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Timestamp: 2018-01-18 19:13:59+00:00

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﻿ Concepto 17216 de mayo 16 de 2001
CONCEPTO 17216 DE 16 DE MAYO DE 2001
CONTENIDO:IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN. CUANDO LOS HECHOS OCURRIERON ÍNTEGRAMENTE EN COLOMBIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:EXTRADICIÓN, PROCEDIMIENTO PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:356 DE AGOSTO DE 2001, PG.1400
Concepto 17216 de mayo 16 de 2001
CUANDO LOS HECHOS OCURRIERON ÍNTEGRAMENTE EN COLOMBIA
EXTRACTOS:«Considera la Corte que en este caso concreto se configura un motivo constitucional que impide conceptuar favorablemente a la extradición del ciudadano Jorge Alfonso Ayala Varón, con fundamento y alcance distinto, sin embargo, del que invocan el defensor y del delegado de la procuraduría, como seguidamente pasa a precisarse.
El ordenamiento jurídico colombiano se integra como sistema de jerarquías normativas y ubica la Constitución Política en posición prevalente frente al resto del ordenamiento que lo compone, conforme se establece de lo contenido en su artículo 4º.
En razón de ese carácter normativo y aplicación directa, la Carta Política se erige en "norma de normas" (C.P., art. 4º), y da lugar a que el ordenamiento jurídico se reconozca así mismo un todo constitucionalizado y jerarquizado, como ha de ser desarrollado por los poderes constituidos, en exigible sujeción a sus valores y principios. En ese sentido, la expedición, interpretación o aplicación de las normas que como orden lo integran no puede evadir su sometimiento al Estatuto Superior, sin dar lugar a desquiciar el sistema, e invalidar los fundamentos que lo inspiran.
Esta fuerza vinculante de las normas constitucionales, subordina, como es obvio, el ámbito de la actividad jurisdicente. Si bien el juez debe aplicar la ley respetando la jerarquía normativa que emana de la Carta, la función integradora del sistema le impone ajustar su interpretación a los mandatos de ésta; excluir aquellas disposiciones que resultan inarmónicas ante el orden constitucional; reificar la norma acorde con los valores y principios básicos; complementarla con éstos para dotarla de sentido; o acudir directamente a la fuerza normativa directa que como orden ostenta el constitucional.
El sistema de eficacia directa de la Carta Política de que se viene hablando, significa, entonces, que la Constitución, a partir de su posición jerárquica preponderante como norma superior, en sí misma es fuente de derecho, debiendo ser tomada como premisa de decisión por el operador del sistema como norma aplicable al igual que cualquier otra, para extraer de ella la solución que el caso demande, pues de tal principio se establece que la Constitución se aplica junto a la ley para interpretarla o complementarla —como en este caso—, o incluso frente a ella cuando resulte manifiestamente incompatible.
En este caso, observa la Corte, entre los presupuestos del concepto de extradición establecidos por el artículo 558 del código de procedimiento no se incluye la impidiente constitucional referida a que los delitos imputados a nacionales colombianos por nacimiento hayan sido cometidos en el exterior, razón por la cual, en acatamiento del principio de eficacia directa y fuerza vinculante de la Constitución, el fundamento normativo inmediato de este pronunciamiento, no es otro que la Carta Política, a partir de la supremacía de los valores y principios establecidos en ella, pues los derechos y libertades que la Constitución reconoce, en razón de su valor normativo resultan directamente operantes, aun cuando el legislador, como acontece en este particular evento, no haya procedido a regularlos.
Así, el artículo 35 del Estatuto Superior, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 1997, establece:
"La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto con la ley.
Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana.
No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma” (se destaca).
