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Timestamp: 2017-10-23 17:06:23+00:00

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10 PUNTOS DE LA CONTRAREFORMA ENERGÉTICA QUE TODAS Y TODOS DEBEMOS CONOCER | Colectivo CAUSA
Pronunciamiento en contra de la legalización del saqueo de las riquezas nacionales y en defensa de la soberanía energética de México.
10 Puntos de la contrareforma energética que todas y todos debemos conocer.
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PRONUNCIAMIENTO EN CONTRA DE LA LEGALIZACIÓN DEL SAQUEO DE LAS RIQUEZAS NACIONALES Y EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA ENERGÉTICA DE MÉXICO →
Publicado el diciembre 16, 2013	por colectivodeabogadoscausa
1.- Únicamente el pueblo puede cambiar los principios que la Constitución sanciona, pues se trata de un acto soberano y sólo el pueblo detenta con legitimidad un poder de tal naturaleza. Las autoridades ordinarias no poseen atribuciones jurídicas para alterar la esencia o el espíritu del texto constitucional, ya que con base en sus atribuciones convencionales sólo pueden modificarlo en fondo o en forma si no comprometen la existencia, sentido o realización de decisiones políticas fundamentales.
El procedimiento empleado tradicionalmente por el titular del poder ejecutivo y los partidos políticos en México para modificar la Constitución desconoce los mecanismos lógicos y jurídicos apropiados para llevar a cabo una revisión constitucional, situación que los gobiernos neoliberales han aprovechado para vaciar su contenido social y anular sus principios nacionalistas.
La revisión del contenido básico de una Constitución es un procedimiento extraordinario ajeno a la naturaleza jurídica de los órganos constituidos del Estado. Se trata, más bien, de un acto exclusivo del poder constituyente que sólo el pueblo puede ejercer de manera legítima.
2.- El trámite que se le dio a la contrarreforma energética fue manipulado políticamente y gestionado de forma poco transparente, violentando las normas y prácticas parlamentarias que regulan el trabajo legislativo en las cámaras, la reglamentación general del proceso legislativo y el procedimiento específico de reformas constitucionales.
En diciembre de 2012, el PRI, el PAN y el PRD firmaron el llamado “Pacto por México”. El acuerdo partidista tuvo como objetivos legitimar desde arriba la reapropiación priísta del poder presidencial e imponer los contenidos y los ritmos de una agenda legislativa que permitiera la consumación efectiva y eficiente de las “reformas estructurales”, por las que Enrique Peña Nieto había negociado la toma de la Presidencia de la República con el gobierno norteamericano y múltiples empresas trasnacionales.
b) El 14 de agosto de 2013, Enrique Peña Nieto envió a la Comisión Permanente una Iniciativa de Decreto por la que se reformaban los artículos 27 y 28 de la Constitución.
El Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución en materia de energía, emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y Primera de Estudios Legislativos del Senado, fue aprobado por 24 votos a favor y 9 en contra. No obstante, el PRD y el PT presentaron cerca de 200 reservas cuya gestión al interior de las comisiones fue manipulada por el PRI y resuelta en el Pleno de la Cámara. Los Presidentes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Energía y Primera de Estudios Legislativos: Enrique Burgos, David Penchyna y Raúl García, modificaron el texto del Dictamen votado en comisiones. Posteriormente, ya en el Pleno del Senado se convalidó el Acuerdo de modificación y, posteriormente, el Dictamen modificado ilegalmente fue también aprobado en lo general y en lo particular con 95 votos a favor y 28 en contra. En la Cámara de Diputados la Minuta del Senado fue avalada con 354 votos a favor y 134 en contra, sin que se turnara a Comisiones y sin discusión en el Pleno.
3.- En contra de los principios básicos y los criterios generalmente aceptados de la técnica legislativa, los senadores establecieron los lineamientos de la legislación secundaria y la reglamentación administrativa como contenido de los artículos transitorios del Decreto de reformas.
El Decreto reformó los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25, el párrafo sexto del artículo 27, los párrafos cuarto y sexto del artículo 28, además de que adicionó un párrafo séptimo al artículo 27 y un párrafo octavo al artículo 28.
Contiene 21 artículos transitorios en los que no sólo se establecen medidas reglamentarias de procedimiento para la transición de una normatividad a otra, sino que en ellos también se fijan los principios, las formas y los contenidos mínimos pero esenciales de la legislación secundaria, con la salvedad de que se les dota del resguardo propio de toda normatividad constitucional, por lo que se adelanta la reglamentación del cambio constitucional y se le pone candados a toda regulación subsecuente.
Esta situación convierte los artículos transitorios del Decreto en normas sustanciales de jerarquía constitucional que desarrollan las modificaciones impuestas al texto constitucional principal. Al perderse el carácter contingente de los artículos transitorios se vuelve inocua toda diferencia entre el texto principal de la Constitución y las disposiciones transitorias del Decreto en cuestión. Los aspectos básicos de la regulación, así como la posibilidad de oponer excepciones a las normas constitucionales y la determinación de las atribuciones de las entidades y las formas de participación y prerrogativas de los particulares, se dejan abiertos a la normatividad reglamentaria.
