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Timestamp: 2019-08-25 01:33:10+00:00

Document:
REGULACIÓN DE COBRO DE SERVICIO DE PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS
PUBLICIDAD OBLIGATORIA DE OPINIONES DISIDENTES DE CONSEJEROS DE INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
CREACIÓN DE MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. PROYECTO DE ACUERDO
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN Y GARCÍA-HUIDOBRO CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON EL OBJETO DE PROMOVER UNA DESCENTRALIZACIÓN EFECTIVA, PROPONIENDO EL REEMPLAZO DEL INTENDENTE POR UN GOBERNADOR REGIONAL ELEGIDO DIRECTAMENTE, Y DEL ACTUAL GOBERNADOR POR UN DELEGADO PRESIDENCIAL EN CADA PROVINCIA (10.443-06)
Sesión 81ª, en martes 15 de diciembre de 2015
(De 16:22 a 18:42)
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros en los requisitos para obtener la carta de nacionalización (9.455-06) (se aprueba en particular)............................................................................
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de regular el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos en los lugares que indica (aprobado en general y en particular)............................................................
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos para establecer la obligación de hacer públicas las opiniones disidentes de los consejeros (10.015-17) (se rechaza en general)..................................................................
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica las leyes N°s 19.496 y 19.628, para regular la protección de la vida privada en lo relativo al envío de publicidad (10.133-03) (se aprueba en general)...............................................................................
Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Von Baer y Van Rysselberghe; y señores Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma e Ignacio Walker, por el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y otras materias relativas a su implementación (S 1.840-12) (se aprueba)..........................................................................
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda , señor Rodrigo Valdés Pulido; Secretario General de la Presidencia , señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, y la Ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón González.
Las actas de las sesiones 78ª, especial, y 79ª, ordinaria, en 9 de diciembre de 2015; y, 80ª, extraordinaria, en 10 de diciembre de 2015, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que crea quince centros de formación técnica estatales (boletín Nº 9.766-04).
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia (boletín N° 9.950-03).
De Su Excelencia la Presidenta de la República , con el que solicita el acuerdo del Senado para designar en el cargo de Contralor General de la República al señor Jorge Bermúdez Soto (boletín N° S 1.843-05).
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que permite facilitar la infraestructura y equipamiento deportivo de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública a organizaciones deportivas y establecimientos educacionales (boletín N° 9.707-02).
Emite su parecer, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, acerca del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 211, de 1973, y otros cuerpos legales, en lo relativo al delito de colusión (boletín Nº 10.366-03).
Adjunta resolución dictada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo transitorio de la ley N° 20.971.
Envía resoluciones pronunciadas en el requerimiento de inconstitucionalidad de parte de las glosas que se indican, correspondientes al proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2016 (boletín N° 10.300-05).
Remite, en respuesta a solicitud de información enviada en nombre del Senador señor Chahuán, antecedentes relativos a un exfuncionario que prestó servicios en la planta del Servicio Exterior de ese Ministerio.
Responde inquietud, planteada en nombre del Senador señor Matta, acerca de la fiscalización que se realiza en las faenas agrícolas del país por incumplimiento de normas de protección para los trabajadores de ese sector.
Da respuesta a un acuerdo del Senado con el que se solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de una iniciativa legal para modificar la ley Nº 19.664, a fin de reconocer como funcionarios a todos los profesionales de la salud que inician la etapa de destinación y formación.
Contesta inquietud, planteada en nombre del Senador señor Navarro, acerca de la factibilidad técnica y financiera para instalar basureros especiales para chicles y cigarrillos en la vía pública, en todas las ciudades del país.
Atiende consulta, formulada por el Senador señor Matta, respecto de las políticas de reciclado de los desechos plásticos en los procesos productivos agropecuarios que tiene a su cargo esa Cartera.
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, sobre las instituciones que actualmente regulan la actividad de las empresas forestales en materia de contratos y condiciones laborales, planes de manejo e impacto ambiental.
Atiende preocupación, expresada en nombre de la Senadora señora Goic, referente a la posibilidad de postergar el aumento del valor de las entradas al Parque Nacional Torres del Paine.
Contesta solicitud de información, efectuada en nombre de la Senadora señora Von Baer, acerca del estado de avance del proyecto de reposición del estadio regional de Los Ríos.
Adjunta, en respuesta a solicitud de información enviada en nombre del Senador señor Navarro, copia de la resolución de la Contraloría Regional del Biobío, acerca de los viáticos cancelados a cinco consejeros regionales, por un viaje a Finlandia realizado en noviembre de 2014.
Expide, en soporte digital, información solicitada en nombre del Senador señor García, respecto de los resultados a nivel nacional de las tres últimas evaluaciones docentes.
Responde solicitud de información, enviada en nombre de la Senadora señora Von Baer, sobre financiamiento del proyecto denominado "Reposición Escuela José Arnoldo Bilbao Pfeiffer", en la Región de Los Lagos.
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor De Urresti, concerniente a la denuncia y procesos sancionatorios respecto de la eventual rotura de un ducto en proyecto portuario de la comuna de Corral.
Remite, en respuesta a solicitud de información enviada en nombre del Senador señor De Urresti, copia del acuerdo de colaboración suscrito por la institución a su cargo y el Consejo de Administración Forestal (FSC-Chile).
Envía información, requerida en nombre del Senador señor De Urresti, acerca de la tala ilegal de alerce realizada en el fundo El Campanario, en la comuna de La Unión.
De la señora Directora (S) del Servicio de Salud Atacama:
Atiende consulta, formulada en nombre del Senador señor Prokurica, acerca de las reparaciones efectuadas en el Hospital Regional de Copiapó, por los daños causados por el aluvión del mes de marzo.
Del Senador señor Chahuán, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental con el objeto de promover una descentralización efectiva, proponiendo el reemplazo del intendente por un gobernador regional elegido directamente, y del actual gobernador por un delegado presidencial en cada provincia (boletín Nº 10.443-06).
1.- Fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta las 12 del lunes 21 de diciembre del año en curso, en la Secretaría de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, respecto de los siguientes asuntos:
-Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito con el objeto de aumentar las sanciones por el no uso de dispositivos de seguridad para menores de edad en vehículos particulares (boletín N° 9.640-15).
-Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para imponer a los concesionarios la entrega de información a Carabineros de Chile y otros servicios de emergencia en los casos que indica y sancionar el uso indebido de llamadas a dichos servicios (boletín Nº 9.597-07).
2.- Postergar para el lunes 4 de enero de 2016, de 18:30 a 21, la sesión especial convocada para el jueves 17 de diciembre del año en curso, con la finalidad de "tratar la dramática situación que afecta a los campamentos de pobladores en nuestro país y las soluciones habitacionales que se contemplan para su erradicación o transformación de los mismos en conjuntos de viviendas, con mejor calidad de vida".
3.- Tratar en primer lugar de la sesión ordinaria de mañana miércoles 16 de diciembre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (boletín Nº 10.057-06).
4.- Analizar en el segundo lugar de la sesión ordinaria de mañana miércoles 16 de diciembre el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 20.365, que establece franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos; la Ley General de Servicios Eléctricos y la ley que crea la ENAP (boletín Nº 9.628-08).
5.- Autorizar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para sesionar simultáneamente con la Sala mañana miércoles 16, a fin de conocer el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República con el que solicita el acuerdo del Senado para designar en el cargo de Contralor General de la República al señor Jorge Bermúdez Soto (boletín N° S 1.843-05), informar mediante certificado e incorporar dicho nombramiento a la tabla en cuanto llegue el señalado documento.
6.- Autorizar a las Comisiones de Hacienda y de Educación para sesionar simultáneamente con la Sala la próxima semana, con el objeto de analizar el denominado proyecto de "ley corta" de educación, informarlo mediante certificados y facultar al Presidente del Senado para incorporarlo a la tabla de la sesión más próxima.
7.- Facultar al Presidente del Senado para incluir en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria del próximo martes 5 de enero el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia (boletín N° 9.790-05), siempre que estuviere informado por la Comisión de Hacienda.
Se comprende que estos dos últimos acuerdos se concretarán en la medida en que haya un proyecto de "ley corta" de educación superior y en la medida en que la Comisión de Hacienda alcance a despachar el lunes el relativo al fortalecimiento y transparencia de la democracia.
Por los plazos que tenemos, sería lo ideal, pero sabemos que hay muchos proyectos en esa Comisión.
Señor Presidente, en un momento determinado la Sala acordó que el proyecto relativo a la libre competencia, por razones de penalización a los delitos de colusión, pasara también a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Sin embargo, esta iniciativa está con urgencia calificada de "suma" y la Comisión de Economía recién la votaría en general la próxima semana.
Por tanto, sugerimos que la Sala la apruebe primero en general y luego pase a la Comisión técnica y a la de Constitución, para su discusión en particular. De esa manera se puede cumplir con los tiempos de tramitación previstos.
Señor Senador, la tramitación de ese proyecto fue acordada por los Comités.
Su Señoría propone que sea visto en general solamente por la Comisión de Economía y que después pase a la Comisión de Constitución para ser discutido en particular.
Señor Presidente, estoy absolutamente de acuerdo con lo solicitado.
La Comisión de Economía puso una celeridad enorme al tratamiento de este proyecto, lo que nos llevó a sesionar extraordinariamente los días lunes en la sede del Senado en Santiago.
Hemos tenido audiencias públicas con profesores, economistas y expertos en la materia. El Fiscal Nacional Económico ha concurrido permanentemente.
Por lo tanto, necesitamos despacharlo.
Señor Presidente , para entenderlo adecuadamente, no se está pidiendo que el proyecto no pase a la Comisión de Constitución, sino que lo haga después. Es decir, a todo evento pasaría a esa instancia.
El señor COLOMA.- Es importante aclararlo, porque el proyecto requiere ese trámite.
¿Habría acuerdo para proceder en la forma solicitada?
La Comisión de Constitución pide autorización para sesionar simultáneamente con la Sala a partir de las 17 horas, ya que debe estudiar lo relativo a la designación del nuevo Contralor.
En primer término, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros, en los requisitos para obtener la carta de nacionalización, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "simple".
En segundo trámite, sesión 73ª, en 10 de diciembre de 2014 (se da cuenta).
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 79ª, en 9 de diciembre de 2015.
Sesión 54ª, en 16 de septiembre de 2015 (se aprueba en general).
La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 16 de septiembre de 2015.
En seguida, informa que las tres indicaciones formuladas a la iniciativa fueron rechazadas, por lo que propone aprobarla en particular en los mismos términos en que fue aprobada en general.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, al que no se introdujeron modificaciones en el segundo informe.
Señor Presidente, a lo largo de nuestra historia se pueden constatar procesos de migración desde diversos países del mundo a Chile.
Es el caso de la migración italiana, entre 1880 y 1930, y de la árabe, entre 1885 y 1950.
También existen registros de migrantes británicos.
Por otro lado, está la migración judía.
La migración croata, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, se estableció en distintas regiones del país: en el Norte Grande, atraída por el salitre y el cobre; y en Magallanes.
A su vez, los colonos alemanes llegaron a Valdivia y Llanquihue entre 1850 y 1910, inicialmente, como parte de una política chilena de captación de inmigrantes con miras a impulsar el desarrollo económico de las distintas regiones.
No hay ninguna duda del aporte que los inmigrantes han hecho a Chile y a otros países de América.
Y, dada su estabilidad económica y política respecto de otros países de la región, Chile es percibido en la actualidad como un destino atractivo para muchos inmigrantes.
Según el Director del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), señor Miguel Jaksic , el número de inmigrantes en nuestro país llegaría a un millón en ocho años más.
En este mismo sentido, un informe de la Biblioteca del Congreso establece que la inmigración en Chile pasó de 184.464 personas el 2002, a 441.529 personas el 2014. Es decir, hay una variación de 239 por ciento.
El 82 por ciento de esa inmigración se distribuye entre 10 países: Perú (37,8 por ciento), Argentina (15 por ciento), Bolivia (7,7 por ciento), Ecuador (5,2 por ciento), Colombia (5,1 por ciento), España (2,9 por ciento), Brasil (2,7 por ciento), Estados Unidos (2,6 por ciento), China (1,7 por ciento) y Alemania (1,6 por ciento). Es decir, el 61 por ciento de esta inmigración corresponde a países fronterizos con Chile.
Este proyecto de ley tiene por objetivo rebajar de 21 a 18 años la edad para optar a la nacionalidad chilena y permitir la nacionalización de hijos de extranjeros mayores de 14 años autorizados por quienes estén a cargo de su cuidado personal, así como de los hijos menores de 18 años de padre o madre que Chile reconozca como refugiado desde el momento en que uno de ellos obtenga su carta de nacionalización, para evitar que queden como apátridas.
Señor Presidente, voy a votar a favor de esta iniciativa. Sin embargo, echo de menos algo que hemos planteado tanto a este Gobierno como a los dos anteriores, al Ministro de Defensa Nacional , al Ministro del Interior, en fin: la urgencia de que nuestro país cuente con una verdadera política de Estado en materia de inmigración.
La idea es no solo recibir al que quiera venir a Chile, sino llevar adelante una política más activa, de manera de captar a inmigrantes de otros países que estén orientados a nuestras necesidades: especialistas médicos, ingenieros en minas, geólogos, científicos u otros profesionales o técnicos.
Lo anterior, con la finalidad de que realicemos una política más activa -como decía recién- en materia de inmigración.
Este es un buen proyecto de ley. Sin embargo, si lo discutimos línea por línea, observaremos que, en verdad, hay una desregularización total, ya que lo que hoy día se hace es ver quién quiere venir a Chile. Llega gente buena, pero también gente no tan buena. Y no contamos con un filtro para poder ordenar el ingreso de personas al país.
En la actualidad tenemos serios problemas con microtraficantes, clonadores de tarjetas o carteristas que entran a nuestro país porque las policías no disponen de los mecanismos adecuados para evitar su ingreso.
Queremos que vengan inmigrantes, pero a aportar y no a incrementar los índices de delincuencia.
Hace unos días, ocurrió un hecho que me parece gravísimo: una banda narco pagó 600 mil pesos por el asesinato de un menor, en pleno centro de la población La Legua, en San Joaquín, lo que desnudó el primer crimen cometido por sicarios colombianos en Chile.
Eso debiera prender una luz roja a todas las autoridades chilenas para evitar que sigan ocurriendo hechos semejantes.
