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Timestamp: 2020-08-06 21:51:37+00:00

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Sentencia de Tutela nº 100/20 de Corte Constitucional, 9 de Marzo de 2020 - Jurisprudencia - VLEX 844191739
Sentencia de Tutela nº 100/20 de Corte Constitucional, 9 de Marzo de 2020
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DERIVADA DEL CONTRATO EDUCATIVO FACULTA –EN PRINCIPIO- A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA A RETENER LOS DOCUMENTOS CUANDO NO SE ACREDITE, POR PARTE DEL INTERESADO UNA JUSTA CAUSA Y LA VOLUNTAD DE PAGO DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS. El accionante considera que la institución educativa demandada vulneró su derecho fundamental a la educación como consecuencia de no hacerle entrega del acto de grado de bachiller, con el argumento de que sus padres incumplieron con las cuotas mensuales acordadas en el acuerdo de pago suscrito por la deuda de varias pensiones mensuales dejadas de cancelar en períodos anteriores. El peticionario adujo que esta decisión amenaza la continuidad de su proceso de formación académica y que sus padres se encuentra en una situación de imposibilidad de pagar las obligaciones económicas mencionadas, a pesar de tener voluntad real de cumplir con ellas. Luego de reiterar temática relacionada con el derecho a la educación y la retención de títulos, la Corte decidió AMPARAR el derecho invocado. Se ordenó a la entidad entregar al actor el acta de grado requerido, previa suscripción de un acuerdo de pago que se ajuste a la capacidad económica de éste y de sus padres, en el cual se tenga en consideración la integralidad de la deuda y los intereses causados, sin afectar el mínimo vital de los mismos.
Sentencia T-100/20
Referencia: Expediente T-7.573.693
Acción de tutela interpuesta por J.A.Z.G. en contra del Colegio Liceo de C. “El Retiro”
Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veinte (2020)
Hechos probados. El 30 de noviembre de 2018, J.A.Z.G. (en adelante, el accionante) terminó sus estudios de bachillerato en el Colegio Liceo de C. “El Retiro” (en adelante, el accionado o el Colegio)[1]. Ese mismo día, el Colegio le entregó el diploma de bachiller académico al accionante, pero no el acta de grado, habida cuenta del impago de las pensiones correspondientes a los meses junio a noviembre de 2017 y abril a noviembre de 2018. Por lo anterior, el 14 de mayo de 2019, el señor J.A.Z.C., padre del accionante, suscribió un acuerdo de pago con el Colegio en relación con las pensiones adeudadas. En dicho acuerdo, las partes estipularon que, desde el 30 de mayo de 2019 hasta el 30 de octubre de 2021, el señor Z.C. debía pagar a favor de dicha institución la suma de $12.558.041.oo, en 31 cuotas mensuales de $400.000.oo cada una (excepto la última, que se estipuló por el valor de $558.041.oo)[2]. El accionante aportó los comprobantes de pago de tres de las cuotas pactadas[3]. Tras solicitar el acta de grado, el accionante señaló que, el 17 de mayo del mismo año, el abogado del Colegio les informó que “no harían entrega de la copia del acta de grado solicitada ni ninguna otra clase de documentos”[4]. Desde el primer semestre de 2019, el accionante está matriculado en el programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Externado de Colombia[5], a pesar de que, según informó esta institución, presenta “bloqueo administrativo por entrega de acta de grado”[6].
Solicitud de tutela. El 21 de mayo de 2019, el accionante presentó acción de tutela en contra del Colegio. Esto, porque consideró que sus derechos fundamentales a la educación y a “la formación integral”[7] habían sido “amenazados”[8] por dicha institución, debido a que no le ha entregado el acta de grado de bachiller. En su solicitud de amparo, afirmó que necesita dicho documento para “legalizar [su] matrícula ante la Universidad Externado de Colombia”[9] y “definir [su] situación militar ante el Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional de Colombia”[10]. Así mismo, señaló que el incumplimiento de las obligaciones económicas con el Colegio se debió a la “difícil situación económica por la que han venido atravesando en los últimos años”[11]. No obstante, destacó que sus padres “han actuado de buena fe en cumplimiento de las obligaciones con el Colegio”[12] y han tenido una “clara voluntad de pago”[13], la cual se evidencia con los pagos llevados a cabo durante los últimos cuatro años y la suscripción del acuerdo de pago. Por último, resaltó que la decisión del Colegio de retener el acta de grado representa “riesgo flagrante [a su] derecho fundamental a la educación”[14].
Admisión de la acción de tutela y vinculaciones al proceso. Mediante el auto de 22 de mayo de 2019, el Juez 16 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá admitió la acción de tutela en contra del Colegio[15]. A su vez, por medio del auto de 30 de mayo de 2019, el referido juez ordenó la vinculación de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, de la firma “Abogados Asociados RAPL” y de la señora N.R., secretaria del rector del Colegio[16], quien no contestó el auto de vinculación.
Contestación del Colegio Liceo de C. “El Retiro”. El 27 de mayo de 2019, el accionado solicitó (i) “no cultivar la cultura de no pago”[17], la cual entiende que sería promovida si se concede el amparo, porque los padres del accionante “actualmente se encuentran en mora sin ninguna intención de pagar”[18]; (ii) aplicar lo previsto por la Ley 1650 de 2013, que exige al deudor “aportar los documentos que demuestren una calamidad que justifique el no pago”[19], y (iii) “suscribir un acuerdo de pago avalado por el accionante y sus padres”[20]. Además, señaló que “la institución educativa nunca vulneró el derecho fundamental a la educación, dejando cursar todos los estudios y entregando el diploma respectivo”[21], pese a que “los padres del accionante presentan un histórico de pagos atrasados desde el 2013”[22]. Por último, advirtió que el acuerdo de pago de 14 de mayo de 2019 “no se cumplió”[23] y que “la institución educativa accede a entregar los documentos solicitados siempre y cuando se suscriba un acuerdo de pago en el cual se comprometa a pagar la mitad de la obligación y el saldo se difier[a] a cuotas”[24].
