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Timestamp: 2019-01-16 04:14:49+00:00

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﻿ Sentencia 2007-00060 de abril 26 de 2012
SENTENCIA 2007-00060 DE 26 DE ABRIL DE 2012
CONTENIDO:SOLICITUD O INSINUACIÓN DE RENUNCIA A LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS QUE EJERZAN FUNCIONES DE DIRECCIÓN, MANEJO Y CONFIANZA. LA RENUNCIA ES UNA FORMA LEGÍTIMA DE DESVINCULACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PREVISTA PARA EMPLEADOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN. SU FUNDAMENTO SE HALLA EN LA LIBERTAD PARA ESCOGER PROFESIÓN U OFICIO QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA GARANTIZA EN EL ARTÍCULO 26. LA SOLICITUD O INSINUACIÓN DE RENUNCIA A LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS QUE EJERZAN FUNCIONES DE DIRECCIÓN, MANEJO Y CONFIANZA NO AFECTA LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS DE RETIRO, PUESTO QUE DICHA FACULTAD OBEDECE A LA OPORTUNIDAD QUE LA LEY LE OTORGA A LOS NOMINADORES DE REORGANIZAR EL SERVICIO MEDIANTE EL CAMBIO DE SUS SUBALTERNOS Y PORQUE ESTOS CARGOS SON EXCEPCIONALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN, RENUNCIA A EMPLEOS PÚBLICOS
Sentencia 2007-00060 de abril 26 de 2012
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCION “A”
Rad.: 25000232500020070006001
Nº Interno: 2129-09
El problema jurídico se circunscribe a determinar si la Fiscalía General de la Nación, con la expedición de la Resolución 02730 de 29 de agosto de 2006, vulneró los artículos 149 de la Ley 270 de 1996, 77 de la Ley 938 de 2004 y 142, 146, y 163 de la Resolución 1501 de abril 19 de 2005, al configurarse los cargos de falsa motivación y expedición irregular.
— Por Resolución 50 de 13 de enero de 1996 (fl. 31), el Fiscal General de la Nación nombró a la demandante en el cargo de Fiscal Auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia.
— A folios 33 y 34 obran los dos escritos de renuncia presentados por la actora el 3 de agosto de 2006 ante el Fiscal General de la Nación.
— Obra copia de la Resolución 1501 de 19 de abril de 2005 por la cual se reglamentan las situaciones administrativas para la administración de personal en la Fiscalía General de la Nación (fls. 2-30).
— El 29 de agosto de 2006 el Fiscal General de la Nación mediante Resolución 2730 aceptó la renuncia de la demandante como fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia (fl.32).
— Copias informales de las comunicaciones recibidas el 1º de diciembre de 2005 donde se convocó a la actora para prestar apoyo en la simulación de juicio oral en la capacitación del sistema penal acusatorio y técnicas del juicio oral programada por la Escuela de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses en colaboración con la Agencia OPDAT (fl -35) y del 20 de enero de 2005 para concurrir como instructora en la capacitación en el sistema penal acusatorio y técnicas de juicio oral (fl-36).
— Copia de la comunicación del 30 de junio de 2005 donde se autorizó a la actora el desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga del 4 al 9 de julio de 2005 y participación como instructora en los temas del principio de oportunidad en el nuevo Código de Procedimiento Penal y Audiencias Preliminares de Formulación de Acusación dentro de la capacitación del sistema penal acusatorio y técnicas del juicio oral, programada por la Escuela de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses en colaboración con la Agencia OPDAT (fl-37).
— Copia de la Resolución 4064 de 22 de noviembre de 2005 por medio de la cual se concede comisión de servicios a la demandante por el término de 8 días, del 13 al 20 de noviembre de 2005, para que participe como capacitadora del nuevo sistema penal acusatorio (fl.40).
— Copia de la hoja de vida de la actora, antecedentes administrativos y personales (fls.1-116 cdno. 2).
— Testimonios rendidos por los doctores Jorge Giraldo Chica, fiscal auxiliar de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Martha Lucia Salgar Rangel, Fiscal Auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y Guillermo Augusto Arciniegas Martínez, Fiscal Auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia (fls- 133-143).
En primer lugar, observa la Sala que el cargo de fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia era de libre nombramiento y remoción en el momento en que se expidió el acto acusado, conforme a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 938 de 2004, norma que establece:
“ART. 59. —Clasificación de los empleos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 270 de 1996, los empleos de la Fiscalía se clasifican según su naturaleza y forma como deben ser provistos en:
—Los directores seccionales.
Conforme al texto previamente transcrito, el empleo de fiscal auxiliar es de libre nombramiento y remoción, en consideración a la estricta confianza que demanda su desempeño, lo que justifica que el nominador pueda disponer libremente del empleo mediante el nombramiento, permanencia o retiro de su titular por fuera de la regulación propia del sistema de carrera de la Fiscalía.
La jurisprudencia de esta corporación ha señalado, respecto de los empleos de libre nombramiento y remoción en los que se exige una especial confianza(1), que:
Detentar la investidura de un alto cargo impone al funcionario ceder su interés particular ante cualquier situación en que se vea comprometido el interés público, ya que la pulcritud en el desempeño de estos empleos debe ser mayor que la que deben acusar los demás funcionarios, como se dijo anteriormente”. (Negrilla fuera del texto).
De acuerdo con lo expuesto, la situación en que se encuentran los empleados que gozan de fuero de relativa estabilidad laboral no es igual a la de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, pues respecto de estos se predica un grado de confianza que no se requiere en aquellos. La finalidad que se persigue con la autorización de removerlos libremente es razonable, pues consiste en asegurar la permanencia de la confianza que supone el ejercicio del cargo.
