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Timestamp: 2020-04-03 01:43:31+00:00

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B. Posición del Estado - Informe de fondo
El contexto de adopciones irregulares en la época de los hechos
Los hermanos Osmín Ricardo Amílcar Tobar Ramírez y J.R., y su familia
El Estado argumentó que carece de toda responsabilidad en el presente caso. Alegó que la declaración de estado de abandono y la posterior adopción se realizaron de manera adecuada conforme a lo establecido en su legislación interna.
Sostuvo que la autoridad que emitió la declaratoria de abandono consideró diversas diligencias probatorias para pronunciarse respecto de la procedencia de las medidas de protección a favor de los hermanos Ramírez. Asimismo, señaló que se consideró que ningún familiar era idóneo para asumir el cuidado de los niños por lo que se otorgó su tutela a la Asociación Los Niños de Guatemala a fin de que fueran incluidos en su programa de adopción. Entre las distintas diligencias realizadas, el Estado sostuvo que i) se tomó la declaración de Flor de María Ramírez Escobar y Gustavo Amílcar Tobar Fajardo; ii) se tomó la declaración de familiares y testigos; y ii) se ordenó al trabajador social y psicológico que conoció el caso realizar un estudio para determinar si los padres constituían un entorno familiar, emocional y psicológico idóneo para los niños.
En cuanto al procedimiento de adopción, el Estado alegó que fue tramitado según la normativa interna vigente en el momento de los hechos. Indicó que frente a una opinión desfavorable de la Procuraduría General de la Nación con relación a las adopciones de los hermanos Ramírez, el Juzgado de Primera Instancia de Familia de Sacatepéquez actuó conforme a lo establecido en la norma, al declarar procedente la adopción de los niños basándose en la declaratoria de abandono que había quedado firme.
El Estado indicó que el 31 de agosto de 2001 el tribunal a cargo ordenó librar una carta rogatoria dirigida a la Embajada de los Estados Unidos de América para que se citara a las dos familias que adoptaron a los niños Ramírez a fin de que éstos pudieran retomar contacto con sus padres. Sostuvo que se notificó al señor Gustavo Tobar Fajardo la orden de expresar si estaba anuente a pagar los gastos en que se incurrieran con motivo de la citación de ambas familias. El Estado señaló que la respuesta del señor Tobar “no fue precisa en cuanto a lo relacionado con los gastos que ocasionara propiamente la carta rogatoria de citación de los padres adoptivos de los niños”. Indicó que posteriormente el señor Tobar no se presentó a una audiencia relacionada con dicha solicitud. Sostuvo que tras esta situación, el 19 de septiembre de 2002, se ordenó archivar el proceso.
El Estado alegó que no se dio un retardo injustificado en la justicia. Sostuvo que cada uno de los recursos presentados fueron resueltos de forma pronta y conforme a la normativa interna. Agregó que los peticionarios no continuaron activando o agotando las vías procesales oportunas del caso.
Afirmó que no existe incumplimiento a su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno conforme a la Convención Americana y describió una serie de medidas adoptadas para implementar las normas internacionales sobre adopciones de tal carácter y la prevención de trata de niños y niñas. Asimismo, enumeró los proyectos de ley, así como las medidas legislativas y administrativas adoptadas por Guatemala en la materia.
El Estado informó sobre los avances en la normativa referente a la adopción en Guatemala. Mencionó la adopción de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de 2003 y la Ley de Adopciones de 2007, las cuales se ajustarían a los principios rectores de la adopción y los derechos de la niñez. Sostuvo que actualmente las tramitaciones de adopciones se realizan de conformidad con lo establecido en las citadas leyes y la Convención sobre los Derechos del Niño, bajo la prevalencia del interés superior del niño. El Estado se refirió específicamente a la prohibición del carácter lucrativo y a que todo el proceso debe ser transparente.
El Estado reiteró que los peticionarios no agotaron los recursos correspondientes de la vía interna. Indicó que, en consecuencia, el caso se encuentra actualmente en un estado de “archivado” ante el conocimiento de los Juzgados de Guatemala, por razones imputables a los peticionarios quienes en su opinión no actuaron debidamente durante el proceso.
Legislación sobre adopciones en la época de los hechos
En la época de los hechos del caso, las adopciones en Guatemala eran reguladas mediante un procedimiento judicial o extrajudicial. El proceso judicial de adopción se regía por el Código Civil de 19633. De acuerdo a dicho Código, la adopción debía realizarse por escritura pública, previa aprobación de las diligencias respectivas por el juez de primera instancia competente4. Se establecía que los padres del niño o niña debían expresar su consentimiento para la adopción5. Posteriormente, el Ministerio Público debía examinar las diligencias y si no opusiere objeción alguna, el juez declaraba con lugar la adopción y ordenaba que se otorgara la escritura pública respectiva6.
Por su parte, el proceso extrajudicial de adopciones era regulado por la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos Jurídicos de Jurisdicción Voluntaria7. Dicha norma establecía la formalización de la adopción ante un notario público sin necesidad de contar con la aprobación judicial previa de las diligencias, iniciándose el procedimiento con una solicitud de la persona que deseaba adoptar a otra8. Los únicos requisitos que cita dicha norma son i) la presentación del certificado de nacimiento; ii) dos testigos que deben “acreditar las buenas costumbres del adoptante y su posibilidad económica y moral para cumplir las obligaciones”; y iii) un informe favorable de una trabajadora social del Poder Judicial9.
Una vez cumplidos los requisitos, el notario público debía acudir ante el Ministerio Público y si éste no se oponía, procedía a otorgar la escritura pública respectiva10. En caso de que el Ministerio Público se opusiera a la solicitud de adopción, el expediente era remitido al tribunal competente a efectos de que emitiera una resolución11. Finalmente, al momento de otorgar la escritura pública de adopción, era necesaria la comparecencia de las personas adoptantes y la madre y padre del niño o niña, a efectos de presentar su testimonio y hacer las anotaciones respectivas12.
La información pública disponible indica que en la época en que ocurrieron los hechos del caso Guatemala era considerado por distintos organismos locales y órganos internacionales como uno de los países con más irregularidades en procesos de adopción a nivel internacional.
