Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as2015201111.html
Timestamp: 2019-03-20 07:22:40+00:00

Document:
as2015201111
Auto Supremo: 1111/2015
Expediente: T-10-15-S
Partes: Víctor Antonio Castro Rocha y Maria del Pilar Orozco Orosco c/
Yolanda, Nora, Natividad, Martha Lucio, Ivar y Eybert Orosco
Proceso: Adición o Inclusión de Número de Matricula
VISTOS: El recurso de casación de Fs. 422 a 426 y vta., interpuesto por Eybert Orosco Villarrubia, impugnando el Auto de Vista Nº 122, de fecha 03 de diciembre de 2014, pronunciado por la Sala Civil, Comercial Familia Niñez y adolescencia y Violencia intra Familiar o Domestica y Publica Segunda del Tribunal Departamental de Tarija, dentro del proceso de determinación de superficie y Adición Nombre seguido a instancia de Víctor Antonio Castro Rocha y Maria del Pilar Orozco Orosco, la concesión del recurso de fs. 439, los antecedentes del proceso y:
Que el proceso el Juez de Partido Primero en lo Civil del Departamento de Tarija, dictó Sentencia de fs. 301 a 309 y vta., de fecha 28 de diciembre de 2012, por la cual declaró probada la demanda de fs. 26-27 y aclarada a fs. 30-31, interpuesta por Víctor Antonio Castro Rocha y María del Pilar Orozco Orosco e improbadas las excepciones de prescripción y falta de acción y derecho y la demanda reconvencional interpuesta por Eyberth Orosco Villarrubia a fs. 69-78, sin costas por ser juicio doble y como consecuencia de ello dispone:1.- Que en el Titulo de los actores como en el registro correspondiente a las matriculas 6.01.1.0006046 y 6.01.1.01.0005975, se proceda a la adición del número de matrícula y segundo nombre del vendedor faltante debiendo quedar estos como matricula No. 6.01.1.0006046 e Ivar Marcelino Orosco Villarrubia. 2.- Que en la matricula 6.01.1.01.0006046 se proceda mediante subscripción a la inclusión del dato de la superficie del inmueble inscrito, debiendo quedar esta como 240 mts.2. 3.- en ejecución de Sentencia por Secretaria expida ejecutorial de las principales piezas del proceso encomendando su cumplimiento a las oficinas de Derechos Reales.
Contra la referida Sentencia Eyberth Orosco Villarrubia, interpuso recurso de apelación de fs. 346 a 351 y vta., mismo que fue resuelto por Auto de Vista Nº 122, de fecha 03 de diciembre de 2014, cursante de fs. 402 a 405, por el cual el Tribunal de Apelación confirmo la Sentencia en todas sus partes con costas.
Contra esta Resolución de Alzada Eybert Orosco Villarrubia interpuso recurso de casación de fs. 422 a 426 y vta., el cual debidamente sustanciado fue concedido y se analiza:
1.-Acusa errónea interpretación del art. 636 del Código Civil, ya que, el Tribunal de Segunda instancia al referir que el no pagar precio de venta no es causa de nulidad, realzando una incorrecta aplicación del art. 548 del CC, que establece expresamente que la nulidad, que se demanda es porque sus derechos nunca terminaron de pagarse por los vendedores.
2.-Asimismo refiere que al no haber iniciado ningún proceso para cancelar el saldo que se le debía la acción ha prescrito.
3.-Refiere que se aplicó erróneamente las leyes al no valor de manera concreta las pruebas documentales y testificales ofrecidas por su persona, ya que, de las prueba testifical se evidencia el pago incumplido por los Sres. Víctor Antonio castro Rocha y maría del Pilar Orozco Orosco.
4.-Refiere que no se valoró la prueba documental de fs. 68 carta notariada dirigida a Víctor Antonio Castro para que le pague un saldo de 800 dólares, documentos que no fueron valoradas ni se pronunció sobre su eficacia probatoria.
5.-Expresa que el Auto de Vista valoro prueba introducida de manera ilegal, la de fs. 1 a 26, 27, 36 a 37, de fs. 127 a 128 y 137 y vta., dicha prueba los demandante no las ratifican ni indican que prueba corresponde a cada punto de hecho a probar, y al confirmar la Sentencia se vulneró el art. 253 del C.P.C., ya que, se omitió establecer que prueba demostraría cada punto de hecho a probar se está vulnerando su derecho a la defensa.
