Source: https://www.aireg.es/2019/04/
Timestamp: 2019-12-10 07:59:18+00:00

Document:
AIRE » 2019 » abril: Asociación Independiente de Registradores
16/04/2019 airef.es
• En un contexto de recuperación cíclica, el crecimiento del PIB nominal ha contribuido a reducir la ratio de deuda en 14,8 puntos en los últimos 4 años. Este efecto ha sido compensado casi en su totalidad por los déficits primarios observados, reduciéndose la ratio de deuda solo 3,2 puntos desde el máximo registrado en 2014.
• La institución estima en un 25% la probabilidad de que la ratio no se reduzca, o incluso aumente, en los próximos años.
• En esta edición, la AIReF ha simulado el efecto de un shock macroeconómico y demográfico de carácter permanente (como el observado en Japón durante los años 90), que volvería la deuda creciente a partir del 2035, llegando a superar los 125 puntos del PIB hacia 2050.
• Respecto del escenario normativo de AIReF, en el escenario de japonización la mayor parte del incremento adicional en la deuda se explicaría por el peor comportamiento de la población en edad de trabajar y un mercado laboral menos dinámico, que generaría menor crecimiento económico y presiones inflacionarias más contenidas, además de un deterioro del saldo de la Seguridad Social y un aumento en la carga de intereses.
• Las CCAA siguen teniendo una ratio de deuda muy elevada, casi dos veces superior al máximo nivel de referencia legal del 13% del PIB, y un riesgo de sostenibilidad ligeramente alto. Sin embargo, la situación es heterogénea a nivel individual, identificándose un riesgo muy alto en cuatro CCAA.
• En el subsector CCLL, la continua acumulación de depósitos debido a la existencia de saldos estructurales positivos ha provocado que, en el cuarto trimestre de 2018, por primera vez la ratio de deuda neta de depósitos bancarios se volviese negativa. Se espera que dicha tendencia continúe durante 2019.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal publicó hoy en su página web el último Observatorio de Deuda, en el que constata que la ratio de deuda de las AAPP siguió disminuyendo lentamente a finales de 2018. La AIReF estima probable que esta situación continúe en los próximos años, situándose la ratio en el escenario normativo de AIReF por encima del 90% en los próximos años, y con una probabilidad de que no se reduzca en torno a un 25%.
En el Observatorio de Deuda, la AIReF recuerda que, a finales de 2018 la ratio deuda sobre PIB se situó en el 97,2%, lo que supone una reducción de 3,2 puntos sobre el máximo registrado en 2014 (y a casi 37 puntos del nivel de referencia legal del 60%). En dicho periodo, la contribución del crecimiento del PIB a la reducción de la ratio de deuda ha sido de 14,8 puntos.
Desde 2014, el déficit de las AAPP ha disminuido 3,4 puntos, hasta situarse en el 2,6% del PIB en 2018. Según la AIReF, dicha reducción se debe, en gran medida, a una mejora cíclica (en torno a 3 puntos del PIB), no observándose prácticamente disminución del componente estructural del déficit en este periodo.
Desde el año 2014, la contribución del crecimiento a la reducción de la ratio de deuda ha sido similar en promedio al registrado durante la anterior fase expansiva (-3,7 puntos anuales). Sin embargo, en el último caso la ratio se contrajo 2,7 puntos por año, mientras que desde 2014 solo lo ha hecho 0,8 puntos por año.
En el medio plazo, la AIReF espera una reducción lenta de la ratio de deuda, llegando en el escenario normativo en torno al 91% en los próximos 4 años. Sin embargo, la probabilidad de que no se reduzca en dicho periodo se estima cercana al 25%.
En dicho escenario normativo que ya planteó la AIReF en la anterior edición del Observatorio, una política fiscal orientada a conducir la ratio de deuda de cada subsector a su nivel de referencia implicaría una estabilización de esta por debajo del 75%. Este escenario implica generar saldos primarios muy exigentes con respecto al último cuarto de siglo.
Aun así, si la evolución futura de los supuestos macroeconómicos y demográficos es peor a la esperada (al estilo japonés de los años 90), la ratio de deuda dejaría de reducirse en la década del 30 y se volvería creciente, superando los 125 puntos del PIB en 2050.
En el medio plazo, la mayor parte de esta diferencia en la evolución de la ratio de deuda se explicaría por un menor crecimiento del PIB nominal. De esta manera, este shock supone un crecimiento económico de largo plazo relativamente bajo, que oscila en torno a 1% anual promedio hasta 2050. Una evolución más pesimista de la población en edad de trabajar y un mercado laboral menos dinámico generarían menor crecimiento económico y presiones inflacionarias más contenidas, como la observada en Japón desde la década del 90. A diferencia del escenario normativo de AIReF, que supone la convergencia a un nivel consistente con el objetivo de medio plazo del Banco Central Europeo, el escenario de japonización supone una tasa de inflación menor, del orden del 1% anual promedio durante los próximos 30 años.
Aunque una inflación más baja limitaría parcialmente el crecimiento del gasto en pensiones, el peor desempeño del mercado laboral implicaría menores contribuciones a la Seguridad Social y, como consecuencia, un menor saldo primario de las AAPP (aunque todavía sensiblemente mejor que el promedio observado entre 1995 y 2018), especialmente más allá de 2030. En este escenario, hacia 2050 el empeoramiento de los saldos primarios de la Seguridad Social terminaría suponiendo unos 25 puntos adicionales en la ratio de deuda de las AAPP con respecto al escenario normativo de AIReF.
De esta manera, el aumento de las necesidades de financiación incrementaría la carga de intereses como porcentaje del PIB, que se acercaría al nivel observado en el último cuarto de siglo. A nivel global, este shock implicaría un aumento en la ratio de deuda de casi 55 puntos porcentuales con respecto al escenario normativo hacia 2050 (ver detalle en herramienta interactiva de AIReF sobre gasto en pensiones).
La principal debilidad del subsector CCAA sigue siendo una ratio de deuda muy elevada, casi dos veces superior al máximo nivel de referencia legal del 13% del PIB, y un riesgo de sostenibilidad ligeramente alto. A nivel individual, el riesgo es muy alto en Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, donde se necesitan más de 100 días de trabajo para repagar la deuda del gobierno regional.
En el Observatorio, la AIReF señala que disminución en la ratio de deuda de las CCAA observada en el cuarto trimestre de 2014 sigue siendo lenta, observándose incluso aumentos o invariabilidad en cinco comunidades. Bajo los supuestos del escenario normativo, se proyecta que todas las comunidades, a excepción de aquellas donde se ha identificado un riesgo muy alto, alcancen el límite de referencia antes de 2040. El conjunto del subsector lo hará en 2035. Una japonización de la economía empeoraría la situación, retrasando la llegada más allá del 2050 para las comunidades con riesgo de sostenibilidad muy alto y 7 años para el agregado del subsector CCAA. Con respecto a finales del cuarto trimestre de 2017, la dependencia de los Fondos de Financiación a las Comunidades Autónomas (FFCCAA) siguió aumentando en todas las CCAA (excepto Illes Balears y Madrid), representando estos más del 60% del total de la deuda del subsector y más del 80% en algunos casos.
Por su parte, la ratio de deuda neta de depósitos de las CCLL se volvió negativa en el cuarto trimestre de 2018 por primera vez y se espera que dicha tendencia continúe durante 2019. No obstante, existen casos particulares donde la deuda todavía es muy elevada.
Con esta reducción, la emisión neta prevista será de 30.000 millones, la menor desde 2007
La emisión bruta descenderá hasta los 204.526 millones de euros, un 4% inferior a la de 2018
Con el nuevo plan de emisión neta se ha cubierto hasta la fecha el 42,4% del programa de financiación a medio y largo plazo
El Tesoro Público reducirá en 5.000 millones de euros el volumen de emisión neta prevista para 2019. Continúa así la reducción de las necesidades de financiación, que quedarán en 30.000 millones, frente a los 35.000 establecidos a principios de año. La emisión neta prevista para 2019 será la menor desde 2007.
Esta reducción es posible gracias a los menores tipos de interés, que están permitiendo reducir el coste de la deuda, la buena marcha de los ingresos y de la evolución de la ejecución presupuestaria, una gestión más eficiente de la Tesorería y el cumplimiento por parte de varias Comunidades Autónomas de los requisitos fiscales y financieros necesarios para acceder a financiación de mercado y recuperar su autonomía financiera.
Se mantiene así la tendencia del pasado año, en el que también se redujo la emisión neta prevista en 5.700 millones, lo que supuso un ahorro de 1.500 millones en el pago de intereses. Una reducción que permitió, no obstante, la amortización anticipada de 8.000 millones del préstamo del MEDE para la recapitalización del sistema financiero, por las mejores condiciones de financiación del Tesoro.