De acuerdo a un informe solicitado por UNICEF, el Instituto Latinoamericano para la Educación y la Comunicación concluyó que para el año 1999 Guatemala era el cuarto país con mayor número de adopciones en el mundo13. Se indicó que estos procesos de adopción adolecen de muchas irregularidades y “ha prevalecido el afán de lucro económico de los involucrados en tramitarlos14.
En relación con los mecanismos adoptados para proceder con las adopciones, la Comisión Internacional contra la Impunidad Guatemalteca de Naciones Unidas (en adelante “la CICIG”) indicó que la mayoría de adopciones se daban a través del proceso extrajudicial y no del judicial15. Sostuvo que la legislación vigente en esa época “dio lugar a la privatización de la adopción por notarios”16.
La CICIG sostuvo que en un contexto en el cual el trámite de adopción ante la notaría pública podía costar entre $12,000.00 a $15,000.00 dólares, los niños dados en adopción eran entregados en muchos casos por mujeres en situación de extrema pobreza a cambio de poca cantidad de dinero17. Es por ello que concluyó que las adopciones a través del proceso extrajudicial se convirtieron “en una verdadera compra y venta de niños”18.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideró que durante esta época se formaron redes de delincuencia organizada trasnacional, dedicadas a las adopciones irregulares propiciando la comercialización de niños y niñas guatemaltecas19. La OIT sostuvo que esta situación se debió a los siguientes factores: i) la existencia de una normativa que permitía trámites de adopción por vía notarial; ii) la falta de regulación detallada de los procedimientos previos a la adopción en garantía de los derechos del niño o niña y su familia; y iii) la ausencia de supervisión y controles efectivos del proceso por parte de autoridades competentes20. La OIT también identificó que en muchos casos los mecanismos utilizados para establecer la nacionalidad y familia biológica de los niños y niñas en los procesos de adopción eran viciados, mediante actividades ilegales como la falsificación de documentos y de pruebas de ADN, operaciones de venta de niños, la amenaza de madres, entre otros21.
En el marco de organismos de Naciones Unidas, en junio de 1996 el Comité de los Derechos del Niño presentó sus observaciones sobre la situación en Guatemala22. El Comité reconoció la situación de “adopción ilegal de niños” e incluso la existencia de una red de adopciones ilegales23.
En relación a su visita a Guatemala en el año 1999, la Relatora Especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía manifestó que la adopción internacional en Guatemala se habría convertido “en un negocio rentable como consecuencia del gran número de niños que quedaron huérfanos o fueron abandonados durante los años de enfrentamiento”24. Indicó que la situación al interior de Guatemala ha favorecido dicho comercio, en especial por la falta de control y supervisión eficaces de los procedimientos de adopción, además de los factores de extrema pobreza y la elevada tasa de natalidad existente en el interior25.
En el ámbito interamericano, la Comisión Interamericana se pronunció sobre la situación de los procesos de adopción en Guatemala. En su informe de 2001 la CIDH indicó que la adopción de niños y niñas en Guatemala “se convirtió en una operación comercial rentable cuando se hizo evidente que había un importante ‘mercado’ para la adopción de bebés”26. La Comisión señaló que un aspecto central del problema es la falta de legislación adecuada27. En consecuencia, requirió al Estado adoptar “las medidas necesarias para lograr la puesta en vigencia de un marco legislativo adecuado para garantizar que el interés superior del niño sea una consideración primordial en todas las decisiones adoptadas, para asegurar el consentimiento libre y con conocimiento informado y para garantizar la legalidad, claridad y transparencia en los procedimientos aplicables”28.
A nivel interno, la propia Procuraduría General de la Nación - en un informe que abarcó de 1996 a 2006 - identificó una serie de anomalías en los procedimientos extrajudiciales de adopciones dentro de las cuales se destaca: i) doble inscripción de nacimiento; ii) documentos donde consta que una madre da en adopción a sus hijos o hijas, cuando en realidad dicha persona ya ha fallecido; iii) certificaciones de nacimientos falsos extendidos por médicos no registrados profesionalmente o por parteras que no existen; iv) alteración de pruebas de ADN certificados por la embajada estadounidense en Guatemala; v) firmas dactilares que no coinciden con las agregadas al expediente de adopción; y vi) falta de voluntad de dar en adopción por parte de la madre biológica cuando el escribano público ha constado lo contrario29.
Las estadísticas de la Procuraduría señalan que las adopciones de niños y niñas guatemaltecas se aumentaron 6,7 veces desde el año 1996 hasta el año 2006, realizando en 1996 un total de 731 adopciones, y en el 2006 un total de 4918. Entre los años 1997 a 2006, 97,6% de las adopciones realizadas fueron internacionales, siendo los Estados Unidos el país receptor de 87% de niñas y niños guatemaltecos dados en adopción en dicho periodo30.
La Comisión nota que en noviembre de 2002 Guatemala se adhirió al Convenio de la Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional. Posteriormente la Corte de Constitucionalidad cuestionó el procedimiento de incorporación a dicho instrumento, situación que, conforme al derecho internacional no afecta el hecho de que Guatemala es parte del mismo. En la tramitación del presente caso, el Estado hizo referencia a la adopción de distintas normas y reformas a efectos de regularizar la situación de adopciones en Guatemala. En el año 2003 entró en vigor la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia31. Al año siguiente, el Estado guatemalteco aprobó el “Plan de Acción Nacional a favor de la Niñez y Adolescencia para el período comprendido del 2004 al 2015” instando a visibilizar las problemáticas y situaciones de vulnerabilidad de la niñez cuales tiene como consecuencia las adopciones irregulares tramitadas con fines lucrativos32.
En 2007 se aprobó la Ley de Adopciones33. Dicha ley creó el Consejo Nacional de Adopciones como autoridad central en cumplimiento del Convenio de la Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. La ley también da preferencia a la adopción nacional por encima de la internacional y prohíbe la obtención de beneficios indebidos para personas, instituciones y autoridades involucradas en el proceso de adopción.
