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Derecho 911: octubre 2013
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Señor Juez de Instrucción de Turno en lo Civil de la ciudad de Apolo (La Paz).
Demanda Interdicto de Recobrar la Posesión
Mariela Salas Mercado, portadora de la cédula de identidad N° 1216268 Or., mayor de edad y hábil por derecho, natural y vecina de esta ciudad, con domici­lio real en calle Nicolás Romero N° 400 de la ciudad de Apolo, ante Ud., con las mayores consideraciones de respeto me presento, expongo y digo:
Gonzalo Arellano Arce, portador de la cédula de identidad N° 1216268 Tja., mayor de edad y hábil por derecho, natural y vecino de esta ciudad, con domici­lio real en calle Los Olivos N° 400 de la ciudad de Apolo.
La presente acción interdicta tiene por objeto recobrar la posesión de un bien inmueble urbano ubicado en la calle Calama N° 123 del Barrio Amigos de Nadie de la ciudad de Apolo (La Paz).
La acción interdicta de recobrar la posesión tiene como fundamento los siguien­tes hechos:
1. Actualmente me encuentro en posesión del inmueble urbano ubicado en la calle Calama N° 123 del Barrio Amigos de Nadie de la ciudad de Apolo (La Paz).
2. En fecha 12 de enero del presente año el Sr. Gonzalo Arellano Arce, mientras me encontraba de vacaciones en Tarija, se introdujo clandes­tinamente y con violencia en el inmueble cambiando la cerradura de la puerta de ingreso al domicilio hecho que demuestra (...).
3. [1]Inútiles fueron los intentos para persuadir al demandado para que me devolviera el inmueble, situación que demuestra que (...).
En mérito a la exposición de los hechos y al ser legítima propietaria del inmueble y al haber sido desposeído ilegalmente en mi legítima posesión, demuestro tener DERECHO a ser restituida judicialmente en la posesión.
El derecho que lo tengo invocado se encuentra protegido por el Art. 607[2] del Código de Procedimiento Civil.
1 Oportunamente se dicte sentencia declarando probada la demanda en to­das sus partes, ordenándose la restitución inmediata de la posesión bajo conminatorias de expedirse mandamiento de lanzamiento.
2 Se condene en costas a la demanda.
3 Se imponga multa por los daños y perjuicios ocasionados a mi persona.
4 Se remita antecedentes al Ministerio Público por ser la desposesión violenta.
Con la presente acción interdicta de recobrar la posesión ofrezco la siguiente prueba:
1 Testimonio de la Escritura Pública N° 21/07 que demuestra (...).
2 Certificado de Derechos Reales que acredita (...).
3 Las declaraciones testificales de los ciudadanos (...).
4 Inspección judicial del bien inmueble.
Otrosí Io.- Sabré justas determinaciones en el escritorio jurídico de mi abogado,
Otrosí 3º.- Con la facultad conferida por el Art. 611 del Código de Procedi­miento Civil, en calidad de medida precautoria solicito la medida de restitución inmediata del bien inmueble objeto del proceso.
Es cuanto pido en justicia, esperando en la ciudad de Apolo (La Paz), en fecha 9 de junio de 2009. ubicado en calle (...).
[1] En La exposición de los hechos debe señalarse todos los necesarios para demostrar la procedencia de la acción.
[2] Se cumple con la exposición del derecho en una demanda judicial, aunque no se indique ninguna norma legal como fundamento de la pretensión jurídica. El señalar alguna norma jurídica simplemente ayuda a orientar mejor al juzgador y las partes con relación a la petición.
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1 Diferencia del interdicto de retener con el de recobrar.-
2 Qué protege el interdicto de recobrar.-
3 Qué se entiende por despojo.-
4 Requisitos para la procedencia del interdicto de recobrar.-
5 Quiénes pueden intentar el interdicto de recobrar.-
6 Contra quiénes procede el interdicto.-
7 Prueba.-
8 Procedimiento,-
9 Artos que autorizan el interdicto de recobrar.-
10 De interdicto de retener a recobrar la posesión (MODIFICACIÓN).-
11 Medidas precautorias.-
12 Medida precautoria de restitución inmediata.-
13 El despojo jamás se justifica.-
14 Parte resolutiva de la sentencia.-
15 Antecedentes al Ministerio Público.-
Desposesión ordenada por autoridad pública.-
16 Resumen del interdicto de recobrar la posesión.-
16.1 Objeto.-
16.2 Caracterización.-
16.3 Legitimación activa.-
16.4 Legitimación pasiva.-
EL interdicto de recobrar la posesión o conocido también por la doctrina como despojo, tiene por objeto obtener la restitución de la posesión o tenencia de una cosa. Esta acción protege el hecho de la posesión.
Se distingue del interdicto de retener en que en éste el actor conserva la pose­sión y su objeto es hacer cesar los actos materiales de perturbación o turbación; en cuanto la posesión se pierde, el interdicto de retener no procede y deberá intentarse el de recobrar.
Como veremos el procedimiento de este interdicto es el mismo que el de retener y la única diferencia fundamental, estriba exclusivamente en el objeto de la prueba.
Este interdicto procede cuando los actos perturbadores o turbadores materia­lizan el despojo de la posesión o tenencia legítima de bien, total o parcial del in­mueble y en la sentencia se debe ordenar que se restituya la posesión o tenencia de la cosa.
El Interdicto de recobrar es la pretensión procesal en cuya virtud el poseedor o tenedor de un bien mueble o inmueble, del cual ha sido total o parcialmente despojado, requiere judicialmente que se le restituya la posesión o la tenencia perdidas.[1]
Es presupuesto del interdicto de recobrar que el que lo intente haya sido des­pojado de la posesión o tenencia de la cosa con violencia o clandestinidad, sien­do su objeto restablecer el orden alterado retrotrayendo las cosas a su estado anterior al acto despojante.
El interdicto de recobrar la posesión, en la práctica sólo se acuerda para pro­teger la posesión de inmuebles; y excepcionalmente de los muebles cuando se ha sido despojado de ellos junto con el inmueble; pero, es bueno recordar que la norma en estudio señala que "quien quiera que poseyendo alguna cosa"; es decir, el interdicto de recobrar procede tanto para bienes inmuebles como para muebles.
Una persona es despojada, cuando pierde la posesión o tenencia de una cosa determinada en forma total o parcial, contra su voluntad y por imperio de una tercera persona que toma la cosa con la intención de ejercer actos materiales posesorios y desconociendo los derechos y garantías del otro.
El despojo puede presentarse con o sin el ejercicio de la violencia, o por me­dios clandestinos, por abuso de confianza o cualquier medio que tenga por objeto eyectar a un legítimo poseedor o tenedor de una cosa.
