Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/602657-d-14-2017-de-27-jul-ca-castilla-y-leon-autorizacion-y-funcionamiento-de.html
Timestamp: 2020-04-08 13:08:44+00:00

Document:
Decreto 14/2017, de 27 de julio, de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores en Castilla y León
Vigencia desde 01 de Agosto de 2017. Revisión vigente desde 01 de Agosto de 2017
SECCIÓN 1. Autorización, inscripción y comunicación previa
Artículo 34 Dotación y clasificación
Artículo 35 Ratio global mínima de personal
Artículo 36 Personal técnico
Artículo 37 Personal de atención directa
Artículo 38 Personal de servicios generales
Artículo 39 Estructuras de coordinación
Artículo 40 Equipo de atención directa
Artículo 41 Equipo técnico
Artículo 42 Profesional de referencia
Artículo 43 Ordenación y programación del funcionamiento
Artículo 44 Plan general del centro
Artículo 45 Reglamento de régimen interior
Artículo 46 Carta de servicios
Artículo 47 Plan de gestión de la calidad del centro
Quinta Atención Farmacéutica
Quinta Cualificación profesional del personal de atención directa
Sexta Del personal sanitario
Primera Plan de calidad, proyecto de vida y Plan general de centros
TSJCL de Valladolid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S 1060/2018, 23 Nov. 2018 (Rec. 798/2017)
Disposición adicional quinta declara nula por Sentencia TSJ de Castilla y León n.º 1060/2018 (Sala de lo Contencioso-administrativo, 1ª) de 23 Noviembre 2018.
Las condiciones y requisitos para la autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores en Castilla y León, fueron regulados por el Decreto 14/2001, de 18 de enero, en desarrollo de la extinta Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales. Desde su aprobación se han producido una serie de cambios legislativos de trascendencia en este ámbito, que junto con los nuevos planteamientos sociales y avances técnicos acaecidos, aconsejan la aprobación de un nuevo decreto, mediante el que se implante un modelo de atención centrado en la persona que venga a superar el modelo de atención tradicional, de corte fundamentalmente sanitario, que se venía prestando a las personas mayores usuarias de los centros regulados en dicho decreto.
Por lo que se refiere a los cambios legislativos, es necesario destacar, por un lado, a nivel nacional, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que configura un escenario de derechos y un sistema de coordinación interadministrativa, a través del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, dentro del cual se alcanzan acuerdos, como los incluidos en la Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, que se despliegan en todo el territorio nacional, y que vienen referidos tanto a criterios comunes de acreditación, para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en adelante SAAD, como a la configuración de los servicios que se prestan en el marco de los servicios sociales.
Aunque en otro plano distinto al de la relación que surge entre centro y persona usuaria, han de citarse, los últimos cambios legales que afectan a la relación jurídica procedimental que surge entre la Administración Pública y las personas físicas o jurídicas titulares de los centros. En la regulación del régimen jurídico de esta relación se han de tener en cuenta, la Ley 2/2010, de 11 de marzo, reguladora de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de gestión pública, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y por tratarse de una relación generadora de actividad económica, la regulación habrá de atender a los postulados de la Ley 5/2013, de 19 de junio, de estímulo a la creación de empresas en Castilla y León y la que impone la legislación básica estatal en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.
Sobre este punto, se puede traer a colación como las características del nuevo modelo de atención han sido trasladadas, aunque con diferentes matices, a otros ámbitos de atención donde los profesionales mantienen relaciones de ayuda hacia otros. En el ámbito educativo donde se hace mención a la educación centrada en el alumno/a. En el campo de la salud y la medicina donde se habla de la salud o la medicina centrada en el paciente.
En la atención a personas con discapacidad se viene utilizando el término de la «planificación centrada en la persona». Su objetivo principal es dar apoyos para que las personas con discapacidad puedan tener control sobre su vida y ésta se desarrolle desde la normalización e inclusión social.
En la atención a las personas mayores también hay exitosas aplicaciones de este modelo en el ámbito internacional, donde se pueden destacar las siguientes «Modelo Housing», en los que, entre otras, se enmarcan iniciativas como la Unidades de convivencia de la Red Salmón, la alternativa Eden o las Green Houses, o las aportaciones de la atención centrada en las personas con demencia, desarrollada por los componentes del grupo de demencias de la Universidad de Bradford.
El segundo pilar del nuevo modelo, centrado en el proyecto de vida de cada usuario, implica dar un nuevo enfoque a los objetivos y cometidos de los profesionales que desempeñan sus funciones en los centros de personas mayores. En este nuevo modelo las decisiones sobre los apoyos que deben prestarse a las personas usuarias de los centros serán decididas por las mismas, trasladando la decisión profesional del modelo anterior a una decisión de la propia persona usuaria, como responsable directa de elegir su estilo y condiciones de vida.
En este modelo de atención, los profesionales informan y proponen a la persona usuaria las intervenciones que la evidencia científica y su conocimiento profesional estiman como más convenientes para su atención, pero es, en todo caso, a la persona usuaria a quien corresponde tomar las decisiones sobre su proyecto de vida.
Esto necesariamente conlleva un cambio de criterio en la configuración de las plantillas de personal técnico que integran este tipo de centros que se preveía en el Decreto 14/2001, de 18 de enero. De la experiencia en el seguimiento de los centros de carácter social para la atención de personas mayores durante los últimos años, así como de la evaluación de la implementación del proyecto de atención a personas mayores «En mi casa», se extrae como conclusión, en aras de garantizar el respeto de la esfera de decisión de las personas usuarias de los centros y de sus proyectos de vida, la preponderancia del ejercicio de las competencias compartidas de estos profesionales frente al ejercicio de forma exclusiva de esas mismas competencias.