El coste medio de la deuda en circulación se sitúa en mínimos
Hasta la fecha, el Tesoro Público ha colocado títulos por importe de 51.652 millones de euros, lo que, con el nuevo plan de emisiones, representa más del 42% de las emisiones previstas a medio y largo plazo para todo el año.
El coste medio de la deuda en circulación ha seguido reduciéndose en los primeros meses del año, hasta situarse por debajo del 2,4%, constituyendo un nuevo mínimo histórico. Asimismo, el coste medio de las nuevas emisiones también se ha reducido respecto al cierre de 2018, situándose en el 0,6%.
Finalmente, la vida media de la deuda en circulación se mantiene en 7,4 años en 2019, en línea con el alargamiento logrado en 2018.
Demanda récord en las emisiones
En estos primeros meses el Tesoro Público ha emitido dos nuevas referencias de bonos a 10 y 15 años. Ambas han obtenido una demanda récord de un bono soberano en euros, en esos plazos, desde la creación de la moneda única.
Esta elevada demanda pone de manifiesto la confianza de los inversores internacionales en la economía española y refuerza el papel del Tesoro Público del Reino de España como un emisor de referencia.
de productos bancarios en el primer trimestre de 2019
El Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España ha notificado 160 requerimientos a las entidades financieras para que rectifiquen su publicidad de productos bancarios en el primer trimestre de 2019. Durante 2018, el número total de este tipo de actuaciones fue de 309.
nota de prensa cnmc.es
◦El importe total de las sanciones impuestas a las 15 empresas declaradas responsables (Cobra, Elecnor, Siemens, Semi, Inabensa, Alstom, Cymi, Isolux, Electren, Comsa, Indra, Neopul, Telice, Eym y Citracc) asciende a 118 millones de euros.
◦Los 14 directivos responsables han sido sancionados con 666.000 euros.
◦La CNMC activa el procedimiento para la prohibición de contratar con la Administración.
◦El procedimiento se inició a partir de la información aportada por Alstom, en el ámbito del Programa de Clemencia.
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha sancionado a 15 empresas y 14 directivos por repartirse de manera ilícita los concursos públicos convocados por ADIF relacionados con infraestructuras ferroviarias (sistemas de electrificación y electromecánica) para las líneas de tren convencional y alta velocidad. Durante catorce años estas empresas crearon varios cárteles en las licitaciones del AVE y del tren convencional. Por esta razón, se les impone en su conjunto una sanción de 118 millones de euros y a los directivos responsables de tales conductas una sanción en conjunto de 666.000 euros. Además, por primera vez, la CNMC activa el procedimiento para la prohibición de contratar con la Administración por lo que remite la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. (S/DC/0598/2016)
El Instituto IMDEA Networks y la Universidad Carlos III de Madrid han realizado un estudio que abarca más de 82.000 apps preinstaladas en más de 1.700 dispositivos fabricados por 214 marcas
Revela la existencia de un complejo sistema de desarrolladores y acuerdos comerciales en el que las apps preinstaladas disponen de permisos privilegiados y sin posibilidad de que un usuario medio pueda desinstalarlas
Se han identificado más de 1.200 compañías en las apps preinstaladas y más de 11.000 librerías en las que una gran parte de ellas está relacionada con la publicidad y monitorización online con fines comerciales
La AEPD, que contribuye a la difusión del estudio por el impacto masivo de los resultados en la privacidad de los ciudadanos, presentará los resultados ante el Comité Europeo de Protección de Datos
(Madrid, 18 de marzo de 2019). El Instituto IMDEA Networks y la Universidad Carlos III de Madrid han publicado el artículo que presentarán en el 41th IEEE Symposium on Security and Privacy titulado An Analysis of Pre-installed Android Software , al que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contribuye con su difusión debido al impacto masivo que los resultados del mismo tienen en la privacidad y la protección de los datos personales de los ciudadanos.
https://notaries-directory.eu/
A partir de ahora, el servicio de exclusión publicitaria permitirá a los ciudadanos limitar la recepción de publicidad por sectores
Para las empresas, ofrece un nuevo sistema de consulta más fácil de utilizar y más seguro, sin coste para pymes y autónomos hasta los 30.000 registros al año
Madrid, 8 de abril de 2019​.- La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) han presentado hoy las novedades de la Lista Robinson, el servicio de exclusión publicitaria creado por Adigital para proteger los datos personales de los ciudadanos y facilitar a las empresas el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)y la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).
Durante la presentación, se han abordado los supuestos y condiciones en los que la normativa establece como obligatoria y necesaria la consulta de los sistemas de exclusión publicitaria para las empresas. Así lo establecela nueva LOPDGDD en su artículo 23: las empresas que pretenden realizar comunicaciones de mercadotecnia directa deben consultar los sistemas de exclusión publicitaria previamente, excluyendo así de sus comunicaciones losdatos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa a las mismas. No será necesario realizar la consulta cuando el afectado haya prestado su consentimiento expreso a la empresa en cuestión para recibirla comunicación.
Evitar la recepción de publicidad no deseada es uno de los temas que se plantean con mayor frecuencia ante la Agencia, y uno de los derechos más relevantes para ello es el ejercicio del derecho de oposición. Por ello, la página web de la AEPD dispone de un espacio específico en el que se ofrecen recomendaciones sobre los pasos que se pueden dar para dejar de recibirla. “La AEPD promueve que los ciudadanos se inscriban en la ListaRobinson ya que permite no tener que oponerse a la recepción de publicidad no deseada caso por caso sino inscribirse en un sistema y seleccionar, con un solo acto, todos los canales por los que no desea recibir publicidad, ademásde las novedades específicas que se presentan hoy”, ha afirmado durante la presentación la directora de la AEPD, Mar España.
Novedades para empresas y ciudadanía
Durante la presentación Adigital ha hecho un repaso de las principales novedades técnicas y de funcionamiento del Servicio de Lista Robinson.
Si bien Adigital ya introdujo el año pasado su nueva plataforma web -con una interfaz más moderna, sencilla y accesible para los usuarios-, la organización introduce ahora una nueva funcionalidad: la posibilidad deque los ciudadanos limiten la recepción de publicidad de forma gratuita no solo por canales (teléfono, SMS, email o postal), como ya ocurría, sino también por sectores publicitarios. A esto se une un nuevo serviciode gestión de reclamaciones de los usuarios.
En lo que se refiere a las empresas, los cambios tienen que ver con el sistema de consulta de la Lista Robinson. A través de una nueva API, esta se vuelve más sencilla y eficaz, algo que beneficia sobre todo a las pymes y micropymes.Además, el proceso de cifrado y pseudonimización de datos mejorado la hace más segura.
“Hemos introducido estas nuevas soluciones pensando en todas las empresas, especialmente en las pymes, que son las que suelen tener menos recursos y encontrar más dificultades para ajustarse a la normativa”, ha explicado JoséLuis Zimmermann, director general de Adigital durante la presentación. “En este caso, hemos desarrollado una herramienta que les permite tratar y normalizar los datos de los clientes a los que quieren dirigir sus comunicacionespublicitarias para agilizar la consulta de la Lista Robinson”. De este modo, el Servicio de Lista Robinson indica fácil y rápidamente a quién puede y no puede enviar su publicidad sin tener que realizar costososdesarrollos externos o inversiones económicas. De hecho, el servicio no tiene coste para pymes y autónomos hasta 30.000 registros consultados al año.
25 años al servicio de la protección de datos
La Lista Robinson, que nació en 1993 como una herramienta de autorregulación que permitía a los usuarios oponerse al envío de publicidad, ya cuenta con más de 850.000 registrados. Las últimas cifrasde Adigital, determinan que en 2017 se dieron de alta casi 60.000 usuarios, mientras que en 2018 se superaron los 250.000, un 400% más que en el año anterior.
“Adigital tiene la vocación de impulsar y facilitar el desarrollo de la economía digital en nuestro país para lo que existe un pilar fundamental: la confianza, en las empresas y en la tecnología, por parte dela ciudadanía”, ha asegurado Zimmermann. “En sus más de 25 años de historia, la Lista Robinson ha probado su eficacia, con cada vez más personas y organizaciones que recurren a ella. De ahí sunecesidad de actualización constante y adaptación a las nuevas realidades en las que se integra”.
No hay más que recordar que empezó como una iniciativa de autorregulación que permitía a los usuarios oponerse al envío de publicidad por correo postal. En 2009, evolucionó para incluir nuevas opcionesde oposición a recibir publicidad por teléfono (llamadas, SMS e email). La actualización que comenzó en 2018 para adaptarla a la nueva normativa de protección de datos ha resultado en una nueva plataformaonline multidispositivo que garantiza la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanente del Servicio.