En relación con el procedimiento de adopción, la Ley de Adopciones señala lo siguiente:
El juez de familia recibirá la solicitud de adopción por los interesados y verificado que el procedimiento administrativo de adopción cumple los requisitos de la presente ley y el Convenio de La Haya, sin más trámite, el juez homologará y declarará con lugar la adopción, nacional o internacional. (…)34
Frente a estas medidas, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas presentó sus observaciones finales en junio de 2007 sobre la situación de Guatemala35. El Comité sostuvo que el país “sigue teniendo una serie de graves preocupaciones por la adopción internacional”36. Identificó las siguientes falencias: i) la legislación nacional que regula las prácticas de adopción sigue siendo inadecuada; ii) las prácticas irregulares basadas en el interés de lucro que persisten en la administración de la adopción de niños guatemaltecos, especialmente porque en un número cada vez mayor de adopciones internacionales intervienen notarios; y iii) delitos de venta de niños con fines de adopción cometidos en Guatemala que en general quedan impunes, especialmente, en gran medida, porque existe complicidad de las autoridades37.
Asimismo, la CICIG en 2010 indicó que aún se evidencia que por lo menos el 60% de aquellos casos de adopción procesados previo a la adopción de la Ley de Adopciones poseen posibles irregularidades en sus archivos38. Por su parte, en el año 2012 la Coalición Guatemalteca a Favor del Cumplimiento de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de Guatemala identificó que las debilidades de la supervisión y controles efectivos de las adopciones subsiste aún en dicho Estado39. La Coalición sostuvo que el Estado no ha adoptado medidas para investigar y sancionar a las personas, incluyendo agentes públicos, que han estado involucrados en los procedimientos irregulares de adopciones40.
Por otra parte, la Comisión cuenta con información pública sobre el inicio de investigaciones contra personas que, como se describirá más adelante, estuvieron involucradas en supuestas adopciones irregulares, incluida la de los hermanos Ramírez.
Al respecto, la Comisión nota que Susana Luarca Saracho fue la abogada y directora del Hogar Asociación Los Niños de Guatemala durante la época en que los niños Ramírez fueron internados en dicho centro. La señora Luarca fue denunciada en múltiples ocasiones por realizar actos de intimidación y amenaza, además de otras formas de presión, dirigidos hacia los actores judiciales y partes intervinientes, en los casos de adopción que tramitaba41.
De acuerdo a información de conocimiento público, en el año 2009 la señora Luarca fue detenida por presuntamente haber participado en una red de comercio ilegal de adopciones42. En dicho proceso, la Comisión Internacional Contra la Impunidad Guatemalteca (CICIG) como querellante adhesivo, recomendó que la señora Luarca sea procesada por similares delitos de trata de personas y uso de documentos falsificados43.
El 1 de agosto de 2014 la Fiscalía del Ministerio Público de Guatemala solicitó la apertura a juicio en contra de la señora Luarca por haber tramitado al menos 101 casos de adopción de manera irregular, imputándole por los delitos de asociación ilícita, trata de personas y uso de documentos falsificados44.
Por su parte, al juez Mario Peralta Castañeda, quien participó en los procesos de revisión presentados por la señora Ramírez, se le retiró su inmunidad por parte de la Corte Suprema de Justicia45. De acuerdo a información publicada en medios de prensa, el señor Peralta fue denunciado por haber participado en los procesos de adopciones irregulares en Guatemala mediante la emisión de certificados judiciales en donde se consignaba que niños y niñas con perfil de adoptabilidad no tenían padres cuando en realidad sí los tenían46.
Osmín Ricardo Amílcar Tobar Ramírez nació el 24 de junio de 198947. Fue reconocido en el Registro Civil de Guatemala por sus padres Gustavo Tobar Fajardo y Flor de María Ramírez Escobar48. Por su parte, J.R. nació el 27 de agosto de 199549. Fue reconocido en el Registro Civil de Guatemala por su madre Flor de Maria Ramírez Escobar50. La señora Ramírez manifestó que su hijo J.R. nació como consecuencia de un embarazo producto de una violación sexual51.
Los padres de Osmín Tobar Ramírez se separaron posteriormente y acordaron judicialmente un régimen de relacionamiento del señor Tobar con su hijo una vez por semana52.
De acuerdo a lo señalado por la señora Ramírez, en la época de los hechos Osmín Tobar Ramírez, quien tenía siete años, asistía a la escuela Las Vacas en zona 16, ciudad de Guatemala53. J.R. tenía dos años de edad54. La señora Ramírez trabajaba como tramitadora en el Ministerio de Finanzas y contrató a su vecina Ana Delmy Arias para cuidar a sus hijos mientras ella se ausentaba por motivos laborales55.
Declaración de abandono de los niños Ramírez
El 18 de diciembre de 1996 la Magistratura Coordinadora de la Jurisdicción de Menores recibió una denuncia anónima vía telefónica56. Se indicó que los niños Ramírez “se encuentran abandonados por parte de la madre, que se dedica a inhalar pegamento y a ingerir bebidas alcohólicas, por tal razón se encuentran en situación de riesgo o peligro”57.
El 8 de enero de 1997 la jueza Aida Rabasso del Juzgado Primero de Primera Instancia de Menores de Ciudad de Guatemala solicitó al Jefe de la Sección de Menores de la Procuraduría General de la Nación para que se apersonaran en el domicilio de los niños Ramírez58. Se indicó que en caso se constate la situación denunciada, debían “proced[er] al rescate de los mismos, internándolos en el Hogar Asociación de Los Niños de Guatemala para su cuidado y protección”59.
Al día siguiente los funcionarios de la Procuraduría se apersonaron al domicilio de los niños Ramírez60. Informaron al Juzgado que al llegar los niños estaban sin acompañamiento de algún adulto y que les manifestaron que no habían desayunado61. También informaron que ambos niños “no presentan signos de agresión física”62. Los niños fueron llevados al Hogar Asociación de Los Niños de Guatemala63.
El mismo 9 de enero de 1997 la señora Ramírez compareció ante la jueza Rabasso para solicitar la entrega de sus hijos64. Se presentó con los certificados de nacimiento de sus hijos e indicó que “sal[e] de [su] casa temprano y (…) dej[a] encargado a [su] hijo mayor que le da la pacha al menor” 65. Agregó que le paga a la señora Ana Delmy Arias, quien es su vecina, para que cuide a sus hijos66. La señora Ramírez indicó que no se le informó sobre el paradero de sus hijos67. La Comisión no cuenta con información sobre la realización de diligencias entre el 9 y el 27 de enero de 1997.