Contestación de la Secretaría de Educación Distrital. El 31 de mayo de 2019, la Secretaría de Educación solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque el presente caso está por fuera de su competencia, “teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 3 del Decreto 330 de 2008”[25]. Esta solicitud se fundamentó en las siguientes dos razones: (i) el accionante no ha presentado una queja que active las funciones de control y vigilancia a cargo de esta Secretaría y (ii) el accionado “no hace parte de la red de colegios del Distrito Capital”[26], por tanto, esta Secretaría “no es [su] superior jerárquico”[27]. Respecto de sus funciones de “control, inspección y vigilancia de todos los planteles educativos privados”[28], la Secretaría en mención indicó que los hechos de la acción de tutela “no fueron puestos en su conocimiento (…) ni se está adelantando un proceso administrativo sancionatorio en contra del establecimiento educativo”[29] accionado.
Sentencia de primera instancia. Mediante la sentencia de 4 de junio de 2019, el Juez 16 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá negó el amparo solicitado por el accionante y desvinculó a la Secretaría de Educación, a la firma “Abogados Asociados RAPL” y a la secretaria del Colegio accionado, señora N.R.. La decisión de negar el amparo se fundó en que (i) el acuerdo de pago fue celebrado entre el señor J.A.Z.C. (padre del accionante) y la firma “Abogados Asociados RAPL”, que no entre el accionante y el accionado[30], y (ii) el Colegio “no tiene ninguna obligación de expedir documentación, certificación o realizar la entrega del acta de grado del joven J.A.Z.G., mientras no cumpla con el acuerdo celebrado”[31].
Impugnación. El 10 de junio de 2019, el accionante impugnó la decisión de primera instancia. Esto, porque, a su juicio, el juez no valoró en debida forma las pruebas que dan cuenta de la incapacidad económica de su familia y de la voluntad de sus padres de cumplir con sus obligaciones dinerarias. En cuanto a lo primero, el accionante consideró que no fueron valoradas (i) la solicitud de desafiliación a Compensar EPS que presentó su padre el 3 de junio de 2016[32] y su mora en el pago de los aportes a salud desde diciembre de 2018, así como (ii) la aprobación de un crédito por parte del ICETEX para pagar la matrícula en la universidad[33] en la modalidad “Fondo de garantías: Padres insolventes”. Respecto a lo segundo, el accionante sostuvo que está demostrada la voluntad de pago, porque, para ese momento, su padre había pagado dos cuotas de las pactadas en el acuerdo de pago[34] y, además, pagó, entre 2014 y 2018, la suma de $26.202.813.oo al Colegio. Por tanto, concluyó que el amparo solicitado no busca fomentar la “cultura de no pago” y, por el contrario, está dentro de los supuestos de hecho en los que la Corte Constitucional ha ordenado la entrega del título académico retenido en casos similares.
Sentencia de segunda instancia. Mediante la sentencia de 15 de julio de 2019, el Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá confirmó la sentencia de primera instancia, por cuanto “no se demuestra por el actor su intención de pago, toda vez que, (…) no obstante allegar junto con el escrito de tutela propuesta de acuerdo de pago realizada con la firma de abogados que representa al colegio (…) no se vislumbra ni siquiera el pago de la primera cuota”[35]. Tampoco encontró demostrado por el accionante “la causa sobreviniente”[36] que afectó la economía familiar y que le impidió el pago oportuno de las obligaciones pecuniarias en favor del Colegio. En consecuencia, concluyó que no se demostró “la vulneración del derecho fundamental de (sic) educación, (…) y sí el incumplimiento por parte del joven (…) respecto de la responsabilidad establecida (…) en cuanto a las acreencias académicas”[37].
Actuaciones en sede de revisión. El magistrado sustanciador, por medio del auto de 29 de octubre de 2019, ordenó que, por medio de la Secretaría General, se recaudaran pruebas tendientes a determinar: (i) la capacidad de pago del accionante y su núcleo familiar[38], (ii) las razones por las cuales se generó el incumplimiento en el pago de las mensualidades escolares[39], (iii) los motivos por los que el Colegio no ha entregado el acta de grado al accionante[40], (iv) la situación académica del accionante a día de hoy[41], (v) el estado actual de cumplimiento del acuerdo de pago suscrito el 14 de mayo de 2019[42] y (vi) la relación jurídica entre el Colegio y la firma “Abogados Asociados RAPL”[43].
Respuestas al auto de pruebas. El 18 de noviembre de 2019, la Secretaría General de esta Corte informó que el citado auto había sido comunicado por medio de oficios de 30 de octubre del presente año y que se recibieron las siguientes respuestas:
10.1. Cámara de Comercio de Bogotá. Por medio del oficio de 31 de octubre de 2019, la Cámara de Comercio de Bogotá aportó “el certificado de existencia y representación legal y/o inscripción de documentos de la sociedad: ‘Grupo Consultor de Cobranzas y Servicios Legales e Inmobiliarios S.A.S’, donde figura la persona natural Z.C.J.A.”[44] y el “certificado de matrícula mercantil de la persona natural G.L.S.M.”[45]. Así mismo, informó que J.A.Z.G. no está registrado “como comerciante ni como propietario de establecimiento de comercio”[46].
10.2. Secretaría de Movilidad de Bogotá. Mediante el oficio de 31 de octubre de 2019, la Secretaría de Movilidad de Bogotá señaló que J.A.Z.C. y J.A.Z.G. “no figuran como propietarios de rodante alguno en el país”[47], mientras que S.M.G.L. “figura como propietaria”[48] de dos vehículos[49].
10.3. Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca. Mediante oficio de 6 de noviembre de 2019, la referida Secretaría[50] dio respuesta al auto de pruebas e informó que ni el accionante ni sus padres “figuran como propietarios activos de vehículos registrados en la jurisdicción de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca”[51].
10.4. Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Mediante el oficio de 2 de noviembre de 2019, la DIAN indicó que “únicamente la ciudadana G.L.S.M. (…) cuenta con historial de presentación de declaración de renta”[52] y aportó las últimas declaraciones presentadas por ella, las cuales corresponden a los años 2015 y 2016[53].
10.5. Superintendencia de Notariado y Registro. Por medio del oficio de 6 de noviembre de 2019, la Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad informó que, “de acuerdo con la información reportada por parte de la Dirección Técnica de Registro (…) [y] consultada la Ventanilla Única de Registro”[54], ni el accionante ni sus padres “registran bienes inmuebles a nivel Nacional”[55].
