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Timestamp: 2019-08-19 22:20:37+00:00

Document:
diariolaley - Documento Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 1228/2017 de 3 Abr. 2017, Rec. 10612/2016
S TS 3/4/2017
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Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 1228/2017 de 3 Abr. 2017, Rec. 10612/2016
Nº de Sentencia: 1228/2017
Nº de Recurso: 10612/2016
LA LEY 19115/2017
ECLI: ES:TS:2017:1191
La presente resolución estima parcialmente el recurso interpuesto contra la sentencia 27/2016 de la AN, Sala de lo Penal, Sección 3ª, de 1 Sep. 2016 (Rec. 8/2015). La presente resolución estima parcialmente el recurso interpuesto contra la sentencia 27/2016 de la AN, Sala de lo Penal, Sección 3ª, de 1 Sep. 2016 (Rec. 8/2015).
En Madrid, a 3 de abril de 2017. Esta sala ha visto el recurso de casación nº 10612/2016, interpuesto por D. Severiano Victorio , D. Felix Balbino y D. Melchor Silvio , representados por el procurador D. Javier Zabala Falcó bajo la dirección letrada de Dª Elena Manzanares Bueno, contra la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Tercera, de fecha 1 de septiembre de 2016 (LA LEY 110631/2016). Ha sido parte recurrida el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Alberto Jorge Barreiro.
PRIMERO.- El Juzgado Central de Instrucción número 2 instruyó sumario 6/2015, por delitos contra la salud pública y falsificación de documentos públicos contra Severiano Victorio , Felix Balbino , Melchor Silvio y otros, y lo remitió a la Audiencia Nacional Sala de lo Penal cuya Sección Tercera dictó en el Rollo de Sala 8/2015 sentencia en fecha 1 de septiembre de 2016 con los siguientes hechos probados: "Probados, y así expresamente se declaran, los siguientes hechos: 1).- A las 09.45 horas ( horario peninsular español) del día 12 de Mayo de 2015, en mitad del Atlántico Norte, aguas internacionales, en las coordenadas 32° 42'04"N 37°21'1 9'W, funcionarios del Cuerpo nacional de Policía adscritos al Grupo de Operaciones Especiales del Grupo 24 de la Brigada Provincial Judicial de Madrid, a bordo de Patrullero de la Armada española P-72 "Centinela" y auxiliados por su tripulación, procedieron a la interceptación y abordaje del barco velero de marca Hanse 540e, con 16,03 metros de eslora, de nombre AMSTERDAMER, con pabellón del Estado de DELAWARE (Estados Unidos) con matrícula número NUM020 , y propiedad del ciudadano Serbio Severiano Victorio , quien a su vez era el capitán del mismo, al tener noticias de que en él podía estarse efectuando el transporte de un cargamento de cocaína desde costas de Sudamérica (Trinidad - Islas Barbados) haciá Europa. Dicho abordaje fue autorizado mediante Auto de fecha 11 de mayo de 2015 del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional en Diligencias Previas número 44/2015 incoadas por Auto de 7 de Mayo de 2015 , y obtenido autorización limitada para la detención, abordaje e inspección del navío por el Departamento de Estado de los Estados Unidos mediante comunicación de fecha 11 de mayo de 2015, sin cesión de jurisdicción, en la que se solicitaba caso de hallazgo a positivos se mantuviese el barco en aguas internacionales hasta tanto se resolviese por Estados Unidos el destino del mismo. En el transcurso de la inspección, se halló, en la escotilla de popa del velero 678 paquetes con un kilo aproximado cada uno, de cocaína, por lo que se procedió a la detención del capitán del velero y su tripulación, compuesta por dos ciudadanos croatas: Felix Balbino y Melchor Silvio , y, cumpliendo el mandato contenido en la resolución judicial que autorizaba el abordaje, en la que, además de autorizar éste se acordaba: "ORDENAR que una vez ejecutado todo lo anterior conduzcan a puerto español el barco abordado y, en su caso, la sustancia estupefaciente intervenida", se procedió al remolque del navío hacia aguas españolas, llegando al arsenal militar del Puerto de las Palmas de Gran Canaria el día 20 de mayo de 2015, procediéndose en dicho lugar a verificar por la comisión judicial diligencia de entrada y registro en el navío, al haber sido ésta autorizada por Auto de fecha 18 de mayo de 2015 del Juzgado Central de Instrucción número 2, en el curso de la cual, bajo el suelo del camarote del capitán, se encontraron otros 405 paquetes idénticos a los ya hallados, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno, de cocaína. En total se incautaron 1.077 paquetes, que convenientemente pesados y analizados arrojaron un peso neto de 1.079'99 kilogramos (mil setenta y nueve kilogramos con 99 gramos) con una riqueza media del 67'92% cuyo valor en el mercado (venta por kilos) habría alcanzado la cantidad de 36.871,938.59 € (treinta y seis millones ochocientos setenta y un mil novecientos treinta y ocho euros con cincuenta y nueve céntimos) En fecha 13 de mayo de 2015, con sello de entrada de 14 de mayo de 2015, por el Ministerio Fiscal se interpuso querella contra Severiano Victorio , Melchor Silvio y Felix Balbino por delito de tráfico de drogas. La embajada de los Estados Unidos de América, en comunicación n° 363 de fecha 26 de mayo de 2015 informó de la disposición de los Estados Unidos a tramitar prontamente una solicitud de renuncia de su jurisdicción principal sobre el velero AMSTERDAMER, su carga y las personas a bordo. El Juzgado Central de Instrucción número 2 , en expediente Gubernativo de Cesión de Jurisdicción Internacional n° 2/2016 remitió el 12 de febrero de 2016 solicitud a las autoridades competente de los Estados Unidos de América, de cesión de la jurisdicción a favor de esta Audiencia Nacional, a lo que se accedió por el Gobierno de los Estados Unidos en nota verbal 144 de 19 de febrero de 2016 en la que la Embajada "se complace en confirmar que los Estados Unidos ha decidido renunciar a su derecho de jurisdicción primaria sobre el velero AMSTERDAMER, su carga y su tripulación con el entendimiento que este caso será instruido por las autoridades españolas". Severiano Victorio , Melchor Silvio y Felix Balbino en el momento de embarcar en el velero AMSTERDAMER con su carga de más de una tonelada de cocaína desde las costas de Sudamérica a Europa, eran conocedores de la carga que transportaban y de la ilicitud de tal trasporte. No consta acreditada la participación en dicho transporte de los encausados Melchor Silvio y Prudencio Secundino . 