Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-700-03.htm
Timestamp: 2019-03-23 16:19:44+00:00

Document:
T-700-03
Sentencia T-700/03
IGLESIA PENTECOSTAL-Exención tributaria
IGLESIA PENTECOSTAL E IMPUESTO PREDIAL-Procedencia de la tutela para exención por inexistencia de otros medios de defensa judicial
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Ministro de iglesia cristiana pentecostal puede ser en el orden territorial o municipal/DERECHO A LA IGUALDAD DE CONFESIONES RELIGIOSAS E IGLESIAS
En la medida en que la libertad religiosa comprende también la protección de las colectividades e instituciones mediante las cuales se ejerce dicha libertad, estas instituciones también deben gozar de iguales derechos. Sólo así puede garantizarse que el Estado mantenga su carácter laico, pues si se permitiera al Estado privilegiar unas confesiones por encima de otras, se estaría limitando la libertad del individuo para elegir autónomamente su propio credo. En el presente caso el demandante pretende obtener protección para esta forma de igualdad colectiva entre congregaciones religiosas. Su pretensión no va encaminada a obtener una exención que le haya sido negada, ni a impedir que otras personas o el Estado interfieran en su derecho a profesar su fe. Lo que pretende es que la iglesia de la cual es él ministro reciba el mismo trato tributario que las demás. Esto llevaría a pensar que si su interés es el de proteger a un sujeto colectivo, él mismo debe tener su representación, para poder actuar a su nombre. Si el ministro que interpone la acción de tutela representa a la Iglesia Pentecostal en el orden territorial o municipal, esta sola condición es suficiente para darle legitimidad activa en el presente caso.
En el presente caso es indiscutible que el Concejo Municipal le otorgó un trato desigual a la Iglesia Pentecostal, frente al que le dio a la Iglesia Católica. Para establecer si este trato desigual constituye una vulneración del derecho a la igualdad de la primera, es necesario establecer si la diferencia establecida entre las dos iglesias es proporcional. Esta Corporación ha sostenido que esta metodología combinada resulta adecuada para analizar las medidas en que el Estado establece una diferencia entre las personas. En particular, porque permite identificar las diferentes etapas del juicio (proporcionalidad), y utilizar diferentes niveles de análisis dependiendo del caso (juicio de igualdad). la exención diferencial del impuesto predial afecta la profesión del culto en condiciones de igualdad entre las distintas iglesias. Ello es así, pues el culto requiere un lugar de profesión, llámese a éste templo, iglesia, capilla, etc. Dentro de la práctica religiosa, el templo es el lugar de reunión de los fieles, y en esa medida es una condición necesaria para el ejercicio colectivo del culto, aspecto éste que se encuentra explícitamente protegido por el artículo 19 de la Constitución. Al gravarse la propiedad sobre los lugares de culto se está afectando la posibilidad que tienen quienes lo profesan de difundirlo, y de sus fieles para practicar los ritos. Esta afectación, por supuesto, está permitida por el ordenamiento jurídico, en la medida en que tiene como propósito atender los gastos del Estado, permitiéndole cumplir sus cometidos. En esa medida, las exenciones de las cargas tributarias que recaen sobre los lugares de culto son incentivos para la profesión de las creencias religiosas de las respectivas iglesias.
JUICIO DE IGUALDAD-Cuando debe efectuarse
Al aplicar este test integrado, el rigor del juicio de razonabilidad, adecuación y proporcionalidad strictu sensu, dependerá de las circunstancias del caso. En concreto, la Corte ha sostenido que el juicio estricto de igualdad debe efectuarse cuando: 1) se limite el ejercicio de un derecho constitucional a un grupo social determinado; 2) el Estado acude a un criterio de diferenciación prohibido o sospechoso; 3) la Carta impone explícitamente un tratamiento igualitario en relación con determinado bien, carga o servicio y; 4) se afecte a poblaciones que se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta.
