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Timestamp: 2016-10-24 06:39:43+00:00

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LEY 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios	LEY 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios Mis Leyes
LEY 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios Estado	:
CAPÍTULO I. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD.
CAPÍTULO III. DERECHO A LA REPARACIÓN E INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS.
CAPÍTULO IV. DERECHO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMERCIALES.
CAPÍTULO VI. DERECHO DE REPRESENTACIÓN, AUDIENCIA Y PARTICIPACIÓN.
TÍTULO III. PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.
CAPÍTULO III. HOJAS DE RECLAMACIÓN Y DENUNCIA.
CAPÍTULO IV. MEDIDAS PREVENTIVAS Y APOYO TÉCNICO.
Artículo 48. Medidas preventivas
Artículo 52. Circunstancias agravantes y atenuantes.
CAPÍTULO IV. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD.
CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO.
Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Se suprime la referencia, presente en la Ley anterior, al necesario uso particular o colectivo que el consumidor ha de hacer de los bienes o servicios que adquiere, pero introduciendo simultáneamente la exigencia de que tal utilización sea ajena a cualquier actividad comercial o profesional. De esta forma se sustituye un límite positivo -el necesario uso doméstico- por uno negativo -la ausencia de utilización profesional-, lo que facilita y aclara la interpretación del precepto haciendo que ni siquiera sea cuestionable que, v. gr., una persona que adquiera un bien con la finalidad de regalarlo posteriormente se encuentre efectivamente protegida por la nueva Ley. Además, se ha puesto especial cuidado en introducir el adverbio generalmente para extender la protección legal a aquellos consumidores que realizan una operación en el mercado con carácter esporádico o eventual. No por ello dejan de ser merecedores de la protección legal, ya que su nivel de diligencia sigue siendo el de un buen padre de familia y no el de un ordenado empresario, manteniendo por tanto una situación de debilidad en relación con aquel que les hubiera facilitado el bien.
La Ley introduce un concepto negativo de consumidor que no existía en la Ley anterior, cuyo precedente puede encontrarse en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y usuarios (artículo 1.3). La novedad estriba en que, a diferencia de la Ley estatal, la nueva Ley de Cantabria elimina la clásica técnica de exclusión negativa -sin constituirse en destinatarios finales- sustituyéndola por la fijación de un parámetro positivo consistente en haber integrado los bienes en un proceso de fabricación, comercialización o prestación dirigido al mercado. Así se ensancha sustancialmente el ámbito protector de la Ley. Por un lado, quedan protegidos aquellos sujetos que utilizan los bienes adquiridos para realizar labores de transformación en el orden doméstico, personal o familiar. Por otro lado, la inclusión del adverbio principalmente permite -contrario sensu- extender la protección legal a todos aquellos que adquieran un bien para su uso personal o familiar aunque también lo utilicen -pero solo esporádicamente- en su negocio o empresa. Naturalmente, continuará excluido de la protección legal el empresario que haga exactamente lo contrario. La exégesis casuística que deba desarrollar el texto legal se verá sobradamente compensada por el incremento de la protección que dispensará a muchos ciudadanos, todavía carentes de ella.
La Ley manifiesta una marcada sensibilidad hacia los denominados colectivos especialmente protegidos, tanto en su delimitación conceptual como en el régimen jurídico establecido para su particular protección y tutela, que exige un significativo incremento de la intensidad con que deben actuar las Administraciones públicas. La principal novedad consiste en incluir en dichos colectivos tanto a las personas desempleadas, colectivo especialmente vulnerable frente al fraude, como a las personas que se encuentren temporalmente desplazadas de su residencia habitual (v. gr.: turistas), especialmente relevantes para la economía de Cantabria.
Especial atención recibe el derecho a la información, en la medida que constituye uno de los instrumentos más apropiados para la protección de los consumidores y usuarios. La Ley elabora un nuevo concepto de comunicación comercial que -apuntando más allá de la idea tradicional de publicidad- pretende lograr la tutela de los principios de veracidad y lealtad, así como el respeto a la dignidad y a los derechos inherentes a la persona. De este modo, además de establecer como regla la vinculación contractual de la oferta publicitaria, se diseñan actuaciones eficaces contra la publicidad engañosa, y se especifica la protección frente a la publicidad ilícita, incluyendo como especialmente perseguibles las cada vez más frecuentes prácticas publicitarias pseudosanadoras y pseudocientíficas. Imperativa y exhaustiva es la regulación legal de las comunicaciones comerciales en el mercado inmobiliario de nueva edificación, que tienen el propósito de eliminar los actuales niveles de fraudulencia estableciendo un conjunto sistemático de obligaciones a cargo de los promotores. También se presta especial atención en el articulado legal a la información en materia de precios, procurando que los consumidores y usuarios dispongan de una información visible, clara y transparente sobre el precio final de adquisición y utilización del bien o servicio.
