Source: http://palabrasdelderecho.blogspot.com/2018/07/
Timestamp: 2019-08-18 19:28:32+00:00

Document:
Palabras del Derecho: julio 2018
Tras casi siete años como blog, hoy estrenamos la página web. Te invitamos a conocerla para seguir compartiendo la actualidad jurídica
Palabras del Derecho es un espacio dedicado al aporte, debate y análisis de la actualidad jurídica. Está conformado por un equipo de abogados y periodistas que tienen el objetivo de facilitar el acceso de la información normativa y judicial.
Comenzó como un blog, creado por José Ignacio López en 2011, donde se publicaban textos académicos y de análisis jurisprudencial sobre distintas áreas jurídicas. Con el transcurso del tiempo y de la mano del crecimiento de las redes sociales, logró instalarse como un sitio de referencia en la actualidad del mundo del derecho.
Hoy cuenta con un espacio web renovado, pero conserva el mismo espíritu: difundir información de diversos ámbitos del derecho, promover el intercambio de ideas y la publicidad de los actos estatales.
¡Gracias a todos los usuarios que nos acompañaron durante todos estos años y bienvenidos a todos los que se suman!.
Los esperamos en www.palabrasdelderecho.com.ar
El Equipo de Palabras del Derecho
Publicado por José Ignacio López en 10:14 1 comentario:
Publicado por José Ignacio López en 13:32 1 comentario:
El decreto reglamentario de la ley de Defensa Nacional publicado en el boletín oficial rompe con el pacto fundacional de la democracia reinstaurada en 1983. Luego de la dictadura cívico militar donde se cometieron los peores crímenes contra la humanidad como el plan sistemático de secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones, y el robo de bebés, hubo un acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país de separar claramente la defensa nacional de la seguridad interior para evitar que pudieran repetirse hechos de aquella naturaleza.
De manera unilateral, la administración de Mauricio Macri impulsa, a través de la modificación del decreto Nº 727/2006, la ruptura del consenso democrático que estuvo vigente durante décadas y que se robusteció con el correr de los gobiernos, porque las leyes y reglamentaciones que dotaron de virtualidad a esta filosofía se fueron dictando a lo largo de diferentes ejecutivos de turno con distintas composiciones parlamentarias.
Desde una mirada jurídica, el decreto 683/2018 firmado por Mauricio Macri, Marcos Peña y Oscar Aguad es contrario a la constitución. La ley Nº 23.544 de Defensa Nacional promulgada en 1988 fue sancionada bajo el paradigma de limitar el rol de las Fuerzas Armadas a la defensa de agresiones externas y para excluirlas de cualquier intervención en el orden interno. Al eliminar, en esta nueva reglamentación, la prohibición expresa de que las FFAA participen en “actividades relativas a la producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior” y al permitirles intervenir en las fronteras, aguas jurisdiccionales y objetivos estratégicos cuando ello sólo era rol privativo de la Gendarmería y la Prefectura, se está violando el espíritu de la norma en contradicción con el artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional.
Asimismo, aunque el nuevo decreto en el plano formal sólo modifica un decreto reglamentario (y elimina una resolución administrativa), en su contenido mencionado en el párrafo anterior va mucho más allá alterando el espíritu de la norma que reglamenta, y modificando también lo dispuesto en las leyes Nº 24.059 de Seguridad Interior y Nº 25.520 de Inteligencia Nacional. También cabe resaltar que según la Constitución Nacional es facultad del Congreso “proveer a la seguridad de las fronteras” y “fijar las Fuerzas Armadas en tiempos de paz”. De modo que realizar estos cambios por decreto es abiertamente inconstitucional, sin mencionar que una modificación de esta envergadura amerita un debate parlamentario por respeto a las instituciones y los cimientos republicanos de la Nación.
