Source: http://www.estudiojuridicodrbarreiro.com/apps/blog/alimentos-cuota-alimentaria-aumento-de-la-necesidad
Timestamp: 2018-03-22 09:59:28+00:00

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1 - La designación de un Abogado del Niño debe tener justificación en las particularidades del caso, pues es una herramienta que introduce otro patrocinio y sus correlativos costos a la causa. 2 - La figura del Abogado del Niño y la asistencia que brinda en los términos del artículo 27 inciso c) de la ley nacional 26.061 y del artículo 26 del Código Civil y Comercial, no puede ser considerada en forma aislada de las garantías mínimas de procedimiento que el propio precepto tiende a asegurar; esto es, a ser oído, a que su opinión sea tomada en cuenta al momento de arribar a una decisión. 3 - Aun cuando no se hubiera acreditado un cambio en la situación económica del demandado, la mayor edad alcanzada por los hijos, de niños a adolescentes, hace presumir, aun en ausencia de otras pruebas, un aumento de los gastos referidos a la educación, alimentación, vestimenta e, inclusive, a la vida de relación. 4 - Si la cuota alimentaria se la fija como una suma correlacionada con los futuros ingresos del alimentante, es un mecanismo de utilidad que evita el tener que acudir a reiteradas acciones judiciales para su ajuste, debiendo el obligado aumentar la cuota conforme a los incrementos que se le asignen en su desempeño laboral. GC CNCiv., Sala M, septiembre23-2015.- S. L. D. c F. F. S. s/aumento de cuota alimentaria - Expte. 75859/2012. Buenos Aires, 23 de septiembre de 2015.- VISTOS Y CONSIDERANDO: I.- La sentencia dictada a fs. 509/14 que hizo lugar a la presente petición de aumento de cuota alimentaria, fijándola en la suma de dos mil seiscientos pesos para ambos menores de edad, con más los gastos de la cobertura médica de los menores, fue apelada por el demandado. El apelante consideró elevada la cuota fijada y solicitó su reducción. En este sentido, sostuvo que debe tenerse en cuenta que además del dinero que deposita mensualmente contribuye con la vivienda en la que habitan sus hijos que es parte de la sociedad conyugal aún no liquidada, y que debió merituarse que efectuaba aportes voluntarios por sumas superiores a la anteriormente acordada. A renglón seguido denunció como hechos nuevos -ofreciendo prueba sobre los mismos- el que la actora estaría realizando una actividad comercial de esteticista que mejoraría su capacidad contributiva como coalimentante y que sus hijos se habrían quedado a vivir en forma permanente en el hogar del demandado de un tiempo a esta parte. Asimismo, se quejó de que la cuota se hubiera fijado desde la mediación y no desde la notificación de la demanda. Solicitó la designación de un Abogado del Niño conforme a los dictados de la ley 26.061 y a los efectos de garantizar plenamente el ejercicio de sus derechos consagrados constitucionalmente (fs. 532/42bis). Corrido traslado, la actora lo contestó a fs. 548/49. La Defensora de Menores de Cámara se expidió a fs. 556/57 considerando que la expresión de agravios debía ser declarada desierta. II.- Cuestiones preliminares: Por razones metodológicas corresponde en primer lugar referirse a la denuncia de hechos nuevos y pedido de apertura a prueba, relacionados con la actividad económica actual desarrollada por la actora y con la estancia actual de los niños en casa de su padre. En este sentido corresponde puntualizar que tanto la apertura a prueba como la denuncia de hechos nuevos, no resultan atendibles cuando el recurso ha sido concedido en relación, como en el caso (conf. art. 275 del CPCCN), sino que el Tribunal debe fallar teniendo en cuenta las actuaciones producidas en primera instancia (conf. Fenochietto, Código Procesal…, ed. Astrea, Bs. As. 2001, tomo 2, pág. 113).
