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Timestamp: 2019-09-23 06:54:15+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 035/2008 Corte Suprema de Justicia
Acuerdo y Sentencia Nº 35/08
“ROJAS, BERNABÉ S/ HOMICIDIO CULPOSO Y OTRO”
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los doce días del mes de marzo del año dos mil ocho, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y JOSÉ V. ALTAMIRANO AQUINO, ante mí, el Secretario Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “ROJAS, BERNABÉ S/ HOMICIDIO CULPOSO Y OTRO”
¿Es procedente la aclaratoria planteada?
El Dr. Blanco dijo: El Abog. B. R. por la defensa del Sr. Bernabé Rojas solicita la aclaratoria con respecto al Ac. y Sent. N° 1539 de fecha 19 de diciembre de 2006.
El referido fallo decidió sustancialmente: "... Hacer lugar al Recurso de Revisión interpuesto por el Abog. B. R., a favor del condenado Bernabé Rojas, en base a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución; declarar que la causa de homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre juzgada en la circunscripción judicial de la Capital, en la que recayera condena sobre el Señor Bernabé Rojas, la acción penal se extinguió en fecha 8 de marzo de 2005; anular el Ac. y Sent. N° 650 de fecha 10 de agosto de 2005 dictado por esta Corte Suprema de Justicia...".
Según escrito obrante en autos, el abogado manifiesta que la resolución dictada no se ha pronunciado sobre el sobreseimiento definitivo de su defendido, ya que la misma ha resuelto la extinción de la acción penal y que por imperio del art. 359 inc. 3) del CPP corresponde que el mismo sea decretado. Asimismo, señala que corresponde el pronunciamiento sobre la indemnización a su representado, tal como lo dispone el art. 273 del Código de Formas. Finalmente, requiere el pronunciamiento sobre las costas manifestando que el fallo dictado por esta Sala Penal puso fin al procedimiento, por lo que conforme al art. 261 del CPP corresponde tal pronunciamiento.
En primer lugar, debe analizarse si la aclaratoria solicitada reúne los presupuestos objetivos y subjetivos que condicionan la procedencia del referido resorte legal. Es así que debe considerarse lo establecido en el art. 17, de la Ley 609/95 (Que organiza la Corte Suprema de Justicia), el cual dispone: "Las resoluciones de las salas o del pleno de la Corte son susceptibles del recurso de aclaratoria y, tratándose de providencias de mero trámite o resolución de regulación de honorarios originales en dicha instancia, del recurso de reposición. No se admitirá impugnación de ningún género, incluso las fundadas en la inconstitucionalidad", en concordancia con lo dispuesto en el art. 126 del CPP, el cual determina los presupuestos necesarios para la procedencia de la aclaratoria de resoluciones judiciales, en ese sentido señala: "Aclaratoria. Antes de ser notificada una resolución, el Juez o Tribunal podrá aclarar las expresiones oscuras, corregir cualquier error material o suplir alguna omisión en la que haya incurrido, siempre que ello no importe una modificación esencial de la misma. Las partes podrán solicitar aclaraciones dentro de los tres días posteriores a la notificación".
En el caso de autos, la resolución recurrida es un acuerdo y sentencia dictado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que a tenor de lo dispuesto en la disposición citada es susceptible del recurso de aclaratoria. Con relación a los demás presupuestos formales, el recurrente tiene calidad de parte en la causa (defensor técnico) y lo ha planteado en plazo oportuno, por lo que se puede afirmar que están cumplidos los componentes procesales que tornan atendible el estudio de la procedencia de la aclaración planteada.
En este orden de ideas, "entiéndase por aclaratoria al remedio previsto para lograr que el mismo órgano judicial que dictó una resolución subsane las deficiencias de orden material o conceptual que la afecten, o bien la integre de conformidad con las cuestiones involucradas en el proceso supliendo las omisiones de que adolece el pronunciamiento siempre que, en cualquiera de esas hipótesis, no se altere lo esencial de aquél" (Lino Enrique Palacio – Los Recursos en el Proceso Penal, p. 51).
Es así que entrando al análisis de la cuestión planteada, sólo compete a esta Sala Penal verificar si el fallo atacado contiene "errores materiales", "omisiones materiales" o "conceptos oscuros" todos susceptibles de ser corregidos a través de la aclaratoria solicitada, siempre sin alterar lo sustancial de lo resuelto por la resolución cuestionada.
