Source: http://cedehm.blogspot.com/2013_04_01_archive.html
Timestamp: 2017-07-21 01:04:00+00:00

Document:
El día de ayer, se
reunieron en las oficinas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
(CEDEHM) y de El Barzón, Christof Heyns relator especial de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y,
El relator incluyó a Chihuahua en su agenda, debido a los
datos sobre violaciones a derechos humanos que han documentado las
organizaciones, y al incremento de las muertes violentas en esta entidad, ya
que el mandato de esta relatoría incluye todas las acciones y omisiones de
representantes de los estados que violen los derechos a la vida, la libertad,
la integridad y la seguridad de las personas.
En la reunión, que se prolongó por más de tres horas, se expuso el contexto general del
estado de Chihuahua, así como las graves violaciones a derechos humanos que
ocurren en esta entidad. Los temas fueron: feminicidio; desaparición forzada o
involuntaria no reconocida por el gobierno estatal; ejecuciones
extrajudiciales; identificación de restos; contra-reformas del sistema
acusatorio, que abrieron la puerta a la tortura; la situación de los y las
defensoras de derechos humanos, haciendo énfasis en la impunidad en los asesinatos
de Ismael Solorio, Manuelita Solís, Marisela Escobedo, Ernesto Rábago, Josefina
Reyes, entre otros; la masacre en Creel; y la opacidad en el acceso a la
información. A pesar de tener una de las leyes con mayor estándar
internacional, las autoridades han coptado a los organismos autónomos, entre
ellos el Instituto Chihuahuense de la Transparencia.
A manera de ejemplo, expusieron que la falta de transparencia
obstaculiza e invisibiliza la grave situación de las personas desaparecidas en
Chihuahua, por solicitud de información se sabe que las autoridades tienen
reporte vigente de 992 personas desaparecidas (223 son mujeres), cifra al 30 de
marzo de 2013 se presume que a esa cantidad pudiera estar desaparecidas por lo
menos un 30 % más.
El relator se mostró sumamente conmocionado al escuchar los
testimonios de las y los familiares de víctimas de desaparición forzada,
feminicidios, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
Previamente a esta visita, organizaciones como el Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres, Bowerasa, El Barzón Chihuahua, Comité Primeros
Vientos, Cosyddhac, Justicia para Nuestras Hijas, Mujeres por México, Red
Ciudadana y Red de Periodismo Libre, prepararon un informe alternativo en el cual se documenta la situación del
estado y se exponen los casos de
violaciones a derechos humanos. Cabe mencionar que los “informes sombras o
alternativos” son importantes insumos que toman en cuenta los relatores de la
ONU para emitir las recomendaciones al estado mexicano.
El relator se sorprendió gratamente del gran trabajo
realizado por las y los defensores de derechos humanos y les animo a continuar
siendo esperanza de un mundo mejor, asegurando que se llevaba en su mente y
corazón lo que escuchó en esa tarde.
La visita del relator es indudablemente una gran distinción para el equipo del CEDEHM,
que lleva implícita el reconocimiento a su trabajo en la denuncia y defensa de
derechos humanos en el estado de Chihuahua, actividad que realizan en un clima
de constante hostigamiento; cabe recordar que hace solo dos semanas las
instalaciones que albergan las oficinas del CEDEHM y del Barzón fueron
La visita del retalor Heyns significó para las familias y
organizaciones que la lucha por la verdad y la justicia ha tenido eco en las
instancias internacionales. Publicado por
Las organizaciones del Movimiento de Mujeres en
Chihuahua, nos preguntamos lo siguiente:
¿Además de Clara Armendáriz Gutiérrez y de su papá Raúl Armendáriz
Sígala, no existen más familiares de la niña Antonia?
Porque en la resolución que emite el DIF estatal no solamente está
anunciando que iniciará un juicio para quitarle la patria potestad a la madre, que
deberá resolverse ante un juzgado familiar que no prejuzgue, sino que ya está
“cocinando” la adopción de la niña.
Es importante resaltar que existe una ley estatal y tratados
Internacionales que indican claramente que cualesquier niño o niña tiene
derecho a estar y crecer en primer lugar con su familia y que el DII es la
última instancia para ejercer la patria potestad.
