Source: https://abogados.enmalaga.net/2012/12/censurar-blogs-y-comentarios.html
Timestamp: 2018-07-23 06:11:57+00:00

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Abogados en Malaga: Censurar blogs y comentarios
Censurar blogs y comentarios
DERECHO DE INTERNET Asesoramiento en relación con la normativa aplicable a las páginas webs y requisitos que deben cumplir las mismas, en particular, a efectos de cumplimiento de la normativa de servicios de sociedad de la información y comercio electrónico, de defensa de consumidores y usuarios, de condiciones generales de contratación y de protección de datos de carácter personal Elaboración de condiciones generales de contratación, de aviso legal, política de privacidad, etc Asesoramiento en materia de prestación de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico Procedimientos ante las autoridades de consumo, AEPD, etc TELECOMUNICACIONES Asesoramiento en materia de numeración, en particular, en relación con numeración para la prestación de servicios de tarificación adicional (tanto los prestados por voz y sobre sistemas de datos como los basados en el envío de mensajes) y numeración para la prestación de servicios de consulta sobre número de abonados Asesoramiento en procedimiento para la obtención de numeración Asesoramiento en contratos con otros operadores Asesoramiento en relación con la normativa de protección de datos de carácter personal, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, de defensa de consumidores y usuarios, de condiciones generales de contratación y de protección de datos de carácter personal Procedimientos ante la CNMC, ante la SETSI, etc NUEVAS TECNOLOGÍAS Redacción de contratos de desarrollo, licencia, reventa y distribución de software.
A pesar de ello, la Administración Pública no ha sabido, o no ha podido, adaptarse a una realidad que ya no es nueva, cual es el uso corriente de las tecnologías de la información y la comunicación. De todos los artículos recogidos para el procedimiento, en ninguno se prevé la posibilidad en que las injurias y calumnias vertidas se hayan producido por medio electrónicos o dentro del uso de redes social. Las personas físicas y Jurídicas pueden proteger su REPUTACIÓN On-Line, y solicitar la sanción por la Agencia de Protección de Datos de las conductas que lesionen la privacidad en Internet, como ser los datos que de nuestros gustos conductas, aficiones, etc., usen las empresas para la comercialización de sus productos. De poco sirve emplear estas técnicas si después facilitáis vuestros teléfonos, contactos, agendas, datos personales, etc … ¿ os recuerda a alguna compañía ? Comencemos por el principio. Surge entonces la necesidad de dispensar una protección jurisdiccional frente a la necesidad del Estado de invadir, en las tareas de investigación y castigo de los delitos, ese entorno digital". No me hablen ya pues, en 2017, de criterios de interpretación jurídica o falta de medios (¿qué medios?, ¿se han inventariado/presupuestado?).
En el fondo, más que la publicación en sí de la imagen, lo que se critica en la reciente sentencia del Supremo es el modo de obtención de la misma. El perjuicio a su honor, o buena fama debe diferenciarse de las meras opiniones. La mujer cuestionó la licitud de tales medios de prueba alegando que habían sido obtenidos vulnerando su derecho fundamental a la privacidad. Añadiremos que en esos hogares con “luz tecnológica” no todos los residentes se conectan a internet y usan correo electrónico pues la regla inversa de adaptación se cumple: a mayor edad, menor adaptación a las tecnologías de la información. “No opera el limite interno de la veracidad” En cuanto la libertad de información, el Tribunal Constitucional es muy estricto. ¿Qué es una calumnia? Es la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad. En este sentido, ha lamentado la ausencia de una regulación legal específica que establezca los límites del uso de las redes sociales, y ha animado tanto a patronal como a sindicatos a que lleven sus propuestas a la mesa de Diálogo Social con el Gobierno.
Cómo cerciorarse de que un correo electrónico presente en un proceso judicial no es falso o susceptible de serlo Muy sencillo, querido lector. Dichos delitos se encuentran perfectamente regulados en el Código Penal español, sin embargo ¿son de perfecta aplicación para aquellos casos en los que se vierten injurias y calumnias a través de un foro de Internet en el que sus miembros y su administrador se esconden tras un Nick? La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la obligatoriedad de presentar una querella criminal para proceder contra las injurias y calumnias, salvo en el caso de injurias vertidas contra fucionarios públicos en las que basta la presentación de denuncia, y a celebrar un acto de conciliación previo a la admisión a trámite de la querella. Una sociedad en la que las personas pueden ser controladas en todo momento es una sociedad que engendra conformismo, obediencia y sumisión, es por ello que los regímenes totalitarios, de los más cerrados a los más abiertos y sutiles, anhelan este control de la vida privada para ejercer su poder.
Cuantas personas a lo largo de la historia ha pagado con su vida por pensar de forma distinta o diferente a lo que estaba establecido y que el tiempo luego les dio la razón. Así, en la STC196/2004, de 15 de noviembre, en que se analizaba si un reconocimiento médico realizado a un trabajador había afectado a su intimidad personal, reconocimos no sólo la eficacia del consentimiento prestado verbalmente, sino además la del derivado de la realización de actos concluyentes que expresen dicha voluntad (FJ . Sucesivos autos ponen de manifiesto que la grabación de una conversación que tiene lugar entre dos personas y que uno de los intervinientes desea conservar para tener constancia fidedigna de lo tratado entre ambos, no supone una invasión de la intimidad. Así se produce una ilegítima intromisión en el derecho al honor cuando lo dicho, escrito o divulgado sean mensajes o expresiones insultantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de la persona a quien se refieran. Nada se parece tanto a la Injustica, como una Justicia tardía, decía Séneca. El incremento de este tipo de delitos no puede llegar en peor momento.
