Source: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342824&fecha=30/04/2014
Timestamp: 2019-11-14 04:44:47+00:00

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PROGRAMA para la Seguridad Nacional 2014-2018B
PROGRAMA para la Seguridad Nacional 2014-2018.
Una política multidimensional para México en el siglo XXI
El Programa para la Seguridad Nacional 2014 - 2018 es el documento rector de la política de Seguridad Nacional del Estado mexicano. Expresa las prioridades y la visión del Gobierno de la República en la materia, así como los objetivos estratégicos que la definen.
Bajo el liderazgo del Presidente de la República, este Programa presenta los fundamentos de una política de Estado para la Seguridad Nacional en el siglo XXI. Sustentado en el análisis de la posición de México en el mundo y de sus retos internos, responde a los desafíos de una nación democrática y moderna que deberá consolidar su condición de potencia emergente en un escenario global complejo y definido por cambios constantes.
Al adoptar un enfoque multidimensional, el Programa reconoce el impacto de aquellas tendencias y factores que podrían incidir negativamente sobre los intereses y objetivos nacionales de México y sobre las condiciones para el desarrollo social y económico de su población. Asimismo, presta atención a aquellos riesgos globales derivados de la transformación del panorama tecnológico, energético, demográfico y ambiental. Del mismo modo, reconoce las vulnerabilidades que pueden comprometer la estabilidad y el desarrollo de la nación.
El Programa resalta el desafío de garantizar la Seguridad Interior y reducir la violencia donde más afecta a la población. Considerando el papel destacado que las Fuerzas Armadas han desempeñado en la preservación del orden público y la contención del crimen organizado, este documento presenta opciones de política pública para fortalecer la gobernabilidad democrática y la Seguridad Interior en todo el territorio nacional. Lo anterior, conforme a las exigencias de la sociedad mexicana y al objetivo de alcanzar un México en Paz, en el que la libertad, la vida, el bienestar y el patrimonio de todos los ciudadanos sean garantizados por la plena vigencia del Estado de Derecho.
Para hacer frente a estos desafíos, el Gobierno de la República ha definido dos grandes objetivos estratégicos:
· Consolidar el Sistema de Seguridad Nacional para asegurar la atención integral de las vulnerabilidades, los riesgos y las amenazas a la Seguridad Nacional.
· Asegurar que la política de Seguridad Nacional del Estado mexicano adopte una perspectiva multidimensional para favorecer la consecución de los objetivos e intereses nacionales.
La consolidación del Sistema de Seguridad Nacional permitirá que el Titular del Poder Ejecutivo Federal disponga de las instituciones, procesos e instrumentos para atender de modo integral la agenda de Seguridad Nacional del Estado mexicano.
Para lograrlo, se desarrollará el Sistema Nacional de Inteligencia (SIN), el cual sustentará el proceso de deliberación del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) con productos de inteligencia de carácter estratégico. Con ello, las instituciones que forman parte de la comunidad de seguridad y defensa podrán evaluar oportunamente los desafíos presentes y futuros.
Una política de Estado en materia de Seguridad Nacional requiere que todos los componentes del poder nacional sean considerados al momento de salvaguardar los intereses del país. El Programa para la Seguridad Nacional considera de modo integral el papel de las instituciones que forman parte de la comunidad de seguridad y defensa, y desarrolla los mecanismos que serán promovidos por esta Administración para garantizar su coordinación.
La primera sección del Programa, Una política multidimensional para la Seguridad Nacional de México, establece los fundamentos de la política de Seguridad Nacional de esta Administración. Al mismo tiempo, presenta la visión del Ejecutivo Federal en la materia y la forma en la que éste promoverá el interés nacional en los próximos años.
La segunda sección, denominada El entorno estratégico de México en el siglo XXI, identifica los desafíos que derivan de la posición del país en el sistema internacional y la naturaleza de los retos de Seguridad Interior. Al determinar la posición geopolítica de México, se destaca su peso estratégico y el conjunto de intereses nacionales que deben ser tutelados en un escenario internacional en constante cambio. Por otra parte, se presenta un panorama de los retos para la Seguridad Interior y la estrategia adoptada por esta Administración para enfrentarlos. Esta sección concluye con una exposición de los riesgos y amenazas que inciden sobre la seguridad del Estado mexicano.
La tercera sección, Objetivos estratégicos, presenta los contenidos programáticos que orientarán la política de Seguridad Nacional durante esta Administración. Asimismo, detalla el conjunto de objetivos específicos, estrategias y líneas de acción que articularán la política sectorial durante los próximos años.
La cuarta sección, Una agenda para el futuro: los retos del Estado mexicano en materia de Seguridad Nacional, identifica una serie de tendencias globales de mediano y largo plazos que pueden incidir sobre la estabilidad del Estado mexicano. Fenómenos que pueden tener un impacto real sobre la seguridad de nuestra nación y la gobernabilidad del sistema internacional, tales como el cambio climático, el desarrollo de tecnologías emergentes o la manifestación de nuevas tendencias demográficas, sociales y ambientales que deben considerarse como parte de los posibles desafíos que México enfrentará en las próximas décadas.
Al presentar el Programa para la Seguridad Nacional 2014 - 2018, el Gobierno de la República ha asumido con claridad el reto de concebir una política de Estado para la Seguridad Nacional de México en el siglo XXI. De este modo, se adopta una aproximación estratégica, multidimensional y dinámica con el propósito de anticiparse a los hechos y fijar las bases de una acción coordinada frente a aquellos riesgos y amenazas que pueden comprometer el desarrollo de la nación.
Con el firme objetivo de garantizar la viabilidad de nuestro proyecto de nación y llevar a México a su máximo potencial, este Programa salvaguarda los derechos humanos y las libertades democráticas de sus ciudadanos.
I. Una política multidimensional para la Seguridad Nacional de México en el siglo XXI
1. Visión del Ejecutivo Federal
Alcanzar un México en Paz es una de las grandes aspiraciones compartidas por todos los mexicanos. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 ha hecho de ésta la primera de las cinco grandes metas nacionales del Gobierno de la República. En el ámbito de la Seguridad Nacional, esta aspiración se traduce en la atención de los múltiples retos que el país enfrenta en el siglo XXI.
Una política integral de Seguridad Nacional debe atender todos los factores que pueden vulnerar la seguridad del Estado y nuestro proyecto de nación. Bajo esta perspectiva, el Ejecutivo Federal ha adoptado una visión que privilegia un enfoque multidimensional que trasciende las aproximaciones tradicionales a la Seguridad Nacional. Al desarrollar una agenda amplia, esta visión considera una serie de fenómenos y problemáticas sociales, económicas, ambientales, tecnológicas y de salud, en función de su impacto sobre los intereses nacionales, las condiciones que permiten el desarrollo del país, y el disfrute de los derechos de sus ciudadanos.
"Al ampliar el concepto de Seguridad Nacional en el diseño de las políticas públicas de nuestro país, se podrán atender problemáticas de naturaleza diversa a las estrictamente relacionadas con actos violentos que vulneran los derechos fundamentales de la población mexicana. Además de cumplir con la obligación del Gobierno de la República de restablecer la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, a través del combate a toda manifestación de violencia y delincuencia de alto impacto, se debe transitar hacia un modelo de Seguridad Nacional más amplio y de justicia e inclusión social, de combate a la pobreza, de educación con calidad, de prevención y atención de enfermedades, de equilibrio ecológico y protección al ambiente, de promoción del desarrollo económico, social y cultural, así como de seguridad en las tecnologías de la información y la comunicación. De este modo, la Seguridad Nacional adquiere un carácter multidimensional que la hace vigente y fortalece el proyecto nacional".(1)
Conforme a la visión del Ejecutivo Federal, la política de Seguridad Nacional es multidimensional en la medida en que presta atención integral a las vulnerabilidades, los riesgos y las amenazas que impactan directamente sobre el desarrollo del Estado mexicano y la calidad de vida de su población, estableciendo un vínculo entre la seguridad, la defensa y el desarrollo en tres vertientes: humana, político-militar y económico-ambiental.
Al mismo tiempo, es estratégica por trascender el límite temporal de una política de gobierno para permitir la formulación de escenarios alternativos con el fin de anticiparse a los hechos, bien para administrar el cambio, adaptarse a él, o mitigar sus efectos negativos oportunamente; así como para impulsar una acción coordinada contra amenazas y riesgos específicos en los niveles táctico, operacional y estratégico.
Finalmente, se trata de una aproximación dinámica que requiere de políticas públicas flexibles para adaptarse a los cambios vinculados con la manifestación de amenazas emergentes, tal como se vislumbra en el complejo horizonte nacional e internacional del siglo XXI.
Esta visión engloba los desafíos de Seguridad Nacional que México enfrenta actualmente y ofrece una guía clara para orientar los alcances de la política de Seguridad Nacional durante los próximos años. Al mismo
tiempo, permite que las autoridades que forman parte del Consejo de Seguridad Nacional puedan definir prioridades en función de la evaluación del entorno estratégico nacional e internacional y la naturaleza de los riesgos y amenazas que pueden comprometer la seguridad de la nación.
2. Marco jurídico y conceptual
A. Fundamentos jurídicos de la política de Seguridad Nacional del Estado mexicano
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su artículo 1, que todas las personas que se encuentren en el territorio nacional gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Su observancia, respeto, promoción y protección, por parte de cada una de las autoridades constituidas en el país está garantizada por el Poder Judicial de la Federación.
De la lectura de los artículos 39, 40 y 41 de la Carta Magna se desprende que la soberanía nacional radica esencial y originariamente en el pueblo mexicano, quien decidió constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, y que la institucionalización del poder público tiene como propósito fundamental el bienestar general.
Por su parte, la fracción VI del artículo 89 constitucional confiere de manera exclusiva al Presidente de la República el mandato de preservar la Seguridad Nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, es decir del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para garantizar la Seguridad Interior y Defensa Exterior de la Federación.
En cuanto a los intereses y objetivos nacionales del Estado, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que corresponde a éste la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos y grupos sociales.
Adicionalmente, el artículo 26, apartado A, de la Constitución determina que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
El artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo, establezca el Ejecutivo Federal.
Por su parte, el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional indica que en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa que de él derive, se definirán los temas en esa materia.
En este sentido, el Reglamento para la Coordinación de Acciones Ejecutivas en Materia de Seguridad Nacional en sus artículos 5, 6 y 7 establece que los temas de Seguridad Nacional se atenderán con una visión estratégica, integral, amplia, de largo alcance y con base en dos vertientes:
· Políticas públicas en materia de Seguridad Nacional.
· Inteligencia estratégica.
Lo anterior, a fin de salvaguardar los intereses y objetivos de Seguridad Nacional.
Asimismo, el artículo 9 del Reglamento citado prescribe que, para la atención integral de los temas de Seguridad Nacional, el Programa para la Seguridad Nacional se estructurará a partir de los procesos siguientes:
I. Decisión Política Fundamental.
II. Integración de Inteligencia Estratégica.
III. Promoción de Políticas Públicas.
IV. Planeación y Dirección de Emergencias y Operaciones de Seguridad.
V. Protección.
En virtud de lo anterior, para la formulación del Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 se
retomaron las prioridades, políticas, lineamientos y acciones procedentes, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con el objeto de promover: (1) el desarrollo institucional permanente de los sistemas y procesos de Seguridad Nacional propios de un Estado constitucional democrático de derecho; y (2) las estrategias y acciones de desarrollo que contribuyan a reducir la incertidumbre, minimizar los riesgos y amenazas, y maximizar las oportunidades para preservar la seguridad del Estado mexicano.
B. Fundamentos conceptuales de la política de Seguridad Nacional del Estado mexicano
Los principios fundamentales contenidos en nuestra Constitución Política, al igual que las grandes Metas Nacionales(2) definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, integran el proyecto nacional y dan fundamento a la razón práctica del Estado mexicano. Lo anterior cobra relevancia debido a que la política de Seguridad Nacional es una función esencial del Estado que permite el disfrute de derechos fundamentales de interés general, que tiene como atributos ser estratégica, multidimensional y dinámica, y cuya preservación compete al Presidente de la República.
Al respecto, la Ley de Seguridad Nacional establece las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea (artículo 1). El artículo 3 del citado cuerpo legal señala que por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a:
VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes.
De lo anterior se desprenden las proposiciones siguientes:
1. La población, el territorio nacional, el orden constitucional, las instituciones de gobierno y la soberanía e independencia nacionales son elementos indispensables para la existencia del Estado mexicano, por lo que constituyen intereses nacionales permanentes o esenciales.
2. La preservación de la democracia âentendida no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo de Méxicoâ constituye un objetivo nacional permanente del que derivan las aspiraciones y los objetivos nacionales de carácter estratégico.
3. La política de Seguridad Nacional es una función de índole superior que dirige, integra y coordina las acciones de las autoridades e instituciones que están vinculadas con los sectores de la seguridad, la defensa y el desarrollo a fin de prever, prevenir, disuadir, contener o desactivar aquellas vulnerabilidades, riesgos y amenazas que pueden comprometer nuestro proyecto de nación.
Las tres consideraciones anteriores confirman que los propósitos de la política de Seguridad Nacional del Estado mexicano son definidos por acciones tendientes a fortalecer, preservar, mantener y defender los intereses y objetivos nacionales, para consolidar nuestro proyecto de nación.
C. Alineación de los objetivos específicos del Programa al PND 2013-2018
En cumplimiento de lo dispuesto por la Guía Técnica para la elaboración de los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa para la Seguridad Nacional considera seis objetivos específicos que corresponden a las estrategias derivadas del Objetivo 1.2. (Garantizar la Seguridad Nacional)
de la primera Meta Nacional (México en Paz) del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Sin embargo, es necesario apuntar que dichos objetivos específicos fueron agrupados bajo dos grandes objetivos estratégicos:
· Consolidar el Sistema de Seguridad Nacional mediante el desarrollo y articulación permanente de los sistemas y procesos de los que dispone el Estado mexicano para asegurar la atención integral de las vulnerabilidades, los riesgos y las amenazas a la Seguridad Nacional.
· Asegurar que la política de Seguridad Nacional del Estado mexicano adopte una perspectiva multidimensional mediante la coordinación de las autoridades e instituciones competentes, para favorecer la consecución de los objetivos e intereses nacionales.
La definición de estos objetivos derivó del ejercicio de evaluación y diagnóstico del entorno estratégico nacional, el cual fue realizado durante los meses de octubre y noviembre de 2013 por medio de una serie de mesas temáticas que contaron con la presencia de especialistas y funcionarios vinculados con la comunidad de seguridad y defensa del país. Los distintos objetivos específicos del Programa fueron agrupados para permitir el cumplimiento de los dos objetivos estratégicos identificados al término de dicho ejercicio.
A continuación se presenta una tabla que define el modo en el que los distintos objetivos específicos del Programa fueron alineados a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional
Objetivos Específicos del Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018
1.2. Garantizar la Seguridad Nacional
1.2.1. Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.
1.1. Desarrollar e implementar los fundamentos normativos y operativos que dan sustento al funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional.
1.3. Desarrollar y divulgar la Cultura de Seguridad Nacional del Estado mexicano, para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema.
2.3. Contribuir al mantenimiento de un entorno internacional estable que favorezca los intereses y objetivos nacionales del Estado mexicano.
1.2.3. Fortalecer la Inteligencia del Estado mexicano para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas a la seguridad nacional.
1.2. Articular las inteligencias especializadas del Estado mexicano mediante el establecimiento y operación del Sistema Nacional de Inteligencia.
2.1. Definir anualmente una Agenda Nacional de Riesgos con carácter multidimensional para promover la atención integral de los temas de Seguridad Nacional.
1.2.2. Preservar la paz, la independencia y soberanía de la nación.
2.2. Fortalecer la capacidad de respuesta de las Fuerzas Federales para contribuir tanto al mantenimiento de la Seguridad Interior como a las tareas de Defensa Exterior de la Federación.
1.2.4. Fortalecer las capacidades de respuesta operativa de las Fuerzas Armadas
1.2.5. Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas.
D. Contribución a programas sectoriales
El Programa para la Seguridad Nacional es el documento rector de la política de Seguridad Nacional del Estado mexicano. Expresa las prioridades y la visión del Gobierno de la República en materia de Seguridad
Nacional, así como los objetivos estratégicos que la definen. El artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional señala que el Consejo de Seguridad Nacional fue establecido para permitir la coordinación de acciones orientadas a preservar la Seguridad Nacional. Por ello, las dependencias que lo integran tienen un papel central en la instrumentación del Programa para la Seguridad Nacional 2014 - 2018.
La contribución del Programa a los programas sectoriales de las distintas dependencias que forman parte del Consejo de Seguridad Nacional es congruente con lo dispuesto en la Meta México en Paz del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, pues define las iniciativas que adoptará el Gobierno de la República para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
A continuación se señala la forma en la que el Programa contribuye a la consecución de los propósitos expresados en los programas sectoriales de las dependencias que forman parte del Consejo:
· Secretaría de Gobernación - El Programa para la Seguridad Nacional 2014 - 2018 destaca la necesidad de fortalecer la coordinación entre las Instancias y dependencias que forman parte del Consejo de Seguridad Nacional para generar condiciones que permitan una atención efectiva de aquellos fenómenos que pueden poner en riesgo la gobernabilidad democrática y la seguridad de la población en todo el territorio nacional. El Programa señala la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de las Fuerzas Federales para contribuir al mantenimiento de la Seguridad Interior. Al hacerlo, contribuye al propósito de mejorar las condiciones de seguridad y justicia en el país, tal como lo señala el Programa Sectorial de Gobernación.
· Secretaría de la Defensa Nacional - Al señalar la necesidad de impulsar el desarrollo de un marco jurídico que permita sustentar la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de Seguridad Interior, el Programa para la Seguridad Nacional 2014 - 2018 se encuentra alineado con lo dispuesto por los programas sectoriales de Defensa y Marina. El Programa busca destacar el esfuerzo realizado por nuestras Fuerzas Armadas al desarrollar de modo conjunto una Política Nacional de Defensa que define el modo en el que el Estado mexicano orienta su función de defensa y el desarrollo de las capacidades nacionales necesarias para preservar la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.
· Secretaría de Marina - Armada de México - En concordancia con lo anterior, el Programa para las Seguridad Nacional 2014 - 2018 señala el propósito de fortalecer la arquitectura institucional y las capacidades de respuesta operativa de las Fuerzas Armadas, destacando además la pertinencia de modernizar sus sistemas de inteligencia y la promoción de las capacidades industriales, tecnológicas y de investigación científica del sector de la defensa nacional. Finalmente, el Programa incorpora una serie de propósitos destacados por el Programa Sectorial de Marina y que coinciden con lo dispuesto en el Programa Sectorial de Defensa.
· Secretaría de la Función Pública - Al realizar un diagnóstico de las condiciones que han permitido la evolución del escenario de Seguridad Interior en los últimos años, el Programa para la Seguridad Nacional 2014 - 2018 señala que uno de los factores de riesgo que originan la violencia y la delincuencia ha sido el aumento de la impunidad y la corrupción, especialmente a nivel local. De igual forma, el Programa propone una línea de acción específica para identificar y evaluar integralmente todos los aspectos que contribuyen a la generación de corrupción, impunidad y violencia.
