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Timestamp: 2019-09-16 12:59:52+00:00

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﻿ El marco jurídico del juego ‘on line’ en la UE:
El marco jurídico del juego ‘on line’ en la UE: ausencia de armonización y principio de subsidiariedad
Los juegos de azar, incluidos los juegos de azar en línea, han sido tradicionalmente regulados en todos los Estados miembros sobre la base del principio de subsidiariedad, con objeto de proteger a los consumidores contra la adicción y el fraude y evitar el blanqueo de capitales y otros delitos financieros, así como los juegos amañados, y mantener el orden público; destacando el hecho de que el Tribunal de Justicia Europeo acepta restricciones a la libertad de establecimiento y a la libertad de prestación de servicios en virtud de tales objetivos de interés general, cuando esas restricciones son proporcionadas y no discriminatorias. Actualmente la regulación del juego online, desde la perspectiva de la UE se ha dejado a la competencia de cada Estado miembro individualmente considerado, habida cuenta de que no existe armonización en materia de juego y ninguna perspectiva realista de que una armonización jurídica sea lograda en el corto plazo.
Los juegos de azar fueron excluidos del ámbito de aplicación de las Directivas 2006/123/CE (Directiva «Servicios»), 2007/65/CE (Directiva relativa a los servicios de comunicación audiovisual) y 2000/31/CE (Directiva relativa al comercio electrónico).
Por el momento, el sector de los juegos de azar no está armonizado en Derecho de la Unión. La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, los excluye expresamente de su ámbito de aplicación: «La presente Directiva no se aplicará a las actividades siguientes: […] h) las actividades de juego por dinero que impliquen apuestas de valor monetario en juegos de azar, incluidas las loterías, juego en los casinos y las apuestas» (artículo 2, apartado 2).
En cuanto a la Directiva sobre servicios audiovisuales, el considerando 18 establece: “Por estos motivos, los juegos de azar que impliquen una apuesta que represente un valor monetario, incluidas las loterías, las apuestas y otros juegos de azar o de dinero, así como los juegos en línea y los motores de búsqueda, también deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva”
Estos juegos están expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2000/31/CE de comercio electrónico, cuyo artículo 1, apartado 5, letra d), último guión, dispone que ésta no se aplicará a «las actividades de juegos de azar que impliquen apuestas de valor monetario incluidas loterías y apuestas».
Efectivamente los juegos de azar a distancia, prestados por vía electrónica, han sido expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva sobre comercio electrónico que entró en vigor en 2002, y del ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios. No existe pues Derecho derivado.
En la práctica esto significa que los Estados miembros tienen libertad para regular el juego (incluyendo la restricción de la libertad de establecimiento (artículo 49) y la libre prestación de servicios (artículo 56) como les parezca conveniente, siempre que esas restricciones sean:
- justificadas por razones imperiosas de interés general,
- adecuadas para la consecución de los objetivos en cuestión,
- necesarias y proporcionadas, y
- se apliquen de manera no discriminatoria, tal como lo interpreta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia.
En este sentido se ha pronunciado ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 08/09/09 (Caso Bwin_Portugal) que reconoce la competencia y la responsabilidad de cada Estado a este respecto, puesto que la materia de juego implica una excepción al citado principio (excepción matizada y limitada, pero expresamente reconocida por el Tribunal). El Tribunal de Justicia consideró que, en el marco de un sistema de tales características, un Estado miembro podía, con el fin de proteger a los consumidores contra los riesgos de fraude y de criminalidad, prohibir a proveedores de juegos en Internet establecidos en otros Estados miembros que ofrecieran sus juegos a los consumidores residentes en su territorio.
