Source: https://cael.es/noticias/405-boe-crisis-sanitaria-ocasionada-por-el-covid-19
Timestamp: 2020-03-29 02:54:26+00:00

Document:
CAEL: Crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
NO SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A PESAR DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA.
La Subdirección General de Estudios Financieros del Ministerio de Hacienda prepara una comunicado oficial para señalar que la D.A.3ª RD 463/2020 no es aplicable al procedimiento de elaboración y aprobación de los presupuestos municipales.
la D.A.3ª RD 463/2020, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se refiere a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los plazos que se suspenden lo son para la tramitación de procedimientos administrativos, que se encuentran en aquel ámbito. Al ser una medida excepcional, no puede ser objeto de aplicación extensiva.
El procedimiento de elaboración y aprobación de los presupuestos NO ES un procedimiento administrativo común sino con un procedimiento específico que regula el TRLRHL.
En consecuencia, aquella disposición adicional no sería aplicable al caso concreto al que se refiere la consulta, por lo que una corporación local podría seguir con el procedimiento de aprobación de presupuesto.
Todo ello, sin perjuicio de lo que corresponda valorar al secretario y, en su caso, a los servicios jurídicos de esa corporación, de acuerdo con las funciones que tienen encomendada.
Desde el CAEL se informará de cuanto acontezca.
SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE DEUDAS DE DERECHO PÚBLICO NO TRIBUTARIAS.
El artículo 33 del RDL 8/2020 no contempla el supuesto de suspensión de plazos referido a las deudas de Derecho Público no tributarias, pero sí regula, otro semejante: el de la suspensión de plazos de deudas tributarias. ¿Es posible aplicar la analogía?
La Exposición de Motivos del Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, que aprobó el Texto Articulado del Título Preliminar del Código Civil, indicó en relación con la analogía que: "no presupone la falta absoluta de una norma, sino la no previsión por la misma de un supuesto determinado, defecto o insuficiencia que se salva si la razón derivada del fundamento de la norma y de los supuestos expresamente configurados es extensible, por consideraciones de identidad o de similitud al supuesto no previsto";.
La aplicación analógica de una exige, por tanto, la existencia de una laguna legal o ausencia de regulación de un determinado supuesto, y la similitud jurídica esencial entre el caso que se pretende resolver y el ya regulado, debiendo acudirse para resolver el problema al fundamento de la norma y al de los supuestos configurados.
Esta consulta resuelta por la Abogacía del Estado, analiza si existe suficiente identidad de razón entre ambos supuestos para considerar que el citado precepto puede aplicarse analógicamente a las deudas primeramente mencionadas, indicando que SÍ CONCURRE la citada identidad.
Para consultar las razones alegadas, descargue el siguiente documento.
DEUDASDEDERECHOPUBLICONOTRIBUTARIASYART33
Dada la gran cantidad de normativa, y otra documentación que se está generando en relación al Estado de Alarma, se ha creado un PUNTO DE INFORMACIÓN donde podréis encontrar la información relativa a las medidas frente a la crisis sanitaria COVID-19.
Para consultar el PUNTO de INFORMACIÓN, pinche aquí.
OBLIGACIÓN DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DERIVADA DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y D.A. TERCERA DEL RD 463/2020, de 14 de marzo.
Como sabrán, el Consejo de Ministros aprobó el pasado sábado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Las medidas previstas se encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. En lo que respecta a la actuación administrativa, la DA 3ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recoge la suspensión de plazos administrativos, de tal manera que:
En relación con las obligaciones de suministro de información derivadas de la normativa de estabilidad presupuestaria, la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales ha informado al CAEL de lo siguiente:
“las obligaciones de suministro de información derivadas de la normativa de estabilidad presupuestaria se enmarcan en el ámbito de las relaciones interadministrativas, incluso derivadas de otras obligaciones previas del Estado ante las instituciones de la Unión Europea. Por ello, los plazos establecidos no corresponden a la tramitación de procedimientos de las entidades del sector público, por lo que no están afectados por lo dispuesto en la disposición adicional tercera del RD 463/2020, de 14 de marzo.
En consecuencia, no cabe modificar los plazos establecidos. No obstante, se recuerda que, en los casos de la información de los presupuestos de 2020 y de liquidaciones de los de 2019, no se impide su remisión aun cuando se produzca fuera de los plazos inicialmente recogidos en las aplicaciones respectivas.”
