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Timestamp: 2018-10-18 01:11:55+00:00

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ad, Ejercicios de Derecho. Universidad Complutense de Madrid (UCM)
La jurisdicción contencioso-administrativa I. FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA La historia de la jurisdicción contencioso-administrativa es, en parte importante, la historia misma del Derecho Administrativo. Su evolución ha estado presidida hasta el presente por el problema central del control judicial de la actuación de la Administración Pública. Fácilmente se comprende, pues, que el proceso de conformación de la jurisdicción encargada de ese control haya resultado decisivo para la configuración del Derecho Administrativo, razón por la cual, aunque lo sea a grandes rasgos, conviene comenzar por dar cuenta de las principales claves de ese proceso histórico.
El punto de partida debe situarse en la heterodoxa asimilación del principio de separación de poderes por el constitucionalismo europeo que surgió de la Revolución francesa. El principio de separación de poderes, característico de la realidad política inglesa del siglo XVIII, en la reinterpretación que del mismo hiciera Montesquieu y, sobre todo, en su concreción revolucionaria, sufrió una importante modulación. Y es que, en la medida en que se impuso el entendimiento de que los órganos del poder judicial no debían interferir la actividad del poder ejecutivo, identificado con la Administración, el control jurídico de ésta no podía sino descansar en órganos específicamente constituidos en su propio seno.
Se explica así que, prendida la idea de que juzgar a la Administración no deja de ser una cierta manera de administrar, ese enjuiciamiento sólo a la propia Administración debía corresponder. Un enjuiciamiento, además, que quedaría ceñido a la actividad administrativa llamada de gestión, quedando excluida la actividad administrativa de imperio o mando y también la discrecional (de ahí, por lo demás, la clásica distinción entre asuntos gubernativos y asuntos contenciosos, determinante de que las actuaciones de la Administración fueran o no susceptibles de tan singular fiscalización).
En nuestro país, como ha sido precisado por la doctrina que más atención ha dispensado a esta cuestión, la Constitución de 1812 sancionó un sistema de separación de poderes (ejecutivo-judicial) de corte judicialista, basado en la independencia absoluta del poder judicial y en su monopolio estricto de la función jurisdiccional. No obstante, esa formulación, según la cual la Administración carecía de potestades jurisdiccionales y, por tanto, su actividad quedaba sujeta al control de los tribunales ordinarios de justicia, no llegó a prosperar. El principio judicialista no tuvo ocasión de consolidarse y cedió en beneficio de la Administración, que fue arrancando progresivamente inmunidades jurisdiccionales y privilegios frente al estamento judicial y, correlativamente, asumió competencias consideradas típicamente jurisdiccionales. Y para ello, la antes referida distinción jurídicodogmática entre asuntos gubernativos y asuntos contenciosos también resultó decisiva, al servir de base para delimitar, respectivamente, el ámbito competencial de los poderes judicial y administrativo.
Rechazada la referida fórmula judicialista, la necesidad de someter a la Administración a algún tipo de control dio paso a que en 1845, tomando como referencia el modelo francés, se aprobasen las leyes de 2 de abril y 6 de septiembre, las cuales procedieron a estructurar la planta de la llamada jurisdicción contencioso-administrativa. Una jurisdicción formada por unos Consejos Provinciales y por el Consejo Real, que conocería, en segunda instancia, de la apelación y nulidad de los fallos de los Consejos Provinciales. Por tanto, una jurisdicción impropia, lo que bien se refleja en el hecho de que se calificara como una «jurisdicción retenida» por la propia Administración (baste recordar que los Consejos Provinciales quedaron constituidos por el Jefe Político –más tarde Gobernador Civil, jefe de la Administración estatal periférica, a nivel de provincia– y entre tres y cinco vocales, debiendo ser dos, al menos, letrados), la cual, por lo demás, con algunos cambios al hilo de los vaivenes políticos de la época, se mantuvo hasta 1888.
Ahora bien, tras la Restauración, no tardó en ponerse de manifiesto la necesidad de reconfigurar la jurisdicción contencioso-administrativa, que había surgido más como un mecanismo de autocontrol que como una verdadera jurisdicción. Es así como la Ley de 13 de septiembre de 1888 dio paso a un sistema mixto entre el modelo de jurisdicción retenida y uno nuevo de jurisdicción delegada, tal como en la propia Exposición de Motivos del Real Decreto de 22 de junio de 1894 se advirtió expresamente: «La Ley de 13 de septiembre de 1888 fue el resultado de una transacción y avenencia entre los defensores de la jurisdicción retenida y los de la delegada».
La principal característica del nuevo sistema se puede resumir, por tanto, en el intento de armonizar parte de las características de la jurisdicción retenida con las propias de una jurisdicción delegada, o, si se quiere, de conciliar un sistema administrativo de control con un verdadero sistema de control jurisdiccional. Y ello se concretó, ante todo, en la composición dada a los órganos que en adelante conocerían de los asuntos contenciosoadministrativos. El proceso contencioso-administrativo tendría por objeto, ciertamente, la actividad administrativa, pero al mismo tiempo sería un medio de administración de justicia y esta función no podía concebirse ya sin la intervención de jueces. De ahí que los órganos contencioso-administrativos pasarán a estar constituidos por representantes de la Administración (residuo de la vieja jurisdicción retenida), pero también por representantes de la magistratura, del poder judicial. Unos órganos a los que se atribuirá la competencia para fallar por delegación de la Administración y que, en parte, por su especialización e independencia, se asemejarán a una verdadera jurisdicción. Esos órganos, según la Ley de 1888, serían el Consejo de Estado, constituido en Sala de Justicia, como órgano central, y los Tribunales Provinciales de lo Contencioso-Administrativo, compuestos por magistrados y funcionarios.