Más recientemente en su dictamen de 23/02/2010, el abogado general del TUE, (Asuntos acumulados C-447/08 y C-448/08) considera legal que los Gobiernos prohíban la publicidad de apuestas en Internet. Literalmente, “el artículo 49 CE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro que reserva el derecho de explotar los juegos de azar a operadores autorizados que ejercen su actividad bajo el estrecho control de los poderes públicos con la finalidad de proteger a los consumidores contra los riesgos de fraude y de criminalidad y que prohíbe promocionar juegos en Internet ofrecidos por empresas establecidas en otros Estados miembros”.
Concluye el TJUE en sentencia de 08/07/2010 (asuntos C-447/08, y C-448/08) que la normativa sueca que prohíbe la promoción de juegos de azar organizados en Internet por operadores privados en otros Estados miembros con fines lucrativos es conforme con el Derecho comunitario, si bien las sanciones por incumplimiento deben de implicar un trato equivalente a infractores nacionales y extranjeros.
El Tribunal de Justicia señala que la normativa sueca, que tiene por efecto prohibir la promoción en Suecia tanto de juegos de azar organizados lícitamente en otros Estados miembros como de juegos organizados sin autorización en Suecia, tiene como consecuencia restringir la participación de los consumidores suecos en dichos juegos.
El Tribunal establece que la norma sueca que prohíbe la promoción de juegos de azar en Internet ofrecidos por empresas establecidas en otros Estados miembros es conforme con el Derecho comunitario, porque a falta de armonización a escala de la Unión en lo que respecta a los juegos de azar, corresponde a cada Estado miembro apreciar en este ámbito, conforme a su propia escala de valores, cómo proteger los intereses afectados.
También pueden traerse a colación las conclusiones del Abogado general (Sr. Paolo Mengozzi) presentadas el 4 de marzo de 2010 (en los Asuntos C316/07, C358/07, C359/07, C360/07, C309/07 y C410/07) que mencionan expresamente el principio de "coherencia de la política nacional en materia de juego". El Abogado general concluye que los artículos 49 TFUE y 56 TFUE (antiguos artículos 43 CE y 49 CE) deben interpretarse en el sentido de que las autorizaciones concedidas por los organismos competentes de un Estado miembro para organizar apuestas deportivas que no se limiten a su territorio nacional no facultan al beneficiario de la autorización y a los terceros a su servicio a ofrecer y concluir contratos en el territorio de otros Estados miembros.
La opinión del Tribunal en su sentencia sobre estos asuntos, de fecha 08/09/2010 aborda las normas monopolísticas que se aplicaban en los Lander de Baden -Württenberg, Schleswig-Holstein, Hesse, y Baviera, en materia de loterías y apuestas, hasta el punto de opinar (dejando al Tribunal de origen que aplique su decisión definitiva) que la normativa alemana no limita de una manera coherente y sistemática los juegos de azar. En efecto, por una parte, los titulares de monopolios públicos desarrollan campañas publicitarias intensivas con el fin de maximizar el beneficio generado por las loterías, alejándose con ello de los objetivos que justifican la existencia de tales monopolios. Por otra parte, por lo que respecta a los juegos de azar, como los juegos de casino o los juegos automatizados, que no están comprendidos en el monopolio público pero que, según se dice, presentan un potencial de riesgo de adicción mayor que los juegos sujetos a dicho monopolio, las autoridades alemanas aplican o toleran políticas para fomentar la participación en esos juegos. En tales circunstancias ya no puede alcanzarse eficazmente el objetivo preventivo de dicho monopolio, de modo que este último deja de poder justificarse.
Además en el asunto C46/08, de 04/03/2010, se concluye que las autoridades estatales no están obligadas a reconocer una licencia de juego concedida por las autoridades de otro Estado miembro. Ello es debido a la falta de armonización jurídica del sector del juego.
