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Timestamp: 2018-04-22 21:57:33+00:00

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Cargado por Mari Carmen Romero Valero
Descripción: Modificaciones de los contratos, interpretación del artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público
Modificaciones de los contratos, interpretación del artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público
Informe 43/08, de 28 de julio de 2008.
«Modificaciones de los contratos, interpretación
del artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público. Régimen Jurídico aplicable a
los contratos cuya convocatoria de licitación hubiese sido objeto de un anuncio publicado
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley y su adjudicación se hubiese producido
Clasificaciones de los informes: 17.2 Cumplimiento, modificación, extinción y resolución.
Modificación. 18. Otras cuestiones de carácter general.
Por el Interventor General de la Administración del Estado se formula la siguiente consulta a la
«La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, configura el nuevo marco
jurídico de la contratación pública, introduciendo importantes modificaciones respecto a las previsiones del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, algunas de las cuales suscitan
dudas acerca de su alcance e interpretación. Habida cuenta de la relevancia que dichas cuestiones tienen
a efectos del ejercicio de las funciones encomendadas a esta Intervención General, se estima oportuno
someterlas a la consideración de esa Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
I) El primer bloque de cuestiones se refiere a la regulación de las modificaciones de los contratos
contenida en el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público. En relación con este artículo, esta
Intervención General solicita el parecer de esa Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre los
PRIMERO: El artículo 202, en su apartado 1, admite únicamente que se puedan introducir
modificaciones por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificadas
debidamente en el expediente, que no afecten a las condiciones esenciales del contrato.
Por otra parte, este apartado 1 precisa en su segundo párrafo lo siguiente: "No tendrán la
consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el
proyecto inicial mediante una corrección del mismo o que consistan en la realización de una prestación
susceptible de utilización o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no
contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que deberán ser contratadas de forma
separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen previsto para la contratación de prestaciones
complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artículos 155.b) y 158.b)."
En relación con el concepto "condiciones esenciales del contrato" al que se refiere el artículo 202,
esta Intervención General conoce lo que al respecto ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, entre otras, en la sentencia recaída en el Asunto C-496/99 P, así como la Comisión Europea en
su comunicación interpretativa de fecha 5 de febrero de 2008, en el sentido de entender como esencial
aquellas estipulaciones que de haber figurado en el anuncio de licitación o en los pliegos, hubieran
permitido presentar a los licitadores una oferta sustancialmente diferente, enumerándose como
esenciales, en el Asunto C-496/99 P, "la relativa a las modalidades de pago de los productos que han de
suministrarse" y, en la comunicación de la Comisión antes citada, "el objeto de los trabajos o de los
servicios a prestar por el adjudicatario o el canon impuesto a los usuarios del servicio prestado por el
adjudicatario". Sin embargo, y con independencia de los ejemplos concretos enumerados, el concepto de
"condición esencial", tal y como se ha definido, sigue siendo un concepto jurídico indeterminado, por lo
que se solicita de dicha Junta Consultiva algunas pautas o parámetros que permitan subsumir en dicho
concepto los casos concretos de modificaciones del contrato.
SEGUNDO: Criterios delimitadores de lo que haya de entenderse por "corrección de un proyecto
inicial" y por un "nuevo proyecto", conceptos éstos también referidos en el artículo 202.1.
TERCERO: La comunicación interpretativa de la Comisión de 5 de febrero de 2008 señala que "Toda
modificación de los términos esenciales de un contrato que no esté prevista en los pliegos exige un nuevo
procedimiento de licitación (...)". Asimismo, el Tribunal de Justicia Europeo, en la sentencia arriba
señalada, estableció en el punto 118 que "si la entidad adjudicadora desea que, por determinadas
razones, puedan modificarse las condiciones de la licitación tras haber seleccionado al adjudicatario, está
el apartado primero del artículo 202 se referiría a aquellas modificaciones debidas a causas no previstas en los pliegos y que. cómo ha de interpretarse la expresión “de acuerdo con el apartado anterior”. de forma que todas las empresas interesadas en participar en la licitación tengan conocimiento de ello desde el principio y se hallen así en condiciones de igualdad en el momento de formular su oferta". por el contrario." El artículo 217 de la Ley.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. En definitiva.obligada a prever expresamente esta posibilidad de adaptación. en su caso. etc. para dar cumplimiento al artículo 202. solo serían lícitas y posibles en tanto no afecten a las condiciones esenciales del contrato. configurarse como de precio cerrado. 2 . la necesidad de autorización del Consejo de Ministros (artículo 292). y teniendo en cuenta la doctrina de la jurisprudencia comunitaria arriba señalada. que trata las modificaciones de las obras con precio cerrado. CUARTO: En relación con los modificados de contratos de obra y teniendo en cuenta la regulación señalada. esta Intervención General advierte lo que parece una contradicción con el artículo 216. entre otros temas. apartado cuyo primer párrafo se refiere expresamente. sobre modificación del contrato de obras. La LCSP parece incorporar la anterior doctrina: así. se remite a su vez al artículo 202. no afectan a condiciones esenciales del contrato. los supuestos en los que podrá modificarse un contrato así como los elementos que podrán ser modificados han de estar establecidos en dichos Pliegos de manera clara e inequívoca. puesto que determina. al ser conocida por todos los licitadores la posibilidad de que se produzcan. surge la duda de si dicha interpretación resulta correcta. se respeta el principio de igualdad de trato y no discriminación que ha de presidir la contratación pública. por cuanto. entre otros requisitos. Este apartado