El 27 de enero de 1997 el juzgado resolvió confirmar el internamiento de los niños Ramírez en el Hogar Asociación de Los Niños de Guatemala 68. Asimismo, solicitó a dicho centro de internamiento la realización de un estudio social sobre la situación de los niños Ramírez69.
Dicho estudio social fue remitido al Juzgado el 3 de febrero de 199770. De acuerdo al informe, se realizaron entrevistas a vecinos de la señora Ramírez quienes manifestaron que la madre maltrataba y abandonaba a sus hijos71. No obstante, a pesar de que los funcionarios de la Procuraduría que visitaron a los niños el 9 de enero de 1997 habían indicado que no había signos de agresión física, en este informe se señaló que al ingresar al Hogar los niños tenían moretones y cicatrices resultados de golpes72. El informe concluyó que “[c]on las entrevistas realizadas ha quedado plenamente establecido que Flor de María Ramírez Escobar es incapaz de cuidar de sus hijos, por lo que es imperativo encontrarles un hogar sustituto, donde se les inculquen valores morales y se les satisfagan sus necesidades físicas y mentales (…) por lo que en virtud del comportamiento y abandono de su madre, recomiendo que se les declare en estado de abandono para que puedan ser incluidos dentro del programa de adopciones que patrocina la Asociación de Los Niños de Guatemala”73.
Entre el 12 y 17 de marzo de 1997 comparecieron ante el juzgado la abuela materna y dos tías de los niños Ramírez74. Solicitaron asumir el cuidado de los niños75. El 22 de abril de 1997 la jueza ordenó a la Asociación la realización de un estudio social sobre la situación de dichos familiares76.
El 14 de mayo de 1997 la Procuraduría remitió al Juzgado un estudio social de la madre y la abuela materna de los niños Ramírez77. El estudio concluyó lo siguiente:
[l]a conducta de la madre como [de la] abuela de los niños, de acuerdo a investigaciones colaterales, es perjudicial por el momento para la crianza y cuidado de los niños. Tomando en cuenta la situación económica tan inestable de la madre y abuela materna, así como también la conducta muy desordenada de ambas; se considera que ninguna constituye al momento recurso para la protección de los niños al igual que la familia de ellas, por lo que se recomienda que continúen institucionalizados y en un tiempo que el Juzgado estime prudencial se actualice el Estudio Social e Investigación correspondiente para establecer si las condiciones de vida y conducta han variado favorablemente78.
Asimismo, la Procuraduría informó al Juzgado acerca de la investigación sobre la situación socioeconómica de la señora Ramírez79. Sostuvo que en base a entrevistas de vecinos, la señora Ramírez maltrataba a sus hijos, tomaba alcohol constantemente y era adicta a las drogas80.
El 15 de mayo de 1997 la Dirección General de Policía Nacional informó al juzgado que la señora Ramírez no tenía antecedentes penales81. Respecto de la abuela materna, la Policía indicó que sí tenía antecedentes por falsedad ideológica, estafa, portación de arma ofensiva y tenencia de marihuana82.
El 19 de mayo de 1997 fue remitido al Juzgado el estudio social realizado por la Asociación respecto a la situación de las tías de los niños Ramírez83. El estudio concluyó lo siguiente:
(…) el interés de las madrinas de los niños en reclamar a los menores es una maniobra para obtener el depósito de los niños y devolvérselos a la madre de éstos, quien los maltrata y es pésimo para ellos (…) el menor Osmín Ricardo Amílcar Tobar Ramírez asistió a la entrevista y me manifestó que no le gustaría vivir con su madrina porque su esposo le pega mucho a él (…) el hacinamiento en que viven las madrinas y sus familias, lo limitado de sus recursos económicos y el hecho de que ellas conocían la desesperada situación en que se encontraban los menores cuando estaban a cargo de su madre y no hicieron nada por terminar con el maltrato, nos hacen recomendar que no les sean entregados los niños a las señoras Escobar Carrera y Echeverría de Reyes. (…) Reitero lo que dije en el primer informe socio económico en el sentido de que ambos niños deben ser integrados a familias que le proporcionen el amor y cuidados que necesitan (…) por lo que recomiendo que se les declare en estado de abandono para que puedan ser incluidos dentro del programa de adopciones que patrocina la Asociación Los Niños de Guatemala”84.
El 21 de julio de 1997 la Unidad de Psicología del Organismo Judicial presentó un informe psicológico sobre la señora Ramírez y la abuela materna de los niños85. En relación con la señora Ramírez, se indicó que “por las características que presenta la paciente, se deduce que su capacidad de poder asumir el rol de madre está seriamente comprometido”86. Respecto de la abuela materna, se señaló que “como recurso familiar hay que tomar en cuenta que un adulto con preferencias homosexuales estará transmitiendo esta serie de valores a los niños que tenga a su cargo”87.
El 29 de julio de 1997 la Procuraduría compareció ante el juzgado para emitir su opinión sobre la situación jurídica de los niños Ramírez88. Concluyó lo siguiente:
(…) es abundante en su contenido [y] del análisis del mismo se evidencia la necesidad que tienen los referidos niños de que se les brinde un nivel de vida mejor, dentro del seno de una familia; quedando en claro a través de los Estudios Sociales (3) y de Investigación (1) que los niños se encontraban en completo abandono por parte de su familia y principalmente su madre( …) en tal virtud resulta procedente declarar el abandono de los niños ya identificados, debiendo incorporarlos al programa de adopciones del hogar que actualmente se encuentran89.
El 6 de agosto de 1997 el Juzgado Primero de Primera Instancia de Menores de Guatemala dictó un auto donde declaró “en estado de abandono a los menores J.R. y Osmín Ricardo Amílcar Tobar Ramírez”90. El juzgado le dio la tutela legal de los niños Ramírez al Hogar Asociación de Los Niños de Guatemala y ordenó que dicha institución los incluyera dentro de los programas de adopción que patrocinaba91.
La adopción de los niños Ramírez fue iniciada a través del proceso extrajudicial o notarial de adopción cuyo trámite fue descrito anteriormente.