La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad, ya sea en su consideración individual o colectiva, que incluirá la defensa contra los riesgos que amenacen al medio ambiente, al desarrollo sostenible y a la calidad de vida.
El reconocimiento y protección de sus legítimos intereses económicos y sociales.
La información veraz y completa sobre los bienes y servicios.
La educación y formación suficiente en todas aquellas materias que puedan resultar de su interés.
La constitución y participación en organizaciones y asociaciones de consumidores, a través de las cuales ejercerán la representación de sus derechos e intereses, la audiencia en consulta para la elaboración de las disposiciones de carácter general que les afecten directamente y la participación en las diferentes actividades de las Administraciones públicas de Cantabria en las que tengan interés directo.
Garantizar la libertad de acceso de los consumidores y usuarios a los bienes y servicios en condiciones de equilibrio e igualdad, especialmente cuando se trate de bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado o cuando el productor, fabricante, elaborador o comercializador tenga una posición de dominio en el mercado o cuando se trate de servicios ofertados o prestados a través de medios telemáticos, telefónicos, informáticos o electrónicos.
Asegurar el mantenimiento del adecuado equilibrio de las prestaciones en las relaciones económicas de los consumidores y usuarios con las Administraciones públicas de Cantabria o con entidades o sociedades, públicas o privadas, gestoras de servicios públicos dependientes de las mismas.
Velar, en colaboración con las asociaciones y organizaciones de consumidores y las asociaciones y organizaciones empresariales, para que la utilización de cláusulas contractuales no negociadas individualmente cumpla, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, con las exigencias de la buena fe y el justo equilibrio de las prestaciones.
a. El respeto al derecho de los consumidores a decidir razonablemente la cantidad de bienes que desean adquirir en un establecimiento.
b. La entrega, en todos los casos previstos legalmente, de un presupuesto previo que, debidamente firmado, sellado, datado y desglosado, estará redactado con claridad y sencillez y en el que habrá de indicarse su plazo de validez.
c. La entrega de un resguardo debidamente firmado, sellado y datado mediante el cual el consumidor pueda acreditar el depósito de un bien cuando fuera necesario para efectuar cualquier tipo de verificación, comprobación, reparación, sustitución o cualquier otro tipo de intervención u operación.
d. La exactitud en la cantidad, composición, peso y medida de los bienes ofertados y la correcta prestación de servicios.
e. El estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de calidad de los bienes y servicios ofertados.
f. El estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de presentación y etiquetado de bienes y servicios.
g. La legalidad, transparencia y exposición pública y visible de los precios de los bienes o servicios ofertados, con expresa indicación de las posibles formas de pago que, en todo caso, habrán de ajustarse escrupulosamente a la normativa vigente.
h. El derecho del consumidor a elegir libremente el sistema de pago, de entre aquellos ofertados por el comerciante o profesional.
i. La entrega de un documento acreditativo, redactado con claridad y sencillez, de las transacciones comerciales realizadas o, en su caso, de la correspondiente factura, debidamente sellada, firmada, datada y desglosada.
j. La estricta adecuación a la normativa vigente de las ofertas sobre régimen de comprobación, reclamación y garantía, ya sea legal o comercial, así como la posibilidad de renunciar a la prestación del servicio o el derecho a la devolución del bien.
k. La efectividad del derecho a un adecuado servicio técnico y a la existencia de repuestos, al menos, durante el plazo mínimo legalmente establecido en la contratación de bienes de naturaleza duradera, sin que pueda procederse a la distribución o comercialización de cualquier bien en relación con el cual no se asegure la existencia de repuestos y un adecuado servicio técnico cuando fuera obligatorio. En especial, deberá velarse por el debido respeto a la prohibición de incrementar los precios en los repuestos utilizados en las reparaciones, así como a la imposibilidad de reclamar el pago de mercancías o servicios no solicitados.
l. El debido cumplimiento de la legislación vigente sobre garantías exigidas a los agentes de la edificación para asegurar sus responsabilidades. En especial, habrá de atenderse al cumplimiento de la normativa reguladora del afianzamiento o garantía de las cantidades entregadas a cuenta en la adquisición de viviendas durante su proceso constructivo, así como a la entrega del Libro del Edificio en los términos y de conformidad con lo dispuesto en la legislación sectorial.
m. El pago, en la primera venta de viviendas, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de acuerdo con lo establecido en la legislación sectorial.
n. La prohibición de suspender el suministro de servicios públicos de prestación continua sin que al menos conste el intento de notificación fehaciente al consumidor, con la finalidad de conceder un plazo nunca inferior a diez días hábiles para subsanar el motivo esgrimido como fundamento de la suspensión de la prestación del servicio.