señala que "el sistema de retribución a tanto alzado podrá. así como sus modalidades de aplicación en el anuncio de licitación elaborado por ella y que establece el marco en el que debe desarrollarse el procedimiento. en este segundo supuesto. cuando las modificaciones no estuviesen previstas en los pliegos. a que el órgano de contratación solo podrá introducir modificaciones en los contratos por "causas imprevistas" y cuando no afecten a "condiciones esenciales del contrato". De lo anterior podría desprenderse que todas aquellas modificaciones de las condiciones de un contrato (tanto si se consideran esenciales como no) cuya posibilidad esté prevista en el anuncio de licitación serían lícitas y posibles. la consideración de un contrato como sujeto a regulación armonizada o no (artículo 13). se solicita el parecer de la Junta acerca de la aplicación del artículo 216.2. basta con que los Pliegos hagan una referencia genérica a la posibilidad de modificar un contrato o. se solicita el parecer de la Junta sobre si. se estaría refiriendo a aquellas modificaciones que el órgano de contratación puede introducir en un contrato durante su ejecución por estar previstas en los pliegos que sirvieron de base a la licitación. Por otro lado. por cuanto el apartado segundo del artículo 202 dispone "La posibilidad de que el contrato sea modificado y las condiciones en que podrá producirse la modificación de acuerdo con el apartado anterior deberán recogerse en los pliegos y en el documento contractual'. Sin embargo. por contra. el órgano de contratación solo podrá introducir si.2 de la LCSP. la necesidad de publicar el anuncio de licitación en el caso de ciertos contratos a adjudicar por el procedimiento negociado (artículo 161). se solicita el parecer de esa Junta acerca de si los requisitos exigidos en los apartados primero y segundo del artículo 202 en relación con las modificaciones de los contratos tienen carácter acumulativo o alternativo y. Por tanto. y dado que este último precepto prohíbe que las modificaciones se deban a nuevas necesidades o pretendan satisfacer finalidades nuevas. II) El segundo bloque de cuestiones surge como consecuencia de la obligación que la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 76 impone a los órganos de contratación de calcular el valor estimado de los contratos. la procedencia de la utilización del procedimiento negociado. con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendrá invariable no siendo abonables las modificaciones que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones del proyecto sometidas a licitación. entre otros requisitos. Esta disposición no obsta al contratista a ser indemnizado por las modificaciones del contrato que se acuerden conforme a lo previsto en el artículo 217 con el fin de atender nuevas necesidades o de incorporar nuevas funcionalidades a la obra. La trascendencia del valor estimado es considerable. por tanto. el apartado segundo del citado artículo. Por su parte.
reforma o gran reparación inferiores a 350. será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.4. Artículo 138: cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100. o a 100. al 20% del precio primitivo del contrato. Artículo 109: cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.. Artículo 122. Artículo 91.00 euros. si se trata de contratos de obras. otros preceptos adolecen de una cierta imprecisión. 275 c) y 284 c): será causa de resolución la modificación del contrato.000 euros.2: en contratos distintos a los mencionados en el apartado anterior de cuantía superior a 50.000. sin ánimo de ser exhaustivos. cuando se trate de otros contratos. 3 .. refundir o incluso suprimir. si las penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo alcanzasen un múltiplo del 5% del importe del contrato.000 euros. que implique.1: la expresión de la cuantía (a efectos de las categorías de clasificación) se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato.5: cuando el importe del contrato sea inferior a 1. o a 18.Los preceptos mencionados en el apartado anterior resultan perfectamente claros en cuanto a que el importe delimitador de la obligación es el correspondiente al valor estimado del contrato. pueden citarse los siguientes: Artículo 29.000 euros se podrá simplificar. Artículo 107. los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas deberán elaborar un pliego. ya que no resulta claro si al utilizar los términos "cuantía". los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión. alteraciones del precio del contrato. y éste sea igual o superior a 6. aunque fuera sucesiva. alguno o algunos de los documentos que integran el proyecto.000 euros.000 euros.000 euros en el perfil del contratante de la entidad. cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año. En particular.000.000 euros. en el caso de otros contratos. Artículo 207. aislada o conjuntamente.000 euros. y por referencia al valor medio anual del mismo. según los casos.1: Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado aquél. Artículo 121. Artículos 220 e). el plazo de devolución de la garantía en caso de que la recepción formal y la liquidación no hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista se reducirá a seis meses desde la terminación del contrato. Sin embargo. Artículo 175 c): en la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada se entenderán cumplidas las exigencias derivadas del principio de publicidad con la inserción de la información relativa a la licitación de los contratos cuyo importe supere los 50. se estará a lo dispuesto en el artículo 196.3: se consideran menores los contratos de importe inferior a 50.. como presupuesto base de licitación. Artículo 54. siempre que la cuantía del contrato exceda de 600. en cuantía superior. importe de adjudicación. 450.000 o 150. Artículo 56.1: para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 350. cuando la cuantía de las mismas.6: En el supuesto de demora a que se refiere la letra e) del artículo anterior. sea superior a un 20% del precio primitivo del contrato.000 euros. cuando se trate de contratos de duración superior.000. o de contratos de servicios por presupuesto igual o superior a 120. cuando se trate de contratos de obras. Artículo 195: será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos de modificaciones del contrato. con exclusión del IVA. "precio" o "importe" el concepto al que se refiere es al de valor estimado u otro. aislada o conjuntamente. en más o en menos.000 euros la adjudicación definitiva deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos Diarios o Boletines Oficiales.2: para los proyectos de obras de primer establecimiento.000 euros.000 euros.
