Source: https://issuu.com/gobiernodechile/docs/cuentadejusticia
Timestamp: 2017-08-20 10:38:11+00:00

Document:
Cuenta pública 2013 Ministerio de Justicia by Gobierno de Chile - issuu
I. POLÍTICAS MINISTERIALES El Ministerio de Justicia busca acercar la justicia a las personas, a través de la definición de políticas y directrices tendientes a generar un sistema judicial eficiente e igualitario, contribuyendo con ello a la construcción de una sociedad de oportunidades, seguridades y valores. En este contexto, esta cartera de Estado ha focalizado sus esfuerzos y tareas en el diseño y ejecución de diversas iniciativas en diferentes ámbitos de acción. Es así como, en primer lugar, se ha desarrollado un trabajo sostenido en la elaboración de una nueva política penitenciaria para el país, la cual busca por una parte modernizar Gendarmería de Chile, potenciando su labor esencial en la reinserción de los condenados, como asimismo fortalecer el uso de las penas alternativas a la prisión, promoviendo para este objetivo los cambios legislativos necesarios para lograr un uso racional de los recintos carcelarios. A su vez, se avanzará en la implementación de nuevas políticas de reinserción social y laboral, que junto con la aprobación de nuevas leyes que buscan establecer el uso racional de nuestros establecimientos penitenciarios, permitirán reducir progresivamente el hacinamiento carcelario del país. En segundo lugar, se han impulsado cambios profundos que buscan una modernización de la justicia en Chile. Uno de los ejes principales es impulsar la aprobación del proyecto de ley que crea un nuevo Código Procesal Civil (Boletín Nº 8197-07), dotando al país de una justicia más ágil y transparente. Asimismo, a doce años de la entrada en vigencia del Sistema de Justicia Penal, este ministerio ha realizado un completo análisis del funcionamiento de dicho sistema, con el objetivo de detectar aquellos nudos críticos que debilitan la operatividad del mismo, fijando los márgenes e ideas centrales para la generación de un proyecto de ley que lo perfeccione. A su vez, se trabaja en la redacción de un nuevo cuerpo normativo que reemplace al actual Código Penal, que data de 1874. En materia de seguridad ciudadana, el Ministerio de Justicia tiene como prioridad mejorar la atención y rehabilitación de niños y adolescentes infractores de ley, así como potenciar la labor del sistema de protección de víctimas de delitos y avanzar en la implementación de Tribunales de Tratamiento de Drogas. El ministerio también contempla dentro de sus ejes de trabajo la modernización del sistema registral y de fe pública, a través de la mejora de los sistemas de inscripción que actualmente tiene a cargo el Servicio de Registro Civil e Identificación, como también la introducción de una profunda modernización a las funciones que actualmente desempeñan los notarios y conservadores.
Finalmente, el ministerio en conjunto con el Poder Judicial, espera desarrollar una agenda de propuestas de adecuación al sistema de administración de justicia.
En materia de Derechos Humanos, el ministerio pretende desempeñar un rol fundamental durante los próximos años a través de la creación de una nueva Subsecretaría de Derechos Humanos, cuya función sea coordinar el trabajo interministerial en la promoción y protección de los derechos fundamentales, como también trabajar en la defensa del Estado ante tribunales internacionales.
II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE 2012 1. Política y reforma penitenciaria Con el objeto de mejorar la situación carcelaria del país, en términos del uso efectivo de la prisión, el mejoramiento de la infraestructura y el diseño de políticas vinculadas al fortalecimiento de la reinserción de la población penal que mejoren sus condiciones de vida, pero también mejoren las condiciones de trabajo del personal de Gendarmería, el Ministerio de Justicia ha impulsado una nueva política penitenciaria, de la cual destacan los siguientes avances: a. Impulsar la nueva política penitenciaria Durante 2010 se desarrolló el plan de once medidas, destinadas a brindar dignidad a las personas privadas de libertad, principalmente en aquellos recintos que presentan mayores carencias, por un monto total de más de seis mil millones de pesos. Asimismo, se implementó la Ley N° 20.426 que moderniza Gendarmería de Chile, incrementando su personal y readecuando las normas de su carrera funcionaria. Dicha norma tiene por objeto, entre otras materias, fortalecer a la institución, de modo que pueda hacer frente de manera eficaz y oportuna a los desafíos que a diario deben enfrentar los diversos establecimientos penitenciarios, a través de la incorporación gradual de cinco mil nuevos funcionarios a la institución. Durante 2012 se inició un proceso de reforma a la Escuela de Gendarmería de Chile, por lo que se perfeccionó la formación de oficiales y suboficiales penitenciarios, con la dictación de un nuevo Reglamento Orgánico de la Escuela de Gendarmería de Chile, a través de la Resolución N° 7.581 del 1 de agosto de 2012. Se renovó su cuerpo docente, y se modificaron los planes de estudios y la malla curricular de formación, a través de la Resolución N° 7.965 del 10 de agosto de 2012. Complementariamente, en septiembre de 2012, se presentó un proyecto de ley (Boletín Nº 8563-07) para perfeccionar la carrera funcionaria de Gendarmería, el que actualmente se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado.
Por otra parte, el 8 de mayo de 2012, mediante Resolución Exenta N° 4.478 del director nacional de Gendarmería, se establecieron las funciones del nuevo Departamento Postpenitenciario, que asumió las funciones del antiguo Patronato Nacional de Reos, institución que databa de 1943.
La nueva estructura y dependencia orgánica del Departamento Postpenitenciario, establecida en la Ley N° 20.426, permitirá reforzar la continuidad del circuito de intervención penitenciaria, como asimismo, lograr una mayor y mejor interacción, comunicación y coordinación entre los otros sistemas encargados de las prestaciones (sistemas cerrado y abierto). La nueva estructura incidirá directa y positivamente en los procesos de reinserción social, y por ende, en las políticas de seguridad pública, especializando los procesos llevados a cabo desde el nivel central, permitiendo un seguimiento más cercano y personalizado de la marcha de los programas y del control de los beneficios que se cumplen en los distintos patronatos locales de reos del país. La reforma al sistema de clasificación de los internos se encuentra sujeta al funcionamiento de los centros penitenciarios en que se implementará un nuevo modelo de clasificación. Sin embargo, durante 2012, se inició el trabajo de mejora a los instrumentos que permiten determinar el nivel de compromiso criminógeno de cada condenado, a fin de que paulatinamente, ellos puedan ser clasificados y segmentados adecuadamente de acuerdo
a los factores de riesgo de reincidencia que se aprecien. Cabe señalar que la clasificación y la segmentación son procedimientos vinculados, que permiten la identificación de grupos según compromiso delictual, y en consecuencia permiten homogenizar la población con características socioculturales compatibles entre sí, evitando el contagio criminógeno. Así, el año pasado, se inició el trabajo en uno de los factores clave para el proceso de clasificación, esto es, la validación de instrumentos de diagnóstico de riesgo de reincidencia de los condenados, en particular, del denominado LS/CMI: Level of Service/Case Management Inventory, que ha sido traducido al español como: Inventario para la Gestión de Caso/ Intervención. Para tal efecto, profesionales de este ministerio participaron en encuentros con expertos tanto de Chile como de Europa, iniciando el proceso de traducción, validación y aplicación del instrumento a más de cuatro mil condenados en nuestro país, lo que permitirá diagnosticar el nivel de riesgo de reincidencia y apoyar la elaboración de planes de intervención individual para la población condenada. Constituyendo uno de los principales ejes de la nueva política penitenciaria el fomento del trabajo y de la capacitación de los privados de libertad, es importante destacar que el 14 de mayo de 2011 se publicó el Decreto Supremo N° 943, que establece un nuevo estatuto laboral y de formación para el trabajo penitenciario. Desde 2012, en el marco del fortalecimiento de la reinserción laboral y de los Centros de Educación y Trabajo, el Ministerio de Justicia ha monitoreado la implementación del nuevo estatuto laboral y de formación para el trabajo penitenciario, con el objetivo de solucionar los nudos críticos que obstaculicen los fines que se han buscado. Asimismo, se ha trabajado decididamente en potenciar y generar nuevos empleos y programas de capacitación y apresto laboral, que dignifiquen al interno y hagan del encierro una oportunidad para entregarle herramientas para alcanzar la posterior inserción social. En este orden de ideas, el 10 de mayo de 2012 se firmó un convenio de cooperación entre el Ministerio de Justicia, Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional de Menores (Sename), el Ministerio del Trabajo, Fundación Telefónica, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y Fundación Paz Ciudadana. A diciembre de 2012, un total de 547 internos se encontraban con contrato de trabajo, de los cuales 334 se encontraban contratados por una empresa privada instalada al interior de un establecimiento penal. Así, desde la vigencia del Estatuto del Trabajo Penitenciario, empresas privadas instaladas en las unidades penales han contratado a mil 179 internos (a diciembre de 2011, se habían contratado desde la vigencia del estatuto laboral a 662 personas). Por otra parte, se han designado encargados laborales en 86 penales del país, y se han otorgado permisos laborales desde la vigencia del estatuto a un total de 239 reclusos.
