Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2014/se201400072.html
Timestamp: 2019-03-25 00:01:02+00:00

Document:
se20140172
SENTENCIA: 72/2014
PARTES: Hugo Laguna Quiroga contra la Superintendencia Tributaria
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo interpuesto por Hugo Laguna Quiroga impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0057/2007 de 21 de febrero, pronunciada por la Superintendencia Tributaria General.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda de fs. 17 a 19; la respuesta de fs. 61 a 64; la réplica de fs. 68 a 69; la dúplica de fs. 72 a74 y los antecedentes del proceso.
CONSIDERANDO I: Que Hugo Laguna Quiroga, interpone la presente demanda señalando que:
La Administración Tributaria (AT), mediante Operativo Nº 83, Notificación Nº 39, procedió al inicio de fiscalización en el centro telefónico de llamadas de propiedad de Hugo Laguna Quiroga, realizándose el cruce de información entre las ventas determinadas en las Declaraciones Juradas (DDJJ) del Impuesto al Valor Agregado (IVA), proporcionadas por el contribuyente y la información proporcionada por el Operador ENTEL, detectándose diferencias correspondientes a la gestión 2002, razón por la que la AT, emitió la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/DI-IA/077/2005 de 9 de agosto, mediante la cual se estableció una deuda tributaria de Bs. 16.873.- (dieciséis mil ochocientos setenta y tres bolivianos 00/100), calificando su conducta como evasión; finalmente, la AT emitió el P.E.T. Nº 503-2005 de 3 de octubre, anunciando el inicio de la ejecución tributaria.
Señala que todos los actuados, incluidos los arriba mencionados, fueron notificados mediante cédula en el domicilio ubicado en la Av. San Martín Nº 236, entre Colombia y Ecuador de la ciudad de Cochabamba, mismo que correspondía a una de las sucursales de la actividad comercial del contribuyente, en el cual ya no realiza actividad gravada alguna, por tal motivo jamás tuvo conocimiento de acto alguno emitido por la AT, no pudiendo asumir defensa oportuna ni presentar los descargos correspondientes.
Aclara que conforme al Certificado de Inscripción Nº 0550948, expedido por la AT, el demandante cuenta con domicilio fiscal ubicado en la Av. Heroínas esq. Hamiraya Nº 298, el cual corresponde a otra sucursal de la referida actividad comercial principal, por lo que los funcionarios de la AT podían haberle ubicado en dicho domicilio, ya que el mismo es de su pleno conocimiento, pues se encuentra debidamente registrado en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), y notificarle personalmente en previsión del art. 84 del Código Tributario Boliviano (CTB).
Menciona que habiendo tomado conocimiento casualmente de dicho proceso de determinación, presentó un memorial solicitando la nulidad de obrados, petición a la que la AT respondió mediante proveído de 13 de enero de 2006negando lo impetrado con el argumento de que las notificaciones se realizaron en la actividad comercial que ha señalado; añade que el referido proveído no respetaba las características esenciales de un acto administrativo, razón por la cual solicitó la complementación del mismo, petitorio que fue respondido por la AT mediante proveído de 3 de febrero de 2006, negando definitivamente dicha solicitud.
Ante esta negativa, interpuso recurso de alzada contra los citados proveídos, solicitando la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta que se proceda a la notificación del inicio de fiscalización correspondiente al Operativo Nº 83, Notificación Nº 39, conforme a ley, emitiéndose la Resolución de Recurso de Alzada STR-CBA/RA 00115/2006 de 14 de agosto, por la cual se anuló obrados hasta el estado de notificar al contribuyente con el Formulario 7520, Operativo Nº 83, que es el inicio de la fiscalización, contra la referida Resolución, la AT interpuso recurso jerárquico impugnando los argumentos del recurso de alzada y solicitando confirmar los actos recurridos, el cual fue resuelto mediante Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0057/2007 de 21 de febrero, con el argumento de que los proveídos recurridos no tendrían las características de acto administrativo de carácter particular, no pudiendo ser objeto de impugnación, disponiendo anular la Resolución emitida por la Superintendencia Tributaria Regional, hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el Auto de Admisión del recurso de alzada.