El profesor Borda indica que "despojo significa privación total o parcial de una cosa. Si un tercero realiza actos posesorios sin impedir que el poseedor tam­bién los realice simultáneamente. Hay turbación y no despojo. Sin embargo, esto no requiere necesariamente la exclusión del anterior poseedor de toda la cosa; basta que lo excluya de una de sus partes, como puede ser una habitación de un inmueble"[2].
La mayoría de la doctrina[3] señala que en todos los casos, el poseedor o tene­dor debe haber sido privado de la posesión por medios ilegales; ya sea en forma clandestina, por abuso de confianza o en forma violenta.
Conforme a varios autores estudiosos del Derecho[4], para que tenga lugar el interdicto de retener se requiere:
• Que el que lo promueve se halle en actual posesión o tenencia de un bien mueble o inmueble.
• Que haya sido despojado con violencia o sin ella, o clandestinamente o abusando un derecho de confianza.
• Que el despojo o la eyección, se haya realizado dentro del año de produci­dos los hechos (caducidad de la acción).
Para que proceda el interdicto de recobrar la posesión además se debe demos­trar los siguientes hechos:
• Que la intente el poseedor o el simple tenedor actual.
• Que la posesión sea pública.
• Que la posesión sea pacífica.
Estos requisitos tienen su razón de ser, ya que no se puede amparar en la po­sesión cuando ésta es viciosa o es contraria a la ley.
Además, el parágrafo III del Art. 1462 del Código Civil (1976) dispone que "la posesión adquirida en forma violenta o clandestina, no da lugar a esta ac­ción, a menos que haya transcurrido un año desde que cesó la violencia o clan­destinidad", norma legal que viene a aclarar la procedencia de esta acción.
Sobre este asunto la Legislación de Argentina dispone: "Para que proceda el interdicto de recobrar se requerirá:
1. Que quien lo intentare, o su causante, hubiere tenido la posesión actual o la tenencia de una cosa mueble o inmueble.
2. Que hubiere sido despojado total o parcialmente de la cosa, con violencia o clandestinidad"[5].
Como se ha considerado que el interdicto de recobrar ampara la posesión ac­tual , el mismo puede ser deducido tanto por el poseedor como por el simple tene­dor cualquiera sea la causa de la desposesión, puesto que su objeto es amparar y proteger el corpus posesorio, conforme a la naturaleza jurídica de los interdictos.
Al respecto nuestra Legislación procesal dispone: "La demanda se inter­pondrá contra el despojante, o sus herederos, copartícipes o beneficiarios del despojo"[6].
El interdicto de recobrar se puede intentar contra la persona que realizó el acto de la desposesión, aun cuando pretenda haber obrado por cuenta de terceros. Puede también intentarse contra éstos cuando el demandado hubiera procedido en cumplimiento de órdenes de superior jerárquico; por consiguiente, la deman­da puede entablarse contra la entidad que éste representa.
El interdicto de despojo corresponde contra el despojante, sus herederos y cómplices, aunque sean dueños del inmueble, de acuerdo al principio que "el título no justifica el despojo", y aun cuando el despojante pretenda haber obrado por cuenta de terceros.
Además el Art. 1461 del Código Civil (1976) es claro cuando señala que "I. Todo poseedor de inmueble o de derecho real sobre inmueble puede entablar, dentro del año transcurrido desde que fue despojado, demanda para recuperar su posesión, contra el despojante o sus herederos universales, así como contra los adquirientes a título particular que conocían el despojo. II. La acción se concede también a quien detenta la cosa en interés propio".
La prueba debe versar sobre la posesión real y momentánea de la parte actora y acreditar que el demandado es el responsable del despojo, como así la fecha en que ocurría la eyección, con el objeto de determinar si los hechos se produjeron dentro del año.
Sobre el tiempo el profesor Borda tiene un criterio diferente cuando señala que "esta exigencia se vincula con el plazo de prescripción de la acción, que es de un año. Pensamos que hay un error de técnica jurídica en esta exigencia. La prescripción es una excepción, cuya alegación y prueba, corresponde al deman­dado. Y por ello creemos que en rigor, al actor le basta con probar la posesión y el despojo, ya que mientras el demandado no oponga la prescripción, la acción del despojado es igualmente procedente, cualquiera sea el tiempo en que él se produjo"[7].
Considero que de esta manera debe interpretarse el plazo para interponer la acción, y mientras el demandado no oponga la excepción de la caducidad o pres­cripción de la acción interdicta, aunque tardíamente se haya demandado, debe declararse probada la demanda si se ha probado la posesión y la eyección.
En esta acción se puede ofrecer cualquier medio probatorio; sin embargo, el juzgador debe sólo admitir las pruebas pertinentes e idóneas para demostrar los hechos contradictorios de la causa. Básicamente es admisible todo medio proba­torio que no sea reñido contra la moral y buenas costumbres[8].
Presentada la demanda, el juez inmediatamente debe admitir la acción y abrir en la misma resolución el plazo probatorio de ocho (8) días, que se pondrá en vi­gencia desde el día hábil siguiente a la citación del demandado. Si fueran varios demandados, desde la citación al último demandado, porque el plazo probatorio es común para todas las partes.
Al respecto la Ley procesal dispone: "Admitida la demanda el juez abrirá el plazo de prueba de ocho días"[9].
Luego de vencido el plazo probatorio, de oficio o a petición de parte, el juz­gador debe clausurar la vigencia de la estación probatoria (sin necesidad de ale­gatos) e ingresar inmediatamente el proceso a despacho del juez para dictarse sentencia de acuerdo a lo probado en la causa.
El interdicto de recobrar la posesión supone, necesariamente, la desposesión del demandante sea en forma violenta o no, o en forma clandestina o por manio­bras dolosas; es decir, debe existir la ejecución de actos que importan la exclu­sión absoluta de la posesión, por ejemplo: la construcción de un canal, de un edi­ficio, de un cerco, la posesión obtenida por medios clandestinos, la construcción de una pared encerrando parte de un terreno, en caso de inquilinos, sustituyendo un candado por otro en un portón de acceso al bien alquilado; el alambrado de un campo; cuando se haya alterado los límites entre los inmuebles; cuando se hayan arrancado los mojones y puesto en lugar distinto del que tenían; cuando se haya hecho una nueva cerca y se haya colocado en el lugar que no corresponde, etc.
"Las decisiones judiciales no autorizan el interdicto porque están amparados por el principio de regularidad procesal en cuya virtud se presumen dictadas conforme a derecho; pero, cuando las circunstancias desvirtúan esa presunción, el interdicto es procedente; así se ha declarado que constituye un acto típico de violencia la posesión otorgada a raíz de un juicio de desalojo en el que no se oyó a quien se encontraba en posesión del inmueble, o cuando en el juicio de desalojo se desconoció el carácter de inquilino, afirmando su posesión, y el demandante no acreditó la existencia de la locación"[10].