En Chile el sicariato no ha cundido, pero sí hay países en que es muy común.
Finalmente, quisiera decir que debiéramos imitar a naciones como Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, que tienen políticas activas en esta materia y que entregan beneficios a los inmigrantes en función de sus propios requerimientos, fomentando el ingreso de médicos especialistas, ingenieros y otros profesionales y técnicos difíciles de encontrar y necesarios para el país.
Hay varios inscritos y no sé si habría acuerdo para comenzar a votar y hacer un solo pronunciamiento.
¿Se vota la idea de legislar?
No, estamos en la discusión particular.
Lo que ocurre es que tengo una duda técnica.
Entonces, no se abrirá aún la votación.
Señor Presidente, en primer término, debo reconocer la iniciativa del Diputado Jaime Pilowsky a través de la cual hace un tiempo en el Senado le concedimos la nacionalidad por especial gracia a un joven deportista descendiente de madre japonesa, quien no podía competir por Chile a pesar de haber vivido toda su vida en nuestro país.
En esa oportunidad se tuvo que hacer una excepción, ya que tanto el Diputado Pilowsky como los otros parlamentarios que patrocinaron esa iniciativa se percataron de que además se daba el problema de que para el reconocimiento de la nacionalidad todavía existía la exigencia de tener al menos 21 años y el requisito de residencia continua. Como todos sabemos, en nuestro país la mayoría de edad se alcanza a los 18 años.
Lo segundo es que esta normativa tiene que estar enmarcada dentro de una evaluación, de un análisis del problema migratorio en todas sus dimensiones.
A propósito de la intervención del Senador Prokurica, me parece muy importante que Chile fije políticas de Estado en materia de migración. Sin duda, el desafío de las migraciones es, en la actualidad, un desafío a nivel global.
Estamos enfrentando crisis muy relevantes en zonas donde uno no se imaginaría, como el Medio Oriente, y además está toda la situación que se vive en Europa. La normativa del Parlamento Europeo complicó hace unos años tanto los flujos migratorios desde América Latina hacia Europa como después desde Europa -a propósito de la crisis- hacia América Latina.
En ese sentido, considero fundamental tener claridad conceptual en lo siguiente.
Hoy existe un marco regulatorio de derechos internacionales, de derechos de los migrantes, en virtud del cual, en primer término, no se puede criminalizar a ningún migrante, sea cual fuere su condición, por situación económica o social.
Los migrantes en situación irregular son millones en todo el mundo y a veces la gente los considera verdaderos delincuentes. En varios países las normas son extraordinariamente estrictas e incluso los detienen.
En la actualidad la migración es un fenómeno que ha variado en términos de su conformación. Ha crecido el número de mujeres que viajan con sus hijos o que lo hacen acompañadas de sus familias. Eso obliga a los países a contar con políticas que garanticen los derechos más esenciales: a la educación, al acceso a la salud y al trabajo y, lógicamente, a regularizar su situación.
Es cierto lo que se ha planteado acá en cuanto a que el desafío de un país como Chile es determinar el tipo de migración que le interesa promover, a los efectos de compatibilizarla con su proceso de desarrollo económico y social.
Tampoco podemos discriminar y actuar en la misma forma como lo han hecho algunos países europeos, entregando "tarjetas verdes" solo a migrantes calificados, sin cumplir una función social.
Como se ha indicado, normalmente las migraciones son, o económicas, o sociales, o de refugiados que huyen de sus países de origen por no tener garantizados sus derechos más elementales.
Entiendo que tanto este Gobierno como el anterior han trabajado en la implementación de una suerte de marco migratorio, de leyes migratorias que puedan garantizar estos derechos, de manera de contar con políticas públicas permanentes que garanticen el reconocimiento de los derechos individuales de los migrantes, cualquiera que sea su condición.
Este proyecto toca los temas más prácticos: cómo los hijos de extranjeros pueden obtener su residencia y de qué manera es posible lograr el reconocimiento de la calidad de refugiado.
Por estas razones, señor Presidente, nosotros lo vamos a respaldar.
Señor Presidente, a mi juicio, aquí nos encontramos con dos temas diferentes.
El primero es el que planteó, con razón, el Senador Prokurica y al cual también hizo referencia el Senador Pizarro respecto al sentido de la migración. Para mí, es un debate pendiente e importante de efectuar en una sociedad como la nuestra. Además, ahora es un problema planetario y sobre el cual considero necesario generar una discusión.
Una cosa distinta es esta iniciativa en sí misma, la que, en mi opinión, tiene una connotación diferente del asunto estrictamente migratorio.
Ella contiene tres ideas centrales que me parecen bien formuladas. Sin embargo, quiero hacer una precisión para los efectos del buen entendimiento de la normativa.
En primer término, se rebaja la edad mínima para obtener la nacionalidad chilena y se elimina, además, el requisito de la residencia continuada.
Se rebaja de 21 a 18 años la edad para solicitar la nacionalidad, lo cual se halla acorde con el resto de nuestra legislación y me parece correcto. Y lo otro, que no sé si sea tan relevante, es que los cinco años de residencia no sean necesariamente continuos, sino que también puedan ser discontinuos. Ello se enmarca en la lógica -se señala en el primer informe- de que hay personas que entran y salen por estudios, turismo, etcétera. Como digo, no tengo tan claro si esto es tan importante como lo anterior. A mi juicio, la rebaja a 18 años es más relevante, mientras que no estimo tan complejo que los cinco años no sean continuos.
Así que creo que esa primera parte del proyecto, con el comentario que estoy haciendo, se halla bien formulada.
La segunda idea es un poco más compleja y por eso deseo hacer una precisión. Se refiere al otorgamiento de la nacionalidad chilena a los hijos de extranjeros que hayan cumplido 14 años.
En la actualidad la norma exige 18 años. Y en este caso se genera una excepción que quiero entender en buena forma, tal como se lo planteé a algunos miembros de la Comisión de Constitución.
Consiste en que los menores de 18 años pero mayores de 14 puedan solicitar la nacionalidad chilena. Es una diferencia con la norma general, en virtud de la cual esto no se podría hacer. Pero la disposición contiene una frase que es muy importante que quede clara: "con la autorización de quienes estén a cargo de su cuidado personal".
¿Qué pretendo dejar despejado? Que "estar a cargo de su cuidado personal" no se refiere a una situación de hecho que pueda plantear alguien, sino a una situación de derecho que dice relación con la lógica moderna de tener la representación.
Me explicaban -y así lo entiendo- que en la ley de filiación se usó este nuevo concepto, por así decirlo. Pero considero bueno dejar explicitado que el menor de 18 años y mayor de 14 que manifieste su voluntad de nacionalizarse una vez cumplido el requisito de tiempo de permanencia deberá ser autorizado por quien antes se llamaba "representante legal" -dejémoslo planteado de este modo- y que hoy se conoce como "el que está a cargo del cuidado personal". De otra manera alguien simplemente podría decir: "Yo estoy a cargo de este joven de 15 años".
Con esto se da un paso -y ojo, porque aquí está el punto- que, dependiendo de la nación de origen, puede ser irreversible. En efecto, si bien en algunos países se entrega una especie de derecho especial al cumplir los 18 años, en otros no ocurre lo mismo, en términos de que si alguien ha renunciado a su nacionalidad de origen a los 15 años no puede recuperarla con posterioridad. Ello dependerá, como digo, del país del que provenga el interesado. Y por eso es importante dejar constancia de que quien deberá prestar la autorización es alguien con el que el menor tenga un vínculo legal de por medio y no solo una situación de hecho.
Y lo último -que al final es, quizás, lo más relevante y lo que tendrá más efectos prácticos- se relaciona con el tema de los refugiados, que ha sido abordado en otros proyectos que incluso fueron unidos a pesar de encontrarse en distintas etapas.
Se agrega un inciso que habla de los menores de 18 años cuyos padres tengan la calidad de refugiados reconocida por Chile. O sea, no se trata de cualquier menor hijo de un extranjero que se encuentre en nuestro país, sino de hijos de refugiados reconocidos por Chile.
Entiendo que la norma aborda una situación que ya se ha producido con personas a las que se les ha reconocido dicha calidad pero cuyos hijos menores de 18 años han quedado, en la práctica, como apátridas. Y como la idea es que obtengan la nacionalidad se genera una excepción por esta vía.
Por eso, señor Presidente, con estas explicaciones, especialmente en relación con el segundo punto, nosotros vamos a apoyar el proyecto, dejando las constancias respectivas para la historia fidedigna de la ley.
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que señala que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado, con la excepción que señala, al proyecto de ley que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado (boletín N° 10.043-04) y propone la nómina de Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse al efecto.
Con el que hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado (boletín N° 10.043-04).
¿Podríamos abrir la votación, con la constancia del Senador Coloma?
Señor Presidente, pido que no se abra todavía.
Entonces, no se abrirá.
Hay varios inscritos y vamos a ir en el orden correspondiente. En primer lugar, tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
Señor Presidente, he pedido la palabra porque creo que en este proyecto de ley existe una omisión de la que los juristas al parecer no se han percatado.
Quiero agregar, sí, que la iniciativa que estamos debatiendo tiene objetivos acotados que pueden facilitar la obtención de la carta de nacionalización en determinados casos.
Por una parte, se rebaja la edad para obtenerla, de 21 a 18 años, ajustándose, de esta manera, a la nueva mayoría de edad establecida desde hace varios años en nuestro país.
Pero también se abren nuevas opciones, en primer lugar para los hijos de extranjeros mayores de 14 años que tengan residencia por más de cinco años y cuenten con la autorización de su cuidador, quienes, sin esta normativa, deberían esperar hasta los 18 años.
Cuando examinamos este proyecto en la Comisión de Gobierno, este concitó un apoyo transversal. Sin embargo, en el debate particular no nos percatamos de la omisión en que incurre el proyecto en el N° 1 de su artículo único, a través del cual se modifica el artículo 2° del decreto supremo N° 5.142, que fija el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros.
En su letra a) se elimina la expresión "continuada", con lo cual ya no se exige una residencia continuada en el territorio de la República para acceder a la carta de nacionalidad, en línea con la realidad actual, en que hay mayor movilidad y las salidas ocasionales al extranjero no alteran la voluntad de residencia definitiva.
Sin embargo, no se derogó la norma del inciso tercero del mismo artículo 2°, que señala: "Corresponderá al Ministerio del Interior calificar, atendidas las circunstancias, si viajes accidentales al extranjero han interrumpido o no la residencia continuada a que se refiere el inciso precedente", que debe entenderse como una referencia al inciso primero.
Por lo tanto, solicito la unanimidad de la Sala para resolver este vacío, que podría provocar problemas de interpretación en el futuro.
Para ello, bastaría con aprobar una indicación para reemplazar la letra b) del N° 1 del artículo único, pasando la actual letra b) a ser c), y así sucesivamente.
Esta letra b) debiera ser del siguiente tenor: "Elimínase el inciso tercero".
Si la Sala lo tiene a bien, señor Presidente, podemos resolver el problema y asegurar, de este modo, que las nuevas disposiciones aprobadas, que valoramos, tengan plena aplicación.
No sé si todos entendieron lo que acaba de plantear el Senador Quinteros, quien tiene toda la razón.
Pido perdón por opinar desde acá, pero la verdad es que Su Señoría está en lo correcto.
Desde el momento en que la estadía de los cinco años deja de ser continuada, no tiene ningún sentido mantener la facultad del Ministerio del Interior para calificar si viajes accidentales al extranjero la han interrumpido o no, puesto que ya no importará si es continua o discontinua.
Primero hay que aprobar los cinco años.
Los cinco años ya figuran en la norma vigente, señor Senador.
Entonces, si se suprime la palabra "continuada", tiene toda la razón el Senador Quinteros.
Por eso, les sugiero realizar la votación sobre la base de incorporar la indicación que Su Señoría propone, consistente en eliminar el inciso tercero del artículo 2°.
¿Habría acuerdo para abrir la votación considerando la indicación del Senador Quinteros?
Por lo tanto, en votación particular el proyecto en los términos recién indicados.
Señor Presidente, el Senado debe estar consciente del camino que ha tomado.
Se está disponiendo que el período de cinco años podrá ser continuo o discontinuo. Debemos tener claro lo que hemos hecho y, en ese sentido, la lógica indica que hay que eliminar el inciso tercero.
En cuanto al proyecto en sí mismo, deseo formular dos comentarios.
El Senador Prokurica señaló algo a lo cual nosotros no queremos darle la importancia que tiene.
Yo siento que Chile carece hoy de una política de inmigración suficientemente clara, lo cual puede generar muchas dificultades en el futuro, como las que han vivido países sin una legislación clara al respecto.
Existen muchas zonas y lugares de nuestro territorio donde la inmigración de ciudadanos extranjeros ha generado problemas con un sector importante de la población. Y creo que negar esta realidad sería actuar exactamente en la forma en que lo han hecho las naciones que después no han sabido cómo resolverlos.
Chile es un país que se ha caracterizado por permitir el ingreso de extranjeros y por dar a estos todo tipo de facilidades, lo que me parece muy bien, pero ello debe tener una regulación, un límite.
Vayan ustedes a la ciudad de Antofagasta y hablen con los alcaldes de las distintas comunas, quienes les contarán el gravísimo problema que enfrentan con los extranjeros que han llegado a la zona.
No estoy emitiendo un juicio de valor, ni a favor ni en contra, sino solo expresando que debemos discutir y fijar políticas de Estado sobre la materia. Ayer me reuní con vecinos de Santiago que me describieron el conjunto de dificultades que se han producido con los extranjeros que residen en ciertos sectores de dicha comuna.
Entonces, ¿cómo vamos a encarar este problema? ¿Nos vamos a hacer los lesos, o vamos a regularla estableciendo normas que permitan una sana compatibilidad, un entendimiento, una forma de mirar en conjunto una situación que se está haciendo cada vez más recurrente? Como en Chile tendemos a reaccionar tarde, espero que esta vez no tengamos que hacerlo cuando se haya producido, seguramente, algún hecho del cual todos nos lamentemos.
En consecuencia, pido que se oficie en mi nombre al Ministerio de Relaciones Exteriores pidiéndole indicar cuál es la política de inmigración que existe y cuáles son los cambios y precisiones que estima conveniente efectuar para lograr la armonía que se debe producir en una materia de esta envergadura y que forma parte de la historia y la tradición chilenas.
