Source: http://casasbolivia.blogspot.com/2012/07/
Timestamp: 2018-03-24 19:29:51+00:00

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Casas Bolivia: julio 2012
Hallan contradicción en reglamento de la Ley de Derecho Propietario
El cambio de uso de suelo es un tema recurrente en el proyecto de reglamento de la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos destinados a Vivienda. Se anuncia que el reglamento será aprobado el 2 de agosto próximo.
Autoridades y profesionales del área explican que, además de tener varias contradicciones con la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes de Medio Ambiente, de Áreas Protegidas y de los Derechos de la Madre Tierra, ponen en peligro la seguridad y soberanía alimentaria y el medio ambiente.
La primera contradicción se encuentra en el artículo 1, donde el objeto es la regularización del terreno para favorecer a personas naturales que se encuentren en posesión continua, pública, pacífica y de buena fe, de un bien inmueble destinado a vivienda, “ubicada dentro del radio urbano o área urbana”. En el proyecto se establece que los municipios deben definir sus áreas urbanas en un plazo no mayor a un año. Si bien el el artículo 9 restringe las áreas protegidas, el artículo 11 brinda los procedimientos para la ampliación de la mancha urbana obviando procedimientos.
El arquitecto Marcelo Delgadillo explica que “El reglamento establece que para la definición del área urbana, los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) deben solicitar una serie de documentos, entre éstos una certificación de que el área no presente conflictos o litigios de derecho propietario en el Instituto de Reforma Agraria (INRA), obviando la verdadera función del INRA de certificar el mejor uso de suelo según su vocación.
Asimismo, el reglamento establece que el área urbana extensiva (expansión) estará definida en función de las tendencias de crecimiento. “¿Quién define las tendencias? En las zonas agrícolas, donde dos o tres casas fueron construidas ilegalmente se perderá esta función por la tendencia urbana que le otorgaron personas ilegales”, asevera Delgadillo.
La segunda contradicción está en el artículo dos donde se incluye otra definición de Áreas Protegidas, alejadas de la ley, dejando en puntos suspensivos el tema agrícola. “e) Áreas agrícolas de abastecimiento”, señala el artículo 2 sin hacer ninguna precisión.
La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Carmen Peredo, advierte además que en los artículos 2, 5 y 10, el concepto de Área Protegida es manejado rompiendo el cuidado y protección que le otorga la CPE. “Las áreas o radios urbanos podrán incluir las áreas de expansión o extensivas y las áreas de preservación o protegidas” (Art. 5).Y el artículo 2 establece “las áreas de reserva urbana son las que actualmente tienen uso agrícola y pueden ser urbanizadas a largo plazo”.
En un taller realizado con todas las instituciones estatales y municipales que intervienen en esta ley, la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco) elevó el pasado 16 de julio trece observaciones al reglamento.
Entre los riesgos de fondo, el director ejecutivo de Amdeco, Henry López, explica que uno de los temas preocupantes para las municipalidades es que en la Ley 247 se señala que en las viviendas construidas en zonas de riesgo y que fueron aprobadas, serán las mismas municipalidades que deben reubicarlas.
“Esto significa que el municipio debe ceder un espacio físico y además construir la vivienda, otorgándoles las mismas comodidades”, señala López. En los municipios ya no hay espacios disponibles y menos recursos económicos para esta carga, dice el representante, explicando que el pedido en este punto es que el nivel central sea quien resuelva esta situación, ya sea asumiendo el gasto o instruyéndolo a los gobiernos departamentales.
Delgadillo critica esta situación, porque la ley le pasa a los municipios el resarcimiento de algo ilegal. El pago será con recursos de la población, olvidando a los responsables. “Es como si se asumiera que los loteamientos y asentamientos hubieran surgido como algo natural y ahora se tiene que regularizar”, reprocha Delgadillo.
El artículo 4 de Clasificación señala que están sujetos a la delimitación de área urbana los “asentamientos humanos menores a 2 mil habitantes, que cuenten por lo menos con uno de los servicios básicos: agua, luz, alcantarillado, escuela o centro de salud.
Con el reglamento se altera la definición de Áreas Protegidas, obviando los procedimientos para su protección. Con el mínimo de requisitos se les otorga todo el derecho a los asentados, las zonas en riesgo 1) la zona Sud, que debió ser preservada como zona de reserva urbana para planes de vivienda social, 2) el Parque Tunari, que expone la principal reserva de agua; y 3) todo el Valle Bajo central, fuente de la seguridad y soberanía alimentaria, concluye Delgadillo.
﻿Ley 247.
La Ley 247 tiene por objeto la regularización del derecho propietario de personas naturales que se encuentren en posesión continua, pública, pacífica y de buena fe, de un bien inmueble destinado a vivienda, ubicada dentro del radio urbano o área urbana.
Regularizar legal y técnicamente el derecho propietario de personas sin título, o propietarios con títulos sujetos a corrección.
Contar con construcciones habitadas de carácter permanente destinadas a vivienda, con una antigüedad no menor a 5 años. Posesión pública de buena fe, pacífica y continua y que estén en el radio urbano o área urbana homologada.
﻿Una segunda ley de “chutos”
﻿Los participantes del taller de revisión del proyecto de Reglamento a la Ley de Regulación del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos destinados a Vivienda, advierten que si bien la ley establece su aplicación “por única vez”, existen antecedentes como la Ley de Regulación y Saneamiento Vehicular que legalizó los vehículos de contrabando.
“No sabemos qué habrá con las presiones de grupos sociales más adelante”, advierte el arquitecto Marcelo Delgadillo.
Con la presente ley, la regulación del derecho propietario será efectiva por única vez en un periodo no mayor de 3 años, un año para que los municipios delimiten sus radios o áreas urbanas, la homologación ante el ministerio en 3 meses y dos años para que los beneficiarios realicen el trámite.
Según Delgadillo, el riesgo es mayor al otorgar la responsabilidad a las municipalidades. “Las alcaldías son los principales centros de tráfico que, a través de prebendas y coimas, se hacen de la vista gorda,no paralizan la obra ilegal, o incluso la autorizan”, señaló Delgadillo.
﻿Las zonas de recarga acuífera y de seguridad alimentaria en peligro de ser urbanizadas
﻿La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Carmen Peredo, advierte sobre los conflictos y daños al medio ambiente y la soberanía alimentaria que serán irreversibles.
Explica que la Ley 247 contradice la esencia de la Constitución Política del Estado, así como las leyes de Revolución Productiva, de los Derechos de la Madre Tierra y de Medio Ambiente.
“Con esta ley y su reglamento se abren las puertas para que todo sea urbanizado, yendo contra el principal discurso del proceso de cambio: la protección de la madre tierra y la priorización de la seguridad y soberanía alimentaria”. Informó que al alterar las definiciones o no precisar las mismas repercutirá en riesgos mayores.
“El hecho de regularizar bienes públicos, significaría también legalizar construcciones en el lecho de los ríos, cabeceras de cuenca y entre ríos”, cuestiona Peredo.
La legisladora expone que a raíz de los asentamientos ilegales en los lechos de los ríos, la contaminación de estas fuentes de agua son mayores y los riesgos de inundación y deslizamientos son mayores, por no haberse paralizado las construcciones que fueron emplazadas en zonas de seguridad, o lugares que irrumpen con el curso normal de las aguas en las cuencas.
Asimismo, la presencia intensiva de viviendas en las cabeceras de cuencas, además de contaminar las fuentes subterráneas de agua, arriesgan las zonas de recarga, ya que las construcciones asfaltan las y calles impiden la infiltración del agua en época de lluvia.
El director ejecutivo de Amdeco, Henry López, señala además que la finalidad de esta ley busca defender el derecho a la vivienda de quienes más lo necesitan. Si bien la ley crea un sistema informático de registro, será difícil prohibir que un “loteador”, registre más propiedades a nombre de su hijo, su yerno u otros. “La CPE reconoce y defiende el derecho de todo ciudadano a gozar de una vivienda”.
﻿Municipios presentan observaciones al reglamento
﻿Autoridades de los municipios de Cochabamba revisaron, el pasado 16 de julio, el proyecto de reglamento a la Ley 247 y enviaron sus observaciones el mismo día. El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bony Bernardo Morales, remitió el borrador del reglamento de la Ley 247 para la remisión de “comentarios y observaciones”.
El documento enviado tiene como principal objetivo concertar la propuesta y allanar alternativas de solución a la problemática de Predios Rurales Municipales, el no registro de Derechos Reales, el cambio de uso de suelo y homologación de ordenanzas municipales que actualmente generan problemas sociales con los propietarios de los predios que ya se encuentran dentro las manchas urbanas. Piden que el INRA tome en cuenta que los saneamientos que se hacen por considerar zonas agrícolas, no deben ser sujetos a parcelamiento. Asimismo, solicitan que la prohibición de asentamientos contemple también en bienes de dominio público, en áreas verdes de riesgo ya definidos y en zonas con restricciones administrativas o disposiciones legales vigentes (Art. 38).
