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Timestamp: 2017-05-25 20:06:17+00:00

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Gloobal - Guía de conocimiento sobre el derecho humano al agua
Guía de conocimiento sobre el derecho humano al agua
I. El acceso al agua: razones para su regulación
1. La crisis mundial del agua desde la perspectiva económico-social
1.1. La desigual distribución social del agua.
1.1.1. La desigualdad en el consumo de agua entre países o regiones.
1.1.2. La desigualdad en el consumo de agua entre sectores sociales.
1.1.3. El acaparamiento de las fuentes de agua por las grandes urbes.
1.1.4. La desigualdad en el consumo de agua entre los diferentes usos.
1.2. El control privado/privativo del agua.
1.2.1. El agua como mercancía: la comercialización del recurso.
1.2.2. La privatización de los servicios de suministro.
1.2.3. Otras formas de privatización del agua.
1.3. Hacia un modelo fundado en la universalización del acceso al agua y la racionalidad económica.
2. La crisis mundial del agua desde la perspectiva política.
2.1. El papel geoestratégico del agua.
2.2. Los conflictos transfronterizos por el agua.
2.3. Hacia un modelo fundado en el control público y la participación en la gestión del agua.
3. La crisis mundial del agua desde la perspectiva ecológica.
3.1. La contaminación de las fuentes de agua.
3.2. La sobreexplotación de las fuentes de agua.
3.3. Hacia un modelo fundado en el control de la demanda y la unidad de cuenca.
II. El acceso al agua: de necesidad a derecho exigible.
1. El desarrollo del derecho humano al agua y al saneamiento.
2. El derecho humano al agua y al saneamiento desde la perspectiva de la indivisibilidad e interdependencia entre los derechos.
3. La individualización del derecho humano al agua.
4. El contenido del derecho humano al agua.
5. Los avances del derecho humano al agua y al saneamiento.
6. El derecho al saneamiento: el gran reto pendiente.
7. Estrategias de defensa del derecho humano al agua: mecanismos jurídicos, políticos y sociales.
7.1. Mecanismo jurídicos.
7.2. Mecanismos políticos.
7.3. Mecanismos sociales.
III. El derecho humano al agua y al saneamiento: experiencias en América Latina, África y Asia.
1. La experiencia boliviana.
2. La experiencia salvadoreña.
3. La experiencia sudafricana.
4. La experiencia india.
IV Glosario.
Es posible que el indisoluble vínculo entre agua y supervivencia humana haya favorecido la percepción de que el acceso a este recurso constituye un hecho natural. Lo cierto es que según los datos del PNUD (Informe sobre Desarrollo Humano 2006), todavía más de 1.100 millones de personas no tienen un acceso seguro al agua, y más de 2.600 millones carecen de sistemas adecuados de saneamiento básico.
Interesadamente, se ha pretendido que esta situación de crisis hídrica responde fundamentalmente a la natural escasez del recurso frente al crecimiento de la población mundial, que genera un aumento constante de la demanda. Lo cierto es que una explicación integral de la crisis del agua exige insertar los factores de la escasez del recurso y del crecimiento de la población, en un marco más amplio y complejo: el modelo de desarrollo vigente.
Y es que, precisamente uno de los rasgos que mejor caracteriza este modelo, es la percepción de los recursos naturales como meros insumos productivos destinados a garantizar un crecimiento sostenido y a maximizar los beneficios de unos pocos en detrimento de amplios sectores sociales y del entorno. En el caso del agua, el acaparamiento del recurso por las grandes potencias, por el negocio agrícola-industrial y por las corporaciones mundiales del sector, así como la sobreexplotación y excesiva contaminación que conlleva el modelo, están generando la degradación de las propias fuentes, de los ecosistemas y de las especies, y poniendo en riesgo la seguridad hídrica de generaciones presentes y futuras.
En este contexto, la escasez del agua y el crecimiento de la población mundial efectivamente influyen en la crisis hídrica, pero sobre todo, porque el modelo de mercado dificulta el desarrollo de otras formas de vida que resulten más sostenibles desde la perspectiva ecológica, y más viables desde el punto de vista económico y social; y provoca, en cambio, una utilización insostenible del recurso y la concentración de la población en megaciudades que se expanden sin control, y que difícilmente pueden satisfacer la creciente demanda de bienes y servicios básicos, condenando a millones de personas a vivir en situación de exclusión[1].
Otra cuestión estrechamente ligada al modelo de desarrollo vigente, y con claras implicaciones en la gestión del agua desde las perspectivas económica, social y ecológica, es la desviación indiscriminada de los cauces naturales y la construcción de grandes presas. Aunque algunos de estos proyectos pueden estar plenamente justificados y, sin duda, han podido contribuir al desarrollo de comunidades o regiones, se viene denunciando la falta de previsión y transparencia en su gestión, así como la invisibilización de las graves consecuencias que tienen sobre las comunidades afectadas, las economías locales y los ecosistemas.
NOTAS:® Y más allá de la falta de servicios adecuados de agua y saneamiento, las aglomeraciones urbanas de los países en vías de desarrollo padecen los escasos controles a la contaminación industrial; según datos de la FAO, 600 millones de personas habitan estas ciudades en condiciones que constituyen una amenaza para la salud. Y convendría tener en cuenta que la población urbana de los países en desarrollo que asciende ya a 1.700 millones, alcanzará los 4.000 millones en el 2025. Véase, FAO, Population and Water Resources, septiembre de 1994.
Aproximadamente el 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua, sin embargo, hasta un 97% del recurso está en los océanos; por tanto, el agua dulce representa poco más del 2,5% (aproximadamente el 2% atrapado en casquetes polares, el 0,5% en fuentes subterráneas y el resto disponible en lagos y ríos).
Indudablemente, tanto la escasez como la distribución natural del agua en el mundo pueden dificultar el acceso seguro a este recurso. Pero lo cierto es que estos factores no necesariamente se corresponden con su mayor o menor disponibilidad.
En relación con la desigualdad en el consumo entre los habitantes del Norte y del Sur, los datos resultan reveladores:
El PNUD advierte que la quinta parte más rica de la población mundial consume el 86% del total del agua disponible (Informe sobre Desarrollo Humano 1998).
De acuerdo con los datos del PNUD, los patrones de consumo (por persona y día), resultan manifiestamente desproporcionados: en Estados Unidos el consumo es de aproximadamente 575 litros, de 200 a 300 litros en los países de Europa y menos de 10 litros en buena parte de los países africanos (Informe sobre Desarrollo Humano 2006).
Según el PNUD (Informe sobre Desarrollo Humano 2003), aproximadamente 1.700 millones de personas, un tercio de la población de los países en desarrollo, viven en países que sufren estrés hídrico que consumen más del 20% de su suministro renovable de agua al año; y de mantenerse esta la tendencia, para el 2025 podrían ser 5.000 millones de personas.
Pese a contar con el 46% de los recursos hídricos medios internos renovables del mundo, América Latina y el Caribe padecen serios problemas de acceso al agua: 77 millones de personas 26 millones en zonas urbanas y 51 millones en zonas ruralescarecen de acceso adecuado al agua potable[2].
Según datos de las NNUU, de los 25 países que tienen mayor dificultad para acceder a agua segura, 19 son africanos[3].
En el África subsahariana más del 40% de la población no tiene acceso a fuentes mejoradas de agua, y más del 60% carece de acceso a saneamiento mejorado; la situación es especialmente grave entre la población de las zonas rurales[4].
Cada año mueren aproximadamente 5,2 millones de personas, entre ellas 4 millones de niños en su mayoría de los países en desarrollo, por enfermedades debidas a deficiencias en materia de alcantarillado y aguas negras[5].
NOTAS:® Véase, Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA): http://www.tragua.com ®	Véase, WHO, Water Supply and Sanitation Sector Report Year 2000, Africa Regional Assessment, 2000.
® Véanse, las estadísticas de OMS-UNICEF, en COHRE, AAAS, COSUDE y UN-HABITAT, Manual sobre el Derecho al Agua y al Saneamiento, 2007.
® Véase, Informe sobre la relación entre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y la promoción del ejercicio del derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento, Relator Especial de la Subcomisión sobre la promoción del derecho al agua potable y a servicios de saneamiento, 2002, Documento E/CN.4/Sub.2/2002/10, párrafo 44.
Dadas las dificultades que enfrentan muchas empresas públicas de gestión del agua, sobre todo en los países menos desarrollados (falta de transparencia, corrupción, clientelismo, insuficiencia de recursos para invertir en el mantenimiento y desarrollo de infraestructuras), los niveles de cobertura de suministro de agua y saneamiento básico son más bien bajos.
Y evidentemente, son los sectores sociales menos favorecidos particularmente aquellos que viven en la periferia de las grandes ciudades, con frecuencia en asentamientos irregulares, o en zonas rurales apartadas los que enfrentan mayores dificultades en el acceso; ya que al no estar conectados a las redes de abastecimiento y tratamiento de aguas, se ven obligados a pagar un alto precio por escasos volúmenes de un agua cuya calidad no siempre está garantizada, o bien condenados al consumo de agua contaminada y al continuo deterioro de su entorno.
En efecto, los datos demuestran que las comunidades no conectadas pagan por el agua para el consumo básico, tarifas mucho más elevadas que aquellas que cubren quienes cuentan con un acceso prácticamente ilimitado al agua de grifo. Para algunas familias, satisfacer las necesidades básicas de agua supone destinar un alto porcentaje de sus ingresos. De hecho, el PNUD señaló en su Informe sobre Desarrollo Humano 2006, que aunque existe la creencia generalizada de que la población pobre tiene un acceso abundante al agua a bajo costo, la realidad demuestra que para satisfacer sus necesidades básicas, muchas familias pobres pagan mucho más de lo que se puede permitir en los mercados del agua, lo que incrementa su pobreza. El precio del agua refleja un principio simple y retorcido: cuanto más pobre eres, más pagas.
Ciertamente, las situaciones de desigualdad en la distribución del agua, y de costes desproporcionados del recurso para los sectores más empobrecidos, afecta a una parte importante de los habitantes de las grandes ciudades, sobre todo en los países menos desarrollados.
Pero indiscutiblemente, un componente determinante de la desigualdad en el acceso al agua está referido al binomio campo-ciudad. En efecto, numerosas comunidades de las zonas rurales siguen estando en buena medida excluidas de los beneficios del desarrollo, y el sector del agua no es una excepción.
Las problemáticas a este respecto son variadas y complejas: van desde la carencia de sistemas de suministro y saneamiento básicos y de sistemas de riego eficientes para la agricultura de subsistencia, hasta la contaminación de sus fuentes y el desplazamiento de las propias comunidades en aras de la implementación de programas de desarrollo, cuyos supuestos beneficios no siempre se materializan, y en cambio, impiden la reproducción de sus modos tradicionales de vida.
Adicionalmente, los recursos hídricos de las comunidades rurales son vistos con frecuencia como solución inmediata al problema de la creciente demanda de agua de las grandes urbes. Así, por ejemplo, en la audiencia celebrada en el marco de las actividades paralelas al IV Foro Mundial del Agua (México, 2006), el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) [6] conoció de un caso que muy claramente refleja este tipo de conflicto.
La comunidad indígena mazahua, organizada en el Movimiento Mazahua por la Defensa del Agua y los Derechos Humanos, liderado principalmente por las mujeres de la comunidad, denunció el desarrollo de un proyecto de trasvase destinado a satisfacer la descontrolada demanda de agua de la Ciudad de México, y que le implicaba, entre otros daños, el deterioro de sus fuentes de agua, la afectación de la flora y la fauna locales, la expropiación de tierras y el menoscabo de su productividad agrícola. En efecto, el TLA consideró que el trasvase conllevaba perjuicios para las comunidades originarias en relación con su cultura, la propiedad de sus tierras y sus medios de subsistencia; y, en consecuencia, declaró inviable el trasvase y recomendó su cancelación y la reparación de los daños que ya se habían producido.
NOTAS:® Instancia internacional, autónoma e independiente, que actúa como un tribunal ético de justicia ambiental, para contribuir a la solución de controversias sobre los sistemas hídricos del continente (http://www.tragua.com).
Atendiendo a los usos del recurso, aproximadamente el 70% del total de la demanda de agua corresponde a la producción agrícola intensiva. Si bien pretendidamente este modelo se orienta a satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos, lo cierto es que algunos organismos internacionales han llamado la atención sobre los riesgos que conlleva la generalización de este modelo, tanto para el medio ambiente como para la agricultura en pequeña escala y de subsistencia.
Por un lado, porque la agricultura intensiva implica la sobreexplotación de las fuentes de agua superficiales y subterráneas, así como su contaminación por el uso abusivo de pesticidas y fertilizantes químicos. Situación que se agrava con el avance de las explotaciones de monocultivo de alto rendimiento, cada vez más frecuentes y que suelen compensar las condiciones de las tierras áridas con el uso excesivo de fertilizantes y con riego masivo, ocasionando además la degradación del suelo (por desertificación, anegamiento, salinización o erosión) y la desaparición de la biodiversidad local[7].
Por otro, se vienen denunciando igualmente las millonarias subvenciones públicas con que los países más desarrollados favorecen a sus principales productores, y que aunque pretendidamente responden al interés general, en realidad, redundan en beneficio del negocio agrícola-industrial y, en cambio, tienen graves consecuencias sobre las pequeñas comunidades agrícolas de los países en desarrollo. Estos sectores ven peligrar la producción local de alimentos de primera necesidad y sus modelos de subsistencia, porque sus productos difícilmente pueden competir en un mercado mundial distorsionado por unos subsidios que permiten a los grandes productores agrícolas ofrecer precios incluso por debajo del coste de producción, y que está controlado por las grandes multinacionales agro-alimentarias (PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2005).
En segundo lugar, el sector industrial representa aproximadamente el 20% de la demanda total de agua, y constituye, asimismo, una actividad altamente contaminante debido al vertido masivo de desechos tóxicos sin tratamiento. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO), es probable que para el 2025 la actividad industrial consuma el doble de agua que en la actualidad, mientras que la contaminación industrial se multiplicará probablemente por cuatro.
El consumo doméstico representa, entonces, aproximadamente el 10% del total de la demanda de agua. Ciertamente, también en el uso doméstico se produce el despilfarro, la inadecuada utilización y la contaminación del recurso; pero no constituye una aportación significativa a la situación de crisis actual. Y, en último término, también en este ámbito se reproduce la inequidad en la distribución del agua, con gravísimas consecuencias para la población afectada.
NOTAS:® Véase, SHIVA, V., Manifiesto para una democracia de la tierra. Justicia, sostenibilidad y paz, Albino Santos Mosquera (trad.), Paidós, Barcelona, 2006; Íd., Los monocultivos de la mente. Perspectivas sobre la biodiversidad y la biotecnología, A. E. Guyer (trad.), Fineo - Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 2007. Véase, igualmente, el Informe Azúcar Rojo, Desiertos Verdes. Informe Latinoamericano sobre monocultivos y violaciones al derecho a la alimentación y vivienda adecuadas, el agua, la tierra y el territorio, coordinado por FIAN (FoodFirst Information & Action Network), HIC-AL (Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina) y Solidaridad Suecia-América Latina (SAL), 2009.
La comercialización de agua embotellada básicamente controlada por Coca-Cola, Pespi-Co., Nestlé y Danone constituye hoy en día uno de los negocios más rentables y con mayores expectativas de expansión[8].
Sin embargo, se vienen denunciando el acaparamiento y la explotación indiscriminada de las fuentes por parte de estos agentes, así como un control insuficiente de la calidad del recurso embotellado. De hecho, aunque se ha pretendido atribuir al agua embotellada una serie de propiedades altamente beneficiosas para la salud, en ocasiones se ha comprobado que las corporaciones del sector sencillamente envasan el agua de grifo[9].
