Source: http://www.armaslegales.org.ar/nota20.htm
Timestamp: 2017-09-20 07:36:12+00:00

Document:
Análisis y Propuestas del FORO POR UNA ARGENTINA SIN ARMAS ILEGALES sobre el Proyecto de Ley de armas, municiones y materiales controlados (S-0252/08)
Autoras: Senadoras Dra. Sonia Escudero y Prof. Dra. María C. Perceval.
1. El Foro por Una Argentina sin Armas ilegales
El Foro por un Argentina sin armas ilegales está integrado por las siguientes Asociaciones de la sociedad civil:
Federación Argentina de Tiro (FAT), Cámara Argentina de Caza y Pesca (CACyP), Federación de Cazadores Deportivos de la Provincia de Buenos Aires, Asociación de Instructores de Tiro de la República Argentina, Safari Club Internacional - Capítulo Argentino, Asociación Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca, Cámara Argentina de Productores y Procesadores de productos de la fauna silvestre y sus derivados, Federación Argentina de Caza Mayor, Asociación Argentina de Caza y Conservacionismo, Federación Argentina de Caza Mayor, Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, Tiro Federal Patria de Río Gallegos – Santa Cruz y demás asociaciones adherentes.
1. Estamos plenamente de acuerdo y apoyamos firmemente todas las acciones dirigidas a evitar y eliminar el tráfico ilícito de armas de fuego.
2. La ley Nacional de Armas 20.429, su Decreto Reglamentario 395/75 y las Leyes complementarias dictadas con posterioridad, le otorgan a la sociedad la seguridad que los ciudadanos que acceden a un arma legal no son quienes cometen los delitos ni le provocan inseguridad. Por ello consideramos que cualquier cambio en la legislación debe hacerse para perfeccionarla, respetando siempre los derechos de los legítimos usuarios.
3. Reafirmamos el derecho de las personas, que habiendo cumplido con todos los requisitos legales, quieren poseer y utilizar armas de fuego para cualquiera de los fines previstos en las leyes.
4. No estamos a favor de la libre portación de armas, sino que muy por el contrario, creemos que un sistema como el argentino, de control por parte del Estado; es la mejor manera de combatir el delito.
5. Como ya está demostrado a nivel mundial, la prohibición de tenencia legal de armas a civiles, no contribuye a eliminar la inseguridad.
6. Al igual que las Naciones Unidas, compartimos “la profunda preocupación que nos produce el impacto del tráfico ilícito y la tenencia ilegal de armas de fuego en la población, fruto del desamparo, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y el terrorismo internacional”, entre otras causales. Esta realidad se ve retroalimentada dado el estrecho vínculo existente entre sus actores. Terrorismo, tráfico de drogas, delincuencia y tráfico ilegal de armas de fuego son el núcleo central de la problemática.
2. Nuestra Opinión sobre el Proyecto
En primer término corresponde señalar que el mencionado proyecto, ha sido analizado desde todo punto de vista, por las instituciones que integran este Foro, quienes por su actividad relacionada a la utilización legal de armas, son las más interesadas en el perfeccionamiento del sistema de control vigente y poseen una larga experiencia y conocimiento, en especial sobre las cuestiones técnicas y operativas que, entendemos, asegurará la viabilidad práctica de la normativa a instaurarse, a la vez que al estricto control del Estado sobre los materiales comprendidos.
En nuestra opinión, resulta particularmente curioso que siendo Argentina - junto a Canadá - considerada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “país referente de avanzada en materia de legislación de armas de fuego”, se busque copiar otras legislaciones, que tal como se proponen, lejos de optimizar la vigente, ponen en riesgo la existencia del sistema registral.
Toda Ley es perfectible, ajustable y nuevas normas pueden ser aconsejables en atención a nuevos problemas pero lo que resulta inapropiado es derrumbar lo construido y comenzar de nuevo, tal vez copiando o importando otros modelos, que no han demostrado ser exitosos, como si lo ha demostrado el empleado por el ESTADO ARGENTINO en los últimos treinta años.
El proyecto en cuestión, no sólo pone un freno abrupto al principio constitucional de libertad, sino que además, entre sus objetivos enuncia explícitamente, la eliminación paulatina de toda posibilidad de que los ciudadanos accedan legalmente a la tenencia de un arma. De esta manera, se promovería el acceso indirecto a través de canales paralelos que engrosarían el mercado ilegal.
En verdad, al poner obstáculos burocráticos y otras cuestiones de forma, lo que se logrará es colocar en la posición de prejuiciosa sospecha al usuario legal de armas y, paradójicamente, fuera del alcance de la norma a todo el mundo de la ilegalidad y la delincuencia.
El proyecto de ley - tal como está hoy - no sólo nos hace retroceder a la década del ochenta, cuando todo lo administrativo se resolvía en una dependencia pública y cada trámite debía ser acompañado de un previsor tráfico de influencias, sino que pone al legítimo usuario en real peligro de extinción y al ilegítimo en la cresta de la ola.
Pasando al análisis puntual, podría decirse que el proyecto propone una serie de obligaciones de cumplimiento imposible - inclusive en el aspecto técnico - las que en lugar de mejorar el control lograrán el efecto contrario y harán involucionar el sistema vigente.
Sin perjuicio de correcciones pormenorizadas que resultan necesarias en diversos artículos (que más adelante detallamos), y por constituirse en una barrera para el desarrollo de la actividad lícita – en sus diversas vertientes, como ser caza, tiro, coleccionismo, seguridad, defensa, comercio, industria, etc – se propone su modificación antes de ser votado:
*) Porque para “desalentar” se basa en la prohibición.
De la lectura del proyecto en trato, en especial de los fundamentos del mismo, surge sin lugar a dudas que la finalidad de la norma no es reglamentar todos los aspectos relativos a las armas, municiones y materiales relacionados, sino DESALENTAR la fabricación, importación, comercialización, uso y tenencia de dichos materiales.
El método utilizado para dicho objetivo es partir de una premisa de PROHIBICION y a partir de allí SOBRECARGAR de exigencias burocráticas toda actividad relacionada con las armas, buscando como resultado desalentar su adquisición y/o tenencia por parte de los habitantes del país.
Sin embargo dicha técnica, como lo demuestra innumerables ejemplos de políticas legislativas de prohibición, está condenada al fracaso. Resulta evidente que no es por la vía de la excesiva reglamentación o de la exigencia de acreditar el motivo objetivo por el cual un ciudadano desea comprar un arma, que se concientiza a los habitantes sobre los cuidados que deben tener en el uso, guarda y transporte de las armas y municiones. Para ello se crean campañas públicas específicas que han arrojado resultados muy positivos como en la registración de dichos materiales o su entrega a la Administración para destrucción.
La excesiva creación de requisitos y trámites administrativos arrojan como resultado el EFECTO CONTRARIO al buscado por la norma. La aprobación del proyecto como se encuentra redactado, impedirá a los actuales legítimos usuarios RENOVAR su condición de tales, que futuros adquirientes de armas OBTENGAN la condición de LEGITIMOS USUARIOS y por ende las adquisiciones de nuevas armas, municiones o la transferencia de las armas ya existentes se realizarán al margen del sistema administrativo propuesto.
Todo ello derivará en que el Estado Nacional verá drásticamente afectada su posibilidad de ejercer el control sobre el parque de armas y municiones, impulsando a la ILEGALIDAD a gran cantidad de los legítimos usuarios que hoy en día se encuentran debidamente identificados y controlados por el RENAR.
En definitiva, se advierte que de convertirse el proyecto en ley, se producirá un retroceso de mas de 30 años en la política de control del armamento, perdiendo así la administración la posibilidad fáctica de mantener la información relevante sobre las armas que se encuentran en poder de la población.
*) Porque atenta contra la eficacia y continuidad del sistema registral.
La autorización que otorga la ley a las jurisdicciones provinciales para exigir aún mayores requisitos que los exigidos en el proyecto provocará la anarquía del sistema registral. Es entendible que las jurisdicciones locales puedan exigir requisitos de carácter municipal para habilitar comercios relacionados con la actividad, pero no resulta comprensible que un habitante de la provincia de Chaco deba cumplir con más requisitos que un habitante de la Provincia de Misiones para ser persona responsable.
Si la competencia para regular la materia corresponde al Estado Nacional y si la materia que regula el proyecto es de carácter federal como bien lo ha reconocido la CSJN en numerosos fallos, otorgar a las jurisdicciones locales la posibilidad de exigir mayores requisitos que a nivel nacional, significaría desconocer el carácter federal de la materia y en consecuencia derivar en innumerables conflictos de orden práctico.
Ello sin perjuicio que, al no existir más territorios nacionales, cabría la posibilidad que todas las jurisdicciones locales establecieran distintos requisitos que tornen en vía muerta no solo la ley, sino también las facultades reglamentarias del RENAR, retrotrayendo la situación treinta años.
Por otro lado, dicho extremo no es más que una enunciación, dado que todo el proyecto prevé la existencia de Credenciales Únicas y uniformes expedidas por la autoridad de aplicación. No se advierte entonces como las provincias podrán adicionar requisitos a los exigidos por la ley, a que efectos y quien deberá controlar el cumplimiento de dichos requisitos, dado que es el RENAR quien autoriza la tenencia, transporte y/o venta de las armas en todo el territorio del País. Esa doble competencia atenta contra la uniformidad de la materia legislativa en el país, y derivara en un sinfín de conflictos sobre la validez de las autorizaciones otorgadas por el RENAR.
*) Porque podría dar lugar a nichos de corrupción
Fundamentalmente por la exigencia de una causal objetiva para que un ciudadano de la República pueda adquirir un arma y/o mantener el arma adquirida hace muchos años y que cuenta actualmente con el permiso de tenencia otorgado por la Administración. No se trata ya de acreditar medios lícitos de vida, idoneidad y/o aptitud psico física, etc., para acceder a la tenencia de un arma – requisitos estos que se encuentran hoy en día vigentes- sino que un funcionario del Poder Administrador decidirá, en base a pautas absolutamente discrecionales, si los motivos invocados por el ciudadano son suficientes para autorizarlo a la tenencia de un arma o la renovación de su autorización y por ende su permanencia en su patrimonio.
