Source: https://es.scribd.com/doc/45173116/15/Derecho-a-la-justicia
Timestamp: 2016-02-11 21:21:47+00:00

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Derecho a la justicia for Situacion de los Derechos Humanos en Venezuela PROVEA 2009-2010
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Balance de SituaciónContextoBalance de la situación
de derechos humanosDerecho a la AlimentaciónDerecho al Ambiente SanoDerecho a la EducaciónDerechos LaboralesDerechos de los Pueblos IndígenasDerecho a la SaludDerecho a la Seguridad SocialDerecho a la TierraDerecho al asilo y refugioDerecho a la integridad personalDerecho a la justiciaDerecho a la libertad
de expresión e informaciónDerecho a la libertad personalDerecho a la manifestación pacíficaDerecho a la Participación
Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos
de administración de justicia para hacer valer sus
derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos,
a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con
prontitud la decisión correspondiente. El Estado
garantizará la justicia gratuita, accesible, imparcial,
idónea, transparente, autónoma, independiente,
responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones
indebidos, sin formalismos o reposiciones inútiles.
En el período bajo análisis continuó la
reestructuración del Poder Judicial (PJ),
y en consecuencia persistió la destitución
de funcionarios y funcionarias y se realizaron
nuevas designaciones para cubrir algunas de
las vacantes. Esto generó varias protestas
por parte del sindicato que agrupa a los
trabajadores tribunalicios, sumado a acciones
para reclamar por la contratación colectiva,
que tiene más de dos años vencida.
En materia de independencia del PJ, se
continúa incumpliendo el principio de
separación de poderes. Expresamente la
(TSJ), magistrada Luisa Estella Morales, afirmó
que este principio “debilitaba al Estado”1
Al igual que en el período anterior, el 90% de
casos en los que se interpusieron
pretensiones ante el Poder Judicial (PJ) contra
las actuaciones del Estado, tales como las
referidas al Presidente de la República, la
Asamblea Nacional (AN), la Contraloría
General de la República (CGR), el Consejo
Nacional Electoral (CNE), y la Fiscalía General
de la República (FGR), fueron declaradas sin
lugar o no se produjo pronunciamiento alguno
sobre el fondo del asunto al declararse
inadmisibilidad, incompetencia, improceden-
cia o causa improponible. Estas respuestas
no contribuyen a fortalecer el control ciuda-
dano sobre el ejercicio del poder y aleja a las
instituciones del pueblo.
En materia legislativa, se publicó la
reimpresión de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia (LOTSJ) que había sido
publicada en la Gaceta Oficial N° 5.991 del
29.07.102
y reimpresa en la N° 39.483 del
09.08.10. Esta regula la administración interna
del TSJ, determina las competencias de las dis-
tintas Salas que lo conforman, establece las
actividades de la Dirección Ejecutiva de la Ma-
gistratura (DEM) y el Comité de Postulaciones
Judiciales, crea una Gaceta Judicial y regula
los procedimientos que se tramitan en la Sala
Constitucional y en la Electoral.
Igualmente, se publicó la Ley Orgánica de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa3
en la cual se determinaron las competencias
de los tribunales en esa materia, se organizó
una nueva estructura de jurisdicción y se
regularon los procedimientos aplicables.
En el presupuesto ordinario se mantuvo
sobre el 2% la asignación presupuestaria al
Sistema de Administración de Justicia (SAJ).
Al igual que en el período anterior, el
retardo procesal de las causas es considerable
especialmente en materia penal, por lo que
continuaron protestas y autosecuestros de la
población penal en rechazo a ello. Incluso en
el alto tribunal el retardo continúa siendo de
Amenazas a la independencia judicial
Persiste la tendencia por parte del TSJ de
declarar inadmisibles o sin lugar las acciones
judiciales presentadas, decisiones que no se
atienen a la Constitución y por el contrario
favorecen a las posiciones gubernamentales
cuando son presentadas por individualidades
"No podemos seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio que debilita al Estado
[…] La existencia de instituciones como la del Consejo de Estado o el principio de colaboración entre poderes
son muy sanos y permiten que el Estado, que es uno, y que el poder, que es uno, dividido en competencias,
puedan coordinar, de alguna manera, o sea, una cosa es la separación de los poderes, otra es la división”, afirmó
la también presidenta de la Sala Constitucional en entrevista concedida a la estatal Venezolana de Televisión
(VTV). Ver: Juan Francisco Alonso: Morales: "La división de poderes debilita al Estado" [en línea] www.eluniversal.com/2009/12/05/pol_art_morales:-la-divisio_1683109.shtml> Consulta del 15.09.10.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522 del 01.10.10.
Gaceta Oficial N° 39.447 del 16.06.10.
o grupos que asumen posiciones críticas al
gobierno. Por el contrario, son admitidas o se
declaran con lugar aquellas presentadas por
entes u órganos del Estado o particulares que
se identifican con las políticas
gubernamentales. Las actuaciones o declara-
ciones de funcionarios o funcionarias del
TSJ, FGR, Defensoría del Pueblo (DP), en con-
tra de algunos sectores de la sociedad civil
que se oponen al actual gobierno, se corres-
ponden con exhortaciones realizadas por el
Presidente de la República. Asimismo, ante
la petición del máximo mandatario de elimi-
nar el principio constitucional de la división
de los poderes públicos4
, la presidenta del
TSJ y otros magistrados dieron declaracio-
nes públicas de que efectivamente debía
revisarse dicho principio, debido a que en el
“nuevo constitucionalismo” todas las nor-
mas de la Constitución podían ser modifica-
das, salvo aquellas que regulan derechos
El TSJ ha desestimado en varias senten-
cias6
de la Sala Plena solicitudes de antejuicio
contra el Presidente de la República, solici-
tando que las personas que acudan a la FGR
para exigir que se abra un antejuicio de méri-
to contra él deben ser investigados
penalmente si no fundamentan su acusación,
y remite copias certificadas de la sentencia
al Presidente para que este ejerza las accio-
nes penales correspondientes7
El Presidente Hugo Chávez creó la Mi-
sión Justicia Socialista8
y el TSJ suscribió
un acuerdo con la Universidad Bolivariana
de Venezuela (UBV) para que profesionales
egresados de dicha Universidad ingresen
al PJ9
La Sala Constitucional, por su parte, dictó
sentencia en la que establece la posibilidad
de que los rectores del CNE se reelijan
indefinidamente en sus cargos, contradiciendo
lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica
Electoral, que expresamente señala que
pueden ser reelegidos en sus cargos hasta un
máximo de 2 períodos adicionales10
Al igual que en el período anterior, se
continúa utilizando a los funcionarios
judiciales como instrumento de intimidación,
con la circunstancia agravante de que
igualmente se presiona a los jueces y juezas:
un gran número de ellos ha sido destituido,
retirado del PJ, e incluso se encarceló a la jueza
María Lourdes Afiuni por dictar decisión en
un caso políticamente controvertido. Se ha
planteado la necesidad de una nueva Ley de
Amnistía, no solo por parte de sectores de la
oposición, sino también de simpatizantes del
gobierno, para conceder la libertad a los
presos políticos, incluyendo los procesados
por llevar a cabo luchas sociales11
. Frente a
ello, la posición de algunos funcionarios del
Estado ha sido que dicha propuesta busca
desprestigiar al gobierno, pues no existen
Hugo Chávez Frías: Las líneas de Chávez. Últimas Noticias, 13.12.09.
