Source: https://lcaputo.com/la-sociedad-comercial-y-sus-socios-como-terceros-u-obligados-a-intervenir-en-el-proceso-civil/
Timestamp: 2020-03-30 07:46:34+00:00

Document:
La sociedad comercial y sus socios como terceros u obligados a intervenir en el proceso civil » LCaputo Abogados
La sociedad comercial y sus…
Autor: Caputo, Leandro J.
Cita: RC D 2181/2012
Tomo: 2006 2 Litisconsorcio, intervención de terceros y tercerías.
Alcance del tema. 2. Supuestos en que la sociedad puede ser citada como tercero. 2.1. Disolución de la sociedad demandada en sede judicial. 2.2. Imputación del uso desviado de la personalidad jurídica. 2.3. La ejecución contra el socio de las sociedades de hecho y no constituidas regularmente.
Alcance del tema
El objeto de este trabajo es analizar diversos supuestos de intervención de las sociedades comerciales en el procedimiento civil por cuestiones relativas a la propia sociedad en sí, vale decir, por situaciones concernientes al ente como tal y a su propia organización. Esa intervención no siempre se da sobre la base de los estrictos términos de la figura del tercero, puesto que puede producirse en pos de integrar la litis (art. 89 del CPCCN). Aun si se considera que esa integración se produce a título de parte, lo cierto es que tras la reforma del artículo 96 del CPCCN, introducida por la ley 25.488, la distinción entre el tercero y la parte se apoya fundamentalmente en la génesis de su citación al proceso, puesto que sólo existirá esa diferencia, en cuanto al desarrollo del proceso, en la medida en que el citado alegue fundadamente la existencia de defensas y/o derechos que no puedan ser materia de debate y decisión en el juicio. Nos concentraremos, entonces, en aquellos supuestos en los que la sociedad puede ser traída obligatoriamente al juicio pese a no formar parte de la litis originariamente. Por lo dicho antes no nos ocuparemos de aquellos casos en que la sociedad comercial es citada a un proceso civil en función de situaciones que pueden presentarse respecto de cualquier otra persona, sea de existencia visible o jurídica (por ejemplo, una citación al solo efecto de mantener la acción de regreso y evitar la exceptio doli processo). Vale decir que no trataremos los casos en que la citación de una sociedad proviene de la naturaleza y los términos de su relación contractual con terceros (por ejemplo, lo preceptuado por el art. 118 de la Ley de Seguros). La sociedad comercial ha sido definida como un orden normativo [1]. Ese orden normativo genera relaciones que podemos llamar propias o internas y que hacen a la propia ejecución de ese orden; son las relaciones que se presentan entre los socios y los administradores. Nace con el estatuto y como contrato normativo se complementa en función de los distintos actos que los órganos societarios adoptan y, eventualmente, con el reglamento mencionado en el artículo 5° de la LSC. Ese orden normativo se ve complementado por disposiciones, ajenas a sus fuentes internas, que encuentran fundamento en las relaciones que la sociedad asume ante terceros. Esas relaciones se regulan bajo el régimen de la personalidad jurídica [2], definido como una síntesis normativa inspirada en las necesidades prácticas del comercio [3]. Esas disposiciones, en el caso que nos ocupa, tienen diverso alcance. Así, por ejemplo, el artículo 125 de la LSC dispone la responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria de los socios, mientras que el artículo 23 establece la responsabilidad solidaria de los socios y quienes contrataron en su nombre por las operaciones sociales; o imponen la actuación de la sociedad en línea con determinadas condiciones de uso (arts. 1°, 2° y 54, párr. 3, LSC). Finalmente, también se puede producir una problemática específica que afecta a la sociedad como persona jurídica y pase a tener relevancia, en aquella relación interna o propia, su personalidad diferente de la de los socios (arts. 33, Cód. Civ. y 2° LSC).
