Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/24620
Timestamp: 2020-03-30 08:20:02+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 186/2015
SENTENCIA 186/2015, de 21 de septiembre
(BOE (Official State Gazzete) number 260, of 30 October 2015)
ECLI:ES:TC:2015:186
a) Con fecha de 29 de julio de 2009, la representación de la entidad Vista San Felipe, S.L., presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo contra sendos acuerdos de 8 de mayo de 2009, de la comisión de valoraciones de Canarias, relativas a la fijación del justiprecio respecto de las fincas expropiadas a la actora con motivo de las obras “Duplicación de la GC-2. Tramo Santa María de Guía-Pagador. Gran Canaria”.
e) La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó Sentencia con fecha 21 de junio de 2011 en la que, basándose en el incumplimiento del art. 45.2 d) LJCA, declaraba inadmisible el recurso contencioso-administrativo, al no haberse aportado ningún documento acreditativo del cumplimiento de dicho requisito, ya que la escritura de poder general para pleitos que se acompañó con el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo no incorpora o inserta dato alguno del que quepa deducir que el órgano de la mercantil competente para ello hubiera decidido ejercitar la acción. Basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (con cita de la Sentencia de 25 de mayo de 2010) la Sala afirma que “una cosa es, en efecto, el poder de representación, que sólo acredita y pone de relieve que el representante está facultado para actuar válida y eficazmente en nombre y por cuenta del representado; y otra distinta la decisión de litigar, de ejercitar la acción, que habrá de ser tomada por el órgano de la persona jurídica a quien las normas reguladoras de ésta atribuyan tal facultad”. Asimismo, entiende la Sala que no era necesario que se concediera la posibilidad de subsanación porque el defecto ha sido alegado en el escrito de contestación a la demanda, sin que pueda generarse, por tanto, situación de indefensión proscrita en el art. 24.1 CE.
g) Frente al anterior Auto de inadmisión del recurso de casación formuló la demandante de amparo incidente de nulidad de actuaciones, por entender que se había lesionado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), ya que la inadmisión del recurso de casación no supuso sólo una lesión de su derecho de acceso al recurso, sino también una lesión de su derecho de acceso a la jurisdicción, porque debido a un error manifiesto del órgano judicial a quo, que no reparó el Tribunal Supremo al inadmitir su recurso de casación, ningún órgano judicial había conocido del fondo del asunto. El incidente fue inadmitido por providencia de 10 de septiembre de 2012, por considerar el órgano judicial que la parte lo utilizó como si de un recurso de reposición se tratase, con el mismo planteamiento que se empleó en el recurso de casación.
3. En la demanda de amparo se denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en una doble vertiente: la del acceso a los recursos legalmente previstos y la del acceso a la jurisdicción. La demandante entiende que no es aplicable al presente caso la doctrina en virtud de la cual se inadmitió el recurso de casación, no sólo por tratarse de dos fincas que constituyen, en realidad, una única unidad económica, sino porque no se ha tenido en cuenta que, en el presente caso, ni siquiera ha habido una primera respuesta judicial por parte del Tribunal de instancia a la pretensión de fondo formulada, puesto que la Sentencia recurrida en casación contenía un fallo de inadmisibilidad basado en un error manifiesto, cual fue considerar que no se había aportado el oportuno acuerdo para entablar el recurso, adoptado por el órgano que estatutariamente tuviera encomendada dicha competencia, a pesar de que consta acreditado que dicho documento fue debidamente presentado. A su juicio, el Auto que inadmitió el recurso de casación se sustenta en una interpretación excesivamente restrictiva de la exigencia de la cuantía necesaria para la acceso al recurso, contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, y que ha creado indefensión a la recurrente, dada la imposibilidad de acudir a recursos ordinarios o extraordinarios en la vía jurisdiccional, privándole incluso del acceso a la jurisdicción, en apoyo de lo cual cita diversa doctrina constitucional.
