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Timestamp: 2016-12-08 16:03:59+00:00

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Al Dia: Novedades legislativas y jurídicas del mes | Economist & Jurist
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Se aprueban las actuaciones administrativas automatizadas que se certifican mediante el código seguro de verificación Orden HAP/533/2016, de 13 de abril, por la que se regulan las actuaciones administrativas automatizadas del ámbito de competencias de la Inspección General así como el uso del sistema de código seguro de verificación. (BOE núm. 91, de 15 de abril de 2016)
Se aprueban las normas reguladoras del modo de inscribir en el Registro Civil los matrimonios celebrados en forma religiosa Orden JUS/577/2016, de 19 de abril, sobre inscripción en el Registro Civil de determinados matrimonios celebrados en forma religiosa y aprobación del modelo de certificado de capacidad matrimonial y de celebración de matrimonio religioso. (BOE núm. 97, de 22 de abril de 2016)
El Tribunal Supremo considera que los gastos extraordinarios no tienen cabida legal en la obligación de abuelos respecto a los nietos
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil – 02/03/2016
Puede leer el texto completo de la Sentencia en www.ksp.es Marginal: 69718046
La inclusión en un registro de morosos es legítima aun sin condena judicial firme
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil – 01/03/2016
El Tribunal Supremo entra a analizar el motivo primero del recurso de casación: “La vulneración del derecho al honor de la actora” y establece los siguientes requisitos para incluir datos de carácter personal en ficheros sobre solvencia patrimonial:
Los datos objeto de tratamiento deben ser auténticos, exactos, veraces y deben estar siempre actualizados, y por ello el interesado tiene derecho a ser informado de los mismos y a obtener la oportuna rectificación o cancelación en caso de error o inexactitud, y en cuanto a obligaciones dinerarias se refiere, la deuda debe ser además de vencida y exigible, cierta, es decir, inequívoca, indudable, siendo necesario además el previo requerimiento de pago.
La segunda cuestión que se analiza es si es necesaria una condena judicial firme para incluir los datos relativos a la deuda en un registro de morosos. Al respecto, el Tribunal se pronuncia del siguiente modo:
Puede leer el texto completo de la Sentencia en www.ksp.es Marginal: 69718855
Se regula la deducibilidad de los intereses de demora en el Impuesto sobre Sociedades
Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Tributos, en relación con la deducibilidad de los intereses de demora tributarios, en aplicación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (BOE núm. 83, de 6 de abril de 2016)
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en adelante LIS, establece un nuevo marco jurídico de regulación de esta figura impositiva, no solo desde un punto de vista formal, sino también desde un punto de vista material.
Dentro de esa revisión global se ha producido una modificación sustancial, entre otros muchos aspectos, en relación con aquellas partidas de gastos que tienen la consideración de no deducibles en el Impuesto sobre Sociedades. A estos efectos, cabe señalar, como novedad sustancial dentro del artículo 15 de la LIS, la no deducibilidad de los siguientes gastos: La retribución correspondiente a valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades que genere un gasto contable.
A resultas de las dudas suscitadas recientemente sobre la deducibilidad de los intereses de demora tributarios y el carácter vinculante de determinadas consultas tributarias que posteriormente se especifican, esta Dirección General considera oportuno dictar esta Resolución, en aplicación del artículo 12.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en adelante LGT, con el fin de garantizar la seguridad jurídica de todos los afectados por la misma, sean contribuyentes u órganos encargados de la aplicación de los tributos.
Se actualizan los importes de la tasa de control y supervisión de la actividad de la auditoría de cuentas Orden ECC/570/2016, de 18 de abril, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo 87 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. (BOE núm. 96, de 21 de abril de 2016)
Se prorroga el Programa de Activación para el Empleo hasta el 15 de abril de 2017
Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el Programa de Activación para el Empleo. (BOE núm. 92, de 16 de abril de 2016)
Se desarrolla el registro y valoración, a efectos de solvencia, de contingencias, e impuestos diferidos en entidades de crédito y aseguradoras
Circular 1/2016, de 31 de marzo, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de reconocimiento y valoración de contingencias, impuestos diferidos y determinadas inversiones en entidades de crédito y aseguradoras a efectos del régimen especial de solvencia. (BOE núm. 85, de 8 de abril de 2016)
La Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, ha transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico aquellas disposiciones de la Directiva 2009/138/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (en adelante Directiva Solvencia II), que requerían un desarrollo por norma con rango de ley.
