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Timestamp: 2020-01-20 07:45:52+00:00

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Ley 8/1995, de 30 de marzo, por la que se atribuyen competencias a los Consejos Insulares en materia de actividades clasificadas y parques acuáticos, y se regula el procedimiento de tramitación de expedientes y el régimen de infracciones y sanciones. TITULO PRIMERO. De las competencias en materia de actividades clasificadas y parques acuáticos (Vigente hasta el 01 de Enero de 2000).
Ley 8/1995, de 30 de marzo, por la que se atribuyen competencias a los Consejos Insulares en materia de actividades clasificadas y parques acuáticos, y se regula el procedimiento de tramitación de expedientes y el régimen de infracciones y sanciones (Vigente hasta el 01 de Enero de 2000).
Vigencia desde 01 de Enero de 1996. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 1999 hasta 01 de Enero de 2000
De las competencias en materia de actividades clasificadas y parques acuáticos
Se atribuyen a los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Ibiza y Formentera, en su ámbito territorial, y con carácter de propias, todas las competencias ejecutivas y de gestión asumidas por el Gobierno de la Comunidad Autónoma, en relación con las dos materias que se indican, de conformidad con lo que establecen los artículos 39, apartado 25 y último párrafo, del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, y 12.3 de la Ley 5/1989, de 13 de abril, de consejos insulares.
Los consejos insulares asumen todas las competencias que habían sido asumidas por el Gobierno de la Comunidad Autónoma en materia de actividades clasificadas y, en particular, la emisión de informes y calificaciones previas al otorgamiento de la licencia municipal de instalación y las actuaciones administrativas relacionadas con la resolución de la licencia municipal de apertura y funcionamiento, los informes de ordenanzas y reglamentos municipales y, supletoriamente, la facultad inspectora y sancionadora, relativos a todas las actividades clasificadas, excepto las potestades genéricas y específicas determinadas en los artículos 5 y 6 de la presente ley.
Los consejos insulares asumen todas las competencias que habían sido asumidas por el Gobierno de la Comunidad Autónoma en materia de parques acuáticos y, en particular, las funciones de calificación previa al otorgamiento de la licencia municipal de instalación y de comprobación de las revisiones anuales que se establecen en el Decreto de la Comunidad Autónoma 91/1988, de 15 de diciembre, mediante el cual se aprueba la reglamentación de parques acuáticos, excepto las potestades genéricas determinadas en el artículo 5 de la presente ley.
Para la ejecución de las competencias atribuidas por la presente ley, los consejos insulares podrán crear comisiones insulares de actividades clasificadas, en su ámbito territorial, de las que establecerán la organización, la composición y el funcionamiento, y asumirán su tramitación y la ejecución de sus acuerdos.
En las dos materias objeto de atribución por la presente ley el Gobierno de la Comunidad Autónoma se reserva las potestades, los servicios, las funciones y las actuaciones genéricas siguientes:
El Gobierno de la Comunidad Autónoma se reserva en materia de actividades clasificadas, las calificaciones previas al otorgamiento de la licencia municipal de instalación y todas las actuaciones administrativas relacionadas con la resolución de licencias municipales de apertura y funcionamiento de las siguientes actividades:
1. En el ejercicio de las competencias atribuidas por esta ley, los consejos insulares ajustarán su funcionamiento al régimen establecido en la misma, como también en la Ley 5/1989, de 13 de abril, de consejos insulares, en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y en la legislación emanada del Parlamento de las Islas Baleares que resulte de aplicación o, subsidiariamente, en la legislación estatal.
3. Los actos y acuerdos de las comisiones insulares de actividades clasificadas, así como los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento u ocasionen indefensión, no agotarán la vía administrativa y podrán ser susceptibles de recurso ordinario ante el pleno del consejo insular que corresponda.
Número 3 del artículo 7.º derogado por Ley [BALEARES] 8/2000, 27 octubre, de Consejos Insulares («B.O.I.B.» 2 noviembre).
A pesar de la atribución de competencias en favor de los consejos insulares, corresponde al Gobierno de la Comunidad Autónoma el ejercicio de la potestad reglamentaria normativa sobre las competencias atribuidas a los consejos insulares por esta ley, con sujeción a las limitaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 46 del Estatuto de Autonomía.
Sin perjuicio de la coordinación general a que hace referencia el capítulo VI de la Ley 5/1989, de 13 de abril, de consejos insulares, el Gobierno de la Comunidad Autónoma y los consejos insulares podrán acordar los mecanismos adecuados de coordinación e información mutua en las dos materias objeto de esta atribución.
1. El coste efectivo anual de la atribución de las competencias a las que se refiere la presente ley, asciende a 52.314.486 pesetas para el año 1996.
1. Se traspasa al Consejo Insular de Mallorca el siguiente personal:
1. Bienes inmuebles.-
La atribución de las dos competencias que efectúa la presente ley no da lugar a ningún traspaso de bienes inmuebles.
1. Los consejos insulares deberán remitir a la Administración de la Comunidad Autónoma y a la Administración General del Estado, en el plazo de seis días posteriores a su adopción, copia o, en su caso, extracto de las actas y acuerdos de todos los órganos de la corporación insular.
Número 1 del artículo 13 derogado por Ley [BALEARES] 8/2000, 27 octubre, de Consejos Insulares («B.O.I.B.» 2 noviembre).

References: resolución 
 artículo 5
 resolución 
 artículo 7
 artículo 46
 artículo 13