Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016/as201632312.html
Timestamp: 2019-03-21 20:26:39+00:00

Document:
as201632312
Auto Supremo Nº 312/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.431/2015.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 134 a 138, interpuesto por Olga Duran Uribe, Brenda Erika Siñani Rojas y Veronica Ardaya Miranda, en representación legal de Juan Edwin Mercado Claros, Director Ejecutivo a.i. del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 138 de 1 de junio de 2015, cursante de fs. 121 vta. a 122, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso por Reclamación de Pensiones, seguido por Dalberto Nilo Surubi Taborga contra la entidad recurrente, el Auto de fs. 147 y vta. que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;
I.1.1. Resolución: Que, después de haberse presentado la solicitud de jubilación con reducción de edad, y tramitado el proceso, mediante Resolución Nº 000589 de 14 de enero de 1999, cursante a fs. 46 vta., se otorgó en favor de Dalberto Nilo Surubi Taborga, renta única de vejez con reducción de edad, equivalente al 62.32% de su promedio salarial, en el monto de Bs.909.87 (novecientos nueve bolivianos 97/100), resolución emitida por la Dirección General de Pensiones, posteriormente después de una serie de informes, la Comisión de Calificación de Rentas, mediante Resolución Nº 00001815 de 23 de mayo de 2014 de fs. 78 a 80, resolvió suspender definitivamente la renta otorgada al citado beneficiario y se ordenó mediante la Unidad de Asesoría Legal, que se proceda a la recuperación de lo indebidamente cobrado por el beneficiario, motivo por el cual Dalberto Nilo Surubi Taborga, mediante memorial de fs. 86 y vta., interpuso recurso de reclamación contra la Resolución Nº 00001815, el cual fue resuelto por la comisión de Reclamación mediante Resolución Nº 133/15 de 24 de febrero de 2015, de fs. 100 a 103, confirmando la resolución recurrida.
I.1.2. Auto de Vista: Notificada la Resolución Nº 133/15, el beneficiario interpuso mediante memorial de fs. 109 y vta., recurso de apelación, dicho recurso fue dirimido por el Auto de Vista Nº 138, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que resuelve Revocando la Resolución 001815 de 23 mayo de 2014 y la Resolución Nº 133/15 de 24 de febrero de 2015, manteniendo firme y subsistente la Resolución Nº 000589 por la que se le concedió la Renta Única de Vejez con reducción de edad y deliberando en el fondo ordenó a la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, la rehabilitación de la renta de vejez de Dalberto Nilo Surubi Taborga y sea a partir de su suspensión, sin costas.
I.2. Motivos del recurso de casación en el fondo
Contra el referido auto de vista, Juan Edwin Mercado Claros a través de sus representantes legales, en su condición de Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, interpuso recurso de casación en el fondo, en el que en síntesis manifiesta los siguientes argumentos:
I.2.1. Que, el auto de vista impugnado señaló que no se puede suspender la renta del asegurado sin que este sea oído al respecto, de lo que se debe establecer que para la suspensión de renta se tiene un procedimiento establecido y que el apelante si tuvo oportunidad de desvirtuar la misma mediante los recurso correspondientes, los cuales también tuvieron una respuesta; en sentido -la entidad recurrente refiere que- no existe vulneración al derecho a ser oído tal como se señaló infundadamente en el auto de vista recurrido.
Además que, el citado auto de vista no establece ni señala cual es la razón por la que se determina la revocatoria de las resoluciones emanadas por el SENASIR, limitándose simplemente a señalar los artículos de la constitución sin fundamentar en qué momento estos preceptos se vieron afectados con la decisión de suspender la renta del asegurado.
I.2.2. Que, el Tribunal de apelación si bien debe resolver la solicitud del interesado, también debe proceder a revisar los antecedentes existentes y la resolución emanada por la parte apelada, sin embargo el auto de vista no hace mención a ninguno de estos parámetros, por lo que es claro y evidente la vulneración del art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), “al no contar con la debida pertinencia en la resolución misma que se traduce en la falta de congruencia en la misma” -textual-, citando al respecto lo establecido en la Sentencia Constitucional (SC) 1009/2003-R de 18 de julio, que refiere que el juzgador deberá observar estrictamente el principio de congruencia.
I.2.3. Acusa que, el auto de vista impugnado falta otro elemento sustancial dentro del mismo que es la motivación puesto que: “conlleva el deber de exponer las razones o motivos que en que se sustenta y que responde a la correcta ponderación de los hechos y la aplicación de las normas legales aplicables, cuya finalidad es brindar certidumbre a los administrados que la decisión dictada es conforme a derecho.”; al respecto, citó la SC 1054/2011-R de 1 de julio, que señala sobre la garantía del debido proceso, y que dentro de uno de sus elementos se encuentra la exigencia de la motivación de las resoluciones.
