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Timestamp: 2017-12-15 15:53:07+00:00

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Proyecto de ley presentado por el Senador Daniel Filmus (ver nuestra entrada del 18/5/11)
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS Y UNIDADES DE INFORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA
Las políticas educativas tendientes a favorecer la inclusión social, encuentran en los proyectos, propuestas y acciones que se asientan en las distintas unidades de información del sistema educativo (bibliotecas escolares y especializadas, archivos escolares, museos de escuela, centros de documentación e información educativa) la posibilidad de generar una vía de democratización del acceso a la información y el conocimiento para las generaciones que atraviesan el sistema educativo, sus docentes y el resto de los miembros de cada comunidad educativa.
Es importante reconocer que el acceso a la información es un derecho de todo ser humano, pero es aún hoy desconocido como tal y no hay una percepción clara de su beneficio, y en consecuencia, de la necesidad de extenderlo a todos los sectores de la sociedad. Tradicionalmente se valora la información como una cuota de poder que resulta un privilegio de unos pocos, lo que se asocia a la falta de democracia.
El derecho a la información y al conocimiento debe encontrar en el sistema educativo una práctica privilegiada. Alumnos y docentes de todos los niveles y modalidades deberán tener facilitado su acceso para poder desarrollar los procesos de construcción de conocimiento que les permitan sostener sus aprendizajes, crecer en autonomía y ser ciudadanos responsables. Para muchos niños y educadores, esta es una oportunidad única.
Es por ello que las diversas unidades de información que integran el sistema educativo tienen como objetivos, entre otros, reducir la brecha digital, profundizar y ampliar la alfabetización informacional, rescatar la multiculturalidad de las comunidades, promover la lectura autónoma, valorar el patrimonio cultural y educativo, entre otros. Su misión les permite posicionarse entonces como garantes del protagonismo ciudadano en una sociedad que ubica a la información como uno de sus principales insumos de desarrollo.
La Ley de Educación Nacional (26.606/06) sostiene fuertemente en su articulado dicha centralidad. Así lo hace en su art. 2º cuando expresa que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado” y lo confirma específicamente en el 7º cuando señala que “el Estado garantiza el acceso de todos/as los ciudadanos/as a la información y el conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social”.
El conjunto de acciones derivadas de la necesidad de reducir la brecha digital para favorecer el acceso democrático al conocimiento por parte de numerosas instancias públicas y privadas, ligadas estrechamente a la cobertura y la apropiación de las TIC, requieren de un asentamiento en las instituciones educativas. Así, los bibliotecarios, archivistas y/o docentes, como especialistas en información, pondrán en práctica sus herramientas técnicas y pedagógicas para organizarla, sistematizarla y dinamizarla al ponerla al servicio inmediato de sus usuarios, dando respuesta y ampliando sus requerimientos cotidianos.
La existencia de bibliotecas en las escuelas dota, a alumnos y docentes por igual, de una Babel en miniatura que les abre las puertas hacia el conocimiento y la lectura transformadora, compensa las desigualdades de desarrollo cognitivo provenientes de carencias en la estimulación temprana, favorece el uso de tecnologías digitales y ofrece espacios atractivos para fomentar el aprendizaje autónomo para toda la vida. Asimismo, favorece el desarrollo de los distintos ritmos de aprendizaje y las diversas modalidades de enseñanza, a partir del uso de diversas fuentes y recursos, En ellas se rompe con los esquemas de aprendizaje entre muros y marcados desde roles centrales rígidos y/o estructurados.
Cuando hablamos de unidades de información, nos referimos, por lo tanto, a espacios destinados a brindar el acceso equitativo a la información y el conocimiento a todos sus usuarios, a través de la consulta de fondos bibliográficos y documentales históricos y actualizados en distintos soportes, así como a bases de datos, catálogos y repositorios cooperativos, bajo la responsabilidad de profesionales idóneos que promuevan y faciliten la lectura y la producción de conocimiento reflexivo y autónomo.
Dichas unidades se constituirán en espacios especialmente diseñados para brindar servicios de calidad, con la finalidad de satisfacer las expectativas e intereses de alumnos y docentes por igual. Para ello, es deseable que cada unidad de información implemente metodologías basadas en herramientas de calidad para facilitar una gestión institucional en pos de la mejora continua.
Esto significa la participación real de todos los actores de la comunidad educativa, que se refleje además en la definición, diseño, medición y evaluación de los servicios a brindar por igual a todos los usuarios, teniendo en cuenta la heterogeneidad en niveles y modalidades, la matrícula escolar, y las áreas sociogeográficas en las que ellas están insertas.
