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Timestamp: 2018-07-16 03:10:33+00:00

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Inicio Actualidad Protocolo de buenas prácticas en la suspensión de señalamientos y vistas
A pesar de las iniciativas y normativa desarrolladas a lo largo de los años para distintos sectores profesionales (como funcionarios públicos, trabajadores por cuenta ajena,…), la conciliación de la vida personal, familiar y profesional del Abogado es todavía una asignatura pendiente.
No hemos de olvidarnos que se encuentran en juego diversos derechos constitucionales que deben ser aplicados de forma proporcional; por un lado el derecho a un proceso sin dilaciones y por otro lado el derecho del menor a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar , el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de género permitiendo que la mujer pueda compatibilizar el ejercicio de su profesión con el cuidado de los menores, responsabilidad que debe ser asumida también por su pareja, el derecho a la ya citada conciliación y el derecho a la protección de la salud sin sufrir por ello un perjuicio profesional.
Como reconoce el propio Tribunal Constitucional en su sentencia de 14 de Marzo del 2011 (Recurso: 9145/2009) “la dimensión constitucional de las medidas normativas tendentes a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de las circunstancias personales (art. 14 CE), como desde la perspectiva del mandato de protección a la familia y a la infancia (art. 39 CE), debe prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa que pueda suscitarse ante la aplicación a un supuesto concreto de una disposición que afecte a la conciliación profesional y familiar”,y no hemos de olvidar que la redacción actual del artículo 188.5 de la LEC fue incluido por la LO 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, bajo cuyo espíritu debe ser interpretado y desarrollado.
Por ello los plazos que se señalan en las diversas contingencias que se puedan producir, se corresponden con los plazos más breves y aplicados de forma restrictiva con los recogidos en nuestras leyes de la seguridad social para el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos; y se corresponden con periodos en los que legalmente el abogado tiene suspendida su actividad y, a cambio, derecho a una prestación de la seguridad social; situación que se vería frustrada, por fraude, en el supuesto de que continuara. Como así reconoce el propio artículo 188.5 de la LEC : “Igualmente, serán equiparables a los supuestos anteriores y con los mismos requisitos, otras situaciones análogas previstas en otros sistemas de previsión social y por el mismo tiempo por el que se otorgue la baja y la prestación de los permisos previstos en la legislación de la Seguridad Social.”
Es nuestro deber promover por ello, y a falta de las modificaciones legislativas que –a todas luces- serían más garantistas, ante las administraciones públicas e instituciones y organismos competentes, las medidas precisas para la efectividad de los derechos y garantías reconocidos en la Ley de Igualdad a favor de sus colegiados.
Existen algunos Colegios que cuentan con esas medidas en sus respectivos partidos judiciales en forma de Acuerdos con la administración de justicia local; si bien, son pocos, y en la mayoría de los casos, esos acuerdos resultan insuficientes. Para promover y facilitar la adopción de acuerdos suficientes y homogéneos en todos los Colegios, se ha considerado oportuno desde CGAE crear un protocolo de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional en el ejercicio de la abogacía en aras a trabajar hacia la unificación nacional de criterios con los respectivos órganos de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.
Como criterio general, y en defecto de las pautas que se fijen más adelante, se aplicará el criterio de prioridad de señalamientos, a cuyo efecto se atenderá a la fecha de la resolución que los acuerde, según art. 183 y 188 LEC.
El actual protocolo será aplicable a todas las jurisdicciones.
En caso de haberse efectuado el señalamiento por resolución de la misma fecha, se suspenderá la vista señalada en el procedimiento más moderno, teniendo en cuenta para ello la fecha de la presentación del escrito inicial en el Servicio Común o Decanato correspondiente.
Las Oficinas Judiciales procurarán aplicar los presentes criterios con flexibilidad, con el fin de conseguir disminuir el número de suspensiones y, cuando hayan de producirse, minimizar los trastornos que ocasionen. En tal sentido, se dictarán las instrucciones precisas en dichas Oficinas Judiciales a fin de no provocar en los nuevos señalamientos la suspensión de los asuntos anteriormente señalados en que, por su complejidad, antigüedad o número de personas implicadas pueda entenderse que la suspensión ocasionará mayores trastornos o perjuicios al servicio público.
En cualquier caso, y sin perjuicio de la excepcionalidad de la suspensión de los actos judiciales, a la hora de aplicar los presentes criterios, las Oficinas Judiciales tendrán siempre en cuenta lo personal del encargo realizado por el encausado a favor de un abogado concreto intentando evitar las sustituciones del mismo en la medida de sus posibilidades en aras a garantizar el mejor derecho de defensa del asistido.