la constitución de la mesa es obligatoria. sino también en el artículo 161. por razón y cuantía no esté sujeto a procedimiento armonizado. en el cálculo del valor estimado.2 de la ya citada Ley. será obligatoria su constitución únicamente cuando se trate de los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el artículo 161. III) En relación con la mesa de contratación en los procedimientos negociados. se considera oportuno que se indique. hay determinados conceptos que.y. Por otra parte. asimismo. Sin embargo.5 será de aplicación la cantidad de 900. El apartado cuarto de dicho artículo se refiere a la adjudicación de un contrato basado en un Acuerdo Marco cuando éste se hubiese celebrado con varios empresarios. se solicita el parecer de esa Junta Consultiva sobre el alcance de dicha expresión: ¿cabe entender por "términos" condiciones referidas al objeto del contrato y su ejecución? o ¿se refiere también a condiciones o criterios de adjudicación? En cualquier caso. así como otros conceptos que para cada tipo de contrato se especifican en el ya citado artículo 76. la constitución de la mesa será potestativa. "cuando no todos los términos estén establecidos en el Acuerdo Marco". al menos. importe. ¿qué 4 . A la vista de lo anterior. El segundo de los conceptos es. cuestión ésta sobre la que también se solicita el parecer de esa Junta Consultiva. En relación con dichos preceptos se solicita el parecer de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa acerca del alcance de los términos precio. En este supuesto. en los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación. debería indicarse. se prevean. Respecto a éste. a que se refieren los citados preceptos.. y puesto que no se indica expresamente en la nueva Ley. de conformidad con el artículo 295.1 primer inciso de la Ley de Contratos del Sector Público. la Ley establece que la adjudicación del contrato a uno de los empresarios que figurara en el Acuerdo Marco del que trae causa se haga "aplicando los términos fijados en el propio Acuerdo marco. en su inciso final. dispone que. con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. pero sí el valor de las posibles prórrogas que.2 de la Ley de Contratos del Sector Público). el propio artículo 295. incluidas las prórrogas. en caso de que la Junta Consultiva estimase que el importe de la revisión de precios debe tomarse en cuenta en el cálculo del valor estimado. A sensu contrario. suscitan dudas en cuanto a su inclusión. Finalmente.1. al 30 por ciento del precio primitivo del contrato.Artículo 221: se considerará alteración sustancial del proyecto inicial la sustitución de unidades que afecten.1 de la Ley. el posible adicional de obra que. o no. en relación con cada contrato. si debe referirse a todo el periodo que dure el contrato. se solicita el parecer de esa Junta Consultiva en cuanto a la obligatoriedad de constituir mesa de contratación en los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el artículo 161. cuando sea necesario publicar el anuncio de licitación.000 euros.1. parece que la diferencia entre el mismo y el presupuesto base de licitación radica en que aquél no incluye la partida del Impuesto del Valor Añadido. de acuerdo con el artículo 217 de la LCSP. Disposición transitoria tercera: hasta el momento en que los titulares de los departamentos ministeriales fijen la cuantía para la autorización establecida en el artículo 292. para el contrato de obras. sin necesidad de convocar a las partes a una nueva licitación". cuantía. Habida cuenta de las consecuencias que la Ley liga a la circunstancia de que todos los términos estén o no fijados en el Acuerdo Marco. en el supuesto de que se utilice una fórmula de revisión de precios referida a algún índice. IV) El artículo 182 de la Ley establece el procedimiento que ha de seguirse en la adjudicación de los contratos basados en un Acuerdo Marco. Sin embargo. al no estar referidos expresamente en dicho artículo. cuál es el valor de este índice que debe tenerse en cuenta. determinadas primas o pagos a candidatos y licitadores. en qué documento de los que integran el expediente administrativo debe el órgano de contratación establecer cuál es el valor estimado del contrato cuya contratación se pretende. (que será en los supuestos previstos. a la vista del concepto de valor estimado que se establece en el artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público. puede llegar hasta el 10% del precio primitivo del contrato. qué mecanismo ha de utilizarse para calcular el valor de la revisión de precios -en concreto. El primero de dichos conceptos es el importe estimado de la revisión de precios.. regulándose en el siguiente párrafo el procedimiento que ha de seguirse para adjudicar cada contrato concreto que. no solo en el artículo 161.
en orden a determinar el régimen jurídico aplicable a los contratos. Sin embargo. se estima que para que pudiera producirse dicha equivalencia. de otro modo. Una interpretación literal del anterior precepto conduciría a que la firma electrónica de la oferta se generaría sobre el fichero con la oferta propiamente dicha. De lo expuesto anteriormente se deduce que. el envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases. al efecto. sería necesario que el "segundo envío". los efectos. recojan los Pliegos adaptados al texto refundido de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas. se estima oportuno someter a la consideración de esa Junta el alcance de la previsión expuesta. debería ir. transmitiendo primero la firma electrónica de la oferta. el apartado primero de dicha disposición transitoria parece establecer el criterio de "inicio del expediente" para determinar el régimen jurídico aplicable a un expediente de contratación. por el contrario. sobre si procede la interpretación literal de la disposición transitoria expuesta y. en consecuencia. No obstante. En relación con lo anteriormente expuesto. En efecto. para aquellos contratos cuyos expedientes se hubiesen iniciado y hubiesen sido adjudicados antes de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público y aquellos en los que tanto inicio de expediente como adjudicación se hubiese producido tras la entrada en vigor de dicha Ley. si el expediente se inició antes de la entrada en vigor de la Ley.. no se podría establecer la relación con el aviso previamente enviado y. cumplimiento y extinción del citado contrato se regirán por la nueva Ley independientemente de lo que. Por ello surge la duda sobre si el alcance de dicha previsión es similar al establecido en el artículo 80. A estos efectos. y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. por la anterior normativa. en estos casos. asimismo.contenido mínimo deberían abarcar dichos términos para entender que no es preciso convocar una nueva licitación? V) La disposición adicional novena de la Ley. cumplimiento y extinción. en su letra h) establece "En los procedimientos de adjudicación de contratos. en los procedimientos negociados. con la de aprobación de los pliegos. 5 . Por su parte. se regirá por ésta. en caso afirmativo. si el expediente se inició tras la entrada en vigor de la actual Ley de Contratos del Sector Público. la propia disposición transitoria indica que en los procedimientos abiertos y restringidos la fecha de inicio del expediente coincidirá con la de publicación de la convocatoria y. surgen dudas en cuanto a la interpretación que debe darse a la Disposición Transitoria Primera de la Ley. se solicita el parecer de esa Junta Consultiva. de no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado. Una interpretación literal de la norma implicaría que. cumplimiento y extinción por dicha Ley. VI) Por último. y los adjudicados con anterioridad a su entrada en vigor. ya que. el mismo se regirá por el texto refundido de la Ley de Contratos Administrativos. el régimen jurídico es el establecido en un único cuerpo normativo. por lo que para obtener la firma electrónica sería preciso disponer de la oferta previamente. por el contrario. se considerará que la oferta ha sido retirada. qué medidas podrían adoptarse para aportar seguridad jurídica a los adjudicatarios en cuanto al régimen jurídico aplicable a un contrato y. el apartado segundo de la disposición transitoria utiliza el criterio "fecha de adjudicación" para determinar el régimen jurídico de los contratos relativos a los efectos. el expediente estaría realizado conforme al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y. En definitiva. el problema se plantea para aquellos contratos cuyo expediente se hubiese iniciado antes de la entrada en vigor de la nueva Ley y su adjudicación se haya producido tras su entrada en vigor. firmado electrónicamente. relativo al aviso del envío de las proposiciones por correo y posterior recepción de la documentación por el órgano de contratación.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública. de manera que todos los contratos adjudicados tras la entrada en vigor de la Ley de contratos del Sector Público se regirán en cuanto a efectos. el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para aquéllos y la Ley de Contratos del Sector Público para éstos. no parecería tener sentido la actual previsión de envío en dos fases. Si fuera así. además sería la forma de garantizar la integridad y autenticidad de la oferta remitida por medios electrónicos.". con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos. con la oferta. Así. evitar futuros litigios».