Finalmente señala que se viciaron de nulidad todos los actos de notificación referidos a la fiscalización correspondiente al Operativo Nº 83, Notificación Nº 39, vulnerándose sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, puesto que nadie puede asumir defensa sobre cargos que se desconoce, refiriéndose al art. 32 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo y a la jurisprudencia sentada por la Superintendencia Tributaria General a través de las Resoluciones STG-RJ/0005/2006 y STG-RJ/0195/2005.
En mérito a lo expuesto, y en virtud de los arts. 69 y 70 de la Ley Nº 2341 y 778 del Código de Procedimiento Civil, solicita se declare probada la demanda; y en consecuencia, se disponga la nulidad de obrados administrativos hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta que se proceda a la notificación conforme a ley del inicio de la fiscalización.
CONSIDERANDO II: Que corrida en traslado la demanda, se apersona Rafael Rubén Vergara Sandoval en representación legal de la Superintendencia Tributaria General, quien contesta negativamente a la demanda, señalando que:
No obstante que la Resolución del recurso jerárquico está plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos, aclara que los arts. 143 de la Ley Nº 2492 y 4 del CTB, establecen terminantemente que el recurso de alzada será admisible sólo contra los actos definitivos de carácter particular, tales como resoluciones determinativas, resoluciones sancionatorias, resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos, entro otros, por lo que el proveído es una “breve resolución de mero trámite..”, que al no afectar derechos del contribuyente de manera directa o definitiva, no puede ser considerado como acto definitivo de carácter particular. Es así que de la revisión y verificación del expediente y los antecedentes administrativos, se evidencia que Hugo Laguna Quiroga, fue legalmente notificado con el proveído RE: P.E.T. 503/2005 de 13 de enero y el proveído complementario de 3 de febrero de 2006, en respuesta a los memoriales presentados por éste; además el mismo contribuyente reconoció mediante memorial presentado el 18 de abril de 2006, que los actos impugnados, son unos proveídos, consecuentemente estos actuados no son actos definitivos de carácter particular.
En consecuencia, el proveído de 3 de febrero de 2006 que se impugna, al ser de mero trámite y no contener las características de acto definitivo de carácter particular en materia tributaria, no correspondía abrir la competencia del Superintendente Tributario Regional en previsión de los arts. 143 del CTB y 4 de la Ley Nº 3092 y menos aún del Superintendente Tributario General, para pronunciarse sobre un procedimiento determinativo que quedo firme.
Señala que la Resolución Determinativa VC-GDC/DF/VI-IA/077/2005, notificada el 19 de agosto de 2005, no fue impugnada por el contribuyente mediante recurso de alzada; sin embargo, fuera del plazo legal, impugnó el proveído de Ejecución Tributaria, siendo que la Resolución Determinativa adquirió calidad de Título de Ejecución Tributaria, que no puede ser objeto de impugnación ante la Superintendencia Tributaria, de acuerdo al art. 109.II del CTB.
La AT notificó mediante cédula el 19 de agosto de 2005 a Hugo Laguna Quiroga, con la Resolución Determinativa VC-GDC/DF/VI-IA/077/05 de 9 de agosto, que resuelve, determinar deuda tributaria de Bs. 16.873.-, monto que corresponde al IVA por los períodos fiscales de julio a noviembre de 2002 y al IT por los periodos fiscales mayo a noviembre de 2002, importe que incluye la sanción por evasión y mantenimiento de valor e intereses (fs. 103 a110 del anexo 1 de antecedentes administrativos).
Hugo Laguna Quiroga, el 10 de enero de 2006, solicitó a la AT, disponga la nulidad de obrados, señalando que el SIN notificó todos los actuados en la Av. San Martin N° 236, domicilio que correspondía a una de las sucursales de su actividad, no obstante, conforme al Certificado del Registro Único del Contribuyente(RUC), su domicilio fiscal está situado en la Av. Heroínas esq. Hamiraya Nº 298, que corresponde a otra sucursal de su actividad, por lo que, en caso de no haberlo encontrado en el primer domicilio, en el cual actualmente no desarrolla actividades, debieron notificarlo en la Sucursal Nº 2, cuya dirección es de conocimiento del SIN, por lo que en mérito a que desarrollaba sus actividades en dos sucursales, debieron notificarlo en la Av. Heroínas, considerado para efectos de notificación. Indica también que notificó su cambio de domicilio el año 2002; sin embargo, la AT ha considerado uno de los domicilios que es el ubicado en la Av. San Martín, obviando el domicilio de la Av. Heroínas, por lo que concluye que al haber procedido a la notificación por cédula y no personalmente, se han vulnerado sus derechos a la defensa y al debido proceso (fs. 144 del anexo 1 de antecedentes administrativos).
