Source: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/peru/peru---s.htm
Timestamp: 2019-02-22 06:09:33+00:00

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PERÚ Constitución, 1993
Artículo 1o. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.
Artículo 2o. Toda persona tiene su derecho:
A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con le costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
Al secreto y a la inviolablilidad de sus comunicaciones y documentos privados.
A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.
Nadie puede ser incomunicado sino en le caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo la responsabilidad a señalar, sin dilación y po r escrito, el lugar donde se halla la persona detenida.
Artículo 3o. La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.
Artículo 4o. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.
Artículo 5o. La unión establece de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.
Artículo 6o. La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afectan la vida o la salud.
Artículo 7o. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para valor por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.
Artículo 8o. El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Así mismo, regula el uso de los tóxicos sociales.
Artículo 9o. El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y decentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.
Artículo 10o. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida.
Artículo 11o. El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades políticas, privadas o mixtas. Supervisa así mismo su eficaz funcionamiento.
Artículo 12o. Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley.
Artículo 13o. La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo.
Artículo 14o. La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.
Artículo 15o. El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación profesionalización y promoción permanentes.
Artículo 16o. Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados.
Artículo 17o. La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuentan con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de la educación.
Artículo 18o. La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia.
Artículo 19o. Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes.
Artículo 20o. Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria.
Artículo 21o. Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos. lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada y pública. Están protegidos por el Estado.
Artículo 22o. El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona.
Artículo 23o. El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.
Artículo 24o. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.
Artículo 25o. La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo.
Artículo 26o. En la relación laboral se respetan los siguientes principios:
Artículo 27o. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.
Artículo 28o. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. cautela su ejercicio democrático:
Artículo 29o. El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación.
Artículo 30o. Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral.
Artículo 31o. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o renovación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.
Artículo 32o. Pueden ser sometidas a referéndum:
Artículo 33o. El ejercicio de la ciudadanía se suspende:
Artículo 34o. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad no pueden elegir ni ser elegidos. No existen ni pueden crearse otras inhabilitaciones.
Artículo 35o. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica.
Artículo 36o. El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue.
Artículo 37o. La extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados, y según el principio de reciprocidad.
Artículo 38o. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.
Artículo 39o. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.
Artículo 40o. La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente.
Artículo 41o. Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante se ejercicio y al cesar los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.
Artículo 42o. Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Artículo 43o. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.
Artículo 44o. Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
Artículo 45o. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.
Artículo 46o. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes.
Artículo 47o. La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales.
Artículo 48o. Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.
Artículo 49o. La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital histórica es la ciudad de Cusco.
Artículo 50o. Dentro de un régimen de independencia autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración.
Artículo 51o. La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.
Artículo 52o. Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio del Perú. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad.
Artículo 53o. La ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad.
Artículo 54o. El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre.
Artículo 55o. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.
Artículo 56o. Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versan sobre las siguientes materias:
Artículo 57o. El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en artículo precedente. En todos estos casos, debe dar cuenta al Congreso.
Artículo 58o. La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad. servicios públicos e infraestructura.
Artículo 59o. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.
Artículo 60o. El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta convivencia nacional.
Artículo 61o. El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopolios.
Artículo 62o. La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.
Artículo 63o. La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas.
Artículo 64o. El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera.
Artículo 65o. El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.
Artículo 66o. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
Artículo 67o. El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.
Artículo 68o. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.
Artículo 69o. El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonia con una legislación adecuada.
