Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=678028
Timestamp: 2019-09-23 16:22:21+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°83
PETICIÓN DE OFICIO : Osvaldo Urrutia Soto
RECONOCIMIENTO DE PUEBLO CHANGO COMO ETNIA INDÍGENA DE CHILE (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 11188-17 Y 11335-17)
MODIFICACIONES A NORMATIVA EDUCACIONAL (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN Nº 11471-04)
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES EN MATERIA DE JUZGADOS CON ASIENTO EN COMUNAS DE NUEVA IMPERIAL Y DE TOLTÉN (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9106-07)
MODIFICACIÓN DE ACUERDO DE LOS COMITÉS SOBRE TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
INCORPORACIÓN DE FIBROMIALGIA EN GES Y RECONOCIMIENTO COMO ENFERMEDAD INVALIDANTE (Nº 979)
INCREMENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE HOSPITAL DE QUIRIHUE PARA TRANSFORMARLO EN HOSPITAL PROVINCIAL DE ALTA COMPLEJIDAD (Nº 980)
ENVÍO DE PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA (N° 982)
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Daniella Valentina Cicardini Milla
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marcos Andres Espinosa Monardes
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
Informe de la Dirección de Asuntos Internacionales sobre la participación de la diputada señora Pascal y de los diputados señores De Mussy; Jaramillo y León en la 137 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), llevada a cabo desde el 13 al 18 de octubre de 2017.
Sesión 83ª, en miércoles 25 de octubre de 2017
(Ordinaria, de 10.36 a 14.04 horas)
I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN VII.- INCIDENTES VIII.- COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ................................................... 16
ACUERDOS DE LOS COMITÉS .............................................................................................. 17
RECONOCIMIENTO DE PUEBLO CHANGO COMO ETNIA INDÍGENA DE CHILE
(PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 11188-17 Y 11335-17) .............................. 18
MODIFICACIONES	A	NORMATIVA	EDUCACIONAL	(PRIMER	TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN Nº 11471-04)................................................................................... 26
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES EN MATERIA DE JUZGADOS CON ASIENTO EN COMUNAS DE NUEVA IMPERIAL Y DE TOLTÉN
(PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9106‐07) ........................................................ 40
TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS JUSTIFICATORIAS O NEGACIONISTAS DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y OTROS DELITOS ASOCIADOS COMETIDOS
EN CHILE ENTRE 1973 Y 1990 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 8049-17) ..... 43
MODIFICACIÓN DE ACUERDO DE LOS COMITÉS SOBRE TRATAMIENTO DE
PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN ................................................................. 52
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN .................................................................... 53
INCORPORACIÓN DE FIBROMIALGIA EN GES Y RECONOCIMIENTO COMO ENFERMEDAD INVALIDANTE (Nº 979) ............................................................................... 53
INCREMENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE HOSPITAL DE QUIRIHUE PARA TRANSFORMARLO EN HOSPITAL PROVINCIAL DE ALTA COMPLEJIDAD (Nº 980) ...... 54
ENVÍO DE PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA
(N° 982) .................................................................................................................................... 55
VII.- INCIDENTES ..................................................................................................................................... 56
VIII.- COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES ... 58
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 60
1.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 11281-13) ............................ 60
2.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 10995-08) ......................................................................... 60
3.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N°11183-17) .......................................................................... 60
4.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 11193-10) ......................................................................... 60
5.- INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA "DISCUSIÓN INMEDIATA", QUE "INTRODUCE DIVERSAS MODIFICACIONES A LA NORMATIVA EDUCACIONAL". (BOLETÍN N° 11471-04) ................................................................. 60
6.- INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA PASCAL Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES DE MUSSY; JARAMILLO Y LEÓN EN LA 137 ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA (UIP), LLEVADA A CABO DESDE EL 13
AL 18 DE OCTUBRE DE 2017. ....................................................................................................... 60
7.- COPIA AUTORIZADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN UN REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD, RESPECTO
DEL ARTÍCULO 1°, INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 18.216. ROL 3459-17-INA. ........................... 60
8.- COPIA AUTORIZADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN UN REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD, RESPECTO DEL ARTÍCULO 1°, INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 18.216 (ACOGIDO) Y DEL ARTÍCULO 17 B,
INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 17.798 (RECHAZADO). ROL 3508-17-INA. ................................. 60
9.- COPIA AUTORIZADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN UN REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD, RESPECTO
DEL ARTÍCULO 1°, INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 18.216. ROL 3579-17-INA. ........................... 61
10.- COPIA AUTORIZADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN UN REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD, RESPECTO
DEL ARTÍCULO 1°, INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 18.216. ROL 3581-17-INA. ........................... 61
11.- COPIA AUTORIZADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN UN REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD, RESPECTO
DEL ARTÍCULO 1°, INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 18.216. ROL 3566-17-INA. ........................... 61
12.- COPIA AUTORIZADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN UN REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD, RESPECTO DEL ARTÍCULO 1°, INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 18.216 (ACOGIDO) Y DEL ARTÍCULO 17 B,
INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 17.798 (RECHAZADO). ROL 3507-17-INA. ................................. 61
13.- COPIA AUTORIZADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN UN REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD, RESPECTO
DEL ARTÍCULO 1°, INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 18.216. ROL 3552-17-INA. ........................... 61
14.- COPIA AUTORIZADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN UN REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD, RESPECTO DEL ARTÍCULO 1°, INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 18.216 (ACOGIDO) Y DEL ARTÍCULO 17 B,
INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 17.798 (RECHAZADO). ROL 3456-17-INA. ................................. 61
15.- COPIA AUTORIZADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN UN REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD, RESPECTO
DEL ARTÍCULO 1°, INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 18.216. ROL 3536-17-INA. ........................... 61
16.- COPIA AUTORIZADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN UN REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD, RESPECTO DE LAS FRASES QUE INDICA, CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 170, INCISO PRIMERO, Y 201 N° 3
DEL CÓDIGO TRIBUTARIO. ROL 3036-16-INA (3037-16-INA, Y 3038-16-INA, ACUMULADOS). RECHAZADO. ............................................................................................................................. 61
17.- COPIA AUTORIZADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN UN REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD, RESPECTO
DEL ARTÍCULO 1°, INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 18.216. ROL 3486-17-INA. ........................... 62
18.- COPIA AUTORIZADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN UN REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD, RESPECTO
DE LOS INCISOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 199 DEL CÓDIGO CIVIL. ROL 3094-17-INA. .... 62
19.- COPIA AUTORIZADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN UN REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD, RESPECTO DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 768 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. ROL 3365-
17-INA...................................................................................................................................... 62
20.- COPIA AUTORIZADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN UN REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD, RESPECTO DEL NUMERAL 1° DEL AUTO ACORDADO SOBRE TRAMITACIÓN Y FALLO DEL RECURSO DE PROTECCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LA CORTE SUPREMA. ROL 3444-17-
CAA.......................................................................................................................................... 62
21.- COPIA AUTORIZADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN UN REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO
DEL ARTÍCULO 387, INCISO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. ROL 3309-17-INA. .......... 62
22.- COPIA AUTORIZADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN UN REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD, RESPECTO
DEL ARTÍCULO 1°, INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 18.216. ROL 3615-17-INA. ........................... 62
23.- COPIA AUTORIZADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDA EN UN REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD, RESPECTO
DEL ARTÍCULO 1°, INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 18.216. ROL 3530-17-INA. ........................... 63
De 52 señores diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de "recabar antecedentes respecto de la forma en que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo ha cumplido su labor de fiscalización de las cooperativas existentes en el país, particularmente en cuanto a si se ha ejercido esta función de manera oportuna, y, en especial tratándose de la cooperativa Financoop , sobre si ha tomado los resguardos suficientes para velar por su correcto funcionamiento y por los recursos de las personas que les han confiado sus ahorros en administración". Para el cumplimiento de su propósito, la referida Comisión Especial Investigadora deberá rendir su informe en un plazo no superior a noventa días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
Que acredita que la diputada señora Pascal
ha justificado su inasistencia a las sesiones que se celebren entre el 24 y el 26 de octubre de 2017, por impedimento grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación.
Del diputado señor Browne ,
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, el 24 de octubre de 2017, por medio día.
Del diputado señor Becker , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, hoy, 25 de octubre de 2017.
, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, el 24 de octubre de 2017, por medio día.
Del diputado señor Hasbún , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, el día de hoy, 25 de octubre de 2017.
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, el 26 de octubre de 2017, por medio día.
Del Secretario General de la Corporación por el cual comunica que las diputadas señoras Carvajal ; Hoffmann ; Pacheco ; Rubilar y Sabat
integrarán la delegación que concurrirá al "Foro Global de mujeres líderes políticas", desde el 28 al 30 de noviembre de 2017, en Reykjavik, Islandia (234).
De la Directora del Servicio de Salud Aconcagua por el cual remite, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 4° de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, copia de la resolución exenta N° 2921, de 13 de octubre de 2017, que aprueba un convenio de prestación de servicios de atención psiquiátrica para adultos entre dicho Servicio y la Sociedad de Prestaciones Médicas Retamal y Quiroz Ltda., de 26 de septiembre de 2017.
Diputada Sepúlveda , doña Alejandra . Solicita que se sirva informar si la pensión otorgada por el Instituto de Previsión Social al señor Osvaldo Olivares Quiñonez , se encuentra ajustada a Derecho, en los términos que señala. (037184 al 27052).
Diputado Urrutia, don Osvaldo . Solicita emitir un pronunciamiento respecto de la legalidad de la desvinculación del Jefe de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Félix Bulnes de la Región Metropolitana. (37251 al 32907).
Diputado Jarpa, don Carlos Abel . Solicita informe la factibilidad de suscribir un convenio entre la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío y la Municipalidad de San Fabián, con el objeto de entregar asistencia jurídica a los habitantes de esa localidad, indicando las medidas que en este sentido se adoptarán. (5110 al 34951).
Diputado De Mussy, don Felipe . Solicita informar las listas de espera de intervenciones quirúrgicas en la Región de Los Lagos, particularmente la fecha estimada que se asignará a don Manuel Carril Maquehue . (3965 al 33354).
Diputado Rathgeb, don Jorge . Se sirva considerar la situación que afecta al señor Raúl Coulon López de la comuna de Las Condes, quien requiere de una urgente intervención quirúrgica, interponiendo sus buenos oficios para que se proceda a la brevedad en atención a los antecedentes que se acompañan. (3967 al 32758).
Diputado Monsalve, don Manuel . Posibilidad de considerar la situación que afecta a la señora Joelina Guzmán Medina , quien fue intervenida de urgencia por un tumor en la clínica Biobío generando una deuda, en circunstancias que tal enfermedad está cubierta por el Plan AUGE, disponiendo las medidas que permitan solucionar dicha irregularidad. (3968 al 33503).
Diputado Monsalve, don Manuel . Posibilidad de gestionar una hora de atención en el Hospital Traumatológico de la ciudad de Concepción para el señor Nelson Ceballos Acevedo a fin de iniciar un tratamiento médico para la artritis reumatoide de la que fue diagnosticado. (3969 al 33524).
Diputado Rathgeb, don Jorge . Posibilidad de disponer una revisión del concurso de promoción de la planta de directivos de carrera y profesionales del Servicio de Salud Araucanía Norte, efectuado durante el mes de julio del presente año, en atención a que no se consideró para el ascenso el requisito de antigüedad en la planta respectiva. (3976 al 34012).
Diputado Santana, don Alejandro . Información relacionada con el estado en que se encuentra el proyecto habitacional de la comuna de Purranque, que luego del respectivo loteo llegaría a 450 viviendas, en los términos que requiere. (0771 al 33343).
Diputado Berger, don Bernardo . Número de médicos especialistas en geriatría con los que cuenta el sistema municipal bajo su administración, diferenciando los profesionales contratados en forma permanente y los que corresponden a compras de horas en el sistema privado de salud, indicando si existen otros profesionales especialistas en salud dedicados a este tipo de atenciones en centros de salud familiar y consultorios. (0179 al 34258).
Diputado Mirosevic, don Vlado . Solicita informar las medidas que se adoptarán para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que contrajo la empresa PampaCamarones con sus proveedores y las derivadas de los contratos de trabajo de su personal, disponiendo las medidas necesarias para evitar que estas situaciones se repitan. (029/17 al 34006).
Diputado Robles, don Alberto . Reclamos formulados por comités de vivienda de la comuna de Copiapó contra la empresa MHM ASESORÍAS Limitada y las personas involucradas en ella, por irregularidades en cobros por asesoramiento, disponiendo una investigación al respecto. (1006 al 34911).
Diputado Berger, don Bernardo . Pertinencia de la moción que busca modificar la ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, para facilitar el emprendimiento por la vía de permitir y regular el otorgamiento de patente de alcoholes en carácter de provisoria, boletín N° 11.399-03, emitiendo su parecer sobre la materia. (164 al 33649).
Diputado Gahona, don Sergio . Plazos de ejecución de los trabajos de reparación de la ruta D-585, en el sector de Chañar Blanco de la comuna de Paihuano. (1765 al 35104).
Diputado Soto, don Leonardo . Los proyectos eléctricos nueva línea 1x220 KV A.
Melipilla-Rapel y nueva línea 2x2220 KV Lo Aguirre-Melipilla, detallando si la empresa adjudicataria Electrans S.A. ha cumplido cabalmente con las exigencias y plazos establecidosen el D.S. O6T de septiembre de 2013, y si se han aplicado sanciones a la empresa en comento por incumplimiento a materias relativas al proyecto. (19852 al 31665).
Diputado Rathgeb, don Jorge . Estado del proceso de traspaso de un terreno desde el Ministerio de Bienes Nacionales al Comité de Vivienda "Nueva Esperanza de Malalcahuello", ubicado en la comuna de Curacautín, en los términos que señala. (2010 al 30242).
Diputado Rathgeb, don Jorge . Reiterar el oficio N° 30.242 de esta Corporación, de fecha 11 de mayo de 2017, cuya copia se acompaña. (2010 al 32328).
Diputado Rathgeb, don Jorge . Reitera el oficio N° 32328 de esta Corporación, de fecha 12 de julio de 2017, cuya copia se acompaña. (2010 al 34033).
Diputado Monsalve, don Manuel . Posibilidad de que el Servicio de Salud Arauco atienda la situación que afecta al señor Juan Agurto Gutiérrez de la comuna de Cañete, quien requiere con urgencia una intervención quirúrgica en el hospital Rafael Avaría de la comuna de Curanilahue. (35519 de 20/10/2017). A Ministerio de Salud.
