Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/10/01/exclusion-de-contribuyente-del-regimen-de-monotributo-por-adquirir-moneda-extranjera-que-no-se-condice-con-sus-ingresos-brutos-declarados/
Timestamp: 2019-01-17 10:31:34+00:00

Document:
Exclusión de contribuyente del régimen de Monotributo por adquirir moneda extranjera que no se condice con sus ingresos brutos declarados – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: Castiglione Héctor Carlos c/ Estado Nacional AFIP DGI s/ dirección general impositiva
Cita: MJ-JU-M-111351-AR | MJJ111351 | MJJ111351
Exclusión de un contribuyente del régimen del Monotributo por adquirir moneda extranjera que no se condecía con sus ingresos brutos declarados.
1.-El actor debe ser excluido de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, dado que adquirió moneda extranjera que no se condecían con sus ingresos declarados y los instrumentos acompañados no lograron acreditar que las divisas fueron adquiridas en nombre y a representación de su suegra.
Y VISTOS, estos autos caratulados: “Castiglione, Héctor Carlos c/E.N. -A.F.I.P. -D.G.I. s/dirección general impositiva”, y CONSIDERANDO:
I.- Que a fs. 105/109, el Señor Juez de primera instancia rechazó la demanda instaurada por el Señor Héctor Carlos Castiglione y le impuso las costas en orden a lo establecido en el artículo 68, primera parte del C.P.C.C.N.
Para decidir del modo indicado, el Magistrado en primer lugar señaló que en autos se persigue que se revoque la resolución Nº 886/2014 (DI CRSS), de fecha 31 de octubre de 2014, mediante la cual se desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la resolución Nº 1287/13 (DV FMAB), que declaró perfeccionada su exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, creado por la ley 24.977 y sus modificatorias, y dispuso su alta de oficio en el Impuesto a las Ganancias, en el Impuesto al Valor Agregado y en el Régimen de Trabajadores Autónomos, con efectos desde el 1/02/2008.
Indicó que para adoptar tal resolución, el Fisco sostuvo que los gastos realizados por el contribuyente no resultaban compatibles con el máximo de ingresos de la categoria en la cual se encontraba inscripto.
Así, aseveró que el actor adquirió divisas durante el año 2008 y que las mismas carecían de respaldo en orden a los ingresos declarados, de conformidad con los instrumentos acompañados dado que los mismos carecían de suficiente mérito probatorio. Además, indicó que las presentaciones que fueron realizadas en sede administrativa importaron tan solo un relato de acontecimientos que no resulta suficiente para acreditar que las divisas fueron adquiridas a nombre de un tercero (en el caso, la Sra.Olga Carlota Fierre).
En ese orden de consideraciones sostuvo que, además, el actor tampoco pudo demostrar que sus ingresos brutos le permitían permanecer comprendido dentro de los parámetros que excepcionalmente admite el Régimen Simplificado.
Sentado lo anterior, señaló que para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se debe atender a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes, en consonancia con el “principio de realidad económica” a que alude la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.), al determinar que en la interpretación de las disposiciones de esa ley o de las leyes impositivas sujetas a su régimen, se atenderá al fin de las mismas y a su significación económica.
En tal sentido, mencionó lo establecido en el artículo 2º de la L.P.T. y agregó que la aplicación de esos principios como técnica que tiende a posibilitar el análisis de la situación fiscal de los contribuyentes, prescindiendo de las estructuras jurídicas en base a las cuales éstos han implementado los mecanismos y han declarado sus impuestos, requiere precisamente que dichos mecanismos o estructuras se revelen como inadecuadas, esto es, que no respondan a la realidad económica que subyace en los hechos tenidos en cuenta para la consideración de la situación impositiva.
Luego indicó que, de acuerdo con esos parámetros se encuentra probado que el actor adquirió durante el año 2008 moneda extranjera por la suma de $ 397.560, y que con la prueba presentada en sede administrativa no se logró demostrar que tales adquisiciones fueron hechas por cuenta de la Sra. Olga Carlotta Fierre.
En razón de ello, consideró que resulta razonable el criterio expuesto por el Fisco de la resolución Nº 1287/2013 (DV FMAB), luego conformada por resolución Nº 886/2014 (DI CRSS).
En tal orden, recordó que la jurisprudencia de la C.S.J.N. especifica que las resoluciones emanadas regularmente de la D.G.I.gozan de presunción de legitimidad, por lo que su peculiar naturaleza obliga a tener en cuenta primordialmente las normas que específicamente regulan su actividad y los principios propios del derecho tributario, lo que impide una remisión simplista y mecánica a las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en cuanto al régimen de la prueba se trata.