Finalmente, los actos administrativos pueden también, en ciertos casos, au­torizar el interdicto, como vimos al analizar el interdicto de retener la posesión.
"Como observamos, el interdicto de retener la posesión tiene como fin inme­diato hacer cesar simplemente las perturbaciones que está sufriendo el posee­dor o el tenedor; por consiguiente, en esta acción todavía no se ha producido la eyección o despojo; empero, la norma en estudio introduce una gran novedad y avance en nuestra legislación civil en el sentido de que, si en la tramitación del interdicto de proteger la posesión se produce el despojo al actor, la acción intentada inicialmente se convierte como interdicto de recobrar la posesión, sin volver atrás en el procedimiento y de esta manera se ahorra tiempo, esfuerzos y dinero a las partes"[11].
232 CASTELLANOS TRIGO, GONZALO. Procesos Especiales. Editorial Luis de Fuentes. Tarija, Bolivia. 2009. Pág. 179.
Sobre este punto la ley procesal nuestra dispone: "Si durante la tramitación del interdicto de retener la posesión se produjera el despojo al demandante, la ac­ción proseguirá como interdicto de recobrar, sin retrotraer el procedimiento"233.
Esta norma sostiene su intención y se inspira en el principio de economía procesal que rige en nuestra economía jurídica, ya que los interdictos en general tienen como fin proteger la posesión. No sería justo que la parte inicie el interdic­to de retener la posesión, en plena tramitación se produzca el despojo, se obligue al actor continuar con esa acción y posteriormente a este nuevamente demandar otra acción para que se le restituya en la posesión.
La norma en análisis no indica hasta cuándo se puede hacer esta conversión, sin embargo, consideramos que debe ser hasta antes de que el juez clausure la vigencia de la estación probatoria, caso contrario se podría violar el debido pro­ceso y derecho a la defensa que tienen todas las partes en litigio.
Cuando el interdicto de retener la posesión se convierte en uno de recobrar, lo significativo es que el procedimiento no se retrotrae, es decir, que el proceso prosigue en el estado que se encontraba al momento del despojo, sin necesi­dad de anularse alguna diligencia o actuación procesal, ratificarse o ampliarse la demanda, simplemente el proceso continua, y cuando sea el estado se dicta la correspondiente sentencia, sin violarse el principio de congruencia.
Finalmente, como señalan algunos autores del Derecho[12] esta acción de re­conversión de la acción debe tomarse en cuenta porque en la práctica puede ser dudoso o contradictorio si la persona ha quedado totalmente excluida de la pose­sión o no. Esta es una cuestión de hecho, que el juzgador resolverá en cada caso; sin embargo, no se debe olvidar que las partes exponen los hechos y el Juez apli­ca el derecho, con el objeto de solucionar el conflicto y pacificar a la sociedad.
Sobre la modificación de la demanda la Legislación de la Argentina dispone:Modificación y ampliación de la demanda.- "Si durante el curso del in­terdicto de retener se produjere el despojo del demandante, la acción prosegui­rá como interdicto de recobrar, sin retrotraer el procedimiento, en cuanto fuese posible. Cuando llegare a conocimiento del demandante la existencia de otros sucesores, copartícipes o beneficiarios, podrá ampliar la acción contra ellos en cualquier estado del juicio"[13]. Norma similar a la nuestra.
Durante el lapso que inexorablemente transcurre entre el comienzo de un juicio y el dictado de la sentencia definitiva pueden surgir innumerables cir­cunstancias que tornen imposible o dificulten la ejecución forzada, o diluyan los efectos de la decisión final, por tal situación, nuestra legislación, ha previsto diversas medidas que pueden solicitarse y decretarse dentro de las llamadas me­didas precautorias, cuya finalidad se limita a asegurarse la eficacia práctica de la sentencia[14].
Como analizamos en el comentario de este código, las medidas precautorias están instituidas para garantizar el exacto cumplimiento de la sentencia y son un instrumento en beneficio de las partes para que los mismos no vean burlados sus derechos reconocidos en la futura sentencia.
Estas medidas también pueden ser utilizadas en los interdictos y especialmen­te en el de recobrar, como observaremos a continuación.
La medida precautoria de "restitución inmediata" no se encuentra expresa­mente prevista en nuestra legislación; sin embargo, por imperio del art. 169 del Código de Procedimiento Civil (1976), la parte puede solicitar las medidas ur­gentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisional­mente el cumplimiento de la sentencia.
Es por eso que en la presente acción, a solicitud de parte y cuando el juez vie­ra por conveniente, se podrá decretar la "restitución inmediata" del bien despo­jado, cuando por las circunstancias especiales del caso, hubiera riesgo en causar un serio perjuicio al actor por la no-restitución del bien en forma inmediata.
La norma en estudio exige que el derecho de posesión invocado fuere" verosímil". Esto significa que de la solicitud debe desprenderse la verosimilitud del derecho a proteger, de modo tal que se justifique el aseguramiento de un eventual progreso de la demanda; por consiguiente, el otorgamiento no requiere de prueba terminante y plena del derecho invocado, basta pues, la simple apariencia o ve­rosimilitud del derecho y ella se obtiene analizando los hechos relatados por el peticionante y la documentación acompañada.
Finalmente, para decretarse la medida precautoria de "restitución inmediata", la parte actora debe prestar previamente la fianza o contracautela que exige el Art. 173 del Código de Procedimiento Civil (1976). La misma tiene por objeto asegurar a la otra parte el resarcimiento de los eventuales daños que le irrogue la medida indebidamente peticionada, ya sea por haberla pedido sin derecho o abusado del mismo.
El propósito del interdicto de recobrar es la protección del poseedor actual o del tenedor de una cosa contra actos materiales de despojo, por lo que la medida precautoria de restitución inmediata resulta acertada como anticipo de la garantía jurisdiccional, en cuanto persigue impedir que se vuelvan ilusorios los derechos cuyo reconocimiento se busca, incluso para garantizar la integridad de la cosa litigiosa que de otra manera podría verse alterada[15].
Existe un resabio antiguo y justo que señala que nadie puede hacerse justicia por sus manos propias, caso contrario no habría necesidad de los órganos judi­ciales para pacificar a la sociedad.
En este orden nuestra Legislación procesal es bastante exigente cuando dis­pone: "Aunque el despojante presentare título de propiedad tratando de justificar el hecho, no estará eximido de restituir el bien y pagar costas y daños, ni de las sanciones penales si hubiere obrado con fuerza y violencia, quedando a salvo sus derechos para la acción ordinaria"[16].