Además, con el nuevo sistema se generalizó de manera absoluta el esquema revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa (ceñido al enjuiciamiento de un acto administrativo previo) y se sustituyó el sistema de lista de asuntos de los que conocía por el de cláusula general, de manera que todo acto de la Administración que reuniese determinadas características y requisitos sería recurrible ante la misma (esos requisitos eran que el acto hubiera causado estado –es decir, agotado o puesto fin a la vía administrativa–, que hubiera sido dictado en uso de una facultad reglada y que lesionase derechos subjetivos individuales de carácter administrativo). La Ley de 1888 supuso, pues, el inicio de una nueva etapa, al armonizar criterios hasta entonces antagónicos de los dos sistemas de jurisdicción retenida y jurisdicción delegada (en suma, de los defensores del sistema administrativo y de los del sistema judicialista).
La Ley de 1888 se reformó por la Ley de 22 de junio de 1894 y posteriormente sufrió una importante transformación orgánica en virtud de la Ley de 5 de abril de 1904, cuyo artículo adicional primero dispuso que «la jurisdicción contencioso-administrativa se ejercerá por una Sala que se creará en el Tribunal Supremo y que se llamará de lo Contencioso Administrativo», añadiendo que «de esta Sala formarán parte necesariamente tres Magistrados, procedentes de la carrera administrativa en el grado de jefe superior de Administración». Fue así como se privó al Consejo de Estado de su competencia contencioso-administrativa y se traspasó la misma al Tribunal Supremo, organizando a tal efecto una Sala especial. Se ha considerado, por ello, que la judicialización de los órganos de lo contencioso-administrativo se alcanzó con la Ley de 1904, aunque lo cierto es que algunos de los magistrados no dejaron de ser elegidos entre funcionarios (unos funcionarios que, al ser designados magistrados, perdían su condición funcionarial y adquirían el estatuto judicial pleno).
Este sistema armónico, con la importante modificación que se acaba de reseñar, se mantuvo hasta la Ley de 27 de diciembre de 1956, si bien, para el ámbito local, el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 8 de marzo de 1924 introdujo una importante
modificación. Concretamente, se reguló el recurso contra los actos de las Entidades locales, modificando con diversas innovaciones el sistema general. Entre esas innovaciones destaca la previsión de una acción popular y la introducción de la distinción entre el recurso de plena jurisdicción y el recurso de anulación, un verdadero anticipo de lo que más tarde vendría a incorporar al régimen general la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de 1956.
Tras la guerra civil (1936-1939) se abrió un período de excepción hasta 1944. Una ley de 27 de agosto de 1938 suspendió la jurisdicción contencioso-administrativa en lo referente a los actos de la Administración del Estado, pero la ley de 18 de marzo de 1944 decretó el restablecimiento de la Ley de 1888, aunque con restricciones, ya que se aumentó el número de materias exentas de control (en especial, todo el contencioso en materia de personal fue excluido por razones políticas, arbitrándose al efecto un recurso de agravios a decidir por el Consejo de Ministros con audiencia preceptiva del Consejo de Estado, volviéndose así, en parte, al sistema de jurisdicción retenida). Y en 1952 se dictó un texto refundido de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, cuya elaboración misma puso de manifiesto la necesidad de proceder a una reforma en profundidad. Es así como salió adelante la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de diciembre de 1956, que rigió durante todo el franquismo con algunas modificaciones (Ley de 17 de marzo de 1973 y Decreto-ley 4 de enero de 1977), e incluso, durante bastantes años tras la Constitución de 1978, aunque con importantes reajustes resultantes de la doctrina del Tribunal Constitucional.
La LJCA de 1956 constituye un hito importante en el proceso de evolución hacia la plena normalización de la jurisdicción contencioso-administrativa. Con su aprobación se consumó el proceso de judicialización de dicha jurisdicción, expandiéndose el control jurisdiccional frente a los asuntos hasta entonces inmunes, de manera destacada los actos discrecionales. Si se contextualiza en el momento mismo en que fue aprobada, la Ley de 1956 ha marcado, en efecto, un hito decisivo en el avance del control jurisdiccional de la Administración. Aunque con deficiencias y limitaciones (algunas favorecidas por la propia jurisprudencia, al menos durante los primeros años de su vigencia), la referida Ley supuso un cambio de primer orden. Gracias a la misma se consolidó un control judicial plenario de la actividad administrativa en su conjunto, suprimiéndose la nota de excepcionalidad que dicho control había tenido hasta entonces, y se logró que la jurisdicción contencioso-administrativa quedase sustancialmente equiparada a las demás jurisdicciones (civil, penal) en cuanto el desarrollo de su función.
Buena prueba del positivo juicio que merece la LJCA de 1956 es que la aprobación de la Constitución de 1978 no supuso grandes cambios. Determinó, ciertamente, que algunas de sus previsiones, como ya hemos indicado, quedaran derogadas por inconstitucionalidad sobrevenida, dada su incompatibilidad con los artículos 24.1, 106 y 117, entre otros, del texto constitucional, pero no la inhabilitó por completo. Tanto es así que mantuvo su vigencia hasta la nueva LJCA de 1998.
Finalmente, transcurridos veinte años desde la aprobación del texto constitucional, en 1998 quedó aprobada la vigente LJCA, a cuyo análisis se dedican las páginas siguientes.
II. ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: EXTENSIÓN Y LÍMITES
La jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con las exigencias constitucionales resultantes de lo dispuesto en los artículos 24.1 y 106.1 CE, conoce de todas aquellas cuestiones que resultan de las previsiones contenidas en los artículos 1, 2 y 4 LJCA. Esos asuntos o cuestiones son los siguientes:
• Cualesquiera pretensiones relativas a las actuaciones de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho Administrativo (artículo 1.1 LJCA).
• Disposiciones generales de rango inferior a la ley (normas reglamentarias), así como de los decretos legislativos, siempre que se extralimiten respecto de los límites fijados por la ley delegante (artículo 1.1 LJCA).
