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Timestamp: 2017-10-17 06:38:33+00:00

Document:
Boletín Tributario | Deloitte Costa Rica | Agosto 2015 | Publicaciones
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La importancia del acompañamiento legal en la contratación administrativa
Coincidiendo con el 50 aniversario de nuestra firma Deloitte en el mercado costarricense, se incorporó una nueva práctica legal, especializada en el acompañamiento jurídico en los distintos procedimientos de contratación con el Estado.
Ello fue motivado por la visión integral de servicios claves para el desarrollo de las empresas dentro del competitivo mundo del mercado y en concreto del mercado de compra y venta de servicios con la Administración Pública.
El objetivo fundamental es que el cliente encuentre en nuestros servicios un socio estratégico en la formulación de proyectos o venta de servicios y bienes con el Estado, partiendo de un perfil de abogados con alta experiencia en la realidad jurídica que se enfrentan en este complejo mundo.
Sabemos que la contratación administrativa se encuentra inmersa en un enramada jurídica que muchas veces confunde y afecta a los contratistas privados, quienes tienen el dominio de su negocio y un claro manejo técnico de lo que ofrecen, pero afrontan dificultades para asimilar los vericuetos jurídicos sobre los que se debe estructurar, primero sus ofertas y luego asumir la ejecución contractual.
Es por ello importante repasar cuáles son los principales retos jurídicos que se tienen para sobrevivir en este mundo de las ventas al sector público y en las cuales la firma Deloitte puede resultar un verdadero socio empresarial.
Retos en la formulación de propuestas
De conformidad con el artículo 182 de la Constitución Política la Administración Pública debe sacar adelante las contratación de los bienes y servicios que requiere, mediante procedimientos concursales, lo cual ya, automáticamente, nos lleva al concepto de generar reglas claras y objetivas para gestionar ese concurso; reglas que se han de plasmar en el instrumento que jurídicamente se llama cartel.
Es ahí donde el empresario debe estar atento a los detalles jurídicos, financieros y técnicos, plasmados en ese documento, ya que ese cartel es conceptualmente el “Reglamento” que marcará la vida futura de esa relación contractual.
El certero estudio y análisis del cartel le permitirá advertir cláusulas abusivas, o violatorias de los principios constitucionales rectores de la matera, las cuales pueden ser corregidas por medio del recurso de objeción al cartel o bien la solicitud de aclaración de aspectos confusos.
Igualmente en esta fase es vital la adecuada redacción de la oferta, para lo cual debe partirse de lo señalado en el respectivo cartel, pero demanda también un conocimiento de las normas jurídicas específicas de la materia, tales como el régimen de prohibiciones, los alcances de las inhabilitaciones, regulaciones sobre acuerdos consorciales, entre otros.
Aquellas empresas que estén inhibidas de participar por estar cubiertas por alguna de las causales de prohibición, pueden, de previo a la presentación de las ofertas, si cumplen los respectivos requisitos, gestionar ante la Contraloría General de la República el levantamiento de tal obstáculo jurídico de participación.
Retos en la fase de concurso
Ya propiamente en la fase de concurso, es vital estar vigilantes del correcto estudio de ofertas por parte de los funcionarios de la Administración, ya que no deben permitirse desviaciones que concluyan en favorecimientos indebidos a determinadas empresas.
Debe tenerse claro que en esta fase es de especial relevancia la aplicación del principio de eficiencia y su correlativo de conservación de ofertas, lo cual se plasma en la posibilidad de corregir todos aquellos defectos u omisiones que presente una oferta, mediante la figura procedimental de la subsanación. Esta figura no en pocas ocasiones es mal utilizada por la entidad licitante, lo que en ocasiones genera descalificaciones de las ofertas por aspectos subsanables, o bien se favorece incorrectamente a otros tantos, permitiéndoles la subsanación de aspectos medulares sobre los que no procedía la aplicación de este instituto.
