Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0390_ES.html?redirect
Timestamp: 2019-06-16 11:31:15+00:00

Document:
sobre posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea
Ponente: Guy Verhofstadt
– Vistos el MFP y el Acuerdo Interinstitucional, aprobados el 2 de diciembre de 2013(4),
– Vistos los trabajos y el informe provisional del Grupo de alto nivel sobre recursos propios(5),
– Visto el Dictamen 2/13 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el proyecto de acuerdo relativo a la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («Convenio Europeo de Derechos Humanos» – CEDH)(6),
– Vista la Decisión del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2013, por la que se fija la composición del Parlamento Europeo(7),
– Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2013, sobre los problemas constitucionales de una gobernanza multinivel en la Unión Europea(8),
– Vista su Resolución, de 15 de abril de 2014, sobre las negociaciones sobre el marco financiero plurianual 2014-2020: conclusiones que cabe extraer y reflexiones para el futuro(9),
– Vistas sus Resoluciones, de 22 de noviembre de 2012, sobre las elecciones al Parlamento Europeo en 2014(10), y de 4 de julio de 2013, sobre la mejora de las disposiciones prácticas para la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014(11),
– Vista su Resolución, de 20 de noviembre de 2013, sobre la fijación de las sedes de las instituciones de la Unión Europea(12),
– Vista su Resolución, de 28 de octubre de 2015, sobre la iniciativa ciudadana europea(13),
– Vistas su Resolución, de 11 de noviembre de 2015, sobre la reforma de la ley electoral de la Unión Europea, y su propuesta de modificación del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo(14),
– Vista su Resolución, de 28 de junio de 2016, sobre la decisión de salir de la Unión como consecuencia del referéndum en el Reino Unido(15),
– Vista su Resolución, de xxxx, sobre «Mejorar el funcionamiento de la Unión Europea basándose en las posibilidades del Tratado de Lisboa»,
– Vista su Resolución, de xxxx, sobre la capacidad presupuestaria de la zona del euro,
– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales(16),
– Visto el Reglamento (UE) n.º 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas(17),
– Vistos los dictámenes del Comité Económico y Social Europeo, de 16 de septiembre de 2015(18), y del Comité de las Regiones, de 8 de julio de 2015(19),
– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 31 de enero de 2013, sobre «Reforzar la ciudadanía de la UE: promover los derechos electorales de los ciudadanos de la Unión»(20),
– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0000/2016),
A. Considerando que la presente resolución tiene por objeto proponer soluciones que no pueden alcanzarse utilizando los instrumentos que ofrecen en la actualidad los Tratados y que, por consiguiente, solo son factibles a través de una modificación futura del Tratado;
R. Considerando que el actual Acuerdo sobre el marco financiero plurianual (MFP) es inferior al anterior en términos nominales, al tiempo que las circunstancias exigen más esfuerzos presupuestarios para ayudar a los refugiados y estimular el crecimiento económico, la cohesión social y la estabilidad financiera;
T. Considerando que la Unión Europea es un sistema constitucional basado en el Estado de Derecho; que es necesario modificar los Tratados para otorgar competencia al Tribunal de Justicia Europeo (TJE) para todos los aspectos del Derecho de la Unión, de acuerdo con el principio de separación de poderes;
3. Subraya que la reciente encuesta del Eurobarómetro demuestra que, en contra de la creencia popular, los ciudadanos de la Unión aún son plenamente conscientes de la importancia de adoptar soluciones auténticamente europeas, y las apoyan(21), entre otras, en los ámbitos de la seguridad y la migración;
18. Reconoce las mejoras logradas con el Semestre Europeo, el paquete de seis medidas y el paquete de dos medidas, destinados a abordar estas cuestiones, pero concluye que no han resuelto los problemas; considera que es necesario aplicar y ejecutar la legislación de modo más coherente y lamenta el hecho de que las recomendaciones específicas por país no sean vinculantes y no cubran los efectos indirectos entre un Estado miembro y otro, la zona del euro o la Unión en su conjunto;