Conclusión, asimismo, reconocida y consensuada con los propios representantes de las federaciones y asociaciones de entidades titulares de los centros más representativas del sector.
Se incide, de este modo, en la personalización de la atención, alejándose de las rigideces del modelo anterior, apostándose por una mayor flexibilidad en la prestación de los servicios, entendida ésta, no como una minoración de las garantías del usuario, sino como el elemento determinante para hacer posible una atención centrada en la persona, permitiéndose a las entidades titulares de los centros elegir aquellos profesionales que mejor puedan desempeñar sus funciones de acuerdo con las características de los usuarios y sus demandas.
En consonancia con el principio de flexibilidad apuntado, se introduce un nuevo sistema de cálculo respecto de la ratio mínima de personal técnico exigible, estableciéndose, a tal fin, un factor que multiplicado por la ocupación de usuarios del centro residencial o de la unidad de estancias diurnas en cada día, da como resultado el número de contratos a jornada completa, o equivalentes, de trabajadores en situación de alta laboral exigible en cada centro. Entendiendo que, de esta forma, no sólo se consigue el objetivo de la atención personalizada al usuario sino que se facilita a las entidades la adaptación al nuevo modelo, lejos de la rigidez del sistema anterior.
En todo caso, cuando los centros de carácter social cuenten con profesionales técnicos que ejerzan en ellos servicios sanitarios, lo harán de acuerdo con la normativa que regula el régimen jurídico y el procedimiento para la autorización de aquellos servicios sanitarios que se puedan prestar, en su caso, en los centros de carácter social.
Para determinar la ratio mínima exigible de profesionales de atención directa en los centros se ha tomado en consideración el acuerdo del Consejo Territorial del SAAD en esta materia, habiéndose optado, al objeto de facilitar su aplicación, por establecer la ratio de personal del centro en el día de cálculo, en vez de en cómputo anual.
En este sentido, como el cómputo anual de los contratos de los profesionales de atención directa de los centros, siguiendo los criterios acordados en el Consejo Territorial, incluyen los contratos de los trabajadores que sustituyen a otros en sus períodos de permiso así como a los que se encuentran en situación de baja laboral, para el cálculo de los profesionales de atención directa se ha considerado una ratio adaptada a la situación de un día concreto con todos los trabajadores en situación de alta laboral, por lo que las ratios de los profesionales de atención directa en las situaciones en la que todos los usuarios lo sean de Grado II y de Grado III, pasan de una ratio de 0,275 en los centros residenciales y de una ratio de 0,145 en los centros de día en cómputo anual a una ratio de 0,252 y 0,133 respectivamente, adaptadas al día de cálculo concreto y solo computando los contratos de los trabajadores en situación de alta laboral.
Para el resto de situaciones, en las que todos los usuarios no sean de grado II o de Grado III, se ha establecido un factor inferior que es 0,202 en centros residenciales y una asignación de profesionales inferior en las unidades de estancias diurnas, en consonancia con una necesidad de apoyos inferior para los usuarios de grado I y de aquellos otros que no se encuentren en situación de dependencia reconocida.
El tercer pilar es un nuevo concepto de relación entre las personas mayores y sus familias y los centros. El nuevo modelo sustituye un sistema de atención basado en presupuestos y valores de actuación profesional que se dirigía fundamentalmente al mantenimiento de la salud, por un modelo de atención integral y centrado en la persona que siendo estrictamente profesional, gira en torno a las expectativas y deseos de las personas atendidas a las que se prestan apoyos alineados con las preferencias que éstas manifiesten en su proyecto de vida.
El cuarto pilar, lo constituye un nuevo tipo de centro, bajo la denominación de centro multiservicios, destinado a personas usuarias en horario parcial diurno y a personas usuarias en estancias nocturnas. Las principales características de estos centros son, por un lado, que sus usuarios siguen conservando su domicilio habitual, pero disfrutan en horarios personalizados de la totalidad de los servicios que el centro multiservicios tenga inscritos en el registro de entidades, servicios y centros de carácter social de Castilla y León; y por otro lado, que las personas usuarias de los centros multiservicios en horario parcial diurno podrán optimizar las dotaciones de instalaciones y de personal de los centros residenciales y de los centros de día para hacer más eficiente la prestación de servicios a la vez que pueden ser usuarias de servicios a los que hasta la fecha no podían acceder.
El quinto pilar, consiste en fusionar en una única categoría los tipos de plazas residenciales hasta ahora existentes, considerándose que la nueva categoría de plazas aptas para atender a personas en situación de dependencia responde a la situación de la mayoría de personas usuarias de los centros residenciales en Castilla y León, superándose así la diversa y compleja clasificación existente en la actualidad que incluye plazas aptas para válidos, para asistidos, plazas mixtas o para asistidos que adolezcan o no de graves dificultades para el desplazamiento.
Un sexto pilar del nuevo modelo de atención es la mayor coordinación, interrelación y colaboración entre el sistema público de salud y el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, en línea con una concepción integral de la atención debida a los usuarios de ambos sistemas.
