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Timestamp: 2014-04-23 06:37:26+00:00

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Reglamentos en Línea - Reglamento de Investigaciones Administrativas
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Descripcion: Reglamento de Investigaciones Administrativas
VISTO el Capítulo VI del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado por Ley N° 22.140, la facultad conferida por el artículo 52 de dicho régimen, y
Que por el artículo 17 del Decreto N° 558/96, se encomendó al MINISTERIO DE JUSTICIA, la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION la elaboración y remisión a la Unidad de Reforma y Modernización del Estado de un orden normativo que establezca un sistema de responsabilidad del funcionario público.
Que la potestad disciplinaria encuentra fundamento en atribuciones asignadas constitucionalmente al PODER EJECUTIVO NACIONAL, como jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país (artículo 99, inciso 1°).
Que el conjunto de atribuciones legales y reglamentarias que configura el régimen disciplinario, tiene por objeto la verificación de faltas o infracciones cometidas por los integrantes de la Administración Pública Nacional en ejercicio de funciones administrativas, y la aplicación de las expresas sanciones que establece la ley N° 22.140 que aprueba el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública.
Que las funciones disciplinarias se encuadran en el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública y en su reglamentación aprobada por Decreto N° 1.798/80 por cuanto establece los deberes y prohibiciones de los agentes públicos comprendidos en sus disposiciones, como así también las sanciones de las que serán pasibles en caso de su incumplimiento.
Que, por otra parte, también integra el citado régimen de derecho público el Reglamento de Investigaciones aprobado por el Decreto N° 1.798/80, por cuanto establece el procedimiento a seguir para la determinación de la responsabilidad disciplinaria de los agentes comprendidos en el citado Régimen Jurídico básico y de aquellos a quienes se estime conveniente incluir.
Que tal como se señalara en el Considerando sexto del Decreto N° 558/96 cabe continuar con el proceso de reforma y modernización del Estado al que se dio inicio en 1.989, resultando imprescindible proceder a la revisión integral de las normas que todavía condicionan tal proceso, seleccionando y utilizando las herramientas adecuadas para lograr una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión.
Que es preciso actualizar el procedimiento establecido por el Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto N° 1.798/80, referido a las investigaciones adecuadas para determinar la responsabilidad disciplinaria de los agentes de la Administración Pública Nacional.
Que el Decreto N° 1.462/94 estableció la competencia de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION para intervenir en la sustanciación de los sumarios administrativos que se ordenen contra los agentes que revistan en el Nivel A o B del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa y que ejerzan un cargo con funciones ejecutivas en cualquiera de sus niveles.
Que la Ley N° 24.156 que dispone la creación de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, le otorga competencias referidas al control interno sobre los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, de las jurisdicciones que componen el PODER EJECUTIVO NACIONAL y de los Organismos Descentralizados que le dependen.
Que la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 24.946 dispone que la FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS integra el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que como integrativo del mencionado principio concurre necesariamente la publicidad de los actos conclusivos de la sustanciación de la información sumaria y del sumario, dotando de transparencia al trámite respectivo mediante la lectura en Audiencia pública de los informes pertinentes formulados por el instructor, y en su caso por la FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.
Que en la conformación y análisis de la normativa que se aprueba por el presente han tomado intervención el MINISTERIO DE JUSTICIA, la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, así como también la FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS a solicitud de la PROCURACION GENERAL DE LA NACION.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL es competente para el dictado del presente en virtud de lo prescrito por el artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.
Artículo 1° - Apruébase el Reglamento de Investigaciones Administrativas, que como ANEXO I, forma parte del presente decreto.
Artículo 2° - Deróganse el Decreto N° 1.798 del 1 de Septiembre de 1980, y los números 1.590/67 y 1.462/94 en sus partes pertinentes.
Artículo 3° - El Reglamento que por el presente se aprueba, entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 4° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. MENEM – Jorge Rodriguez – Raúl Granillo Ocampo – Carlos Corach.
Artículo 1° - El Reglamento de Investigaciones Administrativas se aplicará al personal comprendido en el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, al docente comprendido en estatutos especiales, así como a todo aquel que carezca de un régimen especial en materia de investigaciones.
Asimismo será de aplicación al personal comprendido en convenciones colectivas de trabajo celebradas en el marco de la Ley N° 24.185, que no hayan previsto un régimen especial.
Artículo 2° - Facúltase a los señores Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y Secretarios del Poder Ejecutivo Nacional para que establezcan el régimen a aplicar cuando existan imputados sometidos a diferentes regímenes procesales disciplinarios.