ñ. La tenencia de hojas de reclamaciones en todos los establecimientos, ya sean de titularidad pública o privada, debidamente numeradas y selladas por la Administración competente, así como carteles indicativos de su existencia y su entrega a cualquier consumidor o usuario que las solicite.
o. La exposición, en lugar visible a la entrada del establecimiento, de su horario comercial, así como del derecho de admisión en aquellos supuestos en los que el mismo hubiera sido reservado. En dicho cartel, obligatoriamente, habrán de relacionarse de forma clara, concreta y sencilla las condiciones exigidas para acceder a la distribución y venta de bienes o a la prestación de servicios, que en ningún caso podrán resultar discriminatorias, arbitrarias o incongruentes con la naturaleza y actividad desarrollada en el establecimiento.
DERECHO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMERCIALES.
Informar, ayudar y orientar a los consumidores y usuarios.
Organizar y coordinar programas formativos y campañas informativas, en colaboración con las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios, con la finalidad de conseguir una adecuada formación e información de los consumidores y usuarios.
Recibir, registrar y acusar recibo de denuncias, reclamaciones y solicitudes de arbitraje, remitiéndolas a las entidades u órganos correspondientes.
Servir, en su caso, de cauce de mediación voluntaria de conflictos entre consumidores o usuarios y profesionales o empresarios.
Elevar consulta al Consejo Cántabro de Consumo en aquellos asuntos que sean de interés para los consumidores y usuarios.
Asistir y apoyar a las organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios, así como facilitar a los consumidores y usuarios toda la información de la que dispongan sobre las actividades de las citadas organizaciones.
Facilitar a los consumidores y usuarios el acceso a documentación técnica y jurídica actualizada en materia de consumo. En especial, las Oficinas de información al consumidor garantizarán el acceso a la normativa, actividad y proyectos de las diferentes instituciones de la Unión Europea en esta materia.
El nombre o denominación social, residencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de uno de los establecimientos permanentes en España y, en general, cualquier dato que permita establecer una comunicación directa y efectiva con los agentes que intervengan o hayan intervenido en el proceso de la edificación.
Copia de todos los documentos que acrediten de manera fehaciente la titularidad de los derechos que facultan para ejecutar la edificación.
Identificación de la situación jurídica y registral de la finca, con especial referencia a si han sido otorgadas las escrituras de declaración de obra nueva y división horizontal o, en su caso, indicación de que aún no se dispone de ellas.
Copia del proyecto conforme al cual se ejecutan las obras de edificación, con sus eventuales modificaciones, especificándose en cada momento su grado de ejecución material. En dicha documentación habrán de encontrarse especialmente resaltados y ser fácilmente comprensibles para el adquirente los datos y características que identifican la vivienda, tales como el plano general del edificio y de la vivienda misma, su superficie útil, la descripción general del edificio en el que se encuentra, de las zonas comunes y de los servicios accesorios, la calidad y sistemas de puesta en obra de los materiales y el trazado de todas las instalaciones y servicios, tanto individuales como comunitarios, grado de aislamiento térmico y acústico, medidas de ahorro energético con que cuenta la vivienda y mobiliario de que, en su caso, disponga.
Copia de la licencia de edificación y de las demás autorizaciones y trámites administrativos preceptivos para la ocupación y habitabilidad del inmueble. Si en el momento de efectuarse la promoción inmobiliaria se careciese de alguna de las licencias o autorizaciones o no se hubiera cumplido alguno de los trámites reseñados en este punto, dicha circunstancia deberá expresarse necesariamente en cualquier forma de comunicación comercial que se realice.
Acreditación fehaciente del cumplimiento de la normativa especial sobre garantías exigidas a los agentes de la edificación para asegurar sus responsabilidades.
Acreditación fehaciente del cumplimiento de la normativa especial reguladora del afianzamiento o garantía de las cantidades entregadas a cuenta.
Copia del contrato de compraventa propuesto, en el que se hará constar que el adquirente no soporta los gastos derivados de la titulación que corresponden legalmente al vendedor, el derecho que asiste al consumidor a la elección de notario de conformidad con la legislación especial o para decidir libremente en torno a la subrogación en alguna operación de crédito no concertada por él, las garantías que, en su caso, se exigen legalmente a los agentes de la edificación para asegurar sus responsabilidades, así como el texto literal de los artículos 1279 y 1280.1 del Código Civil. De igual modo, si en el momento del examen se careciese de alguna de las licencias o autorizaciones o no se hubiera cumplido alguno de los trámites reseñados en el párrafo e de este apartado, dicho incumplimiento se hará constar expresamente.
Fecha de entrega de la vivienda y de las zonas comunes o elementos accesorios.
El precio total de venta, en el que se incluirán, de existir, los honorarios del agente y el impuesto sobre el valor añadido (IVA), y del que se deducirán las cantidades entregadas a cuenta por los adquirentes antes de formalizarse la compraventa.
