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Timestamp: 2020-05-31 04:24:10+00:00

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Florencia Gutiérrez. Las demandas del sindicalismo azucarero: entre la protesta abierta y las instancias de conciliación. Tucumán, 1944-1949 | Derecho laboral | Sindicato
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Germani, Murmis y Portantiero y Torre
diario trópico de tucuman
Las demandas del sindicalismo azucarero: entre la protesta abierta y las instancias de conciliación Tucumán, 1944-1949
Resumen: Entre el golpe de Estado de 1943 y la caída del gobierno peronista en 1955 la capacidad organizativa y negociadora de la clase trabajadora argentina sufrió un viraje sustancial. El objetivo de este artículo es repensar la dinámica sindical de la agroindustria azucarera tucumana a partir del estudio de los repertorios de confrontación obrera, así como las instancias de arbitraje impulsadas desde el gobierno provincial y nacional y alentadas por las agencias estatales. En tal sentido, las tensiones suscitadas entre las bases y la dirigencia sindical por la forma de demandar, la disyuntiva entre la huelga o la negociación y la instrumentación y reformulación de los canales de conciliación son los problemas centrales de este trabajo. Palabras clave: sindicalismo, industria azucarera, peronismo, protesta, negociación, Tucumán.
The demands of the Sugar Trade Unionism: Between the Open Protest and the Instances of Reconciliation. Tucumán, 1944-1949
Abstract: Between the military coup of 1943 and the fall of the Peronist government in 1955, the organizational and negotia- ting capacity of the Argentinean working class suffered a major shift. The aim of this paper is to rethink the dynamics of trade unions in the sugar industry in Tucuman from the study of the repertoires of labor confrontation, as well as the arbitration instances promoted by the provincial and national government and encouraged by state agencies. In this sense, the tensions arising between the bases and the union leadership on how to demand, the dilemma between the strike or the negotiation and the implementation and reformulation of conciliation channels are the central issues of this paper. Keywords: unionism, sugar industry, Peronism, protest, negotiation, Tucumán.
As demandas do sindicalismo açucareiro: entre o protesto aberto e as instâncias de conciliação. Tucumán, 1944 - 1949
Resumo: Entre o golpe de Estado de 1943 e a queda do governo peronista em 1955 a capacidade organizativa e de negocia- ção da classe trabalhadora argentina sofreu uma mudança substantiva. O objetivo deste artigo é repensar a dinâmica sindical da agroindústria açucareira tucumana a partir do estudo dos repertórios de confrontação operária, bem como das instâncias de arbitragem promovidas pelo governo provincial e nacional e encorajadas pelas agencias estatais. Nesse sentido, as tensões suscitadas entre as bases e os dirigentes sindicais sobre a forma de demandar, a disjuntiva entre a greve ou a negociação e a instrumentação e a reformulação dos canais de conciliação são os problemas centrais deste trabalho. Palavras-chave: sindicalismo, indústria açucareira, peronismo, protesto, negociação, Tucumán.
Cómo citar este artículo: Florencia Gutiérrez, “Las demandas del sindicalismo azucarero: entre la protesta abierta y las instancias de conciliación. Tucumán, 1944-1949”, Trashumante. Revista Americana de Historia Social 6 (2015): 104-125. DOI: dx.doi.org/10.17533/udea.trahs.n6a06
Fecha de recepción: 29 de junio de 2014 Fecha de aprobación: 24 de noviembre de 2014
Florencia Gutiérrez: Doctora en Historia por El Colegio de México con la tesis El mundo del trabajo y el poder político. Integración, consenso y resistencia en la ciudad de México a fines del siglo XIX. Actualmente es Jefa de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Historia de la Historiografía en la Carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) y es directora del proyecto de investigación: “Trabajadores, mercado laboral y movimiento sindical. Tucumán, 1896-1954”.
Correo electrónico: florenciagutierrezb@yahoo.com
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E ntre el golpe de Estado de 1943 y el de 1955, que puso fin a la primera década peronista, la avanzada del proceso de sindicalización y el nuevo po-
sicionamiento del Estado frente a la cuestión obrera resignificaron las experien- cias de resistencia, organización y negociación de la clase trabajadora argentina. 1 En este contexto, las huelgas se convirtieron en el observatorio privilegiado para analizar el poder obrero ganado en las fábricas. Este énfasis historiográfico, por lo general, ha atendido subsidiariamente las instancias de negociación que procura- ron encauzar las demandas laborales. Por tanto, el desafío es repensar la dinámica sindical recuperando los repertorios de confrontación utilizados por los obreros sin desatender los canales de conciliación y arbitraje impulsados desde el gobierno provincial y nacional y las agencias estatales, especialmente la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión (DRSTyP). 2 Este problema es inescindible de las tensiones entre las bases y la dirigencia, la disyuntiva frente a la opción por la huelga o la negociación y, por ende, el complejo proceso de instrumentación y reformulación de la conciliación. La elección de la agroindustria azucarera tucumana como espacio laboral en el que se abordarán los problemas apuntados se vincula con su gravitación provincial. Desde fines del siglo XIX, la intensificación del cultivo e industrialización de la
1. El 4 de junio de 1943 un golpe de Estado, autodenominado “revolución de junio”, derrocó al gobierno de Ramón Castillo. En octubre de ese año, Juan Domingo Perón ocupó el Departa- mento de Trabajo (al que convertiría en Secretaría); luego asumió el Ministerio de Guerra y la Vice-presidencia de la Nación. En 1946 accedió a la Presidencia, cargo que ocuparía a lo largo de dos periodos y que terminaría abruptamente con el golpe de Estado de septiembre de 1955.
2. Las competencias de la Secretaría de Trabajo y Previsión eran: arbitrar en los conflictos obrero- patronales, confeccionar leyes laborales y vigilar su cumplimiento, reglamentar el funcionamien- to de las asociaciones profesionales y preparar el terreno para el desarrollo de políticas sociales. En las provincias los Departamentos de Trabajo fueron convertidos en Delegaciones Regionales de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Mercedes Prol,“Peronismo, elites políticas e instituciones de gobierno, 1943-1952” (Ponencia XI Jornadas Interescuela-departamentos de Historia, Universi- dad Nacional de Córdoba, 2003).
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caña de azúcar definió el perfil productivo de la provincia, al tiempo que trans- formó sensiblemente su entramado socio-económico.A mediados de la década de 1940,Tucumán contabilizaba 27 ingenios de mediana capacidad productiva y alta dependencia de productores de materia prima. Por su parte, el conjunto obrero era numeroso y variopinto. El lugar de trabajo y la situación contractual modelaron un universo disímil que para 1946 contabilizaba 20,000 trabajadores de fábrica (entre temporales y permanentes) y 110,181 braceros dedicados al cultivo y cosecha de la caña (71,782 temporales y 38,399 permanentes). Desde el despegue azucarero, la impronta privada y paternalista definió las re- laciones entre el capital y el trabajo en los pueblos azucareros. Esta particularidad, signada por el débil rol del Estado y la reticencia de los industriales a convertir en derechos los beneficios otorgados discrecionalmente a sus obreros, explica la fragilidad de la legislación, así como la arbitrariedad y heterogeneidad de las con- diciones laborales. En este contexto, la organización sindical, así como las medidas de fuerza, fueron débiles e intermitentes. En 1904 tuvo lugar la primera huelga azucarera; la segunda coyuntura de protesta abierta y generalizada no ocurriría sino hasta 1923. La dificultad para articular paros generales se imbricó con la de- claración de huelgas parciales (por ingenio), rápidamente sofocadas por la patro- nal. 3 Señalar esta debilidad no supone desconocer la importancia que los intentos de organización sindical (como la Unión General de Trabajadores de la Industria Azucarera, fundada en 1935), las fugas, motines y paros, así como las formas de resistencia velada u oculta tuvieron en la configuración de la experiencia de clase en la industria azucarera. 4 Más bien, aprehender las particularidades del universo obrero antes del peronismo coadyuva a explicar cómo y por qué los trabajadores capitalizaron el proceso de sindicalización impulsado desde el Estado en la década de 1940, la forma en que articularon las medidas de fuerza y la complejidad de la negociación sectorial.
