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Timestamp: 2016-12-03 15:49:29+00:00

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ORDEN ITC/524/2007, de 27 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de proyectos y actuaciones para el desarrollo de la sociedad de la información con destino a las pequeñas y medianas empresas en el marco del Plan Avanza (Programa Avanza PYME)
ORDEN ITC/524/2007, de 27 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de proyectos y actuaciones para el desarrollo de la sociedad de la información con destino a las pequeñas y medianas empresas en el marco del Plan Avanza (Programa Avanza PYME) Mis Leyes
ORDEN ITC/524/2007, de 27 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de proyectos y actuaciones para el desarrollo de la sociedad de la información con destino a las pequeñas y medianas empresas en el marco del Plan Avanza (Programa Avanza PYME) Estado	:
ITC/524/2007	Boletín Oficial	:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	Disposición final primera. Título competencial.Disposición final segunda. Entrada en vigor.ANEXO IITítulo del proyecto. 2. Datos económicos del proyecto:
El 4 de noviembre de 2005, el Consejo de Ministros adoptó el Acuerdo por el que se aprueba el plan 2006-2010 para el desarrollo de la sociedad de la información y de convergencia con Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, plan Avanza y se adoptan mandatos para poner en marcha diversas medidas normativas de impulso a la sociedad de la información. En dicho acuerdo se establece que se ha elaborado un Plan orientado a conseguir la adecuada utilización de las TIC para contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la productividad.
A partir del Acuerdo citado resulta necesario desarrollar las medidas contempladas en el Plan Avanza siguiendo sus orientaciones y objetivos. En particular, aquellas que ayuden al tejido empresarial español a adoptar las tecnologías de la sociedad de la información, como medio para alcanzar los objetivos de competitividad y productividad citados tanto en el propio Plan Avanza como en el Acuerdo del Consejo de Ministros aludido.
La presente orden pretende contribuir a dicho desarrollo para el caso de las pequeñas y medianas empresas (PYME), desde una doble perspectiva. En primer término, se contemplan de manera integral las actividades de fomento de la incorporación de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) a los procesos de negocio de las PYME realizadas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI). Es decir, se reúnen en esta orden los diversos instrumentos que la SETSI pone a disposición de las pequeñas y medianas empresas para su incorporación a la Sociedad de la Información, partiendo del convencimiento de que sólo un enfoque de estas características permite conseguir los efectos deseados.
Este enfoque integral incluye las actividades de difusión de las posibilidades y beneficios de la utilización de las TIC en los procesos de negocio de las empresas, las ayudas de tipo financiero para las empresas individuales, las ayudas para concertaciones sectoriales, los acuerdos con desarrolladores de soluciones y empresas proveedoras de equipamiento y servicios y las ayudas para el desarrollo de soluciones colectivas de negocio electrónico y factura electrónica.
En especial, se promoverán las soluciones de negocio electrónico, que pueden abarcar cualquier ámbito tanto en la automatización y mejora de los procesos internos de la empresa como en su interrelación con clientes, proveedores, ciudadanos y administraciones públicas, para lo que se pretende que sean lo más abiertas e interoperables posible, sujetas a estándares y aceptadas por los principales agentes intervinientes en los procesos de negocio.
En segundo lugar, la orden toma en consideración los diferentes aspectos de esta problemática, tales como la importancia de la adecuación de las soluciones disponibles en función del sector y el tamaño de las empresas, la particularización de las soluciones para la diversa distribución territorial o los agentes más adecuados para impulsar el proceso de cambio. Aunque la disponibilidad de infraestructuras, servicios y soluciones de negocio son premisas necesarias, igualmente importante es la activación de agentes dinamizadores y prescriptores tecnológicos, que contando con la capilaridad necesaria por su cercanía a la PYME permitan catalizar las actividades de implantación de las soluciones TIC. De este modo se puede conseguir la masa crítica suficiente para que los proyectos una vez iniciados, gracias a las ayudas públicas, puedan continuar por sí mismos cuando las ayudas han cumplido su cometido.
Mediante la presente orden se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a promover la incorporación de las pequeñas y medianas empresas al negocio electrónico y a la Sociedad de la Información en general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Dichas ayudas pueden ser cofinanciadas por fondos comunitarios, dentro de algunos de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Por ello se contempla la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control propios de dichos programas operativos y, en particular, el Reglamento (CE) número 438/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001. Por otro lado, estas ayudas están sometidas al régimen de minimis, de acuerdo con el Reglamento (CE) número 1998/2006 de la Comisión.
El artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio es el departamento de la Administración General del Estado encargado, entre otras, de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de telecomunicaciones, medios audiovisuales y de desarrollo de la sociedad de la información.
Primero. Objeto.-1. Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras del régimen de ayudas del Programa Avanza PYME, para la realización de proyectos y actuaciones de implantación de soluciones TIC e incorporación al comercio y negocio electrónico, y especialmente la utilización de la factura electrónica, en las pequeñas y medianas empresas, de manera que, de forma progresiva, éstas vayan incorporando las tecnologías de la información y las comunicaciones a sus procesos de negocio, a fin de contribuir a su competitividad y a la mejora de su productividad.
2. A los efectos de esta orden, se entiende por negocio electrónico el uso productivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en apoyo de los procesos empresariales, tanto internos como externos.
3. Las ayudas destinadas a los mencionados proyectos, cuyos tipos se especifican en el apartado cuarto de esta misma orden, podrán tener carácter plurianual. Las ayudas estarán condicionadas a la existencia de consignación presupuestaria en cada ejercicio y a los requisitos que, para los compromisos de gastos de esta naturaleza, establece el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Asimismo, se acogerán a lo dispuesto en el Reglamento (CE) número 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis («Diario Oficial de la Unión Europea» L 379 de 28 de diciembre de 2006).
Segundo. Ámbito temporal.-De acuerdo con el Plan Avanza, esta orden estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2010. No obstante, en el caso de actuaciones cofinanciadas por el FEDER, su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2013.
Tercero. Ámbito geográfico.-Las actividades objeto de ayuda podrán realizarse en la totalidad o parte del territorio nacional, si bien tendrán prioridad las que tengan carácter suprarregional, que podrán complementarse con aquellas otras desarrolladas por las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivos territorios. A efectos de la distribución regional de las ayudas se tendrán en cuenta las actuaciones previstas en los programas operativos de aplicación de Fondos FEDER cuya gestión haya sido encomendada a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Cuarto. Proyectos y actuaciones financiables.-1. Las ayudas reguladas en la presente orden se dirigen al fomento de soluciones colectivas de negocio electrónico para pequeñas y medianas empresas, tanto sectoriales como de carácter horizontal que contemplen el conjunto de la cadena de valor en un ámbito territorial o en una agrupación de empresas, con el objetivo de mejorar su competitividad y productividad.
2. Podrán recibir ayudas los proyectos y actuaciones dirigidos a impulsar la incorporación, por las Pequeñas y Medianas Empresas españolas, de las tecnologías de la información y las comunicaciones para optimizar tanto los sistemas internos de organización y producción como sus relaciones con proveedores y clientes.
Estos proyectos y actuaciones se han de orientar de manera prioritaria al establecimiento de soluciones colectivas, que puedan ser sostenibles a largo plazo, desde los puntos de vista técnico y económico, creando redes, servicios e infraestructuras técnicas y organizativas que permitan el aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio por parte de las pequeñas y medianas empresas.
En particular, los tipos de proyectos y actuaciones financiables podrán tener el contenido que se detalla a continuación:
a) Estudios previos a proyectos colectivos de negocio electrónico.
1.º Realización de análisis, estudios y cualquier otra forma de asesoramiento técnico-económico que permita conocer la viabilidad y oportunidad de llevar a cabo soluciones colectivas de negocio electrónico para las PYME.
2.º Realización de actividades de diagnóstico y sus correspondientes planes de mejora respecto a las posibilidades que el negocio electrónico pueden aportar a zonas o sectores.
b) Proyectos de implantación de soluciones colectivas de negocio electrónico.
1.º Implantación y potenciación de soluciones colectivas de negocio electrónico, sectoriales o de potenciación de la cadena de valor, que respondan a las necesidades de grupos de pequeñas y medianas empresas, sean del mismo sector o no. Dentro de estas soluciones se podrán contemplar la creación o implantación de servicios, tanto desde el punto de vista de equipamiento como de aplicaciones.