En 2012 se impulsaron una serie de acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de la mujer privada de libertad, y favorecer su reinserción social. Dentro de estas acciones se encuentran: • La creación de una mesa de políticas penitenciarias con enfoque de género, convocada por el Ministerio de Justicia y en donde participan distintos organismos públicos y privados, cuyo objeto es analizar las modificaciones reglamentarias y legislativas que es necesario implementar en el corto plazo y que pueden impactar significativamente
En relación a la capacitación, a diciembre de 2012 un total de nueve mil 424 internos han recibido actividades de capacitación en materias tales como mueblería, corte y confección, repostería, electricidad y gasfitería. Más del 85 por ciento de esas capacitaciones han sido acreditadas por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). El año 2011 se capacitó a mil 278 internos.
en la vida de las mujeres al interior de las unidades penales, así como mejoras en la gestión para la reinserción de las mujeres privadas de libertad. • La creación en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago del Programa de Competencias Sociales para Mujeres, el cual busca incorporar aquellas necesidades específicas que releva la relación actual entre lo femenino y lo delictual, a partir de la literatura especializada que indica la importancia de identificar las necesidades criminógenas específicas del género, que requieren ser abordadas de manera diferenciada. Con ello se pretende consolidar procesos de reinserción de aquellas mujeres a las cuales se les ha negado con anterioridad el acceso a algún beneficio intrapenitenciario. • La implementación, en el nuevo sistema de penas sustitutivas, de mecanismos innovadores de protección a las víctimas, a través del monitoreo electrónico, para controlar las prohibiciones de acercamiento a determinadas personas y/o lugares, tratándose de delitos de violencia intrafamiliar o delitos sexuales; y de programas específicos de intervención para condenados a libertad vigilada por delitos en contexto de violencia intrafamiliar. A través de estas iniciativas, se buscará la responsabilización de las conductas violentas, orientándose a modificar las creencias y actitudes que favorezcan la violencia. A partir de 2013, el trabajo en esta materia se centrará en personas privadas de libertad, reformulándose el actual programa que se ejecuta en el medio libre, para aplicarlo a población privada de libertad, que sin necesariamente estar condenada por delitos de violencia intrafamiliar, presente riesgos de violencia doméstica. b. Implementación de la ley que establece nuevas penas sustitutivas En junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.603, que establece las medidas alternativas a las penas privativas de libertad. Mediante esta ley, se ha ampliado el catálogo de penas, agregando la libertad vigilada intensiva mediante el monitoreo telemático, la expulsión del país (para extranjeros), la reclusión parcial y la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Con estas medidas se espera no solo disminuir considerablemente los niveles de hacinamiento en las cárceles, sino que también evitar que personas que han cometido delitos menores agraven sus conductas al ingresar a las mismas. Durante 2012 y luego de la aprobación de la iniciativa legal, se han realizado diversas acciones destinadas a preparar su adecuada implementación, destacando las siguientes: • Capacitaciones para más de 700 intervinientes del proceso penal, entre jueces, fiscales y defensores sobre el contenido y alcance de la nueva ley. • Se inició un trabajo conjunto para perfeccionar los sistemas de registro de información por parte de Gendarmería de Chile, creándose un nuevo sistema informático para la gestión de casos de condenados. • Se comenzó un trabajo de interconexión informática entre Gendarmería de Chile y el Poder Judicial, que incluye el envío automático de sentencias, resoluciones judiciales e informes.
• Se inició la elaboración de nuevas normas técnicas que regirán el cumplimiento y control de las penas sustitutivas.
• Se comenzó el proceso de validación para Chile del instrumento de diagnóstico de evaluación de riesgo de reincidencia, mediante su adaptación y aplicación a una población de cuatro mil condenados. • Se realizaron diferentes mesas de trabajo para consensuar opiniones técnicas y coordinar la implementación de la nueva ley, involucrando al Poder Judicial, Defensoría
Penal Pública, Ministerio Público, Gendarmería de Chile, Carabineros de Chile, PDI y otros organismos. • Se elaboró un completo diseño metodológico para la posterior evaluación de procesos, resultados e impactos del nuevo sistema, elaborado por la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. • El 18 de enero de 2013, se publicó el Decreto N° 515, que contiene el Reglamento de Monitoreo Telemático; mientras se encuentra en tramitación la propuesta normativa para modificar el Decreto Supremo N° 1.120, que contiene el actual reglamento de la Ley N° 18.216 y el reglamento de la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad. • El 28 de enero de 2013, se publicó el llamado a concurso internacional por parte de Gendarmería de Chile para la contratación del servicio de monitoreo electrónico, que permitirá vigilar y controlar a los condenados que cumplen sus penas en libertad. La adjudicación del proceso de licitación se realizará en julio de 2013. • Se ha efectuado un levantamiento de la oferta de plazas existentes para ejecutar la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, contándose a la fecha con más de quince mil plazas disponibles para su entrada en vigencia. c. Modificación de la legislación para lograr uso racional de las cárceles Durante 2012, se publicaron leyes destinadas a establecer el uso racional del sistema penitenciario de nuestro país y generar de esta forma las condiciones de ejecución de las penas en el medio cerrado que permitan desarrollar programas de reinserción.
El 1 de junio de 2012 entró en vigencia la Ley N° 20.588, que contiene cuatro indultos, todos generales y todos conmutativos, esto es, de aplicación general y que reemplazan la pena privativa de libertad o la multa, según sea el caso, por otra medida punitiva. El primero de ellos se aplica a las mujeres privadas de libertad que hayan cumplido dos tercios de su pena. El segundo, a los condenados que actualmente estén beneficiados con el permiso de salida controlada al medio libre, y el tercero a los condenados que estén cumpliendo su pena a través de la reclusión nocturna. En estos tres casos se reemplaza la pena privativa y multa por una pena especial de sujeción a la vigilancia de la autoridad, consistente en un periodo de firma ante el Patronato de Reos. Por último, en cuarto lugar, se concede un indulto a los extranjeros condenados que hubieren cumplido de manera efectiva un porcentaje de su pena privativa dependiendo de la condena original, conmutándole la pena por un extrañamiento especial en su país de origen. En los cuatro casos, se debe suscribir un acuerdo de no volver a cometer un nuevo crimen o simple delito o no volver a ingresar al país, respectivamente, y en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos, deben cumplir de manera efectiva el saldo conmutado. A marzo de 2013 han sido beneficiados un total de dos mil 902 connacionales y 772 condenados extranjeros en las cuatro categorías señaladas.
El 8 de junio de 2012 se promulgó la Ley N° 20.587, que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios. Esta ley tiene por objetivo perfeccionar el procedimiento de concesión de la libertad condicional, actualmente regulado en el Decreto Ley N° 321 de 1925, y asimismo, permitir que la pena de multa pueda ser convertida por la de servicios a la comunidad en determinados casos. En relación al otorgamiento de la libertad condicional, el procedimiento anterior era criticado porque la decisión final era tomada por una autoridad administrativa, el seremi de Justicia. Gracias a esta ley, la decisión de conceder o no la libertad condicional ha quedado radicada en Comisiones de Libertad Condicional que se encuentran funcionando en las Cortes de Apelaciones desde la promulgación de la mencionada ley, y están integradas por jueces con competencia en lo criminal y ministros de Cortes de Apelaciones.
d. Mejoramiento de las condiciones de seguridad y habitabilidad de los recintos penales. Durante 2012 se mejoró el equipamiento destinado a los dormitorios de los internos, adquiriéndose un total de 33 mil 468 colchones por un monto que supera los mil millones de pesos, se compraron 63 mil 520 frazadas, con una inversión de 563 millones 963 mil 924 pesos y se incorporaron siete mil 308 literas, las cuales fueron adquiridas en los distintos centros de educación y trabajo del país. Finalmente, en 2012 comenzó el desarrollo de la segunda etapa del proyecto de mejoramiento de redes secas, húmedas y sistemas de impulsión en diez regiones del país, con una inversión aproximada de siete mil 500 millones de pesos, que permitirá mejorar las condiciones de seguridad de los distintos establecimientos penitenciarios que forman parte del proyecto. e. Avances en el diseño y construcción de recintos penales El Ministerio de Justicia ha trabajado en una serie de medidas que permitan disponer de diez mil nuevas plazas para internos gradualmente hasta 2016, para reducir el hacinamiento en las cárceles a un quince por ciento, desde el 60 por ciento que se encontraba en marzo de 2010. El 18 de noviembre de 2011 se inauguró el nuevo Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío, el cual cuenta con una capacidad de mil 190 plazas, las cuales contribuyeron, entre otros factores, a disminuir la sobrepoblación carcelaria en nuestro país a menos del 25 por ciento a fines de 2012. Asimismo, se avanzó en la habilitación del establecimiento penitenciario de Antofagasta, que incorporará mil 160 plazas, y en la ampliación y reconstrucción de diversos recintos penales que incorporarán mil 760 plazas al sistema penitenciario. Asimismo, se han incorporado dos mil plazas nuevas, a través del incremento de la capacidad de los recintos penales concesionados de los grupos uno y tres, pasando a utilizar su capacidad desde 100 por ciento a 119 por ciento. Adicionalmente, en relación al diseño y construcción de los nuevos recintos modelo, fueron aprobados durante el último trimestre de 2012 los recursos destinados al diseño de los recintos ubicados en la Región de Atacama (El Arenal) y en la Región del Maule (La Laguna), con lo cual se inicia la aprobación de los respectivos convenios mandato, los que fueron firmados en enero de 2013, para dar lugar a las licitaciones de los proyectos de diseño. En 2012 se inició la reconversión del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel a un establecimiento para mujeres imputadas, denominado Centro Penitenciario Femenino de San Miguel Mayor Marisol Estay, que permita descongestionar el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y que permitirá albergar a 768 mujeres. Esta reconversión ha significado una importante inversión de cuatro millones de dólares.
