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Timestamp: 2019-08-24 09:28:45+00:00

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Jurisdicción coactiva configuración de falta de competencia funcional
JURISDICCIÓN COACTIVA - Configuración de falta de competencia funcional. Decreto oficioso / NULIDAD PROCESAL - Falta de competencia funcional del Juzgado de Ejecuciones Fiscales / RECURSO DE APELACIÓN - Incompetencia para resolverlo genera nulidad procesal / FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL - Configuración. Nulidad insaneable en proceso de jurisdicción coactiva. Decreto oficioso / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA - Proceso de jurisdicción coactiva. Marco legal / JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Determinación de la competencia por cuantía en procesos de jurisdicción coactiva. Marco legal
La actuación adelantada por el Juzgado no se ajusta a las normas que regulan el trámite de los procesos de jurisdicción coactiva y configura una nulidad insaneable. En efecto, la apoderada del ejecutado interpuso el recurso de reposición y el subsidiario de apelación contra por el cual el Juzgado de Ejecuciones Fiscales del Departamento del Meta libró mandamiento de pago en su contra. Además, mediante sendos escritos, propuso excepciones previas y de mérito contra el mismo. El ejecutor mediante Resolución número 009 del 24 de octubre de 2002: i) negó el recurso de apelación, ii) negó las excepciones propuestas, y iii) ordenó seguir adelante con la ejecución. De lo anterior se advierte, en primer término, que el Juzgado omitió pronunciarse sobre el recurso de reposición interpuesto contra el auto de mandamiento de pago. Y en segundo, que carecía de competencia para resolver, de una parte, el recurso de apelación interpuesto como subsidiario del de reposición y, de otra, las excepciones previas y de mérito propuestas contra el mandamiento de pago, pues esa competencia se encuentra atribuida a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Para llegar a esa conclusión se tiene en cuenta lo siguiente: 1) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129, numeral 3º, del Código Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones y recursos de queja que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de $800.000. A su vez, el artículo 133 del mismo estatuto, asigna a los Tribunales Administrativos la competencia para conocer de esos recursos en segunda instancia, cuando la cuantía no exceda de la mencionada suma. 2) El artículo 128, numeral 13, del Código Contencioso Administrativo prevé que la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado conocerá privativamente y en única instancia “De los incidentes de excepciones en los procesos por jurisdicción coactiva en los cuales las entidades públicas cobren ejecutivamente obligaciones a su favor, cuando la cuantía exceda de $800.000”. Y el artículo 131, numeral 5, asigna a los Tribunales Administrativos la competencia para conocer de los mismos cuando la cuantía no exceda de esa suma. 3) Para el 16 de septiembre de 2002, fecha en que se libró el mandamiento de pago contra el Señor Fajardo Ruíz la suma de $800.000 prevista en esas normas, reajustada en la forma señalada en el artículo 4º del Decreto 597 de 1998, ascendía a $8’470.000. 4) De lo anterior se concluye que en razón de la cuantía, la competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto por el ejecutado contra el auto que libró mandamiento de pago en su contra, así como de las excepciones propuestas, se encuentra atribuida a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. De manera que el Juzgado de Ejecuciones Fiscales del Departamento del Meta al resolver el recurso de apelación y decidir las excepciones propuestas dentro del proceso que por jurisdicción coactiva adelanta contra el Señor Rojas Rojas actuó sin competencia funcional, configurándose la causal de nulidad consagrada en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, la cual, conforme al artículo 144, numeral 6., ibídem, es insaneable.
Consejero ponente: DARÍO QUIÑÓNES PINILLA
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil cuatro (2004).
Radicación número: 11001-00-00-000-2002-2053-01
Actor: INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DEPARTAMENTAL DEL META
Demandado: JORGE ALBERTO ROJAS ROJAS
Se decide sobre la nulidad de lo actuado por el Juzgado de Ejecuciones Fiscales del Departamento del Meta dentro del proceso que por jurisdicción coactiva adelanta contra el Señor Jorge Alberto Rojas Rojas, a partir de la Resolución número 009 del 24 de octubre de 2002, inclusive.
El Juzgado de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría Financiera y Administrativa del Departamento del Meta, Instituto de Valorización del Meta en liquidación, por auto del 16 de septiembre agosto de 2002, libró mandamiento de pago en contra de Señor Jorge Alberto Rojas Rojas, por la suma de $71’177.200.