Es lamentable que el DIF ignore que la niña tiene un tío, tías,
bisabuela y demás familiares que están dispuestos a hacerse cargo de ella y que
tiene derecho de vivir al lado de sus familiares.
¿Dónde quedan los derechos de Antonia a vivir con su familia
consanguínea? ¿Y donde queda la visión del DIF que se supone es la institución
que integra a la familia?
Es criticable que el DIF no garantice los lineamientos
internacionales mandatados en la Convención de los Derechos de los Niños y las
Niñas y consecuentemente viole el Artículo 1º Constitucional que obliga a toda
autoridad a promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos.
Cuando ignora las circunstancias del caso y no analiza
profundamente las circunstancias que llevaron a Clara a tomar la decisión que
la tiene en esta situación, el DIF está omitiendo un análisis con perspectiva
Si actuara con perspectiva de género, el DIF explicaría la culpa y
vergüenza que sintió Clara por un embarazo sin estar casada. En este caso, lo
que se esperaría es que la institución se aboque a atender a Clara para dotarle
de posibilidades de salir de su depresión y apoyarla con la finalidad de que
madre e hija accedan al derecho de estar unidas y enfrentar la vida con todos
los retos que ello implica.
Es sabido que la circunstancia que vive Clara es debido a una
ausencia de política pública que apoye el conocimiento acerca de la prevención
del embarazo y por ende al cuidado de la salud sexual.
Vivimos en una sociedad que no quiere reconocer que las y los
jóvenes asumen su sexualidad y que al hacerlo corren constantemente riesgos
como el embarazo no deseado, situación que lleva a las mujeres a detener su
proyecto personal y dedicarse a la crianza y educación de hijos e hijas, cuando
por otro lado las exigencias para preparase y trabajar son una realidad, por lo
que se vive la doble jornada para las mujeres. Es decir, se ha construido un mundo
donde solamente a las mujeres se les exige el cuidado de casa e hijos,
escenario por demás discriminativo.
Las organizaciones del movimiento de
Mujeres manifestamos:
- - Desacuerdo en que el DIF realice acciones para que Clara
pierda la patria potestad de su hija.
- - Desacuerdo en que el DIF sustituya a Clara y no le
proporcione apoyo para que ella pueda estudiar y cuidar a su hija.
- - Desacuerdo en la falta de políticas públicas que
desarrollen capacidades que lleven al ejercicio pleno de la sexualidad de los y
las jóvenes, sin enfrentar embarazos no deseados.
Decidir desde el poder, como castigar sin analizar, es una
característica en gobiernos autoritarios, es pretender cubrir sus omisiones y
carencia de políticas públicas a necesidades básicas de una sociedad, por lo
que el Movimiento de Mujeres rechazamos tales medidas en el caso de Clara Armendáriz Gutiérrez.
Después de recibir 16 propuestas,
el jurado del XXI Premio Nacional de
Derechos Humanos "Don Sergio Méndez Arceo", integrado por
distinguidas personalidades como Clara Jusidman, Rodolfo Stavenhagen, Pablo
Álvarez Icaza y Javier Sicilia, decidió otorgar el premio a la Lic. Estela
Ángeles Mondragón, defensora de derechos humanos de las y los indígenas,
integrante de la organización Bowerasa A.C., representante legal de las
comunidades raramurí de Baqueachi, Huahuacherare, Chineachi, entre otras.
La Fundación Don Sergio Méndez Arceo
surge en mayo de 1995, desde entonces ha logrado tener presencia entre las
diversas organizaciones civiles que trabajan por los Derechos Humanos y que
nacen de una inspiración Cristiana. “La Promoción y Formación en Derechos
Humano es una necesidad imperante en nuestro país para la construcción de una
sociedad más justa, humana y solidaria. Nosotros mediante la realización de
Foros, Talleres, Encuentros y Conferencias, así a través del Premio Nacional de
Derechos Humanos, "Don Sergio Méndez Arceo", contribuimos al
fortalecimiento de espacios de expresión, solidaridad e impulso de acciones
junto a las diversas voces de la sociedad en la lucha por la justicia y los
Derechos Humanos en México”, afirma la organización.
