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Timestamp: 2018-12-16 07:51:26+00:00

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Usted está aquí: Home DIRECTIVAS EUROPEAS REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 869/2014 DE LA COMISIÓN, DE 11 DE AGOSTO DE 2014, SOBRE NUEVOS SERVICIOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE VIAJEROS
Publicado el Viernes, 04 Noviembre 2016 12:14
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 869/2014 DE LA COMISIÓN
sobre nuevos servicios de transporte ferroviario de viajeros
De conformidad con el artículo 10 de la Directiva 2012/34/UE, los Estados miembros han abierto sus mercados a los servicios ferroviarios internacionales de transportes de viajeros prestados por cualquier empresa ferroviaria autorizada conforme a dicha Directiva. En el transcurso de un servicio ferroviario internacional de transporte de viajeros, las empresas ferroviarias tienen derecho a recoger y dejar viajeros en cualquiera de las estaciones situadas a lo largo del trayecto internacional, incluso en estaciones situadas dentro de un mismo Estado miembro.
Sin embargo, la introducción de estos nuevos servicios ferroviarios internacionales de viajeros de libre acceso con estas paradas intermedias no debe utilizarse para abrir los servicios interiores de transporte de viajeros, sino que se debe concentrar exclusivamente en paradas auxiliares para los servicios internacionales. El objetivo principal de los nuevos servicios debe ser el transporte de viajeros que viajen en un trayecto internacional. A petición de las autoridades competentes o de las empresas ferroviarias interesadas, el organismo regulador a que se hace referencia en la sección 4 del capítulo IV de la Directiva 2012/34/UE debe determinar el objetivo principal del nuevo servicio propuesto.
La apertura a la competencia de los servicios ferroviarios internacionales de viajeros puede tener implicaciones para la organización y financiación de los servicios ferroviarios de viajeros prestados bajo un contrato de servicio público de conformidad con el Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (2). De conformidad con el artículo 11 de la Directiva 2012/34/UE, los Estados miembros pueden limitar el derecho de acceso al mercado cuando ese derecho pueda comprometer el equilibrio económico de dichos contratos de servicio público. El organismo regulador será el encargado de determinar, previa petición de las autoridades competentes, del administrador de infraestructuras o de la empresa ferroviaria que ejecuten el contrato, si el equilibrio económico de un contrato de servicio público se vería comprometido por un nuevo servicio ferroviario internacional de viajeros.
Con el fin de impedir la interrupción de un nuevo servicio ferroviario de viajeros que ya haya comenzado, y de dar certidumbre jurídica a este nuevo servicio sobre su posibilidad de operar, el plazo que se abre para solicitar una prueba del objetivo principal o una prueba de equilibrio económico debe limitarse y vincularse al momento de la notificación del candidato de su interés en explotar un nuevo servicio ferroviario internacional de viajeros. Por la misma razón, los procedimientos del organismo regulador para dichas pruebas también deben limitarse en el tiempo.
Una solicitud de prueba del objetivo principal debe incluir toda la información relevante que justifique que el objetivo principal del nuevo servicio propuesto es distinto a transportar viajeros entre estaciones situadas en Estados miembros distintos. Para cumplir este requisito, las entidades que soliciten dicha prueba deben poder utilizar formularios de solicitud normalizados publicados por los organismos reguladores.
El organismo regulador debe realizar análisis tanto cualitativos como cuantitativos para identificar la vocación del nuevo servicio propuesto a medio plazo, en lugar de sus características en un momento dado. Deben determinarse criterios de evaluación en la metodología adoptada por el organismo regulador para la prueba del objetivo principal en relación con las especificidades del transporte ferroviario en el Estado miembro de que se trate. No debe aplicarse ningún umbral cuantificado estrictamente o de forma aislada.
La solicitud de prueba de equilibrio económico debe incluir toda la información pertinente para justificar que el equilibrio económico del contrato de servicio público se vería amenazado por el nuevo servicio propuesto. El equilibrio económico de un contrato de servicio público debe considerarse amenazado por el nuevo servicio propuesto si hay un cambio sustancial en el valor del contrato de servicio público que implique que los servicios operados en virtud de dicho contrato en un mercado estructurado competitivamente ya no serían sostenibles ni capaces de operar con un nivel de beneficio razonable.
La evaluación del impacto del nuevo servicio propuesto en el equilibrio económico de un contrato de servicio público debe basarse en un método objetivo y en criterios de evaluación que han de ser determinados en el contexto de la metodología adoptada por el organismo regulador para la prueba del equilibrio económico con relación a las especificidades del transporte ferroviario del Estado miembro de que se trate. El análisis económico debe centrarse en el impacto económico del nuevo servicio propuesto en el contrato de servicio público en su integridad, incluidos los servicios específicamente afectados, y para toda su vigencia. No debe aplicarse estrictamente o de forma aislada ningún umbral cuantificado predefinido. Aparte del análisis económico del impacto del nuevo servicio propuesto en el contrato de servicio público, el organismo regulador debe tener también en cuenta los beneficios para los usuarios a corto y medio plazo.
