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Timestamp: 2019-11-21 12:08:51+00:00

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Suspensión en el amparo contra Contabilidad Electrónica – Veritas Online
Suspensión en el amparo contra Contabilidad Electrónica
La última ola de amparos que se presentaron en contra de las recientes reformas fiscales buscan que se declare la inconstitucionalidad de los preceptos fiscales, que imponen la obligación a los contribuyentes de ingresar de forma mensual su información contable.
El reformado artículo 28 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en consonancia con su Reglamento, con la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y con las modificaciones de la misma, establecen que aquellas personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, deberán ingresar en forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, por medio del buzón tributario. Dicha información deberá enviarse a partir de enero de 2015, según lo confirma la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2014.
Muchos contribuyentes estimaron que las disposiciones aducidas violaban diversos derechos humanos, al transgredir principalmente los principios de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación, por lo que decidieron acudir al juicio de amparo para lograr una declaratoria de su inconstitucionalidad a través de una sentencia definitiva.
Aunque lo anterior es el objetivo principal de esos amparos, otro de sus importantes objetivos fue buscar que se decretara la suspensión de la norma reclamada. La suspensión en materia de amparo se otorga para impedir los efectos y consecuencias que la norma reclamada tenga en la esfera jurídica del quejoso.
En otras palabras, la concesión de la suspensión permitiría que aquellos contribuyentes que iniciaron un juicio de amparo en contra de las disposiciones que obligan a presentar mensualmente la contabilidad electrónica, no tengan que presentar dicha contabilidad durante la tramitación del amparo, hasta que se resuelva el juicio de manera definitiva.
Íntimamente relacionado con lo anterior, el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, integrante del Poder Judicial de la Federación, resolvió mediante contradicción de tesis número 25/2014 que no procede decretar la suspensión en el juicio de amparo que se interpone contra la obligación del contribuyente de enviar mensualmente su información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. El mencionado criterio jurisprudencial se publicó en el Semanario Judicial de la Federación el día 7 de noviembre de 2014, por lo que se considera de aplicación obligatoria a partir del día 10 de noviembre pasado, exclusivamente para los órganos jurisdiccionales ubicados dentro del Primer Circuito.
En la jurisprudencia resultante, se señaló que no era procedente decretar la medida cautelar referida contra los efectos y consecuencias del artículo 28, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, pues de concederse la suspensión, se contravendría el interés de la sociedad en que los procedimientos fiscales establecidos para revisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias se tramiten y concluyan con celeridad y eficacia, al obstaculizar el ejercicio de la facultad de revisión electrónica regulada por el artículo 42, fracción IX, del mismo Código.
Para conceder la suspensión en el amparo, por regla general se deben cumplir dos requisitos esenciales. Primeramente, la medida debe ser solicitada por el quejoso. En segundo lugar, la medida no deberá perjudicar el interés social o contravenir disposiciones de orden público. Este segundo requisito es el que no se cumple según el criterio del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación.
Resulta relevante mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que para otorgar la suspensión, se debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
En términos generales, la apariencia del buen derecho es una credibilidad objetiva y seria del derecho que descarta una pretensión infundada, cuestionable o temeraria. Para lograr esa credibilidad, se realiza un estudio superficial del asunto para determinar que es probable la existencia del derecho que el quejoso estima violado. La apariencia del buen derecho también se relaciona con el peligro en la demora, que implica la posible frustración de los derechos del quejoso como consecuencia de la tardanza en el dictado de una resolución definitiva.
Por otra parte, la afectación al interés social, concepto que no se define en ley al abarcar numerosos supuestos, deberá quedar debidamente acreditada en caso de que el juez decida negar la medida de suspensión, especificándose cuál es el interés general de la sociedad para que subsistan los efectos y consecuencias de la norma reclamada.
El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó que existe un interés general de que las autoridades fiscales verifiquen, a través de la revisión electrónica, que los contribuyentes cumplen con las obligaciones que la legislación les impone, por lo que al concederse la suspensión en el caso concreto, se obstaculizaría dicho procedimiento de fiscalización, al no contar con la información base para ello, es decir, la contabilidad electrónica.
No obstante lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el pasado 26 de noviembre de 2014, la contradicción de tesis número 277/2014, denunciada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, que buscaba dilucidar la procedencia de la suspensión provisional en contra de la obligación prevista en el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.
En dicha contradicción se determinó que sí procede otorgar la suspensión señalada. A la fecha de elaboración del presente artículo, aún no ha sido publicado el texto íntegro de esta tesis jurisprudencial en el Semanario Judicial de la Federación, por lo que el alcance pleno de la misma está pendiente de conocerse.
El criterio que la Segunda Sala sostiene al respecto, tiene dos implicaciones importantes que deben considerarse por los contribuyentes que buscaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra la obligación de presentar la contabilidad electrónica.
Primeramente, que de acuerdo con el artículo 154 de la Ley de Amparo, la suspensión que fue negada en alguno de estos amparos antes de la emisión del criterio jurisprudencial, podría ser modificada de oficio o a petición de parte.
Por otro lado, que el criterio jurisprudencial aludido no es de ninguna forma indicativo que las disposiciones fiscales impugnadas son inconstitucionales, porque la naturaleza jurídica de la suspensión únicamente se circunscribe a un análisis previo de ponderación entre la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la no afectación al interés social, y no a un análisis del fondo de la cuestión efectivamente planteada.
Habrá que esperar a que se dicten las sentencias definitivas de amparo para concluir si el artículo 28 fracción IV del Código Fiscal de la Federación y las demás disposiciones relativas, efectivamente transgreden los derechos de los contribuyentes.

References: artículo 28
 Resolución 
 artículo 28
 artículo 42
 resolución 
 artículo 28
 artículo 154
 artículo 28