Las intenciones expresadas en los fundamentos del proyecto no resultan motivos válidos para que la Administración tenga el PODER de denegar a quien ha acreditado un medio lícito de vida, su idoneidad y su aptitud física y psíquica, etc., la autorización a la tenencia de un arma. Dicha facultad exorbitante de la Administración resultaría a todas luces violatoria del principio contenido en el art. 19 de la C.N., dado que la ley no puede presuponer que un LEGITIMO USUARIO, va a afectar el orden público o a un tercero, por el simple hecho de haber adquirido con anterioridad un arma o manifestar su voluntad de hacerlo.
La Ley 20429, el Decreto 395/75 y las disposiciones del RENAR desde su creación hasta nuestros días tienen los mismos objetivos y principios generales del proyecto “control, restricción y seguridad”. Pero esos objetivos son explícitos y no dejan a consideración del funcionario responsable del Organismo su evaluación. Con el objetivo de “correr el velo de la formalidad burocrática en orden a revelar la real aptitud de la persona habilitada” el articulado deja claros canales abiertos para la corrupción y tráfico de influencia.
*) Por discriminatoria.
Si bien establece que no habrá excepciones por cargos u oficios, dando un paso adelante en lo que refiere a igualdad entre ciudadanos, en la práctica se transforma en un proyecto elitista, puesto que será mucho más accesible cumplir con la multiplicidad de costos a incurrir (p.e. el “nuevo” de contratar un seguro de responsabilidad civil) y de requisitos a cumplir para justificar la necesidad de tener un arma, para un dueño de una multinacional que para un obrero que quiera tener un arma porque su único hobby es el de cazar o porque teme por su seguridad en la zona donde reside o el de una persona que caza para comer.
Hoy por hoy, ya están fuera del conocimiento del Estado aquellos usuarios que habiendo comprado un arma legalmente hace 20 años, fueron pasados a la ilegalidad por el incremento de requisitos. Este proyecto los profundiza y nos acerca peligrosamente a las estadísticas de Brasil en materia de relación entre armas registradas y sin registrar.
*) Porque afecta la viabilidad del control por parte del RENAR
El proyecto en trato basa su lógica legislativa en un efectivo contralor por parte de la Administración de todos y cada uno de los actos relacionados con el material controlado. En ese marco prevé acciones del RENAR tendientes al decomiso inmediato del material cuya autorización caduque, e incluso la obligación del RENAR de mantener informado al Poder Legislativo sobre materias que le son ajenas a su competencia (Vg. Costos de tratamientos médicos efectivamente realizados por lesiones de armas de fuego).
El cumplimiento de las obligaciones impuestas al RENAR implicarán la necesidad de contar con elementos materiales suficientes y personal debidamente capacitado, con el consiguiente costo que dicha actividad demandará.
Sin embargo, el proyecto en trato priva al RENAR de uno de los instrumentos fundamentales utilizados en estos últimos años para el cumplimiento de la función de Contralor, como es la contratación de un ENTE COOPERADOR.
Las razones invocadas en el proyecto para eliminar la existencia del ENTE COOPERADOR, parten de una premisa absolutamente falaz, como es que el ENTE COOPERADOR financia la actividad del RENAR
De la simple lectura de las normas pertinentes surge que la actividad del RENAR no se encuentra financiada por el ENTE COOPERADOR, sino por las tasas que abonan los Legítimos Usuarios para la realización de cada uno de los actos previstos en la ley 20.429.
El ENTE COOPERADOR es simplemente un instrumento creado por la ley que no participa de la política administrativa en torno a los actos relacionados con las armas, como la creación y emisión de las normas correspondientes y la expedición de las autorizaciones, que son resorte exclusivo y excluyente de la Administración pública a través del Director Nacional designado por el PEN.
El ENTE COOPERADOR no tiene facultad alguna para definir políticas de expansión del mercado de las armas, ni tiene posibilidades de cooptar a la administración pública a esos fines, dado que los fondos que administra pertenecen, con las particularidades del caso, en definitiva al Estado Nacional. Y tanto la designación de AICACYP como Ente Cooperador, como la de cualquier otra persona jurídica, es por definición legal plenamente revocable por parte de la Administración.
En ese marco, considerando que la creación del Ente Cooperador permitió al RENAR no solo obtener una estructura edilicia adecuada a sus necesidades, sino también el mantenimiento de las Delegaciones y Agencias Registrales en los veinticuatro distritos del País, privar a la administración de dicho instrumento, considerando además las invocada finalidad de ampliar y darle una mayor efectividad a los controles sobre las armas y municiones, en base a un error de concepto como es el del origen de la financiación del Organismo, resulta a todas luces injustificado e inconveniente.
*) Porque afectará miles de fuentes de trabajo.
De las industrias: La fabricación nacional de armas es industria nacional y debe tener el mismo respeto y facilidades que cualquier otra industria lícita, sin perjuicio del control estatal por lo sensible de los materiales que son fabricados, pero sin llegar a impedirse la actividad por vía de reglamentaciones demasiado estrictas o sobreabundantes como las que se detallarán más adelante.
De los comerciantes: La drástica eliminación del mercado legal de usuarios de armas de fuego en la que desembocaría la aplicación textual del presente proyecto de ley, dejaría sin trabajo a muchas familias argentinas ocupadas directa o indirectamente por el sector. No solo se verían afectados los comerciantes mayoristas y minoristas de armas, también las entidades deportivas, los organizadores de eventos de caza, los frigoríficos exportadores de liebres y sus cazadores y los proveedores de servicios turísticos, que en provincias como la de La Pampa “la caza es el producto turístico por excelencia”, por señalar a los más importantes.
*) Porque desconoce las limitaciones técnicas.
Exigencia innecesaria de registración para elementos que nunca fueron materia de la misma, como ser: cargadores de las armas, miras, miras telescópicas, culatines, etc. dado que no aumentan las prestaciones de la misma y que además por la gran cantidad de ellos en función de su registración, haría colapsar al organismo de aplicación.
Prohibición de ciertos calibres o armas para particulares ( arts. 10 y 11). Se puede mencionar, a título de ejemplo, las armas de fuego de puño que excedan las 1.200 libras por pie (art. 10), escopetas de calibre hasta 12/70 con cañón menor a 610 mm, revólveres de calibres superiores al .357 magnum, fusiles de calibre superior al 7.65 mm y pistolas de calibre superior a .40 y fusiles semiautomáticos de calibre superior al .22 largo rifle. En todos los casos, existen numerosas armas de este tipo en manos de legítimos usuarios, por haber estado permitidas por la legislación vigente. No se han presentado con respecto a ellas, en toda la existencia del sistema registral, particularidades especiales que justifiquen la prohibición, ni comportan mayor riesgo que otros calibres o armas permitidos y en todos los casos afectan a los deportes que se practican con armas de fuego.
Marcaje (art. 14, 15 y cc.) y Marcaje de Munición (art. 19 ). Los requisitos impuestos para el marcaje de armas y municiones son excesivos y parecen tener como objetivo impedir la tenencia y comercialización de armas de fuego. Si bien el número de serie del arma y la marca comercial de la misma son comunes en casi todas las armas modernas y el modelo del arma suele constar en el marcaje de fábrica, siendo también usual que conste el calibre, los otros datos exigidos en el proyecto no son de uso.
Así, el año de fabricación, nombre del fabricante, lugar de fabricación, país al que será exportado, nombre del importador, sistema de disparo, etc. no constan en ningún arma a importar o exportar. Como el mercado argentino es muy pequeño, ninguna fábrica extranjera accederá a marcar el arma de esa manera, para un lote chico de su producción.
Dado que las armas existentes y en poder de Legítimos Usuarios no poseen este tipo de marcaje y su implementación es inviable, porque muchos de los datos exigidos ni siquiera se podrán recabar o no existen suficientes mecánicos armeros para realizarlos o resulta materialmente imposible marcar las partes internas fijas no visibles del arma o porque se destruirían armas de colección QUEDARIAN FUERA DE LA LEY EL 100% DE LAS ARMAS REGISTRADAS Y QUEDARIA DE HECHO PROHIBIDA LA IMPORTACION DE MUNICIONES, INCLUSIVE LAS DE LAS FUERZAS POLICIALES Y MILITARES.
*) Porque termina con el Primer Deporte Olímpico Argentino: el tiro deportivo
Las especificaciones de marcaje más arriba señaladas, la prohibición de calibres y la no autorización de la recarga de munición para las Personas Autorizadas son causas terminales para la actividad del tiro deportivo.
La prohibición de la recarga es el certificado de defunción de muchas de las disciplinas que se practican y en las cuales resulta necesaria la recarga, ya sea:
Por los costos de la munición en las disciplinas que requieren alto nivel de entrenamiento y el disparo de numerosos tiros
Por la necesidad de lograr cartuchos especiales en algunas disciplinas que requieren municiones específicas, que no pueden lograrse sino por medio de recargas artesanales muy costosas de realizar en cuanto al tiempo empleado para su preparación.
La inexistencia de empresas de recarga dedicadas a obtener productos con toda la minuciosidad que se exige con relación a las actividades de precisión ni suministrar el material a los costos que necesita el tirador de alto entrenamiento.
Es bien sabido que la recarga de munición por parte de los Legítimos Usuarios no ha dado lugar a inconveniente alguno, aún habiendo aumentado las exigencias del RENAR a su respecto, tales como identificación y registro de las máquinas de recarga. Por ello resulta inexplicable la intención de prohibirla.
En definitiva, si bien la ley 20.429 podría ser mejorada en cuanto a su redacción, actualizándola con algunos de los extremos que surgen de normas internacionales y/o tópicos que fueron creados a partir de su reglamentación, el proyecto en trato amerita un análisis muy profundo y una franca eliminación de todos aquellos extremos propios de una reglamentación, con el objetivo de crear una ley en sentido estricto que mantenga su vigencia a lo largo de los años y que tenga por objetivo un mayor control de la actividad, a partir de facilitar a los usuarios el registro y/o la actualización constante de las armas que se encuentran en poder de la población.
4. Observaciones particulares al Proyecto de Ley
Esta entidad entiende que en la materia debe incluirse en forma más precisa la figura del usuario legal, por lo que sugiere la siguiente redacción:
Por lo que antecede, se propone redactar al articulo 1° de la siguiente forma:
Art. 1. Materia
Quedan sujetas a la regulación de la presente ley las armas de fuego, munición y materiales relacionados, elementos defensivos y blindajes, las personas autorizadas a su tenencia y operación y las actividades permitidas por la legislación vigente a desarrollar con tales materiales.