10.6. Colegio accionado. Mediante comunicación de 5 de noviembre de 2019, el Colegio señaló que la firma Abogados Asociados RAPL S.A.S. “presta los servicios de cobro de cartera a la institución aquí accionada; por intermedio de un contrato de prestación de servicios, (…) para hacer gestiones de cobro prejurídico debido a los numerosos incumplimientos por el no pago de los periodos mensuales del contrato de prestación de servicios educativos”[56]. Así mismo, aportó el estado de cuenta del acuerdo de pago suscrito con J.A.Z.C., según el cual, al 31 de octubre de 2019, sólo había efectuado dos abonos, cada uno de ellos por $360.000,oo[57]. A su vez, el rector del Colegio, mediante comunicación de 15 de noviembre del mismo año, remitió el informe del estado del acuerdo de pago y aportó “foto de entrega [al accionante] del diploma de bachiller en ceremonia de graduación”[58].
10.7. Central de Información Financiera (en adelante CIFIN). Mediante comunicación de 5 de noviembre de 2019, esta entidad informó que J.A.Z.C. y S.M.G.L. tienen datos negativos “frente a [varias] fuentes de información”[59]. En particular, la referida central indicó que esta última fue reportada por dos entidades en 2018, reportes que, para el 30 de junio de 2019, aún estaban vigentes[60]. Por el contrario, J.A.Z.G. no tiene “datos negativos frente a ninguna fuente de información”[61].
10.8. Universidad Externado de Colombia. Por medio del oficio de 20 de noviembre de 2019, la “secretaria general de la Universidad Externado de Colombia”[62], indicó que “el estudiante J.A.Z.G. (…) tiene bloqueo administrativo”[63], medida que “impide al alumno continuar con el desarrollo normal de su programa académico, hasta tanto no dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Universidad”[64]. Así mismo, la secretaria general aportó el concepto proferido el 13 de noviembre de 2019 por la oficina jurídica de la Universidad, en el cual señala que “a pesar del bloqueo administrativo realizado el pasado 18 de junio el alumno cursa actualmente el segundo semestre del programa de pregrado, es decir, que se matriculó e inscribió materias con posterioridad al bloqueo, [por tanto] los efectos de la medida se difier[en] al treinta (30) de octubre de 2021, fecha de finalización del acuerdo de pago suscrito por el señor J.A.Z.C. y Abogados Asociados RAPL”[65].
10.9. Accionante y su grupo familiar. Mediante tres escritos de 7 de noviembre de 2019, el accionante y sus padres respondieron el auto de pruebas en los siguientes términos:
(i) El accionante señaló que su “padre no cuenta con un empleo estable que le permita unos ingresos fijos y constantes y de otro lado, [su] madre, por situaciones ajenas a su voluntad tuvo que renunciar a su empleo”[66]. Así mismo, aportó el formulario de inscripción[67], la constancia de aceptación[68] y las condiciones de adjudicación[69] del “crédito ICETEX, en la modalidad Tú Eliges 25% con fondo de garantías padres con insolvencia”[70]. También, allegó tres constancias de consignación a la cuenta bancaria del abogado del Colegio, cada una por $400.000.oo[71], en relación con “el acuerdo de pago suscrito con los abogados del Colegio el día 14 de mayo de 2019”[72]. Por último, afirmó que sus padres han “cancelado sendas sumas de dinero al Colegio durante los años 2017, 2018 y 2019”[73] por un valor total de $26.202.813.oo, hecho que acredita con los correspondientes soportes de pago[74].
(ii) El padre del accionante sostuvo que, en su condición de abogado litigante, “[sus] ingresos han sido variables”, por lo cual “en los últimos años, h[a] pasado por una situación económica muy difícil, debido a la falta de trabajo, a la demora en el pago de [sus] honorarios profesionales de los procesos, (…) lo que ha llevado a que [se] retarde en el pago de [sus] obligaciones como padre frente a los colegios”[75]. Además, aportó el certificado “maestro de afiliados compensados del Ministerio de Salud, en donde se aprecia que hay periodos que no [ha] podido contar con seguridad social, en forma estable, en los últimos tres años”[76]. De acuerdo con el “estado de cuenta con mora a octubre 7 de 2019, enviado por la EPS COMPENSAR”[77], debe las mensualidades de “diciembre de 2018 [y] enero, febrero y marzo de 2019”[78]. Por otra parte, allegó el “estado de cuenta”[79] del crédito asumido con la Universidad J.N.C. para pagar la matrícula del décimo semestre de su hija mayor, L.V., en la facultad de medicina, según el cual “a la fecha [se] encuentra en mora, y con el riesgo de perder la posibilidad de crédito para el próximo semestre”[80]. También informó que se encuentra en mora con el ICETEX, en relación con el crédito asumido en favor del accionante, lo cual evidenció con el recibo de pago y un “pantallazo de la página web de dicha entidad donde consta que (…) no [ha] podido cancelar el 5% del Fondo de Garantías, requisito de este crédito por la condición PADRES CON INSOLVENCIA, y que se encuentra en cobro administrativo”[81]. Así mismo, afirmó que “tuv[o] que retirar a [su] hija P.S.Z.G. del Colegio San José (…) y la matricul[ó] en el Colegio Liceo Moderno en la modalidad virtual (…), en el cual también [se] encuentra en mora de cancelar la pensión de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre”[82], lo que acreditó con el acuerdo de pago suscrito con el Colegio San José y el estado de cuenta expedido por el Liceo Moderno[83]. Finalmente, allegó el escrito presentado el 30 de octubre de 2019 ante la firma de abogados del Colegio, en el que solicitó “conceder[le] una modificación al acuerdo de pago suscrito el día 14 de mayo de 2019 (…) por cuanto es [su] deseo cumplir en su totalidad con las obligaciones para con [el Colegio], en forma consecuente a [sus] ingresos”[84].
(iii) La madre del accionante resaltó que “tuv[o] que renunciar a [su] empleo en la firma MAC ESMERALDAS COLOMBIANAS SAS”[85] por malos tratos, lo que evidenció con la copia de la carta de renuncia de 15 de diciembre de 2016[86]. Afirmó que esta fue “la situación sobreviniente que [los] ha afectado (…) ostensiblemente”[87]. De igual forma, indicó que “el arrendador del bien inmueble donde habita[n] con [sus] hijos (…), [les] solicitó la entrega del bien (…) por mora en el pago de los cánones de arrendamiento”[88], lo cual acreditó con la comunicación de “no renovación del contrato de arrendamiento” enviada el 31 de julio de 2019 por el apoderado del arrendador[89]. Por otra parte, informó que “(…) por cuenta de la obligación respecto del vehículo automotor (…) de [su] propiedad, entró en mora por no poder cancelar las cuotas desde el mes de abril de 2018, lo que dio origen al proceso No. 2018-0796 (…) con la correspondiente medida cautelar de embargo y secuestro”. Esto se sustentó con el certificado de tradición del vehículo[90] y el auto de 9 de octubre de 2018, por medio del cual se libró el mandamiento de pago correspondiente[91]. De igual forma, señaló que “adeud[a] a la Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C., los impuestos del vehículo, correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019”[92], lo cual se evidenció con las constancias de declaración de los impuestos en los que el valor pagado es $0[93].