El Marco Legal en España de la Administración Electrónica La Administración Electrónica está teniendo su mayor impulso en los últimos años, motivado, en parte, por un marco legal que ha permitido dar las garantías jurídicas que existen en el mundo real al mundo virtual, por la evolución de las tecnologías relacionadas y por el desarrollo de proyectos emblemáticos como el Documento Nacional de Identidad electrónico. Zonas de confianza del navegador. propone, por tanto, reforzar el derecho al olvido en los términos que ha definido el Supremo, por ejemplo incluyendo en el artículo 20 que el ejercicio de los derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa ni tampoco posterior. Publicas en tu blog personal, que la empresa a la que le compraste una televisión por internet, tiene un servicio de atención al cliente pésimo.* *Sí! Las empresas también tienen honor. Y que «ahora existe una red mundial en la que intercambiar ideas y opiniones, que no se basa necesariamente en la intermediación de los medios de comunicación de masas». En que consiste el ánimo de injuriar en el delito de injurias Es necesario un "animus iuriandi" (ánimo de injuriar o difamar), que según el contexto podría ser desplazado por otras intenciones como el "animus iocandi" (bromear) o "animus criticandi" (hacer una crítica sin ánimo de ofender) ,"animus coriigendi (corregir) o"animus narrandi" (contar unos hechos o informar).
No obstante, debe tenerse en cuenta las siguientes particularidades: Se le aplicarán las normas referidas a los llamados medios probatorios análogos, es decir, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso (artículo 299.2, 299.3 y 384.1 LEC). Es decir, nuevamente la norma distingue en el cómputo de plazos entre la presentación del escrito correspondiente –solicitud u otro tipo- de forma presencial o telemática. La definición de prueba electrónica propuesta por profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, en su libro Prueba Electrónica y Proceso 2.0, me parece acertada ya que además de tener en cuenta la definición del término “electrónica” que ofrece la RAE incluye, por su amplitud, a cualquier medio de prueba electrónico que se nos pueda ocurrir crear en un futuro: “cualquier prueba presentada informáticamente y que estaría compuesta por dos elementos: uno material que depende de un hardware, la parte física y visible de la prueba para cualquier usuario de a pie, por ejemplo la carcasa de un Smartphone o una memoria USB; y por otro lado un elemento intangible que es representado por un software consistente en los metadatos y archivos electrónicos modulados a través de unas interfaces informáticas”
En este sentido, la Alta Jurisprudencia indica que: “El fundamento de la especial gravedad de las calumnias hechas con publicidad no reside pues en que la imputación llegue a oídos de terceros -elemento básico para dar lugar a la consumación de toda calumnia-, sino en la aptitud del medio comisivo para hacer llegar la noticia a un grupo amplio e indeterminado de personas con la consiguiente profundización o ahondamiento del riesgo de afectar la fama de la víctima y coartar así de modo particularmente intenso el derecho de auto-determinación en el que en definitiva se concreta el bien jurídico honor.” (El subrayado es nuestro) Incluso puede agravarse aún más si en tal delito ha mediado precio, promesa o recompensa para su comisión. Sin concurrir pruebas, por lo que se considera con falsedad o temerario desprecio a la verdad, atribuye una imputación inequívoca, concreta y determinada de un delito de robo a persona inconfundible.
Desde el punto de vista legal, el artículo 299.2 de la vigente Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, ya prevé la aceptación de los medios de prueba electrónicos: “También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso”. Por ejemplo, en el año 2013 se registraron 42.437 delitos informáticos de los que más de la mitad se catalogaron como fraudes o estafas. En esta casilla llamada “Para”, se pueden incluir tanto una como varias direcciones de personas a las que se les va a enviar dicho correo. Si se produce la impugnación, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto.
Así que por sus frutos los conoceréis.” La teoría del árbol envenenado tiene excepciones. Además, el artículo 41 LSSICE prevé la pos ibilidad de recurrir a una serie de medidas provisionales, entre las que se encuentran: la s uspensión temporal de la actividad del prestador de servicios y, en su caso, cierre provisional de sus establecimiento s; el p recinto, depósito o incautación de regi stros, soportes y archivos informáticos y de documentos en general, así como de aparatos y equipos informáticos de todo tipo ; o la posibilidad de a dvertir al público de la existencia de posibles conductas infractoras y de La protección de los derechos... Pasando a otra situación de gran relevancia actual, uno de los grandes temas protagonistas cuando se aborda el tema de legislación digital es el derecho al olvido, íntimamente relacionado con el derecho a la privacidad y al honor. En el burofax una compañía ajena (un tercero como dice el artículo) me certifica el contenido (esto también lo hacen estas compañias) y lo más importante: el resultado de la entrega. La trascendencia social de los efectos del delito.