Por su parte el abogado, procurará solicitar la suspensión con la máxima antelación posible al día de su celebración, facilitando así su trabajo a Juzgados y Tribunales.
El art. 189 LEC supedita el señalamiento de nueva fecha para la vista suspendida a la desaparición del motivo que la ocasión por lo que al efectuar el nuevo señalamiento se tendrán en cuenta las circunstancias que se den en cada caso concreto, evitando que la persistencia de las causas puedan provocar nuevas suspensiones.
B) POR OTROS SEÑALAMIENTOS DEL ABOGADO
1) Prioridad de vistas respecto de diligencias singulares. No debe pretenderse la suspensión de una vista sobre el fondo de un asunto o cautelares, con fundamento en coincidir el señalamiento con una diligencia de instrucción en un proceso penal o con una diligencia singular en un proceso de otra clase. En estos casos, se suspenderá la diligencia singular, que se señalará para otro día o para el mismo a distinta hora, si resultase posible.
2) Prioridad de asuntos con independencia de la fecha de señalamiento. Tendrán prioridad sobre los demás asuntos, cualquiera que sea la fecha de su señalamiento, los siguientes:
∙ Los juicios orales en procesos ante el tribunal del jurado, haya o no presos en el proceso.
∙ Los juicios en procesos penales a cuyas resultas existan personas presas, incluyendo los casos de menores internados.
∙ Los juicios y vistas referidos a la adopción de medidas protectoras o cautelares referidas a menores. No se comprenden en este apartado las vistas principales de los procesos de separación, divorcio o nulidad.
La preferencia de los señalamientos se establecerá en el mismo orden en que se han enunciado los asuntos, de tal modo que los situados primero en la indicada enunciación tendrán preferencia sobre los situados después. Asimismo, dentro de cada una de las clases mencionadas, la preferencia se determinará por la prioridad en el señalamiento según la regla general.
3) Normas de procedimiento sobre las suspensiones.
Para la aplicación de lo dispuesto en las precedentes normas, se observarán los siguientes criterios:
a.- Se presentará en el proceso en el que se pida la suspensión una copia de la resolución o acuerdo de señalamiento que dé lugar a la petición de suspensión, o en el caso de juicios que no conste resolución escrita sobre la fecha de su celebración, certificación expedida por el Sr. Secretario Judicial del señalamiento que dé lugar a la petición de suspensión y la fecha en que fue acordado.
b.- Cuando se solicite la suspensión por haberse señalado vistas o comparecencias en los casos mencionados en el apartado 3, la petición de suspensión deberá acompañarse de una copia en la que conste la fecha de la notificación del señalamiento en el proceso que se invoque como preferente a efectos de constatar el cumplimiento del plazo de tres días a que se refiere el art. 188.1º.6º de la LEC.
c.- La copia del otro señalamiento que deberá presentarse para solicitar la suspensión indicará la identidad del abogado. No obstante, la suspensión se acordará sin ese requisito si la parte que la pide asegura que el abogado que ha de intervenir en los dos actos es el mismo pero el órgano judicial podrá ordenar que se acredite dicha circunstancia a posteriori mediante aportación de certificación o copia del acta correspondiente.
d.- Por regla general cuando exista coincidencia en la fecha de dos o más señalamientos, se procederá a la suspensión en atención a la diferencia de las horas de los señalamientos si fuese notorio que el abogado no podrá asistir a ambos actos, teniendo en cuenta igualmente la posible distancia existente entre ambos órganos judiciales. En caso de duda se procederá siempre a la suspensión, en orden a evitar todo riesgo de indefensión.
e.-En los casos en que se solicite el dictado de resolución acordando la suspensión de señalamiento, el letrado que así lo interese facilitará a la Oficina Judicial número de teléfono móvil propio y el del resto de los sujetos procesales citados, como testigos, peritos y demás intervinientes en tanto que pueda disponer de los mismos, al efecto de que la Oficina Judicial pueda informar a los mismos de la suspensión que se acuerde, en su caso, mediante la remisión de un SMS desde el Punto Neutro Judicial, incorporándose el reporte del mismo al sistema Minerva.
