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Centro del Sur • Unidad del Sur en la diversidad | South Bulletin 72, 13 de mayo de 2013
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South Bulletin 72, 13 de mayo de 2013
El presidente de China promete apoyar al Centro del Sur.
Durante su visita a la República Unida de Tanzanía, el nuevo presidente de China, Xi Jinping, se reunió con el ex presidente tanzano y presidente de la Junta del Centro del Sur, Benjamin W. Mkapa. El presidente Xi se comprometió a apoyar al Centro del Sur en el fomento de la cooperación Sur-Sur.
El presidente Mkapa se comprometió a seguir estrechando los vínculos entre ambos países y a fortalecer la cooperación entre el Centro del Sur y China.Para el Centro del Sur, esta reunión contribuirá significativamente a este propósito.
Artículos del South Bulletin 72 disponibles en español:
El presidente de la Junta del Centro del Sur se reúne con el presidente de China
Durante su visita a Dar Es Salaam (República Unida de Tanzanía) el 25 de marzo de 2013, el nuevo presidente de China, Xi Jinping, se reunió con el expresidente tanzano y actual presidente de la Junta del Centro del Sur, Benjamin Mkapa.
El presidente Mkapa informó al presidente Xi sobre la labor del Centro del Sur y le expresó su deseo de contar con la participación y el apoyo de China en la consolidación de la cooperación Sur-Sur.
Según la agencia china de noticias Xinhua:
«El presidente Xi elogió la labor que desempeña Benjamin W. Mkapa como presidente del Centro del Sur en la promoción de la cooperación Sur-Sur y de la representación de los países en desarrollo. El presidente afirmó asimismo que en la medida de lo posible, su país seguirá brindando su apoyo al Centro del Sur.
Por su parte, el presidente Mkapa señaló que haber sido testigo del desarrollo continuo de China durante sus numerosas visitas a este país ha fortalecido su determinación de explorar un modelo de desarrollo adaptado a la situación de su país.
También dijo que la visita del presidente Xi a la República Unida de Tanzanía marca un nuevo hito y consolida los lazos de la cooperación bilateral.
El presidente Mkapa se comprometió a seguir estrechando los vínculos entre ambos países y a fortalecer la cooperación entre el Centro del Sur y China».
Para el Centro del Sur, esta reunión contribuirá significativamente a este propósito.
La reunión entre el presidente Xi y el presidente Mkapa fue comentada en las noticias de la noche del canal de televisión chino CCTV el 25 de marzo de 2013.
Comunicado de la agencia de noticias china Xinhua sobre la reunión entre el presidente de China y el presidente de la Junta del Centro del Sur.
Dar es Salaam (República Unida de Tanzanía), 25 de marzo de 2013 (Xinhua) – El presidente de China Xi Jinping se reunió el lunes por separado con ,Ali Mohamed Shein, líder de la región de Zanzíbar, y con el expresidente de la República Unida de Tanzanía, Benjamin William Mkapa.
En su reunión con el expresidente Mkapa, el presidente Xi encomió al expresidente tanzano a quien describió como un viejo amigo de China, defensor y testigo de la amistad entre China y la República Unida de Tanzanía y en general, entre China y África.
«Gracias a los esfuerzos comunes de varias generaciones de dirigentes de ambos países, se ha venido consolidando una sólida amistad entre China y la República Unida de Tanzanía », afirmó Xi.
El presidente chino está convencido de que los esfuerzos concertados de ambas partes harán progresar las alianzas bilaterales de cooperación basadas en beneficios mutuos de las que todos salen ganando.
Benjamin W. Mkapa, presidente de la República Unida de Tanzanía entre 1995 y 2005, funge actualmente como presidente del Centro del Sur, una organización intergubernamental de países en desarrollo con sede en Ginebra (Suiza).
«El presidente Xi elogió la labor que desempeña Benjamin W. Mkapa como presidente de la Junta del Centro del Sur en la promoción de la cooperación Sur-Sur y de la representación de los países en desarrollo. El presidente afirmó asimismo que en la medida de lo posible, su país seguirá brindando su apoyo al Centro del Sur.
El presidente Mkapa dijo que haber sido testigo del desarrollo continuo de China durante sus numerosas visitas a este país ha fortalecido su determinación de explorar un modelo de desarrollo adaptado a la situación de su país.
La situación de las relaciones multilaterales y las actividades realizadas por el Centro del Sur en 2012
Con ocasión de la reunión anual del Consejo de Representantes del Centro del Sur, Martin Khor, el director ejecutivo, presentó el siguiente informe sobre las actividades realizadas por el Centro en 2012.
Los países en desarrollo atravesaron numerosas dificultades en 2012. Debido a la prolongada crisis de la Unión Europea (UE) y a la incertidumbre provocada en la economía estadounidense por la posibilidad del «abismo fiscal», la economía mundial continuó debilitándose. Se registraron disminuciones en el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de muchos países en desarrollo.
También parecieron haberse debilitado las relaciones multilaterales a raíz de que los países desarrollados cuestionaran principios ampliamente aceptados hasta entonces, como las responsabilidades comunes pero diferenciadas, la transferencia de tecnología y los recursos financieros nuevos y adicionales. Luego de negociaciones que por momentos fueron muy acaloradas, se llegó a un acuerdo en dos conferencias: el 13º período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD XIII) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). Sin embargo, la falta de cooperación internacional también fue evidente en la Organización Mundial del Comercio (OMC) —donde la Ronda de Doha todavía se encuentra en un punto muerto— y en las negociaciones sobre el cambio climático. No obstante, los países en desarrollo mantuvieron la unidad en varios foros de negociación y llevaron a cabo con éxito la cumbre del Movimiento de los Países No Alineados en Teherán.