La forma de pago, que habrá de ajustarse escrupulosamente a la normativa vigente. Para el caso de que se hubieran dispuesto formas de pago aplazado del precio de venta, y previa indicación de la tasa anual equivalente, deberá especificarse si se exige una entrada inicial, así como el número total de plazos y el vencimiento de los mismos. De igual modo, habrá de indicarse el contenido de las eventuales cláusulas penales que, en previsión del incumplimiento del pago de alguno de los plazos, pretendan incluirse en el contrato.
Las instrucciones de uso, mantenimiento y conservación del edificio y sus instalaciones, una vez elaboradas de conformidad con la normativa que les sea de aplicación.
Cuando hubieran sido otorgados, estatutos y normas de funcionamiento de la Comunidad de Propietarios, así como información de los contratos de servicios y suministros de la comunidad. Si la comunidad de Propietarios ya está funcionando deberá facilitarse un extracto de cuentas y obligaciones de la vivienda objeto de la misma.
Las limitaciones al uso o destino de la vivienda que pudieran derivarse del título constitutivo o de los estatutos, si ya hubieran sido otorgados
El nombre o denominación social, residencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de uno de los establecimientos permanentes en España y, en general, cualquier dato que permita establecer una comunicación directa y efectiva con el promotor, con el constructor y con el autor del proyecto de obra.
La descripción de las condiciones esenciales de la vivienda. En particular, en dicha descripción habrán de encontrarse especialmente resaltados y ser fácilmente comprensibles los datos y características que identifican la vivienda, tales como el plano general del edificio y de la vivienda misma, su orientación principal, su superficie útil, la descripción general del edificio en que se encuentra, de las zonas y de los servicios accesorios, la calidad y sistemas de puesta en obra de los materiales y el trazado de todas las instalaciones y servicios, tanto individuales como comunitarios, grado de aislamiento térmico y acústico, medidas de ahorro energético con que cuenta la vivienda y mobiliario de que, en su caso, disponga.
La fecha de la licencia de edificación y de las demás autorizaciones y trámites administrativos preceptivos para la ocupación y habitabilidad del inmueble. Si en el momento de efectuarse la promoción inmobiliaria se careciese de alguna de las licencias o autorizaciones o no se hubiera cumplido alguno de los trámites reseñados en este punto, dicha circunstancia deberá expresarse necesariamente.
Justificación del cumplimiento de la normativa especial sobre garantías exigidas a los agentes de la edificación para asegurar sus responsabilidades.
Justificación del cumplimiento de la normativa especial reguladora del afianzamiento o garantía de las cantidades entregadas a cuenta del precio total, expresando en dicha justificación los datos identificativos tanto de la compañía aseguradora o entidad financiera que asumieran tal función como de las entidades bancarias o cajas de ahorro en las que se encuentran abiertas las cuentas especiales donde las cantidades aludidas han de ingresarse. Se hará constar asimismo en cartel sito en la obra, visible desde la vía pública, la entidad bancaria en la que se encuentra abierta la cuenta especial y las entidades financieras o aseguradoras con las que el promotor de la obra tenga concertado contrato para garantizar las cantidades entregadas a cuenta del precio. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la adopción de la medida preventiva de suspensión de la licencia y paralización de las obras.
Un proyecto del contrato de compraventa propuesto, en el que necesariamente se hará constar que el adquirente no soporta los gastos derivados de la titulación que corresponden legalmente al vendedor, el derecho que asiste al consumidor a la elección de notario de conformidad con la legislación especial o para decidir libremente en torno a la subrogación en alguna operación de crédito no concertada por él, las garantías que, en su caso, se exigen legalmente a los agentes de la edificación para asegurar sus responsabilidades, así como el texto literal de los artículos 1279 y 1280.1 del Código Civil. De igual modo, si en el momento de la entrega se careciese de alguna de las licencias o autorizaciones o no se hubiera cumplido alguno de los trámites reseñados en el punto e de este precepto, dicho incumplimiento se hará constar expresamente.
La forma de pago, que habrá de ajustarse escrupulosamente a la normativa vigente. Para el caso de que se hubieran dispuesto formas de pago aplazado del precio de venta, y previa indicación de la tasa anual equivalente, deberá indicarse si se exige una entrada inicial, así como el número total de plazos y el vencimiento de los mismos. De igual modo, habrá de indiciarse el contenido de las eventuales cláusulas penales que, en previsión del incumplimiento del pago de alguno de los plazos, pretendan incluirse en el contrato.
En su caso, estatutos y normas de funcionamiento de la comunidad de propietarios.
4. Asimismo, en el momento de formalizarse en escritura pública el contrato de compraventa de una vivienda de nueva edificación habrá de entregarse al usuario final el Libro del Edificio en los términos y de conformidad con lo dispuesto en la legislación especial.
Incluir la educación en materia de consumo como asignatura en el diseño curricular de los diferentes niveles de la enseñanza reglada.
Establecer programas de formación continuada del personal docente encargado de la enseñanza en materia de consumo.
