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SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PRESUNTAS VÍCTIMAS Y
NEGATIVA DE REMISIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL
1. El escrito de demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) el 4 de noviembre de 2007, así como sus anexos. La Comisión designó como delegados a los señores Florentín Meléndez, Comisionado, Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a los abogados Elizabeth Abi-Mershed, Juan Pablo Albán, Marisol Blanchard, Rosa Celorio y Fiorella Melzi, especialistas de la Secretaría Ejecutiva. La Comisión alegó como presuntas víctimas a tres mujeres y sus familiares (infra Considerandos 2 y 26).
2. El escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”) presentado el 23 de febrero de 2008 por las organizaciones Asociación Nacional de Abogados Democráticos A. C. (en adelante “ANAD”), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (en adelante “CLADEM”), Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana (en adelante “Red Ciudadana”) y Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C. (en adelante “CEDIMAC”), representantes de las presuntas víctimas1 (en adelante “los representantes”), así como sus anexos. Los representantes solicitaron ampliar el número de víctimas a once mujeres y que la Corte se pronuncie sobre las supuestas detención arbitraria, tortura y violaciones al debido proceso de tres personas (infra Visto 13 y Considerandos 4 y 5).
3. La nota de la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) de 27 de febrero de 2008, mediante la cual se notificó al Estado el escrito de solicitudes y argumentos y se le requirió, siguiendo instrucciones de la Presidenta de la Corte (en adelante “la Presidenta”), que remitiera cierta documentación solicitada por los representantes en dicho escrito.
4. El escrito de contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”) presentado por los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “el Estado” o “México”) el 26 de mayo de 2008, así como sus anexos. El Estado designó como Agente al señor Embajador Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco, y como Agentes alternos a la Licenciada Patricia González Rodríguez, al Embajador Joel Antonio Hernández García, a la Embajadora María Carmen Oñate Muñoz, al Ministro Alejandro Negrín Muñoz y al Ministro Armando Vivanco Castellanos. El Estado señaló que la Corte no debería aceptar la ampliación de víctimas ni el pronunciamiento sobre otros casos, según lo solicitado por los representantes. Además, alegó no estar obligado a presentar determinados documentos, en tanto son objeto de reserva a nivel interno.
5. La nota de la Secretaría de 16 de julio de 2008, mediante la cual se informó al Estado que la Presidenta, luego de la revisión de la contestación de la demanda, consideró que los alegatos referidos a la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) constituían una excepción preliminar, por cuanto cuestionaban la competencia del Tribunal para conocer de violaciones a dicho instrumento. En razón de ello, de conformidad con el artículo 37.4 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), se otorgó a la Comisión y a los representantes un plazo de 30 días para presentar alegatos escritos a la mencionada excepción preliminar.
6. La nota de la Secretaría de 21 de julio de 2008, mediante la cual se solicitó a la Comisión Interamericana, siguiendo instrucciones de la Presidenta, que informara si ante dicho organismo había sido sometida una petición de conformidad con el artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención”) que se relacionara con supuestas violaciones a los derechos humanos de ciertas personas que los representantes estimaban que también debían ser consideradas como víctimas en el presente caso (supra Visto 2).
7. El escrito de la Comisión de 31 de julio de 2008, mediante el cual informó que no había recibido denuncias en las que se identificara como víctimas a dichas personas.
8. El escrito de los representantes de 14 de agosto de 2008, mediante el cual informaron a la Corte que no contaban con el tomo VII del Expediente Penal 27913-01/1501, “a pesar de haber solicitado […] a las autoridades del Estado mexicano en reiteradas ocasiones copias certificadas del mismo” y solicitaron a la Corte que dicha documentación sea requerida al Estado.
9. La nota de la Secretaría de 26 de agosto de 2008, mediante la cual se solicitó al Estado que remitiera copias del tomo VII del expediente penal No. 27913-01/1501.
10. El escrito de los representantes de 5 de septiembre de 2008, mediante el cual realizaron algunas consideraciones respecto a lo señalado por el Estado mexicano en su contestación a la demanda.
11. La nota de la Secretaría de 9 de septiembre de 2008, mediante la cual se dio traslado a las partes de ciertos acápites del escrito de los representantes de 5 de septiembre de 2008 y se otorgó plazo a la Comisión y al Estado a efectos de que presentaran las observaciones que estimaren pertinentes. Además, se informó a las partes que la Presidenta consideró oportuno que la Corte decidiera, a través de una resolución, la controversia respecto de quiénes serían consideradas presuntas víctimas en el presente caso.
