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Timestamp: 2014-03-08 06:54:30+00:00

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NYR. Informe n� 204. BOE de septiembre de 2011. Cargando� www.notariosyregistradores.com INFORME N� 204. (BOE de SEPTIEMBRE de 2011)
Dep�sito recurso
D. Civil Galicia
Adscritos DGRN
PA�S VASCO. Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediaci�n Familiar.
La ley consta de 38 art�culos divididos en seis cap�tulos, as� como una disposici�n transitoria �nica y dos disposiciones finales.
La ley establece un �mbito de aplicaci�n amplio que se extiende m�s all� de los conflictos originados en las situaciones de ruptura de pareja –ya se trate de matrimonios o de parejas de hecho–, pudi�ndose aplicar a otras circunstancias conflictivas que pueden darse en el medio familiar, as� la aplicaci�n de la mediaci�n familiar se extiende:
A los conflictos entre progenitores y sus hijos e hijas
los conflictos surgidos entre la familia biol�gica y la familia de acogida
los conflictos por raz�n de alimentos entre parientes,
los conflictos surgidos cuando los progenitores y progenitoras impidan a los abuelos y abuelas mantener relaciones normalizadas con sus nietos y nietas
los conflictos existentes entre las familias por causa de herencias o sucesiones o derivados de negocios familiares
los originados en grupos convivenciales seg�n lo definido en la ley, entre otros.
creaci�n en la ley del Registro de Personas Mediadoras y del Consejo Asesor de la Mediaci�n Familiar.
Entr� en vigor el 19 de febrero de 2008. (GGB)
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PA�S VASCO. Ley 6/2008, de 25 de junio, de la Sociedad Cooperativa Peque�a de Euskadi.
La ley consta de seis cap�tulos, cinco disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.
Entre las medidas que incorpora cabe destacar:
Se delimita, por un lado, el n�mero m�nimo de
personas socias trabajadoras y socias de trabajo de duraci�n indefinida, que se fija en dos, y, por otro, se aborda la simplificaci�n de los tr�mites para su constituci�n e inscripci�n como sociedad cooperativa peque�a de la clase de cooperativa de trabajo asociado y de explotaci�n comunitaria.
En cuanto al r�gimen especial para la contrataci�n de personas trabajadoras por cuenta ajena y de personas socias trabajadoras de duraci�n determinada, se fija una limitaci�n temporal de cinco a�os, al ser considerado este plazo adecuado para la consolidaci�n de la sociedad cooperativa peque�a.
Asimismo, se establecen l�mites a la determinaci�n de las aportaciones obligatorias iniciales para aquellas personas trabajadoras por cuenta ajena que se incorporen como personas socias trabajadoras indefinidas o socias de duraci�n determinada.
En cuanto al r�gimen econ�mico, se deja a la regulaci�n estatutaria el establecimiento de deducciones sobre las aportaciones obligatorias, excluyendo las capitalizaciones de los retornos.
En cuanto a la adaptaci�n y disoluci�n, se contemplan las correspondientes soluciones para los dos casos que se pueden producir en relaci�n con el n�mero de personas socias de las sociedades cooperativas peque�as que se constituyan al amparo de esta ley y de las sociedades cooperativas constituidas conforme a las prescripciones de la
Las tres primeras disposiciones adicionales establecen, respectivamente, la elaboraci�n del documento �nico electr�nico de la sociedad cooperativa peque�a (DUESCP) y de los convenios de colaboraci�n con las instituciones, administraciones y sociedades que puedan colaborar para su mejor funcionamiento; la puesta en marcha de los puntos de asesoramiento e inicio de tramitaci�n de las sociedades cooperativas peque�as de Euskadi (PAITSCPE) y la elaboraci�n de
modelos de Estatutos sociales para la constituci�n de nuevas cooperativas peque�as.
La disposici�n adicional cuarta establece una modificaci�n de la
Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi, en el sentido de clarificar la naturaleza de los
recursos destinados a finalidades de inter�s p�blico. Para ello, se han revisado su denominaci�n y sus finalidades,
subrayando su car�cter obligatorio. Entr� en vigor el 4 de agosto de 2008. (GGB)
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- los impuestos locales sobre la renta;
De Barbados:
- El i. sobre la renta (incluye el impuesto sobre rentas derivadas de primas, �premium income tax�);
- el i. sobre sociedades (incluye el impuesto sobre beneficios de sucursales, �Tax on branch profits�); y
- el impuesto sobre ganancias derivadas de operaciones petroleras (�petroleum winning operations tax�).
1�.- Estar� exenta la vivienda habitual del contribuyente, seg�n se define en el art�culo 68.1.3.� de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, hasta un importe m�ximo de 300.000 euros. Antes el l�mite estaba en
150.253,03 euros. Es el art. 4.9.
6�.- Personas obligadas a presentar declaraci�n. Seg�n el nuevo art. 37, est�n obligados a presentar declaraci�n los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no d�ndose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 2.000.000 euros.
Los sujetos pasivos deber�n cumplimentar la totalidad de los datos que les afecten contenidos en las declaraciones,
acompa�ar los documentos y justificantes que se establezcan y presentarlas en los lugares que determine el titular del Ministerio de Econom�a y Hacienda.
Antes: “1.� Las personas con discapacidad ps�quica, los invidentes, los sordos y los mudos.”
Ahora: “1.� Las personas que no posean el discernimiento necesario para conocer y para declarar o para comprender el acto o contrato a que el instrumento p�blico se refiere.”
Se entronca esta reforma, seg�n la Exposici�n de Motivos en los art�culos 2 (dedicado a definiciones) y 12 de la Convenci�n. En concreto, dice el art. 12.2 “Los Estados Partes reconocer�n que las personas con discapacidad tienen capacidad jur�dica en igualdad de condiciones con las dem�s en todos los aspectos de la vida”.
Entrada en vigor: el 18 de septiembre de 2011. No obstante, los planes de accesibilidad en transporte entrar�n en vigor en un plazo m�ximo de ocho a�os.
Ver resumen de la Ley 26/2011, de 1 de agosto. Ver
comentario de Jos� Antonio Riera
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ELECCIONES. Instrucci�n 7/2011, de 15 de septiembre, de la Junta Electoral Central, relativa al procedimiento de acreditaci�n de firmas de apoyo de candidaturas al Congreso de los Diputados, al Senado y al Parlamento Europeo previsto en los art�culos 169 y 220 de la Ley Org�nica del R�gimen Electoral General.
Esta Instrucci�n tiene por objeto precisar el procedimiento de recogida y acreditaci�n de firmas previsto en los art�culos 169 y 220 de la LOREG, que regulan el procedimiento de presentaci�n de candidaturas para las elecciones al Congreso de los Diputados, al Senado y al Parlamento Europeo, respectivamente. No se alude de modo expreso a actuaciones notariales.
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EMPLEO. Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias en materia de pol�ticas de empleo y de regulaci�n del r�gimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Estatuto de los Trabajadores. Se a�ade una nueva disposici�n adicional, la decimonovena. Mediante ella, se regula expresamente la posibilidad de utilizar el contrato para la formaci�n vigente en el momento de la aprobaci�n de los proyectos de Escuelas taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, as� como aquellos promovidos por las Comunidades Aut�nomas pendientes de aprobaci�n en base a las convocatorias efectuadas con anterioridad a su entrada en vigor; as� como la no sujeci�n a los l�mites de edad y duraci�n establecidos para el nuevo contrato para la formaci�n y el aprendizaje.
Trabajadores aut�nomos. La Disposici�n Adicional primera viene a cubrir la laguna detectada en la Ley 35/2010, al suprimir una modificaci�n anterior del p�rrafo inicial del apartado 4 del art�culo 25 introducida por la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema espec�fico de protecci�n por cese de actividad de los trabajadores aut�nomos. Se dejaba as� sin tipificar como infracci�n grave la nueva conducta asociada a la prestaci�n por cese de actividad de los trabajadores aut�nomos, lo que se corrige ahora.
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PODER JUDICIAL. Ley Org�nica 12/2011, de 22 de septiembre, de modificaci�n de la Ley Org�nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Esta peque�a reforma afecta a los casos en que procede la excedencia voluntaria y la situaci�n de servicios especiales para jueces y magistrados.
Uno. La letra f) del art�culo 351 queda redactada como sigue:
Art�culo 351. Los jueces y magistrados ser�n declarados en la situaci�n de servicios especiales:…
�f) Cuando sean nombrados para cargo pol�tico o de confianza en virtud de Real Decreto o Decreto auton�mico, o elegidos para cargos p�blicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas legislativas de las Comunidades Aut�nomas o Corporaciones locales.
En este caso, as� como en el supuesto previsto en la letra f) del art�culo 356, los Jueces y Magistrados, y los funcionarios de otros Cuerpos, que reingresen en la Carrera correspondiente, deber�n de abstenerse de conocer de los asuntos concretos vinculados con su actividad pol�tica.�
Redacci�n anterior: f) Cuando presten servicio en el Ministerio de Justicia en virtud de nombramiento por Real Decreto o en las Consejer�as de Justicia, o asimiladas, de las Comunidades Aut�nomas, en virtud de nombramiento por Decreto, en cargos que tengan rango inferior al de Ministro o Consejero de Comunidad Aut�noma.