Juan Francisco Alonso: En el nuevo constitucionalismo todo se puede modificar. El Universal, 09.12.09, pág.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sala Plena. Sentencias N° 6, 8, 9 y 12 de 2010.
Vanessa Gómez Quiroz: TSJ pide a Fiscalía investigar a quienes denuncian a Chávez. El Nacional, 20.02.10,
Magdalena Rodríguez Bencomo: El Presidente Chávez creó la Misión Justicia Socialista. Últimas Noticias,
07.01.10, pág. 10.
Juan Francisco Alonso: Morales anunció que “nuevo juez” saldrá de la Bolivariana. El Universal, 11.02.10,
pág. 1-4.
10.Carla Navarro: TSJ desconoce límite para reelección de rectores del CNE. El Nacional, 23.10.09, pág. 2.
11.Ley de Amnistía: Una necesidad urgente del pueblo chavista. La Voz, 04.04.10, pág. 9.
decisiones se ha referido únicamente a
Según un estudio realizado por el
Consorcio Desarrollo y Justicia13
a partir de las entrevistas realizadas a 76 jueces
de los estados Aragua, Barinas, Bolívar,
Carabobo, Falcón, Lara, Zulia y Caracas, solo
7% cree que la justicia es realmente autónoma.
Al declarar sin lugar los recursos, y al no
pronunciarse sobre el fondo, el TSJ de manera
directa o indirecta ha evadido su obligación
de poner límites al ejercicio de los poderes
públicos, desnaturalizando de esta manera su
rol de garante de los derechos de la ciudadanía
frente a aquellos.
Otro elemento que a nuestro juicio pone
en riesgo la independencia del PJ es un
permanente proceso de reestructuración.
Durante el período, el TSJ ha retirado a varios
jueces y juezas: hasta noviembre de 2009 se
habían removido de sus cargos 118, así como
se suprimió la Dirección General de Regiones
de la DEM14
. Cabe destacar que continúan
los casos de jueces y juezas que han sido
12.CEV y oposición buscan desprestigiar al gobierno. Nueva Prensa de Guayana, 29.11.09, pág. A-6.
13.Juan Francisco Alonso: Sólo 7% de los jueces creen que justicia es totalmente autónoma. El Universal,
20.12.09, pág. 2.
14.Juan Francisco Alonso: Suprimen un departamento entero en la DEM. El Universal, 21.11.09, pág. 1-4.
presos políticos12
. En este sentido hemos rea-
lizado un análisis para determinar cuáles de
las pretensiones contra el Presidente de la
República, la AN, la CGR, el CNE y la FGR,
han sido declaradas con lugar y cuáles sin
lugar. Para ello se han escogido las decisiones
reseñadas en la página web del TSJ -partiendo
del supuesto de que se publican las que tienen
mayor interés para la institución- y hemos
realizado una clasificación de las mismas, de
acuerdo con los criterios utilizados por el TSJ.
Los resultados se muestran en el Cuadro Nº 1.
En el cuadro se observa que solo en 10%
de las decisiones del TSJ los recursos fueron
declarados con lugar, y solo en los casos
contra el CNE, AN y CGR, porque en los casos
contra el Presidente de la República y FGR,
ninguno fue declarado con lugar. Por otra
parte, 42,85% fue declarado sin lugar, es decir,
no ha procedido la petición de quien se ha
sentido amenazado en su derecho. Solo en
52,85% de las decisiones (42,85% sin lugar
más 10% con lugar), el TSJ ha tenido un
pronunciamiento de fondo. En 47,15% de las
Total porcentual 17,14%
Fuente: http://www.tsj.gov.ve. Cálculos propios.
Decisiones del TSJ en recursos contra el Presidente de la República, la AN, la CGR,
el CNE y FGR. Período de estudio: octubre 2009 - octubre 2010
se tipifica el delito político en los casos de
antejuicio para funcionarios públicos, sal-
vo para el Presidente de la República; se
establece que los suplentes de los magis-
trados tendrán una duración de 6 años en
sus funciones; y los magistrados podrán
ser miembros de comisiones codificadoras,
15.En 2003, los abogados Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha y Ana María Ruggieri, en ese entonces magistrados
de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, fueron destituidos por la Comisión de Funcionamiento
y Reestructuración del PJ, por haber cometido supuestamente un “error inexcusable” al haber dictado sentencias
como la que prohibió a los médicos cubanos de Barrio Adentro ejercer sus funciones en el país. En 2004, el que
era primer vicepresidente del TSJ, Franklin Arrieche, fue removido de su cargo por la AN, por cuanto
supuestamente había falsificado sus credenciales para hacerse con el cargo, después de haber sido el ponente
de la sentencia que liberó de toda responsabilidad a los Generales Efraín Vásquez y Pedro Pereira y a los
Almirantes Daniel Comisso y Héctor Ramírez por el golpe de Estado del 11.04.02. En 2005, la Comisión
Judicial del TSJ suspendió a los miembros de la Sala 10 de la Corte de Apelaciones Pedro Troconis y Hertzen
Vilela, luego de que revocaran la prohibición de salida del país sobre 25 personas investigadas por haber
firmado el único decreto emitido por el gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga. En 2007, la Comisión del
TSJ dejó sin efecto la designación como Jueza Provisoria de la Juez 4 de Control de Yaracuy Alcy Maite Villañales,
después de que le diera libertad condicional a 14 guardias nacionales supuestamente involucrados en la evasión
del ex gobernador de Yaracuy Eduardo Lapi, siendo el caso que previamente el Ministro de Interior y Justicia
había exigido que dicha juez fuera sancionada. En 2008, el Juez Superior Segundo en lo Civil, Mercantil,
Bancario de Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de Carabobo, Miguel Ángel Martin, fue
suspendido de sus funciones 3 días después de haber tomado juramento al gobernador electo de la entidad
Henrique Salas Feo, quien no conseguía que el Parlamento regional celebrara el acto de investidura. En 2009,
fue destituida la Juez 13 de Control de Caracas Alicia Torres, por la Comisión Judicial del TSJ, luego de que
denunciara públicamente que la Presidenta del Circuito Judicial Penal de la Capital le había exigido que le
dictara prohibición de salida del país a Guillermo Zuloaga, Presidente de Globovisión. Igualmente en 2009,
la Jueza María Afiuni fue privada de su libertad por haberle otorgado al banquero Eligio Cedeño libertad
condicional, porque este tenía más de 2 años privado de libertad sin haber sido condenado. En 2010 fueron
destituidos o suspendidos 16 jueces por la Comisión Judicial del TSJ en un solo día, entre los cuales estaban
Juan Carlos Villegas, José Alonso Dugarte y Ángel Zerpa, luego de que declararan prescrito el proceso que el
Ministerio Público le seguía al ex Ministro de la Defensa General (r) Ítalo del Valle Alliegro por su presunta
participación en los sucesos de El Caracazo; así como la magistrada Clotilde Condado, miembro de la Corte de
Apelaciones de Caracas, quien recientemente emitiera un voto salvado en el cual sostuvo que la detención del
Prefecto de Caracas Richard Blanco estaba viciada.
