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Timestamp: 2017-12-16 22:25:10+00:00

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Xavier Rius Sant: EL CASO BELLETTI, ENCERRADO EN EL CIE DE ZONA FRANCA, Y SU QUERELLA POR SU ANTERIOR DEVOLUCIÓN EN CALIENTE EN MELILLA.
EL CASO BELLETTI, ENCERRADO EN EL CIE DE ZONA FRANCA, Y SU QUERELLA POR SU ANTERIOR DEVOLUCIÓN EN CALIENTE EN MELILLA.
José Palazón y Teresa Palomo, ayer en el acto del Poble Sec
Ayer, día en que se cumplían las tres semanas de internamiento en el CIE de la Zona Franca del subsahariano Renaud Nyame-Belletti trasladado desde Melilla, donde permaneció más de 9 meses en el Centro de Estancia Temporal (centro en régimen abierto, no es un CIE!), su abogado, Andrés Garcia Berrio, el presidente de la asociación Prodein, José Palazón, y la fotoperiodista Teresa Palomo, han anunciado la querella criminal presentada en su nombre contra la Guardia Civil por una anterior devolución en caliente a Marruecos realizada el pasado 1 de mayo. Cuatro meses después Belleti consiguió saltar la valla y llegar al CETI, donde ha permanecido hasta hace tres semanas.
La diferencia de esta querella a otras como las que han motivado la imputación del Coronel Jefe de la Guardia Civil de Melilla, o las interpuestas contra la Guardia Civil en Ceuta por la tragedia del Tarajal, es que ha sido interpuesta por uno de los afectados, y las imágenes aportadas de esta expulsión ilegal fueron tomadas por el mismo afectado además de diversos fotógrafos. "En ningún momento se le ofreció un intérprete, ni se le abrió un expediente de devolución, ni se le dio la posibilidad de demandar asilo, ni se respetó la legislación de extranjería en lo que respecta a las personas que entran de forma irregular en territorio español, mientras se le devolvía ilegalmente a Marruecos", denunció su abogado.
Según han denunciado en la rueda de prensa y el posterior acto que realizado en el local La Base del Poble Sec, a Belletti, que se destacó por su liderazgo y capacidad de comunicación con los medios informativos, agentes de la Guardia Civil le ofrecieron regularizar su situación y enviarlo a la Península con papeles, si explicaba como se organizaban los saltos y daba datos de quienes los preparaban. Y al negarse, se abortó en dos ocasiones su traslado en barco a la Penísnusla -sin papeles- como se permite a la mayoría de los subsaharianos, eritreos, malieneses o somalís que llegan saltando o por mar cuando ya llevan meses en el Centro de Estancia Temporal de Melilla.
Como explicó José Palazón, los únicos a quienes se traslada con papeles a la Península, son los ciudadanos sirios a los que la policia fronteriza marroquí, bien porque muestran un su pasaporte sirio, bien por llevar uno marroquí falso -que cuestan entre 1.500 y 3.000 euros- acceden al puesto fronterizo español y allí, identificándose como sirios que huyen de la guerra, piden asilo político.
Palazón y Palomo explicaron con todo tipo de detalles e imágenes como actua la Guardia Civil, que entregan a los capturados saltando o encaramados a las vallas, a soldados marroquíes ubicados entre las tres vallas dentro de territorio español, los cuales suelen maltratar y golpearlos tanto en territorio español, como ya pasada la primera valla, en el marroquí.
Video grabado por el propio Belletti
CIE de Barcelona, Zona Franca, donde está detenido Renaud Nyame-Belletti
Precisamente tras la imputación del Coronel Jefe de la Guardia Civil en Melilla, el Partido Popular introdujo una enmienda en el trámite en el Senado de la ley de Seguridad Ciudadana para modificar la ley de extranjería y legalizar este tipo de devoluciones. Si bien en la enmienda inicial se decía en el punto cuarto que se aprobaría un protocolo de actuación, cosa que daría pié a fijar que tipo de fuerza se puede usar, quin puede estar entre las vallas (ahora hay marroquíes en suelo español) y qué pasa con los que resultan heridos, que ahora son entregados a los soldados marroquíes con brazos rotos, llenos de cortes o inconscientes, finalmente este puento se ha eliminado del texto aprobado.
