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Timestamp: 2020-05-31 19:45:34+00:00

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¿Qué conlleva el incumplimiento de las medidas adoptadas por el gobierno? - Alegalis
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Por: Cristian Rojas – Departamento Resolución de Conflictos
La Ley de Orden Público, el Código de Salud y el Código Penal son las leyes aplicables, cuando corresponda.
La Ley de Orden Público (LDOP) se crea con el propósito de mantener la seguridad, el orden público y la estabilidad de las instituciones del Estado de Guatemala en casos de perturbación grave de la paz, calamidad pública o de actividades contra la seguridad del Estado, a través de la restricción de garantías que reconoce la Constitución Política de la República.
Ésta decisión le compete exclusivamente al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, debiendo calificar la situaciones que, por su naturaleza o gravedad, deben ser atendidas según lo indican los artículos 151 y 153 de la Constitución.
De esa cuenta, el Estado de Calamidad Pública (ECP), es un Estado de Excepción cuyo propósito es evitar, en lo posible, daños de cualquier calamidad que azote al país, pudiendo tomar las medidas necesarias para reducir los efectos de cualquier daño. Estas medidas también implican la restricción de derechos y garantías de todos los habitantes del sector público como privado. Por tal razón, también existen consecuencias legales para su contravención e incumplimiento.
Según el artículo 28 de la LDOP, establece que durante cualquiera de los grados de emergencia decretados, podrá sin necesidad de orden judicial, detener a cualquier persona contra quien hubieren indicios racionales de ser autor, cómplice o encubridor para alterar el orden público. Estas personas deben ser puestas a disposición de la autoridad judicial competente para resolver su situación e imponer las sanciones, pudiendo consistir en multa o arresto, según corresponda.
Incumplimiento a las Disposiciones del ECP: ¿Multa o prisión?
El procedimiento en casos de contravención o incumplimiento con las disposiciones del Presidente, la norma general a seguir es la siguiente:
El detenido es puesto a disposición del Juzgado de Paz Penal de Turno que corresponda (tienen competencia para conocer delitos sancionados con menos de 5 años de prisión, los sancionados con multa o las faltas).
Juez le hará saber al detenido el motivo, oirá su declaración y de reconocerse culpable sin necesidad de diligencias ulteriores, se dictará la sentencia.
La sentencia podrá oscilar entre Q. 50.00 a Q. 1,000.00 si se refiere al delito de Desobediencia y, arresto de 15 a 30 días por la Falta.
El arresto podrá ser conmutable a razón de Q. 5.00 a Q. 100.00 por cada día, atendiendo al hecho y las necesidades económicas del infractor. El monto a pagar podría oscilar entre los Q. 500.00 a Q. 3,500.00 o más. De no cumplir con el pago se ordenará enviarlo al centro carcelario correspondiente.
Nota Importante: La suma de detenidos por violar el toque de queda u otras disposiciones, superan las 10,000 personas desde que se decretó por primera vez ésta medida, por lo que según investigaciones de ésta oficina, la mora judicial para la resolución de estos casos es alta, debiendo esperar a la audiencia judicial correspondiente dentro de las 48 a 72 horas luego de su detención.
Epidemia COVID-19 en Guatemala: Consecuencias penales.
Desde las Disposiciones Presidenciales del 12 de abril a la fecha, el Presidente de la República ha dispuesto el USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA, la cual deberá portarse en todo espacio o lugar público, establecimientos Estatales o públicos, espacio o lugar privado abierto al público, lugares privados de servicio de acceso restringido y en cualquier clase de transporte o tránsito. Incluyendo el uso en la residencia o vivienda para personas pre sintomáticas, asintomáticas, pacientes diagnosticados y recuperados.
De tal cuenta, el NO uso de la referida mascarilla (sea cual sea el tipo según el Anexo I de las Disposiciones Presidenciales del 12 de abril), conlleva a determinar el tipo de sanción a imponer, pues el referido documento presidencial refiere que: “…se considera una infracción contra la salud pública y se deberá, en cada caso, determinar la naturaleza de la sanción conforme el Código de Salud, la Ley de Orden Público o el Código Penal, según corresponda.”
