga de probar los antecedentes fácticos de la pretensión examinada, que pesaba sobre la demandante (art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), no ha sido cumplida.
Debe repararse, en primer lugar, en que la Subsecretaría de Combustibles informó (a fs. 306/307 y 362) que no había constancias de que la Secretaría de Desarrollo Regional hubiera aprobado la estructura de costos que la recurrente dice haber sido tomada por la consultora como base para establecer las "Pautas utilizadas para la estimación del costo al 20/02/88" Cy, a su vez, para calcular el porcentaje de utilidad del 10% sobre el precio de venta del alcohol anhidroC. No puede dejar de señalarse que pese al resultado del requerimiento, la apelante no solicitó a la firma consultora que aportara al pleito los antecedentes que habrían servido de base a su informe. Por otro lado, resulta insoslayable que la Subsecretaría de Combustibles informó que: 1) de haber existido tal estructura de costos, ella no habría tenido por objeto regular el precio del alcohol anhidro; 2) no constaba que dicha tarea fuese de
la competencia de la Secretaría de Desarrollo Regional; 3) el informe presentado por la consultora "adolece de información en cuanto a las pautas utilizadas para su realización en numerosos aspectos, pero aun así, del mismo se desprenden numerosos defectos de la metodología utilizada para su realización, en cuanto a los costos de la materia prima, alocación (sic) de costos en condiciones de producción conjunta, orígenes alternativos de la producción de alcohol, definición de factores de uso de la capacidad instalada, causas extra producción de alcohol para el cálculo de la capacidad ociosa y definición de la tecnología, que lo hacen objetable desde todo punto de vista, y debe ser impugnado para el fin de determinar el precio del alcohol etílico anhidro desnaturalizado con destino a su mezcla para uso combustible" (fs. 306/ 307).
De las razones expuestas se desprende que el informe elaborado por la consultora Csin entrar a analizar lo aseverado por la cámara al resaltar la falta de "relación directa e inmediata con la empresa demandante"C no puede ser tomado como elemento de juicio para examinar la razonabilidad del precio del alcohol anhidro.
Tampoco el peritaje contable puede ser reputado como elemento de convicción acerca de que los precios del alcohol anhidro fijados a partir de la resolución 77/88 de la Secretaría de Energía no respetaron la pauta de "costos y márgenes razonables de beneficios" contemplada en el art. 4°, inc. c, de la ley 23.287. Ello es así habida cuenta de que, aun cuando el experto haya tomado los costos del alcohol anhidro de los libros de la empresa actora (ver respuesta al punto k y anexo VI, a fs. 213/233), lo cierto es que, como lo afirmó la demandada, no se especificó cuál fue el método de "alocación" de costos indirectos y de costos directos conjuntos, cuando ello era necesario ante la característica de pro-
Corte Suprema de Justicia de la Nación ducción conjunta (ver pedido de aclaraciones, a fs. 284/298).
Esas observaciones cobran relevancia a la luz de lo informado por la estación experimental agro-industrial "Obispo Colombres" en el sentido de que "Durante la vigencia del plan alconafta los ingenios de Tucumán procesaban simultáneamente caña para fabricar azúcar y para producir alcohol. Se determinaba en el jugo la cantidad de azúcares presentes en la caña que debía destinarse a cada producto. El jugo mixto extraído en los trapiches se clarificaba por el método convencional empleado en la fabricación de azúcar y se concentraba. Luego se realizaban sólo dos cocimientos de azúcar y con las mieles de segunda se fabricaba alcohol, cuidando que se fermentase sólo la cantidad de azúcar correspondiente a la que tenía la caña procesada a ese efecto. Como en destilería se fermentaban además los azúcares correspondientes a las melazas provenientes de la caña molida para elaborar azúcar, se separaba el alcohol de 96° proveniente de ellas y sólo se deshidrataba el correspondiente a caña para alcohol. El alcohol anhidro se desnaturalizaba con isopropanol para evitar que pudiese destinarse a un uso diferente al del combustible y se enviaba a las petroleras donde se mezclaba con diferentes tipos de naftas, según formulación de cada compañía, manteniendo siempre una proporción de 15% de alcohol anhidro y 85% de naftas" (fs. 205). Ahora bien, el pedido de aclaraciones formulado por la demandada en el sentido analizado no fue respondido por el experto C. sólo sostuvo que dichas aclaraciones constituían nuevos puntos de pericia y que, eventualmente, si el juez determinaba su procedencia, necesitaría a tal efecto nuevos elementos de juicio y su correspondiente examen (fs. 324/331)C, pese a que resultaba necesario
que se determinara si existió una efectiva contabilidad separada de costos para la actividad de elaboración de alcohol etílico anhidro.