Mediante providencia de 13 de enero de 2006, la AT respondió a la solicitud del contribuyente, disponiendo no ha lugar a lo solicitado, es así que el 25 del referido mes y año, el contribuyente solicitó aclaración y complementación, mereciendo el proveído de 3 de febrero de 2006, por el que la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, estableció que la solicitud planteada no es aplicable en el presente caso, por lo que conmina al contribuyente a cancelar en el día el adeudo correspondiente, bajo alternativa de proseguirse con todas las medidas coercitivas previstas por ley (fs. 151, 158 y 160 del anexo 1 de antecedentes administrativos).
Contra los proveídos supra referidos, Hugo Laguna Quiroga, el 30 de marzo de 2006, interpuso recurso de alzada, solicitando a la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, dicte resolución final declarando la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta que se proceda a su notificación con el inicio de la fiscalización correspondiente al Operativo Nº 83, Notificación Nº 39 del SIN, conforme a ley (fs. 4 a 6 del anexo 1 de antecedentes administrativos).
La Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, el 25 de abril de 2006, admitió el recurso de alzada interpuesto contra el Acto Administrativo REF: PET Nº503/2005 de 3 de febrero, dictada por el Gerente Distrital Cochabamba del SIN (fs. 9 del anexo 1 de antecedentes administrativos).
Recurso que es resuelto mediante Resolución de Recurso de Alzada STR/CBA/RA 0115/2006 de 14 de agosto, que resulve anular obrados hasta el estado de notificar al contribuyente con la Orden de Fiscalización (fs. 21 a 22 del anexo 1 de antecedentes administrativos).
Contra dicha Resolución, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, el 31 de octubre de 2006 interpuso recurso jerárquico, el cual fue resuelto por el Superintendente Tributario General, mediante Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0057/2007 de 21 de febrero, disponiendo anular la Resolución de alzada, con reposición hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el Auto de Admisión de 25 de abril de 2006 inclusive, debiendo el Superintendente Tributario Regional Cochabamba dictar el Auto pertinente (fs. 24 a 26 y 55 a 66 del anexo 1 de antecedentes administrativos).
El objeto de la presente controversia radica en:
1.Determinar si la Administración Tributaria notificó erróneamente en el domicilio tributario, los actos administrativos fiscales al contribuyente Hugo Laguna Quiroga y si se produjo vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente derecho a la defensa, correspondiendo la nulidad de la Resolución impugnada, por no cumplir las notificaciones con requisitos formales y;
2. Si el proveído de 3 de febrero de 2006, constituye acto administrativo de definitivo de carácter particular y por ende susceptible de recurso de alzada.
Ingresando al análisis de la problemática planteada, se tiene que en el presente caso la AT, producto de la fiscalización realizada del IVA de los periodos fiscales de julio a noviembre de 2002 y del IT de los periodos fiscales mayo a noviembre de 2002, determinó una deuda tributaria de Bs. 16.873.-, procediendo a notificar al contribuyente el 19 de agosto de 2005 con la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/DI-IA/077/2005 de 9 de agosto, no habiendo sido objeto de impugnación, se emitió el Proveído de Ejecución Tributaria UET.PET Nº 503-2005 de 3 de octubre de 2005, acto administrativo que fue notificado a Hugo Laguna Quiroga, mediante cédula, el mismo que solicitó a la AT la nulidad de obrados, en virtud a que el domicilio ubicado en la Av. San Martín Nº 236, corresponde a una de las sucursales de su actividad; sin embargo, conforme al certificado emitido por la AT su domicilio fiscal en cual se le debió haber notificado con los actos administrativos tributarios, está ubicado en la Av. Heroínas esq. Hamiraya Nº 298 que corresponde a otra sucursal de su actividad principal y más si se notificó el cambio de domicilio el año 2002, en tal sentido alega que al no haber sido notificado personalmente, se ha vulnerado su derecho al debido proceso en su vertiente derecho a la defensa; es así que la AT, se pronunció mediante proveído de 13 de enero de 2006 y proveído complementario de 3 de febrero de ese año, por el cual se determinó no ha lugar a lo impetrado, puesto que la solicitud planteada no era aplicable al presente caso.