Solicitan que se autorice a los gobiernos municipales regularizar su derecho propietario con relación a áreas verdes, campos deportivos y predios municipales en áreas rurales.
Las alcaldías ven difícil la reubicación de viviendas o asentamientos porque no existen predios, ni recursos en los municipios. Este efecto, que debe ser aclarado en el Reglamento de la Ley 247. La certificación de antigüedad del bien inmueble deberá realizar la instancia técnica del gobierno municipal, en razón a que se tienen imágenes satelitales y toda la información se maneja mediante Catastro (Art. 1).
También sugieren que el Ministerio de Planificación declare amnistía técnica, logrando que los cambios de uso de suelo sean inmediatos.
Etiquetas: Notas de Interes, Plan de Vivienda
Con llanto de impotencia al sentirse engañadas por una red de loteadores, Roberta Saca y Sabina Mita (foto principal) tuvieron que aceptar resignadas la orden de desalojo que dejó sin hogar ayer a más de 360 familias que habitaban desde hace 5 años, 20 hectáreas fundadas con el nombre de barrio Loma Grande. Mita echó a llorar con su hijo en la espalda cuando observó un inusual movimiento policial de más de 800 efectivos de distintas unidades ingresar en motos y camiones calle por calle advirtiéndoles a los vecinos que debían sacar sus cosas de valor y abandonar los terrenos. Debían hacerlo porque había una orden de desapoderamiento en su contra emanada por un tribunal de justicia interpuesta por la dueña de las 20 hectáreas loteadas, Ana María Gutiérrez Chávez. Niños, ancianos y adultos se vieron obligados a sacar sus catres, heladeras, camas, garrafas, televisores y otras cosas de valor a la intemperie. Quienes tenían algunos recursos económicos lo hicieron contratando camiones de mudanzas.
Quieren pagar por los terrenos. Muchas de las personas desalojadas de los predios loteados expresaron su voluntad de conciliar un pago justo con la propietaria de los terrenos. "Yo pagué por posesión 200 bolivianos y estuve a punto de que me reviertan mi terreno porque quienes lideraron las tomas querían que construya una casa de material", admitió David Céspedes, mecánico de profesión. A su lado, Arnoldo Limón Méndez contó ante el fiscal Álvaro Latorre, que en una ocasión fue objeto de agresión por quienes comandaban los loteamientos por el hecho de negarse a pagar un dinero supuestamente por las tierras asentadas.
Varios de los afectados admitieron saber que estaban asentados en terrenos ajenos pero querían llegar a un arreglo con la dueña de los terrenos. Esta intención de conciliación generó división en los vecinos aliados con los supuestos loteadores que amenazaban con desalojarlos por la fuerza si negociaban por su lado.
No hay acercamientos. La representante legal de los terrenos, Katiuska Quiroga, indicó que la propietaria no tenía ningún interés en negociar los predios y tan solo quería recuperar sus tierras tomadas por supuestos loteadores. Pero el drama es aún mayor ya que de las 360 familias afectadas, al menos 150 tienen construcciones de material e inversiones que hasta superan los 5 mil dólares, aunque la mayoría vivía en construcciones precarias de madera y calaminas, de acuerdo a lo observado en el desalojo.
Blanca Zambrana (65) asentada desde hace más de tres años dijo que su inversión supera los 6 mil dólares y que el terreno le fue traspasado por terceras personas que la ilusionaron con que tarde o temprano se llegaría a un arreglo. "No queremos vivir gratis, sabemos que los terrenos son ajenos pero queremos un precio justo. Tampoco nos pueden dejar en la calle", lamentó en medio de lágrimas.
En tanto, Marina Rodríguez Mamani (33) calificó de atropello la acción interpuesta por la propietaria al no querer ningún acercamiento con los asentados. "Cuando entramos todo era monte. Nosotros tramitamos el tendido eléctrico y el agua y ahora que hay servicios básicos nos quieren sacar como a perros. No es justo", reclamó airada por el desalojo.
Organización de loteadores. El fiscal Álvaro Latorre, en breve acercamiento con algunas personas asentadas en esos predios, les aclaró que como Ministerio Público no busca la detención de las personas que viven en los predios ajenos, pues a decir de la autoridad, fueron engañadas con falsas ilusiones, sino desarticular y detener a los cabecillas de la organización de loteadores. "Tenemos varias órdenes de aprehensión para tratar de ejecutarlas. Con esta acción queremos dar una muestra a la población que no se va a tolerar más loteamientos. Vamos a ir tras los cabecillas, entendemos y comprendemos a la gente que tiene la esperanza de tener un terreno", justificó el fiscal Latorre.
La autoridad indicó que dentro de la supuesta organización de loteadores hay una persona que guarda detención preventiva en la cárcel de Palmasola, identificado como Félix Vidaurre Maldonado, luego que durante un allanamiento a su domicilio se encontraron documentación, planos, minutas, sellos escaneados de directivas vecinales pasadas entre otras evidencias que lo incriminan como supuesto cabecilla. La Fiscalía lo imputó por los delitos de allanamiento, robo agravado, organización criminal por delitos ambientales, daño calificado y estafa agravada. Algunos vecinos afectados con el desalojo sindicaron como miembros de la organización a Tito M.C., Anabol M. Sandra N.N., entre otros implicados en los loteamientos.
La defensa. La defensa de las familias desalojadas, Enrique Aguilera, indicó que la orden de desalojo recién debía ejecutarse, si es que salía favorable a la propietaria el 1º de agosto porque la sentencia aún se encontraba en revisión del Tribunal Constitucional. "Hemos ido en persona a tratar de conciliar con la dueña de los terrenos pero ella nunca tuvo el interés de atendernos", alegó el abogado. Muchas de las personas desalojadas durmieron en la calle.
Lo que se vio en el desalojo
Inusual. Jefes de las unidades policiales como la Caminera, Tránsito, Interpol, Aticc, PAC, estuvieron toda la mañana plantoneados a la espera de la orden de desaolojo. Algunos cuestionaron que su presencia no era necesaria en el desalojo.
El Neptuno. Por primera vez el carro Neptuno (echa agua) llegó hasta un predio en desaolojo. Un jefe policial justificó su presencia en sentido que es para evitar el uso de químicos y de esta manera maltratar a las personas.
Sin Violencia. Varios de los asentados optaron por dejar pacíficamente sus viviendas y buscar cobijo en otros lugares. Se observaron bastantes camiones de mudanzas que sacaron sus cosas a fin de evitar enfrentamientos con los uniformados.
De rodillas. Francisca Pérez González (40) le pidió al fiscal Álvaro Latorre de rodillas dejar sin efecto su desalojo porque no tenía dónde más ir a vivir. La mujer vive hace dos años y pagó a terceras personas mil dólares.
Vecinos exigen regularización de planos en forma inmediata
Los ve­ci­nos de las ur­ba­ni­za­cio­nes Am­plia­ción San Isi­dro y Qa­qa­cha­cas 3 de Ma­yo exi­gen a la al­cal­de­sa mu­ni­ci­pal, Ros­sio Pi­men­tel Flo­res, la in­me­dia­ta apli­ca­ción de la re­so­lu­ción con­ce­jal 098/2012, pa­ra la re­gu­la­ri­za­ción téc­ni­ca y ad­mi­nis­tra­ti­va de apro­ba­ción de los pla­nos, pa­ra evi­tar nue­vos ava­sa­lla­mien­tos de te­rre­nos e im­pe­dir en­fren­ta­mien­tos en las zo­nas pe­ri­fé­ri­cas de la ciu­dad.
Una car­ta fue en­via­da a la al­cal­de­sa pi­dién­do­le una in­me­dia­ta ins­truc­ción a la di­rec­to­ra de or­de­na­mien­to te­rri­to­rial, Ma­ri­sol So­to, pa­ra que em­pie­ce la apli­ca­ción del nue­vo re­gla­men­to de ur­ba­ni­za­cio­nes, por­que de lo con­tra­rio, se­gui­rá el con­flic­to en­tre los due­ños le­gal­men­te cons­ti­tui­dos y los ava­sa­lla­do­res.
El pre­si­den­te del Co­mi­té de De­fen­sa de las Jun­tas Ve­ci­na­les de la Zo­na Es­te de la ciu­dad, Car­los Es­pi­nar, di­jo que han pa­sa­do más de 20 días des­de la apro­ba­ción de esa re­so­lu­ción del Con­ce­jo Mu­ni­ci­pal, pe­ro si­gue la re­sis­ten­cia de par­te de las au­to­ri­da­des del eje­cu­ti­vo mu­ni­ci­pal.