10.10. Memorial allegado por el accionante. Por medio escrito presentado el 13 de enero de 2020, el accionante informó que el Colegio “está iniciando acciones judiciales en contra de [sus] padres (…) tendientes a hacer efectiva la obligación pendiente (…) tal y como lo acredit[a] con el pantallazo de la página web de la Rama Judicial”[94]. En dicho documento, consta que, el 19 de diciembre de 2019, el Juez 78 Municipal Civil de Bogotá profirió auto por medio del cual negó librar el mandamiento ejecutivo solicitado, con la anotación “archivo definitivo”[95].
Objeto de la decisión y problema jurídico
Objeto de la decisión. La Sala advierte que el caso sub examine versa sobre la presunta vulneración o amenaza del derecho a la educación del accionante debido a la decisión del Colegio de no entregarle el acta de grado de bachiller. Esta decisión se funda en que los padres del accionante no han pagado las pensiones correspondientes a los meses junio a noviembre de 2017 y abril a noviembre de 2018 y, pese a que suscribieron un acuerdo de pago, han incumplido con las cuotas mensuales acordadas.
Problema jurídico. Corresponde a la Sala Primera de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿el Colegio vulnera o amenaza el derecho fundamental a la educación del accionante, al negarse a entregarle su acta de grado de bachiller académico en razón del incumplimiento en el pago de la referida acreencia?
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
Legitimación en la causa. La legitimación en la causa por activa y por pasiva está satisfecha en el presente caso. De una parte, el accionante es el titular del derecho fundamental respecto del cual solicita el amparo judicial. De otra parte, el accionado es el plantel educativo que decidió retener el acta de grado del accionante, cuya entrega es reclamada mediante la acción de tutela.
I.. La Sala considera satisfecho el requisito de inmediatez en el presente caso, por cuanto la acción de tutela se interpuso dentro de un término razonable. En efecto, tras solicitar el acta de grado, el 17 de mayo de 2019, el abogado del Colegio les informó que “no harían entrega de la copia del acta de grado solicitada ni ninguna otra clase de documentos”[96]. Por su parte, el accionante presentó la acción de tutela sub judice el día 21 del mismo mes. En estos términos, entre la decisión del Colegio relativa a no entregar el documento solicitado y la interposición de la acción de tutela transcurrió un solo día hábil, por lo que resulta evidente que en el presente caso se satisface el requisito de inmediatez.
S.. Esta Sala de Revisión también encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad, por cuanto el afectado no dispone de otro medio de defensa eficaz para formular la solicitud de amparo sub judice. En casos análogos, la Corte ha reiterado que “no existe un mecanismo judicial para controvertir de forma eficaz la decisión de un colegio privado que se niega a entregar una serie de documentos que son necesarios para materializar sus derechos”[97], y, por tanto, ha declarado procedentes las acciones de tutela que tienen por finalidad la entrega de los mismos. Por lo demás, la Corte advierte que la Ley 1650 de 2013 dispuso que “la retención de títulos por no encontrarse el interesado a paz y salvo en sus obligaciones con la institución”[98] daría lugar “a sanciones que impondrá el Ministerio de Educación Nacional o las Secretarías de Educación”[99], siempre que se demuestre que el interesado “presenta imposibilidad de pago por justa causa”[100]. Sin embargo, esta normativa es de naturaleza sancionatoria y no dispone mecanismo alguno mediante el cual el accionante pueda solicitar la entrega del referido título académico. En estos términos, la Sala concluye que la presente solicitud de amparo satisface el requisito de subsidiariedad.
Derecho a la educación y retención de títulos
El derecho fundamental a la educación comprende, entre otros, el acceso y la permanencia en el sistema educativo. El acceso a los procesos educativos y la permanencia en los mismos resultan, en ocasiones, comprometidos con las decisiones de los colegios relativas a la retención de los títulos y demás documentos académicos. Esto, debido a que tales documentos resultan necesarios para continuar con los procesos de formación educativa en otras instituciones[101]. A partir de la sentencia SU-624 de 1999, la Corte Constitucional ha reiterado que el incumplimiento de las obligaciones económicas en favor del colegio no puede dar lugar a la retención de los títulos y demás documentos académicos, si el accionante demuestra (i) la imposibilidad real de pago y (ii) su intención de honrar y cumplir con las obligaciones económicas. Con recientes fallos, esta subregla se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional[102].
El juez de tutela debe analizar si los padres de familia y el estudiante pueden atender o no sus obligaciones económicas en relación con el colegio o si pretenden hacer “de la tutela una disculpa para su incumplimiento”[103]. Por tanto, para que sea amparada su solicitud de entrega de los documentos y títulos académicos retenidos por el incumplimiento de sus obligaciones económicas, los padres de familia y el estudiante deben demostrarle al juez que: (i) se encuentran inmersos en una situación de imposibilidad de cumplir con el pago de los emolumentos educativos y (ii) están adoptando las medidas necesarias para “cancelar lo debido”[104]. En concordancia con esta jurisprudencia, la Ley 1650 de 2013 y la Resolución 10617 de 2019 del Ministerio de Educación disponen una prohibición general para los establecimientos educativos de retener los certificados y documentos de un estudiante “por no encontrarse a paz y salvo en sus obligaciones con la institución”. Sin embargo, dicha normativa prevé que la anterior prohibición solo aplica en relación con una comprobada imposibilidad de pago, derivada de una justa causa[105].
En relación con el primer requisito, esta Corte ha entendido que se configura la imposibilidad de pago con hechos que: (i) afectan económicamente a los proveedores de la familia, como la pérdida del empleo, una enfermedad grave, la quiebra de la empresa, entre otras[106]; (ii) constituyan circunstancias adversas que impida el pago[107]; (iii) impliquen ausencia de recursos económicos[108]; y (iv) tengan fundamento en una justa causa[109]. En relación con el segundo requisito, la Corte ha reiterado que existe voluntad real de pagar cuando se acredita que: (i) se realizaron los pasos necesarios para cancelar lo debido, como la solicitud de un crédito[110]; (ii) no se trata de una situación de renuencia del pago o mala fe, enderezada a obtener un aprovechamiento de la jurisprudencia[111]; y (iii) se suscribió algún título valor a favor de la institución educativa o se buscó algún acuerdo de pago[112].