Dentro del capítulo VIII de su título III, el artículo 102 de la citada Ley, dedicado a las condiciones de ejercicio de las entidades sometidas al régimen especial de solvencia, dispone que estas entidades ajustarán su actuación a las disposiciones de la misma que les resulten aplicables y a sus normas de desarrollo, estableciendo a continuación determinadas particularidades, entre ellas que los requisitos y el régimen aplicable a la valoración de provisiones técnicas, inversiones, fondos propios y capital de solvencia obligatorio se ajustarán al procedimiento que se determine reglamentariamente.
El Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, dedica el capítulo VII del título III al régimen especial de solvencia. Dentro de este capítulo VII, en relación con la valoración de activos y pasivos, el artículo 147.5 habilita a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para desarrollar mediante circular la valoración de los activos y pasivos de las entidades incluidas en el régimen especial de solvencia.
Se establecen los requisitos para eximir a determinadas sociedades emisoras de acciones exclusivamente negociadas de la obligación de solicitar la admisión a negociación en un mercado regulado
Circular 1/2016, de 16 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se establecen los requisitos para eximir a determinadas sociedades emisoras de acciones exclusivamente negociadas en un sistema multilateral de negociación de solicitar su admisión a negociación en un mercado regulado. (BOE núm. 83, de 6 de abril de 2016)
Por lo que respecta al caso concreto de las sociedades de inversión reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y de acuerdo con el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, la presente Circular tiene en cuenta que éstas pueden contar con diferentes procedimientos para dotar de liquidez a sus acciones como son, su negociación en bolsa de valores, su incorporación a un sistema multilateral de negociación, o su adquisición y venta por los accionistas a un precio igual al valor liquidativo calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del citado Reglamento.
En el supuesto de incorporación a un sistema multilateral de negociación, si éste permite que la contratación pueda realizarse además de por el sistema de fijación de precios mediante la confluencia de la oferta y la demanda, por el sistema de contratación a valor liquidativo resultará garantizada la existencia de un precio justo y objetivo para los inversores por el propio sistema de contratación a valor liquidativo (pues el cálculo del precio está determinado normativamente). Por ello, cuando la contratación a valor liquidativo es mayoritaria, se hacen innecesarias las garantías que al respecto pudieran resultar de la cotización en un mercado secundario oficial. Por el contrario, cuando el precio derive mayoritariamente de los mecanismos típicos de contratación de los sistemas multilaterales de negociación (confluencia entre oferta y demanda) y, adicionalmente, exista una diferencia apreciable entre tales precios y el valor liquidativo correspondiente al día de la contratación, se hace aconsejable que la sociedad negocie con las garantías propias de un mercado secundario oficial.
Por estas razones, en el caso de las sociedades de inversión reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, se han tenido en cuenta las especialidades descritas relativas a sus modalidades de contratación en un sistema multilateral de negociación, para contemplar supuestos adicionales de excepción de la obligación de solicitar la admisión a negociación en un mercado regulado.
Es válido la cesión de créditos futuros y su relevancia dentro del concurso de acreedores, siempre que al tiempo de la declaración de concurso se hubiera celebrado el contrato
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil – 18/03/2016
En esta sentencia, el Alto Tribunal aborda el privilegio especial de la prenda de créditos futuros bajo la normativa anterior a la reforma introducida por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Sí se admite la validez de la cesión de créditos futuros y su relevancia dentro del concurso de acreedores, siempre que al tiempo de la declaración de concurso ya se hubiera celebrado el contrato o estuviese ya constituida la relación jurídica fuente del crédito futuro objeto de la cesión anticipada, bajo las mismas condiciones deberíamos reconocer el privilegio especial del art. 90.1.6º LC a la prenda de créditos futuros: siempre que al tiempo de la declaración de concurso ya se hubiera celebrado el contrato o estuviese ya constituida la relación jurídica fuente de los créditos futuros pignorados.