Dos. La letra f) del art�culo 356 queda redactada como sigue:
Proceder� declarar en la situaci�n de excedencia voluntaria, a petici�n del juez o magistrado, en los siguientes casos:…
�f) Cuando se presente como candidato en elecciones para acceder a cargos p�blicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas legislativas de las Comunidades Aut�nomas o Corporaciones locales. De no resultar elegido, deber� optar, comunic�ndolo as� al Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de treinta d�as, por continuar en la situaci�n de excedencia voluntaria o por reingresar en el servicio activo.�
Redacci�n anterior: Cuando sea nombrado para cargo pol�tico o de confianza, salvo los supuestos enunciados en el art�culo 351, o cuando se presente como candidato en elecciones para acceder a cargos p�blicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas Legislativas de las comunidades aut�nomas o corporaciones locales. De no resultar elegido, deber� optar, comunic�ndolo as� al Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de treinta d�as, por continuar en la situaci�n de excedencia voluntaria o por reingresar en el servicio activo.
Tres. Tambi�n se modifican los apartados 6, 7 y 8 de la disposici�n transitoria octava:
�6. Los miembros de la Carrera Judicial que, a la fecha de aprobaci�n de los apartados 6, 7 y 8 de la presente disposici�n transitoria, se encontraren en situaci�n de excedencia voluntaria por la causa prevista en la letra f) del art�culo 356, ser�n considerados, cuando as� lo soliciten, en situaci�n de servicios especiales desde la fecha de su nombramiento o aceptaci�n del cargo, comput�ndose como servicios efectivos en la Carrera Judicial el tiempo que hayan permanecido en dicha excedencia voluntaria.
8. Esta adscripci�n se mantendr� hasta que se produzca la primera vacante de su categor�a y, en su caso, turno en el Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia o Juzgados a que estuvieren adscritos, la que se les adjudicar� fuera de concurso y con car�cter preferente.�
Entrada en vigor: El 24 de septiembre de 2011.
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Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protecci�n Integral a las V�ctimas del Terrorismo. Se trata de una ley transversal cuyo objetivo com�n es el reconocimiento de las v�ctimas del terrorismo y el establecimiento de un marco de indemnizaciones, ayudas, prestaciones, garant�as y condecoraciones con la finalidad de reconocer y atenuar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la acci�n terrorista en las v�ctimas y en sus familias o en las personas que hayan sufrido da�os como consecuencia de la acci�n terrorista.
Son destinatarios de esta Ley quienes sufran la acci�n terrorista, definida �sta como la llevada a cabo por personas integradas en organizaciones o grupos criminales que tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz p�blica. Tambi�n se aplicar� a las v�ctimas de los actos dirigidos a alcanzar los fines referidos aun cuando sus responsables no sean personas integradas en dichas organizaciones o grupos criminales. Tambi�n define el art. 4 a qui�nes se considerar� titulares de los derechos y prestaciones regulados En cuanto al �mbito territorial, se aplicar� cuando los hechos se cometan en territorio espa�ol o bajo jurisdicci�n espa�ola, previ�ndose algunos supuestos de hechos producidos en el extranjero.
El l�mite temporal se fija el 1� de enero de 1960, aplic�ndose la Ley a los hechos que se hubieran cometido desde entonces. La Ley, en su disposici�n adicional primera, aborda la aplicaci�n retroactiva para quienes a lo largo del tiempo hubieran podido recibir indemnizaciones o compensaciones econ�micas inferiores a las contempladas en el anexo I de la norma.
Se citan seguidamente algunas de sus previsiones:
Prelaci�n en caso de fallecimiento. El abono de las cantidades dispuestas en el anexo I tiene este orden de preferencia (art. 17):
a) El c�nyuge de la persona fallecida, si no estuvieren legalmente separados, o la persona que hubiere venido conviviendo con ella de forma permanente con an�loga relaci�n de afectividad al menos los dos a�os inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren tenido descendencia en com�n, en cuyo caso bastar� la mera convivencia; y los hijos de la persona fallecida.
b) En caso de inexistencia de los anteriores, ser�n destinatarios, por orden sucesivo y excluyente, los padres, los nietos, los hermanos y los abuelos de la persona fallecida.
c) En defecto de los anteriores, los hijos de la persona conviviente y los menores en acogimiento familiar permanente de la persona fallecida, cuando dependieren econ�micamente de ella.
En el caso de la concurrencia prevista en el apartado a), la ayuda se repartir� por mitades, correspondiendo una al c�nyuge o conviviente y la otra a los hijos, distribuy�ndose esta �ltima entre ellos por partes iguales.
En los supuestos de concurrencia de personas con el mismo parentesco, la cuant�a total se repartir� entre ellas por partes iguales.
Prestaciones. Se ha procedido a unificar en esta Ley las prestaciones que hasta el momento actual ven�an reguladas de manera diferenciada en las leyes anteriores, a la vez que se ha incrementado su importe. Responsabilidad civil. Se mantiene el principio de asunci�n por parte del Estado del abono de las indemnizaciones fijadas en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil se�alando una cuant�a espec�fica para los supuestos de fallecimiento, gran invalidez, invalidez en sus diferentes grados y lesiones no invalidantes, de manera que todas las v�ctimas tengan garantizado un mismo trato indemnizatorio, evitando con ello posibles diferencias de trato econ�mico ante situaciones iguales. Todo ello sin perjuicio de que las v�ctimas conservan el ejercicio de acciones civiles para poder reclamar a los responsables de los delitos las diferencias que se puedan derivar en el supuesto de que las indemnizaciones fijadas pudieran ser superiores a las asumidas por el Estado.
Da�os materiales. Se han incorporado los diferentes art�culos en los que se configuran las distintas indemnizaciones por da�os de car�cter material, da�os sufridos en viviendas y veh�culos, en establecimientos mercantiles e industriales y en sedes de organizaciones y partidos pol�ticos.
Aspectos laborales. Para atender las necesidades que se producen como consecuencia de los efectos que las acciones terroristas producen en la vida se garantiza la posibilidad de movilidad geogr�fica y funcional, as� como la reordenaci�n de los tiempos de trabajo.
Aspectos fiscales. Las cantidades percibidas como consecuencia de las indemnizaciones, resarcimientos o ayudas de car�cter econ�mico a que se refiere la presente Ley estar�n exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas y de cualquier impuesto personal que pudiera recaer sobre las mismas.
Vivienda. Se incorporan previsiones relativas a la posibilidad de ejercer derecho de preferencia de acceso a vivienda tanto en r�gimen de adquisici�n como de alquiler para quienes puedan necesitar, como resultado o secuelas de la acci�n terrorista, cambiar de vivienda o lugar de residencia.
Educaci�n. Se regulan las exenciones de tasas acad�micas, sistemas de becas y apoyo dentro del sistema educativo, junto a la adaptaci�n de los sistemas de ense�anza.
Extranjeros. Se tendr� en cuanta el que sean v�ctimas de terrorismo para la concesi�n de nacionalidad por carta de naturaleza, consider�ndose
circunstancia excepcional.
Medios de comunicaci�n. Han de defender y proteger dignidad de las personas v�ctimas de terrorismo y su intimidad. Se declara il�cita aquella publicidad que pretenda dar un trato despectivo o vejatorio a las v�ctimas o familiares. Se considera necesario que por parte de los medios de comunicaci�n se evite todo uso desproporcionado o inadecuado de las im�genes personales de las mismas y la realizaci�n por parte de las Administraciones P�blicas de campa�as y actividades de formaci�n y sensibilizaci�n de los profesionales de la informaci�n.
�mbito procesal. Junto con las ayudas para una asistencia jur�dica especializada, se consagra el denominado principio de m�nima lesividad en el desarrollo del proceso penal, de manera que no se vean obligadas a mantener contacto directo visual con los imputados o acusados y que eviten las manifestaciones, signos o declaraciones que puedan denigrarlas u ofenderlas, para prevenir una victimizaci�n secundaria.
Entr� en vigor el 23 de septiembre de 2011.
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***CONSTITUCI�N ESPA�OLA.
Entrada en vigor: hoy, 27 de septiembre de 2011, es decir, la misma fecha de su sanci�n y publicaci�n en el BOE. Los l�mites de d�ficit estructural establecidos en el art�culo 135.2 entrar�n en vigor a partir de 2020.
Tratado de Estabilidad de 2 de marzo de 2012.
Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, de disoluci�n del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones.
El NIPO es el c�digo num�rico de identificaci�n de las publicaciones oficiales.
La presente Orden tiene por objeto regular la solicitud, asignaci�n y reflejo en las publicaciones de la Administraci�n General del Estado, sus organismos y entidades vinculadas o dependientes de ella del NIPO, que las ha de identificar a efectos de gesti�n, de control y de informaci�n.
Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los dep�sitos y consignaciones judiciales en met�lico, de efectos o valores. De este modo, se desarrolla reglamentariamente la manera de proceder para el ingreso del dep�sito y su transferencia al Tesoro P�blico, cre�ndose al respecto una cuenta especial denominada �Dep�sitos de recursos inadmitidos y desestimados�.
Cuando se pretenda la rescisi�n de sentencia firme a instancia del rebelde, el ingreso se efectuar� en la Cuenta de Dep�sitos y Consignaciones del Juzgado o Tribunal que dict� la sentencia.