Finalmente, se inauguró en diciembre de 2012 el primer Centro de Educación y Trabajo Semiabierto de Santiago para mujeres de Chile, denominado Talitá Kum, que alberga a internas que desempeñan labores de lavandería, repostería y limpieza, con parámetros semi-industriales, y contempla formación educacional y aprendizaje de competencias para el trabajo. El proyecto implicó una inversión de 290 millones de pesos en obras civiles.
f. Traslado internacional de personas condenadas Se promulgó el Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República de Chile y la República del Perú, mediante Decreto N° 80, del 14 de junio de 2012, del Ministerio de Relaciones Exteriores, regulando la posibilidad de que las personas nacionales condenadas por el Estado vecino puedan cumplir sus penas en el Estado de origen, situación no contemplada hasta ese momento, por carecer de un tratado bilateral entre ambos países. Este tratado
permitirá que los ciudadanos chilenos y peruanos condenados en estos países puedan cumplir sus sentencias en su país de origen, lo cual, reviste especial importancia, dado que la población peruana atendida por Gendarmería de Chile es la segunda en términos numéricos en relación al universo total de extranjeros que se encuentran en unidades penales chilenas.
2. Modernización de la justicia En base a un trabajo conjunto desarrollado por los ministerios de Justicia y Defensa, se dictó la ley que modifica la competencia de los tribunales militares. Esta reforma legal dio origen a la Ley N° 20.477, del 30 de diciembre de 2010, que como principales consecuencias establece que los civiles y menores de edad serán siempre juzgados por la Justicia Penal Ordinaria; y que se establece un artículo transitorio que hace posible el traspaso de las causas actualmente vigentes en los tribunales militares hacia los tribunales ordinarios de justicia. Durante julio de 2011, el Congreso Nacional aprobó la reforma constitucional que modifica el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, mediante la cual se ha consagrado como derecho fundamental la asesoría y defensa jurídica de las víctimas de delitos que no pueden procurársela por sí mismas. Se publicó el 8 de abril de 2011 la Ley N° 20.507, que regula por primera vez de manera integral en el país el fenómeno de la trata y tráfico de personas, estableciendo tipos penales que sancionen el tráfico y la trata de personas de manera independiente y diferenciada. Con la aprobación de esta ley, se han adecuado las normas de derecho interno a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional -Convención de Palermo- y los protocolos complementarios contra el tráfico ilícito de migrantes, de manera de prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. Durante febrero de 2012 se promulgó la Ley N° 20.577, que reduce los plazos de ausencia necesarios para declaración de muerte presunta en casos de sismos o accidentes aéreos y marítimos. Además, se establece un nuevo procedimiento que permite al juez declarar la muerte de una persona -sin necesidad de que transcurra un plazo de ausencia- cuando su cuerpo no es hallado, pero existe certeza de su muerte. a. Nuevo Código Procesal Civil
El proyecto actualmente se encuentra en tramitación en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados y, al 19 de marzo de 2013, se han realizado 29 sesiones, de las cuales nueve fueron para recibir la opinión de académicos y actores relevantes en materia de justicia y las restantes 20 sesiones han sido propias de la discusión en particular del proyecto. En cada sesión se cuenta con la asesoría de los profesores redactores del proyecto de nuevo Código Procesal Civil, habiéndose avanzado en el debate y revisión, a la fecha, hasta el artículo 308, es decir, terminado el Libro Primero y avanzado el Libro Segundo. Junto a la tramitación del proyecto de Código Procesal Civil, durante el segundo semestre de 2012, el Ministerio de Justicia convocó a tres paneles de expertos, compuestos, cada uno, por más de diez destacados académicos, no solo ligados a las ciencias jurídicas, sino también a
Con fecha 13 de marzo de 2012 fue ingresado al Congreso Nacional el proyecto de ley que establece el nuevo Código Procesal Civil (Boletín Nº 8197-07), que tiene por objetivo principal dotar al país de un sistema de administración de justicia civil y comercial más eficiente, rápido, cercano y transparente, adecuando la tramitación de tales juicios a un sistema inspirado en principios procesales modernos.
las ciencias económicas, miembros provenientes del Poder Judicial y de las más prestigiosas universidades y centros de investigación del país. El primero de estos paneles tuvo por objeto principal sentar las bases para la creación de un modelo orgánico oficial de ejecución, para dar coherencia a la regulación procedimental por la que opta el nuevo Código Procesal Civil en su Libro Cuarto; el segundo panel, se propuso estudiar la incorporación de tasas judiciales; y, el tercero, establecer las bases para la incorporación de sistemas alternativos de resolución de conflictos. El trabajo de cada grupo, que se extendió por más de seis meses, se plasmó en un informe con las principales opiniones, disidencias y acuerdos de los participantes, el cual es un antecedente fundamental para la redacción de los homónimos proyectos de ley. b. Unidades de Justicia Vecinal Constituye el segundo eje del programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera en el área de justicia, llamado justicia más cerca de la gente, y consiste en acercar territorialmente la justicia a los distintos sectores de la comunidad para que puedan acceder a una solución real, efectiva y rápida, lo que permitirá mejorar la convivencia dentro de la comuna y entre los vecinos. Con este propósito, en mayo de 2011, en las comunas de Renca, Cerrillos, Macul y Paine se implementó el estudio práctico Unidad de Justicia Vecinal, desarrollado y ejecutado directamente por el Ministerio de Justicia, con el objetivo de acercar a la ciudadanía a formas de resolución de conflictos vecinales y comunitarios de una manera ágil, transparente y eficiente. Estas Unidades de Justicia Vecinal ponen a disposición de los vecinos un modelo de atención gratuito que involucra a profesionales altamente calificados en mecanismos de resolución de controversias como la conciliación, mediación y el arbitraje, evitando así judicializar los conflictos y permitiendo obtener soluciones más rápidas para los afectados. Contemplan distintas etapas para lograr la solución de las desavenencias vecinales, entre las que se encuentran la recepción de los conflictos, la evaluación del caso y de los involucrados, los mecanismos de solución para intentar resolverlos (mediación, conciliación, arbitraje y derivaciones) y el seguimiento del caso para corroborar el cumplimiento de los fallos, acuerdos y derivaciones. A partir de 2012 se amplió la cobertura de las Unidades de Justicia Vecinal conformando cuatro zonales, que incorporan un total de 20 comunas: •	Norte: Renca, Independencia, Cerro Navia, Pudahuel y Quilicura •	Sur: Paine, Buin, Peñaflor, San Bernardo y Calera de Tango •	Oriente: Macul, Ñuñoa, Peñalolén, La Reina y La Florida
•	Poniente: Cerrillos, Estación Central, Maipú, Padre Hurtado y Lo Espejo
Considerando que las comunas atendidas actualmente por el proyecto totalizan aproximadamente tres millones 500 mil habitantes, y que la población total de la Región Metropolitana es de siete millones 500 mil habitantes, las Unidades de Justicia Vecinal hoy ofrecen sus servicios al 47 por ciento de los habitantes de la Región Metropolitana. Durante 2012 las Unidades de Justicia Vecinal duplicaron las atenciones realizadas en 2011, alcanzando cinco mil 996 casos. Es decir, desde su puesta en marcha en mayo de 2011, se han recibido del orden de nueve mil casos. A pesar de este incremento en las atenciones, se han
mantenido los distintos indicadores de resultados, asociados a estándares de calidad en la atención a personas que han presentado sus conflictos, terminando la tramitación del 90 por ciento de los casos presentados. De los casos ingresados a mecanismos de solución, el 78 por ciento ha terminado con resultados positivos (acuerdo, derivaciones y fallo) y el 91 por ciento ha cumplido ya sea total o parcialmente sus compromisos. En cuanto al promedio de tiempo en la resolución de casos, éste alcanza los 34 días, siendo que hay casos que muchas veces se han mantenido por años. Por otra parte, según encuestas de evaluación realizadas por el programa, el 97 por ciento de los usuarios declara que volvería a utilizar el servicio y el 98 por ciento lo recomendaría a otra persona. Finalmente, se han atendido personas de todos los niveles socioeconómicos, predominando un 49 por ciento de familias que se ubican en el primer quintil de ingresos económicos, ingresos per cápita inferiores a 50 mil pesos.
3. Seguridad ciudadana a. Tribunales de Tratamiento de Drogas En 2012 se creó la Unidad Coordinadora de Tribunales de Tratamiento de Drogas en el Ministerio de Justicia, con lo que por primera vez existe un órgano dedicado exclusivamente a cargo de la coordinación y expansión del programa. Con fecha 29 de marzo de 2012, se celebró un Convenio Interinstitucional sobre Tribunales de Tratamiento de Drogas. Las instituciones suscriptoras son el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de Menores, Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) y la Fundación Paz Ciudadana. Las partes se comprometen a cooperar en la institucionalización del programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas y a colaborar en el funcionamiento y ampliación del mismo, avanzando de este modo, de experiencias piloto a políticas públicas evaluadas y con futuro reconocimiento legal. En 2012, los Tribunales de Tratamiento de Drogas, previa capacitación a jueces, fiscales y defensores, se expandieron Rancagua (Región de O’Higgins) y a Curicó (Región del Maule), sumándose a los ya existentes en Iquique, Antofagasta, Valparaíso, y zonas Sur, Occidente, Oriente y Centro Norte de la Región Metropolitana. b. Centro Metropolitano Norte
Su operación permitirá reducir significativamente la densidad poblacional de los centros que existen en la Región Metropolitana y se constituye en el primer centro cerrado para adolescentes en América Latina, cuyo modelo de gestión involucra una participación del ámbito público y privado, a través de un modelo técnico de operación e intervención conjunta aportando desde sus distintas competencias a la reinserción social de los adolescentes y jóvenes.