Diputado Bellolio, don Jaime
. Arrendamientos de inmuebles que realiza el Ministerio de Educación para sus diversas unidades y organismos dependientes, especificando el costo anual de cada uno. Asimismo, remita antecedentes de las compras de inmuebles, individualizando todas las propiedades con que cuenta ese Ministerio en la actualidad. (35535 de 24/10/2017). A Ministerio de Educación.
Diputado De Mussy, don Felipe . Diligencias y gestiones realizadas por la Cancillería, la Embajada de Chile en Venezuela y el Consulado en dicho país en relación con la situación que afecta al señor Braulio Jatar , absolviendo cada una de las interrogantes que plantea. (35536 de 24/10/2017). A Ministerio de Relaciones Exteriores.
Diputado Urrutia, don Osvaldo . Implementación de la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, particularmente la forma en que el Estado apoyará a las madres que no deseen abortar y opten por continuar con su embarazo, precisando los fondos destinados, las instituciones que podrán acceder a dichos recursos para brindar el referido soporte y el organismo gubernamental que administrará este sistema. (35539 de 24/10/2017). A Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Diputado Urrutia, don Osvaldo . Implementación de la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, particularmente la forma en que el Estado apoyará a las madres que no deseen abortar y opten por continuar con su embarazo, precisando los fondos destinados, las instituciones que podrán acceder a dichos recursos para brindar el referido soporte y el organismo gubernamental que administrará este sistema. (35540 de 24/10/2017). A Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
Diputado Urrutia, don Osvaldo . Implementación de la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, particularmente la forma en que el Estado apoyará a las madres que no deseen abortar y opten por continuar con su embarazo, precisando los fondos destinados, las instituciones que podrán acceder a dichos recursos para brindar el referido soporte y el organismo gubernamental que administrará este sistema. (35541 de 24/10/2017). A Ministerio de Salud.
Diputado Urrutia, don Osvaldo . Implementación de la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, particularmente la forma en que el Estado apoyará a las madres que no deseen abortar y opten por continuar con su embarazo, precisando los fondos destinados, las instituciones que podrán acceder a dichos recursos para brindar el referido soporte y el organismo gubernamental que administrará este sistema. (35542 de 24/10/2017). A Ministerio de Desarrollo Social.
-Concurrieron, además, la ministra de Educación, señora Adriana Delpiano Puelma; la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Alejandra Krauss Valle, y del ministro secretario general de la Presidencia, señor Gabriel de la Fuente Acuña.
-En misión oficial: Las diputadas señoras Cristina Girardi Lavín, Clemira Pacheco Rivas, Karla Rubilar Barahona, y los diputados señores Ramón Barros Montero, Romilio Gutiérrez Pino, Fernando Meza Moncada y Joaquín Tuma Zedán.
-Con impedimento grave: La diputada señora Denise Pascal Allende, y el diputado señor Iván Norambuena Farías.-
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- El acta de la sesión 73ª se declara aprobada.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade .
El señor ANDRADE .- Señor Presidente, en relación con el número 1 de la Cuenta, referido al proyecto que crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan las enfermedades que indica, y modifica el Código del Trabajo para esos efectos, conocido como “ley Sanna”, en su momento la Sala determinó que fuera analizado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, como ocurrió ayer, y en la de Hacienda. Sin embargo, tengo la percepción de que se incurrió en un error, porque ese proyecto recibió financiamiento en virtud de una iniciativa ya aprobada por la Cámara de Diputados, relacionada con la cotización adicional de las empresas a las mutuales. Esa sobrecotización se mantuvo.
Para no generar una discusión al respecto, sugiero a la Mesa que de todas maneras se envíe dicho proyecto a la Comisión de Hacienda, pero con el compromiso de que lo someta a discusión y lo vote hoy mismo, de modo de colocarlo en tabla lo antes posible y dar celeridad a su tramitación.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO .- Señor Presidente, el acuerdo a que hace referencia el diputado Andrade ya fue adoptado. Cuando el proyecto de ley ingresó a tramitación, se acordó que lo examinaran la Comisión de Trabajo y la Comisión de Hacienda. No va a la Comisión de Hacienda porque incida en la administración financiera del Estado, sino porque la Sala –repito resolvió que lo examinaran ambas comisiones. De tal manera que no hay nada que resolver ni ningún acuerdo que adoptar. Solo hay que dejar que el proceso fluya.
Lo único que agrega el diputado Andrade es una recomendación a la Comisión de Hacienda para que revise hoy el proyecto; pero eso es harina de otro costal. La Sala no tiene que innovar en nada.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Estoy plenamente de acuerdo con usted en que no es necesario innovar en ese aspecto, pero la petición del diputado Andrade se refiere a la posibilidad de que la Comisión de Hacienda discuta y vote hoy la iniciativa.
El señor ORTIZ .- Señor Presidente, en mi condición de Presidente de la Comisión de Hacienda, hago presente a la Sala que no hay ningún problema en citar hoy mismo a sesión a fin de analizar el proyecto en referencia.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Si es así, se accederá a la petición formulada por el diputado Andrade .
Muchas gracias, diputado Ortiz .
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez .
El señor PÉREZ (don Leopoldo) .- Señor Presidente, respecto del proyecto que figura en el segundo lugar de la Tabla, ayer los Comités no dieron la unanimidad para tramitarlo debido a que no se cumplió con el plazo de 24 horas para emitir los respectivos informes; sin embargo, hoy figura con discusión inmediata.
Le pido que nos informe al respecto.
El señor LANDEROS (Secretario).- Señor diputado, según se informó a la Sala, en la reunión de Comités de ayer se acordó rendir hoy los informes correspondientes. Una vez que se dio cuenta de ese hecho, el diputado Ignacio Urrutia pidió a la Sala que, si había tiempo, se procediera a su discusión inmediata, lo que fue aceptado por el pleno.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio .
El señor SAFFIRIO .- Señor Presidente, sin perjuicio de lo señalado por el señor Secretario, los Comités acordaron votar el proyecto mañana jueves.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Señor diputado, es obvio que si hoy no finaliza la discusión, la iniciativa deberá votarse mañana jueves.
El señor SAFFIRIO .- Disculpe, señor Presidente, pero el acuerdo de los comités fue votar sí o sí el proyecto el jueves. El acuerdo completo dice relación con que hoy se rendirían ambos informes, y ayer se agregó que, si una vez rendidos había tiempo disponible, se iniciaría el debate. Esa es la diferencia.
El acuerdo de los Comités señalaba que la votación debía efectuarse de todas maneras el jueves.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Señor diputado, el acuerdo al que usted hace mención no puede sobrepasar lo que establece el Reglamento, que señala que si se cierra el debate hoy, a continuación corresponde votar.
Ese es nuestro punto de vista y nuestra posición como Mesa.
El señor SAFFIRIO .- Señor Presidente, pido que cite a reunión de Comités sin suspender la sesión.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- No hay problema. Citaré en un momento más a reunión de Comités sin suspender la sesión.
El señor FARÍAS .- Señor Presidente, en la Tabla de hoy figura una vez más un proyecto de ley que fue ingresado a tramitación hace ya demasiado tiempo, según comentaba recién con el diputado Tucapel Jiménez . Se trata del proyecto que figura en cuarto lugar, que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile.
Hay que examinar ese proyecto, señor Presidente. ¿Por qué lo ubican en cuarto lugar si fue despachado a Sala hace ya tiempo?
Si no lo alcanzamos a tratar hoy, solicito que sea incluido en Tabla mañana o el martes 7 de noviembre, después de la semana distrital, pero en primer lugar de la misma. Me gustaría que así ocurriera, porque –repito hace mucho tiempo que ese proyecto está pendiente.
Aparentemente, alguien no quiere discutirlo ni someterlo a la soberanía del Parlamento.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Estimado colega, lamentablemente las urgencias han modificado las tablas. Me incluyo entre quienes promueven esa iniciativa legal y estoy totalmente de acuerdo con ella, pero existe una prelación que se debe respetar, y usted sabe perfectamente que así se ha procedido. No obstante, siempre repondremos ese proyecto de modo de proceder a su discusión lo antes posible.
Es una iniciativa que cuenta con mi más absoluto respaldo. Por lo tanto, no observe usted situaciones que no corresponden.
Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición formulada por 52 señores diputados y diputadas, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1), letra c) de la Constitución Política de la República y en el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de recabar antecedentes respecto de la forma en que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo ha cumplido su labor de fiscalización de las cooperativas existentes en el país, particularmente en cuanto a si se ha ejercido dicha función de manera oportuna, en especial tratándose de la cooperativa Financoop , y si se han tomado los resguardos suficientes para velar por su correcto funcionamiento y por los recursos de las personas que les han confiado sus ahorros en administración.
Para el cumplimiento de su propósito, la referida Comisión Especial Investigadora deberá rendir su informe en un plazo no superior a noventa días, y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
Se deja constancia de que se alcanzó el quorum constitucional correspondiente.
Señor Presidente, solicito que se traslade a la Comisión de Educación el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y las leyes que la complementan y modifican, para perfeccionar la regulación laboral aplicable a dichos profesionales (boletín N° 11326-13). Se trata de una iniciativa presentada transversalmente por distintos diputados.
Dicho proyecto fue enviado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en virtud de un acuerdo adoptado por la Sala, de fecha 13 de julio de 2017.
¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado Rodrigo González ?
Señor Presidente, ¿puedo saber quién no dio el acuerdo, para conversar con ese colega?
No me corresponde individualizar a quien no dio el acuerdo, señor diputado. La Mesa solo hace presente que no hubo acuerdo para acceder a su petición.
Reitero la solicitud: ¿Habría acuerdo para acceder a la proposición del diputado Rodrigo González?
Señor Presidente, se trata de un proyecto de reforma al estatuto de los profesionales de la educación. Por tanto, debe ser discutido en la Comisión de Educación.
El diputado González está solicitando que, además de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el proyecto también sea tratado en la Comisión de Educación.
No, no está pidiendo eso, señor Presidente. Está pidiendo que el proyecto se cambie de comisión. De hecho, yo no estoy dando el acuerdo para esa solicitud.
Muy bien. No hay acuerdo.
El señor Prosecretario dará lectura a los acuerdos de Comités adoptados el día de hoy.
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado Fidel Espinoza , acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Suspender por esta sesión el tiempo destinado a Proyectos de Acuerdo y de Resolución, y
2.- Incorporar en la Tabla de mañana jueves 26 de octubre, con tratamiento de fácil despacho, el proyecto de ley que crea un mecanismo de estabilización del precio del cobre para la pequeña minería (boletín N° 10995-08), que se encuentra en tercer trámite constitucional.
Hago presente a las señoras diputadas y señores diputados que las siguientes comisiones sesionarán en forma simultánea con la Sala: la de Trabajo y Seguridad Social, de 09.30 a 23.45 horas, y la de Ética y Transparencia, de
11.30 a 12.30 horas.
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 19.253, que Establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y Crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para reconocer al pueblo chango como etnia indígena de Chile.
Este proyecto se tratará conforme a las reglas de la Tabla de Fácil Despacho.
Diputada informante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios es la señorita Daniella Cicardini .
-Mociones:
-Boletín N° 11188-17, sesión 12ª de la presente legislatura, en 11 de abril 2017. Documentos de la Cuenta N° 10, y
-Boletín N° 11335-17, sesión 52ª de la presente legislatura, en 1 de agosto de 2017. Documentos de la Cuenta N° 9.
-Informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, sesión 73ª de la presente legislatura, en 3 de octubre de 2017. Documentos de la Cuenta N° 5.
La señorita CICARDINI , doña Daniella (de pie).- }
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 19.253, que Establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para otorgar al pueblo chango el reconocimiento como etnia indígena de Chile.
Las iniciativas refundidas, por acuerdo de la Sala, que dieron lugar al proyecto en informe, tienen su origen en mociones de las diputadas Karol Cariola , Daniella Cicardini , Cristina Girardi , Maya Fernández y Yasna Provoste , y de los diputados Claudio Arriagada , Cristián Campos , Marcos Espinosa , Ramón Farías , Luis Lemus , Daniel Melo , Sergio Ojeda , Roberto Poblete , Jorge Sabag , José Pérez , Raúl Saldívar y Víctor Torres .
Los proyectos de ley originales constan de un artículo único y en ambos se propone modificar el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 19.253, que Establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para reconocer al pueblo chango como etnia indígena de Chile.
La calificación de la calidad de indígena se logra, según nuestra legislación, precisamente atendiendo a señas de identidad, al saberse y decirse indígena, como bien señala el artículo segundo de la ley indígena N° 19.253, que expresamente dispone lo siguiente: “Se considerarán indígenas para los efectos de esta ley las personas de nacionalidad chilena que se encuentren en los siguientes casos:
c) Los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, entendiéndose por tales la práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena. En estos casos, será necesario, además, que se auto identifiquen como indígenas.”.
De la misma forma como ocurrió con los changos, sabemos que la etnia diaguita fue ninguneada por la academia como un pueblo extinto, y que su dignidad fue restablecida al serle reconocida su calidad originaria por ley. En este proceso se logró la dictación de la ley N° 20.117, que integra a la etnia diaguita al artículo 1° de la denominada ley indígena.
Así, considerando lo señalado sobre el pueblo diaguita, existen diversos testimonios que señalan la pervivencia de formas de vida y de patrones culturales que testimonian la supervivencia del pueblo chango. Es así que hoy los changos están integrados a las grandes ciudades; unos viven en los puertos y muchos permanecen fieles a su balneario, como son los de Tongoy, Guanaqueros y la llamada Playa Changa de Coquimbo, o en localidades como Chañaral de Aceituno, Obispito , Carrizalillo , entre otras, en la Región de Atacama. En suma, han conservado sus patrones culturales ligados a la pesca y al manejo de los recursos hidrobiológicos.
Existen estudios que demuestran que los changos presentarían a su vez rasgos culturales de los pueblos de tradición chinchorro, existentes en esta zona durante el período arcaico, entre 8.000 y 4.000 años atrás. Este conjunto de evidencias sugiere una ocupación continua de la costa por cerca de 8.000 años, y una posible vinculación genética entre todas estas etnias.
La costa de lo que actualmente son las regiones de Antofagasta y de Atacama ha estado habitada por comunidades de cazadores-recolectores-pescadores desde hace por lo menos 12.000 años. A lo largo de estos milenios las comunidades humanas fueron forjando un modo de vida y un conjunto de instrumentos, prácticas y saberes adaptados a las especificidades del territorio costero del norte de Chile, a lo que sumaron el intercambio de productos, conocimientos y parejas con grupos costeros de más al norte y de más al sur, así como con grupos interiores.
