Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421236.html
Timestamp: 2019-03-19 17:05:16+00:00

Document:
as201421236
Auto Supremo: 236/2014
Sucre: 22 de mayo 2014
Expediente: CH-90-13-S
Partes: Walter Desiderio Gutiérrez Capriles. c/Gobernación del Departamento de Chuquisaca
Proceso: Cumplimiento de obligación de pago por ejecución total de obras
Más pago de daños y perjuicios.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 1147 a 1158 y vlta, interpuesto por Walter Desiderio Gutiérrez Capriles, en representación de la Empresa Constructora Unipersonal “CIBO SERRUDO”, contra el Auto de Vista Nº SCC 542/2013, cursante de fs. 1131 a 1138 y vlta., pronunciado el 23 de octubre de 2013 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca en el proceso ordinario sobre cumplimiento de obligación de pago por ejecución total de obras más pago de daños y perjuicios, seguido por la empresa recurrente contra la Gobernación del Departamento de Chuquisaca, la respuesta de fs. 1162 a 1165 y vlta.; la concesión de fs. 1166; los antecedentes del proceso; y:
El Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Chuquisaca, el 9 de mayo de 2012, pronunció la Sentencia cursante de fs. 1089 a 1093 y vlta., declarando improbada la demanda principal de fs. 632 a 641, disponiendo que en cumplimiento de lo en el art. 197 del Código de Procedimiento Civil, se eleve en consulta ante el Tribunal Departamental de Justicia.
Contra esa Sentencia la parte actora interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, el 23 de octubre de 2013 emitió el Auto de Vista cursante de fs.1131 a 1138 y vlta., confirmando y aprobando la Sentencia impugnada, con costas.
Contra la resolución de segunda instancia la parte demandante interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma.
I.- Manifiesta el recurrente que el Tribunal de Alzada ha incurrido en las causales de casación dispuestas en los numerales 1), 2) y 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil porque no ha tomado en cuenta la prueba documental, Decretos Supremos, testifical, confesión judicial de cargo y especialmente la prueba pericial de cargo bajo el principio de verdad material previsto en el art. 180 de la Constitución Política del Estado.
I.2. Que el nuevo Auto de Vista 542/2013, así como la Sentencia, no han resuelto los parámetros y directrices establecidos en los Autos de Vista 22/2013 y 155/2013 que debía tener en cuenta el Aquo para resolver, vulnerando los arts. 1-II, 87, 190, 192, 194, 271-4 DEL Código de Procedimiento Civil.
- Que el Aquo no ha cumplido nuevamente con los parámetros de los dos Autos de Vista anulatorios, lo que le causa agravio, pues ha omitido pronunciarse sobre el informe pericial (no especifica cuál), similar situación que habría ocurrido con el Auto de Vista al resolver parcialmente sobre este punto de la apelación, porque simplemente sostiene que el informe pericial no justifica que “la gobernación quien sea que pague la obligación, pero contradictoriamente sostiene que la Sentencia en los hechos probados punto “J”, resalta que las construcciones han sido ejecutadas en un 100 %.
Que no se ha pronunciado sobre el fondo del litigio violando los arts. 1-II y 193 del Código de Procedimiento Civil, pues simplemente se basa y arguye de manera reiterativa que no se ha acreditado con prueba alguna la relación contractual de la Empresa CIBO SERRUDO con la ahora Gobernación y por ende con el SEDEGES y que esta haya asumido el pasivo del Programa PAN e interpreta indebida y erróneamente los Decretos Supremos de fs. 583 a 630, 938 a 955 sobre creación, transmisión y cierre definitivo del programa PAN, exonerando de responsabilidad encuanto al pasivo, señalando que solo se ha transferido el activo, cuando de una deducción lógica, quien adquiere el activo, adquiere también el pasivo lo que se evidencia por los Decretos Supremos 27928 en su art. UNICO inc. I-II y III que autoriza la inscripción de partidas presupuestarias y autoriza a las prefecturas departamentales asignar recursos en la partida de estudio e investigación de proyectos de inversión.
Que el Decreto Supremo Nº 28543 arts. 1-3-4-8-9 y 10 ratifican la transferencia del Programa PAN alos SEDEGES, dependientes de las Prefecturas departamentales con todos sus activos y pasivos como se colige de la Resolución Ministerial Nº 001 de 6 de enero de 2005, siendo equitativo y justo que la Gobernación honre las obligaciones asumidas por su transferente, olvidando el Tribunal que las construcciones que se han ejecutado son para el Estado y benefician a la sociedad en su conjunto.
