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Timestamp: 2019-03-26 14:26:18+00:00

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3.15. LA LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL. EL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO. LOS ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS. LA DECLARACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL. LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. LAS MEDIDAS DE FOMENTO.
La Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos, según el artículo 46 de la norma constitucional.
La presente ley es dictada, en virtud de normas contenidas en los apartados 1 y 2 del artículo 149 de la Constitución Española. En ella quedan comprendidos los Bienes Muebles e Inmuebles, el patrimonio arqueológico y el etnológico, los museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, así como el patrimonio documental y bibliográfico. Busca asegurar la protección y fomentar la cultura material debida a la acción del hombre en sentido amplio y concibe aquella como un conjunto de bienes que en si mismos han de ser apreciados, sin establecer limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor económico.
Ello no supone que las medidas de protección y fomento se desplieguen de modo uniforme sobre la totalidad de los bienes integrantes, la Ley establece distintos niveles de protección con distintas categorías:
La del Patrimonio Histórico Español constituido por aquellos bienes de valor histórico artístico, científico o técnico que conforman la aportación de España a la cultura universal, se precisan técnicas de intervención que son competencia de la Administración del Estado, en particular su defensa contra la exportación ilícita y su protección frente a la expoliación.
Bienes de Interés Cultural, los muebles e inmuebles de aquel patrimonio que requieran tal protección.
La Ley estipula un conjunto de medidas tributarias y fiscales, de esa forma se impulsa una política adecuada para gestionar con eficacia el PHE. Una política que complemente la acción vigilante con estímulo educativo, técnico y financiero, en el convencimiento de que el Patrimonio Histórico se acreciente y se defiende mejor cuanto más lo estiman las personas que conviven con él.
El PHE es una riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas del aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal.
El objetivo de la Ley 16/1985 es el acceso a los bienes que constituyen el PHE. Las mediadas establecidas por la ley de protección y fomento cobran sentido sólo si al final del trayecto esa riqueza cultural es cada vez más accesible.
La ley se estructura de la siguiente forma:
Título Preliminar: Disposiciones Generales, artículos 1 a 8.
Titulo I: Declaración de los Bienes de Interés Cultural, artículos 9 a 13.
Título II: Declaración de los Bienes Inmuebles, artículos 14 a 25.
Titulo III: De los Bienes Muebles, artículos 26 a 34.
Título IV: La protección de los Bienes Muebles e Inmuebles, artículos 35 a 39.
Título V: Del patrimonio arqueológico, artículos 40 a 45.
Título VI: Del patrimonio etnográfico, artículos 46 a 47.
Título VII: Del patrimonio documental y bibliog5ráfico y de los archivos, bibliotecas y museos, artículos 48 a 66.
Capítulo 1º: Del patrimonio documental y bibliográfico, artículos 48 a 58.
Capítulo 2º: De los archivos, bibliotecas y museos, artículos 59 a 66.
Título VIII: Medidas de fomento, artículos 67 a 74
Título IX: De las infracciones administrativas y sus sanciones, artículos 75 a 79.
Disposiciones adicionales, son ocho.
Disposiciones transitorias, ocho.
Disposiciones derogatorias, dos.
El objetivo de la Ley de PHE es la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del PHE.
Integran el Patrimonio Histórico:
Los Bienes de Muebles e Inmuebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques con valor artístico, histórico o antropológico.
Los bienes más relevantes del PHE deberán ser inventariados o declarados de interés cultural.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a los demás poderes públicos, son deberes y atribuciones esenciales de la Administración del Estado garantizar la conservación del PHE, promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él. Así mismo, protegerá dichos bienes frente a la exportación ilícita y la expoliación.
A la administración del Estado compete la difusión internacional del conocimiento de los bienes integrantes del PHE, la recuperación de tales bienes cuando hubiesen sido ilícitamente exportados y el intercambio respecto a los mismos, de información cultural, técnica, y científica con los demás Estados y Organismos Internacionales.
La Comunicación y el intercambio de programas de actuación e información relativos al PHE serán facilitados por el Consejo de Patrimonio Histórico.
Son instituciones consultivas de la Administración del Estado:
La Junta de Calificación, valoración y exportación de bienes del PHE
La Universidades
Las Juntas Superiores que la Administración determine por vía reglamentaria.
La Administración del Estado con independencia de las competencias de las Comunidades Autónomas, podrá pedir la adopción con urgencia de las medidas conducentes a evitar la expoliación, y si se desatiende el requerimiento la Administración dispondrá de lo necesario para la recuperación y protección, tanto legal como técnica, del bien expoliado.