Cuando se inadmita el recurso o la demanda, o se confirme la resoluci�n recurrida, no se devolver� el importe. Las cantidades correspondientes a dep�sitos para recurrir perdidos ser�n
transferidas por los secretarios judiciales, mediante orden de transferencia, a la cuenta especial de ingresos al Tesoro P�blico, “Dep�sitos de recursos inadmitidos y desestimados”, que ser� �nica para todo el territorio nacional
PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD. Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estrat�gico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicaci�n de la
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, asumiendo el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biol�gica, crea el Plan estrat�gico del patrimonio natural y de la biodiversidad como instrumento de planificaci�n de la actividad de la Administraci�n General del Estado en la materia. Su objeto es el establecimiento y la definici�n de objetivos, acciones y criterios que promuevan la conservaci�n, el uso sostenible y la restauraci�n del patrimonio, los recursos naturales terrestres y marinos, la biodiversidad y la geodiversidad. Su contenido incluye un diagn�stico, los objetivos a alcanzar durante su periodo de vigencia y las acciones a desarrollar por la Administraci�n General del Estado. El presente real decreto aprueba el Plan estrat�gico del patrimonio natural y de la biodiversidad
2011-2017, que desarrolla lo establecido en la ley. PDF (BOE-A-2011-15363 - 210 p�gs. - 3118 KB) Otros formatos
Recurso de inconstitucionalidad n� 4308-2011, en relaci�n con los apartados cuatro, cinco, siete, trece, catorce, quince, treinta y cuarenta y ocho del art�culo �nico de la Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificaci�n de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de Suelo y Ordenaci�n Territorial de Extremadura.
Afecta a temas como la participaci�n ciudadana, suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable, nuevos desarrollos urban�sticos o planeamiento en peque�os municipios. PDF (BOE-A-2011-15161 - 1 p�g. - 133 KB) Otros formatos
a) La lengua de uso preferente de todas las instituciones de Ar�n, especialmente del Conselh Generau d’Aran, la Administraci�n local y las entidades que dependen de ellos, los medios de comunicaci�n p�blicos, la ense�anza y la toponimia.
“Disposici�n adicional tercera.
Ser�n nulos los pactos que contravengan la anterior prohibici�n. “
CONCURSO ADSCRITOS. Orden JUS/2423/2011, de 12 de agosto, por la que se resuelve el concurso de m�ritos convocado por Orden JUS/1598/2011, de 31 de mayo, para proveer plazas de Notarios y Registradores adscritos a la Direcci�n General de los Registros y del Notariado.
Se resuelve la provisi�n de las cinco plazas vacantes de Notarios y Registradores adscritos a la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, de las cuales tres corresponden al Cuerpo de notarios y dos al Cuerpo de registradores.
Ignacio Paz-Ares Rodr�guez,
Higinio P� Guirado.
Gonzalo Aguilera Aneg�n.
Ver resumen Orden de convocatoria.
Ver Orden modificatoria.
Anulados los nombramientos
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CONCURSO REGISTROS DGRN. Resoluci�n de 29 de agosto de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que
se resuelve el concurso ordinario n� 282 para la provisi�n de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes, convocado por Resoluci�n de 27 de mayo de 2011, y se dispone su comunicaci�n a las comunidades aut�nomas para que se proceda a los nombramientos.
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CONCURSO REGISTROS CATALU�A. Resoluci�n de 29 de agosto de 2011, de la Direcci�n General de Derecho y de Entidades Jur�dicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso para la provisi�n de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocado por la Resoluci�n de 27 de mayo de 2011.
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El notario de Almer�a, don Francisco Balcazar Linares.
Don �ngel Lacal Fluja, registrador de la propiedad de Sant Feliu de Guixols.
Don Enrique Sol� Palerm, registrador de la propiedad de Moncada n� 1.
El notario de Vigo, don C�sar Cunqueiro Gonz�lez-Seco.
La jubilaci�n voluntaria del registrador de la propiedad, don Antonio Amat Larraz.
El notario de Albacete, don Antonio Perales Ram�rez. La jubilaci�n voluntaria del notario de Valladolid, don Jos� Luis de Prada P�rez-Moneo.
SUSTITUCI�N FIDEICOSARIA CONDICIONAL O PURA. EFECTOS DE LA RENUNCIA DE FIDEICOMISARIOS. Resoluci�n de 31 de mayo de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n de la registradora de la propiedad de Oviedo n� 2, por la que se deniega la inscripci�n de una escritura de protocolizaci�n de operaciones particionales de bienes sujetos a sustituci�n fideicomisaria. Hechos: En un testamento se establece una sustituci�n fideicomisaria con prohibici�n de vender y gravar los bienes a la fiduciaria, de forma que “a su fallecimiento” pasar�an los bienes a sus hijos, o, en defecto de ellos, a sus tres hermanos o descendientes de ellos.
El heredero de la fiduciaria y recurrente entiende que el fideicomiso qued� extinguido por renuncia de los fideicomisarios en 1977. Para ello se basa en que el fideicomiso fue puro, no condicionado al momento de la muerte de la fiduciaria, –pues la expresi�n “a su fallecimiento” para determinar los fideicomisarios la entiende referida al fallecimiento del causante inicial-, Por ello considera que los fideicomisarios quedaron determinados y adquirieron su derecho en el momento de la muerte del causante inicial (fideicomitente, en 1973) por aplicaci�n del art�culo 784 CC.
La Direcci�n estima el recurso y entiende que no es necesario el consentimiento del que figura como esposo de la causahabiente o de sus herederos ya que: En materia de estado civil es el Registro Civil el que constituye la prueba de los hechos inscritos relativos a dicho estado –art. 327 CC y 2 LEC - ; que los datos relativos al estado civil cuando acceden al Registro de la Propiedad bas�ndose en declaraciones de parte son extra�os a la legitimaci�n registral; y que, seg�n doctrina reiterada del Centro Directivo cuando la rectificaci�n de errores se refiere a hechos susceptibles de ser probados de un modo absoluto con documentos fehacientes, independientes por su naturaleza de la voluntad de los interesados, no es procedente la aplicaci�n de los art�culos 40.d) y 82 LH, pues basta la petici�n de la parte interesada acompa�ada de los documentos que aclaren el error producido. Estima que tampoco es necesaria la aportaci�n de los documentos rectificados, pues todos los datos suficientes para la rectificaci�n resultan de la inscripci�n registral. (MN)
180. AYUNTAMIENTO PUEDE EMBARGAR BIENES DE OTRO T�RMINO MUNICIPAL. Resoluci�n de 28 de junio de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador de la propiedad de Torrent n� 2, por la que se deniega la pr�ctica de una anotaci�n preventiva de embargo por encontrarse la finca registral embargada en t�rmino municipal distinto del propio del Ayuntamiento embargante. Se presenta mandamiento de los servicios de recaudaci�n de un Ayuntamiento por el que se solicita anotaci�n preventiva de embargo sobre finca radicante en otro t�rmino municipal.
El registrador la deniega por ser necesario que las actuaciones en materia de recaudaci�n ejecutiva que hayan de efectuarse fuera del territorio de la respectiva entidad local sean practicadas por los �rganos competentes de la correspondiente Comunidad Aut�noma o del Estado, seg�n los casos. La Direcci�n revoca la nota, ya que, si bien era la doctrina propia del centro la mantenida por el Registrador, la propia Direcci�n General la ha matizado (RR 25/5 y 2/6 de 2.011) en el sentido de que hay que distinguir entre actuaciones estrictamente ejecutivas, especialmente la realizaci�n forzosa del bien, donde seguir� en vigor la doctrina se�alada y
las meramente declarativas, en las que se incluir� la providencia de apremio, diligencia de embargo y mandamiento de anotaci�n preventiva, donde por razones de eficacia y econom�a debe reconocerse competencia al �rgano de recaudaci�n municipal, incluso respecto de bienes inmuebles sitos fuera de su t�rmino municipal. En definitiva las Entidades Locales
Hechos: Se presentan en el Registro testimonio de sentencia firme declarando la nulidad de ciertas inscripciones de donaci�n y compraventa y mandamiento ordenando la cancelaci�n correspondiente. La registradora practica las cancelaciones de algunas de ellas, denegando la cancelaci�n de dos, por hallarse inscritas a nombre de persona distinta del demandado, ya que tal demandado hab�a vendido las fincas a
tercera persona que no hab�a tomado parte en el procedimiento.
El recurrente aleg� que la transmisi�n fue posterior a la sentencia y que, de acuerdo con el
art�culo 33 de la Ley Hipotecaria, la nulidad no se puede convalidar jam�s.
La DGRN desestima el recurso bas�ndose en el principio constitucional de protecci�n jurisdiccional de los derechos y de interdicci�n de la indefensi�n procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento (art�culo 24 de la Constituci�n). El principio registral de tracto sucesivo -trasunto de la proscripci�n de la indefensi�n-, impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales que pudieran entra�ar una indefensi�n procesal patente del titular registral. El principio de interdicci�n de la indefensi�n procesal exige que el
El Centro Directivo responde seguidamente a la alegaci�n hecha por el recurrente del
art�culo 33 de la Ley Hipotecaria: “…la inscripci�n no convalida los actos nulos, pero debe tenerse en cuenta la diferencia de objeto a que se refieren los art�culos 33 y 34 de la Ley Hipotecaria. Hay que dejar sentado en primer lugar que este �ltimo art�culo no es una excepci�n del 33, como se recog�a en la Ley Hipotecaria de 1909, y en la primera Ley Hipotecaria de 1861 y que fue modificado en la reforma de 1944-46, donde ambos art�culos 33 y 34 quedaron deslindados. El art�culo 33, al expresar que la inscripci�n no convalida los actos nulos refleja que
nuestro sistema registral no es de fuerza convalidante. Como se ha dicho, la inscripci�n no tiene la virtud taumat�rgica de hacer v�lido lo que es nulo.
