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Timestamp: 2018-12-14 15:31:24+00:00

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Puesta en circulación de “14 años y la 1ra. Ola de la reforma judicial” - Jorge Subero Isa : Jorge Subero Isa
Puesta en circulación de “14 años y la 1ra. Ola de la reforma judicial”
Publicado por: admin	Fecha: 05/10/2013 15:10:20 p.m. Comentarios: 0
Palabras Dr. Jorge A. Subero Isa
Presidente de la Suprema Corte de Justicia (1997-2011)
Quiero en primer término agradecer a la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la publicación de esta obra sin cuyos auspicios habría sido mucho más difícil, lo cual hay que interpretar como una contribución más a la institucionalización del país, pues ellas han sido una parte fundamental durante el período denominado “Primera Ola de Reforma Judicial”. Debo reconocer los esfuerzos y disposición del Consejo del Poder Judicial y de su Presidente, quienes habían aprobado su publicación, pero que por razones meramente económicas no fue posible auspiciarla.
Este libro que hoy nos convoca, aunque no se haga constar por escrito en ninguna de sus partes a consecuencia de las dificultades de su publicación, quiero dedicarlo de manera muy especial a los honorables magistrados jueces que integraron la Suprema Corte de Justicia durante el período 1997-2011. Mi reconocimiento a ellos por su entrega, valentía y sacrificio durante todos esos años. Y de manera general, a todos los jueces del país. Los avances del Poder Judicial durante ese período no tienen un solo protagonista. Fue un trabajo colectivo, un trabajo en equipo.
Debo recordar que hoy, hace ocho años que entró en vigencia plena el Código Procesal Penal, y que más que conmemorarlo debemos celebrarlo, pues con él se logró armonizar la legislación nacional con los tratados internacionales y con la propia Constitución de la República vigente a la fecha. Sobre la trascendencia que pudiera tener la obra que hoy ponemos en circulación, voy a acogerme a la autorizada opinión del Dr. Wenceslao Vega, relativa a la importancia que tienen los discursos pronunciados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia el Día del Poder Judicial, cuando nos dice que en esos discursos se puede ver no solamente el papel en establecer la jurisprudencia que cada año ha juzgado la Suprema Corte de Justicia, sino que esos discursos son como espejos de la situación de la justicia en el país, la percepción que los presidentes de la misma han tenido de ella, y que a menudo reflejan la situación política social y económica, los cambios sociales, las nuevas leyes, la delincuencia, y las fallas y aspiraciones en la administración de justicia en la República Dominicana.
Y agrega que, vemos así, que los discursos de principio de enero de cada año, constituyen el reflejo de qué ha venido sucediendo en la justicia dominicana en los últimos 100 años, desde que se estableció el recurso de casación a cargo de la Suprema Corte de Justicia. Constituyen un interesante y valioso historial de las penas y glorias del Poder Judicial dominicano que todos debemos conocer.[1]
Es así como mi predecesor en la posición que ocupé por más de catorce años, el honorable magistrado Néstor Contín Aybar, ya con 88 años de edad, pronuncia el 7 de enero de 1997 su último discurso, según nos relata el historiador Vega, que con amargura nos dice al comentar su lucha y frustraciones por la mejoría de la justicia: “Seguiremos, no obstante, en la lucha por alcanzarlas con posición pública o sin ella, en el corto lapso de vida que nos queda, aunque sólo recibimos la indiferencia e incomprensión de aquéllos que únicamente se preocupan por sus ventajas personales. Frustraciones y desengaños recibidos no nos arredran, aunque sí nos duelen por provenir de personas que juzgamos colaboradores de esta lucha sin cuartel”.
Como normalmente la historia no la escriben los contemporáneos de los acontecimientos que la conforman, se tiende en ocasiones a tergiversarla. De ahí la importancia de que los hechos que la originan se expongan cuando todavía la memoria queda fresca para que puedan ser debatidos, refutados o avalados. Con la publicación de la presente obra lo que pretendemos es destacar los acontecimientos más importantes acontecidos en el país durante el período 1997 a 2011, durante el cual me correspondió presidir la Suprema Corte de Justicia y con ella todo el Poder Judicial de la República. No nos corresponde a nosotros juzgar el desempeño durante todo ese tiempo. Es una tarea que concierne a la posteridad. Sí quiero destacar las circunstancias vigentes al momento de pronunciar mi primer discurso del 7 de enero de 1998 y el último discurso del 7 de enero de 2011.
El de 1998 fue el último discurso pronunciado al amparo de lo que disponía la Ley núm. 5780 del año 1961, que establecía el 7 de enero como Día del Poder Judicial, reanudándose las actividades judiciales luego de las vacaciones de Navidad.
Los discursos posteriores, a partir del año 1999, fueron pronunciados en virtud de lo que dispone la Ley de Carrera Judicial, que había eliminado las vacaciones judiciales, razón por la cual no se trataba de una reanudación de actividades.