Diseñar, elaborar y editar materiales didácticos de apoyo a la educación de los escolares en materia de consumo.
Colaborar con las asociaciones de consumidores y usuarios en la preparación y diseño de los programas curriculares destinados a la educación en materia de consumo, así como en la elaboración de los materiales didácticos de apoyo correspondientes.
Promover el empleo de las nuevas tecnologías de la información al servicio de la educación en materia de consumo.
Difundir y divulgar suficientemente el contenido de la presente Ley, así como de cualesquiera otras que tuvieran incidencia evidente sobre los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, especialmente en los meses inmediatamente anteriores y posteriores a su entrada en vigor.
Fomentar la formación continuada del personal al servicio de las Administraciones públicas de Cantabria que tuviera relación con materias de consumo, en concreto de quienes desarrollen funciones de ordenación, inspección, control de calidad e información y especialmente, por razones de proximidad al ciudadano, de los miembros de los cuerpos de policía local.
Promover la formación en materia de consumo del personal al servicio de las asociaciones de consumidores y usuarios, para lo cual serán oídas sus demandas y sugerencias.
Promover la formación en materia de consumo de productores, suministradores y facilitadores de bienes y servicios, para lo cual se procurará colaborar con las cámaras de comercio, los colegios profesionales y las asociaciones empresariales que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Fomentar la formación en materia de consumo, a través de programas específicos de divulgación y concienciación, de los consumidores y usuarios y, en especial, de aquellos colectivos especialmente protegidos que se encuentran especificados en el artículo 4 de la presente Ley.
Diseñar, elaborar y editar materiales de apoyo a la formación en materia de consumo.
Promover el empleo de las nuevas tecnologías de la información al servicio de la formación en materia de consumo.
DERECHO DE REPRESENTACIÓN, AUDIENCIA Y PARTICIPACIÓN.
Figurar inscritas en el Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Cantabria.
Cualquiera otra que pueda establecerse en las normas que aprueban la convocatoria y concesión de cada subvención o ayuda pública.
Reciban donaciones, de cualquier naturaleza, de personas físicas, jurídicas u otras entidades sin personalidad jurídica, con ánimo de lucro, ya sea directo o indirecto.
Realicen cualquier tipo de comunicación comercial de bienes o servicios.
Dotarlas de recursos para el desarrollo de sus funciones.
Promover el diálogo con las asociaciones y organizaciones empresariales y profesionales a través del Consejo Cántabro de Consumo.
Desarrollar actuaciones de información, formación y educación de los consumidores y usuarios. Con tal finalidad, se potenciará la organización de cursos, seminarios y jornadas en las que se gestionará prioritariamente la presencia de profesionales de reconocido prestigio en el mundo del consumo. En la medida de lo posible, las actividades formativas organizadas tendrán su correspondiente reflejo en publicaciones que a tales efectos coordinará el Gobierno de Cantabria a través de la correspondiente Dirección General.
Tutelar a los colectivos especialmente protegidos que se encuentran especificados en el artículo 4 de la presente Ley.
Apoyar las iniciativas convenientes para favorecer la defensa de los consumidores y usuarios contra los riesgos que amenacen el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la calidad de vida.
Informar, formar y educar a sus miembros.
Ayudar, orientar y, en su caso, asesorar jurídicamente a sus socios en el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses.
Ejercer, en su caso, las correspondientes acciones judiciales o extrajudiciales en defensa de sus socios, de la asociación o de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios en general, de conformidad con la legislación aplicable. En concreto, para la defensa de los citados intereses podrán intervenir como parte interesada en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de consumo.
Informar a sus socios de la normativa, actividades y proyectos relevantes de las diferentes Administraciones públicas nacionales o europeas.
Representar a los consumidores y usuarios en los órganos de participación, consulta y concertación de conformidad con la legislación aplicable.
Participar, a través del Consejo Cántabro de Consumo, en la elaboración de disposiciones normativas generales aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Participar en el Sistema Arbitral de Consumo, de acuerdo con las disposiciones que lo regulan.
Colaborar con las Administraciones públicas en los términos dispuestos en la presente Ley y en sus normas de desarrollo.
PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.
Vigilancia, control e inspección.
Instrucción y resolución de procedimientos sancionadores.
Coordinación de actuaciones de los diferentes órganos y Administraciones con competencia en aspectos relacionados con el consumo.
De control de mercado, dirigidas a verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el proceso de producción, fabricación, elaboración o comercialización.
De investigación de mercado, destinadas a obtener información que permita efectuar estudios de mercado y determinar sectores, bienes o servicios de los que pueda derivarse la violación de alguno de los derechos protegidos en esta Ley.
De orientación, asesoramiento e información a los agentes del mercado, favoreciendo el cumplimiento de la normativa en materia de consumo y la generalización de los códigos de conducta y autorregulación.
De colaboración en los procedimientos jurisdiccionales y en los procedimientos administrativos sancionadores, practicando las diligencias que ordene el correspondiente colegio arbitral o, en su caso, el instructor del procedimiento administrativo.
