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Timestamp: 2018-12-15 07:26:18+00:00

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﻿ Sentencia 38389 de octubre 26 de 2010
SENTENCIA 38389 DE 26 DE OCTUBRE DE 2010
CONTENIDO:EL DICTAMEN PERICIAL NO ES PRUEBA CALIFICADA EN CASACIÓN PARA ESTRUCTURAR UN ERROR EVIDENTE DE HECHO. SALVO QUE ESE ERROR HAYA SIDO DEMOSTRADO PREVIAMENTE CON UN MEDIO DEMOSTRATIVO QUE SÍ TENGA ESA ENTIDAD, COMO EL DOCUMENTO AUTÉNTICO, LA INSPECCIÓN JUDICIAL O LA CONFESIÓN JUDICIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRUEBA, DICTAMEN PERICIAL, CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ, DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
Sentencia 38389 de octubre 26 de 2010
Rad.: 38389
Bogotá, D.C., veintiséis de octubre de dos mil diez.
Se pronuncia la Corte sobre el recurso de casación que interpuso Luis Hernán Agudelo Ocampo contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral, de fecha 15 de septiembre de 2008, proferida en el proceso ordinario que le sigue al Instituto de Seguros Sociales.
Luis Hernán Agudelo Ocampo demandó al Instituto de Seguros Sociales para obtener la pensión de sobrevivientes, desde el 13 de julio de 2006.
Afirmó que el 13 de julio de 2006 falleció su hermano, Fernando Agudelo Ocampo, y el Instituto de Seguros Sociales le negó la pensión de sobrevivientes, porque aquel no cotizó 50 semanas en los 3 años anteriores a su muerte, pese a que sufragó 472 semanas en toda su vida laboral, con una fidelidad del 21,26%, por lo que debe aplicarse la condición más beneficiosa; y que acreditó ante el demandado la convivencia y dependencia.
El Instituto de Seguros Sociales no se pronunció sobre las pretensiones; admitió los hechos 1, 2 y 3; del 4 dijo que es cierto pero que, pese a la fidelidad del 21,18%, el afiliado fallecido no dejó causado el derecho pensional; del 5 adujo que es el juzgador el que debe determinar si bajo el principio de la condición más beneficiosa es dable ignorar los demás principios que prevé la seguridad social; al 6 arguyó que es cierto pero que la indexación no es aplicable, por no existir derecho pensional para asignar; y del 7 aseveró que deberá probarse. Invocó las excepciones de prescripción, ausencia del derecho reclamado y las declarables de oficio (fls. 14 y 15).
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, en sentencia de 15 de mayo de 2008, condenó a pagar la pensión de sobrevivientes, indexada, a partir de 13 de julio de 2006, con los intereses moratorios a la tasa máxima, desde esa misma fecha, y ordenó consultarla.
En el grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral, en la sentencia aquí acusada, la revocó y, en su lugar, absolvió e impuso las costas de la primera instancia al demandante.
El ad quem arguyó que el a quo aplicó la condición más beneficiosa por estimar que el demandante reunía las exigencias del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, cuyo artículo 27-4 dispone que los hermanos inválidos dependientes económicamente del asegurado fallecido, y hasta cuando cese la invalidez, se benefician de la pensión de sobrevivientes por muerte atribuida a riesgo común.
Aseveró que está probado que el asegurado nació el 23 de noviembre de 1942 y falleció el 13 de julio de 2006; que aportó 472 semanas para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, con anterioridad a 1987; que el causante era hermano del demandante y que este fue declarado inválido desde el 12 de marzo de 2007; que el Instituto de Seguros Sociales le negó la pensión de sobrevivientes, porque el difunto no tenía 50 semanas de cotizaciones en los tres años anteriores a su muerte; y que al demandante se le estructuró la invalidez con posterioridad a la muerte del afiliado.
