Source: https://es.scribd.com/document/130758529/Garcia-Mendez-Fallo-CNCP-Habeas-Corpus-Menores
Timestamp: 2019-04-20 00:26:17+00:00

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Sentencia c 742 12
///n la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de diciembre del año dos mil siete, reunidos los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, Dres. Eduardo Rafael Riggi, Ángela Ester Ledesma y Guillermo José Tragant, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, Dra. María de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° 7537 caratulada “García Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristina s/recurso de casación”, con la intervención del representante del Ministerio Público ante esta Cámara, Dr. Raúl O. Plée y del Dr. Emilio García Méndez, Presidente, con el patrocinio letrado de la Dra. Laura RodríguezEfectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el orden siguiente: Ledesma, Tragant, Riggi,.Y VISTOS Y CONSIDERANDO: El señora juez Angela Ester Ledesma dijo: PRIMERO: Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Sala en virtud de los recursos de casación e inconstitucionalidad interpuestos a fs. 101/114 por los Dres. Emilio García Méndez y Laura C. Musa, en su carácter de Presidente y Vicepresidente de la Fundación Sur, contra el pronunciamiento obrante a fs. 82/83 dictado por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, que resolvió “Confirmar la
decisión de fs. 77/79, sin costas, mediante la cual se rechaza la acción de hábeas corpus y en todo cuanto ha sido materia de consulta.”.Las impugnaciones fueron denegadas, lo que motivó la queja obrante a fs. 165/179 vta, a las que la Sala hizo lugar a fs. 185 (reg. N° 1292 de4l 2/11/06), y mantenidas a fs. 187.Puestos los autos en Secretaría por diez días a los fines de los artículos 465 primera parte y 466 del Código Procesal Penal, se presentaron los recurrentes solicitando que se haga lugar a los recursos deducidos.Según constancia actuarial de fs. 198, se celebró la audiencia prevista por el artículo 468 del código de forma. SEGUNDO I) Con invocación de la causal contemplada por el artículo 456 inciso primero del Código Procesal Penal de la Nación, el recurrente alegó la errónea aplicación del artículo 43 de la Constitución Nacional y de la ley 23.098. Manifestó que la vía intentada es la adecuada para impugnar las privaciones de libertad de los menores protegidas por esta, ya que en nuestro ordenamiento jurídico, es el recurso rápido y sencillo que tutela la libertad física, institución que fue constitucionalizada a partir de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 (arts. 75 inc. 22 de la C.N., 8, 25.1, 27.2 de la CADH y OC-9/87 de la CIDH). En ese sentido, señaló que el a quo ha desconocido la situación jurídica de las personas acusadas por hechos presuntamente cometidos antes de cumplir los 16 años y privadas de la libertad, dado que nunca podrían ser responsabilizados por no ser penalmente punibles de acuerdo a lo establecido por el artículo 1º de la ley 22.278.
Refirió que la normativa faculta al juez a disponer de los niños a los efectos de realizar estudios de su personalidad, condiciones familiares y ambientales, afectando su derecho fundamental a la libertad ambulatoria, sin que exista previsión legal que permita su revisión en instancia de impugnación. Que el trámite del expediente tutelar queda librado al criterio de cada juzgado, ya que no existe norma que prevea los pasos a seguir y las medidas y su duración son indeterminadas, con el único límite de la mayoría de edad civil, oportunidad en la que cesa la disposición judicial sobre el menor. A ello sumó, que tales medidas tutelares se fundamentan en informes psicológicos tanto del Cuerpo Médico Forense como de las instituciones donde el menor ha sido incluido, en violación del principio de reserva establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Agregó que el trámite del legajo es secreto, de acuerdo con el art. 179 del Reglamento para la Jurisdicción Criminal y Correccional de la Capital Federal, lo que determina la inaccesibilidad para los niños y adolescentes como para sus padres y/o letrados, situación que se traduce en la imposibilidad de la asistencia de un abogado para que lo asesore técnicamente en defensa de sus intereses en el marco del expediente tutelar que lo tiene privado de su libertad. Manifestó que el Defensor de Menores, si bien es el representante promiscuo de los incapaces, también cumple la función tutelar propia del patronato del Estado, conferida por la derogada ley 10.903, de lo que se desprende que sus intervenciones estén identificadas con las del juez de la causa, pues ambos contribuyen a la tutela del menor. Que de esta manera, añadió que la intervención del Defensor de Menores e Incapaces “no se enmarca en el reconocimiento de las
señaló que el art. Afirmó que el principio de la improcedencia del hábeas corpus contra decisiones judiciales debe admitir excepciones en situaciones como la presente. debiendo acudirse al principio pro homine y al interés superior del niño para su interpretación. 3º de la ley 23. En ese sentido. porque las privaciones de libertad emanan de una autoridad incompetente. ya que no opera como abogado del imputado para asegurar el adecuado y legítimo ejercicio de su defensa en juicio. en particular.278. pues de lo contrario se incurre en un exceso formal que culmina negando toda eficacia a la tutela del derecho y a la administración de justicia. a la luz de los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional.098 no puede entenderse en forma restringida. Destacó que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Refirió que el caso exige que prospere la acción intentada excepcionalmente contra decisiones de autoridad judicial. que la cláusula debe ser analizada con ajuste a las reglas de jerarquía superior. exigiéndose la revisión por esta vía cuando se configura una situación sistemática de violación de derechos fundamentales. sino que más bien legitima el control criminalizador desplegado por el Estado respecto de una persona que no es punible de acuerdo con la normativa vigente”. . ya que. ha expresado su preocupación por la vigencia de las leyes 10. inspiradas en la doctrina de la “situación irregular”.garantías individuales que como niño han sido consagradas a la luz de la protección integral que de sus derechos impone la Convención sobre los Derechos del Niño. es decir.903 y 22. no distinguen claramente entre los niños que necesitan atención y protección y aquellos que tienen conflictos con la justicia.
. pues. desconoce que el artículo 1º de la ley 22. ha renunciado su persecución penal. . no pudiendo sostenerse que los jóvenes están internados con motivo de la comisión de delitos ni entender que “las internaciones de los menores encuentran sustento en decisiones de autoridad competente”. ya que los Jueces de Menores no tienen autoridad para realizar estas internaciones sin violar derechos y garantías básicas de nuestro estado de derecho. el resolutorio impugnado al sostener que “las internaciones de los menores encuentran sustento en decisiones de autoridad competente (los jueces)”. definiendo como una pena a la privación de libertad en que se encuentran estos jóvenes.278 establece que “No es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad”.. como la absoluta imposibilidad del Estado de imponer una pena a menores de 16 años. aseguró que el régimen penal para la minoridad vigente. de modo que la situación en que se encuentran estos jóvenes es manifiestamente ilegítima.”. el Estado ha adoptado la decisión político – criminal de renunciar a cualquier tipo de intervención estatal coactiva como consecuencia de que estas personas – menores de 16 años– cometan delitos.. Que por ello. Señaló que “. al establecer la no punibilidad de los menores que hayan cumplido 16 años de edad.En ese aspecto. ya que las personas menores de 16 años de edad no pueden catalogarse como infractores a la ley penal y bajo ninguna circunstancia deberían ingresar al sistema de justicia.la limitación ilegítima de la libertad ambulatoria emana de autoridad incompetente.278 debe interpretarse a la luz de la Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño. Indicó que la inimputabilidad establecida por la ley 22.
.. niñas y adolescentes. es ilegítima y los jueces de menores carecen de competencia para decretar una medida de esa clase.en lo concerniente a la situación social. como tal.. en virtud de hechos presuntamente cometidos antes de cumplir los 16 años. Destacó que. que precisa competencias específicas de la administración para el abordaje de la problemática asistencial de niños. la CDN y los demás Tratados Internacionales de Derechos Humanos.. de conformidad con la Opinión Consultiva OC17/2002.que conociera en aquella causa en que el niño fuera imputado siendo menor de 16 años. “. del 28 de agosto de 2002. enervando la responsabilidad y competencia que pudiera haberle correspondido al juez penal . .278. La consideración de las personas menores de 16 años como no punibles. del análisis de toda cuestión que no se relacione con el juzgamiento del delito presuntamente acontecido. debe brindar garantías y límites al ejercicio de su poder punitivo.no hay sustento para sostener que la aplicación de esta medida cubra alguno de los extremos que el sistema normativo argentino exige para que proceda la restricción del derecho a la libertad y exige por lo tanto.Que “.” El recurrente aseguró que esa idea se ve reforzada con la sanción de la ley 26.061. Que nuestro marco regulatorio impone expresamente el apartamiento de los jueces con competencia en materia penal. de forma tal que la privación de la libertad de los jóvenes objeto de esta acción. no puede autorizar el inconstitucional arbitrio judicial porque estos jóvenes también son personas y sólo pueden ser sometidos al poder punitivo del Estado con las debidas garantías que surgen de la Constitución Nacional.la legislación y la intervención estatal sobre niños y jóvenes no puede olvidar que es parte del ordenamiento jurídico de un estado de derecho y que. que habilita el artículo 1º de la ley 22.
o únicamente pueden conseguir una mejor solución de esa forma... refirió que la negativa a abordar la problemática planteada importa una violación a las normas constitucionales e instrumentos internacionales. tiene por objeto amparar a la totalidad de los miembros de este grupo en la necesidad de obtener igual protección. por su situación de vulnerabilidad. interpretó que el aquo al resolver del modo en que lo hizo. que tradicionalmente se limitó a aquéllos que fueran titulares de un derecho subjetivo individual. el artículo 43 de la Constitución Nacional “.. En ese sentido. precisamente. en lo relativo al derecho de acceso a la jurisdicción y a obtener una efectiva protección jurisdiccional..amplió el espectro de los sujetos legitimados para accionar. que -en virtud de la reforma introducida en 1994. ha desvirtuado lo dispuesto por la norma constitucional referida. por mediar vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.” Por tal motivo.la urgente revisión de la restricción incondicionada del habeas corpus contra decisiones de autoridad judicial por tratarse de privaciones de libertad emanadas de una autoridad incompetente ..” II) El recurrente planteó la errónea aplicación de los artículos 18 y 43 de la Constitución Nacional y 1.. permite tutelar intereses que. agregando que. sólo adquieren importancia al ser concebidos de modo agregado o plural. 8. alcances de dicha norma constitucional.1. Que la acción intentada “. fueron determinados con bastante . estando convencidos de que sólo un planteo de carácter colectivo resulta idóneo para abordar la situación de crisis enunciada.”. Sostuvo que los “.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. al soslayar la posibilidad de accionar en defensa de derechos o intereses colectivos.
el recurrente indicó que “. Los remedios individuales son insuficientes porque la interposición de habeas corpus individuales. la justificación de la elección de una acción colectiva se funda en la naturaleza general y sistémica del problema. el recurrente citó lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en autos“VERBITSKY”. del 3/05/05. para el control judicial de la situación de las personas detenidas en comisarías de la Provincia de Buenos Aires. una solución . supuesto en el que se planteaba la procedencia de una acción de habeas corpus correctivo de alcance colectivo. y lo resuelto por el a quo contraviene frontalmente la jurisprudencia en la materia de nuestro máximo tribunal federal...el objeto del planteo de esta parte no es la solución de la situación individual de una persona.. Teniendo presente el razonamiento de la Corte Suprema. Por lo que.sino la situación de alcance colectivo de violación por parte del Estado de los estándares jurídicos fijados en materia de niños. solo resuelve el derecho del niño concreto a no ser privado de la libertad. 75 inc... existen al menos tres factores que resultan relevantes: En primer lugar.se requiere no sólo la progresiva liberación de estos jóvenes –como cualquier habeas corpus – sino también la incorporación de cada uno a alguno de los planes y programas del sistema de protección integral de derechos. mas no resuelve el problema de la disposición tutelar de todas las personas privadas de libertad en virtud de hechos presuntamente cometidos antes de cumplir los 16 años.” Alegó que “En el caso.” Que “. niñas y adolescentes por la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos de jerarquía constitucional de acuerdo con el art.. 22 de la Carta Magna.precisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.” En ese contexto.
. En tercer lugar. el conjunto de personas objeto de esta acción. corresponde que la orden judicial dirigida al Poder Ejecutivo para dar solución a la cuestión planteada provenga de un único órgano judicial y se refiera a la totalidad de la situación.efectiva del caso. a la ley 26. la sujeción a controles estatales intensos. en segundo lugar. dada la gravedad y urgencia de la situación denunciada.se presentan serias razones de economía procesal que hacen preferible tratar todas las afectaciones en una misma acción. “. la centralización de la cuestión en un solo tribunal evita la acumulación de múltiples causas individuales con el mismo objeto. así como la existencia de decisiones contradictorias”. la fuerte restricción de su libertad ambulatoria. por otro lado. Recordó lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en el caso “Giroldi”..”. Por un lado. en virtud de su edad. donde recogió las pautas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. no puede considerarse como una alternativa viable.061 y al decreto 415/2006. Señaló que resulta claro que la presentación de acciones individuales. sobre la necesidad de allanar el acceso a la jurisdicción en procura de garantizar a los justiciables el goce de sus derechos esenciales. resulta un colectivo especialmente vulnerable para la defensa de sus derechos. la deficiente instrucción y la carencia de contacto familiar. para obtener la protección de sus derechos esenciales. afirmó que “. . dado el carácter colectivo del remedio solicitado.. de manera que la respuesta jurisdiccional del aquo configura una violación al derecho que tienen las personas representadas a recurrir ante los órganos jurisdiccionales del Estado..” Añadió que. requiere además el diseño e implementación de un sistema de protección integral acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño.
. el presentante indicó que si se deniega la procedencia de la vía. ni los demás derechos afectados como producto de esta situación. manifestó que la resolución en crisis carece de motivación suficiente. Además. ya que. de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos.3 del PIDC. ni abordado el tratamiento de la cuestión referida al derecho invocado por la Fundación Sur. 25. Afirmó que la Cámara de Apelaciones no se expidió sobre la ilegítima privación de libertad que sufre el colectivo objeto de esta acción. el recurrente invocó la arbitrariedad de la sentencia por omisión de tratamiento de cuestiones planteadas. el impugnante afirmó que el decisorio cuestionado trasgrede elementales disposiciones internacionales (art. que reconocen el principio. y se daría un supuesto de denegación de justicia.para sustentar el rechazo de la . con la consiguiente violación de los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la CADH y 2.. relativo a la posibilidad de accionar de manera colectiva en defensa de todas las personas que por hechos presuntamente cometidos antes de cumplir los 16 años de edad. se hallaren privados de su libertad en virtud de resoluciones judiciales emitidas por los Juzgados Nacionales de Menores. los derechos vulnerados carecerían de adecuada protección judicial.Por tal motivo. “. III) Con sustento en la causal prevista en el inciso 2° del artículo 456 del Código Adjetivo. y de la conveniencia de tratar la cuestión de manera unificada. en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que tampoco lo ha hecho en relación a la procedencia de la acción de habeas corpus como una garantía de acceso a la justicia. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). En lo que a esta cuestión se refiere.
de acuerdo con las reglas de la sana crítica racional impuestas por la ley procesal”. el Tribunal no ha razonado sobre los elementos alegados y las pruebas obrantes en la causa. IV) Con base en las previsiones del artículo 474 del Código Procesal Penal de la Nación. trátase de una privación de la libertad. 12. de seguridad.. tutelares.. Manifestó que. según nuestro derecho positivo interno. es decir siendo no punibles. disposición o detención de una persona menor de edad en un espacio del cual no pueda salir por su propia voluntad. internación. habilita la restricción ilegítima de la libertad de los jóvenes objeto de esta acción por hechos presuntamente cometidos antes de cumplir los 16 años de edad.278. También consideró que media una errónea interpretación del objeto de la acción incoada. pero que a la fecha. El impugnante sostuvo que la norma es inconstitucional porque implica la vulneración de las garantías básicas que en los artículos 16. o cualquier otro similar. por medio de un proceso que para el caso de los menores inimputables termina siendo una . pueden tener más de esa edad. 5. medida. 9. 37 y 40. sino a quienes lo fueron en ocasión de haber presuntamente cometido un acto ilícito antes de cumplir los 16 años de edad. punitivos. en los artículos 3. señalando que no tenía por objeto el caso de las personas menores de 16 años de edad ilegítimamente detenidas.acción de habeas corpus intentada. 18 y 19 consagra nuestra Carta Magna y contraria a las previsiones de la Convención sobre los Derechos del Niño. Que la norma “. protectorios. además de confrontar también con las disposiciones de otros tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional. se invocó la invalidez constitucional del artículo 1° de la ley 22. fundamentado en fines educativos. el alojamiento.
es manifiestamente ilegítima.278 al permitir las cuestionadas privaciones de libertad. analizó la situación jurídica de los jóvenes no punibles en los términos del referido dispositivo legal.. inocencia y el derecho a . el mencionado art. ya que no obedece a una prisión preventiva ni a una condena firme y un juicio previo. a la educación y el interés superior del niño. derecho de defensa y presunción de inocencia reconocidos no sólo en la Constitución Nacional sino también en la Convención sobre los Derechos del Niño.ficción que no guarda relación con la decisión de privarlos de libertad. indicó que es común en la práctica que los tribunales convoquen a los jóvenes a prestar declaración indagatoria. vulnera otros derechos fundamentales de estos jóvenes. 1º de la ley 22. Señaló que la situación en que se encuentran todas las personas privadas de libertad por hechos presuntamente cometidos antes de cumplir los 16 años de edad. pero pese a tal sobreseimiento son penados y encerrados. Que. se priva vulnera los principios de legalidad penal. automáticamente. dictar el sobreseimiento por inimputabilidad. dado que estos jóvenes inimputables para la ley... para luego. Por ello. de legalidad y reserva. como son el derecho a las relaciones familiares. independientemente de su no participación en el hecho que se le imputa y del orden de prelación establecido. de tal forma. asimismo.. culpabilidad. de conformidad con el artículo 336 del cuerpo formal. sin respeto de mínimas garantías constitucionales que nuestra Carta Magna reconoce a todo ser humano. Con sustento en el artículo 411 del ordenamiento formal. Al respecto.”. Aseguró que. son sobreseídos. . entendió que la privación de libertad de estos jóvenes implica la vulneración de los principios constitucionales del debido proceso.
