Source: http://segleg.chaco.gov.ar/seglegis/servlet/hconstramindivnuevo?2017,1,5407
Timestamp: 2017-11-21 04:41:13+00:00

Document:
12017 5407 0
Proyecto De Ley Nro:5407/2017
Extracto:MODIFÍCA LOS ARTÍCULOS 2° INCISO A) Y 3° DE LA LEY Nº 884 - B - (ANTES LEY Nº 4313) -INICIATIVA POPULAR, CONSULTA POPULAR Y REVOCATORIA -.- Estado:En Trámite -
ARTÍCULO 1º.- Modifícanse los artículos 2° inciso a) y 3° de la Ley Nº 884 - B - (antes ley Nº 4313) los que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 2°: La iniciativa popular tendrá lugar cuando no menos del uno coma cincuenta por ciento (1,50%) de los ciudadanos del Padrón Electoral Provincial, presenten a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que deberá contener:
a) La firma de los peticionantes, con aclaración de la misma, domicilio y D.N.I. o equivalente, de cada uno. La autenticidad de las firmas se acreditará mediante muestreo efectuado por el Tribunal Electoral de la Provincia. El tamaño de la muestra no podrá ser inferior al tres por ciento (3%) de las firmas presentadas. En caso de impugnación de firma, acreditada la falsedad se desestimará la misma del cómputo de firmas para el proyecto de iniciativa popular, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.
El Tribunal Electoral efectuará el muestreo en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contados desde la fecha del ingreso del proyecto remitido por la legislatura provincial. Finalizada la verificación, en el término de dos (2) días, el Tribunal remitirá las actuaciones al Presidente de la Legislatura informando acerca del cumplimiento del porcentaje del uno coma cincuenta por ciento (1,50%) de los ciudadanos del Padrón Electoral Provincial.
Artículo 3°: Recibido el proyecto, éste será ingresado en la primera sesión inmediata y remitido dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores al Tribunal Electoral Provincial. Cumplido el trámite de verificación a que se refiere el artículo 2° de la presente pasará sin más trámite a la comisión respectiva, la que deberá dar despacho antes del plazo establecido por el artículo 2°, Inciso 1) de la Constitución Provincial 1957-1994.
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar los artículos 2º inciso a) y 3° de la Ley Nº 884 - B - (antes ley Nº 4313) a efectos de reglamentar el derecho de iniciativa popular conforme a lo establecido por la Constitución Provincial 1957-1994.
Nuestra constitución provincial no solo deja claramente establecido que el pueblo es fuente única de poder y que ejerce dicho poder a través de los legisladores electos periódicamente sino que ratifica esa supremacía fundamental del pueblo a través del ejercicio de los llamados mecanismos de democracia directa o semidirecta como lo son la iniciativa popular, la consulta popular y la revocatoria.
Respecto a la iniciativa popular el texto constitucional vigente le impuso al legislador la sujeción o marco a que deberá atenerse necesariamente cualquier reglamentación atinente a la presentación de proyectos de leyes por parte del pueblo chaqueño. En ese sentido, la norma constitucional exige la petición de no más del tres por ciento de los ciudadanos del padrón electoral, la obligación del tratamiento expreso de la misma por parte de los cuerpos legislativos provinciales y municipales en un plazo no superior a doce meses y la limitación de tratar por esta vía cuestiones tributarias, presupuestarias o de iniciativas que pretendan reformas constitucionales.
La vigente ley N° 884-B (antes ley 4313), que reglamenta en sus artículos 2°,3°,4° y 16° las condiciones para el ejercicio del derechos de iniciativa popular, ha establecido en su redacción requisitos que constituyen verdaderos impedimentos que han sido, en la práctica, los causantes de que una institución tan trascendente de la democracia no registre casi antecedentes de existencia alguna desde su creación.
Uno de los impedimentos es la necesidad de la certificación de las firmas por escribano, juez de paz o policía como condición sine qua non a los efectos de acreditar la autenticidad de las firmas de los ciudadanos peticionantes que demandan el tratamiento de un proyecto determinado. La exigencia de certificación de firmas por escribano trae aparejado tal grado de onerosidad que hace inviable cualquier posibilidad de utilización de la vía de la iniciativa popular, en particular si los peticionantes promotores pertenecen a sectores de nuestra población de bajos ingresos. Se argumentará seguramente que la misma norma en su artículo 16° al establecer la gratuidad de la certificación efectuada ante el juez de paz o autoridad policial elimina de alguna manera el problema “económico” pero, aún así, subsisten impedimentos de orden cultural e institucional que contribuyen a la imposibilidad de llevar adelante tan importante instrumento de democracia semidirecta. Piénsese, por ejemplo, en un número mínimo de quince mil ciudadanos-equivalente actual al 1,5% del padrón electoral- abarrotando en breves lapsos de tiempo las instalaciones de comisarías y juzgados de paz y utilizando recursos humanos y materiales destinados a brindar seguridad y justicia a la población. Agréguese a esta situación cuestiones de orden cultural, muy presentes en nuestra población, que desalientan la presencia en comisarias y juzgados, salvo para trámites estrictamente necesarios y generalmente vinculados a cuestiones por demás alejadas del ejercicio de derechos políticos.