Este marco de relación entre los dos sistemas de atención se concreta en distintos instrumentos de colaboración para la atención sociosanitaria entre las consejerías competentes en materia de sanidad y de servicios sociales, destacándose, en lo que a la atención en centros de personas mayores se refiere, la regulación del régimen transitorio sobre los servicios sanitarios que se presten en dichos centros, así como la implantación de servicios de farmacia.
El último pilar, y no por ello menos importante, implica la introducción de la gestión de la calidad y la normalización de los servicios para la promoción de la autonomía personal y de la atención a la dependencia, referidas tanto al modelo de atención como a la oferta y desarrollo de servicios, en condiciones de igualdad y accesibilidad, respondiendo a un compromiso con los ciudadanos para hacer efectivo un sistema de servicios que ofrezca garantías y seguridad.
Estos siete pilares fundamentales del nuevo modelo de atención a las personas mayores que se presta en los centros de carácter social de Castilla y León, se desarrollan en este decreto a lo largo de cuarenta y ocho artículos organizados en cinco capítulos, cinco disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, con el siguiente contenido:
El capítulo II desarrolla el procedimiento de autorización de los centros y su inscripción en el Registro de entidades, servicios y centros de carácter social de Castilla y León. Es preciso advertir aquí que al régimen de autorización administrativa que se establece en el artículo 62 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, le resulta de aplicación necesariamente, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la unidad de mercado, que constituye la norma básica en la materia; ley que no hace sino extender a todas las actividades económicas, el libre acceso y ejercicio de las mismas, al tiempo que clarifica las condiciones que deben concurrir para aplicar los medios de intervención administrativa a la actividad económica que ya preveía la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Igualmente, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, una vez ponderados los posibles impactos que puede tener en la unidad de mercado la presente norma se concluye que es compatible con la misma, no creando ningún tipo de distorsión.
Por ello, a través de las disposiciones adicionales se ha regulado el régimen jurídico de todos los centros que estando autorizados, de forma definitiva o condicionadamente, en la fecha de entrada en vigor del decreto, cuentan con una configuración arquitectónica muy diferente a la que se propone en el mismo. Para ellos se regulan una serie de ajustes razonables diferentes a los requisitos exigidos a los centros de nueva creación. El resto de los aspectos del modelo, como son, entre otros, la figura del profesional de referencia, la historia de vida y los proyectos de vida, como organizadores de la planificación centrada en la persona, serán de obligado cumplimiento para todos los centros.
En consecuencia, en las disposiciones adicionales primera a tercera, se tienen en cuenta todos estos condicionantes a la hora de exigir las preceptivas adaptaciones derivadas de la implantación del nuevo modelo de centros de atención social. Así, a través de la disposición adicional primera, a los centros residenciales y los centros de día con unidad de estancias diurnas que estuvieran autorizados, ya sea definitiva o condicionadamente, antes de la entrada en vigor del presente decreto, se les exonera del cumplimiento de requisitos arquitectónicos que serían inviables para su continuidad, y se establecen unos requisitos adaptados para el caso que decidan implantar las unidades de convivencia.
En la disposición adicional quinta se prevé la atención farmacéutica en los centros, de acuerdo con la normativa vigente en esta materia.
La disposición transitoria primera establece el plazo para que los centros residenciales que cuenten con habitaciones con tres o cuatro plazas autorizadas reduzcan su oferta a un máximo de dos, por considerarse un requisito irrenunciable de calidad de vida para las personas usuarias.
En la disposición transitoria segunda se determina el plazo para convalidar las plazas reservadas para enfermería en los centros residenciales como plazas para residentes.
En la disposición transitoria quinta se hace referencia a la cualificación profesional del personal de atención directa, en tanto se haya completado la formación y la acreditación de la cualificación de los profesionales de atención directa que lo precisen.
Por último, la disposición transitoria sexta se dedica a los servicios sanitarios que, en función del número de usuarios, se deben continuar prestando con carácter temporal por el personal médico y de enfermería en los centros de carácter social.
Finaliza el decreto con una disposición derogatoria y tres disposiciones finales referidas a la habilitación para el desarrollo del proyecto de vida, plan de calidad y modelo de plan general de centros, así como a las previsiones sobre habilitación para el desarrollo normativo y entrada en vigor del decreto.
En conclusión, se considera que en atención a lo que antecede, queda suficientemente justificada la adecuación de la presente norma a los principios de buena regulación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 27 de julio de 2017,
2. El ámbito de aplicación se extenderá a todos los centros de carácter social para la atención a las personas mayores, ubicados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.
a) Centro residencial. Conjunto de espacios y servicios configurados como agrupación de hogares, dirigido preferentemente a personas mayores dependientes o a personas con necesidades afines, que garantice con carácter permanente o temporal la atención integral y continuada a la persona, promoviendo su autonomía y potenciando sus capacidades, acorde con sus expectativas y deseos, para esta etapa de su ciclo vital, recogidos en su proyecto de vida. Incluye el alojamiento, la manutención, la atención de sus necesidades básicas y de las necesidades particulares derivadas de su situación personal y social. Las características de los centros deben permitir que todas sus plazas puedan ser ocupadas por personas dependientes.