El ejecutado, por intermedio de apoderada, interpuso el recurso de reposición y el subsidiario de apelación contra ese auto (folios 1 a 3, cuaderno 2). Así mismo, mediante sendos escritos, propuso la excepción previa de pleito pendiente (folios 4 y 5), y las de merito que denominó ‘Interposición de demanda de restablecimiento del derecho’, ‘Falta de ejecutoria del título’, ‘Falta de título ejecutivo’, ‘Prescripción de la acción de cobro ‘Indebida Tasación del monto de la deuda’ (folios 6 a 10).
Por medio de la Resolución número 009 del 24 de octubre de 2002 el ejecutor: (i) negó el escrito de excepciones por improcedente; (ii) negó el recurso de apelación por considerarlo improcedente; (iii) ordenó seguir adelante con la ejecución; (iv) decretó el embargo y secuestro de los bienes del ejecutado (folios 11 a 13).
La apoderada del ejecutado recurrió en reposición esa Resolución con el objeto de que se revocara y, en su lugar, se decidiera el recurso de reposición que propuso contra el auto que libró mandamiento de pago y se resolvieran, de acuerdo con la ley, las excepciones previas y de fondo que propuso (folios 19 y 20).
Igualmente, en escrito separado presentado simultáneamente con el anterior, solicitó que se decretara la nulidad supralegal de lo actuado en el proceso, a partir de la Resolución 009 de 2002, por violación de debido proceso, del derecho a la defensa y el acceso a la justicia (folios 19 a 22). Adujo que el proceso que por jurisdicción coactiva se adelanta contra su representada se debe tramitar con base en las normas del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 6ª de 1992, y del Código de Procedimiento Civil, estatuto que consagra las siguientes etapas: 1ª). Contra el mandamiento ejecutivo proceden los recursos de reposición y apelación (artículo 305); 2ª). Previo a decidir sobre las excepciones, deben resolverse los recursos que se hayan propuesto. El mandamiento queda ejecutoriado y en firme una vez se notifiquen las providencias que resuelven los recursos; 3ª). Ejecutoriado y en firme el mandamiento, se deben tramitar las excepciones previas y, una vez decididas, se deben tramitar y resolver las de fondo (artículo 510).
De otra parte señaló que dentro del concepto del Estado de Derecho está comprendida la obligación de brindar a los asociados procedimientos para la resolución de los conflictos. El acceso a la justicia debe estar enmarcado dentro de unos lineamientos básicos, como el respeto al debido proceso y a los principios inherentes al mismo, como la legalidad, la buena fe y la favorabilidad, entre otros.
El Juzgado de Ejecuciones Fiscales del Departamento del Meta, mediante sendos autos del 17 de diciembre de 2002, negó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 009 de 2002, y negó la nulidad propuesta (folios 25 a 33).
Contra esta última decisión, la apoderada del ejecutado propuso recurso de apelación (folio 35 cuaderno 2). El Juzgado Ejecutor remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Meta para que asumiera el conocimiento de ese recurso, Corporación que lo admitió por auto del 19 de marzo de 2003 (folios 21 y 22). Posteriormente, mediante auto del 27 de mayo, declaró la nulidad de ese auto por falta de competencia y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado.
Se recibe el expediente para efectos del recurso de apelación interpuesto por la apoderada del Señor Jorge Alberto Rojas Rojas contra el auto del 17 de diciembre de 2002, mediante el cual el Juzgado de Ejecuciones Fiscales de la Gobernación del Meta no accedió a decretar la nulidad de la actuación conforme a la solicitud que formuló con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política, por violación del debido proceso y del derecho de defensa, a partir de la expedición de la Resolución número 009 del 24 de octubre de 2002.
Sin embargo, se advierte que la actuación adelantada por el Juzgado no se ajusta a las normas que regulan el trámite de los procesos de jurisdicción coactiva y configura una nulidad insaneable.
En efecto, como se anotó en precedencia, la apoderada del ejecutado interpuso el recurso de reposición y el subsidiario de apelación contra el auto del 16 de septiembre de 2002, por el cual el Juzgado de Ejecuciones Fiscales del Departamento del Meta libró mandamiento de pago en su contra. Además, mediante sendos escritos, propuso excepciones previas y de mérito contra el mismo.
