Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2005/as200512450.htm
Timestamp: 2020-04-01 20:33:44+00:00

Document:
200511-Sala Penal Segunda-2-450
AUTO SUPREMO: Nº 450 Sucre, 14 de noviembre de 2005
PARTES: Hilarión Jiménez Fernández c/ Abel Jarro Tumiri y otro.
Abuso de firma en blanco y otros.
MINISTRO RELATOR: Dr. Héctor Sandoval Parada.
VISTOS: los recursos de casación interpuestos por Abel Jarro Tumiri de fojas 196 a 204 y vuelta y por Jonie Marlene Quevedo Arratia de fojas 216 a 222 y vuelta impugnando el Auto de Vista Nº 68/04 de 18 de diciembre de 2004 cursante de fojas 181 a 184 de obrados pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público y de la acusación particular de Hilarión Jiménez Fernández contra los recurrentes por la comisión de los delitos de abuso de firma en blanco, uso de instrumento falsificado y prolongación de funciones, más la ampliación de la acusación particular por el delito de falsedad ideológica, incursos en la sanción de los artículos 336, 23, 203, 163 y 199 del Código Penal, sus antecedentes, y
CONSIDERANDO: que una vez tramitado el proceso oral, público y contradictorio el Tribunal de Sentencia de Uncía, Provincia Bustillos del Departamento de Potosí, pronunció sentencia condenatoria en contra de:
Abel Jarro Tumiri declarándole autor de la comisión de los delitos incursos en las sanciones previstas por el artículo 336 con relación al artículo 23 del Código Penal referido al delito de abuso de firma en blanco en grado de complicidad, y autor del delito incurso en la sanción prevista por el artículo 203 con relación a lo previsto por el artículo 198 del Código Penal referido al uso de instrumento falsificado, imponiéndole la pena privativa de libertad de ocho años de reclusión a cumplir en el Recinto Penitenciario de Cantumarca de Potosí.
Jonie Marlene Quevedo Arratia declarándola autora de la comisión de los delitos incursos en las sanciones previstas por los artículos 336 y 203 con relación a los artículos 198 y 163 del Código Penal referidos a abuso de firma en blanco, uso de instrumento falsificado y prolongación de funciones, condenándola a sufrir la pena privativa de libertad de ocho años de reclusión a cumplir en el Recinto Penitenciario de Cantumarca en la ciudad de Potosí.
Esta sentencia absuelve a ambos imputados de la comisión por el delito imputado en vía de ampliación de acusación incurso en la sanción del artículo 199 del Código Penal referido a la falsedad ideológica.
Que contra este fallo Abel Jarro Turmiri y Jonie Marlene Quevedo Arriata, mediante memoriales que discurren de fojas 142 a 150 y vuelta y de fojas 153 a 161, respectivamente, formularon recursos de apelación restringida que fueron resueltos mediante Auto de Vista Nº 68/04 cursante de fojas 181 a 184 pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, disponiendo en primer término la procedencia de los recursos de apelación restringida deducidos por los imputados, para luego REVOCAR en parte la sentencia de primer grado, sancionando a Abel Jarro Tumiri con la pena de cuatro años de reclusión y ciento cincuenta días multa a razón de Bs 3.- por día, y a Jonie Marlene Quevedo Arriata a cumplir la pena de cinco años de reclusión y noventa días multa a razón de Bs 3.- por día, absolviéndolos por el delito incurso en el artículo 203 (uso de instrumento falsificado), dejando constancia en esta Resolución que ya no corresponde referirse al delito de complicidad previsto en el artículo 23 del Código Penal Sustantivo.
CONSIDERANDO: que contra este Auto de Vista, de fojas 196 a 204 y vuelta Abel Jarro Tumiri recurre de casación, formulando idéntico recurso Jonie Marlene Quevedo Arratia de fojas 216 a 222 y vuelta, siendo ambos recursos formalmente admitidos por Auto Supremo Nº 47 de 2 de Marzo de 2005 saliente de fojas 228 a 229 del cuaderno procesal, correspondiendo en consecuencia el análisis del recurso por parte de este Tribunal para resolverlo en alguna de las formas previstas por el artículo 419 segundo párrafo del Código de Procedimiento Penal.
