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Timestamp: 2020-08-10 22:31:01+00:00

Document:
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 806066269
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 217/2016. MUNICIPIO DE JOJUTLA, ESTADO DE MORELOS.I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SECRETARIA GENERAL DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTE. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE DE UN AYUNTAMIENTO ES UN ACTO QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE ESE ÓRGANO, LO QUE JUSTIFICA SU INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE UN AYUNTAMIENTO (ACUERDO POR EL QUE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ORDENA DESTITUIR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JOJUTLA DE ESA ENTIDAD). VI. DESTITUCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LA INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA NORMATIVA QUE LA REGULA PERMITE CONSIDERAR QUE EL VOCABLO "INFRACTOR" NO INCLUYE A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). VII. DESTITUCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. EL TRIBUNAL RESPECTIVO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ORDENARLA, TODA VEZ QUE ELLO ES FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JOJUTLA DE ESA ENTIDAD). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE ÚNICAMENTE TIENE EFECTOS RESPECTO DEL MUNICIPIO ACTOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL ACUERDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE ORDENÓ LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JOJUTLA DE ESA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 217/2016. MUNICIPIO DE JOJUTLA, ESTADO DE MORELOS. 24 DE ENERO DE 2018. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS A.P.D., J.L.P., J.F.F.G.S.Y.E.M.M.I. AUSENTE: M.B. LUNA RAMOS. PONENTE: A.P.D.. SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.
VISTOS, para resolver el expediente de la controversia constitucional identificada al rubro; y
PRIMERO.—Demanda. Por escrito recibido el dos de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.F.Q., en su carácter de síndica del Ayuntamiento de Jojutla, Estado de M., promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades del Estado de M. que a continuación se señalan:
1. Congreso del Estado.
2. Gobernador Constitucional.
3. Secretario de Gobierno.
4. Secretario del Trabajo.
5. Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".
6. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
3. La sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, en la que declaró procedente la imposición de la medida de apremio consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, M..
4. El acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, consecuencia de la sesión plenaria referida con anterioridad, donde se ordena la destitución o revocación del mandato del presidente municipal de Jojutla, M., dentro del expediente **********.
1. El uno de enero de dos mil dieciséis, se integró el Ayuntamiento de Jojutla, Estado de M., para el periodo 2016-1018 (sic).
2. El nueve de noviembre de dos mil dieciséis, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., por conducto del actuario adscrito al mismo, notificó al Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, por el que se impone al presidente municipal, como sanción por incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral número **********, la destitución del cargo, es decir, la revocación del mandato constitucional, fundándose en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad.
TERCERO.—Preceptos constitucionales señalados como violados y concepto de invalidez. El Municipio actor señaló como transgredidos en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16, 115, fracción I, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y planteó, en síntesis, el siguiente concepto de invalidez:
El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., establece que las infracciones a ese ordenamiento que no tengan prevista otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios, sanción que será impuesta en su caso, por el mencionado tribunal.
La disposición referida "lo es únicamente para sancionar a servidores públicos de libre designación, es decir, aquellos que ostentan el carácter de funcionarios, que por su naturaleza son designados, mediante el nombramiento correspondiente de un superior jerárquico y para operar una administración pública y no para aquellos que son electos por el mandato del pueblo, a través del voto o sufragio, como lo es el presidente de Jojutla, M.; y dado que existe un procedimiento especial para sancionar y separar del cargo a los integrantes de un C.", resulta que dicha norma transgrede el artículo 115 de la Constitución Federal pues sólo establece el concepto de "infractor", sin distinguir entre los cargos de elección popular, como ocurre con los miembros de los Ayuntamientos, y los que derivan de un nombramiento expedido por un superior jerárquico.
La disposición constitucional "otorga de manera única y exclusiva la facultad y competencia a las Legislaturas Locales, esto con acuerdo de sus dos terceras partes de sus integrantes, el poder de suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos a que a su juicio convengan, es decir, nuestra Constitución Federal prevé un procedimiento especial que se debe llevar a cabo por las Legislaturas Locales, para poder destituir, suspender o revocar el mandato de un presidente municipal".
Por su parte, los numerales 183 y 184 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de M., establecen el procedimiento que debe seguirse para declarar que un Ayuntamiento ha desaparecido o para suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros, por lo que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje carece de competencia para determinar la destitución de algún integrante de un Ayuntamiento porque el vínculo entre ellos no se refiere a una relación de supra a subordinación del tipo de los que corresponden a su conocimiento, sino que se trata de una relación entre diferentes autoridades o poderes, por lo que no hay duda que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad y su aplicación en el caso, transgreden la Norma Suprema pues el citado tribunal carece de competencia constitucional para suspender o revocar el nombramiento de los miembros de un Ayuntamiento, lo que afecta gravemente al pueblo de Jojutla, M., y supone una invasión a las atribuciones que constitucionalmente corresponden al Congreso de la entidad y, por tanto, se transgreden también en perjuicio del Municipio actor, los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.
CUARTO.—Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 217/2016 y, por razón de turno por conexidad, se designó como instructor al Ministro A.P.D..
En auto de seis de diciembre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados sólo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de M., así como al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a los que ordenó emplazar para que formularan su contestación; por último, mandó dar vista a la Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
QUINTO.—Contestaciones de demanda. Comparecieron en representación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., su presidente y tercer árbitro y su secretaria general, aduciendo que se configuran las siguientes causas de improcedencia: a) la determinación de destitución del presidente municipal de Jojutla, Estado de M., que se combate, constituye una resolución de carácter jurisdiccional en términos de los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad, por lo que en su contra es improcedente la controversia constitucional de conformidad con la tesis número 2a. CVII/2009, intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA."; b) la aplicación de la sanción que prevé el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., se hizo válida a partir de la entrada en vigor de la reforma realizada a la Ley Orgánica Municipal, en específico la fracción XXXIX de su artículo 41, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de veintitrés de enero de dos mil catorce, que establece la obligación del presidente municipal de cumplir y hacer cumplir los laudos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, razón suficiente para considerar que se actualiza el supuesto explicado en la tesis jurisprudencial que lleva por rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES A PARTIR DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA ÚLTIMA."