Estela Ángeles Mondragón y su esposo
Ernesto Rábago Martínez iniciaron una lucha junto con las comunidades rarámuri
de Baqueachi en el municipio de Carichí, para recuperar las tierras que fueron
invadidas por ganaderos locales; sin embargo, luego de ganar el litigio que
legitimó la pertenencia de más de 5 mil hectáreas de tierra de los rarámuri, su
esposo fue asesinado el 1 de marzo de 2010, en un acto que se señala como una
venganza. Previo a este trágico suceso, días antes, la hija de esta pareja sufrió un atentado
El empeño de Estela Ángeles Mondragón
por defender los derechos de las tarahumaras le ha acarreado amenazas de muerte
y múltiples agresiones. El 28 de marzo de 2009 incendiaron su despacho con dos
bombas molotov. A raíz de este hecho, “el Subdelegado de la Procuraduría Agraria
Pedro Martínez Cháirez nos acusó en el periódico local El Heraldo de pertenecer
al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Además, dio entrada a las
demandas de los ganaderos del municipio de Nanovoa en contra de los ejidatarios
indígenas, en lugar de llamar a una conciliación”.
La lucha de la abogada continúa, pues
aún hoy sigue la disputa legal por estas tierras que fueron invadidas
arbitrariamente por ganaderos locales con respaldo de la Procuraduría Agraria,
quien demando en apoyo de los ganaderos del municipio de Carichí a los
indígenas de Baqueachi; demandas que los ganaderos emprendieron para luchar por
una tierra de la que han sacado provecho económico durante años de manera
La entrega del premio será el sábado
20 de abril a las 16:00 hrs. En El Centro Cultural Universitario, en
Como preámbulo a la Ceremonia de
Premiación, se realizara el foro: Situación actual de los Derechos Humanos:
entre la impunidad y las promesas, a las 10:00 horas.
Humanos de las Mujeres (CEDEHM) acudirá a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) para revertir la resolución de la Procuraduría de Asistencia Social y
Jurídica del DIF que busca la pérdida de la patria
potestad de Clara Armendáriz Gutiérrez sobre su hija Antonia.
el equipo legal de la organización señaló que la resolución del DIF viola el principio
de inocencia consagrado en la Convención Universal de los Derechos Humanos y
otros tratados internacionales.
Afortunadamente existen instancias
internacionales como la CIDH y el Comité de Expertos de la Niñez y la Mujer; organismos
a los que acudirá el CEDEHM porque
tienen criterios jurisprudenciales apegados a estándares internacionales y con seguridad
revertirán la absurda decisión del DIF, indican las abogadas del Centro.
Si bien el objetivo del
DIF es proporcionar elementos que permitan a las familias que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, el poder lograr un desarrollo sustentable, contradictoriamente
esta institución violó el derecho de la familia y llegó más allá de lo
permitido, pues pretende “proteger” a la menor de su madre y sus familiares,
como si fueran enfermos o trastornados, critican las abogadas.
La resolución refleja
una serie de sexismos entre
los que se encuentran el doble parámetro para juzgar la conducta en forma
distinta a hombres y mujeres, al adjudicarle a la conducta de Clara y su padre,
una intención basada en los estereotipos de género, evidenciando el sesgo
cultural que le exige a la mujer una conducta apegada totalmente a los roles de
género que socialmente se le ha asignado, negándole así la posibilidad de
obtener la guarda y custodia de la menor, hacen ver las representantes legales.
Además, la Procuraduría de Asistencia Social
se tenía que haber esperado a la sentencia por parte del juzgado familiar, que
es la autoridad competente para determinar la perdida de la patria potestad,
antes de dictar una resolución en contra de Clara y su familia, apuntan las
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres considera que esta
determinación es un extremo conservadurismo por parte del DIF, invadido de atribuciones
de competencia exclusiva del ámbito jurisdiccional.
Las abogadas del Centro consideran
que, en razón de esta situación, sería recomendable revisar el perfil y hoja de
vida de quien se encuentra al frente de esta institución.
Esta acción incita de nueva cuenta a
la comunidad chihuahuense al linchamiento social para descalificar a Clara
Armendáriz y su familia, además causa indignación las ilegalidades de la
Procuraduría de Asistencia Social y Jurídica del DIF, en razón de las graves
violaciones a los derechos humanos, tanto de la madre como de la menor que se
han cometido en la resolución, advierten las abogadas.
