Source: http://www.slideshare.net/jorgejujuy/informe-sobre-la-situacin-de-los-pueblos-indgenas-en-argentina-la-agenda-pendiente-para-el-relator-de-pueblos-indgenas-james-anaya-diciembre-2011
Timestamp: 2015-05-04 10:43:33+00:00

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INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN ARGENTINA: LA …
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN ARGENTINA: LA AGENDA PENDIENTE PARA EL RELATOR DE PUEBLOS INDÍGENAS JAMES ANAYA DICIEMBRE 2011
by silvinamosca
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INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN ARGENTINA: LA AGENDA PENDIENTE PARA EL RELATOR DE PUEBLOS INDÍGENAS JAMES ANAYA DICIEMBRE 2011Estimado James Anaya:Las organizaciones firmantes, dedicadas a la defensa y protección de los derechos humanos de losPueblos Indígenas en Argentina nos dirigimos a Uds. en relación con su visita oficial al país quetiene lugar entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre de 2011. Esperamos que estos aportes leresulte una herramienta útil de trabajo, le permita evaluar los niveles de postergación de losderechos indígenas en Argentina y que contribuya a mejorar su situación.Atentamente,Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI)Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ)Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) Grupo de Apoyo Jurídico para elAcceso a la Tierra (GAJAT)Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales(ANDHES)Equipo Patagónico de Abogados y Abogadas en Derechos Humanos y Estudios Sociales(EPHADES)Secretaría con relación de Pueblos Originarios de la CTAEquipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP)Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (ORCOPO)Comisión de Juristas Indígenas en la Rep. Argentina (CJIRA)Comisión Provincial por la MemoriaFundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ)Defensoría General de la NaciónCATEDRA LIBRE DE PUEBLOS ORIGINARIOS-UNPSJBComisión de Pueblos Originario e Inmigraciones de la Secretaría de Extensión de la Facultadde Trabajo Social de la UNLPComisión de Derechos de los Pueblos Originarios y neoconstitucionalismo de la UBAAsociación de Abogados de Derechos Indígena (AADI) 2.
I. SÍNTESIS DE LOS PROBLEMAS QUE SE DENUNCIANEn nuestro país, los pueblos indígenas padecen consecuencias de injusticias históricas: lacolonización, el despojo de sus tierras y territorios de ocupación tradicional y la falta de control paraordenar sus prioridades de desarrollo.Si bien en nuestro ordenamiento jurídico existen normas que garantizan una serie de derechoscolectivos fundamentales para la supervivencia de los pueblos indígenas como tales, no se han vistoreflejados en un cambio sustantivo en las condiciones de vida de los pueblos indígenas.Nuestro país reconoce el derecho de estos pueblos a la propiedad y posesión de sus tierras deocupación tradicional, pero no ha adoptado medidas eficaces para delimitar y otorgar títulos depropiedad comunitaria sobre estas tierras. Tampoco ha adoptado procedimientos adecuados parasolucionar las reivindicaciones de tierras efectuadas por los pueblos indígenas.Si bien la 26.160 que declara la emergencia de las tierras ocupadas por comunidades indígenas,establece la realización de un relevamiento de estas tierras, no fija procedimientos para ladelimitación y adjudicación de títulos de propiedad comunitaria. Tampoco dispone medidas parasolucionar los eventuales conflictos que pudieran suscitarse entre comunidades, con terceros o elpropio Estado alrededor de esas tierras. A pesar de la vigencia de la ley, en muchas ocasiones losdesalojos continúan sucediendo y, en múltiples casos, los reclamos por el cumplimiento de susderechos han sido objeto de serias respuestas violentas estatales que incluyen la criminalización dela protesta, represión y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad.Todo esto sucede en un marco institucional de exclusión política que se refleja en todas lastemáticas. Si bien la reforma constitucional y de la adopción de tratados internacionales por laArgentina la inscriben en un nuevo paradigma de emancipación de los Pueblos, en la práctica rigetodavía el paradigma de la asimilación y sometimiento. Los pueblos indígenas siguen subordinadosa las formas y prácticas neocoloniales. La participación en las decisiones de gobierno que les atañenes sumamente restringida y tratada como una cuestión meramente asistencial.La máxima autoridad nacional en materia indígena es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas(INAI), dependiente jerárquicamente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que designa asu Presidente. Desde su creación, nunca el Presidente ha sido indígena ni elegido por indígenas.El alto grado de falta de implementación e inejecución de normas que se expondrá no es casual:está directamente relacionado con la falta de participación de los pueblos indígenas en el gobierno.El Estado argentino no ha dado lugar a la participación real de los Pueblos y garantizar el respeto asu integridad (art. 2.1 C. 169 OIT), lo que se traduce en el irrespeto por sus valores, prácticos einstituciones (art. 5 C. 169 OIT), anulando así toda posibilidad para que ejerzan su derecho a la libredeterminación y autonomía.En la República Argentina, las decisiones fundamentales de gobierno que interesan a los indígenaslas diseñan, programan, presupuestan, aprueban y ejecutan los no indígenas sin consulta niparticipación previa libre ni informada de los pueblos indígenas. El Consejo de ParticipaciónIndígena, es un órgano creado por el gobierno nacional que carece de autonomía y de presupuesto 3.
propio. Sus decisiones no son vinculantes ni tenidas en cuenta por el Estado que no lo convoca en lagran mayoría de las cuestiones que afectan intereses indígenas.II. FALTA DE INFORMACIÓN ADECUADA SOBRE LA COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENASEl Estado Federal tiene todavía una cuenta pendiente en relación con el relevamiento de informaciónsobre los pueblos indígenas, basado en el principio de la autoidentificación reconocido en elConvenio 169 de la OIT. Este incumplimiento ha sido especialmente resaltado, en más de unaoportunidad, en las recomendaciones que ha realizado el Comité para la Eliminación de laDiscriminación racial (CERD) al el Estado argentino: “Al igual que en las observaciones finales de2004, el Comité recuerda al Estado parte que dicha información es necesaria para evaluar laaplicación de la Convención y supervisar las políticas a favor de las minorías y los pueblosindígenas. El Comité pide al Estado Parte que publique los resultados del próximo censo 2010 con laesperanza de que recoja, entre otras cosas, información sobre los pueblos indígenas y las personasafrodescendientes. Además a la luz del párrafo 8 de las directrices relativas a la presentación deinformes y de las recomendaciones generales N°4 (1973) y N° 24 (1999), el Comité recomienda queel Estado Parte incluya en su próximo informe periódico información sobre la composicióndemográfica de la población, en particular sobre los pueblos indígenas”.En Septiembre de 2010 se llevó a cabo el censo nacional que se realiza en el país cada 10 años. Sinembargo, nuevamente se omitió incorporar alguna pregunta en el formulario general. Lo que se hizofue un formulario ampliado de carácter excepcional, tipo muestrario, donde se sumaban a laspreguntas generales algunas específicas como la pertenencia a un pueblo indígena, cuestionesrelativas a la discapacidad y otras. Ese formulario era absolutamente minoritario respecto del general(sólo algunos censistas lo tenían) y, por la forma en la que fueron distribuidos, carecía totalmente dela capacidad de mostrar la realidad indígena en el país.La falta de información adecuada es un problema de suma gravedad si se tiene en cuenta que es defundamental importancia para el diseño de políticas públicas adecuadas.Recomendación:Que se incorpore una pregunta sobre la autoidentificación como indígena en el próximo censo, demanera de obtener información adecuada sobre los pueblos indígenas en la Argentina.III. UBICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN EL DERECHO ARGENTINO. SU OPERATIVIDADSEGÚN LA CORTE SUPREMA ARGENTINAEn los últimos 15 años, la Corte Suprema ha delineado importantes criterios en relación al valor delos tratados de derechos humanos, su jerarquía normativa en el sistema jurídico argentino así comosobre el alcance de las obligaciones que emanan de este tipo de instrumentos.En efecto, la Corte Suprema ha cumplido un papel central en aras de conseguir más y mejoresniveles de protección para las personas. Sus fallos fueron fundamentales, por ejemplo, para lograr laincorporación del inciso 22 en el artículo 75 de la Carta Magna, primero, y para consolidar la 4.
incorporación del derecho internacional de los derechos humanos a nuestro ordenamiento jurídicointerno desde entonces.Así, la interpretación sobre la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno —sostenida en el leading case “Ekmekdjian c/Sofovich”1— derivó en el texto del art. 75 inc. 22introducido con la reforma constitucional de 1994. El nuevo sistema de jerarquía normativa —quequedó expresado por el juego de los artículos 27, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional— hapuesto al derecho internacional de los derechos humanos en un lugar de enorme trascendencia. Ellopues, el art. 75 inc. 22 no sólo estableció, como principio general, que los tratados tienen jerarquíasuperior a las leyes sino que ubicó, con la máxima jerarquía —la misma que la Constitución— a unconjunto de instrumentos de derechos humanos enumerados allí; y determinó que estosinstrumentos regirán en el ámbito interno “en las condiciones de su vigencia”.De esta manera, nuestros convencionales constituyentes produjeron una revolución normativa,adaptando la base misma del sistema jurídico argentino a uno de las principales filosofías de nuestraépoca, que pregona que toda organización del poder y la autoridad deben estar impregnadas yguiadas por la ética de los derechos humanos. No obstante, como se desarrolló a lo largo de esteamicus, la vigencia de un conjunto de tratados de derechos humanos, lejos de constituir una meraaspiración de deseos implica un conjunto de obligaciones que resultan de cumplimiento obligatoriopara el Estado argentino.Desde esta óptica, resulta fundamental destacar que, según el texto del art. 75 inc. 22, los tratadosde derechos humanos rigen en el ámbito interno en “las condiciones de su vigencia”. Tanto ladoctrina como la jurisprudencia —en especial del Máximo Tribunal— interpretaron el contenido deesta expresión concluyendo que cada instrumento rige teniendo en cuenta las reservas ydeclaraciones efectuadas por el Estado y su efectiva interpretación y aplicación por sus respectivosórganos de control. En tal sentido, en el leading case “Giroldi, Horacio” la Corte Suprema aclaró elalcance de esta cláusula al señalar que:“Que la ya recordada ‘jerarquía constitucional’ de la Convención Americana sobre DerechosHumanos (considerando 5°) ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente, “en lascondiciones de su vigencia" (artículo 75, inc. 22, 2° párrafo), esto es, tal como la Convención citadaefectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicaciónjurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación”2.Por lo demás, en el caso “Bramajo, Hernán Javier s/ incidente de excarcelación”, la Corte se refiriótambién a las decisiones de la Comisión Interamericana:“la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe servir de guía para lainterpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino reconocióla competencia de aquélla para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y1 CSJN, “Ekmekdjian, Miguel A. c. Sofovich, Gerardo y otros”, 7 de julio de 1992: “Que la necesaria aplicación del art. 27de la Convención de Viena impone a los órganos del Estado argentino asignar primacía al tratado ante un eventualconflicto con cualquier norma interna contraria o con la omisión de dictar disposiciones que, en sus efectos, equivalgan alincumplimiento del tratado internacional en los términos del citado art. 27”.2 CSJN, “Giroldi, Horacio David y otro s/recurso de casación”, 7 de abril de 1995, cons. 11. 5.
aplicación de la Convención Americana, art. 2° de la ley 23.054 (confr. doctrina de la causaG.342.XXVI. "Giroldi, Horacio David y otro s/ recurso de casación", sentencia del 7 de abril de1995)”3.Adicionalmente, en el caso “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley9688”, resuelto con fecha 21 de septiembre de 2004 —en el que se puso en cuestión laconstitucionalidad del artículo 39 inciso 1º de la ley de Riesgos del Trabajo—, este Tribunal no sóloconsideró la aplicación de normas establecidas en distintos instrumentos internacionales, entre ellosel Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino también la interpretaciónque del mismo ha hecho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “por cuantoconstituye el intérprete autorizado del PIDESC en el plano internacional y actúa, bueno esacentuarlo, en las condiciones de vigencia de éste, por recordar los términos del art. 75, inc. 22, dela Constitución Nacional”4.Este acatamiento de las opiniones de los órganos de control para la interpretación de lasdisposiciones de los tratados se debe a que, en palabras de la Corte Suprema:“A esta Corte, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde —en la medida de su jurisdicción— aplicar los tratados internacionales a que el país está vinculado enlos términos anteriormente expuestos [es decir, siguiendo las interpretaciones de los organismos decontrol], ya que lo contrario podría implicar responsabilidad de la Nación frente a la comunidadinternacional5”.IV. FALTA DE ADECUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y A LACONSTITUCIÓN NACIONALEn el ordenamiento jurídico argentino los derechos de los pueblos indígenas se encuentrancontemplados en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional que dispone:“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídicade sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular laentrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible nisusceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a losdemás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.Además, el Estado argentino ha ratificado, y consagrado con jerarquía constitucional, a losprincipales tratados de derechos humanos que han sido sustanciales para la protección de losderechos humanos de los pueblos indígenas tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención parala Eliminación de la Discriminación Racial o la Convención Americana sobre Derechos Humanos.3 CSJN, “Bramajo, Hernán Javier s/ incidente de excarcelación”, 12 de Septiembre de 1996, . 8. El destacado nospertenece.4 CSJN, “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688”, 21 de Septiembre de 2004, . 8.5 CSJN, “Giroldi, Horacio David y otro s/recurso de casación”, 7 de Abril de 1995, . 12. 6.
Junto con ello, ha ratificado en el año 2001 el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas yTribales y adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los PueblosIndígenas.Pese a este amplio reconocimiento normativo, el Estado argentino prácticamente no ha sancionadolegislación que permita poner en práctica los derechos indígenas de manera uniforme en todo elterritorio nacional.La norma principal que regula los asuntos indígenas es la ley 23.302 del año 1985. Una norma quetiene 26 años, anterior a la última reforma constitucional, que no respeta los derechos indígenas conel alcance en el que son reconocidos en la actualidad. La única ley sancionada por el CongresoNacional con posterioridad a la reforma constitucional es la ley 26.160 que, como se verá en elsiguiente acápite, es una norma incompleta que se implementa de forma totalmente deficiente en lapráctica.Por su parte, el código de minería no menciona los derechos de consulta y participación sobre losrecursos naturales ni tampoco la participación de los Pueblos en la gestión de éstos ni en losbeneficios que generan tales actividades. El código penal no recepta el respeto a las costumbresindígenas en la materia. La legislación ambiental no reconoce la diferente relación de los pueblosindígenas con el ambiente ni la consulta y participación colectiva previas en las decisiones que losafecten. Los códigos de procedimientos carecen de normas especiales de protección delmantenimiento de la cultura indígena, desconocen sus derechos colectivos y desvalorizan susinstituciones y tradiciones, las que siempre se hallan en desventaja frente a conflictos con el Estadoo particulares de la cultura hegemónica.6Una de las pocas leyes generales que reglamenta los derechos establecidos en un tratado dederechos humanos, la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños yAdolescentes,7 en contraste con la Convención sobre los Derechos del Niño8 no contiene referenciaalguna específica para los niños indígenas, no reconoce a las instituciones representativas de lospueblos indígenas entre las organizaciones legitimadas para la protección de sus derechos y omitela participación indígena en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.La Ley de Educación Nacional 26.606 del 2006 alude al respeto a la diversidad cultural y a la lenguae identidad cultural indígenas como objetivos de la administración, pero no como derechos de lospueblos. De allí la ausencia de participación indígena en el Consejo Federal de Educación, laomisión de los derechos de los alumnos y padres indígenas a que se respete y transmita su cultura yla falta de toda norma que reconozca la autonomía educativa indígena.En la estructura federal del Estado argentino, el Congreso Nacional tiene competencia para dictar lasleyes que reglamenten el nivel mínimo de realización efectiva de los derechos de los pueblosindígenas y las provincias pueden, concurrentemente, dictar normas que sostengan una mayor6 En la distribución de competencias de la República Argentina cada provincia tiene sus propias normas deprocedimientos y el Estado federal dicta las que se aplican en los tribunales federales.7 Ley 26.061 (2005).8 Artículos 17, 29 y 30 de la Convención y Observación General Nº 11 (2009) del Comité de Derechos del Niño. 7.