por lo que no se dan los estrictos supuestos constitucionales que permiten la privación de la libertad. 9 de la CADH y art. Concluyó afirmando que la privación de la libertad de los jóvenes en virtud de hechos presuntamente cometidos antes de cumplir los 16 años. y se vulnera la presunción de inocencia. ya que en un Estado de derecho existen requisitos para privar de la libertad a las personas. es . En ese aspecto.278). art. el impugnante señaló que las causas por las cuales los menores objeto de esta acción se encuentran privadas de libertad. ya que la no punibilidad establecida por la ley 22. Que en el presente caso se lesiona el principio de legalidad penal consagrado en el art. que habilita el artículo 1º de la ley 22. sea como medidas cautelares o como sanciones.278 debe ser entendida como la absoluta imposibilidad del Estado de privar de libertad a las personas menores de 16 años al momento de presuntamente cometer el hecho que se les imputa. de la CDN. En ese orden de ideas.al menor de un debido proceso. de su derecho constitucional de defensa. en cuanto impone al Estado la exigencia de una ley previa. art. a. afirmando que ello jamás podría acaecer pues no existe conducta que ponga en peligro o lesione un bien jurídico de un tercero. formal. conceptuó que se lesiona la limitación constitucional al ius puniendi estatal. 2. manifestó que no existe una ley previa que tipifique como delito las circunstancias que habilitan la disposición tutelar de jóvenes no punibles (art. 18 de la Constitución Nacional. Asimismo. escrita y estricta. Que también se verifica un quiebre al principio de legalidad y del derecho penal de acto. pero en todos los casos debe observarse estrictos recaudos formales y sustanciales. 1º de la ley 22.278. 40. se sustentan únicamente en cuestiones de abandono material y moral. 15 del PIDCP.
secretas.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. “Gómez. 8 de la CADH. 14 del PIDCP y 18 de la Constitución Nacional )..Que en definitiva. Manifestó que en el proceso tutelar. y los artículos 8. causa 22.909. que establece que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso..b. 2 de junio de 2004)”. 14.. las medidas dispuestas no están asentadas en un hecho previo típico ni en un proceso previo.574. Lucía A. propia de los sistemas totalitarios contrarios al orden constitucional.” A su vez la privación de la libertad se decreta sin que haya existido un juicio previo por lo que también se vulnera la garantía constitucional del debido proceso contemplada (arts. I de la CDN. y otros”.2. y causa 21. “Famoso. no son fundadas.ilegítima. el enunciado n° 7 de las Reglas de Beijing. la privación de la libertad como medida tutelar vulnera el principio de inocencia contenido en el artículo 18 de la Carta Magna. al justificar la intervención coactiva estatal en virtud de estados personales. se posibilite el derecho de resistir a aquélla. y finalmente se dicte una sentencia por un tribunal imparcial en base a los elementos presentados ante él”. señalando que “Este principio supone que toda persona acusada de haber cometido un delito goza de un estado de inocencia y este estado sólo es posible desvirtuarlo luego de un juicio en el que se presente la acusación.son discrecionales. (CNCyC. Que. en los casos de estas personas privadas de libertad por hechos presuntamente cometidos antes de cumplir . Sala I. “. se produzcan las pruebas de cargo y de descargo.... y para su efectivización se tienen en cuenta criterios peligrosistas que atienden a las características de la personalidad y a la incriminación de estados. “. paralelamente. 17 de marzo de 2004. Elizabeth y otro”.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 40.
esta privación es ilegal dado que violenta garantías sustantivas y procesales fundamentales en nuestro sistema de derecho. y en el caso de la Convención del os Derechos del Niño. su interpretación ha sido fijada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. . aprobada por 14/12/90.. El impugnante argumentó sobre los derechos afectados por la norma tachada de inconstitucionalidad. a través de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad. el artículo 19 de la ley define privación de libertad como la ubicación de un niño. medida. protectorios.b define que "Por privación de libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento.061–.". internación. así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad. Alegó que el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional ha incorporado los Tratados Internacionales de Derechos Humanos “en las condiciones de su vigencia”. disposición o detención de una persona menor de edad en un espacio del cual no pueda salir por su propia voluntad. en la Resolución 45/113. de seguridad o cualesquiera otros constituye privación de la libertad conforme nuestro derecho positivo interno.. Que esa regla “. De un lado.. punitivos. señaló que el alojamiento. que en la Regla Nº 11.. tutelares. Por lo tanto.es reafirmada en nuestro ordenamiento nacional por la ley de Protección Integral de los Derechos de Niños. Niñas y Adolescentes – ley 26. no hay sustento para sostener que la aplicación de esta medida cubra alguno de los extremos que la ley exige para que proceda la restricción del derecho a la libertad. fundado en fines educativos.los 16 años de edad. En este sentido.
Argentina”.. E..390 a las medidas de internación dispuestas respecto de menores sometidos a proceso penal. "internados" o "reeducados" o "sujetos de medidas tutelares". Indicó que la idea se refuerza en el Fallo de la Corte Suprema de Justicia “M. niñas y adolescentes en institucionalización es privación de libertad . conforme la ley 22..”. han significado. Situación de niños. D. “C.278. En la lógica de la dialéctica del derecho de menores. Plenario N° 12. s/recurso de inaplicabilidad de ley”. M. 29 de junio de 2006. junto a UNICEF. El recurrente manifestó que la privación de la libertad necesariamente trae como consecuencia la afectación del derecho a .. claramente que la “Privación de libertad. F.niña o adolescente en un lugar donde no pueda salir por su propia voluntad. esta Cámara de Casación Penal. al señalar que los menores “. y otro s/robo agravado por uso de armas en concurso real con homicidio calificado”. R. en el Acuerdo N° 2/2006. ha declarado como doctrina plenaria que corresponde aplicar el cómputo previsto en la ley 24. en muchos casos. al no tratarse de medidas que afectan la "libertad ambulatoria".son "dispuestos". Destacó el informe elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina. Estas medidas. donde se puede leer Oficina de Argentina. Que. la privación de la libertad en lugares de encierro en condiciones de similar rigurosidad y limitaciones que aquellos lugares donde se ejecutan las penas de los adultos. por su parte. materialmente. aquellas garantías constitucionales dirigidas a limitar el ejercicio abusivo de la prisión preventiva u otras formas de privación de la libertad aparecen como innecesarias ”.
el funcionamiento de los institutos de menores hace que se coarten derechos básicos como el derecho a la educación.las relaciones familiares. de acuerdo a la situación en la que se encuentran los niños y los adolescentes en su proceso de crecimiento y desarrollo. .....el Estado también debe garantizar el derecho a la educación de los chicos privados de libertad. esta enseñanza deberá impartirse fuera de la institución. “.”. No hay ningún interés que se pueda proteger privando a las personas de sus relaciones familiares.. Los jóvenes alojados en estas instituciones tienen derecho a recibir una enseñanza adaptada a sus necesidades y capacidades y destinada a prepararlos para su reinserción en la sociedad y.se ha privado a estos jóvenes de sus relaciones familiares. siempre que sea posible.”. Hace al interés superior del niño y al principio de igualdad que se respeten sus derechos a tener una familia y a crecer en un ambiente comunitario.061.. Que en el caso analizado. No puede admitirse que la finalidad de un acto estatal sea desarticular una familia. con la excusa de mantener una estricta seguridad. a través de la aplicación de una medida que no cumple con los recaudos impuestos por la normativa vigente. a través del sistema de protección integral de derechos. que cobran sensible relevancia en el modelo que propone la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley 26. Que “.
Aseguró que en ese aspecto.” Recordó que dada la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos. afirmó que las decisiones mediante las que se priva de la libertad a los menores. que ha asumido al suscribir los pactos internacionales de carácter vinculante. no es posible entender que se respeta aquél interés si se restringe al niño su derecho fundamental a la libertad ambulatoria.. En conclusión.que coincidimos con los argumentos sostenidos por la Juez de Primera Instancia. Precisó que no obstante “. y se proyecta más allá del ordenamiento jurídico hacia las políticas públicas e incluso orienta el desarrollo de una cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de todas las personas.. y de acuerdo a lo manifestado. máxime cuando no concurren los requisitos constitucionales mínimos previstos para los adultos para que el Estado se encuentre legitimado para aplicar tal coacción. contando el Poder Judicial con un rol preponderante en la materia: la necesidad de reparar las posibles violaciones a normas internacionales que se hagan patentes en los casos que le son llevados a su conocimiento. el interés superior del niño no ha sido considerado y que la omisión de aplicar los principios enunciados importa una grave falta del Estado Argentino que le hace incurrir en responsabilidad internacional a causa del incumplimiento de las obligaciones a su cargo. plasma la plena satisfacción de sus derechos.Alegó que el interés superior del niño consagrado en el artículo 3° de la CDN. y retomados por la Cámara. es tarea de los tres poderes cumplir con el mandato internacional. en cuanto a que le corresponde al Poder Legislativo “adecuar la legislación de la República Argentina a los tratados y convenios internacionales”. su no aplicación por parte de .
En ese marco. demanda la inmediata acción del Tribunal a efectos de garantizar el estricto cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Que resulta “. con participación de las áreas respectivas del .que la actuación judicial tiene sus límites y no le compete evaluar la oportunidad. Para ello. impracticable una solución total e inmediata a nuestra pretensión.”. la Constitución Nacional. pues ésta es una competencia de la Administración”.. no se trata de que el Poder Judicial defina de qué modo debe subsanarse el problema. la trascendencia pública de la problemática... que sea un ámbito de discusión en el cual puedan participar la pluralidad de afectados. Consideró que “. consideró prudente que se la convoque.dada la complejidad de lo solicitado. la ley 26. y que la obligación estatal está compuesta por múltiples y variadas cargas que necesariamente requieren planeamiento y despliegue a lo largo del tiempo. En consecuencia. alegó que la situación de violación de derechos humanos de niños y adolescentes que se denuncia.. el mérito o la conveniencia de las medidas políticas adoptadas por la administración pública. Asimismo reconoció “..los tribunales argentinos podría significar la responsabilidad internacional por desconocer normas de rango constitucional. así como los múltiples actores involucrados justifican la necesidad de establecer una mesa de diálogo. por esta razón solicitamos que se establezca una instancia de ejecución en la que a través de un mecanismo de diálogo entre todos los actores involucrados puedan determinarse el modo en que podrá hacerse efectivo el cese de las ilegítimas privaciones de libertad que sufre el colectivo objeto de esta acción. Niños y Adolescentes y demás normas internacionales invocadas.”.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas..
instando al Poder Ejecutivo Nacional y de la Ciudad . Que en ese sentido.” Que.se la acuse de haber cometido un delito. planteando la defensa y el reconocimiento de los derechos de los niños y los jóvenes como una cuestión que depende de un adecuado desarrollo de las políticas sociales entendidas como responsabilidad conjunta. de acuerdo a ese plan. afirmó que “..la ley 26..los problemas vinculados a la satisfacción de los derechos básicos de los niños no constituyen problemas atendibles por la justicia de menores o la justicia penal..”. mayor de 16 años. supuesto que con la ley 10. se trata de cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño y la mencionada ley 26.es preciso implementar este mecanismo que permitiría el intercambio con el único propósito de lograr diseñar y ejecutar un plan progresivo de liberación e incorporación a los programas que prevé la ley 26. debe definirse un sistema de protección integral de los derechos de las niñas.061. a fin que en un ámbito de intercambio se arribe a soluciones adecuadas y sustentables.061 distingue claramente las políticas sociales de la política criminal.061. agregando que “...”.en su diseño y ejecución. explicó que “.. De ahí que se desjudicialicen prácticamente todas las cuestiones relativas a la protección de la infancia. Que desde la base de que las políticas públicas eficaces requieren discusión y consenso.de la sociedad civil y del Estado.903 habilitaba la intervención de la jurisdicción especializada. En consecuencia.Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organizaciones de la sociedad civil que puedan aportar ideas y soluciones. niños y adolescentes. La Justicia Nacional de Menores sólo debe actuar cuando a una persona menor de edad imputable -es decir.
Emilio García Méndez a ampliar los fundamentos de la impugnación. impone al Estado la exigencia de una ley previa. formal.4 de la CDN. poniendo en marcha en un plazo máximo razonable un programa de liberación progresiva. entendió que es preciso establecer un amplio espectro de medidas de protección. verificando cuál es la más adecuada para cada joven según sus condiciones personales y familiares. agregando que para ser coherentes con el criterio jurídico de la inimputabilidad se debe comenzar afirmando que nada puede exigírsele a quien no tiene capacidad para comprender la criminalidad de sus actos ni para motivarse por las amenazas que contienen los tipos penales.278 viola aquél postulado constitucional pues no prevé ni los hechos . que deben ser proporcionadas a las circunstancias y gravedad del delito imputado y de acuerdo a cada caso concreto.Autónoma de Buenos Aires a efectivizar las medidas de protección de derechos. Ratificó los argumentos expuestos en los recursos de casación e inconstitucionalidad. y 18 de las Reglas de Beijing V) En la oportunidad prevista por el artículo 466 del Código Procesal Penal de la Nación se presentó el Dr. En ese aspecto. que las normas que determinan la no punibilidad de menores de 16 años son presunciones iuris et de iure por lo que no es posible realizar ninguna investigación destinada a determinar el discernimiento real del joven para acreditar su capacidad. Indicó que el principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. afirmó que el artículo 1° de la ley 22. escrita y estricta que tipifique como delito la conducta que se sanciona. Por otra parte. todo ello con expreso acuerdo del menor y teniendo como base las medidas recomendadas en el artículo 40.
ni en su duración ni en su forma de ejecución. Del otro lado. Que sólo la pena proporcionada a la gravedad del hecho es humana y respetuosa de la dignidad de las personas. las sanciones impuestas no son consecuencias de conductas típicas sino de situaciones que tienen que ver con condiciones personales. falto de asistencia. descartando la idea de que se pueda ser culpable por defectos del carácter o por la conducción de la vida. en peligro moral o material o presenta problemas de conducta. en tanto. Partiendo de este criterio. temas que quedan a la total discrecionalidad del juez. de manera que las privaciones de la libertad de los jóvenes objeto de la acción son ilegalmente indeterminadas y carecen de proporción con el delito imputado. es decir no degradante.punibles ni las penas a aplicar. no por razón del hecho cometido. la sanción que aplica el juez no está determinada previamente por la ley. entendió que el artículo 1 de la ley minoril es constitucionalmente inválido pues faculta al juez a disponer del menor de edad. Seguidamente. el suceso delictivo pasa a un segundo plano sin que sea la razón determinante de la consecuencia jurídica. ambientales o familiares de los menores y por tal motivo. la privación de la libertad de estos jóvenes en virtud de hechos presuntamente cometidos antes de cumplir 16 años deviene ilegítima. en la lógica del dispositivo legal tachado de inconstitucional. alegó que no demanda esfuerzo notar que en la norma no hay ninguna relación entre el hecho punible y la consecuencia jurídica. sino por sus circunstancias personales con el único fundamento de hallarse abandonado. concepción que lo lleva a concluir que el principio de proporcionalidad se encuentra ausente en el artículo 1° de la ley . reiteró que el sistema penal debe basarse en la culpabilidad por el hecho cometido.
Lo propio indicó con relación al principio de igualdad. Del mismo modo. en tanto admite la privación de la libertad de los jóvenes independientemente del hecho atribuido. ya que la ley admite la privación de la libertad de los menores de 16 años al margen del resultado de la causa penal y de si se ha probado su culpabilidad. que es conveniente no olvidar la naturaleza penal del artículo 1° de la ley.278 que no los ha receptado. TERCERO . en función de actuaciones exclusivamente tutelares de contenido autoritario. de manera que la norma que la habilita es inconstitucional y violatoria de garantías sustantivas y procesales fundamentales en nuestro sistema de derecho. Concluyó señalando que en los casos de estas personas privadas de la libertad por hechos presuntamente cometidos antes de cumplir 16 años de edad no hay razones para sostener que la aplicación de esta medida cubra alguno de los extremos que la ley exige para su procedencia.mencionada. Consideró. por otra parte. en tanto estima que no es constitucionalmente correcto dar a los niños un tratamiento diferencial sometiéndolos a un régimen en que el son ignorados los derechos y garantías elementales. que en este tipo de procesos deberían preservarse todas las garantías constitucionales. en tanto las sanciones impuestas a estos jóvenes se traducen en restricciones de derechos y se imponen coactivamente. entendió que los principios de debido proceso y juicio previo se aprecian vulnerados al decretarse las restricciones a la libertad de los menores objeto de la acción con sustento en el cuestionado artículo 1° de la ley 22. lo que no sucede cuando se pierde de vista su índole penal. Sostuvo que también se verifica una lesión al principio de inocencia.