Artículo 3° - Cuando un hecho, acción u omisión pueda significar responsabilidad disciplinaria, exista o no un perjuicio fiscal, para cuya sanción se exija una investigación previa, esta se sustanciará como información sumaria o sumario.
La Iniciación de todo sumario administrativo deberá ser puesta en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a fin de que esta si lo estimare conveniente, tome intervención como parte acusadora.
En su caso y por vía de excepción, también la Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá optar por intervenir como parte coadyuvante, cuando así lo solicitare. En tal supuesto, su función tenderá fundamentalmente a asegurar la legalidad, el órden público y los intereses generales de la sociedad en coordinación con las autoridades administrativas que ejercen la acción disciplinaria.
Artículo 4° - La información sumaria o el sumario será siempre instruido en la jurisdicción donde se produzca el hecho, cualquiera fuere la situación de revista del sumariado.
Artículo 5° - Cuando de una información sumaria o sumario surgiere la participación en el hecho que lo motiva, de personal de otro organismo, el titular de este deberá ponerlo a disposición del responsable de la investigación, en la oportunidad en que el mismo lo requiera.
Artículo 6° - La sustanciación de las informaciones sumarias y los sumarios del área respectiva, y estará a cargo de funcionarios letrados de planta permanente.
Artículo 7° - La Procuración del Tesoro de la Nación será competente en la sustanciación de las informaciones sumarias y sumarios que tiendan a esclarecer hechos, actos u omisiones que se produzcan en su jurisdicción, las que sean ordenadas por el Poder Ejecutivo Nacional, y los sumarios cuando se trate de agentes que revistan en el nivel A o B del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa o equivalentes y ejerzan un cargo con funciones ejecutivas en cualquiera de sus niveles, de acuerdo con los sistemas de selección implementados para la cobertura de los mismos.
Artículo 8° - La competencia de los instructores es improrrogable. Los mismos podrán desplazarse dentro del país cuando la sustanciación del sumario lo requiera, previa autorización de la superioridad.
Artículo 9° - La autoridad que ordenó la información sumaria o el sumario podrá encomendar a otros funcionarios la realización de diligencias concretas y determinadas fuera del asiento de sus funciones, mediante resolución fundada.
Artículo 10° - Son deberes de los instructores:
Investigar los hechos, reunir pruebas, determinar responsables y encuadrar la falta cuando la hubiere.
Conservar las previsiones a efectos de la oportuna intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y en caso de corresponder, de la Sindicatura General de la Nación.
Fijar y dirigir las audiencias de prueba y realizar personalmente las demás diligencias que este reglamento y otras normas ponen a su cargo.
Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos en este reglamento:
Concretar en lo posible en un mismo acto todas las diligencias que sea menester realizar.
Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los derechos y omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo perentorio que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuera necesaria para evitar nulidades.
Reunir los informes y la documentación relacionados con un eventual juicio fiscal, a efectos de la oportuna intervención de la Sindicatura General de la Nación.
Artículo 11° - Para mantener el buen orden y decoro en la sustanciación de las investigaciones, los instructores podrán mandar que se reste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos, salvo que fuere útil para la información sumaria o sumario, y excluir de las audiencias a quienes las perturben.
Artículo 12° - Cuando correspondiere el desglose de la pieza respectiva para trámite separado, el instructor deberá dejar constancia de ello, como así también fotocopia autenticada de la misma en el expediente.
Artículo 13° - Cuando el hecho que motiva el sumario constituya presuntamente delito de acción pública, el instructor deberá verificar si se ha realizado la denuncia policial o judicial correspondiente y, en caso de no haberse cumplido este requisito, deberá notificar fehacientemente tal hecho a la autoridad de quien dependa el responsable de efectuarla.
Artículo 14° - Si durante la instrucción de un sumario surgieran indicios de haberse cometido un delito de acción pública, el instructor librará testimonio o copia autenticada de las piezas en las que consten tales hechos, y las remitirá al organismo que corresponda a fin de que efectúe la denuncia del caso ante la autoridad policial o judicial.
Artículo 15° - Los instructores tendrán independencia en sus funciones, debiendo evitarse todo acto que pueda afectarla.
Artículo 16° - En caso de ausencia que lo justifique, el superior designará reemplazante del instructor interviniente.
Artículo 17° - El instructor podrá ser apartado de una investigación por causas legales o reglamentarias por resolución fundada de la autoridad que ordenara la información sumaria o sumario pertinente, o por el Procurador del Tesoro de la Nación, en su caso.
