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Timestamp: 2018-08-21 16:08:25+00:00

Document:
Incorporar como Norma Técnica Obligatoria Resolución 311/05 de la F.A.C.P.C.E. “Lavado de Dinero” | Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Negro
Resolución Número: 233	Derogada
Incorporar como Norma Técnica Obligatoria Resolución 311/05 de la F.A.C.P.C.E. “Lavado de Dinero”
La aprobación de la Resolución Nº 311/05 referida a Normas sobre la Actuación del Contador Público como Auditor Externo y Síndico Societario en relación con el Lavado de Activos de Origen Delictivo y su modificatoria la 325/05, por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; y;
Que el Honorable Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 25.246 “Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo”;
Que la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) por Resolución Nº 03/2004 reglamentó el art. 21, incs. a) y b) de la Ley Nº 25.246. “Operaciones sospechosas, modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportarlas. Profesionales matriculados cuyas actividades están reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas”, la “Guía de transacciones inusuales o sospechosas” y el “Reporte de operación sospechosa”;
Que el artículo 20, inciso 17) de la Ley, dispone que los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma, en los términos del artículo 21 de la Ley;
Que la Res. Nº 3/2004 de la UIF, en el Anexo I apartado II (Profesionales alcanzados) establece que los profesionales independientes que en forma individual o actuando bajo la forma de asociaciones profesionales según lo establecido en los artículos 5 y 6 dela Ley Nº 20488 realicen las actividades a que hace referencia el Capítulo III, Acápite B, Punto 2 (Auditoría de estados contables) y Capítulo IV, Acápite B (Sindicatura societaria), de las Resoluciones Técnicas 7 y 15, respectivamente de la FACPCE, deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la ley, y que la UIF establecerá a través de pautas objetivas las modalidades, oportunidades y límites al cumplimiento de la obligación de informar para cada categoría de obligado y tipo de actividad;
Que las obligaciones establecidas en el Art. 21 de la Ley deberán ser cumplidas por los profesionales indicados precedentemente: a) cuando se brinden tales servicios profesionales a las personas físicas o jurídicas incluidas en el artículo 20 de la Ley, en todos los casos, y b) cuando se brinden tales servicios profesionales a las personas físicas o jurídicas no incluidas en el artículo 20 de la Ley en la medida que: i) posean un activo superior a pesos tres millones ($ 3.000.000); o ii) hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de un año, de acuerdo a información proveniente de los estados contables auditados;
Que debido a la naturaleza y forma de prestación de los servicios de auditoria y sindicatura societaria propio de los Contadores Públicos y las pautas establecidas en la Resolución 3/04 en cuanto a la oportunidad y límites del cumplimiento de la obligación de informar las operaciones inusuales o sospechosas, resultó necesario fijar un marco profesional a fin de que los contadores públicos puedan desarrollar sus tareas dentro del marco natural del ejercicio profesional y definirse sus responsabilidades dentro del mismo marco; propósito que se materializó con la emisión por parte de la FACPCE de la resolución señalada en el visto de la presente;
Que la fijación de un marco profesional permitirá proporcionar a la matrícula de contadores públicos herramientas útiles para el mejor desarrollo de la labor que con carácter de carga pública debe encarar en virtud a lo dispuesto por la ley y las demás normas legales antes citadas;
Que la emisión de una norma profesional con relación al lavado de activos de origen delictivo no obsta a continuar con las acciones que la Federación y los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de todo el país han iniciado, o las que consideren convenientes en el futuro, tendientes a lograr el perfeccionamiento de los servicios profesionales y de las normas legales y reglamentarias para la mayor satisfacción del interés público dentro de un marco legal que contemple los principios básicos que regulan el desarrollo de las tareas de auditoria externa y sindicatura societaria;
Que mediante el Acta Acuerdo firmada por todos los Consejos Profesionales en Catamarca el 27 de setiembre de 2002, se comprometieron a sancionar sin modificaciones las normas técnicas profesionales aprobadas por la Junta de Gobierno de la FAPCE;
Que en el amplio intercambio de opiniones, sobre la temática contenida en la Resolución, surgió la necesidad de una mayor precisión en los procedimientos de revisión de las denominadas transacciones sospechosas, con un enfoque hacia el profesional independiente que atiende a pequeñas y medianas empresas;
Que encontrándose vigente la Resolución 3/04 desde el 22 de junio de 2004 y siendo aplicable la misma a las tareas de auditoria y sindicatura societaria, resulta apropiado permitir la aplicación anticipada de esta norma profesional para los ejercicios iniciados a partir de dicha fecha, aunque la vigencia de la norma para la Jurisdicción de Río Negro, sea para los ejercicios iniciados a partir del 01 de Diciembre de 2005, lo cual permitirá además que los profesionales puedan tener una adecuada planificación e implementación de la misma, y;
Que conforme lo establecido por la Ley 25.246 los profesionales obligados a informar deben abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que están llevando a cabo en cumplimiento de la ley;
Que a fin de evitar incertidumbres en las conductas a seguir por los profesionales y este Consejo, se estima conveniente exceptuar de la obligación de autenticar la firma del profesional, respecto del Informe Especial sobre el Reporte de Operaciones Inusuales o Sospechosas a la Unidad de Información Financiera (Res. FACPCE 311/05. Anexo C. II), debiéndose omitir el requisito de validez a que se refiere el artículo 60 del Dto.Ley 199/66 de la Provincia de Río Negro.
Que en la reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas realizada el 1 de Abril de 2005, en la que se analizó y aprobó la Resolución referida, este Consejo votó favorablemente;
Que por lo expuesto anteriormente, se considera conveniente su aprobación en nuestra jurisdicción;
ARTÍCULO 1º) Incorporar como norma técnica obligatoria la Resolución Nº 311/05 emitida por la Federación Argentina de Consejos de Ciencias Económicas referida a “Normas sobre la Actuación del Contador Público como Auditor Externo y Síndico Societario en relación con el Lavado de Activos de Origen Delictivo”, modificada por la Res. Nº 325/05.