Supuestos en que la sociedad puede ser citada como tercero
2.1. Disolución de la sociedad demandada en sede judicial
La disolución produce la cesación del contrato de sociedad y la extinción de las relaciones derivadas de la actividad tendiente a obtener el fin perseguido; señala el momento en que la actuación de los socios se dirige a obtener la restitución de sus aportes y la participación en el remanente. No es el fin ni la extinción de la sociedad, sino que señala el principio de su etapa final, pero ésta todavía vive y se encauza a su proceso de liquidación. La ley 19.550 enumera en su artículo 94 diversas situaciones que operan como presupuestos de destrucción del vínculo social, como pueden ser la decisión de los socios, la imposibilidad sobreviniente de lograr el objeto para la cual se formó, etcétera. En lo tocante a la causal de disolución relativa a la imposibilidad sobreviniente de lograr el objeto para el que se constituyó la sociedad, es sabido que existen casos en los cuales esa imposibilidad se produce como consecuencia del acaecimiento de un conflicto interno que torna imposible la actuación regular de los órganos sociales. No desconocemos que este alcance de la causal prevista por el artículo 94, inciso 4°, segundo supuesto, está discutida; mas, no obstante ello, la existencia de litigios relativos a ella es irrefutable, a la luz de una realidad fáctica que, incluso, ha sido recepcionada por el Proyecto de Ley de Sociedades Comerciales [4]. Cuando este conflicto es traído ante el tribunal puede ocurrir que la totalidad del capital social sea parte en el juicio; surge, entonces, el interrogante sobre la necesidad de que la sociedad participe del pleito en el cual se decida su subsistencia como persona jurídica. Parte de la doctrina sostiene que la demanda de disolución debe instaurarse contra la sociedad y otros postulan que debe entablarse contra los socios y no contra la sociedad. La jurisprudencia ha resuelto, respecto de esta situación, que si todos los socios de la sociedad intervienen como partes en el juicio de disolución, sobre todo si están ligados por un acuerdo de accionistas, no es necesario demandar al ente y no se podrá después solicitar la nulidad de lo actuado, ya que ello constituiría un verdadero exceso ritual [5]. En una línea similar, planteada ante un supuesto análogo, Víctor Zamenfeld ha llegado a igual conclusión, sosteniendo que: «cuando se está en presencia de un sindicato totalitario, consideramos que la validez de sus reglas puede ser opuesta al ente que sólo sus firmantes componen. Sostener que un contrato parasocial no puede vincular a los mismos que otorgaron el societario, por el sólo hecho de que se trata de dos contratos en el que uno lo integran como sindicados y el otro como accionistas, viola el marco estricto de la buena fe y se aparta de la más elemental lógica. Si otorgantes del pacto y socios son las mismas personas y la totalidad del elenco accionario y, ‘penetrando’ las estructuras de la sociedad y del sindicato (del mismo modo, apelando al mismo instrumental que cuando se desestima la persona jurídica) así surge, a partir de allí concluir su oponibilidad al ente no representará más que un corto paso» [6]. A esta posición que aspira a dar relevancia a la realidad por encima de las formas puede reprochársele que desatiende de manera absoluta la personalidad diferenciada entre socios y sociedad, cuya recepción normativa ya señalamos supra. Es dable aclarar que podría predicarse la intervención autónoma de la sociedad en mérito a la responsabilidad de los administradores sociales en pos de la defensa de lo que se ha llamado interés de la sociedad como elemento específico y diferencial del siempre problemático interés social [7]. Cabrá, entonces, en cada caso en particular, sopesar si disponer la integración de la litis con la persona afectada por las consecuencias de la disolución pretendida en el pleito constituirá un exceso de rigor formal o el respeto al ejercicio de la garantía constitucional de defensa en juicio. La intensidad del conflicto y las posturas asumidas por los socios, como eventualmente la necesidad de defender un interés propio de la sociedad -e incluso, a través suyo, la responsabilidad de los administradores- permitirá obtener la conclusión adecuada a cada caso. En el segundo caso, la intervención de la sociedad tendría fundamento procesal en lo dispuesto por el artículo 89 del CPCCN, que autoriza la integración de la litis con aquella persona respecto de la cual no podría pronunciarse útilmente la sentencia si estuviera ausente del proceso.
