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Timestamp: 2018-03-20 15:39:25+00:00

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SENTENCIA DEL TS DE 18-12-2015
Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Uralita S.A. contra la sentencia de 2-5-2014 del TSJ de Cataluña, en recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de 11-6-2013, dictada por el Juzgado de lo Social nº 20 de Barcelona, en autos seguidos a instancias de Uralita S.A. contra INSS, Dª Clemencia en su condición de sucesora de Alonso sobre.
El 11-6-2013 el Juzgado de lo Social nº 20 de Barcelona dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos:
1º.- Por sentencia de 30-7-1999 del Juzgado Social nº 22 de Barcelona se declaró a D. Alonso en situación de incapacidad permanente en grado de total derivada de la contingencia de enfermedad profesional.
Por sentencia del TSJ de Cataluña de 14-112000 se estimó el recurso de suplicación interpuesto por el Sr Alonso respecto del importe del salario base regulador de la prestación, manteniendo el resto de pronunciamientos de la sentencia.
2º.- Por resolución de 6-5-2011 se declaró D. Alonso por agravación en situación de gran invalidez derivada de la contingencia de enfermedad profesional.
3º.- Alonso, nacido en 1934, prestó servicios para la empresa Uralita S.A. en el período comprendido entre el 16-3-1964 y el 14-9-1989.
4º.- En el centro de trabajo de la empresa Uralita S.A. se realizaban tareas de fabricación de elementos para la construcción a base de una mezcla conocida como fibrocemento, compuesta de cemento portland y amianto, finalizando dicha actividad en el año 1997, permaneciendo como centro de almacén de productos hasta el año 2001 en el que cerró su actividad.
5º.- El Sr Alonso falleció el 29-12-2012. El 22-3-2013 la parte actora amplió su demanda frente a Clemencia como heredera y viuda del demandado Sr Alonso.
6º.- Por sentencia de 3-10-2011, dictada por este Juzgado se desestimó la excepción de prescripción interpuesta por Uralita S.A. así como su demanda se confirmó el recargo de prestaciones del 50% impuesto a la indicada empresa respecto de las prestaciones de Seguridad Social derivadas de la enfermedad profesional sufrida por Joaquín.
7º.- El Sr Alonso durante su prestación de servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa Uralita S.A. en el centro de trabajo de Cerdanyola del Vallés en la sección de placas, estuvo expuesto al contacto aéreo con polvo de amianto.
8º.- Por el INSS se solicitó de la Inspección de Trabajo informe sobre la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad respecto de la enfermedad profesional del Sr Alonso. Por la Inspección de Trabajo se elaboró informe proponiendo la aplicación a la empresa Uralita de un recargo del 50%.
9º.- Por resolución del INSS de 29-3-2012 se declaró la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en la enfermedad profesional contraída por Alonso, declarando que las prestaciones de Seguridad Social derivadas de enfermedad profesional se incrementarán en el 50% con cargo a Uralita S.A.
10º.- Interpuesta reclamación previa por la citada empresa fue desestimada por resolución de 4-7-2012.
11º.- Por la empresa demandante y durante el periodo en el que el Sr Alonso prestó servicios para ella no consta que se realizaran reconocimientos médicos específicos para trabajadores expuestos a riesgos pulvígenos, ni que se facilitaran al Sr Alonso máscaras respiratorias y protección de la cabeza, ojos o partes desnudas frente a riesgos pulvígenos.
"Estimando la excepción de prescripción alegada por la empresa Uralita S.A. dejo sin efecto la imposición de recargo de prestaciones del 50% derivado de la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo administrativamente impuesto sobre las prestaciones que en materia de Seguridad Social se derivaran de la enfermedad profesional sufrida por Alonso, sucedido en los presentes autos por Clemencia, debiendo el INSS y la TGSS estar y pasar por dicha declaración con todas sus consecuencias legales.".
La citada sentencia fue recurrida en suplicación por el INSS y Dª Clemencia ante el TSJ de Cataluña, que dictó sentencia el 2-5-2014 en la que consta el siguiente fallo:
"Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dª Clemencia, en su condición de sucesora de D. Alonso frente a la sentencia dictada el 11-6-2013 por el Juzgado de lo Social nº 20 de Barcelona, la cual revocamos y, en su lugar, desestimamos la demanda interpuesta por Uralita S.A frente a INSS, TGSS y D. Alonso y confirmamos la resolución del INSS de 29-3-2012. Sin costas.
Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por el INSS frente a la sentencia dictada el 11-6-2013 por el Juzgado de lo Social nº 20 de Barcelona, la cual revocamos y, en su lugar, desestimamos la demanda interpuesta por Uralita S.A frente a INSS, TGSS y D. Alonso y confirmamos la resolución del INSS de 29-3-2012. Sin costas".
Uralita S.A. formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina. Se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por el TSJ de Cataluña de 27-2-2013.
La sentencia del Pleno de la Sala de 17-7-2013 se hace eco de la doctrina más relevante sobre la materia y de sus afirmaciones merecen destacarse, entre otras, las siguientes:
Las conclusiones a las que la doctrina jurisprudencial de esta Sala IV ha ido llegando respecto del efecto del transcurso del tiempo sobre la tramitación del expediente administrativo de imposición del recargo sostienen que el mismo está sometido al plazo de prescripción de 5 años, en virtud de los dispuesto en el art. 43.2 LGSS, y ello aun cuando hayamos negado que el recargo tenga una naturaleza estrictamente prestacional. Así hemos indicado que
"... desde esta perspectiva de naturaleza mixta, en su faceta de indemnización adicional satisfecha en forma prestacional atípica, la imposición del recargo se halla sometida a las previsiones del art. 43.3 LGSS, precepto relativo al «reconocimiento de las prestaciones» y conforme al cual «en el supuesto de que se entable acción judicial contra un presunto culpable, criminal o civilmente, la prescripción quedará en suspenso mientras aquélla se trámite, volviendo a contarse el plazo desde la fecha en que se notifique el auto de sobreseimiento o desde que la sentencia adquiera firmeza»".
Sobre cómo juega la prescripción del derecho al recargo se añade:
"El criterio general es que en orden a la interpretación de las normas sobre prescripción, que cualquier duda que al efecto pudiera suscitarse ... habría de resolverse precisamente en el sentido más favorable para el titular del derecho [los beneficiarios] y restrictivo de la prescripción, pues la doctrina jurisprudencial -tanto de esta Sala como de la Civil- ha venido reiterando que al ser la prescripción extintiva una institución no fundada en principios de estricta justicia, sino en los de seguridad jurídica y presunción de abandono del derecho objetivo, por tal razón debe ser objeto de tratamiento cautelar y aplicación restrictiva".
2. En relación al arranque del plazo de prescripción se pone de relieve la complejidad del recargo y de las múltiples vías de reacción que nacen como consecuencia del daño sufrido por el accidente de trabajo en que interviene infracción de medidas y que
De ahí que esta Sala IV concluyera que
"el día inicial a los efectos prescriptivos no puede fijarse con carácter general, en el momento de ocurrir el evento que ocasionó la muerte o cuando se archivaron las diligencias penales, pues el plazo arranca de acuerdo con el art. 1969 del CC, en el día en que las acciones pudieron ejercitarse teniendo en cuenta en cada supuesto las distintas vías jurisdiccionales que se utilizaron para lograr una indemnización global dirigida a resarcir el daño en su integridad".
Como recuerda la Sentencia del TS de 7-7-2009
La aplicación de la anterior doctrina al presente caso nos lleva a entender, conforme a ella y al artículo 1.969 del Código Civil , que el "dies a quo" para la prescripción del derecho al recargo coincide con aquél en el que devino en firme la sentencia de 30-7-1999 que declaró en situación de IPTPH, derivada de enfermedad profesional causada por asbestosis, al trabajador demandante, esto es cuando ese pronunciamiento fue confirmado por sentencia del TSJ de Cataluña de 14-11-2000, resolución que no fue impugnada.
Por tanto, cuando por resolución de 6-5-2011, dictada en expediente de revisión por agravación, se declaró al trabajador en situación de gran invalidez por la misma contingencia de enfermedad profesional causada por asbestosis, ya hacía tiempo que había prescrito su derecho al recargo de la prestación por haber transcurrido en exceso el plazo de 5 años establecido al efecto por el artículo 43 de la LGSS, máxime cuando ese plazo siguió corriendo hasta la apertura del expediente sancionador por propuesta de la inspección de 8-12-2011 que terminó por resolución de 29-3-2012 que impuso a la empresa el recargo del 50 por 100 que es objeto de impugnación en este recurso.
