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Timestamp: 2020-07-03 10:58:33+00:00

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Sentencia nº 1703 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Octubre de 2018. - Jurisprudencia - VLEX 751397809
C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 31 de octubre de 2018, que dice:
Segarra, J.P. en funciones, E.E.A.C. e
Nacional, hoy 31 de octubre de 2018, años 175° de la Independencia y 156°
Sobre el recurso de casación interpuesto por la Procuradora General de
la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento
Judicial de Santiago, la Licda. A.N.B.A., con domicilio
en la calle 16 de Agosto núm. 150, de la ciudad de Santiago de los
Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento
Judicial de Santiago el 17 de mayo de 2017, cuyo dispositivo se copia más
Oído al Licdo. R.C., defensor público, en la formulación
de sus conclusiones en representación de A.R.G., parte
Visto el escrito del memorial de casación suscrito por la Procuradora
General de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del
Departamento Judicial de Santiago, la Licda. A.N.B.A.,
depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 29 de mayo de 2017,
mediante la cual interpone dicho recurso;
Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do J., defensora pública, quien asiste al adolescente Adonis Reyes
Gómez, contra el recurso de casación interpuesto por la Procuradora
depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 12 de junio de 2017;
Visto la resolución núm. 3534-2017, dictada por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia el 28 de septiembre de 2017, mediante la cual
declaró admisible en la forma, el up supra aludido recurso, fijando
audiencia para el día 13 de diciembre de 2017, a fin de debatirlo oralmente,
fecha en la cual las partes presentes concluyeron, decidiendo la Sala diferir
motivos razonables; produciéndose la lectura el día indicado en el
Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do norma cuya violación se invoca; así como los artículos 70, 246, 393, 395, 399,
que el 18 de agosto de 2016, el Procurador Fiscal del Tribunal de
Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, L..
N.R., presentó acusación y solicitud de apertura a juicio
contra A.R.G., por presunta violación a las disposiciones
contenidas en los artículos 4 literal d, 5 letra a, 58 literal a, y 75 párrafo II de
la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República
Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano; acusación que fue
admitida de manera total por la Fase de la Instrucción de la Sala Penal del
emitiendo auto de apertura a juicio contra el encartado;
Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do Primer Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de
Santiago, dictó el 12 de enero de 2017 la sentencia marcada con el núm.
459-022-2017-SSEN-00002, cuyo dispositivo es el siguiente:
“PRIMERO: Declara culpable y/o responsable al imputado A.R.G., de violar las disposiciones contenidas en los artículos 4-d, 5-a, 58-a y 75.II de la Ley 50-88, en perjuicio del Estado Dominicano, en consecuencia, se ordena su privación de libertad por espacio de tres (3) años, para ser cumplidos en el Centro de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal de esta ciudad de Santiago; SEGUNDO: Dispone la incineración de la sustancia controlada consistente en cincuenta y un (51) porciones de cocaína clohidratada (sic), con un peso de 42.49 gramos, de acuerdo al artículo 92 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas; TERCERO: Mantiene la medida cautelar impuesta al adolescente A.R.G., la cual fue ratificada mediante auto de apertura a juicio núm. 2016-88, de fecha 16-06-2016, emitido por la Sala Penal del Segundo Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, hasta tanto la sentencia emitida adquiera carácter firme; CUARTO: Ordena la confiscación de la prueba material, consistente en trescientos pesos ocupado al adolescente A.R.G., en ocasión del presente proceso; QUINTO: Declara las costas penales de oficio en virtud del principio x de la Ley 136-03; SEXTO: Fija para dar lectura íntegra a la presente sentencia el día martes veinticuatro (24) del mes de enero del año 2017, a las 9:00 a.