sancionados por dictar sentencias contra-
rias al criterio del actual gobierno15
Se reformó nuevamente la LOTSJ, que
fue criticada por atribuirle competencias a
la Sala Constitucional que antes eran de la
Sala Electoral. En esta reforma se incluye el
enjuiciamiento en ausencia del imputado y
509.590,80
136.708,20
646.299,00
589.790,00
189.466,10
779.256,10
680.018,70
229.742,10
909.761,10
742.020,03
2250.965,63
992.985,66
1.381.326,70
343.814,50
1.725.141,20
1.891.296,85
521.549,30
2.412.846,15
2.744.553,57
710.722,29
3.455.275,86
3.255.911,08
794.214,40
4.050.125,48
4.381.180,10
1.081.873,22
5.463.053,32
3.682.426,65
1.023.545,94
4.705.972,59
Fuente: Leyes de Presupuesto 2001 al 2010. Total: Elaboración y cálculos propios. A partir de 2001 el TSJ integra los
fondos del Consejo de la Judicatura.
Presupuesto por organismo
redactoras o revisoras de leyes, de ordenan-
zas y reglamentos, que no constituyan des-
tinos públicos remunerados. Igualmente, es-
tablece la publicidad de los postulados a ma-
gistrados y ordena la utilización de un bare-
mo en su preselección.
Asignación del presupuesto. Autonomía
financiera y suficiencia de recursos
Se mantiene la asignación presupuesta-
ria no menor al 2% del presupuesto ordina-
rio nacional para el SAJ, en consonancia con
el artículo 254 de la Constitución. Durante
los últimos 10 años la evolución del presu-
puesto se expresa como se muestra en el
La evolución porcentual del presupues-
to en relación con el presupuesto ordinario
se presenta en el Cuadro Nº3.
16.Eduardo Méndez Sánchez: Presupuesto judicial afianza proyecto político oficialista. El Nacional, 27.10.09,
17.Fue imposible obtener información oficial sobre el salario de los magistrados del TSJ y otros altos funcionarios.
Solamente se tomó información reseñada por los medios de comunicación. Cabe destacar que de la información
obtenida se evidencia que los salarios de estos funcionarios se encuentran dentro del rango de sueldos de sus
homólogos en los países latinoamericanos.
18.Edgar López: Luisa Estella Morales tendrá segunda jubilación especial. El Nacional, 13.0.10, pág. 2.
19.Edgar López: El 26-S frenó reducción de sueldos a rectores y magistrados. El Nacional, 10.08.10, pág. N-3.
20.TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sala Plena. Resolución N° 2010-0011 del 10.03.10.
En el 2010, la asignación del presupuesto
disminuyó con respecto al de 2009, pero au-
mentó en referencia al porcentaje del presu-
puesto nacional. La cifra sigue siendo supe-
rior al porcentaje exigido por mandato cons-
titucional. Cabe destacar que el presupues-
to asignado no se empleará para la creación
de nuevos tribunales, mientras que aproxi-
madamente un tercio se destinará al pago de
los más de 26.000 trabajadores activos y 7.500
jubilados. Además, por quinto año consecu-
tivo se utiliza una partida de casi 37 millones
de bolívares para continuar con las obras de
mejoramiento de la sede del TSJ16
bargo, ello no ha generado el impacto desea-
do. En materia de mejora de las condiciones
del personal del PJ, y en lo que a salarios de
jueces y juezas se refiere, no hay mayores
avances17
. En declaraciones el Presidente
de la República informa una posible dismi-
nución del salario y los beneficios labora-
les de dichos funcionarios, y actualmente
existe el proyecto de la Ley de Emolumen-
tos para disminuir los salarios de magistra-
dos y altos jueces del PJ -que actualmente
oscilan entre 20.000,00 y 30.000,00 BsF.- a
11.514,00. De acuerdo con medios de comu-
nicación, el salario integral de la presidenta
del TSJ supera los 50.000,00 BsF18
. Actual-
mente se encuentra suspendida la discusión
de esa ley, la cual entre otras cosas estable-
ce que es de conocimiento público el sala-
rio que ganan los funcionarios del PJ19
cluso se dictó una resolución20
% SAJ
992.985,663
2.412.846.15
3.455.275.86
Fuente: Leyes de Presupuesto 2001 al 2010. Total:
elaboración y cálculos propios.
Porcentaje del presupuesto del SAJ
en el Presupuesto Ordinario Nacional
cual se establecieron jubilaciones masivas
para los funcionarios y funcionarias del TSJ
conservando el salario que percibían al mo-
mento de ser jubilados. No solo se adelantan
las jubilaciones, sino que además se prote-
gen las pensiones de los altos jueces del efecto
de recorte que sufrirán sus salarios si se pro-
mulga la Ley de Emolumentos; y además se
establece que dichos funcionarios jubilados
puedan permanecer en sus cargos hasta que
sean reemplazados, lo cual fue criticado in-
cluso por la Defensora del Pueblo21
. El presu-
puesto del SAJ queda en manos del Ministe-
rio para el Poder Popular para la Finanzas y de
la AN, lo que ha implicado recortes. Asimis-
mo, continúa la carencia de una política desti-
nada a registrar desde los propios tribunales
las necesidades reales y a establecer priorida-
Por otra parte, continúa funcionando el
sistema de información ubicado en la web del
TSJ, llamado “Plan Vitrina 2010.
Transparencia del Poder Judicial”22
para ver cómo se está administrando el presu-
puesto otorgado al SAJ sin incluir a la DEM
ni la Defensoría Pública. Detalla la asignación
presupuestaria y tiene indicadores sobre la
ejecución, eficiencia, distribución presupues-
taria y asignación anual, pero la mayoría de
dichos indicadores no se encuentran actuali-
zados y solo reflejan las cifras de 2008, a las
que se hizo referencia en el anterior informe
de Provea23
. La información es tan general,
que no hace posible al ciudadano común sa-
ber cómo se está realizando la ejecución pre-
supuestaria.