Artículo 70o. El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sin??? exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.
Artículo 71o. En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan invocar excepción ni protección diplomática.
Artículo 72o. La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes.
Artículo 73o. Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico.
. CAPITULO IV
Artículo 74o. Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.
Artículo 75o. El Estado sólo garantiza el pago de la deuda pública contraída por gobiernos constitucionales de acuerdo con la Constitución y la ley.
Artículo 76o. Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes.
Artículo 77o. La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno central e instancias descentralizadas.
Corresponde a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada de l impuesto a la renta percibido por la explotación de los recursos naturales en cada zona, en calidad de canon.
Artículo 78o. El Presidente de la República envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año.
Artículo 79o. Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto.
Artículo 80o. El Ministro de Economía y Finanzas sustenta, ante el Pleno del Congreso, el pliego de ingresos. Cada ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector. El Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación y el Presidente de Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos correspondientes a cada institución.
Artículo 81o. La Cuenta General de la República, acompañada del informe de auditoría de la Controlaría General, es remitida por el Presidente de la República al Congreso en un plazo que vence el quince de noviembre del año siguiente al de ejecución del presupuesto.
Artículo 82o. La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control.
Artículo 83o. La ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú.
Artículo 84o. El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica.
Artículo 85o. El Banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales.
Artículo 86o. El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. El Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al Presidente. El Congreso ratifica a éste y elige a los tres restantes, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
Artículo 87o. El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La Ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.
Artículo 88o. El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona.
Artículo 89o. Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en l uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.
Artículo 90o. El Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual consta Cámara Unica.
Artículo 91o. No pueden ser elegidos congresistas si no han dejado al cargo seis meses antes de la elección:
Artículo 92o. La función de congresista es de tiempo completo; le ésta prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso.
Artículo 93o. Los Congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.
Artículo 94o. El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley; elige a sus representantes en la Comisión Permanente y en las demás comisiones; establece la organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios; gobierna su economía; sanciona su presupuesto; nombra y remueva a sus funcionarios y empleados, y les otorga los beneficios que les corresponden de acuerdo a ley.
Artículo 95o. El mandato legislativo es irrenunciable.
Artículo 96o. Cualquier representante a Congreso puede pedir a los Ministros del Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a los gobiernos locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios.
Artículo 97o. El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial.
Artículo 98o. El Presidente de la República está obligada a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el Presidente del Congreso.
Artículo 99o. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso; al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.
Artículo 100o. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.
Artículo 101o. Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por éste. Su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no excede del veinticinco por ciento del número total de congresistas.
Artículo 102o. Son atribuciones del Congreso:
Artículo 103o. Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas.
Artículo 104o. El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa.
Artículo 105o. Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva Comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el Reglamento del Congreso. Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia.
Artículo 106o. Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución , así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución.
Artículo 107o.
Artículo 108o. La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al Presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de quince días. En caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso, o el de la Comisión Permanente, según corresponda.
Artículo 109o. La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.
Artículo 110o. El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación.
Artículo 111o. El Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que obtiene más la mitad de los votos. Los votos viciados o en blanco no se computan.
Artículo 112o. El mandato presidencial es de cinco años. El Presidente puede ser reelegido de inmediato para un período adicional. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex-presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones.
Artículo 113o. La Presidencia de la República vaca por:
Artículo 114o. El ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por:
Artículo 115o. Por impedimento temporal o permanente del Presidente de la República, asume sus funciones el Primer Vicepresidente. En defecto de éste, el Segundo Vicepresidente. Por impedimento de ambos, el Presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones.
Artículo 116o. El Presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo, ante el Congreso, el 28o de julio del año en que se realiza la elección.
Artículo 117o. El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión of funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del systema electoral.
Artículo 118. Corresponde al Presidente de la República:
Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o d erogar los referidos decretos de urgencia.
Artículo 119o. La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros, y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo.