JUICIO DE IGUALDAD EN MATERIA TRIBUTARIA
El sólo tratamiento tributario diferencial a un grupo determinado de personas, por sí mismo, no justifica la aplicación de un juicio estricto de igualdad. Esta flexibilidad es acorde con el artículo 363 de la Constitución, que consagra la equidad, la progresividad y la eficiencia como principios aplicables al sistema tributario como un todo, y no a un tributo en particular. Por lo tanto, para que un tratamiento tributario diferente justifique un juicio estricto de igualdad, es necesario que la limitación diferencial del derecho de propiedad afecte de manera importante la efectividad de otro derecho o principio que tengan carácter fundamental.
LIBERTAD DE CULTOS-Afectación por imposición de cargas tributarias diferentes
Cuando las cargas e incentivos se distribuyen de manera diferencial entre las distintas iglesias, se está afectando su libertad para difundir el culto en condiciones de igualdad. En particular, si se tiene en cuenta que las exenciones tributarias sobre los inmuebles donde se profesa el culto constituyen incentivos a la práctica del rito, y éste es un elemento que por definición, hace parte de una práctica religiosa comunitaria. Como consecuencia del tratamiento diferencial, unas confesiones religiosas se verían obligadas a dejar de profesar su fe y a dejar de efectuar sus ritos en determinadas partes del territorio, o a hacerlo en condiciones más gravosas, mientras que a otras se las estaría incentivando a hacerlo. Esto traería como consecuencia que unas iglesias pueden aumentar la difusión de sus credos en un determinado territorio, mientras otras no podrían hacerlo en ese mismo lugar. De asumirse con ligereza esta posibilidad, se podría llegar al punto en el cual la libertad religiosa, como facultad para difundir una determinada creencia y practicar sus ritos sin la injerencia del Estado, se convertiría en un mero enunciado formal, mientras que para otras estaría garantizada, en virtud de la exención. Al imponer cargas tributarias diferenciales sobre los lugares de culto, se está afectando el ejercicio del derecho a difundir colectivamente la religión en condiciones de igualdad, dentro de determinado territorio. Por lo tanto, la limitación del derecho de propiedad, producto de una medida tributaria aplicada diferencialmente, no sólo afecta el derecho de propiedad, sino el derecho de difundir libremente la religión, y de hacerlo en condiciones de igualdad. En esa medida, además de la utilización de un criterio sospechoso, la afectación de un derecho fundamental como la libertad religiosa, y del principio de igualdad en las condiciones de profesión de los distintos credos, son razones que justifican la aplicación de un juicio estricto de igualdad en el presente caso.
DERECHO A LA IGUALDAD-Falta de razonabilidad en trato tributario diferente
La falta de razonabilidad del trato tributario diferente entre la Iglesia Pentecostal y la Iglesia Católica constituye un fundamento suficiente para constatar que el Concejo de San Joaquín vulneró el derecho a la igualdad entre confesiones religiosas. En esa medida, en virtud de la sola falta de razonabilidad, habría lugar a conceder la presente acción para proteger los derechos vulnerados.
Referencia: expediente T-703950
Asunto: Acción de tutela interpuesta por José Antonio Ochoa Angarita contra el Concejo Municipal de San Joaquín (Santander)
2.1 El 27 de marzo de 2002, el párroco católico del municipio de San Joaquín solicitó al presidente del Concejo de dicho municipio que exonerara del pago del impuesto predial correspondiente a los años 1999, 2000, 2001, 2002, en relación con diversos inmuebles de propiedad de la Iglesia Católica. Del mismo modo, había solicitado la exoneración de dicho impuesto para el año 1998. Todas las solicitudes, con fundamento en la Ley 20 de 1974 “Por la cual se aprueba El Concordato y Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973”.
2.2 En el mismo sentido, un pastor de la Iglesia Pentecostal, solicitó la exoneración del impuesto predial de un inmueble de propiedad de ésta al presidente del Concejo de San Joaquín. Ante dicha petición, el presidente del Concejo Municipal respondió que tan pronto como las escrituras del inmueble estuvieran a nombre de la Iglesia, el Concejo procedería a exonerarla del impuesto (oficio N° 032 PHV).
2.3 En sesión de julio 16 de 2002, el Concejo Municipal decidió exonerar del impuesto predial a la parroquia de la Iglesia Católica.