protección. Cada provincia tiene su Constitución local y varias provincias incorporaron a su texto unadeclaración reconociendo derechos a los pueblos indígenas, por lo general, en un nivel de inferiorprotección a la Constitución Nacional y los estándares internacionales. En ningún caso los gobiernosprovinciales han establecido una legislación que resguarde el derecho de consulta ni mecanismospermanentes de participación efectiva de los pueblos indígenas. En los pocos casos dereconocimiento de la presencia indígena en un Estado provincial, ésta se limita al organismoespecífico de la política indígena, pero no alcanza a las instituciones educativas, de tierras, degestión de recursos naturales y de salud, que son las áreas de mayor conflictividad en elcumplimiento de los derechos indígenas.Ninguna legislación interna garantiza el ejercicio de los métodos propios indígenas de resolución desus conflictos jurídicos ni el reconocimiento de sus costumbres o su derecho consuetudinario por losórganos estatales, pese a las obligaciones internacionales en ese sentido. La vida interna de dichospueblos, incluyendo las relaciones familiares, se halla continuamente amenazada por la intervenciónde autoridades policiales, judiciales o administrativas que aplican el derecho civil o penal de lacultura hegemónica con exclusión de toda norma o práctica consuetudinaria. El Estado argentino, ensus distintos niveles, carece de una política de resguardo de los derechos de los pueblos indígenasa sus tierras y territorios. Pese a que la Constitución Nacional y el Convenio 169 “garantizan” laprotección de la posesión y propiedad de las tierras, estos textos se mantienen en el niveldeclarativo y no existe una legislación y acción estatal adecuadas que los hagan efectivos. No hayleyes, procedimientos ni reglamentaciones especiales que reconozcan y hagan efectiva la superiorprotección que la posesión indígena tiene sobre los títulos estatales o privados. Ninguna leyprovincial de tierras contiene normas de reconocimiento de la posesión y propiedad indígenas.La ausencia de leyes acordes al nuevo paradigma jurídico que a nivel constitucional ha receptado elEstado argentino es uno de los grandes obstáculos para el cumplimiento de los derechos humanosde los Pueblos Indígenas. De este modo, esta violación a las normas internacionales de caráctercontinuo, significa la imposibilidad de ejercer muchos de los derechos, que aunque operativos, en lapráctica diaria requieren de una regulación específica o necesitan estar incorporados en leyes quepuedan afectarlos.La Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado9, un ámbito donde se dictan las especializaciones,seminarios y diplomaturas para abogados del estado nacional, el Derecho Indígena estácompletamente ausente. Tampoco las Escuelas de Capacitación del Poder Judicial a nivel nacionalni provincial contienen en su currícula la legislación ni el Derecho Indígena.Recomendaciones:Derogar la ley 23.302 y sancionar normativa adecuada a los derechos indígenas. En particular:1. Establecer la obligatoriedad de instituir procedimientos de consulta y participación enrelación con la legislación relativa a la explotación de los recursos naturales, como los códigos deminería, que incluya los estándares de consulta del art. 6 del Convenio 169 de la OIT y losdeclarados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la buena fe, la información previa,veraz, adecuada en su presentación, idioma, que facilite la comprensión de acuerdo a la cultura, que9 http://www.ptn.gov.ar/ecae_abogacia_del_estado.html 8.
sea oportuna, que garantice la localidad y accesibilidad adecuada durante todo el proceso decelebración de la consulta, teniendo en miras lograr el consentimiento previo, libre e informado comofinalidad de todo el proceso.2. Incorporar la diferente relación de los pueblos indígenas con el ambiente en la legislaciónambiental y procedimientos adecuados de consulta y participación colectiva previa en las decisionesque los afecten.3. Sancionar legislación, de suficiente jerarquía, que establezca la prioridad de la propiedadindígena por sobre la creación de Parques Nacionales4. Incorporar el respeto a las costumbre indígenas en el Código Penal, las reglas del debidoproceso en materia indígena en los códigos de procedimiento y normas específicas de protección dela cultura indígena.5. Desarrollar legislación que reconozca los métodos propios indígenas de resolución de susconflictos jurídicos y su derecho consuetudinario.6. Que se incorpore una pregunta sobre la autoidentificación como indígena en el próximocenso, de manera de obtener información adecuada sobre los pueblos indígenas en la Argentina.V. LA FALTA DE REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS TERRITORIALES INDÍGENASa) Inejecución del relevamiento jurídico catastral incluido en la ley 26.160Como se mencionó, el único avance legislativo referido a los derechos territoriales que se haproducido en los últimos años ha sido la sanción de la ley 26.16010 de emergencia en materia deposesión y propiedad comunitaria de las tierras indígenas.Esta ley declara la emergencia en todo el territorio nacional por cuatro años con el objetivo dedetener los desalojos de pueblos y comunidades indígenas. Al mismo tiempo, se propone realizar unprograma de relevamiento jurídico catastral con el fin de contribuir con la regularización de lapropiedad comunitaria indígena. La ley fue reglamentada por el Decreto 1122/200711 y la ResoluciónNº 587/07 que creó el “Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas-Re.Te.C.I.-Ejecución Ley 26.160”. Aunque se trata de una importante iniciativa del Estado lo cierto esque su implementación ha sido muy deficiente pues muy pocas comunidades han conseguido ladelimitación de sus territorios, y porque se han producidos numerosos desalojos ilegales decomunidades indígenas.La forma escogida para coordinar la ejecución del relevamiento territorial en las provincias es lacelebración de convenios entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y los gobiernosprovinciales. También se previó una modalidad denominada “ejecución centralizada” a partir de lacual el Estado nacional a través del INAI realiza directamente el relevamiento, en articulación con elConcejo de Participación Indígena (CPI) y sin la participación de las provincias.Existen convenios para la realización del relevamiento de forma descentralizada en diez provincias,en siete de las cuales se han vencido sin presentación de resultados positivos (Jujuy, Salta,10 La ley fue sancionada el 1/11/06 y prorrogada por la ley 26522.11 Publicado en el Boletín Oficial el 27/08/07. 9.
Santiago del Estero, Chaco, Buenos Aires, Río Negro y Santa Cruz). En otras tres se produjeronenormes dilaciones para la celebración de los mismos (Tucumán, Santa Fe y Chubut). Pero además,en cuatro provincias no se ha iniciado ninguna tarea relacionada con el relevamiento. En los casosde Formosa y Neuquén por diferencias con los Gobiernos Provinciales y negativas a permitir laejecución en sus jurisdicciones particulares12.En el caso de Catamarca, el relevamiento se lleva a cabo de manera centralizada por el INAI.Lamentablemente, a pesar del tiempo transcurrido desde la sanción de la ley 26.160 (5 años),ninguna comunidad de Catamarca ha podido lograr que el INAI otorgue una resoluciónadministrativa delimitando el territorio ancestral que viene ocupando tradicionalmente13.De acuerdo con información brindada por el Estado nacional en julio de 2011, solo 48Comunidades han podido lograr que el INAI otorgue una resolución administrativadelimitando el territorio tradicional14.En relación con el incumplimiento de la ley 26.160 ya en el año 2010 el Comité de DerechosHumanos señaló:“El Estado Parte debe adoptar las medidas que sean necesarias para poner fin a los desalojos yasegurar la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas en donde corresponda. En este sentido,el Estado Parte debe redoblar sus esfuerzos en la ejecución del programa de relevamiento jurídicocatastral de la propiedad comunitaria indígena. El Estado Parte debe igualmente investigar ysancionar a los responsables de los mencionados hechos violentos”15.En el mismo sentido, en el 2009 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial puntualizó:“El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias y efectivas para asegurarque la legislación que prohíbe los desalojos forzosos se aplique por igual en todo el territorionacional”. Asimismo, recomienda “que el Estado parte investigue eventos recientes de desalojos depueblos indígenas, sancione a los responsables y compense a los afectados”.b) La ley 26.160 no asegura la titulación de los territorios indígenasPero además, el programa de relevamiento territorial, como su nombre lo indica, no contiene ningúnmecanismo de titulación de las tierras. De acuerdo con el texto de la resolución, el relevamientoculmina con la creación de una carpeta que contiene, entre otras cosas, un dictamen jurídico queincluye un estudio de títulos y el desarrollo de potenciales estrategias jurídicas según la condicióndominial del territorio. Es decir, la Argentina no tiene ningún procedimiento legal de titulación de lastierras indígenas. Esa situación se ve agravada porque tampoco hay certeza sobre las accioneslegales que deben iniciarse para conseguirlo.12Para profundizar en tal sentido puede consultarse el Informe de ENDEPA sobre la inejecución de la ley disponible en :http://redaf.org.ar/noticias/wp-content/uploads/2011/05/INFORME-LEY-26160.pdf.13 Información aportada por el Movimiento de Profesionales para los Pueblos.14 Según informe, emitido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en respuesta al Pedido de informe de acceso ainformación pública (Decreto N 1172/03) por el SERPAJ. En el Registro Nacional de Comunidades Indígenas seencuentran inscriptas aproximadamente 1200 comunidades.15 CCPR/C/ARG/CO/4, 99 período de sesiones, 22 de marzo de 2010. 10.
Una excepción a la inexistencia de procedimientos de titulación y de revisión del despojos territorialcometidos por abuso de la diferencia cultural (arts. 17 y 18 del Convenio 169 de la OIT) es laProvincia de Río Negro. Se trata de las previsiones de la ley 2287, ley integral del indígena que, sibien puede requerir adecuaciones a la normativa posterior, procedimiento que dispone elotorgamiento inmediato de la propiedad de la tierra a los indígenas (art. 11) así como un mecanismode delimitación, con mensuras gratuito para los indígenas a cargo del estado (art. 14). Para loscasos de despojos de territorio, permite la recepción de denuncias y dispone de oficio lainvestigación de los abusos de la diferencia cultural, la restitución integral del territorio por impulsodel estado con participación indígena (arts 12 y 13), activando de oficio, juicios de desalojo contra losabusadores -o los que hayan adquirido las tierras como “fiscales” en forma irregular- o bien laadopación de leyes de expropiación para terceros que fueran poseedores de buena fe. Si bienciertos aspectos de la ley deben ser adecuados a la reforma constitucional y al Convenio 169 de laOIT posteriores a su vigencia, en lo esencial, permite instrumentar en la práctica el reconocimientodel art. 75 inc. 17 y muchos derechos territoriales.En dicha ley –art. 6- se creó el Consejo de Desarrollo de las comunidades indígenas (Co.De.C.I.)que entró en funcionamiento 10 años más tarde (decreto 310/98). Por esta demora, muchascomunidades decidieron realizar recuperaciones territoriales de hecho y exigir, al mismo tiempo, laadopación de investigaciones y determinación de la ocupación tradicional de sus territorios. Sinembargo, en ningún caso el Co.De.C.I. cumplió con la ley. En más de 20 años de vigencia de la ley,no ha habido ninguna investigación ni ningún caso de titulación comunitaria.Ello a pesar de que en varios casos16, Comunidades agotaron sus reclamos administrativos ydemandaron a la Provincia, juicios demorados por el Poder Judicial con un argumento queconstituye una clara privación de justicia: la necesidad de ejecutar el relevamiento del art. 3 de la ley26.16017, cuando a) ese relevamiento podría ordenarlo de oficio el mismo Tribunal como medida demejor proveer, por ser ley de orden público (art. 6 ley 26.160); b) no es la única medida de pruebadel juicio; c) por las críticas antes expuestas, tampoco es un procedimiento adecuado para ladeterminación ni reconocimiento territorial en los términos del art. 14 inc. 2 del Convenio 169 de laOIT.En relación con este punto, durante el año 2010, como consecuencia de un decreto del Poder16 El primero de ellos en llevar a juicio al Co.De.C.I. y a la provincia por incumplimiento de la ley 2287 es el Lof Casiano-Epugmer. El 3 de agosto de 2009, en los autos caratulados “LOF CASIANO c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Expte. Nro. 00164-017-05, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la IIIa.Circunscripción Judicial como Tribunal de primera instancia en lo contencioso-administrativo, suspendió el proceso enaplicación de las Leyes Nacional 26160, y Provincial D Nº 4275, decisión confirmada por el STJ en autos caratulados:“LOF CASIANO C/ PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ APELACIÓN" (Expte. Nº24137/09-STJ-),17 Habiendo agotado la vía administrativa, en septiembre de 2009 las Comunidades “CONSEJO ASESOR INDIGENA(C.A.I.) / PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”, Expediente Nro.00345-039-09,demandaron judicialmente a la Provincia de Río Negro, juicio que tramitan ante la CAMARA DE APELACIONES CIVIL YCOMERCIAL S.C. DE BARILOCHE. Este tribunal estuvo casi 2 años sin pronunciarse sobre la admisibilidad de lademanda. Por sentencia interlocutoria del 12 de abril 2011 la Cámara resolvió: “1ro.) declarar la aplicabilidad de la Ley26.160 a la presente causa. 2do.) consecuentemente, suspender el trámite de la misma hasta el vencimiento del plazoprevisto por la Ley 26.160". La decisión, recurrida por el CAI, se encuentra pendiente de resolución ante el SuperiorTribunal de Justicia en el Expte Nro. 24632/11 Secretaria 4. 11.
Ejecutivo Nacional, el Instituto nacional de Asuntos Indígenas reunió en dos oportunidades a algunosrepresentantes del Consejo de Participación Indígena y otros indígenas para tratar en conjunto unproyecto de ley que había elaborado para enviar al Congreso de la Nación sobre PropiedadComunitaria Indígena. Los encuentros para debatir los alcances del proyecto fueron dos,efectuados ambos en el mes de septiembre de 2010 con la intención de presentarlo el 12 de Octubreen el Congreso. Con ese apuro de por medio, y con un proyecto semi-cerrado, los pocosrepresentantes indígenas que estaban convocados intentaron hacer uso del derecho de consulta yproponer modificaciones a la iniciativa oficial por carecer éste de los estándares internacionales queprotegen las tierras y territorios indígenas. Salvo algún detalle menor que logró introducirse, lo ciertoes que no estaba en la voluntad gubernamental que se modificaran cuestiones sustantivas delproyecto original.Las críticas más importantes al proyecto fueron las siguientes. En primer lugar que no recepta labasta jurisprudencia que la Corte interamericana de Derechos Humanos viene produciendo enrelación a la protección de las tierras y territorios indígenas y no contempló a los tratados dederechos humanos en su texto. No se regula el reconocimiento de tierras y territorios, sino queúnicamente se utiliza el término tierras (art. 3). No se establece este derecho a las tierras como underecho humano sino como un derecho real de dominio (art. 1). Por último, no contempla suregulación por la cosmovisión de cada pueblo sus propias normas, prácticas, valores, costumbres yconocimientos sino que lo deja librado para que se aplique el código civil. En segundo lugar, viola elderecho a la autonomía y a determinar las propias prioridades de desarrollo, toda vez que obliga aque su ejercicio sea compatible con los regímenes de ordenamiento territorial, medioambiental yproductivo (art. 2 segundo párrafo). En tercer lugar, requiere para obtener el reconocimientoterritorial la previa inscripción de la personería jurídica en algún registro nacional o provincial quetenga convenio con el INAI (art. 5). En tercer lugar, la ley solo prevé un procedimiento para titular lastierras que hayan sido objeto del Relevamiento previsto por ley 26.160, y no dice nada respecto decómo instrumentar la propiedad de las otras tierras. Pero lo que es más grave, es que, como aquíexpresamos, el relevamiento se encuentra con un inmenso atraso y es objeto constante deobjeciones por una innumerable cantidad de comunidades que quedan disconformes con elresultado por no reconocer en las carpetas su territorio tradicional. Por lo tanto, este proyecto tieneen su génesis el problema de tender a legalizar la situación de despojo de las comunidades.El proyecto fue enviado al Congreso sin mayores modificaciones de las que se discutieron en las dosjornadas convocadas por el Estado (que claramente no pueden considerarse a los efectos delcumplimiento del proceso de consulta) y hasta la fecha no se ha tratado.En los hechos, esta falta de reconocimiento del territorio por parte del Estado argentino, a través delINAI, provoca constantes violaciones a los derechos de los pueblos indígenas ya sea por parte delEstado provincial, municipal o también por los particulares que controvierten sus derechosposesorios. La ausencia de titulación y de atraso en el cumplimiento de la ley 26.160 tiene comoconsecuencia inmediata el emplazamiento de las comunidades indígenas en una situación altamentevulnerable frente a los ataques sufridos por terratenientes y empresas extractivas que poseenintereses directos sobre las tierras y los recursos naturales indígenas (tal como se detallará en lossiguientes títulos).En el cuadro que se acompaña como anexo se pueden observar que sobre un total de 140comunidades relevadas solo 12 cuentan con títulos sobre sus tierras tradicionales. 12.