Además de las consideraciones ya expuestas anteriormente, debemos recordar que la competencia en materia de las llamadas armas de guerra siempre fue del estado nacional, quedando a los estados provinciales la regulación de las armas de uso civil. Desaparecida en la ley la diferencia entre uno y otro tipo de armas, es conveniente que la regulación siga siendo centralizada, única forma de establecer un control eficaz. No hay que olvidar que antes de la centralización de los controles en el RENAR existían multiplicidad de credenciales acreditando la tenencia, según las provincias. Por ello, en el caso de delitos el juez que debía conocer la procedencia de un arma debía hacer numerosos oficios a los registros provinciales.
En suma, el sistema de control que pretende imponer el proyecto sería perjudicado con la actuación paralela del estado nacional y los estados provinciales. Además debe resguardarse el derecho de los usuarios a ser pasibles de un solo control y de poseer certeza en cuanto a los requisitos que le serán exigidos. Por vía de acumulación de requisitos podría impedirse la tenencia en un lugar y ser permitida en otro, lo que llevaría a una anarquía.
Por lo tanto sugerimos eliminar el segundo párrafo del art. 2 y también la palabra primaria del primer párrafo, por lo que la redacción sugerida del artículo sería:
Constituye competencia del Estado Nacional, en virtud de su responsabilidad de asegurar la paz interior y reglar las actividades que se desarrollan interjurisdiccionalmente, la formulación de las políticas y el ejercicio de la regulación y control en materia de armas de fuego, munición y materiales controlados.
No compartimos el objetivo de la ley expresado en el párrafo segundo del artículo, en cuanto el mismo tiende a “limitar las existencias de armas y su tenencia y portación a casos de estricta necesidad”. De mantenerse dicho texto podría desaparecer la figura del usuario legal.
Ello porque en esta ley no se está tratando el caso de armas ilegales, sino que se regula la tenencia de los usuarios legales. Entonces, lo que se pretende limitar es el campo de lo legítimo, lo que no es admisible. Las consecuencias implícitas en el párrafo cuestionado son tales que el exceso de celo de un funcionario encargado de la aplicación de la ley determinaría la total imposibilidad de otorgar tenencia alguna.
En efecto, ningún tirador deportivo, cazador, coleccionista de armas o simple tenedor por razones de herencia, afecto al material de sus antepasados, etc, podría poseer un arma, puesto que en todos esos caso no se podría comprobar la “estricta necesidad” de que habla la norma.
Estricta necesidad podría ser interpretada como razones de subsistencia, con lo cual sólo podrán acceder a las armas aquellos cazadores que prueben dedicarse a la caza para subsistir.
Por todo lo que antecede, se propone redactar al articulo 3° de la siguiente forma:
Constituyen objetivos a lograr a través de la presente ley:
1. Mantener un estricto control sobre los materiales objeto de la misma, las personas y actividades autorizadas en la presente ley.
2. Regular la tenencia de armas, su portación y los materiales controlados en los términos de la presente ley.
3. Procurar que las actividades autorizadas tengan lugar con la máxima seguridad en lo relativo a la eficaz prevención de accidentes , previniendo desvíos del material regulado en la presente ley.
Entendemos que el paradigma supremo de toda ley debe ser la adecuación de sus términos y espíritu a otro de rango superior, que es el de la Constitución Nacional.
El paradigma de prohibición introducido en el inciso 1 de este artículo no condice con las previsiones constitucionales de referencia, sino que las invierte, convirtiéndose en inconstitucional.
Por ello, se propone una nueva redacción para el inciso 1.
En el inciso 2 se incluye un principio general de restrictividad, que merece igual comentario que el anterior, puesto que si se trata de una materia controlada, no debe tenerse criterio restrictivo alguno con quien se ajusta al control cumple con todos los recaudos exigidos en la ley. En cambio, podría admitirse esa restrictividad en casos de duda sobre la concesión o no de uno de los beneficios de la ley.
El principio de anticipación tal como está redactado podría interpretarse que para un sencillo acto como ir al polígono a practicar tiro deberá tener, en cada caso, autorización previa. Lo mismo ocurriría con todos y cada uno de los actos permitidos. Por ello se propone una nueva redacción que aclara y simplifica la anterior, además de hacer referencia sólo a los términos legales, eliminando intervenciones burocráticas.
El principio de justificación tal como se encuentra redactado pareciera que se refiere a una justificación legal, una necesidad, cuando el deseo de realizar alguna actividad permitida, tales como la caza, el tiro, el coleccionismo, etc no puede estar referido a una justificación legal o depender de la voluntad unilateral de los funcionarios.
Además, como actividad no es estrictamente necesaria, puesto que deviene de la afición que tiene la persona que quiere realizarlos, que sólo debe justificar no tener antecedentes desfavorables y estar apto en forma física y mental. Al igual que en los casos anteriores, se propone una redacción acorde a las explicaciones precedentes.
El principio de no recirculación debe ser reformulado pues se incluye la referencia al material “declarado excedente”, el que debe ser destruido. No se aclara de quién depende la declaración de excedencia ni a qué material se refiere concretamente. Los legítimos usuarios que lo tuvieran en su poder algún material que sea pasible de esa declaración deberían entregarlo para su destrucción. No se habla de compensaciones para esa excedencia, lo que resultaría en una confiscación, prohibida constitucionalmente.
También podrían incluirse en la misma categoría aquel material que fuera comprendido en alguno de los incisos anteriores: material no justificado por la naturaleza de la autorización, no correspondiente con la autorización poseída, etc.
Habría que determinar que por el mismo se debe pagar el precio de mercado del arma en cuestión, por parte del estado y de aplicarse esa compensación de manera similar a aquella implementada por la ley de desarme voluntario.
Sin embargo, con algunas precisiones, el inciso sería viable, sólo si la referencia a excedencia se limita al material de fuerzas armadas, de seguridad u organismos oficiales.
En lo referido a usuarios legales, esa declaración no podría ser aplicada, pues por normas constitucionales – derecho de propiedad - y de derecho común, toda desposesión que no encuentre asidero en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, es decir el decomiso por violarse normas penales, debe ser compensada adecuadamente.
Además, cuando se establece la destrucción del material decomisado, excedente o entregado, habría que excluir al material de interés histórico o de colección, que debe ser salvado de la destrucción, por lo que se propone que el mismo se derive a museos o instituciones de tiro, para su conservación.
Por todo lo que antecede, se propone redactar al articulo 4° de la siguiente forma:
Son principios generales para la aplicación de la presente ley:
1. Prohibición: Sólo se encuentran prohibidos los materiales y actos declarados como tales en la presente ley.
2. Los requisitos y extremos de toda autorización deberán ser extendidos por la autoridad de aplicación conforme las pautas establecidas en la presente ley, pero en caso de duda sobre la autorización a conceder o acto a autorizar prevalecerá el criterio restrictivo.
3. Anticipación: toda actividad a realizarse con los materiales controlados debe gozar de las autorizaciones previas establecidas en la presente ley para cada una de las actividades permitidas por la misma.
4. Justificación: Toda solicitud para adquirir materiales comprendidos en la presente ley y desarrollar actividades con los mismos debe justificar su adecuación a los términos de la misma.
5. Correspondencia: toda autorización debe guardar adecuada relación y graduación en los términos de la presente ley.
6. Generalidad: toda solicitud se considera y dispone de forma objetiva, sin excepciones por cargo u oficio, salvo disposición contraria expresamente prevista en la presente ley.
7. Intransferibilidad: toda licencia, permiso o material controlado es intransferible sin previa autorización de la autoridad de aplicación; y,
8. No recirculación: todo material controlado decomisado, declarado excedente perteneciente a las Fuerza Armadas, Fuerzas de Seguridad u Organismos Oficiales o entregado voluntariamente al Estado, debe ser destruido. En caso en que se trate de material de interés histórico o de colección, podrá ser destinado a museos o instituciones de tiro para su conservación.
Art. 5: Materia Excluida. Supuestos especiales: no se realizan observaciones
TITULO II - MATERIALES - SECCION I - DE LOS MATERIALES Y SU CLASIFICACION
Capítulo I - Materiales controlados. Definiciones
En primer lugar debemos señalar que no resulta técnicamente aceptable que una ley en sentido estricto contenga definiciones. Así lo sostienen la casi totalidad de los juristas desde la época en que Vélez Sarsfield redactó el Código Civil,. Ello así en razón que los avances tecnológicos y la evolución de la sociedad, llevarán a que la norma se desactualice rápidamente, con el consiguiente vacío legal que de ello devendría. Ningún jurista podría aceptar por ejemplo que la ley de transito defina lo que es un automóvil. Sin embargo en el proyecto en trato se advierten más de 34 definiciones y 7 clasificaciones distintas de dichos materiales.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, las definiciones de material controlado establecidas en la ley merece una especial revisión por parte de técnicos especializados en la materia, en atención a que las inclusiones y exclusiones dentro de la misma dan lugar a cuestiones técnicas erróneas y a la discordancia entre lo que el proyecto establece y las reales posibilidades materiales de control del organismo y las viabilidades técnicas.
Existen ciertos elementos que no deben ser objeto de control, por no implicar por sí solos riesgo alguno, ni ser capaces de cambiar las prestaciones del arma.
También existen definiciones erróneas en cuanto al tipo de armas, que deben ser adaptadas a lo comúnmente admitido y a lo que la técnica establece.
Haremos un breve análisis referido solamente a los incisos de deberían modificarse, indicando los motivos técnicos y jurídicos que determinan la necesidad de dichas modificaciones:
1. Fusil y carabina: la norma determina que “Se trata de armas de hombro de cañón estriado que poseen una recámara que forma parte y se encuentra alineada permanentemente con el cañón, pudiendo efectuar disparos tiro a tiro, de repetición, semiautomático y/o automático. Para su alimentación puede usar un cargador removible. Conforme su alcance eficaz, la reglamentación determinará su inclusión en una u otra definición de material.
No es posible sostener esta última definición, puesto que no será posible establecer el alcance eficaz del arma, que variará de calibre en calibre y aún según el tipo de munición empleada. Así, y para dar un ejemplo, un arma de calibre .22 con un cañón de una longitud de 50 cm podrá tener un alcance eficaz determinado, inferior a un arma de igual calibre, pero con cañón de 65 cm. A una podremos calificarla de carabina (la de menor alcance) y a la otra de fusil (la de mayor alcance).