12. El escrito del Estado de 12 de septiembre de 2008, mediante el cual presentó sus observaciones a la solicitud de la Corte de remisión de las copias del tomo VII del expediente penal 27913/01-1501.
13. El escrito de los representantes de 18 de septiembre de 2008, mediante el cual presentaron “elementos en los que se funda la solicitud de ampliación de víctimas”. Asimismo, solicitaron a la Corte que “considere llamar a las partes a una audiencia” al respecto.
14. Los escritos de 25 y 26 de septiembre de 2008 de la Comisión y del Estado, respectivamente, mediante los cuales presentaron las observaciones a los escritos de los representantes de 5 y 18 de septiembre de 2008.
15. La nota de la Secretaría de 11 de diciembre de 2008, mediante la cual se comunicó a los representantes, a la Comisión y al Estado que respecto a la solicitud de audiencia en relación con la determinación de presuntas víctimas en el presente caso, la Presidenta, en consulta con los demás jueces de la Corte, decidió que no era necesaria la celebración de una audiencia pública para resolver este asunto, puesto que la información documental presentada por las partes era suficiente para hacerlo.
1. Que México es Estado Parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998.
2. Que la Comisión alegó en su escrito de demanda que el Estado era internacionalmente responsable por la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. La Comisión estimó que “la falta de medidas de protección a las [presuntas] víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que hab[r]ía dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición de las víctimas; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos de las víctimas, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada a favor de sus familiares”, constituían violaciones “a los derechos protegidos por los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 8 (derecho a las garantías judiciales), 19 (derechos del niño) y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana”, en relación con las obligaciones generales de los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, y el incumplimiento de las obligaciones que derivan del artículo 7 de la Convención Belem do Pará. Tal como fue señalado, los representantes solicitaron una ampliación en el número de presuntas víctimas del presente caso, la cual fue rechazada por el Estado.
3. Que el propósito de esta resolución es fijar el objeto del presente caso y precisar algunos hechos sobre los cuales habrá de versar la prueba, lo que la Corte estima pertinente establecer antes de la realización de la audiencia pública. Con esta finalidad, el Tribunal se pronunciará sobre: 1) la solicitud de ampliación de presuntas víctimas que los representantes presentaron en su escrito de solicitudes y argumentos, 2) las personas que serán consideradas como presuntas víctimas en este caso, y 3) la negativa del Estado de remitir determinada prueba solicitada por los representantes y que le fue requerida por el Tribunal.
1. Solicitud de ampliación de presuntas víctimas
4. Que los representantes señalaron que “las víctimas en el caso de ‘Campo Algodonero’ son once”, sin embargo, la Comisión habría “determin[ado] no demandar al Estado por más víctimas que Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal [y] Laura Berenice Ramos Monárrez […] a pesar de que las peticionarias insisti[eron] en las comunicaciones enviadas a dicho Organismo [de] esta situación”. Solicitaron entonces a la Corte “conocer y ampliar el número de víctimas del presente caso al total de las víctimas reales” que serían, además de las señaladas por la Comisión, las siguientes: “María de los Ángeles Acosta Ramírez, Guadalupe Luna de la Rosa, Mayra Juliana Reyes Solís, Verónica Martínez Hernández, Bárbara Aracely Martínez Ramos, María Rocina Galicia Meraz, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz y otra mujer cuyo nombre se desconoce y permanece como femenina no identificada 195/01”. El motivo para solicitar dicha ampliación es que “los cuerpos encontrados en el ‘Campo Algodonero’ y por los que el Estado inició su investigación penal fueron ocho y no tres”. Además, en el año 2006 el Equipo Argentino de Antropología Forense (en adelante “el EAAF”) habría determinado que tres de los cuerpos habrían sido mal identificados. Los representantes estimaron que:
todas las mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en el campo algodonero, así como las tres que fueron erróneamente vinculadas a dicho caso hasta el año 2006, “guardan relación con los hechos de la demanda”, pues en “las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades locales y federales […] siempre se consideró a las ocho víctimas como un mismo caso”. Si bien en el año 2006 “[d]e manera irregular” y “en contra de toda lógica y técnica de investigación criminal” la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua “dividió en ocho legajos la misma averiguación previa”, “los desgloses o investigaciones independientes están vinculadas con el expediente principal 27913/01, porque el Estado no puede obviar que los 8 cuerpos fueron encontrados en un mismo lugar y bajo circunstancias muy parecidas”;