En el centro residencial la vida cotidiana se organiza a partir de la autodeterminación de la persona, debiéndose garantizar una atención personalizada basada en la identidad de la persona, su historia de vida, sus expectativas y deseos, su visión y su enfoque de la vida cotidiana, a través de un proyecto de vida personal, del profesional de referencia y de los apoyos que lo hagan posible. En tal sentido, la actividad en los centros se orienta a asimilar la vida cotidiana a la del entorno familiar, buscando impulsar la participación social activa de sus usuarios.
b.1) Unidad de estancias diurnas: Servicio dirigido preferentemente a personas mayores en situación de dependencia o a personas con necesidades afines, en el que, en jornada diurna, se les presta atención personalizada, con el objetivo de mantener o mejorar el mayor nivel posible de autonomía personal y de independencia, a través de actividades adaptadas a cada persona, mediante los correspondientes planes de apoyo que potencien sus capacidades.
b.2) Unidad de atención social: Aquélla en el que se desarrollan, en jornada diurna, servicios de carácter preventivo y de promoción personal, dirigidos a personas mayores con autonomía personal e independencia funcional, a través de la realización de actividades socioculturales y recreativas, pudiendo, además, ofrecer otros servicios.
a) Persona mayor. Aquélla con edad igual o superior a 65 años.
b) Persona dependiente. Aquélla que precisa la supervisión o el apoyo habitual de otra u otras personas para realizar actividades básicas de la vida diaria.
d) Persona no dependiente. Aquélla que puede realizar las actividades básicas de la vida diaria sin la supervisión o el apoyo habitual de otra u otras personas.
e) Actividades básicas de la vida diaria. Son las tareas más elementales de la persona que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, entendiéndose por tales el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender, dar y ejecutar órdenes o tareas sencillas.
f) Plan de apoyos: Es el instrumento de intervención de carácter técnico que deberá figurar por escrito y en el que quedarán reflejados los apoyos que se van a proporcionar a la persona usuaria de los centros, para conseguir el desenvolvimiento de la persona en su cotidianeidad e inclusión social. Durante su diseño y ejecución se deben visibilizar ante la propia persona, su familia y el equipo profesional, las habilidades, destrezas y capacidades que la persona conserva, y apoyándose en ellas, ofrecer los cuidados, estímulos y apoyos que en cada caso se requieran.
g) Proyecto de vida. Consiste en la proyección individual que realiza cada persona sobre todas las dimensiones que forman parte de su desarrollo personal y social, e incluye tanto sus metas como los apoyos informales de las personas de su entorno familiar y social, los apoyos normales existentes en su comunidad y los apoyos proporcionados por los servicios sociales.
h) Unidad de convivencia. Define la estructura espacial con dimensión y ambiente de hogar, orientando el desenvolvimiento de la vida en esos centros de forma lo más similar posible a la de un entorno familiar, en los términos establecidos en la presente norma, en la que convive un grupo de personas mayores a quienes, con el objetivo de promover su autonomía, independencia e integración social, se proporcionan los apoyos necesarios para que sigan desarrollando su proyecto y forma de vida, de acuerdo a sus deseos y valores. La capacidad de cada unidad de convivencia no podrá superar los 16 usuarios.
i) Centro multiservicios. Es la agrupación bajo la misma titularidad y en el mismo edificio o centro de los regulados en el presente decreto, de un conjunto de servicios dirigidos a las personas que siguen viviendo en su domicilio pero que necesitan apoyos para mantener su autonomía y su integración social. Los servicios podrán ser prestados en el propio centro o en el domicilio de la persona. Estos servicios deberán estar inscritos en el Registro de Entidades Servicios y Centros de Carácter Social de Castilla y León, y el centro deberá estar inscrito como centro multiservicios.
j) Estancia parcial en horario diurno. Es el período de tiempo que una persona que no es usuaria de servicio completo en un centro residencial o en un centro con unidad de estancia diurna, permanece recibiendo cualquiera de los servicios para los que están autorizados los centros multiservicios por la normativa de servicios sociales.
k) Estancia parcial en horario nocturno. Es el período de tiempo que una persona permanece en un centro multiservicios para personas mayores, recibiendo cualquiera de los servicios que necesite en ese horario para los que esté autorizado el centro por la normativa de servicios sociales.
l) Servicios sanitarios integrados en el centro. Servicios, integrados en los centros de carácter social para la atención a las personas mayores, que realizan actividades sanitarias y que para ello cuentan con la correspondiente autorización sanitaria de funcionamiento.
1. Están sujetos a autorización administrativa del Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León los actos de apertura y puesta en funcionamiento de un centro, la modificación de las instalaciones, tipología, naturaleza de los servicios que se prestan o del número de plazas y el traslado.
La solicitud se formulará de forma electrónica, o presencial, en el modelo normalizado establecido al efecto, que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en la página web de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y podrá presentarse:
a) De forma electrónica, por los sujetos obligados a ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para ello, los solicitantes o sus representantes legales deberán disponer de DNI electrónico o cualquier certificado electrónico reconocido por esta Administración en la Sede Electrónica y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas. Las entidades prestadoras del señalado servicio de certificación reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la sede electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
La documentación que deba acompañar a la solicitud se digitalizará y aportará como archivos anexos, a través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
b) De forma presencial, quienes no estén obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, que podrán presentar las solicitudes, preferentemente en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la provincia en la que se ubique el centro al que se refiere el acto objeto de autorización, así como en los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o en cualquiera de las unidades que integran los servicios de información y atención al ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, conforme al artículo 15 del Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la función de registro en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
a) Acreditación de la identidad del solicitante, y en su caso, de la representación que se ostente, así como declaración responsable de estar en posesión de la licencia de primera ocupación del inmueble y de la documentación exigida para el inicio de la actividad, según lo previsto en el presente decreto.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, la presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el órgano gestor recabe los datos y documentos necesarios para la tramitación y resolución del procedimiento. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento para realizar las consultas oportunas, debiendo en este caso, aportar dichos datos y documentos.
Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivas de la calidad de la copia, se podrán requerir la exhibición de los documentos originales para su cotejo.
Una vez examinada la solicitud de autorización y la documentación presentada, por el órgano instructor se elevará al órgano competente para resolver el procedimiento la correspondiente propuesta de resolución.
2. La resolución detallará el tipo de centro y su capacidad total, y en su caso, el número de unidades de convivencia, y la ocupación máxima de cada una de ellas. Asimismo, incluirá la inscripción como centro multiservicios, cuando proceda.
3. El plazo máximo en que deberá dictarse y notificarse la resolución al interesado será de tres meses, contados desde la entrada de la solicitud en el registro de la Gerencia de Servicios Sociales. Trascurrido dicho plazo sin que haya sido notificada la resolución expresa, podrá entenderse desestimada.
4. La resolución del Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León no agota la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería a la que esté adscrita la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Véase Orden [CASTILLA Y LEÓN] SAN/214/2018, de 26 de febrero, por la que se regulan las condiciones y requisitos para la autorización sanitaria de funcionamiento de los servicios sanitarios integrados en los centros de carácter social para la atención a las personas mayores en Castilla y León («B.O.C.L.» 6 marzo).
Los centros para personas mayores de nueva construcción deberán estar ubicados en suelo urbano. Con el objeto de impulsar la participación social activa de las personas mayores, será compatible, tanto para los instrumentos de planeamiento futuros como para los vigentes, el uso de equipamiento residencial para mayores en todas las ordenanzas que admitan el uso de vivienda colectiva.
Las reservas de suelo dotacional específicas para este uso se llevarán a cabo integrándolas adecuadamente con el suelo de uso residencial, evitando localizaciones perimetrales o de difícil acceso.
11. A excepción de lo previsto específicamente en este decreto, a las dimensiones y características de los elementos de acceso a los centros, los itinerarios verticales y horizontales, los pasillos, escaleras, rampas y todo tipo de puertas, cuyo uso esté previsto para las personas usuarias les será de aplicación lo dispuesto en la normativa de accesibilidad para los espacios y dependencias accesibles.
Los centros residenciales deberán contar con las siguientes áreas, cuya distribución podrá tener una ubicación discontinua, siempre que lo justifique la prestación del servicio:
2. La capacidad máxima de cada unidad de convivencia será de 16 plazas, resultado de asignar una ocupación de hasta el 50% de las plazas en habitaciones con uso para dos personas y el resto en habitaciones con uso individual.
a) La superficie mínima de las habitaciones será de 19 metros cuadrados útiles, sin incluir el baño.
i) Se dotará de un accionador del timbre de llamada vinculado a cada cama, de modo que pueda ser activado cómodamente sin que sea preciso levantarse de la misma. El sistema permitirá identificar la plaza desde la que ha sido accionado.
h) Formación continua del personal.
De conformidad con la normativa reguladora en materia de servicios sociales y sobre la atención y protección a las personas mayores de Castilla y León, la consejería competente en materia de servicios sociales velará por que se garanticen los derechos de las personas usuarias de los centros de carácter social, en especial los dirigidos a:
f) Suministrar en formato electrónico información a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León sobre las altas y bajas de las personas usuarias, altas y bajas del personal o de los contratos de servicios con que cuente el centro, a los efectos de cumplir con el deber de colaboración con la inspección previsto en el artículo 68 de la Ley 16/2010, de Servicios Sociales de Castilla y León. Igualmente, se suministrará información a los efectos de cualquier trámite relativo a los procedimientos de reconocimientos de derechos y obligaciones derivados de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, cuando mediara autorización para ello, así como los aspectos relativos al seguimiento de la calidad de los servicios que preste el centro.
h) Garantizar que se elaboren y se implanten protocolos y registros de actuación, al menos, en los siguientes aspectos: Cambios posturales, valoración y tratamiento de úlceras por presión, prevención de caídas, gestión y administración farmacológica, medidas alternativas a las contenciones, de traslados a centros hospitalarios, y de rehabilitación.
e) Guardar en el centro y poner a disposición del personal inspector de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y del personal técnico de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales encargados de las comprobaciones, la documentación a que hace referencia el artículo 48 de este decreto.
1. La dotación de personal de los centros de carácter social para personas mayores vendrá determinada por la aplicación, sobre el número de personas usuarias, de las ratios previstas en el presente decreto.
2. El personal de los centros estará constituido por:
3. Las exigencias de dotación de profesionales en centros residenciales y unidades de estancias diurnas, en lo que se refiere a la dotación mínima global en el centro, se expresará en una ratio que se calculará poniendo en el numerador el número de trabajadores y en el denominador la ocupación media que ha tenido el centro, considerando un período anual desde la fecha que se tome de referencia. La precisión de dicha ratio será hasta la milésima. A estos efectos, para el cómputo del número de trabajadores se tendrá en cuenta el equivalente al número de jornadas completas de los trabajadores que presten servicio en el centro de forma habitual, con independencia de su forma de contratación. Dicho cálculo deberá realizarse computando a cada trabajador en la equivalencia que corresponda según la proporción entre su jornada de trabajo y el 100% de la jornada anual según el Convenio Colectivo aplicable.