Pero si tomamos otro calibre, por ejemplo un .223, de un cañón de 50 cm, veremos que el alcance eficaz es mucho mayor que el del fusil de calibre .22, que posee un cañón de 65 cm. Por lo tanto, deberíamos calificar de fusil a esta última, a pesar que su cañón es de menor longitud que la primera.
Si tomáramos la definición en cada calibre posible, la determinación sería anárquica e infinita. Por lo tanto, se debería tomar la definición actual de fusil y carabina, que parten de conceptos establecidos y aceptados sin inconvenientes, según el cual a la carabina corresponde un cañón menor en longitud que al fusil.
Se propone rescribir el inciso correspondiente a fusil y carabina de la siguiente forma:
Fusil y carabina: Se trata de armas de hombro de cañón estriado que poseen una recámara que forma parte y se encuentra alineada permanentemente con el cañón, pudiendo efectuar disparos tiro a tiro, de repetición, semiautomático y/o automático. Para su alimentación puede usar un cargador removible. Este arma será una carabina cuando su cañón no sobrepasa los 560 mm de longitud, medidos desde la boca de la recámara del mismo.
Queda definido por default el fusil, que es aquel arma del tipo descripta con cañón mayor a 560 mm, medido de la forma indicada.
Otro inconveniente similar se presenta en la definición que el proyecto adopta con relación al subfusil, puesto que propone incluirlo en las definiciones del inciso previo (fusil o carabina) según su alcance eficaz. Por lo tanto, a esa definición le son aplicables las mismas objeciones.
Mundialmente se define al subfusil como el arma de hombro que dispara cartuchos de arma corta, definición que habrá que seguir por ser generalmente aceptada.
Se propone redactar el inciso de la siguiente forma:
Subfusil: arma de hombro de cañón estriado que posee una recámara que forma parte y se encuentra alineada permanentemente con el ánima del cañón, que emplea munición de arma corta, pudiendo efectuar disparos en forma semiautomática y/o automática, y está alimentado mediante un cargador removible.
Si bien pueden formar parte de las definiciones, se sugiere excluir de los materiales controlados aquellos elementos adosables al arma que no varían las prestaciones de la misma, ni modifican su sistema de disparo o alcance, tales como los cargadores, miras telescópicas, miras holográficas, otro tipo de miras - a menos que permitan el apuntamiento del arma en la oscuridad – las expansiones de superficie en la cola del disparador, etc.
Con referencia a estos elementos, el marcaje de los mismos es en muchos casos imposible o de muy difícil realización, sería muy costoso y en algunos casos técnicamente imposible, no existen suficientes mecánicos armeros para ello, y, aparte de estos motivos, el organismo de aplicación no se encuentra en condiciones de disponer un control efectivo de ellos, lo que produciría su saturación registral.
En cambio, deben prohibirse aquellos accesorios adosables que alteren el sistema de disparo, p. Ej. tranformándolo de semi- automático en automático o permitan el apuntamiento del arma en la oscuridad.
Capítulo II - Clasificación de los materiales
Con base en lo que se ha venido diciendo en los comentarios al artículo anterior, proponemos la siguiente redacción al art. 7.
Art. 7. Clasificación según el objeto de uso.
Los materiales controlados, conforme su objeto de uso, se clasifican en:
1. Armas de fuego, munición y materiales relacionados:
a. Armas de fuego;
b. Munición;
c. Armas de lanzamiento;
d. Armas de descarga eléctrica;
e. Accesorios adosables al arma que alteren su sistema de disparo o permitan el apuntamiento de la misma en la oscuridad:
f. Agresivos químicos
2. Elementos defensivos y blindajes
a. Chalecos antibala;
b. Escudos, cascos y afines;
c. Blindajes para vehículos.
Las categorías precedentemente mencionadas incluyen la maquinaria específica para la fabricación de los materiales comprendidos en cada una de ellas.
El art. 10, que trata de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas, de Seguridad e Instituciones Policiales y Penitenciarias merece algunas correcciones y ampliaciones, a fin de ajustarlo a la situación actual y no perjudicar a los usuarios actuales que pacíficamente han poseído alguno de los materiales de este tipo, ya sea como usuarios o por razones de coleccionismo, que podrían verse afectados por la taxatividad del contenido del artículo en comentario.
Algún material mencionado como de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas o de Seguridad es poseído actualmente por los usuarios, como fusiles semiautomáticos con cargadores de quita y pon y son utilizados para ciertas disciplinas de tiro reconocidas internacionalmente y como objeto de coleccionismo, por lo que no hay que dejarlos fuera de las previsiones legales, si bien se admite que su tenencia se concede bajo las condiciones estrictas del decreto 64/95 en los casos citados en primer término.
Por ello, sólo se efectuarán en este trabajo aquellas observaciones referidas a dichos supuestos.
Conforme lo precedente, entendemos que deben modificarse en la forma que sigue los incisos que tratan sobre las materias que siguen:
Inc. 3. Armas de fuego semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, símil fusiles, carabinas o subfusiles de calibre superior al .22 largo rifle, con excepción de aquellos casos cuya tenencia se hubiere concedido a Legítimos Usuarios bajo imperio de la ley 20.429. También podrán ser tenedores de las mismas los coleccionistas, bajo las condiciones que determine la autoridad de aplicación.
Inc. 7.
Merece igualmente reconsideración el inciso 7, cuando declara sólo patrimonio de las fuerzas armadas y de seguridad, etc., las armas de puño y su correspondiente munición capaces de disparar proyectiles cuya energía en boca de cañón supere las 1.200 libras por pie.
Existen a su respecto una cuestión técnica, por cuanto la denominación es anglosajona y para estar de acuerdo con los sistemas de mediación usados en nuestro país la referencia debió haber sido kilográmetros. De todas formas, libra por pie equivale a 0.1383 kilográmetros, es decir que 1.200 libras por pie equivalen a una energía de 165,96 kilográmetros.
Sin embargo, las armas de fuego capaces de disparar un proyectil de un peso determinado a una velocidad tal que puedan dar una energía como la comentada no son armas típicas de las fuerzas armadas o de seguridad, que utilizan armas de puño 9 mm en su generalidad, cuya energía en boca no suele superar los 50 kgm.
Es decir, ello nos lleva al campo propio donde se utilizan los revólveres y pistolas capaces de disparar un proyectil que desarrolle una energía como la citada, que no es otro que la caza deportiva, donde se usan revólveres calibre .44 magnum; .357 magnum o calibres superiores, como arma de caza o remate de piezas, o de defensa cercana del cazador ante una pieza peligrosa herida en caso de ataque de la misma, en situaciones donde no puede usarse el arma principal, que será, en la generalidad de los casos, el fusil o carabina.
Esas armas de puño tienen también uso en una modalidad deportiva denominada siluetas metálicas en donde se dispara a una silueta de animal a cierta distancia.
Por ello, designar a estas armas como de uso exclusivo de fuerzas es desconocer una realidad que deviene del uso que se hace del tipo de armas comentadas.
Por otra parte, dichas armas son de difícil manejo por su elevado retroceso, por lo que se requiere de personas entrenadas para el mismo. Esa característica hace también que resulte imposible realizar fuego continuo y sostenido con las mismas. Además, su uso en delitos es improbable, no registrándose situaciones en que las mismas hayan sido partícipes de esas situaciones.
De más está decir que las armas frecuentemente usadas en delitos son calibres menores, como el .22; .32; .38; 9 mm y similares. Sin perjuicio de lo expuesto, volveremos sobre el tema al tratar la prohibición de ciertos calibres, no sin antes decir que la misma también debería ser eliminada, por cuanto existen similares razones que las anteriormente expuestas para ello, con independencia de otras que se volcarán al tratar el artículo correspondiente.
CON RESPECTO A ESTA Y OTRAS PROHIBICIONES EXPLICITAS O IMPLÍCITAS QUE ESTABLECE EL PROYECTO EN ANÁLISIS, QUE IMPIDEN LA TENENCIA DE NUMEROSOS CALIBRES Y ARMAS CUYA TENENCIA HAN POSEÍDO EN FORMA PACIFICA LOS LEGITIMOS USUARIOS BAJO EL AMPARO DE LA LEY 20.429, SUS DECRETO REGLAMENTARIO Y RESOLUCIONES DEL RENAR, SOSTENEMOS QUE LA LEY – AUN LA FUTURA – DEBE RESPETAR A AQUELLOS QUIENES SE HAN AJUSTADO A SUS PAUTAS Y LA HAN RESPETADO.
EN ESE SENTIDO, LOS LEGITIMOS USUARIOS QUE SE PRESENTARON VOLUNTARIAMENTE Y REGISTRARON SUS ARMAS ANTE EL ORGANISMO DE APLICACIÓN NO PUEDEN SER TRATADOS EN EL FUTURO COMO ILEGALES, NI SER PRIVADOS DEL MATERIAL QUE HAN ADQUIRIDO LEGÍTIMAMENTE Y A UN ELEVADO COSTO PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE, TIRO, CAZA O DEFENSA O CUALQUIER OTRO PROPÓSITO LEGAL.
SOSTENEMOS LA NECESIDAD DE NO AFECTAR DERECHOS ADQUIRIDOS, NI HACER BLANCO DE PREVISIONES LEGALES PROHIBICIONISTAS A QUIENES SIEMPRE HAN ESTADO A DERECHO Y POR ELLO NO CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA LA SOCIEDAD.
Por todo ello y mayores razones que se podrán suministrar si los señores legisladores lo consideran necesario, se propone suprimir este inciso Nro. 7.
En cuanto al inciso 11 también se proponen algunos cambios, puesto que ciertos tipos de miras de las allí mencionadas son utilizadas en algunas actividades de tiro, como las holográficas. No existen antecedentes que faciliten la comisión de delitos, ni pueden entenderse en sí mismas como peligrosas. Entendemos que la actual legislación cubre eficientemente el tema de las miras. Creemos que con algunos cambios en la redacción se cubrirá el espectro que se pretende cubrir, es decir, la utilización de elementos ajenos a la actividad de posible desarrollo legítimo por los legítimos usuarios (o personas autorizadas, en los términos de la presente ley)
Por todo lo que antecede, se propone redactar el inciso 11 de la siguiente forma:
Inc. 11: Accesorios adosables al arma, tales como diversos tipos de miras, que permitan el apuntamiento del arma en la oscuridad, quedando comprendidas, entre otras, miras infrarrojas, designación de blancos con radiación visible o invisible o análogos a dichas categorías.
