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Timestamp: 2020-08-06 15:30:18+00:00

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Resolución de TEAF Bizkaia, 013779, 26-02-2016 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia, 013779 de 26 de Febrero de 2016
Art. 27.2 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre.
Rendimiento neto de la actividad. Gastos deducibles. Cotizaciones por el régimen de trabajadores autónomos del cónyuge.
El consultante es titular de un negocio en el que, según indica, trabaja habitualmente su cónyuge. Para calcular el rendimiento neto de la actividad económica correspondiente al ejercicio 2014, consideró como gasto deducible las cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, al que se encuentra afiliada la esposa, según parece como familiar colaborador. No obstante, ha recibido una liquidación provisional practicada por esta Hacienda Foral, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del citado ejercicio 2014, en la que se le indica que calculó incorrectamente el rendimiento neto de su actividad económica, toda vez que las referidas cotizaciones (al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social de su esposa) no tienen la consideración de gasto deducible, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas.
1) Si puede acreditar, de algún modo, que su cónyuge trabaja habitualmente y con continuidad en la actividad económica, en los términos exigidos en el artículo 27.2 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aun cuando no exista contrato laboral entre las partes, ni afiliación al Régimen General de la Seguridad Social, por ser obligatoria, en estos casos, el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
2) Si podría deducir las retribuciones que abonara a su cónyuge, así como las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a la misma, en caso de que dichas retribuciones no fueran superiores a las de mercado para un puesto de trabajo similar, y de que las consignara en los oportunos Modelos 110 y 190, de retenciones e ingresos a cuenta, incluso aun cuando la esposa continuase afiliada al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, y no al Régimen General, al ser, de hecho, obligatoria el alta en el primero de los regímenes citados.
1) Con respecto a la primera cuestión planteada, resulta de aplicación la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (NFIRPF), cuyo artículo 25 regula que: "1. El cálculo del rendimiento neto se efectuará mediante el método de estimación directa, el cual tendrá las siguientes modalidades: a) Normal. b) Simplificada. Esta modalidad se aplicará para determinadas actividades económicas cuyo volumen de operaciones, para el conjunto de actividades desarrolladas por el contribuyente, no supere 600.000 euros en el año inmediato anterior. (...)".
A lo que el artículo 27 de la NFIRPF añade que: "En la determinación del rendimiento neto mediante la modalidad normal del método de estimación directa serán de aplicación las reglas generales establecidas en el artículo 25 de esta Norma Foral y lo dispuesto en la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, teniéndose en cuenta, además, las siguientes reglas especiales: (...) 2. Cuando resulte debidamente acreditado, existiendo el oportuno contrato laboral y la afiliación al régimen correspondiente de la Seguridad Social, que el cónyuge, pareja de hecho o los hijos menores del contribuyente que convivan con él, trabajan habitualmente y con continuidad en las actividades económicas desarrolladas por el mismo, se deducirán, para la determinación de los rendimientos, las retribuciones estipuladas con cada uno de ellos, siempre que no sean superiores a las de mercado correspondientes a su cualificación profesional y trabajo desempeñado. Dichas cantidades se considerarán obtenidas por el cónyuge, pareja de hecho o los hijos menores, en concepto de rendimientos de trabajo, a todos los efectos tributarios. (...)".
Por su parte, el artículo 28 de la NFIRPF indica que: "1. Para la determinación del rendimiento neto mediante la modalidad simplificada del método de estimación directa, se operará de la siguiente forma: a) Se calificarán y cuantificarán los ingresos y gastos, a excepción de las pérdidas por deterioro, las amortizaciones, las cantidades en concepto de gasto de arrendamiento, cesión o depreciación a que se refieren la letra a) del apartado dos y la letra a) del apartado tres de la regla 5.a del artículo 27 de esta Norma Foral y las ganancias y pérdidas derivadas de los elementos patrimoniales afectos a la actividad, de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades y en las reglas del artículo anterior. b) Se calculará la diferencia entre los ingresos y los gastos mencionados en la letra anterior y la cantidad resultante se minorará en un 10 por 100, en concepto de amortizaciones, pérdidas por deterioro y gastos de difícil justificación. c) A la cantidad resultante de lo dispuesto en la letra b) anterior, se sumarán o restarán las ganancias y pérdidas derivadas de los elementos patrimoniales afectos a la actividad, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 25 de esta Norma Foral. (...)".