Pero más aún, no se aprecia, como se verá, la utilidad de la producción solicitada. En efecto, la contribución que la actora debe realizar al sostenimiento de los hijos es principio receptado legal y jurisprudencialmente, sin que ello se anude al extremo que se pretende probar. Ello sin dejar de destacar que la suma fijada como cuota alimentaria en el presente incidente de aumento que debe ser revisada en esta Alzada, abarca todo el período reclamado con efectos retroactivos a la interpelación del deudor. Así también, la eventual permanencia de los niños con su progenitor, en caso de adquirir carácter de permanencia, deberá ser un hecho planteado a la consideración del primer juzgador y, en su caso, podrá dar lugar a la promoción de las vías procesales que el apelante considere pertinentes, pero que en este estado revisorio de la sentencia dictada en autos resulta cuestión sobre la cual este Tribunal no debe entrar a conocer (conf. art. 277 del Código Procesal). Por último, la solicitada designación de un Abogado del Niño no encuentra ni en la pieza que la postula ni en los avatares de la causa, justificación alguna; debiendo quedar reservada esta herramienta -que introduce otro patrocinio y sus correlativos costos a la causa-, a los supuestos que por sus especiales particularidades así lo tornaran necesario. La figura del Abogado del Niño y la asistencia que brinda en los términos del art. 27, inc. c) de la ley 26.061 y del nuevo artículo 26 del CC y C, no puede ser considerada en forma aislada de las garantías mínimas de procedimiento que el propio precepto tiende a asegurar; esto es, a ser oído cada vez que así lo solicite, a que su opinión sea tomada en cuenta al momento de arribar a una decisión, a su activa participación en el proceso, y a utilizar la vía recursiva cuando una decisión lo afecte. En suma, lo que la norma contempla es la participación de la persona menor de edad en el pleito por su propio derecho y con patrocinio letrado a fin de proporcionarle asistencia profesional y no de sustituir su voluntad, en el marco de la base de garantías a procurar (ser oído, etc.). No se trata de incorporar una representación más a las que ya tiene con motivo de su minoridad (padres, tutores, promiscua del Ministerio Público o propia del tutor “ad litem” que pueda designar el juez en supuestos específicos) (conf. CNCiv., Sala G, R. 612.508 - expediente N° 91.177/12). En el caso traído a revisión, que versa sobre un aumento de la cuota alimentaria otrora pactada por los padres, no se advierte que el superior interés de los menores que debe guiar las decisiones que los involucren y que con cierta liviandad se invoca amenazado en toda causa en que ellos sean parte, se vea en rigor comprometido de no acceder a la designación solicitada. A lo que resta agregar que la Defensora de Menores de Cámara no ha acompañado la solicitud del apelante por no considerarla entonces ventajosa a los intereses de sus defendidos. Es así que serán rechazados los hechos nuevos, el pedido de apertura a prueba y la designación de Abogado del Niño cuyo tratamiento se efectuara precedentemente. III.- Reiteradamente se ha establecido, que el pedido de modificación -aumento, disminución o cese- de la cuota alimentaria fijada en sentencia o por convenio, procede si ha habido, posteriormente, una variación en los presupuestos de hecho que se tuvieron en cuenta para establecerla; sea que se hubiera modificado las posibilidades del alimentante o las necesidades del alimentado o que hubiese sobrevenido una causa legal de cese de la obligación alimentaria (conf. Bossert, G., Régimen Jurídico de los Alimentos, Ed. Astrea, 1993, pág.557). Queda a cargo de quien la pretende la prueba fehaciente de aquellos extremos (conf. C.N.Civ., Sala G, 2/12/85 “B. de P., D.E. c/ P., D.A", LL .1986-B-66 y esta Sala R. 502.556). En el presente caso, como surge de los antecedentes de la causa, se convinieron alimentos en el año 2011 por una suma mensual de $1.000 para ambos niños en conjunto. La pretensión de la actora en el presente incidente de aumento iniciado en el año 2012 fue que la cuota se estableciera en la suma de $3.000. La sentencia la fijó en la de $2.600, a la que debe sumarse la medicina prepaga (OSDE) que se le descuenta al padre de sus haberes. Es evidente que la cuota alimentaria convenida hace ya más de cuatro años cuando los niños no eran los adolescentes que ahora empiezan a ser (12 y 14 años), no puede ser la misma que la que corresponde para atender a los gastos de esta nueva etapa. En efecto, reiterada jurisprudencia tiene establecido que la mayor edad de los hijos menores y el tiempo transcurrido desde que se pactó la cuota justifican por sí solos un aumento de los alimentos por ser evidente que la pensión resulta insuficiente para atender las nuevas necesidades de los menores (conf. CNCiv., Sala E, 21/3/91, ED 143-413).