Que en cuanto al recurso de fojas 196 a 204 y vuelta se refiere, se tiene que el recurrente Abel Jarro Tumiri en lo principal y luego de efectuar una relación de los antecedentes, desarrollo del juicio oral, público y contradictorio y del recurso de apelación restringida, aduce que: a) El tribunal encargado de sentenciar la causa cometió una serie de atentados contra el ejercicio del legítimo derecho a la defensa, que fueron observados en su oportunidad y que con la sentencia condenatoria en su contra vulneraron las reglas de la sana crítica determinando su culpabilidad en base a simples presunciones, b) En el Auto de Vista impugnado existe errónea aplicación de la ley sustantiva, concretamente del artículo 203 en relación a lo previsto por el artículo 198, ambos del Código Penal, pues en el devenir del juicio penal no ha existido prueba fehaciente que determine la culpabilidad o autoría del recurrente en la comisión del ilícito juzgado. Refiere equivocadamente que igualmente ha existido errónea aplicación del artículo 336 con relación al artículo 23 del Código de Procedimiento Penal cuando -seguramente- el recurrente quiso referirse al Código Penal, pues más adelante manifiesta que no existieron elementos probatorios para determinar su autoría sobre los ilícitos penales previstos en el artículo 336 con relación al artículo 23 del Código Penal Sustantivo, c) En cuanto a la imposición de la pena se han transgredido los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, d) Manifiesta violación a las reglas relativas al principio de congruencia entre la sentencia y la acusación, pues se le absuelve por el delito de falsedad ideológica cuando no existió acusación por tal delito y e) Refiere que la resolución impugnada que Revoca en parte la sentencia del a quo y lo condena por el delito de abuso de firma en blanco incurre en inobservancia de la garantía procesal consagrada en el principio procesal de "Reformato In Peius", acusando por ello violación al artículo 400 del Código de Procedimiento Penal que prohíbe al tribunal de alzada modificar o reformar la resolución recurrida en perjuicio del imputado agravando su situación. En suma, solicita a este Tribunal "Casar" el Auto de Vista impugnado y revocarlo determinando la absolución de culpa y pena de la comisión del delito de abuso de firma en blanco.
En lo que al recurso de casación deducido por Jonie Marlene Quevedo Arratia de fojas 216 a 222 y vuelta se refiere, la recurrente también efectúa una relación de todo lo acontecido en el proceso penal hasta el momento del pronunciamiento de la sentencia y en lo principal acusa: a) Errónea aplicación de los artículos 336 y 203 en relación a los artículos 198 y 163 todos del Código Penal, defecto de la sentencia establecido en el artículo 370 incisos 1) y 4) del Código de Procedimiento Penal, toda vez que no se comprobó en el devenir del proceso penal que su conducta podría ser adecuada a los tipos penales referidos, b) Inobservancia de los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Penal por cuanto tales disposiciones no han sido tomadas en cuenta a momento de emitir la sentencia condenatoria en su contra, c) aplicación errónea del artículo 365 por inobservancia del inciso 2) del artículo 363, vinculante con el artículo 5, todos del Código de Procedimiento Penal, por cuanto la prueba aportada por el Ministerio Público y el acusador particular no fue suficiente como para generar en el Tribunal la convicción sobre su responsabilidad penal en la comisión de los ilícitos juzgados, violándose el principio de presunción de inocencia, aspecto que a su vez acarrea violación al artículo 16 de la Constitución Política del Estado, d) Manifiesta que el Auto de Vista recurrido violó flagrantemente a las normas del debido proceso, lesionando el derecho a la defensa por que, lejos del control de legalidad que compete al tribunal de alzada, avasallaron sus atribuciones en el contexto del debido proceso que conlleva a un juicio justo e imparcial en el que se protegen los derechos y garantías constitucionales del encausado y que, contrariamente a estos postulados, se procedió a revalorizar la prueba en forma totalmente parcializada y e) Finalmente, y haciendo un análisis sobre la implicancia de la "responsabilidad penal" que -a juicio de la recurrente- no ha sido demostrada en el proceso penal, solicita al Tribunal Supremo "casar" el auto de vista, forma de resolución inexistente en el Nuevo Código de Procedimiento Penal, e inexplicablemente solicita se confirme la sentencia condenatoria pronunciada en su contra.