Me tocó analizar el proyecto como Presidente de la Comisión de Gobierno y me parece que está superbién enfocado. Establece dos normas que son de toda justicia.
En ese sentido, felicito al Diputado Jaime Pilowsky , que fue quien siguió y estuvo encima del proyecto en el Senado y el que nos pidió ponerlo en tabla. Y, como los parlamentarios tendemos a tener muy poca participación en los proyectos de ley -aunque son nuestros, finalmente el Ejecutivo termina apoderándose de ellos, situación que hemos vivido en carne propia-, quiero destacar el rol cumplido por el Diputado Pilowsky , que no pertenece a mi sector político, pues fue él quien empujó esta iniciativa en la Comisión de Gobierno para sacarla adelante.
En definitiva, el proyecto contempla una norma que establece algo que tiene bastante sentido común: permitir que la carta de nacionalización a los hijos de padre o madre nacionalizados chilenos sea otorgada a quienes han cumplido 14 años de edad. No hay ninguna razón para limitarla solo a los mayores de 18. Sería absurdo, además, porque no estamos hablando de un acto que pueda celebrar un menor de edad por sí mismo. Quiero dejar constancia de esto.
Aquí vendrán una serie de iniciativas en el futuro a fin de otorgar ciertas atribuciones a los menores de 18 años; y, sobre todo tratándose de los más chicos, es bueno tomar resguardos y que la solicitud de nacionalización se haga con autorización y conocimiento de sus padres.
Por eso, en esta norma -que está en la página 3 del comparado- se señala que podrán pedir carta de nacionalización los hijos de extranjeros que hayan cumplido 14 años y que cuenten "con la autorización de quienes estén a cargo de su cuidado personal y hayan obtenido permiso de permanencia definitiva".
Esa es la autorización que se requiere. Y, a mi juicio, es un paso bien importante.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con este proyecto por las razones que otros señores Senadores ya han dado.
Asimismo, la iniciativa aborda el tema de los refugiados, que es algo que el país deberá saber aceptar.
En consecuencia, los Senadores de Renovación Nacional votaremos a favor.
Señor Presidente, el texto de este proyecto de ley quizás puede parecer corto y, por lo tanto, de poca discusión. Pero pienso que es tremendamente relevante, y así lo estimamos en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Es relevante, primero, porque hace una modificación que uno puede considerar increíble que todavía no se haya efectuado. ¡Pero es así! Se rebaja de 21 a 18 la edad para optar a la nacionalidad chilena.
Eso deriva de una incongruencia de nuestro ordenamiento institucional vigente: no se modificó expresamente el decreto que consagra las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros en el momento en que se determinó la mayoría de edad a los 18 años. De modo que se puede optar a la nacionalidad chilena a los 21 años cuando en Chile la mayoría de edad se alcanza a los 18.
Ahora se pone en concordancia que se pueda elegir la nacionalidad chilena a la misma edad en la que hoy las personas son mayores para el resto de los derechos.
Por otra parte, en la letra c) del artículo único del proyecto se señala algo que también me parece muy importante: "Los menores de 18 años, cuyo padre o madre tenga la calidad de refugiados reconocidos por Chile, podrán nacionalizarse chilenos desde el momento en que, al menos, uno de sus padres haya obtenido la carta de nacionalización".
Eso resulta primordial en momentos en que el tema de los refugiados es importante a nivel internacional, pero también cada vez más fuerte a nivel nacional. Porque estamos recibiendo familias de refugiados y es posible que sus hijos no tengan nacionalidad -o sea, que sean apátridas- y que no puedan ser chilenos sino hasta los 18 años. Es decir, seguirían siendo apátridas, a pesar de que sus padres ya hubieran accedido a la nacionalización.
En tal sentido, me parece que este proyecto de ley apunta en la dirección correcta para que esos niños puedan optar a la nacionalidad chilena. Y, con ello, se soluciona esta problemática en el caso de los refugiados.
Opino que con estos puntos se cubren dos realidades importantes, en especial cuando pensamos que nuestro país recibe cada vez más inmigrantes, y debemos hacernos cargo de esa situación.
Comparto lo manifestado por Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra en cuanto a que Chile todavía no tiene una política de inmigración a la altura que corresponde. Porque la realidad de la inmigración, en particular en el norte del territorio -y el Senador Prokurica la conoce mejor-, es sumamente compleja.
Por ejemplo, los campamentos nortinos -esto lo sabe también la Ministra de Vivienda , pues lo conversamos en su momento en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos- están integrados mayoritariamente por personas provenientes de otros países. Esto obedece a que Chile atrae cada día a más personas de otras naciones, y debemos hacer frente a esa realidad.
El tercer punto -según el orden del proyecto es el segundo- es el que a mí por lo menos me generó más dudas en la Comisión, y también lo señaló el Senador Coloma .
Se trata de que también podrán solicitar carta de nacionalización los hijos de extranjeros que hayan cumplido 14 años de edad y tengan más de cinco años de residencia en el territorio.
Es decir, no son menores que hayan accedido a la nacionalidad chilena, sino que mantienen la de sus padres. Esto significa que un niño de 14 años, cuyo padre y madre son extranjeros puede pedir cambiar su nacionalidad por la chilena.
Me parece complejo que esa decisión, que es muy importante, la tome un niño. Y quiero hacer un punto sobre esto, pues a los 14 años podrían no sopesarse bien las consecuencias de aquello.
En consecuencia, considero muy relevante lo que aquí se determina, en el sentido de que tal solicitud debe hacerse con la autorización de quienes están a cargo del cuidado personal del menor. O sea, que realmente no sea una decisión que tome el niño solo, sino también con las personas jurídicamente a cargo de él.
A mí me complicaba -ya se aclaró- que se pudiera perder algún derecho de la nacionalidad anterior...
Concluyó su tiempo, Senadora señora Von Baer.
¿Habría acuerdo para darle un minuto más?
Decía que podría haber un problema si a los 18 años ese joven se arrepintiera de la decisión que tomó a los 14. Entonces, ¿perdería algún derecho?
Creo que hay que hacerse esa pregunta. Y, por las conversaciones que hemos sostenido, entiendo que no es así, porque, en general, en los ordenamientos de otras naciones también a los 18 se debe optar por qué nacionalidad se quiere tener.
Entiendo que esta modificación se realiza por los niños que participan en deportes de alto rendimiento. Pero igual debe tomarse en consideración que quienes deben tomar esta decisión son menores.
Señor Presidente, de nuevo quiero relevar la importancia de los inmigrantes en la conformación de nuestro país.
Acá se recordó a españoles, alemanes, croatas, italianos, árabes, belgas, israelíes, chinos, coreanos y, por un asunto humanitario, a sirios, que han llegado al territorio nacional.
La verdad es que hay que analizar esta materia en profundidad. De hecho, en las intervenciones anteriores se ha resaltado que en Chile no existe una política de Estado al respecto, como sí la hubo en su minuto con los colonos europeos, lo cual quedó muy bien descrito en Recuerdos del pasado, de Vicente Pérez Rosales.
Esta iniciativa va en una línea humanitaria y correcta al bajar de 21 años a 18 el requisito para solicitar la nacionalidad chilena y al permitir que los hijos extranjeros que cumplan 14 años puedan optar a ella.
Me queda una duda en relación con la exigencia de renuncia a la nacionalidad anterior, como se halla establecida en la ley. Esta es una medida bastante dura para una persona que elige venirse a Chile y ser chileno, pero que no necesariamente tiene que renunciar a sus raíces, a su cultura y, en forma expresa, a su nacionalidad.
Pienso que en el trabajo sobre la doble nacionalidad se debe hacer un avance adicional.
Y, por carencia de esa política, Chile ha perdido enormes oportunidades.
Lo señalo sin ningún afán discriminador. Está el caso de Europa Central, donde después de la bajada de la Cortina de Hierro y de la caída del Muro de Berlín hubo un ansia natural por venir a países con culturas similares, pacíficos. Asimismo, tenemos el caso de Ucrania, que hasta el día de hoy es fuertemente violentada.
Desde luego, existen muchos extranjeros dispuestos a trasladarse a Chile.
Tuvimos la experiencia de los matrimonios serbio-croatas, que no eran aceptados ni en Serbia ni en Croacia. A un grupo de ellos se los trajo acá y se les dio un sueldo mínimo, unos cursitos de español, y con eso se pretendía que quedaran asimilados. ¡Eso no es para nada una política de inmigración!
En España, el 55 por ciento de los jóvenes no tienen trabajo, y, desde luego, es una opción venirse a países como el nuestro.
Ahora, yo entiendo que el Gobierno no pueda hacerse cargo de una política de inmigración, pues recibe presiones de todo tipo de los países que circunstancialmente necesitan nuestra ayuda, por distintos motivos (económicos, humanitarios, de colonización, etcétera). Pero, si se quiere hacer una política de Estado, creo, pienso y postulo que el Senado es un buen lugar para que, entre las Comisiones de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, se realice algo significativo.
¿Y por qué lo digo? Porque en el caso de la Patagonia tenemos una cantidad enorme de predios productivos, agrícolas, ganaderos -incluso algunos están mejorando con el cambio climático- que necesitan trabajadores. No obstante, permitimos que nuestra gente se vaya a buscar mejores horizontes a Estados Unidos, a través de programas como el Western Ranch, porque ni siquiera somos capaces de afirmar a los propios habitantes de esa zona con capacitación, con microemprendimientos efectivos, y de salirnos de esta cosa formal de dictar cursos y entregar tantos títulos y papeles que finalmente quedan colgados en una pared, porque, en el fondo, no sirven, no se utilizan.
Entonces, yo me permito resaltar, junto con apoyar y reconocer el trabajo del Diputado Pilowsky y de sus colegas que estuvieron en nuestra Comisión de Gobierno, el valor de esta iniciativa.
Sin embargo, postulo que lleguemos a un acuerdo, de manera que este tema sea tratado de forma prolongada en el tiempo en relación con nuestras reales posibilidades y, desde luego, partiendo con la caridad por casa, arreglando lo nuestro.
Señor Presidente, Honorable Sala, la aprobación de este proyecto de ley, originado en una moción de diversos Diputados, es de suma importancia, ya que tiene por objeto modificar un cuerpo legal muy antiguo, el decreto supremo N° 5.142, del Ministerio del Interior, del año 1960, referido a los requisitos establecidos para el otorgamiento de la nacionalidad, que a su vez contiene el texto refundido del decreto ley N° 747, del año 1925.
Por eso, en primer lugar, en virtud de las indicaciones introducidas, la iniciativa actualiza a 18 años la edad mínima para que los extranjeros puedan obtener la carta de nacionalización, que hasta ahora se mantiene en 21, la cual corresponde a la mayoría de edad que rigió hasta el año 1976. Y ello resulta del todo coherente.
Asimismo, en esta propuesta se permite que los hijos de extranjeros que hayan cumplido 14 años, que tengan 5 o más años de residencia en Chile y que cuenten con la autorización de quienes estén a su cargo y hayan obtenido permanencia definitiva, puedan solicitar la carta de nacionalización. Estimamos que esta modificación es plenamente procedente y necesaria.
Sin embargo, la reforma de suma relevancia que esta moción pretende introducir es permitir a los menores de 18 años, cuyos padres tengan la calidad de refugiados reconocidos por Chile, nacionalizarse desde el momento en que al menos uno de ellos haya obtenido la carta de nacionalización, sin necesidad de cumplir otro requisito.
En la actualidad existen en nuestro país alrededor de 2 mil refugiados, de distintas nacionalidades, que han obtenido la condición de tales al amparo de la ley N° 20.430, del año 2010, y su reglamento. Ambos cuerpos normativos contienen exigencias concretas y precisas para que los extranjeros amparados por nuestro país puedan obtener la calidad de refugiados. Además, en el Ministerio del Interior existe una Comisión de Reconocimiento de la condición de Refugiados, de carácter multisectorial, que incluye la asistencia técnica de un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
La acogida y la protección de los refugiados por nuestro país cobra singular importancia hoy, dada la dramática situación que se da en diversos países europeos, en los que diariamente ingresan, por diversos medios, miles de personas, especialmente de origen sirio, que huyen de los conflictos bélicos que azotan esa nación y que, en numerosos casos, dadas las precarias condiciones en que lo hacen, terminan con resultado de muerte y desintegración de familias, como lo hemos podido apreciar en las imágenes de hondo dramatismo que nos entregan los diversos medios de comunicación.
El mayor drama humanitario de este siglo es la existencia de 6 millones de personas desplazadas, 3 millones fuera del territorio sirio.
Por eso valoro la declaración de la Presidenta de la República en cuanto a que su Gobierno hará todos los esfuerzos para que nuestro país pueda recibir a muchas personas que conforman esta diáspora, a fin de otorgarles la calidad de refugiados y para que, una vez que cumplan los requisitos legales, adquieran la nacionalidad chilena, la que puede hacerse extensiva a sus hijos menores de edad con el objeto de que no queden en calidad de apátridas.
En tal virtud, estimo que este proyecto de ley, que se encuentra en segundo trámite constitucional, debe ser aprobado, a fin de permitir que los refugiados que residan en nuestro país puedan insertarse plenamente en nuestra comunidad, con los mismos derechos que asisten a todos los chilenos.
No puedo dejar pasar esta oportunidad para insistir en la urgente necesidad de que nuestro país cuente a la mayor brevedad con una ley de migrantes, dada la obsolescencia de la actual, que data del año 1975, aprobada en el decreto ley N° 1.094.
A este respecto, cabe precisar que el Presidente Sebastián Piñera ingresó a la Cámara de Diputados, en el mes de junio del año 2013, una completa iniciativa sobre esta importante materia (boletín N° 8.970-06), en la cual tuve la posibilidad de trabajar junto con la Iglesia católica y el Ministerio del Interior de aquel entonces, que fue calificada con urgencia "simple" durante su mandato, pero que, inexplicablemente, en este Gobierno no ha avanzado mayormente en su tramitación. Incluso, se ha anunciado que se enviaría un nuevo proyecto sobre el particular.
O sea, una vez más se aplica la retroexcavadora en materia legislativa.
Por eso, hago propicia esta ocasión para requerir al Gobierno que coloque la urgencia necesaria a la iniciativa en trámite, a fin de que se convierta en ley a la mayor brevedad, dada la importancia que reviste, considerando que en nuestro país actualmente hay más de 400 mil migrantes.