“desde finales del 2001 el Estado tenía conocimiento sobre los 8 cuerpos que fueron encontrados; posteriormente, el Estado tuvo conocimiento de la adición de dos víctimas más […] y tuvo conocimiento de que un cuerpo […] permanece hasta el momento sin ser identificado”. El Estado conocía de los errores en la identificación de los cuerpos y, por tanto, “no puede alegar desconocimiento o desventaja ante sus propias acciones u omisiones”. En este sentido, cuando “la [Comisión] notificó la acumulación de los tres casos [, e]l Estado no se opuso a su acumulación. Existió un consentimiento tácito del Estado para que desde un principio, los casos que fueron llevados a la Comisión […] se manejaran bajo un mismo expediente, por estar relacionados con los mismos hechos. No existe argumento para que ante la Corte, el resto de los 8 casos no sean admitidos y tratados bajo el expediente del cual forman parte”;
el Estado “ha tenido y tendrá la oportunidad procesal de defenderse por lo que hace a todas las víctimas”, pues “desde el escrito de fondo presentado por los peticionarios el 29 de julio de 2005, y en los escritos subsecuentes a la [Comisión] se alegaron violaciones por las 8 víctimas y se solicitó a la [Comisión] que tramitara el caso por todas ellas”. Según los representantes, “este escrito fue transmitido en su totalidad al Estado mexicano”, el que, dieciséis meses después, cuando respondió a dicho escrito, “teniendo la oportunidad de pronunciarse sobre [estas] pretensiones, no lo hizo”. En este sentido, el Estado sí tuvo la oportunidad de responder desde un inicio a la solicitud de ampliación de víctimas “y esta Corte, […] de manera adicional, le ha dado la oportunidad para manifestarse al respecto”, por lo que la ampliación de víctimas no vulneraría la equidad procesal ni la igualdad de armas;
“durante el trámite para la admisibilidad, la [Comisión] nunca requirió información a las peticionarias”. “El primer momento que se tuvo para hacer solicitudes concretas y referencia a las otras víctimas fue hasta después de admitidos los casos”. A esto se suma el hecho que en el año 2002 “[l]as familias del resto de las víctimas no quisieron presentar las peticiones ante la [Comisión] porque no estaban seguras de que los cuerpos que las autoridades mexicanas les entregaban en realidad pertenecían a los de sus hijas”. Además, era “imposible que familiares de Merlín Elizabeth Martínez Sáenz o María Rosina Galicia Meraz accedieran al sistema interamericano cuando los cuerpos fueron identificados con posterioridad al año 2006”, siendo que “[e]l hecho de no poder definir desde un inicio la identidad de las víctimas […] es imputable al Estado mexicano, y no a las víctimas”;
“[l]as peticionarias del caso ‘Esmeralda Herrera’ solicitar[on] en reiteradas ocasiones que la [Comisión] se pronunciara sobre las otras víctimas, [pero la Comisión] nunca lo hizo”, y que por tanto, “en un sistema de protección de los derechos humanos, no puede ser imputable a las propias víctimas la omisión tanto del Estado como de la Comisión Interamericana de pronunciarse al respecto”, y
la Corte “con base en el principio iura novit curia, tiene la facultad de hacer su propia determinación de los hechos del caso, con base en la prueba evacuada, en hechos supervinientes, en información complementaria y contextual […] así como en hechos notorios o de conocimiento público”.
5. Que los representantes también solicitaron a la Corte que “se pronuncie sobre la detención arbitraria, la tortura y las violaciones al debido proceso en contra de Víctor Javier García Uribe, Gustavo González Meza y Edgar Álvarez Cruz,” que constituyen, a su juicio, violaciones de los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, y a los artículos 6, 7, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Al respecto señalaron que:
Víctor García Uribe y Gustavo González Meza fueron detenidos por los delitos de homicidio y violación de las 8 mujeres halladas en el campo algodonero, “con base en declaraciones autoinculpatorias y la de una supuesta testigo que no fue corroborada”. Las confesiones de los inculpados “fueron arrancadas bajo tortura”;
“Gustavo González Meza murió en prisión después de una operación […] en condiciones aún no aclaradas” y su abogado habría sido asesinado anteriormente por “agentes de la policía”. Asimismo, “el abogado que defendió a Víctor García Uribe, también fue asesinado […] sin que se haya establecido la causa del homicidio”;
sobre la investigación en contra de estos dos inculpados el Estado mexicano “se pronunció durante el trámite en la [Comisión], y también en la contestación de la demanda ante la [Corte]”;
en cuanto al proceso seguido en contra del señor Edgar Álvarez Cruz, “se ha denunciado tortura psicológica contra los inculpados, hostigamiento y malos tratos, inhumanos y degradantes contra sus familiares y diversas arbitrariedades en la recolección de prueba”, y
en junio de 2007 el Estado habría obtenido de la Comisión una prórroga “argumentando avances en las investigaciones en contra de […] Edgar Álvarez y Francisco Granados”, siendo que “dichos procesos […] estaban relacionados únicamente con el homicidio de Mayra Juliana Reyes Solís”. El Estado presentaría además estos mismos procesos como un “éxito en sus nuevas investigaciones y reitera[ría] que estas personas son responsables de los homicidios de las jóvenes del presente caso”. A pesar de lo anterior, el Estado afirma respecto de la solicitud de ampliación de víctimas, que los procesos seguidos en contra de Edgar Álvarez Cruz “no guardan relación” con el caso. Es decir que el “Estado mexicano se benefici[ó] de una pr[ó]rroga de 4 meses, por hechos que ahora manifiesta que ‘no guardan relación’” y estaría por lo tanto incurriendo en estoppel, lo que además se traduciría en una “forma parcial del manejo de la información por parte del Estado y […] la mala fe con la que se expresa ante la Corte”.