Durante 2012, el Centro llevó a cabo diversas actividades: realizó trabajos de investigación, celebró reuniones, brindó apoyo en materia de negociación, participó en reuniones internacionales y publicó artículos y documentos. Algunos de los temas abordados por el Centro fueron la economía y las finanzas mundiales, el comercio, los derechos de propiedad intelectual y las políticas de innovación, el cambio climático y el desarrollo sostenible.
En diversos temas relativos al desarrollo y la economía mundiales, el Centro del Sur centró sus actividades en la UNCTAD XIII, que se celebró en Doha durante el mes de abril, así como en el proceso preparatorio de la conferencia. El 13º período de sesiones marcó un punto de inflexión en la historia de la UNCTAD y las relaciones multilaterales. El Grupo de los 77 y China dio una dura batalla para lograr que se reafirmara el mandato de la UNCTAD y permitir que esta continúe realizando su labor en distintas áreas como la crisis económica mundial, las finanzas, el endeudamiento y las políticas macroeconómicas. Finalmente, el Grupo de los 77 y China logró que la UNCTAD reafirmara su mandato. El Centro del Sur respaldó esta iniciativa y apoyó otra impulsada por ex funcionarios superiores de la UNCTAD que expresaba una posición favorable a la UNCTAD. El Centro fue invitado como orador principal a la reunión ministerial del Grupo de los 77 y China durante el comienzo de la UNCTAD XIII.
En lo relativo a la crisis económica mundial, el Centro contribuyó activamente a la preparación del Grupo de los 77 y China y otros países en desarrollo para el debate temático de alto nivel sobre el estado de la economía y las finanzas mundiales, celebrado en mayo de 2012. El economista principal del Centro participó en dos reuniones y el director ejecutivo se reunió con los representantes de los países en desarrollo para asesorarlos sobre la situación de la economía mundial y sus repercusiones en los países en desarrollo. El economista principal fue uno de los oradores destacados de la conferencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Centro también asesoró a los países en desarrollo sobre la reactivación del Grupo de Trabajo especial de composición abierta para hacer un seguimiento de las cuestiones que figuran en el Documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la crisis financiera y económica mundial y sus efectos en el desarrollo. Además, el Centró publicó un nuevo libro titulado Financial Crisis and Global Imbalances, a Development Perspective, que presenta una compilación de distintos documentos de investigación escritos por el economista principal sobre la crisis financiera mundial y sus efectos en los países en desarrollo. También publicó un nuevo documento de investigación titulado The Staggering Rise of the South, que pone en tela de juicio la teoría del desacoplamiento desvinculación y la idea de que los países en desarrollo estarían a punto de superar a las economías del Norte.
El Centro también organizó, junto a unas 50 organizaciones no gubernamentales (ONG), una reunión estratégica sobre finanzas y desarrollo que tuvo lugar durante tres días del mes de mayo y contó con la participación de especialistas. Además, el Centro contribuyó activamente a la organización de dos sesiones de la conferencia de la Asociación Económica de Turquía celebrada en Esmirna en octubre, a la cual asistieron numerosos académicos y responsables de la formulación de políticas de alto nivel.
Río+20 se celebró en Brasil del 20 al 22 de junio luego de que se hubieran celebrado cuatro reuniones preparatorias (tres en Nueva York a finales de marzo, finales de abril y finales de mayo, y la cuarta en Río de Janeiro del 13 al 19 de junio). El Centro del Sur hizo un seguimiento de las negociaciones y apoyó al Grupo de los 77 y China así como a muchos otros países en desarrollo: organizó numerosas reuniones y preparó documentos y propuestas sobre distintos temas. El Grupo de los 77 y China finalmente pudo alcanzar la mayoría de sus objetivos de negociación; pese a la resistencia presentada por los países desarrollados, logró que se reafirmaran los principios de Río y las responsabilidades comunes pero diferenciadas. También logró mantener el margen de maniobra para adoptar políticas en lo relativo a los objetivos fijados en materia de economía verde y desarrollo sostenible. Asimismo, fue aceptada la propuesta impulsada por el Grupo para que se estableciera un nuevo foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible. Sin embargo, los resultados relativos a las finanzas y la tecnología fueron pobres. En líneas generales, el resultado final de la Conferencia registró un nivel de ambición bajo en relación con la necesidad de adoptar medidas urgentes para contrarrestar las crisis de la economía y del medio ambiente. Sn embargo, fueron un logro importante los procesos de seguimiento, puesto que estos podían traer aparejados beneficios en el largo plazo. Además de desempeñar sus funciones de apoyo y promoción, el Centro del Sur i) organizó una reunión paralela oficial sobre Río+20; ii) organizó un seminario sobre el papel del Brasil en la economía mundial en conjunto con la red de economistas del Multidisciplinary Institute for Development and Strategies (MINDS) y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil (BNDES); iii) estuvo representado por tres integrantes de su plantilla en tres de los siete diálogos oficiales sobre desarrollo sostenible; y iv) se reunió con líderes políticos. El Centro tiene la intención de participar en los procesos de seguimiento.