Artículo 18° - Cuando razones debidamente fundadas lo justifiquen podrá nombrarse un instructor ad – hoc debiendo recaer la designación en un funcionario de otra dependencia, el cual estará sujeto a las prescripciones establecidas para los instructores en el presente reglamento.
Artículo 19° - Durante la sustanciación de la información sumaria o del sumario puesto a su cargo, los instructores ad – hoc serán desafectados en la medida necesaria de sus tareas habituales hasta la conclusión de la investigación, dependiendo directamente a ese efecto y durante ese lapso de la autoridad superior de la oficina de sumarios.
Artículo 20° - Cada instructor podrá ser auxiliado por un secretario para la sustanciación de las investigaciones que se le encomienden. Los secretarios serán nombrados por el superior del instructor, a pedido de este último.
Artículo 21° - Los secretarios tendrán a su cargo labrar las actuaciones, siendo personal y directamente responsables de la conservación y guarda de las mismas. Asimismo responderán por el cumplimiento de las diligencias que les fueran encomendadas por los instructores.
Artículo 22° - El instructor y el secretario deberán excusarse y podrán a su vez ser recusados:
Cuando medie parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, o segundo de afinidad, con el sumariado o el denunciante.
Cuando hubiesen sido denunciantes o denunciados anteriormente por el sumariado o el denunciante.
Cuando tengan amistad íntima o enemistad manifiesta con el sumariado o el denunciante.
Cuando tengan interés en el sumariado o sean acreedores o deudores del sumariado o el denunciante.
Cuando dependan jerárquicamente del sumariado o denunciante.
Artículo 23° - La recusación deberá ser deducida en el primer acto procesal en el que se intervenga. Si la causal fuere sobreviiente o desconocida solo podrá hacerse valer dentro del quinto día de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de la clausura definitiva de las actuaciones. En el mismo acto deberá ofrecerse la prueba del impedimento o causal invocada.
Artículo 24° - El recusado deberá producir informe escrito sobre las causales alegadas y remitirá las actuaciones a su superior. La resolución que se dicte será irrecurrible y deberá producirse dentro de los cinco (5) días. Pasado dicho lapso se ampliará el plazo, designando nuevo instructor de ser necesario.
Artículo 25° - La excusación deberá ser deducida inmediatamente de conocidas las causales alegadas, elevándose informe escrito sobre las mismas al superior.
Cuando fuere interpuesta por el instructor, quedará suspendida la información sumaria o el sumario hasta el dictado de la resolución pertinente por el superior, que deberá producirse dentro de los cinco (5) días de interpuesta.
Cuando la excusación fuere planteada por el secretario, este quedará desafectado de la información sumaria o el sumario hasta tanto la misma sea resuelta por la autoridad que lo designó que deberá producirse en igual plazo.
Artículo 26° - A fin de que las investigaciones se efectúen con la mayor celeridad posible, se considerará trámite de urgencia todo lo referente a la sustanciación de las mismas, salvo calificación expresa de “muy urgente” impuesta por el instructor.
Artículo 27° - Deben observarse los siguientes plazos:
Para fijar nueva audiencia, dentro de los tres (3) días de presentadas las peticiones, e inmediatamente si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieran carácter de urgente.
Cuando en este reglamento no se hubiera establecido un plazo especial, será de cinco (5) días.
Las providencias definitivas o de carácter equivalente, serán dictadas dentro de los diez (10) días de la última actuación, con las salvedades de los artículos 105 y 118.
Para la contestación de vistas y traslados, el mismo será de cinco (5) días, cuando no se hubiere establecido un plazo especial.
Artículo 28° - Los plazos se computarán en días hábiles administrativos a partir del siguiente al de la notificación.
Artículo 29° - Las notificaciones solo serán válidas si se efectúan por alguno de los siguientes medios:
Por acceso directo al expediente de la parte interesada, dejándose constancia expresa y previa justificación de identidad del notificado. Si fuere reclamada se expedirá copia integra y autenticada del acto.
Por presentación espontánea de la parte interesada, de la que resulte estar en conocimiento fehaciente del acto respectivo.
Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por los artículos 104 y 141 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Por telegrama colacionado, copiado o certificado, con aviso de entrega.
Por carta documento o por oficio impuesto como certificado o expreso con aviso de recepción. En este último caso el oficio y los documentos anexos deberán exhibirse en sobre abierto al agente postal habilitado, antes del despacho, quien los sellará juntamente con las copias que se agregarán al expediente.