Para calcular el rendimiento neto de las actividades económicas mediante el método de estimación directa, tanto en la modalidad normal como en la simplificada, resulta de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto Sociedades, con ciertas especialidades que deben ser tenidas en cuenta.
Así, concretamente, en lo que aquí interesa, el artículo 27.2 de la NFIRPF, señala que las retribuciones estipuladas con el cónyuge o pareja de hecho, y con los hijos menores del titular de la actividad que convivan con él, únicamente resultan deducibles, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 1) que dichas retribuciones no sean superiores a las de mercado para un puesto de trabajo similar; y 2) que quede debidamente acreditado que las citadas personas (el cónyuge o pareja de hecho, y los hijos menores) trabajan habitualmente y con continuidad en las actividades económicas del contribuyente, para lo cual se exige que exista el oportuno contrato laboral, así como la afiliación al régimen correspondiente de la Seguridad Social.
Si se cumplen estos requisitos, las cantidades abonadas al cónyuge, a la pareja de hecho, o a los hijos menores que convivan con el contribuyente, tienen la consideración de rendimientos del trabajo para ellos, a todos los efectos tributarios.
Con estas restricciones a la deducibilidad de las retribuciones abonadas al cónyuge, a la pareja de hecho, y a los hijos menores que conviven con el contribuyen, se pretende evitar la transferencia de rentas entre miembros de la unidad familiar, con objeto de evitar la progresividad del Impuesto, mediante la interposición de contratos ficticios o aparentes, carentes de un contenido real, o estipulando unas retribuciones que no guarden proporción con las prestaciones realizadas.
Esta regulación tan restrictiva (particularmente, la exigencia de contrato laboral entre las partes y la acreditación del trabajo habitual y continuado en la actividad) fue analizada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 146/1994, de 12 de mayo de 1994, en la que concluyó que la misma está justificada, precisamente, por la necesidad de impedir que los importes que se pretendan deducir por este concepto no retribuyan prestaciones de trabajo efectivas.
Así, en la citada Sentencia 146/1994, de 12 de mayo de 1994, el Tribunal Constitucional declaró que: "(...) La situación descrita ha experimentado una profunda transformación. (...) En el ámbito de las relaciones laborales, a que se refiere específicamente el apartado tercero de la letra c) de la regla 1.ª del art. 9 de la Ley 20/1989, el art. 1.3.c) de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, excluye de su ámbito de aplicación a los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes los llevan a cabo; se consideran familiares, a estos efectos, siempre que convivan con el empresario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción; por lo que, a sensu contrario, caerán bajo su ámbito de aplicación los trabajos familiares cuando se demuestre la condición de asalariado de quienes los realicen. Por su parte, la introducción de la tributación separada en el Impuesto sobre la Renta conlleva el reconocimiento, también a efectos tributarios, de los contratos que puedan celebrarse entre los miembros de la unidad familiar. Los apartados objeto de impugnación restringen, sin embargo, el alcance del expresado reconocimiento al introducir dos limitaciones: de un lado, se requiere que la prestación de trabajo quede debidamente acreditada por medio del oportuno contrato laboral; de otro, se establece un tope máximo a la cantidad que puede deducirse para calcular la base imponible. Ambas limitaciones diferencian el tratamiento jurídico-tributario de las contraprestaciones satisfechas por el empresario a su cónyuge o hijos menores del dispensado a las contraprestaciones que satisfaga el empresario a los terceros ajenos a su ámbito familiar. Es preciso, por ello, determinar si la expresada diferenciación vulnera el principio de igualdad constitucionalmente garantizado o si, por el contrario, el diferente trato otorgado por el legislador en estos supuestos cumple los requisitos precisos para su compatibilidad con el expresado principio de igualdad. (...) Los límites a la deducción establecidos por los preceptos impugnados no pueden justificarse por una pretendida naturaleza especial de este tipo de contratos. La existencia de un vínculo matrimonial o familiar no impide que los contratos entre miembros de esa unidad familiar, en especial los contratos de trabajo, desarrollen todos sus efectos. En sí mismos considerados, los contratos de trabajo celebrados entre el empresario y su cónyuge o hijos carecen de peculiaridades que pudieran fundamentar un trato sustancialmente diverso al establecido para los contratos celebrados con terceros; la mera existencia del vínculo familiar no sitúa al cónyuge o hijos menores en una situación especial en la empresa del cónyuge o padre empresario. El cónyuge o los hijos menores empleados pueden prestar no sólo una colaboración auxiliar o secundaria, sino también desarrollar una actividad de dirección; en todo caso, está fuera de duda que por la realización de la actividad puede percibirse un contraprestación. Desde esta perspectiva, nada impide que la prestación realizada por el cónyuge o hijos menores sea idéntica a la que realicen otros empleados ajenos a la