2.4 Una vez hecho el traspaso de la propiedad del inmueble respecto del cual se había hecho la solicitud de exoneración del impuesto predial, el Concejo negó la exoneración del impuesto predial a la Iglesia Pentecostal en sesión ordinaria del 1º de noviembre (proyecto de acuerdo No. 002/02).
Resalta que en cambio el Proyecto de Acuerdo No. 002 por medio del cual se solicitaba la exoneración del pago de impuestos y contribuciones de carácter local a las propiedades de la Iglesia que representa, sí fue rechazado “sin razones jurídicas, morales ni de conveniencia”, contraviniéndose así los fallos proferidos por la Corte Constitucional en relación con este tema.
4. Respuesta de la entidad demandada
Después de explicar en qué consiste el derecho a la igualdad, indica que en el caso sub exámine el Concordato celebrado con la Iglesia Católica “(...) se extiende a todas las iglesias o credos y si en aquel se dice que en consideración a su peculiar finalidad se exceptúan de ser gravados los edificios destinados al culto y la casa cural en el caso específico de San Joaquín (...)” Así mismo señala que “no existe ni en el Concordato ni en la Constitución una sola disposición que habilite al Gobierno Nacional o local para establecer un tratamiento fiscal diverso entre las congregaciones religiosas que tengan reconocimiento y personería jurídica.”
Advierte, que pese a lo anterior, el Concejo Municipal resolvió exonerar a la Parroquia de San Joaquín del impuesto predial sobre bienes de su propiedad. En cambio, dispuso cobrarlo a la Iglesia de Dios Pentecostal, no obstante encontrarse en la misma situación de la Iglesia Católica, incurriendo así en un trato discriminatorio. A juicio del Despacho, el criterio utilizado por el Concejo para establecer el trato diferenciado es de aquellos que la Constitución, prima facie prohíbe. Indica que “(...) el artículo 13 de la Carta como lo dice la Corte contiene un catálogo abierto o enunciativo de criterios que, en principio, no pueden ser utilizados para establecer diferenciaciones. Uno de ellos es la religión y se consagra categóricamente el derecho a no ser discriminado por esto.” Por las anteriores consideraciones, el juez de tutela concluye que la medida que aplicó el Concejo, vulnera lo dispuesto en los artículos 13 y 19 de la Carta y desconoció las normas consagradas en la Ley 136 de 1994, relacionadas con la creación de acuerdos municipales.
En consecuencia, el a quo, ordenó al Concejo Municipal de San Joaquín, que aplicara igualitariamente la carga o el beneficio de exención al impuesto predial sobre los bienes de la Iglesia de Dios Pentecostal. Así mismo, dispuso que se elaborara el Acuerdo Municipal dando cumplimiento en todas sus partes a la Constitución y la ley y se discutiera en la próxima Sesión a llevarse a cabo. También ordenó “suspender el cobro y pago del impuesto predial del inmueble donde funciona la Iglesia de Dios Pentecostal, mientras que el Concejo Municipal resuelve en igualdad el cobro o la exención del impuesto.”
2.1 Inexistencia de otros medios de defensa judicial para proteger los derechos fundamentales invocados
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho parecería procedente, pues el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo establece que ésta procede a favor de quien pretenda modificar una obligación fiscal. Ello le serviría al demandante para solicitar la nulidad por inconstitucionalidad del acto que deniega la exención a la Iglesia Pentecostal. A pesar de lo anterior, el demandante no podría obtener el restablecimiento de su derecho a obtener una exención, pues éste nunca le había sido otorgado, y resultaría contradictorio afirmar que alguien tiene derecho a que se le restablezca un derecho que nunca se ha otorgado.
Si bien el deber de tributación implica cargas para los contribuyentes, las exenciones constituyen beneficios otorgados a algunos de ellos, en razón de sus condiciones particulares. Este es el caso de las exenciones otorgadas a las instituciones religiosas, y es a éste beneficio, y no al simple restablecimiento de una igualdad matemática, que aspira el demandante. En efecto, su pretensión no está encaminada a recibir un mismo trato que la iglesia católica al margen del trato propinado a ésta, sino a recibir un beneficio específico: la exención del impuesto predial en relación con determinados inmuebles de su propiedad, en condiciones de igualdad con dicha iglesia.