De la solicitud de extradición elevada por el gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajada en Bogotá, establece la Corte que las conductas imputadas a, Jorge Alfonso Ayala Varón no ocurrieron en el exterior como lo exige la Carta Política para que la extradición resulte procedente, sino en Colombia, lo cual impide conceptuar favorablemente a la extradición independientemente del cumplimiento de los presupuestos establecidos en el código de procedimiento, y del lugar donde la sustancia a que elude la acusación hubiere sido incautada, pues fue en territorio de este país donde se agotó la configuración típica de los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes endilgados al solicitado en extradición por autoridades judiciales del Estado requirente, en los siguientes términos de demostración:
La nota verbal mediante la cual se formaliza el pedido, precisa que "Ayala estuvo involucrado en el embarque, por correo, de al menos seis paquetes que contenían aproximadamente diez kilogramos de sustancias controladas, incluyendo heroína, desde Colombia hacía la ciudad de Nueva York, New York, EE. UU”, sin que se afirme que hubiere mediado acuerdo con Hernán Arcila capturado en los Estados Unidos o que hubiere recibido de él contraprestación económica, pues más adelante aclara que "consiguió el apoyo de Laurie Anne Hiett (una ciudadana de los Estados Unidos con vínculos con la Embajada de los Estados Unidos) para el envío de seis paquetes de sustancias controladas, a través del correo de la embajada, a Hernán Arcila en diferentes sitios de la Ciudad de Nueva York". Indica ello, objetivamente, que, obtuvo la sustancia en Colombia y que cumpliendo lo acordado con la señora Hiett funcionaria del gobierno extranjero, la entregó a ésta, siendo ella quien de modo autónomo la introdujo en la valija diplomática que posteriormente remitió al exterior por el servicio oficial de correo de la delegación en Bogotá, donde sería recibida por un copartícipe suyo (Hernán Arcila) (fl. 123).
Tal apreciación resulta fortalecida con lo contenido párrafos adelante en la solicitud formal de extradición, en el sentido de que "Hiett fue entrevistada por los investigadores. Ella les dijo a los investigadores que Ayala le había entregado a ella aproximadamente seis paquetes y le había pedido que los enviara a los Estados Unidos por el servicio de correo de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia", enfatizando, no obstante, que "también a principios de junio de 1999, Ayala fue entrevistado por investigadores. El declaró que había ayudado a obtener cocaína para Hiett en varias ocasiones en Bogotá, Colombia" (se destaca) (fl. 123 carpeta anexa).
Y si a esto se suman las declaraciones juradas rendidas por Max Polster, detective del Departamento de policía de Nueva York, y de Lee. G. Dunst, fiscal auxiliar de los Estados Unidos en la Fiscalía para el Distrito Este de Nueva York, presentadas para fundar la solicitud de extradición, las cuales racionalmente refieren que Jorge Alfonso Ayala Varón a iniciativa de la señora Laure Anne Hiett, ciudadana estadounidense agregaba de la embajada de los Estados Unidos en Colombia, al parecer obtuvo es este país cantidad determinada de cocaína y heroína, la que, también al parecer, fue enviada por ella a los Estados Unidos de América donde fue recibida por Hernán Arcila, utilizando al efecto el servicio de correo oficial de la embajada (valija diplomática), la conclusión no es otra de que los hechos imputados a Jorge Alfonso Ayala Varón por los que se solicita su extradición, ocurrieron en territorio colombiano, sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal en el país solicitante de la funcionaria extranjera remitente de la droga en la valija diplomática, y de quien allí procedió a su recibo cumpliendo acuerdo previo con ésta.
Con ello no queda duda que “los hechos del caso”, en cuanto hace a la conducta imputada a Jorge Alfonso Ayala Varón, material y objetivamente tuvieron lugar en Colombia, pues en la información suministrada por el país solicitante no existe elemento de juicio que permita dar lugar a establecer la existencia de acuerdo delictivo de éste con Hernán Arcila para exportar la droga, sino sólo con Laurie Anne Hiett para entregársela en la sede de la embajada en Bogotá, con lo cual, al no existir en la solicitud y la documentación anexa, referencia concreta sobre concierto delictivo entre Ayala y Arcila, el supuesto de que trata el artículo 35 de la Carta Política, consistente en que el delito por el que se solicita la extradición haya sido cometido en el exterior no se cumple.
