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Timestamp: 2019-03-19 00:05:04+00:00

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Art�culo 3 �Requisitos de las personas titulares
CAP�TULO II.� R�gimen de la titularidad compartida
Art�culo 4 �Administraci�n, representaci�n y responsabilidad de la explotaci�n agraria de titularidad compartida
Art�culo 5 �Reparto de rendimientos
Art�culo 6 �Registro de titularidad compartida
Art�culo 7 �Coordinaci�n registral
Art�culo 8 �Extinci�n
CAP�TULO III.� Medidas en materia fiscal, de seguridad social y de subvenciones y ayudas p�blicas
Art�culo 9 �R�gimen fiscal de la titularidad compartida
Art�culo 10 �Medidas en materia de Seguridad Social
Art�culo 11 �R�gimen de las ayudas agrarias
Art�culo 12 �Medidas de fomento y ayudas p�blicas
CAP�TULO IV.� Compensaci�n econ�mica por raz�n de colaboraci�n efectiva en la explotaci�n agraria
Art�culo 13 �Reconocimiento del derecho a la compensaci�n econ�mica
Art�culo 14 �Cuant�a y pago de la compensaci�n
Art�culo 15 �Plazo de reclamaci�n
Disposici�n adicional primera �Constituci�n de sociedades de responsabilidad limitada
Disposici�n adicional segunda �Modificaci�n de los registros p�blicos
Disposici�n adicional quinta �Modificaci�n de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Mar�tima del Estado
Disposici�n final segunda �Modificaci�n de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernizaci�n de las explotaciones agrarias
Disposici�n final tercera �Modificaci�n de la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integraci�n de los trabajadores por cuenta propia del R�gimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el R�gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut�nomos
Disposici�n final cuarta �Fundamento constitucional
La sociedad espa�ola ha experimentado una profunda transformaci�n en los �ltimos treinta a�os en el reconocimiento pleno de la igualdad de derechos y libertades entre mujeres y hombres.
A pesar de esto, la equiparaci�n de sexos en las zonas rurales evoluciona de forma m�s lenta, lo cual constituye una caracter�stica com�n de todos los pa�ses de nuestro entorno. Prueba de ello, es la presencia mayoritaria de hombres en el mundo rural como consecuencia de la migraci�n de las mujeres j�venes del campo a las ciudades. Las largas jornadas de trabajo, las responsabilidades dom�sticas no compartidas en la mayor parte de los casos y la falta de reconocimiento econ�mico, profesional y social del trabajo de las mujeres, son los principales motivos de este fen�meno.
En el �mbito de la explotaci�n familiar del medio rural, son muchas las mujeres que comparten con los hombres las tareas agrarias, asumiendo buena parte de las mismas y aportando tanto bienes como trabajo. Sin embargo, en la mayor�a de los casos, figura s�lo el hombre como titular de la explotaci�n agraria, lo que dificulta que se valore adecuadamente la participaci�n de la mujer en los derechos y obligaciones derivados de la gesti�n de dicha explotaci�n, en condiciones de igualdad. En Espa�a, m�s del 70 por ciento de los titulares de explotaci�n agraria son hombres.
En Espa�a no hay limitaciones legales al acceso a la propiedad agr�cola por parte de las mujeres (aunque la realidad muestra que cuando ellas son las titulares, suele tratarse de explotaciones de dimensiones econ�micas reducidas y baja rentabilidad), pero s� dificultades pr�cticas para el acceso al cr�dito o a otros bienes y derechos inmateriales por estar vinculados no a la propiedad de la tierra, sino a su rendimiento, es decir, a la titularidad de la explotaci�n. Adem�s, los estereotipos tradicionales siguen vigentes en el medio rural. El trabajo de las mujeres sigue entendi�ndose m�s bien como una �ayuda familiar� que complementa a la renta principal y no como una aportaci�n econ�mica efectiva.
El papel de la mujer en el �mbito rural tiene presente y futuro. El desarrollo del medio rural es fundamental para la vertebraci�n de Espa�a y as� lo ha entendido la Uni�n Europea mediante la Directiva 41/2010, de 7 de julio. Las mujeres rurales, hoy todav�a a pesar de los avances en igualdad, siguen siendo vulnerables e invisibles; y sin embargo ellas son la base del mantenimiento, conservaci�n y desarrollo de las �reas rurales en t�rminos econ�micos, sociales, y culturales.
A pesar del avance que supuso para el r�gimen jur�dico de organizaci�n de la tierra en el mundo rural la regulaci�n de las explotaciones agrarias conforme a la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernizaci�n de explotaciones agrarias, la pr�ctica demuestra que hay ciertos aspectos que deben corregirse por el efecto negativo que producen en la situaci�n de las mujeres que viven y participan en dichas explotaciones. Aunque existen desde hace tiempo figuras societarias suficientes, en el ordenamiento jur�dico civil y mercantil, para que las mujeres ostenten los mismos derechos que los hombres, haci�ndolos valer en el mercado y en el tr�fico jur�dico y econ�mico, sin embargo, la realidad social demuestra que las mujeres que trabajan en las explotaciones agrarias no han recurrido a tales figuras societarias. El Estado pretende, con esta iniciativa legal, adaptar el marco jur�dico a la realidad social.
La titularidad compartida est� llamada a constituir un factor de cambio de las estructuras agrarias de modo que las mujeres del mundo rural gocen de una igualdad de derechos efectiva respecto de los hombres. Ello permitir� la supresi�n de barreras formales y sustantivas, as� como la potenciaci�n de ciertos valores en las mujeres del mundo rural, tales como la confianza, la igualdad y la no discriminaci�n, la visibilidad y, por tanto el desarrollo sostenible.