Noticia relacionada con la remisión de información derivadas de la estabilidad presupuestaria, pinchando aquí.
LAS EELL YA PUEDEN CONSTITUIR COMISIONES DE COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y DESTINAR A LA ATENCIÓN SOCIAL HASTA 300 MILLONES DE SUPERÁVIT
Los Gobiernos Locales podrán destinar hasta 300 millones del superávit de 2019 a financiar gastos de inversión en el área de servicios sociales y promoción social.
En materia de seguridad, los Gobiernos Locales ya pueden constituir las Comisiones de Coordinación para la Seguridad previstas en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Estas Comisiones, presididas por el Alcalde o Alcaldesa, se reúnen al menos una vez al día y emiten informes diarios sobre el estado de situación, incidencias y soluciones a incidencias que remiten al Delegado del Gobierno.
Para consultar la nota de prensa de la FEMP, pinche aquí.
Para consultar esta noticia ampliada, pinche aquí.
El Consejo de Ministros ha aprobado el 17 de marzo de 2020, el Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que incluye ayudas para familias, autónomos y empresas y cuyo impacto económico supera los 115.000 millones de euros de recursos públicos.
La norma aprobada contempla que los ayuntamientos puedan destinar hasta 300 millones del superávit de 2019 a financiar gastos de inversión en el área de servicios sociales y promoción social. Esta medida permite adelantar el uso del superávit para dichas actuaciones y amplía el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles. Así el real decreto-ley establece, que las corporaciones locales disponen de una cantidad de igual cuantía del superávit del ejercicio 2019 para financiar las ayudas económicas y todas las prestaciones de servicios gestionadas por los servicios sociales de atención primaria y atención a la dependencia que vienen recogidas en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de 16 de enero de 2013, que recoge el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales.
SE FLEXIBILIZAN LOS PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
El 14 de marzo, se publica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, disponiéndose la suspensión de los plazos administrativos en todo el sector público mientras se encuentre vigente el Real Decreto o, en su caso, las prórrogas de este (D.A. Tercera).
Posteriormente, el 17 de marzo se publica el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo (BOE 18 de Marzo), modifica el Real Decreto 463/2020 disponiendo en su apartado Cuatro:
Ese mismo día (17/03/2020) se publica en el BOE el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 en el que se flexibilizan los plazos para el cumplimiento de obligaciones tributarias, añadiendo en su Disposición adicional novena que no le resultan de aplicación la suspensión de los plazos administrativos del Real Decreto 463/2020.
Por tanto, no quedan suspendidos:
- los plazos para la presentación de cualquier declaración que conlleve una autoliquidación o liquidación tributaria,
- así como, tampoco quedan suspendidos los plazos de pago de las cuotas resultantes de autoliquidaciones o liquidaciones tributarias.
Otra cosa será la ampliación de los plazos que en aras de facilitar el pago de las deudas tributarias, se flexibilizan para el pago, ampliándolos, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento (Art.33 RD-Ley 8/2020).
Los procedimientos y plazos tributarios afectados son los siguientes:
1) Plazos de pago en período voluntario de las deudas liquidadas por la Administración, art.62.2 LGT:
a) que no hayan concluido al 18 de marzo de 2020 -entrada en vigor del RDLey 8/2020- se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.
b) que se notifiquen a partir del 18 de marzo de 2020, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general (art.62.2.b LGT) sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
2) Plazos de pago de la providencia de apremio, art.62.5 LGT:
b) que se notifiquen a partir del 18 de marzo de 2020, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general (art.62.5.b LGT) sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
3) Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos:
a) que no hayan concluido al 18 de marzo de 2020, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.
b) los plazos que venzan a partir de ese día, 18 de marzo, la ampliación es hasta el 20 de mayo, salvo que el otorgado en la propia resolución sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
4) Plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se re eren los artículos 104.2 (pujas electrónicas) y 104 bis (adjudicación y pago) del Reglamento General de Recaudación.
b) de abrirse a partir del 18 de marzo, la ampliación es hasta el 20 de mayo, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor (arts.104.4), en cuyo caso éste resultará de aplicación.