· Secretaría de Relaciones Exteriores - El Programa para la Seguridad Nacional 2014 - 2018 destaca la condición de México como una potencia emergente y un actor global responsable. Al hacerlo, el Programa presenta una evaluación estratégica de la posición de México en el sistema internacional contemporáneo, destacando el peso de aquellos factores geopolíticos vinculados con distintos elementos del poder nacional. El Programa se vincula con la quinta Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo (México con Responsabilidad Global) y con lo dispuesto en el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores. Al mismo tiempo, señala el propósito de contribuir al mantenimiento de un entorno internacional estable que favorezca los intereses y objetivos nacionales.
· Secretaría de Comunicaciones y Transportes - La evaluación del escenario de Seguridad Interior presentada en el Programa para la Seguridad Nacional 2014 - 2018 destaca la importancia de las instalaciones estratégicas nacionales y el papel que desempeña la red de puertos, aeropuertos y carreteras nacionales en la integración del territorio nacional bajo la autoridad del Estado mexicano. El Programa destaca el propósito de movilizar los recursos de las Fuerzas Federales y la comunidad de inteligencia para desarrollar y probar mecanismos de continuidad de operaciones en las instalaciones estratégicas nacionales.
· Procuraduría General de la República - El Programa para la Seguridad Nacional 2014 - 2018 destaca el papel prioritario que esta Administración le ha otorgado a la Política Pública de Seguridad y Procuración de Justicia como un componente central de la estrategia que permitirá restablecer las
condiciones de Seguridad Interior en todo el territorio nacional. Al hacerlo, el Programa es coincidente con lo dispuesto en el Programa Nacional de Procuración de Justicia.
Finalmente, es necesario apuntar que el Programa también considera iniciativas transversales que permitirán consolidar nuestro Sistema de Seguridad Nacional (SSN). En este contexto, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) desempeñará un papel destacado al participar en el desarrollo de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), el cual ha sido concebido como uno de los soportes central del proceso de toma de decisiones de la comunidad de seguridad y defensa del país.
3. Modelo de Seguridad Nacional
Una política de Estado en materia de Seguridad Nacional debe tener como sustento un marco conceptual amplio, que permita considerar las amenazas del presente y los desafíos del futuro.
El marco conceptual constituye un referente estratégico para la actuación de las autoridades que forman parte del Consejo de Seguridad Nacional. Bajo esta perspectiva, la agenda de Seguridad Nacional desarrollada por el Gobierno de la República se articula a partir de los tres elementos siguientes:
a. El proyecto de nación definido en nuestra Constitución Política y la visión del Ejecutivo Federal en materia de Seguridad Nacional, expresada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018.
b. Los intereses y objetivos nacionales tutelados por la Ley de Seguridad Nacional (LSN) y la Agenda Nacional de Riesgos (ANR).
c. La evaluación del entorno estratégico nacional en sus dimensiones externa e interna, de la cual deriva la identificación de los retos y los antagonismos que deben ser atendidos por la política de Seguridad Nacional en una perspectiva de mediano y largo plazos.
De esta manera, el enfoque de Seguridad Nacional que orientará la actuación de esta Administración es enunciado del modo siguiente:
"Promover la seguridad del Estado mexicano por medio de una política multidimensional que anticipe aquellas tendencias internas y externas que pueden poner en riesgo nuestro proyecto de nación, salvaguardando así la libertad, los derechos humanos y la seguridad de nuestros ciudadanos".
Este enfoque trasciende el concepto clásico de Seguridad Nacional, que privilegia amenazas convencionales de tipo político - militar, por medio de una aproximación multidimensional que considera las diversas dimensiones de la seguridad contemporánea: la económica, la alimentaria, la tecnológica, la ambiental, la societal y la humana. Al hacerlo, da vigencia a la visión del Ejecutivo Federal expresada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 y le brinda a esta Administración un referente claro para orientar sus esfuerzos en la materia.
Si bien, la preservación de la Seguridad Nacional compete de manera exclusiva al Ejecutivo Federal, contribuir al cumplimiento de esta misión es responsabilidad de todos los Poderes de la Unión, de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto.
Finalmente, es necesario señalar que el enfoque de Seguridad Nacional propuesto por esta Administración exige avanzar hacia la consecución de tres propósitos de alcance estratégico: (a) la consolidación del Sistema de Seguridad Nacional, (b) la construcción de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia y (c) el desarrollo de una cultura de Seguridad Nacional acorde con las necesidades y los intereses de México en el siglo XXI.
A. Consolidación del Sistema de Seguridad Nacional
La preservación de la Seguridad Nacional constituye una función de carácter superior que ejerce el Presidente de la República. Para hacerlo de modo efectivo, se auxilia del Sistema de Seguridad Nacional (SSN), el cual se encuentra integrado por un conjunto de instancias que realizan funciones de mando, control, vigilancia, alarma y protección para garantizar la seguridad del Estado mexicano y su población.
El propósito de la política de Seguridad Nacional de esta Administración es hacer frente a aquellos riesgos y amenazas que pueden comprometer nuestro proyecto de nación e identificar de manera simultánea las ventanas de oportunidad para promover el desarrollo nacional y la seguridad del Estado mexicano. Las instituciones que desempeñan funciones públicas en los ámbitos de la defensa exterior, la Seguridad Interior y la protección civil forman parte de un Sistema de Seguridad Nacional que debe ser fortalecido para garantizar la seguridad de México en el siglo XXI.
Para responder de modo oportuno a las exigencias de un entorno estratégico cada vez más complejo, esta Administración pondrá en marcha una serie de cambios estructurales que fortalecerán el Sistema de
Seguridad Nacional. Al hacerlo, promoverá el desarrollo de capacidades para construir escenarios prospectivos y opciones de política pública que privilegiarán la inteligencia sobre la fuerza y la coordinación efectiva de acciones en los tres órdenes de gobierno.
Uno de los propósitos centrales de este Programa es delimitar los ámbitos de competencia de los diversos actores que forman parte del Sistema, a fin de establecer los criterios de gestión y los instrumentos que permitirán fortalecer la acción coordinada de las Instancias de Seguridad Nacional (ISN).
Gestión del Sistema de Seguridad Nacional
En el Sistema de Seguridad Nacional convergen todas las instituciones que forman parte de la comunidad de seguridad y defensa del país, al igual que todos los sistemas de información e inteligencia especializada de los que dispone el Estado mexicano. Ninguno de sus componentes es más relevante que otro, pues todos se ocupan de tareas de manera interrelacionada bajo el liderazgo del Presidente de la República, quien es respaldado por el Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional y por el Secretario Técnico de dicho Consejo.
Las funciones sustantivas del Sistema de Seguridad Nacional han sido organizadas de tal manera que promuevan la coordinación y el control del propio Sistema:
a. Decisión política fundamental
En su calidad de Jefe de Estado, corresponde al Presidente de la República la toma de decisiones en torno a los asuntos que inciden sobre la preservación de la Seguridad Nacional, de acuerdo con las facultades y obligaciones que marca el artículo 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
b. Asesoría y consulta
En su carácter de instancia deliberativa, corresponde al Consejo de Seguridad Nacional proporcionar al titular del Ejecutivo Federal productos de inteligencia y otros elementos de juicio necesarios para que éste tome decisiones adecuadas al hacer frente a riesgos y amenazas específicos, coordinando acciones orientadas a preservar la seguridad del Estado mexicano.
c. Información e inteligencia
Todas las instancias que forman parte del Sistema de Seguridad Nacional generan información y producen inteligencia. La integración de inteligencia estratégica tiene como propósito brindar sustento a las decisiones políticas adoptadas por el Presidente de la República en materia de Seguridad Nacional, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional.
d. Planeación y análisis
El Consejo de Seguridad Nacional contará con mecanismos para permitir que, en el marco de sus procesos deliberativos, sus integrantes aporten elementos para la planeación de los objetivos y las estrategias que orientan las políticas públicas en materia de Seguridad Nacional y la toma de decisiones para hacer frente a riesgos y amenazas específicas.
Consiste en la aplicación del poder nacional por medio del ejercicio coordinado de atribuciones por parte de cualquier autoridad que materializa las líneas de acción derivadas de los objetivos y las estrategias determinadas por el Ejecutivo Federal.
El Ejecutivo Federal contará con mecanismos que le permitirán evaluar las acciones realizadas por los integrantes del Sistema de Seguridad Nacional para reorientar o continuar la ejecución de cada estrategia según sea el caso.
El modelo de gestión del Sistema de Seguridad Nacional también considera una vertiente de coordinación con los órganos constitucionales autónomos, y con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios. Esta vertiente opera en los términos de los convenios de colaboración correspondientes y se complementa con una vertiente de concertación que señala la necesidad de promover la participación de la ciudadanía.
En este marco, el modelo destaca el papel de la cooperación internacional como un componente esencial, toda vez que el intercambio de información sobre riesgos y amenazas, al igual que la coordinación de acciones con otras naciones para preservar la seguridad de nuestra región y la gobernabilidad del sistema internacional, es fundamental para promover la defensa de los intereses de México en el mundo.
Finalmente, el modelo plantea el establecimiento de un diálogo permanente con el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional (CBSN), como un mecanismo de control democrático sobre las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional.
Instrumentos para la Seguridad Nacional
La operación del Sistema de Seguridad Nacional está orientada por tres grandes instrumentos de política pública: el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa para la Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos. A ellos se suman los programas operativos de investigación, protección y seguridad o gestión de emergencias, así como el conjunto de decisiones adoptadas por el Presidente de la República para hacer frente a los riesgos y amenazas que pueden comprometer la seguridad del país.
La Agenda Nacional de Riesgos (ANR) es el documento estratégico y prospectivo que orienta las operaciones del Sistema de Seguridad Nacional, a partir de la identificación de los fenómenos que pueden vulnerar los intereses y objetivos nacionales, focalizando la atención que el Sistema de Seguridad Nacional presta a cada uno de ellos. Por su parte, el Consejo de Seguridad Nacional conoce anualmente este documento, el cual le es presentado por su Secretaría Técnica, a partir de la propuesta presentada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Finalmente, es necesario señalar que todos los programas sectoriales de las dependencias que forman parte del Consejo de Seguridad Nacional consideran estrategias y líneas de acción que contribuyen sustancialmente a la efectiva instrumentación de la política de Seguridad Nacional del Estado mexicano.
B. Construcción del Sistema Nacional de Inteligencia
La preservación de la Seguridad Nacional exige contar con un diagnóstico integral, transparente y participativo, que considere las vulnerabilidades, los riesgos y las amenazas que pueden comprometer el desarrollo de la nación. Dicho diagnóstico debe ser sustentado por inteligencia oportuna, confiable y precisa.
Sólo al contar con productos de inteligencia con un alcance estratégico adecuado, se estará en condiciones de poder anticipar el impacto de aquellas tendencias que pueden vulnerar la Seguridad Nacional y el desempeño de las instituciones que ejercen funciones públicas en este ámbito. En este sentido, la generación de inteligencia cobra relevancia en el marco de un modelo de Seguridad Nacional en el que las acciones de todos sus integrantes serán sometidas a un ciclo de evaluación permanente.
Para alcanzar este objetivo, esta Administración establecerá un Sistema Nacional de Inteligencia. Su propósito será generar productos de inteligencia con un alcance estratégico y multidimensional para sustentar la toma de decisiones del Ejecutivo Federal en materia de Seguridad Nacional. En su carácter de componente central del Sistema de Seguridad Nacional, el nuevo Sistema Nacional de Inteligencia permitirá integrar las inteligencias especializadas de la Administración Pública Federal, incluyendo la generada por la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, las Fuerzas Armadas y el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano.
Las actividades que serán desarrolladas por el nuevo Sistema Nacional de Inteligencia tendrán los fines siguientes:
· Generar inteligencia para la seguridad y la defensa del Estado mexicano y el desarrollo nacional, bajo un esquema dual de prevención y previsión que permita promover iniciativas de política pública en los ámbitos humano, político-militar y económico-ambiental.
· Proteger los derechos humanos en las operaciones de inteligencia y la defensa de los principios fundamentales de nuestro proyecto de nación, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018.
· Favorecer la actuación estratégica del Estado mexicano en el ámbito exterior para contribuir al mantenimiento de la gobernabilidad del sistema internacional y la proyección de los intereses de México en el mundo.
· Sumar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en los esfuerzos para hacer frente a los retos que puedan incidir negativamente sobre la seguridad y el desarrollo de la nación.
· Promover el uso de medios tecnológicos avanzados para la generación de productos de inteligencia y el intercambio seguro de información entre los componentes del Sistema.
Al definir estos propósitos, esta Administración propiciará que la política de Seguridad Nacional tenga como soporte la producción de inteligencia estratégica, explotando al máximo el vínculo entre el proceso de toma de decisiones, la difusión oportuna de los productos de inteligencia y la generación de conocimiento científico y técnico de carácter especializado.
C. Cultura de Seguridad Nacional
Aunque la preservación de la Seguridad Nacional es una función del Estado mexicano que compete directamente al Ejecutivo Federal, ésta requiere del diálogo y la coordinación con otros poderes públicos, el sector privado, la academia y la sociedad civil a fin de generar condiciones que permitan consolidar el régimen democrático que da sustento a nuestro proyecto de nación.
México requiere desarrollar una cultura de Seguridad Nacional integrada por un conjunto de valores, principios, conocimientos, prácticas y actitudes que deben ser orientadas por una conciencia ética colectiva
convencida de mantener el equilibrio racional entre la necesidad práctica de subsistencia del Estado y la protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales de su población. La conducta social de los ciudadanos y sus comunidades respecto a la política de Seguridad Nacional debe tener como cimiento la identidad cultural, el patriotismo, el respeto a la ley y al Estado de Derecho; prácticas cívicas que construyen y fortalecen al sistema social en su conjunto.
El desarrollo, difusión y fortalecimiento de esa cultura habrá de generar entre las autoridades y la sociedad una concepción homogénea respecto de los fines de la Seguridad Nacional, lo cual necesariamente exige un trabajo de colaboración entre el Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo con el sector privado, la academia y la sociedad civil, toda vez que una política de Estado en la materia no puede prosperar sin el aval explícito de la sociedad. De igual forma, el fortalecimiento doctrinal de la Seguridad Nacional en las instituciones del Estado requiere de la profesionalización y la formación especializada de sus miembros, a fin de que éstos desarrollen los valores, principios y prácticas necesarias para su actuación profesional bajo un marco de transparencia, eficacia y respeto irrestricto a los derechos humanos. Finalmente, una cultura de Seguridad Nacional debe promover la capacidad de prevención y anticipación de la sociedad frente a aquellas tendencias que pueden poner en riesgo la seguridad de la nación.
Bajo este enfoque, la divulgación de una cultura de Seguridad Nacional debe propiciar que la población desarrolle un entendimiento claro de los fines de la política de Seguridad Nacional y de las herramientas y capacidades a disposición del Estado mexicano para prevenir, disuadir, contener y neutralizar aquellas amenazas y riesgos que pueden vulnerar la seguridad de la nación. El proceso de socialización de la cultura de Seguridad Nacional también debe permitir el fortalecimiento de la confianza y credibilidad de la sociedad en las instituciones del Estado, fomentando su participación activa en el logro de los intereses y los objetivos nacionales.
Este proceso permitirá que los ciudadanos identifiquen claramente a los órganos encargados de preservar la Seguridad Nacional como instituciones de un Estado democrático y de derecho que actúan bajo el amparo de la ley y que se encuentran sujetas a controles democráticos para vigilar su conducción, promoviendo así el apoyo y la participación de la sociedad en la consecución de los fines de la política de Seguridad Nacional.
En la medida en que la sociedad civil participe en el debate sobre el diseño y la ejecución de la política pública en materia de Seguridad Nacional, podrá ser corresponsable de ésta. Al participar en la definición de las prioridades de Seguridad Nacional, la sociedad tendrá mayor certeza de que el Gobierno de la República actúa para su beneficio con respeto absoluto a los derechos humanos. Ello permitirá fijar los cimientos de una identidad cultural vinculada con la consolidación de un ejercicio responsable de la ciudadanía, el patriotismo y el respeto a la ley, al tiempo que se promueven otras prácticas conducentes a la construcción de condiciones sociales que permitan alcanzar los intereses y objetivos nacionales y el desarrollo humano, político, económico, social y cultural del individuo. En este contexto, el Gobierno de la República ha asumido la prioridad de hacer partícipe a la sociedad en el desarrollo y difusión de la cultura de Seguridad Nacional, estableciendo canales adecuados de comunicación con la sociedad civil en este ámbito.
II. El entorno estratégico de México en el siglo XXI
4. Posición de México en el mundo
En un periodo relativamente breve, el país ha experimentado transformaciones sin precedente en su vida política, en la definición de su estructura económica y en la ampliación de sus lazos comerciales con el exterior.
De esta manera, México se ha convertido en un actor con un peso estratégico que le permite desempeñar un papel destacado en el sistema internacional. Su Producto Interno Bruto (PIB) lo coloca entre las primeras veinte economías del mundo(3), mientras que su perfil demográfico, la naturaleza de sus intercambios comerciales y su privilegiada posición geográfica en el hemisferio occidental lo colocan como una potencia emergente capaz de asumir mayores y más significativas responsabilidades a nivel regional y global.
El carácter dinámico de la economía mexicana es definido hoy por la consolidación de centros regionales de desarrollo en los que se generan productos manufacturados con un valor agregado creciente en sectores tan importantes como el aeronáutico, el automotriz y el de las tecnologías de la información. En conjunto, el 73 por ciento de las exportaciones mexicanas corresponde a manufacturas, cuyo valor (estimado en alrededor de 269 mil millones de dólares) es superior en cerca de un 50 por ciento al monto combinado de las exportaciones de manufacturas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador, seis de las más importantes economías de América Latina.(4)
Al mismo tiempo, la condición de México como potencia emergente es confirmada por tres aspectos en ocasiones soslayados: primero, el vigor de la cultura mexicana y sus expresiones artísticas, capital enorme para la diplomacia pública; segundo, la condición de país megadiverso, que le brinda a México enormes potencialidades y una responsabilidad especial en la gestión de la biodiversidad y los modelos de sustentabilidad ambiental; tercero, el hecho de que México es un país joven: tenemos una situación demográfica óptima para impulsar el desarrollo económico. Hoy el 50 por ciento de la población mexicana
tiene 26 años o menos, mientras que en Estados Unidos la edad promedio es de 37 años y en China de 35 años.(5)
Considerar la condición de México como potencia emergente no supone ignorar los retos que el país enfrenta en materia de Seguridad Interior. Sin embargo, la relevancia de los vínculos que nuestro país ha adquirido con el exterior y la naturaleza de los riesgos que forman parte de la agenda global son circunstancias que demandan una reflexión amplia respecto al papel que el país debe desempeñar en el sistema internacional durante las próximas décadas. Una aproximación integral a la agenda de Seguridad Nacional del Estado mexicano debe considerar los retos que México enfrentará en función de: (a) la posición que el país ocupa en el sistema internacional y su peso geopolítico, (b) el índole de los retos que enfrenta a nivel interno, y (c) la naturaleza de sus aspiraciones en el ámbito internacional. Finalmente, una política de Seguridad Nacional congruente con las exigencias del siglo XXI también debe considerar el uso racional y responsable de los recursos que constituyen el poder nacional en todas sus dimensiones: militar, diplomática, ambiental, económica y la cultural.