La Corte ha señalado que, tras verificarse lo anterior, deberá ordenarse al colegio la entrega de los documentos retenidos en aras de conjurar la violación o la amenaza del derecho fundamental a la educación. Para armonizar dicha orden con “la satisfacción de las obligaciones a cargo de los colegios privados”[113], el juez “sujetará la entrega de los documentos solicitados (…) a que se realice un nuevo acuerdo de pago y se suscriban los títulos valores en favor del colegio accionado”[114]. En todo caso, la Corte ha advertido que “dicho acuerdo de pago debe (i) ajustarse a la capacidad económica del accionante o de quien responde por él o por ella, (ii) tener en consideración la integralidad de la deuda y los intereses causados y (iii) no afectar el mínimo vital del accionante”[115]. La suscripción de dicho acuerdo de pago resulta indispensable para garantizar “el derecho que le asiste al plantel educativo de obtener prestaciones económicas por el servicio proporcionado y demostrar [la] discordancia [de la Corte] con la cultura del no pago”[116].
Por último, la Corte ha dispuesto que, cuando el accionante hubiere alcanzado la mayoría de edad, deberá concurrir a “garantizar el pago de la obligación adeudada al colegio”[117], mediante la suscripción del acuerdo de pago. Esto es así por tres razones. Primero, al alcanzar la mayoría de edad, los sujetos adquieren plena capacidad para “obligarse por sí mismos”, de lo cual se sigue “la capacidad para asumir un compromiso serio con la institución, en el que acuerden que dicha obligación será cancelada”[118]. Segundo, habida cuenta de la naturaleza prestacional del derecho a la educación, sus titulares tienen un especial deber de autosatisfacción, el cual implica procurar, por sí mismos, el ejercicio de su derecho, esto es, el “deber moral y jurídico que tienen todas las personas de satisfacer sus propias necesidades”[119]. Este deber implica, de suyo, el efectivo cumplimiento de las obligaciones económicas previstas por los contratos de educación suscritos con instituciones privadas. Tercero, la educación “no solo representa beneficios para el alumno sino también responsabilidades”[120], por tanto, “el estudiante, quien es, en estricto sentido, beneficiario del servicio de educación, debe colaborar activamente en su proceso de formación integral”[121], lo que implica asumir las obligaciones económicas derivadas del contrato educativo suscrito para su formación.
La Corte considera que la decisión del Colegio de retener el acta de grado del accionante vulnera su derecho fundamental a la educación. Esto es así porque (i) dicha decisión amenaza la continuidad de su proceso de formación académica, (ii) el accionante y sus padres se encuentran en una situación de imposibilidad de pagar las obligaciones económicas en favor del Colegio y (iii) está acreditada su voluntad de cumplir con dichas acreencias.
La retención del acta de grado del accionante constituye una amenaza cierta en relación con la continuidad de su proceso de formación. Si bien el accionante está matriculado en el programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Externado de Colombia[122], lo cierto es que, en la actualidad, presenta “bloqueo administrativo por entrega de acta de grado”[123]. Según informó la Secretaria General de dicha institución, el bloqueo administrativo “impide al alumno continuar con el desarrollo normal de su programa académico, hasta tanto no dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Universidad”[124]. Esto, pese a que “los efectos de la medida se difieren al treinta (30) de octubre de 2021, fecha de finalización del acuerdo de pago (…)”[125]. Así las cosas, como consecuencia de la retención del acta de grado del accionante, la Corte encuentra acreditada la amenaza cierta en relación con la continuidad y el normal desarrollo de su proceso de formación en el programa académico que actualmente cursa. Dicha amenaza se verifica, dado que, de manera inminente y próxima, el proceso educativo del accionante puede resultar interrumpido por la retención de su acta de grado de bachiller académico, lo cual impediría la culminación de dicho programa universitario y, por contera, implicaría una afectación intensa de su derecho a la educación.
El núcleo familiar del accionante se encuentra en una situación de imposibilidad de pagar las obligaciones económicas en favor del Colegio. Para la Corte es claro que, durante los últimos años, los padres del accionante han afrontado una difícil situación económica que ha imposibilitado el pago de sus acreencias y, en particular, de las obligaciones en favor del Colegio. Esta conclusión se funda en que, desde el 15 de diciembre de 2016, la madre del accionante perdió su empleo, con lo cual disminuyeron los ingresos del núcleo familiar[126]. Si bien ella era la única integrante de la familia que declaraba renta, sus últimas declaraciones corresponden a los años 2015 y 2016, según informó la DIAN, mediante oficio de 2 de noviembre de 2019[127]. Sus únicos dos activos son un carro Mazda modelo 1996 y una camioneta Chevrolet modelo 2016, adquirida ese mismo año, la cual tiene registrada “la correspondiente medida de embargo y secuestro [en el] proceso No 2018-0796, por no cancelar las cuotas”[128]. También está acreditado que “adeuda a la Secretaria de Hacienda de Bogotá, los impuestos del vehículo, correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019”[129].
Por su parte, el padre del accionante aportó documentos que dan cuenta de “que hay periodos en que no ha podido contar con seguridad social, en forma estable en los últimos tres años”[130]. Es más, allegó “estado de cuenta con mora a octubre 7 de 2019, enviado por EPS COMPENSAR”, según el cual “debe las mensualidades de diciembre de 2018 [y] enero, febrero y marzo de 2019”[131]. A su vez, está acreditado que (i) ninguno de los padres ni el accionante son propietarios de inmuebles en el territorio nacional[132], (ii) ambos padres tienen registros negativos vigentes en la central de información financiera CIFIN y (iii) el 31 de julio de 2019, fueron requeridos por el arrendador del apartamento donde viven con sus hijos, quien “les solicitó la entrega del bien inmueble (…) por mora en el pago de los cánones de arrendamiento”[133]. Además, el crédito educativo asumido para sufragar las matrículas universitarias de su hija mayor “se encuentra en mora y con el riesgo de perder la posibilidad de crédito para el próximo semestre”[134]. Por último, su hija menor fue retirada del Colegio San José y matriculada en el Colegio Liceo Moderno en la modalidad virtual, “en el cual también se encuentra en mora de cancelar la pensión de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre” de 2019[135], deuda que asciende a la suma de $1.166.000.oo[136].