19. Señala, además, que el sistema actual no garantiza suficientemente la responsabilidad nacional de las recomendaciones específicas por país; muestra su interés, en este sentido, por el potencial que ofrece el Comité Asesor Europeo en Materia Fiscal y su futura labor de asesoramiento de la Comisión en torno a una política fiscal que resulte adecuada para el conjunto de la zona del euro;
20. Es consciente de la necesidad de revisar la eficacia de las múltiples medidas recientes de gestión de crisis adoptadas por la Unión y de codificar en el Derecho primario determinados procedimientos de toma de decisiones, así como de la necesidad de consolidar los fundamentos jurídicos del nuevo marco regulador para el sector financiero; coincide con el informe de los cinco presidentes en que el método abierto de coordinación como base para la estrategia económica de Europa no ha funcionado;
21. Propone, por consiguiente, la adopción de un «código de convergencia» como un acto jurídico en el marco del procedimiento legislativo ordinario, que establezca objetivos de convergencia (por ejemplo con vistas a la fiscalidad, la movilidad laboral, las inversiones, la cohesión social, las pensiones, las finanzas públicas y las capacidades administrativas y de buena gobernanza); sugiere que el cumplimiento del código permita el acceso a los fondos de la Unión para proyectos de inversión o la participación en nuevos instrumentos que combinen la reforma económica con incentivos fiscales; insiste en que los miembros de la zona del euro solo podrían participar cuando actúen de conformidad con el código de convergencia, a fin de evitar el riesgo moral; subraya que será necesario determinar las normas y los incentivos fiscales en su resolución sobre la capacidad presupuestaria de la zona del euro;
22. Pide la incorporación del Pacto Presupuestario en el marco jurídico de la Unión, así como la incorporación del MEDE y del Fondo Único de Resolución en la legislación de la Unión —sobre la base de una evaluación exhaustiva de su aplicación y con el correspondiente control democrático por parte del Parlamento— para garantizar que el control y la rendición de cuentas entren en el ámbito de responsabilidad de quienes contribuyen a ellos; pide igualmente que se siga desarrollando la conferencia interparlamentaria prevista en el artículo 13, de manera que se posibiliten debates sustanciales y oportunos entre el PE y los parlamentos nacionales si fuera preciso;
29. Considera que es necesario eliminar la unanimidad para determinadas prácticas fiscales con el fin de permitir a la Unión salvaguardar el funcionamiento correcto y fluido del mercado interior y evitar políticas fiscales perniciosas por parte de los Estados miembros;
35. Lamenta, tal y como señaló en su Resolución de xxxx sobre mejorar el funcionamiento de la Unión Europea basándose en el potencial del Tratado de Lisboa, que la Unión no haya logrado mayores progresos en el desarrollo de su capacidad de acordar y aplicar una política exterior y de seguridad común (PESC); señala que sus esfuerzos por poner en marcha una política común de seguridad y defensa no han conseguido un gran éxito, en concreto en lo relativo a la distribución de costes y responsabilidades;
54. Propone que todas las formaciones del Consejo, incluido el Consejo Europeo, se transformen en un Consejo de Estados a través del cual la principal responsabilidad del Consejo Europeo sería proporcionar orientación y coherencia a las demás formaciones;
59. Propone que, tras la adopción de una capacidad presupuestaria para la zona del euro, cuando el Parlamento y el Consejo voten sobre decisiones específicas de la zona del euro, todos los diputados al Parlamento puedan participar en la votación; no obstante, podría considerarse un planteamiento según el cual solo se tengan en cuenta los votos de los diputados al Parlamento elegidos en la zona del euro, mientras que los votos de los diputados al Parlamento y de los representantes de los Estados miembros que no pertenezcan a la zona del euro se consideraran votos no vinculantes con fines de asesoramiento a fin de conservar la configuración institucional única; de este modo se garantizarían un control y una rendición de cuentas realizados democráticamente por los miembros de la zona del euro, a la vez que se tendrían en cuenta los intereses de los países no pertenecientes al euro que están obligados y se espera que se unan a la UEM;
