Source: https://legis.pe/sala-confirma-sentencia-korina-rivadeneyra/
Timestamp: 2018-06-24 20:10:56+00:00

Document:
Sala confirma sentencia dictada a favor de Korina Rivadeneyra y en contra de la Superintendencia Nacional de Migraciones | Legis.pe
TERCERO: Se debe tener en cuenta, que la Excepción de Incompetencia, es el instrumento procesal por medio del cual el emplazado en un proceso puede denunciar al juzgador que lo dirige, que la controversia específica sobre la cual versa el debate escapa a su competencia; y por tanto, carece de potestad para conocerla, de acuerdo a ley; debiendo precisarse, que la competencia objeto de cuestionamiento a través de esta defensa de forma puede determinarse por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio. En ese sentido, el artículo 9° del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente, establece que: “La competencia por razón de la materia se determina por la naturaleza de la pretensión y por las disposiciones legales que la regulan”.
v) Respecto al derecho de ser informada expresa y formalmente de los motivos que dieron lugar a la imposición de la sanción administrativa, refiere que la Superintendencia Nacional de Migraciones, ha cumplido estrictamente con lo requerido por el Tribunal Constitucional, en atención a que la Resolución de Superintendencia N° 0000101-2017-MIGRACIONES y su anexo el Informe N° 177-2017-MIGRACIONES, explican de manera detallada y fundamentada las razones que incidieron en la determinación de la comisión de la infracción consistente en “falsear información en los documentos (…) suministrados para adquirir determinada calidad migratoria” prevista en el numeral 4) del artículo 63° del Decreto Legislativo N° 703 y; además, fijan la consecuencia jurídica de la Comisión de la Infracción mencionada; esto es, la imposición de la sanción de cancelación de la residencia impuesta a la recurrente al amparo del literal c) del artículo 60 y el numeral 4 del artículo 63 del citado Decreto Legislativo N° 703.
La Constitución Política del Perú, en su artículo 2° señala que: “Toda persona tiene derecho: (…). 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.” (subrayado nuestro).
El Decreto Legislativo N° 703 – Ley de Extranjería, en su artículo 55° establece que: “Los extranjeros en el territorio de la República tienen los mismos derechos y obligaciones que los peruanos con las excepciones que establecen la Constitución del Estado”.
De ahí que se pueda decir: “A pesar de que el extranjero tiene limitaciones excepcionales de determinados derechos como el de libertad de tránsito, propiedad, entre otros; bajo un estudio de los citados artículos podemos asumir que los migrantes, incluso bajo situación jurídica irregular, es decir, sin documentación en regla, deben ser tratados como cualquier nacional y el Estado peruano está obligado a garantizarles el respeto por sus derechos fundamentales”.
“El derecho constitucional al debido proceso, reconocido en la Constitución Política de 1993, establece en el inciso 3) del artículo 139° que “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”.
Al respecto, con relación al debido proceso en sede administrativa, el Tribunal Constitucional ha expresado en el fundamento jurídico 2 de la STC 4289 – 2004-AA/TC, que: “(…) el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos…”; y en el fundamento jurídico 3 ha subrayado que: ” El derecho del debido proceso y los derechos que contiene son invocables y, por lo tanto, están garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. Así el debido proceso administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto por parte de la administración pública o privada – de todos los principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139° de la Constitución (juez natural, juez imparcial e independiente, derecho de defensa” etc)”.
En lo que respecta al contenido constitucionalmente protegido del derecho al debido proceso, el Tribunal Constitucional ha establecido en la STC 0023 -2005- AI/TC, fundamento jurídico 43, que: “(…) los derechos fundamentales que componen el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria, constitucional, electoral y militar) y que pueden ser extendidos, en los que fuere aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares (procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje, y relaciones entre particulares entre otros)”; y en el fundamento jurídico 48 señala que: “(…) éste contenido presenta dos expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer”.