Artículo 120o. Son nulos los actos del Presidente de la República que carecen de refrendación ministerial.
Artículo 121o. Los ministros, reunidos, forman el Consejo de Ministros. La ley determina su organización y funciones.
Artículo 122o. El Presidente de la República nombra y remueve al Presidente del Consejo. Nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del Presidente del Consejo.
Artículo 123o. Al Presidente del Consejo de Ministros, quien puede ser ministro sin cartera, le corresponde:
Artículo 124o. Para ser ministro de Estado, se requiere ser peruano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber y haber cumplido veinticinco años de edad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden ser ministros.
Artículo 125o. Son atribuciones del Consejo de Ministros:
Artículo 126o. Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, y consta en acta.
Artículo 127o. No hay ministros interinos. El Presidente de la República puede encomendar a un ministro que, con retención de su cartera, se encargue de otra por impedimento del que la sirve, sin que este encargo pueda prolongarse por más de treinta días ni trasmitirse a otros ministros.
Artículo 128o. Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan.
Artículo 129o. El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y particiapr in sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas.
Artículo 131o. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros, o de cualquiera de los ministros, cuando el Congreso los llama para interpelarlos.
Artículo 132o. El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última sólo de plantea por iniciativa ministerial.
Artículo 133o. El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total de gabinete.
Artículo 134o. El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros.
Artículo 135o. Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle la cuestión de confianza, después de que el Presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario.
Artículo 136o. Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de Ministros. Ninguno de los miembros de éste puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del período presidencial.
Artículo 137o. El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede declarar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan:
Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afectan la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9,11 y 12 del artículo 2o y en el inciso 24, apartado del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie.
Artículo 138o. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.
Artículo 139o. Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos e n trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisd iccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.
La observación del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentales garantizados por la Constitución, son siemp re públicos.
Artículo 140o. La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el del terrorismo, conforme a los leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.
Artículo 141o. Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley. Asimismo, conoce en casación las resoluciones del Fuero Militar, con las limitaciones que establece el artículo 173.
Artículo 142o. No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces.
Artículo 143o. El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración.
Artículo 144o. El Presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. La Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial.
Artículo 145o. El Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso.
Artículo 146o. La función jurisdiccional es incompatible con cualquiera otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo.
Artículo 147o. Para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere:
Artículo 148o. Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa.
Artículo 149o. Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen de conformidad son el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.
Artículo 150o. El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular.
Artículo 151o. La Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se encarga de la formación y capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles, para los efectos de su selección,
Artículo 152o. Los Jueces de Paz provienen de elección popular.
Artículo 153o. Los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicarse y de declararse en huelga.
Artículo 154o. Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura:
Artículo 155o. Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la materia;
Artículo 156o. Para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura se requieren los mismos requisitos que para ser Vocal de la Corte Suprema, salvo lo previsto en el inciso 4 del artículo 147. El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura goza de los mismos beneficios y derechos y está sujeto alas mismas obligaciones e incompatibilidades.
Artículo 157o. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros.
Artículo 158o. El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación durante tres años, y es prorrogable, por reelección , sólo por otros dos. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les afectan las mismas incompatabilidades. Su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros Poder Judicial en su respectiva categoría.
Artículo 159o. Corresponde al Ministerio Público:
Artículo 160o. El proyecto de presupuesto del Ministerio Público se apruebe por la Junta de Fiscales Supremos. Se presenta ante el Poder Ejecutivo y se sustenta en esa instancia y en el Congreso.
Artículo 161o. La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere.
Artículo 162o. Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la presentación de los servicios públicos a la ciudadanía.
Artículo 163o. El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional.
Artículo 164o. La dirección, la preparación y el ejercicio de la Defensa Nacional se realizan a través de un sistema suya organización y suyas funciones determina la ley. El Presidente de la República dirige el Sistema de Defensa Nacional.
Artículo 165o. Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución.
Artículo 166o. La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.
Artículo 167o. El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Artículo 168o. Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo; y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Artículo 169o. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional.