Como un ejemplo paradigmático de las dificultades que existen en Argentina para lograr la titulaciónde los territorios se puede mencionar el caso de la Asociación de Comunidades Aborígenes LhakaHonhat en la provincia de Salta que hace más de veinticinco años reclama un título a nombre dealrededor de 47 comunidades cazadoras-recolectoras. Pese a ser una de las primerasorganizaciones indígenas en presentar su caso ante la Comisión Interamericana de DerechosHumanos y llevar 13 años de litigio todavía no ha conseguido el título de propiedad que les permitamantener la forma de relacionarse con la tierra. Las tierras de estas comunidades continúaninscriptas como “tierras fiscales” y la presencia de población criolla en el territorio ha modificadosustancialmente las prácticas culturales de las comunidades indígenas. El paso del tiempo sinresolver la titulación de las tierras ha generado efectos devastadores de difícil reversión. En primerlugar, se multiplicaron hechos de violencia de criollos hacia los indígenas, incluyendo el asesinato deunos jóvenes y la violación de una niña indígena de 14 años. En segundo lugar, el ambiente se hamodificado totalmente y en los últimos años viene aumentando constantemente el corte y la tala demadera lo que deja a las comunidades indígenas en una posición de escasez de recursos. En tercerlugar, se incrementó la instalación de alambrados por parte de familias criollas porque, debido a laincertidumbre sobre la distribución de las tierras, algunas familias recurren a este mecanismo comomedio de asegurarse un lote de tierra. La instalación de estos alambrados hace que lascomunidades no puedan continuar con sus tradicionales recorridos de pesca, caza y recolecciónporque cuando quieren desplazarse se encuentran con los alambres. Esta limitación en el acceso alos recursos naturales pone en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas.c) Los desalojos de comunidades indígenas bajo la vigencia de la ley 26.160Pese a la vigencia de la ley 26.160, en innumerables situaciones, la respuesta estatal a los reclamosterritoriales indígenas continúa siendo el desalojo, la represión y la persecución penal de losmiembros de las comunidades.En la Provincia del Neuquén el desalojo de la Comunidad Currumil ha sido recientementeconfirmado por el Tribunal Superior de Justicia Provincial18. La misma jueza interviniente en estacausa ha ordenado otros desalojos, cuyas ejecuciones fueron acompañadas, muchas veces, porviolentas represiones como el caso de la Comunidad Currumil19 y de la Comunidad Puel20. También18 Resolución Nº 42/2011 del 7 de abril de 2011 en expediente “Fiscalia local s/ solicita medidas” (Nº 344/2009 de lasecretaría penal). La decisión demoró casi dos años en dictarse. Resolución Nº 125/2011 del 16 de mayo de 2011 enexpediente “Tigerway Corporation S.A. c/ Rivera, Juan Abel y otros s/ interdicto” (Nº 17/2010 de la secretaría civil).Actualmente se encuentra con un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un RecursoExtraordinario Federal denegado.19 La orden se dictó al solo pedido de la sociedad anónima estanciera sin que se diera previa vista a la Comunidad paraque dé su opinión sobre la medida. En la ejecución la policía realizó una verdadera cacería humana, ingresando en losdomicilios de los miembros de la Comunidad y produciendo heridos. Nunca se investigaron ni la orden ni la represión. Esmás, el gobernador y la vicegobernadora, más adelante, se mostraron orgullosos de la acción de la policía y del desalojoen resguardo de la “propiedad privada”. La jueza además rechazó que la Confederación Mapuche y la ComunidadCurrumil se presentaran como partes afectadas en el expediente. La negativa respecto a la Confederación fue apeladaen el año 2009 y desde entonces se encuentra en las instancias superiores para resolver, sin que se sepa la fecha enque ello ocurrirá. “Tigerway Corporation S.A. c/ Rivera, Juan Abel y otros s/ interdicto” (expediente Nº 7368/2009).20 La orden se dictó al solo pedido del demandante, sin intervención de la Comunidad Puel. El fundamento de la ordenfue la “urgencia” en “restituir” la posesión a Herrera, pese a que éste había demorado un año en iniciar el juicio, lo quedesvirtuaba tal urgencia. El expediente estuvo en secreto durante casi un año sin permitir su vista por los abogados de laComunidad. En el desalojo la policía incendió la vivienda de Rosalía Barra y produjo varios heridos. Nunca se investigó 13.
ordenó el desalojo de la Comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo21 de las tierras que ésta utilizabapara pastoreo a favor de un estanciero, de la Comunidad Lonko Purran22 para que se pudieranrealizar actividades de exploración petrolífera y de la Comunidad Wiñoy Tayiñ Raquizuam23.En todas estas decisiones, jamás se aplica el Convenio 169 de la O.I.T, la Declaración de la ONUsobre los Pueblos Indígenas, los tratados internacionales o las normas constitucionales. Sólo aplicael derecho civil. La misma jueza que ha ordenado los desalojos interviene en numerosas causaspenales en contra de miembros del Pueblo Mapuce en los que se los investiga por usurpación yotros delitos24.También se han ordenado varios desalojos de distintas partes del territorio de la Comunidad PaichilAntriao. Cuando se ejecutó el desalojo de esta Comunidad, el accionar policial produjo variosni la ilegalidad de la orden ni la represión. Sin embargo la Comunidad volvió al lugar y desde entonces se mantiene allí.“Herrera, Bernabé, c/ Barra, Rosalía Ester y otros s/ Interdicto” (expediente Nº 6460/2008).21 Tanto en el expediente “Duarte, Pedro c/ Claleo, Silvia y otros s/ Interdicto” (expediente Nº 7061/2009) como en“Duarte, Pedro c/ Maliqueo, Cecilia Andrea y Otros s/ Interdicto de recobrar” (expediente Nº 6034/2008) se dictaronórdenes de desalojo al solo pedido del estanciero Duarte (ex juez federal de la dictadura militar) y sin darle previaparticipación a la Comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo afectada. Los desalojos se realizaron sobre territorios que laComunidad utiliza para pastoreo de veranada y desde entonces esos territorios se encuentran cercados por Duarte, sinque la comunidad pueda tener acceso.22 La jueza dictó la orden contra la Comunidad Lonko Purran para que se puedan realizar tareas de exploraciónpetrolífera. Se hizo sin que la Comunidad pudiera tener la oportunidad de expresar su posición. El expediente estuvoreservado, en secreto y finalmente se produjo la caducidad de instancia. “WFL S.R.L. c/ Velazquez Maliqueo, Martin yotros s/ Interdicto” (expediente Nº 8090/2009).23 Este expediente se tramitó irregularmente contra la Comunidad Wiñoy Tayiñ Raquizuam y pese a que la Comunidadhabía detentado siempre la posesión, la Jueza dictó sentencia de desalojo (que después la Cámara confirmó). Como allugar se llega sólo después de 4 horas de andar a caballo, ya que no hay camino, nunca pudieron hacer efectivo eldesalojo, dictado hace más de tres años. (Kuhlmann, Ronaldo Gustavo c/ Rosales, Adolfo y otro s/ interdicto de recobrar”(expediente Nº 2831/2005). La misma Jueza ha tomado intervención en el expediente “Kuhlmann, Ronaldo Gustavo c/Añiñil, Pablo Tránsito y otros s/ cobro sumario de pesos y daños y perjuicios” (Nº 10106/2010) en donde ha dictadoembargos contra los miembros de la Comunidad, por no cumplir la sentencia dictada en el juicio mencionado en elpárrafo anterior (pese a que los miembros individuales no habían sido parte en aquel juicio). Para ejecutar esosembargos ordenó al oficial de justicia ingresar a los domicilios de los miembros de la Comunidad y secuestrar bienes deéstos. También se hallan embargados los salarios de quienes trabajan en la administración pública.24 En el caso de la Comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo el estanciero y ex juez de la dictadura, Pedro Duarte, leimputó a los miembros de la Comunidad el haberlo señalado como “usurpador” de las tierras indígenas. La Jueza SanMartín, pese a que ya le había dado la razón a Duarte al dictar los desalojos anticipados en dos juicios, se negó aapartarse en estos juicios penales. En todos ellos fue recusada pero finalmente Duarte los desistió a todos. “Duarte,Pedro Laurentino c/ Maliqueo, Cecilia Andrea s/ Querella por calumnias” expediente Nº 5607/2009 del JuzgadoCorreccional de Zapala).“Duarte, Pedro Laurentino c/ Maliqueo, Eduardo s/ Querella por calumnias” (expediente Nº5620/2009 del Juzgado Correccional de Zapala).“Duarte, Pedro Laurentino c/ Maliqueo, Eduardo – Maliqueo, CeciliaAndrea s/ Querella por calumnias” (expediente Nº 5635/2009 del Juzgado Correccional de Zapala). En el expediente“Puel, María del Carmen – Puel, María Alejandra s/ Usurpación” (expediente Nº 5692/2009 del juzgado correccional deZapala) se recusó a la Jueza Ivonne San Martín por considerar “irrelevante” la prueba destinada a acreditar lapertenencia indígena de las imputadas así como sus costumbres ancestrales. La causa se encuentra para resolver por elTribunal Superior de Justicia. Además, la misma Jueza Ivonne San Martín actúa como jueza penal en el juicio:“Pichihuinca, Juan Roberto – Quirulef, Olga - Albornoz, Ruben Francisco s/ infracción art. 182 inc. 2º código penal”(expediente Nº 5596/2008 del Juzgado Correccional de Zapala) en donde, pese a que el juicio versa sobre el usocomunitario de las aguas, se negó a realizar una pericia antropológica para conocer los usos y costumbres mapucesobre la utilización del agua. La cuestión también está para ser resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. 14.
heridos de gravedad25. El desalojo ocurrió cuando se encontraba en trámite ante la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos un pedido de medidas cautelares para proteger el territorio dela comunidad26. La situación de emergencia que vive actualmente la Comunidad Paichil Antriao,particularmente desde el desalojo que sufriera en diciembre de 2009, significó que la Defensoría delPueblo de la Nación emitiera un dictamen en el que resolvió en su artículo 1°: “Recomendar alINSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS que, como autoridad de aplicación y de maneraperentoria, vele por los derechos de los pobladores aborígenes de la provincia de Neuquén,ejecutando de manera centralizada el Relevamiento Territorial de las Comunidades aborígenes de lamencionada provincia según la ley 26.160, su Decreto reglamentario y la Resolución 587/07.”(Actuación 47/10 de la Defensoría del Pueblo de la Nación). Por su parte, en el juicio iniciado por laComunidad por la reivindicación del territorio ancestral el Tribunal Superior de Justicia acaba deconfirmar al Juez Videla como juez de la causa pese a que ya ha fallado en contra de los derechosterritoriales de la comunidad y pese a la denuncia que, originado en su accionar, hay en la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos27. Asimismo, este juez que continúa al frente de siete (7)expediente penales contra integrantes de la Comunidad, recientemente ha procesado en dos (2)causas a cuatro (4) mapuches por usurpación y ha dispuesto la intimación a la desocupación delterritorio bajo apercibimiento de desalojo y con embargo sobre los bienes.28Por su parte, en la provincia de Tucumán se llevaron a cabo los desalojos de la Comunidad IndiaQuilmes29, Comunidad El Nogalito y Comunidad de El Mollar y hubo varios intentos de desalojo aotras comunidades. Paradigmático resulta el caso de la Comunidad India Quilmes. El 17 deseptiembre de 2009, 40 familias de esta Comunidad, de la localidad de Colalao del Valle, fuerondesalojadas violentamente por orden del Juez de Paz de la zona, Adolfo Salazar y autorización delJuez Civil Juan Carlos Peral. Sin notificación previa (mínima legal de 24 horas) el desalojo se hizoefectivo con la presencia del propio juez de paz, representantes de varios terratenientes del lugar(sociedad comercial “Comunidad Aráoz Hermanos” y Bodega Neocom), sus obreros y25 La actuación en el expediente “Fisher, William Henry c/ Antriao, Ernesto y Muñoz, Victor s/ Interdicto de recobrar laposesión” (expediente Nº 348/2006 de la Secretaria Civil del Juzgado de Villa La Angostura) en donde se dictó unasentencia de desalojo sin haber notificado la demanda a la Comunidad, fue objeto de una petición y de un pedido demedidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las que fueron otorgadas el 6 de abril de2011 ((MC-269-08). Mientras se tramitaba el pedido de medidas cautelares, con conocimiento del Estado Argentino, elJuez Videla ordenó y ejecutó el desalojo de la Comunidad. Dos meses más tarde, otro juez dictó una medida cautelar afavor de la Comunidad, impidiendo al beneficiario del desalojo que realice modificaciones en el lugar sagrado ceremonialde la Comunidad (rewe). Sin embargo el empresario comenzó trabajos de construcción en ese sitio. Las denunciasrealizadas por los miembros de la Comunidad fueron archivadas por el fiscal. El 19 de marzo de 2010 el Juez Videla nopermitió a los denunciantes ser parte acusadora o querellante por ese hecho, y ese rechazo se encuentra para resolverpor el Tribunal Superior de Justicia Provincial desde hace más de un año (expediente “”Sobarzo, Rosa s/ recurso dequeja”, Nº 179/10 secretaría penal).26 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 6 de abril de 2011 solicitó al Estado argentino la adopción demedidas cautelares en protección de la Comunidad Paichil Antriao (MC-269-08) pidiendo que la medida cautelar queprotege al Rewe fuera mantenida, que se garantice el acceso de los miembros de la Comunidad al sitio ceremonialsagrado sin que lo obstaculice la policía y sin hostigamiento, así como se adopten las medidas necesarias para atender ala salud de las familias desplazadas. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de la provincia del Neuquén, como el InstitutoNacional de Asuntos Indígenas y el mismo Juez Videla fueron notificados del pedido de medidas cautelares, sin que sehubiera adoptado ninguna medida al respecto.27 Expediente “Comunidad Mapuche Paichil Antreao c/ Fisher, William Henry s/ acción de reivindicación” (expediente Nº1999/2009 de la secretaría civil del juzgado de Villa La Angostura).28 “Bianchedi de Terzolo, Ana María s/ Denuncia” (Expte. Nº 1759/2011) y “Bianchedi de Terzolo, Ana María s/ Denunciade usurpación” (Expte. Nº 1851/2011) ambas del Juzgado en todos los Fueros de Villa la Angostura.29 Cfr. http://www.prensacontrapunto.com.ar 15.
aproximadamente 120 efectivos policiales, quienes corrieron a las familias, destruyendo y quemandosus casas. Pese a las acciones iniciadas, e inconclusas, a nivel de la Corte Suprema de Justicia dela Provincia, el 4 de noviembre de 2009 el mismo juez civil Dr. Juan Carlos Peral ordenó un nuevodesalojo en el mismo predio; en este caso, aduciendo “ejecución efectiva de sentencia”, haciendouna vez más caso omiso de la vigencia de la Ley N° 26.160. Un tercer desalojo ordenado por elmismo juez, en el mismo predio y bajo la misma medida que dio origen a los dos anterioresdesalojos (Amparo a la simple tenencia) intentó llevarse a cabo violentamente en Abril de 2011, enesta oportunidad miembros de la comunidad recibieron la agresión por parte de la policía con balasde goma y gases lacrimógenos, todo lo cual está extensamente documentado. Recientemente, enAgosto del corriente, la comunidad ha logrado una medida cautelar para evitar más desalojos en elterritorio en cuestión. Automáticamente se ha hecho evidente la reactivación de causas penalescontra comuneros de esa localidad.En la provincia de Chubut, el juzgado de ejecución de Esquel resolvió en una sentencia de desalojocontra la Comunidad Santa Rosa Leleque en tierras compradas por el grupo italiano Benetton30.También en Chubut se le imputa el delito de usurpación al longko de la Comunidad Mapuche"Jacinto Antileo"- Carlos Antileo. Si bien esta Comunidad fue relevada por el ETO de la UNPSJB- enel marco de la Ley 26.160, su territorio no es reconocido por el Estado. Legajo Fiscal nº 2230Carpeta Judicial Nº 525. Circunscripción judicial de Sarmiento. Juez. Dr. Roberto Casal- Fiscal Dra.Andrea Vasquez. Fue denunciado por un funcionario judicial - Defensor público de la Circunscripciónde Sarmiento- a título personal , quien amparándose en derechos hereditarios, ha recibido laposesión por acto administrativo del organismo provincial de tierras fiscales de Chubut. Si bien fueordenada el desalojo por una medida cautelar decretada por el Juez Dr. Gustavo Antoun, dela Circunscripción Judicial de Sarmiento, la misma fue apelada ante la Camara de Apelaciones deComodoro Rivadavia.c) Conflictos con empresas privadas o particularesEn los últimos años ha habido un notable avance de las actividades extractivas, principalmenteexplotación de hidrocarburos, explotación minera y explotación forestal. Existe una dificultadnormativa, porque la constitución concede a las provincias el dominio originario de los recursosnaturales (art.124 CN) y a su vez a los Pueblos originarios la cogestión con las provincias de éstos.Sin embargo, se avanza sin su participación y consulta, lo que muchas veces obliga a lajudicialización de los conflictos, careciendo el Estado nacional y los Estados provinciales de políticaspúblicas concretas que permitan solucionar los conflictos antes de llegar a la vía judicial.Las comunidades indígenas de Tucumán (16 del Pueblo Diaguita y 4 del Pueblo Lule) con alrededorde 20.000 habitantes, vienen sufriendo graves violaciones de sus derechos territoriales en razón delavance de grupos con intereses económico-productivos que pretenden desalojar a las comunidadesde su territorio ancestral, para la explotación de tierras en emprendimientos fundamentalmentemineros y vitivinícolas, así como de canteras naturales, sin consulta ni participación de lascomunidades. La actividad minera, liderada por Minera Alumbrera en la zona, implica no solo unacontaminación ambiental propia de la explotación minera a cierlo abierto, sino también un mal uso y30 Ver informe aportado el 1-12-2011 en S.C. de Bariloche por la Comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque.Cfr.http://www.diariojudicial.com/contenidos/2011/08/01/noticia_0042.html yhttp://www.avkinpivkemapu.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=2804&Itemid=3. 16.
