Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831134.html
Timestamp: 2019-11-12 08:56:12+00:00

Document:
as201831134
Auto Supremo Nº 134
Expediente: 318/2018
Demandante: Rosmery Corias Vda. de Torrico
VISTOS: El Recurso de Casación en el fondo de fs. 561 a 557 (foliación invertida en todo el expediente), interpuesto por Rosmery Corias Vda. de Torrico, contra el Auto de Vista N° 132 de 24 marzo de 2017, cursante a fs. 555 y vta., emitido por la Sala Primera en materia del Trabajo y Seguridad Social, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del recurso de reclamación por pago de Renta de Viudedad, formulada por la recurrente, al fallecimiento de su esposo José Torrico Sandoval, contra Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por Juan Edwin Mercado Claros, la respuesta de fs. 566-564, el Auto Nº 119 de fs. 571, por el que se concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 318-A de 21 de julio de 2017 cursante de fs. 583 y vta., que admitió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
Que, por Resolución Nº 00005753 de 27 de noviembre de 2015, cursante a fs. 304-303, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema Nacional de Reparto (SENASIR), suspendió definitivamente la Renta Única de Viudedad concedida a favor de Rosmery Corias García, en virtud a no haber convivido con el causante José Torrico Sandoval, los dos últimos años previos a su fallecimiento.
Ante el Recurso de Reclamación interpuesto por la beneficiaria (fs. 350 a 347 vta.), la Comisión de Reclamación del SENASIR, cumpliendo lo dispuesto por el Auto de Vista Anulatorio Nº 131 de 09 de agosto de 2016, emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz de fs. 450-449, mediante Resolución Nº 509/16, de 07 de diciembre (fs. 507 a 503), CONFIRMÓ la Resolución Nº 00005753, de 27 de noviembre de 2015, expedida por la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, al considerar que se encuentra conforme a disposiciones que rigen la materia.
Interpuesto el Recurso de Apelación por la beneficiaria (fs. 529-524, repetido a fs. 544 a 539), la Sala Primera en materia del Trabajo y Seguridad Social, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista N° 132, de 24 de mayo de 2017, cursante a fs. 555 y vta., por el que CONFIRMÓ la Resolución N° 509/16 de 07 de diciembre de 2016.
Contra la Resolución emitida por el Tribunal de Apelación, Rosmery Corias Vda. de Torrico, formuló Recurso de Casación en el Fondo, en el que se apersona en mérito a la declaratoria de herederos ab-intestado al fallecimiento de su esposo José Torrico Sandoval, afirmando que al haber sido notificada con el Auto de Vista Nº 132, advierte que se negó el derecho a percibir su renta de viudedad, sin haberse valorado el Formulario de Afiliación a la Caja Petrolera de Salud y su Carnet de Asegurada, de fs. 323 a 325, como beneficiaria junto a sus dos hijas y por lesionar sus derechos esta determinación, interpone recurso de casación en el fondo, alegando que se habría aplicado en el caso presente los arts. 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087/97 de 21 de julio de 1997 y art. 52 del Código de Seguridad Social (CSS), pese a que los Autos Supremos 507 de 02 de octubre de 2010 y 64/2014 de 06 de mayo de 2014, establecieron que no se puede tipificar que la esposa no convivió los dos últimos años con el causante o que estuvo separada por su culpa, como erróneamente se determinó en el Informe Social Adm. Reg. Santa Cruz ODU Nº 039/16 de 29 de noviembre, puesto que no es evidente esa separación y si bien existe el reconocimiento de un hijo realizado por su esposo, este se efectuó con una Cédula de identidad vencida y en el Testimonio de Reconocimiento, figura como soltero (fs. 279 y 272).
Rechaza el contenido del indicado Informe Social por contener hechos que no condicen con la realidad, porque no evidencia una investigación que dé pautas para emitir una resolución y sólo la descalifica. Que tiene un inmueble en el que mantuvo su vida conyugal y que éste había sido objeto de avasallamiento por parte de la Sra. Fanny Rivero.
Afirma que como en toda pareja, existen divergencias y el hecho de haber viajado o realizado salidas no fue motivo para que ella cambiara de actitud, habiendo demostrado respeto, sin dar motivo para que su conducta se acomode a lo previsto por los arts. 52 del CSS y 34 del Manual de Prestaciones y que si bien existió un proceso de divorcio, no concluyó porque su esposo no quería.
El hecho de contar con gastos funerarios, no determina una convivencia y menos el reconocimiento de hijo que se habría efectuado para que ese niño tenga seguro social, pese a que no conoce que hubiese podido tener un hijo biológico.