Finalmente la sentencia del TJUE sobre el asunto señalado (Asunto Carmen Media Group Ltd), de fecha, 08/09/2010, establece, entre otras cosas, que “El artículo 49 CE debe interpretarse en el sentido de que una normativa nacional que prohíbe la organización de juegos de azar en Internet y la intermediación en ellos, con el fin de prevenir la incitación al gasto excesivo en juego, luchar contra la adicción a éste y proteger a la juventud puede, en principio, considerarse apta para perseguir tales objetivos legítimos, aun cuando la oferta de dichos juegos siga estando autorizada a través de cauces más tradicionales. La circunstancia de que tal prohibición vaya acompañada de una medida transitoria como la que es objeto del procedimiento principal no priva a dicha prohibición de esa aptitud”.
Por otra parte, el Tribunal considera que el monopolio público establecido en el marco de la organización de apuestas deportivas y loterías en Alemania no persigue de manera coherente y sistemática el objetivo de luchar contra los peligros ligados a los juegos de azar.
La aportación normativa de la UE a las regulaciones sobre el juego on line es la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2009, sobre la integridad de los juegos de azar en línea (DOUE 01-04-2010/C 87, E/08).
Esta Resolución trae causa del informe sobre la integridad de los juego de azar online, cuya ponente fue Christel Schaldemose y que fue aprobado en el pleno del Parlamento Europeo con 544 votos a favor, 36 en contra y 66 abstenciones, el 10 de marzo de 2009.
El texto aborda fundamentalmente aspectos relativos a valores y juego responsable, en particular la integridad del juego, la lucha contra el fraude y el blanqueo, y la protección de los consumidores, en este sentido solicita a los países de la UE a que cooperen estrechamente con el fin de resolver los problemas sociales derivados de los juegos de azar online con carácter internacional, como la adicción al juego o el uso fraudulento de datos personales o tarjetas de crédito.
Real Decreto 351/2011, de 11 de marzo, por el que se modifica el Estatuto de la entidad pública empresarial Red.es, aprobado por el Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero. BOE 25-03-2011.
Después de los cambios legislativos operados por el artículo 24.6 la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la entidad pública empresarial Red.es modificó por Real Decreto 1433/2008, de 29 de agosto, su Estatuto, incorporando las disposiciones de dicho artículo. Pues bien, la experiencia adquirida por la entidad como medio propio de la Administración General del Estado hace preciso proceder a modificar de nuevo el Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba dicho Estatuto, a efectos de extender dicha condición de medio propio. En efecto, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en su artículo 24.6 establece que la condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los criterios mencionados en ese apartado deberá reconocerse expresamente por la norma que las cree o por sus estatutos, debiendo determinar las entidades respecto de las cuales tienen esta condición y precisar el régimen de las encomiendas que se les puedan conferir o las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos, y determinará para ellas la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que sean medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas. Mediante este real decreto se modifica el artículo 30 del Estatuto de la entidad pública empresarial Red.es, para incorporar al mismo la posibilidad de que la misma pueda ser medio propio y servicio técnico de entes, entidades, organismos y sociedades vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. Se establece así el marco jurídico necesario para regular las actuaciones y funciones de fomento y desarrollo de la Sociedad de la Información que la entidad pública empresarial puede, atendiendo a su experiencia y capacidad, efectivamente desarrollar.
Delitos de apropiación indebida, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Agravante de reincidencia. Tribunal Supremo. Sentencia 12 de noviembre de 2010.