Por lo demás, la Corte advierte que el accionante sufraga los costos del programa académico universitario que actualmente cursa con recursos provenientes de un crédito con el ICETEX, el cual se otorgó en la modalidad “Tú eliges 25% Fondo de garantías: Padres insolventes”[137], según certificó dicha entidad. De acuerdo con las pruebas allegadas al expediente, dicho crédito “se encuentra en cobro administrativo”[138], por la mora en que han incurrido con el pago de las cuotas del mismo.
La voluntad real de pago de la familia Z.G. en relación con las sumas adeudadas al Colegio demandado está acreditada en el expediente. La Sala encuentra que el accionante y su núcleo familiar demostraron voluntad real de cumplir con los compromisos adquiridos con el Colegio y, por tanto, satisfacen el segundo criterio exigido por la jurisprudencia constitucional para que proceda el amparo en caso de retención de títulos académicos. Lo anterior, por cuanto el accionante y sus padres allegaron documentación que demuestra que (i) pagaron importantes sumas de dinero al Colegio durante los últimos cuatro años; (ii) solicitaron y suscribieron el acuerdo de pago de fecha 14 de mayo de 2019, del cual pagaron tres cuotas y (iii) una vez evidenciaron su imposibilidad de honrar las obligaciones contenidas en dicho acuerdo, solicitaron al Colegio modificar el valor de las cuotas mensuales inicialmente convenidas.
Primero, el accionante y su núcleo familiar pagaron importantes sumas de dinero al Colegio durante los últimos cuatro años. El accionante aportó soporte de los pagos efectuados a favor del Colegio, los cuales ascienden a la suma de $26.202.813.oo[139]. Esta suma fue sufragada en seis pagos llevados a cabo durante los años 2014 a 2018. Justamente en razón de estos pagos, la deuda actual con el Colegio sólo comprende los meses junio a noviembre de 2017 y abril a noviembre de 2018. Segundo, la Corte evidencia que el padre del accionante tuvo la iniciativa de solicitar al Colegio la suscripción de un acuerdo de pago en relación con los valores adeudados, el cual se suscribió el 14 de mayo de 2019. En el marco de dicho acuerdo, el señor Z.C. se comprometió a pagar 31 cuotas mensuales de $400.000.oo cada una, de las cuales pagó las correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 2019. Tercero, el 30 de octubre de 2019, el padre del accionante solicitó la modificación del valor de la cuota mensual del acuerdo de pago, tras evidenciar que no podía cumplir con el mismo. Mediante escrito de tal fecha, solicitó que se modificara “el acuerdo de pago suscrito el día 14 de mayo del año 2019, respecto del valor de la cuota mensual, la cual por motivos de orden económico y de las obligaciones para con [sus] otros hijos [le] es difícil cumplir en el valor acordado inicialmente”[140].
En tales términos, la Sala encuentra acreditado que no ha sido la intención del padre del accionante sustraerse de las obligaciones pendientes con la institución educativa. En su lugar, es posible evidenciar que, en la medida de sus capacidades económicas, el padre del accionante ha tenido la intención de cumplir con las obligaciones pendientes con el Colegio. En este sentido, en su solicitud de 30 de octubre de 2019, sostuvo que “es [su] deseo cumplir en su totalidad con las obligaciones para con dicha institución, en forma consecuente a [sus] ingresos, los cuales no son fijos, estables y constantes”[141].
Dado lo anterior, la Corte ordenará al Colegio la entrega del acta de grado del accionante. Sin embargo, conforme con la jurisprudencia constitucional, la entrega de dicho documento estará supeditada a la suscripción de un nuevo acuerdo de pago entre el accionante, sus padres y la institución educativa. La suscripción de dicho acuerdo de pago resulta indispensable en aras de garantizar “el derecho que le asiste al plantel educativo de obtener prestaciones económicas por el servicio proporcionado y demostrar [la] discordancia [de la Corte] con la cultura del no pago”[142]. El acuerdo de pago de 14 de mayo de 2019 no es óbice para que la Corte supedite la entrega del referido documento a un nuevo acuerdo de pago. Esto es así por cuatro razones. Primera, el accionante y sus padres manifiestan y acreditan que no tienen capacidad económica para pagar las cuotas pactadas. Segunda, dicho acuerdo de pago no está suscrito por el accionante, quien, a la fecha, es mayor de edad y responsable por el pago de dicha acreencia. Tercera, el colegio intentó ejercer la acción ejecutiva con base en dicho título, pero el Juez 78 Civil Municipal no libró mandamiento de pago y ordenó el archivo del expediente[143]. Cuarta, la suscripción del acuerdo de pago fue solicitada por la institución educativa en su contestación a la tutela, así como por el padre del accionante en su escrito de 30 de octubre de 2019[144]. En todo caso, dicho acuerdo de pago debe (i) ajustarse a la capacidad económica del accionante y de sus padres, (ii) tener en consideración la integralidad de la deuda y los intereses causados y (iii) no afectar el mínimo vital del accionante y sus padres.
La Corte resalta que, junto con sus padres, el accionante deberá suscribir el acuerdo de pago antes referido y garantizar el pago de la obligación adeudada al Colegio. Esto es así por tres razones. Primero, al ser mayor de edad, el accionante tiene la capacidad para obligarse por sí mismo y, por tanto, para asumir un compromiso serio con el Colegio y acordar la forma en que la deuda pendiente será cancelada. Segundo, el accionante, en tanto titular del derecho a la educación, tiene el especial deber de autosatisfacción que implica procurar, por sí mismo, el ejercicio de este derecho, lo cual implica, en el marco de una relación contractual con una institución privada, el efectivo cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas del referido contrato. Finalmente, debido a que el beneficiario directo del servicio educativo es el accionante, tiene, según reiterada jurisprudencia constitucional, el deber de colaborar de forma activa en su proceso de formación integral y, en consecuencia, contribuir al cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas del contrato educativo suscrito para su formación.
