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Timestamp: 2019-02-16 13:28:25+00:00

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Constitución política del estado libre y soberano de colima - Página 7
VI.- No ser ministro de cualquier culto religioso en los términos que establezcan las leyes respectivas; y
VII.- No ser integrante de los organismos electorales en los términos que señale la ley de la materia.
El cargo de miembro de un Ayuntamiento no puede recaer en las categorías de servidores públicos en ejercicio de la Federación, Estado y municipios, así como de organismos descentralizados y empresas de participación estatal o municipal a que se refiere la Ley, a menos que se separe del cargo, por lo menos, un día antes del inicio del periodo de registro de candidatos.
Artículo 91.- Los Ayuntamientos son órganos colegiados deliberantes y sus acuerdos y resoluciones serán comunicados, para su ejecución por conducto de su presidente. El reglamento de cada Cabildo regulará su funcionamiento interior.
Artículo 92.- Los Ayuntamientos crearán las comisiones que se requieran para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones, las cuales tendrán las siguientes facultades y obligaciones:
I.- Proponer, discutir y dictaminar los asuntos municipales;
II.- Vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del cabildo;
III.- Supervisar el adecuado funcionamiento de la administración municipal, formulando al Cabildo las observaciones sobre las irregularidades que se detecten; y
IV.- Las demás que señalen los reglamentos municipales.
De acuerdo a las posibilidades presupuestales de los Ayuntamientos, las comisiones dispondrán de recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 93.- Las renuncias y licencias de los munícipes, se admitirán y concederán por los respectivos Cabildos.
Artículo 94.- Los Ayuntamientos, estarán obligados a remitir anualmente al Congreso del Estado para su aprobación sus proyectos de leyes de ingresos, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre de cada tres años, cuando con motivo del cambio de gobierno municipal.
(REFORMADO, P.O. 20 DE JUNIO DE 2009)
Artículo 95.- Los Ayuntamientos presentarán al Congreso del Estado su cuenta pública anual, conjuntamente con el dictamen de revisión de los resultados correspondientes aprobados por el Cabildo, a más tardar el último día de febrero del ejercicio siguiente, para los efectos del artículo 33, fracción XI, de esta Constitución.
La aprobación del dictamen de revisión por el Cabildo no impide que, en su caso, el Congreso del Estado finque responsabilidades a los servidores públicos que hayan incurrido en ellas.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 16 DE JULIO DE 2011)
Artículo 96.- Los ciudadanos de un municipio debidamente identificados, podrán presentar iniciativa popular de reglamento municipal, suscrita por un número que sea cuando menos el 3% de los inscritos en el padrón electoral municipal respectivo. Las iniciativas presentadas conforme a este párrafo, deberán ser dictaminadas a más tardar seis meses después de que se reciban. Esta facultad será reglamentada en los términos de la ley respectiva.
Los actos de gobierno de las autoridades municipales podrán ser sometidos a plebiscito, en los términos de la ley respectiva.
De los Servicios de Educación.
Artículo 97.- El Estado - gobiernos estatal y municipales - impartirá la educación de tipo básico comprendiendo los niveles de preescolar, primaria y secundaria, así como la educación media superior, en coordinación con el gobierno federal y de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes y reglamentos relativos a la materia. La educación preescolar, primaria, secundaria y media superior son obligatorias.
Artículo 98.- Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en los planteles particulares. En el caso de la educación primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:
A).- Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios, así como cumplir los planes y programas a que se refiere el segundo párrafo y las fracciones II y III del artículo 3o. de la Constitución Federal; y
B).- Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley.
(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2015)
Artículo 99.- Además de impartir educación básica, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial, especial y superior necesaria para el desarrollo del Estado y la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