• Determinados actos de otros poderes públicos distintos de las Administraciones Públicas [actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial adoptados por los órganos constitucionales y estatutarios referidos en el artículo 1.3.a) y b) LJCA].
• Actos de la Administración electoral, en los términos previstos en la LOREG de 1985 [artículo 1.3.c)LJCA].
• Actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que sea la naturaleza de dichos actos.
• Contratos administrativos y actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas [artículo 2.b) LJCA].
• Actos administrativos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho Público (Colegios Profesionales, Cámaras Oficiales, pero sólo cuando ejerciten funciones públicas) [artículo 2.c) LJCA].
• Actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente respecto de los adoptados por los concesionarios de servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas. Asimismo, los demás actos de los concesionarios cuando la correspondiente norma sectorial prevea su fiscalización por la jurisdicción contencioso-administrativa [artículo 2.d) LJCA].
• Todos los supuestos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, y ello aun cuando en la producción del daño concurra la acción de un tercero o, asimismo, aun cuando cuenten con un seguro de responsabilidad [artículo 2.e) LJCA].
• Restantes materias que le atribuya expresamente una ley [artículo 2.f) LJCA].
• Cuestiones incidentales y prejudiciales, con excepción de las de orden penal y constitucional y lo dispuesto en Tratados internacionales [artículo 4.1 LJCA].
A su vez, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la misma LJCA, quedan excluidos del conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa los siguientes asuntos:
• Las cuestiones atribuidas a las órdenes civil, penal y social. • El recurso contencioso-disciplinario militar.
• Los conflictos de jurisdicción entre los juzgados y tribunales y las Administraciones Públicas y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
• Los recursos directos e indirectos contra las normas forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, ya que la competencia para conocer de las mismas ha quedado atribuida al Tribunal Constitucional en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional 5ª LOTC.
La determinación de si la jurisdicción es competente para conocer de los asuntos que se planteen, corresponde a los propios órganos jurisdiccionales, los cuales, según precisa el artículo 5 LJCA, apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. La declaración de falta de jurisdicción debe ser motivada y deberá indicarse al demandante el concreto orden jurisdiccional que se estima competente.
III. ÓRGANOS Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 1. LA PLANTA JURISDICCIONAL
Con la LJCA de 1956, la estructura o planta de la jurisdicción contencioso- administrativa quedó ceñida a las Salas de lo contencioso-administrativo de las Audiencias Territoriales y a las Salas 3ª, 4ª y 5ª del Tribunal Supremo. Esa estructura se mantuvo hasta que en 1977 se dictó un Real Decreto-ley por el que creó la Audiencia Nacional y en su seno la Sala de lo contencioso-administrativo. Posteriormente, la LOPJ introdujo importantes modificaciones, al establecer los Tribunales Superiores de Justicia con una o dos Salas de lo contenciosoadministrativo (según los casos) en sustitución de las Audiencias Territoriales, y dar entrada a la gran novedad de los Juzgados provinciales de lo contencioso-administrativo. Y, asimismo, redujo las tres Salas del Tribunal Supremo a una única Sala, la Sala Tercera. Pero la inmediata puesta en práctica de la nueva planta por la Ley complementaria de Demarcación y
Planta Judicial de 28 de diciembre de 1988, no alcanzó a los juzgados. Estos finalmente se implantaron con la aprobación de la LJCA de 1998, habiéndose modificado en parte la competencia que la LOPJ de 1985 inicialmente les había atribuido. Y, además, la LJCA ha creado los Juzgados centrales de lo contencioso- administrativo.
Así pues, en la actualidad, tal como dispone el artículo 6 LJCA, el orden jurisdiccional se halla integrado por los siguientes órganos: Juzgados provinciales; Juzgados centrales; Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia; Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia nacional; y Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo.
2. LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES
2..ACriterios generales para la distribución de las competencias y prohibición de que la declaración de incompetencia pueda adoptarse en sentencia
El criterio que con carácter general sigue la LJCA para asignar las correspondientes competencias a los diversos órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, es el tradicional criterio que vincula la competencia del órgano jurisdiccional a la del órgano administrativo del que emana el acto o disposición objeto del recurso. De este modo, y sin perjuicio de las numerosas excepciones que generan un casuismo tan complejo como injustificado, los actos y reglamentos de las Administraciones locales y autonómicas quedan residenciados ante los Juzgados provinciales y las Salas de lo Contencioso- Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, mientras que de los actos y reglamentos de la Administración estatal conocen mayoritariamente los Juzgados centrales y la Sala de la Audiencia Nacional, y, en menor medida, la Sala 3ª del Tribunal Supremo.
Ha de tenerse en cuenta que las dificultades que como consecuencia de ese excesivo casuismo surgen a la hora de determinar el órgano competente para conocer del recurso, quedan compensadas en gran medida por la obligación de que en las resoluciones administrativas y también judiciales se indiquen los recursos procedentes; e igualmente quedan amortiguadas por la escasa trascendencia que, siempre que se observen esas indicaciones, tiene para el recurrente el desacierto o error en dicha determinación. Recuérdese, a este respecto, que el artículo 58.2 LRJPAC establece que «toda notificación [de las resoluciones y actos administrativos] deberá contener [...] la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente». Asimismo, el artículo 248.4 LOPJ dispone que «al notificarse la resolución [judicial] a las partes se indicará si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello». Pero es que, además, el artículo 7.3 LJCA añade que «la declaración de incompetencia adoptará la forma de auto y deberá efectuarse antes de la sentencia, remitiéndose las actuaciones al órgano de la Jurisdicción que se estime competente para que ante él siga el curso del proceso», mientras que el artículo 95.2.b) LJCA, a propósito ahora del recurso de casación, puntualiza que «si se estimare el recurso [...] por el motivo del artículo 88.1.b) [incompetencia o inadecuación del procedimiento], se remitirán las actuaciones al órgano jurisdiccional competente para que resuelva».
