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Timestamp: 2017-05-26 04:48:17+00:00

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1_9788498764055 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
(Reflexiones sobre su régimen legal a la
luz de las nuevas formas de distribución y
contratación)MIGUEL ÁNGEL PENDÓN MELÉNDEZtirant lo b anch
(http://www.tirant.com).Director de la colección:FRANCISCO VICENT CHULIÁ
Catedrático de Derecho Mercantil© MIGUEL ÁNGEL PENDÓN MELÉNDEZ©TIRANT LO BLANCH
DEPOSITO LEGAL: V I.S.B.N.: 978 - 84 - 9876 - 405 - 5
nuestro Procedimiento de quejas.A Esperanza
A Esperanza y BlancaÍNDICE
I. PRELIMINAR. PLANTEAMIENTOS Y SISTEMÁTICA
DE LAS REFLEXIONES PROPUESTAS Y OPORTUNIDAD DE LAS MISMAS ...........................................................
1. Presentación. Presupuestos básicos del análisis realizado
2. Delimitación del trabajo propuesto y síntesis de su desarrollo .....................................................................................
a) Planteamiento del problema que se analiza .................
b) Esquema del análisis propuesto ....................................
3. Objetivos y oportunidad de las reflexiones formuladas .....26
64II. INTRODUCCIÓN. ACERCA DE LOS DENOMINADOS
PRINCIPIOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO (RECTIUS, PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA). REFLEXIONES PARA SU VALORACIÓN
CRÍTICA Y SU ‘ACTUALIZACIÓN’ .....................................69III. CONCEPTO DE LAS OPERACIONES A DISTANCIA .....
1. Presupuesto del concepto de operaciones a distancia. La
dualidad normativa en el Ordenamiento español .............
2. Concepto legal de operaciones a distancia (1). Ámbito subjetivo ....................................................................................
3. Concepto legal de operaciones a distancia (2). Ámbito objetivo ........................................................................................
a) La celebración del contrato (oferta y aceptación) se produce sin la presencia física del comprador y del vendedor ...................................................................................
b) La oferta y la aceptación se realizan (se comunican) de
forma exclusiva a través de una técnica de comunicación a distancia...............................................................
c) La celebración del contrato se produce en el seno de un
sistema de contratación a distancia organizado por el
vendedor ..........................................................................IV. ASPECTOS GENERALES DE LA LEY DE COMERCIO
ELECTRÓNICO ......................................................................
1. Antecedentes. La Directiva sobre el Comercio Electrónico
2. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Ámbito de
aplicación ..............................................................................11
184184201216221
22222810ÍNDICE SUMARIOa) Objeto de la LSSICE (artículo 1.º LSSICE)..................
b) Ámbito de aplicación de la LSSICE (artículos 2.º a 5.º
LSSICE) ..........................................................................
i) Ámbito de aplicación objetivo de la LSSICE (artículo 5.º y Anexo LSSICE) : los servicios de la sociedad
de la información .....................................................
ii) Ámbito de aplicación subjetivo de la LSSICE (artículos 2.º a 5.º LSSICE) ..............................................V. EL MOMENTO DE LA PERFECCIÓN DEL CONTRATO
EN EL DERECHO PRIVADO. APORTACIONES PARA
UN REVISIÓN CRÍTICA .......................................................
1. El régimen de la perfección del contrato (tiempo) anterior
a la reforma por la LSSICE .................................................
2. El presupuesto de la reforma: la Directiva sobre comercio
electrónico .............................................................................
3. El régimen de la perfección del contrato (el tiempo) en el
Derecho privado español vigente.........................................
a) El momento de la perfección del contrato. Análisis del
régimen legal...................................................................
b) Algunas reflexiones críticas sobre el sistema legal ........BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................233
359389I. PRELIMINAR. PLANTEAMIENTOS Y SISTEMÁTICA DE
LAS REFLEXIONES PROPUESTAS Y OPORTUNIDAD DE
1. PRESENTACIÓN. PRESUPUESTOS BÁSICOS DEL
En las tres últimas décadas, el Ordenamiento español (en particular, sus cuerpos y normas de naturaleza total o parcialmente jurídico-privada) ha experimentado una profunda revisión y remodelación que ha afectado a buena parte, por un lado, de sus instituciones
y, por otro lado, de sus concretas disposiciones. En el primer caso,
diversas circunstancias (algunas de las cuales serán apuntadas en
las siguientes páginas) han promovido y exigido la revisión, conceptual y legal, de fundamentos básicos de la definición de los sujetos
protagonistas del tráfico jurídico comercial y de los aspectos esenciales de su actuación en el ámbito de las relaciones económicas y de la
contratación mercantil; imponiendo incluso una cualificada atención
a la entrada de otros sujetos que reclaman una protección especial
(los consumidores). En el segundo caso, resulta evidente el elevado
número de leyes especiales dictadas, desplazando el articulado del
texto básico de las normas de la materia mercantil, el Código de comercio de 1885, en favor de una cada vez más numerosa y compleja
legislación especial mercantil. Algunas de esas leyes más recientes
han corregido o sustituido (derogándolas) disposiciones anteriores,
actualizando el régimen de instituciones ya conocidas; otras leyes,
sin embargo, han regulado nuevos modelos y formas contractuales,
nuevas actividades o nuevos escenarios para la relación de los contratantes, tratando de atender a la especialidad hoy requerida por
las prácticas contractuales y comerciales.