El legislador espa�ol pretende as� instaurar un marco legal para las personas del medio rural, garante de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en el mundo rural, de la protecci�n social y de Seguridad Social correspondiente, de la educaci�n y formaci�n, y del reconocimiento pleno de su trabajo a todos los niveles.
Dos normas con rango de Ley constituyen el primer reconocimiento jur�dico de lo que ya es conocido como la titularidad compartida de explotaciones agrarias. Por una parte, el art�culo 30 de la Ley Org�nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, instando a desarrollar dicha figura jur�dica, para que se reconociesen plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protecci�n de la Seguridad Social, y el reconocimiento de su trabajo. Por otra parte, la disposici�n adicional cuarta de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, recogi� un mandato dirigido al Gobierno para promover y desarrollar el r�gimen de titularidad compartida de bienes, derechos y obligaciones en el sector agrario y la correspondiente protecci�n de la Seguridad Social.
Como primer desarrollo de dichas normas el Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias cre�, a efectos administrativos y como medida de fomento, la titularidad compartida como una nueva figura preferencial adicional a las reguladas en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernizaci�n de las explotaciones agrarias.
Adem�s en Europa tambi�n se ha trabajado en este sentido, como lo demuestra la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio, sobre aplicaci�n del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad aut�noma.
Partiendo de estos antecedentes, la presente Ley regula la titularidad compartida de las explotaciones agrarias. La Ley ofrece una nueva figura jur�dica de car�cter voluntario, que persigue promover esta modalidad de explotaci�n agraria como un veh�culo para alcanzar la verdadera equiparaci�n de las mujeres y los hombres en la explotaci�n agraria, dando cumplimiento efectivo al principio de igualdad y no discriminaci�n proclamado en la Constituci�n. Su objetivo es ir m�s all� de una regulaci�n de efectos administrativos, puesto que se trata de promover una acci�n positiva que logre dar visibilidad a las mujeres y que �stas puedan ejercer y disfrutar de todos los derechos derivados de su trabajo en las explotaciones agr�colas en t�rminos de igualdad con respecto a los hombres, favoreciendo la asunci�n de decisiones gerenciales y de los riesgos y responsabilidades derivados de aqu�llas. La figura que se crea queda perfilada en el art�culo 2 como unidad econ�mica, sin personalidad jur�dica, y susceptible de imposici�n a efectos fiscales, que constituye un matrimonio o pareja de hecho, para la gesti�n conjunta de la explotaci�n agraria, diferenciando entre la titularidad de la explotaci�n y la titularidad dominical de los bienes y sus derechos, cuyo r�gimen jur�dico civil no se ve afectado en ning�n caso. Esta Ley otorga a estas explotaciones agrarias de titularidad compartida la condici�n de prioritarias, conforme a la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernizaci�n de explotaciones agrarias, de forma que gozar�n de la ventaja de tener un orden preferente a la obtenci�n de beneficios, ayudas y dem�s medidas de fomento impulsadas por las Administraciones P�blicas, siempre y cuando uno de ellos sea agricultor profesional y la renta unitaria de trabajo que se obtenga de la explotaci�n no supere en un 50 por 100 el m�ximo de lo establecido en la legislaci�n correspondiente para las explotaciones prioritarias.
La Ley regula, adem�s, otro mecanismo para el reconocimiento de los derechos econ�micos de las mujeres que realicen tareas en la explotaci�n. As�, quien habiendo participado de manera efectiva y regular no reciba pago o contraprestaci�n alguna por el trabajo realizado y no haya constituido con su c�nyuge o pareja de hecho una titularidad compartida tendr� derecho a una compensaci�n econ�mica en los supuestos tanto de transmisi�n de la explotaci�n como de extinci�n del matrimonio o pareja de hecho.
Adem�s de lo expuesto, existe la posibilidad, seg�n se recoge en la disposici�n adicional primera, del acceso a la administraci�n conjunta de la explotaci�n agraria, pero sin crear la figura jur�dica de la titularidad compartida, mediante la constituci�n de una sociedad de responsabilidad limitada de las previstas en el art�culo 5.2 del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el �mbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversi�n y la creaci�n de empleo, cuyos estatutos se ajustar�n a los Estatutos-tipo que apruebe el Ministro de Justicia. Cabe se�alar que el r�gimen de titularidad compartida que se establece en la presente Ley no es de aplicaci�n a las sociedades de responsabilidad limitada a las que hace referencia esta disposici�n adicional primera.
En consecuencia, la finalidad de la Ley es promover y favorecer la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el medio rural, a trav�s del reconocimiento jur�dico y econ�mico derivado de su participaci�n en la actividad agraria.
Por �ltimo, hay que destacar que la Ley introduce una regulaci�n que, informada por el principio de igualdad b�sica entre todos los espa�oles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, seg�n el tenor del art�culo 149.1.1.� de la Constituci�n, tiene, adem�s, un fundamento constitucional particular y preciso para los preceptos que la integran. De este modo, la disposici�n final cuarta precisa que la competencia del Estado para dictar la norma se encuentra, junto con el t�tulo que deriva del principio de igualdad evocado, en los t�tulos que le habilitan para producir legislaci�n b�sica en materia de bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica, en materia de legislaci�n civil, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se derivan del derecho civil foral o especial, en materia de legislaci�n mercantil, y en las materias de Hacienda general y Deuda p�blica y de legislaci�n b�sica y r�gimen econ�mico de la Seguridad Social.
La Ley se estructura en cuatro cap�tulos, seis disposiciones adicionales, una disposici�n transitoria y cinco disposiciones finales.
El cap�tulo I establece las disposiciones generales: objeto y finalidad, naturaleza de la explotaci�n agraria de titularidad compartida, definiciones y requisitos de las personas titulares de la explotaci�n agraria de titularidad compartida.