NOTAS:® Véase, SHIVA, V., Las guerras del agua, Contaminación, privatización y negocio, trad. De Isabel Bermejo, Icaria, Antrazyt, Barcelona, 2004.
® Véase, BARLOW, M. y CLARKE, T., Oro Azul. Las multinacionales y el robo organizado de agua en el mundo, Paidós, Barcelona, 2004.
El otro instrumento de mercantilización del recurso, es la privatización de los sistemas de abastecimiento, particularmente en aquellas ciudades que por su tamaño y la capacidad económica de sus habitantes, representan un mercado altamente rentable.
La mala gestión y la falta de recursos públicos para invertir en el mantenimiento, la renovación y la ampliación de los sistemas de suministro, ha llevado a algunos gobiernos a recurrir a la inversión privada. Y esta alternativa se ha visto intensamente favorecida por las instituciones financieras internacionales, los organismos internacionales de comercio e inversión y los bancos regionales, que vienen imponiendo a los países en desarrollo la liberalización de sus mercados, la desregulación de sus servicios, la flexibilización de sus administraciones, y en general, programas de ajuste estructural marcadamente neoliberales. Concretamente el Banco Mundial (BM), desde los años noventa, incluyó como requisito para el otorgamiento y la renegociación de créditos, la incorporación del sector privado a la gestión de los sistemas de abastecimiento de agua.
La importancia que el BM otorga al sector del agua, se ve reflejada en la creación de organismos especializados el Consejo Mundial del Agua, la Asociación Mundial del Agua y la Comisión Mundial del Agua para el siglo XXI, supuestamente destinados a facilitar el diálogo entre los diversos agentes involucrados y a proporcionar asistencia técnica para enfrentar las problemáticas en torno al agua, pero que en esencia han favorecido una visión mercantilista, tanto del recurso, como de su gestión.
De hecho, el Foro Mundial del Agua evento que se celebra cada tres años y que representa la principal plataforma de divulgación de los criterios del Consejo Mundial del Agua se ha constituido en un importante espacio de encuentro y negociación entre ciertas agencias internacionales, los representantes de los gobiernos, las empresas transnacionales y los principales operadores privados del sector (Suez, Vivendi, RWE-Thames Water, Bechtel).
Pese a todo, las organizaciones civiles y los movimientos sociales articulados en torno a la defensa del agua como un recurso común y desmercantilizado, no han renunciado a incidir en el Foro, e incluso celebran eventos paralelos para hacer oír sus reivindicaciones.
Igualmente, algunos gobiernos han apostado por el reconocimiento del derecho humano al agua en las declaraciones que resultan de las conferencias ministeriales que suelen celebrarse en el marco del Foro Mundial del Agua. Sin embargo, la presión del sector privado ha conseguido imponer la concepción del acceso al agua como una mera necesidad que se puede satisfacer mediante la lógica del mercado.
Lo cierto es que ya en el IV Foro Mundial del Agua (México, 2006), los representantes de los gobiernos de Bolivia, Cuba, Venezuela e Uruguay firmaron una declaración paralela que efectivamente reconocía el acceso al agua como un derecho humano y exigía la exclusión del recurso de los tratados de libre comercio. Durante el V Foro Mundial del Agua (Estambul, 2009) hasta veinte países, entre ellos Ecuador, Guatemala, Chile, Paraguay, Honduras, Panamá y España, se unieron a esta iniciativa y propusieron, asimismo, que el próximo Foro sea convocado y organizado por las Naciones Unidas.
Y si bien cada experiencia de privatización de los servicios de agua y saneamiento presenta determinadas particularidades, en términos generales puede decirse que el resultado de estos procesos ha sido en buena medida insatisfactorio.
Con frecuencia los procedimientos para otorgar las concesiones fueron poco transparentes, y las condiciones de los contratos, muy favorables a las empresas que, no obstante, en muchos casos, intentaron renegociar mayores beneficios. Por otro lado, argumentando que con ello se favorecería el ahorro del recurso y la eficiencia del sistema y en algunos casos incluso incumpliendo las condiciones pactadas, los operadores privados incrementaron considerablemente las tarifas y cancelaron el servicio a aquellos usuarios que no estuvieron en condiciones de pagar. Sin embargo, ese aumento en las tarifas no se reflejó ni en la mejora de la calidad del agua o del servicio, ni en mayores inversiones en infraestructura para renovar los deteriorados sistemas de suministro y tratamiento, o para ampliar su cobertura.
En algunos casos, por ejemplo en ciertas provincias bolivianas o argentinas, la situaciones de exclusión en relación con el acceso al agua y al saneamiento básico se agravaron a tal punto que, ante la pasividad de sus gobiernos, la población se movilizó para obligarlos a rescindir los contratos de concesión de estos servicios y a expulsar a las transnacionales del país.
La privatización del agua no se limita, sin embargo, a la incorporación del sector privado a los servicios de suministro o a la comercialización del agua embotellada, sino que incluye también otras formas de uso privativo y excluyente del recurso.
Por ejemplo, con frecuencia la desviación de los cauces naturales priva a las comunidades ribereñas del acceso directo a las fuentes, sin que se pongan a su disposición otras alternativas de acceso; la contaminación de las fuentes por el sector agrícola-industrial u otras grandes industrias, también impide su aprovechamiento por las comunidades locales, sobre todo si a ello se añade el control monopólico de las tecnologías de extracción y purificación del recurso; por último, el control privado/privativo de territorios que concentran importantes reservas naturales (biorregiones), bajo el argumento de promover el desarrollo integral de la zona y asegurar la conservación de sus recursos, altera el entorno e impide la reproducción de las formas de vida tradicionales[10].
NOTAS:® Véase, RIBEIRO, S. (Grupo ETC), Las caras de la privatización del agua, en Las Canillas Abiertas de América Latina II. La lucha contra la privatización del agua y los desafíos de una gestión participativa y sustentable de los recursos hídricos, R. Grosse, C. Santos, J. Taks y S. Thimmel (compls.), Casa Bertolt Brecht, Uruguay, 2006.
Frente al modelo centrado en la administración de los recursos hídricos atendiendo a su valor productivo en aras del beneficio privado, un modelo alternativo de gestión del agua implica necesariamente garantizar de manera prioritaria el acceso universal y equitativo a este recurso vital.
Con este fin, deberán atenderse en primer término las necesidades de los sectores y comunidades hasta ahora excluidos, teniendo en cuenta sus particularidades, y con pleno respeto de su dignidad, su entorno y sus formas de vida. En definitiva, el reto sería atender sus demandas, favoreciendo su capacidad de acción y no reduciéndoles a meros beneficiarios de políticas más o menos genuinas de cooperación al desarrollo.
En todo caso, cualquier política, plan o programa destinado a la atención prioritaria de la población más vulnerable, pasa por incorporar la perspectiva de género, si se atiende al creciente fenómeno de feminización de la pobreza, pues, en efecto, han sido y siguen siendo las mujeres, uno de los colectivos más duramente discriminados en el goce de sus derechos y el acceso a los bienes y servicios básicos. Y con frecuencia, además, su condición o la situación en la que se encuentran las convierte en víctimas de discriminación múltiple o acumulativa, es decir, que sufren discriminación por más de un motivo (por ejemplo, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, nacionales o raciales, mujeres mayores, niñas y adolescentes, discapacitadas, mujeres sin hogar, refugiadas, desplazadas, viudas, divorciadas o separadas, víctimas de la violencia, de conflictos armados o de desastres naturales, mujeres víctimas del virus del SIDA, trabajadoras migrantes, empleadas domésticas, trabajadoras del sexo, lesbianas, transexuales, etc.) [11].
Particularmente en relación con el agua, la situación de las mujeres resulta de especial vulnerabilidad, ya que en los países en desarrollo suelen ser ellas las responsables del abastecimiento de agua a nivel doméstico y comunitario; y, con frecuencia, ello supone para las mujeres y niñas acarrear entre 15 y 20 litros de agua diarios recorriendo distancias de entre 10 y 20 km. Además de los trastornos físicos que pudiera ocasionarles y del riesgo que supone para su integridad física alejarse de sus comunidades, el desempeño de esta tarea implica para las mujeres y niñas la imposibilidad de involucrarse en otras actividades como la educación, la generación de ingresos, la política o el descanso y la recreación[12].
Adicionalmente, las mujeres y niñas suelen tener un menor acceso al agua y a otros recursos esenciales para satisfacer sus necesidades básicas, y pocas veces los servicios básicos tienen en cuenta sus especiales necesidades en relación con la higiene y la intimidad. De hecho, se viene denunciando que una de las razones del absentismo escolar entre las niñas de los países en desarrollo, es precisamente la falta de instalaciones sanitarias adecuadas en los centros[13].
Precisamente, en atención a la estrecha relación entre acceso al agua y género, el PNUD (Informe sobre Desarrollo Humano 2003) ha señalado que incrementar el acceso al agua potable y al saneamiento también implica abordar las desigualdades entre los géneros; ya que en muchas regiones del mundo, todavía las mujeres y las niñas invierten en conseguir el agua varias horas del día y hasta la tercera parte de las calorías que consumen.
Otra cuestión fundamental es la sostenbilidad económica del modelo. Con frecuencia se ha sugerido que para hacer frente a la crisis hídrica resulta indispensable incorporar a la gestión del agua el principio de recuperación total de costes (full cost recovery) para asegurar que los consumidores hagan un uso más racional del recurso.
Ciertamente, un modelo de gestión del agua llamado a satisfacer las necesidades básicas de toda la población mundial, y a la conservación del recurso y de los ecosistemas, exige incorporar la racionalidad económica. Sin embargo, es necesario establecer criterios claros a este respecto.
Lo primero que habría que decir es que, aunque interesadamente se ha pretendido identificar racionalidad económica con lógica de mercado, en realidad, es posible incorporar este principio a una gestión pública del agua. De hecho, existen ejemplos de prestadores públicos de los servicios de agua y saneamiento, que operan de forma económicamente autosustentable, como en el caso de la empresa pública uruguaya (Obras Sanitarias del Estado (OSE)), la empresa de agua y saneamiento de Rio Grande do Sul, Brasil (CORSAN) y los recientemente remunicipalizados servicios de Aguas de París.
En segundo lugar, habría que aclarar que el precio que se cobre por el agua no sólo debe ser razonable, sino también justo. Con este fin, es necesario desarrollar un sistema que efectivamente dé cuenta del valor de uso del recurso. Se trataría, en definitiva, de diferenciar, al menos, el agua destinada a la satisfacción de necesidades básicas, del agua como insumo productivo. En el primer caso, los derechos humanos asociados a ella no son negociables en términos económicos; su demanda no depende del precio y su acceso debe quedar plenamente garantizado. En el segundo caso, en cambio, la prioridad no es proporcionar agua a bajo coste, sino racionalizar su consumo y garantizar cierta equidad entre las diferentes actividades productivas que compiten por su uso.
Las propuestas para satisfacer estas condiciones, se basan esencialmente en sistemas escalonados de tarifas y subvenciones cruzadas[14]. Es decir, mientras que el agua destinada a satisfacer las necesidades básicas es decir, el agua como bien público puede estar subvencionada y, en último término, debe estar garantizada a todas las personas sin discriminación y con independencia de su capacidad de pago, el agua como insumo productivo que constituye la mayor parte del total de la demanda debe tener un precio que se corresponda con su valor y que haga posible la sostenibilidad económica del modelo.
Bajo criterios similares, deberá regirse la planeación y puesta en marcha de los grandes proyectos hidráulicos. De hecho, tanto la Comisión Internacional de Grandes Presas organización internacional no gubernamental como la Comisión Mundial de Presas organismo creado por el propio BM para establecer criterios aceptables de evaluación, inspección y control de estos proyectos, han advertido que con frecuencia las grandes presas no recuperan los costos de inversión y que su rentabilidad en términos económicos ha sido menor que la inicialmente prevista.
NOTAS:® Véase, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 16, párrafo 5 y Observación General No. 20, párrafo 17.
® Véase, WORLD HEALTH ORGANIZATION, The Right to Water, WHO-COHRE, Francia, 2003, p. 22; Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada sobre La mujer y la vivienda adecuada, Documento E/CN.4/2003/55 de 26 de marzo de 2003; Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, Documento E/CN.4/2004/48, de 8 de marzo de 2004; Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada sobre La mujer y la vivienda adecuada, Documento E/CN.4/2006/118, de 27 de febrero de 2006; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 15, párrafo 16; MIES, M. y SHIVA, V., Ecofeminismo. Teoría, crítica y perspectivas, Icaria, Antrazyt, Barcelona, 1997.
® Véase, Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación sobre La educación de las niñas, Documento E/CN.4/2006/45, de 8 de febrero de 2006, párrafos 48 y 110; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 15, párrafo 16; Informe de la Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento. Documento A/HRC/12/24 de 1 de julio de 2009, párrafos 30-32.
® Véase, ARROJO, P., Las funciones del agua: valores, derechos, prioridades y modelos de gestión, en VV. AA., Lo público y lo privado en la gestión del agua. Experiencias y reflexiones para el siglo XXI, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, Madrid, 2005.
Ciertamente, una parte de los conflictos que actualmente se presentan en torno al agua, están ocasionados por la amenaza que representan para el acceso universal a este recurso, los intereses económicos de las transnacionales del sector.
Pero la presión sobre los recursos hídricos viene también de algunos Estados que, atendiendo a la importancia estratégica del agua, están desarrollando sus propios planes de hegemonía nacional, regional o mundial.
Con frecuencia, además, los intereses de las potencias mundiales, de los organismos financieros internacionales y de las corporaciones globales convergen en proyectos con implicaciones tanto económicas como políticas. Éste sería precisamente el caso de los llamados corredores de desarrollo. En efecto, más allá de los acuerdos de libre comercio, se están proyectando planes de integración a gran escala que incluyen numerosos megaproyectos hidráulicos, pretendidamente destinados al desarrollo integral de ciertas regiones consideradas estratégicas, tanto por su ubicación, como por la variedad de los recursos naturales de que disponen[15].
El Plan Puebla Panamá (PPP), que involucra parte importante del territorio mexicano, los países centroamericanos y a Colombia, constituye un buen ejemplo. Ciertamente, el proyecto conlleva el desarrollo de una serie de infraestructuras autopistas, vías férreas, oleoductos, gaseoductos, puertos, aeropuertos, un sistema de integración energética, la instalación de fábricas maquiladoras y un importante sistema hidroeléctrico[16]; pero aunque está supuestamente destinado a superar las condiciones de pobreza de la población local, lo cierto es que en principio, va a suponer su desplazamiento, la explotación de los recursos naturales de la zona y de la mano de obra barata por las transnacionales involucradas, y la consecuente alteración del entorno y de los modos de subsistencia de las comunidades, sin proporcionarles ninguna garantía sobre los beneficios.
NOTAS:® Véase, DELGADO, G. C., Agua y Seguridad Nacional. El recurso natural frente a las guerras del futuro, Debate, México, 2005.
® Sobre éste y otros proyectos de corredores hídricos en Latinoamérica, véase, Vista de águila. Corredores hídricos e infraestructuras. Ampliación, en http://www.intermonoxfam.org/cms/HTML/espanol/2301/D2%20ficha%20instrucciones_OK.pdf
Con el fin de afianzar sus posiciones de poder, algunos Estados pretenden el control de los recursos hídricos que comparten con otros países (no geográfica, sino políticamente) peor situados, y mantienen situaciones de conflicto. Es, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos con México[17] y Canadá.
Pero quizá uno de los ejemplos más significativos es la guerra por el agua en el marco del conflicto entre Israel y Palestina. En efecto, buena parte de las fuentes de agua subterráneas de Israel, tienen su origen en los territorios ocupados; no obstante, mientras Ios israelíes disponen de agua suficiente, incluso para cultivar productos que demandan excesivos volúmenes de agua y para mantener sus zonas verdes, muchos palestinos encuentran dificultades hasta para satisfacer sus necesidades básicas de agua, en parte debido al desvío de los cauces hacia las colonias.