Lunes, 15 de abril de 2019 poderjudicial.es
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y el director de la OEPM firman un convenio de colaboración. Entre los objetivos del acuerdo, agilizar el acceso telemático de los juzgados y tribunales a documentos de utilidad para la tramitación de los procedimientos judiciales.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el director de la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A. (OEPM), José Antonio Gil Celedonio, han firmado un convenio de colaboración que permitirá optimizar la actualización de la base de datos de jurisprudencia especializada en materia de propiedad industrial e intelectual; contribuirá a agilizar el acceso de Juzgados y Tribunales a documentos públicos generados por la Oficina y proporcionará mecanismos de cooperación en materia de formación en las materias profesionales comunes.
La OEPM es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo entre cuyas competencias están la actividad administrativa del Estado en materia de propiedad industrial y el desarrollo de actuaciones destinadas a la sensibilización, promoción y uso de la propiedad industrial en los diferentes sectores de la actividad productiva. La Oficina asume también la función de certificar o autenticar los documentos pertenecientes a los expedientes que tramita y que sean solicitados por Juzgados y Tribunales.
Por su parte, al CGPJ corresponde, entre otras funciones, cuidar de la publicación oficial de las sentencias de los distintos órganos judiciales, siendo el CENDOJ el órgano técnico encargado de la selección, tratamiento, difusión y publicación de información jurídica legislativa, jurisprudencial y doctrinal. Asimismo, gestiona la plataforma Punto Neutro Judicial (PNJ), que permite la interoperabilidad entre la Administración de Justicia y otras administraciones públicas con el fin de agilizar el acceso a la información necesaria en el desarrollo de los procedimientos judiciales y agilizar así la tramitación de los mismos.
El incremento de las vulneraciones de derechos relacionados con la propiedad industrial y el creciente interés de la Unión Europea, y en general de toda la comunidad internacional, en asegurar un adecuado respeto y observancia de la propiedad industrial ha hecho que las comunicaciones entre la OEPM y la Administración de Justicia sea constante y venga manteniendo desde hace años una tendencia al alza.
El objeto del convenio se divide en tres bloques:
En primer lugar, la colaboración en el ámbito de la “alimentación y utilización” de la base de datos de jurisprudencia de la OEPM con el doble objetivo de poner su contenido a disposición del público y del personal de la propia Oficina con competencias para la resolución de expedientes de propiedad industrial.
El segundo de los objetivos es colaborar en la remisión al Punto Neutro Judicial de documentos públicos judiciales y documentos generados por la OEPM que puedan tener trascendencia en la tramitación de procedimientos judiciales, todo ello con la finalidad de agilizar las comunicaciones y eliminar el uso del papel. En este ámbito, se pretende consolidar el sistema mediante el cual los órganos judiciales obtienen información registral sobre los expedientes de Propiedad Industrial.
Por último, la firma del convenio tiene como finalidad articular la colaboración entre el CGPJ y la OEPM en el ámbito de la formación y el perfeccionamiento de los miembros de la Carrera Judicial y del personal de la Oficina en las materias profesionales comunes. La formación incluirá temas relacionados con la propiedad industrial diferenciando las actividades en función de que vayan dirigidas a especialistas, no especialistas o jueces de instrucción y de lo Penal.
Viernes, 12 de abril de 2019 poderjudicial.es
Se trata del primer pronunciamiento del TSJ, que sigue la línea jurisprudencial inaugurada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, avalada por el Tribunal Supremo en una reciente sentencia de marzo
La Sala de lo Contencioso de Valladolid, en una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Ana María Victoria Martínez Olalla, reproduce los argumentos recogidos por el Supremo, según los cuales “la discriminación entre los hermanos, minorada desde luego si el título sigue en vigor mientras al menos uno de ellos reúna las condiciones requeridas en el artículo 3 de la Ley 40/2003, se evita, en mayor medida, incluso con plenitud, si todos los hermanos que contribuyeron a la obtención para la familia de la ‘categoría especial’ siguen disfrutando en ella de los mismos beneficios que disfrutó el primero de ellos”.
Consulta la Resolución .
¿Para qué puede ser útil al ciudadano el registro de Delegados de Protección de Datos? aepd.es
Su objetivo es facilitar a los ciudadanos el acceso a las empresas u organismos para todas aquellas cuestiones y reclamaciones que tengan que ver con la protección de sus datos.
Supongamos que una persona quiere oponerse a que una empresa continúe enviándole publicidad. ¿Qué debe hacer, dónde debe dirigirse? En esta infografía te contamos los pasos básicos que debes dar si no quieres seguir recibiendo publicidad. Pero, cuando se trata de dirigirse a la empresa u organismo que está tratando tus datos para ejercer los derechosque establece la normativa de protección de datos o para plantearle una queja o una reclamación, ¿a quién debes dirigirte? Al Delegado de Protección de Datos (DPD) si tiene obligación de designarloo, si no la tiene, si voluntariamente lo ha designado. Para localizarlo, puede resultar de gran utilidad el Registro de Delegados de Protección de Datos ya que, con sólo conocer el organismo o empresa a la que quieras dirigirte, te ofrece la información necesaria para que puedas ponerte en contacto con él.
El Delegado de Protección de Datos es una figura clave para ayudar a las organizaciones y empresas a cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), además de ser su interlocutor con los ciudadanos en todas las cuestiones relacionadas con la protección de datos, incluyendo las reclamaciones. Conforme al RGPD, contar con un delegado de protección de datos es obligatorio para organismosy autoridades públicas, así como para aquellas entidades que realicen tratamientos de datos que requieran una observación sistemática a gran escala o tratamientos masivos de categorías especiales de datosy, en todo caso, para las entidades recogidas en el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Además, las empresasque no están obligadas a tener un DPD pueden también designarlo voluntariamente.
El Reglamento General de Protección de Datos recoge que los responsables o encargados del tratamiento deben publicar los datos de contacto de los DPD y comunicar esa designación a la autoridad de control correspondiente, en estecaso, a la Agencia Española de Protección de Datos. En la actualidad, casi 25.000 responsables (tanto organismos públicos como entidades privadas) han notificado a la Agencia los datos de contacto de su Delegado de Protección de Datos.
El Registro de Delegados de Protección de Datos, que se actualiza diariamente, se encuentra disponible para todas aquellas personas que estén interesadas en conocer los datos de contacto del DPD de una empresa o institución.Te recordamos que para ejercitar tus derechos o presentar una reclamación ante una entidad puedes buscar el contacto introduciendo el nombre o NIF de la organización.
Consulta DPD .
• La AIReF considera factible que las Comunidades Autónomas cumplan el objetivo de déficit del 0,1% del PIB. Sin embargo, en 2 Comunidades, Región de Murcia y Comunitat Valenciana, aprecia riesgo muy elevado de incumplimiento, con desviaciones de alrededor de un punto de PIB
• La AIReF realizará un seguimiento particular de la Comunitat Valenciana que tendrá que corregir la evolución prevista de sus gastos, situada muy por encima de la tasa de referencia de la regla de gasto y del crecimiento del PIB nominal
• La AIReF considera muy probable el cumplimiento del objetivo de estabilidad de las Corporaciones Locales en 2019 y estima que este subsector puede replicar el superávit del 0,5% del PIB
• A falta de un cierre definitivo, en 2018 todas las grandes CCLL cumplirían el objetivo de estabilidad y regla de gasto salvo el Ayuntamiento de Vigo, que incumpliría ambos; y los de Barcelona, L’Hospitalet y Sevilla, que incumplirían la regla de gasto. En 2019, la AIReF estima cumplimiento del objetivo de estabilidad en todas ellas y no puede pronunciarse sobre regla de gasto, ya que el marco vigente exime a las CCLL de la obligación de comunicación de su cálculo en las fases preventivas del ciclo presupuestario
• La AIReF mantiene la evaluación de 24 Ayuntamientos con problemas de sostenibilidad en el medio plazo, aunque aprecia mejoras en Gandía, Totana, Los Palacios y Villafranca e Isla Cristina que, de confirmarse, permitirán mejorar su calificación a futuro
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó hoy los Informes Complementarios de Evaluación Individual de los Presupuestos Iniciales para 2019 de las Comunidades Autónomas (CCAA) y Corporaciones Locales (CCLL), en los que se analiza la situación particular de cada comunidad y la de las CCLL objeto de seguimiento individual por parte de esta institución. En el informe publicado el pasado día 4 de abril, la AIReF señaló que las CCAA, en términos agregados, continúan convergiendo al equilibrio presupuestario. Con una ligera mejora respecto al informe de enero, la AIReF sigue considerando factible el cumplimiento del objetivo de estabilidad del -0,1% del PIB para las CCAA en 2019. Hoy se han publicado las fichas individuales de las CCAA, que complementan esta valoración de conjunto. En el ámbito local, la AIReF consideró muy probable el cumplimiento del objetivo de estabilidad de 2019, estimando que este subsector puede replicar el superávit del 0,5% del PIB, aunque con una ligera disminución sobre el observado en 2018. En el informe que hoy se ha publicado, se detalla el comportamiento de las 54 CCLL que, en este momento, son objeto de seguimiento individual.