Artículo 170o. La ley asigna los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Tales fondos deben ser dedicados exclusivamente a fines institucionales, bajo el control de la autoridad señalada por la ley.
Artículo 171o. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país, y en la defensa civil de acuerdo a ley.
Artículo 172o. El número de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se fija anualmente por el Poder Ejecutivo. Los recursos correspondientes son aprobados en la Ley de Presupuesto.
Artículo 173o. En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidas al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de delitos de traición a la patria de terrorismo que la ley determina. Las casación a que se refiere el artículo 141 sólo es aplicable cuando se imponga a la pena de muerte.
Artículo 174o. Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes. La ley establece las equivalencias correspondientes al personal militar o policial de carrera que no tiene grado o jerarquía de oficial.
Artículo 175o. Sólo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de guerra. Todas las que existen, así como las que se fabriquen o se introduzcan en el país pasan a ser propiedad del Estado sin proceso ni indemnización.
Artículo 176o. El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa.
Artículo 177o. El sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones; la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y el Registro Nacional de Identifición y Estado Civil. Actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación, de acuerdo con sus atribuciones.
Artículo 178o. Compete al Jurado Nacional de Elecciones:
En materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa en la formulación de las leyes.
Artículo 179o. La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un Pleno compuesto por cinco miembros:
Artículo 180o. Los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser menores de cuarenta y cinco años ni mayores de setenta. Son elegidos por un período de cuatro años. Pueden ser reelegidos. La ley establece la forma de renovación alternada cada dos años.
Artículo 181o. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.
Artículo 182o. El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por el propio Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para lis integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Artículo 183o. El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede ser removido por dicho Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Artículo 184o. El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos.
Artículo 185o. El escrutinio de los votos en toda clase de elecciones, de referéndum o de otro tipo de consulta popular se realiza en acto público e ininterrumpido sobre la mesa de sufragio. Sólo es revisable en los casos de error material o de impugnación, los cuales se resuelven conforme a ley.
Artículo 186o. La Oficina Nacional de Procesos Electorales dicta las instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal durante los comicios. Estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Artículo 187o. En las elecciones pluripersonales hay representación proporcional, conforme al sistema que establece la ley.
Artículo 188o. La descentralización es un proceso permanente que tiene como objetivo el desarrollo integral del país.
Artículo 189o. El territorio de la República se divide en regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno unitario de manera descentralizada y desconcentrada.
Artículo 190o. Las Regiones se constituyen por iniciativa dato de las poblaciones pertenecientes a uno o más departamentos colindantes. Las provincias y los distritos contiguos pueden asimismo integrarse o cambiar de circunscripción.
Artículo 191o. Las municipalidades provinciales y distritales, y las delegaciones conforme a ley, son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Artículo 192o. Las municipalidades tienen competencia para:
Artículo 193o. Son bienes y rentas de las municipalidades:
Artículo 194o. Las municipalidades pueden asociarse o concertar entre ellas convenios cooperativos para la ejecución de obras y la prestación de servicios comunes.
Artículo 195o. La ley regula la cooperación de la Policía Nacional con las municipalidades en materia de seguridad ciudadana.
Artículo 196o. La capital de la República, las capitales de provincias con rango metropolitano y las capitales de departamento de ubicación fronteriza tienen régimen especial en la Ley Orgánica de Municipalidades.
Artículo 197o. Las Regiones tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Artículo 198o. La estructura organizada de las Regiones y sus funciones específicas se establecen por ley orgánica.
El Presidente de la Región es elegido por sufragio directo por un período de cinco años. Puede ser reelegido. Su mandato es revocable, pero representantes son, de pleno derecho, miembros que señala la ley. Los alcaldes provinciales o sus representantes son, de pleno derecho, miembros de dicho Congreso.
Artículo 200o. Son garantías constitucionales:
Artículo 201o. El Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata.
Artículo 203o. Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad:
Artículo 204o. La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto.
Artículo 205o. Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenidos de los que el Perú es parte.
Artículo 206o. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República.
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRACTICO
DECLARA que el Perú, país del hemisferio austral, vinculado a la Antártida por costas que se proyectan hacia ella, así como por factores ecológicos y antecedentes históricos, y conforme con los derechos y obligaciones que tiene como parte consultiva del Tratado Antártico, propicia la conservación de la Antártida como una Zona de Paz dedicada a la investigación científica, y a la vigencia de un régimen internacional que, sin desmedro de los derechos que corresponden a la Nación, promueva en beneficio de toda la humanidad la racional y equitativa explotación de los recursos de la Antártida, y asegure la protección y conservación del ecosistema de dicho Continente.
CARLOS TORRES Y TORRES LARA	Ing. JAIME YOSHIYAMA
Presidente de la Comisión de Presidente
Constitución y de Reglamento	Congreso Constituyente Democrático
DE LA PERSONAJE
Artículos del 1deg. al 42deg.
Artículos del 1deg. al 3deg.
Artículos del 4deg. al 2deg.deg.
Artículos del 30deg. al 38
Artículos del 39deg. al 42deg.
Artículos del 43deg. al 47deg.
