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Timestamp: 2019-04-18 20:32:14+00:00

Document:
Registro Oficial. 11 de ABRIL del 2002
Jueves 11 de Abril del 2002
\n 2002-65 Ley Reformatoria a\n la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.
\n 2002-66 Ley de Creación\n de la Comisión de Desarrollo para Chone, Flavio\n Alfaro, El Carmen, Pedernales y Sucre.
\n CNV-004-2002 Refórmase el\n Reglamento de Administradoras de Fondos y Fideicomisos, expedido\n mediante Resolución CNV- 014-2001 de 17 de\n octubre del 2001, publicada en el Registro Oficial No 458\n de 21 de noviembre del 2001.
\n CNV-005-2002 Refórmase el\n Reglamento de Administradoras de Fondos y Fideicomisos, expedido\n mediante Resolución CNV-014-2001 de 17 de octubre del\n 2001, publicada en el Registro Oficial No 458 de 21 de\n noviembre del 2001.
\n O58-2001-HD Deséchase por\n improcedente el hábeas data solicitado por la licenciada\n Bertha Gavilanes Peralta y otros.
\n 652-2001-RA Deséchase\n por improcedente el recurso de amparo constitucional propuesto\n por el señor Jorge Alberto Basabe Fiallos.
\n 745-2001-RA Revócase \n la resolución expedida por el Juez Décimo de lo\n Civil de Pichincha y concédese el recurso de amparo constitucional\n propuesto por la señorita Dyci Cobos Córdova.
\n 917-2001-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n propuesta por la señora Irene Herlinda Contreras Chaguay.
\n 919-2001-RA Revócase \n la resolución subida en grado y niégase\n la acción de amparo constitucional solicitada por\n el señor Francisco Huacón Ruiz.
\n 938-2001-RA Diapónese el archivo\n definitivo de la acción de amparo constitucional planteada\n por Juan Pedro Moreira Moreira.
\n 949-2001-RA Dispónese el archivo\n definitivo de la acción de amparo constitucional planteada\n por Juan Pedro Moreira Moreira.
\n 986-2001-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado\n por el señor P.N. Franklin Fernando Ulco Garcia y otro.
\n 1013-2001-RA Inadmitir la acción\n planteada por el señor Luis Gonzalo Aucatoma Culqui.
\n 1032-2001-RA Revócase la resolución\n subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n propuesta por el ingeniero José Luis García Vinces.
\n 1038-2001-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n propuesta por la doctora Sonia de Lourdes Ruiz Ortega.
\n 1040-2001-RA Revócase la resolución\n subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n propuesta por el señor Jorge Eduardo Guevara.
\n 002-2002-RA Confirmsse la resolución \n expedida por el Juez Noveno de lo Civil de Pichincha\n y niégase el recurso de amparo constitucional propuesto\n por el señor Angel Polibio Jumbo Torres y otros.
\n 003-2002-HC Confirmase la resolución\n emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito y\n niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto\n por Raúl Orlando Portilla Ariza.
\n 005-2002-RA Confirmase la resolución \n subida en grado y niégase la acción de \n amparo constitucional propuesta por el señor Ismael Luis\n Eduardo Pérez Tamayo.
\n 011-2002-RA Confirmase la resolución \n subida en grado y niégase la acción de \n amparo constitucional propuesta por el señor \n José Luis Aguilar Caldas.
\n 017-2002-RA Confirmase la resolución \n subida en grado y niégase la sección de \n amparo constitucional propuesta por el señor Narciso \n Ochoa Peñafiel.
\n 030-2002-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo \n solicitado por el señor Baudillo Lautaro Mendieta Alvarez.
\n 033-2002-RA Confirmase la resolución \n subida en grado y niégase el amparo constitucional solicitado\n por Eliecer Bone Castillo.
\n 043-Z001-RA Confírmase \n la resolución subida en grado y niégase la \n acción de amparo constitucional propuesta por el\n Lcdo. Mario Javier Bravo Barrionuevo.
\n 060-2002-RA Revócase la resolución\n subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n propuesta por el señor Byron Robinson Navarro Aguirre\n y otros.
\n 071-2002-RA Revócase la resolución\n emitida por el Juez Segundo de lo Penal de Manabí y niégase\n el recurso de amparo constitucional propuesto por la señora\n Atenais Mariana de Jesús Vera Alcívar.
\n 090-2002-RA Inadmitir la acción\n de amparo constitucional interpuesta por la señora Dolores\n Isaura Vélez Mora.
\n 107-2002-RA No admitir por improcedente\n el amparo constitucional interpuesto por el Ingeniero Fabián\n Cueva Yáñez.
\n 121-2002-RA Inadmitir la acción\n de amparo propuesta por el licenciado Víctor Manuel Ramón\n Mayaguare y otro.
\n 124-2001-RA No admitir por improcedente\n el amparo constitucional presentado por el señor Ricardo\n Saturnino Merejildo Panchana.
\n -Cantón Putumayo: Que reglamenta\n el servicio del cementerio.\n \n
\n Dirección General de\n Servicios Legislativos
Quien suscribe, Secretario General del Congreso Nacional del\n Ecuador, certifica que el proyecto de LEY REFORMATORIA A LA LEY\n DE TRANSITO Y TRANSPORTE, fue discutido, aprobado y allanado\n a la objeción parcial, de la siguiente manera:
PRIMER DEBATE:	20-02-2002
SEGUNDO DEBATE:	13-03-2002
OBJECION PARCIAL:	03-04-2002
Quito, 3 de abril 2002.