La Ley de Extranjería – aprobada por Decreto Legislativo N° 703, prescribe en su artículo 60° que: “Los extranjeros que infrinjan las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento estarán sujetos a las siguientes sanciones, según corresponda: a) Multa, b) Salida obligatoria; c) Cancelación de la Permanencia o Residencia y d) Expulsión. (resaltado y subrayado nuestro)
En su artículo 63° señala: “La cancelación de la Permanencia o Residencia, procederá: 1. Por realizar actos contra la Seguridad del Estado el Orden Público Interior, la Defensa Nacional.
Por falsear información en los documentos o informes suministrados para adquirir determinada calidad migratoria.” (resaltado y subrayado nuestro).
“Detectado el extranjero incurso en la presunta comisión de las infracciones previstas en los artículos 62, 63 y 64 de la Ley de Extranjería, respectivamente, la División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú formulará el respectivo.
d) Indicación expresa de la presunta infracción incurrida y la sanción que le correspondería aplicar.”
2.3. “El Atestado o informe Policial con sus respectivos recaudos, será remitido a la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES.” –
El Tribunal Constitucional en la STC N° 03482 -2013- PA, establece: “La comunicación previa y detallada de la acusación es un presupuesto indispensable para que el acusado pueda ejercer en forma real y efectiva su derecho de defensa. Este derecho también determina que, la sanción pueda versar únicamente sobre hechos imputados en la acusación; es decir, tiene que haber una correlación entre la acusación y la decisión (…)”.
“a) Se le informa al acusado no solamente la causa de la acusación, esto es, las acciones u omisiones que le imputan (tiempo, lugar y circunstancias), sino también las razones que justifican la imputación, los fundamentos probatorios de ésta y la caracterización legal que se da a esos hechos.
b) La información tiene que ser expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir que el acusado ejerza plenamente su derecho de defensa y alegue – si lo estima pertinente- su versión de los hechos. Esto quiere decir que la acusación no puede ser ambigua o genérica, ni implícita o tácita.”
Ahora bien, de la última citación N° 027-2017-DIRSEG-PNP/DIVEXT-CER de la Dirección de Seguridad del Estado de División de Extranjería, de fecha 20 de febrero de 2017, fluye que ésta Dirección de Seguridad del Estado, cursó la siguiente notificación a la demandante: “Por intermedio de la presente se le cursa la 3era Notificación a fin de que concurra a las instalaciones de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú – División de Extranjería – Departamento de Control de Extranjeros Residentes (…) el día 23 de febrero de 2017 a horas 8:30 a fin de recepcionar su declaración en torno a las actividades que realiza en territorio Peruano y verificar su situación migratoria en el país, investigación realizada en torno al documento de la Referencia y de conformidad a lo establecido en la Ley de Extranjería Peruana, aprobada por Decreto Legislativo N° 703 y en coordinación con la Superintendencia Nacional de Migraciones”. (La segunda citación N° 024-2017-DIRSEG-PNP/DIVEXT-CER, de fecha 16 de febrero de 2017 se lee el mismo texto.)
” El contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de la partes resulta impedida, por concretos actos de los órganos judiciales o administrativos sancionadores, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos y de contar con el tiempo razonable para preparar su defensa. (…). Al respecto este Tribunal ha sostenido que “(…) el derecho de defensa consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercerlo en todo tipo de procesos, incluidos los administrativos, lo cual implica, entre otras cosas, que sea informada con anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra. (Exp. N° 0649 -2002- AA/TC, fundamento 41)”.
ii) Resolución de Gerencia N° 399 -2017- MIGRACIONES- SM, de fecha 28 de febrero de 2017, emitida por el Gerente de Servicios Migratorios – Migraciones, que resuelve: “Aplicar la sanción de Cancelación de Residencia con impedimento de ingreso al país a ciudadana de nacionalidad venezolana Luz Celia Korina Rivadeneira Arcila (…)”.