· Nuestra condición de potencia emergente
La definición de una política de Estado en materia de Seguridad Nacional exige considerar el papel que México ocupa en el mundo del siglo XXI. En un escenario internacional definido por el cambio constante, nuestro país se perfila hoy como una potencia emergente y un actor global responsable llamado a asumir mayores responsabilidades frente a la comunidad internacional. Por ello, la inserción exitosa de México en un mundo que plantea grandes oportunidades y retos requiere el aprovechamiento de las ventajas del país y de los factores que lo colocan como un actor relevante en el escenario global.
Con 118 millones de habitantes, México es el onceavo país más poblado del mundo, lo que además lo hace el mayor país de habla hispana en el mundo.(6)
En la última década, México se posicionó como el decimosexto receptor de inversión extranjera directa, con un monto de 230 mil millones de dólares.(7)
México es la segunda economía más grande de América Latina, la cuarta del continente americano y la decimocuarta a nivel mundial, con un PIB de 1.18 mil millones de dólares. Por ello, México forma parte del Grupo de las 20 mayores economías del mundo (G20).
México es uno de los principales generadores de productos manufacturados en América Latina. Alrededor del 70 por ciento de las exportaciones mexicanas son manufacturas, muchas de ellas con un alto valor agregado. Destacan las vinculadas con las tecnologías de la información y los sectores aeronáutico y automotriz.(8)
Con una extensión territorial de 1.9 millones de kilómetros cuadrados y 11 mil 122 kilómetros de litorales que le dan acceso al Mar Caribe y a los océanos Atlántico y Pacífico, México es el decimotercer país más extenso del planeta.(9)
México ocupa el cuarto lugar dentro de los diecisiete países megadiversos del mundo. Con alrededor de 200 mil especies diferentes, el país es hogar del 10 al 12 por ciento de la biodiversidad mundial y de un alto número de especies endémicas.(10)
México ocupa el decimoquinto lugar entre los países del mundo con mayor comercio total, alcanzando 751 mil millones de dólares en 2012.(11) Igualmente, ocupa el cuarto lugar entre los países con mayor número de acuerdos comerciales: al haber suscrito tratados de libre comercio con 45 países en las regiones más dinámicas del mundo, México ha accedido a mercados que representan alrededor del 65 por ciento del PIB mundial y más de mil quinientos millones de consumidores.(12)
México ocupa el sexto lugar en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y es el primero del continente americano. Con 32 sitios inscritos, posee 3.4 por ciento del total mundial. En el país hay poco más de mil doscientos museos y 187 zonas arqueológicas abiertas al público. Por otro lado, México es reconocido internacionalmente por el trabajo de sus creadores, artistas e intelectuales. A lo anterior se suma un patrimonio inmaterial que abarca una enorme variedad de manifestaciones artísticas, sociales y culturales.(13)
México es el noveno productor mundial de petróleo, alcanzado 2,936 millones de barriles diarios en 2012.(14)
México participa activamente en la toma de decisiones que rigen el orden internacional. El país se encuentra dentro de los primeros quince contribuyentes al presupuesto de la ONU y es el cuarto mayor contribuyente al presupuesto de la OEA.(15)
La posición geopolítica de México en el hemisferio occidental lo convierte en un país de pertenencias múltiples. La magnitud del vínculo comercial sostenido con Estados Unidos y Canadá durante las últimas dos décadas lo inserta en una dinámica de intenso intercambio económico, tecnológico y social dentro de América del Norte, señalando la importancia que tiene para México la integración con estas dos naciones. Al mismo tiempo, México comparte una serie de experiencias históricas, políticas y culturales que definen su pertenencia a América Latina, por lo que tiene un claro interés en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en la región, especialmente en Centroamérica y el Gran Caribe. La condición bioceánica del país le ofrece el potencial para mirar al Pacífico, en donde el fortalecimiento de nuestra presencia en Asia - Pacífico es un paso natural en la ampliación de lazos económicos y comerciales. Esa misma condición le permite mirar al Atlántico, en donde el diálogo político y la cooperación económica con la Unión Europea resultan fundamentales. Finalmente, es necesario apuntar que México se encuentra interesado en las tendencias que definen la realidad política, económica y social de África y Medio Oriente.
En específico, existen cuatro elementos que definen el papel de México en el mundo: en primer lugar, México destaca como una potencia económica con un peso definido en América del Norte e intereses comerciales en las regiones más dinámicas del mundo. En segundo lugar, se distingue como una potencia cultural que tiene la capacidad de proyectar su influencia en el exterior para promover sus intereses. En tercer lugar, sobresale como una potencia ambiental, un país megadiverso que encuentra en su riqueza ambiental uno de los pilares para su desarrollo en el siglo XXI. Finalmente, México destaca como un espacio de tránsito e intercambio permanente de bienes, personas, ideas y prácticas culturales: una nación de pertenencias múltiples que sirve como punto de encuentro entre distintas culturas.
De este modo, México se proyecta hacia el exterior como una nación democrática que se sirve de su condición de potencia emergente para consolidar su desarrollo, promoviendo responsablemente sus intereses
y sus valores en el mundo. Bajo esta perspectiva, la consideración del entorno estratégico en el cual se desenvuelve nuestro país es esencial para articular una política de Estado en materia de Seguridad Nacional.
· La importancia estratégica de las múltiples pertenencias regionales de México
Para México resulta indispensable hacer frente a los retos de la seguridad internacional mediante un enfoque que destaca las múltiples pertenencias del país y sus ámbitos de interés inmediato a nivel regional: América del Norte, Centroamérica, América Latina y el Gran Caribe, la Cuenca del Pacífico y Europa.
México comparte una frontera de poco más de 3,000 kilómetros con la primera potencia económica del mundo. Junto con Estados Unidos y Canadá, nuestro país forma parte de un bloque que aspira a la prosperidad compartida y que enfrenta desafíos de seguridad en los más diversos ámbitos, debiendo gestionar fronteras comunes sujetas a retos sociales, ambientales y de procuración de justicia. Se trata de una región en la que la asimetría económica y productiva coexiste con un intenso flujo comercial, de inversión y de personas, al cual se suman flujos de bienes ilícitos, armas y drogas en un entorno que hace posible el tráfico de migrantes y la trata de personas.
En este contexto, América del Norte es la región con la que México ha realizado los mayores esfuerzos de cooperación institucional e intercambio de información de inteligencia en las últimas dos décadas. Nuestro país ha establecido con los Estados Unidos una serie de mecanismos bilaterales de cooperación con un alcance multidimensional, entre los que destacan los siguientes: (1) Frontera Siglo XXI, (2) Comisión de Salud Fronteriza México - Estados Unidos, (3) Frontera 2020, (4) Comité Conjunto de Trabajo sobre Autotransporte, (5) Grupo de Trabajo sobre Cooperación en la Administración de Emergencias en caso de Desastres Naturales y Accidentes, (6) Grupo Binacional México - Estados Unidos de Cruces y Puentes Internacionales, entre otros. A nivel trilateral, México también sostiene con Estados Unidos y Canadá el Plan de América del Norte sobre Influenza Aviar y Pandémica, y el conjunto de mecanismos de cooperación y consulta previstos en el Tratado de Libro Comercio de América del Norte. Igualmente, a nivel consular destacan los Mecanismos de Enlace Fronterizo y los Programas de Repatriación sostenidos con las autoridades de los Estados Unidos.
Finalmente, es necesario apuntar que el Gobierno de la República trabaja con sus socios de América del Norte en el fortalecimiento permanente de capacidades para enfrentar los complejos retos de la seguridad regional y fronteriza. En la actualidad están en marcha esfuerzos de consolidación económica, educativa y de innovación para impulsar el desarrollo, la productividad asociada y la prosperidad de la región en su conjunto.
b. Centroamérica
México es vecino y puerta de entrada a Centroamérica, región con la cual le unen vínculos históricos, culturales, sociales y económicos. La estabilidad política y el desarrollo de Centroamérica son elementos que se encuentran ligados con la Seguridad Nacional de México. La intensidad de las relaciones fronterizas y los vínculos comerciales establecidos tienen lugar en el marco de un escenario regional definido por retos significativos para el mantenimiento de la gobernabilidad democrática. El crecimiento de las actividades ilícitas vinculadas con la delincuencia organizada transnacional ha tenido en los últimos años un impacto económico y social que ha afectado, en diversos grados, a los países de la región.
Con Centroamérica el interés es promover la integración y el comercio, así como procurar más inversiones de empresas mexicanas que generen empleos y oportunidades, además de ser más competitivas en los mercados regionales y globales. La paz y la prosperidad de Centroamérica son fundamentales para México, de ahí el compromiso del Gobierno de la República al respaldar la integración regional a través del diálogo fortalecido con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la instrumentación de proyectos de infraestructura que mejoren la conectividad y generen fronteras seguras.
c. América del Sur y el Gran Caribe
Aun cuando México es un país de pertenencias múltiples, América del Sur y el Gran Caribe tienen un peso estratégico definido a partir de una experiencia histórica común y una serie de transformaciones sociales, económicas y demográficas que determinan la creciente relevancia de la región en el entorno global del siglo XXI.(16) Por razones de proximidad geográfica, identidad cultural, complementariedad económica, desarrollo e integración, los vínculos de México con América del Sur y el Gran Caribe representan una prioridad estratégica para nuestro país. Al mismo tiempo, México es una pieza esencial para la estabilidad y la prosperidad de la región. La transnacionalización de actividades ilícitas que vulneran la seguridad y la gobernabilidad en la región es un tema de interés prioritario. Las actividades de la delincuencia organizada transnacional conforman cadenas delictivas entre países para el flujo de mercancía, drogas, personas, armas y dinero que demandan soluciones conjuntas.
Por otro lado, México es vecino marítimo del Gran Caribe, región cuya diversidad histórica, cultural y económica presenta diversos grados de interrelación con el país. La vulnerabilidad, particularmente ambiental, de algunos países del Gran Caribe supone riesgos indirectos de seguridad. Al respecto, nuestro país se ha comprometido con programas de apoyo y cooperación para el desarrollo económico -con énfasis en el sector turístico-, además del fortalecimiento de las capacidades de respuesta de los países de la región ante desastres y fenómenos naturales.
d. La Cuenca del Pacífico
En la Cuenca del Pacífico se ubican las economías más dinámicas en el siglo XXI, así como algunos de los retos de mayor complejidad para el equilibrio geopolítico global. Muchas de las naciones que forman parte de esta región deben hacer frente a importantes focos de tensión internacional. Las tensiones regionales, que se suman a las ya existentes en Asia Central, tienen un impacto geopolítico directo sobre el resto del mundo, por lo que deben ser consideradas en la formulación de una agenda estratégica en materia de seguridad internacional.
En los últimos años, México se ha insertado en la Cuenca del Pacífico por medio de un enfoque de prosperidad compartida promovido en el Foro de Cooperación Asia - Pacífico (APEC) y en mecanismos emergentes de rápida expansión como la Alianza del Pacífico, una iniciativa de integración regional de vanguardia que vincula a varias naciones de América Latina. Conformada por México, Colombia, Chile y Perú; la Alianza del Pacífico representa la octava economía a nivel mundial y la séptima potencia exportadora, además de que concentra el 36 por ciento del PIB total de América Latina y el 50 por ciento del comercio de la región.(17) De igual forma, México participa activamente en la consolidación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), la negociación comercial más relevante de la Cuenca del Pacífico. Conformado por 12 de las economías más dinámicas del mundo, el TTP concentra un mercado integrado por cerca de 200 millones de personas, el cual representa el 30 por ciento del PIB mundial y alrededor de un tercio de comercio global.(18)
Históricamente, México ha asumido que la ampliación de sus relaciones políticas, económicas y culturales con Europa es una opción estratégica. Por otro lado, la influencia de Europa sobre la construcción de la identidad política y cultural de México resulta innegable y sólo es equiparable en importancia al peso de nuestra herencia indígena y precolombina.
En los últimos años, México ha trabajado intensamente para establecer un diálogo político y económico significativo con la Unión Europea y con aquellos países que desempeñan un papel central en los asuntos comunitarios europeos. Sólo hasta el año 2000 la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global) permitió que México y la Unión Europea contaran con un mecanismo de interlocución verdaderamente relevante para ambas partes. Dicho mecanismos fue complementado a partir de 2008 con el reconocimiento definitivo de la Asociación Estratégica entre México y la Unión Europea (UE). En el presente, los vínculos con Europa son reforzados por nuestra pertenencia al Grupo de los 20 (G20) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dos foros en los que muchas de las naciones que ejercen un liderazgo central dentro de la Unión Europea se encuentran representadas.
Tras la crisis financiera de 2008, la Unión Europea ha entrado en un periodo de transición, reforma y recuperación que dista de haber concluido. Sin embargo, sería un error subestimar la importancia geopolítica de Eurasia para la estabilidad del sistema internacional y la capacidad de recuperación de las sociedades europeas, de cuyo dinamismo tecnológico, político y cultural México aún puede reportar importantes beneficios. Con 28 estados miembros, un PIB estimado en alrededor de 15 mil millones de dólares y un mercado potencial de poco más de 500 millones de habitantes, la Europa comunitaria del siglo XXI sigue siendo un actor internacional de primer orden, con el cual México deberá consolidar y fortalecer sus espacios de interlocución en lo comercial, lo político y lo cultural.(19)
· Nuestra agenda multilateral: México y la gobernabilidad del sistema internacional
Las múltiples dimensiones de la Seguridad Nacional hacen necesario que las amenazas generadas en el exterior tengan un foco de atención multilateral. Por ello, es indispensable mantener el vigor y liderazgo en los foros pertinentes a fin de seguir participando activamente en la toma de decisiones internacionales.
El interés de México es promovido al fortalecer de manera activa los órganos y mecanismos internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos en el mundo. En los diferentes ámbitos institucionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) âtales como la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y otros foros multilaterales especializadosâ al igual que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, México promueve y participa en iniciativas a favor de los derechos de
las mujeres, las personas migrantes, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad, así como el apego irrestricto a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
La perspectiva multidimensional que guía la política de Seguridad Nacional del Estado mexicano es complementada por una intensa labor multilateral que busca promover condiciones globales favorables para la construcción de un México próspero, incluyente y en paz. Por ello, el Gobierno de la República participa activamente en los distintos foros de Naciones Unidas para promover la adopción y puesta en marcha de la Agenda de Desarrollo Post 2015, privilegiando la Perspectiva Global para la Inclusión.
En virtud de nuestra orientación geográfica, las iniciativas internacionales diseñadas para hacer frente al problema mundial de las drogas son también estratégicas. De igual forma, el país ha asumido plenamente su responsabilidad en el combate a la delincuencia organizada y en la promoción de una agenda anticorrupción de alcance regional y global, temas que en los próximos años seguirán teniendo un papel relevante en la agenda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Puesto que nuestro interés nacional se encuentra vinculado con la promoción de mecanismos que permitan garantizar la gobernabilidad del sistema internacional, el Gobierno de la República seguirá trabajando a favor de una reforma integral del Consejo de Seguridad de la ONU, a fin de convertirlo en un órgano más democrático, transparente, eficiente y representativo. México impulsa dicha reforma a través de su participación activa dentro del Movimiento Unidos por el Consenso, promoviendo iniciativas que buscan que el Consejo de Seguridad pueda responder oportunamente a los desafíos del siglo XXI.
En materia de desarme, el liderazgo de México en la lucha contra el tráfico de armas pequeñas y ligeras ha sido reconocido internacionalmente. De igual modo, nuestro país es reconocido por sus contribuciones al desarme nuclear. Por ello, esta Administración continuará impulsando activa y propositivamente iniciativas en los foros multilaterales con miras a eliminar y prohibir las armas nucleares, a fin de mantener y sostener un mundo libre de este flagelo.
El combate en contra del tráfico ilícito de armas, así como el control en el comercio de las mismas, seguirán siendo aspectos fundamentales para garantizar la seguridad internacional. Es necesario promover la entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU (ATT), exhortando a los países que no lo hayan hecho a adherirse al instrumento y a declarar su aplicación provisional.
El terrorismo representa una amenaza a la Seguridad Nacional que puede tener impactos directos sobre la población y la infraestructura estratégica de la nación, por lo cual debe prevenirse mediante acciones que identifiquen oportunamente posibles ataques. Se trata de una amenaza que debe ser considerada desde una perspectiva amplia: actos terroristas podrían ocurrir en territorio nacional, planearse en territorio nacional con enfoque hacia terceros Estados, o nuestro país podría ser un punto de tránsito de posibles terroristas.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 dispone el fortalecimiento de las capacidades institucionales en el ciberespacio y la ciberseguridad. Los delitos de suplantación de identidad, fraudes financieros, distribución de pornografía infantil, entre otros, han prosperado en el ciberespacio generando un alto costo económico y humano. En este sentido, surge la necesidad de concentrar esfuerzos y recursos para combatir el ciberdelito e impulsar una legislación en la materia a nivel nacional. De igual modo, resulta prioritario fortalecer la cooperación internacional, en particular con América del Norte, con el fin de identificar, prevenir y contener los riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional que provengan del ciberespacio.
En México se ha avanzado en la legislación para la protección de datos personales y se trabaja en una estrategia de seguridad de la información con el objeto de asegurar y resguardar la integridad, confidencialidad y privacidad de la información de las personas e instituciones públicas y privadas. Al respecto, el intercambio de información con nuestros socios regionales se debe dar en el marco de acuerdos establecidos y por medio de los canales diplomáticos e institucionales pertinentes, a fin de garantizar el diálogo, la cooperación y la estabilidad nacional y regional.
5. Seguridad Interior y Defensa
· El escenario de Seguridad Interior
La amplia transformación de las estructuras políticas, económicas y sociales que México ha experimentado en los últimos años también ha tenido un impacto directo sobre la evolución del escenario de Seguridad Interior. La inserción de México en los circuitos de la economía global fue coincidente con la expansión de las actividades ilícitas vinculadas con la operación del crimen organizado transnacional y otros actores no estatales en una dinámica que vincula a América del Sur, Centroamérica y el Caribe con la demanda de bienes y servicios ilícitos generada en el norte del continente.
En este contexto, las transformaciones tecnológicas experimentadas en el campo del transporte y las tecnologías de la información permitieron que las organizaciones criminales vinculadas con el trasiego de drogas expandieran sus capacidades operacionales y logísticas por lo que aumentaron los volúmenes de sus ganancias y fortalecieron su presencia en zonas específicas del territorio nacional. Al hacerlo, también aumentó su capacidad para corromper a las autoridades locales y asegurar el tránsito por rutas clave para el tráfico de drogas y otros bienes ilícitos.
Tal como se señala en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, a nivel local, esta nueva dinámica encontró instituciones de seguridad pública poco estructuradas y poco profesionalizadas, lo que facilitó la penetración del crimen organizado.(20) El crecimiento de las organizaciones criminales tuvo lugar bajo un escenario de escasa coordinación entre los tres órdenes de gobierno, una creciente desconfianza entre corporaciones de seguridad y una relativa resistencia a la colaboración conjunta.(21) Con el paso del tiempo, la presencia de grupos criminales y otros actores armados no estatales en algunas zonas del país se convirtió en una amenaza que rebasó la capacidad de las autoridades locales.