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imputado A.R.G. contra la referida decisión, intervino la
sentencia núm. 473-2017-SSEN-00032, ahora impugnada en casación,
dictada por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del
Departamento Judicial de Santiago el 17 de mayo de 2017, cuyo
“PRIMERO: En cuanto al fondo, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha trece (13) del mes febrero del año dos mil diecisiete (2017), a las 04:13 horas de la tarde, por el adolescente A.R.G.; acompañado de su madre, la señora A.M.G., por intermedio de su defensora técnica, R.C.Á.J., abogada adscrita a la defensa pública, y A.J.C.N. de A., defensora pública III, contra la sentencia penal núm. 459-022-2017-SSEN-00002, de fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la Sala Penal del Primer Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, por las razones antes expuestas; SEGUNDO: Se revoca en todas sus partes la sentencia apelada; TERCERO: Se dicta directamente la sentencia del caso, en virtud al artículo 422.1 del Código Procesal Penal y se pronuncia la absolución del adolescente A.R.G., a la luz del artículo 337 numeral 2 del Código Procesal Penal, por resultar insuficiente la prueba aportada para establecer su responsabilidad penal, en los hechos imputados en su contra;
Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do controlada consistente en cincuenta y un (51) porciones de cocaína clorhidratada con un peso de 42.49 gramos, de acuerdo al artículo 92 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas; QUINTO: Se ordena la devolución de la prueba material, consistente en trescientos (RD$300.00) pesos, ocupados al adolescente A.R.G., en ocasión del presente proceso; SEXTO: Se ordena el cese de la medida cautelar impuesta al adolescente A.R.G., mediante la resolución de revisión de medida cautelar núm. 43 de fecha 17/8/2016, dictada por la Sala Penal del Segundo Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, en sus atribuciones de la instrucción, consistente en: “1).- La presentación periódica una vez cada 15 días, por ante el Ministerio Público de esta jurisdicción, iniciando desde el día de hoy; 2).- La prohibición de tratar a personas ligadas a las drogas; 3).- Permanecer bajo la custodia y responsabilidad de su madre”, ratificada mediante auto de apertura a juicio núm. 2016-88, de fecha 16/9/2016, dictado por el mismo tribunal; SÉPTIMO: Se declaran las costas de oficio en virtud del principio x de la Ley 136-03”;
Considerando, que la parte recurrente invoca como medio de casación,
“Considerando, que luego de expresar en las páginas 12, 13 y 14 en los puntos 3, 3.1, 3.2 y 4 con criterios que sirvieron de base para el rechazo de las tesis de la defensa pública contra de la decisión de primer grado, la corte en la página 15 en el punto 4.1 expone las razones en la que basan su decisión de acoger el recurso y dejar sin efecto la sentencia recurrida.
Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do que demuestra que desde la fecha de la solicitud al Inacif, la droga incautada en la persona A.R.G., estuvo bajo la custodia de esa institución, garantizando así la cadena de custodia de dicha sustancia. Considerando, que no es desconocido para nadie en el momento en que se dictó la Ley 50-88, la situación en el país con el flagelo de las drogas era otra, que el número de personas detenidas y procesadas en este momento en las diferentes categorías de la ley, sobrepasa por mucho el número de procesados en la fecha en que la ley entró en vigencia. Y sigue siendo el mismo laboratorio designado por la ley en que realiza las experticias. Considerando, que además, el Inacif es el laboratorio que procesa las sustancias que se incautan y se presumen contraladas para todo el país, lo que implica que el plazo otorgado por el legislador en el año 88, hace 29 años, desborda también la realidad jurídica en la que nos encontramos en este momento. Considerando, que igual situación se manifiesta en la mayoría de los tribunales del país, en lo concerniente con los plazos otorgados por el legislador para las fijaciones de audiencias, toma de decisiones y notificaciones de