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Timestamp: 2019-12-09 21:29:29+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2019-16381
Documento BOE-A-2019-16381
«BOE» núm. 274, de 14 de noviembre de 2019, páginas 125853 a 125857 (5 págs.)
BOE-A-2019-16381
En el recurso interpuesto por don J. A. G. T., en nombre y representación de la sociedad «Ibiza Puig Gros, S.L.», contra la calificación del registrador Mercantil y de Bienes Muebles de Eivissa, don Francisco Javier Misas Tomás, por la que se rechaza el depósito de cuentas de dicha sociedad.
El día 25 de junio de 2019 se presentó en el Registro Mercantil de Eivissa solicitud de depósito de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 de la entidad «Ibiza Puig Gros, S.L.». En la certificación de los acuerdos de la junta general -celebrada el día 18 de junio de 2019- por los que se aprobaron dichas cuentas anuales el administrador único manifiesta que la convocatoria de dicha junta se realizó «mediante burofax de fecha 17 de mayo de 2019». Según el artículo 15 de los estatutos sociales, «la Junta General será convocada por medio de carta certificada con aviso de recibo, dirigido a los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en el Libro Registro de Socios (…)».
Presentados tales documentos en el Registro Mercantil de Eivissa, fueron objeto de la siguiente nota de calificación:
«D. Javier Misas Tomás, Registrador Mercantil de Eivissa, previo el consiguiente examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
– Subsanable.–Es constante la doctrina de esta Dirección General la de que constando en los estatutos sociales, como resulta, que la convocatoria de la junta ha de realizarse mediante carta certificada o telegrama [sic] a cada uno de los socios, no puede entenderse correcta ni válida la convocatoria realizada mediante burofax.
Y ello ha de observarse incluso cuando la convocatoria provenga, en su origen, de una decisión judicial a instancia de quien a ello tenga derecho (artículos 168, 169 y 170 de la Ley de Sociedades de Capital). Así lo recoge la Resolución de 28 de febrero de 2014: “4. Según la reiterada doctrina de este Centro Directivo (cfr. las Resoluciones citadas en el apartado ‘Vistos’ de la presente), la convocatoria judicial de la junta general tiene una singularidad respecto de la regla general tan sólo respecto de la legitimación para hacerla y la libre designación de las personas que hayan de ejercer de presidente y secretario, sin que tal singularidad alcance a la forma de trasladarla a los socios, que ha de ser la estatutaria o, en su defecto, la legalmente prevista, sin posibilidad de sustituirla por otra, goce de mayor o menor publicidad. El derecho de asistencia a la junta que a los socios reconoce el artículo 179.1 de la Ley de Sociedades de Capital ha de ser integrado con el de ser convocados para ello, y no en cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, a la que habrán de prestar atención, y con el plazo previo establecido, sin que sobre tales extremos pueda reconocerse libre discrecionalidad al juez”.
Eivissa, a diez de julio de dos mil diecinueve».
Contra la anterior nota de calificación, don J. A. G. T., en nombre y representación de la sociedad «Ibiza Puig Gros, S.L.», interpuso recurso el día 19 de julio de 2019 en el que expresaba las siguientes alegaciones:
Único.–La convocatoria de la junta se realizó a través de burofax por ser que esta modalidad de envío es perfectamente equiparable a una carta certificada, ofreciendo las mismas garantías que éstas (certificar el efectivo recibo de la misiva por parte de su destinatario) y certificando, además, el contenido de la misma, por lo que es una modalidad de envío mucho más completa que la carta certificada, añadiendo seguridad y certeza a la notificación remitida, ya que, además de la notificación del socio, el contenido de la convocatoria y el objeto de la junta quedan también fehacientemente probados. Introducir en los estatutos de la sociedad que la forma de remitir las convocatorias de las juntas debe hacerse mediante carta certificada, es querer que se pueda tener efectiva constancia de la entrega de éstas, lo que queda perfectamente garantizado con el envío de un burofax. Basta con acudir al diccionario de la Real Academia Española para comprobar que, en esencia, son notificaciones análogas, ya que:
Por ello, no cabe sino concluir que el burofax remitido es perfectamente aceptable como forma de convocar la junta de acuerdo con los estatutos que nos ocupan, por ser éste un escrito (carta) enviado de forma certificada, con su respectiva certificación tanto de envío como de recibo y contenido, quedando con éste garantizada la efectiva notificación del socio».