Preocupa al CEDEHM la confusión
o mala fe de esta institución que ha evidenciado el desconocimiento en el tema
Mujeres es una organización reconocida internacionalmente por el litigio con
perspectiva de género que realiza.
anunció ayer que el ensayo que obtuvo el primer lugar del concurso
“género y justicia” fue un documento de 18 páginas escrito por Laura Aragón
Castro, fundadora de la asociación civil Mukira. El ensayo
documentó cómo las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
(CEDEHM), con sede en Chihuahua, lograron sentar precedentes en el
sistema acusatorio (juicios orales) y obtener resoluciones favorables para dos
mujeres víctimas de violencia, a través del ejercicio de la coadyuvancia y de
una argumentación jurídica con perspectiva de género. MODP,
víctima de violencia familiar, sobrevivió a un intento de homicidio. El caso
demostró cómo las reglas del sistema acusatorio, en el que Chihuahua fue
pionero, permiten que las mujeres cuenten con abogadas de confianza, quienes
pueden inconformarse con el ministerio público cuando consideren que este no
actúa debidamente. Específicamente, señala el ensayo ganador “este caso
documenta cómo un pequeño grupo de mujeres puede, a través del activismo
judicial cuestionar y modificar los esquemas jurídicos tradicionales al
erguirse como sujetos procesales plenamente activos en el sistema acusatorio, e
interponer amparos para modificar una resolución judicial, y lograr que se les
reconozca su derecho y el de las víctimas a la participación activa y plena”.
caso documentado es la historia de RE, una mujer que se vio obligada a ejercer
el derecho a la legítima defensa cuando su ex pareja intentó asesinarla.
Inicialmente, RE había sido vinculada proceso y fue a la cárcel. El CEDEHM
logró exponer de manera efectiva que los estereotipos de género tanto de la
fiscalía como del juez, no reconocieron el derecho de Rosa Ema a defenderse, como podría defenderse
de cualquier hombre que llegara a su casa, a intentar asesinarla. En una
segunda instancia, la organización logró que un magistrado ordenara la
absolución inmediata de Rosa Emma, al considerar que había actuado en legítima
defensa protegiendo su vida y la de sus hijos. El ensayo
ganador concluye “ante las insuficientes resoluciones favorables para las
mujeres víctimas de violencias, resulta imperioso documentar y
promover sentencias que demuestren que a pesar de la discriminación
contra las mujeres, existen prácticas judiciales ejemplares e inspiradoras”.
El diplomado, partiendo del actual contexto sociopolítico en
el país, fue organizado por el CEDEHM con la finalidad de que las personas y las organizaciones dedicadas a
la atención de personas víctimas de violaciones a sus Derechos
Humanos incorporen a su repertorio de recursos de apoyo, la perspectiva
psicosocial, que hace énfasis en la consideración de las condiciones sociales y
políticas generadoras de violaciones a derechos humanos, y utiliza el trabajo
psicosocial como un medio para el empoderamiento de las víctimas y la
transformación social. Carlos Beristain es un experto
en acompañamiento psicosocial que ha trabajado por más de tres décadas con
víctimas de violencia política en distintos países, como El Salvador, Guatemala
y Colombia. También ha colaborado en Comisiones de la Verdad y esfuerzos por la
recuperación de la memoria histórica, como el informe “Guatemala nunca más”,
del que fue coordinador, y ha sido perito frente a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en casos de graves violaciones de los derechos humanos, como
masacres y desaparición forzada. La chihuahuense Marcela Turati,
reportera de la revista Proceso, es conocida por su cobertura periodística sobre la guerra contra
el narcotráfico, defensora de derechos humanos y por el papel que ha
desempeñado en la protección y formación de periodistas en México; galardonada por
la Red de periodistas de Harvard con el Premio Louis Lyons y el Premio Alemán
de Periodismo Walter Reuter. Es
autora de “Fuego Cruzado: las víctimas atrapadas en la guerra del narco”
co-autora de los libros “La Guerra por Juárez”, “Los Generales” y “Migraciones vemos…
infancias no sabemos”, entre otros.