2.º Realización de experiencias piloto, de duración y ámbito reducido, que permitan demostrar el grado de viabilidad técnica y económica de la implantación de sistemas de negocio electrónico orientados a satisfacer las necesidades de las PYME.
c) Proyectos de desarrollo de productos software, soluciones y contenidos para el negocio electrónico
1.º Realización de aplicaciones, sistemas y servicios para atender necesidades colectivas de negocio electrónico.
2.º Incorporación de soluciones estándar a productos preexistentes de utilidad para el negocio electrónico de las pequeñas y medianas empresas.
3.º Desarrollo de contenidos de interés para la incorporación de las pequeñas y medianas empresas al negocio electrónico.
d) Proyectos de inversión en sistemas de negocio electrónico por parte de las pequeñas y medianas empresas
1.º Inversión en la adopción de herramientas de negocio electrónico.
2.º Inversión para incorporar soluciones de facturación electrónica en su actividad.
3.º Inversión en la adopción de estándares comunes en actividades concretas de negocio electrónico.
e) Acciones de difusión y concertación de proyectos de negocio electrónico
1.º Promoción del uso del negocio electrónico, en el ámbito de las PYME, mediante acciones que demuestren su utilidad, animen a su utilización y mejoren su conocimiento, tales como realización de exposiciones, seminarios, demostraciones, elaboración y distribución de materiales de divulgación, y entrenamiento de gestores y usuarios.
2.º Realización de talleres con la concurrencia del conjunto de los agentes de un sector, desarrolladores de aplicaciones, administraciones públicas y empresas, etc.
3.º Acciones de difusión de las potencialidades del negocio electrónico desde perspectivas sectoriales, territoriales o de cadena de valor.
f) Acciones de difusión, comunicación y extensión entre las PYMES de mejores prácticas en materia de seguridad de la información y las comunicaciones
1.º Impulso de la promoción de la identidad digital y la firma electrónica.
2.º Extensión de las mejores prácticas asociadas a la seguridad y su gestión, incluyendo la obtención de certificaciones.
3.º Acciones de difusión, comunicación y divulgación.
Quinto. Beneficiarios. Modalidades de participación.-1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en la presente orden, sin perjuicio de las excepciones establecidas en el artículo 1 del Reglamento (CE) número 1998/2006 de la Comisión, las siguientes entidades:
a) Pequeña y mediana empresa (PYME): Cuando en las presentes bases se aluda a pequeñas y medianas empresas (PYME), se entenderá por tales, de acuerdo con la Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003 (DOUE L 124) sobre definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, las empresas que cumplan los siguientes requisitos:
1.2 Entidades sin ánimo de lucro: Las organizaciones públicas o privadas, cualquiera que sea su estatuto fundacional, con personalidad jurídica propia que, sin ánimo de lucro, tengan la finalidad de prestar servicios de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, mediante la realización de proyectos comunes de asistencia o la promoción de servicios que contribuyan a la promoción y mejora de la competitividad de la PYME.
1.3 Agrupaciones de Interés Económico de empresas que cumplan la finalidad del párrafo anterior.
1.4 Agrupaciones: Las anteriores entidades podrán formar uniones o agrupaciones sin personalidad jurídica, rigiéndose por el contrato, convenio o acuerdo que las regule, al amparo del artículo 11.3, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, existiendo un órgano de representación que actúe de interlocutor a efectos de la solicitud. Este interlocutor o entidad representante recibirá, distribuirá, representará y desempeñará las obligaciones que la propia agrupación deba cumplir conforme a las presentes bases y a la convocatoria correspondiente, así como las que correspondan a todos los miembros de la agrupación. En particular, el representante será el encargado de realizar las labores de información, verificación y control establecidas en el Reglamento (CE) número 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, respecto a las PYMES participantes en el proyecto, y a remitir toda la documentación aplicable al órgano instructor de las ayudas.
4. Cuando en la realización de un proyecto o actuación se subcontrate parte de su ejecución, el coste de la subcontratación no podrá superar el 95 por 100 del coste total del proyecto o actuación.
Cuando la subcontratación exceda del 20 por 100 del importe de la ayuda, y dicho importe sea superior a 60.000 euros, deberá celebrarse un contrato por escrito entre las partes y presentarse con carácter previo a la resolución de la concesión. Se entenderá concedida la ayuda y autorizado el contrato por el órgano concedente de la ayuda cuando el beneficiario reciba la resolución de concesión.