Los términos “prevención” y “contagio” tienen connotaciones distintas ante las disposiciones sanitarias y el Código Penal, pues dependerá de cada caso y según las circunstancias en las que se encuentre el infractor.
La obligatoriedad del uso de la mascarilla rige a todas las personas dentro de la República de Guatemala, sin embargo, la consecuencia jurídica por el no uso de la misma no es igual para todos y para ello hemos identificado los cuatro grupos que refiere las disposiciones presidenciales:
Primer Grupo: Todos los habitantes que no estén comprendidos en los siguientes tres grupos, están obligados a portar la mascarilla en todo espacio público o privado, abierto o cerrado, incluyendo vehículos.
Segundo Grupo: Uso obligatorio para personas pre sintomáticas, asintomáticas, pacientes diagnosticados y recuperados del virus COVID-19 en todo lugar e incluso dentro de sus viviendas.
Tercer Grupo: Uso obligatorio para las personas en aislamiento y/o cuarentena, en sus viviendas.
Cuarto Grupo: Habitantes que estén bajo vigilancia epidemiológica y/o cordones sanitarios, deberán portar siempre la mascarilla dentro de sus viviendas.
El Código de Salud estipula infracciones administrativas al tenor del artículo 225, que de la investigación realizada a cualquier persona individual o jurídica (incluyendo establecimientos) conlleve, sin embargo, es a través del Código Penal el que tipifica figuras delictivas atendiendo al bien jurídico tutelado y las formas en que éste se comete, pues según el artículo 216 del Código de Salud indica que: “…de la investigación que realice el Ministerio Público, se presumiere la comisión de un delito tipificado en leyes penales, su conocimiento y sanción corresponde a los tribunales competentes”.
Es decir, para fines prácticos, la consecuencia jurídica para las personas que conforman el Primer Grupo conllevaría el procedimiento establecido en la literal A anterior, por contener tal hecho, una infracción a las disposiciones emitidas por el gobierno dentro del ECP, lo cual trae consigo la imposición inmediata de una multa administrativa según lo refiere el artículo 225 del Código de Salud.
Sin embargo para el Segundo, Tercer y Cuarto Grupo, además de la multa administrativa anterior y siempre que se demuestre ante el tribunal competente que la persona detenida es catalogada clínicamente de ser sospechosa de contener el virus y/o potencialmente contagiosa, podría enfrentar un proceso penal por delitos relacionados con Propagación de Enfermedad y/o Contravención de Medidas Sanitarias, dependiendo el caso concreto, quedando bajo investigación del Ministerio Público el caso relacionado.
Quedamos a su disposición por cualquier consulta.
Lic. Cristian Rojas / Departamento Litigio – Alegalis
Código Penal. Art. 414.- Desobediencia. Quien desobedeciere abiertamente una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad, dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones, será sancionado con multa de cinco mil a cincuenta mil quetzales.
Código Penal. Art. 495. – Quienes, de cualquier modo infringieren los reglamentos o disposiciones de la autoridad relacionados a seguridad común; orden público o salud pública, serán sancionados con arresto de quince a treinta días.
Código de Salud. Art. 225.- Comete infracción contra la prevención o protección de la salud, quien contravenga las disposiciones preceptivas o prohibitivas establecidas en este Código, sus reglamentos, demás leyes que prevengan o protejan la salud, normas y disposiciones aplicables. Quien cometa alguna de estas infracciones será sancionado con la multa correspondiente de conformidad a los valores indicados en el artículo 219 literal b, del presente Código. Nota del autor: La multa se graduará entre el equivalente de 2 a 150 salarios mensuales mínimos vigentes para las actividades no agrícolas, siempre que no exceda el 100% del valor del bien o servicio, según art. 219 literal b).
Código Penal. Artículo 301.- Propagación de Enfermedad. Quien, de propósito, propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas, será sancionado con prisión de uno a seis años.
Código Penal. Artículo 305.- Contravención de Medidas Sanitarias. Quien, infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.
¿Qué debe contener un Protocolo de Prevención de COVID-19? Mínimos.	14 mayo 2020: Nuevas Disposiciones Presidenciales

References: Resolución 
 artículo 28
 resolución 
 artículo 225
 artículo 216
 artículo 225
 artículo 219
 Artículo 301
 Artículo 305