La AIReF ha publicado las fichas individuales de las comunidades autónomas, en las que detalla la situación concreta de cada región. En el Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas 2019, la institución ya consideró factible el cumplimiento del objetivo de estabilidad conjunto del -0,1% del PIB, con un escenario central que se mantiene en el -0,2% estimado en el informe anterior bajo el supuesto de un escenario de financiación en línea con el previsto en dicho informe.
Según la AIReF, esta invariabilidad es consecuencia de que las previsiones autonómicas para 2019 no recogen cambios sustanciales respecto a los proyectos y líneas de presupuestos y de que la mejora en el cierre de 2018 solo se traslada en parte a 2019, quedando además anulada en una porción significativa por otros factores.
Por CCAA, se mantienen, con cierta mejora, las conclusiones de los informes de líneas en la mayor parte de las CCAA en relación con la probabilidad de cumplimiento del objetivo de estabilidad. No hay cambios salvo en Asturias, Extremadura, Navarra y País Vasco, que mejoran su calificación; y en La Rioja, que empeora. Por otro lado, se emite el primer pronunciamiento sobre el cumplimiento de las reglas fiscales para 2019 en la Comunidad Valenciana, que no pudo informarse en líneas por falta de información en plazo.
De la evaluación de los documentos presupuestarios autonómicos, la AIReF concluye que Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Comunitat Valenciana presentan riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad, siendo este riesgo especialmente acusado en el caso de las dos últimas comunidades. Por ello, la AIReF recomienda al MINHAC una evaluación de estas comunidades autónomas de cara a la fijación de los objetivos fiscales que han de aprobarse en la segunda mitad del año para el periodo 2020-2022.
No obstante, las medidas previstas por la Comunitat Valenciana en su presupuesto, llevan a un crecimiento del gasto muy por encima de lo permitido por la regla de gasto y a un déficit que podría resultar superior al registrado en 2018. Por ello, la AIReF formula recomendaciones a la Comunitat Valenciana y al MINHAC dirigidas a la convergencia de esta comunidad hacia los objetivos y reglas fiscales, que serán objeto de seguimiento particular por parte de esta institución.
En términos de probabilidad, el objetivo de déficit del 0,1% del PIB es “muy probable” Canarias, Navarra y País Vasco; “probable” para Asturias, Galicia y Comunidad de Madrid; “factible” para Andalucía, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y La Rioja; improbable para Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha; y muy improbable para Región de Murcia y Comunitat Valenciana.
Superávit del 0,5% en las CCLL
En el caso de las Corporaciones Locales, la AIReF vuelve a considerar muy probable el cumplimiento del objetivo de estabilidad en 2019 en el informe complementario que publica hoy, y estima que este subsector puede replicar el superávit del 0,5% del PIB. Este superávit permitiría cumplir la regla de gasto a fin de 2019, si bien de manera muy ajustada. No obstante, la institución señala que existen incertidumbres que podrían afectar al cumplimiento de esta regla, derivadas del impacto que en 2019 pueda tener la realización de inversiones financieramente sostenibles (IFS), dado que, aunque la autorización para su realización se aprobó el 30 del pasado mes, su implementación se verá condicionada por el posible retraso en la constitución de los nuevos gobiernos locales que salgan de las próximas elecciones.
Como en anteriores ocasiones, este Informe Complementario incorpora la evaluación individual de 24 Corporaciones Locales: los 16 ayuntamientos con población superior a 250.000 habitantes, 3 Diputaciones Provinciales, 1 Cabildo y 1 Consejo insular y las 3 Diputaciones Forales del País Vasco. De acuerdo con los datos disponibles, la AIReF no aprecia riesgo de que los presupuestos de estas CCLL pudieran llevar al incumplimiento del objetivo de equilibrio en ninguna de las 24 unidades analizadas. De hecho, sus previsiones son de un superávit conjunto de en torno a 1.500 millones de euros, en línea con el cierre de 2018.
Respecto a la regla de gasto en 2019, la AIReF no puede pronunciarse por falta de información en la medida en que, como se ha señalado en anteriores informes, el marco vigente exime a las CCLL de la obligación de comunicación de su cálculo en las fases iniciales del ciclo presupuestario, disponiendo de datos solo en aquellos casos en los que hay un Plan económico-financiero en vigor (PEF). En este sentido, la AIReF ha podido constatar que los ayuntamientos de Gijón y Valencia mantienen la situación, indicada en el anterior informe de la AIReF, de no aprobación de un PEF a pesar de haber vencido ampliamente el plazo legal para ello. Sí dispone de los datos provisionales de cierre de 2018 y, según esta información, solo los Ayuntamientos de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sevilla y Vigo incumplirían la regla de gasto el pasado año.
El Informe Complementario incluye también la evaluación de los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes con mayores problemas de sostenibilidad en el medio plazo, que habían sido seleccionados al inicio de ciclo presupuestario. En este sentido, la AIReF estima que no se han registrado, en general, cambios en la calificación de la situación de riesgo de los 24 ayuntamientos seleccionados, si bien, en los ayuntamientos de Gandía, Totana, Los Palacios y Villafranca e Isla Cristina, se aprecian mejoras en su capacidad de retorno que, de confirmarse en el cierre definitivo, permitirían mejorar su calificación futura.
​El Consejo de Ministros ha aprobado el Marco Estratégico en Política Pyme 2030 Pequeña y Mediana Empresa, un sector que engloba al 99% del tejido empresarial y representa casi el 62% del Valor Añadido Bruto -cifra superior a la media europea-, y el 66,5% del empleo empresarial total.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha explicado que el objetivo de esta medida es «mejorar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas» para que afronten con éxito retos como la digitalización, la sostenibilidad y la internacionalización, y contribuir a su crecimiento.
Maroto ha señalado que «España es un país de PYMES» porque nueve de cada diez empresas lo son, y, además, la mitad de ellas son micropymes. La mayoría (73,82%) se concentra en el sector servicios y en tres comunidades autónomas (Cataluña, Madrid y Andalucía), lo que les resta competitividad. Esta situación, según ha expuesto la ministra, supone un desafío para el crecimiento económico porque las empresas tan pequeñas y tan atomizadas tienen más dificultades para atraer talento, acceder a financiación, invertir en innovación y exportar.
El marco aprobado propone siete palancas -emprendimiento, gestión empresarial y talento; marco regulatorio; financiación; innovación y digitalización; sostenibilidad e internacionalización- y contempla 50 líneas de actuación.
La ministra ha resaltado que es necesario crear un entorno favorable para que se creen empresas, así como profesionalizar a los gestores empresariales para atraer y retener el talento. Además, hay que crear un marco regulatorio que elimine las trabas para el crecimiento y la consolidación de las empresas.
En cuanto a la financiación, Maroto ha avanzado que el marco propone seguir avanzando en instrumentos alternativos al crédito bancario y en dotarnos de mejores mecanismos para reducir la morosidad: implantar un régimen sancionador o un sistema arbitral de morosidad y promover códigos de buenas prácticas.
Reyes Maroto ha afirmado que la innovación y la digitalización tienen que acompañar a las pymes, así como la sostenibilidad, necesaria para seguir creciendo y generando empleo. «Es necesario avanzar en la transición hacia una economía baja en carbono. También aprovechar los elementos que nos da la economía circular e incorporar algunos elementos que tienen que ver con el cálculo de la huella de carbono y elaborar planes para la reducción de emisiones», ha dicho.
Respecto a la internacionalización, la ministra ha manifestado que supone creación de riqueza y empleo, por lo que hay que poner a disposición de las empresas los instrumentos financieros adecuados a sus necesidades.
El Consejo Estatal de la PYME será el órgano de seguimiento de este marco.
El Ejecutivo ha aprobado un total de 456,1 millones de euros para impulsar el crecimiento, la internacionalización y el ahorro energético de las pymes.
La ministra ha anticipado que la Empresa Nacional de Innovación gestionará tres líneas de préstamos participativos: Línea Pymes, Línea de Empresas de Base Tecnológica y Líneas Jóvenes Emprendedores, que suman 98,5 millones de euros. Se estima que impulsarán proyectos innovadores con una inversión inducida de 220 millones de euros y un impacto de 1.600 empleos directos.
Además, el Gobierno también ha creado la línea FIEM-Pyme, dotada con 50 millones de euros y orientada a proyectos de internacionalización de menos de tres millones de euros. Y también ha destinado 307,6 millones de euros para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de energía final en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas del sector industrial.
Reyes Maroto ha concretado que las ayudas se destinarán a la tecnología en equipos y procesos industriales y a la implantación de sistemas de gestión energética que «nos van a permitir avanzar en el gran desafío de combatir el cambio climático y preservar nuestro medio natural alineándolos de nuevo con la Agenda 2030».