6. Que la Comisión señaló que, debido a que la solicitud de ampliación de nuevas víctimas se realizó con posterioridad a la adopción de los informes de admisibilidad, “en tal estadio procesal resultaba improcedente [la ampliación solicitada] al no haberse verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad en relación con [los nuevos] casos y podía vulnerar la seguridad jurídica de las partes”. Sin perjuicio de lo anterior, estimó que “la eventual inclusión, a título de información de contexto, de la información relacionada con las violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas en perjuicio de [las demás mujeres vinculadas al caso Campo Algodonero], pudiera contribuir a un mejor estudio del presente caso”.
7. Que el Estado sostuvo que “[l]a Corte no debe aceptar la ampliación de víctimas solicitada por los peticionarios”, y que tampoco “debe pronunciarse sobre el procedimiento penal incoado en contra de Víctor García Uribe y Gustavo González Meza y [sobre] el que […] ahora se sigue en contra de Edgar Álvarez Cruz”. Señaló que:
“sólo si el Estado hubiera tenido oportunidad de referirse a esos otros casos […] durante el trámite de la petición, el supuesto de ampliación […] podría tener validez”, pues el sistema interamericano de derechos humanos se basa en la tramitación y análisis de peticiones. Por ello, “cada petición debe seguir todas y cada una de las etapas procesales contenidas en la Convención y reglamentos”, ya que de lo contrario se produciría “una verdadera desventaja para el Estado”, lo cual “representaría una violación al principio de seguridad jurídica y de igualdad de armas”;
“corresponde a la Comisión delimitar quiénes habrán de revestir la calidad de presuntas víctimas [y] en modo alguno ello es facultad de las peticionarias”. Esto debe realizarse “tanto en su informe de fondo, con fundamento en el artículo 50 de la Convención Americana, como en el escrito de demanda”. La “reforma al reglamento de la Corte que establece que los peticionarios puedan presentar escritos adicionales a los [de] la Comisión, no implica una facultad de presentar o abrir casos adicionales”;
“[e]n virtud de que la Comisión […] ha confirmado que no ha recibido quejas o denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos de [las ocho mujeres que los representantes desean incluir como víctimas], con fundamento en el artículo 44 de la Convención […], la […] Corte tendría necesariamente que desestimar la solicitud de los representantes”, pues respecto de ellas no se ha seguido “el procedimiento que indica el sistema interamericano […] para la presentación de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos”;
“el hecho de que la autoridad ministerial haya designado un [mismo] número de averiguación para la investigación de los ocho homicidios, no significa que las investigaciones se hayan acumulado y mucho menos que el Estado haya admitido tácitamente la ampliación de víctimas”, pues “las circunstancias que rodearon la desaparición y muerte de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, son diversas, y las víctimas no estaban vinculadas entre sí”. La “averiguación previa antes señalada fue dividida en un legajo para cada caso de homicidio, con lo que se hace evidente la investigación diferenciada que las autoridades llevan a cabo en el asunto”;
“[e]l Estado […] en ningún momento, a lo largo del proceso […] ante el sistema interamericano, ha respondido sobre alguna petición individual en relación con los señores Víctor Javier García Uribe, Gustavo González Meza y Edgar Álvarez Cruz” ni ha tenido la oportunidad “de pronunciarse sobre [estos] procesos penales seguidos en [su] contra”;
“[e]n el caso del señor Edgar Álvarez Cruz, cabe reiterar que los procesos seguidos en su contra no se refieren a los homicidios de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, aún cuando las investigaciones por estos casos estén vinculadas con las investigaciones de los homicidios por los que ha sido formalmente acusado el señor Álvarez Cruz”;
“[e]l Estado niega terminantemente haber incurrido en estoppel durante el trámite del presente asunto”, puesto que la prórroga solicitada “no se bas[ó] de ninguna forma, ni explícita ni implícitamente en la inclusión de víctimas adicionales”;
la Corte nunca ha utilizado los hechos notorios y de dominio público “para modificar o ampliar el marco fáctico propuesto por la Comisión”. “[L]as peticionarias parecen confundir […] contexto histórico y hechos del caso”, ya que “pretenden la transformación del contexto en hechos que ameriten también ser juzgados”, y
“el principio iura novit curia está constreñido a los argumentos jurídicos y no fácticos que las partes esgriman en un proceso” y “en suma […] no es aplicable al caso”.