Esta prohibición de que la declaración de incompetencia pueda adoptarse en sentencia, ha llevado a que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en
el artículo 69 de la misma Ley, al fijar las causas de inadmisibilidad que serán declaradas por sentencia, no figure ya la de que «se hubiere interpuesto [el recurso] ante un Tribunal que carezca de [...] competencia para ello, por corresponder el asunto [...] a otro órgano de la Jurisdicción Contencioso- Administrativo». Así lo disponía, sin embargo, el artículo 82.a) LJCA de 1956, si bien la jurisprudencia constitucional declaró derogada dicha previsión por el artículo 24.1 CE (SSTC 22/1985, de 15 de febrero, 39/1985, de 11 de marzo, 109/1985, de 8 de octubre, 55/ 1986, de 9 de mayo, 78/1991, de 15 de abril, 90/1991, de 25 de abril, etc.).
Por consiguiente, puede afirmarse, a la vista del artículo 7.3 LJCA, que las consecuencias anudadas al error o equivocación en la determinación del órgano jurisdiccional competente para conocer del recurso apenas tienen otra trascendencia que la de dilatar la tramitación del proceso. Desde luego, según parece, en ningún caso la pérdida del recurso sin llegar a obtener un pronunciamiento sobre el fondo.
B. Asignación de competencias en primera o única instancia. Esquema del reparto de las competencias en función de la Administración y órgano de los que proceda la disposición o actuación recurrida
De acuerdo con lo que resulta de lo dispuesto en los artículos 8 a 12 LJCA, la determinación de los asuntos de los que los distintos órganos jurisdiccionales conocerán en primera o única instancia se realiza mediante la combinación de todo tipo de criterios (reglas generales, excepciones y excepciones de las excepciones), lo que da lugar a un sistema sumamente casuístico y complejo.
Aunque la LJCA se refiere a los asuntos de los que conocerán los diversos órganos jurisdiccionales, el elemento determinante sigue siendo el órgano del que emana el acto o disposición que se recurre. Por eso mismo, el criterio con que a continuación se expone ese reparto de competencias toma en consideración a la Administración autora del acto o norma reglamentaria objeto del recurso, remitiendo en cada caso al órgano jurisdiccional competente para conocer en primera o única instancia. De este modo, puede afirmarse que los Juzgados provinciales de lo contencioso-administrativo son los competentes para conocer del grueso de las actuaciones de las Entidades locales. Las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia conocen básicamente de las actuaciones que proceden de las Administraciones autonómicas y de los recursos de apelación. Los Juzgados centrales de lo contencioso-administrativo y la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, de las actuaciones realizadas por la AGE. Y a la Sala Tercera del TS queda atribuido el conocimiento de los actos del Consejo de Ministros y de los órganos constitucionales, así como el de los recursos de casación. Se trata, sin embargo, de reglas generales, porque no pocas son las excepciones.
C. Otras reglas de atribución de competencias
La LJCA establece, asimismo, otras reglas complementarias para la asignación de las competencias en función de la materia (del concreto acto o actuación de que se trate) y advierte al respecto que, salvo disposición en contrario, la atribución de competencia por razón de la materia prevalece sobre la efectuada por razón del órgano administrativo autor del acto [artículo 13.c) LJCA].
En concreto, la competencia en materia de autorizaciones y ratificaciones judiciales (entrada en domicilios y demás edificios o lugares cuyo acceso requiera consentimiento del titular para la ejecución forzosa de actos administrativos, o en relación con determinadas medidas de las autoridades sanitarias, etc.) queda atribuida a los Juzgados provinciales y centrales (artículo 91.2 LOPJ, tras la modificación de la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, y artículos 8.6 y 9.2 LJCA). Losactos de prohibición o de propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión [artículo 10.1.h) LJCA], así como los convenios interadministrativos cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma [artículo 10.1.g) LJCA], quedan atribuidos al conocimiento de las Salas de los TSJ. Y a la Sala de la AN los demás convenios [artículo 11.1.c) LJCA].
Por otra parte, el órgano que conozca de un asunto es el competente para resolver todas las cuestiones incidentales aunque no pertenezcan a su competencia genérica (artículo 7.1 LJCA), salvo las cuestiones de carácter constitucional y penal o lo dispuesto en Tratados internacionales, o salvo que estén asignadas expresamente a otro órgano. Y la competencia para hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde al órgano que haya conocido del asunto en primera o única instancia (artículos 7.1 y 103.1 LJCA).
2..B Distribución de competencias para conocer de recursos contra autos y sentencias
La asignación de competencias para conocer de los recursos contra los autos y sentencias dictados en primera instancia, es la siguiente:
Las Salas de los TSJ conocerán:
• De los recursos de apelación contra sentencias y autos de los Juzgados provinciales y de los correspondientes recursos de queja (art. 10.2 LJCA). •De los recursos de revisión contra sentencias firmes de los Juzgados
provinciales (art. 10.3 LJCA).
• De los recursos de casación para la unificación de doctrina previsto en el artículo 99 LJCA (art.10.5 LJCA). •De los recursos de casación en interés de la ley previsto en el artículo 101 LJCA (art. 10.6 LJCA).
•De las cuestiones de competencia entre los Juzgados provinciales con sede en la correspondiente Comunidad Autónoma (art. 10.4 LJCA).
La Sala de la AN conocerá:
• De los recursos de apelación contra sentencias y autos de los Juzgados centrales y de los correspondientes recursos de queja (art. 11.2 LJCA). •De los recursos de revisión contra sentencias firmes de los Juzgados centrales
(art. 11.3 LJCA). •De las cuestiones de competencia entre los Juzgados centrales (art. 10.4 LJCA).
