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DERECHO PENAL COLOMBIA: agosto 2015
MEDIANTE FALLO DE TUTELA el Tribunal Superior de Bogotá le ordena a un juez de garantías que celebre una audiencia peticionada por el procesado que no se ha podido realizar porque no comparecen las otras partes e intervinientes. El Tribunal le impone al juzgado la obligación de celebrar la audiencia así no comparezcan los demás sujetos procesales
Señaló el Tribunal que (i) las citaciones a audiencia requieren de orden judicial y es el juez de garantías, no el imputado o su defensor, quien cuenta con la autoridad para ordenar la misma; (ii) no debe supeditarse la realización de la audiencia a la presencia de todas las partes, cuando han sido debidamente citadas, porque su no realización resulta violatoria de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso y de defensa del imputado; (iii) las partes que no asisten a la diligencia corren con las consecuencias de su negligente proceder.
SENTENCIA DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA
Bogotá, D.C., jueves, veinte (20) de agosto de dos mil quince (2015).
110013104027201500090 01
Juzgado 27 Penal del Circuito con función de conocimiento
Georgi Nikolaev Penchev
Juzgados 2°, 50 y 54 Penal Municipal con función de control de garantías, Margarita María Corredor Ruano y Fiscalía 285 Local de Bogotá
Acceso a la justicia, defensa y debido proceso
1. Resolver la impugnación presentada por Georgi Nikolaev Penchev contra la decisión proferida el 14 de julio de 2015 por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, mediante la cual negó el amparo constitucional.
2. El accionante dijo que con ocasión de un proceso penal que se le está siguiendo por violencia intrafamiliar, solicitó en febrero de 2015 al Juzgado 50 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, la práctica de valoración psicológica a su hijo, diligencia que no pudo llevarse a cabo porque la madre del menor y su apoderado no asistieron a la misma.
3. Refirió que insistió en dos ocasiones más, el 2 de marzo de 2015 ante el Juez 2º Penal Municipal con función de Control de Garantías y el 3 de abril ante su homólogo 24, diligencias que ni siquiera instalaron porque pese a la comparecencia del apoderado y de la víctima, la Fiscalía General de la Nación (FGN) no acudió.
4. Explicó que los argumentos expuestos por cada uno de los funcionarios para no realizar las audiencias tuvieron como fundamento el reglamento para el reparto de solicitudes de audiencias ante los jueces con función de control de garantías, según el cual las diligencias no se realizan cuando transcurridos 15 minutos las partes convocadas no hacen presencia en la respectiva diligencia.
5. Manifestó que pese a ello, el Juzgado 9º Penal Municipal con función de conocimiento, en audiencia preparatoria admitió la práctica de la pericia de valoración psicológica de su hijo, supeditándola a la autorización por parte de un juez de control de garantías, diligencia que en efecto no se ha llevado a cabo.
6. Por lo anterior, solicitó tutelar sus derechos fundamentales y, en consecuencia, ordenar a los juzgados accionados u otro, que cite a las partes e intervinientes a la diligencia peticionada y que independientemente de que acudan o no, se escuche y resuelva su pretensión.
7. El Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con funciones de Conocimiento negó las pretensiones del accionante al considerar que no ha sido capricho de ninguno de los juzgados de control de garantías la no realización de la audiencia, sino que ha sido por circunstancias ajenas a su voluntad, advirtiendo que la defensa puede concertar con la FGN, apoderado de las víctimas y madre del menor una fecha exacta para llevar a cabo la diligencia, ya que la presencia de estas partes es fundamental para tal fin.
8. Dentro del término legal el accionante impugnó el fallo demandando su revocatoria al señalar: (i) la ausencia de la madre del menor de edad y/o su apoderado en la audiencia no puede ser una justificación para vulnerar sus derechos fundamentales; (ii) la FGN y el apoderado de víctimas no han mostrado interés por acudir a la diligencia; (iii) el juzgado no explicó los motivos por los cuales las actuaciones de los jueces de garantías no le vulneraron sus derechos al debido proceso y defensa; (iv) la ausencia de las partes, que han sido debidamente citadas a la diligencia, no es un motivo que impida la celebración de la audiencia preliminar.