La Audiencia Provincial de instancia estableció, por conformidad de las partes, que los cónyuges acusados eran administrador único, el marido, y apoderada, la mujer, de sendas entidades mercantiles dedicadas a la intermediación en la venta de automóviles de procedencia intracomunitaria, que desde el año 1995 celebraron hasta 85 operaciones de intermediación habiendo percibido cantidades a cuenta de los compradores, sin que en ninguno de los casos descritos en el “factum” sentencial entregaran el vehículo ni devolvieran el dinero entregado, que hicieron suyo en su propio beneficio. Asimismo el acusado durante los ejercicios fiscales 1994 y 1995 dejó de presentar las preceptivas declaraciones correspondientes al IVA, dejando de ingresar en 1994 la cuota de 52.970.342 ptas., equivalente a 318.358 euros, y en 1995 la de 51.484.736 ptas. equivalente a 309.429 euros. El mismo acusado para reducir la cuantía del IVA, y a pesar de no efectuar declaración alguna al respecto, así como la del impuesto de matriculación, no presentó las facturas originales emitidas por los vendedores extranjeros, sino que aportó otras confeccionadas por él mismo y utilizando en ocasiones el membrete de aquellos concesionarios, en que se hacía constar un precio del vehículo inferior al real y estableciendo en concepto de IVA una cantidad que no se había ingresado (porque el acusado optó por abonarlo en España). En otras ocasiones la factura aparecía emitida como vendedora por una de las sociedades de que el acusado era administrador y su esposa la apoderada, en las mismas circunstancias de inautenticidad. Agravante de reincidencia. En la Sentencia se pasa a analizar si fue correctamente apreciada la agravante de reincidencia, en la medida en que el acusado fue previamente condenado por delito de Estafa a la pena de un año de prisión, mediante Sentencia firme de fecha 09.03.1994 mientras que el primero de los hechos apropiatorios se produjo el 10.01.1995, con lo que no se había producido la cancelación de dichos antecedentes, porque tanto el art. 118 CP. 1973 como el art. 136 CP. 1995 establecen que los plazos de cancelación “se contarán desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena”; con lo que el motivo tal y como se plantea no puede estimarse. A pesar de lo cual la Sala toma en consideración la nueva regulación de la reincidencia en CP. 1995 (art. 22.8ª), en que su apreciación exige que se trate de delitos comprendidos en el mismo Título y, además, que sean de la misma naturaleza, con lo que el ámbito actual de la reincidencia es más reducido por lo que resulta favorable para el acusado, tratándose en definitiva de una norma que procede aplicar con efecto retroactivo.
Los daños sufridos en un accidente de circulación deben ser económicamente valorados, a efectos de determinar el importe de la indemnización procedente, al momento en que se produce el alta definitiva del perjudicado. Tribunal Supremo. Sentencia 4 de noviembre de 2010
Los daños sufridos en un accidente de circulación quedan fijados de acuerdo con el régimen legal vigente el momento de la producción del hecho que ocasiona el daño, y deben ser económicamente valorados, a efectos de determinar el importe de la indemnización procedente, al momento en que se produce el alta definitiva del perjudicado. El recurrente aduce la existencia de interés casacional con relación a la cuestión del carácter de deuda de valor que tienen las indemnizaciones derivadas de un hecho de la circulación, pero con base, no en la infracción de una norma sustantiva susceptible de fundamentar un recurso de casación admitido por razón de la cuantía, sino en la vulneración de normas y principios procesales (el artículo 216 LEC y todo lo relacionado con la congruencia de las sentencias), que son cuestiones que exceden del ámbito de este recurso por estar reservadas al recurso extraordinario por infracción procesal. La pretensión de la parte recurrente de que se cuantifique el daño con arreglo a las actualizaciones vigentes al momento de dictarse la resolución no se compadece con la doctrina fijada por esta Sala, que contempla que los daños concretados según el sistema legal vigente a fecha del siniestro sean económicamente valorados, a efectos de determinar el importe de la indemnización procedente, con arreglo a las cuantías publicadas por la DGS para todo el año en que se produjese el alta definitiva. Dado que esta tuvo lugar antes de la demanda, la solución de la AP de cuantificar el daño con arreglo a las cuantías vigentes al momento de interponerse es más favorable que la que resultaría de aplicar la doctrina mencionada.