60. Considera que, para reforzar la gobernanza de la zona del euro, deben respetarse los intereses de los Estados miembros que aún no forman parte del euro («preparticipantes»);
61. Reconoce el importante papel que desempeñan los parlamentos nacionales en el orden institucional actual de la Unión y, en particular, su papel en la transposición de la legislación de la Unión al Derecho nacional y la función que desempeñarían en los controles, tanto ex ante como ex post, de las decisiones legislativas y las decisiones políticas adoptadas por los miembros del Consejo, también en sus configuraciones especializadas; sugiere, por lo tanto, complementar y reforzar las competencias de los parlamentos nacionales mediante la introducción de un procedimiento de «tarjeta verde» mediante el cual estos podrían presentar propuestas legislativas al Consejo para su apreciación;
62. A la vez que respeta el papel de los parlamentos nacionales y el principio de subsidiariedad, reconoce las competencias exclusivas de la Unión en política comercial común; pide que se delimiten de manera clara las competencias de la Unión y los Estados miembros a este respecto; observa que esta delimitación tendría efectos positivos en el empleo y el crecimiento de la Unión y de sus socios comerciales;
63. Propone además que, en consonancia con la práctica común en una serie de Estados miembros, las dos cámaras legislativas de la Unión, el Consejo y, en particular, el Parlamento, como única institución directamente elegida por los ciudadanos, tengan el derecho de iniciativa legislativa, sin perjuicio de la prerrogativa legislativa básica de la Comisión;
64. Opina que, en virtud de los artículos 245 y 247 del TFUE, no solo el Consejo y la Comisión, sino también el Parlamento Europeo deben tener derecho a presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo si un miembro o un antiguo miembro de la Comisión Europea incumple sus obligaciones según los Tratados, sea culpable de una falta grave o ya no satisfaga las condiciones requeridas para la ejecución de sus deberes;
65. Insiste en que el derecho de investigación del Parlamento Europeo debe reforzarse y este debe recibir poderes específicos, reales y claramente delimitados, más ajustados a su envergadura política y sus competencias, incluido el derecho a citar a testigos, a disponer de acceso pleno a documentos, a llevar a cabo inspecciones in situ y a imponer sanciones en caso de incumplimiento;
66. Manifiesta su convicción de que el presupuesto de la Unión necesita contar con un sistema de recursos propios verdaderos que tenga la simplicidad, la equidad y la transparencia como principios rectores; considera que la labor del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios tiene una importancia fundamental, y espera de él propuestas oportunas, efectivas y ambiciosas; considera que un sistema de este tipo debe reducir el porcentaje de las contribuciones de la RNB al presupuesto de la Unión para que los Estados miembros abandonen el enfoque de «justa compensación» de los Estados miembros; insiste, en este contexto, en que se supriman gradualmente todas las formas de descuentos;
67. Propone, en este sentido, que los procedimientos de toma de decisiones, tanto sobre recursos propios como sobre el MFP, pasen de la unanimidad a la votación por mayoría cualificada, con lo que se introduciría una codecisión auténtica entre el Consejo y el Parlamento en todas las cuestiones presupuestarias; reitera asimismo su llamamiento a que el MFP coincida con los mandatos del Parlamento y del ejecutivo europeo, e insiste en que las finanzas de todas las agencias de la Unión deben formar parte integrante del presupuesto de la Unión;
68. Destaca la necesidad de aplicar el procedimiento legislativo ordinario en la adopción del Reglamento MFP, a fin de equipararlo con el procedimiento de toma de decisiones de casi todos los programas plurianuales de la Unión, incluidas sus respectivas dotaciones económicas, así como en el presupuesto de la Unión; cree que el procedimiento de aprobación priva al Parlamento del poder de decisión que ejerce respecto de la aprobación de los presupuestos anuales, mientras que la regla de unanimidad en el Consejo implica que el acuerdo representa el mínimo común denominador, al tener que evitarse el veto de un solo Estado miembro;