No se produjeron mayores avances en
cuanto a carrera judicial y a la realización de
los concursos de oposición. Ha sido una
constante la denuncia sobre la
inconstitucionalidad de estos procesos de
ingreso a la carrera judicial24
En 2009, de 1.896 jueces para todo el
territorio nacional solo 49,36% son titulares y
50,64% provisorios: específicamente 936
titulares y 960 provisorios25
. Esta última cate-
goría no goza de estabilidad en el cargo. Al
comparar con años anteriores, cuando existía
una tendencia a reducir la provisionalidad, en
2009 se constata una reversión.
El retardo procesal es uno de los más gra-
ves problemas que presenta el SAJ en Vene-
zuela26
. En materia penal, la situación es agu-
. En todo el país hay 807 jueces penales,
es decir, aproximadamente 3 jueces por 100.000
habitantes, pero en algunos estados con ma-
yor población (Aragua, Anzoátegui,
Carabobo, Lara y Zulia) no llega ni a 2 jueces
por 100.000 habitantes. El PJ propuso en el
seno del Consejo Superior Penitenciario de-
cretar una emergencia carcelaria28
. Existen al-
gunas propuestas positivas como las mesas
de diálogo que han logrado acelerar procesos
21.Felipe González: Defensora Critica “rápida” jubilación de magistrados. El Tiempo, 13.03.10, pág. 10.
22.Ver: TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Consul-
ta del 30.09.10
23.Ver PROVEA: Informe Anual octubre 2008-septiembre 2009. pág. 251 Caracas, 2009.
24.Ver PROVEA: Informe Anual octubre 2006-septiembre 2007. Caracas, 2007.
25.Esta información se obtuvo del Informe Anual 2009 de la CIDH, el cual indica que dichos datos fueron informa-
dos por el Estado Venezolano, debido a que el último informe del TSJ que se encuentra disponible es de 2008.
26.Aun cuando se han realizado reformas progresistas en el área procesal tanto en materia penal como en la justicia
de niños, niñas y adolescentes, el SAJ no ha podido resolver el problema estructural del retardo procesal.
27.Juan Ramón Lugo: Entrevista “Hay que ponerle corazón al tema carcelario”. Ciudad CCS, 17.02.10, pág. 3.
al referirnos a decisiones se incluyen los pro-
nunciamientos de no admisibilidad, que
constituyen un alto porcentaje de las deci-
siones del TSJ.
Ahora bien, en materia de retardo proce-
sal resalta el caso El Caracazo, por el cual se
imputó a Rafael León Orsoni, ex director de
la Policía Metropolitana, por la presunta co-
misión de los delitos de homicidio calificado
en grado de cómplice necesario y quebran-
tamiento de pactos y convenios internacio-
nales. Igualmente, el Ministerio Público (MP)
acusó formalmente por delito de homicidio
intencional calificado con alevosía y en gra-
do de complicidad necesaria y quebranta-
miento de pactos, a Ítalo del Valle Alliegro,
ex ministro de la Defensa de la época33
Sala 9° de Apelaciones sentenció la prescrip-
ción de la acción en el juicio34
, por lo que la
Sala de Casación Penal del TSJ se avocó de
oficio para revisar el caso. Sin embargo, la
Comisión Judicial sancionó a los miembros
de la Sala 9º de la Corte de Apelaciones sin
esperar que la de Casación Penal se pronun-
ciara sobre el avocamiento35
. También el MP
acusó por los delitos de homicidio calificado
nales36
, a Manuel Heinz Azpúrua, ex jefe del
Comando Estratégico de Caracas, y a Freddy
Maya Cardona, ex jefe del Comando Regio-
nal N° 5. Se han realizado varias de las
exhumaciones y se ha avanzado en el proce-
so de identificación de algunas de las vícti-
judiciales29
, mas no se ha generado un una
solución masiva y de impacto. El Observato-
rio Ciudadano de Justicia Penal y Derechos
Humanos presentó un diagnóstico del siste-
ma de justicia penal, señalando como algu-
nas de las causas de la crisis carcelaria el
retardo procesal, el hecho de que los jueces
manejan aproximadamente más de 800 denun-
cias al año, de que el 46% de estos son
provisorios y que en general hay insuficien-
tes, así como hay pocos fiscales para el total
de la población. Igualmente señaló que los
jueces penales caraqueños solo llegan a ce-
lebrar el 17% de las audiencias que progra-
La DP reconoce la existencia de una cri-
sis en la situación penitenciaria. Según las
cifras aportadas por el Observatorio Vene-
zolano de Prisiones (OVP) en 2009, se conta-
bilizó un total de 29.135 personas privadas
de libertad, de las cuales aproximadamente
65% no tiene condena firme31
, y se cuenta
con una infraestructura carcelaria con capa-
cidad para 17.227 personas.
Al cierre del presente informe, de acuer-
do con información suministrada por el TSJ,
en 2010 han ingresado 4.591 causas y han
sido decididas 4.303, siendo la Sala de Casa-
ción Social la que recibe y decide mayor can-
tidad32
. Las cifras reflejadas por el TSJ sobre
causas ingresadas y decididas nos indican
que las distintas Salas acumulan casos de
años anteriores que deciden en un año dis-
tinto al que ingresaron. Hay que destacar que
28.Eligio Rojas: Evalúan decretar una emergencia penal. Últimas Noticias, 20.05.10, pág. 21.
29.Evaristo Marín: Mesas de diálogo lograron acelerar procesos judiciales. Últimas Noticias. 13.05.10.
30.Juan Alonso: Jueces sólo celebran 17% de las audiencias que programan. El Nacional, 30.07.10, pág. 1-4.
31.COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Informe Anual 2009. 30.12.09.
32.Situación existente al 19.10.10.
33.Eligio Rojas: Acusan a Ítalo del Valle por 51 muertes del 27F. Últimas Noticias, 20.03.10, pág. F-12.
34.Ricardo Márquez: Prescribió “el Caracazo” para Alliegro. Últimas Noticias, 29.06.10, pág. 25.
35.Sancionan a Corte que cerró caso del Caracazo. El Universal, 30.07.10, pág. 5.