De hecho, en la Opinión Consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en los territorios palestinos ocupados[18], el Tribunal señaló que el muro pone en riesgo la supervivencia de decenas de miles de palestinos porque provoca la desaparición de vastas cantidades de tierras, pozos, huertos e invernaderos fundamentales para la producción agrícola; y en general, porque dificulta el acceso de la población palestina a las fuentes primarias de agua. Su construcción, por tanto, obstaculiza el ejercicio de una serie de derechos al trabajo, la salud, la educación y un nivel de vida adecuado, expresamente garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención de los Derechos del Niño.
También el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación denunció en su Informe de 2002 la destrucción de terrenos y cultivos agrícolas, pozos y sistemas de riego en los territorios ocupados, e informó que había comunicado al gobierno de Israel que la intensificación de las medidas de cierre de vías de comunicación, de toque de queda y de estado de sitio impuestas por las autoridades de ocupación desde septiembre de 2000, así como la invasión y reocupación de las zonas palestinas desde marzo de 2002, estaban generando un aumento en los índices de malnutrición entre la población palestina, y la consecuente vulneración de sus derechos a la alimentación y al agua[19].
® Emitida durante el 10º período de sesiones (extraordinario), y publicada el 13 de julio de 2004.
® Véase, E/CN.4/2003/54, de 10 de enero de 2003, párrafo 56.
El valor estratégico del agua, tanto desde el punto de vista político como económico, convierte este recurso en objeto de conflicto, acaparamiento y explotación indiscriminada. Por esta razón, resulta fundamental una adecuada regulación que favorezca la solución pacífica de las disputas, y que garantice el acceso universal al agua para la satisfacción de las necesidades humanas básicas, para la conservación de los ecosistemas y para asegurar el desarrollo equitativo y sostenible de las comunidades, países y regiones hasta ahora marginados.
Por tanto, frente a las políticas neoliberales de desregulación, mercantilización, acaparamiento y control privado del recurso, debiera desarrollarse un modelo de gestión alternativo que resulte más equitativo, democrático y sostenible.
Ello supone, en primer término, que los Estados asuman nuevamente su rol como reguladores de bienes y servicios en aras del interés general, que recuperen el control público de los recuros hídricos, y que democraticen los sistemas de gestión habilitando mecanismos efectivos de participación ciudadana y rendición de cuentas. Es necesario, asimismo, el desarrollo de indicadores que permitan evaluar las políticas relacionadas con el sector del agua.
Otro aspecto fundamental de la democratización de la gestión del agua es la descentralización del sistema, en la medida en que favorece una gestión del recurso más cercana a las necesidades de la población local, el empoderamiento de las comunidades, y en su caso, la exigencia de responsabilidades. Resulta esencial, en todo caso, que junto a la transferencia de competencias, se verifique igualmente la transferencia de los recursos financieros necesarios, para asegurar una gestión descentralizada eficaz, y evitar en cambio, que los gobiernos locales se vean obligados a recurrir al capital privado[20].
La democratización del modelo supone, igualmente, la intervención efectiva y transparente de la población que pudiera resultar afectada por la implementación de cualquier proyecto de desarrollo que implique disponer de los recursos hídricos comunes, tales como la desviación de cauces naturales y la construcción de presas. En estos casos, para salvaguardar sus derechos, es necesario que los Estados garanticen a las comunidades involucradas su plena participación acceso a la información, consulta e incidencia real en la toma de decisiones, según sus costumbres y tradiciones, un acceso razonable a los beneficios, y la evaluación independiente del posible impacto económico, social y ambiental del proyecto [21].
Existen ya experiencias exitosas de gestión pública de los recursos hídricos con un importante componente social, si bien estos sistemas enfrentan todavía algunos retos[22].
NOTAS:® Véase, PNUD, Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza, Informe sobre Desarrollo Humano 2003, Capítulo 7; Informe sobre Desarrollo del Banco Mundial, 2004, Capítulo 5.
® Véase, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, Sentencia del 28 de noviembre de 2007, párrafo 129.
® Por ejemplo, el propio BM ha destacado el buen desempeño de la empresa pública de Sao Paulo (SABESP).
Una regulación integral del acceso al agua pasa, necesariamente, por incorporar la perspectiva ecológica. Y es que más allá de los límites que la propia naturaleza impone en relación con la disponibilidad y la distribución del recurso, la acelerada contaminación del las fuentes por el uso abusivo de pesticidas y fertilizantes químicos en la agricultura industrial, el vertido de residuos industriales, la falta de tratamiento de los residuos domésticos y el mal estado de los sistemas de alcantarillado está agudizando las situaciones de escasez.
Y en buena medida, la inadecuada aplicación del principio de quien contamina paga, impide la formulación de políticas hídricas más adecuadas, que controlen la contaminación. Por un lado, difunde la idea de que, previo pago, la contaminación es legítima es decir, que es posible comprar un cierto nivel de contaminación, y difumina la cadena de responsabilidades dejando indefensos a los ciudadanos frente a las autoridades y los agentes privados que ponen en riesgo la seguridad hídrica y la conservación de los ecosistemas, con el único fin de aumentar sus beneficios económicos; además, con frecuencia las empresas contaminantes trasladan esos costes a los consumidores finales o bien reubican sus actividades en los países en desarrollo donde el precio por contaminar es más bajo y los controles menos rigurosos[23].
Asimismo, hay que tener en cuenta que la construcción de presas y el desvío masivo de los sistemas de agua amenazan la conservación de los recursos hídricos provocan, entre otros efectos, altas concentraciones de mercurio.
NOTAS:® Véase, PETRELLA, R., El manifiesto del agua. Argumentos a favor de un Convenio Mundial del Agua, Icaria-Intermón Oxfam, Barcelona, 2002, pp. 72 y 73.
La sobreexplotación de las fuentes particularmente por las potencias económicas, el negocio agrícola-industrial y las corporaciones transnacionales del sector, no sólo agrava la situación de desigual distribución del recurso, sino que impide la natural renovación de las fuentes. También la deforestación constituye un factor determinante en la degradación de las fuentes naturales, ya que la tala inmoderada dificulta la reabsorción de la lluvia, ocasionando la pérdida de importantes volúmenes de agua.
Tanto la contaminación como la sobreexplotación de las fuentes de agua, tienen un efecto particularmente adverso para las mujeres del ámbito rural en los países en desarrollo, en tanto principales gestoras de los recursos naturales. De hecho, todavía hoy, en muchos países las mujeres obtienen de la naturaleza hasta un 80% de los alimentos, por lo que la degradación del ambiente pone en riesgo su subsistencia y la de sus familias.
La sostenibilidad en el manejo de los recursos hídricos exige alejarse de la concepción utilitaria del agua, que atiende exclusivamente a su valor como insumo productivo, para desarrollar un modelo integral que tenga igualmente en consideración su valor desde una perspectiva ambiental, social e incluso cultural (valor simbólico del agua).
En efecto, la gestión integral de los recursos hídricos implica hacer compatible el acceso seguro a una cantidad de agua de calidad, suficiente para satisfacer las necesidades básicas de todas las personas, sin discriminación, con los usos productivos del recurso particularmente la producción sostenible de alimentos y el mantenimiento del buen estado ecológico de los ecosistemas. Supone, igualmente, un equilibrio entre los diferentes usos del agua, y la gestión pacífica y coordinada de los recursos hídricos limítrofes y transfronterizos.
En todo caso, un elemento esencial del modelo alternativo es el control de la demanda. Es decir, no se trata de buscar los medios para satisfacer una demanda insaciable, sino de planificar la satisfacción de aquellas demandas que resulten legítimas, atendiendo a la escasez del recurso, al deber de satisfacer prioritariamente las necesidades humanas básicas y a la conservación de las fuentes y de los ecosistemas. Se trata, en definitiva, de distinguir entre la auténtica demanda y la (mera) apetencia de agua, destinada simplemente a favorecer intereses económicos personales[24].
Por otro lado, garantizar la sostenibilidad ecológica del agua implica respetar su ubicación en la naturaleza y, por tanto, gestionarla a nivel de cuencas (y no atendiendo a fronteras artificiales); las cuencas hidrográficas, pues, están llamadas a ser la unidad de planificación, si se pretende garantizar la gestión integrada de las aguas pertenecientes al mismo sistema ecológico e hidrológico[25]. Asimismo, el enfoque integral exige gestionar coordinadamente los recursos superficiales y subterráneos.
En último término, es esencial que además de la democratización de las decisiones en torno al diseño e implementación de grandes proyectos hidráulicos en aras de salvaguardar los intereses de la población afectada, y del desarrollo de previsiones serias que aseguren su racionalidad económica, se garantice, igualmente una evaluación rigurosa de su posible impacto ambiental y se lleve a cabo un seguimiento al respecto.
NOTAS:® MARTÍNEZ GIL, F. J., La nueva cultura del agua en España, Bakeaz, Bilbao, 1997, p. 47; ESTEVAN, A. y NAREDO, J. M., Ideas y propuestas para una nueva política del agua en España, Colección Nueva Cultura del Agua, Bakeaz, Bilbao, 2004, p. 41.
®	De hecho, ya la Directiva Marco de Aguas (Directiva 2000/60/CE) prevé el principio de la cuenca hidrográfica como unidad de coordinación en la administración de los recursos hídricos.
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La crisis hídrica ha puesto de manifiesto la necesidad de regular adecuadamente el acceso a este recurso. Esta preocupación ha estado presente en los foros internacionales por lo menos desde la Conferencia de Mar del Plata de 1977; de hecho, se estableció entonces el derecho de todos los pueblos a disponer de agua potable en cantidad y calidad suficiente para sus necesidades básicas; se planteó el reto de que para 1990 todas las personas tuvieran acceso a agua segura y suficiente, y se declaró con este objeto el llamado Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1980-1990) [26].
No obstante, y pese a que desde entonces se multiplicaron los foros y conferencias internacionales en los que se abordaba la problemática del agua[27], éstos estuvieron esencialmente centrados en el enfoque medioambiental o del desarrollo.
Probablemente, fue la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, en septiembre de 2000, la primera aproximación al acceso al agua y al saneamiento desde la perspectiva de los derechos. En efecto, en la Declaración del Milenio los Estados miembros de la ONU se comprometieron a cumplir para el 2015 ocho objetivos en materia de desarrollo, mediante la cooperación global. Entre ellos, precisamente, reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento[28].
Aunque, sin duda, el enfoque de los derechos humanos se incorporó definitivamente al debate en el 2002 con la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) sobre derecho al agua (OG 15) [29].
El objetivo es convertir el acceso universal al agua y al saneamiento, de un reto pendiente en la agenda del desarrollo, en un auténtico derecho del que derivan obligaciones concretas a cargo de sujetos claralmente identificados, a los que los titulares del derecho pueden exigir responsabilidad en caso de incumplimiento o defecto en su satisfacción.
NOTAS:® Proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 35/1980, de 10 de noviembre.
® Entre otras la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente (Dublín, 1992), la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002).
® Objetivo 7, meta 10.
® El CDESC es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y a través de sus Observaciones Generales ha venido desarrollando el contenido, sentido y alcance de este instrumento para facilitar a los Estados su adecuada aplicación. Véase, Observación General No. 15, El derecho al agua, Documento E/C.12/2002/11, de 20 de enero de 2003.
El contexto del mundo bipolar de la segunda posguerra mundial, en el que se proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), provocó que los derechos en ella reconocidos quedaran finalmente consagrados en dos convenios internacionales distintos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
A grandes rasgos, la idea que subyacía a esta opción era que sólo los derechos civiles y políticos constituían auténticos derechos de efecto inmediato, porque se entendía que sólo demandan del Estado que se abstenga de interferir en la esfera privada de los individuos.
Los derechos económicos, sociales y culturales, en cambio, al estar esencialmente ligados a la satisfacción de las necesidades básicas y a la garantía de un estándar de vida adecuado, exigirían un Estado proveedor del bienestar, que sólo podría configurarse de forma programática y gradual; por tanto, más que auténticos derechos se les consideraba como meros principios indeterminados, sujetos a un posterior desarrollo legislativo, y estrechamente dependientes de la estructura económica y del nivel de desarrollo de cada país.
En la práctica, esta concepción devaluada de los DESC, supuso privarlos de los mecanismos reforzados de garantía que, en cambio, se atribuyen a los derechos civiles y políticos para asegurar su plena eficacia[30].
No obstante, se han venido desarrollando estrategias para conseguir que los DESC resulten igualmente efectivos. En primer término, se ha insistido en la indivisibilidad e interdependencia entre el conjunto de los derechos; es decir, la satisfacción plena de cada derecho depende, en buena medida, de la realización de otros derechos con los que se encuentra estrechamente vinculado[31].
Tratándose del derecho al agua y al saneamiento, es evidente que si el acceso básico a estos servicios no está garantizado, se mantienen igualmente en riesgo el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, a la intimidad y a la vida privada, a la alimentación, a una vivienda adecuada, al trabajo en condiciones dignas, al medio ambiente, al desarrollo, a la educación y los derechos culturales, y en definitiva, se atenta contra la dignidad humana.
De hecho, los instrumentos que se han ido aprobado posteriormente en el ámbito de las NNUU, con el fin de proteger los derechos de grupos o colectivos en situación de especial vulnerabilidad mujeres, niñ@s, minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, pueblos indígenas, personas con discapacidad, [email protected] migrantes, suelen consagrar el conjunto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales sin distinciones entre ellos, dando cuenta de su indivisibilidad e interdependencia.
En segundo lugar, se ha ido desarrollando un catálogo de obligaciones generales, y en relación con cada derecho concreto, para esclarecer los deberes de los Estados y facilitarles su cumplimiento. En el desarrollo de los derechos se ha optado, además, por su interpretación amplia o extensiva; lo cual, no sólo constituye una garantía en sí mismo, sino que también pone de relieve la indivisibilidad e interdependencia entre ellos.
En último término, como la posibilidad de que las víctimas de violaciones a los DESC reclamen una oportuna reparación, constituye un elemento clave para la eficacia de estos derechos, se ha conseguido aprobar un Protocolo Facultativo al PIDESC en materia de denuncias[32].
Pero lo cierto es que, de momento, se mantienen algunos obstáculos que impiden ejercer plenamente los DESC como auténticos derechos exigibles. Y precisamente en este marco es en el que habría que ubicar el derecho humano al agua y al saneamiento que, adicionalmente, no está expresamente reconocido en el PIDESC, sino que se ha entendido como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, o más concretamente del derecho a la alimentación.
NOTAS:® Efectivamente, el artículo 2.1. del PIDCP impone a los Estados Partes la obligación inmediata de respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos allí reconocidos y prevé la existencia de un órgano el Comité de Derechos Humanos (CDH) encargado de supervisar su adecuada aplicación mediante un sistema de informes periódicos sobre la situación de los derechos civiles y políticos en cada Estado Parte; prevé, asimismo, un sistema de denuncias interestatales, y en virtud de un Protocolo adoptado junto con el Pacto, un sistema de denuncias individuales por posibles vulneraciones a los derechos en él reconocidos. El artículo 2.1. del PIDESC, en cambio, dispone solamente que los Estados deben adoptar individualmente o mediante la cooperación internacional las medidas necesarias para maximizar sus recursos y alcanzar progresivamente la plena realización de estos derechos y no prevé la creación de un órgano expresamente destinado a supervisar su aplicación, sino que tan sólo establece un sistema de informes periódicos, reforzando la idea de que se trata de derechos no justiciables.