En el ámbito de los delitos contra el honor, en los últimos años ha aparecido un nuevo escenario, las redes sociales, en las cuales el daño de las publicaciones ofensivas es mayúsculo, debido a su elevada difusión. (SAP de Málaga, 197/2014, de Málaga, 234/2014, de 9 de octubre; de 14 de abril; de Zamora, 11/2015, de 6 de febrero; entre otras) Para enjuiciar los tipo delictivo de injurias , se parte desde la base de la comunicación entre las personas. No obstante, las iniciativas de las Comunidades Autónomas en este sentido han sido escasas, aunque se han hecho destacados esfuerzos en relación con la dotación de equipamientos de uso público para numerosos pueblos. Ante la gravedad de esta regulación, la propia página de Wikipedia en italiano publicó un comunicado señalando que la aprobación de esa futura ley en esos términos posiblemente supondría la desaparición de Wikipedia en italiano La versión en papel puede ser útil para facilitar al juez su lectura. dispone que “es injuria la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Por ello, a cualquier particular y empresa le interesa estar al día en esta nueva legislación internacional, su fiscalidad, etc, fundamentalmente para saber si su negocio on-line cumple con las exigencias normativas, cuyo incumplimiento están empezando a acarrear numerosas sanciones.
Se trata de un derecho constitucional cuyo ejercicio en un Estado de Derecho puede desactivar causas criminales. En esta línea, el mismo artículo en su apartado 6 dice que con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. Menos mal que son pocos los que saben realizar tal hazaña, y por suerte para ellos hoy están trabajando dentro del edificio de cinco puntas. En principio prima el derecho a la libertad de expresión, pero tiene límites. Y lo cierto es que hay muchas Administraciones que aún no están preparadas, o aún no lo están para todos los procedimientos (las que tienen sede electrónica suelen tener un listado de procedimientos habilitados electrónicamente). Introducción Empezaremos diciendo que desde el punto de vista práctico, el camino de acceso electrónico con la Administración para el ciudadano medio con los conocimientos básicos y un equipo informático adecuado ya es una realidad, pero desde el punto de vista legal todos pueden hacerlo y para algunos es obligatorio.
Finalmente los «Datos necesarios para identificar el equipo de comunicación de los usuarios o lo que se considera ser el equipo de comunicación: … Con respecto al acceso a Internet, correo electrónico por Internet y telefonía por Internet: i) El número de teléfono de origen en caso de acceso mediante marcado de números. Los datos deben conservarse de tal manera que se evite que se conserven más de una vez. Así podremos saber si nuestra comunicación a través de las redes sociales está siendo positiva para nuestro despacho y así segmentar seguidores, calibrar publicaciones o testar contenidos.
Se delimita el ámbito de aplicación de la figura delictiva de las Injurias, por su naturaleza, efectos y circunstancias, lo que conlleva que sean tenidas en el concepto público por graves, y esto habrá de valorarse por el juez en cada caso particular. “...resultando, a tal efecto, imprescindible, como decimos, la autorización y el control que sólo el Juez puede dispensar en nuestro ordenamiento, incluso según la legislación laboral, que al menos aparentemente sigue el mismo criterio de clara vocación judicial (vid. En concreto, el artículo 14 extiende este deber a ciertos sujetos, como son las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan actividad profesional colegiada, quienes representen a un interesado que esté obligado y los empleados de las Administraciones para trámites y actuaciones que se realicen en relación con ellas por razón de su condición de empleado, en la forma que se determine reglamentariamente por cada Administración. Si finalmente la Sentencia es estimatoria el órgano jurisdiccional condenará a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas. Hay que tener en cuenta el contexto y en base a qué lo digo.
En su apartado segundo «el derecho a acceder a la infraestructura sin importar dónde se viva» hace mención a que «Internet funciona como una estructura pública global» y que dicha infraestructura «debe estar ampliamente distribuida y ser soporte del ancho de banda suficiente para permitir a las personas de todas partes del mundo utilizar ese potencial para hacerse oír, mejorar su vida y expresar su creatividad». Siendo, en uno y otro caso, necesario comunicar al interesado dicha fecha y hora. A la fecha de la redacción de este trabajo el Senado italiano todavía no ha terminado la discusión de este proyecto de ley. Sin entrar en detalle, es preciso aludir a alguno de esos aspectos. Por ello, hoy en día, es recomendable acudir a empresas de certificación de correos electrónicos cuando enviamos mensajes a personas que por su importancia podamos pensar que pudiera devenir algún tipo de conflicto (correos electrónicos entre padres divorciados…). Para que constituya delito la injuria, por sus características, tiene que tener una connotación social grave.
Así como el término “habeus corpus” hace referencia a resguardar la libertad personal frente a cualquier arbitrariedad a la hora de llevar a cabo un arresto, el recientemente acuñado término “habeus data” hace alusión a que el individuo sea como el “policía” de la información relativa a su persona que circule por la red, además de excluir cualquier injerencia que haga alusión a su vida privada. Actualmente casi nadie. ¿Se puede introducir un correo electrónico falso en un proceso judicial? Absolutamente. La segunda conclusión es que el resto de sujetos, particularmente las personas físicas podrán elegir si se dirigen a la Administración electrónicamente o no, salvo que la Administración, a través de una norma reglamentaria decida, para quienes dispongan de medios o capacidad, que se imponga también la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración.