Dolores Delgado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa/JM CuadradoEl Consejo de Ministros ha aprobado dos Reales Decretos para la creación de 75 nuevas unidades judiciales y 80 plazas para la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha explicado que las nuevas unidades judiciales se distribuirán por todas las comunidades autónomas conforme a criterios «organizativos y de necesidades reales» acordados tras un proceso de diálogo constante con el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y asociaciones y corporaciones judiciales.
En concreto, se crean 22 plazas de magistrado en órganos colegiados y 21 juzgados de primera instancia, 8 de primera instancia e instrucción (mixtos), 6 de lo penal, 11 de lo social, 4 de lo mercantil y un juzgado decano. En la Comunidad Valenciana se ponen en funcionamiento dos juzgados pendientes desde 2011 y se crea la Sección de Apelación Penal en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.
Respecto a las 80 plazas para fiscales, Delgado ha resaltado las destinadas a la lucha contra la corrupción. La Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada tendrá nueve fiscales más, «absolutamente necesarios por el volumen de trabajo» y «para garantizar la estabilidad de la plantilla», mientras que se dota de una plaza más al Tribunal de Cuentas.
La ministra también ha destacado, dentro del compromiso de la justicia con «los derechos de los más vulnerables», la creación de la figura del Fiscal de Sala coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores.
Delgado se ha referido al hecho de que en la base de la pirámide judicial hay más mujeres que hombres, pero no así en la cúpula, debido a «un cuello de botella a la hora de los ascensos». Por ello, ha señalado, se han creado más plazas intermedias que de base en el Ministerio Fiscal «para permitir el acceso paulatino de las mujeres a plazas de categoría superior».
Estrategia de modernización de la Justicia
El Consejo de Ministros ha autorizado dos contratos, por valor de 164 millones de euros, para desarrollar, hasta el año 2022, parte de la Estrategia para la Modernización de la Administración de Justicia.
El primer contrato es un encargo a la empresa pública INECO, dependiente del Ministerio de Fomento, para el apoyo a la Justicia Electrónica, la gestión del centro de desarrollo y la transformación digital de sedes judiciales. El segundo permitirá dar continuidad operativa a los servicios de Justicia Digital, Fiscalía Digital y el resto de sistemas que dan apoyo a las oficinas judiciales, fiscales, registros civiles, Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Además, hasta la fecha se han renovado más de 8.000 ordenadores y entregado 2.600 tabletas en centros judiciales, se ha procedido a la digitalización de las salas de vistas para renovar sus sistemas de grabación y se han implantado sistemas de textualización de las declaraciones, que subtitulan las imágenes de forma automática.
Para explicar la importancia de estas medidas de modernización, la ministra ha puesto como ejemplo un dato extraído del informe realizado por el Ministerio tras visitar más de 30 oficinas judiciales y fiscales: «Hemos determinado un ahorro de 550 horas de trabajo solamente con la reducción del tiempo de arranque de los ordenadores».
Dolores Delgado ha concluido que es necesario contar con «herramientas informáticas adecuadas» para que los profesionales puedan desarrollar su trabajo y se ofrezca un servicio de calidad que permita superar a la ciudadanía «una cierta desafección» por la justicia.
10 de abril de 2019 cnmv.es
Permitirá a la CNMV conocer la titularidad real de las entidades inscritas en el Registro
La decana del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Mª Emilia Adán García y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, han firmado hoy un convenio de colaboración relativo al acceso del supervisor a información del Registro de la Propiedad y Mercantil en el desarrollo de sus funciones de supervisión, incluida información sobre la titularidad real de entidades inscritas en los citados registros mercantiles.
Los nuevos modelos de presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil incluyen la obligación de declarar el titular real de la sociedad.
Con el Convenio firmado hoy, el Colegio de Registradores pondrá a disposición de la CNMV un servicio que le permitirá acceder de modo ágil y eficiente a:
los titulares reales de una sociedad,
las sociedades de las que una persona física es titular real,
las sociedades que aparecen en la cadena de control de un titular real,
y a consultas individuales al Registro On Line del Colegio de Registradores
Para la coordinación y desarrollo de este Convenio se creará un Comité de Coordinación y Seguimiento.
El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, que podrá prorrogarse por otro periodo de igual duración.
•Las consultas, que llegaron en un 90% de particulares, se centraron en el precio mínimo de cotización de los valores y en la OPA de Abertis
La Oficina del Protector del Inversor de la Bolsa de Madrid gestionó 13.250 solicitudes de información en 2018, un 2,3% más que las peticiones atendidas el año anterior. El 90% de las consultas fueron realizadas por inversores particulares. A ello contribuye que los departamentos de accionistas de las cotizadas, la CNMV, el Banco de España y las organizaciones de consumidores suelen remitir a los inversores a esta oficina, por considerarla una vía rápida y neutral para resolver sus dudas sobre el mercado de valores.
El número de reclamaciones recibidas por la Oficina descendió en 2018 y también disminuyó el grado de conflictividad en cuanto al fondo de las cuestiones planteadas.
La variación del precio mínimo de cotización de los valores de la Bolsa, que pasó de 0,01 euros a 0,0001 euros, centró una parte importante de las solicitudes de información. Junto a esta medida se establecía, para aquellos valores con una cotización inferior a 0,01 euros, un requisito de contratación por lotes de títulos. Es decir, si esos valores no se pueden agrupar en lotes no se pueden negociar.
También se recibieron muchas consultas con motivo de la OPA de exclusión de Abertis. Carlos Fernández, Protector del Inversor de la Bolsa de Madrid, considera que en estos casos deben reforzarse los canales de información con los minoristas. “Las entidades depositarias deben activar los mecanismos necesarios para asegurarse de que los inversores particulares conocen las condiciones e implicaciones de la operación”.
Puedes acceder al Informe completo en el siguiente enlace:
https://www.bolsasymercados.es/esp/Sala-Comunicacion/Documento-Interes/20190401/INFORME_ANUAL_2018_Protector_Inversor.pdf/Informe_anual_2018_del_Protector_del_Inversor
5 abril 2019 lamoncloa.gob.es
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo en España. Esta norma completa el marco regulatorio sobre esta cuestión, impulsado por el Real Decreto-ley 15/2018 por el que se derogó el denominado impuesto al sol, y aporta certidumbre y seguridad a los usuarios. Entre otras medidas, el Real Decreto habilita la figura del autoconsumo colectivo, que fomentará esta fórmula en las comunidades de propietarios o en polígonos industriales; reduce los trámites administrativos, especialmente en el caso de los pequeños autoconsumidores, y establece un mecanismo simplificado de compensación de la energía autoproducida y no consumida.
El Real Decreto hace viable el autoconsumo en España, permitiendo posibilidades de implementación que, hasta el momento, no estaban contempladas. Tal y como señala la exposición de motivos del Real Decreto, el impulso del autoconsumo tendrá un «efecto positivo sobre la economía general, sobre el sistema eléctrico y energético y sobre los consumidores».
Entre otras cuestiones, la extensión de esta fórmula fomentará la actividad económica y el empleo local, por su carácter distribuido; favorecerá la electrificación de la economía, permitiendo a España cumplir con sus obligaciones en materia de lucha contra el cambio climático; ofrecerá una alternativa a los ciudadanos, que puede ser más ventajosa económicamente que el consumo de energía tradicional; y permitirá la entrada de nuevos actores, y de la propia ciudadanía, en el sistema eléctrico.
El Real Decreto clasifica y define las distintas clases de autoconsumo. Hasta el momento, solo existía una posibilidad, el autoconsumo individual conectado a una red interior.
Con la nueva norma, se consagra la figura del autoconsumo colectivo, de tal forma que varios consumidores puedan asociarse a una misma planta de generación, hecho que impulsará el autoconsumo en comunidades de propietarios o entre empresas o industrias ubicadas en una misma localización.
Además, se define el concepto de «instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a las mismas». Con esta figura, se permite realizar el autoconsumo tanto con instalaciones de generación situadas en la misma vivienda -única posibilidad contemplada hasta la fecha-, como en otras que estén ubicadas en las proximidades. Así, por ejemplo, se podrán instalar placas fotovoltaicas en edificios contiguos que tengan mejor orientación, siempre que haya acuerdo entre las partes.
Hasta el momento, si el autoconsumidor quería obtener una compensación por esta energía que se inyecta en la red, debía constituirse jurídicamente como productor de energía, realizando los trámites y declaraciones fiscales que la ley exige. Con el Real Decreto aprobado hoy, la comercializadora de energía compensará al usuario por la energía excedentaria en cada factura mensual.
Este mecanismo es aplicable para aquellas instalaciones con una potencia no superior a 100 kilovatios (kW) y siempre que produzcan electricidad a partir de energía de origen renovable.