Y una de las asesorías jurídicas fundamentales de esta etapa descansa en la interposición de recursos de revocatoria o apelación en sede administrativa, contra el acto final del concurso. Desde esa perspectiva es posible reclamar que un acto de adjudicación, declaratoria de desierto infructuoso, es contrario al ordenamiento jurídico y priva al empresario de una legítima adjudicación.
Retos en la ejecución contractual
Esta fase inicia con la minuciosa y cuidadosa revisión del documento contractual, con la finalidad de no suscribir obligaciones que no sean coherentes con lo solicitado en el cartel y lo ofrecido en la respectiva propuesta.
Luego, en aquellos casos en los cuales la obligación deba ser sometida a refrendo contralor, es fundamental tener claridad de todos aquellos requerimientos de información solicitados por parte del órgano contralor, con el fin de llegar a buen puerto con este requisito de eficacia.
Por otra parte, el contratista debe ser consciente de sus derechos en los eventuales procedimientos administrativos de ejecución de garantías, aplicación de multas o cláusulas penales o incluso las más gravosas sanciones de apercibimiento o inhabilitación. Hoy en día existe abundante jurisprudencia judicial, principalmente de las Sala Primera y Constitución del Poder Judicial, la cual ha redefinido positivamente los alcances del debido proceso en esta materia en especial.
Finalmente, existe una amplia gama de derechos contractuales sobre los cuales pueden ser planteados reclamos administrativos, tales como reajustes de precios para garantizar el equilibrio financiero del contrato respectivo, cobro de intereses por retrasos en los pagos, entre otros.
La estructuración de negocios jurídicos
Mención aparte merece el reto jurídico que tienen los empresarios de proponer a las respectivas entidades licitantes, iniciativas contractuales poco tradicionales que le permitan el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura.
Es así como el sector privado puede abrirse un espacio en comunión con el Estado por medio de alianzas estratégicas o comerciales, incluso con la posibilidad de constituir sociedades de propósito especial o sociedades de economía mixta.
De igual manera, existen figuras jurídicas que permiten al sector privado hacer las propuestas a la Administración para que se inicien los respectivos estudios, tales como las llamadas iniciativas privadas, reguladas por la Ley de Concesión de Obra Pública.
Y no puede obviarse la dinámica que ha impuesto la separación de patrimonios para el desarrollo de obras públicas por medio de fideicomisos que pueden ser de mera gestión y financiamiento o bien de titularización acudiendo al mercado de valores.
Así, las cosas se evidencia la importancia de contar con un adecuado y certero asesoramiento jurídico que le permita al sector privado sacar provecho de la mejor manera de las herramientas jurídicas existentes.
Expediente N°19.586
Eliminación del impuesto a los dividendos
DGT-R-013-2015
Resolución sobre las solicitudes de autorización para la aplicación de los beneficios tributarios establecidos en el inciso h) artículo 59 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Se concede un plazo de diez días hábiles con el objeto de que expongan su parecer respecto del proyecto de resolución denominado “Resolución para cambio de Periodo Fiscal del Impuesto sobre La Renta”.
RES-DGH-0026-2015
Procedimiento para la determinación y liquidación de los impuestos que recaen sobre los bienes que gozan de los incentivos establecidos en la Ley Reguladora de todas las exoneraciones vigentes, su derogatoria y sus excepciones No. 7293 o bajo cualquier otro régimen de incentivos.
DGT-R-20-2015
Reforma a la resolución Nº DGT-R-10-2015 sobre la aplicación de las exenciones al pago del impuesto del 8% sobre los rendimientos generados por inversiones en títulos valores, previstas en el inciso C-1) del artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
No. 39037-H
Modificación al Decreto Ejecutivo No. 31611-H de fecha 29 de enero de 2004.
RES-AC-DN-940-2015
Se comunica que se dar un plazo de un mes para los Expedientes relacionados con decomisos de mercancías realizados por la Policía de Control Fiscal.
RES-DGH-030-2015
Actualícense los montos de los impuestos específicos por cada mililitro de alcohol absoluto, mediante un ajuste de un cero coma cero seis por ciento (0,06%), además se deja sin efecto la resolución RES-DGH-014-2015. Rige a partir del 1 de agosto.

References: artículo 182

Resolución 
 artículo 59
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
 resolución