en el primero de los casos indicados es preciso hacer un juicio de carácter subjetivo acerca de cuál habría sido el comportamiento de los licitadores de haber conocido la modificación contractual y en el segundo la necesidad de concreción se traslada a la determinación de cuáles son las alteraciones que afectan a la naturaleza de la prestación. 6 . Por ello. es decir la alteración de condiciones del contrato que de haber figurado en el anuncio de la licitación habrían permitido a los licitadores presentar una oferta sustancialmente distinta o las que hacen referencia a las que supongan alteración de la naturaleza de la prestación que constituye el objeto del contrato. Incluso. como acertadamente dice en su consulta la Intervención General. resulta difícil de hacer. es decir la relativa a la regulación de las modificaciones contractuales tal como aparece en los artículos 202. En efecto. A pesar de ello. La redacción empleada por el legislador en este precepto pone de manifiesto de manera clara que la expresión “condiciones esenciales del contrato” es uno de los denominados conceptos jurídicos indeterminados cuya determinación. en relación con contratos de la misma naturaleza unas mismas condiciones pueden tener carácter esencial o no dependiendo del resto de las cláusulas que determinen el contenido obligacional del contrato. entre los cuales ciertamente pueden incluirse los mencionados en la consulta. lo que ocurre es que la propia esencia de la figura del “concepto jurídico indeterminado” supone la necesidad de hacer una valoración de los supuestos en cada caso concreto a fin de determinar si pueden considerarse incluidos o no dentro del mismo. En realidad. 1.CONSIDERACIONES JURÍDICAS. Refiriéndonos a la primera de las cuestiones planteadas. Son numerosas las cuestiones planteadas por el Interventor General de la Administración del Estado en su consulta en relación con diferentes dudas suscitadas en la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. En particular. debe tenerse en cuenta que según el tipo contractual de que se trate determinadas condiciones pueden ser consideradas como esenciales y. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato”. La adopción de métodos como los indicados en realidad no resuelve tampoco de forma directa el problema pues consisten en desplazar el momento de la interpretación del concepto de unos términos a otros. Dicho precepto establece que “una vez perfeccionado el contrato. la única solución admisible consiste en hacer la enunciación de una serie de supuestos que pudieran ser considerados como condiciones esenciales de los contratos y resolver las dudas que se planteen respecto de otros supuestos diferentes. no serlo respecto de otro tipo contractual distinto. sin embargo. justificando debidamente su necesidad en el expediente. y dada la distinta naturaleza de cada una de ellas es preciso su análisis y resolución de forma individualizada. La utilidad de este procedimiento es dudosa habida cuenta de la dificultad de establecer a priori una lista de condiciones contractuales que puedan considerarse como esenciales. la Intervención plantea a su vez diferentes cuestiones cuales son: a) En primer lugar se solicita la elaboración de una fórmula que permita definir de antemano qué condiciones tiene carácter de esenciales a los efectos de lo dispuesto en párrafo primero del artículo 202. El primero de ellos consistiría en formular criterios de carácter general tales como los mencionados en el propio texto de la consulta.1 de la Ley. el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas. Desde este punto de vista cabe decir que pueden imaginarse dos procedimientos para establecer el modo de concretar el alcance del concepto enunciado. 216 y 217 de la Ley de Contratos del Sector Público. pueden mencionarse algunos supuestos que podrían tener esta consideración.