c) por lo que se refiere al plazo de adjudicación, el plazo depende de que la presentación de ofertas haya finalizado antes o a partir del 18 de marzo de 2020. En el primer caso, se amplía hasta el 30 de abril y en el segundo, hasta el 20 de mayo salvo que el otorgado por la norma general (art.104 bis) sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
5) Plazos para atender los requerimientos.
b) que se notifiquen a partir del 18 de marzo de 2020, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado en el propio requerimiento sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
6) Plazos para atender diligencias de embargo.
b) que se notifiquen a partir del 18 de marzo de 2020, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado en la propia diligencia sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
7) Plazos para atender solicitudes de información con trascendencia tributaria.
b) que se notifiquen a partir del 18 de marzo de 2020, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado en la propia solicitud sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
8) Plazos para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos y sancionadores.
b) que se notifiquen a partir del 18 de marzo de 2020, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado en el acto de apertura o de audiencia sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
9) Plazos para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos especiales de revisión (nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y revocación)
10) Plazos para interponer Recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios.
11) Nota común sobre la ampliación de los plazos: si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite.
12) Ejecución de garantías inmobiliarias. En el procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde el 18 de marzo de 2020 y hasta el día 30 de abril de 2020.
13) El período comprendido entre el 18 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de los plazos establecidos en el artículo 66 de la LGT (prescripción), ni a efectos de los plazos de caducidad.
El RD 8/2020 no desarrolla el régimen previsto para aquellas deudas de notificación colectiva y periódica, y siendo potestad de los distintos municipios la fijación de los distintos calendarios de pago a través de los anuncios de cobranza, ningún inconveniente existe en que por esa Corporación se disponga la ampliación de los mismos en los términos que se determinen, en función de que su puesta al cobro sea anual o semestral.
Para consultar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, pinche aquí.
Se ha publicado en el BOE de 25 de marzo de 2020, la Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Los errores afectan a la disposición final primera, al Anexo, punto 3.
PUBLICADAS LAS INSTRUCCIONES SOBRE LA INTERRUPCIÓN DE PLAZOS EN LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS DE LA PLACSP
Una de las medidas recogidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública, es la establecida en su Disposición adicional tercera que recoge la suspensión de plazos administrativos.
Pues bien, con motivo de la interrupción de plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, la Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica, encargada de la Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante, PLACSP) en nombre de la Dirección General del Patrimonio del Estado, ofrece unas Instrucciones que marcan cómo actuar en aquellos procedimientos de contratación tramitados a través de la PLACSP.
El contenido de las Instrucciones son recomendaciones, así que si por cualquier circunstancia el órgano de contratación precisa continuar con la tramitación del procedimiento o iniciar uno nuevo, se informa de que la PLACSP está a disposición para la publicación de anuncios, envío de invitaciones, apertura y valoración de ofertas, y cualquier otro de los servicios que presta habitualmente.
Igualmente se informa de que la reanudación de los procedimientos que se encontraran en plazo de presentación de ofertas supondrá, en los casos en que medie convocatoria de licitación, la publicación de nuevo de los anuncios de licitación y de pliegos. En caso contrario, requerirá del envío de la invitación a licitar.
El servicio de soporte a usuarios de la PLACSP no tiene competencias para ofrecer un servicio jurídico, por lo que indican desde estas Instrucciones que la asistencia se ceñirá a la articulación en la PLACSP de las decisiones que hayan tomado los servicios jurídicos de cada órgano de contratación.
LAS EELL PODRÁN REDUCIR LOS SERIVCIOS DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS
Se ha publicado en el BOE de 15 de marzo de 2020, la Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de las autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de transporte público de su titularidad.
Como es sabido, debido a la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, el Gobierno, ha declarado el estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Así, de acuerdo con los artículos 4 y 14.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, queda habilitado para dictar cuantos actos y disposiciones sean necesarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, sin necesidad de procedimiento administrativo alguno.
Entre las medidas de contención previstas en la citada norma, el artículo 14.2 regula las relativas a las materias de transportes aplicables al transporte interior. En concreto, en el apartado 2, c), se indica que para:
«para los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo de competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público u OSP, o sean de titularidad pública, se debe mantener la oferta de transporte, si bien se pueden establecer porcentajes de reducción de servicios en caso de que la situación sanitaria así lo aconseje, así como otras condiciones específicas de prestación de dichos servicios».
