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Timestamp: 2020-02-23 19:56:05+00:00

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Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
Gaceta 822/11
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA AL PROYECTO DE LEY 196 DE 2011 CÁMARA.
Artículo 1º. Objeto del Código. Este Código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad, a no regulados expresamente en otras leyes y, con esta misma salvedad, a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales.
Artículo 2º. Acceso a la justicia. Toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable.
Artículo 3º. Proceso oral y por audiencias. Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva.
Artículo 4º. Igualdad de las partes. El juez debe hacer uso de los poderes que este código le otorga para lograr la igualdad real de las partes.
Artículo 5º. Concentración. El juez deberá programar las audiencias y diligencias de manera que el objeto de cada una de ellas se cumpla sin solución de continuidad. No podrá aplazar una audiencia o diligencia, ni suspenderla, salvo por las razones que expresamente autoriza este código.
Artículo 6º. Inmediación. El juez deberá practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales, solo podrá comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente este código se lo autorice.
Artículo 7º. Legalidad de las formas. El proceso deberá adelantarse en la forma establecida en la ley. El juez determinará la forma de realizar los actos procesales para los cuales este código no la tenga prevista.
Artículo 8º. Iniciación e impulso de los procesos. Los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio.
Artículo 9º. Instancias. Los procesos tendrán dos instancias a menos que la ley establezca una sola.
Artículo 12. Vacíos y deficiencias del código. Cualquier vacío en las disposiciones del presente código se llenará con las normas que regulen casos análogos, y a falta de estas con los principios constitucionales y los generales del derecho procesal.
Artículo 14. Debido proceso. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones previstas en este código, realizadas por autoridades judiciales y administrativas. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.
Artículo 15. Competencia de los jueces civiles. Corresponde a los jueces civiles todo asunto que no esté atribuido por la ley a otro juez.
La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se alegue oportunamente, y el juez seguirá conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservará validez y el proceso se remitirá al juez competente.
7. De las peticiones sobre pruebas extraprocesales, sin consideración a la calidad de las personas interesadas.
10. De las controversias que se susciten en el trámite de insolvencia de personas naturales no comerciantes, sin perjuicio de las funciones jurisdiccionales otorgadas a las autoridades administrativas.
11. De los procesos de responsabilidad contractual y extracontractual de mínima cuantía, salvo los que le correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa.
12. Los demás que les atribuya la ley.
Parágrafo. Cuando en el lugar exista juez municipal de pequeñas causas y competencia múltiple, corresponderán a este los procesos consagrados en los numerales 1, 2 y 3.
1. De los procesos contenciosos de menor cuantía, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria.
4. De los procesos de responsabilidad contractual y extracontractual de menor cuantía, salvo los que le correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa.
5. De la protección legal de las personas con discapacidad mental, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios.
6. De la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes y de la restitución de menores en el país, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios.
7. De las diligencias de apertura y publicación de testamento cerrado, o del otorgado ante cinco (5) testigos, y de la reducción a escrito de testamento verbal, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios.
8. De la corrección, sustitución o adición de partidas de estado civil o de nombre o anotación del seudónimo en actas o folios del registro de aquel, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios.
3. De los procesos concursales y de insolvencia no atribuidos a las autoridades administrativas, salvo los relativos a procesos de insolvencia de personas naturales no comerciantes.
10. De los procesos relacionados con el ejercicio de los derechos del consumidor.
11. De los procesos de responsabilidad contractual y extracontractual de mayor cuantía, salvo los que le correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa.
3. De la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, niñas y adolescentes.
11. De las diferencias que surjan entre los cónyuges sobre fijación y direcció n del hogar, derecho a ser recibido en este y obligación de vivir juntos.
13. De la constitución, modificación o levantamiento de la afectación a vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios.
14. De la licencia para disponer o gravar bienes, en los casos previstos por la ley.
15. De los asuntos de familia en que por disposición legal sea necesaria la intervención del juez o este deba resolver con conocimiento de causa, o breve y sumariamente, o con prudente juicio o a manera de árbitro.
16. Del divorcio de común acuerdo, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios.
17. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia y notarios.
2. De la investigación e impugnación de la paternidad y maternidad y de los demás asuntos referentes al estado civil que lo modifiquen o alteren
19. De la rescisión de la partición por lesión o nulidad en las sucesiones por causa de muerte y la liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales entre compañeros per manentes.
20. De los procesos sobre declaración, declaración de existencia de unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, de parejas heterosexuales, o de sociedades patrimoniales de compañeros.
Artículo 23. Fuero de atracción. Mientras el proceso de sucesión estuviere en curso, el juez que lo esté tramitando será el competente para conocer de todos los procesos que versen sobre controversias sucesorales y de las demandas contra los asignatarios, el cónyuge o compañero permanente, o los administradores de la herencia, por causa o con ocasión de esta. Lo mismo se aplicará a los procesos sobre el régimen económico del matrimonio y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.
La práctica de medidas cautelares anticipadas que autorice la ley corresponde al juez que fuere competente para tramitar el proceso al que están destinadas. La demanda con que se promueva este podrá presentarse ante el mismo juez que decretó y practicó la medida cautelar, caso en el cual no será sometida a reparto. Las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales también podrán decretar y practicar las medidas cautelares anticipadas autorizadas por la ley.