La compensación económica puede llegar hasta el 100% de la energía consumida por el usuario en ese mes.
Por otro lado, y en el caso del autoconsumo colectivo, el Real Decreto también abre la puerta a que un consumidor pueda aprovechar los excedentes de su vecino y coparticipe de autoconsumo, si éste no está consumiendo su parte proporcional de energía.
El Real Decreto reduce los trámites administrativos para todos los usuarios. En el caso del pequeño autoconsumidor (instalaciones de hasta 15kW o de hasta 100kW, en caso de autoconsumo sin excedentes), se reducen a una única gestión: notificar la instalación de una planta de producción eléctrica en su correspondiente comunidad o ciudad autónoma. El registro estatal se nutrirá de la información remitida por las administraciones autonómicas. Además, para las instalaciones de menos de 100kW en baja tensión, las administraciones recabarán información a partir de los datos del certificado electrotécnico de la instalación.
Asimismo, se articula un procedimiento para que sea el distribuidor quien modifique el contrato de acceso de los pequeños consumidores que realicen autoconsumo y éste solo tenga que manifestar su consentimiento.
De igual modo, se simplifican drásticamente las configuraciones de medida para que, en la mayoría de los casos, baste con un solo contador en el punto frontera con la red de distribución, lo cual supone una reducción de costes.
En el caso de autoconsumo colectivo, también será necesario medir la energía generada con otro equipo para hacer el «reparto de energía» entre los consumidores participantes.
Desde el punto de vista de la seguridad industrial, se modifica el reglamento electrotécnico de baja tensión para regular los dispositivos antivertidos y los kits autoenchufables, garantizando que el desarrollo del autoconsumo es compatible con la protección de las personas y equipos.
Gabinete de prensa – hacienda.gob.es
El déficit público de las AAPP se reduce hasta el 2,63% del PIB en 2018 y permite salir a España del Procedimiento de Déficit Excesivo de la UE
España reduce su déficit público un 10,4% en 2018, pasando del 3,03% del PIB al 2,63%, lo que garantiza al país abandonar el brazo correctivo de la UE en el que se encontraba desde 2009
El Estado reduce su déficit un 12,9% y registra un superávit primario de 7.400 millones, mientras que los Organismos de la Administración Central elevan un 58,38% su saldo positivo
El déficit de las CCAA se reduce un 33,6%, pasando del 0,36% del PIB en 2017 al 0,23% de PIB en 2018. Quince CCAA cumplen el objetivo, de las cuales cinco cierran el ejercicio con superávit
Las CCLL registran superávit por séptimo año consecutivo, que alcanza el 0,52% de PIB
El déficit de la Seguridad Social se reduce al 1,41% del PIB y mejora las previsiones iniciales gracias al crecimiento de las cotizaciones sociales y a los resultados del Plan Director por un Trabajo Digno
El Gobierno aprueba un decreto que permite a las Corporaciones Locales y a las Comunidades Autónomas reinvertir el superávit de 2018 durante este año
29 de marzo de 2019.- El conjunto de las Administraciones Públicas cerró el ejercicio 2018 con un déficit del 2,63% del PIB, frente al 3,03% de 2017. De esta forma, el déficit de 2018 se ha reducido un 10,36% al pasar de 35.395 millones en 2017 a 31.727 millones de euros un año después. Una reducción que garantiza a España salir del Procedimiento de Déficit Excesivo, proceso en el que lleva inmerso el país desde 2009. Además, si se incluye la ayuda financiera, que asciende a 78 millones, el déficit se sitúa en el mismo 2,63% del PIB.
Esta disminución del déficit se produce por un incremento de los ingresos de un 6%, un ritmo superior al aumento de un 4,7% de los gastos.
Además, el déficit primario -descontando los intereses- se reduce un 75,5% al pasar de los 6.086 millones de 2017 a 1.490 millones en 2018. Este déficit primario equivale al 0,12% del PIB, frente al 0,52% de 2017.
Los recursos no financieros en 2018 se han situado en 468.836 millones, que representa un 38,80% del PIB. Esto supone un aumento del 6%, consecuencia de la mejora de los recursos impositivos y de las cotizaciones sociales, que se han incrementado un 4,9%, hasta los 150.114 millones.
Por su parte, el gasto público en 2018 ha registrado un aumento del 4,7% hasta los 500.641 millones. Una cifra que representa el 41,44% del PIB, 0,45 puntos porcentuales más que el gasto del año anterior. En cuanto a las rúbricas que presentan en 2018 un mayor nivel de gasto, cabe mencionar la remuneración de asalariados, el consumo intermedio o las prestaciones sociales distintas de las trasferencias sociales en especie.
La Administración Central, que incluye al Estado y sus Organismos Autónomos, ha recortado su déficit, excluyendo la ayuda financiera, del 1,85% del PIB en 2017 hasta el 1,5% en 2018, siendo el subsector que más ha reducido el déficit en este periodo
El déficit del Estado se ha situado en el 1,62% del PIB, registrando una reducción de 0,3 puntos de PIB. Esta evolución se debe a que los ingresos no financieros han crecido un 8% hasta alcanzar los 200.811 millones, fundamentalmente por el incremento de los ingresos impositivos en un 7,4%, frente al gasto no financiero que ha crecido un 5,7% hasta los 220.340 millones.
Por segundo año consecutivo el Estado ha registrado superávit primario, que asciende en 2018 a 7.400 millones (0,61% del PIB), es decir, un 85,8% superior al registrado en 2017.
Los recursos impositivos, que suponen el 85% del total, se han incrementado un 7,4% (11.780 millones más que en 2017).
Todas las figuras impositivas mejoran, destacando los aumentos, en términos de contabilidad nacional, del 11,2% del IRPF, el 10,2% del Impuesto sobre Sociedades y el 5,9% del IVA.
Las transferencias recibidas de otras Administraciones Públicas han superado en un 15,5% a las del año anterior, principalmente por las recibidas del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
El resto de los recursos, por importe de 9.946 millones, aumentan un 17,3% debido fundamentalmente a los mayores dividendos ingresados por el Banco de España y ENAIRE y a los mayores fondos recibidos de la UE incluidos en las ayudas a la inversión.
En el ámbito de los gastos destaca el incremento de las transferencias a otras administraciones públicas, que crecen un 3,4%. Entre otras partidas que aumentan se encuentran: la aportación por recursos propios de la UE: IVA y RNB, que ha sido un 27,6% superior al año anterior; el gasto en intereses, que ha aumentado un 2%; las prestaciones sociales distintas a las transferencias sociales en especie, que han crecido un 4,9% y la remuneración de asalariados, que se eleva un 2,7% (recogiendo el efecto del incremento salarial del 1,75%, frente al 1% en 2017, y la mejora retributiva correspondiente al acuerdo de equiparación salarial de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos, con un gasto aproximado de 283 millones).
La formación bruta de capital fijo, que incluye la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en el caso de la reversión al Estado de determinadas autopistas de peaje, con un valor de mercado estimado de 686 millones, crece un 31,4%,
Por último, las otras transferencias de capital, junto a las ayudas a la inversión, presentan un aumento del 124%, que se explica, por los 1.114 millones correspondiente a la parte de la RPA que no se ha registrado como inversión y por los 622 millones derivados de la exención de la prestación por maternidad. Dentro de la ayuda a la inversión destaca la mayor aportación a ADIF-Alta Velocidad y el aumento del 36,7% en las transferencias a empresas privadas y al exterior.
Las partidas que disminuyen han sido los consumos intermedios, que caen un 1,3%; la cooperación internacional corriente, que se reduce un 3,5%; y las subvenciones a los productos que se han reducido un 0,7% (incluye el gasto para la cobertura del déficit eléctrico que ha sido un 3,4% inferior a 2017).
Los Organismos de la Administración Central registran un superávit de 1.408 millones, frente a los 889 millones del cierre de 2017, lo que supone una mejora del 58,4%.
Los Fondos de la Seguridad Social han cerrado el ejercicio con un déficit de 17.088 millones, el 1,41% del PIB, ligeramente inferior al 1,44% registrado en 2017.
Este resultado se debe a un incremento de los recursos no financieros del 4,5%, frente a los gastos, que crecen un 4,2%. Destaca la favorable evolución de las cotizaciones sociales, que se incrementan un 5,4% en el conjunto del subsector (7.116 millones de euros).
Los datos de la Seguridad Social se benefician de los resultados que está dando el Plan Director por un Trabajo Digno 2018, 2019 y 2020 que fue aprobado por el Consejo de Ministros del 27 de julio de 2018.
Por agentes, el Sistema de Seguridad Social mejora su déficit desde el 1,65% del PIB hasta el 1,55%. Esto se debe a que el aumento de los gastos en un 4,6% ha sido inferior al incremento de los ingresos que se sitúa en el 5,8%.