Así, la actuación del crimen organizado en ciertas regiones de nuestro país dejó de ser un fenómeno vinculado con el mantenimiento de la Seguridad Pública, para convertirse en un tema de Seguridad Interior. Esta circunstancia demandó la intervención decidida del Gobierno de la República en aquellos estados y municipios donde la población y las instituciones de seguridad pública locales corrían el riesgo de quedar a merced de los actores armados vinculados con el crimen organizado.
Factores de riesgo que originan la violencia y la delincuencia
Una perspectiva multidimensional en materia de Seguridad Interior debe identificar el conjunto de vulnerabilidades que han permitido el aumento de la violencia y la delincuencia en nuestro país. Tal como lo señala el Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en México existen diversos factores de carácter estructural vinculados con la marginación y la pobreza que debilitan el tejido social, haciendo que la población sea vulnerable a la violencia y la delincuencia.(22) La falta de oportunidades laborales y la desocupación se han convertido en factores precursores de la violencia.(23) Asimismo, el acceso limitado a la educación media y superior y la deserción escolar pueden convertirse en factores de riesgo. Los niveles de escolaridad se encuentran asociados con las expectativas a futuro de las personas y sus posibilidades de movilidad social. Por ello, la falta de oportunidades educativas puede llevar a las personas a considerar a la delincuencia como una alternativa.
Otro factor de riesgo que puede generar violencia y delincuencia es el nivel de desconfianza ciudadana que impide la solución pacífica de los conflictos entre comunidades y vecinos.(24) La insuficiencia o deterioro de los espacios públicos para la convivencia es un factor que incide en el debilitamiento del tejido social. El cambio en las formas y espacios de sociabilidad y convivencia de la población mexicana, así como la persistencia de importantes disparidades sociales, ha dado pie a la conformación de un espacio urbano cada vez más fragmentado y desigual, caracterizado por el creciente repliegue de lo público hacia el ámbito de lo privado.(25)
Finalmente, en nuestro país persiste una baja confianza en las autoridades encargadas de la operación de los sistemas de procuración de justicia. Esta situación se ha visto reflejada negativamente en los índices de impunidad y corrupción, así como en el ineficiente desempeño de las instituciones de justicia. En consecuencia de lo anterior, la percepción de los ciudadanos sobre la procuración de justicia en México es, en términos generales, negativa.(26)
Todos estos factores inciden de diferente forma en sectores específicos de nuestra población. Desafortunadamente, los jóvenes se han convertido en las principales víctimas de la violencia y en sus principales generadores.(27) Otro segmento de la población que ha estado expuesto a la violencia y la delincuencia es el de los niños y las niñas, quienes son una de las grandes prioridades de esta Administración.(28) La violencia también ha afectado al campo mexicano, teniendo un impacto importante sobre nuestras comunidades indígenas. Finalmente, no es posible omitir los efectos negativos de la violencia sobre las mujeres mexicanas, por lo que la atención de la violencia de género seguirá siendo una prioridad durante los próximos años.
Por último, es necesario señalar que el incremento en los índices delictivos se ha manifestado de
diferentes formas a lo largo del territorio nacional. Ello obliga a analizar el fenómeno delictivo y la configuración de escenarios de violencia específicos desde una óptica regional. Entre 2006 y 2013 el mayor número de homicidios dolosos se concentró en las regiones centro y noroeste del país; el secuestro registró mayor incidencia en las regiones centro, occidente y noroeste, mientras que la extorsión fue más recurrente en las regiones centro, occidente y sureste.(29)
· La política de Seguridad Interior del Gobierno de la República
Al considerar el escenario de Seguridad Interior descrito anteriormente, el Gobierno de la República tiene claro que los mexicanos quieren un país seguro. Asimismo, exigen que se reduzca la violencia y que se recupere la paz ahí donde los actores armados vinculados con el crimen organizado han vulnerado la convivencia armónica de nuestras comunidades.
La Seguridad Interior y la Seguridad Pública se encuentran ampliamente interrelacionadas y exigen un uso diferenciado del poder del Estado. En el primer caso, para hacer frente a riesgos y amenazas que vulneran el orden constitucional y sus instituciones fundamentales; en el segundo, para velar por la observancia del Estado de Derecho y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes.
Esta Administración asume que la mejor forma de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y la gobernabilidad democrática es transformar el entorno operativo que ha permitido el fortalecimiento del crimen organizado. Para ello es necesario establecer medidas que cambien estructuralmente la realidad social de aquellas regiones del país en las que la violencia ha tenido un impacto directo sobre la vida, la libertad y los bienes de los mexicanos.
Para alcanzar este propósito, el Gobierno de la República ha puesto en marcha una Política Pública de Seguridad y Procuración de Justicia que busca reducir la violencia y restablecer la paz a través del combate a los delitos que más vulneran a la sociedad. Se trata de una aproximación que privilegia la prevención del delito, el uso de inteligencia y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
La Política Pública de Seguridad y Procuración de Justicia enfatiza la prevención del delito, y privilegia el uso de la inteligencia y la tecnología en el combate a la delincuencia. Esta política articula las siguientes diez estrategias de acción que permitirán recuperar la paz para los mexicanos: (1) prevención del delito y reconstrucción del tejido social, (2) justicia penal eficaz, (3) profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía, (4) transformación del sistema penitenciario, (5) promoción y articulación de la participación ciudadana, (6) cooperación internacional, (7) información que sirva al ciudadano, (8) coordinación entre autoridades, (9) regionalización, y (10) fortalecimiento de la inteligencia.
El Gobierno de la República trabajará para restablecer las condiciones que permiten garantizar la Seguridad Interior por medio de cuatro instrumentos de política pública que se encuentran vinculados entre sí: el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa para la Prevención Social de la Violencia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y este Programa para la Seguridad Nacional.
El primero de estos instrumentos define la política de procuración de justicia que será observada por esta Administración, señalando los mecanismos que serán puestos en marcha para alcanzar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente. El segundo, busca transformar las condiciones sociales que han permitido el aumento de la violencia y la delincuencia en regiones específicas de nuestro país por medio de una atención focalizada. El tercero, tiene el propósito de combatir los delitos de más alto impacto para la población, como el homicidio, el robo con violencia, el secuestro y la extorsión. Finalmente, el cuarto privilegia un enfoque de seguridad multidimensional en el que la Seguridad Interior forma parte de una política de Estado acorde con las exigencias de México en el siglo XXI.
En conjunto, estos cuatro instrumentos son coincidentes en el desarrollo de una política de Seguridad Interior que busca transformar el entorno operativo en el cual hasta ahora han prosperado los actores sociales que son causantes de la violencia y la delincuencia, dando especial énfasis a la contención de los grupos armados vinculados con el crimen organizado.
Para hacer efectiva esta política, la aproximación al concepto de Seguridad Interior que orientará la actuación de esta Administración es enunciada del modo siguiente:
"Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional".
Bajo esta aproximación, el Programa para la Seguridad Nacional 2014 - 2018 destaca la necesidad de ampliar operacionalmente la capacidad de anticipación y respuesta de las instituciones que forman parte de la comunidad de seguridad y defensa del país, para que éstas se encuentren en condiciones de fortalecer la autoridad del Estado en todo el territorio nacional. Para alcanzar este propósito, será necesario desplegar y sostener al conjunto de las Fuerzas Federales en aquellas zonas del territorio nacional que tienen una importancia estratégica para la consolidación de la presencia del Estado y la contención de la violencia en el corto, mediano y largo plazos.(30)
En este contexto, esta Administración ha asumido con responsabilidad la iniciativa de impulsar un marco jurídico en materia de Seguridad Interior que permita otorgarle certidumbre legal y administrativa a la actuación de las instituciones civiles y militares responsables de su preservación.
El papel de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento de la Seguridad Interior
Nuestras Fuerzas Armadas poseen características que hacen necesaria e indispensable su participación en las operaciones para reducir la violencia y garantizar la paz social en regiones específicas del país.(31) Su entrenamiento, disciplina, inteligencia, logística, espíritu de cuerpo, movilidad y capacidad de respuesta y de fuego, representan un cimiento sobre el que debe apoyarse el Estado mexicano frente a grupos delictivos organizados que cuentan con gran poder económico, armamento y una presencia territorial en localidades y regiones específicas del país. De este modo, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, al igual que la Armada de México, cumplen con el propósito de coadyuvar al mantenimiento de la Seguridad Interior para mantener el orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno.
Para coadyuvar en el mantenimiento de la Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas continuarán realizando cuatro tipos de acciones: (1) operaciones para reducir la violencia, coordinando esfuerzos de manera conjunta entre dependencias; (2) operaciones de erradicación intensiva en las áreas de mayor cultivo de enervantes; (3) operaciones de intercepción, para inhibir el tráfico de armas, drogas y personas; y (4) operaciones para incrementar la seguridad de las instalaciones estratégicas nacionales. Todas estas acciones serán sustentadas por el uso de inteligencia estratégica, para evitar el empleo desproporcionado de la fuerza o escenarios de confrontación que generen hechos violentos. De igual forma, se fortalecerá el poder naval de la Federación para poner en marcha operaciones en este ámbito que permitan salvaguardar el Estado de derecho en el mar y proporcionar seguridad para el oportuno aprovechamiento de los recursos marítimos nacionales.
Por lo anterior, la participación de nuestras Fuerzas Armadas en actividades vinculadas con la Seguridad Pública y la Seguridad Interior debe darse en un marco que permita su coordinación con otras instituciones federales para el intercambio de información e inteligencia. La operación conjunta con la Policía Federal y otras instituciones de seguridad y justicia deberá realizarse con un entendimiento claro de sus ámbitos de responsabilidad y su despliegue en el territorio nacional.
Finalmente, es necesario destacar que el énfasis otorgado por nuestras Fuerzas Armadas a las tareas de Seguridad Interior no debe opacar el fortalecimiento de sus capacidades para el desempeño de su misión principal: la Defensa Nacional.
Una política integral de Seguridad Interior también demanda fortalecer la presencia de las Fuerzas Federales en el territorio nacional para contribuir a la protección de las instalaciones estratégicas y a un efectivo ejercicio del poder nacional sobre nuestro espacio aéreo, terrestre y marítimo. Considerando que la extensión territorial total de nuestro país es estimada en poco más de 5 millones de kilómetros cuadrados, los cuales comprenden 1.9 millones de kilómetros cuadrados de superficie continental, 5 mil 127 kilómetros de superficie insular, 3.1 millones de kilómetros cuadrados de superficie marítima y 11 mil 122 kilómetros de litorales, es claro que los desafíos que enfrentamos en este ámbito reclaman un uso estratégico de los recursos a nuestra disposición.
Adicionalmente, México cuenta con alrededor de 3 mil instalaciones estratégicas, de las cuales el 47 por ciento corresponden a Petróleos Mexicanos (PEMEX), el 17 por ciento a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el 13 por ciento a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De igual forma, el país cuenta con 16 puertos de altura, 40 puertos de cabotaje y 56 aeropuertos internacionales. A ello se añade una sólida
red carretera que atiende aproximadamente el 80 por ciento del movimiento terrestre de carga en nuestro país, la cual es complementada por una amplia red ferroviaria de carácter longitudinal. Finalmente, es necesario destacar que el país cuenta con diez ciudades con más de un millón de habitantes, y no menos de 21 ciudades con más de 500 mil habitantes, las cuales forman parte de zonas metropolitanas que integran polos de desarrollo altamente especializados. Todas ellas presentan grados de vulnerabilidad diversa, por lo que nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Federal y la comunidad de inteligencia se encuentran trabajando de modo proactivo en el reforzamiento de las medidas de contención de riesgos que permiten garantizar su salvaguarda.
· La Política Nacional de Defensa del Gobierno de la República
La evolución de las necesidades nacionales en materia de seguridad y defensa se encuentra vinculada con la ampliación de los lazos de México con el exterior y las transformaciones que el país ha experimentado durante los últimos treinta años en su vida política y económica.
El 15 de febrero de 2013 el Presidente de la República ordenó que se iniciara el proceso de formulación de una nueva Política Nacional de Defensa acorde con la naturaleza de los desafíos que México enfrentará en el siglo XXI. En ese marco, el Ejecutivo Federal también dispuso que la Armada, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos trabajaran en la revisión del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto.
La Política Nacional de Defensa debe ser entendida como el instrumento de carácter estratégico y doctrinal que integra los principios y criterios con los que el Estado mexicano orienta su función de defensa y el desarrollo de las capacidades nacionales necesarias para preservar la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, atendiendo a la naturaleza de su entorno estratégico externo e interno. De este modo, la Política Nacional de Defensa busca garantizar la defensa de los intereses nacionales y la promoción del desarrollo nacional.
Bajo esta perspectiva, la Política Nacional de Defensa considera los siguientes elementos estratégicos:
· Las exigencias de la posición geopolítica de México y su condición de potencia emergente que busca comportarse como un actor global responsable en el escenario internacional.
· La definición de una visión global hacia el año 2030, que considera escenarios probables o tendenciales que podría enfrentar nuestro país en el mediano plazo.
· La necesidad de fortalecer la voluntad nacional al permitir que las preocupaciones de seguridad y defensa sean compartidas por la sociedad civil de modo corresponsable.
· La consideración de las aportaciones de aquellos actores sociales y políticos relevantes para la definición de la Política de Defensa Nacional, incluyendo las provenientes de la academia, el sector privado, los centros de política pública y las organizaciones de la sociedad civil.
· La construcción de un "concepto estratégico" definido por dos vertientes: la interna, que considera la participación de las Fuerzas Armadas en la preservación de la Seguridad Interior; y la externa, que consiste en la movilización del poder nacional para disuadir o enfrentar a enemigos externos.
· La identificación de intereses y objetivos de defensa claramente definidos, los cuales expresan dos grandes necesidades nacionales: las vinculadas con la Seguridad Interior y las vinculadas con la Defensa Nacional.
En este contexto, la nueva Política Nacional de Defensa refrenda el compromiso del Ejecutivo Federal con un ejercicio de mando que tiene su fundamento en una profunda convicción democrática, en la observancia de la ley y en el absoluto respeto a los derechos humanos. Se trata de un instrumento que busca fortalecer la interlocución de las autoridades civiles y militares en la materia y que sienta las bases para la acción conjunta de nuestras Fuerzas Armadas frente a un escenario de seguridad y defensa definido por el cambio constante.
6. Riesgos y amenazas
1. Desastres naturales y pandemias
En virtud de su ubicación geográfica, sus condiciones geológicas y el impacto de fenómenos globales, México es un país susceptible a la ocurrencia de desastres de origen natural vinculados con las condiciones de sismicidad del país, la actividad volcánica y los fenómenos hidrometeorológicos, especialmente aquellos derivados del cambio climático. Al mismo tiempo, es un país expuesto a escenarios de riesgo de carácter antropogénico, como los incendios forestales, los derrames químicos y las emergencias radiológicas. Todas estas circunstancias pueden tener un impacto directo sobre la seguridad de nuestras instalaciones estratégicas, la cohesión social de nuestras comunidades y la integridad física, el bienestar y el patrimonio de la ciudadanía.
En los últimos 28 años se han suscitado 16 desastres naturales que han tenido un alto impacto en la estabilidad socioeconómica del país. Su costo estimado asciende a alrededor de 457 mil millones de pesos y más de 8 mil vidas humanas. Por otro lado, los efectos de las pandemias sobre nuestra población y sobre el desempeño de la economía nacional tampoco pueden ser soslayados (al respecto, consúltese la sección de retos de este documento).
La capacidad de una nación para hacer frente a escenarios de desastre y emergencia se encuentra vinculada con la prevención, la solidez de sus instituciones y la cohesión de su tejido social. En este marco, la visión del Gobierno de la República es promover la Gestión Integral del Riesgo a través de un ciclo de prevención, minimización y mitigación en los tres órdenes de gobierno. Con el propósito de abatir los efectos generados por estos fenómenos, el Gobierno de la República ha ampliado desde 2012 la cobertura financiera destinada a proteger los recursos públicos en caso de desastres naturales.(32) Para hacerlo, ha contratado una cobertura financiera por 315 millones de dólares a través de Bonos de Catástrofe. Esta iniciativa señala la importancia de fortalecer los instrumentos financieros y los seguros para poder afrontar riesgos catastróficos en los próximos años. De igual forma, es necesario destacar los esfuerzos realizados en los últimos años por el Sistema de Protección Civil para desarrollar mecanismos de alerta temprana frente a fenómenos meteorológicos, maremotos, sismos, actividad volcánica, sequías e incendios forestales.
El 14 de enero de 2014, el titular del Ejecutivo Federal anunció la creación de un Centro Nacional de Emergencias para monitorear de manera permanente los fenómenos naturales. Su propósito será generar información en tiempo real para facilitar la toma de decisiones, fortalecer la prevención y agilizar la capacidad de recuperación y respuesta del Estado mexicano frente a contingencias. De modo complementario, esta Administración trabaja para contar en 2016 con un Atlas Nacional de Riesgos para la consulta y gestión oportuna de riesgos por parte de las autoridades y la sociedad civil.
Finalmente, es necesario profundizar en la difusión de la política de Protección Civil para crear una consciencia colectiva unificada, cuyo objetivo será el de anticipar, prevenir y enfrentar los desastres de origen natural o los ocasionados por la acción humana. Para ello, se requiere contar con recursos humanos debidamente capacitados, un sistema de información especializada e infraestructura y equipo apropiados para prevenir y, en su caso, reaccionar eficaz y oportunamente ante emergencias, así como con un marco regulatorio que consolide las medidas de prevención de accidentes, con base en la inteligencia que en la materia generen las instituciones del Estado competentes.
2. Delincuencia Organizada Transnacional
En los últimos años, las capacidades operacionales de la delincuencia organizada transnacional se han acrecentado, generando con ello condiciones que favorecen la impunidad y que dificultan la acción persecutoria del Estado.(33) Este fenómeno ha propiciado el lavado de recursos ilícitos en la economía mexicana y el incremento de la violencia en el país, alterando el modo de vida de la población en aquellas regiones en las que los grupos criminales tienen su campo de acción.
De igual forma, la actuación del crimen organizado ha tenido un efecto corrosivo sobre la confianza de la sociedad en las instituciones, el mantenimiento de la gobernabilidad democrática en regiones específicas del país y el desarrollo económico y social. A nivel internacional el fenómeno de la violencia ha impactado negativamente sobre la imagen de México en el exterior.
Consciente de estos efectos, el Gobierno de la República ha emprendido acciones decisivas para combatir dicho fenómeno. Aunque los grupos de la delincuencia organizada persisten en mantener su presencia en regiones específicas del país para preservar el entorno operativo que les permite continuar con sus actividades ilícitas âpor ejemplo, al ejercer la violencia para garantizar la continuidad de las cadenas de producción, trasiego y comercialización de drogasâ lo cierto es que la acción del Estado ha provocado un proceso de fragmentación de las estructuras criminales, el cual ha sido acompañado por las siguientes tendencias: el cambio en las rutas terrestres y aéreas del tráfico de drogas; el desarrollo del mercado interno para el consumo de drogas ilegales en el territorio nacional; el cambio en los patrones de consumo y la diversificación de las actividades delincuenciales de los grupos criminales, orientada a la ampliación de sus fuentes de ingreso, entre otros factores.