4.- La privatización y desnacionalización del sector energético constituye una alteración ilegítima e ilegal del orden jurídico mexicano que culmina un proceso histórico de desviación de poder y atentados en contra del proyecto soberano de nación que sustentaba la Constitución.
Los objetivos generales de la contrarreforma son el establecimiento de privilegios a partir de la entrega de recursos estratégicos y la infraestructura correspondiente a empresas transnacionales, así como el abastecimiento energético de Estados Unidos.
La contrarreforma pone las condiciones jurídicas para la subordinación de México al capital norteamericano a partir de la anulación de su autonomía patrimonial, la profundización de su dependencia financiera, económica y técnica, y su confirmación como país proveedor de materias primas, fuerza de trabajo súper explotable, mercado de productos residuales y depósito de desechos ingestionables o de difícil tratamiento.
La apertura del sector energético a la inversión extranjera directa hace compatibles las normas constitucionales con diversas disposiciones previstas en el TLCAN hasta ahora inaplicables, entre ellas las regalías previstas en el Capítulo XI a favor de las empresas, incluidas las normas referentes al régimen de solución de controversias basado en el sistema internacional de arbitraje, además de que vuelve inoperantes las reservas interpuestas por México al Capítulo VI.
Las contrarreformas progresivas que los gobiernos neoliberales le impusieron a la Constitución con el fin de destruir su contenido social y sus principios nacionalistas, así como con el propósito de adecuar las instituciones públicas y el Derecho a las necesidades particulares de ciertas empresas trasnacionales, implicaron el quebrantamiento del rol fundamental del Estado como garante del interés general de la sociedad mexicana. Las reformas anteriores prepararon el camino de la reforma energética, que no es sino la consagración de un plan pacientemente ejecutado durante poco más de treinta años. De esta manera, la reforma aparece como la culminación del ataque sistemático a la soberanía nacional y como la consolidación de la entrega de las riquezas del país al capital extranjero.
El Decreto de reformas es contario a la Constitución en términos sustanciales por que su implementación pone en peligro la seguridad y la soberanía energéticas, compromete la independencia nacional, atenta en contra de la seguridad y la soberanía nacionales, erosiona la rectoría económica del Estado sobre el petróleo, los hidrocarburos y la electricidad, imposibilita el desarrollo nacional integral y sustentable al desclasificar la petroquímica y la generación, conducción, transformación y abastecimiento de energía eléctrica como áreas estratégicas, pone en entredicho la viabilidad del régimen democrático al afectar las condiciones materiales que lo harían posible, obstaculiza el crecimiento económico y el empleo, contraría deberes constitucionales del Estado mexicano, como lo son la distribución equitativa del ingreso y la riqueza y la promoción del constante mejoramiento económico, social y cultural de las y los mexicanos, a la vez que impide el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales y dificulta el cumplimiento de las obligaciones del Estado relacionadas con la observancia y progresividad de los derechos fundamentales, la interpretación jurídica conforme con las pautas internacionales que rigen los derechos humanos y el principio pro personae, además de que implica la comisión dolosa del delito de traición a la patria y la imputación de otras responsabilidades.
5.- La conversión de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado implica la adopción de criterios productivistas de administración para la competencia, así como la destrucción del conjunto de rasgos que las caracterizaban como empresas públicas y las distinguían de las empresas del sector privado.
El Consejo de las empresas productivas del Estado dedicadas a actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, se conformará con cinco consejeros del gobierno federal y cinco consejeros independientes. De esta manera, el Presidente de la República y los representantes de las empresas controlarán el Consejo, mientras que el Sindicato quedará fuera del órgano directivo.
La planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, se reconocen como áreas estratégicas del desarrollo nacional, lo que significa que sobre dichas actividades no se otorgarán concesiones, aunque el Estado sí podrá firmar contratos con particulares y éstos podrán participar en otras actividades propias de la industria eléctrica.
La generación, conducción, transformación y abastecimiento de energía eléctrica, así como la electricidad en su conjunto, no se reconocen más como áreas estratégicas del desarrollo nacional, por lo que el Estado podrá otorgar concesiones y celebrar contratos sobre tales actividades, además de que los particulares podrán participar en ellas según lo dispongan las leyes reglamentarias.
El petróleo y los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, se mantienen como áreas estratégicas para el desarrollo nacional, por lo que sobre ellos tampoco se otorgarán concesiones. Sobre las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos el Estado sí podrá otorgar asignaciones a sus empresas productivas, o bien celebrar contratos con éstas o con particulares. Igualmente, para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán, a su vez, contratar con particulares.
Si bien se mantiene la prohibición para el otorgamiento de concesiones, ésta se anula tratándose de los contratos, aunque debe tenerse en cuenta que las asignaciones para efectos prácticos y de forma tramposa harán las veces de concesiones.
La petroquímica básica ya no se reconoce como área estratégica para el desarrollo nacional, por lo que el Estado podrá otorgar concesiones y celebrar contratos sobre ella, además de que los particulares podrán participar en tal actividad según lo dispongan las leyes reglamentarias.