Sin perjuicio de lo anterior, no se puede evitar soslayar los riesgos que implica esta reforma al margen del plano estrictamente jurídico. El modus operandi de los gobiernos totalitarios fue apelar a la construcción de un enemigo externo a los intereses nacionales para legitimar una represión y ataque sin respeto a los derechos más elementales de las personas. En busca de un andamiaje institucional que intentara impedir que algo así pudiera repetirse, el decreto Nº 727/2006 dispuso que las FFAA sólo podían actuar ante “agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s”. El nuevo decreto sólo habla de “agresiones externas” quitando el requisito de que deba ser otro Estado, habilitando así la posibilidad de que se vuelva a legitimar un vejamen a los derechos de la población civil en virtud de una supuesta agresión externa. Se elimina la separación entre la defensa nacional y la seguridad interior en una alineación con los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, y se genera un marco tendiente a una mayor represión de la conflictividad social y el uso de la inteligencia militar para hacer espionaje interno.
Por otro lado, el nuevo decreto deroga el decreto Nº 1691/2006 que consistía en una serie de directivas para la organización de las FFAA y su formación en un marco de clara separación entre defensa nacional y seguridad interior. Eliminar los roles, funciones y directivas que se disponían en ese decreto faculta a cambiar sustancialmente la formación y la función de las fuerzas de la defensa nacional, pudiendo entrenarlas para objetivos internos que por lo general perjudican a la sociedad civil, y dejarlas sin herramientas para la que era su misión principal: la defensa nacional.
Por último, deben señalarse una serie de consideraciones. Las distintas formas del terrorismo internacional suelen tener detrás financiamiento estatal, de modo que no parecía necesaria tal modificación. Igualmente, si se observan las modalidades terroristas desde al atentado a las Torres Gemelas en adelante, no se utiliza equipamiento militar. De manera tal que más que las Fuerzas Armadas, para repeler un eventual ataque de esas características basta con las fuerzas federales y la Agencia Federal de Inteligencia. En cuanto al narcotráfico, las Fuerzas Armadas no están preparadas para afrontar esa tarea y no resulta eficiente desnaturalizar su función. Es la Gendarmería la que debe intervenir y si existiera información de que hay una situación crítica en alguna frontera, es cuestión de fortalecer los recursos humanos y materiales en esa zona crítica sin modificar la legislación. Tampoco puede dejar de advertirse que países que han llevado adelante iniciativas como las que aquí se proponen han tenido resultados calamitosos, siendo el mayor exponente México donde desde que se habilitó a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones vinculadas al narcotráfico, ha habido más de 230.000 homicidios, desapariciones de personas, se ha corrompido a la institución militar, y el aumento exponencial de la violencia no significó una reducción de la actividad delictiva vinculada a las drogas.
Una democracia se robustece con políticas de estado fruto del consenso. La política en torno a limitar el rol de las FFAA y excluirlas de intervenciones internas ha sido un valioso aporte a la paz, armonía y respeto a los derechos elementales. Barrer este pacto fundacional de forma unilateral sin un debate parlamentario con motivaciones poco convincentes y de nula comprobación fáctica implica un retroceso preocupante de la calidad democrática y la solidez institucional del país.
Publicado por José Ignacio López en 11:49 1 comentario:
Al mismo tiempo en el que cambió el paradigma acerca de cómo entender la discapacidad también lo hizo la forma de su abordaje. Fue así entonces como se superaron o dejaron de lado miradas médicas y/o asistenciales y se comenzó a entender y abordar a la discapacidad desde la óptica de los derechos humanos. En el ordenamiento jurídico internacional se pasó de la negación de derechos o de su ejercicio, situación en la cual la persona con discapacidad era objeto de asistencia, a otra en la cual se le reconocieron los derechos y este gran colectivo compuesto por las personas con discapacidad paso a ser sujeto de derechos humanos.
Como consecuencia de ello sobrevino la adopción de diversos tratados internacionales (Declaración de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entre otros) que entre sus fines tienen la protección de los derechos de las personas con discapacidad y su no discriminación.