9. Competencia: De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591/91, es competente la Colegiatura para conocer la impugnación presentada contra la sentencia proferida por los Juzgados Penales del Circuito.
10. Problema jurídico: Debe determinar la Sala si la no celebración de las audiencias preliminares solicitadas por el accionante ante jueces de garantías de Bogotá, constituye vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia.
11. Sobre la tutela contra autoridades judiciales: El artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protección de los derechos Constitucionales Fundamentales ante el menoscabo o la amenaza derivado de acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o a los particulares en las situaciones específicamente precisadas en la ley.
12. La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991[1], situación que por regla general torna improcedente dirigir esta acción contra sentencias o providencias que pongan término a un trámite judicial porque sus especiales características de subsidiariedad y residualidad impiden que pueda ser ejercitada como mecanismo para conseguir la intervención del Juez de tutela a fin de derribar la res iudicata que aquéllas adquieren, cometido que desnaturaliza su esencia y agrede postulados constitucionales como la independencia y la autonomía funcionales que rigen la actividad de los servidores Judiciales de conformidad con la preceptiva contenida en el artículo 228 superior.
14. Mediante la sentencia de control de constitucionalidad sobre el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, la jurisprudencia unificó y sistematizó los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Se dijo por el Tribunal Constitucional cuáles eran aquellas circunstancias que tienen que estar presentes para que el juez constitucional pueda entrar a estudiar y decidir una acción de tutela contra providencias judiciales[2].
16. El Tribunal Constitucional ha sostenido invariablemente que la acción de tutela procede para estudiar la validez constitucional de decisiones judiciales que constituyen vías de hecho, tesis que surge de la aplicación directa de los artículos 2º, 4º, 5º y 86 de la Constitución, por cuatro razones principales:
17. Igualmente, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones -omisiones- judiciales, básicamente está supeditada a que se satisfagan los siguientes requisitos[3]:
18. En aquellas actuaciones judiciales en las que el juez decide un conflicto jurídico asumiendo una conducta que contraría de manera evidente el ordenamiento vigente violando derechos fundamentales, se puede identificar una multiplicidad de modalidades de vías de hecho o causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela, las cuales han sido sistematizadas en el curso de varios años[7] y alcanzado su mayor rigor y fuerza vinculante en la sentencia de constitucionalidad C-590/05[8].
19. Por ello es que la jurisprudencia ha definido que cuando ocurre una vía de hecho en una actuación judicial, la acción de tutela permite impedir que prosiga la vulneración de cualquiera -todos- de los derechos fundamentales. Particularmente el escenario del proceso es propicio para la eventual vulneración de los derechos de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, debido proceso y defensa, con todas las manifestaciones y particularidades que se derivan de los mismos.
20. Las partes e intervinientes en el proceso penal y las garantías constitucionales: Es innegable que la efectiva tutela judicial, entre otras manifestaciones, se orienta a garantizar un proceso sin dilaciones indebidas, siendo la propia Constitución Política y el bloque de constitucionalidad el asiento de tal mínimo de garantías.
21. La Corte Interamericana de Derechos Humanos[9] (Corte IDH) ha trazado una clara y continua línea hermenéutica sobre la Convención Americana de Derechos Humanos (Convención ADH o Pacto de San José), tarea que le ha permitido establecer que
22. Siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte IDH[11], se tiene que para que un Estado cumpla lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención ADH no basta con que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que tengan efectividad en los términos de aquel precepto[12]. Dicha efectividad supone que, además de la existencia formal de los recursos, éstos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, la Constitución o la ley[13]. El Tribunal ha reiterado que dicha obligación implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente[14]. En ese sentido, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios[15].
23. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 1966), para el ámbito del derecho penal se determinó en el artículo 14 que
24. El precepto acogido por la comunidad universal, a juicio de algunos comentaristas[16], es menos amplio y tiene carácter restrictivo al comparársele con el Pacto de San José, porque solamente hace referencia al proceso penal cuando refiere a la clase de asuntos que se deben resolver sin dilaciones indebidas, más cuando dicho criterio del debido proceso se vincula a la denominada tutela judicial efectiva.