. Adicionalmente se solicitó la extradi-
ción de Carlos Andrés Pérez, ex Presidente de
la República38
En el caso El Amparo, la CIDH exigió al Esta-
do venezolano dar información sobre las medi-
das y acciones adoptadas para sancionar a los
responsables de la masacre ocurrida en 1988, so-
licitud que ha realizado sin obtener respuesta en
16 ocasiones entre noviembre de 2006 y junio de
2009. Hasta el momento solo se ha cumplido con
el pago de las indemnizaciones y reparaciones
materiales a los afectados y la publicación del
fallo en la Gaceta Oficial. En la audiencia de cum-
plimiento de sentencia realizada el 29.01.10 en San
José, Costa Rica el gobierno de Venezuela se com-
prometió a que, a más tardar el 25.06.10, presenta-
ría un cronograma con información puntual, clara
y exhaustiva sobre todas las gestiones que reali-
zaría para investigar los hechos, identificar y, en
su caso, sancionar a los responsables, las posi-
bles fechas de tales gestiones y las instituciones
o personas que las llevarán a cabo39
. A la fecha
establecida, el gobierno no cumplió con la entre-
ga de dicho cronograma. Organizaciones de de-
rechos humanos y familiares denunciaron un tra-
to discriminatorio por parte de la Fiscalía General
de la República40
En el caso de la masacre de Cantaura, perpe-
trada el 04.10.82 cuando más de 1.500 soldados,
funcionarios de la DISIP y PTJ cercaron al Fren-
te Américo Silva y fueron asesinadas 24 perso-
nas, se ordenaron las exhumaciones de los ca-
dáveres de 17 de los guerrilleros41
. Este caso se
activó por denuncia de familiares ante el MP en
En el caso de la masacre de Yumare, ocurrida
en 1986 y en la que fallecieron 9 dirigentes so-
ciales, hay 47 personas investigadas de las cua-
les 29 fueron imputadas y 14 acusadas pero sin
haber sido enjuiciadas aún42
Otro caso relevante es el del fiscal Danilo
Anderson, en el que hasta la fecha no se han
determinado a los autores intelectuales43
Un caso que es un ejemplo grave de los da-
ños que genera el retardo procesal es el del ex
dirigente social Ángel Nava, quien después de
10 años y 3 sentencias logró que se condenara
al Ministerio de Interior y Justicia a indemnizar-
lo por 200.000,00 BsF. y pagarle una pensión
mensual por el resto de su vida equivalente a 30
Unidades Tributarias, por haber pasado en la
década de los años 60 dos años en la cárcel de
El Dorado bajo la vigencia de la Ley de Vagos y
Maleantes44
36.Acusan a Heinz Azpúrua por hechos del Caracazo. Últimas Noticias, 15.05.10, pág. 18.
37.Este proceso, sin embargo, fue cuestionado por los familiares de las víctimas agrupados en Cofavic, quienes
pedían la participación de expertos independientes en el proceso que generaran absoluta confianza en los
resultados, entre otras peticiones. Ver: Cofavic insiste en que expertos independientes participen en
investigación del Caracazo [en línea] q_23A3793411.shtml> Consulta del 15.09.10.
38.TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia N° 83. expediente N° 2010-06. la
magistrada Blanca Rosa Mármol de León presentó escrito señalando que dicha sentencia carece de validez
porque ella no fue convocada en la reunión en la que se aprobó la sentencia. Ver: Juan Francisco Alonso:
Denuncian que extradición de CAP carece de validez. El Universal, 20.05.10, pág. 1-4.
39.CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Resolución del 04.02.10.
40.En pronunciamiento público, Provea denunció que la Fiscal General brinda trato discriminatorio a los familia-
res y sobrevivientes de la masacre de El Amparo en relación con el proceso de investigaciones de las violacio-
nes graves a los derechos humanos ocurridas en la década de los años 80 en nuestro país.
41.Exhumaran 17 cuerpos de guerrilleros muertos en Cantaura. Últimas Noticias, 11.10.09, pág. 18.
42.Eligio Rojas: Masacre de Yumare a la justicia internacional. Últimas Noticias, 05.05.10, pág. 21.
43.Lisoleth García Gamboa: Tras 5 años continúan interrogantes en muerte de fiscal Danilo Anderson. El
Carabobeño, 18.11.09, pág. D-7.
La Sala Constitucional del TSJ dictó una sen-
tencia en la cual autoriza al MP a solicitar a jue-
ces el arresto de personas aunque no hayan
sido previamente imputadas45
En cuanto al juicio de los ex comisarios por
los hechos del 11.04.02, el 18.05.10 la Sala de
Casación Penal del TSJ decidió ratificar la sen-
tencia condenatoria de la Corte de Apelaciones
del Estado Aragua del 05.04.10, siendo el caso
que se había presentado una recusación contra
dicha Corte y fue negada, además de
inhabilitarlos para las elecciones parlamentarias
del 26.09.10, con el voto salvado de la magistrada
Rosa Blanca Mármol de León, quien consideró
que se debía haber admitido el recurso de casa-
ción y haberse oído a los excomisarios46
Persisten los casos de las personas deteni-
das, imputadas o investigadas por realizar de-
claraciones públicas contra el Presidente de la
República, tal como ocurrió con Oswaldo Álvarez
Paz, imputado por conspiración, instigación a
delinquir y difusión de información falsa por las
opiniones que emitió en un programa de televi-
sión. Otro caso es el de Guillermo Zuloaga, pre-
sidente de Globovisión, quien fue liberado y se
le dictó medida de prohibición de salida del país
por emitir opiniones críticas en una conferencia
dictada en el exterior. Antonio Rivero, ex direc-
tor de Protección Civil, fue imputado por la pre-
sunta comisión de los delitos de injuria a las
Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) y revela-
ción de informaciones privadas o secretas de
esta fuerza por denunciar públicamente la pre-
sencia de ciudadanos cubanos en ella. Otro im-
putado fue Alejandro Peña Esclusa, por tráfico
de explosivos y armas en grado de participa-
ción, asociación para delinquir y conspiración,
por participar supuestamente en un complot
contra el Presidente de la República, fue deteni-
do mediante un procedimiento de allanamiento
en el que los miembros de los cuerpos de segu-
ridad no dejaron que sus representantes judi-
ciales estuvieran presentes47
Ser juzgado por el juez natural
Durante el período en estudio no se pudo
obtener información sobre civiles procesados
en tribunales militares, por cuanto la Corte Mar-
cial publicó en su página web solamente dos
El 04.09.09 fue publicada en la Gaceta Oficial
N° 5.930 Extraordinario, la Ley de Reforma Parcial
del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), la
cual contiene modificaciones que persiguen ata-
car el retardo procesal. Al igual que en el período
anterior, no se registra un incremento significati-
vo respecto al pasado sobre la cantidad de jue-
ces. Se denunció que el Tribunal de Menores del
Circuito Judicial de Barcelona tiene 11 meses sin
efectuar juicios por falta de jueces48
. Igualmente,
se denunció la decisión de la presidenta del Cir-
cuito Judicial Penal de Caracas de limitar el acce-
so al Palacio de Justicia y obligar a formar dos
filas para entrar a esa sede49
. Decisiones como
esta lamentablemente se repiten en muchos cir-
cuitos judiciales del país estableciendo limitacio-
nes, sin ninguna base legal, al acceso a los órga-
nos de justicia. Sigue siendo necesario aumentar
la cantidad de defensores públicos pues, aunque
la actuación de la Defensoría Pública ha
diversificado sus competencias, siguen siendo
insuficientes para la población del país.
