Source: https://ro.scribd.com/document/396028916/Auto-de-incorporacion-de-terceros-civilmente-responsables-en-caso-Interoceanica-Sur
Timestamp: 2020-03-29 04:36:23+00:00

Document:
Auto de incorporación de terceros civilmente responsables en caso Interoceánica Sur | Ley procesal | Procedimiento Criminal
A pedido de la Procuradoría Ad Hoc, el Poder Judicial resuelve incorporar a Graña y Montero, JJC Contratistas Generales, e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales como terceros civilmente responsables en el caso de la carretera Interoceánica del Sur, por lo que tendrían que asumir parte del pago de la reparación civil.
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PODER JUDICIAL DEL PERU 18/12/2018 15:12:28
SALA PENAL NACIONAL CEDULA ELECTRONICA Pag 1 de 1
Sala Penal Nacional - Av. Tacna 734 - Cercado de Lima
0000038260-2018-ANX-JR-PE
*420180348542017000165001137033*
420180348542017000165001137033002
NOTIFICACION N° 34854-2018-JR-PE
EXPEDIENTE 00016-2017-33-5001-JR-PE-01 JUZGADO 1° JUZ. DE INV. PREPAR. NACIONAL
JUEZ CONCEPCION CARHUANCHO RICHARD AUGUSTO
ESPECIALISTA LEGAL CAMPOS LOPEZ ROXANA
IMPUTADO : DAN ON, AVRAHAM
AGRAVIADO : EL ESTADO ,
DESTINATARIO PROCURADURIA PUBLICA AD HOC A CARGO DE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
DIRECCION : Dirección Electrónica - N° 83811
Se adjunta Resolución DIECISÉIS de fecha 14/12/2018 a Fjs : 19
RESOLUCION N° 06 QUE INCOPORA A PERSONAS JURIDICAS
EXPEDIENTE : 00016-2017-33-5001-JR-PE-01
JUEZ : CONCEPCION CARHUANCHO RICHARD
ESPECIALISTA : CAMPOS LOPEZ ROXANA
MINISTERIO PUBLICO : FISCALIA SUPRAPROVINCIAL
CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION
DE FUNCIONARIOS ,
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADURIA PUBLICA AD HOC
A CARGO DE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO ,
TERCERO CIVIL : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y
AUTO DE INCORPORACION DE TERCEROS CIVILMENTE
Lima, catorce de Diciembre del
Estando al pedido de ampliación de incorporación de terceros
civilmente responsables, planteado por la Procuraduría Pública Ad
PRIMERA PARTE: POSICION JURIDICA DE LOS
PRIMERO: PEDIDO DE AMPLIACION DE INCORPORACION DE
TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES:
La Procuraduría Pública Ad Hoc solicitó la ampliación de incorporación
como Terceros Civilmente Responsables de las empresas
Constructora Norberto Odebrecht SA (matriz), Constructora Norberto
Odebrecht SA (Sucursal Perú), Graña y Montero SAA, JJC Contratistas
Generales SA, Ingenieros Civiles y Contratistas SA, Concesionaria
Interoceánica Sur Tramo 2 SA, Concesionaria Interoceánica Sur
Tramo 3 SA, GyM SA y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
SAC, en atención a lo siguiente:
1.1. En cuanto a las dos empresas ya incorporadas como terceros
civilmente responsables al presente proceso penal, como sería
el caso de las empresas Constructora Norberto Odebrecht SA
(matriz) y Constructora Norberto Odebrecht SA (Sucursal Perú),
efectúa su pedido bajo otra vinculación, en el sentido que los
investigados se habrían vinculado con las dos empresas antes
mencionadas, para lograr la buena pro y los pagos
correspondientes (concretizado en el pago a favor de Alejandro
Toledo Manrique).
1.2. En lo que toca a la incorporación de siete empresas como
terceros civilmente responsables al presente proceso penal,
como sería el caso de Graña y Montero SAA, JJC Contratistas
Generales SA, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA,
Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 SA, Concesionaria
Interoceánica Sur-Tramo 3 SA, GyM SA y Odebrecht Perú
Ingeniería y Construcción SAC, ocurre que:
- Las empresas habrían tenido conocimiento de la
concertación (acuerdo ilícito) para ser favorecidos en la
adjudicación de las obras, a cambio del pago de un soborno,
debido a que fueron beneficiados con la adjudicación de las
obras, razón por la cual las empresas convocadas serían
- Ha postulado que se repare el daño en la suma de S/. 593
millones de nuevos soles, en cuyo caso las empresas
convocadas serían responsables solidarios, debido a que
obtuvieron beneficios, al igual que la empresa líder
SEGUNDO: POSICION DE LA DEFENSA TECNICA DE LAS
EMPRESAS GRAÑA Y MONTERO S.A.A. Y GYM SA:
La Defensa Técnica de las empresas Graña y Montero SAA y GyM SA
peticionó que no se incorpore como terceros civilmente responsables
a sus empresas al presente proceso penal, en función a lo siguiente:
2.1. Las empresas antes mencionadas no habrían participado, ni
mucho menos habrían tenido conocimiento sobre el acuerdo ilícito
efectuado por la empresa Odebrecht, representado por Simoes
Barata, en todo caso, el único responsable del acuerdo sería éste
último, quien ya ha sido excluido del presente proceso penal.