Transcribió una sentencia de la Corte, que no identificó con fecha ni número de radicación, y explicó que, de acuerdo con esa jurisprudencia, en principio, el actor tendría derecho a la pensión deprecada, porque el afiliado fallecido cotizó 300 semanas antes de que comenzara a regir la Ley 100 de 1993, pero que ello no dirime el asunto en su favor, porque no allegó al proceso prueba alguna para demostrar su dependencia económica del asegurado fallecido, “pues una declaración extraprocesal que se aportó con el expediente administrativo, no es valorable como prueba por cuanto no se dio la oportunidad a la otra parte para controvertirla llamando al declarante para que se ratificara en la forma prevenida en el artículo 229-2 del Estatuto Procesal Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989”, por lo cual “el actor no cumplió con la carga de la prueba, consistente en la exigencia que la ley le impone a la parte que afirme algo de justificar lo afirmado con el fin de persuadir al juez sobre la verdad...” (fls. 20 y 21, cdno. del tribunal).
Lo interpuso el demandante y con él pretende “que la Corte case totalmente el fallo del tribunal y que, una vez constituida en sede de instancia, revoque el fallo del ad-quem (sic) y, en su lugar, confirme el fallo de primera instancia”.
Con esa intención, propuso un cargo, que fue replicado.
Acusa a la sentencia del tribunal de violar en forma indirecta, por aplicación indebida, los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de 1990, 46, 47 y 49 de la Ley 100 de 1993, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 252 del Código de Procedimiento Civil.
Para su demostración, que se resume, afirma que el tribunal incurrió en los siguientes errores evidentes de facto:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que fue declarado inválido el 12 de marzo de 2007, fecha de estructuración de su estado de invalidez.
2. No dar por demostrado, estándolo, que la fecha de estructuración de su invalidez es el 21 de julio de 1946.
3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la fecha de estructuración de su invalidez es posterior al 13 de julio de 2006, fecha de la muerte de su hermano, Fernando Agudelo Ocampo.
4. No dar por demostrado, estándolo, que la estructuración de su invalidez es anterior al 13 de julio de 2006, fecha de la muerte del afiliado, por ser inválido desde el 21 de julio de 1946, es decir, desde el momento mismo de su nacimiento.
5. Dar por demostrado, sin estarlo, que no dependía económicamente de su hermano fallecido, Fernando Agudelo Ocampo.
6. No dar por demostrado, estándolo, que acreditó oportunamente ante el Instituto de Seguros Sociales que dependía económicamente de su hermano fallecido.
Afirma que fueron indebidamente apreciadas o dejadas de valorar las pruebas que obran en el expediente administrativo allegadas por la jefe del departamento de atención al pensionado, como el dictamen de medicina laboral del departamento de pensiones (fls. 43 y 44), la declaración extra juicio rendida ante notario hecha por Luis Hernán Agudelo Ocampo (fl. 45) y la Resolución 4848 de 27 de agosto de 2007 (fls. 21 a 26), y que el tribunal apreció equivocadamente los documentos de folios 43 y 44.
Transcribe lo que asentó el juzgador de segundo grado y dice:
“Nótese como a folio 43 del referido dictamen se consigna que la fecha del mismo es el 9 de marzo de 2007: “09/032007”, igualmente en ese mismo folio se lee que la fecha de nacimiento del demandante es el 21 de junio de 1946: “21/06/1946”; más adelante al abordar el estudio de la historia clínica se lee que: “el paciente refiere que tiene “pie chapín desde el nacimiento”, dice que no le hicieron tratamiento para esta patología...”.
“A folio 44 se describen las deficiencias que sufre el actor, entre las cuales se encuentra que en el tobillo izquierdo presenta anquilosis en inversión de 90 grados y en el tobillo derecho presenta anquilosis en inversión de 70 grados, además de hipertensión arterial, retraso mental leve y alteraciones en la agudeza visual, concluyéndose que el señor Luis Hernán Agudelo Ocampo presenta una pérdida de la capacidad laboral del orden del 53,59%, cuya fecha de estructuración es el “21 de junio de 1946” y a renglón seguido aparece la siguiente fecha escrita a mano: “12/marzo/2007”, que fue la que tomó el sentenciador de segundo grado inexplicablemente como la de estructuración de la invalidez, cuando al parecer esta fue la fecha de notificación al demandante.