En ese sentido.a) Con motivo de lo solicitado por la Fundación Sur en el escrito recursivo. elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y UNICEF -Oficina Argentina-. hay en el país 19. Adolescencia y Familia y el Consejo Nacional de Niñez.579 jóvenes privados de la libertad. en esa condición. Situación de Niños. surge el detalle de los menores de 16 años que se hallan alojados en el Instituto “Gral. de los cuales 438 lo están con motivo de una causa penal.584 personas menores de 21 años en la Ciudad Autónoma de Bs. dada su no . 204). a la audiencia del día 13 de junio pasado. Argumentó sobre el estado de la situación jurídica actual. al par que señaló que en la nota n° 97/06. se convocó a los representantes de la Fundación Sur Argentina y a los funcionarios que se designaran del área de la Secretaría Nacional de Niñez. y a las respectivas del ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esa oportunidad. 224/239 vta. San Martín”. habiendo 1. el impugnante presentó el escrito obrante a fs. se resolvió establecer una mesa de diálogo con intervención de las autoridades del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires (cfr. para que en vista de los antecedentes del expediente. A ese fin. recalcó que los jóvenes objeto de esta acción han sido todos sobreseídos por los hechos que se les imputaron. fs. emitida por la Dirección Nacional de Derechos y Programas para Niñez y Adolescencia. Adolescencia y Familia. Refirió que según el informe “Privados de Libertad. As. como medida para mejor proveer y con suspensión de la deliberación. Niñas y Adolescentes en la Argentina”. expongan sus posiciones acerca de la cuestión planteada y su posible solución. sus edades y dependencias judiciales intervinientes.
en la que cesa la disposición judicial. condiciones familiares y ambientales. de modo que las soluciones dependen de la acción mancomunada de diversas entidades. siendo aplicable la legislación específica. según el criterio de cada juzgado pues no hay norma que precise los pasos a seguir. permanecen privados de libertad de acuerdo a medidas tutelares cuya procedencia faculta el artículo 1° de la ley 22. no obstante. siendo su única limitación la mayoría de edad civil.278.punibilidad. Agregó que las disposiciones sobre la prisión preventiva no rigen respecto a los menores de dieciocho años. que lo más indicado es . T-137001 yT143950) explica la necesidad del uso de acciones colectivas para buscar remedio a situaciones de lesión de derechos fundamentales de carácter general y cuyas causas sean de naturaleza estructural. en aras de estudiar su personalidad. 28/4/98. contraria a las normas internacionales de protección de la infancia. Aseguró que la situación en que se encuentran las personas objeto de la acción intentada es manifiestamente ilegítima. sin que exista normativa que permita la revisión judicial en instancia de impugnación. Que el legajo es tramitado discrecionalmente. el criterio del “estado de cosas inconstitucional”. desarrollado por la Corte Constitucional Colombiana que en una de sus sentencias (Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia. rta. que por lo general no se originan exclusivamente en la autoridad demandada. es decir. que la violencia institucional a la que el Estado los somete constituye una práctica sistemática de violaciones de derechos humanos. la reacción estatal es por tiempo indeterminado. afirma que todas las restricciones a la libertad de menores de 16 años al momento de ser imputados por la comisión de un delito operan en el expediente tutelar. Trajo a colación.
Sobre esa base. el derecho a la libertad es flagrantemente violado. José de San Martín”. incluyéndose en el presupuesto las partidas correspondientes.y por otro. Refirió que esa situación es de tal gravedad.dictar órdenes a las instituciones oficiales competentes para que pongan fin a ese estado de cosas inconstitucional. pues se verifica una vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas. destinado exclusivamente a la privación de la libertad de personas menores de 16 años. a través de sus órganos competentes. tomando todas las medidas positivas necesarias. mantiene en funcionamiento establecimientos como el Instituto “Gral. sino también la de garantizar sus derechos. pues por un lado el Poder Judicial dispone las medidas tutelares -privaciones de la libertad. en un caso paradigmático. ha expresado su preocupación por la . Que en ese sentido. ordenó a las autoridades del Gobierno Colombiano a elaborar planes tendientes a garantizar a los reclusos condiciones de vida digna en los penales y a que se realicen las gestiones necesarias para el financiamiento de los gastos que ello demande. la Sala Tercera de Revisión de dicho órgano jurisdiccional. indicó que en el particular existe un estado de cosas inconstitucional. el Poder Ejecutivo. Indicó que se está en presencia de una prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de aquellas obligaciones. que el Comité de los Derechos del Niño en Naciones Unidas. en las observaciones finales sobre Argentina. afectando a todos los jóvenes por hechos presuntamente perpetrados antes de cumplir 16 años y el accionar estatal implica no sólo el incumplimiento de su obligación de respetar los derechos del niño.
por ello. en lo esencial. Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires que es la autoridad administrativa competente. del 28 de agosto de 2002. que en los casos de menores de dieciocho años infractores. Entendió que los magistrados a cargo de los Juzgados de Menores deberían disponer el cierre de las actuaciones. por su parte. Que. Destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A su vez. Aseguró que la ley 26. indicó que recientemente el Comité sobre los Derechos del Niño. deben atenderse en forma diferenciada de aquellos. destinado exclusivamente a esos fines. 10. no pueden ser tenidos por responsables en un . emitió la OG n° 10. afirmó.278. desvalimiento.061 ha puesto coto al tratamiento de los menores como objetos de tutela regidos por la derogada ley de patronado. en tanto que los casos como el abandono.061. también podría rechazar la solicitud de ingreso de una persona menor de edad a un instituto de régimen cerrado invocando el artículo 19 de la ley 26. siempre con respecto a los principios y reglas del debido proceso. el Consejo Nacional de Niñez. en la OC-17-2002. es inadmisible que el Estado posea una institución como el “Gral San Martín”. riesgo o enfermedad. ordenando su archivo y subsidiariamente dar intervención al Consejo de los Derechos de los Niños. en cuyo régimen los menores se encontraban a merced de la buena voluntad de los jueces sin derecho a recurrir o cuestionar su situación o las medidas adoptadas sobre su persona. estableció.903 y 22. donde estableció que los niños que cometan una ofensa en una edad debajo del mínimo previsto. la conducta que motive la intervención estatal debe hallarse descripta en la ley penal. enmarcadas en la doctrina de la “situación irregular”. Adolescencia y Familia.903.vigencia de las leyes 10.
Que pese a haber transcurrido quince años de la ratificación de la CDN -ley 23. 75 inc. Alegó que la problemática está determinada por diferentes factores.0489-. deben tomar las medidas necesarias para hacer congruente la legislación nacional con las disposiciones nacionales e internacionales específicas para dar efecto pleno a los derechos y libertades reconocidas.061. requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones. según el presentante. En ese marco. de modo que. Nacional y Local. sin discriminaciones. 22. señaló que los Poderes Ejecutivos.y casi dos de la sanción de la ley 26. el Poder Legislativo ha sido omiso en sancionar un régimen acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. garantizando su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción. que pese a existir numerosos proyectos de ley disponiendo la creación de un sistema de responsabilidad penal juvenil. Manifestó que la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades.procedimiento penal. aún cuando tengan capacidad de infringir la ley penal. para arribar a soluciones adecuadas se deben adoptar un conjunto de acciones desde las respectivas áreas del . de respectar los derechos y libertades reconocidos en ella. Que. más de diez de su incorporación a la Constitución Nacional -art. que la situación requiere la progresiva liberación de estos jóvenes y su incorporación a alguno de los planes y programas del sistema de protección integral de derechos. las prácticas violatorias de los derechos humanos de los niños y jóvenes no ha seguido los cambios legislativos. por tanto. el Estado Argentino no ha cumplido con las obligaciones que le impone el artículo 1° de la CADH.
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Jueces Nacionales de Menores. siguiendo el criterio de la Corte Constitucional Colombiana. dependerá principalmente del modo no confrontativo y/o colaborativo en el que se conciban las soluciones.la posibilidad de llegar a una solución apropiada y duradera de este tipo de problemas y de que dicha solución sea efectivamente implementada.” . así como del nivel de intervención y rol que los jueces adopten en el desarrollo y control de las medidas ordenadas. y la justicia de la Ciudad de Buenos Aire sobre el caso "Villa la Dulce 28". constituyen “. para la discusión de las diversas medidas que deban adoptarse y controlar el efectivo cumplimiento de las órdenes del tribunal..Poder Ejecutivo Nacional. como en el caso que nos ocupa. se puede advertir cómo este tipo de decisiones no sólo evita la congestión del aparato judicial y promueve el principio de igualdad. Indicó que “. Agregó que.valiosos precedentes que inauguran una positiva tendencia respecto del rol del Poder Judicial frente a complejos problemas estructurales que. Señaló que el tratamiento que los respectivos tribunales Nacionales han dado a las causas "Viceconte” y "Vertbistsky”.. afectan derechos humanos fundamentales y demandan el diseño e implementación de políticas públicas... Manifestó que el plan de incorporación progresiva deberá garantizar un ámbito de discusión amplio. participativo y con continuidad en el tiempo. sino que permite que las autoridades públicas competentes adopten las medidas estructurales que consideren adecuadas para eliminar los factores que conducen a generar la vulneración masiva de los derechos fundamentales de las personas afectadas.
Solicitó que se declare la ilegitimidad de las privaciones de la libertad denunciadas. citó. "United States v. en el caso en particular el de esta Cámara de Casación. se requiera a la Secretaría Nacional de Niñez. Junta de Educación y otros conexos". Precisó que todas las medidas que se solicitan encuentran fundamento jurídico en las obligaciones internacionales del Estado y la normativa nacional específica. el rol de la justicia. que en un plazo razonable presenten conjuntamente un plan de incorporación progresiva de cada una de las personas hoy privadas de la libertad objeto de esta acción. es fundamental. y que claramente en ese aspecto.061 constituyen las guías dirimentes del proceso de formulación. Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Arizona". En síntesis. "Brown vs. en los que se destaca el activo rol que ha desempeñado en la defensa de los derechos fundamentales. Montgomery County Board of Educational y "West Coast Hotel Co. el impugnante refirió que la reconstrucción de un Estado de Derecho exige que las instituciones formen parte del mismo y se comprometan con el cambio.Seguidamente. implementación y evaluación de las políticas públicas. v. Añadió que en la India y Sudáfrica los tribunales han adoptado un rol similar en la protección de los derechos sociales implementando medidas tendientes a garantizar su concreción a través de nuevas prácticas constitucionales. en materia de casos de interés público. diversos precedentes de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Parrish". entre las que los instrumentos internacionales y la ley 26. tales como "Miranda vs. Adolescencia y Familia de la Nación y al Consejo de los Derechos de los Niños. en alguno de los .
que dispongan la derivación de todos los expedientes tutelares que involucren a menores de 16 años de edad al cometer el hecho delictivo que se les atribuye. Niños y Adolescentes. de acuerdo a cada caso concreto.programas de protección. Sostuvo que el referido proyecto de incorporación progresiva debe ser consensuado por todas las partes responsables de su implementación. siempre con su expresa conformidad. órgano administrativo de protección competente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. San Martín”. evaluándose las medidas que cabe tomar respecto a cada joven en particular. Por otra parte. al Consejo de los Derechos de las Niñas. todo ello. solicitó que se ordene toda otra medidas que sea conducente para dejar de utilizar los establecimientos de régimen cerrado para albergar menores de 16 años al momento de cometer el ilícito de que se les imputa. según sus condiciones personales y familiares. Que frente a la imputación de un ilícito a un menor de 16 años. Propuso que para concretar dicho plan se “. como el Instituto “Gral.061. Que entre las funciones de control de legalidad. previo a exigir al Poder Ejecutivo vacantes en los Institutos de Menores. del sistema de protección integral de derecho establecidos en la ley 26.debe establecer un amplio espectro de medidas de protección. está la de no permitir la privación de la libertad de niños y jóvenes no punibles.. de los múltiples existentes. requirió que se ordene a los Jueces de Menores. En ese contexto. ya que se ha de lidiar con las restricciones de información disponible en la etapa de diseño y con los consiguientes problemas de articulación del accionar oficial. se ordene el cierre de la causa iniciada y se derive el caso a la . flexible y provisional.. bajo el control del tribunal.
que corresponda según la residencia de la familia del joven involucrado. de tal forma. para que. postuló que se exhorte a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación a adecuar su legislación penal en materia de responsabilidad penal juvenil. todas las partes responsables de la implementación del plan puedan rendir cuentas de su ejecución progresiva y así evaluar su cumplimiento. para el abordaje estatal de la problemática asistencial de los niños y adolescentes. al juez penal que hubiera entendido en la causa en que el menor fuera imputado. garantizándose el acceso a la información para controlar la ejecución del plan. solicitó que se establezca un mecanismo de seguimiento del avance del cumplimiento de las medidas ordenadas.Defensoría Zonal del referido Consejo. cesando así toda responsabilidad y competencia que pudiera haberle correspondido en lo que concierne a la situación social. Señaló que estos pedidos se enmarcan en la órbita de la competencia especifica de la Administración. Por otro lado. Finalmente. . a los estándares constitucionales e internacionales.
tal como surge a fs. que desde el paradigma de la protección integral de . c) El 26 de junio del corriente se concretó la segunda de las audiencias designadas. 241.Poder Judicial de la Nación Por fin. Horacio s/hábeas corpus”. tal como emerge de la doctrina de los precedentes “Mignone. la Sra. recalcó que la legitimación de la Fundación Sur Argentina para interponer el presente hábeas corpus se funda en el artículo 43 de la Constitución Nacional y de la interpretación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha dado. quedó circunscripto el objeto de la presente acción de hábeas USO OFICIAL corpus incoada por la Fundación Sur Argentina. A fs. del 18/12/2003. y al término de las exposiciones que efectuaron los representantes de cada una de las áreas convocadas. de acuerdo al resultado de la discusión previa. Las presentantes consideraron adecuado comunicar su preocupación de antigua data sobre el tema. se dispuso la ampliación de la mesa de diálogo y la realización de audiencias sucesivas con el fin de identificar problemáticas. fijando como límite para ello. al par que la circunstancia que el referido artículo sólo prevea dicha legitimación colectiva para la acción de amparo. del alto Tribunal. 323:1339.240/240 vta. 325:292 y “Asociación de Esclerosis Múltiple de Salta”. del 9/4/2002 y “Vervitsky. con quienes se acordó recoger la problemática acompañando documentos para poder intercambiar posiciones. sus posibles soluciones y propuestas. del 30/5/2005. d) El Ministerio Público de la Defensa. 260/300 vta. b) En el marco de la audiencia del día 13 de junio del corriente -fs. para que se integren a la mesa de diálogo. efectuó la presentación que luce a fs. el Tribunal resolvió convocar a la Comisión de Menores de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. fs. el 7 de agosto del corriente. al par que se designó a audiencia para el para el 21 del mismo mes y año. 256/257 vta. tal como se desprende de los fallos 320:690. Defensora Oficial y el Fiscal General actuante ante esta Cámara de Casación. la Defensoría General de la Nación. a la que asistieron las representaciones congregadas. Emilio s/amparo”. convocándose a los presentes a la audiencia del 26 de junio de 2007.. no obsta a tenerla también respecto del hábeas corpus.
“. Indicaron que es en el ámbito penal donde más se evidencian las transgresiones a derechos y garantías de los niños y las incongruencias del sistema.” Que “. Manifestaron que las dificultades legislativas. Alegaron que el régimen penal de minoridad. 1561/2006 Y 746/2007).en tanto se 'aleje' el velo de la “situación irregular" y se deje al descubierto la situación conocida como de "fraude de etiquetas". frente a posibles comisiones de delitos por parte de quienes no resultan imputables. del interés superior del niño. recibieron tratamiento en los expedientes en trámite en la Defensoría General de la Nación (Exptes. en especial. en lo que respecta a la posibilidad de disposición tutelar. entre otros. niñas y adolescentes se presenta tanto en materia civil como en la penal. de inocencia. entre otros).803-.. sino que tal contradicción se exacerba en la confrontación con los principios imperantes en materia de niñez y . en franca contradicción con las directrices constitucionales...los niños.sin esos enunciados. habiéndose señalado que la aplicación de las normas objetadas constituye una clara violación de los principios de legalidad. de la garantía del juicio previo. de inocencia. deslegitimados por el paradigma de la protección integral. Consideraron que la normativa en crisis no sólo se opone a principios elementales de derecho penal y procesal. no es posible explicar los motivos por los que el sistema penal responde.903 -Ley Agote-y faculta al juez a "disponer" de la persona del niño o adolescente aplicando medidas tutelares que pueden implicar privación de libertad previa a la sentencia con un margen de objetable discrecionalidad dentro de un Estado de derecho. tenía fundamento en la derogada ley de patronato 10.278 -modificada por ley 22. DGN N° 967/2006. de la mínima intervención penal. ha sido calificado por la doctrina y jurisprudencia como absolutamente contradictorio e incompatible con la normativa constitucional. sin encontrar límite en ningún principio garantizador de libertades en un sistema republicano (principio de culpabilidad y/o proporcionalidad.” Refirieron que la "ley 22. de reserva. consagrados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con igual jerarquía. y a veces con más rigor..