Por otra parte, como el parágrafo del artículo 9º de la Ley 133 de 1994 dispone que cuando los concejos municipales otorguen exenciones tributarias a las iglesias y confesiones religiosas deben hacerlo en condiciones de igualdad, podría afirmarse que en el presente caso es procedente la acción de cumplimiento. Sin embargo, esta posibilidad no resulta viable debido a que el artículo 9º de la Ley 393 de 1997 establece que “[l]a acción de cumplimiento no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la acción de tutela.” Por lo tanto, en la medida en que el incumplimiento de lo establecido en el parágrafo del artículo 9º de la Ley 133 de 1994 comporta una posible vulneración de los derechos a la igualdad y a la libertad religiosa, la acción de cumplimiento no resulta procedente.
2.2 Legitimidad activa y pasiva para interponer la acción de tutela
A este respecto, la Corte ha distinguido dos ámbitos diferentes en relación con los cuales se predica la igualdad. En primer lugar, un ámbito individual, en el cual el sujeto titular del derecho es la persona humana. En virtud del derecho a la igualdad en el ámbito individual (C.N. art. 13), nadie puede ser discriminado por la religión que profesa, y debe recibir la misma protección y trato por parte de las autoridades, independientemente de sus creencias religiosas. Sin embargo, esta disposición por sí misma resultaría insuficiente para proteger integralmente todo lo que implica el fenómeno religioso. A este fenómeno también le son inherentes una serie de prácticas colectivas, una organización y una estructura, y por lo tanto, también se protege a las distintas iglesias como instituciones. En esa medida, se reconoce su derecho a tener una personalidad jurídica. La Corte se pronunció sobre este punto al analizar la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria sobre libertad religiosa. En la Sentencia C-088 de 1994 (M.P. Fabio Morón Díaz), dijo:
“... [la libertad religiosa] comprende un ámbito mayor, pues no sólo implica y se ocupa del tema del culto y del de la celebración de los ritos o prácticas o los de la profesión de la religión, sino del reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias y confesiones, el valor especial de sus ritos relacionados con el estado civil de las personas, el alcance y límites de las decisiones de sus órganos internos, las prácticas y la enseñanza, las condiciones para acreditar la idoneidad profesional de sus autoridades y las relaciones con la autoridad civil. El culto de la fe, en sus diversas expresiones encuentra plena libertad para su existencia y desarrollo; se trata de que la libertad de religión garantice el derecho de los individuos a organizar entidades de derecho, que se proyecten en los ordenes que se han destacado.”
En el presente caso el demandante pretende obtener protección para esta forma de igualdad colectiva entre congregaciones religiosas. Su pretensión no va encaminada a obtener una exención que le haya sido negada, ni a impedir que otras personas o el Estado interfieran en su derecho a profesar su fe. Lo que pretende es que la iglesia de la cual es él ministro reciba el mismo trato tributario que las demás. Esto llevaría a pensar que si su interés es el de proteger a un sujeto colectivo, él mismo debe tener su representación, para poder actuar a su nombre. En efecto, en la Sentencia T-269/01 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), esta Corporación denegó la acción de tutela interpuesta por un ministro para la Iglesia Pentecostal, quien solicitaba se la eximiera de la sobretasa ambiental en igualdad de condiciones con la Iglesia Católica. Dentro de las razones por las cuales no otorgó la protección solicitada en dicha oportunidad, la Corte adujo que el demandante no era representante legal de dicha entidad, y por lo tanto carecía de legitimidad activa. Sobre este punto dijo:
“12. En el presente caso, empero, no está demostrado que las exigencias legales para obtener la mencionada exención tributaria se encuentren cumplidas, ni tampoco si la Iglesia Cristiana Pentecostal de Colombia, como colectividad, pretenda el reconocimiento de dicha exención, si se tiene en cuenta que no fue su representante legal sino un ministro del culto quien presentó la acción de tutela.”