En las situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, la adopción durante el tiempo estrictamente necesario para asegurar el resultado u objetivo perseguido de aquellas medidas cautelares que fueran adecuadas a las irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones. Tales medidas, que se adoptarán con respeto a lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la normativa sectorial correspondiente y en lo previsto reglamentariamente, salvo que fuera imposible la localización o identificación de sus responsables, podrán consistir en la suspensión o prohibición de la producción, fabricación, elaboración o comercialización de bienes o prestación de servicios, en la inmovilización cautelar de los referidos bienes e incluso en el cierre del establecimiento o del correspondiente dominio de la sociedad de la información donde se desarrollaren las referidas actividades.
El nombre o denominación social, residencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de uno de los establecimientos permanentes en España y, en general, cualquier dato que permita establecer una identificación completa del sujeto inspeccionado.
Identificación, en su caso, de la persona física que comparece en representación del sujeto inspeccionado.
Identificación del inspector o inspectores actuantes.
Relación detallada de los hechos, datos y circunstancias objetivas que el inspector o inspectores consideren relevantes para las actuaciones que pudieran adoptarse con posterioridad.
Lugar, fecha y hora de la actuación.
Firma, o indicación de que no desea hacerlo, del sujeto compareciente.
Firma, en todo caso, del inspector o inspectores actuantes.
HOJAS DE RECLAMACIÓN Y DENUNCIA.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y APOYO TÉCNICO.
El/la Director/a General competente por razón de la materia, para imponer las sanciones que se deriven de infracciones leves.
El/la Consejero/a competente por razón de la materia, para imponer las sanciones que se deriven de infracciones graves.
El Gobierno de Cantabria, para imponer las sanciones que se deriven de infracciones muy graves.
Haber sido detectadas o conocidas por los propios servicios municipales.
Haberse desarrollado la conducta típica íntegramente en el término municipal correspondiente.
No haberse iniciado el correspondiente procedimiento sancionador por los órganos competentes de la Administración autonómica.
Suspensión o prohibición de las producción, fabricación, elaboración o comercialización de bienes o de la prestación de servicios.
Inmovilización de los bienes objeto de producción, fabricación, elaboración o comercialización.
Cierre del establecimiento mercantil o industrial donde se desarrollare la actividad económica o del correspondiente dominio de la sociedad de la información.
Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente que fuera necesaria.
a. El incumplimiento de las disposiciones sobre prohibición o autorización administrativa para la comercialización o distribución de bienes o prestación de servicios.
b. La limitación o privación a los consumidores y usuarios del derecho a acceder a los bienes y servicios en condiciones de equilibrio e igualdad.
c. La utilización de cláusulas contractuales no negociadas individualmente que incumplan, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, las exigencias de la buena fe y el justo equilibrio de las prestaciones.
d. La utilización de técnicas promocionales de ventas en las que no se facilite al destinatario de las mismas la informa información legalmente obligatoria.
e. La omisión de los datos obligatorios en los anuncios y documentación de subastas, ventas a distancia o ventas producidas fuera de establecimiento comercial.
f. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se disponen en la presente Ley para el mercado inmobiliario de nueva edificación no tipificadas como infracción grave.
g. La utilización de prácticas de publicidad engañosa que, por acción u omisión, pueda inducir a los consumidores o usuarios a error susceptible de afectar a su comportamiento económico.
h. El cobro a los consumidores de precios superiores a los presupuestados o comunicados comercialmente.
i. La negativa injustificada a vender un bien expuesto o un servicio públicamente ofertado, o la violación del derecho de los consumidores a decidir razonablemente la cantidad de bienes que desean adquirir o de servicios que desean recibir en un establecimiento, o la limitación del número de artículos que pueden ser adquiridos o el incumplimiento de las obligaciones sobre venta conjunta.
j. La no exhibición al público en lugar visible desde el exterior del horario comercial de la oficina o establecimiento.
k. El incumplimiento de la normativa vigente en materia de etiquetado y presentación de bienes y servicios.
l. El incumplimiento de la normativa vigente en materia de calidad y composición de bienes y servicios.
m. La falta de legalidad, transparencia y exposición pública y visible de los precios de los bienes o servicios ofertados.
n. La ausencia de hojas de reclamaciones, o la ausencia de carteles informativos de las mismas, o la negativa a entregárselas a los consumidores o usuarios que las soliciten.