Sexto. Requisitos y obligaciones de los beneficiarios.-Los beneficiarios no podrán encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias que prohíben la obtención de la condición de beneficiario, recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Los beneficiarios deberán comunicar al órgano instructor, si se produce el caso, la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos para la ejecución de las actividades financiadas, tan pronto como tengan conocimiento de ello y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo los beneficiarios deberán comunicar otras posibles ayudas concedidas al amparo de la norma comunitaria de minimis, en el ejercicio fiscal en curso y en los dos anteriores, cualquiera que fuera el objeto de las mismas.
Séptimo. Entidades colaboradoras.-1. La entrega y distribución de las ayudas podrá efectuarse a través de entidades colaboradoras, que deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
a) las Comunidades Autónomas,
b) las Corporaciones Locales,
d) las sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones Públicas, organismos o entes de derecho público,
e) las asociaciones a las que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local,
Octavo. Modalidades de ayudas a la financiación de proyectos y actuaciones.-1. Las ayudas a la financiación de proyectos y actuaciones objeto de esta Orden podrán concederse con arreglo a las siguientes modalidades:
3. En ningún caso las ayudas podrán superar el importe máximo total de ayuda de minimis, actualmente establecido en 200.000 euros durante un período de tres ejercicios fiscales para una misma empresa, ni individualmente ni como resultado de la acumulación con otras ayudas de minimis concedidas a la misma empresa, conforme establece el Reglamento (CE) número 1998/2006 de la Comisión, ni el resultante de las normas comunitarias sobre acumulación de ayudas.
a) Importe máximo del préstamo: Hasta el 100 por 100 del coste de los proyectos o actuaciones, todo ello siempre y cuando el importe total de la ayuda, calculado al tipo de referencia vigente en la fecha de concesión de la ayuda, no sea superior a 200.000 euros.
b) Plazo máximo de amortización de 15 años, modulable en la respectiva resolución de concesión, atendiendo a la naturaleza y a las características del proyecto o actuación. En cualquier caso, se podrá conceder un plazo de carencia no superior a tres años. La modificación del plazo de amortización finalmente concedido se regirá por lo dispuesto en el apartado vigesimoquinto de la orden,
d) Garantías: Las que se establezcan en el apartado vigesimosegundo de esta orden.
Décimo. Conceptos susceptibles de ayuda.-1. Las ayudas previstas en esta orden se destinarán a cubrir los gastos que estén directamente relacionados con el desarrollo del proyecto o actuación para el que se hayan concedido.
a) Inversiones materiales o inmateriales de productos de tecnología de la información y las comunicaciones dedicados al proyecto o actuación.
b) Gastos de personal técnico directamente asignado al proyecto y que tenga relación laboral con la entidad beneficiaria.
d) Otros gastos generales suplementarios directamente derivados del proyecto o actuación y debidamente justificados.
Undécimo. Financiación de proyectos y actuaciones: intensidad de ayuda.-1. Las subvenciones y préstamos de los que puedan beneficiarse los proyectos y actuaciones objeto de esta orden, se financiarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se determinen en las correspondientes convocatorias.
3. Se entiende por intensidad bruta de la ayuda el valor de la ayuda actualizado, cuyo cálculo se realiza conforme a lo establecido en el artículo 2.f) del Reglamento (CE) número 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas («Diario Oficial de las Comunidades Europeas» L 10 de 13 de enero de 2001).
4. La intensidad bruta máxima de las ayudas en forma de subvención que se podrá conceder para los proyectos y actuaciones regulados en esta orden, será la siguiente:
Intensidades brutas máximas de ayudas en forma
Acciones de difusión y concertación, comunicación y extensión.
Hasta el 75 % del coste subvencionable de la Acción.
Hasta el 95 % del coste subvencionable de la acción si la Comisión de Evaluación la califica de interés general en el caso de entidades sin fines de lucro.
5. Las intensidades brutas máximas recogidas en la tabla anterior podrán incrementarse, en el caso de proyectos, en 10 puntos porcentuales para los beneficiarios que actúen como coordinadores de proyectos en cooperación.
6. En el caso de que se trate de proyectos o actuaciones que se efectúen en regiones contempladas en las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), los porcentajes máximos sobre el coste subvencionable de los proyectos que figuran en el punto anterior se incrementarán del siguiente modo:
a) Regiones del artículo 87.3 a) del TCE: Incremento de 15 puntos porcentuales.
b) Regiones del artículo 87.3 c) del TCE: Incremento de 10 puntos porcentuales.
