Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A054-09.htm
Timestamp: 2017-11-21 02:14:50+00:00

Document:
A054-09
Auto 054/09
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA Y JUZGADO ADMINISTRATIVO
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional
ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS-Desconocimiento del principio de eficacia/ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS-Violación del derecho de acceso a la administración de justicia
JUEZ-No le es dable al juez realizar análisis de fondo de los hechos para determinar a priori los destinatarios y menos interpretar el mecanismo de amparo que incoa el actor
LEY QUE ESTABLECE REGIMEN DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Clasificación de las empresas de servicios públicos
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS-Organización y funcionamiento según Ley 489/98
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS-Empresa de servicios públicos de carácter oficial descentralizada por servicios del orden departamental
ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS-Competencia de Juzgado Promiscuo de Familia
Referencia: expediente ICC-1360
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de la Dorada (Caldas) y el Juzgado Segundo Administrativo de Manizales.
Bogotá, D. C., diez (10) de febrero de dos 111il nueve (2009).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, adopta la decisión que en derecho corresponde, frente al conflicto de competencia suscitado entre las autoridades judiciales de la referencia, con ocasión de la acción de tutela promovida por los señores Margarita Buitrago Caicedo y Rafael Jesús Borja Buitrago contra la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas.
1. Los señores Margarita Buitrago Caicedo y Rafael Jesús Borja Buitrago, actuando en nombre propio, interpusieron acción de tutela contra la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales “de tener acceso a la seguridad en el consumo de bienes, y servicios, a la protección de la salud y el Inedia ambiente ", debido a que, pese a sus solicitudes, la entidad demandada no ha instalado una tubería de alcantarillado adecuada, lo cual les ha generado taponamientos en la red sanitaria interna de su residencia y estancamiento de aguas, que han afectado su salud.
2. La acción de tutela le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de la Dorada (Caldas) que decidió, por medio de auto de noviembre 24 de 2008, rechazar de plano la acción de tutela por falta de competencia al considerar que las pretensiones de los accionantes buscan la protección de derechos e intereses colectivos y que por lo tanto la acción procedente no es la de tutela sino la acción popular. En ese orden de ideas señala que, conforme a 10 establecido en el articulo 16 de la Ley 472 de 1998, la competencia de primera instancia en este caso, por tratarse de un acción popular dirigida contra una entidad de1 Estado, "mientras entraban en funcionamiento los juzgados administrativos, radica en los tribunales contenciosos administrativos del lugar de ocurrencia de los hechos o del domicilio del accionado". Por 10 anterior ordena remitir el expediente a la Oficina de Reparto correspondiente.
3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales, mediante auto de diciembre 3 de 2008, manifestó su discrepancia frente a lo expresado por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de la Dorada (Caldas), toda vez que, según el Despacho, es clara la intención manifestada por los accionantes de "invocar la acción de tutela para la protección de sus derechos por lo que no era dado al juez de conocimiento cambiar el sentir y el querer de aquellos". Además advierte que el Decreto 2591 de 1991 no autoriza al funcionario judicial para "convertir una acción de tutela en otra diferente, pues es su deber tramitarla con carácter preferente y decidir/o de fondo, decisión que bien puede incluir la improcedencia de la misma ". Considera que la acción de tutela en el caso bajo análisis debe ser tramitada y decidida de fondo por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de la Dorada (Caldas), por lo que dispuso remitirle nuevamente el expediente y propone la colisión negativa de competencias en caso de que ese juzgado no asumiera el conocimiento.
4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales resolvió aceptar el conflicto negativo de competencia propuesto y mediante oficio No. 1730 de diciembre 9 de 2008 dispuso la remisión del expediente a la Corte Constitucional para que esta Corporación dirima el aparente conflicto de competencia.
l. Debe la Sala Plena en esta oportunidad entrar a resolver el conflicto de competencia que se señala en la presente acción de tutela, conforme a la competencia de que dispone para conocer del mismo[1].
La Corte señala que en esta materia el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1382 de 2000, estableciendo las reglas para el reparto de la acción de tutela[2]. La Sección Primera del Consejo de Estado, en Sentencia del 18 de julio de 2002, en ejercicio de las competencias atribuidas por el numeral 2 del artículo 237 de la Constitución, atendiendo las acciones de nulidad presentadas contra el decreto reglamentario, dispuso:
"Primero. Dec!árase nulo el inciso cuarto del numeral 1° del artículo 1" del Decreto 1382 de 2000, que dice así: "Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional será'1 repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable ".
Segundo Declárase nulo el inciso segundo del artículo 3° del Decreto 1382 de 2000, que dice así. "Cuando se presente una o más acciones de tutelo con identidad de objeto respecto de un acción ya fallada, el juez podrá resolver aquélla estándose a lo resuelto en la sentencia dictada bien por el mismo juez o por otra autoridad judicial, siempre y cuando se encuentre ejecutoriada.
Tercero. Deniéguense las demás súplicas de las demandas ".