3. La huelga de 1904 tuvo su epicentro en el distrito azucarero de Cruz Alta y culminó con un aumento salarial y la eliminación de los vales como forma de pago. Al influjo de los centros cosmopolitas y de los pequeños cañeros, la huelga concitó gran apoyo obrero. A partir de 1906 las huelgas se declararon de forma aislada en los ingenios y, por ende, su alcance fue limitado. La huelga de 1923 también se concentró en los ingenios de Cruz Alta y concluyó con un pequeño aumento salarial y el reconocimiento de la jornada de ocho horas. Remitimos a María Celia Bra- vo, “Los dilemas de la ‘cuestión social’. Liberales, socialistas, Iglesia y patrones frente a la situación de los trabajadores en Tucumán”, La cuestión social en Argentina, 1870-1943, comp. Juan Suriano (Buenos Aires: La Colmena, 2000) 44-59; María Celia Bravo, Campesinos, azúcar y política: cañeros, acción corporativa y vida política en Tucumán, 1895-1930 (Rosario: Prohistoria, 2008) 255-264.
4. La Unión General de Trabajadores de la Industria Azucarera, fundada en 1935 y vinculada al socialismo, pervivió hasta 1942. Sin embargo, la primigenia idea de constituir una organización de segundo grado que articulara los sindicatos de fábrica no pudo concretarse. La imposibilidad de multiplicar instancias de base horadó el fin último de la Unión General. Esta situación se imbricó con un posicionamiento institucional “reticente a declarar huelgas o realizar acciones directas”, que impidió el desborde de los reclamos particulares. María Ullivarri,“Sindicatos en la ‘capital del azúcar’. Organización y lucha en el mundo del trabajo de la provincia de Tucumán (Argentina), 1930-1943”, Historia Agraria 55 (2011): 125.
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1. Conflicto, protesta y negociación en la agroindustria azucarera
Con el impulso del estímulo estatal, desde fines de 1943, la aceleración del proceso de sindicalización de los obreros azucareros tucumanos fue vertiginosa. En un es- pacio signado por esporádicas e intermitentes instancias de organización laboral, las asambleas de trabajadores y la formación de comisiones directivas se multiplicaron por toda la geografía agroindustrial de la provincia. Finalmente, el 8 de junio de 1944 se fundó la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), que organizó a los obreros de fábrica y de surco. A través del sindicato, los traba- jadores irrumpieron en la puja distributiva por el ingreso azucarero y articularon sus reclamos frente a un Estado inéditamente receptivo a sus demandas laborales. 5 La conformación del nuevo espacio asociativo, sustentada en la organización de un sindicato por ingenio, modeló la estructura descentralizada adoptada por la Federación. Esta fisonomía condicionó la dinámica de la protesta obrera hasta fines de 1949, cuando comenzó la intervención de la FOTIA, medida que se extende- ría hasta 1955. Los sindicatos disponían de libertad para decidir sobre múltiples cuestiones, como las sanciones disciplinarias a sus asociados, el manejo de la caja social y disposición de sus fondos, la elección del delegado al Consejo Federal y la reforma de sus estatutos. Además, cada sindicato tenía autonomía para declarar la huelga gremial, es decir, la huelga parcial, por ingenio, mientras que los paros generales eran una prerrogativa del Consejo Federal, conformado por los delega- dos de los sindicatos. 6 En agosto de 1944, la FOTIA presentó su primer pliego petitorio que comen- zaba destacando la obra de Juan D. Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión (STyP), su labor como “fuente inspiradora del movimiento obrero” y agente clave en la reparación moral de los trabajadores.A través de este pliego la Federación re- clamó un incremento salarial “que dé lugar al verdadero escalafón para las distintas calificaciones de obreros”. 7 En esta tónica de peticiones, la FOTIA demandó un 20% de aumento salarial y el reconocimiento de 101 especialidades (54 de fábrica y 47 de cultivo), introduciendo el primer intento de diferenciación laboral al in- terior del complejo azucarero. A fines de agosto, los sindicatos de doce ingenios pararon sus labores para exi- gir el cumplimiento de las peticiones del pliego. Los dirigentes de la Federación informaron al interventor provincial, Enrique García, que la huelga no había sido
5. La fundación de la Federación obrera y su vinculación con los orígenes del peronismo fue ana- lizada por Gustavo Rubinstein, Los sindicatos azucareros en los orígenes del peronismo tucumano (Tu- cumán:Travesía/Universidad Nacional de Tucumán, 2006). Cabe aclarar que el Estado reconocía únicamente un sindicato por actividad económica. La patronal estaba obligada a negociar con el sindicato reconocido y los acuerdos alcanzados (como salarios y condiciones laborales) se hacían extensivos a todos los trabajadores de esa rama industrial. Daniel James, Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina (Buenos Aires: Sudamericana, 2006) 23.
6. Emilio Schleh, Compilación legal del azúcar, tomo XI (Buenos Aires: Imprenta Ferrari, 1947) 195.
7. Schleh, Compilación legal, tomo XI, 266.
ordenada ni dirigida por ellos, “sino que surgió de grupos obreros aislados que resolvieron independientemente provocar el conflicto como reacción contra la demora” de los industriales en el cumplimiento de las aspiraciones obreras. 8 El desconocimiento de la medida de fuerza por las autoridades inauguraba una diná- mica que se tornaría en común denominador hasta 1949: el desborde permanente de las bases frente a la dirigencia fotiana, comportamiento que impulsó al gobier-
no provincial y nacional a instrumentar canales de negociación y arbitraje que con frecuencia también fueron desconocidos por los obreros.
El interventor provincial medió en el conflicto, solicitó la vuelta al trabajo de los
obreros y se comprometió a interceder frente al Secretario de Trabajo y Previsión. La “solución orgánica” representada por una instancia sectorial (constituida por dos representantes obreros y dos industriales, bajo el arbitrio de Perón) allanó el camino para el levantamiento de la medida de fuerza. El impulso otorgado a la sindicalización, la preocupación por el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la receptividad del gobierno a las demandas laborales habilitaron la irrupción de los obreros en la puja por el ingreso azucarero. Esta inédita “coyuntura de opor-
tunidades” desató, como veremos más adelante, una particular dinámica obrera, caracterizada por una tensión permanente entre la protesta abierta de las bases y la conformación de canales de negociación articulados por el gobierno y privilegia- dos por la dirigencia de la Federación para dar solución a las demandas.
A los pocos meses de aquel conflicto, la presencia tutelar del Estado y su in-
tención de diseñar una política integral para la agroindustria quedaron plasmadas en el decreto nº 678, promulgado en enero de 1945. Dicha norma sentó las bases sobre las que descansaría el funcionamiento azucarero durante el primer pero- nismo. El decreto introdujo tres novedades: la fundación de la Junta Nacional del Azúcar (JNA), encargada de brindar una “solución orgánica y permanente” a los problemas socio-económicos del complejo agroindustrial; la creación de un Fon- do Especial de Compensación y Asistencia Social conformado con el aumento del precio del azúcar y destinado a compensar a cañeros e industriales por los mayores costos productivos; y la institucionalización del escalafón. Este último aspecto, al reconocer 112 especialidades obreras (62 de fábrica y 50 de surco) con sus corres- pondientes salarios, daba satisfacción a uno de los reclamos centrales del pliego petitorio fotiano de agosto de 1944. Este decreto implicó un cambio sustancial en la política azucarera. La forma- ción del Fondo de Compensación, que reconocía y distribuía los mayores costos de producción y los derivados de la política social, posicionó al Estado nacional en el centro de la puja sectorial, involucrándolo en la compleja tarea de regular las demandas y asignar a cada actor retribuciones equitativas. 9 El gobierno peronista