Pero tal nulidad no puede afectar al adquirente de un derecho durante la vigencia del asiento ahora declarado nulo, pues se trata de un tercero protegido por el art�culo 34 que, de conformidad con lo que establece dicho art�culo, no puede ser afectado por la nulidad del t�tulo de su otorgante cuando la causa de tal nulidad no resulta del propio Registro. Y ello es as� porque, como ha dicho la doctrina m�s autorizada, la inscripci�n no convalida lo nulo troc�ndolo en v�lido, pero mientras est� vigente tal asiento, surte sus propios efectos, y entre ellos, el de servir de base para la adquisici�n del derecho por el tercero.”
El registrador deniega la cancelaci�n de la anotaci�n letra D por tratarse de la
ampliaci�n de una anotaci�n anterior a la ejecutada y de la letra E por ser pr�rroga de la misma anotaci�n anterior.
no resulta que se trate de deudas fiscales diversas, sino de aumento de lo reclamado por principal, intereses, recargos y costas, derivados del mismo procedimiento. De ello deduce que estamos ante una ampliaci�n de la ejecuci�n que se est� haciendo valer en el mismo procedimiento y
no reclamaci�n de nuevos importes derivados de obligaciones distintas de la que motiv� el procedimiento de ejecuci�n.
Notas: el art�culo 613.4 LEC no indica de modo expreso qu� asiento haya de practicarse ni que se pueda extender tambi�n a un aumento del principal. Dice: “El ejecutante podr� pedir que se mande hacer constar en la anotaci�n preventiva de embargo el aumento de la cantidad prevista en concepto de intereses devengados durante la ejecuci�n y de costas de �sta, acreditando que unos y otras han superado la cantidad que, por tales conceptos, constara en la anotaci�n anterior.”. Se suele practicar una nueva anotaci�n, aunque lo principal en estos casos, a efectos de prioridad, es la pr�ctica de una nota marginal en la que se aluda a este art�culo 613.4, para que deban de ser respetados los nuevos importes incluso por el adjudicatario de una ejecuci�n intermedia. Si se practica anotaci�n preventiva, estimo que, a efectos de
principal “ampliado” tambi�n se puede hacer valer por su propia naturaleza en el mismo procedimiento, m�xime cuando el art�culo 613.4 no se refiere expresamente a �l. S� que lo permite el art�culo 578.3 LEC, no citado en la Resoluci�n, a solicitud del actor. Lo que no parece razonable que se pudiera incluir son cr�ditos acumulados de distinta procedencia, aunque coincidan acreedor y deudor. Al respecto, previamente a la pr�ctica de la anotaci�n, el registrador deber� de calificar si realmente las nuevas cantidades han de tener esa prioridad y muchas veces no cuenta con mimbres suficientes para hacerlo.
Comentario: En la presente resoluci�n la DGRN inaplica su propia doctrina del negocio complejo, en mi opini�n sin raz�n jur�dica bastante, ya que la aplicabilidad de dicha doctrina no depende de lo dispuesto en las normas reguladoras del r�gimen econ�mico matrimonial portugu�s, como dice la DGRN, sino que al tratarse de un asunto relativo a derechos reales sobre inmuebles sitos en Espa�a (compra m�s hipoteca) hay que aplicar la “lex rei sitae”, es decir la legislaci�n espa�ola y la doctrina complementaria. Esta doctrina ya la hab�a aplicado y consolidado la DGRN en varias Resoluciones relativas a la adquisici�n con hipoteca simult�nea en nombre de un menor o sin manifestaci�n sobre el car�cter de vivienda familiar, como alega el recurrente.
Desde el punto de vista de la finalidad de las normas tampoco se justifica la exigencia de la DGRN, pues ning�n perjuicio ha de recibir el otro c�nyuge, cualquiera que sea el r�gimen aplicable, ya que en el peor de los casos el patrimonio matrimonial se incrementar�, aunque con un gravamen, a diferencia de los casos en que se justificar�a su consentimiento por el posible perjuicio que le causar�an actos de disposici�n o gravamen. Incluso dejando de lado las anteriores razones, y acudiendo a la pr�ctica, es bastante notorio tambi�n entre juristas, o al menos f�cilmente averiguable con los medios de que hoy d�a disponemos, que el r�gimen econ�mico matrimonial legal supletorio portugu�s en la generalidad de los casos es el de comunidad de adquisiciones, con un r�gimen legal similar al de gananciales espa�ol –sin entrar en detalles- por lo que la posici�n de la DGRN parece por tanto excesivamente formalista, poco pr�ctica y posiblemente cara para el comprador portugu�s, a menos que su esposa ratifique la hipoteca.
Supuesto planteado: En el folio abierto a la segunda fase de una urbanizaci�n –finca 19678- est�n inscritos los estatutos que han de regir la comunidad general de propietarios que componen la primera y la segunda fase. Se presenta acta de protocolizaci�n de acuerdo adoptado por la comunidad de propietarios de la segunda fase en el que modifican los estatutos en el sentido de que pasen a regir no a la comunidad general de las dos fases sino s�lo de la segunda.
El registrador suspende la inscripci�n porque debe constar la conformidad al respecto de la comunidad de vecinos de la primera fase.
La Direcci�n confirma el defecto de conformidad con la regla de acuerdo un�nime para la modificaci�n del t�tulo constitutivo: una vez inscrita la constituci�n de una supracomunidad y sus estatutos, la modificaci�n de �stos requerir� el consentimiento un�nime de su Junta de Propietarios. Hay que diferenciar la supracomunidad compuesta por las fases I y II – creada por declaraci�n expresa de los estatutos inscritos en la finca registral 19678- de la propiedad horizontal constituida sobre dicha finca e integrada por la fase II, de modo que nada impide a los propietarios de la fase II crear una comunidad de propietarios con los estatutos correspondientes que afecten exclusivamente a dicha fase, pero sin que ello implique la alteraci�n de los estatutos de la supracomunidad sin consentimiento de los dem�s. (MN)
Se pretende la inmatriculaci�n de una finca colindante con monte demanial de titularidad municipal. La registradora solicita informe de la Consejer�a de Medio Ambiente de la Junta de Andaluc�a, habi�ndose emitido el mismo y siendo desfavorable a la inmatriculaci�n solicitada. En dicho informe se hace constar que �...dicha parcela afecta al Monte P�blico �Atochares…� propiedad de ese Ayuntamiento y actualmente sin deslindar. Seg�n el art�culo 12.1.a de dicha Ley, el citado monte tiene la consideraci�n de dominio p�blico forestal. Para acceder a la petici�n deber�n solicitar el deslinde parcial de dicho monte en el �rea afectada por la parcela, seg�n lo establecido en los art�culos 60 al 64 del Decreto 208/1997, de 9 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andaluc�a�.
La DGRN desestima el recurso y confirma la calificaci�n registral, diciendo que “El citado art�culo 22 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes trata de impedir el acceso al Registro de la Propiedad y evitar que se le atribuyan los efectos derivados de la inscripci�n a inmatriculaciones o excesos de cabida que puedan invadir el demanio p�blico, configurando el informe del titular del monte o de la Comunidad Aut�noma, cuando el monte es catalogado, como un
procedimental.”
Y que “debe confirmarse la calificaci�n recurrida si se tienen en cuenta los siguientes aspectos: a) la finalidad de protecci�n del patrimonio forestal p�blico frente a posibles inmisiones en procesos de inmatriculaci�n de fincas o inscripci�n de excesos de cabida de fincas colindantes con montes p�blicos; b) la funci�n de control y colaboraci�n atribuida al registrador en estos procesos; c) que en la Comunidad Aut�noma andaluza todos los montes de titularidad p�blica deben ser incluidos en el Cat�logo de Montes de Andaluc�a; d) que la Comunidad Aut�noma de Andaluc�a tiene competencia exclusiva en materia de montes, sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 149.1.23.� de la Constituci�n (cfr. art�culo 57 n.� 1. a de la Ley Org�nica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonom�a para Andaluc�a, y Resoluci�n de 20 de abril de 2007); y e) que la competencia para la expedici�n de informes en montes catalogados corresponde a la Comunidad Aut�noma.
La DGRN comienza recordando su doctrina de que “la registraci�n de un exceso de cabida stricto sensu s�lo puede configurarse como la
rectificaci�n de un err�neo dato registral referido a la descripci�n de finca inmatriculada, de modo que ha de ser indubitado que con tal rectificaci�n no se altera la realidad f�sica exterior que se acota con la global descripci�n registral, esto es, que la superficie que ahora se pretende constatar tabularmente es la que debi� reflejarse en su d�a por ser la realmente contenida en los linderos originariamente registrados”.