1. pero la entidad adjudicadora pretenda desvincularse de una de las modalidades esenciales estipuladas durante la fase posterior a la adjudicación del contrato. para atender a causas imprevistas y sin que afecten a las condiciones esenciales del contrato. de una parte. pudiendo aplicarse para ello el procedimiento negociado cuando cumpla los requisitos que para las prestaciones complementarias establecen los artículos 155 b) o 158 b).b) La segunda cuestión objeto de consulta se refiere al sentido que deba darse a la expresión corrección del proyecto inicial a que se refiere el párrafo segundo del artículo 202. o si. En su consecuencia. cuando la ampliación del objeto sea consecuencia de la introducción de alguna modificación del proyecto que cumpla los requisitos del artículo. es evidente que el precepto en cuestión tiene su fundamento en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. la necesidad de prever en los pliegos que rigen la contratación la posibilidad modificación de las cláusulas contractuales y las condiciones en que ésta pueda llevarse a cabo.2 dispone que “la posibilidad de que el contrato sea modificado y las condiciones en que podrá producirse la modificación de acuerdo con el apartado anterior deberán recogerse en el pliego y en el documento anterior”. entiende la Junta Consultiva que el artículo en cuestión debe ser interpretado tomando como base los antecedentes que lo de justifican. de forma que todas las empresas interesadas en participar en la licitación tengan conocimiento de ello desde el principio y se hallen así en condiciones de igualdad en el momento de formular su oferta”. está obligada a prever expresamente esta posibilidad de adaptación. especialmente en la Sentencia “Succhi di Fruta” (Asunto C-496/99 P) que. De lo que debe desprenderse. o lo que es lo mismo que se introduzcan por razones de interés público.1. De igual modo. La expresión “de acuerdo con el apartado anterior” parece exigir que las modificaciones previstas en el pliego reúnan los requisitos del primer apartado del artículo. la finalidad que se pretende cumplir con él. si no cumple con dichas exigencias no podrá considerarse como una modificación del contrato en sentido estricto y deberá contratarse separadamente. por el contrario. por lo que al Derecho Español se refiere. cuando las características de la ampliación del objeto lo requieran deberá elaborarse un proyecto nuevo comprensivo de la misma. no puede continuar válidamente el procedimiento aplicando condiciones 7 . en el supuesto de que no se haya previsto expresamente tal posibilidad. puedan modificarse ciertas condiciones de la licitación tras haber seleccionado al adjudicatario. así como sus modalidades de aplicación.1 tendrá el tratamiento legal correspondiente a las modificaciones permitidas. Es evidente que tal interpretación habrá de ser rechazada de plano pues conduce al absurdo. y de otra.2. las modificaciones previstas en el pliego habrían de cumplir los requisitos del artículo 202. Por el contrario. 202. c) En tercer lugar la Intervención solicita informe sobre la forma en que debe interpretarse el artículo 202. Es criterio de la junta que por tal debe entenderse cualquier modificación del proyecto que sea admisible desde el punto de vista legal por ser conforme con las exigencias establecidas en el párrafo primero de este mismo precepto. Desde el primer punto de vista. en el anuncio de licitación elaborado por ella y que establece el marco en el que debe desarrollarse el procedimiento. la misma Sentencia citada establece que “por otra parte. En su consecuencia. en síntesis establece como principio “que si la entidad adjudicadora desea que. Se trata de aclarar si de la interpretación de este apartado conjuntamente con el primero cabe deducir que la Ley permite a los pliegos prever la posibilidad de modificar el contrato en las circunstancias establecidas en ellos. A estos efectos deberá tomarse en Consideración lo informado al respecto por la Oficina de Supervisión. De aceptarse esta interpretación llegaríamos al contrasentido de considerar que sólo se pueden prever en el pliego las modificaciones que obedezcan a causas imprevistas. por determinadas razones. La cuestión surge porque el artículo 202. Evidentemente.
le bastará con indicar cuáles son éstas y en qué términos pueden ser modificadas. pero. En efecto este precepto establece que no tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo o que consistan en la realización de una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del contrato. Para salvar esta contradicción aparente es preciso hacer una interpretación de los términos utilizados por ambos artículos que permita armonizar el sentido 8 . Con lo cual queda claro que en ningún caso se admite la modificación por causas discrecionalmente apreciadas por el órgano de contratación (es decir arbitrarias).distintas a las estipuladas inicialmente”. si tomamos en consideración la expresión completa: “las condiciones en que podrá producirse la modificación de acuerdo con el apartado anterior”. Al responder esta cuestión ha quedado igualmente aclarado. cuando no se hubiese previsto la modificación. sino que deben establecerse a qué términos del contrato pueden afectar y en que condiciones. d) La cuarta de las cuestiones que La Intervención General de la Administración del Estado plantea en relación con las modificaciones contractuales. de difícil comprensión la frase “de acuerdo con el apartado anterior”. se refiere a la aparente antinomia entre lo dispuesto en los artículos 216 y 217 por una parte y el 202 por otra. Lo cual quiere decir que no habiéndose previsto la modificación.2 resulta. Esto sería contrario a lo dispuesto por el artículo 202. y c) que no afecte a las condiciones esenciales del contrato. configurarse como de precio cerrado. el régimen previsto para la contratación de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artículos 155 b) y 158 b). b) que se justifique debidamente esta necesidad en el expediente. habremos de concluir que para ser coherente con la doctrina que sirve de fundamento a este artículo. que para admitir la posibilidad de modificar un contrato no basta con preverlo genéricamente en los documentos contractuales. Bien es cierto que interpretando de esta manera el artículo 202. si están previstas en los documentos contractuales. Sin embargo. con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendrá invariable no siendo abonables las modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones del proyecto sometido a licitación. siendo indiferente si tienen o no el carácter de condiciones esenciales del contrato. A la luz de estos pronunciamientos el precepto que comentamos debe ser interpretado en el mismo sentido antedicho. pueden incluso afectar a condiciones esenciales del contrato. en su caso. pudiendo aplicarse. si los documentos contractuales prevén expresamente la posibilidad de modificar determinadas cláusulas. El primero de ellos establece en su apartado 2 que “El sistema de retribución a tanto alzado podrá. en principio. Es decir que. Por el contrario. Y ello porque siendo conocida esta posibilidad de antemano por todos los licitadores no se produce la ruptura del principio de igualdad entre ellos y de su corolario el de transparencia.1 de la Ley. sólo podrán efectuarse las modificaciones que cumplan los tres requisitos siguientes: a) Que la modificación responda a necesidades del interés público. la frase mencionada no puede tener otro significado que entender que al remitirse al apartado anterior se refiere a los requisitos de que la modificación responda a necesidades de interés público y se justifique debidamente su necesidad en el contrato. no pueden alterarse las condiciones esenciales del contrato. De lo cual parece desprenderse que el precepto transcrito admite la posibilidad de que en estos contratos se introduzcan modificaciones con el fin de atender nuevas necesidades o de incorporar nuevas funcionalidades a la obra. Esta disposición no obsta al derecho del contratista a ser indemnizado por las modificaciones del contrato que se acuerden conforme a lo previsto en el artículo 217 con el fin de atender nuevas necesidades o de incorporar nuevas funcionalidades a la obra”. que deberán ser contratadas de forma separada. en su caso. al cual se remite el artículo 217.