Artículo 100.- El Estado podrá expedir, reconocer, legalizar o autorizar que se expidan títulos profesionales, los que se otorgarán a las personas que cursen las carreras correspondientes en la Universidad de Colima, Instituto de Educación Normal de Colima y demás Instituciones de Educación Superior.
Artículo 101.- La Universidad de Colima es un organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que con pleno derecho a su autonomía tiene por fines impartir la enseñanza en sus niveles medio superior, superior y postgrado; fomentar la investigación científica y social, principalmente en relación con los problemas estatales y nacionales y extender con la mayor amplitud, los beneficios de la cultura, con irrestricto respeto a la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las ideas.
Artículo 102.- EL ejercicio de las profesiones en el Estado de Colima se regirá por las disposiciones contenidas en la ley reglamentaria correspondiente.
(REFORMADO, P.O. 15 DE FEBRERO DE 1997)
Artículo 103.- Para la expedición de fiats de Notarios, el solicitante deberá ser abogado con título oficial del Estado o legalmente reconocido y poseer una práctica forense de cinco años, presentar examen de oposición y cumplir con los demás requisitos que determine la Ley. El Ejecutivo queda facultado para expedir los fiats de acuerdo con la ley relativa, la que fijará el número de Notarios que puedan ejercer en el Estado.
De la División Política del Estado.
Artículo 104.- El Estado se dividirá para su administración política en diez Municipios, teniendo por cabecera cada uno la población que lleva su nombre y son los siguientes: Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Alvarez.
Artículo 105.- Cada nueva municipalidad tendrá cuando menos 15 mil habitantes, una superficie territorial no menor de 150 kilómetros cuadrados, contará con locales adecuados para la instalación de oficinas públicas, suficiente infraestructura urbana, reservas territoriales y los demás requisitos que señale la ley.
Las localidades de más de 2 mil habitantes tendrán la categoría de pueblo y las de más de 10 mil, la de ciudad. La ley respectiva determinará las autoridades competentes y el procedimiento para declarar las categorías urbanas, así como los demás requisitos para que las localidades obtengan las categorías de pueblo y ciudad.
Artículo 106.- (DEROGADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
(REFORMADA SU NUMERACIÓN, P.O. 20 DE JUNIO DE 2009)
Artículo 107.- La Hacienda Pública tiene por objeto atender a los gastos ordinarios y extraordinarios del Estado.
Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Ayuntamientos y los organismos públicos estatales y municipales, así como las entidades privadas que reciban fondos públicos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
El ejercicio de dichos recursos serán objeto de evaluación, control y fiscalización por la instancia técnica que establezca esta Constitución con el objeto de propiciar que los recursos económicos que se asignen en los respectivos presupuestos, se administren y ejerzan en los términos del párrafo anterior.
Artículo 108.- La Hacienda Pública se formará:
I. Por los bienes públicos y privados propiedad del Estado;
II. Por los ingresos previstos anualmente en la Ley de Ingresos del Estado y otras disposiciones legales;
III. Por el gasto público, que estará contenido en el Presupuesto de Egresos del Estado que se expida anualmente; y
IV. Por las obligaciones a cargo del Estado, derivadas de empréstitos, garantías, avales, contratos de colaboración públicos, privados y demás actos jurídicos.
Artículo 109.- El Congreso expedirá la Ley de Hacienda que establezca las bases generales para la fijación de las contribuciones y la manera de hacerlas efectivas.
Artículo 110.- Habrá en el Estado una dependencia encargada de la recaudación y distribución de los caudales públicos, así como de la administración del patrimonio del Estado, que se denominará Secretaría de Finanzas y Administración del Estado y que estará a cargo del Secretario respectivo.
En las cabeceras de cada Municipio o en donde la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado lo juzgue conveniente, habrá oficinas encargadas de recaudar las contribuciones que correspondan al Estado, que se denominarán Receptoría de Rentas y estarán cada una de ellas a cargo de un Receptor de Rentas.
Artículo 111.- En cada una de las cabeceras de las Municipalidades habrá una Oficina que recaudará los arbitrios Municipales y que se denominará "Tesorería Municipal" y estará a cargo de un Tesorero Municipal.
Artículo 112.- Las oficinas a que se refieren los dos artículos anteriores, podrán ejercer la facultad económico-coactiva para hacer efectivas las contribuciones decretadas por las leyes.