Durante el último trimestre de 2012, se puso en marcha el Centro Metropolitano Norte, ubicado en la comuna de Til Til, el cual cuenta con una infraestructura de doce mil metros cuadrados construidos para atender a 200 jóvenes sancionados por la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, en modalidad de régimen cerrado. Este centro se encuentra diseñado especialmente para una atención socioeducativa efectiva que comprende: capacitación, atención de salud física y psicológica, recreación y deporte para los jóvenes.
c. Plan de once medidas para la reinserción juvenil El hacinamiento y sobrepoblación, así como deficiencias en los servicios básicos e infraestructura, los problemas de acceso a la salud básica y de especialidades, la aplicación de un modelo educativo no acorde a las especiales características de los jóvenes privados de libertad, la falta de un proceso continuo y permanente de capacitación laboral, son carencias que perjudican la calidad de vida de estos jóvenes y hacen más compleja la tarea de lograr el reconocimiento de la responsabilidad en los actos que cometen, así como su reinserción social. Con la finalidad de poner solución a estos problemas, durante marzo de 2012 el Ministerio de Justicia lanzó y ejecutó en conjunto con el Servicio Nacional de Menores y Gendarmería de Chile, un plan de once medidas tendientes a hacer frente a necesidades de mayor dignidad, seguridad y reinserción social al interior de los centros de privación de libertad de adolescentes, administrados por los servicios señalados. Dicha información se puso en conocimiento de toda la ciudadanía, mediante su publicación en el sitio web del Ministerio de Justicia. d. Fortalecimiento de las comisiones interinstitucionales de supervisión de centros privativos de libertad. Durante 2012 han continuado su trabajo las Comisiones Interinstitucionales de Supervisión de Centros (Cisc) de Responsabilidad Penal Adolescente, reguladas en el reglamento de la Ley N° 20.084, a propósito de los adolescentes y jóvenes que se encuentren privados de libertad en centros administrados por el Servicio Nacional de Menores o de Gendarmería de Chile. Estas comisiones son presididas en cada región por el respectivo seremi de Justicia y están compuestas por el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, Unicef, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, representantes del mundo académico y de organizaciones civiles vinculadas a la infancia y la adolescencia. El 30 de marzo de 2012 se instruyó a los seremis de Justicia a que organizaran, dos veces al año, comisiones para la visita de centros residenciales dependientes del Servicio Nacional de Menores o de sus organismos colaboradores, que se encuentran en su respectiva región. La finalidad de las Comisiones Interinstitucionales de Supervisión de Centros (Cisc) de Protección, es tomar conocimiento de las condiciones en que los niños y adolescentes se encuentran en las residencias de protección de derechos, y elaborar informes con las observaciones y recomendaciones que les merezcan para remitirlo posteriormente al Ministerio de Justicia.
Cabe destacar que en 2012 las Cisc Protección visitaron 48 de las 291 residencias existentes, cubriendo de esta manera el 16,5 por ciento del total de los hogares residenciales a nivel nacional, con nueve residencias para lactantes y 39 residencias para mayores.
Así, las Cisc de Responsabilidad Penal Adolescente, existentes desde la entrada en vigencia de la Ley N° 20.084, han logrado institucionalizarse como un mecanismo sólido de supervisión de las condiciones de los centros privativos de libertad, el cual arroja información relevante para la toma de decisiones de políticas públicas en pos de mejorar las condiciones de vida de los adolescentes internos y propiciar su reinserción social, siendo un ejemplo de ello el plan de once medidas para la reinserción juvenil. e. Proyecto de ley que suprime el actual Servicio Nacional de Menores Con la finalidad de perfeccionar la institucionalidad nacional de la infancia y la adolescencia y la protección integral de sus derechos, se ha impulsado la tramitación del proyecto de ley, iniciado por Mensaje Presidencial el 2 de agosto de 2012, que suprime el actual Servicio
Nacional de Menores y crea en su lugar dos nuevos servicios: el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia y el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente (Boletín N° 8487-07). Esta nueva institucionalidad representa un profundo perfeccionamiento en el funcionamiento de los organismos y la coordinación de las políticas públicas en materia de infancia y adolescencia, destinadas por un lado, a promover y proteger los derechos de los niños y a prevenir la vulneración de los mismos, y por otro, a implementar adecuadamente el sistema de responsabilidad penal adolescente, en ambos casos, en armonía con las necesidades especiales de los niños, niñas y adolescentes. A través de este proyecto de ley, el Estado de Chile da cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por el Comité de los Derechos del Niño, organismo que revisa periódicamente el cumplimiento de las obligaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual Chile es parte desde 1990, en orden a prestar especial atención a la necesidad de contar con estructuras adecuadas en materia de infancia y adolescencia, dotadas de recursos humanos y financieros, haciendo una distinción clara entre los niños y niñas que requieren atención y protección y aquellos que se encuentran en conflicto con la ley. Del mismo modo, con la separación de los servicios, es posible implementar una mejor ejecución presupuestaria, que deja atrás los inconvenientes que suscita abordar en una misma institución, sin separación de presupuesto, dos temáticas diametralmente distintas como son la protección de la infancia y la justicia juvenil. f. Medidas en materia de delitos sexuales El Ministerio de Justicia ha colaborado activamente en la elaboración de las diez medidas presentadas por el Gobierno de Chile en materia de delitos sexuales contra menores, destacando entre otras: •	Ley Nº 20.594, publicada el 19 de junio de 2012, que, entre otras medidas, establece la pena de inhabilidad perpetua para ejercer cargos o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores cuando la víctima del delito sea un menor de catorce años y crea una sección especial en el Registro de Condenas denominada “inhabilitaciones para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad”. La información comenzó a estar disponible desde octubre de 2012 en el sitio web del Servicio de Registro Civil e Identificación y puede ser consultada por cualquier persona natural o jurídica que requiera contratar a una persona para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de edad. Desde su entrada en vigencia, en octubre de 2012, a marzo de 2013 se han realizado un total de 61 mil consultas, y se han ingresado 709 personas con inhabilidades para trabajar con menores.
•	Se ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en delitos sexuales contra menores de edad (Boletín N° 8677-07). La iniciativa busca: -	Aumentar de tres a cinco años de cárcel la pena para el delito de comercialización, importación, exportación, distribución, difusión o exhibición de material pornográfico infantil. -	Establecer mayores requisitos para optar a la libertad condicional por parte de los autores de delitos sexuales contra menores.
• Incremento en el presupuesto del Servicio Médico Legal, destinando más de 800 millones de pesos en atención de salud mental para las víctimas de delitos sexuales, a través del Servicio Médico Legal.
-	Modificar el Código Penal, aumentando las penas a quienes cometan los delitos de violación o estupro para las personas que desarrollen actividades vinculadas a labores educacionales indirectamente, como de aseo, cocina o transporte de niños. g. Campaña para prevenir el abuso sexual Para el Ministerio de Justicia el abuso sexual es un tema de máxima preocupación. Las reiteradas denuncias y casos revelados por los medios de comunicación en el país impulsaron a esta Secretaría de Estado a trabajar en una iniciativa dedicada a la prevención del abuso sexual. En este contexto, se concluyó que, mientras existía material de prevención para los padres y profesores, no habían acciones que sirvieran directamente a los niños y les entregaran herramientas para prevenir el abuso sexual. Así nació la campaña “El abuso no es un cuento”, una iniciativa inédita, que fue lanzada el 22 de noviembre de 2012, que consta de tres libros dirigidos a grupos de niños de distintas edades, con lenguaje y contenido especial para cada uno. h. Perfeccionamiento del sistema procesal penal Durante 2011, se tramitó y publicó la actual Ley N° 20.534, con el fin de dar el carácter de permanente a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, y crear a su vez Comisiones Regionales de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. La comisión de coordinación está presidida por el titular de Justicia, participando en ella el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el defensor nacional, el general director de Carabineros de Chile y el director general de la Policía de Investigaciones, así como representantes del Colegio de Abogados. El Código Procesal Penal constituye la columna normativa del sistema de justicia criminal. A doce años de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, el Ministerio de Justicia ha realizado un completo análisis del funcionamiento del sistema, con el objetivo de detectar aquellos nudos críticos que debilitan la operatividad del mismo, fijando los márgenes e ideas centrales de la presente propuesta de perfeccionamiento.
Con tal fin, se conformó durante 2012 una comisión asesora presidencial, a cuyo análisis se sometieron las propuestas formuladas por el Ministerio de Justicia. Dicha comisión estuvo constituida por el senador Alberto Espina; el diputado Edmundo Eluchans; el profesor José Francisco García, coordinador de Políticas Públicas del Instituto Libertad y Desarrollo; Javiera Blanco, directora de la Fundación Paz Ciudadana; los profesores Juan Domingo Acosta, Cristián Maturana Miquel y Raúl Tavolari Oliveros; los profesores Julián López Masle y Jorge Bofill Genzsch, ambos consejeros del Colegio de Abogados, junto al ministro de Justicia, la subsecretaria de Justicia -actual ministra- y el equipo técnico de dicha Secretaría de Estado.
La referida comisión realizó un detallado examen de cada uno de los problemas identificados por el Ministerio de Justicia y de sus respectivas alternativas de solución. Asimismo, y con el propósito de complementar y enriquecer el análisis conjunto, se les invitó a plantear temas no previstos en la propuesta original, para someterlos a la evaluación de los integrantes del grupo de expertos. A partir del trabajo desarrollado en el seno de la comisión asesora, se elaboró el “Informe para el perfeccionamiento del sistema de justicia penal”, con fecha 8 de noviembre de 2012. Posteriormente, el referido informe fue puesto a disposición de la mencionada Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, creada por la Ley N° 20.534.