esas decisiones, la carga de trabajo impide que esos plazos se cumplan y los procesos no colapsan por esta situación. Considerando, que en lo relativo a la firma que debe aparecer en la certificación de análisis expedida por el Inacif, ha sido utilizado, hasta por la Suprema Corte de Justicia, el contenido del artículo 212 del Código Procesal Penal en lo concerniente a la firma por parte del Ministerio Público de ese documento. Considerando, que eso evidencia que aunque esté vigente la Ley 50-88 y el reglamento de su aplicación, los tiempos han ido desfasando el contenido y el espíritu inicial de su creación. Considerando, que en consecuencia, queda
Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do sustancia colectada y luego examinada por el Inacif, pues se conoce su paradero y en manos de que cuál funcionario estuvo dicha sustancia”;
establecido, en síntesis:
“4.- En torno a la nulidad de carácter legal del certificado de análisis químico forense núm. SC2-2016-07-25-007211 de fecha 19/7/2016, realizado por la Dra. Y.S., alegada por el apelante “nacida del incumplimiento (…) de los requisitos que para la realización de una evaluación de sustancias, en cumplimiento de la Ley 50-88, deben ser observados, conforme dispone el artículo 6 del Decreto Ley 288-96”; esta corte reitera el criterio asumido en casuísticas semejantes, con relación a la presencia del Ministerio Público, contenida en el numeral 3 del referido artículo del decreto; de que si bien dicha exigencia se encuentra en la citada norma, como requisito para su validez; la no presencia y firma del Ministerio Público no acarrea nulidad, conforme al criterio de la jurisprudencia nacional, en vista de que el artículo 212 del Código Procesal Penal, sobre dictamen pericial, no exige esta formalidad (cfr. sentencias núms. 27-6-2007 y 53, de fecha 5/9/2007, dictadas por la Suprema Corte de Justicia). Sin embargo, advertimos que el laboratorio de criminalística inobservó las previsiones del numeral 2 del ya citado artículo y decreto, que establece un plazo no mayor de 24 horas dentro de las cuales deberá analizar la muestra de la sustancia que se le envíe; en vista de que la solicitud de análisis de la sustancia ocupada en Navarrete al adolescente imputado A.R.G., fue hecha por la división norte (Santiago), DNCD, en
Av. E.J.M., Esq. J. de D.V.S., Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do el 17/8/2016 a “las 2:33:18 P.M.”, se imprimió el certificado correspondiente, según se hace constar en el pie de página del mismo (“página 2 de 2/ Impreso por: Á.Z.. Fecha: 8/17/2016 Hora: 2:33:18 P.M.”); además, en dicha página se consigna lo siguiente: “Certifico que este documento es copia fiel y exacta de su original, el cual consta de los expedientes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de la Procuraduría General de la República Dominicana, sujeto a lo dispuesto en las leyes de evidencia sobre drogas y sustancias controladas de la República Dominicana. En conformidad con el Art. 92 (Mod. por la Ley 17-95 de la Ley 50-88, enmendada). En S.R.D., hoy 17 de 8 de 2016. Dra. Y.S.. Oficial de Documentos”; con lo que se demuestra que el análisis de la sustancia incautada, fue realizada fuera del plazo de 24 horas que se le impone al laboratorio; unido al hecho de que según se puede comprobar, la muestra de dicha sustancia no fue entregada de inmediato al Inacif, para su experticio, como lo prescribe el artículo 6.1 del Decreto 288-96; ya que según el acta de registro de personas que da cuenta de la incautación de la sustancia controlada, fue realizada el día 16/7/2016 y en el certificado en cuestión consta que el experticio fue solicitado el 19/7/2016. Es criterio jurisprudencial, que el plazo fijado por el Decreto núm. 288-96, para la realización del análisis, procura la finalidad “de preservar de manera efectiva, la pureza que de la cadena de custodia exige el debido proceso”, considerando además, que “la fecha de realización del análisis, constituye una formalidad esencial del mismo, cuya falta, solo puede ser subsanada a través de otro medio de prueba” (Cfr. SCJ, Segunda Sala, sentencia de fecha 29/7/2013. Exp. 2013-1405, Rc: C.