Artículos del 43deg. al 54
Artículos del 55deg. al 57
TITULO III DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículos del 58deg. al 65
Artículos del 58 al 65deg.
Y. LOS RECURSOS
Artículos del 66 al 69
Artículos del 70 al 73deg.
Artículos del 74deg. al 82deg.
Artículos del 83 al 87
Artículos del 88deg. y 89
Artículos del 90 al 199
Artículos del 90deg. al 102deg.
Artículos del 103 al 106
Y PROMULGACION DE LAS LEYES
Artículos del 107 al 109deg.
Artículos del 110deg. al 118deg.
Artículos de 119 al 129
Artículos del 130deg. al l36deg.
Artículos del 138 al 149deg.
Artículos del 150 al 157
Artículos del 158deg. al 160deg.
DE LA DEFENSORA
Artículos 161 y 162
DE LA SEGURIDAD Y DE
Artículos del 163 al 175
Artículos del 176 al 187
DE LA DESCENTRALIZACIÓN,
LAS REGIONES Y MUNIClPALIDADES
Artículos del 188deg. al 199
Artículos del 200deg. al 205
ANEXO ANTECEDENTES
I. Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento al Proyecto Constitucional elevado al pleno y publicado en EL Peruano el 1 de julio de 1993.
I. 1 Proyectos de Reforma Constitucional
Han ingresado y han sido puestos en conocimiento de los miembros de vuestra Comisión de Constitución los siguientes 46 proyectos de Reforma Constitucional presentados de conformidad con los artículos 31 y 49 del Reglamento del CCD [Nota editorial: Constitución Política del Perú], los cuales han servido a cada Congresista para contribuir en la elaboración del Proyecto Substitutorio que hoy elevamos al Pleno:
1. Proyecto No. 03/92-CCD presentado por los señores Congresistas: Dr. Rafael Rey Rey y Dr. Enrique Chirinos Soto.
2. Proyecto No. 11/92-CCD presentado por el Congresista: Gonzalez Ortiz de Zevallos Roedal.
3. Proyecto No. 40/93-CCD presentado por los Congresistas: Dr. Sambuceti, Dr. Cuaresma y otros.
4. Proyecto No. 70/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Carlos Torres y Torres Lara.
5. Proyecto No. 21/92-CCD presentado por el Congresista: Dr. Jorge Torres Vallejo.
6. Proyecto No. 75/93-CCD presentado por el Congresista: Lic. Tito Chávez Romero.
7. Proyecto No. 79/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Julio Chu Meriz.
8. Proyecto No. 89/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Julio Chu Meriz.
9. Proyecto No. 91/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Julio Chu Meriz.
10. Proyecto No. 122/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Julio Chu Meriz.
11. Proyecto No. 131/93-CCD presentado por la Corte Suprema de Justicia.
12. Proyecto No. 137/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Pedro Cáceres V.
13. Proyecto No. 144/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Pedro Cáceres V.
14. Proyecto No. 145/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Pedro Cáceres V.
15. Proyecto No. 146/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Pedro Cáceres V.
16. Proyecto No. 150/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Pedro Cáceres V.
17. Proyecto No. 152/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Juan Carrión Ruiz.
18. Proyecto No. 165/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Pedro Cáceres V.
19. Proyecto No. 177/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Pedro Cáceres V.
20. Proyecto No. 178/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Julio Chu Meriz.
21. Proyecto No. 179/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Julio Chu Meriz.
22. Proyecto No. 188/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Pedro Cáceres V.
23. Proyecto No. 340/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Pedro Cáceres V.
24. Proyecto No. 339/93-CCD presentado por los Congresistas: Dr. Antonio Flores Aráoz, Dra. Lourdes Flores Nano y otros.
25. Proyecto No. 345/93-CCD presentado por el Congresista: Ing. Genaro Colchado Arellano.
26. Proyecto No. 383/93-CCD presentado por los Congresistas: Dr. Enrique Chirinos Soto e Ing. Guillermo Carpio Muñoz.
27. Proyecto No. 382/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Pedro Cáceres V.
28. Proyecto No. 387/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Pedro Cáceres V.
29. Proyecto No. 388/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Juan Carrión.
30. Proyecto No. 411/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Julio Chu Meriz.
31. Proyecto No. 434/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Guillermo Ysissola Farfán.
32. Proyecto No. 438/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Alexander Kouri Bumachar.
34. Proyecto No. 439/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Ernesto Gamarra Olivares.
35. Proyecto No. 454/93-CCD presentado por la Comisión de Producción, Presidente: Ing. Celso Sotomarino Chávez.
36. Proyecto No. 466/93-CCD presentado el Congresista: Dr. Willy Serrato Puse.
37. Proyecto No. 488/93-CCD presentado por el Congresista: Mario Paredes Cueva.
38. Proyecto No. 516/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Manuel Moreyra Loredo.
39. Proyecto No. 517/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Humberto Sambuceti P.
40. Proyecto No. 534/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Oswaldo Sandoval Aguirre.
41. Proyecto No. 534/93-CCD presentado por el Congresista: Gamaniel Barreto Estrada.
42. Proyecto No. 634/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Gamaniel Barreto Estrada.
43. Proyecto No. 654/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Manuel Moreyra Loredo.
44. Proyecto No. 133/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Willy Serrato.
45. Proyecto No. 274/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Enrique Chirinos Soto.
46. Proyecto No. 335/93-CCD presentado por el Congresista: Dr. Luis Enrique Tord Romero.
Asimismo se han recibido 9 proyectos remitidos por las Comisiones Agraria; de Educación, Cultura y Deporte; de Salud, Población y Familia; de trabajo y Seguridad Social; de Descentralización, Gobiernos Locales y Desarrollo Social; de Amazonia y Medio Ambiente; de Economía y de Producción, conforme al artículo 26 del Reglamento del CCD.
Por otro lado, se han recibido y analizado 175 propuestas de reforma constitucional de personas naturales e instituciones públicas y privadas de Lima y provincias, así como de organizaciones gremiales, sindicales, etc.
La Comisión ha realizado 107 reuniones de trabajo en las cuales se aprobó un primer anteproyecto que fue publicado en el diario oficial El Peruano el día 20 de mayo de este año, así como un segundo anteproyecto que había sido dictaminado , además, por la Subcomisión de Redacción y fue publicado el 22 de junio de 1993.