J.A.Z.G. interpuso acción de tutela en contra del Colegio Liceo de C. “El Retiro”, por considerar que la decisión del plantel educativo de retener el acta de grado de bachiller amenaza su derecho fundamental a la educación. Dicha decisión se fundó en el incumplimiento del pago de las mensualidades derivadas del contrato de prestación de servicios académicos. Los jueces de instancia negaron el amparo solicitado, por cuanto concluyeron que no se había configurado violación alguna al derecho fundamental a la educación del accionante. Por el contrario, esta Sala de Revisión, con sustento en el material probatorio recaudado, encontró acreditado que (i) la retención del acta de grado del accionante constituye una amenaza cierta en relación con la continuidad de su proceso de formación, porque impide el desarrollo normal del programa de educación superior que cursa en la actualidad; (ii) el núcleo familiar del accionante no tiene la capacidad para pagar las obligaciones adeudadas al Colegio, debido a la difícil situación económica que han enfrentado durante en los últimos años, y (iii) la familia Z.G. tiene voluntad real de pagar las sumas adeudadas al Colegio demandado. Por tanto, decide amparar el derecho fundamental a la educación del accionante y ordenar la entrega del documento, lo cual se supedita a la suscripción de un nuevo acuerdo de pago, el cual deberá ajustarse a las condiciones socioeconómicas y capacidad de pago de la familia, sin afectar su mínimo vital. Finalmente, habida cuenta de que el accionante es mayor de edad y directo beneficiario de los servicios educativos, deberá garantizar directamente y junto con sus padres el pago de la obligación adeudada al Colegio accionado.
Primero.– REVOCAR la sentencia de 15 de julio de 2019 proferida por el Juez 19 Civil del Circuito de Bogotá en la que se confirmó la sentencia de 4 de junio de 2016 dictada por el Juez 16 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, por medio de la cual se negó el amparo solicitado y, en su lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental a la educación del accionante, de conformidad con las consideraciones de esta sentencia.
Segundo.– ORDENAR al representante legal del Colegio Liceo de C. “El Retiro” que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia, entregue al accionante su acta de grado de bachiller académico, previa suscripción de un nuevo acuerdo de pago por parte del accionante y sus padres, el cual deberá (i) ajustarse a la capacidad económica del accionante y de sus padres, (ii) tener en consideración la integralidad de la deuda y los intereses causados y (iii) no afectar el mínimo vital del accionante y sus padres.
Tercero.– LIBRAR, por Secretaría General, la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
[1] El accionante alcanzó su mayoría de edad el 1 de abril de 2018. Cfr. C.. de revisión, fl. 43.
[2] C.. 2, fls. 1-2.
[3] En el expediente están los soportes de tres consignaciones, a saber: de 31 de mayo de 2019 (C.. 2, fl. 73), de 2 de julio de 2019 (C.. 1, fl. 5) y de 1 de agosto de 2019 (C.. de revisión fl. 58), cada una por valor de $400.000.oo.
[4] C.. 2, fls. 17-18.
[5] C.. de revisión, fl. 25.
[6] C.. de revisión, fl. 241.
[7] C.. 2, fl. 15.
[8] C.. 2, fl. 22.
[10] C.. 2, fl. 22.
[11] C.. 2, fl. 16.
[12] C.. 2, fl. 19.
[14] C.. 2, fl. 22.
[15] C.. 2, fl. 27.
[16] C.. 2, fl. 51.
[17] C.. 2, fl. 49.
[18] C.. 2, fl. 50.
[19] C.. 2, fl. 48.
[20] C.. 2, fl. 50.
[21] C.. 2, fl. 47.
[25] C.. 2, fl. 60.
[26] C.. 2, fl. 59 (reverso).
[29] C.. 2, fl. 65 (reverso).
[30] C.. 2, fl. 69. “[D]ebe tenerse en cuenta que la firma [Abogados Asociados RAPL] no menciona que sea la representante del plantel, ni la tutelada se pronuncia al respecto; además, el acuerdo lo firma el señor Z.C. y quien interpone la acción de tutela es el joven Z.G., lo que efectivamente no mantiene hilaridad en los hechos y deja muchos vacíos”.
[31] C.. 2, fl. 69.
[32] C.. 2, fl. 14.
[33] C.. 2, fl. 74.
[34] C.. 2, fls. 77-78.
[35] C.. 1, fl. 9.
[38] El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General, preguntó (i) al accionante, (a) quiénes conforman su núcleo familiar y qué actividades desarrollan y (b) si en la actualidad tiene algún vínculo laboral o desarrolla alguna actividad productiva; (ii) a los padres del accionante, cuáles han sido sus ingresos y actividades laborales en los últimos tres años. El magistrado sustanciador también preguntó, por medio de la Secretaría General, (iii) a la Dirección de Aduanas Nacionales, si el accionante o sus padres declaran renta y, en caso afirmativo, le solicitó remitir las declaraciones de renta de los últimos tres años; (iv) a la Secretaría de Movilidad de Bogotá y a la Secretaría de Transporte de Cundinamarca, si el accionante o sus padres tienen algún vehículo automotor a su nombre y, de ser así, les solicitó remitir la información relacionada con el vehículo; (v) a la Cámara de Comercio de Bogotá, si el accionante o sus padres están registrados como comerciantes (persona natural) y/o si son socios o representantes legales de alguna persona jurídica; (vi) a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, si el accionante o sus padres tienen bienes inmuebles a su nombre y, de ser así, le solicitó remitir la información relevante de cada bien (ubicación, valor, etc.).
[39] Por medio de la Secretaría General, el magistrado sustanciador preguntó al accionante las razones por las cuales sus padres no pagaron a tiempo las sumas adeudadas al Colegio y le solicitó aportar los soportes que estime pertinentes para acreditarlas; a los padres del accionante, si ha existido una situación sobreviniente que haya afectado la economía familiar y, en caso afirmativo, les solicitó allegar los soportes que estimen pertinentes para acreditarla.
[40] Por medio de la Secretaría General, el magistrado sustanciador preguntó al Colegio (i) cuál es la deuda actual de los padres del accionante (con indicación de montos, meses y años en que se causaron, etc.) y (ii) los motivos por los cuales se ha negado a entregar el acta de grado.
[41] Por medio de la Secretaría General, el magistrado sustanciador preguntó al accionante (i) si en la actualidad está adelantando estudios universitarios y (ii) si ha recibido respuesta por parte del Colegio a la solicitud de entrega del acta de grado.
[42] Por medio de la Secretaría General, el magistrado sustanciador preguntó a los padres del accionante y al Colegio cuál es el estado actual del cumplimiento del acuerdo de pago suscrito el 14 de mayo de 2019 y, a este último, le solicitó informar, además, si, directamente o por medio de la firma “Abogados Asociados RAPL”, ha ejercido actuaciones tendientes a obtener el pago de lo adeudado por los padres del accionante.