De esta manera, continúa vigente el resto de la normatividad contenida en el citado decreto por lo que mantiene su obligatoria aplicación como lo ha reiterado esta corporación[3].
Corresponde, entonces, a la Corte Constitucional resolver e] presente conflicto de competencia conforme a las reglas establecidas en e] Decreto 1382 de 2000, en el cual se determina a qué autoridad debe ser repartida la actuación para efectos de asumir sin mayores dilaciones el conocimiento de la acción constitucional impetrada.
2. Antes de entrar a decidir de fondo el presente conflicto negativo de competencia, esta Corporación considera necesario aclarar que ]a decisión del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de la Dorada (Caldas), mediante la cual rechazó de plano la acción de tutela, desconoce el principio de eficacia de la acción de tutela, según el cual una actuación constitucional debe concluir con un fallo o sentencia de fondo que determine o no ]a violación de los derechos constitucionales fundamentales invocados. Adicionalmente, esa decisión no se adecua a ninguna de las causal es de rechazo de la acción de tutela establecidas en forma taxativa por el Decreto 2591 de 1991, constituyéndose en una violación al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia[4].
Por otro lado, en auto 109 del 30 de abril de 2008 la Sala Plena de esta Corporación, en un caso similar al aquí analizado, señaló que "no le es dable al juez realizar un análisis de fondo de los hechos de la demanda para determinar a priori los destinatarios y mucho menos [mal] interpretar el mecanismo de amparo que incoa el actor”, En consecuencia, el Juez Segundo Promiscuo de Familia de la Dorada (Caldas) no ha debido rechazar de plano la acción de tutela, ni remitir el expediente para reparto a los Juzgados Contencioso Administrativos del departamento de Caldas, sino haberle dado trámite correspondiente.
3. Hecha la anterior precisión, la Sala observa que en el caso bajo análisis la acción de tutela fue dirigida contra la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, que es de servicios públicos de carácter oficia1[5], constituida por medio de escritura pública 867 de junio 30 de 1976 de la Notaría 4 de1 Círculo de Manizales.
En efecto, la Ley 142 de 1994 "por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones” en su artículo
14 clasifica las empresas de servicios públicos en oficiales, mixtas y privadas[6], atendiendo a los aportes de la Nación, las entidades territoriales o descentralizadas de aquella, según que éstos correspondan al 100%, iguales o superiores al 50% o inferiores a este porcentaje de acciones dentro de dichas empresas.
De otro lado, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 489 de 1998, dispone:
"Las reglas relativas a los principios propios de la función administrativa, sobre delegación y desconcentración, características y régimen de las entidades descentralizadas, racionalización administrativa, desarrollo administrativo, participación y control interno de la Administración Pública se aplicarán, en lo pertinente, a las entidades territoriales, sin perjuicio de la autonomía que les es propia de acuerdo con la Constitución Política ",
Es así como el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional (...) ", establece:
"ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo o jeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio(...) ".
(Subrayado fuera de texto).
Y el artículo 38 de la misma Ley dice:
"Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades:
d) Las empresas sociales del Estado V las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios (...)" (Subrayado fuera de texto).
Por consiguiente, se concluye que la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas es de servicios públicos, de carácter oficial, descentralizada por servicios del orden departamental.
4. Atendiendo a lo dispuesto en el inciso 2, numeral 1 del artículo 10 del Decreto 1382 de 2000, según el cual: "los Jueces del Circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organisl1zo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental", el juez competente para tramitar ]a presente acción de tutela es el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de la Dorada (Caldas), al cual le correspondió por reparto inicial.
Por lo anterior, se remitirá el expediente al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de la Dorada (Caldas) para que de la forma más expedita posible inicie el trámite de la presente acción. Adicionalmente, debe comunicarse la decisión adoptada por la Sala Plena de esta Corporación a los entes judiciales involucrados en el presente conflicto de competencia.
PRIMERO: REMITIR el expediente al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de la Dorada (Caldas) para que le dé el trámite correspondiente a la presente acción de tutela.
SEGUNDO: Comuníquese al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales lo aquí resuelto.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 054/09
Referencia: ICC-1360
Conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La Dorada (Caldas) y el Juzgado Segundo Administrativo de Manizales
2. La Corte Constitucional por mucho que sea la cabeza de la jurisdicción constitucional, no deja de ser un órgano constituido y por lo mismo sometido a la Constitución, siéndole en consecuencia aplicable los artículos 121 y 6 de la Constitución Colombiana. La Corte Constitucional, por muy alta que sea su misión es un órgano aplicador de la Constitución y no un órgano creador de la misma, de manera tal que el vacío sobre la falta de competencia para dirimir conflictos de competencia en materia de tutela no puede llenarlo la propia Corte Constitucional, si no que debe ser establecido por el propio constituyente o en su defecto por el legislador.