Como derivación de lo anterior, infirió que no es el Estado quien debe demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asientan dichos actos, así como la validez de las conclusiones extraídas en ellos, sino por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio.
De este modo, advirtió que la actora no realizó actividad probatoria alguna a los fines de acreditar que las divisas adquiridas no han ingresado a su patrimonio, dado que limitó su actividad en tal sentido a la ya producida en sede administrativa, no habiendo logrado comprobar la veracidad de sus afirmaciones. En tales condiciones, no cabe atender su planteo vinculado con un hipotético cercenamiento de su derecho de defensa.
Acto seguido, enfatizó que existe una absoluta falta de prueba respecto de los presupuestos básicos de hecho en los que intenta sustentarse el pedido de revocación de la resolución Nº 1287/2013 (DV FMAB), y tal carga le resulta impuesta a la accionante por el artículo 377 del C.P.C.C.N.y su incumplimiento no puede ser suplido por el Tribunal pues, de lo contrario, se afectan los principios constitucionales y procesales referidos al ejercicio legítimo del derecho de defensa.
En tal sentido, recordó que el onus probandi deviene en un imperativo del propio interés del particular afectado, e importa una circunstancia de riesgo que consiste en que, quien no prueba los hechos que alega, pierde el pleito si de ello depende la suerte de la contienda, debiendo proponer y producir la prueba pertinente en la etapa procesal correspondiente.
Por lo demás, consideró razonable y fundada en derecho la valoración efectuada por la demandada, pues conforme surge de las actuaciones labradas en sede administrativa, la exclusión de pleno derecho del régimen simplificado fue dictada por aplicación del principio hermenéutico establecido en los artículos 1º) y 2º) de la L.P.T. y tales fundamentos no fueron eficazmente rebatidos por el contribuyente Castiglioni.
II.- Que contra lo así resuelto, la parte actora interpuso apelación (ver fs. 110) y expresó agravios a tenor del escrito que corre agregado a fs. 114/118.
De la presentación antedicha se corrió traslado a la contraparte, la que lo contestó a fs. 120/123.
III.- Que el actor en el memorial sostuvo que el sentenciante partió de premisas falsas que le fueron inducidas por el organismo recaudador, desatendiendo las pruebas aportadas por su parte y omitiendo su efectiva revisión y valoración.
Señaló que el Juez a quo afirmó que se encontraba probado que el actor adquirió durante el año 2008 moneda extranjera por la suma de $ 397.560 y que la prueba presentada en sede administrativa no logró comprobar que tales divisas fueron adquiridas en nombre de la Sra.Olga Carlota Fierre.
Al respecto, indicó que lo agravia que no se señale expresamente en la sentencia, de qué modo el juzgador tuvo por probado dicho extremo, ya que en el expediente administrativo se aportó abundante prueba documental -que no fue desconocida ni cuestionada por la contraria-, pero ello no obstante no fue considerada por el Juez al momento de decidir.
Enfatizó que el magistrado eludió considerar que su parte presentó ante la A.F.I.P. documentos originales provenientes de actuaciones judiciales y administrativas -los que deben ser considerados como instrumentos públicos que hacen plena fe- y, en tal sentido, postuló que no surge de la sentencia de qué forma o partir de qué elementos llegó el Juez a lograr la convicción de que se encuentra probado lo que expresó en el pronunciamiento; ello pues, a pesar de toda la documentación acompañada y el detalle pormenorizado de operaciones realizadas, se afirmó que no se encuentra probado para quién se realizó la inversión.
Sin embargo, manifestó que surge de autos una clara exposición de los hechos y un prolijo aporte de prueba documental, por lo que le llama poderosamente la atención que se afirme la existencia de una “absoluta falta de prueba”.
Luego, reafirmó que la compra de moneda extranjera fue por cuenta y orden de la Sra. Olga Carlota Fierre (suegra del actor). Para acreditar tal extremo, adjuntó el poder de disposición y administración que fue otorgado en el año 2000. También acompañó la historia clínica de la Sra. Fierre, cuyo estado de salud era muy precario, y documentación que da cuenta de las limitaciones físicas y cognitivas que la afectaban. Asimismo, agregó un poder judicial general que utilizó para representarla en las acciones judiciales de las cuales provinieron los fondos necesarios para la compra de la moneda extranjera.