Con estos antecedentes, se pasa a resolver cada uno de los aspectos esgrimidos en la demanda:
a) Con relación a la nulidad de los actos administrativos de la AT y que habrían vulnerado derechos constitucionales, por la indebida notificación, se concluye que:
El demandante alega que dichos actos fueron notificados mediante cédula en una de sus sucursales donde no realizaba su actividad principal, indicando que jamás tuvo conocimiento de acto alguno emitido por la AT, vulnerándose su derecho al debido proceso en su vertiente derecho a la defensa.
Para resolver esta controversia, se debe tomar en cuenta la uniforme jurisprudencia constitucional que nos habla sobre la notificación y su finalidad, al señalar que:“…la notificación es el acto de comunicación más importante (del proceso) que permite el ejercicio del derecho a la defensa y hace efectivo el principio de contradicción, que prohíbe a las autoridades judiciales o administrativas, emitir una resolución sin que previamente las partes hubieran tenido oportunidad de ser oídas, consagrando la inviolabilidad de la defensa en juicio y de los derechos; pues, al encontrarse ambas partes en igualdad de condiciones, deben tener conocimiento de todas las resoluciones o actos procesales que dicte el órgano jurisdiccional o administrativo al que se hallen sometidas” (SC 2731/2010-R de 16 de diciembre).
Que de acuerdo a la doctrina, la notificación es una condición de eficacia de los actos administrativos y sin su existencia, los efectos del acto no se producen y por tanto, no afectan positiva ni negativamente los derechos de los sujetos pasivos y son anulables según lo dispuesto en el artículo 36. II del CTB.
La línea establecida por la Superintendencia Tributaria General, señala que las diligencias de notificación son un instrumento jurídico que formaliza una comunicación del acto administrativo, y que las notificaciones tributarias en general, deben permitir identificar: i) el nombre y apellido de la persona por notificar o designación que corresponda; ii) su domicilio, con indicación del carácter de este; iii) el acto que se practica; iv) sección o lugar donde se tramita el procedimiento o el órgano que practica la notificación; v) trascripción de la parte pertinente de la resolución; y, vi) el objeto claramente expresado si no resulta de la resolución transcrita. En suma, las formalidades esenciales tienen por objeto evitar la incertidumbre respecto a los derechos del contribuyente y asegurar el contenido del acto.
Asimismo el art. 70.2 del CTB, establece como obligación del sujeto pasivo, entre otras, “Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria”, a su vez el art. 37 del mismo cuerpo normativo, refiere: “Para efectos tributarios las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva”; de las normas glosadas se establece la obligación del sujeto pasivo de inscribir su domicilio y que se debe preferir el domicilio donde se realiza la actividad principal de la persona jurídica o natural.
En el caso de autos de la revisión de los antecedentes remitidos a este Tribunal, se evidencia que la AT, notificó al contribuyente con los proveídos de 13 de enero y 3 de febrero, ambos de 2006, en el domicilio sito en Av. San Martín Nº 236, domicilio que fue cambiado con anterioridad conforme se advierte del Certificado de Inscripción del contribuyente Hugo Laguna Quiroga, cursante a fs. 148 de Anexo 1, que establece como dirección, Av. Heroínas esquina Hamiraya Nº 298, por lo que al estar inscritos dos domicilios de dicho contribuyente, al haberse modificado en la renovación de inscripción, realizada el 21 de mayo de 2002, este último debe ser el considerado para efectos de notificación, teniendo en cuenta lo prescrito por el art. 69 del CTb, que establece: “En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones Reglamentarias”, por lo que debe tenerse presente que el contribuyente al haber renovado su Certificado de Inscripción, señaló un nuevo domicilio, en el cual ejerce su actividad principal, por lo que dio cumplimiento a la normativa que rige la materia, presumiéndose la buena fe a favor del contribuyente, siendo el nuevo domicilio el fijado para fines fiscales, por lo que el Servicio de Impuestos Nacionales debió haber procedido a corregir e insertar este nuevo domicilio en sus registros, lo que ocasionó que el contribuyente sea notificado en un domicilio anterior al señalado en su renovación de inscripción, vulnerando de esta manera el derecho a la defensa del contribuyente, al no haberle dado la oportunidad de presentar sus descargos correspondientes.
