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Sentencia nº 67 de Suprema Corte de Justicia, del 6 de Abril de 2011. - Jurisprudencia - VLEX 360713518
Sentencia nº 67 de Suprema Corte de Justicia, del 6 de Abril de 2011.
Abogado(s): J.S.F.
En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces H.Á.V., P.; E.H.M. y V.J.C.E., asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 6 de abril de 2011, años 168° de la Independencia y 148° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación incoado por el Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, L.. J.C., contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 17 de noviembre de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. J.C., P. General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, depositado en la secretaría de la corte a-qua el 1ro. de diciembre de 2010, mediante el cual interpone y fundamenta dicho recurso;
Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 13 de enero de 2011, que declaró admisible el presente recurso de casación, fijando audiencia para conocerlo el 23 de febrero de 2011;
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, vistos los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 24, 335, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, y la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana;
Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que el Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Nacional, adscrito al Departamento de Investigaciones de Tráfico y Consumo de Drogas, presentó acusación contra J.S.F., imputándole que al ser requisado en operativo realizado por miembros de la Policía Nacional, el 20 de noviembre de 2009, se le ocupó en el bolsillo trasero izquierdo de su pantalón, la cantidad de nueve (9) porciones de una material rocoso, las que al ser analizadas químicamente, resultaron ser cocaína base crack, con peso de 2.14 gramos, en violación de las disposiciones de los artículos 5, literal a, 28 y 75, párrafo I, en la categoría distribuidor, de la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, resultando apoderado el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual emitió auto de apertura a juicio contra dicho imputado, por la presunta violación a los artículos 5, literal a, 28 y 75, párrafo I, de la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana; b) que fue apoderado para la celebración del juicio el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual dictó sentencia condenatoria el 3 de agosto de 2010, cuyo dispositivo figura transcrito en la decisión impugnada; c) que dicho fallo fue recurrido en apelación por el imputado, por lo que la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso el 17 de noviembre de 2010 una sentencia con el siguiente dispositivo: "PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. J.C.M., actuando a nombre y representación del imputado J.S.F., en fecha diez (10) del mes de septiembre del año dos mil diez (2010), en contra de la sentencia marcada con el número 159-2010, de fecha tres (3) del mes de agosto del año dos mil diez (2010), dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: Primero: Declara al ciudadano J.S.F., de generales anotadas, culpable de haber violado las disposiciones de los artículos 5, literal a, 28 y 7, párrafo I, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, una vez quedó probada la acusación del Ministerio Público; en consecuencia, se le condena a cumplir una pena de tres (3) años de reclusión mayor, y al pago de una multa de Veinticinco Mil Pesos (RD$25,000.00) a favor del Estado dominicano; Segundo: Ordena la destrucción e incineración de la droga decomisada en el caso ocurrente de la especie, consistente en dos punto catorce (2.14) gramos de cocaína base (crack), en mérito de lo previsto en el artículo 92 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana; Tercero: Declara el proceso exento del pago de costas penales del procedimiento, por estar representado el imputado por un letrado de la Defensoría Pública; Cuarto: Ordena la notificación de la presente sentencia a la Dirección Nacional de Control de Drogas, en virtud del artículo 89 de la susodicha ley, así como al Juez de la Ejecución de la Pena para los fines pertinentes; Quinto: Se hace constar el voto disidente de la Magistrada I.S.F.M., cuyos fundamentos constan en otra parte de la presente decisión; SEGUNDO: La corte después de haber deliberado y obrando por propia autoridad, anula la sentencia precedentemente descrita, y declara la no culpabilidad del imputado, J.S.F., de violación a las disposiciones de los artículos 5, literal a, 28 y 75, párrafo I, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas; en consecuencia, se le descarga de toda responsabilidad penal; SEGUNDO: (Sic) Se declara el presente proceso libre de costas; CUARTO: (Sic) Ordenamos a la secretaria la notificación de la presente decisión a las partes que conforman el presente proceso";
Considerando, que el Procurador recurrente, invoca en su recurso de casación el medio siguiente: "Único Medio: Inobservancia de la ley o errónea aplicación de una norma jurídica";