El inciso 13 merece algunas consideraciones y ajustes en su redacción, aunque la propuesta no es suprimirlo, sino adaptarlo a los hechos prácticos que hacen necesaria esa reconsideración. La munición de proyectil expansivo, de punta hueca deformable o estriada tiene un uso práctico evidente en la caza. Los animales de caza, por ser silvestres y vivir en un medio de ese orden, gozan de gran vitalidad y resistencia.
Los proyectiles mencionados no son, por sí solos más potentes que otro igual del mismo calibre, pero lo que pueden hacer, considerando la balística terminal o de efectos, es transmitir la totalidad de la energía al cuerpo impactado, pues el proyectil al deformarse en su penetración ofrece resistencia al paso y por ello transfiere su energía al cuerpo del animal, lo que provocará, con mayor probabilidad, su derribo con un solo disparo.
En cambio, los proyectiles totalmente encamisados no producirán tal deformación al impactar, como consecuencia de ello atravesarán la presa, la cual, si no es alcanzada en un punto vital podrá escapar luego de recibir el impacto, para morir luego desangrada en un lugar lejano al de la caza, o luego de varios días de sufrimiento por efecto de infecciones o a consecuencias del debilitamiento producido por las causas indicadas.
Los proyectiles totalmente encamisados son proyectiles de guerra, de conformidad con las convenciones que rigen la misma, destinados más a herir que a matar, pero no como comúnmente se dice por cuestiones humanitarias, sino porque un número importante de heridos puede hacer colapsar el sistema hospitalario del enemigo, además de quitar del campo de batalla a una gran cantidad de hombres por necesidad de auxilio de los heridos.
En suma, sostenemos que la redacción del artículo es consecuencia del desconocimiento sobre su necesidad como elemento vital para la caza deportiva, pues el cazador que se precie de tal no pretende hacer sufrir a la presa, sino cobrarla con la mayor rapidez y efectividad posible, dándole una muerte rápida y digna.
Por todo ello, la utilización de proyectiles expansivos, de punta hueca, etc., no deben ser usados excepcionalmente en la caza, sino como norma.
Además de la caza, debe permitirse su uso en el tiro, por dos razones fundamentales: a) Desarrollándose el mismo en un polígono de tiro autorizado, sobre blancos, es indiferente qué punta se usa; b) Si se va a usar en la caza, habrá que reglar las armas para el tiro a distancia y ello debe hacerse con la misma munición que se utilizará en el coto de caza, pues tratándose de impactar en puntos lejanos, el uso de diferente munición determinará variaciones importantes de los puntos de impacto.
No es conveniente, por lo tanto, que se deje librado su uso a la reglamentación y como situación excepcional.
Por todo lo que antecede, se propone redactar el inciso 13 de la siguiente forma:
13. Munición de proyectil expansivo, de punta hueca deformable o estriada. La misma podrá ser utilizada por las Personas Autorizadas para la caza o el tiro deportivo.
Inc. 14.
El inciso 14 merece algunos comentarios de orden similar al anteriormente efectuado. El mismo coloca en forma excepcional y en los términos que fije la reglamentación, su uso para combatir plagas agrícolas. Ese tipo de munición se ha usado para incendio de nidos de aves considerados plaga ubicados en lugares inaccesibles, como ser barrancas, laderas, árboles altos, aunque también se podría usar para combatir a otras especies que no sean aves. Se propone que no dejar librado a la reglamentación dicho uso sino a autorizarlo en la ley, para las personas autorizadas.
Por todo lo que antecede, se propone redactar el inciso 14 de la siguiente forma:
Inc. 14. Munición incendiaria: Se admite su utilización por parte de las Personas Autorizadas con el único propósito de combatir plagas agrícolas.
Inc. 21
El inciso 21 establece una norma en blanco, con remisión general a la reglamentación, para considerar como material exclusivo de las Fuerzas Armadas aquellos que por su poder dañoso o peligrosidad lo amerite. Entendemos que no se trata de una definición acertada, sino una puerta abierta para la arbitrariedad, pues cualquier funcionario podría entender la existencia de dicha peligrosidad aún en situaciones en que ella no existe.
Sugerimos la supresión de ese inciso.
Art. 10, último párrafo
Dice que tales materiales no podrán ser adquirido para su uso por particulares, sin perjuicio de las actividades de fabricación, depósito, transferencias internacionales, etc. Dado que alguno de los materiales pueden ser usados por particulares y adquiridos por los mismos, como ser, munición de punta hueca para la caza y tiro e incendiaria para combatir plagas, se propone coordinar este inciso con esas facultades, eliminando un elemento de confusión.
Por todo lo que antecede, se propone redactar el último párrafo del articulo 10° de la siguiente forma:
Tales materiales no podrán ser adquiridos para su uso por particulares, con excepción de los casos específicamente autorizados en este artículo, sin perjuicio de las actividades de fabricación, depósito, transferencias internacionales, comercialización interna, reparación, coleccionismo, que expresamente pudieran autorizarse.
Art. 11. Materiales controlados de uso permitido.
El art. 11 establece que materiales controlados son de uso permitido y cuáles no.
AQUÍ DEBEMOS EXPRESAR NUESTRA FUERTE DISIDENCIA Y PEDIDO DE REVISIÓN DE LAS PROHIBICIONES DE CALIBRES, A NUESTRO JUICIO, CARENTES DE FUNDAMENTO.
EXPLICAREMOS PORMENORIZADAMENTE EL PORQUE DE NUESTRA OPOSICIÓN
En conjunto, los Arts. 10 y 11 del proyecto en análisis prohíben a los particulares ciertos calibres y armas – con independencia del calibre – sin fundamento.
Veamos tales prohibiciones:
a) Armas de puño y munición con energía en boca superior a los 1200 libras por pie (art. 10 inc. 7).
Cuando tratamos arriba el inciso 7 del artículo 10 hicimos referencia a las armas de puño y su correspondiente munición capaces de disparar proyectiles cuya energía en boca de cañón fuere superior a las 1.200 libras pide, armas que quedarían como de uso exclusivo de las fuerzas. Allí dijimos que se trataban de armas que no eran típicas de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, sino que consistían generalmente en armas cortas de caza o tiro, nada o poco usadas en delitos, potentes, pero poco prácticas para su ocultamiento por su tamaño, por dicha potencia, nada aptas para fuego sostenido, rápido y continuo.
Propusimos suprimir el inciso, pues nada aportará para la seguridad y sí impedirá a los legítimos usuarios la práctica de tiro con arma corta potente y la caza con la misma.
Reiteramos los argumentos expuestos y trataremos las otras prohibiciones que no encuentran razón alguna.
b) Armas de hombro de ánima lisa (escopetas), tiro a tiro o a repetición de calibre hasta 12/70 con cañón menor a 610 mm y semiautomáticas (art. 11, inc. 1).
Como el inciso 1 del art. 11 permite las escopetas tiro a tiro o a repetición con cañón mayor a 610 mm, de hasta el calibre indicado, quedan fuera de lo permitido las escopetas semiautomáticas de todo calibre (de las cuales hay abundante stock) y las de tiro a tiro o a repetición de cañón menor a 610 mm, de las cuales existen muchísimas.
Tradicionalmente y al amparo de la legislación anterior, los usuarios legales podían tener escopetas con cañón superior a los 380 mm, pues las de cañón menor a esa longitud era privativas de las fuerzas armadas y de seguridad. Creemos que ese es el buen criterio y que se debe seguir manteniendo, pues si la ley permitía elementos que han sido adquiridos conforme a la misma y debidamente registrados, lo que demuestra la buena fe del usuario y su voluntad de ajustarse al marco legal, una nueva ley no puede convertirlos en ilegales.
También quedarían fuera de la ley aquellos quienes adquirieron escopetas semiautomáticas, sin importar su calibre. Las escopetas semiautomáticas son usadas en caza y tiro, entre otras, modalidades hélice, platillo, recorrido de caza, etc. También se usan en esas modalidades escopetas, con cualquier sistema de disparo, con cañón inferior a los 610 mm. La prohibición implícita que acarrearían las nuevas normas dejan fuera del sistema a gran cantidad de usuarios, de armas muy difundidas y muy valiosas, que tales usuarios han comprado a su costa para la práctica de un deporte de su predilección o simplemente para la caza, coleccionismo, etc.
Por otra parte, la longitud del cañón o sistema de disparo no hacen más peligrosa al arma, ni cambia su potencia, que en todos los casos se encuentra dada por el calibre. Cuando la ley hasta ahora vigente y su decreto reglamentario establecen una cañón de longitud mínima de 380 mm, lo hacen para evitar que el arma sea fácilmente ocultable, pues se entiende que con un cañón mayor a esa longitud - teniendo en cuenta que para su manejo ese tipo de armas necesita una culata que también extiende su longitud total – ya no se da el presupuesto de ocultabilidad.
c) Fusiles y carabinas tiro a tiro o a repetición de calibres superiores a 7,65 mm o .303 British o equivalentes, solo para quienes acrediten la práctica de caza mayor (art. 11 inc. 3)
Con la redacción del inciso comentado, quedan fuera de la ley los calibres superiores al 7.65 mm y aquellos hasta 7,65 mm sólo son permitidos para quienes acrediten la práctica de caza mayor, eliminándose de los usuarios de esos calibres a quienes practiquen tiro de fusil de grueso calibre en cualquiera de sus variantes, existiendo categorías internacionales de tiro con tales armas, por lo que la norma proyectada afecta al deporte.
Por otra parte, los calibres 7,65 mm y .303 British son equivalentes, pues tienen el mismo diámetro de punta y su energía es similar, por lo que no se comprende la inclusión como si se tratara de cartuchos sustancialmente diferentes. La norma en vista afecta inclusive a la caza, por cuanto existen actualmente en los cotos de caza animales importados de gran tamaño, como búfalos, que requieren calibres como el .458 Winchester Magnum. Afecta igualmente a los cazadores que viajan y cobran presas en países con animales de gran porte. En Africa el calibre menor permitido para la caza es el .375 Holland & Holland, superior en diámetro al 7.65, así como en energía en boca. Dichos cazadores no pueden cazar con armas de calibre insuficiente, no solo por no poder cobrar la presa, sino por el riesgo de vida que implica enfrentar, p. Ej. a un búfalo africano de unos 900 o más kg de peso, sin un arma adecuada.