Y si bien, en la documentación allegada se indica que “el 25 de mayo de 1999, Arcila fue detenido en Queens, Nueva York, bajo cargos de narcóticos relacionados con uno de los paquetes enviados por Ayala. Arcila le dijo a los agentes de las fuerzas del orden que había recibido aproximadamente cinco o seis cargamentos de cocaína de la misma manera por el correo desde Colombia", las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América no establecen de ello concreta conspiración delictiva con Jorge Alfonso Ayala Varón, como tampoco resulta de lo informado en el sentido que "después de su detención, los agentes de la fuerza del orden inspeccionaron la residencia de Arcila y encontraron varios documentos que contenían información que identificaba a Ayala, incluyendo nombre y números telefónicos", pues en la solicitud de extradición no se informa que este hecho hubiere sido valorado por las autoridades judiciales como demostrativo del concierto para delinquir que se imputa al requerido en extradición.
Lo expuesto, no significa, sin embargo, que con esta declaración referida exclusivamente al supuesto fáctico mencionado por las autoridades de los Estados Unidos de América y su cotejo con los preceptos de la Constitución Política, la Corte se inmiscuya en ámbitos que no le corresponden y suplante la competencia para ponderar la validez o mérito de la prueba recaudada por autoridades extranjeras, tanto en el proceso judicial que allí hace curso como la aportada ante funcionarios judiciales de los Estados Unidos de América en apoyo de la petición de extradición. Por el contrario, resulta del examen objetivo del contenido de la solicitud y la documentación en que se funda, a fin de verificar el cumplimiento estricto del mandato constitucional contenido en el artículo 35 superior, del cual se establece que los hechos tuvieron realización en Colombia.
Esta consideración no resulta desvirtuada aun si se entendiera que los hechos imputados a Ayala Varón tuvieron ocurrencia dentro de la sede diplomática de los Estados Unidos de América, puesto que, de conformidad con la Carta Política y lo establecido en la Ley 6ª de 1972 por la cual se aprueba la "Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas" del 18 de abril de 1961 ratificada por Colombia y con efectos vinculantes para las autoridades constituidas en este país, las sedes locativas destinadas a embajadas y consulados no forman parte del territorio a que pertenece la misión sino a aquél donde se hallan ubicadas, y por lo tanto respecto de ellas no opera el principio de extraterritorialidad para el ejercicio de la soberanía, imperando en cambio, un tratamiento jurídico preferencial para los funcionarios del Estado acreditante.
Y aun de optarse por alguna de las diferentes hipótesis identificadas dogmática y doctrinariamente como instrumentos jurídicos para establecer el lugar de ocurrencia del hecho, tales como el lugar de realización de la acción, según la cual el hecho se entiende cometido en el lugar donde se llevó a cabo la exteriorización de voluntad; la del resultado, que entiende realizado el hecho donde se produjo el efecto de la conducta; y la teoría de la ubicuidad o mixta que entiende cometido el hecho donde se efectuó la acción de manera total o parcial, como en el sitio donde se produjo o debió producirse el resultado, se tiene que la solución no es distinta de la advertida.
De una parte, porque según lo informado en la solicitud de extradición, la acción imputada a Jorge Alfonso Ayala Varón en cuanto a la adquisición, ofrecimiento, venta o suministro de estupefacientes a la señora Hiett, tuvo ocurrencia íntegramente en Colombia, y, de otra, los efectos jurídicos frente al tipo, ocurrieron igualmente en este país independientemente del lugar donde la droga hubiere sido incautada, los comportamientos imputados a personas distintas del solicitado —como los realizados por personal diplomático— y de conductas posteriores ejecutadas por otros sujetos en ámbitos sobre los cuales el Estado solicitante ejerce jurisdicción, como en uno y otro evento, respectivamente, acontece con los cargos formulados en contra de Laurie Anne Hiett y Hernán Arcila.
Igual sucede con la imputación por concierto para traficar sustancias estupefacientes, pues de acuerdo con la estructura del tipo de que trata el artículo 186 del Código Penal, modificado por el artículo 4º de la Ley 589 de 2000, se tiene que su ámbito de operancia territorial es aquél donde se lleva a cabo el convenio ilícito o donde éste surte sus efectos, sin que su configuración típica exija la incautación de sustancia estupefaciente alguna o el lugar donde esto suceda determine la competencia para el ejercicio de la jurisdicción, resultando, entonces, de la información suministrada por la Embajada de los Estados Unidos de América, que dicho acuerdo entre Jorge Alfonso Ayala Varón y Laurie Anne Hiett, tuvo realización en Colombia, siendo aquí donde igual se surtieron sus efectos jurídicos, pues en la solicitud formal, la acusación, y las declaraciones rendidas en apoyo de aquella, no se indica que el acuerdo entre éstos para adquirir la sustancia ilícita hubiere traspasado las fronteras nacionales, o hubiere incluido la participación de terceras personas en el exterior, como el caso del señor Hernán Arcila.