ARTÍCULO 2º) Exceptuar de la obligación de autenticar la firma del profesional por parte del Consejo Profesional, a los Informes Especiales sobre el Reporte de Operaciones Inusuales o Sospechosas a la Unidad de Información Financiera (Res. FACPCE 311/05. Anexo C. II)..
ARTÍCULO 3º) Disponer que las normas de la Resolución Nº 311/05 tendrán vigencia para los ejercicios iniciados a partir del 1 de diciembre de 2005, permitiendo su aplicación anticipada desde el 22 de Junio de 2004.
ARTÍCULO 4 º) Comuníquese, regístrese y publíquese en la Web del Consejo y en el Boletín Oficial.
RESOLUCION DE LA JUNTA DE GOBIERNO N° 311-05
1. La sanción, por parte del H. Congreso de la Nación de la Ley N° 25.246 “Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo”
2. La Resolución N° 03/2004 de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), que reglamenta el art. 21, incs. a) y b), de la Ley N° 25.246. “Operaciones sospechosas, modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportarlas. Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas”, la “Guía de transacciones inusuales o sospechosas” y el “Reporte de operación sospechosa”.
3. El Proyecto de Resolución sobre “Normas sobre la actuación del contador público como auditor externo y síndico societario en relación con el lavado de activos de origen delictivo” elevado por la comisión especial creada por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.) para analizar los efectos de las normas legales y reglamentarias en materia de lavado de activos de origen delictivo sobre la actuación de los matriculados que prestan servicios profesionales como auditores externos y síndicos societarios, y establecer el marco técnico-profesional adecuado a las circunstancias propias de esos servicios.
a) Que se han cumplido los pasos previstos en el artículo 28 del Reglamento del Centro de Estudios Científicos y Técnicos (CECyT);
b) que la Ley Federal N° 20.488 dispone la creación de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas en todas las provincias y en la Capital Federal (ahora Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y fija sus atribuciones legales incluyendo la potestad reglamentaria de ordenar el ejercicio profesional en Ciencias Económicas;
c) que se encuentran en vigencia las disposiciones establecidas por la Ley 25.246 (en adelante “la ley”), sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo; cuya aplicación alcanza a los servicios profesionales mencionados en el Visto;
d) que la resolución conjunta de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas, emitida el 15 de marzo de 2004 denominada “Funciones y responsabilidades del contador público” define las diferentes funciones que puede asumir un Contador Público en el ejercicio profesional y aclara las responsabilidades emergentes de su accionar;
e) que el Informe Técnico del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal elaborado por la “Comisión Especial Ad Hoc” (Resolución CPCECF MD N° 36/99) constituida para el análisis del tema vinculado con la Ley sobre Prevención y Control del Lavado de Dinero, estableció ciertas pautas de actuación para los profesionales en ciencias económicas con el objeto de lograr un adecuado marco que, al tiempo de definir los mejores servicios dentro de las posibilidades de la práctica profesional, evitara que les alcanzaran responsabilidades de tipo penal, civil y comercial debido a imprecisiones sobre el alcance de su tarea en esta materia, y en última instancia, y en la mejor medida, contribuya a prevenir y detectar posibles maniobras delictivas, dificultando el accionar de la delincuencia organizada;
f) que el artículo 20, inciso 17) de la ley, dispone que los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma, en los términos del artículo 21 de la ley;
g) que el artículo 21 de la ley dispone que la UIF establecerá a través de pautas objetivas las modalidades, oportunidades y límites al cumplimiento de la obligación de informar para cada categoría de obligado y tipo de actividad;
h) que la UIF mediante la emisión de su Resolución N° 3/04 (en adelante “R 3/04”) estableció para “los profesionales matriculados y asociaciones profesionales de los mismos, cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas” la obligatoriedad de observar las disposiciones de la Resolución antes citada;
i) que la R 3/04, en el apartado II (Profesionales alcanzados) establece que los profesionales independientes que en forma individual o actuando bajo la forma de asociaciones profesionales según lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley N° 20.488, realicen las actividades a que hace referencia el Capítulo III, Acápite B, Punto 2 (Auditoría de estados contables) y Capítulo IV, Acápite B (Sindicatura societaria), de las Resoluciones Técnicas 7 y 15, respectivamente, de la FACPCE, deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la ley;
j) que las obligaciones establecidas en el Art. 21 de la ley deberán ser cumplidas por los profesionales indicados precedentemente: a) cuando se brinden tales servicios profesionales a las personas físicas o jurídicas incluidas en el artículo 20 de la ley, en todos los casos, y b) cuando se brinden tales servicios profesionales a las personas físicas o jurídicas no incluidas en el artículo 20 de la ley en la medida que: i) posean un activo superior a pesos tres millones ($ 3.000.000); o ii) hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de un año, de acuerdo a información proveniente de los estados contables auditados;
k) que debido a la naturaleza y forma de prestación de los servicios de auditoría y sindicatura societaria propio de los Contadores Públicos y las pautas establecidas en la R 3/04 en cuanto a la oportunidad y límites del cumplimiento de la obligación de informar las operaciones inusuales o sospechosas, resulta necesario fijar un marco profesional a fin de que los contadores públicos puedan desarrollar sus tareas dentro del marco natural del ejercicio profesional y definirse sus responsabilidades dentro del mismo marco;
l) que la fijación de un marco profesional permitirá proporcionar a la matrícula de contadores públicos herramientas útiles para el mejor desarrollo de la labor que con carácter de carga pública debe encarar en virtud a lo dispuesto por la ley y las demás normas legales antes citadas;
m) que esta Federación y los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de todo el país han estado permanentemente interesados desde la sanción de la ley en el desarrollo de ideas tendientes a mejorar el cuerpo legal en la materia, que contribuya en la prevención del lavado de activos de origen delictivo, por lo que se considera que la presente norma profesional constituye un avance significativo en ese sentido;
n) que la emisión de una norma profesional con relación al lavado de activos de origen delictivo no obsta a continuar con las acciones que esta Federación y los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de todo el país han iniciado, o las que consideren convenientes en el futuro, tendientes a lograr el perfeccionamiento de los servicios profesionales y de las normas legales y reglamentarias para la mayor satisfacción del interés público dentro de un marco legal que contemple los principios básicos que regulan el desarrollo de las tareas de auditoría externa y sindicatura societaria, y
o) que encontrándose vigente la R 3/04 desde el 22 de junio de 2004, y siendo aplicable la misma a las tareas de auditoría y sindicatura societaria, resulta apropiado fijar la vigencia de esta norma profesional para los ejercicios iniciados a partir de dicha fecha, lo cual permitirá además que los profesionales puedan tener una adecuada planificación e implementación de la misma.