Y que “para la registraci�n de exceso de cabida es preciso que
no existan dudas sobre la identidad de la finca (cfr. art�culo 298 inciso �ltimo del Reglamento Hipotecario)”.
Y confirma la calificaci�n negativa, desestimando el recurso diciendo que “Dadas las circunstancias concurrentes en este caso, como son: la
simult�nea discordancia entre la superficie registral y catastral de una de las fincas colindantes, seg�n se confirma por el resultado de la consulta telem�tica de la Oficina Virtual de Catastro, de donde se deduce que la mayor superficie cuya inscripci�n se pretende inscribir puede pertenecer a la finca 9227, seg�n se infiere igualmente del escrito del recurso al aludir al posible perjuicio de dicho colindante y de su no oposici�n a la inscripci�n del exceso de cabida; resultan totalmente justificadas las dudas que alberga el registrador (cfr. apartado 5 del art�culo 298.3 del Reglamento Hipotecario), de donde se colige la necesaria suspensi�n del t�tulo calificado.” (JDR)
2.- Calificaci�n registral de documentos judiciales.- Recoge la doctrina de la Resoluci�n de
10 de enero 2011, seg�n la cual aunque los registradores de la propiedad deben cumplir las resoluciones judiciales no pueden, contra el principio de tracto sucesivo, trasunto de la proscripci�n de la indefensi�n, “dar cabida en el Registro a una extralimitaci�n del juez que entra�ara una indefensi�n procesal patente”.
Por la aplicaci�n �ntegra del privilegio de ejecuci�n separada la titularidad del rematante de los bienes no se ver� ya condicionada por la quiebra “desde el momento en que tales bienes no s�lo salen del patrimonio del quebrado, sino que quedan sustra�dos de la masa activa de la quiebra, sin perjuicio del destino que deba darse al producto obtenido con su realizaci�n”.
5.- Falta de concreci�n de asientos cancelables.- Es doctrina “de esta Direcci�n General que ha de exigirse la identificaci�n suficiente de los asientos a los que se refieren los mandamientos judiciales cancelatorios, de acuerdo con el principio de especialidad registral [...] Esta exigencia supone, adem�s, en los supuestos de cancelaci�n parcial, la necesidad de determinar la extensi�n del derecho que se cancela y del que subsiste, conforme a los art�culos 80 y 103, 133 y 134 de la Ley Hipotecaria y 98, 193 y 233 del Reglamento Hipotecario y 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dado que el registrador carece por s� de la facultad de decidir la extensi�n de dicha cancelaci�n ordenada judicialmente (cfr. Resoluciones de 28 de febrero de 1977, 7 de noviembre de 1990, 11 de abril de 1991, 3 de junio de 1992, 19 de febrero de 2007, 28 de febrero de 1997 y 10 de septiembre de 2009).
198. EMBARGO DE FINCA PRIVATIVA QUE CONSTITUYE VIVIENDA FAMILIAR CONTRA CIUDADANO MARROQU� CON NOTIFICACI�N A LA ESPOSA. Resoluci�n de 22 de julio de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de San Mart�n de Valdeiglesias a la pr�ctica de una anotaci�n preventiva de embargo. Supuesto:
Se presenta un mandamiento de embargo de una finca inscrita en favor de un marroqu� casado en separaci�n de bienes y que constituye la vivienda familiar, notific�ndose el embargo a la esposa.
R. 21 de enero de 2011, seg�n la cual si el derecho material extranjero establece un r�gimen de comunidad (no un r�gimen de separaci�n de bienes), se aplica la norma procesal espa�ola del art.144-1 RH que solo exige notificar al c�nyuge. Pero insiste en la prueba del derecho extranjero (R. 7 de Julio de 2011) considerando que en caso de duda sobre el r�gimen matrimonial, el �nico modo de evitar la indefensi�n del c�nyuge no deudor consiste en dirigir la demanda contra ambos c�nyuges.
La DGRN estima el recurso y revoca la nota de calificaci�n. 1) Para ello se remite en primer lugar a la Resoluci�n de
9 de marzo de 2000, que aun estudiando un supuesto al que resultaba aplicable el art�culo 144.5 RH, en su redacci�n anterior a la reforma operada por el RD 1867/1998 realiz� una interpretaci�n aut�ntica del mismo, en l�nea con la redacci�n actual. Dicha resoluci�n consider� que solo cuando de los libros registrales resulte que el bien embargado es la vivienda habitual del deudor deber� el Registrador suspender el asiento en tanto se le acredite debidamente que de los autos resulta de modo indubitado lo contrario, o que se ha practicado la notificaci�n del embargo, que no de la demanda, al c�nyuge del deudor.
2) A�ade un argumento de orden pr�ctico: “Teniendo en cuenta que se trata de una medida cautelar que puede ser plenamente v�lida por no ser el inmueble trabado vivienda familiar del deudor, es m�s coherente con la celeridad que se precisa para evitar eventuales actuaciones fraudulentas, acceder a la anotaci�n del embargo que rechazarla. En caso contrario quedar�an subordinados los intereses del acreedor que acude a la protecci�n registral a los intereses de quienes, aun gozando de tal posibilidad, no hacen constar en el Registro el car�cter de vivienda habitual del inmueble de su titularidad”.
13 de Julio de 1998, en donde se dudaba sobre si las restricciones a la enajenaci�n de la vivienda familiar jugaban o no en las enajenaciones forzosas, en la presente resoluci�n directamente se niega: “En cualquier caso, si el registrador rechazase la anotaci�n, el embargo est� ya decretado y dar� paso al apremio del bien trabado, y una vez consumado �ste, no podr�a rechazarse la inscripci�n a favor del adjudicatario so pretexto de la omisi�n de la notificaci�n al c�nyuge del ejecutado si del Registro no resultare ese car�cter de vivienda habitual. Esta conclusi�n se deriva de lo dispuesto en el art�culo 1320 del C�digo Civil, que no exige manifestaci�n espec�fica al respecto como tampoco lo hace el art�culo 91.1 del Reglamento Hipotecario que impone ese deber s�lo al disponente, figura �sta que, por definici�n, no se da en el supuesto de ejecuci�n forzosa de car�cter judicial....”
4) Adem�s, en el caso que nos ocupa, al deudor le pertenece no toda la vivienda sino s�lo una tercera parte indivisa que fue adquirida por herencia y es doctrina de este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de
27 de junio de 1994) que debe excluirse la posibilidad de que la cuota de un part�cipe atribuya el derecho al uso total y exclusivo de la vivienda porque impedir�a a los otros utilizarla conforme a su destino. Adem�s el car�cter de vivienda habitual y familiar -que es lo que la Ley y en concreto el art�culo 1320 del C�digo Civil trata de proteger- no puede predicarse de la que ocupan simult�neamente las familias de los tres part�cipes porque por su propia esencia ese uso no puede realizarse por cada una de ellas sobre la vivienda en su totalidad, con menor motivo podr� exigirse para un embargo la notificaci�n al c�nyuge del titular de una tercera parte indivisa que ni siquiera lo es en comunidad con su consorte. (JCC)
4 de diciembre de 2000) neg� a la disoluci�n de comunidad el car�cter de t�tulo inmatriculable por no acreditar fehacientemente el t�tulo de adquisici�n invocado por los comuneros. Por su parte, la de 26 de abril de 2003 trat� s�lo indirectamente el problema planteado, pues el Registrador hab�a considerado suficiente para inmatricular la doble titulaci�n de disoluci�n de comunidad y compraventa, por lo que el Centro Directivo no entr� en el problema. La Resoluci�n de
18 de diciembre de 2003 abord� el supuesto de una disoluci�n de comunidad complementada por acta de notoriedad que acredita que es tenido por due�o el que lo es por la disoluci�n, concluyendo que lo que hay que declarar como notoria es la titularidad de los comuneros, admitiendo con ello que dichos comuneros son los transferentes.
En realidad, lo que sucede es que la divisi�n de la cosa com�n presenta una naturaleza jur�dica compleja, dif�cil de reducir a la dicotom�a entre lo traslativo y lo declarativo, pero en todo caso, tiene como consecuencia una mutaci�n jur�dico real de car�cter esencial, pues extingue la comunidad existente y modifica el derecho del comunero y su posici�n de poder respecto del bien (v�ase Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2011, seg�n la cual debe ser calificado de verdadera atribuci�n patrimonial)
lo que explica que deba considerarse t�tulo inmatriculador. En definitiva, por la disoluci�n de comunidad se causa en el Registro un asiento de inscripci�n sobre la totalidad del pleno dominio de la cosa adjudicada.
Entre dichos medios se incluye el negocio de aportaci�n de derechos concretos a una comunidad de bienes no personalizada jur�dicamente o de comunicaci�n de bienes como categor�a aut�noma y diferenciada con sus propios elementos y caracter�sticas. En todo caso, han de quedar debidamente expresados en el t�tulo inscribible los elementos constitutivos del negocio de aportaci�n por el que se produce el desplazamiento entre los patrimonios privativos y el consorcial, y especialmente su
causa, que no puede presumirse a efectos registrales (vid. arts. 1.261-3.� y 1.274 y siguientes del C�digo Civil).