En relación con J.R., el 24 de octubre de 1997 la familia B. otorgó un poder a un abogado en Illinois, Estados Unidos, a efectos de iniciar el trámite para su adopción 92. Respecto de Osmín Ricardo Tobar Ramírez, el 5 de febrero de 1998 la familia Borz-Richards otorgó un poder a un abogado en Pittsburg, Estados Unidos, a efectos de iniciar el trámite para su adopción93.
El 8 y 11 de mayo de 1998 la Procuraduría emitió dos oficios en donde indicó que no procedía la adopción de los niños Ramírez de conformidad con el informe del licenciado Martínez, el cual señaló que se encontraba pendiente de resolver un recurso94.
Los abogados particulares de las familias estadounidenses recurrieron a la instancia judicial luego de la opinión desfavorable de la Procuraduría sobre la adopción de los niños Ramírez95. El 26 de mayo de 1998 el juzgado de Primera Instancia y Familia del Departamento de Sacatepéquez declaró con lugar las diligencias de adopción96. Indicó que los adoptantes acreditaron su solvencia moral y económica97.
El juzgado rechazó los argumentos emitidos por la Procuraduría al señalar que “no existe recurso ni notificación pendientes”98. El juzgado se basó en una certificación de 30 de enero de 1998 que indicaría que el recurso de revisión culminó con la resolución de 6 de enero de 1998 (véase infra párr. 85)99.
El 2 de junio de 1998 el notario Rafael Morales Solares otorgó la escritura pública de adopción del niño Osmín Ricardo Tobar Ramírez a favor de Richard Anthony Borz y Kathleen Mary Richards100. Asimismo, otorgó la escritura pública de la adopción del niño J.R. a favor de T. B. y J.B.101. La CIDH observa que el otorgamiento de la escritura pública se habría realizado sin la presencia de los padres biológicos de los niños Ramírez y no se justificó la separación de los niños.
El 11 de junio de 1998 se realizaron las respectivas inscripciones en las actas de nacimiento de ambos niños, como hijos adoptivos, en el Registro Civil de Guatemala102. La CIDH no cuenta con información sobre la fecha exacta en que los niños Ramírez salieron de Guatemala.
De acuerdo a información de público conocimiento, en el año 2009 Gustavo Tobar y Flor de Maria Ramírez pudieron ubicar a su hijo Osmín, cuyo nombre sería “Ricardo William Burz”103. El 15 de mayo de 2012 Osmín Tobar Ramírez (Ricardo William Burz) viajó desde Estados Unidos a Guatemala donde conoció a sus padres biológicos104. Manifestó que poco tiempo después de ser internados en el Hogar de la Asociación, perdió contacto con su hermano105.
Recurso de revisión luego de la declaratoria de abandono de los niños Ramírez
El 25 de agosto de 1997 la señora Flor de Maria Ramírez presentó un recurso de revisión frente al auto de declaración de abandono de los niños106. La señora Ramírez cuestionó la manera de haberse realizado los estudios sobre su situación en base a los testimonios de vecinos que ni siquiera fueron identificados con sus nombres107. Indicó que no hay ningún estudio que indique que no les daba de comer a sus hijos108. También manifestó que la persona quien cuidaba de sus hijos, Ana Delmy Arias, habría dejado a sus hijos solos de forma malintencionada109. Sostuvo que “fue ella quien planificó todo esto como una nueva modalidad del secuestro ya que en más de una ocasión me había indicado que los niños podrían darse en adopción con un familia que me diera buen dinero, que ella podía averiguar con los licenciados que conoce y que le diera parte del mismo a ella”110.
Adicionalmente, la señora Ramírez argumentó la falta de pruebas fehacientes de abandono, descuido y maltrato, y que no se hizo esfuerzo alguno para la reintegración familiar111. Explicó que “en autos no obra informe de médico forense alguno que indique tal extremo, es decir, que los niños se encontraban desnutridos al momento de ser recogidos inconsultamente por las autoridades”112. También señaló que “pued[e] demostrar con documentación (…) que siempre h[a] estado al cuidado de [sus hijos], le d[a] estudio al mayor desde párvulos hasta primero de primaria”113.
El mismo día el juzgado mediante resolución dio trámite al recurso y ordenó dar audiencia a la Procuraduría114. El 12 de setiembre de 1997 la Sección de Menores de la Procuraduría indicó que la señora Ramírez “manifestó que los vecinos y las personas que la denunciaron están informando falsedades, sin embargo a lo largo de la investigación se pudo evidenciar otra cosa”115. Solicitó al juzgado que confirme el auto recurrido116.
El 23 de setiembre de 1997 el juzgado declaró al recurso de revisión improcedente117. El juzgado indicó que “consta (…) dentro del expediente de mérito que ninguno de los familiares de dichos menores califican para ser depositarios de los mismos, razón por la cual resulta improcedente el recurso de revisión interpuesto”118.
El 26 de setiembre de 1997 la señora Ramírez interpuso recurso de reposición en contra de las resoluciones del juzgado de 25 de agosto y 23 de setiembre de 1997119. Alegó la violación del debido proceso en tanto ambas resoluciones habrían sido notificadas de manera tardía120. Sostuvo que el trámite del recurso de revisión se dio por la vía incorrecta según lo establecido en el Código de Menores121 y la Ley del Organismo Judicial122 en tanto no se abrió a pruebas123.
El 30 de septiembre de 1997 el juzgado reconoció que “en el presente caso se cometió el error de no notificar a la interponente del Recurso de Revisión, la resolución de fecha veinticinco de agosto del año en curso (…) lo cual afecto el derecho de defensa que tiene la interponente del Recurso”124. El juzgado resolvió dejar sin efecto legal lo actuado a partir del 25 de agosto125.
El 2 de octubre de 1997 la señora Ramírez solicitó al juzgado que en el marco del trámite se permita la presentación de pruebas126. Dicha solicitud fue rechazada el 6 de octubre del mismo año en tanto “carece de petición”127.
El 9 de octubre de 1997 la Magistratura Coordinadora de Jurisdicción de Menores de Guatemala resolvió la excusa que fue planteada por la jueza a cargo del proceso128. Se designó como nueva jueza para el conocimiento del proceso a Judith Flores de Morales, del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Menores129.
