Source: https://www.olir.it/documenti/legge-22-luglio-2009-n-16-2009/
Timestamp: 2019-12-07 22:03:42+00:00

Document:
Legge 22 luglio 2009, n.16/2009 - Olir
Autorità: Parlamento de Cataluña
Confessioni religiose, Edilizia di culto, Destinazione, Strumenti urbanistici, Finanziamento, Rapporti Regioni - Confessioni religiose
Vedi: COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA, DECRETO 94/2010, de 20 de julio, de desarrollo de la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto [http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5447]
Comunidad Autónoma de Cataluña, LEY 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto.
El vacío legal existente hasta ahora sobre los centros de culto ha provocado disparidad de criterios entre los ayuntamientos a la hora de conceder licencias: desde la aplicación rigurosa de la Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre policía del espectáculo, las actividades recreativas y los establecimientos públicos –que no tiene en cuenta los centros de culto–, hasta la ausencia de exigencia de medidas de seguridad, hoy consideradas necesarias. En algunos casos, esta disparidad ha desorientado a los responsables de los centros de culto, algunos de los cuales han pedido la unificación de criterios.
El derecho de libertad religiosa y de culto es uno de los derechos fundamentales reconocidos por el artículo 16 de la Constitución y está regulado por la Ley orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa, que establece que el único límite de este derecho es “la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad democrática’’.
El artículo 16 de la Constitución establece, además, que debe haber relaciones de cooperación entre los poderes públicos y las confesiones religiosas. Asimismo, deben destacarse los artículos 10, 21 y 22 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, que velan por la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la no discriminación y el respeto por la diversidad cultural, religiosa y lingüística de la Unión Europea; así como la Carta europea de salvaguardia de los derechos humanos de la ciudad, cuyo artículo 3 establece que la libertad de conciencia y de religión queda garantizada a todos los ciudadanos por parte de las autoridades municipales, que, mediante las respectivas normas, deben llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar este derecho y velar para evitar la creación de guetos. Por último, el Parlamento de Cataluña ya se hizo eco en el año 2001 de la necesidad de salvaguardar el derecho a la apertura de locales de culto, mediante la Moción 115/VII.
Bajo el punto de vista competencial, el artículo 161 del Estatuto de autonomía de Cataluña reconoce a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de entidades religiosas “que lleven a cabo su actividad en Cataluña, que incluye, en todo caso, la regulación y el establecimiento de mecanismos de colaboración y cooperación para el ejercicio de sus actividades en el ámbito de las competencias de la Generalitat’’, así como la competencia ejecutiva para la promoción, desarrollo y ejecución de los acuerdos y de los convenios firmados con las iglesias, las confesiones y las comunidades religiosas inscritas en el registro estatal de entidades religiosas.
Asimismo, el artículo 149 del Estatuto otorga a la Generalidad la competencia exclusiva, entre otras, sobre ordenación del territorio y urbanismo; el artículo 160 le atribuye la competencia exclusiva en materia de régimen local, y el artículo 144 la competencia compartida en materia de medio ambiente.
De acuerdo con ello, la presente ley parte del reconocimiento del derecho fundamental de libertad religiosa y tiene como finalidad facilitar el ejercicio del derecho de libertad de culto, apoyar a los alcaldes a la hora de facilitar el ejercicio de este derecho y velar por unas condiciones adecuadas –y proporcionadas a la actividad– en cuanto a la seguridad, la higiene y la dignidad de los locales de culto. También es una finalidad de la presente ley evitar posibles molestias a terceras personas.
A su vez, la Ley evita causar problemas a los centros de culto que ya prestan sus servicios sin dificultades.
De este modo, la presente ley, desde la laicidad –es decir, desde el respeto a todas las opciones religiosas y de pensamiento y a sus valores, como principio integrador y marco común de convivencia–, quiere regular los centros de culto en términos de neutralidad y con la única finalidad de facilitar el ejercicio del culto y de preservar la seguridad y la salubridad de los locales y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos relativos al orden público. De esta forma, y desde la colaboración, quiere fortalecer unos valores que ya caracterizan el espacio común de nuestra sociedad: la convivencia, el respeto a la pluralidad, la igualdad en los derechos democráticos y la responsabilidad de toda la ciudadanía, sin discriminaciones de ningún tipo, en la construcción nacional de Cataluña.