En ese primer discurso del 7 de enero de 1998 planteaba a grandes rasgos los retos que enfrentaba el Poder Judicial dominicano, pues con la reforma constitucional del año 1994 se habían dado las primeras señales de que ese poder debía ser real y efectivamente independiente, al consagrarse el Consejo Nacional de la Magistratura, para la época único organismo que exigía y exige todavía, la presencia y decisión de los tres poderes del Estado, pues concurren el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Cuando el 3 de agosto de 1997 fueron escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, juramentados el 4 de agosto y puestos en posesión el día 5 del mismo mes, con la presencia del entonces presidente de la República Dr. Leonel Fernández Reyna, no quedaba la menor duda de que el Poder Judicial comenzaba a trillar senderos diferentes.
Y que una de sus metas principales era sentar las bases para poner en práctica la prerrogativa constitucional de su independencia como forma de erradicar la corrupción que campeaba por más de un tribunal. En ese discurso de 1998 relaté como una novedad que el presidente Fernández había dispuesto, acogiendo una petición que le había formulado, la construcción de cubículos para los jueces y para el poco personal de apoyo que en esa época teníamos los jueces. Este hecho parecería hoy no tener trascendencia, pero si nos colocamos en la época, recordaríamos que el único que tenía despacho y escritorio era el Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Los demás trabajaban de manera conjunta en la mesa de la Sala de Deliberaciones, hasta que se nos ocurrió comprar tres mesitas redondas con sus butacas para que ellas sirvieran de lugar de trabajo a las tres cámaras (hoy Salas) que integraban el máximo tribunal judicial del país.
En la misma Sala de Deliberaciones funcionaban las tres cámaras. La abnegación, el sacrificio y el esfuerzo de los magistrados jueces eran admirables. Para esa época, fuera de la sede de la Suprema Corte de Justicia, que contaba con tres unidades de aire acondicionado, solamente el Presidente del Tribunal Superior de Tierras disponía de una unidad, cuya presencia era delatada cuando lo encendía, pues el ruido que hacía era perceptible a mucha distancia. Los demás tribunales del país, como sistema de climatización solamente contaban con ventiladores manuales, con la excepción, que muchos recordarán, de lo que en ese entonces era la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que contaba a esos fines con cuatro abanicos de techos, adquiridos a consecuencia de una colecta realizada entre abogados con anterioridad al año 1997.
Tal vez pocos recuerdan que la sede anterior de la Suprema Corte de Justicia para el año 1997 se encontraba totalmente arrabalizada, pues el frente oeste de la segunda y tercera planta estaban completamente cubierto con casetas de madera que impedían la vista al exterior y que servían de oficinas administrativas. Salvo lo que he dicho en lo relativo a mi discurso del 7 de enero de 1998 y lo que diré a propósito del último del 7 de enero de 2011, en estas palabras no me referiré a ellos a menos que sea de manera incidental.
Prefiero remitirme a lo expresado por el Dr. Wenceslao Vega, en sus obras Historia de la Corte de Casación Dominicana, en su parte II, así como en la Historia del Poder Judicial Dominicano. Y en cuanto a la gestión del grupo que terminamos el 28 de diciembre del pasado año, no me referiré a ella, pues se encuentra suficientemente documentada. Sí quiero, única y exclusivamente para la historia, recordar algunos acontecimientos ocurridos durante ese período que abarca desde el año 1997 al 2011, donde es preciso destacar los más importantes, como expongo a continuación.
EVALUACION Y DESIGNACION DE LOS PRIMEROS JUECES INFERIORES
En ausencia de un instrumento legal que estableciera los criterios que deberíamos tomar en cuenta para la designación de los jueces inferiores, los quince jueces que integraban la Suprema Corte de Justicia tuvimos que recurrir a una evaluación directa, es decir al contacto personal con cada uno de los aspirantes.
Este proceso nos permitió evaluar además de los aspirantes, a aquellos magistrados que deseaban mantenerse en la posición o ser ascendidos, así como las condiciones físicas en que se encontraban los tribunales, comprobando que en ocasiones muchos jueces tenían más de tres años recibiendo un sueldo sin estar en funcionamiento el tribunal al que estaban asignados.
Este proceso se inició en el mes de noviembre de 1997 en la ciudad de Santo Domingo, extendiéndose a partir del 29 de enero de 1998 a todos los departamentos judiciales del país, comenzando por Montecristi. Califiqué en aquella ocasión que los abogados se habían sometido por primera vez en la República Dominicana al mayor proceso de actualización y capacitación jurídica, a fin evaluarse para ocupar la posición de juez. En ese sentido evaluamos 2,657 personas y designamos 493 jueces, de los cuales el 34% fueron confirmados como tales o promovidos, y recorrimos en los nueve departamentos judiciales existentes a la época 3,891 kilómetros.
En ese proceso de evaluación participaron todos los jueces de la actual Suprema Corte de Justicia provenientes de la carrera judicial. Esto significa que el proceso fue muy bueno.