Si el derecho al recargo, cual se acaba de señalar y apunta el recurso, prescribió por el transcurso de 5 años a contar desde el 14-11-2000, la cuestión planteada queda reducida a resolver si el derecho prescrito renace por hechos posteriores a su extinción por la prescripción, cual puede ser la revisión de la prestación reconocida con base en una agravación de la incapacidad permanente reconocida por la misma contingencia profesional. La respuesta debe ser negativa por las siguientes razones:
Primera. Porque los derechos a las prestaciones de seguridad social se regulan por las normas vigentes al tiempo del hecho causante, conforme a la transitoria primera de la LGSS, normas que determinan los requisitos para el nacimiento del derecho y las causas de su extinción, hecho causante que en el presente caso coincide con la fecha de efectos de la incapacidad permanente total por enfermedad profesional reconocida el 30-7-1999. Por tanto, al ser firme esa resolución empezó a correr el plazo de prescripción del derecho al recargo que se pudo ejercitar a partir de esa firmeza, plazo que se agotó sin que ningún hecho interrumpiera su curso y ampliara su duración.
Segunda. Porque el derecho ya fenecido no puede renacer, salvo disposición legal expresa que en el presente caso no existe. En efecto, el artículo 43-1 de la LGSS, tras establecer el plazo de prescripción de 5 años, se limita a regular la variación posterior del contenido económico de las prestaciones ya reconocidas con ocasión de la revisión de las mismas, pero sólo contempla el caso de las prestaciones reconocidas que se revisan y lo hace, precisamente, para limitar la retroactividad de la revisión. Por ello, como el recargo es una prestación diferente a la de IP reconocida no se ve afectado por esta disposición, dado que no fue reconocido antes de la revisión.
Tercera. Porque nuestra doctrina se funda en esta materia en los principios de unicidad del daño derivado de una misma contingencia profesional, así como de sus consecuencia jurídicas con una visión global y armónica de todo nuestro ordenamiento jurídico y no sólo de una de sus disciplinas, pues la tutela judicial efectiva de todos los afectados por ella, cualquiera que sea su posición así lo requiere, pues el recargo es único y se impone por la falta de medidas de seguridad que dio lugar a la contingencia profesional objeto de protección en su momento, sin que quepa el reconocimiento de sucesivos recargos, al ser contrario a la seguridad jurídica que se puedan generar nuevos debates sobre su procedencia y cuantía. En tal sentido, conviene añadir que el carácter híbrido del recargo no puede llevar a soluciones que en la práctica favorezcan su imprescriptibilidad, máxime cuando esta Sala viene señalando reiteradamente que, como prestación, está sujeto al plazo prescriptivo de 5 años, plazo más ventajoso que el de un año que sería aplicable si se estimara que tiene naturaleza indemnizatoria.
Cuarta. Porque esta solución la impone el principio de seguridad jurídica que establece el artículo 9-3 de la Constitución.
Quinta. Porque otra solución sería contraria al principio de tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución del que deriva el derecho a defenderse, derecho difícilmente ejercitable si, pasados más de 10 o 20 años, se obligase al patrono a probar que respetó las normas de seguridad entonces existentes, pues no se debe olvidar que, como no juega la presunción de inocencia por tratarse de una relación contractual, es la empresa quien debe probar que obró con la diligencia debida y adoptó todas las normas de seguridad necesarias, prueba cada vez más complicada con el paso del tiempo, porque, conforme pasan los años, aparte no ser obligatorio conservar cierta documentación, cambian los métodos de trabajo, se mejoran las máquinas y demás medios de producción, así como los conocimientos técnicos en materia de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Se considera doctrina la de que el "dies a quo" para la prescripción del recargo coincide con aquél en el que por primera vez recae resolución judicial o administrativa firme reconociendo la existencia de una contingencia profesional como causante de una prestación permanente. Reconocido el derecho al recargo, las prestaciones que se reconozcan en el futuro por la misma contingencia llevarán anudado el derecho al mismo.
Por todo lo razonado, procede estimar el recurso, casar y anular la sentencia recurrida y resolver el debate planteado en suplicación en el sentido de confirmar la sentencia de instancia.
Estimamos el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por Uralita S.A. contra la sentencia de 2-5-2014 del TSJ de Cataluña, en recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de 11-6-2013, dictada por el Juzgado de lo Social nº 20 de Barcelona, en autos seguidos a instancias de Uralita S.A.. Debemos casar y anular la sentencia recurrida y resolver el debate planteado en suplicación en el sentido de confirmar la sentencia de instancia.
Voto particular que formula el Magistrado D. Jordi Agusti Julia, al que se adhieren D. Fernando Salinas Molina, D. Luis Fernando de Castro Fernandez, Dª. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga, Dª. Rosa Maria Viroles Piñol.
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 43
 resolución 
 resolución 
 artículo 43
 artículo 9
 artículo 24
 resolución