5. Cuando el centro cuente con un período de funcionamiento inferior al año, la ratio se calculará sobre ese período.
6. Cuando un centro residencial o un centro de día con unidad de estancias diurnas, cuente en su totalidad con usuarios en situación de dependencia de grado II o III, la ratio global, de acuerdo con los criterios adoptados en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia, será de 0,460 y de 0,235, respectivamente. En el resto de las situaciones, la ratio global será 0,410 en los centros residenciales y 0,230 en las unidades de estancias diurnas.
7. Para el cálculo concreto de la ratio de personal técnico y del personal de atención directa de cada centro se estará a lo dispuesto en los siguientes artículos.
a) Director. Es el profesional técnico responsable de la gestión, organización y funcionamiento del centro, que deberá contar con titulación universitaria y formación complementaria en dependencia, discapacidad, geriatría, gerontología, dirección de centros residenciales u otras áreas relacionadas con el ámbito de atención a la dependencia.
No obstante, quienes a la entrada en vigor de este decreto, estuviesen ejerciendo la dirección de un centro, podrán seguir desempeñando esta función siempre que acrediten como mínimo tres años de experiencia en el sector y cuenten con la formación complementaria anteriormente reseñada.
b) Otros profesionales técnicos. Son aquellos profesionales con titulación universitaria cuya función principal es la programación, coordinación, evaluación y seguimiento de todas las actuaciones del resto del personal sobre la atención prestada a los usuarios de los centros.
La titulación universitaria exigida a este tipo de profesionales se circunscribirá a los siguientes ámbitos: salud, atención psicosocial, integración social, promoción de la autonomía o del envejecimiento activo de las personas usuarias de los centros, tales como, personal médico, de enfermería, fisioterapia, nutrición y dietética, terapia ocupacional, educación social, psicología o trabajo social. Además, estos profesionales, deberán contar con formación complementaria en dependencia, discapacidad, geriatría, gerontología, u otras áreas relacionadas con el ámbito de atención a la dependencia.
En el caso de los servicios de atención sanitaria que se puedan prestar en los centros, se estará a lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
2. En los centros residenciales se considerará como ratio mínima para el personal técnico, en el día concreto de cálculo, el número de contratos de trabajadores en cómputo de jornadas completas, que resulte de multiplicar la ocupación de usuarios del centro por el factor 0,046, teniendo en cuenta solo los contratos vigentes de los trabajadores en situación de alta laboral.
3. En los centros de día con unidad de estancias diurnas la dotación de personal técnico será la siguiente:
b) Los centros que tengan 20 o más personas usuarias, contarán con un profesional o equipo multidisciplinar en equivalente a una jornada completa.
4. En los centros de día que cuenten exclusivamente con unidad de atención social, la exigencia de personal técnico estará proporcionada a la cartera de servicios que se preste en el centro.
4. Cuando un centro residencial cuente en su totalidad con usuarios de Grado II o de Grado III de acuerdo con la clasificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y su normativa de desarrollo, en el día concreto de cálculo, el número de contratos de trabajadores de atención directa en cómputo de jornadas completas, será el resultado de multiplicar la ocupación de usuarios del centro por 0,252. En el resto de las situaciones la ratio a considerar es 0,202. A estos efectos solo se podrán computar los contratos del personal en situación de alta laboral.
5. Cuando una unidad de estancias diurnas cuente en su totalidad con usuarios de Grado II o de Grado III de acuerdo con la clasificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y su normativa de desarrollo, en el día concreto de cálculo, el número de contratos de trabajadores de atención directa en cómputo de jornadas completas, será el resultado de multiplicar la ocupación de usuarios del centro por 0,133. En el resto de las situaciones, cada grupo de hasta 16 usuarios o cada unidad de convivencia contará, al menos, con un profesional de atención directa durante todo el horario de funcionamiento de la unidad y un profesional de refuerzo con la misma dedicación por cada dos Unidades o grupos.
6. Cuando un centro cuente con unidades de convivencia acreditadas, éstas se excluirán para el cómputo de la ratio y se regirán por la normativa de acreditación que regule esa dotación.
1. El equipo de atención directa está constituido por el personal de atención directa de cada unidad de convivencia o grupo de 16 personas como máximo en los centros que no cuenten con unidades de convivencia autorizadas.
b) Asignar a la persona mayor un Profesional de referencia a quien se le facilitará las indicaciones relativas a los contenidos y objetivos del proyecto de vida y se le ofrecerá las informaciones puntuales que resulten de interés para el ejercicio de dicha función. No se asignará el profesional de referencia hasta que no se haya producido una adaptación de la persona en el grupo o unidad de convivencia, y se hayan establecido los vínculos con el profesional de atención directa que lo hagan aconsejable. Con carácter general, el período para la designación del profesional de referencia no deberá ser superior a dos meses desde el ingreso de la persona en el centro.
El plan general del centro favorecerá la participación de las personas usuarias y contendrá el detalle la estructura organizativa y la programación estratégica de la actividad, contando con los siguientes contenidos mínimos:
1. La modificación del número y de la tipología de plazas sobre las condiciones en que fueron autorizados los centros residenciales y los centros de día con unidades de estancias diurnas, ya sea definitiva o condicionadamente, antes de la entrada en vigor del presente decreto, no estará sometida a las exigencias dimensionales establecidas en los apartados 4, 6 y 7 del artículo 15, ni las previstas en los artículos 18,19, 22 y 23 del presente decreto, y sin que les sean de aplicación tampoco, las dimensiones mínimas de anchuras de pasillos, puertas y escaleras, previstas en el mencionado artículo 15.