En cuanto al fondo, sostienen, esencialmente, que no tiene razón el Municipio actor al pretender que se declare la invalidez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. y su acto de aplicación, ya que el artículo 41, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica Municipal de la entidad establece la obligación a cargo de los presidentes municipales de dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por lo que si en términos del numeral 123 de la Ley del Servicio Civil, las resoluciones dictadas por dicho tribunal son inapelables y se cumplirán por la autoridad correspondiente, no hay duda que procede aplicar la sanción prevista en la fracción II del diverso numeral 124 de la citada Ley del Servicio Civil, al funcionario que no cumpla lo ordenado en un laudo, como ocurrió en el caso, ya que el presidente municipal de Jojutla, M., desatendió el laudo dictado en el expediente **********.
Por otro lado, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de M., contestaron la demanda el encargado de despacho de la Consejería Jurídica y el director general de asuntos constitucionales y amparo de dicha Consejería Jurídica, quienes plantearon la improcedencia del juicio por lo siguiente: a) falta de legitimación del Municipio actor en tanto el Ejecutivo de la entidad no ha realizado ningún acto que invade su esfera de competencia, y por la misma razón, se afirma que dicho Ejecutivo carece de legitimación pasiva; b) en la demanda no se plantearon conceptos de invalidez por vicios propios de los actos de promulgación y publicación atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado de M., actos éstos que no entrañan afectación o invasión a la esfera de atribuciones de dicho Municipio; y, c) la demanda se presentó en forma extemporánea pues la Ley del Servicio Civil del Estado de M. se publicó en el Periódico Oficial de la entidad de seis de septiembre de dos mil. En cuanto al fondo, sostienen que la promulgación de la norma impugnada se ajusta a las facultades constitucionales y legales que corresponden al Ejecutivo Local, además de que la sanción de destitución el presidente municipal de Jojutla, M., constituye sólo una medida de apremio para hacer efectivas las determinaciones del órgano jurisdiccional laboral, misma que cuenta con la debida fundamentación y motivación, además de que en el procedimiento relativo se dio intervención a la autoridad municipal.
Por último, en representación del Poder Legislativo del Estado de M. compareció la presidenta de la mesa directiva, la que señaló que el Municipio actor carece de interés legítimo, pues el Congreso de la entidad cuenta con facultades, específicamente, en términos del numeral 40, fracción II, de la Constitución de la entidad, para expedir, reformar y derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el gobierno y administración del Estado, por lo que no invade la esfera competencial de dicho Municipio ni vulnera su autonomía, en tanto que sólo se dotó al tribunal laboral local de la atribución de sancionar por la desobediencia a sus determinaciones, mediante la destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno Estatal o Municipal, ello con el objeto de que cuente con los medios necesarios para asegurar el respeto a sus decisiones y, con ello, garantizar el derecho de acceso a la justicia en los términos exigidos por el numeral 17 de la Constitución Federal.
SÉPTIMO.—Audiencia, cierre de instrucción y avocamiento. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el once de abril de dos mil diecisiete se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas y aportadas durante la instrucción del juicio, por presentados los alegatos del Municipio actor y se puso el expediente en estado de resolución.
Este asunto se listó para la sesión de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de dos de agosto de dos mil diecisiete, en que fue retirado.
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de mayo siguiente, ya que se plantea un conflicto entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos del Estado de M., y uno de sus Municipios, el de Jojutla, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno debido a que el estudio de fondo versa únicamente sobre actos y no sobre normas de carácter general.
El Municipio actor impugna el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., publicada en el Periódico Oficial de la entidad de seis de septiembre de dos mil, con motivo de su aplicación efectuada en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, en la que declaró procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, M., así como el acuerdo del mismo día, donde se ordena dicha destitución dentro del expediente del juicio laboral **********.
Ahora bien, de la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. el veinte de septiembre de dos mil dieciséis,(2) en relación con la determinación de imponer la sanción de destitución al presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, M., por hacer caso omiso del requerimiento que se le hizo en auto de uno de marzo del año citado, con el fin de que acatara lo determinado en el laudo pronunciado en el juicio laboral **********, se lee:
"Cuernavaca, M.; a veinte de septiembre del año dos mil dieciséis. Y estando debidamente integrado el Pleno de este Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., se procede a resolver sobre la imposición de la medida de apremio decretada mediante acuerdo de fecha primero de marzo del año dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente **********, promovido por el actor **********, consistente en la destitución del presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Jojutla, M., en virtud de no haber dado cumplimiento al laudo de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil doce ...
"EN RELACIÓN A LOS CONSIDERANDOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE DECLARA PROCEDENTE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN DECRETADA MEDIANTE ACUERDO DE FECHA PRIMERO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, DICTADO EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE ARRIBA CITADO, CON LA CONTUMACIA EN QUE HA INCURRIDO LA PARTE DEMANDADA, ESTO ES:
"SE DECRETA LA DESTITUCIÓN DEL CARGO DEL PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JOJUTLA, MORELOS, EN VIRTUD DE NO HABER DADO CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO REALIZADO POR ESTA AUTORIDAD; POR LO QUE SE ORDENA GIRAR OFICIOS AL CABILDO PARA QUE EN DE (SIC) MANERA INMEDIATA HAGAN EFECTIVA LA SEPARACIÓN DEL CARGO DECLARADA Y LO INFORMEN A ESTE TRIBUNAL.
"LO ANTERIOR, AL HABERSE APLICADO LA DESTITUCIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO REALIZADOS POR ESTE H. TRIBUNAL AL C. PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS ...
"DE LO QUE SE ADVIERTE QUE RESULTA UNA OBLIGACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS, EL DAR TOTAL Y CABAL CUMPLIMIENTO A CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO MEDIANTE LAUDO DE FECHA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, EMITIDO POR ESTA AUTORIDAD, DE IGUAL FORMA ESTE TRIBUNAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO, TIENE LA OBLIGACIÓN DE PROVEER LA EFICAZ E INMEDIATA EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS, DICTANDO TODAS LAS MEDIDAS A SU ALCANCE A FIN DE LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEMANDADO, ASIMISMO LOS ARTÍCULOS 123 Y 124 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS ESTABLECEN LAS MEDIDAS LEGALES CON LAS QUE CUENTA ESTE TRIBUNAL PARA EFECTO DE HACER CUMPLIIR SUS DETERMINACIONES, ARTÍCULOS QUE A LA LETRA INDICAN: ...
"NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. Así lo resolvieron y firmaron al margen para constancia legal y al margen los CC. integrantes de este H. Tribunal Estatal."
En cumplimiento a la determinación del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., su presidente dictó auto de veinte de septiembre de dos mil dieciséis,(3) contenido en el oficio **********, en el que se lee:
"A.J.S.M.
"PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
"En debido cumplimiento al acuerdo dictado con esta misma fecha y atendiendo al estado procesal que guardan los autos del expediente **********, ... del cual se desprende que resultó procedente hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de ejecución dictado el primero de marzo del año dos mil dieciséis, ante el incumplimiento manifiesto realizado por el H. Ayuntamiento de Joutla, M..
"Por lo que en ese sentido, se ordenó girarle el presente oficio para hacerle de su conocimiento que en sesión del Pleno efectuada el día veinte de septiembre del año dos mil dieciséis, los CC. integrantes del Pleno de este H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje determinaron hacer efectivo al Ayuntamiento demandado el apercibimiento decretado mediante acuerdo de fecha PRIMERO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS y, en consecuencia, se determinó SU DESTITUCIÓN COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
"Razón por la cual, me permito hacer de su conocimiento lo anterior para todas las cuestiones jurídicas y administrativas, a que haya lugar, esto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 17, 18, 47, 48, 171, 172 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de M., 15, 17 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de M., 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de M..
"Sin más por el momento, le reitero a usted, las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
"LIC. I.I.L.R.
"PRESIDENTE EJECUTOR POR EXCUSA DE SU TITULAR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS."
Se sigue de lo anterior, que si en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, se hizo efectivo el apercibimiento hecho en el acuerdo de uno de marzo del mismo año, declarándose procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, M., por no acatar el laudo dictado en el expediente del juicio laboral **********, mismo en que el presidente del mencionado tribunal pronunció el diverso acuerdo del misma día –veinte de septiembre de dos mil dieciséis–, ordenando hacer efectiva la determinación plenaria, se concluye que esta determinación plenaria de destitución y el referido acuerdo constituyen actos de aplicación de la disposición impugnada en perjuicio del Municipio actor.
Por tanto, para determinar sobre la presentación de la demanda, debe destacarse que el Municipio actor fue notificado de manera personal de la determinación tomada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en su sesión de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, de hacer efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de uno de marzo de dicho año, dictado en el juicio laboral ********** y, por tanto, destituir al presidente municipal, en términos de lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., el miércoles nueve de noviembre de dos mil dieciséis, fecha que se manifiesta en la demanda de amparo y que se advierte de las constancias anexas a la misma.(5)
No pasa desapercibido que en la constancia de notificación de la fecha citada se hace constar que el notificador se constituyó en el "domicilio ubicado en Cuauhtémoc sin número colonia Centro de Jojutla, M., en busca de presidente municipal del H. Ayuntamiento de Jojutla, M., persona (s) buscada según citatorio que obra en autos y no estando presente (s) procedo a emplazarlo a juicio con fundamento en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado, corriéndole traslado con la persona con quien entiendo la presente diligencia ...".
Esto es, la constancia refiere una diligencia de emplazamiento a juicio, lo que lógicamente es incorrecto pues el expediente ********** inició con motivo de la demanda presentada por los apoderados legales de **********, el diez de mayo de dos mil diez, por lo que debe considerarse que en dicha diligencia se notificó al presidente municipal de Jojutla, M., el acuerdo tomado el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de la entidad, respecto de la destitución de dicho funcionario que se impugna, máxime que el citatorio de ocho de noviembre de dos mil dieciséis se refiere a la notificación de un acuerdo(6) y, además, las constancias de notificación referidas coinciden con las copias certificadas exhibidas por el mencionado tribunal,(7) el que reconoció en su contestación de demanda, que el nueve de noviembre de dos mil dieciséis se notificó al presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, la determinación del Pleno de hacer efectiva su destitución.
En consecuencia, la notificación personal practicada surtió efectos el mismo día en que se practicó, esto es, el miércoles nueve de noviembre de dos mil dieciséis, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo,(8) de aplicación supletoria según lo previsto en el numeral 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de M.,(9) por lo que el plazo para presentar la demanda transcurrió del jueves diez de noviembre de dicho año al viernes seis de enero de dos mil diecisiete, descontándose del cómputo respectivo los días doce y trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de noviembre, tres, cuatro, diez y once de diciembre de dos mil dieciséis, y uno de enero de dos mil diecisiete, por haber sido sábados y domingos, así como el veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis y del día dieciséis al treinta y uno de diciembre de este último año, por corresponder al segundo periodo vacacional, todo ello de conformidad con los artículos 2o. y 3o. de la ley reglamentaria de la materia,(10) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(11) y el punto primero, incisos a), b), c), d), k) y n) del Acuerdo General Número 18/2013,(12) dictado por el Pleno de esta Suprema Corte el diecinueve de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de noviembre siguiente, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como los de descanso para su personal.
De esta forma, al haberse recibido la demanda de controversia constitucional en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el viernes dos de diciembre de dos mil dieciséis, según sello fechador que obra en la misma, debe concluirse que fue promovida oportunamente por lo que se refiere a la determinación tomada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. en la sesión celebrada el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, en el sentido de hacer efectivo el apercibimiento hecho en el acuerdo de uno de marzo del mismo año, declarándose procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, M., por no acatar el laudo dictado en el expediente del juicio laboral **********, así como en torno al acuerdo de la primera fecha mencionada, en que el presidente del tribunal ordenó hacer efectiva la determinación plenaria.
Por lo que se refiere a la impugnación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil, se advierte que la misma no se realiza, en virtud de la publicación de la norma en tanto ello ocurrió en el Periódico Oficial de la entidad de seis de septiembre de dos mil, sino con motivo de su aplicación. Sin embargo, el cómputo relativo para determinar la oportunidad de su impugnación no puede hacerse a partir de los actos de aplicación controvertidos en esta controversia constitucional, a que se hizo referencia en el párrafo precedente, ya que con anterioridad al veinte de septiembre de dos mil dieciséis en que se produjeron, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. y su presidente, ya habían aplicado el citado numeral 124, fracción II, al Municipio de Jojutla, M..(13)
Por tanto, los actos de aplicación que ahora impugna el Municipio de Jojutla, M., no lo legitiman para impugnar de nueva cuenta el citado numeral 124, fracción II, en tanto que el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, establece como plazo para presentar la demanda de controversia constitucional en contra de normas generales el de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, sin que pueda reclamarse la misma norma general con motivo de un segundo o ulterior acto de aplicación, tal como se establece en la siguiente jurisprudencia P./J. 121/2006:(14)
En consecuencia, si en la presente controversia no se reclama el primer acto de aplicación, sino uno ulterior, lo que procede es decretar el sobreseimiento por lo que hace a la impugnación de la disposición general reclamada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19, fracción VII,(15) y 20, fracción II,(16) de la ley reglamentaria de la materia.