Es entonces que la gestión del conocimiento y la información en el sistema educativo, se traduce en una multiplicidad de actividades en el contexto de cada institución escolar. Ellas llevan a la participación articulada de sus diversos actores con protagonismos ligados a propuestas de promoción de la lectura en docentes y alumnos, el manejo de fuentes documentales, la conservación del patrimonio bibliográfico como sostén de la historia educativa y cultural, la construcción de la memoria colectiva de cada comunidad y el aporte a la resolución de sus problemáticas. Un profesional altamente entrenado como especialista en información, será el que pueda pilotear el desarrollo de estas propuestas y proyectarlas en cada comunidad educativa.
Una mirada sobre los condicionamientos y requerimientos planteados en una gestión ágil de la información, indica que su volumen alcanza una amplitud cuyos límites se desconocen, ya que se amplían permanentemente. Para poder organizarla, sistematizarla y evaluarla, se hace cada vez más necesario generar
un procesamiento normalizado, apoyado en criterios técnico-bibliotecológicos, desarrollados bajo el respeto a las normas internacionales de descripción bibliográfica.
Que una biblioteca escolar, archivo o museo cataloguen y clasifiquen su material patrimonial atendiendo a los parámetros reconocidos internacionalmente, se torna indispensable para poder comprender y compartir registros procesados en distintas unidades de información. Gracias a la utilización de estos parámetros, las unidades de cualquier jurisdicción podrán catalogar cooperativamente con otras e inclusive con centros remotos de información de distintos lugares del mundo, pudiendo ser participes de la cultura global y a mismo tiempo incidiendo en esos escenarios desde la cultura local.
Se destaca, en el caso particular de los Centros de Documentación e Información educativa, la importancia de seleccionar, discriminar y hacer circular la información pertinente para el proceso de toma de decisiones, tanto para definir políticas como para preparar reformas, determinar y aplicar prioridades, mejorar el sistema educativo existente, entre otros. Para sostener la viabilidad de estas acciones, es preciso integrarse en redes, sistemas y programas regionales e internacionales y en función de ello, acordar aspectos referidos a la normalización de los procesamientos técnicos de la información a fin de compatibilizar sistemas entre sí.
El desarrollo de los procesos mencionados se debe sostener en acciones de capacitación sistemática, que harán a la profesionalización y jerarquización del rol específico del bibliotecario, archivista o documentalista. Esto redunda en que no sólo los usuarios tengan un mejor acceso a la información capaz de paliar desigualdades de origen sino que también todas las instituciones puedan trabajar en pie de igualdad con los principales centros de información.
Los esfuerzos individuales de estos especialistas han contribuido a desarrollar la labor de las bibliotecas sosteniendo las trayectorias educativas de los alumnos y la actualización pedagógica de los docentes; han apoyado la labor de los funcionarios e investigadores en educación a través de la provisión de documentación actualizada que sustenta las decisiones de política educativa; han recobrado el valor que la historia de cada comunidad posee a partir de su paso por la escuela; han recuperado objetos y documentos que permiten a los ciudadanos reflexionar en torno al legado histórico que las escuelas nos aportan.
A pesar del reconocimiento a lo largo de la historia del rol de las bibliotecas, archivos y museos, a nivel internacional y nacional, aún no se ha consolidado su organización y articulación para construir un sistema de redes locales, jurisdiccionales y nacionales. El proyecto de Ley que aquí se presenta se orienta a ese fin: posicionar los roles, objetivos y necesidades de las diversas unidades de información y definir un sistema nacional que las coordine y sostenga, para optimizar su funcionamiento y obtener logros individuales y colectivos que sostengan la producción de conocimiento colectivo con base en el intercambio fluido y actualizado de información.
El Sistema Nacional de Unidades de Información estaría conformado por las bibliotecas escolares, los centros de información documental educativa, las bibliotecas pedagógicas, las bibliotecas especializadas, los archivos históricos escolares y los museos de escuela. Todas ellas contribuyen con distintas particularidades en sus funciones y usuarios, a la gestión de la información educativa y el cuidado del patrimonio escolar. Cada unidad debe integrar las redes que den sustento a la puesta en marcha de políticas públicas que prioricen la gestión de la información y el conocimiento en la escuela.
Es por ello que el fortalecimiento de estas instituciones colabora con la construcción de una política educativa en del marco de la promoción de la lectura, la formación, actualización y perfeccionamiento de los actores de la educación con habilidades y estrategias que desarrollarán la autonomía de estudio, enseñanza e investigación.