“Y es que, a decir verdad, la fecha de estructuración de la invalidez —jun. 21/46—, ni siquiera fue objeto de cuestionamiento por parte del Instituto de Seguros Sociales, pues esta entidad en la Resolución 4848 del 27 de agosto de 2007 expresamente admite que: “obra dictamen de la dependencia de medicina laboral del departamento de pensiones del ISS seccional Caldas consecutivo 2605, determinando como fecha de estructuración de invalidez del señor Luis Hernán Agudelo Ocampo a partir del 21 de junio de 1946 (fecha de nacimiento) con un porcentaje del 53.59% de pérdida de la capacidad laboral, acreditando así la condición de hermano inválido” (negrillas fuera del texto, fls. 22 y 25, cdno. de primera instancia)”.
Destaca que el ad quem reprodujo una sentencia de la Corte, en la que citó la de 26 de septiembre de 2006, Radicación 29042, y pese a que afirmó que en principio tendría derecho a la pensión deprecada, dio por sentado que no dependía económicamente de su hermano fallecido, porque no allegó prueba alguna al respecto, con lo cual incurrió en los yerros de hecho 5 y 6, para luego cometer protuberante desatino al hacer alusión a la declaración del propio demandante, de folio 45, quien la suscribió, por lo cual no era necesario que fuera ratificada en el proceso, por no ser declaración de tercero sino de parte, y, adicionalmente, ese juzgador le negó la pensión de sobrevivientes porque el causante no cotizó 50 semanas en los tres últimos años antes de su muerte, pero no desconoció que tenía 472 semanas de cotizaciones.
Reproduce la sentencia de la Corte, de 21 de octubre de 2008, Radicación 34288, que precisó el alcance de los artículos 46, 47 y 49 de la Ley 100 de 1993.
Sostiene que el alcance de la impugnación es defectuoso y en el desarrollo del cargo el censor mezcla asuntos fácticos con jurídicos, como el asunto de la calidad de la prueba que no puede proponerse en un cargo planteado por la vía indirecta, lo que impide estudiar el fondo de la acusación.
Arguye que del expediente están ausentes las pruebas sobre la supuesta dependencia económica del demandante respecto del afiliado fallecido, y que la manifestación de aquel no puede originar convicción alguna, por estar afectada por un interés de parte.
El alcance de la impugnación, que constituye el petitum de la demanda de casación, está defectuosamente planteado, como lo pone de presente la réplica, toda vez que en él se pide que la Corte case la sentencia del tribunal, y “en sede de instancia, revoque el fallo del ad quem” (fl. 7, cdno. de la Corte), lo cual no es posible, toda vez que no se puede revocar lo que ya no existe, puesto que al casarse la sentencia impugnada, esta desaparece del mundo jurídico.
El dictamen pericial no es prueba calificada en casación para estructurar un error evidente de hecho, con el carácter de protuberante o manifiesto, capaz de desquiciar la sentencia cuestionada, salvo que ese error haya sido demostrado previamente con un medio demostrativo que sí tenga esa entidad, como el documento auténtico, la inspección judicial o la confesión judicial, lo cual no se advierte en el presente caso.
Con todo, importa anotar que, en verdad, el tribunal se equivocó al establecer la fecha de estructuración de la invalidez del demandante, que no lo fue el 12 de marzo de 2007 sino el 21 de junio de 1946, y al no percatarse de que ese estado no era materia del proceso, como que fue aceptado por el instituto llamado a juicio. Pero esos desaciertos, en últimas, no son trascendentes porque fundó su decisión en la falta de prueba de la dependencia económica del promotor del pleito respecto de su hermano fallecido, toda vez que, luego de citar una sentencia de esta Sala de la Corte, asentó que, en principio, el actor tendría derecho a la pensión que depreca, pero, renglón seguido, anotó: “No obstante la anterior conclusión, ello no dirime el asunto a favor del accionante, pues no allegó al expediente prueba alguna que acreditará (sic) la dependencia económica del promotor del juicio con respecto al asegurado fallecido, pues una declaración extraprocesal que se aportó con el expediente administrativo, no es valorable como prueba por cuanto no se dio oportunidad a la otra parte para controvertirla llamando al declarante para que se ratificará (sic) en la forma prevenida en el artículo 229- 2 del Estatuto Procesal Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989”.
Del pasaje anteriormente transcrito del fallo impugnado se colige sin dificultad que la conclusión del tribunal en torno al medio de convicción se basó en que echó de menos los requisitos legales para que pudiera ser tenido válidamente como prueba.