Pero la Direcci�n General no entiende que esto haya acontecido en el caso planteado ya que para saber si se ha creado una documentaci�n artificial debe reconstruirse el �iter� inmatriculador del caso y resulta una aportaci�n realizada por los copropietarios con car�cter privativo de la finca matriz –que a su vez refieren que adquirieron por herencia de su madre– a sus respectivas sociedades de gananciales y una posterior segregaci�n de dicha finca matriz y disoluci�n de comunidad respecto de todas las fincas resultantes, de modo que se adjudican cada una por completo a los distintos part�cipes. De todo ello se concluye que no existe una sola transmisi�n, sino m�s bien un complejo �iter� adquisitivo. Adem�s, entre el otorgamiento de las escrituras de aportaci�n y disoluci�n median m�s de siete meses, por lo que (como declar� la Resoluci�n de 8 de junio de 2009 para un supuesto an�logo), no existe indicio suficiente para pensar que hayan sido preparadas al �nico efecto de conseguir la inmatriculaci�n.
Hechos: Se trata de una escritura de pr�stamo hipotecario en cuyo otorgamiento el banco prestamista est� representado por dos apoderados. El notario expresa que se le exhibe copia de dicha escritura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, con sus respectivos datos registrales, y que �de ella resulta que se est� facultado, mancomunadamente con otro apoderado de esta entidad, para conceder y tomar pr�stamos y cuentas de cr�dito, recibiendo las garant�as necesarias reales o hipotecarias� Seguidamente, aparece este juicio de suficiencia: “Yo, el Notario, doy fe de que a mi juicio las facultades representativas acreditadas, son suficientes para el otorgamiento del negocio jur�dico contenido en esta escritura. “
La DGRN realiza una extensa explicaci�n de c�mo ha ido evolucionando la normativa y su interpretaci�n respecto al �mbito de actuaci�n de notarios y registradores respecto a la
legitimaci�n para obrar en nombre ajeno.
A la hora de resolver el caso concreto, parte de lo siguiente: “habida cuenta de la transcendencia que se atribuye a la suficiencia de las facultades representativas, este juicio notarial debe ser expresado, no de forma gen�rica o abstracta, sino necesariamente concretado al �acto o negocio jur�dico al que el instrumento se refiera�. S�lo de este modo ser� posible verificar la necesaria congruencia entre el juicio notarial de suficiencia y el contenido del t�tulo que demanda el art�culo 98.2 de la Ley 24/2001”.
. En el presente caso, el notario autorizante del t�tulo calificado ha rese�ado debidamente el documento del que nace dicha representaci�n, es decir la escritura p�blica de apoderamiento. Y si bien es cierto que al emitir el juicio de suficiencia de las facultades representativas no especifica el negocio jur�dico concreto formalizado en la escritura (la f�rmula utilizada es �... para el otorgamiento del negocio jur�dico contenido en esta escritura...�), ello no impide al registrador que pueda calificar la congruencia entre dicho juicio y el contenido del t�tulo, pues el juicio de suficiencia formulado hay que ponerlo en relaci�n, por un lado, con el contenido de dicho negocio y, por otro, con la referencia que se hace al contenido del documento del que surge la representaci�n, referencia en la que se contiene precisamente, en contra de lo que se afirma en la nota de calificaci�n, una correcta identificaci�n de las facultades ejercitadas por los apoderados mancomunados. Incluye a este respecto las de �conceder y tomar pr�stamos y cuentas de cr�dito, recibiendo las garant�as necesarias reales o hipotecarias�, sin que el registrador haya cuestionado la congruencia entre estas facultades atribuidas a los apoderados y el concreto negocio de pr�stamo hipotecario formulado.
CALIFICACI�N SUSTITUTORIA. LIQUIDACI�N DE SOCIEDAD CONYUGAL DE CIUDADANOS RUSOS Y HERENCIA. PRUEBA DE DERECHO EXTRANJERO. Resoluci�n de 28 de julio de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Rosas n� 2 a inscribir una escritura de manifestaci�n de herencia.
La registradora suspende la inscripci�n porque entiende que es preciso probar y acreditar el
contenido del Derecho extranjero respecto de los siguientes extremos: a) que el derecho aplicable a la sucesi�n de los bienes inmuebles del causante radicados en Espa�a es la legislaci�n rusa; b) que el certificado aportado constituye t�tulo sucesorio conforme a la ley aplicable; y c) la naturaleza y r�gimen, conforme a la ley aplicable, de los derechos legitimarios que pudieran existir. El notario autorizante solicit� calificaci�n sustitutoria, en la cual, el registrador, revoc� el primer defecto (pero sometiendo la revocaci�n a determinadas condiciones), confirm� los otros dos e introdujo nuevos defectos.
La DGRN, como cuesti�n procedimental previa, trata de la calificaci�n sustitutoria, la cual considera que debe de estar
ce�ida a los defectos esgrimidos por el registrador sustituido, por lo que no es posible a�adir nuevos defectos. Al condicionar el registrador sustituto la revocaci�n del primer defecto y no cumplirse la condici�n, el Centro Directivo resuelve que sigue vigente por lo que entra a examinarlo tambi�n. 4. En cuanto a la cuesti�n de fondo planteada, parte de la regla de que la aplicaci�n a un supuesto concreto de una determinada legislaci�n extranjera queda sometida necesariamente a su
281.2 LEC. Sin embargo, cuando la autoridad p�blica desarrolla funciones no jurisdiccionales –como es el caso de notarios y registradores- existen reglas especiales que se apartan de la soluci�n general contemplada en dicho art�culo 281, el cual s�lo ser� de aplicaci�n supletoria. Por ello, si al
ni consta que el certificado notarial extranjero aportado sea el t�tulo sucesorio, en el sentido de t�tulo inscribible por ser aquel en el que funda inmediatamente su derecho la persona a favor de la cual se pide la inscripci�n, ni los posibles derechos a la herencia de los eventuales legitimarios o herederos forzosos del causante, en caso de haberlos. Esta ausencia no ha sido suplida ni por declaraci�n de su conocimiento por el propio notario autorizante del documento, ni por ning�n otro medio previsto por el ordenamiento jur�dico espa�ol ni ha sido dispensada por la registradora por tener conocimiento suficiente y directo del contenido y vigencia de tal legislaci�n extranjera. (JFME)
NO ES PRECISO QUE CONSTE EL NIF DEL C�NYUGE DEL COMPRADOR. Resoluci�n de 29 de julio de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de V�lez M�laga n� 2 a inscribir una escritura de compraventa. El registrador de la propiedad suspende la inscripci�n de una escritura de compraventa de un inmueble, otorgada como comprador por una persona que manifiesta que est� casado en r�gimen de gananciales con la se�ora cuyos nombres y apellidos indica y que lo adquiere para su sociedad conyugal. A juicio del registrador, aunque no comparezca la esposa del comprador es necesario que conste su N�mero de Identificaci�n Fiscal.”
Interpuesto un recurso por el notario autorizante contra dicha calificaci�n la Direcci�n General lo estima concluyendo que “teniendo en cuenta el concreto negocio jur�dico documentado y las peculiaridades de la adquisici�n del inmueble –en atenci�n al r�gimen econ�mico matrimonial de gananciales– y a la vista del tenor literal del art�culo 254 de la Ley Hipotecaria interpretado atendiendo a los criterios antes expuestos, procede revocar la calificaci�n recurrida,
pues carece de amparo legal la exigencia de constancia del N�mero de Identificaci�n Fiscal del c�nyuge del adquirente del inmueble, toda vez que aqu�l no ha comparecido ni ha sido representado en la escritura calificada y la norma ci�e tal exigencia a comparecientes y representados, circunstancias en las que no se encuentra el c�nyuge del comprador.” (JZM)
La propietaria con car�cter privativo de una finca urbana – que tiene como anejo un desv�n -, actuando con el consentimiento del resto de propietarios de los dem�s elementos independientes que forman parte del edificio en r�gimen de propiedad horizontal, dando al otorgamiento el car�cter de junta universal, segrega dicho desv�n, como finca independiente, y lo transforma en vivienda, redistribuy�ndose entre las fincas resultantes la cuota correspondiente a la originaria finca.
ACTO DISPOSITIVO PREVIO A PROHIBICI�N JUDICIAL DE DISPONER, PERO PRESENTADO DESPU�S DE LA ANOTACI�N. Resoluci�n de 3 de agosto de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Madrid n� 1 a inscribir la transmisi�n del dominio de un inmueble por escisi�n total de una sociedad. El registrador suspende la inscripci�n de la transmisi�n dominical sobre un inmueble motivada por la escisi�n total de una sociedad de responsabilidad limitada, mediante escritura otorgada en el a�o 1999, porque al presentarse �sta en el Registro de la Propiedad en el a�o 2011 consta previamente practicada –en el a�o 2007– una anotaci�n preventiva de prohibici�n de disponer decretada por la Autoridad Judicial, en procedimiento de car�cter penal, como medida cautelar.
8 de julio de 2010. Reconoce que “ya desde antiguo, tanto por la doctrina de los comentaristas como por la jurisprudencia, se plante� la cuesti�n de la determinaci�n concreta de sus efectos, particularmente en relaci�n con aquellos actos dispositivos que fueron otorgados antes de que se ordenara la prohibici�n de disponer pero que se presentaron a Registro despu�s de practicada la anotaci�n. Y es que, si bien se trata de actos que desde el punto de vista sustantivo o civil pueden considerarse v�lidos o eficaces, su acceso al Registro podr�a cuestionarse por las dificultades de su adaptaci�n a los principios registrales de nuestro sistema, b�sicamente con el principio de prioridad, dada la falta de claridad de las normas aplicables a esta materia.”