Señor Presidente, reitero mi voto favorable a este proyecto, con las acertadas modificaciones que se han introducido.
Quiero señalar que su texto es similar a uno que presentamos en el Senado. Pero, finalmente, tuvo mayor rapidez en su trámite legislativo la impulsada por el Diputado Chahín .
Sin perjuicio de ello, quiero insistir en que esto es urgente y necesario. Además, es un compromiso presidencial. La Primera Mandataria, al momento de otorgar la nacionalidad chilena a los refugiados palestinos que se encontraban en Iraq, cuyos hijos venían en condición de apátridas, acordó posibilitar un trámite que permitiera a estos jóvenes palestinos obtener rápidamente la nacionalidad chilena.
Es así, señor Presidente, que esos jóvenes nos llaman todos los días por teléfono para saber cuándo van a ser ciudadanos chilenos.
Señor Presidente, ciertamente voy a concurrir con mi voto favorable a la aprobación de este proyecto de ley.
El tema de la migración no es ajeno a Chile. El Senador Horvath -que lo sintetizó muy bien- se refirió a las distintas nacionalidades que hoy forman parte de nuestra historia común.
Sin embargo, el tratamiento a la migración no está sistematizado orgánicamente en ningún cuerpo legal. Hay instituciones que se hacen cargo, que tienen opinión acerca de determinados aspectos, pero no hay una mirada oficial sobre qué hacer ante ella.
Los países tienen migraciones por diversas razones.
En los siglos XVIII, XIX, XX, hubo distintos criterios en nuestro país. Uno fue -si usted quiere- asegurar nuestras fronteras internas en materia de colonización, respecto a lo cual se hicieron esfuerzos y se aplicaron estímulos con el objeto de que ciertos inmigrantes vinieran y poblaran el sur de Chile. Así, se establecieron subsidios; se asignaron terrenos al lado de la línea del tren, la primera faja, la segunda faja, la tercera faja de tierra.
También, a veces hubo razones para complementar un déficit de recursos humanos. Y existieron migraciones que obedecieron a hechos y a políticas de Estado.
Hay países que reciben a extranjeros con fines humanitarios, como describió recién el Senador Chahuán, aludiendo a los refugiados palestinos y a la necesidad de darles nacionalidad a sus hijos.
Existen realidades que se suman a esto, que son las de los países vecinos o no tan vecinos, que, debido a dificultades económicas o políticas, pero sobre todo económicas, deciden emigrar y probar suerte en otros países, entre los cuales Chile, producto de sus condiciones, su estabilidad, etcétera, resulta ser un campo fértil y atractivo.
Ahora bien, hay otros criterios de política exterior. Le pongo un ejemplo que creo muy gráfico.
Existen países como Singapur, que han hecho de la migración una política exterior. Es una nación pequeña (cinco millones de habitantes), rodeada de cierta inestabilidad en la región. Por lo mismo, sus autoridades sostienen que invitar a extranjeros a vivir al país y becar a algunos les da la posibilidad de que parte de ellos permanezcan en el territorio, con lo cual ganan un profesional. Otros becados volverán a sus lugares de origen a trabajar en el sector privado, con lo cual ganarán un amigo. Además, aquellos que retornen a su nación luego de ser estudiantes becados tendrán una mirada de Singapur distinta de la que tendrían si nunca hubiesen salido de Malasia, Tailandia, Corea, etcétera, con lo cual se produce cierto roce internacional.
En consecuencia, la migración -en especial, el atraer a extranjeros- cumple distintas funciones.
Dicho lo anterior, reitero que en Chile no contamos con una normativa orgánica sobre el particular, pese a que hoy, crecientemente, nuestro país se ve envuelto en un tipo de migración distinta, ya sea aquella que consta de refugiados políticos, en muy menor medida, o la conformada por inmigrantes económicos -por así decirlo-, quienes buscan una mejor oportunidad de vida trabajando acá. Estos envían recursos a sus familias en su nación de origen, pero a veces, incluso, se vienen con ellas.
Sin embargo, adoptamos todavía un criterio muy rústico para definir a quiénes les damos residencia. El propósito de este proyecto es mejorar el mecanismo para darles nacionalidad a algunos de esos extranjeros.
Quiero hacer, sí, un reparo.
La ley establece como requisito para la concesión de la carta de nacionalización "que el extranjero renuncie a su nacionalidad de origen, o a cualquier otra adquirida o que pudiere corresponderle".
Debo recordar que algunos países no permiten la renuncia a la nacionalidad. Entiendo que Estados Unidos es uno de ellos. En consecuencia, con ese criterio un norteamericano no podría nacionalizarse chileno, pues la legislación de dicha nación le impide tal renuncia. Las autoridades estadounidenses le dirán que ello es improcedente.
Me parece que normas similares también se aplican en otros países, como Argentina.
Por último, considero muy atinado y correcto que menores de edad puedan regularizar su situación de nacionalidad, con la autorización del adulto que esté a cargo de su cuidado personal. Desde este punto de vista, es importante la disposición que permite solicitar carta de nacionalización a los hijos de extranjeros que hayan cumplido 14 años.
También lo es la norma que favorece a los menores de 18 años cuyo padre o madre es refugiado. Ellos podrán adoptar la nacionalidad chilena, sin realizar mayores trámites, desde el momento en que uno de sus padres obtenga la carta de nacionalización.
Para concluir, deseo reiterar un concepto: exigir la renuncia a la nacionalidad puede convertirse en un elemento ficticio. El extranjero puede formalizar esa renuncia en nuestro país, pero no sé si el procedimiento establece que el interesado debe demostrar tal hecho. ¿Se le va a pedir un certificado de la nación de origen que diga: "Le aceptamos la renuncia a la nacionalidad", o bastará con la palabra del inmigrante? En este último caso, en realidad no le estamos pidiendo mucho.
Señor Presidente, adhiero a todo lo que han manifestado diversos señores Senadores sobre la necesidad de contar con una política de inmigración. Eso es fundamental.
El economista John Galbraith, en uno de sus libros, sostiene que dos elementos son esenciales para impulsar el desarrollo de los países: la educación y la immigración.
El inmigrante es alguien que hace un esfuerzo de tal naturaleza que provoca un mayor potencial de desarrollo en las actividades que desempeña.
Y eso lo vemos en la realidad.
Chile experimenta una inmigración bastante fuerte desde las naciones vecinas, principalmente desde Perú. También se ha registrado una inmigración de profesionales en el último tiempo desde Ecuador , Venezuela , Argentina e, incluso, Colombia. Además, con motivo de la crisis económica en Europa, hubo una notoria migración de profesionales a Chile desde España, lo cual ha sido positivo.
En muchas partes de nuestro país uno ve la fuerte presencia de profesionales extranjeros, sobre todo del ámbito médico.
Por lo tanto, una nación que quiere desarrollarse debe contar con una política de inmigración.
Chile ha tenido en su historia varios momentos de inmigración: la alemana; la italiana; la española, a raíz de la Guerra Civil; etcétera.
Sin embargo, carecemos de una política estructurada y organizada sobre el particular.
Por otra parte, en materia de aplicación de la Ley de Extranjería, quiero destacar -me parece bastante positiva- la modalidad para otorgar visas de residencia y de trabajo a las personas que llegan a Chile, sobre todo desde los países vecinos.
Si uno entra a la página web del Departamento de Extranjería, notará que es posible seguir el trámite completo (hasta cuando la persona obtiene la documentación respectiva). El procedimiento es bastante eficiente.
Deseo destacarlo, porque se trata de un servicio muy valorado por el extranjero, no por el que está buscando la nacionalidad -esa es la última fase-, sino por aquel que necesita permiso de residencia, visa de trabajo, etcétera, documentos que para ellos son muy importantes.
Ahora bien, el proyecto de ley en análisis no regula la inmigración. Se vincula con esta indirectamente. La última etapa que busca cumplir un extranjero que se ha radicado en nuestro país es acceder a la nacionalidad chilena, para lo cual debe renunciar a la propia, de acuerdo con la norma constitucional.
Para que esa persona tome tal decisión, se le exige cierta mayoría de edad. Hace algún tiempo era a los 21 años; hoy es a los 18.
Como se dijo muy bien en la Sala, esta iniciativa fue impulsada y llevada adelante -quiero darle mi reconocimiento- por el Diputado Jaime Pilowsky , quien fue uno de los autores del texto sobre el cual hoy estamos pronunciándonos. Incluso participó en el análisis de la Comisión de Gobierno del Senado.
Se propone, primero, fijar la edad en 18 años -algo de toda naturalidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico- para que el interesado decida solicitar la nacionalidad chilena.
Pero, además, se les permite acceder a la nacionalidad chilena a los hijos de extranjeros que hayan cumplido 14 años, siempre que tengan más de cinco años de residencia y cuenten con la autorización de quienes están a cargo de su cuidado personal.
Por último, se contempla un caso especial: que los menores de 18 años cuyo padre o madre sea refugiado y haya logrado la carta de nacionalización -es lógico- podrán nacionalizarse, sin cumplir otros requisitos y siempre contando con su voluntad.
Insisto -y concuerdo con los demás Senadores al respecto- en que sería positivo implementar una política sobre inmigración. Lo relativo a la concesión de la nacionalidad es diferente; constituye solo una etapa final. La inmigración -el hecho de que los extranjeros lleguen a Chile; logren visa de residencia, y tengan las facilidades para desempeñarse bien en las labores que realizan- muchas veces enriquece la actividad del país en su conjunto.
Por esas razones, voto positivamente y hago un llamado para que en un próximo tiempo ojalá podamos debatir y analizar un proyecto sobre inmigración en Chile, que aborde tal fenómeno en forma permanente y con visión de futuro.
Señor Presidente, votaré a favor de esta iniciativa en particular, pues creo que sus normas son bastante focalizadas, puntuales y parciales, y tratan acerca de un asunto en el cual Chile se encuentra muy atrasado.
Me parecen muy bien la ampliación de las edades para obtener la nacionalidad chilena y la posibilidad de que la consigan también los hijos de extranjeros que hayan cumplido 14 años, bajo determinadas condiciones.
Se ha constatado que en la actualidad hay muchos niños apátridas. En efecto, se da la situación de hijos de extranjeros nacidos en el país que, para adquirir la nacionalidad, requieren cumplir una serie de trámites luego de un período no menor. Incluso, algunos extranjeros han escrito libros para expresar su preocupación ante las dificultades que ello significa.
Recientemente me tocó asistir a un seminario internacional sobre inmigración en Chile, organizado por los jesuitas y por una serie de entidades cuya existencia desconocía. Yo fui porque nuestro Presidente no pudo acudir. Me pidieron los organizadores que participara en una mesa de debate acerca de la materia.
En verdad, yo no conocía mayormente el asunto, y tuve que escarbar y leer para hacer un planteamiento. No sabía que íbamos a tratar este proyecto ahora, por lo que no traje esos antecedentes.
De ese seminario, en que estuve en una mesa con argentinos, uruguayos y paraguayos, me quedó claro que necesitamos una política y una ley de migración. Estamos muy atrasados al respecto.
Los argentinos están mucho más allá que nosotros; los uruguayos y los paraguayos también. Tenemos harto que aprender de ellos, toda vez que esas naciones han avanzado; han probado fórmulas. Algunas han resultado y otras no.
Es importante consignar que en este momento en nuestro país tenemos 500 mil extranjeros -¡500 mil!-, principalmente peruanos, bolivianos y colombianos, que son los predominantes.
No estoy seguro de si el dato es con papeles o sin ellos.
La reacción de los chilenos en estos momentos es que los extranjeros pueden quitarles el trabajo y, en la medida que se produzcan problemas de empleo, esa sensación va a ser mayor.
Y también tenemos choques culturales en los barrios, debido a las diferencias de hábitos.
Dije que hay 500 mil extranjeros en Chile.
Pero ¿cuántos chilenos viven en este momento en otros países? La estimación que entrega el programa de migraciones del Ministerio del Interior es de 850 mil. ¡Son 850 mil los compatriotas que han emigrado!
Y ello también representa problemas para la política de migración: ¿qué hacer para que algunos de los chilenos que están en el extranjero regresen a nuestro país?; ¿qué convenios interesa establecer con las naciones en que ellos residen?; etcétera.
La migración de que se habla en este debate, antes que nada -tal como han sostenido aquí varios parlamentarios-, es un derecho, sobre todo en el mundo moderno, donde hay flujos entre los países y movimientos de personas por razones muy diversas.
Ser refugiado es solo uno de esos factores. Cabe recordar que experimentamos una fuerte inmigración desde Colombia en determinado momento, producto de la guerrilla que afectaba a esa nación. Pero esa situación fue bien acotada.
Es muy importante contar con una política de migración que entienda que hay derechos involucrados. Me refiero, como recién me manifestó el Senador Prokurica, al derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la expresión e identidad cultural.
Debemos respetar a los extranjeros en Chile y procurar que se respete en la misma medida a los chilenos en el exterior. En realidad, este fenómeno se da a nivel mundial, en un planeta cada día más globalizado y desarrollado.
Quiero rescatar algo que varios parlamentarios mencionaron acá y que también lo señaló recientemente el economista Ricardo Hausmann en su visita a Chile, referido a la importancia de estimular la venida de extranjeros en determinados rubros o con ciertas profesiones o conocimientos.
¿Qué planteó Hausmann? Que Chile estaba preparado para algo y, de repente, le cambió el escenario. Ante ello, el país debe tomar opciones, pero no cuenta con gente formada profesionalmente al efecto.
¿Qué hacer? ¿Preparar a personas? Sí. ¿Y basta con eso? Aún no.
Por ahora, va a tener que traer profesionales de afuera a fin de enfrentar la nueva realidad de la economía. Como no alcanza a preparar a los que necesita, deberá contratarlos en el exterior.
Hoy en la mañana aprobamos la iniciativa que amplía el giro de la ENAP. A partir de ello, dicha compañía podrá asociarse con una empresa extranjera en la obtención de energía solar. Para aprovechar esa instancia habrá que traer profesionales extranjeros, quienes nos permitirán avanzar mucho más rápido y, a su vez, podrán formar a la gente de nuestro país para que aprenda a desarrollar esa tecnología y a utilizar los instrumentos necesarios en ese ámbito.
Le doy un minuto adicional para redondear su idea.
En el fondo, la migración es parte de una política de desarrollo para Chile, tal como ha sido históricamente.