N° 2002-65
Que la transportación pública se encuentra perjudicada\n por el aparecimiento de personas, que se dedican a realizar ilegalmente\n esa actividad;
Que a más de perjudicar económicamente a los\n transportistas esta actividad que se realiza al margen de la\n ley, ha dado paso a la perpetración de delitos en contra\n de la integridad de las personas y de sus bienes;
Que la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, establece\n la obligación del Estado de proteger a la transportación\n terrestre, pública o privada, de personas y bienes, así\n como de ejercer el control y vigilancia necesarios para su adecuada\n prestación en condiciones de seguridad y calidad;
Que el indicado cuerpo legal prescribe que la transportación\n terrestre de personas o bienes en general, debe realizarse a\n través del parque automotor ecuatoriano integrado por\n vehículos que hayan sido legalmente autorizados para esta\n actividad;
Que es deber del Estado garantizar el libre ejercicio de la\n transportación pública, proporcionando el marco\n legal que otorgue la seguridad jurídica necesaria para\n su normal y adecuado funcionamiento;
Que es necesario introducir reformas a la Ley de Tránsito\n y Transporte Terrestre tipificando y sancionando este tipo de\n infracciones;
Que por otro lado en la vigente Ley de Tránsito y Transporte\n Terrestre existen normas punitivas que no guardan la debida proporcionalidad\n estableciendo sanciones que son inadecuadas para los tipos de\n contravenciones previstos;
Que si bien es cierto la imposición de sanciones tiene\n el doble propósito de prevenir y castigar una infracción,\n ésta debe estar de acuerdo a la gravedad de la misma,\n y,
LEY REFORMATORIA A LA LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Art. 1.- El sexto inciso del artículo 42 de la Ley\n de Tránsito y Transporte Terrestre, dirá:
"Las escuelas de formación para conductores profesionales\n estarán bajo la administración de la Federación\n de Choferes Profesionales a través de los sindicatos provinciales,\n cantonales y parroquiales del ramo, en tanto que las escuelas\n de formación y capacitación de conductores no profesionales,\n podrán ser administradas por entidades especializadas\n o por las Jefaturas Provinciales de Tránsito, debidamente\n autorizadas por el Consejo Nacional de Tránsito. Para\n la provincia del Guayas tal autorización será otorgada\n por la Comisión de Tránsito del Guayas. Las escuelas\n de formación y capacitación de conductores no profesionales\n creadas por el Touring y Automóvil Club del Ecuador ANETA\n continuarán bajo su administración.".
Art. 2.- Sustitúyase el literal q) del artículo\n 89 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, por el\n siguiente:
q).- "El que condujere un vehículo en sentido\n contrario a la vía autorizada de circulación, que\n deberá estar suficiente, clara y visiblemente señalizada;\n y, el conductor que circule por el carril que no le corresponda\n o haga cambio brusco o indebido'.
Art. 3.- Sustitúyase el literal c) del articulo 90\n de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, por el siguiente:
c).- "Los conductores que detuvieren o estacionaren vehículos\n en sitios o zonas que entrañen peligro, tales como: curvas,\n puentes, túneles, ingresos y salidas de puentes y túneles,\n zonas estrechas de poca visibilidad, cruces de caminos, cambios\n de rasante, pendientes, pasos a desnivel, espacios o carriles\n de circulación, sin tomar en consideración las\n medidas de seguridad reglamentariamente establecidas.".
Art. 4.- Sustitúyase el literal e) del articulo 90\n de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, por el siguiente:.
e). - "Quien causare accidente de tránsito del\n que resultare herida o lesionada alguna persona, con las consecuencias\n previstas en el literal a) de este articulo, por conducir un\n vehículo en sentido contrario a la vía autorizada\n de circulación, que deberá estar suficiente, clara\n y visiblemente señalizada.".
Art. 5.- A continuación del literal ñ) del artículo\n 90 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, agréguese\n el siguiente literal:
o).- "El conductor profesional o no profesional, que\n preste servicio de transporte público, de personas o bienes,\n con un vehículo que no esté legalmente autorizado\n para realizar esta actividad, recibiendo remuneración\n por dichos servicios.
Art. 6.- A continuación del articulo 130, agréguense\n los siguientes artículos innumerados:
Art.... "El Juez que sustancia el trámite de la\n contravención tipificada en el literal o) del artículo\n 90 de la presente ley, dispondrá que el vehículo\n con el que se cometió la infracción sea pintado\n con un color distinto al de las unidades de transporte público\n y prohibirá su circulación, hasta tanto se cumpla\n con dicha obligación; dicho cumplimiento sólo será\n probado, con la certificación que para el efecto extenderá\n la Jefatura Provincial de Tránsito, correspondiente, previa\n la respectiva verificación, que estará bajo su\n responsabilidad. Los costos del cambio de pintura del vehículo\n estarán a cargo del contraventor.".
Art.... "Si durante el juzgamiento de una contravención\n el Juez llegare a tener conocimiento de la perpetración\n de un delito de acción pública de instancia oficial,\n actuará de conformidad con lo dispuesto en el Código\n de Procedimiento Penal.".
Art. 7.- Deróguese el literal y) del artículo\n 89 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.
Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en la sala de sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador,\n a los tres días del mes de abril del año dos mil\n dos.
CONGRESO NACIONAL.- Certifico: que la copia que antecede es\n igual a su original que reposa en los archivos de la Secretaría\n General.- Día: 04.IV.2002.- Hora: 11h00.- f.) ilegible.-\n Secretaria General.