Para rebatir la anterior inferencia, el recurrente afirma que la declaración de marras no debía ser ratificada por cuanto fue suscrita por el propio demandante, lo cual es cierto, de suerte que, en verdad, no requería de la ratificación a la que aludió el juzgador de la alzada por cuanto no se trata de un documento proveniente de un tercero sino de una parte del proceso, de modo que no le eran aplicables las exigencias contenidas en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil.
Empero, esa equivocación del tribunal no afecta su decisión porque la aludida declaración extraprocesal del demandante no puede servir de prueba de la dependencia económica respecto del asegurado fallecido, si se tiene en cuenta que se trata de un documento suscrito por el propio interesado y esta Sala de la Corte ha explicado que las manifestaciones que efectué una parte en el proceso no pueden servir de prueba de los hechos que pretenda hacer valer en un proceso judicial.
No obstante, y ello si incidió en la decisión impugnada, debe tenerse en cuenta que en el recurso se asevera que la dependencia económica era una cuestión que estaba por fuera del debate procesal por haber sido admitida por el instituto convocado al pleito, que la aceptó al reconocer la indemnización sustitutiva a favor del actor. Para demostrarlo, se acusa al tribunal de no haber apreciado el contenido de la Resolución 4848 del 27 de agosto de 2007, mediante la cual el seguro social negó la pensión de sobrevivientes.
Aunque el tribunal sí aludió tangencialmente a ese documento, lo cierto es que no tomó en consideración su texto completo, de ahí que no resulte un desatino de orden técnico insuperable que se haya denunciado como dejado de apreciar, de tal suerte que, en este caso específico y teniendo en cuenta que, al reseñar las pruebas el impugnante de manera indistinta se refirió a ellas como indebidamente apreciadas o dejadas de valorar, la Corte, con amplitud lo examinará para determinar si hubo algún error en su valoración.
Y al hacerlo, encuentra que efectivamente en esa resolución consta que el demandado no negó la dependencia económica del actor respecto de su hermano fallecido, de suerte que esa cuestión no tenía que ser materia del proceso y, con todo, está suficientemente acreditada. En efecto, si mediante ese acto el instituto demandado le reconoció al actor la indemnización sustitutiva es porque encontró demostrada la dependencia económica, como que ese es uno de los requisitos exigidos por la ley para que se cause el derecho a esa prestación.
Por lo tanto, demuestra el cargo que el tribunal incurrió en el sexto de los desaciertos de hecho que se le atribuyen, el cual tuvo incidencia en la decisión que adoptó porque de haber encontrado acreditada la dependencia económica otra habría sido su conclusión sobre el derecho a la pensión deprecada.
En consecuencia, habrá de casarse la sentencia impugnada.
Al adentrarse en su función de juez de segunda instancia, encuentra la Corte que, en este caso, el demandado fue condenado al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, pero ninguna de las partes apeló de la sentencia de primer grado, de tal suerte que no podía el tribunal asumir el estudio del caso porque no se daban los requisitos exigidos por el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para que asumiera al grado jurisdiccional de consulta, toda vez que las condenas no fueron impuestas a la Nación a un departamento o a un municipio, sino al Instituto de Seguros Sociales que, según surge del documento folio 13, es una empresa industrial y comercial del Estado.
Por lo tanto, deberá la Corte anular todas las actuaciones surtidas en el grado jurisdiccional de consulta, desde el auto proferido el 12 de junio de 2008, mediante el cual el magistrado sustanciador corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones. En consecuencia, ordenará devolver las presentes diligencias al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, para lo de su cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral, de fecha 15 de septiembre de 2008, proferida en el proceso ordinario laboral que Luis Hernán Agudelo Ocampo le sigue al Instituto de Seguros Sociales.
En sede de instancia, decreta la nulidad de todas las actuaciones surtidas en el grado jurisdiccional de consulta, desde el auto proferido el 12 de junio de 2008, mediante el cual el magistrado sustanciador corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones. En consecuencia, ordena devolver las presentes diligencias al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, para lo de su cargo.
Magistrados: Gustavo José Gnecco Mendoza—Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Eduardo López Villegas—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.

References: artículo 27
 artículo 229
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 229
 artículo 229
 Resolución 
 resolución 
 artículo 69