TÍTULO I De la ordenación urbanística
2. Las iglesias, las confesiones y las comunidades religiosas, con la finalidad de que se conozcan y puedan preverse las necesidades existentes en relación con la construcción de lugares de culto, tienen derecho a participar en el proceso de formulación del planeamiento urbanístico, mediante los canales que establecen
los programas de participación ciudadana de los planes de ordenación urbanística municipal y con la participación en los plazos de información pública establecidos por la legislación urbanística para la tramitación del planeamiento urbanístico.
TÍTULO II De la intervención administrativa sobre los centros de culto
Capítulo I Marco normativo
Capítulo II Licencia municipal de apertura y uso de centros de culto
3. E n caso de que los locales sometidos a licencia municipal de apertura y uso de centros de culto, de conformidad con la presente ley, requieran a su vez licencia urbanística, la persona peticionaria o promotora, en nombre de la correspondiente iglesia, confesión o comunidad religiosa, debe solicitar ambas licencias en una sola instancia. La instancia debe acompañarse de un proyecto único que acredite el cumplimiento de la normativa urbanística de aplicación.
1. E l alcalde del municipio correspondiente, sin perjuicio de lo establecido por la disposición transitoria tercera y con la única finalidad de preservar la seguridad y la salubridad públicas, y en casos de peligro inminente, debe ordenar, mediante una resolución y previa audiencia de la persona interesada, el cierre y desalojo de los locales de concurrencia pública que no disponen de licencia municipal de apertura y uso de centros de culto o que incumplen su contenido, o que infringen las normas sobre el local o las instalaciones exigidas para garantizar la seguridad y la salubridad del local, hasta que se rectifiquen los defectos observados o se cumplan los requisitos legales o reglamentarios exigidos. En el supuesto de incumplimiento o infracción normativa se concede el plazo que se establezca reglamentariamente para subsanar las deficiencias. Si no hay subsanación de las deficiencias se procede al cierre del centro.
2. E l alcalde del municipio puede ordenar la sustitución de la medida de cierre del establecimiento a la que se refiere el apartado 1 por el precinto de parte de las instalaciones, siempre y cuando quede garantizada la seguridad de las personas.
Capítulo III Licencias urbanísticas y otras autorizaciones
c) E l cambio de uso de los edificios y de las instalaciones, si el establecimiento del lugar de culto se realiza en una edificación preexistente, destinada al ejercicio de otras actividades.
Capítulo IV Disposiciones comunes sobre procedimiento
Primera. Acuerdos con la Santa Sede y con las iglesias, las confesiones y las comunidades religiosas
Segunda. Acreditación para la obtención de licencias
Tercera. Ayudas para la adaptación de locales
Cuarta. Limitación de la Administración para exigir licencias
Primera. Planes de ordenación urbanística municipal
2. E n los municipios sin un plan de ordenación urbanística municipal adaptado a las determinaciones del artículo 4, las modificaciones del planeamiento urbanístico que se aprueben inicialmente después de la entrada en vigor del título I deben cumplir lo dispuesto por el mencionado artículo, si por el contenido de la modificación es factible hacerlo.
Segunda. Legislación aplicable a los centros incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural Catalán
2. E l régimen establecido por el apartado 1 se aplica también a los centros de culto que se incluyan en el inventario mencionado en el plazo al que se refiere la disposición transitoria tercera.
Tercera. Centros no incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural Catalán
Primera. Aprobación del reglamento
1. E l título preliminar y el título I entran en vigor al cabo de veinte días de la publicación de la presente ley en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. E l título II entra en vigor al día siguiente de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del reglamento que debe aprobar el Gobierno.
José Montila i Aguilera
Josep-Lluís Carod -Rovira
« Sentenza 20 aprile 2010 » Risoluzione 20 gennaio 2006, n.60/150

References: artículo 16
 artículo 16
 artículo 3
 artículo 161
 artículo 149
 artículo 160
 artículo 144
 resolución 
 artículo 4