8. Schleh, Compilación legal, tomo XI, 271.
9. Desde fines del siglo XIX, el cuestionamiento al liderazgo industrial y reclamo de una mayor participación cañera en los beneficios deparados por el proteccionismo azucarero impulsaron la mediación del Estado en los conflictos sectoriales. Las tentativas de solución tuvieron un deno- minador común: la preservación de los actores azucareros, premisa que solo podía ser cumplida
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asumió y profundizó el diseño institucional proyectado por el golpe de Estado de 1943. Entre 1946 y 1949, las protestas de los trabajadores permitieron la imple- mentación de nuevas condiciones de trabajo, cuyos mayores costos se cubrieron con las compensaciones y subsidios autorizados por las agencias estatales. En lo relativo al estadio agrario, los cañeros lograron elevar el precio de la materia pri- ma, situación que generó el incremento sostenido de las compensaciones hasta 1949. En consecuencia, durante ese trienio se configuró una dinámica puja dis- tributiva intersectorial que procuró incidir sobre las decisiones estatales como lo demuestran los frecuentes cambios de destino de los subsidios, los aumentos de las compensaciones y el otorgamiento de créditos que procuraron descomprimir los conflictos sectoriales.Tal conducta revelaba una de las claves de la política azuca- rera del peronismo caracterizada por las urgencias que desbordaban el propósito original de ordenar integralmente la actividad. 10 Los niveles de sindicalización, aunados al nuevo posicionamiento del gobierno nacional y su sensibilidad hacia la cuestión obrera, impulsaron la movilización de los trabajadores. A fines de mayo de 1945, la FOTIA decidió la huelga general en toda la provincia y facultó al secretario directivo a convocarla en el momento en que lo considerara oportuno. La declaración se hacía como instancia de presión para “agotar los recursos legales” conducentes para solucionar el conflicto que enfrentaba a los obreros con los cañeros e industriales por la falta de observancia de la legislación laboral. La Federación argumentó que los empresarios obstruían “la obra de recuperación social” emprendida por gobierno nacional a través de la STyP, en tanto la patronal no cumplía con las leyes y decretos destinados a revertir “la esclavizante situación” de los obreros. 11 La FOTIA no llegó a concretar la medida de fuerza, que fue reconocida explí- citamente como una estrategia de presión que apelaba a encauzar orgánica e ins- titucionalmente el cumplimiento de la legislación. Situados en esta lábil frontera entre la confrontación y la negociación, los dirigentes solicitaron la mediación del Interventor provincial. Le propusieron convocar a las partes en litigio y prestar su colaboración para “solucionar el diferendo surgido a causa del reiterado in- cumplimiento de la leyes”. 12 El Interventor aconsejó la formación de una comi- sión paritaria de reclamos y conciliación que se encargaría de revisar las denuncias obreras vinculadas con la aplicación de los nuevos derechos.
con el respaldo estatal. En ese marco se propició en 1927 la formación de la Cámara Gremial de Productores de Azúcar y para dirimir los intereses encontrados se creó un tribunal arbitral integrado por representantes de los industriales, cañeros y del propio Estado. Este patrón de resolución de diferencias se inspiró en un esquema de concertación sectorial que sometía los intereses encontrados a una instancia de deliberación acotada, cuya validez y cumplimiento se legitimaba con la presencia del Estado provincial.Véase Bravo, Campesinos 301-321.
10. Remitimos a María Celia Bravo y Florencia Gutiérrez, “La política azucarera argentina: de la concertación sectorial al tutelaje estatal (1928-1949)”, H-Industria [En prensa].
11. Schleh, Compilación legal, tomo XI, 427.
12. La Industria Azucarera (Buenos Aires) 619 mayo de 1945: 332.
Finalmente, el 16 de junio, mediante un decreto del poder ejecutivo provin- cial, la comisión se conformó con dos representantes del gobierno (el Ministro de Hacienda y el Delegado Regional de la STyP), tres industriales y tres obreros. En caso de que las partes no llegasen a un acuerdo, el Interventor se instituía como “juez inapelable”. 13 La habilitación de un canal de negociación sectorial refrenda- do por el gobierno provincial decidió a la FOTIA a levantar la huelga, pero antes tuvo que enfrentar la postura de los sindicatos de los ingenios La Corona,Trinidad, Santa Ana y La Providencia, que desconocieron a los representantes obreros de la comisión alegando que habían sido designados sin previa consulta a las bases. A un año de la fundación de la FOTIA, este suceso revela aristas que se pro- yectaron en el tiempo imprimiendo una dinámica particular a la esfera productiva azucarera. En tal sentido, la búsqueda de la dirigencia fotiana de interlocutores gubernamentales para dirimir conflictos laborales, la respuesta favorable de un go- bierno preocupado por encauzar institucionalmente la protesta y evitar el paro de las actividades, y las divergencias entre las bases y la dirigencia de FOTIA marcaron la configuración de la urdiembre sindical agroindustrial. La comisión de reclamos y conciliación, como espacio formal de negociación, pronto fue desbordada por los paros parciales declarados sin mediar instancias de diálogo y por los propios pedidos de FOTIA, que intentaron avanzar en las pre- rrogativas de esta comisión dificultando su actuación. En noviembre de ese mismo año, el Centro Azucarero Regional (CAR), corporación que organizaba a los in- dustriales, le informó al gobierno provincial su inconformidad frente al petitorio de la Federación, que solicitaba el tratamiento de asuntos como la compensación económica en concepto de alquiler de viviendas, el pago de horas extras en lugares insalubres y la continuidad laboral para el personal agrícola. Según el CAR, estos reclamos escapaban a las funciones de la comisión, es decir, aquellas vinculadas a las divergencias surgidas por el incumplimiento de la legislación. Los sindicatos de ingenio, capitalizando la fisonomía descentralizada de la FOTIA y desconociendo las instancias de conciliación, declararon paros parciales. Sus principales exigencias fueron la mejora del trato “desconsiderado” que los administradores y per- sonal jerárquico dispensaban a los obreros; el cumplimiento del escalafón, es decir, del mayor número de “escalas” con el propósito de incrementar los niveles de empleo y de salario; y la implementación de diversos derechos y beneficios laborales. La utilización de canales formales de negociación fue un proceso de aprendizaje encarnado en trabajadores con una larga tradición de resistencia, pero con escasa ex- periencia organizativa y un corto recorrido en instancias de negociación sectorial. Esta peculiaridad abrevaba de la configuración privada y paternalista de las relaciones entre
13. La comisión de arbitraje y conciliación adoptó resoluciones vinculadas con la reglamentación de horas extras, el pago de doble jornal en los días festivos nacionales, la mensualización de los maes- tros de azúcar y tripleros durante la época de la zafra, la garantía de 20 días de trabajo mensual a los obreros de fábrica para el periodo fuera de cosecha, el aumento salarial para los trabajadores a destajo y el cumplimiento de la “ley de silla” que, promulgada en 1933, reconocía el derecho de los trabajadores a utilizar un asiento en los intervalos de trabajo. Schleh 433-437.
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el capital y el trabajo, en la incidencia de una actividad marcada por la temporalidad de la zafra, la heterogeneidad de las condiciones laborales no solo entre ingenios, sino entre los trabajadores de fábrica y surco, en la distancia que mediaba entre los centros productivos y en los posicionamientos del Estado frente al problema obrero. Sin em- bargo, los intermitentes esfuerzos de agremiación, las estrategias veladas y explícitas de resistencia, las instancias de sociabilidad (mutualista, religiosa, recreativa) y la propia fisonomía de los pueblos azucareros fraguaron redes de solidaridad y reciprocidad in- terpersonal, elaboraron percepciones de injusticias y en la ecuación de lo posible y lo deseable los obreros modelaron una singular experiencia de clase. En el cruce de las resistencias y las postergaciones, la coyuntura de oportunidades abierta con el golpe de Estado del 1943 ayuda a explicar la rápida expansión sindical de los años cuarenta, las formas de demandar, el difícil proceso de conciliación sectorial y la redefinición del sentido de lo justo, que puso en jaque los términos de la deferencia azucarera. Alentados por el proceso de sindicalización y la sensibilidad obrerista del go- bierno, los trabajadores combinaron los procedimientos formales, alentados desde las agencias estatales, con la confrontación abierta y la paralización de las activida- des productivas. Quizás más lo segundo que lo primero. Los paros parciales, que pretendían incidir en la administración del personal, se multiplicaron por la geo- grafía azucarera. Por ejemplo, en noviembre de 1945, el sindicato de La Trinidad se declaró en huelga solicitando la reincorporación del obrero Simón Salguero y la separación o traslado del administrador, Luis Gallardo. Los primeros días de di- ciembre, once sindicatos del sur de la provincia se plegaron a la medida de fuerza en solidaridad con este reclamo. Ese mismo año, los obreros del ingenio San José exigieron el despido del jefe de fabricación y de cultivos, a quien acusaron de ac- tuar de forma contraria a los intereses gremiales. 14 El sindicato del ingenio Amalia solicitó, en 1946, el alejamiento del jefe mecánico Antonio Stoopman por su “trato desconsiderado, violento en sus contestaciones, procaz en sus reprensiones” y por atacar en forma “sistemática a los dirigentes del sindicato obrero”. 15 Las exigencias destinadas al despido o reubicación del personal jerárquico ex- presaron la pretensión de los sindicatos de intervenir en una esfera de compe- tencias que, hasta ese momento, había sido estrictamente patronal. Estas inéditas situaciones evidenciaron el quiebre de los códigos de deferencia y la forma en que el peronismo modificó el “sentido de los límites”, alterando aquello que los traba- jadores podían expresar, cuestionar y demandar públicamente. 16 Frente al avance del poder obrero, los industriales remarcaban que no era admisible que “la perma- nencia en sus puestos de los empleados en quienes los Ingenios han depositado su confianza, esté supeditada a la voluntad de los Sindicatos que se creen facultados para pedir su retiro, si la actuación de ellos no les satisface”. 17