2.2. Imputación del uso desviado de la personalidad jurídica
La teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica posee en nuestro ordenamiento jurídico una fórmula expresa y concreta, que prescribe: «La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados» (art. 54, párr. 3°, LSC). De la lectura de la norma se colige que la inoponibilidad de la personalidad jurídica procede cuando la actuación de la sociedad encubre la consecución de fines extrasocietarios, o cuando constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros. En tales casos, dicha actuación se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible. Y si de ello surgiera perjuicio para terceros,
el socio o el controlante que la hizo posible será responsable ilimitadamente por los daños ocasionados. No obstante, tal imputación de la actuación de la sociedad al socio no necesariamente importará privar de sus efectos propios al acto en cuestión. La norma no establece la nulidad de la actuación, sino tan sólo su inoponibilidad respecto de aquellos a quienes por su intermedio se buscó perjudicar. Así, los efectos y responsabilidades derivados de este accionar resultarán imputables directamente a los socios o controlantes que lo hicieron posible, quienes no podrán oponer al damnificado la personalidad jurídica societaria. Consecuentemente, los efectos de esta inoponibilidad se verifican únicamente con relación al caso concreto, es decir, para quien resulta perjudicado; fuera del caso concreto, la personalidad jurídica de la sociedad se mantiene incólume. Pero a la par de la imputación y responsabilidad que se atribuyen al socio o controlante que hizo posible la actuación desviada, no se produce la desobligación de la sociedad por esa actuación; la sociedad continúa obligada [8]. Una cuestión debatida, entonces, es la atinente a la integración del marco procesal en el cual debe encauzarse la pretensión de declaración de inoponibilidad de la personalidad jurídica. En tanto, como vimos, la sociedad no se desobliga, cabe plantearse contra quién debe promoverse la demanda por imputación o por responsabilidad sobre la base del artículo 54, párrafo 3° de la LSC. Se produce aquí una situación similar a la mencionada en el acápite anterior: la sentencia no puede dictarse útilmente sin intervención de la sociedad «desestimada». Obsérvese que, como acertadamente ha dicho la jurisprudencia, el proceso de ejecución de sentencia no constituye una vía apta para disponer la extensión de la condena dictada [9]. Esta postura puede encontrar como primer obstáculo el carácter subjetivo de la cosa juzgada, que devendría en una posible afectación del derecho de defensa en juicio. Sin perjuicio de este reproche, puede alegarse contra esa posibilidad el curso de la prescripción, que no quedará suspendido ni interrumpido por la acción que se promueva contra la sociedad con fundamento en las consecuencias de su actuación [10]. Además, las excepciones que la ley permite oponer en el proceso de ejecución de sentencia se encuentran acotadas precisamente en razón de que las defensas relativas al derecho que reconoce la sentencia ya fueron, o debieron haber sido, interpuestas en el pleito y resueltas por la sentencia que precisamente se ejecuta [11]. De acuerdo al artículo 506 del Código Procesal, las únicas defensas oponibles son las de: (i) falsedad de la ejecutoria, (ii) prescripción de la ejecutoria, (iii) pago, (iv) quita, espera o remisión. Ninguna de estas defensas podría ser opuesta por aquel a quien se atribuye responsabilidad sobre la base del artículo 54 de la LSC. Por lo tanto, la ejecución de la sentencia no puede dirigirse contra quien no ha sido condenado en ésta, puesto que se estaría imponiendo una condena a quien no fue parte del proceso ni tuvo, por lo tanto, posibilidad de ejercer su derecho de defensa en juicio. La jurisprudencia, en criterio que compartimos, ha sido clara en exigir la citación a juicio de la sociedad, considerándola un escollo insalvable [12]; esto lleva necesariamente a que deban ser demandados conjuntamente, y de manera inexcusable para el éxito de la demanda, tanto la sociedad como el socio o el controlante que hicieron posible la actuación desviada de la sociedad. Como señala Rafael Manovil, la relación procesal deberá integrarse con aquellos a quienes la materia incumba en forma directa, lo cual incluye a la sociedad [13]. Se produce entonces un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario [14]; y, por ende, en caso de no haberse demandado a la sociedad, resultará aplicable la norma integradora del artículo 89 del CPCCN, que permitirá hacerla comparecer obligadamente al proceso [15].