En este contexto, el Programa Nacional de Seguridad Pública busca coordinar acciones federales, estatales y municipales para enfrentar la situación desde una perspectiva regional, haciendo corresponsables a los gobiernos locales. De igual forma, se han realizado acciones de fusión de inteligencia que han permitido que el Gobierno de la República neutralice a actores delincuenciales mediante alertas tempranas. Adicionalmente, el Esfuerzo Nacional contra el Narcotráfico, encabezado por las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Hacienda y Crédito Público, y por la Procuraduría General de la República, ha permitido mantener un trabajo coordinado a nivel federal para combatir el flagelo del narcotráfico. Finalmente,
y con el propósito de hacer frente a este riesgo desde un enfoque preventivo, el Gobierno de la República continuará consolidando el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Estrategia Nacional Antisecuestro.
Por último, es necesario señalar que las iniciativas de política pública enunciadas en el párrafo previo serán acompañadas con un fortalecimiento de las capacidades de generación, difusión oportuna y explotación de inteligencia. Al hacerlo se adoptará una perspectiva regional que será acompañada por un proceso de certificación y capacitación permanente de los funcionarios de las corporaciones policiales locales y el reforzamiento de las capacidades tecnológicas y de investigación utilizadas para combatir el lavado de dinero.
En los últimos años, el aumento de las amenazas vinculadas con la gestión del ciberespacio se ha convertido en una fuente de preocupación para todos los países. El incremento de los ataques en contra de la infraestructura crítica, los intereses económicos, las redes de información y las capacidades de defensa de naciones específicas, demuestra que existen gobiernos, grupos criminales y organizaciones terroristas dispuestas a explotar el ciberespacio con propósitos hostiles. Para hacer frente a este tipo de amenazas, es necesario que México redoble sus esfuerzos en la materia.
La existencia de una acotada cultura de seguridad de la información es quizás la principal vulnerabilidad del país actualmente. Por ello, es necesario que el Gobierno de la República desarrolle una política de Estado en materia de ciberseguridad y ciberdefensa, para garantizar así la defensa de los intereses económicos, políticos y militares de México en el ciberespacio. Es necesario generar y poner en marcha una estrategia que evite afectaciones a las capacidades nacionales de comunicación y a la funcionalidad de los sistemas de información estratégicos gestionados por las autoridades y el sector privado. El propósito central de la estrategia debe ser el fortalecimiento de la cuarta dimensión de las operaciones de seguridad: la ciberseguridad y la ciberdefensa.
En congruencia con lo anterior, el Gobierno de la República opera ya el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de México (CERT MX) de la Policía Federal y desarrolla procesos de protección de las infraestructuras críticas susceptibles de ser vulneradas por este tipo de ataques. De igual forma, se han puesto en marcha diversos esquemas de capacitación y formación de cuadros especializados en materia de ciberseguridad y ciberdefensa.
Finalmente, es necesario apuntar que esta Administración trabajará activamente en el desarrollo y actualización del marco jurídico en materia de seguridad de la información y ciberdefensa, así como en materia de prevención, investigación y sanción de delitos cibernéticos, a fin de responder a estándares de excelencia y mejores prácticas internacionales. Finalmente, es imprescindible incorporar mecanismos de intercambio de información especializada en el marco del establecimiento de acuerdos de cooperación bilateral en materia tecnológica, de inteligencia y ciberseguridad.
4. Fronteras, mares y flujos migratorios irregulares
México es uno de los países que participan directamente en las dinámicas migratorias y los flujos de bienes y personas que alimentan los circuitos comerciales lícitos e ilícitos de América del Norte. La gran extensión de sus fronteras sólo acentúa esta tendencia: las fronteras terrestres de México tienen una extensión total de 4 mil 291 kilómetros (la norte, con 3 mil 152 kilómetros y la sur con 1 mil 149 kilómetros), mientras que sus fronteras marítimas se componen por un litoral costero de 11 mil 222 kilómetros y poco más de 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva.(34) Se trata de fronteras definidas por la persistencia de fenómenos sociales que favorecen su porosidad, especialmente en el sur.
Bajo estas circunstancias, el fenómeno migratorio tiene un impacto directo sobre la dinámica poblacional de nuestro país, pues forma parte de un conjunto de tendencias demográficas, económicas, sociales, políticas y de seguridad que deben ser gestionadas por el Estado mexicano para garantizar los derechos humanos de los migrantes y el desarrollo de la nación. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en los últimos años se ha registrado un incremento en los flujos de retorno a México, al pasar de 267 mil migrantes entre 1995 y 2000 a 824 mil entre 2005 y 2010.(35) Esto ha generado situaciones complejas en nuestras comunidades fronterizas, donde persisten problemáticas laborales y de salud vinculadas con el incremento de los flujos migratorios. El limitado desarrollo social y económico de los asentamientos humanos en las zonas fronterizas, particularmente en el sur del país, es un factor que podría ampliar nuestras vulnerabilidades, acotando la capacidad para generar comunidades productivas, competitivas y sustentables.
De igual forma, la gestión del fenómeno migratorio demanda una acción decidida por parte de las autoridades nacionales para hacer frente al tráfico y la trata de personas, la violencia y la discriminación sufrida por los migrantes, así como los accidentes, robos y muertes que se producen en las zonas de ingreso al territorio nacional. Al utilizar el territorio nacional como punto de ingreso a Estados Unidos, los migrantes se exponen a los riesgos asociados con la presencia de los grupos criminales que operan en las rutas migratorias que vinculan a Centroamérica con América del Norte. Estos grupos delincuenciales aprovechan las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes para realizar cobros de traslado, utilizarlos como portadores de enervantes o someterlos a la explotación sexual y laboral. En algunos casos, las
organizaciones criminales también buscan reclutar a los migrantes para que ingresen a sus filas.
Gestionar la migración desde y hacia México impone a esta Administración exigencias y oportunidades cada vez mayores, las cuales implican la coordinación de esfuerzos por medio de una política integral que permita considerar las múltiples dinámicas del fenómeno migratorio en beneficio de las personas migrantes, así como la gestión eficiente y segura de la movilidad internacional. Esto es especialmente relevante en la frontera sur. Al respecto, será fundamental la consolidación de la Estrategia Integral de Atención a la Frontera Sur, mecanismo impulsado por el Gobierno de la República desde junio de 2013 para fortalecer la presencia de la autoridad del Estado en la zona y coordinar acciones con los países centroamericanos para superar los desafíos comunes a la seguridad y al desarrollo, y avanzar en el establecimiento de una frontera más moderna, eficiente, próspera y segura.
En este contexto, es necesario impulsar acuerdos de repatriación e intercambio de información y cooperación entre los países de origen, tránsito y destino de migrantes extra - continentales en el marco de los diferentes foros regionales, así como con aquellos países con elevado número de migrantes en México. Al mismo tiempo, debe consolidarse la instrumentación del Protocolo de Operación para Incidentes Fronterizos con Guatemala y Belice, con la finalidad de fomentar la cultura de regulación migratoria para propiciar un flujo documentado, ordenado y seguro hacia nuestro país.
Por otro lado, México debe profundizar la aplicación sistemática de los Protocolos de Prevención de Violencia Fronteriza entre México y los Estados Unidos de América para fortalecer la seguridad en la frontera norte, a fin de identificar redes de alto riesgo y vías de tráfico de armas, drogas, y dinero, así como incrementar las investigaciones y los procesos de persecución del delito con base en la inteligencia. Adicionalmente, es preciso fortalecer las capacidades aduanales de monitoreo y control de importación y exportación de mercancías en puertos terrestres, marítimos y aéreos, a efecto de combatir su introducción ilegal; así como priorizar la integridad del mar territorial y la vigilancia de la zona marítimo-terrestre y la plataforma continental.
5. Terrorismo y armas de destrucción masiva
El terrorismo es un riesgo global persistente. En la última década se ha registrado un incremento importante en el número de ataques terroristas en el mundo, afectando en muchos casos a países antes exentos de este flagelo. Hasta ahora México no ha sido blanco de ataques terroristas. Sin embargo, su posición geográfica podría resultar de interés para aquellos actores que busquen realizar atentados en contra de Estados Unidos o contra intereses de ese país en nuestro territorio. La posibilidad de que México sea utilizado por las organizaciones terroristas como plataforma logística, operativa y financiera para el tráfico de materiales de uso dual o para planear atentados en contra de objetivos en el territorio continental de Estados Unidos no debe ser descartada.
Por lo anterior, el Gobierno de la República ha puesto en marcha el diseño de una estrategia nacional contra el terrorismo, con el propósito de articular las acciones de Estado en esta materia desde una perspectiva integral de prevención, disuasión, detección y respuesta. Asimismo, fortalecerá la cooperación internacional para enfrentar al terrorismo como un desafío regional y global, promoviendo mejores controles fronterizos terrestres y marítimos y nuevos mecanismos para la detección y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
III. Los objetivos estratégicos del Programa para la Seguridad Nacional
7. Objetivos, estrategias y líneas de acción
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Consolidar el Sistema de Seguridad Nacional mediante el desarrollo y articulación permanente de los sistemas y procesos de los que dispone el Estado mexicano para asegurar la atención integral de las vulnerabilidades, los riesgos y las amenazas a la Seguridad Nacional.
Objetivo Específico 1.1. Desarrollar e implementar los fundamentos normativos y operativos que dan sustento al funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional para permitir una atención integral de los temas que forman parte de su agenda con una perspectiva multidimensional.
Al adoptar una aproximación multidimensional en materia de Seguridad Nacional, esta Administración asume el reto de hacer frente a una serie de fenómenos globales que derivan de un entorno estratégico en constante cambio. La oportuna atención de estos temas demanda el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Nacional mediante el desarrollo e implementación de aquellos fundamentos normativos y operativos que le dan sustento: un marco jurídico sólido, sistemas y programas de operación eficaces, y mecanismos de profesionalización y certificación rigurosos.
Estrategia 1.1.1. Consolidar el marco jurídico del Sistema de Seguridad Nacional para fortalecer las capacidades de las instituciones y autoridades del Estado mexicano.
1.1.1.1. Impulsar proyectos normativos que regulen los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos de las instancias de Seguridad Nacional (regímenes especiales para Seguridad Nacional).
1.1.1.2. Promover, en atención a compromisos internacionales del Estado mexicano, la armonización legislativa en temas de Seguridad Nacional.
1.1.1.3. Impulsar la implementación de la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, a fin de cumplir racionalmente el principio de máxima publicidad respecto de la información de Seguridad Nacional.
1.1.1.4. Promover una regulación homologada de los procesos de gestión e intercambio seguro de la información que garantice su resguardo, integridad y disponibilidad, así como la asignación de niveles de acceso.
Estrategia 1.1.2. Desarrollar los sistemas y programas que sustentan el funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional.
1.1.2.1. Promover la homologación de esquemas de seguridad de las instalaciones e infraestructura de las instancias del Sistema de Seguridad Nacional para permitir el desarrollo eficiente de sus funciones.
1.1.2.2. Impulsar el establecimiento de mecanismos de alerta temprana en el marco de los programas operativos de seguridad y protección.
1.1.2.3. Promover la creación de grupos interinstitucionales que lleven a cabo operaciones integradas de inteligencia y seguridad, bajo un modelo celular regionalizado.
1.1.2.4. Promover el seguimiento periódico de la política en materia de Seguridad Nacional, en los términos establecidos por el Programa para la Seguridad Nacional 2014 - 2018.
1.1.2.5. Impulsar el cumplimiento de los objetivos de los distintos Comités Especializados, establecidos por el Consejo de Seguridad Nacional para promover sinergias en su operación cuando así sea necesario.
Estrategia 1.1.3. Diseñar e implementar un modelo de profesionalización y certificación en materia de Seguridad Nacional.
1.1.3.1. Impulsar el desarrollo del marco jurídico que defina las bases del servicio profesional de los servidores públicos del Sistema de Seguridad Nacional.
1.1.3.2. Implementar programas de formación para los servidores públicos del Sistema de Seguridad Nacional que eficiente el desempeño de sus funciones.
1.1.3.3. Establecer un sistema de certificación de conocimientos y habilidades de los servidores públicos del Sistema de Seguridad Nacional.
1.1.3.4. Impulsar esquemas de desarrollo transversal del personal del Sistema de Seguridad Nacional.
Objetivo Específico 1.2. Articular la información y las inteligencias especializadas del Estado mexicano mediante el establecimiento y operación del Sistema Nacional de Inteligencia, a fin de potenciar la generación de inteligencia estratégica para la Seguridad Nacional.
El Modelo de Seguridad Nacional propuesto en este Programa tiene como fundamento la generación de inteligencia estratégica. El establecimiento de un Sistema Nacional de Inteligencia funcional es un componente central del proceso de consolidación de la política de Seguridad Nacional del Estado mexicano. Su adecuado desarrollo demanda la definición de una Doctrina Nacional de Inteligencia y el establecimiento de Unidades de Información e Inteligencia dentro de las distintas dependencias que forman parte de la Administración Pública Federal.
Estrategia 1.2.1. Establecer el Sistema Nacional de Inteligencia por medio del desarrollo de mecanismos que permitan su integración y operación como parte del Sistema de Seguridad Nacional.
1.2.1.1. Impulsar el desarrollo del marco jurídico para el establecimiento y operación del Sistema Nacional de Inteligencia y sus distintas unidades.
1.2.1.2. Promover, con el apoyo de las instituciones de investigación científica nacionales, el desarrollo de una plataforma tecnológica propietaria del Estado mexicano para la recolección de información de interés para la Seguridad Nacional que apoye la generación de inteligencia estratégica y especializada.
1.2.1.3. Establecer Unidades de Información e Inteligencia en el ámbito del Ejecutivo Federal para la
generación de información e inteligencia especializadas.
Estrategia 1.2.3. Desarrollar una Doctrina Nacional de Inteligencia para la Seguridad Nacional que unifique los criterios y las fases del ciclo de inteligencia en los órganos de inteligencia civiles y militares del Estado mexicano.
1.2.3.1. Establecer un grupo de trabajo interinstitucional para el desarrollo y difusión de la Doctrina Nacional de Inteligencia, integrado por las instituciones educativas de las instancias y dependencias representadas en el Consejo de Seguridad Nacional.
1.2.3.2. Organizar foros con expertos nacionales y extranjeros para el intercambio de experiencias y mejores prácticas en materia de producción y uso de inteligencia.
1.2.3.3. Promover esquemas para difundir la Doctrina Nacional de Inteligencia entre el personal del Sistema Nacional de Inteligencia.
Objetivo Específico 1.3. Desarrollar y divulgar la Cultura de Seguridad Nacional del Estado mexicano, para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema.
Este Programa plantea que la sociedad civil asuma un papel corresponsable en la preservación de nuestro proyecto de nación. Al respecto, es necesario desarrollar y divulgar una cultura de Seguridad Nacional congruente con los valores de una sociedad democrática que se proyecta en el exterior como un actor global responsable. La definición de los esquemas para definir los elementos de la Cultura de Seguridad Nacional es fundamental para dar sustento a esta iniciativa.
Estrategia 1.3.1. Diseñar esquemas para desarrollar y divulgar la cultura de Seguridad Nacional entre autoridades coadyuvantes del Sistema de Seguridad Nacional y la sociedad civil.
1.3.2.1. Establecer un Comité de Estudios para definir los elementos mínimos de la cultura de Seguridad Nacional integrado por representantes de las escuelas de seguridad y defensa de las dependencias que forman parte del Consejo de Seguridad Nacional, así como otras instituciones educativas, el sector privado y la sociedad civil.
1.3.2.2. Promover el desarrollo, estudio y difusión de temas y contenidos relacionados con la Seguridad Nacional para el desarrollo integral de la Cultura en la materia.
1.3.2.3. Impulsar la difusión de la cultura y el derecho de la Seguridad Nacional.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Asegurar que la política de Seguridad Nacional del Estado mexicano adopte una perspectiva multidimensional mediante la coordinación de las autoridades e instituciones competentes, para favorecer así la consecución de los objetivos e intereses nacionales.
Objetivo Específico 2.1. Definir anualmente una Agenda Nacional de Riesgos con carácter multidimensional, para promover la atención integral de los temas de Seguridad Nacional mediante el desarrollo de acciones conjuntas a fin de hacer frente a riesgos y amenazas.
La Agenda Nacional de Riesgos es el documento estratégico y prospectivo que orienta el trabajo de las autoridades que forman parte del Sistema de Seguridad Nacional. Al adoptar una aproximación multidimensional en materia de Seguridad Nacional, esta Administración le otorga un énfasis especial al seguimiento de aquellas tendencias que podrían vulnerar la estabilidad y el desarrollo del Estado mexicano desde una perspectiva multidimensional.
Estrategia 2.1.1. Actualizar bajo una perspectiva multidimensional los temas que serán considerados en la Agenda Nacional de Riesgos y en los esquemas de coordinación de acciones para su atención integral.
2.1.1.1. Considerar un enfoque multidimensional para atender las tendencias del entorno nacional e internacional al momento de integrar la Agenda Nacional de Riesgos.
2.1.1.2. Realizar periódicamente encuentros de analistas de inteligencia de las dependencias federales que forman parte del Consejo de Seguridad Nacional.
2.1.1.3. Integrar grupos de expertos para el análisis especializado de temas estratégicos en materia de Seguridad Nacional.
2.1.1.4. Generar información e inteligencia especializada para identificar y evaluar integralmente todos los aspectos que contribuyen a la generación de corrupción, impunidad y violencia.
Estrategia 2.1.2. Desarrollar una política de Estado en materia de seguridad cibernética y ciberdefensa, para proteger y promover los intereses y objetivos nacionales.
2.1.2.1. Impulsar proyectos normativos que regulen esquemas de seguridad de la información homólogos en todos los sectores del país, para prevenir y enfrentar ataques cibernéticos.
2.1.2.2. Designar a la unidad administrativa encargada de emitir, evaluar e impulsar el cumplimiento de la política de seguridad cibernética y ciberdefensa para el Ejecutivo Federal.
2.1.2.3. Fortalecer los mecanismos de coordinación para la atención a incidentes de seguridad cibernética en el ámbito del Ejecutivo Federal.
2.1.2.4. Impulsar el cumplimiento y el desarrollo de procedimientos para evaluar y fortalecer el funcionamiento de los equipos de respuesta a incidentes de seguridad cibernética en el ámbito del Ejecutivo Federal.
2.1.2.5. Fortalecer las capacidades humanas, tecnológicas y la infraestructura para atender incidentes de seguridad cibernética.
2.1.2.6. Establecer esquemas de cooperación internacional en materia de seguridad cibernética y ciberdefensa para prevenir y enfrentar ataques a los sistemas informáticos del país.
Objetivo Específico 2.2. Fortalecer la capacidad de respuesta de las Fuerzas Federales para contribuir tanto al mantenimiento de la Seguridad Interior como a las tareas de Defensa Exterior de la Federación.
A partir de la consideración de los desafíos que México enfrenta en materia de Seguridad Interior deriva la pertinencia de fortalecer la capacidad de respuesta de las Fuerzas Federales con el propósito de que éstas se encuentren en condiciones de ser desplegadas y sostenidas con oportunidad cuando así lo ameriten las circunstancias. Las autoridades civiles y militares deben contar con la certeza de que existe un marco jurídico que define los alcances y los límites de sus atribuciones. De igual forma, es importante prestar atención al desarrollo de capacidades para la defensa nacional conforme a las necesidades estratégicas de México en el siglo XXI.