contaminación de los cursos de agua dulce de toda la zona. Al mismo tiempo, los emprendimientosproductivos se asientan sobre territorio ancestral de las comunidades y ocasionan la talaindiscriminada de bosques y especies autóctonas, y la introducción de cultivos extraños al lugar.Resulta importante destacar que las zonas donde habitan las comunidades pasaron de ser territoriosinvisibilizados a zonas de alto valor turístico. Así, emprendimientos turísticos privados conperspectiva de lucro se han multiplicado y avanzan, del mismo modo que los emprendimientosproductivos, sobre territorio indígena. Caso paradigmático de ello ha sido la construcción de unlujoso hotel en la base del sitio arqueológico más importante de la región del NOA, la CiudadSagrada Quilmes (mal llamada “Ruinas de Quilmes”) de la provincia de Tucumán.En la provincia de Salta se vienen produciendo desplazamientos de comunidades indígenasproducto de los desmontes. El desmonte y la tala ilegal de madera ocurren a raíz del avance de lafrontera agrícola, especialmente por el monocultivo de soja, la expansión de la fronterahidrocarburífera y otras industrias. A modo de ejemplo, la Comunidad La Chirola que “hasta hacepocas décadas disponía de miles de hectáreas para la campiada -la recolección de frutos del monte,caza y pesca-, hoy se encuentra encerrada en tan sólo 11 hectáreas. No muy lejos de allí, tambiénsobre la ruta 81, la comunidad Las Llanas quedó recluida en 2 hectáreas”31. Esto ocurre comoconsecuencia del desembargo del Grupo empresario Macri que adquirió fincas que utilizabancomunidades indígenas y campesinas, instaló alambrados que impiden el acceso al territorio y alcementerio indígena y donde actualmente la empresa Tecpetrol realiza exploraciones petroleras.Varias comunidades indígenas del Municipio de Embarcación mantuvieron el corte de ruta por 45días para protestar por el daño ocasionado por la actividad de esta empresa y Petrobras, a las quese les relizara en 2007 una concesión por 6.555 km2 y por la falta de consulta a las comunidades yde estudios de impacto ambiental. Por esta situación, la Federación Wichí ha realizado denunciasante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y ha destacado las migraciones hacia lugaresperiféricos32.En junio de 2011 las comunidades Kollas realizaron varias protestas a raíz de la construcción de ungasoducto en su territorio33. En Abra Pampa las comunidades sufren graves consecuencias de lacontaminación ambiental ocasionada por una fundición de metales y de la negligenciagubernamental en tomar medidas adecuadas y eficaces para la protección de la salud de losresidentes y del ambiente, tal como surge del informe de la Clínica de Derechos Humanos de laFacultad de Derecho de la Universidad de Texas que se acompaña.Las comunidades mapuce del sur de país sufren, en particular, las consecuencias de las actividadesde empresas petroleras34. En la Provincia de Neuquén son varias las comunidades que tienenconflicto con empresas petroleras que se encuentran instaladas en territorio mapuche porconcesiones otorgadas por el Estado inconsultamente. Hay 5 Comunidades que tienen empresas enfase de explotación de petróleo y gas dentro del territorio, son: Comunidades Logko Purrán, GelayKo, Antipan, Kaxipayin y Painemil todas con afectaciones avanzadas, algunas desde hace variosaños. Las operadoras de áreas en esas comunidades son principalmente Repsol y Apache.Respecto a las actividades de tipo explorativo (con sísmicas y pozos) son 3 las comunidades: Wiñoy31 Cfr. OPSUR, Fortín Dragones: los dueños de la tierra y el subsuelo. http://opsur.wordpress.com/2010/11/04/fortin-dragones-los-duenos-de-la-tierra-y-el-subsuelo.32 Ibíd.33 Cfr. www.eltribuno.info/salta/Note.aspx?Note=42303.34 Para profundizar esta situación se puede ver el informe Patagonia petrolera: el desierto permanente de AAVV enhttp://theomai.unq.edu.ar/Theomai_Patagonia/Patagonia%20Petrolera.pdf. 17.
Folil, Maliqueo y Marifil. Aquí las operadoras son Chevrón, Fox Petrol y Total. Un caso muy preocupante es el de la concesión otorgada en el año 2007 a Plus Petrol- Enarsa (áreas laguna Blanca, Zapala) que afecta el territorio de 12 comunidades: Gramajo, Kajfvkura, Felipin, Paineo, Cheuquel, Cayupan, Millaqueo, Kimchao, Rams, Zuñiga, Marifil y Zapata. El caso de la Comunidad Wenctru Trawel Leufu es una caso que tiene concesión de Exploración pero los trabajos no se han iniciado, como se verá, por resistencia de la Comunidad. Además de las concesiones antiguas otorgadas por el Gobierno federal, el Estado provincial mediante Ley N° 2615 de fecha 9 de Octubre de 2008 prorrogó todas las concesiones petroleras, 10 años antes de su vencimiento, sin ninguna consulta a las comunidades afectadas. La renovación de contratos se hizo hasta el 14 de Noviembre del año 2027. Comunidad Petrolera Minera 1 Gelay ko Apache - (Explotación) Cholino MCH (explotación) Logko Cholino MCH (explotación) Jalil S.A. 2 Puran Apache - YPF.Repsol (Explotación) (explotación) 3 Antipan Apache (Explotación) Lozano, Piedra Grande (Explotación) 4 W. T. Leufu Petrolera Piedra del Aguila - TGS (Explotación) 5 Wiñoy Folil Fox Petrol - Chevron Texaco - Total (Exploración) Orion del sur (exploración) 6 Gramajo Pluspetrol - ENARSA (concesión otorgada) Rio Tinto (explotación) 7 Kajfvkura Pluspetrol - ENARSA (concesión otorgada) Orion del sur - Rio Tinto (Concesión) 8 Felipin Pluspetrol - ENARSA (concesión otorgada) Orion del sur - Imau S.A.(concesión) 9 Paineo Pluspetrol - ENARSA (concesión otorgada) Orion del Sur (concesión) Ambar - Loma Negra - Indimec10 Cheuquel Pluspetrol - ENARSA (concesión otorgada) (Explotación)11 Cayupan Pluspetrol - ENARSA (concesión otorgada) Orion del Sur (concesión)12 Millaqueo Pluspetrol - ENARSA (concesión otorgada) Ambar (Explotación) Loma Negra (Explotacion) Ambar13 Kimchao Pluspetrol - ENARSA (concesión otorgada) (Explotación)14 Maliqueo Fox Petrol (exploración) 18.
15 Rams Pluspetrol - ENARSA (concesión otorgada) Imau S.A. (Explotación)16 Zuñiga Pluspetrol - ENARSA (concesión otorgada) Imau S.A.(Explotación) Pluspetrol - ENARSA (concesión otorgada) chevron17 Marifil (exploración) Orion del Sur (Exploración) Zapata18 Pluspetrol - Enarsa (concesión otorgada)19 Kaxipayinl REPSOL EXPLOTACIÓN Painemil20 REPSOL EXPLOTACIÓN A su vez, en junio de este año, la empresa Compañía de Tierras del Sur Argentino del grupo Edizione propiedad de la familia italiana Benetton obtuvo una sentencia de desalojo de integrantes de la comunidad mapuce en la Provincia de Chubut por ocupar tierras ancestrales que la empresa reclama como propias y donde plantó pinos tras destruir los cultivos el primer desalojo violento de la Comunidad Santa Rosa Leleque35. En la provincia de Chubut hay más de mil permisos de exploración pese a la existencia de la Ley 5001 provincial que prohíbe la explotación a cielo abierto y con uso de cianuro. El caso paradigmático en tal sentido es el “Proyecto Navidad”. Se trata de un mega proyecto metalífero impulsado por el Gobierno provincial y la compañía canadiense Aquiline Resources que se desarrolla en plena meseta de Chubut. En este lugar se encuentra un yacimiento de plata y plomo, uno de los metales más nocivos para la salud y el medio ambiente. Varias comunidades locales y organizaciones sociales denunciaron que la empresa canadiense y el gobierno provincial violaron sus derechos ancestrales a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras y a la consulta y participación. La empresa ingresó a territorio indígena y profanó un cementerio aborigen de 1200 años, ubicado en el corazón mismo del futuro yacimiento. Además, las comunidades expresaron su preocupación por el gigantesco uso de agua que se realiza en estos emprendimientos durante los quince años de vida del yacimiento, lo cual atenta contra la principal actividad de los pobladores de la zona es la cría de ganado ovino y caprino36. El Gráfico que se muestra a continuación muestra la forma acelerada en que los territorios indígenas del Chaco Salteño vienen siendo afectados por desmontes, sobre todo durante los últimos 11 años. 35http://www.elpatagonico.net. 36Entre las comunidades afectadas por este proyecto figuran : Laguna Fria y Chacay Oeste Mallin de los Cual Los Pino, El Escorial, Yala- Laubat, Lagunita Salada-Cerro Bayo-Gorro Frigio, Taquetren y Lefimi. 19.
Como expresión cabal de dicha afectación, más de 57 mil hectáreas fueron deforestadas durante tansólo el primer semestre del 200837.Gráfico 1. Superficie desmontada por año en territorios indígenas del Chaco Salteño 350000 Hectáreas desmontadas en territorio indígena 300000 297,427 250000 200000 150000 145,760 100000 95,700 50000 0 1986 1996 2008 PeríodoCuadro 2. La deforestación de los territorios indígenas del Chaco Salteño Población indígena Superficie Desmontado Zona territorial (familias) territorial (Has.) (%) Ballivián 136 324.000 47 Itiyuro – Ruta 86 132 183.000 29 Bajo Itiyuro 36 118.000 21 Norte Bermejo 1.141 339.000 19 Rivadavia Banda Sur 369 578.000 137La información estadística y de gráficos ha sido tomada del Informe Asociana, Fundapaz, TERRITORIOS INDIGENASY BOSQUES NATIVOS EN EL CHACO www.greenpeace.org.ar/bosque/informe_chaco.doc Nuestros datos se refieren adesmontes ejecutados en los territorios indígenas hasta el 16/09/08. 20.
Morillo 454 938.000 0 Lhaka Honhat 1.270 655.000 0El cuadro 2 resume las estadísticas principales referidas a la población indígena del Chaco Salteño,sus territorios y el grado de pérdida que vienen sufriendo con relación al bosque nativo.Sobre esta zona y otras aledañas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó suspendertodas las autorizaciones y ejecución de tala y desmonte de bosque nativo y requirió a la provinciaque realice -con la participación de las comunidades afectadas y la Nación- un estudio del impactoacumulativo de los desmontes. Sin embargo, las sucesivas medidas cautelares ordenadas por laCorte Suprema son incumplidas sistemáticamente38. Los departamentos de San Martín y Rivadaviaque sufren, especialmente, el impacto de la deforestación y el desmonte corresponden al territorio deocupación tradicional y actual de más de 200 comunidades indígenas39. Un caso paradigmático eneste sentido es de la Comunidad Ballivián que, constantemente sufre el agravamiento del desmonterealizado por empresas privadas en su territorio40.Además de la desaparición del territorio, de los recursos naturales, de las migraciones ydesplazamientos, se ha atribuido a la deforestación y al desmonte ser el desencadenante y causantede la proliferación de enfermedades como el mal de chagas, la tubercolusis y leishmaniasis41.Las comunidades Motoco Cárdenas, Cayún (Lago Puelo), Pulgar-Huentuquidel y Quilodrán (ElHoyo), han demandado a la provincia del Chubut por la omisión de participación en el ordenamientoterritorial de bosques nativos. En junio de 2010, la Provincia del Chubut reglamentó, sin laparticipación ni consulta previa de las mencionadas comunidades, la Ley Nacional de PresupuestosMínimos de Bosque Nativo. Las cuatro Comunidades organizadas demandaron a la Provinciapidiendo la nulidad de la ley. Las Comunidades lograron la suspensión cautelar por 90 días de la ley,que fue luego levantada por la Cámara de Apelaciones de Esquel. Las Comunidades lograron quese cite al juicio a la Secretaría de Ambiente de la Nación. El juicio continúa su trámite dirimiéndose sicontinuará en los tribunales provinciales o si pasará a la justicia federal.42En el extremo norte del país, también la provincia de Formosa presentó su proyecto deordenamiento territorial de los bosques nativos, elaborado sin la consulta y participación de lascomunidades indígenas que habitan en la provincia. El proyecto fue dado a conocer en unaaudiencia pública celebrada el 21 de diciembre 2009, estableciéndose como fecha tope parapresentar opiniones, críticas y aportes el 22 de febrero del 2010. En la misma estuvieron presentes38 CSJN, Salas, Dino y otros c/ Salta, Provincia de y Estado Nacional s/ amparo, 29/12/08 en www.csjn.gov.ar.39Asociana, Fundapaz, TERRITORIOS INDIGENAS Y BOSQUES NATIVOS EN EL CHACOwww.greenpeace.org.ar/bosque/informe_chaco.doc40 http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/diario/archivo/noticias_v.asp?4569.141 Cfr. en tal sentido: www.urgente24.info/index.php?id=ver&tx_ttnews%5Btt_news%5D=93976&tx_ttnews%5B ywww.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=195165&ID_Seccion=42http://argentina.indymedia.org/news/2009/03/661277.php42 COMUNIDAD MAPUCHE “CAYÚN” Y OTROS s/AMPARO” (Expte. 366/2010) 21.
varias organizaciones indígenas y de la sociedad civil, así como numerosos empresarios madererosy productores agropecuarios. Las organizaciones indígenas y de la sociedad civil, señalaron que laaudiencia era nula, por no haberse respetado los plazos legales establecidos en la ley local y por latotal falta de participación indígena en la formulación del proyecto de ordenamiento territorial.43 Sinembargo, el proyecto fue aprobado por la legislatura provincial sin modificaciones sustanciales.La reglamentación otorga a la superficie de la categoría 1 “zona roja” menos de un 4% de lasuperficie total de la provincia, la categoría 2 “zona amarilla” resulta inferior al 10% de la superficietotal de la provincia, y la categoría 3 “zona verde” ostenta el 80% de la superficie. La categoría verdeindica sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en sutotalidad.Esto significa que los desmontes en la provincia de Formosa continuarán aceleradamente. Deacuerdo a los datos del propio gobierno provincial, en los próximos años se desmontarán más de2.800.000 hectáreas.44El contexto de inseguridad jurídica respecto de sus tierras y la falta de consulta y participación en losasuntos que los conciernen, aunados al corrimiento de la frontera agrícolo ganadera y la explotacióna gran escala de recursos naturales, determinan que los conflictos alrededor de la posesión ypropiedad de las tierras ocupadas tradicionalmente por comunidades indígenas vayan enincremento. Lamentable ejemplo de ello, resulta el reciente asesinato de Cristian Ferreyra, integrantede la comunidad indígena Lule-Vilela de San Antonio (Santiago del Estero).45Y dado que el modelo económico basado en la explotación intensiva de recursos naturales, seencuentra en una fase de profundización, estos conflictos se multiplicarán.d) Ausencia de consulta a los pueblos indígenasEn Argentina prácticamente no se realizan las consultas previas e informadas respecto de lasmedidas y proyectos que afectan la vida de las comunidades. No existe ningún tipo de regulación –nacional o provincial- o prácticas administrativas institucionalizadas sobre consulta y participación delos pueblos indígenas. En muchos supuestos en que las comunidades indígenas logran conseguirpatrocinio legal para iniciar acciones judiciales éstas son rechazadas46. Son escasas las sentencias43 http://www.ceppas.org/gajat/index.php?option=com_content&task=view&id=411&Itemid=244 http://defensamontebosqueselvagrr.blogspot.com/2010/02/formosa-el-proyecto-de-ordenamiento.html45 http://www.copenoa.com.ar/Cristian-Ferreyra-campesino-del.46 En el año 2004 se dictó una ley creando la municipalidad de Villa Pehuenia en el territorio ocupado por trescomunidades indígenas (Puel, Plácido Puel y Catalan). Dicha creación no respetó un previo proceso de consulta con lascomunidades y la municipalidad así creada no tiene mecanismos especiales de participación indígena, diferentes de losestablecidos para la generalidad de la población. La Confederación Mapuce y la Comunidad Catalán demandaron lanulidad de la ley por falta de consulta y seis años depués el Tribunal Superior rechazó la demanda. El juicio ha sidoapelado ante la Corte Suprema y se encuentra a disposición del Tribunal Superior para que decida si concede laapelación. El expediente se llama “Comunidad Mapuche Catalan y Confederación Indígena Neuquina c/ Provincia delNeuquén s/ Acción de inconstitucionalidad” (Nº 1090/2004 de la secretaría de demandas originarias). Por otro lado, elreclamo de la Confederación Mapuche iniciado en el año 2002 contra un decreto provincial que disponía la organizaciónde las comunidades indígenas de la provincia, redactado sin ninguna forma de participación indígena previa, fuerechazado por el Tribunal Superior tres años después decidiendo que no se aplicaría el Convenio 169 de la O.I.T. LaCorte Suprema anuló por ello dicha decisión y el Tribunal Superior volvió a rechazar la aplicación del Convenio 169 y el 22.