I-2(repetido) Que acusa al nuevo Auto de Vista la violación del derecho a la tutela judicial efectiva en su elemento al acceso a la justicia previsto en los art. 115-I de la Constitución, 8.1) de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación a los arts. 339, 347 y 568 del Código Civil y art. 1-II y 193 del Código de Procedimiento Civil, porque ha acudido a la justicia ordinaria para recibir un pago justo por las obras que ha construido, 7 centros en el Municipio de Presto, pero que la Sentencia y el Auto de Vista sostienen que no existe relación contractual entre la Empresa CIBO SERRUDO y la ex Prefectura de Chuquisaca, actual Gobernación Departamental, porque el contrato de ejecución de proyecto de construcción del Centro de atención a Niñas y Niños, hubiera sido suscrito sin que en parte alguna hubiera intervenido la autoridad prefectural de entonces, razonamiento superficial y fuera de contexto legal que no se ajusta a hecho ni derecho, cuando se ha manifestado que el Programa PAN, ha sido transferido al SEDEGES, dependiente ahora del Gobierno Autónomo Departamental, por lo que la motivación y fundamentación del Auto de Vista no es compatible con las pruebas de cargo, no habiendo recibido una decisión sobre el fondo de la demanda, escudándose en que en los Decretos Supremos no se establece puntualmente a quien se ha transferido el pasivo del Programa PAN.
I.3. Que el nuevo Auto de Vista viola las reglas de la sana crítica previstas en el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, y 1286 del Código Civil, porque al haber demostrado que el patrimonio del PAN ha pasado a formar parte de la que hoy es la Gobernación de Chuquisaca en su dependencia del SEDEGES, al ser una obra en beneficio del Estado Boliviano, conforme lo reconoce el propio Juez en el segundo Considerando y en los Hechos Probados, , la obligación de cancelarle la tiene entidad demandada, por tanto se hubiera violado las reglas de la sana crítica al negarle lo demandado, de la misma manera en el punto referido a las Conclusiones de la Sentencia y el Auto de Vista porque el Tribunal de Alzada en base a una premisa falsa, arriba a una conclusión también falsa cuando señala que la Gobernación no ha recibido los activos y pasivos del Programa PAN y luego señala que debió haberse acreditado la existencia de relación jurídica directa o indirecta con el demandado; lo que nunca se alegó,sino que se contrató con su antecesor, dequien recibió activos y pasivos.
I-4. Que asimismo, acusa al Auto de Vista de falta de pronunciamiento sobre el fondo del litigio en franca violación de los arts. 1-II del Código de Procedimiento Civil, con relación al art. 193 del mismo adjetivo civil, Decretos Supremos y Resolución Ministerial Nº 001 de fecha 06 de enero de 2005, así como del derecho a la tutela judicial y el debido proceso previsto en los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado, este último en su elemento a la debida fundamentación, al señalar que no se hubiera demostrado que los pasivos del PAN hubieran pasado a la actual Gobernación, escudándose en falta de norma expresa confirma la Sentencia, conclusión errada porque transgrede la amplia normativa que se ha adjuntado, que establece con claridad que los activos del PAN han pasado a la hoy Gobernación.
I.5. Acusa nuevamenteal Auto de Vista de violar los principios de pertinencia y congruencia previstos en los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado, éste último en su elemento a la debida fundamentación, porque el Aquo y el Tribunal saliéndose de la pretensión de las partes, omiten pronunciarse sobre el fondo del asunto referido a la demanda de cumplimiento de obligación, con la conclusión de que no existe relación contractual o vínculo jurídico alguno entre la Empresa CIBO SERRUDO y la Ex Prefectura del Departamento, hoy Gobierno Autónomo de Chuquisaca y que no consta elemento alguno que demuestre que SEDEGES estructuralmente dependería de la Prefectura y que ostentaría el pasivo del PAN.
II. Recurso de casación en la forma.-
II.1. Acusa al Auto de Vista de falta de pronunciamiento expreso y puntual sobre el punto I.1. del recurso de apelación referido a que el nuevo Auto de Vista, así como la Sentencia, no han resuelto sobre los parámetros y directrices establecidos puntualmente en los Autos de Vista Nº 22/2013 y 155/2013 que debió tener en cuenta el Juez Aquo y el Tribunal de Alzada para resolver la nueva Sentencia y el Auto de Vista en franca violación de los arts. 1-II, 87, 190, 192, 194, 237-4 del CPC.