Asisten a este diplomado integrantes
36 organizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos de todo el país.
Consta de cinco módulos con temas como bases teóricas y epistemológicas de la
perspectiva psicosocial, salud mental y derechos humanos.
“Los servicios de salud,
alimentación, vivienda y educación se pueden describir como necesidades
básicas. Pero la base de las necesidades humanas de los refugiados es la
restauración de la dignidad. La dignidad es el ingrediente vital que falta
cuando las necesidades físicas básicas se cubren de una manera mecánica e
impersonal. El respeto por la dignidad humana con mucha frecuencia es la
primera víctima de las respuestas de emergencia”, mencionó Beristain.
La propuesta del abordaje psicosocial
que Beristain ha compartido en el diplomado es muy oportuna no sólo para
atender los efectos de la violencia en las víctimas de las estrategias de
seguridad impulsadas sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón -que ha dejado
más de 100 mil muertos y 25 mil desaparecidos- sino para transformar las causas
de la violencia a través de la lucha por la verdad y la justicia.
Aprovechando la visita de estas
dos personalidades, se presentarán los libros Manual de perspectiva psicosocial
en la investigación de derechos humanos de Carlos Beristain y Entre las cenizas
de Marcela Turati, el día de hoy a las 19:00 horas en el auditorio del Centro
de Derechos Humanos de las Mujeres.
Tenemos que poner énfasis
en el contexto, porque es el contexto el que tiene que cambiar, señalóBeristain
La periodista Marcela Turati, hablando sobre la situación de riesgo de las y los periodistas en el país Publicado por
El pasado 2 de abril el
Centro de Derechos de las Mujeres (CEDEHM) y el Estado Mexicano se reunieron
para la revisión e implementación de medidas cautelares otorgadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los defensores y defensoras de
derechos humanos de esta y otras organizaciones del Estado de Chihuahua, el día
de hoy las oficinas del CEDEHM fueron atacadas.
Personal del CEDEHM arribó a
las oficinas de la organización a las 7:00 horas encontrando en las ventanas seis
impactos realizados con piedras, cerámica y asfalto de hasta 15 centímetros de
diámetro, alcanzando el mobiliario al interior del lugar.
El CEDEHM es una
organización de defensa activa en protección a derechos humanos de víctimas de
feminicidio, desaparición forzada, violencia familiar y sexual; además esta
organización representa legalmente a otros defensores y defensoras en la región
que se encuentran en situación de riesgo extremo. En razón de lo anterior fue
necesario instalar botón de pánico y botón azul, los cuales fueron activados en
varias ocasiones sin recibir respuesta alguna. Durante la pasada revisión
de Medidas Cautelares, los funcionarios federales y estatales asignaron
personal encargado de atender llamadas de emergencia de los beneficiarios, a
quienes se les llamó ante la falla de los mecanismos, quienes acudieron al
lugar de los hechos una hora y media después. Desde el año 2008 el CEDEHM
cuenta con Medidas Cautelares de la CIDH y ante el incremento del riesgo, el mes de febrero del 2013 su coordinadora General, la defensora Luz Estela
Castro adquirió el carácter de beneficiaria de Medidas Provisionales de la Corte Interamericano.