VIGÉSIMO PRIMERO: En ese contexto, cabe recordar que en la Sentencia 02744 -2015- PA/TC, el Tribunal precisó que: “Este escenario de desregulación también fue advertido por la Defensoría del Pueblo (…), dejó sentada de que el Decreto Legislativo 703, (…) no fue reglamentado, razón por la cual utilizaba el TUPA de Migraciones (Decreto Supremo 003 -2012- IN) y sus directivas internas para regular los tramites, procedimientos y servicios a cargo de la Superintendencia Nacional de Migraciones (…).
“(…) este Tribunal considera que la aplicación de la sanción de salida obligatoria y el correspondiente impedimento de ingreso al país impuestos al recurrente, bajo la vigencia del referido Decreto Legislativo 703, ha vulnerado las garantías formales de su derecho al debido procedimiento, pues como se indicó anteriormente, la normativa migratoria vigente en ese momento no cumplió con identificar un iter procedimental donde se especifique las garantías mínimas que corresponden a los extranjeros que se hallen sujetos a un procedimiento migratorio sancionador”.
Entonces, y como ya se dijo anteriormente, queda claro que en la Ley de Extranjería aprobada por Decreto Legislativo N° 703, no existía ningún procedimiento en las que se aplique las garantías mínimas que corresponden a los extranjeros que se hallen sujetos a un procedimiento migratorio sancionador.”
VIGÉSIMO TERCERO: Así el artículo 231° de la Ley del Procedimiento Administrativo . Ley 27444, señala que: “(…) el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes le hayan sido expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria sin que pueda asumirla o delegarse en órgano distinto.” –
Y en su artículo 229 numeral 229.2 prescribe: “Las disposiciones contenidas en el presente Capitulo se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales incluyendo los tributarios, los que deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 230, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador. Los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados, que las previstas en este Capítulo”.
Así también, en su artículo 235° numeral 3 el acotado dispositivo Legal, establece: “Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación” .
El artículo 234° del texto legal citado, señala: ” 234.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por: ” (…) 3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación de las infracciones que tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia. 4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 162.2 del artículo 162, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación “.
Con fecha 23 de febrero de 2017 – el mismo día que rindió su manifestación – La Policía Nacional del Perú – División de Extranjería, notificó a la demandante a “efectos que se presente a la División de Extranjería – de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú, las veces que sea requerida su presencia, a fin de que tome conocimiento del Resultado de la investigación migratoria que se llevará a cabo en esta Unidad Policial y a la espera del pronunciamiento de la Superintendencia Nacional de Migraciones”, conforme se observa de la Constancia de Notificación obrante a fojas 494 de autos.
VIGÉSIMO SETIMO: En relación a los agravios vi), vii), xi) y xii), se tiene que la administración señala en la Resolución N° 0000-101-2017-MIGRACIONES, del 27 de abril de 2017 que: ” en relación al alcance de la manifestación ofrecida [ por la demandante] a la División de Extranjería, se debe tener en cuenta que la declaración de la recurrente le resulta aplicable el principio de Presunción de Veracidad, previsto en el párrafo 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual establece que se deberá presumir que la declaración brindada responde a la verdad de los hechos que se afirman, salvo prueba en contrario” .
Así, concluye que: ” (…) las reiteradas contradicciones que tuvo la recurrente en su manifestación policial, dejan en evidencia que se ha falseado información e la documentación requerida para el trámite de cambio de calidad migratoria a Trabajador Residente (…)”.
Dante Morales Taquia - abril 26, 2018

References: artículo 9
 Resolución 
 artículo 63
 artículo 60
 artículo 63
 artículo 2
 artículo 55
 artículo 139
 artículo 139
 artículo 60
 artículo 63
 Resolución 
 artículo 231
 artículo 229
 artículo 230
 artículo 235
 artículo 234
 artículo 162
 Resolución