Quien suscribe, Secretado General del Congreso Nacional del\n Ecuador, certifica que el proyecto de LEY DE CREACION DE LA COMISION\n DE DESARROLLO PARA CHONE, FLAVIO ALFARO, EL CARMEN, PEDERNALES\n Y SUCRE, fue leído, discutido, aprobado y ratificado en\n su texto original, de la siguiente manera:
LECTURA:	14-10-1994
\n (Plenario de las
\n Comisiones Legislativas)
PRIMER DEBATE:	17-11-1994
SEGUNDO DEBATE:	23-11-1994
RATIFICACION:	03-04-2002
\n (Congreso Nacional)
N° 2002-66
Que la provincia de Manabí, una de las que mayor cantidad\n de habitantes tiene, con el esforzado sacrificio de quienes habitan\n en ella, contribuye con elevado porcentaje a la conformación\n de la renta nacional;
Que su zona norte de Manabí representa un rubro importantísimo\n en el aporte al erario nacional;
Que sin embargo de esta indiscutible realidad, no cuenta con\n elementales obras de infraestructura que propenda el desarrollo\n zonal tales como agua potable, regadío, canalización,\n pavimentación, electrificación, etc.;
Que es de justicia dinamizar y establecer una racionalidad\n en cuanto a la redistribución de la Patria, y Manabí\n en particular, por tan denodados y nobles esfuerzos y es deber\n de los poderes públicos, contribuir por todos los cánones\n legales a su disposición, con el ánimo de solución\n rápida a tan graves problemas; y,
En ejercicio de sus facultades constitucionales, expide la\n siguiente:
LEY DE CREACION DE LA COMISION DE DESARROLLO PARA CHONE, FLAVIO\n ALFARO, EL CARMEN, PEDERNALES Y SUCRE.
De la Personería, Domicilio y Fines
Art. 1.- Créase la Comisión de Desarrollo para\n la Zona Norte de Manabí, CEDEM, con personería\n jurídica propia, de derecho público, adscrita a\n la Presidencia de la República, con sede en la ciudad\n de Chone, y jurisdicción en los cantones: Chone, Flavio\n Alfaro, El Carmen, Pedernales y Sucre.
Art. 2.- La Comisión de Desarrollo para Chone, Flavio\n Alfaro, El Carmen, Pedernales y Sucre tiene los siguientes objetivos:
a)	Propender de manera efectiva al desarrollo socio económico\n integrado de las poblaciones para la que fue creada;
b)	Preparar planes, programas y proyectos de desarrollo para\n las poblaciones que fu creada. Coordinará con los organismos\n públicos y privados para el mejor aprovechamiento de los\n recursos disponibles;
c)	Ejecutar las obras programadas para luego ser entregadas\n para su administración a los organismos competentes del\n Estado en sus respectivas jurisdicciones; y,
d)	Procurar el aprovechamiento hídrico, el saneamiento\n ambiental y ecológico de la zona.
Art. 3.- La Comisión de Desarrollo tendrá la\n siguiente organización:
Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Auxiliar y Nivel Operativo.
El Nivel Directivo se conforma por el Directorio, la Gerencia\n y la Subgerencia;
El Nivel Asesor lo conforman los jefes departamentales y.\n la Asesoría Jurídica;
El Nivel Auxiliar lo conforman la Dirección Financiera\n y Administrativa; y,
El Nivel Operativo compuesto por las jefaturas departamentales.
Art. 4.- La máxima autoridad de la Comisión\n de Desarrollo para la Zona Norte de Manabí CEDEM, es el\n Directorio.
Art. 5.- El Directorio estará integrado por los siguientes\n miembros:
a)	El delegado del señor Presidente de la República,\n quien lo presidirá
b)	El Gobernador de Manabí, o su delegado que será\n el Jefe Político de uno de sus cantones para la cual fue\n creada la Comisión;
c)	El Prefecto Provincial de Manabí, o su delegado;
d)	Un representante de los municipios de los cantones para\n los cuales fue creada la Comisión;
e)	Un representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí\n que será un ciudadano residente en una de las poblaciones\n para la cual fue creada la Comisión;
f)	Un representante de los Colegios de Ingenieros Agrónomos\n y Médicos Veterinarios, que será un ciudadano residente\n en una de las poblaciones para la cual fue creada la Comisión;\n y,
g)	Un representante del Congreso Nacional.
Art. 6.- El Directorio cumplirá las siguientes funciones:
a)	Determinar las estrategias, políticas y privadas\n de acción de la entidad, para efecto de alcanzar sus fines\n y objetivos;
b)	Aprobar los planes, programas y proyectos para alcanzar\n el desarrollo socio económico de la zona;
c)	Aprobar y reformar la reglamentación interna;
d)	Aprobar el presupuesto de la entidad y sus reformas;
e)	Autorizar la celebración de contratos, convenios,\n empréstitos y otros de carácter legal;
f)	Nombrar al Gerente y Sub-gerente; y,
g) Las demás que la ley y reglamento le confieran.
Art. 7.- La administración de la Comisión de\n Desarrollo para la Zona Norte de Manabí CEDEM, estará\n a cargo del Gerente, que será un representante legal.\n El Gerente será una persona de nivel académico,\n de reconocida honorabilidad y conocedor de asuntos económicos\n y administrativos. Durará cuatro años en sus funciones\n pudiendo ser reelegido y trabajará a tiempo completo,\n no pudiendo desempeñarse en otros cargos ni de elección\n popular.
Art. 8.- Son atribuciones y deberes del Gerente:
a)	Cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas\n de la Comisión, y las resoluciones del Directorio;
b)	Representar judicial y extrajudicialmente a la entidad
c)	Dirigir, organizar y controlar los planes y proyectos de\n la Institución, al igual que el movimiento técnico,\n administrativo y económico;
d)	Nombrar, aceptar las renuncias y remover a empleados y\n obreros;
e)	Elaborar el Plan Anual de Trabajo; formular el presupuesto\n de la institución,
f) Autorizar el gasto de la institución de conformidad\n con la normativa jurídica vigente, llevar a conocimiento\n del Directorio los proyectos de reglamentos internos; y,
g)	Actuar como Secretario del Directorio.