Las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se reanudaron luego de que la Conferencia de las Partes adoptara en Durban la decisión de iniciar un proceso para una nueva Plataforma de Durban (por medio de un régimen jurídicamente vinculante o una conclusión acordada con fuerza legal). Durante el mes de mayo, el Centro organizó, en Ginebra, una reunión estratégica y de reflexión que duró tres días y, luego, en Bonn, llevó a cabo una serie de reuniones con algunos países en desarrollo afines para que estos prepararan sus argumentos en favor de un enfoque hacia la Plataforma de Durban basado en la equidad. El grupo fortaleció considerablemente el espíritu de cooperación y la capacidad de coordinación durante la Conferencia sobre el Cambio Climático que se celebró en Bonn ese mismo mes. Con ocasión de esa Conferencia, el director ejecutivo del Centro se desempeñó como orador en un taller oficial sobre equidad climática celebrado en el marco de la Convención. El Centro también participó activamente en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Bangkok, celebrada en agosto y septiembre. En octubre, el Centro brindó su asistencia en una reunión de un grupo de países afines que tuvo lugar en Beijing. Por último, el Centro colaboró activamente en el 18º período de sesiones de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC celebrada en Doha durante noviembre y diciembre, poniendo a disposición sus especialistas y organizando varias reuniones o participando en estas, entre las que cuentan una reunión de ministros de países en desarrollo organizada por la Arabia Saudita y una reunión paralela organizada por el propio Centro.
Además de las negociaciones celebradas en el marco de la CMNUCC, el Centro ha seguido el progreso del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Varios expertos del Centro revisaron el primer proyecto de texto elaborado por el grupo de trabajo sobre mitigación. El Centro coorganizó una reunión de expertos revisores y consiguió que los autores del grupo de trabajo del IPCC revisaran el primer proyecto de texto.
El Programa de Innovación y Acceso a los Conocimientos y Propiedad Intelectual respaldó activamente a los países en desarrollo durante las negociaciones celebradas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la OMC, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la CMNUCC. Además de participar en las actividades y las reuniones auspiciadas por estas instituciones, el personal del Centro participó en otras reuniones organizadas por numerosas ONG, universidades y centros de formación. Algunos de los temas abordados fueron los derechos de propiedad intelectual y el desarrollo en general, el acceso a las tecnologías de la salud, el acceso a los conocimientos, los conocimientos tradicionales, la divulgación y la distribución de los beneficios de los recursos genéticos y las estrategias nacionales de desarrollo y propiedad intelectual. El Centro continuó reuniéndose con las delegaciones de los países en desarrollo para ayudarlas a prepararse para las negociaciones en el marco de la OMPI, que abarcan distintos temas, como la Agenda de la OMPI para el Desarrollo, los derechos de autor, los derechos de patente, y los recursos genéticos y conocimientos tradicionales. El Centro continuó brindando su apoyo al Grupo de la Agenda para el Desarrollo, conformado por países en desarrollo, especialmente en el contexto de las negociaciones de la OMPI. El Centro coorganizó una reunión de embajadores y funcionarios de alto nivel provenientes de las capitales de los países en desarrollo que integran el Grupo de la Agenda para el Desarrollo durante las asambleas generales de la OMPI.
Además, el Centro brindó su colaboración en temas relativos a la salud y el desarrollo. Desempeñó un papel preponderante en la iniciativa y el desarrollo de la idea de acordar un tratado que establezca un nuevo modelo de Investigación y Desarrollo (I+D) para los medicamentos y otros productos de la salud que son especialmente necesarios para los países en desarrollo. El asesor del Centro para la propiedad intelectual y la tecnología contribuyó fuertemente al desarrollo de esta idea en el grupo de expertos sobre I+D de la OMS, y tanto él como el asesor del Centro para la salud desempeñaron un papel importante en los debates de la Asamblea Mundial de la Salud que dieron lugar a una resolución que profundiza sobre este concepto. El Centro también comenzó a participar en las reuniones del protocolo sobre control del tabaco de la OMS. Además, fue invitado por dicha organización a participar en el grupo consultivo sobre la producción de medicamentos genéricos en los países en desarrollo. En enero, el director ejecutivo del Centro fue invitado como orador principal al Congreso del 50º aniversario de la Asociación de Fabricantes de Medicamentos de la India, donde instó a los fabricantes de genéricos de ese país a seguir proveyendo a los países en desarrollo medicamentos genéricos de calidad.
En la esfera del comercio y el desarrollo, el Centro del Sur destinó buena parte de sus recursos a brindar asistencia a la Unión Africana (UA) así como a distintos países y grupos de países africanos, como la Comunidad de África Oriental (CAO). Por un lado, los esfuerzos se centraron en proponer alternativas al modelo de los acuerdos de asociación económica propuesto por la UE para el Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (Grupo ACP) y, por el otro, en desarrollar argumentos en contra de la nueva política de la Comisión Europea en virtud de la cual se dejan de conceder preferencias comerciales a varios países que no son países menos adelantados (PMA) (incluso se los excluye del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) y del Régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernabilidad (SPG+). El presidente dio un discurso en una importante reunión de la CAO celebrada en Arusha (República Unida de Tanzanía) y uno de los miembros de la Junta, el Sr. Charles Soludo, publicó numerosos artículos sobre el tema en medios africanos. El Centro, en conjunto con la Comisión de la UA y el secretario del Grupo ACP, desarrolló un plan alternativo de preferencias comerciales para el África. Asimismo, el Centro está contemplando nuevas formas de abordar el tema en los próximos meses.
El Centro también ha seguido el desarrollo de los acontecimientos en la OMC, donde se introdujeron nuevos conceptos como el de «cadenas de valor mundiales» y los países desarrollados intentaron nuevamente volver a introducir «nuevos temas» al tiempo que eluden viejos compromisos, especialmente en la esfera de la agricultura. El Centro ha brindado asistencia al Grupo de Amigos del Desarrollo en la OMC. Además, coorganizó una reunión sobre el futuro del sistema comercial que se celebró en el marco del Foro Público de la OMC. Sobre el final del año, el Centro respaldó las propuestas del Grupo de PMA para extender el período de exención para los PMA en relación con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). El Centro también participó en el retiro que el Grupo de PMA celebró en noviembre.