Finalmente, deberían «Adoptar medidas especiales que aseguren el acceso equitativo a internet para personas con discapacidad y los sectores menos favorecidos». Los consumidores y las empresas necesitan acceder a los servicios a través de Internet inalámbrico y esta necesidad seguirá aumentando", asegura. Conclusión. Habrá que determinar a continuación si se trata de injurias graves o leves de acuerdo con lo establecido en el artículo 208 CP, su gravedad se medirá conforme a la calificación que le otorgue el concepto público atendidas la naturaleza, efectos y circunstancias. Principios de Derecho de Internet se estructura sobre un Capítulo Preliminar y tres "Partes", precedidas por un Prólogo y una Introducción General. Lo ideal es contratar los servicios de un notario para que haga un depósito de la prueba y dé fe del procedimiento seguido para su extracción. Este incremento obedece a que existe una mayor facilidad de cometer el delito y los que incurren en él se amparan en el anonimato.
La teoría analizada pretende prohibir en juicio la utilización de una prueba secundaria que se obtuvo a partir de una prueba primaria ilegalmente obtenida por vulnerar de derechos fundamentales. Por lo que se refiere a la primera cuestión, es de destacar la aparición de algunas iniciativas privadas para la construcción de ordenadores portátiles con pocas exigencias técnicas, que incluyan la conexión a internet y que tengan un coste reducido]. Además, tampoco sería posible que uno de los progenitores colgara fotos de sus hijos menores en Internet sin consentimiento de otro progenitor titu lar de la patria potestad , pues se precisa la autorización de ambos padres, teniendo en cuenta que la cuestión está encuadrada dentro de la esfera de la patria potestad, de forma que, mientras ésta sea compartida, debe contarse con la aprobación y consenti miento de ambos.
Se prevé en el artículo 214 del Código Penal, en fase judicial. Las TIC han supuesto una incesante problemática jurídica que la normativa actual no soluciona, el vacío legal dio lugar a enormes debates y los expertos en tecnologías de la información no tienen formación jurídica, además, estas soluciones exigen juristas formados en derecho internacional y conocedores de las ramas del derecho implicadas. Además, en estos casos de Injuria, la ley establece que se entenderá solidaria la responsabilidad civil entre quien publicó la información y el propietario del medio de difusión que le hizo de soporte donde se vertió la Injuria, de ahí que el presunto delincuente se ampare en que el medio a través del que la difunde, deberá responder civilmente de los efectos que provoca la Injuria. Se trata más bien de rastros o huellas de la "navegación" en Internet y no de informaciones de carácter personal que se guardan con carácter reservado. Además, la decisión de las Naciones Unidas es particularmente relevante cuando tenemos en cuenta que algunos gobiernos han comenzado a utilizar Internet y el corte de acceso como medio de controlar a los ciudadanos, incluso para cuestiones que pueden considerarse menores. Las calumnias e injurias hechas con publicidad verán incrementadas su pena.
En este sentido, resulta necesario que tanto las personas jurídicas como los profesionales cuenten con: o Certificados de firma o de sello o Dirección Electrónica Habilitada -DEH- (es conveniente, no imprescindible) LOS CERTIFICADOS DE FIRMA Y CERTIFICADOS DE SELLO ELECTRÓNICO - Persona física: certificado de firma electrónica, incluido el DNI electrónico. Se trata de unas informaciones publicadas en diarios digitales, que atañen a mi persona, y no en términos elogiosos, precisamente, emanadas para más inri del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a cuyo frente esta una individua nombrada a dedo, como personal eventual, es decir, la voz de su amo . El artículo 325 de la LEC remite al artículo 268 para conocer la forma de presentación de los documentos privados, y el criterio general es el de la presentación original o mediante copia autenticada por fedatario público, bastando copia simple del documento privado, siempre que no sea cuestionada por las demás partes.
El derecho de acceso. La particularidad del proceso es que probablemente el tránsito de la primera esté generando muchas más tensiones (y resistencias) que el de la segunda, pues, no sólo debe detener una inercia milenaria, sino que, además, debe hacerlo marcando un nuevo rumbo. Una vez más vemos que la realidad social va por detrás del Derecho. Y ello ha de conectarse con el hecho de que, según la demandada, se trataría de documentos electrónicos privados confeccionados por la demandada, dentro de los cuales se incluirían lo que se dicen ser sus contestaciones a comunicaciones del actor respecto de las comisiones y descuentos que se le habían realizado en las nóminas de Abril y Mayo y a la ausencia de pago del parámetro fijo de su retribución, de los que se ha aportado al proceso una copia privada no adverada por ningún medio, lo que les da el mero carácter de documentos privados procedentes de la demandada. Pero sus Resoluciones se leen, siendo algunas muy mediáticas.
Si el Juez o Tribunal reconoce la falsedad o la falta de certeza de las imputaciones, podrá ordenar, a petición del ofendido, la publicación de la retractación en el mismo medio en el cual se vertieron dichas declaraciones (Artículo 214 C.P). En el caso de Internet, la responsabilidad civil solidaria alcanzaría al propietario del servidor en el que se publicó la información constitutiva de delito, aunque debería tenerse en cuenta, en este caso, si existió la posibilidad de conocer dicha situación, ya que el volumen de información contenida en un servidor no es comparable con cualquier otro medio de información, como puede ser una revista, una radio, un programa de televisión o un periódico. *Revisión del contenido integral de su web y adaptación a la ley. Dice además que adicionalmente podrán indicar la dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de la Administración pueda realizar el aviso del envío o puesta a disposición de la notificación. Nuestro país siempre se ha caracterizado por ser pionero o postrero en las distintas revoluciones que han ido surgiendo a lo largo de las Historia.