4) Precauciones a adoptar para evitar suspensiones.
a.- Cuando el señalamiento se efectúe en un acto al que asistan los abogados de las partes, estos deberán llevar consigo su agenda, incluyendo, en su caso, el calendario de guardias de asistencia a detenidos, de tal modo que el señalamiento sólo se haga para fecha en que les resulte posible asistir a todos los abogados de las partes. Lo mismo se hará en la comparecencia prevista en el art. 798 de la LECrim.
b.- Fuera de los supuestos previstos en el párrafo anterior, en los casos en que se haya producido antes una suspensión, la Oficina Judicial, a fin de evitar una ulterior suspensión, procurará contar con el acuerdo de los abogados para efectuar el nuevo señalamiento conforme a la Agenda Programada de señalamientos y las instrucciones dictadas por el Juez o Tribunal, realizando al efecto, de la manera informal, las gestiones correspondientes con los letrados.
c.- La asignación de un servicio de guardia a un abogado se considerará, a los efectos de aplicar las presentes normas, como un señalamiento. En consecuencia, un servicio de guardia asignado a un abogado deberá motivar que no señalen actos procesales para el período de guardia, o que se suspendan los actos procesales que se señalen después de haberse asignado el servicio de guardia al letrado y, del mismo modo, cuando se asigne un servicio de guardia después de que al abogado se le haya señalado una vista, ésta no se suspenderá, debiendo el abogado comunicarlo a su Colegio para que, en su caso, se modifique el día de la guardia. A estos efectos, la asignación de la guardia se entenderá hecha en la fecha de la carta o correo electrónico en que el Colegio informe al abogado de la asignación del servicio. El servicio de guardia impedirá que se señalen asuntos al abogado durante la duración de la misma y, además, durante los tres días hábiles siguientes a su terminación.
C) POR SITUACIONES PERSONALES DEL ABOGADO: Embarazos y partos y otras circunstancias personales del abogado
Procederá la suspensión de las vistas y demás actuaciones procedimentales donde sea necesaria o conveniente la presencia de Letrado, incluida la presentación de escritos, en los siguientes casos:
a) Como regla general, el parto dará lugar a la suspensión de los actos en que debe intervenir la letrada afectada durante 16 semanas, 6 de las cuales deben producirse, obligatoriamente, tras el parto, pudiendo las otras 10 distribuirse libremente por la mujer o por su pareja (si ésta es también abogad@). La fecha de parto se justificará mediante cualquier documento apto para acreditar tanto el extremo del nacimiento como la identidad de la madre. La pareja tendrá siempre y en todo caso derecho a 13 días tras el parto. Los mismos plazos suspensivos serán de aplicación para el progenitor no gestante desde la fecha real del parto.
En los casos de embarazo donde orientativamente ya se conozca la fecha de parto, la abogada podrá solicitar la suspensión de todos aquéllos actos procesales que se señalen dentro de los diez días anteriores y sesenta días posteriores a dicha fecha. Esta fecha orientativa de alumbramiento se justificará sin perjuicio de la fecha real del parto y las consecuencias inherentes a ello conforme al apartado anterior.
El nuevo señalamiento se hará conforme a las posibilidades de la Agenda Programada de señalamientos y las instrucciones de Jueces y Tribunales, para una vez que hayan transcurrida la baja por maternidad/paternidad y un prudente y razonable período de tiempo adicional para el estudio o reestudio del asunto.
b) En caso de embarazo de riesgo, cuando se prescriba por el competente facultativo reposo absoluto por riesgo de aborto o peligro para la vida de la madre o del hijo, podrá solicitarse igualmente suspensión durante el tiempo que dure dicha situación. En este supuesto, el plazo se computará desde la fecha en que sea emitido el justificante médico que así lo acredite. El citado justificante deberá ser emitido por médico especialista y deberá analizar la posibilidad o imposibilidad del gestante de realizar las actividades propias de la abogacía.
c) En caso de adopción, podrá solicitarse la suspensión de los actos judiciales durante el período de 16 semanas ininterrumpidas.
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, podrá iniciarse el periodo de suspensión hasta 4 semanas antes de la resolución por la que se constituya la adopción.
d) También provocará idéntica suspensión la situación de baja por enfermedad o accidente que requiera hospitalización mientras dure ésta y en caso de no haber hospitalización conforme a los plazos recogidos en nuestro sistema de seguridad social.
e) Finalmente, en caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad del abogado que solicite la suspensión, se podrá solicitar la suspensión de los actos judiciales durante cinco días naturales desde el referido fallecimiento; del mismo modo, en caso de enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, sufrida por el cónyuge, pareja de hecho o por parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad del abogado que solicite la suspensión, durante un máximo de diez días naturales.