Con el fin de garantizar la aplicación efectiva de las medidas previstas en dicho precepto, se ha considerado conveniente clarificar el ámbito de actuaciones de cada autoridad territorial competente en relación con los servicios de transporte público de su competencia. Así las cosas, en lo que respecta al ámbito local, la Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, establece:
Cada autoridad local competente podrá fijar los porcentajes de reducción de los servicios de transporte público de su titularidad que estime convenientes, de acuerdo a la realidad de las necesidades de movilidad existentes en sus territorios y a la evolución de la situación sanitaria y garantizando, en todo caso, que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario.
Igualmente podrán establecer condiciones específicas de prestación de dichos servicios.
Para fijar los porcentajes de reducción de los servicios públicos de transporte regular de viajeros de su titularidad, las autoridades locales deberán comunicarlo a la correspondiente comunidad autónoma. Las comunidades autónomas, por su parte, deberán comunicar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la información que hayan recibido de las autoridades locales de su territorio, así como los suyos propios, con objeto de que puedan coordinarse las actuaciones en todo el territorio nacional.
Las medidas previstas se encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. En lo que respecta a la actuación administrativa, la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recoge la suspensión de plazos administrativos, de tal manera que:
El real decreto entraró en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado (14/03/2020).
Se ha publicado en el BOE de 14 de marzo de 2020, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Las medidas previstas en la norma se encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico.
Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, es indispensable proceder a la declaración del estado de alarma. Las medidas que se contienen en el real decreto son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución.
La duración del estado de alarma que se declara por el real decreto es de quince días naturales.
El ámbito territorial es todo el territorio nacional.
La autoridad competente es el Gobierno, si bien se contempla que los actos, disposiciones y medidas necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, podrán adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y deberán prestar atención a las personas vulnerables. Para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno.
En materia de Policía Local, dispone el Real Decreto que los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedarán bajo las órdenes directas del Ministro del Interior, a los efectos del decreto, en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.
Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en el real decreto, salvo las expresamente exceptuadas. Para ello podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo. A tal fin, la ciudadanía tiene el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
En cuanto a la gestión ordinaria de los servicios, cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma, sin perjuicio de lo señalado para los Cuerpos de la Policía Local y las competencias del Gobierno señaladas en las áreas de responsabilidad contempladas en el artículo 4.
Durante la vigencia del estado de alarma se limita la circulación de las personas únicamente para la realización de las actividades establecidas en el artículo 7 del Real Decreto, para lo que el Gobierno podrá llevar a cabo una serie de medidas.
Cuando esas medidas se adopten de oficio se informará previamente a las administraciones autonómicas que ejercen competencias de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial garantizarán la divulgación entre la población de las medidas que puedan afectar al tráfico rodado.
Las autoridades competentes delegadas podrán acordar, de oficio o a solicitud de las comunidades autónomas o de las entidades locales, que se practiquen requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en el real decreto. En particular: para la prestación de los servicios de seguridad o de los operadores críticos y esenciales. Cuando la requisa se acuerde de oficio, se informará previamente a la Administración autonómica o local correspondiente.
Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad. Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. El Ministro de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio.
En relación con todos los medios de transporte, cualquiera que sea la Administración competente sobre los mismos, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana queda habilitado para dictar los actos y disposiciones que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para establecer condiciones a los servicios de movilidad, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares. Si bien, estos actos podrán adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. Para ello no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno.
Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo de competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público u OSP, o sean de titularidad pública, mantendrán su oferta de transporte.
Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. Sin perjuicio de que se puedan adoptar las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
Por último, indicar que la Disposición Final Primera del RD 463/2020, recoge que: «quedan ratificadas todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las entidades locales con ocasión del coronavirus COVID-19, que continuarán vigentes y producirán los efectos previstos en ellas, siempre que resulten compatibles con este Real Decreto». Por lo tanto, todas aquellas medidas que se hayan adoptado por la Administración local quedan ratificadas, siempre y cuando sean compatibles con el Real Decreto.
Para consultar el Real Decretro, pinche aquí.
Etiquetas: BOE, Noticias 2020, ESTADO DE ALARMA

References: artículo 33
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 resolución 
 artículo 66
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 artículo 14
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 55
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 artículo 4
 artículo 7
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