1.1. Sobre algunos hechos no controvertidos
8. Que de acuerdo a los hechos alegados por la Comisión y los representantes, y que hasta el momento han sido aceptados o no controvertidos por el Estado, la Corte considera como probado para el objeto de la presente resolución, sin perjuicio de que las partes puedan presentar ulteriormente pruebas o alegatos en contrario, los siguientes hechos: el 6 de noviembre de 2001 fueron encontrados en Ciudad Juárez los cuerpos de tres mujeres en un predio denominado “campo algodonero”, quienes fueron identificadas como Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez2. Al día siguiente, en el mismo predio, fueron encontrados otros cinco cuerpos femeninos, que quedaron preliminarmente identificados como Guadalupe Luna de la Rosa, María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Verónica Martínez Hernández y Bárbara Aracely Martínez Ramos3. Se abrió un mismo expediente de averiguación previa para investigar estas ocho muertes y las indagatorias llevaron a la detención y prisión preventiva de los señores Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza4. El señor García Uribe fue condenado por los ocho homicidios en el año 2004, pero dicha decisión se revocó en el año 20055, mientras que el señor Gustavo González Meza murió en prisión en el año 2003 antes de que se emitiera sentencia en su caso6.
9. Que la Comisión y los representantes alegan que el abogado defensor del señor González Meza habría sido asesinado en el año 2002, mientras que el señor Sergio Dante Almaraz, abogado defensor del señor García Uribe, habría sido asesinado en el año 2006, ambos en circunstancias aún no aclaradas7.
10. Que los ocho homicidios del campo algodonero fueron el objeto de una misma investigación ante la Procuraduría General de la República entre los años 2003 y 2005, que indagaba en el fuero federal la posible vinculación de estos homicidios con la delincuencia organizada, en particular con el tráfico de órganos8.
11. Que a finales del año 2005 y durante el año 2006 el EAAF emitió dictámenes que llevaron a nuevas identificaciones de los cuerpos encontrados en el “Campo Algodonero”9. En estos dictámenes se confirmó la identidad de los cuerpos de Esmeralda Herrera Monreal, María de los Ángeles Acosta Ramírez y Mayra Juliana Reyes Solís. Respecto de los cuerpos que habían sido inicialmente identificados como Guadalupe Luna de la Rosa, Verónica Martínez Hernández y Bárbara Aracely Martínez Ramos, se determinó que dicha identificación era errónea y que estos cuerpos pertenecían en realidad a María Rocina Galicia Meraz, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz y a un “femenino no identificado”. Se determinó ulteriormente que un cuerpo encontrado en otro predio de Ciudad Juárez correspondía a Verónica Martínez Hernández. Los representantes alegan que Guadalupe Luna de la Rosa y Bárbara Aracely Martínez Ramos se mantienen hasta el día de hoy como desaparecidas.
12. Que “debido al nivel de contradicciones existentes en los anteriores dictámenes periciales”, y tras la decisión que revocó la sentencia en contra del señor García Uribe, la Procuraduría General del Estado de Chihuahua decidió, en marzo de 2006, desacumular las investigaciones y se iniciaron indagatorias separadas para cada una de las víctimas del campo algodonero10.
13. Que en el año 2006 fue detenido el señor Edgar Álvarez Cruz, quien tras haber sido implicado por declaraciones del señor José Francisco Granados de la Paz, fue vinculado a los homicidios del campo algodonero. Se le impuso prisión preventiva por su presunta participación en el homicidio de Mayra Juliana Reyes Solís y no respecto de las demás víctimas, pues no quedó acreditado que se encontrara en el país al momento de la desaparición de las otras siete jóvenes11. Habría sido absuelto de estos cargos en febrero de 200812 y dicha absolución fue posteriormente revocada en apelación13.

References: artículo 37
 artículo 44
 artículo 7
 resolución 
 artículo 1
 artículo 50
 artículo 44