unidad familiar, de tal forma que el trabajo llevado a cabo por el cónyuge o hijos menores sustituya al que pudieran prestar otros trabajadores; en consecuencia, las retribuciones satisfechas por el empresario a su cónyuge o hijos menores empleados deben recibir el mismo tratamiento que se dispensa a las retribuciones satisfechas a terceros. (...) Las consideraciones anteriores no impiden que el legislador, en atención a la estructura del impuesto en el que deban producir sus efectos, pueda establecer determinadas cautelas o limitaciones al reconocimiento tributario de los contratos celebrados entre miembros de la unidad familiar. A los efectos que aquí interesan el Impuesto sobre la Renta se caracteriza por gravar los rendimientos netos de las actividades empresariales o profesionales, sometiéndolas a un tipo de gravamen progresivo; en un impuesto de estas características, los sujetos pasivos pueden conseguir disminuciones sustanciales de la deuda tributaria a satisfacer mediante la interposición de contratos ficticios o aparentes, carentes de un contenido real, o estipulando unas retribuciones elevadas que no guarden proporción con las prestaciones realizadas. Puede por ello el legislador exigir que quede acreditada la seriedad de tales contratos, imponiendo medios de prueba especiales que demuestren su existencia real y la efectividad y realización práctica de las recíprocas prestaciones estipuladas; debe tratarse, en todo caso, de requisitos razonables que guarden la adecuada relación de proporcionalidad con la finalidad perseguida. En atención a las circunstancias mencionadas, es también factible que el legislador introduzca alguna limitación a las cantidades que el empresario puede deducir por las retribuciones abonadas a su cónyuge o hijos menores. La aplicación de los criterios expuestos al presente caso obliga a diferenciar los dos apartados a que se ciñe la impugnación. A) Con relación al apartado tercero, regulador de los contratos de trabajo con el cónyuge o hijos menores, ninguna tacha cabe formular contra los requisitos que condicionan la admisibilidad de la deducción; la exigencia del contrato laboral y la acreditación del trabajo habitual y continuado se justifican en la necesidad de impedir que las cantidades que se pretendan deducir por tal concepto no retribuyan prestaciones de trabajo efectivas; considerados en sí mismos, los citados requisitos no imponen una carga que pueda calificarse de irrazonable o desproporcionada. (...)".
Tal y como expresamente indicó el Tribunal Constitucional en esta Sentencia de 12 de mayo de 1994, en lo que respecta a la necesidad de que exista un contrato laboral entre las partes, el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, prevé que: "1. La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. 2. A los efectos de esta Ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior, así como de las personas contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas. 3. Se excluyen del ámbito regulado por la presente Ley: (...) e) Los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes los llevan a cabo. Se considerarán familiares, a estos efectos, siempre que convivan con el empresario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción. (...)".
En el mismo sentido se manifiesta el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, vigente hoy en día.
Consecuentemente, el Estatuto de los Trabajadores no prohíbe la existencia de relación laboral entre familiares, siempre que se acredite, eso sí, la condición de asalariados de quienes presten los servicios de que se trate (lo que regula es una suerte de presunción "iuris tantum", de que los trabajos familiares no se llevan a cabo en régimen de dependencia laboral).
De otro lado, el requisito relativo a la afiliación al régimen correspondiente de la Seguridad Social, debe entenderse referido al Régimen General o a los regímenes especiales aplicables a determinados trabajadores por cuenta ajena, como por ejemplo el especial Agrario, el de Empleados de Hogar, o el de Trabajadores del Mar, sin que, en principio, resulte válida el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por no permitir la afiliación de asalariados.
A este respecto, aun cuando se trata de una cuestión de naturaleza social, y no tributaria, sobre la que esta Dirección General no pueden pronunciarse mediante consulta vinculante, a título informativo, cabe indicar que el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobado mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, recoge que: "1. Estarán comprendidos en el sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones contributivas, cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión, los españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio nacional y estén incluidos en alguno de los apartados siguientes: a) Trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en las condiciones establecidas por el artículo 1.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en las distintas ramas de la actividad económica o asimilados a ellos, bien sean eventuales, de temporada o fijos, aun de trabajo discontinuo, e incluidos los trabajadores a distancia, y con independencia, en todos los casos, del grupo profesional del trabajador, de la forma y cuantía de la remuneración que perciba y de la naturaleza común o especial de su relación laboral. (...)".