En el lugar de trabajo del interesado, a través de la oficina de personal. Esta diligencia deberá hacerse por escrito y contener la firma del notificado.
Artículo 31° - Las denuncias deberán contener, en cuanto fuera posible, la relación del hecho denunciado, con las circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecución y demás elementos que puedan conducir a su comprobación, como asimismo acompañar la prueba que tenga en su poder el denunciante.
Artículo 32° - El funcionario que reciba la denuncia labrará un acta en la que verificará la identidad del denunciante, asentará su nombre y apellido, edad, estado civil, profesión, domicilio y documento de identidad, se expresarán los hechos y se agregará la documentación u otros elementos de prueba que ofrezca, relativos a lo denunciado, firmándola ambos a continuación en todas las fojas que constare.
Artículo 33° - Ordenada la información sumaria o el sumario, en la primera diligencia el instructor citará al denunciante para la ratificación de la denuncia, como así también para que manifieste si tiene algo mas que agregar, quitar o enmendar. Si no compareciere, se lo citará por segunda vez. En el supuesto de que no concurriere, sin causa que lo justifique, el instructor deberá disponer las diligencias y medidas tendientes a esclarecer la o las irregularidades denunciadas, siempre y cuando resultaren “prima facie” verosímiles.
Autoridad Competente – Objeto
Artículo 34° - Los jefes de unidades orgánicas no inferiores a departamento o jerarquía similar o superior, podrán ordenar la instrucción de información sumaria en los siguientes casos:
Cuando sea necesaria una investigación para comprobar la existencia de hechos que pudieran dar lugar a la instrucción del sumario.
Cuando correspondiere instruir sumario y no fuere posible iniciarlo con la premura que demandaren las circunstancias.
Cuando se tratare de la recepción de una denuncia.
Artículo 35° - Las informaciones se instruirán siguiendo, en lo posible, las normas de procedimiento que este reglamento establece para la instrucción de sumarios, prescindiendo de todo trámite que no fuere directamente conducente al objeto buscado y simplificando las diligencias.
Artículo 36° - El presunto imputado solo se le podrá recibir declaración en los términos del artículo 62 del presente.
Artículo 37° - En caso de advertirse hechos independientes que requieran otra investigación, se dejará constancia de ello y se comunicará, mediante informe circunstanciado, a quien tenga a su cargo la facultad de ordenar esa investigación.
Artículo 38° - El plazo para la sustanciación de la información sumaria será de veinte (20) días.
Artículo 39° - El instructor hará un informe final de todo lo actuado, donde se propondrá a la autoridad que ordenó la investigación, la instrucción o no de sumario.
Sin embargo, podrá obviarse la realización del mismo cuando en las informaciones sumarias que propongan la iniciación del sumario, la autoridad competente así lo disponga fundamente al resolver la apertura del sumario pertinente.
Artículo 40° - Cuando la información sumaria no sea cabeza de sumario, el informe será presentado por el instructor en una audiencia oral y pública que será presidida por la autoridad que ordenó la investigación.
La convocatoria de la audiencia se notificará al imputado, cuya concurrencia no será obligatoria. Su realización deberá darse a publicidad en el Boletín Oficial y en cualquier otro medio que la autoridad estime conveniente, por un plazo de un (1) día y con una antelación no menor de dos (2) días a la fecha fijada. Se labrará un acta dejando constancia de lo expuesto que será firmada por la autoridad, el imputado en su caso y otros intervinientes designados al efecto.
Una copia escrita del informe final será agregada al expediente.
Artículo 41° - La autoridad superior, en el plazo de cinco días de recibido el informe final o, en su caso, de celebrada la audiencia del artículo anterior, dictará el acto administrativo resolviendo la instrucción o no de sumario. Esta resolución será notificada al imputado.
Artículo 42° - El objeto del sumario es precisar todas las circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades e individualizar a los responsables y proponer sanciones.
Artículo 43° - El sumario se promoverá de oficio o por denuncia. Será cabeza del sumario la información sumaria, si la hubiere.
Artículo 44° - La instrucción del sumario será dispuesta por autoridad de jerarquía no inferior a Subsecretario. En los organismos jurídicamente descentralizados, será dispuesta por la autoridad superior o por aquella en la que esta delegue esa facultad. En todos los casos se requerirá dictamen previo del servicio jurídico permanente.