“Pa­re­ce que no quie­ren ha­cer ca­so a las de­ter­mi­na­cio­nes del ór­ga­no le­gis­la­ti­vo del Go­bier­no Au­tó­no­mo Mu­ni­ci­pal de Oru­ro. Si es que hay ob­ser­va­cio­nes a esa re­so­lu­ción, ya de­be­ría efec­tuar­se una im­pug­na­ción, pe­ro has­ta el mo­men­to no co­no­ce­mos na­da”, afir­mó Es­pi­nar.
Se­gún la ex­pli­ca­ción, des­de ha­ce dos años, la al­cal­de­sa Pi­men­tel si­gue re­tra­san­do la so­lu­ción de ese con­flic­to que pro­vo­có muer­tos y he­ri­dos en los cons­tan­tes en­fren­ta­mien­tos en­tre los ve­ci­nos, por­que no exis­tía una nor­ma cla­ra pa­ra la apro­ba­ción de pla­nos de ur­ba­ni­za­cio­nes, ya que las exi­gen­cias eran prác­ti­ca­men­te im­po­si­bles de cum­plir.
Por ese mo­ti­vo, Es­pi­nar di­jo que que­da­ron 44 ur­ba­ni­za­cio­nes sin pla­nos apro­ba­dos y de eso se apro­ve­cha­ron los ava­sa­lla­do­res pa­ra ocu­par te­rre­nos que no les per­te­ne­ce, des­tru­yen­do ca­sas de gen­te po­bre, sin que nin­gu­na au­to­ri­dad pue­da re­sol­ver es­te con­flic­to.
El Co­mi­té Cí­vi­co de Oru­ro, pre­si­di­do por So­nia Saa­ve­dra, pi­dió al go­bier­no mu­ni­ci­pal la in­me­dia­ta so­lu­ción de es­te pro­ble­ma, pa­ra aca­bar con el ava­sa­lla­mien­to de te­rre­nos en las zo­nas pe­ri­fé­ri­cas, por­que ade­más se es­tá des­tru­yen­do el cre­ci­mien­to or­de­na­do de la ciu­dad.
“Si no exis­ten pla­nos apro­ba­dos, el de­sor­den en la ciu­dad con­ti­nua­rá pa­ra des­truir el cre­ci­mien­to de gran­des ex­ten­sio­nes de te­rre­nos, don­de to­dos ha­cen lo que quie­ren y con esa si­tua­ción, es­ta­mos aten­tan­do con­tra Oru­ro”, afir­mó Saa­ve­dra.
Por su par­te, la al­cal­de­sa Ros­sio Pi­men­tel Flo­res, di­jo que se hi­zo una re­pre­sen­ta­ción an­te el Con­ce­jo Mu­ni­ci­pal pa­ra que esa re­so­lu­ción sea re­con­si­de­ra­da y se ele­ve a ran­go de or­de­nan­za, por­que só­lo así se pue­de apli­car una dis­po­si­ción de esa na­tu­ra­le­za.
El pre­si­den­te del Con­ce­jo, Juan Jo­sé Ra­mí­rez, di­jo que si la dis­po­si­ción no se apli­ca, se ten­dría que ini­ciar una de­man­da por in­cum­pli­mien­to de de­be­res a la al­cal­de­sa. Sin em­bar­go, se ha emi­ti­do la re­so­lu­ción y aho­ra co­rres­pon­de a los ve­ci­nos to­mar los re­cau­dos de ley, pa­ra el cum­pli­mien­to de esa dis­po­si­ción le­gal­men­te apro­ba­da por los con­ce­ja­les.
Los ve­ci­nos de las ur­ba­ni­za­cio­nes Am­plia­ción San Isi­dro, Qa­qa­cha­cas 3 de Ma­yo y otras, se reu­nie­ron ayer y to­ma­ron la de­ci­sión de exi­gir la so­lu­ción in­me­dia­ta de los en­tre­di­chos en­tre los con­ce­ja­les y la al­cal­de­sa, pa­ra pa­gar los im­pues­tos en el mu­ni­ci­pio.
Ca­so con­tra­rio, en una car­ta re­mi­ti­da a la al­cal­de­sa, ad­vir­tie­ron con adop­tar me­di­das de he­cho más con­tun­den­tes.
Etiquetas: Avasalladores, Oruro
En El Alto hay canchas de césped sintético en casas y edificios
En El Alto hay canchas de césped sintético dentro de casas y edificios. Los recintos deportivos se alquilan, por hora, entre 50 y 80 bolivianos y se han vuelto una opción para hacer deporte en la ciudad.
Los recintos miden, por lo general, 28 metros de largo por 16 de ancho, y el material es importado desde Iquique (Chile), pero también es fabricado por empresas bolivianas. La inversión llega hasta 70.000 bolivianos.
“Es una cancha que nos gusta mucho. Está cerca de nuestra escuela y nos permite desestresarnos para luego trabajar y estudiar”, dice Ernesto Escalante, de 30 años, técnico medio de la Escuela Superior de Mecánica Automotriz, Simón Bolívar.
Escalante y diez de sus compañeros juegan en el Center Flora, ubicado en el patio de una casa de la calle Quintanilla, a dos cuadras de la Cruz Papal, de la zona 16 de Julio. Por fuera, no hay letreros o señalización que indiquen el recinto deportivo.
El técnico dice que prefiere ir con sus amigos a ese lugar porque queda a dos cuadras de su trabajo. Ellos juegan todos los martes desde las 13:00 a 14:00, “sacrificando el almuerzo”.
“Vimos que no hay muchas canchas públicas por la zona y en lugar de que los jóvenes se dediquen a beber es mejor que practiquen deporte”, dijo el dueño que no quiso identificarse, aunque contó que proviene de la provincia Ingavi.
Asegura no recordar el monto de la inversión, aunque “fueron miles de dólares”, y acota que cobra 50 bolivianos por hora. El recinto atiende de lunes a domingo de 8:00 a 22:00 horas.
Otro de estos recintos se encuentra en un edificio de la calle Fray Diego de Ocaña (zona Tejada Alpacoma, en el distrito 1). El dueño es José Mamani, de 29 años, quien invirtió cerca de 28.000 bolivianos en importar, desde Iquique, el césped sintético.
Cobra 30 bolivianos la hora en el día y 40 en la noche y hace dos meses se animó al negocio porque considera que es una buena opción para generar ingresos tomando en cuenta que no hay muchas canchas públicas por la zona.
El recinto deportivo, llamado Wally Doble R, está en la terraza de un edificio de cuatro pisos. Desde la cancha se tiene una vista panorámica de la zona y de la ciudad de La Paz.
Los que más van a jugar, dice la encargada Marina Mamani, de 30 años, son los alumnos de la Universidad Tecnológica Boliviana y los del colegio Holandés, ubicado a una cuadra del lugar.
“Se llena de vez en cuando ('). No tenemos mucha gente. Más vienen los fines de semana por la noche. Seguro es por la ubicación y porque somos nuevos”.
En La Ceja se construye uno de estos sitios. En la avenida Franco Valle, en la calle 5, entre abarrotes, cibercafés y bancos hay un edificio de cuatro niveles, donde en la planta baja funcionan varios librerías y jugueterías, y en el segundo piso hay una cancha de wally. En el último piso se instala la cancha de Grover Calle, de 54 años.
Cuando Página Siete estuvo en el lugar, el miércoles 11 de julio, Calle supervisaba la instalación del césped artificial de la cancha que está en el último piso.
“Esperamos que sea una buena inversión. Antes la cancha era de parquet, pero últimamente no nos estaba yendo bien y nos dimos cuenta que los jóvenes quieren comodidad y el pasto sintético es la respuesta”, comentó.
Cambiar el parquet por el césped le costó 70.000 bolivianos y cuenta que espera contar con la clientela que ante tenía y que eran desde banqueros hasta mecánicos, que por lo general iban al mediodía y en las noches, luego de la jornada laboral.
Cuando la cancha era de parquet, Calle cobraba 40 bolivianos la hora, pero duplicará el costo cuando esté listo el césped sintético.
Material El césped sintético es una cubierta de tela fabricada con plástico y materiales sintéticos. Utiliza el polietileno con fibras de más de cinco centímetros de largo, que se cosen en la tela recubierta y ésta se recubre con cuatro centímetros de arena y de caucho.
Comodidad Las tres canchas cuentan con su baño y vestidores para comodidad de los jugadores.
Otros Donde está la cancha de la zona Tejada Alpacoma, ofrecen además cuatro canchas de wally, dos futbolines y hasta una guardería. En el de La Ceja ofrecen también una cancha de ráquet y próximamente habrá billar y mesas de ping pong.
