Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2003-04014.htm
Timestamp: 2017-12-15 08:15:42+00:00

Document:
B.O.E. Nº 50 de 27/02/2003
Real Decreto 180/2003, de 14 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas.
La disposiciÃ³n adicional primera de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas, en su apar tado 1.e), determina que, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones, deberÃ¡n someterse en todo caso a la auditorÃ­a de cuentas prevista en su artÃ­culo 1, apartado 2, las empresas y entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurÃ­dica, que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, presten servicios o suministren bienes al Estado y a los organismos pÃºblicos, dentro de los lÃ­mites que reglamentariamente fije el Gobierno por Real Decreto.
Asimismo, en el apartado 2 de la citada disposiciÃ³n adicional primera, se dispone que, ademÃ¡s, quedarÃ¡n sometidas a la auditorÃ­a de cuentas establecida en el artÃ­culo 1, apartado 2, de la Ley de AuditorÃ­a de Cuentas las empresas, incluidas las sociedades cooperativas, y demÃ¡s entidades que superen los lÃ­mites que reglamentariamente fije el Gobierno por Real Decreto. Dichos lÃ­mites se referirÃ¡n, al menos, a la cifra de negocios, al importe total del activo segÃºn balance y al nÃºmero anual medio de empleados, y se aplicarÃ¡n, todos o cada uno de ellos, segÃºn lo permita la respectiva naturaleza jurÃ­dica de cada empresa o entidad.
Hasta la fecha, y en relaciÃ³n con las dos disposiciones mencionadas con anterioridad, Ãºnicamente ha sido objeto de desarrollo reglamentario el apartado 2 de la citada disposiciÃ³n adicional primera, a travÃ©s de la disposiciÃ³n adicional sexta del Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas, aunque sÃ³lo con referencia exclusiva a las sociedades cooperativas. Se encuentra, por tanto, pendiente de regulaciÃ³n la obligaciÃ³n de someter a auditorÃ­a las cuentas anuales de las empresas y entidades en las que concurren las circunstancias a que se refiere el resto de dicho apartado 2 y el apartado 1.e).
En este sentido, a fin de conseguir una mayor transparencia en la informaciÃ³n econÃ³mica de las empresas y entidades que bien por su relaciÃ³n con las Administraciones pÃºblicas, ya sea por recibir subvenciones o por realizar diversos tipos de contrataciÃ³n, o bien en razÃ³n de su tamaÃ±o, se ha considerado oportuno en este momento extender a dichas empresas y entidades la obligaciÃ³n de que sometan a auditorÃ­a sus cuentas anuales, colmÃ¡ndose asÃ­ el vacÃ­o legal existente a este respecto.
No obstante, conviene precisar con claridad a quÃ© empresas y entidades se extiende la obligaciÃ³n de auditar sus cuentas anuales. A este respecto, debe tenerse en cuenta que, aunque la disposiciÃ³n adicional primera de la Ley de AuditorÃ­a, en lo relativo al objeto de este desarrollo reglamentario, se refiere, en principio, a todo tipo de empresas y entidades que por el hecho de cumplir las circunstancias anteriormente citadas (recibir subvenciones o ayudas, contratar con las Administraciones pÃºblicas o por rebasar determinados lÃ­mites cuantitativos) deben someter sus cuentas anuales a auditorÃ­a ; sin embargo, hay que advertir que la citada disposiciÃ³n adicional establece que "deberÃ¡n someterse a la auditorÃ­a de cuentas prevista en el artÃ­culo 1, apartado 2, de esta ley", y que dicho apartado de la ley se refiere a "la auditorÃ­a de cuentas anuales... de acuerdo con el CÃ³digo de Comercio y demÃ¡s legislaciÃ³n que le sea aplicable...". Por tanto, poniendo en relaciÃ³n ambos apartados de la Ley de AuditorÃ­a, habrÃ¡ que entender que las empresas y entidades a que se refieren las citadas disposiciones y a las que se extiende la obligaciÃ³n de someter sus cuentas a auditorÃ­a son, exclusivamente, las que se encuentren sujetas, en cuanto a la llevanza de la contabilidad y formulaciÃ³n de cuentas anuales, al CÃ³digo de Comercio y demÃ¡s normativa de desarrollo a estos efectos, dado que la obligaciÃ³n previa de formular cuentas anuales conforme a lo dispuesto en el CÃ³digo de Comercio es un requisito imprescindible para que posteriormente Ã©stas puedan someterse a la auditorÃ­a a que se refiere el artÃ­culo 1, apartado 2, de la Ley de AuditorÃ­a. En consecuencia, el presente desarrollo reglamentario afecta exclusivamente a las entidades que tengan la consideraciÃ³n de empresa, o que, sin tener tal consideraciÃ³n, estÃ©n sujetas al CÃ³digo de Comercio en cuanto a la llevanza de su contabilidad y presentaciÃ³n de sus cuentas ; es decir, a las que formulen cuentas anuales, conforme a lo establecido en el CÃ³digo de Comercio.