TERCERO.—Legitimación activa. El Municipio de Jojutla, Estado de M., compareció al presente juicio por conducto de A.F.Q., en su carácter de síndica del Ayuntamiento, lo que acreditó con la copia certificada de la constancia de mayoría expedida por el Concejo Municipal Electoral el once de junio de dos mil quince,(17) en la que consta tal carácter.
Ahora bien, el Municipio actor es uno de los órganos enunciados por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal,(18) legitimado para promover controversia constitucional contra el Estado al que pertenece respecto de la constitucionalidad de sus disposiciones generales y actos, como lo son el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. y su aplicación.
Asimismo, de conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(19) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
Pues bien, de acuerdo con el artículo 45, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de M.,(20) corresponde a los síndicos la representación jurídica del Municipio.
En consecuencia, se reconoce legitimación a quien compareció en representación del Municipio de Jojutla, Estado de M., lo que se refuerza con el criterio contenido en la tesis 2a. XXVIII/2012 (10a.),(21) que establece:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS SÍNDICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA.—El artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de M., que faculta a los Ayuntamientos para promover controversias constitucionales, debe interpretarse en concordancia con el diverso 45, fracción II, del propio ordenamiento, que otorga a los síndicos la atribución de procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales y representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éstos sean parte. De esta forma, el Ayuntamiento ejerce su facultad para promover controversias constitucionales por conducto del síndico, a quien la ley confiere la representación jurídica de dicho órgano de gobierno, así como la procuración y defensa de los derechos e intereses municipales, sin que, para ello, sea necesario emitir un acuerdo de C. en el que se le otorgue tal atribución, al ser la propia ley la que lo faculta para hacerlo."
CUARTO.—Legitimación pasiva. Tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia constitucional el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos del Estado de M., el cual les fue reconocido así en el auto dictado por el Ministro instructor el seis de diciembre de dos mil dieciséis.
A los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de M. y al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se reconoce legitimación pasiva en la causa por ser los órganos que expidieron, promulgaron y aplicaron, respectivamente, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. que se impugna, ello en atención a lo previsto en los numerales 105, fracción I, inciso i), de la Constitución «Federal» y 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.(22)
a) Poder Legislativo. Por el Poder Legislativo del Estado de M. comparece B.V.A., en su carácter de diputada presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la entidad, titularidad que acredita con la copia certificada del acta de la sesión celebrada el doce de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LIII Legislatura.(23)
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de M.,(24) compete al presidente de la mesa directiva la representación legal del Congreso en cualquier asunto en que sea Parte, por lo que se reconoce su legitimación para comparecer a juicio.
b) Poder Ejecutivo. Por el Poder Ejecutivo del Estado de M. comparecen J.A.G.C.P. y Ó.P.R., en su carácter de encargado del despacho de la Consejería Jurídica y director general de Asuntos Constitucionales y Amparo, respectivamente, lo que acreditaron, la primera persona mencionada con el Periódico Oficial de la entidad de nueve de septiembre de dos mil quince,(25) y la segunda persona con la copia fotostática certificada de su nombramiento.(26)
A dichos funcionarios corresponde la representación jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de M., en términos de lo previsto en los artículos 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de dicho Estado(27) y 15, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de la entidad.(28)
En efecto, establece el artículo 57 de la Constitución Local,(29) que el Poder Ejecutivo de la entidad se ejerce por el gobernador del Estado, quien está facultado para designar al consejero jurídico conforme al artículo 70, fracción VI, de la propia Constitución del Estado,(30) quien a su vez nombró al director general de asuntos constitucionales y amparo. El gobernador del Estado delegó y autorizó al consejero jurídico para ejercer las facultades y atribuciones que requieran de acuerdo previo, según consta en el acuerdo publicado en el Periódico Oficial de la entidad de once de junio de dos mil quince,(31) por lo que ambos funcionarios están facultados para constituirse como representantes legales del gobernador del Estado de M., en la presente controversia constitucional.
c) Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M.. Suscribe la contestación de demanda I.I.L.R., ostentándose como: "Presidente y tercer árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., por excusa de su titular".
Al efecto, se precisa que por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, dictado en el expediente laboral **********,(32) con fundamento en los artículos 121 de la Ley del Servicio Civil del Estado de M.(33) y 11, fracción II, del Reglamento Interior de Trabajo del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje,(34) se facultó a su secretaria general para actuar en lugar de su presidente, al haber resultado procedente el impedimento formulado por éste, así como que se exhibió el formato de solicitud de movimiento de personal,(35) en que se advierte el carácter de I.I.L.R. como secretaria general, por lo que se le reconoce legitimación para actuar en defensa del mencionado Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., ya que la representación legal de éste corresponde a su presidente en términos de lo dispuesto por el artículo 12, fracción XIII, del reglamento interior de dicho tribunal.(36)
Sin embargo, no se reconoce legitimación a E.I. de la T.R., quien también suscribió la contestación de demanda, en su carácter de secretaria general del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., ya que si bien acreditó la autorización que le otorgó para actuar como tal en los expedientes en que esté impedido su presidente,(37) lo cierto es que del reglamento interior del citado tribunal, específicamente su artículo 13,(38) que precisa las atribuciones de la secretaria general, no se advierte que se le conceda la facultad de representación jurídica del órgano jurisdiccional.
QUINTO.—Causales de improcedencia. Dado que ya se determinó sobreseer en la controversia constitucional por lo que se refiere al artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., procede esta Segunda Sala a examinar las causales de improcedencia hechas valer en cuanto afectan la procedencia de la controversia constitucional en torno a los actos de su aplicación, a saber, la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, en la que declaró procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, M., así como el acuerdo del mismo día, donde se ordena dicha destitución dentro del expediente del juicio laboral **********.
Al respecto, se determina que es infundada la pretensión relativa a la falta de interés legítimo del Municipio actor, ya que los actos impugnados referidos en el párrafo precedente afectan la integración del Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, M., por lo que está plenamente justificado el interés legítimo que le asiste para acudir al medio de control constitucional, tal como se explica en la jurisprudencia P./J. 84/2001,(39) que establece:
Por otro lado, se desestima lo planteado en torno a la falta de legitimación del Municipio actor derivada de la afirmación consistente en que los actos impugnados no invaden la esfera de competencia de dicho Municipio, ya que involucra el estudio de fondo del asunto. Esta determinación se apoya en el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 92/99,(40) que señala:
A fin de dar respuesta a lo anterior, resulta pertinente tener presente los siguientes antecedentes de la determinación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. impugnada, que derivan de las constancias de autos y pruebas aportadas por las partes:
1. Por escrito presentado el diez de mayo de dos mil diez, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., ********** demandó en la vía ordinaria laboral al Ayuntamiento de Jojutla, M., y al **********, el cumplimiento del contrato y relación de trabajo, específicamente, la reinstalación en el puesto y actividades que desempeñaban en el momento en que se produjo su despido injustificado y todas las prestaciones laborales a que tienen derecho (reconocimiento de la existencia y plaza laboral, pago de salarios, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, registro sindical, etcétera). El juicio se radicó con el número de expediente **********.
