Source: http://www.revistadepatrimonio.es/revistas/numero22/legislacion/estudios/articulo4.php
Timestamp: 2018-07-18 07:07:11+00:00

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2.2.5.- La Administración local y el Patrimonio Cultural: La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Independientemente de las competencias instituidas en nuestra Constitución en materia de patrimonio cultural, determinadas al Estado en el Art. 149 y a las comunidades autónomas en el 148, ambas con competencias concurrentes, en lo que respecta a las Administraciones locales, la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, les otorga en el Art. 25.2. e) competencias en materia de patrimonio histórico artístico(7). A mayor abundamiento, en el Art. 68 dispone que las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos.
Añade que, “Cualquier vecino que se hallare en pleno goce de sus derechos civiles y políticos podrá requerir su ejercicio a la entidad interesada.”
Por lo que se desprende de ésta y del resto de normas que sostienen el derecho del ciudadano a ejercer la acción, debemos considerar que éste debe de ejercitarse desde las primeras formulaciones que el ciudadano lleve a cabo ante la Administración local con anterioridad al posterior ejercicio de la acción ante los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, tal como así lo señala la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) Sala Tercera, Sección Quinta, de 11 de julio de 2006.
2.2.6.- La Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa (LJCA)
La jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su exposición de motivos, pone de manifiesto el interés de la presente ley en la ampliación del concepto de “parte” en el proceso. Así en su punto IV “Las partes del Proceso” viene a señalar que,
“Las más significativas se incorporan en los preceptos que regulan la legitimación. En cuanto a la activa, se han reducido a sistema todas las normas generales o especiales que pueden considerarse vigentes y conformes con el criterio elegido. (…) cauce para la defensa de derechos y libertades encomendados a ciertas instituciones públicas y para la del interés objetivo de la ley en los supuestos legales de acción popular, entre otros”.
Al igual que las normas citadas, la LJCA, recogiendo el mandato constitucional, en su artículo 19.1.h) viene a establecer que,
“Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: h) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por las Leyes.”
Esta Ley nos abre el acceso a la interposición de recursos contencioso- administrativo contra las administraciones en la defensa del interés general y, en este caso, en interés del patrimonio cultural.
2.2.7.- La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ)
Como ya indicábamos ut supra, la LOPJ, contempla en su Art. 17.1, que todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar, en la forma que la ley establezca, la colaboración requerida por los jueces y tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, con las excepciones recogidas en la Constitución y en las Leyes.
Así mismo, el precepto 19 de dicha norma, establece que los ciudadanos (de nacionalidad española) podrán ejercer la acción popular en los casos y formas reguladas por las leyes.
El Art. 20 viene a establecer que la justicia será gratuita en los supuestos tasados en la ley. Con tal establecimiento de preceptos se pretende la efectividad al derecho declarado en aquellos supuestos de insuficiencia de recursos para litigar. Así lo dispone la Constitución Española en sus artículos 24 y 119.
Este artículo 20, en su cardinal 3, establece que “no podrán exigirse fianzas cuando éstas supongan un obstáculo o barrera al ciudadano,” o “por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular,” que será siempre gratuita.
2.2.8.- La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente(8)
Esta ley viene a reconocer a las asociaciones, generalmente ecologistas, el derecho de acción contra las arbitrariedades de la Administración pública y el derecho a interponer recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales de Justicia sin mayores requisitos que los fijados en el Art. 22 y 23 de la mentada ley. Norma que sigue y recoge las determinaciones y los acuerdos establecidos en el Convenio de Aarhus(9).
En su Artículo 22 dedicado a la acción popular en asuntos medioambientales se dirige exclusivamente a la persona jurídica sin ánimo de lucro, omitiendo la posibilidad de ejercer tal derecho de defensa del medio ambiente a la persona física. Dicho precepto señala que
“Los actos y, en su caso, las omisiones imputables a las autoridades públicas que vulneren las normas relacionadas con el medio ambiente enumeradas en el artículo 18.1 podrán ser recurridas por cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 23(…), así como a través del recurso contencioso-administrativo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”
Así mismo, el artículo 23 viene a establecer los requisitos de quienes están legitimados para ejercer la acción popular (Art 19.1 LOPJ), en el cual, indica como fundamental que se ha de cumplir, además de ostentar la personalidad jurídica sin ánimo de lucro, las siguientes circunstancias,
“1. Están legitimadas para ejercer la acción popular regulada en el artículo 22 cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:
b) Que se hubieran constituido legalmente al menos dos años antes del ejercicio de la acción y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos. (..).”
Es incuestionable la transcendencia que para la defensa del medioambiente por el ciudadano, en su condición de acción popular, tuvo el Convenio de Aarhus, las Directivas europeas 2003/4/CEE y 2003/35/CEE y, la trasposición al derecho interno de las misma en nuestra legislación estatal (la Ley 27/2006, de 18 de julio), al habilitar al ciudadano o conjunto de ellos constituidos en asociación sin ánimo de lucro (persona jurídica) que viene a completar los habilitados por imperio de la Ley en materias como agua, urbanismo, costas, patrimonio Histórico Artístico y un dilatado etc.
En el mismo sentido se pronunció el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre Acceso a la Información, la participación del público en la toma de decisiones y el Acceso a la justicia en materia de medio ambiente en los procesos de soluciones, que cuenta con tres ámbitos de actuación, la autorización de determinadas autoridades, la aprobación de planes y programas, y, la elaboración de disposiciones de carácter general de rango legal o reglamentario.
La finalidad de este Convenio es contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar. Así en su artículo 1º se dispone que “cada parte garantizará los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia medioambiental de conformidad con las disposiciones del presente Convenio”.

References: artículo 19
 artículo 20
 Artículo 22
 artículo 18
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 22
 artículo 1