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Timestamp: 2016-05-01 23:10:36+00:00

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DECRETO 70/2011, de 22 de diciembre, por el que se establecen los precios públicos por servicios prestados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de los Servicios Sociales	DECRETO 70/2011, de 22 de diciembre, por el que se establecen los precios públicos por servicios prestados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de los Servicios Sociales Mis Leyes
DECRETO 70/2011, de 22 de diciembre, por el que se establecen los precios públicos por servicios prestados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de los Servicios Sociales Nº de Disposición	:
70/2011	Boletín Oficial	:
BOCYL 4	Fecha Publicación	:
05/01/2012	Órgano Emisor	:
CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	Artículo 1. Objeto y ámbito deaplicación.Artículo 2. Obligados al pago.Artículo 3. Elementos que integran la capacidadeconómica de la persona beneficiaria.Artículo 4. Determinación de la capacidadeconómica personal.Artículo 5. Revisión de la capacidadeconómica de las personas beneficiarias.Artículo 6. Precios Públicos.Artículo 7. Cantidades garantizadas para gastospersonales.Artículo 8. Aportación de las personasbeneficiarias al coste del servicio.Artículo 9. Liquidación.Artículo 10. Gestión y recaudación.Artículo 11. Pago.
En el marco jurídico del mandato constitucional y del
Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la
Comunidad de Castilla y León ha asumido, según lo
dispuesto en el artículo 70.1.10 de este último, las
competencias exclusivas en materia de asistencia social, servicios
sociales y desarrollo comunitario, promoción y
atención de las familias, la infancia, la juventud y los
mayores, prevención, atención e inserción
social de los colectivos afectados por la discapacidad, la
dependencia o la exclusión social y la protección y
Dentro de este contexto, la Junta de Castilla y León
configuró, a través de la Ley 18/1988, de 28 de
diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales, el Sistema
de Acción Social en el ámbito territorial de la
Comunidad, cuyo régimen jurídico ha sido adaptado
para dar cobertura a las nuevas necesidades y exigencias que han
surgido desde la aprobación de aquella, mediante la
promulgación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de
Servicios Sociales de Castilla y León.
En la implementación del régimen jurídico
del Sistema de Servicios Sociales, cabe destacar en primer lugar,
la aprobación del Decreto 56/2001, de 8 de marzo, del
Reglamento regulador del régimen de acceso a las plazas en
los centros residenciales para personas mayores, dependientes de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León y a
las plazas concertadas en otros establecimientos, donde bajo los
principios de igualdad de los individuos en la sociedad,
solidaridad y el desarrollo libre y pleno de la persona, se regula
el acceso a las plazas en centros residenciales propios y a las
plazas concertadas, así como los efectos económicos
derivados de dicho ingreso para las personas beneficiarias.
En segundo lugar, el Decreto 16/2002, de 24 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento regulador del régimen de acceso a
las plazas en unidades de estancias diurnas en centros para
personas mayores dependientes de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y a plazas concertadas en otros
establecimientos, que, de conformidad con los principios de
igualdad, solidaridad y plena libertad, tiene por finalidad apoyar
mediante este recurso a las personas que lo soliciten y lo
La Ley 5/2003, de 3 de abril, de Atención y
Protección de las Personas Mayores de Castilla y León
regula el marco jurídico de actuación de los poderes
públicos de Castilla y León con el fin de promover la
calidad de vida y la protección de las mujeres y hombres
mayores, estableciendo el sistema de recursos destinados a su
atención y protección, y los derechos y obligaciones
Señala que las personas mayores usuarias de centros y
servicios integrados en el Sistema de Acción Social y
Servicios Sociales participarán en la financiación
del coste de los mismos de acuerdo con su capacidad
económica, a través de la creación y el
establecimiento de precios públicos que, según se
establece en su artículo 41, ha de realizarse
Por otro lado hay que destacar la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y
por la que se regulan las condiciones básicas que garanticen
la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de
ciudadanía a la promoción de la autonomía
dependencia mediante la creación de un Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia. En esta ley se
establecen los servicios y prestaciones económicas del
sistema destinadas a la promoción de la autonomía
personal y a la atención de las necesidades de las personas
El artículo 33.1 de esta ley señala que las
personas beneficiarias de las prestaciones de dependencia
según el tipo y coste del servicio y su capacidad
económica personal.