En dichas reuniones de trabajo, la Comisión ha recibido como invitados especiales para colaborar con la labor constitucional a los doctores: Antonio Belaúnde, Manuel Aguirre Roca, Fernando De Trazegnies Granda, Domingo García Belaúnde, Javier de la Rocha Merie, Beatriz Ramaccioti, Andrés Aramburú Menchaca, Eduardo Ferrero Costa, y Juan Miguel Bákula Patiño.
Asimismo, concurrieron a la Comisión a plantear sus propuestas los señores Dr. César Polack Romero, Presidente del Jurado Nacional de Elecciones; Dr. Germán Suárez Chávez, Presidente del Banco Central de Reserva; Sr. Ricardo Belmont Casinelli, Alcalde de Lima y José Muguía Zannier, Alcalde de Trujillo.
Estuvieron como invitados a la Subcomisión de Opiniones y Consultas de la Comisión de Constitución, para opinar sobre los Anteproyectos publicados por la Comisión en el diario Oficial "El Peruano":
1. Los Drs.: Marciel Rubio Correa, Alfredo Quispe Correa, Virgilio Berrocal Falconí, Washington Durán Abarca, Jorge Power Manchego-Muñoz, Francisco Miró Quesada Rada, Dr. Gastón Soto Vallenas, Dr. ernesto Blume Fortini, Dr. José Luis Sardón, Catedráticos de Derecho Constitucional de diversas Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales y Particulares de Lima.
2. Los señores: Dr. Virgilio Espinoza H., Decano del Colegio de Ingenieros del Perú , Arq. Ricardo Gonzáles Cortéz, Decano del Colegio de Arquitectos del Perú; Dr. Luis Villamonte V., Decano del Colegio Economistas del Perú; Dr. Raúl Romero Torres, Decano del Colegio Médico del Perú.
3. Los señores: Federico Arnillas, de la Asociación Nacional de Centros; Santiago Pedraglio, CEPES; Ana María Vidal, IDS; Ivan Degregori, IEP; Susana Galdos, Manuela Ramos; Manuel Iguiñez, TAREA; representantes de ONG'S Nacionales.
4. Los señores: Juan Luna Rojas, Secretario General de la Confederación de Trabajadores del Perú; Julio Cruzado Z., Secretario General de la Confederación de Trabajadores Democráticos del Perú; Alfredo Lazo, Secretario General de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú; Eduardo Castillo S., Secretario General de la Federación de Empleados Bancarios; Oscar Montes Velasquéz, Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Pesqueros; Leoncio Clavel, Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros; y Z. Zaler, Presidente de la Confederación Unificada de Trabajadores Pensionistas del Perú; representantes de los Gremios Laborales.
5. Los señores: Ing. Juan Aguirre Roca, Presidente de CONFIEP ; Ing. Alvaro Quevedo, Presidente de CAPECO; Ing. Roque Benavides, Presidente de la Sociedad Nacional de Minera y Petróleo; Sr. Augusto Mulanovich, Presidente de CONACO; Sr. Samuel Gleiser, Presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio; Sr. Hernando Guerra García, Presidente de la Organización Nacional Agraria; Sr. Telmo de la Quintana, Presidente de la Asociación Peruana de Radio y Televisión; y Sr. Manuel Rabines, Presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Cabe destacar que el Presidente y algunos miembros de la Comisión de Constitucional y de Reglamento visitaron provincias del interior del país, ofreciendo conferencias informativas sobre los proyectos publicados, en las ciudades de Ayacucho, Puno, Cuzco, Arequipa, Tacna, Ica, Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, y Cajamarca. En dichos viajes se han recogido diversas sugestiones que han sido incorporadas al proyecto final, tales como las siguientes:
a. Reducir el número de artículos del artículos del proyecto de Contsitución excluyendo las disposiciones que puedan ser legislados en normas de menor jerarquía, evitando el reglamentarismo en la Constitución.
b. Establecer el canon a favor de las provincias en las que explotan los recursos naturales.
c. Suprimir el término de intendente y mantener las figura de los prefectos.
d. Establecer incentivos para el desarrollo de la pequeña empresa.
e. Ampliar las regulaciones sobre Partidos Políticos.
f. Darle a la Asociación Nacional de rectores mayor participación en al creación de Universidades.
También, en Lima el Presidente y algunos miembros de la Comisión han concurrido a eventos para difundir los avances en la Reforma Constitucional, organizados por diversas instituciones representativas como el Colegio de Abogados de Lima y el Colegio de Contadores Públicos de Lima con participación de representantes de la Federación Nacional de Colegios de Contadores Públicos del Perú.
Finalmente, se debe mencionar que la Comisión ha acordado reducir el proyecto original de 296 artículos a 226, son contar las Disposiciones Generales y Transitorias que se mantienen sin variaciones. Para dicha reducción se han excluido algunos artículos que deberán ser materia de ley, sin introducir ninguna modificación en los artículos que se mantienen.
I. 2.-El Perú es un país pluriétnico y pluricultural
La primera visión que tiene el Proyecto concibe al Perú como país pluriétnico y pluricultural, en consideración ello a el proyecto comienza estableciendo por ejemplo, que todos los peruanos tienen el derecho a expresarse en su propio idioma, no solamente en castellano, sino también en quechua o en aymara, ante cualquier autoridad.
La futura Constitución proyecta tres grandes cambios en los campos social, político y económico.
En el área de los derechos de la persona se repiten los de la Constitución vigente pero a la vez se incorporan nuevos conceptos que apoyan la integración de nuestra población. Por ejemplo, se establece el derecho a la iniciativa legislativa. Se ha tratado de combinar la democracia representativa con instituciones de la democracia directa a efecto de contribuir a la superación de la segregación existente.
Un segundo derecho consignado es el de la revocación de las autoridades. Los ciudadanos deben sentir que tienen el derecho no sólo de elegir autoridades, sino que a través de un sistema de consulta es posible remover del cargo a una autoridad inmoral o incapaz.
Otra derecho ciudadano que se establece es el referéndum, para consultarle a la ciudadanía, sobre las decisiones graves que debe adoptar el Estado.
Otra inovación es el derecho a la información, como la facultad que tiene un ciudadano de exigirla, incluso mediante un procedimiento que se llamará Hábeas Data. Además se prevé el derecho de cualquier persona a exigir que los servicios informáticos computarizados no suministren informaciones que afectan a su intimidad personal.
También se contempla como un derecho nuevo que la población elija a sus Jueces de Paz y en algunos a los de primera Instancia. La idea es integrar a la población con su poder Judicial. Esto será importante particularmente en los pueblos más apartados de la capital.