En 2012, el Centro profundizó la labor que realiza en la esfera de la comunicación y la producción de artículos y documentos. Los números mensuales del South Bulletin abordaron diversos temas, como el estado de la economía mundial y las economías de los países en desarrollo, las negociaciones en el marco de la UNCTAD XIII y Río+20 (hubo dos números dedicados a esto), la Cumbre del Movimiento de los Países no Alineados, los acuerdos de asociación económica y el punto muerto de las negociaciones de la OMC, y la crisis emergente de los acuerdos de inversión. La Unidad de traducción del Centro del Sur continuó con su tarea de traducir al español y al francés el South Bulletin y muchos documentos de investigación y otros documentos. Además, el Centro publicó tres libros: uno sobre la situación económica mundial, un manual sobre patentes del sector farmacéutico y una bibliografía de artículos y libros sobre el acceso a los medicamentos. También se publicaron muchos documentos de investigación, informes y documentos analíticos. Por último, el Centro aumentó la publicación de Southnews y Southviews y está modernizando su sitio web.
La sección administrativa siguió trabajando para apoyar a la Secretaría del Centro y respaldar diversas actividades como por ejemplo, en materia de financiamiento.
La Junta se reunió dos veces en 2012. La primera reunión se llevó a cabo en Ginebra durante el mes de febrero. El Centro organizó una serie de actividades en torno a esta reunión, entre las que se destacan la recepción ofrecida a diplomáticos y la organización de una conferencia de dos días sobre la situación de la economía mundial y las negociaciones internacionales. La segunda reunión también se llevó a cabo en Ginebra. Esta incluyó un seminario de medio día sobre los avances en materia de desarrollo sostenible, particularmente en el contexto de Río+20. El 2012 estuvo marcado por dos grandes ausencias: el fallecimiento de Angela Cropper, que se desempeñaba como miembro de la Junta, y la renuncia de Leticia Ramos Shahani, de Filipinas, quien debió abandonar su cargo por razones de salud.
La reunión anual del Consejo de Representantes se celebró en Ginebra durante el mes de enero. El Consejo eligió al embajador Abdul Minty de la República de Sudáfrica como Convocador del Consejo de Representantes por un período de tres años. También le dio la bienvenida a un nuevo Estado miembro, la República del Ecuador, y designó a Youba Sokona como nuevo miembro de la Junta.
De cara a 2013, el Centro tiene la intención de aumentar las actividades de investigación, análisis, organización de reuniones y programas de cooperación con países y organizaciones del Sur.
El año que llega estará lleno de desafíos. Habrá numerosos procesos internacionales de envergadura, como el comienzo de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015, las negociaciones de la OMC de cara a la Conferencia Ministerial de Bali (sobre el final del año), los acuerdos de libre comercio y de asociación económica, las negociaciones sobre el cambio climático en el marco de la CMNUCC, el seguimiento de Río+20 (que fijará los objetivos de desarrollo sostenible) y las reuniones en la OMPI y la OMS. El Centro tiene la intención de participar activamente en estos y otros procesos.
Para poder aumentar sus actividades en 2013 y de cara al futuro, es necesario que el Centro reciba más recursos humanos y financieros. Esperamos que los Estados miembros incrementen las contribuciones que hacen al Centro, mediante las contribuciones anuales y a través de contribuciones especiales que puedan ser realizadas a los fondos generales de operación o a proyectos más específicos.
El Centro tiene mucho interés en trabajar con los Estados miembros, con los países en desarrollo en general, y con la sociedad civil durante el próximo año.
Por qué el legado de Chávez perdurará
La muerte de Hugo Chávez en marzo dio lugar a manifestaciones multitudinarias de dolor en Venezuela y en América del Sur, pero su legado perdurará en sus políticas e iniciativas Sur-Sur.
Hugo Chávez, cuya muerte el 5 de marzo de 2013 enlutó a millones de venezolanos y sudamericanos, fue un personaje extraordinario.
Los frutos de los cambios profundos que puso en marcha durante sus 14 años como presidente de Venezuela seguirán vivos en su país y en el mundo en desarrollo por muchos años.
Como era de esperarse, algunos dirigentes y medios de comunicación occidentales que lo demonizaron en vida han hecho comentarios malintencionados e injuriosos, pues Chávez fue una piedra en el zapato para el sistema.
No tuvo reparos en criticar y pronunciarse en contra del llamado consenso de Washington, una serie de políticas e instituciones (entre ellas el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos) con una visión fundamentalista del libre mercado que han tenido efectos negativos para la economía y la sociedad en América Latina.
La gran hazaña de Chávez fue denunciar la rigidez del consenso de Washington, librarse de este y formular políticas muy diferentes en beneficio del pueblo y en particular, de los pobres.
Una de las primeras cosas que hizo como presidente tras ser elegido por una amplia mayoría en 1998, fue reorganizar la industria nacional del petróleo y desempeñar un papel destacado en la reactivación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
El precio del petróleo se disparó: de cerca de 10 dólares de los Estados Unidos por barril en 1998 pasó a 20 dólares, hasta llegar a su precio actual de 100 dólares por barril. Los ingresos netos derivados de la exportación de petróleo del país aumentaron de alrededor de 14.000 millones de dólares en 1999 a 60.000 millones en 2011.