En este mismo sentido, conviene precisar que la referencia a las empresas y entidades que realicen obras, prestaciones, servicios o suministros al Estado y a los organismos pÃºblicos, contenida en la disposiciÃ³n adicional primera, apartado 1.e), debe entenderse referida a las empresas y entidades que realicen contratos de obras, de gestiÃ³n de servicios pÃºblicos, de suministros y de consultorÃ­a y asistencia de los servicios, con el fin de su adaptaciÃ³n a la vigente tipologÃ­a de contratos con las Administraciones pÃºblicas, prevista en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones PÃºblicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Por otra parte, la disposiciÃ³n final primera de la Ley de AuditorÃ­a establece, en su primer pÃ¡rrafo, que "cuando por disposiciones con rango de ley se atribuyan a Ã³rganos o instituciones pÃºblicas competencias de control o inspecciÃ³n sobre empresas o entidades que se sometan a auditorÃ­a de cuentas, el Gobierno, mediante Real Decreto, establecerÃ¡ los sistemas, normas y procedimientos que hagan posible su adecuada coordinaciÃ³n, pudiendo recabar de los auditores de cuentas y sociedades de auditorÃ­a cuanta informaciÃ³n resulte necesaria para el ejercicio de las mencionadas competencias", sin que hasta este momento se hayan desarrollado los sistemas, normas o procedimientos de coordinaciÃ³n entre los auditores y los Ã³rganos o instituciones pÃºblicas a que se refiere la citada disposiciÃ³n final primera. En este sentido, el desarrollo reglamentario va dirigido a cumplir la citada previsiÃ³n legal, estableciendo, como uno de los procedimientos de coordinaciÃ³n entre los Ã³rganos o instituciones pÃºblicas (entendiendo como tales los distintos Ã³rganos, organismos y entes pÃºblicos con competencias de control e inspecciÃ³n sobre determinadas empresas y entidades obligadas a auditar sus cuentas anuales) y los auditores de cuentas de dichas empresas y entidades, la posibilidad de que dichas instituciones recaben de los auditores la elaboraciÃ³n de un informe complementario al de auditorÃ­a de cuentas anuales.
Al mismo tiempo, en relaciÃ³n con la obligaciÃ³n de los auditores de cuentas, a que se refiere el pÃ¡rrafo segundo de la disposiciÃ³n final primera de la Ley de AuditorÃ­a de Cuentas, de comunicar al Banco de EspaÃ±a, a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores y a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones, rÃ¡pidamente y por escrito, determinados hechos o decisiones relevantes en el funcionamiento de la entidad auditada, de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones, se ha estimado conveniente establecer un plazo de 10 dÃ­as, desde el momento en que se tenga conocimiento de que se han producido, para su cumplimiento efectivo.
Igualmente, en cuanto a la obligaciÃ³n de los auditores de cuentas, a que se refiere el pÃ¡rrafo tercero de la disposiciÃ³n final primera de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas, de enviar copia del informe de auditorÃ­a de las cuentas anuales a las autoridades supervisoras mencionadas en el apartado anterior, en el caso de haber transcurrido el plazo de una semana desde la fecha de entrega de dicho informe de auditorÃ­a a la entidad auditada por parte del auditor, sin que Ã©sta haya hecho la correspondiente remisiÃ³n a las citadas autoridades, se ha estimado conveniente que dicha obligaciÃ³n deba cumplirse en los 10 dÃ­as siguientes a la finalizaciÃ³n de dicha semana.
Todo ello, a fin de obtener por los citados Ã³rganos e instituciones pÃºblicas una mayor y mejor informaciÃ³n sobre la situaciÃ³n y funcionamiento de las entidades sometidas a su supervisiÃ³n, aumentando de esta manera la eficacia en el desarrollo de sus funciones de inspecciÃ³n y control.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos EconÃ³micos y Ministro de EconomÃ­a, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 14 de febrero de 2003,
ArtÃ­culo primero. ModificaciÃ³n de la disposiciÃ³n adicional sexta del Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas.
Se modifica la disposiciÃ³n adicional sexta del Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas, que pasarÃ¡ a tener la siguiente redacciÃ³n:
"DisposiciÃ³n adicional sexta.