Dicha comisión determinó examinar las propuestas en una mesa de trabajo, en la que participaron directamente sus miembros, o bien, los representantes que estos designaron. En esta instancia, los comisionados institucionales también propusieron las modificaciones legislativas que estimaron necesarias para la más eficiente marcha del sistema de justicia penal, las que fueron analizadas por todos los integrantes, de forma tal que algunas de ellas forman parte del presente proyecto de ley. En síntesis, las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, estudiadas por ambas comisiones -asesora presidencial y permanente de coordinación- se enmarcan en tres ejes diversos: coordinación entre los actores del sistema penal; capacitación y formación de los mismos, y modificaciones legislativas. Como resultado de todo este proceso, se presentó el 31 de enero de 2013 al Congreso Nacional un proyecto de ley que soluciona diferencias de interpretación que se habían dado entre los tribunales, que permite a las víctimas de delitos defender de mejor manera sus derechos cuando no estén de acuerdo con decisiones del Ministerio Público o de los jueces de garantía. Asimismo, se amplió el catálogo de medidas cautelares personales y se faculta al tribunal para dictar medidas que protejan el patrimonio de la víctima. En todas las etapas de revisión existió un importante consenso en que el foco central de mejora del sistema se encuentra radicado en la necesidad de mayor coordinación y capacitación de los actores, en tanto que las enmiendas legislativas debían orientarse a corregir sus falencias, sin afectar los principios del proceso penal que sirven de base al sistema de enjuiciamiento. En este contexto, el proyecto de ley presentado recoge parte de los acuerdos adoptados en las comisiones referidas, ya que algunos de estos no son de naturaleza legal, pues consisten en medidas cuya implementación debe ser gestionada por las propias instituciones que conforman el sistema de justicia penal y por el Ejecutivo, mediante sus instancias de interrelación con ellas. Entre las modificaciones legales, algunas de ellas clarifican el sentido de ciertas normas, con el objetivo de evitar interpretaciones disímiles, ajenas al espíritu de las mismas. En tanto, otras propuestas perfeccionan algunas disposiciones, permitiendo con ello un mejor funcionamiento del sistema de justicia penal. Para el análisis y estudio de las propuestas, el Ministerio de Justicia clasificó las modificaciones legislativas en cuatro ejes: medidas para aumentar la protección y participación de las víctimas; medidas para mejorar la persecución penal que realiza el Ministerio Público; medidas para fortalecer el trabajo policial; y medidas para mejorar el perfeccionamiento del sistema en su conjunto. i. Nuevo Código Penal
Para esta tarea es fundamental el trabajo de los expertos en la materia, razón por la cual, a través del Ministerio de Justicia, se ha conformado una comisión encargada de su redacción, que incluye a profesores de las distintas y más prestigiosas universidades del país, quienes se reúnen semanalmente. Además, reconociendo el trabajo de tantos otros, para temas donde estos se hubieren destacado, se ha invitado a profesores de las ciencias penales eruditos en dichas materias a fin de que propongan y expongan sus propuestas normativas.
El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera comenzó una tarea trascendental: la redacción de un nuevo Código Penal, que reemplace al actual, vigente desde 1874.
También se ha involucrado a la ciudadanía, hemos recibidos propuestas de asociaciones de víctimas de delitos, las que están actualmente siendo analizadas por el gobierno y la comisión de expertos. A través de un trabajo arduo, se espera que en enero de 2014 se presente esta iniciativa legal al Congreso Nacional.
4. Sistema registral y fe pública a. Proyecto de ley que modifica el nombramiento de notarios Los sistemas de registros conservatorios y de notarías con que cuenta el país en la actualidad han significado un importante aporte a la seguridad jurídica en las transacciones civiles y mercantiles de todo tipo. Sin embargo, distintos sectores han planteado una serie de modificaciones tanto sustantivas como orgánicas que, de acuerdo al análisis realizado de ellas, permiten introducir un mayor nivel de dinamismo, eficiencia y seguridad al tráfico civil y mercantil, sin por ello perder los principios que inspiraron al sistema que consagró el Código Civil de 1857. De esta forma, en noviembre de 2012, el Ministerio de Justicia presentó al Congreso Nacional una iniciativa legal que modifica el nombramiento de notarios y conservadores (Boletín N° 8673-07), con el fin de hacerlo más objetivo, transparente y meritocrático; reforzando los deberes del notario, consagrando la obligación de informar a las partes el contenido del instrumento que suscriben y de examinar que ellos no contradigan abiertamente disposiciones de orden público; y, prevé el paso de un sistema de folio personal a uno de folio real, lo que contribuirá a la reducción de plazos de inscripción. b. Fortalecimiento de la atención en línea del Servicio de Registro Civil e Identificación.
A contar de septiembre de 2011, el Servicio de Registro Civil e Identificación puso a disposición de la ciudadanía, a través de su página web, la emisión gratuita de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción para efectos de asignación familiar y matrícula. Es así que en 2012, se emitieron sobre ocho millones 581 mil certificados gratuitos en línea. Con esta iniciativa, el número de estos certificados emitidos en línea supera en 50 por ciento los certificados de estas cuatro categorías emitidos en oficinas del servicio, siendo un ahorro tangible para la ciudadanía. Además, con esta iniciativa se evita el costo de traslado y el tiempo de espera de las personas para adquirir estos certificados, especialmente de la población con mayor grado de vulnerabilidad. Asimismo, se potencia la descongestión de las oficinas del servicio, posibilitando una mejora en la calidad de atención para quienes asisten por otro tipo de atenciones.
Por otra parte, se siguió avanzando en el proyecto de “clave única” para trámites vía internet con el Estado, el cual consiste en asignar a las personas un medio seguro y de fácil uso, que les permita autenticarse y operar con los servicios del Estado por internet en forma no presencial. Para el ciudadano esta medida genera importantes ahorros en tiempo y dinero, y le permite tener acceso oportuno a la información que requiere para facilitar sus trámites, así como el acceso a servicios en línea seguros e integrados. En la actualidad, los servicios habilitados con clave única son: postulación al subsidio habitacional, acreditación del sello “Conductor Seguro” para transporte escolar y certificados como el de antecedentes penales y la hoja de vida del conductor, recientemente incorporada en diciembre de 2012.
La obtención de esta clave de acceso a los servicios electrónicos del Estado se tramita a través del Servicio de Registro Civil e Identificación, y durante 2012 se realizó el desarrollo informático necesario para proveer esta clave mediante verificación de identidad. Fue así como a diciembre de 2012, más de un millón 904 mil personas ya han obtenido su clave de autenticación, equivalente a más de seis veces las personas enroladas el año 2011.
5. Derechos humanos a. Proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos El proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos al interior del Ministerio de Justicia, viene a satisfacer una necesidad urgente de la administración pública, pues en la actualidad no existe en nuestro país una instancia estatal unificada y con potestades transversales capaz de dar un tratamiento institucional y sistemático a los desafíos y exigencias en materia de derechos humanos. Esta iniciativa contempla también la elaboración de un plan nacional de derechos humanos, la creación de un comité interministerial de derechos humanos y además la realización de un catastro de las obligaciones internacionales del Estado en esta materia. En este contexto, el 19 de marzo de 2012 se presentó el proyecto de ley al Congreso Nacional. Durante su discusión en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado se invitó a un gran número de representantes de organismos, instituciones y centros académicos vinculados a derechos humanos, a fin de que pudieran expresar su opinión acerca del proyecto. Gran parte de los expositores apoyaron y felicitaron la iniciativa, reconociendo en ella un esfuerzo por parte del gobierno para fortalecer la institucionalidad política y gubernamental de los derechos humanos. Finalmente, tanto la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía como la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, del Senado, votaron a favor de la idea de legislar por unanimidad. Asimismo, el pasado 5 de marzo, se aprobó el proyecto de ley en general, de manera unánime, en la Sala del Senado. b. Exclusión a menores de edad de aplicación de Ley Antiterrorista Durante junio de 2011 se publicó la Ley N° 20.519, estableciendo expresamente que la llamada Ley Antiterrorista no se aplicará a las conductas ejecutadas por personas menores de 18 años. Esta modificación tiene en cuenta especialmente la existencia de un sistema especial de responsabilidad que le es aplicable a los jóvenes infractores, como es la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y el hecho que, en muchas ocasiones, la participación de estos menores está siendo instrumentalizada por adultos.
La protección y fortalecimiento de los derechos humanos es una tarea connatural al Estado y emana de un mandato expreso efectuado por el propio constituyente. Su cumplimiento importa un deber y un compromiso que, tanto el gobierno como los demás poderes del Estado, tienen la responsabilidad de estar actualizando permanentemente a la luz de las nuevas obligaciones internacionales contraídas y del propio carácter progresivo de los derechos humanos y las circunstancias en que estos deben llevarse a la práctica. En este contexto, durante 2011 se promulgó la Ley N° 20.507 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, además de conceder protección a refugiados políticos. Asimismo, en 2012 se implementó el proyecto de mesa interinstitucional sobre
c. Mesa interinstitucional sobre acceso de migrantes a la justicia penal
acceso de migrantes a la justicia penal, cuyo objetivo fue asegurar el acceso a la justicia penal por parte de los migrantes, así como dar cumplimiento a la obligación internacional que recae sobre el Estado respecto de facilitar a los extranjeros el acceso a la información referente al derecho a asistencia consular, según lo dispuesto en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En su primera etapa, esta mesa interinstitucional desarrolló tres instrumentos consistentes en: carteles oficiales del decálogo de derechos de las víctimas y detenidos en inglés y español, exhibidos en los recintos policiales, juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal; las traducciones de las actas de detenidos; y un acta de asistencia consular para víctimas y detenidos. En enero de 2013 se celebró un acto donde el fiscal nacional, el defensor nacional y la ministra de Justicia firmaron el convenio de seguimiento de las conclusiones de esta mesa interdisciplinaria y presentaron públicamente los tres instrumentos de trabajo. d. Cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Justicia El 24 de febrero de 2012, el Estado de Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del denominado “caso Atala”. La sentencia de fondo expresa que existió un trato discriminatorio y puso de manifiesto la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar en contra de la señora Karen Atala debido a su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas. Respecto del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cabe señalar que, en el marco de la buena voluntad del gobierno, se ha ido cumpliendo con todas las medidas reparatorias ordenadas por la Corte Interamericana a favor de Karen Atala y sus hijas. En este contexto, en diciembre de 2012 y por primera vez en nuestro país, se realizó el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado, en el Salón O’Higgins del Ministerio de Relaciones Exteriores. Presidieron la ceremonia el ministro de Justicia y la subsecretaria de Justicia y asistieron autoridades del Poder Judicial y del Ejecutivo. Este acto es un signo del compromiso del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera por promover una sociedad inclusiva y no discriminatoria, lo que se suma a esfuerzos como la promulgación de la Ley Antidiscriminación. e. Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas
En el contexto de la entrada en vigencia de la Convención Internacional Contra la Desaparición Forzada de Personas, el 23 de diciembre de 2010, en agosto de 2012 el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas realizó una visita al país. Al finalizar la visita, emitió un informe destacando los avances en las áreas relativas a la investigación y juzgamiento de casos de desapariciones forzadas, entre los que se subrayó el desempeño del Servicio Médico Legal. Actualmente, el ministerio se encuentra en proceso de elaboración del informe inicial que, conforme el artículo 29 de la Convención, el Estado debe enviar al Comité contra la Desaparición Forzada respecto a las medidas que haya adoptado para cumplir con las obligaciones contraídas en el tratado.