2.2. El único criterio válido para decidir la incorporación del tercero
civil al proceso penal viene a ser la relación de dependencia que debe
existir entre el investigado y dichas empresas, y el no el criterio del
beneficio, el cual no se habría verificado en el presente caso concreto.
2.3. La Ley 37037 habría establecido la responsabilidad
mancomunada, en sustitución de la responsabilidad solidaria, la cual
no sería aplicable en el presente caso, debido a que las empresas
convocadas no habrían participado en el acuerdo ilícito.
TERCERO: POSICION DE LA DEFENSA TECNICA DE JJC
CONTRATISTAS GENERALES SA:
La Defensa Técnica de la empresa JJC Contratistas Generales SA
peticionó que no se le incorpore como tercero civil al presente
proceso penal, por lo siguiente:
3.1. La responsabilidad por daño del subordinado normado en el
artículo 1981 del CPP exige que los daños hayan sido realizados por
el dependiente de la empresa, lo cual no se habría verificado en el
3.2. La empresa JJC Contratistas Generales SA no habría participado
en el hecho generador del daño, consistente en que Simoes Barata
habría informado a las empresas consorciadas sobre el acuerdo ilícito.
3.3. En igual sentido, la empresa JJC Contratistas Generales SA no
habría participado en el delito de lavado de activos, ya que los pagos
que habría recibido fueron por decisión de las Concesionarias y a
título de pagos diferenciados.
3.4. Existen defectos en el pedido de incorporación de la empresa
como tercero civil, entre ellos: i) planteado un monto que no se
habría acreditado; ii) no se ha mencionado el tipo de daño que se
habría configurado, para que pueda defenderse; iii) el beneficio no es
un elemento para atribuir responsabilidad.
CUARTO: POSICION DE LA DEFENSA TECNICA DE ODEBRECHT
PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC:
La Defensa Técnica de la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y
Construcción SAC solicitó que no se incorpore como tercero civil a
dicha empresa, por lo siguiente:
4.1. Se debe recurrir a la vía civil, debido a que Jorge Henrique
Simoes Barata ha sido excluido como investigado del presente
4.2. No se pueden utilizar las pruebas presentadas por la empresa
Odebrecht con el objeto solicitar la incorporación como tercero civil
de dicha empresa, en razón a que presentó pruebas para someterse
al proceso de colaboración eficaz.
QUINTO: POSICION JURIDICA DE INGENIEROS CIVILES Y
La Defensa Técnica de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA
se opuso a la incorporación como tercero civil de su empresa,
atendiendo a que no se pronunció sobre la aplicación de la Ley 30737
(que estableció la responsabilidad mancomunada), ni habría cumplido
con individualizar los daños irrogados a la parte agraviada.
SEXTO: POSICION JURIDICA DE LA DEFENSA TECNICA DE LAS
La Defensa Técnica de las Concesionarias se opusieron a su
incorporación como terceros civiles, atendiendo a que se trata de un
pedido que no es posible jurídicamente, debido a que las
concesionarias no son personas jurídicas.
SEGUNDA PARTE: OBJETO MATERIA DE DISCUSION:
SEPTIMO: TEMAS MATERIA DE ANALISIS:
El Juzgado ha identificado diversos temas que van a ser materia de
análisis, las cuales se detalla a continuación:
7.1. Los presupuestos procesales para disponer la incorporación de
los terceros civilmente responsables.
7.2. Sobre la sustracción de la materia del pedido de incorporación
como tercero civilmente responsable de las empresas Constructora
Norberto Odebrecht (Brasil) y Constructora Norberto Odebrecht SA
(Sucursal Perú).
7.3. Sobre si corresponde incorporar como terceros civiles a las
empresas Graña y Montero SAA, JJC Contratistas Generales SA,
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA, Concesionarias
Tramo 3 SA y empresa G&M SA al presente proceso penal.
TERCERA PARTE: FUNDAMENTACION DE LA DECISION
OCTAVO: ANALISIS DEL PRIMER TEMA (PRESUPUESTOS
PROCESALES PARA DISPONER LA INCORPORACION DEL
TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE):
En cuanto al primer tema planteado, referido a los presupuestos
procesales para disponer la incorporación de un tercero civilmente
responsable al proceso penal, importa tener en cuenta que:
8.1. La figura jurídica del tercero civil responsable se encuentra
normado en el artículo 111 del Código Procesal Penal, en donde se
8.1.1. Las personas que conjuntamente con el imputado tengan
responsabilidad civil por las consecuencias del delito, podrán ser
incorporadas como parte en el proceso penal, a solicitud del
Ministerio Público o del actor civil.
8.1.2. La solicitud deberá ser formulada al Juez, en la forma y
oportunidad prevista en los artículos 100, 101 y 102, con indicación
del nombre y domicilio del emplazado, y su vínculo jurídico con el
imputado, los cuales se detallan a continuación:
a) Debe señalarse las generales de ley de la persona natural o
jurídica emplazada como tercero civil, la indicación del
imputado, el relato circunstanciado del delito y la prueba
documental que la acredita.
b) El vínculo jurídico entre el tercero civil con el imputado,
bastando para ello con que se invoque dicha relación jurídica,
sin que sea necesario su probanza.