9. Con fecha 18 de noviembre de 2014 presentó su escrito de alegaciones el Letrado del servicio jurídico del Gobierno de Canarias, solicitando la desestimación del recurso de amparo. En primer lugar, aduce que procede la inadmisión del recurso de amparo interpuesto contra el Auto de 15 de marzo de 2012, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por el que se inadmitió el recurso de casación contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, entendiendo que el recurso debe ceñirse a la providencia de inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones y no a la inadmisión del recurso de casación, pues, de haberse producido la presunta vulneración de un derecho fundamental, únicamente afectaría a la providencia de inadmisión del incidente de nulidad. En segundo lugar, y con apoyo en la doctrina constitucional sobre el art. 24.1 CE, considera el Letrado del servicio jurídico del Gobierno de Canarias que en ningún caso se habría producido vulneración de derecho fundamental alguno en el presente procedimiento, añadiendo que el aspecto debatido se circunscribe a una cuestión de legalidad ordinaria frente a la que no cabe la interposición de un recurso de amparo. Por otra parte, como bien señala la providencia recurrida, lo que la actora interesa, de forma fraudulenta, a través de la nulidad de actuaciones es recurrir una resolución firme porque la ley procesal no prevé recurso alguno, alegando la presunta vulneración de derecho fundamental que la Sala rechaza por considerar que las alegaciones de la recurrente se centran en cuestiones de legalidad ordinaria, argumentos que ya fueron igualmente rechazados en el Auto de inadmisión del recurso de casación de 15 de marzo de 2012. Y, transcribiendo la fundamentación de dicho Auto, considera que debe desestimarse el presente recurso de amparo por entender que la recurrente hace un uso fraudulento de los mecanismos que le otorga el derecho para pretender acceder a una segunda e incluso a una tercera instancia, y todo ello porque la actora discrepa no sólo de la Sentencia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sino del Auto de la posterior providencia del Tribunal Supremo, a través de la denuncia de una presunta vulneración de derechos fundamentales, con base en el art. 24.1 CE, que no se ha producido, pues el Tribunal Supremo ha respetado en todo caso el procedimiento legalmente establecido para dictar primero un Auto de inadmisión del recurso de casación y, posteriormente, una providencia de inadmisión del incidente de nulidad, motivando de forma suficiente las razones por las que no se ha producido vulneración de derecho fundamental alguno.
Expone, a continuación, el Fiscal la doctrina de este Tribunal Constitucional acerca del derecho de acceso a la jurisdicción y alega que, a la vista de la misma, la decisión de inadmisión resulta contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, no sólo por el incumplimiento del órgano judicial del deber de requerir la subsanación de dicho defecto, sino porque, aportado el documento por la parte actora, el motivo apreciado de inadmisión no sería tal, pues el juzgador, no ignorando la existencia del documento, adoptó una resolución contraria al derecho consagrado en el art. 24.1 CE al dictar un fallo de inadmisión fundado en la no constancia del documento acreditativo del acuerdo societario para litigar, solución que resulta desproporcionada en la apreciación del equilibrio entre los fines que se pretenden preservar, en el caso concreto, el respeto a las normas procesales para la válida conformación de la litis, y la consecuencia del cierre del proceso, pues ha impedido una resolución sobre el fondo de la controversia jurídica planteada por el demandante.
13. . Los hechos en los que tiene su origen el recurso de amparo son los mismos que han quedado reseñados en el antecedente 2 de esta Sentencia en relación con el recurso de amparo núm. 5987-2012, a los que se han de añadir los siguientes:
2. Antes de entrar en el análisis de las quejas articuladas en la demanda, han de efectuarse dos consideraciones con carácter previo. Por una parte, aunque el Letrado del servicio jurídico del Gobierno de Canarias ha sostenido que sólo puede admitirse el recurso contra las providencias que inadmitieron los incidentes de nulidad de actuaciones promovidos por la actora contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que inadmitió el recurso contencioso-administrativo y contra el Auto del Tribunal Supremo que inadmitió el recurso de casación, lo cierto es que la impugnación ha de entenderse dirigida contra todas las resoluciones mencionadas, pues la voluntad de la demandante de amparo en tal sentido resulta inequívoca, según se puede percibir tanto a partir de la fundamentación como de los términos del petitum de sus dos demandas, en los que claramente se percibe que, en último término, lo que combate, por considerarla contraria a su derecho a la tutela judicial efectiva, es la inadmisión tanto de su recurso contencioso-administrativo como de su recurso de casación. Además, es doctrina reiterada de este Tribunal que “cuando se impugna en amparo una resolución judicial confirmatoria de otras, que han sido lógica y cronológicamente presupuesto de aquélla, han de entenderse también por recurridas las precedentes resoluciones confirmadas” (por todas SSTC 139/2007, de 4 de junio, FJ 1, y 58/2008, de 28 de abril, FJ 1), y, en el presente caso, se impugnan las providencias de inadmisión de los incidentes de nulidad de actuaciones en la medida en que inadmitieron las mismas cuestiones que vienen a plantearse aquí, confirmando las resoluciones contra las que aquéllos se promovieron.