69. Observa que la lista de instituciones que figura en el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) difiere de la que figura en el artículo 2 del Reglamento Financiero; considera que el Reglamento Financiero ya refleja la práctica actual;
70. Considera que existen ciertos casos en los que la letra del TFUE difiere de la práctica y del espíritu del Tratado; opina que es necesario corregir estas incoherencias con arreglo a los principios de democracia y transparencia;
71. Recuerda que las instituciones, tal y como se definen en el artículo 2, letra b), del Reglamento Financiero, son competentes para ejecutar sus respectivas secciones del presupuesto de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Financiero; señala que tal autonomía implica también una importante responsabilidad en cuanto a la utilización de los fondos asignados;
72. Señala que una supervisión eficaz de la ejecución del presupuesto de la Unión por parte de sus instituciones y organismos requiere una cooperación leal y más eficaz con el Parlamento y plena transparencia respecto a la utilización de los fondos, así como que todas las instituciones publiquen anualmente un documento sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Parlamento relativas a su gestión del presupuesto; lamenta que el Consejo no esté siguiendo este procedimiento y considera que esta situación, que perdura desde hace tiempo, es injustificable y perjudica la reputación de toda la Unión;
73. Toma nota de que el procedimiento consistente en aprobar la gestión de cada institución y organismo de la Unión por separado es una práctica ya establecida, desarrollada para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas democrática frente a los contribuyentes de la Unión, además de un medio para comprobar la pertinencia y la transparencia de la utilización de los fondos de la Unión; destaca que esta medida garantiza de manera efectiva que el Parlamento cumple con su derecho y su deber de supervisar todo el presupuesto de la Unión; recuerda la opinión expresada por la Comisión en enero de 2014 de que todas las instituciones sin excepción forman parte integral del proceso de seguimiento de las observaciones formuladas por el Parlamento durante el procedimiento de aprobación de la gestión y deben cooperar en todo momento para garantizar el correcto funcionamiento de dicho procedimiento;
74. Exige a las instituciones que faciliten directamente al Parlamento sus informes anuales de actividad y que proporcionen respuestas exhaustivas a las preguntas que este les formule durante el procedimiento de aprobación de la gestión, de manera que el Parlamento pueda adoptar una decisión fundada al respecto;
75. Considera que el TFUE ha de garantizar el derecho de control del Parlamento de la totalidad del presupuesto de la Unión y no solo de la parte gestionada por la Comisión; insta, por tanto, a que se actualice en consecuencia el capítulo 4 del título II – Disposiciones financieras, de manera que los derechos y las obligaciones previstos en dicho capítulo afecten a todas las instituciones y todos los organismos, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero;
76. Destaca que debe obligarse a todos los Estados miembros a presentar una declaración anual en la que den cuenta de su utilización de los fondos de la Unión;
77. Reconoce el papel crucial que desempeña el Tribunal de Cuentas a la hora de asegurar una utilización mejor y más inteligente del presupuesto de la Unión, detectar casos de fraude, corrupción y el uso ilícito de fondos de la Unión y ofrecer una opinión profesional sobre cómo gestionar mejor los fondos de la Unión; recuerda la importancia de la función del Tribunal en cuanto autoridad responsable de la fiscalización de las cuentas públicas europeas;
78. Considera que, a la vista del importante papel que desempeña el Tribunal de Cuentas en la fiscalización de la obtención y la utilización de fondos de la Unión, resulta fundamental que las instituciones tomen plenamente en cuenta sus recomendaciones;
79. Pone de relieve que la composición del Tribunal y el procedimiento de nombramiento de sus miembros se establecen en los artículos 285 y 286 del TFUE; considera que el Parlamento y el Consejo deben estar en pie de igualdad al nombrar a los miembros del Tribunal de Cuentas para garantizar la legitimidad democrática, la transparencia y la completa independencia de sus miembros; pide al Consejo que acepte plenamente las decisiones adoptadas por el Parlamento tras las audiencias de los candidatos designados como miembros del Tribunal de Cuentas;
