Source: http://quantumconsultores.com/boletin-1ra-quincena-de-setiembre-2017/
Timestamp: 2018-01-20 20:31:58+00:00

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Boletín – 1ra Quincena de Setiembre :: Quantum
En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas durante la primera quincena de setiembre de 2017.
1.- Modifican Reglamento de la Ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial
Con fecha 7.09.2017, se publicó el Decreto Supremo No. 259-2017-EF, que modifica el Reglamento de la Ley No. 29623, Ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial, el cual fue aprobado por Decreto Supremo No. 208-2015-EF.
A través del mencionado Decreto Supremo, se busca adecuar el Reglamento de la Ley No. 29623 conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo No. 1282, Decreto Legislativo que modifica la Ley No. 29623, Ley que promueve el financiamiento a través de la Factura Comercial y que amplía el plazo de acogimiento al Fondo de Garantía Empresarial – FOGEM. Asimismo, se incorporan disposiciones referentes a infracciones, sanciones, entre otras.
Las disposiciones que se adecúan en relación a la factura negociable son respecto a la definición de la constancia de presentación de la factura negociable, de la anotación en cuenta ante una ICLV, de la limitación de su transferencia, sobre los requisitos para su mérito ejecutivo, su transferencia y pago, del incumplimiento de pago, protesto, entre otros.
Se añade que el Ministerio de la Producción ejercerá la potestad sancionadora y se encontrará en la facultad de emitir las normas complementarias necesarias para a efectos de aplicar las disposiciones sobre infracciones, sanciones y procedimiento sancionador. Por otra parte, se establece un plazo de 90 días a partir del 8.09.2017, para que el Ministerio implemente el Registro Nacional de Infractores a las Normas Aplicables a las Facturas Negociables.
La norma entrará en vigencia al término del plazo de 90 días, salvo la facultad del Ministerio de la Producción a emitir normas complementarias, la cual entrará en vigencia el 8.09.2017.
2.- Otorgan incentivos fiscales para promover los fondos de inversión en bienes inmobiliarios
Mediante el Decreto Supremo No. 264-2017-EF, publicado el 9.09.2017, se aprueba el Reglamento de la Ley No. 30532, Ley que promueve el desarrollo del mercado de capitales y del Decreto Legislativo No. 1188 que otorga incentivos fiscales para promover los Fondos de Inversión en Bienes Inmobiliarios.
El Reglamento tiene como objetivo lo siguiente:
Marco legal para la enajenación de los bienes inmuebles transferidos al FIBRA (fideicomiso de titulización para inversión en renta de bienes raíces) y al FIRBI (fondo de inversión en renta de bienes inmuebles).
Retención definitiva del impuesto a la renta aplicable a las rentas del FIBRA o del FIRBI. La retención será del 5% siempre que se cumplan con ciertos requisitos.
Del incumplimiento de los requisitos del FIBRA y al FIRBI.
Retención definitiva del impuesto a la renta en las transferencias de factura negociable. La retención definitiva será del 5% sobre los ingresos por servicios que equivalen a la diferencia entre el valor nominal del crédito y el valor de transferencia de la factura negociable. Asimismo, el agente de retención abonará dicha retención al fisco dentro de los plazos previstos por el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual, en la forma y condiciones que establezca la SUNAT. Además, se encontrarán obligados a entregar a solicitud del contribuyente, un certificado de rentas y retenciones en el que se deje constancia, entre otros, del importe abonado y del impuesto retenido.
Disponer los supuestos en que los que no procederá la exoneración tributaria, como es el caso del deslistado de valores (total, parcial o progresivo).
Establecer que no se consideran partes vinculadas a la empresa privada del país en ciertos supuestos al momento de aplicar la tasa de retención por concepto de intereses pagados a personas jurídicas no domiciliadas.
La norma entró en vigencia el 10.09.2017, excepto lo referido a la tasa de retención de intereses pagados a sujetos no domiciliados, lo cual entrará en vigencia el 1.10.2017.
3.- Modifican Régimen de Amnistía Tributaria para Repatriación de Capitales
Cabe recordar que con la publicación del Decreto Legislativo No. 1264 se estableció un Régimen temporal y sustitutorio del Impuesto a la Renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas. Luego de ello, se publicó su Reglamento mediante el Decreto Supremo No. 067-2017-EF.