Aunque el esfuerzo renovador normativo (en ocasiones, verdadera incontinencia o afán regulador) del legislador se ha proyectado
sobre todos los aspectos del Derecho, en el ámbito particular del Derecho mercantil el largo proceso de la reforma de sus instituciones
ha sido particularmente intenso, alcanzado a la práctica totalidad
de las partes en las que tradicional y doctrinalmente se divide la
materia mercantil (la asignatura, esencialmente a efectos docentes).12MIGUEL ÁNGEL PENDÓN MELÉNDEZLas leyes especiales que han ido vaciando y mermando el contenido
del todavía vigente Código de comercio de 1885 (cuerpo básico de la
rama mercantil, cuya razón de ser se encuentra en la especialidad
de la materia que regula frente a la propia del Derecho común), al
mismo tiempo han ampliado y especializado (no siempre, parece, con
la claridad de criterios requerida) las materias mercantiles, actualizando y completando la actividad propia del comerciante, las formas
de sus relaciones profesionales y su actuación en el escenario en el
que desarrolla su actividad. La referencia al índice de cualquier recopilación legislativa sistematizada de la materia mercantil permite
apreciar este reciente curso normativo que, al final de un complejo
(e inacabado aún) proceso de reforma sólo ha respetado de momento
el más clásico (quizás el más profesional) de los sectores del tráfico
mercantil: el comercio marítimo (Libro III del Código de comercio),
pendiente de próxima revisión y, con ello, de la conclusión de la reforma integral del Derecho mercantil1. Ello, a pesar de que es, precisamente, el régimen de la explotación profesional del buque y las
operaciones inherentes al mismo uno de los sectores más precisados
de revisión y de actualización. Mientras que la parte general de esta
rama especial del Derecho ha experimentado modificaciones parciales en determinados aspectos de su contenido, habiendo quedado
(de momento) excluida la revisión de algunos de sus principales as-1Conocemos algunos de los textos preparados, con distinto grado de compromiso y desarrollo, que articularían la reforma de partes de las materias
pendientes de renovación en el Derecho mercantil. Con independencia de la
fase de tramitación en la que se encuentren, manifiestan determinados ámbitos en los que se anuncian nuevas normas y la posible orientación de las
mismas. La más avanzada, por razón de su tramitación parlamentaria, el
Proyecto de Ley General de Navegación Marítima, publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados el 10 de noviembre de 2006 (caducado por la disolución de las Cortes); en la actualidad,
además, el Proyecto de Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
Congreso de los Diputados el 30 de mayo de 2008; por su parte, la Propuesta
de Código de Sociedades Mercantiles presentada por la Comisión General
de Codificación en 2002 parece (temporalmente al menos) excluida de la
agenda legislativa. Estas iniciativas deberían agotar por algún tiempo la
frenética revisión a la que se ha visto sometida nuestra disciplina.LA PERFECCIÓN DEL CONTRATO EN DERECHO PRIVADO13pectos conceptuales y, por ello, fundamentales y previos a la propia
disciplina2.