Estos comportamientos, precisamente por haber sido realizados en el país, se insiste, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13 del Código Penal que consagra el principio de territorialidad para la aplicación de la ley Penal colombiano a quien la infrinja en el territorio nacional, la Fiscalía General de la Nación como autoridad a la que constitucionalmente le corresponde llevar a cabo la función de investigación de los delitos, en ejercicio de la soberanía judicial inició de oficio la correspondiente indagación previa (ago. 13/99), incluso antes de solicitarse la detención provisional con fines de extradición (dic. 28/99) y de formalizarse el pedido de los Estados Unidos de América (abr. 12/00), y posteriormente la formal instrucción penal (abr. 26/00).
Así, la aplicación de la ley colombiana resulta privilegiada en el juzgamiento del caso, con independencia del trámite de extradición iniciado con posterioridad, sin que la circunstancia de existir proceso en Colombia en contra del reclamado por los mismos hechos en que se funda la solicitud, sea la determinante del sentido en que conceptuará la Corte en este asunto.
También es claro, que de acuerdo con las fechas que ostentan la solicitud de detención provisional con fines de extradición, y la petición formal elevada por el Estado extranjero, cotejadas con aquella en que la Fiscalía colombiana inició de oficio indagación preliminar y posteriormente formal investigación penal durante la cual se vinculó mediante indagatoria al señor Ayala Varón, se permite diferenciar el asunto que aquí ocupa a la Corte, de aquellos eventos en los cuales la Fiscalía ha dado inicio a investigaciones en Colombia por razón de pronunciamientos de la Corte Constitucional proferidos en ejercicio de acciones de tutela instauradas con posterioridad a la iniciación del trámite de extradición.
Al efecto baste recordar el pronunciamiento de quince de febrero último, proferido dentro del trámite de extradición de radicado 17781, con ponencia del magistrado Gálvez Argote:
"Además, del referido fallo de tutela (T1736/2000, aclara la Sala) no puede entenderse que en todos los eventos en que la solicitud de extradición tenga como sujeto a un ciudadano colombiano por nacimiento, la Fiscalía General de la Nación esté en la obligación de iniciar investigación penal por los hechos que motivan dicha demanda, sino que ese proceder se hace necesario cuando se trata de “posibles hechos delictivos cometidos en el país y no cubiertos por las excepciones al principio de territorialidad” conforme a lo expuesto sobre el tema en la sentencia C-1189 de 2000 transcrita en dicho fallo como fundamento de la aludida conclusión...".
En estas condiciones, ante la clara concurrencia de un motivo constitucional que impide la extradición, previsto por el artículo 35 de la Carta Política, consistente en los hechos por los que se solicita la extradición de Jorge Alfonso Ayala Varón tuvieron íntegramente ocurrencia en Colombia y no en el exterior establecido a partir del contenido de la solicitud, la Corte no tiene más alternativa que conceptuar desfavorablemente al pedido del gobierno extranjero, sin que esta determinación implique recoger su doctrina sentada en pronunciamientos anteriores, la cual en esta ocasión se reitera, pues es obvio que los supuestos fácticos y jurídicos de que se ocupa el presente pronunciamiento difieren ostensiblemente de aquellos.
A diferencia de este caso, anteriores solicitudes de extradición elevadas por gobiernos extranjeros sobre las cuales la Corte ha emitido concepto favorable, han versado sobre individuos integrantes de organizaciones dedicadas a importar sustancias estupefacientes en el país solicitante y al lavado de instrumentos monetarios obtenidos como resultado de dicha actividad delictiva, respecto de los cuales la documentación allegada ha revelado que se trata de la ejecución de pluralidad de planes criminales por medio de conductas delictivas sobre cuya ejecución se acordó dar inicio en Colombia y consumar en el exterior o con efectos en el extranjero, y algunas veces cometidas integralmente en el país requirente, y no, como aquí acontece, del sólo acuerdo para la adquisición, ofrecimiento o venta en territorio colombiano, de sustancias reguladas, así el destino que autónomamente se le hubiere sido dado a la sustancia, fuera su exportación a territorio del Estado solicitante.