® Véase, Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 421 (V), de 4 de diciembre de 1950; Resolución 543 (VI), de 5 de febrero de 1952; Resolución 32/130, de 16 de diciembre de 1977; Declaración de Viena, Parte I, párrafo 5, resultado de la Conferencia Mundial de las NNUU sobre Derechos Humanos de 1993: Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales (Parte I, párrafo 5).
® La Asamblea General adoptó este instrumento el 10 de diciembre de 2008, coincidiendo con la celebración del 60 aniversario de la DUDH. El Protocolo habilita a las personas o grupos de personas que se consideren víctimas de violación por un Estado Parte, de cualquiera de los derechos enunciados en el PIDESC, a presentar comunicaciones para que sean examinadas por el Comité que deberá dictaminar al respecto y, en su caso, emitir las recomendaciones pertinentes.
Si bien la OG 15 constituye el instrumento base de referencia para el desarrollo del derecho humano al agua, el trabajo del CDESC sobre esta cuestión vino precedido por la labor que desde 1998 encomendó la entonces Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos a El Hadji Guissé, que en el 2002, fue nombrado Relator Especial para realizar un estudio detallado sobre la relación entre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, y la promoción del ejercicio del derecho a disponer de agua potable y saneamiento básico.
Ya en su Informe del 2002 (E/CN.4/Sub.2/2002/10) [33], el Relator señaló que por tratarse de un recurso vital para el ser humano, el acceso al agua potable constituye uno de los derechos humanos fundamentales estrechamente relacionados con los otros derechos de la persona, y que consiste en [e]l derecho a disponer de agua potable es el derecho que tiene cada persona a disponer de la cantidad de agua necesaria para satisfacer sus necesidades fundamentales.
Para el 2004, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos solicitó al Relator Especial un proyecto de directrices para la realización del derecho al agua potable y al saneamiento[34]. De acuerdo con estas directrices (E/CN.4/Sub.2/2005/25), toda persona tiene derecho a una cantidad suficiente de agua salubre para uso personal y doméstico, y a acceder a un servicio de saneamiento adecuado y seguro que proteja la salud pública y el medio ambiente; y en virtud de este derecho, todos los niveles de gobierno de un Estado están obligados a avanzar progresivamente y con la mayor rapidez posible hacia su pleno ejercicio, mediante una gestión concreta y bien orientada, aprovechando al máximo todos los recursos disponibles, y atendiendo de manera prioritaria a las personas que aún carecen de estos servicios básicos. Igualmente, los Estados deben comprometerse con el control de la contaminación y la conservación de los recursos hídricos.
Asimismo, para hacer efectivo el derecho al agua y al saneamiento, se recomienda un sistema de tarifas que refleje el valor de uso del recurso y la capacidad de pago de los usuarios, así como subvenciones cruzadas que favorezcan a los usuarios de bajos ingresos; la participación de todas las personas en el proceso de adopción de las decisiones que afectan a su derecho al agua y al saneamiento; y la habilitación de instancias administrativas o judiciales que investiguen las denuncias por acciones u omisiones contrarias al derecho al agua y al saneamiento, cometidas por personas u organizaciones públicas o privadas.
En último término, la labor del CDESC se ha visto igualmente reforzada por los Informes de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas en materia de alimentación, vivienda, salud y educación, que de forma más o menos explícita han venido abordando la cuestión, dando cuenta del indisoluble vínculo entre el acceso al agua y la satisfacción de otros derechos.
NOTAS:® Véase, igualmente, Documento E/CN.4/Sub.2/2004/20.
® La Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos es el órgano que sustituyó a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, y adoptó dichas directrices mediante su Resolución 2006/10 sobre Promoción del ejercicio del derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento. Véase, Documento A/HRC/Sub.1/58/L.11, de 24 de agosto de 2006.
En primer lugar, la OG 15 reconoce que [e]l derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos (párrafo 1), y que se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado [artículo 11.1 PIDESC], en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia (párrafo 3).
Este derecho, constituye el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico (párrafo 2), y conlleva tanto libertades (acceso a un suministro de agua y derecho a no ser objeto de injerencias en el acceso a este recurso mediante cortes arbitrarios del suministro o contaminación de los recursos hídricos), como el derecho a un sistema adecuado de abastecimiento y de gestión (párrafo 10).
Como en relación con el resto de los derechos, los Estados tienen respecto del derecho al agua una serie de obligaciones generales de inmediato cumplimiento:
En primer lugar, garantizar un acceso a este recurso sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud (incluido el VIH/SIDA), orientación sexual, estado civil o cualquier otra condición política, social (párrafo 13).
En el cumplimiento de esta obligación, los Estados atenderán prioritariamente las necesidades de los sectores más vulnerables o hasta ahora excluidos de un acceso seguro al agua; por ejemplo, mujeres, niños y niñas, población de las zonas rurales y urbanas desfavorecidas, minorías étnicas, refugiados y población desplazada e individuos, presos y detenidos, personas de edad, discapacitados, víctimas de desastres naturales, personas que viven en zonas áridas (párrafo 16).
En segundo lugar, adoptar medidas concretas y deliberadas utilizando el máximo de los recursos disponibles para avanzar progresivamente en la satisfacción de este derecho, y en todo caso, abstenerse de adoptar medidas (injustificadas) que supongan un retroceso en los estándares de protección alcanzados respecto del derecho.
Asimismo, de acuerdo con el catálogo aplicable también al resto de los derechos, los Estados tienen respecto del derecho al agua las siguientes obligaciones específicas:
La obligación de respetar: el Estado deberá abstenerse de obstaculizar de manera arbitraria el acceso al agua, de afectar los sistemas tradicionales de abastecimiento, y de contaminar o sobreexplotar las fuentes; en consecuencia, se consideran violaciones del derecho al agua la interrupción o desconexión arbitraria o injustificada de los servicios o instalaciones de agua, los aumentos desproporcionados o discriminatorios del precio del agua y la contaminación y disminución de los recursos de agua en detrimento de la salud (párrafos 21, 22 y 44);
La obligación de proteger: el Estado deberá impedir que otros sujetos por ejemplo las empresas privadas limiten u obstaculicen el acceso al agua, y contaminen o sobreexploten las fuentes; en consecuencia, se consideran violaciones del derecho al agua no promulgar o hacer cumplir leyes para impedir la contaminación y la extracción no equitativa del recurso, no regular y controlar eficazmente los servicios de suministro y no proteger los sistemas de distribución de agua de la injerencia indebida, el daño y la destrucción (párrafos 23, 24 y 44);
La obligación de cumplir: el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para facilitar, promover y en su caso hacer efectivo el derecho de todo individuo a acceder al agua; en consecuencia, se consideran violaciones del derecho al agua no adoptar o ejecutar una política nacional encaminada a garantizar universalmente el derecho asignar fondos insuficientes o asignarlos en forma incorrecta con el resultado de menoscabar el disfrute del derecho por personas o grupos, no vigilar el grado de realización del derecho (por ejemplo mediante indicadores y niveles de referencia), no adoptar medidas contra la distribución no equitativa de las instalaciones y los servicios de agua, no establecer mecanismos de emergencia, no conseguir que todos disfruten del derecho al agua en el nivel mínimo indispensable y el que un Estado no tenga en cuenta sus obligaciones jurídicas internacionales con respecto al derecho al agua al concertar acuerdos con otros Estados u organizaciones internacionales (párrafos 25-29 y 44).
El CDESC ha desarrollado igualmente una serie de obligaciones básicas respecto del derecho al agua (párrafo 37), en virtud de las cuales los Estados se comprometen a:
garantizar el acceso a una cantidad esencial mínima de agua que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico, y para prevenir enfermedades;
asegurar el acceso al agua, instalaciones y servicios, sobre una base no discriminatoria;
garantizar el acceso físico a las instalaciones, es decir, que los servicios de agua se encuentren a una distancia razonable del hogar;
evitar que se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas particularmente las mujeres y las niñas acudan a obtener el agua;
garantizar que los servicios proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre, y que cuenten con salidas de agua suficientes para evitar tiempos de espera prohibitivos;
garantizar una distribución equitativa de las instalaciones y servicios de agua disponibles;
adoptar una estrategia y un plan de acción nacional sobre el agua, que incluyan indicadores y niveles de referencia para evaluar los progresos alcanzados, que presten especial atención a los grupos marginados, y que periódicamente sean objeto de evaluación mediante un proceso participativo y transparente;
poner en marcha programas de agua destinados a sectores concretos y de costo relativamente bajo para proteger a los grupos vulnerables y marginados;
La estrategia o plan de acción nacional que los Estados deben adoptar para garantizar el derecho al agua, deberá: a) basarse en la normativa y los principios de derechos humanos; b) abarcar todos los aspectos del derecho al agua y las obligaciones correspondientes de los Estados Partes; c) definir objetivos claros; d) fijar objetivos o metas y los plazos para su consecución; e) formular políticas adecuadas, con los niveles de referencia y los indicadores correspondientes. La estrategia también deberá responsabilizar del proceso a instituciones específicas; determinar los recursos disponibles para alcanzar los objetivos y las metas; asignar debidamente los recursos a las instituciones encargadas; y establecer mecanismos de rendición de cuentas para asegurar la aplicación de la estrategia (párrafo 47). Resulta igualmente necesario que se prevean los medios disponibles para la implementación de la estrategia o plan nacional, y las condiciones de colaboración con la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones internacionales (párrafo 50).
El CDESC se ha ocupado también de las obligaciones del Estado en el ámbito internacional: a) reconocer el papel fundamental de la cooperación y la asistencia internacionales; b) respetar el disfrute de ese derecho en otros países, y en consecuencia, abstenerse de obstaculizar directa o indirectamente el ejercicio del derecho al agua en otros países; c) abstenerse en todo momento de imponer embargos, sanciones económicas o medidas semejantes que impidan o dificulten el acceso al agua; d) adoptar medidas para impedir que su propios ciudadanos y empresas violen el derecho al agua de las personas y comunidades de otros países; e) en la medida de sus posibilidades, facilitar la realización del derecho al agua en otros países, particularmente brindando asistencia en situaciones de emergencia; f) velar porque en los acuerdos internacionales incluidos aquellos relativos a políticas de préstamo y acuerdos de crédito se preste la debida atención al derecho al agua, y que en ningún caso repercutan negativamente en este derecho (párrafos 30-36).
El CDESC ha establecido, asimismo, que una gestión del agua destinada a la satisfacción del derecho implica satisfacer una serie de condiciones, que resultan aplicables en cualquier circunstancia (párrafo 12) [35]:
disponibilidad: el abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos; estos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica;
calidad: el agua destinada al uso personal o doméstico deberá ser salubre y no contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud; asimismo, deberá tener un color, un olor y un sabor aceptables;
accesibilidad: este elemento presenta cuatro dimensiones superpuestas:
accesibilidad física: significa poder acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas; además, todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad; finalmente, la seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua;
accesibilidad económica: los costes directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el PIDESC;
no discriminación: el agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles para todos de hecho y de derecho, incluso para los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna;
acceso a la información: comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.
En último término, el CDESC dispone que toda persona o grupo que haya sido víctima de una violación del derecho al agua y al saneamiento deberá contar con recursos judiciales (tribunales nacionales) o de otro tipo (como los defensores del pueblo) que resulten efectivos para obtener una reparación adecuada (restitución, indemnización, satisfacción o garantías de que no repetición) en caso de que se compruebe la violación (párrafo 55).
En todo caso, antes de cualquier intervención del Estado o de un tercero que pudiera interferir en el derecho al agua de una persona, las autoridades deberán garantizar que ésta se funda en una ley y que garantiza: a) la oportunidad de una auténtica consulta con los afectados; b) el suministro oportuno de información completa sobre las medidas proyectadas; c) la notificación con antelación razonable de las medidas proyectadas; d) la disponibilidad de vías de recurso y reparación para los afectados; y e) asistencia jurídica para obtener una reparación legal. Cuando tales medidas se emprendan porque una persona adeuda el pago de agua, deberá tenerse en cuenta su capacidad de pago. En ninguna circunstancia deberá privarse a una persona del mínimo indispensable de agua (párrafo 56).
NOTAS:® Un desarrollo detallado de cada uno de estos elementos en COHRE, AAAS, COSUDE y UN-HABITAT, Manual sobre el Derecho al Agua y al Saneamiento, 2007.
A partir de la Observación General No. 15, han sido considerables los avances en la regulación del acceso básico al agua en clave de derechos humanos.
En este sentido, ha resultado de gran importancia la iniciativa que el Estado español, en colaboración con Alemania, presentó en 2006 ante el Consejo de Derechos Humanos, y que daría lugar a una decisión (Decisión 2/104) en virtud de la cual, el Consejo solicitó de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos un estudio detallado sobre el alcance y contenido de las obligaciones en materia de agua.
El resultado fue un Informe (A/HRC/6/3) presentado en septiembre de 2007, en el que la Alta Comisionada, a partir de las contribuciones de las diversas partes interesadas (Estados, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, expertos, etc.), analizó y desarrolló detalladamente las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos relacionadas con el abastecimiento de agua potable y el saneamiento.
Entre otras cuestiones, la Alta Comisionada dejó establecido que la cantidad de agua que da contenido al derecho (agua potable salubre) es aquella necesaria, junto con las necesidades para el saneamiento, para usos personales y domésticos, lo que abarca agua para el consumo, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica (párrafo 13); y atendiendo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para asegurar la satisfacción de todas las necesidades de salud (párrafo 15). Posteriormente, a finales de 2007, el Consejo emitió una nueva resolución (Resolución 6/8) exhortando a los Estados a prestar la debida atención al Informe de la Alta Comisionada, y comprometiéndose a debatir la cuestión en su siguiente período de sesiones. En efecto, en su sesión de marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos decidió nombrar para un período de tres años, una experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos en relación con el acceso al agua potable y al saneamiento (Resolución 7/22).
Durante su mandato, la Experta independiente Catarina de Albuquerque ha mantenido un diálogo abierto con los diversos agentes involucrados en el sector del agua (agencias de NNUU, sector privado, autoridades locales, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas).
En principio, ha centrado su trabajo en el desarrollo de un catálogo buenas prácticas que permita incorporar a la definición del derecho humano al agua y al saneamiento aquellas experiencias comunitarias de gestión equitativa y sostenible de los recursos hídricos.
Otra de las cuestiones que ocupan su mandato, es establecer, en último término, cuál pudiera ser la participación del sector privado en el desarrollo del derecho, y sobre todo, recopilar las experiencias exitosas de gestión pública del recurso.
En todo caso, ha destacado la necesidad de satisfacer prioritariamente las demandas de los grupos más vulnerables, y brindado una especial atención al papel fundamental que las mujeres y niñas desempeñan en la gestión del agua, tanto en el ámbito doméstico como comunitario.
La Experta ha llamado la atención sobre el rezago que aún existe en relación con el acceso al saneamiento básico. Entiende que probablemente abordar la cuestión de un sistema para la recogida, el transporte, el tratamiento y la eliminación o reutilización de excrementos humanos y la correspondiente promoción de la higiene constituye un tema incómodo, y que por ello, ni la comunidad internacional ni los Estados le han brindado la suficiente atención[36].
En efecto, los datos muestran que aproximadamente unos 2.500 millones de personas todavía carecen de acceso a saneamiento mejorado y que unos 1.200 millones usan la práctica de la defecación al aire libre. Y ello pese a que el tratamiento de los excrementos humanos constituye un elemento indispensable para reducir las enfermedades diarreicas, que anualmente provocan millones de muertes al año en los países en desarrollo[37], y que éstos siguen siendo una de las causas principales de la contaminación de este recurso.