en las que se reconoce el derecho a la consulta y participación indígenas. En la provincia deNeuquén una de las pocas sentencias de primera instancia que reconoce el derecho de consulta dela Comunidad Wenctru Trawel Leufú dictada el 16 de Febrero de 201147, no solo fue apelada por laempresa Petrolera Piedra del Aguila sino que originó además un recurso de la Fiscalía de Estado dela Provincia48 por entender que su accionar inconsulto fue conforme a derecho.Al respecto, el CERD le ha recomendado al Estado argentino que:“instaure mecanismo adecuado, de conformidad con la Convención No. 169 de la OIT, para llevar acabo consultas con las comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de desarrollo yexplotación de recursos naturales con el objetivo de obtener su consentimiento libre, previo einformado”.Un caso testigo, que ha tenido mucha resonancia en el transcurso de este año involucra acomunidades de Salta y Jujuy que debieron presentar una acción judicial a raíz de la explotación delitio que se está desarrollando en las salinas grandes en forma inconsulta con las comunidades49.Otro caso resonante ha sido la aprobación de la Central Hidroeléctrica Lago Escondido sin consultani participación previa de dos comunidades Mapuche por cuyo territorio, talando el bosque nativo en32 metros a lo largo de 42 kilómetros, prevén atravesar el tendido hidroeléctrico de alta tensión50.reclamo, en el año 2010. El juicio, a ocho años de iniciado, se encuentra en apelación ante la Corte Suprema para que elTribunal Superior resuelva si la apelación es admisible. Expediente “Confederación Indígena Neuquina c/ Provincia delNeuquén s/ acción de inconstitucionalidad” (Nº 615/02 de la secretaría de demandas originarias). El juicio de amparoiniciado por la Comunidad Payla Menuco para que se le reconozca el derecho a la participación en las negociacionesrelativas a la concesión de un centro de deportes invernales existente en su territorio, que fue rechazado por el TribunalSuperior de Justicia, se encuentra actualmente en la Corte Suprema a más de tres años de iniciado. Expediente“Comunidad Mapuche Payla Menuko c/ Provincia del Neuquén s/ acción de amparo” (Nº 240/2009 de la secretaría civildel Tribunal Superior de Justicia y Nº 928/2010 tomo 46 letra C, de la Corte Suprema de Justicia).47 Petrolera Piedra del Aguila S.A. c/ Curruhuinca, Victorino y otros s/ Acción de amparo (Expte. Nº 43907 año 2001 y suincidente de medida cautelar Nº 329 año 2009, del Juzgado Civil 2 de Cutral Co).48 La Fiscalía de Estado es quien representa los intereses de la provincia ante la Justicia y se presenta en sede judicialen ese carácter y no como garante del interés general.49 Salinas Grandes es una región que abarca los departamentos de Cochinoca y Tumbaya de la provincia de Jujuy y losdepartamentos de La Poma y Cobres de la provincia de Salta, e integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc -Salinas Grandes. Esta sub-cuenca forma parte de la Puna, porción del altiplano que pertenece a la República Argentina.Allí viven 19 comunidades originarias. Desde el año 2010 se divulgó información en numerosos medios que dan cuentade la exploración de un mineral llamado litio. La situación generó gran inquietud en las comunidades de las Salinasquienes nunca fueron consultadas acerca de las posibles nuevas exploraciones y sus eventuales consecuencias en suequilibrio comunitario y ecológico. Por ende emitieron un comunicado. Los gobiernos de Salta y Jujuy, lejos de replantearla situación intensificaron su interés por la explotación de litio, calificando como de interés público el proyecto de unaempresa privada y declarando recurso natural estratégico a las reservas minerales que lo contengan. El 24 deNoviembre de 2010 se presentó una acción de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación porincumplimiento de la obligación de consulta y participación en pedimentos de exploración y explotación de litio deconformidad con el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, Convenio 169 de OIT y Declaración de los DerechosIndígenas de la ONU, que se encuentre pendiente de resolución.50 La decisión fue impugnada judicialmente por las Comunidades Mapuche junto a organizaciones en defensa de lanaturaleza tramita ante la CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL IIIA. CIRCUNSCRIPCION de Bariloche enlos autos caratulados: “COMUNIDAD MAPUCHE LAS HUAYTEKAS y OTRAS s/ AMPARO DE INTERESESCOLECTIVOS”, expte. nro. 00388-045-2010 (reg.cám), que el 23 de diciembre de 2010 rechazó un pedido de medida 23.
e) La violencia institucional en casos reivindicación de los derechos territorialesLa falta de implementación efectiva de los derechos territoriales indígenas se ve agravada por elhecho que, en varios casos, las luchas emprendidas por los pueblos o comunidades reciben unarespuesta institucional violenta que incluye la criminalización de la protesta social, la represión, elasesinato y la persecución y amedrentamiento de las autoridades indígenas y los defensores.En la Provincia de Río Negro el Poder Judicial no publica información oficial sobre las causasseguidas contra indígenas por delitos relacionados a la defensa y reivindicación territorial. Por eso, lainformación aquí expuesta es la propia registrada por organizaciones. Los datos siguientescorrespondientes a procesos judiciales originados en conflictos territoriales se ubican en el período2005-2011 en la zona oeste de la provincia (IIIa Circ Judicial – S.C. de Bariloche) se basan encausas en las que intervinieron abogados del GAJAT.En este período, sobre un total de 65 causas penales, se puede identificar una tendenciaascendente en la criminalización de las ocupaciones de territorios indígenas, como lo refleja elCUADRO A.CUADRO A – Evolución de la criminalización indígena en Río Negro 2004-2011TABLA B. EVOLUCION DE LA CRIMINALIZACION INDIGENA EN RIO NEGROPERIODO 2005-2011. MUESTRA CASOS GAJAT. Año Causas Penales Defensas x delito de Usurpación x delito de Daño 2004 2 2 0 0cautelar de no innovar para que se suspenda la aprobación del trámite legislativo que autoriza el proyecto de uso deaguas públicas del río para emplazar la hidroeléctrica hasta que pudiera realizarse la consulta. Ver más detalles en el“Despojo Forestal Andino”, informe entregado por la Comunidad Mapuche Las Huaytekas en la entrevista del 1-12-2011en Bariloche. 24.
2005 3 1 0 0 2006 11 6 4 0 2007 3 3 1 0 2008 1 1 1 0 2009 13 11 4 1 2010 17 11 7 2 2011 15 7 2 3Esta situación de criminalización de los Pueblos está directamente relacionada con la falta deresolución de los recamos territoriales de las Comunidades al gobierno de la Provincia de Río Negro.La demora y postergación de la solución de las reivindicaciones territoriales en los últimos añospermite explicar el incremento de la criminalización en los últimos años, incluyendo las sentencias yejecuciones de desalojos, incluso violentos, estando en vigencia la ley 26.160.En los conflictos relacionados con las causas que componen la muestra, en el período 2006 y 2011el estado provincial ordenó los desalojos contra las siguientes Comunidades Pedraza Melivilo*(2006), Lof Lleiful Cayumil* (2007)51, Lof Ponce-Luengo (2007)52, Lof Loncón (2008)53, Lof Seguel-Montiel (2010)*, Lof Palma-Villablanca-Comunidad Las Huaytekas (2010)54, Comunidad José51 Avalado por este mensaje de “la autoridad” de “Tierras” la policía, sin ningún control, trata a los Mapuche deusurpadores, los hostiliza constantemente. Tiempo después de la orden, Cristian Lleiful fue víctima de la tortura en esemismo destacamento, según consta en la causa “CONSEJO ASESOR INDIGENA C/MONTES DANIEL Y OTROSS/DELITOS CONTRA LA LIBERTAD (Y VEJACIONES)” EXPTE. 07S10-0164, que tramita ante el Juzgado de instrucciónnro. 4 secretaria 7 a cargo del Dr. Ricardo Calcagno quien denegó al CAI la representación (legalmente reconocida en elart. 6 de la ley 2287) para ser querellante en representación de Lleiful, sobreseyendo sin participación indígena a lospolicías y a la juez de Paz involucrada, decisión que fue anulada el 16 de septiembre de 2011 por la Cámara Segunda enlo Criminal en los autos "RECURSO DE QUEJA PRESENTADO POR DR. KOSOVSKY AUTOS:CONSEJO ASESORINDIGENA C/ MONTES DANIEL Y OTROS s/ DELITOS CONTRA LA LIBERTAD ( Y VEJACIONES) EXPTE. 164-7-2010del Juzgado de Instrucción nº 4 sec 7 ",registrados bajo nº 10-214-A, dando lugar a la representación del CAI comoparte querellante habiendo transcurrido más de un año de los hechos sin posibilidad de acceder siquiera a la causa.52 Autos Nro. 066-8-2007 caratulados “PONCE, RENE s/USURPACION”, 31 de mayo de 2007. Ordenado por el JuezRicardo Calcagno, Juzgado de Instrucción Nro. 4 Secretaría 8.53 En los autos "Norambuena Pilar y Loncón Jorge y otros s/ usurpación”, Expte 213-7-08, el Juez Ricardo Calcagnoordenó el desalojo con la fuerza pública de la familia Loncón. Estando recurrida e invocada la ley 26.160, le ordenó a lapolicía proceder a ejecutarlo, resultando en un desalojo violento con todo el policial de Comallo el 15 de octubre de 2008.El desalojo fue pedido por el Juez de Cámara de Gral Roca Carlos Osvaldo Larroulet a quien la policía puso en posesióndel campo. El procesamiento de los Loncón y el desalojo fue anulado por la Cámara Segunda en lo Criminal el 21 demayo de 2011. Sin haberse restituido a los Loncón la tierra, el comprador y socio de Larroulet, Roberto Chechile, lesinició una nueva causa por usurpación del mismo lugar que también tramita en el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NRO. 4SECRETARIA 8, AUTOS: “MARIN Cristina Beatriz, LONCON Patricia, y otros s/ usurpación” . Expte. Nro. 362-8-2010.54 Ordenado por el Juez Jorge Serra en los autos caratulados “Martínez Pérez José Luis c. Palma Américo y otros s.interdicto de recobrar s/ cautelar - 09913-10”, resolución de fs. 92 dictada el 21 de diciembre de 2010, que dispone “…IV)Asimismo, prohíbese a los actuales ocupantes a modificar o alterar cualquier situación de hecho ya constatada, como así 25.
Manuel Pichún (2011)55, Lof Ñancunao-Barría-Comunidad Las Huaytekas56 (2011), ComunidadNewen Twain Kom (2011)57.*Ordenados por la Dirección de Tierras de la Provincia. Impugnados en sede administrativa.En noviembre de 2010, integrantes de la comunidad indígena toba Potae Napocna Navogoh- LaPrimavera- realizó un corte de una ruta nacional en la provincia de Formosa en reclamo por larestitución de sus tierras. Como consecuencia, se desató una feroz represión policial que causó lamuerte de Roberto López y graves heridas a Samuel Garcete, decenas de heridos de variablegravedad, detenciones prolongadas y continuó con la quema de las viviendas junto a laspertenencias de los miembros de la comunidad. Esta comunidad, viene hace años reclamando a laprovincia y a la nación el cumplimiento efectivo de su derecho a la posesión y propiedad comunitariade las tierras indígenas sin obtener resultados. Al día de la fecha, la comunidad no puede acceder auna parte de su territorio porque se encuentra ocupado por terceros no indígenas, a otro sectorporque allí se delimitó el Parque Nacional Río Pilcomayo y a otra área que ha sido cedida a unaUniversidad Nacional.En el caso de la Comunidad Indígena Chuschagasta en la provincia de Tucumán, en la jornadadel 12 de octubre de 2009 —como brutal respuesta a las acciones legales que está llevandoadelante esa comunidad en la justicia federal tucumana para exigir que se reconozca su territorioancestral—, un integrante de la comunidad Chuschagasta fue asesinado y otros cuatro sufrieronheridas de bala58. Este hecho sucedió en el contexto del inicio del relevamiento territorial ordenadopor la ley 26.16059.también a prender fuego y cortar leña; y autorícese el libre acceso de una persona que designe la parte actora para quepueda realizar las tareas de mantenimiento que pudieren resultar indispensables. Todo ello, bajo apercibimiento dedeshaucio sin más trámite”. El Juez subrogante habilitó la feria judicial y el 25 de enero de 2011 ordenó hacer efectivo eldesalojo que antes de ser ejecutado, fue apelado y por un recurso de queja se logró el efecto suspensivo. El desalojoestá provisoriamente suspendido por resolución del 2 de febrero de 2011 de la Cámara Civil y Comercial de Bariloche enlos autos caratulados: “MARTINEZ PEREZ José Luis c/PALMA Américo y Otros s/INTERDICTO de RECOBRAR s/ MED.CAUT. s/ QUEJA”, expte. nro. 16008-076-2011 (reg.cám) que no aplicó la ley 26.160.55 Causa, "MURGIC…S/ TURBACIÓN …-COMUNIDAD MAPUCHE JM PICHON)", Expte. N° S11-09-0218. El 15 de abrildel 2011, el titular del Juzgado de Instrucción N° 6 de Bariloche, Miguel A. Gaimaro Pozzi, procesó a seis miembros dela Comunidad, ordenó su desalojo y la restitución a ENFOR S.A.. Apelada, fue revocada la sentencia por la Cámara 1ªCriminal de Bariloche-. Causa A1-2011-3948.56 En la causa “MARTINEZ PEREZ, JOSE LUIS y otra C/ ÑANCUNAO, MIRTA y otros S/ MEDIDA CAUTELAR (31007-10)”, el Juez Civil Carlos Cuellar ordenó ejecutar el 10 de febrero de 2011 la orden de desalojo del control del paso alRewe de la comunidad estando impugnada por apelación y nulidad por infracción a la ley 26.160. El Presidente deENFOR S.A., Martínez Pérez expresó que pagó $ 2000.- a las fuerzas especiales de la provincia que, mientras las partesestaban reunidas en ante el Presidente de la Cámara Civil de Bariloche por la queja interpuesta por la Comunidad paracambiar el efecto del recurso, arrancó y destruyó la tranquera de la Comunidad. Ese mismo día ingresaron camiones ymaquinaria pesada que comenzó a drenar el mallín sobre el que se asienta el bosque milenario de Las Guaytekas paraconstruir allí un country club.57 Autos los caratulados “PRAFIL, Crescencio y YAÑEZ, César y otros s/ amenazas calificadas y usurpación” Expte s.11-11-0309. Ordenado por el Juez Miguel Angel Gaimaro Pozzi. Juzgado de Instrucción Nro. 6 Secretaría 11 el 7 deoctubre de 2011. Se destruyó una ruka de la Comunidad con la presencia y facilitación de la Policía de la provincia queademás se llevó detenidas a dos personas de la Comunidad sin asentarlas, aduciendo luego que era para notificarles lacausa.58 Este hecho fue ampliamente difundido por la prensa argentina. A modo de ejemplo, tomando los medios de mayorcirculación pueden verse las siguientes notas: “Mataron a un dirigente indígena en una disputa por tierras en Tucumán”Diario Clarín, 15/10/2009 http://www.clarin.com/diario/2009/10/15/sociedad/s-02019071.htm; “Denunciaron otros 26.
En el caso de la Comunidad Currumil en Aluminé (Neuquén), en el 2009 una magistrada dictó unaorden de desalojo sobre el territorio de ocupación tradicional —que había sido cedido a un particularpor la Dirección General de Tierras provincial—. En estas circunstancias, las fuerzas policiales,mediante el uso de palos y balas de gomas, reprimieron y desalojaron por la fuerza bruta a decenasde familias de su territorio ancestral. En un clima de extrema tensión en la que hubo varios heridos yse creó pánico en la población, la policía hasta quemó banderas del Pueblo Originario Mapuche queestaban levantadas en las viviendas, para incitar más la violencia. Además, el logko de la comunidadCurrumil junto a otras personas resultó detenido e incomunicado.Estas respuestas violentas frente a los reclamos sociales vienen acompañadas de reiteradassituaciones de amenaza y hostigamiento, a lo que se suma un proceso de criminalización de losreclamos y conflictos sociales desatado como respuesta a los intentos de comunidades por defendercolectivamente sus derechos. De acuerdo con los Informes sobre la “Situación de los DerechosHumanos del Pueblo Mapuche en Neuquén” del Observatorio de Derechos Humanos de los PueblosIndígenas en dicha provincia hay más de 250 integrantes de las comunidades procesados por lajusticia60. Al mismo tiempo, los lentos avances en las denuncias y causas iniciadas por lascomunidades a raíz de estos hechos contrastan con el expedito curso que corre para las causasiniciadas por las otras partes. Ello, sumado a irregularidades -que han dado lugar a pedidos de juiciopolítico y denuncias por parcialidad manifiesta a magistrados- implica en los hechos una vulneraciónal derecho a la protección judicial61.En el caso de los pueblos indígenas, los asesinatos en el marco de sus reclamos por las tierras, lasgraves lesiones sufridas por cientos de víctimas, los múltiples procesos penales iniciados y laamenaza como metodología corriente no son un hecho aislado, sino la manifestación última de unproceso de despojo de sus tierras ancestrales. Desafortunadamente, el comienzo de losrelevamientos territoriales en Tucumán alertó a los terceros con pretensiones sobre las tierras de lasComunidades, que reaccionaron violentamente, tanto a nivel judicial (promoviendo e influyendo paralograr desalojos a pesar de la ley) como a través de la ilegalidad de las amenazas, denuncias ypresiones. Los procesos en perjuicio de las comunidades contaron con el apoyo directo de un ampliodesalojos indígenas en Tucumán” Diario Clarín, 16/10/2009; “El asesinato de Javier Chocobar”, Diario Página/12,20/10/2009, http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-133771-2009-10-20.html; “Asesinado el 12 de Octubre – Unmiembro de la comunidad diaguita, muerto en un conflicto por tierras”, Diario Página/12, 14/10/2009; “Exigen justicia porun crimen en Chuscha”, Diario La Gaceta (Tucumán), 30/10/2009http://www.lagaceta.com.ar/nota/349108/Policiales/Exigen_justicia_un_crimen_Chuscha.html; “Reclaman esclarecimientodel crimen ocurrido en Chuscha”, Diario El Siglo (Tucumán), 21/10/2009http://www.elsigloweb.com/portal_ediciones/941/portal_notas/41636-reclaman-esclarecimiento-del-crimen-ocurrido-en-chuscha#.58 Ver copia digital de Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán de fecha 11/09/2009 en autos“Chiarello, Dante V. y Chiarello, Silvia s/Extorsión y amenazas ilegales – Incidente de falta de acción promovido por losDres. Poviña y Frías Silva”, Expte N° 51.520/2008.59 Cabe señalar que, desde el año 2007 a la fecha, tanto los caciques como los principales referentes indígenas de lacomunidad, vienen siendo víctimas de amenazas de muerte directa (además de ser denunciados civil y penalmente).Estas amenazas, pese a ser denunciadas en sede administrativa y judicial no se investigaron.60 Cfr. http://odhpi.org/category/informes-odhpi/.61 Está pendiente de resolución una solicitud de Medidas Cautelares de protección ante la CIDH, por parte de 10Comunidades de la provincia (2009), que da cuenta del complejo cuadro de situación por la que las mismas atraviesan.En los informes del Estado al respecto el propio INAI ha aconsejado el allanamiento a la medida cautelar requerida porlas comunidades, en una clara muestra de que el Estado no está en condiciones de brindar protección, garantizarderechos y responder ante la responsabilidad internacional asumida. 27.