2).- En fecha 16 de Junio de 2015, en el seno de las diligencias Previas Diligencias Previas número 52/2014 del Juzgado de Instrucción Central n° 2, origen del presente procedimiento, se efectuó diligencia de Entrada y registro en el domicilio sito en el PASEO000 n° NUM000 , planta NUM001 apartamento n° NUM002 , vivienda de los encartados en aquél procedimiento Constancio Primitivo y Isidoro Benedicto , encontrándose en el interior del mismo: carta de identidad de la República de Bulgaria número NUM003 a nombre de Olegario Cirilo , licencia de conducción de vehículos de la República de Bulgaria con número NUM003 a nombre de Olegario Cirilo y el Pasaporte de la República de Bulgaria número NUM004 a nombre de Olegario Cirilo , todos ellos con la fotografía de Justino Rodrigo , documentos todos ellos falsos por manipulación al tratarse de documentos base auténticos en origen, pero a los que se les han manipulado los datos biográficos, que previamente habían sido facilitados para su falsificación por Justino Rodrigo ".
SEGUNDO.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: "FALLO En atención a lo expuesto, y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española, hemos decidido: Que debemos absolver y absolvemos a Justino Rodrigo y a Prudencio Secundino del delito contra la salud pública por el que venían siendo acusados en este procedimiento, con toda clase de pronunciamientos favorables. Que debemos condenar y condenamos a Severiano Victorio y a Felix Balbino como autores de un delito consumado contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, en cuantía de notoria importancia y perpetrado mediante medios, modos y formas de extrema gravedad, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de 10 años de prisión, una multa de 36.871,938.59 € (treinta y seis millones ochocientos setenta y un mil novecientos treinta y ocho euros con cincuenta y nueve céntimos), y otra multa de 36.871,938.59 € (treinta y seis millones ochocientos setenta y un mil novecientos treinta y ocho euros con cincuenta y nueve céntimos) con sus accesorias de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y comiso de la droga, dinero y efectos incautados, a los que se dará destino legal, con expresa imposición del pago de una sexta parte de las costas procesales causadas en el procedimiento a cada uno de ellos. Que debemos condenar y condenamos a Melchor Silvio como autor de un delito consumado contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, en cuantía de notoria importancia y perpetrado mediante medios, modos y formas de extrema gravedad, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de 9 años de prisión, una multa de 36.871,938.59 € (treinta y seis millones ochocientos setenta y un mil novecientos treinta y ocho euros con cincuenta y nueve céntimos), y otra multa de 36.871,938.59 € ( treinta y seis millones ochocientos setenta y un mil novecientos treinta y ocho euros con cincuenta y nueve céntimos) con sus accesorias de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y comiso de la droga, dinero y efectos incautados, a los que se dará destino legal, con expresa imposición del pago de una sexta parte de las costas procesales causadas en el procedimiento. Que debemos condenar y condenamos a Justino Rodrigo como autor del delito de falsificación de documentos públicos cometida por particular sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 1 año, 1 mes y 15 días de prisión y multa de 6 meses con cuota diaria de 50 euros, con las accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y comiso de la documentación intervenida, a la que se dará destino legal, así como al pago de una sexta parte de las costas causadas Se declaran de oficio dos sextas partes de las costas causadas en este procedimiento. Para el cumplimiento de las penas principales que se imponen en esta resolución, les será de abono todo el tiempo que han estado privados de libertad por esta causa, si no lo tuvieran absorbido en otra. Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de Casación por infracción de Ley o quebrantamiento de forma en el plazo de cinco días".
TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por los acusados Severiano Victorio , Felix Balbino y Melchor Silvio que a través de la representación legal en autos Procurador Sr. Zabala Falcó, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
CUARTO.- La representación de los recurrentes basa sus recursos de casación en los siguientes motivos: ÚNICO .- Se formalizan única y conjuntamente por su conexión directa y al tratarse de los mismos en los tres recurso, los motivos anunciados al amparo del art. 849.1 de la LECr (LA LEY 1/1882) , por infracción de ley y el art. 852 de la LECr , en relación con el art. 5.4 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) , por infracción de derechos fundamentales protegidos constitucionalmente, el derecho de defensa, derecho a la tutela judicial efectiva, sin que pueda producirse indefensión, derecho al proceso revestido de todas las garantías y el derecho a la presunción de inocencia, dicho es en términos de estricta defensa.