Mediante escrito, de fecha 25 de julio de 2019, el registrador Mercantil elevó el expediente, con su informe, a esta Dirección General.
1. En este expediente debe decidirse si es o no fundada la calificación negativa del registrador Mercantil por la que considera que la forma de convocatoria de la junta general que ha adoptado los acuerdos objeto de la certificación calificada («mediante burofax de fecha 17 de mayo de 2019», según afirma el certificante) no se ajusta a lo establecido en los estatutos sociales («por medio de carta certificada con aviso de recibo»).
2. Según doctrina reiterada de esta Dirección General, existiendo previsión estatutaria sobre la forma de llevar a cabo la convocatoria de junta general de socios dicha forma habrá de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema, goce de mayor o menor publicidad, incluido el legal supletorio (cfr., entre otras, Resoluciones de 15 de octubre de 1998, 15 de junio y 21 de septiembre de 2015 y 25 de abril de 2016), de suerte que la forma que para la convocatoria hayan establecido los estatutos ha de prevalecer y resultará de necesaria observancia cualquiera que la haga, incluida por tanto la convocatoria judicial o registral.
Estas afirmaciones se apoyan en el hecho de que, como ha puesto de relieve este Centro Directivo, los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos son la «carta magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (vid. Resolución de 16 de febrero de 2013).
3. Cuando los estatutos concretan como forma de convocatoria de la junta general el envío de carta certificada con aviso de recibo determinan las características concretas de la comunicación de la convocatoria, sin que sea competencia del órgano de administración su modificación (vid., por todas, las Resoluciones de 31 de octubre de 2001, 1 de octubre de 2013 y 21 de octubre de 2015). Es así porque los socios tienen derecho a saber en qué forma específica han de ser convocados, que esa es la única forma en que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención. Y pueden tener interés en introducir en los estatutos, con base en el principio de autonomía de la voluntad que respecto de tal extremo se reconoce por la Ley (cfr. artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital), cláusulas que establezcan sistemas de convocatoria que no sólo permitan asegurar razonablemente la recepción del anuncio por el socio sino que además exijan determinados requisitos de fehaciencia de la comunicación de la convocatoria y de la recepción de la misma por los socios (vid. la Resolución de 20 de diciembre de 2017). Así, conforme al artículo 22.4 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, las notificaciones efectuadas por el prestador del servicio postal universal («Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.») gozan de «la presunción de veracidad y fehaciencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales, (…)» (y por ende también de las que hayan de surtir efecto en la esfera notarial y registral).
Según los razonamientos anteriores, podría admitirse que la convocatoria se hubiera realizado mediante burofax con certificación del acuse de recibo, por ser un sistema equivalente a la remisión de carta certificada con aviso de recibo y que permite al socio disponer de más plazo entre la recepción de la convocatoria y la celebración de la junta (habida cuenta de la rápida recepción del burofax por los destinatarios, sin que ello pueda predicarse de la misma forma de la comunicación por carta certificada con aviso de recibo; diferencia que adquiere importancia, dado que la antelación con que debe ser convocada la junta se computa desde la fecha en que se remite el anuncio, y no desde su recepción -artículo 176.2 de la Ley de Sociedades de Capital-). Lo que ocurre en el presente caso es que en la certificación de los acuerdos sociales se expresa únicamente que la convocatoria se realizó «mediante burofax», sin que nada se acredite ni se exprese sobre el acuse de recibo de dicha comunicación. Por ello, el recurso no puede ser estimado.
Madrid, 3 de octubre de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.

References: artículo 15
 Resolución 
 artículo 179
 Resolución 
 artículo 28
 Resolución 
 artículo 22