Artículo 1° – Aprobar las Normas sobre la actuación del contador público como auditor externo y síndico societario en relación con el lavado de activos de origen delictivo sujeto a la Ley N° 25.246 que integran la segunda parte de esta resolución
Artículo 2° – Recomendar a los Consejos Profesionales adheridos a esta Federación que dispongan su aplicación obligatoria en sus respectivas jurisdicciones para los ejercicios iniciados a partir del 22 de junio de 2004.
Artículo 3° – Invitar al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la adopción de esta resolución en su jurisdicción, para contribuir con el proceso de obtención de un juego de normas profesionales únicas en el país.
Artículo 4° – Registrar esta Resolución en el libro de resoluciones, publicarla en el Boletín Oficial de la República Argentina y comunicarla a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas del país y a los organismos nacionales e internacionales pertinentes.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de abril de 2005.
1.1. La Ley N° 25.246 (en adelante: “la ley”) sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y la Resolución 3/04 de la UIF (en adelante: R 3/04), que reglamenta dicha norma legal en cuanto a la actuación de los profesionales en ciencias económicas, establecen determinadas obligaciones que éstos deben cumplir cuando se desempeñen como auditores externos y síndicos societarios.
1.2. En consecuencia, teniendo en cuenta las pautas establecidas por la R 3/04, el propósito de la presente resolución es fijar un marco profesional que contemple los procedimientos a seguir para dar cumplimiento a las obligaciones mencionadas por parte de los profesionales alcanzados y, consecuentemente, que éstos puedan desarrollar sus tareas y definirse sus responsabilidades dentro del mismo marco.
1.3. En este sentido, en la presente resolución se incluye un primer análisis de las cuestiones clave relacionadas con la operatoria de lavado de activos de origen delictivo, de forma tal de focalizar no sólo los principales aspectos que se desprenden de la normativa mencionada sino también poner en conocimiento de los profesionales los mecanismos más utilizados en el proceso de lavado de activos de origen delictivo. A tal efecto, se describen las etapas en que puede dividirse dicho proceso: 1) colocación, 2) decantación o estratificación y 3) integración, que constituyen elementos básicos para ayudar a los profesionales en la identificación de operaciones inusuales o sospechosas de lavado de activos, y un punto de partida necesario para luego fijar los procedimientos y/o controles que deberán aplicar, los cuales se desarrollan en las secciones 3 y 4 de esta resolución.
1.4. Para la preparación de esta resolución se tomaron en consideración los siguientes antecedentes legales y profesionales:
i. Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Activos: “Las cuarenta recomendaciones” (http://www.fatf-gafi.org y http://www.gafisud.org/).
b) Leyes y decretos nacionales
i. Ley N° 25.246 “Código Penal. Modificación. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo Unidad de Información Financiera. Deber de informar. Sujetos obligados. Régimen Penal Administrativo. Ministerio Público Fiscal”, mayo de 2000.
ii. Ley N° 25.815 “Modificación del Código Penal y sustitución del artículo 1027 de la Ley 22.415 (Código Aduanero)”, Noviembre de 2003.
iii. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 169/2001. “Reglamentación de la Ley N° 25.246 relativa a dicho delito. Definición de los conceptos básicos inherentes al funcionamiento de la Unidad de Información Financiera, como también de diversos conceptos previstos en la mencionada Ley para lograr el eficiente y eficaz funcionamiento del procedimiento en ella previsto”, febrero de 2001.
c) Resoluciones de la Unidad de Información Financiera
i. Resolución 2/2002: Sistema Financiero y Cambiario, octubre de 2002.
ii. Resolución 3/2002: Mercado de Capitales, octubre de 2002.
iii. Resolución 4/2002: Sector Seguros, octubre de 2002.
iv. Resolución 6/2003: Comisión Nacional de Valores, abril de 2003.
v. Resolución 7/2003: Administración Federal de Ingresos Públicos, abril de 2003.
vi. Resolución 8/2003: Superintendencia de Seguros de la Nación, abril de 2003.
vii. Resolución 9/2003: Remisores de Fondos y Empresas Prestatarias o Concesionarias de Servicios Postales que realicen operaciones de Giros de Divisas o de Traslados de Distintos Tipos de Moneda o Billete, abril de 2003.
viii. Resolución 11/2003: Personas Físicas o Jurídicas dedicadas a la Compraventa de Obras de Arte, Antigüedades u Otros Bienes Suntuarios, Inversión Filatélica, o Numismática, o a la Exportación, Importación, Elaboración o Industrialización de Joyas o Bienes con Metales o Piedras Preciosas, abril de 2003.
ix. Resolución 15/2003 de la Unidad de Información Financiera: Banco Central de la República Argentina, octubre de 2003.
x. Resolución 17/2003: Personas Físicas o Jurídicas que como Actividad Habitual Exploten Juegos de Azar, octubre de 2003.
xi. Resolución 18/2003: Modificaciones al Anexo I de las Resoluciones 2/2002, 3/2002 y 4/2002, Capítulo V, punto 2, apartado 2.3.
xii. Resolución 3/2004: Profesionales Matriculados cuyas Actividades Estén Reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, junio de 2004.
xiii. Resolución 10/2004; Escribanos públicos, diciembre de 2004.
d) Normas profesionales e informes técnicos
i. Resolución Técnica N° 7 – Normas de auditoría (Resolución Técnica 7).
ii. Resolución técnica N° 15 – Normas sobre la actuación del Contador Público como Síndico Societario (Resolución Técnica 15).
iii. Informe Técnico del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal elaborado por la “Comisión Especial Ad Hoc”( Resolución CPCECF MD N° 36/99) constituida para el análisis del tema vinculado con la Ley sobre Prevención y Control del Lavado de Dinero.