El cap�tulo II establece el r�gimen jur�dico de la titularidad compartida en cuanto se refiere a la administraci�n, representaci�n y responsabilidad de la explotaci�n agraria de titularidad compartida, al reparto de rendimientos, a la inscripci�n en el Registro de la correspondiente Comunidad Aut�noma, con valor constitutivo, y en el Registro estatal existente en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Finalmente, regula este cap�tulo el r�gimen de extinci�n de la titularidad compartida.
El cap�tulo III establece el r�gimen fiscal y las medidas en materia de Seguridad Social aplicables a este tipo de explotaciones agrarias. De igual modo regula las medidas relativas al r�gimen de las ayudas agrarias y de las ayudas p�blicas y subvenciones destinadas a la incentivaci�n de la constituci�n de las titularidades compartidas de las explotaciones agrarias.
El cap�tulo IV se ocupa de la protecci�n econ�mica del c�nyuge o pareja de hecho frente al titular, por raz�n de su colaboraci�n en la explotaci�n agraria, reconociendo por su actividad efectiva y regular en la explotaci�n, cuando no reciba pago o contraprestaci�n alguna por el trabajo realizado, ni se haya acogido al r�gimen de titularidad compartida prevista en la presente Ley, el derecho a reclamar una compensaci�n econ�mica.
La disposici�n adicional primera establece la futura aprobaci�n de un modelo simplificado de estatutos por el Ministerio de Justicia al cual se podr�n acoger aquellas personas f�sicas que pudiendo constituirse en titularidad compartida de explotaci�n agraria de acuerdo con la presente Ley no la constituyan y decidan formalizar una sociedad de responsabilidad limitada.
La disposici�n adicional segunda establece la modificaci�n de los registros p�blicos ministeriales a fin de que sus bases de datos identifiquen a ambas personas titulares de la explotaci�n agraria de titularidad compartida.
La disposici�n transitoria �nica establece la obligaci�n de revisar, para su adaptaci�n a la presente Ley, las inscripciones existentes en el Registro de Titularidad compartida en el plazo de seis meses a partir de la aprobaci�n de la nueva norma reglamentaria reguladora de dicho Registro, permaneciendo hasta entonces vigentes el Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias y la Orden ARM/2763/2009, de 5 de octubre, por la que se regula dicho Registro.
La disposici�n final primera autoriza al Gobierno y a los Ministros de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de Econom�a y Hacienda, de Justicia, de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad y de Trabajo e Inmigraci�n a adoptar, en su �mbito, las disposiciones de car�cter general necesarias para la ejecuci�n y desarrollo de lo previsto en la Ley.
La disposici�n final segunda introduce determinadas modificaciones en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernizaci�n de las explotaciones agrarias, al objeto de acomodarla a la nueva figura de la titularidad compartida.
La disposici�n final tercera, modifica la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integraci�n de los trabajadores por cuenta propia del R�gimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el R�gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut�nomos.
Por �ltimo la disposici�n final cuarta se refiere a la determinaci�n de los t�tulos competenciales para la promulgaci�n de la presente Ley.
1. El objeto de esta Ley es la regulaci�n de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias con el fin de promover y favorecer la igualdad real y efectiva de las mujeres en el medio rural, a trav�s del reconocimiento jur�dico y econ�mico de su participaci�n en la actividad agraria.
2. En caso de no constituci�n de titularidad compartida, su objeto es la regulaci�n de los derechos econ�micos generados a favor del c�nyuge o persona vinculada por an�loga relaci�n de afectividad, frente al titular de la explotaci�n agraria, como contraprestaci�n por su actividad agraria, efectiva y regular en la explotaci�n, en la manera y con los efectos previstos en el cap�tulo IV de esta Ley.
1. La explotaci�n agraria de titularidad compartida es la unidad econ�mica, sin personalidad jur�dica y susceptible de imposici�n a efectos fiscales, que se constituye por un matrimonio o pareja unida por an�loga relaci�n de afectividad, para la gesti�n conjunta de la explotaci�n agraria.
2. La constituci�n de la titularidad compartida de una explotaci�n agraria no alterar� el r�gimen jur�dico de los bienes y derechos que la conformen ni el r�gimen jur�dico matrimonial o pactos patrimoniales de las parejas de hecho ni el r�gimen sucesorio, sin perjuicio de lo establecido en el cap�tulo IV de esta Ley.
Art�culo 3 Requisitos de las personas titulares
Las personas titulares de la explotaci�n agraria en r�gimen de titularidad compartida deber�n:
– Ejercer la actividad agraria y trabajar en la misma de modo directo y personal tal y como est� definido en la Ley 19/1995, de 4 de julio.
– Residir en el �mbito territorial rural en que radique la explotaci�n.
R�gimen de la titularidad compartida
Art�culo 4 Administraci�n, representaci�n y responsabilidad de la explotaci�n agraria de titularidad compartida
1. La administraci�n corresponder� a ambas personas titulares conjuntamente.
2. La representaci�n de la explotaci�n de titularidad compartida, ser� solidaria, con excepci�n de los actos que supongan, disposici�n, enajenaci�n o gravamen de la misma, en los que dicha representaci�n ser� mancomunada.
Art�culo 5 Reparto de rendimientos
1. Los rendimientos generados por la explotaci�n se repartir�n al 50 por ciento entre ambas personas titulares de la explotaci�n agraria de titularidad compartida.
2. Una vez repartidos, estos rendimientos se regir�n por lo dispuesto en el r�gimen econ�mico matrimonial de ambos c�nyuges o los pactos patrimoniales que, en su caso, hayan suscrito las parejas de hecho.
Art�culo 6 Registro de titularidad compartida
1. Para que la titularidad compartida de las explotaciones agrarias produzca todos sus efectos jur�dicos ser� precisa su inscripci�n previa en el Registro constituido al efecto por la correspondiente Comunidad Aut�noma.