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. E". párrafos 2° y 3°. en el caso "M. resuelto el 7/12/05 (Fallos. y O. ya que no protege sino castiga. Manifestaron que el criterio respetuoso de la normativa constitucional ha sido escogido. s/ expediente tutelar" -Registro N: 1344. 328:4343). D. en la que se declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 1° de la Ley 22. en la resolución de fecha 17/3/04.D.S. Relataron que en la primera actuación. luego de decretar su procesamiento.F. agregaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación. por ejemplo. la Cámara ordenó a la jueza interviniente que fundamentara la medida adoptada para posteriormente declararla nula y recién luego de ello confirmó parcialmente lo decidido en la nueva resolución en la que se había dispuesto provisoriamente del joven pero se le fijó a la internación un plazo perentorio de 30 días. respecto del .. también se consideraron inconstitucionales las disposiciones de los arts. Elizabeth y otro".Poder Judicial de la Nación adolescencia. del 6 de diciembre de 2006. motivo por el cual se ha concluido que "el sistema que se aplica en Argentina combina lo peor de la tradición tutelar con lo peor de la tradición penal. dentro del que se lo debería colocar en el hogar de su familia ampliada o sustituta. en cuanto atañe a sus párrafos 2°. por la Sala Primera de la Excma. Que en ese pronunciamiento. en la que el tribunal tuvo intervenciones anteriores dado que el Juzgado de Menores había ordenado disponer provisoriamente de un menor de 16 años. en la Causa N° 39. 3° y 4° y la del art. 2 y 3 de la Ley 22. 412 del Código Procesal Penal de la Nación. ha efectuado varias precisiones acerca del sistema previsto por la ley 22. Que en el mismo sentido se ha orientado la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en la causa "Famoso.278.278 y 412 párr 2° del Código Procesal Penal de la Nación. mandando devolver las actuaciones a primera instancia para que se de intervención al órgano administrativo USO OFICIAL correspondiente en orden a la situación de vulneración de derechos de los niños involucrados. y lo hace sin garantías ni derechos”. Por otra parte.278.520 "Incidente de Incompetencia en autos: G.
es posible extraer de este breve fallo una advertencia vinculada a que la normativa de jerarquía constitucional de la infancia y adolescencia -como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño.L. resuelto el 31/10/2006.M. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. configurando el sistema jurídico de justicia penal juvenil la Constitución Nacional. distintas instancias internacionales y los legisladores nacionales. que a partir del paradigma conocido como de la "situación irregular" -en contra del cual se pronunciaron la Corte Suprema de los EEUU. Por este motivo. la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. cuyo reconocimiento constituye un imperativo jurídico. como que nunca se distinguió entre el niño imputado de un delito y el desamparado o víctima. de "Protección Integral los Niños.Alegaron que la nueva ley 26.no puede ser soslayada a la hora de resolver la situación de una persona menor de edad.903 cuyo modelo de intervención del estado. Que en el precedente R. "internados". en relación con la vieja legislación represiva que se presentaba con el eufemismo de “ley protectora de los jóvenes”.. y el Pacto Internacional de Derechos Económicos. pese a que eran susceptibles de incidir en la decisión final a adoptarse”.hizo lugar a la queja interpuesta por la defensa del imputado en el entendimiento de que en el recurso de casación la recurrente había introducido razonadamente planteos serios y oportunos en relación con la suspensión del juicio a prueba y su aplicabilidad a la situación especial de los menores de edad que el a quo omitió considerar. el alto Tribunal “. tal como lo era la derogada ley 10.. “más allá del tema puntual sobre el cual la Corte intervino y resolvió en este caso.061 implicó un cambio de enfoque de la problemática de los niños. plasmaba lo que .. Niñas y Adolescentes”. tras señalar que reconoce un gran poder al juez de menores. la Convención Americana sobre Derechos Humanos. "reeducados" o "sujetos a medidas tutelares" a niños que materialmente eran sometidos a encierro.. derivados de su condición.cual. Sociales y Culturales...”.061. que se ha manejado con eufemismos al considerar. que dictaron la ley 26. se remarcó que los menores cuentan con los mismos derechos constitucionales que los adultos y con derechos especiales. por ejemplo como "dispuestos".J. critica diferentes aspectos.
constituye una pena privativa de la libertad. En ese sentido.278. función incompatible con lo jurisdiccional y con la lógica de las "políticas públicas". Que como contrapartida. transgrediéndose.Poder Judicial de la Nación en doctrina se conoce como “situación irregular”. le proporcionan medios para lograr el respeto a su derecho a tener un defensor. han sido señalados tradicionalmente como verdaderas escuelas del delito. y que debe lucharse por su modificación por un sistema de responsabilidad penal. en tanto que los derechos en el ámbito de un proceso penal seguido en contra de un joven. de manera que existe la facultad de los jueces de disponer de los menores e internarlos por plazos mucho más extensos que los hoy permitidos para la prisión preventiva de los adultos. afirmaron que las potestades en el ámbito del derecho civil. claras directrices internacionales que establecen que toda situación en la que el niño pierda su libertad ambulatoria. en cuyo marco los institutos y reformatorios. Refirieron que no obstante ello. que ofrecen un panorama protector de los niños. entre tantas cosas. el derecho a ser oídos en todas las cuestiones que puedan afectarlos. sin poder salir de un lugar por propia voluntad.903. el sistema del "modelo tutelar" no se agotó con la derogación de la ley 10. se ha erigido el actual paradigma de la protección integral y el modelo de responsabilidad. les sirven para reclamar. a producir pruebas de descargo. a recurrir resoluciones desfavorables. USO OFICIAL Así. ya que la única manera real de tutelarlos es admitiendo que tienen derechos que ellos pueden invocar para tener por delante una mejor vida. que tome en cuenta la especificidad de la . a permanecer libre mientras no se pruebe que ha cometido un delito. sino que aún funciona en armonía con el actual régimen creado por el Decreto-Ley 22. además de transgredir los derechos básicos de los niños según la normativa internacional imperante. manifestaron que aún se continúa con un "modelo tutelar" en nuestra legislación penal. Que tales fueron las consecuencias de una justicia actuando como ejecutora de política asistencial. entre otros. sin posibilidad de reclamar al Estado el respeto a la presunción de inocencia.
por tanto su aplicación debe ser excepcional y de carácter instrumental. se encuentra reforzada por la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.. y en el caso de los niños jóvenes. la única manera de justificar la limitación de la libertad individual durante el trámite del proceso penal. con el fin de reducir el alcance de un sistema de escasos logros y de consecuencias perniciosas. también a aquellos previstos desde la "especialidad" de la niñez. Particularmente. mediante una suerte de entretejimiento.adolescencia. lejos de justificar más intervención penal obliga a su reducción según el plexo normativo imperante. Refirieron que la propuesta de detección de las normas contrarias al paradigma de la Protección Integral.Que todas las alternativas.061. como medio para asegurar los fines del proceso. con base en el deslinde de qué normas secundarias deben ser entendidas como derogadas y cuáles requieren ser interpretadas en un sentido distinto al tradicional. no sólo las tendentes a disminuir al máximo posible la privación de la libertad. resulta necesario hacer aplicación de las normas que conforman este sistema constitucional en la práctica judicial. para decidir su no aplicación. en su indiscutible condición de sujetos de derecho.Que la exigencia de reducción de la intervención penal en cantidad e intensidad no sólo responde a los requerimientos generales de la normativa internacional. pues ello responde al interés superior del niño. resaltaron que es fundamental el concepto de "interés superior del niño" especificado por el artículo 3 de la Ley 26. especialmente. sino. en la que se sostuvo que la falta de adecuación de la legislación inferior a los principios que se desprenden de la normativa internacional no puede ser invocada como excusa para dejar de proteger los derechos y garantías de los menores en el sistema penal juvenil.. de manera que “. sino también aquellas dirigidas a los mismos efectos contra el enjuiciamiento responden a la necesidad de adecuar la legislación penal a un derecho penal mínimo.” Afirmaron que según nuestras bases constitucionales y directrices internacionales. entendido como la máxima satisfacción. es a título cautelar. . integral y simultánea de los derechos y garantías. y tal especialidad. deben respetarse todas las garantías y presupuestos que se exigen en el proceso penal.
la prudencia que deberá procurarse con respecto al criterio de subsistencia de las medidas de cautela en los procedimientos. Además.al no existir posibilidad de imposición de una pena como resultado de procesos seguidos en su contra. nos encontramos dentro del segundo.. el principio de no discriminación y la conciencia de que la "protección de persona".. para el caso que se entiendan pertinentes -y por el menor tiempo posible-...061. por lo menos.Que si estos principios se reconocen como de necesaria aplicación en el caso del juzgamiento de personas adultas. utilizada de manera desproporcionada. Por ello.”.la necesidad de que esa problemática sea tratada desde los organismos administrativos adecuados o competentes con intervención de la justicia civil en caso de ser necesario (medidas excepcionales o de separación forzosa del niño de su familia nuclear o ampliada. 5 de la Ley 26. tres imperativos: el interés superior del niño (art. enfatizaron “. Por otro lado. significó el principal instrumento mediante el cual el Estado ha ejercido la potestad tutelar en sede civil judicializando cuestiones sociales (imperando especialmente y casi con .. manifestaron que la internación dentro del proceso penal de niños inimputables so pretexto de desamparo. porque. pues sería ilegítimo ubicarlos en una situación más perjudicial “.”. es típica de la situación irregular y contraria al paradigma de la protección integral. deberán atenderse. advirtieron sobre “... de los dos supuestos diferenciados: niño en conflicto con la ley penal y niño en situación de desamparo.En este sentido. 3 y art.Poder Judicial de la Nación Señalaron que el problema se da con relación a los menores de 16 años -no punibles..... si bien son adoptadas por la administración requieren de la declaración de su legalidad por parte del juez de familia y su control judicial) a los efectos de que el proceder sea realizado de conformidad con el paradigma de la protección integral. y que la desprotección en que USO OFICIAL pudieran encontrarse estos niños por la vulneración de sus derechos debe ser atendida según los lineamientos y espíritu de la Ley 26.bajo el ropaje de la ‘peligrosidad’ .061). y carecería de sentido la aplicación de una medida cautelar pues el trámite de los procesos estaría destinado a finalizar con el dictado de un archivo o sobreseimiento. deben asumirse también para los niños.
” Afirmaron que “.. en la definición de alcance de las disposiciones de la nueva normativa. toda vez que sin razón alguna se procede de modo diferente y perjudicial en comparación con la situación de aquellos niños que no fueron sospechados de ..debería atenderse también al orden de actuación establecido por la Ley N° 26. en tanto deslegitima una mayor intervención estatal fundada en la condición de niñez). debe considerarse especialmente la exigencia de ausencia de discriminación por la condición de niñez -o por su pobreza.exclusividad en los ámbitos de mayor vulnerabilidad económico-social siendo la institucionalización y/ o separación de su familia de origen una medida adoptada de manera regular)”. a fin de acreditar la necesidad de la medida.. esta situación no impide tomar inmediatamente algunos recaudos como ser el derecho del niño a ser oído..061 y ante la sola decisión del juez penal interviniente. ya que por la especialidad de la materia.061 ante una situación de amenaza o violación de derechos de los niños y adolescentes (medidas de protección integral de derechos asumidas por el órgano administrativo competente local -con todos los límites legales impuestos. sería caer en un proceder discriminatorio contra ellos.Destacaron en ese sentido que “. para garantizar de manera efectiva los derechos de las personas menores de edad.sostener hoy un régimen que permita el alejamiento de estos niños de su medio familiar sin que se cumpla a su respecto con las exigencias que impone la Ley 26. Que todo ello debe conglobarse con la obligación de privilegiar el derecho del niño a permanecer con su familia ampliada (art..y medidas excepcionales de ultima ratio y con control judicial-). 5 CDN) y la necesidad de límites temporales de las medidas. 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño.. y que a su vez. también debe proyectarse en las cuestiones relativas a las medidas cautelares.y el aseguramiento de un estándar mínimo de derechos y garantías establecido por aquellos reconocidos a los adultos (art.” Las presentantes entendieron que “. Pusieron de manifiesto que la nueva normativa se orienta a legitimar la intervención coactiva exclusivamente en casos realmente urgentes (cuando la intervención satisfaga más derechos de los que restrinja).
Por último. puede eventualmente tratarse de un niño en situación de desamparo. enfatizar la prudencia que debe observarse con respecto a las medidas cautelares en tanto imperativo de la protección integral y de evitar la repetición de viejas prácticas. Que en los supuestos de niños desamparados debe evitarse la judicialización y la intervención del juez penal estatuida para actuaciones radicalmente opuestas y contraproducentes con respecto a la problemática del niño inimputable. toda medida de este tenor debe respetar los límites y requisitos impuestos por la Ley 26.”. a su ver.. Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Ello porque eventualmente presentan igual situación de desamparo y condición de víctimas de un Estado ausente en su rol garantizador de derechos sociales. en conclusión. 307/309 vta. si se tratara de una medida excepcional. ya que su finalidad de asegurar los fines del proceso se desvanece frente a la circunstancia de que su resultado será indefectiblemente el archivo o el sobreseimiento. Respecto de la cuestión planteada.278 como ley especial de aplicación respecto de los menores de edad entre los 16 y 18 años. deberá ser puesta en conocimiento del juez de familia. un niño inimputable es ajeno al ámbito penal.. correspondería dar intervención al órgano administrativo correspondiente (para el caso en análisis el Consejo de Derechos de Niñas. y que . Todo ello sin perjuicio de establecer la importancia y necesidad imperiosa de contar con una estructura administrativa dotada de los recursos necesarios y suficientes.061. si se advirtiera una posible vulneración actual o inminente de sus derechos. manifestaron que en el orden Nacional rige la Ley 22. Que. sometidos a proceso por las leyes penales. quien deberá expedirse USO OFICIAL respecto de la legalidad de la medida y luego ejercer su control judicial. y que en los supuestos en estudio (niños inimputables) irracional o sin sentido. afirmaron que la prisión preventiva en tanto medida cautelar es sólo instrumental y no un fin en si misma.e) La Comisión de Minoridad y Familia de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional acompañó las conclusiones que lucen a fs.Poder Judicial de la Nación haber incurrido en conductas ilícitas.
como se dijera.278 y el que promueve la Convención sobre los Derechos del Niño. sobre la vigencia de la ley 22.278. resultan de imposición obligatoria. que a fundamentos de carácter jurídico. cuando el autor o autora de ellas no ha alcanzado los 16 años de dad. no obstante. en su opinión. no podría oponerse a la Constitución Nacional por una simple razón de jerarquía normativa. la discusión se centra en la judicialización o no de ciertas conductas presumiblemente constitutivas de delito. Que por lo tanto. las divergencias con el modelo responden más a razones ideológicas o de política criminal o social. respetando sus derechos y garantías. los tribunales orales de menores.han sido muchos los proyectos de modificación de tal régimen que fracasaron por distintas razones. que. procederá a efectuar . y qué organismo -judicial o administrativo. Aclararon que el sistema penal juvenil que rige actualmente en los juzgados de menores. Argumentaron acerca de la clásica discusión generada en ámbitos académicos y judiciales.849 e incorporada por la reforma del año 1. los juzgados nacionales en lo criminal y correccional federal y los tribunales orales en lo criminal y correccional federal necesariamente se completa con las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño.278 como sistema aplicable a los jóvenes imputados de haber cometido un delito. que revisaron su legislación para ajustarla del mejor modo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño aprobada por nuestro país por ley 23.tomará las decisiones respecto de quienes se predica han violado la ley penal y. por lo que en la actualidad el Congreso Nacional esta en deuda en esta materia y específicamente con la necesidad de adecuar el régimen penal juvenil a las corrientes mas modernas ya dictadas en otros países.994 al bloque de constitucionalidad. y las posturas críticas al sistema penal juvenil. pues no se advierte colisión entre el sistema impuesto por la ley 22. Entendieron que aquellas disposiciones que resultaran frontalmente opuestas a los principios establecidos en la Convención caerían indefectiblemente pues la ley 22. pese a ser una ley especial.
a privarlo de la libertad ambulatoria. conviene USO OFICIAL analizarla en aquellos aspectos que podrían resultar más beneficiosos respecto de la situación del joven sujeto al proceso penal y a sus perspectivas futuras de reinserción social y abandono de las conductas que lo llevaran a aquella situación. más alla de algunas disposiciones de discutible eficacia en la práctica. agregando que en auxilio de la garantía de un proceso justo al que se someta a un menor de edad. 10. En su opinión. facultad que autorizaría eventualmente. derogada por la Ley 26. Consideraron que esta última.061.278. Refirieron que en los últimos quince años.903. pues no se advierte que sus normas atenten contra los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño. y que sin duda. el sistema judicial penal juvenil ha morigerado ostensiblemente la rigidez propia que informaba a la doctrina de la "situación irregular". familiares o sociales. no resulta inconstitucional la facultad que se otorga a los jueces de menores. el punto a discutir es de estricto resorte político y merecedor de un intenso debate legislativo que aún no se ha producido. imperante en el siglo pasado y cuyo ejemplo más elocuente fue la Ley de Patronato. decisión que solo debe tomarse como último recurso y por . habiendo desaparecido las razones que pudieran justificar la intervención judicial y el posible encierro de un niño por circunstancias penales. resultan plenamente operativas las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación. Manifestaron que no basta para descalificar la ley 22.Poder Judicial de la Nación la necesaria investigación para determinar el grado de responsabilidad que le cupo en el suceso y la afectación de otras personas en el mismo. y en tanto ello no ocurra los jueces deben ser respetuosos de las disposiciones de la ley 22.278.278. descansando la total responsabilidad para prestar esa protección en los órganos políticos y administrativos de la Nación. contiene las normas necesarias que garantizan la protección integral al niño que la requiera. de disponer tutelarmente de modo provisorio a un niño o joven a quien se le impute la comisión de un delito. el haber sido sancionada en pleno régimen de dictadura militar.Estimaron que en el régimen establecido por la ley 22.