Así por ejemplo, eh el trámite de extradición de radicado 16515, el gobierno de los Estados unidos de América, por conducto de su embajada en Colombia, con nota verbal 1071 del 7 de octubre de 1999, precisó:
“Los hechos del caso indican que por lo menos desde principios de 1996 hasta junio de 1999, Orlandez-Gamboa dirigió una organización internacional de tráfico de cocaína con sede en Barranquilla, Colombia, que importó grandes cargamentos de cocaína desde Colombia a varios lugares a través de Centroamérica, Norteamérica y Europa. Los destinos en los Estados Unidos a los que llegaron cientos de kilogramos de cocaína que a la vez fueron incautados por las autoridades de las fuerzas del orden incluyen Miami, Philadelphia y la ciudad de Nueva York. Mucha de esa cocaína tenía como destino a Nueva York, y alguna ingresó al Distrito Sur de Nueva York antes de que fuera incautada.
Más recientemente, con posterioridad a diciembre de 1997 (específicamente a principios de 1998), Orlandez-Gamboa y su organización importaron aproximadamente 850 kilogramos de cocaína a Puerto Rico y Nueva York enviada desde Colombia. Porciones de los 850 kilogramos fueron incautadas en Philadelphia y la Ciudad de Nueva York por autoridades del orden ".
Con el objeto de importar grandes cargamentos de cocaína y de evadir su detección Orlandez-Gamboa y otros miembros de su organización hicieron los arreglos para que la cocaína fuera transportada internacionalmente en una variedad de formas, incluyendo, sin que se limite a ellas, barcos de carga comercial lanchas de velocidad aviones comerciales y privados y servicios comerciales de entrega de paquetes.
En épocas durante el curso del concierto Orlandez-Gamboa se encontraba en prisión en Colombia. Orlandez-Gamboa continuó dirigiendo las actividades de su organización aún desde la cárcel”.
Para promover las actividades de su organización y mantener su posición de liderazgo dentro de dicha organización, Orlandez-Gamboa ha ordenado a sus coasociados promover el concierto a través del soborno y la violencia, incluyendo el secuestro y asesinato de narcotraficantes rivales.
Desde por lo menos 1992 hasta el 21 de enero de 1999, Orlandez-Gamboa y su organización lavaron millones de dólares de utilidades provenientes de los narcóticos, mediante, entre otros métodos, la transferencia cablegráfica a varias cuentas bancarias en todo el mundo, la compra de activos incluyendo bienes inmuebles, empresas, y mercancías en todo el mundo, el cambio de dinero en el mercado negro en Colombia, y la conversión de grandes cantidades de dinero en efectivo en giros postales de más pequeñas denominaciones, facilitando, por lo tanto, el ocultamiento y la distribución de tales utilidades y evitando el requisito de reportar los valores en moneda corriente de los Estados Unidos”.
Agregó la nota, que
“para adelantar el concierto para el lavado de dinero, en diciembre de 1998, o aproximadamente en ese mes, Orlandez-Gamboa le dio instrucciones a un coasociado de hacer los arreglos para despachar aproximadamente US$ 1.5 millones desde los Estados Unidos a Colombia. En ese mismo mes, en la ciudad de Nueva York, un coasociado entregó a otro coasociado un paquete que contenía aproximadamente US$ 600.000 en giros postales” (Se destaca) Cfr. Concepto de extradición de agosto (8/2000).
Del caso que viene de citarse, se establecen características ostensiblemente diferenciadoras de las que ostenta el asunto del señor Ayala Varón; no puede resultar desconocido que al ciudadano Orlandez-Gamboa se le imputó liderazgo en una organización establecida internacionalmente para importar a territorio de los Estados Unidos de América grandes cantidades de cocaína, y lavar a través del sistema financiero y la adquisición de activos, las utilidades obtenidas en dicho país, nada de lo cual se atribuye como realizado por Ayala Varón.