2. Asimismo, el régimen previsto en el apartado anterior será de aplicación a estos centros en el supuesto de que realicen cualquier tipo de modificación que implique obra sobre las condiciones en que fueron autorizados siempre y cuando estas no reduzcan espacios comunes, ni dimensiones de las habitaciones en su caso, excepto cuando se intervenga sobre la anchura de pasillos que tengan una dimensión superior a la exigida para estos elementos en el artículo 15.1 del presente decreto, en cuyo caso se respetará la cota mínima establecida en el mencionado artículo.
3. También será de aplicación el régimen previsto en los apartados anteriores, en el caso de que las obras impliquen modificaciones con aumento del número de plazas. Las nuevas plazas objeto de la ampliación se ajustarán a los requisitos dimensionales de habitaciones, baños, salas de estar y salas de terapia, establecidos en el Decreto 14/2001, de 18 de enero.
4. Los centros residenciales mencionados en los apartados anteriores, en el caso de que pretendan implantar unidades de convivencia, deberán cumplir, en los espacios de éstas, lo previsto en los apartados 1, 3, y subapartados b), c), d), e), f), h), i) del apartado 5 del artículo 18 y, asimismo, los siguientes requisitos:
a) La capacidad de la unidad de convivencia será de 16 plazas como máximo.
b) En los centros que tengan una capacidad autorizada superior a 60 plazas, el porcentaje de habitaciones de uso individual será al menos del 20%.
c) Cada unidad de convivencia dispondrá de las siguientes dependencias:
Los espacios de circulación, que comunican estas dependencias garantizarán que todas las habitaciones y espacios comunes de la unidad tengan acceso desde ellos. Los espacios de circulación podrán unirse con el espacio de sala de estar y podrán computar dentro de la superficie mínima exigida. Los espacios comunes, podrán, excepcionalmente y de forma justificada, ser zona de paso a otras unidades. Análogamente, se podrá disponer de parte de las habitaciones de la nueva unidad de convivencia en otra planta, cuando se permita una comunicación cercana a la zona común mediante ascensor u otros dispositivos elevadores.
d) La superficie mínima del dormitorio será de 8 metros cuadrados en las habitaciones individuales y 12 metros cuadrados en las dobles.
e) Existirá un aseo con ducha accesible por cada dos habitaciones.
f) El espacio común de la unidad de convivencia podrá agruparse en un único espacio polivalente. La dotación de este espacio tendrá una dimensión de 4,00 metros cuadrados por plaza con una dotación no inferior a 30 metros cuadrados.
5. Cuando los centros de día con unidad de estancias diurnas contemplados en el apartado primero de esta disposición adicional pretendan implantar unidades de convivencia, deberán cumplir, además de lo dispuesto en el artículo 22.1, los siguientes requisitos:
b) Cada unidad de convivencia, contará al menos con cocina, comedor y sala de estar. Estos espacios podrán estar integrados en un único espacio polivalente. La dotación de este espacio tendrá una dimensión no inferior a 25 metros cuadrados. La zona de cocina dispondrá de espacio suficiente para colocar al menos una cocina, refrigerador, fregadero, lavavajillas, microondas y armarios de almacenamiento.
c) Se dotará a cada unidad de convivencia diurna de al menos un aseo con ducha accesible.
6. La resolución que autorice el cambio de condiciones de un centro de personas mayores, contendrá los datos del asiento registral de inscripción complementaria correspondiente del centro y el número máximo de personas usuarias que, en cada caso, pueden albergar, además del número de unidades de convivencia y la ocupación máxima de cada una.
Los centros residenciales que estuvieran autorizados, definitiva o condicionadamente, antes de la entrada en vigor del presente decreto y los centros contemplados en la disposición transitoria cuarta que pretendan modificar las condiciones de autorización con aumento de su capacidad incrementando su superficie, por medio de nueva construcción o bien por cambio de uso de otro edificio anexo no autorizado, ya sea de una o sucesivas veces, hasta 15 plazas, deberán respetar, en la zona ampliada, los requisitos dimensionales y de dotación de las habitaciones reguladas en el presente decreto, y los requisitos dimensionales de salas de estar y salas de terapia ocupacional de la normativa anterior a este decreto, sin que resulte necesario organizar dicha ampliación en unidades de convivencia. En estas ampliaciones, al menos el 50% de las plazas nuevas computarán como plazas de carácter individual.
3. Una vez haya concluido el plazo previsto en la disposición transitoria tercera del presente decreto, aquellos centros que cuenten, tanto con plazas aptas para personas dependientes como con plazas que no hayan obtenido dicha calificación, deberán, al objeto de poder justificar las prestaciones económicas vinculadas derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, certificar que las personas que reciben la señalada prestación por dependencia, son las que efectivamente ocupan las plazas aptas para ese tipo de personas.
En los centros de carácter social para la atención a personas mayores la atención farmacéutica se prestará a través de un servicio de farmacia propio o un depósito de medicamentos, en la forma establecida en el artículo 6 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones , para los centros de asistencia social, así como en el artículo 3.1, letra b) de la Ley 13/2001, de 20 de diciembre , de Ordenación Farmacéutica de Castilla y León.
Los centros residenciales que se encuentren autorizados con plazas de enfermería de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 apartado 2 del decreto 14/2001, de 18 de enero, definitiva o condicionadamente, podrán solicitar su convalidación como plazas para residentes.