14. La Gaceta (Tucumán) 26 de septiembre de 1945.
15. La Gaceta (Tucumán) 24 de abril de 1946.
16. James 46.
17. La Industria Azucarera (Buenos Aires) 550, T. II diciembre de 1947: 595.
La avanzada sindical cuestionó la autoridad empresarial en los ingenios pero también interpeló al Estado, el cual se vio obligado a contener los desbordes de la ofensiva obrera y a fijar los límites de las reivindicaciones. De esta forma, se articuló un juego de tensiones y mutuos condicionamientos: el respaldo que el Estado brindó a los reclamos obreros se conjugó con llamados a la disciplina y la
productividad y con la declaración de ilegalidad de ciertas medidas de fuerza, par- ticularmente las vinculadas con las exigencias de despidos del personal jerárquico
y administrativo. La protesta de los sindicatos desbordó a la Federación y a la
DRSTyP, que no pudieron canalizar formalmente este tipo de demandas. Esta situación llevó a que muchas de estas huelgas parciales fueran desautorizadas por la FOTIA o tildadas de ilegales por las autoridades de la agencia estatal. A comienzos de 1946, las medidas de fuerza asumidas por los sindicatos de ingenio se imbricaron con las protestas vinculadas a la promulgación del decreto n° 33,302, que reconocía el derecho al aguinaldo o sueldo anual complementa- rio a todo “empleado u obrero permanente, provisorio, transitorio o accidental o supletorio que durante el año 1945 haya trabajado cualquier tiempo”. 18 El in- cumplimiento de esta obligación por parte de la patronal condujo a la dirigencia sindical a declarar, el 10 de enero, el paro total de actividades.
Sin embargo, al igual que lo acontecido un año antes frente al decreto n° 678, los representantes fotianos buscaron la intermediación del Interventor provincial para lo- grar el cumplimiento del beneficio. Por su parte, el CAR manifestó la imposibilidad económica de efectuar su pago. El día 12, García se reunió con representantes de los obreros y los industriales y se comprometió a gestionar el pago de una indemnización
a los industriales por la molienda de caña de bajo rendimiento y el aumento de las
compensaciones. Bajo el paraguas de este compromiso, la FOTIA levantó la huelga. En febrero, el gobierno nacional giró el dinero para que la patronal abonara el aguinaldo. 19 Este conflicto alteró la postura de la dirigencia sindical. Si bien esta vez concre- tó su medida fuerza, de forma simultánea buscó la intermediación gubernamental,
abriendo un canal de negociación que posibilitó la resolución del conflicto. La ayuda económica para cumplir con el pago del aguinaldo expuso el involucra- miento del Estado en el mejoramiento de las condiciones laborales de los obreros, pero también evidenció la compleja tarea asumida al quedar inmerso en la puja distributiva entre industriales, cañeros y trabajadores.Tal dinámica revelaba una de
18. Schleh, Compilación legal, tomo XI, 516.
19. Con el propósito de evitar generalizaciones, cabe señalar que los industriales de Salta y Jujuy afrontaron el pago del aguinaldo sin ayuda estatal, situación que generó tensiones con sus pares tucumanos. Esta particularidad fue subrayada por los obreros del ingenio Río Grande (Jujuy) al señalar que “es de público conocimiento que esta ayuda del gobierno federal fue lo que permitió a los ingenios de Tucumán y demás centros de producción, excepto Salta y Jujuy, cumplir con el
que los obreros de los ingenios del Norte son aún acreedores
de algún beneficio de los que el gobierno nacional ha prometido desde la creación del decreto 678/45 y que hasta la fecha no han recibido ninguno”. Citado en Adriana Kindgard, Alianzas y enfrentamientos en los orígenes del peronismo jujeño: estructura de poder-partidos políticos (Jujuy: Univer- sidad Nacional de Jujuy, 2001) 130.
decreto 33.302 [
Es notorio[
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las claves de la política azucarera del periodo: la figura de un Estado que, desbor- dado por las tensiones sectoriales, intentó, a través del régimen de compensaciones,
resolver las urgencias y resolver los conflictos. En efecto, esta política cortoplacista hizo que gran parte del avance de las reformas y reivindicaciones laborales fuera subvencionado con las compensaciones.Así, se desdibujaba el propósito del decre- to n° 678: ordenar de forma integral la actividad azucarera. 20 Los niveles de conflictividad obrera no cedieron, la impronta tutelar del Estado tampoco. A los pocos meses de su elección como presidente de la nación, Juan D. Perón ratificó el sello regulador sobre la agroindustria.A través de un decreto, pro- mulgado en junio de 1946, fijó un nuevo régimen salarial para obreros y emplea- dos, avanzó en la ampliación de los derechos laborales, estableció el precio de la caña y procuró canalizar de forma “orgánica e institucional” las demandas obreras. En este último aspecto, se reafirmaba la continuidad de la comisión de reclamos
y conciliación, creada por decreto provincial en junio de 1945, pero se establecía una nueva configuración: su número se reducía de ocho a tres (un funcionario,
un obrero o empleado y un representante de la patronal aludida, ya sea industrial
o cañero) y sus funciones se vinculaban con el tratamiento de cualquier problema
suscitado entre las partes. Una vez planteado el conflicto, la comisión contaba con 48 horas para constituirse en el establecimiento donde se generaran las diferencias. La reducción de los representantes sectoriales, la constitución de la comisión en el propio ingenio y el plazo perentorio para arribar a una resolución pretendían acelerar el ritmo de las negociaciones y evitar las huelgas. Sin embargo, la conflictividad y los paros parciales no cedieron. A lo largo de 1946 y 1947, los reclamos relacionados con el despido del personal jerárquico, la pretensión de incidir en la organización del personal y de los procesos laborales, y la exigencia del cumplimiento de la legislación desataron múltiples conflictos en las fábricas azucareras. Las reivindicaciones se articularon de diversas formas. Si bien no es posible distinguir un patrón único de comportamiento, la paralización intempestiva de las tareas productivas fue recurrente. En algunos casos, el sindicato elevaba un pliego petitorio a la administración del ingenio, a lo que seguía una reunión de las partes con un representante de la
STyP. Esta instancia podía concluir en la firma de un convenio o desatar la huelga. Muchas veces, obviando los canales de negociación pautados, las medidas de fuerza antecedían a la presentación del reclamo. Esta estrategia fue la adoptada, por ejem- plo, en junio de 1946, por el sindicato del ingenio La Florida que declaró la huelga solicitando la reincorporación del mayordomo de la fábrica, Francisco Montañez. La DRSTyP declaró ilegal la huelga y emplazó a los trabajadores a volver al trabajo
y nombrar a un representante para integrar la comisión de conciliación. 21 En agos-
20. El involucramiento del Estado en la agroindustria azucarera y los alcances de la política crediticia en los ingenios fue analizado por Noemí Girbal-Blacha,“Economía azucarera tucumana, empresarios y crédito en tiempos del Estado peronista (1946-1955)”, La invención del peronismo en el interior del país, eds. César Tcach y Darío Macor (Santa Fe: Universidad del Litoral, 2003) 265-317.