Algunos artículos míos en El Periódico sobre Ceuta, Melilla, los CETI y la valla:
-Leer en El Periódico sobre la tragedia del Tarajal "Ceuta y los muertos en agua salada"
TEXTO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA APROBADA EL JUEVES EN EL SENADO, QUE MODIFICA LA LEY DE EXTRANJERÍA, LEGALIZANDO LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE.
Como se ve se ha eliminado el punto 4 que preveía la aprobación de un protocolo de actuación:
"Modificación, de resultas de la cual la redacción propuesta para el apartado 1 de la disposición final primera (nueva) del Proyecto de Ley Orgánica pasa a ser la siguiente:
«1. Se adiciona una disposición adicional décima a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con la siguiente redacción:
(...) La ley entrará en vigor el 1 de julio de 2015, excepto la disposición adicional 1 (Devolución en caliente) que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE
AUTO IMPUTACIÓN CORONEL JEFE GUARDIA CIVIL DE MELILLA POR LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE Y EL TRATO O MALOS TRATOS A LOS DEVUELTOS A MARRUECOS
Este precepto, lleva a una primera conclusión provisional, susceptible de prueba en contrario, consistente en afirmar que el terreno entre vallas es suelo español y está sujeto a
un criterio de gobierno, político, o de simple operatividad policial.
CUARTO.- Así las cosas, para un mejor entendimiento de la cuestión jurídica planteada, debe recordarse que el artículo 96.1 de la Constitución Española dice que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”.
En el caso estudiado, ya se han expuesto los distintos tratados internacionales suscritos entre los reinos de España y Marruecos sobre la delimitación fronteriza de la ciudad de Melilla. En cambio, en la documentación aportada por la Guardia Civil no se indica cual es el precepto o norma jurídica que ampara el concepto operativo de frontera, más allá de una remisión genérica a que se trata de un “concepto consolidado desde el año 2005”.
Por todo ello, debe traerse a colación el artículo 9.3 de la Constitución Española que expresamente “garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
En base a los argumentos expuestos, este instructor llega a la conclusión provisional de que existen indicios que permiten afirmar, con la provisionalidad propia del momento procesal en el que nos encontramos, que mediante el uso del concepto operativo de frontera pudo haber tenido lugar una derogación de facto de los tratados internacionales suscritos entre ambos países en materia de delimitación de los límites fronterizos, ya que no se aplicó la legislación española en materia de extranjería a aquellas personas que los días 18.06.14 y 13.08.14 asaltaron la valla
de Melilla, como se indica a continuación.
QUINTO.- Dispone el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que “toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho.
Si no hubiesen designado Procurador o Letrado, se les requerirá para que lo verifiquen o se les nombrará de oficio si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a estado en que se necesite el consejo de aquellos o hayan de intentar algún recurso que hiciese indispensable su actuación”.
Por otro lado, el artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que “el juez que instruya el sumario practicará las diligencias que le propusieran el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes personadas, si no las considera inútiles o perjudiciales”.
Finalmente, el artículo 486 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que “la persona a quien se le impute un acto punible deberá ser citada sólo para ser oída, a no ser que la ley disponga lo contrario, o que desde luego proceda su detención”.