Por su parte, el artículo 12 del mismo TRLGSS precisa, en cuanto a los familiares del empresario, que: "1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 7.1, no tendrán la consideración de trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrario: el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo. 2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior y de conformidad con lo establecido por la disposición adicional décima de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, los trabajadores autónomos podrán contratar, como trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de treinta años, aunque convivan con ellos. En este caso, del ámbito de la acción protectora dispensada a los familiares contratados quedará excluida la cobertura por desempleo. Se otorgará el mismo tratamiento a los hijos que, aun siendo mayores de 30 años, tengan especiales dificultades para su inserción laboral. A estos efectos, se considerará que existen dichas especiales dificultades cuando el trabajador esté incluido en alguno de los grupos siguientes: a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento. b) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento".
Estas mismas reglas se encontraban, igualmente, previstas en el artículo 7.1 a) y 2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en vigor hasta el pasado 2 de enero de 2016.
De donde se deduce que la normativa sobre Seguridad Social también establece una presunción "iuris tantum", en virtud de la cual, en principio, se entiende que el cónyuge, y determinados parientes del empresario que convivan con él y estén a su cargo, no tienen la consideración de trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, por lo que, si así se acreditara, podría darse la existencia de relación laboral entre las partes (entre el empresario y sus familiares) y el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
No obstante, ante la posibilidad de que la Seguridad Social no admita la afiliación al Régimen General del cónyuge, de la pareja de hecho o de los hijos menores del empresario, rechazando por escrito las solicitudes que presenten al efecto, e incluyéndolos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, esta Dirección General entiende que, en estos casos, los contribuyente podrán deducir las retribuciones que abonen a los citados familiares, en la medida en que puedan probar que los mismos trabajan en su actividad en régimen de dependencia laboral (cuyas notas características son la voluntariedad, remuneración, ajenidad y dependencia), y, además, se cumplan las restantes condiciones exigidas para ello en el artículo 27.2 de la NFIRPF.
En correspondencia con esta calificación, las retribuciones obtenidas por el cónyuge, la pareja de hecho y los hijos menores del empresario, tendrán para ellos la consideración de rendimientos del trabajo, y estarán sometidas a retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (por aplicación de las reglas generales establecidas al efecto).
Correlativamente, las retribuciones abonadas al cónyuge, a la pareja de hecho, o a los hijos menores que no resulten deducibles para el pagador, según lo indicado en los párrafos anteriores, no tendrán la consideración de rendimientos sujetos a gravamen para los perceptores.
En el supuesto planteado, el consultante desarrolla una actividad económica en la que también trabaja habitualmente su esposa, la cual, se encuentra afiliada al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, en calidad de familiar colaborador. Según indica, en estas condiciones, la afiliación por parte de su cónyuge al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos tiene carácter obligatorio. Por este motivo, en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2014 consignó como gasto deducible las cuotas de la Seguridad Social de la esposa.
A este respecto, el contribuyente no precisa si la inclusión de su cónyuge en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos se produjo tras solicitar el alta en el Régimen General, y como consecuencia del rechazo por escrito de dicha solicitud por parte de la Seguridad Social, o no.
No obstante, de los datos aportados, parece desprenderse que, en el supuesto objeto de consulta, se solicitó directamente el alta de la esposa en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, como familiar colaborador (ya que no consta la existencia de ninguna denegación por escrito de la petición de alta en el Régimen General).
Adicionalmente, sea como fuere, de lo indicado en el escrito de consulta, también se deduce que no existe ninguna relación laboral entre el compareciente y su esposa, ni ningún contrato entre ambos mediante el que se regulen los términos en los que tiene lugar la prestación de servicios por parte de ésta en el ámbito de la actividad económica desarrollada por aquél.
Consecuentemente, siendo así las cosas, no resulta posible acreditar que el cónyuge trabaja habitualmente y con continuidad en la actividad económica que desarrolla el consultante, en el sentido de lo exigido en el artículo 27.2 de la NFIRPF, ya que no se cumplen las condiciones exigidas para ello en dicho precepto. Particularmente, no se cumple un requisito esencial, como es el relativo a la existencia de relación laboral entre las partes (que reúna las condiciones de voluntariedad, remuneración, ajenidad y dependencia, características de las relaciones de esta naturaleza). Además, tampoco se da la afiliación al Régimen General de la Seguridad Social, que es el que, en principio, corresponde a los trabajadores por cuenta ajena.