6. Relación con el Poder Judicial Se tramitó y aprobó durante 2010 la Ley N° 20.497, que busca extender el funcionamiento de dos de los nueve tribunales laborales de Santiago, los que de acuerdo al artículo noveno transitorio de la Ley N° 20.022 deben ser suprimidos 18 meses después de la entrada en vigencia de la respectiva ley en cada región.
Con el fin de establecer un sistema de administración de justicia más eficiente y que permita evitar retrasos, en septiembre de 2012 se publicó la Ley N° 20.628 por medio de la cual se facultó a la Corte Suprema a destinar, cuando existieren desequilibrios entre las dotaciones de los jueces y la carga de trabajo entre tribunales de una misma jurisdicción, a uno o más jueces integrantes de los tribunales de garantía, juicio oral en lo penal, familia, laborales, cobranza laboral y previsional y determinados juzgados con competencia común, a desempeñar sus funciones en otro tribunal, preferentemente de su misma especialidad, siempre que sean dependientes de la misma Corte de Apelaciones. Asimismo, a la espera de la pronta reinstauración de una situación normal en la ciudad de Chaitén, el pasado 31 de diciembre de 2012 se publicó la Ley N° 20.651 que prorroga temporalmente la Ley N° 20.372 que establece un nuevo asiento para el juzgado de letras de esa ciudad.
7. Desarrollo sectorial a. Mejoras en la atención y rehabilitación de niños y adolescentes En noviembre de 2012 se realizó el Encuentro Nacional de Niños y Adolescentes de los Programas de Prevención Comunitaria y de las Oficinas de Protección de Derechos de todo el país. En esta instancia se eligió a los representantes del consejo asesor. Este último, es un espacio directo de participación y opinión para los niños y adolescentes de nuestro país, elegido por sus propios pares. Por otra parte, se trabajó en un proyecto tendiente a la interoperabilidad de los sistemas de información entre el Servicio Nacional de Menores y el Poder Judicial, a objeto de homologar los datos relativos a los niños, niñas y adolescentes que manejan los diferentes actores intervinientes en las medidas de protección decretadas por los tribunales de familia. Así, desde septiembre de 2012, se ha implementado un servicio web que responde consultas formuladas por los jueces de familia, entregando datos relativos a la historia de las intervenciones de los niños y adolescentes consultados, datos contenidos en el Sistema de Información Institucional de Sename (Senainfo). Este servicio web se encuentra en marcha blanca mientras se trabaja en superar algunas trabas técnicas. Esta unificación de información va en beneficio de los niños, niñas y adolescentes que permanecen en residencias, ya que los tribunales contarán con información directa y oportuna para la toma de decisiones. Finalmente, en respuesta a la importancia estratégica de contar con mediciones de resultados de la reincidencia juvenil en nuestro país y la necesidad de asegurar una medición periódica y comparable, se realizó el estudio “Modelo y Medición de la Reincidencia Juvenil” con el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Lo anterior permite contar con un modelo operativo de base informática aceptado internacionalmente, que mide en forma periódica la reincidencia delictiva, constituyéndose en un indicador importante de la evaluación en el ámbito de intervención de justicia juvenil, incorporando el seguimiento de los jóvenes incluso en el sistema penal de adultos.
En 2012 se tomaron 69 mil 110 muestras a nivel nacional y se determinaron 25 mil doce huellas genéticas. Fueron ingresadas a la base de datos digital once mil 133 perfiles genéticos, los que se mantienen en línea con el Servicio de Registro Civil e Identificación. Desde 2008, en que se implementó la Ley N° 19.970, al 31 de diciembre de 2012, la base de datos del Registro Nacional de ADN contaba con catorce mil 891 huellas genéticas ingresadas al sistema combinado de índice de ADN, Combined DNA Index System (Codis).
b. Sistema Nacional de Identificación Forense
Basado en la tecnología, experiencia y personal capacitado, el Gobierno de Chile, a través del Servicio Médico Legal, envió un equipo multidisciplinario a Honduras para ayudar en la identificación de víctimas del incendio que afectó a la cárcel de Comayagua, Honduras, en febrero de 2012. Se realizaron acciones en conjunto con el Ministerio de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores y Servicio de Registro Civil e Identificación. Finalmente, con el fin de mejorar la atención a las personas que concurren al Servicio Médico Legal, siempre ante una situación importante y sensible para ellas, y buscando aliviar las condiciones de trabajo del personal que se desempeña en la institución, en enero de 2012 se presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que introduce mejoras en el régimen del personal del servicio, iniciativa que fue aprobada y convertida en ley el 13 de abril de 2013 (Ley N° 20.664). c. Avances en Defensa Penal Como medio de asegurar la calidad de sus prestaciones, durante 2012 la Defensoría Penal Pública se concentró en el mejoramiento de sus servicios de defensa especializada en los ámbitos de derecho penal de adolescentes, indígenas, migrantes, de género y de personas condenadas. En este contexto, cabe destacar que durante el año pasado se amplió el Programa de Defensa Penitenciaria, aplicado originalmente como piloto en la Región de Coquimbo, a las regiones Metropolitana y del Biobío. El referido programa tiene por finalidad otorgar asistencia jurídica durante la ejecución de su condena a las personas condenadas a una pena efectiva de privación de libertad, garantizando el respeto a sus derechos fundamentales y facilitando, a su vez, la reinserción social. Durante 2012, el 69 por ciento de los defendidos, esto es, 249 mil 527 personas, fueron atendidos por defensores licitados sujetos al nuevo sistema de contrataciones que venía implementándose paulatinamente desde 2010. El nuevo sistema de licitaciones está orientado a la mejora de la calidad y al control mediante un conjunto de indicadores, cuyo monitoreo es diario y mensual. d. Atención en terreno
Como una manera de acercar la justicia a las personas, la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana ha implementado una serie de atenciones en terreno, estableciendo acuerdos con la sociedad civil. Algunas de estas iniciativas son: • “Casera, la justicia llegó a la feria”: acuerdo con la Asociación de Ferias Libres (Asof), que comprende un programa de trabajo de atención de móviles con abogados y asistentes sociales en diversas ferias libres de nuestro país. En la actualidad, el programa se ha aplicado en las regiones Metropolitana, Antofagasta, O’Higgins, de Valparaíso y Maule, llegando a 63 ferias y atendiendo a más de mil 800 personas.
• Atención en campamentos: durante 2012 se firmó un acuerdo de trabajo con la Corporación de Dirigentes de Campamento “También somos Chilenos”, con el objeto de coordinar las atenciones de nuestros profesionales (abogados y asistentes sociales), mediante una planificación y calendarización detallada de visitas a campamentos, llegando a 42 de ellos y atendiendo a más de 240 personas. Junto con lo anterior, se llevó a cabo un seminario para promotores de derecho, durante todos los sábados de marzo para los líderes sociales de campamentos, con el fin de entregar herramientas y conocimientos mínimos en materias jurídicas. • Stand de atención en sectores urbanos: durante marzo, abril, noviembre y diciembre de 2012 se implementó la atención profesional en diversos puntos ciudadanos, como en las estaciones de metro Plaza de Armas, La Granja y Bellavista de La Florida.
Asimismo en puntos neurálgicos como el Paseo Ahumada, calle Meiggs, Terminal de Buses Alameda, la Vega Central, Estación Mapocho, Paseo Bulnes y frontis Hospital Sótero del Río, logrando atender a más de 20 mil personas.
III.	PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO MAYO 2013-MARZO 2014 1. Política y reforma penitenciaria a. Nuevo sistema de penas sustitutivas La puesta en marcha de la Ley Nº 20.603, que establece las medidas alternativas a las penas privativas de libertad, está prevista para noviembre de 2013, siendo necesario realizar las siguientes acciones para su adecuada implementación: • Firma de Protocolo Institucional de Monitoreo Telemático. • Contratación de nuevos delegados de libertad vigilada y de delegados de servicios comunitarios. • Modificación del Decreto N° 1.120, que reglamenta la Ley N° 18.216. • Publicación del reglamento que regula la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad. • Capacitación para todos los delegados de libertad vigilada de Chile. • Elaboración de los programas de intervención para abordar los factores de riesgo de reincidencia de la población condenada. • Implementación de un nuevo sistema informático para la gestión de casos de condenados en Gendarmería de Chile. • Implementación del nuevo sistema de interconexión entre Gendarmería de Chile y el Poder Judicial, para la comunicación de sentencias, resoluciones judiciales e informes de cumplimiento e incumplimiento de condenados.