QUINTO.- Instruido el Ministerio Fiscal impugnó todos y cada uno de los motivos; la Sala lo admitió a trámite, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.
SEXTO.- Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebraron deliberación y votación el día 16 de marzo de 2017.
2. Los hechos objeto de condena consistieron, resumidamente expuestos, en que a las 09.45 horas (horario peninsular español) del día 12 de Mayo de 2015, en mitad del Atlántico Norte, aguas internacionales, en las coordenadas 32°42'04"N 37°21'1 9'W, funcionarios del Cuerpo nacional de Policía adscritos al Grupo de Operaciones Especiales del Grupo 24 de la Brigada Provincial Judicial de Madrid, a bordo de Patrullero de la Armada española P-72 "Centinela" y auxiliados por su tripulación, procedieron a la interceptación y abordaje del barco velero de marca Hanse 540e, con 16,03 metros de eslora, de nombre AMSTERDAMER, con pabellón del Estado de Delaware (Estados Unidos), con matrícula número QQ....IH , y propiedad del ciudadano Serbio Severiano Victorio , quien a su vez era el capitán del mismo, al tener noticias de que en él podía estarse efectuando el transporte de un cargamento de cocaína desde costas de Sudamérica (Trinidad- Islas Barbados) hacia Europa.
PRIMERO . 1. En el único motivo de casación que formula la defensa de los acusados Severiano Victorio , Felix Balbino y Melchor Silvio , por la vía procesal de los artículos 849.1 (LA LEY 1/1882) y 852 de la LECr (LA LEY 1/1882) ., y art. 5.4 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) , denuncia la infracción de derechos fundamentales protegidos constitucionalmente : el derecho de defensa, derecho a la tutela judicial efectiva, sin que pueda producirse indefensión, derecho al proceso revestido de todas las garantías y el derecho a la presunción de inocencia.
Según la parte recurrente, se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978) produciéndoles indefensión a los recurrentes, al considerar la Audiencia que no existe conexión de antijuridicidad entre la ilicitud de las escuchas telefónicas, tanto como prueba de cargo como en su condición de método de investigación, y el resto de las pruebas practicadas en el acto de juicio oral.
La defensa alega que se ha vulnerado igualmente el derecho a un proceso con las debidas garantías y el derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) , al haberse valorado como pruebas de cargo en la sentencia diligencias vinculadas por el nexo de antijuridicidad con las escuchas llevadas a cabo en el presente procedimiento, que han sido declaradas nulas tanto como prueba como en su condición de método de investigación.
Se dice en el recurso que pese a la nulidad de las intervenciones telefónicas, el Tribunal sentenciador estima que ello no determina la nulidad de la totalidad de las actuaciones, al no apreciarse que exista conexión de antijuridicidad entre tales intervenciones y la interceptación y el abordaje del velero en aguas internaciones, en aplicación de lo dispuesto en el art. 243 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) .
2. A tenor de lo que antecede, la tesis que sostiene la parte recurrente se centra en afirmar que, al haber admitido la sentencia impugnada que las intervenciones telefónicas son radicalmente nulas y que por lo tanto no pueden producir efecto en el procedimiento, no pueden operar como prueba de cargo las vigilancias policiales ni las demás diligencias de cooperación internacional obtenidas por la policía, dado que se derivan directa o indirectamente de las diligencias de intervención telefónica, y además, en contra de lo que se dice por el Tribunal de instancia, sí concurre la conexión de antijuricidad entre la ilegalidad de las escuchas telefónicas y las demás diligencias con las que pretende acreditar los hechos declarados probados.
Y para apoyar su tesis impugnatoria la parte va desglosando en su escrito de recurso los datos procesales acreditativos de que las restantes diligencias procesales ajenas a las escuchas se derivan de éstas y resultan contaminadas por las infracciones constitucionales en origen que vician las primeras diligencias de intervención telefónica con las que se inició la investigación. Por lo cual, dado lo dispuesto en el art. 11.1 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) , se carece de prueba de cargo contra los acusados enervadora del derecho fundamental a la presunción de inocencia.
Se constata así, remarcan los impugnantes, que hay una plena conexión de antijuridicidad directa o indirecta entre la nulidad de las escuchas y la totalidad de las diligencias practicadas en relación con el velero Amsterdamer, incluido su abordaje, el registro, la propia incautación de la supuesta sustancia estupefaciente y el análisis de la misma, lo que a su vez conlleva la nulidad de toda la prueba utilizada como prueba de cargo para llegar al fallo condenatorio de la sentencia ahora recurrida, por imperativo del artículo 11.1 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) y la pacífica doctrina jurisprudencial.
SEGUNDO . La sentencia recurrida responde en el apartado 1 del fundamento primero a las cuestiones suscitadas en el juicio relativas a las impugnaciones de la validez de las intervenciones telefónicas, así como a los efectos derivados de las restantes pruebas practicadas en la causa, puesto que tanto en los escritos de calificación de los acusados como también después, en la vista oral del juicio, el debate se centró fundamentalmente en la nulidad de las escuchas telefónicas y en la de todas las pruebas derivadas, directa o indirectamente, de las mismas.