En particular hay que mencionar a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sancionada el 13 de diciembre de 2006 en la sede de Naciones Unidas, aprobada por nuestro país a través de la ley 26.378 y con jerarquía constitucional desde el 19 de noviembre de 2014 cuando se sanciono la ley 27.044. La aprobación de esta significo la adopción del modelo social de la discapacidad el cual considera que las causas que dan origen a la discapacidad no son religiosas ni científicas, sino que son preponderantemente sociales. Se parte de la premisa de que la discapacidad es una construcción y un modo de opresión social y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad[1]. Postura sostenida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica" donde explico que:
"… La discapacidad resulta de la interacción entre las limitaciones funcionales de una persona y las barreras existentes en el entorno que impiden el ejercicio pleno de sus derechos y libertadas. En las Convenciones mencionadas se tiene en cuenta el modelo social para abordar la discapacidad, lo cual implica que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de u a deficiencia física, intelectual o sensorial sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Los tipos de limites o barreras que comúnmente que encuentran las personas con diversidad funcional en la sociedad, son, entre otras , actitudinales o socioeconómicas” [2]
También cabe destacar que la CDPD brinda una amplia clasificación de las personas con discapacidad y reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en ellos y en los demás tratados de derechos humanos.
Dentro de estos derechos fundamentales encontramos en el artículo 24 de la CDPD al derecho a la educación. En él se afirma que los estados partes deberán asegurar un sistema educativo inclusivo, más precisamente en el apartado 2.b de dicho artículo el cual dispone que: “…Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan”. Postulado que da origen al modelo de educación inclusiva que se opone al modelo clásico que podemos llamar de “educación segregada”. Este último se caracteriza por asignarle a cada niño o niña una educación determinada, la cual es acorde a sus capacidades físicas e intelectuales. Bajo este modelo un niño sordo, ciego o con una discapacidad intelectual debe asistir indefectiblemente a las llamadas “escuelas especiales”.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO– define al modelo de educación inclusiva en su documento conceptual de la siguiente manera: “La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as ¨
Este nuevo paradigma de la ciencia de la educación parte de la premisa de que cada niño/a tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas y programas educativos los que están diseñados para dar respuesta a la amplia gama de necesidades que presenta cada uno de ellos. Entre sus principios podemos mencionar: 1) Todos los niño/as pueden aprender 2) Todos los niño/as asisten a clases regulares, con pares de su misma edad, en sus escuelas locales 3) Todos los niño/as tienen derecho a participar en todos los aspectos de la vida escolar 4) Todos los niño/as reciben programas educativos apropiados 5) Todos los niño/as reciben un currículo relevante a sus necesidades 6) Todos los niño/as reciben los apoyos que requieren para garantizar sus aprendizajes y su participación 7) Todos los niño/as participan de actividades co-curriculares y extra curriculares 8) Todos los niño/as se benefician de la colaboración y cooperación entre su casa, la escuela y la comunidad.
La adopción de este nuevo paradigma implico dejar de lado también la simple integración o colocación física del alumno con una discapacidad en la escuela común sin garantizarle una adecuada atención acorde a sus necesidades y capacidades.
Este cambio en la manera de entender a la educación con relación a las personas con discapacidad tuvo su acogida en el sistema educativo nacional como provincial. A nivel nacional en el año 2016 - en cumplimiento de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 - el Consejo Federal de Educación aprobó la Resolución CFE N° 311/ 16 cuyo objetivo es propiciar las condiciones para la inclusión escolar al interior del sistema educativo argentino para el acompañamiento de las trayectorias escolares de los/as estudiantes con discapacidad.
En tanto que en la Provincia de Buenos Aires en diciembre de 2017 la Dirección General de Cultura y Educación dicto la Resolución 1664/17 – la cual conto con la aprobación del Consejo General de Educación – que derogo la Resolución 4635/11 que aprobó el documento “La inclusión de Alumnas y Alumnos con Proyectos de Integración en la Provincia de Buenos Aires” y aprobó el documentos “Educación Inclusiva de Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes, Jóvenes Adultos con discapacidad en la Provincia De Buenos Aires”
A modo de cierre podemos decir que este modelo de educación asegura que todas las personas –sin importar sus capacidades socioeconómicas, físicas o intelectuales– puedan acceder y ejercer su derecho humano a la educación contando para ello con los apoyos necesarios que le permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
Pero también hay que decir que para que en la práctica esto se lleve a cabo es necesario un Estado presente que aumente las partidas presupuestarias a la educación en sus tres niveles (es necesario contar con un gran número de profesionales no basta solo con el docente de grado, para que este realmente funcione es preciso con contar con la ayuda de psicopedagogos, trabajadores sociales y psicólogos) y que se lleven a cabo transformaciones sociales, económicas y políticas que reviertan las deficiencias estructurales que generalmente padecen las personas con discapacidad, situación que en estos tiempos lejos está de concretarse.