44.Fijan indemnización para encarcelado injustamente: El Universal, 11.03.10, pág. 1-6.
45.Juan Alonso: El TSJ abrió las puertas a detenciones arbitrarias. EL UNIVERSAL, 06.11.09, pág. 1-4.
46.Mármol: “Tribunal Supremo debió haber escuchado a los comisarios”. Notitarde, 20.05.10, pág. 16.
47.Ministerio Público señala a Peña Esclusa de conspirar. El Universal, 15.07.10, pág. 1-4.
48.Nathalia Guzmán y Katy Jurado: Tribunal de menores tiene 11 meses sin efectuar juicios. El Tiempo, 10.05.10, pág.8.
Ha tomado relevancia en este período la ju-
risdicción indígena. De acuerdo con el artículo
260 de la Constitución, la población indígena50
tiene derecho a aplicar sus propias leyes. Se
presentó el caso de los miembros de la etnia
yukpa, que solicitaron un amparo al TSJ para
poder ser juzgados de acuerdo con las leyes
indígenas, pero les fue declarado inadmisible51
y el caso de personas de la etnia wayuu deteni-
das al momento de aplicar la ley guajira para una
indemnización, pero que fueron denunciados en
el MP por extorsión52
Los problemas eléctricos que afectaron a
todo el país originaron la decisión de recortar el
horario de trabajo de todos los tribunales del
. Sin embargo, en el período de receso judi-
cial de agosto a septiembre de 2010 se ordenó
que continuaran sus labores los juzgados con
competencia penal ordinaria, la sección de res-
ponsabilidad penal del adolescente, los compe-
tentes en delitos de violencia contra la mujer, la
Sala de Casación Penal y tribunales con compe-
tencia en amparo constitucional54
De acuerdo con el informe de este organis-
mo correspondiente a 2009, se crearon las Uni-
dades Criminalísticas contra la Vulneración de
Derechos Fundamentales, con el fin de minimi-
zar la impunidad, descongestionar las causas y
reforzar la objetividad en las investigaciones que
se inicien en contra de funcionarios públicos
49.Exigen anular limitación de acceso a tribunales. Últimas Noticias, 15.10.09, pág. 28.
50.Ver en este informe capítulo “Derechos de los pueblos indígenas”.
51.TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sala Contitucaional [En Linea] scon/ julio/810-30710-2010-10-0192.html> Consulta del 09.09.10
52.Dinora Prieto de Machiques: Denuncian el arresto ilegal de 13 indígenas. Panorama, 10.03.10, pág. C-5.
53.La Resolución N° 2010-0001 dictada por la Sala Plena del TSJ el 14.01.10 estableció un horario provisional
de labores comprendido entre 8:00 am y 1:00 pm, como medida temporal. Dicha resolución se dejó sin efecto
mediante la Resolución N° 2010-0050 dictada por la Sala Plena del TSJ el 21.05.10, y se restableció el horario
normal en todos los tribunales.
54.TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sala Plena. Resolución N° 2010-033 del 11.08.10.
55.Juan Francisco Alonso: Carencia de fiscales dificulta castigar crímenes contra DDHH. El Universal, 29.07.10,
pág. 1-6.
que hayan cometido violaciones de derechos
humanos. Sin embargo, se observa la carencia
de fiscales para sancionar crímenes en materia
de derechos humanos55
. Se desarrolló el Pro-
yecto de Agilización de Causas con Retardo
Procesal mediante la designación de fiscales
itinerantes en los circuitos judiciales penales de
los estados Bolívar, Carabobo, Falcón, Miranda
y Aragua, con el propósito de celebrar las au-
diencias preliminares y juicios de aquellos ciu-
dadanos privados de libertad que habían supe-
rado los dos años de detención. Se creó la Fis-
calía con competencia en materia de salud y se-
guridad laboral.
Durante el año 2009, el MP presentó 48.150
egresos, de los cuales 21.981 corresponden a
solicitudes de sobreseimiento, 19.829 a decreto
de archivo fiscal y 4.855 a la presentación de
escritos de acusación. En relación con los
egresos definitivos de casos, los cuales consi-
deran la actuación de tribunales, se totaliza la
cantidad de 317.338 casos concluidos. De esta
forma, se incrementan en un 22,26% en compa-
ración con los reportados para el año 2008
(259.555). Es de destacar la gran cantidad de
denuncias contra policías y miembros de la guar-
dia nacional involucrados en diversos delitos,
realidad reconocida por el Presidente de la Re-
pública quien incluso propuso la creación de
una norma especial que castigue a los policías
incursos en delitos56
Destacamos como aspec-
to poositivo en el avance de la lucha contra la
56.Eligio Rojas: Leyes contra polihampones ya existen. Últimas Noticias, 15.05.10, pág. 22.
57.Ver en este informe capítulo “Derecho a la manifestación pacífica”.
58.Eligio Rojas: “El Contralor nunca informó a la Fiscalía sobre el caso”. Últimas Noticias, 29.06.10, pág. 20.
59.UNT exige que la Fiscal General renuncie a su cargo. El Universal, 26.07.10, pág. 1-2.
60.Sala Constitucional le suspende a los jueces de paz facultad de arrestar. Últimas Noticias, 13.05.10, pág. 16.
61.Defensoría del Pueblo activó clínicas jurídicas en Antímano y Caricuao. Diario Vea, 09.06.10, pág. 13.
62.Juan Francisco Alonso: “Hay que cambiar aspectos conservadores de la Constitución”. El Universal, 15.12.09,
impunidad, las desiciones judiciales en las que
han estado involucrados en violaciones al dere-
cho a la vida funcionarios policiales. Tal es el
caso de la sentencia dictada por el Tribunal 2°
de Juicio del estado Guarico, mediante la cual se
condeno a 16 años de prisión a siete policias
por el homicidio de cinco personas en el estado
Guarico. Igualmente la sentencia dictada por el
Tribunal 7° de Juicio del Área Metropolitana de
Caracas en la que se condeno a 11 años de pri-
sión a dos funcionarios de la Policia de Caracas
por el homicidio de una Psicologa. También la
sentencia dictada por el Tribunal 1° de Juicio del
estado Merida en la que se condeno a un fun-
cionario de la policia a 17 años de prisión y a
oytros dos a 3 años y 6 meses por el asesinato
del presidente del Centro de Estudiantes del Ins-
tituto Universitario Tecnologico de Ejido.