Durante el periodo colonial, y con especial fuerza a contar del siglo XVIII, los changos que habitaban estas costas sufrieron importantes procesos de mestizaje con españoles, franceses, criollos e indígenas venidos desde el interior y desde la Región de Atacama principalmente.
No obstante estos procesos, los modos de vida vinculados al conocimiento y explotación del mar mantuvieron importantes elementos de continuidad desde la prehistoria y a lo largo de los siglos de las épocas colonial y republicana.
Ejemplos de lo anterior son las formas de uso del espacio de orilleros y pescadores que viven parte o todo el año en las denominadas “changuerías” a lo largo del litoral. De hecho, a lo largo de la línea costera nos encontramos con asentamientos humanos permanentes, como Paposo, Taltal y caleta Cifuncho , y con un conjunto de pequeñas ensenadas y puntas aisladas, como La Colorada, Bandurrias , Punta Negra y El Blanco, todas de la comuna de Taltal, que albergan una población flotante durante el año. Dichos asentamientos están constituidos por conjuntos de “rucos” utilizados como emplazamientos estratégicos de producción de los pescadores artesanales.
Ahora, dado el avance de la modernidad y las transformaciones en las tradiciones ancestrales, los modos de vida característicos de la costa arreica desde la época prehispánica y que se mantienen hasta la actualidad se ven amenazados con perderse para siempre. Ya se ha perdido la lengua originaria y muchos rasgos de la cultura ancestral de los changos. De ahí la importancia de realizar las acciones necesarias para que no se pierda lo que aún queda de esta rica historia cultural y de este conocimiento ancestral sobre las formas de habitar y adaptarse al territorio costero arreico.
Actualmente, en el Museo Arqueológico de La Serena se encuentra una balsa de cuero de lobo marino construida en 1965, en la hoy tan conocida Caleta Chañaral de Aceituno, de la Región de Atacama. Esa balsa fue construida por uno de los últimos hombres que conocían la técnica con la que el llamado “pueblo chango” fabricaba esas embarcaciones; eran los ancestrales “pescadores de la niebla”, que utilizaron esas embarcaciones en sus recorridos por las costas de nuestro norte. Ese hombre se llamaba Roberto Álvarez , también conocido como el Chango Robe, quien falleció en 1987. Fue el último chango constructor de balsas. Hoy sus familiares lo recuerdan con orgullo en la Caleta Chañaral de Aceituno.
En la actualidad, ellos y muchos otros hombres y familias de mar, por toda la costa de Atacama y también por las de las regiones de Antofagasta y de Coquimbo, tienen el sueño no solo de mantener vivo el legado de don Roberto , sino también de que no se pierda el legado de todo un pueblo, y el sueño de volver a poner en alto y por fin en el lugar que se merecen las tradiciones, los elementos culturales y las costumbres del pueblo chango, con el cual se sienten plenamente identificados.
Asimismo, quieren que se reconozca su poco valorado aporte no solo en la dominación del mar y en las técnicas de la pesca, sino también en aspectos como el arte rupestre y las técnicas mortuorias. Como todos saben, los changos fueron un pueblo nómada, pescador, recolector, mariscador y cazador de lobos marinos. El primer registro de ellos con la denominación específica de “changos” data de mediados del siglo XVII, y hacía referencia a la población que ocupaba el litoral costero entre Copiapó y Coquimbo . Posteriormente, la denominación se amplió para incluir a distintos grupos indígenas que habitaron entre esa zona y el sur de Perú.
Es a ese pueblo al que buscan reconocer y rescatar los proyectos de ley refundidos.
El actual gobierno está haciendo un esfuerzo por establecer una nueva relación con nuestros pueblos originarios a través de una serie de proyectos que crean una nueva institucionalidad indígena; no obstante, nosotros también creemos que esa nueva relación se debe sustentar en el reconocimiento de las características propias y particulares de cada pueblo.
De esta forma, constatamos que la etnia changa no se ha extinguido; sigue viva, pero sin la dignidad que merece.
Nuestra legislación sobre los pueblos originarios, contenida en la ley N° 19.253, dispone que el Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, los que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias. Lo que allí se establece no deja dudas sobre el reconocimiento de esta etnia.
En consideración a ellos trabajamos en esta propuesta, la que elaboramos junto a quienes hoy se sienten plenamente representantes y herederos de los changos. En ese sentido, con el temor de olvidarme de muchos nombres, aprovecho de agradecer a dirigentes y representantes changos, como las señoras Elena Marín y Patricia Cortés , y el señor Héctor Alfaro , representantes de agrupaciones changas de la localidad de Totoral y de las comunas de Caldera y Chañaral, respectivamente.
Asimismo, quiero destacar el aporte del señor Patricio Segovia y, en especial, del director del museo regional de Atacama, doctor en historia y destacado académico señor Guillermo Cortés Lutz , quienes ayudaron a enriquecer este proyecto.
Por otro lado, aprovecho de destacar el trabajo documental que está realizando el señor Carlos Cortés , presente en las tribunas de la Cámara de Diputados, quien desde hace dos años se encuentra trabajando con el señor Felipe Rivera , bisnieto del señor Roberto Álvarez , cuya familia constituyó la agrupación Changos Descendientes del Último Constructor de Balsas de Cuero de Lobo.
En definitiva, esta iniciativa responde a un largo anhelo de pescadores artesanales y de varias agrupaciones que tienen en común un lazo ancestral, el cual, pese a la evolución tecnológica, une a esa actividad con la tradición pesquera changa. Me refiero a hombres como don Héctor Alfaro , representante de la Agrupación Changa de Chañaral, quien en una oportunidad me señaló lo siguiente: “La tradición del hombre de mar chango no se ha perdido, está vigente y latente en las costas de Chile. Hoy en día también encontramos a compañeros nuestros que tiran un par de troncos al mar para llevar la red hacia adentro con una persona nadando; todavía se mantienen esas tradiciones”. Subrayo especialmente el sentido de pertenencia e identificación, por ser en este caso muy relevante.
De esta manera, lo que se pretende mediante este proyecto de ley es reconocer la posibilidad cierta del desarrollo de una cultura que ha luchado, en pequeños nichos, por pervivir en el tiempo.
Por ello, se propone modificar el artículo 1° de la ley indígena, con el objeto de incorporar a los changos a las etnias existentes en el país: mapuche, aimara, rapa nui, atacameña, quechua, diaguita y colla, y a las menguadas comunidades kawashkar y yagán, de los canales australes, como un acto de reconocimiento, de dignificación y, sobre todo, de promoción para su desarrollo futuro y consolidación.
Asimismo, en el fundamento de los proyectos refundidos se señala que todos quienes nacemos en el territorio chileno somos iguales por esencia, pero que el Estado debe ser garante de aquellos grupos que tienen identidad propia y participan activamente en la formación y desarrollo de nuestra sociedad. Dentro de los grupos intermedios se incluye a quienes pertenecen a un pueblo indígena o etnia, a falta de un reconocimiento explícito de los pueblos originarios por parte del Estado en nuestra Carta Fundamental.
La incorporación implícita de los pueblos indígenas dentro de los grupos intermedios que señala la Constitución Política, que son parte del desarrollo de la sociedad, se apoya en la idea de que estos grupos, o la mayoría de ellos, mantienen sus costumbres, creencias y estructura de organización o rangos, las que deben ser reconocidas y garantizadas por el Estado de Chile.
Del mismo modo, ello dice relación con la plena vigencia del Convenio N° 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas en Países Independientes de la OIT, ratificado por Chile en 2008, instrumento que reconoce derechos a los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios, además del establecimiento de mecanismos de participación política y el reconocimiento del derecho que les asiste a ejercer un control progresivo sobre los programas de salud y educación dirigidos a ellos, entre otras cosas.
La defensa de derechos y fomento se da en la medida en que los pueblos que mantengan sus costumbres y creencias ancestrales se encuentren reconocidos por el Estado, de acuerdo con lo que establece la ley N° 19.253.
Actualmente, existen nueve pueblos indígenas reconocidos por el Estado. La idea básica contenida en las iniciativas refundidas es la incorporación en esa ley del reconocimiento oficial de nuestro Estado a un pueblo que desde tiempos precolombinos se ha mantenido presente en la historia y desarrollo de nuestro país como nación independiente y multicultural: el pueblo chango.
Este es el acto de reconocimiento que, estoy segura, merecen como acto de justicia, dignificación y, sobre todo, de promoción para su desarrollo futuro y consolidación.
En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Yasna Provoste .
Señor Presidente, tal como lo mencionó la diputada informante, señorita Daniella Cicardini , quiero saludar, de manera muy especial, a quienes han contribuido a resguardar una cultura maravillosa, como lo es el pueblo chango.
Algunos de ellos han tenido la posibilidad de llegar hasta este hemiciclo, mientras que otros siguen la transmisión del canal de televisión de la Cámara desde sus diferentes caletas. Saludo de manera muy especial a la señora Esmeralda , quien hoy nos acompaña en las tribunas.
También quiero saludar a quien ha sido fuerte impulsor de la agrupación Changos Descendientes del Último Constructor de Balsas de Cuero de Lobo, señor Felipe Rivera.
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en su documento denominado Sistematización Encuentro Nacional de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas para la Creación de la Nueva Institucionalidad Cultural, en mayo de 2015, daba cuenta, en las páginas 15 y 16, sobre el proceso que se debe efectuar en el país para el reconocimiento del pueblo chango. Lo señalo porque nos asiste la firme convicción de que en nuestro país somos capaces de apoyar los procesos de resignificación histórica, así como de avanzar en el reconocimiento que tiene el pueblo chango en nuestra historia.
Desde los inicios de la presencia colonial, diversos autores se han referido a los habitantes de Cobija y han destacado los recursos marinos de esa ensenada. En términos generales, los pescadores que vivían a lo largo de la costa del Norte Grande de Chile llamaron la atención de quienes llegaban a nuestros territorios, por aspectos como su condición de vida, a la que aluden los epítetos mencionados por parte de la diputada informante; su movilidad y el aprovechamiento integral del lobo marino para la construcción de balsas, viviendas, vestimentas, recipientes y alimentos.
Esas poblaciones habían logrado una buena adaptación a este ambiente, que incluía el mar, roqueríos, playas e islas, y la zona de la cordillera de la Costa, que les proporcionaba otro tipo de recursos vegetales y animales, como el guanaco.
Pudieron disponer de ciertos excedentes -productos del mar secos y/o salados, conchas y guano susceptibles de ser intercambiados con recursos y bienes de tierras altas.
Quizá el único relato temprano que intenta caracterizar físicamente a los changos, también denominados “camanchacas”, situándolos en el primer repartimiento de Chile, en Copiapó, y que de paso refiere algunas de sus costumbres, es el de fray Reginaldo de Lizárraga, a fines del siglo XVI. El autor señala: “en este trecho de tierra hay algunas caletillas con poca agua salobre, donde se han recogido y huido algunos indios pescadores, pobres y casi desnudos; los vestidos son de pieles de lobos marinos y en muchas partes desta costa beben sangre destos lobos a falta de agua; no alcanzan un grano de maíz y no lo tienen; su comida solo es pescado y marisco. Llaman a estos indios camanchacas, porque los rostros y cueros de sus cuerpos se les han vuelto como una costra colorada, durísimo; dicen les proviene de la sangre que beben de los lobos marinos, y por ese color son conocidísimos.”.
Esas mismas tradiciones, que ya a fines del siglo XVI algunos de los que llegaban a estos territorios describían como característica de quienes habitaron las costas de nuestro país, hoy superviven en nuevas generaciones; una supervivencia del pueblo chango que, a partir de los testimonios, señala que han procurado mantener viva la identidad y la memoria de las formas de vida y los patrones culturales que testimonian la supervivencia de ese pueblo hasta nuestros días; ellos han conservado sus patrones culturales ligados a la pesca y al manejo de los recursos hidrobiológicos.
Señor Presidente, en homenaje a los hombres de ayer y de hoy, a los changos inmortales, apoyaremos con decisión este proyecto, destinado a obtener el reconocimiento al pueblo chango en nuestra legislación.
Tiene la palabra el diputado Marcos Espinosa .
Señor Presidente, estoy muy contento de que estemos discutiendo este proyecto de ley, pues hace justicia al reconocimiento a un pueblo que normalmente aparece como olvidado a la hora de revisar las culturas indígenas de nuestro país.
En crónicas como las de Jerónimo de Vivar, escritas en el siglo XVI, se hace mención de los changos y de su cultura, describiéndolos como un pueblo costero de cazadores y recolectores que tenían una particularidad bastante especial respecto del resto de los habitantes del territorio nacional en esa época: el manejo de sus famosas balsas de cuero inflado de lobo marino, cuya descripción rigurosa está detallada en las mencionadas crónicas de Vivar. Él también los caracterizaba como avezados y diestros navegantes que pescaban a más de cien o ciento cincuenta metros de la costa.
La modificación que estamos promoviendo junto con otros parlamentarios al artículo 1 de la ley N° 19.253, en lo relativo a la protección, fomento y desarrollo de los indígenas, tiene por objeto incorporar a los changos entre los pueblos indígenas de nuestro país.
Por cientos de años, nuestras tradiciones, historia, cultura e idiosincrasia han estado marcadas por la presencia de costumbres ancestrales que definen lo que somos hoy día como pueblo y como nación.
La influencia del pueblo chango en el norte del país no es la excepción, pues desde tiempos precolombinos la costa de lo que actualmente es la región de Antofagasta, en particular la comuna de Taltal, ha estado habitada por comunidades de cazadores, recolectores, pescadores y mariscadores que se han mantenido presentes en la historia y en el desarrollo de la zona hasta nuestros días, por lo que deben ser considerados dentro del concepto de nación independiente y multicultural que nos identifica.
Existen registros históricos de la presencia de la cultura changa en caletas como Cifuncho y Paposo, y en el puerto de Taltal.
Según la tesis del académico Diego Salazar , del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, a lo largo de más de 12.000 años las comunidades humanas de changos fueron forjando un modo de vida y un conjunto de instrumentos, prácticas y saberes adaptados a las especificidades del territorio costero del norte de Chile, a los que sumaron el intercambio de productos y conocimientos con grupos costeros de más al norte y de más al sur, así como también con grupos interiores.
A contar del siglo XVI, a esas poblaciones costeras se les conoció por diversos nombres, tal como mencionó la colega Yasna Provoste .