Responsabilidad por derivación de activos de la sociedad a terceros. Tribunal Supremo. Sentencia 4 de noviembre de 2010
La actuación de los administradores también puede dañar directamente intereses de los socios y de terceros aunque no sean acreedores de la sociedad, a cuyos efectos el artículo 135 de la Ley de Sociedades Anónimas -hoy 241 de la Ley de Sociedades de Capital- dispone que «no obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a terceros por actos de los administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos», por lo que, los administradores deberán responder al amparo del precepto transcrito siempre que concurran los siguientes requisitos: 1) Acción u omisión antijurídica. 2) Que la acción u omisión se desarrolle por el administrador o administradores precisamente en concepto de administradores. 3) Daño directo a quien demanda. 4) Relación de causalidad entre el actuar de los administradores y el daño. En el caso de autos se da la peculiaridad de que la demanda se ha dirigido no solo contra los administradores sociales que observan un comportamiento perjudicial para los socios, sino también contra las sociedades que, mediante una actuación perfectamente orquestada, colaboran de forma efectiva y, con pleno conocimiento de su, ilicitud se benefician de ella. No obstante, la responsabilidad deberá atemperarse por un lado a los hechos en los que se sustenta la demanda -los activos adquiridos por la sociedad-, y a su grado de participación en el comportamiento lesivo ya que, como sostiene la sentencia 49/2010, de 23 de febrero «la solidaridad solo se va a predicar cuando no existe posibilidad de determinarlo (el grado de participación de cada uno en el daño) en el caso de que hayan concurrido diversos agentes».
Permuta de solar por edificio a construir. Cláusula contractual sobre pago del IVA correspondiente a la operación. Tribunal Supremo. Sentencia 17 de noviembre de 2010
En este caso a pesar de lo alegado en contrario por la recurrente, es un hecho no susceptible de revisión en casación, por pertenecer al sustrato fáctico en que se asientan los razonamientos jurídicos de la sentencia recurrida, que la obligación de pago del IVA en atención al pacto suscrito e incorporado a la escritura, fue en todo momento cierta para la sociedad demandada, y que la obligatoriedad de lo pactado no fue motivo de oposición al pago al menos desde que con fecha 27 de diciembre de 2001, (mucho antes de que se formulase la demanda que dio origen a este pleito), al contestar al requerimiento notarial de contrario, optase por invocar únicamente la caducidad del derecho con base en el artículo 88 LIVA.) La anterior conclusión concuerda con la propia literalidad de la cláusula novena , que si bien no concreta la parte a la que ha de corresponder el pago del IVA devengado, es relevante que trate de forma independiente las operaciones de cesión del solar (apartado A)) y de entrega y adjudicación de la obra futura (viviendas, locales y plazas de garaje, apartado C)), dejando clara la intención de las partes de hacer recaer el pago del devengado en cada una de ellas en el sujeto pasivo previsto por la Ley, que en el caso de la cesión del solar, lo es el adquirente del mismo.) La tesis de la recurrente de considerar controvertida desde un principio la procedencia misma del derecho de repercusión, por incumplimiento de los presupuestos a que viene condicionado su ejercicio en la normativa tributaria, obvia, tanto lo dicho acerca de la falta de argumentación en tal sentido al tiempo de contestar al requerimiento notarial (acta de 27 de diciembre de 2001), como que la controversia quedó definitivamente restringida en apelación a una cuestión de caducidad del citado derecho, de forma que la argumentación referente a la ausencia de remisión de facturas supone ampliar el objeto de debate, lo que resulta inadmisible en casación porque no se dio al tribunal de apelación oportunidad de examinarla.