Duodécimo. Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento y rango de la convocatoria.-1. El órgano competente para convocar las ayudas relativas a esta orden será la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Decimotercero. Convocatorias de ayudas.-1. El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación.
En el caso de las convocatorias abiertas, cuando a la finalización de un período se hayan concedido las subvenciones correspondientes y no se haya agotado el importe máximo a otorgar, el importe restante será automáticamente trasladado y agregado al importe disponible para el siguiente período de la misma convocatoria.
Decimocuarto. Solicitudes y plazo.-1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas seguirá el modelo que figura, a título informativo, en el anexo de la presente orden. Dicho modelo estará disponible para su cumplimentación y presentación en la dirección de Internet del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.mityc.es/portalayudas). El modelo citado consta de tres elementos: solicitud de ayuda, cuestionario y memoria, los cuales se cumplimentarán necesariamente con los medios electrónicos de ayuda disponibles en la referida dirección de Internet. Dicho modelo podrá ser modificado en las convocatorias que se realicen en el marco de la presente orden de bases.
7. De conformidad con el apartado 4 del artículo 22 del Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la presentación de la solicitud para la obtención de ayuda conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de certificados telemáticos. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar dicha certificación cuando le sea requerida por la Administración.
8. Respecto de las solicitudes de ayudas para proyectos o actuaciones de carácter plurianual, tras dictarse la resolución estimatoria de las mismas, el beneficiario individual o el beneficiario representante y el resto de beneficiarios en proyectos en cooperación no tendrán obligación de presentar solicitudes en los ejercicios posteriores para las anualidades incluidas en la resolución estimatoria de su proyecto o actuación, sin perjuicio de la obligación de presentar los justificantes previstos en el apartado vigésimo cuarto de esta orden y cumplir los demás requisitos previstos por la normativa vigente para que el órgano competente pueda reconocer la obligación correspondiente.
Decimosexto. Evaluación y selección de las solicitudes.-1. Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de evaluación en el que intervienen el órgano competente para la instrucción del procedimiento y comisiones de evaluación.
2. Los resultados de las evaluaciones efectuadas por el órgano instructor se trasladarán a las Comisiones de Evaluación. Estas comisiones realizarán el informe de la evaluación final y propuesta de estimación o desestimación de las solicitudes de financiación de proyectos y actuaciones, El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Evaluación, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
Decimoséptimo. Propuesta de resolución provisional y trámite de audiencia.-1. Una vez la Comisión de Evaluación haya emitido su informe, se formulará por el órgano instructor la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se comunicarán a los solicitantes para que en plazo de 10 días, formulen las alegaciones que estimen convenientes
Decimoctavo. Resolución.-1. Una vez elevada la correspondiente propuesta de resolución definitiva, se dictará la resolución estimatoria o desestimatoria de concesión de la ayuda solicitada por el órgano competente. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.
Las solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de seis meses desde la publicación de la correspondiente convocatoria o, en el caso de las convocatorias abiertas, desde el inicio del período de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes.
h) que la ayuda que se concede tiene un carácter de minimis, de acuerdo con el Reglamento (CE) número 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis («Diario Oficial de las Comunidades Europeas» L 379 de 28 de diciembre de 2006).
Decimonoveno. Notificaciones.-1. Las notificaciones se realizarán conforme a lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Vigésimo. Publicidad de las ayudas concedidas.-1. La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. En las publicaciones, actividades de difusión, páginas web y otros resultados a los que pueda dar lugar el proyecto deberá mencionarse al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como entidad financiadora, citando el programa Avanza PYME. En caso de que el proyecto fuera cofinanciado por el FEDER deberá así mismo realizarse la mención correspondiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento (CE) número 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999 y en el Reglamento (CE) número 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 2000, sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales.
Vigesimoprimero. Compatibilidad con otras ayudas.-La percepción de las ayudas reguladas en esta orden será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, salvo si tal acumulación condujera a una intensidad de la ayuda superior a la establecida para las circunstancias concretas de cada caso en un reglamento de exención por categorías o en una decisión adoptada por la Comisión. En este caso, los límites máximos fijados se aplicarán tanto si la aportación para el proyecto subvencionado procede de recursos estatales como si la financia parcialmente la Comunidad. Esta compatibilidad estará condicionada a que el importe de las ayudas concedidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras, supere el coste de la actividad subvencionada.
