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Timestamp: 2017-08-22 01:43:41+00:00

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Recurso contencioso-administrativo contra la orden de expulsión por estancia irregular en territorio español. Sentencia desestimatoria al considerar el juzgador que no existen pruebas suficientes de arraigo. | E&J
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Recurso contencioso-administrativo contra la orden de expulsión por estancia irregular en territorio español. Sentencia desestimatoria al considerar el juzgador que no existen pruebas suficientes de arraigo.
Santa Cruz de Tenerife, 02/02/2004
En fecha de 2 de febrero de 2004, fecha de inicio del supuesto de hecho, la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife notifica a don X, de nacionalidad búlgara, acuerdo de su expulsión del territorio español por una presunta infracción grave prevista en el artículo 53.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, al encontrarse en España en una situación irregular.
En fecha de 19 de Marzo de 2004, don X interpone recurso de reposición contra la resolución de 2 de Febrero, que decretaba su expulsión del país. A pesar de la obligación de resolver de la Administración, la Subdelegación del Gobierno no ha resuelto el recurso en el plazo previsto, por lo que este debe entenderse desestimado por silencio administrativo.
Queda expedita la vía judicial y se interpone recurso-contencioso-administrativo con fecha 8 de Septiembre de 2004. Asimismo se solicitó como medida cautelar la suspensión de la orden de expulsión, la cual fue admitida, acordando la suspensión cautelar de la ejecución del acto administrativo de expulsión.
El cliente es don X y su objetivo es que se anule la resolución sancionadora de la Subdelegación del Gobierno sobre expulsión del territorio español.
La estrategia principal del abogado se basa en demostrar que la orden de expulsión es una medida desproporcionada. Asimismo, el abogado alegará repetidamente el hecho de que su cliente no tiene antecedentes penales, reside desde el año 2004 en España y, además, tiene la nacionalidad de Bulgaria, país que estaba finalizando los trámites para entrar en la Unión Europea.
Orden Jurisdiccional: Contencioso-administrativo
Juzgado de inicio del procedimiento: Juzgado Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife
Fecha de inicio del procedimiento: 26/07/2004
•Parte demandante:
•Parte demandada:
La parte demandante en su escrito de demanda solicita:
-Que se tenga por formulada demanda y recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 2 de febrero de 2004 por la que se decreta la expulsión de don X.
-Que se dicte sentencia por la que se declare que la resolución de la Subdelegación del Gobierno no es conforme a derecho y se deje sin efecto.
La parte demandada, en el escrito de contestación a la demanda, solicita:
-Que se desestime la demanda interpuesta por la parte actora y se ratifique la resolución de este organismo por la que se decreta la expulsión.
La parte demandante, en su demanda, basa sus pretensiones en los siguientes argumentos:
-Que la Administración no ha motivado suficientemente, tal y como exige el art. 54.1.a) de la LRJAPyPAC, el por qué se ha optado por la sanción de expulsión en lugar de hacerlo por la multa.
-Que nos encontramos ante una infracción del principio de proporcionalidad.
-Que don X no tiene antecedentes penales ni en España ni en su país de origen, reside en España de manera ininterrumpida desde 2001, tiene un piso de su propiedad y tiene arraigo socio-económico. Estos elementos son factores determinantes según reiterada Jurisprudencia para que se opte por la sanción pecuniaria en lugar de la expulsión.
La parte demandada basa sus pretensiones en los siguientes argumentos:
-Que en lo que respecta a la solicitud de medida cautelar de suspensión de la resolución de la Subdelegación del Gobierno por la que se ordena la expulsión, se entiende que ésta debe ser desestimada, puesto que la ejecución del acto administrativo durante la sustanciación del recurso contencioso-administrativo no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la CE.
-Que debe preponderar el interés público existente en materia de extranjería, ya que afecta a materias tales como seguridad ciudadana, mercado de trabajo o el gasto público en sanidad o educación y, aunque el objeto del presente proceso sólo afecta a un ciudadano extranjero, el número de recursos contencioso-administrativos análogos obliga a considerar el caso desde una perspectiva global.
-Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero). LEC. (art. 2).
-Ley 29/1998, de 13 julio 1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. LJCA. (art. 18, art. 21, art. 31, art. 129).
-Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. LOPJ. (art. 91).
-Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. LRJAPyPAC. (art. 54.1 a, art. 138.1).
-Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (Redacción por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre). LOEXIS.
-Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre. RDREDLE.
La parte demandante, con el escrito de demanda, aportó:
-Orden de expulsión de la Delegación del Gobierno de 2 de febrero de 2004.
-Resguardo de presentación del recurso de reposición.
-Certificado negativo de antecedentes penales.
-Pasaporte, donde consta el visado de entrada.
-Copia de certificado de empadronamiento.
-Oferta de trabajo.
-Nota informativa del Registro de la Propiedad.
-Documentos acreditativos de titularidad de cuentas bancarias.
La parte demandada aportó:
-El expediente sancionador.
En el acto del juicio, abierto el acto a prueba, la parte demandante propuso como prueba:
-La documental por reproducida.
En el acto del juicio, la parte de demandada:
-No propuso medios de prueba.
La prueba propuesta por las partes se admitió y en el acto de la vista se practicó en su totalidad.
Fecha de la resolución judicial: 25/02/2005
El Juzgado Contencioso-Administrativo dictó sentencia por la que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. X, al considerar que la orden de expulsión se ajusta a derecho.
La sentencia fundamenta su fallo en que la aplicación de la medida sancionadora de expulsión no puede ser tachada de desproporcionada si no concurren, en el caso concreto, circunstancias de arraigo de orden personal, familiar, social, profesional o económico en el país por parte del interesado, o cualquier circunstancia excepcional ni tampoco el intento previo de regularizar su situación en España.
La válida imposición de la sanción de expulsión sobre la sanción principal de multa pecuniaria exige un plus específico de motivación, que puede cumplirse tanto por su explicitación en la propia resolución sancionadora como por derivación inmediata de la resultancia fáctica que deriva del expediente administrativo, es decir, por la justificación de la expulsión en las circunstancias específicas concurrentes en el caso.
Que en el presente caso de lo actuado no es suficiente para poder ser valorado como una situación de arraigo en nuestro país para sustituir una situación de arraigo en nuestro país para sustituir la expulsión por otra sanción de multa.
En este caso no hubo recurso de apelación por ninguna de las partes
JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON ESTE CASO
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (sala contencioso-administrativa) núm. 643/2008 de 14 de julio de 2008. K-solución Premium. Contencioso-Administrativa. Marginal 305954.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (sala contencioso-administrativa) núm. 243/2008 de 14 de febrero de 2008. K-solución Premium. Contencioso-Administrativa. Marginal 300195.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (sala contencioso-administrativa) núm. 974/2007 de 17 de diciembre de 2007. K-solución Premium. Contencioso-Administrativa. Marginal 297867.
Documentos disponibles en: www.ksp.es
Nº de caso: 2693 info@ksp.es
1) Recurso de reposición contra la orden de expulsión.
2) Escrito de solicitud en vía judicial de medidas cautelares urgentes de suspensión de ejecución del acto administrativo de expulsión.
3) Escrito de alegaciones a la medida cautelar de la parte demandada.
4) Auto acordando la suspensión de la ejecución del acto de expulsión.
5) Recurso contencioso-administrativo contra la orden de expulsión.
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References: artículo 53
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