El espectacular aumento de los ingresos del petróleo constituyó la base del financiamiento de numerosos programas sociales innovadores.
Estos programas, conocidos como «misiones bolivarianas», tenían por objeto aumentar los niveles de alfabetismo y educación, brindar asistencia médica a los pobres gracias a la presencia de miles de médicos y asistentes sanitarios en las comunidades, y proporcionar alimentos a bajo costo a la población urbana por medio de supermercados especiales.
En las zonas rurales había diferentes «misiones» destinadas a los campesinos, a resolver los problemas de las comunidades mineras y a satisfacer las necesidades de los pueblos indígenas.
Estos conocidos programas sociales y las políticas económicas conexas, han contribuido significativamente a mejorar la situación de los pobres.
Según información publicada por el periódico británico The Guardian, de 1999 (año en que Hugo Chávez fue elegido presidente) a 2011 el producto interno bruto (PIB) per cápita aumentó de 4.105 a 10.801 dólares de los Estados Unidos, la pobreza extrema disminuyó de un 23,4% a un 8,5% de la población, y la mortalidad infantil descendió de 20 por cada 1.000 nacidos vivos a 13 por cada 1.000 nacidos vivos en 2011.
Sin embargo, Venezuela sigue afrontando problemas graves como una dependencia excesiva del petróleo, una inflación elevada y una alta tasa de delincuencia: en 2011, la tasa de homicidios fue de 45 por cada 100.000 habitantes en comparación con 25 homicidios 12 años antes.
La atención de las necesidades de los pobres como prioridad del gobierno y las políticas estatales en este mismo sentido le hicieron ganar a Chávez el apoyo de los pobres. Su devoción al presidente fue patente en las expresiones de dolor de las multitudes presentes tanto en la cámara ardiente como en sus exequias.
Quienes lo critican dicen que Chávez simplemente usó el dinero proveniente del petróleo para «comprar» el voto de los pobres.
Para Chávez y sus colaboradores, en cambio, la «revolución bolivariana» que ponían en marcha para reorientar las instituciones y las políticas a favor de los pobres era la principal razón de su gobierno.
La influencia de Chávez llegó mucho más allá de las fronteras venezolanas. Sus políticas y su encendida retórica atizaron la imaginación de los pueblos y de los movimientos sociales suramericanos y dieron lugar a una importante corriente. Después de él asumieron el poder en los países vecinos otros dirigentes que siguieron sus pasos y desafiaron la ideología y las políticas del consenso de Washington.
Entre estos líderes figuran mandatarios radicales como los de Bolivia y el Ecuador y otros más moderados y heterodoxos como los del Brasil, la Argentina y el Uruguay. La llegada al poder de tantos dirigentes con ideas comunes ha puesto fin a la influencia política de Washington y a la fascinación económica que ejercía el consenso de Washington en la región.
El legado de Chávez es tan importante como su papel de artífice de la unidad y la integración regional. En su homenaje póstumo, el expresidente del Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, destacó el liderazgo de Chávez en la creación de numerosas instituciones regionales en los últimos años.
Cabe destacar, por ejemplo, el tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en 2008, la puesta en marcha en 2011 del foro político de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños conocida como CELAC (que a diferencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no incluye a los Estados Unidos y al Canadá) y la creación el Banco del Sur (banco independiente del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) creado por los países de América del Sur.
«De los numerosos líderes que he conocido, pocos han creído tanto como él en la unidad de nuestro continente y de sus diferentes pueblos: indígenas descendientes de europeos y de africanos e inmigrantes recientes», dijo de Chávez el presidente Lula da Silva.
Chávez también creía en la importancia de una mayor solidaridad y cooperación Sur-Sur y ponía en práctica sus ideas. Usó los ingresos derivados de la exportación de petróleo para financiar programas económicos y sociales en los países vecinos más pobres: desde la venta del petróleo por debajo de los precios del mercado hasta tratamientos para los ciegos.
También eran extraordinarias su memoria y su comprensión sobre diversos temas y sobre las personas. Cuando me acerqué a él para presentarme como director ejecutivo del Centro del Sur en el pasillo de la sala en donde tenía lugar la Conferencia sobre el cambio climático de Copenhague en diciembre de 2009, recordó inmediantamente al Centro del Sur y su reunión con Julius Nyerere, expresidente de la República Unida de Tanzanía, presidente fundador del Centro y otro destacado pionero de la cooperación Sur-Sur.
Sin dudarlo y sin formalidades, Chávez me invitó a visitar Caracas y a organizar una gran conferencia para promover la solidaridad Sur-Sur. Lamentablemente, la conferencia que teníamos planeada no pudo hacerse realidad con él vivo.
Chávez avivó la conferencia de Copenhague con su discurso ante unos mil participantes, entre ellos numerosos jefes de Estado y de gobierno, en el que manifestó su decepción por que los países ricos no hicieran lo suficiente para controlar la crisis climática.
«Gastan billones de dólares en operaciones de rescate a los bancos. Si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado», afirmó.
Echaremos de menos su lenguaje franco y su personalidad fascinante, pero el legado de Chávez perdurará.
Los acuerdos de inversión: ¿una nueva amenaza para las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC?
Como lo demuestra una demanda judicial interpuesta recientemente por una empresa farmacéutica multinacional en contra del Canadá por la invalidación de una patente, los tratados bilaterales de inversión (TBI) pueden representar una amenaza para el acceso a los medicamentos.