En esa medida es necesario concluir que si el ministro que interpone la acción de tutela representa a la Iglesia Pentecostal en el orden territorial o municipal, esta sola condición es suficiente para darle legitimidad activa en el presente caso. Ahora bien, por otra parte, la entidad demandada, el Concejo Municipal de San Joaquín –Santander- es de carácter estatal, y por lo tanto, también existe legitimación pasiva para interponer la acción.
3.1 Planteamiento del problema jurídico
3.2 Determinación del tipo de juicio de igualdad
6. En varias sentencias[1], esta Corte ha definido cuáles son los factores que obligan a recurrir a esta clase de juicio. De acuerdo con esa evolución jurisprudencial, el escrutinio judicial debe ser más intenso al menos en los siguientes casos: en primer lugar, cuando se limita el goce de un derecho constitucional a un determinado grupo de personas; segundo, cuando se utiliza como elemento de diferenciación un criterio prohibido o sospechoso; tercero, cuando se trate de asuntos en los que la Carta señala mandatos específicos de igualdad; y, finalmente, cuando se afecta a poblaciones que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta. De acuerdo con lo anterior, debe la Corte precisar si este caso presenta alguna de las características anteriormente mencionadas, y por tanto, amerita un examen estricto en cuanto a la diferencia de trato. El análisis comenzará entonces por dilucidar si con la actuación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se presenta limitación a un derecho constitucional. (resaltado fuera de texto) Sentencia T-360/02 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett)
En este caso se encuentran presentes por lo menos dos de los tres anteriores factores que justifican la aplicación del juicio estricto de igualdad. En primer lugar, el criterio de diferenciación utilizado por el Concejo es uno de los que se consideran sospechosos, según el artículo 13 de la Carta, que prohibe la discriminación por motivos de religión. Una distinción hecha con base en una diferencia de credo religioso, es por sí misma sospechosa, y justifica la aplicación de un juicio estricto de igualdad.
Por otra parte, en este caso también se está limitando el ejercicio de un derecho constitucional a un determinado grupo de personas, en la medida en que el impuesto predial implica una limitación de la libertad de disposición sobre el derecho de propiedad privada del sujeto obligado (C.N. art. 58). Sin embargo, la sola limitación del derecho de propiedad a un grupo de personas no conduce por sí misma a que sea aplicable un juicio estricto de igualdad. Sin duda, el derecho de propiedad es de gran significación constitucional, sin embargo, es la propia Carta la que lo limita para garantizar el cumplimiento de su función social.
En el presente caso, la exención diferencial del impuesto predial afecta la profesión del culto en condiciones de igualdad entre las distintas iglesias. Ello es así, pues el culto requiere un lugar de profesión, llámese a éste templo, iglesia, capilla, etc. Dentro de la práctica religiosa, el templo es el lugar de reunión de los fieles, y en esa medida es una condición necesaria para el ejercicio colectivo del culto, aspecto éste que se encuentra explícitamente protegido por el artículo 19 de la Constitución. Al gravarse la propiedad sobre los lugares de culto se está afectando la posibilidad que tienen quienes lo profesan de difundirlo, y de sus fieles para practicar los ritos. Esta afectación, por supuesto, está permitida por el ordenamiento jurídico, en la medida en que tiene como propósito atender los gastos del Estado, permitiéndole cumplir sus cometidos. En esa medida, las exenciones de las cargas tributarias que recaen sobre los lugares de culto son incentivos para la profesión de las creencias religiosas de las respectivas iglesias.
Sin embargo, cuando estas cargas e incentivos se distribuyen de manera diferencial entre las distintas iglesias, se está afectando su libertad para difundir el culto en condiciones de igualdad. En particular, si se tiene en cuenta que las exenciones tributarias sobre los inmuebles donde se profesa el culto constituyen incentivos a la práctica del rito, y éste es un elemento que por definición, hace parte de una práctica religiosa comunitaria. Como consecuencia del tratamiento diferencial, unas confesiones religiosas se verían obligadas a dejar de profesar su fe y a dejar de efectuar sus ritos en determinadas partes del territorio, o a hacerlo en condiciones más gravosas, mientras que a otras se las estaría incentivando a hacerlo. Esto traería como consecuencia que unas iglesias pueden aumentar la difusión de sus credos en un determinado territorio, mientras otras no podrían hacerlo en ese mismo lugar.