Sin embargo, más adelante precisa la Sala de instancia que, pese a la nulidad de tales intervenciones telefónicas, estima que ello no determina la nulidad de la totalidad de las actuaciones, al no apreciarse que exista conexión de antijuridicidad entre las escuchas telefónicas y la interceptación y abordaje del velero en aguas internacionales ( artículo 243 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) ). Como razón de esa falta de conexión esgrime la Audiencia que el conocimiento de la compra del velero se constató por las vigilancias policiales, según las comprobaciones efectuadas en el establecimiento comercial "Jeanneaux", en el puerto de Valencia, y el seguimiento que los funcionarios del CNP realizaron de Severiano Victorio hasta el aeropuerto cuando éste regresaba a su país después de haber adquirido en Valencia el velero Amsterdamer.
TERCERO . Lo expuesto en el fundamento precedente constata que la discrepancia entre la parte recurrente y la decisión de la Sala de instancia se centra en la interpretación que se hace por la Audiencia de la conexión de antijuricidad, y en concreto con respecto al alcance restrictivo que pretende darle con el fin de otorgarle eficacia en el presente caso a las diligencias derivadas de las intervenciones telefónicas, generando así la ruptura del nexo de antijuricidad.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiene establecido que la ilicitud constitucional se extiende también a las pruebas derivadas o reflejas si entre ellas y las anuladas por vulneración del art. 18.3 CE (LA LEY 2500/1978) existe una conexión natural o causal (que constituye el presupuesto para poder hablar de prueba derivada de otra ilícitamente obtenida). En estos casos, la regla general es que todo elemento probatorio que pretenda deducirse a partir de un hecho vulnerador del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones telefónicas se halla también incurso en la prohibición de valoración. No obstante, en supuestos excepcionales , se ha venido admitiendo que estas pruebas son jurídicamente independientes de dicha vulneración, habiéndose reconocido como válidas y aptas para enervar el principio de presunción de inocencia. Para establecer si se está ante un supuesto en que debe aplicarse la regla general que se ha referido o, por el contrario, nos encontramos ante alguna de las hipótesis que permiten excepcionarla , habrá que delimitar si estas pruebas están vinculadas de modo directo a las que vulneraron el derecho fundamental sustantivo, es decir, habrá que establecer si existe o no una conexión de antijuridicidad entre la prueba originaria y las derivadas ( SSTC 81/1998 (LA LEY 3993/1998), FJ 4 ; 49/1999 (LA LEY 4215/1999), FJ 14 ; 94/1999 (LA LEY 8094/1999), FJ 6 ; 171/1999 (LA LEY 12124/1999), FJ 4 ; 136/2000 (LA LEY 8963/2000), FJ 6 ; 28/2002 (LA LEY 3408/2002), FJ 4 ; 167/2002 (LA LEY 7757/2002), FJ 6 ; 261/2005 (LA LEY 10577/2006), FJ 5 ; y 66/2009 (LA LEY 7022/2009) , FJ 4).
A su vez, para determinar si existe o no esa conexión de antijuridicidad se estableció en la STC 81/1998, de 2 de abril (LA LEY 3993/1998) , una doble perspectiva de análisis: una perspectiva interna , que atiende a la índole y características de la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones en la prueba originaria ( qué garantías de la injerencia en el derecho se han visto menoscabadas y en qué forma ), así como al resultado inmediato de la infracción ( el conocimiento adquirido a través de la injerencia practicada inconstitucionalmente). Y, en segundo lugar, una perspectiva externa , que contempla las necesidades esenciales de tutela que la realidad y efectividad del derecho al secreto de las comunicaciones exige. Estas dos perspectivas son complementarias , pues sólo si la prueba refleja resulta jurídicamente ajena a la vulneración del derecho y la prohibición de valorarla no viene exigida por las necesidades esenciales de tutela del mismo cabrá entender que su efectiva apreciación es constitucionalmente legítima, al no incidir negativamente sobre ninguno de los dos aspectos que configuran el contenido del derecho fundamental sustantivo ( SSTC 81/1998 (LA LEY 3993/1998) , 121/1998 (LA LEY 6966/1998) , 49/1999 (LA LEY 4215/1999) , 94/1999 (LA LEY 8094/1999) , 166/1999 (LA LEY 12056/1999) , 171/1999 (LA LEY 12124/1999) , 136/2000 (LA LEY 8963/2000) , 259/2005 (LA LEY 1969/2005), FJ 7 ; y 66/2009 (LA LEY 7022/2009) , FJ 4).
Y en lo que respecta a la jurisprudencia de esta Sala , siguiendo los criterios marcados por el Tribunal Constitucional, comienza recordando que el artículo 11.1 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) dispone que no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. Indirectamente ha de entenderse, según ha señalado el Tribunal Constitucional ( ATC 282/1993 ), como una referencia a aquellas ocasiones en las que se ha producido una previa conculcación de un derecho fundamental que de manera inmediata no proporciona material probatorio, pero lo obtenido sirve para conducir de forma mediata hasta otra fuente de prueba. El sentido del precepto implica no sólo que no es posible valorar las pruebas obtenidas directamente con la vulneración del derecho fundamental, sino también que no pueden ser utilizados legítimamente como medios de investigación , o como datos para iniciar u orientar una investigación penal, aquellos que hayan sido obtenidos violentando los derechos o libertades fundamentales. El artículo 11.1 establece una prohibición de valoración equiparando ambos supuestos; y que, en todo caso, la posibilidad de no aplicación de esa norma general debe valorarse como una excepción, que, como tal, ha de venir especialmente justificada ( STS 73/2014, de 12-3 ).