2. El citado Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje dictó laudo el veinticuatro de abril de dos mil doce, en el que absolvió al sindicato demandado y condenó al Ayuntamiento de Jojutla, M., a la reinstalación del actor y al pago de diversas prestaciones laborales.
3. El actor en el juicio laboral promovió el juicio de amparo directo ********** del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, que en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil doce, determinó otorgar la protección constitucional para que el tribunal responsable deje insubsistente el laudo reclamado y dicte otro en los términos en que se le indica, a saber, condene al pago de salarios caídos, sin tomar en cuenta la limitante de seis meses; condene al pago de aguinaldo por el año dos mil nueve y la parte proporcional de dos mil diez; condene al pago de vacaciones y prima vacacional por el periodo que va del veintiséis de abril al veinticinco de octubre de dos mil nueve y la parte proporcional del veintiséis de octubre de dos mil nueve al diez de abril de dos mil diez; determine que el salario base para cuantificar las prestaciones será en razón de $********** quincenales; y se establezca en cantidad líquida las condenes por concepto de prestaciones económicas y se cuantifiquen.
4. En la misma fecha, el mencionado Tribunal Colegiado pronunció resolución en el diverso juicio de amparo directo **********, promovido por el Ayuntamiento de Jojutla, M., en el que también concedió la protección constitucional para el efecto de que en el nuevo laudo se absolviera a la patronal del pago de vacaciones durante el tiempo que dure la tramitación del juicio, desde la fecha del despido y hasta que el actor sea reinstalado.
5. El veinticuatro de septiembre de dos mil doce, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje responsable dictó nuevo laudo en acatamiento a las ejecutorias de amparo.
6. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en sesión de quince de febrero de dos mil trece, pronunció resolución en el juicio de amparo directo **********, promovido por el Ayuntamiento de Jojutla, en el sentido de negarle la protección constitucional, por lo que quedó firme el laudo reclamado.
7. Después de diversos requerimientos al Ayuntamiento demandado para que dé cumplimiento a la condena impuesta en el juicio laboral, la parte actora promovió el juicio de amparo indirecto **********, en el que Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, firmó sentencia el quince de mayo de dos mil quince, en el sentido de otorgar el amparo para el efecto, entre otros, de que en caso de que no se haya ejecutado el laudo, el tribunal responsable comisione actuario para que se constituya en el domicilio de la demandada y requiera el pago en su cumplimiento "apercibiéndolo que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., todo a fin de restituir al inconforme en el pleno goce de las garantías individuales violadas, como lo establece el artículo 77 de la Ley de Amparo."
8. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, mediante resolución de doce de noviembre de dos mil quince, confirmó la sentencia de amparo referida en el punto inmediato anterior.
9. Después de diversa actuaciones y del requerimiento de fecha uno de marzo de dos mil dieciséis, al Ayuntamiento de Jojutla, M., para que diera cumplimiento al laudo laboral, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., en sesión de veinte de septiembre del año citado, determinó procedente la imposición de la medida consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, M., de acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil de la entidad, por lo que la presidenta ejecutora, mediante auto de la misma fecha requirió al citado presidente municipal para que se abstuviera de realizar cualquier acto jurídico o administrativo que en razón de sus funciones en ese cargo le correspondiera, haciéndole saber que en caso de incumplimiento su conducta podría encuadrar en lo estipulado en el numeral 295 del Código Penal del Estado de M..
10. El Municipio de Jojutla, M., promovió la presente controversia constitucional en contra del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, con motivo de la aplicación en su perjuicio, consistente en la determinación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje local de imponer la sanción de destitución del presidente municipal por incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral **********, a pesar de los requerimientos que al respecto se han realizado.
Es cierto que este Alto Tribunal ha establecido que es causa notoria y manifiesta de improcedencia de la controversia constitucional el que se impugnen resoluciones jurisdiccionales cuando se pretende que a través del medio de control constitucional, se revise la legalidad de tales resoluciones o las consideraciones que la sustentan, ya que la controversia constitucional no es un recurso a través del cual pueda someterse a revisión la misma cuestión litigiosa que en un procedimiento natural. Así se advierte de la tesis 2a. CVII/2009,(41) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA.", que invocó el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje demandado, así como de la jurisprudencia P./J. 7/2012 (10a.),(42) intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES DE FONDO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR SU PROPIO CONTENIDO, EN RAZÓN DE SUS EFECTOS Y ALCANCES, CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE CONLLEVA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA."
No obstante lo anterior, el Tribunal Pleno ha precisado que el referido motivo manifiesto e indudable de improcedencia no se actualiza, aun cuando se impugne una resolución de carácter jurisdiccional, cuando la cuestión que se plantea atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, a fin de preservar su ámbito de facultades. Así se determina en la siguiente jurisprudencia P./J. 16/2008:(43)
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO.—El objeto principal de la controversia constitucional es tutelar el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado; de ahí que por regla general no es la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo; sin embargo, si dichas atribuciones llegasen a rebasar los principios rectores previstos en la Constitución, las posibles transgresiones estarán sujetas a dicho medio de control constitucional. En efecto, de manera excepcional procede la controversia constitucional intentada aun cuando el acto impugnado sea una resolución jurisdiccional en estricto sentido, si la cuestión a examinar atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, en aras de preservar su ámbito de facultades, pues de lo contrario se llegaría al extremo de que, por ser resoluciones jurisdiccionales, no podrían analizarse en esta vía cuestiones en las que algún tribunal se arrogue facultades que no le competen, llegando al absurdo de que los poderes constituidos carecieran de medios de defensa para impugnar los actos que consideraran violatorios del ámbito competencial que les confiere la Norma Fundamental."