La autoridad que disponga el sumario, según el caso, deberá efectuar en ese mismo acto, u ordenar que se efectúe dentro del quinto día de aceptado el cargo por el instructor, la comunicación a que se refiere el artículo 3°, segundo párrafo.
Artículo 45° - La orden de sumario deberá indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del hecho u omisión objeto de investigación.
Artículo 46° - El sumario será secreto hasta que el instructor de por terminada la prueba de cargo, y no se admitirán en el debates ni defensas, salvo la solicitud de medidas de prueba.
El secreto de los sumarios no alcanzará a la Procuración del Tesoro de la Nación ni a la Sindicatura General de la Nación, cuando estos organismos realicen auditorías de aquellos.
Artículo 47° - El sumario se sustanciará en forma actuada, formando expediente y agregándose en anexos, pruebas, constancias y actuaciones, siguiendo el orden cronológico en días y horas.
Artículo 48° - Toda actuación incorporada al sumario deberá ser foliada y firmada por el instructor y secretario, si lo hubiera, consignándose lugar y fecha de su agregación, realizándose en lo posible, mediante escritura a máquina, aclarándose las firmas en todos los casos.
Las raspaduras, enmiendas o interlineaciones en que se hubiere incurrido durante el acto serán salvadas al pie antes de las respectivas firmas.
Artículo 49° - Los expedientes serán compaginados en cuerpos numerados que no excedan las 200 fojas, salvo los casos en que tal límite obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un solo texto.
Artículo 50° - Con los antecedentes del expediente se pueden formar anexos, los que serán numerados y foliados en forma independiente, si el instructor así lo considerara conveniente dado su volumen o para una mejor compulsa y orden.
Artículo 51° - En todo acto en que deba participar el sumariado durante la etapa instructora, se admitirá la presencia de su letrado, sin derecho alguno de intervención.
Artículo 52° - En caso de duda deberá estarse siempre a lo que sea mas favorable al sumariado.
Artículo 53° - Cuando la permanencia en funciones fuera inconveniente para el esclarecimiento del hecho investigado, la autoridad administrativa competente podrá disponer el traslado del agente sumariado. Este se hará efectivo dentro del asiento habitual de sus tareas, y de no ser ello posible, a no mas de 50 km., del mismo por un plazo no mayor al establecido para la instrucción sumarial.
El traslado del agente solo puede exceder el período señalado, en los supuestos en que, por resolución fundada del superior, se amplíe el plazo de instrucción y aún resulte inconveniente la presencia del imputado en el lugar de revista.
Artículo 54° - Cuando no fuera posible el traslado del agente o la gravedad del hecho lo hiciera aconsejable, el agente presuntamente incurso en falta podrá ser suspendido preventivamente por un término no mayor de treinta (30) días, prorrogable por otro período de hasta sesenta (60) días. Ambos términos se computarán en días corridos. La aplicación de estas medidas lo será sin perjuicio de las previstas en los artículos 57 a 59.
Artículo 55° - Vencidos los términos a que se refiere el artículo anterior sin que se hubiere dictado resolución conclusiva en el sumario, el agente deberá reintegrarse al servicio, pudiendo serle asignada, de resultar conveniente una función diferente.
Artículo 56° - En los casos en que las medidas preventivas o su prórroga se dispusieran durante la instrucción del sumario, deberán resolverse previo informe fundado por el instructor.
Artículo 57° - Cuando el agente se encontrare privado de libertad, será suspendido preventivamente, instruyéndose el sumario pertinente, debiendo ser reintegrado al servicio dentro de los dos (2) días de recobrada la libertad.
Artículo 58° - Cuando el agente se le haya dictado auto de procesamiento por hecho ajeno al servicio, y la naturaleza del delito que se le imputa fuera incompatible con su desempeño en la función, en el caso que no fuera posible asignarle otra, podrá disponerse la suspensión preventiva del mismo hasta tanto recaiga pronunciamiento en la causa penal a su respecto.
Artículo 59° - Cuando el proceso se hubiere originado en hechos del servicio o a el vinculados, podrá suspenderse al agente hasta la finalización del mismo a su respecto, sin perjuicio de la sanción que correspondiere en el orden administrativo.
Artículo 60° - El pago de haberes por el lapso de la suspensión se ajustará a los siguientes recaudos:
Cuando se originare en hechos ajenos al servicio, el agente no tendrá derecho a pago alguno de haberes, excepto cuando fuere absuelto o sobreseído en sede penal y solo por el tiempo que hubiere permanecido en libertad y no se hubiere autorizado su reintegro.