Constructores reciben capacitación para consolidar los “edificios inteligentes”
Para consolidar el nuevo proyecto de Comteco se viene capacitando a los constructores sobre las nuevas técnicas de instalación en las cuales se prevean requerimientos básicos, adecuados para albergar el nuevo sistema, y así coadyuvar al desarrollo de las nuevas construcciones en verdaderos “Edificios Inteligentes”, que son construcciones con un nivel de alta tecnología en todos sus procesos.
Eso quiere decir que todos los profesionales que intervienen en el diseño, construcción, gerencia de proyecto, comercialización y demás áreas vitales de la nueva construcción, deben tener los conocimientos necesarios para integrar los aspectos que de forma sincronizada permitan disfrutar del concepto de eficiencia.
“Con esta innovación se pretende posicionar un nuevo concepto, el de eficiencia dentro las preferencias y exigencias de la población cochabambina”, expresa el gerente de Coboce, Fernando Aldazosa. El ejecutivo explica que una construcción inteligente, es una construcción eficiente, eso quiere decir que puede hacer mucho más con la mínima cantidad de recursos, lo cual se debe apreciar a partir de su simplicidad y de su capacidad de proyectarse a las necesidades del futuro.
Básicamente toda la información y transmisión de datos, pasa por un solo cable, evitando altos costos y tiempos prolongados para el usuario, asimismo se gana en comodidad y servicio accediendo a servicios de alta tecnología. Esta tecnología permite ampliar su proyección arquitectónica en cuatro áreas importantes: seguridad, comunicaciones, apoyo logístico y automatización de los procesos; para lo cual son las empresas constructoras, ingenieros y arquitectos quienes deben plasmar en los nuevos diseños éstas características que destaquen el grado de sofisticación que esta innovación implica.
Los gobiernos municipales del país determinaron ampliar por un tiempo más el pago de impuestos de bienes inmuebles con el descuento del 10%, debido a que hasta la fecha sólo el 50% de la población contribuyente habría cumplido con la obligación. La directora de Ingresos del municipio de Tarija, Ana María Guzmán, indicó que en los próximos días las autoridades se reunirán en Sucre, para definir el nuevo cronograma del pago del tributo con el descuento del 10%.
“Este viernes 20 estaba fijada la fecha del vencimiento de plazo para el pago de bienes inmuebles pero hemos hecho una evaluación preliminar y no se ha llegado a la meta programada que es de 50%, por esto se ha visto por conveniente ampliar el término, luego se dará a conocer la fecha exacta”, dijo.
En el caso concreto de Tarija, indicó que almenos el 50% de los propietarios de bienes inmuebles se apersonaron a la dirección para realizar el pago.
Indicó que la meta fijada para esta gestión, en cuanto a este tributo es de 21 millones de bolivianos.
En el caso del pago de impuestos a los vehículos automotores, indicó que este fenece el 25 julio, aunque podría ampliarse.
En cuanto al pago de patentes, informó que el 1 de agosto indefectiblemente se cierra el plazo del pago con el descuento del 10 por ciento.
Posteriormente se ingresará al segundo periodo de cobranza sin el descuento, pero también sin la aplicación de la multa.
“Los comerciantes, profesionales, industrias y servicios que tienen una licencia de funcionamiento deben pasar a cancelar la patente para evitar tributar con multas”, enfatizó.
Concejo plantea más sanciones por avasallamiento de terrenos
El continuo avasallamiento de terrenos en diferentes zonas de la ciudad por personas inescrupulosas, motivó al presidente de la comisión legal del Concejo Municipal, Germán Delgado, la presentación de una propuesta de aplicación de sanciones contra quienes efectúen la toma de terrenos, sin tener derecho propietario.
Delgado dijo que se debería incorporar en el Código Penal una sanción de 15 a 20 años de prisión, a quienes ocupen terrenos que no les pertenecen, porque solamente de esa forma se podría frenar esta clase de actitudes que se están convirtiendo en actos vandálicos.
Sin embargo, consideró que es necesario que esa iniciativa se pueda concretar mediante la Asamblea Plurinacional de Bolivia, a través de los parlamentarios, para que no se permitan nuevos enfrentamientos entre vecinos, como el que ocurrió el pasado jueves, en la zona Norte de la ciudad, donde una persona resultó gravemente herida.
La iniciativa también surgió en el seno de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Oruro, durante la marcha contra los avasalladores, exigiéndose la modificación del Código Penal, para que se incorpore el delito de avasallamiento de terrenos, con el objetivo de devolver la paz y la tranquilidad a los dueños legítimos.
“Hay miles de personas que durante los últimos seis años han perdido sus terrenos, a pesar de haberlos comprado. Los avasalladores están viendo un terreno vacío y empiezan a construir sus casas, sin respetar la línea y nivel y sin tener planos aprobados por la misma Alcaldía Municipal”, afirmó la presidenta del Comité Cívico de Oruro, Sonia Saavedra.
Señalo que todos los días ocurren esta clase de problemas en diferentes zonas de la ciudad y no es posible que las autoridades del gobierno nacional y departamental sigan mirando desde el balcón esta clase de problemas que ocurren especialmente en Oruro.
“Incluso se han apoderado de los terrenos de la urbanización de la Prensa. Si a los periodistas les hacen eso, cómo será con miles de pobres que están deambulando para que alguna autoridad les atienda y resuelva este problema”, dijo.
Por su parte, el presidente de la comisión jurídica del Comité Cívico de Oruro, Guido Molina, dijo que la iniciativa de la Federación de Juntas Vecinales debe ser respaldada para que el avasallamiento de terrenos se pueda incorporar como un delito con una sanción de 10 a 20 años de prisión. En ese sentido, explicó que se preparará un proyecto de ley que permita frenar esta clase de problemas que han surgido en el país y que nadie se atreve a frenar los abusos de la gente que ocupa un terreno y después lo vende.
El Ministerio Público no se animó a procesar a los avasalladores, sino bajo presión de los vecinos. Uno de los presuntos instigadores de éstos es Luis Alegría que, según el informe oficial del Ministerio Público, tiene 13 denuncias, pero que los casos están estancados, porque no se puede iniciar un proceso contra él por estelionato, porque ese delito se refiere generalmente a la venta de bienes muebles como si fueran suyos; en cambio, se podría procesar el caso por el delito de despojo, aunque no se ajusta a la realidad que vive el pueblo de Oruro.
Multimillonario construye la mansión más grande de EEUU
Entre lo kitsch y el glamour sin complejos, se levanta en Orlando (Florida) la que se cree que será la mayor mansión estadounidense, una construcción que ocupa más de 8.300 metros cuadrados y que cuenta hasta con bolera y pista de patinaje.
El pastiche resultante, con fachada de traza versallesca, es propiedad del empresario y multimillonario David Siegel, de 77 años, quien planea mudarse a la casa con su esposa Jackie, una ex modelo de 46 años, y sus siete hijos tan pronto como termine la construcción, ya en la fase final; aunque no descartan venderla si reciben una buena oferta.
La mansión Versailles está situada en la urbanización The Reserve at Lake Butler Sound, en Windermere, cerca de Orlando, una comunidad de vecinos compuesta de residencias de unos 900 metros cuadrados, casi las dimensiones de lo que podría ser la vivienda del servicio y mucamas del millonario.
Esta construcción de dudoso gusto francés e interior manierista ha llamado de tal manera la atención que hasta ha sido motivo del programa de televisión La reina de Versalles, en el que se siguen las andanzas del matrimonio y cómo éste afronta diversas situaciones generadas por las obras.
Los Siegel supervisan ahora la última fase de construcción de la mansión, terminada en un 60%, que albergará cuando esté acabada, además de un pista de patinaje y una bolera, una bodega de dos plantas para almacenar unas 20.000 botellas.
En el programa La reina del Versalles, Greenfield relata las andanzas durante dos años de los Siegel, circunstancia que aprovecha para retratar con tintes caricaturescos a la pareja de nuevos ricos.
El magnate se vio obligado a paralizar la construcción de la mansión en 2009, como consecuencia de la recesión económica que afectó a su compañía, Westgate Resorts. Esta empresa, especializada en la gestión de inmuebles vacacionales, llegó a ser la mayor compañía privada del mundo dedicada al turismo de tiempo compartido, un modelo de negocio por el que se comparte el derecho a utilizar una propiedad.
Una vez que finalice la construcción de Versailles, la familia planea mudarse a ella, a no ser que aparezca algún caprichoso multimillonario que adore el atrevimiento kitsch de su fachada e interiores, que mezcla antigüedades y elementos modernos, con millonarias puertas de caoba.