8.2. A su turno, el tratadista César San Martín Castro ha señalado
que el tercero civilmente responsable, siempre solidario, por los
daños cometidos por los autores y partícipes del hecho punible, debe
8.2.1. El tercero civil es el responsable civil indirecto –junto con el
responsable civil directo-, quienes desde un enfoque sustancial, son
civilmente demandados, la cual tiene como base la responsabilidad
aquiliana: la persona jurídica respecto del funcionario o dependiente,
los supuestos de culpa civil in vigilando, in eligiendo o in educando –al
elegir a los dependientes o al supervisar su actuación-, en relación a los
hechos de personas que se encuentran bajo su guardia, custodia o
que mantienen una determinada relación jurídica con un tercero.
8.2.2. Para la responsabilidad civil indirecta o subsidiaria se requiere
de la presencia de dos requisitos:
a) Que el infractor penal y el presunto responsable civil subsidiario
estén ligados por una relación jurídica o de hecho, por un
vínculo en virtud del cual el responsable penal principal se halla
bajo la dependencia onerosa o gratuita, duradera y permanente
o puramente circunstancial y esporádica de su principal o, al
menos, la tarea, actividad, misión, servicio o función que
realiza cuenta con el beneplácito, anuencia o aquiescencia del
supuesto responsable civil subsidiario o indirecto.
b) Que, el delito que genera una y otra responsabilidad –directa o
subsidiaria- se halle inscrito dentro de un ejercicio normal o
anormal de las funciones encomendadas y en el seno de la
actividad, tarea o cometido confiados al infractor penal,
perteneciendo a su esfera o ámbito de actuación. 1
NOVENO: ANALISIS DEL SEGUNDO TEMA (SUSTRACCION DE
LA MATERIA SOBRE EMPRESAS YA INCORPORADAS COMO
TERCEROS CIVILES):
En cuanto al pedido planteado por la Procuraduría Pública, sobre
ampliación de las empresas Constructora Norberto Odebrecht SA
(matriz de Brasil) y Constructora Norberto Odebrecht SA (Sucursal
Perú) como terceros civiles al presente proceso penal, tenemos lo
9.1. Posición jurídica de los sujetos procesales:
Sobre éste tópico existen dos posiciones jurídicas, por un lado, la
Procuraduría Pública solicitó la ampliación de las dos empresas ya
incorporadas como terceros civiles al presente proceso penal –en
virtud al vínculo directo entre las empresas con Jorge Henrique
Simoes Barata-, empero, bajo un nuevo fundamento, a saber, el
vínculo entre las referidas empresas con los demás investigados.
Por otro lado, la Defensa Técnica de las dos empresas antes referidas
indicó que no es posible la incorporación de dichas empresas como
terceros civiles, debido que no existe investigado que se haya
vinculado con dichas empresas (al haberse excluido a Jorge Henrique
Simoes Barata como investigado).
9.2. Posición del Juzgado:
Ahora, en el presente caso, carece de objeto de emitir
pronunciamiento sobre el pedido de ampliación de las dos empresas
antes citadas como terceros civiles, planteado por la Procuraduría
Pública, debido a que ya han sido incorporadas como tales al
presente proceso penal, por lo siguiente:
San Martín Castro, César. Derecho Procesal Penal. Lecciones. Lima: Iakob Comunicadores y Ediatores.
2015. pp. 250-252
9.2.1. Mediante resolución judicial 5 de fecha 06 de Abril del 2017 se
resolvió incorporar como terceros civilmente responsables a las
empresas Constructora Norberto Odebrecht SA (matriz de Brasil), y
Constructora Norberto Odebrecht SA (Sucursal Perú), para todo el
proceso penal (comprendiendo el caso Metro de Lima y el caso de la
Carretera Interoceánica).
9.2.2. Ello significa que las empresas Constructora Norberto
Odebrecht SA (matriz de Brasil), y Constructora Norberto Odebrecht
SA (Sucursal Perú) ya han sido incorporados como terceros
civilmente responsables al presente proceso penal, a propósito de los
casos Metro de Lima y Carretera Interoceánica (Expediente 16-2017
con Carpeta Fiscal 02-2017), situación que se mantiene a la fecha, a
pesar que el caso Metro de Lima se desacumuló del expediente
principal, y dio lugar a la formación de un nuevo expediente
(Expediente 243-2017 con Carpeta Fiscal 19-2017).
9.2.3. Siendo ello así, carece de objeto emitir pronunciamiento, sobre
el pedido de ampliación de incorporación de las empresas
Constructora Norberto Odebrecht SA (matriz de Brasil), y
Constructora Norberto Odebrecht SA (Sucursal Perú) como terceros
civiles al presente proceso penal, por dos razones puntuales:
a) No se puede incorporar a las dos empresas antes mencionadas
como terceros civiles, debido a que éstas ya han sido
incorporadas como tales al presente proceso penal.
b) El motivo nuclear por el cual se pretende la ampliación de las
dos empresas ya incorporadas como terceros civiles al proceso
penal obedece a que se pretende sustituir su fundamento, del
motivo inicial (la relación entre Simoes Barata con las
empresas) al nuevo fundamento (la relación de la empresa con
los otros investigados, atendiendo a que se excluyó a Simoes
Barata del proceso penal), la misma que no sería atendible, en
razón a que no existe la figura jurídica de la ampliación del
tercero civil, en todo caso, la oportunidad procesal para
modificar su fundamento –mas no para peticionar que se amplíe su
incorporación como tercero civil-, sería la etapa intermedia, según
el cual las empresas podrán reclamar la reparación civil,
conforme al artículo 350.1 literal g del CPP.