En este sentido en el artículo 14.7 se indica que la
capacidad económica se determinará en atención
a la renta y el patrimonio de la persona solicitante.
La citada ley, en su artículo 8.2.d), encomienda al
Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y la
Atención a la Dependencia (SAAD) la fijación de los
criterios para determinar la participación económica
del beneficiario en la financiación de las prestaciones del
Mediante la Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la
Secretaría de Estado de Política Social, Familias y
Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, se publica el
Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre
determinación de la capacidad económica de la persona
beneficiaria y sobre los criterios de participación de
éste en las prestaciones del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
La normativa vigente necesita ser adaptada para cumplir algunos
criterios básicos establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, y, en especial, el mandato de computar exclusivamente la
renta y patrimonio de la persona solicitante. Con el fin de
acomodar esta prescripción, e integrar el sistema regulado
por la mencionada ley dentro del sistema de Servicios Sociales de
Castilla y León, procede establecer una única base y
una única fórmula para determinar la capacidad
económica de las personas solicitantes y de las personas
beneficiarias de los servicios regulados en el presente Decreto,
siendo por ello idóneo el momento para regular los precios
públicos de estos servicios.
El sistema propuesto para la determinación de los precios
públicos se corresponde con los precios vigentes en los
conciertos tanto con entidades públicas como privadas para
los diferentes servicios. La aportación de las personas
beneficiarias de los servicios se basa, en atención a los
destinatarios de los mismos, en unas cantidades inferiores a los
precios públicos aplicando el principio de progresividad, es
decir, que hasta alcanzar el importe del 90% del precio
público paga más la persona que mayor capacidad
económica tiene. Por otro lado se garantiza un mínimo
de ingresos para gastos personales de las personas beneficiarias,
todo ello con independencia de la prestación de los
servicios a las personas que los precisen, en atención a sus
La Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios
Públicos de la Comunidad de Castilla y León, define
en su artículo 16 los precios públicos como las
contraprestaciones pecuniarias que han de satisfacerse por la
prestación de servicios o la realización de
actividades por la Administración en régimen de
derecho público cuando tales servicios o actividades sean
prestados o realizadas también por el sector privado y su
solicitud o recepción sea voluntaria por las personas
Habida cuenta de la naturaleza de estos servicios, de
carácter eminentemente social, los precios públicos
que se establecen en la norma y, por tanto, las aportaciones de las
personas beneficiarias a la financiación de los servicios
han de fijarse con criterios que tiendan a favorecer a las personas
con rentas inferiores, siendo la repercusión del coste mayor
para aquellas personas con niveles de renta superior.
Quedan así suficientemente acreditadas las razones de
interés público que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19.2 de la citada ley, permiten
que se señalen unos precios públicos que no lleguen a
cubrir la totalidad del coste del servicio.
Por otro lado señalar que los servicios a que se refiere
este Decreto se prestan en régimen de derecho
público, tanto en los casos en que se presta directamente
por centros de titularidad pública, como en los casos en que
se hace mediante centros privados concertados.
El artículo 17.1 de la Ley de Tasas y Precios
Públicos de la Comunidad de Castilla y León determina
que el establecimiento o modificación de los precios
públicos se realizará mediante Decreto de la Junta de
Castilla y León, a propuesta del Consejero que en cada caso
corresponda por razón de la materia, previo informe de la
Consejería de Hacienda y el resto de trámites
previstos, en su caso, en la legislación sectorial
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de
la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, previo informe
de la Consejería de Hacienda, de acuerdo con el dictamen del
Consejo Consultivo de Castilla y León, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de
1. El objeto del presente decreto es el establecimiento de los
precios públicos correspondientes a los servicios de
atención a las personas mayores, personas con discapacidad y
personas declaradas dependientes en virtud de la Ley 39/2006, de 14
prestados directa o indirectamente, en virtud de las distintas
formas de gestión de los servicios públicos, por la
Administración de la Comunidad de Castilla y León,
que se agrupan según la siguiente relación:
- a) Servicio de atención residencial (residencias y
- b) Servicio de centro de día (estancias diurnas y
centros ocupacionales).
- c) Servicio de estancia nocturna.
2. En las estancias diurnas en centros de día de las
personas mayores, se incluirá tanto las prestaciones
básicas como las especializadas de rehabilitación,
terapia ocupacional y gimnasio previstas en el artículo 3
del Decreto 16/2002, de 24 de enero, por el que se aprueba el
unidades de estancias diurnas para personas mayores, dependientes
de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León y a las plazas concertadas en otros
Están obligadas al pago de los precios públicos
las personas físicas beneficiarias de los servicios a los
que se refiere el artículo 1 del presente decreto, desde el
momento en que se presta el servicio.