En suma, no puede tenerse por probado que al fijar el precio de dicho producto, el Estado se haya apartado de la pauta de "costos y márgenes razonables de beneficios" consagrada en el art. 4°, inc. c, de la ley 23.287.
13) Que a lo expuesto cabe añadir que la prueba de peritos rendida en la causa no alude a las razones en virtud de las cuales mediante las resoluciones 39/88 y 77/88 la Secretaría de Energía resolvió modificar el criterio que hasta entonces había adoptado para la fijación del precio del alcohol anhidro, ni las refuta. En efecto, el dictamen del director nacional de Combustibles (fs. 268/270 del Anexo XVII, agregado) pone de relieve que los valores de las retenciones (que representan el costo más la utilidad que reciben los proveedores de la materia prima; confr. arts. 1 y 3 de la ley 17.597) fijadas para las naftas comunes experimentaron un incremento sustancial, en proporción al correlativo aumento del petróleo crudo, cuyo precio fue equiparado a los valores internacionales.
Teniendo en cuenta que el alcohol anhidro constituye la materia prima necesaria para la elaboración de alconafta, y se obtiene por destilación de la caña de azúcar (no del petróleo crudo), no correspondía incrementar el precio de aquél en la misma proporción en que habían sido incrementadas las retenciones correspondientes a las naftas comunes.
En otras palabras, las retenciones fijadas para las naftas comunes ya no guardaban relación proporcional alguna con los costos de producción de alcohol anhidro.
En consecuencia, la pretensión de que la Secretaría de Energía se hallaba obligada a mantener el sistema de ajuste del precio del alcohol
Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptado hasta ese momento, según el cual el precio de dicho producto debía evolucionar proporcionalmente en función del aumento de las retenciones fijadas para las naftas comunes (que, a su vez, reflejaban el costo y utilidad correspondientes a la producción de petróleo crudo), aparece desprovista de fundamento.
14) Que, por último, también conviene señalar que, según la cláusula quinta ("Precio") de los contratos celebrados entre las destilerías productoras de alcohol y las petroleras elaboradoras de alconafta, el precio de venta de aquél sería fijado por la Secretaría de Energía, y ajustado según la evolución de las retenciones percibidas por las petroleras por las naftas comunes. No obstante, en dicha cláusula las partes también estipularon expresamente que cualquier variación de dichos factores o modificación de los componentes de costo de cada producto que hiciere variar la ecuación económica base del contrato sería causal suficiente para que cualquiera de las partes estuviera facultada a resolverlo, sin culpa del que así lo hiciera.
La circunstancia de que los ingenios se abstuvieran de hacer uso de la mencionada facultad de resolver los contratos de provisión de alcohol, y continuaran suministrando dicho producto durante años a los nuevos precios fijados por la Secretaría de Energía, fuerza a presumir que el alegado deterioro del margen de ganancia razonable previsto en el art.
4, inc. c, de la ley 23.287 no se produjo. En tales condiciones, la actora tenía la carga de producir la prueba idónea y específica para desvirtuar esa presunción derivada de su propia actitud y acreditar, en cambio, el deterioro de la ecuación económica del negocio invocada como base de su de-
manda (Fallos: 315:2689; 319:1975 y 320:2101).
Recurso ordinario interpuesto por la Compañía Azucarera Concepción S.A., represen- tada por el doctor J.C.E.T. contestado por el Estado Nacional - Secretaría de Energía, representado por la doctora M.B.G.T. de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12.

References: resolución 
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 Artículo 4
 Artículo 2
 Artículo 1
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