La monumental imitación palaciega cuenta además con spa, tres piscinas, una de ellas de dimensiones olímpicas y otra de agua salada, once cocinas, 23 cuartos de baño y garaje para una veintena de vehículos, todo un récord para una residencia privada que podría alcanzar un precio de unos cien millones de dólares.
Este complejo, que por el momento está en venta sin acabar por 75 millones de dólares, también cuenta con un almacén de barcos, dos salas de proyección de cine, un campo de béisbol, dos pistas de tenis y unos jardines estilo versallesco. (EFE)
Lujo El epicentro de la mansión será el denominado Grand Hall, todavía en construcción: un salón versallesco de 36 metros de largo al que se accederá por dos escaleras palatinas, acabado con una enorme cúpula acristalada en el techo e iluminado, en un futuro, con una gigantesca lámpara de araña.
Proyecto propone que jóvenes paguen menos por alquileres
Muchachos transitan por una calle céntrica de La Paz.
El proyecto de Ley General de Juventudes establece que los propietarios de inmuebles que alquilen habitaciones a jóvenes estudiantes deberán hacer cobros mínimos.
De acuerdo con el director de la Niñez, Juventud y Personas Adultas del Ministerio de Justicia, Agustín Tarifa, la propuesta fue elaborada debido a que muchos jóvenes del área rural y del interior del país se trasladan a las ciudades capitales para culminar sus estudios y, al no tener una casa, deben alquilar cuartos que, en ocasiones, tienen costos muy elevados.
“Por eso, esta norma busca beneficiarlos, haciendo que los propietarios realicen cobros justos, ya que la mayoría no trabaja”, recalcó Tarifa.
La propuesta de ley establece que se considera joven a la persona que tiene entre 18 y 30 años.
El parágrafo 1 del artículo 25 de la propuesta, elaborada por organizaciones del sector y el Gobierno, establece que “los propietarios que alquilen habitaciones, departamentos o viviendas deberán establecer el cobro de una tarifa mínima a las jóvenes estudiantes”.
La presidenta de la Asociación de Propietarios de Inmuebles, Nora Santos, sostuvo que mientras no se modifique el impuesto de alquileres, que es el 29% mensual, y estos propietarios no dejen de regirse por el Código Tributario para el pago de los impuestos a los bienes inmuebles, no podrán bajar los costos.
“Nosotros no podemos seguir permitiendo que eleven los impuestos y nos pidan que bajemos el precio de los alquileres”, aseveró la representante.
Las ciudades donde hay más alquileres para jóvenes son: Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, debido a que los jóvenes se trasladan a esas urbes para estudiar en las universidades.
“En Sucre, los propietarios prefieren alquilar sus viviendas a los jóvenes, porque sus padres pagan más de lo ofertado”, reveló la presidenta de la Asociación de Inquilinos, Ángela Céspedes.
Por ello, las dirigentes aseguraron que es necesario una normativa que favorezca a ambos sectores.
La propuesta también plantea que los jóvenes inquilinos respeten las normas de convivencia y cumplan los deberes exigidos.
Este proyecto, que consta de tres títulos, 50 artículos y tres disposiciones transitorias, fue presentado el jueves a varias asociaciones de juventudes y se espera que hasta fines de julio se planteen las últimas sugerencias para que en agosto se organice la Cumbre de las Juventudes, en Cochabamba, y luego sea envia do a la Asamblea Legislativa.
“Dependiendo de la agenda de la Asamblea se espera que el 21 de septiembre (Día de la Juventud) sea aprobado”, dijo Tarifa.
Otra de las sugerencias que dispone la propuesta normativa señala que las organizaciones, agrupaciones y sectores de juventudes promoverán y aplicarán el control social a la gestión pública y a los servicios públicos.
Remberto Cruz Pdte. de la Federación de EstudiantesSí es beneficiosa la propuesta de que se disminuyan los costos de alquileres, pero lamentablemente esta propuesta no fue consensuada con todas las organizaciones de jóvenes. Por ejemplo, nosotros no participamos en la elaboración de esa norma. Queremos que esta norma tenga reivindicaciones claras para nuestro sector que fue y sigue siendo rezagado. Además, nosotros elaboramos por nuestra cuenta otra propuesta de ley que ya la presentamos a la Asamblea Legislativa, y en ella planteamos que tanto las instituciones públicas como privadas tengan un 30% de su personal joven, porque la mayoría de los universitarios se quejó porque en todo lado piden experiencia laboral.
José Luis RodríguezAsociación de AdolescentesEsta norma beneficia a todos los jóvenes, especialmente a los que vivimos como inquilinos, porque la mayoría de los propietarios a veces abusan de nosotros y nos cobran muy caro. Cuando nosotros vivimos como inquilinos y solos en una habitación pasamos muchas necesidades, porque el dinero que nos dan o mandan nuestros padres debemos hacer alcanzar para alquiler, pasajes, alimentación y estudios, y muchas veces no nos abastece. Además, la mayoría de los jóvenes nos hacemos ver mal con los propietarios; por ejemplo, nos ven como descuidados, borrachos. Eso también se debería normar, porque somos personas que pensamos.
Nuevo plan estatal facilita el acceso a la vivienda social
El nuevo plan habitacional contará con un estricto control en la selección de familias beneficiarias, la ampliación de acceso a sectores sociales con bajos recursos, y se construirán urbanizaciones completas.
15 mil viviendas por año es la demanda de la población; el déficit habitacional es de 290 mil viviendas, según los datos oficiales.
El nuevo programa habitacional del Gobierno facilitará el acceso a viviendas sociales, en particular a sectores de escasos recursos y a los que no cuentan con un inmueble. Además se priorizarán los municipios donde se registre el mayor déficit de casas.
En la actualidad, el déficit habitacional es de 290 mil viviendas, y cada año hay 15 mil nuevos requerimientos, según los datos oficiales.
El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bonny Morales, presentó la pasada semana en Cochabamba el nuevo plan gubernamental, que tiene como meta revertir el déficit habitacional nacional con la construcción de 140.000 casas en los próximos cinco años.
“En la modalidad de construcción de vivienda se está dando un giro significativo, histórico, porque seremos muy detallistas para que estas casas beneficien a quienes no las tienen y que vivan en los lugares de déficit”, dijo Morales.
Explicó que entre las modalidades habilitadas para la adjudicación de viviendas sociales se incorporó un método subvencionado para que se realicen aportes del Gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios.
“Éste es un modelo subvencionado que beneficiará específicamente a personas de escasos recursos en las áreas rurales y también de las zonas periurbanas”, aseveró Morales.
Asimismo, dijo que fue habilitado otro modelo para el acceso a viviendas por medio de créditos con un nivel cero o una baja tasa de interés que mejora las condiciones de adquirir un inmueble con mejores condiciones de financiamiento para reducir el déficit.
El representante estatal mencionó que la primera fase del plan estará dirigida a ofrecer respuestas a personas u organizaciones sociales de las ciudades bajo la modalidad de soluciones ‘verticales en propiedades horizontales’.
Entre los requisitos indispensables para acceder al plan de vivienda, indicó que se demandará que los solicitantes comprueben que no tienen casa, que habitan en las regiones donde viven, y en el caso de la modalidad de crédito que tengan ingresos para el pago en 20 años de entre 17.000 y 25.000 dólares.
El Viceministro señaló que el Programa de Vivienda Social y Solidaria concluirá de manera oficial en diciembre de 2013 y en su reemplazo se creará la Agencia Estatal de Viviendas.
La futura agencia estatal construirá urbanizaciones completas en lugar de unidades habitacionales independientes.
También gestionará ante los gobiernos autónomos municipales y departamentales la dotación de terrenos, infraestructura para urbanización de terrenos, tramitación de cambio de uso de suelo, cuando sea requerido, además de la construcción de proyectos habitacionales.
La nueva agencia se sostendrá con el financiamiento de cuatro sectores: la primera corresponde al aporte patronal público y privado para vivienda (2%), también de recursos propios, financiamiento interno, que no implique fondos del Tesoro General del Estado (TGE) y de la cooperación de diversas instituciones.
• La Agencia Estatal de Vivienda tendrá como prioridad construir casas en los municipios donde se registre la mayor cantidad de déficit habitacional.
• El nuevo plan, que reemplazará al actual Programa de Vivienda Social y Solidaria, edificará urbanizaciones completas en lugar de unidades habitacionales, como se lo hace hasta el momento.
• El plan incorpora un método subvencionado para la realización de aportes del Gobierno nacional, las gobernaciones y municipios.
• La otra modalidad de acceso es a través de bajas y hasta cero tasas de interés por créditos habitacionales.
Ferrópolis, la ciudad de acero con máquinas gigantes
Una de las enormes máquinas de Ferrópolis, donde se explotaba carbón.
Al ingresar en el inmenso terreno hoy rodeado por árboles, el viento se impone, al igual que las enormes máquinas de hasta 30 metros de altura.