DECIMO: ANALISIS DEL TERCER TEMA (SOBRE LA
INCORPORACION DE LAS DEMAS EMPRESAS COMO TERCEROS
CIVILES):
En cuanto al tercer tema, corresponde incorporar como terceros
civiles a Graña y Montero SAA, JJC Contratistas Generales SA,
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA, Concesionaria
Tramo 3 SA, G y M SA, y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
SAC al presente proceso penal, atendiendo a que se ha cumplido con
los presupuestos procesales exigidos por el artículo 111 del CPP,
10.1. Posiciones de los sujetos procesales:
Sobre el cumplimiento o no de los presupuestos para decidir la
incorporación de las personas jurídicas y Concesionarias antes
mencionadas al presente proceso penal, tenemos lo siguiente:
10.1.1. Por un lado, la Procuraduría Pública indicó que cumplió con
dichos presupuestos formales (oportunidad procesal, identificación de
los terceros civiles, relato circunstanciado del delito, y vínculo jurídico
entre el imputado y el tercero civil).
10.1.2. Por otro lado, las Defensas Técnicas de las personas jurídicas
y concesionarias antes mencionadas se opusieron a su incorporación
como terceros civiles, en función a lo siguiente:
- Las Defensas Técnicas de las empresas Graña y Montero
SAA, G y M SA, JJC Contratistas Generales e Ingenieros
Civiles y Contratistas Generales SA señalaron que dichas
empresas no habrían participado en el hecho generador del
- Las Defensas Técnicas de las Concesionarias indicaron que
no es posible jurídicamente su incorporación como terceros
civiles por no ser personas jurídicas.
- La Defensa Técnica de Odebrecht Perú Ingeniería y
Construcción SAC refirió que no cabe su incorporación como
tercero civil al excluirse a Jorge Henrique Simoes Barata
como investigado, además no podría utilizarse las pruebas
que presentó para colaborar con la justicia, en su contra.
10.2. Posición del Juzgado:
Al respecto, éste Despacho sostiene que se ha verificado el
cumplimiento de los presupuestos exigidos por el artículo 111 de CPP,
para incorporar a las siete empresas (personas jurídicas y
concesionarias) como terceros civiles al proceso penal, así tenemos
10.2.1. El pedido ha sido oportuno:
El pedido de incorporación de las empresas (personas jurídicas y
concesionarias) ha sido planteado durante el decurso de la
investigación preparatoria, conforme lo exige el artículo 111 del CPP.
10.2.2. El pedido cumplió con el artículo 100 del CPP:
En igual sentido, el pedido de incorporación como terceros civiles
cumplió con lo previsto en el artículo 111 del CPP, en lo que concierne
al artículo 100 del CPP, así tenemos que se apuntó:
a) La denominación de las empresas (personas jurídicas y
concesionarias) con las generales de ley de sus representantes
legales, entre ellos, de la empresa Graña y Montero SAA
(representado por María del Carmen Dávila Ríos), empresa JJC
Contratistas Generales SA (representado por Alfredo Romero
Umlauff), empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales
SA (representado por Margaret Carrillo Espinoza y otros),
empresa GyM SA (representado por César Eli Rojas Soto),
empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC
(representado por Lourdes Luisa Carreño Carcelén),
Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 SA (representado por
Carlos Jorge Fierro Garcés), y Concesionaria Interoceánica Sur
Tramo 3 SA (representado por Mauricio Cruz Lopes).
b) Conviene anotar que no existe problema jurídico alguno para
incorporar como terceros civiles a las Concesionarias
Interoceánicas Sur Tramos 2 y 3 SA, a pesar que en rigor no
califiquen como personas jurídicas, tal como lo planteó la
Defensa Técnica de los consorcios, desde que:
- El artículo 111 del CPP no se ha pronunciado expresamente
sobre si es viable o no jurídicamente incorporar como
terceros civiles a un ente jurídico, como sería el caso de un
Consorcio, sin embargo, dicho asunto ya ha sido resuelto por
los artículos 57 y 65 del Código Procesal Civil, de aplicación
supletoria al proceso penal, los cuales disponen que pueden
ser parte material de un proceso –rectius, esto es que también
pueden ser emplazados como terceros civiles- otras formas de
patrimonio autónomo, como sería el caso de los consorcios.
- En igual sentido, los artículos 1 y 9 de la Ley 30737 han
establecido que es viable jurídicamente que se reclame el
pago de la reparación civil a entes jurídicos como los
consorcios, lo que quiere decir que también podría solicitarse
su incorporación como terceros civiles en el proceso penal.
- Siendo ello así, corresponde desestimar la articulación
formulada por la Defensa Técnica de los Consorcios, en el
sentido que no es posible incorporar a los Consorcios como
terceros civiles.
c) Se cumplió con individualizar a los imputados, entre ellos,
Alejandro Toledo Manrique, Josef Arieh Maiman Rapaport,
Avraham Dan On, Sabi Saylán, José Alejandro Graña Miró
Quesada, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, José
Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando
Alejandro Graña Acuña.
d) Se cumplió con precisar el relato circunstanciado de los delitos
materia de investigación preparatoria, referido a la Carretera
e) Se habría presentado la prueba documental que acreditaría su
derecho, pues presentó una pluralidad de elementos de
convicción encaminados a acreditar dicho derecho.