En desarrollo de lo dispuesto en la disposiciÃ³n adicional primera, apartado 2, de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas, y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, las empresas y demÃ¡s entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurÃ­dica, y siempre que deban formular cuentas anuales conforme al CÃ³digo de Comercio y demÃ¡s legislaciÃ³n que resulte de aplicaciÃ³n, estarÃ¡n obligadas a someter a auditorÃ­a, en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 1, apartado 2, de la citada Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas, las cuentas anuales de los ejercicios sociales en los que, de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 181 del texto refundido de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, no concurran las circunstancias previstas para poder formular balance abreviado, debiendo hacerlo en modelo normal."
ArtÃ­culo segundo. AdiciÃ³n de una disposiciÃ³n adicional, la duodÃ©cima, al Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas.
Se aÃ±ade una disposiciÃ³n adicional duodÃ©cima al Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas, con la siguiente redacciÃ³n:
"DisposiciÃ³n adicional duodÃ©cima.
1. En desarrollo de lo dispuesto en la disposiciÃ³n adicional primera, apartado 1, pÃ¡rrafo e), de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas, y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, las empresas y entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurÃ­dica y siempre que deban formular cuentas anuales conforme al CÃ³digo de Comercio y demÃ¡s legislaciÃ³n que resulte de aplicaciÃ³n, que durante un ejercicio social hubiesen recibido subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Administraciones pÃºblicas o a fondos de la UniÃ³n Europea, por un importe total acumulado superior a 600.000 euros, estarÃ¡n obligadas a someter a auditorÃ­a las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio y a los ejercicios en que se realicen las operaciones o ejecuten las inversiones correspondientes a las citadas subvenciones o ayudas, en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 1, apartado 2, de la citada Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas.
2. Se considerarÃ¡n recibidas las subvenciones o ayudas, a los efectos de este Real Decreto, en el momento en que deban ser registradas en los libros de contabilidad de la empresa o entidad, conforme a lo establecido a este respecto en la normativa contable que le resulte de aplicaciÃ³n.
3. Se entenderÃ¡n por subvenciones o ayudas, a los efectos de este Real Decreto, las definidas como tales por la legislaciÃ³n presupuestaria."
ArtÃ­culo tercero. AdiciÃ³n de una disposiciÃ³n adicional, la decimotercera, al Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas.
Se aÃ±ade una disposiciÃ³n adicional decimotercera al Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas, con la siguiente redacciÃ³n:
"DisposiciÃ³n adicional decimotercera.
1. En desarrollo de lo dispuesto en la disposiciÃ³n adicional primera, apartado 1, pÃ¡rrafo e), de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas, y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, las empresas y entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurÃ­dica y siempre que deban formular cuentas anuales conforme al CÃ³digo de Comercio y demÃ¡s legislaciÃ³n que resulte de aplicaciÃ³n, que durante un ejercicio econÃ³mico hubiesen realizado obras, gestiÃ³n de servicios pÃºblicos, suministros, consultorÃ­a y asistencia y servicios a las Administraciones pÃºblicas, por un importe total acumulado superior a 600.000 euros, y Ã©ste represente mÃ¡s del 50 por cien del importe neto de su cifra anual de negocios, estarÃ¡n obligadas a someter a auditorÃ­a las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio social y las del siguiente a Ã©ste, en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 1, apartado 2, de la citada Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas.
2. Se considerarÃ¡n realizadas las actuaciones referidas en el apartado anterior, a los efectos de este Real Decreto, en el momento en que deba ser registrado el derecho de cobro correspondiente en los libros de contabilidad de la entidad, de acuerdo con lo dispuesto a este respecto en la normativa contable que resulte de aplicaciÃ³n."
ArtÃ­culo cuarto. AdiciÃ³n de una disposiciÃ³n adicional, la decimocuarta, al Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas.
Se aÃ±ade una disposiciÃ³n adicional decimocuarta al Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas, con la siguiente redacciÃ³n:
"DisposiciÃ³n adicional decimocuarta.
El nombramiento de auditores en las empresas y entidades sujetas a la obligaciÃ³n de auditar sus cuentas anuales, por las circunstancias previstas en las disposiciones adicionales sexta, duodÃ©cima y decimotercera de este Real Decreto, se harÃ¡ por aquellas personas u Ã³rganos a quienes corresponda, de conformidad con las normas aplicables a cada una de ellas segÃºn su naturaleza jurÃ­dica, antes de que finalice el ejercicio social por auditar.
Los perÃ­odos de nombramientos y contrataciÃ³n de auditores se regirÃ¡n por lo establecido a estos efectos en el artÃ­culo 8, apartado 4, de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas.
No se podrÃ¡ revocar a los auditores antes de que finalice el perÃ­odo para el que fueron nombrados, a no ser que medie justa causa, considerÃ¡ndose como tal, en todo caso, la extinciÃ³n de la obligaciÃ³n de auditar las cuentas anuales de la entidad."