Para citar otro ejemplo que permite diferenciar este caso de otros respecto de los cuales la Corte ha emitido concepto favorable a la extradición, merece recordarse el trámite de extradición de radicado 16.701 en el cual el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada en Colombia, mediante nota verbal 1202 del 26 de noviembre de 1999, sobre el supuesto fáctico de la solicitud, indicó:
“Los hechos del caso indican que Darío Echeverry Monsalve es parte de una organización de narcotráfico que despacha cocaína desde Colombia a México para su transbordo y distribución en los Estados Unidos, que envía cocaína directamente a los Estados Unidos y lava y regresa a Colombia las utilidades de la droga desde México y los Estados Unidos. A partir del 17 de diciembre de 1997, la organización ha sido responsable del embarque mensual de múltiples toneladas de cocaína hacia México y los Estados Unidos (se destaca).
Darío Echeverry Monsalve es el líder de una organización de transporte de cocaína en Tumaco. Los integrantes de la organización de narcotráfico de Alejandro Bernal Madrigal utilizan embarcaciones de Echeverry Monsalve y el puerto de Tumaco, como ruta principal para el embarque de cocaína a los Estados Unidos, vía México.
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997.
En dicho trámite, se allegó entre otros documentos, la declaración jurada rendida por Paul K. Craine, agente especial de la agencia antidrogas de los Estados Unidos, en la cual refiere los hechos de que tiene conocimiento por razón de la investigación adelantada en contra del requerido, precisando al efecto:
“Echeverry era el jefe de una organización de transporte con sede en Tumaco. Él está asociado con los principales narcotraficantes, entre los que se encuentran Diego Montoya, Nelson Urrego y el acusado Ever Villafane Martínez. Los miembros de la organización Bernal o sus socios, utilizaban los barcos de Echeverry y el puerto de Tumaco, como ruta principal para el embarque de cocaína a Estados Unidos, vía México. Su papel es corroborado por las conversaciones interceptadas en la oficina de Bernal, el 23 de marzo y el 23 de junio de 1999, durante las cuales Bernal, Mario Astaíza y Villafane hablan en detalle sobre la utilización de las lanchas de Echeverry, y sobre el hacer arreglos con el gerente del Puerto de Tumaco, para hacer un embarque de cocaína”.
“en una conversación interceptada el 23 de marzo en la oficina de Bernal; Bernal, Astaíza y Villafane hablaron sobre cómo Echeverry controlaba el Puerto de Tumaco, al hacer que a individuos a cargo del puerto y a las autoridades policiales se les pagara en el puerto, de su nómina de pagos. Villafane dijo que él había visto a Echeverry en Tumaco, y que las lanchas de Echeverry eran muy imprecionantes, y que estaban aptas para esconder 12 toneladas de cocaína por embarque.
En una conversación interceptada el 29 de junio de 1999, en la oficina de Bernal (prosigue); Villafane dijo que Echeverry había llamado para ofrecer sus lanchas para el transporte de cocaína. Echeverry le dijo a Villafane que sus lanchas estaban listas y esperando para el envío del próximo embarque de narcóticos. Villafane dijo que Echeverry era uno de dos grupos de transporte con el que había trabajado, y que rara vez había perdido un argumento de cocaína” (Cfr. Concepto de Extradición. Nov 14/2000).
El caso de que se ocupó el concepto que viene de mencionarse, dista también en grado sumo de la situación que enfrenta el señor Ayala Varón, dado que a diferencia del señor Echeverry Monsalve, a aquél no se le atribuye formar parte de una organización internacional conformada para importar estupefacientes a territorio de los Estados Unidos de América, y lavar las utilidades obtenidas con sus actividades delictivas.