Otra forma de integrar al pueblo con su poder Judicial ha sido reconocer la facultad de ejercer la función jurisdiccional, para la aplicación de su derecho consuetudinario, a las Comunidades Campesinas y Nativas con el apoyo de las Rondas Campesinas. Se remite a la ley el establecimiento de las características de esta jurisdicción y de su integración en el sistema judicial.
I.3.- Cambios en el área política
En cuanto a las reformas en el ámbito político, el objetivo fundamental es lograr un adecuado equilibrio de poderes.
Nuestro sistema no es presidencialista ni parlamentarista sino una combinación conflictiva de los dos sistemas, que no estaba bien elaborada, pues cada vez que ha habido conflicto grave entre los dos poderes, el asunto ha terminado con un golpe de Estado. En el proyecto se establece que el Presidente podrá, por una sola vez durante su gobierno, disolver parcialmente el Congreso (la Comisión Permanente quedará como órgano fiscalizador temporal) si es que se llega a un conflicto que en su criterio resulte insoluble. La norma establece que no lo podrá hacer en el primero no en el último año de su mandato y que el nuevo Congreso podrá censurar al Congreso de Ministros que autorizó la medida además de tener que aprobar el nuevo Programa de Gobierno.
Pero una reforma del balance de fuerzas sólo será posible, si además se concede más fuerza al Gabinete y al propio Congreso y a su vez se logra una adecuada descentralización munícipalizada. En el Proyecto de Constitución, se impulsa una mayor responsabilidad de Gobierno a nivel del Gabinete. Por ejemplo, dándole la facultad de aprobar los llamados Decretos de Urgencia que tienen calificación material de ley, lo que hasta este momento lo puede hacer el Presidente de la República sólo con la firma de un Ministro.
Una sola Cámara reforzará al Parlamento. Cuando hay dos cámaras el conflicto entre ambas es permanente. La teoría jurídica dice que una cámara cuida los excesos de la otra, pero esa es una teoría jurídica superada por los nuevos fenómenos políticos. Aquella teoría concebía que solamente el Parlamento es el que da leyes y el Ejecutivo el que las ejecuta. Pero resulta que en los últimos cincuenta años, en la mayor parte de países, incluyendo al Perú, el gran productor de normas de nivel jerárquico de leyes es el Poder Ejecutivo. Ahora hay que fiscalizar a éste para que no tenga excesos, y para ello es necesario un Parlamento dinámico y eficiente.
La otra reforma fundamental es descentralización del poder.
El proyecto sustitutorio propone superar la actual regionalización para profundizar la descentralización. La descentralización se producirá en un primer nivel a cargo de los municipios distritales y provinciales según la jurisdicción actual y además mediante acciones regionales desarrolladas por la acción unida de la provincias.
Las municipalidades tendrán competencia, en su jurisdicción , sobre los asuntos administrativos del Estado, limitándose el nivel de los ministerios sólo a las funciones indelegables por razón de la unidad del país, tales como las RR.EE, Defensa, Economía y Trabajo.
Se ha establecido, asimismo, la facultad de las municipalidades de asociarse con otras para el cumplimiento de sus fines.
En materia judicial, se ha tratado de darle plena autonomía al Poder Judicial evitando que el Poder Legislativo o Ejecutivo ingresan en la negociación de nombramientos. Los jueces serán nombrados, previo concurso público de méritos y evaluaciones personal, por un organismo autónomo como el Consejo de la Magistratura.
Hay además algunas otras formas importantes, como la institución del Defensor del Pueblo, diferenciada del Ministro Público, que asuma la defensa de los intereses de los ciudadanos, supervise el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos.
I.4.- Las reformas económicas.
No es posible en un mando competitivo, integrado e internacionalizado avanzar bajo el Estado debe asumir la solución de casí todos los problemas sociales. Ahora es necesario fomentar la idea de la acción propia y la ayuda mutua de los ciudadanos para resolver los problemas sociales, dejando a cargo del Estado sólo la atención de las necesidades fundamentales. Así los escasos recursos gubernamentales serán bien usados en lo fundamental: salud, educación, seguridad e infraestructura.
Hoy no hay países que puedan funcionar independientes económicamente del resto del mundo. Y el mundo hoy es liberal en materia económica. Por lo tanto el Perú no puede pretender establecer para mañana o para los próximos años, un nuevo sistema económico diferente a todo el mundo.
Entonces, tenemos que desarrollar un sistema liberal pero, además, con sentido social. Si hay que ponerle un nombre, podría ser modernización o liberalismo social. La modernización o liberalismo social, no debe ser entendido como la libertad sólo para los grandes capitales se desarrollan, sino fundamentalmente como un instrumento para liberar las fuerzas productivas de nuestra población y defenderlas de las posiciones de dominio monopólico.
Para esto hay que superar el mercantilismo, es decir la política de los favores mediante cuales, cada grupo obtiene la mejor posición para no competir. Para terminar con eso se ha establecido en el Proyecto de la Constitución que proponemos no habrán más beneficios, que los que se otorguen calificados en la Constitución, como en le caso de la Educación que debe ser gratuita para quienes no pueden pagarla.
Para eso será necesario hacer una reforma radical en nuestro país.
Esta reforma es restaurar el poder del contrato en las relaciones entre las personas, porque éste permite la interrelación de las personas y de las empresas para determinar sus relaciones, obligaciones y derechos. Al conceder al contrato dicha fuerza, hemos avanzado sustancialmente, para evitar lo que ha sucedido antes que cuando se producía una situación que parecía injusta, se daban leyes para modificarla, como en el caso de los contratos de arrendamiento. Las últimas estadísticas indicaron que un alto porcentaje de las viviendas, están desocupadas y que sus propietarios no las alquilan, porque saben que si las arriendan las leyes de inquilinato pueden cambiar los contratos favoreciendo a los inquilinos y los pactado en el contrato quedará sin valor.
Para evitar estas situaciones y dar seguridad jurídica para propiciar las inversiones, ha sido necesario establecer una regla fundamental: la validez plena de los contratos, precisando en el proyecto que el Estado no puede dar leyes modificándolos y que la protección de los contratantes se hará conforme al código civil cuando exista excesiva onerosidad en la prestación, lesión, resolución por incumplimiento, etc.