La Sala Tercera del TS conocerá:
•De los recursos de casación de cualquier modalidad [art. 12.2.a) en relación con los arts. 86 ss.LJCA].
•De los recursos de casación y revisión contra resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas con arreglo a lo establecido en su Ley de Funcionamiento [art. 12.2.b) LJCA].
•De los recursos de revisión contra sentencias firmes de las Salas de los TSJ, de la AN y del TS, salvo lo dispuesto en el art. 61.1.1º de la LOPJ [arts. 12.2.c) y 102 LJCA].
D. REGLAS RELATIVAS A LA COMPETENCIA TERRITORIAL Y A LA DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS D..A Reglas sobre la competencia territorial.
Conviene recordar que, a diferencia del proceso civil, en el que se admiten los llamados «fueros convencionales», de manera que los litigantes pueden encomendar el conocimiento de su pleito a cualquier órgano de la jurisdicción competente por razón de la materia, en el proceso contencioso-administrativo rige el fuero legal, es decir, el previsto o admitido por la norma. Por ello, tal como dispone el artículo 7.2 LJCA, la competencia de los Juzgados y Tribunales no será «prorrogable».
Es obvio, por otra parte, que las reglas de competencia territorial (que vienen a suplir las insuficiencias de las reglas de competencia objetiva en algunos casos) sólo afectan a los Juzgados provinciales y a los Tribunales Superiores de Justicia; no a los órganos cuya jurisdicción se extiende a todo el Estado.
El fuero general es el de la sede del órgano que hubiere dictado la disposición o acto originario impugnado (artículo 14.1, regla primera, LJCA), mientras que el fuero especial es de carácter electivo por el demandante, que puede elegir entre la sede del órgano o el de su domicilio, rigiendo en materia de personal, propiedades especiales, sanciones y responsabilidad patrimonial (artículo14.1, regla segunda, LJCA).
Por lo demás, el fuero de carácter único o exclusivo queda referido a intervenciones administrativas sobre la propiedad privada (urbanismo y expropiaciones), siendo el del lugar donde se ubique el inmueble afectado (artículo 14.1, regla tercera, LJCA), y el fuero especialísimo, para cuando el acto impugnado afecte a una pluralidad de destinatarios, pasa a ser el de la sede del órgano que hubiera dictado el acto impugnado (art. 14.2 LJCA).
B. Reglas sobre la distribución de asuntos
De acuerdo con el artículo 17 LJCA, la distribución de los asuntos entre las Salas de un mismo TSJ o entre las Secciones de una misma Sala, se acordará por la Sala de Gobierno del respectivo TSJ, que también procederá a la distribución entre los diversos Juzgados de una misma población. Nada se prevé respecto de los Juzgados Centrales, pero lógicamente será la Sala de la AN la que asuma tal función. Y en cuanto al reparto de asuntos entre las Secciones de la Sala 3ª del TS, corresponde a la Sala de Gobierno del TS la distribución y la fijación del turno de reparto de ponencias (artículo 152.1 LOPJ).
IV. LAS PARTES DEL PROCESO. EN ESPECIAL, LA LEGITIMACIÓN El proceso contencioso-administrativo, como todo proceso jurisdiccional (con las particularidades del proceso penal) se traba entre una parte demandante y una parte demandada, pudiendo ser varias las personas que simultáneamente ostenten una y otra condición procesal. Y para poder iniciar el proceso es preciso que quien lo pretenda ostente capacidad procesal y, además, legitimación. Además, se exige la postulación procesal.
Los artículos 7.3 LOPJ y 6 LEC enumeran con carácter general quiénes tienen capacidad para emprender un proceso (desde luego, las personas físicas y jurídicas, aunque no sólo). Además, el artículo 18 LJCA añade que también la tienen los menores de edad para la defensa de aquéllos de susderechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento, sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, y los grupos de afectados, las uniones sin personalidad o los patrimonios independientes o autónomos que sean aptos para ser titulares de derechos y obligaciones, si bien siempre que así lo declare expresamente la ley.
No basta, sin embargo, con tener capacidad procesal. Para la viabilidad del proceso es preciso que las partes ostenten legitimación, que no es sino la aptitud para poder recurrir o demandar (legitimación activa) y para poder ser demandado (legitimación pasiva). Por tanto, sin legitimación activa no se puede acceder a la jurisdicción en demanda de tutela y defensa de los derechos e intereses legítimos, por lo que resulta fundamental el alcance que se dé a la exigencia de este requisito.
Aunque con anterioridad a la aprobación de la vigente LJCA y de acuerdo con la doctrina del TC en interpretación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 CE, ya se corrigió de hecho la restricción que imponía la anterior LJCA de 1956, que vinculaba la legitimación activa a la existencia de un interés directo en el recurrente, el artículo 19.1 LJCA reconoce ahora legitimación a las personas físicas o jurídicas que ostenten un «derecho o interés legítimo». Basta con acreditar ese interés legítimo (concepto menos estricto que el de «interés directo») para la viabilidad del recurso, considerándose como tal el interés de carácter personal no sólo en la defensa o reconocimiento de un efectivo derecho subjetivo, sino en la obtención de cualquier beneficio (directo o indirecto) que pueda resultar de la estimación de la pretensión deducida. Por tanto, la situación de interés legítimo resulta identificable con cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida.
Más allá de la exclusión del mero «interés por la legalidad», que no legitima, y siempre que se trate de un interés actual y efectivo, no futuro o meramente hipotético, el interés legítimo da cobertura con gran amplitud a todas aquellas situaciones en la que el recurrente pueda obtener algún beneficio, incluida la cesación o disminución de un perjuicio. En todo caso, poco más se puede precisar en
abstracto, de manera que los órganos jurisdiccionales gozan de un amplio margen de apreciación para determinar la existencia o no de legitimación, si bien esa apreciación debe estar presidida por el principio pro actione a fin de favorecer el acceso a la jurisdicción, todo ello de acuerdo con el artículo24.1 CE.