Desde la política educativa federal para las unidades de información, que se sostiene con base en una larga trayectoria, se han construido redes, sustentadas en referentes en todo el país, para poder articular los esfuerzos individuales en un marco jurisdiccional y nacional que les de contención y proyección. En dicho contexto se encuadra el Sistema Nacional de Información Educativa (SNIE); el Programa Bibliotecas Escolares y Especializadas de la República Argentina (BERA); el Programa Nacional de Archivos y Museos Escolares; la Red Nacional de Bibliotecas Pedagógicas, coordinadas por la Biblioteca Nacional de Maestros.
A través de la Ley y su futura apropiación en normativas jurisdiccionales, se espera que todos los docentes y chicos de nuestro sistema educativo puedan ejercer sus derechos de formarse en el uso de la información y que puedan experimentar el placer de elegir los libros que leerán en la sala de lectura o se llevarán a su casa para compartir con su familia. Esperamos que las bibliotecas escolares, los centros de documentación e investigación educativa, las bibliotecas pedagógicas y especializadas, los archivos y museos escolares sean una de las señas de identidad de nuestro sistema educativo.
La gestión de la información y el conocimiento realizada desde distintas unidades de información requieren un contexto normativo que la sustente. La Ley de Educación Nacional (26.606/07) resultó, a través de su artículo 91, una primera instancia de reconocimiento de las bibliotecas escolares. En él se plasma la necesidad de la creación y fortalecimiento de las bibliotecas escolares, acompañada por acciones de promoción del libro y la lectura. Este artículo fue la síntesis de los aportes federales que tanto referentes políticos y bibliotecológicos de los diversos ministerios educativos, así como directivos y bibliotecarios de base construyeron con base en las inquietudes de su comunidad y de los ciudadanos interesados en participar.
En la histórica Ley 1420, la biblioteca fue considerada como una institución de valor paralela a la escuela y se la menciona en su articulado, además de complementar sus actividades con las de las Bibliotecas Populares en las distintas comunidades también con merecido articulado.
Esta misma Ley da origen a la Biblioteca Nacional de Maestros, del Ministerio de Educación, como modelo de institución que debe aportar a la formación pedagógica e integral de los docentes y ser un reservorio de la memoria educativa nacional. Muchas bibliotecas de maestros se crearon en ese momento en las jurisdicciones, así como también se construyeron las impresionantes bibliotecas de las escuelas normales.
En la Ley Federal de Educación (2004) se omitió dedicar un articulado para incluir en la llamada Reforma Educativa el desarrollo de bibliotecas en las escuelas y la presencia de centros de información documental educativa y bibliotecas pedagógicas especializadas en las jurisdicciones. Un grave olvido que marcó años de acciones de capacitación docente sin bibliografía actualizada en mano, y millones de libros enviados a las escuelas para los chicos que en gran parte no cumplieron su destino y hoy no se encuentran en sus colecciones o estantes. No se retomaron políticas públicas nacionales que habían sido pioneras y ejemplares en la región y que priorizaban estas instituciones como andamiajes transversales y colaterales de una educación innovadora. Se ignoraron legislaciones jurisdiccionales existentes, muchas bibliotecas se transformaron en aulas para acoger el crecimiento de la matrícula y los nuevos niveles del sistema, y se excluyó a los responsables de estas unidades, de la participación en los proyectos generados en la escuela.
Hoy se renueva desde un eje transformador de la política pública, a partir de las acciones de diversos programas nacionales coordinados por la Biblioteca Nacional de Maestros (ej. Bibliotecas Escolares y Especializadas de la República Argentina (BERA); Sistema Nacional de Información Educativa (SNIE); Programa Nacional de Archivos Escolares (PNAE); junto a los de otras áreas del Ministerio de Educación como: Programa de Políticas Socioeducativas; Plan Nacional de Lectura (PNL); Programa Conectar e Igualdad; Canal Encuentro; Educ.ar y los programas jurisdiccionales, el envío a las escuelas de millones de libros; materiales lectores; millones de netbooks para alumnos y docentes; equipamiento audiovisual, láminas y mapas, entre otros recursos. Sin embargo, las unidades de información no cuentan, en muchos casos, con un espacio físico y un personal idóneo a cargo, que permitan su circulación entre alumnos y docentes, su uso intensivo y su paralela conservación, así como el cuidado que sea el resguardo de una inversión planteada en función de las necesidades de las comunidades educativas.