Durante el período colonial, y con especial fuerza a contar del siglo XVIII, los changos que habitaban esas costas sufrieron importantes procesos de mestizaje con españoles, franceses, criollos e indígenas venidos desde el interior y desde la región de Atacama, principalmente. No obstante estos procesos, los modos de vida vinculados al conocimiento y explotación y exploración del mar mantuvieron importantes elementos de continuidad desde la prehistoria a lo largo de los siglos de la época colonial y republicana.
Ejemplo de lo anterior son las formas de uso del espacio de orilleros y pescadores que viven parte o todo el año en las denominadas “changuerías” a lo largo del litoral, además de la caza de albacoras en balsas y utilizando arpones.
Dado el avance de la modernidad y las transformaciones en las tradiciones ancestrales, los modos de vida característicos de la costa arreica, desde la época prehispánica y que se mantienen hasta la actualidad, amenazan con perderse para siempre. Ya se han perdido la lengua originaria y muchos rasgos de la cultura ancestral de los changos.
La iniciativa que discutimos hoy viene a reforzar todos los esfuerzos que se están llevando a cabo en ese sentido, por lo que esperamos contar con el apoyo transversal de la Corporación, para que esta iniciativa avance en su tramitación legislativa y se transforme luego en ley de la república.
Hago presente a la Sala que en cumplimiento del acuerdo de los Comités adoptados ayer, hemos tratado este proyecto como si fuera de fácil despacho.
Corresponde votar en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 19.253, que Establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y Crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para reconocer al pueblo chango como etnia indígena de Chile.
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que introduce diversas modificaciones a la normativa educacional.
Diputados informantes de las comisiones de Educación y de Hacienda son los señores Mario Venegas y José Miguel Ortiz , respectivamente.
-Mensaje, sesión 77ª de la presente legislatura, en 11 de octubre 2017. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Educación, sesión 82ª de la presente legislatura, en 24 de octubre de 2017. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones.
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Educación, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, originado en mensaje de la Presidenta de la República y con urgencia calificada de discusión inmediata, que introduce diversas modificaciones a la normativa educacional (boletín N° 11471-04).
Las ideas matrices o fundamentales de la iniciativa son modificar diversas materias relacionadas con la ley de subvenciones a establecimientos educacionales y con la Ley de Inclusión Escolar; regular un procedimiento para obtener permisos de edificación y recepción a establecimientos educacionales subvencionados; corregir un error de referencia en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2017, y facultar a la Subsecretaría de Educación para exceptuar a un establecimiento educacional, en casos de emergencias o catástrofes, y de manera transitoria, del cumplimiento de las normas de la jornada escolar completa diurna.
Según se expresa en el mensaje, la primera etapa de implementación de la Ley de Inclusión Escolar permitió identificar aspectos que pueden ser perfeccionados. Así, en primer término, resulta necesario adecuar la regulación de arriendos, debido a que la norma genérica de valoración no siempre se ajusta a la realidad de los inmuebles con arriendos previos a dicha ley.
Al respecto, un estudio realizado por la Subdirección de Avalúos del Servicio de Impuestos Internos señala que la media de las tasaciones fiscales de los inmuebles escolares es de 57 por ciento del valor comercial, pero con variaciones que van entre 19 y 200 por ciento, y que la mediana es de solo del 48 por ciento. Es decir, la mitad de los inmuebles están tasados por debajo de la mitad de su valor comercial, teniendo en consideración que el avalúo fiscal se utiliza para fijar el canon anual de arriendo.
Dado lo anterior, se propone autorizar que el valor anual del arriendo pueda superar en casos excepcionales el 11 por ciento del avalúo fiscal del inmueble, siempre que se demuestre que la operación se realizará en los términos y condiciones que habitualmente prevalecen en el mercado, en el lugar y en el tiempo de celebración.
A su vez, esto permite regularizar la posibilidad de celebrar contratos de arrendamiento mientras los sostenedores no sean dueños de los inmuebles donde funcionan sus establecimientos educacionales, lo que facilita la continuidad del proyecto educativo.
En segundo lugar, se propone excluir del Sistema de Admisión Escolar a los establecimientos que impartan exclusivamente educación parvularia, debido a que no parece razonable que los niños y las niñas que acuden a una escuela de párvulos y que luego se incorporarán al primer año de enseñanza básica en un establecimiento escolar diverso, deban ser sometidos a la postulación por el Sistema de Admisión Escolar en dos oportunidades y en años prácticamente continuos.
Ahora bien, el Sistema de Admisión Escolar continuará aplicándose en los niveles de transición de los establecimientos que tienen continuidad de estudios entre la educación parvularia y el primer año de educación básica.
Asimismo, se excluye de los procesos de admisión establecidos en la Ley de Inclusión la modalidad educativa de adultos, las aulas hospitalarias y las escuelas cárceles. Esta modificación se explicita en la ley, pero ya se está aplicando de esa manera.
Como tercer punto, el proyecto propone facultar a la Subsecretaría de Educación para que pueda exceptuar en casos de emergencias o catástrofes y de manera transitoria, a un establecimiento educacional del cumplimiento de las normas de la jornada escolar completa diurna, permitiéndole funcionar en doble jornada hasta que la circunstancia haya cesado.
En otro orden de materias, para continuar con el proceso de implementación de la Ley de Inclusión, se propone facultar a los sostenedores que no se adecuen al requisito de transferir tal calidad a una entidad sin fines de lucro dentro del plazo definido por la legislación, a hacerlo con posterioridad, suspendiendo el derecho a recibir la subvención a partir del 1 de enero de 2018 y hasta que se materialice la transferencia de la calidad de sostenedor.
Además, se incluyen normas para que los propietarios de establecimientos regidos por el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, o de establecimientos de educación parvularia financiados con aportes del Estado para su operación y funcionamiento, que no cuenten con permiso de edificación o que, contando con este, no han obtenido la recepción definitiva, puedan, hasta el 31 de diciembre de 2018, obtener simultáneamente los permisos de edificación y de recepción de sus inmuebles o mejoras de ellos, siempre que cumplan con los requisitos que se indican. Esta es una suerte de “ley del mono” para regularizar esta situación.
Finalmente, se corrige un error de referencia en la ley de presupuestos vigente para habilitar el pago de la Beca de Excelencia Académica durante el año en curso.
Tramitación en la Comisión de Educación.
La comisión introdujo en este primer trámite algunas modificaciones al texto original del proyecto, las que se reseñan a continuación:
Respecto del artículo 1, que modifica la Ley de Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, se presentó una indicación del Ejecutivo para aclarar en el artículo 7 septies que un establecimiento educacional que imparta enseñanza básica y parvularia, puede acogerse al sistema de admisión desde el curso del menor nivel que imparta, no pudiendo efectuar cobro alguno a los padres o apoderados en los niveles inferiores al primer nivel de transición, y que, en caso contrario, deberá acogerse a dicho sistema a partir del menor nivel de transición que imparta.
Por otra parte, en el artículo 58 H, que regula el caso de muerte del constituyente de la entidad, se agrega, por indicación parlamentaria, que la facultad del seremi de Educación para autorizar a la entidad individual educacional para continuar con la función educativa con otra persona natural como titular, se ejercerá cuando sea necesario.
En segundo lugar, se rechazó el artículo 2, que introducía modificaciones en los artículos cuarto y sexto transitorios de la ley N° 20.845, de Inclusión Escolar, con el objeto de autorizar que el valor anual del arriendo pudiera superar el 11 por ciento del avalúo fiscal del inmueble en casos excepcionales, siempre que se demostrare que la operación se realizaría en los términos y condiciones que habitualmente prevalecen en el mercado, en el lugar y en el tiempo de celebración. A su vez, permitía regularizar la posibilidad de celebrar contratos de arrendamiento mientras los sostenedores no fueran dueños de los inmuebles donde funcionaban sus establecimientos educacionales, para facilitar la continuidad del proyecto educativo.
En el artículo tercero transitorio se amplió, por indicación parlamentaria, el plazo para que los establecimientos regularicen sus permisos de edificación y de recepción hasta el 31 de diciembre de 2019.
Del mismo modo, en el artículo cuarto transitorio se deja constancia, mediante indicación parlamentaria, de que la facultad de la Dirección de Obras Municipales para revisar el cumplimiento de las normas urbanísticas, no permite que sean objeto de revisión las demás materias que contempla la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Finalmente, mediante una indicación del Ejecutivo, se agrega un artículo sexto transitorio para establecer que los establecimientos educacionales que impartan cursos inferiores al primer nivel de transición a la fecha de publicación de la presente ley en proyecto y que se acojan al sistema de admisión desde niveles inferiores al primer nivel de transición, según lo establecido en numeral 1) del artículo 1 de esta futura ley, puedan cobrar como máximo a los padres y apoderados de dichos niveles, el monto que cobren en el primer nivel de transición, según la normativa educacional vigente.
El proyecto no contempla normas orgánicas constitucionales ni de quorum calificado.
De acuerdo con el artículo 226 del Reglamento de la Corporación, los artículos 1, numeral 1); 2, 3 y 4 permanentes, y segundo transitorio del proyecto de ley aprobado por la comisión, debieron ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos. Es todo cuanto puedo informar.
Señor Presidente, de conformidad con el artículo 226 del Reglamento de la Corporación, me corresponde rendir el informe relativo al proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a la normativa educacional.
Tal como lo señaló el diputado informante de la comisión técnica, la iniciativa consiste en modificar diversas materias relacionadas con la ley de subvenciones y la ley de inclusión escolar.
La comisión técnica consideró que son de competencia de la Comisión de Hacienda los artículos 1, numeral 1); 2, 3 y 4 permanentes, y segundo transitorio.
El artículo 1 modifica la ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, excluyendo de los requisitos para obtener la subvención a la admisión a la modalidad educativa de adultos, a las aulas hospitalarias, a las escuelas cárceles, y a aquellos establecimientos educacionales que impartan exclusivamente el nivel de educación parvularia.
El artículo 2 establece que en los casos en que se declare zona afectada por sismo o catástrofe, la Subsecretaría de Educación podrá exceptuar a los establecimientos educacionales afectados por estas medidas del cumplimiento de las normas de la jornada escolar completa diurna El artículo 3 efectúa una corrección en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2017.
El artículo 4 señala que a los sostenedores educacionales que no hayan ejercido oportunamente la facultad de transferir la calidad de sostenedor a una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, se les retendrán las subvenciones, respecto de todos los establecimientos educacionales de su dependencia, hasta el momento en que ejerzan dicha facultad en los términos y con los mismos efectos, derechos y obligaciones establecidos en dicho artículo.
El artículo segundo transitorio establece que los establecimientos educacionales que durante el año escolar 2017 hayan experimentado suspensión de las actividades académicas en virtud de una catástrofe, podrán acogerse a las normas especiales que este proyecto establece desde el acaecimiento de la declaración de sismo o catástrofe, emergencia o alerta sanitaria, según corresponda, y hasta el vencimiento de la autorización entregada por la Subsecretaría de Educación.
El informe financiero N° 122, de 3 de octubre de 2017, elaborado por la Dirección de Presupuestos, señala que el proyecto de ley modifica diversas materias relacionadas con la ley de subvenciones y la ley de inclusión, regula un procedimiento para obtener permisos de edificación y recepción a establecimientos educacionales subvencionados y corrige un error de referencia en la ley de presupuestos de 2017. Afirma que las modificaciones propuestas por este proyecto de ley no representan un mayor gasto fiscal.
Por su parte, el informe financiero N° 135, de 19 de octubre de 2017, que acompañó indicaciones del Ejecutivo ante la comisión técnica, señala que mediante dichas indicaciones se modifican normas contenidas en el proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a la normativa educacional, de las cuales cabe destacar las siguientes:
Se establece que los establecimientos que impartan educación parvularia y básica podrán acogerse al sistema de admisión desde el curso del menor nivel que impartan, entre otros aspectos. El informe, asimismo, señala que las indicaciones no significan un mayor gasto fiscal.
Finalmente, el informe financiero N° 138, de 23 de octubre de 2017, elaborado por la Dirección de Presupuestos, acompañó una indicación que fue presentada y aprobada por la Comisión de Hacienda, mediante la cual se reponen normas contenidas en el proyecto de ley. Así, respecto de los establecimientos subvencionados que funcionen en inmuebles arrendados, se entrega la facultad a la Superintendencia de Educación de autorizar un valor anual de arriendo superior a los límites actualmente establecidos por la ley, siempre que el contrato cumpla con requisitos tales como ajustarse a los términos y condiciones que habitualmente prevalecen en el mercado, de acuerdo a una tasación que entregue el sostenedor. Se exime, además, a los contratos de arrendamiento de inmuebles sometidos a leyes especiales a dar cumplimiento a requisitos incompatibles con estas.
Adicionalmente, en caso de que el sostenedor sin fines de lucro a quien se le haya transferido esta calidad opte por adquirir el inmueble en que funciona el establecimiento con cargo a la subvención, se faculta a la Superintendencia de Educación a autorizar límites de imputación mensual y plazos superiores a los establecidos en la ley, de acuerdo a su tasación comercial.
En cuanto a los efectos de estas indicaciones sobre el presupuesto fiscal, tampoco significan mayor gasto fiscal.
La Comisión de Hacienda escuchó a la subsecretaria de Educación, señorita Valentina Quiroga , y al secretario ejecutivo de la reforma, señor Andrés Palma , quienes dieron los fundamentos necesarios para aprobar la iniciativa, avalando la importancia que reviste reponer el artículo 2, anteriormente mencionado.
En consideración al mérito del proyecto y sus fundamentos, la comisión aprobó los cuatro artículos permanentes y el artículo segundo transitorio, que son de nuestra competencia, más la referida indicación del Ejecutivo, que fue aprobada por la unanimidad de sus miembros, y, del mismo modo, recomienda su aprobación a la Sala.
Antes de comenzar con el debate, doy la bienvenida a la ministra de Educación, señora Adriana Delpiano .
Señor Presidente, por amplia mayoría aprobamos la ley de inclusión escolar, que es muy importante, y le hemos hecho modificaciones en la medida en que la realidad nos va demandando ajustes, varios de los cuales, a mi juicio, son de sentido común.
Este perfeccionamiento trae la adaptación de la ley a una realidad que, naturalmente, siempre es mucho más compleja de lo que en teoría se anticipa.
En primer lugar, es importante la exclusión del sistema de admisión a los 417 establecimientos que se dedican exclusivamente a entregar educación en los niveles de transición -es decir, prekínder y kínder-, para no someter a los padres y apoderados a dos procesos de admisión consecutivos. En cambio, cuando alguien ingresa a prekínder o kínder de una escuela o liceo que tiene todos los cursos, obviamente el proceso se inicia en los niveles de transición.