De esa manera, a través del Decreto Supremo No. 267-2017-EF, publicado el 10.09.2017, se modifica el mencionado Reglamento en relación a la base imponible, requisitos para el acogimiento al régimen, sustento de información, entre otros conceptos, los cuales señalamos a continuación:
Se dispone que el costo computable que podrá deducirse de la renta no declarada para determinar la ganancia de capital, también se podrá considerar aquel costo que constituya renta no declarada prescrita, lo cual no se señalaba en la disposición anterior.
Se podrá solicitar comprobantes de pago que acrediten el costo computable en el caso de ganancias de capital, salvo en los casos dispuestos en el artículo 20° de la Ley del Impuesto a la Renta – LIR (i. cuando el enajenante perciba rentas de la segunda categoría por la enajenación del bien; ii. cuando de acuerdo con el Reglamento de Comprobantes de Pago no sea obligatoria su emisión; o, iii. cuando de conformidad con el artículo 37° de esta Ley, se permita la sustentación del gasto con otros documentos, en cuyo caso el costo podrá ser sustentado con tales documentos).
Por otra parte, se agrega la posibilidad de que el contribuyente pueda presentar cualquier documento que acredite fehacientemente la información solicitada por SUNAT, tales como aquellos emitidos por las entidades del sistema financiero y de seguros, bolsas de valores, instituciones de compensación y liquidación de valores o quienes ejerzan funciones similares, agentes de intermediación de valores, nacionales o extranjeras, entre otros, en los casos que no cuente con la documentación prevista.
Asimismo, se agrega que SUNAT podrá solicitar la siguiente información:
Documentos que acrediten fehacientemente el origen de las rentas no declaradas, en el caso de rentas diferentes a las que se pudiera determinar sobre la base de incrementos patrimoniales no justificados. Sin embargo, de no contar con dichos documentos, la renta no declarada se sustentará con una comunicación que tendrá carácter de declaración jurada.
Declaración jurada del sujeto que se acoge al Régimen y de la interpósita persona, sociedad o entidad -estas a través de su representante legal- mediante la cual se reconozca la calidad de interpósitas de estas.
Se incorpora el concepto de “consumos” como supuestos de renta no declarada que podrán ser sujeto al Régimen. Así, se entenderá a todas aquellas erogaciones de dinero efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2015 destinadas a gastos personales tales como alimentación, vivienda, vestido, educación, transporte, energía, recreación, entre otros, y/o a la adquisición de bienes y/o derechos que al 31 de diciembre de 2015 no se reflejan en su patrimonio, sea por extinción, enajenación o donación, entre otros.
Asimismo, se considerará a los retiros efectuados hasta el 31 de diciembre de 2015 de los fondos depositados en las cuentas de empresas del sistema financiero nacional o extranjero.
Rentas generadas a través de interpósita persona, sociedad o entidad
Se señala que el Régimen comprende las rentas generadas a través de interpósita persona, sociedad o entidad.
En caso el sujeto hubiera generado rentas a través de una entidad controlada no domiciliada (artículo 112° de la LIR), y declare que esta es interpósita persona, sociedad o entidad, aquel puede acoger el íntegro de las rentas que se hubieren generado a través de dicha entidad, incluso las anteriores al ejercicio 2013, siempre que los bienes y/o derechos que se encuentren a nombre de esta y que representen las rentas no declaradas, se transfieran a dicho sujeto, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Legislativo. De haber rentas generadas por la referida entidad no acogidas al Régimen, tales rentas se rigen por las normas del impuesto a la renta.
Rentas atribuidas y/o distribuidas por una entidad controlada no domiciliada
En caso el sujeto acoja al Régimen rentas atribuidas y/o distribuidas por una entidad controlada no domiciliada que no declare como interpósita persona, sociedad o entidad para fines del Régimen, aquella no está obligada a transferir los bienes y derechos a que se refiere el párrafo 13.1 del artículo 13° de Decreto Legislativo.
Para efectos del acogimiento al Régimen, se agrega que para la presentación de la declaración jurada, se deberá señalar el nombre del sujeto que generó la renta no declarada, en el caso de dinero que al 31 de diciembre de 2015 se hubiera encontrado depositado en cuentas mancomunadas.
La norma en comentario entra en vigor el 11.09.2017.
4.- Se modifican anexos que aprueban disposiciones y formulario para el acogimiento de Amnistía Tributaria para Repatriación de Capitales
A través de la Resolución de Superintendencia No. 234-2017/SUNAT, publicada el 13.09.2017, se modifican los Anexos I y II de la Resolución de Superintendencia No. 160-2017/SUNAT, que aprueba disposiciones y formulario para el acogimiento al régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas.