Artículo 113.- El Secretario de Finanzas y Administración del Estado y los tesoreros municipales, distribuirán los caudales públicos con estricto apego al presupuesto y serán responsables personal y pecuniariamente, por los gastos que hicieren u ordenaren sin estar comprendidos o autorizados por una Ley posterior.
Artículo 114.- El Secretario de Finanzas y Administración del Estado y los demás empleados que manejen fondos públicos, otorgarán fianza en la forma que la Ley determine.
Artículo 115.- (DEROGADO, P.O. 30 DE AGOSTO DE 2011)
(ADICIONADO, P.O. 20 DE JUNIO DE 2009)
Del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.
(REFORMADO Y REUBICADO, P.O. 20 DE JUNIO DE 2009)
Artículo 116.- En el lugar de residencia de los Poderes del Estado habrá un Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización. Gubernamental, con autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para decidir sobre su organización interna, funcionamiento, recursos humanos y materiales, así como sus determinaciones y resoluciones. La función de fiscalización a cargo de esta entidad se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
Dicho órgano estará integrado por los servidores públicos que establezca su Ley, los cuales estarán sujetos al servicio civil de carrera; y en él se revisarán y fiscalizarán las cuentas de los caudales públicos del erario del Estado. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado tendrá a su cargo:
III.- Requerir a las entidades fiscalizadas, sin perjuicio del principio de posterioridad y en las situaciones excepcionales que determine la Ley, derivado de denuncias, indicios o información pública de irregularidades, que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados, imputados o señalados como irregulares, y rindan un informe pormenorizado. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma;
Las sanciones y demás resoluciones del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a las mismas, ante el propio órgano de fiscalización o ante los tribunales a que se refiere el artículo 33, fracción XLI Bis, de esta Constitución conforme a lo previsto en la Ley.
VII.- Rendir un informe anual pormenorizado al Congreso del Estado de las actividades realizadas en ejercicio de sus funciones de fiscalización, en los términos que determine su ley reglamentaria; y
VIII.- El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta la entrega al Congreso del Estado del Informe de resultados a que se refiere el artículo 33, fracción XXXIX. La Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.
Artículo 117.- La falta de cumplimiento de estos preceptos será causa de responsabilidad del titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y de los funcionarios del mismo.
Artículo 118.- El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado rendirá al Congreso, a través de la comisión respectiva, en la forma en que la Ley prevenga, el informe de resultados de la cuenta pública y cada tres meses, el informe de los avances de auditoría que haya practicado.
Para el cumplimiento del trabajo de fiscalización, los Poderes del Estado, Municipios y los sujetos de fiscalización, facilitarán en todo momento el auxilio que requiera el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, para el ejercicio de sus funciones de fiscalización.
Dicho órgano gozará de acceso irrestricto a la información pública. Los servidores públicos Estatales y Municipales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica que reciban o ejerzan recursos públicos, independientemente de su origen o naturaleza, deberán proporcionar la información y documentación que se solicite, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades.
En caso de no proporcionar los auxilios o la información requerida, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la Ley.
De las Responsabilidades de los Servidores Públicos.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 1996)
Artículo 119.- Para los efectos de las responsabilidades que puedan incurrir los Servidores Públicos, se reputarán como tales a los representantes de elección popular, a los miembros de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, a los integrantes del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral, a los funcionarios y empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones.
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 1983)