Art. 9.- La Comisión de Desarrollo para la Zona Norte\n de Manabí CEDEM, tendrá un Consejo Técnico\n de Asesoría y Coordinación, integrado por funcionarios\n de más alta
\n jerarquía.
Art. 10.- La Comisión de Desarrollo para la Zona de\n Manabí, CEDEM, contará con los siguientes recursos:
a)	El 0.13% del Impuesto a Operaciones crediticias que otorguen\n los bancos privados en el país;
b)	Tasas por los servicios prestados, rentas patrimoniales\n y otros ingresos no tributados;
c)	Las asignaciones que anualmente el Gobierno Nacional hará\n constar en el Presupuesto General del Estado;
d)	Ingresos provenientes de contratos, convenios y acuerdos\n legalmente celebrados con personas naturales o jurídicas,\n nacionales y extranjeras, al igual que los préstamos nacionales\n o internacionales que obtuvieren;
e)	Los demás bienes y recursos que adquiera o le sean\n asignados mediante disposiciones legales;
f)	El impuesto del uno por mil adicional a las utilidades\n originadas en la compra venta ocasional de bienes inmuebles urbanos\n rurales en la provincia de Manabí; y,
g)	El impuesto del dos por mil sobre la cuantía de\n toda escritura que se celebre en la provincia de Manabí;\n las escrituras públicas de cuantía indeterminada\n causarán este gravamen sobre una cuantía equivalente\n a diez salarios mínimos vitales.
ARTICULO FINAL- Se concede la jurisdicción coactiva\n a la Comisión de Desarrollo para la Zona Norte de Manabí,\n CEDEM, que la ejercerá el Gerente de conformidad con la\n ley.
CONGRESO NACIONAL.- Certifico: que la copia que antecede es\n igual a su original que reposa en los archivos de la Secretaria\n General.- Día: 04.IV.2002.- Hora: 11h00.- f.) ilegible.-\n Secretaria General.
N0 CNV-004-2002
Que el numeral cuarto del articulo 9 de la Ley de Mercado\n de Valores, faculta al Consejo Nacional de Valores, a expedir\n las normas complementarias y las resoluciones administrativas\n de carácter general necesarias para la aplicación\n de la citada ley;
Que con fecha 17 de octubre del 2001, el Consejo Nacional\n de Valores expidió el "Reglamento de Administradoras\n de Fondos y Fideicomisos", mediante Resolución N0\n CNV-014-2001, publicada en el Registro Oficial N0 458 de 21 de\n noviembre del 2001;
Que el Consejo Nacional de Valores, considera necesario reformar\n el citado reglamento; y,
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentadas,
Reformar el Reglamento de Administradoras de Fondos y Fideicomisos,\n expedido mediante Resolución N0 CNV-014- 2001 de 17 de\n octubre del 2001, publicado en el Registro Oficial N0 458 de\n 21 de noviembre del 2001, en los siguientes términos:
ARTICULO UNICO.- El artículo 14 dirá:
Art. 14.- Contrato de custodia.- Previo al inicio de operaciones\n de un fondo de inversión o negocios fiduciarios administrados\n por la sociedad administradora ésta deberá suscribir\n un contrato de custodia de valores con una entidad autorizada\n de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, con\n por lo menos las siguientes cláusulas:
1.	La facultad de la Superintendencia de Compañías\n para efectuar arqueos periódicos de los valores custodiados\n sin necesidad de autorización de la sociedad administradora.
2.	Establecer expresamente que los títulos - valores\n nominativos producto de las inversiones deberán estar\n endosados a favor del fondo o fideicomiso y aquellos títulos\n - valores que sean al portador deberían estar registrados\n en el estado de cuenta a favor del respectivo fondo o fideicomiso.
3.	Derechos y obligaciones del custodio y de la sociedad administradora.
4.	Establecer los costos del servicio de custodia.
5.	Establecer el procedimiento para el ingreso y salida de\n los valores.
6.	Determinar el procedimiento para el cobro de valores en\n el caso de que sea delegada esa función al custodio.
7	Establecer las condiciones para la conservación y\n las pólizas de seguro que se constituirán para\n amparar los valores depositados en el custodio.
Se considera que el custodio no asume ninguna responsabilidad\n por las inversiones, enajenaciones o negociaciones que la sociedad\n administradora realice con los valores entregados en custodia.
El custodio es responsable frente a los fondos de inversión\n y negocios fiduciarios por los daños y perjuicios que\n se deriven del incumplimiento de sus obligaciones, sin perjuicio\n de las acciones penales a que hubiere lugar.
Si el contrato de custodia se realiza con el depósito\n centralizado de compensación y liquidación de valores\n deberá sujetarse a sus disposiciones y reglamentos.
Esta resolución entrará en vigencia a partir\n de la fecha de publicación en el Registro Oficial.
Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías,\n en Quito, a 20 de febrero del 2002.
f.) Dr. Xavier Muñoz Chávez, Superintendente\n de Compañías, Presidente del Consejo Nacional de\n Valores.
f.) Ab. Marcia Villalobos de Gangotena, Secretaria del Consejo\n Nacional de Valores.
N0 CNV-005-2002
Que el numeral cuarto del artículo 9 de la Ley de Mercado\n de Valores, faculta al Consejo Nacional de Valores a expedir\n las normas complementadas y las resoluciones administrativas\n de carácter general necesarias para la aplicación\n de la citada ley;
Reformar el Reglamento de Administradoras de Fondos y Fideicomisos,\n expedido mediante Resolución N0 CNV-014- 2001 de 17 de\n octubre del 2001, publicada en el Registro Oficial N0 458 de\n 21 de noviembre del 2001, en los siguientes términos:
ARTICULO UNICO.- Ampliase el plazo constante en la disposición\n transitoria en 90 días, contados a partir de la fecha\n del cumplimiento de dicho plazo.