CREACION DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
Ante la necesidad de formar los nuevos jueces que los tiempos demandaban y actualizar los conocimientos de los otros, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dispuso mediante Resolución de fecha 12 de febrero de 1998 la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura. Sí, con ese nombre de Magistratura. A la primera persona que se le ofreció la dirección de la Escuela fue al Dr. Bernardo Fernández Pichardo, quien había sido escogido juez de la Suprema Corte de Justicia en el año 1997, conjuntamente con nosotros, pero no aceptó su designación. Ese ofrecimiento de la dirección de la Escuela tampoco fue aceptado por el Dr. Fernández Pichardo, designándose entonces al Dr. Juan Manuel Pellerano Gómez, quien puso como condición que no cobraría por desempeñar esas funciones, y sugiriendo para ocupar la subdirección al Dr. Luis Henry Molina, aceptándose ambas condiciones.
Como no teníamos ni local ni recursos para habilitar una sede para esa institución me acerqué al rector de la UNIBE, solicitándole que ubicaran provisionalmente la Escuela en su recinto, accediendo a esa petición y permaneciendo la Escuela allí hasta que con nuestros recursos adquirimos un local en la calle Moisés García. Pasando luego al local que ocupa en la actualidad, el cual por disposición del presidente de la República, Ing. Hipólito Mejía y a solicitud nuestra, nos asignó el local donde anteriormente funcionaba la Casa del Diálogo en el gobierno del presidente Fernández. Ya para ese entonces se denominaba Escuela Nacional de la Judicatura, en virtud de la Ley de Carrera Judicial. Debemos señalar que desde el principio la Escuela fue concebida para facilitar la capacitación tanto a jueces como al ministerio público.
Por razones que no es el momento de mencionar el ministerio público decidió tomar su propio camino. Nuestra Constitución consagra expresamente la existencia de la Escuela Nacional de la Judicatura y le atribuye importancia tal que para ser juez del Poder Judicial, hay que ser egresado de ella, con excepción de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA SCJ
No podemos dejar de mencionar la construcción del nuevo edificio de la SCJ, el cual fue concebido por el presidente Fernández, según me lo manifestó en varias ocasiones, para la sede de la Escuela Nacional de la Judicatura, y al explicarle que el concepto de escuela judicial que pretendíamos no era el tradicional, acordamos que fuese para la Suprema Corte de Justicia. Muchos recordarán las controversias con el Dr. Abel Rodríguez del Orbe, a la sazón Procurador General de la República, quien insistía en que se construyera en el sótano una cárcel, y nuestra férrea oposición a ese propósito.
Originalmente se pensaba en un edificio donde las áreas del ministerio público y de la SCJ no se encontraban suficientemente delimitadas y con nuestra insistencia y el apoyo técnico de nuestro Departamento de Ingeniería y Arquitectura logramos que fuese concebido y construido en la forma como fue inaugurado el 5 de enero de 2005 y adquiriendo mayor esplendor por las mejoras incorporadas durante nuestra gestión. Recuerdo que al ver la Sala de Audiencia de la SCJ le observé al arquitecto y al ingeniero, responsables de la obra, que era muy pequeña en cuanto a su longitud y fue necesario eliminar una mezzanine donde serían alojados los equipos de audiovisuales, y extender esa sala un poco más hacia el Sur. Es de justicia reconocer el empeño del presidente Fernández en la construcción de ese edificio, pues al terminar su gestión en el año 2000 estaba prácticamente terminado pero el gobierno posterior no realizó los desembolsos requeridos para su terminación, correspondiendo al primero terminarlo cuando asumió nuevamente la posición, lo que se hizo en un período record del 16 de agosto de 2004 al 5 de enero de 2005.
LA ESTRUCTURA JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
La creación de la provincia de Santo Domingo, como un desprendimiento del Distrito Nacional, causó un gran impacto en el Poder Judicial, pues al tratarse de dos demarcaciones territoriales diferentes había que crear la estructura judicial con las características propias de esa provincia. Luego de ser ampliamente discutido en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en virtud de la iniciativa en la formación de las leyes establecida en la Constitución de la República, y en razón de la buena experiencia obtenida con la ley núm. 50-00, del 26 de julio del 2000, también iniciativa de la Suprema Corte de Justicia, fue sometida al Congreso Nacional ya convertido en proyecto, lo que sería la ley núm. 141-02, del 4 de septiembre de 2002, que creaba esa estructura.
A pesar del gran costo que significaba la misma, al Poder Judicial no se le otorgó ni un centavo adicional a esos fines. Las complejidades de esa jurisdicción como las del Distrito Nacional, motivaron a quien habla a escribir una especie de manual que se denomina “Complejidad de la Estructura Judicial de los Departamentos Judiciales del Distrito Nacional y Santo Domingo”.