La acción de despojo que legisla nuestra ley, no es propiamente una acción posesoria, porque es extraña a la posesión, desde que sólo tiene por objeto res­tablecer el orden prohibiendo que nadie pueda hacerse justicia por sí mismo; tiende a restablecer el estado de hecho anterior al despojo, sin que sea admisible la discusión sobre mejores títulos al derecho de propiedad ni sobre la naturaleza de la posesión, por eso el título jamás puede justificar el despojo. Esto signifi­ca que el despojante no puede justificar el acto ilegal, presentando el título de propiedad, ya que el derecho propietario debe ser discutido en un proceso de conocimiento y no en éste.
Por ejemplo, si el propietario de un bien inmueble alquila el mismo a un ter­cero, y éste incumple con el pago de alquileres, el propietario del inmueble no puede, invocando ser el titular de este, proceder directamente desalojar por falta de pago de alquileres; por consiguiente, previamente debe seguir un proceso de desalojo y no tomar directamente medidas de hecho.
En este caso es procedente el interdicto de recobrar la posesión porque el in­terdicto de recobrar no consiste en tutelar el derecho que surge de las relaciones contractuales, sino en mantener el orden y prevenir el empleo de la violencia.
Una vez clausurada la vigencia del plazo probatorio, corresponde al órgano judicial dictar la resolución de fondo, rechazando o acogiendo la demanda. En el primer caso, se condenará en costas al actor.
Sobre este aspecto de la sentencia nuestro procedimiento dispone: La sen­tencia que declarare probada la demanda ordenará:
1. La restitución del bien despojado, bajo apercibimiento de lanzamiento.
2. El pago de costas, daños y perjuicios.
3. La remisión de testimonio al Ministerio Público en caso de que el despojo se hubiere consumado con fuerza y violencia[17].
En esta acción es importante determinar con claridad cuáles son los aspectos que debe abordar la parte resolutiva de la sentencia, donde básicamente debe ordenarse la inmediata restitución del bien despojado, bajo apercibimiento de expedirse mandamiento de lanzamiento (desapoderamiento) en caso que el de­mandado o terceros nieguen el cumplimiento de la sentencia.
Si se declara probada la demanda, la sentencia debe ordenar la restitución inmediata del bien indebidamente desposeído, bajo apercibimiento de lanza­miento. Esto quiere decir que si el demandado no restituye voluntariamente la posesión, se lo obliga mediante la fuerza de la ley. Además, debe condenarse en costas, daños y perjuicios aunque la parte no lo haya solicitado porque se trata de una imposición legal y no convencional.
Al respecto la Legislación de Guatemala precisa: "Juzgada la pretensión ju­rídica, el demandado debe ser condenado a restituir el inmueble con todos sus accesorios, con indemnización al poseedor de todas las pérdidas e intereses y de los gastos causados en el juicio, hasta la total ejecución de las sentencias"[18].
Finalmente, si en la etapa probatoria se ha demostrado con prueba contunden­te que el despojo se ha ejecutado con fuerza o violencia, se debe remitir antece­dentes al Ministerio Público para que se inicie la acción penal correspondiente, ya que la parte no sólo ha violado normas civiles que interesen al orden privado, sino también ha cometido un delito que afecta al orden público y que debe ser sancionado por el Estado.
Para tener un debido proceso penal, previamente el representante del Minis­terio Público, debe realizar la investigación respectiva, previamente a imputar y con mayor razón para acusar.
Sobre este punto la Legislación procesal civil, decreta: "El juez o cualquier autoridad que sin el trámite legal respectivo privare o mandare a privar a alguien de su posesión, será considerado despojante y condenado a las mismas sanciones previstas en el artículo precedente"[19].
Como vimos, los actos administrativos pueden también, en ciertos casos, au­torizar el interdicto de recobrar la posesión. La privación a la posesión legítima de una persona sobre un bien inmueble o mueble se debe realizar mediante un procedimiento completamente legal y por autoridad competente, caso contrario sería negar el debido proceso y el derecho de defensa, y además sería un acto arbitrario; por tal razón, todo despojo que se realice al margen de la ley, debe ser sancionado, ya que nadie está autorizado a hacer justicia por sus propias manos.
No obstante la norma en estudio deja claramente establecido que cualquier autoridad ya sea judicial, administrativa o de alguna índole que privare o man­dare a privar a alguien de su legítima posesión sin que exista el debido proceso, es considerado despojante; por consiguiente, sujeto pasivo de la acción penal correspondiente. Para tal efecto se debe remitir al Ministerio Público los antecedentes necesarios para que se inicie la acción penal.
Todas las personas y con mayor razón los funcionarios públicos tienen la obligación y el deber de respetar y hacer respetar la ley, el orden público y la seguridad jurídica; por lo tanto, si un funcionario abusando de su autoridad o violando procedimientos ordena el desalojo indebidamente debe ser sancionado y restituirse el bien inmediatamente al afectado[20].
Conforme al Art. 351 del Código Penal, existe delito de despojo, en el caso de "el que en beneficio propio o de tercero, mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio, despojare a otro de la posesión o tenencia de un inmueble, o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes, incurrirá en privación de libertad de seis meses a cuatro años".
Con fines didácticos a continuación esquematizaremos los aspectos más im­portantes del interdicto de recobrar la posesión.
• Recobrar la posesión o tenencia perdida.
• Debe consistir en una desposesión o eyección; es decir, debe tratarse de una exclusión total o parcial de una cosa mueble o inmueble.
• El poseedor.
• El tenedor.
• El propietario.
• El usufructuario y en general, a los titulares de los derechos reales que tengan el derecho a la posesión o tenencia de la cosa.
• La acción debe intentarse contra el autor del despojo.
• Contra las personas se benefician del desalojo.
• Contra los sucesores, universales o singulares.
[1] Es el criterio de los profesores: De Santo Víctor, Palacio Enrique, Alsina Hugo y Parajeles Gerardo, en sus diferentes obras sobre Derecho Procesal Civil.
[2] BORDA GUILLERMO A. Ob. Cit. Manual de Derechos Reales. Quinta Edición. Pág. 121.
[3] Es el punto de vista de los profesores: Borda Guillermo y Tafur Alvaro, y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la Argentina.
[4] Estos requisitos para la procedencia del interdicto de recobrar la posesión, es desarrollada por los profesores: De Santo Víctor, Palacio Enrique, Alsina Hugo y Parajeles Gerardo, en sus diferentes obras sobre Derecho Procesal Civil.
[5] CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Art. 614 (Procedencia).
[6] CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Art.608. (Demanda).
[7] BORDA GUILLERMO A. Ob. Cit. Manual de Derechos Reales. Quinta Edición. Pág. 123.