Por último, señor Presidente , hago presente que necesitamos efectuar una discusión en serio sobre esta materia. Quizás esto debería ser abordado por una comisión especial, en marzo o en otro momento. El Senado debiera ponerse a la cabeza de ese debate. Se trata de un problema internacional y nacional en cuya solución nosotros debemos participar.
Recién lo dijo el Senador Chahuán: hay que tener muy presente lo que ocurre en Europa, en especial en Francia. Si no enfrentamos la situación en forma oportuna, se nos puede transformar en una dificultad tremenda. Hagámonos cargo de ello a tiempo; que sea una oportunidad para nuestro desarrollo.
Valoro mucho el proyecto que nos ocupa, aunque sea muy puntual, porque avanza en la dirección correcta. Pero todavía estamos muy atrasados como país en este ámbito.
Señor Presidente, el asunto que aborda esta iniciativa es de enorme importancia para la Región de Antofagasta, que el año pasado concedió más de 25 mil visas a extranjeros.
Históricamente, gran cantidad de bolivianos y peruanos reside en la zona norte de Chile. Y en los últimos cinco o seis años, también han llegado ciudadanos colombianos. Según datos proporcionados por el INE, en Antofagasta viven aproximadamente 57 mil inmigrantes, sin contar las migraciones internas, que son aún más masivas.
Antofagasta es la segunda región de Chile que presenta mayor número de solicitudes de refugio para inmigrantes, fundamentalmente por razones de ausencia de paz en sus países de origen.
Además, se observa una deficiencia: los procesos migratorios no van acompañados de políticas públicas para acoger a los extranjeros con la dignidad que corresponde. De hecho, somos la Región que recibe menos aportes del Estado per cápita para proyectos de salud; es decir, menos inversión por ciudadano.
Junto con la Diputada Paulina Núñez, estamos trabajando, a la par con el Departamento de Extranjería, en un proyecto de ley sobre migración, pues el tema afecta muy fuertemente a nuestra Región.
La iniciativa que estamos votando es pertinente, primero, porque Chile ha hecho, en una economía globalizada, una opción de apertura al mundo, lo cual significa desplazamientos y movimientos de población que va y viene.
Muchos chilenos emigran. Nuestro país aún presenta una relación de dos a uno entre los compatriotas que se van a vivir al exterior (a trabajar o a estudiar) y los extranjeros que llegan a Chile.
Asimismo, dado el criterio de reciprocidad al trato, cabe señalar que estamos al debe, fundamentalmente, respecto de los extranjeros de países vecinos.
Por tal razón, existe una obligación práctica y también moral de perfeccionar la legislación para que sea más recíproca y equilibrada con relación al trato que se da a los extranjeros en comparación con el que se brinda a los chilenos en nuestra región.
Por otra parte, comparto lo señalado por el Senador Lagos Weber: no se puede exigir la obligación de renunciar a la nacionalidad de origen. De hecho, mis tres hijos poseen dos nacionalidades, y en el otro país -en este caso, España- no les impusieron el requisito de renunciar a la chilena. Incluso, hipotéticamente, también podrían nacionalizarse ecuatorianos. Y pasaría lo mismo. En teoría, sería factible que tuvieran tres nacionalidades.
A mi juicio, debemos ajustar nuestra legislación a criterios y convenios internacionales que Chile ha firmado. No podemos suscribir tratados y después no hacernos cargo de sus consecuencias.
Además, parece de toda lógica que puedan acceder a la nacionalidad chilena los hijos de extranjeros mayores de 14 años que tengan más de cinco años de residencia en el territorio nacional y cuenten con la autorización de quien esté a cargo de su cuidado personal. Si en nuestro país, por ejemplo, un adolescente mayor de 14 años y menor de 18 es responsable penalmente de sus acciones, con mayor razón a aquellos se los puede considerar capaces de elegir su nacionalidad, siempre autorizados por el adulto a su cuidado.
En cuanto a los hijos de refugiados, si cualquiera de los padres obtiene la nacionalidad chilena, parece absolutamente lógico y humanamente correcto permitir que sus hijos tengan la misma nacionalidad, independiente de su edad.
En consecuencia, me parece que esta iniciativa representa un avance dentro del contexto de una política migratoria.
Esperamos en un futuro próximo presentar el proyecto de ley sobre migración, que estamos trabajando con el Gobierno.
El Honorable señor Coloma ha pedido la palabra para hacer una precisión, que la Mesa comparte.
Pido que se haga llegar al Ejecutivo la enmienda propuesta por el Senador señor Quinteros.
En mi opinión, es acertado lo que planteó la Secretaría de la Comisión y la Comisión misma en cuanto a eliminar cierta facultad del Ministerio del Interior. Pero, para ser franco, pienso que ello es una materia de iniciativa exclusiva del Gobierno.
Estamos derogando un inciso respecto del cual la titularidad de la acción corresponde al Ejecutivo , no a nosotros.
Ese es el problema que se presenta a veces cuando se hace trabajo de Comisión en la Sala.
Pero esto ya está resuelto. Se votó en esos términos.
Ante ello, sugiero, como el proyecto debe ir a tercer trámite constitucional a la Cámara de Diputados, que se haga ver esta cuestión al Gobierno, para que patrocine tal modificación. Así evitaremos cierto problema de constitucionalidad.
Si ustedes revisan lo propuesto, se darán cuenta de que se trata de una facultad exclusiva del Ejecutivo. Eso parece claro. Entonces, para la referida derogación, se requiere ese patrocinio, lo que se podría solicitar en el trámite siguiente.
Si le parece a la Sala, podemos enviar un oficio a la Presidenta de la República para pedirle su patrocinio, con el objeto de que, en el tercer trámite constitucional, se haga efectiva esta solicitud.
Se enviará el oficio, con el acuerdo unánime de la Sala.
--Se aprueba el proyecto en particular (29 votos a favor), incluida la supresión del inciso tercero del artículo 2° del decreto supremo N° 5.142, con la prevención acordada por la Sala, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Araya, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores con el objeto de regular el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos en los lugares que indica, con informe de las Comisiones de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas.
El principal objetivo de la iniciativa es regular el cobro por servicios de estacionamientos en determinados casos.
Las Comisiones unidas de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones discutieron el proyecto en general y en particular en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 7 de julio de 2015. Aprobaron la idea de legislar por la mayoría de sus miembros presentes, con los votos favorables de los Senadores señores Girardi, Ossandón (como miembro de ambas Comisiones), Pizarro (como integrante de ambas instancias) y Tuma y el voto en contra de la Senadora señora Lily Pérez.
En cuanto a la discusión en particular, las Comisiones unidas realizaron diversas enmiendas, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 141 a 143 del informe correspondiente y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Señor Presidente, este proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional, luego de ser aprobado por la Cámara de Diputados. La Sala del Senado estimó conveniente, a solicitud de las Comisiones de Economía y de Transportes, que ambas instancias funcionaran unidas, para llevar adelante un debate amplio y economizar tiempo.
Los órganos especializados acordaron establecer una metodología de trabajo para los técnicos, profesionales y asesores tanto de los parlamentarios de las respectivas Comisiones como del Ejecutivo.
La labor de las Comisiones unidas de Economía y de Transportes se desarrolló en seis sesiones, en las que se recibieron a 21 expositores. Dentro de ellos, contamos con la importante colaboración de las asociaciones de consumidores, de los gremios, de los académicos, de las ONG y de profesores de Derecho Constitucional. Asimismo, se conformó una mesa de trabajo en la que participaron los asesores de los parlamentarios de las Comisiones unidas y los de los Ministerios, como he señalado.
Cabe destacar que se contó asimismo con la presencia de don Jorge Correa Sutil, en su calidad de abogado constitucionalista, y de don Francisco Zúñiga, quienes realizaron observaciones de vicios de inconstitucionalidad respecto del establecimiento de la gratuidad por el servicio de dos horas contemplada en este proyecto sobre estacionamientos.
Entre otros antecedentes, el 80 por ciento de las denuncias interpuestas ante el SERNAC dicen relación con robo, daños de vehículos y cobros abusivos por redondeos por minutos en los tiempos de estacionamiento.
El informe de las Comisiones unidas deja constancia de la aprobación de las indicaciones por mayoría.
La indicación número 1 define el sujeto obligado y circunscribe la norma a los proveedores de servicios de estacionamientos por períodos de tiempo indefinido, de acceso al público general, accesorios al giro comercial o que constituyan el giro principal. Es decir, los incorporamos a todos.
A su vez, se establece un sistema de cobro por períodos inferiores a 24 horas y se permiten las siguientes modalidades.
En primer término, el cobro por minuto efectivo de uso del servicio, quedando prohibido el cargo por períodos, rangos o tramos de tiempo.
En segundo lugar, el cobro por tramo de tiempo vencido, no pudiendo establecerse un período inicial inferior a media hora (con esto estamos diciendo que la media hora no se cobrará sino que a partir del minuto 31). Los siguientes tramos no podrán ser inferiores a 10 minutos cada uno. Asimismo, se prohíbe redondear o aproximar la cifra al alza.
Expresamente se establece también la posibilidad de mantener gratuidad o servicios sin cobros, según las políticas de cada proveedor.
A la vez, se prohíben las multas por pérdida de ticket. A tal efecto, los proveedores deberán consultar sus registros para determinar el tiempo efectivo de uso del servicio.
Por otra parte, se dispone que el proveedor siempre será civilmente responsable por los perjuicios causados al consumidor con ocasión de la falta de seguridad. Se establece legalmente que la declaración del proveedor en orden a eximir o a limitar la responsabilidad por hurtos, robos o daños ocurridos por la prestación del servicio no producirá efecto alguno y se considerará como inexistente.
En los servicios de salud de emergencia o urgencia se garantiza la gratuidad del servicio de estacionamientos, toda vez que prevalece el derecho al acceso a la salud como bien superior.
La iniciativa también aplica las reglas de cobro efectivo por los servicios a los concesionarios en la vía pública. No obstante, a través de las disposiciones transitorias se exime de esta regla a los contratos de concesión firmados con anterioridad a la vigencia de la ley en proyecto.
Estas son las principales conclusiones y normas aprobadas en las Comisiones unidas, las cuales ponemos a disposición de la Sala.
Señor Presidente, en verdad, este proyecto de ley fue radicalmente modificado respecto de como venía desde la Cámara de Diputados. Cuando recién ingresó al Senado, la iniciativa tenía buenas intenciones, pero claramente afectaba de manera abusiva a quienes habían invertido en el legítimo negocio de ofrecer estacionamientos para los automovilistas.
Sin embargo, en las Comisiones unidas de Economía y de Transportes se pensó en el fin más importante, que es beneficiar a los consumidores del servicio, pero regulando -y esto hay que decirlo claramente- de manera proporcionada la actividad de que se trata, para no afectar el libre mercado ni incurrir en una ley que pudiese ser prácticamente expropiatoria para quienes han invertido en un negocio legítimo.
Yo siempre estaré de acuerdo con proteger los derechos de los consumidores. Pero eso no puede hacerse cometiendo una injusticia con otros. Si el Estado invirtiese sus propios recursos para prestar un servicio en la comunidad, es de esperar, entonces, que sea gratuito, pues las respectivas inversiones se habrán realizado con los dineros de todos. Pero cuando un privado ha invertido con miras a obtener una rentabilidad, no se le puede exigir que renuncie a su legítima ganancia en pos de la sociedad. Sin embargo, lo anterior no significa tampoco que un negocio pueda convertirse en un abuso.
No obstante, en la prestación de un servicio elemental para ejercer el derecho a la libertad de desplazamiento estimo legítimo regular la modalidad de cobros, más aún cuando hemos conocido ciertos abusos por parte del sistema.
En efecto, nadie pretende con el proyecto en análisis que los inversionistas y administradores de estacionamientos tengan que subsidiar al resto de los ciudadanos para que puedan aparcar en forma gratuita en la ciudad. Pero lo que se busca aquí es corregir el hecho de que los dueños de estacionamientos puedan cobrar por servicios no prestados, tal como ocurre cuando se aplica por períodos completos de tiempo, a pesar de que se haya estado tan solo una fracción de él.
De alguna manera, el proyecto viene a subsanar todos los vacíos existentes.
Asimismo, la iniciativa ratifica un principio que ya se está aplicando por los tribunales de justicia, en función de las normas de protección al consumidor, en cuanto a que los dueños de estacionamientos no ubicados en la vía pública tengan que responder por los robos que se cometan en los vehículos dejados en sus recintos. Es decir, que deban asumir una responsabilidad real y jurídica con los consumidores.
De esta manera, señor Presidente, creo que el proyecto no atenta contra el libre mercado, pero sí refuerza los derechos de los usuarios de los estacionamientos con parquímetro.
El Congreso Nacional y el Senado en particular se encuentran desde hace bastante tiempo desarrollando una importante labor legislativa orientada a la protección de los consumidores. Y eso se refleja en los distintos proyectos de ley y también en el fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor.
Hoy día, en la Comisión de Economía estamos precisamente fortaleciendo el SERNAC, con el deseo, con el interés y con el objetivo de que siempre los consumidores estén protegidos por la ley.
De esta manera, señor Presidente, creo conveniente e importante, habiéndose hecho las correcciones pertinentes, pronunciarse a favor del proyecto.
Señor Presidente, esta iniciativa permite diversas miradas.
En primer lugar, la de los usuarios de estacionamientos de centros comerciales, que se sienten víctimas de un abuso cuando no encuentran justificado su cobro, o cuando se les hace pagar por una fracción de tiempo que no han utilizado, o porque el valor por pérdida del comprobante es excesivo, o, frecuentemente, porque el operador se niega a asumir cualquier responsabilidad en caso de hurto o daños en el vehículo mientras se encontraba estacionado.
Este punto de vista del consumidor es el que motiva el proyecto.
Pero también hay que tener en cuenta la perspectiva de los centros comerciales que disponen de estos aparcaderos para sus clientes, pero que al ser gratuitos son ocupados por automovilistas que no van al centro comercial, sino a otros lugares. Así, estos recintos terminan dando un servicio gratuito a usuarios ajenos, incluso a costa de un buen servicio para sus propios clientes.
Otra mirada a considerar es la de operadores de estacionamientos que han construido o concesionado la infraestructura para obtener un retorno a partir del arriendo del espacio. Estos operadores perciben que hay una competencia desleal cuando muy cerca de donde están ubicados se levanta un centro comercial con estacionamientos gratuitos.