En los supuestos de que tuviera que desplazarse a más de 100 Kms. de su domicilio los citados plazos serán ampliados en dos días.
f) Si se trata de un proceso penal con preso no se suspenderá el señalamiento, debiendo velar los Colegios Profesionales a fin de que pueda proveerse la designación de Letrado en tales supuestos para evitar causar indefensión a la parte. Si la suspensión se solicita por haberse producido o iniciado el parto de manera repentina, o sin tiempo suficiente como para que otro letrado se haga cargo del asunto, se suspenderá el señalamiento por el tiempo mínimo imprescindible.
g) La acreditación de las anteriores circunstancias o de cualquier situación de enfermedad de Letrado, se realizará mediante la aportación de copia adjunta al escrito interesando la suspensión de vista, bien de parte médico que justifique la situación de fallecimiento, enfermedad, embarazo o parto que quedará unido a las actuaciones y a disposición de las partes o bien de certificación expedida por el Colegio de Abogados al que pertenezca el Letrado solicitante de haber sido aportada dicha documentación a su expediente colegial y haber sido examinada y valorada a tales efectos.
D) COMPROMISO DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS
El presente protocolo supondrá que los Colegios de Abogados confeccionen un listado de abogados sustitutos para los casos en que las suspensiones no sean posibles atendidas las características del procedimiento (presos, menores, etc.) o el mayor perjuicio de la suspensión que de la sustitución.
La designación de otro compañero para la sustitución será siempre temporal y para el acto concreto y previo estudio de la necesidad efectiva de la sustitución. Asimismo, se estudiará por los Colegios la posibilidad de remuneración económica de la sustitución en caso de que una de las partes goce del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
La suspensión de un acto judicial tendrá carácter excepcional si bien considerando que el encargo que hace el cliente al letrado es personalísimo y su sustitución puede afectar a su derecho de defensa.
1) Se suspenderá la vista señalada en el procedimiento más moderno, si bien prevalecerán las vistas frente a señalamientos singulares. La asignación de un servicio de guardia se considerará como un señalamiento, entendiéndolo como notificado el día de la carta o email donde se informe al letrado de la asignación.
2) Tendrán prioridad siempre los juicios orales en procesos ante el tribunal del jurado, los juicios en procesos penales a cuyas resultas existan personas presas, y los juicios y vistas referidos a la adopción de medidas protectoras o cautelares referidas a menores.
3) El letrado habrá de justificar mediante documento donde conste el nombre del abogado imposibilitado, y con la máxima antelación, la coincidencia de señalamientos. El Secretario judicial por su parte, para acordar la suspensión, tendrá en cuenta tanto la diferencia de horas como la distancia entre los órganos judiciales. La notificación de la resolución de suspensión, a instancia del letrado, le podrá ser advertida mediante envío de SMS desde el Punto Neutro Judicial, incorporándose el reporte del mismo al sistema Minerva.
4) Para evitar suspensiones, los abogados deberán acudir a los señalamientos con su agenda. Si ya se hubiese acordado antes una suspensión, la oficina judicial procurará contar con el acuerdo de los abogados para un nuevo señalamiento.
5) En cuanto a la suspensión por situaciones personales del abogado. podrá solicitarse durante los siguientes períodos salvo en los procesos penales con preso:
a) Parto: 16 semanas, 6 de las cuales deben producirse, obligatoriamente, tras el parto, pudiendo las otras 10 distribuirse libremente por la mujer o por su pareja (si ésta es también abogad@). La pareja tendrá siempre y en todo caso derecho a 13 días tras el parto.
b) Embarazo de riesgo: suspensión durante el tiempo que dure dicha situación empezándose a computar desde la fecha en que sea emitido el justificante médico que así lo acredite.
c) Adopción: 16 semanas ininterrumpidas. Adopción internacional: cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, hasta 4 semanas antes de la resolución por la que se constituya la adopción.
d) Baja por enfermedad o accidente que requiera hospitalización: mientras dure ésta y en caso de no haber hospitalización conforme a los plazos recogidos en nuestro sistema de seguridad social.
e) Fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad del abogado: 5 días naturales desde el referido fallecimiento. Enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de los anteriores: un máximo de 10 días naturales, o 12 si tuviera que desplazarse más de 100 km.
6) Los Colegios se comprometerán a confeccionar un listado de abogados sustitutos para los casos en que las suspensiones no sean posibles, siendo la designación del compañero temporal y para el acto en concreto.
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