Los Propietarios o poseedores de bienes de con más de cien años de antigüedad y de los inscritos en el inventario general, previsto en el artículo 26 de la Ley, precisarán para su exportación autorización expresa y previa de la Administración del Estado en la forma y condiciones que se establezcan por vía reglamentaria.
Queda prohibida la exportación de los Bienes de interés Cultural, así como la de aquellos otros que por su pertenencia al PHE la Administración del Estado declare inexportables.
Se entenderá como organismos competentes para la ejecución de la Ley:
Los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección de Patrimonio histórico.
Los de la Administración del Estado
Los ayuntamientos que cooperarán con los organismos competentes para ala ejecución de esta ley en la conservación y custodia del PHE comprendido en su término municipal.
Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien integrante del PHE deberá ponerlo en conocimiento de la Administración competente.
El Patrimonio Documental y bibliográfico.
Se entiende como documento toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier soporte material. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones.
Según el artículo 49 de la Ley 16/1985 forman parte del Patrimonio Documental:
Los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas, y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de los servicios en lo relacionado con la gestión de dichos servicios.
Son parte del Patrimonio Documental los documentos de más de 40 años generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado.
Los documentos de más de 100 años generados, conservados o reunidos por cualquier otra entidad particular o persona física.
La Administración del Estado podrá declarar constitutivos del Patrimonio Documental aquellos documentos que sin alcanzar la antigüedad indicada merezcan dicha consideración.
Forman parte del Patrimonio Bibliográfico:
Las bibliotecas y colecciones bibliográficas de titularidad pública y obras literarias, históricas, científicas o artísticas de carácter unitario o seriado, en escritura manuscrita o impresa, de las que no conste la existencia de al menos tres ejemplares en las bibliotecas o servicios públicos.
Los ejemplares producto de ediciones de películas cinematográficas, discos, fotografías, materiales audiovisuales u otros similares, cualquiera que sea su soporte material, de las que no consten al menos tres ejemplares en los servicios públicos, o uno en el caso de las películas cinematográficas.
La Administración del Estado confeccionará el Censo de los bienes integrantes del Patrimonio Documental y el Catálogo colectivo de los bienes integrantes del Patrimonio Bibliográfico. La Administración podrá recabar de los titulares de derechos sobre los bienes integrantes del patrimonio documental y bibliográfico, el examen de los mismos, así como las informaciones pertinentes para su inclusión en el censo o catálogo.
Los poseedores de patrimonio documental y bibliográfico están obligados a conservarlo, protegerlo, destinarlo a un uso que no impida su conservación y mantenerlo en los lugares adecuados. Si los obligados incumplen lo dispuesto, podrá ser causa de requerimiento por la Administración y expropiación forzosa de los bienes.
Los obligados a la conservación de los bienes constitutivos del patrimonio documental y bibliográfico, deberán facilitar la inspección de sus bienes y permitir su estudio a los investigadores, previa petición razonada de éstos, y cuando ello no suponga una intromisión en su derecho a la intimidad y el honor.
La obligación de permitir el estudio por los investigadores podrá ser sustituida por la Administración, mediante el depósito temporal del bien en un Archivo, Biblioteca o Centro análogo de carácter público que reúna las condiciones adecuadas para la seguridad de los bienes y su investigación.
Los bienes integrantes del patrimonio documental y bibliográfico que tengan singular relevancia, serán incluidos en una sección especial del Inventario General de Bienes Muebles del PHE.
Quienes por la función que desempeñan tengan a su cargo documentos a los que se refiere el articulo 49.2 de la ley, están obligados a cesar en sus funciones, a entregarlos al que les sustituya o remitirlos al archivo que corresponda.
La exclusión o eliminación de bienes del patrimonio documental y bibliográfico deberá ser autorizada por la administración competente. En ningún caso se podrán destruir tales documentos en tanto subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas o los entes públicos.
Los bienes de titularidad pública serán inexportables, salvo lo previsto en los artículos 31 y 34 de la ley (exposición o permuta).
La consulta de documentos atenderá las siguientes reglas:
Con carácter general, los documentos de los archivos centrales serán de libre consulta, a no ser que afecten a materias clasificadas de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales, o que cualquier difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del Estado o la averiguación de los delitos.
Cabrá solicitar autorización administrativa para tener acceso a los documentos excluidos de consulta pública. La autorización la dará el que hizo la declaración o el jefe de departamento encargado de su custodia.