CONSIDERANDO: que del examen de los antecedentes que cursan en el proceso con relación a la fundamentación e infracción de las leyes acusadas en los recursos en análisis, este Tribunal arriba a las siguientes consideraciones:
1.- Conforme se desprende de la documental de fojas 1 a 6 y de fojas 7 a 12, el Fiscal de Materia adjunto de la localidad de Uncía, Provincia Bustillos del Departamento de Potosí, e Hilarión Jiménez Fernández, respectivamente, instauran proceso penal contra los recurrentes por la comisión de los delitos incursos en el artículo 336 con relación a los artículos 23, 203 y 163, todos del Código Penal, a más de que mediante ampliación de la acusación particular se atribuye a los imputados la comisión del delito previsto en el artículo 199 del Código Penal.
2.- Conforme se desprende del acta de registro del juicio oral que cursa de fojas 41 a 129 éste se llevó a cabo en estricta observancia de las normas contenidas en los artículos 344 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, resultado de los actos preparatorios del juicio previstos por los artículos 340 a 343 del Procedimiento señalado, respetándose las reglas que rigen el debido proceso y velando por las garantías y derechos constitucionales de los imputados, por lo que no puede decirse que los jueces de grado hayan incurrido en una "actividad procesal defectuosa" en los términos del artículo 167 del Adjetivo Penal que podría significar la presencia de defectos absolutos no susceptibles de convalidación previstos por el artículo 169 de igual Procedimiento. Consecuentemente, entendido el principio del artículo 167 del Código de Procedimiento Penal en directa relación con la garantía del debido proceso establecida en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado y artículo 1º de la Ley Nº 1970, se afirma que los de instancia han obrado correctamente, pues en autos no se encuentran las violaciones denunciadas por los recurrentes. Es más, tal cual evidencia la documental de las fojas referidas, se dio oportunidad a las partes en contienda a la presentación de excepciones, incidentes, se produjeron las atestaciones tanto de cargo cuanto de descargo, se valoró la prueba documental presentada por la acusación fiscal y particular, se recibieron incidentes de exclusiones probatorias formuladas por la defensa de los imputados (fojas 73 a 80), habiéndose formulado de acuerdo a ley la reserva de hacer uso del recurso de apelación incidental y restringida contra los autos que resolvieron los incidentes o las exclusiones probatorias, fueron recibidos los fundamentos de la ampliación de la acusación a la que se adhirió el Ministerio Público (fojas 88 vuelta a 91); en consecuencia los derechos y garantías del debido proceso han sido respetados por el tribunal a quo, habiendo tenido oportunidad los imputados de hacer uso de cuanto recurso les es franqueado por ley para efectivizar sus derechos en juicio.
3.- El Tribunal de Sentencia de Uncía, Provincia Bustillos del Departamento de Potosí, pronuncia la sentencia de fojas 132 a 137 y vuelta tomando como base del juicio la acusación del Ministerio Público y la acusación particular del querellante que atribuyen a los imputados la autoría de los delitos previstos por el artículo 336 con relación a los artículos 23, 203, 163 y 199, todos del Código Penal, por lo que no ha existido por parte de los jueces de grado violación al principio de congruencia, pues no ha existido variación de los hechos juzgados, la tipificación ha sido siempre la misma, existiendo plena relación entre los delitos acusados y los juzgados; por lo que se ha fallado en estricta observancia de la previsión contenida en el artículo 362 de la Ley Nº 1970 que textualmente señala: "El imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación".