También se ha dicho por esta Sala que la llamada doctrina del "fruit of the poisonous tree" (fruto del árbol envenenado) admite una corrección a través de otra teoría, la del "inevitable discovery" (descubrimiento inevitable). Es decir, cuando la experiencia indica que las circunstancias hubieran llevado necesariamente al mismo resultado, no es posible vincular causalmente la segunda prueba a la anterior, pues en tales casos faltará la llamada, en la terminología del Tribunal Constitucional, "conexión de antijuricidad", que, en realidad presupone, en todos los casos, una conexión causal. Por lo tanto, allí donde la prueba se hubiera obtenido de todos modos, sin necesidad de recurrir a otra anterior, faltará la conexión de antijuricidad, es decir, la relación causal de la primera con la segunda. Con otras palabras: todo resultado que se hubiera producido aunque una de sus condiciones no se hubiera dado, no es el resultado de esa condición ( SSTS 69/2013, de 31-1 (LA LEY 2657/2013) ; 912/2013, de 4-12 (LA LEY 196656/2013) ; y 963/2013, de 18-12 (LA LEY 210803/2013) ).
En la sentencia de esta Sala 320/2011, de 22 de abril (LA LEY 52228/2011) (acogiendo los criterios de la STC 197/2009, de 28 de septiembre (LA LEY 184032/2009) , y de las que en ella se citan), se establece que la conexión de antijuridicidad, también denominada prohibición de valoración, supone el establecimiento o determinación de un enlace jurídico entre una prueba y otra, de tal manera que, declarada la nulidad de la primera, se produce en la segunda una conexión que impide que pueda ser tenida en consideración por el Tribunal sentenciador a los efectos de enervar la presunción de inocencia del acusado. Tal prohibición de valoración se encuentra anclada constitucionalmente en la garantía constitucional de inocencia, como regla del juicio, de tal manera que impide todo mecanismo probatorio en contra de quien se produzca, y su concreción legal se dispone en el art. 11.1 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) , de tal modo que "no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales".
Ahora bien, se precisa en la referida sentencia 320/2011 que tal efecto: directo e indirecto, tiene significación jurídica diferente. En consecuencia, no podrán ser valoradas -si se quiere, no surtirán efecto, en la terminología legal- aquellas pruebas cuyo contenido derive directamente de la violación constitucional. Por ejemplo, en el caso de que se declare la infracción del derecho al secreto de las comunicaciones, directamente no es valorable el contenido de tales escuchas, es decir, las propias conversaciones que se hayan captado mediante algún procedimiento de interceptación anticonstitucional. En el supuesto de que lo conculcado sea la inviolabilidad del domicilio, no podrá ser valorado el hallazgo mismo obtenido por tal espuria fuente. La significación de su obtención indirecta es más complicada de establecer, pero ha de ser referida a las pruebas obtenidas mediante la utilización de fuentes de información, esto es, que tales pruebas ilícitas no pueden servir de fuente de información para convalidar una actividad probatoria derivada de la primera, conectada de forma inferencial con respecto a esta última .
Por último, después de recordar la perspectiva interna y externa que señala el Tribunal Constitucional a la hora de ponderar la conexión de antijuridicidad, incide la sentencia 320/2011 en la distinción entre una perspectiva natural y otra jurídica. La primera -la natural- supone que la prueba refleja derive de forma empírica o por una formulación material de la inicial declarada nula (así, el hallazgo encontrado en un registro nulo, es también nulo, porque deriva naturalmente de la progresión natural de las cosas, como el contenido de la conversación es causalmente derivado de la propia interceptación practicada). En la segunda perspectiva -la jurídica- la conexión se predica de la secuencia propia de los derechos en juego (por ejemplo, el temor, coacción o violencia, utilizados en el curso de una declaración de un imputado impide valorar lo que haya respondido al ser de tal forma interrogado, sin que esto se derive naturalísticamente de tal acción). Aquí, pues, se predica la conexión jurídica de otra acción, que no supone necesariamente la natural consecuencia de su antecedente. Y advierte de que es imprescindible diferenciar entre las pruebas originales nulas y las derivadas de éstas, ya directa o indirectamente ( art. 11.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985) ), y las que lo sean de forma independiente y autónoma de la prueba nula. Y ello porque si bien desde una perspectiva de causalidad material pueden aparecer conectadas con el hecho constitutivo de la vulneración del derecho, deben estimarse independientes jurídicamente por proceder de fuentes no contaminadas, como serían aquellas pruebas obtenidas fruto de otras vías de investigación tendentes a establecer el hecho en que se produjo la prueba prohibida, como es el supuesto de nulidad de unas intervenciones telefónicas que no se extendería a los conocimientos policiales exclusivamente obtenidos a través de vigilancias estáticas y seguimientos acordados al margen de aquella intervención, o bien en aquellos casos en los que no se dé la llamada conexión de antijuridicidad entre la prueba prohibida y la derivada, a lo que ya nos hemos referido con anterioridad.