Las causas y los fines de las reformas legales emprendidas (no
siempre concluidas) son muy diversos, imposibles de reconducir a la
unidad de fundamento o de finalidad, porque son varios y variadas
los unos y las otras en cada ocasión. Desde luego, una de las razones
más perceptible que en general justificarían la necesidad de cada
nuevo texto legal es la obligada renovación de la regulación anterior, en ocasiones decimonónica (por estar recogida en el Código de
comercio) o muy antigua, en cualquier caso marcadamente alejada
del sistema y el régimen legales vigentes. Como también resulta evidente que en muchas ocasiones las reformas responden a la mera
finalidad de normar situaciones, instituciones o contratos carentes
de regulación expresa en nuestro Ordenamiento, para los que las
reglas clásicas de la contratación ofrecían soluciones inadecuadas o
resultados faltos de correspondencia con los nuevos fines perseguidos por las partes. Probablemente, una interpretación especializada
de las normas codificadas hubiera permitido, en algunas ocasiones
al menos, ofrecer el marco básico de esas nuevas formas de contratación, evitando el recurso a la superposición de disposiciones que en
ocasiones han desestabilizado el sistema; pero se optó por evitar el
riesgo de lo fragmentario redactando normas pretendidamente más
completas, actuales y ad hoc. No obstante la (casi) inabarcable diversidad de fundamentos que han informado las reformas realizadas
pueden destacarse, en general para todos las actuaciones legislativas emprendidas y en particular a los efectos de las materias que
en estas páginas se abordan, algunas causas comunes de las nuevas
normas.2La Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación
ha elaborado una Propuesta de Anteproyecto de Ley de Modificación del
Código de Comercio en la parte general sobre contratos mercantiles y sobre
prescripción y caducidad, publicada en el Boletín del Ministerio de Justicia
núm. 2006, págs. 203 y siguientes. En la medida en que algún precepto de
esta propuesta incida en la materia objeto de estudio en este trabajo se
atenderá a su contenido, apreciando la utilidad que supone debatir acerca
de las posiciones expresadas por la Comisión General de Codificación y valorando esa propuesta como expresión de las posiciones mantenidas por los
destacados especialistas de la disciplina que componen esa Sección.14MIGUEL ÁNGEL PENDÓN MELÉNDEZLa primera de ellas, la profunda reforma, legal y legislativa, que
imponía el complejo contexto derivado del nuevo sistema constitucional, en el que se consagra un nuevo modelo de organización del
Estado (el denominado estado de las autonomías), articulando, entre otros aspectos, un complicado sistema competencial y legislativo,
todavía pendiente de plena definición (en la actualidad, sometido a
una profunda revisión). Las reflexiones que en las siguientes páginas se realizan se encuentran parcialmente condicionadas por esta
circunstancia, aunque no siempre sean especialmente tratadas sus
resultas. En efecto, como consecuencia de los preceptos constitucionales, de las competencias asumidas por las comunidades autónomas en el marco de sus propios estatutos de autonomía y de la labor
de delimitación y precisión realizada por el Tribunal Constitucional,
se han dictado leyes autonómicas que inciden con diversa intensidad (y fortuna) en la materia sobre la que aquí se reflexiona, de
conformidad con el título competencial que legitima parcialmente
el ejercicio de la potestad legislativa de aquéllas comunidades (artículo 149.1 CE, en especial, por lo que a estas páginas concierne,
sus números 6.º y 11.º). Algunas de esas disposiciones repercuten,
más o menos directamente, en la materia contractual (en sentido
amplio), bien por su orientación hacia la protección de los consumidores y usuarios, en el ámbito privado, bien por su proyección sobre
la ordenación del comercio interior (autonómico), en el ámbito de la
ordenación de la actividad económica. También resulta significativa
la influencia de determinados principios constitucionales destinados
a definir el modelo económico del Estado; como algunos otros que informan el Ordenamiento y determinados aspectos de nuestro sistema de Derecho privado. Todos ellos, con desigual protagonismo, han
contribuido significativamente a la conformación actual del Derecho
mercantil y se proyectan sobre la materia objeto de estudio en estas
páginas, con distintos incidencia y tratamiento. Entre otros muchos
principios pueden citarse la protección de los consumidores (artículo
51 CE), la libertad de empresa (artículo 38 CE), la unidad de mercado, el significado de la ordenación, etc.3.3La mera presentación del contenido de esos preceptos y principios constitucionales excede de las posibilidades (y de las pretensiones) de este trabajo.
No obstante, cabe reflejar una selección mínima de sentencias del Tribunal
Constitucional que, pronunciándose específicamente sobre el principio de
unidad de mercado, la libertad de empresa y la ordenación de la actividadLA PERFECCIÓN DEL CONTRATO EN DERECHO PRIVADO15La segunda, la integración de España en la unidad económica territorial (o regional, si se prefiere; y, en un proceso aún no concluido,
también económica, política y social) denominada Unión Europea.
La Comunidad Europea debía dotarse (se encuentra comprometida
en ese proceso) de un acervo propio que garantizara la consecución
de los fines perseguidos (en el Tratado CEE, inicialmente; luego en
otros textos, hasta llegar a los tratados de Ámsterdam y de Lisboa),
en términos acordes con los extremos de la cesión de la soberanía que
confiaban los estados a la institución resultante. Ese ordenamiento comunitario (incompleto, desde luego, además de fragmentario,
por razón de la naturaleza de la propia institución y de los desarrollos pendientes) está integrado por normas propias institucionales
u organizativas, por normas sustantivas y, en forma indirecta, por
el resultado de la armonización de las legislaciones de los estados,
sobre la base de las Directivas comunitarias4. Para la consecución
de aquellos fines, la Unión Europea ha ido diseñando y articulando4económica, todo ello en el ámbito del comercio minorista, han condicionado
las reflexiones previas al análisis que se expone en las siguientes páginas: SSTC de 1 de julio de 1986 [88/1986, (Tol 79634)], de 26 de enero de
1989 [13/1989, (Tol 80224)], de 12 de febrero de 2002 (Auto 20/2002), de
19 de junio de 2003 [124/2003, (Tol 285454)] y de 22 de diciembre de 2004
[254/2004, (Tol 526411)], entre otras.