En tal sentido, examinada la resolución recurrida, se advierten en la misma omisiones materiales involuntarias, ya que se constata que la misma guarda silencio acerca de cuestiones que debieron ser materia de pronunciamiento.
Sobreseimiento Definitivo: Con respecto al sobreseimiento definitivo solicitado, debe ser analizado el art. 359 inc. 3) del CPP y en tal sentido el mismo dispone: "Corresponderá el sobreseimiento definitivo: 3) por extinción de la acción penal". Es así que el sobreseimiento definitivo es la decisión jurisdiccional que cierra el proceso en forma definitiva e irrevocable a favor del imputado por no tener fundamento o haberse extinguido la pretensión penal que se hacía valer.
En el caso de autos, esta Sala Penal por el referido fallo dispuso la extinción de la acción penal por haberse cumplido el plazo máximo previsto en art. 136 del Código de Formas. Es decir, efectivamente se ha deslizado una omisión material involuntaria al no consignar que la consecuencia necesaria de la extinción de la acción penal es la declaración del sobreseimiento definitivo, por lo que en este aspecto debe acogerse favorablemente la pretensión del recurrente, decretando el sobreseimiento definitivo de su defendido, dejando constancia que el presente proceso no afecta su buen nombre.
Costas: En cuanto a este punto, tenemos que se entiende por "costas" aquellos desembolsos que provocan a las partes con motivo de un procedimiento judicial, cualquiera sea su índole. El desarrollo de esta figura tiene sus fundamentos en la necesidad de establecer el modo en que las partes tienen que sufragar tales gastos o desembolsos, como producto del desenvolvimiento del proceso, así como el tiempo y las circunstancias en que se deben cumplir con los compromisos generados como producto de la apertura y cierre de un procedimiento penal, sea cuando éste se postula dentro del proceso como sujeto actor o bien parte procesada.
Con relación a este punto el art. 261 del CPP dispone: "Toda decisión que ponga término al procedimiento o a un incidente, se pronunciará sobre el pago de las costas procesales. Estas serán impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razón suficiente para eximirlas totalmente o imponerlas en el orden causado...".
En este sentido, el Código de Formas dispone como regla general que las costas serán impuestas a la perdidosa, no obstante, deja a criterio del juzgador la imposición en el orden causado. En el caso de autos, el abogado de la defensa planteó revisión de la condena fundamentado principalmente su petición en el hecho de que la sanción impuesta a su defendido no quedó firme como consecuencia de la extinción de la acción penal. Es así que realizados los trámites pertinentes, esta Sala Penal ha dispuesto por voto en mayoría -luego de cotejados los antecedentes del caso- declarar extinta la presente causa, considerando principalmente que el plazo de rebeldía debe ser descontando del plazo máximo de duración del procedimiento. Cabe destacar que la decisión de la sala no fue unánime, ya que mientras que para algunos miembros de la sala el plazo de rebeldía tiene efectos suspensivos sobre el plazo previsto en el art. 136, para otros miembros tiene efecto interruptivo; de manera que al merecer la petición planteada interpretación por parte de los miembros de esta sala, y ser una cuestión controvertida corresponde -no obstante la consagración de la regla general de que las costas se imponen a la parte vencida- en este caso particular, que sean impuestas en el orden causado.
Indemnización: Con relación a este punto, la defensa invoca lo dispuesto en el art. 273 del CPP, el cual establece el marco dentro del cual debe analizarse el pedido de indemnización, así también invoca lo estatuido en el art. 274 del mismo cuerpo de leyes, el cual determina el cálculo que debe realizar el juzgador al momento de determinar el quantum de la indemnización y finalmente, lo previsto en el art. 488 del Código de Formas que establece que la nueva sentencia (como consecuencia del recurso de revisión) debe resolver de oficio sobre la indemnización al condenado conforme a lo establecido por el Código.
Entrando en materia, tenemos que el art. 273 del CPP dispone claramente: "Revisión. Cuando a causa de la revisión del procedimiento, el condenado sea absuelto o se le imponga una pena menor, será indemnizado en razón del tiempo de privación de libertad o por el tiempo sufrido en exceso. El precepto regirá, analógicamente, para el caso en que la revisión tenga por objeto una medida. La multa o su exceso será devuelta".