2.3. La ejecución contra el socio de las sociedades de hecho y no constituidas regularmente
La jurisprudencia discute sobre el alcance de la efectivización de la responsabilidad ilimitada y solidaria que el artículo 23 de la LSC pone en cabeza de los socios de las sociedades no constituidas regularmente, lo que ha llevado al dictado de precedentes contradictorios. En autos «Ishiahara Argentina SA c/Agrobeq Sociedad de hecho» [16], la sala D de la Cámara Comercial resolvió que «el pasivo originado en la actividad de la sociedad ejecutada es perseguible directamente de sus partícipes», con fundamento en que nuestro Derecho positivo veda a los socios invocar el beneficio de excusión. Por su parte, la sala C del mencionado tribunal estableció en los autos «Coafi SA c/Automotores Jaramar SA y otros» [17] la postura contraria, basándose en que la responsabilidad de los socios de una sociedad de hecho «presupone la existencia de una sentencia condenatoria previa contra el ente societario». Agregó, luego, que corresponde diferenciar entre las obligaciones de la sociedad y las de sus componentes y, en consecuencia, sostuvo que los acreedores de la sociedad no son acreedores de los socios en forma personal, por lo que, previo a ejecutarlos, aquéllos deben obtener una sentencia judicial contra la sociedad [18]. También la sala E se ha pronunciado en similares términos al sostener que «la responsabilidad personal del socio de una sociedad irregular deviene como consecuencia de su participación en ella y es precisamente la sociedad constituida en objeto de la obligación cambiaria que aún puede y debe ser citada a juicio sin perjuicio de la responsabilidad de los socios que bien puede ser seguida en el mismo juicio en
la instancia respectiva. Resulta entonces coherente con el principio que reconoce personalidad en las sociedades irregulares el sustanciar con ésta el litigio propiamente cambiario reservando para una etapa ulterior la extensión de la sentencia a sus socios» [19]. Parte de la doctrina sostiene que «los acreedores de la sociedad podrán accionar indistintamente contra la sociedad -pues ésta tiene personalidad jurídica- o contra cualquiera de sus socios o representantes, sin que pueda oponérseles el beneficio de la excusión o la pretensión de que se accione primero contra la sociedad» [20]. Si bien es cierto que el artículo 23 de la LSC dispone que «los socios y quienes contrataron en nombre de la sociedad quedarán solidariamente obligados por las operaciones sociales, sin poder invocar el beneficio del artículo 56 de la LSC ni las limitaciones que se funden en el contrato social» no puede concluirse de tal norma legal que el accionante pueda demandar directamente a los socios. En efecto, el principio general de responsabilidad de los socios de las corporaciones está contenido en el artículo 39 del Código Civil, que establece que: «ninguno de sus miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer las deudas de la corporación, si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores, o mancomunado con ella». Es decir que la existencia misma de la sociedad genera la irresponsabilidad de los socios por las deudas sociales, principio que la LSC adapta a cada tipo societario, disponiendo en ciertos casos una responsabilidad adicional de origen exclusivamente legal. Debe remarcarse que, en principio, la sociedad es la persona responsable por sus obligaciones, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que establezca la ley en beneficio de terceros y que no implica convertir la deuda en una obligación personal del socio. Sostener que el socio de una sociedad de hecho puede ser directamente demandado por el acreedor de la sociedad implica desconocer la irresponsabilidad que emerge del artículo 39 del Código Civil, lo cual es inadmisible. También debemos considerar el instituto de la excusión, ya que el mismo permite a ciertos deudores solicitar que previo a ejecutarlos se dirija su ejecución hacia bienes del obligado principal. No será ésta la situación en la que se encuentre el acreedor si previamente debe obtener una sentencia contra la sociedad para luego ejecutar al socio. Por el contrario, se trata de que el pretenso acreedor de la sociedad sea reconocido como tal para luego poder dirigir su ejecución indistintamente contra la sociedad de hecho o sus socios. Como se ve, no se propone la admisión del beneficio de la excusión, sino que el acreedor de la sociedad de hecho obtenga un título para ejecutar también a los socios, lo que le permitirá sortear así la irresponsabilidad generada por el artículo 39 del Código Civil y aplicar la disposición del artículo 23 de la LSC, ya que su crédito no constituye una obligación personal de los socios de la sociedad de hecho. Dentro del ámbito societario, la existencia de solidaridad no implica que la deuda sea personal de los socios, sino que siempre será una deuda de la sociedad (doctrina del art. 39, Cód. Civ.) y, por lo tanto, será la sociedad la única persona con legitimación pasiva para ser citada al juicio [21]. Ello no pretende negar la imposibilidad que tiene el socio de una sociedad de hecho de invocar el beneficio de excusión; sin embargo, la oponibilidad de tal instituto tiene su razón de ser ante la ejecución de los patrimonios deudores y no ante el emplazamiento en juicio. Debe notarse que para quienes consideran que el acreedor puede demandar directamente al socio de hecho, el emplazamiento de la sociedad de hecho debe ser dirigido formalmente a la sociedad y no puede tenerse por concretada dicha citación con la notificación personal a un socio. Si bien existen precedentes que resuelven que los integrantes de una sociedad de hecho son parte interesada en un juicio en que se demanda a la sociedad y tienen derecho a estar en juicio y a ofrecer la prueba que estimen conveniente [22], creemos que esa participación de los socios de la sociedad de hecho deberá concretarse a través de la figura procesal de la intervención voluntaria de terceros, ya que la persona que demanda a una sociedad de hecho no tiene obligación de citar a juicio como terceros a los socios, en tanto que la posibilidad de ejecutar a los socios mediante la sentencia dictada contra la sociedad surge del propio Derecho sustantivo que no puede ser alterado por la legislación procesal.