Ferrópolis, ubicada en la localidad de Dessau en Alemania, entre Berlín y Leipzig, es una “ciudad de acero” que en el pasado funcionó como una mina de explotación de carbón a cielo abierto.
Este lugar, que con esa enorme maquinaria crea un ambiente parecido a aquellas películas de ciencia ficción realizadas entre las décadas de 1960 y 1970, es hoy un museo.
Sus orígenes datan de hace casi un siglo. Por décadas, el espacio estuvo dedicado a la actividad minera y posteriormente a la hilandera.
En sus mejores tiempos se extraían millones de toneladas de carbón cada año.
Este espacio, que parece haber sobrevivido a un tiempo ficticio y casi imaginario, resistió al paso del tiempo y en la actualidad se ha convertido -además de museo y atractivo turístico- en un lugar que rescata diferentes actividades culturales dedicadas al arte y la música. Entre los más importantes está el festival de música Melt, que en 2008 congregó unas 20.000 personas.
Subir por las escaleras y caminar por los corredores y las rampas de estos inmensos aparatos, prácticamente suspendidos en el aire, no es apto para aquellos que sufren vértigo. Desde allí es posible observar un lago artificial que cubrió el lugar.
Palancas, válvulas, controles para la tracción y manipulación de las extractoras y excavadoras son atractivos para miles de visitantes.
La vista de este “cementerio metálico” se asemeja a lo que en algunos ensayos se describió como un paisaje que surgiría después de una época post apocalíptica o post nuclear, donde la naturaleza habría recuperado su lugar en el mundo y las máquinas serían aquel testigo vago de cuando el hombre la dominaba.
Sin duda, gracias a su paisaje único, Ferrópolis se ha convertido en escenario de ferias culturales y hasta de presentaciones de ópera. Casi todo el año, este campo es “tomado” por alguna actividad.
Dentro del museo se exponen antiguos objetos que servían para la extracción minera. Llama la atención la forma en que eran construidos los antiguos corredores de acceso a la mina y modelos a escala de las enormes máquinas.
Algunos equipos que hoy forman parte del museo llegaban a pesar 2.000 toneladas, aproximadamente.
El Festival de Melt en la ciudad de acero
La primera versión del Festival de Melt se realizó en 1997. Para 1999 se había trasladado a la ciudad de acero, Ferrópolis.
Desde 2003 se desarrolla anualmente en este recinto que acoge hasta 30.000 personas.
Los organizadores califican al Festival de Melt como un acontecimiento en el que se une la música electrónica con el rock.
Para ese espectáculo, las enormes máquinas de Ferrópolis son iluminadas con cientos de luces, así como todo el recinto, que es capaz de ser visto desde una gran distancia.
Entre los artistas reconocidos que han participado en el festival están Björk, Oasis, Aphex Twin, Pet Shop Boys y Scissor Sisters, entre otros. No obstante, también se da gran cabida a bandas, Dj y bailarines emergentes de diferentes latitudes.
La versión 2012 del festival se realizó entre el 13 y 15 de julio y contó con la presencia de más de 50 artistas. Entre los más conocidos estuvo Lana del Rey.
Crónica de un crack inmobiliario Parte III (final)
“Debido al crecimiento descontrolado que está generando el negocio de la construcción, en un par de años llegaremos a lo que comúnmente denominamos un crack inmobiliario pues se alcanzará el máximo nivel de crecimiento y el máximo nivel de precios, lo cual desencadenará un efecto inflacionario a nivel nacional y afectará directamente las tasas de interés.
En ese momento, observaremos que nuestro crecimiento se basó únicamente en la especulación, saldremos del espejismo en el que vivíamos y desarrollaremos nuevos comportamientos que eviten hacer gastos innecesarios, fomentando el ahorro y reduciendo el flujo de dinero, lo cual disipará el efecto de bonanza. Las empresas que participaron de este circuito inmobiliario tendrán que reducir personal o cerrar, lo cual hará que el desempleo ingrese en niveles más elevados y se genere un efecto rebote, donde todo lo que sube tiene que bajar, existirán miles de personas en situación complicada, ya que será muy difícil desarrollar otra actividad que soporte todo este recurso humano. Por lo tanto, existirá un cambio social importante y aceptaremos que nuestro nivel de vida tendrá que reducirse. ¿Esto qué quiere decir?, que la clase media que actualmente ha ido escalando peldaños gracias al impulso inmobiliario deberá situarse nuevamente en niveles bajos haciendo que los estratos sociales sean más diferenciados entre los pobres y los ricos.
Si esta situación no se controla a tiempo con políticas de gobierno es posible que se desencadene una recesión económica a nivel nacional.
En ese momento crítico, inevitablemente la demanda de viviendas se verá aplacada, no habrá compradores y los precios irán disminuyendo progresivamente hasta llegar a los mínimos; todo este ciclo de efectos que se inician con una mala gestión financiera, hará que la economía pierda liquidez y solvencia, por lo tanto habrá mayor desempleo y los pequeños emprendedores no contarán con facilidades de financiamiento, ya que las entidades bancarias cerrarán el grifo a todo tipo de créditos y se parará el motor de la economía.
En resumen, los grandes perjudicados serán las familias que con tantas ansias compraron una vivienda como medio de revalorizar su inversión a futuro, pero verán que valdrá menos de lo que pagaron ayer”.
Una sobreoferta de viviendas en propiedad horizontal y la especulación en los precios son síntomas de que en el país está en proceso una crisis inmobiliaria que podría estallar en tres o cuatro años, coinciden en señalar los economistas Osvaldo Gutiérrez y José Luis Evia, además del presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Franklin Pérez.
Por el contrario, el presidente de la Cámara de Bienes Raíces, Jhonny Flores, considera que el sector no está en crisis ni lo estará y más bien prevé una regulación de precios a partir de “la conciencia de los propietarios”.
Pérez señala que, en determinado momento la demanda creció bastante por el envío de remesas, a la conveniencia de invertir en inmuebles ante las bajas tasas de interés bancario para ahorros y a la existencia de “una economía subterránea que no factura”, pero genera elevadas ganancias. Este escenario hizo que la oferta creciera aceleradamente.
Según un estudio del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón (IBCH), la cantidad de metros cuadrados de nuevas construcciones en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Sucre y Tarija, en 2010, equivalía a 24 edificios de 100 pisos cada uno.
Para 2012, el crecimiento de nuevas construcciones fue estimado en 10 por ciento, destinado a vivienda, oficinas y comercio que podría representar más de 2 millones de metros cuadrados de construcciones, sobre todo en el eje troncal del país.
Los registros de la Caboco, en 2011, reportan que el departamento donde más permisos de construcción dieron las alcaldías fue Cochabamba, donde el crecimiento fue de 226 por ciento entre 2001 y 2010. Le siguen La Paz y Santa Cruz.
Así, la gran demanda fue rápidamente cubierta, pero a medida que fue pasando el tiempo el mercado se trastocó y la oferta comenzó a superar la demanda de nuevas viviendas.
Actualmente, el mercado inmobiliario ya no es tan ágil como antes, dice Pérez, quien percibe que la demanda llega al límite y que la oferta es excesiva. “Todavía hay mucha gente que cree que el sector inmobiliario es el negocio, pero luego se dan cuenta de que el retorno ya no es tan rápido”, dice.
Flores admite que el mercado inmobiliario está “un poco limitado” y hay mucha oferta. Señala la especulación como la causa y como responsables a propietarios y agentes inmobiliarios que realizan avalúos “irresponsables” que crean falsas expectativas.
Para ilustrar el panorama, Gutiérrez cuenta una experiencia reciente en Santa Cruz, donde dictó un seminario en el que participaron tres dueños de inmobiliarias que coincidieron en que existe una sobreoferta de bienes inmuebles que determinará una caída en el mercado; pero no será brusca y demorará al menos tres a cuatro años pues la movilidad social y laboral, sobre todo en el eje del país, ha generado cierto equilibrio entre demanda y oferta.
Gutiérrez añade que ese equilibrio es favorecido además porque el ciclo económico del país, que es de unos 8 a 11 años, todavía se mantiene en su curva alta y por la circulación de capital debido a la economía informal, “cuyo componente principal es el narcotráfico y está en auge”.
En cuanto a Cochabamba, la crisis podría llegar un poco antes, dice, debido a que la movilidad social y laboral es menor.
Evia no habla específicamente de crisis; pero también prevé una desaceleración del mercado inmobiliario en los próximos tres a cuatro años debido a que el envío de remesas podría bajar debido a la crisis, sobre todo en Europa, y a la posibilidad de que se genere un problema debido a que actualmente se construye viviendas orientadas a la clase media alta y muy poco de viviendas sociales y si el comportamiento de los ingresos cambia, también cambiarán los requerimientos de los compradores.