Junto a estas actuaciones positivas, se pudo
constatar algunas actuaciones de la Fiscal Ge-
neral que respaldan declaraciones o medidas
adoptadas por el Ejecutivo Nacional (EN) y que
en algunos casos constituyen o incitan a viola-
ciones a los derechos humanos y debilita los
necesarios contrapesos institucionales que de-
ben funcionar en toda democracia. Se observa
la creciente tendencia de la FGR a ser instru-
mento para la represión de la protesta social ini-
ciando investigaciones penales contra estudian-
tes, campesinos, trabajadores y activistas co-
munales que exigen sus derechos a través de la
movilización de calle o de acciones en el marco
de la ley como paros y huelgas57
. En el caso de
los contenedores con comida vencida, ante la
presión de diversos sectores de la sociedad ci-
vil el MP inició las investigaciones del caso y
señaló que el Contralor General de la República
no le informó formalmente del caso58
. Ante las
cifras reflejadas en el Informe Anual 2009 del
MP, algunos sectores de la sociedad civil mani-
festaron su descontento con el desempeño de
dicho ente, debido a que la impunidad en deli-
tos comunes se mantiene en un 97%, en materia
de impunidad es de 98,55%, en materia de co-
rrupción 90,15%59
Al momento de realizar el presente informe,
no estaba disponible el informe de la gestión de
la DP correspondiente a 2009.
Entre otras actuaciones, la Defensoría soli-
citó la nulidad de la facultad de los jueces de paz
para aplicar arrestos de 1 a 7 días conforme a la
Ley de Justicia de Paz, por cuanto lesiona el
derecho a la libertad personal y contraviene lo
establecido en el artículo 44 de la Constitución,
frente a lo cual la Sala Constitucional suspendió
dicha facultad vía cautelar60
. Se activaron clíni-
cas jurídicas en Antímano y Caricuao con el
objeto de integrar el trabajo comunitario en la
defensa de los derechos humanos61
parte, es criticable la ausencia de actuaciones
por parte de la DP en los casos denunciados de
persecución contra defensores de derechos
humanos y trabajadores sociales, así como el
constante rechazo a las denuncias de varias or-
ganizaciones que estudian la situación de los
derechos humanos en Venezuela, y más aún el
haber apoyado la idea de supresión del princi-
pio de separación de poderes62
El Estado venezolano continuo
incumpliendo las sentencias de la Corte IDH
y las recomendaciones de la Comisión
IDHvulnerando asi el derecho a la justicia de
El 29.01.10 se realizó una audiencia en la
Corte IDH para que el Estado venezolano su-
ministrara información sobre las actuaciones
realizadas para cumplir con el mandato de las
sentencia de la masacre de El Amparo, que
ordena investigar y sancionar a los culpa-
bles. Otra audiencia se realizo en el caso de
los magistrados destituidos de la Corte Pri-
mera de lo Contencioso Administrativo y en
el caso de Oscar BARRIOS asesinado a pe-
sar que la Corte había ordenado medidas
paraproteger su vida. El Estado incumplió las
medidas cautelares dictadas por la CIDH a
favor de Franklin BRITO que establecian que
se le permitiera ser atendido por la Cruz Roja
Se continuó incumpliendo las distintas
Medidas Provicionales dictadas por la Corte
IDH para proteger la vida e integridad fisica
de los privados de libertad en distintas
carceles del país64
Ante el Informe Democracia y Derechos
Humanos en Venezuela65
de la CIDH, funcio-
narios de alto rango de la estructura del esta-
do mas que refleccionar sobre las recomen-
daciones realizadas por la Comisión proce-
dieron a su descalificación. Incluso el presi-
dente Chavez amenazó con retirar al Estado
63.Ver en este informe capítulo “Derechos a la Manifestación Pacífica”.
64.Ver en este informe capítulo “Derechos de las Personas Privadas de Libertad”.
65.COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.Informe Democracia y Drechos Humanos en
Venezuela [en linea] .
66.Hasta la fecha de redación de este informe no se conocia actuación alguna del Estado venezolano para proceder
a denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y retirarce del Sistema Interamericano.
67.Ver en este informe capítulo “Seguridad Social”.
venezolano del Sistema Interamericano. Ante
tal anuncio varios sectores de la sociedad
civil, cuestionaron dicho anuncio. De la mis-
ma manera lo realizaron prestigiosas organi-
zaciones internacionales de derechos huma-
nos tales como Human Rights Watch y Am-
nistía Internacional66
Sentencias regresivas en la
Los tribunales de la República, y particu-
larmente la Sala Constitucional del TSJ, emi-
tieron sentencias contrarias a la protección
de los derechos humanos. Tal es el caso de la
sentencia dictadael 12.07.10 por la Sala Cons-
titucional del TSJ cuando declaró procedente
un recurso de revisión presentado por el IVSS,
mediante la cual anuló las una sentencia de la
Sala Político Administrativa que favorecia a
las victimas de la intoxicación masiva ocurri-
da el 20.03.03 en el hospital de la Ovallera,
estado Aragua67
. La Sala Constitucional or-
denó la reposición del juicio dejando
desprotegida a las victimas que tienen 17 años
exigiendo justicia. Un año antes, la Sala Políti-
co Administrativa había declarado parcialmen-
te con lugar la demanda y ordenado indemni-
zar a las víctimas y prestar atención médica
adecuada. La Sala Constitucional adoptó la
decisión atendiendo los argumentos del IVSS
de que se le había violado el derecho a la de-
fensa. El IVSS, de manera voluntaria no asis-
tió a ningún acto del proceso a pesar de haber
sido notificado. Dicha sentencia genera un
precedente negativo, pues la inacción de un
ente público con el único objetivo de dilatar un
proceso judicial en su contra puede ser valo-
rado como una conducta que afecta sus dere-
chos en juicio, colocando así en situación de
minusvalía al ciudadano frente al Estado68
La Sala Constitucional continúo dictando
sentencias que restringen a los ciudadanos la
posibilidad de acudir a los tribunales para
hacer valer el derecho constitucional de peti-
ción y oportuna respuesta. Ya en el pasado, a
través de reiterados pronunciamientos la Sala
llevó a su mínima expresión la posibilidad de
recurrir a la acción de amparo para reclamar de
un ente u órgano público respuesta oportuna
y adecuada. A criterio de la Sala la vía óptima
es la ordinaria, a través del recurso de absten-
ción o carencia, y solo excepcionalmente se
acepta la vía de amparo, colocandose al mar-
gen de la jurisprudencia internacional que rei-
vindica el amparo como la vía adecuada para
exigir al Estado respuesta. Eso vulnera ade-
más la Constitución, que establece que los de-
rechos constitucionales pueden reivindicarse
a través de la acción de amparo constitucional.