Desde luego, el complejo acervo comunitario no queda agotado con las fuentes indicadas, que además se integra, se completa o se matiza por otras
fuentes, de diversa naturaleza y alcance: desde los programas que evidencian decisiones, programas y actuaciones políticos, hasta instrucciones,
indicaciones y compromisos del Parlamento Europeo y de la Comisión, trabajos de grupos especializados en cuestiones específicas, creados ad hoc,
reglamentos comunitarios, actuaciones de distinto orden integradas en lo
que se denominan acciones coordinadas de política o, simplemente, política
comunitaria en un determinado ámbito, sentencias del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas, etc. No cabe afrontar en estas páginas la
sistematización de tales fuentes que, sin embargo, pueden haber generado
documentos relevantes para las reflexiones que se proponen y que, por ello,
se recogen en las siguientes páginas.
Como es sabido, distintas páginas web de las instituciones comunitarias
ofrecen la información sistematizada de las iniciativas desarrolladas para
la consecución de las políticas adoptadas. Se facilita de esta manera el seguimiento de las actuaciones y la verificación de los términos de su evolución; y desde la perspectiva del investigador, la búsqueda de los documentos
relevantes. Ello me libera de citar con detalle esas fuentes o las actuaciones
y los correspondientes documentos elaborados, que son fácilmente accesi-16MIGUEL ÁNGEL PENDÓN MELÉNDEZpolíticas comunitarias, en cuya ejecución se ha dictado numerosas
disposiciones con diversos grados de influencia directa sobre los ciudadanos, las empresas y los territorios. Recuérdese que la Unión
Europea fue concebida inicialmente como un mercado que desde la
perspectiva de las instituciones comunitarias debía ser considerado
interior, no internacional en sentido estricto; y que, por ello, una
parte significativa de esas normas no pueden prescindir de la meta
fijada (la consolidación del mercado interior), que condiciona en buena medida el resto de las políticas comunitarias. La perspectiva del
mercado único, en efecto, legitima y condiciona entre otros ámbitos
las actuaciones comunitarias en el marco de la protección de los consumidores, del comercio electrónico5, de los contratos negociados a5bles en formato electrónico, sin perjuicio de que se facilite en estas páginas
la dirección electrónica de los que considere más relevantes.
Se pone en el texto la expresión “comercio electrónico” en cursiva para
explicitar un cierto rechazo al mismo: por diversas razones, que se irán
exponiendo en varios apartados en las siguientes páginas, no considero
adecuada la expresión, porque el comercio, en tanto que actividad profesional, no es (ni puede serlo) electrónico (al menos, no es relevante el adjetivo para caracterizarlo); al igual que el comercio no puede ser (ni debe ser
calificado como) oral o escrito. En algunos casos, la relevancia del medio
(en sentido amplio) en el que se desarrollan esas actividades profesionales
del comerciante (empresario) han permitido cualificar un género especial
del comercio, por ejemplo, el comercio marítimo. Pero las circunstancias
históricas y temporales (la tradición, tanto profesional como jurídica) que
han permitido consolidar esa denominación (que sigue titulando el Libro
III del Código de comercio) no concurren (al menos de momento) en las
actividades, relaciones y contratos mercantiles que se celebran pactan o
documentan gracias al recurso a medios y sistemas electrónicos y de información. El adjetivo electrónico resulta inapropiado para explicar el
recurso a las comunicaciones electrónicas (sobre las que volveremos más
adelante) en las relaciones comerciales, y considero que el uso de los términos ha condicionado en buena medida (en una dirección que no siempre
comparto) el análisis que se pretende. Frente a esta consideración personal, sin embargo, reconozco que el empleo del término goza de aceptación
generalizada en la doctrina científica y, sobre todo, en nuestra legislación;
aunque también generalmente entiendo que se ha aceptado el término, que
ha hecho fortuna en esos ámbitos (en buena parte por la mera asimilación
de la expresión anglosajona electronic comerce o e-commerce) sin detenerse
en exponer la pretendida fundamentación de la categoría ni delimitar las
consecuencias derivadas de la calidad de lo electrónico cuando se proyectan
sobre el comercio. En cualquier caso, la exigencia derivada de la existencia
misma de la denominación legal y la necesidad de basar mis reflexionesLA PERFECCIÓN DEL CONTRATO EN DERECHO PRIVADO17distancia, etc. (todos los cuales confluyen con distinta intensidad en
las reflexiones que se exponen en este trabajo).