Este concepto de delito grave ha sido analizada por la AP de Madrid, Secc 4ª en la resolución entiende que: “En esa obligada interpretación y en atención a la jurisprudencial constitucional, de la que ya hemos hecho cita anteriormente, entendemos que los “delitos graves” a que se refiere la Ley 25/2007 no son exclusivamente los delitos castigados con pena superior a cinco años, sino que también han de incluirse en tal expresión aquellos otros delitos castigados con pena inferior y que, por tanto, tienen la calificación legal de “delitos menos graves”, pero que merezcan la consideración de graves en atención a otros parámetros, tales como la importancia del bien jurídico protegido, la trascendencia social de los efectos que el delito genera o la inexistencia de medios alternativos, menos gravosos, que permitan su investigación y esclarecimiento. Si no se conoce o no se encuentra indicado en la sede electrónica a través de la cual deba realizarse la presentación, hay que ponerse en contacto previo con la Administración destinataria para que lo facilite (según la Ley, se encuentra obligada a ello).
Deberá tratarse de una persona física e imputable penalmente. Estos hechos dan más valor a la prueba. Cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información en páginas web. Las calumnias e injurias hechas con publicidad verán incrementadas su pena. Vídeo: Validez del email en un juicio laboral ¿Qué requisitos son necesarios para que un email tenga validez? Los emails serán validos si eres remitente o receptor de los mismos. Por lo que con una facilidad pasmosa arrojamos armas de doble filo cuando ofendemos a alguien o sentenciamos unos hechos sobre los que no tenemos certeza absoluta, pudiendo cometer delitos que deriven a multas o incluso cárcel. No obstante, como es evidente, la presentación en día inhábil se entenderá realizada el primer día hábil siguiente, salvo que la norma permita la recepción en día inhábil expresamente. En dicho apartado, de gran amplitud, es donde se escribe el mensaje que desea enviar. Excusas absurdas. Tampoco es obstáculo para la protección de la intimidad el que el ordenador no tuviera clave de acceso Leamos estas preguntas: ¿Cuál es la etapa más importante en un proceso judicial? ¿Está obligado el juez a conocer la verdad de los hechos antes de dictar sentencia?
¿Hasta dónde pueden llegar los jueces en su búsqueda de la verdad? ¿Podría una sentencia sustentarse en hechos correctamente probados pero falsamente ocurridos? El proceso judicial existe porque hay “algo” que necesita ser acreditado (si todo estuviera claro para las partes y nada hubiera que probar, no existiría proceso judicial). En este sentido, si el derecho de acceso a internet fuera recogido hipotéticamente en el artículo 20 y la Carta Magna recogiera también el principio de neutralidad de la red en términos similares a la regulación europea, los juristas señalan que al menos se habría conseguido desarrollar un derecho fundamental que pueda ser ejercido mediante los tribunales de forma directa. Puede consistir en la atribución de unos hechos, en formular juicios de valor sobre la persona… etc. En todo caso, como señala la propia Agencia en su Memoria de 2011, esta demanda creciente de los ciudadanos sólo se puede atender desde su conexión con los tradicionales derechos de cancelación y oposición Dado que el Tribunal Supremo se decantó por la preferencia del derecho a la información del periódico frente al derecho a la intimidad del ciudadano, basándose para ello en la veracidad de la noticia, su relevancia pública, su acomodo a los usos sociales (más concretamente, a los cánones de las crónicas de sucesos) y a la ausencia de cualquier tipo de extralimitación morbosa, tendría que haber procedido de igual forma para decidir sobre el otro derecho supuestamente afectado (el de la propia imagen). Desarrollamos en ellas ocio, libertad de expresión, participación política y una parte de la vida social y profesional.
El precepto señala que, en esos casos, si se presenta la solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. - Que únicamente compartas aquellas imágenes de las que no tienes problemas en ceder su explotación. Entonces ¿cómo podemos garantizar la autenticidad de un correo electrónico presentado como prueba? En primer lugar, debemos evitar las suspicacias sobre una posible alteración de la prueba, por lo que no se debe cometer la torpeza de guardar cualquier posible cambio tras abrir el correo electrónico o los ficheros adjuntos. Es sencillo insultar a alguien en una red social y no decimos que algun@s no lo merezcan, pero has de tener en cuenta que puedes estar cometiendo un delito. En el Social Media Management Legal no debemos conformarnos con analizar lo que ya existe porque volveremos a correr el riego de llegar tarde. Sin duda, estamos siendo testigos directos de una revolución en ciernes y, por ello, la particularidad del proceso es que nos hallamos en un estadio de replanteamiento permanente de los contenidos, metodologías y objetivos asociados al aprendizaje de la ciencia jurídica. Para ello se recomienda aportar a tal efecto el código fuente de los mismos, y dejando constancia de los servidores, si es que aun estaban en ellos, o en el disco duro en caso contrario. Quizá sea la STC 144/1999 al señalar que «el artículo 18.1 [Constitución Española] garantiza ... La Diputación le dijo que “nones”, que presentara el papel… Ejemplar Recomendación del Síndic. -Momento de la aportación-
Al igual que el resto de documentos deben presentarse junto con la demanda o la contestación a la misma (artículo 265 LEC), estando muy limitadas las posibilidades de aportación posterior a ese momento (artículos 269 y siguientes). La resolución fue aprobada el viernes pasado sin consenso; Rusia, China y Arabia Saudí rechazaron esta iniciativa. Esta situación se agrava por dos circunstancias adicionales: la inmediatez que ofrece la aplicación, que trae consigo la toma de decisiones rápidas y poco meditadas por parte de los menores y el hecho de que WhatsApp se ha convertido en la herramienta más habitual de ciber - acoso, de manera que se emplea habitualmente para acosar, amenazar o difundir fotografías sin autorización . Se trata de unas informaciones publicadas en diarios digitales, que atañen a mi persona, y no en términos elogiosos, precisamente, emanadas para más inri del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a cuyo frente esta una individua nombrada a dedo, como personal eventual, es decir, la voz de su amo Recientemente he vivido en carne propia una experiencia francamente kafkiana, y que demuestra el mal funcionamiento de nuestro estado de derecho, más bien de desecho, o por lo menos en franca descomposición.