Por otra parte, no podemos desconocer que la disponibilidad de aparcamientos gratuitos constituye un gran incentivo para concurrir a estos centros comerciales en desmedro del comercio minorista tradicional, localizado normalmente en el centro de las ciudades, fuera de estos malls, que no tiene ninguna posibilidad de ofrecer estacionamientos gratuitos, y, a veces, ni siquiera pagados a varias cuadras de su ubicación.
Todos estos puntos de vista corresponden a intereses particulares legítimos, dignos de tomar en cuenta.
Pero resta aún considerar un interés más general, no ya individual: una política urbana que persigue objetivos tan relevantes como la promoción del transporte colectivo, el desincentivo del uso del automóvil, la descongestión de las vías y la descontaminación de la ciudad.
Creo que resulta imprescindible esta mirada integral al problema, intentando conciliar intereses particulares, inicialmente contrapuestos, pero priorizando el interés común, que me parece es el más relevante.
No es posible que el mercado regule con total libertad bienes tan escasos como el espacio público, afectando de paso la calidad de vida de las personas, los tiempos de viaje, la salud, el descanso de millones de habitantes de nuestras ciudades.
No puede ser que se concesionen y construyan estacionamientos en una vía que luego es declarada esencialmente peatonal o de uso exclusivo para la locomoción colectiva, como acaba de ocurrir en la calle que enfrenta el edificio del Congreso Nacional en Santiago. Mientras tanto, paralelamente, el Estado realiza una gigantesca inversión para construir una línea de Metro con una estación a media cuadra del estacionamiento.
La actual legislación promueve que los edificios comerciales cuenten con el mayor número de estacionamientos posibles al exigir mínimos y no imponer un máximo. Pero, por otro lado, los impactos viales aumentarán, y con ello las exigencias de mitigación para aprobar el EISTU (estudio de impacto sobre el sistema de transporte urbano).
Me pregunto si no habrá llegado el momento de imponer máximos y no mínimos de estacionamientos.
Cuando un empresario decidió por sí solo construir Costanera Center con cinco mil estacionamientos en un terreno de media hectárea en un sector ya saturado, en los hechos se apropió de varias hectáreas más de espacio público, generó plusvalía para un sector y condenó a la desvalorización a otros. Todo ello, sin mediar decisión de autoridad alguna que no sea la de imponer unas cuantas compensaciones, pero sin contar con atribuciones para rechazar el proyecto.
Estas limitaciones de nuestra institucionalidad se justificarían, según algunos, porque el derecho de propiedad es sagrado. Pero este no puede tener mayor valor que la salud y la calidad de vida de millones de chilenos.
Se replica que estos mismos millones de chilenos concurrirán a consumir a este lugar, y probablemente sea cierto. Pero se omite que luego el Estado deberá hacerse cargo de nuevas inversiones y gastos para satisfacer otras tantas necesidades de estos chilenos, que surgirán o se agudizarán a partir del caos urbano que crece y nos agobia.
Este tipo de inquietudes exceden con creces los objetivos de la moción original, si bien el proyecto despachado por las Comisiones unidas de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones del Senado mejoró sustancialmente el aprobado por la Cámara de Diputados.
Algunas de estas materias son abordadas por la iniciativa de ley sobre aportes al espacio público, en actual tramitación, o deberán ser incluidas en el futuro proyecto pro movilidad urbana. Pero urge concretar las propuestas definidas recientemente en la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Subsiste la necesidad de una solución integral, más justa, más descentralizada, más sustentable.
No podemos limitarnos a cuidar el bolsillo de los automovilistas, que, por cierto, somos una porción cada vez mayor de nuestro país.
Antes que consumidores, debemos ver personas. Nuestro país reclama que nos hagamos cargo en serio de sus requerimientos de calidad de vida.
Señor Presidente, a mi juicio, este es uno de los proyectos que más valida y ayuda a tener consideración hacia las Comisiones, porque creo que es una iniciativa sustancialmente distinta y mucho mejor que la que entró al Senado.
Si uno compara las dos versiones, me parece que ha habido un trabajo legislativo muy notable, en que se han armonizado de buena manera una muy legítima inquietud ciudadana en cuanto a cómo se regulan y cómo se cobran servicios que a esta altura son indispensables. El automóvil hoy día no es un tema de lujo; ir a un mall tampoco lo es, sino que se trata de algo de ocurrencia diaria.
En mi opinión, el proyecto original estaba concebido -solo me interpreto a mí mismo- en una lógica antilibertaria y antiemprendimiento.
Establecía espacios de gratuidad sin reflexionar si eso incentivaría o desincentivaría la construcción de estacionamientos. Imponía obligaciones en cuanto a formas de cobro fijas, únicas, lo que, en el fondo, constituía una fijación de precios que nada tiene que ver con el concepto de emprendimiento en el que yo creo y que hemos situado en los últimos años como uno de los ejes de desarrollo en Chile.
Si uno mira el artículo 15 A nuevo, pienso que es una fórmula ingeniosa de resolver el tema. Allí se establecen dos modalidades.
Por un lado, el cobro por minuto efectivo de uso, prohibiendo el cobro por un tiempo mayor.
Por otra parte, el cobro por tramo de tiempo vencido -¡vencido!-, a diferencia de lo que ocurre hoy -creo que es un problema-, en que si el establecimiento posee tarifa por hora y uno estuvo una hora y un minuto, le cobran dos horas. Esto, desde mi perspectiva, es por una concepción equivocada de la norma.
Con el proyecto en análisis se da esta doble opción a quien quiera emprender.
Porque al final el estacionamiento se implementará en una lógica de emprendimiento. Si nadie los va a instalar porque sí. Lo hará por un sentido, ya sea para brindar un servicio, ya sea para fomentar determinado tipo de actividades.
Y las dos modalidades que se propone establecer en la ley me parecen legítimas.
La idea es que se opte entre cobrar por minuto efectivo o por tramo. Y bajo ninguna circunstancia se aproximará la tarifa al alza, o sea, las reglas del juego serán las correctas. En este escenario, cada uno mirará qué va a hacer. Pero no se podrá partir de la presunción de que si uno no alcanza a completar el espacio debe pagar por el espacio hasta el final. Me parece que el tramo vencido es mucho más razonable.
A la vez, donde se pueda, se faculta a fijar períodos de uso del servicio sin cobro.
Por otra parte, en caso de pérdida del comprobante de ingreso, el proveedor deberá acreditar de manera fehaciente el tiempo efectivo de utilización del servicio, es decir, no se podrá hacer una cuenta por el máximo.
Y también se establece -es algo bien importante- la responsabilidad del proveedor por los perjuicios que se produzcan por hurtos o robos en un establecimiento pagado.
Pienso que esta es una fórmula virtuosa de enfrentar un tema de la modernidad.
La modernidad radica en cómo hacemos para que existan más alternativas.
Ahí podemos tener una discusión.
Algunos querrán que no haya estacionamientos, para desincentivar el uso del automóvil. Por otro lado, se trata de una realidad mundial difícil de cambiar. Y no parece justo hacerlo por esta vía, pues pasa a ser una situación de necesidad.
Entonces, hay aquí una lógica: estimular que se pueda progresar, que haya más facilidades a los usuarios, pero armonizándolo con un sentido de justicia en los pagos. Es mucho más justo cobrar por minuto efectivo de uso o por tramo de tiempo vencido.
Pienso que el actual esquema, que ha generado los problemas a que me referí, claramente es insuficiente.
Entonces, aquí el círculo virtuoso es ir a favor de la ciudadanía, pero también del emprendimiento: no cortar las alas de la libertad; no caer en la tentación fácil de pedir la gratuidad ajena, ni tampoco de fijar precios en un tipo de negocio que, a diferencia de otros, no se halla cercano al monopolio, en ningún grado, sino que tiene una oferta muy amplia.
Cuando se presentó este proyecto -y quiero señalarlo-, yo era bastante escéptico.
Hay, pues, que agradecer el trabajo de los miembros de las Comisiones unidas, ya que nos presentan un texto mucho más moderno, que puede servir de eje para establecer una nueva legislación en otros lugares; que queda bastante más entendible; que es más amistoso con el ciudadano, y que, además, plantea un clima más favorable para el emprendimiento.
Así que, desde mi perspectiva, aquí se ha logrado un buen resultado, y me parece correcto destacarlo.
Señor Presidente, este proyecto fue presentado básicamente (esa es su inspiración) para terminar con los abusos de que son objeto los consumidores cuando utilizan los servicios de estacionamiento.
Porque a estos, por ejemplo, se les cobra por minutos que no ocupan y que obligatoriamente tienen que pagar: permanecen estacionados 5 a 10 minutos y han de cancelar los veinte primeros que determina el establecimiento pertinente.
Ellos, por tanto, se sienten vulnerados al deber pagar por un servicio que no se les ha prestado.
También se consideran violentados cuando pierden el ticket del estacionamiento. Porque, en tal caso, los respectivos establecimientos les cobran una multa.
De otro lado, el prestador del servicio tampoco se hace responsable cuando los vehículos sufren daños, pérdidas o robos.
Todo ello hace necesario regular esta materia.
El texto aprobado por la Cámara de Diputados dispone la gratuidad a todo evento para las dos primeras horas.
Acá se habla de gratuidad en esos actos de consumo. Porque un acto de consumo siempre debe tener una contraprestación: el consumidor paga por un servicio.
Pero cuando se establece una gratuidad no existe acto de consumo.
Entonces, ¿quién va a prestar la gratuidad? Un particular no lo puede hacer con recursos propios.
Aquello atenta contra la Carta Fundamental, tal como lo afirmaron los constitucionalistas Francisco Zúñiga y Jorge Correa Sutil durante el debate particular habido en el primer informe.
No había duda de que eso era inconstitucional.
No obstante, entendimos también que debíamos avanzar en un proyecto que diera cuenta de la preocupación de los consumidores por el abuso de que eran objeto.
Por consiguiente, las Comisiones unidas resolvieron de buena manera lo tocante a dar un tiempo que permita ingresar a un estacionamiento, encontrar espacio y utilizar este servicio en un mall, en una clínica o en otro tipo de establecimientos.
Hoy en día en muchos lugares lleva buenos minutos encontrar un cupo para dejar el automóvil.
Entonces, fijamos dos modalidades para el cobro del estacionamiento por períodos inferiores a 24 horas.
Primero, la de cobro por minuto efectivo.
Siempre se cobrarán estrictamente los minutos utilizados.
Segundo, la de cobro por tramo de tiempo vencido.
Acá no se exigirá pago por los primeros 30 minutos. Se cobrará, pues, a partir del minuto 31.
Los siguientes tramos no podrán ser inferiores a 10 minutos. El primer período, por lo tanto, no va a ser menor a 10 minutos.
Eso significa que si una persona permanece estacionada, por ejemplo, 35 minutos, no pagará; si utiliza el servicio por 40 minutos, tendrá los primeros 30 liberados, más los 10 que usó, que deberá cancelar.
Se trata de una fórmula bastante justa que permite a quienes concurren a determinado lugar por un rato (a realizar una diligencia breve, en fin) no tener que pagar por el estacionamiento. Pero si permanecen por más tiempo allí tendrán que hacer el justo pago por dicho servicio.
Tampoco es factible redondear la cifra al alza.
La gratuidad también está permitida, pero conforme a las políticas comerciales de los proveedores. Cada uno de ellos podrá fijar un período de uso del servicio exento de cobro.
Señor Presidente , el problema del proyecto despachado por la Cámara de Diputados era que disponía que después de las dos horas de uso del estacionamiento todos los establecimientos debían cobrar. Pero existen muchísimos lugares donde nunca se ha cobrado por este servicio.
Ello nos puso ante una situación compleja. Además, tampoco se definía a quiénes regulaba.
Hemos avanzado, pues, al prohibir el cobro de multas por la pérdida de ticket.
Hemos avanzado también en cuanto a hacer civilmente responsables a quienes prestan el servicio en caso de producirse hurtos o robos de vehículos, o daño en estos.
Y hemos avanzado...
Su Señoría dispone de un minuto adicional para redondear la intervención.
... en la gratuidad, señor Presidente , de los estacionamientos en prestadores institucionales de salud, de carácter público o privado, cuando estos sean utilizados con ocasión de servicios de urgencias o emergencias y cuando se trate de pacientes que presenten dificultad física permanente o transitoria para su desplazamiento.
A quienes administren el servicio de estacionamiento en la vía pública les serán aplicables las primeras reglas a las que me referí.
Así, definirán si cobrarán por minuto efectivo de uso o por tramo de tiempo vencido; no les será factible redondear o aproximar la tarifa al alza, y podrán establecer la gratuidad de acuerdo a sus políticas comerciales.
Asimismo, se incorpora una disposición transitoria que señala que dichas normas no se aplicarán a los contratos de servicios de estacionamiento concesionados en la vía pública suscritos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.
Señor Presidente, tal como expresó el Senador Tuma, este proyecto fue largamente discutido por las Comisiones unidas de Economía y de Transportes.
El objetivo de la propuesta que nos llegó de la Cámara de Diputados es regular el cobro del servicio de estacionamientos en lugares públicos, fundamentalmente en dos esferas: en clínicas u hospitales, centros comerciales, supermercados y otros similares y, también, en zonas de parquímetros establecidos en la vía pública.
Se trata de una iniciativa de Diputados que han recogido el sentimiento, cierto clamor de la ciudadanía ante el cobro arbitrario o abusivo del servicio de estacionamiento en lugares que se supone son públicos.
Cuando se elaboran proyectos de centros comerciales o en instituciones con entrada y salida de público se exige determinada cantidad de estacionamientos. Sobre la base de garantizar ese número de estacionamientos se entregan las autorizaciones respectivas; y luego se empieza a cobrar por su uso sin que exista una regulación adecuada.
Como señaló el colega Tuma, las Comisiones unidas fijaron dos modalidades de cobro por el uso de este servicio: por minuto efectivo y por tramo de tiempo vencido (los tramos no podrán ser inferiores a 10 minutos cada uno).
Se dispone expresamente la prohibición de redondear el cobro al alza (por ejemplo, subir la media hora a la hora siguiente).
Otra de las cuestiones que se establecen es que el proveedor puede fijar un período liberado de pago.
También se regula la pérdida del comprobante de ingreso.