Los documentos que contengan datos personales no podrán ser de pública consulta sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida; o cincuenta años a partir de la fecha de los documentos.
El estudio y dictamen de las cuestiones relativas a la calificación y utilización de los documentos de la Administración del Estado y el sector público estatal, el régimen de acceso e inutilidad corresponderá a una comisión calificadora de documentos administrativos, cuya composición, funcionamiento y competencias se establecerán por vía reglamentaria. Asimismo, podrán constituirse Comisiones Calificadoras en los organismos públicos que así se determine.
Los Archivos, Bibliotecas y Museos.
Son archivos los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información, y la gestión administrativa. Asimismo, se entiende por Archivos las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden para los fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos.
Son Bibliotecas las instituciones culturales donde se conservan, reúnen, seleccionan, inventarían, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o colecciones de libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos o reproducidos por cualquier medio para su lectura en sala pública o mediante préstamo temporal, al servicio de la educación, la investigación, la cultura y la investigación.
Son Museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural.
Quedarán sometidos al régimen que la ley establece para los Bienes de Interés Cultural los inmuebles destinados a la instalación de Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal, así como los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español en ellos custodiados.
El Gobierno podrá extender el régimen estatal a otros Archivos, Bibliotecas y Museos.
La elaboración y autorización de los catálogos, censos y ficheros de los fondos de las instituciones la supervisarán los organismos competentes.
El Estado podrá crear, previa consulta con las comunidades autónomas, cuantos Archivos, Bibliotecas y Museos considere oportunos.
Los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal y carácter nacional serán creados mediante Real Decreto. La administración del estado promoverá la comunicación y coordinación de todos los Archivos, Bibliotecas y Museos estatales, y a tal fin podrá recabar de ellos cuanta información considere, así como inspeccionar su funcionamiento y tomar las medidas encaminadas al cumplimiento de sus fines, en los términos que dispongan los convenios de gestión con las comunidades autónomas.
Se garantizará el acceso a todos los españoles a los Archivos, Bibliotecas y Museos estatales, sin perjuicio de las restricciones que, por razón de la conservación de los bienes en ellos custodiados o de la función de la propia institución, puedan establecerse.
Los Archivos, Bibliotecas y Museos estatales podrán admitir en depósito bienes de propiedad privada o de otras administraciones públicas de acuerdo con las normas que por vía reglamentaria se establezcan. Los bienes de interés cultural, así como los de patrimonio documental y bibliográfico custodiados en Archivos y Museos estatales no podrán salir de los mismos sin previa autorización, mediante Orden Ministerial. Cuando se trate de objeto en depósito se respetará lo pactado al constituirse.
Los edificios en que estén instalados Archivos, Bibliotecas y Museos públicos, así como los edificios o terrenos en que vayan a instalarse, podrán ser de utilidad pública a los fines de su expropiación. Podrá extenderse a los edificios o terrenos contiguos cuando así lo requieran razones de seguridad.
Cada departamento ministerial asegurará la coordinación y el funcionamiento de todos los Archivos del Ministerio, y de los Organismos a él vinculados para el mejor cumplimiento de lo preceptuado en la ley 16/85 y en los reglamentos que se dicten para su aplicación.
La documentación de los organismos dependientes de la Administración del Estado será regularmente transferida a los Archivos del Estado.
Constituyen los sistemas españoles de Archivos, Bibliotecas y de Museos, respectivamente, los Archivos, Bibliotecas y Museos, así como los servicios de carácter técnico o docente, directamente relacionados con los mismos.
La declaración de Bienes de Interés Cultural.
Gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes de PHE declarados de interés cultural por el Ministerio o mediante Real Decreto de forma individualizada.
La declaración mediante Real Decreto requerirá la previa incoación y tramitación del expediente administrativo para el organismo competente. En el expediente deberá constar informe favorable de alguna de las instituciones consultivas, o que tengan reconocido carácter en el ámbito de las comunidades autónomas. Transcurridos tres meses desde la solicitud del informe sin que éste hubiese sido omitido, se entenderá que el dictamen requerido es favorable a la declaración de interés cultural. Cuando el expediente se refiera a un bien de interés se dispondrá la apertura de un período de información pública y se dará audiencia al ayuntamiento interesado.
El expediente deberá resolverse en el plazo máximo de veinte meses a partir de la fecha en que hubiera sido incoado. La caducidad del expediente se producirá transcurrido dicho plazo si se ha denunciado la mora y siempre que no haya recaído resolución en los cuatro meses siguientes a la denuncia. Caducado el expediente no podrá volver a iniciarse en los tres años siguientes, salvo a instancia del titular del bien.