El acceso a estos materiales, reunidos en una biblioteca, archivo o museo, con un responsable idóneo, permitirá la democratización del acceso a la información para alumnos y docentes, año tras año. Las inversiones realizadas anualmente por el Ministerio de Educación desde su partida presupuestaria, contribuirán así a la formación de un verdadero fondo bibliográfico que se irá acrecentando gradualmente y será uno de los valores culturales de la comunidad. Los esfuerzos nacionales y jurisdiccionales no caerán en el vacío.
A nivel internacional los manifiestos de la IFLA y la UNESCO/2002 en relación a las bibliotecas escolares constituyen también antecedentes valiosos que sostienen la necesidad de sostener desde políticas superiores las políticas elaboradas en cada institución. En sus directrices señala que ellas “proporcionan información e ideas que son indispensables para el funcionamiento en la sociedad de hoy en día”.
La posibilidad de construir un sistema de unidades de información en que estas oportunidades puedan ponerse en marcha, resultan un desafío imperioso para fortalecer los procesos inclusivos en nuestra sociedad.
Antecedentes de los Programas específicos del Ministerio de Educación
Está integrado por los Centros Provinciales de Información y Documentación Educativa, con sede en los Ministerios de Educación de cada jurisdicción y sus subsistemas asociados, coordinados por la Dirección Biblioteca Nacional de Maestros, a través del Centro Nacional de Información y Documentación Educativa del Ministerio de Educación.
El Sistema es federal y cooperativo y reúne toda la infraestructura de información educativa oficial del país, operando en forma coordinada, utilizando técnicas estandarizadas, con el objeto de servir a los usuarios de este sector.
El SNIE es una de las redes de información de mayor antigüedad, dentro del Ministerio de Educación, fue institucionalizada por el Acuerdo de Vaquerías en la III Reunión Nacional de Centros de Documentación e Información Educativa del país, realizada en Córdoba en 1975. El Acuerdo determina los objetivos del sistema, su estructura y los reglamentos para su funcionamiento. En los 36 años de funcionamiento, fue avanzado con la incorporación de tecnologías de la información, capacitación de los recursos humanos y normalización de los procesos a fin de ejecutar acciones conjuntas que lo consolidan y dentro de las pautas de calidad que lo sustentan, cada centro posee bases de datos de documentos educativos oficiales, legislación educativa, directorios, documentos digitalizados, etc.
El Sistema ha elaborado productos cooperativos, como el Directorio Nacional de Unidades de Información en Educación y Ciencias Sociales, la recopilación de Legislación Educativa a nivel país y ha realizando aportes regionales para la elaboración del Vocabulario Argentino de Educación, lenguaje normalizado con
el que se procesa la información y que utilizado también en el MERCOSUR Educativo.
El Sistema funciona dentro del marco de las normas ISO de gestión de la calidad, con un enfoque basado en procesos de mejoras continuas, utilizando herramientas de gestión para mejorar los resultados.
En los 36 años de funcionamiento se pasa del TELEX a la lista de correo electrónico. Los recursos humanos de todos los Centros del Sistema fueron capacitados a fin de incorporar las nuevas tecnologías de gestión de la información surgidas en la década de los 80 en adelante, se elaboraron las bases de datos documentales, los lenguajes controlados que actualmente se reflejan en el Vocabulario Argentino de Educación on-line, la gestión documental con la elaboración de un software específico para el procesamiento de materiales documentales AGUAPEY Doc., diversas formas de difusión de la información, se incorporaron también los Centros de Documentación al Mapa Educativo.
La elaboración conjunta de un Manual de Procedimientos para el funcionamiento normalizado del Sistema, permitió mejorar la calidad del intercambio de la información y la asistencia documental a todo el país.
Cabe destacar el nuevo proyecto del Sistema que lo coloca a la vanguardia en cuanto a difusión y archivo de la documentación, que es la elaboración de Repositorios Institucionales con todo el material producido por los Ministerios de Educación del país, una colección de objetos digitales basada en la Web, elaborados con una política definida por el núcleo coordinador del Sistema, que da libre acceso al usuario, permite la preservación de la documentación, y a su vez da visibilidad a la producción intelectual de los Ministerios de Educación, brindando acceso al texto completo.
Sin embargo, estas instituciones que cumplen funciones cruciales para aportar a las acciones de toma de decisión, investigación, y formación para los actores de la comunidad educativa, que consolidan las bases documentales de legislación sobre educación, la documentación educativa oficial, las innovaciones, y que a la vez son la guarda de la memoria de la educación de cada provincia, tampoco encontraron espacio en la Ley Federal de Educación, tan sólo una mención en el inciso de un artículo (artículo 53, inciso i).