La tercera, la modernización (en sentido amplio) de la sociedad,
de la naturaleza misma de los bienes comercializados y de los servicios ofertados, de las técnicas empresariales disponibles para tal
comercialización, de las nuevas técnicas de marketing y de ejercicio
de la actividad publicitaria y de las relaciones y los contratos que
permiten la distribución y la adquisición de bienes en los mercados
de consumo (básicamente, de las nuevas formas de distribución comercial). Se trataría, en definitiva, de las consecuencias derivadas
del mero trascurso del tiempo y, con ello, de apreciar la eventual
renovación de los antiguos modelos contractuales y las prácticas comerciales, de la modernización y actualización de las perspectivas y
los intereses que merecen atención, tutela y protección y de la realidad actual de los mercados. El Derecho mercantil, siempre marcado
y conformado por la realidad de cada momento (de ahí básicamente
su consideración como categoría histórica) debe atender a la influencia de todas esas novedades en su propia razón de ser (especialidad
frente al Derecho común) y en el régimen de sus instituciones. La
modernización de toda actividad social impone la paralela (y continua) revisión y modernización del concepto y del contenido del Derecho mercantil.
Si este es el marco general, meramente esbozado, en el que deben
situarse las reflexiones que a continuación se formulan, conviene
ahora establecer un escenario más preciso al que ceñir el estudio
realizado. Ese nuevo escenario se encuentra conformado esencialmente por dos elementos: los nuevos sistemas de comunicación, por
un lado y las nuevas (algunas) fórmulas de contratación que los
mismos permiten, por otro lado. Todo ello, naturalmente, desde una
perspectiva jurídico-mercantil. Ese enfoque impone un primer límite a las pretensiones de este trabajo: no se formulan referencias a las
cuestiones técnicas de los sistemas de comunicaciones; se trataría de
una mera exposición descriptiva (frecuente, por otra parte, en nuestra doctrina científica) que excede de la competencia del jurista ysobre las previas aportaciones doctrinales que se han formulado bajo la
expresión comercio electrónico aconsejan el recurso a la misma, sin que ello
implique siempre (como se verá) que asuma el régimen o las figuras que
bajo la misma suelen integrarse.18MIGUEL ÁNGEL PENDÓN MELÉNDEZque, en cualquier caso, no debe condicionar —aunque sí conducir—
el análisis de las normas. Considero que otra forma de exposición
no sólo evidencia los límites en nuestra capacidad, en general, para
describir satisfactoriamente técnicas y procesos que nos resultan
ajenos, sino que además, desde una perspectiva estrictamente jurídica, vulneraría (involuntariamente) el principio de la neutralidad
tecnológica6. Posteriormente, otra frontera delimita la finalidad de
estas reflexiones: se atiende sólo a determinadas prácticas comerciales (expresión cada vez más frecuente en la terminología comunitaria, que evidencia el nuevo enfoque que experimenta el tratamiento
de determinados aspectos de la distribución comercial en la Unión
Europea, atendiendo a las relaciones entre empresarios y consumidores) en las que el recurso a determinadas técnicas de comunicación a distancia (también se trata en este caso de terminología legal,
derivada de normas comunitarias) caracterizan la operación.
Los desarrollos social, económico y técnico actuales se han traducido, entre otros aspectos, en un elevado auge de las operaciones de
distribución (de contratación), en el sentido de comercio minorista
que, por razón de las especialidades que se expondrán, se caracteriza
legalmente como una operación a distancia7. Estas nuevas formas de
comercialización son consideradas particularmente adecuadas para
una rápida y eficaz distribución comercial más allá de las distancias
(incluso transfronterizas, en el ámbito de las normas europeas, que
han sido frecuentemente el origen de las reformas nacionales) que
medien entre el origen del producto o el servicio y sus destinatarios
(en general, los consumidores y los usuarios de los mismos). La distribución comercial ha experimentado una profunda transformación
en sus técnicas y formas, operada no sólo con la finalidad de asegurar la adecuación de las prácticas empresariales a las exigencias de
los destinatarios de los bienes y servicios distribuidos y a las nuevas
realidades de los productos, los empresarios y los consumidores, sino también por el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen
las nuevas tecnologías. No resulta difícil constatar, meramente observando a nuestro alrededor, el elevado grado de especialización67Sobre este principio y los que caracterizarían el denominado comercio electrónico versa esencialmente el Capítulo II de este trabajo.