La ciudadanía digital poco a poco va entendiendo la importancia nuclear de ejercer un control real sobre su información. calumnias e injurias, delitos contra el honor calumnias e injurias, delitos contra el honor La protección del honor se configura en nuestro Ordenamiento Jurídico como un derecho fundamental de todas las personas físicas y jurídicas, incluidas las personas fallecidas. - Realizar una aproximación a los sistemas publicitarios y régimen publicitario de las redes sociales. No tenemos ninguna duda de tal posibilidad, máxime tras analizar el criterio jurisprudencial sentado por la STS de 3 dic 2008 (rec. Que 5 cosas debe saber si cree que es víctima de un delito de injurias por Internet El correo electrónico y los programas de gestión de mensajería instantánea no son sino instrumentos tecnológicos para hacer realidad, en formato telemático, el derecho a la libre comunicación entre dos o más personas. Por tanto, la interferencia o intervención de la comunicación de cualquier persona, convertirá la prueba en ilícita, y podrá constituir un delito, salvo que se realice mediante resolución judicial y con las garantías legalmente previstas. Por ello, además de concienciar a los ciudadanos de las amenazas presentes en la Red , sería conveniente que las normas sobre esta materia se actualizasen e n algunos aspectos si quieren proteger adecuadamente la privacidad y los derechos de la personalidad de los ciudadanos. Muchos de estos usuarios perciben este medio como el idóneo para verter sus opiniones sin miedo a incurrir en ningún tipo de delito y que la libertad de expresión les da derecho a vulnerar el derecho al honor de terceras personas.
Es la propia acción o expresión que realiza una persona, es decir, el hecho de expresar o hacer algo con un auténtico desprecio de la verdad. El Parlamento Europeo ha aprobado una polémica propuesta de regulación del Mercado Único de Telecomunicaciones Estrasburgo ha aprobado una polémica propuesta de regulación del Mercado Único de Telecomunicaciones Precisamente el 'zero rating' ha sido la política central del criticado internet.org, el proyecto de Facebook para asegurar la conexión a países en vías de desarrollo como India, Kenia o Indonesia. Resulta muy importante determinar el contexto en el que se produce la injuria, ya que no es lo mismo que se pronuncien en un contexto amistoso o en uno formal, este contexto es tenido en cuenta por la jurisprudencia para determinar si se ha producido un delito o falta de injurias o si por el contrario el hecho el atípico (no da lugar a delito ni falta). Los execrables comentarios vertidos en las redes sociales con motivo de la muerte del torero han coincidido con la sentencia del Tribunal Supremo que condena a varias personas por un delito de enaltecimiento del terrorismo, por comentarios vertidos en las redes sociales en el año 2012, es decir, hace ahora cuatro años.
El apartado o) del citado artículo 5 recoge la definición de «persona identificable» y considera como tal «toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social». Así «la gente tiene derecho a contar con una columna vertebral de la red (conocida como ‘back-bone’) bien distribuida y conectada a la red internacional». El aparente anonimato que suscita la red no es óbice para que dichos comportamientos puedan ser perseguidos. Si se limita a aportar una impresión en papel del correo, poca eficacia podrá obtener si la otra parte lo impugna diciendo, por ejemplo, que el contenido de esa impresión –fácilmente manipulable- no corresponde con el correo adicional. En cualquiera de estos medios, lo que contienen es una mera reproducción o copia del contenido original. Los jóvenes son los usuarios mayoritarios de estos servicios, están más expuestos a los rie sgos y son más indefensos. La conexión IP desde donde se habría conectado a Internet (un cibercafé ubicado en Málaga) para remitir los correos electrónicos a las personas antes mencionados (prueba electrónica).
En este sentido, las consecuencias a que pueden dar lugar este tipo de publicaciones en Internet y en las redes sociales pueden ser de lo más variado: desde acoso escolar o ciberbullying, man ipulación fotográfica o acceso posterior por empresas o incluso por terc eros con finalidades delictivas; de manera que podemos encontrarnos con vulneraciones, no só lo del derecho a la propia imagen, sino también de l derecho al honor, a la intimidad persona l o familiar o a la protección de datos , y que pueden acabar teniendo hasta repercusión en el ámbito penal 65 . – Informe del servicio jurídico y/o del Consejo General del Poder Judicial y/o de Consejo de Estado cuando estos sean preceptivos. En ese sentido, los delitos de calumnia e injuria constituyen las formas penales dirigidas a la protección de dicho derecho. Sin embargo, la Constitución también reconoce el derecho a la libertad de expresión, de ahí que sea frecuente que se produzcan conflictos entre ambos derechos, esto es, entre el derecho al honor y a la libertad de expresión. Si bien, en parte, esta regulación ya estaba recogida en la Ley 11/2007, se aprecia un importante cambio normativo en los principios inspiradores de ambas normas y una notable reducción de las garantías de los Administrados, toda vez que se han eliminado varias referencias que trataban de equilibrar la carga probatoria en las notificaciones electrónicas.