10.2.3. Sobre el vínculo jurídico entre el imputado y las
empresas emplazadas (personas jurídicas y consorcios):
Del mismo modo, existe un justificativo teórico para incorporar a las
siete empresas emplazadas como terceros civiles al presente proceso
penal, centrado en el criterio del beneficio, conforme se expone a
10.2.3.1. Sobre la configuración del vínculo jurídico (relación
Uno de los justificativos teóricos para incorporar a una persona o ente
jurídico como tercero civil al presente proceso penal, a fin que
responda con el imputado, viene a ser la existencia de un vínculo
jurídico entre el imputado y los terceros civiles, el cual tiene base
normativa y doctrinal, así tenemos que:
- El artículo 111.2 del CPP dispone que en la solicitud de
incorporación de un tercero civil al proceso penal debe indicarse
el vínculo jurídico con el imputado.
- El factor atributivo de responsabilidad que justificaría la
incorporación del tercero civil dentro del proceso penal sería la
denominada responsabilidad vicaria normada en el artículo
1981 del Código Civil, el cual exige una relación de dependencia
entre el principal y el subordinado –visto éste término en su
sentido lato, no restringido-, constituyéndose éste en un criterio
objetivo de asignación de responsabilidad civil, cuyo ámbito de
acción es amplio, sin que se haya restringa a una simple
relación formal o material, laboral o civil, de carácter
permanente, temporal o circunstancial.
- En efecto, uno de los supuestos de la relación de dependencia,
comprendería el caso, en donde el imputado es un funcionario
público que se relaciona directamente con la empresa
beneficiándola con las consecuencias del delito, de tal suerte
que dicha empresa, bajo la misma lógica, debería responder
civilmente por los riesgos que ello lleve aparejado (principio de
cuius commodas).
10.2.3.2. Sobre la invocación del vínculo jurídico en la
imputación fiscal:
En la imputación fiscal efectuada por el Ministerio Público, plasmada
en la Disposición Fiscal 19 de fecha 27 de Noviembre del 2017, se ha
hecho referencia al vínculo jurídico entre el imputado Alejandro
Toledo Manrique con las siete empresas emplazadas, así tenemos
a) En efecto, en la aludida Disposición Fiscal, específicamente en
los numerales 8, 16, 35, 43 y 44 se desarrolló dicho vínculo
jurídico en los términos siguientes:
“(…), se imputa a Alejandro Toledo Manrique que en su
condición de Presidente de la República defraudó al
Estado Peruano, concertándose con Jorge Henrique
Simoes Barata, representante de la empresa brasileña
Odebrecht, para favorecer a dicha empresa en el concurso
para la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico
Sur, Perú-Brasil, Tramos 2 y 3, hecho ocurrido entre los
Luego de adjudicada la buena pro, en el cierre del
proceso, los contratos de concesión de los tramos 2 y 3
del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú Brasil,
fueron firmados el 04/08/2005 por el Estado Peruano con
la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 SA y
Concesionarias Interoceánica Sur Tramo 3 SA.
Simoes Barata comunicó a José Alejandro Graña Miro
Quesada (Presidente de Graña y Montero SA), José
Fernando Castillo Dibós (Director de Ingenieros Civiles
y Contratistas Generales SA) y Fernando Martín
Gonzalo Camet Piccone (Presidente del Directorio de JJC
Contratistas Generales SA), de sus tratativas con
Alejandro Toledo Manrique para hacerse de la licitación
del Proyecto Vial Interoceánica Sur, Perú Brasil, a cambio
de un pago ilícito de dinero, a favor de Alejandro Toledo
En el acta de junta general de accionistas de fecha
01/6/2011 de CONIRSA SA, suscrita por Jorge Henrique
Simoes Barata (en representación de Odebrecht Perú
Ingeniería y Construcción SAC), Hernando Graña
Acuña (apoderado de GyM SA), Fernando Martín Camet
Piccone (apoderado de JJC Contratistas Generales SA) y
finalmente José Fernando castillo Dibós (apoderado de
Ingenieros Civiles y Contratistas SA) se decidió por
unanimidad una distribución de utilidades distinta a la que
correspondía al porcentaje de participación en la
sociedad, sustentándose en la supuesta existencia de
riesgos adicionales.”