y un respeto irrestricto a sus derechos y a las garantías de un debido proceso. seguramente habría merecido del alto Tribunal un expreso pronunciamiento descalificador.278 con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. a interpretar como "beneficios" a otorgar por el Tribunal cuando decida alguna de estas dos últimas alternativas. cuando la situación por la que atravesare fuere especialmente grave y comprometiere su vida. que tal elaboración “. extenso e intenso. refirieron que la finalidad del artículo 4° de la citada norma es lograr la recuperación social del menor que ha delinquido y no arribar a una sanción. siendo claro el texto en cuanto a los requisitos estrictos para arribar a la necesidad de una sanción. como resultado del seguimiento de su conducta durante el proceso. sino que impone un conocimiento cabal. . En ese sentido. punible.y la persistencia en los desajustes de su conducta o bien.no se reduce.278 se vincula la solución que el texto legal da para el caso que resulte necesario imponer una pena al menor condenado.en un tema vinculado a la imposición de la sanción perpetua a un menor de dieciocho años. el goce de sus derechos o aún. destacaron que al pronunciarse la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Maldonado”. su salud psicofísica y. y de haber estimado que ello era así. de modo integral. de las circunstancias personales.. familiares y sociales que vincularon al joven con el delito en un momento de desarrollo de su personalidad -de cambios profundos esperables. de alguno de ellos. la atenuación de aquella conducta refractaria que lo llevara a delinquir.el más breve tiempo que proceda. a la postre. el 7/12/2005 -Fallos 3284: 4343. nada dijo acerca de la contradicción de la ley 22. exige un cuidadoso examen de la situación de cada niño o joven sometido a proceso. cuestión que está mas alla de que ese menor imputado por la comisión de un delito resulte. Afirmaron que la labor que realizan cotidianamente los magistrados que atienden el delito juvenil. solamente. o por el contrario. la absolución o una pena reducida. Añadieron que con la invalidez constitucional de la ley 22.. Por ultimo.
prescripciones en las que se han justificado. 278 es constitucional. recalcaron que el objeto del presente proceso remite indefectiblemente a un debate doctrinario sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de diferentes preceptos que forman parte del contenido del Decreto-Ley N° 22. explicaron que los ingresos de los jóvenes de entre 13 y 20 años de edad a institutos de régimen cerrado.278 y sus modificatorias. Asimismo. las resoluciones de privación de libertad de adolescentes. sistema de ingresos y egresos a institutos y la requisitoria de un plan progresivo de liberación. los presentantes solicitaron que se declaren ilegítimas las USO OFICIAL resoluciones judiciales por las que se encontraban privados de su libertad en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. y que paralelamente se inste al Poder Ejecutivo Nacional y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a implementar un progresivo plan de liberación de dichos adolescentes. en . concluyeron que la ley 22. cuya ilegitimidad se requiere. se producen exclusivamente por motivo de una orden emanada de una autoridad judicial competente. En ese sentido. En el aspecto atingente a las medidas privativas de la libertad. incorporándolos al sistema de protección integral de derechos regulado por la Ley N° 26. 312/326. f) Por su parte. acompañó el documento que luce a fs. Adolescencia y Familia. desde el punto de vista normativo. que habrían cometido teniendo esos jóvenes menores de 16 años de edad. En ese marco. los adolescentes presuntamente autores de hechos delictivos. no teniendo conocimiento la autoridad administrativa encargada de la custodia cuál es. esperando que el Congreso Nacional se pronuncie sobre un nuevo régimen penal juvenil acorde a los cambios que la legislación internacional impulsa. aclararon que de la Secretaría que representan dependen administrativamente diferentes establecimientos en los que se aloja a adolescentes privados de su libertad y desde la experiencia de esa gestión señalaron algunos elementos que consideran pueden resultar ilustrativos.061.Poder Judicial de la Nación Por todo lo expuesto. generalmente en el marco de un expediente de "disposición tutelar". la Secretaría Nacional de Niñez. al momento de interponerse la acción de hábeas corpus.
. dado que el resto egresó del dispositivo..- . se encontraban privados de su libertad. los menores de 16 años de edad que son derivados por orden judicial a los institutos "Gral. ya que no se está frente a un universo de población estable que permanece largamente privado de su libertad. la Justicia de Menores. de los adolescentes que. Algunos de ellos tuvieron posteriores reingresos” y que el promedio de permanencia de los niños. entre otras. José de San Martín" y "Ursula Llona de Inchausti" . alejamiento del sistema educativo. José de San Martín" y "Ursula Llona de Inschausti". el fundamento que determinó la adopción de la medida privativa de libertad.Entendieron necesario manifestar que la requisitoria relacionada con el plan progresivo de liberación podría no estar dando cuenta de los modos en que realmente funciona. en la mayoría de los casos. con severos perjuicios para su salud. en tanto lo que efectivamente sucede es que. uno -que estaría involucrado en la comisión de un homicidio. quien tiene a su cargo la implementación de la medida generalmente desconoce si ella persigue asegurar los fines de un proceso penal. afirmaron que la dependencia cuenta con indicadores que les permiten concluir que. niñas y adolescentes menores de 16 años de edad que ingresan a los referidos institutos es inferior dos meses.. como el consumo de sustancias psicoactivas. Es decir que. al momento de la presentación del hábeas corpus.Que pese aquél desconocimiento.ha permanecido en esa situación ininterrumpidamente hasta la fecha. si tiene una finalidad sancionatoria o si se la adopta con el fin de restablecer algún derecho del adolescente que se encuentre vulnerado. sin ser liberado. mensualmente decenas de adolescentes que no han cumplido los 16 años. dependientes de la Secretaría suelen presentar situaciones de graves vulneraciones de sus derechos. son derivados por los magistrados competentes a los persistentes "situaciones de calle". En cuanto al tiempo promedio de duración de las medidas privativas de la libertad adoptadas respecto de menores de 16 años de edad que regularmente son alojados en los institutos "Gral.debe tenerse presente que “.cada caso. carencia de cuidados familiares. al menos en la Ciudad de Buenos Aires.
el hecho delictivo supuestamente cometido no es un elemento determinante. bajo una pretendida protección. persigue asegurar los fines de dicho proceso. las garantías del debido proceso y la defensa en juicio y el estado de inocencia. sin reconocer a esos sujetos las garantías que la Carta Magna establece para con los mayores de edad (art. manifestaron que. sustentadas en la ley 22. A su vez.Poder Judicial de la Nación institutos mencionados. el cuestionamiento sobre la constitucionalidad de las medidas de privación de libertad de personas menores de edad. Sintetizaron entonces que el problema no radica en la "progresividad" de las solturas. se desprende que toda medida privativa de la libertad en el proceso penal de menores tiene una naturaleza jurídica tutelar o protectiva.278. USO OFICIAL Refirieron que de los artículos 1°. en ningún caso. Que la normativa colisiona abiertamente con nuestra Constitución Nacional. pudiendo las condiciones personales y familiares del joven tener una mayor relevancia. pudiendo disponer medidas que no se encuentran legalmente reguladas. ignorándose el principio del interés superior del niño. que son los que determinan que regularmente exista un conjunto de adolescentes menores de 16 años privados de su libertad. como sucede con el régimen que se aplica a los mayores de 18 años. generalmente acompañadas por medidas de naturaleza protectiva. para luego ordenarse progresivamente sus solturas. el juez tiene facultades ampliamente discrecionales. aunque en dicha franja la colisión entre la normativa citada y el imperativo constitucional se ponga en evidencia con mayor claridad. sin determinación de plazos ni modalidades de ejecución. no debería limitarse a los menores de 16 años. Que para la determinación de la privación de libertad. así como las prescripciones de la Convención sobre los Derechos del Niño. en tanto niega a los adolescentes su condición de sujetos de derecho. 18). 2° y 3° de la ley 22. se soslaya los principios de legalidad y reserva. En otro orden de ideas. como anticiparan en las dos audiencias celebradas.278. . en tanto admite el dictado de medidas privativas de la libertad respecto de personas menores de 18 años. sino en la continuidad de los ingresos.
niños y adolescentes estuvieran ..Afirmaron que la tensión entre las normas constitucionales y las que son objeto de impugnación se patentiza mayormente con la vigencia de la Ley 26. considerando en ese sentido que la circunstancia de que sea un juez de menores y no un juez de familia o un funcionario del poder administrador. Ello así. 33 de la ley 26. debe adoptar el ejecutivo. En cuanto a las medidas de protección de derechos. mientras que los magistrados deben desarrollar una labor de índole técnica.” De acuerdo al art. no impide que sean de aplicación las previsiones contenidas en la Ley de Protección Integral de Niños.. el órgano administrativo competente local" es quien tiene el deber de adoptar una "medida de protección integral de derechos.... demanda la distinción entre las intervenciones para restablecer derechos de niños. la citada norma ha delimitado las competencias del poder ejecutivo. restituirlos o reparar sus consecuencias".061 que. niñas o adolescentes que se encuentran vulnerados. en el art. Asimismo.061. 39 se prevén las "medidas excepcionales". de otra de naturaleza punitiva o sancionatoria.quien tome conocimiento de esa situación. niños o adolescentes individualmente considerados. pues la norma “...ha rediseñado los roles y competencias del poder administrador y el poder judicial.. distinguiendo las labores propias de la administración nacional de aquellas otras que son de competencia provincial o local. enfatizando que el primero de los poderes debe asumir plenamente la responsabilidad en el diseño e implementación de políticas públicas -entre ellas la de protección de derechos de la infancia y la adolescencia-. para proteger o restablecer derechos. Asimismo. refirieron que la experiencia les enseña que se trata mayoritariamente de adolescentes que tienen algún o algunos derechos severamente vulnerados. “.061. que son las que se adoptan "cuando las niñas. enderezada a la resolución de asuntos de naturaleza jurisdiccional y de control de legalidad de las medidas que. alineada a la Convención sobre los Derechos del Niño. por la posible comisión de un delito.se prevé que "ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varias niñas. Niñas y Adolescentes 26. con el objeto de preservarlos.
Poder Judicial de la Nación temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio". de la Convención sobre los Derechos del Niño y su posterior incorporación al texto constitucional en el año 1994. el sustento jurídico de las medidas de privación de libertad de las personas menores de 18 años. es la faceta de la ley que más confronta con los principios y garantías constitucionales. Niños y Adolescentes de la Ciudad. deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local" y que la situación del Juez de Menores está comprendida en esa previsión normativa. En resumen. por parte de la República Argentina. es la autoridad administrativa local quien adopta este tipo de medidas. si lo que motiva la necesidad de adoptar una medida es una situación de amenaza o vulneración de derechos. la sanción de la ley 26. 33 las de naturaleza excepcional están sometidas al control de legalidad por parte de "la autoridad judicial competente en materia de familia de cada jurisdicción". En ese contexto. cualquiera sea la edad de la persona USO OFICIAL menor de edad que aparezca como imputada de delito en causa que tramite por ante el Tribunal a su cargo. ha devenido inconstitucional en múltiples aspectos desde la ratificación. que el régimen legal sólo habilita con propósito protectivo o tutelar. manifestaron que en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. aunque a diferencia de las medidas del art. el art.”Que concordante con ello. los Servicios Locales de Protección de Derechos.061 ha evidenciado mas ese contraste entre los preceptos constitucionales y la normativa de inferior jerarquía.. el magistrado debe dar inmediata intervención al órgano administrativo local encargado de la protección”. los presentantes afirmaron que el régimen penal de la minoridad establecido por ley 22. 30 de la ley mencionada prevé que "todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas.278. siendo particularmente grave la situación de quienes tienen menos de 16 años.. esa autoridad es el Consejo de Derechos de Niñas. ya que ni siquiera están sometidos a un verdadero . niños o adolescentes. De acuerdo al art. en definitiva. 40. y en el de adolescentes domiciliados en la Provincia de Buenos Aires. “.
en aquellos casos en que un Juez con competencia penal respecto de ilícitos cometidos por personas menores de 18 años de edad advierta una situación de amenaza o vulneración de derechos respecto de la persona imputada. aunque también dispuestos tutelarmente.proceso penal. que el legajo tutelar se rige por el Reglamento para la Jurisdicción Nacional. Allí. destacando que cuando el menor comete un delito. Resaltaron que en ambos supuestos. los menores son alojados en un instituto de . deberá poner dicha situación en conocimiento de la autoridad administrativa local de protección de derechos. según la discrecionalidad judicial y en virtud de la disposición tutelas. Recalcaron que es importante tener en cuenta que los menores de 16 años que cometan un delito no son punibles. no disponible para las partes. presentó el escrito obrante a fs. pudiendo quedar dispuestos tutelarmente. 327/331. en abierta violación a las previsiones de la normativa internacional. manifestaron que el sistema penal de la minoridad previsto por la ley 22. a diferencia de aquellos infractores a la ley penal que tengan entre 16 y dieciocho. A ello sumaron. siendo su trámite secreto. dando cumplimiento a las previsiones de la Ley 26. derogando el régimen cuestionado e instaurando un sistema de responsabilidad penal juvenil respetuoso de nuestra Constitución Nacional. 22). de Patronato de Menores.903. la secretaría tutelar del Juzgado de Menores lo dispone tutelarmente. el Consejo de los Derechos de niñas.278 tiene en su contenido cuestiones del tratamiento tutelar inspiradas en la derogada ley 10. g) Por último. mediante una reforma integral de la ley sustantiva.061. 75 inc. a fin de que adopte las medidas pertinentes. Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. que sólo será posible un abordaje de los adolescentes infractores dando cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño. tomando a los niños y adolescentes como objetos de protección y no como sujetos de derecho como lo marca la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño incorporada a la Constitución Nacional (art. Entendieron que la disposición tutelar del juez es una medida netamente discrecional y está regida por las viejas concepciones del Patronato. que serán sometidos a proceso y eventualmente sancionados.
en virtud de resoluciones judiciales emitidas por los Jueces Nacionales de Menores en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. consideraron que es evidente la necesidad de derogar la ley penal de menores. la procedencia del hábeas corpus de carácter colectivo presentado por la Fundación Sur con sustento en el artículo 43 de la Constitución Nacional y la ley 26. la vía elegida reconoce fundamento en la necesidad de amparar a todas las personas que. donde el adolescente infractor responda por un reproche jurídico en razón de su conducta ilícita. como las . 332/333. se encuentran privadas de su libertad. 1/10 vta. CUARTO: Corresponde analizar.. que deberá USO OFICIAL contener las garantías del debido proceso. liminarmente. cuando en rigor se los castiga o pena. Por todo lo expuesto.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños. por hechos delictivos presuntamente cometidos antes de cumplir 16 años de edad. que sólo podrán tenerse en cuenta para hechos graves. Niñas y Adolescentes. la Convención Internacional de los Derechos del Niño las plantea como medidas de último recurso. se tuvo por concluida la mesa de diálogo. g) Según se dejó constancia a fs. son privados de su libertad. ilegítimamente según la entidad presentante.Poder Judicial de la Nación menores. por el tiempo más breve posible y tendiente a la reintegración social. el 21 de agosto del corriente se celebró la última de las audiencias convocadas por el Tribunal.Que tal como surge del escrito obrante a fs. es decir. pasando el Tribunal a deliberar. con una suerte de prisión preventiva. debiendo debatirse un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil. con penas alternativas a las medidas privativas de la libertad. y finalizadas las discusiones. sin embargo se las aplica en muchos casos como primera y única alternativa. por ser notoriamente violatoria de la Constitución Nacional y las disposiciones de la Convención Internacional de los Derechos del niño y otros tratados y normas internacionales. y los magistrados intervinientes toman la medida como modo de protección. Estimaron que en el caso de las internaciones.
la vía incoada aparece como la única alternativa.la Corte Interamericana precisó el alcance del artículo 1 de la Convención.278). sino además “garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción”. Según dicha Corte. con la reforma acaecida en el año 1994. José de San Martín y otras instituciones similares. en armonía con las prescripciones internacionales sobre derechos humanos que adquirieron raigambre constitucional mediante su incorporación a la Carta Magna. es decir. invocando el artículo 43 de la Constitución Nacional. del 7/4/1995 que “. No se encuentra controvertido que estas medidas importan en sí mismas una restricción a la libertad. ontológicamente. en cuanto los Estados parte deben no solamente “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella”. Horacio David y otro s/recurso de casación” -causa n° 32/93. Hace ya tiempo el alto Tribunal. como afirma el recurrente. “garantizar” implica el deber del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los . debe precisarse que. es. en el que resolvió declarar como doctrina plenaria que corresponde aplicar el cómputo previsto en la ley 24.de carácter colectivo como los que aquí se pretende resguardar. de la que no pueda salir por su propia voluntad.. como la prisión preventiva. una medida privativa de la libertad impuesta por la autoridad judicial frente a infracciones a la ley penal que se dicen cometidas por el menor relativamente inimputable. pues al respecto ya se pronunció esta Cámara Nacional de Casación Penal en el Plenario n° 12 “Clavijo Farías s/recurso de inaplicabilidad de ley”. sostuvo en autos “Giroldi. ante la inexistencia en nuestro ordenamiento jurídico de otros remedios idóneos para la custodia de los derechos fundamentales -en el caso la libertad ambulatoria. de régimen cerrado.. del 29/6/2006. ordenada por un Juez Penal.que se alojan en el Instituto Gral. al entender que la internación en una institución de régimen cerrado de uno de los sujetos que la Convención sobre los Derechos del Niño ampara.390 a las medidas de internación dispuestas respecto de menores sometidos a proceso penal (ley 22. cualquiera sea el nombre que quiera darse a la medida y/o la naturaleza de la institución. Despejado ese punto.