También hay algunos perfeccionamientos interesantes a las personas jurídicas educacionales. Por ejemplo, si actualmente fallece el sostenedor de un establecimiento educacional, se termina la subvención. Lo que se propone es que el sostenedor establezca o defina un destinatario en caso de disolución, para permitir la continuidad de los establecimientos en casos como el que se describe.
Quizás lo más importante es el perfeccionamiento a la regulación de los contratos de arriendo.
En primer lugar, el diputado Joaquín Tuma , quien no se encuentra presente en este momento, siempre ha planteado la necesidad de exceptuar a los establecimientos educacionales emplazados en terrenos indígenas de las limitaciones que plantea la ley, justamente por las restricciones existentes en dichos terrenos.
En segundo lugar, se permite a la Superintendencia de Educación autorizar un valor de arriendo diferente al que resulte de aplicar el límite del 11 por ciento del avalúo fiscal, pero para ello hay que demostrar que el valor comercial difiere sustancialmente de dicho límite. Esto es muy importante para comunas como Maipú, en que el avalúo fiscal actualmente está muy desfasado del valor real de las viviendas. En consecuencia, muchos establecimientos educacionales se ven sometidos a la presión debido al avance inmobiliario y, al comparar con el límite de arriendo del 11 por ciento del avalúo fiscal, francamente, nadie resiste la proposición y muchos establecimientos pueden ser reemplazados por malls, condominios, edificios, etcétera.
Esas son las cuestiones que me parecen más relevantes de lo que se ha planteado en este proyecto misceláneo, aun cuando hay otros perfeccionamientos que son prácticos.
Por lo tanto, espero que mi bancada vote a favor la iniciativa -al menos yo lo haré-, pues las leyes deben adaptarse a las circunstancias de la realidad cuando esta no se acomoda exactamente a su diseño teórico, para que este perfeccionamiento tenga lugar lo antes posible.
Señor Presidente, por su intermedio, primero quiero saludar a la ministra de Educación, señora Adriana Delpiano .
Valoro enormemente que el gobierno haya presentado este proyecto, que tiene como propósito modificar diversas materias relacionadas con la ley de subvenciones y la ley que busca poner fin al lucro, al copago y a la selección, conocida como ley de inclusión escolar, cuyo propósito es el que he señalado.
El ministerio ha escuchado y ha acogido las preocupaciones que, en algunos casos, las propias familias le han manifestado, y, en otras oportunidades, también hemos sido un vehículo para manifestar esta inquietud; y lo hago porque tengo en la memoria las conversaciones y las preocupaciones de las familias de distintos establecimientos educacionales de la comuna de Copiapó, en la Región de Atacama: de las familias de alumnos del Colegio San Agustín de Atacama, del Colegio Cervantino, del Colegio de Artes Marta Colvin, del Colegio San Francisco de la Selva y del Liceo Técnico Profesional Héroes de Atacama.
Valoro ese gesto, porque la primera etapa de implementación de la ley que pone fin al lucro, a la selección y al copago ha permitido identificar aspectos que pueden ser mejorados y perfeccionados, entre los que se encuentran, por ejemplo, adecuar la regulación de arriendos, debido a que la norma genérica de valoración no siempre se ajusta a la realidad de los inmuebles con arriendos previos a la ley de inclusión escolar.
Tal como lo señaló en una de sus preocupaciones el diputado Pepe Auth , que me antecedió en el uso de la palabra, lo que hace este proyecto es exceptuar a los establecimientos educacionales emplazados en terrenos indígenas y, por lo tanto, su preocupación está cubierta. Ello se entiende así en esa norma del proyecto, que expresa que se exceptúa a los establecimientos educacionales emplazados en terrenos indígenas de las limitaciones al arriendo, como el valor de la renta o el plazo de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.
Además, respecto de la Región de Atacama, que ha tenido que enfrentar tres aluviones complejos durante estos años, que han afectado a las familias, a sus viviendas y a la infraestructura educacional, este proyecto ha desnudado dificultades en la implementación de la ley. Por ello, nos parece importante que en esta futura ley miscelánea se logre exceptuar, en caso de emergencias o catástrofes, de manera transitoria, a un establecimiento educacional del cumplimiento de las normas de la jornada escolar completa, lo cual permitirá generar mecanismos más permanentes en la ley para atender situaciones excepcionales para el pago de la subvención en casos de emergencia.
Digo lo anterior porque, más allá de lo que nos ha ocurrido en la Región de Atacama, Chile ha enfrentado otras situaciones de emergencia, y lo que no puede ocurrir es que comencemos con una verdadera peregrinación para que se paguen las subvenciones.
El establecer un mecanismo permanente para atender situaciones de pago de subvención en casos de emergencias es un avance.
En lo que dice relación con el pago de la Beca de Excelencia Académica, valoramos los ajustes que se han hecho por término del plazo de transferencia de la calidad de sostenedor, así como también la homologación de los establecimientos educacionales que cobraban derechos de escolaridad al mecanismo transitorio de eliminación del financiamiento compartido. Eso nos parece importante, señor Presidente.
En la discusión en la comisión presentamos una indicación con el propósito de proteger a las familias, en el sentido de que aquellos sostenedores que por distintas razones cambiaran su decisión de no lucrar, no podrían cobrar más de 10 por ciento del total de derechos de escolaridad a quienes ya formaban parte del plantel educacional. Esa indicación se declaró inadmisible. Sin embargo, nos parece importante que en el resto de la tramitación del proyecto se homologue a los establecimientos educacionales que cobraban derechos de escolaridad al mecanismo transitorio de eliminación del financiamiento compartido.
Nos parece muy importante que en este proyecto de ley misceláneo se proponga dictar una nueva normativa que permita obtener de manera más expedita la recepción definitiva de obras. Esto lo señalamos porque, entendiendo las características de las direcciones de obras municipales y la autonomía con la que se desenvuelven, es importante que a través de esta normativa excepcional se aplique a los establecimientos educacionales la “ley del mono”. Creemos que este es un importante paso en ese sentido.
Estamos convencidos de que este proyecto valora y reconoce la disposición al diálogo y la acogida que ha mostrado el Ministerio de Educación frente a los problemas surgidos durante la implementación de la ley de inclusión escolar. El camino que estamos transitando apunta a una educación donde el Estado tiene un rol muy claro. Muestra de ello es lo que esta Cámara ya aprobó respecto del proceso de desmunicipalización de la educación. Hoy, ese empeño se traduce en terminar con el lucro en la educación, de manera que el esfuerzo que hacen todos los chilenos para entregar mayores recursos al sector se traduzca en una mejor educación, no en que los dineros vayan a parar a los bolsillos de los sostenedores.
Apoyaré la iniciativa. Espero que esta dé tranquilidad a los apoderados y apoderadas de Atacama, con los que me he reunido en reiteradas oportunidades, en particular con los vinculados a los colegios San Agustín , Cervantino , Marta Colvin , San Francisco de la Selva y el Liceo Técnico Profesional Héroes de Atacama.
Señor Presidente, es efectivo que este es un proyecto importante. Lamento que hayamos tenido que esperar tanto para que fuera presentado, a pesar de la buena voluntad de la ministra para hacerlo.
La mal llamada ley de inclusión escolar -en un principio se trataba del proyecto de ley que regulaba la admisión de los y las estudiantes, eliminaba el financiamiento compartido y prohibía el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, pero en los últimos cinco metros le cambiaron el nombre porque alguien se dio cuenta de que solo ponía fin a muchas cosas, pero no hacía nada positivo partía de dos hipótesis cuya validez nunca fue probada.
La primera hipótesis era que todo aquel sostenedor cuyo establecimiento educacional tuviera fines de lucro necesariamente perjudicaba la calidad de la educación que impartía a sus estudiantes. Nunca fueron capaces de probar la validez de esa hipótesis por una razón sencilla: es falsa.
Hay colegios con fines de lucro que obtienen muy buenos resultados y otros que obtienen pésimos resultados; pero hay colegios municipalizados y sin fines de lucro donde ocurre lo mismo.
La única conclusión que es posible extraer a partir de esos hechos es que el aseguramiento de la calidad de la educación no depende de la constitución jurídica del colegio, sino de lo que ocurre al interior del mismo.
Por ello, la idea peregrina de que solo a través de la transformación de la naturaleza jurídica de los establecimientos educacionales se mejoraría la calidad de la educación es una cuestión completamente absurda y alejada de la realidad.
En su momento dijimos que si era cierta la hipótesis de que los colegios con fines de lucro eran malos, entonces debían estar mal evaluados por la Agencia de Calidad de la Educación. Así las cosas, lo que nos debía importar -parecía sensato era la calidad de la educación, por lo que se justificaba que los colegios mal evaluados no lucraran. Pero no fue así. Nos dijeron que no, que ese no era el objeto de la propuesta.
Segunda cuestión completamente absurda: obligar a los colegios a que fueran dueños de su infraestructura, porque en caso contrario la hipótesis era que iba a existir lucro encubierto. Es decir, arrendar una propiedad significaba lucro y, por lo tanto, había que cortar con aquello y obligar a los colegios, incluso a aquellos que ya habían pagado su infraestructura, a volver a comprar. Es decir, en vez de ocupar los recursos financieros del Estado en mejorar la calidad de la educación, estos se ocuparían en comprar fierros y ladrillos. La propuesta mutó y ya no sería el Estado el que se haría cargo de esa tarea, sino las propias instituciones educacionales, todo lo cual formó parte de la borrachera ideológica inicial en esta materia. Una vez pasada la resaca, se hizo necesario encontrar una alternativa: los colegios podían funcionar en los establecimientos en que se encontraban radicados.
Volvamos a una cuestión práctica.
¿Por qué los colegios ocupan una infraestructura que es propiedad de una inmobiliaria? Por una razón sencilla: a los colegios no les prestaban el dinero para construir un edificio. Para que ello ocurriera el banco les decía que debían constituir otra empresa y arrendarse a sí mismo el edificio; de lo contrario, el préstamo no se cursaba. Esa es la razón por la cual el primer proyecto de ley miscelánea que envió este gobierno para reparar los problemas en la aplicación de la ley de inclusión escolar tuvo que arreglar el problema del acceso al crédito, pues ningún banco –ninguno quiso prestar dinero bajo esas condiciones; y lo repararon de manera que ahora solo el Banco Estado puede hacerlo. Es completa y totalmente absurdo que eso sea así.
Lo que debe ocurrir es que siempre que haya un conflicto de intereses entre las partes se debe resolver en favor de los estudiantes. Por tanto, si un colegio arrienda la propiedad a una persona relacionada, ese precio debe ser el de mercado. Si es por encima de ese precio, tiene que aplicarse una sanción; si es por debajo, bienvenido sea.
No obstante, en vez de buscar solucionar los problemas se asume una posición ex ante, no comprobable y carente de toda evidencia que respalde lo que debe primar en educación. Se olvida lo que realmente importa a los padres y apoderados, esto es, lo que sucede al interior de cada una de las escuelas.
El proyecto en debate repara en parte aquello. Lo repara en parte porque permite que esos arriendos de infraestructura persistan por un plazo determinado -tres o seis años, dependiendo de quienes sean-, pero igualmente los establecimientos deben transformarse en fundaciones o corporaciones sin fines de lucro de aquí al 31 de diciembre. Es decir, la iniciativa es una “pildorita”, pero la solución definitiva, evidentemente, no es está.
Lo que también lamento es que durante más de un año repetimos estos mismos argumentos. Nos trataron de todo; nos hicieron bulliyng y desataron una campaña del terror absurda en esta materia. Pero hoy, con la tramitación de este proyecto de ley, básicamente reconocen que se equivocaron.
Repito: el bulliyng que soportamos la vez pasada no lo quita nadie. “Profetas del caos”, llegaron a decir algunos. Y aquí estamos. La profecía tenía sustento porque aquí se ha presentado, a pocos días del cierre del año, la fórmula para “tratar de paliar” el hecho de que más de 1.300 colegios no se hayan transformado en corporaciones sin fines de lucro.
Por tanto, uno tiene que preguntarse qué es lo que realmente nos importa: ¿Lo que sucede al interior de los colegios o la lógica del puño en alto y decir “lo conseguimos”? ¿Pero qué conseguimos? Conseguimos que hubiera menos colegios para las familias de clase media; conseguimos que más colegios se transformaran en particulares pagados, obligados por un sinsentido en la legislación.
Nadie quiere que los colegios se transformen en particulares pagados, pues eso es golpear a las familias de clase media. Sin embargo, la ley los está obligando.
Hemos puesto cientos de ejemplos respecto de casos donde no funciona la fórmula que redactó el gobierno, por una razón, también, muy sencilla: el canon de arriendo se calculó promediando la cantidad de años del mismo con el avalúo fiscal. Es un promedio. ¡Pero no existe el colegio promedio! Por tanto, en todos aquellos lugares en donde el terreno, el territorio, ha crecido más rápido que el promedio, no calza esta ley.
¿Dónde están ubicados esos territorios? En el norte de Chile: Antofagasta , Copiapó , Coquimbo . ¿Dónde no calza tampoco esta normativa? En varias comunas de la Región Metropolitana: San Bernardo , Maipú , San Miguel . Simplemente no funciona, no calza, porque no constituyen el promedio. Siguiendo más al sur, pasa exactamente lo mismo en algunas zonas de Rancagua, en Curicó, en La Araucanía. No funciona así.
Entonces, cuando uno ve que la idea peregrina no calza con la realidad, es justo y necesario repararla. Entiendo que por consideraciones políticas todavía no se puede reparar el tema de fondo, pero es necesario entregar una respuesta a los chilenos.
Me gustaría pedir que tres materias quedaran muy bien establecidas.
La primera de ellas es que cuando los colegios entreguen los documentos necesarios para transformarse en corporaciones o en fundaciones sin fines de lucro el 31 de diciembre, el solo hecho de manifestar la voluntad en ese sentido sea considerado como el inicio del trámite. De lo contrario, no hay ninguna forma de que dicho trámite esté terminado el 31 de diciembre. Es decir, si un colegio entrega los documentos el 31 de diciembre, y luego se necesita que haya un acta de recepción o que la gestión entre en curso por parte del ministerio, no habrá ninguna opción de que el trámite se entienda terminado. Hasta el día de hoy existen colegios que pretenden transformarse en personas jurídicas con giro único en educación, que fue una norma establecida hace seis años, que todavía no terminan su gestión debido a las trabas burocráticas del ministerio. Esa es la primera cuestión.