b) De una simple revisión de la imputación fiscal se desprende que
el imputado Alejandro Toledo Manrique habría desplegado
conductas encaminadas a beneficiar a las siete empresas
emplazadas, específicamente de favorecer con el otorgamiento
de la buena pro a las dos empresas concesionarias, incluyendo
a las empresas conformantes de las mismas, a cambio del
otorgamiento de pagos ilícitos, los cuales, habrían sido
asumidos proporcionalmente por las empresas conformantes de
10.2.3.3. Sobre el fundamento del vínculo jurídico:
En cuanto al vínculo jurídico entre el imputado Alejandro Toledo
Manrique con las siete empresas emplazadas, la misma se habría
concretizado en gestiones que habría realizado éste, en beneficio de
las empresas emplazadas, por lo siguiente:
a) Se trata de un vínculo jurídico entablado entre el imputado
Alejandro Toledo Manrique -contando con la intermediación de los
demás investigados Maiman, Dan On, Weinstein y Saylan- con las
siete empresas emplazadas, conforme se desprende del propio
pedido escrito efectuado por la Procuraduría Pública (numeral
5.9 del mismo) y oralizado en la Audiencia Pública, bajo el
denominador común que éste habría realizado actos
encaminados a beneficiarlos con la buena pro, con impacto en
las dos concesionarias, empresas conformantes de las
concesionarias (Graña y Montero, JJC Contratistas e Ingenieros
Civiles y Contratistas Generales) y empresas que efectuaron el
reembolso de los pagos ilícitos (GyM SA y Odebrecht Perú
Ingeniería y Construcción SAC), bajo el siguiente detalle:
o Tratándose de los dos entes jurídicos, consistente en los
Consorcios, el punto de referencia fue el investigado
Toledo Manrique, quien terminó favoreciéndolos con el
otorgamiento de la buena pro para la Obra Pública de la
Carretera Interoceánica, es por ello que si dichos
consorcios resultaron beneficiados, en similar línea
debería responder por los daños que los mismos irroguen.
o En cuanto a las personas jurídicas, conformantes de los
dos consorcios (Graña y Montero, JJC Contratistas e
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales), en igual
sentido, si se parte de la premisa consistente en que
habrían sido beneficiados con el accionar de Toledo
Manrique, se entiende a través de los consorcios, en igual
sentido, deberán responder por los posibles daños que
causen, bajo la lógica del beneficio obtenido.
o Lo mismo acontece con las dos personas jurídicas que
participaron en el reembolso de los pagos ilícitos (GyM SA
y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC),
asumidos inicialmente por la empresa Odebretch –
mediante pagos efectuados por el grupo Odebrecht a favor del
investigado Alejandro Toledo Manrique a través de las cuentas
de Maiman, contándose con la intermediación de Dan On,
Saylan y Weinstein-, con lo cual se habría puesto de
manifiesto que dichos reembolsos se efectuaron, como
consecuencia del favorecimiento recibido en el
otorgamiento de la buena pro a los Consorcios y
empresas conformantes, siendo ello así, quien se
beneficia con una actividad, en igual sentido, debe asumir
los riesgos que conlleva la misma (daños causados).
b) Dicho vínculo jurídico graficaría una relación de dependencia
existente entre el imputado Alejandro Toledo Manrique con las
siete empresas emplazadas, normado en el artículo en el
artículo 1981 del CC, el cual ha consagrado un tipo de
responsabilidad objetiva, y que debe ser entendido en el
sentido más amplio posible, al tratarse de una relación de facto,
circunstancial, y de naturaleza civil (debido a que comprendería
toda actividad realizada por el imputado en beneficio de las
empresas emplazadas).
c) De lo anterior se desprende que con las conductas desplegadas
por el imputado Alejandro Toledo Manrique se habría favorecido
a las siete empresas emplazadas, es por ello que debe asumir
los daños causados por los delitos, bajo la regla según el cual
quien se beneficia con una actividad, igualmente debe asumir
los riesgos que la misma trae aparejada (bajo el principio del
10.2.4. Sobre las articulaciones de las Defensas Técnicas:
Las Defensas Técnica de las siete empresas emplazadas, de cara a su
incorporación como terceros civiles, se han opuesto a los mismos,
invocando diversas articulaciones, las cuales corresponde examinar a
10.2.4.1. Sobre la participación de las empresas en el hecho
Las Defensas Técnicas de las empresas Graña y Montero, G y M, JJC
Contratistas Generales han señalado que “sus representadas no
habrían participado en el hecho generador del daño (acuerdo
ilícito entre Simoes Barata con Toledo Manrique), y del cual no
habrían tenido conocimiento”, la misma que no es de recibo por
éste Despacho, debido a que:
- La incorporación de las siete empresas como terceros civiles no
se habría sustentado en el criterio de la simple relación de
dependencia, sino en el criterio del cuius commodas, en alusión
al vínculo entablado entre Alejandro Toledo Manrique con
dichas empresas, bajo la lógica de haberlos favorecido en el
otorgamiento de la buena pro, en cuyo caso, también dichas
empresas deberían responder por los presuntos delitos
cometidos (quien se beneficia con algo, igualmente debe
responder por los delitos cometidos en el ejercicio de dicha
- Con relación al tópico concerniente a si las empresas habrían
tenido o no conocimiento sobre el acuerdo ilícito entre Toledo
con Simoes Barata, la misma deviene en impertinente, en vista
que la base de la incorporación de las siete empresas
emplazadas no radicó en dicho hecho, sino en el conducta de
favorecimiento que desplegó Toledo Manrique a favor de las
10.2.4.2. Sobre la aplicación de la Ley 30737:
Las Defensas Técnicas de las empresas Graña y Montero, GyM e
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA indican que “el
pedido no ha tenido en cuenta la Ley 30737, en el sentido que
la responsabilidad sería mancomunada (mas no solidaria), y
que por ende correspondería desestimar el pedido, a fin que lo
presente con las formalidades de ley”, la misma que debe
desestimarse, por lo siguiente:
a) Dicho cuestionamiento resultaría insuficiente para rechazar
dicho pedido, debido a que se trata de un acto postulatorio
inicial que ha sido examinado de cara a la incorporación de las
empresas emplazadas como terceros civiles al presente proceso
penal, sin que la misma constituya un pronunciamiento sobre el
b) En todo caso, se trata de un tema de puro derecho y que atañe
al fondo del asunto, y que debe ser materia de debate durante
la etapa intermedia, o de cara a la decisión final, en donde se
establecerá la normatividad que debe ser aplicada a dicho caso
concreto, esto es, si es de aplicación o no la Ley 30737, para
con ello definir si debe aplicarse la responsabilidad solidaria o
10.2.4.3. Sobre la no existencia de prohibiciones para
incorporar a una empresa como tercero civil:
La Defensa Técnica de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC
sostiene que “no podría incorporarse como tercero civil a su
representada, debido a que no podría utilizarse en su contra
pruebas que habría aportado a las autoridades peruanas”,
articulación que debe ser desestimada, atendiendo a que no existe
norma procesal que prohíba su incorporación como tercero civil al
presente proceso penal, además dicho asunto no sería óbice para que
se someta a la Ley 30737.