2. La inscripci�n en el Registro a que se refiere el apartado anterior tendr� car�cter constitutivo y se realizar� mediante la presentaci�n de una declaraci�n conjunta en la que hagan constar lo siguiente:
c) Datos de los bienes y derechos que conforman la explotaci�n agraria de titularidad compartida. En particular, en el caso de bienes inmuebles y de derechos reales sobre los mismos, se deber� especificar la referencia catastral y cualesquiera otros datos que pudieran resultar de la normativa vigente.
d) N�mero de Identificaci�n Fiscal asignado por la Administraci�n tributaria competente conforme al art�culo 9 de esta Ley.
La declaraci�n conjunta podr� asimismo presentarse a trav�s del sistema de firma electr�nica, de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr�nico de los ciudadanos a los Servicios P�blicos.
3. En el plazo de tres meses se efectuar�n, por el Registro correspondiente, las comprobaciones que fueren pertinentes y efectuada la inscripci�n dentro de dicho plazo, sus efectos se retrotraer�n al momento de la presentaci�n realizada por las partes a que se refiere el apartado 2. Transcurrido dicho plazo sin contestaci�n denegatoria por parte del Registro se entender� efectuada la inscripci�n por silencio administrativo.
4. El registro correspondiente de gesti�n auton�mica expedir� un certificado en el que consten, como m�nimo, los datos a que se refiere el apartado 2.
V�ase el D [EXTREMADURA] 106/2016, de 19 de julio, por el que se crea y regula el Registro de Titularidad Compartida de explotaciones agrarias de la Comunidad Aut�noma de Extremadura (�D.O.E.� 25 julio). V�ase D [PRINCIPADO DE ASTURIAS] 73/2013, 11 septiembre, sobre Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida del Principado de Asturias (�B.O.P.A.� 19 septiembre). V�ase D [GALICIA] 200/2012, 4 octubre, por el que se regula el Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia (�D.O.G.� 15 octubre).
Art�culo 7 Coordinaci�n registral
1. En el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino existir� un Registro en el que se reflejar�n las declaraciones de titularidad compartida, y sus variaciones, recibidas del �rgano competente de las distintas comunidades aut�nomas.
2. Dicho Registro deber� contener, al menos, la identificaci�n de las personas titulares de la explotaci�n agraria de titularidad compartida y, en su caso, del representante designado por �stas, as� como la identificaci�n de la explotaci�n y su n�mero de identificaci�n fiscal.
3. Las comunidades aut�nomas comunicar�n trimestralmente al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino los datos facilitados por las personas titulares de la explotaci�n agraria de titularidad compartida, as� como sus variaciones, a los efectos de su constancia en el registro.
4. El contenido del citado registro se determinar� reglamentariamente.
V�ase Orden AAA/1408/2012, de 26 de junio, por la que se regula el Registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida (�B.O.E.� 29 junio).
Art�culo 8 Extinci�n
1. La titularidad compartida de las explotaciones agrarias se extinguir�:
a) Por nulidad, separaci�n o disoluci�n del matrimonio.
b) Por ruptura de la pareja de hecho, o por la muerte o la declaraci�n de fallecimiento de uno de sus miembros.
c) Por p�rdida de la titularidad de la explotaci�n agraria por cualquier causa legalmente establecida.
d) Por transmisi�n de la titularidad de la explotaci�n a terceros.
e) Cuando por alguna de las dos personas titulares dejen de cumplirse los requisitos previstos en el art�culo 3 de esta Ley.
f) Por acuerdo entre las personas titulares de la explotaci�n agraria de titularidad compartida manifestado mediante comparecencia personal o firma electr�nica ante el registro de titularidad compartida regulado en el art�culo 6 de esta Ley.
2. La concurrencia de alguna de las causas establecidas en las letras a) a e), ambas inclusive, del apartado anterior ser� comunicada por la persona interesada y en su defecto por la otra persona titular o por sus herederos, al registro de titularidad compartida regulado en el art�culo 6 de esta Ley.
Medidas en materia fiscal, de seguridad social y de subvenciones y ayudas p�blicas
Art�culo 9 R�gimen fiscal de la titularidad compartida
1. La titularidad compartida de explotaciones agrarias tendr� la consideraci�n a efectos tributarios de entidad del art�culo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Toda titularidad compartida de explotaci�n agraria en su consideraci�n de entidad del art�culo 35.4 de la Ley General Tributaria, tendr� un n�mero de identificaci�n fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria.
Este n�mero de identificaci�n fiscal ser� facilitado por la Administraci�n General del Estado, de oficio o a instancia de la persona interesada.
El procedimiento de asignaci�n y revocaci�n, la composici�n del n�mero de identificaci�n fiscal y la forma en que deber� utilizarse en las relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria ser� el regulado en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gesti�n e inspecci�n tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicaci�n de los tributos aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entender� sin perjuicio de los reg�menes forales de los Territorios Hist�ricos del Pa�s Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, conforme a lo establecido en el art�culo 1.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Art�culo 10 Medidas en materia de Seguridad Social
1. El ejercicio de una actividad agraria por parte de las personas titulares de una explotaci�n agraria de titularidad compartida determina la inclusi�n en el sistema de la Seguridad Social.
2. El c�nyuge de la persona titular de una explotaci�n agraria a que se refiere la disposici�n adicional primera de la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integraci�n de los trabajadores por cuenta propia del R�gimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el R�gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut�nomos, que se constituya en titular de la explotaci�n agraria de titularidad compartida, tendr� derecho a los beneficios en la cotizaci�n a la Seguridad Social a que se refiere la citada disposici�n, siempre que se cumplan las condiciones en ella establecidas.