21. La Industria Azucarera (Buenos Aires) 632 junio de 1946: 294-295.
to de ese mismo año, el sindicato del Lastenia paralizó la fábrica y solo la presencia del gobernador logró la reanudación de las actividades, en tanto que la comisión de con- ciliación expidiera una resolución. 22 En octubre, el Delegado Regional de la STyP declaró ilegales los paros de los ingenios La Florida, La Trinidad y Concepción porque habían violentado o ignorado de distintas formas las instancias formales de negociación. 23 Esta situación alcanzó su punto álgido en septiembre de 1946, cuando Manuel Parés presentó su renuncia como Delegado Regional argumentando la imposi- bilidad de seguir desempeñando sus funciones de conciliación en medio de la indisciplina obrera. Como contrapunto, sugirió que los conflictos fuesen llevados, en primera instancia, al secretariado de la FOTIA “para que después de agotarse la tramitación legal dispuesta y realizados los estudios necesarios se planteen con ca- rácter definitivo”. Parés también señaló que la indisciplina obrera podía conducir a la pérdida de apoyo del gobierno central y mencionó la conveniencia de “cum- plir una tarea gremial orgánica y en base a una elemental disciplina con la que se evitarán las críticas de los adversarios y se podrá efectuar una obra constructiva”. 24 Las posiciones divergentes entre los sindicatos de ingenio y el Delegado Re- gional impulsaron a la dirigencia de la FOTIA a declarar una huelga general por tiempo indeterminado en apoyo a su gestión, medida que se concretó el 5 de oc- tubre de 1946. Este suceso revela los desencuentros, gestados desde 1944, entre las bases y los líderes de la Federación. La bifurcación que asumió la protesta obrera, escindida entre el desborde de los sindicatos de ingenio y el posicionamiento institucional y proclive a la negociación impulsada por la DRSTyP y secundada por la dirigencia de la FOTIA, muestra la complejidad del sindicalismo azucarero. A fin de mediar en esta tensa situación, el día 5 de septiembre llegaron a Tu - cumán el Comandante de la Gendarmería Nacional y el Subinspector General de Delegaciones Regionales de la STyP. En una de las visitas realizadas a los ingenios, el comandante Solveira Casarez llamó a los obreros a agotar los extremos legales antes de usar el derecho a huelga y subrayó que la prioridad era aumentar la pro- ducción, lo que suponía evitar conflictos que perturbaran la cosecha.
Antes de ir a las huelgas, dijo, los obreros deben establecer la justicia que les asiste, medir los casos, formalizar reclamaciones […] y pensar que cuando se paralizan las actividades a cada instante, sin causa justificada, se perjudica al Estado y se promueve la inquietud general que afecta a los hogares obreros […] añadiendo que para defender a los obreros está el gobierno, pero que éste para obrar necesita que ellos no se precipiten ni reclamen lo que no puede razo- nablemente dárseles. 25
22. La Industria Azucarera (Buenos Aires) 634 agosto de 1946: 389-390.
23. La Industria Azucarera (Buenos Aires) 636 octubre de 1946: 514-515.
24. Schleh, Compilación legal, tomo XI, 538.Véase también La Gaceta (Tucumán) 20 de septiembre de 1946; La Gaceta (Tucumán) 1 de octubre de 1946.
25. La Industria Azucarera (Buenos Aires) 636, T. II octubre de 1946: 519.
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La posición del funcionario nacional remite al avance de la protesta obrera y a la dificultad que tuvo el Estado peronista para fijar las formas y los límites de las demandas. Esta coyuntura evidencia uno de los dilemas constitutivos del peronis- mo: su carácter de “movimiento social” herético, que alentó la construcción del poder obrero, y las necesidades propias de su condición de poder estatal, que lo obligaban a contener y ordenar las reivindicaciones de los trabajadores. 26 El desborde de la conflictividad azucarera, desconociendo las instancias de con- ciliación instrumentadas por el poder público, impulsó a las autoridades nacionales a rediseñar la ingeniería del consenso. En abril de 1947, el presidente del Banco Central, Miguel Miranda, propuso la creación de un espacio de diálogo intersectorial para re- discutir la urdimbre de la negociación y acordar nuevas instancias de resolución desti- nadas a evitar las huelgas. Esta propuesta revela una diferencia sustancial con las formas de acuerdo previas, en tanto no fue resultado de un decreto, como la comisión de reclamos y conciliación, sino que surgió de un consenso sectorial ratificado mediante la firma de un acta. Bajo la presidencia de Miranda y con la presencia de representantes de los industriales, cañeros, empleados y obreros, así como del gobernador Carlos Do- mínguez y del Secretario de Trabajo y Previsión, se acordó que las dificultades suscita- das entre las partes serían sometidas al arbitraje del Banco Central.Así, la negociación paritaria de carácter local se complementó con una instancia supraprovincial que de- positaba en una agencia del Estado nacional la resolución de las “dificultades entre los gremios”. La conflictividad encontraba diversas vías de canalización: a la conciliación in situ entre las partes se le sumaban las facultades de arbitraje y resolución del Banco Central, dispuesto a mediar en los conflictos más acuciantes de los actores azucareros. La imbricación de estos dos niveles de negociación pretendía contener y ordenar la protesta y frenar las huelgas. El acta, firmada el 24 de abril, explicitaba que mientras se resolvía el arbitraje “ninguna de las partes tomará medidas de ninguna naturaleza que signifiquen o equivalgan a paralizar u obstaculizar la recolección de caña y la fabricación de azúcar”. Asimismo, los firmantes se comprometían a hacer los “mayores esfuerzos para que esta fórmula o compromiso” funcionara de forma eficaz y se preveía que, en caso de disconformidad con lo resuelto, las partes podían presentar un recurso de reconsideración al Presidente de la Nación, siempre y cuando no se hubiesen paralizado las tareas productivas. 27 La falta de conformación de la JNA, el desborde permanente de la comisión de conciliación y el propio posicionamiento estatal en el funcionamiento de la agroindustria condujeron a una agencia del Estado nacional, el Banco Central, a erigirse como árbitro de la conflictividad. Un editorial del diario Trópico sintetizó esta postura: “únicamente así y bajo supervisión del Estado será factible superar todo desmesurado individualismo y afán de enriquecimiento o la equívoca polí-
26. James 51.
27. La Industria Azucarera (Buenos Aires) 642 abril de 1947: 180.
tica gremialista […] la intervención del Estado como árbitro es la mayor garantía que puede ofrecerse a las partes en desacuerdo”. 28 La DRSTyP no cejó en su intento de canalizar la protesta. Durante los años 1947
y 1948, las instancias de negociación y la firma de convenios por ingenio avanzaron
en el espacio azucarero, facilitando la implementación de derechos y la concreción de
reivindicaciones obreras. En agosto de 1947, frente al emplazamiento efectuado por el sindicato del ingenio Concepción a través de un pliego petitorio, la Delegación Regional consiguió evitar el paro y comprometió a la administración a ponderar los reclamos obreros. 29 En octubre de ese mismo año su intervención fue clave para el
cumplimiento de diversas leyes en el ingenio San Juan. 30 En enero de 1948 su media- ción posibilitó la firma de un convenio en el ingenio Esperanza que estipuló la contra- tación de un médico con residencia fija en el ingenio, la provisión de medicamentos,
la reparación de las viviendas obreras, el pago de horas extras y el arreglo del sistema
de provisión de luz eléctrica. 31 Según datos oficiales, la DRSTyP celebró a lo largo de 1948 un total de 8,688 audiencias de conciliación y logró la firma de 474 convenios, cifras que proyectan la magnitud de la conflictividad y la intención estatal de canalizar de forma ordenada y negociada las demandas. 32 Entre mediados de 1948 y fines de 1949 la industria azucarera tucumana atra- vesó por una compleja coyuntura que derivó en un reposicionamiento de la di- rigencia sindical y culminó con la intervención de la Federación obrera. En julio de 1948, el arrastre de un bienio de malas cosechas y el incremento de los costos productivos se conjugó con la presentación de dos pliegos petitorios de la FOTIA, en los cuales reclamaba un aumento salarial del 50% para los obreros de fábrica y surco y una amplia gama de reivindicaciones. 33 La esfera patronal rechazó el tratamiento de las demandas, amparando su intransi- gencia en el posicionamiento asumido por el Estado en el complejo agroindustrial. La regulación en materia de política azucarera hizo que los aumentos salariales, el precio de la materia prima y del azúcar, así como el monto de las compensaciones a plantado-
res e industriales fueran definidos por decretos presidenciales. Esta particular situación de
la industria, impulsada por el decreto nº 678 de enero de 1945, convertía al Estado en el
interlocutor obligado frente a cualquier reclamo o negociación sectorial. La dilación en la respuesta a sus demandas llevó a la FOTIA a convocar, a prin- cipios de septiembre, a una huelga general. Sin embargo, como en otras ocasiones, su principal preocupación se encauzó a la búsqueda de interlocutores influyentes. En este caso, fueron los diputados nacionales de origen fotiano, Manuel Lema y