Artículo 3. Elementos que integran la capacidad
económica de la persona beneficiaria.
1. La capacidad económica personal de la persona
beneficiaria del servicio público se determinará en
función de su renta y su patrimonio.
2. Se considera renta la totalidad de los ingresos, cualquiera
que sea la fuente de procedencia, derivados, directa o
indirectamente, del trabajo personal, de los bienes y derechos
integrantes de su patrimonio y del ejercicio de actividades
económicas, así como los que se obtengan como
consecuencia de una alteración en la composición del
En los ingresos no se tendrán en consideración
como renta la cuantía de las prestaciones recogidas en el
artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
3. Se considera patrimonio la totalidad de los bienes y derechos
de contenido económico de los que sea titular así
como las disposiciones patrimoniales realizadas en los cuatro
años anteriores a la presentación de la solicitud de
prestaciones, en los términos que establece la
disposición adicional quinta de la Ley 41/2007, de 7 de
diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del
sistema hipotecario y financiero, de regulación de las
hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se
establece determinada norma tributaria. Para la
determinación del valor del patrimonio se deducirá el
importe de las cargas, gravámenes, deudas u obligaciones de
A estos efectos, no se computará la vivienda habitual en
el supuesto de que la persona beneficiaria reciba servicios o
prestaciones y deba continuar residiendo en su domicilio, o bien,
cuando, percibiendo un servicio de atención residencial
permanente tuviera personas a su cargo que continúen
residiendo en dicha vivienda. Tampoco computará cuando la
cobertura del servicio residencial permanente no cubra todos los
En los supuestos de cotitularidad sólo se tendrá
en consideración el porcentaje correspondiente a la
propiedad de la persona beneficiaria.
Los bienes inmuebles se valorarán según su valor
catastral en el ejercicio que se toma como referencia para el
cálculo de la capacidad económica, quedando exenta
del cálculo una cuantía equivalente a cuarenta veces
(en adelante IPREM) mensual de dicho ejercicio.
No se computarán en la determinación del
patrimonio los bienes y derechos aportados a un patrimonio
especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18
de noviembre, de protección patrimonial de las personas con
discapacidad y de modificación del Código Civil, de
la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con
esta finalidad, del que sea titular el beneficiario, mientras
persista tal afección. No obstante, sí se
computarán las rentas derivadas de dicho patrimonio, que no
se integren en el mismo.
4. Se entiende como personas a cargo de la persona beneficiaria,
el cónyuge o pareja de hecho, ascendientes mayores de 65
años, hijos, hijas o personas vinculadas por razón de
tutela y/o acogimiento menores de 25 años o mayores de tal
edad en situación de dependencia o con discapacidad, siempre
que convivieran con la persona beneficiaria antes de su ingreso en
el centro residencial y dependan económicamente de la
Artículo 4. Determinación de la capacidad
1. La capacidad económica de la persona beneficiaria se
determinará anualmente computando la renta y el patrimonio
correspondientes al último período impositivo con
plazo de presentación vencido al inicio de cada
No obstante, en los casos en que para una persona beneficiaria
no se dispusiera de información de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria o de cualquier otro Organismo
Público, la capacidad económica se referirá al
ejercicio con ingresos acreditados inmediatamente posterior o, en
su defecto, inmediatamente anterior al que se indica en el primer
En el caso de que, en el año que se toma como referencia
para el cálculo de la capacidad económica o con
posterioridad, se hubieran modificado las prestaciones
periódicas percibidas por la persona beneficiaria, la renta
procedente de dichas prestaciones se valorará utilizando la
cuantía mensual que efectivamente haya percibido desde el
momento en que se produjo dicha modificación por el
número de pagas anuales.
2. La capacidad económica de la persona beneficiaria
será la correspondiente a su renta, modificada al alza por
la suma de un 5 por ciento de su patrimonio computable a partir de
los 65 años de edad y de un 3 por ciento de los 35 a los 64
3. Cuando la persona beneficiaria tuviera cónyuge en
régimen económico de separación de bienes o
pareja de hecho, que en ambos casos fuera económicamente
dependiente de aquella, o bien cónyuge en régimen de
gananciales, la renta personal de la persona interesada será
la mitad de la suma de los ingresos de ambos. En estos casos si
existieran hijos menores económicamente dependientes, la
suma de las rentas anteriores se dividirá entre los dos
cónyuges y el número de hijos considerados.