Las demandas iniciadas recientemente que se apoyan en tratados bilaterales de inversión (TBI) para reclamar compensaciones por los daños causados por las políticas antitabaco adoptadas en el Uruguay y Australia, han puesto de manifiesto la considerable incidencia que esos tratados pueden tener en las políticas públicas. Si esas demandas prosperan, el derecho de los Estados a adoptar medidas para proteger la salud pública se verá significantivamente restringido.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como otros acuerdos de libre comercio que fueron firmados durante estos últimos veinte años, incluye un capítulo detallado sobre la protección de las inversiones donde se definen un ámbito de aplicación y obligaciones similares a las previstas por los TBI. La notificación de una demanda contra el Canadá interpuesta en virtud de dicho capítulo y motivada por la invalidación de una patente genera nuevos motivos de preocupación en trono al poder que los TBI confieren a los inversores.
Eli Lilly, una gran empresa farmacéutica de los Estados Unidos, interpuso una demanda sustentada en el TLCAN a raíz de que, en 2010, el Tribunal Federal del Canadá decidió invalidar una patente cinco años antes de su vencimiento. De conformidad con los principios generalmente aceptados del derecho internacional, los tribunales del país donde se otorgó la patente poseen competencia exclusiva para conocer sobre asuntos relativos a su invalidación. Sin embargo, Eli Lilly persigue que un tribunal arbitral externo a la jurisdicción canadiense, cuyo laudo no puede ser apelado ante los tribunales del Canadá, le otorgue una compensación económica por las supuestas pérdidas resultantes de la invalidación de la patente. La empresa sostiene que ha sufrido daños por al menos 100 millones de dólares canadienses.
Las patentes como una forma de inversión
El amplio alcance de la definición de «inversión» que normalmente figura en los acuerdos de inversión es el punto de partida de la demanda interpuesta por Eli Lilly.
El TLCAN, así como los TBI y los capítulos sobre inversión contenidos en otros acuerdos de libre comercio, se basan en un concepto comprensivo de «inversión» que abarca todos los bienes tangibles e intangibles. Generalmente, esta definición incluye todos los bienes de una empresa, incluidos los bienes muebles e inmuebles, las participaciones en otras empresas, las reclamaciones pecuniarias, los derechos contractuales, los derechos de propiedad intelectual, las concesiones mineras, las licencias y otros derechos similares.
Algunos acuerdos de inversión se refieren de manera general a los derechos de propiedad intelectual, mientras que otros mencionan explícitamente los tipos de derechos que cubren, como los derechos de autor y derechos conexos, las patentes, los derechos relativos a las variedades de plantas, los diseños industriales, los derechos relativos a los esquemas de trazado de semiconductores, los secretos comerciales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicios y los nombres comerciales. En algunos acuerdos de inversión también se hace referencia a los «procesos técnicos», los «conocimientos técnicos» y al «fondo de comercio».
El TLCAN no se refiere explícitamente a los derechos de propiedad intelectual en el capítulo sobre inversiones. Sin embargo, la definición de «inversión» contemplada en el apartado g) del artículo 1139 incluye los «bienes raíces u otra propiedad, tangibles o intangibles, adquiridos o utilizados con el propósito de obtener un beneficio económico o para otros fines empresariales». Las patentes y demás derechos de propiedad intelectual quedarían abarcados por la categoría de propiedad «intangible».
Además del amplio alcance de su definición de «inversión», otra característica de los acuerdos de inversión es que —a diferencia de lo que sucede con las controversias en la Organización Mundial del Comercio (OMC) — aquéllos confieren a los «inversores» el derecho de iniciar acciones directamente contra el Estado donde se realizó la inversión. Por este motivo, la decisión de Eli Lilly de entablar una demanda contra el Canadá obedece al análisis hecho por la propia empresa de las ventajas y las desventajas de entablar un litigio contra Canadá. Sería interesante saber si el Gobierno de los Estados Unidos habría compartido la opinión de la empresa.
El Gobierno de los Estados Unidos fue demandado por APOTEX, una empresa canadiense que planteó una demanda sobre la base del capítulo XI del TLCAN.La empresa sostuvo que distintas resoluciones emitidas por tribunales estadounidenses hicieron una lectura equivocada para la aplicación de las leyes federales, en viola ción del artículo 1102 (trato nacional) y del artículo 1105 (nivel mínimo de trato en virtud del derecho internacional) del TLCAN, y que esas resoluciones equivalen a una expropiación de inversiones de la empresa de conformidad con el artículo 1110. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dejado clara su intención de defenderse «enérgicamente» contra estas acusaciones.
Los datos sobre la invalidación de patentes en los Estados Unidos revelan una tendencia cada vez más acentuada a invalidar reivindicaciones de patentes mediante fallos judiciales. Los tribunales de distrito de los Estados Unidos invalidaron reivindicaciones de patentes en casi el 86% de los casos resueltos entre 2007 y 2011. Entre 2002 y 2012, los tribunales federales de circuito confirmaron en apelación el 70% de las resoluciones de invalidación adoptadas en tribunales inferiores.
Esto significa que, si Eli Lilly resultara vencedora en el proceso, los Estados Unidos (así como otros países partes de acuerdos de inversión) podrían resultar más susceptibles de ser demandados y, finalmente, de tener que pagar indemnizaciones cada vez que sus tribunales invaliden patentes que no debieron haber sido otorgadas. Esto puede resultar particularmente problemático debido a la existencia de una gran cantidad de patentes que no se ajustan a las normas vigentes, otorgadas con base en requisitos de patentabilidad muy laxos o por falta de rigor en los exámenes realizados por las oficinas de patentes.