Ahora bien, en el presente asunto lo que se debate es la renuncia que se produce cuando el funcionario o empleado manifiesta por escrito, en forma espontánea e inequívoca, su decisión de separarse del empleo de que ha tomado posesión. Por su parte, el artículo 149 numeral 1 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, señala que esta figura, entre otras, produce la cesación definitiva de las funciones.
El retiro definitivo del servicio por renuncia, se rige para los empleados de la rama judicial por lo dispuesto en los artículos 122 a 125 del Decreto 1660 de 1978, aplicable por remisión del artículo 204 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, disposiciones que consagran la forma, el contenido y los plazos que debe contener una dimisión en los siguientes términos:
“ART. 122.—La renuncia es irrevocable desde el momento en que sea regularmente aceptada.
En consecuencia, conforme a los preceptos mencionados, al nominador le está vedado aceptar las renuncias que no contengan la voluntad inequívoca de separarse del empleo de que ha tomado posesión, además de que carecen de valor absoluto las que ponen en manos del nominador la suerte del funcionario o empleado.
Ahora bien, es claro para la Sala que en la renuncia presentada la parte actora manifiesta su voluntad de dimitir del cargo de fiscal auxiliar de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia y que el hecho de que la misma hubiese sido solicitada por el nominador corresponde a una potestad del mismo, quien puede decidir darle la oportunidad al empleado de tener una salida decorosa del cargo de libre remoción, pues formal y socialmente se considera inadecuada la declaratoria de insubsistencia de los empleados de los altos cargos.
Esta corporación(2) ha tenido la oportunidad de pronunciarse en igual sentido, así:
“(...) La jurisprudencia de la Sala ha sido uniforme en señalar que la renuncia solicitada a los titulares de determinados cargos (...), es válida, puesto que ella obedece a la facultad que tiene el nominador de integrar los cuadros en la cúpula administrativa en determinada entidad, para el cumplimiento de las metas tendientes a garantizar un adecuado servicio público. La insinuación de la renuncia en dicho nivel, se convierte en un mecanismo acorde a la investidura de tales cargos, busca evitar el retiro por insubsistencia, que no es de común ocurrencia en esos destinos y se repite, no se presenta desvío de poder en la solicitud de renuncia (...), dicho proceder se justifica por el rango y atribuciones que demanda la función administrativa en el cumplimiento de los fines del Estado. (...) ”.
Bajo estos supuestos, respecto de los empleados públicos de libre nombramiento y remoción tanto en el régimen general como en el de la Fiscalía, que tienen similares previsiones(3), la solicitud o insinuación de renuncia a los funcionarios o empleados que ejerzan funciones de dirección, manejo y confianza no afecta la legalidad de los actos de retiro.
Para la Sala, si bien se observa que la demandante era una empleada idónea que cumplía con las funciones de su cargo, como quiera que se destacó por su honesta labor profesional, de tal manera que fue seleccionada para capacitar a fiscales en diversas zonas del país y realizó monitoreos en las ciudades de Bogotá y San Gil en la implementación del sistema penal acusatorio, lo cierto es que tales condiciones no impiden que la administración pueda solicitarle la renuncia para evitar declarar insubsistente su nombramiento. En efecto, para el desempeño del puesto de fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia se requieren de sus ocupantes, calidades excelsas y condiciones especiales, como las que ostentaba la demandante, pero estas circunstancias no hacen inamovible el cargo.
De otro lado, conviene señalar que a la demandante le fue solicitada la renuncia, como se demuestra con lo afirmado en la demanda y los testimonios que así lo corroboran, pero no se aprecian elementos adicionales que permitan deducir que el nominador la indujo u obligó a presentar la renuncia; además de que no tendría objeto que el nominador exigiera su renuncia cuando podía retirarla del servicio discrecionalmente porque era de libre nombramiento y remoción.
En relación con la solicitud de renuncia hecha por el fiscal, a través del coordinador de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, según dan cuenta los testimonios recaudados, dirá la Sala que no es suficiente la insinuación(4) que haga el nominador para que el empleado presente la dimisión; es necesario que se evidencie un componente coercitivo que permita concluir que el fuero interno del empleado fue invadido, de tal manera que su capacidad de decisión se vio truncada al punto que indefectiblemente fue compelido a renunciar. Tal coerción no se demostró en el caso sub lite.
CONFIRMASE la sentencia del 30 de abril de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las súplicas de la demanda incoada por la señora Guerthy Esperanza Acevedo Romero contra la Nación, Fiscalía General de la Nación.
(1) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 7 de julio de 2005, Radicación 2263-04, Accionante Lilia Elvira Sierra Reyes, Consejera Ponente Ana Margarita Olaya Forero. Reiterada en sentencia del 12 de marzo de 2009, Radicación: 25000-23-25-000-2001-03044-01 (1438-07), Actor: Jairo Omar Tovar Niño, Magistrado Ponente Gerardo Arenas Monsalve.
(2) Sentencia de 23 de julio de 1998, Consejero Ponente, Javier Díaz Bueno, Radicación, 190-98
(3) Cfr. Artículos 27 y ss. del Decreto 2400 de 1968.
(4) Sentencia de 24 de octubre de 1984 Consejero Ponente Joaquín Vanín Tello. Exp. 10512.

References: ARTÍCULO 26
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 59
 artículo 130
 artículo 149
 artículo 204