en atención a que el objeto de la acción está constreñido al análisis de la . ya ha sido zanjado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Considerando 16). además de la letra de la norma.Dichas pautas deben ser especialmente atendidas en el particular. al pronunciarse en los autos “Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky.1 de la Convención (opinión consultiva n° 11/90 del 10 de agosto de 1990 -“Excepciones al agotamiento de los recursos internos”.párrafo 34). “ (cfr.” (Cfr. entre otros.. Que “. Garantizar entraña. asimismo. donde resolvió que “Pese a que la Constitución no menciona en forma expresa el hábeas corpus como instrumento deducible también en forma colectiva. conforme lo sostenido reiteradamente por esta Corte en materia de interpretación jurídica. Horacio s/hábeas corpus”.” (cfr. la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad (Fallos: 312:2192. disidencia del juez Petracchi. tratándose se pretensiones como las esgrimidas por el recurrente. la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos. constituye una violación del artículo 1. Por consiguiente. “el deber de los Estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y. en el sentido de que debe tenerse en cuenta. todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público. parágrafo 23). de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos” (id. con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial. 320:875. no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla. la defensa de derechos de incidencia colectiva puede tener lugar más allá del nomen iuris específico de la acción intentada. el alcance de la cláusula constitucional. en general.Poder Judicial de la Nación obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo. Considerando 17)..debido a la condición de sujetos afectados y a la categoría del derecho infringido. Considerando 12). USO OFICIAL Por otra parte..
legitimidad de la situación jurídica en la que se hallan los niños y niñas imputados de la comisión de delitos antes de cumplir 16 años de edad. tutor o guardador y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que se encuentre. punto 2. I... el interés moral y material de los niños debe tener una relevante prioridad sobre cualquier otra ponderación que implique de manera alguna conculcar el acceso a la jurisdicción por parte de aquellos. Fallos Q.2278. Artículo 12.” (Corte Suprema de Justicia de la Nación. establece “La disposición definitiva podrá cesar en cualquier momento por resolución judicial fundada y concluirá de pleno derecho cuando el menor alcance la mayoría de edad. de modo que. el 1/6/2004. de sus padres. el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado. Juan y otros. previa audiencia de los padres. corresponde analizar. o presenta problemas de conducta.”. .QUINTO: Expuesto ello.XXXVII. tutores o guardador. Recurso de Hecho.”. tomará conocimiento directo del menor. toda vez que éste es un deber que el Estado debe garantizar a través de sus órganos competentes -Conf. El mencionado artículo. en primer lugar la constitucionalidad del artículo 1 de la ley 22. Milton Julio y otros c/Caporaletti. En caso necesario pondrá al menor en lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable. falto de asistencia.”. en lo que aquí interesa..el niño tiene una protección especial. establece que “ No es punible el menor que no haya cumplido 16 (16) años de edad. el art. rta.21. Si de los estudios realizados resultare que el menor se halla abandonado. “Quiroz.. ante un conflicto como ocurre en la especie.Si existiere imputación contra alguno de ellos la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente. de la Convención sobre los Derechos del Niño). cuya tutela debe prevalecer como factor primordial de toda relación jurídica. y en ese sentido debe recordarse que “. Por su parte. 3 último párrafo. privados de la libertad en los institutos destinados a tal fin. procederá a la comprobación del delito. en peligro material o moral..
resulta acorde a los principios constitucionales que rigen en la materia. Santa Fe de Bogota/ Buenos Aires. constituye un cambio en la materia que ha sido caracterizado como el pasaje de la consideración del menor objeto de tutela. propio del modelo de ‘situación irregular’ imperante en los países latinoamericanos hasta fines de la década del 80(. “Los recursos en el procedimiento penal”.278. en función de la normativa reseñada..). 1999.Temis/ Depalma. Editores del Puerto. corresponde analizar si la respuesta que el Estado brinda para estos supuestos. Ley y Democracia en América Latina”.VV. en el que deben inscribirse las prácticas y las políticas de los países que la han ratificado.Poder Judicial de la Nación El agravio esgrimido por el recurrente se circunscribe a la situación que atraviesan los menores de 16 años (no punibles) que ante la sospecha de comisión de un delito. el sistema que establece la mencionada ley es el denominado “régimen tutelar”. y Gandur. USO OFICIAL A partir de 1994. la Convención sobre los Derechos del Niño integra la Constitución Nacional constituyendo el marco mínimo de reconocimientos y respeto a los derechos de los niños. Reglas Mínimas de las Naciones Unidades para los Jóvenes Privados de Libertad y las Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Juvenil -directrices de Riad-). en determinados casos. al reconocimiento del niño y del joven como sujetos de derechos” (Beloff. continúan bajo un control tutelar que. También en Beloff. Mary. De tal modo. Antonio Actividad del Poder . Mary: Los sistemas de responsabilidad penal juvenil en América Latina en AA.VV. en lo que se refiere a la “situación irregular” a la que se enfrentan los menores durante el tiempo en que se encuentran sometidos a aquél instituto. José Luis: Los recursos en el ámbito de la justicia de menores en AA. implica un encierro. 87 y 91. “Infancia.. p. a través de la ley 22. 177. Buenos Aires. Como es sabido. Es así que “(e)sta Convención junto con otros instrumentos internacionales específicos (Las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil -Reglas de Beijing-. Mestres. 1998. que ha recibido fuertes críticas a la luz de la Constitución Nacional. p.
10.278 posee su fundamento legal en la denominada “Ley Agote” (nro. con miras a su tratamiento y resocialización. lo que ha generado que desde el Poder Judicial se realicen distintos esfuerzos interpretativos para salvar su constitucionalidad y tener. un marco legal que regule el sistema penal de menores. La ley on line. La Ley actualidad. la doctrina de la situación irregular refleja criterios criminológicos propios del positivismo de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX que justificaron la intervención estatal coactiva frente a la infracción de la ley penal por parte de los “menores” considerados “peligrosos”. aunque sea mínimamente. 17/8/06. rta. Como es sabido. al producirse un cambio de paradigma en lo que se refiere a la relación del Estado con los menores. en el sistema del régimen tutelar. Como lo sostienen Famá y Herrera.903). En este sentido. publicada en ADLA 2005-E. tal como lo vengo sostenido desde el precedente “Cáceres. se encuentra la ley 22. .Judicial Frente a los adolescentes en conflicto con la ley penal. 891/06". 5809).278-.pese a los insistentes reclamos de adaptar aquella legislación a las nuevas exigencias constitucionales. Laura Dalia s/ recurso de casación”. que al ser derogada por la ley 26.278. es la disposición del “menor” como “objeto” de tutela del Estado a través del Poder judicial mediante un proceso tutelar dirigido por un juez con facultades prácticamente omnímodas. ello tiene incidencia directa sobre los restantes ordenamientos legales que a la fecha no han sido derogados o modificados.903 y la ley 22.aún sigue vigente. Dentro de esta última categoría. que . 22 de noviembre de 2007). ( Crónica de una ley anunciada y ansiada. causa 6603 registro nro. impulsa una reestructuración -teórica y material. la vigencia del régimen tutelar de la ley 22. El eje central del sistema -cuya máxima expresión en nuestro país ha sido la ley 10. que nos obliga examinar la constitucionalidad pretendida por el recurrente.061 y receptar los principios constitucionales que rigen en la materia.del sistema integral de protección de los derechos de los menores.
3 último párrafo). con o sin internación (art. la protección integral de los derechos se presenta como una concepción integral que recupera.278. (Los derechos del niño en el sistema interamericano.) priman las medidas de protección de derechos en contraposición con las medidas de protección de las personas y esta connotación implica. en peligro material o moral. en lo que aquí interesa el cambio esencial que posee esta nueva visión. cuando establece que los menores de 16 años no son punibles (art. el segundo. 1 pár. En este escenario. tanto USO OFICIAL de carácter universal como focalizadas) por sobre cualquier otro tipo de intervención. la universalidad de la categoría de la infancia.Poder Judicial de la Nación Por el contrario. A poco que se observe. de manera inexorable.061. presenta problemas de conducta. como veremos más adelante. En otras palabras. falto de asistencia. Por otro lado. respecto a la facultad que la ley confiere a los jueces para disponer provisional o definitivamente por un determinado tiempo (alcanzar la mayoría de edad o por resolución judicial fundada) cuando de los estudios realizados se advierta que el menor se halla en abandono. con la derogación de la denominada ley “Agote”. La cuestión habrá que analizarla desde dos puntos de vista. en los términos de Mary Beloff. 2 y 3 y art. la prioridad de la actuación administrativa por sobre la subsidiaridad de la intervención judicial que.903) por la ley 26. Tal como lo sostienen Famá y Herrera (op. Editores del Puerto. el protagonismo de los órganos administrativos (los que llevan adelante las políticas públicas. es que de la tutela judicial se pasa a la planificación de políticas públicas desde planes específicos ejecutados en la órbita de la administración. pag. por lo menos en lo que se refiere a los supuestos contemplados por el párrafo primero (menores de 16 años) . cumplirá una función garantizadora mediante el control de la ejecución de políticas compatibles con la CN y esencialmente encaminadas a asegurar el fiel respeto de la CDN. cit. 1 primera parte) y. la sustitución de la tutela (ley 10. permite concluir que de aquél sistema no pueden subsistir otras normas como la ley 22. 36). la normativa descripta presenta incompatibilidades constitucionales en lo que se refiere al respeto de los . El primero.
por lo menos. niñas y adolecentes por motivos tutelares. al modificarse el régimen tutelar -circunscripto al caso en estudio.de la vieja ley de patronato.093 y con ello elimina claramente el instituto del Patronato del Estado. Poco puede agregarse a lo que interpreto un análisis adecuado del tema. aún cuando sean definidas como tutelas. dado que. resuelto el 18/12/06 (publicado en Lexis Nexis 0003/013206). proporcionalidad. Si las niñas. causa M. inocencia y el debido proceso legal y el régimen que postula la CDN.278 importa una disposición tutelar por tiempo indeterminado que no obedece a garantías procesales ni principios fundamentales del derecho derivados del debido proceso legal y que la enfrenta decididamente con el ordenamiento constitucional. Además. El art. en cuanto se refiere a la figura de la disposición judicial. ”. cuyas ramificaciones se extendían a la ley 22.278. 76 la cuestionada ley 10. 1 de la ley 22. El análisis constitucional de la norma. La eliminación del Patronato de la Infancia coloca al Régimen Penal de la Minoridad. y especialmente respecto de las personas menores de edad “inimputables” o “no punibles”. el límite al poder punitivo que el propio estado se ha impuesto (16 años) termina siendo contradictorio con las consecuencias que la ley 22. dicho sistema. Consecuentemente suprime toda potestad de los jueces de disponer de las personas de niños. no . ya fue tratado -a mi entender correctamente. a partir de la vigencia de la Convención de los Derechos del Niño y la ley 26. niños y adolecentes “no punibles” o “inimputables” están carentes de capacidad para infringir las leyes penales no pueden recibir respuestas provenientes del aparato punitivo estatal a través de jueces penales que utilizan herramientas claramente coercitivas como es el supuesto de la privación de libertad y que se estatuyen en los hechos como verdaderas penas.061 sino también con las garantías constitucionales.A.061. G. como sostuve precedentemente. en donde se sostuvo que “La norma de mención [ley 26.principios de legalidad.061] deroga en su art. en el terreno de la ilegalidad.por Juzgado Penal de Menores Tunuyán.R. en tanto colisiona abiertamente no solamente con la ley 26.278 le confiere para estos menores (disposición tutelar).
). Procesal Penal y Criminología. es una facultad propia de cada Estado. además de ser una presunción iure et de iure que opera al constatar la edad de la persona imputada (En igual sentido.278 (provisional o definitiva). Ed. en los términos de la ley 22. y no el estigma histórico que ha representado para los menores de edad. Es decir. y no según parámetros emergentes de patologías propias de la psiquis (Cfr. Beloff. constituye una defensa más. Bs. Nro. y en particular: a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales. controversias nacionales e internacionales de Derecho Penal. Es que creo.. As. conforme se desprende de del art.” En este orden. se afirma que la inimputabilidad (límite de edad de la intervención punitiva) como incapacidad. Revista de derecho penal y procesal penal. Lexis Nexis. En igual sentido. Homenaje a Rivacoba y Rivacoba. Como sostienen Manuel Cruz Videla y Juan Florencio Reboredo. 40 inc. implica una afectación de los derechos del niño. más allá del alcance que pretenda asignársele a la expresión “no punible” del art. 1 de la ley 22.. cuando establece que “Los Estados tomaran todas las medidas.Poder Judicial de la Nación puede continuar vigente para los menores que estén bajo tutela al ingresar al sistema por conflictos con la ley penal. con la consecuencia directa de violación de los derechos fundamentales (cfr. que constituye una injerencia ilegítima para lo cual el Estado no tiene potestad. Mary. Los adolecentes y el derecho penal: op cit ). El Penalista Liberal AAVV. Beloff.278) Esta limitación al poder punitivo estatal. Hamurabi . Así. cualquier actividad desplegada desde la jurisdicción penal que posea injerencia sobre los derechos y garantías de los menores no punibles. . 3 a) de la CDN.278 (o sea: si es inculpabilidad. inimputabilidad o prohibición de punibilidad.2/2007 pág. que consiste en imponer un límite al poder punitivo del estado para no perseguir penalmente cuando el posible autor del hecho es menor de 16 años. Mary. 2004). Los adolecentes y el derecho penal: una relación conflictiva. la USO OFICIAL “inimputabilidad” ha sido establecida a expensas de una limitación cronológica de la edad. no puede pasar por alto la circunstancia que la disposición tutelar. constituye una manifestación clara de política criminal.
Parte General. Eugenio Raúl. Tal como afirma Crivelli. como lo sostiene el recurrente..Como sostienen Zaffaroni-Slokar-Alagia .. Alejandro-Slokar. Crivelli. implica que cuando el juez se halla frente aun menor de 16 años imputado de un delito. hace lo que quiere. el proceso penal que se sigue a los menores de 16 años estará destinado. en www. bajo el pretexto de la “protección o tutela”. Editorial Ediar. donde la autoridad judicial goza de un margen de discrecionalidad absoluto. Ezequiel. (Cfr. Parte General. 189). pudiendo aplicar verdaderas sanciones sin título ejecutivo alguno que legitime jurídicamente su imposición. En efecto.Alagia.com. Si entendemos que resulta contrario a la Constitución establecer una tutela sobre los menores no punibles.. (Cfr. donde las garantías sustanciales y procesales no juegan papel alguno. Eugenio Raúl. la arbitrariedad judicial sería inconstitucional. carece de legitimación por no existir los presupuestos previos y necesarios para que el Estado pueda desplegar sus facultades dentro de un proceso penal que sea respetuoso de los principios constitucionales. a finalizar en un auto de . según la cual se presume juris et de jure que el menor 16 años es inimputable. Zaffaroni. pues el inimputable no deja de ser persona y no puede ser sometido al poder punitivo sin las debidas garantías. pues también carece de legitimidad su imposición. como tal.entendida textualmente esta disposición.ar/51crivelli) La legislación de niños y adolecentes no puede olvidar que es parte del ordenamiento jurídico de un estado de derecho y que. 187). Buenos Aires. debe brindar las garantías y límites al ejercicio del poder punitivo de las agencias administrativas y judiciales. también desaparece la posibilidad de disponerlos bajo la modalidad de “internación” que es similar a una privación de la libertad.en los términos que señala la ley bajo análisis. Editorial Ediar. el niño es introducido en un sistema penal paralelo. ¿Es posible desarmar el modelo tutelar? Derivaciones inesperadas de la declaración de inconstitucionalidad del régimen penal de menores en la provincia de Mendoza publicado. (Cfr. Aún admitiéndolo. Alejandro Derecho Penal. Alejandro-Slokar.penal. Esa interpretación se basa en la tesis dominante en la doctrina.“.. Zaffaroni.pensamiento. indefectiblemente.”. Buenos Aires. 2003 Pag. Alejandro Derecho Penal. 2003 Pag.Alagia.
¿Es posible desarmar el modelo tutelar?. se les aplica a quienes no han sido condenados por el hecho que se le imputa. cit. En estas condiciones ya no podemos hablar de “intervenciones que protejan”. M..laleyonline. Contradicción que durante muchas décadas se solucionó recurriendo al eufemismo de cambiar la palabra “prisión” por “internación”.. C.op. Tristán Derecho Penal Juvenil. com). Ezequiel. aunque nadie admita ni consienta gustoso que lo encierren para “protegerlo”. pues lo que USO OFICIAL realmente interesa. Allí se expresó. ” (Casnati. Algunos Aspectos procesales y sustanciales . Gran Cuyo. que la diferencia que existe entre ambos institutos se limita al nomen iuris que se le asigna pues en esencia ambos son similares.. pensando que ésta podía traer buenos frutos por sus especiales características terapéuticas.Poder Judicial de la Nación archivo o sobreseimiento. Como sostiene Casnati “. Los denominadores comunes de aquellos institutos se caracterizan por: tener un plazo determinado. F.. Además conforme lo expresa Ovalle no resulta razonable sostener que una persona que se encuentra alojada en un lugar del cual no puede salir por su propia voluntad. es si la persona vio restringida su libertad ambulatoria. En nada incide qué intención persigue uno y otro instituto.. Hoy día admitimos que todo lugar del que no se pueda salir por propia voluntad es privativo de libertad y que toda privación de la libertad produce una paulatina aniquilación subjetiva. razón por la cual la internación de los menores debe ser asimilada a la prisión preventiva que sufre una persona mayor . se computan a los efectos de la pena que finalmente se imponga y son medidas de coerción que restringen la libertad. para comprender cabalmente el alcance de la discusión. Hemos interpretado (cfr.. Plenario n° 12. R.en el derecho penal de menores (no juvenil) aún se levanta la bandera de la “protección”. 29/06/2006) que la internación en los términos de la ley 22.(Cfr. Crivelli.278 resulta equiparable a la prisión preventiva. www. publicado en La Ley. no se halla privada de la libertad porque el nombre que se le ha asignado no sea “prisión preventiva”. y que se haya desmoronado definitivamente la creencia de las ventajas de los institutos de menores y sus tratamientos para la rehabilitación social.. se cumplen en establecimientos.). s/recurso de inaplicabilidad de ley.