La evidencia en otros sistemas educativos que han mantenido o fortalecido sus sistemas de bibliotecas escolares y de centros de información pedagógica (Finlandia, Australia, Canadá, Escocia, Suecia, Costa Rica, España, etc.) muestra la alta incidencia que estas instituciones tienen en la mejora de la calidad de los aprendizajes y el apoyo en el desarrollo del currículo, de las habilidades de información y en el uso de fuentes documentales, autonomía en el aprendizaje, en el aporte que han hecho a la construcción de una ciudadanía reflexiva y crítica en sus respectivas comunidades.
La propuesta que aquí presentamos es la síntesis de las discusiones surgidas en el seno de las reuniones de los sistemas de información federales que se celebraron en los últimos años en distintas ocasiones y que fueron coordinadas por la BNM y el Centro de Información Documental Educativa del Ministerio de Educación.
Programa BERA (Bibliotecas escolares y especializadas de la República Argentina)
El Programa Bibliotecas Escolares y Especializadas de la República Argentina (BERA) nace de la insoslayable necesidad de recuperar la jerarquía de las bibliotecas como instituciones históricas dentro de las escuelas, relegada a lo largo del tiempo.
Frente a esta realidad y ante la demanda de muchos bibliotecarios de la República Argentina, la Biblioteca Nacional de Maestros comenzó en 1998, un sistemático trabajo en torno a las posibilidades de desarrollo integral de las bibliotecas escolares.
Así, se iniciaron los primeros estudios que, con los años, se transformaron en capacitaciones, acciones interinstitucionales y la creación del software de gestión integral de bibliotecas Aguapey. De esta manera, lo que comenzó como un anhelo de mejoramiento culminó, a partir de la Resolución Ministerial 432 de 2006, en el Programa Nacional BERA.
A continuación se detallan las acciones más relevantes relativas al surgimiento y desarrollo del Programa BERA:
En 1998 se trabajó con el Programa de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria (PRODYMES II) del Ministerio de Educación de la Nación; se dio inicio del Grupo Piloto de Bibliotecas. Se generó el dictado de charlas en todo el país sobre normalización de la información. Asimismo, se dio comienzo a la investigación, estudio y traducción del formato USMARC. También se plasmó la producción de materiales realizados por la Biblioteca Nacional de Maestros y el PRODYMES II: Manual de Notaciones de Clasificación Decimal Universal, Centro de Recursos Multimediales: Gestión de la Información, Centro de Recursos Multimediales: Orientaciones Pedagógicas.
En 1999, se da inicio a la capacitación a bibliotecarios escolares de Salta sobre normalización y formatos, junto al desarrollo de la investigación sobre software nacionales: SIGEBI, BACR, BIBES.
Durante 2000/2001, tuvo lugar la capacitación en principios normalizadores y aplicación de estándares bibliotecológicos. Se despliega el trabajo de la Dirección junto al Área de Investigación y Desarrollo de la BNM en el diseño del software Aguapey y manuales y materiales de apoyo complementarios.
En 2002, se firma del Convenio Marco “Desarrollo y optimización de las unidades de información del sistema educativo" con las 24 jurisdicciones.
También se procede a la migración de la base de datos BINAM de la BNM a MARC y se da comienzo a las acciones federales en torno al Proyecto BERA en Chubut.
A partir de 2003, se da inicio formal en Tierra del Fuego a las capacitaciones jurisdiccionales en el uso del software Aguapey como producto generado por la BNM.
La realización de Jornadas de Sensibilización sobre el Proyecto BERA orientadas a las autoridades educativas de las jurisdicciones, va acompañada de la evaluación de los proyectos jurisdiccionales; la formación de los equipos de capacitadores jurisdiccionales con base en perfiles consensuados y la capacitación por parte del equipo BERA nacional a los bibliotecarios capacitadores jurisdiccionales.
Estas acciones se completan con la capacitación a bibliotecarios de base por parte de la BNM y de los equipos jurisdiccionales, junto a las capacitaciones puntuales a bibliotecarios de distintas organizaciones de la sociedad civil y privadas.
En 2006, el Proyecto BERA se convierte en Programa nacional a través de la Resolución Ministerial N° 432 del 2 de mayo de 2006.
Durante 2008 se acuerdan acciones interministeriales con el Programa Bibliotecas Escolares/CRA Centro de Recursos para el Aprendizaje, del Ministerio de Educación de la República de Chile.