Asevera que asistió a su esposo en la enfermedad, inclusive en los momentos críticos de su internación en la Caja Petrolera de Salud, donde también entiende estuvo Fanny Rivero (fs. 517-522).
Alega que el concubino de la indicada Sra. Fanny Rivero, no fue su esposo, sino otra persona, habiendo sido sólo un medio y un juguete para sus aspiraciones, conforme se demostró -dice- por las fotografías presentadas en varios memoriales (fs. 413-415, 481-482), por ello concluye que el informe Social es totalmente parcializado y no describe los hechos reales respecto de la convivencia de su persona con su extinto esposo.
Afirma que en cumplimiento de los arts. 13 inc. d) y 14 inc. a) del CSS, reconocen el beneficio de derecho habiente a favor de los herederos del asegurado, entre los que se encuentra la esposa o conviviente inscrita en los Registros de la Caja y conforme a la Hoja de Afiliación e Identificación y su Carnet de la Caja Petrolera de Salud, demostró que tiene la calidad de asegurada como esposa junto a sus hijas desde el 05 de enero de 1998 hasta la muerte de su causante, evidenciándose que la supuesta concubina no se encuentra asegurada a la Caja, conforme exige el art. 52 del CSS y por ello le corresponde el pago de la renta de derechohabiente, conforme a la prueba presentada en los diferentes escritos en el curso del proceso y que solicita sean considerados por este Tribunal Supremo.
Indica además que el Tribunal de alzada, no analizó los alcances de la prueba de fs. 323 a 325 de obrados, que demuestran que la sentencia de divorcio, no se encuentra ejecutoriada y por consiguiente persiste su estado de casada y convivencia continuada por más de 25 años con José Torrico Sandoval.
Por ello solicita en mérito a los principios: protector y de primacía de la realidad, de acuerdo al art. 4 incs. a) y d) del Decreto Supremo (DS) Nº 28699, se considere que se aplicó indebidamente el art. 52 del CSS y que se habría violado el art. 13 inc. d) del mismo Código, vulnerando, además los principios de irrenunciabilidad de las leyes sociales, consagrado en el art. 48-II y III de la CPE.
Afirmó que ha demostrado que el Tribunal de alzada incurrió en violación e interpretación errónea de la ley y error en la apreciación de las pruebas, por lo tanto interpone recurso de casación para que este Tribunal, CASE el Auto de Vista y deliberando en el fondo, ordene el derecho a la Renta Única de Viudedad, para el sustento de su vida, porque por su estado de salud y edad avanzada no puede trabajar.
Por memorial de fs. 565 a 564 y vta., Marcelo Alejandro Pattzi Pino, en representación del Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, respondió al recurso, efectuando un análisis de los antecedentes del proceso, afirmando que no podía haberse alegado cuestiones de escritos anteriores, que las normas citadas por la recurrente no son aplicables al caso presente, que se aplicó de manera correcta las previsiones del art. 52 del CSS; que el Auto de Vista, se sustenta en las normas vigentes y el Bloque de Constitucionalidad y los principios éticos de la sociedad y por ello es que el recurso de casación es infundado, al no haber cumplido con la técnica procesal y porque tampoco se ha identificado el perjuicio material y directo, habiéndose aplicado de manera correcta el art. 477 del Reglamento del CSS, al momento de haber determinado la suspensión definitiva de la renta, pretendiendo ahora la recurrente, hacer incurrir en confusiones, por ello solicitó que se declare INFUNDADO el recurso.
Mediante Auto Supremo Nº 318-A de 21 de julio 2017, cursante a fs. 583 y vta., este Tribunal admitió el recurso de casación en el fondo de fs. 557 a 561, interpuesto por Rosmery Corias Vda. de Torrico, contra el Auto de Vista Nº 132 de 24 de mayo de 2017.
Doctrina aplicable al caso concreto:
La jubilación protege a la persona de las contingencias propias de la vejez, considerado como un hecho natural, emergente del deterioro físico y psicológico y que se convierte en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales.
Consiguientemente, la renta de viudedad, se encuentra inserta también como un derecho a la seguridad social en los arts. 22 y 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y se reconoció su implementación, mediante los arts. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), cuando establecieron que, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y consiguientemente a un nivel de vida adecuado que le asegure, para sí, como para su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
Consiguientemente se concluye que el derecho a la Renta Viudedad, constituye un elemento de los derechos a la seguridad social, con un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas que estaban casadas o convivían con un beneficiario a renta de invalidez o vejez, a recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio, considerando para ello los indicados convenios internacionales, que son de aplicación preferente, conforme establece el art. 410 de la CPE.