Es de hacer notar que los calibres de fusiles mayores a 7.65 en el caso de armas modernas poseen una gran energía, pero su alcance es menor al del 7.65, pues el elevado peso de su punta hace que no posean una trayectoria tendida y rasante. Producen tiros cortos y muy potentes, pero no poseen precisión a gran distancia y su trayectoria es muy curva.
Además, las armas de calibres como los comentados son de gran peso y longitud, de elevado costo, no existen antecedentes de su uso en delitos, ni serían prácticas para ello, porque se trata de armas de escasos tiros (dos o tres) muy elevado retroceso, pesadas, que requieren mucho entrenamiento en el uso.
Afecta a los tiradores de pólvora negra, cuyas armas, réplicas de otras antiguas o las propias antiguas conservadas originales son usadas en competencias de tiro con armas similares y aún en la caza, caracterizándose por su grueso calibre, pero mucha menor energía que un arma moderna.
En suma, introduce una prohibición discriminatoria, irrazonable, que no conduce a lograr mayor seguridad y afectará derechos adquiridos.
d) Prohibición de revólveres de calibres superiores al .357 magnum (art. 11 inc. 4)
Se trata de armas de caza, nos hemos referido a las mismas al tratar el punto a) de este apartado, por lo que nos remitimos a lo allí expuesto. Sin perjuicio de ello, debemos remarcar que la prohibición por el grosor del calibre determinará que queden fuera de la ley numerosos calibres de arma corta y larga de mayor diámetro que el .357, pero de mucho menor potencia que el mismo, a modo de ejemplo, pero no limitado a ellos, calibres como el 44.40; .44 Special; .44 Russian, que tienen menos de la mitad de la energía que el .357, pero son mayores en diámetro. Por lo tanto, debería eliminarse dicha prohibición, puesto que siempre el problema no es el arma, elemento mecánico por sí solo inocuo, sino el hombre que la maneja, quien le da significado dañoso o inocuo, con su accionar.
e) Prohibición de pistolas de calibre superior al .40 (art. 11, inc. 5)
Dado que se permiten pistolas hasta calibre .40, quedan prohibidas las de calibre superior al mismo, afectándose entonces a todos los usuarios que legítimamente han adquirido pistolas .45 y de calibres mayores, estas últimas existentes en mucho menor número que las calibre .45.
Armas de puño de calibre .45 han sido fabricadas en el país históricamente en gran cantidad, muchas de las cuales son ahora piezas de colección, como las de la desaparecida fábrica Ballester Molina, existiendo otras de muy buena calidad, como las de la desaparecida DGFM, no siendo un calibre cuyas prestaciones balísticas sean superiores a las de otro calibre permitido.
El calibre .45 es menos penetrante que otros calibres autorizados, posee alcance menor y si bien es muy contundente a corta distancia, el elevado peso de la punta de su munición y escasa velocidad hace que tenga una trayectoria muy curva y por ello su riesgo es menos serio que el de otros calibres de pistola.
Su prohibición no es razonable, por lo que se propicia, al igual que en todos los casos anteriores, rever la misma.
En todos los casos, no se concede justificación alguna para las prohibiciones, ni se establece una compensación justa y acorde a los valores de mercado para los legítimos usuarios que deban desapoderarse de este tipo de armas, mientras que por ley 26.216 se la ha concedido a aquellos que entregaran armas inclusive ilegales.
Esa desigualdad de trato con quien siempre se ajustó a las pautas legales, compró y registró el material que la ley le permitía poseer a un elevado costo, hace prever numerosos conflictos judiciales contra el Estado por el dictado de una norma como la que se encuentra en vista, que afecta retroactivamente derechos adquiridos bajo el amparo de una legislación anterior y no ofrece compensación alguna para el desapoderamiento injusto que instrumenta.
Se propone la siguiente redacción para los incisos cuestionados:
Inc 1. Armas de hombro con cañón de ánima lisa, tiro a tiro, a repetición o semiautomáticas con cañón superior a 380 mm, de calibre hasta 12/70.
Inc. 3. Armas de hombro de ánima rayada, tiro a tiro o a repetición, para quienes acrediten la práctica de tiro deportivo, caza mayor, coleccionismo u otra circunstancia legal que lo amerite.
Inc. 4. Revólveres y pistolas semiautomáticas.
SECCION II - IDENTIFICACIÓN, MARCAJE Y DOCUMENTACION
Marcaje (art. 14, 15 y cc.) y Marcaje de Munición (art. 19 ).
Los requisitos impuestos para el marcaje de armas y municiones son excesivos y no son cumplidos en ninguna parte del mundo. Si bien el número de serie del arma y la marca comercial de la misma son comunes en casi todas las armas modernas y el modelo del arma suele constar en el marcaje de fábrica, siendo también usual que conste el calibre, los otros datos exigidos en el proyecto no son de uso.
En cuanto a las armas existentes y el poder de Legítimos Usuarios, no poseen ese tipo de marcaje – como se ha explicado – y muchos de los datos exigidos ni siquiera se podrán recabar, como el del fabricante, año de fabricación, nombre del importador, lugar de fabricación, país al que fue exportado.
Además, no existen suficientes mecánicos armeros como para realizar rápidamente el marcaje a las armas existentes. Tampoco resulta materialmente posible marcar las partes internas fijas no visibles del arma, muchas veces por imposibilidad material dado su tamaño y en cuanto a las partes externas, dado lo extenso del marcaje pretendido, sobre todo en armas cortas. Ciertos cerrojos por su tamaño no admitirían un marcaje como el propuesto.
Las armas de precisión, utilizadas para práctica de tiro olímpico o internacional no pueden ser marcadas en piezas internas sin desmedro de sus prestaciones, por lo que se las tornará inaptas para su propósito, con desmedro absoluto de su valor.
En cierto tipo de armas este tipo de marcaje no tradicional y fuera de fábrica producirá disminución del valor de la misma, siendo imposible todo marcaje en armas de colección, pues destruyen la calidad de tal de las mismas y su valor.
No se justifica el marcaje de repuestos, como cargadores, además de su dificultad, que algunas veces se torna imposible, como el de cargadores de plástico, cargadores de algunas armas endebles, etc
En suma, el marcaje propuesto no es viable técnicamente.
En cuanto al marcaje de munición, no coincide con el de fábrica, pues no se trata de un marcaje común, siendo imposible marcar el culote una vez fabricada la munición.
De acuerdo con esta norma, sería imposible importar munición puesto que la misma no contiene los datos requeridos y a la vez, no se pude marcar una vez fabricada, por su peligrosidad y por la cantidad de operaciones repetitivas que se requerirían de hacerse posible el marcaje para cada munición individual.
En suma, la norma prohibiría de hecho la importación de munición, siendo que la fabricación nacional es insuficiente y no contempla todos los calibres, de hecho impediría la realización de cualquier actividad, ante la falta de munición que la posibilite.
Se propone que el marcaje del arma no exceda del provisto por su fabricante, que hasta ahora ha servido perfectamente para la identificación del titular del arma. Los datos que generalmente constan son: número del arma, calibre, marca comercial, y, en muchos casos, modelo.
Como en todo el texto del proyecto se ha omitido la actividad de la CAZA COMERCIAL de Liebres europeas se indicarán a lo largo de este documento los agregados que deberían hacerse al mismo
Incluir en el párrafo 1, un inciso que indique “Caza comercial de liebre europea”
TITULO III - PERSONAS AUTORIZADAS - SECCION UNICA
Capítulo I - Persona autorizada. Definición categoría. Requisitos
Art. 21. Persona Autorizada:
La exigencia que los certificados de aptitud física y psicológica sean emitidos por establecimientos públicos de salud, implica una violación a la ley de ejercicio de la medicina, al otorgar a los médicos que realizan su actividad en establecimientos públicos, mayores facultades que a los médicos que ejercen su profesión en forma privada o en establecimientos de ese carácter.
La mencionada limitación resulta irrazonable, máxime teniendo en cuenta además la grave crisis que afecta el sistema público de salud, lo que implicaría demoras interminables en los trámites de los que quieran acceder a la licencia. Esta situación impedirá, de hecho, que existan personas autorizadas.
Esto no sería subsanado por un examen producido por médicos nombrados por las autoridad de aplicación, los que, según el proyecto, deben ser legalizados por el Consejo Profesional, lo que introduce un nuevo trámite y costo ha soportar por la persona autorizada. Debe lograrse un medio más ágil y apto para asegurar la idoneidad psicofísica de la persona autorizada, como ser, médicos registrados ante el RENAR, en forma similar al de la lista de peritos de los juzgados o similar.
Se establece que le profesional es quien debe conservar el archivo de sus exámenes, en ves de la Autoridad de Aplicación, para no recargar a la misma con exceso de documentación. A la autoridad de aplicación debe acreditarse el resultado del examen, mediante la correspondiente planilla, extendida según los recaudos que la misma establezca.
Se propone otorgar al Art. 22 del proyecto la siguiente redacción:
Art. 22: Acreditación de aptitud psíquica y física.
Los certificados de aptitud psíquica y física deberán ser otorgados por hospitales públicos y expedidos por médicos clínicos y psiquiatras o sicólogos, respectivamente, o por profesionales de las mismas especialidades que se encuentren debidamente inscriptos en un listado que a tal efecto llevará la autoridad de aplicación, tanto en su sede central como en sus delegaciones.
Excepcionalmente la autoridad de aplicación podrá admitir certificados otorgados por profesionales de las especialidades citadas que no provengan de hospitales públicos o del listado mencionado, debiendo en ese caso estar legalizada la firma de los médicos y /o psicólogos por el respectivo Consejo Profesional del facultativo otorgante.
La autoridad de aplicación establecerá los exámenes mínimos que deberá analizar el profesional otorgante, quien deberá conservar los antecedentes y entregar al usuario los resultados del examen para ser remitidos por éste a la autoridad de aplicación en las planillas o formularios que reúnan todos los recaudos que dicha autoridad de aplicación determine.
Los exámenes deberán certificar la aptitud física y psíquica para operar con materiales controlados acreditando, entre otros aspectos, la inexistencia de adicción, abuso o consumo de sustancias psicoactivas.