A continuación detalló una serie de cuestiones vinculadas con la salud de la Sra. Fierre, sus posibilidades de movilidad y autonomía limitada en la vida cotidiana.A consecuencia de ello, señaló que debieron adoptar medidas y recaudos necesarios a fin de contar en un corto plazo con dinero líquido suficiente para solventar los gastos mensuales indispensables y afrontar cualquier situación de urgencia que se pudiera presentar. Frente a la situación descripta, se decidió que la mejor opción era la adquisición de divisas norteamericanas que su suegra y mandante no estaba en condiciones físicas y por lo tanto tal cometido recayó en su parte.
En definitiva, sostuvo que acreditó el vínculo, el mandato otorgado y también el origen de los fondos para la adquisición de la moneda extranjera; razones por las cuales considera que la afirmación del magistrado, en cuanto a que no ha realizado actividad probatoria, afectan su derecho de defensa.
Por otra parte, dijo que lo agravia que la sentencia omitiera considerar el análisis sobre los períodos y la causal de exclusión, cuyo fundamento resultaría ser la adquisición de moneda extranjera por un valor incompatible con los ingresos declarados (art. 21, inc. d de la ley 25.865).
Recordó que el juzgador afirmó que se encontraba probado que el actor adquirió durante el año 2008, moneda e xtranjera por la suma de $ 397.560 y que por tal motivo resultaba razonable el criterio expuesto por el Fisco en la resolución impugnada. De allí infirió la inexistencia del hecho generador, por cuanto no existieron operaciones de compra de divisas por el monto indicado precedentemente, de fecha anterior al 31 de enero de 2008. Por tal motivo, esa aclaración formulada por el magistrado, no se condice con los antecedentes de la causa, por lo cual considera que la sentencia queda descalificada como acto jurisdiccional válido.
A su vez, postuló que lo agravia que la sentencia pretenda imponer la acreditación de un hecho negativo. En tal sentido, observó que el magistrado pretende que acredite que las divisas adquiridas no han ingresado a su patrimonio. Dicho extremo constituye la demostración de un hecho negativo y, por lo tanto, no resulta de aplicación el art.377 del C.P.C.C.N. y tampoco deviene aplicable la teoría de las cargas probatorias dinámicas.
A ello cabe agregar, existe una ley que expresamente dispone que para que proceda la exclusión del Régimen Simplificado (Monotributo), el Fisco debe corroborar la existencia de alguna de las causales de exclusión establecidas en la norma y que por tal motivo, resulta absurdo que luego se pretenda el desplazamiento de la carga probatoria, en contra de lo legalmente establecido.
A continuación, indicó que la sentencia omitió el análisis y valoración de la prueba documental acompañada. En cambio, en Juez de grado señaló que no realizó actividad probatoria alguna y, posteriormente sostuvo que la prueba se limitó a la ya producida en sede administrativa, no habiendo logrado comprobar la veracidad de las afirmaciones.
Manifestó que de la lectura de la sentencia surge con claridad que no fueron analizadas las pruebas y, por tal motivo, contrariamente a lo sostenido por el magistrado, la omisión de consideración de la prueba documental, afecta gravemente el derecho de defensa de su parte.Recordó que prescindir de pruebas u omitir cuestiones oportunamente propuestas por las partes en las resoluciones judiciales, es causal de arbitrariedad y deben ser dejadas sin efecto.
Por último, manifestó que lo agravia la condena en costas pues entiende que en el presente caso existe un actuar abusivo y arbitrario del organismo recaudador que ha sido avalado por el Juez de primera instancia, pero ha omitido el tratamiento de las defensas opuestas y los elementos probatorios acompañados.
Por tal motivo, y en el caso de que no prosperen los agravios en cuanto al fondo de la cuestión, solicitó que las costas sean distribuidas en ambas instancias el orden causado.
IV.- Que, en concordancia con lo sostenido por el Magistrado de la instancia anterior, esta Sala considera apropiado dejar sentado que en el estudio y análisis de las posiciones de las partes, se seguirá el rumbo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de la buena doctrina interpretativa, que establece que los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso con sustento en un pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 258:304; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros y, en sentido concordante, esta Sala, in re, “Paul Bacqué c/E.N. -AFIP -DGI -resol 180/11 (RNOR) s/dirección general impositiva”, del 8/10/2015, entre muchos otros).