Con el objetivo de avanzar a despejar los obstáculos que hoy tornan dificultoso el ejercicio del derecho constitucional de iniciativa popular es que buscamos la reforma del texto de la actual ley vigente, para adecuarla a la carta magna y para viabilizar su existencia dentro de la realidad socio-institucional de nuestra provincial. Respecto a la adecuación constitucional esto es así porque la exigencia de firma certificada no forma parte del texto constitucional vigente, agregando el legislador a la exigencia de petición un componente extraño a la norma fundamental. Por otra parte, la resolución de un mecanismo que resuelva la autenticidad de las firmas de los peticionantes no admite un sola forma de reglamentación ni dentro de esta debe ocupar un lugar más preponderante y condicionante que el necesario para logar un mínimo piso de legalidad de los procedimientos.
Es por ello que en la reforma que estamos proponiendo eliminamos la exigencia legal actual-notoriamente inconstitucional- de presentación de firmas certificadas por escribano, juez de paz o policía y la reemplazamos por la intervención del Tribunal Electoral Provincial a los efectos del control de autenticidad de las firmas mediante el sistema de muestreo de una cantidad no inferior del tres por ciento (3%) del total presentado. La presentación del proyecto de iniciativa popular se realiza ante la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, quien, en plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, deberá remitirlo al Tribunal Electoral a los fines del control de autenticidad de las firma, el que tendrá lugar en un plazo de no más de treinta (30) días hábiles. Una vez efectuado dicho control, el Tribunal Electoral deberá remitir nuevamente la iniciativa a la Legislatura con una resolución donde informe, además, el cumplimiento del requisito del 1,50 % de ciudadanos del padrón electoral.
Aspiramos entonces no solo respetar el texto constitucional vigente sino adecuar nuestra reglamentación a lo previsto a nivel nacional y en algunas provincias en lo referente a dar intervención al tribunal electoral con el objeto de certificar las firmas, haciendo más accesible para los ciudadanos acompañar propuestas de iniciativa popular. En ese sentido la Ley 24.747, Iniciativa Legislativa Popular que reglamenta el artículo 39 de la Constitución Nacional, establece en su art. 7°que previo a la iniciación en la Cámara de Diputados, la justicia nacional electoral verificará por muestreo la autenticidad de las firmas.
Por su parte la ley 40/98 de la Legislatura De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires en su Art. 11 dice El Tribunal Electoral verifica las firmas por muestreo en el plazo de treinta (30) días hábiles.
Asimismo, la Provincia de Salta en su Ley N° 7587, Art. 10, expresa : “Ingresada la iniciativa y habiendo adquirido estado parlamentario, el Presidente de la Cámara de origen remite el proyecto a la Comisión pertinente y lo pone a disposición de los medios de comunicación. La Comisión respectiva examina el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad formal, y en un plazo de cinco (5) días debe enviar la iniciativa al Tribunal Electoral de la Provincia a efectos de que éste verifique el cumplimiento del porcentual de adhesiones y la verosimilitud de las firmas”.
Con esta modificación lograríamos viabilizar en la práxis el mecanismo de a la iniciativa popular, avanzar en el objetivo de lograr una democracia participativa y popular, achicar la brecha entre representantes y representados y vertebrar alternativas ante la preocupante crisis de representatividad política que nos aqueja.
Dar prioridad a las demandas sociales es fundamental para el correcto funcionamiento del régimen democrático; es necesario permitir que el pueblo se pronuncie respecto de medidas que hagan a cuestiones de su interés permitiéndole que reasuma por sí mismo sus potestades como una alternativa a los procesos previstos por un sistema político actual que sigue siendo exclusivamente delegativo.
En ese sentido la iniciativa popular se erige como un instrumento apto para el fortalecimiento de las instituciones partiendo de la intervención directa de los ciudadanos en los asuntos públicos para contribuir así a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Tipos de antecedentes Antecedentes (PROV.) - Informacion ParlamentariaAntecedentes - Biblioteca Legislativa

References: ARTÍCULO 1

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 16
 resolución 
 resolución 
 artículo 39