b) En lo relativo a la impugnación de los proveídos de 13 de enero y 3 de febrero, ambos de 2006, se evidencia que:
El Superintendente Tributario General, en su contestación a la demanda manifiesta que, los proveídos de 13 de enero y 3 de febrero, ambos de 2006, no debieron ser considerados como actos definitivos de carácter particular, por lo que no pueden ser objeto de impugnación ante la Superintendencia Tributaria.
Para resolver este punto de controversia, es preciso tomar en cuenta el art. 56.II de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, que señala:“Para efectos de esta Ley, se entenderán por resoluciones definitivas o actos administrativos, que tengan carácter equivalente a aquellos actos administrativos que pongan fin a una actuación administrativa”; asimismo, el art. 57 de dicha Ley determina:“No procederán recursos administrativos contra los actos de carácter preparatorio o de mero trámite, salvo que se trate de actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión”.
Por su parte el art. 4 de la Ley Nº 3092 de 7 de julio de 2005, que incorpora el Título V al Código Tributario boliviano, establece que:“además de lo dispuesto en el artículo 143 del Código tributario Boliviano, el recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: (...) 4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria”.
De antecedentes se evidenció que, Hugo Laguna Quiroga, al tener conocimiento del proveído UET.PET Nº 503-2005 de 3 de octubre de 2005, que daba inicio a la ejecución tributaria, solicito la nulidad de obrados, la cual fue resuelta por proveído de 13 de enero de 2006, disponiendo no ha lugar lo impetrado, para que finalmente, tras la petición de aclaración y complementación de dicho actuado, se pronuncie el proveído P.E.T. Nº 503/2005 de 3 de febrero de 2006, por el cual la AT desestimó la aclaración y complementación, acto administrativo que fue producto de recurso de alzada antela Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba del SIN, en previsión del art. 56.II de la Ley 2341.
Para resolver esta problemática es preciso citar el entendimiento jurisprudencial establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0249/2012 de 29 de mayo, que estableció: “Según el tratadista argentino Agustín Gordillo, acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad realizada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales. Para Antoño Abruna, constituye una declaración que proviene de una administración pública, produce efectos jurídicos y se dicta en ejercicio de una potestad administrativa.
En coherencia con la doctrina, el art. 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), señala que: ‘Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo’.
La jurisprudencia constitucional por su parte, entre otras, en la SC 0107/2003 de 10 de noviembre, señaló que: ‘Acto administrativo es la decisión general o especial de una autoridad administrativa, en ejercicio de sus propias funciones, y que se refiere a derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de los particulares respecto de ellas. El pronunciamiento declarativo de diverso contenido puede ser de decisión, de conocimiento o de opinión. Los caracteres jurídicos esenciales del acto administrativo son: 1) La estabilidad, en el sentido de que forman parte del orden jurídico nacional y de las instituciones administrativas; 2) La impugnabilidad, pues el administrado puede reclamar y demandar se modifique o deje sin efecto un acto que considera lesivo a sus derechos e intereses; 3) La legitimidad, que es la presunción de validez del acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente; 4) La ejecutividad, constituye una cualidad inseparable de los actos administrativos y consiste en que deben ser ejecutados de inmediato; 5) La ejecutoriedad, es la facultad que tiene la Administración de ejecutar sus propios actos sin intervención del órgano judicial; 6) La ejecución, que es el acto material por el que la Administración ejecuta sus propias decisiones. De otro lado, la reforma o modificación de un acto administrativo consiste en la eliminación o ampliación de una parte de su contenido, por razones de legitimidad, de mérito, oportunidad o conveniencia, es decir, cuando es parcialmente contrario a la ley, o inoportuno o inconveniente a los intereses generales de la sociedad’.