Como parte de la implementación de la nueva política penitenciaria se realizarán distintas acciones destinadas a incorporar paulatinamente entre el 2013 y el 2016, diez mil nuevas plazas al sistema penitenciario, mediante las siguientes iniciativas: •	Se busca incorporar más de siete mil nuevas plazas mediante la ampliación, construcción y uso más eficiente de los espacios en los recintos penales, logrando de esta forma avanzar en la reducción del hacinamiento y mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. •	Llamado a licitación pública, durante el segundo semestre de 2013, para el diseño de proyecto e inicio de consultorías de los recintos modelo de educación y trabajo de El Arenal en la Región de Atacama, y La Laguna en la Región del Maule, que incorporarán tres mil 80 nuevas plazas durante el año 2016.
b. Mejoras de infraestructura y de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.
Durante el periodo 2013-2014, se contempla: •	Inauguración del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel Mayor Marisol Estay, que permitirá descongestionar el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, albergando a 768 mujeres. •	Licitar durante el año 2013 la construcción del nuevo Centro Penitenciario Femenino de Arica, debiendo concluir las obras el año 2014. La edificación supone una inversión que alcanza los doce millones 500 mil dólares e incorporará 384 plazas exclusivas para mujeres. •	Construcción de una Unidad Psiquiátrica Forense Transitoria en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, para evaluación y atención psiquiátrica de mujeres sobre las que recaiga sospecha fundada de enajenación mental. Se espera entregar la obra terminada en octubre del año 2014 y la inversión involucrada alcanza a los dos millones de dólares, que comprende los procesos de diseño y ejecución de la obra. c. Modernización de la formación y capacitación del personal de Gendarmería de Chile. Además de las acciones institucionales permanentes de formación y capacitación del personal, este año se instruirá a 201 funcionarios para que realicen labores de monitores especializados en la promoción y respeto de derechos humanos dentro de las unidades penales. A su vez, estos monitores deberán canalizar las mejoras y cambios culturales que deban efectuarse dentro de cada recinto penal. Para ello, durante este año, se confeccionará un manual de derechos humanos aplicable al contexto penitenciario chileno, con indicadores que permitan hacer comparaciones temporales e interregionales, en torno al nivel de respeto de los derechos humanos al interior de las unidades penales. Por otro lado, se ha dispuesto que una casa de estudios realice un diplomado específico para 30 oficiales penitenciarios, destinado a difundir los derechos humanos, transmitir la cultura de su respeto y sensibilizar sobre su promoción. Adicionalmente, se espera avanzar hacia la aprobación del proyecto de ley que perfecciona la carrera funcionaria de Gendarmería, actualmente en primer trámite constitucional en el Senado (Boletín N° 8563-07). d. Fortalecimiento de la reinserción social
Durante 2013, se procederá a publicar las modificaciones al reglamento de la Ley Nº 20.587 de libertad condicional, incorporando los cambios introducidos al proceso de otorgamiento de libertad condicional, la eliminación de la participación del seremi de Justicia, y la adaptación a los nuevos tiempos, pues se trata de un reglamento que tiene vigencia de más de 80 años.
Se potenciará el trabajo y la educación de los privados de libertad, mediante: • Generación de nuevos empleos y programas de capacitación y apresto laboral, aumentando los beneficiados con estos programas, y focalizado principalmente en aquellas unidades donde permanezcan mujeres privadas de libertad. • Profesionalización de las actividades laborales, puesto que, si bien actualmente cerca de 16 mil internos realizan alguna actividad laboral, más de la mitad son independientes e informales, lo que no permite sostener que sea una labor idónea para adquirir reales hábitos de responsabilidad y disciplina, que le aseguren una exitosa inserción una vez que recupere su libertad.
• Impulsar la celebración de convenios estratégicos de cooperación con institutos privados que permitan estandarizar y profesionalizar las actividades laborales desarrolladas en los centros de educación y trabajo; ampliar la oferta de trabajo; destinar espacio a la realización de actividades laborales, invertir en recursos humanos y materiales de trabajo y mejorar el plan de comercialización de los productos obtenidos. Se mantendrá el fomento de una política penitenciaria con enfoque de género, que tenga en consideración que la prisión es para la mujer un espacio discriminador y opresivo, particularmente por el significado que asume el encierro para ellas. Asimismo, se trabajará en el fortalecimiento de los programas de reinserción para los privados de libertad. Se busca establecer mecanismos eficaces de supervisión, control e intervención que permitan contribuir a la protección de la sociedad, y a su vez, faciliten la integración social de las personas. Para ello, se evaluarán los objetivos y la ejecución del programa de competencias para mujeres, actualmente en ejecución.
2. Modernización de la justicia a. Proyecto de ley que establece el nuevo Código Procesal Civil (Boletín Nº 8197-07) Para el periodo 2013 se avanzará en la tramitación del proyecto de nuevo Código Procesal Civil y se espera terminar el primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. b. Proyectos de ley asociados al proyecto de Nuevo Código Procesal Civil • A propósito del trabajo conjunto del Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, se avanzará en el diseño de las adecuaciones orgánicas que implica el proyecto de nuevo Código Procesal Civil. • Con la información suministrada por los estudios externos y los informes evacuados por los paneles de expertos, se avanzará en la toma de decisiones y el diseño de la regulación normativa respecto del modelo orgánico oficial de ejecución y de los sistemas alternativos de resolución de conflictos. • De la misma forma, durante el 2013 se elaborará un proyecto de ley de arbitraje interno, que busque modernizar el sistema vigente, bajo los mismos principios formativos que inspiran el proyecto de nuevo Código Procesal Civil. c. Unidades de Justicia Vecinal
d. Proyecto de ley sobre defensa penal especializada en adolescentes Con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.084 en 2007, que estableció un sistema de responsabilidad adolescente para apoyar la defensa de los jóvenes imputados y condenados, se creó un programa de defensa juvenil compuesto por 40 defensores, once asistentes sociales y 22 administrativos, todos bajo la modalidad de contrato a honorarios, lo que ha provocado
Durante el periodo 2013-2014 se espera consolidar el estudio práctico de Unidades de Justicia Vecinal en la Región Metropolitana, alcanzando una cobertura de 20 comunas en dicha región, aumentando el número de beneficiarios/as. Ello, sin perjuicio de las evaluaciones respectivas, para una implementación a nivel nacional.
una alta rotación de los defensores especializados. La razón de ello fue no conocer en ese entonces a cabalidad la carga de trabajo y los desafíos que implicaban este particular trabajo de defensa. Sin embargo, actualmente se ha determinado que la actividad de los defensores y equipos de apoyo para la prestación de defensa juvenil presenta particulares características que relevan la necesidad de capacitación, especialización y desarrollo de competencias específicas. Así, por ejemplo: • Las visitas del defensor a los centros de privación de libertad de adolescentes son más frecuentes, para hacer efectivos los mecanismos de revisión de la condena que dispone la Ley N° 20.084, a fin de que ésta sea siempre la más idónea y con el objeto de disminuir el tiempo de encierro y con ello sus efectos adversos. • La familia del adolescente, por regla general, demanda más atención e información del defensor.
El defensor requiere de una mayor articulación con la red social y comunitaria, para que sea efectiva, lo cual implica actuaciones fuera de audiencia.
• Dadas las características de los adolescentes, las entrevistas con el defensor han de ser más largas que las entrevistas con adultos. • Un juicio penal adolescente supone una discusión judicial más compleja a lo largo del proceso, por los factores no legales que influyen en la determinación de la pena, como la vulnerabilidad social, factores emocionales, salud física y mental, entre otros. • Un punto clave: la extensión del trabajo del defensor más allá de que la sentencia se encuentre ejecutoriada, pues se establece el derecho del adolescente de contar con un defensor durante toda la fase de ejecución de la pena, fase en la cual el defensor deberá ejecutar acciones relativas a la sustitución, modificación y/o revocación de las sanciones originalmente impuestas. En síntesis, una defensa adecuada integrará todas aquellas gestiones jurídicas, sociales o de otra índole que sean necesarias para la cabal y oportuna comprensión del adolescente y su situación, del hecho que se le imputa, y eventualmente contar con apoyo en la fase de ejecución de la pena. Es por ello que con la elaboración de un proyecto de ley sobre defensa penal especializada en adolescentes, el cual será presentado al Congreso Nacional durante el segundo semestre de 2013, se busca incorporar a los actuales defensores penales juveniles al mismo régimen de contratación del resto de los defensores institucionales, esto es, bajo la modalidad a contrata.
a. Ampliar los tribunales de tratamiento de drogas a nivel nacional
Para 2013 se espera poder continuar con la ampliación de los Tribunales de Tratamiento de Drogas a lo largo del país, y en particular expandirlo a las ciudades de Arica, Coquimbo, Concepción y Temuco, para llegar en 2015 a implementarse en todo el país. Durante el segundo semestre de 2013 se presentará un proyecto de ley que reconozca este programa dentro de la agenda ordinaria de los juzgados de garantía y establezca qué personas y bajo qué condiciones pueden ingresar a estos programas.