La posibilidad de reconsideración de una decisión adoptada por el organismo regulador como resultado de una prueba de equilibrio económico debe estar limitada a los casos en que existe un cambio significativo en el nuevo servicio en comparación con los datos analizados por el organismo regulador o en que existe una diferencia sustancial entre el impacto real y el estimado en los servicios objeto del contrato de servicio público. Con el fin de garantizar una estabilidad jurídica mínima para el nuevo operador del servicio, debe contemplarse un determinado plazo en el que no pueda solicitarse una reconsideración.
Sin perjuicio de los principios de independencia de los organismos reguladores en la toma de decisiones que se contemplan en el artículo 55, apartado 1, de la Directiva 2012/34/UE, los organismos reguladores deben intercambiar información y, cuando sea pertinente en cada caso, deben coordinar sus principios y acciones relacionados con la prueba del objetivo principal y la prueba de equilibrio económico, con el fin de evitar diferencias de importancia en sus prácticas respectivas, que darían lugar a incertidumbre en el mercado de los servicios ferroviarios internacionales de transporte de viajeros.
En todas sus actividades relacionadas con la prueba del objetivo principal y la prueba de equilibrio económico, los organismos reguladores deben respetar la confidencialidad de la información comercialmente sensible recibida de las partes implicadas en dichas pruebas.
Los organismos reguladores no tienen obligación de cobrar una tasa por una prueba del objetivo principal, una prueba de equilibrio económico o la reconsideración de una prueba de equilibrio económico. Sin embargo, los Estados miembros pueden decidir imponer dicha tasa por el trabajo realizado por los organismos reguladores que cubra el coste neto de dichas evaluaciones a las entidades solicitantes. En dicho caso, la tasa debe ser no discriminatoria, razonable e imponerse efectivamente a todas las entidades solicitantes de forma transparente.
Teniendo en cuenta los resultados de la consulta de las partes interesadas y los intercambios de información con otros organismos reguladores, los organismos reguladores deben desarrollar una metodología coherente para la prueba del objetivo principal y, si procede, para la prueba de equilibrio económico. Dicha responsabilidad no debe estar condicionada por otras entidades. Las pruebas deben basarse en un análisis caso por caso, en lugar de limitarse a la simple aplicación de umbrales predefinidos. No deben determinarse umbrales en los actos legislativos nacionales. El método de evaluación debe establecerse de una forma consecuente con los cambios que se produzcan en el mercado, permitiendo su evolución a lo largo del tiempo, en particular a la luz de la experiencia de los organismos reguladores.
Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 62, apartado 1, de la Directiva 2012/34/UE.
si el objetivo principal de un servicio por ferrocarril es transportar viajeros entre estaciones situadas en Estados miembros distintos;
si el equilibrio económico de un contrato de servicio público de transporte ferroviario está comprometido por un servicio ferroviario internacional de transporte de viajeros.
4) «contrato de servicio público»: un contrato de servicio público tal como se define en el artículo 2, letra i), del Reglamento (CE) no 1370/2007 que se refiere al transporte ferroviario;
5) «autoridad competente»: una autoridad competente tal como se define en el artículo 2, letra b), del Reglamento (CE) no 1370/2007;
6) «incidencia financiera neta»: la incidencia de un contrato de servicio público en los costes incurridos y en los ingresos generados en el cumplimiento de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos aferentes conservados por la empresa ferroviaria que ejecuta el contrato de servicio público y un beneficio razonable, calculado de conformidad con el punto 2 del anexo del Reglamento (CE) no 1370/2007.
el nombre del candidato, su dirección, personalidad jurídica, número de registro (si procede);
los datos de contacto de la persona responsable de las aclaraciones;
los datos relativos a la licencia y certificado de seguridad del candidato o la indicación de la fase del procedimiento de obtención en que se halla;
una ruta detallada donde se indiquen la situación de las estaciones de origen y destino, así como todas las paradas intermedias y la distancia entre ellas;
la fecha prevista de comienzo para la explotación del nuevo servicio internacional propuesto de transporte ferroviario de viajeros;
los horarios, la frecuencia y la capacidad del nuevo servicio propuesto, incluidas las horas de salida propuestas, las paradas intermedias, las horas de llegada y las conexiones, así como cualquier desviación en la frecuencia o en las paradas respecto del horario normal, por cada sentido;
la justificación de que el objetivo principal del servicio de viajeros propuesto es transportar viajeros entre estaciones situadas en Estados miembros distintos.
autoridades competentes que hayan concluido contratos de servicio público para el transporte ferroviario en una zona geográfica afectada por el nuevo servicio propuesto;
toda empresa ferroviaria que opere servicios ferroviarios de viajeros, internacionales o nacionales, tanto de carácter comercial como basados en un contrato de servicio público, en el trayecto o trayectos en los que vaya a dar servicio el nuevo servicio propuesto.