El 28 de octubre de 1997 la señora Ramírez volvió a solicitar que se resuelva de manera adecuada el recurso de revisión, conforme al artículo 46 del Código de Menores130. Al día siguiente la jueza Flores se excusó de continuar conociendo el caso alegando tener “amistad y relación” con el abogado auxiliar de la señora Ramírez, quien habría trabajado previamente como juez131. El 3 de noviembre de 1997 la señora Ramírez impugnó la excusa y alegó que no existe una relación que invalide a la señora Flores conocer el caso por el sólo hecho que su abogado trabajó muchos años atrás como juez132.
El 6 de enero de 1998 el juzgado declaró sin lugar el recurso de revisión133. Indicó que conforme al principio del interés del niño establecido en la Convención de los Derechos del Niño, se presentó una “separación necesaria de niños de sus padres”134. Argumentó que “la situación (…) no ha variado a la presente fecha”135.
El 3 de marzo de 1998 el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Menores excusó a la jueza Flores de seguir conociendo el caso136. El 4 de mayo de 1998 el expediente fue recibido por la jueza Mildred Celina Roca Barillas de Almengor del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Menores137. La jueza ordenó devolver las diligencias al juzgado de origen para su archivo “en virtud de encontrarse firme el Auto de Abandono” de 6 de agosto de 1997 y ratificado en auto de 6 de enero de 1998138.
El 11 de junio de 1998 la señora Ramírez indicó que no se podría proceder al archivo debido a que todavía continuarían pendientes sus distintas solicitudes a efectos de “enmendar el expediente” conforme al artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial139. Solicitó que el expediente del caso “se someta a consideración de la Magistratura Coordinadora de la Jurisdicción de Menores para que a través de ella se devuelva al Juzgado Segundo de Menores y proceda a resolver las peticiones pendientes”140. El 7 de julio de 1998 el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Menores solicitó que se “practique[n] las diligencias pendientes de ejecutar” conforme a distintas disposiciones internas y a la Convención sobre los Derechos del Niño141.
ii) Recurso de revisión luego de la adopción de los niños Ramírez
El 17 de diciembre de 1998 el señor Gustavo Tobar presentó un escrito al Juzgado de Primera Instancia de Menores y manifestó que a la fecha se encuentran pendientes de resolver varios memoriales interpuestos en el proceso seguido por la señora Ramírez142. Indicó que los tribunales no le dieron intervención en el proceso como padre de Osmín Tobar Ramírez143. También señaló que “los jueces han tenido que excusarse porque la propietaria del negocio de venta de niños es la esposa de uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (…) de apellido UMAÑA quien en estos últimos tiempos ha visto florecer su negocio gracias a la remisión de niños que le hicieran algunos tribunales”144. Solicitó que se tome nota de lo presentado y analice la “infinidad de anomalías que existen dentro de este expediente que provocaron la entrega de esos niños a la comerciante antes relacionada”145.
El mismo día el juzgado declaró sin lugar el recurso146. Sostuvo que el recurso fue interpuesto en forma extemporánea y que el señor Tobar “no ha sido parte dentro del presente expediente”147.
El 2 de febrero de 1999 el señor Tobar interpuso un recurso de amparo ante la Sala 12 de Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente148. Señaló que el Código de Menores no establece un plazo máximo para presentar un recurso de revisión por lo que no era posible que el juzgado declare su extemporaneidad149.
Asimismo, alegó lo siguiente:
(…) siendo uno de los más relevantes el hecho de que se haya ignorado la comparecencia de los padres de los niños y que haya obviado el estudio socioeconómico correspondiente por parte del Servicio Social que tiene el Tribunal (…) al recibir el informe del estudio socioeconómico practicado por la Trabajadora Social de la Procuraduría de Menores, se ignoró su contenido, ya que allí se indicaba que ‘si bien por ahora la madre no constituye recurso familiar para que le sean devueltos los niños, más adelante es procedente se practique un nuevo estudio y determinar si han cambiado las circunstancias que obligan a ese pronunciamiento de separación temporal con sus hijos’. La forma en que resolvió el Juez de Menores de Escuintla viola de manera flagrante el debido proceso y por ende mi legitimo e inconculcable derecho de defensa150.
El 16 de febrero de 1999 la Sala de la Corte de Apelaciones decidió no otorgar el amparo provisional solicitado por el señor Tobar151. Posteriormente, el 1 de junio de 1999 la Corte decidió otorgar el amparo definitivo al señor Tobar152. Indicó que “en el expediente no consta que el señor Tobar hubiera interpuesto un recurso de revisión (…) por lo cual lo resuelto por el juez sobre la extemporaneidad del recurso es intrascendente”153.
La Sala sostuvo que “la decisión jurisdiccional en la que se indica que Gustavo (…) Tobar (…) no ha sido parte dentro del expediente viola el derecho de defensa del postulante pues le impide hacer valer su calidad de padre del menor Osmín (…) para lograr que el mismo le sea entregado”154. En consecuencia, la Sala ordenó dar al señor Gustavo Tobar intervención en el proceso y dejar en suspenso la resolución de 17 de diciembre de 1998155.
El 24 de julio de 1999 el juez Mario Peralta del Juzgado de Primera Instancia de Menores de Escuintla se excusó del conocimiento del caso156. Justificó su excusa afirmando que en el recurso de amparo presentado por el señor Tobar se “utilizó (…) frases que dañan el honor (…) lo que pone en duda la imparcialidad, capacidad y honorabilidad de este juzgador”157.
En la audiencia realizada el 24 de septiembre de 1999 ante el juzgado de Jutiapa, compareció el señor Tobar y la señora Ramírez. Solicitaron que se deje sin efecto el auto de abandono de los hermanos Ramírez158. También solicitó que se ordene la reintegración de los niños con sus padres biológicos, expresando que ello “nos permitirá seguir con los trámites para hacer que los niños regresen del extranjero”159. El mismo día el juzgado ordenó estudios psicológicos judiciales de los padres160.
El 20 de marzo de 2000 la Procuraduría remitió un informe solicitado por el Juzgado sobre la situación de los niños Ramírez161. La Procuraduría indicó que el Hogar Asociación les proporcionó una copia de un informe que habían preparado donde se hacía referencia al abandono de Osmín por parte de su padre y se cuestionaba la razón por la cual recién el señor Tobar se presentaba a reclamar el procedimiento efectuado162.