SEXTO.- Para la estimación como legítimas de las diligencias de investigación o de prueba, sin perjuicio del análisis de pertinencia contemplado en el artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe también realizarse la ponderación jurisdiccional del respeto y ajuste a la actividad instructora en cuanto objeto y finalidad, y a la proporcionalidad entre la medida que se propone y el resultado que se persigue. Todo ello a la luz de la doctrina jurisprudencial sentada, entre otras, en Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2006 (con cita de otras anteriores, así como de las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 7 de julio y 20 de noviembre de 1989, y 27 de septiembre y 19 de diciembre de 1990), que precisa que en el juicio sobre la admisión o inadmisión de las diligencias probatorias interesadas al juzgador debe ponderarse si el medio probatorio interesado es:
a) pertinente, en el sentido de concerniente o atinente a lo que en el procedimiento en concreto se trata, es decir, que “venga a propósito” del objeto del enjuiciamiento, que guarde auténtica relación con él;
b) necesario, pues de su práctica el juzgador puede extraer información de la que es menester disponer para la decisión sobre algún aspecto esencial, debiendo ser, por tanto, no sólo pertinente sino también influyente en la decisión última del Tribunal;
y c) posible, toda vez que al juez no le puede ser exigible una diligencia que vaya más allá del razonable agotamiento de las posibilidades para la realización de la prueba que, en ocasiones, desde un principio se revela ya como en modo alguno factible.
SEXTO.- Hechos imputados.-
De lo hasta ahora actuado, de las imágenes aportadas mediante soporte digital y de los informes presentados ante esta instrucción por la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla y la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Melilla se desprende, con la provisionalidad propia del momento procesal en el que nos encontramos, que los días 18.06.14 y 13.08.14, un número
indeterminado de ciudadanos extranjeros accedió a Melilla por punto no habilitado al
efecto, asaltando la valla que delimita la frontera entre los reinos de España y Marruecos y siendo entregados de manera inmediata a las fuerzas auxiliares marroquíes, sin aplicar la legislación de extranjería (pese a encontrarse a disposición de funcionarios españoles). En las imágenes, se aprecia que por un grupo de agentes de la Guardia Civil, son entregadas varias personas a los funcionarios marroquíes a través de la apertura de las puertas ubicadas en las vallas, incluida la
valla interior y la ubicada en el entrevallado, engrilletados y alguno de ellos con síntomas visibles de encontrarse lesionado.
Para llevar a cabo esta actuación, no se habría trasladado a ningún ciudadano subsahariano a las dependencias de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Melilla (como se expone en los dos informes presentados en este Juzgado por la Policía Nacional), tal y como se exige en la legislación de extranjería y en particular en el artículo 1 del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992 y con fecha de entrada en vigor el 21 de octubre de 2012 (BOE núm. 299, de 13 de diciembre de 2012), al decir que “las autoridades fronterizas del Estado requerido readmitirán en su territorio, a petición formal de las autoridades fronterizas del Estado requirente, a los nacionales de países terceros que hubieren entrado ilegalmente en el territorio de este último procedente del de Estado requerido”.
Por otro lado, el artículo 2 del mismo texto legal dispone que “(…) la solicitud de readmisión deberá ser presentada en los diez días posteriores a la entrada ilegal en el territorio del Estado requerido. En ella se harán constar todos los datos disponibles relativos a la identidad, a la documentación personal eventualmente poseída por el extranjero y a las condiciones de su entrada ilegal en el territorio del Estado requirente, así como cualquier otra información de que se disponga sobre el mismo.
Cuando la readmisión es aceptada, se documenta mediante la expedición por las Autoridades de frontera del Estado requerido de un certificado o de cualquier otro documento en el que se hace constar otro documento en el que se hace constar la identidad y, en su caso, la documentación poseída por el extranjero en cuestión”.
De esta manera, el acuerdo prevé la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente en territorio nacional, pero obliga al mismo tiempo a observar unas mínimas garantías para que esa readmisión se realice en forma, sin que conste que en los días analizados en este procedimiento se cumpliera ninguna de ellas, a saber:
1. Petición formal de las autoridades fronterizas del Estado requirente.
2. La solicitud de readmisión debe ser presentada en los diez días posteriores a la entrada ilegal en el territorio del Estado requerido. En ella se harán constar todos los datos disponibles relativos a la identidad, a la documentación personal eventualmente poseída por el extranjero y a las
condiciones de su entrada ilegal en el territorio del Estado requirente, así como cualquier otra información de que se disponga sobre el mismo.