2.1. Antes de desarrollar las tareas que los contadores públicos, ya sea auditores o síndicos, deberán realizar en virtud de la R 3/04, se presentan a continuación las principales cuestiones clave relacionadas con la normativa mencionada, como punto de partida para comprender las nuevas responsabilidades que dichos profesionales deberán asumir.
2.2. No existe una única definición de “lavado de dinero”, ya que esta actividad delictiva adopta múltiples combinaciones para lograr su objeto. En general, se opta por definir el objetivo final que consiste en la “simulación de licitud” de activos originados en un ilícito. En síntesis, se puede definir el “lavado de dinero” como el proceso mediante el cual los activos de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.
Cómo se lava el dinero
2.3. Para identificar las actividades que pueden ser indicativas de lavado de dinero, es importante entender cómo ocurre el lavado. El dinero es lavado a través de una serie de complejas transacciones y, por lo general, incluye las tres etapas o fases que se describen a continuación en los párrafos 2.4 a 2.17, sin desconocer que en la práctica, los casos observados pueden no cumplir estrictamente con cada una de las fases o etapas aquí expuestas.
2.4. Varias actividades delictivas poseen la peculiaridad de obtener sus ganancias en dinero en efectivo. Tal es el caso, entre otros, del delito de narcotráfico. Los que obtienen así este dinero necesitan transformar estas sumas, generalmente voluminosas, en activos que sean más fáciles de manejar. Esto se logra a través de instituciones financieras (intentando efectuar depósitos bancarios para poder transformar estas sumas en dinero bancario), casinos, negocios, casas de cambio y otros comercios.
2.5. En la colocación generalmente se intenta utilizar a los negocios financieros y a las instituciones financieras, tanto bancarias como no bancarias, para introducir montos en efectivo, generalmente divididos en sumas pequeñas, dentro del circuito financiero legal. También puede enviarse efectivo de un país a otro para ser utilizado en la compra de bienes o productos caros, tales como obras de arte, metales y piedras preciosas, que pueden ser revendidos para recibir a cambio cheques o transferencias bancarias. El objetivo de esta etapa es separar o diferenciar el dinero que se trata invertir de la actividad ilícita que lo originó y mantener el anonimato del verdadero depositante.
2.6. Las organizaciones delictivas usan en esta etapa auxiliares poco sospechosos, como pueden ser personas con documentación falsa o empresas “fachada”, para depositar el dinero en efectivo en montos pequeños y en diferentes instituciones, desde donde se pueden transferir a otros países.
2.7. Una variante en esta etapa es trasladar el dinero en efectivo a países con reglamentaciones permisivas o a aquéllos que posean un sistema financiero liberal como los conocidos paraísos fiscales o “bancas off-shore”.
2.8. La introducción de dinero en efectivo es justificada muchas veces por medio de la instalación de empresas que, por sus características, no requieran la identificación de sus clientes (por ej.: restaurantes, videos clubes y supermercados). Las ganancias obtenidas en actividades legítimas son mezcladas con ganancias ilícitas que se legitiman como ganancias legales, al ser depositadas en los bancos.
2.9. Asimismo, pueden existir delincuentes que operan dentro de los bancos, adoptando el carácter de empleados y que colaboran con las organizaciones delictivas para facilitarles su labor en el momento de efectuar los depósitos.
Segunda etapa: Decantación o estratificación
2.10. Una vez que el dinero fue colocado, se trata de transformar, y más específicamente disfrazar esa masa de dinero ilícito, en dinero lícito, a través de complejas transacciones financieras, tanto en el ámbito nacional como internacional, para que se pierda su rastro y se dificulte su verificación contable.
2.11. El objetivo en esta instancia es cortar la cadena de evidencias ante eventuales investigaciones sobre el origen del dinero, creando complejas capas de transacciones financieras para disfrazar el camino, fuente y propiedad de los fondos. En general las sumas son giradas en forma electrónica a cuentas anónimas en países donde puedan ampararse en el secreto bancario o, en su defecto, a cuentas de firmas fantasmas ubicadas en varias partes del mundo, propiedad de las organizaciones delictivas.
2.12. En los procesos de transferencia, el dinero ilícito se mezcla con sumas millonarias que los bancos mueven legalmente a diario, lo cual favorece al proceso de ocultamiento del origen ilegal.
2.13. Como ejemplo de las operaciones e instrumentos más comunes utilizados en esta etapa pueden citarse a los cheques de viajero, los giros entre múltiples instituciones bancarias, las operaciones por medio de bancos off-shore, las transferencias electrónicas, la compra de instrumentos financieros con posibilidad de rotación rápida y continua, la compra de activos de fácil disponibilidad, las empresas ficticias, la inversión en bienes raíces y la reventa de bienes de alto valor.
2.14. El desarrollo de Internet y de la nueva tecnología del dinero digital favorece ampliamente el accionar de las organizaciones delictivas en este proceso, ya que amplía las diferentes posibilidades en los mecanismos de transferencia, otorgándoles mayor rapidez y anonimato.