El significado de esa expresión en este trabajo (y la justificación del recurso
a la misma) se expone infra, en el Capítulo III.LA PERFECCIÓN DEL CONTRATO EN DERECHO PRIVADO19alcanzado por los empresarios de la distribución (así, en ámbitos
sectoriales específicos, los denominados prestadores de servicios de
la sociedad de la información) y la aparición de nuevas técnicas de
comercialización, cada vez más cercanas a las exigencia y al modelo
de consumo de los ciudadanos. Dicho desarrollo, desde luego, avanza en paralelo con el aumento del nivel de vida (y de capacidad de
gasto y, con ello, de consumo) de los ciudadanos, en particular los
Estas transformaciones económicas proyectan sus consecuencias
también en un ámbito más precisamente jurídico, exigiendo quizás
nuevas regulaciones o, en ocasiones, la mera adaptación (o revisión
conceptual) de las clásicas instituciones a las actuales exigencias de
los empresarios, de los particulares y de las técnicas de comercialización. En este entorno se aprecia cómo en los últimos años se ha procedido a la redacción de normas especiales que regulan las materias
apuntadas desde distintas perspectivas: los medios de comunicación
empleados para la celebración de los correspondientes contratos, la
protección del consumidor, las especialidades mismas de la operación, el mercado relevante, las nuevas técnicas y los instrumentos
o medios utilizados, etc. Las circunstancias muy someramente expuestas han provocado la elaboración de un cuerpo normativo de
origen mayoritariamente comunitario, que afecta a la materia desde perspectivas muy diversas, con relevancia generalmente en la
protección y la defensa del consumidor. Dicho origen condiciona en
buena medida los fines particulares de tales normas: así, aunque
en ocasiones se atiende prioritariamente a la protección del consumidor, la regulación parte de la base de la finalidad esencial de la
Unión Europea, la consecución final del mercado único (lo que implica frecuentemente la necesidad de atender a principios de naturaleza pública, generalmente a través de la ordenación)8. Sin embargo,
cuando el origen de las correspondientes normas es nacional (así, en
los supuestos de transposición de las directivas), la protección del
consumidor mismo suele ser la finalidad esencial de la norma. Por
ello, los dos ámbitos, el comunitario y el nacional, deben tenerse en
todo momento presentes cuando se analicen estas normas, pues la8Vid., como iniciativa reciente en este ámbito, la Comunicación de la Comisión “Un mercado único para la Europa del siglo XXI”, de 20 de noviembre
de 2007 [COM(2007) 724 final].20MIGUEL ÁNGEL PENDÓN MELÉNDEZinterpretación de los correspondientes preceptos exige prestar atención a los diversos fines que en cada caso las informan. Además,
parte del acierto de las normas nacionales dependerá de la efectiva y
correcta transposición de las normas comunitarias; sin perjuicio de
que el legislador nacional haya optado además, con mayor o menor
reflexión previa (y con distinto acierto), por aprovechar las reformas
necesarias y comprometidas para ampliar el régimen exigido por las
instituciones comunitarias y revisar las propias nacionales que requirieran su actualización o su adaptación y correspondencia con las
En definitiva, la regulación promovida en el ámbito de las nuevas
formas de distribución comercial por el legislador español no obedece sólo a iniciativas propias y a las exigencias de nuestro entorno
jurídico nacional, sino que en buena medida responden al cumplimiento del compromiso (obligación) de adaptación de las directivas
comunitarias adoptadas. En este ámbito pueden citarse, entre otras,
la Directiva de comercio electrónico y la Directiva sobre contratos
negociados a distancia. Una selección de articulado de ambos textos
constituye el objeto principal de atención de este trabajo.
Cada uno de los sectores indicados o sugeridos (telecomunicaciones, distribución, contratación privada, consumidores, competencia, etc.) presenta su propia complejidad y responde a principios
no siempre coincidentes en los ámbitos comunitario y nacional. La
especialidad exigida en ocasiones por la norma comunitaria puede
resultar difícil de encajar en un cuerpo normativo nacional existente, basado en principios o enfoque no siempre compartidos. Quizás
esa especialidad de la materia regulada, incidiendo en diversos temas, trasciende de una sola norma e impone la revisión de varias
en los ordenamientos nacionales. En ocasiones, la mejor posibilidad
para lograr la transposición de una norma comunitaria parece haber
sido la elaboración de una norma nacional ad hoc, lo que ha producido que alguna ley aborde materias de muy distinta naturaleza
(por lo que ahora interesa, pública y privada), recurriendo a títulos
de habilitación legal igualmente diversos (materia que se estudiará
más adelante, con ocasión del análisis de la Ley de Ordenación del
Comercio Minorista). Por ello, no resulta extraño (aunque quizá sí
inapropiado) que algunas leyes recientes de nuestro Ordenamiento
regulen conjuntamente, por ejemplo, materias referidas a la ordenación de la actividad económica (sobre la base del título habilitante consagrado en el artículo 149.1.11.º CE) y propias de la materiaLA PERFECCIÓN DEL CONTRATO EN DERECHO PRIVADO21mercantil o civil (en ambos casos, sobre la base de lo preceptuado
en el artículo 149.1.6.º CE). La eventual coincidencia, además, de
normas (o, al menos, de competencias) autonómicas en esas mismas materias dificulta aún más la adecuada integración de nuestro
Ordenamiento. Por último, no deben obviarse otras circunstancias
que han contribuido a la complejidad de nuestro sistema jurídico.