Además, se reconoce legitimación a las entidades representativas (corporaciones, asociaciones, sindicatos, etc.) que resulten afectadas o estén legalmente habilitadas para la defensa de derechos e intereses legítimos colectivos [artículo 19.1.b) LJCA], si bien no basta para reconocerles legitimación con constatar que estatutariamente o por atribución legal asumen la defensa de un interés colectivo, sino que es preciso que la actuación administrativa que impugnen lesione efectivamente dicho interés (por cuanto, en otro caso, bien pudiera transformarse el interés legitimador en un mero «interés por la legalidad»).
Igualmente están legitimadas las Administraciones Públicas en los conflictos interadministrativos [artículo 19.1.c), d), e) y g) LJCA] y en los procesos de lesividad (artículo 19.2 LJCA) (es decir, en aquellos que tienen por objeto un acto de la propia Administración que lo impugna, previa su declaración de lesividad), y, asimismo, el Ministerio Fiscal en los procesos que determine la ley [artículo19.1.f)] (aunque en puridad de términos no es una de las partes del proceso, sino que actúa en elmismo en defensa de la legalidad).
El mismo artículo 19 reconoce genéricamente legitimación a cualquier ciudadano, si bien únicamente en los supuestos en los que la ley, de manera expresa, haya previsto una acción popular (supuesto clásico en materia urbanística, tal como establece el artículo 48.1 del Texto Refundido de la Ley delSuelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y en algunas otras, para la defensadel patrimonio histórico, o las costas, o los parques nacionales), y a los vecinos en nombre e interés de las Entidades locales (artículo 19.3) (se trata de la llamada acción vecinal para la defensa de los bienes y derechos de tales Entidades cuando éstas no ejercitaren las correspondientes acciones, tal como precisa el artículo 68.2 LBRL).
A los referidos supuestos, previstos inicialmente por la LJCA, se han sumado otros tres más. De una parte, la disposición adicional 6ª de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ha incorporado una nueva letra i) al artículo 19, en virtud de la cual, frente a la actuación administrativa que atente al principio de igualdad de sexos, se reconoce legitimación a los afectados y, con su autorización, a los sindicatos y asociaciones constituidas para la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres a los que pertenezcan. Además, cuando la actuación afecte a una pluralidad de personas indeterminada o de difícil determinación, también están legitimados los propios organismos de las Administraciones Públicas que tengan atribuida la competencia específica de promocionar y vigilar acerca de la igualdad de sexos (e, incluso, según parece razonable, otros organismos, como, por ejemplo, determinados Colegios Profesionales), los sindicatos más representativos (por tanto, los definidos en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical) y las asociaciones de ámbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres; y, en fin, aún se prevé un tercer supuesto de legitimación, que, en realidad, lo es más bien en atención al tipo de discriminación, ya que queda circunscrita a la persona acosada en los supuestos de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
El segundo supuesto se refiere a la legitimación en asuntos en materia de contratación pública que previamente hayan sido objeto del recurso especial que corresponde decidir al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales y órganos autonómicos asimilados, todo ello de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 34/2010, de 5 de agosto (que ha añadido un nuevo apartado 4 al artículo 19 LJCA), y en
la actualidad en el TRLCSP, tal como ya hemos visto. La singularidad de esta legitimación es que se extiende, además de a los particulares interesados y recurrentes en vía administrativa, a las Administraciones Públicas, sin necesidad de que éstas (que impugnarán, en su caso, un acto
administrativo) tengan que proceder a la previa declaración de lesividad que, con carácter general, exigen los artículos 103 LRJPAC y 43 LJCA).
Por último, la disposición final 5ª de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, ha introducido un apartado 5 almismo artículo 19, en virtud del cual tendrán legitimación para recurrir ante el orden jurisdiccionalcontencioso- administrativo las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte que se dicten en asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, todas las personas a que alude el artículo 40.4 dela referida Ley orgánica (es decir, las personas físicas o jurídicas afectadas por la resolución y, en todocaso, el deportista o sujeto afectado por la resolución, la eventual parte contraria en la resolución o los perjudicados por la decisión, la Federación deportiva internacional correspondiente, el organismo antidopaje del país de residencia del sujeto afectado, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, y la Agencia mundial antidopaje o el Comité paralímpico internacional, cuando la resolución afecte a los Juegos olímpicos o juegos paralímpicos).
Por el contrario, no están legitimados para interponer recurso contencioso- administrativo los órganos, ni los miembros de los órganos colegiados, de la Administración Pública autora del acto o actuación impugnable, a no ser que una ley lo autorice expresamente [artículo 20.a) LJCA], lo que resulta plenamente coherente con la naturaleza y configuración jurídica de los órganos de la Administración-persona jurídica. Por similares razones, aunque no idénticas, ya que ahora media la personalidad diferenciada, tampoco lo están las Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas a la Administración cuyo acto o actuación se trata de impugnar, a no ser, puntualiza con cierta ambigüedad el artículo 20.c) LJCA, que dichas Entidades estén dotadas de un específico estatuto de autonomía. Ni lo están, en fin, los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de la Administración [artículo 20.b) LJCA].
La capacidad para ser parte demandada en los procesos contencioso- administrativos (legitimación pasiva) la ostentan, claro es, las Administraciones Públicas de las que procedan los actos o actuaciones objeto de impugnación. Pero también se atribuye esa legitimación pasiva a todas aquellas personas a cuyo favor deriven derechos o intereses legítimos del mismo acto o actuación, considerándoseles parte demandada en caso de que comparezcan en el proceso en el que hayan sido emplazadas a fin de oponerse a la pretensión anulatoria y en defensa, por tanto, del mantenimiento del acto o actuación cuestionado (artículos 48 y 49 LJCA). El artículo 21 LJCA reconoce legitimación pasiva, asimismo, a las empresas aseguradoras de las Administraciones, que serán parte codemandada junto con la Administración demandada a la que aseguren (fenómeno cada vez más frecuente a los efectos de la responsabilidad patrimonial en la que pueden incurrir).