ArtÃ­culo quinto. AdiciÃ³n de una disposiciÃ³n adicional, la decimoquinta, al Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas.
Se aÃ±ade una disposiciÃ³n adicional decimoquinta al Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1998, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas, con la siguiente redacciÃ³n:
"DisposiciÃ³n adicional decimoquinta.
1. En desarrollo de lo dispuesto en la disposiciÃ³n final primera de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas, en su primer pÃ¡rrafo, y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, se establece como uno de los sistemas o procedimientos de coordinaciÃ³n entre los Ã³rganos o instituciones pÃºblicas que tengan atribuidas legalmente competencias de control y supervisiÃ³n sobre empresas y entidades que sometan sus cuentas anuales a auditorÃ­a de cuentas y los auditores de cuentas de dichas empresas y entidades la facultad de exigir a las citadas empresas y entidades que, previa solicitud a sus auditores de cuentas, circunstancia que habrÃ¡ de figurar en el contrato de auditorÃ­a de cuentas anuales, se le remita un informe complementario al de auditorÃ­a de cuentas anuales que contribuya al mejor desempeÃ±o de las citadas funciones de supervisiÃ³n y control. A estos efectos, los auditores de cuentas deberÃ¡n elaborar dicho informe complementario al de auditorÃ­a de las cuentas anuales, que se desarrollarÃ¡ dentro del Ã¡mbito de dicha auditorÃ­a y cuya elaboraciÃ³n se sujetarÃ¡ en cada caso a la correspondiente norma tÃ©cnica de auditorÃ­a.
2. La obligaciÃ³n de los auditores de cuentas de entidades sometidas al rÃ©gimen de supervisiÃ³n de comunicar rÃ¡pidamente por escrito al Banco de EspaÃ±a, a la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores y a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones, segÃºn proceda, cualquier hecho o decisiÃ³n relevante sobre la entidad o instituciÃ³n auditada, a que se refiere el segundo pÃ¡rrafo de la disposiciÃ³n final primera de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas, deberÃ¡ cumplirse en un plazo mÃ¡ximo de 10 dÃ­as desde el momento en que se tenga conocimiento efectivo de que tales hechos o decisiones se han producido.
3. Asimismo, la obligaciÃ³n de los auditores de cuentas, a que se refiere el pÃ¡rrafo tercero de la disposiciÃ³n final primera de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de AuditorÃ­a de Cuentas, de enviar copia del informe de auditorÃ­a de cuentas anuales a las autoridades supervisoras mencionadas en el apartado anterior, en el caso de haber transcurrido el plazo de una semana desde la fecha de entrega de dicho informe de auditorÃ­a a la entidad auditada por parte del auditor, sin que Ã©sta haya hecho la correspondiente remisiÃ³n a las citadas autoridades, deberÃ¡ cumplirse en los 10 dÃ­as siguientes a la finalizaciÃ³n de la mencionada semana.
4. Los datos, informes, antecedentes y demÃ¡s informaciÃ³n obtenida por las instituciones pÃºblicas en virtud de lo dispuesto en esta disposiciÃ³n adicional sÃ³lo podrÃ¡n utilizarse para los fines de control y supervisiÃ³n encomendados a dichas instituciones.
Las informaciones que los Ã³rganos e instituciones pÃºblicas, para el cumplimiento de sus funciones, tengan que facilitar a los auditores de cuentas de las empresas y entidades sujetas a su supervisiÃ³n y control quedarÃ¡n exceptuadas del deber de secreto al que, en su caso, dichos Ã³rganos e instituciones se encuentren sujetos, conforme a su respectiva normativa legal."
DisposiciÃ³n transitoria Ãºnica. RÃ©gimen transitorio de aplicaciÃ³n del presente Real Decreto.
La obligaciÃ³n establecida en los artÃ­culos primero, segundo y tercero del presente Real Decreto comenzarÃ¡ a regir para las cuentas anuales de aquellos ejercicios sociales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto. No obstante, para los dos primeros ejercicios sociales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto, quedarÃ¡n exceptuados de la obligaciÃ³n de someter sus cuentas anuales a auditorÃ­a, por las circunstancias previstas en el mencionado artÃ­culo tercero, las empresas o entidades en las que al cierre del primer ejercicio concurran, al menos, dos de las tres circunstancias previstas en el artÃ­culo 181 del texto refundido de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas para poder formular balance abreviado.
Se autoriza al Ministro de EconomÃ­a a que dicte las normas necesarias para el desarrollo del presente Real Decreto, asÃ­ como a actualizar los lÃ­mites monetarios que figuren en sus artÃ­culos segundo y tercero.

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