V.- Que en tal orden de ideas, se observa que mediante la resolución administrativa Nº 1287/2013 -DV FMAB- (ver fs. 252/257 de la actuación Nº 15790-102-2013 y fs. 21/25 del expediente principal), se dispuso la exclusión de pleno derecho del actor en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conforme con lo dispuesto en el art. 21 inc.d) de la ley 25.865, desde el 31/01/2008 y, asimismo, el alta en los Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado y Régimen de Autónomos.
Posteriormente, mediante resolución administrativa Nº 886/2014 -DI CRSS- (ver fs. 282/291 de la actuación Nº 10737-13-2014 y fs. 34/43 del expediente principal), se decidió no hacer lugar al recurso interpuesto por el Sr. Héctor Carlos Castiglione y, en consecuencia, se confirmó la resolución Nº 1287/2013 -DV FMAB-.
De la lectura de las resoluciones impugnadas surge que la causa de las mismas (entendida ésta como los antecedentes fácticos y jurídicos que motivaron su dictado) obedeció a que el contribuyente efectuó operaciones de compra de divisas extranjeras por un monto que no hallaba respaldo en consideración a los ingresos por él declarados.
En tal orden, se le restó valor probatorio a los documentos acompañados con los cuales se pretendió demostrar el origen y direccionamiento de los fondos obtenidos para ser posteriormente aplicados a la adquisición de moneda extranjera en el período bajo examen.
En particular, se señaló que las presentaciones efectuadas no lograron trascender el mero relato de los acontecimientos efectuado por el actor, pretendiendo demostrar la tenencia de fondos necesarios para la adquisición de los montos de divisas que se le enrostran, los cuales manifestó que no le pertenecen.
Se destacó, asimismo, que si bien el Sr. Castiglione acreditó poder con facultades suficientes para actuar en nombre de la Sra.Fierre, no hizo lo propio respecto a elemento alguno que permita comprobar el efectivo direccionamiento de fondos de la nombrada en su favor, y tampoco que las sumas que eventualmente se le hayan transferido para efectuar las operaciones supuestamente encomendadas, se encuentren declaradas por la referenciada.
De ese modo, se concluyó que la prueba ofrecida resultó -por lo tantodilatoria e inconducente, toda vez que la adquisición de moneda extranjera que describe, no resulta argumento suficiente por no encontrarse dichas sumas, a su vez declaradas por la persona a la que representó; de allí que resulte improcedente el planteo de nulidad, dado que no se ha probado que los montos en divisas extranjeras se encuentren declarados por la Sra. Fierre.
Como corolario del aspecto fáctico y probatorio, se indicó que no existe prueba alguna o indicios que permitan descartar la generación de fondos, y en consecuencia, encuadrables fuera del alcance del Régimen Simplificado de Monotributo en cabeza del fiscalizado.
A continuación, en la resolución administrativa se explicitó el fundamento legal en que se basa la decisión adoptada. Se indicó que el contribuyente se encuentra incurso en la previsión de exclusión del régimen, prevista en el art. 21, inciso d) de la ley 25.865, en tanto adquirió bienes o realizó gastos injustificados por un valor incompatible con los ingresos declarados.
Por tales motivos, se lo declaró excluido del mentado régimen excepcional y se lo dio de alta en diversos tributos y contribuciones.
Luego, mediante resolución Nº 886/2014 -DI CRSS- se rechazó el recurso que el contribuyente había interpuesto en los términos del art.74 del decreto reglamentario de la ley 11.683 y se confirmó la exclusión a la que se ha hecho referencia más arriba.
En los fundamentos de dicho acto, se expresó -en cuanto aquí importa- que la decisión que se confirma, fue adoptada teniendo en consideración la documentación aportada por el contribuyente, como así también la información que surge de los sistemas informáticos del organismo recaudador.
Se recordó que el régimen simplificado tiene como principal característica -además de la simplicidad y de su carácter integrador de los tributos-, la ventaja de resultar de adhesión voluntaria para los contribuyentes alcanzados por sus parámetros, teniendo como contrapartida la carga de observar estrictamente las escasas obligaciones emergentes, ya sea que se refieran a la correcta posición contributiva como respecto al ingreso puntual de cada mensualidad, como así tan bien el cumplimiento de los deberes formales que acarrea tal situación.