Continuó la entidad recurrente refiriendo que, el auto de vista recurrido es ambiguo puesto que solo establece que se pague una renta desde su suspensión sin establecer con precisión el momento en que debe pagarse la misma, ni cuenta con la debida fundamentación que establezca por qué debe reconocérsele dichos aportes al asegurado; si la documentación existente que se constituye en verdad material señala que el mismo no existe en planillas, consiguientemente no es pasible de una renta por ese periodo de trabajo; “Si bien el señor Surubi adjunta documentación por la cual se establece que si prestó sus servicios en ENFE RED ORIENTAL se debe considerar que de la revisión efectuada EL MISMO NO FIGURA EN PLANILLAS lo que provocó que sus aportes no cumplan con los requisitos exigidos.” (sic).
I.2.4. Prosiguió la entidad recurrente refiriendo que, conforme lo establece el art. 9 del Decreto Supremo (DS) 27991, el SENASIR cumplirá con la revisión de oficio o por denuncia debidamente justificada de las calificaciones de rentas de pagos globales concedidos, que en ese marco se procedió a la revisión y se pudo constatar que el asegurado no cumplía con la totalidad de aportes, habiendo realizado de esta manera una correcta interpretación de la normativa aplicable.
La entidad recurrente acuso finalizando que, las normas legales transgredidas y mal aplicadas fueron el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); art. 236 del CPC y el art. 14 del DS 27543, por una interpretación errónea.
Petitorio: Concluyó el memorial del presente recurso de casación, solicitando a este Tribunal Supremo de Justicia, CASANDO el Auto de Vista Nº “138/2015” (lo correcto es 138) y se confirme las Resoluciones Nº 00001815 de 23 de mayo de 2014 y Nº 133/15 de 24 de febrero de 2015.
II.1. ESTUDIO DEL CASO Y JUSTIFICACIÓN DEL FALLO
II.2. Fundamentos Jurídicos del Fallo
Realizada la revisión del expediente y después de haberse efectuado el análisis de la litis, pasamos a resolver las supuestas transgresiones que se denunciaron en el memorial del recurso de casación, argumentando de la siguiente manera:
II.2.1. En cuanto a que en el auto de vista impugnado se habría señalado que no se puede suspender la renta del asegurado sin que este sea oído, lo cual fue refutado por la entidad recurrente refiriendo que, para la suspensión de renta se tiene un procedimiento establecido y que el apelante si tuvo oportunidad de desvirtuar la misma mediante los recursos correspondientes, los cuales tuvieron una respuesta; en ese sentido, considerando lo señalado por el tribunal de alzada en el auto de vista impugnado, que refirió: “las autoridades llamadas por ley no pueden permitir que el Senasir suspenda las rentas del asegurado, sin que éste, sea oído y menos darle la oportunidad vía administrativa de asumir defensa, previo a suspender su jubilación…”, de lo que es evidente que el tribunal de alzada si hizo referencia al derecho a ser oído, y también que el asegurado interpuso los recursos correspondientes ante el SENASIR, empero esto no quiere decir que con esos actuados se cumplió con su derecho a ser oído del asegurado, más que todo tomando en cuenta que en esa instancia, la entidad recurrente se convierte en Juez y parte, por lo que al haber referido el Juez ad quem, que no se puede suspender las rentas del asegurado, sin que este sea oído, lo hace en un sentido amplio; es decir, que este debe ser escuchado en todas las instancias pertinentes donde se pueda conocer y resolver la situación del asegurado.
II.2.2. En el punto I.2.2. y I.2.3. del presente fallo, la entidad recurrente acuso que se vulnero el derecho al debido proceso en su vertiente al principio de congruencia y la falta motivación en el auto de vista impugnado transgrediendo lo establecido en el art. 236 del CPC, apoyando tal acusación con la SC 1009/2003-R de 18 de julio y la SC 1054/2011-R de 1 de julio, argumentando que el tribunal de apelación si bien debe resolver la solicitud del interesado, también debe proceder a revisar los antecedentes existentes y la resolución emanada por la parte apelada, sin embargo, el auto de vista no hace mención a ninguno de estos parámetros; de lo que se tiene que, la entidad recurrente no realiza la relación de causalidad en el elemento normativo; es decir, señalando y relacionando los derechos o garantías que con los hechos hubieren sido objeto de lesión, y que debió ser precisado por la entidad recurrente en su memorial de recurso de casación en el fondo; o sea que, debió acreditar el derecho vulnerado, debió existir la relación de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento y la lesión causada al derecho de garantía constitucional. De allí, que dicha exigencia, no se reduce simplemente citar artículos, doctrina o fallos constitucionales, como lo señalado por la entidad recurrente en su recurso de casación interpuesta; sino que debió explicar, desde el punto de vista de la causalidad, cómo en los hechos se habría lesionado el principio de congruencia cuestionado; exigencia que no se cumplió, pues sólo se limita a referir que: “al no contar con la debida pertinencia en la resolución misma que se traduce en la falta de congruencia en la misma” y además citar que: “conlleva el deber de exponer las razones o motivos que en que se sustenta y que responde a la correcta ponderación de los hechos y la aplicación de las normas legales aplicables, cuya finalidad es brindar certidumbre a los administrados que la decisión dictada es conforme a derecho” (citas textuales), sin efectuar así juicio de relación de causalidad alguno, por lo que este Tribunal considera que el tribunal ad quem, no vulneró ninguno de estos principios denunciados por la entidad recurrente.