Si la donación se efectúa con cargas deben expresarse éstas en la escritura pública. Tribunal Supremo. Sentencia 17 de noviembre de 2010
De acuerdo con el art. 633 CC si la donación se efectúa con cargas deben expresarse éstas en la escritura pública. Lo cierto es que la única donación válida de bienes inmuebles es la que se hace en escritura pública, como establece precisamente dicho art. 633, y en el caso examinado resulta que la escritura pública de donación no impone carga alguna a la donataria y por ello era imposible que expresara «el valor de las cargas que deba satisfacer el donatario», que es lo que exige aquel precepto, de suerte que la eficacia que la parte recurrente quiere atribuir a un documento manuscrito de la madre, y que las sentencias de ambas instancias parecen compartir, podría haberse traducido en una acción para exigir el cumplimiento de esa especie de pacto familiar acatado por todos, esto es el pago de un millón y medio de pesetas a cada uno de los hermanos demandantes si tal pago no se hubiera verificado aún, pero no en la nulidad de una donación de bien inmueble, otorgada en escritura pública, que no adolece de causa alguna de nulidad consistente en la falta de expresión del valor de las cargas que debiera satisfacer el donatario, ya que la donación se hizo sin imponer ninguna carga y como fundamento de su nulidad no se invocó en la demanda la falta de consentimiento de los donantes ni su consentimiento viciado.
El nuevo sistema de cómputo de jornadas y descansos, amparado directamente en la negociación colectiva, ha constituido el ejercicio regular del mecanismo previsto en el art.41 ET sobre modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de noviembre de 2010
Recurre la parte sindical la sentencia de instancia al desestimar su demanda en la que se solicitaba que se declarara la nulidad del Acuerdo sobre redistribución de jornada y descanso semanal suscrito entre la empresa y la mayoría del Comité Intercentros. El recurso no merece favorable acogida. El nuevo sistema de cómputo de jornadas y descansos, amparado directamente en la negociación colectiva estatutaria de ámbito sectorial y pactado expresamente, ha constituido el ejercicio regular del mecanismo previsto en el art.41 del ET sobre modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Según se deduce del relato fáctico de la sentencia impugnada, el Acuerdo alcanzado fue precedido del necesario período de consultas establecido en el art.41 del ET, sin que exista el más mínimo dato que permita siquiera dudar de la existencia de buena fe por parte empresarial en el transcurso de la negociación. Las modificaciones que afectan a la distribución horaria y al sistema de trabajo a turnos se justifican, al margen incluso de que concurra o no una situación económica negativa en la empresa, porque la medida propuesta contribuya a mejorar su situación a través de una mejor organización de sus recursos. Y eso fue precisamente lo que, con el amparo expreso de la negociación colectiva de eficacia general en el ámbito sectorial, aceptaron los representantes unitarios de los trabajadores de la empresa demandada cuando suscribieron el Acuerdo impugnado, que, por ello y por haber seguido con rigor los trámites establecidos al respecto en la normativa estatutaria, no puede ser anulado. En definitiva, las modificaciones operadas en virtud del Acuerdo combatido son el producto de la legítima negociación llevada a cabo entre la empleadora y la mayoría de los miembros de su Comité de Empresa, en la que no existe el más mínimo indicio de que se hubiera vulnerado el principio de buena fe, máxime cuando los acuerdos posteriores dejan sin efecto los precedentes, y tampoco esta Sala logra comprender qué razón o razones justifican que los sindicatos prefieran que se descanse solamente 30 minutos, cuando el Acuerdo impugnado mejora dicho descanso en otros 30 minutos más.