Vigesimosegundo. Garantías.-1. En el caso de los procedimientos de selección de entidades colaboradoras será de aplicación lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En particular, los participantes en un proceso de selección de entidades colaboradoras sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, y no discriminación, no precisarán la presentación de garantías provisionales.
Junto con la propuesta de resolución provisional estimatoria y la notificación del inicio del trámite de audiencia, se solicitará al interesado la aportación del resguardo de constitución de las garantías ante la Caja General de Depósitos, en alguna de las modalidades previstas en la normativa de la citada Caja [Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero (BOE núm. 48, de 25 de febrero de 19979 y Orden de 7 de enero de 2000 (BOE núms. 21 y 26, de 25 y 31 de enero de 2000), modificada por la Orden ECO/2120/2002, de 2 de agosto (BOE núm. 203, de 24 de agosto de 2002)] y con los requisitos establecidos para las mismas. La aportación de los resguardos de constitución de las garantías no supone la generación de derecho alguno frente a la Administración, ni prejuzga el contenido de la resolución definitiva de concesión, ni genera derecho subjetivo a la obtención de ayuda por el interesado.
Vigesimotercero. Pago de las ayudas.-1. Las subvenciones y los préstamos serán siempre abonados con anterioridad a la realización del proyecto o actuación.
2. El pago de la ayuda quedará condicionado a que exista constancia por parte del órgano gestor de que el beneficiario cumpla los requisitos establecidos en la presente orden, así como los señalados en el artículo 34 de la Ley General de Subvenciones, entre ellos el de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, En el caso de que no conste la situación del beneficiario respecto a tales obligaciones, se le requerirá para que en el plazo máximo de diez días, desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, aporte los oportunos certificados, sin perjuicio de lo previsto en el apartado decimocuarto.7.
No obstante, y aun en el caso de que el proyecto o actuación tenga una duración que abarque varios ejercicios, la convocatoria podrá establecer que los pagos se realicen de una sola vez y tras dictarse la resolución de concesión.
3. El pago de las ayudas estará condicionado a la presentación de garantías en los casos previstos en el apartado vigesimosegundo.
Vigesimocuarto. Ejecución de la actividad.-Los gastos previstos en el proyecto o actuación objeto de ayuda deberán ser realizados en los años para los que se conceda la ayuda. Con carácter general será de aplicación lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.
Vigesimoquinto. Modificación de las condiciones de ejecución de la actividad.-Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados que se recojan en las resoluciones de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, en aspectos tales como el importe de la inversión aprobada, de sus conceptos, o el cumplimiento de plazos para la realización del proyecto o actuación, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión. Cualquier cambio en el proyecto requerirá acumulativamente:
No obstante, en casos debidamente justificados se podrán admitir incrementos de hasta un 20 por 100 en los apartados que figuran en la resolución de concesión, compensables con disminuciones de otros, siempre que no se altere el importe total de la subvención y se compruebe que permiten la consecución o mejora de los objetivos previstos en el proyecto, sin necesidad de modificar la resolución de concesión.
Vigesimosexto. Justificación.-1. La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV, artículo 30 y sucesivos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el título II, capítulo II, de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, según las disposiciones que sobre seguimiento técnico establezcan las convocatorias y, en su caso, según lo establecido en la normativa aplicable de los Fondos comunitarios de la Unión Europea, en el supuesto de que dicha convocatoria estuviera cofinanciada por dichos Fondos.
3. Cuando el beneficiario opte por presentar la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, la aportación de los justificantes de gasto de la memoria económica justificativa podrá ser sustituida por un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de General de Subvenciones. A este efecto el gasto derivado de la elaboración de dicho informe tendrá la consideración de gasto financiable, hasta el límite del uno por ciento del presupuesto financiable, sin exceder de 3.000 euros.
8. En casos debidamente justificados, y mediante petición razonada, el beneficiario podrá solicitar la ampliación del plazo de rendición de los antedichos informes, antes de que finalice el plazo de presentación inicialmente previsto. El órgano concedente podrá otorgar una ampliación del plazo que no exceda la mitad del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero. La concesión o denegación de la ampliación deberá realizarse de la forma prevista en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.»
Vigesimoséptimo. Actuaciones de comprobación y control.-El beneficiario de la ayuda estará obligado a facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización del proyecto o actuación objeto de la misma. Asimismo, el beneficiario estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, así como al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas y, en su caso, a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con los Fondos Comunitarios.
Vigesimooctavo. Incumplimientos, reintegros y sanciones.-1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente orden y demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver las ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Vigesimonoveno. Criterios de graduación del reintegro por los posibles incumplimientos.-Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:
c) Conforme a lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro de la ayuda no justificada y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan.
Trigésimo. Normativa aplicable.-Las ayudas reguladas en esta orden se regirán, además de por lo dispuesto en la misma, por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General presupuestaria, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las demás disposiciones que resulten de aplicación.
Trigesimoprimero. Facultades de ejecución.-Se faculta al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información para dictar las resoluciones necesarias para la ejecución de esta orden.
Madrid, 27 de febrero de 2007.-El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos y Matheu.
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«Estructura del Informe de Auditor»
Gastos de inversiones materiales o inmateriales.
Gastos de subcontrataciones.
El presupuesto inicial y sus posibles cambios aprobados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC).
3.1 Gastos de inversiones materiales o inmateriales.-El auditor deberá analizar:
Si las inversiones materiales o inmateriales incluidas coinciden con las del proyecto aprobado.
En el caso de que alguna de ellas sea diferente, el auditor analizará si se trata de cambios que aportan funcionalidad equivalente y por ello no sujetos a aprobación o, en el caso de que no sea así, analizará si los mismos han sido previamente aprobados por escrito por el MITYC.
Las fechas de las facturas y documentos acreditativos del pago deberán ser coherentes con el calendario de realización del proyecto que figura en la Resolución de concesión o sus posibles ampliaciones de plazo de ejecución aprobadas por el MITYC.
Facturas fuera de plazo, que el auditor deberá identificar
Pagos fuera de plazo, correspondientes a facturas identificadas
Ausencia de documentos de pago
Facturas o documentos de pago de inversiones materiales o inmateriales no directamente relacionados con el proyecto o actuación.
3.2 Gastos de personal técnico.-El auditor deberá analizar:
Si las personas están incluidas en documento TC2 de la Seguridad Social y en el modelo 190 o certificado de retenciones del IRPF de Hacienda o bien, estando dadas de alta en el régimen de autónomos, colaboran directamente con la entidad beneficiaria de la ayuda.
3.3 Gastos de subcontrataciones.-El auditor deberá analizar:
En el caso de que alguno de ellos sea diferente, el auditor deberá analizar si se trata de modificaciones por otros gastos equivalentes, que no afectan al importe de las partidas del presupuesto financiable aprobado y por ello no sujetas a aprobación previa o, en el caso de que no sea así, analizará si los cambios han sido previamente aprobados por el MITYC.
Los contratos por los que se acuerdan los términos de la subcontratación.
3.4 Otros gastos generales.-El auditor deberá analizar:
3.5 Imputación de gastos a las PYMES participantes en proyecto.-Cuando sea aplicable de acuerdo con lo indicado en la resolución de concesión, el auditor deberá verificar que la cuenta justificativa elaborada por el beneficiario incluye una relación de PYMES directamente participantes en el proyecto, indicando para cada una de ellas, al menos, los siguientes datos:
Identificación de la PYME (CIF, razón social, dirección postal, teléfono y dirección de correo electrónico)
Gastos directamente imputables a la PYME, para los que exista constancia documental en los términos indicados anteriormente para cada uno de los cuatro conceptos siguientes:
Constancia de la existencia de declaración de ayuda de minimis firmada por el representante legal de la PYME, y que no supera los límites establecidos en el Reglamento (CE) número 1998/2006.
(Sello, nombre, firma, fecha y número de inscripción en el ROAC
RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 3/2007, para la selección de las PYME participantes en los proyectos de negocio electrónico y factura electrónica presentados por las entidades colaboradoras seleccionadas en la convocatoria 2/2007, del Programa Avanza PYME	Cerrar PDF

References: artículo 9
 artículo 149
 artículo 47
 artículo 1
 artículo 11
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 artículo 13
 resolución 
 artículo 2
in fine
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 22
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 18
 artículo 46
 artículo 44
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 34
 resolución 
 artículo 31
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 30
 Real Decreto 
 artículo 74
 artículo 49
 resolución 
 artículo 70
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 resolución 

RESOLUCIÓN