deberán matizarse en función del texto del artículo que contenga el término examinado. sin embargo. el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración”. al menos en principio. es criterio de esta Junta Consultiva que cuando en la Ley de Contratos del Sector Público se habla de precio del contrato debe entenderse el importe íntegro que por la ejecución del contrato percibe el contratista. deberá considerarse incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. La determinación del significado concreto de estos términos debe hacerse en función del contexto en que se incluyen y por tanto. y por regla general cabe decir que deberán identificarse con el término que. Y esto sólo es posible entendiendo que cuando el artículo 216 se refiere a “atender nuevas necesidades” o “incorporar nuevas funcionalidades” aunque hace uso del término modificaciones. lo cual supone estar a lo dispuesto en los artículos 131. el término precio debe ser interpretado a tenor de lo dispuesto en el artículo 75. como partida independiente.de uno y otro. cuando en el precepto que utilice el término de que se trate se refiera a la fase posterior a la adjudicación del contrato. si bien debe hacerse constar separadamente su importe. deberá entenderse que. A este respecto. valor estimado o presupuesto. 2. como 9 . importe o valor íntegro. no cabe hacer una definición genérica.2 en lo que aquí venimos comentando es dejar a salvo el derecho del contratista a percibir retribución por los supuestos contemplados en el mismo (sean o no modificaciones de acuerdo con el artículo 202.1) toda vez que si concurrieran los supuestos previstos en los artículos 155 b) y 158 b). importe o cualquier otro similar) deberá referirse al concepto de presupuesto. Por el contrario. en ningún caso. valor estimado y presupuesto. Esta expresión puede interpretarse tanto en el sentido de que el Impuesto forma parte del precio.1 al excluir de él los supuestos a que antes nos hemos referido. Ello resuelve a su vez la problemática referente a si en el precio debe o no incluirse el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que grava la operación. lo hace en sentido amplio. es decir el que deba percibir íntegro el contratista que hubiera resultado adjudicatario del contrato. si bien.indique el valor del mismo con arreglo a la Ley. Así en la fase de preparación y adjudicación deberán entenderse los términos como referidos al presupuesto que deba servir de base para la celebración de la licitación pública y en la de ejecución deberá entenderse que los términos utilizados se refieren al precio de adjudicación del contrato. el término que se emplea (cuantía. siempre que el término empleado sea distinto de precio. En base a ello. por regla general. cuantía. habrá que ponerlo en relación con el término precio. Ello no obstante. Estas conclusiones. que podrá consistir tanto en metálico como en la entrega de otras contraprestaciones si la Ley así lo prevé. sin tomar en consideración la precisión que con respecto a este término hace el artículo 202. Siendo así. una nueva cuestión que en realidad requiere responder a tres cuestiones diferentes. Se puede plantear la duda por el artículo 75. Con referencia al valor de los contratos la Ley de Contratos del Sector Público utiliza tres conceptos principalmente que son precio. en función de la fase en que se encuentre el contrato -fase de preparación y adjudicación o fase de ejecución.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que lo considera como la retribución del contratista. Junto a estos tres conceptos la Ley emplea otros términos no definidos por ella ni por las normas complementarias entre los que cabe citar como más frecuentes cuantía. si el artículo hace referencia a la fase de preparación o adjudicación del contrato. la ejecución de las prestaciones mencionadas puede ser encomendada al contratista utilizando el procedimiento negociado. La Intervención General plantea en su consulta. Por otra parte. importe y otros similares utilizados en numerosos preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público. el objetivo del artículo 216. cuyas definiciones se contienen en los artículos 75 y 76 de la Ley y 131 del Reglamento. 189 y 195 del Reglamento.2 de la Ley dispone que “En todo caso se indicará. la primera de las cuales se refiere a cuál sea el alcance que deba darse a los términos precio.
En tales casos y siempre que no superen el 10 por 100 del presupuesto de la obra. es decir 200. es decir aquellos supuestos en los que el procedimiento negociado es admisible por razón de la cuantía. legalmente la revisión puede hacerse tanto al alza como a la baja en función de la elevación o reducción de los índices que sirvan de base para la revisión.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. la Ley considera que estos excesos son consecuencia de inexactitudes del proyecto o del presupuesto que resultan inevitables por lo que se prevé la posibilidad de abonarlas sin necesidad de recurrir a modificación contractual alguna. el parecer de la Junta Consultiva debe ser contrario en base a dos argumentos fundamentales. En efecto.000.000. La cuestión se plantea porque. de acuerdo con el artículo 217 de la LCSP.1 de la misma Ley. evidentemente.. establece que será obligatoria la constitución de la mesa cuando se trate de los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el artículo 161. aunque sea para decir que se haga constar separadamente. en su labor de interpretación de la norma.€ para los contratos de suministro y servicios. dentro de este apartado. como se desprende por el hecho de que se mencione. no cabe negar la posibilidad de que no se produzcan. si duda. en su caso. puede llegar hasta el 10% del precio primitivo del contrato. debe incluirse o no en él el concepto de revisión de precios. en qué documento de los que integran el expediente administrativo debe el órgano de contratación establecer cuál es el valor estimado del contrato cuya contratación se pretende. Plantea también en su consulta la Intervención General de la Administración del Estado una cuestión acerca de la obligatoriedad de constituir mesa de contratación en los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el artículo 161.€ para el contrato de Obras y 60. En su consecuencia. Esta adicional no es una partida cuya existencia dependerá de que en la medición de la obra resulten excesos respecto de las unidades previstas en el presupuesto. por supuesto. La conclusión más adecuada. y. Y en segundo lugar porque. qué procedimiento de adjudicación debe seguirse. si bien se exige publicidad por superar los límites previstos en la norma. es considerar que en el precio está incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido. debe limitarse a señalar que el valor estimado del contrato debe figurar en el expediente de contratación a efectos de poder determinar si el contrato está o no sujeto a regulación armonizada y. Sin embargo. el posible adicional de obra que se aprecie en la medición de ésta y que. ni en la propia Ley ni en su antecedente histórica más inmediato. basta con señalar que deberá figurar en alguno de los documentos que se incorporan al expediente de contratación. mientras el artículo 295. a fin de que se pueda proceder a la fiscalización previa y a la posterior aprobación del expediente (artículos 93 y 94 de la LCSP). ningún precepto que avale esta inclusión en el valor estimado del contrato. A este respecto cabe decir que la Junta Consultiva. la Intervención General solicita de la Junta Consultiva. ante la falta de una disposición que lo establezca.que éste es partida independiente del precio. se indique.. por lo que no es posible determinar de antemano cuál será el sentido de la revisión ni.2 de la ya citada Ley. A este respecto. desde el punto de vista práctico tampoco resultaría posible calcular el importe de dicha revisión. Finalmente. 3. el importe de ésta. En primer lugar porque no existe. la Directiva 2004/18. no forman parte del contrato. aunque sean frecuentes. Otra cuestión que en este apartado plantea la Intervención General se refiere a si a la vista del concepto de valor estimado que se establece en el artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público. Básicamente lo mismo cabe decir respecto del segundo de los conceptos a que alude la Intervención General. pues. en el artículo que regula con carácter general el precio de los contratos. desde un punto de vista teórico. la determinación del documento concreto en que dicho valor deba figurar no es función concreta de la Junta. por lo que no deben ser tenidos en cuenta para determinar el valor estimado del contrato. inicialmente. que puesto que no se indica expresamente en la nueva Ley. en el 10 .