En tales condiciones, se consideró que del registro de “categorías históricas” de la base de datos del organismo fiscal, surge que el actor se encontraba inscripto en la categoría “A” (prestación de servicios o locaciones) en julio de 2004, superando ampliamente los límites de ingresos brutos previstos para la misma ($ 12.000); a lo que, agregó, el monto de adquisición de moneda extranjera registrada ($ 397.560), resultó incompatible con los ingresos determinados de acuerdo con la categoría en la que revestía y superaban ampliamente los límites de ingresos brutos previstos para la misma, e incluso para su permanencia en el régimen simplificado, cuyo límite -en el caso de prestación y locación de servicios- no puede superar los $ 72.000.
Asimismo, remarcó que más allá de las alegaciones del contribuyente en punto a que ha realizado las compras de divisas en representación de la Sra. Fierre, del poder de disposición y administración glosado a fs.56/57 de la actuación administrativa Nº 15790-102-2013, no se especifica justamente que esté facultado para adquirir moneda extranjera en su nombre (énfasis agregado). A su vez, no acompañó tampoco constancia alguna que pruebe que las sumas de divisas obtenidas se encuentran o hayan sido declaradas por la Sra. Fierre.
En tales condiciones se señaló que el contribuyente al haber superado el límite dispuesto por la normativa analizada, abusó de las facilidades otorgadas por el Régimen Simplificado Para Pequeños Contribuyentes, que se encuentra destinado a ser utilizado por sujetos cuya capacidad contributiva se encuentre dentro de los parámetros estipulados.
VI.- Que lo anteriormente descripto y reseñado comporta la plataforma fáctica y jurídica de la decisión administrativa impugnada, la que fue convalidada por la instancia anterior en atención a que el Magistrado compartió el criterio sustentado por el Organismo Recaudador y el actor no produjo prueba distinta a la ya incorporada a las actuaciones que permita variar la tesitura ensayada por el Fisco Nacional (ver, en particular, ofrecimiento de fs. 79/vta.).
Por tal razón, resolvió rechazar la demanda.
Sobre el particular, cabe recordar que los actos administrativos gozan de lo que se denomina “presunción de legitimidad” (cfr. art. 12 de la ley 19.549 y modificatorias).
En tal sentido, se ha indicado que dicha presunción implica la suposición de que el acto administrativo ha sido dictado con arreglo a las normas jurídicas que debieron condicionar su emisión.
Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que en virtud de la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos, se presume que toda la actividad de la Administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, presunción que subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente (cfr. Fallos: 319:1476 , in re, “Alcántara Díaz Colodrero, Pedro”, del 20/8/1997, entre otros).
En palabras de Bartolomé Fiorini, el fundamento de este carácter deriva de la presunción general de validez que acompaña a los actos estatales:a toda ley se la presume constitucional, a toda sentencia se la considera válida, y a todo acto de la Administración se lo presume legítimo (cfr. autor citado, Derecho Administrativo, Bs.As., Abeledo-Perrot, 1976, 2da. edición actualizada, t. I, p. 348).
Sin embargo, presumir legítimo el acto administrativo no importa equiparar jerárquicamente la ley y el acto administrativo, que éste, supuestamente, cumple con el ordenamiento, al cual integra generalmente la ley. Tampoco la revisión judicial de los actos concurre para enervar la presunción; en todo caso, ella significa que la presunción puede ser desvirtuada ante el tribunal (cfr. Comadira, Julio R. -Monti, L. M. (colaboradora), Procedimientos Administrativos, Bs.As., La Ley, t. I, pp. 231/232 y sus citas).
VII.- Que además, comporta doctrina jurisprudencial pacífica sobre la temática involucrada en autos, aquélla que indica que en materia de interpretación de normas impositivas es constante el criterio conforme al cual debe estarse en primer lugar a la letra de la ley, como así también a la indudable intención del legislador (cfr. Fallos: 277:373; 279:226; 283:61; 284:341; 286:340; 289:508; 292:129; 302:1599, entre muchos otros), y tal hermenéutica debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general de las leyes y los fines que las informan (cfr. Fallos: 285:322, entre otros), ya que la primera regla de interpretación es dar pleno efecto a la intención del legislador (cfr. Fallos: 302:973), sin que ésta pueda ser obviada por posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación legal (cfr. Fallos: 290:56; 291:359).
A su vez, debe recordar también que siempre la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (cfr. Fallos: 323:620; 325:830, entre otros).
En el presente caso, la previsión normativa aplicada por el Fisco Nacional (art. 21, inc.d de la ley 25.865), en tanto reza que: “[q]uedan excluidos de pleno derecho del Régimen Simplificado los contribuyentes que: (.) d) [a]dquieran bienes o realicen gastos injustificados por un valor incompatible con los ingresos declarados.”, resulta suficientemente clara a la luz de los hechos y las pruebas rendidas en autos y no permite efectuar interpretaciones forzadas más allá de la exégesis literal.