3. En caso de aceptación de la readmisión por el estado requerido, la norma obliga a que la misma se tiene que documentar mediante la expedición por las Autoridades de frontera del Estado requerido de un certificado o de cualquier otro documento en el que se hace constar otro documento en el que se hace constar la identidad y, en su caso, la documentación poseída
por el extranjero en cuestión.
SÉPTIMO.- Las diligencias que se acuerdan en la parte dispositiva de este auto, tienen por objeto la comprobación de los hechos ya expuestos en los razonamientos jurídicos de este auto, consistentes en esclarecer si los días 18.06.14 y 13.08.14 se llevaron a cabo en la valla de Melilla entregas de ciudadanos extranjeros a las autoridades marroquíes sin observar la legislación española vigente y, si esto fuera así, si tal manera de actuar pudiera ser constitutiva de infracción
penal, en concreto y sin perjuicio de una más depurada calificación de un delito de prevaricación previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal.
La comprobación de tales hechos, determina al mismo tiempo la necesaria imputación al presente estadio procesal de la persona que se indica a continuación, que goza en plenitud de su derecho a la presunción de inocencia:
· Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, por el delito de prevaricación previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, al ser la persona que dicta la Orden de Servicio 6/2014 titulada “Dispositivo anti intrusión en la valla perimetral de Melilla y protocolo operativo de vigilancia de fronteras”, fechada el día 11 de abril de 2014 y ser la persona al mando del dispositivo.
Procede dirigir el procedimiento frente al mismo, quien será llamado a declarar con asistencia letrada en el día y hora que se señalará en la Parte Dispositiva.
Asimismo, a la vista de lo anteriormente expuesto y atendiendo a las diligencias de investigación practicadas hasta el momento y ya expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 299, 311, 456, 777, y demás concordantes de la LECrim, en aras a la averiguación de los hechos y presuntos delitos objeto de la presente instrucción, y en orden a determinar la responsabilidad del imputado referido en la presente resolución en los hechos objeto de investigación, así como la eventual calificación que en sede instructora pudieren merecer los mismos, la diligencia que se acuerda resulta útil, necesaria y eficaz a los fines de la instrucción, ya que la plena clarificación de los hechos investigados no puede alcanzarse de otro modo; todo ello en los términos que se dirán en la Parte Dispositiva de la presente resolución.
OCTAVO.- Los hechos e indicios expuestos, justifican la imputación de la persona citada, siendo necesario oírla en declaración con la debida asistencia letrada en orden a garantizar sus derechos, y sin perjuicio de lo que resulte tras la práctica de las diligencias de investigación que se puedan decretar.
1. Recíbase declaración en calidad de imputado, con asistencia letrada, en los términos referidos en los razonamientos jurídicos de la presente resolución, al Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, dirigiéndose el procedimiento frente al mismo, señalándose a tal efecto el próximo día 3 de octubre de 2014, a las 9:00 horas, en la UPAD - Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 (9ª-Planta), a quien le será notificada la
misma a los efectos prevenidos en el art. 118 LECrim.
Llévese a cabo la anterior citación, con entrega de copia de la presente resolución.
Notifíquese este auto al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas, haciéndoles saber que contra el auto cabe interponer, ante este Juzgado, RECURSO DE REFORMA en el plazo de los TRES DÍAS siguientes a su notificación y/o RECURSO DE APELACIÓN, subsidiariamente con el de reforma o por separado, en este caso, dentro del plazo de los CINCO DÍAS siguientes a la notificación.
Así lo manda, acuerda y firma Emilio Lamo de Espinosa Vázquez de Sola, juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Melilla. Doy fe.
El Juez La Secretario Judicial
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References: artículo 96
 artículo 9
 artículo 118
 artículo 311
 artículo 486
 artículo 311
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 404
 artículo 404
 resolución