[8] Para complementar el tema revisar la obra del mismo autor (Castellanos Trigo, Gonzalo)"Procesos Especiales".
[9] CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Art.609. (Admisión y prueba).
[10] ALSINA, HUGO. Ob. cit. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial (...). Págs. 328 - 329.
[11] CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Art.610. (Modificación y ampliación de la demanda).
[12] Es el criterio de los profesores: Palacio Lino, Tafur Alvaro y Trigo Héctor en sus diferentes obras en que tratan los procesos posesorios o interdictos.
[13] CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Art. 617
[14] Para complementar el tema de medidas precautorias revisar la obra del mismo autor (Castellanos Trigo, Gonzalo) "Comentarios del Código de Procedimiento Civir y adicionalmente las obras del profesor: Martínez Botos (Medidas Precautorias).
[15] Es el criterio de los profesores: De Santo Víctor, Palacio Enrique, Alsina Hugo y Parajeles Gerardo, en sus diferentes obras sobre Derecho Procesal Civil.
[16] CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Art.611. (El titulo no justifica el despojo).
[17] CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Art.612. (Sentencia).
[18] CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Art. 775.
[19] CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Art.614. (Despojo cometido por autoridad).
[20] Para mayor información revisar la obra del mismo autor (Castellanos Trigo, Gonzalo) "Código de Procedimiento Civii. Comentado". Tomo III.
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1 Qué protege el interdicto de retener.-
2 Requisitos para la procedencia del interdicto de retener.-
3 Procedimiento del interdicto.-
4 Quiénes pueden demandar el interdicto.-
5 Contra quiénes procede el interdicto de retener.-
6 Plazo probatorio.-
8 Actos materiales que importan perturbación a la posesión.-
9 Requisitos para considerar turbación en la posesión.-
10 Procedimiento.-
11 Qué debe probarse en el interdicto de retener.-
12 Medidas precautorias.-
13 Medida precautoria de no innovar en el interdicto.-
14 Cómo se ejecuta la medida de prohibición de innovar.-
15 Sanciones pecuniarias.-
16 Resolución final del interdicto de retener la posesión.-
17 Apelación de la sentencia sin recurso ulterior.-
18 Resumen del interdicto de retener la posesión.-
18.1 Objeto.-
18.2 Legitimación activa.-
18.3 Legitimación pasiva.-
El poseedor o legítimo tenedor de una cosa tiene todo el derecho de vivir en paz y que absolutamente nadie lo perturbe o moleste en su legitima posesión; caso contrario, tiene derecho a demandar judicialmente el interdicto de retener la posesión, porque el mismo no puede hacerse justicia por sus propias manos.
El profesor Gerardo Parajeles señala que "este interdicto procede cuando el poseedor es perturbado con actos que le inquieten y que manifiesten la intención de despojarlo. Por lo general, para que haya perturbación se debe demostrar que los actos tienen esa doble característica; inquieten e intenten el despojo. Sin em­bargo, hay casos especiales donde basta con uno de ellos, y concretamente me refiero a los interdictos promovidos por los arrendatarios contra el propietario arrendador"[1].
El interdicto de retener tiene por objeto amparar, guardar y conservar la pose­sión o tenencia de un bien, sea un bien mueble o inmueble.
Por su parte el profesor Bustos argumenta que "por medio de un trámite sumarísimo, este interdicto tutela al actual poseedor o tenedor contra cualquier acto o amenaza de perturbación, sin perjuicio del ejercicio de las pretensiones reales que pudieran deducir las partes"[2].
En la práctica, es común la confusión al reclamar como interdicto de pose­sión, hechos que deben ser debatidos en procesos de conocimiento por daños y perjuicios. En muchos casos la distinción puede resultar difícil, pero debe hacer­se para evitar pérdidas de tiempo, acciones que luego serán rechazadas y con el peligro de ser condenados al pago de costas. Como parámetro, se debe afirmar que los actos pertúrbatenos que se protestan son aquellos que afectan exclusiva­mente a la posesión del inmueble o mueble. De esta manera, su actividad comer­cial puede ocasionar, no teniendo al despojo. Hechos como arrojar basura en el techo o en las áreas verdes; realizar trabajos que produzca exceso de humedad, ruido o suciedad.
Para que tenga lugar el interdicto de retener se requiere que el juzgador tome en cuenta los siguientes aspectos de orden estrictamente legal:
1) Que el que lo promueve se halle en actual posesión o tenencia de un bien mueble o inmueble.
2) Que se haya tratado o amenazado perturbarlo o lo perturbare en la pose­sión, por actos materiales que necesariamente se expresarán en la deman­da; es decir, que alguien amenazare perturbarle o lo perturbase en ellas mediante actos materiales.
3) Que las amenazas de perturbación o la perturbación material, se hayan realizado dentro del año de producidos los hechos.
Conforme a la norma en estudio y la doctrina en general, para que proceda el interdicto de retener la posesión además se debe demostrar:
1) Que la intente el poseedor o tenedor actual.
2) Que la posesión sea pública.
3) Que sea a título de propiedad o de usufructuario.
4) Que la posesión no sea interrumpida.
5) Que la posesión sea pacífica.
Estos requisitos tienen su razón de ser, ya que no se puede amparar en la po­sesión, cuando ésta es viciosa o es contraria a la ley.
Nuestra Legislación Civil, dispone: "Para que proceda el interdicto de retener la posesión se requerirá: 1) Que quien lo intentare se encuentre en la posesión actual o tenencia de un bien mueble o inmueble. 2) Que alguien amenazare per­turbarlo o lo perturbare en ella mediante actos materiales"[3].
Al respecto la Legislación de la Argentina ordena: "Para que proceda el inter­dicto de retener se requerirá: 1. Que quien lo intentare se encuentre en la actual posesión o tenencia de una cosa, mueble o inmueble. 2. Que alguien amenazare perturbarle o lo perturbase en ellas mediante actos materiales"[4].
Igual disposición legal tiene la Legislación del Perú; empero en forma más amplia cuando decreta: "Procede cuando el poseedor es perturbado en su pose­sión. La perturbación puede consistir en actos materiales o de otra naturaleza como la ejecución de obras o la existencia de construcciones en estado ruinoso. Si así fuera, la pretensión consistirá en la suspensión de la continuación de la obra o la destrucción de lo edificado, aunque se pueden acumular ambas pre­tensiones. En todos los casos, la pretensión consistirá en el cese de estos actos. Admitida la demanda, el juez ordenará, en decisión impugnable, se practique una inscripción judicial, designando peritos o cualquier otro medio probatorio que considere pertinente. La actuación se entenderá con quien se encuentre a cargo del bien inspeccionado[5].