2.15. En esta última etapa el dinero es incorporado formalmente al circuito económico legal, aparentando ser de origen legal (por ej.: proveniente de ahorristas o de inversores comunes), sin despertar sospechas. Esta integración permite crear organizaciones de “fachada” que se prestan entre sí, generando falsas ganancias por intereses, o bien invierten en inmuebles que a su vez sirven como garantías de préstamos, que son supuestamente invertidos en negocios con una también supuesta gran rentabilidad. Una vez formada la cadena, puede tornarse cada vez más fácil legitimar el dinero ilegal.
2.16. Los medios más utilizados en esta etapa son, por ejemplo: las inversiones en empresas, la compra de inmuebles, oro, piedras preciosas y obras de arte. Las metodologías de la sobrefacturación, subfacturación y la facturación ficticia son centrales en el accionar.
2.17. La tendencia en esta fase del proceso es invertir en negocios que sirvan, o faciliten a la organización criminal continuar con actividades delictivas, como por ejemplo negocios con grandes movimientos de efectivo para simular ingresos que en realidad se originan en una actividad ilícita.
2.18. Las consecuencias sociales, económicas y políticas de esta actividad delictiva son otras de las características relevantes que es importante remarcar. Internacionalmente se sostiene que los grupos delictuales obtienen, a nivel mundial, volúmenes de negocios cercanos a los 500 mil millones de dólares norteamericanos por año. De ellos, alrededor de 250 mil millones constituirían ganancias que se derivan a distintas plazas. Por aplicación de tasas de interés de mercado se acumulan sumas que llegan a dimensiones macroeconómicas de gran relevancia.
2.19. El lavado de dinero proveniente de ilícitos se presenta así como un punto de intersección entre la economía legal y la delictual, y a largo plazo predominan los efectos negativos de ese desarrollo, que exponen al Estado y a la sociedad a grandes peligros. Entre ellos se pueden enumerar :
a) la sustracción de fondos de la economía real y productiva, para la inversión en el aparato especulativo sin un fin económico, trae apareado una reducción de las tasas de crecimiento internacional;
b) los movimientos de capital inducidos por el intento de lavar dinero no son promovidos por fundamentos económicos, sino que están inducidos por las diferencias de controles y regulaciones existentes entre los países. Estos movimientos se producen en direcciones opuestas a aquellas que serían esperables sobre las bases de fundamentos económicos;
c) los bienes totales controlados por organizaciones criminales son de magnitud tal que la transferencia, aunque sea de una mínima fracción de ellos, de un país a otro puede tener consecuencias económicas importantes. En el ámbito nacional, grandes entradas y salidas de capital podrían influenciar significativamente sobre diferentes variables de la economía (tasas de cambio y de interés, y aún en los precios de determinados bienes). Asimismo podrían afectar la confianza y transparencia que deben tener los mercados de capitales.
d) las agrupaciones delictivas invierten, sobre la base de su alto “flujo de caja”, especialmente en sectores de prestación de servicios, expulsando así a las estructuras de producción tradicionales. Se pierden, entonces, las capacidades de producción de bienes, y aumenta la dependencia de las importaciones de los países, con efectos negativos para la balanza comercial y de pagos, y
e) la generación de un ambiente de corrupción generalizada en la sociedad pudiendo afectar el buen funcionamiento de las instituciones.
Profesionales en ciencias económicas alcanzados
2.20. De acuerdo con la R 3/04, los profesionales en ciencias económicas que están alcanzados por las obligaciones establecidas por el artículo 21 de la ley son los que prestan servicios de auditoría de estados contables o se desempeñan como síndicos societarios, cuando estos servicios profesionales se brindan a las personas físicas o jurídicas:
a) enunciadas en el artículo 20 de la ley (sujetos obligados) o,
i) tengan un activo superior a $3.000.000, o
ii) hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de un año.
2.21. Por lo tanto, esta resolución no alcanza a los servicios profesionales consistentes en revisiones limitadas de estados contables, certificaciones e investigaciones especiales, contemplados en el Capítulo III, Acápite B, puntos 3, 4 y 5 de la Resolución Técnica 7, respectivamente. Tampoco se encuentran alcanzados fuera de los mencionados inicialmente, los servicios de asesoramiento impositivo o para la preparación de declaraciones juradas de impuestos, ni ninguno de los otros servicios profesionales regulados en la Ley N° 20.488.
2.22. Según la R 3/04, sus disposiciones alcanzan tanto a los profesionales que son síndicos y a los responsables por los respectivos trabajos de auditoría (el profesional que firma el informe del auditor y no los otros profesionales que integran su equipo), como a las asociaciones profesionales de los mismos, cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Vale decir, que la responsabilidad por el cumplimiento de esta resolución se extiende a la firma a la que pertenece el profesional que tenga a su cargo la auditoría de los estados contables del ente alcanzado.
2.23. La norma reglamentaria no prevé la actualización monetaria automática del límite de $3.000.000, ni tampoco excepciones a los límites mencionados.
Deber de informar cualquier hecho u operación sospechosa
2.24. El artículo 21, inciso b), de la ley;
a) estableció que las personas señaladas en su artículo 20 deben informar cualquier hecho u operación sospechosa, independientemente de su monto, y
b) delegó en la UIF el establecimiento, a través de pautas objetivas, de las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de dicha obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad.
2.25. Asimismo, el artículo 10 del Decreto Reglamentario N° 169/2001, precisa que lo que debe informarse a la UIF son “… las conductas o actividades de las personas físicas o jurídicas a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa”.
2.26. Según la R 3/04 sólo será obligatorio informar las operaciones inusuales o sospechosas que superen el monto de $50.000, ya sea en un sólo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.
2.27. Cabe destacar que el límite mínimo de $ 50.000 para informar se relaciona con la configuración del delito. Sin embargo, en la fijación de una muestra de auditoría el importe que se puede fijar puede ser distinto. El límite de la significación y los criterios para la selección de muestras con el objeto de efectuar las pruebas de auditoría, lo fijará el auditor o síndico en el marco de la auditoría de los estados contables sobre los cuales deberá emitir una opinión.