(Ovalle.390 sigue dando tela que cortar: la aplicación del 2x1 a los menores y la inclusión de los tiempos interrumpidos de detención a efectos de la duplicación del cómputo” . pertenecientes al instituto “Ursula Llona de Inchausti”. así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad. Fernando. basta con realizar algunas investigaciones de campo al respecto para comprobar que los menores son trasladados esposados a los tribunales cuando estos los requieren (igual que los mayores). 2004 y en www. 11 b) establece que “ por privación de la libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento. “La ley 24. Que la normativa internacional vigente en la materia.com) Por su parte. cit). . pues lo central es la privación de la libertad del menor.. la disposición de las tareas del personal que allí trabaja y la organización interna de los menores. lo que ratifica las apreciaciones realizadas precedentemente.que la distinción con los imputados mayores -en orden a la aplicación del beneficio en trato. 24/25.. op.constituya una palmaria arbitrariedad e injusticia”(cfr. a poco que se observen los informes de: fs. 28/29 del instituto “San Martín”. resulta similar a los establecimientos carcelarios de los mayores. ello denota que no existen diferencias entre los institutos analizados. fs. Ovalle. de internación. en sus lugares de detención -perdón. puede concluirse que por las descripciones del lugar. administrativa y otra autoridad pública”. Fernando L.reciben visitas en días preestablecidos (regímenes idénticos al de los mayores) y tantas otras coincidencias que hacen -también por estas simples circunstancias. Es más. aunque más no sea por una aplicación analógica in bonan partem. las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad. el mismo autor añade que “. se los aloja en celdas (curiosamente como los adultos).de 18 años de edad.laleyonline. en su art. publicado en suplemento Penal. 26/27 correspondiente al instituto “Borchez de Otamendi”y fs.si alguna duda aun cupiera respecto a que los menores sufren de una privación de su libertad semejante a la prisión preventiva (por más que se la haya bautizado con el término “internación”). por orden de cualquier autoridad judicial.
proporcionalidad. los ingresos de los jóvenes -entre 13 y 20 USO OFICIAL años de edad. por la forma como se encuentra regulada en la ley 22. explican que “..Poder Judicial de la Nación No es ocioso recordar que nos encontramos frente a menores que no son punibles. culpabilidad. por el contrario. no teniendo la autoridad administrativa encargada de la custodia cuál es. ninguna de las variantes mencionadas (cautelar. dado que. el fundamento que determinó la adopción de la medida privativa de la libertad. al sostener que en el modelo tutelar. Los datos aportados por la Secretaria Nacional de Niñez. inocencia y debido proceso legal. a los principios de legalidad. la imputación y juzgamiento de una conducta penalmente típica . Adolescencia y Familia. explica claramente lo que aquí postulo.. En otras palabras. cuando debería estar excluido. generalmente en el marco de un expediente de “disposición tutelar”. generando una aplicación indiscriminada tal como lo afirma el recurrente. circunstancia que demuestra concretamente la ilegitimidad de cualquier medida de encierro en los términos antes expuestos. la decisión que adopte el juez se realizará sin respetar aquellos enunciados y los menores ingresarían -de todas maneras-a un sistema penal. interpreto que no es una característica destacable de cómo se administra el sistema tutelar sino. 314. Crivelli. La decisión que se tome en éste sentido sobre los menores. quien tiene a su cargo la implementación de la medida generalmente desconoce si la misma persigue asegurar los fines de un proceso penal. a fs. pone de manifiesto la falta de coherencia entre los fundamentos que originaron las medidas y el tratamiento que se dispensa. sancionatoria o tutelar) se corresponde con los fines establecidos en los estándares constitucionales. en base a los argumentos que vengo exponiendo. si tiene una finalidad sancionatoria o si se la adopta pretendiendo sustituir o restablecer algún derecho del adolescente que se encuentre vulnerado ”(el destacado me pertenece). Esto último. vale la pena reiterar. en cada caso. con menos garantías que los mayores de edad.278.a institutos de régimen cerrado se producen exclusivamente por orden emanada de autoridad judicial competente. Lo que afecta sin duda garantías primarias. toda vez que cualquiera que fuese la razón del encierro. constituye una vulneración.
se priva de la libertad de modo desproporcionado e inconstitucional. más bien implica un perjuicio. Así. los menores no son. la justicia de . por su condición. el menor es considerado objeto de protección. Ezequiel. "internados" o "reeducados" o "sujetos de medidas tutelares". al fundarse la decisión en aspectos que hacen a la personalidad del menor. si tenemos en cuenta que en éste sistema. la privación de la libertad en lugares de encierro en condiciones de similar rigurosidad y limitaciones que aquellos lugares donde se ejecutan las penas de los adultos. la CSJN in re “Maldonado. Es lógico que así sea. justificándose la intervención estatal bajo la excusa de la tutela. 7/12/2005. por lo que lejos de ser un beneficio el ser sometido a la justicia tutelar de menores.no se elabora mediante la realización de un debido proceso con el respeto de las garantías que ello implica. De esta manera. por ejemplo. la disposición sobre el menor genera afectación a los principios constitucionales básicos de un estado de derecho donde. y sin que exista debido proceso para habilitar la medida. pese a no tener consecuencias penales la conducta desplegada (por no ser punible).(Cfr. Estas medidas. conduce indefectiblemente a una restricción de los derechos fundamentales en una medida mucho mayor que el Derecho Penal de adultos. reitero. Sobre esto último. no menos censurable de la justicia penal de menores es que se ha manejado con eufemismos. sino que ellos son "dispuestos". Daniel Enrique s/Recurso de hecho -causa N° 1174" rta. en la práctica existe un margen bastante amplio de discrecionalidad sobre las medidas a adoptar y se aplican criterios de derecho penal de autor. A su vez. siguiendo este esquema. materialmente. el objetivo de salvar al niño. sujetos de medidas cautelares tales como la prisión preventiva ni tampoco privados de su libertad. Que. en muchos casos. han significado. sostuvo que “ Otra característica. al no tratarse de medidas que afectan la "libertad ambulatoria". op cit) . De esta forma. aquellas garantías constitucionales dirigidas a limitar el ejercicio abusivo de la prisión preventiva u otras formas de privación de la libertad aparecen como innecesarias. Crivelli. En la lógica de la dialéctica del derecho de menores.
menores históricamente se ha caracterizado por un retaceo de principios básicos y elementales que se erige en todo debido proceso, tales como el de legalidad, culpabilidad, presunción de inocencia, proporcionalidad y defensa en juicio.”(considerando 26, del voto en mayoría)
De esta forma, la reglamentación de los derechos prevista en la ley 26.061y el art. 1 de la ley 22.278 no supera el test de constitucionalidad, por contraponerse a los principios rectores del derecho del niño descriptos en la CDN, por lo tanto, propongo al acuerdo declarar su inconstitucionalidad, en lo que se refiere a la posibilidad de disponer provisional o definitivamente al menor de 16 años. II. Expuesto ello, entiendo que corresponde tratar los restantes agravios, en forma conjunta, en lo que se refiere a qué solución se arriba como USO OFICIAL consecuencia de la inconstitucionalidad propuesta. Debe reconocerse que por las especiales circunstancias presentadas en este caso, los efectos de la propuesta antes realizada no pueden limitarse exclusivamente a la liberación de los menores que se encuentren alojados en institutos con características similares a la prisión de adultos o, en su defecto, archivar todo expediente vinculado a la tutela de los menores de 16 años de edad -como lo pretende el recurrente- sobre todo si aún no existe una regulación legal que determine las competencias judiciales para estos casos. Por el contrario, es precisamente en estos supuestos donde debe respetarse y velarse por la aplicación y vigencia del interés superior del niño. Es decir, aquél principio rector nos obliga a buscar una solución integral respecto a la problemática que los menores presentan, desde los parámetros fijados en la ley 26.061. De esta forma, deberá establecerse un control judicial para verificar el pleno respeto por los derechos y garantías de los menores. En este sentido, la CSJN se pronunció, haciendo suyas las palabras del
Procurador General de la Nación, en punto a que “ Los menores, máxime en circunstancias en que se encuentra comprometida su salud y normal desarrollo, a más de la especial atención que necesitan de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés de
la autoridad nacional en los asuntos concernientes a ellos viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento en estos casos” (del dictamen del la Procuración General de la Nación, al que remitió la Corte, en N.108.XXXIX, Neira, Luis Manuel y otra c/Swiss Medical Group S.A.”, rta. el 21/8/03) . Se ha dicho al respecto
que “...nada más lejano al sentido de lo que aquí llamamos principio del interés superior del niño, creer que el interés superior del niño debe meramente “inspirar” las decisiones de las autoridades. No, el principio del interés superior del niño lo que dispone es una limitación, una obligación, una prescripción de carácter imperativo hacia las autoridades” (Cilero Bruñol, Miguel: El interés del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño , en AA. VV. “Infancia, Ley y Democracia en América Latina”, citado, p. 77). De esta forma, la solución integral respecto a los menores de 16 años que ingresen al sistema -por la presunta comisión de un hecho- debe ser planificada de manera interinstitucional, tal como lo establece la ley 26.061. Así, aún cuando el Estado tome conocimiento de la situación de los menores por la comisión de un hecho ilícito, la problemática se abordará en la órbita administrativa aunque, como se verá, quede reservado un control judicial sobre ello. Bajo esta directriz, Crivelli explica que otro punto de relevancia, es la desjudicialización de las cuestiones relacionas con las “medidas de protección integral de derechos” que según lo normado por los arts. 32 y 33 de la ley 26.061 deberán desarrollarse en el ámbito administrativo local. El objetivo de esta transformación estaría vinculado con la necesidad de preservar a los jueces de funciones puramente técnicos, apartándolos de toda cuestión relacionada con la tutela. En su consecuencia, los problemas vinculados a la satisfacción de los derechos básicos de los niños no constituyen ya problemas atendibles por la justicia de menores o la justicia penal sino por el poder administrativo nacional, provincial y municipal. En este orden, la ley creó el “Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y adolecentes” conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican y supervisan las políticas públicas en el ámbito administrativo antes mencionado,
destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y reestablecimiento de los derechos de los niños.(Cfr. Crivelli, Ezequiel, op cit). Sostienen Famá y Herrea (op cit), que el Estado como garante de los derechos humanos que titularizan niños y adolecentes implica el despliegue de una serie de acciones, a través de su poder administrativo, para la efectiva satisfacción de derechos o, en su defecto, para la rápida restitución de los que se encuentran vulnerados. De este modo, a poco que se observe la ley 26.061 implementa un sistema de políticas públicas vinculadas a la protección integral de los derechos del niño, que implica abordar el tema desde una visión completa, permanente y estructurada, para satisfacer y garantizar sus derechos y garantías. Frente a este cambio radical (como política de estado), deviene necesario el compromiso y la USO OFICIAL interacción de todos los organismos gubernamentales vinculados en la materia. El art. 32 es claro cuando establece que “ El Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías ...Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe contar con los siguientes medios: a) Políticas, planes y programas de protección de derechos;b) Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos; c) Recursos económicos; d) Procedimientos; e) Medidas de protección de derechos; f) Medidas de protección excepcional de derechos”. Por otra parte, los arts. 33 “Medidas de protección integral de derechos ” y 39 “Medidas excepcionales”, regulan concretamente la aplicación de medidas de intervención, según los supuestos de cada caso en particular, de los organismos administrativos que deberán intervenir para el supuesto en que se detecte una amenaza o violación de los derechos o garantías de los niños.
que en lo que a este recurso interesa tiene como función: “a) Garantizar el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez. niños. Adolescencia y Familia y establecer en forma conjunta. d) Fomentar espacios de participación activa de los organismos de la sociedad civil de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en esta ley. 45 y ss). 43 y ss. la ley hace expresa mención en el Titulo IV. y la prevención de su institucionalización.q) Impulsar mecanismos descentralizados para la ejecución de programas y proyectos que garanticen el ejercicio de los derechos de las niñas. c) Proponer e impulsar reformas legislativas e institucionales destinadas a la concreción de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. b) Participar en la elaboración en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez.Por último. h) Diseñar normas generales de funcionamiento y principios rectores que deberán cumplir las instituciones públicas o privadas de asistencia y protección de derechos de los sujetos de esta ley. establece. de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en la presente ley. la modalidad de coordinación entre ambos organismos con el fin de establecer y articular políticas públicas integrales. niños.. un Plan Nacional de Acción como política de derechos para el área específica.). adolescentes y sus familias ... Por su parte.. en lo que se refiere a la jurisdicción nacional y federal. Adolescencia y Familia de un Plan Nacional de Acción como política de derechos para el área específica. adolescentes y sus familias.. Adolescencia y Familia. niños y adolescentes. con relación al Consejo Federal de Niñez. b) Elaborar con la participación del Consejo Federal de Niñez. niños.. reconocidas . Adolescencia y Familia”(art. que habrá de: “a) Concertar y efectivizar políticas de protección integral de los derechos de las niñas. Este último. j) Promover políticas activas de promoción y defensa de los derechos de las niñas.”. i) Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos institucionales hacia la promoción del ejercicio de derechos de las niñas. de los organismos administrativos de protección de derechos. Para el ámbito nacional la ley creó “Secretaría Nacional de Niñez. adolescentes y sus familias. Adolescencia y Familia (art.
i) Promover en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez. bajo las circunstancias antes mencionadas. Crivelli. Los derechos del niño y la ley 26. Respecto al rol de los jueces. Adolescencia y Familia.Poder Judicial de la Nación por su especialidad e idoneidad en la materia. www. en similar sentido Gandur. En el modelo de la protección integral. conviene resaltar que no comparto. En esa directriz. pero con los alcances aquí fijados. bajo la competencia del juez de menores.su debida intervención a los fines de realizar el control de legalidad.com. propender a efectivizar una función jurisdiccional garantizadora de la CDN pues. Su misión se compara con la de un “buen padre de familia”.(Cfr. como solución a los casos de los menores no punibles que encuadren en los supuestos por ella establecidos. ” Bajo estos lineamientos. de admisibilidad y de conveniencia de los actos que lleve a cabo la administración. op cit. En este sentido. (Mizrahi. queda en claro la necesidad de poner en funcionamiento los planes a los que hace mención la ley. excluir a los jueces del fuero penal de menores. pag. ¿Es posible desarmar el modelo tutelar? Derivaciones. por el contrario. Mauricio Luis. En el modelo de la situación irregular el juez asume funciones más bien de carácter político-social. Crivelli agrega que el papel que desempeña el juez es también diferente en el viejo y nuevo sistemas. no puede desconocerse que el ingreso de los menores al sistema se genera por infracción a la ley penal. 4) Comparto la posición de Mizrahi.ar o 2006 A. parece adecuado en atención a la particular problemática USO OFICIAL en análisis. por lo menos hasta tanto se sancionen y reglamenten las normas pertinentes.061 . mecanismos de seguimiento. Antonio Actividad del Poder Judicial . 858 y ss. Ezequiel. monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección integral de los derechos de las niñas.laleyonline. cuando expresa que no al no tener el niño menos garantías que los adultos. ubicándolos por el momento...). es un deber de la magistratura -y no sólo una facultad. favoreciendo su conformación en redes comunitarias. . la tarea del juez se centra en la actividad propiamente jurisdiccional y de controlar el respecto de las garantías constitucionales. niños y adolescentes... op cit..
lo único que hace el Poder Judicial. que abierta como ha sido la competencia de ésta Cámara. y. De este modo. Desconocer esta premisa sería equivalente a neutralizar cualquier eficacia del control de constitucionalidad. en su respectivo ámbito de competencia y con la prudencia debida en cada caso. se trata . rta. III. 856 XXXVIII. en atención a la falta de adecuación de las normas vigentes al sistema de protección integral de los derechos del niño. en el presente caso. pero sólo en la medida en que excede ese marco y como parte del deber específico del Poder Judicial.061. los jueces de menores habrán de ejercer el rol de garantes de los derechos de los menores cuya situación encuadre en los supuestos de la ley 26. Las políticas tienen un marco constitucional que no pueden exceder. tal como sostuvo en la Corte Suprema en el recurso de hecho Verbitsky. y evitar que éstos sean vulnerados. con los alcances que infra propondré. “ Ambas materias se superponen parcialmente cuando una política es lesiva de derechos. sino evitar las consecuencias de las que clara y decididamente ponen en peligro o lesionan bienes jurídicos fundamentales tutelados por la Constitución. que son las garantías que señala la Constitución y que amparan a todos los habitantes de la Nación. la función jurisdiccional no puede estar ausente. también corresponde al poder judicial garantizar la eficacia de los derechos. Pues si bien es cierto que la evaluación de políticas resulta una cuestión no judiciable. Para ello. por lo cual siempre se argumenta en contra de la jurisdicción. es tutelar los derechos e invalidar esa política sólo en la medida en que los lesiona.Por todo ello considero. alegando que en tales supuestos media una injerencia indebida del Poder Judicial en la política. Horacio s/ hábeas Córpus. No se trata de evaluar qué política sería más conveniente para la mejor realización de ciertos derechos. como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y decidir las controversias. 3 de mayo de 200 5. los órganos jurisdiccionales habrán de supervisar los planes que se implementen y cómo los lleven adelante los organismos administrativos. los jueces de menores deben cumplir una función de coordinación y control. En este sentido. cuando en realidad. es verdad que los jueces limitan y valoran la política. V.