Estrategia 2.2.1. Impulsar las reformas legales necesarias para dar sustento a la actuación de las Fuerzas Armadas en actividades de Seguridad Interior.
2.2.1.1. Impulsar el desarrollo del marco jurídico en materia de Seguridad Interior, a fin de sustentar la actuación de las Fuerzas Armadas en dicho ámbito.
2.2.1.2. Promover reformas a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y a la Ley Orgánica de la Armada de México, a efecto de actualizar su marco legal en materia de Seguridad Interior.
Estrategia 2.2.2. Fortalecer la arquitectura institucional y la capacidad de respuesta de las Fuerzas Federales en materia de seguridad y defensa.
2.2.2.1. Promover un marco normativo que fije las responsabilidades y alcances de las instituciones federales en materia de seguridad y defensa nacionales.
2.2.2.2. Desarrollar una doctrina que unifique la actuación de las instituciones federales en materia de seguridad y defensa nacionales.
2.2.2.3. Impulsar el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para fortalecer la generación de inteligencia requerida por las instituciones federales responsables de la seguridad y defensa nacionales.
2.2.2.4. Fortalecer la interacción de las Fuerzas Federales, a fin de mejorar su cohesión y entendimiento en asuntos de seguridad y defensa.
Estrategia 2.2.3. Consolidar los esquemas de coordinación entre las autoridades federales y locales en materia de Seguridad Interior.
2.2.3.1. Diseñar esquemas de participación conjunta entre las instituciones federales y locales que permita
minimizar el impacto de los antagonismos que inciden en la Seguridad Interior.
2.2.3.2. Impulsar la coordinación de las instancias de la Administración Pública Federal para realizar acciones interinstitucionales en materia de Seguridad Interior.
2.2.3.3. Promover mecanismos de intercambio de información entre las autoridades federales y estatales en materia de Seguridad Interior.
2.2.3.4. Diseñar esquemas de contención que permitan minimizar el impacto de los fenómenos de Seguridad Interior, contando con la participación corresponsable de las Entidades Federativas.
Estrategia 2.2.5. Fortalecer las capacidades militares y navales de la nación a través de la adopción de equipamiento adecuado y tecnología actualizada.
2.2.5.1. Establecer un plan de modernización de equipamiento y tecnología para las Fuerzas Armadas que mejore sensiblemente sus capacidades, a fin de conseguir el nivel necesario para reaccionar y neutralizar cualquier riesgo o amenaza de orden militar.
2.2.5.2. Promover e incrementar las capacidades industriales, tecnológicas y de investigación científica para el desarrollo de métodos y tecnologías relacionadas con el ámbito de la Defensa mediante programas de apoyo y colaboración con empresas y universidades nacionales.
2.2.5.3. Renovar la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones de las Fuerzas Armadas.
2.2.5.4. Modernizar tecnológicamente el Sistema de Inteligencia Militar, con objeto de atender eficientemente las amenazas a la Seguridad Nacional.
2.2.5.5. Fortalecer y renovar las capacidades del Sistema de Vigilancia Aérea, a fin de lograr una mayor cobertura del espacio aéreo nacional.
Estrategia 2.2.6. Fomentar la preparación del personal militar y naval, así como la mejora continua del sistema de formación y educación de las Fuerzas Armadas.
2.2.6.1. Ampliar las áreas de preparación para el personal, adaptadas a las nuevas realidades y retos mediante cursos nacionales y en el extranjero.
2.2.6.2. Establecer un proceso de mejora continua para fortalecer el Sistema Educativo Militar y Naval.
2.2.6.3. Participar en ejercicios de adiestramiento bilaterales y multinacionales con las fuerzas armadas de países amigos, a fin de incrementar el nivel de adestramiento, interoperabilidad y experiencia, realizando las adaptaciones necesarias a la legislación vigente con este propósito.
2.2.6.4. Dotar de mayor infraestructura, equipo y material a los Sistemas Educativo Militar y Naval.
2.2.6.5. Desarrollar actividades de adiestramiento conjunto entre las tres Fuerzas Armadas, a fin de armonizar su doctrina y mejorar sus procedimientos de actuación.
2.2.6.6. Fortalecer el adiestramiento militar y naval, mediante el empleo de equipo y medios tecnológicos modernos que incrementen su capacidad y eficiencia.
2.2.6.7. Incrementar la capacitación y el adiestramiento del personal militar y naval en materia de inteligencia, contrainteligencia, ciberseguridad y ciberdefensa.
Estrategia 2.2.7. Desarrollar y probar mecanismos de continuidad de operaciones de las instalaciones estratégicas nacionales, a fin de elevar su nivel de resiliencia y la provisión de bienes y servicios públicos esenciales para la población.
2.2.7.1. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional de las instancias y autoridades que forman parte del Sistema de Seguridad Nacional para la atención de incidentes que se presenten dentro de las instalaciones estratégicas nacionales.
2.2.7.2. Establecer Comités de Reanudación de Actividades en las aduanas para la reactivación del flujo comercial y de pasajeros en las fronteras ante una eventualidad que interrumpa sus operaciones normales.
2.2.7.3. Implementar procedimientos para evaluar y fortalecer el funcionamiento de las instalaciones estratégicas nacionales ante situaciones de emergencia.
2.2.7.4. Fortalecer la vigilancia, control, protección y seguridad en las instalaciones estratégicas nacionales.
Objetivo Específico 2.3. Contribuir al mantenimiento de un entorno internacional estable que favorezca los intereses y objetivos nacionales del Estado mexicano.
En tanto que potencia emergente y actor global responsable, México se encuentra comprometido con la preservación de la gobernabilidad del sistema internacional en el siglo XXI. Al adoptar una perspectiva multidimensional en materia de seguridad internacional, este Programa considera iniciativas multilaterales congruentes con los principios de nuestra política exterior para avanzar en la resolución de aquellos conflictos que incidan sobre el interés nacional y el mantenimiento del orden internacional.
Estrategia 2.3.1. Fortalecer el desarrollo fronterizo y regional como elemento de la política de Seguridad Nacional del Estado mexicano.
2.3.1.1. Participar y coordinar la promoción del desarrollo fronterizo con Estados Unidos en los ámbitos de seguridad, competitividad, infraestructura y energía.
2.3.1.2. Coordinar y promover el desarrollo fronterizo con Guatemala y Belice y evaluar proyectos prioritarios de infraestructura en la frontera sur.
Estrategia 2.3.2. Gestionar la agenda migratoria desde una perspectiva integral que incluya acuerdos con países expulsores de migrantes.
2.3.2.1. Impulsar acuerdos de cooperación con países expulsores de migrantes para actuar coordinadamente y brindar atención integral al fenómeno migratorio regional.
2.3.2.2. Armonizar la legislación nacional en materia de trata de personas con los tratados internacionales y promover su instrumentación.
2.3.2.3. Impulsar iniciativas multilaterales conjuntas con países que tengan visiones afines en materia de migración.
2.3.2.4. Promover la cooperación con otros países para fortalecer constantemente los sistemas nacionales de registro de datos para facilitación migratoria.
Estrategia 2.3.3. Promover acciones de cooperación en materia de seguridad internacional con un enfoque multidimensional.
2.3.3.1. Consolidar la visión de responsabilidad compartida con Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza, con énfasis en aspectos preventivos y de desarrollo social.
2.3.3.2. Impulsar la cooperación con América Latina y el Caribe en materia de seguridad y contra el narcotráfico y la farmacodependencia, así como actualizar los mecanismos ya existentes.
2.3.3.3. Promover proyectos de cooperación con América Central y el Caribe en materia de desastres naturales, infraestructura y turismo.
2.3.3.4. Propiciar la participación en foros y mecanismos internacionales y regionales en materia de seguridad desde una perspectiva multidimensional.
Estrategia 2.3.4. Impulsar acciones encaminadas al cumplimiento de instrumentos internacionales en materia de no - proliferación y desarme.
2.3.4.1. Incentivar el fortalecimiento de las normas de Derecho Internacional Humanitario, incluyendo las prohibiciones sobre las municiones en racimo y minas terrestres antipersonal.
2.3.4.2. Promover la universalidad y cumplimiento de los tratados de desarme y no proliferación de armas de destrucción en masa, los de armas de efecto indiscriminado o daño superfluo, así como la creación de nuevos tratados que contribuyan a la eliminación de dichas armas.
2.3.4.3. Promover la entrada en vigor del Tratado sobre Comercio de Armas y su implementación.
2.3.4.4. Impulsar el cumplimiento de los instrumentos internacionales relativos al tráfico de armas
pequeñas y ligeras.
2.3.4.5. Participar activamente en los regímenes multilaterales de control de exportaciones para contribuir a evitar la proliferación de armas de destrucción en masa y sus vectores.
Estrategia 2.3.5. Impulsar iniciativas en foros multilaterales para contribuir a la Seguridad Nacional e internacional desde una perspectiva multidimensional.
2.3.5.1. Impulsar y apoyar acciones para prevenir y combatir el terrorismo internacional en todas sus formas y expresiones.
2.3.5.2. Impulsar y fortalecer la cooperación regional e internacional en materia de cambio climático, biodiversidad y medio ambiente.
2.3.5.3. Contribuir a la definición de los nuevos retos en materia de delincuencia organizada transnacional.
2.3.5.4. Fomentar el debate internacional en torno a la definición de una nueva estrategia para hacer frente al problema mundial de las drogas.
2.3.5.5. Participar activamente en foros internacionales para fortalecer la vigilancia epidemiológica y la protección de la salud global.
2.3.5.6 Impulsar iniciativas de seguridad internacional en foros multilaterales, para contribuir a garantizar la paz y la seguridad en México.
Estrategia 2.3.6. Fortalecer las capacidades del Estado en las fronteras y puertos a efecto de ordenar flujos comerciales y migratorios.
2.3.6.1. Integrar grupos de trabajo para el análisis de temas en materia de flujos comerciales y migratorios.
2.3.6.2. Implementar procedimientos tecnológicos y de infraestructura para el control de flujos comerciales y migratorios.
2.3.6.3. Fortalecer las capacidades en las fronteras y puertos para la vigilancia de los flujos comerciales y migratorios.
2.3.6.4. Fortalecer los Comités de Seguridad en las fronteras del país.
2.3.6.5. Establecer filtros de verificación de mercancías y vehículos de procedencia extranjera en las principales rutas carreteras provenientes de los puntos de ingreso a territorio nacional para detectar contrabando, piratería y otro tipo de bienes que pongan en riesgo o vulneren la salud pública y la Seguridad Nacional.
IV. Una agenda para el futuro: los retos del Estado mexicano en materia de Seguridad Nacional
8. Retos en materia de Seguridad Nacional
México está inserto en un mundo que enfrenta desafíos en una escala sin precedente. Se trata de retos vinculados con la evolución de las tendencias sociales, económicas, demográficas y tecnológicas que están forjando la naturaleza del paisaje internacional del siglo XXI. Por ello, nuestro país requiere del diseño de políticas públicas con una visión de futuro y sustentabilidad que permitan hacer frente a aquellos fenómenos que pueden incidir negativamente sobre su seguridad y el bienestar de la población. Para hacerlo tendrá que tomar decisiones basadas en la gestión de conocimiento generado por medio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI).
Por la amplitud de su territorio y la riqueza de sus recursos naturales, el vigor de su cultura, el tamaño de su población, la dimensión de su economía en el ámbito mundial, el tamaño de su mercado interno, y su gran potencial energético, México puede ser uno de los principales actores en el ámbito geopolítico y económico global. Sin embargo, persisten grandes rezagos sociales e importantes contrastes en múltiples aspectos de la vida nacional que deben ser enfrentados con decisión y visión de largo plazo. La transformación de estas condiciones de rezago estructural sólo podrá lograrse mediante la generación de capital humano de alta calidad y el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan incidir en el mejoramiento de los niveles de prosperidad del país y el bienestar de su población.
En este sentido, México debe aspirar a construir condiciones que le permitan ocupar un mejor nivel en los índices mundiales de desarrollo humano (posición no. 61)(36), de competitividad global (posición no. 55)(37), de capacidad de innovación (posición no. 63)(38), de calidad del sistema educativo (posición no. 107)(39), de gasto empresarial en investigación y desarrollo (posición no. 79)(40) y del marco institucional público (posición
no. 96)(41), entre otros, con el fin de disminuir los riesgos y las vulnerabilidades que pueden obstaculizar su desarrollo y su capacidad de competir internacionalmente en mejores condiciones en los sectores que generan mayor valor agregado.
Desde la perspectiva de una política de Estado que privilegia una aproximación multidimensional a la agenda de Seguridad Nacional, los retos que enfrentamos en el presente también se constituyen como ventanas de oportunidad para reducir aquellas vulnerabilidades que pueden comprometer el desarrollo sustentable del país en una perspectiva de mediano y largo plazos. La política de Seguridad Nacional del Estado mexicano debe considerar la construcción de herramientas para la previsión de aquellos riesgos sociales, ambientales, tecnológicos y demográficos que pueden comprometer la seguridad y el desarrollo de nuestra nación.
Los cuatro retos identificados en esta sección se encuentran vinculados con un claro desafío demográfico que señala la consolidación de un modo de vida predominantemente urbano en nuestro país y en muchas otras sociedades emergentes. De acuerdo con el Informe Mundial sobre Asentamiento Humanos 2013, en 2030 cerca del 60 por ciento de la población mundial vivirá en entornos urbanos.(42) Esta tendencia tendrá un impacto directo sobre la gestión de los recursos naturales, el desarrollo tecnológico y las formas de convivencia social que definen el modo de vida de los mexicanos y la viabilidad de nuestro proyecto de nación.
El desafío demográfico, la urbanización creciente y los escenarios de vulnerabilidad en el mediano y largo plazos
Las proyecciones elaboradas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) señalan que México cuenta con poco más de 119 millones de habitantes, de los cuales el 51.2 por ciento son mujeres y el 48.8 por ciento son hombres.(43) El 28 por ciento de la población mexicana tiene menos de 15 años, el 62.2 por ciento se encuentra entre los 15 y los 69 años, y sólo el 10 por ciento está integrada por adultos mayores de 60 años.
La población mexicana vive hoy en un entorno predominantemente urbano: 81 millones de personas habitan en 384 ciudades, las cuales concentran al 72.3 por ciento de la población nacional.(44) Las Proyecciones de la Población 2010 - 2030 permiten estimar que a mediados de 2014 habrá 14 ciudades que superarán el millón de habitantes y que para 2030 habrá 19 ciudades en el país que alcanzarán esta condición. Para entonces, México contará con una población total de alrededor de 137 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 99 millones vivirán en entornos urbanos.
De existir condiciones económicas favorables, este panorama demográfico tendrá un impacto positivo para el desarrollo nacional en el mediano plazo, pues durante un tiempo relativamente amplio la población en edad de trabajar seguirá siendo mayor a la población dependiente. Sin embargo, en el largo plazo las tendencias de crecimiento poblacional ejercerán una presión considerable sobre los servicios financieros, el sistema de pensiones y la seguridad social.
Por ello, es necesario que las autoridades de los tres niveles de gobierno prevean los mecanismos para hacer frente a los impactos de esta tendencia en términos tecnológicos, sociales y ambientales. De no hacerlo, es posible que las vulnerabilidades actuales contribuyan a la gestación de escenarios de riesgo que pueden traducirse en amenazas importantes para nuestro modelo de desarrollo. Reducir la vulnerabilidad de nuestras comunidades y fortalecer la cohesión del tejido social es un primer paso para hacer frente a estos desafíos.
Esta sección identifica cuatro retos que pueden tener un impacto sobre la agenda de Seguridad Nacional del Estado mexicano desde una perspectiva de mediano y largo plazos:
1. La preservación de la biodiversidad como recurso estratégico
México es una nación megadiversa y forma parte de un reducido grupo de países que concentran cerca de dos terceras partes de la biodiversidad mundial. Con poco más de 200 mil especies de plantas y animales presentes en el país âalrededor del 10 al 12 por ciento mundialâ y 51 ecorregiones distintas, el país ocupa la cuarta posición dentro de dicho grupo, lo que sin duda determina la responsabilidad especial de México en este ámbito.(45)
Nuestros ecosistemas son generadores de un capital natural que forma parte de los recursos estratégicos con los que cuenta la nación para garantizar su desarrollo. Además de proveer servicios ambientales
esenciales que son indispensables para otorgarle viabilidad a los asentamientos humanos, dichos ecosistemas son el sustento de nuestra vida económica y tienen un papel central en la construcción de nuestra identidad cultural y nuestras formas de convivencia social. Por ello, la biodiversidad es un recurso estratégico sin el cual nuestro proyecto de nación puede ser puesto en riesgo.
Actualmente los ecosistemas del país manifiestan síntomas de un impacto antropogénico que ha sido particularmente agudo en el último medio siglo. La pérdida de hábitats y su fragmentación, la sobreexplotación de flora y fauna, la introducción de especies invasoras, la contaminación de los ecosistemas y el cambio climático son causas directas de la pérdida de nuestro capital natural. Esta tendencia también pone en riesgo la seguridad de nuestra población, pues la destrucción de ecosistemas como los manglares y arrecifes hace más vulnerable nuestro territorio; ello es así debido a que éstos actúan como barreras naturales que previenen la erosión y disminuyen el impacto de los huracanes y otros eventos hidrometeorológicos extremos al tocar tierra. Otro recurso natural con graves afectaciones es el suelo, pues se estima que cerca de la mitad de la superficie nacional ha sido afectada por la degradación y la deforestación.
Para hacer frente a este desafío, el Gobierno de la República cuenta con una Estrategia Nacional sobre Biodiversidad(46) que establece las líneas estratégicas que deben ser observadas para cumplir con los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica, instrumento internacional del cual México es parte desde 1993: primero, proteger y conservar los diferentes componentes de la biodiversidad presentes en nuestro país; segundo, valorar en su justa dimensión la diversidad biológica de México como un elemento central para la cultura y el desarrollo nacionales; y tercero, promover el uso sostenible del capital ambiental generado por la biodiversidad para promover así el desarrollo nacional.
Pese a contar con este instrumento y con un marco regulatorio que busca garantizar la preservación de nuestra biodiversidad, las herramientas que hasta el momento han sido utilizadas para hacer efectivo su cumplimiento no siempre han sido completamente eficaces. En términos generales, la gestión pública no ha logrado establecer mecanismos institucionales que garanticen una adecuada valoración de la biodiversidad y los servicios ambientales disponibles, condición obligada para contener los principales procesos de deterioro de nuestros ecosistemas y su manejo sustentable en beneficio del desarrollo nacional.
En este sentido, el Estado mexicano deberá promover políticas de bioprospección que permitan aprovechar y gestionar responsablemente el material genético de nuestros ecosistemas, definiendo las condiciones para su gestión sustentable y la generación de valor agregado para promover el desarrollo rural sustentable, la transformación social de nuestras comunidades rurales y el desarrollo de iniciativas en los ámbitos de la biotecnología, el sector farmacéutico, la industria química y la salud pública.