Sin embargo, Flores no coincide con estas previsiones y afirma que las viviendas, sobre todo de departamentos, siguen teniendo acogida considerando que la banca facilita el acceso a créditos de vivienda, lo que mantendrá el equilibrio entre oferta y demanda.
Al incremento excesivo e injustificado de los bienes raíces, fruto casi siempre de la especulación, se denomina burbuja inmobiliaria.
No existe una razón lógica para el alza de precios, pero la especulación surge a partir de la percepción de la gente de que adquirir bienes inmuebles para luego venderlos a mayor precio, aprovechando ese incremento, es un negocio rentable.
Para responder a esa demanda, constructoras e inmobiliarias construyen más formando un círculo vicioso.
Juan Mamani, sastre de 47 años, no puede contener las lágrimas al pensar en el esfuerzo y el tiempo que demandaron construir sus tres cuartos en el barrio Ferroviario, en la zona de la Pampa de la Isla, y que hoy están convertidos en escombros.
A media mañana del jueves, y por orden del juez Tercero de Instrucción en lo Penal, Fernando Orellana, dos retroexcavadoras ingresaron y derrumbaron la casa de Mamani y otras 200, que eran habitadas por 304 familias.
La Almacenera Boliviana S.A. (ALBO) asegura tener todos los respaldos legales que certifican su propiedad sobre estos terrenos, aseveró un funcionario de la misma.
Al igual que Mamani, Samuel Soliz lamentó que su casa de tres pisos, que tuvo un costo estimado de $us 35.000, se encuentre bajo los escombros. Soliz observó que antes de la demolición no recibió ninguna notificación de parte de ALBO para que desalojara.
Frente al embardado de más de 20 hectáreas, una decena de vecinos afectados improvisaron una reunión bajo una carpa que los resguarda del frío y de la lluvia. Se organizan para la contratación de un ‘buen abogado’ que gestione la libertad de un grupo de personas arrestadas el jueves durante el ingreso ‘violento’ de los policías.
Los vecinos gestionan además una compensación económica de parte de ALBO por daños y perjuicios a favor de los afectados. Otro grupo se contactó con Derechos Humanos para que tramitara una pronta solución. Entretanto, unos 20 policías habitan, por turnos, una de las casas que no fueron derribadas, mientras tres retroexcavadoras y una cuadrilla de obreros limpian el lugar.
Demuelen casas en terrenos que habían sido avasallados
De manera repentina pero cumpliendo una orden judicial de Fernando Orellana, Juez 3ro. en lo Penal, la policía procedió ayer a la demolición de viviendas que todavía quedaban en pie en el proceso de desalojo iniciado el 19 de diciembre de 2011.
Se trata de 304 familias ilegalmente asentadas desde hace cinco años en los predios de la Aduana Nacional, hoy ocupado por la empresa Albo S. A.
La demolición tuvo lugar en la zona este, entre el quinto y sexto anillo de la ciudad. El barrio denominado "Ferroviario", contaba con modernas edificaciones. "Esto es una injusticia que no tiene comparación", decía casi llorando Jenny Mamani, al contemplar desde un hueco del predio cercado, la demolición de su vivienda valuada en 40 mil dólares.
Implacable trabajo. La intervención policial, con desplazamiento de maquinarias y retroexcavadora, permitió el cumplimiento de la orden judicial de demolición de las viviendas de avasalladores.
Todo se inició a primeras horas de la mañana, cuando un contingente policial y varias maquinarias ingresaron al predio cercado por una extensa muralla perimetral, para proceder con el trabajo.
Según Veruzka Ivanov, una vecina de la zona afectada, ellos ingresaron a ocupar hace cinco años un predio que lucía hasta ese entonces "todo monte", como área de equipamiento.
"Hace cinco años ingresamos porque dice que era un predio que no cumplía una función social y de paso era para los trabajadores ferroviarios", narró la supuesta damnificada del hecho.
Por su parte, Ronal Conde, uno de los representantes del Barrio "Ferroviario", reconoció que evidentemente no cuentan con documentos que les acrediten el derecho propietario.
Una propiedad a favor de Aduana. Pese al hermetismo de las autoridades judiciales, El Día pudo conocer que dicho predio de 35 hectáreas fue históricamente de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).
En 1972, por Decreto Ley 10032 del gobierno dictatorial de Hugo Banzer Suárez fue concedido a la ferroviaria.
Mas tarde, en el 2001, siendo ENFE residual, mediante Decreto 27765 del Gobierno de Jorge Quiroga, el predio pasa a favor de la Aduana Nacional. Los ocupantes denuncian que solo fueron dos hectáreas de las 35. Además, la norma autoriza inscribir el derecho propietaria a favor de ésta institución estatal.
Para este 18 de julio, según dicen las víctimas del desalojo, se tiene previsto una inspección con presencia del Fiscal Carlos Candia y el Defensor del Pueblo.
"La casa de mi madre la volaron al comienzo de este año.
Estamos resignadas a perderlo todo. Es mucha plata y mucha injusticia a la vez".
María Cleí
""Nosotros hemos ocupado estos predios sabiendo que era del Estado.
Incluso hemos presentado un proyecto de Ley, la misma que sigue en el parlamento".
Dirigente del Barrio "Ferroviario"
"La construcción de mi vivienda costó 60 mil dólares
"Se me secaron las lágrimas. Es mucho dinero lo que perdemos. Vamos ha demandar por todo esto".
Propietaria de Inmueble de dos pisos.
La directora de Vivienda, Rocío Ticona, anunció ayer en Trinidad que en cinco años se construirán 10.071 viviendas en el departamento del Beni, en el marco del Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional.
La funcionaria, dependiente del Viceministerio de Vivienda, indicó que el déficit de nuevas viviendas y ampliaciones es de 50.000, pero se harán ajustes durante la implementación del plan, en coordinación con los actores involucrados.
“Estas viviendas han sido distribuidas según análisis de déficit cuantitativo y déficit cualitativo. También el nivel de pobreza de los municipios”, explicó.
Ticona aclaró que la construcción será de forma paulatina y en función al apoyo que se tenga de los gobiernos municipales, así como de los aportes presupuestarios de la Gobernación de Beni.
“Los recursos son aportes del Estado, con lo que se garantiza la construcción”, aseguró.
Asimismo, señaló que se tendrá que esperar la ejecución del Censo de Población y Vivienda para determinar si se aumenta o no el número.
“Es importante contar con los datos del Censo, porque con ello tendremos identificado el número real en cuanto a déficit de viviendas se refiere”, mencionó la responsable.
La información fue dada a conocer en la ciudad de Trinidad durante la realización de un taller de socialización de este plan, que contó con la asistencia de autoridades municipales del departamento de Beni.
Kilamba, una inservible urbe de lujo en la empobrecida Angola
Kilamba, una ciudad satélite de Luanda, la capital angoleña, tiene cientos de edificios sobre las grandes avenidas que surcan sus más de 5.000 hectáreas, jardines muy cuidados y escuelas para todas las edades, pero está prácticamente desierta.
Cada esquina tiene su farol para iluminar hasta donde empieza la luz del siguiente, y luego otro más, en una simetría perfecta que se prolonga durante varios kilómetros.
Sin embargo, se ilumina el vacío: miles de departamentos están desoladamente desocupados, en lo que hoy parece el fracaso de una utopía pensada por los gobernantes angoleños para aliviar la presión demográfica de la capital, pero con un único resultado real, el de empobrecer las arcas del Estado.
Desde un punto de vista financiero se puede decir que Kilamba no costó un dólar, porque quienes la construyeron fueron los chinos mediante el China International Trust.
Pero a cambio obtuvieron en petróleo el equivalente a 3.500 millones de dólares, de modo que de cualquier forma el dinero salió de la disponibilidad del Estado, hoy único accionista de Kilamba.
Nacida para albergar medio millón de personas, Kilamba tiene hoy una población de pocos miles de individuos y los únicos espacios comerciales ocupados son los utilizados para los servicios públicos.
Por lo demás, nada: ningún supermercado, ningún negocio, ningún local público.
La nada total. Según las estadísticas del sitio web Afriquinfos, de los 2.800 departamentos construidos, apenas algo más de 200 fueron vendidos y ocupados.
El resto está vacío, al igual que 750 edificios de oficinas, 100 locales comerciales, una docena de escuelas totalmente equipadas y listas para recibir a miles de estudiantes.
Evidentemente, cuando Kilamba fue pensada y proyectada se esperaba que pudiera albergar al menos a la crema de la burocracia estatal angoleña, tal vez deseosa de abandonar la caótica Luanda, asediada por barriadas pobres y con una contaminación atmosférica fuera de control.