(*) Abogado UNLP
[1] Olmo Juan Pablo, “ Procesos Sobre el Ejercicio de la Capacidad Juridica”, Revista de Derecho Procesal Ed. Rubinzal Culzoni 2015- 2 Procesos de Familia”
[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sent. Del 28-11-2012, serie C N° 257, párrs 290 y 291 en Ornella Piccinelli y Francisco Verbic, “ Determinación de la Capacidad de las Personas en el Código Civil y Comercial: Ajustes Necesarios a los Procesos de Declaración de Incapacidad”, Revista de Derecho Procesal Ed Rubinzal Culzoni 2016- 1 Capacidad, representación y legitimación.
Publicado por José Ignacio López en 9:02 3 comentarios:
Del equipo Palabras del Derecho
El caso “Romero Verdún”[1] Otro paso en falso, y van… cinco años.
Para analizar lo sucedido en la causa en comentario, en primer lugar hay que dejar sentado lo siguiente. La reforma al Poder Judicial es algo que se aspira, al menos en los dichos, desde distintos sectores, hasta tal punto que lo exige el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación[2].
En los hechos, todo aquel que públicamente refiere al tema, menciona como una herramienta positiva la de establecer un mecanismo que asegure la igualdad en el acceso del personal al Poder Judicial.
El ingreso democrático e igualitario es uno de los pilares de la última reforma propuesta en el año 2013. En aquel entonces, el Poder Ejecutivo presentó un paquete de seis proyectos de ley que incluía la reforma al Consejo de la Magistratura; una regulación especial para las medidas cautelares frente al Estado; el ingreso democrático al Poder Judicial; la publicidad de los actos del Poder Judicial; la creación de las Cámaras de Casación; y, la obligación de presentar Declaraciones Juradas.
Si bien algunos de esos proyectos siguieron el derrotero de la discusión respecto de su constitucionalidad en los tribunales, la Ley n° 26.861 no tuvo observaciones de ninguna índole.-
La mentada norma, sancionada el día 29 de mayo de 2013 y promulgada el 31 del mismo mes y año, se denominó “Ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación”[3], y se planteó como objeto regular el ingreso democrático e igualitario de personal los órganos antes mencionados, mediante el procedimiento de concurso público[4].
En lo sustancial, establece que solo se puede ingresar como empleado y personal de maestranza y oficios en el cargo de menor jerarquía y como funcionario en los cargos letrados, mediante el sistema de concursos, a excepción de los funcionarios y empleados de la CSJN, y funcionarios y empleados que dependen directamente de la estructura central de gobierno y administración de la Procuración General de la Nación (PGN), de la Defensoría General de la Nación (DGN) y del Consejo de la Magistratura (CM)[5].
Para el ingreso como personal de maestranza y oficios o empleado, reitera la necesidad de acreditar la idoneidad requerida para el cargo, que se verificará a través de concurso público; además de un mínimo de base de estudios aprobados y aptitud psicotécnica, sin perjuicio de otros requisitos que puedan exigirse a quienes desempeñen tareas que requieran de conocimientos técnicos especiales. A ello se suma la exigencia de título universitario de abogado graduado en universidad nacional pública o privada oficialmente reconocida o extranjera con título debidamente homologado por el Ministerio de Educación para quienes concursen para ocupar cargos letrados (arts. 6, 7 y 8).
La citada norma designa como autoridad de aplicación a la CSJN para los concursos llevados a cabo para el ingreso al PJN.