Finalmente, las sentencias de esta Sala 811/2012, de 30 de octubre (LA LEY 177764/2012) , y 511/2015, de 21 de julio, después de plasmar y asumir las líneas principales de la sentencia 320/2011 , que acabamos de sintetizar, entran a distinguir dos corrientes en la jurisprudencia de este Tribunal. Una más tradicional, anterior a la sentencia 81/1998 del TC , y otra corriente posterior en la que se aplican las nuevas pautas del TC. En la concepción primigenia de esta Sala se acentúa o intensifica el efecto reflejo o indirecto de la infracción de la norma constitucional, buscando así otorgar el máximo de protección a los derechos fundamentales constitucionalmente garantizados y, al mismo tiempo, ejercer un efecto disuasorio de conductas anticonstitucionales en los agentes encargados de la investigación criminal ("Deterrence effect"). La prohibición alcanza tanto a la prueba en cuya obtención se ha vulnerado un derecho fundamental como a aquellas otras que, habiéndose obtenido lícitamente, se basan, apoyan o deriven de la anterior ("directa o indirectamente"), pues sólo de este modo se asegura que la prueba ilícita inicial no surta efecto alguno en el proceso. Se considera que prohibir el uso directo de estos medios probatorios y tolerar su aprovechamiento indirecto constituiría una proclamación vacía de contenido efectivo, e incluso una incitación a la utilización de procedimientos inconstitucionales que, indirectamente, surtirían efecto. De forma que el efecto expansivo prevenido en el art. 11.1 de la L.O.P.J (LA LEY 1694/1985) . únicamente faculta para valorar pruebas independientes, es decir, que no tengan conexión causal con la ilícitamente practicada, debiéndose poner especial atención en no confundir "prueba diferente" (pero derivada), con "prueba independiente" (sin conexión causal).
En la segunda fase jurisprudencial que se reseña en la sentencia 511/2015 como surgida a partir de la STC 81/1998 (LA LEY 3993/1998) , se implanta un criterio más flexible merced a la aplicación de la doctrina de la conexión de antijuridicidad. En virtud del mismo, se atenúa el efecto anulatorio derivado de la infracción de la norma constitucional, de modo que la anulación de la prueba refleja o derivada no se genera sin más de la conexión causal o natural entre la prueba ilícita y la prueba derivada, sino que se requiere la conexión jurídica entre ambas o conexión de antijuridicidad, que exige un examen complejo y preciso que va más allá de la mera relación de causalidad natural.
Para determinar si esa conexión de antijuridicidad existe o no -se afirma en la STS 511/2015 (LA LEY 102970/2015) y en otras de esta Sala- hemos de analizar, según el Tribunal Constitucional, en primer término la índole y características de la vulneración del derecho constitucional materializada en la prueba originaria, así como su resultado, con el fin de dilucidar si, desde un punto de vista interno, su inconstitucionalidad se transmite o no a la prueba obtenida por derivación de aquélla; pero, también hemos de ponderar, desde una perspectiva que debe considerarse externa, las necesidades esenciales de tutela que la realidad y efectividad del derecho al secreto de las comunicaciones exige. Ambas perspectivas, según ya se anticipó, son complementarias.
En cuanto a la perspectiva interna, es fundamental ponderar la gravedad del menoscabo del derecho constitucional en liza y su ámbito de repercusión en el caso concreto con respecto a las pruebas reflejas. Ha de considerarse, en primer término, cuál de las garantías de la injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas (presupuestos materiales, intervención y control judicial, proporcionalidad, expresión de todas y cada una de las exigencias constitucionales) ha sido efectivamente menoscabada y en qué forma ( STC 81/1998 (LA LEY 3993/1998) ).
En la jurisprudencia de esta Sala se acostumbran a citar como criterios idóneos para excluir la conexión de antijuridicidad y validar por tanto las pruebas reflejas o derivadas los siguientes: el descubrimiento inevitable, el vínculo atenuado entre la prueba ilícita y la refleja, el hallazgo casual, la fuente independiente, la ponderación de intereses, la autoincriminación del imputado en el plenario, y alguna otra ( SSTS 320/2011, de 22-4 (LA LEY 52228/2011) ; 811/2012, de 30-10 (LA LEY 177764/2012) ; 69/2013, de 31-1 (LA LEY 2657/2013) ; 912/2013, de 4-12 (LA LEY 196656/2013) ; 963/2013, de 18-12 (LA LEY 210803/2013) ; 73/2014 (LA LEY 10185/2014), de 12-3 ; y 511/2015 (LA LEY 102970/2015), de 17-7 ).
CUARTO . 1. Centrándonos ya en el caso concreto , es conveniente comenzar precisando que, según especificó en la vista oral del juicio el Inspector policial que intervino como instructor en las presentes diligencias previas (funcionario NUM005 ), este procedimiento penal tiene su origen en unas diligencias previas que se incoaron por el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid relacionadas con robos de relojes. Esas diligencias, al parecer, derivaron en otras tramitadas en el mismo Juzgado, en el curso de las cuales se averiguaron datos indicativos de un delito contra la salud pública del que eran competentes los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Por lo cual, se dedujo testimonio a los órganos judiciales centrales con el fin de que entendieran de la investigación de los nuevos hechos. Con ese motivo se incoaron unas diligencias previas por el Juzgado Central de Instrucción nº 2 con el número 52/2014. Y dentro de esta causa, tras un año de investigaciones, se acordó por auto de 6 de mayo de 2015 deducir testimonio para incoar una nueva causa separada de la anterior, al haberse abierto una línea de investigación diferente en la que aparece implicada una nueva organización dedicada a cometer delitos contra la salud pública, pero que presenta una clara separación funcional y estructural de la que es investigada las diligencias previas 52/2014 (folios 4 y ss. de la presente causa).
2. El examen de las diligencias practicadas en la causa y su ponderación en relación con las intervenciones telefónicas evidencia que, desde una perspectiva causal-natural o físico-natural, sí aparecen claramente vinculadas las diligencias policiales con respecto a las escuchas telefónicas.