VIII.- Que sentado lo anterior, cabe tener especialmente en cuenta que aquí se trata de la impugnación judicial de actos administrativos de contenido tributario, resultando imperioso para el impugnante demostrar el error en el que -según su criterio- incurrieron, primero el organismo recaudador, y luego el Magistrado de grado al tiempo de rechazar la demanda.
En otras palabras, el actor debió desvirtuar aquello que constituyó el núcleo argumental de la decisión administrativa, luego ratificada por la instancia anterior. Esto es, que los gastos realizados al adquirir divisas extranjeras en el año 2008 no resultaban compatibles con el máximo de ingresos Fecha de firma: 22/05/2018 de la categoria en la cual se encontraba inscripto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, pues las operaciones no se condecían en orden a los ingresos declarados, careciendo los instrumentos acompañados de suficiente mérito probatorio e importando las presentaciones efectuadas en sede administrativa un relato de acontecimientos que no lograron acreditar que las divisas fueron adquiridas a nombre de la Sra. Olga Carlota Fierre.
A ello cabe agregar que para lograr el efecto nulificante propuesto por el actor, éste debió refutar mediante la acreditación de constancias suficientes que el Fisco Nacional incurrió en error cuando afirmó que el mandato otorgado por la Fierre no alcanzaba la adquisición de divisas extrajeras por su cuenta y orden (cfr. fs. 56/59 de la actuación administrativa Nº 15790-102-2013), como así tampoco fue demostrado que las mentadas divisas hayan sido incorporadas al patrimonio de la mencionada señora, con el correlativo reflejo que tal circunstancia habría tenido en su situación fiscal (cfr.resolución Nº 886/2014 -DI CRSS-, cuya copia obra a fs. 34/43 del expediente principal).
En este sentido, se observa que resultaron correctas las apreciaciones del Magistrado de primera instancia vinculadas con la orfandad probatoria que permita siquiera poner en crisis el contenido y alcance de las resoluciones impugnadas.
Es más, aun cuando se prescinda de lo afirmado en orden a la ausencia de facultades suficientes, en atención a lo dispuesto por el art. 1881 del Código Civil entonces vigente -extremo por cierto que no fue invocado por el recurrente-, tampoco cambia la suerte de lo decidido, sino todo lo contrario dado que bien pudo -y debió haber hecho el actor- dejar expresa constancia que la adquisición de moneda extranjera lo era en nombre y representación de su suegra; accionar cuya omisión se agrava dado el carácter de letrado del apelante.
En consecuencia, cabe concluir que no se encuentran presentes en autos elementos de prueba que se dirijan a cuestionar concretamente la causa de las resoluciones administrativas a las que se viene haciendo referencia. Tal falencia, no puede ser suplida con las apreciaciones formuladas en el memorial bajo examen, pues allí se efectuó una reiteración de la argumentación esbozada en instancia administrativa y en la demanda, sin aportar elementos críticos que permitan efectuar una interpretación distinta a la ya realizada y, en cambio, se puso el énfasis en que la sentencia apelada carecía de sustento, en la medida en que el Sr. Magistrado no había dado -a juicio del recurrente- razón suficiente del motivo por el cual desatendió las constancias documentales, lo cual no resulta conducente pues el Sr. Juez a quo dejó expresamente aclarado que no se encontraba obligado a seguir a las partes y dar tratamiento a todas y cada una de las argumentaciones que se le presenten.
X.- Que en cuanto al régimen de las costas -teniendo en consideración la manifestación vertida por el recurrente a fs.116 vta./117-, en orden a la forma en que se resuelve la contienda, no se observan motivos que autoricen a apartarse del principio general de la derrota previsto en el artículo 68, primera parte del C.P.C.C.N., más aun no habiéndose aportado argumentos que permitan variar el criterio sustentado.
Por tales razones, corresponde confirmar el decisorio recurrido en cuanto a la forma en que allí las distribuye y proceder de igual modo con relación a las generadas en esta instancia (cfr. art. 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N.).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) desestimar la apelación interpuesta por el actor y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada que rechazó la demanda e impuso las costas al vencido y 2º) las costas de esta instancia se imponen a la parte vencida (art. 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N.).
LUIS MARIA MARQUEZ
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