Segunda materia: no es razonable que sea la Superintendencia de Educación la experta en fijar los valores del precio de arriendo. Hay instancias expertas en esa materia. Lo que tiene que hacer la superintendencia es fiscalizar que la gestión esté hecha en forma adecuada, pero no ser la encargada de fijar el precio.
Tercera materia, sobre la cual han comentado varios sostenedores y que no está considerada en el proyecto: si un colegio arrienda su infraestructura, y el dueño de la infraestructura no está relacionado con el sostenedor, ese colegio no puede cambiarse de lugar físico. La ley no le permite cambiarse de lugar físico. Solamente le permite y lo obliga a comprar el inmueble donde hoy está funcionando. Si bien se entregan reglas para que se pueda dictar una nueva “ley del mono”, que también es necesaria, no se permite al sostenedor, si el dueño del edificio donde funciona el establecimiento educacional le dice: “Mire, ¿sabe qué? Yo no quiero que usted siga acá, porque voy a demoler y voy a construir un edificio”, que el colegio pueda continuar funcionando en otra infraestructura. No se puede, no está permitido eso en esta ley, lo cual es completamente contradictorio.
Por lo tanto, anuncio que votaremos a favor el proyecto de ley porque es una “pildorita”, es una mejora pequeña, pero estrictamente necesaria.
Espero que aquellos que siguen enceguecidos por la sobre ideologización, de una vez por todas dejen de mirar en menos a las familias de clase media, a las familias de regiones y a los colegios subvencionados que se han esforzado por entregar calidad en la educación del país.
Señor Presidente, por su intermedio saludo a la señora ministra, a quien desde ya manifiesto toda nuestra adhesión.
Quiero centrarme en el proyecto, porque el distinguido colega que me antecedió en el uso de la palabra hizo un revisionismo, que más tiene de “cuña” para los medios de comunicación que de análisis concreto del proyecto.
Esta es una iniciativa de ley miscelánea, como su nombre lo indica, que se hace cargo de algunos aspectos puntuales.
A mi juicio, hay que entrar al tema de fondo que nos ocupa -me dirijo especialmente a los queridos colegas de nuestro sector-, que tiene que ver con la razón que hay detrás del punto más “controversial” que contiene esta iniciativa -lo relativo a la educación parvularia y a la regularización ya están aclarados-. Me refiero al tema de la posibilidad excepcional -ojo, excepcional de autorizar que el valor anual del arriendo pueda superar el 11 por ciento del avalúo fiscal del inmueble. La ley de inclusión escolar disponía que el canon de arriendo no debía superar el 11 por ciento del avalúo fiscal. Sin embargo, en la práctica, una vez que se empieza a implementar, nos encontramos con que puntualmente en algunas zonas geográficas del país, no en la generalidad, esta disposición no era justa porque, como se explica en los fundamentos del proyecto consignados en el informe, el avalúo fiscal está muy por debajo del avalúo comercial. En efecto, el informe menciona que el avalúo fiscal puede tener variaciones que van desde 19 hasta 200 por ciento, inclusive.
Lejos de esta “locura”, “borrachera ideológica”, “malura del cuerpo”, “resaca”, entre otros términos con que son calificadas estas políticas -nosotros tenemos malura del cuerpo, pero ellos tienen resaca-, lo que hace el gobierno, lo que hace el ministerio es precisamente asumir la situación y tratar de resolverla. Y lo dice: “Lo asumimos, porque esto quedó en evidencia. Necesitamos que haya un proceso que haga justicia”, porque aquí se trata simplemente de hacer justicia.
El distinguido colega Bellolio sostiene que la hipótesis -no ha querido entenderlo y no quiere entenderlo; sé que es inteligente y lo entiende, pero contra argumenta de otra manera es que nosotros queremos cambiar los establecimientos a instituciones sin fines de lucro solamente por el tema de la calidad. Sin embargo, hay una razón más de fondo: con los recursos del Estado, exclusivamente en el ámbito de la educación, no se puede lucrar. Lo que queremos es que todo se reinvierta en otorgar un mejor servicio educativo a los alumnos. Incluso, se desvirtúa el principio de la ley cuando el sostenedor destina esos recursos a inversiones distintas del hecho educativo.
¡Esa es la razón y es indesmentible!
Ahora, ¿quitamos la posibilidad de que el sostenedor obtenga un legítimo ingreso por una actividad que realiza? No. ¿Le quitamos la propiedad? No. Al contrario, la regulamos; porque en la otra hipótesis íbamos a quedar en un mercado en el que cualquiera podría cobrar lo que quisiera. Eso sería no cuidar los recursos del Estado.
¿Y qué decidimos? Algo que es de toda lógica: habrá de por medio tasaciones válidas, más de una, autorizadas por la Subsecretaría, para evitar que este mecanismo, que busca resolver hechos puntuales y excepcionales, se transforme en una manera de burlar el espíritu original de la ley. ¡Eso es, ni más ni menos!
Entonces, ¿estamos traicionando nuestra idea original de que con los dineros para educación no se debe lucrar, entendido el lucro como utilizar una parte de ese dinero para fines distintos de la función educacional? No, no traicionamos ese principio, por lo menos desde mi punto de vista, y todos saben que he defendido con pasión estos proyectos de ley.
Por el contrario, en un acto que deberían agradecer nuestro distinguido diputado Bellolio y otros parlamentarios, nos hacemos cargo de esta situación, que surge de la realidad, y proponemos esta fórmula, que además tiene un elemento que los colegas de nuestro sector deben entender: aquí hay un proceso que está en curso, de manera que debemos generar las condiciones para que termine exitosamente. A todos nos interesa que los establecimientos particulares subvencionados, que hoy operan como entidades con fines de lucro, se transformen en organizaciones sin fines de lucro, que es la idea matriz de este proyecto. Eso es lo que nos importa; pero aún hay muchos establecimientos que no han dado ese paso, a pesar de que la fecha de vencimiento del plazo para hacerlo está cerca.
Que dicho hecho se concrete me importa más que “la posibilidad de que este mecanismo se use para eventual lucro”, puesto que es de carácter estrictamente excepcional. En todo caso, se han adoptado todos los resguardos para el cumplimiento de las condiciones establecidas. Una de ellas es que se debe utilizar de acuerdo con las mismas condiciones que regulan el mercado. Debido a lo señalado, no se podrá establecer un canon de arriendo que sea superior al de una propiedad que está en arriendo en el mismo sector, lo que se hará a través de cotizaciones elaboradas por gente autorizada y calificada por la superintendencia.
El sentido de realidad nos lleva a plantearnos que debemos apoyar este proyecto, tal como yo haré, y no siento que esté traicionando nada. Al contrario, creo que soy lo suficientemente razonable y racional para facilitar que todos los colegios que hoy tienen fines de lucro lleguen a ser establecimientos sin fines de lucro, que es lo que queremos lograr, por razones distintas a lo expuesto por el diputado Jaime Bellolio . A nuestro juicio, se debe destinar la totalidad de los recursos que el Estado provee al proceso educativo, porque eso permitirá otorgar mejor educación a nuestros niños, que es el objetivo que queremos se cumpla.
Ese es el aspecto más controvertido de la iniciativa, ya que si se le compara con los demás, como lo que se establece en materia de educación parvularia y regularización, estos resultan perfectamente entendibles.
Por lo tanto, hago un llamado a mis estimados colegas de bancada, así como al resto de los diputados, a que tengan en consideración lo señalado, porque lo que aborda el proyecto dice relación con un proceso mayor: que los establecimientos con fines de lucro que aún quedan se transformen en organizaciones sin fines de lucro, objetivo que me parece es el más importante.
Corresponde votar en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que introduce diversas modificaciones a la normativa educacional.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett , Bernardo ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
Boric Font, Gabriel ; Jackson Drago, Giorgio .
-Se abstuvo el diputado señor Mirosevic Verdugo , Vlado .
Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto se declara aprobado también en particular, con excepción del artículo 2 incorporado por la Comisión de Hacienda.
Corresponde votar en particular el artículo 2 incorporado por la Comisión de Hacienda. En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 3 abstenciones.
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett , Bernardo ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jackson Drago, Giorgio ; Mirosevic Verdugo , Vlado ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Vallejo Dowling , Camila .
González Torres, Rodrigo ; Provoste Campillay, Yasna ; Teillier Del Valle , Guillermo . El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Despachado el proyecto al Senado.
Corresponde tratar el proyecto de ley, , en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica el artículo 36 del Código Orgánico de Tribunales, relacionado con los juzgados con asiento en las comunas de Nueva Imperial y de Toltén.
Diputado informante del nuevo informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Fuad Chahin .
-Nuevo informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 77ª de la presente legislatura, en 11 de octubre de 2017. Documentos de la Cuenta N° 8.
En reemplazo del diputado Fuad Chahin , rinde el informe el diputado René Saffirio .
El señor SAFFIRIO (de pie).-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a rendir el nuevo informe complementario sobre el proyecto de ley que modifica el artículo 36 del Código Orgánico de Tribunales, relacionado con los juzgados con asiento en las comunas de Nueva Imperial y de Toltén, Región de La Araucanía.
La iniciativa fue originada en moción de la diputada señora Rubilar, dona Karla ; de los diputados señores Becker, don Germán ; Browne, don Pedro ; Edwards, don Rojo ; García, don René Manuel ; Martínez, don Rosauro , y Verdugo, don Germán , y de los entonces diputados señores Bertolino, don Mario , y Sauerbaum, don Frank .
Cabe hacer presente que durante la discusión del primer informe complementario algunos señores diputados recordaron que en la discusión general se detectó que solo se trasladaba la competencia para conocer de los asuntos civiles de los habitantes de Teodoro Schmidt , desde el Juzgado de la comuna de Nueva Imperial al de la comuna de Toltén.
Por ello, se presentó una indicación para modificar el artículo 16 del Código Orgánico de Tribunales, con el objeto de efectuar también tal traslado de competencia en materia penal. De esta forma, los habitantes de Teodoro Schmidt ya no deberán trasladarse a Nueva Imperial para efectuar trámites judiciales, comuna mucho más alejada, ya que el tribunal competente será el de la comuna de Toltén, tanto en materias civiles como penales.
Este proyecto busca acercar a la comunidad la solución de sus conflictos judiciales, cualquiera que sea su naturaleza, particularmente aquellos de carácter civil o criminal.
Cabe recordar que ello no solo fue consultado a la excelentísima Corte Suprema, sino que esta modificación fue establecida precisamente a instancias de esta, me refiero a la no inclusión previa de las materias penales.
Asimismo, frente a algunas observaciones realizadas en torno a problemas de conectividad entre las tres localidades implicadas, lo que dificultaría el desplazamiento de sus habitantes para realizar sus trámites judiciales, se señaló que fueron precisamente los reiterados planteamientos por parte de la comunidad, que fue escuchada en muchas ocasiones por la Comisión de Constitución, instancia que represento, los que dieron origen al traslado de competencia que se propone.
Por este motivo, esta comisión acordó, por la unanimidad de los diputados presentes, nuevamente insistir en el texto del proyecto contenido en su informe original.
Corresponde votar en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica el artículo 36 del Código Orgánico de Tribunales, relacionado con los juzgados con asiento en las comunas de Nueva Imperial y Toltén, para cuya aprobación se requiere del voto favorable de 67 señoras y señores diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 9 abstenciones.
Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
Auth Stewart, Pepe ; Rocafull López, Luis .
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Castro González, Juan Luis ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Farías Ponce, Ramón ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Melo Contreras, Daniel ; Saldívar Auger, Raúl ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada , Leonardo .
Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para un nuevo informe complementario.
Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Fuad Chahin .
Señor Presidente, la Sala ha enviado en tres ocasiones el proyecto a la Comisión de Constitución. Por lo tanto, ya no sería segundo informe, sino cuarto informe, lo que es absolutamente contrario al Reglamento.
Es la primera vez que se vota en general y fue objeto de indicaciones, de manera que lo que corresponde es enviarlo nuevamente a dicha comisión.
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que sanciona con pena de presidio a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile entre 1973 y 1990, y otras conductas asociadas a esos crímenes.
Diputados informantes de las comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento son los señores Tucapel Jiménez y Leonardo Soto , respectivamente.
-Moción, sesión 111ª de la legislatura 359ª, en 21 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 6.
-Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sesión 45ª de la legislatura 361ª, en 9 de julio de 2013. Documentos de la Cuenta N° 6.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y	Reglamento, sesión 47ª de la presente legislatura, en 17 de julio de 2017. Documentos de la Cuenta N° 4.
En reemplazo del diputado Tucapel Jiménez , rinde el informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, iniciado en moción de la diputada Cristina Girardi , de los diputados Sergio Aguiló , Osvaldo Andrade , Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez , Tucapel Jiménez y Sergio Ojeda , y de los entonces diputados Enrique Accorsi , René Alinco y Alfonso de Urresti, que sanciona con presidio a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile.
Con motivo del tratamiento del proyecto, la comisión recibió, entre otros, al abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos señor Juan Pablo González , al profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales señor Héctor Hernández y a la presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, señora Alicia Lira .
La idea matriz del proyecto es sancionar a quienes justifiquen o nieguen la ocurrencia de delitos de lesa humanidad en nuestro país.
La iniciativa, impulsada por los diputados antes individualizados, no tiene normas de quorum especial.
El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los diputados presentes en la sesión respectiva, esto es, con los votos de los diputados Sergio Aguiló , Hugo Gutiérrez , Tucapel Jiménez y Sergio Ojeda , y de los entonces diputados Ximena Vidal y Gabriel Ascencio .
Según expresan sus autores, las políticas represivas ejecutadas por el régimen militar entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 crearon un cuadro de graves, extendidas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, lo que se denunció nacional e internacionalmente. Los informes de las comisiones Rettig y Valech atestiguaron la veracidad de esos hechos, realidad que muchos negaron en su momento, como el asesinato de más de tres mil personas y la tortura, desaparición forzada y otras vejaciones a sus derechos fundamentales que sufrieron más de 28.000 compatriotas.
Ligado orgánica y políticamente a ese cuadro de violencia estatal, la institucionalidad desarrolló mecanismos de impunidad que deformaron y desnaturalizaron gravemente el ordenamiento jurídico-político del país. Así, baste citar el decreto ley N° 2.191, de 1978, conocido como la ley de autoamnistía; los beneficios penitenciarios a quienes han sido juzgados por delitos de lesa humanidad; la participación en el gobierno y en las Fuerzas Armadas de aquellos que fueron parte del régimen militar y de asociaciones ilícitas, como la DINA, y la negación, minimización o justificación de los delitos y crímenes cometidos en dictadura.