2.28. Detectada una operación sospechosa y una vez que el profesional haya concluido las tareas pertinentes para confirmar dicho carácter, deberá reportarla a la UIF dentro de las 48 horas mediante la confección del Reporte de Operación Sospechosa (Anexo III de la Resolución UIF N° 3/04) juntamente con un informe conteniendo opinión fundada respecto de la inusualidad o sospecha de la o las transacciones informadas y acompañando toda la documentación respaldatoria correspondiente.
Identificación de clientes. Concepto de cliente
2.29. El conocimiento del cliente constituye uno de los pilares en la prevención del lavado de activos de origen delictivo. La UIF toma como definición de cliente la adoptada y sugerida por la Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA). En consecuencia, se definen como clientes a todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. En ese sentido, es cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente o de manera habitual, negocios con los sujetos obligados.
El principio básico en que se sustenta la R 3/04 es la política internacionalmente conocida como “conozca a su cliente”.
Caracterización de los hechos u operaciones sospechosas
2.30. Según el artículo 21 de la ley, se consideran operaciones sospechosas a las transacciones, aisladas o reiteradas, que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten:
a) inusuales;
b) sin justificación económica o jurídica, o
c) de complejidad inusitada o injustificada.
El decreto reglamentario y la R 3/04, Anexo II, incluyen una lista que no es taxativa, sino meramente enunciativa o ejemplificativa, de posibles supuestos de hechos u operaciones sospechosas.
Deber de abstenerse de informar
2.31. El artículo 21 de la ley impone el deber de no informar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de ella. Esto afecta uno de los pilares en que se asienta la actividad de la profesión de contador público, ya sea como auditor externo o síndico, así como los acuerdos de confidencialidad asumidos con el cliente. También puede afectar otras obligaciones impuestas por los organismos de control al profesional, por ejemplo, el deber que tiene el síndico de una sociedad que hace oferta pública de sus títulos valores, de informar, en lo que es materia de su competencia, hechos relevantes (todo hecho o situación con aptitud para afectar en forma sustancial la colocación de los valores negociables de la sociedad o su curso de negociación).
2.32. Al respecto, el artículo 20 de la ley establece que no serán aplicables ni podrán ser invocados por los sujetos obligados a informar por dicha ley, las disposiciones legales referentes al secreto bancario, fiscal o profesional, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por ley o por contrato.
2.33. Asimismo, el artículo 18 de la ley establece que el cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.
2.34. Esta dispensa abarca también las sanciones que le pueden corresponder a un contador público por revelar información que obtiene en el ejercicio de su actividad, penado por el Código de Ética.
Adaptación de los programas de trabajo de las auditorías y sindicaturas. Incorporación de un programa global anti-lavado
2.35. La R 3/04 establece que en el marco de las tareas de auditoría y sindicatura que se desarrollen conforme a las normas técnicas vigentes, los profesionales deberán diseñar e incorporar a sus procedimientos de auditoría y de sindicatura un programa global anti-lavado que permita detectar operaciones inusuales o sospechosas, a partir de un conocimiento adecuado de cada uno de sus clientes.
2.36. La norma mencionada establece una clara diferenciación en cuanto al enfoque de los procedimientos a aplicar en los sujetos obligados a informar (artículo 20 de la ley) y en los no obligados:
a) en los sujetos obligados, los profesionales deberán evaluar el cumplimiento por parte de la entidad auditada de las normas que la UIF hubiera establecido para dichos sujetos, y emitir informes sobre los procedimientos de control interno que los mismos hayan establecido con el propósito indicado, y
b) en los sujetos no obligados, los profesionales deberán aplicar procedimientos de auditoría específicos de acuerdo con el enfoque que se detalla en la sección 4 (Normas particulares), párrafo 4.10 (Procedimientos a aplicar en sujetos no obligados a informar), que considera los criterios básicos incluidos en la guía de transacciones inusuales o sospechosas que se describen en el Anexo II de la R 3/04.
En ambos casos, el profesional podrá aplicar los procedimientos sobre la base de muestras representativas de operaciones o de aquellos rubros que ofrezcan un mayor riesgo, determinadas según el criterio exclusivo del profesional actuante o mediante el uso de muestreo estadístico, la significatividad que los datos o hechos puedan tener, y en el marco de la auditoría de los estados contables.
Más adelante se desarrollarán los aspectos a considerar y una guía para evaluar el cumplimiento de las normas por los sujetos obligados a informar y los procedimientos a aplicar cuando se hubiera identificado alguna de las operaciones sospechosas detalladas en las respectivas guías aplicables a cada sujeto obligado incluidas en las correspondientes resoluciones emitidas por la UIF.
Tipificación del delito de lavado de dinero. Responsabilidades del profesional frente al incumplimiento del deber de informar. Penalidades
2.37. El lavado de dinero pasa a estar tipificado como una especie del género de encubrimiento y la ley impone penas de prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces el monto de la operación “…al que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000), sea en un sólo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”.
2.38. Asimismo, la ley fija un régimen penal administrativo que cubre distintas situaciones. Lo importante para destacar en cuanto a la responsabilidad del profesional en ciencias económicas en virtud de las obligaciones impuestas por la ley y la R 3/04, es que el incumplimiento del deber de informar mencionado en los párrafos 24 a 28, será penalizado con multas de:
a) una a diez veces el valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave; o
b) $10.000 a $100.000, cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes.
2.39. La ley establece que la misma sanción sufrirá la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor. Esto significa que la pena por el incumplimiento de esta norma se extiende, en el caso de los auditores externos, a la firma a la que pertenece el profesional que tenga a su cargo la auditoría de los estados contables del ente alcanzado.
2.40. Por otra parte, según se comentó en el párrafo 2.33, el cumplimiento de buena fe de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.
2.41. Más allá que la UIF debe mantener el secreto de la identidad de los informantes, éste cesa en el momento en que se formule la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.