Como dijimos, la Ley n° 26.861 fue sancionada y promulgada en mayo de 2013, durante dicho año la CSJN dictó dos Acordadas por las que se aprobó el “Formulario de inscripción como postulante a ingresar al Poder Judicial de la Nación”[6], y se estableció que la propia Corte, sancionaría la reglamentación del procedimiento de concursos previsto para el ingreso[7].
Durante el mes de mayo del corriente año, a modo de “festejo” por su quinto aniversario el máximo tribunal es demandado por un abogado postulante a ingresar al PJN, quien interpuso una acción judicial por la afección al derecho a un ingreso igualitario en dicho estamento público, en razón de la falta de reglamentación de la ley que lo consagra.
El abogado Iván Fernando Romero Verdún inició una acción de amparo colectiva, en la que específicamente solicita se condene a la CSJN, en su carácter de autoridad de aplicación, a reglamentar la Ley N° 26.861, de manera que permita su puesta en funcionamiento[8].
Entre otras cuestiones aborda los antecedentes descriptos en los dos primeros separadores; la judiciabilidad de los actos emanados en el ejercicio de las funciones típicamente administrativa de la CSJN; los derechos constitucionales y convencionales vulnerados, haciendo especial hincapié en el derecho a la igualdad; la procedencia de la vía del amparo; la legitimación individual y colectiva; etc. etc..
En particular respecto de este último tópico, el accionante se presenta por derecho propio y en representación del colectivo integrado por los abogados interesados en ingresar a trabajar legítimamente en el Poder Judicial de la Nación, sujetos afectados en su derecho al acceso igualitario.
Justifica su legitimación individual en su calidad de afectado y, la legitimación colectiva en la afección del derecho de incidencia colectiva referente a derechos individuales homogéneos, que entiende se deriva del tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional, citando al efecto el caso “Halabi”.
Finalmente, señala que se encuentra vigente la ley que genera la obligación del órgano de dictar la reglamentación pertinente y, que trascurridos cinco años dicho incumplimiento excede cualquier tipo de justificación y razonabilidad. Por ello, al existir un mandato normativo expreso, configurada la omisión por parte de la autoridad de aplicación y producida la vulneración del derecho, procede la declaración de inconstitucionalidad omisiva por parte de la CSJN.
El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal n° 9, Pablo Cayssials, rechazó in limine la acción colectiva intentada por el señor Iván Francisco Romero Verdún por considerar que no cuenta con legitimación para promover un proceso colectivo[9].
Para así decidir, el juez inferior consideró que no aparecen reunidos los recaudos necesarios para configurar la existencia de un caso o controversia actual o concreta, por no haber demostrado el actor un interés individual calificado, ni un interés suficientemente concreto y directo del colectivo cuya protección se intenta, así como tampoco la afección de derecho alguno, sino solo un mero interés en la legalidad. No basta cualquier interés; concretamente, no alcanza el interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado.-
En relación a ello, cita antecedentes del máximo tribunal de la nación en los que se expresó que la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de los recaudos que hacen a su viabilidad (identificación del grupo afectado, idoneidad del representante y existencia de un planteo que involucre cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el grupo -in re “Halabi”, “Consumidores libres”-) y, que dilucidar la cuestión relativa a la legitimación procesal constituye un presupuesto necesario para que exista un caso o controversia -Fallos 339:1223-, a los que define como aquellos en los que se persigue la determinación del derecho o prerrogativa, ante la existencia de una lesión actual o una amenaza inminente a dicho derecho o prerrogativa –Fallos 331:2257-, el que debe fundarse en un interés específico, concreto y atribuible en forma determinada al litigante -Fallos 324:2381-.
Una vez más tuvo el Poder Judicial la oportunidad de poder dar un paso en el camino hacia el ingreso democrático e igualitario y eligió dar el paso nuevamente hacia atrás. Nos encontramos ante otro antecedente negativo para la implementación de una herramienta que, como antes dijimos, desde lo discursivo es defendida por todos, en favor de la igualdad y a la transparencia.