Sobre la relevancia de las intervenciones telefónicas como fuente de prueba de las que se van extrayendo las diligencias que después operan en la vista oral del juicio como pruebas de cargo, es importante resaltar la declaración prestada en la vista oral por el Inspector de policía nº NUM005 , según puede observarse en el visionado de la grabación digital del juicio a la que tuvo acceso esta Sala en virtud de lo dispuesto en el art. 899 de la LECr (LA LEY 1/1882) .
QUINTO . 1. Tras examinarse la cuestión de la causalidad natural entre las intervenciones telefónicas y las fuentes de prueba derivadas de las mismas, se hace preciso analizar ahora la conexión de antijuricidad entre unas y otras, dado que es la falta de esa conexión la que ha permitido utilizar en la vista oral y en la sentencia las pruebas derivadas como pruebas lícitas.
2. Para dirimir la cuestión suscitada se utilizarán, además de los argumentos jurisprudenciales ya expresados en el fundamento tercero de esta sentencia, los recogidos en las dos sentencias de esta Sala en las que basa el Ministerio Fiscal su oposición al recurso: SSTS 811/2012, de 30 de octubre (LA LEY 177764/2012) ; y 511/2015, de 21 de julio (LA LEY 102970/2015) (el Fiscal reseña erróneamente como fecha la de 15 de julio), que tienen un contenido doctrinal sustancialmente igual.
En esos precedentes jurisprudenciales se afirma, siguiendo las pautas de la jurisprudencia del TC (fundamentalmente de la STC 81/1998, de 2-4 (LA LEY 3993/1998) ), que de la doctrina constitucional se deduce que el efecto anulatorio no se deriva sin más de la conexión causal o natural entre la prueba ilícita y la prueba derivada, sino de la conexión jurídica entre ambas, o conexión de antijuridicidad , que exige un examen complejo y preciso que va más allá de la mera relación de causalidad natural.
La sentencia 81/1998, de 2 de abril (LA LEY 3993/1998), dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional , estableció que cuando las pruebas reflejas son, desde un punto de vista intrínseco, constitucionalmente legítimas, para concluir que la prohibición de valoración se extiende también a ellas habrá de precisarse que se hallan vinculadas a las que vulneraron el derecho fundamental sustantivo de modo directo, esto es, habrá que establecer un nexo entre unas y otras que permita afirmar que la ilegitimidad constitucional de las primeras se extiende también a las segundas (conexión de antijuridicidad). En la presencia o ausencia de esa conexión reside, pues, la ratio de la interdicción de valoración de las pruebas obtenidas a partir del conocimiento derivado de otras que vulneran el derecho al secreto de las comunicaciones.
Para tratar de determinar si esa conexión de antijuridicidad existe o no, hemos de analizar, según el Tribunal Constitucional cuya doctrina en esta materia nos vincula ( art 5 (LA LEY 1694/1985) 1º LOPJ ), en primer término la índole y características de la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones materializadas en la prueba originaria, así como su resultado, con el fin de determinar si, desde un punto de vista interno, su inconstitucionalidad se transmite o no a la prueba obtenida por derivación de aquélla; pero, también hemos de considerar, desde una perspectiva que pudiéramos denominar externa, las necesidades esenciales de tutela que la realidad y efectividad del derecho al secreto de las comunicaciones exige.
Estas dos perspectivas, como ya se ha expresado, son complementarias, pues sólo si la prueba refleja resulta jurídicamente ajena a la vulneración del derecho y la prohibición de valorarla no viene exigida por las necesidades esenciales de tutela del mismo cabrá entender que su efectiva apreciación es constitucionalmente legítima, al no incidir negativamente sobre ninguno de los aspectos que configuran el contenido del derecho fundamental sustantivo ( STC 81/98 (LA LEY 3993/1998) ).
Procede recordar aquí -prosiguen diciendo las dos sentencias de esta Sala reseñadas por el Ministerio Fiscal- lo establecido literalmente por el Tribunal Constitucional en el caso específico analizado en la STC 81/98 (LA LEY 3993/1998) : "Desde el punto de vista de la índole y características de la vulneración de que aquí se trata, ha de considerarse, en primer término, cuál de las garantías de la injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas (presupuestos materiales, intervención y control judicial, proporcionalidad, expresión de todas y cada una de las exigencias constitucionales) ha sido efectivamente menoscabada y en qué forma.
Y más adelante, se argumenta en ambas sentencias al dirimir los casos concretos enjuiciados y resolver sobre las insuficiencias de las resoluciones judiciales que acordaron las medidas de restricción del derecho fundamental, que "tampoco la entidad objetiva de la vulneración cometida hace pensar que la exclusión del conocimiento obtenido mediante la intervención de las comunicaciones resulte necesaria para la efectividad del derecho, pues no estamos ante una injerencia llevada a cabo sin intervención judicial, ni nos hallamos ante una intervención acordada por resolución inmotivada (como ocurría en los casos enjuiciados en las SSTC 85/1994 (LA LEY 2410-TC/1994) y 181/1995 (LA LEY 724/1996) ) que, al no contener motivación de ninguna especie, ni ofrecen precisiones que permitan efectuar, siquiera sea a posteriori, el necesario juicio de proporcionalidad, ni expresan en modo alguno la indispensable valoración del Juez respecto de la injerencia en el derecho fundamental".
3. El Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2009 establece lo siguiente: " En los procesos incoados a raíz de la deducción de testimonios de una causa principal, la simple alegación de que el acto jurisdiccional limitativo del derecho al secreto de las comunicaciones es nulo, porque no hay constancia legítima de las resoluciones antecedentes, no debe implicar sin más la nulidad".