Esta resolución entrará en vigencia desde la\n fecha de su expedición sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.- Dada y firmada en\n la Superintendencia de Compañías, en Quito, a 20\n de marzo del 2002.
No. 058-2001-HD
Quito, 15 de marzo del 2002.
En el caso No. 058-2001-HD, la licenciada Bertha Gavilanes\n Peralta, comparece ante el Juzgado Primero Provincial del Trabajo\n y presenta recurso de hábeas data, como procuradora común\n de los señores Mendoza Ponce Paccha Haydee; Avalos Macias\n Exiaver Alejandro; Arcentales Alcívar Enrique; Bustamante\n Enríquez Fausto; Cedeño de Jácome Cecilia;\n Chávez Cedeño Angel; Garzón Coba Marcelo;\n Guanamud Mendoza Lucio; Loor Villamar Telmo; Macay Intriago Eloy;\n Murillo Rodríguez Hermógenes; Ozaeta Loor José\n Luis; Rodríguez Zambrano Ramón; Solís Hernández\n Pablo; Vélez Izquierdo Shilo y los herederos de José\n Ignacio Cevallos, con el propósito de requerir y exigir\n a PACIFICTEL S.A., en la persona de su representante legal, ingeniero\n Luis Cuadrado Cevallos, las respuestas y el cumplimiento de las\n medidas tutelares para demostrar en Derecho la apócrifa\n liquidación e indemnización que conculcan los derechos\n constitucionales, fundamento de este recurso. - Luego del trámite\n respectivo dado a la causa, la Jueza Primera del Trabajo de Manabí\n resuelve negar el recurso. - Apelada esta resolución,\n el proceso ha venido para conocimiento del Tribunal Constitucional.-\n Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo de rigor,\n para resolver se considera:
PRIMERO.- La Sala es competente para conocer el recurso de\n acuerdo a lo dispuesto en los artículos 94 y 276, numeral\n 3 de la Constitución Política del Estado.
SEGUNDO.- No hay omisión de solemnidad sustancial en\n la tramitación de la causa, por lo que se la declara válida.
TERCERO.- El hábeas date tiene por objeto el permitir\n el acceso a los documentos, banco de datos, informes, etc., que\n estando en poder de terceros, pueda afectar a las personas en\n su honor, su buen nombre o su intimidad; así como requerir\n los datos acerca de sus bienes, permitiendo al mismo tiempo solicitar\n las medidas necesarias para la protección de la información,\n su rectificación o eliminación. En breves términos,\n son éstos los objetivos principales del hábeas\n data.
CUARTO.- En el caso presente, la licenciada Bertha Gavilanes\n Peralta utiliza este recurso constitucional de excepción\n para exponer un asunto eminentemente laboral, privativo de las\n autoridades de trabajo; en una demanda en la que argumenta una\n presunta violación de derechos laborales, y califica como\n inconstitucional el acta de liquidación y finiquito con\n la que se han visto perjudicados varios trabajadores de PACIFICTEL\n S.A.
QUINTO.- El amplio petitorio de documentos constante en quince\n puntos, engloba casi toda la actividad administrativa de la empresa\n a la que se demanda y, por tanto, no susceptible de solicitarlos\n por medio de hábeas data, pues equivocadamente se pretende\n suplir un litigio laboral con el recurso planteado.- Tampoco\n compete al juzgador constitucional analizar actas de finiquito,\n revisar montos de liquidaciones ni ordenar pagos, en el entendido\n de que el Tribunal Constitucional conoce lo referido a lo inconstitucional,\n mas no a lo ilegal, asuntos totalmente distintos para efectos\n de competencias.
SEXTO.- La exhibición de documentos a que se refiere\n la recurrente en la mayoría de los puntos que constan\n en el escrito de la demanda, perfectamente pueden ser atendidos\n y resueltos en la justicia ordinaria, ante las respectivas autoridades\n del trabajo, razones por las que, LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL,
1.	Desechar por improcedente el hábeas date solicitado\n por la licenciada Bertha Gavilanes Peralta y otros, disponiendo\n el archivo definitivo del proceso; y,
2.	Devolver el expediente al Juzgado de instancia.- Notifíquese.
f.) Dr. Guillermo Castro Dáger, Vocal, Segunda Sala.\n f.) Dr. Luis Mantilla Anda. Vocal, Segunda Sala.
Razón: Siento por tal que el día de hoy quince\n de marzo del dos mil dos, fue aprobada la resolución que\n antecede por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional.- Lo\n certifico.
f) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria,\n Segunda Sala.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 2 de abril del 2002.- f) Secretaria de la\n Sala
No. 652-2001-RA
El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional,\n en virtud del recurso de apelación interpuesto por el\n señor Jorge Adalberto Basabe Fiallos, a nombre y en representación\n de la compañía Máxima de Telecomunicaciones\n Maimtel S.A. en la demanda de amparo constitucional propuesta\n en contra del Superintendente de Telecomunicaciones y Presidente\n Ejecutivo de Andinatel SA., en la cual manifiesta: Que los actos\n ilegítimos que afectan sus derechos constitucionales son:\n 1.- La Resolución No. 200105 de 17 de mayo del 2001, expedida\n por el Presidente Ejecutivo de Andinatel S.A.; mediante la cual,\n resuelve ejecutar la sanción de suspensión definitiva\n del servicio telefónico impuesta al titular del derecho\n de uso de las líneas Nos. 986027, 986051, 986054, 986061;\n 986068, 986069, 986070, 986071, 986072, 986548, 986727, 986728,\n 986729, 986736, 986737, 986738, 986742, 986743, 986765, 986768,\n 986772, 986778, 986780, 986781, 986782, 986784, 986785, 986786,\n 986788, 986870 y 986871. 2.- El oficio No. 0505 de 27 de abril\n del 2001, suscrito por el Superintendente de Telecomunicaciones\n y dirigido a Andinatel SA.; mediante el cual, solicita se suspenda\n el servicio telefónico a las treinta y una líneas\n telefónicas detalladas en el numeral anterior, del cual\n tiene conocimiento porque es mencionado en el último considerando\n de la Resolución No. 200105. 3.- El Acta de la inspección\n realizada a su representada y los documentos que sirvieron de\n base para que la Superintendencia de Telecomunicaciones emitiera\n el oficio 0505; los cuales, no puede precisar porque no fueron\n notificados, ni se les ha entregado copia de los mismos, a pesar\n de haber presentado peticiones por escrito el 29 de mayo y el\n 4 de junio del 2001. Señala como antecedentes de derecho\n los Arts. 24, numerales 1, 10, 13 y 14; 141; 272; 274 de la Constitución\n Política de la República; Arts. 28, literal a);\n 29, literal d) de la Ley Especial para las Telecomunicaciones;\n Art. 2, literales e) y 1) de la Resolución No. 22-99-03\n del Directorio de Andinatel, publicada en el R.O. 234 de 15 de\n julio de 1999, que modifica los Arts. 112 y 113 del Reglamento\n Técnico para los Abonados al Servicio Telefónico;\n Art. 115 del mismo Reglamento aprobado mediante Resolución\n No. 94-33 CE EMETEL, publicada en el R.O. 502 de 11 de agosto\n de 1994; artículo cuarto de la Resolución No. SD-O-006-2000\n (D) expedida por el Directorio de Pacifictel S.A. y la Resolución\n del Directorio de Andinatel S.A. de 9 de agosto del 2000. Que\n el 22 de marzo del 2001, funcionados de la Superintendencia de\n Telecomunicaciones, en compañía de la Policía\n Judicial, sin presentar orden de juez competente, acudieron a\n las oficinas para practicar una diligencia de inspección;\n diligencia de la que aparentemente se levantó una Acta,\n la que no les fue comunicada, a pesar de las peticiones por escrito\n realizadas el 29 de mayo y 5 de jumo del 2001, y de múltiples\n insistencias verbales no le ha sido entregada. Que aparentemente,\n sobre la base de esta Acta, el Superintendente de Telecomunicaciones\n envió a Andinatel S.A. el oficio 0505 de 27 de abril del\n 2001, mediante el cual solicite se suspenda el servicio telefónica\n de las 31 líneas El 24 de mayo del 2001, se le notifica\n la Resolución No. 200105 de 17 de mayo del 2001; por la\n que, el Presidente Ejecutivo de Andinatel S.A., resuelve ejecutar\n la sanción de suspensión definitiva del servicio\n telefónico impuesta al titular del derecho de uso de las\n líneas mencionadas. Que se han violado los Arts. 23, numerales\n 26 y 27; y 24, numerales 1, 10, 12, 15 y 17 de la Constitución\n Politice de la República. Por lo expuesto, fundamentados\n en el Art. 95 de la Carta Magna, solicite se admite la presente\n acción de amparo constitucional y se disponga en la primera\n providencia que se dicte la suspensión inmediata de los\n efectos del oficio No. 0505 de 27 de abril del 2001, emitido\n por el Superintendente de Telecomunicaciones de la Resolución\n No. 200105 de 17 de mayo del 2001, dictada por el Presidente\n Ejecutivo de Andinatel SA. y de todos los demás documentos\n que han servido de base para la expedición del oficio\n y la Resolución. Que la ejecución de la sanción\n solicitada por el Superintendente de Telecomunicaciones y resuelta\n por el Presidente del Directorio de Andinatel S.A., consumarían\n actos en que sus derechos y garantías constitucionales\n al debido proceso y a la defensa, habrían sido irreparablemente\n conculcados, puesto que no existe otra vía legal para\n reclamar sus derechos. Adicionalmente y de conformidad con lo\n establecido por los Arts. 272 y 274 solicite que en el supuesto\n de que se consideren vigentes, se declare la inaplicabilidad\n de los literales e) y f) de la Resolución No. 22-99-03\n del Directorio de Andinatel S.A., publicada en el R.O. No. 234\n de 15 de julio de 1999.