IMPLEMENTACION DEL CODIGO PROCESAL PENAL
Mediante decreto 420 de fecha 6 de junio del año 2002 se crea la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ), como organismo encargado de dirigir, dar seguimiento y orientar el proceso de la reforma procesal penal, presidida por la entonces Vicepresidenta de la República, Dra. Milagros Ortiz Bosch, correspondiendo la Dirección Ejecutiva a la Escuela Nacional de la Judicatura. La implementación del Código Procesal Penal fue uno de los grandes retos que tuvo que afrontar el Poder Judicial durante el período 1997-2011, y a pesar de los detalles que se ofrecen en el libro que hoy ponemos en circulación, y en algunos discursos, es preciso recordar algunos acontecimientos de importancia relativos al tema. Entre estos, los que dieron origen a la más revolucionaria resolución que órgano judicial alguno haya podido dictar en toda Iberoamérica, que fue la Resolución núm. 1920-2003, del 13 de noviembre de 2003, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Esa resolución dictada un año antes de la vigencia del Código Procesal Penal, permitió que los abogados, jueces y ministerio público de la República Dominicana al entrar en vigencia el Código Procesal Penal un año después, ya estaban familiarizados con la nueva normativa procesal vigente. Sin embargo, es preciso recordar que al asumir nuevamente la presidencia de la República el Dr. Leonel Fernández, el 16 de agosto de 2004, un solo decreto dispuso la sustitución de todos los miembros del ministerio público, lo que obligó a los nuevos, a que emprendieran rápidamente una carrera de entrenamiento y capacitación sobre esa normativa procesal, pues el 27 de septiembre entraba en vigencia plena dicho Código. Esa resolución surge como una recomendación realizada por la Comisión Ejecutiva para la Implementación del Código Procesal Penal, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia había designado al efecto un tiempo atrás. Es importante recordar quienes integraban esa Comisión.
Dr. Jorge A. Subero Isa, Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Mag. Víctor José Castellanos, Juez de la Suprema Corte de Justicia. Mag. Edgar Hernández, Juez de la Suprema Corte de Justicia. Mag. Norma Bautista, Juez Presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal. Mag. Olga Herrera, Juez Presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Lic. Manuel U. Bonnelly, Juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación Corte de Apelación del Distrito Nacional. Mag. Ignacio Camacho, Juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación Corte de Apelación del Distrito Nacional. Mag. Claudio Aníbal Medrano, Juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Mag. José Alberto Cruceta, Juez de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de La Vega. Lic. Pablo Garrido M., Director General de la Carrera Judicial. Lic. Luis Henry Molina, Director Escuela Nacional de la Judicatura. Lic. Laura Hernández, Directora Oficina Nacional de Defensa Judicial. Lic. Cecilia Cuello Suero, Directora General Técnica.
Como parte de la implementación del Código Procesal Penal y en cumplimiento de la Ley de Implementación núm. 278-04 elaboramos el Plan Nacional de Inventario y Depuración de Expedientes, donde laboraron de manera directa 517 personas, logrando depurar 270,199 casos en 350 tribunales a nivel nacional, de los cuales 81,462 correspondieron a liquidación ordinaria y 68,627 a extinción extraordinaria, los cuales fueron publicados durante 11 días consecutivos en un boletín especial, y los restantes 120,000 expedientes se estimaron que estaban sujetos a prescripción. Ese inventario reflejó la gran mora que habíamos heredado del Código de Procedimiento Criminal.
El Código Procesal Penal ha sido satanizado y se le ha atribuido a su garantismo de las libertades públicas la prevalencia en nuestra sociedad de la inseguridad ciudadana y de los altos índices de delincuencia. Pero, ¡oh ironía de la vida! Quien iba a decir que seis años después de su vigencia plena íbamos a tener en la República Dominicana una Constitución que supera significativamente las garantías ofrecidas por aquella norma legislativa. Con la implementación del Código Procesal Penal se ha producido en nuestro país el segundo proceso de capacitación masiva de jueces, ministerio público, abogados y la comunidad jurídica del país, siendo el primero como he dicho anteriormente en el año 1998, al punto tal, que como había expresado en alguna ocasión, se ha venido dotando al país de una verdadera bibliografía nacional en la materia.
Una de las grandes decisiones que por vía reglamentaria adoptara la Suprema Corte de Justicia designada en 1997 fue la creación de la Defensa Pública, que en sus orígenes denominamos “Defensa Judicial”. Y recuerdo que viajaba yo ese mismo día a San José de Costa Rica con una delegación dominicana, y allí anuncié que mediante resolución de la Suprema Corte de Justicia se había aprobado la puesta en vigencia de la Defensa Pública. Así comenzó lo que es hoy una gran defensa pública, que tiene un prestigio extraordinario a nivel internacional y a nivel nacional y que ha sido consagrada en la vigente Constitución de la República como un órgano independiente del Poder Judicial.