A la Corte Constitucional se le asignaron sus funciones en forma taxativa, clara y precisa, en el artículo 241 del Ordenamiento Superior y en materia de tutela, solamente se le atribuyó, como aparece en el numeral 9, la función de
"Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales", lo cual, sobra decirlo, difiere sustancialmente de la resolución de los conflictos de competencia entre distintas jurisdicciones, por lo que el argumento aducido por la Corte resulta inane.
"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resultaren vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. "
"Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. "
De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 256-6 del Estatuto Superior, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo con la ley, "Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. "
De otra parte, la Ley 270/96 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, al regular la competencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le asignó en el numeral 2 del artículo 112, esta función: "Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se
prevén en el articulo 114, numeral tercero, de esta ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional. " Disposición que fue objeto de revisión constitucional por esta Corte en la sentencia C­037/96, siendo declarada exequible, y que se vulnera en esta oportunidad. Y en cuanto al punto de conflictos entre jueces y tribunales o entre distintos tribunales, no se hizo ningún análisis, simplemente se afirmó:
"(...) de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación (Auto de 1 de septiembre de 1993), es necesario establecer que en cuanto a los conflictos de competencia derivados de los asuntos de tutela que se presenten entre jueces y tribunales de distinta jurisdicción, la autoridad competente para dirimirlos es la Corte Constitucional. "
Nada más lesivo del ordenamiento supremo, concretamente de lo dispuesto en el artículo 256-6 de la Carta, que expresamente le asigna la función de dirimir los conflictos de competencia entre "las distintas jurisdicciones" al Consejo Superior de la Judicatura- Sala Disciplinaria-. No entiendo los motivos que tuvo la Corte para inaplicar un mandato constitucional expreso, claro y contundente como éste. Sin embargo, creo que dicha decisión como se lee en algunos autos de esta Corte, tuvo su origen por la declaratoria de incompetencia del Consejo Superior de la Judicatura para dirimir esa clase de conflictos, lo que 'condujo a la Corte, en un excesivo deseo de garantismo y violando la Constitución, a llenar el vacío y proteger el derecho de acción de la persona o personas que incoaron la tutela, argumentando tener competencia para ello, pues el artículo 241-9 de la Constitución la autorizaba para revisar los fallos de tutela, lo que incluía, también las providencias judiciales que se profirieran en tales procesos.
Contrario, a lo que generalmente se piensa, este principio no opera sólo en materia penal, pues como se reitera en el artículo 8 numeral primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", también tiene cabida en asuntos civiles, laborales o de cualquier otra índole[7]. Dice así la disposición citada:
l. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, o de cualquier otro carácter. " (Destaca la Corte)
[1] Desde el auto 014 de 1994, reiterado en un sinnúmero de providencias como los autos 087 de 2001, 031 de 2002. 122 de 2004. 262 de 2005, 280 de 2006, 260 de 2007 y 031 de 2008, la Sala Plena tiene competencia para conocer de los conflictos de competencia en tutela. siempre que esta competencia sea interpretada de manera residual.
[2] Esta Corte recuerda que en auto de Sala Plena de 26 de septiembre de 2000, al resolver sobre un conflicto de competencia en el expediente 1CC-118, dispuso la inaplicación de dicho decreto reglamentario por resultar incompatible con los mandatos superiores constitucionales, en especial el articulo 86 de la Carta, aplicando así la figura de la excepción de inconstitucionalidad con efectos interpares. Decisión que vino a ser reiterada en numerosas oportunidades hasta el auto de la Sala Plena de 27 de febrero de 2001, correspondiente al expediente 1CC-235, donde se dio efectos interpares a la inaplicación de dicho decreto reglamentario. Con posterioridad, el 14 de marzo de 2001, el Gobierno mediante Decreto 404 de 2001, decidió suspender por 1 año la vigencia del Decreto 1382 de 2000, en espera de que el Consejo de Estado resolviera sobre la legalidad del mismo.
[3] Cft. autos 108 B de 2002. 259 de 2005,349 de 2006, 269 de 2007 y 017 de 2008.
[4] Auto 186 de 2006.
[5] Notas a los estados Financieros por los periodos de enero l al 21 de diciembre de 200() y 2007, de EMPOCALDAS S.A. E,S.P
[6] La Ley 142 de 1994 define las empresas de servicios públicos oficiales, mixtas y privadas en los siguientes términos. "Artículo 14.5. EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS OFICIALES. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes. Artículo 14.6. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA. Es aquella en cuyo capital la Nación. las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen aportes iguales o superiores al 50%. Artículo 14.7. EMPRESA DE SERVICTOS PÚBLICOS PRIVADA. Es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares".
[7] Normatividad que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte integran el denominado bloque de constitucionalidad

References: artículo 237
 artículo 1
 artículo 3
 artículo
14
 artículo 2
 artículo 68
 artículo 38
 artículo 10
 artículo 241
 resolución 
 artículo 256
 artículo 112
 artículo 256
 artículo 241
 artículo 8
 Artículo 14
 Artículo 14