80. Lamenta que algunos procedimientos de nombramiento hayan dado lugar a conflictos entre el Parlamento y el Consejo en relación con los candidatos; subraya que, tal y como contempla el Tratado, es obligación del Parlamento evaluar a los candidatos; hace hincapié en que estos conflictos pueden deteriorar las buenas relaciones de trabajo del Tribunal con dichas instituciones y podrían tener consecuencias negativas graves para la credibilidad y, por tanto, para la eficacia del Tribunal; opina que el Consejo debería, en aras de una buena cooperación entre las instituciones de la Unión, aceptar las decisiones adoptadas por el Parlamento tras las audiencias correspondientes;
81. Pide que se introduzca una base jurídica con vistas a crear agencias de la Unión que puedan llevar a cabo funciones específicas de ejecución y aplicación conferidas por el Parlamento Europeo y el Consejo de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario;
82. Señala que, de conformidad con los Tratados, el Parlamento aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto; opina que, dado que todas las instituciones y los órganos de la Unión gestionan sus presupuestos de manera independiente, debe otorgarse al Parlamento la competencia explícita de aprobar la gestión de todas las instituciones y los órganos de la Unión, y que estos últimos deben estar obligados a cooperar plenamente con el Parlamento;
83. Considera, por último, que el actual procedimiento de ratificación de Tratados es demasiado rígido para adaptarse a un sistema de gobierno supranacional como la Unión; propone permitir que las modificaciones de los Tratados entren en vigor, si no mediante un referéndum de toda la Unión, sí después de ser ratificadas por una mayoría cualificada de cuatro quintas partes de los Estados miembros, tras haber obtenido la aprobación del Parlamento;
84. Pide que el Tribunal de Justicia Europeo obtenga la jurisdicción plena sobre todas las políticas de la Unión relativas a cuestiones de naturaleza jurídica, como corresponde a un sistema democrático basado en el Estado de Derecho y la separación de poderes;
85. Se compromete a desempeñar un papel preponderante en estas importantes evoluciones de índole constitucional, y está dispuesto a presentar propuestas propias de modificación de los Tratados a su debido tiempo;
86. Considera que el 60.º aniversario del Tratado de Roma sería un momento oportuno para iniciar una reflexión sobre el futuro de la Unión Europea y acordar una visión para las generaciones actuales y futuras de ciudadanos europeos que derive en una Convención con el fin de hacer que la Unión esté preparada para las próximas décadas;
87. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Banco Central Europeo, al Tribunal de Cuentas, al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social Europeo, así como a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.
http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_es.pdf
DO C 436 de 24.11.2016, p. 49.
DO C 436 de 24.11.2016, p. 47.
Dictamen TJ 2/13 de 18 de diciembre de 2014http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddc6f4fb39342341e19cc29e730e8809e2.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRaxb0?text=&docid=160882&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=577913.
Textos Aprobados, P7_TA(2012)0462.
Textos Aprobados, P7_TA(2013)0323.
DO C 62 de 2.3.2013, p. 26.
Eurobarómetro estándar 84 - Otoño 2015 & Eurobarómetro Especial PE - Junio de 2016.
OPINIÓN MINORITARIA (8.12.2016)
expresada, de conformidad con el artículo 56, apartado 3, del Reglamento,
por los miembros del Grupo ECR Ashley Fox y Kazimierz Kazimierz Michał Ujazdowski
1. La incapacidad de la Unión Europea para abordar de manera eficaz las crisis a las que se enfrenta constituye la prueba de que la Unión ha ido más allá de sus propias capacidades. Se ha vuelto demasiado centralizada y ha perdido el contacto con sus ciudadanos. Hace demasiado y lo hace mal. Las elecciones y los referéndums recientes han demostrado que la opinión pública es cada vez más escéptica respecto del valor de la Unión, sus objetivos y su capacidad para lograr resultados.
2. La Unión Europea debe cambiar. Necesitamos una comunidad de Estados miembros que cooperen en ámbitos en los que tienen intereses comunes.