Ello, en virtud a que resulta necesario ajustar la información contenida en los anexos de la Resolución de Superintendencia No. 160-2017/SUNAT, debido a la publicación (10.09.2017) del Decreto Supremo No. 267-2017-EF que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo No. 1264.
La norma en comentario entra en vigor el 14.09.2017.
1.- En relación con el Régimen Mype Tributario del Impuesto a la Renta (RMT), se formulan las siguientes consultas a SUNAT:
Respecto del límite de 1700 unidades impositivas tributarias (UIT), a fin de computar la suma de ingresos netos anuales del contribuyente y sus partes vinculadas, ¿se deberá considerar solo los ingresos de personas jurídicas y/o personas naturales con negocio domiciliadas que sean generadores de rentas de tercera categoría?
A efectos de determinar el límite de 1700 UIT para que un contribuyente pueda acceder al RMT en un determinado ejercicio, ¿deberá considerar la UIT del ejercicio de ingreso al RMT o del ejercicio anterior?
¿Respecto de la declaración del mes de enero, si un contribuyente presenta dicha declaración fuera de los plazos establecidos, o lo hiciere bajo el régimen general y luego rectifica su declaración consignando el RMT, podrá acceder válidamente al RMT mediante la incorporación de oficio aplicable al ejercicio 2017, o a través del cambio desde el régimen general?
Según el INFORME 005-2017-SUNAT/7T0000, SUNAT concluye como sigue:
1.- Inicio de un nuevo procedimiento contencioso tributario luego de que se declaró la inadmisibilidad de un recurso de reclamación
Con fecha 5.09.2017 se publicó la Resolución del Tribunal Fiscal No. 07140-10-2017, la cual menciona lo siguiente:
La Administración Tributaria declaró inadmisible el recurso de reclamación, ante ello, la contribuyente optó por presentar un recurso de apelación, a través del cual se solicitó que se revise y se revoque la inadmisibilidad declara por la Administración.
Luego, conforme a lo señalado por la contribuyente, la Administración la indujo a que se desistiera de su recurso de apelación y que presentara el Formulario 194, el cual fue declarado improcedente; por lo que, interpuso nuevamente un recurso de apelación.
Así, el Tribunal menciona que al aceptarse el desistimiento del recurso de apelación, la resolución que queda firme es aquella que declaró inadmisible el recurso de reclamación y por consiguiente, no podría interponerse un nuevo recurso de apelación cuestionando dicha inadmisibilidad puesto que habría identidad de pretensión. En efecto, dado el fin perseguido por el administrado en su recurso de apelación, no se podría revisar nuevamente la inadmisibilidad, la que quedó firme.
Sin embargo, agrega que en el caso de que se superase el defecto de inadmisibilidad del recurso de reclamación, es posible que el administrado pueda presentar un nuevo recurso de reclamación, el cual no podrá declarase improcedente, debido a que la pretensión no es la misma, por lo tanto, no hay identidad de objeto y causa que impida iniciar otro procedimiento contencioso tributario.
En ese sentido, el Tribunal Fiscal establece el siguiente precedente de observancia obligatoria:
“Procede iniciar un nuevo procedimiento contencioso tributario mediante la presentación de un recurso de reclamación que cumpla los requisitos establecidos para su admisión a trámite, con posterioridad a que se haya aceptado el desistimiento del recurso de apelación interpuesto contra una resolución que declaró inadmisible un recurso de reclamación.”
1.- ¿Se vulnera el plazo de fiscalización definitiva de 1 año?
A través de la Resolución del Tribunal Fiscal No. 696-Q-2017, se menciona lo siguiente:
La quejosa considera que la SUNAT emitió de manera irregular un R equerimiento y documento complementario, solicitando información adicional, en el procedimiento de fiscalización definitiva respecto al impuesto a la renta e IGV de los periodos de enero a diciembre de 2009.
Por otra parte, la SUNAT señaló que se inició el procedimiento de fiscalización definitiva con la notificación de la Carta de Presentación y el primer Requerimiento y que aún no se habían emitido los valores dentro de dicho procedimiento.
En aplicación de lo dispuesto por el mencionado artículo 62-A del Código Tributario, la Administración tenía el plazo de un año para notificar al deudor tributario cualquier acto en el que se le requiera información y/o documentación adicional a la solicitada en la fiscalización, por lo que procedería verificar si con el Requerimiento en mención se habría vulnerado el aludido plazo.