2.42. Teniendo en cuenta lo mencionado en los párrafos 2.31 a 2.34, el cumplimiento estricto de esta normativa afecta uno de los pilares en que se asienta la actividad de la profesión de contador público ya sea como auditor externo o síndico, que es el secreto profesional. Aún cuando la dispensa mencionada pueda considerarse una medida de protección al profesional, la confianza que deposita todo cliente en el profesional podría verse afectada.
2.43. La ley considera que existe una conducta delictiva, entre otras, cuando tras la comisión de un delito ejecutado por otro en el que no hubiera participado:
a) ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad;
b) ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito; o
c) ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito.
2.44. Al respecto, es necesario reiterar que la conducta de los profesionales en ciencias económicas en el ejercicio de sus funciones de auditor y síndico societario, sólo resultará penalmente punible en virtud de lo mencionado anteriormente, en la medida que la misma responda a una actuación realizada a sabiendas, o sea dolosa, es decir, con voluntad de violar el bien jurídico tutelado por la norma. No obstante, para evitar que el profesional pueda ser cuestionado por una presunta actitud omisiva o negligente, es importante que demuestre que aplicó cabalmente no sólo la ley y la R 3/04 sino también las normas profesionales que regulan el ejercicio profesional.
3.1. La R 3/04 define como clientes a todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que los auditores y síndicos establezcan, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. En este sentido, la propia resolución aclara que debe considerarse cliente tanto aquel que mantiene una relación contractual con carácter de permanencia como aquellos en donde se desarrollan actividades una vez u ocasionalmente, si bien esta última situación no es habitual en servicios de auditoría y sindicatura. En todos los casos, se requiere que los auditores y síndicos realicen procedimientos a los efectos de identificar adecuadamente a sus clientes.
3.2. Debido a que ciertas estructuras societarias y/o actividades son más susceptibles de ser relacionadas con el lavado de activos que otras, cada auditor y síndico en el proceso de identificación de los clientes, deberá aplicar un enfoque que considere el riesgo vinculado con cada tipo de cliente y actividad del mismo y, en consecuencia, seleccionar los procedimientos que considere suficientes y apropiados, sobre la base de las circunstancias.
3.3. Cuando un profesional sea contratado para realizar tareas de auditoría de estados contables o sea designado síndico deberá realizar procedimientos mínimos en oportunidad de decidir aceptar o continuar la tarea profesional mencionada. En todos los casos, deberá mantenerse en los papeles de trabajo, copia de los documentos involucrados u otra documentación que sustente el trabajo realizado en el proceso de identificación del cliente. A continuación detallamos los procedimientos mínimos sugeridos:
a) requerir la constancia de inscripción, u otra documentación que permita acreditarla, en el Registro Público correspondiente y en la Dirección General Impositiva;
b) requerir la nómina de sus directores y accionistas;
c) evaluar si la situación económica y financiera del ente guarda debida relación con su actividad, realizando un análisis conceptual a tal efecto de los estados contables de los tres últimos ejercicios;
d) en el caso de apoderados de las personas que actúan en representación de otras en funciones de dirección, o equivalentes, averiguar con los poderes respectivos a quiénes representan;
e) contactarse con el auditor / síndico anterior, si es posible, a los efectos de obtener un conocimiento preliminar del cliente mediante una entrevista;
f) averiguar que el ente no se encuentre incluido en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas, que figuran en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ni tengan relaciones contractuales o comerciales significativas con alguno/s de ellos, consultando la página web de la UIF (www.uif.gov.ar);
g) en el caso de personas jurídicas constituidas en el extranjero, adicionalmente el profesional deberá tomar conocimiento del trámite de inscripción de los requisitos impuestos por la Resolución 7/03 y concordantes de la Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IGJ), si correspondiera;
Accionistas personas jurídicas que conformen el grupo de control:
h) requerir la constancia de inscripción, u otra documentación que permita acreditarla, en el Registro Público correspondiente y en la Dirección General Impositiva;
i) averiguar que el ente no se encuentre incluido en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas, que figuran en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ni tengan relaciones contractuales o comerciales significativas con alguno/s de ellos, consultando la página web de la UIF (www.uif.gov.ar);
j) solicitar informes comerciales a fin de obtener referencias bancarias o profesionales;
k) en el caso de personas jurídicas constituidas en el extranjero, adicionalmente el profesional deberá tomar conocimiento del trámite de inscripción de los requisitos impuestos por la Resolución 7/03 de la IGJ y concordantes, si correspondiera;
Accionistas personas físicas que conformen el grupo de control, miembros del Directorio o equivalentes y apoderados con poder de administración general:
l) requerir fotocopia de la primera página del D.N.I., Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica según el caso, con los datos personales y constancia de domicilio actualizado.
En caso de directores o apoderados de nacionalidad extranjera, se deberá requerir pasaporte y copia de la documentación de Migraciones en las que conste el tipo de residencia otorgada y el domicilio real declarado ante dichas autoridades, así como su situación de registro impositivo o previsional para desempeñar actividades en el país;
m) requerir fotocopia de dos boletas de cargos impositivos (por ejemplo, impuesto inmobiliario) o facturas recientes de servicios públicos a nombre del funcionario y,
n) solicitar informes comerciales a fin de obtener referencias bancarias o profesionales.
3.4. Cuando se presten servicios a un fideicomiso, el profesional deberá obtener la información detallada en el párrafo 3.3 de todas las partes intervinientes en el mismo (fiduciario, fiduciante, fideicomisario y los beneficiarios). Asimismo, deberá como mínimo efectuar indagaciones en relación con el origen de los fondos administrados por el fideicomiso, así como su naturaleza y propósito. Lo anterior también es extensible, en lo que fuera aplicable, cuando se presten servicios a un fondo común de inversión.