En el caso que nos ocupa las defensas de los acusados centraron sus argumentos jurídicos de los escritos de calificación en la nulidad de las intervenciones telefónicas debido a la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones ( art. 18.3 CE (LA LEY 2500/1978) ). Consideran que las escuchas carecen de legitimidad como fuente de prueba y también como prueba en sentido estricto, al no haberse acreditado la legitimidad de las escuchas telefónicas en la causa principal o matriz de la que se dedujo el correspondiente testimonio, interesando la aplicación del art. 11.1 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) en relación con el referido precepto constitucional ( art. 18.3) y también con el derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) ).
Sin embargo, y a pesar de la contundencia con que las defensas impugnaron la falta de legitimidad básica de las intervenciones telefónicas, el Ministerio Fiscal, que era a quien correspondía justificarla, no solicitó que se unieran al proceso las resoluciones judiciales dictadas para autorizar las intervenciones de los teléfonos utilizados por dos principales encausados y las correspondientes prórrogas ( Isidoro Benedicto y Severiano Victorio ), ni tampoco el resultado concreto de esas intervenciones. Aportación que pudo haber solicitado con anterioridad a la vista oral del juicio o incluso al inicio de ésta como una cuestión previa (ver al respecto STS 732/2012, de 1-10 (LA LEY 156605/2012) ).
A este respecto, es importante recordar que esta Sala ha subrayado en diferentes resoluciones que el sentido del art. 11.1 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) implica no sólo que no es posible valorar las pruebas obtenidas directamente con la vulneración del derecho fundamental, sino también que no pueden ser utilizadas legítimamente como medios de investigación, o como datos para iniciar u orientar una investigación penal, aquellos que hayan sido obtenidos violentando los derechos o libertades fundamentales. En consecuencia, en principio, los datos que se hayan obtenido en una investigación realizada sobre la base de lo conocido en unas escuchas telefónicas acordadas vulnerando el derecho fundamental al secreto de esa clase de comunicaciones, no podrán ser empleados legítimamente como pruebas directas o para obtener pruebas derivadas, aunque éstas, en sí mismas y aisladamente consideradas, hayan sido obtenidas sin vulneración de derecho alguno. Los datos obtenidos en una intervención telefónica que vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones no pueden ser, pues, utilizados para justificar válidamente otras fuentes de prueba de las que se obtienen pruebas del delito, aun cuando estas segundas no comporten en sí mismas ninguna vulneración de derechos ( SSTS 73/2014, de 12-2 (LA LEY 10185/2014) y 100/2014, de 18-2 (LA LEY 19186/2014) ).
En esa misma dirección, tiene establecido esta Sala que el efecto directo y el indirecto tienen significación jurídica diferente; el artículo 11.1 establece una prohibición de valoración equiparando ambos supuestos; en todo caso, la posibilidad de no aplicación de esa norma general equiparadora debe valorarse como una excepción, que, como tal, ha de venir especialmente justificada, tanto desde el punto de vista doctrinal como en su aplicación al caso ( SSTS 811/2012, de 30-10 (LA LEY 177764/2012) ; 44/2013, de 24-1 (LA LEY 7080/2013) ; 301/2013, de 18-4 (LA LEY 30531/2013) ; y 113/2014, de 17-2 (LA LEY 14776/2014) , entre otras). La prohibición de valoración referida a las pruebas obtenidas indirectamente mediante la utilización de fuentes de información procedentes de pruebas ilícitas tiene que constituir la regla general, que solo cabe exceptuar, conforme a la citada doctrina constitucional, cuando concurra un supuesto específico de desconexión, que debe constatarse en cada caso, identificando con claridad el supuesto aplicado y especificando las razones que justifican su utilización. Prohibir el uso directo de los medios probatorios ilícitos y permitir su aprovechamiento indirecto, vacía la norma de contenido efectivo, pues la utilización de procedimientos inconstitucionales acaba indirectamente surtiendo efecto ( STS 44/2013, de 24-1 (LA LEY 7080/2013) ).
Así pues, y ante la falta de las resoluciones judiciales legitimadoras de las fuentes de prueba con que se ha abierto este proceso y de la documentación en que se sustentan, sólo cabe declarar la ilicitud de las intervenciones telefónicas y de las pruebas testificales, documentales, periciales y de otra índole que directa o indirectamente se derivaron de las mismas, al haberse infringido el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones ( art. 18.3 CE (LA LEY 2500/1978) en relación con el art. 11.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985) ) y también el derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) ).
Todo lo cual deriva en la inexistencia de prueba de cargo enervadora del derecho fundamental a la presunción de inocencia de los tres recurrentes ( art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) ), lo que determina la estimación del recurso de los tres acusados, con declaración de oficio de las costas de esta instancia ( art. 901 LECr (LA LEY 1/1882) .).
PRIMERO.- No se aceptan ni se dan por reproducidos los hechos probados de la sentencia dictada en la instancia.
PRIMERO.- A tenor de lo argumentado en la sentencia de casación, procede absolver a los acusados Severiano Victorio , Felix Balbino y Melchor Silvio del delito contra la salud pública de tráfico de cocaína que se les imputa, con declaración de oficio de las costas devengadas por los recurrentes en el juicio celebrado ante la Audiencia Nacional.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 243
 artículo 11
 artículo 11
 resolución 
 artículo 11