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Timestamp: 2017-03-30 01:47:43+00:00

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LEY ORGÁNICA 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional	LEY ORGÁNICA 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional Mis Leyes
LEY ORGÁNICA 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional Estado	:
JEFATURA DEL ESTADO	EXPOSICIÓN DE MOTIVOSArtículo 1. Objeto y fuentes jurídicas.Artículo 2. De la cooperación pasiva.Artículo 3. De la cooperación activa.Artículo 4. De las autoridades competentes.Artículo 5. De la representación y defensa procesal.Artículo 6. De los órganos de relación y consulta con la Corte.Artículo 7. De la solicitud para iniciar una investigación por el Fiscal de la Corte.Artículo 8. Del requerimiento de inhibición al Fiscal de la Corte.Artículo 9. De la impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa.Artículo 10. De la inhibición de la jurisdicción española a favor de la Corte.Artículo 11. De la detención.Artículo 12. De la libertad provisional.Artículo 13. De la entrega simplificada.Artículo 14. De la orden de comparecencia de un imputado ante la Corte.Artículo 15. De la entrega a la Corte.Artículo 16. De las solicitudes concurrentes.Artículo 17. De los recursos.Artículo 18. De la entrega temporal a la Corte.Artículo 19. De las actuaciones posteriores a la entrega.Artículo 20. De otras formas de cooperación con la Corte.Artículo 21. De las personas sujetas a la jurisdicción de la Corte.Artículo 22. De la ejecución de las penas en España.Artículo 23. De las medidas de reparación.Artículo 24. De la intervención de España en calidad de "amicus curiae".Artículo 25. De la celebración del juicio y otras actuaciones procesales en España.Disposición adicional primera. Reglas de procedimiento y prueba de la Corte.Las reglas de procedimiento y prueba así como sus enmiendas se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado".Disposición adicional segunda. Del modo de proceder por los delitos contra la Administración de Justicia por la Corte.1. El Ministerio de Justicia remitirá a la Corte, a petición de ésta, el informe que se le solicitare con carácter previo a la decisión de la Corte para ejercer o no su jurisdicción.2. Sólo se podrá proceder en España en relación a estos delitos a solicitud de la Corte.3. Si la Corte se inhibiere en favor de la jurisdicción española, el Ministerio de Justicia remitirá la solicitud al Fiscal de la Audiencia Nacional, si el delito hubiera sido cometido por un español en el extranjero, o al Fiscal General del Estado cuando el delito se hubiera cometido en España.4. El Ministerio de Justicia informará a la Corte sobre el resultado del proceso.Disposición final primera. Carácter de esta ley.Los preceptos contenidos en los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (excepto su apartado 2), 15 y 21.3, la disposición adicional segunda y el apartado 2 de la disposición adicional tercera de esta ley tienen carácter orgánico. Los restantes preceptos tienen carácter ordinario y han sido dictados en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.3.a, 5.a y 6.a de la Constitución.Disposición final segunda. Entrada en vigor.La presente ley orgánica entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".Por tanto,
EY ORGÁNICA 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional.
2. Cuando se presentare una denuncia o querella ante un órgano judicial o del Ministerio Fiscal o una solicitud en un departamento ministerial, en relación con hechos sucedidos en otros Estados, cuyos presuntos autores no sean nacionales españoles y para cuyo enjuiciamiento pudiera ser competente la Corte, dichos órganos se abstendrán de todo procedimiento, limitándose
a informar al denunciante, querellante o solicitante de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte, que podrá, en su caso, iniciar una investigación, sin perjuicio de adoptar, si fuera necesario, las primeras diligencias urgentes para las que pudieran tener competencia. En iguales circunstancias, los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal se abstendrán de proceder de oficio.
1. Corresponde exclusivamente al Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministro de Justicia y del Ministro de Asuntos Exteriores, acordar la impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa, de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y 19 del Estatuto, cuando los tribunales españoles hayan conocido del asunto y haya recaído sentencia, o se haya decre
tado el sobreseimiento libre de la causa o estén conociendo del asunto. Dicho acuerdo habilitará, en su caso, al Ministerio de Justicia para llevar a cabo la impugnación.
Si, a pesar de la solicitud de inhibición al Fiscal de la Corte prevista en el artículo 8 de esta ley o de la impugnación de la competencia o la admisibilidad de la causa contemplada en el artículo 9, la Sala competente de la Corte autoriza al Fiscal a proceder a la investigación
 mantiene su competencia, el órgano jurisdiccional español se inhibirá a favor de la Corte y a su solicitud le remitirá lo actuado.
1. Cuando fuere detenida una persona, en cumplimiento de una orden de la Corte de detención provisional
 de detención y entrega, la autoridad que practicare la detención lo comunicará inmediatamente al Ministerio de Justicia y al Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, debiendo ser puesta dicha persona a disposición del Juez Central de Instrucción sin demora y, en todo caso, dentro del plazo de setenta y dos horas siguientes a la detención.
2. Una vez recibida, a través del Ministerio de Justicia, la comunicación de la Corte con las recomendaciones que ésta formule sobre la solicitud de libertad,
 concluido el plazo señalado para su formulación, el Juez Central de Instrucción, previa valoración de dichas recomendaciones, podrá acordar la libertad provisional del detenido cuando existan circunstancias urgentes y excepcionales que lo justifiquen y adoptará las salva-
guardias necesarias para cumplir la obligación de entregar la persona a la Corte y, en especial, las medidas recomendadas al efecto por ésta.
1. No habiéndose accedido a la entrega simplificada, cuando hubiera sido detenida una persona en cumplimiento de una orden de la Corte de detención y entrega o una vez recibida en el Juzgado Central de Instrucción la documentación prevista en el artículo 91.2 ó 3 del Estatuto, según los casos, se pondrá ésta de manifiesto
en Secretaría y se convocará a una audiencia que tendrá lugar en el plazo máximo de diez días, con citación de la persona reclamada y su defensor y, en su caso, de un intérprete, así como del Ministerio Fiscal. A dicha audiencia podrá asistir e intervenir un delegado del Fiscal de la Corte.
2. Contra el auto del Juez Central de Instrucción en el que se resuelve sobre la entrega cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se sustanciará conforme a lo prevenido
en el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien en el escrito de formalización del recurso no se podrán formular otras alegaciones que las relativas a quebrantamiento de las normas y garantías procesales en el expediente y las relativas a la concurrencia de los requisitos establecidos en los artículos 89.2 y 91.2 ó 3, según los casos, del Estatuto.
1. De conformidad con el acuerdo que eventualmente se celebre entre España y la Corte y con la disposición
adicional única de la Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre, por la que se autoriza la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Ministerio de Justicia, previas las consultas oportunas, comunicará a la Corte las condiciones en las que España estuviese dispuesta a aceptar el traslado de un condenado a pena privativa de libertad o las razones que impidiesen la aceptación de dicho traslado.
Si España recibiere una invitación de la Corte para participar en un proceso en calidad de "amicus curiae",
el Ministerio de Justicia consultará con el Ministerio de Asuntos Exteriores para determinar la conveniencia u oportunidad de hacerlo y, en su caso, fijar los términos de dicha participación.
REAL Decreto 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julioORDEN JUS/54/2011, de 19 de enero, por la que se modifica la Orden JUS/3770/2008, de 2 de diciembre, por la que se delegan competencias	Cerrar PDF
LEY ORGÁNICA 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional	Trámites

References: artículo 149
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 91
 artículo 790

REAL Decreto 
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