En definitiva, el interdicto de retener la posesión procede cuando el actual poseedor es perturbado injustamente en su derecho.
Además, el parágrafo III del Art. 1462 del Código Civil (1976), dispone que "la posesión adquirida en forma violenta o clandestina, no da lugar a esta ac­ción, a menos que haya transcurrido un año desde que cesó la violencia o clan­destinidad", norma legal que viene a aclarar la procedencia de esta acción.
El procedimiento del interdicto de retener la posesión es bastante sencillo y técnicamente rápido para demostrar o desvirtuar las supuestas perturbaciones o molestias a la posesión, denunciadas en la demanda.
Al respecto el Código de Procedimiento decreta: "La demanda se dirigirá contra aquel a quien el actor denunciare por perturbarlo en la posesión o tenencia o contra sus sucesores o copartícipes. El juez al admitir la demanda abrirá plazo probatorio de ocho días"[6].
El interdicto de retener la posesión ampara justamente la posesión actual; es decir, el hecho de la posesión cualquiera que sea su naturaleza, pues nadie puede perturbarla arbitrariamente, hacer justicia por sí mismo; por consiguiente, puede ser intentado por el poseedor o por el simple tenedor, y, con mayor razón cuando la tenencia se funda en un título, como sería el contrato de inquilinato o locación.
A mi entender, el interdicto de retener también puede ser intentado por el usufructuario, el usuario, el titular de una servidumbre y el acreedor con derecho de retención.
Recordemos que el Art. 1454 del Código Civil (1976) señala "que el propie­tario puede demandar a quien afirme tener derechos sobre la cosa y pedir que se reconozca la inexistencia de tales derechos. Si existen perturbaciones o mo­lestias, el propietario puede pedir el cese y el resarcimiento del daño" (Acción Negatoria).
La demanda se dirigirá contra quien el demandante denunciare por pertur­barlo en la posesión; es decir, el interdicto procede contra el autor material de la turbación aunque él pretenda haber obrado en interés y por orden de un tercero; también puede dirigirse la acción contra los sucesores del autor material o copar­tícipes que pretendan aprovecharse de la perturbación de la posesión.
Cuando los actos materiales de la turbación emanen de funcionarios que obran en ejercicio de sus funciones y cumpliendo o no órdenes de superiores jerárquicos, el interdicto de retener puede ser deducido contra la entidad misma que hubiera ordenado su ejecución, por consiguiente, se podría demandar a la Municipalidad, Prefectura, Ministerio Público, Policía, etc.
Este es un procedimiento inminente contradictorio; por consiguiente, es nece­sario que siempre se abra plazo probatorio de ocho (8) días. A nuestro entender, este término es improrrogable por la naturaleza de la acción que se discute en el proceso; sin embargo, existe una mala práctica en la jurisdicción ordinaria, por­que este plazo en muchos casos es ampliado por jueces irresponsables y débiles a simple petición de la parte.
Consideramos que es adecuado el plazo probatorio de ocho (8) días ya que la inmediatez de este proceso hace que el mismo deba ser rápido, oportuno y ágil; caso contrario, podrían desnaturalizarse los principios que rigen esta causa. Lógica y excepcionalmente, en ciertos casos, ese término deberá ampliarse en razón de la distancia.
En vigencia de la estación probatoria, las partes pueden intentar cualquier medio probatorio para demostrar los actos materiales de perturbación de la pose­sión y los otros requisitos que vimos al analizar el anterior artículo.
El profesor Bustos señala que "la prueba sólo podrá versar sobre el hecho de la posesión o tenencia invocada por el actor, la verdad o falsedad de los actos de perturbación atribuidos al demandado, y a la fecha en que éstos se produjeron; por lo tanto, el objeto de la prueba en el interdicto, debe versar sobre la materia de la controversia; es decir, sobre el hecho de la posesión y la existencia o inexis­tencia de los actos de turbación, y no puede recaer sobre el derecho a la posesión, cuestión que es propia de otra acción"[7].
Como vimos, el interdicto de retener la posesión es un proceso especial y esencialmente contradictorio donde, básicamente, la prueba debe versar sobre la posesión o tenencia invocada por el demandante, sobre los actos o amenazas de hecho o no de derecho atribuidos al demandado; y, finalmente, la fecha en que hubiera ocurrido la perturbación, para determinar si la acción ha caducado o no.
Según el profesor Alsina, "sólo habrá turbación en la posesión cuando contra la voluntad del poseedor del inmueble, alguien ejerciere, con intención de po­seer, actos de posesión de los que resultare una exclusión absoluta del poseedor. No se admite la turbación de derecho y se exige para la procedencia del inter­dicto de retener que se haya tratado de inquietar la posesión del actor por actos materiales que se expresarán en la demanda"[8].
De lo analizado, se tiene que este interdicto sólo procede contra perturbacio­nes materiales de hecho sobre la posesión y no contra perturbación de derecho; es decir, que pueden existir amenazas de palabra sobre la posesión u órdenes administrativas, aun en el caso que envuelvan una posesión, no importan actos materiales de turbación si no hay principio de ejecución.
Los actos materiales deben ser de tal magnitud que turben la situación de he­cho[9] de que goza una persona con relación a la cosa, quedando descartados los actos que impliquen una perturbación de derecho o jurídica.
Desde el punto de vista de la protección posesoria, no toda molestia que se provoque respecto de la cosa poseída representa una turbación. Para que exista una verdadera turbación es necesario que el agente tenga la intención manifiesta de poseer o de limitar la posesión, la misma debe ser dañina o en desmedro de la posesión.
Para entender el término turbación veamos lo que indica la Legislación de Argentina: "Sólo habrá turbación en la posesión, cuando contra la voluntad del poseedor del inmueble, alguien ejerciere, con intención de poseer, actos de pose­sión de los que no resulte una exclusión absoluta del poseedor"[10].
El profesor Hugo Alsina, como ejemplos de actos materiales de turbación cita los siguientes casos: "Destrucción de cercos o alambrado de la propiedad; extracción de pedregullo; introducción de maquinarias para demoler un edificio; instalación de un puesto en el campo; introducción de haciendas; utilización de un pozo de agua; obstrucción de una servidumbre de acueducto si el actor ha estado en posesión del uso común de la acequia; colocación de mojones en una propiedad privada que el gobierno considera incorporada al dominio público; la mensura loteo y arrendamiento ordenado por un funcionario público. Las órde­nes emanadas de autoridades judiciales no importan actos de turbación cuando son consecuencia de un procedimiento regular en el que ha sido parte aquél contra quien se dirige. Pero el interdicto es procedente en los siguientes supues­tos: 1º. Cuando no se ha tenido en cuenta la posesión invocada por el actor; 2º. Cuando la orden ha sido dada como consecuencia de un procedimiento irregular; 3º. Cuando se pretende ejecutar una resolución contra quien no ha intervenido en el procedimiento"[11].