Esta profundización en el fenómeno ha ido acompañada de una paralelo interés jurídico por esta realidad. Finalizado la fase sumarial, se dará traslado mediante Auto. A pesar de que estas actividades se suelen llevar a cabo bajo el paraguas del anonimato, existen medidas a tomar para denunciarlas. Para una mejor comprensión de esta teoría recomiendo leer dos textos “La doctrina del fruto del árbol envenenado” y “La grabación de imágenes y de sonido en el proceso civil y los derechos a la intimidad, propia imagen y secreto de las comunicaciones. En el caso de que las injurias se dirijan contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, sobre faltas penales o infracciones administrativas, el acusado quedará libre de toda responsabilidad penal si acredita que sus manifestaciones son ciertas. No obstante, si la acusación es cierta y consigue probarse, se eximirá de la pena al acusado. Como transposición de dicha Directiva se aprobó en España la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, por lo que a partir de ahora, las operadoras no podrán almacenar dichos datos, lo cual dificultará la labor de investigación de las autoridades policiales.
Asimismo, conviene hacer la salvedad de que es el usuario el único y exclusivo responsable de los contenidos que sube a la web, quedando obligado a solicitar el consentimiento de los afectados por dichos contenidos, así como a dejar bien claro que no se garantiza la veracidad o exactitud de los contenidos vertidos por usuarios ajenos cuando contengan Injuria, para evitar su imputación ante un posible delito o falta por Injuria y también, una declaración responsable que el usuario ha de aceptar cuando introduce un comentario en la propia página web, con el fin de dejar perfectamente delimitada su responsabilidad ante la comisión de un presunto delito o falta de Injuria.
Y que «ahora existe una red mundial en la que intercambiar ideas y opiniones, que no se basa necesariamente en la intermediación de los medios de comunicación de masas». Un correo electrónico no está en formato papel en su medio original, por lo que no tiene sentido imprimirlo para aportarlo en el juzgado. El disco CD remitido por la empresa Microsoft conteniendo correos electrónicos y la transcripción de su contenido (prueba electrónica . Con esta medida, en definitiva, se traslada al interesado la carga de acceder a las sedes electrónicas de diversas Administraciones Públicas, con lo que se dificulta ese equilibrio entre la eficacia administrativa y el respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos.
Los mensajes de correo electrónico posibilitan el envío, además de texto, de cualquier tipo de documento digital como imágenes, videos, audios, etc. Ambos permiten enviar y recibir mensajes, que llegan a destino gracias a la existencia de una dirección. Este despacho de abogados queda a su entera disposición, para resolver cualquier consulta, o duda sobre este particular y en su caso, asumir la dirección letrada de cualquier análisis relacionado con la consideración de las Injurias Hoy en día es absolutamente habitual y frecuente la existencia de comentarios publicados en las redes sociales, los cuales pueden ir de la crítica respetuosa a la más lacerante y malintencionada imputación injuriosa o calumniosa. Estas carencias regulatorias deben, sin embargo, ser resueltas con premura, para lo cual es preciso comprender previamente cuál es la verdadera problemática que realmente plantean dichas situaciones. Muchos son los comentarios, calificaciones y opiniones doctrinales que se han desplegado en relación con las virtudes y defectos de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas (“LPAC”).
Pero lo cierto es que, a pesar de ello, existen mecanismos suficientes para perseguir estas conductas. Hay emails reforzados que son más válidos que otros en función de, por ejemplo, que contengan la información de la cabecera, la cual, explica el recorrido del email o la firma digital. El correo electrónico se considera, a efectos procesales, como un “documento privado”, de lo que se deriva lo siguiente: si la parte que se pueda ver perjudicada por su contenido no los impugna, los correos electrónicos “harán prueba plena en el proceso”; si hay una impugnación de la su autenticidad, deberá practicarse la prueba que resulte pertinente para determinarla y, en función del resultado, el juez “valorará conforme a las reglas de la sana crítica” el correo en cuestión, salvo que quede acreditado que dicho correo era falso, en cuyo caso carecerá de valor probatorio alguno, como es lógico. La Exceptio Veritatis. Puedes proceder a luchar por tus derechos interponiendo querella contra el presunto autor.
Es uno de los delitos que más comúnmente se cometen en redes sociales. Y es precisamente por ello que, al margen de reformas legislativas de mayor o menor calado, nuestros poderes públicos deberían preocuparse por emplear en este entorno el arma más poderosa que existe para cambiar la sociedad: la educación. En el plano de las administraciones públicas -y también de la comunicación política-, las redes sociales y singularmente Twitter, constituyen de una parte un enorme tablón de anuncios pero también una potente herramienta al servicio del debate público y experiencias de democracia directa. Otro de los retos —quizá de menos importancia— que las redes sociales ponen hoy sobre la mesa es el de la publicación de imágenes de terceros sin su consentimiento. Reglas procesales generales aplicables a los medios de prueba judicial El ordenamiento jurídico ha establecido un conjunto de reglas procesales sobre la prueba que imponen límites acerca de las posibilidades generales de probar válidamente un hecho dentro de un proceso judicial. El día de la entrega llegó en un vehículo plenamente identificado que había alquilado en la estación de ferrocarril de Málaga.