También se inicia la primera etapa del Relevamiento Institucional de Bibliotecas Escolares Argentinas (RBEA) y se concreta la realización del estudio “Las Bibliotecas escolares en la Argentina 2008/2009”, coordinado por el Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
En 2009 se da continuación a la primera etapa e inicio de la segunda del Relevamiento Institucional de Bibliotecas Escolares Argentinas (RBEA) hasta el 31 de mayo de 2010.
El desarrollo de nuevas modalidades de capacitaciones, a partir de lo virtual en el uso de Aguapey se orienta a bibliotecarios escolares de Catamarca, Jujuy, La Pampa y Salta y a referentes jurisdiccionales. Esto se completa con la primera experiencia jurisdiccional de e-learning en el uso de Aguapey a cargo de los referentes bibliotecológicos de San Luis.
Además lo virtual se complejiza con el inicio de acciones de sensibilización y actualización para responsables de bibliotecas de todo el país a través del recurso de videoconferencia.
Durante 2010 se publica el Informe de resultados del RBEA: primera etapa 2008/2009 y el libro “Las bibliotecas escolares en la Argentina: un diagnóstico desde sus actores” desarrollado por el ME y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Se continúan las propuestas diversas de capacitación a través de videoconferencia para todo el país; el desarrollo de cursos virtuales coordinados por las jurisdicciones y la convocatoria y desarrollo del Premio Bicentenario a las Bibliotecas Escolares 2010.
En 2011, se desarrollan: el Relevamiento Institucional de las Bibliotecas Escolares para los IFD; la publicación del Cuadernillo conjunto con la Dirección del Nivel Inicial/ME; la capacitación virtual a responsables del Programa Bibliotecas Abiertas coordinado junto al Programa Contextos de Encierro y Plan
Además se desarrollan una serie de acciones destinadas a la creación de un Sistema Nacional de Bibliotecas y Unidades de información y Acuerdo marco en el Consejo Federal del ME.
A la fecha, desde el PNAE, con base en convenios específicos y actas complementarias con las jurisdicciones educativas, se han realizado acciones de sensibilización, capacitación y difusión acerca de la organización de los archivos escolares, así como con las escuelas individualmente. Se han sensibilizado 270 escuelas centenarias, 48 escuelas Normales de la primera y segunda fundaciones realizando actividades académicas y de difusión, además se han capacitado en diferentes tramos en la organización de los archivos a 25 escuelas piloto. Se han capacitado equipos jurisdiccionales de las Provincias de Córdoba, Chubut, Santa Cruz, Córdoba, La Rioja, Santa FE, Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Tierra del Fuego a través de modalidades presénciales y virtuales por videoconferencia, con la participación de expertos en diversas temáticas. Se incluyó también la participación de docentes, directivos y alumnos del nivel de educación superior no universitaria en las acciones de capacitación, para incluir a toda la comunidad educativa en esta propuesta de revalorizar el patrimonio educativo y cultural de cada institución a través de los archivos de las
primeras escuelas normales para preservar el origen del prestigioso magisterio argentino.
Museos de escuelas
El Consejo Nacional de Educación, en 1883, resolvió la creación de un Museo Escolar Nacional, que recién en 1889 se puede concretar un espacio para instalarlo, justamente se instala en la sede de la Biblioteca Nacional de Maestros en el primer piso de la misma. El museo contaba con objetos, libros de didáctica y mapas, instrumentos de madera para la enseñanza de la geometría.
En el marco de la conmemoración del Centenario, es José María Ramos Mejía, presidente del Consejo Nacional de Educación, quien propone un programa de acción para profundizar los contenidos patrióticos en la escuelas, organizando el Museo Escolar Sarmiento que funcionó hasta la década de 1940 en la Escuela Normal N° 9 “Domingo Faustino Sarmiento”.
Organismos oficiales como el Comité Internacional de Museos y el ICOFOM-LAM trabajan actualmente en recuperar los museos como fuente de inspiración del pasado, con su función de conservar, valorizar y exponer al público elementos de la vida social que se encuentren vinculados de formas diversas a la historia y
a la memoria de un lugar o persona. Por ello, la importancia de encontrar en los espacios de las escuelas de nuestro país esos espacios de la memoria argentina.