En efecto, se desprende de la normativa referida que quien haya sufrido un daño injusto, sea patrimonial o moral, debe tener reconocido su derecho a ser resarcido y tener expedito el camino para conseguirlo; indemnizar -según el diccionario esencial de la lengua española, de la Real Academia Española, edición 2006- significa resarcir de un daño o perjuicio. Es así que lo medular de la cuestión, pasa por desentrañar si en el caso propuesto, corresponde resarcir al Sr. Bernabé Rojas de un daño o perjuicio.
La disposición trascripta nos proporciona dos condiciones a fin de la procedencia de la indemnización, en primer lugar, que el condenado sea absuelto o en segundo lugar, que le sea impuesta una pena menor.
En el caso de autos, el recurrente interpuso recurso de revisión fundando su petición en la circunstancia de que la sanción impuesta a su defendido no quedó firme como consecuencia de la extinción de la acción penal, es decir, el estudio de la cuestión de fondo en el marco del recurso de revisión consistió en la procedencia de la aplicación del art. 136 del CPP, y no en la inocencia o no del encausado.
A este respecto los antecedentes del caso señalan que por SD N° 68 de fecha 30 de abril de 2004 el Sr. Bernabé Rojas fue condenado por los hechos punibles de homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a la pena privativa de libertad de cinco (5) años, esta decisión fue confirmada in totum por Ac. y Sent. N° 59 de fecha 25 de agosto de 2004 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Cuarta Sala de la Capital y por Ac. y Sent. N° 650 de fecha 10 de agosto de 2005, dictado por esta Sala Penal, es decir, la condena impuesta por el Tribunal Sentenciante ha sido confirmada tanto por el Tribunal de Alzada como por esta Sala Penal. Posteriormente, en el marco del recurso de revisión esta Sala Penal -por mayoría- ha dictado el Ac. y Sent. N° 1539 de fecha 19 de diciembre de 2006 en virtud del cual decidió declarar extinta la causa en relación al Sr. Bernabé Rojas.
En virtud a lo reseñado y considerando la normativa citada tenemos que no se dan ninguna de las dos hipótesis previstas en el Código Procesal Penal a fin de que proceda la indemnización peticionada por el Sr. Bernabé Rojas, ya que en ningún momento la materia de estudio en el marco del recurso extraordinario y revisión se circunscribió a la absolución del mismo.
En este sentido, el espíritu de la norma prevista en el Digesto Adjetivo ha sido desarrollar la norma constitucional prevista en el art. 17 inc. 11), según la cual entre los derechos procesales de las personas sometidas a procesos, cualquiera sea su índole, se encuentra el derecho a la indemnización por el Estado en caso de condena por error judicial; así también en la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Código Procesal Penal para la República del Paraguay se señala que la Constitución Nacional establece, en su art. 17, inc. 11, la indemnización en caso de condena por error judicial y el mismo desarrolla esa norma constitucional y busca hacerla operativa, optando por un sistema de cálculo automático y de oficio (a razón del valor de un día de multa por día de prisión, que es la escala que utiliza el Código Penal), de modo que la indemnización pueda ser cobrada de inmediato por el imputado que así lo quiera y en caso de que no se acepta ese importe, por razones personales, queda libre la vía civil y en caso afirmativo, se entiende que ya sido reparado el daño.
En el caso analizado, en el marco del recurso de revisión no fue demostrada la existencia de un error judicial en la condena impuesta a Bernabé Rojas, es más, nunca fue tema de discusión tal circunstancia, por lo que no puede afirmarse que se den alguno de los presupuestos constitucionales y legales a fin de la procedencia de la indemnización solicitada, por lo que la misma debe ser rechazada.
En estas condiciones, puede sostenerse que se da uno de los presupuestos señalados a fin de la procedencia de la aclaratoria, razón por la cual bajo las consideraciones expuestas, y con sustento en el art. 126 del CPP, en concordancia con el art. 17 de la Ley 609/95 y las disposiciones legales vigentes, la misma debe ser acogida favorablemente. Es mi voto.
La Dra. Pucheta de Correa manifestó: La Sala Penal en mayoría, por Ac. y Sent. N° 1539 del 19 de diciembre de 2006, resolvió: Decretar la extinción de la acción penal, argumentando que la rebeldía decretada contra Bernabé Rojas tenía efecto suspensivo, con lo cual había transcurrido el plazo previsto en el art. 136 de la Ley 1286/98 antes de que la condena hubiera quedado firme. En disidencia con el voto mayoritario esta magistratura resolvió: 1) el rechazo del pedido de extinción, decisión fundada en el efecto interruptivo de la declaración de rebeldía por imperio del aludido art. (136); 2) la declaración de inadmisibilidad del recurso de revisión impetrado, con la consecuencia práctica de la vigencia de la condena de cinco años que le fuera impuesta a Bernabé Rojas por el juzgador primario y ratificada por el secundario.