Que en su recurso de apelación ha acusado seis puntos, señalados puntualmente y el Tribunal Ad quem solo se ha pronunciado sobre cinco deellos y ha resuelto parcialmente el punto I.1.referido a las directrices y parámetros establecidos en los Autos de Vista Nº 22/2013 y 155/2013 que debieron tomar en cuenta el A quo y el Tribunal de apelación.
Concluye su recurso pidiendo que se anule el proceso hasta el vicio más antiguo, es decir hasta que se pronuncie sobre los parámetros establecidos en los Autos de Vista Nº 22/2013 y 155/2013 y en cuanto al recurso de casación en el fondo, dicte resolución casando el Auto de Vista Nº 542/2013, debiendo declararse probada de forma total la demanda ordinaria de cumplimiento de obligación más daños y perjuicios.
En el marco del recurso y de la revisión de obrados, corresponde establecer los siguientes aspectos:
1.- Por memorial de fs. 632 a 641 y vlta., presentado el 24 de mayo de 2010, Walter Desiderio Gutiérrez Capriles, en representación de la Empresa Constructora Unipersonal “CIBO SERRUDO”, demandó, en la vía ordinaria civil, el cumplimiento de obligación de pago por ejecución total de obras de siete centros en el municipio de Presto, suscrito entre la empresa que representa y la PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA, para la construcción de siete Centros de Atención de Niñas y Niños menores de seis años, PAN, existiendo un saldo deudor correspondiente a la Planilla Final, enla suma de $us 44.729,04 (CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00/04 DÓLARES AMERICANOS), que incluido el pago de daños, perjuiciosy lucro cesante, asciende a la suma total de $us 46.965,52 (CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO, 00/52 DÓLARES AMERICANOS.
2.- Mediante Auto de fecha 26 de mayo de 2010, el Juez de Partido Segundo en lo Civil –Comercial de la ciudad de Sucre, admitió la demanda, corriéndola en traslado a la parte demandada por el plazo de ley.
3.- Antes de la contestación a la demanda, el actor mediante memorial de fs. 650, modificó la demanda, dirigiéndola en contra del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca., admitida la misma por Auto de fecha 7 de junio de 2010, que corre a fs. 651.
4.- El demandado, mediante su representante legal Domingo Alcibia Rivera, apersonándose al proceso, opuso excepción previa de impersonería en el demandado, la misma que al haber sido presentada extemporáneamente, no fue considerada.
5.- Sin que hubiera contestación a la demanda, vencido el plazo el Juez de la causa dictó el Auto de Relación procesal calificando el proceso como Ordinario de hecho y sujetando la causa al término probatorio de 50 días, fijando asimismo los puntos a probar.
6.- Posteriormente, el Gobierno Autónomo de Chuquisaca, apersonándose nuevamente al proceso, por memorial de fs. 700 a 701, propuso prueba documental, confesoria y testifical.
7.- Sobre esa base, el Juez de la causa tramitó el proceso hasta el estado de la Sentencia, la misma que impugnada por el actor, mereció resolución de vista confirmando la resolución de instancia, de la cual emerge el recurso que se analiza
De lo anterior se concluye que el presente proceso versa sobre cuestiones referidas al contrato administrativo de obra Nº PAN 006/2001 de fecha 28 de septiembre de 2001, suscrito entre el Programa Nacional de Atención a Niñas y Niños menores de Seis Años – PAN, representado por su Director Departamental Ing. Juan Pablo Sauma Romero y destinado a la construcción de siete centros de atención a Niñas y Niños, en Comunidades rurales del Departamento de Chuquisaca, con financiamiento parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya ejecución y administración estaba a cargo del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), conforme consta en el contrato cursante de fs. 3 a 14 de obrados.
Establecido lo anterior, y siendo que el contrato en términos generales se define como todo acuerdo de voluntades generador de obligaciones de contenido patrimonial, aplicable esta definición, tanto a los contratos de Derecho Privado como a los de Derecho Público, lo que no implica que el contrato de naturaleza privada sea exactamente igual al de naturaleza pública.
En ese contexto y siendo que en el caso de Autos nos encontramos frente a un Contrato Administrativo, corresponde inicialmente definir el mismo, para tal efecto, citaremos al autor Mariano Gómez González, que define a los contratos administrativos como: “...todos aquellos contratos en que interviene la Administración, legalmente representada, y tienen por objeto la ejecución de una obra o servicio público, ya sea en interés general del Estado, de la Provincia o del Municipio".
León Duguit, al respecto afirma que: "No hay diferencia en cuanto al fondo, entre un contrato civil y otro administrativo, lo que da a un contrato el carácter administrativo y fundamenta la competencia de los tribunales administrativos, es la finalidad del servicio público en vista de la cual se celebra".