una clara agresión en contra del trabajo realizado por el Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres ante el clima de impunidad que vive el estado, señaló
Lucha Castro. Amenazas de muerte, daños,
robos, campañas de desprestigio forman parte del historial de agresiones a esta
organización, por su fundamental labor ha obtenido reconocimientos nacionales e
internacionales y que funciona en Chihuahua, estado catalogado por la oficina
del alto comisionado de derechos humanos de la ONU como la de mayor riesgo a
Juan Manuel, le dijo a
su ex pareja: “te voy a matar” mientras la estrangulaba y sacó un arma frente a
varios testigos. No obstante, Héctor García Aguirre de la defensoría pública de
Chihuahua intentó modificar la sentencia y la magistrada Delia Holguín decidió
reducir la penalidad contra el agresor, el 19 de marzo de 2013. García Aguirre, defensor de oficio, debió reconocer el
intento de estrangulamiento, durante el juicio, aunque lo minimizó señalando
que era sólo “una forma para someterla y controlarla”. El CEDEHM
estima que García y Holguín no actuaron con la debida diligencia pues no
tomaron en cuenta los estudios
científicos que señalan que cuando una víctima está siendo estrangulada,
se encuentra al borde del homicidio; puede sobrevenir la pérdida de conciencia
en tan sólo algunos segundos y la muerte en unos cuantos minutos. Héctor García utilizó además comentarios discriminatorios y
sexistas contra la víctima y sus
defensoras, señaló que la defensora del CEDEHM que ayuda a tramitar órdenes de
protección, no debería de haber estado ahí “en razón de tratarse de una
mujer de edad avanzada y no muy fuerte”, e insinuó que “lo único que pretendía
era un papel protagónico de heroína”. El equipo de abogadas del CEDEHM lamentó que “desde hace
varios años, el gobierno de Chihuahua ha tenido una estrategia de culpar a las
mujeres que son víctimas de delitos y violencia, en lugar de responsabilizar y
desaprobar los ataques de los agresores, tal como ha venido sucediendo desde hace más de 20 años con las
declaraciones discriminatorias contra las jóvenes que han desaparecido y son
asesinadas en esta entidad, particularmente en Juárez”. En otro caso, el Juez de Garantías del Distrito Judicial
Benito Juárez, sentenció en un juicio abreviado a sólo 3 años a José, que intentó matar a su pareja. José
incendió intencionalmente la vivienda de la víctima. En el momento en que ardió
en llamas la casa, se encontraban en ella la madre de la víctima y su pequeña
hija. El acusado fue detenido en flagrancia. Sin embargo, las mujeres que
sobrevivieron el incendio debieron esperar un año para que se realizara la
audiencia de vinculación a proceso por tentativa de feminicidio y daños. La
sentencia que recibió por intentar matar a una mujer incendiando la casa, donde
vivía es menor a la que hubiera obtenido si se hubiera robado una vaca. Lucha Castro, abogada del CEDEHM señaló que “preocupa que los
pocos casos que llegan ante un juez de intento de feminicidio sean tratados con
desdén y minimizados, enviando un
mensaje de permisividad de que en Chihuahua no es grave asesinar a una mujer, o
dando sentencias menores a quienes intenta matar a mujeres, a las que tendría
el robo de ganado”. El CEDEHM lamenta que apenas a días de la conmemoración del 8
de marzo, día de la mujer, autoridades judiciales minimicen penalidades contra
agresores de mujeres en el estado de Chihuahua, una región que
desafortunadamente sigue teniendo altos índices de feminicidios. En esta entidad, desde 2010, han sido asesinadas por lo menos
1045 mujeres, de acuerdo con la base de datos de Justicia para Nuestra Hijas,
“pero parecería que el estado despliega
sus recursos para negarles el acceso a la justicia a aquellas que logran sobrevivir”,
señaló Castro. Publicado por
Fuente: Opinión / El Diario Liga: El Diario de Chihuahua
Norma Ledezma es una mujer que de víctima se ha convertido en sujeto. El dolor de la desaparición y asesinato de su hija Paloma, hace once años supo transformarlo en activismo formador, organizador y exigente de cuentas a favor de madres y familias de muchachas desaparecidas. Hace diez años fundó “Justicia para Nuestras Hijas” para acompañar, capacitar y organizar a las mujeres cuyas hijas son víctimas de las múltiples violencias que reinan en nuestro estado. Norma se ha convertido en abogada, en agente investigadora ante las deficiencias de las autoridades que deberían cumplir estas funciones. Y ha ayudado a que otras madres también se defiendan, denuncien, investiguen. Ella y su organización han ganado varios reconocimientos internacionales, incluso en el concurso “Iniciativa México” promovido por Televisa. La asociación Plan Estratégico de Juárez ha sido agredida cuando menos tres veces en aquella frontera. Los ataques han adoptado la forma de robos del equipo de cómputo y de comunicación, instrumentos indispensables para el trabajo de esta organización. Con el asalto violento al automóvil de uno de sus integrantes y el despojo de equipo cibernético asciende ya a casi medio millón de pesos el botín de quienes son enviados a amedrentar a esta organización, molesta para el poder establecido, sobre todo para las autoridades municipales.

References: resolución 
 Artículo 1
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