El interdicto es un proceso para obtener la protección real y momentánea de la posesión de hecho de un inmueble exclusivamente, de ahí que no se permita la discusión de cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva.
El interdicto de retener no necesariamente debe sustentarse en un acto con intención de despojo, pues la perturbación puede provenir por conductas que no tienen esa finalidad. Por ejemplo, cortar una cerca, interrumpir algunos servicios públicos (agua, electricidad), en caso de inquilinos.
No procede el interdicto cuando existe orden de desalojo en sentencia firme o ejecutoriada de un proceso de desalojo, de reivindicación o de otra acción real. Es improcedente porque el interdicto estaría sirviendo para paralizar aquella or­den de desalojo o lanzamiento, que no es su finalidad.
De acuerdo a la doctrina[12] más generalizada que el autor ha podido consul­tar, las condiciones o requisitos que debe contener la turbación a la posesión o tenencia de las cosas como fundamento del interdicto de retener la posesión son los siguientes:
- Un tercero realice actos de posesión-, es decir, para que exista turbación es fundamental, que el turbador realice actos materiales de posesión; es decir, los ataques de hecho (no de derecho) contra la posesión.
Por ejemplo, que se instale un puesto en el inmueble del poseedor, el retiro de tranqueras o barreras, la destrucción de cercos, alambrados, perímetros, etc.
• Actos realizados contra la voluntad del poseedor, se refiere, que es in­dispensable que el acto de turbación se haya efectuado en contra de la voluntad del poseedor; por consiguiente, si la posesión ha sido entregada voluntariamente por el demandante, es improcedente el interdicto.
• Actos con intención de poseer, es decir, el turbador de la posesión debe tener el ánimo de poseer.
Al respecto el profesor Borda sugiere que "puede haber actos que im­porten una verdadera molestia o turbación para el poseedor y que, sin embargo, no sean turbación en sentido técnico porque el que los ejecuta no tiene intención de tomar la posesión o la tenencia del bien: por ello, no constituyen actos turbatorios de la posesión las llamadas "inmisiones" lu­mínicas, sonoras. Etc., como son las luces, ruidos, olores, humaredas, etc., que penetran en propiedades vecinas las que dan derecho a una acción para que cesen las molestias o para la reparación de los daños, tal como lo prevé la ley, pero no para una acción o interdicto de manutención de la posesión o tenencia"[13].
• Falta de exclusión absoluta del poseedor, porque la turbación supone que el poseedor o tenedor se mantiene aún en la posesión; porque, sin los actos turbadores hubieran tenido como resultado la desposesión, debería haberse interpuesto el interdicto de recobrar y no el de retener.
Luego de vencido el plazo probatorio, de oficio o a petición de parte, el juz­gador debe clausurar la vigencia de la estación probatoria (sin necesidad de ale­gatos) e ingresar inmediatamente el proceso a despacho del juez para dictarse sentencia, de acuerdo a lo probado en la causa.
En esta causa sólo se admitirán las pruebas que tengan por objeto acreditar el hecho de la posesión o no-posesión de la que haya promovido el interdicto, la verdad o falsedad de los actos de perturbación atribuidos en la demanda y la fecha en que hubieren ocurrido.
El actor debe probar, inicialmente, el hecho de la posesión en el momento de la perturbación. Para ello la presentación del título de propiedad es insuficien­te, porque el interdicto no exige el derecho sino el hecho de la posesión. En la prueba de la posesión se admiten todos los medios permitidos por ley. Luego se debe probar los actos materiales de perturbación y finalmente la fecha en que se produjeron los mismos.
La necesidad de acreditar la fecha en que se produjeron los actos de perturba­ción se funda en lo dispuesto por el Art. 592 del Código de Procedimiento Civil (1976), según el cual los interdictos de retener, de recobrar y de obra nueva no podrán promoverse después de transcurrido un año de producidos los hechos en que se fundan, bajo conminatorias de no admitirse estas pretensiones jurídicas.
Durante el lapso que inexorablemente transcurre entre el comienzo de un juicio y la pronunciación de la sentencia definitiva, pueden surgir innumerables circunstancias que tornen imposible o dificulten la ejecución forzada o diluyan los efectos de la decisión final; por tal situación, nuestra legislación ha previsto diversas medidas que pueden solicitarse y decretarse dentro de las llamadas me­didas precautorias, cuya finalidad se limita a asegurar la eficacia práctica de la sentencia[14].
Martínez Botos conceptúa a la medida precautoria "como aquella que tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través del proceso en el que se dicta la providencia cautelar, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurra entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva"[15].
En este proceso se permite solicitar y obtener medidas precautorias y, es­pecialmente, la medida de no innovar, que la regula el Art. 167 del Código de Procedimiento Civil (1976), con el objeto de precautelar los derechos del actor, cuando la perturbación es inminente y si los mismos no cesan inmediatamente podría causar perjuicio irreparable al demandante.
Con el propósito de mantener inalterable la situación de hecho existente, el juzgador puede, en las circunstancias previstas por la norma en análisis, ordenar una medida de no innovar, bajo apercibimiento, si no es obedecida la orden judi­cial, de aplicar sanciones conminatorias.
La prohibición de innovar está entre las medidas precautorias dirigidas a pre­servar, durante el sustanciamiento del proceso principal, la inalterabilidad de determinada situación de hecho o de derecho.
El profesor Palacio, indica que la prohibición de innovar "es la medida en cuya virtud se ordena a una de las partes que se abstenga de alterar, mientras dura el proceso, la situación de hecho o de derecho existente en un momento determinado"[16].
El propósito del interdicto de retener es la protección del poseedor actual o del tenedor de una cosa contra la amenaza o perturbación mediante actos mate­riales, por lo que la medida de no innovar resulta acertada como anticipo de la garantía jurisdiccional, en cuanto persigue impedir que se vuelvan ilusorios los derechos cuyo reconocimiento se busca, incluso para garantizar la integridad de la cosa litigiosa que de otra manera podría verse alterada[17].
Igualmente, como medidas precautorias se puede solicitar la anotación de la demanda o de la litis en la oficina de Derechos Reales, siempre y cuando los títulos acompañados y los antecedentes aportados justificaren esa medida. Esta medida persigue asegurar que los terceros adquirientes no puedan invocar en forma posterior la presunción de buena fe.