Art. 30. Obligaciones de las Personas Autorizadas :
Las personas autorizadas no son funcionarios públicos y por ello no están obligadas a informar sino sobre lo que hace a su propia condición y cambio o alteración de las mismas, pues ello hace a sus deberes de colaboración con el organismo y de mantener legitimada su condición de tal. Tampoco podrían informar sobre actos que los perjudiquen, por el derecho constitucional de no declarar contra sí mismo. Por ello, son naturales en las personas autorizadas la denuncia de robo, perdida o extravío del material o de las credenciales, lo que debe hacerse de inmediato a que ello ocurra o de que tengan conocimiento del hecho. También están obligadas a facilitar la fiscalización de sus materiales. Sin embargo, en este artículo se coloca como obligación temas que no lo son, sino que constituyen derechos, como ser los del párrafo primero y el séptimo.
Por ello el artículo debería rescribirse, proponiendo lo siguiente:
ART. 30. Derechos y obligaciones de las personas autorizadas:
Sin perjuicio de los derechos y obligaciones específicas de cada actividad, las personas autorizadas tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
1. Realizar cualquier acto de recepción, disposición o entrega de material controlado, exclusivamente con otra persona autorizada.
2. Realizar las actividades permitidas junto con la credencial de persona autorizada y, en su caso, con la licencia y autorización específica correspondiente
3. Informar sobre cualquier alteración de los requisitos que sustentaron la autorización otorgada
4. Registrar las existencia de materiales
5. Facilitar la fiscalización de los materiales y de las actividades autorizadas
6. Denunciar en forma inmediata el robo, hurto o extravío del material autorizado
7. Denunciar en forma inmediata el robo, hurto o extravío de la credencial de persona autorizada, así como de cualquier licencia concedida
El cumplimiento de buena fe de las obligaciones de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa ni de ninguna otra especie.
Incluir un inciso con el texto “Licencia de Caza Comercial de liebres europeas (Lepus europaeus, Pallas 1778).
SECCION II - DE LAS LICENCIAS EN PARTICULAR
Capítulo I - Fabricación
Arts. 44 a 47:
La fabricación nacional de armas es industria nacional, debe tener el mismo respeto y facilidades que cualquier otra industria lícita, sin perjuicio del control estatal por lo sensible de los materiales que son fabricados, pero sin llegar a impedirse la actividad por vía de reglamentaciones demasiado estrictas o sobreabundantes.
Entendemos que el art. 45, inc. f) es una norma inaplicable, puesto que establece que los técnicos del establecimiento y otro personal deben tener actividades estrictamente especificadas, cuando en la práctica lo que ocurre es que los integrantes del establecimiento suelen rotar en sus actividades, no solo por razones de diversificación, sino también por aprendizaje de otras tareas y por promociones. La norma como se encuentra redactada no concilia con las necesidades de la empresa moderna y la cambiante tecnología.
Igualmente es un exceso el requisito de exigir al titular del Poder Ejecutivo que refrende la autorización y renovación de la licencia de fabricante, pues importa un nuevo paso administrativo, cuya demora no se pude fijar de antemano, se trata de un nuevo requisito que se suma a los múltiples existentes, que aseguran tanto el control de material fabricado como su destino.
Además, dado que no se necesitan maquinarias específicas para la fabricación de armas, sino maquinarias industriales comunes, la autorización requerida para enajenar, adquirir, y/o modificar las maquinarias y sus componentes es ociosa y sobreabundante.
El inciso que exige obtener una licencia de comercialización para la venta de las armas fabricadas constituye igualmente una sobre-exigencia de recaudos, puesto que la fabricación no lo es sino con objeto comercial y con la finalidad de vender la producción, no siendo razonable que se fabrique para no vender. Una licencia mayor, como es la de fabricación, debe subsumir la de venta.
Igualmente, la fabricación debe suponer las licencias de depósito y reparación, tanto para reparar el material fabricado que hubiere fallado como para mantener el material en poder de Legítimos Usuarios que deseen que la fábrica lo mantenga en condiciones de uso perfecto, como garantía anexa a la fabricación y venta del material.
Con relación a la licencia de mecánico armero, el art. 67, inc. c) establece la obligación de denunciar una modificación que altere sustancialmente el arma. Ese enunciado es de una laxitud tal que originará numerosas consultas y eventuales incumplimientos de los talleres de reparación.
P. ej: si están comprendidos las tareas que determinan una mejor empuñadura del arma o realizan un cromo sobre las superficies externas de la misma, en vez del pavonado original, pero no modifican el alcance, ni el calibre, ni otras prestaciones. Sería conveniente establecer causales objetivas, como la modificación del calibre, del sistema de disparo, alcance del arma, etc., tarea que debería estar a cargo del organismo de aplicación y no enunciarse en la ley.
Capítulo VI - Recarga de munición
Arts. 68 a 73
La recarga de munición no se encuentra prevista para las Personas Autorizadas, con lo cual se prohíbe a los tiradores, cazadores, etc, recargar cartuchos para su uso exclusivamente personal. Se trata de un tema arraigado, sin el cual la actividad de tiro no podría existir, por sus costos.
Eso tendría proyecciones desastrosas para la actividad de los clubes de tiro, la que prácticamente quedaría extinguida, pues en muchas de las disciplinas que se practican resulta necesaria la recarga, tanto por los costos de la munición en las disciplinas que requieren alto nivel de entrenamiento y el disparo de numerosos tiros como por la necesidad de lograr cartuchos especiales en algunas disciplinas que requieren municiones específicas, que no pueden lograrse sino por medio de recargas artesanales muy costosas de realizar en cuanto al tiempo empleado para su preparación.
Este nivel de exigencia no podrá darse por las empresas de recarga, que dada la finalidad comercial que persiguen no podrían recargar con toda la minuciosidad que se exige con relación a las actividades de precisión ni suministrar el material a los costos que necesita el tirador de alto entrenamiento.
Tampoco estaría contemplada con la licencia a otorgar a entidades de tiro, pues se estaría ante similar dificultad material en cuanto a la preparación de cartuchos específicos para disciplinas que exigen extrema precisión, pues necesariamente las entidades deberían centrar sus esfuerzos en la preparación de la munición necesaria para las disciplinas más comunes.
La recarga por parte de las entidades de tiro tampoco compensaría el costo, puesto que sería mayor siempre que lo que resulta de la recarga por el tirador para sí, en atención a que tendrían que pagar sueldos de los recargadores, lo que no existe cuando el tirador lo hace en función de su propia actividad.
La recarga comercial no da solución para el caso de los cazadores, que recargan munición de calibres que no existen en el mercado o que no son provistos al mismo por la escasa cantidad de tiros que se necesitan, que no se importan o calibres obsoletos, pertenecientes a armas aún operativas.
Ciertas actividades, como la desarrollada con pólvora negra, y la recarga de cartuchos metálicos de este tipo de pólvora, como los del conocido fusil Remington Patria, desaparecerían si no se permite la recarga, atento la inexistencia comercial de munición.
Países que antes habían prohibido la recarga de cartuchos metálicos, como España, ahora la han admitido, ante la certeza que el uso de esta actividad por parte de los tiradores no genera problema alguno.
La recarga de munición por parte de los Legítimos Usuarios no ha dado lugar a inconvenientes, habiendo recientemente aumentado las exigencias del RENAR a su respecto, tales como identificación y registro de las máquinas de recarga.
Lo único a regular sería la cantidad de material a disponer – necesariamente lo estricto para la actividad, sin permitir acopio – por el usuario y su compra controlada, como hasta el presente.
La perspectiva de prohibición de esta actividad hasta ahora lícita, que no se ha comprobado peligrosa daría como posible resultado un aumento de la informalidad y la detención del proceso de registración de las máquinas, lo que sería menos deseable que la regulación del sistema hacia el cual ya se abrió camino la autoridad de aplicación.
En suma, como toda prohibición lo que aumentaría sería el ámbito de la ilegalidad, sin lograrse un mejor control.
En cuanto al marcaje de la munición de recarga, al igual que para el caso de la munición original, es impracticable, no pudiendo ser exigido ningún otro marcaje que aquél que el culote del cartucho tiene de fábrica.
Se propone suprimir todo otro requisito de marcaje para la munición recargada.
Se propone la siguiente modificación al art. 70, para hacer posible la recarga por parte del usuario particular:
Art. 70. Condiciones de la licencia de recarga de munición
La licencia de recarga de munición sólo podrá otorgarse a Personas Autorizadas que cuenten con licencia de fabricación, comercialización interna o a entidades de tiro y en calidad de accesoria a las mismas. También podrán recargar munición, para los calibres que tengan autorizados, las Personas Autorizadas que posean la licencia de tenencia, sólo para uso personal y para las actividades permitidas. A tales efectos, la reglamentación determinará las cantidades máximas de material para recarga que podrán poseer. Los recargadores comprendidos en el párrafo precedente quedan excluidos de las obligaciones establecidas para los recargadores comerciales por el art. 71, referida a la obligación de llevar registros, ni podrán tener personal a cargo para la realización de la recarga.
Idénticamente, se sugiere agregar al art. 75:
Art. 75......
Recargar munición de los calibres autorizados de conformidad con lo establecido en el art. 71.
En virtud de la omisión de la actividad de la CAZA COMERCIAL de Liebres europeas se propone
Incluir un inciso con el texto “Realizar actividades de caza comercial de la liebre europea (Lepus europaeus, Pallas 1778)”.
Más allá de no comprender los motivos que lleve al Estado a poder reclamarle al Ciudadano que acredite razones por las cuales quiere ser propietario de un arma de fuego y de todas las razones ya expresadas por las cuales estamos en desacuerdo con este artículo, se propone adecuar la redacción del Art. 76 a la existencia de la caza comercial de liebres, según se indica:
Artículo 76.-En el inciso a, párrafo ii) reemplazar el texto actual por “práctica de la caza en las formas autorizadas por las autoridades jurisdiccionales en la legislación vigente” y suprimir el ítem iv que limita a dos armas la tenencia por razones de seguridad.
Si se considerara oportuno y, teniendo en cuenta la importancia de la actividad de la caza comercial de la liebre europea en casi la mitad de las provincias del país, puede abrirse un Capítulo específico para la Caza Comercial, tal como el Capítulo XII que se refiere a la Caza Deportiva.
Capítulo VIII - Portación
La exigencia de acreditar la necesidad de protección frente a un peligro “cierto, actual, concreto, grave e inminente” para la seguridad personal del solicitante es inaplicable, por cuanto si dicho peligro es cierto, actual e inminente, antes de la obtención de la licencia ya se habrá verificado la contingencia que se pretendía detener con el pedido de portación.