Si bien inicialmente el reconocimiento de los contratos administrativos como otra categoría contractual, tuvo seria oposición, que negaba sus diferencias con el contrato regulado por el Derecho privado, sin embargo en la actualidad, tanto en el ámbito normativo, como la jurisprudencia y la doctrina, reconocen y admiten plenamente la existencia del contrato administrativo. Al respecto Elizabeth Iñiguez de Salinas, señala que: “Más allá, de las corrientes contrapuestas sobre la utilidad de los contratos administrativos, la contratación del Estado con los particulares es hoy una actividad corriente en todos los países. Históricamente el Estado en ejercicio de su poder soberano imponía en toda circunstancia su voluntad y era inconcebible la igualdad entre las partes y el respeto riguroso a los pactos suscritos con particulares. Más tarde, el Estado o la Corona ante la creciente necesidad de prestación de servicios por los particulares, y no pudiendo contratar con ellos en ejercicio de su poder, creó la ficción de que lo hacía como un particular con otro particular para que se encargue de los actos de gestión, con una personalidad diversa a la del poder público. De esa fase en la que el estado se disfrazaba de persona privada para explicar su vinculación y poder ser demandado por los particulares ante los tribunales en caso de incumplimiento, se ha pasado a una normal convivencia entre el Estado y los particulares en sus relaciones contractuales”.
La misma autora citando al tratadista Dromi señala que: “La moderna doctrina nos enseña que la personalidad jurídica del Estado es única, no tiene doble personalidad, pública y privada, que le posibilite celebrar contratos administrativos y contratos privados, civiles o comerciales, sujetos a regímenes jurídicos diversos. El Estado tiene una sola personalidad que es pública aunque su actividad pueda en algunas oportunidades estar regulada por el derecho privado”.
De lo anterior podemos inferir que el contrato es administrativo, cuando una de las partes intervinientes, es un órgano de la administración pública y el objeto y finalidad del contrato está orientado a la satisfacción de alguna necesidad o bien común o es de interés general de la comunidad, aspecto que determina que el mismo está sujeto a normativa y regulación especial, siendo viable su existencia en los cuatro órganos que conforman el poder estatal: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.
Por su parte el art. 47 de la Ley Nº 1178 en su parte final señala que "son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza.”, concordante esta norma con el art. 32 del D.S 29190 que establecía que “los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría, son de naturaleza administrativa”.
Asimismo el D.S. 181 de 28 de junio de 2009 que al respecto en su art. 85° prevé (Naturaleza) Los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes y servicios, son de naturaleza administrativa.
De loanterior señalado se puede establecer como elementos propios de un contrato administrativo, los siguientes: El acuerdo de voluntades entre los suscribientes;que una de las partes esté constituida por un ente público (Administración); la generación de obligaciones recíprocas entre la Administración y el contratista; que el fin del contrato esté dirigido a la satisfacción de una necesidad de carácter público (adquisición de bienes y servicios), a lo que se debe añadir que una de las principales características del contrato administrativo, es la primacía de la voluntad de la administración sobre la voluntad del particular, manifestada en las condiciones del contrato y el predominio de la administración en la etapa de ejecución, que se manifiesta en las denominadas cláusulas excepcionales al derecho común, a través de las cuales a la entidad pública contratante se le reconoce una serie de prerrogativas que no ostentan los particulares y, que tienen como fundamento la prevalencia no solo del interés general sino de los fines e intereses del Estado que permiten a la administración guardarse prerrogativas excepcionales propias sólo de los órganos estatales a través de las cuales se manifiesta su rol de administrador y protector de los intereses públicos, que solo pueden ser ejercidos por la administración.
Por las características y naturaleza especial de los contratos administrativos, los mismos se encuentran sujetos al régimen regulado por el Derecho Público, y la jurisdicción ordinaria civil no tiene competencia para resolver sobre litigios originados en la celebración, ejecución, desarrollo y liquidación de los contratos administrativos, aspecto que corresponde a la jurisdicción contenciosa-administrativa, reconocida como una Jurisdicción especializada por la actual Constitución Política del Estado cuando en la última parte del art. 179-I dispone: “… existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley ...” asimismo por el art. 4-3) de la Ley del Órgano Judicial, la misma que en su disposición transitoria décima, señala que la regulación de la jurisdicción especializada será desarrollada por Ley.
Analizada la normativa constitucional, se tiene que la abrogada Constitución Política del Estado, bajo el principio de unidad jurisdiccional, que reconocía la Carta Fundamental, establecía ya en su art. 116-III que la facultad de juzgar en la vía ordinaria, contenciosa y contenciosa administrativa y la de hacer ejecutar lo juzgado correspondía a la Corte Suprema y a los tribunales respectivos.