Corresponde precisar que no obstante la circunstancia de que mi opinión minoritaria no está alcanzada por los ítems cuya aclaración se pretende, desde el momento que el otorgamiento de la extinción de la acción penal, -decisión con la que estuve en desacuerdo- fue la circunstancia que originó los pedidos de: sobreseimiento, costas e indemnización, en atención a que el Dr. Rienzi, quien suscribió junto con el Ministro Blanco el voto mayoritario ya no integra la Sala Penal, emitiré mi opinión sobre la petición, a fin de destrabar el procedimiento y dar una respuesta al justiciable, teniendo como punto de partida la parte resolutiva de la sentencia objeto de aclaratoria. En tal sentido, soy del parecer de que corresponde acoger parcialmente para su estudio el pedido de aclaración, esto es en cuanto a las costas e indemnizaciones, no así en lo que se refiere al sobreseimiento definitivo, puesto que no es necesario hacer una mención expresa del mismo para que éste adquiera vigencia en razón de que el sobreseimiento definitivo se halla implícito en la extinción de la acción penal -ministerio legis-, por imperio del art. 359 num. 3 del CPP.
Ahora bien, procede que la máxima instancia se expida sobre el pedido de imposición de costas procesales desde el momento que su pronunciamiento es de carácter obligatorio conforme lo establece el art. 261 de la Ley 1286/98, y más aún existiendo un pedido de parte, y en tal sentido -haciendo una excepción de la regla general de "condenar a la perdidosa a pagar todos los gastos originados como consecuencia del juicio"- corresponde imponerlas en el orden causado por los mismos argumentos empleados por el Ministro que me antecedió en la emisión de la opinión.
Me adhiero también a los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Dr. Blanco con relación al rechazo del pedido de indemnización. Es mi voto.
El Dr. Altamirano Aquino manifestó: Disentir con la tesis sostenida por el Ministro preopinante fundado en las siguientes cuestiones:
1.- El Abog. B. R. M., en representación del Sr. Bernabé Rojas, se presento a interponer Recurso de Aclaratoria contra el Ac. y Sent. N° 1539 de fecha 19 de diciembre de 2006, alegando la omisión del pronunciamiento en dicha resolución sobre el sobreseimiento definitivo a favor de su defendido, en virtud de la declaración de la extinción de la Acción Penal, la indemnización que establece norma con relación a las resultas del Recurso de Revisión y las costas del juicio.
2.- El art. 387 del CPC, dispone que: "Las partes podrán..., pedir aclaratoria de la resolución al mismo Juez o Tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la decisión y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio".
3.- Con respecto a la solicitud de aclaratoria quiero destacar que he integrado la Sala Penal al solo efecto de la resolución del Recurso de Aclaratoria relacionado con el Ac. y Sent. N° 1539 del 19 de diciembre de 2006. En este sentido manifiesto que no coincido con las consideraciones esbozadas por la mayoría, ante la interposición del Recurso de Revisión y con ello de las resultas derivadas y plasmadas en el acuerdo y sentencia referido, con lo cual mal podría expedirme sobre la aclaratoria cuando ante el Recurso de Revisión habría votado en disidencia a la opinión del Ministro Blanco, lo que hace que en esta ocasión tampoco considere oportuno el pronunciamiento sobre la aclaratoria, por considerar que no existe razón para el mismo y por no cumplirse los requisitos formales. Voto por el rechazo del presente recurso de aclaratoria. Así voto.
Asunción, 12 de marzo de 2008
1.- HACER LUGAR PARCIALMENTE a la aclaratoria solicitada por el Abog. B. R. por la defensa de Bernabé Rojas con respecto al Ac. y Sent. N° 1539 de fecha 19 de diciembre de 2006 dictado por esta Sala Penal y en consecuencia,
2.- RECHAZAR EL PEDIDO de declaración del sobreseimiento definitivo del Sr. Bernabé Rojas conforme a lo dispuesto -por el voto en mayoría- en el exordio del presente fallo.
4.- NO HACER LUGAR al pedido de indemnización solicitado a favor del Sr. Bernabé Rojas por el Abog. B. R., por improcedente.
5.- ANOTAR, registrar, notificar.-

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