Cuando el cónyuge en régimen de separación
de bienes o la pareja de hecho no fueran económicamente
dependientes del beneficiario se computará únicamente
la renta personal de este. En este caso, si existieran hijos
menores a su cargo, se dividirá su renta entre el
beneficiario y los hijos menores, computando estos últimos a
razón de 0,5.
Si el beneficiario no tiene cónyuge ni pareja de hecho,
pero sí hijos menores que dependen económicamente de
él, su renta personal se dividirá entre la suma del
beneficiario y los hijos menores que tenga a su cargo.
Se entiende que son económicamente dependientes de la
persona beneficiaria los hijos menores de edad, el cónyuge o
la pareja de hecho, cuyos ingresos anuales sean inferiores al
importe fijado en la normativa reguladora del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas para la aplicación del
mínimo por descendientes en el cómputo del
Se asimilan a los hijos menores de edad aquellos otros menores
vinculados a la persona beneficiaria por razón de tutela o
acogimiento, en los términos previstos en la
legislación civil vigente.
4. La persona beneficiaria y su cónyuge o pareja de hecho
podrán autorizar a la Administración de la Comunidad
de Castilla y León para que recabe de cualquier
Administración Pública la información que sea
necesaria para determinar y verificar la capacidad económica
Artículo 5. Revisión de la capacidad
económica de las personas beneficiarias.
1. La revisión de la capacidad económica de la
persona beneficiaria se realizará en el último
trimestre de cada año, tomando en consideración los
datos económicos suministrados por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y otros Organismos
Públicos, relativa al último ejercicio disponible y
se aplicarán a partir del primero de enero del año
2. La alteración en la capacidad económica de la
persona beneficiaria derivada de la modificación de las
prestaciones periódicas que perciba, determinará una
revisión de la misma y de la aportación para el pago
de los servicios con efectos a partir del primer día del mes
siguiente a la notificación de la revisión.
A tal efecto, la persona beneficiaria deberá comunicar
dichos cambios a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
correspondiente en el plazo de 30 días a partir del momento
en que se produzcan.
Se procederá entonces a establecer la nueva capacidad
económica personal estimada para el ejercicio de referencia,
para lo que se tomarán como ingresos por prestaciones los
que hubiera percibido la persona interesada teniendo en cuenta las
nuevas cuantías, y aplicando las normas generales vigentes
sobre revalorización de prestaciones. A dicha cuantía
se sumarán las rentas individuales de otra naturaleza,
acreditadas para dicho ejercicio, así como el valor
patrimonial computable según los criterios establecidos con
Artículo 6. Precios Públicos.
1. Los precios públicos por día, para cada uno de
los servicios, son los que a continuación se relacionan
según el sector de población atendido, el subsector
en su caso, la tipología de las plazas, la modalidad de
usuario y la cobertura de los servicios, según el siguiente
CUADRO 1.- PRECIOS PÚBLICOS
TIPOLOGÍA PLAZAS
MODALIDAD DE USUARIO
PRECIO PÚBLICO /DÍA
30,72 /día
49,15 /día
43,00 /día
57,43 /día
49,00 /día
CENTROS DE DÍA. ESTANCIAS DIURNAS
22,96 /día
25,41 /día
34,45 /día
DEPENDIENTE GRAVEMENTE AFECTADO (Apoyo permanente)
48,97 /día
36,61 /día
De lunes a viernes con fines de semana alternos (272
51,68 /día
39,71 /día
De lunes a viernes (182 días)
45,47 /día
37,78 /día
MODERADOS Y LEVES (Apoyo reducido)
MODERADO O LIGERO
29,88 /día
110,96 /día
60,82 /día
39,82 /día
61,17 /día
43,18 /día
41,61 /día
43,12 /día
32,72 /día
22,63 /día
DEPENDIENTE GRAVEMENTE AFECTADO
57,30 /día
26,68 /día
54,92 /día
51,95 /día
64,00 /día
44,00 /día
VIVIENDA SUPERVISADA HASTA 4 PLAZAS
28,00 /día
VIVIENDA SUPERVISADA MÁS DE 4 PLAZAS
24,00 /día
2. Dentro del precio público están incluidos todos
los conceptos de la atención, tanto los asistenciales como
los de manutención, hoteleros y de transporte en su
3. El precio público a utilizar será el
precio/día aplicado a los días de servicio que se
hayan recibido durante el mes anterior. A estos efectos se
entenderán como días de servicio recibidos todos
aquellos en que el servicio esté activo y en los que las
personas beneficiarias se encuentren en situación de alta en
el mismo. Cuando una persona beneficiaria lo sea de más de
un servicio el precio público será la suma de los
precios de cada uno de los servicios en los que esté en
situación de alta.