No se limitarán las modalidades de contratación tratándose de las actividades de exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos, pero sí se especifica en los artículos transitorios del Decreto que por lo menos deben incluirse la de servicios, la de utilidad compartida, la de producción compartida, la de licencia o alguna combinación de éstas u otras.
Las modalidades de contratación y de contraprestación se regirán por el principio de maximización de los ingresos del Estado o la nación en vistas de obtener el mayor beneficio para el desarrollo de largo plazo.
A través de diversas modalidades de contratación, los particulares podrán llevar a cabo el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
Las empresas productivas del Estado que cuenten con una asignación o suscriban un contrato de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, así como los particulares que hayan celebrado un contrato con el Estado o con sus empresas productivas, podrán reportar para “efectos contables y financieros” la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados.
La promoción de la participación de cadenas productivas nacionales y locales a través del establecimiento de los porcentajes mínimos de contenido nacional, así como el fomento de la industria nacional en las actividades relacionadas con el petróleo, los hidrocarburos y la electricidad, quedan sin sentido, al menos tratándose de las empresas norteamericanas y canadienses, en cuanto que la contrarreforma autoriza la inversión extranjera directa, puesto que con ello se activarán distintas disposiciones del TLCAN hasta ahora inaplicables.
La capacidad operativa de PEMEX sobre las áreas en exploración y los campos en producción, en términos de eficiencia y competitividad, será evaluada por la dependencia correspondiente con el propósito de considerar su adjudicación a través de asignaciones. La resolución quedará en manos de la Secretaría del ramo en materia de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La Secretaría y la Comisión también decidirán, en su caso, sobre la migración a contratos de las asignaciones que se le adjudiquen a PEMEX.
Por su carácter estratégico, se considerará la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, como actividades de interés social (de beneficio para la colectividad) y orden público (en el entendido de que la sociedad tiene un interés de por medio y por ello se consideran disposiciones irrenunciables y de estricto cumplimiento), a raíz de lo cual tendrán preferencia sobre cualesquiera otras actividades que impliquen el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectados, incluida la minería.
Con la contrarreforma se abre la posibilidad de aprovechar la energía del subsuelo para generar energía eléctrica, o para otros usos, a través del reconocimiento, la exploración y la explotación de recursos geotérmicos.
9.- El manejo institucional de la contrarreforma energética queda en manos de nuevos organismos creados a modo para facilitar y perpetuar la privatización y el despojo.
La Comisión Reguladora de Energía, tendrá a su cargo en materia de hidrocarburos: la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos, así como la regulación del acceso de terceros a ductos de transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos. En materia de electricidad: la regulación y el otorgamiento de permisos para la generación, así como el establecimiento de las tarifas de porteo para transmisión y distribución.
Se creará el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo como un fideicomiso público que recibirá todos los ingresos que le correspondan al Estado a propósito de las asignaciones y contratos que otorgue y celebre.
El Comité Técnico del Fondo se integra con tres miembros representantes del Estado y cuatro miembros independientes. Los representantes del Estado son los titulares de las Secretarías de Hacienda y Energía más el Gobernador del Banco de México. A los miembros independientes los pone el Presidente de la República y seguramente los candidatos serán sugeridos previamente por las empresas petroleras.
10.- Los ingresos que le correspondan al Estado por las asignaciones y contratos serán manejados por el Fondo, constituido como fideicomiso público y cuyas decisiones serán tomadas por el Comité Técnico controlado por el Presidente de la República y las empresas. Todo ello a partir de un orden de preferencia en el que se priorizan los pagos por las obligaciones derivadas de las asignaciones y contratos antes que la cobertura del Presupuesto de Egresos.
Los ingresos se administrarán y distribuirán según un orden de prelación en el que luego de pagar las asignaciones y contratos, transferir recursos a los Fondos de Estabilización de los Ingresos Petroleros, de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y de Extracción de Hidrocarburos, de investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética y en materia de fiscalización petrolera, se transferirá a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del gobierno que se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos Anual de la Federación se mantenga en el 4.7% del PIB del año 2013.
Si el saldo acumulado del ahorro público de largo plazo es equivalente o superior al 10% del PIB del año previo al que se trate, los rendimientos financieros reales anuales asociados a los recursos del Fondo destinados a ahorro del largo plazo se transferirán a la Tesorería de la Federación. Si hay una reducción significativa en los ingresos públicos, asociada a un caída en el PIB, a una disminución pronunciada en el precio del petróleo o una caída en la plataforma de producción del petróleo, solamente una vez que se hayan agotado los recursos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros o su equivalente, la Cámara de Diputados podrá aprobar la integración de recursos de ahorro público de largo plazo al Presupuesto de Egresos de la Federación, incluso si esto implica que el saldo de ahorro de largo plazo se reduzca por debajo del 3% del PIB del año anterior.
PRONUNCIAMIENTO EN CONTRA DE LA LEGALIZACIÓN DEL SAQUEO DE LAS RIQUEZAS NACIONALES Y EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA ENERGÉTICA DE MÉXICO

References: artículo 25
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 27
 artículo 28
 resolución