3. Pedimos que se convoque una conferencia intergubernamental que siente las bases de una Unión Europea reformada. Las reformas respetarán la soberanía de cada uno de los Estados miembros. La legitimidad democrática de las decisiones estará garantizada mediante el recurso al sistema de veto y la Unión reformada será lo suficientemente flexible para responder a circunstancias e intereses cambiantes. Permitirá la cooperación entre los Estados miembros que deseen colaborar entre sí, centrando la atención únicamente en ámbitos en los que pueda aportar un valor añadido y obtener rentabilidad. Garantizará igualmente que las instituciones políticas prevalezcan por encima de las técnicas, la plena participación de los parlamentos nacionales, y que las competencias delegadas estén claramente definidas y delimitadas.
el miembro del Grupo ENF Gerolf Annemans
El Grupo ENF se manifiesta en contra del presente informe por razones de principio. El ponente manifiesta su firme devoción por el dogma y la lógica de la Unión que no cesa de ampliar su alcance y de reforzar sus intervenciones. Esto no es ninguna sorpresa, ya que es un conocido defensor de unos «Estados Unidos de Europa», una idea y una dirección que en nuestra opinión es contraria a la identidad europea, cuyos principios fundamentales han de ser la primacía y el valor de la identidad nacional. Este principio constituye también, por cierto, la fuerza del continente europeo, y es el único que puede tomarse como premisa para cualquier forma de cooperación basada en la libertad y el compromiso voluntario. La Unión Europea, que ya con el Tratado de Lisboa se salió de sus carriles y que está fallando en tantos ámbitos que ha perdido toda credibilidad, intenta ahora resolver sus problemas siguiendo por la misma vía que ha causado los problemas: un nivel exagerado de integración. Solo poniendo fin a esta agresión hacia la existencia de los Estados miembros europeos y restaurando la soberanía nacional podrán evitarse nuevos desastres. Esta es también la única manera correcta de responder a los resultados de tantos referéndums sobre el futuro de Europa que han sido ignorados o descartados.
OPINIÓN de la Comisión de Presupuestos (28.9.2016)
sobre posibles evoluciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea
1. Hace hincapié en que los retos señalados en la Estrategia Europa 2020 persisten y pueden intensificarse en los próximos años; señala, en particular, la prioridad general de alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, así como los objetivos fijados en materia de empleo, innovación, educación, inclusión social y clima/energía;
2. Considera que, para que la Unión alcance los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y se enfrente eficazmente a los retos existentes y futuros, debe contar con un presupuesto acorde con la misión que está llamada a cumplir; considera que el actual nivel del presupuesto de la Unión, que corresponde al 1 % del PIB de la UE-28, no es suficiente para alcanzar estos objetivos;
3. Manifiesta su convicción de que el presupuesto de la Unión necesita contar con un sistema de verdaderos recursos propios que tenga la simplicidad, la equidad y la transparencia como principios rectores; considera que la labor del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios tiene una importancia fundamental, y espera de él propuestas oportunas, efectivas y ambiciosas; considera que un sistema de este tipo debe reducir el porcentaje de las contribuciones de la RNB al presupuesto de la Unión para que los Estados miembros abandonen el enfoque de «justa compensación» de los Estados miembros; insiste, en este contexto, en que se supriman gradualmente todas las formas de descuentos;
4. Subraya la necesidad de que el presupuesto de la Unión sea sencillo, claro y fácilmente comprensible para los ciudadanos de la Unión y de que se coordine con los presupuestos nacionales; considera que estos deben ser principios básicos, tanto para los gastos como para los ingresos del presupuesto de la Unión;
5. Pide que se organice una campaña de información para garantizar que los ciudadanos de toda Europa estén mejor informados sobre el presupuesto de la Unión y sepan, así, en qué se utiliza el dinero y cómo pueden influir en ello las modificaciones del presupuesto;
6. Recuerda las numerosas declaraciones en favor de una sede única para el Parlamento Europeo, dado el valor simbólico y el ahorro de recursos que comportaría esta opción;
7. Considera que el marco financiero plurianual (MFP) debe permitir la máxima flexibilidad para responder a las crisis y a las prioridades políticas en evolución; subraya a este respecto que es indispensable una revisión intermedia del MFP 2014-2020; destaca, en este contexto, la necesidad de que estén disponibles en el presupuesto todos los ingresos extraordinarios derivados de liberaciones de créditos del presupuesto de la Unión o de las multas relacionadas con la competencia;