Hoy, la evolución del derecho internacional hace que la impunidad, la negación o justificación de los delitos de lesa humanidad sea un verdadero “ilícito internacional”, pues las graves violaciones de los derechos humanos constituyen una ofensa en perjuicio de toda la humanidad, correspondiendo a todos los Estados, conforme al principio de justicia universal, la persecución, juzgamiento y sanción de los responsables de esos crímenes.
La legislación chilena no puede desatender el sentimiento que provoca en quienes sufrieron en carne viva los delitos cometidos y a sus descendientes, oír el cuestionamiento, la minimización o justificación de los crímenes cometidos en dictadura. Aún existen quienes señalan que fue un mal necesario, que los crímenes se justificaron porque estábamos en una supuesta guerra civil.
Es responsabilidad del Estado condenar estas actitudes negacionistas. Actuar por omisión es conceder, legitimar y aceptar este daño a la dignidad de las personas y de nuestro propio país.
Así lo han entendido otros Estados que experimentaron delitos de lesa humanidad. En la legislación comparada hay normas que tipifican como delito negar, ocultar o minimizar los crímenes contra la humanidad. Así, la Unión Europea acordó, en 2007, penar con cárcel a quienes públicamente “condonen, nieguen o trivialicen genocidios, crímenes contra la humanidad y de guerra definidos por la justicia internacional”. También obliga a los distintos países miembros a adecuar su marco jurídico en este sentido y sancionar a quien incite en público a la violencia o al odio en contra de grupos definidos por su raza, color, religión, descendencia, nacionalidad, orientación sexual, origen étnico o color político.
Esta iniciativa consta de un artículo único que señala que quienes públicamente nieguen, minimicen o condonen, intenten justificar o aprueben los crímenes de lesa humanidad o genocidios cometidos, particularmente bajo el régimen militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990, serán castigados con pena de presidio menor en su grado medio.
Modificaciones incorporadas durante la discusión particular
La comisión aprobó por unanimidad una indicación al artículo único del proyecto, destinada a reemplazarlo por una norma similar, pero que agrega un inciso segundo que establece que la pena aumentará en un grado si el delito es cometido por funcionarios públicos.
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento de la Corporación, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile.
La iniciativa se originó en una moción de la diputada señora Cristina Girardi , de los diputados señores Sergio Aguiló , Osvaldo Andrade , Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez , Tucapel Jiménez y Sergio Ojeda , y de los entonces diputados señores Enrique Accorsi , René Alinco y Alfonso de Urresti, la que ya fue informada en este hemiciclo por el diputado Felipe Letelier , en nombre de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.
La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en sancionar a quienes justifiquen o nieguen la ocurrencia de delitos de lesa humanidad.
La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios aprobó la idea de legislar. Durante la discusión particular, aprobó una indicación que reemplazó su artículo único por uno que señala que se sancionará con pena de presidio menor en su grado medio a quien públicamente niegue, minimice o justifique los crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos bajo el régimen militar que gobernó Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Asimismo, dispone que en la hipótesis de que el delito sea cometido por funcionarios públicos, la pena aumentará en un grado.
Por su parte, durante la discusión del proyecto de ley en el seno de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, luego de escuchar las observaciones formuladas por el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Branislav Marelic ; por el asesor de la bancada del Partido Socialista señor Enrique Aldunate y por el asesor de la Fundación Jaime Guzmán señor Héctor Mery , se aprobó una indicación sustitutiva del artículo único para sancionar con pena de presidio menor en su grado medio a quienes públicamente negaren hechos comprobados por sentencia judicial firme referidas a delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro, secuestro calificado, substracción de menores, detención ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y que las personas condenadas hubiesen actuado como agentes del Estado en calidad de funcionario público o, tratándose de un particular, que hubiese actuado en el ejercicio de funciones públicas o con la aquiescencia, consentimiento o por instigación de un funcionario público.
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez .
Señor Presidente, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social estamos votando el proyecto que crea el sistema de ahorro colectivo. Por lo tanto, después de realizar esta intervención deberé regresar a dicha instancia para participar en esa votación.
Señor Presidente, en primer lugar, debo expresar mi satisfacción porque estamos discutiendo este proyecto en la Sala después de haber transcurrido cinco o seis años desde su presentación. Considero que se ha establecido un récord en cuanto al retardo en la discusión de esta iniciativa. Todos sabemos que la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios aprobó el proyecto, pero fue enviado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para dilatar su tramitación. La Mesa dio a esta comisión un plazo de dos o tres semanas; pero, al final, se demoró cuatro años.
Queremos explicar de qué trata el proyecto, para que la ciudadanía y quienes nos ven a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados conozcan lo que queremos sancionar con ocasión de la práctica del negacionismo.
En primer lugar, queremos prohibir un discurso que cuestiona o niega la realidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura. Ese es el espíritu del proyecto.
Se debe sancionar la negación pura y simple, la puesta en duda o la minimización de los crímenes contra los derechos humanos cometidos en la dictadura de Pinochet.
Siempre hay y habrá tensión entre la libertad de expresión y este delito. No hay duda al respecto; pero la libertad de expresión tiene limitaciones. No creo que nuestra sociedad pueda y deba tolerar cualquier discurso, particularmente uno que, por ejemplo, fomente o aplauda el abuso sexual infantil, o uno que homenajee o enaltezca los crímenes de lesa humanidad.
La pregunta que debemos hacernos es si estamos dispuestos a tolerar ese tipo de actos.
¿Estamos dispuestos a decir que es lícito homenajear a un sujeto por actos de abuso sexual infantil? Yo, al menos, no estoy dispuesto a eso. Creo que el Estado puede y debe prohibir ese tipo de actos.
La libertad de expresión no es absoluta, razón por la cual en Chile está prohibido humillar, insultar, amenazar o provocar un peligro cierto e inminente de actos ilícitos. Está prohibida la discriminación, la injuria, la amenaza, entre otras conductas.
Lamentablemente, como quedó redactada la iniciativa de ley no nos sirve, porque de aprobarse las enmiendas introducidas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento al proyecto aprobado por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, su texto quedaría redactado de la siguiente manera:
“Artículo único.- El que públicamente negare hechos comprobados por sentencia judicial firme, referidas a delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro, secuestro calificado, substracción de menores, detención ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y que las personas condenadas hubiesen actuado como agentes del Estado en calidad de funcionario público o, tratándose de un particular, que hubiese actuado en el ejercicio de funciones públicas o con la aquiescencia, consentimiento o por instigación de un funcionario público serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio.”.
¿Cuáles son los errores de la propuesta de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento?
1. Que ya no se sanciona el negacionismo. Se le quita el corazón y el espíritu original al proyecto. Se sanciona algo completamente distinto, esto es, negar la existencia de condenas penales por crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos en la dictadura de Pinochet.
2. Lo propuesto es otra cosa completamente distinta al proyecto de ley original. No es la sanción al negacionismo, sino a negar, minimizar o justificar los delitos de personas que fueron condenadas por esos crímenes.
Si el proyecto quedase como está, o sea, como salió de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, deberíamos preguntarnos lo siguiente:
1. ¿En Chile podríamos homenajear, por ejemplo, a Hitler, un tremendo asesino que nunca fue condenado?
2. ¿En Chile podríamos negar que Pinochet fue un criminal e, incluso, homenajearlo, porque tampoco fue condenado?
3. ¿Podríamos sostener que los miembros de la CNI no fueron criminales?
4. Respecto de cualquier criminal de lesa humanidad muerto antes de dictarse condena, también se podrían negar, justificar y minimizar sus crímenes.
5. El proyecto de ley no alcanzaría a los fallos penales en que se aplicó la prescripción, a pesar de haberse probado la existencia del delito y la participación criminal.
El proyecto salió de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento con esos errores, que le quitaron, insisto, el corazón y el espíritu original.
Hoy tenemos el deber, como Estado, de proteger a las víctimas y no volver a provocarles un nuevo dolor.
Este es un primer paso. En el futuro deberemos ser capaces de condenar cualquier conducta que niegue o minimice crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, que en Chile se niegue la existencia del holocausto.
Señor Presidente, hoy estamos dando un paso histórico para que las víctimas no vuelvan a sufrir el dolor que ya padecieron.
Para que la ciudadanía entienda bien y de manera más clara esta materia, es como si el día de mañana en cualquier población se reuniera toda la vecindad para rendir un homenaje a un asesino. Imagínense el dolor que causaría ese hecho a las familias de las víctimas.
Pienso que el proyecto de ley es tremendamente humano y que hay precedentes en Europa. Hace poco tiempo vimos que un hincha hizo el saludo nazi en un estadio, por lo que fue detenido y permaneció treinta días en la cárcel, ya que ese hecho causó dolor a quienes sufrieron el holocausto.
Por lo expuesto, pido a mis colegas, en un ánimo constructivo y pensando en una sociedad mucho más justa y sana para el futuro, que voten a favor la iniciativa.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que mi general Pinochet fue un gran Presidente y un gran estadista. Partamos de esa base. Su gobierno fue el mejor que tuvimos el siglo pasado, sin lugar a dudas. ¡Que la izquierda nos venga a decir lo que quiera decir, allá ellos!
No podemos decir que este proyecto de ley es un gran avance; ¡de qué estamos hablando!
¡Esta es una ley mordaza! Me explico, si una vez entrada en vigencia esta iniciativa de ley vuelvo a decir que mi general Pinochet fue un gran estadista y un gran Presidente, me meterán preso. ¡Eso es lo que significa! ¿Dónde está la libertad de expresión en esta materia?
¡No hay libertad de expresión en ninguna parte! ¡Quieren una ley mordaza, quieren una ley que no permita a quienes admiramos y queremos lo que fue el gobierno militar, poder resaltarlo! ¡Eso es lo que quieren!
La izquierda chilena, siempre vengativa; la izquierda chilena siempre buscando el lado que les acomoda con este proyecto de ley. Sin embargo, ellos aplauden lo que pasa en Cuba, aplauden lo que pasa en Venezuela, aplauden lo que pasa en Corea del Norte, aplauden lo que pasa en todos los países comunistas, felices de la vida; pero en Chile quieren tener una ley mordaza, para que no se hable más del gobierno militar, ¡Como si la patria hubiera empezado el 11 de septiembre de 1973! ¡Como si en el gobierno de Allende no se hubieran cometido crímenes!
Al respecto, les quiero recordar que Allende tenía el Grupo de Amigos Personales (GAP), cuyos integrantes andaban armados permanentemente. Ese Grupo de Amigos Personales se dedicaba a asesinar a civiles en Chile. El 10 de septiembre de 1973, uno de esos amigos personales del señor Allende asesinó a Guillermo Valdés , un transportista de Parral que no estaba haciendo nada malo, y dejó a su viuda con cinco niñitas, la mayor de ocho años de edad.
¡Y nadie dice nada, pues! ¡Eso no es un asesinato porque lo hizo la izquierda! O sea, cuando la izquierda comete asesinatos, no son asesinatos. ¡Por Dios que tienen doble estándar!
Este proyecto es una porquería, no es bueno. No voy a callar mi voz, ni con este proyecto ni con ningún otro. Si esto termina siendo ley, prefiero irme preso, pero nadie me va a venir a decir que el gobierno de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile no fue un gran gobierno, que salvó a Chile, precisamente, de ustedes; lo salvó de una dictadura comunista.
Gente que ha confesado haber dado órdenes de asesinatos está aquí, en esta misma Sala; está aquí, sentado justo frente a mí. ¡Y ahí está, de diputado de la república! ¡Cinco escoltas de mi general Pinochet fueron asesinados por una orden que él dio! ¡Y ahí está, feliz de la vida! ¡Diputado de la república! ¡Se le debería caer la cara de vergüenza! ¡No me vengan con cuentos! ¡Hasta cuándo con la tontera!
Tengo todo el derecho a expresarme, y quien quiera hacerlo tiene el derecho a expresarse en este país. No por una ley propiciada por la izquierda, que, como dije, en sus filas tiene a un asesino, me van a venir a hacer callar bajo ningún punto de vista.
Señor Presidente, es inaceptable acusar en la Sala a un diputado de asesino.
¡Calladito, usted!
Señores diputados, lo importante es decir las cosas, pero no transgredir las normas de ética y disciplina que debemos tener como representantes y autoridades de la república.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dejar en claro que este proyecto de ley, iniciado en moción, sanciona con cárcel a quien públicamente niegue, minimice o justifique los crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos en Chile; no se refiere a lo que el diputado Ignacio Urrutia acaba de señalar. Primero hay que leer la iniciativa y luego referirse a ella.
Esto no es una ocurrencia ni forma parte de la soberbia de quienes son de izquierda en Chile, sino que se trata de un ilícito consignado a nivel internacional. El punto 3 de la moción señala: “... las graves violaciones de los Derechos Humanos constituyen una ofensa en perjuicio de toda la humanidad, correspondiendo a todos los Estados, de acuerdo al principio de justicia universal, la persecución, juzgamiento y sanción de los responsables de estos crímenes.”.
Ahora bien, este proyecto de ley por ningún motivo busca reabrir heridas ni volver a un pasado que queremos olvidar; tampoco busca realizar un debate político, que ya se ha llevado a cabo en la Cámara de Diputados, sobre medidas de reparación y sanciones a quienes incurrieron en violaciones a los derechos humanos. Se trata, sencillamente, de establecer una norma para evitar que los hechos que provocaron la muerte de miles de chilenos y los rigores de esas violaciones de los derechos humanos sean justificados o valorados como acciones legítimas. Eso es lo que se pretende a través de este proyecto de ley.
Se trata de castigar la negación, la justificación y la minimización de los hechos ocurridos bajo el gobierno militar, es decir, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. ¡Ese es el objetivo de esta iniciativa!
El hecho de que se justifiquen acciones de este tipo es grave, porque admite la posibilidad de que se repitan. El hecho de que se nieguen da lugar a la impunidad. La justificación y la negación se traducen en muchas acciones, como, por ejemplo, una opinión, un análisis periodístico o un homenaje, como el rendido por el ex brigadier del Ejército Miguel Krassnoff, condenado a una pena de 144 años por violaciones a los derechos humanos. Eso es una verdadera ofensa a las víctimas, a sus familiares y a todo el país, que ha condenado estos hechos.