Invalidación de patentes
Las patentes son otorgadas por los Estados para alcanzar ciertos objetivos, como por ejemplo —en el caso de los miembros de la OMC— ajustarse a las obligaciones que surgen del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Ellas son otorgadas como resultado de una decisión de política pública y no porque los inventores gocen de un derecho «natural» sobre las invenciones. En 1813, en una famosa carta dirigida a un inventor, Thomas Jefferson, quien fue un gran promotor del sistema de patentes, escribió que las invenciones «no pueden, por su naturaleza, ser sujetos de propiedad». En esa misma misiva, Jefferson escribió que «la sociedad puede conceder [a los inventores] el derecho exclusivo de las ganancias que [las invenciones] generen, como una forma de alentar a los hombres a perseguir ideas que puedan resultar de utilidad, pero esto puede hacerse o puede no hacerse, dependiendo de la voluntad y las necesidades de la sociedad, sin que nadie pueda qejarse o reclamar un derecho».
Generalmente, las patentes son otorgadas luego de que la oficina de patentes lleva a cabo un examen para establecer si la invención reivindicada se ajusta a los criterios de patentabilidad (que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y tengan, utilidad o aplicación industrial). Las decisiones de otorgar una patente suelen estar basadas en datos incompletos o consideraciones incorrectas. Por ejemplo, una vez otorgada una patente, puede encontrarse una publicación que había anticipado la invención patentada, lo que destruye el carácter «novedoso» de la invención.Esto sucede particularmente cuando los competidores afectados por esa patente realizan minuciosas búsquedas de antecedentes con herramientas más sofisticadas que las que están a disposición de la oficina de patentes.
Debido a las limitaciones inherentes al procedimiento de exámen, las patentes no son más que un título precario. Aunque por lo general se presume su validez, algunas leyes de patentes especifican que éstas se otorgan sin ninguna garantía del Estado. Incluso la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos ha advertido sobre los riesgos que entraña una fuerte presunción de validez de las patentes. Un informe de la Comisión señaló que «cuando se presenta una solicitud, se presume que la invención reivindicada amerita una patente a menos que la Oficina de Patentes y de Marcas de Fábrica o de Comercio de los Estados Unidos demuestre lo contrario». Además, el informe señaló que «los procedimientos de la Oficina de Patentes y de Marcas de Fábrica o de Comercio de los Estados Unidos para evaluar las solicitudes de patentes parecen ser inadecuados». En este sentido, concluyó que «estas circunstancias indican que una presunción abiertamente fuerte de la validez de una patente es inapropiada… No es razonable dar por hecho que todas las patentes otorgadas cumplen con normas estrictas de patentabilidad».
Por estos motivos, la revocación (ejecutada por la misma oficina de patentes) o la invalidación de las patentes por los tribunales no son medidas excepcionales o inesperadas para los titulares de las patente. Sostener que la invalidación supone la pérdida de una «inversión» constituye un grave error conceptual respecto de los principios y el funcionamiento del sistema de patentes. Una patente que no es válida solamente tiene una apariencia de validez; una determinación de invalidez significa que nunca existió un derecho legítimo sobre la invención.
Resulta especialmente interesante que el artículo 32 del Acuerdo sobre los ADPIC (Revocación/Caducidad) deja un amplio margen a los países miembros para determinar los motivos y las condiciones para la revocación o la declaración de caducidad de una patente, entre las que cuentan las situaciones de invalidez. Durante las negociaciones que concluyeron con el Acuerdo, la India propuso que se incluyera en el texto final la posibilidad de que las patentes puedan ser revocadas cuando «sean utilizadas de una manera que atente contra el interés público». Los Estados Unidos, por su parte, querían permitir la revocación solo cuando se determinara la no patentabilidad de las invenciones. Finalmente, el texto acordado estipula que «se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración de caducidad de una patente».
En el caso de Eli Lilly, el tribunal canadiense determinó que la invención patentada no había logrado arrojar los beneficios prometidos al momento de presentarse la solicitud. Eli Lilly pone en tela de juicio la llamada «doctrina de las promesas» desarrollada por los tribunales canadienses y sostiene que esta nueva y más severa forma de entender la validez de las patentes, adoptada después de 2005, es contraria a las expectativas que tenía la empresa «en el momento que hizo la inversión». Además, la empresa sostiene que la «doctrina de las promesas» se ha convertido en una norma nacional, ya que ésta se ve plasmada, por ejemplo, en la normativa de la Oficina Canadiense de la Propiedad Intelectual. Por lo tanto, cuestiona el derecho del Estado del Canadá a determinar la definición de «utilidad» para otorgar o denegar una patente. Por último, Eli Lilly afirma que, además de ser incompatible con varias de las obligaciones previstas en el Capítulo XI del TLCAN, esa polémica práctica judicial es contraria al Acuerdo sobre los ADPIC.
Sin embargo —como ya quedó dicho— la única obligación prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC en relación con la revocación es la posibilidad de una revisión judicial. No se prevén condiciones sustantivas. Es más, los miembros de la OMC pueden determinar cómo definir y aplicar las normas de patentabilidad de conformidad con el artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta es una de las flexibilidades más importantes del Acuerdo: éste determina qué estándares deben ser aplicadas para establecer la patentabilidad, pero esos estándares no se definen en el Acuerdo. De esta manera, los miembros de la OMC pueden adoptar el criterio que consideren adecuado para aplicar dichos estándares, como por ejemplo, establecer requisitos estrictos de actividad inventiva para prevenir la proliferación de patentes sobre desarrollos menores que, como sucede con las empresas farmacéuticas, pueden entorpecer considerablemente la legítima competencia y aumentar los precios que paga el consumidor. El artículo 3 d) de la Ley de Patentes de la India constituye un ejemplo de cómo puede utilizarse esta flexibilidad. Otro ejemplo son las pautas para el examen de patentes farmacéuticas adoptado por el Gobierno argentino en 2012.