UNDECIMO: VICISITUDES PROCESALES QUE IMPIDIERON QUE
SE EMITA PRONUNCIAMIENTO EN SU OPORTUNIDAD:
La presente decisión judicial se emite en la fecha, debido a que se
han presentado una pluralidad de vicisitudes procesales que han
impedido que se expida la misma en su oportunidad, entre ellos, la
sobre carga procesal que tuvo que afrontar el Juzgado, ya que se
tuvo que atender al mismo tiempo diversos requerimientos de prisión
preventiva, medidas restrictivas de derechos (Expedientes 299-2017,
caso Keiko Fujimori Higuchi y otros), Audiencias Públicas sobre
diversas materias (Expediente 146-2015, Caso Barrio King, en donde
se encuentra investigado Gerson Adair Gálvez Calle y otros), y la
atención diarias de pedidos formulados por los sujetos procesales.
Por éstas consideraciones, y estando a las normas jurídicas
invocadas, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
PRIMERO: CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento sobre el
pedido de incorporación de las empresas Constructora Norberto
Odebrecht SA (matriz de Brasil) y Constructora Norberto Odebrecht
SA (Sucursal Perú) como TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES al
presente proceso penal, planteado por la Procuraduría Pública, debido
a que dichas personas jurídicas ya han sido incorporados como
terceros civilmente responsables al presente proceso penal (mediante
resolución judicial 5 de fecha 06 de Abril del 2017 en el incidente 16-
2017-33).
SEGUNDO: DECLARAR FUNDADO el pedido de incorporación de las
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA, GyM SA, Odebrecht
Perú Ingeniería y Construcción SAC, Concesionaria Interoceánica Sur
Tramo 2 SA y Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 SA como
terceros civilmente responsables al presente proceso penal, planteado
por la Procuraduría Pública, y en consecuencia, SE DISPONE: LA
INCORPORACION COMO TERCEROS CIVILMENTE
RESPONSABLES de dichas personas jurídicas al presente proceso
penal, conforme al siguiente detalle:
a) GRAÑA Y MONTERO S.A.A. identificada con Registro Único de
Contribuyentes N° 20332600592 e inscrita en la Partida Electrónica
N° 11028652 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral
N° IX - Sede Lima de la SUNARP, con domicilio en Av. Paseo de la
República Nº 4675 – distrito de Surquillo, provincia y
departamento de Lima, representada al momento de los hechos
investigados por: José Graña Miro Quesada, identificado con DNI N°
08266298 y Hernando Graña Acuña, identificado con DNI N°
07806723; y, representada a la fecha por: MARIA DEL CARMEN
DAVILA RIOS, identificada con DNI N° 41068760, domiciliada en
Valle Riestra N° 978 – distrito de Pueblo Libre, provincia y
b) JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. identificada con Registro
Único de Contribuyente N° 20100163471 e inscrita en la Partida
Electrónica N° 11013380 del Registro de Personas Jurídicas de la
Zona Registral N° IX - Sede Lima de la SUNARP,con domicilio legal en
Av. Alfredo Benavides Nº 768, interior P9, Urbanización Leuro
– distrito de Miraflores, provincia y departamento de
Lima,representada al momento de los hechos investigados por:
Fernando Camet Piccone, identificado con DNI N° 093377498 y Juan
Pedro Portaro Camet identificado con DNI N° 08236569; y,
representada a la fecha por ALFREDO ROMERO UMLAUFF
identificado con DNI N° 07811082 , domiciliado en Calle El Rosario
N° 484 Dpto. 1502 – distrito de San Isidro, provincia y departamento
c) INGENIEROS CIVILES y CONTRATISTAS GENERALES S.A.
identificada con Registro Único de Contribuyentes N°
20100114187e inscrita en la Partida Electrónica N° 11016091 del
Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX - Sede Lima
de la SUNARP, con domicilio en Av. Aramburu Nº 651, Urb.