En resumen, el acto administrativo es una manifestación o declaración de voluntad, emitida por una autoridad administrativa en forma ejecutoria, es de naturaleza reglada o discrecional y tiene la finalidad de producir un efecto de derecho, ya sea crear, reconocer, modificar o extinguir una situación jurídica subjetiva frente a los administrados. Goza de obligatoriedad, exigibilidad, presunción de legitimidad y ejecutabilidad; es impugnable en sede administrativa y sujeta a control jurisdiccional posterior cuando se trata de actos administrativos definitivos, lo que no implica que aquellos actos administrativos no definitivos no puedan ser cuestionados; sin embargo, en este último caso, se lo hará en ejercicio del derecho de petición consagrado en el art. 24 de la CPE, y solamente de manera preventiva”. La misma Sentencia más adelante precisa que: “De lo relacionado se concluye que los actos administrativos susceptibles de impugnación, ya sea mediante los recursos administrativos o por vía jurisdiccional ulterior, son los definitivos y los equivalentes o asimilables, estos últimos porque pese a que no resuelven el fondo de la cuestión, sin embargo, impiden totalmente la tramitación del problema de fondo, y por tanto, reciben el mismo tratamiento que un acto denominado definitivo, porque con mayor razón son impugnables” (negrillas añadidas).
De la normativa y jurisprudencia glosada precedentemente, podemos concluir que es aplicable lo dispuesto por el art. 27 de la LPA, el cual dispone que los actos administrativos definitivos, los que tengan carácter equivalente y/o los de procedimiento que incidan directamente en la resolución administrativa definitiva, pueden ser objeto de los recursos de impugnación, solamente podrían ser modificados merced a un control jurisdiccional ulterior de los actos administrativos, aspecto que deviene del contenido del principio de “autotutela”, disciplinado por el art. 4 inc. b) de la LPA. Similar entendimiento se emitió en la SC 1074/2010-R de 23 de agosto, adquiriendo a partir de ese momento, obligatoriedad, exigibilidad, ejecutabilidad y presunción de legitimidad.
Por lo que la Administración Tributaria, al haber puesto fin al proceso administrativo, con el Proveído P.E.T. Nº 503/2005 de 3 de febrero de 2006yconstatando el contribuyente que este acto vulneró sus derechos, interpuso de manera correcta el recurso de alzada contra dicho proveído, el cual tiene carácter administrativo definitivo de carácter particular, el mismo que fue legalmente objetado por ser un acto impugnable, en consideración a la normativa administrativa y tributaria, conforme al entendimiento jurisprudencial glosado precedentemente, por lo que el Superintendente Tributario General, al señalar que los proveídos mencionados no constituyen actos definitivos de carácter particular, no efectuó una correcta interpretación de las normas tributarias, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto la Resolución Administrativa impugnada.
Finalmente y a mayor abundamiento es preciso referir que cualquier clase de acto de la autoridad administrativa, cuando viola normas jurídicas, debe ser rectificado, por lo quela Ley reconoce la posibilidad de errores en los actos administrativos; empero, cuando implican infracción de normas legales, la autoridad administrativa puede enmendarlos; caso contrario, será el Órgano Judicial el encargado de hacerlo. La doctrina, en general, es más exigente aun cuando advierte "no es que los pueda, sino que los debe rectificar". En todo caso, cuando tal rectificación no es posible o no se puede obtener, el recurso jurisdiccional representa la vía ante un órgano independiente de las partes para obtener la justicia necesaria". La juridicidad y legalidad administrativas sin recursos jurisdiccionales serían la frustración del Estado de Derecho. (V. Fiorini A., Bartolomé, Qué es el contencioso administrativo, Abeledo-Perrot, 1997, página 31).
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 Ley del Órgano Judicial y de conformidad a los artículos 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda, consecuentemente deja sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0057/2007 de 21 de febrero y mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0115/2006 de 14 de agosto.
No interviene el Magistrado Antonio Guido Campero Segovia por emitir voto disidente.

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 artículo 36
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 artículo 143
e contrario
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 artículo 10
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