Igual ocurre con el evento relacionado con el señor Horacio de Jesús Moreno Uribe que a continuación se menciona, también por vía de ejemplo, para denotar las diferencias que presenta con el que ahora ocupa la atención de la Corte, pues, según consta en el trámite de radicado 16720, la nota verbal 1215 procedente de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, precisó:
“Los hechos del caso indican que Horacio de Jesús Moreno Uribe es parte de una organización de narcotráfico que despacha cocaína desde Colombia a México para su transbordo y redistribución en los Estados Unidos, que envía cocaína directamente a los Estados Unidos y lava y regresa a Colombia las utilidades de la droga desde México y los Estados Unidos. A partir del 17 de diciembre de 1997, la organización ha sido responsable del embarque mensual de múltiples toneladas de cocaína hacia México y los Estados Unidos”.
El papel de Horacio de Jesús Moreno Uribe en la organización de narcotráfico de Alejandro Bernal Madrigal es lavar las utilidades de la droga de la organización, mediante la coordinación de transferencias de dinero a través de personas y cuentas bancarias en Miami, Florida. En marzo de 1999, Moreno Uribe concertó con un cómplice en Miami, Florida, para lavar las utilidades de la droga a través de cuentas bancarias en el sur de la Florida” (Se destaca) (Cfr. concepto de extradición, dic. 12/00).
Es de precisar, así mismo que a diferencia de otros casos presentados con anterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 1997, en los cuales la Corte invocó la supremacía de la Carta Fundamental, reafirmó la subordinación a ella de la normatividad contenida en el estatuto procesal penal, y dio aplicación directa a aquélla y no a ésta por razón de la fuerza normativa que ostenta y la nacionalidad colombiana por nacimiento en cabeza del requerido, la cual entonces se constituía en motivo impidiente a la extradición —hecho acreditado de entrada con la formalización de la solicitud (Cfr. autos de abril 29 y mayo 6 de 1997, en los trámites de radicado números 13096, 13093, 13094 y 13097)— al sostener que en dichos casos “se constituye en un a priori que impide el aprontamiento de otras diligencias”, en este particular evento, a la conclusión de que el hecho motivo de la solicitud de extradición tuvo ocurrencia en territorio nacional y no en el extranjero, no podía llegarse por fuera del concepto que por ley corresponde emitir a esta corporación, por implicar no un juicio sobre aspectos jurídicamente objetivos (la nacionalidad del requerido), sino el establecimiento de los supuestos fácticos contenidos en la solicitud relativos al lugar de comisión del hecho (el territorio colombiano), cotejados con las regulaciones constitucionales y legales que en Colombia gobiernan el instrumento de la extradición.
Es de aclarar, finalmente, respecto de lo expuesto por el Procurador Delegado y el defensor del requerido en los alegatos previos al concepto, que el sentido del pronunciamiento no se funda en la necesidad de establecer si por los mismos hechos objeto de la solicitud de extradición, en contra del requerido cursa proceso penal en Colombia, y si la existencia de éste se constituye en motivo determinante del sentido del concepto, pues no obstante, como lo indican, de ello aparece constancia en la actuación, la jurisprudencia sentada en torno al tema ha sido clara e insistente en señalar que tal constatación compete realizarla al Gobierno Nacional y no a esta colegiatura, sino de verificar, de acuerdo con la documentación allegada por el Estado solicitante, que los hechos imputados en el extranjero, en cuanto hace a las conductas atribuidas al requerido en este caso, íntegramente ocurrieron en Colombia, tanto en lo que tiene que ver con el concierto para delinquir como en lo relacionado con la tenencia, adquisición, ofrecimiento o venta de sustancias estupefacientes, lo cual, en obedecimiento a lo dispuesto por el artículo 35 de la Carta Política, impide conceptuar favorablemente a la extradición no empece encontrarse reunidos los presupuestos establecidos por el artículo 558 del Código de Procedimiento Penal.
6. El concepto.
La Corte es del criterio que el gobierno colombiano no puede extraditar al ciudadano colombiano Jorge Alfonso Ayala Varón por razón de los cargos contenidos en la Resolución acusatoria CR 99 1055-Korman J. GO. M., introducida el 17 de noviembre de 1999 por un gran jurado ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos, distrito este de Nueva York, solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos de América».
(Concepto de mayo 16 de 2001. Radicación 17.216. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

References: artículo 4
 artículo 558
 artículo 35
 artículo 1
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 186
 artículo 4
 artículo 13
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 558
 Resolución