Considerando, que en el medio invocado el Ministerio Público recurrente sostiene resumidamente: "Violación al artículo 426 numeral 3 del Código Procesal Penal. La corte incurre en una sentencia infundada, pues al hacer el análisis de la pruebas no lo hizo de forma conjunta y armoniosa, sólo se limitó a decir que existía una contradicción en los certificados químicos forenses, en virtud de que la prueba tenía contradicción en las fechas de emisión, sin percatarse que ambos tenían el mismo número de referencia 2009-11-01-013041, establecían igual cantidad en cuanto a la droga ocupada, la dirección y el mismo analista forense, que el otro el cual fuera emitido en fecha 22 de noviembre de 2009, hace referencia al caso y la fecha el cual fuera solicitado, que ambos en la fotografía de la droga ocupada establecen el mismo número, el nombre del imputado y la dirección donde fuere ocupada la sustancia, además el acta de registro de personas establece que el imputado fuera arrestado en fecha 20 del mes de noviembre de 2009, ocupándosele nueve envolturas de un material rocoso, como se pueden apreciar en la fotografía, debiendo la corte en su recurso estipular cuál era la contradicción y la violación jurídica que hicieron los jueces a-quo en su sentencia, al restarle credibilidad a la existencia de dos certificados, en cuanto a la fecha que fueran emitidos, nada impide que el Ministerio Público solicite otro certificado de análisis químico forense, ni muchos menos, al no ser una sustancia mutable, es decir, cambiante ni tener un plazo fatal para su análisis las distintas fechas en que fueren emitidos los análisis son irrelevantes en el análisis. Incorrecta interpretación del artículo 171 del Código Procesal Penal; incorrecta interpretación del artículo 172 del Código Procesal Penal: Que contrario a lo expuesto por la corte el hecho de la existencia de dos certificados con fechas distintas no causó un perjuicio real que afectara los derechos y facultades del imputado, toda vez, que desde la medida de coerción tuvo conocimiento del análisis del certificado forense, así como también bajo la luz del Código Procesal Penal, las pruebas deben ser valoradas de forma conjunta y armoniosa, que nunca fuera un hecho controvertido cuando fuere arrestado el imputado, ni la sustancia que le fuere ocupada, ni existe contradicción en el análisis químico forense en cuanto a que se trata del mismo caso y ambas fotografías de la droga en los análisis se puede colegir que son las mismas siendo irrelevante la diferencia de las fechas";
Considerando, que la corte a-qua para fundamentar su sentencia expuso las siguientes motivaciones: "a) Que la especie se contrae a un proceso por distribución de sustancias ilícitas en el que en la fase intermedia, fue objetada por la defensa, el certificado químico forense expedido por el INACIF, por dos motivos: 1ro. que el mismo rebasaba el plazo de las 24 horas establecido legalmente; 2do. que no especificaba el método utilizado en el análisis del material; b) Que durante la celebración del juicio, al momento de exhibir y discutir la evidencia a cargo, la defensa se percató de que el Ministerio Público, aportó un certificado de análisis químico con igual resultado, pero con la fecha de expedición modificada, e igualmente conteniendo los métodos utilizados para el análisis; c) Que el registro y arresto del imputado se produjo el 20 de noviembre de 2009, mientras que el análisis de la sustancia incautada, se realizó el 22 de noviembre del mismo año, según el primer certificado aportado en la instrucción; es decir, pasadas las 24 horas que establecen los textos legales para su examen; d) Que según el segundo certificado, aportado durante la fase de juicio, el examen de la sustancia se efectuó el 21 de noviembre de 2009, es decir, dentro de las 24 horas del plazo legal; siendo preciso resaltar que alega el recurrente, que el mismo no le fue notificado, situación que lo dejó en estado de indefensión; e) Que el proceso, tal como ha sido precedentemente descrito, fue constatado por esta corte a través de las glosas procesales, siendo un hecho a destacar, que en la presente alzada, no fue aportado por el Ministerio Público, notificación de dicho certificado a la contraparte, en la fase anterior, lo que denota, que tal como advierte el recurrente, la nueva actuación no le fue notificada; f) Que en la presente instancia, el Ministerio Público, en sus argumentaciones dio por entendido que dicha situación debe verse como el saneamiento de un acto defectuoso es preciso denotar, que el saneamiento no es una actuación unilateral que realiza una parte, a espaldas de la otra y del juez que controla el proceso, puesto que dicha actuación puede ser de oficio o a petición de parte, de lo que se infiere que debe mediar una solicitud al juez, que por demás debe ser discutida, a menos que sea hecha de manera oficiosa, en virtud del principio de igualdad de las partes, de la contradicción del proceso, y a fin de no menoscabar el derecho de defensa del imputado; g) Que en la especie, el saneamiento debió realizarse de manera que no quedara duda de si se trataba de la corrección de un error material