Source: https://it.scribd.com/doc/67848068/La-Prueba-en-El-Nuevo-Proceso-Penal-Manual-de-Derecho-Probatorio-de-La-Valorizacion-de-Las-Pruebas-en-El-Ncpp-Pablo-Talavera-Elguera
Timestamp: 2020-08-11 10:50:00+00:00

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La Prueba en El Nuevo Proceso Penal. Manual de Derecho Probatorio de La Valorizacion de Las Pruebas en El Ncpp. Pablo Talavera Elguera | Evidencia (ley) | Caso de ley
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LA PRUEBA - En el Nuevo Proceso Penal
L A P RUEBA
En el Nuevo Proceso Penal
MANUAL DEL DERECHO PROBATORIO Y DE LA VALORIZACION DE LAS PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL COMÚN
Derechos Reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de este libro por cualquier medio, sin permiso expreso por escrito de los editores.
Los autores son responsables de la selección y presentación de los hechos contenidos en este Manual, así como de las opiniones expresadas en él y no necesariamente reflejan los puntos de vista del Proyecto RPP F2.
Annie de Ordóñez
3,000 ejemplares - Primera Edición - Marzo 2009
Nº 2009-04244
978-9972-854-53-8
Henry Alexander Figueroa Mandaré - Jirón Tiahuanaco No. 1555
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EL DERECHO A LA PRUEBA 2.1.- Noción 2.2.- Alcance
El derecho a ofrecer medios de prueba
El derecho a que los medios de prueba ofrecidos sean admitidos
El derecho a que se actúen adecuadamente los medios de pruebas
admitidos El derecho a que se asegure la producción o conservación de la
prueba El derecho a una valoración racional de las pruebas actuadas
La obligación de motivar el razonamiento probatorio
2.3.- Límites
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y ACTIVIDAD PROBATORIA 3.1.- Noción 3.2.- Alcance 3.3.- Límites
LA LEGITIMIDAD DE LA PRUEBA 4.1.- Noción
Prueba prohibida o prueba ilícita
LOS HECHOS Y LAS NORMAS JURÍDICAS
DISTINCIÓN ENTRE HECHO EXTERNO, HECHO PERCIBIDO Y HECHO INTERPRETADO
EL TEMA DE PRUEBA Y LA TEORÍA DEL CASO
LOS HECHOS NO CONTROVERTIDOS Y LOS HECHOS ADMITIDOS
LA RELEVANCIA JURÍDICA DE LOS HECHOS
El principio de comunidad o de adquisición
EL ORDEN DE ACTUACIÓN PROBATORIA
LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL
El examen o interrogatorio directo de testigos
EL PRINCIPIO DE APORTACIÓN DE PARTE. LA PRUEBA DE OFICIO
a) El testigo en el nuevo Código Procesal Penal
LA OPORTUNIDAD EN QUE DEBE SER OFRECIDA LA PRUEBA
b) La práctica del examen o interrogatorio directo
LOS PRINCIPIOS QUE REGULAN LA APORTACIÓN Y LA ADMISIÓN DE
El contra examen contrainterrogatorio de testigos
Nuevo interrogatorio de testigos
Principio de libertad de prueba
Examen especial de testigos
Principio de conducencia
Actuación de la prueba material
La actuación de otros medios de prueba
Principio de necesidad. Las convenciones probatorias
4.10.-La presentación y lectura de la prueba documental
4.11.-La prueba sobre la prueba
1.- NOCIÓN
LA PRUEBA ANTICIPADA 1.1.- Supuestos de la prueba anticipada
a) La prueba testimonial
b) El examen de perito
c) El careo entre personas que han declarado
Sistema de prueba legal o tasada
Sistema de libre convicción
d) Reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones
Oportunidad y sujetos legitimados
1.3.- Procedimiento
LAS REGLAS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL SOBRE LA VALORACIÓN
LAS REGLAS SE LA SANA CRÍTICA
Los principios o reglas de la lógica
1.4.- Recurso
Las reglas o máximas de la experiencia
Las reglas de la ciencia o los conocimientos científicos
EL EXAMEN INDIVIDUAL DE LAS PRUEBAS
LA PRUEBA PRECONSTITUIDA 2.1.- Utilización en el juicio de las fuentes de prueba halladas en la
Concepto y características de la prueba preconstituida
a) El juicio de fiabilidad probatoria
b) Interpretación del medio de prueba
2.3.- Semejanzas y diferencias entre la prueba anticipada y la prueba
c) El juicio de verosimilitud
d) La comparación entre los resultados probatorios y los hechos alegados
EL EXAMEN DE CONJUNTO O GLOBAL DE LAS PRUEBAS
LA EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y LOS CRITERIOS ADOPTADOS
LA PRUEBA SE ACTÚA EN EL JUICIO
LOS PRINCIPIOS DE LA FORMACIÓN DE LA PRUEBA
Consideraciones sobre su fuerza probatoria y admisibilidad
Pautas o criterios para la valoración de la declaración del coimputado
a) Ausencia de incredibilidad subjetiva
b) Veros im i l i tud de la incr im inac ión : concurrenc ia
corroboraciones periféricas objetivas
c) Persistencia en la incriminación: ausencia de ambigüedades y de contradicciones
EL TESTIMONIO ÚNICO
LOS ARREPENTIDOS O COLABORADORES
LA PRUEBA POR INDICIOS 7.1.- Concepto
Características de la prueba indiciaria
a) El indicio
b) La inferencia
c) El hecho indicado
a) De acuerdo con la incidencia que tenga en el hecho indicado:
puede ser necesario o contingente
b) Según su relación en el tiempo con el hecho indicador: pueden ser
antecedentes, concomitantes o subsiguientes
Requisitos para la eficacia probatoria de los indicios contingentes
La prueba por indicios en la jurisprudencia nacional
LOS LÍMITES AL DERECHO A LA PRUEBA
LA NOCIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA
POSTURAS SOBRE LA ADMISIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA
LOS EFECTOS REFLEJOS DE LA PRUEBA ILÍCITA
5.- EVOLUCIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA EN LA JURISPRUDENCIA
LAS EXCEPCIONES A LA EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA
— Fuente independiente
— Descubrimiento inevitable
— Los testimonios dotados de voluntad autónoma
— Seguridad jurídica
— La ponderación de intereses
CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA ILICITUD DE LA PRUEBA
MECANISMOS DE CONTROL DE LA PRUEBA ILÍCITA
LA PRUEBA ILÍCITA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
La Academia de la Magistratura cumple un rol fundamental en l a capacitación de
jueces, fiscales y personal auxiliar jurisdiccional y fisc al, en el conocimiento y manejo del nuevo modelo procesal diseñado por el Código Procesal Pe nal de 2004, tanto desde una perspectiva teórica como práctica, única forma de imple mentar una nueva cultura procesal penal. Ya lo hemos señalado, el acceso a una justicia penal oportuna y transparente como parte del servicio de impartición de jus ticia es quizás uno de los puntos más sensibles y de mayor dedicación de cara al ciudada no.
Nuestra capacitación comprende no sólo el dictado de cursos sino también la elaboración de materiales de estudio y especialmente la edi ción y difusión de manuales que desarrollan las novísimas instituciones del C ódigo Procesal Penal, que constituyen herramientas académicas tanto para los cursos impartidos por la Academia de la Magistratura como de necesaria consulta por l os jueces y fiscales en su
quehacer jurisdiccional y fiscal, pues insistiremos en el f ortalecimiento de los
conocimientos de nuestros discentes a fin de que puedan enfr entar el reto de cambio
con los mejores instrumentos a su alcance.
En ese contexto, nos toca presentar la obra escrita por el pro fesor, magistrado y actual
miembro del Consejo Directivo de la Academia de la Magistrat ura Pablo Talavera Elguera “Manual de la Prueba en el Nuevo Proceso Penal”, quie n con el esfuerzo realizado y el talento que lo caracteriza, se ve concretada e sta importante obra, que combina y realzan sus ya reconocidas calidades profesional es, académicas y la práctica jurídica a través del ejercicio de la función juris diccional, constituyendo de
forma ideal la manera más correcta de conocer el derecho de un país, con mayor
razón si se trata del derecho procesal penal.
La presente obra, ha sido elaborada como parte del Proyecto R eforma Procesal Penal que lleva a cabo la Cooperación Alemana al Desarrollo – GTZ, i nstitución con la que la
Academia conjuga esfuerzos de capacitación en el marco del p roceso de implementación progresiva del nuevo Código Procesal Penal .
La obra constituye un aporte esencial a la difusión y compren sión de las reglas sobre derecho probatorio contenidas en el nuevo Código Procesal Penal. Destaca en la misma la claridad y sencillez expositiva de las diversas ins tituciones sobre la prueba, pero con respaldo riguroso de la doctrina procesal contempo ránea y el permanente empleo de la jurisprudencia elaborada por el Tribunal Const itucional y la Corte Suprema de Justicia de la República, lo que la convierte en un valioso material de consulta.
El autor no sólo describe las diversas instituciones del der echo probatorio, sino que asume posiciones sobre problemas probatorios tan relevant es y álgidos como la iniciativa probatoria del juez penal, afirmando su empleo p ero con los matices que en la obra se indican, sin que ello signifique sustituir a las pa rtes. En ese sentido sus propuestas guardan fidelidad con las normas del nuevo Códig o y se alejan de modelos ideales o foráneos.
El manual, tiene como destinatarios a los operadores del sis tema de justicia, cuyos roles están claramente definidos en el nuevo Código Procesa l Penal: jueces, fiscales, abogados y policías. Y es precisamente en el tema probatorio que cada uno de ellos cumple un papel primordial, el policía en el aseguramiento y búsqueda de fuentes de prueba, el fiscal en el aporte del material probatorio de car go y su sustentación en el juicio, el abogado como sujeto que aporta prueba y controla e l ingreso del material probatorio de cargo, mientras que al juez le corresponde con trolar la actividad probatoria, y formar convicción sobre los hechos y la respon sabilidad penal, y tomar la decisión que corresponda.
La Academia de la Magistratura se complace por la encomiable labor académica de uno de los miembros de su Consejo Directivo y estamos seguros que la presente publicación fortalecerá la formación de jueces y fiscales, factor esencial para el logro de una eficiente y eficaz impartición de la justicia penal, a la altura de las necesidades de nuestra población.
Al presentar esta obra a la comunidad jurídica, hay que salud ar gratamente este ambicioso aporte intelectual, el mismo que ha sido fruto de l a labor paciente, meditada e inteligente del profesor Talavera Elguera.
Fiscal Supremo Presidente de la Academia de la Magistratura
Luego de promulgado el nuevo Código Procesal Peruano se produjo una difusión masiva del modelo acusatorio, de los principios del nuevo proceso penal y de las técnicas de litigación, en esa línea se inscribió nuestro trabajo anterior como un estudio preliminar del código del 2004. Sin embargo, cuatro años después, su puesta en vigencia en los Distritos Judiciales de Huaura, La Libertad, Tacna, Moquegua y Arequipa, y la carencia de estudios jurídicos sobre las diversas instituciones de la novísima legislación procesal, hacen necesaria la publicación de manuales, monografías y artículos en los que se analicen y sistematicen las diversas disposiciones del nuevo código. Bajo esa perspectiva es que presentamos esta publicación acerca de la prueba en el nuevo proceso penal.
Esa necesidad de contar con estudios jurídicos orientados a la aplicación práctica el Código Procesal Penal por los operadores de justicia, fue el impulso inicial que tuvo Horst Schoenbohm, asesor principal del Proyecto de Reforma Procesal Penal de la Cooperación Alemana para el Desarrollo–GTZ para requerir nuestra participación en un proyecto dirigido a elaborar un manual de derecho probatorio que contribuyera a un mejor conocimiento y aplicación de las reglas de Derecho probatorio del nuevo código.
El presente trabajo constituye una exposición sencilla, pero rigurosa, de las reglas de Derecho probatorio del nuevo Código Procesal Penal. La sencillez de la exposición no es contraria a las exigencias de claridad y consistencia conceptual; antes bien, se ha tratado de presentar cada institución probatoria con un lenguaje claro, pero fundamentado en la doctrina más relevante, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así como en las sentencias vinculantes y Acuerdos Plenarios de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República.
La obra está dirigida, principalmente, a los operadores del sistema de justicia, jueces, fiscales, abogados y policías. Por la temática desarrollada, se espera que sirva para identificar y utilizar los principios que informan la actividad probatoria, conocer los alcances y límites de las instituciones del Derecho probatorio, así como contribuir a la solución de problemas relativos a la aplicación de las normas del nuevo código.
Desde la perspectiva teórica, este trabajo se inscribe en una concepción racionalista acerca de la prueba, cuyas tesis centrales expuestas por JORDI FERRER consisten en:
a) la averiguación de la verdad como objetivo institucional de la actividad probatoria; b) la aceptación del concepto de verdad como correspondencia; c) el recurso a metodologías y análisis propios de la epistemología general para la valoración de la prueba; sin desconocer la concurrencia de algunas normas jurídicas como criterios racionales para la valoración dentro de un sistema de libre apreciación.
Se ha dividido el trabajo en ocho capítulos, que si bien no abarcan todas las instituciones del Derecho probatorio, sí tratan puntualmente todas las fases de la actividad probatoria
y los principales problemas de admisión, práctica y valoración de la prueba en el proceso penal.
En el primer capítulo se desarrollan las bases constitucionales de la prueba penal. El derecho a la prueba y la presunción de inocencia a la vez que los derechos fundamentales, se constituyen en elementos configuradores de las normas sobre la actividad probatoria. Se abordan, pues, la noción, los alcances y límites de tales derechos, tanto desde una perspectiva constitucional como procesal, a partir de las disposiciones del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal que los recoge; así como los problemas de interpretación que se derivan del tratamiento de dichos derechos.
El segundo capítulo está referido al tratamiento de los hechos, base esencial para el desarrollo de la actividad probatoria. De poco serviría conocer los principios y reglas sobre la prueba, si no se distingue la forma en que se producen los hechos, fase en la cual se evidencian problemas de percepción e interpretación. Como afirmaba antes KARL LARENZ y ahora MICHELE TARUFFO, los hechos no están aislados de las normas.
Los actos de aportación y admisión de la prueba son tratados en el tercer capítulo. Se destaca la postura del nuevo código acerca de la prueba de oficio como excepción al principio de aportación de parte, la misma que no es incompatible con el modelo acusatorio ni pone en duda la imparcialidad del juzgador. Se desarrollan los principios que regulan la aportación y admisión de la prueba, así como lo relativo a las convenciones probatorias.
En el cuarto capítulo se reflexiona sobre la manera de asegurar la producción o
conservación de la prueba, que ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional como contenido constitucionalmente protegido del derecho a la prueba. La prueba anticipada
y la prueba preconstituida se erigen en las formas esenciales de aseguramiento y
conservación de fuentes de prueba; su tratamiento, además de novedoso, es de suyo importante por cuanto el nuevo código las asimila a los actos de prueba. En esta parte se trata también la cadena de custodia en tanto elemento de aseguramiento y conservación de fuentes de prueba.
La actuación o práctica de los medios de prueba es tratada en el quinto capítulo. Tanto el fiscal como el abogado, de acuerdo a su teoría del caso, deben elaborar las estrategias adecuadas y eficaces para sostener su teoría y debilitar la del contrario; para tal efecto no tienen más oportunidad que la fase de práctica de las pruebas, pues una vez actuada una prueba, su valoración solo queda en manos del juzgador. Es indispensable que los operadores conozcan, conforme a las reglas del nuevo código, los principios que se utilizan para la formación de la prueba (publicidad, contradicción, inmediación y oralidad), así como la forma en que deben utilizar las técnicas para el convencimiento del juez o tribunal. Con frecuencia los jueces confunden el principio de inmediación, utilizándolo como un instrumento para la formación del convencimiento, cuando en realidad solo sirve para la formación de la prueba como instrumento de la publicidad y contradicción. Estos temas son abordados de manera clara y puntual en este capítulo.
El sexto capítulo está referido a la valoración de la prueba, que se considera la fase medular de toda la actividad probatoria. Por lo general, los manuales de Derecho procesal solo se limitan a señalar las reglas conforme a las cuales se valora la prueba, sin establecer el contenido de las mismas ni cómo se desarrolla el proceso de valoración. En el presente trabajo, además de tratar sobre el contenido de las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, se presenta el examen individual de las pruebas, el examen de conjunto o global de las pruebas, así como la exposición de los resultados obtenidos y los criterios adoptados.
Sin duda, el tema estelar o de actualidad no es otro que las reglas o pautas específicas de valoración, que son tratadas en el capítulo séptimo. Dichas reglas constituyen una excepción dentro del sistema de libre valoración. Se trata de una prueba legal, pero de carácter negativo; esto es, que en ningún caso su aplicación conllevaría el riesgo de un falso positivo. Antes bien, están destinadas a dotar de mayor racionalidad la valoración de las declaraciones de los coimputados, colaboradores, testigos de referencia, testigo único, víctima o la aplicación de la prueba por indicios.
En el último capítulo se trata la prueba ilícita, tema de moda en nuestro país, y no solo desde una perspectiva de doctrina y jurisprudencia comparadas. También abordamos temas muy poco tratados como es el caso de las consecuencias jurídicas de la ilicitud en la obtención de la fuente de prueba, los mecanismos de control de la prueba ilícita y el análisis de las normas relativas a la prueba ilícita en el nuevo Código Procesal Penal.
Por cierto, la variedad de temas de Derecho probatorio tratados no solo no abarcan todas las normas que sobre prueba nos trae el nuevo Código Procesal Penal, sino que además cada tema bien podría dar lugar a una monografía. Por tal razón, los argumentos y posturas expuestas en este trabajo no son sino elementos para la discusión jurídica, pautas para la práctica legal, antes que posiciones acabadas o un “solucionario” a los inacabables problemas probatorios.
La presente obra no hubiese podido llegar a su término sin el invalorable apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo – GTZ y los agudos comentarios y sugerencias de Horst Schoenbohm a cada capítulo de esta obra. Aún cuando por razones de tiempo no se ha sometido al comentario de otros colegas, es oportuno rendir un homenaje a tres juristas peruanos, impulsores de la reforma procesal penal en nuestro país y mejores amigos, que de una u otra manera han colaborado en la afirmación de mi inquietud académica y docente por el Derecho procesal penal, César San Martín Castro, brillante magistrado de la Corte Suprema, autor principal del nuevo Código Procesal Penal y reconocido tratadista de talla internacional; Florencio Mixán Mass, ilustre profesor y autor de magníficas obras en la materia probatoria; y Arsenio Oré Guardia, destacado maestro, impulsor de las ideas renovadoras de nuestro proceso penal y desinteresado artífice de las futuras generaciones de procesalistas penales.
BASES CONSTITUCIONALES DE LA PRUEBA PENAL
Es deber primordial del Estado garantizar, de un lado, la plena vigencia de los derechos humanos y, de otro, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; así reza el artículo 44° de la Constitución. Tal disposición no hace sino reflejar la permanente tensión que existe en el Estado entre los intereses de la seguridad colectiva y los derechos fundamentales y libertades individuales, que a decir de ASENCIO MELLADO se presenta con mayor intensidad en el proceso penal .
La razón estriba en que el proceso penal persigue la realización de la pretensión punitiva mediante el descubrimiento de los actos delictivos y de sus autores, para lo cual limita en la práctica derechos fundamentales de los ciudadanos, siendo necesario que despliegue tal actividad respetando el contenido esencial de los derechos, garantías y principios constitucionales. De ahí que la estrecha relación entre Constitución y proceso penal ha llevado a señalar a SCHMIDT que la ordenanza procesal penal no es otra cosa que una ley de ejecución de la ley fundamental de Bonn (Derecho Constitucional aplicado); a GOLDSCHMIDT , que la estructura del proceso penal de una nación no es otra cosa que el termómetro de los elementos corporativos o autoritarios de su Constitución; y a ROXIN a considerar al proceso penal como el sismógrafo de la Constitución estatal, de modo tal que cada cambio esencial en la estructura política también conduce a transformaciones del procedimiento penal.
La Constitución se convierte así en el referente por antonomasia, no solo del legislador procesal penal sino de toda actuación de los encargados de la persecución penal, y de las personas que de una u otra manera se ven vinculadas a un caso penal. Esta afirmación implica un deber de protección de los derechos fundamentales durante todo el proceso penal; lo que no significa la omisión de tutelar otros bienes o valores jurídicos constitucionalmente valiosos, en la medida que tales derechos son relativos y no absolutos. Por ello el Tribunal Constitucional
ASENCIO MELLADO, José María. “El proceso penal con todas las garantías”. En: Revista Ius et Veritas N° 33. Lima, diciembre de 2006.
SCHMIDT, Eberhard.
Editora Lerner. Córdoba 2006, pág. 192.
Solo si se tiene en cuenta esto, la interpretación y la aplicación de la ordenanza procesal penal podrá realizarse con sentido constitucional, es decir, con sentido político jurídico (SCHMIDT,
GOLDSCHMIDT, James. Problemas jurídicos y políticos del proceso penal . En:
generales del proceso , Volumen I. Editorial Jurídica Universitaria. México 2003, pág. 106.
Los fundamentos teóricos y constitucionales del Derecho procesal penal
. Editores del Puerto. Buenos Aires 2000, pág.10.
, pág. 192). “
ha sostenido que el respeto de los derechos fundamentales de los procesados no es incompatible con el deber de los jueces de determinar, dentro de un proceso penal debido, la responsabilidad penal del imputado [STC 9081-2006-PHC/TC].
Los derechos fundamentales, y no solo los reconocidos expresamente como tales en el Capítulo I del Título I de la Constitución sino también los no enumerados o implícitos —lo que da lugar a que en nuestro ordenamiento todos los derechos fundamentales sean a su vez constitucionales—, en opinión de PECES-BARBA, expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica. Como apunta nuestro Tribunal Constitucional, si bien el reconocimiento positivo de los derechos fundamentales (frecuentemente, en la Norma Fundamental de un ordenamiento) es presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del Estado y de los propios particulares, también lo es su connotación ética y axiológica, en tanto manifiesta concreciones positivas del principio-derecho de dignidad humana, preexistente al orden estatal y proyectado en él como fin supremo de la sociedad y del Estado [STC 1417-2005-AA/TC].
Como se ha dicho, todo derecho fundamental ha de reputarse un derecho constitucional y como tal es exigible por cualquier persona —incluso por una persona jurídica, de acuerdo a los alcances de cada derecho—. Sin embargo, respecto a su eficacia, se deben distinguir aquellos derechos fundamentales cuya configuración requiera de la asistencia de la ley, lo que no significa que carezcan
de un contenido per se
inmediatamente exigible a los poderes públicos, ya que una
interpretación en dicho sentido sería contraria al principio de fuerza normativa de la Constitución. Lo único que este hecho implica es que, en tales supuestos, la ley
para la culminación de la delimitación
se convierte en un requisito
concreta del contenido directamente atribuible al derecho fundamental [STC
1417-2005-AA/TC].
Otra distinción capital que es menester efectuar es la que se produce entre las garantías y los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales engendran derechos subjetivos, mientras que las garantías no; de ahí que puedan ser limitadas. Las garantías persiguen el aseguramiento de det erminadas instituciones jurídicas [STC 9955-2006-PHC/TC].
El deber de proteger los derechos fundamentales exige de los jueces —en especial— y de los demás operadores jurídicos, observar los precedentes y la jurisprudencia vinculantes del Tribunal Constitucional. El máximo intérprete de la Constitución viene sosteniendo a lo largo de los últimos dos años que sus sentencias normativas y sus precedentes con efectos normativos se estatuyen como fuente de Derecho y vinculan a todos los poderes del Estado y a los particulares [STC 3741-2004-AA/TC, caso Salazar Yarlenque]. En tanto que su jurisprudencia —en la medida que constituya interpretación de la Constitución y sus principios— es vinculante para los jueces al momento de interpretar y aplicar la normatividad vigente en sus fallos, conforme lo establece el artículo VI del Código Procesal Constitucional. En la aludida sentencia, e l Tribunal Constitucional señala, además, que si bien tanto la jurisprudencia como el precedente constitucional tienen en común la característica de su efecto vinculante —en el sentido de que ninguna autoridad, funcionario o particular puede resistirse a su cumplimiento obligatorio—, el Tribunal, mediante el
precedente constitucional, ejerce un poder normativo general, dando lugar a una norma a partir de un caso concreto.
Pero, como es lógico, tan relevantes y amplias atribuciones, en ocasiones —particularmente cuando se trata de resoluciones jurisdiccionales—, corren el riesgo de llegar a un punto en el cual sus competencias puedan afectar las atribuciones de la jurisdicción ordinaria. Por ello, el pro pio Tribunal Constitucional ha recogido —al igual que en su día lo hizo el Tribunal Constitucional Federal alemán— la célebre “fórmula Heck”:
“La estructuración del proceso, la determinación y valoración de los
elementos de hecho, la interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales son asuntos de los tribunales competentes para tal efecto, y se encuentran sustraídos de la revisión posterior por parte del Tribunal Constitucional Federal; solo en caso de la violación de un derecho constitucional específico por parte de un tribunal, puede el Tribunal
). [L]os procesos de
subsunción normales dentro del derecho ordinario se encuentran sustraídos al examen posterior del Tribunal Constitucional Federal, siempre y cuando no se aprecien errores de interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción incorrecta del significado de un derecho fundamental, especialmente en lo que respecta la extensión de su ámbito de protección, y cuando su significado material también sea de alguna importancia para el
caso legal concreto.” (
[STC 9746-2005-PHC/TC].
18, 85 —sentencia del 10 de junio de 1964—)
Constitucional Federal entrar a conocer el asunto (
Todo ello no hace sino poner en evidencia la íntima relación que existe entre la Constitución y el proceso penal, así como resaltar la importancia de conocer y aplicar adecuadamente las sentencias normativas, los precedentes vinculantes y la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional. Sin embargo, esto último no significa, en modo alguno, asumir de manera acrítica los razonamientos del máximo intérprete de la Constitución, pues será en el ámbito académico donde debe darse la batalla para ir perfilando de la mejor manera los precedentes constitucionales y evitar de ese modo su fosilización.
2. EL DERECHO A LA PRUEBA
La función principal del proceso judicial radica en determinar la ocurrencia de determinados hechos a los que el Derecho vincula determinadas consecuencias jurídicas, y la imposición de esas consecuencias a los sujetos previstos por el propio Derecho. Por ello se ha de concluir que la función del proceso es la aplicación del Derecho . En esa línea, la idea fundamental es que el ciudadano tiene derecho a demostrar la verdad de los hechos en que se funda su pretensión procesal. Es decir, el ciudadano tiene derecho a probar
FERRER BELTRÁN, Jordi.
“Derecho a la prueba y racionalidad de las decisiones judiciales”
. N° 47. Madrid 2003, págs. 27-34.
que se han producido, o no, los hechos a los que el Derecho vincula consecuencias jurídicas . Por ello, SÁNCHEZ VELARDE se encarga de resaltar que la prueba constituye uno de los temas de mayor apasionamiento en el proceso judicial y sobre manera en el proceso penal, pues toda la doctrina procesalista se aboca a su estudio con distintas intensidades .
Desde la sentencia recaída en el expediente N° 010-2002-AI/TC, el Tribunal Constitucional sostuvo que el derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139°, inciso 3) de la Constitución. En la sentencia N° 6712-2005-HC/TC se señaló que existe un derech o constitucional a probar, orientado por los fines propios de la observancia o tutela del derecho al debido proceso. Posteriormente, se dijo que el derecho a probar es un componente elemental del derecho al debido proceso, que faculta a los justiciables a postular los medios probatorios que justifiquen sus afirmaciones en un proceso o procedimiento, dentro de los límites y alcances que la Constitución y la ley establecen [STC 5068-2006-PHC/TC]. Finalmente, se ha puesto de relieve que una de las garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios para posibilitar la creación de convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos [STC 1014-2007-PHC/TC].
Siendo un derecho fundamental, el derecho a la prueba tiene una doble dimensión o carácter. En su dimensión subjetiva, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir la prueba necesaria, con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa. En su dimensión objetiva, comporta también el deber del juez de la causa de solicitar, actuar y dar el mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia [STC 1014-2007- PHC/TC].
Como todo derecho fundamental, el derecho a la prueba también está sujeto a restricciones o limitaciones derivadas, tanto de la necesidad de que sean armonizados con otros derechos o bienes constitucionales — límites extrínsecos —, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión
— límites intrínsecos
— [STC 4831-2005-PHC/TC].
El derecho a la prueba es reconocido explícitamente como norma rectora por el nuevo Código Procesal Penal, cuando en su artículo IX del Título Preliminar señala que toda persona tiene derecho a intervenir en la actividad probatoria y a utilizar los medios de prueba pertinentes. Si bien el nuevo código solo hace alusión en su título preliminar al derecho de las partes a intervenir en la actividad probatoria y a utilizar los medios de prueba pertinentes, ello en modo alguno puede ser interpretado de manera restrictiva, sino por el contrario ampliamente, en la medida en que el concepto de actividad probatoria comprende no solo la aportación de
SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial Idemsa. Lima, 2004, pág. 637.
La prueba de los hechos.
Editorial Trotta. Madrid 2002, pág. 21.
medios de prueba, sino también la admisión, recepción y valoración de la prueba. Por lo demás, el Tribunal Constitucional se ha encargado de delimitar el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la prueba.
El contenido esencial o contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la prueba no fue primigeniamente desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino por la doctrina nacional y la doctrina y jurisprudencia extranjeras. No obstante, se debe puntualizar que la delimitación o alcance del derecho fundamental a la prueba se ha ido perfilando en nuestro país a través de la jurisprudencia de nuestro máximo intérprete de la Constitución, y particularmente por las reglas probatorias del nuevo Código Procesal Penal.
BUSTAMANTE ALARCÓN afirma que se trata de un derecho complejo, en vista de que su contenido se encuentra integrado por los siguientes derechos:
1) el derecho a ofrecer los medios probatorios destinados a acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que son objeto concreto de prueba; 2) el derecho a que se admitan los medios probatorios así ofrecidos; 3) el derecho a que se actúen adecuadamente los medios probatorios admitidos y los que han sido incorporados de oficio por el juzgador; 4) el derecho a que se asegure la producción o conservación de la prueba a través de la actuación anticipada y adecuada de los medios probatorios; y, 5) el derecho a que se valoren en forma adecuada y motivada los medios de prueba que han sido actuados y que han ingresado al proceso o procedimiento.
Por su parte, FERRER BELTRÁN considera que los elementos definitorios del derecho a la prueba son los siguientes: 1) el derecho a utilizar todas las pruebas de que se dispone para demostrar la verdad de los hechos que fundan la pretensión; 2) el derecho a que las pruebas sean practicadas en el proceso; 3) el derecho a una valoración racional de las pruebas practicadas; y, 4) la obligación de motivar las decisiones judiciales.
Con el fin de definir cuáles son las manifestaciones, elementos o derechos que integran el derecho a la prueba, el Tribunal Constitucional ha recogido ampliamente todas las que la doctrina ha puntualizado hasta el momento, sin duda con la finalidad de dotar al referido derecho fundamental de una elevada protección constitucional, tanto más si la configuración de este derecho es esencialmente legal. Así, ha sostenido que se trata de un derecho complejo cuyo contenido está determinado por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que éstos sean admitidos y adecuadamente actuados, a que se asegure su producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios, y a
BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. El derecho a probar como elemento esencial de un proceso justo. Ara Editores. Lima 2001, págs. 102-103.
FERRER BELTRÁN, Jordi. “ Derecho a la prueba y racionalidad de las decisiones judiciales ” .
que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darles el mérito probatorio que tengan en la sentencia [STC 1014-2007-PHC y STC 6712-2005-HC/TC].
A) El derecho a ofrecer medios de prueba
El Tribunal Constitucional afirma que una de las garantías que asiste a las partes del proceso (en general) es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten crear la convicción en el juzgador de que sus enunciados fácticos son los correctos. De esta manera, si no se autoriza la presentación oportuna de pruebas a los justiciables, no se podrá considerar amparada la tutela procesal efectiva. El derecho a la prueba implica la posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances que la ley reconoce, los medios probatorios para justificar los argumentos que el justiciable esgrime a su favor [STC 6712-2005-HC/TC].
Una de las manifestaciones de este elemento del derecho a probar se encuentra en la posibilidad de ofrecer testigos. Tal como claramente lo ha expresado el artículo 14°, inciso 3, acápite e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la persona acusada tendrá derecho, en plena igualdad, y durante todo el proceso: a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo, y a que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo.
Conforme a este derecho, por regla general se puede ofrecer cualquier medio de prueba para probar cualquier hecho objeto de prueba, siempre que no esté expresamente prohibido o no permitido por la ley. Subyace aquí el principio de libertad de prueba. Pueden aportarse medios de prueba típicos —los previstos expresamente en la ley— o atípicos —aquellos que no están regulados en la ley—, en cuyo caso la forma de su incorporación se adecuará al medio de prueba más análogo, de los previstos en lo posible [art. 157°.1 del NCPP].
El nuevo Código Procesal Penal regula el derecho a ofrecer medios probatorios estableciendo como regla esencial el principio de aportación de parte en el artículo 155°.2, y fijando los momentos en que se pueden aportar los medios de prueba en los artículos 350°.1.f), 373°.1, 373°.2 y 385°.2, en los términos que seguidamente se reseñan.
Se instituye como regla el principio de aportación de parte: las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. Sin embargo, se estipula que la ley establecerá, por excepción, los casos en los cuales se admitan pruebas de oficio. Así, el artículo 385° inciso 2) señala que el juez penal, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer —de oficio o a pedido de parte— la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles
para esclarecer la verdad. El juez penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes.
El fiscal debe ofrecer los medios de prueba en su acusación, para lo cual presentará la lista de testigos y peritos —con indicación de su nombre y domicilio—, y de los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, hará una reseña de los demás medios de prueba que ofrezca.
Los demás sujetos procesales podrán, en el plazo de 10 días de notificados con la acusación, ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la lista de los testigos y peritos que deben ser convocados al debate —con indicación de nombre, profesión y domicilio—, precisando los hechos acerca de los cuales serán examinados en el curso del debate. Además, presentar los documentos que no fueron incorporados anteriormente, o señalar el lugar donde se hallan los que deban ser requeridos.
B) El derecho a que los medios de prueba ofrecidos sean admitidos
Este elemento consiste en el derecho que tiene su titular a que se admitan los medios probatorios ofrecidos, con el propósito de acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que constituyen el objeto concreto de prueba.
A juicio de TARUFFO deberán ser admitidas todas aquellas pruebas que hipotéticamente puedan ser idóneas para aportar, directa o indirectamente, elementos de juicio acerca de los hechos que deben ser probados.
El derecho a que se admitan los medios probatorios, como elemento del derecho a la prueba, no implica la obligación del órgano jurisdiccional de admitir todos los medios probatorios que hubieran sido ofrecidos. En principio, las pruebas ofrecidas por las partes se pueden denegar cuando importen pedidos de medios probatorios que no sean pertinentes, conducentes, oportunos, legítimos o útiles, así como manifiestamente excesivos [STC 6712-2005-HC/TC].
Constituye un serio e importante avance para proteger el derecho fundamental a la prueba, la regulación sobre la admisión de las pruebas que ha efectuado el nuevo Código Procesal Penal. Entre las reglas generales para el juicio de admisión, se tiene: a) la admisión de un medio de prueba requiere de un auto especialmente motivado (art. 155°.2); b) se pueden excluir los medios de prueba que no sean pertinentes y los prohibidos por la ley (art. 155°.2); c) se pueden limitar los medios de prueba cuando resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible consecución; d) es posible reexaminar la admisión de un medio de prueba (art. 155°.4); e) no pueden ser utilizados métodos o técnicas idóneos para influir sobre la libertad de autodeterminación de una persona o para alterar su capacidad de
recordar o valorar los hechos (art. 157°.3); f) no se pueden utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos mediante la vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona (art. 159°).
C) El derecho a que se actúen adecuadamente los medios de prueba admitidos
Se entiende por actuación o práctica de la prueba, los actos procesales necesarios para que los diversos medios concretos aducidos , solicitados o decretados de oficio se incorporen o ejecuten en el proceso.
Esta fase de la actividad probatoria tiene igualmente sus requisitos:
ante todo el que consiste en que haya sido admitida, y también los de formalidad, oportunidad y competencia del funcionario. El Código de Procedimientos Penales, por ejemplo, señala un orden para la práctica
de las pruebas en el juicio oral, mientras que el nuevo Código Procesal
lo deja a criterio del juez, escuchando a las partes.
A través de los medios de prueba, las fuentes de prueba ingresan al
proceso. El momento en que deben ser adecuadamente incorporadas las fuentes de prueba es el juicio, porque es en dicha fase del proceso penal que rigen plenamente los principios de publicidad, contradicción, oralidad e inmediación, esenciales para la formación de las pruebas. La doctrina denomina a los medios de prueba practicados en el juicio actos de prueba, distinguiéndolos de los actos de investigación que son propios de la investigación probatoria y que solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y de la etapa intermedia [art. 325° del NCPP]. Por esta razón es que el artículo 393° del nuevo Código Procesal Penal señala que no se pueden utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquéllas legítimamente incorporadas en el juicio.
Sin duda, de acuerdo al contenido esencial del derecho a la prueba, no
es del caso conformarse con cualquier forma de práctica de la prueba
en el proceso. Por ello, y con razón, TARUFFO sostiene que deberá maximizarse la participación de las partes a través del principio de
contradicción, dando en todo momento a cada parte la oportunidad de contra-probar lo alegado por la parte contraria.
La actuación adecuada de los medios probatorios como elemento del derecho a la prueba a que se refiere la STC 6712-2005-HC/TC exige, entre otros la posibilidad de interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo, y a que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo.
Para que la actuación probatoria sea adecuada, deben regir los siguientes principios:
Legalidad de la actividad probatoria: implica que tanto la obtención, la recepción, así como la valoración de la prueba deben desarrollarse en orden a lo establecido por la ley, sin que eso signifique adoptar el sistema de prueba legal. La legalidad se invoca de manera muy especial, cuando en la actividad probatoria se producen transgresiones del orden jurídico o violaciones de los derechos de las personas.
La legalidad del medio de prueba significa que la actividad procesal que es preciso desarrollar para incorporar la fuente al proceso, debe realizarse de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Así, será preciso que:
a) Solamente se admitan los medios legalmente previstos; significa que si para un proceso concreto existe una limitación probatoria, ésta debe respetarse.
b) Y, además, que esos medios solo se propongan y practiquen en la forma establecida en la ley, y no de cualquier otra.
Publicidad: en su verdadero sentido, este principio establece que la publicidad requiere que no solo las partes, sino el público, tengan oportunidad —real y efectiva— de presenciar la recepción de la prueba que los alemanes denominan “publicidad inmediata”. En los procesos sumarios solo es posible una publicidad mediata.
Contradicción: implica que, para ser válida o por lo menos eficaz, la prueba debió haber sido producida con audiencia o intervención de la parte contraria, de modo que ésta pudiese haber fiscalizado su ordenada asunción, y haber contado con la posibilidad de ofrecer prueba en descargo.
Inmediación: exige que el juzgador y las partes se encuentren en contacto personal e inmediato con las personas, hechos y cosas que sirven o servirán como fuente o medio de prueba, según sea el caso, de modo tal que pueda alcanzarse una real coincidencia entre el hecho percibido y el hecho objeto de prueba.
Comunidad de la prueba: es la ventaja o provecho que los sujetos procesales pueden sacar de un medio de prueba introducido en el proceso, independientemente de quien lo haya planteado.
D) El derecho a que se asegure la producción o conservación de la prueba
El Tribunal Constitucional ha señalado expresamente que el derecho a la prueba comprende o está determinado —entre otros elementos— por el derecho a que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios [STC 1014-2007-PHC/TC].
De poco serviría tener derecho a ofrecer medios probatorios o que los mismos sean admitidos para su actuación en el juicio, si ésto s no estuvieran disponibles para su actuación en el momento opor tuno del
debate. Debido a la duración de los procesos en nuestro país, con cierta frecuencia ocurre que por enfermedad o viaje los test igos o peritos no van a estar disponibles para su presentación en el juicio o la audiencia de actuación probatoria, o que el testigo no podrá reconocer al autor o partícipe de un hecho punible o el objeto material de un delito —denominado prueba o evidencia material— porqu e no estará en las mismas condiciones en las que fue hallado o inca utado. De ahí que resulte indispensable que las partes cuenten con l a posibilidad de asegurar la producción y conservación de sus fuentes de prueba.
Nuestro máximo intérprete de la Constitución estima que la actuación anticipada de los medios probatorios es el instrumento idóneo para asegurar la producción y conservación de los mismos [STC 1014-2005- HC/TC]. La prueba anticipada es aquella practicada antes del juicio —con intervención del juez— en condiciones que permitan la contradicción, cuando fuere de temer que no podrá practicarse en el juicio oral o que algo pudiera motivar su suspensión.
El nuevo Código Procesal Penal regula ampliamente la prueba anticipada, estableciendo los supuestos en que el juez de la Investigación Preparatoria debe decidir su actuación a solicitud de los sujetos del proceso (art. 242°). Concretamente, la prueba anticipada procede en los casos siguientes: a) testimonial y examen del perito, cuando se requiera examinarlos con urgencia ante la presencia de un motivo fundado para considerar que esto no podrá hacerse en el juicio oral por enfermedad u otro grave impedimento, o que han sido expuestos a violencia, amenaza, ofertas o promesa de dinero u otra utilidad para que no declaren o lo hagan falsamente; b) careo entre las personas que han declarado, por los mismos motivos del literal anterior; y c) reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones, que por su naturaleza y características deben ser considerados actos definitivos e irreproducibles, y no sea posible postergar su realización hasta la celebración del juicio.
E) El derecho a una valoración racional de las pruebas actuadas
Como ha señalado TARUFFO, el reconocimiento del derecho de las partes a que sean admitidas y practicadas las pruebas relevantes para demostrar los hechos que fundamentan su pretensión, es una garantía ilusoria y meramente ritualista si no se asegura el efecto de la actividad probatoria, es decir la valoración de las pruebas por parte del juez en la decisión.
Uno de los elementos que forman parte del contenido del derecho a la prueba está constituido por el hecho de que las pruebas actuadas dentro del proceso penal sean valoradas de manera adecuada y con la motivación debida. De este hecho se deriva una doble exigencia para el juez: en primer lugar, la exigencia de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso en el
marco del respeto de los derechos fundamentales y de lo establecido en las leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y razonables. Por ello, la omisión injustificada de la valoración de una prueba aportada por las partes, respetando los derechos fundamentales y las leyes que la regulan, comporta una vulneración del derecho fundamental a la prueba y, por ende, del debido proceso [STC
1014-2007-PHC/TC].
Conforme se señala en la STC 1934-2003-HC/TC, en nuestro ordenamiento la prueba se rige por el sistema de libre valoración razonada (sana crítica). En virtud de ello, el juzgador tiene libertad para evaluar los medios probatorios sin que éstos tengan asignado un valor predeterminado (tarifa legal). El Tribunal Constitucional precisa que no le compete valorar las pruebas o revocar las sentencias emitidas en sede penal, o determinar la responsabilidad penal de los imputados, pero sí analizar si en su valoración existe una manifiesta irrazonabilidad.
Esta exigencia de valoración de las pruebas puede descomponerse en dos aspectos distintos: por un lado, se exige que las pruebas admitidas y practicadas sean tomadas en consideración a los efectos de justificar la decisión que se adopte. Por otro lado, se exige que la valoración que se haga de las pruebas sea racional. La primera de las exigencias es a menudo incumplida mediante el recurso a la denominada “valoración conjunta de las pruebas”. Debe advertirse que, si bien una decisión sobre los hechos no pueda realizarse sin esa valoración conjunta, esta última no puede ser utilizada para evitar la valoración concreta de cada una de las pruebas aportadas. Es más, solo después de valoradas individualmente las pruebas podrá hacerse con rigor una valoración conjunta de las mismas. Por ello, deberían ser consideradas como violaciones al derecho a la prueba los supuestos en que algunas de las pruebas admitidas y practicadas no hayan sido tomadas en consideración en el momento de la decisión.
Es necesario también que la valoración de las pruebas, individual y conjunta, se adecue a las reglas de la racionalidad. Solo así podrá entenderse que se respeta el derecho de las partes a probar, esto es a producir un determinado resultado probatorio que sirva de fundamento a sus pretensiones. Es más, solo si se garantiza que los hechos probados a los que se aplicará el Derecho han sido obtenidos racionalmente a partir de los elementos de juicio aportados al proceso, puede certificarse también un nivel mínimamente aceptable de seguridad jurídica.
En sus disposiciones, el nuevo Código Procesal Penal configura una valoración racional de la prueba al señalar, de un lado, que en la valoración de la prueba el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, estando obligado a exponer los resultados obtenidos y los criterios adoptados (art. 158°). En ese
sentido, la racionalidad radicaría en la necesaria corrección del razonamiento probatorio en la medida que hay obligación de explicitarlo. De otro lado, el artículo 393°.2 estatuye que, para la apreciación de las pruebas, el juez penal procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás.
F) La obligación de motivar el razonamiento probatorio
En la medida en que el objetivo principal del proceso penal es el acercamiento a la verdad judicial, los jueces deben motivar razonada y objetivamente el valor jurídico probatorio en la sentencia . El derecho a la prueba comprende no solo el derecho a que los medios de pru eba practicados sean valorados de manera adecuada, sino tambié n a la motivación debida. La valoración de la prueba debe estar mot ivada por escrito, con el fin de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado [STC 1014 -2007- PHC/TC].
El Tribunal Constitucional ha sostenido que la libre valora ción razonada en modo alguno significa que la actividad probator ia se sustraiga del control de la jurisdicción constitucional. Aquélla debe ser realizada de acuerdo con los principios que la informan. Entre dichos principios, un lugar especial ocupa la necesidad de l a debida motivación, que deberá quedar plasmada en la sentencia de ma nera suficiente. Evidentemente, al juez constitucional no le co mpete valorar las pruebas, pero sí analizar si en su valoración (ra zonamiento probatorio) existe una manifiesta irrazonabilidad [STC 19 34-2003- HC/TC]. Empero, debe entenderse que para que un juez constit ucional se pronuncie sobre la motivación de la apreciación de la prue ba, resulta indispensable que previamente los tribunales ordi narios hayan revisado tal motivación conforme a los recursos legal mente previstos.
La obligación de motivar expresamente las decisiones judiciales se encuentra recogida en el artículo 139°.5 de la Constitución. La exigencia de motivación no supone una exhaustiva y pormenorizada descripción del proceso intelectual que ha llevado al juez o al tribunal a resolver en un determinado sentido. Desarrollando tal precepto constitucional, el nuevo Código Procesal Penal establece la obligación de motivar especialmente el auto de admisión de las pruebas ofrecidas [art. 155º.2], la exigencia de explicitar los resultados obtenidos y los criterios adoptados en el proceso de valoración [art. 158º.1], y la necesidad de justificar el razonamiento probatorio [art. 394°], motivación que deberá cumplir con los presupuestos de claridad, logicidad y completitud.
Es preciso distinguir entre la estructura de la motivación y la valoración. La estructura de la motivación es la secuencia constituida por una máxima de experiencia (premisa mayor), un dato probatorio (premisa menor) y un hecho probado (conclusión). En cambio, la
valoración concierne al fundamento de la máxima de experiencia adoptada .
Por último, en cuanto a esta exigencia del derecho a la prueba, la motivación también debe cumplir con los requisitos de racionalidad, coherencia y razonabilidad. Sobre la racionalidad de la motivación, es del caso precisar sus dos alcances: de un lado, será racional toda motivación capaz de hacer aparecer justificada la decisión, de modo que consienta el necesario control externo (de un tercero) sobre el fundamento racional. En el otro aspecto, será racional toda motivación cuyos argumentos sean válidos; se busca la coherencia de los mismos, así como la completitud de la justificación con relación a la decisión adoptada.
Desde la STC 010-2002-AI/TC se sostuvo que, al igual que todo derecho constitucional, el derecho a la prueba se encuentra sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados en ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales — límites extrínsecos— , como de la propia naturaleza del derecho en cuestión
. El derecho a la prueba se encuentra sujeto a los
— límites intrínsecos—
principios de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Estos principios informan la actividad probatoria y, al mismo tiempo, establecen límites inmanentes a su ejercicio, esto es derivados de la propia naturaleza del derecho. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no pueda establecerse otra clase de límites, derivados esta vez de la necesidad de armonizar su ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, siempre que con ellos
no se afecte su contenido esencial o, en su caso, los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En cualquier caso, la posibilidad de justificar válidamente estos otros límites debe basarse en la necesidad de proteger otros derechos y bienes de la misma clase que aquel que se limita.
El Tribunal Constitucional ha desarrollado conceptualmente los límites del derecho a la prueba en la STC 6712-2005-HC/TC:
Pertinencia : exige que el medio probatorio tenga una relación directa o indirecta con el hecho que es objeto de proceso. Los medios probatorios pertinentes sustentan hechos relacionados directamente con el objeto del proceso.
Conducencia o idoneidad : el legislador puede establecer la necesidad de que determinados hechos sean probados a través de determinados medios probatorios. Será inconducente o no idóneo aquel medio probatorio que se encuentre prohibido en determinada vía procedimental o vedado para verificar un determinado hecho.
IGÁRTUA SALAVERRÍA, Juan. El Comité de Derechos Humanos, la casación penal española y el control del razonamiento probatorio . Editorial Thomson – Civitas. Madrid 2004, pág. 122.
Utilidad : se presenta cuando contribuye a conocer lo que es objeto de prueba, a descubrir la verdad, a alcanzar probabilidad o certeza. Solo pueden ser admitidos aquellos medios probatorios que presten algún servicio en el proceso de convicción del juzgador, mas ello no podrá hacerse cuando se ofrecen medios probatorios destinados a acreditar hechos contrarios a una presunción de derecho absoluta; cuando se ofrecen medios probatorios para acreditar hechos no controvertidos, imposibles, notorios, o de pública evidencia; cuando se trata de desvirtuar lo que ha sido objeto de juzgamiento y ha hecho tránsito a cosa juzgada; cuando el medio probatorio ofrecido no es el adecuado para verificar por su intermedio los hechos que pretenden ser probados por la parte; y cuando se ofrecen medios probatorios superfluos, bien porque se han propuesto dos medios probatorios iguales con el mismo fin (dos pericias con la finalidad de acreditar un mismo hecho) o bien porque el medio de prueba ya se había actuado antes.
Licitud : No pueden admitirse medios probatorios obtenidos en contravención del ordenamiento jurídico, lo que permite excluir supuestos de prueba prohibida. En la STC 1014-2007-PHC/TC, se exige la constitucionalidad de la actividad probatoria, lo cual implica la proscripción de actos que violen el contenido esencial de los derechos fundamentales o las transgresiones al orden jurídico en la obtención, recepción y valoración de la prueba.
Preclusión o eventualidad : En todo proceso existe una oportunidad para solicitar la admisión de medios probatorios; pasado dicho plazo, no tendrá lugar la solicitud probatoria.
Sobre la pertinencia, el nuevo Código Procesal Penal confiere a la defensa la facultad de utilizar medios de prueba, siempre que sean pertinentes (art. IX T. P.). La admisión de los medios de prueba ofrecidos requiere que el aporte probatorio sea pertinente (art. 352º.5.b); en caso contrario, el juez los excluye mediante auto motivado (art. 155º.2).
El principio de conducencia o idoneidad, que se encuentra expresamente reconocido como requisito para la admisibilidad probatoria en el artículo 352º.5.b del CPP, parte de dos premisas fundamentales. En primer lugar, que el legislador tiene la capacidad de determinar en algunos casos, qué medios o instrumentos pueden ser utilizados como medios probatorios y cuáles no (ejemplo: los diplomáticos testifican mediante informe escrito [art. 168º]). En segundo lugar, que el legislador puede prohibir la utilización de determinados medios probatorios para un caso concreto (Ejemplo: no procede el careo entre el imputado y la víctima menor de catorce años. [art. 182º.3]).
La utilidad puede ser definida como aquella cualidad del medio de prueba que hace que éste sea adecuado para probar un hecho. Se encuentra prevista en los artículos 155°.2 y 352°.5.b del nuevo Código Procesal Penal.
Respecto a la exigencia de licitud, el nuevo Código Procesal Penal estipula que un medio de prueba podrá ser valorado solamente si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo (art. VIIIº.1 del Título Preliminar). Por lo tanto, carecen de efecto legal las
pruebas obtenidas, directa (
) o indirectamente (
envenenado ), con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona (art. VIIIº.2 del Título Preliminar).
3. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y ACTIVIDAD PROBATORIA
En el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el derecho a la presunción de inocencia aparece considerado en el artículo 11º.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. De igual modo, el citado derecho es contemplado en el artículo 14º.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 8º.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En concordancia con estos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, el artículo 2º, inciso 24, de la Constitución establece que “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. De esta manera, el constituyente ha
como un derecho fundamental. El
reconocido la
fundamento del derecho a la presunción de inocencia se halla tanto en el
principio-derecho de dignidad humana, como en el principio pro homine
[STC10107-2005-PHC/TC].
Como bien señala SÁNCHEZ VELARDE, la inocencia del imputado es considerada como un principio rector del proceso penal de ineludible observancia principalmente por la autoridad judicial, y por aquellas otras autoridades encargadas de la persecución del delito .
El derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto que
“( a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su
culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva” [STC 0618-2005-PHC/TC].
De igual forma, se ha dicho que la presunción de inocencia se mantiene “viva” en el proceso penal siempre que no exista una sentencia judicial que, como corolario del cauce investigatorio llevado a cabo con las garantías inherentes al debido proceso, logre desvirtuarla [STC 2915-2004-PHC/TC].
Como todo derecho fundamental, el derecho a la presunción de inocencia tiene un doble carácter. Esto es, que no solamente es un derecho subjetivo,
SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. 2004, pág. 299.
. Editorial Idemsa. Lima,
sino también una institución objetiva dado que comporta determinados valores inherentes al ordenamiento constitucional.
CORDÓN MORENO señala que la garantía de la presunción de inocencia se asienta en ideas fundamentales, cuales son: el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal, que corresponde actuar a los jueces y tribunales; que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba; y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el tribunal la evidencia de la existencia no solo del hecho punible, sino también de la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado, y de este modo desvirtuar la presunción.
Por su parte, ASENCIO MELLADO concibe la presunción de inocencia como un derecho fundamental de desarrollo jurisprudencial, que asiste a todo acusado por un delito a no ser condenado sin pruebas y a que éstas reúnan todas las garantías suficientes para cumplir la función del proceso de averiguación de la verdad. Para dicho autor, de ser un derecho de configuración
formal, equiparado al simple principio
, ha pasado a erigirse en
derecho fundamental, rector de la actividad probatoria penal, limitador del poder absoluto de los jueces, corrector de la actividad policial ilícita y
favorecedor, en suma, del derecho a un proceso con todas las garantías.
A juicio de IGARTUA SALAVERRÍA, la presunción de inocencia cumple dos funciones (garantías): para asignar la carga de la prueba (al acusador
quantum de la
corresponde probar la culpabilidad del acusado) y para fijar el
prueba (la culpabilidad ha de quedar probada más allá de toda duda
razonable) .
La presunción de inocencia obliga al órgano jurisdiccional a llevar a cabo una actividad probatoria suficiente que desvirtúe el estado de inocencia del que goza todo imputado [STC 1934-2003-HC/TC]. La sentencia condenatoria debe fundamentarse en auténticos hechos de prueba y en que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia, no solo del hecho punible sino también de la responsabilidad penal del acusado [STC 10107-2005-PHC/TC].
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de 18 de agosto de 2000 caso: Cantoral Benavides vs. Perú —apartado 120— ha establecido que:
“El principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8º.2 de la Convención, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad
Aranzadi, Navarra 1999, pág. 155. ASENCIO MELLADO, José María. El proceso penal con todas las garantías . En: Revista
et Veritas N° 33. Lima, diciembre de 2006. IGARTUA SALAVERRÍA, Juan. El caso Marey. Presunción de inocencia y votos particulares. Editorial Trotta. Madrid 1999, pág. 17.
Las garantías constitucionales del proceso penal.
penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla.”
La presunción de inocencia como principio cardinal del Derecho Procesal contemporáneo presenta un triple contenido: como regla de tratamiento del imputado, como regla del juicio penal y como regla probatoria (Art. IIº.1 Título Preliminar del NCPP). Como regla de tratamiento, la presunción de inocencia obliga a que el acusado sea tratado durante el desarrollo del proceso penal como inocente mientras no se declare su culpabilidad en una sentencia condenatoria. Como regla de juicio penal, la presunción de inocencia opera imponiendo la absolución del acusado tanto en los supuestos de ausencia total de prueba como en los supuestos de insuficiencia probatoria o duda razonable. Como regla probatoria, la presunción de inocencia exige que la carga de la prueba sea del que acusa; la existencia de pruebas y que éstas tengan la condición de pruebas de cargo, que sean suficientes y que hayan sido obtenidas y actuadas con las debidas garantías procesales (ver: art. IIº.1 del Título Preliminar del NCPP).
La carga de la prueba: la prueba de cargo debe ser proporcionada por la acusación, no teniendo el acusado deber alguno de probar su inocencia, de modo que su actividad o falta de ella jamás puede ser valorada en su contra.
La concurrencia de prueba: para condenar a una persona es exigible que se practique en el proceso una actividad probatoria precisa, no bastando la convicción judicial para llegar a una conclusión, puesto que, para tener validez, el convencimiento judicial solo puede formarse sobre la base de pruebas en sentido objetivo e incriminador . Los elementos que sirvan de base para la condena, han de consistir en auténticos medios de prueba. En principio, solamente los medios practicados en el juicio oral pueden servir de base para la condena. Así lo estipula el artículo 393°.1 del nuevo Código Procesal Penal.
Prueba de cargo: La prueba practicada ha de referirse en todo caso al delito por el que se condena, no siendo válida una prueba genérica sin referencia objetiva alguna al hecho que se afirma acreditado. La prueba ha de tener un sentido incriminador objetivo o, lo que es lo mismo, no puede llegarse a una conclusión que, con base en la manifestación externa de la prueba, debería ser exactamente contraria.
Suficiencia: La suficiencia de las pruebas se predica en orden a fundamentar una declaración de culpabilidad del acusado. En el caso Cantoral Benavides vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que si
insuficiente , no es procedente
condenarlo, sino absolverlo. A este criterio de suficiencia se refiere el art. IIº del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal, cuando establece que la presunción de inocencia requiere, para ser desvirtuada, de una suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con las debidas garantías procesales.
obra contra el acusado prueba incompleta o
Legitimidad : La presunción de inocencia exige que las pruebas se practiquen con todas las garantías y se obtengan de forma lícita. La licitud de la prueba no es una cuestión de apreciación o valoración, sino un presupuesto ineludible de dicha apreciación. La libre valoración de la prueba solo puede predicarse de aquellas pruebas obtenidas de forma lícita y con todas las garantías, y ella misma no puede fundar su licitud. Las exigencias de legitimidad de la prueba se hallan contempladas en el artículo VIIIº del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal.
El derecho fundamental a la presunción de inocencia no es un derecho absoluto sino relativo. De ahí que, en nuestro ordenamiento, se admitan determinadas medidas cautelares personales —como la prisi ón preventiva—, sin que ello signifique su afectación,
“( porque tales medidas sirven precisamente para esclarecer el hecho
reprochado y por ello son imprescindibles para llevar a cabo un procedimiento penal orientado por principios propios de un Estado de derecho; siempre, claro está, que tales medidas sean dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Parte de esa relatividad del derecho a la presunción de inocencia se vincula también con que
dicho derecho incorpora una presunción
iuris tantum y no una
presunción absoluta; de lo cual se deriva, como lógica consecuencia, que
la presunción de inocencia puede ser desvirtuada o destruida mediante una mínima actividad probatoria” [STC 10107-2005-PHC/TC].
4. LA LEGITIMIDAD DE LA PRUEBA
Como ya se ha afirmado, la presunción de inocencia exige que las pruebas se practiquen con todas las garantías y se obtengan de forma lícita. Para DEVIS ECHANDÍA , el principio de legitimidad de la prueba exige que se utilicen medios de prueba moralmente lícitos. SILVA MELERO apunta que la legitimidad consiste en que debe obtenerse la prueba “por los modos legítimos y las vías derechas”, excluyendo las calificadas de “fuentes impuras de prueba”. El citado principio comprende tanto el concepto de legitimidad como el de licitud de la prueba.
El principio de legitimidad de la prueba ha sido recogido por el artículo VIIIº.1 del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal, el mismo que establece que todo medio de prueba solo podrá ser valorado si ha sido ob ten ido e incorporado a l proceso por un proced im ien to constitucionalmente legítimo.
DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Bogotá 2002, pág. 117-118.
SILVA MELERO, Valentín. Madrid 1963, pág. 29-30.
. Tomo I. Editorial Temis.
. Tomo I. Editorial Revista de Derecho Privado.
Al desarrollar los alcances del derecho a la prueba, el Tribunal Constitucional peruano, en su sentencia 1014-2007-PHC/TC, considera que conforme a tal derecho se exige la constitucionalidad de la actividad
probatoria, la cual implica la proscripción de actos que violen el contenido esencial de los derechos fundamentales o las transgresiones al orden jurídico
en la obtención, recepción y valoración de la prueba.
Desde luego, la legitimidad de la prueba se refiere esencialmente a las llamadas prohibiciones de prueba y la llamada prueba ilícita o prueba prohibida, mas no así a la prueba irregular o defectuosa.
Las prohibiciones de prueba o —como la denomina el nuevo Código Procesal Penal— prueba prohibida por la ley (art. 155º.2) comprenden los casos de prohibiciones de temas probatorios, prohibición de medios probatorios y prohibición de métodos probatorios.
Los hechos que guarda por razón del secreto profesional un ministro de culto religioso, no pueden ser tema de prueba en un proceso penal, aun cuando dicho ministro sea liberado por el interesado del deber de guardar el secreto (art. 165°.2.a).
Conforme a la prohibición de medios probatorios, determinados medios de prueba no pueden ser objeto de actividad probatoria en un caso concreto. Así, el artículo 182°.3 estatuye que no procede el careo entre el imputado y la víctima menor de catorce años de edad.
De acuerdo con las prohibiciones de métodos probatorios, determinados métodos de prueba no pueden ser empleados. Específicamente el artículo 157°.3 prescribe que no pueden ser utilizados —aun con el consentimiento del interesado— métodos o técnicas idóneos para influir sobre su libertad de autodeterminación o para alterar la capacidad de recordar o valorar los hechos.
A diferencia de muchas constituciones, incluso la Constitución de los
Estados Unidos y sus Enmiendas, la Constitución del Perú de 1993 reconoce
la llamada regla de exclusión (prueba prohibida o prueba ilícita) en forma
expresa en dos disposiciones: en el artículo 2°.24.h, cuando señala que carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia –moral, psíquica o física—, y que quien las emplea incurre en responsabilidad; y, en el artículo 2°.10, al prescribir que los documentos privados obtenidos con violación del precepto constitucional –primer párrafo de la citada disposición constitucional— no tienen efecto legal.
En forma expresa, nuestra Constitución adopta el criterio de la ineficacia probatoria o regla de exclusión de aquella fuente de prueba obtenida mediante la infracción de preceptos constitucionales.
que no haya sido expresamente previsto como consecuencia jurídica para
caso de vulneración de otros derechos fundamentales, en modo alguno
puede llevar a considerar que la regla de exclusión opera solo en los supuestos expresamente contemplados.
Dos son las razones que pueden esgrimirse: la primera, que la Constitución no es el texto idóneo para establecer las consecuencias jurídicas de la infracción de cada precepto constitucional, pues ello le corresponde a la legislación; y la segunda, que entre la protección constitucional de los documentos privados y la integridad personal hay un conjunto de derechos constitucionales cuya infracción sin duda debe generar consecuencias jurídicas. El énfasis con el que el constituyente haya redactado algunos preceptos constitucionales no puede considerarse como una taxatividad o numerus clausus , sino como formas de observancia de nuestra Ley Fundamental, que deben ser aplicadas también para otras disposiciones constitucionales de similar naturaleza.
En su sentencia del 18 de agosto de 2004, expediente N° 1058-2004-AA/TC, caso: Rafael Francisco García Mendoza, [Fundamento 22] el Tribunal Constitucional sostuvo que se debe garantizar que los medios de prueba ilícitamente obtenidos no permitan desnaturalizar los derechos de las personas ni, mucho menos y como es evidente, generar efectos en su perjuicio. En la sentencia del 12 de agosto de 2004, expediente N° 2333- 2004-HC/TC, caso: Natalia Foronda Crespo y otras [fundamento 2.5] se afirmó que, a la luz de la doctrina de los derechos fundamentales… se hace necesario establecer la inadmisibilidad judicial de la prueba obtenida ilícitamente (v.g., mediante la violencia psíquica, física o moral). Es en la STC del 15 de setiembre de 2003, expediente N° 2053-2003-HC/TC, caso:
Edmi Lastra Quiñónez, que el Tribunal Constitucional define la prueba ilícita como aquella en cuya obtención o actuación se lesionan derechos fundamentales o se viola la legalidad procesal, de modo que la misma deviene procesalmente inefectiva e inutilizable.
El nuevo Código Procesal Penal peruano, promulgado mediante Decreto Legislativo 957, y en vigencia parcial en los Distritos Judiciales de Huaura y La Libertad, se refiere expresamente a la prueba ilícita en el artículo VIIIº del Título Preliminar y en el artículo 159°.
La prueba ilícita no ha sido definida por el nuevo Código Procesal Penal, ni tenía por qué serlo; pero de su descripción legal se puede concluir porque se asume un criterio restringido de la noción de prueba ilícita. En efecto, el legislador ha considerado que solo se está frente a prueba ilícita cuando las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violan o vulneran el contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona (art. 159°).
Para autores como SILVA MELERO, que asumen el criterio amplio sobre la noción de prueba ilícita, es aquella que atenta contra la dignidad humana. Según VÉSCOVI, prueba ilícita es la contraria a una norma de Derecho; es decir, la obtenida o practicada con infracción de normas del ordenamiento jurídico, con independencia de la categoría o naturaleza de estas últimas. Entre los que sostienen un criterio restrictivo de la noción de prueba ilícita, PICO JUNOY y GONZALES MONTES limitan el concepto de prueba ilícita a aquélla adquirida o realizada con infracción de derechos fundamentales.
LOS HECHOS EN EL PROCESO PENAL
El nuevo Código Procesal Penal se refiere en forma expresa a los hechos que son objeto de prueba en el artículo 156°.1, a los hechos objeto de prueba que pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la ley en el artículo 157°.1, así como en el artículo 393°.3.c) al establecer que la deliberación y votación comprende las cuestiones relativas a la existencia del hecho y sus circunstancias.
Si bien los hechos son de capital importancia en la actividad probatoria y se encuentran recogidos en las reglas sobre la prueba del nuevo Código Procesal Penal, en la doctrina se discute sobre su conceptualización. Así, GONZÁLEZ LAGIER ha sostenido que “hecho” es un término sumamente ambiguo. Algunos autores llaman “hechos” a todo aquello que existe en el mundo espacio-temporal, distinguiendo como dos tipos de “hechos” a los eventos y a los objetos. Parece, sin embargo, que el sentido con el cual emplean los juristas la palabra “hecho” (al menos en la teoría de la prueba) es más restringido y viene a coincidir con la idea de “evento”. Una noción de “hecho” en tanto “evento” es la que asume, por ejemplo, BERTRAND RUSSELL, al definir los “hechos” como aquello que torna verdaderas o falsas nuestras proposiciones o creencias.
La prueba sirve para establecer la verdad de uno o más hechos relevantes para la decisión. Según el nuevo Código Procesal Penal, el hecho que es objeto de prueba se presenta como afirmación de una de las partes. De tal manera que el objeto no es el hecho sino la afirmación misma, en el sentido de que es lo que “es probado” en el proceso.
Es evidente que no se hace referencia al hecho en cuanto ocurrencia de la realidad empírica, sino a enunciados —de distinta naturaleza—, que se refieren a ocurrencias que se supone suceden en el mundo de la realidad empírica. Los hechos del mundo real existen (cuando existen) según modalidades empíricas absolutamente independientes de la esfera de las determinaciones conceptuales, valorativas o normativas: no son los eventos del mundo real los que se “construyen”, “definen” o “identifican”, porque éstos, por decirlo así, “suceden” de forma absolutamente independiente de las categorías, de los conceptos y de las valoraciones que a ellos se refieren. Lo que se construye o se define en función de conceptos, valores o normas son enunciados relativos a hechos del mundo real o, en el caso de hechos particularmente complejos, versiones de segmentos de experiencia o de sectores de la realidad que tienen alguna relevancia en el juicio.
GONZÁLEZ LAGIER, Daniel. Quaestio Facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción. Palestra Editores. Lima 2005, pág. 20.
En consecuencia, como afirma TARUFFO , en el proceso “el hecho” es en realidad lo que se dice acerca de un hecho: es la enunciación de un hecho, y no el objeto empírico que es enunciado.
Todo enunciado fáctico es siempre uno entre muchos enunciados posibles acerca del mismo hecho, que es seleccionado y “preferido” respecto a los demás enunciados posibles en función de elementos del contexto en que es empleado:
esto es, depende del sujeto que realiza la enunciación (definición, hipótesis, descripción, etc.), de los criterios que emplea para individualizar el hecho (grado de precisión, presencia o ausencia de valoración o de calificación jurídicas) y del lenguaje que usa (común o jurídico, vago o preciso, etc.).
En cuanto enunciado, el hecho se refiere, en primer lugar, a sucesos o situaciones reales; nos dice cuándo, dónde y de qué modo ha ocurrido esto o aquello. Los enunciados sobre hechos se basan, por regla general, en percepciones .
Los hechos materiales existen o no existen, pero no tiene sentido decir de ellos que son verdaderos o falsos; solo los enunciados fácticos pueden ser verdaderos, si se refieren a hechos materiales sucedidos, o falsos, si afirman hechos materiales no sucedidos. En consecuencia, la “verdad del hecho” es únicamente una fórmula elíptica para referirse a la verdad del enunciado que tiene por objeto un hecho.
2. LOS HECHOS Y LAS NORMAS JURÍDICAS
Las normas jurídicas deben ser aplicadas a sucesos fácticos, a un hecho acaecido. Como ya hemos visto, esto solo es posible en cuanto el hecho acaecido es enunciado. Lo que en el supuesto de hecho de un juicio aparece como “hecho”, es el hecho en cuanto enunciado. El hecho, en cuanto enunciado, efectúa siempre una selección de la inabarcable profusión, del constante fluir del acontecer fáctico; el que enjuicia encuentra ya esta selección de acuerdo a la posible relevancia jurídica de los hechos particulares. El hecho en cuanto enunciado no está, por lo tanto, “dado” de antemano al que enjuicia, sino que tiene que ser primero formado por él; por un lado, atendiendo a los hechos que ha llegado a conocer, y por el otro, atendiendo a su posible significación jurídica .
En cualquier caso, la norma delimita el hecho cuya existencia importa constatar. Al juez no le interesa la historia completa sino solamente una parte de ella: la relevante jurídicamente. Y, por ello mismo, se trata de hechos buscados, previamente seleccionados, dejando a un lado los demás .
No se puede hablar del “hecho” separándolo completamente del “derecho” u olvidando sus implicaciones jurídicas. En el proceso, los hechos de los que hay que
. Editorial Trotta. Madrid 2002, pág. 114.
. Editorial Ariel. Barcelona, 1980, pág.
. Editorial Ariel. Barcelona 1980, pág.
. Editorial Ariel. Barcelona 2000, pág. 85.
establecer la verdad son identificados sobre la base de criterios jurídicos, representados esencialmente por las normas que se consideran aplicables para decidir la controversia específica. Para usar una fórmula sintética: es el Derecho el que define y determina lo que en el proceso constituye “el hecho”. El “hecho”, por lo tanto, no está dado por sí mismo y autónomamente antes de asumir relevancia jurídica. En el proceso es “hecho” lo que se define como tal en función de la norma aplicable para decidir la controversia.
Esto no implica ni permite confusiones entre hecho y Derecho, ni mucho menos autoriza a quitarle autonomía al hecho para diluirlo y anularlo en la genérica dimensión jurídica de la controversia.
3. CLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS
GONZÁLEZ LAGIER nos ofrece un esquema de carácter indicativo, pero muy didáctico, sobre la clasificación de los hechos en el Derecho, que sirve para hacerse una idea bastante clara de la diversidad de tipos de hechos que se engloba bajo la expresión “hechos en el Derecho”:
A) Hechos físicos:
1. Independientes de la voluntad Estados de cosas (“La puerta estaba abierta”). Sucesos (“La puerta se cerró”). Acciones involuntarias: actos reflejos (“Dio un manotazo dormido”). Omisiones involuntarias (“Se quedó dormido y no me despertó”).
2. Dependientes de la voluntad Acciones positivas:
Acciones intencionales (“Se compró un coche deportivo”). Acciones no intencionales (“Atropelló a un peatón por conducir excesivamente rápido”). Omisiones:
Omisiones intencionales (“Juan decidió no bajarse del árbol y nunca más lo hizo”). Omisiones no intencionales (“Olvidó cerrar el grifo de la bañera mientras cocinaba”).
B) Hechos psicológicos:
1. Estados mentales:
Voliciones: deseos (“deseaba ser rico”) e intenciones (“tengo la intención de matarlo para heredar su fortuna”). Creencias (“creía que podría envenenarlo con pequeñas dosis de cianuro”). Emociones (“sentía una gran animadversión hacia su vecino”).
2. Acciones mentales (“calculó mentalmente las consecuencias”, “decidió hacerlo”).
GONZÁLEZ LAGIER, Daniel.
Quaestio Facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción
Editorial Palestra. Lima 2005, pág. 23.
C) Relaciones de causalidad (“la ingestión de aceite de colza fue la causa del síndrome tóxico”).
4. DISTINCIÓN ENTRE HECHO EXTERNO, HECHO PERCIBIDO Y HECHO INTERPRETADO
Hecho externo es el hecho en tanto acaecimiento empírico, realmente ocurrido, desnudo de subjetividades e interpretaciones. Hecho percibido es el conjunto de datos o impresiones que el hecho externo causa en nuestros sentidos. Hecho interpretado es la descripción o interpretación que hacemos de tales datos sensoriales, clasificándolos como un caso de alguna clase genérica de hechos. Así, no es lo mismo el hecho real por medio del cual Juan agita su brazo, y la percepción que un observador tiene de ese movimiento; esto es, los datos sensoriales que tal hecho externo causa en su mente, así como la interpretación que hace de esos movimientos, como un saludo, una amenaza, un aviso de algún peligro, etc. Pues bien: entre el hecho externo y el hecho percibido pueden surgir problemas de percepción; y entre el hecho percibido y el hecho interpretado, problemas de interpretación .
Surge un problema de percepción cuando tenemos dudas acerca de si la percepción que tenemos de un hecho refleja fielmente las propiedades (o algunas propiedades) de dicho hecho; esto es, cuando nos preguntamos si nuestras percepciones son fiables (posibilidades de ilusiones o alucinaciones, influencia de nuestros factores socioculturales). Respecto a los problemas de interpretación, un juez no solo debe asegurarse de que las percepciones de los testigos sean correctas, sino que también debe controlar sus interpretaciones, o bien elaborar su propia interpretación a partir de la información de los testigos, si quiere conocer lo que realmente ocurrió, si quiere comprender la situación .
5. EL TEMA DE PRUEBA Y LA TEORÍA DEL CASO
El tema de prueba o
necesariamente objeto de la actividad probatoria en cada proceso penal en
concreto. De modo que el concretos.
tiene como contenido hechos
se denomina a lo que en la práctica resulta
Son tema de prueba los actos, omisiones, fenómenos, relacio nes, cantidades, volúmenes, cualidades, causas, móviles, efectos reales o d e peligro, cualidades e identidad personal (el hombre como realidad biopsíquica) o también como sujeto concreto en interacción con la sociedad, etc.; todos ellos en cuanto constituyan el contenido de una imputación y sean materia de la consiguiente actividad probatoria que, a su turno, se convierta en el cont enido fáctico de la acusación y del consiguiente debate, para finalmente trans formarse en el thema decidendus .
GONZÁLEZ LAGIER, Daniel. Quaestio Facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción,
Ibíd ., pág. 20.
En toda acción u omisión consciente existe diferencia entre objeto y finalidad; pero, a la vez, una íntima relación entre sí. Más aún, en muchos casos una finalidad proyectada o concretada puede pasar a constituir también objeto de prueba, siempre que sea necesaria una averiguación y verificación al respecto.
Asimismo, existe diferencia entre necesidad de prueba y tema de prueba; pues la primera tiene categoría de principio, mientras que el segundo no; la primera es incluyente y el segundo incluido.
Los perfiles y particularidades del tema de prueba serán identificados y delimitados según la tipicidad efectuada que haya determinado la apertura del procedimiento y la consiguiente necesidad de la actividad probatoria en cada caso concreto.
Existe consenso en denominar teoría del caso al conjunto de explicaciones jurídicas (teoría jurídica) e hipótesis descriptivas y explicativas de hechos (teoría fáctica) que las acompañan. Se dice incluso que es una especie de cuento o recreación de los hechos pasados, los cuales tienen una implicación jurídica. BERGMAN sostiene que se trata de la formulación de proposiciones fácticas y jurídicas.
La teoría del caso, al igual que el tema de prueba, está referida a hechos en concreto, más propiamente a proposiciones fácticas (versiones de las partes acerca de los hechos), pero se distinguen en que el tema de prueba está referido solamente al hecho punible, mientras que la teoría del caso involucra el elemento fáctico, el jurídico y el probatorio, siendo mucho más completa y compleja.
La teoría del caso tiene tres componentes:
· Fáctico: está constituido por las afirmaciones o refutaciones sobre los hechos relevantes del caso. Su construcción se realiza teniendo en cuenta el tema de prueba (concreción en función de los elementos constitutivos del delito y los supuestos de afirmaciones defensivas).
· Jurídico : constituido por la teoría legal sobre los hechos y eventualmente sobre aspectos procesales que constituyan un beneficio para la parte que, convenientemente, lo postula.
· Probatorio: es un elemento esencial que incide sobre los hechos, no solo en cuanto fuente de conocimiento, sino también en tanto esta fuente esté o no a disposición de la parte que formula su correspondiente teoría del caso.
La teoría del caso es la expectativa de una ventaja procesal, sobre lo que corresponde decidir al juez tanto para la aplicación de la ley penal cuanto para la adopción de una fórmula de simplificación o de oportunidad procesal. A tal expectativa cabe agregar la carga que dentro del proceso penal tiene cada parte.
BERGMAN, Paul.
La defensa en juicio. La defensa penal y a oralidad.
Buenos Aires 1995, pág. 21.
Puedo configurar dentro de mi teoría del caso el más convincente relato o explicación sobre los hechos, pero si mi teoría legal no tiene asidero, el resultado me será desfavorable. En similar sentido, si mi relato y mi teoría legal son convincentes, pero no aporto la prueba que lo demuestre, sufro las consecuencias
mi descuido.
teoría del caso debe ser formulada desde cuando el fiscal recibe en sus manos la
denuncia, pues de otro modo no podrá dirigir de manera adecuada la investigación preliminar u optar por una salida alternativa; dicha teoría se va perfilando con la continuación o formalización de la investigación preparatoria y
se formula de manera exhaustiva en el momento de formular acusación. Lo mismo
ocurrirá tratándose de la defensa: el abogado debe enunciar su teoría del caso desde el inicio de su actividad defensiva.
Sin embargo, la teoría del caso tiene como momento estelar el inicio del juicio, ya que su función es delimitar el objeto del proceso penal, y par ticularmente la discusión o disputa en el juzgamiento. Pero, además, cumple otras funciones de orden práctico: emitir el alegato de apertura, conferir un o rden a toda la prueba que se ha de presentar en el juicio, elaborar de forma sólida e l alegato de clausura, poder solicitar la aplicación de un mecanismo de s implificación procesal, etc.
En el nuevo Código Procesal Penal la teoría del caso se presenta formalmente en el momento de formular los alegatos preliminares o de apertura (art. 371°).
Resulta inoportuno que la conformidad se produzca después de la presentación de
la teoría del caso. Es contradictorio que se diga que la teoría del caso es única, y
luego se abra un espacio para negociar la posibilidad de aplicar la conformidad prevista en el artículo 372°. Por razones prácticas, primero se debe abrir la posibilidad de la conformidad y luego llevar a cabo la presentación de los alegatos preliminares.
6. LOS HECHOS NO CONTROVERTIDOS Y LOS HECHOS ADMITIDOS
A diferencia del Código Procesal Civil, el nuevo Código Procesal Penal no
contempla los hechos no controvertidos, pero sí los hechos admitidos. En efecto, el
artículo 190°.1 del Código Procesal Civil señala que no requieren probanza los hechos no controvertidos y los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la otra en la contestación de la demanda. Por su parte, el artículo 350°.2 del nuevo Código Procesal Penal establece que luego de notificados con el escrito de acusación, los demás sujetos procesales podrán proponer los hechos que aceptan, que el juez dará por acreditados obviando su actuación probatoria en el juicio.
La admisión del hecho produce el doble efecto procesal de obl igar al juez a tenerlo
en cuenta y a considerarlo suficientemente probado (a menos que la ley exija otro medio especial, o sospeche fraude). Se trata también de un caso de
DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Bogotá, 2002, pág. 193.
Teoría de la prueba judicial
. Quinta edición. Editorial Temis.
innecesidad de prueba; no hay debate, discusión o controver sia alguna sobre un determinado hecho.
Según GOZAINI , los hechos admitidos son aquellos en los que ambas partes están de acuerdo en cuanto a su producción. No hay discrepancia en el relato de las circunstancias. Por lo general, la admisión es producto de las afirmaciones de una parte que la otra acepta por ciertas, hablándose en estos casos de admisión expresa.
La aceptación o admisión de hechos a que se refiere el artículo 350º.2 debe ser expresa y simple. No es admisible la aceptación calificada o tácita.
7. LA RELEVANCIA JURÍDICA DE LOS HECHOS
Determinar el hecho en el contexto de la decisión significa esencialmente definir cuál es el hecho “concreto” o “histórico” al que se aplica la norma idónea para decidir el caso o bien; pero no es lo mismo establecer cuál es el hecho controvertido para posteriormente decidir cuál es la norma que debe serle aplicada .
En la decisión, todos los hechos que se deben determinar, y solo éstos, son aquellos a los que se aplica la norma usada como criterio jurídico de decisión. Se trata del
del hecho, conocido también por los juristas con
otras expresiones sinónimas (hecho jurídico, hecho constitutivo, hecho principal, etc.). El objeto de la decisión es el hecho que la norma define y califica como relevante; es decir, como punto de referencia de los efectos que la norma misma prevé. En otros términos, es la norma la que funciona como criterio de selección, en el sentido de individualizar entre los infinitos sucesos del mundo real aquéllos que asumen relevancia específica para su aplicación. Si, y solo si, en la concreta situación planteada en el juicio este criterio funciona con resultados positivos, entonces la norma es aplicable al hecho, éste resulta siendo objeto de la decisión y, por tanto, objeto de prueba. La construcción del caso es la individualización del hecho que constituye el objeto específico de la decisión.
concepto de relevancia jurídica
La construcción del caso —para usar la expresión de HRUSCHKA— es, por lo tanto, una operación compleja en la que el juez formula problemas y busca respuestas, procediendo por grados, por hipótesis y control del análisis de los hechos, de las normas y de sus posibles conexiones .
La referencia a la norma y al supuesto de hecho sirve, como ya se ha dicho, para establecer qué circunstancias del hecho son jurídicamente relevantes en el caso concreto y, por tanto, para establecer qué hechos deben ser determinados a los efectos de la decisión. Esa referencia sirve, pues, para establecer cuál es el objeto
GOZAINI, Osvaldo Alfredo. Trujillo, 1997, pág. 165.
TARUFFO, Michele. TARUFFO, Michele.
La prueba en el proceso civil peruano
. Editora Normas Legales.
. Editorial Trotta. Madrid, 2002, pág. 96.
Editorial Trotta. Madrid, 2002, pág. 97.
del juicio de hecho; esto es, qué hechos son los que constituyen el objeto de las pruebas a producir en ese proceso .
En resumen, únicamente el primer problema supone la interpretación de la norma, mientras que el segundo afecta al conocimiento del hecho: debe tratarse del hecho jurídicamente relevante (y no de un hecho irrelevante desde el punto de vista de la norma aplicable); pero, en todo caso, siempre se tratará de establecer la existencia de un hecho.
Ibíd., pág. 101.
LOS ACTOS DE APORTACIÓN
Y ADMISIÓN DE LA PRUEBA
1. EL PRINCIPIO DE APORTACIÓN DE PARTE. LA PRUEBA DE OFICIO
Se instituye como regla el principio de aportación de parte. Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. Sin embargo, se estipula que la ley establecerá, por excepción, los casos en los cuales se admitan pruebas de oficio. Así, el artículo 385° inciso 2) señala que el juez penal, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer —de oficio o a pedido de parte—, la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. El juez penal cuidará de no reemplazar con este medio la actuación propia de las partes.
Se trata de un principio que reglamenta en exclusiva el modo en que se desarrolla el proceso en relación con una parcela muy concreta del mismo: la introducción de los hechos y de las pruebas . A diferencia del principio dispositivo, que es un límite infranqueable para el legislador, el principio de aportación puede ser sometido a ciertas correcciones con el fin de permitir determinadas actuaciones de oficio . Es consecuencia del principio de aportación que las partes asuman la responsabilidad de aportar al proceso las pruebas en virtud de las cuales consideran que serán atendidas sus pretensiones y resistencias.
La actividad probatoria de oficio se considera una excepció n justificada al principio de aportación de parte. Si se atiende a una de las fi nalidades primordiales del proceso penal, como es el descubrimiento d e la verdad (art. 385°.2), se comprende que, en ocasiones, la persecución de d icha finalidad puede exigir que la actividad probatoria de parte sea comple tada por la práctica de ciertos medios de prueba ordenados de oficio. Tanto más si de por medio se encuentra el interés público en la persecución penal, por lo que tomando en cuenta el principio de legalidad se justifica que el juez —en caso de que no se haya podido aclarar suficientemente los hechos— ordene la p ráctica de otras pruebas.
La prueba de oficio ha sido objeto de crítica en la doctrina, afirmándose que vulneraría la imparcialidad judicial. Al respecto, debemos puntualizar que resulta ciertamente contradictorio proclamar, por un lado, la necesaria intervención del juez civil en la práctica de la prueba y, por el otro, diseñar la figura de un órgano
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mercedes. 2005, pág. 91. Ibíd. , pág. 91.
. Editorial Iustel, Madrid
jurisdiccional penal absolutamente inactivo al amparo del mantenimiento de su debida imparcialidad. Como señala PICÓ I JUNOY, aludir a la imparcialidad como fundamento de la inactividad judicial en el orden penal, a la vez que se propugna su necesaria intervención en otros órdenes, conlleva la admisión de la posible parcialidad de los órganos jurisdiccionales pertenecientes a estos otros órdenes. Ello puede provocar, a su vez, una situación paradójica advertida por TARUFFO: parece que el proceso civil se halla orientado a la búsqueda de la verdad, mientras que el proceso penal se muestra como un proceso orientado únicamente a garantizar la defensa del acusado y a constatar si las pruebas de cargo son o no suficientes para superar la presunción de inocencia.
Lo cierto es que, en el Derecho comparado, la tendencia no es a configurar modelos acusatorios puros; así, en el ámbito europeo continental, el Código de Procedimiento Penal italiano y la Ordenanza Procesal Penal alemana (StPO) —sobre la base del principio de investigación oficial y de averiguación de la verdad— facultan al juez a introducir prueba de oficio. Mientras tanto, en el ámbito anglonorteamericano, la regla 614 de las Reglas Federales de Evidencia de los Estados Unidos y la regla 43 D de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico facultan al juez a llamar a testigos y peritos, así como a interrogarlos directamente.
Respecto a la imparcialidad, debemos señalar que ésta no se ve afectada por la incorporación de prueba de oficio; la imparcialidad no debe ser confundida con la pasividad o absoluta neutralidad del juzgador; lo que se debe preservar es que no exista una sustitución de las partes. No se trata de una carga sino de una facultad de carácter complementario y que apunta a la realización de uno de los fines primordiales del proceso penal.
En efecto, con arreglo al nuevo Código Procesal Penal, el juez no tiene la obligación ni constituye una carga para él ordenar de oficio la práctica de nuevos medios de prueba. Se trata de una facultad que debe ejercer prudentemente y bajo la observancia de determinados requisitos; de manera tal que no podrá anularse ni casarse una sentencia porque el juez no ejerció la facultad o iniciativa de practicar prueba de oficio.
En primer lugar, debe tratarse de nueva prueba, es decir, de un medio de prueba que anteriormente no hubiera sido ofrecido por las partes para su actuación en el juicio. Puede tratarse de prueba sobreviviente o no, no opera en este caso la restricción contemplada en el artículo 373°.1, en razón de que como consecuencia de la actuación probatoria en juicio puede surgir la necesidad de llamar a testigos que antes no fueron considerados, por el hecho de haber sido mencionados en la audiencia como conocedores de algún hecho relevante o para contrastar la credibilidad de algún medio de prueba.
En segundo lugar, la facultad de ordenar la práctica de prueba de oficio solo puede ser ejercida por el juez una vez que las partes hubieran ofrecido y practicado sus medios de prueba aportados en la fase intermedia o al inicio del juicio.
En tercer lugar, debe tratarse de nuevos medios de prueba manifiestamente útiles para esclarecer la verdad (art. 385°.2). La dinámica del juicio puede dar como
resultado que muten o surjan hechos nuevos y relevantes para los fines de resolver
y de hacer que aparezcan, por lo tanto, ulteriores medios de prueba útiles.
Además, los medios de prueba que se decida practicar en el juicio deben ser pertinentes, conducentes y lícitos.
En cuarto lugar, mediante el ejercicio de la facultad o iniciativa de oficio, el juzgador no puede sustituir a las partes; esto es, no puede ordenar la actuación de prueba directamente de cargo o de descargo, sino de prueba complementaria o prueba sobre la prueba. El nuevo Código Procesal Penal no otorga una facultad supletoria sino excepcional para ordenar la práctica de prueba de oficio. Prueba complementaria o prueba sobre la prueba, es aquella que persigue establecer la credibilidad o no de un órgano de prueba (testigo) o del contenido de un medio de prueba (testimonio).
2. LA OPORTUNIDAD EN QUE DEBE SER OFRECIDA LA PRUEBA
El momento en que el fiscal, la defensa y las demás partes deben ofrecer sus medios de prueba es en la fase intermedia (arts. 349º.1 h y 350º.1. f), para lo cual presentarán su lista de testigos y peritos —con indicación de su nombre, profesión y domicilio—, precisando los hechos o puntos sobre los cuales serán examinados en el curso del debate.
El fiscal debe ofrecer los medios de prueba en su acusación, para lo cual presentará la lista de testigos y peritos —con indicación de su nombre y domicilio—, y de los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, le corresponde hacer una reseña de los demás medios de prueba que ofrezca.
Los otros sujetos procesales podrán, en el plazo de diez días de notificados con la acusación, ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate —con indicación de nombre, profesión y domicilio—, precisando los hechos acerca de los cuales serán examinados en el curso del debate. Presentar los documentos que no fueron incorporados antes, o señalar el lugar donde se hallan los que deban ser requeridos.
Conforme al artículo 373º.1, luego de preguntado el acusado si admite los hechos
o no, las partes podrán ofrecer nuevos medios de prueba. En tal caso, solo se admitirán aquellos de los cuales las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de la acusación.
Excepcionalmente, las partes podrán reiterar el ofrecimiento de medios de prueba no admitidos en la audiencia de control, para lo cual se requiere una especial argumentación de las partes (art. 373º.2). El juez decidirá en ese mismo acto, previo traslado del pedido a las demás partes. Esta posibilidad de aportar prueba en el juicio es distinta a la señalada por el artículo 385°.2.
Los autos que decidan sobre la admisión de la prueba pueden ser objeto de un nuevo examen por el juez de la causa, previo traslado al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales.
Según el artículo 385º.2, una vez culminada la recepción de las pruebas, las partes podrán solicitar al juez la práctica de nuevos medios de prueba que resulten indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. Esta es la última oportunidad que tienen las partes para ofrecer nuevas pruebas, entendiéndose como tales no solo las sobrevinientes, sino todas aquellas no ofrecidas precedentemente.
3. LOS PRINCIPIOS QUE REGULAN LA APORTACIÓN Y LA ADMISIÓN DE LA PRUEBA
Llamado también principio de libertad en la utilización de medios probatorios, se encuentra consagrado en el inciso 1 del artículo 157°, conforme al cual los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la ley. Conforme a este principio, se prohíbe enunciar taxativamente los medios de prueba, de modo tal que las partes pueden ofrecer y utilizar los medios probatorios típicos o atípicos, siendo que su admisión y posterior actuación estará sujeta a que sean conformes con los principios y demás bienes jurídicos que delimitan su
contenido Se sustenta en el criterio de que todo se puede probar y por cualquier medio; es decir, no se requiere de un medio de prueba determinado, ya que todos son admisibles para dar con la verdad concreta.
En el proceso penal no se tienen en cuenta los límites probatorios establecidos por las leyes civiles, con excepción de aquéllos que se refieren al estado civil o la ciudadanía de las personas.
Es la relación lógica entre el medio y el hecho por probar. En consecuencia, prueba pertinente es aquella que de alguna manera hace referencia al hecho que constituye objeto del proceso. Prueba impertinente es la que evidentemente no ttiene vinculación alguna con el objeto del proceso, en razón de no poder inferirse de la misma ninguna referencia directa ni indirecta con el mismo o con un objeto accesorio o incidental que sea menester resolver para decidir sobre el principal.
En un delito de homicidio, prueba pertinente será la testifical ofrecida para acreditar que el acusado amenazó a la víctima dos días antes de los hechos. Prueba impertinente será la prueba testimonial ofrecida para demostrar la mala fama de la víctima en un caso por delito de homicidio.
El Código Procesal Penal confiere a la defensa la facultad de utilizar medios de prueba, siempre que sean pertinentes (art. IXº T. P.). La admisión de los medios de prueba ofrecidos requiere que el aporte probatorio sea pertinente (art. 352º.5.b); en caso contrario, el juez los excluye mediante auto motivado (art. 155º.2).
La pertinencia guarda relación con lo que es objeto de prueba, que se define como aquello susceptible de ser probado; es decir, en lo que debe o puede recaer la prueba.
Son objeto de prueba los hechos afirmados por las partes; esto es, los que se refieran a la imputación, a la punibilidad y a la determinación de la pena o medida de seguridad, así como los referidos a la responsabilidad civil derivada del delito (art. 156°).
No debe confundirse la pertinencia de un medio probatorio con su eventual eficacia, pues mientras el primero alude a la relación lógico-jurídica que existe entre el medio de prueba y alguno de los hechos que constituyen el objeto concreto de prueba, el segundo se refiere a la posibilidad de que el medio probatorio produzca los fines perseguidos con él, esto es: producir la convicción del juzgador sobre la existencia o inexistencia del hecho objeto concreto de prueba y asegurar o alcanzar la verdad jurídica objetiva. En tal sentido, un medio probatorio puede ser pertinente pero ineficaz, porque no cumplió con los fines que con él se persiguen.
No son objeto de prueba las máximas de la experiencia, las leyes naturales, la norma jurídica vigente, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo imposible y
lo notorio (art. 156°).
Las máximas o reglas de la experiencia han sido conceptualizadas por STEIN como definiciones o sentencias hipotéticas de contenido general, independientes del caso concreto que se ha de juzgar en el proceso y de sus elementos particulares, que son producto de la experiencia y que poseen en principio una validez general, por lo cual son independientes de los casos
particulares. Se caracterizan por su generalidad, habitualidad o repetición,
y tratándose de reglas de experiencia común su reconocimiento social
depende del lugar y tiempo. A decir de DEVIS ECHANDÍA , tales reglas de
la experiencia no requieren probanza, sin perjuicio de que se pueda requerir
dictamen pericial si su conocimiento es limitado a especialistas.
Entre las máximas de la experiencia están comprendidas las leyes naturales
y científicas, así como las reglas técnicas y del arte, etc. Las máximas de la
experiencia son reglas de contenido general —por lo tanto, independientes del caso concreto—, que han sido extraídas de la observación corriente del
comportamiento humano o de cuanto ocurre generalmente en múltiples ocasiones.
La norma jurídica no puede ser objeto de prueba, en la medida que se trata de un deber jurídico inexcusable que dimana de la obligatoriedad de la ley a que se refiere el artículo 109° de la Constitución. El viejo aforismo ignorantia legis neminem excusat (la ignorancia de la ley a nadie excusa) rige plenamente en este caso, tratándose de la ley nacional. A nuestro juicio, ni
STEIN, Friederich.
1973, pág. 30. DEVIS ECHANDÍA, Hernando.
. Universidad de Navarra. Pamplona
. Pág. 191.
siquiera en los casos en que el asunto o tema legal requiera opiniones dogmáticas muy elaboradas es admisible considerar tal tema como objeto de prueba, aquello sobre lo que debe recaer la actividad probatoria; cosa distinta son los dictámenes o informes jurídicos de carácter ilustrativo. En el caso de la ley extranjera, quien la invoca debe acreditar su existencia y vigencia; incluso no se niega la posibilidad de un peritaje en casos de complejidad para determinar los alcances o significados de la disposición extranjera.
El legislador ha considerado también que la cosa juzgada no sea objeto de prueba, opción que se funda en criterios de seguridad jurídica. No es posible reabrir actividad probatoria sobre unos hechos que ya han sido objeto de una decisión judicial firme, lo que constituye una garantía procesal específica, contemplada en el artículo 14º.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos . Sin embargo, se debe tener en cuenta que los hechos declarados probados en un proceso no impiden que en otro proceso se discutan los mismos o se realice actividad probatoria que modifique su confirmación, siempre que se trate de otro sujeto. La cosa juzgada en materia penal vincula esencialmente a los que fueron parte en el proceso en el que se expidió la decisión y no a los demás.
es aquello que no corresponde a la realidad, no solo física sino
también social, y al estado del avance científico y tecnológico. No debe olvidarse que si en el siglo XIX hubiese sido considerado un hecho imposible los viajes en transbordador espacial; hoy es una realidad. Imposible es orientar la actividad probatoria a demostrar que una persona puede quedar
suspendida en el aire por medio minuto. Para SAN MARTÍN, imposible es el hecho que no puede tener concreción en la realidad por ser contrario a las leyes naturales o no puede establecerse en el mundo de los fenómenos. No debe confundirse el hecho imposible con la imposibilidad de obtención de
una fuente de prueba o la práctica de un medio de prueba (art. 156°.2
Hecho imposible es aquel sobre el cual no se puede realizar actividad probatoria alguna; es decir, no se puede ofrecer ni actuar en el proceso.
Los hechos notorios no necesitan ser probados, puesto que, como afirma MANZINI , solo constituyen objeto de prueba las afirmaciones sobre hechos que puedan dar lugar a incertidumbre , o sea exijan una comprobación. Por hecho notorio se entiende aquel cuya certeza positiva o negativa es de general conocimiento en un ámbito espacio-temporal determinado. Ejemplos de hechos notorios son: las fechas de fiestas patrias o navidad, el nombre del presidente de la República del Perú, que en la ciudad de Lima no cae nieve, entre otros. No debe confundirse el hecho notorio con el hecho evidente, siendo del caso anotar que el nuevo Código Procesal Penal no ha
SAN MARTÍN CASTRO, César.
Jurídica Grijley. Lima, 2003, pág. 808.
MANZINI, Vincenzo.
Para JAUCHEN, el objeto de la prueba en el proceso penal está constituido por el material fáctico, incierto en cuanto a su conocimiento, y que como tal se debe y puede probar a los fines de declarar la existencia o inexistencia sobre la cuestión sometida a decisión.
Segunda Edición. Tomo II. Editora
. Tomo III, págs. 204-205.
regulado sobre el hecho evidente, lo que no significa que no pueda distinguirse. Si se pretendiera aportar un medio de prueba para acreditar un hecho notorio, el juez no debe admitirlo por no ser objeto de prueba. Sin embargo, ROXIN apunta que no es completamente inadmisible la prueba con la que se pretende contradecir la existencia del hecho notorio, si se presentan circunstancias nuevas y no conocidas que demuestran la aceptación equivocada de la notoriedad.
El principio de conducencia o idoneidad, que se encuentra expresamente reconocido como requisito para la admisibilidad probatoria en el artículo 352º.5.b, parte de dos premisas fundamentales.
En primer lugar, que el legislador puede determinar, en algunos casos, qué medios o instrumentos pueden ser utilizados como medios probatorios y cuáles no (Ejemplo: los diplomáticos testifican mediante informe escrito, artículo 168º).
En segundo lugar, que el legislador puede prohibir la utilización de determinados medios probatorios para un caso concreto (Ejemplo: no procede el careo entre el imputado y la víctima menor de catorce años, artículo 182º.3).
La conducencia es una cuestión de derecho, porque se trata de determinar si el medio utilizado, presentado o solicitado es legalmente apto para probar el
hecho. La prueba inconducente es rechazada in limine en la mayoría de los códigos.
La utilidad puede ser definida como aquella cualidad del medio de prueba que hace que éste sea adecuado para probar un hecho.
La prueba, además de ser pertinente, debe ser útil. Un ejemplo de prueba inútil es el siguiente: en el caso de proponerse una prueba testifical para averiguar si el agua de un determinado pozo es o no potable. Los criterios que determinan la potabilidad del agua constituyen máximas de experiencia de carácter técnico y solo un perito en la materia podrá aportarlas con la fiabilidad necesaria.
Para JAUCHEN , la utilidad de la prueba está directamente relacionada con la relevancia que el elemento tenga en relación con el objeto que debe probarse. Esto es, su importancia, idoneidad y eficacia para verificar el mismo. Porque, además de ser pertinente, la prueba debe ser útil. La inutilidad supondrá, por lo tanto, que el medio de prueba no resulte apto
JAUCHEN, Eduardo.
Buenos Aires, 2002, pág. 25.
. Editores del Puerto. Buenos Aires 2000, pág. 188.
Tratado de la prueba en materia penal
. Rubinzal – Culzoni Editores.
para probar el hecho que se pretende. Un medio de prueba será útil si es relevante para resolver el caso particular y concreto.
Para la admisión de los medios de prueba ofrecidos, el artículo 352°.5.b) del nuevo Código Procesal Penal requiere —entre otros requisitos— que el acto probatorio propuesto sea pertinente, conducente y útil. De modo tal que a diferencia de lo que se sostiene en la doctrina, la utilidad del medio de prueba aportado debe ser examinada a priori.
Respecto de la utilidad, el Código Procesal Penal reconoce dos supuestos especiales: la limitación de los medios de prueba cuando resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible consecución (art. 155°.2). Resulta sobreabundante —por ejemplo— ofrecer veinte testigos para acreditar que el acusado tiene buena conducta; en tal caso, al juez le corresponde limitar la aportación de prueba al número razonable de testigos, para lo cual deberá comunicar su decisión a la parte que propuso los testigos, con el objeto de que ésta sea quien elija los testigos que de acuerdo a su estrategia o teoría del caso le convengan más. No obstante, se ha considerado que es sumamente contingente para la defensa qué testigos finalmente brindarán la mejor y más calificada información para confirmar su teoría. Sin duda, se trata de un tema polémico, requiriéndose que el juez realice el juicio de admisión con prudencia y teniendo en cuenta la complejidad del asunto. Si se han presentado, por ejemplo, muchos testigos para el mismo asunto, resulta difícil limitar la cantidad. Uno no sabe lo que van a decir. Hay dos posibilidades: se cita a todos y cuando se ha tomado el testimonio a cierta cantidad se deja a los demás. Otra opción es citar a un número limitado y si sus declaraciones no son consideradas suficientes, se cita al resto para otra audiencia dentro del plazo.
Este principio está referido al modo de obtención de la fuente que posteriormente se pretende incorporar al proceso.
Conforme al nuevo Código Procesal Penal, un medio de prueba podrá ser admitido solamente si ha sido obtenido por un procedimiento constitucionalmente legítimo, y valorado solo si ha sido incorporado legítimamente al proceso. Por lo tanto, carecen de efecto legal las pruebas
obtenidas, directa ( prueba ilícita
envenenado ), con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona (art. VIIIº T.P.).
Se refiere al modo de obtención de la fuente que posteriormente se pretende incorporar al proceso. Se trata, en suma, de regular la actividad que conduce a la obtención de la fuente. La consecuencia procesal de la ilicitud será en unos casos la inadmisión del medio de prueba, y en otros su falta de aptitud para formar la convicción judicial o bien fijar los hechos, es decir para motivar la sentencia. La lesión de un derecho fundamental en la obtención de una fuente de prueba supone una ilegalidad, como también es ilegal la proposición extemporánea de un medio de prueba. La diferencia radica en la
calidad de la norma infringida. En el primer caso se trata de infracción normativa constitucional, y en el segundo de infracción de normativa ordinaria.
En materia penal, la necesidad de la prueba tiene su sustento en la presunción de inocencia consagrada en el artículo 2°.24.e) de la Constitución, y desarrollada por el artículo IIº.1 del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal.
La prueba es vital para la demostración de los hechos en el proceso; sin ella reinaría la arbitrariedad. Al juez le está prohibido basarse en su propia experiencia para dictar sentencia (conocimiento privado).
La necesidad de un medio de prueba es una cualidad del mismo que no puede ser utilizada por el órgano jurisdiccional como criterio de admisión probatoria general. En principio, no existe limitación en orden a su necesidad, en cuanto a los medios de prueba que las partes puedan proponer, ni en el proceso penal ni en el proceso civil. Sin embargo, en determinados supuestos sí puede utilizarse dicho criterio. Son casos éstos en los que el medio de prueba se manifiesta claramente como innecesario o superfluo. Esto puede suceder cuando se propongan muchas pruebas con el mismo fin o cuando el medio de prueba ya se haya practicado antes. Para JAUCHEN este principio se enuncia como la necesidad de que todo hecho que constituye el objeto del proceso debe ser corroborado solo mediante pruebas introducidas legalmente al mismo, con independencia del conocimiento que de tales hechos tenga el órgano jurisdiccional.
Una excepción al principio de necesidad de prueba está constituida por las llamadas convenciones probatorias. Las convenciones probatorias o estipulaciones de prueba son acuerdos celebrados entre el fiscal y la defensa para tener por probados alguno o algunos hechos o sus circunstancias, así como sobre los medios de prueba que deban ser utilizados para probar determinados hechos.
Es una expresión más de un modelo adversativo, en el cual las partes tienen una mayor presencia e intervención. En la legislación comparada , las
. Pág. 20.
hechos que se pretenden demostrar con la realización de determinada prueba, podrán realizar estipulaciones respecto a esa prueba, con la finalidad de evitar su presentación en el debate del juicio oral y público.
Si todas las partes estuvieren de
Durante la audiencia, el fiscal, el querellante, si lo
convenciones o estipulaciones probatorias han sido consagradas en el Código Procesal Penal de Chile (art. 275°), el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela (art. 200°), el Código Procesal Penal de Nicaragua (art. 192°) y en el Código de Procedimiento Penal de Colombia del 2004 (art. 356°). A diferencia de dichos códigos, el peruano no deja al total albedrío de las partes el acuerdo sobre los medios de prueba; el artículo 350º.2 permite al juez desvincularse del acuerdo, exponiendo los motivos que lo justifiquen.
El artículo 156º.3 establece: las partes podrán acordar que determinada circunstancia no necesita ser probada, en cuyo caso se valorará como un hecho notorio. El acuerdo se hará constar en acta. Conforme al artículo 350º, los demás sujetos procesales podrán proponer los hechos que aceptan y que el juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en el juicio. El juez puede desvincularse del convenio probatorio, exponiendo los motivos que lo justifiquen.
Asimismo, podrán proponer acuerdos acerca de los medios de prueba considerados necesarios para que determinados hechos se estimen probados. El juez, sin embargo, exponiendo los motivos que lo justifiquen, podrá desvincularse de esos acuerdos; en caso contrario, si no fundamenta especialmente las razones de su rechazo, carecerá de efecto la decisión que los desestime.
El artículo 352º inciso 6 del nuevo Código Procesal Penal estatuye: la resolución sobre las convenciones probatorias, conforme a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 350º, no es recurrible. En el auto de enjuiciamiento se indicarán los hechos específicos que se dieren por acreditados o los medios de prueba necesarios para considerarlos probados.
al juez de garantía que dé por acreditados
ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en el juicio oral. El juez de garantía podrá formular proposiciones a los intervinientes sobre la materia. Si la solicitud no mereciere reparos, por conformarse a las alegaciones que hubieren hecho los intervinientes, el juez de garantía indicará en el auto de apertura del juicio oral los hechos que se dieron por acreditados, a los cuales deberá estarse durante el juicio oral.
hubiere, y el imputado podrán
Solo serán objeto de prueba los hechos que consten en la
causa. El tribunal podrá limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho
cuando resulten manifiestamente repetitivos. Asimismo, podrá prescindir de la prueba cuando
ésta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio o cuando exista hechos o circunstancias sean considerados como probados.
en que determinados
dispondrá:
4. Que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. En este caso decretará un receso por el término de (1) hora, al cabo de la cual se reanudará la audiencia para que la Fiscalía y la defensa se manifiesten al respecto.
celebrados entre la Fiscalía
En el desarrollo de la audiencia el juez
Se entiende por estipulaciones probatorias los
y la Defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias.
Para que se produzca la convención probatoria se requiere del consenso de las partes principales y adversarias: el Fiscal y la defensa, respecto de las pretensiones penal y civil, el actor civil y la defensa respecto de la pretensión civil. No se descarta la posibilidad de acuerdos probatorios entre el tercero civil responsable y el actor civil respecto a hechos o circunstancias vinculados a la reparación civil.
Aun cuando el artículo 156° señale que el objeto de las convenciones probatorias son “determinadas circunstancias”, debe entenderse que se
refiere a cualquiera de los hechos que conforman el penal.
factum de la pretensión
Los acuerdos probatorios deben constar en acta y ser propuestos directamente al juez por las partes. No se trata de una petición o solicitud conjunta, como lo configura el Código Procesal Penal chileno.
Las convenciones probatorias se distinguen de cualquier forma de allanamiento o aceptación de determinados hechos, aun cuando tengan el mismo efecto, pues se diferencian por el acto procesal que las originan.
Se diferencian también de la conformidad, por cuanto ésta exige que el procesado admita ser responsable del delito materia de acusación (art.
372°.2).
El principal efecto de las convenciones probatorias es que los hechos o circunstancias acordados no serán tema de prueba en el juicio, ni las partes
ni el juez podrán aportar pruebas. Serán valorados en su oportunidad como
Tratándose de un acuerdo sobre medios de prueba, el efecto es que solo podrá emplearse un determinado medio de prueba para tener por acreditado un hecho o hechos. Sin embargo, puede ocurrir que el medio de prueba
acordado pueda resultar de imposible consecución, en cuyo caso nada obsta
a que se pueda modificar el convenio probatorio y elegir otro medio de
prueba, o dejar en libertad a las partes y al juez de aportar otro medio de prueba.
Las convenciones probatorias vinculan a las partes que lo acuerden y al juez, salvo que este último, exponiendo los motivos que lo justifiquen, decida desvincularse de esos acuerdos (art. 350º.2). Si el juez no fundamenta especialmente las razones de su rechazo, carecerá de efectos la decisión que los desestime.
Sin duda, tal vinculación puede ser afectada por la prueba actuada en el juicio, en cuyo caso corresponderá al juez apreciar esta circunstancia y
resolver conforme a las reglas de la sana crítica; es decir, libremente decidirá
si prevalecen los hechos materia de acuerdo o son desvirtuados por la prueba
EL ASEGURAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
O CONSERVACIÓN DE LA PRUEBA
1. LA PRUEBA ANTICIPADA
diferencia del Código de Procedimientos Penales el nuevo Código Procesal Penal
ha regulado la llamada prueba anticipada —o más propiamente anticipación de
la prueba— en el Título IV de la Sección Segunda del Libro Segundo, específicamente de los artículos 242° a 246°. Esta regulación ha sido considerada
de gran precisión sistemática por un sector de la doctrina .
Prueba anticipada es para el nuevo ordenamiento procesal penal aquélla practicada antes del juicio, con intervención del juez en condiciones que permiten la contradicción, cuando fuere de temer que no podrá practicarse en el juicio oral
o que pudiera motivar su suspensión.
Si bien el artículo 393°.1 del nuevo Código Procesal Penal establece que el juez penal no puede utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquéllas legítimamente incorporadas en el juicio, ello no significa que únicamente pueda ser objeto de valoración la prueba practicada en el juicio —esto es, los llamados actos de prueba—, sino también la prueba anticipada y la prueba preconstituida, a las cuales el artículo 325° del nuevo Código otorga el carácter de actos de prueba. Es por ello que el legislador ha empleado la frase “pruebas incorporadas en el juicio”, en lugar de “pruebas practicadas en el juicio”. Se trata, sin duda, de una equiparación, en el entendido de que determinadas fuentes de prueba no podrán estar disponibles para su práctica en el juicio y que solamente es posible incorporarlas mediante su lectura para su ulterior debate.
La prueba anticipada se caracteriza porque la no disponibilidad de la fuente de prueba para el juicio oral resulta siempre “previsible” en el momento en que se solicita la práctica de dicha prueba. Se realiza la actuación probatoria en un momento anterior a aquél en que correspondería o sería propio hacerlo.
La prueba anticipada debe ser actuada con los requisitos que corresponderían a su práctica en el juicio, especialmente la inmediación ante el juez, con citación de las partes y con plena intervención de éstas. El principio de contradicción exige que se brinde a la defensa la posibilidad de comparecer en la práctica de la prueba anticipada (art. 244°.1). Se trata de un requisito esencial para su ulterior valoración; sin embargo, el Código ha establecido una excepción para el caso de la existencia de un peligro inminente de pérdida del elemento probatorio (fuente de prueba) y su actuación no admita dilación, en cuyo supuesto, a pedido del fiscal, el juez decidirá su realización de inmediato, sin traslado alguno (art. 244°.4).
GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, Marta. La prueba anticipada . En:
proceso penal . Estudios fundamentales. Editorial Palestra. Lima 2005, p. 455.
El riesgo de no poder disponer de un testigo para la recepción de su testimonial se presenta con frecuencia en los juicios; por ello el artículo 242°.1.a exige que exista un motivo fundado para considerar que dicha prueba no podrá practicarse en el juicio. El nuevo Código Procesal Penal contempla tres motivos para su examen de urgencia: 1) enfermedad u otro grave impedimento del testigo, 2) que el testigo hubiera sido expuesto a violencia o amenaza, para que no declare o lo haga falsamente, y 3) que al testigo se le hubieran hecho ofertas o promesa de dinero u otra utilidad para que no declare o lo haga falsamente.
Debe entenderse que la enfermedad debe ser de tal entidad que sea inminente la pérdida del órgano de prueba o de sus condiciones físicas y síquicas para testificar. No necesariamente debe entenderse que la enfermedad ponga en riesgo la vida; basta que ponga en riesgo las facultades sicofísicas del testigo. Otro grave impedimento puede representar el inminente viaje del testigo a otro país o que se trate de un testigo que carece de domicilio, lo que hará sumamente difícil dar con su paradero a efecto de su citación a juicio.
El segundo motivo está relacionado con la coacción que pueda sufrir un testigo, sea de forma directa o indirecta; en este último caso, la violencia o amenazas puede recaer sobre un familiar o inclusive sobre su abogado. Consideramos que no basta invocar el riesgo de violencia o amenazas, sino que deben concurrir indicios racionales del uso de la violencia o de las amenazas; obviamente, bastará con los intentos de ejercer la violencia para que la solicitud de prueba anticipada sea admitida (ejemplo: el testigo, su familiar o su abogado sufre un atentado).
El tercer motivo se refiere a la compra del testigo, mecanismo al que recurren los acusados con poder económico —lícito o ilícito— con la finalidad de eliminar la prueba de cargo en su contra. No es necesario que el testigo haya sido comprado; basta con que se le haya ofertado o prometido el pago u otra utilidad con el propósito de que no declare o lo haga falsamente. Se requiere sin duda la versión del propio testigo o una prueba que demuestre el intento de comprarlo.
En el caso del examen del perito, su anticipación probatoria puede darse por los mismos motivos de urgencia y riesgo que para el examen de los testigos. No obstante, el artículo 242°.1.a estatuye que el interrogatorio formulado al perito, puede incluir el debate pericial cuando éste sea procedente.
Un problema relacionado con el examen del perito como prueba anticipada, consiste en determinar si también pueden ser objeto de anticipación la operación pericial y el informe pericial. Consideramos que lo que se anticipa es el examen del perito, esto es la información que este último deba brindar en el juicio, y no la práctica de la pericia o la elaboración del informe, ya que las pericias son esencialmente actos realizados en la investigación. Sin duda, la situación es diversa si se ofrece prueba pericial en la fase intermedia para su actuación en el juicio. En tal supuesto, podría estimarse procedente, en la medida que exista el riesgo de no disponibilidad del órgano de prueba y se acredite la urgencia de su práctica anticipada. El perito puede ser coaccionado
comprado para asegurar la no realización o la falsedad de la pericia o
C) Careo entre personas que han declarado
Para la procedencia del careo como prueba anticipada, se requiere que se cumpla en primer lugar con los requisitos exigidos por el artículo 182°; esto es, que existan contradicciones importantes entre lo declarado por un imputado y lo declarado por otro imputado, testigo o el agraviado, o entre agraviados, o entre testigos, o entre éstos y aquéllos.
En segundo lugar, deben concurrir las mismas circunstancias y motivos establecidos en el artículo 242°.1.a del nuevo Código Procesal Penal. Aquí cabe destacar que la disposición legal no se circunscribe a los testigos en tanto órganos de prueba sujetos a riesgo de no disponibilidad para el juicio, pues hace referencia al careo entre personas que han declarado, que pueden ser cualquiera de los sujetos mencionados en el artículo 182°.
Coincidimos con GÓMEZ DE LIAÑO cuando afirma que el nuevo Código Procesal Penal parece haber confiado demasiado en la utilidad del careo, ya que en realidad no se trata de un auténtico acto de prueba; sus beneficios son a veces discutibles y es un acto sumamente delicado en el que el juez debe poner la mayor atención, comportándose con el más riguroso escrúpulo.
El artículo 242°.1.c señala que se pueden anticipar reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones que, debido a su naturaleza y características, sean considerados actos definitivos e irreproducibles, y no sea posible postergar su realización hasta la celebración del juicio.
Los reconocimientos pueden recaer sobre personas (art. 189°), cosas (art. 191°), voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial (art. 190°). El artículo 189°.3 estatuye que si la diligencia de
GÓMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, Marta. Op. cit., pág. 462.
reconocimiento de personas es presenciada por el juez de la Investigación Preparatoria, se considerará un acto de prueba anticipada . Estimamos que debió considerársele prueba preconstituida antes que prueba anticipada, ya que ésta requiere que la realice el juez con todas las garantías del juicio y básicamente con la contradicción y no que, debido a la ausencia del abogado defensor, el juez se limite a presenciar el reconocimiento.
Para que se considere como acto definitivo, el anticipo de la diligencia de reconocimiento se funda en el riesgo de que las características o propiedades de las personas o cosas puedan variar; incluso tratándose de las cosas, éstas puedan deteriorarse y no vayan a estar disponibles para el juicio o alteren la fiabilidad del acto de prueba en el juzgamiento.
La inspección tiene por objeto comprobar las huellas y otros efectos materiales que el delito haya dejado en los lugares y cosas o en las personas (art. 192°.2). Sin duda, las huellas y otros efectos materiales del delito, bien sea por el transcurso del tiempo o por no estar bajo custodia de la autoridad los bienes inmuebles o muebles, pueden no estar disponibles para su actuación en el juicio, de donde resulta indispensable acordar su actuación anticipada. Por ello, en la doctrina se ha sostenido que se trata de una diligencia típicamente sumarial o de un acto de investigación.
La reconstrucción del hecho tiene por finalidad verificar si el delito se efectuó, o pudo acontecer, de acuerdo con las declaraciones y demás pruebas actuadas (art. 192°.3). Siendo la reconstrucción u na reproducción o escenificación del hecho principal o de sus circunstancias, el fundamento de la irreproducibilidad para su actuación anticipada no parece del todo atendible. La reconstrucción puede practicarse en la investigación preparatoria o en el juicio, pues es en el juzgamiento donde se vierten las declaraciones y se practican las demás pruebas que van a incidir en la deliberación, no las declaraciones prestadas en la investigación. Al parecer, ha primado el criterio tradicional de considerar la reconstrucción como una prueba sumarial o medio de investigación que no debe practicarse en el juicio. No debe olvidarse que el artículo 385°.1 señala que en el juicio el juez penal, de oficio o a pedido de parte, previo al debate de los intervinientes, podrá ordenar la realización de una reconstrucción, disponiendo las medidas necesarias para llevarla a cabo.
Como ya se ha dicho, la prueba anticipada es ordenada y dirigida por el juez de la Investigación Preparatoria. El momento para instar la actuación de
Artículo 189°.3. Durante la investigación preparatoria deberá presenciar el acto el defensor del imputado o, en su defecto, el juez de la Investigación Preparatoria, en cuyo caso se considerará la diligencia un acto de prueba anticipada.
una prueba anticipada es durante la investigación preparatoria (art. 242°.1) y también es posible su solicitud en la etapa intermedia (arts. 242°.2 y 350°.1.c). Cuando se formula la petición de prueba anticipada en la fase intermedia, su actuación se realiza en la audiencia preliminar con la citación de todas las partes concernidas (art. 351°.1).
Puede suceder que iniciado un juicio complejo por el considerable volumen de pruebas admitidas, surja el riesgo de no poder disponer de una fuente de prueba para su oportuna práctica conforme al orden de actuación probatoria. En este supuesto, nada impide que se pueda realizar su actuación anticipada bajo las mismas circunstancias y motivos que los señalados en el artículo 242° del nuevo Código Procesal Penal; en este caso puede ser instada por alguna de las partes e incluso ordenada de oficio, apoyándose en la facultad conferida por el artículo 385°.
Durante la investigación preparatoria y en la etapa intermedia, los sujetos legitimados para instar la actuación de una prueba anticipada son el fiscal y los demás sujetos procesales (art. 242°.1). Sin embargo, tratándose del reconocimiento de personas, el juez de la Investigación Preparatoria puede intervenir de oficio en dicha diligencia, lo que le otorga la calidad de prueba anticipada (art. 189°.3). En el caso de las diligencias de inspección judicial y reconstrucción, pueden ser ordenadas por el juez de la Investigación Preparatoria (art. 192°.1), de lo que se concluye que en estos supuestos no solo puede instarse la prueba anticipada por las partes, sino también de oficio.
El nuevo Código Procesal Penal es amplio en cuanto a la regulación procedimental de la prueba anticipada; de este aspecto tratan los artículos 243°, 244° y 245°.

References: artículo 44
 artículo 139
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 155
 artículo 385
 artículo 393
 artículo 393
 artículo 139
 artículo 352
 artículo 11
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 393
 artículo 182
 artículo 157
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 159
 artículo 156
 artículo 157
 artículo 393
 artículo 372

artículo 190
 artículo 350
 artículo 350
 artículo 385
 artículo 373
 artículo 373
 artículo 385
 artículo 385
 artículo 157
 artículo 109
 artículo 14
 artículo 352
 artículo 168
 artículo 182
 artículo 352
 artículo 2
 artículo 350
 artículo 156
 artículo 350
 artículo 352
 resolución 
 artículo 350
 artículo 156
 artículo 393
 artículo 325
 artículo 242
 artículo 242
 artículo 182
 artículo 242
 artículo 182
 artículo 242
 artículo 189
 artículo 385

Artículo 189
 artículo 242
 artículo 385