En muchos casos a uno, cuando entra a los estacionamientos, le dicen: "Si pierde el comprobante se le va a cobrar una suerte de multa, un precio muy superior". Sin embargo, con la tecnología y el aparataje moderno existentes puede establecerse que, de perderse, se paga solo lo que queda registrado en los medidores de tiempo ubicados en la entrada y en la salida de dichos recintos.
Hay otra situación que se presenta muy frecuentemente en estacionamientos, subterráneos o al aire libre, de centros comerciales, de supermercados, etcétera, donde se registra gran afluencia de público: la determinación de responsabilidad cuando en los vehículos se producen hurtos, robos o daños.
Al efecto, en la iniciativa se dispone que el proveedor será responsable de los hurtos, daños, robos a vehículos que se produzcan con ocasión de la prestación del servicio y como consecuencia de la falta de medidas de seguridad. Y se preceptúa que cualquier declaración de él dirigida a eximir o limitar su responsabilidad no producirá efecto alguno y se considerará inexistente.
Asimismo, se consigna la obligación del proveedor del servicio de "exhibir de forma visible y clara, en los puntos donde se realice el pago del estacionamiento, y en los ingresos del recinto, el listado de los derechos y obligaciones establecidas en la ley, haciendo mención del derecho del consumidor de acudir al Servicio Nacional del Consumidor o al Juzgado de Policía Local competente, en caso de infracción".
Como decía, señor Presidente, el proyecto resultó muchísimo más complejo, porque originalmente no se distinguía entre los recintos destinados a estacionamientos públicos y los dirigidos a estacionamientos privados susceptibles de la suscripción de contratos para el uso de la infraestructura de modo permanente -por días, semanas o meses-, dependiendo del interés del cliente.
En la nueva propuesta tratamos de resguardar la idea primitiva de los Diputados y de fijar límites para evitar las inconstitucionalidades hechas presentes por varios profesores y constitucionalistas durante el debate particular habido en el primer informe.
Creemos que se trata de una muy buena iniciativa, aunque compleja desde el punto de vista técnico para su implementación. Sin embargo, no cabe duda de que se busca fortalecer los derechos de los usuarios y evitar los abusos de los proveedores del servicio de estacionamiento.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor y 2 pareos); por no haberse formulado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
No votaron, por estar pareados, los señores Allamand y Chahuán.
Se deja constancia de la intención de voto favorable del Honorable señor Pérez Varela.
Me excuso ante Sus Señorías, pues debo asistir a la ceremonia de graduación de la Escuela Naval.
Corresponde discutir el proyecto, iniciado en moción de los Senadores señoras Van Rysselberghe y Von Baer y señores Coloma, Ossandón y Pérez Varela, en primer trámite constitucional, que modifica la ley del Instituto Nacional de Derechos Humanos para establecer la obligación de hacer públicas las opiniones disidentes de los consejeros, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.015-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite: sesión 12ª, en 22 de abril de 2015 (se da cuenta).
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 51ª, en 9 de septiembre de 2015.
El objetivo de esta iniciativa es establecer la obligación de hacer pública las opiniones disidentes de los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos en toda información oficial.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió este proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo rechazó por la mayoría de sus miembros. Votaron en contra los Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y a favor, los Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado donde se consigna el texto que el referido órgano técnico rechazó.
Señora Presidenta, la idea de presentar este proyecto surgió a raíz de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una institución que genera opinión en términos de la elaboración de políticas públicas, en términos de proyectos de ley, en términos de fijar posiciones en una serie de materias.
La gran mayoría de esas materias son resueltas en el Consejo del referido ente por unanimidad.
Sin embargo, hay asuntos más controversiales en que no existe una sola opinión y en que incluso a nivel internacional se registran posiciones distintas.
Por lo tanto, nos parece del todo razonable que, tal como sucede en la Corte Suprema, cuando en el mencionado Consejo haya opinión dividida sobre un asunto se pueda saber también el parecer de minoría, para que no se piense que en su seno existe una sola posición sobre la materia pertinente y, por ende, quede claro que ella es debatible.
Consideramos necesario -y esto surgió, por ejemplo, respecto del conflicto con Carabineros, donde los consejeros tienen posiciones distintas- que se dé a conocer en todos los instrumentos públicos o documentos oficiales que existe voto dividido cuando lo hay, que no se trata de una postura unánime.
Creo que ello no debiera asustar al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a pesar de que no están de acuerdo con este proyecto.
Porque -reitero- nos parece sensato que cuando no exista una sola opinión en cuanto a una materia, sino que se presentan posiciones de mayoría y de minoría, eso se pueda saber. Esto evitaría tener que recurrir a la página web del Instituto y realizar toda una tramitación que no deja de ser compleja.
Pienso que, tal como sucede en la Corte Suprema y en la mayoría de las instituciones, cuando se registren posiciones divididas sobre determinado asunto debe darse a conocer en los instrumentos públicos y en los documentos oficiales que el parecer del Instituto Nacional de Derechos Humanos no es unánime y señalarse, además, cuál es la posición de mayoría y cuáles son los fundamentos de la opinión de minoría.
Señora Presidenta, si consideramos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue creado para ser un organismo autónomo, pluralista e independiente, valoro que se rechace este proyecto de ley, por ir en contra de dicha autonomía y por malinterpretar lo que significa la pluralidad.
Luego de la discusión que sostuvimos en la Comisión de Derechos Humanos, yo quisiera destacar tres problemas importantes que presenta esta iniciativa.
En primer lugar, la ley en proyecto atentaría contra el principio de autonomía que debe caracterizar al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Siguiendo los Principios de París de 1993, que dieron inspiración a la creación del referido Instituto, este debe ser autónomo e independiente.
Aquí debemos recordar que los Principios de París no tienen carácter de recomendación, sino que han pasado a ser normas jurídicas de la legislación chilena a través del Protocolo Facultativo contra la Tortura.
¿Qué significa que este organismo sea independiente? Esto implica que tenga independencia política, financiera, jurídica y represente en su Consejo una diversidad de fuerzas sociales en nuestro país.
El objetivo de dicha independencia y autonomía es contar con un órgano que no pueda ser coaccionado desde los distintos sectores al emitir una opinión.
Parte de la autonomía jurídica y política del INDH implica contar con procedimientos internos para sostener discusiones sobre materias que puedan producir algún desacuerdo entre distintos miembros del Consejo.
Es lógico y esperable que haya voces disidentes en dichos debates. Pero, como en todo trabajo organizacional o institucional, las perspectivas disidentes deben ponerse de acuerdo a través de un proceso reglamentado para luego exteriorizar una postura oficial.
En tal sentido, velar por la pluralidad del Instituto Nacional de Derechos Humanos significa preservar el espacio de discusión y representación que este ente ha creado para convocar diversas posturas con el objetivo de generar declaraciones, publicaciones o recomendaciones que lo representen en su conjunto.
He ahí la fortaleza y la misión de la mencionada institución.
En segundo lugar, y como lo he señalado anteriormente, el propósito de este proyecto es resolver un problema que ya está solucionado en la ley vigente.
Se puso en marcha esta iniciativa aduciendo que promueve la pluralidad en la discusión sobre derechos humanos al transparentar las opiniones disidentes.
Sin embargo, el hecho de publicar las opiniones disidentes de los consejeros del INDH no aseguraría una mayor pluralidad.
Por un lado, la pluralidad y la transparencia ya están aseguradas con la composición del Consejo y el sometimiento de sus procedimientos y fundamentos a la Ley sobre Acceso a la Información Pública.
Además, todos los actos y resoluciones del referido Instituto son públicos (artículo 5° de la ley N° 20.405), y dicho ente se halla obligado a dar a conocer su Informe Anual en todas las instancias posibles.
La legislación vigente (artículo 13 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos) prescribe que se dejará constancia en las actas de las sesiones de los votos disidentes, de sus fundamentos y de la motivación que los sustentó. Esas actas también son públicas, y ya están disponibles en el sitio web institucional.
En tercer lugar, de ser aprobado este proyecto de ley se generaría un nuevo problema. Y eso, evidentemente, iría en contra de nuestra misión legisladora.
Pedirle al Instituto Nacional de Derechos Humanos que publique las opiniones disidentes de los consejeros quita legitimidad y fuerza a la institución, cuya voz debe ser única.
Las temáticas relativas a los derechos humanos son de por sí sensibles; involucran sensibilidades éticas y prácticas muy divergentes.
Por lo tanto, la ley en proyecto mermaría el trabajo de la institución, relativizando la fuerza de sus acuerdos, propuestas, declaraciones y recomendaciones.
El sistema del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se ciñe a los Principios de París y a la legislación chilena, se enfoca precisamente en alcanzar ciertos consensos mínimos para poder exteriorizarlos hacia el resto de la sociedad con una voz única y de autoridad sobre la materia.
Cuando no existen acuerdos sobre ciertos asuntos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se abstiene de efectuar declaraciones. De hecho, solo informa y formula recomendaciones en los casos en que existe acuerdo entre sus miembros, porque la función clave de este sistema es lograr consensos mínimos que permitan adoptar una postura institucional.
Por ello, esta iniciativa de ley iría en contra del espíritu de los Principios de París, que inspiraron la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Finalmente, quiero agregar que este proyecto no responde a las necesidades internas de la institución, ya que no emanó de una preocupación que hayan manifestado los consejeros. De hecho, en el 94 por ciento de los casos el Consejo ha conseguido llegar a acuerdo unánime. Y cuando no ha habido consenso el detalle de las discusiones y argumentos divergentes ya ha quedado registrado en actas, las que son de acceso público.
Señora Presidenta, quiero recordar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una corporación autónoma de derecho público y se financia en lo fundamental con recursos provenientes del Fisco, o sea de todos los contribuyentes.
Por lo tanto, en mi opinión, las actuaciones de dicho ente deben regirse por las normas sobre transparencia que, de manera cada vez más creciente, van teniendo que asumir los distintos órganos públicos, las diferentes instituciones del Estado, como asimismo las universidades, muchas de las cuales también son corporaciones de aquella índole, en fin.
El Senador que me antecedió en el uso de la palabra señaló que si se hicieran públicas las opiniones disidentes de los consejeros se afectaría la autonomía del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Al respecto, debo recordar que en nuestro ordenamiento constitucional hay numerosos organismos autónomos y que, sin embargo, publican el fundamento del pronunciamiento de sus integrantes en votaciones que muchas veces, por supuesto, no son unánimes y a las cuales pueden acceder los parlamentarios y la ciudadanía en general.
Lo mismo debe ocurrir, en mi concepto, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Por eso, me parece absolutamente razonable la moción que se presentó sobre la materia. No logro entender cuáles son las razones para no querer que en este caso se expliciten los fundamentos de los votos disidentes. Creo que no permitirlo va contra la política de transparencia y de acceso de toda la ciudadanía a la información.
Por consiguiente, señora Presidenta, opino que debemos aprobar esta iniciativa.
En consecuencia, procederemos a la votación.
¿Cómo votaremos, señora Presidenta?
Se votará el informe.
O sea, en contra o a favor del informe.
El informe de mayoría propone rechazar el proyecto.
En consecuencia, quienes se hallen de acuerdo con él (es decir, quienes rechacen la idea de legislar) deben votar que sí, y aquellos que se encuentren en desacuerdo (o sea, aquellos que aprueben la idea de legislar), que no.
Parece un poco extraño, pero ese es el sistema.
Entonces, se vota el informe.
En votación el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Se aprueba el informe y, de consiguiente, queda rechazado en general el proyecto (9 votos a favor, 6 votos en contra, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Muñoz y los señores Matta, Montes, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Van Rysselberghe y los señores Coloma, García, García-Huidobro, Hernán Larraín y Pérez Varela.
Corresponde discutir en general el proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señor Tuma, señora Pérez San Martin y señores Harboe y Pizarro, que modifica las leyes N°s 19.496 y 19.628 para regular la protección de la vida privada en lo relativo al envío de publicidad, con informe de la Comisión de Economía.
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Tuma, señora Lily Pérez y señores Harboe y Pizarro):
El objetivo principal de esta iniciativa es actualizar la legislación en materia de protección a los consumidores ante el escenario de desarrollo masivo de la publicidad y de oferta de servicios no solicitados por ellos que se efectúan vía telefónica y a correos electrónicos privados.
La Comisión de Economía discutió esta iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Pérez San Martín y señores Navarro, Pizarro y Tuma.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 19 y 20 del primer informe de dicho órgano técnico y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor COLOMA.- Entiendo, señora Presidenta, que la Comisión de Constitución está funcionando en paralelo con la Sala.
Considero razonable intentar que sus integrantes vuelvan al Hemiciclo. Porque varios de los autores de esta iniciativa se hallan en este momento en dicho órgano técnico.
Se los llamará, señor Senador.
Señora Presidenta, este proyecto de ley, que presentamos con los Senadores señora Lily Pérez y señores Pizarro y Harboe, tiene por finalidad cautelar los derechos de los consumidores en el ámbito de su vida privada.
Si bien es usual que los deudores sean intimidados telefónicamente y a deshoras por sus acreedores, también lo es que en forma reiterada, a todas horas, empresas que quieren publicitar sus productos llamen a los teléfonos fijos o móviles de personas que no han dado su autorización para promociones publicitarias, realización de encuestas de diversa naturaleza, en fin.
El "No molestar" que ha implementado oficiosamente el SERNAC debe tener respaldo legal y reglamentario a los efectos de establecer normas de control y sancionatorias eficaces para permitirles a los titulares de teléfonos, de correos electrónicos, etcétera, sentirse protegidos en su vida privada.
Los correos electrónicos, por ejemplo, son objeto de invasión permanente mediante comunicaciones, datos, en fin, que circulan por la nube, por la web.
Aquello puede ser útil, conveniente. Pero, a mi entender, primero hay que preguntarle a la gente si quiere recibir la información comercial que por alguna de las vías señaladas se remite a cualquier hora, en todo momento, cuando se le ocurre a quien la provee.
La legislación comparada da cuenta de que otros países protegen el derecho a mantener en reserva los correos electrónicos, los teléfonos. Porque no cualquiera puede disponer de los datos personales de los ciudadanos para invadir su vida privada a deshoras, incluso en sábados y domingos, muchas veces interrumpiendo la vida familiar (alimentación, descanso).
Señora Presidenta, al promover esta iniciativa de ley recibimos numerosas manifestaciones de respaldo de distintos sectores ciudadanos.