Por otra parte, siendo varias las quejas que plantea la demandante, para establecer un adecuado orden en su examen hemos de atenernos a los criterios sentados en nuestra reiterada doctrina, que otorgan prioridad a aquéllas de las que pudiera derivarse la retroacción de actuaciones y, dentro de éstas, a las que, al determinar la retroacción a momentos anteriores, hacen innecesario nuestro pronunciamiento sobre las restantes (SSTC 19/2000, de 31 de enero, FJ 2; 70/2002, de 3 de abril, FJ 2, y 100/2004, de 2 de junio, FJ 4, entre otras). Partiendo de dichos criterios, en primer lugar, tendríamos que descartar el examen de las quejas referidas a la inadmisión de los incidentes de nulidad de actuaciones por las providencias de 10 de septiembre y 19 de octubre de 2012, pues la impugnación no se dirige exclusivamente contra la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones, sino también contra la resolución previa frente a la que aquél se promovió, en cuyo caso, aunque la respuesta judicial pudiera ser contraria a la nueva función institucional del incidente del art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), sólo evidencia que la petición de nulidad no surtió el efecto que estaba llamada a producir, sin que de ello se derivara, en principio, una vulneración autónoma de los derechos alegados. Es decir, aquí el incidente habría de ser calificado como un instrumento necesario para el agotamiento de la vía judicial previa, pero sin determinar la existencia de una lesión adicional a la que en él se denunciaba. Se trataría simplemente, por tanto, de que el órgano judicial no habría reparado la lesión previa cometida por la Sentencia a través del instrumento procesal articulado por el legislador orgánico para reparar aquellas lesiones de cualquier derecho fundamental que no puedan serlo a través de los recursos ordinarios o extraordinarios previstos por la ley, pero sin que la resolución judicial adquiera dimensión constitucional en orden a la denuncia de una lesión diferenciada en amparo (STC 169/2013, de 7 de octubre, FJ 2).
Pues bien, hemos de recordar aquí que, según la doctrina de este Tribunal, los órganos judiciales, a la vista de la ordenación del recurso de amparo tras la reforma operada por Ley Orgánica 6/2007, “deben realizar una interpretación no restrictiva de las causas de inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones, motivando suficientemente su decisión, puesto que la reforma ha acentuado la función de los Tribunales ordinarios como primeros garantes de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico, con el fin de lograr que la tutela y defensa de esos derechos por parte del Tribunal Constitucional sea realmente subsidiaria” (STC 101/2015, de 25 de mayo, FJ 2). El incumplimiento de esta jurisprudencia constitucional que este Tribunal puede observar en la aplicación por la jurisdicción ordinaria de la reforma del incidente de nulidad de actuaciones resulta grave, carece de justificación y dota de especial trascendencia constitucional a este recurso y, así, en relación a esta misma cuestión, entre otras, se ha pronunciado más recientemente en las SSTC 153/2012, de 16 de julio; 9/2014, de 27 de enero; 204/2014, de 15 de diciembre; 91/2015, de 11 de mayo; 101/2015, de 25 de mayo, y 142/2015, de 22 de junio. De ese modo, concurre el motivo de especial trascendencia constitucional recogido en el apartado e) del fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, de 25 de junio, esto es, que la doctrina de este Tribunal sobre el derecho fundamental que se alega podría estar siendo incumplida de modo reiterado por la jurisdicción ordinaria.
b) Tratándose del derecho de acceso a la jurisdicción, opera en toda su intensidad el principio pro actione, por lo que no sólo conculcan el derecho fundamental las resoluciones de inadmisión o desestimación que incurran en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente, sino también las que se encuentren basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que la causa legal aplicada preserva y los intereses que se sacrifican como consecuencia de la inadmisión. Además, como consecuencia de la vigencia de dicho principio, el control constitucional de las decisiones de admisión ha de verificarse de forma especialmente intensa, en cuanto aquél impide interpretaciones y aplicaciones de los requisitos establecidos legalmente para acceder al proceso que obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca o resuelva en Derecho sobre la pretensión que le haya sido sometida.
En consonancia con ello, como se señala en la STC 45/2002, de 25 de febrero, FJ 2, “los Jueces y Tribunales deben llevar a cabo una adecuada ponderación de los defectos que adviertan en los actos procesales de las partes, guardando la debida proporcionalidad entre la irregularidad cometida y la sanción que debe acarrear, a fin de procurar, siempre que sea posible, la subsanación del defecto o irregularidad a fin de favorecer la conservación de la eficacia de los actos procesales y del proceso como instrumento para alcanzar la efectividad de la tutela judicial (arts. 11.3, 240.2, 242 y 243 LOPJ ...)”. Y en esa labor de ponderación es necesario que los órganos judiciales tomen en consideración no sólo la entidad del defecto y su incidencia en la consecución de la finalidad perseguida por la norma infringida, sino también su trascendencia para las garantías procesales de las demás partes del proceso y a la voluntad y grado de diligencia procesal apreciada en la parte, en orden al cumplimiento del requisito procesal omitido o irregularmente observado (SSTC 213/1990, de 20 de diciembre, FJ 2; 41/1992, de 30 de marzo, FJ 4; 145/1998, de 30 de junio, FJ 2, y 285/2000, de 27 de noviembre, FJ 4).