25. Por ello se ha explicado que el acceso a la administración de justicia -referido al trámite oportuno y respuesta de fondo al asunto planteado[17]-, que en un todo se aplica a las peticiones que se hacen en las audiencias preliminares ante los jueces de garantías, debe interpretarse buscando el máximo de cumplimiento y eficacia de la Constitución, lo que equivale dar la mayor efectividad en la protección inmediata del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, más cuando el ordenamiento jurídico en su conjunto impone que el objeto de los procedimientos se concentre en la efectividad de los derechos[18].
26. El derecho a la tutela judicial efectiva no se resume en la facultad de acudir a la administración de justicia y ser escuchado. No. En la fundamentación de los postulados elementales de justicia resulta conforme a dichos postulados admitir la existencia de un auténtico derecho subjetivo a la tutela jurisdiccional concreta, esto es, un derecho a una sentencia conforme a lo que jurídicamente -y, por tanto, presuntamente “en justicia”- le corresponde al usuario. Dicho de otra manera: en este plano, no es convincente que una persona, que por ejemplo tiene la calidad de comprador y ha entregado el precio, no tenga derecho -un derecho verdadero- a una sentencia en la que precisamente se condene al vendedor a entregar la cosa vendida.
27. Recuérdese que la «acción», el «derecho de acción», y el «derecho a la tutela judicial efectiva» no son, pues, sino manifestaciones de un mismo fenómeno, a saber: el reconocimiento de la posibilidad que asiste a los ciudadanos de instar al poder público la resolución de los conflictos en que se hallen involucrados, ante la prohibición jurídica que pesa sobre ellos de que los resuelvan por sí mismos, arbitrariamente o mediante el uso de la fuerza.
28. En ese orden de ideas, el acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental que se encuentra directamente relacionado con los derechos de defensa y de igualdad, de tal manera que este implica acceder a la justicia con igual tratamiento por parte de jueces y tribunales ante situaciones similares e idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales.
29. Acceder a la administración de justicia implica en consecuencia poder acudir ante los diferentes jueces, incluyendo los jueces de garantías, quienes como su nombre lo indica, son garantes de los derechos de las partes que acuden a las respectivas audiencias, principalmente de aquel que se ha visto involucrado como sujeto activo de la acción penal y a quien debe protegerse en mayor medida sus derechos ante posibles arbitrariedades por parte de la FGN; así la Corte Constitucional lo ha señalado de la siguiente forma:
30. Por lo demás, hay que tener en cuenta que el derecho de «acción» o, si se prefiere expresarlo con más modernidad, respecto de los derechos de los justiciables o del (de los) “derecho(s) a la justicia”, podrá clasificarse según un orden de menor a mayor contenido de tal o tales derechos. Así, atribuir a los sujetos jurídicos sólo el “libre acceso a los tribunales”, sería, obviamente, concederles un poder jurídico de ámbito más pequeño que el que les atribuirían quienes, aun sin negar dicho “libre acceso”, les reconociesen el derecho a impulsar la actividad jurisdiccional. Y esto último, a su vez, sería y es bastante menos que estimar que pueden ser titulares de un derecho a lo que se llama la sentencia de fondo. Al final de esta graduación clasificatoria, aparecería la tesis que atribuye a los sujetos jurídicos de derecho -un verdadero derecho subjetivo- a una sentencia de fondo con un contenido concreto (a una sentencia “favorable”, dicen algunos aunque nosotros preferimos no emplear el adjetivo “favorable”, que se presta a subjetivismos, sin hablar de “tutela jurisdiccional concreta”, expresión que serviría para enlazar con el proceso de ejecución)[20].
31. La tutela y el acceso a la administración de justicia: Entre las garantías fundamentales que es factible proteger mediante la acción de tutela, de manera destacada aparece el acceso a la administración de justicia, el cual está íntimamente ligado a los derechos fundamentales al debido proceso y defensa. Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-283/13, expuso:
32. La función de juez de garantías: Entre las obligaciones que recaen sobre los jueces de garantías, de acuerdo con expresas previsiones constitucionales[21] y legales -artículo 4º de la Ley 906 de 2004-, se tiene la de hacer efectiva la igualdad:
33. A su vez, el artículo 8º ibídem establece que en desarrollo de la actuación, el imputado tendrá derecho “en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal”, a las distintas prerrogativas sustanciales y procesales allí consagradas.