La experta, por tanto, lo ha convertido en tema prioritario de su mandato. En abril de 2009, realizó una consulta con expertos y una consulta pública para avanzar en la determinación de las obligaciones derivadas del derecho humano al saneamiento, y abordó este tema en su informe de julio de ese mismo año. La experta destacó, en primer término, el estrecho vínculo entre derecho al saneamiento y dignidad humana (se debe considerar la vulnerabilidad y la vergüenza que tantas personas experimentan cada día cuando, una vez más, se ven obligadas a defecar al aire libre, en un cubo o una bolsa de plástico. Es lo indigno de esta situación lo que causa vergüenza [38]).
Pues bien, en relación con las obligaciones de respetar, proteger y cumplir que el derecho al saneamiento impone a los Estados, la Experta ha establecido las siguientes[39]:
abstenerse de adoptar medidas que supongan una amenaza o denegación del acceso de las personas o las comunidades al saneamiento;
adoptar medidas legislativas y de otro tipo para garantizar que los agentes no estatales actúan de conformidad con las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el saneamiento, y si los servicios de saneamiento están gestionados por un operador privado, el Estado debe establecer un marco reglamentario eficaz;
adoptar medidas, aplicando el máximo de recursos disponibles, para garantizar el acceso a servicios de saneamiento seguros, asequibles y aceptables para todos, que proporcionen intimidad y preserven la dignidad;
evitar y en su caso justificar suficientemente la adopción de medidas regresivas respecto de las obligaciones de derechos humanos relativas al saneamiento;
adoptar las medidas como el reconocimiento de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el saneamiento en los ordenamientos políticos y jurídicos nacionales, y poner en marcha inmediatamente una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de saneamiento;
proporcionar recursos judiciales u otros recursos eficaces apropiados para asegurar a las víctimas de violación de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el saneamiento una reparación adecuada (restitución, indemnización, satisfacción y/o garantías de no repetición).
En todo caso, los Estados deben cumplir sus obligaciones de derechos humanos relacionadas con el saneamiento de forma no discriminatoria, y prestar especial atención a los grupos particularmente vulnerables (personas que viven en la pobreza, mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidad, personas afectadas por enfermedades, refugiados y desplazados internos, grupos minoritarios).
Asimismo, los Estados están obligados a garantizar que las personas y las comunidades estén informadas y tengan acceso a la información sobre el saneamiento y la higiene y puedan participar en todos los procesos relacionados con la planificación, construcción, mantenimiento y supervisión de los servicios de saneamiento, para garantizar respuestas asequibles, técnicamente viables y culturalmente aceptables a las necesidades reales de la población, y conseguir que la comunidad se sienta identificada y preste la debida atención a la cuestión del saneamiento.
Y en cuanto a los elementos esenciales del saneamiento básico, la Experta ha destacado los siguientes[40]:
disponibilidad: debe haber un número suficiente de instalaciones de saneamiento en el interior o en las inmediaciones de cada hogar, institución educativa o de salud, instituciones y lugares públicos y en el lugar de trabajo, que aseguren que los tiempos de espera no son excesivamente prolongados;
calidad: los servicios de saneamiento deben ser seguros desde el punto de vista de la higiene, ser técnicamente seguros y garantizar la seguridad personal de los usuarios; asimismo, deben responder a las particulares necesidades de las personas con discapacidad y de los niños, y garantizar su vaciado y mantenimiento periódicos;
accesibilidad física: las instalaciones de saneamiento deben ser físicamente accesibles para todos en el interior, o en las inmediaciones de cada hogar, institución educativa o de salud, instituciones y lugares públicos y lugar de trabajo; el acceso debe ser fiable, en todo momento del día y de la noche, por tanto, deberán ubicarse donde los riesgos para la seguridad física de los usuarios sean mínimos; deben garantizar el acceso físico de todos los usuarios (incluidas las personas con necesidades de acceso especiales, como niños, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, enfermos);
asequibilidad: las instalaciones y servicios de saneamiento (su construcción, vaciado y mantenimiento, tratamiento y la eliminación de materias fecales) deben estar disponibles a un precio que sea asequible para todas las personas, sin limitar su capacidad de adquirir otros bienes y servicios básicos, como el agua, los alimentos, la vivienda, la salud o la educación (pueden implementarse diversas medidas para garantizar la asequibilidad, como subvenciones, tarifas máximas, contribuciones en especie, sistemas y tarifas variables por zonas); y debe tenerse en cuenta que la interrupción de las conexiones de agua por falta de pago también tiene repercusiones en el saneamiento;
aceptabilidad: las instalaciones y servicios de saneamiento deben ser aceptables desde el punto de vista cultural.
NOTAS:® Véanse, los Informes de la Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento. Documento A/HRC/12/24 de 1 de julio de 2009 y A/HRC/10/6 de 25 de febrero de 2009.
® Véase, Informe A/HRC/12/24, párrafo 4.
® Véase, Informe A/HRC/12/24, párrafo 55.
® Véase, Informe A/HRC/12/24, párrafos 64-66.
® Véase, Informe A/HRC/12/24, párrafos 70-80.
El avance que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha experimentado en relación con la promoción y defensa de los DESC, brinda nuevas vías para reclamar la eficacia del derecho humano al agua y al saneamiento.
Para ello, es, en todo caso, esencial que el derecho quede debidamente reconocido, que se determine con precisión su contenido y que se establezcan con claridad las obligaciones derivadas del mismo, así como los sujetos obligados. Esto favorecerá su adecuada aplicación, y a su vez brindará elementos para exigirlo y conseguir su reparación en caso de vulneración.
Y, dado que el ámbito natural de protección de los derechos sigue siendo el nivel nacional, resulta fundamental que el derecho al agua y al saneamiento esté plenamente reconocido en los ordenamientos internos (particularmente por las Constituciones de los Estados) [41], y que existan leyes que lo desarrollen suficientemente, reconociendo su condición de derecho humano fundamental, y estableciendo las condiciones para su ejercicio.
Asimismo, los Estados deben cumplir con su obligación de poner a disposición de todas las personas los medios adecuados y oportunos (incluidos recursos judiciales) para la protección de este derecho frente a posibles violaciones. En efecto, es fundamental que existan instancias destinadas a investigar los reclamos de los usuarios y, en su caso, a reparar posibles vulneraciones al derecho al agua y al saneamiento.
NOTAS:® En este sentido, representan importantes avances las Constituciones de Uruguay (artículo 47) y Ecuador (artículos 12, 282, 318), además de los casos de Bolivia y Sudáfrica a los que se hace referencia más adelante.
Si bien es esencial que existan los mecanismos jurídicos adecuados para impugnar posibles vulneraciones al derecho al agua y al saneamiento, resulta igualmente imprescindible que se habiliten los mecanismos idóneos para garantizar su pleno ejercicio y evitar que se produzca cualquier violación.
Por un lado, es necesario un adecuado desarrollo institucional que incluya organismos reguladores y de monitoreo de los servicios de agua y sanemiento.
Por otro, deberán habilitarse los mecanismos que aseguren una participación ciudadana efectiva en el control del recurso y del modelo de gestión, como instrumento esencial para hecer efectivo el derecho. En primer lugar, mecanismos destinados a garantizar el acceso oportuno a la información y la rendición de cuentas, para favorecer la publicidad, la transparencia y la eficacia de los servicios destinados a hacer efectivo el derecho.
En segundo lugar, mecanismos que hagan posible la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones incluido el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas para garantizar unos servicios que efectivamente respondan a las necesidades y demandas de la ciudadanía.
Los organismos internacionales, destacan asimismo la importancia de desarrollar indicadores para determinar los avances y los retos aún pendientes en materia de derechos humanos[42]. Los indicadores permiten evaluar la eficacia de las políticas, prácticas e instituciones, y medir con precisión sus resultados; facilitan igualmente el control y seguimiento de las actuaciones de los actores involucrados, de cara a exigirles responsabilidades; y hacen posible la identificación de las situaciones o sectores que más urgentemente demandan atención, de ahí la importancia de que proporcionen datos debidamente desglosados en razón del sexo, el origen étnico, la raza, la religión, la nacionalidad, el nacimiento, el origen social y otras distinciones pertinentes.
En definitiva, cada uno de los actores involucrados, deberá asumir sus compromisos con eficacia y responsabilidad:
El Estado (gobierno central) deberá establecer un marco general suficientemente riguroso, mediante leyes y una política nacional (y en su caso, la creación de un organismo regulador), que incorporando los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos determine los elementos esenciales de la gestión del agua y de los servicios de suministro y saneamiento; deberá, asimismo, habilitar e implementar mecanismos de rendición de cuentas.
Los gobiernos locales, incorporando la normativa general del Estado central, deberán desarrollar sus propias políticas, planes y programas atendiendo a las necesidades concretas de su población, y asegurándole un acceso adecuado a la información y su oportuna participación; deberán, asimismo, habilitar e implementar mecanismos de rendición de cuentas.
La población deberá informarse, hacer un uso adecuado y responsable de los servicios, y organizarse para jugar un papel activo en el diseño, implementación, evaluación y mejora de los servicios de agua y saneamiento, bien por propia iniciativa o bien en respuesta a las convocatorias de las autoridades nacionales o locales destinadas a tales fines.
Las organizaciones civiles dentro de su ámbito de actuación internacional, nacional o local deberán apoyar a las autoridades en la formulación y puesta en marcha de las campañas de información, sensibilización o educación en materia de agua y saneamiento, y brindar su apoyo a la población para mantener un diálogo abierto con las autoridades, para acceder oportunamente a la información, y en su caso, para hacer llegar sus reclamos a las instancias pertinentes.
El sector privado, de estar autorizada su intervención, deberá cumplir a cabalidad con la normativa internacional y la desarrollada por las autoridades nacionales y locales, para asegurar que su participación en la gestión del agua y los servicios de suministro y saneamiento, resulta plenamente compatible con el derecho humano al agua y al saneamiento.
Las instancias u organismos nacionales y locales con tareas de monitoreo deberán desarrollar indicadores y difundir la información oportuna y adecuada en materia de gestión del agua y los servicios de suministro y saneamiento, con datos debidamente desglosados.
Las instancias internacionales, nacionales y locales previstas para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento bien sean órganos de vigilancia y control internos, órganos independientes (como las defensorías del pueblo o los comités de NNUU) o instancias judiciales, deberán atender oportunamente los reclamos de los ciudadanos, con pleno respeto del derecho humano al agua.
Los organismos y agencias internacionales de derechos humanos, de desarrollo, de cooperación, de medio ambiente, etc. con incidencia en el sector del agua, deberán mantener un diálogo constante con las instancias nacionales y locales, así como con la sociedad civil, en relación con la gestión del agua y los servicios de suministro y saneamiento.
Los organismos financieros internacionales deberán abstenerse de imponer, particularmente a los países en desarrollo, políticas que impliquen poner en riesgo el derecho humano al agua y al saneamiento.
Cualquier agente que explote los recursos hídricos, deberá hacerlo con plena responsabilidad, atendiendo a su valor ecológico y a la necesidad de satisfacer prioritariamente el acceso universal al agua y al saneamiento básico como un derecho humano.
NOTAS:® Véase, PNUD, Derechos humanos y Desarrollo humano para la libertad y la solidaridad, Informe sobre Desarrollo Humano 2000, Capítulo 5; Oficina del Alto Comisionado de las NNUU para los Derechos Humanos, desarrollados en su Informe sobre los indicadores para promover y vigilar el ejercicio de los derechos humanos, Documento HRI/MC/2008/3, de 15 de mayo de 2008; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales, OEA/Ser.L/V/II.132. Doc. 14, de 19 de julio de 2008.
La experiencia en el caso del derecho humano al agua demuestra la importancia de una ciudadanía organizada y movilizada en torno a la defensa de sus derechos.
Efectivamente, aunque diversos agentes se han involucrado en el proceso de reconocimiento y desarrollo del derecho humano al agua y al saneamiento, ha resultado determinante el impulso de las numerosas luchas sociales que en todo el mundo se vienen articulando para defender el agua de su privatización, comercialización e indiscriminada explotación, y asegurar un acceso universal a este recurso vital.
Estas luchas son variadas y diversas. Incluyen campañas de sensiliblización (como aquellas que apuestan por un Convenio Mundial del Agua o las que proponen excluir el agua de los acuerdos de comercio e inversión); movilizaciones en torno a un objetivo concreto (como aquellas que llevaron al referéndum por el reconocimiento del derecho humano al agua y la prohibición de privatización del recurso en la Constitución de Uruguay); la resistencia de las comunidades afectadas frente a grandes proyectos como la construcción de presas o el desvío masivo de los cauces (como el caso de la presa hidroeléctrica de La Parota en Guerrero, México, o el más emblemático caso de la presa Sardar Sarovar en el Río Narmada, en India); batallas por recuperar el control público de los recursos hídricos y cancelar las concesiones a las transnacionales (como en los casos de diversas provincias argentinas, el propio caso uruguayo o el más emblemático de la guerra del agua en Cochabamba, Bolivia); y experiencias más o menos institucionalizadas como el Tribunal Latinoamericano del Agua o las Mesas Técnicas de Agua en Venezuela.
En todo caso, la acción ciudadana resulta imprescindible, no sólo para asegurar que los modelos de gestión efectivamente se desarrollen a partir del reconocimiento del acceso básico al agua y al saneamiento como las dos caras de un mismo derecho humano, sino para garantizar que dichos modelos, además, incorporen debidamente las perspectivas de género, ecológica, multicultural y de la participación.
De hecho, han sido precisamente las reivindicaciones de los movimientos ciudadanos y las luchas sociales, lo que ha ido dando contenido al derecho. Entre ellas:
una gestión fundada en el reconocimiento del acceso al agua como derecho humano, y la satisfacción universal de las necesidades humanas básicas en materia de agua y saneamiento;
el control público de los recursos hídricos, y su prioritaria utilización en fines que puedan identificarse con el interés general;
la democratización de la gestión del agua, mediante la efectiva participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que involucran el control, manejo y aprovechamiento del recurso;
la distribución equitativa de los recursos hídricos y un sistema de tarifas que efectivamente dé cuenta de su valor de uso;
un modelo que atienda a las particulares necesidades de las mujeres en materia de seguridad e higiene, y que efectivamente refleje el papel fundamental que desempeñan en la gestión del agua;
una gestión integral que atienda también al valor ambiental y cultural del agua.
En este contexto, el reconocimiento y desarrollo del derecho humano al agua sólo cobra sentido si se enmarca en un proyecto más amplio de lucha por un modelo de gestión que efectivamente garantice un acceso universal, equitativo, sostenible y solidario a este recurso.
PNUD (2000): Derechos humanos y Desarrollo humano para la libertad y la solidaridad, Informe sobre Desarrollo Humano.
VV.AA. (2008): El derecho humano al agua: situación actual y retos de futuro, M. Mancisidor (dir.), Icaria, Barcelona.
Naciones Unidas (Carta Internacional de Derechos Humanos): http://www2.ohchr.org/spanish/law/
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cescr/index.htm Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (mandatos temáticos): http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/index.htm Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento: http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/index.htm UNESCO: http://www.unesco.org/water/
FIAN International: http://www.fian.org/recursos/publicaciones Red DESC: http://www.escr-net.org/index.htm?attribLang_id=13441 Tribunal Latinoamericano del Agua: http://www.tragua.com
La gestión del agua en Bolivia se ha convertido en punto de referencia a raíz de la llamada guerra del agua que en el año 2000 enfrentó a la población de Cochabamba con las transnacionales del agua y los gobiernos corruptos.
No ha sido ésta la única experiencia de lucha por el agua en el país. En la audiencia celebrada en México, en 2006, el TLA conoció de una denuncia presentada contra el proceso de privatización del agua en favor de la empresa Aguas del Illimani, subsidiaria de Suez, en la localidad de El Alto. El TLA reconoció la soberanía del Estado boliviano para rescindir el contrato de concesión por incumplimiento sistemático de la empresa (en relación con las obras de construcción, los montos de inversión, las tarifas y las deficiencias en el suministro y los servicios de saneamiento), y consideró improcedentes los intentos de Suez por demandar ante instancias internacionales compensaciones al Estado por la interrupción de la concesión.