COLOMBRES, Gervasio, La teoría del órgano en la sociedad anónima, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1964, p. 25.
[2] Que en el Derecho argentino, a diferencia de lo que ocurre en otro países -como Italia-, es aplicable a todos los tipos sociales e incluso a las sociedades no constituidas regularmente.
[3] ASCARELLI, Tulio, Sociedades y asociaciones comerciales, Ediar, Buenos Aires, 1947.
[4] La reforma proyectada al artículo 94, inciso 4°, prevé «la paralización de los órganos sociales que no puedan revertirse mediante intervención judicial».
[5] CNCom., sala C, 18-5-78, E. D. 81-643.
[6] Oponibilidad y contrato de sindicación de acciones, en Derechos patrimoniales. Estudios en homenaje al profesor emérito Dr. Efraín Hugo Richard, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, vol. II, ps. 847-848.
[7] Sobre ambos intereses ver la opinión de MANOVIL, Rafael, Grupos de sociedades (en el Derecho Comparado), Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 1012.
[8] OTAEGUI, Julio C., El artículo 54 de la Ley de Sociedades Comerciales: inoponibilidad de la personalidad jurídica, en E. D. 121-814.
[9] ALONSO, Juan I. y GIATTI, Gustavo J., Aspectos procesales de la aplicación de la teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, Sociedades Comerciales, en Supl. L. L., diciembre de 2004, p. 17.
[10] SCJBA, 3-10-2001, «Vera, Beatriz S. c/Ameduri, José y otros», L. L. 2003-B-726; ver, además, CNCiv., sala F, «Simancas de Crosby, María c/Crosby, Ronald K. s/Divorcio s/Inc. de apelación».
[11] ALONSO y GIATTI, Aspectos procesales de la aplicación de la teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica cit., p. 25.
[12] CNCom., sala A, in re «Conarpesa». Puede verse también el precedente de la misma sala en autos: «Apalategui, Alberto H. c/Sucesión D’Angelo, Roberto», E. D. 141-646.
[13] Grupos de sociedades… cit., p. 1050. Cabe dejar a salvo la opinión del autor citado cuando excluye de esta legitimación pasiva el supuesto que llama traslado de la imputación.
[14] CNCiv., sala G, 11-4-96, citado por MAN, Adriana C. y PARDINI, Marta, Ley de Sociedades Comerciales anotada con jurisprudencia, Ad-Hoc, Buenos Aires, p. 19, párrafo 73.
[15] Ver la opinión contraria de Carlos Molina Sandoval, que entiende que si bien hay litisconsorcio pasivo, éste es facultativo y no necesario, pues, según su opinión, aunque es de buena práctica profesional promover la acción contra la sociedad y los socios, no es imprescindible, de acuerdo con su criterio, que ello sea así (La desestimación de la personalidad jurídica societaria, Ábaco, Buenos Aires, 2002, p. 139).
[16] CNCom., sala D, 13-7-2000, J. A. 2002-I, fascículo N° 12.
[17] CNCom., sala C, 2-5-2001, J. A. 2002-I, fascículo N° 12.
[18] Igual postura había sido sostenida anteriormente en los autos «Banco de Ultramar SA c/Diseño Eggo», del 22-3-82 (J. A. 1982-III-546).
[19] «Banco Credicoop Cooperativo Limitado c/Rusenas, Rubén», del 6-9-95. Dicha postura fue sostenida también por la misma sala en los autos «Urbanización Vigel SA c/Jarak s/Rendición de cuentas s/Incidente de ejecución de sentencia», del 5-12-97.
[20] CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho Societario, Parte general. Los socios. Derechos, obligaciones y responsabilidades, Heliasta, 1997, p. 715.
[21] Resulta útil destacar que el derogado artículo 298 del Cód. Com. establecía que la responsabilidad de los socios era personal. Este criterio no fue reiterado por la ley 19.550 y sus modificaciones.
[22] Ello ha sido admitido por la Corte Suprema en autos: «Martínez, T. c/El Ceibal (Zeitune, Mizrahi y Cía.)», del 4-8-69.

References: artículo 96
 artículo 5
 artículo 125
 artículo 23
 artículo 94
 artículo 94
 artículo 89
 artículo 54
 artículo 506
 artículo 54
 artículo 89
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 56
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 23
 artículo 94
 artículo 54
 artículo 298