Se declara la responsabilidad del INSS de la pensión de jubilación parcial anticipada causada por un beneficiario que fue sustituido por una trabajadora que redujo la jornada laboral. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de noviembre de 2010
La sentencia recurrida ha confirmado la de instancia que estimó la demanda de la empresa contra la resolución del INSS que la declaraba responsable de la pensión de jubilación parcial anticipada causada por un beneficiario que fue sustituido por una trabajadora que redujo la jornada laboral, la reducción de jornada se produjo en los meses de agosto y septiembre, no prestándose servicios, durante la segunda quincena de agosto y la primera de septiembre. Pero el recurso del INSS será desestimado por falta de contradicción entre las sentencias compradas, pues en un caso estamos ante una excedencia y en el otro ante una reducción de jornada. No explica la parte por qué es decisivo en orden a la contradicción que lo que llama «triangularidad» se mantenga en los dos casos cuando las diferencias entre la reducción de jornada y la excedencia son obvias: 1) la excedencia por cuidado de hijos es un cese no definitivo que durante el primer año tiene reserva de puesto de trabajo, por lo que se configura como una suspensión del contrato que da lugar a la baja en la S.Social y a la extinción de la obligación de cotizar; 2) la reducción de jornada no implica ningún cese en el trabajo, sino simplemente una reducción del tiempo de trabajo; no determina una suspensión del contrato, sino sólo una modificación temporal de éste mediante un cambio que afecta a la jornada, por lo que se mantiene el alta y la obligación de cotizar, aunque se produzca lógicamente una reducción de las bases de cotización. En el presente caso la reducción de jornada se ha concentrado en quince días del mes de agosto y otros quince del mes de septiembre, pero ello no altera que se trata de una reducción de la jornada con los efectos ya señalados, y, aunque entendiéramos que es en realidad un permiso sin sueldo las consecuencias serían similares, pues no estaríamos ante una suspensión del contrato, sino ante una mera interrupción, que no podría calificarse propiamente como un cese, se mantendría el alta en la S.Social y la cotización, aunque con la base inferior correspondiente a los días de alta sin percibo de retribución computable.
Se anula la creación del peaje aplicable por la introducción de gas natural por las conexiones internacionales por gasoducto. Tribunal Supremo. Sentencia 15 de febrero de 2011
Anulación del punto número 2 del apartado segundo del anexo denominado «peaje de descarga de buques y de entrada por conexiones internacional» que se incluye en la Orden ITC/1724/2009, de 26 de junio, por la que se revisan los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas a partir de 1 de julio de 2009. En concreto, se anula la creación del peaje aplicable por la introducción de gas natural por las conexiones internacionales por gasoducto. La jerarquía normativa exige que las normas de rango inferior (una Orden ministerial, en este caso) se atengan a los mandatos y previsiones de las de rango superior (un Real Decreto, en este supuesto). Dado que el Gobierno, en cuanto titular de la potestad reglamentaria, ha hecho uso de ella para configurar por sí mismo, a través de un Real Decreto, cuáles han de ser los peajes exigibles por el uso de las instalaciones gasistas, habiéndolos circunscrito a dos, no puede el Ministro de Industria, Turismo y Comercio implantar mediante Orden otro peaje diferente de nueva creación, por más que sí esté habilitado para modificar los elementos cuantitativos y cualitativos de aquéllos.
Obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural. Tribunal Supremo. Sentencia 1 de febrero de 2011
Anulación de los apartados 1.4 y último inciso del apartado 3.4 del artículo tercero del Real Decreto 1766/2007, de 28 de diciembre, que modifica los artículos 25 y 27 del Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos. Las normas que delimitan la competencia jurisdiccional son de orden público, sin que puedan modificarse las disposiciones reglamentarias. Y siendo, como antes hemos razonado, las cuotas de CORES ingresos de Derecho Público, corresponde, de forma coherente, derivada de la anterior configuración, que dichos ingresos públicos puedan ser reclamados por vía de apremio, en cuanto constituye la vía adecuada en el procedimiento de ejecución de las prestaciones públicas. Por tal razón, podría eventualmente una norma con rango de ley modificar este concreto aspecto procedimental, pero entendemos que la declaración contenida en los preceptos del reglamento impugnados que, tras definir las cuotas como ingresos privados, atribuye en exclusiva la competencia para su reclamación a la jurisdicción civil carece de fundamento suficiente atendidas las especificas circunstancias expuestas, lo que conlleva la declaración de nulidad.

References: artículo 1
 artículo 49
 artículo 49
 Resolución 
 Resolución 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 24
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 24
 real decreto 
 artículo 30
 artículo 216
 resolución 
 artículo 135
e contrario
 artículo 88
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto