Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/22765
Timestamp: 2020-01-27 05:22:36+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 21/2012
SENTENCIA 21/2012, de 16 de febrero
ECLI:ES:TC:2012:21
b) En la demanda se solicitaba la disolución del vínculo por divorcio, el cese de la atribución a la esposa del uso de la vivienda familiar y la división de la cosa común con el consiguiente cese en el indiviso sobre la citada vivienda “al amparo del art. 43 del Codi de familia de Catalunya, lo que se llevará a efecto en ejecución de sentencia”. En la contestación a la demanda, la demandada manifestó su conformidad con la disolución del matrimonio y solicitó el mantenimiento de la atribución del uso de la vivienda familiar; también declaró no oponerse a la división de la cosa común siempre y cuando se mantuviera la atribución del uso de la vivienda familiar.
c) Por providencia de 8 de febrero de 2006, concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar Sentencia, el Juzgado abrió el trámite previsto en el art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordando dar traslado a las partes para que, con carácter previo al posible planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, fueran oídas sobre lo siguiente: “a) Vinculación de la norma con rango de ley cuestionada en este caso el art. 43 de la Ley 9/1998 de 15 de julio de 1998 del Parlamento de Cataluña y la Sentencia de la que penden los autos; b) Posible vulneración del art. 43 de la Ley 9/1998 de 15 de julio de 1998 del Parlamento de Cataluña con respecto al precepto constitucional art. 149.1.6 CE”.
3. Por Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Arenys de Mar, de 5 de mayo de 2006, se acordó plantear a este Tribunal “la eventual contradicción del art. 43.1 de la Ley 9/1998 de 15 de julio del Parlamento de Cataluña con relación al art. 149.1.6 de la Constitución Española”.
a) En cuanto al juicio de relevancia, el órgano proponente manifiesta que el precepto cuestionado, “citado como sustento de la pretensión ejercitada”, presenta una vinculación clara con la resolución del procedimiento en curso pues, si el art. 43.1 del Código de familia resultara inconstitucional sería de aplicación la regulación prevista en la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), que prohíbe la acumulación de acciones, por lo que no entraría a resolver sobre la acción de división de la cosa común; y, si la norma resultara constitucional, el órgano judicial sí entraría a conocer de la acción de división de la cosa común.
b) La eventual contradicción del art. 43.1 de la Ley 9/1998, de 15 de julio del Parlamento de Cataluña con el art. 149.1.6 CE se argumenta como sigue: primero, de conformidad con el art. 149.1.6 CE el Estado tiene competencia exclusiva sobre “legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas”; segundo, el art. 43.1 del Código de familia es una innovación del ordenamiento procesal pues permite la acumulación de la acción de división de la cosa común a la acción de disolución del matrimonio y no existe conexión directa con una particularidad del Derecho sustantivo catalán que justifique la necesidad de dicha innovación. Luego, como conclusión, la norma cuestionada vulnera el art. 149.1.6 CE, “no estando la Comunidad Autónoma Catalana, amparada por la competencia que ha asumido como exclusiva ex art. 9.3 del Estatuto de la Comunidad Autónoma Catalana aprobado por Ley Orgánica 4/1979 de 18 diciembre 1979, ‘La Generalidad de Cataluña tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 3. Normas procesales y de procedimiento administrativo que se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de Cataluña o de las especialidades de la organización de la Generalidad’”.
c) El Auto de planteamiento desarrolla la premisa primera, esto es, el significado y alcance de la fórmula de reparto de competencias en la materia, conforme a la doctrina constitucional. En este sentido, parte de que la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación procesal responde a la necesidad de salvaguardar la uniformidad del Derecho procesal, que se vería quebrantada por la innovación jurídica procedente de la legislación autonómica, y de que la distribución de competencias en la materia tiene dos efectos: por una parte, la reserva competencial a la legislación estatal y, por otra, la limitación competencial a la legislación autonómica, que no puede reproducir con carácter general las normas procesales estatales y que sólo puede innovar en materia procesal si se trata de necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del Derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. En este contexto, continúa el órgano proponente, se engarza y “alcanza plenitud” lo dispuesto por el art. 9.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), en materia de competencias exclusivas. Sigue el Auto de planteamiento con el análisis del concepto “necesarias especialidades” según la doctrina constitucional y destaca que serán “las que inevitablemente se deduzcan, desde el punto de vista de la defensa judicial, de las relaciones jurídicas sustantivas configuradas por la norma autonómica” y que “debe existir una conexión directa con las particularidades del Derecho sustantivo autonómico, de modo que las singularidades procesales vengan requeridas por dichas particularidades sustantivas”.
4. Por providencia de 24 de octubre de 2006, la Sección Cuarta del Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5394-2006, tener por recibidas las actuaciones remitidas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Arenys de Mar y dar traslado de las mismas, conforme al art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, así como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse y formular las alegaciones que estimasen convenientes. En la misma providencia se acordó publicar la incoación de la cuestión de inconstitucionalidad en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”.
7. El Abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones, con entrada en el Registro General de este Tribunal el 23 de noviembre de 2006, en el que pedía la estimación de la cuestión de inconstitucionalidad planteada, por considerar que “el precepto legal cuestionado es inconstitucional y nulo”.
a) El Abogado del Estado comienza sus alegaciones recordando que el art. 9.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979, vigente al momento de proponerse la cuestión de inconstitucionalidad, y el art. 130 del ahora vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, prevén su competencia para “dictar las normas procesales específicas que deriven de las particularidades del derecho sustantivo de Cataluña” (art. 130 del Estatuto de Autonomía de Cataluña), y señala que la omisión en la literalidad de estas disposiciones del elemento esencial derivado del art. 149.1.6 CE, esto es, la necesidad de una norma procesal específica, “carece, sin embargo, de mayor trascendencia como pone de relieve la propia doctrina constitucional”.
b) Invoca a continuación la doctrina constitucional en materia de distribución de competencias sobre legislación procesal entre el Estado y las Comunidades Autónomas, tal y como resulta estructurada por la STC 47/2004, de 25 de marzo, y de su aplicación al caso concluye la “incuestionable” inconstitucionalidad del precepto catalán.
8. El Fiscal General del Estado presentó su escrito de alegaciones, con entrada en este Tribunal el 4 de diciembre de 2006, en el que pedía la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad, por considerar que, primero, la innovación procesal del art. 43.1. del Código de familia tiene un “modesto alcance” y, segundo, que aun en la hipótesis de no valorarse así, la norma catalana puede explicarse constitucionalmente como una necesaria especialidad procesal derivada de las particularidades del Derecho sustantivo de la Comunidad Autónoma.
a) Con el marco de la doctrina constitucional en la materia, según quedó resumida en la STC 47/2004, de 25 de marzo, el Fiscal analiza si el precepto cuestionado constituye una innovación procesal respecto de la legislación procesal de Derecho común. En este sentido, observa que la norma catalana formula la acumulación de la acción de división de la cosa común a las acciones personales de ruptura matrimonial como facultad, no como obligación, sólo para el caso de que el régimen económico matrimonial sea el de separación de bienes y con un limitado efecto, por cuanto la acción de división de la cosa común conduce a la declaración de la cosa como dividida pero su ejecución se difiere. Esto significa, sigue el Fiscal, que la liquidación de los bienes se deriva a un proceso ulterior de liquidación, en ejecución de la Sentencia dictada, y que la liquidación del indiviso declarado divisible se realizará de conformidad con el Derecho procesal común, arts. 806 y ss. LEC. En suma, la innovación procesal de la norma catalana se constriñe a lo siguiente: “permitir, no obligar, a la acumulación de dos acciones declarativas: ésta es, pues la diferencia con la legislación común ya que la descomposición entre declaración y ejecución en un mismo proceso (en legislación foral) o en dos (según la legislación común) es más artificiosa que real, visto además que la liquidación en el sistema de Derecho común, es asumida por el mismo juez que conoció de la acción constitutiva del nuevo estado civil (art. 807 LEC)”. Por todo ello, a criterio del Fiscal, la incursión autonómica en el Derecho estatal es de “modesto alcance”; lo que, además, explicaría que la exposición de motivos de la Ley 9/1998, diera por justificación suficiente del precepto la invocación del principio de economía procesal, sin necesidad de otras explicaciones en clave competencial.
b) Pero aun en la hipótesis de que no se compartiera el limitado alcance de la innovación procesal de la norma catalana, a juicio del Fiscal, el art. 43.1 del Código de familia no sería inconstitucional pues constituye una necesaria especialidad procesal derivada de las particularidades del Derecho sustantivo de la Comunidad Autónoma, en el entendido de que este concepto, según expresa la doctrina constitucional, no comporta “un juicio tan rígido que imponga una conexión ineludible entre norma sustantiva y norma procesal”. En este contexto, dice el Fiscal, “es lógico” prever una acumulación de acciones como la prevista en la norma catalana cuando el régimen económico matrimonial general es el de separación de bienes, donde el grueso de los bienes no son compartidos, de forma que, para las propiedades compartidas, “si las hubiere”, la división en el mismo proceso evita dilaciones y reduce gastos.
9. La Generalitat de Cataluña presentó escrito de alegaciones, con entrada en el Registro del Tribunal el 30 de noviembre de 2006, por el que solicita la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad planteada. Con carácter preliminar, además de compartir el juicio de relevancia, el Abogado de la Generalitat señala que, en todo caso, se estaría planteando una cuestión de inconstitucionalidad sobrevenida pues el precepto debatido fue incorporado por la Ley 9/1998, anterior a la regulación procesal de la Ley de enjuiciamiento civil de 2000, cuya regulación es la que se toma como referencia para afirmar la innovación de la norma autonómica. Entrando en el fondo, el Abogado de la Generalitat manifestaba su convencimiento de que la norma debatida “resulta plenamente conforme con el orden de reparto competencial, significando una particularidad procesal de índole menor que responde a las características del derecho civil catalán tanto en su aspecto legal como práctico”.
a) El Abogado de la Generalitat empieza refiriéndose al contenido y sentido del precepto cuestionado. Así, recuerda que el régimen de separación de bienes es uno de los rasgos tradicionalmente más característicos del Derecho de familia catalán y que el art. 43 del Código de familia se encuentra entre las disposiciones relativas a dicho régimen. Señala también que el art. 43 contiene tres reglas distintas. Por una parte, el art. 43, apartado 1, contiene dos reglas: la primera faculta a cualquiera de las partes a ejercer la acción de división de la cosa común en el proceso de disolución del vínculo matrimonial; la segunda es una regla de naturaleza sustantiva, que regula una especificidad en cuanto a la práctica de la división, para el caso de que haya varios bienes afectados. Por otra parte, el art. 43, apartado 2, recoge una tercera regla: cuando, según la Sentencia, proceda la división de la cosa común, ésta tendrá lugar en el trámite de ejecución. Sobre esta regla el Abogado de la Generalitat observa que: “el hecho de que con posterioridad a la aprobación de la Ley del Código de Familia de 1998 se dictara la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, que contiene un procedimiento especial para la liquidación de cualquier régimen económico matrimonial que determine la existencia de una masa común de bienes y derechos (arts. 806 a 811), puede haber contribuido a crear dudas sobre la interpretación que debe darse al art. 43 del Código de familia”. En este sentido, destaca que, en supuestos como el del caso de autos, en el que la masa común se limita a la vivienda familiar, lo previsto por la norma catalana es “suficiente y adecuado”.
e) Como argumento de cierre el Abogado de la Generalitat señala que el precepto debatido no supone “una ruptura de la coherencia del sistema procesal general, sino que introduce una leve excepción”, cuando el propio sistema general admite otras excepciones (articulo 438.3 de la Ley de enjuiciamiento civil).
1. La cuestión de inconstitucionalidad, promovida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Arenys de Mar, por Auto de 5 de mayo de 2006, plantea la posible vulneración del art. 149.1.6 CE, en cuanto reserva al Estado competencia exclusiva sobre “legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas”, por el art. 43.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1998, de 15 de julio, del Código de familia, que establece lo siguiente:
“En los procedimiento de separación, divorcio o nulidad y de ejecución en el orden civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas a que hace referencia el art. 42, de matrimonios sujetos al régimen de separación de bienes, cualquiera de los cónyuges puede ejercer simultáneamente la acción de división de cosa comuna con respecto a los que tengan en pro indiviso. Si los bienes afectados son más de uno y la autoridad judicial lo estima procedente, aquéllos pueden ser considerados en conjunto, a efectos de la división.”
3. Como ya se ha expuesto, el órgano judicial promotor de la cuestión duda de que el art. 43.1 del Código de familia tenga encaje en la cláusula de excepción del art. 149.1.6 CE, por lo que podría exceder de la competencia ex art. 9.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979, a la sazón vigente. Así pues, el parámetro de control constitucional del precepto discutido es el mencionado art. 149.1.6 CE, que reserva al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación procesal, “sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas”.
5. Dicho lo anterior, procede examinar si, con causa en el Derecho sustantivo catalán relativo al régimen económico matrimonial, el art. 43.1 del Código de familia ha generado una “innovación procesal” constitucionalmente válida. En tal análisis ha de identificarse respecto de qué legislación procesal se predica la especialidad, lo que, en el caso concreto, dado que el citado art. 43.1 versa sobre la acumulación de acciones, nos conduce a la regulación del Derecho procesal estatal sobre esta cuestión, contenida en la Ley de enjuiciamiento civil.
6. Determinada la existencia de tal innovación procesal, para dilucidar si resulta constitucionalmente válida ha de valorarse la concurrencia o no en la presente cuestión de una relación de necesidad entre la particularidad sustantiva y la especialidad procesal controvertida, esto es, si “existe una conexión directa tal que justifique las especialidades procesales, es decir, que las legitime como ‘necesarias’ en los términos de la cláusula competencial del art. 149.1.6 CE” (STC 47/2004, de 25 de marzo, FJ 5), pues este precepto constitucional no permite, sin más, a las Comunidades Autónomas introducir en su ordenamiento normas procesales, por el mero hecho de haber promulgado regulaciones de Derecho sustantivo, en ejercicio de sus competencias (STC 127/1999, de 1 de julio, FJ 5).
9. En suma, la justificación de la norma cuestionada queda constreñida a los argumentos relativos a su eficacia. Ahora bien, la doctrina constitucional ha establecido que no tienen cabida en la habilitación competencial operada por el art. 149.1.6 CE las normas procesales cuya razón de ser es introducir lo que el legislador autonómico plantea como una mejora de la legislación procesal general para la Comunidad Autónoma. Precisamente por esta razón hemos rechazado como argumentos en favor de la constitucionalidad de normas procesales de origen autonómico el que, según sus valedores, presentaran “una indudable ventaja, frente a otros criterios” (STC 47/2004, de 25 de marzo, FJ 15), o respondieran a “un puro y simple prurito de perfección técnico-jurídica, muy alejado de lo que debe constituir, en los términos competenciales que acota el art. 149.1.6 CE, una necesaria especialidad procesal que legitime constitucionalmente la intervención del legislador autonómico en este ámbito del ordenamiento procesal” (STC 47/2004, de 25 de marzo, FJ 9). Como ya ha dicho este Tribunal, que una especialidad procesal pueda “considerarse más o menos adecuada desde la perspectiva de la política legislativa en función de la realidad” (STC 83/1986, de 26 de junio, FJ 2) no es una razón que legitime constitucionalmente una innovación procesal de origen autonómico. La traslación de la precitada doctrina a la presente cuestión de inconstitucionalidad conduce inexorablemente a estimar que la norma procesal cuestionada no se adecua al orden constitucional de distribución de competencias, por lo que procede su declaración de inconstitucionalidad.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo respecto de la Sentencia dictada en la Cuestión de Inconstitucionalidad núm. 5394-2006.
2. Mi discrepancia respecto de la Sentencia se refiere, en consecuencia, a la interpretación que realiza de nuestra doctrina sobre la necesaria vinculación entre el derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas y las particularidades en la legislación procesal que pueden derivarse de éste. Así, tras analizar la doctrina de este Tribunal sobre el concepto de “necesidad”, el fundamento jurídico 7 de la Sentencia afirma que, según ésta, corresponde al legislador autonómico justificar tal relación de necesidad, para, a continuación, concluir que en el presente caso los argumentos ofrecidos no son suficientes, pues se limitan a destacar la eficacia de la norma en Cataluña.
3. Debo indicar finalmente que la STC 47/2004, de 25 de marzo, relativa a las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de derecho procesal y en la que se apoya la Sentencia de la que discrepo, señala explícitamente que “la necesidad a que ésta (la cláusula competencial del art. 149.1.6 CE) se refiere no puede ser entendida como absoluta, pues tal intelección del precepto constitucional dejaría vacía de contenido y aplicación la habilitación competencial que éste reconoce en favor de las Comunidades Autónomas” (FJ 5 in fine).
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 5394-2006
Planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Arenys de Mar, respecto del art. 43.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1998, de 15 de julio, del Código de familia.
Distribución de competencias sobre legislación procesal: nulidad del precepto legal autonómico que permite la acumulación de la acción de división de cosa común en los procedimientos de nulidad, separación o divorcio para los matrimonios en régimen de separación de bienes. Voto particular.
Se impugna una norma catalana que establece la posibilidad de que los cónyuges sujetos al régimen económico matrimonial de separación de bienes ejerzan simultáneamente la acción de disolución del vínculo matrimonial y la de división de cosa común respecto de los bienes que tengan pro indiviso, en los procedimientos de separación, divorcio o nulidad.
El Tribunal declara la inconstitucionalidad de la norma autonómica impugnada. Para ello, aplica la doctrina sentada en las SSTC 83/1986 y 47/2004, relativas a la distribución de competencias sobre legislación procesal entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
En ellas, se establece que las normas procesales autonómicas promulgadas como excepción al Derecho común deben cumplir una serie de exigencias para ajustarse al orden constitucional de competencias establecido por el art. 149.1.6 CE, que permite la introducción de innovaciones procesales autonómicas que inevitablemente se deduzcan de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. Así, la existencia de normas autonómicas específicas en el orden procesal debe justificarse en la necesidad de dar respuesta a reclamaciones jurídicas sustantivas derivadas de la singular realidad social de la Comunidad Autónoma. De esta forma, ha de existir una conexión directa entre la especialidad procesal regulada por la norma autonómica y las particularidades del Derecho sustantivo autonómico al que pertenece que justifique la necesidad de la innovación procesal introducida, correspondiendo al legislador autonómico acreditar dicha relación de necesidad. En el caso, la norma catalana impugnada permite la acumulación de acciones sólo en el supuesto de la separación de bienes, que es el régimen económico-matrimonial preferente en el ordenamiento jurídico catalán. Sin embargo, el Tribunal señala que la preferencia por ese régimen concreto no supone la existencia de una realidad social diferente a la de otros territorios con Derecho civil propio. Por ello, dado que no existe una singularidad del Derecho especial catalán que justifique la necesidad de la norma procesal cuestionada, el Tribunal concluye que ésta no respeta el orden constitucional de distribución de competencias.
Aplica la doctrina sentada en las SSTC 83/1986 y 47/2004.
El art. 43.1 de la Ley Parlamento de Cataluña 9/1998 del Código de familia, que regula la acumulación de la acción de división de la cosa común con la de disolución del matrimonio, no se adecua al orden constitucional de distribución de competencias, al no tener cabida en la habilitación competencial operada por el art. 149.1.6 CE las normas procesales cuya razón de ser es introducir una mejora de la legislación procesal general para la Comunidad Autónoma [FJ 9].
Las singularidades procesales que se permiten a las Comunidades Autónomas, al amparo de la salvedad recogida en el art. 149.1.6 CE, han de limitarse a aquéllas que, por la conexión directa con las particularidades del Derecho sustantivo autonómico, vengan requeridas por éstas (SSTC 71/1982, 47/2004) [FFJJ 3, 6 a 9].
No se ajusta a la doctrina constitucional reducir el concepto de particularidad sustantiva, recogida en el art. 149.1.6 CE, a las instituciones recogidas únicamente en un Derecho foral o autonómico que, paralelamente, resulten desconocidas para el Derecho común y para cualquier otro Derecho foral o especial [FJ 4].
Si bien es dable tomar en consideración la realidad social al objeto de valorar la necesidad de la innovación procesal introducida por el Derecho autonómico, es incontestable que, aunque se tenga en cuenta la realidad social al objeto de valorar la necesidad de la innovación procesal introducida por el Derecho autonómico, debe existir una conexión ineludible entre aquella y la norma procesal cuestionada (SSTC 83/1986, 135/2006) [FJ 8].
Corresponde al legislador autonómico justificar, en defensa de la ley impugnada, la necesidad de alterar las reglas procesales comúnmente aplicables por venir requeridas por las particularidades del Derecho sustantivo autonómico, salvo que del propio examen de la Ley se puedan desprender o inferir esas necesarias especialidades (STC 127/1999, 135/2006) [FFJJ 3, 7].
La atribución al Estado de la competencia exclusiva sobre legislación procesal responde a la necesidad de salvaguardar la uniformidad de los instrumentos jurisdiccionales, de forma que las Comunidades Autónomas tan sólo pueden introducir aquellas innovaciones procesales que inevitablemente se deduzcan de las reclamaciones jurídicas sustantivas configuradas por la norma autonómica (SSTC 71/1982, 47/2004) [FFJJ 3, 6].
Aplica la doctrina sobre distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de legislación procesal (SSTC 83/1986, 47/2004) [FFJJ 3, 4, 6 a 9].
Doctrina sobre la pervivencia del objeto de la cuestión de inconstitucionalidad pese a la derogación, modificación o sustitución de la norma (SSTC 174/1998, 81/2009) [FJ 2].
Artículo 43.1 (anula)
Artículo 1316, f. 4
Artículo 149.1.6, ff. 1, 3, 4, 6, 8, 9, VP
Artículo 42, ff. 1, 5, VP
Artículo 43.1, ff. 1 a 3, 5, 7, 8, VP
Artículo 3.6, f. 5
Artículo 73.1.2, f. 5
Artículo 249.2, f. 5
Artículo 251.2, f. 5
Artículo 438.3, ff. 2, 5
Artículo 770.1, ff. 2, 5
Artículo 810, f. 5
Artículo 811, f. 5
Artículo 130, f. 2
Ley del Parlamento de Cataluña 25/2010, de 29 de julio. Aprueba el libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia
Competencias de las Comunidades AutónomasCompetencias de las Comunidades Autónomas, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, VP I
Competencias del EstadoCompetencias del Estado, ff. 1, 3, 6 a 8, VP I
Competencias en materia de derechos foralesCompetencias en materia de derechos forales, ff. 1 a 9
Competencias en materia de legislación procesalCompetencias en materia de legislación procesal, ff. 1, 3, 6 a 8, VP I
Derechos civiles especialesDerechos civiles especiales, ff. 1 a 9
División de cosa comúnDivisión de cosa común, ff. 1, 2, 4, 5, 8
Normas procesales autonómicasNormas procesales autonómicas, ff. 1 a 8, VP I
Separación de bienesSeparación de bienes, ff. 1, 4, 7
Acumulación de accionesAcumulación de acciones, ff. 2, 5, VP I

References: resolución 
in fine

Artículo 43

Artículo 1316

Artículo 149

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 3

Artículo 73

Artículo 249

Artículo 251

Artículo 438

Artículo 770

Artículo 810

Artículo 811

Artículo 130