sector del Poder Judicial (ordenando los desalojos, negando sistemáticamente las pretensiones de laComunidades y la aplicación tanto de la legislación interna del Estado como de la que surge de losinstrumentos del derecho internacional de los derechos humanos), la policía local y la indiferencia delos poderes ejecutivos local y federal.Las metodologías de amedrentamiento son variadas, resulta común el uso de mensajes de textotelefónicos, así como el envío de correos electrónicos con fuerte contenido amenazante, así como lapublicación de comentarios en espacios virtuales. Las amenazas no se limitan a los dirigentesindígenas mismos, sino, que se hace generalmente extensivos a las familias. Joaquín Perez,cacique de la Comunidad El Nogalito, del pueblo Lule de Tucumán recibió en su casa un sobreblanco conteniendo una cantidad de balas que alcanzaba el mismo número que los integrantes desu familia. El hecho denunciado ante la policía de la Comisaría de Villa Mariano Moreno deTucumán. Fue tal la gravedad que, con mucho esfuerzo, se logró que la Fiscalía de InstrucciónPenal de la IVº otorgara al Sr. Pérez una medida de protección (prohibición de acercamiento) encontra del particular Eduardo Morales, ya que muchas amenazas anónimas mencionaban einvocaban a esta persona. Sin embargo esta medida aún no se encuentra notificada.El amedrentamiento también se hace extensivo a los abogados que defienden a las comunidades.En la Provincia de Tucumán, todos los abogados indígenas han sido denunciados (por las mismaspartes que inician las causas contra dirigentes) ante el Comité de ética del Colegio de Abogados dela provincia, y en más de una oportunidad62. La poca seriedad de las denuncias, así como lainexistencia de pruebas sobre lo que alegan, hace que las mismas no prosperen, pero constituyenuna vía de presión permanente sobre los abogados63.En la Provincia de Río Negro, el abogado del GAJAT que patrocina a la Lofche Loncón fuedenunciado al Colegio de Abogados por el juez que ordenó el desalojo violento de esta familia quesufrió vejaciones en la Comisaría64. Si bien fue desestimada, la presión padecida así como el tiempo62 Los abogados de ANDHES Darío Abdala, Valentina García Salemi, Daniel Carlorosi, Gustavo Paliza y Andrés Villafañehan sido denunciados, algunos de ellos en más de una oportunidad. También han sido denunciados ante el colegio deabogados, letrados que trabajan desde otros ámbitos junto a las comunidades como la Dra. María José Lobo Paz(INADI- Tucumán) y Carlos Garmendia (Observatorio de DDHH - Tucumán).63 Un caso resonante en la opinión pública durante el 2011 fue el del Dr. Daniel Cabrera, abogado defensor decomunidades integrante del SERVIJUPI (Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas), provincia de Formosa el pasado 18 deagosto de 2011. El abogado fue encarcelado acusado de incitar a familias campesinas e indígenas a usurpar viviendasen dos barrios de Ingeniero Juárez en la provincia de Formosa. Dos días más tarde fue liberado tras una fuerte campañade movilización y solidaridad desplegada por todos los organismos de defensa de derechos humanos que incidieronfrente al Tribunal de justicia provincial para lograrlo. Pasados dos días de la detención el presidente del Superior Tribunalde Justicia de Formosa, Gustavo Ariel Coll, institucionalmente tuvo que reconocer que había sido un error la detencióndel defensor, pidió disculpas y garantizó que a más tardar al día siguiente iba a ocurrir la excarcelación.64 La denuncia tramitó en los autos caratulados “CALCAGNO, RICARDO s/dica” Expte N° 149-11 Tribunal de Disciplinadel Colegio de Abogados de Bariloche. El Juez le imputó al abogado del GAJAT Fernando Kosovsky una presuntainfracción al art. 22 inc. a del Código de Etica del Colegio de Abogados, que impone el deber de “a) guardar un estiloadecuado a la jerarquía profesional en las actuaciones ante el poder jurisdiccional y órganos administrativos”. Ladenuncia se basaba únicamente en un escrito donde el abogado refería que sus defendidos miembros de la familiaLoncón, recusaron al Juez acusándolo de sentirse discriminados racialmente, diciéndole a una de sus integrantes que noera Mapuche porque tenía ojos claros en la causa “MARIN Cristina Beatriz, LONCON Patricia, y otros s/ usurpación”Expte. Nro. 362-8-2010. Además le imputaban el desconocimiento del Derechos Indígena en otra causa donde ordenó 28.
que insumen defenderse de estas denuncias, repercute negativamente en el ejercicio de la profesiónde abogado defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas.Recientemente, el miércoles 16 de noviembre de 2011, fue asesinado Cristian Ferreyra, un jovenintegrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, del MoCaSE-VC, y otros doscompañeros fueron víctima de graves heridas en San Antonio, provincia de Santiago del Estero. Laresponsabilidad del Estado en este hecho cobra mayor importancia porque los grupos afectados hanalertado en reiteradas oportunidades sobre una escalada de intimidaciones y atentados de los queson víctimas. Los hijos de las familias afectadas dejaron de asistir a clases ante las amenazasrecibidas por intentar traspasar el alambre colocado para delimitar el territorio y que bloqueó elacceso a la escuela pública de la zona. Ante el intento de quitar el alambre para permitir el ingreso,la radio comunitaria fue incendiada. Hace sólo dos meses, la emisora, corazón de la organizaciónpolítica y social de los grupos indígenas y campesinos afectados, fue incendiada nuevamente, lo queimplicó la destrucción de los equipos de comunicación. Además, los integrantes de la familiaMaldonado, referentes sociales del MoCaSE-VC, recibieron amenazas reiteradas, oportunamentedenunciadas ante el Juzgado del Crimen de Monte Quemado. El atentado letal de esta semana seprodujo en la vivienda de la familia Ferreyra cuando tenía lugar una reunión para organizar accionesde denuncia sobre las violaciones a la Ley de Bosques. El lugar fue elegido como alternativa a lacasa de los Maldonado, ante la persecución que venían sufriendo.Este caso es un emergente de los conflictos sociales derivados de la apreciación de la renta agrariay de la expansión de la frontera agrícola que amenaza los derechos de las comunidades campesinase indígenas que históricamente habitaron las tierras que ahora se encuentran en disputa. Aunque laley lo prohíbe, es habitual que en Santiago del Estero se permita la compra–venta de miles dehectáreas de tierras sin tener en cuenta a las comunidades que las habitan y sin contemplar susderechos sobre ellas. Esta falta de control estatal, originada en el incumplimiento de la ley provincial6.339 que obliga a la certificación catastral en cada venta de terrenos, posibilitó que se vendieranpueblos enteros o que establecimientos públicos como una escuela primaria queden al interior deuna propiedad privada. Tampoco se controlan con eficacia las actividades de desmonte y ladeforestación ilegales.f) Dos iniciativas del Poder Ejecutivo que preocupanPlan Estratégico AgroalimentarioEn septiembre de este año la Presidenta de la Nación, junto al Ministro de Agricultura, Ganadería yPesca, Julián Domínguez, presentó el “Plan Estratégico Agroalimentario y AgroindustrialParticipativo y Federal 2010-2016 (PEA)”65.La confección del PEA ha tomado en cuenta las proyecciones de organismos internacionales, queseñalan que para el año 2030 el mundo estará caracterizado por una población metropolitanael desalojo de la familia estando en vigencia la ley 26.160. El juez fue apartado de la causa por la Cámara Segunda en loCriminal por temor de parcialidad de los recusantes. El Tribunal de Disciplina, tras correr traslado, desestimó la denunciavarios meses más tarde.65 http://www.minagri.gob.ar/site/areas/PEA2/24-Argentina%20Lider%20Agroalimentario/index.php 29.
creciente, con mejores condiciones de vida y pautas de consumo urbanas, inserta en un contexto deincremento en la demanda y en el precio de los alimentos. Todo ello, aunado a la mayor utilizaciónde cereales y oleaginosas para la elaboración de biocombustibles en cortes obligatorios de lagasolina y el diesel.De ahí que el PEA se plantea las oportunidades de Argentina para convertirse en un país “líderagroalimentario”. Entre las metas de producción que se fijan, tomando como línea de base el año2010, se encuentra llegar a producir en el año 2020, 157,5 millones de toneladas de granos:alrededor de un 60% más que en el año 2010. Esto significará pasar de una superficie sembrada de33 millones de hectáreas a 42 millones ha, en términos porcentuales, representará un incrementodel 27% de la superficie destinada a la siembra.Sin embargo, el PEA no aclara ni efectúa ninguna consideración acerca del impacto que esteaumento de la producción pueda tener sobre comunidades indígenas y campesinos. Como se vienedenunciando a lo largo de este informe, en el país existen numerosas comunidades indígenas queno poseen título de propiedad de las tierras en las que tradicionalmente habitan, y sonsistemáticamente despojadas de ellas debido al corrimiento de la frontera agrícola-ganadera. Existeel fundado temor que la puesta en marcha del PEA agrave esta situación aún más ya que de lo quese trata es de aumentar la superficie destinada a la siembra.Proyecto de ley “Modificación del Código Penal sobre prevención, investigación y sanción deactividades delictivas con finalidad terrorista”66Recientemente, el Poder Ejecutivo Nacional, envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley quetiene por objeto “fortalecer y reordenar las disposiciones normativas en materia de prevención ysanción de actividades delictivas con finalidad terrorista.”Las reformas propuestas incorporan un agravante general para todos los delitos previstos en elCódigo Penal para el caso de que el delito haya tenido finalidad terrorista. Es decir que se intensificala pena67 de cualquier delito cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a lasautoridades públicas nacionales, gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacionala realizar un acto o abstenerse de hacerlo, salvo en el caso de que se trate del ejercicio de underecho constitucional. Por otro lado, se incorpora dentro de los delitos contra el orden económico yfinanciero, una figura penal que reprime a quienes provean o recolecten bienes o dinero, asabiendas de que serán utilizados para cometer delitos con finalidad terrorista.El propósito manifestado en el mensaje enviado por el PEN, que acompaña al proyecto, es avanzaren su compromiso de consolidar un sistema concreto y efectivo de prevención, investigación ysanción del delito de terrorismo.66 Mensaje Nro: 1643/11. Expediente: 0008-PE-2011. Publicado en: Trámite Parlamentario Nº 153 Fecha: 14/10/2011.67 En estos casos se elevaría la pena mínima y máxima prevista para el delito correspondiente al doble. 30.
Igualmente, allí se sostiene que quedan excluidos de cualquier interpretación criminalizante loshechos de protesta social, ya que estos están dirigidos a reclamar por derechos individuales ocolectivos.Sin embargo, la vaguedad y ambigüedad que caracterizan los términos en que se encuentranredactadas las reformas propuestas por el proyecto al Código Penal, permitirían que la aplicación dela agravante quedara librada a la interpretación del funcionario judicial que intervenga en el casoparticular.En el contexto descripto previamente de persecución penal de líderes indígenas que reivindican susderechos territoriales, el agravante de “finalidad terrorista”, que incorpora este proyecto de ley,podría aplicarse a las figuras penales típicamente utilizadas para ello (atentado y resistencia contrala autoridad, daños, usurpación, etc.). Por ejemplo, el delito de usurpación tiene prevista en lalegislación penal vigente una pena de 6 meses a 3 años de prisión. De acuerdo al proyecto, la penase incrementaría de 1 a 6 años si se considera que tiene finalidad terrorista.La reforma entrañaría, además, graves riesgos para las organizaciones de la sociedad civildedicadas a la defensa y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, puespodrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo, en caso de quereciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de vinculadas a lasreivindicaciones de los pueblos indígenas que sean consideradas acciones terroristas.Recomendaciones:1. Desarrolle mecanismos de coordinación para asegurar el cumplimiento de un piso mínimode los derechos territoriales indígenas, de manera equitativa, en todo el territorio nacional.2. Adopte medidas de coordinación con las provincias y con el Poder Judicial a fin de que secumpla en todo el territorio nacional con la ley 26.160/26.554 a fin de que:a. Se frenen los desalojos de comunidades indígenas.b. Se realice el relevamiento técnico-catastral en todas las provincias, incluso en aquellas quese han opuesto a él y que se respete la participación indígena real y plena en cada tarea y etapadesarrollada en las comunidades.3. Desarrolle, con real participación de los Pueblos indígenas, un procedimiento dedemarcación y titulación de las tierras indígenas.4. Desarrolle , con real participación de los Pueblos indígenas, leyes, procedimientos yreglamentaciones especiales que reconozcan y hagan efectiva la superior protección que laposesión indígena tiene sobre los títulos estatales o privados, de manera de evitar los múltiplesconflictos que se producen con la tenencia indígena. 31.
5. Adopte, con real participación de los Pueblos indígenas, medidas para proteger el territoriode los pueblos indígenas y los recursos naturales, como por ejemplo, mediante el establecimiento demecanismos de monitoreo de la aplicación efectiva de la Ley de Bosques.6. Adopte, con real participación de los Pueblos indígenas, medidas para que se cumpla elderecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas. Estas consultas se deben realizarconforme a los siguientes criterios:a. Por procedimientos adecuados a las pautas culturales de cada organización o comunidad.b. Respetando las autoridades e instituciones de cada pueblos o comunidad.c. Garantizando información adecuada.d. Asegurando recursos materiales y técnicos para que los pueblos y comunidades puedanexpresar su opinión en pie de igualdad con otros actores.e. En el caso particular de los proyectos de desarrollo, además de los criterios anteriores, eldiseño e implementación debe supeditarse a la previa evaluación del daño social y cultural quepodrían sufrir las comunidades indígenas y con previsión de beneficios compartidos.7. Que se deroguen las leyes reglamentarias provinciales de la Ley de Bosques que fueronsancionadas sin participación indígenas y se adopten nuevas leyes respetando el derecho deconsulta y participación indígena.8. Adopte medidas para prevenir actos de violencia contra los miembros de comunidadesindígenas tanto por parte de funcionarios públicos como de particulares, en especial de las fuerzasde seguridad. En particular, adopte protocolos obligatorios de actuación para las fuerzas deseguridad ante conflictos sociales, sean desalojos, protestas, manifestaciones u otras formas dereclamo. Estos protocolos deben tener en cuenta, medidas de protección especial para mujeres,niños, e incorporar mecanismos de negociación y de solución de los conflictos de fondo vinculadoscon los DESC en articulación con organismos estatales competentes. Además, dichos protocolosdeberían ser incorporados en normas con jerarquía suficiente como para garantizar su efectividad.9. Que previa a la aplicación del PEA se tome en cuenta el impacto sobre las comunidadesindígenas y se evite la vulneración de sus derechos.10. Que se abstenga de aprobar el proyecto de ley “Modificación del Código Penal sobreprevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista reforma” en tantoconstituye una nueva ampliación de la respuesta punitiva estatal mediante la incorporación defiguras inconstitucionales, el aumento de penas y la legitimación de la persecución penal a laprotesta social. 32.