En la misma línea, ha afirmado este Tribunal (STC 206/2002, de 11 de noviembre, FJ 3) que “si el órgano judicial no hace lo posible para la subsanación del defecto procesal que pudiera considerarse como subsanable o impone un rigor en las exigencias más allá de la finalidad a que las mismas responden, la resolución judicial que cerrase la vía del proceso sería incompatible con la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 149/1996, de 30 de septiembre, FJ 2; y 285/2000, de 27 de noviembre, FJ 4), ya que los requisitos formales no son valores autónomos con sustantividad propia, sino que sólo sirven en la medida en que son instrumentos para conseguir una finalidad legítima, por lo que su incumplimiento no presenta siempre igual valor obstativo, con la consecuencia de que si aquella finalidad puede ser lograda sin detrimento de otros bienes y derechos dignos de tutela, debe procederse a la subsanación del defecto (SSTC 180/1987, de 12 de noviembre, FJ 2; 213/1990, de 20 de diciembre, FJ 2; 63/1999, de 26 de abril, FJ ; y 153/2002, de 15 de julio, FJ 3)”.
6. Como se recuerda en la STC 167/2014, FJ 6, este Tribunal tiene establecido de manera reiterada que un error del órgano judicial sobre las bases fácticas que han servido para fundamentar su decisión es susceptible de producir una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los justiciables, aunque hemos aclarado que no cabe otorgar relevancia constitucional a toda inexactitud o equivocación padecida por un órgano judicial al resolver una cuestión sometida a su decisión, sino que para que se produzca tal afección es necesario que concurran determinados requisitos. Así, tenemos declarado que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y procede otorgar el amparo “cuando la resolución judicial sea el producto de un razonamiento equivocado que no se corresponde con la realidad, por haber incurrido el órgano judicial en un error patente en la determinación y selección del material de hecho o del presupuesto sobre el que se asienta su decisión, produciendo efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano, siempre que se trate de un error que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, y que sea determinante de la decisión adoptada, constituyendo el soporte único o básico (ratio decidendi) de la resolución, de forma que no pueda saberse cuál hubiera sido el criterio del órgano judicial de no haber incurrido en dicho error”.
a) En primer lugar, se advierte que se trata de un error de hecho, y que, además, resulta patente, manifiesto, evidente o notorio, pues su existencia es inmediatamente verificable de forma clara e incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales (por todas, SSTC 162/1995, de 7 de noviembre, FJ 3, y 169/2000, de 26 de junio, FJ 2), ya que los documentos que acreditarían en requisito procesal en cuestión figuran incorporados a las actuaciones, en el ramo de prueba de la actora, y fueron admitidos como prueba por providencia de la propia Sala. No se trata de una mera discrepancia jurídica, pues, a pesar de que en su fundamento de Derecho tercero la Sentencia impugnada se refiera a la aportación de los documentos en el escrito de proposición de prueba (especialmente a la certificación del consejero en la que se dice que se acordó facultar al consejero-delegado para interponer el recurso y escritura de constitución de sociedad), posteriormente prescinde por completo de dicho extremo para concluir que la parte actora no ha cumplido la carga procesal impuesta por el art. 45.2 d) LJCA “por no haber aportado el oportuno acuerdo para entablar el recurso, adoptado por el órgano que estatutariamente tuviera encomendada dicha competencia”. Y esta afirmación no va precedida de un análisis jurídico acerca de la insuficiencia de los documentos aportados, sino que únicamente se examina la insuficiencia de la escritura de poder que se acompañó al escrito de interposición, desechando así la segunda línea argumental articulada por la parte recurrente en su escrito de conclusiones. Por consiguiente, el error se refiere precisamente al dato fáctico de la existencia y contenido de esos documentos, y resulta evidente a partir de las actuaciones sin necesidad de llevar a cabo una especial labor hermenéutica sobre el particular.
c) Asimismo, la equivocación es atribuible al órgano jurisdiccional que la cometió, y no a la negligencia o mala fe de la demandante (SSTC 89/2000, de 27 de marzo, FJ 2; y 150/2000, de 12 de junio, FJ 2), pues ésta propuso como prueba la documental consistente en la aportación de la escritura de constitución de la sociedad (con los estatutos sociales incorporados) y la certificación expedida por el consejero-secretario de la entidad mercantil Vista San Felipe, S.L., en la que se acredita que en la sesión del consejo de administración de la sociedad de 10 de mayo de 2009 se acordó facultar al consejero-delegado de la misma para interponer el recurso contencioso-administrativo en su nombre y, además, se refirió a su aportación en el escrito de conclusiones y puso de relieve en el incidente de nulidad de actuaciones la existencia del error, refiriéndose a la documental propuesta y a las facultades del consejo de administración de acuerdo con la escritura de constitución de la sociedad y con los estatutos sociales.