Una vez se ha determinado el tipo de juicio que la Corte debe realizar, es necesario establecer cuáles son las etapas que la jurisprudencia ha establecido que deben seguirse en el análisis. El precedente judicial vigente, que resulta aplicable al presente caso, es el que estableció la Sentencia T-352/97. En efecto, las etapas definidas en esa sentencia corresponden a la sistematización de las etapas efectuadas anteriormente por la jurisprudencia,[2] y que han continuado siéndolo posteriormente.[3] Por otra parte, tal precedente resulta aplicable al presente caso, pues en aquella oportunidad se analizaba un problema jurídico muy similar al actual. En aquella ocasión, la Iglesia Cristiana Integral Casa sobre la Roca, había solicitado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que conceptuara si estaba obligada a presentar declaración de ingresos y patrimonio, teniendo en cuenta que la misma entidad había eximido a la Iglesia Católica de tal deber. La DIAN había sostenido que dicha Iglesia sí estaba obligada a presentar tal declaración, aun cuando la Iglesia Católica no lo estuviera. Por lo tanto, correspondía a la Corte en aquella oportunidad establecer si la DIAN había vulnerado el derecho a la igualdad de la Iglesia Casa en la Roca, al conceptuar que sí estaba obligada a cumplir con dicha carga tributaria procedimental.
“Para que una medida que establece un trato diferenciado en virtud de uno de los criterios constitucionalmente “sospechosos” supere el juicio de igualdad y la presunción de inconstitucionalidad que la cobija, se requiere que se verifiquen los siguientes requisitos: (1) que persiga un objetivo constitucionalmente imperioso; (2) que obren datos suficientes para afirmar que resulta idónea para garantizar la finalidad perseguida; (3) que es indispensable para alcanzar tal propósito; (4) que el beneficio que se busca obtener es mayor que el daño que causa; y (5) que el trato diferenciado se ajusta al grado de la diferencia que existe entre las personas o grupos de personas involucrados. Si una medida de la naturaleza de la que se estudia, no cumple alguna de estas condiciones, compromete el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política.” Sentencia T-352/97 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
3.3 Razonabilidad del tratamiento tributario diferente entre las dos Iglesias
Tratándose de un juicio estricto de igualdad, la Corte debe establecer si el trato diferencial entre las iglesias, en relación con el impuesto predial, es una medida que persigue un objetivo constitucionalmente imperativo. Para tal efecto, es necesario evaluar el objetivo que, según el acta del Concejo se perseguía al negar la exención. De tal modo, según consta en el Acta No. 23 del Concejo Municipal de San Joaquín, correspondiente a la sesión de noviembre 1º de 2002, la mayoría de esa corporación negó el proyecto de Acuerdo No. 002, que en su artículo 1º concedía una exención a “las demás Iglesias y confesiones que ejercen actividad religiosa en el Municipio de San Joaquín” (fl. 12) porque de aprobarlo, “todo el mundo va a venir a que los exoneren del pago del impuesto” (fl. 28). Pasa entonces la Corte a analizar esta objetivo desde una perspectiva constitucional.
La percepción de ingresos propios suficientes, y su adecuado manejo por parte de las entidades territoriales, son aspectos de gran importancia constitucional. Si tales entidades carecen de recursos suficientes, no pueden ejercer su autonomía, y por lo tanto, el principio de descentralización administrativa y política no pasaría de ser un enunciado formal. Esto impediría que el gobierno territorial cumpliera una parte importante de sus cometidos, lo cual a su vez revertiría en contra del desarrollo de la región. En esa medida, las asambleas y concejos tienen cierta autonomía en el manejo de sus propios ingresos –recursos endógenos-, en particular en lo que se refiere a los impuestos de carácter territorial. Estas corporaciones, elegidas por votación popular, son quienes mejor conocen las necesidades presupuestales de su respectivo territorio, y quienes mejor representan sus intereses regionales, en relación con su presupuesto propio. Por tal motivo que el artículo 294 de la Constitución prohibe al legislador conceder exenciones en relación con los tributos propios de las entidades territoriales.