No podrá ser declarada bien de interés cultural la obra de un autor vivo, salvo si existe utilización expresa de su propietario media su adquisición por la Administración.
De oficio o a instancia del titular de un interés legítimo y directo, podrá tramitarse por el organismo competente expediente administrativo, que deberá contener el informe favorable y razonado de alguna de las instituciones consultivas, a fin de que se acuerde mediante real decreto que la declaración de un determinado bien de interés cultural quede sin efecto.
Cualquier persona podrá solicitar la incoación de expediente para la declaración de un bien de interés cultural. El organismo competente decidirá si procede la incoación. Esta decisión y, en su caso, las incidencias y resolución del expediente, deberá notificarse a quienes lo instaron.
La incoación de expediente para la declaración de un bien de interés cultural, determinará, en relación al bien afectado la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para los declarados de interés cultural.
La resolución del expediente que declara un bien de interés cultural deberá describirlo claramente. En el supuesto de bien inmueble, delimitará el entorno afectado por la declaración, y en su caso, se definirán y enumerarán las partes integrantes, las pertenencias y los accesorios comprendidos en la declaración.
Los bienes de interés cultural serán inscritos en un registro general, dependiente de la Administración del Estado, cuya organización y funcionamiento se determinará por vía reglamentaria, y a este registro se notificará la incoación de dichos expedientes, que causarán la correspondiente anotación preventiva hasta que recaiga resolución definitiva.
A los bienes de interés cultural se les expedirá por el registro general, un título oficial que les identifique y en el que se reflejarán todos los actos jurídicos o artísticos que sobre ellos se realicen. Las transmisiones o traslados de dichos bienes se inscribirán también en el registro.
Los propietarios y los titulares de derechos reales sobre tales bienes, o quienes los posean por cualquier título, están obligados a permitir y facilitar su inspección por parte de los organismos competentes, su estudio a los investigadores previa solicitud razonada de éstos, y su visita pública, en las condiciones de gratuidad que se determinen reglamentariamente, cuatro días al mes en días y horas señalados.
El cumplimiento de esta última obligación podrá ser dispensado total o parcialmente por la administración competente cuando medie causa justificada. En el caso de bien mueble se podrá acordar como obligación sustitutoria el depósito del bien en un lugar que reúna las adecuadas condiciones de seguridad y exhibición durante un período máximo de cinco meses cada dos años.
La protección de los bienes muebles e inmuebles.
Para la protección de los bienes del PHE, facilitar el acceso de los ciudadanos a ellos, y fomentar la comunicación entre los diferentes servicios y promover la comunicación necesaria para el desarrollo de la investigación científica y técnica, se formularán periódicamente Planes Nacionales de Información sobre el PHE.
El consejo del PHE elaborará y aprobará los Planes Nacionales de Información. Los diferentes servicios públicos y titulares de bienes del PHE deberán prestar su colaboración en la ejecución de dichos planes.
Los bienes integrantes del PHE deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios, por los titulares de derechos reales o por los poseedores.
La utilización de los BIC, así como de los bienes muebles incluidos en el inventario general, quedará subordinada a que no se pongan en peligro los valores que aconsejan su conservación.
Cuando los propietarios o titulares de derechos reales sobre BIC o biens incluidos en el inventario general, no ejecuten las actuaciones exigidas en el cumplimiento de la obligación prevista en el apartado primero del artículo 36 de la ley, la administración competente, previo requerimiento, podrá ordenar su ejecución subsidiaria. Podrá conceder una ayuda con carácter de anticipo reintegrable, que en caso de bienes inmuebles será inscrita en el registro de la propiedad. La Administración también podrá realizar de modo directo las obras necesarias si así lo requiere la más eficaz conservación de los bienes, y excepcionalmente podrá ordenar el depósito de los bienes muebles en centros de carácter público en tanto no desaparezcan las causas que originaron dicha necesidad.
El incumplimiento de la obligación será causa de interés social para la expropiación forzosa de los BIC por la administración competente.
La Administración podrá impedir un derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención de un BIC. Podrá actuar de este modo, aunque no se haya producido dicha declaración, siempre que aprecie la concurrencia de alguno de los valores a que hace referencia el artículo 1.