2º Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 21 de junio de 2011, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 251-2009, y de la providencia del mismo órgano judicial de 19 de octubre de 2012, que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la anterior.
BOE (Official State Gazzete) number and date [Num, 260 ] 30/10/2015
Date of the decision 21/09/2015
Promovidos por Vista San Felipe, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en proceso sobre fijación de justiprecio expropiatorio.
Una empresa impugnó el justiprecio fijado con ocasión de la construcción de una carretera. Se inadmitió el recurso por falta de aportación de la documentación relativa a la autorización del consejero-delegado de la sociedad mercantil para entablar acciones judiciales al no agotarse la documentación.
Se otorga el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en su vertiente de acceso a la jurisdicción. La Sentencia reitera la doctrina sentada por la STC 167/2014, de 22 de octubre, acerca del error patente en el que incurre el órgano judicial por no entrar a conocer la pretensión. El órgano judicial incurrió en error patente al obviar que se hallaban incorporados en las actuaciones del recurso la escritura de constitución de la sociedad y la certificación por la que se otorgan al consejero-secretario de la sociedad facultades para decidir sobre la interposición del recurso. Como consecuencia de este error judicial, se cerró el acceso a la jurisdicción al recurrente, pues el órgano judicial no entró a conocer de su pretensión, a pesar de que este error que pudo haber sido subsanado en cualquier momento procesal.
La especial trascendencia constitucional del recurso de amparo reside en el incumplimiento reiterado de la jurisprudencia constitucional en materia de error patente.
Se cumplen los presupuestos que exige la jurisprudencia constitucional para otorgar relevancia constitucional al error de hecho padecido, vulnerándose el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la recurrente, a causa de la redacción de la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (STC 167/2014) [FFJJ 3, 6].
El asunto que se nos plantea en el presente recurso de amparo como el resuelto en la STC 167/2014, de 22 de octubre, traen causa de resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y en ambos supuestos se plantea la misma cuestión, produciéndose reiteración por parte de la jurisdicción ordinaria en el incumplimiento de la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia objeto del amparo, y concurriendo así motivo de especial trascendencia constitucional (STC 155/2009) [FJ 2].
Si el órgano judicial no hace lo posible para la subsanación del defecto procesal que pudiera considerarse como subsanable o impone un rigor en las exigencias más allá de la finalidad a que las mismas responden, la resolución judicial que cerrase la vía del proceso sería incompatible con la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 149/1996, 285/2000, 206/2002) [FJ 4].
La doctrina establece que cuando se impugna en amparo una resolución judicial confirmatoria de otras, que han sido lógica y cronológicamente presupuesto de aquélla, han de entenderse también por recurridas las precedentes resoluciones confirmadas (SSTC 139/2007, 58/2008) [FJ 2].
El derecho a la tutela judicial efectiva impide la clausura de un procedimiento por defectos que pueden ser subsanados, de modo que, es preciso que el requisito incumplido, sea insubsanable o que, siendo subsanable, no haya sido corregido por el actor pese a que el órgano judicial le haya otorgado esa posibilidad (SSTC 147/1997, 122/1999, 153/2002) [FJ 4].
Los requisitos formales no son valores autónomos con sustantividad propia, sino que sólo sirven en la medida en que son instrumentos para conseguir una finalidad legítima, por lo que su incumplimiento no presenta siempre igual valor obstativo, con la consecuencia de que si aquella finalidad puede ser lograda sin detrimento de otros bienes y derechos dignos de tutela, debe procederse a la subsanación del defecto (SSTC 180/1987, 213/1990, 63/1999, 153/2002) [FJ 4].
Artículo 240.2 (redactado por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre), f. 4
Artículo 243 (redactado por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre), f. 4
Artículo 45.2 d), ff. 1, 5, 6
Error patenteError patente, Doctrina constitucional, f. 6
Expropiación forzosaExpropiación forzosa, f. 1
JustiprecioJustiprecio, f. 1

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 240

Artículo 243

Artículo 45