Lo cierto es que, en buena medida, la experiencia de Cochabamba puso de manifiesto las consecuencias que para los sectores más pobres (de uno de los países más pobres de Latinoamérica) tenían las políticas derivadas de los programas de ajuste estructural del FMI y del BM (que incluían la privatización de diversos sectores estratégicos como la industria minera, la electricidad y los hidrocarburos), y su implementación por gobiernos totalmente ajenos a las necesidades y reclamos de la población. Las movilizaciones, de hecho, fueron generalizadas e incluso provocaron la caída del gobierno.
La concesión de los servicios de agua en Cochabamba resultó irregular desde su origen, ya que fue el resultado de un concurso con un solo participante Aguas del Tunari, subsidiaria de un consorcio privado internacional controlado por la compañía estadounidense Bechtel que se hacía con el control del servicio municipal de agua (hasta entonces en manos de la empresa pública SEMAPA) hasta el 2039.
Este proceso de privatización se enmarcaba en una política más amplia que encontró sustento en la Ley 2029 de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, aprobada en octubre de 1999, con el objeto de abrir el servicio de abastecimiento al capital privado y poner fin a los subsidios gubernamentales.
En noviembre de ese mismo año se creó la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, plataforma ciudadana que aglutinaba sobre todo organizaciones obreras, campesinas y de regantes, con el propósito de revertir la concesión a Aguas del Tunari y defender los derechos de la comunidad al agua y a la vida. De inmediato la Coordinadora comenzó a movilizarse frente al desproporcionado incremento de las tarifas, resultado casi inmediato de la privatización de los servicios de agua y sanemiento.
Asimismo, la Coordinadora convocó un referéndum en el que masivamente la población manifestó su disconformidad con la Ley 2029 y la concesión de los servicios de agua. Igualmente, la Coordinadora declaró la huelga general y realizó bloqueos de carreteras y transportes. Para abril de 2000 las protestas eran generalizadas, y la policía las reprimió con violencia.
Finalmente, el gobierno declaró el estado de sitio y detuvo a algunos miembros de la Coordinadora. Las movilizaciones, sin embargo, continuaron y finalmente, el 9 de abril, se anunció la cancelación del contrato con Aguas del Tunari.
La SEMAPA volvió al control público, pero para garantizar un modelo más eficiente y democrático que erradicara las viejas prácticas de excesiva burocratización y corrupción, se (re)constituyó con un carácter social y sin ánimo de lucro. La Coordinadora asumió la Gerencia y se reformaron los Estatutos para conseguir que, desde mayo de 2002, tres miembros del Directorio fueran elegidos directamente por los ciudadanos en representación de las tres circunscripciones de la ciudad de Cochabamba[43].
En noviembre de 2000, Bechtel interpuso una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del BM para exigir al Estado boliviano una indemnización como compensación por las pérdidas que le supuso la cancelación del contrato de agua en Cochabamba. La empresa reclamaba una suma muy superior a la inversión realizada durante el corto período que estuvo en el país, pero en julio de 2005 se llegó a un arreglo amistoso que obliga a las partes a liberarse mutuamente de cargos y responsabilidades. Finalmente, en el 2007, el gobierno de Evo Morales denunció el convenio que dio lugar al CIADI, y se retiró definitivamente de este organismo.
Además, con la llegada del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder, comenzó la reconfiguración del modelo de explotación y gestión de los recursos naturales. En el caso del agua la nueva política está fundada en la defensa de la soberanía y la seguridad nacionales, la conservación de las fuentes, el acceso universal al recurso, la participación ciudadana en la gestión y el respeto a los derechos de las comunidades indígenas, los campesinos y las organizaciones de regantes. Para garantizar su implementación, el gobierno ha creado el Ministerio del Agua y está desarrollando un marco normativo adecuado.
De hecho, ya en el Preámbulo de la Constitución de 2009, se hace referencia a las guerras del agua como luchas que han favorecido el surgimiento del nuevo Estado boliviano, precisamente fundado en la búsqueda del vivir bien, lo que incluye el acceso al agua para todos. Asimismo, en la carta de derechos el artículo 16 consagra el derecho de toda persona al agua y a la alimentación; y el artículo 20, el derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, aclarando que estos servicios no pueden ser objeto de concesión ni privatización.
Igualmente, en su artículo 373 la Constitución consagra el agua como un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. Y según el artículo 374, el Estado garantizará el uso prioritario del recurso para la vida, el acceso al agua a todos sus habitantes, y en todo caso, un uso adecuado y sustentable con participación social. En último término, el Estado reconoce, respeta y protege los usos y costumbres de las comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones indígena originaria campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua.
NOTAS:® Sobre la reconfiguración de la SEMAPA en clave público-social, véase, OLIVERA, O., La Guerra por el Agua en Cochabamba o el espacio de recuperación de la palabra, escrito presentado por la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, en la reunión internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Dallas, Texas, 27-29 de marzo de 2003, en http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2003/OliveraForondaOscar.pdf
Tras los 12 años de conflicto armado, que finalizó con los acuerdos de paz del 16 de enero de 1992, los actores políticos y sociales de El Salvador se encontraron con graves problemas económicos, sociales y políticos que resolver: el 41% de su población viviendo bajo el umbral de la pobreza y un proceso de reconciliación nacional, así como de fortalecimiento de la cohesión social que impulsar, entre otras muchas demandas. Actualmente, aunque El Salvador está considerado como un país con un nivel de desarrollo humano medio, según el IDH de Naciones Unidas, presenta alarmantes niveles de desigualdad social y económica entre los diferentes colectivos que conforman la sociedad salvadoreña y que se refleja en uno de los índices Gini mas altos del mundo. El crecimiento económico de los últimos años se ha centrado en el sector servicios y en las maquilas, sectores que han crecido con una tasa promedio anual del 10%. Sin embargo, el sector agropecuario, que concentra el 60% de los empleos de la población rural, apenas ha crecido un 1,2% anual. Como consecuencia de este débil crecimiento la participación del sector agropecuario en el PIB, el mas importante sector generador de empleo fuera del área metropolitana de San Salvador, se ha reducido hasta el 13%
Esto representa para la población rural salvadoreña una situación especialmente grave. La caída de los precios internacionales del café y la falta de apoyos institucionales para generar nuevas perspectivas de empleo induce a la población campesina a abandonar el campo para irse a los núcleos urbanos y/o emigrar en busca de empleo. En relación a la situación del acceso al agua y el saneamiento por parte de la población rural y/o más empobrecida de El Salvador, el Índice de Escasez de Agua, que tiene en cuenta el recurso del agua, el acceso, la capacidad, el uso y la protección del medio ambiente nos permite comparar con otros países. Según este índice, El Salvador tiene un nivel de escasez de agua alto, con un valor de 55,90 (el país con mayor escasez es Haití, con índice de 35,1 y el menor es Finlandia con un valor de 78,0).
El acceso a sistemas de agua potable no es equitativo entre las zonas urbanas y rurales: en al caso del medio urbano la cobertura es del 85%, mientras que en el sector rural donde vive el 50% de la población es de tan solo el 30%. Las mismas desigualdades se observan en el saneamiento: entre el 40% y el 50% de la población rural dispone de algún tipo de letrina, mientras que el 93% de la población urbana dispone de saneamiento. Además, tan solo el 6% de las agua residuales recibe algún tipo de tratamiento antes de ser vertidas a los ríos y quebradas de todo el país. La falta de acceso al agua para el consumo tampoco afecta igual a hombres, mujeres, niños y niñas. Son principalmente las mujeres y las niñas las encargadas de garantizar el agua al núcleo familiar, dedicando muchas veces varias horas a esta tarea. Eso les supone menos tiempo para desarrollar otros trabajos remunerados, participar en actividades comunitarias o simplemente asistir a la escuela.
La contaminación de las aguas tanto superficiales como subterráneas viene a agravar aún más el problema de la disponibilidad del agua. Los residuos domésticos, los vertidos industriales y los pesticidas utilizados en la agricultura constituyen fuentes de contaminación importantes y reflejan la falta de una visión integral de ciclo de uso de agua en el país.
El río Lempa es la principal fuente de agua del país. Pero el principal usuario de recursos hídricos es el sector eléctrico: mas del 60% de la generación eléctrica proviene de fuentes hídricas. De acuerdo a la Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa se prioriza el agua para la generación del energía sobre otro usos.
En 1961 se creo la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA), como institución autónoma de servicio publico, con el objetivo prioritario de abastecer de agua potable a San Salvador y su área metropolitana. Desde ese momento se empezaron a hacer asignaciones para riego y agua potable pero sin ninguna política de ordenamiento ni estrategia de manejo para una adecuada gestión del recuro hídrico.
En 1982 finalizó la redacción del Plan Maestro de Desarrollo y Aprovechamiento de los Recursos Hídricos que definía las lineas generales de acción para satisfacer las demandas a a partir de los recursos existentes. Sin embargo, el estallido del conflicto armado (1982-92) detuvo la aplicación de las resoluciones establecidas. Desde entonces no han sido muchas las propuestas de actuación en relación al tratamiento y gestión del agua, planteadas en el ámbito nacional. No obstante, se han realizado diagnósticos en zonas concretas por parte de ONGs e instituciones especializadas de la sociedad civil. Actualmente, en El Salvador continua pendiente la definición de una Ley de Gestión Integral de los Recursos Hídricos. Ya se han comentado las diferencias existentes en relación a la cobertura del agua y saneamiento en el sector urbano y rural. En 1962 ante la falta de servicios en las zonas rurales el Ministerios de Salud impulsó el Plan Nacional de Saneamiento Básico Rural. Se construyeron 315 sistemas rurales (700 en total hasta 1995) que luego fueron transferidos al ANDA cuando se creó la Gerencia de Sistemas Rurales. Gran parte de estos sistemas rurales presentan en la actualidad deficiencias, ya que técnicamente han llegado al fin de su vida útil o enfrentan problemas financieros. En este contexto nace ANDAR (Asociación Para la Defensa, Desarrollo y Distribución de Agua a a Nivel Rural) con el objetivo estratégico de fortalecer y promover la participación de las comunidades rurales para la defensa del derecho al agua con fines de sostenibilidad y desarrollo. También hay que hacer mención del trabajo realizado por otros organismos y ONGs que impulsan proyectos de infraestructura de agua potable y fortalecimiento de las organizaciones de base para la aplicación de nuevos modelos de gestión: participativos y desde los enfoques de equidad de género y medio ambiente. ANDA sin embargo reconoce que no impulsará trabajos de dotación de infraestructuras en poblaciones de menos de 2000 habitantes dadas su limitada capacidad y el escaso interés político y económico de intervenir en esa zonas. Así, la falta de un ente regulador del recurso hídrico, responsable de atender las necesidades de la población rural, la carencia de información para el diseño de una planificación de actuaciones dirigidas a resolver los problemas de abastecimiento y saneamiento y la incapacidad técnica y económica de los gobiernos locales para desarrollar esta planificación trae como consecuencias que la población no cuente con los servicios mínimos de agua para el desarrollo de una vida digna. No obstante, hay que reconocer la larga trayectoria de movilización social de El Salvador. Actualmente, los y las salvadoreñas se organizan en lo que denominan el andar comunitario con la formación de ADESCO, Asambleas de Desarrollo Comunitario, cuya finalidad es que la ciudadanía participe en la toma de decisiones de las comunidades y los municipios. En el tema del agua, distintas ONGs y movimientos sociales se han organizado promoviendo la participación de la población rural en la defensa del derecho al agua, dedicados especialmente a tratar de solucionar o paliar los problemas relacionados con los recursos hídricos que existen en las zonas rurales. Así, por ejemplo la organización ACUA tiene como objetivo reducir los niveles de pobreza y vulnerabilidad de las poblaciones rurales mediante la implementación de programas que permitan a a la población el uso eficiente, eficaz y transparentes de sus recursos. Se trabaja desde la visión de la autogestión comunitaria, buscando que las comunidades sean capaces de administrar y gestionar el recurso, desde un enfoque de equidad entre hombres y mujeres y en procesos participativos de toma de decisiones. Una de sus líneas estratégicas de acción es la gestión sustentable de recursos hídricos. El objetivo de esta línea es generar en los actores de los territorios una participación activa, consciente y solidaria en la gestión sustentable de los recursos hídricos, implantando las cuencas hidrográficas como la unidad básica de planificación y escenario de su acompañamiento. En el marco de esta línea de trabajo se impulsaron a partir del 2008 dos programas de fortalecimiento comunitario. Una de estás iniciativas fue la organización y puesta en marcha de la Asociación de Sistemas Autónomos de Agua Potable y Saneamiento (ASAPS), cuyo objetivo era conformar una figura organizativa de segundo nivel que permitiera fortalecer y brindar servicios de apoyo a los sistemas de agua potable y saneamiento en comunidades rurales de la zona Sur de la Cordillera del Bálsamo en el departamento de La Libertad, garantizando su sostenibilidad.
La iniciativa respondía a la realidad que se vive en muchas comunidades de la zona sur del departamento de La Libertad, región en la que se habían desarrollado muchas iniciativas dispersas, en relación a la gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento. Cada sistema respondía a las realidades específicas de la comunidad que abastece y enfrentaba también problemas particulares.
La ASAPS se concibió como un instrumento de integración de las diversas experiencias comunitarias, así como un mecanismo para verificar la correcta gestión de cada sistema y solicitar apoyos a entidades externas para los miembros. también se pretendía generar un espacio de organización desde y para los habitantes de las comunidades. En el trabajo cotidiano, la gente puede tomar conciencia activa del poder que les da la organización para reivindicar sus derechos como ciudadanos; y en este caso, el derecho humano al agua.
En el aspecto organizacional, durante 2008 se identificaron once sistemas de agua potable. Nueve de ellos ya están operando y dos están en proceso de construcción y implementación. Con ellos se desarrollaron consultas para construir el perfil, las líneas de trabajo y la razón de ser de las asociaciones.
En el aspecto jurídico-legal, se iniciaron los trámites para que la ASAPS cobrara vida legal: elaboración de los estatutos, convocatoria de una asamblea preparatoria, elecciones de una junta directiva y presentación de actas ante el Ministerio de gobernación para su aprobación y publicación en el Diario Oficial. Se ha definido una propuesta para que la asamblea general cuente con al menos 35 miembros delegados. Además, se ha diseñado una propuesta de procedimiento para acepar a nuevas comunidades cuando la asociación este formalmente constituida y una serie de instrumentos para el control interno de cada sistema.
Otro programa implantado en el mismo año fue de organización comunitaria para la formación y generación de capacidades locales. Se fortalecieron los ADESCOS, y los Comités de Apoyo y formación de Comités de Agua potable y Saneamiento (CAS) en las comunidades donde se estaban ejecutando proyectos de agua. Se capacitaron a los miembros de las estructuras en la organización y cuido del agua y medio ambiente, dando como resultado mayor interés y compromiso por parte de las personas beneficiarias. Los temas de las capacitaciones fueron los siguientes:
Administración básica dirigida a cuerpos directivos y CAPs, de sistemas rurales.
Educación sanitaria y calidad del agua (métodos de potabilización del agua).
Legislación básica y análisis de la Ley General de Agua (anteproyecto).
Facturación y cálculo de tarifas y cuotas.