El ejecutor mediante Resolución número 009 del 24 de octubre de 2002: i) negó el recurso de apelación, ii) negó las excepciones propuestas, y iii) ordenó seguir adelante con la ejecución.
De lo anterior se advierte, en primer término, que el Juzgado omitió pronunciarse sobre el recurso de reposición interpuesto contra el auto de mandamiento de pago.
Y en segundo, que carecía de competencia para resolver, de una parte, el recurso de apelación interpuesto como subsidiario del de reposición y, de otra, las excepciones previas y de mérito propuestas contra el mandamiento de pago, pues esa competencia se encuentra atribuida a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Para llegar a esa conclusión se tiene en cuenta lo siguiente:
1º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129, numeral 3º, del C.C.A., el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones y recursos de queja que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de $800.000. A su vez, el artículo 133 del mismo estatuto, asigna a los Tribunales Administrativos la competencia para conocer de esos recursos en segunda instancia, cuando la cuantía no exceda de la mencionada suma.
2º El artículo 128, numeral 13, del C.C.A. prevé que la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado conocerá privativamente y en única instancia “De los incidentes de excepciones en los procesos por jurisdicción coactiva en los cuales las entidades públicas cobren ejecutivamente obligaciones a su favor, cuando la cuantía exceda de $800.000”. Y el artículo 131, numeral 5, asigna a los Tribunales Administrativos la competencia para conocer de los mismos cuando la cuantía no exceda de esa suma.
3º Para el 16 de septiembre de 2002, fecha en que se libró el mandamiento de pago contra el Señor Fajardo Ruíz la suma de $800.000 prevista en esas normas, reajustada en la forma señalada en el artículo 4º del Decreto 597 de 1998, ascendía a $8’470.000.
4º De lo anterior se concluye que en razón de la cuantía, la competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto por el ejecutado contra el auto que libró mandamiento de pago en su contra, así como de las excepciones propuestas, se encuentra atribuida a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
De manera que el Juzgado de Ejecuciones Fiscales del Departamento del Meta al resolver el recurso de apelación y decidir las excepciones propuestas dentro del proceso que por jurisdicción coactiva adelanta contra el Señor Rojas Rojas actuó sin competencia funcional, configurándose la causal de nulidad consagrada en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, la cual, conforme al artículo 144, numeral 6., ibídem, es insaneable.
En esta forma, aunque el ejecutado propuso la nulidad que calificó de supralegal por violación del debido proceso y del derecho de defensa, y no la de falta de competencia funcional que específicamente se configura, la Sala, con fundamento en el artículo 145 de ese Código, decretará de oficio la procedente. Lo anterior sin perjuicio de considerar que, efectivamente, la actuación que adelantó la funcionaria ejecutora sin competencia funcional implicó una violación del debido proceso y del derecho de defensa del ejecutado.
Por tanto, declarará la nulidad de la actuación surtida a partir del la Resolución 009 del 24 de octubre de 2002, inclusive. Ordenará, además, devolver el expediente a la oficina de origen a fin de que resuelva el recurso de reposición propuesto por el ejecutado contra el auto del 16 de septiembre de 2002.
Por lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION QUINTA,
1º Declárase la nulidad de la actuación adelantada por el Juzgado de Ejecuciones Fiscales del Departamento del Meta dentro del proceso que por jurisdicción coactiva adelanta contra el Señor Jorge Alberto Rojas Rojas, a partir de la Resolución número 009 del 24 de octubre de 2002 “Por medio de la cual se fallan las excepciones propuestas”, inclusive.
2º Devuélvase el expediente a la oficina de origen a fin de que resuelva el recurso de reposición interpuesto por la apoderada del ejecutado contra el auto del 16 de septiembre de 2002, mediante el cual se libró mandamiento de pago en su contra.
Presidenta Ausente con excusa
FILEMON JIMÉNEZ OCHOA DARIO QUIÑONES PINILLA
VIRGILIO ALMANZA OCAMPO

References: Resolución 
 artículo 129
 artículo 133
 artículo 128
 artículo 131
 artículo 4
 artículo 140
 artículo 144
 Resolución 
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 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 29
 Resolución 
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 artículo 129
 artículo 133
 artículo 128
 artículo 131
 artículo 4
 artículo 140
 artículo 144
 artículo 145
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