b. Implementación de medidas para perfeccionar la Reforma Procesal Penal y nuevo Código Penal. Durante enero de 2013, se presentó al Congreso Nacional el proyecto de ley destinado a perfeccionar la Reforma Procesal Penal, que permitirá otorgar mayores mecanismos de protección para las víctimas, mejorando sus instancias de información, participación y reclamación, junto con facilitar el trabajo de policías y fiscales, por lo que durante 2013 se avanzará en su tramitación. Se procederá a la firma de un protocolo para eliminar el procedimiento de constatación de lesiones de detenidos, que permita liberar mayores horas para que las policías se dediquen a la prevención y persecución del delito. Durante 2013 se conformó una comisión de expertos para la elaboración de un nuevo Código Penal, la cual estará abocada, en sesiones periódicas, a la redacción de un nuevo cuerpo normativo que reemplace al actualmente vigente, que data de 1874. Se espera que se presente como proyecto de ley en enero de 2014. Por otra parte, se contempla avanzar en la tramitación del proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público (Boletín Nº 8265-7), y que busca alcanzar mayores niveles de efectividad en las estrategias de persecución penal en el país. El proyecto está actualmente en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. c. Plan de once medidas para la reinserción juvenil Para efectos de monitorear el cumplimiento de las once medidas, se plantean nuevos indicadores de seguimiento que permitan afianzar lo ya alcanzado y profundizar el cumplimiento de cada una de las medidas a un año de su implementación. Se continuará con la publicación de los informes ejecutivos bimestrales, por medio de los cuales el Servicio Nacional de Menores y Gendarmería de Chile, dan cuenta del estado del cumplimiento de los respectivos indicadores. d. Proyecto de ley que suprime el actual Servicio Nacional del Menores (Boletín N°8487-07). Durante marzo del presente año se presentaron las indicaciones al proyecto de ley, que permite perfeccionar la iniciativa, recogiendo las observaciones y recomendaciones formuladas por distintos organismos y expertos. Se espera que durante 2013 el proyecto de ley sea votado en primer y segundo trámite constitucional, instando a su pronta aprobación.
En enero de 2013 se convocó a una mesa nacional de responsabilidad penal adolescente a objeto de elaborar el anteproyecto de reforma a la Ley N° 20.084, la cual concluyó su trabajo. A continuación, se convocó a una mesa de expertos en la materia, integrada por representantes del mundo académico, centros de estudios y parlamentarios con el objeto de asesorar al gobierno para la presentación de un proyecto de ley que reforme el referido cuerpo legal, lo que se contempla materializar durante el segundo semestre de 2013.
e. Modificación a la Ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la ley penal.
f. Medidas en materia de delitos sexuales Se continuará la tramitación del proyecto de ley que agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en delitos sexuales contra menores de edad (Boletín N° 8677-07) y que busca aumentar de tres a cinco años de cárcel la pena para el delito de comercialización, importación, exportación, distribución, difusión o exhibición de material pornográfico infantil; establecer mayores requisitos para optar a la libertad condicional por parte de los autores de delitos sexuales contra menores y modificar el Código Penal, aumentando las penas a quienes cometan los delitos de violación o estupro para las personas que desarrollen labores vinculadas a actividades educacionales indirectamente, como labores de aseo, cocina o transporte de niños. g. Fortalecimiento de las comisiones interinstitucionales de supervisión de centros privativos de libertad. Para 2013 se contempla un plan de trabajo que considera la elaboración de un manual de funcionamiento para cada tipo de Comisión de Supervisión, el que consistirá en un documento explicativo del procedimiento interno del Departamento de Reinserción Juvenil, en cuanto al flujo de información producido desde las Comisiones Interinstitucionales de Supervisión a los servicios responsables de atender a las observaciones que de ellas emanan. Asimismo, se trabajará en la confección y actualización de los instrumentos mediante los cuales se levanta la información y las recomendaciones, que serán proporcionados a los comisionados para el desarrollo adecuado de su cometido y en la actualización de instrumentos utilizados en las visitas y elaboración de informes trimestrales que sistematicen los informes de seguimiento que se recibirán en forma bimensual. Como parte del proceso de mejora continua del Ministerio de Justicia, se ha avanzado en perfeccionar el aporte realizado por el trabajo que desarrollan las Comisiones Interinstitucionales de Supervisión de Centros (Cisc) con la colaboración de Unicef, a través de la creación de una plataforma informática que permitirá contar con la información en línea, a fin de generar datos actualizados y sistematizados para la toma de decisiones, para lo cual se ha entregado la primera etapa del proyecto, proyectándose la implementación progresiva de esta iniciativa durante 2013. Esto permitirá otorgar dinamismo a este importante proceso de retroalimentación hacia la labor que realizan los centros, reforzando este mecanismo reconocido como un referente a nivel latinoamericano.
4. Sistema registral y fe pública
a. Proyecto de ley que modifica el nombramiento de notarios
Una segunda iniciativa legal en esta materia, ad portas de ser ingresada al Congreso Nacional, propone medidas tendientes a mejorar los mecanismos de fiscalización sobre los notarios y conservadores, y dispone, como obligatoria, la utilización de medios electrónicos y digitales para el desarrollo de la actividad notarial y registral, a objeto de mejorar la eficiencia y rapidez de los negocios jurídicos, haciendo el funcionamiento del sistema más transparente y manejable para los usuarios. b. Inicio de la implementación de un nuevo Sistema de Identificación de Documentos de Identidad y Viaje Finalmente estamos proyectando la implementación de un nuevo Sistema de Identificación Documentos de Identidad y Viaje, y Servicios Relacionados. El objetivo de este proyecto
comprende implementar en 2013 un nuevo sistema de identificación, el que utilizará sistemas biométricos de impresiones dactilares y de reconocimiento facial y la producción de una nueva cédula de identidad con chip y un nuevo pasaporte electrónico. Considera también, el equipamiento de estaciones de trabajo y puestos de atención móvil, para oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación y consulados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para la atención de usuarios, se mejorará la captura electrónica y la resolución de las fotografías, impresiones dactilares y firma manuscrita, eliminando la toma de fichas decadactilares con tinta. Cabe señalar que, la implementación de este proyecto proveerá una nueva solución, mejorada respecto de la actual, para la operación normal del servicio durante los próximos años, poniendo al país a la vanguardia mundial en términos de documentos de identificación. Está planificado que la ciudadanía podrá contar con estos nuevos documentos de identificación desde septiembre de 2013 en todo el país.
5. Derechos Humanos Respecto de la tramitación del proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos (Boletín N° 8207-07), fue aprobado en general por la unanimidad de la Sala del Senado el día 5 de marzo de 2013, y actualmente está pendiente de ingresar a la Comisión Unida de Derechos Humanos y Constitucionalidad del Senado, para discutir las posibles indicaciones que se presenten. Durante 2012 se implementó el proyecto sobre Acceso de Migrantes, cuyo objeto fue asegurar el acceso a la justicia penal por parte de los migrantes, así como dar cumplimiento a la obligación internacional que recae sobre el Estado respecto de facilitar a los extranjeros el acceso a la información referente al derecho a asistencia consular, según lo dispuesto en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En su primera etapa, esta mesa interinstitucional desarrolló tres instrumentos, consistentes en: las traducciones de derechos de las víctimas y detenidos, las traducciones de las actas de detenidos, y un acta de asistencia consular para víctimas e imputados.
En el contexto de la entrada en vigencia de la Convención Internacional Contra la Desaparición Forzada de Personas del 23 de diciembre de 2010, cabe mencionar que en agosto de 2012 el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas realizó una visita al país. Al finalizar, emitió un informe destacando los avances en las áreas relativas a la investigación y juzgamiento de casos de desapariciones forzadas, entre los que se subrayó el desempeño del Servicio Médico Legal. Actualmente el ministerio se encuentra en proceso de elaboración del informe inicial que, conforme el artículo 29 de la convención, el Estado debe enviar al Comité contra la Desaparición Forzada incorporando las medidas que haya adoptado para cumplir con las obligaciones contraídas en el tratado.
Para 2013 se espera seguir trabajando en esta iniciativa mancomunada, realizando un seguimiento semestral de cada uno de los instrumentos generados por la mesa interinstitucional sobre acceso de migrantes a la justicia penal, enfocándose en un constante perfeccionamiento de los mismos, incluida sus traducciones a otros idiomas, así como en la obtención y registro de las cifras e indicadores que se puedan obtener de su implementación práctica. A su vez, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública está en la actualidad trabajando en un proyecto destinado a modernizar el Decreto Ley N° 1.094 de 1975 que establece la normativa respecto de los extranjeros en Chile.
6. Relación con el Poder Judicial La idea central de las reformas introducidas al sistema judicial chileno en los últimos quince años, ha sido la de generar una justicia más cercana al usuario, más eficiente y más eficaz. El acceso a la justicia como un derecho fundamental debe ser resguardado profunda y permanentemente, por tanto, no debiera haber periodos de tiempo en que esta intensidad disminuya. Al igual que cualquier servicio público, la continuidad de la prestación es fundamental y sin ella se produce que el acceso a la justicia y la celeridad de los procedimientos sean solo parciales. Los estándares que debieran regir la administración de justicia en todas sus jurisdicciones son el respeto a las garantías fundamentales en el contexto de un Estado democrático de Derecho y la eficiencia judicial. Es por ello que el actual feriado judicial de los juzgados civiles no se acomoda a los estándares que el país está incorporando en las reformas procesales, ni menos a las pautas internacionales de administración de justicia.
En este contexto, se presentará al Congreso Nacional, durante el primer semestre de 2013, un proyecto de ley que elimina el feriado judicial para los juzgados civiles, respondiendo así a una visión macro de la correcta administración y gestión de los tribunales de justicia.
Cuenta pública 2013 Ministerio de Justicia
Balance anual 2013 del Ministerio de Justicia. 21 de mayo de 2013.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 308
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 29
 resolución 
 resolución 
 artículo 29