Luis RenéVillacorta, quienes viajaron a Buenos Aires buscando la intermediación
28. Trópico (Tucumán) 14 de agosto de 1947.
29. Trópico (Tucumán) 10 de agosto de 1947.
30. Trópico (Tucumán) 22 de octubre de 1947.
31. Trópico (Tucumán) 23 de enero de 1948.
32. Trópico (Tucumán) 20 de enero de 1949.
33. Schleh, Compilación legal, tomo XI, 77.
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de la primera dama, Eva Perón y el Director Nacional de Trabajo y Acción Social, Hugo Mercante. Finalmente, desde el entorno más cercano al Presidente se ex- hortó a los obreros a reanudar sus tareas,“recomendación” que fue acatada por el sindicalismo azucarero. La Federación recuperaba el reclamo obrero preservando la vía institucional en la formulación de las demandas y, en última instancia, observa - ba lo dispuesto por el gobierno nacional. La vuelta al trabajo, con la sola promesa gubernamental de dar cumplimiento a las demandas, expresaba la postura de una dirigencia que reconocía los límites de la confrontación con el Estado. En noviembre, la FOTIA hizo público otro pliego petitorio en el que volvió a solicitar aumentos salariales y mejores condiciones laborales. Finalmente, en febre- ro de 1949, mediante un incremento de las compensaciones asignadas a cañeros e industriales, se acordó un aumento salarial del 20%. Lejos de mitigar el malestar, este aumento escindió al sindicalismo entre aquellos proclives a endurecer la posi- ción de la Federación y quienes favorecían una postura de conciliación para evitar una confrontación directa con el Estado peronista. 34 La tensión se agudizó con los despidos que asolaron a la agroindustria.Al cierre del ingenio Esperanza, en octubre de 1948, le siguieron, a principios del año siguiente, una serie de despidos en masa, resolución de los industriales como forma de compensar el incremento de los costos productivos. 35 La magnitud del problema se expresó en la decisión de la Compañía Azucarera Tucumana que echó a 3,366 trabajadores, medida que renovó las tensiones sindicales.Varios miembros del ala negociadora de la FO- TIA, que tenía su proyección en la Legislatura, celebraron una reunión con el presi- dente Perón y regresaron decididos a acatar la sugerencia presidencial, es decir, procurar resolver el problema de los despidos a través de proyectos de ley. 36 Sin embargo, la falta de consenso, la urgencia de la situación y la decisión de una parte de la dirigencia de la FOTIA de endurecer el reclamo concluyó con el emplazamiento a una huelga general por tiempo indeterminado, medida que se concretó el 7 de marzo. La deliberación en torno a los despidos obreros se depositó en el Consejo Econó- mico Nacional y se llevó a cabo con la abierta hostilidad de la FOTIA, que decidió no acatar el pedido de la STyP de levantar la huelga mientras el Consejo gestionaba la solución del problema laboral. 37 De esta forma, la FOTIA rompía con su opción
34. Rubinstein 132.
35. Desde 1946 el ingenio Esperanza soportaba pérdidas de hasta $2.000.000 anuales, su situa- ción se agravó por la restricción de crédito ordenada por el Banco Central. Sobre este tema remitimos a Girbal-Blacha 302.
36. Entre 1946 y 1950, Mackinnon reconoce 11 diputados provinciales de origen explícitamente obrero o que tienden a defender posiciones obreras. En lo que hace al bloque de senadores, entre 9 y 11 son obreros o defienden posiciones vinculadas a esos intereses. Por tanto, señala que “en Tucumán la FOTIA o los legisladores de origen obrero componen la mayoría de la legislatura”. Moira Mackinnon, “El protagonismo del movimiento obrero tucumano en la formación del Partido Peronista (1945-1950)”, Formas tempranas de organización obrera, eds. Sergio Grez Toso y otros (Buenos Aires: La Crujía-Instituto Torcuato Di Tella, 2003) 95-96.
37. El Consejo Económico Nacional, creado por decreto en julio de 1947, “era una agencia de coordinación interministerial que asesoraba al Poder Ejecutivo sobre las medidas económicas,
institucional, acercándose a la postura beligerante sostenida por las bases. Finalmente, el 23 de marzo, se acordó que los industriales podían realizar despidos individuales, en tanto los despidos en masa debían ser informados previamente al Consejo. Sin embargo, los niveles de conflictividad y tensión no cedieron. Esta coyun- tura coincidió con la crisis de la balanza de pagos, el deterioro de los términos del intercambio de los productos agropecuarios y el crecimiento del gasto público que condujo al déficit presupuestario. En octubre, la FOTIA volvió a insistir con los aumentos salariales. Una delegación obrera viajó a Buenos Aires y sostuvo en- trevistas con Eva Perón y distintos funcionarios. Finalmente, el gobierno nacional ofreció un aumento salarial del 18%, que fue considerado insuficiente y condujo
a la Federación a declarar, el 14 de octubre, una huelga general por tiempo inde-
terminado. A fin de mes, el Director Nacional de Trabajo y Acción Social declaró ilegal el paro por considerar que mientras el Estado se encontraba estudiando el problema, la FOTIA había paralizado o las actividades productivas “sin que media- ran causas que lo justifiquen y sin haberse interrumpido las negociaciones”. 38 Días más tarde, se anunció la intervención de la organización obrera más importante del norte argentino, situación que se mantuvo hasta 1955. La intransigencia de esta decisión fue compensada con un incremento salarial del 60%. En síntesis, cuando la FOTIA revirtió su postura negociadora e institucional, que la había conducido a desautorizar las acciones de confrontación de las bases, el Estado peronista le marcó los límites de esta forma de canalizar las demandas obreras. El desenlace de la huelga de octubre de 1949 puede interpretarse “como un intento por institucionalizar y controlar el desafío herético que había desenca- denado [el peronismo] en el periodo inicial y por absorber esa actitud desafiante en el seno de la nueva ortodoxia patrocinada por el Estado.” 39 Cabe señalar que la intervención de FOTIA fue parte de un conjunto de in- tervenciones motivadas por la negativa de los sindicatos a poner fin a una huelga. Esta decisión reflejó la menor tolerancia del gobierno hacia las huelgas, así como la profundización del rol disciplinario de la Confederación General del Trabajo (CGT). Este proceso “tuvo, en definitiva, dos consecuencias principales: aumentar la influencia del gobierno sobre los sindicatos y reducir los canales para la rendi- ción de cuentas de los dirigentes frente a los trabajadores afiliados.” 40 Mediante la CGT, se puso en marcha un proceso de centralización destinado
a recortar la autonomía de los sindicatos de base y asegurar la continuidad de una dirigencia más cooperativa y responsable frente a las necesidades y ritmos de la coyuntura histórica. 41 Este proceso, que se extendió hasta la caída del gobierno
y financieras a adoptar e introducir en los proyectos de ley, y una vez aprobadas por las cámaras, controlaba la ejecución de las mismas”. Prol 15-17.
38. Emilio Schleh, Compilación legal sobre el azúcar, tomo XIII (Buenos Aires: Imprenta Ferrari, 1948) 157.
39. James 51.
40. Louise Doyon, Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955 (Buenos Aires: Siglo XXI, 2006) 369.
41. Doyon 302.
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peronista en 1955, renovó las tensiones entre la dirigencia de FOTIA, en este caso las autoridades de la intervención, y los sindicatos, que resistieron los embates cen- trípetos en un intento por preservar su autonomía.