En el caso, el Municipio actor no pretende que este Alto Tribunal revise la legalidad de las actuaciones y razonamientos que llevaron al dictado del laudo en el juicio laboral **********, ni las consideraciones de fondo de la determinación a través de la cual el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., en la sesión plenaria de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, apoyándose en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, determinó aplicar como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, la sanción consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, M., como tampoco la legalidad del acuerdo de la misma fecha –veinte de septiembre de dos mil dieciséis– que dictó el presidente de dicho tribunal en el mencionado juicio laboral, sino que plantea que la citada norma transgrede el artículo 115 de la Constitución «Federal», que otorga de manera única y exclusiva la facultad y competencia a las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, para suspender ayuntamientos, declarar que han desaparecido y suspender o revocar el mando a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que prevenga la ley local, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos a que a su juicio convengan, de suerte que el citado tribunal carece de competencia constitucional para suspender o revocar el nombramiento de los miembros de un Ayuntamiento, lo que afecta gravemente al pueblo de Jojutla, M., y supone una invasión a las atribuciones que constitucionalmente corresponden al Congreso de la entidad y, por tanto, una infracción también en perjuicio del Municipio actor, a los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.
Por tanto, en el caso se da el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 16/2008 antes transcrita, en tanto que la cuestión a examinar no se refiere a la legalidad de las consideraciones de las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje demandado sino a cuestiones que atañen al ámbito competencial del Poder Legislativo Local y la posible afectación a la integración del Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, M..
Ahora bien, en suplencia de la deficiencia de la queja, con fundamento en el artículo 41 (sic) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(44) esta Segunda Sala considera que el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de M. interpretó en forma incorrecta lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., lo que motiva declarar la invalidez del acuerdo impugnado.
"Las Constituciones de los Estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los Ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
"En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las Legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los concejos municipales que concluirán los periodos respectivos; estos concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores."
De la Norma Suprema transcrita, destaca lo siguiente:
En relación con la referida disposición de la Carta Magna, el Tribunal Pleno, al resolver la controversia constitucional 27/2000,(45) realizó el siguiente análisis:
"Ahora bien, una de las finalidades del Municipio es el manejo de los intereses colectivos que corresponden a la población radicada en una circunscripción territorial para posibilitar una gestión más eficaz de los servicios públicos. También implica una descentralización política que organiza una entidad autónoma hasta cierto límite y en atención a ciertas necesidades, bajo un régimen jurídico especial que comprende: un núcleo de población agrupado en familias, una porción determinada del territorio nacional, y también determinadas necesidades colectivas relacionadas con el Gobierno de la Ciudad y con exclusión de lo que corresponde a otros entes.
"1) La revocación o suspensión del mandato de alguno de los miembros de un Ayuntamiento sólo procede porque haya incurrido en alguna causa grave legalmente prevista. En este sentido se ha pronunciado este Tribunal Pleno, sustentando al respecto la tesis jurisprudencial identificada con el número 19/1999 (sic), que textualmente señala:
"‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SI LA LEGISLATURA REVOCA EL MANDATO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL SIN ESTAR ACREDITADO QUE INCURRIÓ EN LAS CAUSAS GRAVES PREVISTAS EN LA LEY LOCAL, INFRINGE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ DEL DECRETO RELATIVO (ESTADO DE MÉXICO).’
"2) La facultad de revocación o suspensión del mandato por haberse incurrido en alguna causa grave legalmente prevista, por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de las Legislaturas Locales, se refiere a los miembros de los Ayuntamientos, como expresamente se señala en el artículo 115, fracción I, tercer párrafo, de la Carta Magna, miembros que especifica el primer párrafo de la referida fracción del precepto constitucional señalado, al señalar que ‘Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento ... integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine’, es decir, que tal facultad de revocación o suspensión se refiere al presidente municipal, y a los regidores y síndicos exclusivamente, y no así a los demás trabajadores, empleados o servidores públicos municipales, cuyas relaciones de trabajo, en términos de la fracción VIII, segundo párrafo, del artículo 115 de la Constitución Federal se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la propia Carta Magna y sus disposiciones reglamentarias."
La jurisprudencia P./J. 19/99,(46) que se cita en el precedente señala:
Como se señala en el precedente y las tesis transcritas, la determinación de suspensión de alguno de los miembros del Ayuntamiento, que debe fundarse en alguna de las causas graves que prevenga la ley local, causa una afectación al interés de la comunidad y no sólo el interés particular de los miembros afectados del Ayuntamiento; por ello, lo que se protege es la independencia del Municipio autorizándose únicamente a las Legislaturas Locales para afectar la integración del Ayuntamiento, siempre y cuando cumplan todos los requisitos exigidos por la propia Constitución.
Lo anterior también lo destacó el Tribunal Pleno en su jurisprudencia P./J. 7/2004,(47) en los términos siguientes:
"CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO.—El artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine; asimismo, establece que las Legislaturas de los Estados están facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, siempre y cuando la decisión se tome por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes y se actualice alguna de las causas graves que la ley local prevenga; además, que los miembros de los Ayuntamientos deben tener oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar. De lo expuesto se colige que si bien el Órgano Reformador de la Constitución pretendió fortalecer el ámbito competencial del Municipio, consignando facultades propias de éste y la elección libre, popular y directa de sus gobernantes, también prescribió que sólo a través de la existencia de causas graves que las leyes estatales hayan previsto, las Legislaturas Locales podrán ejercer las referidas facultades. En consecuencia, cualquier otro mecanismo contenido en una disposición local tendente a separar o suspender de sus funciones a un miembro de un Ayuntamiento, invade las atribuciones que constitucionalmente corresponden a los Congresos Estatales y, por ende, resulta contrario al citado precepto constitucional."
Acorde con el artículo 115, fracción I, de la Constitución General de la República, la particular del Estado de M., en su numeral 41, establece que el Congreso de la entidad podrá declarar, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, a petición del gobernador del Estado o de cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los diputados, la desaparición de un Ayuntamiento, la revocación del mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus integrantes o la suspensión de alguno de ellos, siempre que previamente permita a los afectados rendir pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, en los supuestos que expresamente consigna. La disposición local prevé:
"III. Ordenará la suspensión definitiva de uno de los miembros del Ayuntamiento en lo particular, cuando el munícipe de que se trate se coloque en cualquiera de los siguientes supuestos:
"c) Cuando deje de asistir consecutivamente a cinco sesiones de C. sin causa justificada;
"f) Cuando se le dicte auto de formal prisión o vinculación a proceso por delito doloso, sancionado con pena privativa de libertad, y
"En caso de declararse desaparecido algún Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros cuando no procediere que entraren en funciones los suplentes ni que se celebrasen nuevas elecciones, el Congreso del Estado designará entre los vecinos a los concejos municipales que concluirán los periodos respectivos. Cuando el Congreso se encuentre en receso, la Diputación Permanente lo convocará a fin de verificar que se han cumplido las condiciones establecidas por esta Constitución."