Hay algunos que priorizan y ensalzan el desarrollo económico por sobre la violación de los derechos humanos cometida en dictadura -acá se habló de un gobierno próspero, pero a costa de muchas vidas-, prescindiendo de realizar un juicio condenatorio a esas violaciones, desconociendo su gravedad y la verdadera dimensión y brutalidad de ellas. Decir que fue un mal necesario y que el país quedó tranquilo y se pudo desarrollar es una inconsecuencia absoluta y una brutalidad.
Respecto de este tipo de delitos, en Chile no se han establecido penas como las que ya existen en otros países, como Alemania, Francia, Suiza o Argentina. Es importante aprobar el proyecto, porque nos pone a la par de esas naciones y de la normativa internacional.
No soy socialista ni soy de izquierda; soy cristiano, soy demócrata. Por eso, mientras no se haga justicia hasta la última persona afectada, como Partido Demócrata Cristiano vamos a estar preocupados de reparar, compensar y hacer justicia en materia de derechos humanos en favor de las víctimas y de sus familiares. Esta es una forma más y, seguramente, vendrán más mientras no exista una reparación total por las violaciones a los derechos humanos.
Tanto la Comisión Rettig como la Comisión Valech lograron establecer, por testimonios de miles de chilenos, una realidad que muchos negaban, como fue el asesinato de más de 3.000 personas, la tortura, la desaparición forzada y otras vejaciones a los derechos fundamentales.
El negacionismo, como forma de ocultar y minimizar los hechos, va en contra de la verdad y la justicia -nosotros luchamos por la verdad y la justicia-, y recae sobre crímenes de lesa humanidad, actos inhumanos que causan intencionalmente graves sufrimientos o atentan gravemente contra la integridad física y la salud mental o psíquica, como la esclavitud, la desaparición forzada de personas, el exterminio, la tortura, etcétera.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento también intervino en este proyecto de ley. La modificación realizada por ella se aparta de la idea matriz o fundamental del proyecto de ley, que es absolutamente distinta, porque busca sancionar a quienes justifiquen o nieguen la ocurrencia de delitos de lesa humanidad. De hecho, en la modificación que realizó la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento no se habla de delitos de lesa humanidad, sino de homicidios calificados, secuestros, secuestros calificados, sustracción de menores, detención ilegal, tormento o rigor innecesario y asociación ilícita. Además, expresa que esos hechos deben estar comprobados por sentencia judicial firme o ejecutoriada.
No todos estos delitos pueden encuadrarse dentro del concepto o de la definición universal de crímenes de lesa humanidad o genocidio, como sí lo define la ley N° 20.357, de 18 de julio del 2009, que tipifica los crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, pero no de la manera como lo señala esa comisión.
Se trata de crímenes atroces cometidos sistemática y masivamente por agentes del Estado, que obedecen a una política de Estado. También se exige sentencia firme; pero no todos los crímenes han sido juzgados y terminados con sentencia, por lo que la indicación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento no los estaría abarcando y, por lo tanto, no tendría sentido ratificar la presente figura penal.
Seguimos con el espíritu y la doctrina de la defensa de los derechos humanos, lo que no solo hicimos en dictadura, sino también después. No hemos renunciado a ello y no lo vamos a hacer nunca, porque nos interesa defender sus derechos humanos o naturales fundamentales, pues son de la esencia de la persona humana.
Por lo tanto, con este proyecto también defendemos a las víctimas, porque tratamos de impedir que se les estigmatice y se les ofenda a causa del negacionismo, materia sobre la que estamos discutiendo. Si aceptamos el negacionismo, terminaremos aceptando la impunidad, la ofensa y la falsedad de los hechos, y no va a tener cabida lo que hemos buscado siempre: la verdad y la justicia, que este proyecto sí persigue.
Señor Presidente, pido la palabra, para plantear una cuestión reglamentaria.
Señor Presidente, espero que mañana continúe la discusión de este proyecto, para que no quede en el “anaquel del olvido”.
Señor diputado, lamentablemente, ya está fijada la Tabla de mañana.
Señor Presidente, entonces que quede pendiente para el martes 7 de noviembre.
Diputado Farías , quedará pendiente para cuando corresponda, según lo que acuerden los jefes de Comités.
Señor Presidente, quiero plantear una cuestión de Reglamento.
Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló .
Señor Presidente, el Reglamento establece la posibilidad de que los jefes de Comités elaboren la Tabla; pero también le entrega la facultad a la Sala -no podría ser de otra manera, por lo demás para que pueda adoptar acuerdos respecto de esta materia.
Como muy bien dijo el diputado Tucapel Jiménez , este proyecto se presentó hace cuatro años y consta de un solo artículo.
Por lo tanto, si ya esta lista la Tabla de mañana, pido que someta a consideración de la Sala la posibilidad de que se discuta el martes 7 de noviembre. Lo que no podemos hacer es condicionar su tratamiento de acuerdo a las urgencias, porque, de lo contrario, no lo alcanzaremos a ver en este período legislativo.
Entonces, como es una facultad de la Sala, insisto en pedir que usted someta el tema a consideración de la Sala. No pida la unanimidad, sino la consideración de la Sala. El Reglamente es muy preciso: la Sala tiene la facultad de decidir, por mayoría, cómo se determinará la Tabla.
Diputado Aguiló , tenemos diferencias de opinión respecto de la interpretación del Reglamento, porque no solo corresponde la opinión de la mayoría, sino la unanimidad. Así lo expresa el Reglamento.
¿Para elaborar la Tabla?
El señor Secretario se referirá a la norma correspondiente del Reglamento.
Señor Presidente, el artículo 108, que se puede consultar, establece la forma en que se puede elaborar la Tabla, junto con el artículo 109, que fija el orden de los proyectos conforme a su urgencia.
Lo único que puede acordar un cambio de ese orden es la unanimidad del pleno. De lo contrario, tenemos que elaborar la Tabla conforme a lo que estable ese artículo.
Por lo tanto, si hay disposiciones…
¿Me permite interrumpirlo, señor Secretario?
El artículo 108 dice que la Sala tendría que tener unanimidad para cambiar lo que han decidido los Comités; pero no estoy planteando que cambiemos lo que decidieron los Comités, sino que la Sala incluya un proyecto en la Tabla cuando aún no se ha adoptado el acuerdo de los Comités.
Señor diputado, el artículo 108, en relación con el artículo 109, fija el orden de los proyectos, y dice que primero van los proyectos con urgencias.
La Sala no puede, salvo por unanimidad, incluir en la Tabla un proyecto que no tiene urgencia en reemplazo de otro que sí la tiene. Quienes pueden hacer eso son los Comités Parlamentarios el próximo martes. Créame que vamos a incluir el proyecto aludido conforme a su mérito, cuya discusión quedó pendiente, por sobre otros, pero no por sobre los que tienen urgencias. Eso no lo podemos determinar, porque fijar las urgencias no es resorte de la Cámara de Diputados, sino del gobierno.
La próxima semana, los Comités tendrán que fijar cuál es el orden que pueden acordar respecto de lo que usted está planteando.
El punto ha quedado zanjado.
Señor Presidente, quiero plantear un punto de Reglamento.
Señor Presidente, los Comités Parlamentarios adoptaron el acuerdo de suspender el tratamiento de los proyectos de acuerdo y de resolución para que la iniciativa que introduce diversas modificaciones a la normativa educacional pudiese ser votada hoy. Sin embargo, como se cerró el debate por no haber más diputados inscritos para intervenir en ese proyecto, dicho acuerdo carece de sentido, por lo que solicito que se requiera la unanimidad de la Sala para dejarlo sin efecto.
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formal del diputado Ignacio Urrutia , en orden a dejar sin efecto el acuerdo para suspender el tratamiento de los proyectos de acuerdo y de resolución.
Intervinieron los diputados Sergio Ojeda y Jorge Ulloa .
-La Sala se pronunció sobre el proyecto de resolución N° 979 en los siguientes términos:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
Intervinieron los diputados Alejandra Sepúlveda y Miguel Ángel Alvarado .
-La Sala se pronunció sobre el proyecto de resolución N° 980 en los siguientes términos:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
Intervinieron los diputados Issa Kort y Yasna Provoste .
-La Sala se pronunció sobre el proyecto de resolución N° 982 en los siguientes términos:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
El señor JORGE ULLOA (UDI) pidió al contralor general de la República y a los ministros de Transportes y Telecomunicaciones, de Defensa Nacional y del Interior y Seguridad Pública información sobre licitación de banda de frecuencia para comunicaciones críticas del Estado.
El señor DAVID SANDOVAL (UDI) solicitó a la Contraloría General de la República, a la ministra de Vivienda y Urbanismo, a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la Región de Aysén y al director del Serviu de la misma región que investiguen las causas y determinen las responsabilidades por la falta de conexión a la red de alcantarillado de las viviendas construidas para los integrantes del comité habitacional Valle Simpson, en la comuna de Coyhaique. Asimismo, solicitó que se envíe copia de los oficios respectivos al alcalde de esa comuna y a los dirigentes del mencionado comité de vivienda.
La señorita DANIELLA CICARDINI (PS) solicitó al director del hospital regional de Copiapó, al Servicio de Salud Atacama, a la seremi de Salud y a la ministra de Salud que investiguen las eventuales responsabilidades de profesionales del hospital regional de Copiapó que atendieron el parto de doña Angie Buitrago Herrera , y que informen sobre las medidas adoptadas al respecto.
El señor RAÚL SALDÍVAR (PS) pidió al señor intendente de la Región de Coquimbo establecer coordinaciones con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con el Consejo de Monumentos Nacionales y con el municipio local para adoptar medidas destinadas a recuperar inmuebles de la zona típica de La Serena dañados por temporal.
FIDEL ESPINOZA (PS) solicitó al ministro de Economía, Fomento y Turismo investigar la compraventa de vehículos en automotoras. Asimismo, solicitó el envío de copia de su intervención al director nacional del Sernac y al director regional del Sernac de la Región de Los Lagos.
El señor VLADO MIROSEVIC (PL) felicitó a los integrantes del equipo escolar de judo de Arica que obtuvieron medallas de bronce en el campeonato nacional escolar organizado por el Instituto Nacional de Deportes (IND).
En segundo lugar, solicitó al director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Arica y Parinacota que desaloje a mochileros que impiden el ingreso de funcionarios de la Municipalidad de Arica a un terreno ubicado al interior del parque Centenario, que será reabierto al público a fin de año.
En tercer lugar, pidió al director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización fiscalizar a la empresa que construyó el condominio de viviendas sociales Altos del Sol y cobrar las boletas de garantía, debido a que, a pesar de haber sido entregadas hace solo dos meses, las casas presentan fallas estructurales, problemas en puertas y ventanas, y filtraciones en los baños.
En cuarto lugar, pidió a los secretarios regionales ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones, y de Obras Públicas de la Región de Arica y Parinacota informar acerca de la factibilidad de utilizar el antiguo paso bajo nivel ubicado en la calle Juan Antonio Ríos con Velásquez para dar solución a la congestión vehicular que traerá consigo la construcción del mall de Arica, que viene a unirse al casino que ya abrió sus puertas, a un hotel cinco estrellas y a un strip center.
Por último, solicitó a la directora del Servicio de Salud Arica que evalúe la factibilidad de ampliar el proyecto de construcción del Centro de Salud Familiar Sur ubicado en el cerro La Cruz, comuna de Arica, en atención al alto número de pacientes que le corresponderá recibir una vez que entre en funcionamiento.
El señor MARCOS ESPINOSA (PRSD) solicitó a la ministra de Bienes Nacionales que se agilice la transferencia de la propiedad de terrenos para construcción de barrio industrial en la comuna de Tocopilla de acuerdo con nuevo plan regulador.
-Se levantó la sesión a las 14.04 horas.
El señor FELIPE LETELIER (PPD) solicitó que el ministro de Agricultura y la ministra de Bienes Nacionales tengan a bien estudiar una iniciativa legal destinada a sanear la situación de los bienes mancomunados de la Reforma Agraria que se encuentran ocupados por clubes deportivos, juntas de vecinos, incluso escuelas, a fin de proponer a su excelencia la Presidenta de la República que remita al Congreso Nacional un proyecto de ley corta que permita entregarlos a las organizaciones comunitarias y establecimientos educacionales que se encuentran actualmente emplazados en ellos.
El señor JOSÉ PÉREZ (PRSD) pidió a la ministra de Vivienda y Urbanismo y al director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización del Biobío que busquen una solución a la situación por la que atraviesan trescientas familias agrupadas en comités de vivienda en la comuna de Tirúa, ante la imposibilidad de acceder a subsidios de construcción de viviendas, evaluando una solución a corto plazo.Asimismo, pidió al director provincial de Vialidad del Biobío que informe a la Cámara de Diputados sobre la factibilidad de disponer reparaciones y asfaltado en el camino Saltos del Laja a Paraguay, por Piedra Amarilla; en el camino hacia El Aromo, y en el camino San Antonio, de la comuna de Los Ángeles.
El señor FUAD CHAHIN (PDC) solicitó al director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de La Araucanía que informe a la Cámara de Diputados sobre la etapa en que se encuentra la postulación al subsidio habitacional rural del señor Honorindo Cayumir Cayumir, vecino del sector Huallen Mapu, en la comuna de Lonquimay.
El señor ALBERTO ROBLES (PRSD) pidió al ministro de Obras Públicas que informe a la Cámara de Diputados sobre la planificación de las obras de ensanchamiento del río Copiapó, especialmente en el sector comprendido entre Piedra Colgada y el mar, y que indique el monto de los recursos dispuestos para ellas.Asimismo, solicitó al ministro de Obras Públicas que informe a la Cámara de Diputados sobre la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas en el sector de San Pedro, de la comuna de Copiapó, a cargo de una empresa privada, y que indique si su emplazamiento cuenta con los permisos requeridos, si se efectuó consulta a la comunidad y si el proyecto ha cumplido con los trámites legales y reglamentarios necesarios para su ejecución.De igual forma, pidió al ministro de Obras Públicas que informe a la Cámara de Diputados sobre la planificación de las obras de mitigación y restauración de los ríos Copiapó y El Salado, en la Región de Atacama.
Por otra parte, solicitó a la ministra de Vivienda y Urbanismo que informe a la Cámara de Diputados sobre las razones que han impedido la entrega de las viviendas construidas en Alto Copiapó, en calle Vilches con Inés de Suárez, y acerca de la disposición de los terrenos afectados por el aluvión.
Por último, solicitó información sobre suspensión de pago de subsidios de arriendo para damnificados de aluvión en Región de Atacama.
Diputada señora Pascal y de los Diputados señores De Mussy; Jaramillo y León

References: RESOLUCIÓN

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