Ambas cuestiones —comentarios a través de Internet y publicación de imágenes de terceros sin su consentimiento— tienen, a mi modo de ver, un mismo origen: la falta de conciencia de los usuarios de Internet sobre la verdadera trascendencia de sus actos: una total ausencia de educación digital. El Legislador, consciente de la necesidad de incorporar los medios electrónicos al día a día de las relaciones Administración-ciudadano, aprobó la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (la “Ley 11/2007”). Participarán los autores del libro “Aspectos legales de las redes sociales”. Cabe señalar que la encuesta se realizó entre más de 27.000 adultos de 26 países diferentes. En Holanda, por ejemplo, también han declarado recientemente que el acceso inalámbrico a Internet es una "necesidad básica", según el Ministro de Asuntos Económicos del país. Pinterest / Instagram y los derechos sobre mis imágenes En caso de las redes sociales que se basan exclusivamente en imágenes, es un poco más delicado que en los supuestos anteriores. En particular, en lo referente a la conservación de datos relativos a los correos electrónicos y la telefonía por Internet, «la obligación de conservar datos sólo puede aplicarse con respecto a los datos de los servicios propios de los proveedores o de los proveedores de redes».
Hoy queríamos ayudar a la difusión de esta, de la cual destacamos las siguientes partes que no tienen absolutamente ningún desperdicio: No hay ya concesiones a la adaptación para el cumplimiento de una norma en vigor desde 2007. “En cuanto al valor probatorio de los correos electrónicos que han sido impugnados por la demandante (documentos nº 2 y 4 de la contestación a la demanda) hay que tener en cuenta que el artículo 326-3 de la LEC remite a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Firma Electrónica para los supuestos en que se impugne la autenticidad de un documento electrónico (o cuando lo pida la parte a quien interese la eficacia de dicho documento), y de ello deriva la recurrente que al haber impugnado los correos electrónicos aportados como documentos nº 2 y 4 el valor probatorio de los mismos es nulo, dado que no se ha procedido por la demandada en la forma que ordena el artículo 3-8 de la Ley 59 de 19 de diciembre, de Firma Electrónica , que establece las necesarias comprobaciones de la autenticidad, que corresponde hacerlas a quien ha presentado el documento.
En buena lógica, y por mucho que intentemos interpretar restrictivamente el aplazamiento de los términos de la Disposición Final, lo electrónico es un sistema que no consiente el despiece, y además las normas hay que interpretarlas en sentido lógico. Si bien el Tribunal Supremo no hace referencia expresa, en ninguna parte de su sentencia, a la “teoría del fruto del árbol envenenado” sí creo que su decisión invita a reflexionar sobre su aplicación práctica en casos como el resuelto. En este sentido, como se ha señalado, con el nuevo régimen de notificaciones electrónicas, es el interesado quien tiene que acudir a la sede electrónica de la Administración para recibir las notificaciones, pudiéndose caer en la indefensión. Así, mientras en el primer supuesto cuando un día sea hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que reside el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso; si se trata de la presentación por vía electrónica, no.
En este punto es necesario recordar lo que ya se dijo sobre la existencia de un hábito social generalizado de tolerancia con ciertos usos personales moderados de los medios informáticos y de comunicación facilitados por la empresa a los trabajadores. Así, en la Declaración de Derechos del Ciberespacio que Robert En segundo lugar, la exigencia de respetar en el control la dignidad humana del trabajador no es requisito específico de los registros del artículo 18, pues esta exigencia es general para todas las formas de control empresarial, como se advierte a partir de la propia redacción del artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores. Sujeto pasivo será el titular del derecho al honor protegido penalmente, quien deberá ser además de un sujeto concreto o de inconfundible identificación aunque no se cite expresamente el nombre del mismo.
Es el juez quien debe autorizar el requerimiento a los propietarios de las redes sociales y webmasters para que informen de la IP desde la cual el usuario publicó el mensaje injurioso o calumnioso, para posteriormente ser los proveedores de servicios quienes proporcionen los datos que revelen información sobre las comunicaciones llevadas a cabo a través dicha IP, pudiendo por tanto, localizar al titular de la línea de teléfono desde la cual se llevó a cabo la conexión, que por otro lado, no supone, por sí misma, una clara prueba de la autoría de los hechos, claro está, pero sí un indicio que deberá ponerse en relación con el resto de pruebas practicadas en la causa. Deben constar la totalidad de elementos reseñados para ser considerada la convergencia de esta figura delictual y el enlace directo entre quien publicó esos mensajes y a quién va dirigidos, máxime si concurre el elemento de publicidad que las redes sociales o Internet pueden ofertar. Esto servirá para fundamentar los hechos ante un tribunal y también facilitará la identificación del autor o autores. Las dificultades son varias y algunas de calado.

References: artículo 20
 artículo 299
 artículo 41
 artículo 14
 artículo 208
 artículo 214
 artículo 325
 artículo 268
 resolución 
 artículo 20
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
 artículo 326
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 18
 artículo 20