4. Los importes de los precios públicos se
actualizarán anualmente aplicando el índice general
de precios al consumo del mes de noviembre (IPC). Esta
actualización se realizará con efectos de 1 de enero
5. En el supuesto de que se ocupara una plaza con una modalidad
de usuario no contemplada en cuadro 1 de precios públicos,
se tomará como referencia el menor de los precios dentro de
la misma tipología de plaza, utilizando aquella que tenga la
cobertura de servicio que sea más afín.
Artículo 7. Cantidades garantizadas para gastos
1. Se garantizan unas cuantías mínimas para gastos
personales que se fijan en función de la tipología
del servicio y de las necesidades estimadas de las personas
beneficiarias que se relacionan en el cuadro 2, cuyas siglas tienen
el siguiente significado:
- PMJ es la catorceava parte de la cuantía anual de la
pensión mínima de jubilación del
Régimen General de la Seguridad Social para personas mayores
de 65 años, con cónyuge no a cargo, en el ejercicio
utilizado para el cálculo de la capacidad económica
para el Régimen General de la Seguridad Social.
- PNCON es la catorceava parte de la cuantía anual
íntegra fijada en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para la pensión no contributiva de jubilación
sin complemento de tercera persona en el ejercicio utilizado para
el cálculo de la capacidad económica.
CUADRO 2- CANTIDAD MENSUAL MÍNIMA GARANTIZADA
20% PMJ
100% PNCON
DEPENDIENTE GRAVEMENTE AFECTADO (Apoyo Permanente.)
22% PMJ
25% PMJ
35% PMJ
45% PMJ
30% PMJ
37% PMJ
37 % PMJ
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente
artículo, cuando las personas sean beneficiarias de plazas
residenciales, y realicen de forma habitual actividades de
integración social externas al centro que les generen gastos
adicionales, se podrá ampliar la cuantía hasta el
límite máximo del 45% del PMJ.
Esta circunstancia se acreditará mediante informe
técnico realizado por la correspondiente Gerencia
Territorial de Servicios Sociales.
3. Cuando la persona beneficiaria lo sea de un servicio
residencial (residencia o vivienda) y de centro de día
simultáneamente, la cuantía mínima será
la correspondiente al servicio de atención residencial.
4. En el supuesto de estancia residencial de carácter
temporal la cuantía mínima garantizada será la
correspondiente a la del centro de día.
Artículo 8. Aportación de las personas
beneficiarias al coste del servicio.
1. Las personas beneficiarias contribuirán al coste del
servicio de acuerdo con su capacidad económica determinada
según los artículos anteriores y, con carácter
general, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, no
pagarán más del 90% del precio público
establecido para los servicios en los que se encuentren en
situación de alta, ni más del 90% de su capacidad
Si el beneficiario de alguno de los servicios fuera titular de
alguna prestación de las citadas en el artículo 31 de
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, dicha prestación
deberá ser destinada a la financiación del coste del
servicio adicionalmente a la que le corresponda en función
de su capacidad económica, sin que en ningún caso la
participación del beneficiario supere el 90% del precio
público del servicio en que se encuentre en situación
2. Se aplicará una reducción en la
aportación de los beneficiarios del 50%, en concepto de
reserva de plaza, en aquellos días de ausencia del centro
por haber sido ingresado en un centro sanitario o por vacaciones
voluntarias. La reducción por vacaciones voluntarias
dejará de tener efecto cuando se superen los 48 días
acumulados en un año, a razón de 4 días por
mes completo restante hasta final de año en el caso de
3. La aportación económica mensual de las personas
beneficiarias será el resultado de aplicar las
fórmulas correspondientes al servicio en el que se
esté en situación de alta. El resultado deberá
garantizar el cumplimiento de los límites establecidos en el
apartado primero del presente artículo así como las
cantidades para gastos personales establecidas en el
Las fórmulas a aplicar son las siguientes:
- a) Servicio de atención residencial para las personas
mayores y servicio de atención residencial (residencias y
viviendas) más servicio de centro de día en personas
con discapacidad: AEM= (475 x R/I - 75) x K.