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Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por la recurrente:
Considerando, que la parte recurrente para sustentar su medio de
impugnación, parte de establecer que no se perdió la cadena de custodia de
la sustancia colectada, ya que en todo momento dicha sustancia estuvo bajo
el amparo del Inacif;
tiene a bien puntualizar, que el razonamiento desarrollado por la alzada al
momento de avocarse sobre el particular, dan por advertido varios
aspectos; en un primer orden, lo concerniente a que: “…las previsiones del
numeral 2 del artículo 6 del Decreto 288-96, establece un plazo no mayor de 24
horas dentro de las cuales deberá analizar la muestra de la sustancia que se le
envíe..”, refiere en un segundo orden, posterior al reexamen de los medios
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controlada, fue realizada el día 16/7/16 y en el certificado en cuestión consta que el
experticia fue solicitado el 19/7/16”; aspecto estos que, aunados a los demás
argumentos indicados en la decisión impugnada, permitieron al tribunal
de alzada concluir que el análisis de la sustancia incautada se realizó fuera
del aludido plazo de 24 horas;
Considerando, que es pertinente señalar, que es criterio sostenido por
esta S., que si bien es cierto que el Decreto núm. 288-96, que instituyó el
reglamento que debe regir el protocolo y cadena de custodia de las
sustancias sospechosas de ser estupefacientes, incautadas al tenor de la Ley
50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana,
que en su artículo 6 establece la obligatoriedad de remitirlas al laboratorio
de criminalística para su identificación, y que este debe rendir su dictamen
pericial en un plazo de no mayor de 24 horas, prorrogable 24 horas más en
casos excepcionales; no menos cierto es, que dicho plazo le es impuesto al
laboratorio, y debe correr a partir de la fecha de recepción de la muestra;
Considerando, que en la especie, sin bien la alzada refiere en sus
argumentos que: “el certificado en cuestión solo da cuenta que el 17/08/2016 a
las 2:33:18 P.M., se imprimió el certificado correspondiente, según se hace constan
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que fue rendido el dictamen pericial, razón por la cual es imposible
determinar si el resultado de su análisis se expidió fuera de plazo, máxime
cuando el artículo 212 del Código Procesal Penal no establece el plazo para
los dictámenes periciales, y como la Ley núm. 72-02 deroga toda
disposición que le sea contraria, el inciso 2 del artículo 6 del decreto
relativo al indicado reglamento para ejecución de la Ley 50-88, entra dentro
de esas disposiciones, y, puesto que la mala fe no se presume, el informe
pericial fue rendido de conformidad con lo establecido en el código y en el
mencionado reglamento;
Considerando, que aunque ciertamente el juez de la causa es soberano
en la apreciación y valoración de la prueba, esa discrecionalidad no excluye
del todo su deber de documentar el contenido de la prueba misma y las
razones de su convicción; que tal y como se advierte del contenido de la
sentencia impugnada, las pruebas a cargo que fueron incorporadas de
forma legítima, tales como el acta de registro de fecha 16/7/2016
practicado al procesado, el certificado de análisis químico forense núm.
SC2-2016-07-25-007211 y el testimonio presentado, fueron debidamente
apreciados, en razón de que se evidencia que se realizó una valoración
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Considerando, que la ley le da facultad al Ministerio Público para
mantener la custodia de las pruebas y partiendo de las declaraciones dadas
por el agente que participó en el registro y los datos ofrecidos en el acta de
registro de fecha 16/7/2016, sobre la cantidad de sustancias controladas,
así como la variedad de las mismas y el número de porciones, y que estos
coinciden con lo consignado en el certificado de análisis químico forense
núm. SC2-2016-07-25-007211; queda evidenciado que no ha habido
alteración o sustitución en el desarrollo del proceso; no violentándose, en
este caso, lo dispuesto en los artículos 166 y 212 del Código Procesal Penal,
que se refieren a la legalidad de la prueba y al dictamen pericial, tampoco
las previsiones del numeral 2 del artículo 6 del Decreto 288-96, como
erróneamente razonó la Corte a-qua;
Considerando, que de lo anteriormente transcrito, se evidencia que la
alzada, al no ponderar de manera adecuada y conforme al debido proceso
las normas procesales puestas a su consideración, incurrió en el vicio
denunciado por la recurrente; por lo que en ese sentido, esta Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación,
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manteniendodecidido por la Sala Penal del Primer Tribunal de Niños,
Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, en la sentencia núm.
459-022-2017-SSEN-00002 del 12 de enero de 2017;
Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Procuradora General de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago, L.. A.N.B.A., contra la sentencia núm. 473-2017-SSEN-00032, dictada por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago el 17 de mayo de 2017, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia;
Segundo: Casa, sin envío, la referida decisión, manteniéndose lo resuelto por el tribunal de primer grado;
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Cuarto: Ordena la notificación de esta decisión a las partes del proceso y al Juez para la Ejecución de las Sanciones de los adolescentes del Departamento Judicial de Santiago, para los fines correspondientes.
(Firmados).-A.A.M.S..- E.E.A.C.-HirohitoR.
La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy 18 de diciembre del año 2018, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos y sellos de impuesto internos.

References: resolución 
 artículo 92
 artículo 422
 artículo 337
 artículo 92
 resolución 
 artículo 212
 artículo 6
 artículo 212
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 212
 artículo 6
 artículo 6