Puede leer el texto completo de la Sentencia en www.ksp.es Marginal 69721055
El Supremo determina los criterios distintivos entre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.
Tribunal Supremo. Sala de lo Penal – 04/03/2016
En el caso de la trata deben darse dos elementos adicionales con respecto a la inmigración ilegal (antes llamada tráfico ilícito, lo que generó la confusión): una forma de captación indebida, con violencia, intimidación, engaño, abuso de poder o pago de precio; y un propósito de explotación, generalmente sexual.
En el supuesto de la trata de personas, la fuente principal de ingresos para los delincuentes y el motivo económico impulsor del delito es el producto obtenido con la explotación de las víctimas en la prostitución, trabajos forzados, extracción de órganos u otras formas de abuso; mientras que en el caso de la inmigración ilegal, el precio pagado por el inmigrante irregular, cuando se realiza el subtipo agravado de ánimo de lucro, es el origen de los ingresos, y no suele mantenerse ninguna relación persistente entre el delincuente y el inmigrante una vez que éste ha llegado a su destino.
La segunda gran diferencia básica entre la inmigración ilegal y la trata radica en que la primera siempre tiene un carácter transnacional, teniendo por objeto a un extranjero ajeno a la Unión Europea, aun cuando no exija necesariamente la cooperación en el traspaso de fronteras, mientras que la trata de seres humanos puede tener carácter trasnacional o no, ya que las víctimas pueden ser ciudadanos europeos, o incluso españoles.
El nuevo tipo penal, mucho más benévolo, lo único que pretende es sancionar “conductas constitutivas de inmigración ilegal conforme a los criterios de la normativa de la Unión Europea”.
Puede leer el texto completo de la Sentencia en www.ksp.es Marginal: 69719431
Se modifica la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos de la jurisdicción militar
Acuerdo de 31 de marzo de 2016, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales, en lo relativo a los órganos de la jurisdicción militar. (BOE núm. 86, de 9 de abril de 2016)
La atribución al Consejo General del Poder Judicial de la competencia para el nombramiento discrecional de las plazas en los órganos judiciales militares hace precisa la modificación del Reglamento número 1/2010, de 25 de febrero de 2010, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales. La habilitación para llevar a cabo esta reforma reglamentaria se encuentra directa y explícitamente en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, e implícitamente en sus artículos 37 y 54. Esta modificación afecta al artículo 2 del Reglamento, que regula su ámbito de aplicación, para incluir en él a los órganos judiciales militares, cuya provisión se ajustará a lo específicamente previsto para ellos, así como a las demás disposiciones legales y reglamentarias en todo lo que sea de aplicación. Se añaden, al mismo tiempo, los artículos 19 bis, ter y quater, para regular el procedimiento para la designación del Auditor Presidente y de los Vocales Togados del Tribunal Militar Central, del Auditor Presidente y de los Vocales Togados de los Tribunales Militares Territoriales, y de los Jueces Togados, Centrales y Territoriales, respectivamente, que concluyen con la propuesta de nombramiento, en el caso de los órganos colegiados, y con el nombramiento mediante Orden, en el caso de los unipersonales, siempre con la exigencia de la pertinente motivación del acuerdo conteniendo la propuesta o el nombramiento. El desarrollo reglamentario se cierra con el artículo 19 quinquies, que sirve de norma habilitante para proyectar sobre todo el procedimiento de provisión de las plazas en los órganos judiciales militares las competencias y potestades del Consejo General del Poder Judicial en aras a velar por el cumplimiento de la legalidad y garantizar la observancia de los principios que han de regir dicho procedimiento.
Por último, la modificación reglamentaria se completa con una disposición final que tiene por objeto establecer el momento de entrada en vigor de las nuevas disposiciones.
SE APRUEBA LAS AYUDAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 2014-2020

References: Resolución 
 artículo 15
 artículo 12
 artículo 87
 artículo 102
 Real Decreto 
 artículo 147
 Real Decreto 
 artículo 78
 artículo 47
 artículo 2
 artículo 19