Desde un inicio, el PJN encontró estrategias para no implementar el ingreso igualitario y democrático. En un primer momento, ¿cómo hacer para no aplicar la ley? La CSJN, autoridad de aplicación de la misma, no la reglamenta; ¿y si alguna persona inicia una acción judicial para que se ordene cesar en la omisión a la autoridad administrativa? ¿Cómo hace un juez de grado para sortear el compromiso de ordenar que la CSJN cumpla con una ley? Se acude a algún vicio en recaudos que hacen a la admisión formal o presupuestos necesarios para el tratamiento o no, y así evitar el análisis del fondo de la cuestión, bajo la reiterada frase en mérito de lo precedentemente expuesto no resulta conducente expedirse con relación a los restantes requisitos de la acción colectiva intentada.
Para el juzgador, a un abogado aspirante a ingresar a trabajar en el Poder Judicial, legítimamente, por concurso público, la falta de aplicación de la ley que lo establece, no le afecta concreta y actualmente ningún derecho, ni representa un interés suficientemente concreto y directo del colectivo al que pertenece como tal. No puede reclamar por la aplicación de una ley que regula el ingreso a un lugar de trabajo al que él aspira. Al respecto solo tiene un mero interés por la legalidad.
Analizando el fallo, Francisco Verbic pregunta “¿por qué sostiene la sentencia que el actor esgrime un ‘mero interés en la legalidad’? ¿Por qué afirma que no hay ‘una afectación concreta y actual de derechos’? ¿Cómo puede sostener que ‘no es posible extraer de la pretensión la existencia de un interés suficientemente concreto y directo del colectivo cuya protección se intenta’?”; para terminar concluyendo que “(n)o hay argumentos que expliquen esas conclusiones. Se trata de afirmaciones dogmáticas, carentes de motivación y arbitrarias por desentenderse del modo en que fue planteada la pretensión colectiva. Me parece evidente que el interés invocado por el actor es “diferenciado” con respecto al interés que podría tener el resto de la ciudadanía en que se cumpla la ley” [10].
Es el Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que no demuestra el más mínimo interés por la legalidad.
Resulta que para dicho Poder, como diría el Profesor Tomás Hutchinson, la ley no es una regla de conducta general y obligatoria, sino una “sugerencia”[11].
[1] Causa n° 38235/2018 “Romero Verdún, Iván Fernando c/ Corte Suprema de Justicia de la Nación s/ Amparo Ley 16.986”. Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 9 .
[2] Al respecto, ver el discurso del Presidente de la CSJN en el acto de inicio del año judicial, del día 6 de marzo del corriente https://bit.ly/2IQ7IHi (vía CIJ)
[3] Cabe aclarar que en estas líneas solo haremos mención a lo sucedido respecto del PJN, ya que al mismo refiere el caso en examen.
[4] Ver artículo 1° de la Ley n° 26.861
[5] Ver artículos 3 y 4 de la Ley n° 26.861
[6] Acordada 49/2013. Ver en el siguiente link: https://bit.ly/2snT3gB
[7] Acordada 26/2013. Ver en el siguiente link: https://bit.ly/2skgbw8
[8] Para acceder a la demanda: http://tiny.cc/6pkuty vía Palabras del Derecho
[9] Fallo completo: https://bit.ly/2KD0GdV .
[10] “Legitimación, interés directo y configuración de causa o controversia colectiva en la sentencia que rechazó el amparo promovido ante la ausencia de reglamentación de la Ley N° 26.861: ¿Si no es un abogado, quién entonces? (*FED)” https://bit.ly/2KsDFeB Por Verbic, Francisco en su blog Class Actions en Argentina: classactionsargentina.com/
[11] Hutchinson, Tomás “Régimen de procedimientos administrativos. Ley 19.549”. Ed. Astrea, Buenos Aires – Bogotá – Porto Alegre, 2007, en el prefacio a la décima edición. .
Publicado por José Ignacio López en 7:45 1 comentario:

References: artículo 99
 resolución 
 artículo 24
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 43
 artículo 1