En relación con estos puntos. Ello no obstante. Qué contenido mínimo debe tener éste para poder considerar que se cumple esta condición.2.2 debe constituirse la mesa de contratación. la de los elementos básicos que definen la prestación y el precio o el plazo de ejecución del contrato. lo que interpretado “a sensu contrario” puede interpretarse en el sentido de que la constitución de la mesa es obligatoria en todos los procedimientos negociados con publicidad.. sin que sea necesaria la aportación de nuevos datos relativos a la ejecución del contrato por parte del adjudicatario. la adjudicación de los contratos en él basada se efectuará aplicando los términos fijados en el propio acuerdo marco. 11 . es decir no sólo en los del artículo 161. y en particular. qué se debe entender como términos del acuerdo marco y qué contenido mínimo deben abarcar para considerar que no es preciso convocar nueva licitación. para que no sea preciso efectuar nueva licitación. Sin embargo. Es criterio de la Junta que la expresión mencionada se refiere a todos aquellos elementos y cláusulas contractuales cuya determinación es precisa para la existencia del contrato como tal y ello porque la Ley no introduce matización alguna que permita limitar su alcance. Cuando no todos los términos estén establecidos en el acuerdo marco. 4. sino también en los del 161. precisamente por la innumerable variedad de casos que pueden contemplarse. La realidad es que esta pregunta no puede contestarse haciendo una enumeración de los elementos estructurales del contrato que deben estar definidos ni de las cláusulas relativas a su ejecución que deben haberse fijado. Por tanto. la constitución de la mesa será potestativa.” que se llevará a efecto por los trámites establecidos en el propio artículo. La segunda duda planteada por la Intervención hace referencia a los supuestos en que puede considerarse que todos los términos del contrato están establecidos en el acuerdo marco. Por ello. Esta última interpretación parece a juicio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa la más razonable pues no existen razones de fondo para diferenciar entre un supuesto y otro. no es posible hacer una determinación casuística previa.. es preferible hacer una enunciación genérica indicando que deberá considerarse que los términos del contrato están totalmente establecidos en el acuerdo marco. Con respecto a la primera cuestión. es decir la identificación del contratista. cuando para la celebración de los contratos concretos basados en él baste con los elementos definidos en el acuerdo marco. Igualmente solicita la Intervención General el parecer la Junta Consultiva de Contratación Administrativa con respecto a la interpretación que debe darse a lo dispuesto en el artículo 182. es indudable que los términos del contrato se refieren a las condiciones referidas al objeto del contrato y su ejecución. deberán estar suficientemente determinados en el acuerdo marco.último inciso dispone que en los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación. la consulta se refiere a la determinación del alcance de la expresión “cuando no todos los términos estén establecidos en el acuerdo marco”. la adjudicación de los contratos se efectuará convocando a las partes a una nueva licitación. En consecuencia.1.4 de la Ley. la Intervención duda acerca de si en el concepto “términos del contrato” deben considerarse incluidas “las condiciones referidas al objeto del contrato y su ejecución”. sin necesidad de convocar a las partes a una nueva licitación. y por regla general cabe entender que los requisitos estructurales del contrato. Este precepto dispone que “cuando el acuerdo marco se hubiese celebrado con varios empresarios. pues es evidente que tales circunstancias dependerán de las características del contrato a celebrar. con respecto al resto del contenido del contrato. teniendo en cuenta que la intervención de la mesa de contratación en el procedimiento para adjudicar el contrato comporta siempre una mayor garantía de cara a adjudicación del contrato debe concluirse que la aparente antinomia entre estos dos preceptos debe ser resuelta en el sentido de considerar que también en los supuestos contemplados en el artículo 161.