Por lo tanto, para que la licencia sea efectiva para enervar el peligro, éste no debe ser sino potencial, en grado de amenaza con visos de certeza, puesto que en caso contrario se verificaría en forma previa a toda concesión estatal.
Por lo tanto, debería redactarse nuevamente el inciso, de manera tal de permitirse el acceso a la licencia sin que la misma dependa de recaudos de imposible acreditación y de una evaluación que es arbitraria por definición.
Por todo lo que antecede, se propone redactar al articulo 80° de la siguiente forma:
Art. 80. Requisitos para la licencia de portación:
Además de los recaudos comunes previstos en el art. 38, para obtener la licencia de portación deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
a) Acreditar la titularidad o legitimidad de acceso al arma que se pretende portar;
b) Justificar circunstancias objetivas que ameriten el requerimiento, que podrán fundarse en algunos de los siguientes supuestos:
i) Protección contra un peligro potencial o amenaza con grado de certeza, que pueda afectar en forma inminente y actual a la seguridad personal del solicitante, sus bienes o personas de su entorno.
ii) Protección contra un riesgo potencial derivado de la tarea, profesión u oficio desempeñado por el solicitante
iii) Residencia en zona rural alejada de centros poblados y con escasa vigilancia policial, en cuyo caso la licencia se limitará al área geográfica que determinó el otorgamiento de la licencia.
Las condiciones de inseguridad general por sí solas no ameritan el otorgamiento de la licencia.
Capítulo XII - Caza Deportiva
El valor económico implícito en la organización de este tipo de eventos a los cuales concurren cazadores nacionales y extranjeros de alto poder adquisitivo hace que la calidad del servicio a prestar sea de primer nivel. Para ello un organizador de eventos no va a contratar ni temporal ni definitivamente a personas que no sean idóneas o carente de antecedentes. Sería inviable organizar un evento de caza sin esas previsiones. Por lo tanto, la propia de licencia de Organizador de eventos lleva implícito las previsiones de los inciso c y d por lo que proponemos:
Suprimir los inc. “c” de “denunciar la nómina de personal, el que deberá carecer de antecedentes penales”, “d” “Especificar las actividades a desarrollar por cada uno de los integrantes y personal de la Persona Autorizada si lo hubiera, acreditando sus aptitudes técnicas”
Por otra parte para realizar la actividad de la caza deportiva en las distintas jurisdicciones provinciales en que se va a actuar, se debe dar cumplimiento obligatoriamente a las reglamentaciones vigentes e impuestas por las provincias. No resulta necesario que la ley lo indique expresamente, pues aún que no lo indique ya resulta obligatorio, por lo que proponemos:
Suprimir el inc. “e” de presentar un plan de eventos de caza a desarrollar, debidamente conformado por la autoridad regulatoria de la actividad de caza de la jurisdicción en que estos prevean realizarse.
Por otra parte sería importante tener en cuenta a menores de edad extranjeros que también desean poder participar de estas prácticas deportivas relacionadas con el turismo cinegético de nuestro país agregando un nuevo inciso al Art. 108:, que tentativamente podría redactarse de la manera que se menciona a continuación;
Con expresa conformidad paternal y/o en compañía de uno de sus padres, quien se hará responsable de sus actos, todo menor extranjero podrá ejercer la práctica de la caza deportiva estableciéndose como edad mínima la de doce (12) años.
SECCION SEGUNDA - CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA
La Cooperación Técnica y Financiera tiene su origen en la Ley 23979 que fuera sancionada por el Congreso de la Nación el 14 de Agosto de 1991. Con esa Ley se autorizaba al Ministerio de Defensa a celebrar convenios con entidades públicas o privadas que tengan por objeto la citada cooperación en los términos y con los alcances establecidos en la Ley 23283 sancionada el 28 de setiembre de 1985 conocida como la "ley madre" de los Entes Cooperadores.
En los fundamentos de su dictado la norma legal señala que "mediante esa cooperación técnica y financiera, sin cargo para el Estado, se persigue optimizar el funcionamiento de dichas dependencias" y sigue "las circunstancias de la hora exigen buscar soluciones que permitan superar los problemas actuales, sin que ello importe un aumento de las erogaciones a cargo del Tesoro Nacional".
Por Disposición 244/92 del 19 de Marzo de 1992 del Ministerio de Defensa de la Nación Argentina se autoriza al Registro Nacional de Armas a suscribir en los términos de las Leyes Nros. 23979 y 23283 y sus decretos reglamentarios, el contrato de cooperación técnica y financiera, sin cargo alguno para el Estado Nacional con la ASOCIACIÓN INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DE ARTÍCULOS PARA CAZA Y PESCA (AICACYP), "entidad sin fines de lucro fundada en el año 1939 que nuclea a los elementos más destacados de la actividad".
La Cámara administradora ha cumplido su misión específica de administrar los recursos del Ente Cooperador. No tiene incumbencias ni responsabilidades en el dictado de las normas regulatorias de la actividad; no ingresa ni procesa ni accede a los datos del Banco Nacional Informatizado de Armas de Fuego; no registra ni fiscaliza ni controla ni las armas ni a los usuarios que las compran o las venden. Todas esas facultades son de competencia exclusiva de los Organismos Oficiales expresados en la Ley Nacional de Armas y Explosivos y su Decreto Reglamentario.
Como hemos señalado al principio los recursos que generó el sistema han permitido la viabilidad del contralor por parte del Organismo. Mayores controles sin estos recursos harán inviable las disposiciones de este proyecto de ley
Por todo ello, se propone mantener el sistema de Entes Cooperadores y que los mismos puedan recaer no sólo en entidades públicas sino también privadas. También se propicia que dichas entidades puedan percibir honorarios por dicha administración, puesto que es lógico que la actividad ejercida, que se mostró provechosa para el Estado, los Legítimos Usuarios y el sistema de control estatal de armas, sea remunerada.
Por lo que antecede, se propone que el art. 164 se redacte de la siguiente manera:
Art. 164: Convenios de Cooperación Técnica y Financiera.
Autorízase al RENAR a celebrar, en los términos y con los alcances establecidos en la ley N° 23.283, convenios de Cooperación Técnica y Financiera, sin cargo para el Estado Nacional, con Entidades Públicas o Privadas a fin de propender al mejoramiento y a la modernización de su infraestructura y métodos operativos. Estos convenios se equiparan a los de la ley 23.283, a los efectos de la aplicación del Decreto Nro. 1062/2001.
Las facultades que la ley 23.283 confiere al Ministerio de Justicia y a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, serán ejercidas respectivamente y dentro del ámbito de su competencia por el RENAR.
Los Entes Cooperadores podrán percibir ingresos por las actividades reguladas en la presente ley y por las que continuarán siendo reguladas por la ley 20.429.
SECCION IV - DISPOSICIÓN TRANSITORIA
En primer lugar, la ley implica de hecho, una confiscación de la propiedad de las armas en manos de los ciudadanos, violentando groseramente la prohibición expresa del artículo 17 de la Constitución Nacional, que expresamente dispone que “…La confiscación de bienes queda borrada para siempre del código Penal Argentino…”.
En el sistema que surge del proyecto en cuestión, pasan a ser prohibidas una enorme cantidad de armas que hasta el día de hoy se encuentran permitidas. La consecuencia de dicha prohibición es que el propietario no podrá renovar a su vencimiento la autorización de tenencia de aquellas armas que pasan a ser prohibidas. A partir de esa falta de renovación de autorización de tenencia, quien era una persona encuadrada en la ley, pasa a ser un delincuente (art. 167 del Proyecto).
Las opciones que, según el Proyecto tiene el ciudadano para no ser responsable de un delito son las prescriptas en el artículo 32 inc. 4º del mismo. Esto implica en la realidad una confiscación, ya que el Estado obtiene la transferencia de un arma sin que su propietario reciba precio alguno por tal requisa.
En el sistema del proyecto no está contemplado el pago de indemnización por dicha pérdida de propiedad del arma, siendo esta situación violatoria del articulo 18 de la Constitución Nacional que expresamente dispone: “La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada“.
En el caso concreto del proyecto no se ve cuál es la causa de utilidad pública para privar de la propiedad de armas a sus propietarios legales, y tampoco se dispone de un mecanismo que permita al propietario, privado de su derecho de propiedad, ser correctamente indemnizado y no tratado como un delincuente común.
Es de destacar que la limitación fijada en el artículo 11 del Proyecto implica la declaración de ilegalidad de enorme cantidad de armas de Caza Mayor de importantísimo valor económico.
Si este proyecto pretende declarar la ilegalidad de la propiedad sobre tales armas, debe necesariamente establecer un sistema indemnizatorio a sus propietarios.
Este sistema indemnizatorio debe ser acorde con las disposiciones vigentes en la materia, asegurando al propietario un valor real y actual por cada arma expropiada, debiendo establecerse en la ley la manera en que el Estado Nacional afectará de su presupuesto el monto para pagar tales indemnizaciones.
Llama la atención que ni en el proyecto, ni en la exposición de motivos, se haya efectuado referencia alguna, a las indemnizaciones que deberían percibir los propietarios afectados por la Expropiación forzosa, surgiendo del mismo texto legal una suerte de Confiscación que como hemos dicho, se encuentra fulminada por nuestra Constitución Nacional
Además, si ese material no se mostró más peligroso que otro y el usuario lo utilizó libremente durante años, no se observa porqué ahora debería considerarse prohibido, cuál es la razón por la que en lo sucesivo constituiría algo vedado para ese usuario.
No existe razón alguna más que la adopción de un criterio arbitrario, que seguramente, de ser mantenido, originará serios conflictos de origen legal y juicios contra el Estado.
Por ello, se propone una nueva redacción para el Art. 170, que diga:
Los usuarios que bajo el amparo de la ley 20.429 hubiere adquirido material cuya tenencia no estuviere permitida en los términos de la presente ley, podrán mantener dicho material en su poder y realizar a su respecto cualquiera de los actos previstos en la misma, mientras mantengan su condición de Persona Autorizada de acuerdo con las disposiciones de esta ley.
Sin perjuicio de haberse expuesto los temas más puntuales que afectarían las actividad legal deportiva y comercial, existen otros puntos a modificar para construir una norma que contemple los recaudos de control estatal a la vez que no afecte derechos legales y constitucionales de los usuarios, ni sus derechos adquiridos bajo el amparo de normas precedentes.

References: artículo 10

Artículo 76
in fine
 artículo 17
 artículo 32
 artículo 11