2. La dinámica de la confrontación y los acuerdos desde el prisma del escalafón
Las reivindicaciones de los sindicatos vinculadas con el despido del personal je-
rárquico, la implementación del escalafón o el cumplimiento de la emergente legislación laboral implicaron la articulación de tratativas sectoriales in situ, es decir, ingenio por ingenio. Distintas formas de expresión y presión (presentación de pliegos petitorios, capitalización de instancias de conciliación previstas por la ley, firma de convenios y declaración de huelgas) aumentaron la tensión generada por la irrupción del poder obrero, las resistencias de la patronal y la intención de las agencias estatales, principalmente la DRSTyP, por encauzar y ordenar las demandas.
La promulgación de leyes y decretos y su cumplimiento tejieron una urdimbre
de tratativas laborales que implicaron la configuración de micro espacios de nego- ciación en cada uno de los 28 ingenios de la provincia. Los dirigentes de base fueron claves en el tejido de esa densa malla de demandas, protestas y acuerdos que fue
tutelada por las agencias estatales y la dirigencia fotiana. Intensas pujas sectoriales se precipitaron por la geografía azucarera: pago de horas extras, declaración de lugares insalubres, aumentos salariales, reconocimiento y pago de vacaciones y días feriados, acceso a la mensualización y salario familiar fueron algunos de los tópicos cuya implementación fue la resultante de medidas de fuerza, petitorios y acuerdos.
A continuación, nos detendremos analizar las implicaciones del escalafón, es
decir, esa intrincada gama de categorías ocupacionales que clasificaba y organizaba
a los trabajadores de fábrica y surco desde la promulgación del decreto n°678 en enero de 1945. En febrero de 1949, obreros e industriales del ingenio Amalia firmaron un convenio que establecía que
a partir del 15 del mes en curso será clasificado como oficial mecánico en mérito de su anti- güedad el obrero Juan Contreras. Como medio oficial mecánico a Pablo B. Campos a contar desde el 1° del cte. mes. Rogelio Palacio queda clasificado como oficial carpintero desde el 6 de febrero del año en curso y como oficial herrero, desde el 15, José Dahuic. Se clasifica como medio oficial, maestro de azúcar, a los obreros Herminio Torres de la Rosa, Juan López y Héctor Carrizo. Desde el 1° de marzo serán clasificados como medio oficial mecánico los obreros Angel Toribio Alanís, José Osores, Isauro Medina y Tomás López. 42
Podemos sugerir que este desglose de oficios fabriles y actividades agrícolas se convirtió en una estrategia polivalente de negociación laboral. Su avance fue un ícono del poder obrero y del menoscabo de las facultades patronales a manos del
42. Trópico (Tucumán) 19 de febrero de 1948.
sindicalismo. 43 Las prerrogativas tradicionales de los industriales para contratar, des- pedir o ascender al personal, así como organizar los procesos productivos fueron sensiblemente disminuidas por el escalafón. Esta novedad interpeló la autoridad de
la patronal subvirtiendo los códigos de deferencia y las normas tácitas que delimi-
taban aquello que los trabajadores podían demandar y discutir con los empresarios.
El pedido de los obreros del San Juan, solicitando la abolición de la usual expresión “facultad privativa de la patronal”, remite a ese mundo empresarial amenazado por
el peronismo, una de cuyas expresiones fue el escalafón. 44 Recordemos que a escasos dos meses de su fundación, la FOTIA presentó un
pliego en el que reclamó un aumento salarial sustentado en el reconocimiento de 101 categorías de trabajadores (54 de fábrica y 47 de cultivo). La respuesta del gobierno emanado del golpe de Estado de 1943 llegó con la promulgación del decreto n° 678, que anexó una planilla salarial donde se deslindaban 112 categorías laborales (62 de fábrica y 50 de surco). En razón de la estructura des- centralizada adoptada por la FOTIA, la implementación de esta norma impulsó un complejo proceso de tensiones y acuerdos sectoriales negociados ingenio por ingenio. Amparados en el decreto, empresarios y dirigentes sindicales gestionaban
la ubicación del personal de fábrica, el reconocimiento de los oficios y la realiza-
ción de las tareas agrícolas que debían realizarse en las colonias, tratativas realizadas bajo
la supervisión de la FOTIA y la DRSTyP. La letra del decreto y su implementación generaron un campo de fuerza carac-
terizado por una tensión permanente entre las demandas de los sindicatos de base, las resistencias de la patronal, la intervención de las agencias estatales y dirigencia sindical y las presiones ejercidas por la FOTIA para que el Estado profundice las escalas laborales. La instrumentación del escalafón implicó un proceso de deman- das e instancias de negociación que oscilaron entre la abierta confrontación huel- guística, los acuerdos formales devenidos de la presentación de petitorios obreros
o de los propios paros y la progresiva ampliación de las clasificaciones reconocidas
por la legislación laboral. Los sindicatos de base bregaron por la implementación del escalafón y recla- maron el cumplimiento del mayor número de oficios fabriles y actividades agrícolas, con el propósito de incrementar los niveles de empleo. Asimismo, presionaron para intervenir en las reubicaciones y ascensos laborales que garantizaban no solo mejores remuneraciones, sino el acceso a emergentes derechos laborales (salario familiar, mensualización, incremento salarial con base en la antigüedad). Ahora bien, más allá de la estrategia utilizada para reclamar la reorganización de las tareas de cosecha o de cultivo o la reasignación de un obrero en determinada
43. La construcción e implicancias del poder obrero en la industria metalúrgica han sido analiza- das por Marcos Schiavi, “Algunas consideraciones sobre el poder obrero y productividad en el primer peronismo: la mirada de los industriales metalúrgicos”, Trabajadores y empresarios en la Ar- gentina del siglo XX: indagaciones desde la historia social, comps. Daniel Dicósimo y Silvia Simonassi (Rosario: Prohistoria, 2011) 175-189. 44. Trópico (Tucumán) 28 de mayo de 1948.
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categoría, por lo general, las huelgas y los pliegos culminaban con la firma de un con- venio. En noviembre de 1945 los obreros del ingenio Amalia pararon sus actividades por considerar “inadecuada” la forma en que se realizaba el cultivo de caña. La falta de un acuerdo entre las partes impulsó a la DRSTyP a solicitar la intervención de un “técnico”, quien determinaría la “clase y precio de los trabajos” realizados. 45 En la misma fecha, el sindicato del ingenio Concepción emplazó a la patronal para que
reconsiderara la forma en que se realizaban las reparaciones en la fábrica. En septiem- bre de 1948 los “obreros del ingenio San José, de la FOTIA y patronos celebraron una prolongada entrevista en la DRSTyP conviniéndose un acuerdo” que, entre otros aspectos, precisaba la forma en que debían realizarse los trabajos de cultivo. 46 En los ingenios, los reclamos se vincularon con las reubicaciones y ascensos laborales, pedidos asociados no sólo a mejoras salariales, sino a la conquista de derechos laborales. En septiembre de 1948 la Compañía Azucarera Paz Posse, pro- pietaria del ingenio San Juan, acordó con el sindicato el ascenso de varios obreros. Entre otros beneficiados, el acuerdo concedía “ascender de medio oficiales maes- tros de azúcar a Roque Soria, Carlos Gramajo e Isidro Concepción, quienes pasan
a revestir en la categoría de maestros de azúcar de 2ª categoría”. 47 De esta forma, el escalafón se convirtió en un instrumento de presión y ne- gociación sindical que menoscabó las prerrogativas patronales tradicionales. Su irrupción impidió a los industriales “administrar la fuerza de trabajo como una
masa relativamente indiferenciada”, en tanto otorgaba una “pauta predecible de ascenso”.Ante una eventual vacante, los industriales estaban obligados a privilegiar el ascenso del trabajador que ocupaba la categoría inmediata inferior. Ahora bien,
si un obrero era asignado en una categoría superior para cubrir una vacante, tenía
derecho a percibir el salario de esa calificación y debía ser reasignado en un plazo
no mayor de dos meses; si la transferencia era a un nivel inferior el salario no podía disminuirse. 48 El reconocimiento de categorías ocupacionales también operó como trampolín para acceder a los emergentes derechos laborales reconocidos por el peronismo. Al calor de la nueva sensibilidad obrera del gobierno y al ritmo de las protestas, el Estado modeló los alcances del sujeto de derecho del mundo azucarero: el obrero permanente. En junio de 1946 un nuevo decreto definió las cualidades para acceder
a esta categoría: acreditar una actividad anual continuada en fábrica o surco, contar
con una antigüedad laboral de quince años y, en caso de trabajar en los ingenios, revestir la categoría de medio oficial en adelante. Esta condición comprendía una treintena de calificaciones, gran parte de las cuales pertenecían al universo de los tradicionales oficios (herrero, carpintero, tornero, talabartero) y a las especialida- des propiamente azucareras, particularmente las de mayor cualificación (mecánicos,