Por su parte, la Ley Orgánica Municipal del Estado de M., en su artículo 178 refiere la atribución del Congreso de la entidad, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, para declarar la desaparición de Ayuntamientos, suspenderlos en su totalidad o suspender a alguno de sus integrantes,(48) mientras que en sus numerales 181 y 182, señala los casos en que podrá suspenderse definitivamente a los integrantes del Ayuntamiento o revocar su mandato, en los términos siguientes:
"III. Cuando deje de asistir consecutivamente a cinco sesiones de C. sin causa justificada;
La disposición transcrita, interpretada conforme a la Constitución Federal, en concreto, al artículo 115, fracción I, así como el artículo 41 de la Constitución del Estado de M. y 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de M., permite considerar que la palabra "infractor" no incluye a los miembros de los Ayuntamientos, pues de lo contrario se estaría transgrediendo el Texto Supremo, al estimarse facultado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para revocar de facto el mandato a uno de sus miembros, olvidando que el citado artículo 115 señala con toda claridad que únicamente las Legislaturas locales "por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan."
Esto es, si el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. no se interpreta conforme a la Constitución Federal, se incurre en un acto contrario a ésta, tal como ocurrió en la especie, pues el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje consideró que estaba en aptitud de destituir a un integrante del ayuntamiento, revocando de facto el mandato otorgado a éste, no obstante que la Ley Fundamental, así como los preceptos de la Constitución del Estado de M. y Ley Orgánica Municipal del Estado de M. citados con antelación, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución cumpliendo con los requisitos que la propia disposición suprema exige para afectar la integración de un Municipio, impidiendo así que sea dicho Congreso el que califique, mediante el procedimiento correspondiente y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución de alguno de los integrantes del Ayuntamiento.
En consecuencia, dado que el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. no interpretó la norma conforme a la Constitución Federal, toda vez que destituyó directamente a un integrante del Municipio actor, en concreto, al presidente municipal, se impone declarar la invalidez de la determinación que tomó el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, así como del oficio ********** dictado por el presidente ejecutor en la misma fecha, dentro del juicio laboral **********.
SÉPTIMO.—Efectos. Conforme a los artículos 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(49) que obliga a esta Segunda Sala a determinar los alcances y efectos de la declaratoria de invalidez, fijando con precisión los órganos obligados a cumplirla y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia, y 42(50) del mismo ordenamiento legal, en concordancia con el artículo 105, fracción I, penúltimo y último párrafos, de la Constitución Federal,(51) se precisa que la declaratoria de invalidez decretada en esta ejecutoria tiene efectos exclusivamente entre las partes y sólo respecto del acuerdo impugnado dado que se decretó el sobreseimiento respecto de la disposición general.
En términos del artículo 44 de la ley reglamentaria de la materia,(52) esta ejecutoria sólo deberá publicarse en el Semanario Judicial de la Federación.
SEGUNDO.—No se reconoce legitimación pasiva a la secretaria general del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M..
TERCERO.—Se sobresee en la controversia constitucional respecto del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., publicada en el Periódico Oficial de la entidad de seis de septiembre de dos mil.
CUARTO.—Se declara la invalidez de la determinación efectuada en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, en el sentido de estimar procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, M., así como del acuerdo del mismo día, donde se ordena dicha destitución dentro del expediente del juicio laboral **********.
QUINTO.—P. esta ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación.
Nota: La tesis aislada P. XV/2009 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., abril de 2009, página 1292.
1. "Artículo 124. Las infracciones a la presente ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán:
2. Fojas 535 a 537 de autos.
3. Foja 542 frente y vuelta de autos.
4. "Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."
5. Fojas 31 a 33 de autos.
6. Foja 32 de autos.
7. Fojas 539 a 541 de autos.
8. "Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente:
"I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la ley."
9. "Artículo 11. Los casos no previstos en esta ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad."
10 "Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."
"I. Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;
"II. Se contarán sólo los días hábiles, y III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
11. "Artículo 163. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la ley."
12. "PRIMERO. Para efectos del cómputo de los plazos procesales en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considerarán como días inhábiles: a) Los sábados; b) Los domingos; c) Los lunes en que por disposición de la Ley Federal del Trabajo deje de laborarse; d) El primero de enero; ... k) El veinte de noviembre; ... n) Los demás que el Tribunal Pleno determine como inhábiles. ..."
13. En la controversia constitucional 67/2016, promovida por el Municipio de Jojutla, M., éste impugnó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, pero con motivo de su aplicación por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., consistente en la sesión plenaria que realizó el seis de mayo de dos mil dieciséis, en la que determinó hacer efectivo el apercibimiento hecho en el acuerdo de tres de febrero del mismo año y, por tanto, imponer la sanción de destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Jojutla, M., por no acatar el laudo dictado en el expediente del juicio laboral **********, así como el acuerdo del día once de mayo de dos mil dieciséis, donde se ordena dicha destitución dentro del mencionado juicio laboral, los que le fueron notificados el día veinticuatro de mayo siguiente.
14. Semanario Judicial de la Federación. Novena Época. Pleno. Tomo XXIV, noviembre de 2006, página 878, registro digital: 173937.
15. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
16. "Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
17. Foja 29 de autos.
18. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: ... i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales."
19. "Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
20. "Artículo 45. Los síndicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus funciones como integrantes del C., tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, así como la supervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento; tendiendo además, las siguientes atribuciones:
"II. Con el apoyo de la dependencia correspondiente del Ayuntamiento, procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éste sea parte, pudiendo otorgar poderes, sustituirlos y aún revocarlos."
21. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Segunda Sala, Libro VII, Tomo 2, abril de 2012, página 1274, registro digital: 2000537.
22. "Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales: ... II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."
23. Fojas 79 a 113 de autos.
24. "Artículo 36. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva:
"XVI. Representar legalmente al Congreso del Estado en cualquier asunto en que éste sea Parte, con las facultades de un apoderado general en términos de la legislación civil vigente, pudiendo delegarla mediante oficio en la persona o personas que resulten necesarias, dando cuenta del ejercicio de esta facultad al pleno del Congreso del Estado."