La postulación procesal significa que las actuaciones ante los órganos jurisdiccionales se han de realizar a través de representantes profesionales (procuradores y abogados) (artículo 23.1 y 2 LJCA).
La representación y defensa de las Administraciones Públicas y de los órganos constitucionales se rige por la LOPJ (artículo 447) y por la Ley 52/1977, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, así como, en el caso de las Administraciones autonómicas, por las normas que, en el marco de sus competencias, hayan dictado las Comunidades Autónomas (artículo 24 LJCA).
V. OBJETO DEL RECURSO El recurso contencioso-administrativo es el cauce procesal para plantear ante los órganos jurisdiccionales las correspondientes pretensiones en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al
Derecho Administrativo y las disposiciones reglamentarias (incluidos los decretos legislativos cuando excedan de los límites de la delegación) (artículo 1.1 LJCA). Dejando ahora de lado a éstas últimas, en realidad bajo la expresión «actuaciones» se engloban los actos administrativos (expresos y presuntos), los supuestos de inactividad administrativa y la llamada vía de hecho (artículos 25 a 30 LJCA, referidos precisamente a la «actividad administrativa impugnable»).
D..B ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPRESOS Y PRESUNTOS
Normalmente, el objeto del recurso contencioso-administrativo son actos administrativos expresos y definitivos, que hayan puesto fin a la vía administrativa, así como los supuestos de silencio positivo y negativo (habitualmente denominados actos presuntos, aunque quizá la calificación de presunto deba en adelante ceñirse al silencio positivo) (artículo 25.1 LJCA).
D..B.)a La impugnabilidad de los actos de trámite.
No obstante, también los actos administrativos de trámite son susceptibles de recurso cuando vengan a decidir directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, o produzcan indefensión o un perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos (artículo 25.1 LJCA).
D..B.)b La excepción de acto confirmatorio.
En cuanto al recurso contencioso-administrativo en los supuestos de nulidad de pleno derecho del acto, a lo largo de la tramitación parlamentaria de la LJCA se previó que no cabría oponer la excepción de acto confirmatorio del artículo 28 (es decir, que aun cuando se hubiese desestimado por acto administrativo una petición de declaración de nulidad y no se hubiesen interpuesto los recursos admisibles, siempre podría formularse una nueva petición en vía administrativa y frente a la denegación interponer recurso contencioso-administrativo). Sin embargo, esa salvedad fue eliminada por el Senado, lo que no es óbice para que pueda mantenerse que dicha eliminación no significa una corrección de la doctrina jurisprudencial que ha sancionado el criterio de que, respecto de los actos nulos, en ningún caso juega la excepción de acto confirmatorio.
D..C REGLAMENTOS (RECURSO DIRECTO Y RECURSO INDIRECTO): REMISIÓN
Al estudiar el control jurisdiccional de los reglamentos, ya nos hemos referido con cierto detalle a las dos vías de recurso contencioso-administrativo (directo e indirecto) que pueden utilizarse para la impugnación de las disposiciones generales, así como a la cuestión de ilegalidad. Por tanto, baste ahora con remitir a lo expuesto en el Capítulo IV de esta misma obra.
D..D INACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
También la inactividad de la Administración puede ser objeto de recurso. Se trata de una novedad de la vigente LJCA, que ha venido a posibilitar la impugnación de supuestos que, en otro caso, difícilmente podrían serlo, al no ser sin más equiparables a los llamados actos presuntos (resultado del silencio administrativo negativo, que es, asimismo, una manifestación más de la inactividad de la Administración: falta o ausencia de resolución en plazo acerca de la previa solicitud formulada). El artículo 29 LJCA regula los dos supuestos siguientes de inactividad.
D..D.)a Inactividad prestacional: requisitos
Dispone el artículo 29.1 LJCA que si la Administración está obligada a realizar una prestación concreta a favor de una o varias personas determinadas y esa prestación no precisa de un acto de aplicación (ya que la misma resulta de un acto, un contrato o un convenio), quienes tengan derecho a ella pueden reclamar su cumplimiento y si transcurren tres meses desde la fecha de la reclamación sin que se haga efectivo, o sin llegar a un acuerdo con la Administración, podrán deducir el correspondiente recurso.
D..B.)c Inejecución de actos firmes: requisitos
Asimismo, de acuerdo con el artículo 29.2 LJCA, la inactividad de la Administración consistente en la no ejecución de sus actos firmes permite que los afectados puedan solicitar esa ejecución, de manera que si no se procede a la misma en el plazo de un mes también quedara expedita la vía del recurso contencioso-administrativo, que, por lo demás, se tramitará con arreglo al procedimiento abreviado.
W. VÍA DE HECHO
Configurado históricamente el proceso contencioso-administrativo como un proceso al acto (de ahí el carácter revisor de la jurisdicción, que, con todas las modulaciones que se quiera, sigue en pie), fácilmente se comprende que el sometimiento a control jurisdiccional de las meras actuaciones materiales de las Administraciones Públicas que puedan incurrir en lo que se denomina «vía de hecho» (actuaciones, por tanto, al margen de toda competencia o de la observancia del procedimiento legalmente debido, o, si se quiere, actuaciones que carecen de toda cobertura jurídica), se haya enfrentado a notables dificultades. Cuando la vía de hecho incide en derechos patrimoniales, la solución ha pasado por la intervención de los jueces de lo civil, que conocerán de las acciones posesorias que el afectado puede plantear (caso, por ejemplo, del supuesto previsto en el artículo 125LEF, como ya hemos visto). Pero, con carácter general, la intervención de la jurisdicción contencioso-administrativa para remediar la situación creada por la actuación material administrativa incursa en vía de hecho, sólo sería posible forzando previamente el dictado de un acto administrativo frente al que poder recurrir.