El 21 de marzo de 2000 el juzgado solicitó a la Procuraduría que presente información respecto al niño J.R. y ofició al Registro Civil para que “informen si han sufrido modificaciones las partidas de nacimiento” de los niños Ramírez163. El 18 de mayo de 2000 el Registro Civil envió al juzgado las copias de las partidas correspondientes, constando las adopciones de los niños Ramírez en las anotaciones marginales de las partidas164.
El 20 de junio de 2000 el juzgado de Primera Instancia de Menores emitió una resolución en la cual enmendó parcialmente el procedimiento y dejó sin valor “lo actuado a partir de la resolución de fecha 25 de agosto de 1997”165. El juzgado estableció que “en la tramitación del presente expediente se cometieron múltiples errores sustanciales, que perjudicaron los derechos y garantías constitucionales correspondientes a la señora Flor de Maria Ramírez Escobar, como parte procesal dentro de este expediente; así como también se violaron las formalidades legales del debido proceso166.
El juzgado hizo referencia a i) la falta de oportunidad de presentar pruebas luego de que la señora Ramírez presentó el recurso de revisión; ii) la falta de notificación de distintas resoluciones entre 1997 y 1999; y iii) la existencia de varios memoriales presentados por la señora Ramírez que no fueron resueltos167.
El 10 de julio de 2000 el juez Eduardo Maldonado del Juzgado de Primera Instancia de Menores, quien fue el que emitió la resolución de 20 de junio del mismo, se excusó en continuar conociendo del proceso168. Sostuvo que “en varias ocasiones se han recibido llamadas telefónicas (…) con palabras intimidatorias”169. Agregó que en dichas llamadas las personas “se han manifestado a efecto de que se resuelva en su favor el presente expediente y que los está apoyando una entidad internacional”170.
El 29 de agosto de 2000 la señora Ramírez y el señor Tobar solicitaron la unificación de su personería ante el mismo Juzgado de Jutiapa171. Asimismo, solicitaron la declaración de procedencia de la primera revisión planteada a efectos de dejar sin lugar el auto de abandono conforme a lo resuelto por el Tribunal Constitucional de Amparo172. En consecuencia, indicaron que “se ordene la entrega de [sus] hijos bajo la supervisión del servicio social de ese Tribunal”173.
El mismo día el juzgado aceptó la unificación de representación legal de padres174. El 13 de octubre de 2000 la Magistratura Coordinadora de Menores designó al juzgado de Primera Instancia de Chimaltenango para conocer el expediente175.
El 6 de noviembre de 2000 los padres solicitaron al nuevo juzgado a cargo del proceso la enmienda del proceso176. Alegaron que no se les brindó suficiente oportunidad para demostrar que eran capaces de cuidar a los niños177. Indicaron que “no existe mérito alguno para que ambos niños sean declarados en abandono (…) véase como el expediente no sufrió retardo alguno desde que nuestros niños fueron retirados del hogar hasta que se les declaró en abandono (7 meses)”178. Solicitaron que se disponga que sus hijos regresen a su hogar en tanto se resolvía la situación179.
Posteriormente los padres manifestaron que la señora Ramírez había dejado a sus hijos a cargo de Ana Delmi Arias mientras que estaba en su trabajo180. Indicaron que no se comprobaron los supuestos maltratos ni el abandono de los niños Ramírez181. Alegaron que tampoco se dio intervención en el proceso al señor Tobar182. Agregaron que el proceso fue afectado por las presiones ejercidas por la señora Umaña, entonces directora del Hogar Asociación183.
Asimismo, resaltaron que tenían conocimiento de que los niños fueron dados en adopción a los Estados Unidos sin contar con dictamen favorable de la Procuraduría184. La señora Ramírez declaró que en noviembre de 1996 hubo un intento de violación hacia ella por parte de un cuñado de Ana Delmy Arias, cuidadora de sus hijos185.
El 7 de noviembre de 2000 el juzgado declaró con lugar el recurso de revisión186. En su resolución indicó que a los padres no se les “brindó suficiente oportunidad para demostrar que constituyen recurso familiar, emocional y psicológico idóneo para sus (…) hijos”187. El juzgado solicitó la realización de un informe social y psicológico de los padres de los hermanos Ramírez188.
El 12 de diciembre de 2000 se agregó al expediente el informe psicológico del Poder Judicial sobre los padres de los niños Ramírez189. El informe dio resultados favorables sobre los padres en relación a la idoneidad de los mismos en asumir el cuidado de sus hijos190. Se indicó lo siguiente:
(…) el señor Tobar sufre de algunos problemas emocionales (…) reactivos a pérdida de hijo, los cuales solo requerirían de una terapia de apoyo breve (…). Asimismo es de esperar de que cuando el señor tenga de nuevo a su hijo, y al hermano de este, si fuera el caso, dichos problemas emocionales quedaran superados totalmente (…). La señora Ramírez tiene problemas emocionales derivados de experiencias traumáticas y de un inadecuado cuidado paterno en la infancia (…) los cuales, sin embargo, y aprovechando el amor que tiene por sus hijos, pueden ser tratados y superados (…)191.
El 13 de marzo de 2001 la trabajadora Social del Poder Judicial presentó un estudio social sobre la situación de los padres de los hermanos Ramírez192. Indicó lo siguiente:
(…) tomando en cuenta que no existen inconvenientes sociales que no permiten o limiten el derecho de los menores de permanecer junto a sus padres, se considera conveniente tomar en cuenta la solicitud planteada por la persona cuestión de estudio (…). [La señora Ramírez] siempre ha mostrado gran interés en recuperar a sus hijos, es consciente que el padre del niño más grande también desea recuperar al mismo situación en la que está completamente de acuerdo. Sus condiciones económicas y de vivienda no podrán considerarse como limitante para poder tener acceso a uno o ambos hijos pues lo que más interesa es la constancia y el interés de la persona por recuperar a sus hijos, además no se encontraron inconvenientes de índole social que pudieran poner en riesgo a los niños en caso le sean entregados por lo que se considera conveniente tomar en cuenta la solicitud planteada por la madre de los menores193.