VI. Problemas relacionados con el acceso a la justicia y la respuesta del Poder Judicial68En nuestro país, la importante recepción interna de la normativa internacional sobre derechos de lospueblos indígenas y tribales no ha sido acompañada por un desarrollo institucional adecuado a lasnuevas exigencias planteadas por este nuevo paradigma normativo. Esta falta de adecuación internase visualiza en distintas dimensiones que, combinadas, frustran las posibilidades de los pueblosindígenas de obtener respuestas apropiadas en un plazo razonable a los conflictos que se ventilanen la administración de justicia.Un problema recurrente en distintas zonas del país es que cuando los miembros de algunacomunidad indígena sufren una violación a sus derechos y quieren realizar una denuncia ante lapolicía encuentran serias dificultades para hacerlo. Esto ha generado en las distintascomunidades una gran sensación de desconfianza, sobre todo en aquellas que se encuentran ensituaciones de mayor vulnerabilidad y que suelen ser hostigadas de distintas maneras. Esto frustra elacceso a la justicia de las personas indígenas ya que, en estos casos, ni siquiera se trata de cómose resuelve la problemática en la administración de justicia, sino que directamente el conflicto nollega a los tribunales y se invisibiliza.Entre varias dificultades vinculadas con el procedimiento judicial puede mencionarse la renuenciade los jueces a aceptar peritos especializados en materia indígena o la imposibilidad de lascomunidades indígenas de acceder a ellos. También, la ausencia de traductores o intérpretesde lenguas indígenas que actúen en forma permanente tanto ante la administración pública en susdiferentes niveles nacional, provincial y municipal, como ante la administración de justicia. Estasituación se agrava cuando se trata de causas penales contra personas indígenas, ya que afecta suderecho de defensa en juicio y al debido proceso.Este problema es parte de un problema mayor vinculado a la falta de reconocimiento real de ladiversidad lingüística, como un resabio de una concepción discriminatoria sobre los idiomas de lospueblos indígenas con relación a las lenguas europeas, las que sí en su mayoría cuentan contraductores oficiales.En general, en todos los niveles se evidencian dificultades del Poder Judicial para enfrentarse aconflictos de matriz multicultural, dado que su estructura no se ha adecuado como para brindarrespuesta a los conflictos planteados por los pueblos indígenas, respetando las propias formas deresolución de estos pueblos. Estas limitaciones estructurales y del procedimiento se completan conel desconocimiento por parte de los operadores judiciales de las instituciones acerca de los modosde resolución de conflictos de los pueblos indígenas, así como de su cultura y cosmovisión.En este punto, se destaca con mayor gravedad el desconocimiento y falta de aplicación de losoperadores judiciales respecto de la normativa específica sobre derecho indígena, el que seevidencia en la renuencia a fundar las decisiones que se adoptan para resolver esos conflictos enaquella, limitándose usualmente a sustentarse en la legislación común. De ahí que pueda concluirseque en buena medida la causa de los resultados adversos obtenidos en sentencias judiciales, sevincule a este desconocimiento y a la falta sensibilización de los operadores judiciales con los68 Los problemas descriptos en este apartado pueden ampliarse en la publicación de la Defensoría General de la Naciónsobre acceso a la justicia presentada como ame. 33.
derechos de los pueblos indígenas69. A lo largo y ancho del país son escasas las decisionesjudiciales que han aplicado los derechos indígenas reconocidos en las constituciones o los tratadosinternacionales de derechos humanos. Es más, muchas comunidades indígenas que han obtenidoórdenes de titulación en sede judicial lo hicieron mediante la aplicación de institutos jurídicos propiosdel derecho civil, completamente ajenos a la cosmovisión indígena. En una publicación recientesobre “La cuestión indígena: análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de laNación” escrito por la Dra. Chiachiera Castro, Paulina, se conluyó: “Ha sido muy reducido elporcentaje de fallos en el que la Corte ha ingresado al Estudio de la cuestión de fondo y esto no hasido un análisis y desarrollo profundo de los derechos de las comunidades indígenas debatidos. Noobstante ello, el máximo tribunal federal ha establecido algunos puntos discutidos por la doctrinacomo la operatividad del artículo 75 inc. 17 de la Ley Fundamental y la competencia local –comoregla- para le resolución de los casos vinculados a dicha cláusula”.70Paradójicamente, mientras que hay una escasa aplicación del derecho indígena muchoslíderes e integrantes de las comunidades son perseguidos en la justicia penal en la que se losacusa, incluso, por el delito de “usurpación” de sus propios territorios tradicionales. Estapersecución queda evidenciada en los cuadros adjuntados como anexo.Todo esto debe sumarse a las dificultades que surgen en la demora de los procesos así como en elefectivo cumplimiento de aquellas decisiones que puedan ser favorables (ej, medidas cautelares queestablecen prohibiciones que no se cumplen en su integridad por falta de control en el territorio).En esta línea, también debe citarse la limitación que proviene de la falta de sanción de normasespecíficas, que no sólo ofrezcan medios alternativos de resolución de conflictos, sino que tambiénprevea mecanismos para efectivizarlos.A su vez se evidencia una insuficiente cantidad de profesionales del derecho especializados en lamateria específica, que se refleja en la marginalidad de los derechos de los pueblos indígenas en losprogramas académicos y de posgrado, como también la casi nula promoción y apoyo público delejercicio profesional a favor de los pueblos indígenas y de servicios de asistencia legal. Se verificaentonces la ausencia de centros de atención especializada para la materia de derecho indígena.Debe tenerse en cuenta que el patrocinio de los derechos indígenas tiene un alto costo económicopara ser afrontado por las mismas comunidades, así como la concentración de las oficinas de losoperadores del sistema judicial en un centro urbano alejado de aquellas, la falta de vías decomunicación y de medios de transporte adecuados para acceder a los lugares donde se encuentranubicados los tribunales y los altos costos económicos y logísticos para acceder. En este punto, nosolo debe tenerse en cuenta los costos del juicio, sino también la falta de medios económicos detransporte hacia los tribunales, y el tiempo personal de trabajo perdido que conlleva. En muchoscasos estas circunstancias se agravan ante la precariedad de los caminos, en especial encondiciones climáticas adversas (como lluvias o nevadas).69 No hay asignaturas ni cursos sobre Derecho Indígena en las Escuelas de Capacitación para funcionarios o empleadosjudiciales.70 Chiachiera Castro, Paulina R. “La cuestión indígena: análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de laNación”, Advocatus, Córdoba, 2009, pag.96 34.
Todo lo expuesto configura obstáculos para el acceso a la justicia que atentan incluso contra laposibilidad de que las comunidades puedan sostener los reclamos con continuidad en el tiempo.También los pueblos indígenas padecen un conjunto de problemas vinculados a la falta deespecialización de las jurisdicciones en los conflictos que surgen de la violación de sus derechos, loque consolida el mencionado desconocimiento acerca de los derechos indígenas, y la subvaloraciónde sus valores y tradiciones. Así, los representantes de las comunidades, como los profesionalesque los asisten, mencionaron desconfianza en las autoridades judiciales y administrativas, a causade una actitud discriminatoria que en general perciben, lo que origina en el usuario indígena lasuposición de que la administración de justicia o la administración pública no otorgarán debidaprotección a sus demandas.En primer lugar, además de la falta de reconocimiento en la personería, enfrentan la imposibilidad deacceder a la justicia, si bien en algunos casos pueden recurrir a diversos organismos de derechoshumanos, es cierto también que muchas veces, por las dificultades del caso, se ven en la necesidadde contratar abogados locales que en general carecen de los conocimientos específicos en lamateria. A ello se suma, que por lo general las comunidades carecen de dinero suficiente paraafrontar los honorarios y demás gastos judiciales, cuando solicitan ayuda al INAI, no reciben losfondos o bien lo hacen de manera extemporánea, por lo cual les resulta dificultoso o imposible aveces contratar profesionales.Cabe remarcar que el INAI no ha brindado soluciones adecuadas, pues si bien existe el “programade acceso a la justicia”, que contempla la posibilidad de que las comunidades presenten un proyectode asesoría jurídica tendiente a proteger sus territorios, lo cierto es que tanto su aprobación como lacorrespondiente transferencia de los fondos necesarios para la defensa legal terminan dilatándoseen el tiempo. A pesar de los diversos reclamos de las organizaciones de DDHH para lograr hacerefectivo el cumplimiento de este programa de acceso a la justicia, el INAI no ha demostrado voluntadpolítica en resolver esta situación, y en la actualidad las comunidades se encuentran indefensas, sincontar con profesionales que puedan llevar adelante sus reclamos para la protección de susterritorios y su medio de vida.Asimismo los tribunales, se encuentran ubicados solamente en ámbitos urbanos, por lo que lamayoría de las comunidades del país se ven imposibilitados materialmente de acceder aunque sea auna defensoría pública en reclamo de sus derechos, además de enfrentar la carencia de abogados yperitos.1. Recomendaciones2. Adopte las medidas especiales necesarias para garantizar el cumplimiento del debidoproceso legal y administrativo en aquellos casos que afecten los derechos de las comunidadesindígenas o de sus miembros en particular. Ello teniendo en cuenta especialmente: a) La necesidadde contar con traductores o intérpretes de las lenguas indígenas en todo procedimiento legal oadministrativo relacionado con los derechos de las personas y comunidades indígenas, b) Lanecesidad de contar con peritos especializados en materia indígena y de las comunidadesespecíficas que estén involucradas. 35.
3. Se adopten las medidas necesarias para garantizar el acceso de las personas indígenas alas instituciones públicas, mediante cualquier medio que solucione efectivamente el problema deacceso a ellas debido a las grandes distancias y gastos que ellas implican para los indígenas.4. Se adopten medidas para brindar formación jurídica continua y suficiente a jueces, fiscales yoperadores jurídicos en general, tendiente a asegurar el cumplimiento de la legislación específicaindígena.5. Se recomiende la compatibilización de interpretaciones del derecho civil y penal con lanormativa del derecho indígena de jerarquía constitucional e internacional, en especial, la relaciónentre el derecho a la propiedad privada y los fundamentos del derecho colectivo indígena y el accesoal territorio.6. Se adopten medidas tendientes a la capacitación y sensibilización respecto de los derechoshumanos de los pueblos indígenas en las distintas instituciones del Estado que intervienen en estetipo de conflictos, tanto a nivel administrativo como judicial y de fuerzas de seguridad, mediante unaformación intercultural permanente que supere cualquier concepción discriminatoria, así como quesea requisito de admisibilidad para ocupar cargos judiciales y públicos (magistrados, abogados,fiscales y funcionarios del Estado).7. Adopte las medidas necesarias para que los conflictos relativos a pueblos indígenas que seventilan en la administración de justicia, en especial los relativos al derecho al territorio y propiedadcomunitaria, sean resueltos en un plazo razonable, para evitar que su dilación se convierta enprivación justicia. así como que se garantice el efectivo cumplimiento de aquellas decisionesjudiciales favorables.8. Adopte medidas para monitorear y controlar la actuación de los operadores de laadministración de justicia frente a los conflictos sociales y sensibilizarlos frente a los grupos ensituación de vulnerabilidad social y sus reivindicaciones de derechos. En especial, en el sentido deque las conductas de reclamo no merecen reproche penal en tanto configuren el legítimo ejerciciodel derecho a peticionar frente al incumplimiento de los derechos indígenas, bajo riesgo que locontrario opere como desincentivo para tales reivindicaciones.9. Incorpore a la planta de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del país abogadosespecializados en materia indígena y otros profesionales relacionados con la temática como, porejemplo, antropólogos con el objeto de formar grupos interdisciplinarios de trabajo que garanticen unabordaje integral de la problemática en aquellos casos donde se afecten los derechos de laspersonas y comunidades indígenas.10. Adopte las medidas necesarias, como por ejemplo una instrucción del Procurador a losfiscales, para evitar la criminalización de los conflictos territoriales indígenas, en particular, lapersecución penal por el delito de usurpación cuando se trata de reclamos por su derecho a laposesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionales.11. Se aseguren los mecanismos para que los estándares internacionales acerca de laimparcialidad de los tribunales se adopten también en relación a los pueblos indígenas.VII. Problemas relacionados el derecho a la Personería Jurídicaa) Vigencia del Paradigma de asimilación: art. 2º ley 23.302 (párrafo 2º).Una Comunidad Indígena es un sujeto colectivo, una unidad sociopolítica con una identidad especialy características singulares que las diferencian de cualquier otra forma asociativa reconocida por lanormativa civil hasta el momento. 36.
El párrafo primero del art. 2 de la ley 23.30271 tiene un reconocimiento explícito de la personalidadjurídica de las comunidades indígenas argentinas, no obstante su apartado final expresa “Lapersonería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas yse extinguirá mediante su cancelación”. Se enuncia así una inscripción con constitutivos, al punto talque esa personalidad se extingue mediante la cancelación de la inscripción.La “adquisición mediante la inscripción” anula la autonomía y la libre determinación y se contraponecon la reforma constitucional de 1994.En efecto, si bien, en su artículo 75 inc. 17 el otorga mandato al Estado para reconocer laPersonería Jurídica de las Comunidades Indígenas, esa norma comienza realizando elreconocimiento de la “preexistencia” étnica y cultural de las comunidades indígenas.En efecto, la entrada en vigencia del art. 75 inc. 17 CN, es una modificación jurídica resultante delcambio de paradigma socio-político de la República Argentina con relación a los indígenas. Esteparadigma, se inspiró en pautas del Convenio 169 de la OIT, basado en el reconocimientopluricultural hacia dentro de los estados, o sea, que muchos pueblos preexisten, con sus diversasculturas, al estado que ellas son distintas a la cultura “argentina” dominante (blanca, católica,capitalista y basada en el derecho de propiedad individual). En lo que nos concierne, importa unarevisión total al sistema de la ley 23.302 concebido en el paradigma de la integración o asimilacióndel Convenio 107 de la OIT.El reconocimiento de la preexistencia implica que desde la Reforma de 1994, lascomunidades indígenas tienen una realidad jurídica previa a su inscripción en registrosestatales, ya que el Estado no les “otorga” la personalidad sino sólo que constata supreexistencia.Al no haberse derogado la última parte del art. 2 de la ley 23.302, en la práctica, el INAI y otrosorganismos estatales siguen exigiendo la registración como condición para el ejercicio de derechosbásicos o acceder a programas o beneficios estatales. En la realidad, mediante esta registración“obligatoria” el estado mantiene el sometimiento a los Pueblos, sometimiento incompatible la libredeterminación y la autonomía: esa potestad del estado no puede ser aceptada porque le basta conno dar un número de registro de esa personería para anular de hecho la preexistencia, cuando esavalidación sólo puede darla, en todo caso, el propio Pueblo.Esta exclusión del ejercicio de derechos fundamentales por la personería también sucede en lasProvincias que no han actualizado su legislación con posterioridad a la reforma de 1994 y a laentrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT. Por ejemplo, la ley D 2287 de la Provincia de RíoNegro, al establecer que las comunidades indígenas “deberán” inscribirse en un Registro Especial, elart. 5 de la ley D 2287 de la Provincia de Río Negro, devino inconstitucional.71ARTICULO 2- A los efectos de la presente ley, reconócese personería jurídica a las comunidades indígenas radicadasen el país. Se entenderá como comunidades indígenas a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por elhecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización eindígenas o indios a los miembros de dicha comunidad.La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirámediante su cancelación. 37.