Nuestro procedimiento no indica cómo se debe ejecutar la medida, empero de acuerdo a la doctrina generalizada, los efectos de la prohibición de inno­var se producen desde su notificación (personal, cédula o medios equiparables) a su destinatario. De ahí que no resulten cuestionables las conductas asumi­das por éste durante el lapso que transcurre entre el derecho de la medida y su notificación.
Ejecutada la medida precautoria de no innovar, el citado está prohibido de alterar de hecho el bien que se encuentra protegido con esta medida.
Finalmente, en el interdicto de retener la posesión, también procede la impo­sición de medidas pecuniarias conforme regula el Art. 184 del Código de Pro­cedimiento Civil, con el fin de hacer cesar las perturbaciones de hecho. Para el efecto se puede imponer multas dinerarias compulsivas y progresivas tendentes a que se cumplan los mandatos judiciales ordenados en esta acción y, especialmen­te, cesen las perturbaciones de hecho que injustamente realiza el demandado.
Una vez concluido con el procedimiento; lo que le concierne al órgano judi­cial es dictar la correspondiente sentencia que ponga fin al conflicto, misma que puede declarar probada o improbada la demanda. En caso de declararse impro­bada, el proceso queda concluido y significa que el actor no ha demostrado los extremos de su pretensión jurídica.
Al respecto nuestra Legislación procesal señala: "Siempre que el demandante probare los extremos de su demanda el juez lo amparará en la posesión conde­nando en costas al demandado e imponiéndole el pago de multa que será tasada en la misma resolución, sin perjuicio de los daños a que hubiere lugar, así como de las sanciones previstas en el Código Penal"[18].
En caso de declararse probada la demanda, la sentencia deberá limitarse a amparar en la posesión a la que así lo haya solicitado, por haberse demostrado la posesión actual del actor, las perturbaciones materiales de hecho realizadas por el demandado y la fecha en que ocurrieron (dentro del año).
En este caso, además se debe condenar en costas al perdidoso aunque las par­tes no lo pidan expresamente en el proceso, como imponiéndole el pago de multa que será tasada en la misma sentencia, sin perjuicio de los daños y perjuicios que serán averiguados y liquidados en ejecución del fallo.
Finalmente, por la gravedad de las perturbaciones y si hubiera lugar en caso de resistencia e incumplimiento a resoluciones judiciales, se remitirá anteceden­tes al Ministerio Público para que inicie la acción penal correspondiente.
Esta resolución debe estar debidamente fundamentada y motivada, caso con­trario la misma podría ser nula por afectar el derecho de defensa.
El profesor Morales señala que "aspecto de especial importancia en la sen­tencia es su motivación, porque si la decisión ha de producir efectos adversos a alguna de las partes, como ocurre casi siempre, el sujeto vencido en juicio hay necesidad de explicarle, con argumentos jurídicos serios y coherentes, las razo­nes por las que se despachan desfavorablemente sus planteamientos, pues sólo así puede esperarse que acepte, aunque sea a regañadientes, una decisión adversa sin rebelarse contra ella"[19].
A1 respecto nuestra Legislación civil (1976) precisa: "La sentencia podrá ser apelada en el plazo de tres días, en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior"[20].
La primera instancia concluye con la sentencia definitiva, y contra esta reso­lución procede el recurso ordinario de apelación en el efecto devolutivo, signi­ficando que la sentencia puede ser ejecutada provisionalmente sin perjuicio del recurso interpuesto, conforme a los efectos que determina el Art. 223 del Código de Procedimiento Civil. La segunda instancia concluye con auto de vista, y con­tra dicha resolución judicial, no se admite ningún otro recurso, ni menos el de casación y sólo admite el de complementación o enmienda, pero este recurso es de forma y no de fondo.
La norma en análisis deja absolutamente claro que no procede el recurso de casación en los procesos interdictos, cuando señala que la sentencia podrá ser apelada en el plazo de tres (3) días, en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior.
Con fines didácticos a continuación esquematizaremos los aspectos más im­portantes del interdicto de retener la posesión.
18.1Objeto.-
- Mantener la posesión en su plenitud y libertad contra actos de turbación.
- Actos de turbación realizados contra la voluntad del poseedor, por un ter­cero.
- Fecha en que se produjeron los actos de perturbación.
- La anualidad de la acción.
18.2Legitimación activa.-
- El tenedor.
- El usufructuario y en general, a los titulares de los derechos reales que tengan el derecho a la posesión.
18.3Legitimación pasiva.-
- La acción debe intentarse contra el autor de la turbación.
- Contra los sucesores, universales o singulares.
[1] PARAJELES VINDAS, GERARDO. Ob. cit. Curso de Derecho Procesal Civil. Pág. 149 -150.
[2] BUSTOS BERRONDO. HORACIO. Ob. cit. Procesos Especiales. Interdictos. Pág. 141.
[3] CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Art.602. (Procedencia).
[4] CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Art. 610. (Procedencia).
[5] CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Art. 606. Interdicto de retener.
[6] CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Art.603.
(Trámite).
[7] BUSTOS BERRONDO. HORACIO. Ob. cit. Procesos Especiales. Interdictos en General. Pág. 144.
[8] ALSINA, HUGO. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Segunda Edición, actualizada por el Dr. Jesús Cuadrado, Siete Tomos. Buenos Aires. Argentina. Editorial. Ediar Soc. Anón. Editores, 1987. Pág. 302.
[9] Por ejemplo, la perturbación puede ser la destrucción de alambrados, retiro de tranqueras, etc.
[10] CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Art. 2496.
[11] ALSINA, HUGO. Ob. cit. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial (...). Págs. 304 - 305.
[12] Estos requisitos de la turbación es desarrollada por los profesores: Borda Guillermo, Tafur Alvaro, Bustos Horacio y Navarro Juan María, en sus diferentes obras sobre Derecho Reales y Acciones Posesorias.
[13] BORDA GUILLERMO A. Ob. Cit. Manual de Derechos Reales. Quinta Edición. Págs. 117 -118.
[14] Para complementar el tema de medidas precautorias, revisar la obra del mismo autor (Castellanos
Trigo, Gonzalo) "Manual de Derecho Procesal Civil".
[15] MARTÍNEZ BOTOS, RAÚL. Ob. cit. Medidas Cautelares. Parte General. Pág. 28.
[16] PALACIO LINO, ENRIQUE. Ob. cit. Manual de Derecho Procesal Civil (....). Pág. 330.
[17] Es el criterio de los profesores: De Santo Víctor, Palacio Enrique, Alsina Hugo y Parajeles Gerardo, en sus diferentes obras sobre Derecho Procesal Civil.
[18] CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Art.606. (Sentencia).
[19] MORALES MOLINA, HERNANDO. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. Bogotá, Colombia. Editorial ABC. 1985. Pág. 122.
[20] CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Art.595. (Apelación).
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