. evidentemente éstas normas o instrucciones que puedan establecer los requisitos de la elección no tienen naturaleza contractual y por tanto su existencia o inexistencia es indiferente de cara a la determinación de si los términos del contrato están o no totalmente fijados por el acuerdo marco. De esta circunstancia podrían derivarse. Esta conclusión. 6. los actos de preparación del contrato. de no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado.". De esta forma. además de la oferta propiamente dicha. que como consecuencia de la celebración de un acuerdo marco puedan haberse seleccionado varias ofertas de características similares. 5. deban producirse y ajustarse a la nueva regulación. Naturalmente. ir firmado electrónicamente con la finalidad de poder comprobar que se corresponde con la firma enviada dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas anteriores. y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. especialmente en lo que respecta al régimen jurídico aplicable a aquellos contratos cuya convocatoria de licitación hubiese sido objeto de un anuncio publicado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley y su adjudicación se hubiese producido con posterioridad. y de otra. de una parte. Por el contrario. lo relativo a la ejecución. dudas en cuanto al régimen aplicable a los mismos. Finalmente. hay que entenderla de forma matizada para el caso de que la mención en los pliegos de algún elemento contractual pueda determinar con arreglo al régimen de 12 . aunque no idénticas. transmitiendo primero la firma electrónica de la oferta. El origen del problema se encuentra en que algunos de los efectos del contrato están condicionados por la forma en que se regulen en el pliego de cláusulas administrativas particulares de tal forma que habiendo sido recogidos por éste bajo el régimen jurídico anterior. así como los relativos al procedimiento de adjudicación se deben regir por la norma vigente en el momento de publicarse el anuncio de licitación o de aprobarse los pliegos cuando se trate de un procedimiento negociado sin publicidad. no obstante. efectos y extinción del contrato se regirá por la norma vigente en el momento de la adjudicación.Con ello resulta que es perfectamente posible. de conformidad con lo establecido en la Ley. aún cuando sea distinta de la anterior. En tales casos. se considerará que la oferta ha sido retirada. Pero. con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos. Sin embargo. en aplicación de lo establecido por la Disposición Transitoria Primera. deberá. la consiguiente inseguridad jurídica de las partes. pero el segundo. esta discrecionalidad puede estar condicionada por la existencia de normas de actuación propias del órgano destinatario o aprobadas con carácter general para toda la Administración de cara a establecer en qué condiciones debe hacerse la elección entre las diferentes ofertas seleccionadas. concebida en términos generales. tal como indica literalmente la Disposición contemplada. además. sólo puede ser atenerse de forma estricta a lo dispuesto en la Disposición Transitoria puesto que de su redacción no se desprende la posibilidad de hacer una interpretación que no se ajuste literalmente a ella. la consulta de la Intervención General plantea las dudas que surgen en cuanto a la interpretación que deba darse a la Disposición Transitoria Primera. incluido el contenido de los pliegos. Este consulta debe ser resuelta en el sentido de considerar que el primer envío debe contener la firma electrónica de la oferta. el envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases. En consecuencia. será discrecional para el órgano administrativo destinatario de la prestación en que consista el contrato elegir entre cualquiera de las seleccionadas. también. tal como dice en su consulta la Intervención General se garantiza la autenticidad e integridad de la oferta remitida por medios electrónicos. la solución. La siguiente cuestión planteada se refiere la interpretación que debe darse a la Disposición Adicional Novena letra h) de la Ley de Contratos del Sector Público cuando dice que "en los procedimientos de adjudicación de contratos.
y en consecuencia no deben ser considerados tales casos como de modificación contractual “strictu sensu”. 2. tales efectos del tratamiento de la cuestión en los pliegos puedan ser distintos. hubieran permitido presentar a los licitadores una oferta sustancialmente diferente”. Ello debe entenderse sin perjuicio de que se deba tener en consideración el principio de que son esenciales “aquellas estipulaciones que de haber figurado en el anuncio de licitación o en los pliegos. lo hace en sentido amplio. los efectos derivados de esta circunstancia debería regirse por la norma vigente en el momento de aprobarse éstos.indique el valor del mismo con arreglo a la Ley. Cuando la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas emplea términos diferentes a precio. d) Cuando el artículo 216 se refiere a “atender nuevas necesidades” o “incorporar nuevas funcionalidades” aunque hace uso del término modificaciones.la legislación anterior la producción de unos efectos distintos de los que deberían producirse al amparo de la actual.1 al excluir de él los supuestos a que antes nos hemos referido. 13 . La exigencia de constitución de mesas de contratación es exigible de acuerdo con lo dispuesto en artículo 295. Con respecto a las modificaciones contractuales: a) La determinación apriorística de en qué supuestos debe considerarse que una modificación contractual afecta a condiciones esenciales de la contratación sólo puede hacerse a la vista de las circunstancias propias de cada caso. 5.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todos los casos de procedimiento negociado con publicidad. Cuando la presentación de la Oferta se haga por medios electrónicos y en dos fases. en función de la fase en que se encuentre el contrato -fase de preparación y adjudicación o fase de ejecución. 4. sin tomar en consideración la precisión que con respecto a este término hace el artículo 202. y. asimismo. presupuesto o valor estimado. En tal caso. para considerar que todos los términos del contrato están fijados por el acuerdo marco será preciso que se haya determinado tanto los elementos estructurales del contrato como el contenido obligacional del mismo de tal forma que sea posible concluir el contrato sin necesidad de aportar nuevos elementos o condiciones al mismo.1 debe entenderse cualquier modificación que pueda introducirse en éste que sea admisible desde el punto de vista legal por ser conforme con las exigencias establecidas en el párrafo primero de este mismo precepto para las modificaciones contractuales. la firma electrónica deberá figurar en las dos fases de la presentación. CONCLUSIONES: De cuanto antecede deben derivarse las siguientes conclusiones: 1. Cualesquiera otras implicarán la redacción de un nuevo proyecto. c) El apartado 2 del artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público debe interpretarse en el sentido de que las modificaciones previstas deben cumplir los requisitos de responder a necesidades de interés público y de justificación de la concurrencia de éstas.4 de la Ley de Contratos del Sector Público hace a los términos del contrato incluye “las condiciones referidas al objeto del contrato y su ejecución”. el término utilizado deberán identificarse. con arreglo a la Ley actual. con aquel que. La referencia que el artículo 182. pero sin que ello implique la prohibición de que afecten a condiciones esenciales del contrato. para referirse al aspecto cuantitativo de los contratos. 3. aún cuando. de entre los tres que se definen expresamente. b) Por “corrección del proyecto inicial” a que se refiere el párrafo segundo del artículo 202.
Los efectos derivados de la mención en los pliegos de algún elemento contractual. serán los determinados por esta norma. aunque sean distintos de los previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. 14 . cuando vengan establecidos en la norma vigente en el momento de aprobarse los pliegos. y ello aunque la adjudicación se hubiera efectuado con posterioridad a la entrada en vigor de ésta última.6.
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 artículo 217
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 Artículo 107
 Artículo 207
 Artículo 121
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 artículo 196
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 Artículo 56
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 artículo 161
 artículo 161
 artículo 76
 artículo 295
 artículo 295
 artículo 161
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 artículo 292
 artículo 182
 artículo 76
 artículo 161
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