3. Lo previsto en el apartado anterior ser� aplicable al miembro de la pareja de hecho que se constituya en titular de la explotaci�n agraria en r�gimen de titularidad compartida, una vez que se regule, en el �mbito de aplicaci�n del sistema de la Seguridad Social y de los Reg�menes que lo forman, el alcance del encuadramiento de las parejas de hecho de los titulares de explotaciones agrarias, de conformidad con lo previsto en la disposici�n adicional segunda de la citada Ley 18/2007, de 4 de julio.
Art�culo 11 R�gimen de las ayudas agrarias
1. Las subvenciones, las ayudas directas y las ayudas de desarrollo rural, ya procedan de fuentes de financiaci�n europeas, estatales o auton�micas, asociadas a la explotaci�n agraria de titularidad compartida, corresponder�n por mitades iguales a favor de cada uno de los c�nyuges o miembros de la pareja de hecho titulares de las explotaciones agrarias de titularidad compartida, y la solicitud de las citadas ayudas se realizar� a nombre de la entidad de titularidad compartida que constituye la explotaci�n agraria de titularidad compartida, efectu�ndose el pago correspondiente en la cuenta bancaria asociada a la titularidad compartida.
2. Cada una de las personas titulares de la explotaci�n agraria de titularidad compartida tendr� la consideraci�n de beneficiaria directa de las ayudas correspondientes al r�gimen de pago �nico de la Pol�tica Agr�cola Com�n, quedando exenta de retenci�n de derechos la cesi�n de los mismos que una de las personas titulares deba realizar a favor de la unidad econ�mica.
Art�culo 12 Medidas de fomento y ayudas p�blicas
1. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, con los requisitos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, y o�das las organizaciones profesionales agrarias y las organizaciones no gubernamentales de mujeres rurales, arbitrar� las medidas necesarias para fomentar la constituci�n de explotaciones agrarias de titularidad compartida.
2. La explotaci�n agraria de titularidad compartida tendr� la consideraci�n de explotaci�n agraria prioritaria a los efectos previstos en la Ley 19/1995, de 4 de julio siempre que la renta unitaria de trabajo que se obtenga de la explotaci�n no supere en un 50 por 100 el m�ximo de lo establecido en la legislaci�n correspondiente para las explotaciones prioritarias. Adem�s, adicionalmente a los requisitos previstos en el art�culo 3 de la presente Ley, uno de los dos titulares ha de tener la consideraci�n de agricultor profesional, conforme a lo establecido en el apartado 5 del art�culo 2 de Ley 19/1995, de 4 de julio.
3. Las bases reguladoras de subvenciones financiadas por la Administraci�n General del Estado, incorporar�n para beneficiar a las explotaciones agrarias de titularidad compartida un trato preferente. Dicho trato preferente consistir�, a igualdad de requisitos para las explotaciones y para cada nivel de apoyo, en el incremento de la ponderaci�n o puntuaci�n en los criterios objetivos de otorgamiento de subvenciones y ayudas p�blicas establecidas en las referidas bases reguladoras, adicionalmente a otras situaciones de preferencia y prioridad establecidas en el resto del ordenamiento jur�dico.
4. Las personas titulares de explotaciones agrarias de titularidad compartida tendr�n un derecho preferente en las actividades de formaci�n y asesoramiento en materia de agricultura.
5. Todas las disposiciones, planes y programas elaborados por la Administraci�n General del Estado en materia de agricultura, medio rural y medio ambiente deber�n tomar en consideraci�n las medidas incentivadoras y de fomento de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias previstas en esta Ley, realizando las justificaciones precisas a tales efectos en la correspondiente memoria.
Compensaci�n econ�mica por raz�n de colaboraci�n efectiva en la explotaci�n agraria
Art�culo 13 Reconocimiento del derecho a la compensaci�n econ�mica
1. Las personas casadas o unidas por an�loga relaci�n de afectividad que participen de manera efectiva y regular en la actividad agraria de la explotaci�n, que no reciban pago o contraprestaci�n alguna por el trabajo realizado ni se hayan acogido al r�gimen de titularidad compartida previsto en la presente Ley, tendr�n derecho a una compensaci�n econ�mica en los t�rminos y con los efectos jur�dicos que se se�alan en el apartado y art�culos siguientes. La acreditaci�n del trabajo efectivo se podr� hacer con cualquier medio de prueba admitido en derecho. No obstante, se presumir� dicho trabajo efectivo en el caso de matrimonios cuyo r�gimen econ�mico sea el de gananciales.
2. En los casos de transmisi�n de la explotaci�n agraria, de nulidad o disoluci�n del matrimonio por cualquiera de las causas previstas en el art�culo 85 del C�digo Civil, o de la an�loga relaci�n de afectividad por separaci�n, nulidad, o muerte, o en los supuestos de liquidaci�n del r�gimen econ�mico del matrimonio o de las relaciones patrimoniales establecidas por la pareja de hecho, las personas a las que se refiere el apartado 1 tendr�n derecho a exigir una compensaci�n econ�mica al otro titular de la explotaci�n agraria o a sus herederos.
Art�culo 14 Cuant�a y pago de la compensaci�n
1. Para el c�lculo de la compensaci�n se tendr� en cuenta el valor real de la explotaci�n agraria, el tiempo efectivo y real de colaboraci�n en la actividad agraria y la valoraci�n de la actividad en el mercado, extremos que se probar�n con los medios de prueba admitidos en derecho.
2. La compensaci�n ser� compatible con otros derechos de car�cter patrimonial a los que tenga derecho el c�nyuge o miembro de la pareja de hecho.
3. La compensaci�n se satisfar� preferentemente en un solo pago, sin perjuicio de lo que las partes puedan pactar sobre la cuant�a, forma, plazos y garant�a para el pago de la compensaci�n.