Los ingresos por cotizaciones sociales se han elevado un 5,3%. Por su parte, las transferencias corrientes recibidas del Estado son un 12,6% superiores a las del año anterior, debido fundamentalmente a una transferencia para apoyar el equilibrio financiero de la Seguridad Social por importe de 1.334 millones, sin cuantía equivalente en 2017; las destinadas a complementar las pensiones mínimas aumentan un 1,9%; las destinadas a pensiones no contributivas suben un 2,1% y las destinadas al IMSERSO para gastos de dependencia aumentan un 4,9%.
Por el lado de los gastos, destacan las prestaciones sociales, que han aumentado un 4,7%, y las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie, que crecen un 3,4%.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) presenta un saldo positivo de 1.480 millones, equivalente al 0,12% del PIB. Destaca el crecimiento de las cotizaciones sociales en un 5,8%, el cual se ve compensado por el descenso de las transferencias recibidas del Estado, que han pasado de 1.632 millones en 2017 a 55 millones en 2018, como consecuencia de los menores pagos por prestaciones por desempleo derivado de la buena evolución del mercado laboral.
El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) registra un superávit de 166 millones de euros en 2018, frente a los 396 millones del año anterior, motivado también fundamentalmente por el descenso de las transferencias recibidas del Estado, que caen en 283 millones.
Las Comunidades Autónomas han reducido en más de un 33% su déficit, hasta el 0,23% del PIB, lo que supone una disminución de 0,13 puntos porcentuales respecto al año anterior.
Prácticamente todas las Comunidades Autónomas han mejorado su saldo respecto al año 2017. De hecho, 15 de ellas han cumplido el objetivo de déficit, cinco de las cuales cierran 2018 con superávit.
Esta evolución se debe a un crecimiento de los ingresos no financieros del 5,2% frente a un aumento de los gastos del 4,3%.
Este resultado está influido por el incremento de los recursos de las comunidades. La recaudación del ITP y AJD aumentó en 842 millones y el incremento de las transferencias netas derivadas del Sistema de Financiación se incrementó en 3.824 millones.
Por el lado de los empleos, destaca la remuneración de asalariados que crece un 3,4%, debido, principalmente y como en el caso del resto de agentes y subsectores, al incremento salarial en 2018 del 1,75%, frente al 1% de 2017, y, en menor medida, al aumento en el número de empleados públicos. Por su parte, el gasto en consumos intermedios ha aumentado un 4% respecto al año anterior y las transferencias sociales en especie han crecido un 2,5%.
La Administración Local vuelve a registrar superávit por séptimo año consecutivo. Un saldo positivo que asciende a 6.292 millones en 2018. En términos de PIB, el superávit supone el 0,52%, frente al 0,61% del año anterior. Esta evolución se debe a un crecimiento de los empleos no financieros del 2,2%, motivado especialmente por el incremento de las inversiones financieramente sostenibles, frente a los ingresos que crecen un 0,9%.
Como todos los años, estas cifras se notificarán a Eurostat en los plazos fijados por la normativa comunitaria.
Estos datos certifican la salida de España del Procedimiento de Déficit Excesivo en el que lleva inmersa desde 2009, permitiendo la entrada en el brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al situarse el déficit público de 2018 holgadamente por debajo del valor de referencia del 3% del PIB.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda ha publicado hoy los datos de ejecución presupuestaria hasta el mes de febrero del Estado. El saldo en los dos primeros meses del año se sitúa en el -0,94% del PIB frente al -0,84% registrado un año antes. Los datos están afectados por la devolución del IRPF de las prestaciones por maternidad.
También se ha difundido hoy el dato consolidado de Administraciones Públicas, excluyendo las corporaciones locales. En su conjunto, el déficit de las tres administraciones se sitúa en el 0,43%. La Seguridad Social aumentó su superávit un 4,3% hasta los 1.688 millones. Las comunidades autónomas cerraron el mes de enero con una reducción de su déficit hasta el 0,03%.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-Ley que permite a los Ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas destinar el superávit presupuestario de 2018 a inversiones financieramente sostenibles en 2019.
La Ley de Estabilidad recoge que el saldo positivo de las administraciones tiene que ser destinado a amortizar deuda. Sin embargo, contempla una excepción: las denominadas inversiones financieramente sostenibles. Para permitir a los municipios y a las Comunidades Autónomas beneficiarse de esta medida, el Gobierno aprueba este Real Decreto-Ley que habilita a estas entidades a reinvertir su saldo positivo.
Además, la norma también contempla que las entidades locales y las Comunidades Autónomas puedan disponer de más tiempo para desarrollar estas inversiones. En concreto, permite que la ejecución aprobada en 2019 pueda terminar de ejecutarse en 2020.
Miinisterio de Justicia
Nota de prensa – mjusticia.gob.es
La prueba tendrá lugar simultáneamente en ocho sedes
Más de 6.200 aspirantes se presentan mañana al examen de acceso a la abogacía
• El 57,2% son mujeres y se ha incrementado en un 60,3% el número de solicitudes de aspirantes extranjeros respecto a 2018
• Como en anteriores convocatorias, se podrá realizar la evaluación en todas las lenguas cooficiales del Estado
• Se han preparado formatos especiales del examen para personas con visión o movilidad reducida y otras necesidades
5 de abril de 2019.- Mañana sábado, 6 de abril, se celebrará la primera prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía del año 2019, en la que se han inscrito 6.217 aspirantes, de los que el 57,2% son mujeres. Respecto a 2018, ha aumentado en un 60,3% el número de extranjeros que ha solicitado realizar el examen, hasta un total de 346. Como en anteriores convocatorias, los aspirantes tendrán la posibilidad de examinarse en las diferentes lenguas cooficiales del Estado.
Se han establecido ocho sedes para la realización del examen debido a la alta participación:
− La Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en la que realizarán la prueba 936 aspirantes.
− La Universidad de Valencia, en la que se examinarán 619 aspirantes.
− La Universidad del País Vasco en Bilbao, en la que realizarán el examen 279 candidatos.
− El Campus Universitario de Teatinos en Málaga, donde harán la prueba 820 aspirantes.
− La Universidad de Murcia, en la que se examinarán 189 personas.
− La Academia Gallega de Seguridad en A Estrada (Pontevedra), que examinará a 258 candidatos.
− La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la que realizarán la prueba 191 candidatos.
− La Universidad Complutense de Madrid, donde se examinarán 2.925 aspirantes.
La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con respuestas múltiples. El examen comenzará a las 10 h. de la mañana (una hora antes en Canarias) y tendrá una duración de cuatro horas.
Los aspirantes deberán contestar a un total de 75 preguntas. Las 50 primeras hacen referencia a materias comunes al ejercicio de la profesión y las 25 restantes están relacionadas con las especialidades de Derecho Civil y Mercantil, Penal, Laboral y Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo, entre las que los candidatos deberán elegir una entre las cuatro opciones posibles.
La calificación final del candidato será el resultado de la media ponderada entre el 70% de la nota obtenida en esta prueba y el 30% de la nota del curso de formación especializada, cuya realización previa es imprescindible para esta evaluación de acceso a la abogacía.
En esta primera reunión, el Consejo de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI) se ha centrado en analizar el actual contexto macroeconómico, así como los cambios regulatorios en curso a nivel nacional e internacional
Con la creación de la AMCESFI y la dotación de nuevas herramientas a los organismos supervisores, España cuenta con mecanismos de supervisión macroprudenciales similares a los de los principales países europeos
El Consejo de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI) se ha reunido hoy por primera vez, tras su creación por Real Decreto el pasado 1 de marzo. La AMCESFI, integrada por el Ministerio de Economía y Empresa, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es el organismo responsable de evaluar y prevenir posibles riesgos sistémicos para la economía.
En el ejercicio de sus funciones, en esta primera reunión se ha abordado la coyuntura económica y financiera nacional e internacional, centrándose en la evolución del sector financiero.
En este sentido se han analizado los principales indicadores de crédito y se ha debatido sobre los cambios que introducen en el sistema financiero las últimas normativas aprobadas, que impulsan la solvencia y la eficiencia en el sector. Asimismo, se ha repasado la situación de los mercados financieros, incluida la evolución de las carteras de las Instituciones de Inversión Colectiva españolas. Por otro lado, también se ha hecho un seguimiento de los test de estrés realizados por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) a 42 grupos aseguradores europeos, entre ellos dos españoles.
La reunión ha estado presidida por la ministra de Economía y Empresa y en la misma han participado el gobernador del Banco de España, en calidad de vicepresidente, la subgobernadora del Banco de España, el presidente y la vicepresidenta de la CNMV, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y el director general de Seguros y Fondos de Pensiones.