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99

Artículo 100

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106

Artículo 107

Artículo 108

Artículo 109

Artículo 110

Artículo 111

Artículo 112

Artículo 113

Artículo 114

Artículo 115

Artículo 116

Artículo 117
 artículo 134

Artículo 118

Artículo 119

Artículo 120

Artículo 121

Artículo 122

Artículo 123

Artículo 124

Artículo 125

Artículo 126

Artículo 127

Artículo 128

Artículo 129

Artículo 131

Artículo 132

Artículo 133

Artículo 134

Artículo 135

Artículo 136

Artículo 137
 artículo 2

Artículo 138

Artículo 139

Artículo 140

Artículo 141
 artículo 173

Artículo 142

Artículo 143

Artículo 144

Artículo 145

Artículo 146

Artículo 147

Artículo 148

Artículo 149

Artículo 150

Artículo 151

Artículo 152

Artículo 153

Artículo 154

Artículo 155

Artículo 156
 artículo 147

Artículo 157

Artículo 158

Artículo 159

Artículo 160

Artículo 161

Artículo 162

Artículo 163

Artículo 164

Artículo 165
 artículo 137

Artículo 166

Artículo 167

Artículo 168

Artículo 169

Artículo 170

Artículo 171

Artículo 172

Artículo 173
 artículo 141

Artículo 174

Artículo 175

Artículo 176

Artículo 177

Artículo 178

Artículo 179

Artículo 180

Artículo 181

Artículo 182

Artículo 183

Artículo 184

Artículo 185

Artículo 186

Artículo 187

Artículo 188

Artículo 189

Artículo 190

Artículo 191

Artículo 192

Artículo 193

Artículo 194

Artículo 195

Artículo 196

Artículo 197

Artículo 198

Artículo 200

Artículo 201

Artículo 203

Artículo 204

Artículo 205

Artículo 206
 artículo 26
 resolución