Dijimos en una ocasión que el mundo está no solamente asolado por una crisis financiera, sino sobre todas las cosas, por una crisis ética, que ha ido ganando terreno en todos los espacios de la sociedad y del quehacer humano. Estuvimos conscientes de la realidad actual mundial, de sus consecuencias y de los retos que afrontábamos, razón por la cual el 30 de julio de 2009, el Pleno de la Suprema Corte de Justica aprobó el Sistema de Integridad Institucional, programa basado en la filosofía de garantizar el cumplimiento de la misión institucional, su fortalecimiento, renovación y efectividad y orientar a todo el capital humano del Poder Judicial por el camino de la integridad, la transparencia y la conciencia funcional e institucional. Decíamos que ningún proceso de reforma y transformación puede ser sostenible si no cuenta con una visión sistémica y de integridad comprendido, asimilado y con el compromiso de sus integrantes, lo que implicaba:
La manifestación de los principios éticos a través de los cuales gira la gestión institucional, los que se expresan en el Código de Comportamiento Ético, que permite a cada uno de los servidores judiciales aplicar en el día a día el deber ser. La definición de la cultura del capital humano del Poder Judicial, orientada hacia un comportamiento de cada uno de sus integrantes, dirigido al servicio efectivo brindado a los usuarios del sistema de justicia. La transparencia en la gestión de los procedimientos jurisdiccionales así como, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procedimientos administrativos, financieros y de auditoría institucional, y; El establecimiento del sistema de consecuencias, resaltando los méritos de los servidores judiciales que actuaran con entrega a la prestación del servicio de justicia o bien de censura, según el caso.
Este Sistema de Integridad Institucional representaba una respuesta a las demandas que estos tiempos requieren, tales como: difundir y promover políticas de honestidad y de moral pública, independientemente de la normativa que en el marco del derecho regula el ámbito sancionador. Se trata pues, de formular parámetros y postulados que constituyan aspectos de singular valor en el desempeño de la administración de justicia y su desarrollo institucional. Estábamos conscientes de que el ámbito normativo no era suficiente y por tanto, se requería, además, contar con un personal de excelente calidad, que garantizara la efectividad en el desempeño de sus funciones a través de comprender, compartir y estar comprometidos con la misión Institucional y la correcta observancia de los principios éticos, sobre los cuales gira todo el servicio que el sistema de justicia le debe a la sociedad.
El Poder Judicial dominicano, previo a la aprobación de la resolución del Pleno del Sistema de Integridad Institucional inició un proceso de difusión y sensibilización de este Sistema a una parte de los servidores judiciales, con el objeto de validar los 3 componentes que integran este sistema: (i) Código de Comportamiento Ético; (ii) Cultura del Capital Humano; y, (iii) Sistema Administrativo, Financiero y de Auditoria. Este proceso de validación nos permitió incorporar en el SII las sugerencias y modificaciones válidas planteadas por los servidores judiciales que participaron en el mismo.
Uno de los grandes logros obtenidos durante el período que comprende el libro que hoy se pone en circulación es sin lugar a dudas en el plano internacional. En esos catorce años de gestión, asumimos como un compromiso de vital importancia el fortalecimiento de las relaciones internacionales y la inserción del Poder Judicial en las diferentes esferas globales en materia de justicia. Esto sirvió para implementar prácticas de otros poderes judiciales en beneficio de la administración de justicia en nuestro país y para que también nosotros sirviéramos de referente para otros países y como consecuencia de ello el beneficio mutuo y global de los servicios de justicia en nuestras naciones.
De un Poder Judicial totalmente desconocido en el año 1997 pasamos a ocupar un lugar de primacía en el campo internacional, donde la República Dominicana fue un referente obligado en materia judicial. Dentro de las múltiples actividades internacionales donde tuvimos participación es preciso destacar la celebración en nuestro país de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en el año 2006, con la asistencia de los 23 presidentes de cortes suprema de justicia de Iberoamérica. En el marco de esa Cumbre fue aprobado y firmado el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. Deben destacarse también las visitas en el año 2004 del Primer Presidente de la Corte de Casación francesa, Guy Canivet y del Presidente Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España, Francisco José Hernando Santiago.
En ese mismo sentido también resaltamos la celebración del Encuentro Ruso-Centroamericano en el año 2008, durante el cual recibimos la visita del Presidente de la Corte Suprema de la Federación de Rusia, Vyacheslav M. Lebedev. De igual manera, dos eventos de gran trascendencia histórica como fueron la celebración del Centenario del Recurso de Casación en la República Dominicana en el año 2008, el cual recogió exposiciones de los más destacados juristas y jueces nacionales e internacionales de Francia, España, Colombia, Costa Rica y El Salvador; así como también en el año 2011 la celebración del V Centenario de la Real Audiencia de Santo Domingo con la asistencia de los presidentes y representantes de los tribunales supremos de España, Puerto Rico, Guatemala, Chile, Venezuela, Cuba y Perú. Como una nota marginal es preciso decir que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia que ocupó la posición hasta el 28 de diciembre del año pasado fue el único iberoamericano presente tanto en el Bicentenario del Código Civil francés, en el año 2004, como en el Bicentenario del Código Penal francés, en el año 2009, eventos organizados y patrocinados por la Corte de Casación francesa.
ORGANIZACIONES Y AFILIACIONES INTERNACIONALES
Durante esos 14 años logramos insertar y afiliar el Poder Judicial dominicano a las siguientes organizaciones: Cumbre Judicial Iberoamericana, es una organización que vertebra la cooperación y concertación entre los Poderes Judiciales de los veintitrés países de la comunidad iberoamericana de naciones, aglutinando en un solo foro a las máximas instancias y órganos de gobierno de los sistemas judiciales iberoamericanos. Reúne en su seno a los Presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y a los máximos responsables de los Consejos de la Judicatura iberoamericanos.