La inclusión de un capítulo pertinente a la gestión de la información y el conocimiento en el sistema educativo a través de las bibliotecas escolares, los centros de información documental educativa, y las bibliotecas pedagógicas y especializadas es impostergable para complementar la construcción de una escuela nueva. La redacción de un articulado pertinente asegurará que se fortalezca y jerarquice a esas instituciones y se promueva su articulación en redes jurisdiccionales, para sostenerlas se las sostenga con los recursos necesarios a través del tiempo y equiparlas se las equipare con nuevas tecnologías, para que sean parte deque cada proyecto educativo y para dotarlas de profesionales especializados que formen parte se incluyan en de la carrera docente.
Proyecto de ley Sistema Nacional de Bibliotecas y Unidades de Información en el Sistema Educativo Nacional
Artículo 1: La presente ley tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Bibliotecas y Unidades de Información en la Educación Básica y el nivel Superior no universitario en el marco de lo prescripto en el Art.91 de la Ley de Educación Nacional Nro. 26206.
Artículo 2: El Consejo Federal de Educación establecerá la integración del Sistema, pudiendo estar conformado por las redes de Bibliotecas Escolares, Archivos Escolares, Centros de Documentación, Museos de Escuela y otras unidades dedicadas a la gestión de la información y el conocimiento y a la preservación del patrimonio escolar, dentro del sistema educativo en sus diferentes niveles y modalidades, de todas las provincias y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3: El Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Dirección Biblioteca Nacional de Maestros, será el organismo de aplicación de la presente teniendo a su cargo la coordinación y articulación del Sistema.
Artículo 4: La finalidad del Sistema Nacional de Bibliotecas y Unidades de Información en la Educación Básica y el nivel Superior no universitario comprende la integración de dichas unidades en redes para su adecuada gestión; la formación de docentes y alumnos como usuarios de la información; la formación de lectores críticos y autónomos; la valoración del libro; la preservación de la memoria y el patrimonio documental educativo; el desarrollo de procesos de alfabetización informacional.
Artículo 5: Son objetivos del Sistema Nacional de Bibliotecas y Unidades de Información en la Educación Básica y el nivel Superior no universitario:
a. Establecer y asegurar la ejecución de las políticas, objetivos y planes estratégicos en relación a la gestión de la información y el conocimiento que coadyuven al fortalecimiento y desarrollo del servicio educativo nacional enmarcado dentro de las políticas y planes de desarrollo económico, educativo, cultural, técnico y científico del país.
b. Planificar acciones tendientes a integrar a las Bibliotecas Escolares, Archivos Escolares, Centros de Documentación, Museos de Escuela y otras unidades dedicadas a la gestión de la información educativa, en redes a nivel local, regional y nacional, aprovechando las tecnologías de la información y comunicación, para ampliar sus recursos mediante el intercambio cooperativo, con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades de acceso al conocimiento más relevante histórico y actualizado.
c. Favorecer la integración, sistematización, conservación, resguardo legal y defensa del patrimonio documental educativo, por medio de una adecuada difusión, preservación y utilización.
d. Impulsar y fomentar el desarrollo y optimización permanente de los servicios bibliotecarios, archivísticos, museográficos e informativos atendiendo a la diversidad sociocultural de las distintas comunidades que conforman el sistema educativo argentino.
e. Diseñar y promover acciones institucionales desde las unidades de información de cada escuela orientadas a favorecer la lectura crítica y reflexiva de docentes y alumnos, como modo de comprensión de su realidad pasada y presente a nivel individual y social.
f. Generar acciones tendientes a ampliar y profundizar las competencias para la búsqueda, uso, conocimiento y evaluación de la información, así como la capacidad para entender textos de hipertexto y multimedia en alumnos, docentes y demás actores de las instituciones educativas.
g. Promover que las unidades de información que forman parte de este sistema sean un espacio para el ejercicio de una ciudadanía reflexiva, crítica, responsable y participativa.
h. Recuperar, preservar y difundir la memoria de la cultura escolar para fortalecer la identidad institucional y proyectarla en la comunidad.
i. Fomentar y asegurar la capacitación, formación y actualización de los actores educativos involucrados en las unidades de información mencionadas, para asegurar su eficaz y eficiente gestión y el continuo desarrollo del sistema.
j. Fomentar y promover políticas sostenibles para la formación de los acervos pertinentes a cada unidad de información y acordes a las necesidades de desarrollo de las colecciones de cada comunidad educativa.
k. Fomentar el uso de estándares de calidad en servicios y productos generados por las unidades a que hace referencia la presente ley.