6.-Señalar vulneración del art. 379 del C.P.C., en la falta de inclusión de los medios de prueba lo cual determina un incumplimiento del art. 90 del C.P.C.
FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN :
Como primer agravio, acusa que el Tribunal de segunda instancia hubiese vulnerado el art. 636 del C.C., al señalar que la falta de pago del precio de la venta no es causal de nulidad, lo que también implica la errónea aplicación del art. 548 mismo Compilado Civil.
Partiendo de los fundamentos expuestos por la parte recurrente o reconvencionista se establece que el hecho en el que funda su demanda de nulidad del contrato de compra y venta es la falta de pago total del precio acordado por la venta del bien objeto de Litis, siendo así, resulta evidente que los Tribunales de instancia al haber declarado improbada la demanda de nulidad por la causal prevista en el art. 549 num. 3) del Código Civil, han interpretado y aplicado correctamente las normas que rigen la materia, debido a que, el contrato de compraventa es un contrato consensual que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes respecto a la cosa que se transfiere y al precio que se paga por ella, aun cuando el precio no fue pagado y la cosa no hubiera sido entregada.
Ahondando sobre el tema, es menester señalar que la entrega de la cosa vendida y el pago del precio en el término y lugar acordados, constituyen las principales obligaciones del vendedor y comprador, respectivamente, pero el incumplimiento de esas obligaciones de ninguna manera constituye causal de nulidad del contrato, y en todo caso ese incumplimiento constituye motivo de resolución del contrato, en efecto si el comprador no paga el precio el vendedor puede pedir la resolución de la venta y el resarcimiento del daño, conforme determina expresamente el art. 639 del Código Civil, criterio que ya ha sido delineado en varios Autos Supremos.
Lo expuesto nos permite concluir que si el sustento para la nulidad demandada radica en el supuesto incumplimiento del comprador respecto al pago del precio acordado por la venta, resulta evidente que el demandante reconvencionista confundió los alcances de la nulidad del contrato al pretender aplicar ese instituto a un hecho que de ninguna manera configura causal de nulidad, sino más bien de resolución de contrato.
Corresponde precisar que la nulidad o invalidez es entendida como la sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico (contrato), en virtud de una falla en su estructura simultánea con su formación.
De lo manifestado se puede establecer que la nulidad se origina en una causa existente en el momento mismo de la celebración del acto jurídico y no por un motivo sobreviniente, esta característica es esencial para diferenciar precisamente la nulidad o invalidez del acto jurídico con la figura de resolución o ineficacia del contrato, ya que, el incumplimiento de las obligaciones o prestaciones no configura de ninguna manera una causa de nulidad que afecte a la estructura del acto, como erradamente lo entendió el reconvencionista, toda vez que el incumplimiento de la obligación debida es siempre sobreviniente y no simultánea a la celebración del acto, deviniendo en infundado lo acusado.
En cuanto a que la acción hubiese prescrito, dicho agravio en si no es claro ni preciso, en vista de que no se entiende si esta alusión de la prescripción es sobre la obligación principal de pago que no es motivo de Litis, o sobre la prescripción de la acción incoada por el recurrente, en tal caso el tema a debatir era la caducidad y no la prescripción como erradamente señala, empero, al no ser claro este agravio este Tribunal se ve imposibilitado de profundizar sobre el mismo.
Sobre su tercer agravio, consistente en una errónea valoración de la prueba documental y testifical que demostrarían que no se pagó el saldo, corresponde ratificarnos en la respuesta dada en el primer punto de la presente Resolución.
De los agravios quinto y sexto, se advierte que los mismos son de forma, en vista de que tienen por finalidad anular obrados, por lo cual los mismos debieron ser reclamados vía recurso de casación en la forma y no en el fondo, como erradamente se impugno, lo cual imposibilita que este Tribunal se pronuncie sobre los mismos.
Por todo los fundamentos relacionados corresponde declarar infundado el recurso en cuestión, por lo que, se emite Resolución en la manera determinada en el art. 271 num. 2) con relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010; y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del mismo compilado legal declara INFUNDADO, el recurso de casación de fs. 422 a 426 y vta., interpuesto por Eybert Orosco Villarrubia, contra el Auto de Vista Nº 122, de fecha 03 de diciembre de 2014, pronunciado por la Sala Civil, Comercial Familia Niñez y adolescencia Y Violencia intra Familiar o Domestica y Publica Segunda del Tribunal Departamental de Tarija. Con costas.
Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.

References: Resolución 
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