[43] Por medio de la Secretaría General, el magistrado sustanciador preguntó al Colegio cuál es su relación jurídica con la firma “Abogados Asociados RAPL”.
[44] C.. de revisión, fl. 135.
[47] C.. de revisión, fl. 128.
[49] C.. de revisión, fls. 129 y 130. La camioneta Chevrolet modelo 2016 y el automóvil Mazda coupé modelo 1996.
[50] C.. de revisión, fl. 132. Esta respuesta fue allegada por medio de la Unión Temporal SIETT Cundinamarca. Esta unión temporal informó que “presta, a título de concesión, algunos servicios en lo relacionado al Registro Nacional Automotor”.
[51] C.. de revisión, fl. 132.
[52] C.. de revisión, fl. 104.
[53] C.. de revisión, fls. 108-109.
[54] C.. de revisión, fl. 162.
[56] C.. de revisión, fl. 95.
[57] C.. de revisión, fl. 102.
[58] C.. de revisión, fls. 221-231.
[59] C.. de revisión, fl. 168 (reverso).
[60] C.. de revisión, fl. 183.
[62] C.. de revisión, fl. 239.
[63] C.. de revisión, fl. 240A.
[64] C.. de revisión, fl. 241 (reverso).
[66] C.. de revisión, fls. 39-40.
[67] C.. de revisión, fl. 49.
[68] C.. de revisión, fl. 50.
[69] C.. de revisión, fl. 51.
[70] C.. de revisión, fl. 40.
[71] C.. de revisión, fls. 57-58.
[72] C.. de revisión, fl. 40.
[74] C.. de revisión, fls. 54-56. En el 2014, consignó $4.731.563.oo; en el 2015, $1.900.000.oo; en el 2016, $2.071.250.oo y $6.500.000.oo; en el 2017, $5.000.000.oo; en el 2018, $6.000.000.oo
[75] C.. de revisión, fl. 59.
[76] C.. de revisión, fl. 66.
[77] C.. de revisión, fl. 67.
[79] C.. de revisión, fl. 68.
[80] C.. de revisión, fl. 60.
[81] C.. de revisión, fls. 61-73.
[82] C.. de revisión, fl. 61.
[83] C.. de revisión, fls. 76 y 79.
[84] C.. de revisión, fl. 65.
[85] C.. de revisión, fl. 80.
[86] C.. de revisión, fls. 45-46.
[87] C.. de revisión, fl. 80.
[88] C.. de revisión, fl. 81.
[89] C.. de revisión, fl. 85.
[90] C.. de revisión, fl. 87.
[91] C.. de revisión, fls. 92-93.
[92] C.. de revisión, fl. 81.
[93] C.. de revisión, fls. 89-91.
[94] C.. de revisión, fl. 264.
[95] C.. de revisión, fl. 266.
[96] C.. 2, fls. 17-18.
[97] Sentencias T-938 de 2012 y T-380A de 2017, entre otras.
[98] Artículo 2.
[99] Artículo 2, parágrafo 2.
[101] Sentencias T-1288 de 2005, T-426 de 2010 y T-244 de 2017.
[102] Ver sentencias T-1227 de 2005, T-339 de 2008, T-459 de 2009, T-860 de 2013, T-531 de 2014, T-102 de 2017, T-262 de 2017, T-380A de 2017, T-715 de 2017 y T-727 de 2017, entre otras.
[105] En este sentido, el parágrafo primero del artículo 2 de la Ley 1650 de 2013 dispuso que el interesado en que, pese a su incumplimiento con las obligaciones económicas a su cargo, se le entreguen los documentos académicos retenidos por la institución, deberá: “1. Demostrar que haya ocurrido un hecho que con justa causa afecte económicamente al interesado o a los miembros responsables de su manutención. 2. Probar la ocurrencia del hecho por cualquier medio probatorio, distinto de la confesión, que sea lo suficientemente conducente, adecuada y pertinente. 3. Que el responsable del pago demuestre haber adelantado las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento de las obligaciones pendientes con la respectiva institución”.
[106] Sentencia SU-624 de 1999.
[107] Sentencias T-1227 de 2005, T-531 de 2014 y T-102 de 2017. Si estas afirmaciones no se desvirtuaron por el accionado, se invierte la carga de la prueba, por constituir una negación indefinida.
[108] Sentencia T-339 de 2008.
[109] Sentencia T-459 de 2009. Cfr. Sentencia T-380A de 2017. En ocasiones, se ha concluido que dicho requisito implica que se hubiere demostrado, o por lo menos afirmado, que el incumplimiento devino por un suceso constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito. Por supuesto que la justa causa exigida por la jurisprudencia constitucional para estos casos no se equipara al fenómeno de la causa extraña, aunque los supuestos de la segunda puedan configurar hipótesis concretas de la primera.
[110] Sentencia SU-624 de 1999.
[111] Sentencia T-1227 de 2005.
[112] Sentencia T-339 de 2008.
[113] Sentencia T-380A de 2017.
[114] Sentencias T-666 de 2013, T-854 de 2014 y T-380A de 2017.
[116] Sentencia T-666 de 2013.
[117] Sentencia T-087 de 2010.
[118] Sentencia T-087 de 2010.
[119] Sentencia T-029 de 2018.
[120] Sentencias T-323 de 1994, T-022 de 2003, T-671 de 2003, T-492 de 2010 y T-715 de 2017.
[121] Sentencias T-203 de 2009 y T-715 de 2017. Cfr. Ley 115 de 1994. Art. 91.
[122] C.. de revisión, fl. 25.
[123] C.. de revisión, fl. 241.
[124] C.. de revisión, fl. 241 (reverso).
[126] C.. de revisión, fls. 45-46.
[127] C.. de revisión, fls. 108-109.
[128] C.. de revisión, fls. 92 y ss.
[129] C.. de revisión, fl. 81.
[130] C.. de revisión, fl. 67.
[132] C.. de revisión, fl. 162.
[133] C.. de revisión, fl. 81.
[134] C.. de revisión, fls. 67-69.
[135] C.. de revisión, fls. 79.
[137] C.. de revisión, fls. 40.
[138] C.. de revisión, fls. 61 y 73.
[139] C.. de revisión, fl. 54 a 56.
[140] C.. de revisión, fl. 65.
[142] Sentencia T-666 de 2013.
[143] C.. de revisión, fl. 266.
[144] C.. de revisión, fl. 65.

References: artículo 3
 Resolución 
 artículo 36
 Artículo 2
 Artículo 2
 artículo 2