ñ. El incumplimiento de los deberes de información a los consumidores y usuarios acerca de las condiciones normales de utilización y conservación de los bienes o servicios, así como de la obligación legal de entregar las instrucciones de uso o conservación de los bienes adquiridos
o. La ausencia de entrega de un presupuesto previo en los términos y con los requisitos previstos en esta Ley.
p. La ausencia de entrega del resguardo previsto en esta Ley en los supuestos de depósito de un bien para cualquier tipo de intervención u operación.
q. El incumplimiento de los deberes y obligaciones sobre servicio técnico y existencia de repuestos previstas legalmente.
r. La realización de trabajos de reparación o instalación cuando no hubieran sido solicitados o autorizados por el consumidor o usuario.
s. La inexactitud en la cantidad, peso y medida de los bienes ofertados.
t. El incumplimiento de las obligaciones en materia de precios o de las formas y medios de pago ofertados.
u. La facturación de trabajos no realizados, o ejecutados sustituyendo piezas para conseguir un incremento del precio cuando las mismas no fueran necesarias, o con instalación de accesorios de peor calidad que los indicados por el consumidor o usuario.
v. La negativa a entregar la factura o documento acreditativo de las transacciones comerciales realizadas en los términos previstos legalmente.
w. El incumplimiento de las obligaciones de garantía o, cuando proceda, la negación del derecho a renunciar a la prestación del servicio o a la devolución del bien.
x. La suspensión del suministro de servicios públicos de prestación continua sin haber cumplido los requisitos fijados legalmente.
y. La resistencia o negativa a facilitar información o prestar la colaboración debida a las autoridades o a sus agentes.
a. La producción, fabricación, elaboración o comercialización de bienes o servicios prohibidos o declarados peligrosos sin la autorización legal o administrativa pertinente.
b. La privación o limitación a los consumidores y usuarios del derecho a acceder a los bienes y servicios en condiciones de equilibrio e igualdad cuando el productor, fabricante, elaborador o comercializador tenga una posición de dominio en el mercado.
c. El incumplimiento grave o doloso de la normativa vigente en materia de calidad o composición de los bienes y servicios ofertados.
d. La manipulación de los aparatos o sistemas de medición de los bienes o servicios suministrados a los consumidores y usuarios.
e. La utilización de prácticas de publicidad engañosa que, por acción u omisión, puedan inducir a los consumidores o usuarios a error susceptible de afectar gravemente a su comportamiento económico.
f. La utilización torticera de la titularidad de los derechos que facultan para ejecutar la edificación o de la identificación jurídica y registral de la finca.
g. La negativa a entregar una descripción de las condiciones esenciales de la vivienda en los términos previstos en la presente Ley.
h. La negativa injustificada a permitir el examen del proyecto conforme al cual se ejecutan las obras de edificación.
i. La negativa injustificada a entregar un proyecto del contrato de compraventa propuesto en los términos fijados en la presente Ley.
j. La utilización u omisión torticera, en cualquier forma de comunicación comercial, de la licencia de edificación y de las demás autorizaciones o trámites administrativos preceptivos para la ocupación y habitabilidad del inmueble.
k. La omisión o utilización torticera del precio, de la forma de pago o de la fecha de entrega de la vivienda y de las zonas comunes o elementos accesorios.
l. El incumplimiento por los agentes de la edificación de sus obligaciones sobre en relación con las garantías exigidas legalmente para asegurar sus responsabilidades.
m. El incumplimiento de la obligación de afianzar o garantizar las cantidades entregadas a cuenta para los casos legalmente previstos.
n. El incumplimiento de la obligación de entregar los estatutos y normas de funcionamiento de la comunidad de propietarios cuando hubieran sido otorgados.
ñ. La omisión o utilización torticera de las limitaciones al uso o destino de la vivienda que pudieran derivarse del título constitutivo o de los estatutos, cuando hubieran sido otorgados.
o. La negativa a entregar el Libro del Edificio en los términos previstos legalmente.
p. La utilización fraudulenta del distintivo oficial de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo.
q. La entrega de documentación o información falsa o incorrecta a las autoridades o a sus agentes.
r. La resistencia activa o negativa dolosa a facilitar información o prestar la colaboración debida a las autoridades o a sus agentes.
Que generen alarma social o produzcan una situación de desconfianza grave entre los consumidores y usuarios.
Que afecten desfavorablemente y de forma grave a un sector económico.
Que se cometa la infracción abusando de una posición de dominio en el mercado.
Artículo 51. Importe de las sanciones. 1. Las infracciones previstas en esta norma serán sancionadas con multas pecuniarias comprendidas entre los importes que se indican:
Infracciones leves: entre 100 y 3.005,06 euros.
Infracciones graves: entre 3.005,07 y 15.025,30 euros, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de la infracción.
Infracciones muy graves: entre 15.025,31 y 601.012,10 euros, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de infracción.
Infracciones leves: Grado mínimo, entre 100 y 1.000 euros. Grado medio, entre 1.000,01 y 2.000 euros. Grado máximo, entre 2.000,01 y 3.005,06 euros.
Infracciones graves: Grado mínimo, entre 3.000,07 y 7.000 euros. Grado medio, entre 7.000,01 y 10.000 euros. Grado máximo, entre 10.000,01 y 15.025,30 euros.