4.- La sentencia del a quo condena a los imputados a sufrir la pena privativa de libertad de ocho años al haberlos declarado autores de la comisión de los delitos imputados por el Ministerio Público y la acusación particular, a excepción del ilícito previsto en el artículo 199 del Código Penal por el cual los absuelve de culpa y pena. Apelado que fue este fallo, el Tribunal ad quem Revoca en parte la sentencia absolviendo a los imputados de la comisión del delito de uso de instrumento falsificado, incurso en la sanción del artículo 203 del Código Penal, disminuyendo la pena impuesta de ocho a cuatro años de reclusión para Abel Jarro Tumiri y de ocho a cinco años para Jonie Marlene Quevedo Arriata, motivo por el cual considera que ya no es necesario referirse al artículo 23 del Código Penal. De esta relación se afirma que no ha existido inobservancia de la garantía procesal consagrada en el principio procesal de "Reformato In Peius" pues, al contrario de la apreciación de los recurrentes, no ha existido "reforma en perjuicio", por lo cual se ha cumplido más bien a cabalidad la previsión del artículo 400 de la Ley 1970.
5.- En lo que respecta a la presencia de defectos absolutos no susceptibles de convalidación en la sentencia y en el Auto de Vista al haberla confirmado en parte, conforme se tiene dicho, al haber sido observadas por los de instancia a cabalidad las normas que rigen el debido proceso, no pueden existir tales defectos por los que podría "dejarse sin efecto" la resolución recurrida, más al contrario, en el devenir del proceso penal, así como en la imposición de la pena, modificada por el tribunal de alzada, se han tomado en cuenta las previsiones de los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, dejando expresamente establecido que ha existido una correcta tipificación en las conductas de los recurrentes a los ilícitos por los cuales fueron juzgados.
6.- En lo que respecta a los precedentes contradictorios invocados en los recursos en análisis, al haberse evidenciado que no son ciertas la violaciones de ley sustantiva y adjetiva penal denunciadas por los recurrentes, no corresponde su análisis, pues sería ilógico pretender una contradicción entre la resolución recurrida y los precedentes invocados cuando los actos de jueces de grado han sido debidamente ajustados a derecho, más aún si las jurisprudencias presentadas se refieren a otros delitos y situaciones ajenas al presente caso de autos.
CONSIDERANDO: que a más de denunciar los recursos de fojas 196 a 204 y vuelta y de fojas 216 a 222 y vuelta violación a Ley Penal adjetiva y sustantiva, denuncian conculcación al derecho consagrado en el artículo 16-II de la Constitución Política del Estado, así como a las normas del debido proceso, el Tribunal Supremo se ve en la necesidad de ejercitar la facultad conferida por el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial tomando en cuenta que ambos recursos equivocan las formas de resolución del recurso de casación, establecida en el artículo 419 de la Ley Nº 1970, al solicitar "Casar" el Auto de Vista, motivo por el cual, ingresado al análisis pormenorizado que ha sido detallado precedentemente, ha encontrando que no son ciertas las afirmaciones que constituyen el basamento jurídico de los recursos.
Consecuentemente, por la fundamentación inserta en la presente resolución, los recursos formulados por Abel Jarro Tumiri y Jonie Marlene Quevedo Arratia devienen en declararlos infundados.
POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la atribución primera del artículo 58 de la Ley de Organización Judicial y de conformidad al segundo párrafo del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADOS los recursos de fojas 196 a 204 y vuelta y de fojas 216 a 222 y vuelta.
Relator: Ministro Dr. Héctor Sandoval Parada.
Sucre, catorce de noviembre de dos mil cinco.

References: artículo 336
 artículo 23
 artículo 203
 artículo 198
 artículo 199
 artículo 203
 Resolución 
 artículo 23
 artículo 419
 artículo 203
 artículo 198
 artículo 336
 artículo 23
 artículo 336
 artículo 23
 resolución 
 artículo 400
 resolución 
 artículo 370
 artículo 365
 artículo 363
 artículo 5
 artículo 16
 resolución 
 artículo 336
 artículo 199
 artículo 167
 artículo 169
 artículo 167
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 336
 artículo 362
 artículo 199
 artículo 203
 artículo 23
 artículo 400
 resolución 
 resolución 
 artículo 16
 artículo 15
 resolución 
 artículo 419
 artículo 58
 artículo 419