Guía para la conformación de agenda comunitaria hídrica. En estos programas se enfrentan obstáculos y dificultades, como la fragilidad de las organizaciones, las dificultades que tienen las mujeres para participación en las estructuras de poder y decisión, así como en relación al valor que se le otorga a sus labores y responsabilidades. Finalmente, es necesario mencionar los obstáculos existentes al fortalecimiento organizativo, la instrumentalización de la comunidad por parte de los partidos políticos, la concentración de poder en unos pocos líderes, el poco involucramiento comunitario y el paternalismo de parte de los gobiernos locales en relación en algunas comunidades. Fuentes bibliográficas:
Plan Director para el abastecimiento de agua en zonas rurales del sur de La Libertad. Enginyeria Sense Fronteres y CORDES.
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=11088&opcion=documento Memoria 2008. ACUA.http://acua.org.sv/wp-content/uploads/memoria/memoria-acua-2008.pdf 3. La experiencia sudafricana.
Si bien durante el régimen del apartheid, las políticas de distribución del agua fueron claramente discriminatorias, la Constitución sudafricana, en vigor desde 1997, fue una de las primeras en reconocer expresamente el acceso al agua como un derecho humano fundamental. En efecto, en virtud de la sección 27.1.b, todos tienen derecho a alimentos y agua suficientes, y el Estado debe adoptar medidas razonables, legislativas y de otro tipo, según sus recursos disponibles, para lograr la realización progresiva de este derecho.
En realidad, desde 1994, mediante un proceso de consulta abierto a las instituciones públicas, poderes locales, funcionarios, líderes políticos, expertos y organizaciones internacionales, organizaciones sociales y usuarios, comenzó a desarrollarse la nueva política hídrica sudafricana. Las consultas concluyeron en una Conferencia Nacional Consultiva de revisión de la Ley de Aguas, celebrada en octubre de 1996, donde se discutieron los principios en que debía fundarse la nueva Ley[44].
En todo caso, los lineamientos básicos de la política hídrica sudafricana quedaron plasmados en los Libros Blancos de Agua[45] que, teniendo en cuenta la necesidad proteger el ambiente y asegurar la justicia social en el acceso al agua, plantean una redistribución gradual del recurso que garantice también la actividad económica del país. Incorporan la participación social, el contacto de los líderes políticos con la gente, especialmente en las zonas rurales, y el fortalecimiento de la relación entre funcionarios y usuarios, como elementos clave del nuevo modelo. Y señalan la necesidad de una educación que promueva la toma de conciencia de la población respecto de los temas relacionados con el agua.
Por su parte, la Ley Nacional de Aguas quedó aprobada en agosto de 1998[46], con el objetivo prioritario de desarrrollar una gestión sustentable de los recursos hídricos, en beneficio de todos los usuarios; de proteger la calidad del recurso, y de asegurar la participación de las instituciones regionales y de cuenca[47].
Asimismo, la Ley de Servicios de Agua establece no sólo que todo individuo tiene derecho a acceder a servicios de agua y saneamiento básicos, sino que los procedimientos sobre restricción y cortes de agua deben evitar que a un individuo se le niegue el acceso a los servicios de agua básicos por impago, siempre que pueda demostrar que es incapaz de hacerse cargo del pago. Además, con el fin de cubrir las necesidades humanas básicas y de promover un acceso equitativo que contrarreste los efectos de las prácticas discriminatorias (por razón de la raza y el sexo) anteriormente vigentes, la nueva normativa sobre agua establece un sistema escalonado de tarifas, atendiendo al uso que se haga del agua (subvenciones cruzadas para satisfacer las necesidades de los más pobres, muchos de ellos sólo con acceso a fuentes colectivas).
La política hídrica incorpora igualmente una Estrategia para la Implementación de Servicios de Agua Básicos y Gratuitos (Free Basic Water Implementation Strategy), orientada a cubrir las necesidades de agua de los sectores más pobres, proporcionando a cada hogar una cantidad mensual de agua potable mínima y gratuita (aproximadamente 25 litros por persona y día[48]); pero en la práctica, todavía existen algunos problemas para su implementación[49].
Así, aunque los cambios en la política hídrica sudafricana han tenido efectos positivos y constituyen un considerable avance[50], aún existen importantes retos pendientes. Por ejemplo, todavía la mayoría negra con escasos recursos económicos sufre cortes en los servicios hídricos, en contraste con el uso privilegiado del agua por parte de quienes pueden pagarla; el agua se ha encarecido debido a la construcción de grandes y costosas presas, y en algunas zonas los servicios no se han puesto en marcha o resultan aún muy deficientes. Por lo demás, algunos agentes estatales insisten en incorporar a la gestión del recurso un enfoque mercantilista, y el BM mantiene la presión para asegurar la participación del sector privado. De hecho, con el apoyo de esta institución, Suez logró obtener la concesión para el suministro de agua en Johannesburgo.
Un factor que dificulta la implementación del modelo, es que al haber delegado las competencias sobre la prestación de los servicios de agua en los municipios, el gobierno central ha ido reduciendo su apoyo técnico y económico; y dada la falta de una regulación nacional adecuada y suficiente y de un órgano regulador del sector a nivel nacional, la prestación del servicio es muy desigual entre unos municipios y otros (particularmente los del ámbito rural), existen una considerable disparidad en las tarifas, e incluso muchos ayuntamientos se han visto inclinados a centrar la gestión hídrica en el principio de recuperación de costes. Por lo demás, el acceso al saneamiento, continúa siendo una asignatura pendiente para una parte importante de la población sudafricana[51].
Habría que destacar, en todo caso, la importancia que han tenido los movimientos sociales y las organizaciones civiles en el avance hacia un sistema de explotación y distribución del agua equitativo y sostenible en Sudáfrica. Pero los logros alcanzados se han visto igualmente favorecidos por un marco normativo que incluye la disponibilidad de recursos para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al agua. En efecto, la Constitución prevé en su artículo 33 el derecho a una acción administrativa que sea legal, razonable y procedimentalmente justa; este derecho protege a las personas contra un procedimiento administrativo injusto o poco razonable en el ámbito de los servicios sociales tales como la seguridad social, la asistencia sanitaria, la vivienda, la educación o el suministro de agua.
También es posible reclamar estos derechos ante los tribunales. En el caso Mazibuko and Others vs City of Johannesburg and Others (2008), la población de Phiri (Soweto) reclamó su derecho de acceso al agua de conformidad con la sección 27 de la Constitución sudafricana y la ilegalización de los contadores de prepago (que cortan el agua automáticamente si se agota el saldo disponible). En efecto, el Tribunal Superior de Johannesburgo falló a su favor declarando que la política de servicios de agua básicos y gratuitos de la ciudad no era razonable y que los contadores de prepago eran ilegales. De hecho, ordenó a la ciudad que proporcionara a los demandantes y a los demás residentes que se encontraran en una situación similar, 50 litros diarios de agua básica y gratuita. La sentencia fue recurrida ante la Corte Suprema de Apelaciones que modificó dicha orden, entendiendo que 42 litros de agua diarios eran suficientes, aunque mantuvo la ilegalidad de los contadores de prepago. En última instancia, sin embargo, el Tribunal Constitucional consideró que la política de servicios de agua básicos y gratuitos de la ciudad estaba dentro de los límites de la razonabilidad, y rechazó que debiera otorgarse un contenido (mínimo) cuantitativo al derecho al agua o que los contadores de prepago fueran ilegales.
En el caso The Government of the Republic of South Africa and Others vs Grootboom, Irene and Others (2000), el Tribunal Constitucional analizó el derecho a la vivienda de aproximadamente 1.000 personas entre ellas, más de 500 niños que mientras esperaban su turno para que les fueran asignadas viviendas de renta asequible, quedaron condenados a sobrevivir en condiciones deplorables. En su sentencia, reconoció que el programa público de ayuda a la vivienda puesto en marcha por las autoridades de la Provincia del Cabo Occidental no superaba el test de razonabilidad prescrito por la Constitución, porque al concentrarse en objetivos de largo plazo, omitía atender precisamente a quienes se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad. Por tanto, decretó medidas urgentes para la salvaguarda del derecho violado; entre ellas, la instalación de un bloque con 20 inodoros permanentes y la obligación de encargarse de su conservación y mantenimiento, y la instalación provisional de 20 inodoros químicos portátiles. Asimismo, dispuso la instalación de 20 puntos de agua potable permanentes y la provisión inmediata de 10 puntos de agua provisionales. Aunque según los representantes de los afectados, si bien la instalación de los inodoros y puntos de agua se produjo en la forma dispuesta por el Tribunal, el cumplimiento en materia de conservación y mantenimiento habría resultado deficiente.
En definitiva, aunque la implementación del derecho al agua en Sudáfrica enfrenta todavía considerables retos y dificultades, proporciona interesantes elementos para la configuración de un modelo sostenible de gestión del recurso, destinado a satisfacer el acceso básico universal a los servicios de agua y saneamiento.
NOTAS:® Véase, BUSTAMANTE, R., Visiones Mundiales sobre el Agua y Políticas Hídricas, Documento elaborado en el marco de un contrato de consultoría entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Bolivia, por la Secretaría Técnica del Consejo Interinstitucional del Agua (CONAIG), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Programa Nacional de Riego (PRONAR), Componente de Ordenamiento de Recursos Hídricos, La Paz, Bolivia, 2003, en http://www.cepis.org.pe/bvsadi/fulltext/visiones.htm.
® Véase, Libro Blanco sobre Suministro de Agua y Servicios de Saneamiento (Water Supply and Sanitation White Paper, 1994), Libro Blanco sobre una Política Nacional de Aguas para Sudáfrica (White Paper on a National Water Policy for South Africa, 1997), Libro Blanco sobre Servicios de Saneamiento Doméstico Básico (White Paper on Basic Household Sanitation, 2001) y Libro Blanco sobre Servicios de Agua (White Paper on Water Services, 2002).
® Ley Nacional de Aguas (Act No. 36, 1998 de 26 de agosto), modificada en 1999 (Act No. 11 y Act No. 45); anteriormente había quedado aprobada también la Ley de Servicios de Agua (Act No. 108, 1997 de 19 de diciembre). En relación con el sistema de tarifas, véanse las Normas y Estándares con respecto a las Tarifas de los Servicios de Agua del 20 julio de 2001 (Norms and Standards in Respect of Tariffs for Water Services 20 July 2001).
® Véase, GARDUÑO, H. et al., Administración de Derechos de Agua. Experiencias, asuntos relevantes y lineamientos, FAO, Roma, 2003, en http://books.google.es/books?id=ZwpejPevNIYC&printsec=frontcover&dq=Administración+de+Derechos+de+Agua.+Experiencias,+asuntos+relevantes+y+lineamientos&source=bl&ots=eFkuaFSlHO&sig=i1M3tdvEiswxHLrZaTJQH1aCuUQ&hl=es&ei=JDEGTOnWOIuy4QbT-bSdDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBgQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false; HAFFAJEE, F., Sudáfrica aplaca la sed, en http://www.unesco.org/courier/1999_02/sp/dossier/txt23.htm.
® Según el Informe A/HRC/6/3 de la Alta Comisionada, [e]l umbral de 25 litros por persona por día representa el nivel mínimo para mantener la vida, pero esta cantidad plantea problemas de salud, ya que es insuficiente para atender las necesidades de higiene básica y consumo (párrafo 15).
®	Véase, DUGARD, J., El derecho al agua en Sudáfrica: teoría y práctica, en http://admin.isf.es/UserFiles/File/apd/ponencias/derecho_agua_sudafrica.pdf; una versión actualizada de este artículo en Conclusiones del 4º Foro 2009 Agua para del desarrollo. El derecho humano al agua, Fundación Canal - Canal de Isabel II, Madrid, 2010.
® Según el documento presentado por el Grupo de Trabajo sobre Agua, energía, salud, agricultura y biodiversidad (WEHAB) durante la Cumbre de Johannesburgo del 2002, cuando en 1994 el nuevo gobierno democrático asumió el poder, 14 millones de personas carecían de un acceso seguro al agua; para el 2001, esta cifra se había reducido a la mitad. La Iniciativa WEHAB responde en parte a la resolución 55/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que se dispuso el proceso preparatorio de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Pretende centrar la atención en áreas estratégicas en las que se hace indispensable redoblar esfuerzos para ejecutar la Agenda 21.
® Véase, DUGARD, J., El derecho al agua en Sudáfrica: teoría y práctica, en http://admin.isf.es/UserFiles/File/apd/ponencias/derecho_agua_sudafrica.pdf
El tema del agua en la India está marcado por numerosas luchas en favor de una gestión equitativa y sostenible del recurso.
La construcción de presas en el Río Narmada constituye una de las movilizaciones más significativas. Y es que la India concentra un buen número de los proyectos de grandes presas a nivel mundial, mientras las comunidades afectadas vienen denunciando los daños sociales y medioambientales de que son objeto como consecuencia de estos proyectos.
En concreto, el proyecto del Río Narmada implicaba la construcción de 30 presas grandes, 135 medianas y 3.000 pequeñas, ocasionando el desplazamiento de un millón de personas, la inmersión de 350.000 hectáreas de bosque, el anegamiento de 200.000 hectáreas de tierras cultivables y un costo de 52.200 millones de dólares. En principio, la oposición se centró en la exigencia de una reubicación adecuada para las personas desplazadas, pero más adelante impugnó también la falta de previsión respecto de los riesgos ambientales del proyecto, que incluían la destrucción de los sistemas tradicionales de recolección del agua y de los sistemas fluviales naturales. Reclamaban, en último término, la posibilidad de participar en la toma de decisiones sobre cuestiones que directamente les afectaban.
Para 1991, el movimiento consiguió que el BM principal institución financiadora del proyecto creara una comisión independiente encargada de revisar el proyecto; que efectivamente, entendió que el proyecto adolecía de series deficiencias particularmente desde el punto de vista medioambiental. No obstante, el gobierno pretendió seguir adelante con el proyecto hasta que en 1995, en respuesta a una demanda del movimiento, el propio Tribunal Supremo decretó la suspensión de las obras. Pero la suspensión sólo se mantuvo hasta 1999, cuando el gobierno logró convencer al tribunal para que autorizara la elevación del muro de la presa, lo que provocaría nuevas inundaciones[52].
Adicionalmente, también en la India el BM ha presionado fuertemente con frecuencia a través de sus políticas crediticias para imponer la privatización de los servicios de agua en favor de las transnacionales del sector. Y el afán privatizador también incluye el impulso al negocio del agua embotellada.
De hecho, otra batalla emblemática por el agua fue la sostenida entre 2002 y 2003 en el estado de Kerala contra Coca-Cola, porque la transnacional mantenía prácticas insostenibles de sobreexplotación de las fuentes superficiales, y una explotación ilegal de las fuentes subterráneas. En este caso, se consiguió que la Corte Suprema de ese estado decretara a la multinacional el cese de las extracciones ilegales, argumentando que ciertos recursos como el agua tienen una importancia tal, que no pueden quedar supeditados a la propiedad privada, sino que deben estar disponibles para toda la población. Entendió que, por tanto, si el Estado omite proteger estos recursos contra una explotación excesiva, incurre en una violación del derecho a la vida[53].
Ahora bien, desde finales de los ochenta existe una Política Nacional del Agua que mediante planes quinquenales pretende garantizar un acceso seguro a este recurso para la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población. Según los datos del Ministerio de Recursos Hídricos, aunque la previsión en 1981 era conseguir en una década coincidiendo con el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento el 100% de cobertura en el acceso al agua (incluidas zonas urbanas y rurales), 80% en saneamiento urbano y 25% en saneamiento rural; sin embargo, debido a las limitaciones financieras y de otro tipo, se han reducido los objetivos a una cobertura del 90% en el acceso al agua en zonas urbanas, del 85% en zonas rurales, del 50% en saneamiento urbano y tan solo de un 5% en saneamiento rural[54].