Para hacerlo, el Gobierno de la República deberá proponer mecanismos de colaboración y consulta con la comunidad científica del país, las instituciones de educación superior, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. En este marco, la colaboración con nuestras comunidades indígenas será central para promover la gestión sustentable de nuestros ecosistemas y el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas del campo mexicano. Bajo esta perspectiva, la seguridad del Estado mexicano se encuentra vinculada con la necesidad de generar recursos para el desarrollo nacional sin poner en riesgo la diversidad biológica de la que depende el futuro de nuestro país.
2. Impactos del cambio climático sobre la seguridad alimentaria y la gestión del agua
La posición geográfica de México le hace sumamente vulnerable a los impactos del cambio climático. En las próximas décadas los efectos de este fenómeno ejercerán una presión adicional sobre nuestros ecosistemas en el marco de la consolidación de un modelo de desarrollo urbano cada vez más exigente en el consumo de alimentos, agua y recursos energéticos.
Los efectos del cambio climático sobre México son reales: en las últimas décadas, la actividad humana ha generado alteraciones climáticas en nuestro país, muchas de las cuales han sido acompañadas por el aumento de los eventos climáticos extremos. Entre 1971 y 2008 la temperatura media anual se incrementó en 0.6 ° C en el territorio nacional, mientras que entre la década de 1950 y el año 2000 el nivel medio del mar aumentó entre 1.8 y 9.3 milímetros en ciertas ciudades costeras del Golfo de México.(47) Los cálculos realizados por las instituciones académicas nacionales especializadas también predicen un aumento promedio en la temperatura de hasta 4 ° C durante este siglo y una disminución de las precipitaciones de hasta un 11 por ciento, lo que sin duda podría tener un impacto considerable sobre la seguridad alimentaria del país.(48)
Debido a que en México la actividad agropecuaria y la pesca son altamente dependientes de las
condiciones atmosféricas, es razonable esperar que el cambio climático tenga un impacto creciente sobre ambas actividades en las próximas décadas. El cambio climático ha tenido una incidencia importante sobre la frecuencia y la severidad de las sequías y las inundaciones que ha sufrido nuestro país recientemente. El aumento de las temperaturas permitirá que algunos cultivos se puedan cosechar con mayor frecuencia, aumentando su rendimiento debido a los mayores niveles de bióxido de carbono. Sin embargo, esta circunstancia no es sostenible: a mediano y largo plazos se presentará un escenario en el que será necesaria la migración de cultivos y de especies de plantas y animales para poder sostener la producción. Este último fenómeno afectará la distribución geográfica de la producción agroalimentaria en México y el mundo, incorporando nuevas regiones a la producción de alimentos y reduciendo drásticamente la producción en otras. Bajo esta perspectiva, la posibilidad de que se produzcan desplazamientos de personas buscando mejores condiciones de vida y nuevas fuentes de sustento no puede ser soslayada.
Por otra parte, dentro de los efectos esperados del cambio climático se encuentra la modificación en los patrones pluviales y de temperatura que condicionan la disponibilidad del agua en México: mientras que las regiones norte y centro del país sólo tienen acceso a 32 por ciento del agua disponible en nuestro país, la región sureste concentra 68 por ciento de la disponibilidad del líquido.(49) De modo contrastante, las primeras dos regiones albergan al 77 por ciento de la población y generan el 79 por ciento del PIB, mientras que la segunda concentra al 23 por ciento de la población y contribuye con el 21 por ciento del PIB. Estas cifras dan cuenta de que la presión sobre los recursos hídricos del país se encuentra vinculada con las disparidades de su desarrollo a nivel regional y local. Mantener una oferta sustentable de alimentos para satisfacer las necesidades de nuestra población será uno de los grandes retos del Estado mexicano en el futuro inmediato. El proceso de urbanización iniciado en México durante la segunda mitad del siglo XX continuará durante las próximas décadas, por lo que la demanda de alimentos con mayor valor agregado será una de las constantes que definirán el vínculo entre el cambio climático y la sustentabilidad de nuestro modelo de desarrollo.
Es necesario reconocer que la naturaleza de los retos que México enfrentará en los próximos años amerita tomar medidas proactivas de prevención, adaptación y mitigación de los impactos del cambio climático sobre nuestro modelo de desarrollo y sobre la calidad de vida de nuestra población. No hacerlo así puede significar la consolidación de un escenario en el que las vulnerabilidades del presente podrían convertirse en amenazas graves para el Estado mexicano en el futuro.
Ante esta circunstancia, México asumió en 2013 el reto de desarrollar una Estrategia Nacional de Cambio Climático que define un conjunto de pilares para promover la adaptación de nuestro país a dicho fenómeno por medio de un modelo de desarrollo bajo en emisiones y la construcción de condiciones que reduzcan la vulnerabilidad de nuestra sociedad a sus efectos.(50) En este contexto, la Ley General de Cambio Climático establece el compromiso de reducir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero en un 30 por ciento hacia el año 2020, con respecto a las emisiones del año 2000. Ambos instrumentos de política pública prevén reducir en un 50 por ciento tales emisiones hacia el año 2050.
3. La transformación del panorama energético global y la seguridad energética
El mundo experimenta actualmente una transición energética que tendrá importantes repercusiones geopolíticas y que puede incidir directamente sobre la capacidad de México para garantizar su seguridad energética y la estabilidad de sus finanzas públicas. En los últimos años, la introducción de nuevas capacidades tecnológicas ha permitido el acceso a reservas no convencionales de petróleo y gas natural.
Países antes dependientes de la importación de energéticos se perfilan ahora como líderes en la producción de hidrocarburos convencionales y no convencionales. Entre ellos destacan Estados Unidos y Canadá, los dos socios comerciales de México en América del Norte. La Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que para 2020 Estados Unidos se convertirá en un exportador neto de gas natural y en el primer exportador de petróleo del mundo.(51)
En México, la producción de energía primaria (compuesta en un 65 por ciento por petróleo crudo) es superior a su demanda, dando como resultado un superávit energético total. Sin embargo, la energía que demanda el país para el desarrollo de su economía proviene de energéticos secundarios (aquellos que han sido transformados y refinados). La producción de estos últimos es inferior al consumo nacional, por lo que en los últimos años se ha tenido que recurrir a importaciones cada vez mayores de gas natural, gas LP, gasolinas y diésel. De igual forma, es necesario advertir que entre 2004 y 2012 la producción nacional de petróleo disminuyó en cerca de 835 mil barriles diarios, lo cual representa una caída del 25 por ciento (de 3.4 millones
de barriles diarios en el primer a 2.5 millones).(52) La caída en la producción no se ha resentido hasta ahora en nuestras finanzas públicas debido a que los precios internacionales del barril de petróleo se triplicaron en ese mismo periodo, al pasar de 31 dólares en 2004 a alrededor de 100 dólares en la actualidad. Esta circunstancia hace que nuestro país sea muy vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y otros hidrocarburos.(53)
Por otro lado, es necesario apuntar que las reservas totales de petróleo y gas natural de México disminuyeron en un 23 por ciento entre 1999 y 2012, por lo que en el presente contamos con un horizonte de producción de apenas una década, en el caso de las reservas probadas. De continuar estas tendencias, México podría pasar de ser un exportador neto de energía a ser un país estructuralmente deficitario en la misma. Esta circunstancia comprometería nuestra seguridad energética al vulnerar la autonomía en el abasto de insumos energéticos que tienen un papel central para el desarrollo social y económico del país.
En materia eléctrica también enfrentamos desafíos importantes: las líneas de la Red Nacional de Transmisión, esenciales para el suministro eléctrico de nuestras ciudades, son vulnerables debido a su extensión (766, 000 km, incluyendo subtransmisión y distribución).(54) La falta de disponibilidad de energéticos primarios para la generación eléctrica, al igual que la extensión y antigedad de las líneas de transmisión son factores que limitan la eficiencia de nuestras redes de transmisión.
En este contexto, el Gobierno de la República se encuentra determinado a reducir las debilidades estructurales del sistema energético nacional para que éste pueda responder de mejor forma a los impactos del entorno energético internacional y al riesgo de desabasto en el suministro de combustibles. Para alcanzar este propósito, es necesario impulsar una política sectorial que permita diversificar las fuentes de nuestro abasto energético bajo un esquema sustentable orientado por la aspiración de mantener la suficiencia energética en una perspectiva de corto, mediano y largo plazos.
4. La gestión de los riesgos sanitarios y las pandemias ante un escenario de apertura global
México es una nación abierta al mundo que busca servirse de su condición de potencia emergente para impulsar el desarrollo nacional. Por ello, en los últimos años los intercambios turísticos y comerciales con otras naciones se han incrementado, permitiendo que las fronteras, puertos y aeropuertos sean puntos de entrada y salida para el intercambio de bienes y personas. Paradójicamente, los intensos intercambios de México con el mundo han venido acompañados de una mayor exposición a riegos sanitarios vinculados con el consumo de productos y servicios de importación, la exposición transfronteriza a factores ambientales y el tránsito internacional de personas. Por ello, en los últimos años la salud se ha convertido, cada vez más, en un asunto de política exterior y en un componente clave de la agenda de Seguridad Nacional.
En 2009, México fue el primer país en anunciar la presencia de la transmisión sostenida del nuevo virus de influenza A (H1N1) que amenazó la salud y la vida de nuestra población. El escenario generado por la propagación de este virus puso a prueba a las instituciones sanitarias del país y demandó la aplicación de los protocolos previstos en el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza, formulado originalmente en 2005 por el Comité Nacional para la Seguridad en Salud.(55) La experiencia dejó importantes aprendizajes, señalando el hecho de que en escenarios similares la salud de la población y el desempeño de la economía nacional pueden ponerse nuevamente en riesgo. Ante tal situación, es necesario seguir avanzando en el fortalecimiento de los programas de contingencia ante alertas sanitarias y en el desarrollo de mecanismos de coordinación institucional para analizar, evaluar y comunicar el riesgo.
Al mismo tiempo, el aumento en la incidencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos vinculados con el cambio climático también tendrá un impacto importante sobre la gestión de riesgos para la salud pública y la seguridad de nuestra población. Bajo condiciones de desastre, el número de riesgos sanitarios suele elevarse, permitiendo la configuración de brotes epidemiológicos que pueden extenderse con rapidez en aquellas zonas donde los servicios públicos y la infraestructura de salud han sido destruidos. Al respecto, resulta necesario avanzar en el fortalecimiento de nuestra capacidad de preparación y respuesta ante desastres y urgencias epidemiológicas en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.
Finalmente, es necesario señalar que los retos de Seguridad Nacional vinculados con la agenda de salud pública también pueden ser generados por condiciones de vulnerabilidad de carácter interno: en el ámbito urbano e industrial existe un incremento importante en la movilización y transporte de grandes cantidades de materiales tóxicos y peligrosos, los cuales pueden convertirse en factor de riesgo para los asentamientos humanos que rodean a centros industriales. De igual forma, es necesario considerar la posibilidad de que actores no estatales busquen poner en riesgo la seguridad de las instalaciones y el personal del Sistema Nacional de Salud y los fundamentos del Sistema Nacional Sanitario, como sucedería en el caso de ataques a las fuentes de abastecimiento de agua u otros actos dirigidos contra nuestras instalaciones estratégicas.
Por lo anterior, el Estado mexicano debe aspirar a fortalecer la capacidad institucional necesaria para hacer frente a contingencias sanitarias y epidemiológicas bajo condiciones de desastre. Este propósito debe ser acompañado por un sólido programa de inversión para la investigación y la prevención de enfermedades. A los esfuerzos nacionales en la materia, deberá sumarse la colaboración internacional como parte de una política permanente de intercambio de información que permita identificar y prevenir amenazas específicas, contribuyendo así a reducir la morbilidad y mortalidad generadas por enfermedades transmisibles emergentes y reemergentes de importancia epidemiológica.
El vínculo entre la innovación científica y la agenda de Seguridad Nacional
El alcance global de los retos que han sido destacados en esta sección requiere de soluciones innovadoras. Se trata de fenómenos que demandan soluciones estructurales en una perspectiva de mediano y largo plazos. De ahí que exista un vínculo claro entre la innovación científica, la generación de nuevos conocimientos y el desarrollo de una agenda de Seguridad Nacional de alcance multidimensional.
En los últimos años la nación ha hecho importantes esfuerzos en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero no a la velocidad que se requiere y con menor celeridad que otros países: actualmente, la contribución del país a la producción mundial de conocimiento representa menos del 1 por ciento del total, mientras que el número de investigadores por cada mil habitantes representa un décimo de lo observado en otras naciones.
Claramente, esta situación no es sostenible: la seguridad, el desarrollo y la prosperidad de nuestra nación dependen de un sector económico innovador y de una base científica y tecnológica sólida. Para revertir estas tendencias, el Gobierno de la República se encuentra determinado en hacer que el desarrollo científico y tecnológico sea un pilar central para el progreso económico y social de la nación desde una perspectiva sustentable.
La política de innovación científica y tecnológica del Gobierno de la República
En congruencia con lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) han sido concebidos con el propósito de alcanzar cinco objetivos interrelacionados para fortalecer la CTI: (1) contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1 por ciento del PIB(56), (2) contribuir a la formación y fortalecimiento de capital humano de alto nivel, (3) impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente, (4) contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior, y a los centros de investigación con los sectores público, social y privado, y (5) contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país.
Bajo esta perspectiva, la CTI debe convertirse en uno de los fundamentos de nuestra Seguridad Nacional y en palanca de desarrollo social y económico sustentable. Para ello, el conocimiento científico, la tecnología y
la innovación deben utilizarse para analizar, atenuar y atender las diferentes vulnerabilidades nacionales y las demandas de la sociedad. El vínculo entre la academia, la comunidad científica, el sector privado y la comunidad de seguridad y defensa del país será central para desarrollar soluciones sustentables a los retos que México enfrenta en el siglo XXI.
Anexo A. Indicadores
Porcentaje de consolidación del Sistema de Seguridad Nacional (PCSSN).
Desarrollar e implementar los fundamentos normativos y operativos que dan sustento al funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional (SSN) para permitir una atención integral de los temas que forman parte del su agenda con una perspectiva multidimensional.
El indicador busca ofrecer una medida del progreso en las actividades normativas y operativas que impacten en el funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional y las instancias que lo conforman y en el cumplimiento de sus objetivos.
PCMJSSN: Porcentaje de consolidación del marco jurídico para el funcionamiento del SSN.
PISPSSN: Porcentaje de implementación de los sistemas y programas desarrollados para el funcionamiento del SSN.
PIMPCSSN: Porcentaje de implementación del modelo de profesionalización y certificación en materia del SSN.
No se cuenta con mediciones previas del indicador
Porcentaje de articulación de la información y las inteligencias especializadas para el Sistema Nacional de Inteligencia (PAIESNI).
Articular la información y las inteligencias especializadas del Estado mexicano mediante el establecimiento y operación del Sistema Nacional de Inteligencia, a fin de potenciar la generación de inteligencia estratégica para la Seguridad Nacional.
El indicador permitirá conocer el grado de avance en el proceso de desarrollo de mecanismos desarrollados para la integración y la operación de Unidades de Información e Inteligencia vinculadas con el Sistema Nacional de Inteligencia, así como en la elaboración una Doctrina de Inteligencia para la Seguridad Nacional.
PMIOSNI: Porcentaje de mecanismos desarrollados requeridos para la integración y operación del Sistema Nacional de Inteligencia.
PUIE: Porcentaje de dependencias del Ejecutivo Federal que cuentan con una Unidad de Información o Inteligencia para la producción de inteligencia especializada del total de dependencias programadas.
PDDISN: Porcentaje de avance en el desarrollo de una Doctrina de Inteligencia para la Seguridad Nacional.
Porcentaje de avance en el desarrollo y la divulgación de la Cultura de Seguridad Nacional (PADDCSN).
Desarrollar y divulgar la Cultura de Seguridad Nacional del Estado mexicano, para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema.
El indicador señala el nivel de cumplimiento de las fases establecidas para el desarrollo y la divulgación de la Cultura de Seguridad Nacional.
PAECE: Porcentaje de avance en el establecimiento de un Comité de Estudios para definir los elementos de la cultura de Seguridad Nacional.
PADTCSN: Porcentaje de avance en el desarrollo, estudio y difusión de temas y contenidos relacionados con la Seguridad Nacional para el desarrollo integral de una Cultura en la materia.
Indicador 2.1.1
Porcentaje de cumplimiento en la integración multidimensional de la Agenda Nacional de Riesgos con carácter multidimensional (PCIANR)
Objetivo Específico 2.1.:
Definir anualmente una Agenda Nacional de Riesgos con carácter multidimensional para promover la atención integral de los temas de Seguridad Nacional mediante el desarrollo de acciones conjuntas a fin de hacer frente a riesgos y amenazas.
El indicador tiene por objeto medir la integración de la Agenda Nacional de Riesgos (ANR) con un enfoque multidimensional.
PCIANR= S (PCEONMANR + PIIPEANR)
PCEONMANR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y operación de la nueva metodología para la elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos.
PIIPEANR: Porcentaje de instituciones incorporadas al proceso de elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos respecto a las que se determinen para asegurar su carácter multidimensional.
Indicador 2.1.2.
Porcentaje de consolidación de la política en materia de seguridad cibernética y ciberdefensa.
El indicador permitirá conocer el progreso en las actividades normativas y operativas que impacten en el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos en materia de seguridad cibernética y ciberdefensa.
PCMJOSSN= S (PCMJCICI + PFMCNICICI)
PCMJCICI: Porcentaje de consolidación del marco jurídico en materia seguridad cibernética y ciberdefensa.
PFMCNICICI: Porcentaje de fortalecimiento de mecanismos de coordinación nacional e internacional para la atención de incidentes de seguridad cibernética y ciberdefensa.
Porcentaje de fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las Fuerzas Federales (PFCRFF).
Fortalecer la capacidad de respuesta de las Fuerzas Federales para contribuir tanto al mantenimiento de la Seguridad Interior como a las tareas de Defensa Exterior de la Federación.
El indicador mide el nivel de fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las Fuerzas Federales para sus operaciones a nivel sectorial dirigidas a la disuasión de actos en contra de la permanencia del Estado Mexicano o algún hecho ilícito, mediante la presencia de Fuerzas Federales en territorio nacional.
PCMJOAFF= Porcentaje de consolidación del marco jurídico y operativo para sustentar la actuación de las Fuerzas Federales.
PECCEFF= Porcentaje de esquemas de coordinación y cooperación entre las Fuerzas Federales.
PPFFAPFC= Porcentaje de personal de las Fuerzas Federales atendido en los Programas de Formación y Capacitación.
No se cuenta con una medición previa del indicador.
Iniciativas mexicanas promovidas en foros multilaterales en materia de seguridad internacional (IMFMSI).
Objetivo Específico 2.3.:
Contribuir al mantenimiento de un entorno internacional estable que favorezca los intereses y objetivos nacionales.
El indicador mide la tasa de crecimiento anual de iniciativas mexicanas promovidas en foros multilaterales en materia de seguridad internacional.