Esta organización es el resultado de la fusión o convergencia, a partir del mes de junio de 2004, de dos estructuras anteriores: la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y el Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura. Pertenecemos a esta organización prácticamente desde nuestra designación en el cargo, teniendo nuestra primera participación en el año 1998.
Consejo Judicial Centroamericano. Órgano del Sistema de Integración Judicial Centroamericana (SIJCA), constructor e integrador de políticas en materia de Aplicación de Justicia y Seguridad Jurídica entre los Poderes Judiciales de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, mediante el establecimiento de canales permanentes de coordinación y la adopción de compromisos institucionales que permitan desarrollar los procesos adecuados para obtener los fines previstos. Pertenecemos a este órgano desde la firma del “Acuerdo de Asociación entre el Sistema de la Integración Centroamericana y la República Dominicana” el 10 de diciembre de 2003.
Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). Órgano integrante del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), cuya función consiste en garantizar el respeto del derecho, en la interpretación y ejecución del Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. No pertenecemos formalmente a este órgano, pero participamos de sus reuniones periódicas y desarrollamos programas de capacitación conjuntos con el propósito de lograr nuestra inserción en el mismo y de difundir a nivel de la judicatura nacional los principios y normas del SICA.
Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, es una organización que se basa en el diálogo, la colaboración y la cooperación para reforzar los sistemas constitucionales consolidando los postulados compartidos y el perfeccionamiento de los sistemas con el fin último de dar respuesta a las exigencias crecientes de las ciudadanías en el ámbito de la justicia constitucional. Participamos de esta asociación desde su fundación en Sevilla en el año 2005, siendo miembros fundadores del organismo.
En la fundación de este organismo tuvimos una participación preponderante, pues la Fundación Konrad Adenauer había convocado en nuestro país una conferencia de justicia constitucional, a la cual solamente se habían invitado a países de América Latina, no así de Europa, tal como esa institución había hecho en años anteriores. En ocasión de una invitación que me formulara el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España, el Dr. Francisco José Hernando Santiago, para estar presente como invitado especial a la apertura del año judicial de ese país, al presentarme a la Dra. María Emilia Casas, Presidenta del Tribunal Constitucional de España ésta me pregunta que si había posibilidades de que España participara en la conferencia de justicia constitucional convocada por la Konrad Adenauer en de Santo Domingo.
Le dije que era una actividad de la Konrad Adenuaer, pero que haría lo posible para que fuera invitada. Esa invitación no fue posible, pues el Dr. Rudolf Huber, quien representaba a esa fundación me dijo que el evento era solo para América. Tiempo después recibo la llamada de María Emilia Casas para pedirme colaboración a fin de que los colegas de América asistieran a la formación de una entidad que ella estaba gestando y cuya primera reunión sería en Sevilla, España. Dicha reunión fue efectuada como indiqué anteriormente en el año 2005 y durante la misma se suscribieron los Estatutos de su constitución, correspondiendo a quien les habla, al culminar las reuniones de trabajo, dar las palabras de gracias a nombre de todos los invitados.
En dos ocasiones diferentes, tanto en el año 2007, en Cartagena de Indias, como en el año 2009, en Mérida Yucatán, la Presidenta de la Conferencia solicitó que la República Dominicana fuera sede para una de esas conferencias, declinando ambas propuestas por las precariedades económicas que padecía el Poder Judicial.
Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, es una asociación que promueve la justicia constitucional, entendida como una función jurisdiccional de control de la constitucionalidad que incluye la jurisprudencia de derechos humanos, como un elemento clave para la democracia, la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Participamos de esta asociación desde sus inicios en el año 2009 como miembros fundadores.
Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho o Comisión de Venecia del Consejo de Europa, es el organismo del Consejo de Europa especializado en el ámbito constitucional, entendido en un sentido amplio, que incluye entre otras cosas, legislación sobre la protección de minorías, instituciones estatales, partidos políticos y las elecciones. Pertenecemos a este organismo desde el año 2009.
Asociación de los Tribunales Superiores de Casación de los países que comparten el uso del Francés(AHJUCAF en sus siglas en francés), cuyo objetivo consiste en promover la asistencia mutua, la solidaridad, la cooperación, el intercambio de ideas y experiencia entre los miembros del poder judicial en asuntos de su competencia o interés por sus organizaciones y su funcionamiento; promover el papel de los tribunales superiores en la consolidación del estado de Derecho, fortalecimiento de la regulación legal, judicial y la armonización de la legislación de los estados miembros. Pertenecemos a esta asociación desde el año 2010.