el nombre de la entidad solicitante, su dirección, personalidad jurídica, número de registro (si procede);
explicación del interés de la entidad solicitante en una decisión sobre el objetivo principal del nuevo servicio propuesto;
explicación de la razón por la que, en opinión de la entidad solicitante, el objetivo principal del nuevo servicio propuesto es distinto del transporte de viajeros entre estaciones situadas en Estados miembros distintos;
información y documentación que justifiquen las explicaciones de las letras c) y d).
la proporción del volumen de negocios y del volumen derivado del transporte internacional de viajeros conforme a las previsiones del candidato frente al transporte nacional de viajeros en el Estado miembro en el que esté establecido el organismo regulador;
la distancia cubierta por el nuevo servicio propuesto en Estados miembros diferentes y la localización de las paradas;
la demanda del nuevo servicio por parte de los viajeros;
la estrategia de comercialización del candidato;
la naturaleza del material rodante que se vaya a utilizar en el nuevo servicio.
transportar viajeros entre estaciones situadas en Estados miembros distintos, o
transportar viajeros entre estaciones situadas en el Estado miembro en el que esté establecido el organismo regulador.
una o varias autoridades competentes que hayan celebrado un contrato de servicio público que cubra un lugar de origen y otro de destino del nuevo servicio propuesto;
cualquier otra autoridad competente interesada que tenga derecho a limitar el acceso conforme al artículo 11 de la Directiva 2012/34/UE;
el administrador de la infraestructura en una zona geográfica cubierta por el nuevo servicio internacional de transporte de viajeros propuesto;
cualquier empresa ferroviaria que esté ejecutando el contrato de servicio público concedido por la autoridad contemplada en la letra a).
explicación del interés de la entidad solicitante en una decisión sobre la prueba de equilibrio económico;
pruebas de que el equilibrio económico se vería comprometido por el nuevo servicio;
la copia del contrato de servicio público,
las normas nacionales para la concesión y la modificación de los contratos de servicio público,
la previsión de los ingresos y de los itinerarios pertinentes, incluida la metodología de las previsiones;
a la empresa ferroviaria que ejecuta el contrato de servicio público:
el plan empresarial de dicha empresa,
información de los ingresos obtenidos por dicha empresa,
información sobre horarios para los servicios, incluidos las horas de salida, las paradas intermedias, las horas de llegada y las conexiones,
estimación de las elasticidades de sus servicios (es decir, elasticidad de precios, elasticidad con respecto a las características cualitativas de los servicios) y planes para respuestas competitivas para el nuevo servicio, así como eventuales ahorros de costes inducidos por el nuevo servicio;
el plan empresarial,
la previsión de los ingresos y los itinerarios de los viajeros nacionales, incluida la metodología de las previsiones,
las estrategias de fijación de precios,
las modalidades de la venta de billetes,
las especificaciones del material rodante (por ejemplo el factor de carga, el número de asientos, la configuración del vagón),
la estrategia de comercialización,
estimación de las elasticidades de sus servicios (es decir, elasticidad de precios y elasticidad con respecto a las características cualitativas de los servicios);
al administrador de infraestructuras:
en la rentabilidad de los servicios prestados en virtud del contrato de servicio público, y/o
en el coste neto para la autoridad competente que concede el contrato de servicio público.
impacto en la incidencia financiera neta de los servicios prestados en virtud del contrato de servicio público considerado a lo largo de todo el contrato;
posibles respuestas competitivas por parte de la empresa ferroviaria que ejecuta el contrato de servicio público;
ahorros potenciales de costes que haría la empresa ferroviaria que ejecuta el contrato de servicio público (como, por ejemplo, por la no sustitución de material rodante que llega a la obsolescencia o de personal cuyos contratos finalizan), así como beneficios potenciales para dicha empresa ferroviaria como resultado del nuevo servicio propuesto (como el atraer a viajeros internacionales que puedan estar interesados en una conexión con un servicio regional prestado dentro de un contrato de servicio público);
posibilidad de estrechar el ámbito de aplicación del contrato de servicio público, en particular cuando esté a punto de expirar en el momento de la evaluación;
impacto en los resultados y calidad de los servicios ferroviarios;
impacto en la planificación de horarios para los servicios ferroviarios;
impacto en las inversiones en material rodante por parte de las empresas ferroviarias o autoridades competentes, en su caso.
cuando haya un cambio significativo en el nuevo servicio internacional de viajeros en comparación con los datos analizados por el organismo regulador, o
cuando haya una diferencia sustancial entre el impacto real y el estimado en los servicios prestados en virtud del contrato de servicio público, o
cuando el contrato de servicio público haya expirado antes de su período inicial de validez.
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References: artículo 10
 artículo 11
 artículo 55
 artículo 62
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 11