Cuando se originare en hechos del servicio o vinculados a el, el agente tendrá derecho a la percepción de los haberes devengados durante el lapso de la suspensión, solo si en la respectiva causa administrativa no resultara sancionado.
Artículo 61° - Cuando hubiere motivo suficiente para considerar que un agente es responsable del hecho que se investiga, se procederá a recibirle declaración sin exigir juramento ni promesa de decir verdad. Ese llamamiento implicará su vinculación como sumariado.
Artículo 62° - Cuando respecto de un agente solamente existiere estado de sospecha, el instructor podrá llamarlo para prestar declaración sobre hechos personales que pudieran implicarlo.
Artículo 63° - La no concurrencia del sumariado, su silencio o negativa a declarar, no hará presunción alguna en su contra.
Dispensa del Juramento de decir la verdad
Artículo 64° - En ningún caso se le exigirá juramento o promesa de decir verdad, ni se ejercerá contra el coacción o amenaza ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le podrán hacer cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión, ni podrá ser obligado al reconocimiento de documentos privados que obraren en su contra.
Inobservancia – Nulidad
Artículo 65° - La inobservancia del precepto anterior hará nulo el acto.
Artículo 66° - Si el sumariado no compareciere a la primera citación, se dejará constancia de ello y se procederá a citarlo por segunda y última vez. Si no concurriere, se continuará con el procedimiento, pero si antes de la clausura de la etapa de investigación se presentare a prestar declaración, la misma le será recibida.
Artículo 67° - El sumariado, previa acreditación de identidad, será preguntado por su edad, estado civil, profesión, cargo, función y domicilio.
A continuación se le harán conocer las causas que han motivado la iniciación del sumario, el hecho que se le atribuye y se lo interrogará sobre los pormenores que puedan conducir a su esclarecimiento, así como también por todas las circunstancias que sirvan para establecer la mayor o menor gravedad de los mismos y su participación en ellos.
Artículo 68° - Las preguntas serán claras y precisas. El interrogado podrá, si lo desea, dictar por si sus declaraciones. Si no lo hiciere, lo hará el instructor procurando utilizar las mismas palabras de que aquel se hubiera valido.
Artículo 69° - Se permitirá al interrogado exponer cuanto tenga por conveniente para su descargo, o para la explicación de los hechos evacuándose las diligencias que propusiere, si el instructor las estimare conducentes para la comprobación de las manifestaciones efectuadas.
Artículo 70° - Concluida su declaración, el interrogado deberá leerla por si mismo. Si no lo hiciere, el instructor o el secretario la leerán íntegramente, haciéndole mención expresa de la lectura. En este acto, se le preguntará si ratifica su contenido y si tiene algo que añadir, quitar o enmendar.
Artículo 71° - Si el interrogado no ratificara sus respuestas o tuviere algo que añadir, quitar o enmendar, así se hará, pero en ningún caso se borrará o testará lo escrito sino que las nuevas manifestaciones, enmiendas o alteraciones se agregarán a continuación de lo actuado, relacionando cada punto con lo que conste mas arriba y sea objeto de modificación.
Firma, Firma a ruego
Artículo 72° - La declaración será firmada por todos los que hubieran intervenido en ella, salvo en el supuesto del artículo siguiente. El sumariado rubricará además cada una de las fojas de que conste el acto. Si no quisiere firmar se interpretará como negativa a declarar.
Artículo 73° - Si el interrogado no pudiere firmar la declaración, se hará mención de ello firmando dos testigos previa lectura del acto. En este supuesto, el instructor y los testigos rubricarán además cada una de las fojas en que conste la misma.
Artículo 74° - El sumariado podrá ampliar la declaración cuantas veces lo estime necesario ante el instructor, quien la recibirá inmediatamente, siempre que el estado del trámite lo permita. Asimismo el instructor podrá llamar al sumariado cuantas veces lo considere conveniente, para que amplíe o aclare su declaración.
Artículo 75° - Los mayores de 14 años podrán ser llamados como testigos. Los menores de esa edad podrán ser interrogados, cuando fuere necesario a efectos de esclarecer los hechos.
Artículo 76° - Estarán obligados a declarar como testigos, todos los agentes de la Administración Pública Nacional y las personas vinculadas a la misma en razón de contratos administrativos. En este últ	Fecha en que fue añadido: 2008-12-04 16:08:19	Hits: 124	Recomendamos

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