Como nota importante es preciso destacar que República Dominicana es el único país de habla hispana que pertenece a esa Asociación, siendo en consecuencia el Poder Judicial dominicano incorporado a la Organización Internacional de la Francofonia. Suscribimos más de treinta acuerdos internacionales de cooperación con diferentes organismos y poderes judiciales amigos, entre los cuales debemos destacar los suscritos con el Superior Tribunal de Justicia de la República Federativa del Brasil, del 4 de agosto de 2009; Memorando de cooperación entre la Suprema Corte de Justicia Dominicana y el Yuan Judicial de la República de China, del 16 de junio de 2009; Acuerdo Marco de Cooperación entre la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 30 de marzo de 2009; Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana y la Corte Suprema de la Federación Rusa, de fecha 2 de junio de 2008 y con su Escuela Judicial en el año 2009. Acuerdo Protocolo de Colaboración e Intercambio de Información entre la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana y el Consejo de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, del 18 de enero de 2008; Memorando de Entendimiento para la Ejecución de Proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en el Sector Justicia, del 12 de noviembre de 2007; Acuerdo Marco de Colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana y el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ), del 24 de mayo de 1999. En el año 2010, el Poder Judicial dominicano resultó ganador del Primer Premio Innovare Internacional, otorgado por el Instituto Innovare de Brasil y el cual tiene por objetivo identificar y reconocer las mejores prácticas implementadas por los Poderes Judiciales de Iberoamérica, con el fin de mejorar la calidad de sus sistemas de justicia. República Dominicana presentó su experiencia conjuntamente con Argentina, Chile, Costa Rica, España, México y Puerto Rico.
La implementación del Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal de La Vega, tras la aprobación del Código Procesal Penal, fue el proyecto presentado por el Poder Judicial dominicano y ganador del primer lugar, gracias al liderazgo del magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, a la sazón presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega y actual juez de la Suprema Corte de Justicia. Entre los criterios tomados en cuenta estaban: la eficiencia, calidad, creatividad, satisfacción del usuario, alcance social y eliminación de la burocracia. Nuestro Sistema de Carrera Judicial, la implementación del Código Procesal Penal, la Planificación Estratégica, las modalidades de capacitación, el Sistema de Integridad Institucional, los Centros de Orientación Ciudadana, entre otros, han sido referente para otros poderes judiciales. Entre los que han recibido nuestra colaboración y cooperación podemos citar a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay.
AGOTAMIENTO DE LA PRIMERA OLA DE REFORMA JUDICIAL
En mi discurso del 7 de enero de 2007, y posteriormente en un célebre almuerzo organizado por FINJUS, en ese mismo año, expuse el criterio de que la primera ola de reforma judicial se había agotado, manifestando que si queríamos seguir avanzando y con ello lograr las metas trazadas y evitar que la máquina inexorable de los tiempos nos aplastara, era preciso repensar el proceso de reforma judicial en nuestro país. La agenda de la reforma judicial había cambiado fruto de la situación de los nuevos procesos, programas y proyectos en curso, así como de la diversidad de enfoques y temas que había ido abordando nuestro sistema de justicia.
Era por eso, que después de un análisis pormenorizado y consciente, en mi condición de Presidente de la Suprema Corte de Justicia, que hice un conjunto de recomendaciones para orientar el debate posterior de los diferentes sectores interesados en la reforma judicial, a fin de que procediéramos a un examen riguroso y necesario para definir las acciones para el porvenir, así como la toma de decisiones pertinentes en el marco institucional de la República Dominicana. Decíamos en esa ocasión que en sentido amplio nos quedaba por acometer lo que había venido llamando la segunda ola de reformas, toda vez que la adecuación de los marcos normativos y procesales ya realizados y en curso, creaban las condiciones para que las personas pasaren a constituir el centro de atención de todo lo que se haga en la provisión del servicio judicial. Agregaba que era una ocasión propicia para examinar a profundidad el proceso de reforma y establecer un marco de criterios, parámetros e indicadores que a la vez que orientaran a los jueces en la provisión de servicios concebidos en función del desarrollo humano, sirvieran al Poder Judicial y a toda la sociedad dominicana para estimar y evaluar adecuadamente el desempeño de los que habíamos asumido las responsabilidades de la administración de justicia y los resultados obtenidos hasta ese momento.
En mi último discurso, pronunciado el 7 de enero de 2011, el cual denominé “Los desafíos de la administración de justicia para los próximos años”, hice una análisis de lo que eran los desafíos que se enfrentaba la administración de justicia en los próximos años. Al efecto dije: Primer gran desafío: la inseguridad ciudadana, derivada del narcotráfico, el lavado de activos, el terrorismo y la delincuencia asociada a esos males. Segundo gran desafío: la conciliación entre el respeto a los derechos fundamentales y la seguridad ciudadana. Tercer gran desafío:administración de justicia para las personas de la tercera edad. Cuarto gran desafío: la conciliación entre la protección a la vida privada y el derecho a la información. Quinto gran desafío: protección al medio ambiente y a los recursos naturales. Sexto gran desafío: aprovechamiento de las TICs en la administración de justicia. PAPEL DE FINJUS EN LA COYUNTURA ACTUAL
Resulta indudable el papel positivo desarrollado tanto por la CONAEJ como por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y la Modernización de la Justicia. Hoy en día, cuando ambos órganos han desaparecido por entenderse que su ciclo o su razón de ser había desaparecido, no obstante de que personalmente entiendo que en cuanto a la CONAEJ, la reforma procesal penal en la República Dominicana no ha terminado, en consecuencia el Estado se encuentra actualmente sin un órgano rector para seguir dirigiendo esa reforma. Es sabido que en otros países como España, Costa Rica y Colombia la política judicial está a cargo de una dependencia del Poder Ejecutivo, que es el Ministerio de Justicia, institución que no existe nuestro país y cuyas funciones en cierta medida eran suplidas por la CONAEJ y por dicho Comisionado. Sin embargo, en ausencia de ambos organismos, alguien debe asumir un papel protagónico y de liderazgo que tenga como objetivo dirigir y recomendar las transformaciones o políticas públicas que la sociedad demanda en materia de reforma y actualización, tanto en el campo judicial como en el sector justicia en general. Por su experiencia, por su mística, por su razón de ser, y por el acompañamiento que ha realizado durante todo el proceso de reforma penal y de otras áreas, entendemos que el órgano llamado a desempeñar ese papel es FINJUS, para lo cual deberá recibir todo el respaldo tanto del sector público como del privado a esos fines.