En muchos casos esta obligatoriedad de registración ha impedido en todo el país el ejercicio dederechos fundamentales. Particularmente grave es la negación del ejercicio libre de identidadacreditada por otros medios de prueba, y la exigencia de registración, como condición para elacceso a la justicia, en la defensa de derechos de los indígenas en juicios civiles como actora,demandada o como querellante en causas penales en defensa de bienes fundamentales susterritorios y recursos. En la Provincia de Río Negro, se les ha impedido a las Comunidades conpersonería no registrada ejercer la persecución penal por querella contra terceros que, sin ningúnreconocimiento estatal, intrusan y devastan su territorio y sus recursos naturales, conspirando contrasus actividades tradicionales72.También en la Provincia de Chubut los Tribunales civiles de Esquel han impedido absolutamente a laComunidad Mapuche Santa Rosa-Leleque ejercer sus derechos judicialmente, al punto tal queasignó a la registración, posterior a la contestación de la demanda, un efecto constitutivo, le tuvo porincontestada la demanda de desalojo que impulsa el Grupo Benetton en representación de 22 desus miembros y luego, le impidió ofrecer prueba en segunda instancia73.Cabe destacar que en todos los casos las comunidades han demostrado, por otros medios deprueba del ordenamiento argentino, quiénes son sus integrantes y sus representantes legales.En la práctica, en lugar de funcionar a la personería como un medio para implementar de losderechos que puede ejercerse libremente con las formas propias de cada pueblo funciona como unobstáculo con el que el estado puede impedirlo.b) Conflictos por la situación actual. Inconsistencias de los Registros oficiales.Si bien el sistema de libre registro oficial podría constituir una herramienta a favor de los PueblosOriginarios a fin de facilitar el efectivo cumplimiento de sus derechos comunitarios y fortalecer suorganización interna, no ha resultado así en la práctica.Durante los últimos años las Comunidades Indígenas que advirtieron la importancia de contar con elinstrumento legal que las acredite oficialmente como tales y solicitaron el reconocimiento oficial desus respectivas Personerías Jurídicas.Con las reformas en el marco normativo, tanto el Estado Nacional (a través del Instituto Nacional deAsuntos Indígenas) como los provinciales posibilitaron a las Comunidades obtener su72 En los Autos Expte. S 11-09-0307 del Juzgado de Instrucción Nro. 6 S.C. Bariloche dictada el 26/2/10 que obra a fs.83. Se le ha impedido a la Comunidad Mapuche Lof Prafil ejercer su derecho de querella como comunidad indígena porno haber registrado su personería. La decisión fue apelada y la Cámara Segunda S.C. Bariloche en la Causa. N° 10-038-A” admitió parcialmente el recurso, pero puso a un miembro individual como el representante (fs. 101/107). Contradicha decisión, la comunidad mapuche interpuso recurso de casación (fs. 122/132), admitido, fue elevado al SuperiorTribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro –STJ- que rechazó el recurso, confirmando la obligatoriedad de laregistración, en autos: “FREIFER, Ricardo s/Usurpación s/Casación” (Expte.Nº 24830/10 STJ) – Secretaría Penal Nro. 2.SENTENCIA Nº 32/2011 dictada el 06 de abril de 2011 que obra a fs. 141/148. Se interpuso recurso extraordinariofederal que, desestimado por inadmisible, generó el recurso de queja. A la fecha, la causa se encuentra en la CorteSuprema de Justicia de la Nación por recurso extraordinario de queja ingresado el 25 de octubre de 2010, tramitando porExpediente Nº: 517/2011 Tomo: 47 Letra: F Tipo: RHE73 Las consecuencias y estado actualizado del caso están detalladas en el Informe entregado por la Comunidad alRelator en Bariloche en la entrevista del 1-12-2011. Los juicios donde se impidió a la Comunidad estar en juicio porcarecer de registración de su personería son: “COMPAÑÍA DE TIERRAS DEL SUD ARGENTINO S/ INTERDICTO DERECOBRAR” (Expte. Nº 59/07) y una medida cautelar, “COMPAÑIA DE TIERRAS DEL SUD ARGENTINO S.A.S/Medida Cautelar” Expte Nro. 76/2007. 38.
reconocimiento legal, generando mecanismos de registración para tal fin en ambas jurisdicciones,mecanismos que ocasionaron una serie de inconvenientes y confusiones que precisan serremediadas cuanto antes: Comunidades con dos títulos de personería jurídica (o más),enfrentamientos entre “personerías nacionales” y “personerías provinciales”, duplicidad de beneficiosrespecto de una misma comunidad (por ejemplo proyectos, subsidios, etc.), desconocimiento porparte de una comunidad de acciones encaradas en beneficio de su totalidad, posibilidad de cometerfraudes y estafas en perjuicio de terceros, etc. A ello debe sumarse, en un contexto general, que, pordesconocimiento o bajo el paradigma anterior, numerosas Comunidades se encuentran inscriptasbajo formas asociativas civiles tales como centros vecinales o asociaciones que resultancompletamente ajenas a las pautas culturales de los pueblos indígenas.Actualmente la falta de adecuación normativa con respecto a los avances legales en materia de lapersonería jurídica de los Pueblos indígenas se ha convertido en una de las principales “Trampaslegales” en las que se encuentran una inmensa mayoría de comunidades indígenas.Son muy pocas las provincias que han celebrado acuerdos con el Instituto Nacional de AsuntosIndígenas (resolución 4811/96) para homogeneizar criterios para la inscripción, el reconocimiento yla adecuación de las personerías oportunamente otorgadas a las comunidades indígenas enjurisdicción nacional o provincial.74Estas superposiciones se mantienen amparadas en el federalismo “feudal” de muchas provincias yes la herramienta que esclaviza a las comunidades ya que no existe ninguna voluntad de parte deestas por avanzar en los reconocimientos y regularizar la situación. El tratamiento de “socios” enlugar de sujetos políticos con derechos, es el estado legal ideal para seguir negando los derechosterritoriales.El caso de la Comunidad QOM Potae Napocna Navogoh es paradigmático de la situación descripta.La provincia de Formosa donde está asentada, desconoció una Asamblea Comunitaria legítima,donde el 18 de Junio de 2008 fue elegido como autoridad de la Comunidad Félix Díaz.Posteriormente, fue anulada por medio de las resoluciones Nº 605 y Nº 865 de la Dirección dePersona Jurídica de la Provincia de Formosa. En junio de 2011 en el marco de la mesa de Diálogo75se llevó a cabo una elección donde resultó nuevamente ganador como autoridad de la comunidad yse inscribe en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) por Resolución 499/11. Apesar de ello, actualmente la Provincia sigue sin reconocerlo como autoridad, alegando que no hasido notificada y está pendiente de resolución regularizar el traspaso de las tierras desde laAsociación Civil “Colonia La Primavera” a la nueva persona jurídica de “Comunidad Qom Potae74 Fuente: Tan claramente lo explicó el profesor Bidart Campos en su dictamen “La primera consulta apunta laoperatividad del Convenio 169 dela OIT.” Donde expresó:..En síntesis, ni la provincia ni el INAI pueden negarse areconocer y registrar el pluralismo indígena asociativo en todas sus categorías institucionales (ver arts. 16 y 17 deldecreto 155/89) por aplicación directa del Art. 75 inc. 17 de la constitución federal, con más el Convenio 169.Basta paraello que los fines, la organización interna, el ámbito de actuación, las autoridades, las competencias y lasresponsabilidades de cada entidad indígena se encuadren en lo que bien puede rotularse como la “legalidad” y“legitimidad” del derecho indígena aplicable a cada tipología agrupacional.http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/Institucional/04.Dictamen%20Convenio_169.pdf75 Acuerdo firmado con el estado nacional provincial y garantes el 2 de Mayo de 2011. 39.
Napocna Navogoh” basada en sus propias formas de organización indígena que ellos llaman LeyQom.En una Entrevista, Valentín Gómez, Maestro bilingüe perteneciente al Pueblo Qom-ComunidadRiacho de Oro,76, Provincia de Formosa, consultado sobre la situación de la Personería Jurídicas enla provincia nos relató:“…Durante las épocas de campañas electorales los punteros políticos eligen a las autoridades delas comunidades. Si se quiere repudiar esta situación, la Dirección de Personerías Jurídicas deFormosa considera válida la nota presentada por quienes desean seguir con esa política y sedesconoce a las autoridades elegidas en la Asamblea. Esa es la pura realidad, es lo que pasa, estoexiste…. Las Asociaciones Civiles son utilizadas como un instrumento de fracaso para lascomunidades indígenas. Sobre todo si las comunidades están lejos de la ciudad, donde muchos nisiquiera hablan el idioma castellano, no tienen asesores, amigos, que los ayuden a cumplir con lostrámites de inspección de justicia y como realizar la asamblea…”En Salta, la situación de Personerías Jurídicas también ha sido planteada por el Qullamarka.1. Recomendaciones2. Se requiere de manera urgente la implementación de un mecanismo legal, ágil, concreto, dealcance FEDERAL para regularizar la situación de las comunidades con personerías jurídicasreconocidas antes de la reforma constitucional, o después de ella, asentadas según formasasociativas del derecho civil, bajo las cuales tiene inscriptas sus tierras y territorios.3. Que se instrumenten los mecanismos de regularización, las normativas y políticasnecesarias para resolver los casos de superposición o duplicidad de personerías jurídicas en unamisma comunidad permitiendo realizar un trámite rápido a los efectos de contar con un únicoreconocimiento de personería jurídica de derecho indígena.4. Que se cree un Registro Único de Personas Jurídicas de las Comunidades IndígenasVIII. Violaciones a la libertad de desarrollo económico.Un correlato directo de la política de desconocimiento territorial son las violaciones a la libertad dedesarrollo económico, mayormente, por la omisión y acción de las provincias se niega a los Pueblosy a las comunidades los derechos sobre sus recursos así como el libre aprovechamiento de losmismos.La autonomía del Pueblo Mapuche está incorporada en la legislación de Río Negro desde el año1988 aun antes de que Argentina firmara el tratado más importante en materia de Derechos76Entrevista realizada el 27 de noviembre de 2011 en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, durante la visita delRelator de la ONU James Anaya. 40.
Humanos de los PI, que es el Convenio 169 de la OIT. Con la Constitución reformada en 1994 yestando en vigencia en Convenio desde el año 2001, varios Lof del Pueblo Mapuche solicitaron a laProvincia de Río Negro entre los años 2005 y 2006 de la entrega de la documentación legal parapoder tener y transportar hacienda menor y mayor, actividad tradicional del Pueblo Mapuche, enbase a la que las familias organizan y sostienen sus economías.Peticionaban desde la identidad étnica Mapuche la aplicación de una política distintiva en función delsujeto. Requerían que se cumpliera con el art. 13 del decreto 1888/1983 reglamentario de la ley1645 de marcas y señales de la Provincia que ordena entregar los boletos a los integrantes de lascomunidades indígenas que los requieren ante la Dirección de Actividades Pecuarias acompañandola certificación expedida por el representante de sus agrupaciones sin otros requisitos. Sedenunciaba allí el sometimiento contra el Pueblo, la violación al derecho a una alimentaciónadecuada; el derecho constitucional a ejercer una industria lícita; el derecho al desarrollo; el derechoa la auto determinación en esa materia; el principio de progresividad; los derechos del niño; elderecho de propiedad; el derecho a la protección de la familia y a la cultura; a la igualdad ydiscriminación inversa.Estas peticiones fueron desoías por la Provincia. Estas Comunidades organizadas en el ConsejoAsesor Indígena llevaron su reclamo en una petición internacional ante la OIT, admitida en 2006. ElComité de la OIT le formuló al Estado argentino las siguientes recomendaciones:“…el Comité considera que la exigencia de título de propiedad o de ocupante legal para la obtenciónde boletos de marcas y señales constituye discriminación indirecta en perjuicio de los criancerosindígenas.” (párrafo 97). Entendiendo que se trata de una actividad tradicional, en función de losarts. 2 y 23 del convenio (párrafo 98”, continuó “el Comité considera necesario que se adoptenrápidamente medidas para que no se continúe exigiendo a los miembros de los pueblos indígenastítulo de propiedad u otro de los contemplados en el artículo 13 de la ley referida para otorgarles elboleto. Considera además que, en tanto se regulariza la propiedad de la tierra, se deberían adoptarmedidas transitorias, con la participación de los pueblos interesados, para que los criancerosindígenas puedan acceder a los boletos de marcas y señales y ejercer en igualdad de condicionessu actividad de crianceros”.77A la fecha, ninguna de ellas ha sido implementada y los derechos siguieron y siguen siendo violadoshasta hoy.Del mismo modo, varias Comunidades peticionaron ante el Servicio Forestal Andino SFA los aforosy las guías para el aprovechamiento y transporte de leña y madera existente en sus territorios. Eldesconocimiento territorial de la Provincia y el desconocimiento de los certificados emitidos por elCo.De.C.I. son el argumento por el cual el SFA –exigiendo la certificación de la Dirección deTierras78- deniega a las familias la posibilidad de hace aprovechamiento forestal de sus bosques.77 Informe y recomendaciones de Comité Tripartito de la OIT del 12 de noviembre de 2008 a la República Argentinasobre las violaciones al Convenio 169 y 111 de la OIT por el Gobierno nacional argentino y el gobierno de la provincia deRío Negro. Documento No. (ilolex): 162008ARG169 ENVIO:2006 Documento:(GB.297/20/1) Documento:(GB.303/19/7).78 Organismo competente exclusivamente para personas no indígenas que ocupan tierras “fiscales” bajo ley 279. Desdela vigencia de la ley 2287 en 1989, las tierras ocupadas por los indígenas quedaron bajo la competencia del Co.De.C.I. 41.
La misma situación padecen las Comunidades Mapuche asentadas en la zona de la cordillera delnoroeste de la Provincia de Chubut.Recomendaciones1. Se hagan efectivas las recomendaciones efectuadas por el Comité de la OIT a la Argentina en elaño 2008 y se adopten medidas especiales transitorias para salvaguardar el ejercicio de lasactividades tradicionales para el libre desarrollo económico.2. Se adopten, con participación de los Pueblos, medidas adecuadas para garantizar la libredeterminación del desarrollo económico de las Comunidades, respetando la identidad indígena, elaprovechamiento de los recursos existentes en sus territorios;IX. Vulneración del derecho a la educación intercultural bilingüePor su parte, la ley 26.206, que establece el Sistema Nacional de Educación para la RepúblicaArgentina, sancionada en diciembre de 2006, dedica su capítulo XI a la Educación InterculturalBilingüe (EIB).Después de la creación de la Modalidad en el año 2006, en la realidad es que la gran mayoría de lasprovincias sigue sin garantizar el derecho de los pueblos originarios a una educación intercultural.Los programas nacionales, por su parte, tienen serias limitaciones de alcance y financiamiento. Larealidad es que las pocas experiencias interculturales dependen del esfuerzo de docentes ycomunidades, mientras que para la mayoría sigue siendo una deuda pendiente.El Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, se crea a raíz de un convenio con elBanco Interamericano de Desarrollo, por el cual le exige al Estado Nacional que cree el área deeducación Intercultural Bilingüe (EIB), para el cual el banco prestaría el financiamiento, con estefundamento es que se crea el área y a su ves se designan a los Consejo Educativo Autónomo dePueblos Indígenas, elegidos por los miembro de los diferentes Pueblos Originarios Argentinos a suvez Programa de “Apoyo a la Educación Intercultural Aborigen carece de los recursos y de las líneasde acción necesarias para asegurar plenamente este derecho. Antes bien, el programa se basa casiexclusivamente en el reparto de becas, las cuales llegan tardíamente a los alumnos indígenas.Incluso, a lo largo de estos años, se puso en evidencia la puja entre el Instituto Nacional de AsuntosIndígenas y el Ministerio de Educación por el control de las becas, más que la existencia de unavoluntad política seria de fortalecer a las organizaciones comunitarias indígenas. Los problemas máscomunes que derivan de la implementación de este programa es la demora en el pago de las becasy, sobre todo, la imposibilidad de inserción de los tutores interculturales en las institucioneseducativas, especialmente cuando éstos son miembros de las comunidades indígenas.Un segundo eje de problemas vinculados con el ejercicio del derecho a la educación interculturalbilingüe está asociado a la escasa adecuación de los contenidos de los diseños curriculares y a ladeficiente capacitación docente en la temática indígena. En la mayoría de los casos, los contenidoscurriculares no han variado y siguen guiados por una concepción según la cual los pueblosindígenas deben integrarse a la sociedad nacional. Los docentes indígenas, muy difícilmenteacceden a cargos en las escuelas de la zona de sus comunidades, en tanto los mecanismos de 42.
incorporación docente en general no prevén ninguna adecuación al respecto. Ello implica en loshechos dos resultantes. Por un lado, los cuerpos docentes y directivos en las escuelas de lascomunidades están compuestos por personas externas a las comunidades, para quienes resultanecesario capacitarse fuertemente en educación intercultural bilingüe. Por otro lado, los docentesindígenas formados deben, por lo general, emigrar fuera de sus comunidades para conseguirtrabajo. En definitiva, las estructuras de la educación son extremadamente rígidas, careciendo de lanecesaria flexibilidad para que los mismos indígenas participen en la creación de nuevos enfoques,currículos, pedagogías.Las condiciones demográficas, sociales y económicas de los pueblos son heterogeneas, por ello esnecesario tener en cuenta diferencias relativas, por ejemplo, a la localización rural o urbana de lascomunidades, al momento de hablar de accesibidildad a educación y salud. Sin embargo siobservamos niveles de acceso a la educación es posible tener un panorama de la postergación deestos pueblos. Sin excepción, en todos los pueblos indígenas, el porcentaje de quienes no llegaron asuperar la escolaridad primaria (es decir, o no tienen instrucción formal alguna o tienen primariaincompleta) es bastante superior al que se observa para el país en su conjunto (17,9%). En algunospueblos ese porcentaje está cercano e incluso superior a la mitad de la población, como por ejemploentre los pueblos wichí, toba, píilagá, tapiete, mbyá guarini, chorote y chané. Entre los asistentes a laescuela primaria, la mayoría de los estudiantes reciben clases solo en español. Así, por ejemplo, unaínfima proporción de los estudiantes de el pueblo mapuche, kolla, diaguita, mocoví, y guaraní recibeclases en su lengua originaria79.En otro orden de cosas, la accesibilidad a la escuela es un eje importante a tener en cuenta entre laspreocupaciones en torno a garantizar los derechos educativos de niños y niñas indígenas. Estudiosrealizados por UNICEF indican que entre el 10% y el 30% de los adolescentes que asisten a laescuela deben trasladarse al menos 2,5 km para llegar a ella. Sumado a ello debe considerarse lascondiciones de los trayectos que deben recorrer, que en muchos casos incluyen zonas anegadas,caminos poco seguros y condiciones climáticas extremas. La implementación de “escuelas albergue”no han resultado experiencias exitosas en muchos de los casos en que funcionan, en tanto severifica un desarraigo familiar y cultural importante de los niños que permaneces semanas enterasen un ámbito que no respeta en sus prácticas la interculturalidad.Asimismo, es necesario crear las condiciones parea que la interculturalidad no se aplique solamentea los primeros niveles educativos, sino que alcance con éxito a la educación superior y a laformación docente.Recomendaciones1. Adopte medidas para garantizar la capacitación y la inserción de docentes indígenas en el sistemadocente, especialmente dentro de los territorios indígenas.2. Implemente medidas para qué los alumnos indígenas puedan desarrollar su proceso educativoacorde a sus pautas culturales.79Los pueblos indígenas en Argentina y el derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes indígenas enArgentina: diagnóstico socioeducativo basado en la ECPI. Unicef 2011. Recommended
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References: artículo 75
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