Artículo 6º: Todas las unidades de información integrarán el Sistema Nacional. Este, en tanto sistema dinámico e inclusivo, será respetuoso de las heterogeneidades y particularidades de las diversas comunidades educativas que debieran prever al momento de su creación y gradualmente considerar al proyectar su desarrollo, las siguientes condiciones para su mejor funcionamiento:
1. Poseer un fondo histórico y/o actualizado, organizado según las características de cada unidad de información.
2. Organizar un servicio de difusión de los fondos a través de la consulta in situ, virtual, préstamo domiciliario, reproducción digital, exhibición y otros, en función de las necesidades y regulaciones propias de cada uno de las redes.
3. Contar con un espacio, mobiliario y equipamiento tecnológico adecuado.
4. Disponer de un responsable con competencias pertinentes a la labor a desarrollar en las unidades de información mencionadas.
5. Promover la participación en acciones de formación y capacitación específica a los responsables de cada área y sus equipos de trabajo.
6. Establecer relaciones de cooperación con otras unidades de información e instituciones académicas que fortalezcan el trabajo colaborativo.
En relación a las bibliotecas del sistema educativo:
a. Poseer material bibliográfico y especial vigente, seleccionado en función de los objetivos del sistema, la modalidad y nivel educativo, en número proporcional a la cantidad de secciones y matrícula del establecimiento escolar al que sirve.
b. Poseer un espacio que permita la lectura individual y grupal, la sectorización de la biblioteca en función de la identificación del fondo y la realización de actividades en torno a la lectura y formación de usuarios.
c. Contar con equipamiento informático para la búsqueda, selección y evaluación de información por parte de los usuarios docentes y alumnos en cantidad suficiente.
d. Estar abierta al público en cada turno del establecimiento cubriendo el horario escolar.
e. Organizar servicios de referencia y extensión bibliotecaria en función de las necesidades de sus usuarios y de la comunidad educativa.
f. Organizar un servicio de préstamos de aula y a domicilio para todos los miembros de la comunidad educativa (alumnos, docentes y familias) e interbibliotecario entre las unidades de la red pertinente.
En relación a los Archivos Escolares:
a. Contar con un fondo documental histórico que permita recuperar la diversidad y complejidad de los discursos pedagógicos que modelaron otras épocas.
b. Promover la conservación preventiva del fondo
c. Poseer un inventario y descripción del fondo.
d. Poseer un reglamento de archivo que permita la consulta del mismo según una alfabetización de usuarios de archivos escolares.
e. Contar con un espacio para la consulta según los requerimientos del reglamento.
f. Contar con equipamiento informático a través de un software que permita la búsqueda informatizada por parte de los usuarios.
g. Organizar servicio de referencia en función de las necesidades de los usuarios y de la comunidad del sistema.
h. Promover acciones de investigación, intercambio interinstitucional, difusión de los fondos.
i. Contar con personal responsable del archivo escolar.
En relación a los Museos de Escuela:
a. Contar con material histórico – pedagógico seleccionado en función de los objetivos de la red.
b. Poseer un inventario de los fondos existentes.
c. Disponer de fondos accesibles a la consulta, enseñanza, investigación y disfrute del público.
d. Generar acciones para organizar una exposición ordenada y sistemática de las colecciones, con una adecuada curación de las mismas.
e. Estar abierto al público en un horario estable de visita.
f. Contar con personal responsable del área para su gestión.
En relación a los Centros de Documentación
a. Resguardar, conservar y procesar la documentación emanada de los entes productores de información educativa, cualitativa y cuantitativa, de los Ministerios de Educación, nacional y jurisdiccionales.
b. Resguardar, conservar, procesar y difundir la legislación educativa nacional y jurisdiccional.
c. Proteger la memoria de las diferentes gestiones ministeriales que conforman en un todo la historia de la educación nacional.
d. Asistir a la gestión educativa: funcionarios, asesores, legisladores, planificadores, supervisores, capacitadores y comunidad educativa.
e. Ofrecer referencia altamente especializada a investigadores de la educación.
f. Asesorar áreas vinculadas a programas nacionales y provinciales cuyos objetivos se liguen al gerenciamiento de la información, documentación, innovación e investigación educativa.
g. Normalizar, desarrollar, ejecutar y difundir acciones conjuntas en los procedimientos de la gestión de la información en el área de la educación.
h. Participar activamente de las redes nacionales e internacionales de información.
i. Desarrollar y coordinar subredes de información jurisdiccional.
Artículo 7: El Poder Ejecutivo Nacional determinará las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Fuente: http://xa.yimg.com/kq/groups/23152275/1338709839/name/a-Anteproyecto_de_ley.pdf
Etiquetas: Archivos escolares, BNM

References: resolución 
 artículo 91
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7