Art�culo 15 Plazo de reclamaci�n
La acci�n para reclamar el pago de la compensaci�n prescribir� a los cinco a�os contados desde el cumplimiento de los supuestos previstos en el art�culo 13.2 de esta Ley.
Disposici�n adicional primera Constituci�n de sociedades de responsabilidad limitada
Quienes cumpliendo los requisitos previstos en el art�culo 3 de la presente Ley decidan no crear una explotaci�n agraria de titularidad compartida, podr�n constituir entre s� una sociedad de responsabilidad limitada de las previstas en el art�culo 5. Dos del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el �mbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversi�n y la creaci�n de empleo. Estas sociedades se ajustar�n a los Estatutos-tipo que se aprueben por el Ministerio de Justicia, con las bonificaciones y exenciones fiscales que legalmente se determinen.
Disposici�n adicional segunda Modificaci�n de los registros p�blicos
Los departamentos ministeriales responsables adoptar�n las medidas necesarias para que en los registros p�blicos que proceda se identifique a las personas titulares de las explotaciones agrarias de titularidad compartida.
En el plazo de tres meses tras la aprobaci�n de esta ley, el Gobierno establecer� un programa plurianual que contemple una campa�a de sensibilizaci�n y difusi�n del acceso a la titularidad compartida y de los incentivos para acogerse a esta modalidad.
Transcurridos los primeros tres a�os de aplicaci�n de la presente Ley, el Gobierno realizar� una evaluaci�n de los resultados de la aplicaci�n de la misma, as� como su impacto en aquellas Comunidades Aut�nomas con un Derecho Civil propio, proponiendo las modificaciones que, en su caso, estime procedentes, y la remitir� al Congreso de los Diputados.
Disposici�n adicional quinta Modificaci�n de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Mar�tima del Estado
Se a�ade un T�tulo VI a la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Mar�tima del Estado, con la siguiente redacci�n:
Regularizaci�n de buques pesqueros en el Censo de la Flota Pesquera Operativa y en el Registro de Buques y Empresas Navieras
Art�culo 109 Regularizaci�n de buques
Se establece un procedimiento de regularizaci�n de las inscripciones en el Registro de Buques y Empresas Navieras, dependiente del Ministerio de Fomento, as� como en el Censo de la Flota Pesquera Operativa, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de aquellas embarcaciones de pesca en las que el material del casco, la potencia propulsora o los valores de eslora, manga, puntal o arqueo no coincidan con sus correspondientes datos registrales, que cumplan las condiciones establecidas en esta Ley.
Art�culo 110 Condiciones de regularizaci�n
1. Se podr�n acoger a este procedimiento los armadores o propietarios que hubieran presentado en plazo la solicitud de regularizaci�n en el marco de la Ley 9/2007, de 22 de junio, sobre regularizaci�n y actualizaci�n de inscripciones de embarcaciones pesqueras en el Registro de Buques y Empresas Navieras y en el Censo de la Flota Pesquera Operativa, y no fueron admitidas a tr�mite o hubieran sido desestimadas en virtud de lo establecido en el art�culo 3 de la citada Ley. Este procedimiento ser� de aplicaci�n a los expedientes instruidos y pendientes de aportaci�n de bajas o resueltos cuya eficacia qued� demorada hasta el momento de la aportaci�n de bajas.
2. Podr�n acogerse tambi�n, aquellos propietarios o armadores de embarcaciones que hubiesen presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2007, en la regularizaci�n citada en el p�rrafo primero.
3. En ning�n caso la regularizaci�n o actualizaci�n del Censo o Registro perjudicar� los derechos adquiridos por tercero a t�tulo oneroso y de buena fe durante la vigencia del asiento que se rectifique.
Art�culo 111 Requisitos para la aportaci�n de bajas
1. En el supuesto de que las variaciones producidas respecto a los datos inscritos supongan un incremento del arqueo o la potencia propulsora de la embarcaci�n, sus propietarios o armadores deber�n aportar como baja las unidades pesqueras operativas necesarias para compensar dichos incrementos, de acuerdo con los criterios aplicables a la construcci�n y modernizaci�n de buques pesqueros establecidos en el Real Decreto 1549/2009 de 9 de octubre, sobre ordenaci�n del sector pesquero y adaptaci�n al Fondo Europeo de la Pesca, con excepci�n de lo previsto en el art�culo 3.c) de dicho Real Decreto. Se admitir� una tolerancia en arqueo de 1,00 GT para embarcaciones menores de 10 metros de eslora total y de 0,8 GT para las restantes, y hasta 20 caballos de vapor en ambos casos.
2. Las bajas necesarias se aportar�n en el plazo que se establezca por la autoridad competente para la resoluci�n del expediente, pudiendo proceder de cualquier censo por modalidades de pesca o caladero sin limitaci�n de puerto base y admiti�ndose la aportaci�n de una o varias bajas, que necesariamente ser�n desguazadas, para la regularizaci�n de varias embarcaciones.
3. Durante el periodo de aportaci�n de bajas ninguno de los datos registrales podr� sufrir variaciones, a excepci�n de los cambios de titularidad por motivos de fallecimiento o incapacidad permanente del propietario.
El incumplimiento de lo establecido en el par�grafo anterior supondr� la resoluci�n desestimatoria de la regularizaci�n solicitada.
4. Los buques regularizados con la aportaci�n de las bajas correspondientes deber�n ejercer la actividad pesquera de forma continuada y permanecer de alta en el Censo de la Flota Pesquera Operativa y en el Registro de Buques y Empresas Navieras, durante al menos dos a�os desde la anotaci�n de las nuevas dimensiones en la hoja de asiento, para poder ser aportados como baja en los procedimientos de construcci�n o modernizaci�n de buques pesqueros o para poder recibir ayudas a la paralizaci�n definitiva de las actividades pesqueras y siempre que re�nan los requisitos establecidos para ello.