Esta reunión ha estado precedida del primer encuentro trimestral del Comité Técnico, formado por nueve representantes de los organismos integrantes de la autoridad y presidido por la subgobernadora del Banco de España.
Con la creación de la AMCESFI y la dotación de nuevas herramientas a los organismos supervisores, España cuenta con mecanismos de supervisión macroprudenciales similares a los de los principales países europeos.
Vista la aclaración efectuada por el Director del SSI se da de baja esta entrada toda vez que ha tenido curso en la rnet
Comunicado de prensa n.º 43/19
Luxemburgo, 28 de marzo de 2019
Conclusiones del Abogado General en el asunto C-569/17
España debería ser condenada a pagar una multa coercitiva diaria de unos 106 000 euros hasta que dé cumplimiento a la Directiva
La Comisión ha interpuesto un recurso por incumplimiento contra España por no haber adoptado, antes del 21 de marzo de 2016, las disposiciones necesarias para transponer la Directiva sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. 1 La Comisión solicita asimismo al Tribunal de Justicia que imponga a España una multa coercitiva diaria de 105 991,60 euros, con efecto a partir de la fecha del pronunciamiento de la sentencia por la que se declare el incumplimiento de la obligación de comunicar a la Comisión las disposiciones de transposición de la Directiva.
Este asunto brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de pronunciarse, por primera vez, sobre el artículo 260 TFUE, apartado 3, introducido por el Tratado de Lisboa, que permite a la Comisión interponer un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia sobre la base de que «un Estado miembro ha incumplido la obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo» y solicitar al Tribunal de Justicia que imponga al mismo tiempo sanciones pecuniarias a dicho Estado miembro.
En sus conclusiones de hoy, el Abogado General Evgeni Tanchev propone al Tribunal de Justicia que declare que España ha incumplido sus obligaciones de informar y que, en consecuencia, imponga una multa coercitiva diaria. El Abogado General defiende asimismo una interpretación amplia acerca de cuándo un Estado miembro «ha incumplido la obligación de informar» sobre las medidas de transposición con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, en el sentido de que tal incumplimiento comprende la transposición incompleta o incorrecta.
El Abogado General señala que España no niega haber incumplido la obligación de adoptar las medidas necesarias para transponer dicha Directiva a su Derecho interno y de comunicar tales medidas a la Comisión. Por consiguiente, propone que el Tribunal de Justicia declare que la primera pretensión de la Comisión es fundada.
A continuación, el Abogado General examina el significado del incumplimiento por parte de un Estado miembro de «la obligación de informar» a efectos del artículo 260 TFUE, apartado 3. Tras un análisis de la redacción, la génesis, los objetivos y el contexto de la mencionada disposición, el Abogado General concluye que el artículo 260 TFUE, apartado 3, ha de interpretarse en el sentido de que se refiere al incumplimiento por parte de un Estado miembro de una obligación «sustantiva» de efectuar la transposición, lo que comprende tanto la ausencia absoluta de comunicación de cualquier medida de transposición como la notificación por un Estado miembro de medidas que constituyen una transposición incompleta o incorrecta de la Directiva en cuestión.
Seguidamente, el Abogado General analiza la evaluación de las sanciones pecuniarias en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 3. Más concretamente, el Abogado General estima que la Comisión debería poder utilizar el mismo método para calcular las sanciones pecuniarias que ella propone con arreglo a disposiciones similares del TFUE. Asimismo, considera que, sobre la base del artículo 260 TFUE, apartado 3, el Tribunal de Justicia puede imponer el pago de una suma a tanto alzado, así como una multa coercitiva, o una sanción pecuniaria que no haya propuesto la Comisión, dentro del límite al importe de la sanción pecuniaria que establece la referida disposición. A su juicio, ese límite afecta únicamente al importe de la sanción pecuniaria y no restringe la facultad de apreciación del Tribunal de Justicia en cuanto al tipo de sanción pecuniaria que debe imponerse.
En el caso de autos, el Abogado General considera que la imposición de una multa coercitiva es adecuada como medida persuasiva y que procede desestimar la alegación de España de que se trata de una sanción desproporcionada. También recomienda que el Tribunal de Justicia use como fecha de inicio de la duración de la infracción la fecha de referencia que figura en el dictamen motivado. A la luz del límite máximo establecido en el artículo 260 TFUE, apartado 3, el Abogado General propone al Tribunal de Justicia que imponga una multa diaria que ascienda hasta el pleno importe indicado por la Comisión.
1 Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (la denominada Directiva sobre créditos hipotecarios) (DO 2014, L 60, p. 34).
Lunes, 1 de abril de 2019 – poderjudicial.es
El tribunal añade que la publicación por parte de la CNMC del nombre de la persona física multada no vulnera su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su propia imagen
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) puede imponer multas a personal directivo de empresas infractoras de las normas del derecho de la competencia. El tribunal añade que la publicación por parte de la CNMC del nombre de la persona física multada no vulnera su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su propia imagen.
La Sala confirma una resolución de la CNMC de 30 de junio de 2016 (expediente Infraestructuras Ferroviarias) que impuso una multa de 6650 euros al vicesecretario del Consejo de Administración de Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A., una de las empresas sancionadas por una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y del artículo 101 del Tratado de la Funcionamiento de la Unión Europea. Dicha resolución sancionó a diversas empresas y personas físicas por pactar el reparto del mercado, la fijación de precios y otras condiciones comerciales, así como el intercambio de información comercial sensible en relación con el suministro de desvíos ferroviarios en los procedimientos de contratación convocados por GIF/ADIF durante 15 años, de 1999 a 2014.
La Sala Tercera desestima el recurso planteado por el vicesecretario contra la sentencia de la Audiencia Nacional que ratificó la resolución de la CNMC al haberse acreditado que como cargo directivo de Amurrio intervino en la decisión infractora sancionada (reuniones sobre reparto de mercado y/o acuerdo de precios), por lo que sí cabía exigirle responsabilidad.
La Sala explica en esta sentencia, con ponencia de la magistrada Celsa Pico Lorenzo, que «es certera la interpretación realizada por la sentencia recurrida a la hora de incluir al recurrente, que concurrió con otros sujetos directivos o representantes de otras empresas, a la reunión en que se acordó la práctica vedada por la ley de Defensa de la Competencia y lo hizo en su condición de Vicesecretario del Consejo de Administración, es decir como sujeto componente del órgano directivo de la empresa”.
Por otra parte, la Sala considera que la publicación de la infracción en su totalidad, el de la empresa infractora y el del miembro de la misma que acordó/decidió la práctica colusoria no lesiona el artículo 18 de la CE. Sobre esta cuestión, afirma que “no está en juego el derecho a la intimidad personal garantizado por el artículo 18 de la Constitución pues la conducta desarrollada no ha tenido lugar en el ámbito de la vida privada y buen nombre del recurrente. La sanción impuesta lo ha sido como consecuencia de su conducta profesional voluntariamente desarrollada en una empresa que ha infringido la Ley de Defensa de la Competencia”, subraya la Sala.
Viernes, 29 de marzo de 2019 poderjudicial.es
La magistrada requiere a los cuatro encausados para que, en el plazo de 24 horas, presten una fianza, de forma conjunta y solidaria, de casi 189 millones de euros
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado la apertura de juicio oral contra la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) M.D.A., los exdirectivos de la entidad D.G.M. y V.S.A. y contra el empresario R.G. en relación con la operación de reestructuración de deuda de la inmobiliaria Hansa Urbana.
En el auto de apertura de juicio oral relativo a esta pieza separada denominada “TIP Reestructuraciones”, la magistrada requiere a los cuatro encausados para que, en el plazo de 24 horas, presten una fianza, de forma conjunta y solidaria, por importe de 188.860.000 euros con el fin de asegurar las presuntas responsabilidades civiles que pudieran imponérseles. . La juez designa como responsable civil subsidiario a las sociedades Hansa Urbana y Management Service SL y responsable civil directo a la Caja de Seguros Reunidos Caser hasta el límite máximo asegurado.
Además, requiere a los tres exdirectivos de la entidad para que, también en el plazo de 24 horas, presten una fianza para asegurar las presuntas responsabilidades pecuniarias de carácter penal a las que pudieran ser condenados, por importe de 192.000 euros, que en el caso del empresario la cantidad es de 96.000 euros.
El auto recoge los escritos de acusación de la Fiscalía y del Fondo de Garantía de Depósitos, que piden penas para los acusados de entre dos y cuatro años de cárcel, y señala a la Sala de lo Penal como el órgano encargado del enjuiciamiento.
Se encuentra usted en los archivos de AIRE de abril de 2019.

References: resolución 
 artículo 23
 resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 34
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 260
 artículo 260
 artículo 260
 artículo 260
 artículo 260
 artículo 260
 artículo 260
 resolución 
 artículo 1
 artículo 101
 resolución 
 resolución 
 artículo 18
 artículo 18