Los parámetros de actuación que a continuación se proponen. sino también sobre la actividad que desplegarán los organismos estatales. De esta manera. Siendo así.. y por otro. que la ley 26.278 y especial. considerando especialmente que “. por lo menos en lo que se refiere a las acciones del Estado con relación a los menores no punibles. por el otro. el rol que habrán de cumplir los jueces para aplicar los nuevos lineamientos estará dado no sólo respecto “al menor” en sí mismo. tal como lo sostuvo la Corte Suprema in re “Rosza. en la ejecución de los planes que se establezcan. que a través de una Mesa de Diálogo.”(Cons22) Por lo demás. considero que la justicia de menores -como garante de aquellos. del voto mayoritario). La intervención de cada juez de menores tendrá incidencia directa con relación a lo que la administración disponga.se caracteriza por un USO OFICIAL desfasaje existente entre la legislación de protección integral de los derechos del niño y la vetusta ley penal de menores. derivarán de ella. 1309 XLII . Carlos Alberto y otro” R. por un lado constituyen lo que a nuestro entender es una solución transitoria frente el vacío legislativo que existe en la materia que -como dijera.Poder Judicial de la Nación nada menos que del derecho a la vida y a la integridad física de las personas. y teniendo en cuenta que la inconstitucionalidad aquí declarada impide la aplicación del sistema tutelar para los menores de 16 años. más allá de la convocatoria al .habrá de limitarse a la aplicación e interpretación de la nueva normativa vigente bajo los lineamientos antes expuestos y. en lo que respecta al ámbito de aplicación de las leyes.061 es posterior a la ley 22. la propuesta que se efectúa logra un punto de equilibrio pues por un lado garantiza la presencia de un juez y. a diferencia de lo que sostiene el recurrente (archivar los legajos de menores y pasarlos a la órbita de la administración). que establece principios que resultan contradictorios entre sí. también hay que reconocer. no pueden dictarse desatendiendo las graves consecuencias que. su función es la de controlar aquella actividad a fin de garantizar el pleno respeto de los derechos establecidos en la CDN..”(considerando 27.decisiones con la repercusiones de la presente. Es decir. de modo inmediato. se puedan ejecutar políticas compatibles con la CDN.
la mirada jurisdiccional cumplirá una función garantizadora del ejercicio de las funciones que competen al Consejo Federal y a la Secretaría Nacional de la Niñez. impedirá la aplicación de medidas de encierro (cualquiera sea su fin). resultará vital que en el ejercicio de su función jurisdiccional. Algunos de ellos tuvieron posteriores reingreso. los jueces de menores realicen un control oportuno y eficaz sobre los plazos de liberación. En consecuencia: a) Con relación a los menores que se encuentren alojados en institutos como el Gral. 43/45 y ss. Adolescencia y Familia (cfr. para definir la forma más adecuada de implementación de los planes que se instituyan. en los términos de la ley 22. De este modo. 254 surge que no son pocos los casos que han excedido aquél tiempo. 32. evitando la desconexión institucional que informara la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia a fs.278. niñas y adolescentes menor de 16 años de edad que ingresan a los referidos institutos es inferior a dos meses”. en aras de cumplir con el objetivo de protección integral del niño. cabe considerar lo informado por la Secretaría Nacional de Niñez.diálogo.De esta manera. al momento de la presentación del hábeas corpus. 315) que “ . en atención a la ilegitimidad de las medidas vigentes. de régimen cerrado. dado que el resto egreso del dispositivo. postulo se implemente la liberación progresiva dentro de un plazo no mayor de 90 días. se articule con los organismos administrativos mencionados los arts. de los menores de 16 años dispuestos a la fecha. si bien la Secretaría explicó que el plazo promedio de detención es inferior a dos meses. de la ley 26. Adolescencia y Familia en la ejecución y adecuación de planes específicos.. A tal fin.ha permanecido en esa situación interrumpidamente hasta la fecha. del informe agregado a fs. Así también. Fs. José de San Martín y otros similares. 314..de los adolescentes que.061 la confección de planes individuales y adopten las medidas que la normativa autoriza. . es decir. tal como lo propone el recurrente. En este sentido. se encontraban privados de su libertad. A su vez. uno -que estaría involucrado en la comisión de un homicidio. Que el promedio de permanencia de los niños.
sino en la continuidad de los ingresos. Sobre el particular. que son los que determinan . 36 y 41 inc.. y en cumplimiento con los principios rectores en la materia. c) En lo que se refiere a los casos de menores de 16 años que ingresen al sistema por conflictos con la ley penal. entendemos que el problema no radica en la “progresividad” de las solturas -lo que generalmente se produce. para que -comprobada que USO OFICIAL sea la edad del menor.. los jueces habrán de garantizar el respeto de las prohibiciones establecidas en los arts.que la requisitoria relacionada con el plan progresivo de liberación podría no estar dando cuenta de los modos en que realmente funciona. resulta interesante destacar también lo informado por la Secretaría Nacional de la Niñez. los jueces habrán de controlar que los órganos administrativos no alojen a menores en lugares similares a los que fueron materia de este habeas corpus o en instituciones cuyas condiciones se asemejen a privación de la libertad. individuales y diferenciados aplicables a cada menores.a institutos de régimen cerrado se producen exclusivamente por orden de una autoridad judicial competente. en base a ello.061. Adolescencia y Familia en cuanto afirma que “.. 315]. b) Respecto a los expedientes tutelares que se encuentran en trámite. los jueces habrán de aplicar la misma modalidad aquí expuesta.. se defina si el caso encuadra en la situación descripta en la ley 26. corresponderá que los jueces de menores den intervención a los organismos administrativos para su evaluación en forma conjunta y en un plazo breve y razonable. tal como se sostiene a fs. al menos en la Ciudad de Buenos Aires. supervisen la ejecución administrativa de los planes concretos. Sintetizando. No nos encontramos ante un universo de población estable que permanece largamente privado de su libertad. sin ser liberado [a lo que me permito agregar que por lo menos uno de ellos si lo está.. e de la mencionada ley (prohibición absoluta de medidas de encierro). con posterioridad a la fecha.. en un plazo no mayor a 90 días se coordine con las autoridades administrativas la elaboración de los planes mencionados en la ley 26.061.Poder Judicial de la Nación En otras palabras.. Que durante aquél plazo.los ingresos. la justicia de Menores.
celebrar una audiencia pública en el mes de marzo de 2008. En definitiva. 1 de la ley 22. a la Defensoría General y Procuración General de la Nación. 40 de la ley 26. el destacado me pertenece). sin costas (arts. b) Declarar la inconstitucionalidad del art. 1. cuando sea factible aplicar las medidas excepcionales a las que hace mención el art. . a los jueces de menores y federales.que regularmente exista un conjunto de adolescentes menores de 16 años privados de su libertad”(Cfr. requerir la remisión bimestral de informes que den cuenta de los resultados obtenidos en aquella mesa y. inserción familiar y responsabilidad del menor. propongo al acuerdo: a) Hacer lugar al recurso de casación e inconstitucionalidad interpuestos por la Fundación Sur. Ello sin perder de vista en cada caso. finalmente. d) Hacer saber a los jueces de menores y federales que deberán comunicar lo aquí resuelto a aquellos organismos administrativos que intervengan conforme las previsiones de la ley 26. tal como se precisará en la parte dispositiva. en base a las consideraciones expuestas. el alcance de lo aquí resuelto. a los efectos de tomar conocimiento de los avances implementados. d)A su vez.061 (Titulo IV) sean Nacionales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.061. IV. 456 inc. Fs. 475 del CPPN). con los alcances aquí fijados. el juez de menores habrá de dar intervención a la justicia de familia. e) Por último. a fin de garantizar una implementación adecuada respecto a la liberación progresiva de los menores detenidos como así también de la aplicación de los planes individuales. conforme se desprende de dicha norma. Al mismo tiempo. considero necesario establecer un mecanismo de seguimiento a través de la constitución de una mesa de diálogo en la que deberán participar los actores intervinientes en la problemática de los menores.278. 474. 315/316. la posibilidad de propiciar soluciones alternativas basadas en la educación. c) Poner en conocimiento de las Cámaras en lo Criminal y Correccional Nacional y Federal.
3) Planificar y evaluar las propuestas para una implementación estructural de los planes y políticas mencionados en los arts. 32 y ss. conforme a la representación que ellos acuerden.en un plazo no mayor de 90 días se implementen con relación a ellos los planes mencionados en los arts. . para que: 1) En un plazo no mayor a 90 días se ordene la libertad progresiva de los menores de 16 años que a la fecha se encuentren dispuestos en los términos de USO OFICIAL la ley 22. aplicar la misma modalidad aquí expuesta. g) Convocar a los jueces de menores. 32 y ss de la ley 26. los Directores o Encargados de los Institutos de Menores y toda otra organización de la sociedad civil que pretenda participar. 32 y ss ley 26. Tal es mi voto. el Consejo Federal de Niñez. f) Encomendar a los jueces de menores convocar a una mesa de diálogo e invitar a los actores involucrados con la problemática de los menores. Adolescencia y Familia. a una primera audiencia pública ante esta Sala a fin de poner en conocimiento los avances implementados. y a los demás actores que intervengan en la mesa de diálogo para el mes de marzo de 2008.una vez que sea comprobada que sea la edad del menor. para que .061.061. 2) Con relación a los casos de menores de 16 años que ingresen al sistema penal por una supuesta infracción a la ley penal. de ley 26. conforme las pautas aquí fijadas. para su oportuna incorporación. adecue la legislación penal en materia de menores a los nuevos estándares constitucionales y establezca un sistema integral y coordinado con la ley 26. la Secretaría Nacional de Niñez.278 y se articule con los organismos administrativos con competencia en la materia la confección de los planes individuales y se adopten las medidas que la normativa autoriza (arts. junto con el accionante. con posterioridad al día de la fecha.Poder Judicial de la Nación e) Exhortar al Poder Legislativo para que dentro de un plazo no mayor a un (1) año.061) para cumplir con el objeto de la protección integral de los niños. Adolescencia y Familia. debiendo remitir a esta Sala en forma bimestral un informe que de cuenta del resultado y contenido de los avances de las reuniones que a tal fin se realicen.061.
y que es ley posterior y específica .903.. niños y adolescentes. ardua por cierto.N. entre otras medidas tutelares.. de tan delicado tema. no agotó la discusión.sino también con las previsiones de la ley 26.en la incómoda obligación de forzar interpretaciones.No se puede soslayar que las controversias que se han suscitado en torno a la validez constitucional del dispositivo cuestionado ha motivado que los jueces se encuentren “. s/recurso de inaplicabilidad de ley”. provincial. panorama que se ve ensombrecido por la carencia de programas y planes de acción concretos y eficaces. 18 y 19 de la C. en peligro material o moral. pues pese al nuevo enfoque que se ha querido dar desde el espacio legislativo y a la derogación de la vieja ley de patronato n° 10. . declarar inconstitucionalidades y saltar al vacío por ausencia de reglamentación . citado por la colega preopinante. que desplazó la competencia tutelar de los jueces a la órbita de la autoridad administrativa nacional.. y que es imprescindible urgir.F.278 determina la no punibilidad de los menores que no han cumplido 16 años de edad. por otra parte hemos sostenido en el Plenario N° 12 de esta Cámara “C. criterio que.“leges posteriores priores contrarias abrogant”. 40 inc e-. culpabilidad .y en especial prohibió que las medidas de protección puedan consistir en la privación de la libertad -art. arts. a ordenar su internación en instituciones públicas o privadas cuando se hallaren “abandonados.M.R. la sanción de ésta en el año 2005.Que el artículo 1° de la ley 22. 32 y ss. facultando a los jueces competentes. legalidad.061 de Protección Integral de los derechos de las niñas.Los Sres. y municipal -arts.Sin embargo. aún se debate el paradigma tutelar. faltos de asistencia. del 29/6/2006. o presenten problemas de conducta”. Jueces doctores Guillermo José Tragant y Eduardo Rafael Riggi dijeron: Que en el particular no media polémica en cuanto a que la internación de un menor por disposición de un juez penal en una institución de régimen cerrado es asimilable a una privación de la libertad. extremo éste que colisiona frontalmente no sólo con principios constitucionales básicos -inocencia. de la Ciudad de Buenos Aires. especialmente desde el área de la prevención.
V) Exhortar al Poder Legislativo para que dentro de un plazo no mayor a un (1) año. adecue la legislación penal en materia de menores a los nuevos . sin embargo. de lo aquí resuelto. 2007-II. sin costas (arts.” (cfr. y por los demás fundamentos y conclusiones efectuados por la magistrada en su voto. 1. 475 del CPPN). correctamente fundamentada y coherente. no podemos permanecer indiferentes ante la USO OFICIAL gravedad de la situación planteada. cit. consideramos acertadas las propuestas que formula la Dra.061 (Titulo IV) sean Nacionales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. si el objetivo es “. 456 inc.En merito al resultado de la votación que antecede. 58 y 59 y ss. 474.A.Que no somos por cierto los jueces los encargados de actualizar o modificar las leyes en este u otro aspecto. II) Declarar la inconstitucionalidad del art.Por tales razones. el Tribunal RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de casación e inconstitucionalidad interpuestos por la Fundación Sur. reforzados en razón de su condición de personas en desarrollo.Por tales motivos. con los alcances aquí fijados. III) Poner en conocimiento de las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y Federales. 16/5/2007).. a la Defensoría General y Procuración General de la Nación. Ezequiel Crivelli. 1 de la ley 22. tarea que es de incumbencia del órgano legislativo. ¿Es posible desarmar el modelo tutelar? J. n° 7. E. IV) Hacer saber a los jueces de menores y federales que deberán comunicar lo aquí resuelto a aquellos organismos administrativos que intervengan conforme las previsiones de la ley 26.desarmar el modelo tutelar o de la situación irregular y construir un nuevo sistema jurídico donde los niños y adolescentes gocen de los mismos derechos y garantías que se les reconocen a los adultos. a los jueces de menores y federales. emitimos el nuestro en igual sentido.278. debemos olvidar los parches y tomar el toro por las astas” (cfr. De este modo terminan haciendo lo que les está vedado: legislar. Crivelli. Ledesma..Poder Judicial de la Nación legítima. de manera que a fin de evitar una mayor afectación a los derechos y garantías de los destinatarios. 59). págs. pág.
estándares constitucionales y establezca un sistema integral y coordinado con la ley 26. 2) Con relación a los casos de menores de 16 años que ingresen al sistema penal por una supuesta infracción a la ley penal. aplicar la misma modalidad aquí expuesta. . debiendo remitir a esta Sala en forma bimestral un informe que de cuenta del resultado y contenido de los avances de las reuniones que a tal fin se realicen.061. VI) Encomendar a los jueces de menores a que convoquen a una mesa de diálogo e inviten a los actores involucrados con la problemática de los menores. 32 y ss.en un plazo no mayor de 90 días se implementen con relación a ellos los planes mencionados en los arts.una vez comprobada la edad del menor. junto con el accionante.061. conforme a la representación que ellos acuerden.061) para cumplir con el objeto de la protección integral de los niños. hágase saber y a tal fin. Regístrese. a las 11. VII) Convocar a los jueces de menores. 3) Planificar y evaluar las propuestas para una implementación estructural de los planes y políticas mencionados en los arts. líbrense los oficios pertinentes comunicando lo aquí resuelto. y a los demás actores que intervengan en la mesa de diálogo para el día 18 de marzo de 2008. para que . la Secretaría Nacional de Niñez. los Directores o Encargados de los Institutos de Menores y a organizaciones civiles que pretenda participar. 32 y ss. para que: 1) Dentro de un plazo no mayor a 90 días se ordene la libertad progresiva de los menores de 16 años que a la fecha se encuentren dispuestos en los términos de la ley 22. para su oportuna incorporación. conforme las pautas aquí fijadas. a una primera audiencia ante esta Sala a fin de poner en conocimiento los avances implementados.30 hs. Adolescencia y Familia. con posterioridad al día de la fecha. 32 y ss de la ley 26.061. de ley 26. de la ley 26.278 y se articule con los organismos administrativos con competencia en la materia la confección de los planes individuales y se adopten las medidas que la normativa autoriza (arts.
Eduardo Rafael Riggi. María de las Mercedes López Alduncin.C. Angela Ester Ledesma.P.Poder Judicial de la Nación Firmado: Dres. Ante mi: Dra. USO OFICIAL . Emilio y Musa Laura Cristinas/ recurso de casación e inconstitucionalidad” SALA III C. 7537 “García Mendez. Guillermo José Tragant.- 1Causa nro.N. Secretaria de Cámara.
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 artículo 474
 artículo 1
 artículo 336
 artículo 411
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 75
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 466
 artículo 18
 artículo 1
 artículo 40
 artículo 1
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 artículo 19
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 artículo 43
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 Artículo 12
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