Limatambo – distrito de San Isidro, provincia y departamento de
Lima,representada al momento de los hechos investigados por: José
Javier Jordán Morales identificado con DNI N° 08206609, y Carlos
Roque Rueda identificado con DNI N° 00220120 y, representada en la
actualidad por los representantes legales: MARGARET CARRILLO
ESPINOZA identificada con DNI N° 41195920 y con domicilio en
Calle Diez Canseco N° 276 Cuarto Piso Dpto. P – distrito de
Miraflores, provincia y departamento de Lima; KAREN ADELINNE
GAMARRA MORENO identificada con DNI N° 41849912 y
domiciliada en Calle Los Brillantes N° 595 Dpto. 405 Urbanización
Santa Inés - Trujillo, provincia y departamento de La Libertad;
YAZMIN MARTHA SEVILLA NIETO identificada con DNI N°
42170635 y domiciliada en Calle 9 162 Urbanización Los Precursores
– distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima;
LOU–ANN ITHARINA FLORES SÁNCHEZ identificada con DNI N°
45679226 y domiciliada en Calle Mallorca 139 Etapa 1 Mz V1 Lote
18 Urbanización Mayorazgo – distrito de Ate, provincia y
departamento de Lima; ROBERTO JORGE LARA BRAVO identificado
con DNI N° 42390562 y domiciliado en Calle Cesar Vallejo N° 350
Dpto. 1502 El Fundo Lobatón – distrito de Lince, provincia y
departamento de Lima; JUAN MIGUEL ROJAS ASCÓN identificado
con DNI N° 43502497 y domiciliado en Calle General Artigas N° 525
Dpto. 403 – distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de
Lima; y RICARDO ANTONIO SÁNCHEZ RÁZURI identificado con
DNI N° 46129955, con domicilio en Mz J Lote 8 Los Precursores –
distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.
d) CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 2 S.A.
identificada con Registro Único de Contribuyentes N° 20511125040
e inscrita en la Partida Electrónica N° 11769757 del Registro de
Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX - Sede Lima de la
SUNARP, con domicilio en Av. Víctor Andrés Belaunde N° 280,
Int. 502, Urb. El Rosario – distrito de San Isidro, provincia y
por Jorge Henrique Simoes Barata con Pasaporte Brasileño N°
576469 y José Graña Miro Quesada identificado con DNI N°
08266298 y, representada en la actualidad por CARLOS JORGE
FIERRO GARCÉS identificado con DNI N° 25681295, domiciliado en
Calle Mariano Melga MZ L Lote 21 Dpto. 201 Urb. Santa Raquel -
distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima.
e) CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR - TRAMO 3 S.A.
identificada con Registro Único de ContribuyentesN° 20511129975e
inscrita en la Partida Electrónica N° 11769980del Registro de
Interior 502, Urb. El Rosario – distrito de San Isidro, provincia
y departamento de Lima; representada al momento de los hechos
08266298 y, representada a la fecha por; MAURICIO CRUZ LOPES
identificado con Carné de Extranjería N° 000155121; ROGER
FERNANDO LLANOS CORREA identificado con DNI N° 10276998,
domiciliado en Domingo de la Presa N° 147 Dpto. 201 Valle Hermoso
WILBER RAPHAEL EDMUNDO CARPIO PACHECO, identificado con
DNI N° 41227240, con domicilio en Mirasol de Cayma Mz. F, Lote
21, distrito deCayma, provincia y departamento de Arequipa; y
GONZALO ESTUARDO CALDERÓN ABANTO identificado con DNI
N° 18822785, domiciliado en Av. Túpac Amaru N° 1331 Urb.
Mochica, distrito de Trujillo, provincia y departamento de La
f) G Y M SA, identificada con Registro Único de ContribuyentesN°
20100154057e inscrita en la inscrita en la Partida N° 11006796del
de la SUNARP, con domicilio en Avenida Paseo de la Republica N°
4675 – distrito de Surquillo, provincia y departamento de
Lima; representada al momento de los hechos por Juan Manuel
Lambarri Hierro, identificado con DNI N° 08249293; y representada
a la fecha por CESAR ELI ROJAS SOTO identificado con DMN°
4095990.
g) ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC.
identificada con Registro Único de Contribuyentes N° 20166012687 e
inscrita primigeniamente en la Partida N° 11000180 del Registro de
Personas Jurídicas de la Zona Registral N° V- Sede Trujillo de la
SUNARP y actualmente por cambio de domicilio en la Partida N°
13785823 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N°
IX - Sede Lima de la SUNARP, con domicilio en Avenida Víctor Andrés
Belaunde N° 280, Interior 502 (cruce con calle Las Palmeras) –
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima;
representada al momento de los hechos por: Jorge Henrique Simoes
Barata identificado con Pasaporte Brasileño N° 576469 y Raymundo
Nonato Trindade Serra identificado con carné de extranjería N°
000071156; y representada a la fecha por: RICARDO LUIS MACHADO
WEYLL, identificado con carné de extranjería N° 000745611,
LOURDES LUISA CARREÑO CARCELEN identificada con DNI N°
09648203 domiciliada en Calle Independencia N° 644, urbanización
Pando – distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima,
EDGAR ENRIQUE RODAS HUERTAS, identificado con DNI N°
17910109, domiciliado en Manzana K 14, urbanización Los Pinos –
distrito de Trujillo, provincia y departamento de La Libertad, JAVIER
ARTURO FLORES LIGARDA, identificado con DNI N° 10306943,
domiciliado en Jirón Las Rosas N° 438, urbanización El Remanso de
La Molina – distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima;
y BRUNO SOUZA RABELLO SANTOS, identificado con Carnet de
Extranjería N° 001051305.
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 artículo 100
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 artículo
1981

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