- b) Servicio de atención residencial (residencias y
viviendas) para personas con discapacidad: AEM= (315 x R/I - 50) x
- c) Servicio de centro de día (estancias diurnas y
centros ocupacionales): AEM= (250 x R/I - 120) x K.
- d) Servicio de estancia nocturna: AEM= (475 x R/I - 350) x
- AEM = aportación económica mensual.
- R = capacidad económica anual/12.
- I = cuantía IPREM mensual correspondiente al mismo
ejercicio utilizado para el cálculo de la capacidad
- K = coeficiente de revalorización anual.
Para cálculos en los que no se tenga en cuenta el mes
completo, la cuantía de la aportación se
prorrateará en función del número de
días que se encuentra en situación de alta en el
Para el primer ejercicio de aplicación de este Decreto,
el coeficiente K es igual a 1,063 revalorizándose en
función del índice general de precios al consumo
(IPC) del mes de noviembre anterior, siempre y cuando no sea
inferior al porcentaje de revalorización general de las
pensiones de la Seguridad Social, en cuyo caso se aplicará
este último. En los ejercicios siguientes, se
revalorizará dicho coeficiente aplicando el mismo
Las personas beneficiarias de los servicios del apartado a),
cuando no tengan la consideración de estancias temporales,
podrán solicitar que la aportación mensual que les
corresponda, se produzca en 14 pagos al año, para lo que se
anualizará la misma y se dividirá entre los 14 pagos
solicitados. Cuando haya que liquidar períodos inferiores a
un mes, se realizará con la aportación mensual.
1. Las personas beneficiarias deben satisfacer su
aportación económica mediante liquidación
ordinaria mensual, calculada de acuerdo con lo establecido en los
2. En los supuestos en los que se trate de un servicio
residencial de carácter permanente, y en la
beneficiaria se hayan tenido en cuenta elementos patrimoniales, el
beneficiario podrá optar por satisfacer mediante la
liquidación ordinaria mensual, una cantidad comprendida
entre la aportación económica exigible y la
correspondiente a su capacidad económica considerando
exclusivamente los elementos de renta, siempre que la
aportación mensual imputable al patrimonio supere el 4% de
la cuantía mensual de la pensión mínima de
jubilación con cónyuge no a cargo del mismo
La persona beneficiaria podrá optar en cualquier momento
por realizar liquidaciones complementarias por la diferencia entre
las aportaciones económicas exigibles y las cuantías
liquidadas que correspondan al período de alta en el
servicio, que tendrán la naturaleza de ingresos a cuenta de
la liquidación definitiva.
3. Mediante resolución administrativa del órgano
competente de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, se establecerá, previamente a la
prestación del servicio, la aportación
económica mensual de la persona beneficiaria, calculada de
acuerdo con los apartados anteriores. En la formalización de
la conformidad por parte de la futura persona beneficiaria,
deberá hacerse constar si se satisfará la totalidad
de la aportación mensual o se generará deuda.
En el caso de que se prevea la generación de deuda o
cuando el pago de la aportación económica mensual se
realice directamente por la persona beneficiaria, la
resolución administrativa incluirá:
- a) El compromiso voluntariamente aceptado por la persona
beneficiaria de no enajenar bienes o derechos de su patrimonio, ni
renunciar a derechos de carácter económico o
patrimonial que pudieran corresponderle, en detrimento de la
obligación de participación en la financiación
del coste del servicio.
- b) La constitución de garantías reales o
personales para asegurar el cobro de la deuda, en cualquiera de las
formas admitidas en derecho.
Cuando en la determinación de la capacidad
económica de la persona beneficiaria se hayan tenido en
cuenta bienes inmuebles o derechos reales, y de acuerdo con
él se afecten al pago de la deuda, la Gerencia de Servicios
Sociales realizará las actuaciones necesarias para la
inscripción o anotación correspondiente en el
4. En el momento de la pérdida de la condición de
persona beneficiaria del servicio, se realizará la
liquidación definitiva por la diferencia entre los pagos
efectuados mediante liquidaciones, ordinarias o complementarias, y
la suma de las aportaciones económicas exigibles durante el
período en el que ha estado de alta en el servicio.
A estos efectos, en el primer trimestre de cada año se
comunicará mediante resolución administrativa del
órgano competente de la Gerencia de Servicios Sociales, la
cantidad pendiente de pago hasta el último día del
año anterior que, en su caso, se hará constar en el
Registro de la Propiedad, afectando los bienes patrimoniales de la
Artículo 10. Gestión y recaudación.
1. La gestión, liquidación y recaudación en
período voluntario de los importes a abonar por los
beneficiarios de los servicios establecidos en el presente Decreto
corresponde a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, sin perjuicio de las funciones y facultades de
dirección y control propias de la Consejería de
2. La competencia para liquidar los importes a abonar por las
personas beneficiarias de servicios de gestión directa de la
Gerencia de Servicios Sociales, corresponderá al propio
centro prestador del servicio, mientras que para los beneficiarios
de servicios de gestión indirecta, corresponderá a
las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales.
1. Las personas beneficiarias de los servicios gestionados
directamente procederán al pago del importe de las
liquidaciones en la cuenta restringida de ingresos del
correspondiente centro prestador del servicio. En los servicios
gestionados indirectamente el pago del importe de las liquidaciones
se realizará en la cuenta restringida de ingresos de la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales correspondiente a la
provincia donde esté ubicado el centro.
2. El pago del precio deberá realizarse en período
voluntario en los siete primeros días naturales del mes
siguiente a la prestación del servicio. Cuando el pago
resulte de la liquidación practicada por la Gerencia de
Servicios Sociales deberá abonarse dentro de los veinte
días naturales siguientes a la notificación de la
Una vez vencidos estos plazos la deuda no satisfecha será
exigible por el procedimiento administrativo de apremio.
Única. Régimen de las personas beneficiarias en
situación de alta en los servicios.
Para los beneficiarios que estén en situación de
alta en los servicios con anterioridad a la entrada en vigor de
este Decreto, las previsiones contenidas en él
resultarán de aplicación a partir del día 1 de
enero de 2013, resultando hasta ese momento aplicable el sistema
anterior. En estos supuestos se comunicará mediante
resolución administrativa por el órgano competente de
la Gerencia de Servicios Sociales el importe de la deuda que se
haya adquirido hasta la entrada en vigor del presente Decreto,
quedando estas cuantías incorporadas en concepto de deuda en
Los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 y 41 del Decreto
56/2001, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
regulador del régimen de acceso a las plazas en los centros
residenciales para personas mayores, dependientes de la
las plazas concertadas en otros establecimientos.
Los artículos 22, 23, 24 y 25 del Decreto 16/2002, de 24
de enero, por el que se aprueba el Reglamento regulador del
régimen de acceso a las plazas en unidades de estancias
diurnas en centros para personas mayores, dependientes de la
plazas concertadas en otros establecimientos.
El apartado 4.º, 5.º y 6.º del artículo 7,
y el apartado 2.º letras b), f) y g) del artículo 8 del
Decreto 12/1997, de 30 de enero, por el que se regula la
acción concertada en materia de reserva y ocupación
de plazas en centros de servicios sociales para personas mayores y
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en
lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente
Primera. Modificación del artículo 13.1.c), del
Decreto 269/1998, de 17 de diciembre, por el que se regula la
prestación básica de Ayuda a Domicilio en Castilla y
León, en su último párrafo y en los siguientes
«La cuantía resultante se dividirá entre el
número de miembros computables, ponderados a razón de
1 el interesado, su cónyuge o pareja de hecho y 0,3 el
Se faculta a los titulares de las Consejerías, con
competencia en materia de Asuntos Sociales y de Hacienda, para
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente
El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de
Valladolid, 22 de diciembre de 2011.
El Presidente de la Junta de Castilla y León, Fdo.: Juan
Vicente Herrera Campo
La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Fdo.:
DECRETO 70/2011, de 22 de diciembre, por el que se establecen los precios públicos por servicios prestados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de los Servicios Sociales	Trámites

References: Artículo 1
 artículo 70
 artículo 41
 artículo 33
 artículo 14
 artículo 8
 Resolución 
 artículo 16
 artículo 19
 artículo 17
 artículo 3
 artículo 1

Artículo 3

artículo 31

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 31
 resolución 

resolución 
 resolución 

Artículo 10

resolución 
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 13