La reiteración o reincidencia en la comisión de actos tipificados en esta Ley.
La comisión del hecho mediando dolo o negligencia grave.
La causación de daños en cuantía global superior a los 10.000 euros.
La obtención de un beneficio ilícito global superior a los 5.000 euros derivado de la comisión de la conducta tipificada.
La existencia de advertencias previas inatendidas de la autoridad o sus agentes.
Que la comisión del acto tenga como destinatario directo a alguno de los colectivos especialmente protegidos que se encuentran especificados en el artículo 4 de la presente Ley.
La corrección diligente de las irregularidades constitutivas de la infracción.
La colaboración activa y voluntaria para esclarecer los hechos o para evitar, corregir o disminuir sus efectos.
La ausencia de antecedentes administrativos sancionadores por aplicación de las disposiciones de esta Ley, o de la Ley de Cantabria 6/1998, de 15 de mayo, de Estatuto del Consumidor y Usuario en Cantabria en los últimos cuatro años.
Si las circunstancias atenuantes exceden en dos o más a las agravantes, el órgano sancionador, atendidas las circunstancias del caso, concretará la multa en cualquier cantidad dentro del grado mínimo correspondiente a la calificación de la infracción tipificada, pudiendo llegar incluso, en supuestos cualificados, a aplicar la sanción con arreglo a las cuantías previstas para el grado máximo de las infracciones inmediatamente inferiores en gravedad, sin que ello implique modificar el órgano competente para dictar resolución.
Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes o si concurre una atenuante más que las agravantes, el órgano sancionador, atendidas las circunstancias del caso, concretará la multa en cualquier cantidad dentro del grado mínimo previsto para la calificación de la infracción tipificada.
Si concurren circunstancias atenuantes y agravantes en igual número o si concurre una circunstancia agravante más que las atenuantes, el órgano sancionador, atendidas las circunstancias del caso, concretará la multa en cualquier cantidad dentro del grado mínimo o medio previsto para la calificación de la infracción tipificada.
Si las circunstancias agravantes exceden en dos a las atenuantes, el órgano sancionador, atendidas las circunstancias del caso, concretará la multa en cualquier cantidad dentro de los grados medio o máximo correspondientes a la calificación de la infracción tipificada.
Si las circunstancias agravantes exceden en tres o más a las atenuantes, el órgano sancionador, atendidas las circunstancias del caso, concretará la multa en cualquier cantidad dentro del grado máximo correspondiente a la calificación de la infracción tipificada, pudiendo llegar incluso, en supuestos cualificados, a aplicar la sanción con arreglo a las cuantías previstas para el grado mínimo de las infracciones inmediatamente superiores en gravedad, sin que ello implique modificar el órgano competente para dictar resolución.
En el caso de infracción permanente, el plazo empezará a contarse desde que se ponga fin a la situación ilícita creada. Se entenderá que la infracción persiste en tanto que los bienes y servicios continúen ofreciéndose o prestándose u omitiéndose con la misma irregularidad determinante de la infracción.
En el caso de que los hechos constitutivos de la infracción fueran desconocidos de manera general por carecer de cualquier signo externo, el plazo se computará desde su manifestación. Excepción hecha de este supuesto, será irrelevante el momento en que la Administración haya conocido la infracción a los efectos de determinar el plazo de prescripción de la infracción para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 59. Procedimiento. 1. La imposición de las sanciones previstas en la presente Ley requerirá la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador en los términos previstos en la normativa estatal reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Aplicación de normativa complementaria. En todo lo no previsto en la presente Ley será de aplicación el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias al mismo, así como toda aquella normativa que lo sustituya, complemente o desarrolle.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Actualización de cuantías de las sanciones. Corresponde al Gobierno de Cantabria la revisión y actualización periódica de la cuantía de los límites sancionadores previstos en esta Ley, de acuerdo con las modificaciones que se vayan produciendo en la normativa estatal básica
Redacción según Ley de Cantabria 7/2008, de 26 de diciembre, de creación de la Agencia Cántabra de Consumo. Artículo 57 (apdo. 2):
Artículo 18 (apdo. 3.f):
Redacción según Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, tras su modificación por Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, en relación con los procedimientos de indemnización patrimonial en materia urbanística.
Artículos 44 (apdo. 1), 51, 56 (apdo. 1), y 59; Disposiciones adicional única y final primera:
Redacción según Ley de Cantabria 5/2011, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Cerrar
Orden HAC/09/2011, de 12 de abril de 2011, por la que se regula la concesión del símbolo "Buenas Prácticas" en materia de Intermediación Inmobiliaria y protección al consumidor	Derecho.com
LEY 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios	Trámites

References: Artículo 48

Artículo 52
 artículo 15
 artículo 4
 artículo 4
 resolución 

Artículo 51
 artículo 4

Artículo 59
 Real Decreto 
 Artículo 57

Artículo 18