Consta en el expediente un oficio de 4 de junio de 2001 del Servicio de Investigación Criminal – Sección de Menores Desaparecidos de la Policía Nacional Civil, enviado al juzgado, relacionado a la situación de los padres de los hermanos Ramírez194. Asimismo, solicitó lo siguiente:
[que] sean citadas y tomadas las declaraciones (…) a las trabajadores sociales de los juzgados, de la Procuraduría (…), Hogares en donde pudieron haber estado internados los menores, directores de los mismos y en la medida de lo posible a los jueces de los juzgados, y de esta forma verificar sobre la forma anómala en que dichos menores fueron dados en adopción y sacados del país195.
En relación con el cambio de distintos juzgados a cargo del proceso, la Policía Nacional Civil presentó un oficio donde indicó que “por la intervención de la Lic. Susana de Umaña en diferentes Juzgados, estos se han excusado de conocer del caso, con el pretexto de estar siendo víctimas de amenazas por medio de llamadas anónimas para que no lleven su caso”196.
El 30 de agosto de 2001 se realizó una audiencia convocada por el juzgado197. Los padres solicitaron que los niños Ramírez “vuelven a reintegrarse al seno del hogar” y expresaron su deseo de que “sepan que tuvieron padres y que sus padres hicieron lo posible por buscarlos”198. También expresaron que en caso que los niños no quisieran volver “valoraría[n] la opinión de los mismos, incluso llegaría[n] a un acuerdo con la familia adoptiva”199. Destacaron que para decidir sobre el futuro de los hermanos Ramírez era necesario reencontrarse con sus hijos y “tener contacto con los mismos y con las personas en cuyo poder se encuentran y de ser necesario regularizar en ese momento esta situación”200.
Al día siguiente el juzgado resolvió librar suplicatorio a la Embajada de los Estados Unidos a efectos de citar a las dos familias adoptivas (Richard Anthony Borz y Kathleen Mary Richards de Borz; y T.B. y J.B.) a efectos de presentar sus declaraciones el 15 de noviembre de 2001201. El juzgado sostuvo que es “necesario recabar la opinión de los menores aludidos a efecto de establecer su interés y definición respecto de que expresen con quiénes de sus padres desean permanecer”202.
Indicó que “es necesario que los mismos [niños] tengan conocimiento de que sus padres biológicos manifiestan su deseo de recuperarlos si es procedente toda vez que existe oposición de estos de habérseles dado en adopción sin su consentimiento, encontrándose actualmente pendiente de resolver Recurso de Revisión interpuesto por los referidos señores dentro del expediente de mérito, aduciéndose anomalías en el trámite del expediente relacionado, que dio como resultado la adopción de los menores mencionados”203.
El 15 de noviembre de 2001 el juzgado indicó que no comparecieron las familias adoptivas y los hermanos Ramírez para la fecha citada204. Sostuvo que se desconocen las causas por las cuales no comparecieron205.
El 6 de diciembre de 2001 el Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Corte Suprema de Justicia que el suplicatorio emitido por juzgado de Chimaltenango no fue recibido por la Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala206. Sostuvo que ello se debió a que dicha solicitud “debe ser presentad[a] a ese país, de acuerdo a lo preceptuado en la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y su Protocolo Adicional”207.
El 20 de junio de 2002 el juzgado solicitó al señor Tobar pronunciarse sobre “si está anuente a cancelar en el Ministerio de Relaciones Exteriores los gastos en que se incurra con ocasión de citar a los padres adoptivos de los menores (…) caso contrario ordénese archivo del presente expediente por no poderse continuar el trámite del mismo”208.
El 2 de agosto de 2002 el señor Tobar presentó un escrito indicando que tras buscar apoyo financiero, podrá sufragar “cuanto gasto pueda surgir en este caso y que sean ajenos a ese tribunal (…) [tales como] todo aquello que se relacione con el pago de traductores jurados y similares”209. El 20 de agosto de 2002 el juzgado citó al señor Tobar a comparecer el 10 de setiembre del mismo año “en relación al trámite que se debe llevar a cabo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores”210.
El 19 de septiembre de 2002 el juzgado archivó el caso211. Consideró que “tomándose en cuenta que el señor Gustavo Amílcar Tobar Fajardo a la presente fecha no sufragó los gastos descritos en la resolución de fecha 20 de junio de 2002, así como, la situación jurídica del niño J.R. y del adolescente Osmín Ricardo Amílcar Tobar Ramírez fue resuelta en su oportunidad, la Juzgadora ordena el archivo del presente proceso, por no poderse proceder”212.
Amenazas, agresiones y persecución en contra de Gustavo Tobar Fajardo
El 1 de abril de 2009 el señor Gustavo Tobar Fajardo presentó una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos por agresiones y amenazas sucedidos por parte de personas armadas desconocidas en los años 2001 y 2009, a efectos de amedrentarlo y evitar la prosecución del caso213. Solicitó en forma urgente que el Estado adopte medidas de seguridad a fin de ser protegido contra las mencionadas agresiones214.
En su denuncia, el señor Tobar declaró que, durante el tiempo que se tramitaron los recursos para cuestionar la declaración de abandono de los niños Ramírez, recibió “agresiones y persecución por parte de personas involucradas directamente en los hechos de la adopción irregular”215. Sostuvo que en el año 2001 fue apuñalado por un individuo desconocido que “[l]e advirtió de los peligros en que incurría si proseguía con el caso”216.
Asimismo, el señor Tobar declaró que el 16 de marzo de 2009, dos personas desconocidas y armadas acudieron a su domicilio en vehículos con vidrios oscuros217. Sostuvo que estas personas tocaron la puerta de su domicilio y fueron atendidos por otra persona quien les informó que el señor Tobar no se encontraba en la casa218. Manifestó que posteriormente recibió amenazas de muerte vía telefónica indicándole que “como ya no hay quien [lo] defienda, ahora va[…] a morir hijo de la gran puta”219.
En virtud de dicha denuncia, el 23 de abril de 2009 la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala solicitó a la Dirección General de la Policía Nacional Civil que brinde medidas de seguridad personal y perimetral al señor Gustavo Tobar220. La Comisión no tiene conocimiento sobre si se adoptaron medidas de protección en favor del señor Tobar.
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