Esta situación ha quedado remediada con la LJCA 1998, que ha ampliado el objeto del recurso contencioso-administrativo al extenderlo también a los supuestos referidos. Así, el artículo 30 establece que «en caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación», a lo que añade que «si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo». Así pues, de esta configuración resulta que el requerimiento previo ante la Administración es puramente potestativo, ya que también cabe acudir directamente al contencioso-administrativo. Y, además, el requerimiento no está al servicio de «generar» un acto administrativo (expreso o presunto) impugnable en vía judicial, sino que su finalidad es sencillamente la de posibilitar que la situación se corrija sin necesidad de acudir a la intervención judicial (de ahí que no sea preciso formularlo, quedando en el ámbito de disponibilidad del interesado hacer uso del mismo o no).
X. PRETENSIONES Y CUANTÍA DEL RECURSO
El recurso contencioso-administrativo contra las actuaciones de las Administraciones Públicas en sus diversas manifestaciones se concreta en el ejercicio de diferentes pretensiones. A las pretensiones de las partes se refieren los artículos 31 a 33 LJCA, estableciendo las siguientes reglas.
Frente a los actos administrativos (expresos y presuntos) y las disposiciones susceptibles de impugnación, el recurrente (o demandante) podrá pretender la declaración de su disconformidad a Derecho y, en su caso, su anulación (artículo 31.1), así como el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, incluida la indemnización de daños y perjuicios si fuera procedente (artículo 31.2). La pretensión anulatoria guarda estricta coherencia con esa concepción
inicial del proceso contencioso-administrativo como un proceso al acto de la Administración, y es lógico que su disconformidad a Derecho desemboque en su anulación. Pero no siempre basta con la anulación del acto o disposición. De ahí que la pretensión anulatoria no agote el objeto y contenido del recurso, de manera que la misma puede venir acompañada de la pretensión de que se reconozca y declare el derecho negado por el acto (o en la formulación legal más amplia, se reconozca «una situación jurídica individualizada»), o
que se adopten las medidas precisas para restablecer la situación o estatus ilegalmente alterado por el acto o la disposición, lo que dará lugar a una pretensión indemnizatoria por los daños que de esa alteración se hayan podido producir. Estamos, en definitiva, ante un conjunto de pretensiones que guardan estrecha relación, si bien la pretensión anulatoria resulta necesaria en todo caso, al ser presupuesto de las demás.
Cuando el recurso tiene por objeto la inactividad de la Administración o actuaciones materiales de la misma constitutivas de vía de hecho, las pretensiones no pueden ser exactamente las mismas. El artículo 32 LJCA se refiere a esta cuestión, precisando que, en el primer supuesto (inactividad), eldemandante podrá pretender la condena de la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas, mientras que en el segundo (vía de hecho), podrá pretender que, además de declararse contraria a Derecho, el órgano jurisdiccional ordene el cese de la misma, adoptando las medidas necesarias que conduzcan al pleno restablecimiento de la situación jurídica alterada por la ilegítima actuación material en que haya incurrido la Administración.
Las pretensiones que pueden deducirse quedan presididas por el llamado principio dispositivo, de manera que es el recurrente quien las fija, sin que el órgano jurisdiccional pueda adoptar un pronunciamiento que no guarde estricta correspondencia con las que se hubieran formulado y con los motivos en que se sustenten. Es ahora el principio de congruencia lo que explica este límite o limitación, que obliga a un pronunciamiento sobre las pretensiones deducidas expresamente e impide, a la vez, entrar a conocer de cualesquiera otras posibles que no hayan sido planteadas (artículo 33LJCA). Por tanto, el juez o tribunal deben juzgar exclusivamente dentro del límite de las pretensionesformuladas y sólo a ellas deberán referir su decisión o sentencia, de manera que, justamente por relación al contenido de las pretensiones (y, asimismo, de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición al mismo) puede producirse el vicio de incongruencia procesal (incongruencia por omisión de pronunciamiento e incongruencia por exceso o extra petitum ) que puede llegar a ser constitutivo de una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24.1 CE.
Por lo demás, y prescindiendo de algunas otras cuestiones menores dada la finalidad de esta exposición, debe tenerse en cuenta que todo recurso tiene una cuantía, que será fijada una vez formulados los escritos de demanda y contestación. Esa cuantía no es sino la evaluación económica de las pretensiones deducidas y sirve para determinar si la sentencia que se dicte será o no susceptible de ser recurrida (en apelación o en casación) y, asimismo, para fijar el valor de las costas procesales. Los artículos 40 a 42 LJCA se refieren a esta cuestión, estableciendo la forma y manera en que se procederáa la determinación de la cuantía, para lo cual se observarán las reglas de la legislación procesal civil con una serie de especialidades (artículo 42). Puede suceder, no obstante, que las pretensiones no sean susceptibles de evaluación económica, en cuyo caso el recurso se reputará de cuantía indeterminada. Una cuantía indeterminada que alcanza también a los supuestos que expresamente refiere el artículo 42.2 (por ejemplo, la impugnación directa de una disposición general) y que conlleva la consecuenciade que, por razón de la cuantía, no existirá ya limitación para que la correspondiente sentencia pueda ser recurrida.
VI. EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

References: Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 58
 artículo 248
 resolución 
 artículo 7
 artículo 95
 artículo 88
 artículo 69
 artículo 82
 artículo 24
 artículo 7
 artículo 99
 artículo 101
 artículo 7
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 24
 artículo 19
 artículo24
 artículo 19
 artículo 48
 Real Decreto 
 artículo 68
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 40
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 28
 resolución 
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 125
 artículo 30
 artículo 32
 artículo 24
 artículo 42