Así, la eventualidad de posteriores reformas de esas leyes, bien por
iniciativa del legislador nacional, bien por mandato del legislador
comunitario, que requiere difíciles labores de adaptación y de encaje de los nuevos mandatos; o el dictado de nuevas normas que no
siempre atienden adecuadamente a la debida coordinación con las
anteriores. Como se apreciará, la complejidad normativa no es la
cuestión principal en estos supuestos, sino la inseguridad que de la
misma deriva.
Un ejemplo puede servir para ilustrar el problema que se aborda
en el estudio siguiente. El que se propone atiende al significado y
al régimen de las denominadas ventas a distancia; en la actualidad, además, los contratos celebrados a distancia9. El régimen de
las referidas operaciones obedece inicialmente a la transposición
de la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores
en materia de contratos a distancia (Directiva 97/7/CE, de 20 de
mayo de 1997 o Directiva en materia de contratos a distancia, en
adelante)10. Razones de aparente oportunidad supusieron que, en910La dualidad de relaciones (a la que trata de responder la dualidad de denominaciones y de normas) obedece a una precipitada actuación de nuestro
legislador en la transposición de la directiva indicada y en la sucesión de
normas posteriores para lograr (sólo intentar, quizás) la adecuada y armónica incorporación final de la directiva que se cita en el lugar de nuestro Ordenamiento que sistemáticamente debiera haberle correspondido desde un
primer momento. Las reflexiones iniciales sobre esta cuestión y las razones
del empleo de las dos denominaciones puede verse en PENDÓN, “Reflexiones críticas acerca del régimen legal de las operaciones a distancia (en los
contratos celebrados con consumidores y en las ventas entre empresarios)
tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre”, Derecho de los Negocios número 209, 2008, págs. 5-34; algunos
otros detalles se expondrán más adelante, en el apartado 1 (Presupuesto
del concepto de operaciones a distancia. La dualidad normativa en el Ordenamiento español) del Capítulo III.
DOCE núm. L 144, de 04 de junio de1997, págs. 19 a 27.22MIGUEL ÁNGEL PENDÓN MELÉNDEZun primer momento, el régimen de las ventas a distancia se incardinara en el Derecho español en el seno de la Ley de Ordenación
del Comercio Minorista, de 199611; la precipitación12 (en realidad,
verdadera antelación) de nuestro legislador se evidencia por las
fechas en que fueron aprobadas ambas disposiciones (volveremos
sobre esta cuestión más adelante). En este complejo ámbito de regulaciones que supone la ordenación de una actividad, que afecta a
sectores diversos del Ordenamiento, se ha articulado el régimen de
las legalmente denominadas ventas a distancia, aunque el régimen
de esos contratos y su ubicación sistemática parece haberse hecho
sin (al parecer) una reflexión precisa sobre su finalidad, sus fundamentos y su relación con determinadas técnicas de comunicación a
distancia, en particular con las comunicaciones electrónicas y con
la contratación electrónica que las mismas posibilitan. La necesaria
correspondencia del régimen así aprobado con la norma comunitaria
no se lograría, aparentemente, hasta la modificación que supuso la
Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de
15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, para la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 97/7/CE,
en materia de contratos a distancia, y para la adaptación de la Ley
a diversas Directivas comunitarias13 (Ley 47/2002, en adelante). Si
formalmente se satisfizo entonces el compromiso de transposición
de la directiva indicada, subsistían serías dudas sobre la corrección
de la ubicación sistemática de los preceptos comunitarios en nuestro Ordenamiento y, con ello, dificultades sobre la interpretación de
las normas y sus correspondencia con otras dictadas en materia de
protección de los consumidores y usuarios. Además, por las razones
que más abajo se expondrán (con ocasión del análisis de los artículos
38 y siguientes de la LOCM, modificados por esa Ley de 2002), la
ley española consideraba un desdoble de contratos (de venta, por un
lado, de prestación de servicios, por otro) que suponía, al menos, una
dificultosa transposición de la Directiva 97/7/CE. Por todo ello, una11
1213Publicada en el BOE núm. 15, de 17 de enero.
Cfr. MIRANDA SERRANO-VELA TORRES-PRIÉS PICARDO, La contratación mercantil. Disposiciones generales. Protección de los consumidores, en Tratado de
Derecho Mercantil, dir. M. OLIVENCIA, C. FERNÁNDEZ-NOVOA y R. JIMÉNEZ DE
PARGA, coord. G. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, T. XXX, Madrid, 2006, págs. 290-291, a
cargo de MIRANDA SERRANO.
