Source: https://www.scribd.com/doc/211650245/El-camino-hacia-una-Nueva-Constitucion
Timestamp: 2019-01-17 09:41:52+00:00

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Documento de Pedro Felipe Ramírez, miembro de la Comisión Política de la Izquierda Ciudadana
EL CAMINO HACIA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN / Izquierda Ciudadana
EL CAMINO HACIA LA NUEVA CONSTITUCION
Michelle Bachelet ha declarado que un eje principal de su programa de Gobierno es la aprobación de una nueva Constitución, tramitada en democracia, dentro de la institucionalidad. Ha precisado que al hablar de “nueva Constitución” está poniéndose como objetivo algo mucho más amplio que lograr algunas reformas constitucionales y electorales, por muy importantes que ellas sean, como es el caso del binominal. Al decir “tramitada en democracia” ha indicado que ello debe hacerse con amplia participación ciudadana, sin perjuicio que finalmente sea aprobada por un plebiscito. Y al agregar “dentro de la institucionalidad”, está comprometiendo someterse, de una u otra manera, a las normas que establece la actual Constitución Política. Esto, para evitar todo riesgo de crisis institucional. ¿Existe algún camino para lograr esto? Este artículo no pretende dar la respuesta. Solo persigue estimular una reflexión serena sobre la que sea talvez la propuesta más trascendente y determinante del futuro Gobierno. Analicemos algunos de los caminos sugeridos por diversos personeros. 1. Están en primer lugar los que señalan que ello debe hacerse principalmente en el Congreso, conforme a las normas que establece la Constitución. Uno de los caminos sugeridos por esta vía es la formación de una Comisión Bicameral para redactar una nueva Constitución. El Título XV de la actual señala: “El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Si la reforma recayere sobre los capítulos I, III, VIII, XI, XII o XV, necesitará, en cada Cámara, la aprobación de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio.” Estos últimos capítulos son: I Bases de la Institucionalidad III De los Deberes y Derechos Constitucionales VIII Tribunal Constitucional
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XI XII XV
Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública Consejo de Seguridad Nacional Reforma de la Constitución
En el caso de reformas que sólo necesitan de las tres quintas partes de los miembros de cada Cámara, se requieren 72 diputados y 23 senadores. Cuando se trata de reformas que exigen los dos tercios, estas cifras se elevan a 80 diputados y 26 senadores. Suponiendo que la derecha no doble en ningún distrito ni circunscripción en la próxima elección parlamentaria, para que la Nueva Mayoría obtenga 72 diputados requiere doblar en 12 distritos de los 60; para obtener 80, necesita doblar en 20. En el caso del Senado, para que llegue a 23 senadores requiere doblar en 4 de las 10 circunscripciones que se renuevan; para alcanzar 26, necesita doblar en 7. Todo indica que no se obtendrán tantos doblajes, por lo que, sin considerar incluso probables defecciones de algunos de sus diputados y senadores que muchas veces votan con la derecha, para que este camino fructifique se necesitará obligatoriamente llegar a un acuerdo con la derecha o sectores de ella en cada uno de los artículos, lo que sin duda limitará el alcance de las reformas y, por lo mismo, concitará gran desconfianza en la ciudadanía y una pérdida de apoyo al Gobierno. Otro camino señalado, por el cual se hacen ahora nuevos intentos, es el de la reforma del binominal. Aparte de que probablemente la fórmula que se apruebe, si es que ello ocurre, no permita que la Nueva Mayoría logre los quórum que exigen las reformas constitucionales, en la Cámara esto tendría efecto recién a partir del 2018 y en el Senado, en parte en 2018 y en parte en 2022. Es un camino por tanto que no le permite a Michelle Bachelet cumplir con lo prometido. 2. En oposición a las propuestas anteriores están las de convocar a una Asamblea Constituyente o a una Asamblea Ciudadana para redactar una nueva Constitución: la primera vinculante, la segunda solo propositiva. Ambas dando un protagonismo fundamental a la ciudadanía y generando seguramente un enorme respaldo. El problema es que no es indiscutible el camino constitucional que lo permite. Ambas exigirían que en algún momento el Ejecutivo convoque a una Plebiscito vinculante. Se podría argumentar que los Plebiscitos son vinculantes, ya que el Artículo 5° de la Constitución establece:
La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. El problema mayor es que la Constitución solo autoriza al Presidente de la República a convocar a plebiscito en los casos del artículo 128: Si el Presidente de la República rechazare totalmente (u observare parcialmente) un proyecto de reforma aprobado por ambas Cámaras y éstas insistieren por las dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, el Presidente deberá promulgar dicho proyecto, a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito. Fernando Atria ha postulado que en relación a un decreto supremo por el que se convoca a un plebiscito, el Tribunal Constitucional sólo podrá ser requerido por el Senado o la Cámara de Diputados, de modo que teniendo mayoría en ambas ramas del Congreso se estaría en condiciones de impedir que el Tribunal resolviera sobre él y por tanto el decreto quedaría validado. Efectivamente, el artículo 93 de la Constitución, que fija las atribuciones del Tribunal Constitucional, establece: 5º Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones. Y más adelante señala: En el caso del número 5º, la cuestión podrá promoverse a requerimiento del Senado o de la Cámara de Diputados, dentro de diez días contados desde la fecha de publicación del decreto que fije el día de la consulta plebiscitaria. Sin embargo, el Contralor General, en virtud del artículo 99, podría representar que el decreto es contrario a la Constitución, argumentando que el artículo 32 faculta al Presidente de la República a convocar a plebiscito solo en los casos del artículo 128; y ante tal evento, el Presidente no tendrá la facultad de insistir y solo podrá requerir al Tribunal Constitucional para que resuelva la controversia. Artículo 99. En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer, pero deberá darles curso cuando, a pesar de su
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ESTRATEGIA POLÍTICA / IZQUIERDA CIUDADANA representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. Si la representación tuviere lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley, a un decreto promulgatorio de una ley o de una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado, o a un decreto o resolución por ser contrario a la Constitución, el Presidente de la República no tendrá la facultad de insistir, y en caso de no conformarse con la representación de la Contraloría deberá remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de diez días, a fin de que éste resuelva la controversia.