Tras valorar los distintos argumentos, y examinar sus propios pronunciamientos, no siempre uniformes, se decanta diciendo que “Este Centro Directivo entienda que, en la medida en que el art�culo 145 del Reglamento Hipotecario impide el acceso registral de los actos dispositivos realizados posteriormente (salvo los que traen causa de asientos vigentes anteriores al de dominio o derecho real objeto de la anotaci�n), ello presupone, �a sensu contrario�, que no impide los realizados con anterioridad –conclusi�n que resulta tambi�n, como se ha indicado, de la aplicaci�n de la regla general que para las anotaciones dicta el art�culo 71 de la propia Ley Hipotecaria–, sin embargo, por otro lado, se estima que tal inscripci�n no ha de comportar la cancelaci�n de la propia anotaci�n preventiva de prohibici�n, sino que �sta se arrastrar�.
Y dice que “Tal soluci�n permite compatibilizar todos los intereses en juego, sin lesionar indebidamente ninguno, permitiendo el acceso al Registro del t�tulo rezagado, pero, sin cancelaci�n de oficio por el registrador del asiento de la anotaci�n prohibitiva, pues, como se ha indicado, de un lado, la inscripci�n posterior del t�tulo anterior no priva de toda su eficacia potencial a la anotaci�n y, de otro, s�lo al juez corresponde acordar la cancelaci�n de tal asiento, conforme a lo previsto en el art�culo 83 de la Ley Hipotecaria, a la vista de las circunstancias del caso.”
CONSTITUCI�N DE SOCIEDAD LIMITADA: AUTOCONTRATO Y FORMA DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA. Resoluci�n de 5 de julio de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y de bienes muebles II de Valencia a inscribir una escritura de constituci�n de una sociedad de responsabilidad limitada. (JAGV)
2�. Seg�n la redacci�n de los Estatutos sociales se estar�an estableciendo “dos sistemas alternativos de convocatoria, con infracci�n del art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital, en la interpretaci�n que dio la RDGRN de 15 Octubre de 1998 al precedente art. 46 de la Ley de Sociedades Limitadas”. Doctrina: La DG reiterando su doctrina de
“a falta de una previsi�n normativa de la que se desprenda clara y terminantemente lo contrario, no puede negarse la posibilidad de establecer como alternativos los diversos procedimientos de convocatoria de la junta previstos en el presente caso”. A�adiendo al final que “esta alternatividad
en las sociedades de responsabilidad limitada por su car�cter cerrado y su vinculaci�n tipol�gica orientada a sociedades con un reducido n�mero de socios”.
COMPETENCIA REGISTRAL: TRASLADO DE DOMICILIO.
SUSPENSI�N MOTIVADA POR NO HABERSE EJECUTADO SENTENCIA SOBRE DEMARCACI�N REGISTRAL. Resoluci�n de 11 de julio de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil de A Coru�a a la tramitaci�n del traslado del domicilio social de una sociedad al municipio de A Coru�a. (JAGV)
La registradora de este �ltimo suspende la inscripci�n �hasta que el Ministerio de Justicia determine en qu� forma se ejecuta la Sentencia dictada el 14 de junio de 2010 por la Secci�n Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que declara la nulidad de la provisi�n de la plaza del Registro Mercantil de Santiago de Compostela, cuya casaci�n ha sido denegada por el Tribunal Supremo en auto de 2 de diciembre de 2010, notificado a la Registradora… el 3 de marzo; as� como la de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 2 de marzo, que declara la disconformidad a derecho y consiguiente anulaci�n de la Orden de la Conseller�a de la Presidencia, Administraciones P�blicas y Justicia de fecha 31 de enero de 2008, en el particular relativo al otorgamiento de la plaza del Registro Mercantil de Santiago a don Santiago B. L. Se recurre por el interesado, alegando que las cuestiones planteadas “corresponden a cuestiones internas de los respectivos Registros, a los que la sociedad interesada es ajena”.
Doctrina: La DG revoca la nota de calificaci�n. Se basa para ello en la falta de firmeza interrelacionada de las diversas sentencias existentes sobre la creaci�n del registro de Santiago y el RD que lo demarc�. La DG centra el problema en la tacha de nulidad, por falta de competencia, de la
certificaci�n expedida por el registrador titular del Registro Mercantil de Santiago de Compostela conforme a lo dispuesto en el art�culo 19 del Reglamento del Registro Mercantil a fin de facilitar el traslado del historial registral de la respectiva sociedad mercantil al Registro Mercantil de A Coru�a por cambio de su domicilio social, a esta �ltima ciudad. Dice que el registrador “debe calificar, entre otros extremos, la competencia del �rgano o funcionario del que procede el documento que integra el t�tulo formal que ha de servir de soporte para la pr�ctica de la correspondiente operaci�n registral”, incluyendo la competencia de otros registradores. Ahora bien la “falta de firmeza de las resoluciones judiciales alegadas por la registradora Mercantil de A Coru�a en relaci�n con los actos administrativos de provisi�n de plaza y de nombramiento de don S.B. L. y la consiguiente suspensi�n de la ejecuci�n de las mismas, determina que deba revocarse la calificaci�n impugnada. Por consecuencia ello “impide paralizar entre tanto, por razones de inter�s general, orden p�blico y seguridad jur�dica, la actividad registral del Registro Mercantil de Santiago de Compostela” debiendo “la registradora titular del Registro Mercantil de A Coru�a, ... continuar cumpliendo los deberes que le impone la legislaci�n vigente, incluidas las relativas a la ejecuci�n de las correspondientes actuaciones registrales previstas en el art�culo 19 del Reglamento del Registro Mercantil”.
Comentario: Dado lo particular y limitado de la resoluci�n, en cuanto afecta a s�lo dos registros, omitimos todo comentario hasta el pronunciamiento definitivo de los Tribunales competentes. No obstante, pese a su car�cter particular, la resoluci�n es interesante pues
RESE�A DE PODER EN CONSTITUCI�N DE SOCIEDAD.
ART. 98 LEY 24/2001. Resoluci�n de 1 de julio de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por un notario de Madrid contra la negativa de la registradora mercantil y de bienes muebles VIII de Madrid a inscribir una escritura de constituci�n de una sociedad de responsabilidad limitada.
Su contenido, en lo que se refiere al problema planteado de si la expresi�n en la escritura, al rese�ar un poder en cuya virtud interviene uno de los fundadores, de que
“el apoderado tiene conferidas facultades suficientes para intervenir en la presente escritura de constituci�n de sociedad de responsabilidad limitada”, cumple o no con las exigencias del art. 98 de la ley 24/2001,
es id�ntica a la resoluci�n de
5 de Abril de este mismo a�o, resumida bajo el n�mero 96. La DG sigue sosteniendo
SOCIEDADES TELEMATICAS: PROVISI�N DE FONDOS PARA EL BORME. Resoluci�n de 6 de julio de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por un notario de Fuenlabrada contra la negativa del registrador mercantil XVI de Madrid a inscribir determinadas escrituras de constituci�n de sociedades de responsabilidad limitada.
Hechos. Son muy simples: Se trata de la constituci�n de una sociedad limitada expr�s en cuyos estatutos se prev�
la existencia de consejo de administraci�n.
El notario autorizante, quiz�s confundido por la nota de calificaci�n, recurre alegando que “se solicita la tramitaci�n conforme al n�mero Uno del art�culo 5 del Real Decreto Ley 13/2010 y que el hecho de no utilizar los estatutos tipo no impide la concesi�n de beneficios”.
Comentario: Recurso claro, cuyo origen quiz�s est� en la omisi�n por el registrador en su nota de que la sociedad, al prever Consejo, quedaba sujeta en todo al n�mero 3 del art. 5 del RDL tantas veces citado. Es decir que la exigencia de provisi�n de fondos para el Borme no es por la no utilizaci�n de los estatutos tipo de la Orden de 9-12-2010, sino
por la existencia de Consejo como una de las posibles formas de administrar la sociedad. (JAGV)
trescientas participaciones sociales, de las que
La registradora, en una explicativa y did�ctica nota, suspende la inscripci�n en base a los siguientes argumentos: “La participaci�n de una, S. L. P. en la constituci�n de una sociedad no profesional, excede del �mbito previsto en el art�culo 2 de la Ley de Sociedades Profesionales, con arreglo al cual �Las sociedades profesionales �nicamente podr�n tener por objeto el ejercicio en com�n de actividades profesionales, y podr�n desarrollarlas bien directamente, bien a trav�s de la participaci�n en otras sociedades profesionales.”