Publicada en el BOE núm. 304, de 20 de diciembre.LA PERFECCIÓN DEL CONTRATO EN DERECHO PRIVADO23última iniciativa legislativa, cuya ejecución se confió al Gobierno, ha
terminado por regular los contratos celebrados a distancia (ámbito
propio de la Directiva de 97/7/CE, de 20 de mayo de 1997) en un
texto ad hoc destinado a establecer el régimen común de las normas
en materia de protección de consumidores y usuarios: el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios14 (al que a partir de ahora me referiré como el Texto
Refundido en materia de Consumidores y Usuarios o, simplemente,
el RDLeg. 1/2007). Así, durante años los regímenes de las ventas a
distancia y de los contratos celebrados a distancia se encontraban en
una norma, la LOCM, cuya legitimidad reposaba en diversos títulos competenciales, no siempre adecuadamente coordinados y en la
eventual concurrencia de normas dictadas por las comunidades autónomas (véase la disposición final de la LOCM). La complejidad del
régimen de esta modalidad de venta clasificada como especial (véase
artículo 36 LOCM, estableciendo la categoría de ventas especiales,
y el desarrollo de esta modalidad, artículos 38 y siguientes LOCM)
se incrementa por el reclamo expreso a las normas dictadas en materia de comercio electrónico (rectius, de contratación electrónica),
operaciones parcialmente sometidas a un régimen a su vez especial,
derivado de la incorporación de otra directiva comunitaria (la Directiva sobre Comercio Electrónico) y condicionada por el régimen de
las condiciones generales de la contratación15. Así, las novedades (si
es que, en realidad, las hay) en materia de contratación en el marco
de las comunicaciones electrónicas se ha reconducido a una ley de
contenido asimismo complejo, en el que la remisión al sector (y a sus
leyes sectoriales) de las telecomunicaciones resulta una referencia
obligada en relación con los denominados servicios de la sociedad
de la información. Pero la denominada Ley de Comercio Electrónico
(Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico; LSSICE, en adelante)16 presenta14
1516Publicado en el BOE núm. 287, de 30 de noviembre.
Se trata en este caso del Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el
que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.º.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación (BOE núm. 313, de 31 de diciembre).
Publicada en el BOE núm. 166, de 12 de julio; con corrección de errores en
núm. 187, de 6 de agosto.24MIGUEL ÁNGEL PENDÓN MELÉNDEZasimismo un contenido normativo de naturaleza jurídico-privada,
que probablemente no guarda la suficiente y exigida coordinación
con otros sectores del Ordenamiento (en particular, con las ventas a
distancia) ni, con ello, ofrece la oportunidad normativa (que justificaría la elaboración de la norma más allá de la incorporación de la
correspondiente Directiva comunitaria) que cabría esperar. Con ello,
resulta compleja la determinación del régimen de las operaciones a
distancia en las que se empleen medios electrónicos, por la remisión
expresa que se hace en la LOCM y en el RDLeg. 1/2007 a las especialidades establecidas en las normas de contratación electrónica. Ello
evidencia la necesidad de establecer los límites precisos que permitan diferenciar el ámbito de cada uno de los contratos que entran en
el ámbito de aplicación de las respectivas leyes, si es que esos ámbitos que pretendió el legislador fueran, en efecto, distintos y merecieran por ello distinto tratamiento legal (hoy en día, la preferencia
normativa parece la contraria, a raíz del RDLeg 1/2007; volveremos
sobre ellos más adelante, en el Capítulo III de este trabajo). Para
ello habrá de atenderse a los ámbitos objetivo y subjetivo propios
de cada norma, a la identificación de los fines que las inspiran y los
objetivos que persiguen, a los fundamentos que justifican el régimen
adoptado y, finalmente, a los aspectos conceptuales de la definición
legal que formulan.
Las ideas expresadas en el párrafo anterior constituyen el aspecto adjetivo y previo del objeto sustantivo del estudio que se propone: el análisis crítico del régimen del momento (el tiempo) de la
perfección del contrato en Derecho mercantil. Por extensión, y dada
la coincidencia de los correspondientes mandatos normativos en los
códigos civil y de comercio, el régimen del tiempo en la perfección
del contrato en el Derecho privado español. Por diversas razones
(en parte, meramente terminológicas; en parte, por la propia evolución de distintas disposiciones que parecían destinadas a revisar
la cuestión del tiempo de la perfección de los contratos; en parte,
como consecuencia de los mandatos normativos finales de los textos
legales que se analizan), las citadas disposiciones han modificado
el régimen clásico (decimonónico) de la perfección del contrato o, en
su caso, afectan a su aplicación. Los preceptos que se estudian finalmente (artículos 54 C. de c. y 1.262 C.c.) trataron de aproximar
sus correspondientes mandatos a la realidad actual, atendiendo en
particular a la relación con esas nuevas formas de distribución y de
comunicación consolidadas con la llegada del nuevo milenio. Incluso,All pages:2567891011121314151617181920InfoSaveLikeShareDownloadMore1_9788498764055 Published on Feb 26, 2010 (Reﬂ exiones sobre su régimen legal a la luz de las nuevas formas de distribución y contratación) MIGUEL ÁNGEL PENDÓN MELÉNDEZ Valencia, 200...See MoretirantloblanchFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: artículo 149
 artículo 149
 Real Decreto 
 Real Decreto 

artículo 36
 Real Decreto 
 artículo 5