2. Acreditado el cumplimento de los requisitos previstos en los apartados anteriores, se autorizará la modificación de las plazas como aptas para personas dependientes, previo procedimiento de solicitud en los términos previstos en este decreto.
A las solicitudes de autorización de los centros de carácter social destinados a personas mayores que estén presentadas con la documentación preceptiva antes del día seis de agosto de 2016, o con proyectos que estuviesen visados por un colegio profesional, o supervisados por la Consejería competente en materia de servicios sociales, o hubiesen obtenido las licencias municipales preceptivas, antes de esa misma fecha, les será de aplicación, de forma potestativa para la entidad interesada, los requisitos arquitectónicos y de equipamiento recogidos en los artículos 15 al 25, ambos incluidos, de este decreto o en los artículos 17 a 31 y del 33 al 36, ambos incluidos, del Decreto 14/2001, de 18 de enero, regulador de las condiciones y requisitos para la autorización y el funcionamiento de los centros de carácter social para personas mayores. En el caso de que se opte por los requisitos arquitectónicos y de equipamiento del presente decreto, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado primero de la disposición adicional primera.
1. Sin perjuicio de la prestación sanitaria garantizada por el sistema público de salud, se exigirá, salvo acreditación efectuada por el servicio público de empleo de la inexistencia de demandantes de empleo con esta cualificación, que las entidades titulares, para los centros residenciales de carácter social para la atención a las personas mayores, cuenten con las siguientes ratios de personal técnico sanitario, que computará para el cumplimiento de la ratio de personal técnico establecida en el artículo 36.
En el período comprendido desde la entrada en vigor del presente decreto hasta el 31 de diciembre de 2021:
a) Personal médico. Los centros con un rango entre 51 y 89 personas usuarias atendidas en estancia residencial, contarán con la contratación de media jornada de este tipo personal, de lunes a viernes. A partir de ese rango, se exigirá media jornada adicional de este tipo de personal cada 80 usuarios o fracción, cuya actividad se desarrollará de lunes a viernes.
Personal de enfermería. Los centros con un rango entre 20 y 60 personas usuarias atendidas en estancia residencial, contarán con la contratación de media jornada de este tipo personal, de lunes a viernes. A partir de ese rango, se exigirá media jornada de este tipo de personal cada 40 usuarios o fracción, cuya actividad se desarrollará de lunes a viernes.
b) Período comprendido desde el 1 de enero de 2022 hasta 31 de diciembre de 2023:
Personal médico. Los centros con un rango entre 90 y 170 personas usuarias atendidas en estancia residencial, contarán con la contratación de media jornada de este tipo de personal, de lunes a viernes. A partir de ese rango, se exigirá una jornada de este tipo de personal, cuya actividad se desarrollará de lunes a viernes.
Personal de enfermería. Los centros con un rango entre 60 y 100 personas usuarias atendidas en estancia residencial, contarán con la contratación de media jornada de este tipo personal, de lunes a viernes. A partir de ese rango, se exigirá media jornada adicional de este tipo de personal cada 40 usuarios o fracción, cuya actividad se desarrollará de lunes a viernes.
c) A partir de 1 de enero de 2024, para los centros residenciales de carácter social para la atención a las personas mayores que cuenten con más de 100 personas usuarias atendidas en estancia residencial, mantendrán las ratios de personal médico señalados en el segundo plazo del apartado anterior, así como aquellos de más de 59 personas usuarias para el personal de enfermería establecidas en ese segundo plazo, y se analizarán las necesidades de los recursos asistenciales, en función del número de residentes, su grado de cronicidad y sus niveles de dependencia, con el fin de revisar, en su caso, la ratio prevista en este decreto.
2. En la regulación de las condiciones y requisitos para la autorización sanitaria de funcionamiento de los servicios sanitarios en los centros de carácter social para personas mayores, se deberá prever la necesaria coordinación de los profesionales sanitarios de los centros con el sistema de Salud de Castilla y León, en materia de diagnóstico, tratamiento e intercambio de la información de la historia clínica de las personas usuarias de los centros.
Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en este decreto, y en concreto:
– El Decreto 14/2001, de 18 de enero, regulador de las condiciones y requisitos para la autorización y el funcionamiento de los centros de carácter social para personas mayores, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional primera y en la transitoria cuarta.
1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente norma, por la consejería competente en materia de servicios sociales se establecerá el contenido y la estructura del plan de gestión de la calidad de los centros. Una vez publicado y en el plazo de un año desde esa fecha, los centros que determina el presente decreto, deberán contar con el correspondiente plan de calidad del centro.
2. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente norma, por la consejería competente en materia de servicios sociales se establecerá el contenido y la estructura del proyecto de vida de los usuarios. Una vez publicado y en el plazo de un año desde esa fecha, los centros que determina el presente decreto, deberán contar con el correspondiente proyecto de vida.
3. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente norma, por la consejería competente en materia de servicios sociales se aprobará el modelo del plan general de centros.
Los centros que determina el presente decreto deberán contar con el correspondiente plan general en el plazo de un año, desde la fecha de publicación de la orden que apruebe el modelo de plan general.

References: Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47
 Resolución 
 artículo 62
 artículo 4
 artículo 14
 artículo 129
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 15
 artículo 28
 resolución 
 artículo 28
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 121
 artículo 68
 artículo 48
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 18
 artículo 22
 resolución 
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 32
 artículo 36