8. Señala que con el presupuesto de la Unión se tienen que financiar a menudo necesidades extraordinarias o nuevas prioridades políticas que no estaban previstas en el momento de la adopción del MFP; destaca que, no obstante, se deben respetar plenamente los compromisos de la Unión, y que no se deben financiar iniciativas y necesidades nuevas en detrimento de los programas y las políticas de la Unión existentes; considera que, para ello, deben movilizarse en su caso los instrumentos especiales del MFP y contabilizarse por encima de los límites máximos del MFP, tanto en términos de créditos de compromiso como de pago;
9. Subraya la necesidad de garantizar el principio de unidad del presupuesto, y manifiesta su preocupación por el reciente abandono del método comunitario en favor de la toma de decisiones intergubernamental, como se ha observado en la creación de instrumentos satélites ad hoc fuera del presupuesto de la Unión, como los fondos fiduciarios; destaca la necesidad de garantizar el control parlamentario de todos los gastos de la Unión;
10. Destaca la necesidad de aplicar el procedimiento legislativo ordinario en la adopción del Reglamento MFP, a fin de equipararlo con el procedimiento de toma de decisiones de casi todos los programas plurianuales de la Unión, incluidas sus respectivas dotaciones económicas, así como en el presupuesto de la Unión; cree que el procedimiento de aprobación priva al Parlamento del poder de decisión que ejerce respecto de la aprobación de los presupuestos anuales, mientras que la regla de unanimidad en el Consejo implica que el acuerdo representa el mínimo común denominador, al tener que evitarse el veto de un solo Estado miembro.
OPINIÓN de la Comisión de Control Presupuestario (13.10.2016 )
B. Considerando que todas las instituciones de la Unión sin excepción deben ser transparentes y plenamente responsables ante los ciudadanos de la Unión en relación con los fondos que se les confían en cuanto que instituciones de la Unión;
C. Considerando que el procedimiento de aprobación de la gestión forma parte del concepto de democracia representativa;
1. Considera que las competencias de supervisión y de control de la ejecución del presupuesto de la Unión conferidas al Parlamento son clave para garantizar una rendición de cuentas efectiva por parte de las instituciones y deben, por lo tanto, ser reforzadas;
2. Hace hincapié en que toda modificación de las competencias de una o más instituciones de la Unión debe acompañarse de medidas para salvaguardar la rendición de cuentas financiera y democrática de dichas instituciones y, en concreto, de medidas que garanticen al Parlamento el pleno control sobre el presupuesto cuando estén en juego los intereses financieros de la Unión;
3. Observa que la lista de instituciones que figura en el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) difiere de la que figura en el artículo 2 del Reglamento Financiero; considera que el Reglamento Financiero ya refleja la práctica actual;
4. Considera que existen ciertos casos en los que la letra del TFUE difiere de la práctica y del espíritu del Tratado; opina que es necesario corregir estas incoherencias con arreglo a los principios de democracia y transparencia;
5. Recuerda que las instituciones, tal y como se definen en el artículo 2, letra b), del Reglamento Financiero, son competentes para ejecutar sus respectivas secciones del presupuesto de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Financiero; señala que tal autonomía implica también una importante responsabilidad en cuanto a la utilización de los fondos asignados;
6. Señala que una supervisión eficaz de la ejecución del presupuesto de la Unión por parte de sus instituciones y organismos requiere una cooperación leal y más eficaz con el Parlamento y plena transparencia respecto a la utilización de los fondos, así como que todas las instituciones publiquen anualmente un documento sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Parlamento relativas a su gestión del presupuesto; lamenta que el Consejo no esté siguiendo este procedimiento y considera que esta situación, que perdura desde hace tiempo, es injustificable y perjudica la reputación de toda la Unión;