A�ade en su acuerdo que “no hay obst�culo conceptual alguno para no permitir la llamada
�participaci�n de inversi�n� esto es la posibilidad de que una sociedad adquiera una participaci�n no dominante en otra sociedad no profesional” pero “la adquisici�n por parte de una sociedad profesional, de 165 participaciones de un total de 300, es decir de un 55% del capital social, de una sociedad limitada con un objeto no profesional, deviniendo en consecuencia socio mayoritario de la misma,
supone con claridad y sin ning�n g�nero de duda que la sociedad est� indirectamente ejerciendo un objeto social que tiene prohibido” y “por tanto nos encontrar�amos frente a una
causa de nulidad de la sociedad por
ilicitud del objeto real de la misma”.
se limita a suscribir 75. Pese a ello el notario recurre alegando lo siguiente: “que la registradora confunde la capacidad jur�dica con el objeto social”, que la capacidad de una persona jur�dica s�lo puede ser limitada por la naturaleza o por la ley y que “ninguna norma limita la capacidad jur�dica de una sociedad limitada profesional, es decir, la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones” concluyendo que de lo que se trata en el art. 2 es de posibilitar que “en una sociedad profesional, socios profesionales puedan ser tanto personas f�sicas como jur�dicas.”
Doctrina: La DG centrando el problema de que de lo que se trata es de “dilucidar si es posible la participaci�n mayoritaria de una sociedad profesional en otra no profesional”, revoca la nota de calificaci�n haciendo las siguientes declaraciones:
Destaca, en primer lugar, que la exclusividad del objeto social en las sociedades profesionales, recogida en el art�culo 2 de la Ley especial, “no implica una limitaci�n a la capacidad de obrar de la sociedad profesional ni mucho menos una prohibici�n (cfr. art�culos 38 y 1255 del C�digo Civil, y 116.2 y 118 del C�digo de Comercio)”.
A continuaci�n resalta las declaraciones del TS, sala 1�, en su sentencia de 29 de Julio de 2010, que por su inter�s, no s�lo para este caso, sino en general, trascribimos de forma literal: �ante la necesidad de proteger la confianza en la apariencia y con ello la seguridad del tr�fico, especialmente cuando la personalidad se utiliza como veh�culo para organizar una empresa que act�a en el mercado, nuestro sistema parte de la plena capacidad jur�dica y de obrar de las sociedades mercantiles que, en consecuencia, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades en las que puedan incurrir sus gestores, pueden desplegar l�citamente tanto actividades
�extraestatutarios�, incluso cuando son claramente extravagantes y ajenas al objeto social. Esta capacidad en modo alguno queda mermada por las previsiones contenidas en el art�culo 129 de la Ley de Sociedades An�nimas de 1989 -hoy 234 de la Ley de Sociedades de Capital-, que atribuye a los administradores societarios el poder inderogable de vincular a la sociedad con terceros, con independencia de que su actuaci�n se desarrolle dentro de la actividad fijada como objeto estatutario inscrito en el Registro Mercantil o fuera de ella, sin perjuicio de que la transgresi�n del objeto estatutario pueda ser oponible frente a quienes no hayan obrado de buena fe y sin culpa grave.” Concluye la DG estableciendo que “siendo obvio que la participaci�n mayoritaria en la sociedad no profesional no implica �per se� la principalidad de las actividades incluidas en el objeto de �sta respecto de las propias y espec�ficas de la sociedad profesional en la actividad de esta �ltima,
no cabe cuestionar la validez de la constituci�n de la sociedad cuya inscripci�n se pretende sobre la base de una supuesta falta de capacidad de uno de sus socios.”
el art. 2, en su interpretaci�n correcta lo que dice, aparte de lo apuntado en su recurso por el notario, es que,
para desarrollar su objeto espec�fico, como profesional, la sociedad
Por otra parte la nulidad de la sociedad est� hoy muy restringida por el art. 56 de la LSC que s�lo declara la nulidad de la sociedad,
con relaci�n al objeto, cuando este no exista o sea il�cito o contrario al orden p�blico, y no puede decirse que el objeto, en s� mismo considerado, de una sociedad no profesional en que la que participe, insistimos, aunque sea de forma mayoritaria, una sociedad profesional vaya a caer en esta sanci�n de nulidad. El objeto social es independiente de la cualidad de los socios y su desarrollo corresponde exclusivamente a los administradores, sin ninguna participaci�n, en las sociedades capitalistas, de los socios por el hecho de serlo, pues en estas rige lo que se llama la “heteroadministraci�n.”
podr�n participar, en la proporci�n que deseen, en otras sociedades sean estas profesionales o no profesionales. (JAGV)
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INTERPRETACI�N DE ESTATUTOS: NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA COMISI�N DELEGADA DEL CONSEJO. SU N�MERO M�NIMO ESTATUTARIO. Resoluci�n de 22 de julio de 2011, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y de bienes muebles IV de Madrid a inscribir una escritura de elevaci�n a p�blico de acuerdos sociales.
Se recurre por la sociedad alegando lo siguiente: El consejo de administraci�n de la sociedad design� once miembros de la comisi�n delegada del consejo, pero no fij� su n�mero en once, sino simplemente cubri� once de las vacantes existentes. Que seg�n los estatutos debe ser miembro de la Comisi�n Delegada
el Consejero Delegado y este todav�a no ha sido nombrado. Nada impide, ni legal ni estatutariamente, que pueda existir una vacante en la Comisi�n delegada, ya que ello no impide su funcionamiento pues los acuerdos se toman por mayor�a. Y que seg�n estatutos la figura del Consejero delegado no es obligatoria por lo que al no cubrirse existe forzosamente una vacante en la Comisi�n Delegada.
Doctrina: La DG revoca el acuerdo de calificaci�n sobre la base de los siguientes argumentos:
1. Que los estatutos “no imponen que el nombramiento de todas las vacantes que puedan existir en la comisi�n
sean cubiertas de forma simult�nea mediante el nombramiento de todos sus miembros en virtud de un mismo acuerdo del consejo de administraci�n.”
2. Que necesariamente debe formar parte de la CD el Consejero Delegado y si este no existe derivar�a de ello “la imposibilidad de constituir la comisi�n, en contra de la voluntad de la junta expresada en los estatutos acerca de su existencia y funcionamiento, y en contra de la finalidad de agilizaci�n en la articulaci�n y funcionamiento del �rgano de administraci�n que resulta del art�culo 249 n.� 1 de la Ley de Sociedades de Capital.”
correcta la calificaci�n de la registradora, creemos que, dada la situaci�n de hecho planteada por la resoluci�n y el contenido concreto de los estatutos, tambi�n la soluci�n adoptada por la DG
es la correcta. Si el Consejero delegado debe formar parte de la Comisi�n delegada, pero su nombramiento no se produce por no ser obligatorio seg�n los estatutos, lo que nos encontramos es una
defectuosa configuraci�n de los estatutos que deber�n ser interpretados en el sentido m�s adecuado para que produzcan efecto. Es decir la interpretaci�n correcta de la norma estatutaria debe ser que la Comisi�n Delegada estar� formada por doce miembros, siempre que exista Consejero delegado, pero si este no existe, por no ser obligatorio, no podemos condenar a la sociedad a no disponer de un �rgano tan importante para su funcionamiento �ptimo, como es la Comisi�n delegada. Se tratar� de un supuesto, en su caso, de responsabilidad del �rgano de administraci�n en el cual no puede entrar la calificaci�n del registrador. Adem�s existe un precepto que, aunque no directamente aplicable, no es citado en el vistos de la resoluci�n, permite la actuaci�n del Consejo aunque no hayan aceptado la totalidad de sus miembros. Es el 141 del RRM, que regula la aceptaci�n e inscripci�n sucesiva de Consejeros pero sin que pueda actuar el Consejo hasta que haya un n�mero de aceptaciones que permita su actuaci�n efectiva. Seg�n este precepto, aunque la junta cumpla con los estatutos sociales designado el n�mero m�nimo de consejeros establecidos en los mismos, si alguno deja pendiente su aceptaci�n durante todo el tiempo de su nombramiento como consejero, ello no quiere decir que el consejo no se inscriba, sino simplemente que actuar� con un n�mero menor de miembros siempre que este n�mero cubras las normas de la adopci�n de acuerdos sociales y de v�lida constituci�n del Consejo, seg�n su n�mero de miembros estatutario. Pues bien esta regla, con las debidas adaptaciones, puede ser tambi�n aplicable a las comisiones ejecutivas o delegadas.
suspende la inscripci�n por no acompa�arse el auto judicial que acuerda la convocatoria de la Junta y por estar cerrada la hoja por falta de dep�sito de cuentas.
Para la DG la escritura y certificaci�n cumplen todos los requisitos exigibles sin que el registrador pueda dudar de la legitimaci�n de la persona que hace la convocatoria al estar suscritos los anuncios por la secretaria judicial.
En la citada sentencia se contemplan cl�usulas que “son mecanismos de cobertura del riesgo de la variabilidad de los tipos de referencia de los pr�stamos hipotecarios” y que acotan la oscilaci�n del tipo de inter�s variable mediante l�mites al alza y a la baja.
Termina la sentencia declarando la nulidad “impetrada de las cl�usulas suelo en las hipotecas de las entidades demandadas concertadas con consumidores, y en el presente caso en particular, dado el desfase apreciado de las mismas en relaci�n a las cl�usulas techo contenidas en las propias escrituras”.
Fuenlabrada, Santa F�, Bilbao, La Laguna, Lugo, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Granada, Lucena, Vitigudino, Arucas y Bolta�a, a 12 de octubre de 2011.
visitas desde el 1� de septiembre de 2011

References: Real Decreto 
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