Es el caso de la sentencia de fecha 15.07.10,
mediante la cual la Sala agregó otro obstáculo,
también inconstitucional, al condicionar la so-
licitud del derecho de petición a que se expli-
que el propósito por los cuales requiere la in-
formación y el uso que se le dará. Establece
como criterio vinculante que en ausencia de
ley expresa, y para salvaguardar los límites
del ejercicio del derecho fundamental a la in-
formación, lo siguente: i) que el o la solicitan-
te de la información manifieste expresamente
las razones o los propósitos por los cuales
requiere la información; y ii) que la magnitud
de la información que se solicita sea propor-
cional con la utilización y uso que se preten-
da dar a la información solicitada. De acuerdo
con el mandato de la Sala actuando de manera
inconstitucional, incorpora para el ejercicio del
derecho de petición condicionamientos no es-
tablecidos ni en la Constitución ni en las leyes.
68.Ver en este informe capítulo “Derecho a la Libertad de Expresión”.
El 10.12.09, la entonces jueza 31 de control,
María Lourdes Afiuni, difirió la audiencia
preliminar del juicio contra el empresario Eligio
Cedeño -está acusado por contrabando, obtención
ilícita de divisas y distracción de fondos de
institución bancaria-, debido a que no se
encontraban presentes los fiscales del MP. En
esa oportunidad los abogados de Cedeño le
solicitaron revisar la medida de privación de
libertad con base al artículo 264 del COPP. La
jueza accedió y otorgó medida de libertad cautelar
con prohibición de salida del país y presentación
periódica a tribunales. Minutos después de
dictada la orden, se presentaron en el tribunal
funcionarios de la DISIP y se la llevaron deteni-
da junto a todo su personal. El MP informó que
fue detenida por orden de aprehensión de la jueza
50ª de control, Leivys Azuaje a solicitud de la
fiscal 56ª nacional Alicia Monroy, quien le im-
putó delitos de corrupción propia, abuso de au-
toridad y contribuir a la evasión. La jueza fue
trasladada al Instituto de Orientación Femenina
(INOF) de Los Teques. Los alguaciles Rafael
Rondón y Carlos Lotuffo, que acompañaban a la
jueza al momento de dictar la medida de libertad
cautelar, fueron imputados por los delitos de
corrupción propia y de contribuir con la eva-
sión, pero fueron liberados después de pasar dos
noches en Yare III, por medidas cautelares de
presentación periódica ante el tribunal y prohi-
bición de salida del país.
El 11.12.09, el Presidente de la República
solicitó que se le aplicara a dicha jueza la pena
máxima de 30 años por haber puesto en libertad
a Eligio Cedeño1
. Cabe destacar que no existe en
el país precedente de un juez que haya sido
detenido por dictar una decisión. La FGR señaló
que la jueza debía haber calificado la ausencia de
los representantes del MP como una irresponsabi-
lidad y pedir que se sancionara a los fiscales, pero
no podía decidir una cautelar sin que estuviera pre-
sente el accionante de la acusación2
Los abogados de Afiuni interpusieron un
recurso de apelación para solicitar una medida
cautelar en vez de la detención, pero no fue
procesado por la Corte de Apelaciones de Caracas.
También interpusieron un amparo para que en caso
de mantenerse la medida privativa de libertad no se
realizara el traslado al INOF, por razones de inte-
gridad personal, ya que en dicho centro de reclu-
sión hay 14 detenidas por sentencias dictadas por
Afiuni. Dichos recursos fueron procesados en ene-
ro debido a que hubo receso del Poder Judicial y
fueron negados.
El 17.05.10 se celebró la audiencia del caso de
Afiuni y el Tribunal 50° de Control de Caracas, a
pesar de haber sido recusada la juez titular del
mismo para conocer del caso, decidió que la jueza
será procesada por los delitos imputados,
admitiendo la acusación presentada por los
representantes del MP, a pesar de que no
presentaron prueba alguna de que la imputada
recibiera algún beneficio económico a cambio de
dejar en libertad bajo régimen de presentación a
Eligio Cedeño. El tribunal mantuvo la medida de
privación de libertad en el INOF.
El 21.05.10, la Sala 6 de la Corte de Apelaciones
admitió un recurso de apelación por violación de
derechos al debido proceso. El 07.08.10 se recusó
al juez 26° de juicio por haberse pronunciado so-
bre el caso.
La Sala Constitucional, mediante sentencia N°
678, rechazó el amparo interpuesto por cuanto la
defensa señala que el arresto preventivo se había
Garantías procesales en el caso de la jueza María Lourdes Afiuni
convertido en irregular debido a que los fiscales del
MP no presentaron el acto conclusivo en la fecha
correspondiente. Dicha sentencia tuvo el voto salvado
del Magistrado Pedro Rondón Haaz, quien señala
que en el expediente existen irregularidades que
demuestran que los fiscales no presentaron el acto
conclusivo en la oportunidad establecida por la ley.
En su sentencia N° 259, la Sala de Casación
Penal rechazó la solicitud de avocamiento por exis-
tir un recurso de apelación pendiente de decisión en
la Corte de Apelaciones. Dicha sentencia tuvo el
voto salvado de la Magistrada Blanco Rosa Mármol
de León, quien considera que la solicitud de
avocamiento procede incluso de oficio debido a que
es una violación del ordenamiento jurídico la perse-
cución de un juez por haber dictado una decisión.
Los abogados de la defensa de Afiuni solicitaron a la
DP su intervención en el caso para el traslado de
esta a otro centro de reclusión, pero la DP señaló
que el proceso se encuentra apegado a derecho3
Este hecho ha tenido una gran repercusión a
nivel internacional: la CIDH dictó una medida de
protección urgente a Afiuni, en la que le solicita
al Estado venezolano hacer las diligencias
necesarias para garantizar su vida e integridad
física, que sea trasladada a un lugar seguro y que
se informe sobre las actuaciones del caso, pero
no es la primera oportunidad en que el Estado
venezolano hace caso omiso de las decisiones de
la CIDH.También se han pronunciado contra su
detención, la Red Latinoamericana de Jueces, la
Unión Internacional de Magistrados, el Obser-
vatorio Venezolano de los Derechos Humanos
de las Mujeres, la Fundación Holandesa Jueces
para Jueces, la Alta Comisionada para los dere-
chos humanos de las Naciones Unidas y el Gru-
po de Trabajo de Naciones Unidas Sobre Deten-
ciones arbitrarias.
Juan Carlos Salas. Chávez y el caso Cedeño “Hay que meterle pena máxima a esa jueza”. El Impulso, 12.12.09,
pág. C-3.
María Alessandra Matute: Fiscal General: “La justicia no puede estar en manos de irresponsables”. El
Impulso, 12.12.09, pág. C-3.
Venezolana de Televisión: Defensora del Pueblo afirma que proceso a Afiuni está apegado a derecho [en
línea] Consulta del 10.05.10.
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