En consecuencia, el Tribunal Fiscal ha concluido lo siguiente:
No se ha vulnerado el plazo de 1 año de la fiscalización alegado por la quejosa, pues con esta lo que busca la Administración es formar una opinión definitiva respecto del cumplimiento de sus obligaciones tributarias por el tributo y periodo fiscalizados, conforme con lo establecido en el artículo 75° del Código Tributario, siendo que la quejosa puede presentar lo solicitado, de considerarlo pertinente, por ende no corresponde amparar la queja presentada.
1.- Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo
Mediante la Resolución de Superintendencia No. 171-2017-Sunafil, aprobada con fecha 31.08.2017, se dispuso aprobar la Directiva No. 001-2017-SUNAFIL/INII, Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo, ello a raíz del Informe No. 172-2017-SUNAFIL/INII, mediante el cual la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva, en el marco de sus competencias, propuso el proyecto de “Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo”, que contiene disposiciones complementarias para regular el desarrollo del mencionado procedimiento por incumplimiento de la normativa sociolaboral y la labor inspectiva, así como disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, estableciendo las pautas que permitan la adecuada aplicación de las disposiciones previstas en las últimas modificaciones del Sistema Inspectivo del Trabajo.
Así, la Directiva desarrolla y complementa la regulación del procedimiento sancionador en la inspección del trabajo para la determinación de la responsabilidad administrativa por infracciones en materia sociolaboral y a la labor inspectiva, así como infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, estableciendo las pautas que permitan la adecuada aplicación de las disposiciones previstas en la Ley No. 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y sus modificactorias; su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo No. 019-2006-TR y sus modificatorias; así como en el Texto Único Ordenado de la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo No. 006-2017-JUS.
Dicho instrumento alcanza a todos los integrantes del Sistema de Inspección del Trabajo a nivel nacional.
2.- Protocolo de fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo en el Sector Construcción
Mediante Resolución de Superintendencia No. 182-2017/SUNAFIL, publicada el día 10.09.2017, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) aprobó el Protocolo No. 001-2017-SUNAFIL/INII “Protocolo para la Fiscalización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector Construcción” con la finalidad de estandarizar las actuaciones inspectivas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en dicho sector, a fin de que los inspectores, en función de su experiencia, formación profesional y actualización en la normativa relacionada a ella, cuenten con un elemento de apoyo protocolizado para la realización de la inspección en dicho ámbito.
La mencionada directiva y su anexo, se encontrarán publicadas en el Portal Institucional de la SUNAFIL.
1.- Directiva que regula la emisión de la constancia de cese del trabajador
Mediante Resolución de Superintendencia No. 181-2017-SUNAFIL, publicada con fecha 9.09.2017, se dispuso la publicación en el portal de la SUNAFIL el proyecto de la Directiva que regula la emisión de Constancia de Cese del Trabajador.
La Directiva regula el trámite a seguir para la emisión de la constancia de cese del trabajador conforme a lo dispuesto por el artículo 46° del Decreto Supremo No. 001-97-TR. Como se sabe, la citada norma establece que el trabajador puede solicitar a la Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT) la emisión de la constancia de cese a efectos de realizar el cobro de sus beneficios sociales en caso el empleador incumpla con dicha obligación (negativa, demora, abandono, imposibilidad de otorgamiento, etc.).
Según la Directiva, una vez que el trabajador presenta la solicitud de emisión de la constancia de cese, la AAT debe comunicar al empleador para que en un plazo de dos días hábiles se pronuncie respecto de la imposibilidad de emitir la constancia. Si el empleador responde la solicitud y no emite la constancia, la AAT deberá generar una orden de inspección. En cambio, si responde la solicitud y emite la constancia, no corresponderá la realización de ninguna actuación inspectiva.
Finalmente, se establece que la aplicación de la Directiva será progresiva y estará sujeta a un plan piloto por un periodo de tres meses en el ámbito de la Intendencia de Lima Metropolitana.
1.- Diferencia salarial entre trabajadores homólogos no necesariamente constituye acto discriminatorio
Mediante sentencia de Casación Laboral No. 20121-2016-LIMA, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema menciona que la existencia de remuneraciones diferenciadas entre trabajadores homólogos no puede considerarse discriminatoria, porque puede estar basada en factores objetivos como tiempo de servicios, labores, cargos y responsabllidades en áreas distintas.