En ese sentido el art. 117 –I de la referida norma constitucional, reconocía a la Corte Suprema como máximo Tribunal de justicia ordinaria, contenciosa y contenciosa-administrativa de la República y, en ese marco, a través del art. 118-7 se establecía como atribución de la Corte Suprema de Justicia la de resolver las causas contenciosas que resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y las demandas contencioso-administrativas a las que dieren lugar las resoluciones del mismo; en ese mismo sentido el art. 55-10) de la abrogada Ley de Organización Judicial (Ley Nº 1455), establecía como atribución de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la de: “Conocer las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder ejecutivo y de las demandas contencioso-administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo; con arreglo a la Constitución Política del Estado”.
De las normas descritas precedentemente se establece que en el anterior marco constitucional y legal, el legislador reconoció expresamente a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer de los procesos contencioso-administrativos que emergen de los contratos administrativos, no así a los juzgados ordinarios en materia civil, como se dio en el pasado por una errada praxis judicial que debe ser corregida.
Por su parte en materia contenciosa y contenciosa-administrativa el Código de Procedimiento Civil en su Título VII, Capítulo V y VI, desarrolla las normas que regulan el trámite y sustanciación de los procesos “contencioso y resultante de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo” y del “proceso contencioso - administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo”, respectivamente.
Establecido lo anterior podemos concluir que el marco legal anterior a la Constitución Política del Estado Plurinacional y a la Ley Nº 025 Ley del Órgano Judicial (que reconocen a la jurisdicción contenciosa-administrativa como jurisdicción especializada a ser desarrollada por Ley especial), se atribuía a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer y resolver de los procesos contenciosos derivados de los contratos del Órgano Ejecutivo –contratos administrativos, a ello se debe añadir que esa competencia reconocida ya anteriormente a la Corte Suprema de Justicia, fue expresamente ratificada por determinación del art. 10-I de la Ley Nº 212 “Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional”prorrogándola a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, disponiendo textualmente: “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano ejecutivo, y de las demandas contenciosas-administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada”.
Por su parte el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0060/2014 de fecha 3 de enero de 2014, respecto a los conflictos emergentes de los contratos administrativos refirió: “…se tiene que los tres contratos suscritos entre UAGRM y la empresa Constructora Aguarague, contemplaron entre una de sus cláusulas el marco legal que regirá dicha relación contractual, cuya base se tiene en el texto constitucional, además en la Ley de Administración y Control Gubernamentales, debido a que por la naturaleza administrativa de los mismos genera el sometimiento a las cláusulas de los contratos, en tal entendimiento los conflictos suscitados en los contratos administrativos deben ser impugnados ante la instancia respectiva, conforme a lo previsto por el art. 775 del CPC.”, Resolución Constitucional que por disposición expresa del art. 203 de la Constitución Política del Estado y art. 15-II del Procesal Constitucional tiene carácter vinculante y es de cumplimiento obligatorio.
En el marco de los fundamentos expuestos y al contener el contrato de fs. 4 a 14, los elementos del contrato administrativo descritos precedentemente, no cabe duda que se trata de un contrato administrativo y la controversia suscitada entre las partes contratantes está sujeta a la normativa prevista en el art. 775 del Código de Procedimiento Civil.
Por lo expuesto se establece que los Tribunales de instancia al haber sustanciado en la vía ordinaria la demanda de “Cumplimiento de obligación de pago por ejecución total de obras de siete centros en el Municipio de Presto” , relativo a un contrato administrativo, han obrado sin competencia, careciendo el proceso de uno de sus presupuestos esenciales, toda vez que la competencia es de orden público, está determinada por ley y no existe posibilidad de prorrogarla, excepto cuando se trate del elemento territorio pero jamás respecto al de materia, en ese sentido el art. 122 de la Constitución Política del Estado establece que: "son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley".
Por lo expuesto y siendo que este Tribunal se ve imposibilitado de ingresar al conocimiento del recurso, corresponde en consecuencia fallar en la forma prevista por los arts. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil y 106 del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto por los arts. 271 núm. 3), 275 del Código de Procedimiento Civil y 106 del Código Procesal Civil, ANULA obrados hasta fs. 642 vlta., Auto de admisión de la demanda, sin reposición y dispone que el Juez A quo emita nueva resolución observando los fundamentos expuestos en el presente Auto Supremo.
Mgda. Relatora: Dra. Rita Susana Nava Durán.

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 Resolución 
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