Teniendo en cuenta la falta de cumplimiento de estos requisitos, no cabe sino concluir que las retribuciones que, en su caso, pueda abonar el consultante a su cónyuge no resultarán deducibles de sus rendimientos de actividades económicas. Consecuentemente, dichos importes tampoco tendrán la consideración de rendimientos del trabajo para la esposa.
Como ya se ha indicado más arriba, con estas restricciones a la deducibilidad de las retribuciones abonadas, entre otros, al cónyuge del empresario o profesional, se persigue evitar la transferencia de rentas entre miembros de la misma unidad familiar, con objeto de evitar la progresividad del Impuesto, mediante la interposición de contratos ficticios o aparentes, carentes de un contenido real, o estipulando unas retribuciones altas que no guarden proporción con las prestaciones realizadas. La adecuación de estas medidas a la legalidad fue admitida por el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia 146/1994, de 12 de mayo de 1994.
No obstante, esta Dirección General entiende que la citada finalidad no justifica que se niegue la deducibilidad de las cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en el que obligatoriamente tienen que darse de alta determinados familiares del empresario (entre los que se encuentran los cónyuges) que trabajen habitualmente en su actividad, sin ostentar la condición de empleados por cuenta ajena conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, toda vez que, en estos casos, el alta en el citado Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es preceptiva según lo indicado en la normativa sobre Seguridad Social, con ella no se produce ningún riesgo relevante de transferencia de rentas entre los miembros de la unidad familiar, ni de desimposición, y, además, en el momento en el que los citados familiares cobren las prestaciones que les correspondan, deberán tributar íntegramente por ellas (artículo 18. a) 1) de la NFIRPF).
Así, en lo que respecta a la afiliación obligatoria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de los familiares del empresario que trabajen habitualmente en su actividad, además de lo indicado en el artículo 12.1 del TRLSS, arriba transcrito, el artículo 305 del mismo texto legal preceptúa que: "1. Estarán obligatoriamente incluidas en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos las personas físicas mayores de dieciocho años que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena, en los términos y condiciones que se determinen en esta ley y en sus normas de aplicación y desarrollo. 2. A los efectos de esta ley se declaran expresamente comprendidos en este régimen especial: (...) k) El cónyuge y los parientes del trabajador por cuenta propia o autónomo que, conforme a lo señalado en el artículo 12. 1 y en el apartado 1 de este artículo, realicen trabajos de forma habitual y no tengan la consideración de trabajadores por cuenta ajena. (...)".
En términos similares se manifiesta el artículo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
De modo que, en definitiva, esta Dirección General entiende que las restricciones establecidas en el artículo 27.2 de la NFIRPF (relativas a la deducibilidad de las contraprestaciones abonadas al cónyuge, a la pareja de hecho, o a los hijos menores del contribuyente) no deben resultar aplicables a las cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en el que obligatoriamente tengan que estar dados de alta los familiares del contribuyente que trabajen habitualmente en su actividad sin ostentar la condición de empleados por cuenta ajena.
Por último, cabe recordar que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 86.2 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria (NFGT), no tienen efectos vinculantes para la Administración tributaria las contestaciones a las consultas formuladas en el plazo al que se refiere el apartado 2 del artículo 85 de la NFGT, que planteen cuestiones relacionadas con el objeto o con la tramitación de un procedimiento, recurso o reclamación iniciado con anterioridad.
2) Con respecto a la segunda cuestión que plantea el consultante, relativa a la posibilidad de deducir las retribuciones que abone a su cónyuge, así como las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a la misma, en caso de que las citadas retribuciones no sean superiores a las de mercado para un puesto de trabajo similar, y de que las haga constar en los oportunos Modelos 110 y 190, de retenciones e ingresos a cuenta, de los datos aportados se deduce que, en este nuevo escenario, la esposa permanecerá afiliada al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, así como que seguirá sin existir relación laboral entre las partes.
Con lo que, en definitiva, continuarán sin cumplirse los requisitos exigidos en el artículo 27.2 de la NFIRPF para la deducción de las retribuciones abonadas a la esposa.
De modo que, en este caso, resultarán igualmente aplicables las conclusiones alcanzadas en el punto anterior de esta respuesta, incluidas las referidas a la deducibilidad de las cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la esposa, en caso de que trabaje habitualmente en la actividad del consultante.
Resolución Vinculante de DGT, V2619-19, 25-09-2019
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 25/09/2019 Núm. Resolución: V2619-19

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