Al respecto, los art. 51 y 52 del CSS, 32 y 34 del MPRCPA establecen, las condiciones y los impedimentos para el pago con carácter vitalicio de la renta de viudedad y quienes son los beneficiarios de tal derecho, instituyendo en primer orden, a la esposa u esposo y en segundo a la conviviente o el conviviente.
Respecto de la esposa o esposo, ciertamente esta normativa, prevé una excepción, cual es la convivencia con el causante los dos últimos años, como un justificativo para conceder la misma, en mérito al criterio que la persona que tiene una renta de vejez o invalidez, antes de su fallecimiento, ha recibido la compañía, atención y la seguridad de otra persona que le brindó una situación de vida que permitió sobrellevar su invalidez o vejez, en virtud a un principio de auxilio mutuo y compañerismo.
Pues si bien estas personas pueden acceder a la sucesión hereditaria al fallecimiento de sus causantes en mérito a las normas del derecho civil, conforme refieren los arts. 13 y 14 del CSS; empero, respecto de la renta de viudedad, que constituye un reconocimiento del Estado a favor de esas personas que mantuvieron una relación íntima de compañía, atención y seguridad del causante, por contener características diferentes respecto de la adquisición de los derechos que concede la Seguridad Social al fallecimiento de un rentista, pues éste acaecimiento, produce diferente efectos jurídicos, el primero la sucesión civil, al que pueden acceder todas las personas que tengan vínculos civiles y de parentescos previstos por ley, excluyendo los más cercanos a los más lejanos (arts. 1083 al 1088 del Código Civil, CC), sin que interese la convivencia o cohabitación; empero en materia de seguridad social, esos efectos beneficia únicamente a la persona, esposo o esposa, con quien él o la causante cohabitó por lo menos los dos últimos años antes de su fallecimiento, o él o la conviviente, que cohabitó por lo menos un años antes del fallecimiento del causante, que constituye un requisito adicional y especial previsto por la ley; es decir constituyen un plazos legales fijados por el Código de Seguridad Social, en el art. 52, independiente del cumplimiento de otros requisitos que exige esta norma y otras complementarias.
También tienen derecho otros beneficiarios, a la renta de orfandad, cuando se trate de hijos menores, concebidos o con una declaración de incapacidad temporal y/o permanente, conforme regula la misma Ley (Código de Seguridad Social, en sus arts. 13, 14 y 48 y siguientes).
Es decir se considera derecho habiente a toda persona que reúne las características y requisitos que la normativa de Seguridad Social establece y no así respecto de otras personas que si bien pueden tener algunas características, pero no todas y por consiguiente, no se hacen acreedores a ese reconocimiento de derecho habiente, por ejemplo la esposa que no convivió durante los últimos dos años, el hijo mayor de edad, que no hubiese sido declarado inválidos, etc.
Por otra parte debe considerarse también, que de acuerdo a lo que instituyen tanto el art. 180-I de la CPE y 30-11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), la jurisdicción ordinaria se sustenta en la verdad material, por la cual, se obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa a los hechos y circunstancias acreditadas y de la forma cómo ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, se debe dar prevalencia a la verdad, a la realidad de los hechos, a la verdad pura, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia
En el caso que se analiza, se advierte que es evidente que la solicitante de la renta de viudedad Rosmery Corias Vda. de Torrico, es “la esposa” del titular de la renta José Torrico Sandoval (causante) y así lo demostró con la presentación del certificado de matrimonio cursante a fs. 171 (Primer cuerpo del expediente), documento que tiene el valor probatorio previsto por los arts. 1534 del CC, 160 del CF, al haber sido extendido con las solemnidades y por los funcionarios autorizados, conforme prescribe la ley.
Corroborando ese vínculo civil, se emitieron los Informes Sociales Nos. 138/2015 y 160/2015 de fs. 170-168 y 202 a 201 de obrados, por los que determinaron que correspondía conceder a la indicada beneficiaria la renta de viudedad al fallecimiento de su cónyuge, emitiéndose para dicho efecto por la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, la Resolución Nº 00003429 de 04 de agosto de 2015 (fs. 221, segundo cuerpo), concediendo dicha renta e viudedad a la solicitante.
Posteriormente, mediante nota de 08 de septiembre de 2015 (fs. 285), se apersonó ante el SENASIR, Fanny Rivero Ferreira, haciendo conocer que se consideraba viuda de José Torrico Sandoval y por consiguiente pidió que se conceda renta de orfandad a favor de sus hijos Jennifer Torrico Rivero y José Carlos Torrico Rivero, adjuntando documentación, entre la que se encuentra fotocopia legalizada de una sentencia de divorcio entre José Carlos Torrico Rivero y Rosmery Corias Vda. de Torrico, (fs. 270 a 268), habiéndose elaborado los Informes Sociales Nos. 219/2015 y 241/2015 de fs. 267 a 265 y 294 a 292, por los que se informó que Fanny Rivero Ferreira convivió con José Torricos Sandoval, los dos últimos años anteriores a su fallecimiento y que Rosmery Corias Vda. de Torrico, faltó a la verdad sobre este hecho, alegando una convivencia que no existió.