- El 11 de julio del 2001, a las 08h00,\n se realiza la audiencia pública en el Juzgado Quinto de\n lo Civil de Pichincha, a la que comparece el Procurador Judicial\n de la Superintendencia de Telecomunicaciones; el Director General\n de Asesoría Jurídica de dicha Superintendencia,\n a nombre del Superintendente de Telecomunicaciones y del Superintendente\n Subrogante, quien manifiesta que de conformidad con lo que determina\n el Art. 222 de la Constitución, la Superintendencia de\n Telecomunicaciones es un organismo técnico de control,\n con autonomía administrativa, económica y financiera,\n encargada de controlar instituciones públicas y privadas,\n a fin de que las actividades económicas y los servicios\n que presten, se sujeten a la ley y atiendan el interés\n general. El Art. 28 de la Ley Especial de Telecomunicaciones\n tipifica como infracción la prestación de un servicio\n de telecomunicaciones sin la correspondiente autorización\n y el Art. 30 faculte al Superintendente de Telecomunicaciones\n aplicar sanciones a los infractores. Que en el presente caso\n el funcionamiento de los equipos adicionales conectados a las\n 31 líneas telefónicas para la transmisión\n de voz, configuran el delito, la prestación de esos servicios\n por parte del actor, sin contar con la autorización de\n autoridad competente, causa graves perjuicios a las empresas\n operadoras concesionarias y al Estado, por lo que se ha iniciado\n la causa penal, razón por la que no corresponde se acepte\n a trámite una nueva acción judicial por estos conceptos.\n Que el acto administrativo contenido en el oficio No. STL-200\n 1.0505 suscrito por el Superintendente de Telecomunicaciones\n Subrogante, es un acto legítimamente emitido por autoridad\n competente, que se fundamente en el principio de legalidad y\n se ampara en disposiciones constitucionales, legales y reglamentadas,\n por lo que no existe violación de ningún derecho\n constitucional. El abogado defensor del señor Jorge Adalberto\n Basabe, representante de Maimtel S.A., se ratifica en los fundamentos\n de hecho y de derecho de su demanda.- El abogado defensor del\n Presidente Ejecutivo de Andinatel S.A., ofreciendo poder o ratificación,\n expresa que la compañía al dictar el nuevo Reglamento\n de Clientes de Telefonía Fija de Andinatel S.A., no ha\n pretendido dictar una norma de orden publico, sino establecer\n las condiciones contractuales a las que están sometidos\n los clientes de Andinatel S.A. En lo demás reproduce lo\n manifestado por los abogados de la Superintendencia de Telecomunicaciones\n y reitera el hecho de que el recurso de amparo propuesto también\n tiene que ver con el juicio penal que se ha instaurado en el\n Juzgado Décimo Tercero de lo Penal de Pichincha.- El 24\n de julio del 2001. a las 10h00, el Juez Quinto de lo Civil de\n Pichincha, resuelve negar la acción de amparo constitucional\n propuesta por Jorge Adalberto Basaba Fiallos, como Gerente General\n y Representante Legal de Maimtel S.A.- Radicada la competencia\n en este Sala por el sorteo correspondiente, y siendo el estado\n de la causa el de resolver, se considera:
PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver la\n acción de amparo constitucional, en virtud de lo dispuesto\n por el artículo 276 numeral 3, de la Constitución\n Política del Estado, en concordancia con la norma constante\n en el artículo 95 de la misma Carta Política.
TERCERO.- De fs. 97 y 98 vta, del cuaderno de primera instancia\n consta el auto cabeza del proceso expedido el 19 de junio del\n 2001, a las 08h30 por el Juez Décimo Tercero de lo Penal\n de Pichincha, en contra de lo señores Fabián Basaba\n y Javier Alfredo Hidalgo, funcionados de la empresa Máxima\n de Telecomunicaciones Maimtel SA., auto que tiene como fundamento\n la acusación particular formulada por el Presidente Ejecutivo\n de Andinatel S.A. y la diligencia preprocesal de investigación\n efectuada por el Agente Fiscal Quinto de lo Penal de Pichincha\n (fs. 99 a 101). Es decir, que en este caso se trata de un proceso\n penal que se sustancia en la Función Judicial por existir\n presunciones de responsabilidad penal por el delito de prestación\n de servicio ilegal de telecomunicaciones tipificado y reprimido\n por el Art. 422, en sus tres últimos incisos del Código\n Penal, reformado por el Art. 1 de la Ley 99-38, promulgada en\n el Registro Oficial No. 253 de 12 de agosto de 1999. Por consiguiente,\n éste caso se encuentra inmerso en la prohibición\n constante en el inciso segundo del Art. 95 de la Carta Política\n que prescribe que no son susceptibles de acción de amparo\n las decisiones judiciales adoptadas en un proceso, en concordancia\n con el último inciso del Art. 276 ibídem que establece\n que las providencias de la Función Judicial no son susceptibles\n de control por parte del Tribunal Constitucional.
Por las consideraciones que anteceden, la SEGUNDA SALA DEL\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, en ejercicio de sus atribuciones,
1.- Desechar por improcedente el recurso de amparo constitucional\n propuesto por el señor Jorge Alberto Basaba Fiallos, por\n los derechos que representa en su calidad de Gerente General\n y Representante Legal de Máxima de Telecomunicaciones\n Maimtel 5. A.; y,
2.-	Devolver el expediente al Juez a quo para los fines previstos\n en el Art. 55 de la Ley del Control Constitucional.- Notifíquese.
f) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.
f) Dr. Guillermo Castro Dáger, Vocal, Segunda Sala.
f) Dr. Luis Mantilla Anda., Vocal, Segunda Sala.
Razón: Siento por tal que el día de hoy quince\n de marzo del dos mil dos, fue aprobada por la Segunda Sala del\n Tribunal Constitucional, la resolución que antecede.-\n Lo certifico.
f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria\n de Sala.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 2 de abril del 2002.- f) Secretaria de la\n Sala.
No. 745-2001-RA
Quito, 27 de marzo del 2002.