Este proyecto, que es muy muy ciudadano, busca resguardar la vida privada ante la información de todo tipo que invade a la gente.
En la Comisión de Economía aprobamos por unanimidad la idea de legislar sobre esta materia. Por tanto, durante la discusión particular analizaremos las indicaciones -hay que fijar plazo a tal efecto- que se presentarán para perfeccionar el articulado.
A mi entender, también debemos ver en detalle cómo en esta área caminamos hacia una normativa legal moderna, ya que el desarrollo tecnológico avanza mucho más rápido que la ley. Así, el ciudadano queda en la indefensión cuando la legislación no replica con normas actualizadas para resguardar su intimidad, su privacidad, su descanso.
Por esa razón, solicito que el Honorable Senado apruebe en general esta iniciativa, al objeto de que, tras el debate particular en la Comisión técnica y sobre la base del "No molestar", se elabore un texto que le permita a Chile modernizarse en lo que respecta a la protección de la vida privada de los ciudadanos en el ámbito del envío de publicidad.
Votaré favorablemente, señora Presidenta .
--Se aprueba en general el proyecto (14 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Muñoz y Van Rysselberghe y los señores Chahuán, García, García-Huidobro, Guillier, Montes, Moreira, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma y Andrés Zaldívar.
Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Horvath.
El Honorable señor Chahuán dejó constancia de que votó por error, pues tiene registrado un pareo con el Senador señor Lagos.
Hay que fijar plazo para presentar indicaciones, señora Presidenta.
¿Qué propone al respecto, Senador señor Tuma?
El lunes más próximo de aquí a 30 días.
Sería el lunes 18 de enero.
¿Le parece, Su Señoría?
--Se fija como plazo para presentar indicaciones el lunes 18 de enero de 2016, a las 12.
¿Vamos al Tiempo de Votaciones , señora Presidenta?
Pediré el asentimiento de la Sala para tratar los proyectos de acuerdo.
Antes de los proyectos de acuerdo, señora Presidenta, le solicito recabar el acuerdo unánime del Senado para tratar un asunto muy breve: la iniciativa que modifica la Ley Orgánica del Congreso Nacional para permitir que los proyectos de ley queden a disposición de nosotros, los parlamentarios, apenas sean ingresados.
Es una iniciativa de rango orgánico constitucional.
En la actualidad se debe dar cuenta primero de las iniciativas.
En efecto, solo en ese momento quedan a nuestra disposición. Han transcurrido hasta diez días, a veces, entre que ingresan y la próxima sesión de Sala.
En este momento no hay quorum.
Se ha planteado una muy buena norma, pero, como se ha dicho, es de rango orgánico constitucional.
Propongo ocuparnos en el proyecto de acuerdo y tratar mañana ese otro punto.
¿Le parece bien, Honorable señor García?
Sin perjuicio de lo que se acaba de acordar, señora Presidenta , creo que la cuestión se puede subsanar por la vía de que cada Corporación dé instrucciones de incluir el asunto en la página web apenas ingrese. No es preciso esperar la Cuenta.
Mas esto último lo dispone la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.
La sugerencia es interesante, pero, ante el necesario quorum, la cuestión se tendrá que debatir mañana.
Proyecto de acuerdo, presentado por las Senadoras señoras Allende, Goic, Muñoz, Pérez San Martín, Von Baer y Van Rysselberghe y los Senadores señores Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma e Ignacio Walker, por el que se solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y otras materias relativas a su implementación.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.840-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 76ª, en 24 de noviembre de 2015.
La petición a la Primera Mandataria dice relación con la medida a la cual se ha hecho referencia, al establecimiento de una institucionalidad con miras a asesorar al Ministro del ramo y proponer la ejecución de políticas de Estado, y al otorgamiento, en el entretanto, de los recursos suficientes para comenzar el proceso.
Por haberse cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de darse curso a las peticiones de oficios llegadas a la Secretaría.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, solicitando INFORME SOBRE ESTADO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR EMPRESA MAHENCO Y SOLUCIÓN DE CONFLICTO CON SUS TRABAJADORES EN VALDIVIA.
Al señor Ministro del Medio Ambiente, pidiendo COPIA DE PLAN DE ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO EN PESCA Y ACUICULTURA.
Al señor Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, para que se responda SOLICITUD DE REBAJA DE CONTRIBUCIONES PARA ADULTOS MAYORES EN FAVOR DE SEÑORA OFELIA CÁRDENAS MEDINA.
A la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios, a fin de consultar por UBICACIÓN Y DISTANCIA DE GRIFOS EN SECTOR DE AVENIDA ESPAÑA, VALDIVIA.
A la señora Ministra de Educación, con el objeto de preguntar por RAZONES PARA NO ENTREGA DE BECAS A SEÑORES RUBÉN Y GIANNI DANERIS QUEZADA, AFECTADOS POR ALUVIONES EN CHAÑARAL.
Al señor Superintendente de Pensiones, para que informe acerca de NÚMERO DE AFILIADOS DE AFP PLANVITAL EN ATACAMA Y COBRO DE SUBSIDIOS DE CESANTÍA EN ESA REGIÓN DURANTE 2015.
Al señor Director Regional del Instituto Nacional de Estadísticas en Atacama, pidiendo antecedentes relativos a CIFRAS TRIMESTRALES DE EMPLEO.
Al señor Director Regional de Obras Hidráulicas del Biobío, requiriéndole FISCALIZACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL "CAMBRALES".
Al señor Ministro de Desarrollo Social, consultando en cuanto a HOGARES DE ADULTO MAYOR EN REGIÓN DE LOS RÍOS.
Al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de pedir INSPECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTA T-230, CAMINO A SECTOR PUILE, ENTRE MARIQUINA Y RUTA 5, COMUNA DE MARIQUINA, y antecedentes de RETIRO DE PROYECTO "CONSERVACIÓN TRAMO 2 RUTA T-720, SECTOR PARQUE NACIONAL ALERCE COSTERO, QUE UNIRÁ COMUNAS DE LA UNIÓN Y CORRAL" DE SISTEMA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
A la señora Ministra de Salud, a fin de que se informe sobre ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA PROYECTOS DE HOSPITAL EN COMUNAS DE MARIQUINA Y PANGUIPULLI.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, solicitando REITERACIÓN DE OFICIO PARA CONSULTAR POR ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO PUENTE LOS PELÚES, COMUNA DE VALDIVIA.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, para exponer SITUACIÓN DE CUARTELES DE BOMBEROS EN TERRENOS DE MINISTERIO EN REGIÓN DE LOS RÍOS.
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Educación de Región de Los Ríos, para solicitar antecedentes sobre PROYECTO DE REPOSICIÓN DE ESCUELA FRANCIA, COMUNA DE LOS LAGOS.
La descentralización es un proceso complejo tendiente a distribuir la centralidad en el marco de la búsqueda del equilibrio democrático entre los poderes existentes al interior del Estado, con la finalidad de profundizar la democracia, potenciar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Una definición de esas características conduce a entender la descentralización como un medio y no como un fin, vale decir, que no se agota en sí misma.
Pero también hay que comprender que la descentralización no busca acabar o eliminar la centralidad estatal, vale decir, del poder que tiene el Estado, sino que de distribuirlo en forma equitativa y democrática en su interior, para que en ese proceso, se redefinan las relaciones entre el Estado y la sociedad.
Y eso es lo que nuestro país precisamente necesita, porque como sostiene el especialista español Joan Prats, “Chile no será un país desarrollado si no es un país descentralizado”.
El citado académico agrega: “Compartimos la convicción que todo lo que se piensa del desarrollo de Chile es utópico si no avanzamos fuertemente en la descentralización del país”
Desde las regiones estamos pensando un Chile territorialmente más equitativo y por eso, capaz de llegar a ser efectivamente desarrollado. Porque resulta indudable que el país tiene una deuda muy grande con las regiones, que constituyen más del cincuenta por ciento de la nación.
El anhelo de contar con una descentralización real en la estructura territorial y administrativa del país, es una aspiración de antigua data, toda vez que la Constitución Política de 1925, consideraba en sus artículos 94 y siguientes la existencia de las denominadas Asambleas Provinciales, constituidas por representantes de las municipalidades, como cargos concejiles, pudiendo disponer de las rentas que determinare la ley, para aplicarlas en beneficio local y representar al Presidente de la República anualmente las necesidades de la provincia y las cantidades que se necesitaren para atenderlas.
No obstante que esta normativa fue un primer intento de descentralización, nunca llegó a materializarse, por cuanto no se establecieron las leyes necesarias para su funcionamiento, por lo que quedaron como meras disposiciones programáticas.
Cuando el Presidente Frei Montalva asumió su cargo en el año 1964, también intentó establecer reformas en este sentido, basándose en estudios elaborados en la década del 50 por la CORFO, complementados por otros trabajos efectuados por ODEPLAN en 1969, que tampoco llegaron a concretarse.
En el año 1974, el Gobierno Militar, mediante la dictación del Decreto Ley 573, dividió el país en regiones, y en virtud del Decreto Ley 575, del mismo año, se materializó la estructura de cada una de las regiones, con sus respectivas provincias y comunas, creándose también la Comisión Nacional de Reforma Administrativa.
Pero después de más de cuarenta años, el país ha evolucionado, y lamentablemente la descentralización que mediante dichos cuerpos legales se pretendió establecer, no ha sido posible hasta ahora lograrla.
Porque sin descentralización no solo no hay desarrollo económico sino que tampoco una democracia representativa que llegue a ser realmente participativa, ni una sociedad que aprenda a ser más responsable de sus decisiones y más solidaria, toda vez que ámbitos locales acotados es lo único que verdaderamente lo permite. Debe ser una descentralización que instale una efectiva dispersión del poder político, económico, social y financiero, desde las instancias nacionales a las regionales y locales.
En el mes de octubre del año recién pasado, tuvimos el privilegio de participar en la ceremonia llevada a cabo en esta Corporación, en el que el Presidente de la Comisión de la Comisión Presidencial Asesora en Descentralización y Desarrollo Regional, Esteban Valenzuela, entregó a la Presidenta de la República, las conclusiones de su extenso y arduo trabajo.
Y nos alegramos porque las conclusiones de esa comisión presidencial asesora, cobraban tanta importancia, ya que acogieron en gran parte los clamores de las distintas regiones, con sus diversas realidades, tales como la elección de sus máximas autoridades, las competencias con que necesariamente deben contar sus gobiernos regionales, y los recursos que son necesarios, para cuyo efecto, deben existir afectaciones de determinados tributos para atender a su desarrollo.
Asimismo expresamos nuestra satisfacción porque se hizo realidad el convencimiento de que las regiones no pueden permanecer postergadas por más tiempo, de modo que los anuncios efectuados por la Presidenta de la República en este sentido nos hizo abrigar las legítimas esperanzas de que por fin, el proceso de descentralización y regionalización del país, se haría realidad, pero hasta ahora no se han implementado las modificaciones legales y constitucionales que con dicho propósito se requieren.
En este orden de ideas, estimamos que el principio de descentralización que se contempla en el artículo 3° de nuestra Carta Fundamental, debe ser reforzado, de modo que no solo la administración estatal sea funcionalmente y territorialmente descentralizada, sino que también el Gobierno, y que constituya una obligación para toda la administración estatal fortalecer la descentralización efectiva.
En lo que respecta al gobierno y administración interior del Estado, consideramos que se hace necesario modificar el artículo 110, en el sentido de que las regiones se dividen en provincias, para el ejercicio de la supervigilancia de los servicios públicos.
En lo que concierne al gobierno de las regiones, contemplado en el artículo 111, estimamos que debe sustituirse el actual cargo de Intendente Regional, por el de un Gobernador Regional, que debe ser elegido en votación universal directa.
Para darle mayor representatividad a dicha autoridad, en su elección y solo para el evento de que un candidato no supere el cuarenta y cinco por ciento de los votos o más de un cuarenta por ciento y una diferencia de diez puntos porcentuales, se procederá a una segunda votación entre los dos candidatos que hayan obtenido las más altas mayorías relativas, resultando electo el que obtenga el mayor número de sufragios, de acuerdo a los mecanismos que establezca la ley respectiva.
También estimamos que es necesario sustituir el actual cargo de Gobernador Provincial, establecido en el artículo 116 de la Constitución Política, por la figura de un Delegado Presidencial, de la exclusiva confianza del Primer Mandatario, y que debe ejercer la supervigilancia de los servicios públicos, sin perjuicio de las demás atribuciones que le fije la ley pertinente.
Como ya señalamos, consideramos que con estas modificaciones, se podrá lograr una efectiva descentralización, que contribuya eficazmente al proceso de regionalización.
Artículo único: Modifícase la Constitución Política de la República, en la siguiente forma:
a)	En su artículo 3°, sustitúyase el texto de sus incisos segundo y tercero, por el siguiente:
“El gobierno y administración del Estado son funcional y territorialmente descentralizados, o desconcentrados en su caso, conforme a la ley.
Constituye una obligación para los órganos del Estado promover y fortalecer la descentralización efectiva, como asimismo el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional”.
b)	En su artículo 110, sustitúyase el texto de su inciso primero, por el siguiente:
“Para el gobierno y administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones, y éstas en provincias, a las que les corresponde la supervigilancia de los servicios públicos”.
c)	Sustitúyase el texto del artículo 111, por el siguiente:
“El gobierno de cada región reside en un Gobernador Regional, que será elegido en votación directa. Para el evento de que un candidato no supere el cuarenta y cinco por ciento de los votos o más de un cuarenta por ciento y una diferencia de diez puntos porcentuales con el candidato que haya obtenido la segunda mayoría, se procederá a una nueva elección entre ellos, de acuerdo a los mecanismos que establezca la ley, resultando elegido el que obtenga mayor número de sufragios.
El gobierno regional estará constituido por el Gobernador Regional y el consejo regional. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio propio.”
d)	Sustitúyase el texto del artículo 116, por el siguiente:
“Cada provincia estará a cargo de un Delegado Presidencial, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República. Corresponde al Delegado Presidencial ejercer, de acuerdo a las instrucciones del Presidente, la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia. La ley determinará las demás atribuciones que le corresponden.”
(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Senador.

References: artículo 77
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 15
 artículo 3
 artículo 110
 artículo 111
 artículo 116
 artículo 3
 artículo 110
 artículo 111
 artículo 116