Estos informes y la documentación presentada justificó la Resolución Nº 00005753 de 27 de noviembre de 2015, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, para determinar a suspensión definitiva de la Renta Única de Viudedad a la que accedió anteriormente (fs. 303 a 304).
La indicada Beneficiaria, acreditó ciertamente que se encontraba afiliada a la Caja Petrolera de Salud, como cónyuge de su esposo, ostentando el correspondiente carnet de afiliada (fs. 235 a 232), justificando que también es heredera forzosa ab intestato de su cónyuge, empero también presentó junto a otra documentación fotocopia legalizadas de varias piezas del indicado proceso de divorcio, en el que da cuenta que la Sentencia de 12 de enero de 2015, no fue notificada a las partes y se declaró extinguida la acción por fallecimiento del actor (fs. 336 a 326).
Posteriormente, cumpliendo lo dispuesto por el Auto de Vista Anulatorio de obrados Nº 131 de fs. 450 a 449 vta., se elaboró el Informe Social Nº 039/16 de 29 de noviembre, (fs. 499 a 498), que evidencia que la actual solicitante no demostró su convivencia con el causante José Torricos Sandoval, los dos últimos años anteriores a su fallecimiento, y por el contrario éste hecho acreditó la Sra. Fanny Rivero Ferreira, pero que no podía ser acreedora a una renta por la falta de libertad de estado del indicado causante.
La sentencia de divorcio aludida (fs. 323 a 325 de obrados), resulta concordante con los informes sociales y otros antecedentes del proceso, que evidencian que la señora Rosmery Corias Vda. de Torrico, no convivió con su esposo los últimos seis años anteriores a su fallecimiento, habiendo vivido todo ese tiempo en un inmueble que se encontraba registrado a nombre de su esposo, quien se hacía presente esporádicamente solo a cobrar los alquileres de unas habitaciones, empero no mantenía relación marital con su cónyuge, pues sostenía una relación extramatrimonial por más de 14 años con Fanny Rivero Ferreira, no habiéndose notificado la aludida sentencia, no por voluntad del demandante, sino porque éste estuvo internado en la Caja Petrolera de Salud, hasta su fallecimiento, asistido por su conviviente, circunstancia reconocida por la ahora recurrente en su recurso de casación.
Es evidente que los Autos Supremos 507 de 02 de octubre de 2010 y 64/2014 de 06 de mayo de 2014, aluden a que cuando se trate de derecho habientes, que pretenden la Renta Única de Viudedad, como esposas o esposos, la separación de la vida conyugal debe ser declarada y acreditada judicialmente y no así, solo en mérito a los Informes Sociales; empero en el caso presente, existe una resolución judicial que si bien no se ejecutorío por la falta de notificación a los sujetos procesales, habiéndose declarado extinguida la acción por el fallecimiento del demandante y causante, empero en mérito al principio de verdad material, previsto por el art. 180-I de la CPE, este hecho de la separación por más de dos años de convivencia entre los cónyuges, se encuentra demostrada por ese fallo judicial presentado por la misma solicitante y corroborados por los aludidos Informes Sociales, implicando que la jurisprudencia citada en el recurso corrobora lo determinado en este Auto Supremo, demostrándose de esta manera que no es evidente que se realizó una errónea apreciación de la prueba cursante de fs. 323 a 325 de obrados, como se refiere en el recurso objeto de análisis.
Por consiguiente, se concluye que la determinación asumida por el Tribunal de alzada, se encuentra correctamente enmarcada a derecho, y no transgrede las normas citadas en el recurso, al haberse demostrado que la solicitante, pese a estar casada con José Torrico Sandoval, no convivió con él los últimos dos años anteriores a su fallecimiento, enmarcando su actuar a la causal de exclusión para hacerse acreedora a la Renta Única de Viudedad, prevista por los arts. 52 del CSS y 34 del MPRCPA, correspondiendo resolver conforme prescribe el art. 220-II del CPC, aplicable por la norma permisiva contenida en el art. 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social y art. 15 del Manual de Prestación de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por RS Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42-I-1 de la LOJ, declara INFUNDADO el Recurso de Casación en el fondo de fs. 561 a 557, interpuesto por Rosmery Corias Vda. de Torrico, contra el Auto de Vista N° 132 de 24 marzo de 2017, cursante a fs. 555 y vta., emitido por la Sala Primera en materia del Trabajo y Seguridad Social, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

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