El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional,\n en virtud del recurso de apelación interpuesto por la\n señorita Dyci Cobos Córdova, en la demanda de amparo\n constitucional propuesta en contra del Director Ejecutivo del\n INDA, en la cual manifieste: Que mediante Acción de Personal\n No. 000303 de 27 de jumo del 2001, se le destituye del puesto\n de Asistente de Abogacía en la Dirección Ejecutiva\n del INDA - Quito, de conformidad a lo que determina el literal\n g) del Art. 114 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n por haber incumplido con lo dispuesto en el literal e) del Art.\n 58 de la Ley de la Materia y por haber incurrido en lo prescrito\n en el literal m) del Art. 60 del cuerpo legal invocado. Que\n en la audiencia administrativa que se le instauró no se\n prueba su responsabilidad y que tanto en esta diligencia como\n en la acción de personal no se observa lo que determina\n el Art. 24, literal 13 de la Constitución. Que se le destituye\n invocando disposiciones indebidamente aplicadas como los Arts.\n 58, literal e); 60, literal m) y 114, literal g) de la Ley de\n Servicio Civil y Carrera Administrativa. Que en su calidad de\n funcionario del Distrito Central del INDA cumplió una\n comisión dispuesta por el Director del Distrito el 26\n de enero del 2000, en el sector La Esperanza, parroquia Bolívar,\n cantón Bolívar, Provincia del Carchi, dentro del\n trámite de adjudicación solicitado por el señor\n Dixon Caicedo Paredes, representante de la Asociación\n de Trabajadores Autónomos "La Nueva Esperanza"\n Que en el informe de 3 de febrero del 2000, emitido bajo juramento\n señala que la información contenida en el mismo,\n es tomada de las declaraciones de los interesados y de la inspección\n ocular del predio. Que desconoce el funcionario o funcionarios\n responsables del trámite administrativo de adjudicación,\n referido en la denuncia que sirvió de antecedente para\n su sanción. Que la Ley de Desarrollo Agrado, su Reglamento,\n la Ley de Tierras Baldías y otras leyes y normas conexas,\n dejan el camino legal expedito para el que se crea afectado por\n una adjudicación, pueda demandar ante el órgano\n correspondiente y hacer valer sus derechos. Que la Acción\n de Personal es ilegal porque no tiene sentido lógico ni\n jurídico, sólo refleja el afán de causarle\n daño grave e irreparable, demostrándose desconocimiento\n de la Ley, violando el Art. 23, numerales 8, 26 y 27 y Art. 24,\n numerales 1, 2, 3, 7, 10, 13 y 14 de la Constitución y\n la sección séptima del Título 1, del Libro\n II, del Código de Procedimiento Civil. Por todo lo expuesto,\n solícita se declare la cesación definitiva del\n acto administrativo constante en la Acción de Personal\n que perjudica sus derechos amparados por la Constitución,\n por lo que demanda el amparo, a fin de que se procure la tutela\n real y efectiva de sus derechos violados.- El 17 de julio del\n 2001, a las 15h39, se realiza la audiencia pública en\n el Juzgado Décimo de lo Civil de Pichincha, a la que comparece\n la señorita Dyci Cobos Córdova, con su abogado\n defensor, quien se ratifica en los fundamentos de hecho y de\n derecho de su demanda.- El abogado defensor del Director Ejecutivo\n del INDA, ofreciendo poder o ratificación, niega simple\n y llanamente todos y cada uno de los fundamentos de hecho y de\n derecho del presente recurso de amparo constitucional. Alega\n la improcedencia jurídica del recurso ya que no reúne\n los requisitos de admisibilidad. Que es necesario aclarar que\n la acción de amparo constitucional es procedente solamente\n cuando se han agotado las instancias administrativas a fin de\n que se le restituya el supuesto derecho conculcado. Que no se\n ha violado derecho constitucional alguno, por lo que solicita\n se deseche la acción planteada.- El 17 de agosto del 2001,\n a las 10h00, el Juez Décimo de lo Civil de Pichincha,\n resuelve desechar el amparo constitucional propuesto por Dyci\n Cobos Córdova, dejando a salvo el derecho que tiene.-\n Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo correspondiente,\n y siendo el estado de la causa el de resolver, se considera:
PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver la\n acción de amparo constitucional en virtud de lo dispuesto\n por el articulo 276 numeral 3 de la Constitución Política\n del Estado, en concordancia con la norma constante en el artículo\n 95 de la misma Carta Política.
TERCERO.- De acuerdo con el Art. 95 de la Carta Política\n para que proceda la acción de amparo constitucional, es\n necesario que en forma simultánea concurran los siguientes\n requisitos: a) La existencia de un acto u omisión ilegítimos\n de autoridad pública; b) Que ese acto u omisión\n viole cualquier derecho consagrado en la Constitución,\n Convenio o Tratado Internacional vigente; y, c) Que de modo inminente\n amenace con causar daño grave.
CUARTO.- Un acto administrativo conlleva la peculiaridad de\n daño inminente cuando la autoridad de la administración\n pública, en su declaración de voluntad, produzca\n efectos gravosos en contra del recurrente o administrado. En\n el caso sub júdice, es necesario recordar lo que el Profesor\n Borja Borja Ramiro en su obra: "Teoría General de\n Derecho Administrativo" expresa que no todos los actos administrativos\n son puramente ejecutores de derecho.
QUINTO.- El acto administrativo que se impugna, es el contenido\n en la acción de personal No. 000303 de 27 de junio del\n 2001 suscrita por el Director Ejecutivo y el Jefe de Recursos\n Humanos del INDA (fs. 1), por medio del cual, se destituye al\n accionante del puesto de Asistente de Abogacía en tal\n Institución. Es importante tener en cuenta que dicho acto\n transgrede un deber primordial del Estado como el de asegurar\n la vigencia de los derechos humanos (Art. 3, numeral 2 de la\n Carta Política); se ha conculcado el derecho a la seguridad\n jurídica (Art. 23, numeral 26 ibídem), el derecho\n a no situar a la accionante en estado de indefensión como\n ha ocurrido en este caso ( Art. 24, numeral 17 ibídem)\n y se ha violado el derecho al trabajo (Art. 35 ibídem).\n Además, es necesario considerar que en materia de derechos\n y garantías constitucionales, se debe estar a la interpretación\n que más favorezca su efectiva vigencia, atentos al Art.\n 18, inciso segundo de la Carta Fundamental. Por consiguiente,\n existe acto ilegitimo de parte del Director Ejecutivo y del Jefe\n de Recursos Humanos del INDA, al haber emitido el acto administrativo\n citado en la parte inicial de este considerando; el cual, causa\n daño grave a la accionante. Por las consideraciones que\n anteceden, la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, en ejercicio\n de sus atribuciones,
1.- Revocar la Resolución expedida por el Juez Décimo\n de lo Civil de Pichincha, el 17 de agosto del 2001, a las 10h00\n y, en consecuencia se concede el rec

References: Resolución 
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 artículo 42
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 artículo 14
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 artículo 9
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 artículo 276
 artículo 95
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