45. La Industria Azucarera (Buenos Aires) 625 noviembre de 1945: 639.
46. Trópico (Tucumán) 4 de septiembre de 1948.
47. Trópico (Tucumán) 7 de septiembre de 1948.
48. Doyon 287.
maestros de azúcar, tripleros, capataz de calderas, encargado de calderas). En síntesis, era el trabajador permanente y calificado quien podía disfrutar de los nuevos de-
rechos: acceso a la mensualización, incremento salarial con base en la antigüedad y salario familiar. Por ende, las reiteradas aspiraciones obreras destinadas a alcanzar la categoría de medio oficial no pueden desvincularse de estos beneficios. Los conflictos desatados en los ingenios para favorecer la implementación del escalafón se imbricaron con los pliegos petitorios avalados por la dirigencia fo- tiana, destinados a profundizar el alcance de la federación y elevar la cantidad de los oficios y tareas reconocidas por decreto. La legislación azucarera constituye la evidencia más clara de la puja sectorial, el progresivo avance del sindicalismo y el respaldo estatal. Resulta significativo que los 112 oficios y tareas dispuestas en ene- ro de 1945 se rediscutieran un año después y dieran lugar a un nuevo decreto que estableció 285 categorías (154 de fábrica y 131 de surco). El escalafón continuó su escalada y, en 1947, alcanzó las 444 categorías (224 de fábrica y 220 de surco). Recapitulando, el escalafón impulsó la redistribución del poder fabril, interpeló las tradicionales formas de autoridad y atribuciones de los empresarios y modificó
la frontera de aquello que los trabajadores podían discutir con los industriales. Po-
demos decir que coadyuvó a subvertir “un conjunto de supuestos concernientes a las relaciones sociales, las formas de deferencia y los acuerdos” en los ingenios azu- careros. 49 Paros, petitorios e instancias de conciliación se conjugaron de forma des- igual y desordenada para avanzar en el cumplimiento del escalafón. Desde 1945, el Estado intentó canalizar la paralización de las actividades productivas, como forma de exigir la implementación de ascensos o reubicaciones, a través de instancias “orgánicas y formales”. La instrumentación de la negociación fue un proceso complejo alentado por la DRSTyP, las autoridades provinciales y nacionales y la propia dirigencia fotiana. Sin embargo, la escasa experiencia negociadora de la cla- se obrera azucarera y el impulso herético del peronismo promovieron las huelgas, erosionando, en gran medida, las alternativas institucionalizadas de conciliación. El parteaguas en lo relativo al escalafón llegó con el decreto n° 2895, promul- gado en febrero de 1949. La nueva normativa declaró que era facultad privativa de la administración de los ingenios “la organización del trabajo y la designación de su personal”. En tal sentido, remarcó que la planilla de calificación era “enunciativa
y al solo efecto de establecer los salarios que corresponden a cada categoría”. Esta
misma precisión enunciativa se hizo extensiva a los trabajos de cultivo y cosecha.
Con la promulgación de este decreto, las arduas negociaciones sindicales en favor de la institucionalización y aplicación del escalafón encontraron su límite, en tanto el carácter “indicativo” de la planilla cercenó la capacidad de negociación obrera. Así, se privó a los sindicatos de una herramienta que había servido para impulsar
movilidad salarial, ampliar los niveles de empleo y contribuir a las promociones
ascensos obreros.
49. James 46.
El límite del escalafón reconoce diversos tópicos explicativos. Sin duda, el fin del boom económico que acompañó los tres primeros años del gobierno peronista condujo a rediseñar el funcionamiento de la política azucarera e impactó en
la mirada sobre el mundo del trabajo. En un contexto marcado por la crisis de la
balanza de pagos, el deterioro de los términos del intercambio de los productos agropecuarios y el avance del proceso inflacionario, la racionalización productiva —identificada con la eficiencia fabril y agraria— gravitó en la reformulación de las coordenadas azucareras oficiales.
Las experiencias históricas de resistencia de la clase trabajadora azucarera fueron resignificadas por el vertiginoso avance del proceso de sindicalización, cuya expre- sión más nítida fue la fundación de la FOTIA, en junio de 1944. La profundización de los niveles de organización laboral y las inéditas condiciones para la manifesta- ción del descontento obrero, inauguradas por el golpe de Estado de 1943 y conti- nuadas con el peronismo, acentuaron los niveles de conflictividad en las fábricas y cañaverales. En este contexto, la articulación de las demandas de los trabajado- res y las instancias de negociación adquirieron un protagonismo sin precedentes. En estas coordenadas se insertó una dinámica sindical que, desde sus orígenes, re- veló una fuerte tensión entre la protesta abierta de las bases —encarnada en los paros parciales impulsados por la estructura descentralizada de la Federación— y la postura
de la dirigencia fotiana que mostró mayor disposición a la negociación y que recurrió a
la mediación de interlocutores gubernamentales. De esta forma, el sindicalismo asumió
una fisonomía bifronte que marcó el pulso azucarero hasta fines de 1949. La magnitud de la conflictividad y el poder obrero, expresados en la recurrente
e intempestiva paralización de las actividades productivas, impulsó al gobierno
provincial y al nacional a instrumentar instancias de conciliación que, con fre- cuencia, también fueron desbordadas. La utilización de canales formales de ne- gociación fue un complejo proceso de aprendizaje encarnado en sujetos con una tradición de resistencia pero con escasas experiencias organizativas y negociadoras. Estas condiciones, en un contexto que modificó sustancialmente las expectativas de éxito o fracaso de las reivindicaciones obreras, convirtieron a las huelgas en la
instancia clave de la protesta azucarera. De esta forma, el Estado se vio obligado a ordenar las reivindicaciones que él mismo había contribuido a impulsar. Podemos decir que el dilema constitutivo del peronismo, presa de una tensión constante entre su “fuerza herética” y sus obligaciones de “poder estatal” fue actualizado en cada uno de los ingenios azucareros. El desborde de las instancias de conciliación promovidas por los gobiernos provincial y nacional impulsó una reformulación de las mismas. Así, la comisión de reclamos y conciliación, expresión de la negociación paritaria constituida en
el lugar de trabajo, tuvo que combinarse con la participación del Banco Central
en los procesos de resolución y arbitraje de ciertos conflictos azucareros. De esta
forma, se imbricaron las tratativas sectoriales in situ, cuyo uso intentó intensificarse, con la delegación de las grandes tensiones sectoriales (precio de la materia prima, derechos laborales, despidos masivos, compensaciones, etc.) o de asuntos que no encontraban resolución en la comisión, en una agencia del Estado nacional. De forma lenta y dificultosa pero constante, la DRSTyP, secundada por la di- rigencia de FOTIA, se abocó a fortalecer micro instancias de negociación, cuya expresión más visible fue, a partir de 1947, el incremento de la firma de convenios devenidos de la presentación de petitorios obreros. Así, se procuraba ordenar las demandas para que fueran los pliegos petitorios, y no las huelgas, los que constitu- yeran la antesala de los acuerdos paritarios. El escalafón fue, quizás, la novedad laboral que reveló en toda su dimensión las complejidades de la protesta y la negociación sindical. Su implementación, ícono del poder obrero y del menoscabo de las facultades patronales, avanzó a fuerza de huelgas pero también y, sobre todo a partir de 1947, con la presentación de petitorios y la firma de convenios. Por su parte, la capacidad negociadora del sindicalismo frente al Estado nacional, que regulaba y tutelaba el funcionamiento de la agroindustria, se expresó en los decretos presidenciales que multiplicaron las categorías ocupacionales. De esta forma, el gobierno nacional habilitó una pode- rosa estrategia de negociación que tuvo que contener en 1949, cuando reformuló la política y la dinámica del mundo del trabajo azucarero. El oxímoron “bombero piromaníaco”, expresión utilizada por Alan Rouquié en referencia a Perón, revela esa ambigüedad que atravesó al peronismo y se manifestó en los ingenios.
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