Sobre la insuficiencia del equilibrio fiscal como elemento de razonabilidad en el análisis de proporcionalidad de las medidas del Estado, la Corte se ha pronunciado en diversas ocasiones. En este sentido, la Corte ha dicho que el equilibrio, y en general las metas fiscales propuestas por el gobierno suponen una planeación previa y responsable por parte de las autoridades, y que la sola afectación de dichas metas no puede terminar conculcando valores y principios constitucionales. Así, lo ha afirmado esta Corporación para declarar la inconstitucionalidad de la declaratoria de emergencia económica en la Sentencia C-122/97[4], y para declarar la constitucionalidad condicionada de la norma del presupuesto nacional que no disponía de los recursos suficientes para cancelar el reajuste de los salarios de una gama amplia de servidores públicos en la Sentencia C-1064/01.[5]
En el presente caso, sin embargo, el Concejo se limitó a afirmar que de aceptarse el proyecto de Acuerdo 002, todas las demás personas solicitarían la exención. Por su parte, en su respuesta a la demanda, el presidente del Concejo Municipal de San Joaquín, no agregó razones adicionales como fundamento de las decisiones de la Corporación que preside. En esa medida, la Corte debe concluir que la actuación de la entidad demandada no persigue un objetivo concreto susceptible de calificarse como imperativo desde el punto de vista constitucional. Por lo tanto, de conformidad con el análisis estricto de igualdad, su actuación no resulta razonable.
3.4 Consideraciones adicionales en relación con el tratamiento tributario diferente entre las iglesias
Como lo ha sostenido esta Corporación en múltiples oportunidades, la demostración de la necesidad de la medida corresponde a la entidad demandada, en particular al Estado, pues resulta en extremo gravoso imponer esta carga probatoria al demandante.[6] En particular, cuando establecer la necesidad de una medida para un objetivo presupuestal del municipio es una cuestión que hace parte del ámbito de sus competencias del Concejo Municipal. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la actuación de la entidad demandada tampoco resulta necesaria.
Con todo, no cualquier diferencia de hecho es susceptible de configurar una razón suficiente para establecer una diferencia. Al ser el derecho a la igualdad un concepto relacional, la diferencia de hecho debe obedecer a un criterio de distinción relevante para efectos de la asignación de la carga o beneficio de que se trate. En esa medida, por ejemplo, podría aducirse que una iglesia tiene mayor capacidad de pago que otra, y que el tratamiento tributario otorgado a cada una, corresponde a esta diferencia. Sin embargo, la entidad demandada tampoco justifico la proporcionalidad de su actuación en este sentido.
PRIMERO.- CONCEDER la protección de los derechos a la igualdad y a la libertad religiosa, invocados por José Antonio Ochoa Angarita, en su calidad de ministro de la Iglesia Pentecostal de San Joaquín. En esa medida, CONFIRMAR la Sentencia de diciembre 16 de 2002, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Joaquín, Santander, mediante la cual se concedió la protección de los derechos invocados por el demandante.
[1] Ver, entre otras, las sentencias T-230 de 1994, C-445 de 1995, C-309 de 1997, C-183 de 1998, C-481 de 1998 y C-112 de 2000
[2] Como precedentes que fueron sistematizados en la T-352/97, según la cita de la sentencia en cuestión, se encuentran las sentencias T-422/92 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-230/94 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T- 563/94 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-288/95 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-422/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-530/93 (Alejandro Martínez Caballero), C-445/95 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-022/96 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[3] Aplicando las mismas etapas en un juicio integral estricto de igualdad, véanse las siguientes sentencias: T-568/98 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) F.J. No. 10, C-539/99 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) F.J. No. 16, C-1488/00 (M.P. Martha Sáchica Méndez) F.J. No. 5. Ver también la Sentencia C-093/01 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[4] Véase, entre otros, F.J. No. 11.
[5] Véase F.J. 5.2.3.1.
[6] En este sentido véanse las Sentencias T-225/98 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), y C-1064/01 (M.Ps. Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño).

References: artículo 19
 artículo 363
 artículo 13
 artículo 85
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 294