34. También, el artículo 124 preceptúa:
35. La Corte Constitucional también adujo que todas las decisiones que impliquen afectación de los derechos fundamentales del imputado o de la víctima, tienen que tener un control por parte del juez de garantías:
36. Y el artículo 154 de la Ley 906 de 2004, consagra un listado de las audiencias preliminares que se celebran ante el juez de control de garantías, entre ellas la referida en su numeral 9º, en el que se prevé “las que resuelvan asuntos similares a los anteriores”.
37. Así entonces, como la defensa al igual que la FGN puede acudir ante el juez de control de garantías para solicitar la práctica de exámenes e informes que puedan servir para sustentar su teoría del caso, allí surge un pilar fundamental que debe ser materializado para que el principio de igualdad de armas no se convierta en papel muerto, permitiéndose así que tenga plena realización el derecho de defensa.
38. Por ello reciben pleno respaldo constitucional[22] las facultades que tiene la defensa dentro del marco principio de igualdad de armas, razón por la que se atribuye al juez de control de garantías la obligación de vigilar y propender porque ese derecho se materialice, ya sea durante la investigación, dentro de la indagación preliminar o en desarrollo del juicio oral:
En este orden de ideas, esta Corte en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado respecto de la importancia de garantizar el derecho de defensa del imputado en general y específicamente durante la etapa de investigación previa en relación con el material probatorio a ser recabado. En este sentido esta Corporación ha sostenido que la investigación previa es una etapa preprocesal en donde el Estado debe determinar si una conducta ha ocurrido, si está tipificada en la ley penal, si se configura una causal de ausencia de responsabilidad y si la acción penal es procedente, así como la identificación del autor o autores del hecho, etapa durante la cual, dentro del marco del actual sistema acusatorio, no sólo el ente acusador sino también el imputado y la defensa tienen el derecho y la facultad de recaudar el material probatorio que permitan esclarecer estos interrogantes penales. Por las razones anteriores, la etapa de investigación previa reviste especial importancia tanto para el sistema punitivo como para el imputado, razón por la cual durante esta etapa debe protegerse y garantizarse plenamente el derecho de defensa y sus principios, entre ellos la igualdad de armas.
39. Ahora, si bien es claro que el imputado puede ejercer el derecho de defensa acudiendo ante el juez de control de garantías con el fin de recaudar material probatorio que le sirva para fundamentar su teoría del caso, también lo es que debe ceñirse al procedimiento señalado en la Ley 906/04, lo que significa que debe solicitar ante el juez la audiencia preliminar, y como primer paso, a fin de garantizar la publicidad de la diligencia, debe ser citadas las partes e intervinientes de acuerdo con lo señalado en los artículos 171 y 172 de la referida codificación:
40. Como bien se observa, el artículo 171 de la Ley 906/04 indica que la convocatoria a una audiencia o el adelantamiento de un trámite especial, debe hacerse a través de una citación por medio del juez de control de garantías, a fin de que las partes convocadas hagan presencia en la diligencia respectiva.
41. Esto cobra especial relevancia con el artículo 155-1, precepto en el que se aclara que las audiencias preliminares deben realizarse con la presencia del imputado o de su defensor, y que la asistencia del Ministerio Público no es obligatoria, lo que quiere decir que una vez citadas las partes la ausencia de ellas en la diligencia no resulta fundamental para llevar a cabo el trámite.
42. Por último, no por ello menos importante, en la labor jurisdiccional siempre se debe tener presente que el debido proceso, la defensa y el acceso a la justicia son derechos fundamentales que obligan a interpretar las normas procesales como instrumentos puestos al servicio del derecho sustancial, en busca de soluciones que permitan resolver el fondo los asuntos sometidos a consideración de los jueces (principio pro actione)[23].
43. Caso concreto. En el presente asunto el accionante manifestó que en tres oportunidades acudió ante el juez de control de garantías a fin de solicitar audiencia para práctica de la pericia de la valoración psicológica de su hijo, pero que, pese a que las partes fueron citadas, las diligencias no se llevaron a cabo porque la primera vez, la representante de la víctima no compareció y la segunda y tercera no se presentó el fiscal.