Hemos almacenado durante tanto tiempo el deseo de una buena administración de justicia que cuando se presenta la oportunidad el pesimismo nos arropa e impide ese tránsito hacia lo mejor.
El Poder Judicial de la República debe seguir trillando su camino hacia el fortalecimiento institucional. Los avances obtenidos no deben ser abortados y sus falencias deben ser enfrentadas sin dobleces, como hasta la fecha se ha hecho. No me alberga absolutamente ningún temor de que el esfuerzo y sacrificio realizado por los anteriores como por los presentes jueces de la Suprema Corte de Justicia y la adhesión de los demás jueces inferiores y el respaldo del Consejo del Poder Judicial, seguiremos avanzando hasta enrumbarnos a la meta definitiva de tener en nuestro país una justicia pronta, oportuna, garantista, cumplida y eficiente. Como una contribución al fortalecimiento institucional de nuestro país y al propio Poder Judicial, no quiero terminar estas palabras sin plantear las sugerencias que formulé por escrito por ante el Consejo Nacional de la Magistratura cuando presenté los documentos que servirían para evaluar mi desempeño al frente de la Suprema Corte de Justicia, que consistieron en lo siguiente:
Un Poder Judicial y una administración de justicia que coloque a las personas, al ciudadano, en el centro de atención de la provisión del servicio judicial, con el objeto de que este proceso consolide los avances experimentados y sean asumidos nuevos valores y estrategias de desarrollo institucional y del Estado de Derecho, a fin de afianzar su rol como aliado del bienestar y del progreso del pueblo dominicano. Un Poder Judicial comprometido en asegurar la calidad y la confianza de los servicios de la justicia frente a los usuarios, con procesos y procedimientos transparentes, combatiendo conductas indebidas y malas prácticas judiciales y protegiendo y fomentando la integridad personal e institucional. Creación de la Comisión de Innovación y Modernización del Poder Judicial, la cual tendría varias subcomisiones y entre esas estarían de manera no limitativa: Subcomisión de Innovación Tecnológica: Entorno 2.0, WikiJuris, JurisTech, etc; Subcomisión de Acceso a la Justicia; Subcomisión de Estudios Jurisprudenciales; Subcomisión de Unificación de Textos Jurídicos; Subcomisión de Control de Calidad; Dotar al Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (vigente en ese momento) de la estructura necesaria a fin de que se convirtiera en la entidad que trazare la política y ejecución de todo el sector justicia en materia de tecnologías de la información, sin menoscabo de la autonomía y de la independencia de los órganos correspondientes. Propuesta sobre la Meritocracia Judicial. Propuesta sobre aprendizaje obligatorio en la Escuela Nacional de la Judicatura de los idiomas inglés y francés. Propuesta sobre Sistema de Responsabilidad Social Judicial. Creación de un servicio judicial nacional de atención al usuario.
Espero que estas propuestas sirvan de orientación para que el Poder Judicial de hoy se constituya en uno más efectivo y accesible en el porvenir. Alguien dijo que evocar el pasado era revivirlo. Hoy lo evoco, no para revivirlo, sino para olvidarlo, aunque no por las razones que expusiera con dejo de tristeza el Magistrado Néstor Contín Aybar en su último discurso de 1997 y al cual me he referido más arriba, sino para que el presente y el futuro ocupen el lugar de ese pasado que como una noche estrellada tuvo sus luces y sus sombras, dependiendo de quién se iluminara con sus luces y quien se escondiera en sus sombras. Sin embargo, quiero recordarles a los magistrados de la judicatura nacional las palabras con las cuales me despedí en mi discurso del 7 de enero de 2007: “Magistrados jueces de la República, posiblemente mañana no estaré junto a ustedes, pero siempre estaré con ustedes. Ex corde”. Hoy ya no estoy junto a ustedes, pero siempre estaré con ustedes, aunque no tan cerca como para extenderle el pañuelo que pueda enjugarles las lágrimas de alegrías y de penas que provocan la función de juez. Finalmente, los jueces deben recordar lo que dije muchas veces, que el Poder Judicial no es el tercer Poder del Estado sino que es uno de los tres poderes del Estado.
27 de septiembre de 2012 Hotel Jaragua.-

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