3. En el probable escenario que la Nueva Mayoría no logre elegir una cantidad de Senadores y Diputados suficientes para alcanzar los quórum que establece la Constitución para hacer reformas constitucionales, no se descubre un camino indiscutido para aprobar por sí sola una nueva Constitución, tramitada en democracia y dentro de la institucionalidad. De confirmarse esta hipótesis, sería necesario lograr un acuerdo con la derecha o parte de ella. Naturalmente facilita esto el que Michelle Bachelet alcance en noviembre un alto respaldo presidencial y parlamentario, para después en el Gobierno, enviar al Congreso un proyecto de reforma constitucional que permita eludir la capacidad de veto de la derecha. Un proyecto sustentado en un sólido argumento democrático, que facilite la negociación política y estimule simultáneamente una amplia y activa movilización ciudadana. Si se opta porque sea en el Congreso donde finalmente se debata y apruebe la nueva Constitución hay dos iniciativas en las que se podría pensar. Una de ellas es la de retornar a los quorum que la Constitución del 25 exigía para las reformas constitucionales: El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara, el voto conforme de la mayoría de los Diputados y Senadores en actual ejercicio. Otra reforma podría ser dar la opción a la Presidenta de la República para consultar a la ciudadanía mediante plebiscito en caso que el Congreso no apruebe una reforma constitucional propuesta por ella, como sí lo establece para cuando ella rechaza una reforma constitucional aprobada e insistida por el Congreso. En ambos escenarios, el Gobierno podría preparar un proyecto de nueva Constitución mediante un proceso de alta participación ciudadana, sabiendo todos que será posible
EL CAMINO HACIA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN / Izquierda Ciudadana aprobarlo finalmente en el Congreso o por medio de un plebiscito, con legítima participación de la derecha pero sin capacidad de veto. Si se prefiere el camino de la Asamblea Constituyente podría enviarse un proyecto de reforma constitucional para instalarla. Para lograr su aprobación es muy decisivo que la conformación, generación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente que se proponga sea capaz de alcanzar importante adhesión y confianza ciudadana, por lo que sería necesario atender, entre otros, los siguientes criterios: a). Que sea elegida por votación universal; b) Que su composición y forma de elección garantice una efectiva representación de la pluralidad ciudadana y que pueda realizar su trabajo en un plazo razonable; c) Que se establezca un amplio sistema de información, consultas e iniciativa de la ciudadanía; d) Que el proyecto sea finalmente aprobado mediante un plebiscito; y e) Que mientras no entre en vigencia la Nueva Constitución sigan funcionando las instituciones que establece la actual. De ser posible constitucionalmente que por la vía de un decreto o de una ley se convoque a una consulta ciudadana (aunque sea no vinculante) sobre el camino que prefiere, ello podría fortalecer enormemente la propuesta de la Presidenta. 4. De lo expuesto también se descubre que estamos ante un desafío donde no existe aún una respuesta que pueda levantarse como superior a las demás. Un desafío que nos incumbe a todos y ante el cual no caben posturas intransigentes ni menos descalificaciones. Es evidente que en el seno de la Nueva Mayoría hay muchos que prefieren que todo se tramite en el Congreso. Es respetable. Lo que sí se les puede exigir es que sus propuestas conduzcan efectivamente a que la Presidenta cumpla en el lapso de su mandato con la promesa de aprobar una nueva Constitución, tramitada en democracia. Hay otros que prefieren un camino que dé a la ciudadanía un protagonismo decisivo. También es respetable. Lo que si se les puede exigir es que sus propuestas no lleven al futuro Gobierno a una derrota en el Tribunal Constitucional o a una crisis institucional de incierto desenlace. Unos y otros, en todo caso, estamos obligados a respaldar con lealtad la promesa de la Presidenta y el camino que ella elija para cumplirla. P.D: Del debate tenido en el grupo de conversación, surgieron muchas ideas, algunas de las cuales rescato acá: 1. Que la ofensiva política que debe impulsar el Gobierno para aprobar una nueva Constitución requiere contar con una importante movilización ciudadana, por lo que
ESTRATEGIA POLÍTICA / IZQUIERDA CIUDADANA debe iniciarse en un momento de alto respaldo popular. Es conveniente, por lo tanto, que sus primeras iniciativas conciten gran adhesión, como son la reforma educacional, la reforma tributaria, medidas de fortalecimiento del sistema público de salud, reformas en el campo laboral, etc.
2. Que, dada la escasa comprensión que vastos sectores tienen sobre la necesidad de que el país se dote de una nueva Constitución, es conveniente desplegar una gran campaña comunicacional destinada a explicar la importancia de este proyecto. 3. Que para lograr una amplia aceptación ciudadana al objetivo de dotarnos de una nueva Constitución y los quórum parlamentarios que se requieren para viabilizarla institucionalmente, es deseable contar con una derecha que rompa con el pasado pinochetista y que comprenda que el desarrollo futuro del país exige de un nuevo pacto constitucional, que deje atrás el agotado pacto que dio origen a la transición.
Pedro Felipe Ramírez Comisión Política, Izquierda Ciudadana de Chile.
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References: Artículo 5
 artículo 128
 artículo 93
 artículo 99
 artículo 32
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 Artículo 99
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