Así, el Colegiado consideró que no todo comportamiento que establezca una distinción constituye un acto discriminatorio y vulnera el derecho a la igualdad, precisando que los principios de igualdad y de no discriminación no constituyen una facultad de las personas para exigir un trato igual a todos los demás en cualquier situación, sino que dichos derechos se encuentran orientados a exigir un comportamiento y trato igual entre sujetos que se encuentren en la misma condición; por lo tanto, un comportamiento será calificado como discriminatorio, y por ende, vulnerará el derecho a la igualdad tutelado por el inciso 2) del artículo 2º de la Constitución Política, cuando estableza una diferenciación entre personas que se encuentren en idéntica situación, siempre que no medie causa objetiva y razonable para ello.
2.- Procede compensación económica y no reposición para trabajador que cumple setenta años durante el proceso laboral de reposición
Mediante Sentencia de Casación No. 2704-2016-Ancash, publicada con fecha 1.09.2017, se cuenta de un caso en el que se cuestionó si procedía la reposición del trabajador si durante el proceso de reposición cumple los setenta años.
El fallo Supremo señaló que no es posible, pues el cumplimiento de setenta años en el transcurso del proceso hace inviable e inejecutable la reincorporación efectiva por causal sobreviniente. Sin embargo, ante la evidente imposibilidad de ejecutar la reincorporación y con el fin de proteger los derechos reconocidos, al amparo del principio de interpretación más favorable, se optó por una compensación económica razonable equivalente a un monto igual al tope de la indemnización por despido arbitrario regulada por el artículo 38° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL).
Cabe precisar que, conforme al inciso f) del artículo 16° de la LPCL, una de las causales de extinción de la relación laboral es la jubilación. De otro lado, el artículo 21° de la LPCL establece que los trabajadores de la actividad privada se jubilan obligatoriamente a los setenta años de edad, salvo pacto en contrario.
3.- No comunicar el cargo de confianza al trabajador constituye infracción laboral
Mediante Resolución de Intendencia No. 034-2016-SUNAFIL/ILM de fecha 4.02.2016, se da cuenta del caso de un empleador que fue sancionado por cometer la infracción prevista en el numeral 23.2 del artículo 23° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo (RLGIT), el cual dispone “No entregar al trabajador, en los plazos y requisitos previstos, la comunicación por escrito de la calificación de su cargo como uno de personal de confianza”. El empleador, señaló que no había negado la condición de personal de confianza del trabajador y que no existía la obligación real de consignar la calidad de personal de confianza en un puesto de trabajo, más aun si el trabajador había tenido conocimiento de su condición. Agregó que en aplicación del principio de la realidad la inobservancia de la calificación por escrito no enerva dicha condición.
Por su lado, el pronunciamiento de SUNAFIL indicó que lo alegado por el empleador carece de sustento; pues, para tener posibilidad de expresar un desacuerdo o cuestionar judicialmente la decisión del empleador de calificar el puesto del trabajador como uno de confianza, es necesario previamente la comunicación escrita al trabajador de dicha circunstancia.
Lo señalado se sustenta en el artículo 61° del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo que establece que “los trabajadores cuyos cargos sean indebidamente calificados como de dirección o de confianza, podrán recurrir ante la Autoridad Judicial, para que deje sin efecto tal calificación, siempre y cuando la demanda se presente dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la comunicación respectiva”.
4.- SUNAT emite informe vinculado al Régimen Mype Tributario
Mediante Informe No. 005-2017-SUNAT/7T0000 de fecha 11.09.2017, la SUNAT, en cuanto al Régimen Mype Tributario del Impuesto a la Renta (RMT), establecido por el Decreto Legislativo No. 1269 y sus normas reglamentarias, precisó lo siguiente:
Respecto del límite de 1700 UIT, a fin de computar la suma de ingresos netos anuales del contribuyente y sus partes vinculadas, se deberá considerar todos los ingresos brutos que califiquen como rentas de tercera categoría a las que se refiere el artículo 28° de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), deducidas las devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos similares que respondan a las costumbres de la plaza, pudiendo ser los sujetos vinculados al contribuyente personas naturales o jurídicas domiciliadas o no, siempre que sean generadores de tales ingresos, debiendo incluirse además en el cálculo, solo para el caso de personas naturales o jurídicas domiciliadas, las rentas de fuente extranjera determinadas de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 51° de la LIR.

References: artículo 20
 artículo 37
 artículo 13
 artículo 13
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 62
 artículo 75
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 46
 artículo 2
 artículo 38
 artículo 16
 artículo 21
 Resolución 
 artículo 23
 artículo 61
 artículo 28
 artículo 51