Pero pocos se dejaron seducir por la propuesta y la mayoría prefirió quedarse en la capital, donde al menos hay innumerables opciones para salir y comer afuera y a costos accesibles.
Además, otro detalle -en absoluto secundario- parece frustrar toda ambición de asentarse en Kilamba: en la nueva ciudad los precios de los departamentos van de 120.000 a 200.000 dólares, en un país donde dos tercios de la población ganan por día el equivalente a dos dólares.
El Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional pretende construir 140.000 viviendas en los próximos cinco años, informó el viceministro de Vivienda Social, Bonny Morales.
La socialización del Plan, organizada por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, fue ayer en el salón de honor de la Gobernación departamental.
El proyecto, de acuerdo a Morales, incluirá intervención en áreas urbanas y rurales.
“En áreas urbanas con dificultad de acceso a terreno vamos a trabajar con densidades alta y media, lo que quiere decir es que vamos a lograr construir multifamiliares que nos permitan optimizar los terrenos y beneficiar a mayor cantidad de gente”, sostuvo Morales.
La diferencia entre el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) y el nuevo Plan a cinco años es que antes se trabajaba con una demanda abierta de las personas, explica Morales, y ahora a través del Viceministerio se debe construir en cada un municipio un plan para que éste atienda en los siguientes cinco años y designe el número de casas que permitiría reducir, agregó.
REQUISITOS El principal requisito para acceder a los planes de vivienda es no poseer una casa, dijo Morales y agregó que no se otorgará esta facilidad a personas que antes hicieron tráfico de viviendas del Estado.
Entre los otros requisitos está vivir en una zona donde se hayan solicitado las viviendas y tener solvencia para acceder a un programa de crédito.
Las viviendas estarían construidas sobre los 70 metros cuadrados aproximadamente, con tres dormitorios y todos los servicios básicos.
Los precios oscilarían desde 17.000 hasta los 25.000 dólares aproximadamente. El precio anterior era de 15.000 dólares y Morales explica que la subida del costo se debe al aumento del precio de los materiales de construcción.
El viceministro de Vivienda, Bonny Morales, presentó ayer un nuevo plan que tiene como meta revertir el déficit habitacional nacional con la construcción de 140.000 casas en las próximas cinco gestiones.
Explicó que la nueva estrategia se aplicará de manera directa con gobernaciones y municipios, para encontrar soluciones habitacionales con una inversión de 450 millones de bolivianos, destinados a la construcción de unas primeras 20.000 viviendas en esta gestión.
Entre los requisitos indispensables para acceder a ese plan se demandará que los solicitantes no tengan vivienda, que habiten en las regiones del pedido y que en la modalidad de crédito tengan ingresos para el pago en 20 años de una vivienda de entre 17.000 y 25.000 dólares, agregó el funcionario./
Alcaldía y Gobernación inician disputa por la Casa de Murillo
La Gobernación de La Paz busca declarar patrimonio del departamento a la Casa de Pedro Domingo Murillo, ubicada en la calle Jaén y donde funciona un repositorio administrado hace varias décadas por el municipio.
Esta nominación, que pronto se oficializará mediante ley, normará la asignación de recursos destinados a la preservación del inmueble y establecerá que la Gobernación deberá compartir su tuición con la Alcaldía, algo que los ediles rechazan enfáticamente.
No obstante, Marco Antonio Mollericona, representante de la Asamblea Departamental de La Paz y uno de los impulsores de este proyecto, explicó que “esta norma no busca ni contempla la apropiación o expropiación del inmueble”.
Argumentó que con la declaratoria quieren que “la Gobernación tenga la posibilidad, en coordinación con el municipio, de invertir recursos en la casona para que ambas entidades puedan preservar este patrimonio cultural”.
En su artículo 2, el proyecto de ley faculta a la Dirección de Culturas y Turismo de la Gobernación a encargarse “del resguardo, seguridad y el uso protocolar del inmueble”, además la habilita para tomar las medidas necesarias para su promoción y protección.
Según Mollericona, antes de aprobar la ley buscarán consensos con las autoridades municipales. “Queremos que las tuiciones de cada entidad estén claras. El artículo 2 será tratado en la Asamblea”, aclaró.
Sin embargo, la asambleísta Claudia Bravo denunció que la bancada del MAS en la Comisión Jurídica de la Asamblea Departamental de La Paz aprobó la mencionada ley el pasado 5 de julio.
“Rechacé su aprobación por ser contradictoria a las leyes promulgadas por el municipio y además por existir una mala interpretación del artículo 86 de la Ley Marco de Autonomías”, sostiene Bravo en una nota de prensa.
Según Bravo, esta norma contradice además la Ley Municipal 019 que declara Patrimonio Arquitectónico, Urbano, Cultural e Histórico del municipio al Museo Casa de Murillo y que establece que esta casona queda bajo la administración de la Oficialía Mayor de Culturas.
Por otro lado, el artículo 86 de la Ley de Autonomías establece que tanto la Gobernación como el municipio pueden “desarrollar normativas para la declaración, protección y conservación del patrimonio cultural, histórico, documental (...) y artístico tangible e intangible a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley del Patrimonio Cultural”.
En este marco, el historiador Fernando Cajías explicó que “al no tener aún una Ley de Patrimonio, Bolivia se apega a las convenciones establecidas por la Unesco en 1972 y 2003”.
“Está bien que la Gobernación quiera declarar patrimonio a la Casa de Murillo, pero la administración debe estar a cargo de la Alcaldía en tanto la casa sea propiedad de esa institución”, agregó.
El inmueble que alberga el repositorio sobre Pedro Domingo Murillo fue expropiado en 1944 por el alcalde Juan Luis Gutiérrez Granier, “por ende, es de propiedad de la Alcaldía”, sostuvo, a su vez, la concejala Gabriela Niño de Guzmán, para quien la iniciativa de la Gobernación está “fuera de lugar”.
La Asamblea de la Paceñidad se reunió ayer para elaborar un voto resolutivo a través del cual manifestó su rechazo a la iniciativa de la Gobernación.
El Museo Casa de Murillo, ubicado en la calle Jaén de La Paz, fue declarado patrimonio por las autoridades ediles hace sólo dos semanas.
El inmueble era de propiedad de Juan Ramón de Loayza, quien alojó a Murillo durante los días previos a la revolución del 16 de julio de 1809.
Una vez bajo tuición edil, desde 1944, se convirtió en un repositorio que, entre otras “joyas”, guarda pinturas coloniales, además de una importante colección de muebles, libros y objetos pertenecientes o dedicados a Murillo.
Jharold Torrez, Coordinador Planes de Empresa IQS
Desde mi perspectiva y a causa de todo el descontrol que se está generado mediante el crecimiento inmobiliario en nuestro país, debemos ser conscientes que detrás de las cifras macroeconómicas positivas y el acelerado nivel de desarrollo, se vislumbra un problema de gran impacto que debemosanalizar en profundidad.
Actualmente nos encontramos en una pre-crisis inmobiliaria, aún no ha estallado la burbuja; pero estamos ingresando rápidamente en un colapso del sistema económico debido a la especulación, la deuda y el gasto desmedido. Por el momento la demanda de viviendas está en ascenso, los créditos a costo barato están a la orden del día, las exigencias personales de la banca se han reducido sistemáticamente debido a la confianza en el sistema económico y las tendencias alcistas. Todo esto ha dado como resultado que una gran masa de la población acceda a créditos para la compra de viviendas para uso familiar; pero, a su vez, también ha permitido que un gran volumen de personas cambien de sector laboral y abran negocios de venta de materiales, muebles, equipos y empresas de intermediación inmobiliaria y otros servicios afines como una fuente laboral que actualmente está teniendo altos beneficios económicos.
Estas oportunidades que se generan a través del boom inmobiliario, se basan en un enfoque centrado en la deuda, la cual es una vía productora de riqueza y crecimiento; pero que a corto plazo se transformará en un componente negativo y afectará de manera directa a todo el aparato productivo que permitió el efecto multiplicador de la economía. Dicho de otra manera, en Bolivia sólo y exclusivamente con la deuda hemos generado crecimiento a nivel del Producto Interno Bruto (PIB).
Mis previsiones a futuro son relativamente desalentadoras, en uno o dos años llegaremos a lo que comúnmente denominamos un pinchazo inmobiliario, pasaremos de la pre-crisis inmobiliaria a la verdadera crisis, donde se alcanzará el máximo nivel de crecimiento y el máximo nivel de precios, lo que desencadenará un efecto inflacionario que será el alfiler que pinche la burbuja afectando directamente a las tasas de interés y parando toda la locomotora que al día de hoy ha generado buena salud económica en el país.

References: artículo 1
 artículo 9
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 artículo 4
 artículo 25
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 artículo 86
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