44. Conforme a lo reseñado con anterioridad, es claro para esta Colegiatura que la decisión de los jueces de garantías de no instalar la audiencia peticionada por el defensor resulta abiertamente arbitraria, porque estos, basados en el numeral 9º del reglamento para reparto de solicitudes de audiencia ante juzgados penales municipales con función de control de garantías, dejaron constancia de que la diligencia no se llevaría a cabo porque todas las partes no concurrieron transcurridos 15 minutos, lo cual sin duda va en contravía de los derechos de quien solicita la audiencia y hace presencia.
45. En efecto, la referida circular, aplicada por los tres jueces de garantías ante los cuales acudió el accionante, es completamente ilegal, porque de ser así, es decir, de no comparecer alguna de las partes, ya sea defensor, imputado, víctima o FGN, se cae en el absurdo que tristemente hoy ocurre, consistente en que la mayoría de audiencias no se realizan, pasando factura dicha práctica a la defensa, que observa desamparada como los jueces de garantías se escudan en malas prácticas para no cumplir la misión que a ellos se les impone.
46. Además, conforme a las normas que han sido reseñadas de la Ley 906/04, las partes e intervinientes debidamente citadas pueden comparecer a la diligencia preliminar siendo obligatoria la presencia del defensor y del imputado -excepto cuando son reservadas o en el evento en que este renuncie a estar presente-. No obstante, la Ley no hace obligatoria la presencia de la FGN o del representante de la víctima y/o su apoderado para que se realice la citada audiencia.
47. Así las cosas, si la ley no lo exige como requisito sine quo non la presencia de todos los sujetos en una diligencia preliminar convocada por la defensa, resulta irregular que mediante una circular o reglamento se invite a la transgresión del precepto legal, demandando que todas las partes, pese a estar notificadas, comparezcan a una audiencia que, de celebrarse podría poner en riesgo sus hipótesis procesales.
48. Si se llegare al punto de exigir la presencia de todas las partes e intervinientes en las audiencias preliminares, como la aludida, se daría valor a la paradoja de no poder realizar ninguna diligencia, derivándose de ella que la parte que solicita la audiencia no pueda recaudar el elemento de prueba a su favor, creándose así una desventaja para quien la peticiona y una desigualdad entre FGN y defensa.
49. Por ello resulta oportuno citar aquí la interpretación que ha dado la Corte Suprema de Justicia a aquellas situaciones en las que se convoca audiencia para promover libertad de un procesado por vencimientos de términos, y no asisten todas las partes o intervinientes:
Lo anterior implica que el carácter excepcional de la acción de hábeas corpus, impiden su procedencia en el presente asunto ya que el actor cuenta con otros mecanismos no menos idóneos al interior del respectivo proceso, al punto que podría alcanzar el objeto de su pretensión a través de la audiencia de revocación o modificación de la medida de aseguramiento, la cual puede solicitar en cualquier momento de conformidad con el artículo 318 del Código de Procedimiento Penal, en la que, necesario es advertirlo, no resulta indispensable la presencia de la fiscalía[24] (negrillas fuera de texto).
50. Sin ir más lejos, cuando el indiciado está debidamente citado a la audiencia de imputación y este es renuente a comparecer a la audiencia, la ley ha dispuesto mecanismos jurídicos para que la FGN proceda a llevar la diligencia sin la presencia de este.
51. Entonces, si el legislador a previsto herramientas para que el ente acusador lleve a cabo diferentes diligencias, resultaría un verdadero contrasentido exigirle a la defensa en los supuestos de las audiencias que solicita obligarla a que estén presentes todas las partes, cuando puede ser parte de su estrategia dejar de comparecer a las mismas.
52. Es más, resulta una carga mayor para la defensa, que cuenta con menos tiempo que la FGN para recaudar los elementos materiales de prueba, imponerle la obligación no sólo de citar a las partes, o presentarse infinidad de veces ante los jueces de garantías para solicitar la práctica de una prueba.