en la realización del acto, o si se trata de un cambio de fecha que no refleje la realidad, con el único objetivo de evitar la anulación del acto; h) Que de igual modo, es nuestro criterio, que al haberse acogido y valorado en la especie los referidos peritajes, fue violado de manera parcial, el principio de publicidad que debe caracterizar el debido proceso, al ser introducido en la recta final del proceso, sin haberlo notificado de manera oportuna a la contraparte; i) Que en ese sentido, la forma clandestina como fue realizada la corrección, deja un margen de dudas sobre la credibilidad de los señalamientos del certificado químico, que afecta incluso aquellos aspectos que permanecieron invariables, duda que favorece al imputado, quien se encuentra revestido de una presunción de inocencia, que debe ser destruida, pero dentro del marco de las garantías del debido proceso; puesto que la finalidad de la prueba y de dichas garantías son la búsqueda del esclarecimiento de los hechos, la certeza fuera del marco de toda duda; j) Que ya de manera sintética, el saneamiento hecho en la especie, no cumple con los requisitos que se derivan de la norma; siendo extemporáneo, violatorio del debido proceso, deviniendo en un acto realizado de manera clandestina y carente de credibilidad pues debió de soportarse en evidencia que despejara cualquier duda del contenido de la modificación del mismo; k) Que en virtud de que la decisión versa sobre asuntos en los cuales necesariamente esta corte ha tenido que referirse de manera directa a la valoración de la evidencia, y la aplicación de la ley respecto a la misma, nos vemos en la obligación de dictar directamente la sentencia, de conformidad a lo establecido por el artículo 422 del Código Procesal Penal; l) Que en ese sentido, por todo lo anteriormente expuesto, procede declarar la no culpabilidad del Sr. J.S.F., puesto que es imposible valorar el contenido de los certificados de análisis químicos forenses, y al no existir ningún documento que evidencie que la sustancia incautada es ilícita, ni que determine el peso de la misma, situaciones de capital importancia para determinar la culpabilidad y consiguiente sanción a imponer en esta materia";
Considerando, que, es de principio que los elementos de prueba sólo tienen valor, en tanto son obtenidos e incorporados al proceso conforme a los principios y normas establecidos en la Constitución, tratados y convenios internacionales y la ley; que el incumplimiento de este mandato, puede ser invocado en todo estado de causa, pudiendo provocar, si así queda establecido en el plenario, la nulidad del acto invocado, así como sus consecuencias posteriores;
Considerando, que la normativa procesal penal vigente, ordena que no pueden ser valorados los actos cumplidos con inobservancia de las formas que impidan el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, salvo que el derecho haya sido convalidado; que, sin embargo, cuando se haya establecido que no se han violado derechos o garantías de la persona del imputado, los actos alegadamente defectuosos, pueden ser inmediatamente saneados, renovando el acto, rectificando el error, o cumpliendo el acto omitido, sea de oficio o a petición del interesado; que, más aún, no estaría permitido retrotraer el proceso a etapas anteriores, bajo el alegato del saneamiento, excepto aquellos expresamente señalados por la ley; que, en los casos en que los defectos formales encontrados, que de una u otra forma, afecten al Ministerio Público o a la víctima, la ley procesal permite que los mismos sean convalidados;
Considerando, que en ese orden, y en todo caso, la prueba debe ser ponderada por el juez, en cada uno de sus elementos, conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, determinando, de igual manera, el valor que le corresponde a cada una de ellas, en base a un análisis conjunto y armónico de la totalidad de los elementos probatorios aportados;
Considerando, que en la especie, tal y como denuncia el Ministerio Público recurrente la corte a-qua al basar el descargo del imputado en las dudas que entendió se presentaban en torno a uno de los elementos probatorios presentados, sin concatenarlos en conjunto con todo el cuadro acusador, incurrió en un error, equivocada apreciación o pobre enfoque general del asunto por ella examinado; por consiguiente, su decisión resulta manifiestamente infundada, siendo procedente acoger el medio propuesto por el recurrente.
Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, L.. J.C., contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 17 de noviembre de 2010, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; Segundo: Casa la referida sentencia y envía el proceso ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que su presidente mediante sistema aleatorio elija una de sus salas, exceptuando la primera sala a los fines de examinar nueva vez el recurso de apelación; Tercero: Exime el proceso de costas.
Sentencia nº 133 de Corte Suprema de Justicia - Primera, del 31 de Marzo de 2010.

References: resolución 
 artículo 92
 artículo 89
 artículo 426
 artículo 171
 artículo 172
e contrario
 artículo 422