Lo cierto es que se viene denunciando que la ejecución de la política hídrica no ha sido del todo eficiente, y que existen aún graves carencias y considerables desigualdades en el acceso entre la población más o menos acomodada de las grandes ciudades, y la población rural más desfavorecida[55].
Lo que es indudable, es que en el caso de la India la movilización ciudadana ha resultado indispensable para avanzar hacia el pleno reconocimiento y garantía del derecho al agua y al saneamiento. Pero ciertamente, existen también algunos precedentes institucionales de reconocimiento y exigibilidad de este derecho. Por ejemplo, ya en 1990 en el Caso F. K. Hussain vs Union of India el Tribunal Supremo estableció que el derecho a la vida consagrado en el artículo 21 de la Constitución, implicaba el derecho al agua dulce y al aire fresco, dado que constituyen elementos básicos para que la vida sea posible. Más adelante en otra decisión (Asunto No. 673, 2000 SOL), el Tribunal Supremo declaró que "el derecho a tener acceso al agua potable es fundamental para la vida y, de conformidad con el artículo 21, el Estado tiene la obligación de proporcionar a sus ciudadanos agua potable de buena calidad".
Asimismo, en 2004 el Tribunal Supremo publicó una directiva ordenando al gobierno de Madhya Pradesh el suministro de agua potable en favor de las comunidades cuyos recursos habían resultado afectados por la fábrica Union Carbide[56]. Sin embargo, aunque en un primer momento efectivamente se instalaron los depósitos de agua potable, las organizaciones locales denuncian que con el tiempo esta tarea se suspendió y los depósitos quedaron vacíos.
Las dificultades que experimenta la satisfacción del acceso al agua y al saneamiento en la India son, naturalmente, expresión de la problemática más general de este país, llamado a convertirse en el más poblado del mundo, al tiempo que persigue un desarrollo económico en condiciones de dura competencia global.
NOTAS:® Véase, BARLOW, M. y CLARKE, T., Oro Azul. Las multinacionales y el robo organizado de agua en el mundo, Paidós, Barcelona, 2004, pp. 281-283; ROY, A., El álgebra de la justicia infinita, Francesc Roca (trad.), Anagrama, Barcelona, 2002, p. 62.
®	Véase, SHIVA, V., Las mujeres de Kerala contra Coca-Cola, en Le Monde diplomatique, edición española, año IX, n.º 113, marzo de 2005, pp. 22-23.
® Véase, http://wrmin.nic.in/
® Véase, http://www.indiaenvironmentportal.org.in/
® Esta decisión del Tribunal pretendía dar respuesta a un grave incidente ocurrido en 1984, cuando un gas altamente tóxico escapó de un depósito de la planta de Union Carbide filial de una multinacional estadounidense dedicada a la fabricación de pesticidas, lo que supuso que aproximadamente 20.000 personas quedaran expuestas al consumo de agua envenenada. Véase, BAILLY, O., Bhopal, la catástrofe sin fin. Vivir y morir con el riesgo industrial, en Le Monde diplomatique, edición española, año IX, n.º 110, diciembre de 2004, pp. 14 y 15.
BAILLY, O. (2004): Bhopal, la catástrofe sin fin. Vivir y morir con el riesgo industrial, en Le Monde diplomatique, edición española, año IX, n.º 110, diciembre.
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Navdanya: http://www.navdanya.org/home (aunque esta página no es estrictamente sobre agua, V. Shiva es un importantísimo referente de la lucha por este recurso)
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Acceso al agua potable: en su Informe sobre Desarrollo Humano 2000, el PNUD lo define como la proporción de la población que emplea alguno de los siguientes tipos de suministro de agua para beber: agua procedente de tuberías, fuentes públicas, bombas, pozos (protegidos o cubiertos) o fuentes protegidas.
En su Informe sobre Desarrollo Humano 2001, el PNUD establece que por población que utiliza fuentes de agua potable, debe entenderse el porcentaje de la población con un acceso razonable a un volumen adecuado de agua de beber de fuentes de agua potable; el acceso razonable se define como la disponibilidad de al menos 20 litros por persona y día, procedentes de una fuente situada en un radio de un kilómetro de distancia desde la vivienda del usuario; las fuentes de agua potable abarcan conexiones domiciliarias, fuentes públicas, pozos perforados dotados de bombas manuales, pozos excavados protegidos, manantiales protegidos y agua de lluvia recogida en cisterna (se excluyen los vendedores de agua, los camiones cisterna, los pozos y manantiales sin protección).
Acceso al saneamiento: en su Informe sobre Desarrollo Humano 2000, el PNUD lo define como el porcentaje de la población que utiliza adecuadas instalaciones sanitarias, como la conexión a desagües o sistemas de fosa séptica, letrinas de cisterna, letrinas de fosa simple o letrinas de fosa ventilada mejoradas; se considera que un sistema de eliminación de excrementos es adecuado si es privado o compartido (pero no público) y si permite evitar eficazmente que las personas, los animales o los insectos entren en contacto con los excrementos.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC): es el órgano de las Naciones Unidas encargado de vigilar la adecuada aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); con este fin realiza una labor de interpretación (autorizada) de los preceptos del PIDESC, y tiene a su cargo analizar los informes que los Estados Partes del PIDESC le presentan periódicamente para darle cuenta de la situación de estos derechos bajo su jurisdicción. Cuando el Protocolo Facultativo al PIDESC en materia de denuncias entre en vigor, el CDESC estará igualmente encargado de conocer las comunicaciones que le presenten individuos o grupos sobre posibles vulneraciones al PIDESC por un Estado Parte del mismo y del propio Protocolo.
Conflictos transfronterizos: la expresión está esencialmente referida a la lucha por el control del agua, entre dos o más países que comparten cuencas; aunque puede involucrar, igualmente, la lucha por el control del recurso entre comunidades o regiones de un mismo país.
Control de la demanda: implica modificar el modelo de gestión y aprovechamiento del agua en el sentido de reducir la demanda a aquellos usos vinculados con el interés general o con intereses privados plenamente justificados, en lugar de seguir ideando fórmulas para satisfacer una demanda ilegítima, insostenible e injustificada.
Control público del agua: implica mantener el agua como un bien público (propiedad de la colectividad) cuyo aprovechamiento debe regirse por el bien común o interés general.
Corredores de desarrollo: se trata de proyectos a gran escala que atendiendo a la demanda de liberalización de los mercados prevén, en regiones poco desarrolladas, la implementación de infraestructuras esencialmente destinadas a favorecer los intereses de los inversores más que a conseguir el desarrollo de la población local.
Democratización de la gestión: supone involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones relativas al modelo de gestión, aprovechamiento y servicios de agua entendida como un bien común, garantizándole una participación efectiva.
Derecho humano al agua: es el derecho a una cantidad suficiente de agua de calidad, destinada a satisfacer las necesidades básicas de consumo humano, higiene personal y doméstica, preparación de alimentos y agricultura de subsistencia.
Derecho humano al saneamiento: derecho de acceso a un sistema, colectivo o privado, de recolección, transporte, tratamiento y eliminación o reutilización de excrementos humanos o aguas domésticas residuales.
Derecho humano al agua y al saneamiento como derecho exigible: esta expresión implica que el reconocimiento del derecho conlleva la posibilidad de reclamarlo a los agentes obligados, en caso de omisión o defecto en su satisfacción; es decir, que los titulares del derecho tengan mecanismos a su alcance para exigir su derecho.
Discriminación múltiple o acumulativa: se refiere a aquellos casos en que un grupo o sector resulta vulnerable en más de un sentido o por más de una causa; por ejemplo, las mujeres, que además pertenecen a una minoría étnica, que además padecen una discapacidad, etc.
Distribución social del agua: la expresión pretende distinguir entre la distribución natural (geográfica) del agua y aquella que viene determinada por razones políticas o económicas.
Estrategia o plan nacional del agua: supone que, con independencia de que las competencias en materia de servicios de agua y saneamiento estén descentralizadas, exista un instrumento a nivel del gobierno central que establezca con claridad los elementos esenciales del modelo de gestión y las condiciones mínimas del servicio.
Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos en relación con el acceso al agua potable y al saneamiento: se trata del mandato (temático) otorgado (en el 2008) por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para un período de tres años a una experta (Catarina de Albuquerque) que actuando a título individual, trabaja en el examen, la supervisión, el asesoramiento y la producción de información sobre la situación y los principales problemas en torno al acceso al agua y al saneamiento desde la perspectiva de los derechos humanos, con miras a favorecer el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en relación con esta cuestión.
Feminización de la pobreza: la expresión está referida al fenómeno en virtud del cual las mujeres ven particularmente restringidas sus posibilidades de desarrollo, al punto que con frecuencia los indicadores sociales en materia de educación, salud, vivienda, salarios, acceso a los servicios públicos, revelan que el nivel de pobreza está íntimamente relacionado con el género.
Gestión integral: se refiere a un manejo del agua que refleje adecuadamente la importancia de este recurso atendiendo no sólo a sus diferentes usos (agricultura, industria, uso doméstico), sino a su valor desde el punto de vista económico, social, político, cultural y medioambiental.
Grandes proyectos hidráulicos (megaproyectos): la expresión está referida a la planeación y desarrollo de proyectos de gran envergadura desde la perspectiva técnica y financiera (como la construcción de presas), pero que tienen también importantísimas implicaciones económicas, sociales y ambientales para la población directamente afectada, que generalmente resultan obviadas o no son tenidas en cuenta de forma adecuada y suficiente.
Guerras del agua: en términos generales, la expresión está referida a las luchas sociales por defender el agua de su deterioro ambiental y de su acaparamiento por los agentes mundiales más poderosos (potencias económicas, instituciones financieras internacionales, transnacionales del sector). Particularmente, esta expresión suele hacer referencia a la lucha por el agua en Cochabamba, Bolivia (2000).
Individualización del derecho humano al agua: la expresión se refiere al reconocimiento y configuración del derecho como un derecho autónomo y claramente diferenciado de otros derechos como el derecho a la alimentación o el derecho a un nivel de vida adecuado.
Indivisibilidad e interdependencia entre los derechos: se refiere al hecho de que entre los derechos humanos no existe ninguna jerarquía, y que están relacionados entre sí de forma tal, que es imposible su plena realización sin la satisfacción simultánea de los otros (por ejemplo el derecho a la vida en relación con el derecho a la salud, a la alimentación o al agua y al saneamiento).
Mecanismos jurídicos de defensa del derecho humano al agua: la expresión está referida a los mecanismos que buscan dar satisfacción al derecho al agua exigiendo el cumplimiento de lo dispuesto en una norma jurídica.
Mecanismos políticos de defensa del derecho humano al agua: la expresión está utilizada en un sentido amplio, para hacer referencia a todos aquellos mecanismos que buscan la satisfacción del derecho a través de la activación de los poderes asociados al circuito democrático.
Mecanismos sociales de defensa del derecho humano al agua: la expresión está referida a la defensa del agua y de su gestión, resultado del empoderamiento y autotutela de las comunidades organizadas.
Mercantilización del agua: se refiere a aquellos procesos (como la comercialización de agua embotellada o la gestión de los servicios de suministro por empresas privadas exclusivamente guiadas por el ánimo de lucro) destinados a convertir el agua en una mercancía como cualquiera otra, cuyo valor se determina atendiendo a las leyes de la oferta y la demanda, y que por tanto, condicionan el acceso a este recurso exclusivamente a la capacidad de pago.
Monocultivo de alto rendimiento: se refiere al modelo de agricultura fundado en la sustitución de las variedades autóctonas por un único cultivo cuya producción resulta más rentable para el negocio agrícola, pero que conlleva gravísimas consecuencias para las poblaciones locales porque hace imposible la agricultura de subsistencia debido al acaparamiento y sobreexplotación de las fuentes de agua para asegurar un riego masivo que compense la aridez del terreno, su contaminación por el uso excesivo de fertilizantes químicos, y el deterioro del suelo.
Obligaciones básicas: se trata de aquellos deberes vinculados al contenido mínimo del derecho, es decir, referidos a los elementos esenciales que lo configuran y sin los cuales el derecho quedaría desnaturalizado o resultaría impracticable.
Obligaciones específicas: se trata de un catálogo aplicable a todos los derechos humanos, desarrollado en el ámbito internacional con el fin de facilitar el cumplimiento de los deberes derivados de su reconocimiento, y que muestra cómo todos los derechos exigen del Estado (y en su caso de otros agentes públicos o privados) tanto meras omisiones (obligación de respetar) como actuaciones vinculadas al desarrollo institucional (obligación de proteger) y prestaciones propiamente dichas (obligación de cumplir).
Obligaciones generales de cumplimiento inmediato: se trata de aquellas obligaciones aplicables al conjunto de los derechos, y que pueden (y deben) cumplirse con independencia del nivel de desarrollo y la capacidad económica de un país (no discriminar en la aplicación de los derechos, no retroceder respecto de los niveles de protección alcanzados y avanzar paulatinamente hacia su plena satisfacción).
Observaciones Generales del CDESC: se trata de los documentos en los que el CDESC establece su interpretación de los preceptos del PIDESC con el fin de facilitar su adecuada aplicación, determinando el contenido, sentido y alcance de las normas generales y de los derechos allí consagrados.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): Convenio Internacional aprobado en 1966 y en vigor desde 1976, que consagra los derechos vinculados al ámbito económico, social y cultural, reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Privatización del suministro de agua: implica el otorgamiento de concesiones por parte del gobierno central o local de un país, a empresas privadas con frecuencia transnacionales que quedan encargadas de gestionar los servicios de agua y saneamiento (incluido el suministro y tratamiento de agua, el mantenimiento y ampliación de las redes, la gerencia, el cobro) o una parte de ellos.
Racionalidad económica: implica integrar a la gestión del agua criterios destinados a garantizar una utilización razonable y justa del recurso; un acceso universal y seguro para la satisfacción de las necesidades básicas; una utilización de los recursos públicos (como las subvenciones) efectivamente vinculada al interés general; aportaciones acordes con los rendimientos que obtienen los agentes económicos que se benefician de la utilización de los recursos hídricos; medidas frente al acaparamiento o el uso abusivo del recurso.
Recuperación total de costes (full cost recovery): este principio apela (sólo) al valor económico del agua, y pretende que el usuario pague el coste íntegro de los servicios de agua y saneamiento, porque se entiende que sólo así hará un uso eficiente de estos servicios.
Sistema escalonado de tarifas: sistema de precios diferenciados según la naturaleza de los servicios que se prestan; en el caso del suministro de agua se trataría de distinguir, por lo menos, entre el agua que se destina a la satisfacción de las necesidades humanas básicas (derecho humano al agua), el agua destinada a otras cuestiones vinculadas con el interés general, y el agua que se utiliza como insumo productivo y en beneficio (legítimo) privado.
Subvenciones cruzadas: básicamente, implica cubrir (subvencionar) el costo de los servicios básicos de agua y saneamiento (derecho humano), con los ingresos provenientes del cobro a un precio bastante más elevado, del agua destinada a los usos productivos.
Test de razonabilidad: se trata de un criterio con frecuencia utilizado por los tribunales nacionales, regionales e internacionales para determinar desde una perspectiva general la adecuación de las políticas públicas, planes o programas destinados a la implementación de los derechos humanos.
Unidad de cuenca: implica la gestión del agua atendiendo a su distribución natural y con pleno respeto de los ecosistemas, y no a fronteras políticas artificiales o a meros criterios económicos.
Universalización del acceso al agua: la expresión implica garantizar el acceso a este recurso a todas las personas con independencia de su sexo, edad, origen nacional, étnico o racial, condición económica y social, convicciones políticas y religiosas, costumbres y prácticas culturales, etc., y sobre todo con independencia de su capacidad de pago.

References: resolución 
 artículo 2
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 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 16
 artículo 20
 artículo 373
 artículo 374
 artículo 33
 resolución 
 artículo 21
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