7. Toma nota de que el procedimiento consistente en aprobar la gestión de cada institución y organismo de la Unión por separado es una práctica ya establecida, desarrollada para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas democrática frente a los contribuyentes de la Unión, además de un medio para comprobar la pertinencia y la transparencia de la utilización de los fondos de la Unión; destaca que esta medida garantiza de manera efectiva que el Parlamento cumpla con su derecho y su deber de supervisar todo el presupuesto de la Unión; recuerda la opinión expresada por la Comisión en enero de 2014 de que todas las instituciones sin excepción forman parte integral del proceso de seguimiento de las observaciones formuladas por el Parlamento durante el procedimiento de aprobación de la gestión y deben cooperar en todo momento para garantizar el correcto funcionamiento de dicho procedimiento;
8. Exige a las instituciones que faciliten directamente al Parlamento sus informes anuales de actividad y que proporcionen respuestas exhaustivas a las preguntas que este les formule durante el procedimiento de aprobación de la gestión, de manera que el Parlamento pueda adoptar una decisión fundada al respecto;
9. Considera que el TFUE ha de garantizar el derecho de control del Parlamento de la totalidad del presupuesto de la Unión y no solo de la parte gestionada por la Comisión; insta, por tanto, a que se actualice en consecuencia el capítulo 4 del título II – Disposiciones financieras, de manera que los derechos y las obligaciones previstos en dicho capítulo afecten a todas las instituciones y todos los organismos, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero;
10. Destaca que debe obligarse a todos los Estados miembros a presentar una declaración anual en la que den cuenta de su utilización de los fondos de la Unión;
11. Solicita que se modifique el Reglamento Financiero para aclarar los objetivos del procedimiento de aprobación de la gestión y prever medidas que garanticen que se respeta el proceso de aprobación de la gestión, incluidas posibles medidas de ejecución para garantizar un seguimiento adecuado, por ejemplo el uso de sanciones; subraya que tal modificación es necesaria para garantizar la rendición de cuentas de las instituciones europeas con el fin de proteger los intereses económicos de los ciudadanos de la Unión; hace hincapié en que no debería haber excepciones;
12. Reconoce el papel crucial que desempeña el Tribunal de Cuentas a la hora de asegurar una utilización mejor y más inteligente del presupuesto de la Unión, detectar casos de fraude, corrupción y el uso ilícito de fondos de la Unión y ofrecer una opinión profesional sobre cómo gestionar mejor los fondos de la Unión; recuerda la importancia de la función del Tribunal en cuanto autoridad responsable de la fiscalización de las cuentas públicas europeas;
13. Considera que, a la vista del importante papel que desempeña el Tribunal de Cuentas en la fiscalización de la obtención y la utilización de fondos de la Unión, resulta fundamental que las instituciones tomen plenamente en cuenta sus recomendaciones;
14. Pone de relieve que la composición del Tribunal y el procedimiento de nombramiento de sus miembros se establecen en los artículos 285 y 286 del TFUE; considera que el Parlamento y el Consejo deben estar en pie de igualdad al nombrar a los miembros del Tribunal de Cuentas para garantizar la legitimidad democrática, la transparencia y la completa independencia de sus miembros; pide al Consejo que acepte plenamente las decisiones adoptadas por el Parlamento tras las audiencias de los candidatos designados como miembros del Tribunal de Cuentas;
15. Lamenta que algunos procedimientos de nombramiento hayan dado lugar a conflictos entre el Parlamento y el Consejo en relación con los candidatos; subraya que, tal y como contempla el Tratado, es obligación del Parlamento evaluar a los candidatos; hace hincapié en que estos conflictos pueden deteriorar las buenas relaciones de trabajo del Tribunal con dichas instituciones y podrían tener consecuencias negativas graves para la credibilidad y, por tanto, para la eficacia del Tribunal; opina que el Consejo debería, en aras de una buena cooperación entre las instituciones de la Unión, aceptar las decisiones adoptadas por el Parlamento tras las audiencias correspondientes;
16. Recuerda las numerosas declaraciones a favor de una sede única para el Parlamento Europeo, dado el valor simbólico de esta opción y el ahorro de recursos que comportaría;
17. Estima que el sexagésimo aniversario de los Tratados de Roma, a comienzos de 2017, constituye la ocasión ideal para replantear una reflexión, en las más elevadas instancias institucionales, centrada especialmente en cómo lograr un uso más eficiente de los recursos financieros y los mecanismos de control democrático del presupuesto de la Unión.

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 13
 Resolución 
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 55
 Resolución 
 artículo 56
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 55