II.2.3. En cuanto a lo referido por la entidad recurrente respecto a que el SENASIR habría actuado conforme establece el art. 9 del DS 27991 de 28 de enero de 2005, en cuanto a que esta entidad deberá cumplir con la revisión de oficio o por denuncia, se tiene que el citado artículo refiere que: “(Revision de rentas en curso de pago) El SENASIR cumplirá con la revisión de oficio o por denuncia debidamente justificada de las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos, iniciando la revisión con el listado de casos registrados en la base de datos que entregará la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros…”, de lo que se tiene que la entidad recurrente reclama en casación que el tribunal de alzada transgredió normativa que le confiere facultades de revisión y suspensión de rentas en curso de pago; sin embargo, cabe destacar que esas facultades, si bien son estatuidas por norma expresa, las mismas deben ser comprendidas y aplicadas dentro de un equilibrio entre los postulados y consideraciones por las que fueron emitidas y los principios constitucionales que rigen la otorgación de rentas de vejez y el derecho a la seguridad social. Puesto que, la revisión de oficio o a denuncia debidamente justificada de las prestaciones emergentes del sistema de reparto, busca asumir proporción entre, concretar un beneficio destinado a un grupo vulnerable (como lo son los rentistas) y paralelamente ejercer control sobre los recursos por los que se financian esos pagos a fin de no producirles merma, por situaciones debidamente acreditadas y respaldadas en la norma que regula la materia; dicho de otro modo dentro de actos en donde el principio de universalidad en el pago de las rentas sea proporcional al de equidad y eficacia.
En ese contexto, se evidencia que se activó la revisión de una cuenta mediante informe emitido por la Comisión de Revisión de Expedientes el 20 de julio de 2006, cursante a fs. 53, dicha corroboración de cotizaciones debió tener presente la documental entregada por el asegurado presentada a inicio del trámite, cursante de fs. 1 a 37, la que en suma demuestra la prestación de servicios, más cuando tales documentos son adecuados a la descripción realizada por el DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, que estima que la consideración alternativa de documentación bajo presunción juris tantum; es decir, una presunción normada sobre un extremo alegado, cuya desestimación debe ser probada, situación que en autos no sucedió pues en sede administrativa no se brindó tal presunción y mucho menos se probó en contrario, más allá de la afirmación genérica de que no se encuentra en planillas de la Empresa Enfe Red Oriental, Dalberto Nilo Surubi Taborga, sin tomar en cuenta que de fs. 27 a 28 cursa en obrados la certificación que acredita que el asegurado tiene aportes validos desde la gestión 1979 a 1991.
De lo expuesto precedentemente, esta Sala concluye que no son evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo cursante de fs. 134 a 138, al carecer de sustento fáctico y jurídico; lo que conlleva a afirmar que el tribunal de alzada realizó una adecuada apreciación y valoración de los antecedentes del proceso, no incurriendo en transgresión de norma alguna, correspondiendo en tal circunstancia resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 134 a 138, interpuesto por Olga Duran Uribe, Brenda Erika Siñani Rojas y Veronica Ardaya Miranda, en representación legal de Juan Edwin Mercado Claros, Director Ejecutivo a.i. del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 138 de 1 de junio de 2015, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en consecuencia se mantiene firme y subsistente el auto de vista impugnado.
Deliberando en el fondo, se mantiene firme y subsistente la Resolución No. 000589 de 14 de enero de 1999 cursante de fs. 46 y vta., por la que se otorgó la renta única de vejez con reducción de edad; debiendo en ejecución de fallos, procederse a reponer el pago de renta de vejez a favor de Dalberto Nilo Surubi Taborga, por todo el tiempo de la suspensión, de forma inmediata y sin mayor dilación en un solo pago, tomando en cuenta el tope señalado por el Decreto Supremo Nº 28322 de 1 de septiembre de 2005 y la Resolución Ministerial Nº 485 de 2 de septiembre de 2005.
Sin Costas, en aplicación del art. 39 de la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del Decreto Supremo No 23215 de 22 de julio de 1992.

References: Resolución 
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 artículo 252
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