3.5. En el caso de presentación de un nuevo cliente por otro profesional, el profesional o la firma de profesionales puede adoptar la postura de no solicitar ninguna verificación de identidad, en tanto quien realice la presentación confirme por escrito la identidad del cliente potencial en función del proceso que él realizó en el marco de la R 3/04.
3.6. En el caso de un cliente de carácter internacional, referido a un profesional o firma de profesionales local por otra firma internacional cuya red integra, se podrá no solicitar ninguna verificación adicional de la identidad del cliente local, en la medida que el profesional o firma de profesionales local reciba una copia de las conclusiones del proceso de identificación del cliente internacional en cuestión.
3.7. Se detallan a continuación otros procedimientos adicionales que podrían ser aplicados, según las circunstancias, y sobre la base de las condiciones de riesgo identificadas. En la aplicación de estos procedimientos se deberá considerar que entre los factores que aumentan el riesgo están: a) la situación de que el cliente sea una sociedad constituida en el extranjero o con accionistas controlantes o directores no residentes en el país, b) la imposibilidad de establecer algún contacto directo y permanente con los accionistas controlantes o directores no residentes en el país, y c) la prestación de servicios a clientes nuevos u ocasionales que involucren grandes sumas de efectivo, operatorias con bancos en el exterior o cuentas de inversión:
a) requerir y comprobar constancias de domicilio de la sociedad o de los accionistas, socios o dueños, y directores;
b) obtener referencias bancarias y profesionales del cliente;
c) obtener información de sus clientes y proveedores;
d) analizar sus fuentes de financiamiento y capital, y
e) analizar la existencia de una relación justificada y/o usual entre la actividad económica declarada por el cliente y los movimientos de fondos realizados, como así también sus inversiones y los servicios profesionales demandados.
3.8. En el caso de clientes recurrentes no es necesario realizar una nueva evaluación mientras no se modifiquen los elementos de juicio considerados al realizar la identificación del cliente u otros que puedan afectarlos. En tal sentido, se deberá dejar documentado que se analizó esta circunstancia y las conclusiones alcanzadas.
3.9. En el primer año de aplicación de esta resolución, se analizará si los elementos de juicio ya reunidos y documentados en el proceso de aceptación de los clientes efectuado con anterioridad, sumado al conocimiento acumulado obtenido de la prestación de servicios hasta la fecha, cumple con lo requerido en esta resolución y, de ser necesario a criterio del profesional, se aplicarán los procedimientos adicionales en las áreas en las cuales se interprete que no existe información suficiente.
Cartas acuerdo de auditoría y de aceptación de sindicatura
3.10. Debido a las obligaciones impuestas por la ley y las correspondientes reglamentaciones a los sujetos obligados a informar, que en el caso de los auditores y síndicos implican, entre otras cuestiones, la realización de tareas adicionales de auditoría y sindicatura a las previstas en las Resoluciones Técnicas N° 7 y N° 15 y el deber de no informar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la normativa legal, resulta necesario que el profesional contemple dichas obligaciones en las cartas acuerdo o de contratación en el caso de los auditores, o de aceptación en el caso de los síndicos.
3.11. En el Anexo D se incluyen modelos de los párrafos a incluir en las cartas acuerdo de auditoría y de aceptación del cargo de síndico, que contemplan las responsabilidades del auditor externo y el síndico, respectivamente, y en el caso de los sujetos obligados a informar, las responsabilidades de la Dirección en relación con el lavado de activos.
Los modelos mencionados, incluidos en el Anexo D, podrán ser adecuados a cada caso particular según el criterio personal del profesional, pero sin omitir ninguno de los aspectos esenciales en ellos incluidos.
3.12. En línea con lo establecido en la Resolución Técnica 7 y en la Resolución Técnica 15 (Anexo IX), corresponde incorporar una manifestación adicional en la confirmación escrita de la dirección del ente como elemento de juicio adicional para el auditor / síndico con relación a su labor sobre el lavado de activos de origen delictivo.
3.13. En el Anexo E se incluyen modelos de párrafos a incluir en las cartas de la Dirección de los sujetos obligados a informar y de los no obligados, en la que ésta emite una serie de confirmaciones en relación con el lavado de activos de origen delictivo.
Los modelos mencionados, incluidos en el Anexo E, podrán ser adecuados a cada caso particular según el criterio personal del profesional, pero sin omitir ninguno de los aspectos esenciales en ellos incluidos.
Procedimientos de control interno y capacitación
3.14. Los profesionales que actúan en tareas de auditoría externa o desempeñan la función de síndicos, tanto sea en sujetos obligados a informar como en sujetos no obligados, deberán proceder a adoptar formalmente una política por escrito, en acatamiento a la normativa vigente en materia de prevención del lavado de activos de origen delictivo, y deberán fijar pautas de control interno que les permitan monitorear el cumplimiento de dicha normativa, incluyendo los recaudos necesarios para que tome conocimiento de dicha política el personal de las firmas o asociaciones de profesionales en las que tales contadores públicos actúan. El conocimiento de dicha política deberá quedar documentado por escrito mediante manifestación firmada por cada integrante de la firma o asociación que participe en un equipo de trabajo de auditoría o de apoyo a tareas de sindicatura societaria.
3.15. En los sujetos no obligados a informar, sobre los cuales deban aplicarse las disposiciones de la R 3/04, los profesionales deberán evaluar los riesgos generales asociados con el desarrollo de los servicios de auditoría externa o de sindicatura societaria, y diseñar, implementar y monitorear normas internas en materia de prevención del lavado de activos de origen delictivo. Las decisiones adoptadas por los profesionales deberán dejarse documentadas.
Cuando los profesionales no actúen bajo firmas o asociaciones de profesionales, sino a título personal, deberán dejar igualmente documentadas sus decisiones o evaluaciones pertinentes.
3.16. Los profesionales deberán establecer políticas y procedimientos relacionados con:
a) el diseño y mantenimiento de registros respecto de la identificación de los clientes y de directores o equivalentes, accionistas y apoderados con poder general de administración de los client

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