La admisibilidad de la demanda interpuesta por Eli Lilly en virtud del TLCAN es discutible. De conformidad con el artículo 1110.7 del Tratado, la disposición que prevé compensaciones en los casos de nacionalización o expropiación «no se aplica a la expedición de licencias obligatorias otorgadas en relación con los derechos de propiedad intelectual, o a la revocación, limitación o creación de dichos derechos en la medida que dicha expedición sea conforme con el Capítulo XVII ‘Propiedad Intelectual’». Esto significa que —en principio— los inversores no pueden solicitar una indemnización en caso de invalidación de la patente. Esto es —como se mencionó antes— una consecuencia lógica de la naturaleza de los derechos conferidos. Este tipo de demandas solo podría iniciarse en caso de incompatibilidad con las normas previstas en el Capítulo XVII del TLCAN.
En este sentido, el artículo 1709.8 del TLCAN dispone que una parte «podrá revocar una patente solamente cuando: a) existan motivos que habrían justificado la negativa de otorgarla; o b) el otorgamiento de una licencia obligatoria no haya corregido la falta de explotación de la patente».
La resolución del Tribunal Federal del Canadá sobre la patente de Eli Lilly relativa al producto ‘Strattera’ está basada en uno de los motivos que hubiera justificado el rechazo de la solicitud de patente (la falta de utilidad); por lo tanto, parece ser compatible con el apartado a) del artículo 1709.8. Difícilmente pueda un tribunal arbitral ignorar esta disposición, incluso a la luz de la línea argumental de Eli Lilly respecto de que la «doctrina de las promesas» no se aplicaba antes de 2005 cuando la empresa hizo su supuesta «inversión».
Es llamativo que el TBI modelo de los Estados Unidos contenga una disposición que prevé una excepción para las licencias obligatorias (lo que refleja el interés de los Estados Unidos de proteger el uso extensivo que hace de estas medidas) así como a la revocación de patentes. De conformidad con el artículo 6.5 del Tratado, la disposición que prevé compensaciones en los casos de nacionalización o expropiación «no se aplica a la expedición de licencias obligatorias otorgadas en relación con los derechos de propiedad intelectual, o a la revocación, limitación o creación de dichos derechos en la medida que dicha expedición sea conforme con el Capítulo XVII ‘Propiedad Intelectual’». El Acuerdo sobre los ADPIC —como ya quedó dicho— no contiene ninguna norma sustantiva de revocación.
Muchos países en desarrollo firmaron acuerdos de inversión bajo la promesa de que la protección conferida a los inversores aumentaría la inversión extranjera directa (IED) e impulsaría sus economías. Sin embargo, nada indica que esa promesa haya sido cumplida. El Sexto Foro Anual de Negociadores de Países en Desarrollo sobre Inversión concluyó que «no hubo una correspondencia clara entre la cantidad de TBI y la IED, y que era necesario adoptar un nuevo régimen de tratados de inversión más equilibrado que tenga en cuenta los objetivos fijados en materia de desarrollo sostenible por los países en desarrollo». La IED se ha dirigido principalmente hacia países con grandes mercados y perspectivas de crecimiento atractivas. El Brasil decidió no firmar ningún TBI; sin embargo, ha sido uno de los más grandes receptores de IED originada de los países en desarrollo.
Si bien los acuerdos de inversión no han sido decisivos en atraer la IED, ellos se han convertido en una fuente de demandas arbitrales multimillonarias. En particular, el derecho de los inversores a iniciar acciones directamente contra los gobiernos de los países donde se realizó la inversión genera dificultades sin precedentes para la adopción de diversas políticas públicas por parte de los gobiernos. En vista de las implicancias de los TBI y otros acuerdos de inversión, el Ecuador decidió denunciar todos los TBI que había firmado. Por su parte, Sudáfrica decidió no firmar ningún TBI nuevo e intentará renegociar o salirse de los que están vigentes. Asimismo, Australia anunció que no aceptará disposiciones de resolución directa de conflictos entre el Estado y los inversores en los nuevos acuerdos de inversión, y la India está revisando los TBI de los que es parte, especialmente las disposiciones relativas a la resolución de conflictos.
Uno de los aspectos más preocupantes de la demanda interpuesta por Eli Lilly es que ella toca cuestiones que el Acuerdo sobre los ADPIC deja a la discreción de los miembros de la OMC. La libertad de decidir los motivos de invalidación de una patente y cómo aplicar los requisitos de patentabilidad son algunas de las importantes flexibilidades previstas por el Acuerdo. Si Eli Lilly saliera vencedora, el mecanismo de arbitraje entre los Estados y los inversores podría devenir el principal ámbito —quizás más amigable que el mecanismo de resolución de conflictos provisto por la OMC— donde los titulares de los derechos cuestionen la interpretación y la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC. Aunque la demanda mencionada finalmente resulte infructuosa, sus implicancias sistemáticas pueden ser muy importantes y sumarían otra razón para revisar seriamente los beneficios y los costos de ser parte de un acuerdo de inversión.
Carlos Correa es Asesor Especial del Centro del Sur en materia de comercio y propiedad intelectual.

References: resolución 
 artículo 1139
 artículo 1102
 artículo 1105
 artículo 1110
 artículo 32
 artículo 27
 artículo 3
 artículo 1110
 artículo 1709
 resolución 
 artículo 1709
 artículo 6
 resolución 
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