25. Fojas 590 a 607 de autos.
26. Foja 589 de autos.
27. "Artículo 38. A la Consejería Jurídica le corresponden las siguientes atribuciones:
"II. Representar al titular del Poder Ejecutivo, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
28. "Artículo 15. Son atribuciones de la persona titular de la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Amparo, las siguientes:
"I. Intervenir con la representación jurídica del Poder Ejecutivo del Estado en todos los juicios o negocios en que participe como parte o con cualquier carácter que afecten su patrimonio o tenga interés jurídico en materia procesal constitucional;
"II. Representar, con el carácter de apoderado legal, al gobernador, y a las secretarías, dependencias y entidades de la administración pública estatal, en todos los asuntos de orden constitucional en que sean parte."
29 "Artículo 57. Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un solo individuo, que se denominará gobernador constitucional del Estado."
30. " Artículo 70. Son facultades del gobernador del Estado: "...
"VI. Designar o nombrar a los secretarios de despacho y al consejero jurídico, en una proporción que no exceda el 60 por ciento para un mismo género."
31. Foja 608 frente y vuelta de autos.
32. Fojas 465 y 466 de autos.
33. "Artículo 121. Los integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje no podrán ser recusados, pero deberán excusarse de conocer de los juicios en que intervengan cuando se hallen impedidos por encontrarse en las siguientes circunstancias: ...".
34. "Artículo 11. El Pleno tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
"II. Conocer de las excusas que presente alguno de los representantes."
35. Foja 676 frente y vuelta de autos.
36. "Artículo 12. El presidente tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
" XIII. Tener la representación legal del tribunal ante todo tipo de autoridades y en eventos oficiales, así como para su funcionamiento administrativo y financiero."
37. Fojas 679 y 681 de autos.
38. "Artículo 13. El secretario general tendrá las facultades y obligaciones siguientes: I.S. a la aprobación del presidente las disposiciones de carácter general para la distribución de trabajo, así como las de carácter disciplinario; II. Comunicar oficialmente al personal los días de suspensión de labores, los periodos oficiales de vacaciones de acuerdo con las indicaciones dadas por el presidente; III. Vigilar el trabajo del personal jurídico y administrativo del tribunal; IV. Expedir las certificaciones y constancias, a los servidores públicos del tribunal, en relación con las actividades que desempeñen y que le sean solicitadas; V.C. el recibo de documentos fuera de las horas de labores, cuando se trate de casos urgentes, debiendo anotar tanto en los originales como en las copias, la hora y fecha de recepción, el número de anexos y autorizar con su firma; VI. Coordinar que se mantenga actualizada la información estadística relativa a las labores del tribunal; VII. Participar en la determinación de los programas de capacitación del personal jurídico y administrativo del tribunal, en la forma en que lo determine el presidente; VIII. Levantar actas circunstanciadas de hechos y agotar la garantía de audiencia, previo a la imposición de correcciones disciplinarias, practicar las investigaciones necesarias, hacer las consideraciones respectivas y recopilar los elementos necesarios para redactar e interponer la denuncia correspondiente ante la autoridad administrativa competente cuando algún servidor público del tribunal incurra en acciones u omisiones susceptibles de responsabilidad administrativa, por el ejercicio indebido o irregularidad en sus funciones; IX. Autorizar todos los acuerdos del tribunal en Pleno y los del presidente dictados en aquellos negocios que conozca; X.C. que se cumplan estrictamente los acuerdos del tribunal en Pleno y los del presidente; XI. Vigilar la distribución, designación y ejecución de notificaciones y diligencias de los actuarios; XII. Apoyar en la programación de audiencias y sistemas de control para un mejor servicio; XIII. Participar en las labores conciliatorias en todos los procedimientos; XIV. Salvaguardar los documentos y valores depositados en custodia en el tribunal; XV. C., investigar y analizar todos aquellos documentos, doctrinas y jurisprudencias para normar los criterios del tribunal; XVI. Intervenir en la tramitación de los juicios de amparo interpuesto en los conflictos que se tramiten ante el tribunal; y XVII. Las que le confiera la ley."
39. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XIV, julio de 2001, página 925, registro digital: 189325.
40. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo X, septiembre de 1999, página 710, registro digital: 193266.
41. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 2777, registro digital: 166464, cuyo texto señala: "El motivo manifiesto e indudable de improcedencia da lugar al desechamiento de plano de la demanda de controversia constitucional, acorde con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta tesitura, la impugnación de resoluciones jurisdiccionales en la demanda de controversia constitucional constituye un motivo manifiesto de improcedencia cuando de su análisis integral, de los escritos aclaratorios o de ampliación y de los documentos anexos a tales promociones, se aprecie con claridad que los actos cuya invalidez se reclama fueron emitidos por órganos jurisdiccionales o pueden atribuírseles, sin la existencia de elementos relativos a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, en aras de preservar su ámbito de facultades, lo que constituye la excepción para la impugnación de tales resoluciones. Asimismo, esa petición de invalidez constituye un motivo indudable de improcedencia cuando derivado del análisis de los documentos iniciales del proceso constitucional existe certeza de que se está en presencia de la regla general y no de la excepción de la impugnación de resoluciones jurisdiccionales, lo que genera la plena convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."
42. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, Libro IX, Tomo 1, junio de 2012, página 18, registro digital: 2000966, cuyo texto señala: "El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 16/2008, de rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO.’; en la inteligencia de que la excepción a que se refiere dicho criterio no se actualiza cuando de la demanda de controversia constitucional se advierta, sin duda alguna, que no se está ante un conflicto competencial entre órganos, poderes o entes, sino que lo efectivamente impugnado son las consideraciones de fondo de la resolución de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que la controversia constitucional no es un recurso por medio del cual pueda someterse a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en un procedimiento natural; por ende, en este caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conlleva al desechamiento de plano de la demanda, en términos del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
43. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 1815, registro digital: 170355.
44. "Artículo 40. En todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios."
45. En sesión de quince de febrero de dos mil uno, por unanimidad de once votos.
46. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, T.I., abril de 1999, página 283, registro digital: 194286.
47. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., marzo de 2004, página 1163, registro digital: 182006.
48. "Artículo 178. Corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, declarar la desaparición de Ayuntamientos, suspenderlos en su totalidad o suspender a alguno de sus integrantes en términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política Local."
49. "Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
"IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada."
50. "Artículo 42. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) de la fracción I del artículo 105 constitucional, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.—En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votación mencionada en el párrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarará desestimadas dichas controversias. En estos casos no será aplicable lo dispuesto en el artículo siguiente.—En todos los demás casos las resoluciones tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia."
51. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ... Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c) y h) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.—En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia."52. "Artículo 44. Dictada la sentencia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se formulen.—Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará, además, su inserción en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado."

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