Será causa justificativa de interés social, para la expropiación por la administración competente de los bienes afectados por una declaración de interés cultural. El peligro de destrucción o deterioro o un uso incompatible con sus valores. Podrán expropiarse por igual causa los inmuebles que impidan o perturben la contemplación de los bienes afectados por la declaración de interés cultural o den lugar a riesgos para los mismos. Los municipios podrán acordar también la expropiación de tales bienes, notificándolo previamente a la administración competente, que tendrá prioridad en el ejercicio de esta potestad.
Quien trate de enajenar un BIC o incluido en el inventario general, deberá notificarlo y declarar el precio y condiciones en que se proponga realizar la enajenación. Los subastadores deberán notificar igualmente y con suficiente antelación las subastas públicas en que se pretende enajenar cualquier bien integrante del PHE.
Dentro de los dos meses siguientes a la notificación, la administración podrá hacer uso del derecho de tanteo para sí, para una entidad benéfica o para cualquier entidad de derecho público. Obligándose al precio convenido o al de remate, en un período no superior a dos ejercicios económicos, salvo acuerdo con el interesado en otra forma de pago.
Cuando el propósito de enajenación no se hubiera notificado correctamente, la Administración podrá ejercer el derecho de tanteo y el de retracto en los seis meses a partir de la fecha en que tenga conocimiento fehaciente de la enajenación.
El ejercicio de estos derechos por parte de la Administración del Estado tendrá carácter preferente siempre que se trate de adquirir un bien mueble para un Museo, Archivo o Biblioteca de titularidad estatal.
En los registros de la propiedad y mercantiles no se inscribirá documento alguno por el que se transmita la propiedad o cualquier otro derecho real sobre los BIC, sin que se acredite haber cumplido todos los requisitos.
Los poderes públicos procurarán por todos los medios de la técnica, conservación, consolidación y mejora de los bienes declarados de interés cultural, así como los bienes muebles incluidos en el inventario general. Los BIC no podrán ser sometidos a tratamiento alguno sin autorización expresa de los organismos competentes para la ejecución de la ley.
En el caso de los bienes inmuebles si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas.
Las restauraciones respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas.
Las medidas de fomento.
El Gobierno dispondrá las medidas necesarias para que la financiación de las obras de conservación, mantenimiento, y rehabilitación, así como de las protecciones y excavaciones arqueológicas realizadas en los BIC, tengan preferente acceso al crédito oficial en la forma y con los requisitos que establezcan sus normas reguladoras.
En el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por el estado, se incluirá una partida equivalente al uno por ciento de los fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del PHE o de fomento de la creatividad artística, con preferencia a la propia obra o a su inmediato entorno.
Si la obra pública hubiera de construirse y explotarse por particulares, sin la participación financiera del estado, el uno por ciento se aplicará sobre el presupuesto total para su ejecución.
Cuando el presupuesto total no exceda de 600.000€.
Las que afecten a la seguridad y defensa del Estado y de los Servicios Públicos.
Los BIC y los bienes incluidos en el inventario general quedan exentos de pagar las siguientes imposiciones fiscales:
La contribución territorial urbana del impuesto extraordinario sobre el patrimonio de las personas físicas.
Impuestos locales que graven la propiedad, cuando se hayan realizado obras de conservación y mejora.
Deducción de un veinte por ciento en el IRPF, cuando las inversiones sean adquisición, conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de BIC. No podrá exceder del treinta por ciento de la base imponible.
Impuesto sobre sociedades, deducir de la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones por doble imposición, por las cantidades que se destinen a la adquisición, conservación, reparación de los BIC.
En el impuesto de sociedades, se considerarán partidas deducibles de los rendimientos íntegros obtenidos, a efectos de determinar las bases imponibles, las donaciones puras y simples que forman parte del PHE. La deducción no podrá exceder del treinta por ciento de la base imponible.
Quedan exentas del pago de impuesto sobre el lujo, y del impuesto sobre el tráfico de empresas, las adquisiciones de las obras de arte siempre que sus autores vivan en el momento de la transmisión.
Del tributo de las importaciones de bienes muebles que sean incluidos en el inventario o BIC.
El pago de la deuda tributaria del impuesto sobre sucesiones, sobre patrimonio y el IRPF podrá realizarse mediante la entrega de bienes que formen parte del PHE.
Las valoraciones necesarias las hará la junta de calificación, valoración y exportación de bienes del Patrimonio Histórico Español.
Derecho Civil de EspañaBienes de interés culturalDocumentosColecciones bibliográficasMedidas de fomentoArchivosBibliotecasMuseos

References: artículo 46
 artículo 149
 artículo 26
 artículo 49
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 real decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 36
 artículo 1