Se entiende por "iniciativa mexicana", de manera indicativa, lo siguiente:
a. Resoluciones y propuestas presentadas por México
b. Presidencias y vicepresidencias de comisiones, órganos y mecanismos multilaterales ostentadas por representantes de México
c. Candidaturas del país, de instituciones o de nacionales mexicanos ganadas
d. Documentos de trabajo presentados por México
Se entiende por "foros multilaterales", de manera indicativa:
a. Organizaciones internacionales y regionales
b. Organismos especializados
f. Foros y grupos de concertación
g. Fondos multilaterales
h. Programas definidos en el marco de organismos internacionales
Con la promoción y adopción de iniciativas mexicanas en foros multilaterales
a. Se fortalece el prestigio de México y su influencia en el mundo.
b. Se impulsan temas prioritarios de la agenda multidimensional de Seguridad Nacional definida en el PND 2013 - 2018
c. Se comparten buenas prácticas
d. Se logra que las decisiones globales incorporen los intereses nacionales
e. Se hace un uso eficiente de la membresía de México en los organismos internacionales.
f. Se consolida la política nacional en materia de seguridad internacional.
IA: Iniciativas aprobadas en el año
IAAA: Iniciativas aprobadas en el año anterior
Comunicados de prensa emitidos por los foros multilaterales, documentos adoptados, informes reglamentarios de las reuniones e informes de los organismos.
Secretaría de Relaciones Exteriores / Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.
29 iniciativas promovidas
Crecimiento de 3% anual, hasta llegar en 2018 a una cifra 16% superior a la de 2013
Anexo indicador 2.3 Consideraciones para el cálculo de la meta 2018.
1. Se considera un crecimiento de 3% anual, hasta llegar en 2018 a una cifra 16% superior a la de 2013.
A continuación se presenta una definición de aquellos términos especializados utilizados en el marco del Programa para la Seguridad Nacional 2014 - 2018. Al incorporar elementos formales de las definiciones
contenidas en los glosarios utilizados por las distintas dependencias que forman parte del Consejo de Seguridad Nacional, este glosario busca ilustrar al lector sobre una serie de términos que forman parte del vocabulario de la comunidad de seguridad y defensa del Estado mexicano.
ANTAGONISMO: Obstáculo o interferencia a la actuación del Estado en materia de Seguridad Nacional que puede ser patrocinado por otro Estado, por actores no estatales, o bien ser de origen natural o antropogénico y que impide o limita la consecución de las aspiraciones, intereses y objetivos nacionales.
ASPIRACIONES NACIONALES: Conjunto de ideales y anhelos compartidos por la nación que expresan la búsqueda del bienestar, el desarrollo y la seguridad comunes en el marco de la consolidación de nuestro proyecto de nación.
DEFENSA EXTERIOR: Función permanente del Estado mexicano destinada a proteger a la nación por medio de la movilización de todos los instrumentos del poder nacional, incluido el militar, para permitir la legítima defensa del país respecto a otros Estados o sujetos de derecho internacional, con el objeto de preservar su soberanía e independencia y la integridad de su territorio frente a cualquier riesgo o amenaza procedente del exterior.
FUERZAS FEDERALES: Contingente disciplinado y armado conformado por personal de las instituciones que forman parte de la comunidad de seguridad y defensa del país: la Armada de México, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Policía Federal y la Policía Federal Ministerial. Su despliegue involucra a tres secretarías de Estado (Gobernación, Defensa Nacional, Marina - Armada de México) y a la Procuraduría General de la República, en el marco de lo dispuesto por el Ejecutivo Federal.
GEOPOLÍTICA: Vínculo entre el espacio geográfico y el poder político que determina las posibilidades de ejercicio de este último a nivel nacional e internacional. El análisis geopolítico busca establecer las condiciones naturales de posibilidad de la acción del Estado en el sistema internacional a partir de la forma en la que éste ha sido determinado espacial y territorialmente.
INTELIGENCIA: Conocimiento nuevo, útil, veraz, oportuno y pertinente para la toma de decisiones y la coordinación de acciones en materia de Seguridad Nacional, generado y utilizado a partir del ciclo de planeación, recolección, procesamiento, análisis, diseminación, explotación y retroalimentación de información.
INTERESES NACIONALES: Síntesis de las aspiraciones nacionales que, gestionadas por el poder político del Estado, tienen el potencial de convertirse en objetivos nacionales. Se trata de elementos constitutivos del Estado mexicano (conformados por la población, la soberanía y el territorio nacionales, así como por el orden constitucional, el gobierno y la democracia) que resultan indispensables para su
consolidación y viabilidad.
OBJETIVOS NACIONALES: Síntesis de las aspiraciones e intereses nacionales que orientan la acción política del Gobierno de la República para garantizar el desarrollo nacional y proporcionar seguridad a nuestro proyecto de nación. Los objetivos nacionales pueden ser permanentes o coyunturales.
RIESGO: Probabilidad de que en un lapso determinado se produzcan daños a los intereses nacionales debido a la interacción de fenómenos políticos, económicos y sociales con la intervención de agentes no estales o desastres de origen natural o antropogénico. Se trata de una condición que pone a prueba la capacidad de respuesta de la nación y que puede ser potenciada por sus vulnerabilidades.
SEGURIDAD PÚBLICA: Función que tiene el propósito de velar por la observancia del Estado de derecho, el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes. Al buscar la salvaguarda de la integridad y los derechos de las personas, la política de Seguridad Pública considera la reinserción social del individuo, al igual que la prevención especial y general de los delitos así como su investigación y persecución.
VULNERABILIDAD: Grado de exposición o propensión de un componente de la estructura social o natural a sufrir daño por efecto de una amenaza o peligro, de origen natural o antropogénico, o falta de resiliencia para recuperarse posteriormente. Corresponde a la predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se manifieste un fenómeno peligroso. Las vulnerabilidades pueden ser de índole institucional, jurídica, política o territorial.
Las nuevas tecnologías de la información han facilitado la comunicación y la coordinación de esfuerzos entre la sociedad civil y el Estado mexicano, señalando un camino irreversible hacia una renovada relación entre ciudadanía y gobierno que deberá caracterizarse por la eficacia, la eficiencia y la efectiva rendición de
En este sentido, la transparencia y el acceso a la información pública deben constituirse en herramientas para el mejoramiento de la rendición de cuentas y la prevención y combate eficaz de la corrupción, fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes.
A fin de contribuir a una efectiva transparencia y rendición de cuentas y con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en los artículos 50 y 51 de la Ley de Seguridad Nacional, el Programa para la Seguridad Nacional se encuentra a disposición del público en general en la siguiente dirección electrónica: http://www.dof.gob.mx.
Foro de Cooperación Asia â Pacífico
CERT MX
Instancias de Seguridad Nacional
1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, p. 31.
2 El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece cinco Metas Nacionales para llevar a México a su máximo potencial: (1) alcanzar un México en Paz, (2) lograr un México Incluyente, (3) construir un México con Educación de Calidad, (4) impulsar un México Próspero y (5) consolidar un México con Responsabilidad Global.
3 Al respecto, consúltese: GDP (current US$), The World Bank (s/f).
4 En 2012 el monto total de las exportaciones mexicanas fue de 370 mil 827 millones de dólares, mientras que el valor total de las exportaciones de manufacturas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador fue, en conjunto, de 136 mil 811 millones de dólares. Al respecto, consúltese: Trade Profiles, Organización Mundial de Comercio (2013).
5 De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la mitad de la población mexicana tiene 26 años o menos. Al respecto, consúltese: Informativo Oportuno, Vol. 1, No. 1 (29 de marzo de 2011), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Statistical Abstract of the United States, US Census Bureau (2012), p. 1004.
6 De acuerdo con CONAPO, a mediados del año 2013 la población alcanzó 118.4 millones. Al respecto, consúltese: María Felipa Hernández López, et. al., La situación demográfica en México. Panorama desde las proyecciones de población, México, D.F., Consejo Nacional de Población (2013), p. 19.
7 Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México (enero - diciembre de 2013), México, D.F., Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, p.18, disponible en Estadística oficial de los flujos de IED hacia México, Secretaría de Economía (s/f).
8 Mexico Trade Profile, Organización Mundial de Comercio (2013).
9 Conociendo México, Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2012), p. 83.
10 Al respecto, consúltese: Sarukhán, José, et al., Capital natural de México. Síntesis: conocimiento actual, evaluación y perspectivas de sustentabilidad, México, D.F., Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (2009), p. 100 y "Cap.4. Biodiversidad" en Informe de la Situación del Medio Ambiente en México: Compendio de Estadísticas Ambientales, Indicadores Clave y de Desempeño Ambiental. Edición 2012, México, D.F., Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2013), pp. 155 - 190.
11 Statistics database, Organización Mundial de Comercio (s/f).
12 México cuenta con una red de Tratados de Libre Comercio (TLC) y un Acuerdo de Asociación Económica (AAE), manteniendo un acceso preferencial a los mercados de 45 países que incluyen a las mayores economías del mundo, como Estados Unidos, Canadá, los 28 países de la Unión Europea y Japón. Además, ha firmado seis Acuerdos de Complementación Económica (ACE); así como tres Acuerdos de Alcance Parcial. Al respecto, consúltese: ¿Por qué México?, Relación de negocios con el mundo, ProMéxico (s/f).
13 Al respecto, consúltese: Lista del Patrimonio Mundial, UNESCO (s/f); Sistema de Información Cultural, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (s/f); Red de Zonas Arqueológicas, Instituto Nacional de Antropología e Historia (s/f).
14 Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013 - 2018 (DOF: 13/12/13), p.13.
15 Assessment of Member Statesâ contributions to the United Nations regular budget for the year 2013, Nueva York, Secretariado General de la Organización de las Naciones Unidas (2012), p.7; Contributions to OAS Funds by Donor (From January 1, 2012 to September 30, 2012), Washington, D.C., Organización de Estados Americanos (2012).
16 De acuerdo con el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013 - 2018, se trata de una de las regiones más dinámicas del mundo, representando el 8.7 por ciento del PIB mundial. En los últimos 12 años el PIB per cápita regional, medido mediante la paridad de poder de compra, se incrementó en poco más de 60 por ciento, al pasar de 7 mil 497 a 12 mil 331 dólares anuales. En 2012 el comercio total de México con la región fue de 40 mil 643 millones de dólares. Los países con los que se tuvo mayor comercio fueron Brasil (10 mil 077 millones de dólares), Colombia (6 mil 470 millones de dólares) y Costa Rica (4 mil 253 millones de dólares). Asimismo, la región es el primer destino de inversiones mexicanas en el exterior, con un monto acumulado de 82,013 MDD en 2012. En distintos países las empresas mexicanas tienen presencia en rubros estratégicos como las telecomunicaciones, la minería y la construcción. Al respecto, consúltese la sección de diagnóstico del Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013 - 2018 (DOF: 13/12/13), p.15.
17 Cifras a 2012 con información de la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional. Al respecto, consúltese: Valor Estratégico, Alianza del Pacífico (s/f).
18 Acuerdo de Asociación Transpacífico. Reunión con la sociedad civil, México, D.F., Subsecretaría de Comercio Exterior, Secretaría de Economía (2013), p. 22.
19 Facts and figures, Unión Europea (s/f).
20 Op.cit. PND 2013 - 2018, p. 32.
21 Programa Sectorial de Gobernación 2013 - 2018, (DOF:12/12/2013), p. 17.
22 Estudios en materia de prevención del delito identifican no menos de cinco factores de riesgo que operan como facilitadores de la violencia y la delincuencia: de tipo individual (intolerancia a la frustración, escaso manejo de situaciones de estrés y cultura de la violencia), de tipo familiar (problemas de comunicación, adicciones, violencia familiar), de tipo comunitario (desorganización, falta de confianza, cohesión y reciprocidad), de tipo social (pobreza, desigualdad, desempleo, deserción escolar, embarazo adolescente). Al respecto, consúltese: Informe internacional sobre la prevención de la criminalidad y la seguridad cotidiana: tendencias y perspectivas, Montreal, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (2012), p. 173; Waller, Irvin, Menos represión, más seguridad: verdades y mentiras acerca de la lucha contra la delincuencia, México, D.F., Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente - Instituto Nacional de Ciencias Penales (2007), p. 189, citado en Ibid., Programa Sectorial de Gobernación 2013 - 2018, p. 17.
23 Entre 2006 y 2012 la desocupación promedio en México fue de 4.6%. Si bien el nivel de esta tasa podría ser calificado como bajo al contrastarlo con el registrado en el mismo periodo en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), no oculta las restricciones y los riesgos que enfrentan muchos trabajadores en el mercado laboral mexicano. Al respecto, consúltese: Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2012, México, D.F., Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2012), p. 246, citado en Ibid., Programa Sectorial de Gobernación 2013 - 2018, p. 17.
24 Ibid., Programa Sectorial de Gobernación 2013 - 2018, pp. 17 - 18.
25 Al respecto, consúltese: Diagnóstico de Rescate de Espacios Públicos, México, D.F., Secretaría de Desarrollo Social (2010), p. 42, citado por Ibid., Programa Sectorial de Gobernación 2013 - 2018, p. 18.
26 Al respecto, consúltese la sección de diagnóstico del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013 - 2018 (DOF: 16/12/2013).
27 El total de homicidios juveniles ocurridos entre 2000 y 2010 ascendió a aproximadamente a 53 mil personas, es decir, los jóvenes de 10 a 29 años representaron 38.2 por ciento de los homicidios en México en ese periodo. Asimismo, del total de homicidios juveniles de 2000 a 2010, 43.4 por ciento se produjo en el periodo 2008 â 2010. Al respecto, consúltese: La violencia juvenil en México: Reporte de la situación, el marco legal y los programas gubernamentales, Washington, D.C., El Banco Mundial (2012), p. 86, citado en Op. cit. Programa Sectorial de Gobernación 2013 - 2018, p.18.
28 La tasa de mortalidad por homicidio en la población de 0 a 17 años ha aumentado de 2.1 por cada mil en 2006 a 3.6 en 2010. Al desagregar los datos por grupos de edad, se observa que en el caso de población de 15 a 17 años, la tasa pasó de 6.5 por cada mil en 2006 a 14.4 en 2010. Ibid., Programa Sectorial
de Gobernación, p. 18.
29 La aproximación fue construida utilizando datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (corte a octubre de 2013). Al respecto, consúltese Ibid., Programa Sectorial de Gobernación 2013 - 2018, p. 16.
30 Las Fuerzas Federales están conformadas por las siguientes instituciones que forman parte de la comunidad de seguridad y defensa del país: la Armada de México, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Policía Federal y la Policía Federal Ministerial. Bajo la dirección del Ejecutivo Federal, su despliegue involucra a tres secretarías de Estado (Gobernación, Defensa Nacional, Marina - Armada de México) y a la Procuraduría General de la República.
31 Su participación en tareas de apoyo a la Seguridad Pública y el combate en contra del crimen organizado ha sido reconocida claramente por dos tesis jurisprudenciales: la Tesis Jurisprudencial P./J. 36/2000, 9a. Época; Pleno; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, Pág. 552, en la que se señala que "si bien pueden participar en acciones civiles en favor de la seguridad pública, en situaciones en que no se requiera suspender las garantías, ello debe obedecer a la solicitud expresa de las autoridades civiles a las que deberán estar sujetos, con estricto acatamiento a la constitución y a las leyes"; de igual forma, la Tesis Jurisprudencial P./J. 38/2000, 9a. Época; Pleno; Pleno; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Abril de 2000, Pág. 549, señala que âsu participación en auxilio de las autoridades civiles es constitucional (interpretación del artículo 129 de la constitución)â.
32 âEl Gobierno Federal renueva y amplía la cobertura financiera que protege a las finanzas públicas en caso de desastres naturalesâ, México, D.F., Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comunicado de Prensa 064/2012 del 15 de octubre de 2012, pp. 2.
33 Entre las principales actividades vinculadas con la actuación de la delincuencia organizada en nuestro país se encuentran el narcotráfico, el lavado de activos, el robo con violencia, el secuestro, la extorsión, la trata de personas, el contrabando y el tráfico de armas.
34 Además del tráfico y la trata de personas, estos flujos ilícitos incluyen drogas, combustibles, precursores químicos, dinero, materias primeras, minerales, medicamentos, armas, especies protegidas y bienes culturales.
35 Índices de intensidad migratoria México - Estados Unidos, México, D.F., Consejo Nacional de Población (2012), pp. 13.
36 Informe sobre Desarrollo Humano 2013, Nueva York, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013), pp. 203.
37 Schwab, Klaus (ed.), The Global Competitiveness Report 2013 - 2014, Ginebra, World Economic Forum (2013), pp. xiv - 551.
38 Dutta, Soumitra; Lanvin, Bruno (eds), The Global Innovation Index 2013, Ithaca, Cornell University/INSEAD/WIPO (2013), pp. xxiv â 392.
39 Schwab, Klaus (ed.), The Global Competitiveness Report 2011 - 2012, Ginebra, World Economic Forum (2011), pp. xiv - 27.
40 Al respecto, consúltese, por ejemplo: Business Expenditure on Research and Development, OCDE (2012).
41 Op. cit. The Global Competitiveness Report, p. 34.
42 "Urban population growth", Global Health Observatory (GHO), World Health Organization (s/f).
43 Proyecciones de la Población 2010 - 2050, Consejo Nacional de Población (13 de febrero de 2014).
44 Catálogo del Sistema Urbano Nacional 2012, México, D.F., Secretaría de Desarrollo Social/Consejo Nacional de Población (2012), pp. 34.
45 Op. cit. Sarukhán, José et al., Capital Natural de México.
46 La Estrategia, publicada en el año 2000, establece una visión de Estado a cincuenta años. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es la instancia responsable de la actualización de las estrategias y acciones para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.
47 Op. cit., Informe de la Situación del Medio Ambiente en México, pp. 228 y230.
48 Ibid., Informe de la Situación del Medio Ambiente en México, p.237.
49 Atlas del agua en México 2012, México, D.F., Comisión Nacional del Agua (2012), pp. 142.
50 Estrategia Nacional de Cambio Climático, México, D.F., SEMARNAT (2013), pp. 60.
51 World Energy Outlook 2012, Resumen Ejecutivo (Spanish translation), París, OCDE/International Energy Agency (2012), pp.10.
52 Reforma Energética, México, D.F., Gobierno de la República (2013), pp. 24.
53 Para un diagnóstico más detallado de estas tendencias, consúltese: Estrategia Nacional de Energía 2013 - 2027, México, D.F., Secretaría de Energía (2013), pp. 73.
54 Informe Anual 2012, México, D.F., Comisión Federal de Electricidad (2012), pp.175.
55 Al respecto consúltese: Kuri - Morales, Pablo et al., "Pandemia de influenza: la respuesta de México", Salud Pública de México, vol. 48, no.1 (2006), pp. 72 - 79 y Vargas - Parada, Laura (ed.), Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante la Intensificación de la Influenza Estacional o ante una Pandemia de Influenza. Documento Guía, México, D.F., Secretaría de Salud/Organización Panamericana de la Salud (2010), pp. 49.
56 La experiencia internacional muestra que para detonar el desarrollo en CTI es conveniente que la inversión en investigación científica y desarrollo experimental (IDE) sea superior o igual al 1 por ciento del PIB. En nuestro país esta cifra alcanzó 0.5 por ciento del PIB en 2012.

References: artículo 1
 artículo 89
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 12
 artículo 89
 resolución 
 artículo 7
 artículo 129