5. En defecto de aportaci�n de la baja correspondiente resultante de los procedimientos instruidos en el marco de la Ley 9/2007, de 22 de junio, y de esta Ley, se proceder� a la anotaci�n de las caracter�sticas reales en el Registro de Buques y Empresas Navieras y en el Censo de la Flota Pesquera Operativa. A partir de dicha anotaci�n ninguno de los datos registrales podr� sufrir variaci�n hasta su baja definitiva, a excepci�n de los cambios de titularidad por motivos de fallecimiento o incapacidad permanente del propietario, trasmisi�n �nter vivos entre familiares de primer grado que no sean titulares de otra embarcaci�n o modificaciones t�cnicas justificativas que sean certificadas por la autoridad competente del puerto base. Estas embarcaciones no podr�n recibir ning�n tipo de ayuda p�blica ni ser aportadas como baja en ning�n caso durante su vida �til, al final de la cual deber�n ser desguazadas sin ninguna subvenci�n, lo que figurar� anotado en los anteriores registros.
6. No obstante, si una vez realizada la anotaci�n de las caracter�sticas reales a que hace referencia el apartado anterior, el armador aportara las bajas correspondientes a las diferencias existentes entre los datos reales anotados y los datos registrales anteriores, conforme a lo establecido en el art�culo 53.3 del Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, los efectos restrictivos establecidos en el apartado anterior quedar�n anulados.
Art�culo 112 Procedimiento
Los Ministerios de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y de Fomento, consultadas las Comunidades Aut�nomas afectadas, establecer�n el procedimiento administrativo para la tramitaci�n y resoluci�n de la regularizaci�n.
Art�culo 113 Efectos de la regularizaci�n
Aquellos armadores o propietarios de buques, incluidos en el �mbito de aplicaci�n del art�culo 110 que no soliciten su regularizaci�n, ser�n dados de baja provisional en el Censo de la Flota Pesquera Operativa, no pudiendo realizar actividad pesquera alguna.�
Los poderes p�blicos fomentar�n la titularidad compartida en cuanto a su presencia en los �rganos rectores de las entidades asociativas agrarias.
En el plazo de seis meses a contar desde la publicaci�n de la nueva disposici�n reglamentaria que regule el Registro de titularidad compartida, deber�n revisarse las inscripciones existentes para adaptarlas a los requisitos y condiciones establecidos en la presente Ley. Hasta entonces seguir�n vigentes el Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias y la Orden ARM/2763/2009, de 5 de octubre, por la que se regula el Registro de titularidad compartida de explotaciones agrarias.
Por el Gobierno y por los Ministros de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de Justicia, de Econom�a y Hacienda, de Trabajo e Inmigraci�n y de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad, se adoptar�n, en el �mbito de sus respectivas competencias, las disposiciones de car�cter general necesarias para la aplicaci�n, ejecuci�n y desarrollo de lo previsto en la presente Ley.
Disposici�n final segunda Modificaci�n de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernizaci�n de las explotaciones agrarias
1. El segundo p�rrafo del apartado 1 del art�culo 2 queda redactado como sigue:
�Asimismo, a efectos de esta Ley y de las disposiciones correspondientes al encuadramiento en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios incluidos en el R�gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut�nomos, se considerar� como actividad agraria la venta directa por parte de agricultoras o agricultores de la producci�n propia sin transformaci�n o la primera transformaci�n de los mismos, cuyo producto final est� incluido en el anexo I del art�culo 38 del Tratado de funcionamiento de la Uni�n Europea, dentro de los elementos que integren la explotaci�n, en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales permanentes, consider�ndose tambi�n actividad agraria toda aquella que implique la gesti�n o la direcci�n y gerencia de la explotaci�n.�
2. El apartado 4 del art�culo 2 queda redactado como sigue:
�4. Titular de la explotaci�n: la persona f�sica, ya sea en r�gimen de titularidad �nica, ya sea en r�gimen de titularidad compartida inscrita en el registro correspondiente, o la persona jur�dica, que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y derechos integrantes de la explotaci�n con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la gesti�n de la explotaci�n.�
3. El apartado 5 del art�culo 2 queda redactado como sigue:
�Agricultor profesional, la persona f�sica que siendo titular de una explotaci�n agraria, al menos el 50 % de su renta total la obtenga de actividades agrarias u otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria de su explotaci�n no sea inferior al 25 % de su renta total y el volumen de empleo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea igual o superior a la mitad de una Unidad de Trabajo Agrario.
A estos efectos se considerar�n actividades complementarias la participaci�n y presencia de la persona titular, como consecuencia de elecci�n p�blica, en instituciones de car�cter representativo, as� como en �rganos de representaci�n de car�cter sindical, cooperativo o profesional, siempre que �stos se hallen vinculados al sector agrario. Tambi�n se considerar�n actividades complementarias las de transformaci�n de los productos de la explotaci�n agraria y la venta directa de los productos transformados de su explotaci�n, siempre y cuando no sea la primera transformaci�n especificada en el apartado 1 del art�culo 2, as� como las relacionadas con la conservaci�n del espacio natural y protecci�n del medio ambiente, el turismo rural o agroturismo, al igual que las cineg�ticas y artesanales realizadas en su explotaci�n.�
4. La letra d) del apartado 1 del art�culo 4 queda redactada como sigue:
�Estar dado de alta en el R�gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut�nomos o, en su caso, en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios incluido en dicho R�gimen. Las agricultoras y los agricultores profesionales que no est�n encuadrados en el r�gimen anterior deber�n cumplir los requisitos indicativos de su profesionalidad agraria establecidos a estos efectos por las Comunidades Aut�nomas.�
5. El apartado 2 del art�culo 4 queda redactado como sigue:
�2. Las explotaciones agrarias de titularidad compartida tendr�n la consideraci�n de explotaciones prioritarias en los t�rminos establecidos en la Ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.�
6. La letra b) del art�culo 6 queda redactada como sigue.
�b) Sociedades civiles, laborales u otras mercantiles que, en caso de que sean an�nimas, sus acciones deber�n nominativas, siempre que m�s del 50 por 100 del capital social, de existir este, pertenezca a socios que sean agricultores profesionales. Estas sociedades tendr�n por objeto principal el ejercicio de la actividad agraria en la explotaci�n de la que sean titulares.�
Disposici�n final tercera Modificaci�n de la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integraci�n de los trabajadores por cuenta propia del R�gimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el R�gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut�nomos
1. Se da nueva redacci�n al apartado 2 del art�culo 2 de la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integraci�n de los trabajadores por cuenta propia del R�gimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el R�gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut�nomos, que queda redactado como sigue:
�2. A los efectos previstos en el punto 1 anterior, se entiende por explotaci�n agraria el conjunto de bienes y derechos organizados por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, y que constituye en s� misma unidad t�cnico-econ�mica, pudiendo la persona titular o titulares de la explotaci�n serlo por su condici�n de propietaria, arrendataria, aparcera, cesionaria u otro concepto an�logo, de las fincas o elementos materiales de la respectiva explotaci�n agraria.
A este respecto se entiende por actividad agraria el conjunto de trabajos que se requiere para la obtenci�n de productos agr�colas, ganaderos y forestales.
A efectos de esta Ley se considerar� como actividad agraria la venta directa por parte de la agricultora o agricultor de la producci�n propia sin transformaci�n o la primera transformaci�n de los mismos cuyo producto final est� incluido en el anexo I del art�culo 38 del Tratado de funcionamiento de la Uni�n Europea, dentro de los elementos que integren la explotaci�n, en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales permanentes, consider�ndose tambi�n la actividad agraria toda aquella que implique la gesti�n o la direcci�n y gerencia de la explotaci�n.
Asimismo, se considerar�n actividades complementarias la participaci�n y presencia de la persona titular, como consecuencia de elecci�n p�blica, en instituciones de car�cter representativo, as� como en �rganos de representaci�n de car�cter sindical, cooperativo o profesional, siempre que �stos se hallen vinculados al sector agrario; tambi�n tendr�n la consideraci�n de actividades complementarias las actividades de transformaci�n de los productos de su explotaci�n y venta directa de los productos transformados, siempre y cuando no sea la primera especificada en el apartado anterior, as� como las relacionadas con la conservaci�n del espacio natural y protecci�n del medio ambiente, el turismo rural o agroturismo, al igual que las cinem�ticas y artesanales realizadas en su explotaci�n.�
2. Se da nueva redacci�n al primer y segundo p�rrafo del apartado 1 de la disposici�n adicional primera de la Ley 18/2007, de 4 de julio, que quedar�a redactado del siguiente modo:
�En el supuesto de personas incorporadas a la actividad agraria a partir del 1 de enero de 2008 que queden incluidas en el R�gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut�nomos a trav�s del Sistema Especial para trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, que tengan cincuenta o menos a�os de edad en el momento de dicha incorporaci�n y sean c�nyuges o descendientes del titular de la explotaci�n agraria, siempre que �ste se encuentre dado de alta en los citados reg�menes y sistemas especiales, se aplicar�, sobre la cotizaci�n por contingencias comunes de cobertura obligatoria, una reducci�n equivalente al 30 por 100 de la cuota que resulte de aplicar a la base m�nima de cotizaci�n que corresponda, el tipo del 18,75 por 100.
La reducci�n de cuotas establecida en el p�rrafo anterior tendr� una duraci�n de cinco a�os computados desde la fecha de efectos de la obligaci�n de cotizar y ser� incompatible con la reducci�n y bonificaci�n para los nuevos trabajadores incluidos en el R�gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut�nomos en la disposici�n adicional trig�sima quinta del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.�
Disposici�n final cuarta Fundamento constitucional
1. El art�culo 1 constituye regulaci�n de las condiciones b�sicas que garantizan la igualdad de todos los espa�oles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, de acuerdo con el art�culo 149.1.1.� de la Constituci�n.
2. Los art�culos 2.2, 4, 5, 8, 13, 14 y 15 se dictan al amparo de la competencia estatal en materia de relaciones jur�dico civiles relativas a las formas del matrimonio que constituyen legislaci�n civil, sin perjuicio de la conservaci�n, modificaci�n y desarrollo por las comunidades aut�nomas de los derechos civiles, forales o especiales, all� donde existan, al amparo de lo dispuesto en el art�culo 149.1.8.� de la Constituci�n.
3. El art�culo 9 constituye legislaci�n en materia de Hacienda general y Deuda del Estado, al amparo de lo dispuesto en el art�culo 149.1.14.� de la Constituci�n.
4. El art�culo 10 y la disposici�n final tercera constituyen legislaci�n b�sica y r�gimen econ�mico de la Seguridad Social, al amparo de lo dispuesto en el art�culo 149.1.17.� de la Constituci�n.
5. Los art�culos 2.1, 3, 6, 7,11, 12 y la disposici�n final segunda constituyen legislaci�n b�sica en materia de bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica, dictada al amparo de lo dispuesto en el art�culo 149.1.13.� de la Constituci�n.
6. La disposici�n adicional primera constituye legislaci�n mercantil al amparo de lo dispuesto en el art�culo 149.1.6.� de la Constituci�n.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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