En consecuencia, y aun cuando no se hubiera acreditado un cambio en la situación económica del demandado, la mayor edad alcanzada por los hijos hace presumir, aun en ausencia de otras pruebas, un aumento de los gastos referidos a la educación, alimentación, vestimenta e, inclusive, a la vida de relación. Desde otra óptica, esta doctrina se justifica en la actualidad, en donde por motivos que hacen a la economía general del país, y si bien no se admite la actualización monetaria, el costo general de la vida ha aumentado considerablemente como es de público conocimiento. Las necesidades de los hijos deben tener un correlato lógico en las posibilidades económicas de los padres y, ambos deben contribuir con la obligación alimentaria, realizando todos los esfuerzos necesarios para subvenir adecuadamente los requerimientos indispensables para ellos (conf. esta Sala, expte. n°404.273). Por lo hasta aquí analizado y considerando que la cuota alimentaria debe contemplar las necesidades de desarrollo físico y socio-cultural, así como otros aspectos tales como vivienda, vestimenta, enseres personales, salud, etc., de acuerdo a los recursos y posibilidades económicas del alimentante -sus ingresos de bolsillo ascendían a octubre de 2014 a la suma de $11.182-, el Tribunal considera que el aumento resulta justificado y criterioso -teniendo en cuenta que ha sido recurrido únicamente por el alimentante-, y en la medida en que se lo ha fijado como una suma que además se correlacionará con los futuros ingresos del alimentante, mecanismo de utilidad que evitará el tener que acudir a reiteradas acciones judiciales para su ajuste, debiendo el obligado aumentar la cuota conforme a los incrementos que se le asignen en su desempeño laboral. Es así que la queja central del demandado deberá ser rechazada. IV.- Se quejó también el demandado de que el aumento de cuota fijado se retrotraiga al tiempo de la apertura de la mediación y no al traslado de la demanda como establece el art. 644 del CPCCN. En anteriores ocasiones esta Sala había decidido que toda vez que la ley 24.573 impuso la mediación para los procesos de alimentos cabe armonizar esta norma con lo prescripto en el art. 650 del Código Civil y lo dispuesto por la Presidencia de esta Cámara en su resolución de fecha 13 de mayo de 1996, correspondiendo determinar que es a partir de la fecha de presentación del pedido de mediación a partir del cual comienza a devengarse la nueva cuota alimentaria (conf. esta Sala expte. n° 421433) . Ello quedó plasmado con la reforma introducida por el art. 57 de la nueva ley de mediación 26.589 que reformuló el artículo 644, estipulando que la sentencia retrotraerá la cuota que se establezca a la fecha de interposición de la mediación. Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por la Defensora de Menores e Incapaces, el Tribunal, RESUELVE: 1- Rechazar los hechos nuevos, pedido de apertura a prueba y designación de Abogado del Niño cuyo tratamiento se efectuara en el considerando II. 2- Confirmar en todo cuanto decide el fallo de fs. 509/14. Costas al demandado (art. 68 CPCCN). Regístrese, notifíquese y a la Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara y oportunamente, devuélvase. Se hace saber que aquellas partes e interesados que no hayan constituido su domicilio electrónico quedarán notificados en los términos del artículo 133 del Código Procesal (cnf. Acordadas n° 31/2011 y 38/2013). – Mabel De Los Santos – Elisa M. Diaz De Vivar – Maria Isabel Benavente

References: artículo 27
 artículo 26
 artículo 26
 resolución 
 artículo 644
 artículo 133