El Gobernador del Estado, los Diputados a la Legislatura Local y los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado serán responsables por las violaciones a esta Constitución o a las Leyes Federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos Federales.
Artículo 121.- Siempre que se trate de un delito de orden común cometido por los Diputados, el Gobernador, los Magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Electoral y el del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Secretarios de la Administración Pública Estatal, el Procurador General de Justicia, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, los Munícipes, así como los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, el Congreso del Estado, erigido en Gran Jurado, declarará a mayoría absoluta de votos si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
Si la resolución fuese negativa no habrá lugar a procedimiento ulterior; pero tal declaración no será obstáculo para que la acusación continúe su curso, cuando el acusado haya dejado de tener fuero, comenzando entonces la prescripción. En caso afirmativo, el acusado quedará por el mismo hecho separado de su cargo y sujeto a la acción de los tribunales comunes.
Artículo 122.- De los delitos y faltas oficiales en que incurran los funcionarios a que se refiere el artículo anterior, conocerán el Congreso como Jurado de acusación y el Supremo Tribunal de Justicia, en acuerdo pleno, como Jurado de sentencia.
(ADICIONADO, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 1996)
A los funcionarios a que se refiere el artículo anterior se incluirá el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado.
El Jurado de acusación declarará, a mayoría absoluta de votos que el acusado es o no culpable, oyéndolo previamente en defensa. Si la declaración fuere absolutoria, el funcionario continuará en el desempeño de su encargo. Si fuere condenatoria, quedará inmediatamente separado de dicho cargo o será consignado al Supremo Tribunal de Justicia. Este, erigido en Jurado de sentencia, oyendo al acusador, si lo hubiere, al Agente del Ministerio Público y al reo, por sí o por medio de su defensor, aplicará a mayoría absoluta de votos la pena que la ley designe.
(REFORMADO, P.O. 8 DE OCTUBRE DE 1932) (REPUBLICADO [N. DE E. REFORMADO], P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)
Artículo 123.- Contra los funcionarios Públicos de que habla el artículo 74, fracción III sólo podrá procederse por las responsabilidades comunes y oficiales, cuando el supremo Tribunal de Justicia, previa petición del Ministerio Público, consigne a los presuntos culpables, a la autoridad competente, quedando desde luego separados aquéllos del ejercicio de sus funciones.
(REFORMADO, P.O. 8 DE OCTUBRE DE 1932) (REPUBLICADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1932)
Artículo 124.- Lo dispuesto en el artículo anterior se observará desde que los funcionarios entren en el ejercicio de su cargo, aún por delitos cometidos con anterioridad.
Artículo 125.- Los funcionarios públicos a que se refiere el artículo 121 de esta Constitución dejarán de gozar de fuero constitucional o de cualquier otra inmunidad procesal al momento de concluir sus funciones por el período legal para el que fueron electos o designados, así como por la separación de su cargo bajo cualquier modalidad, inclusive por la licencia que al efecto se les conceda.
(REFORMADO, P.O. 7 DE OCTUBRE DE 2006)
Artículo 126.- La responsabilidad por delitos y faltas oficiales de funcionarios o empleados públicos que gocen de fuero constitucional, solo podrá exigirse durante el ejercicio del encargo y un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán dentro de un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.
En cuanto a los delitos comunes se observarán las reglas generales de la prescripción.
Artículo 127.- En los juicios del orden civil no hay fuero ni inmunidad.
Artículo 128.- Pronunciada una sentencia condenatoria de responsabilidad por delitos y faltas oficiales, no puede concederse al reo la gracia de indulto.

References: Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95
 artículo 33

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98
 artículo 3

Artículo 99

Artículo 100

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106

Artículo 107

Artículo 108

Artículo 109

Artículo 110

Artículo 111

Artículo 112

Artículo 113

Artículo 114

Artículo 115

Artículo 116
 artículo 33
 artículo 33

Artículo 117

Artículo 118

Artículo 119

Artículo 121
 resolución 

Artículo 122

Artículo 123
 artículo 74

Artículo 124

Artículo 125
 artículo 121

Artículo 126

Artículo 127

Artículo 128