53. Resulta manifiesto que la práctica de los jueces de garantías más que constituir una garantía para el imputado, se erige en comportamiento abiertamente arbitrario que afecta principios procesales como los de celeridad, igualdad y legalidad, todo lo cual, en últimas, patentiza una grave violación de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso y defensa, porque el imputado tendría que acudir varias veces ante los mencionados jueces hasta tanto todas las partes se hagan presentes a fin de verificar una práctica probatoria.
54. En el supuesto que ocupa la atención del despacho, surge evidente que el peticionario no busca sustituir el proceso penal ordinario, porque realmente no tiene otro camino para obtener una respuesta favorable o desfavorablemente por parte de un juez de garantías, situación que lo obliga a acudir legítimamente ante el juez constitucional, dada la ineficacia de los medios ordinarios.
55. Igualmente no puede obligarse a los interesados a esperar o insistir en lo que de suyo se muestra ineficaz, por falta de una respuesta oportuna de su solicitud, situación irregular atribuible a las partes, de un lado, y principalmente a la desidia del funcionario judicial, quien no ejerce los controles pertinentes para que la petición del actor sea resuelta oportunamente.
56. En suma: (i) las citaciones a audiencia requieren de orden judicial y es el juez de garantías, no el imputado o su defensor, quien cuenta con la autoridad para ordenar la misma; (ii) no debe supeditarse la realización de la audiencia a la presencia de todas las partes, cuando han sido debidamente citadas, porque su no realización resulta violatoria de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso y de defensa del imputado; (iii) las partes que no asisten a la diligencia corren con las consecuencias de su negligente proceder.
57. Todo lo expuesto permite concluir que la acción de tutela es el mecanismo adecuado para la protección de los derechos fundamentales del demandante.
58. En consecuencia, la Sala amparará los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso y defensa de Georgi Nikolaev Penchev, motivo por el cual ordenará que una vez notificada de esta decisión, el Juzgado 54 Municipal con función de Control de garantías de Bogotá, cite a las partes a la audiencia solicitada por el defensor -denominada autorización de valoración psicológica al menor víctima- y en el término de cinco (5) días lleve a cabo la diligencia, independientemente de que las partes, es decir, FGN, víctima y/o apoderado de víctimas, hagan o no presencia en la misma.
59. Por otro lado, requiérase a la Fiscalía 285 Local, a la madre de la víctima, Margarita María Corredor Ruano y a su apoderado, para que sin anteponer excusas de ninguna índole, concurran a la audiencia que se convoque para autorización de valoración psicológica al menor víctima.
60. Cuestión adicional: Dado que la Sala considera que los jueces de garantías en contra de quienes se promovió el presente amparo constitucional pudieron haber incurrido en falta disciplinaria, se dispone compulsa de copia para ante la Sala Jurisdiccional disciplinaria de Bogotá.
1º.- REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado 27 Penal del Circuito con función de conocimiento Bogotá.
2º.- TUTELAR los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso y defensa a Georgi Nikolaev Penchev y, en consecuencia, ORDENAR que una vez notificada de esta decisión, el Juzgado 54 Penal Municipal con función de Control de garantías Bogotá, cite a las partes a la audiencia solicitada por el defensor -denominada autorización de valoración psicológica al menor víctima- y en el término de cinco (5) días lleve a cabo la diligencia, independientemente de que las partes, es decir, FGN, víctima y/o apoderado de víctimas, hagan o no presencia en la misma.
3°.- REQUERIR a la Fiscalía 285 Local, a Margarita Maria Corredor Ruano, madre de la víctima y a su apoderado, para que sin anteponer excusas, concurran a la audiencia que se convoque para autorización de valoración psicológica al menor víctima.
[22] Corte Constitucional, sentencia C-536/08.
[23] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-538/94.
[24] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Habeas Corpus del 9 de julio de 2007. Radicación 27855.
Publicado por DERECHO PENAL en 7:40 p.m. No hay comentarios.:
Etiquetas: acceso a la administración de justicia, debido proceso, derecho de defensa, derechos del procesado, derechos fundamentales, juez de garantías

References: artículo 32
 artículo 86
 artículo 40
 artículo 228
 artículo 185
 artículo 25
 artículo 14
 resolución 
 artículo 8
 artículo 124
 artículo 154
 artículo 171
 artículo 155
 artículo 318