Salvo norma en contrario, dentro de los veinte (20) días siguientes a la práctica de la medida cautelar, el solicitante deberá presentar la demanda correspondiente, so pena de que sea levantada inmediatamente. En todo caso el afectado conserva el derecho a reclamar, por medio de incidente, la liquidación de los perjuicios que se hayan causado.
Artículo 24. Ejercicio de funciones jurisd iccionales por autoridades administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:
a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre violación a los derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales, a excepción de la responsabilidad por producto defectuoso y de las acciones de grupo o las populares.
b) Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual:
1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.
2. La Dirección Nacional de Derechos de Autor en los procesos por violación a los derechos de autor y conexos.
3. El Instituto Colombiano Agropecuario en los procesos por infracción a los derechos de obtentor de variedades vegetales.
b) El Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces, a través de la dependencia que para tales efectos determine la estructura interna, podrá, bajo el principio de gradualidad en la oferta, operar servicios de justicia en todos los asuntos jurisdiccionales que de conformidad con lo establecido en la Ley 446 de 1998 sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia han sido atribuidos a la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Financiera y Superintendencia de Sociedades, así como en los asuntos jurisdiccionales relacionados con el trámite de insolvencia de personas naturales no comerciantes y los asuntos previstos en la Ley 1098 de 2006 de conocimiento de los defensores y comisarios de familia. También podrá asesorar y ejercer la representación judicial de las personas que inicien procesos judiciales de declaración de pertenencia con miras al saneamiento de sus propiedades.
c) La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia societaria, referidas a:
1. Acuerdos de accionistas, en donde los accionistas podrán promover mediante el trámite del proceso verbal sumario de única instancia, la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos.
2. Resolución de conflictos societarios, las diferencias que ocurran de los accionistas entre sí, o con la sociedad o con sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral se tramitarán mediante el trámite del proceso verbal sumario.
3. La impugnación de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano directivo de personas sometidas a su supervisión, a prevención, a través del proceso verbal sumario.
4. La desestimación de la personalidad jurídica, cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios se adelantará ante la Superintendencia de Sociedades, mediante el procedimiento verbal sumario. La acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios será de competencia, a prevención, de la Superintendencia de Sociedades o de los jueces civiles del circuito especializados, y a falta de estos, por los civiles del circuito del domicilio del demandante, mediante el trámite del proceso verbal sumario.
5. Declaratoria de nulidad absoluta de la determinación adoptada en abuso del derecho por ilicitud del objeto y la de indemnización de perjuicios, en los casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad, cuando los accionistas no ejerzan su derecho a voto en interés de la compañía con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas, el cual se adelantará mediante el proceso verbal sumario.
6. La resolución de conflicto societario de que trata el artículo 40 de la Ley 1258 de 2008, solo será competencia de la Superintendencia de Sociedades, si no se pacta arbitramento o amigable composición.
Parágrafo 1°. Las funciones jurisdiccionales a que se refiere este artículo, generan competencia a prevención y por ende no excluyen la competencia otorgada por la ley a las autoridades judiciales y a autoridades administrativas en estos determinados asuntos.
Parágrafo segundo. En los procesos que se adelantan por las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, la declaratoria de incompetencia y la decisión definitiva siempre serán apelables ante las autoridades judiciales, salvo en los procesos de única instancia.
Artículo 25. Cuantía. Cuando la competencia se determine por la cuantía los procesos son de mayor, de menor y de mínima cuantía. Son de mínima cuantía los que versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan del equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales; de menor cuantía los que versen sobre pretensiones patrimoniales superiores a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales sin exceder de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales; y de mayor cuantía las que versen sobre pretensiones patrimoniales superiores a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales.
1. Por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a su presentación.
3. En los procesos de deslinde y amojonamiento, por el avalúo catastral del inmueble en poder del demandante.
4. En los procesos que versen sobre el dominio o la posesión de bienes inmuebles, por el avalúo catastral. En los que versen sobre el dominio o posesión de bienes muebles, por el valor de estos.
5. En los procesos divisorios que versen sobre bienes inmuebles, por el valor del avalúo catastral; cuando versen sobre bienes muebles, por el valor de los bienes objeto de la partición o venta.
6. En los procesos de sucesión, por el valor de los bienes relictos.
7. En los procesos de tenencia por arrendamiento, por el valor actual de la renta durante el término pactado inicialmente en el contrato, y si fuere a plazo indefinido por el valor de la renta de los doce (12) meses anteriores a la presentación de la demanda. Cuando la renta deba pagarse con los frutos naturales del bien arrendado, por el valor de aquéllos en los últimos doce (12) meses. En los demás procesos de tenencia la cuantía se determinará por el valor de los bienes.
8. En los procesos de servidumbres, por el avalúo catastral del predio sirviente.
Artículo 27. Conservación y alteración de la competencia. La competencia no variará por la intervención sobreviniente de personas que tengan fuero especial o porque dejaren de ser parte en el proceso, salvo cuando se trate de agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno Nacional.
La competencia por razón de la cuantía podrá modificarse solo en los procesos contenciosos que se tramitan ante juez municipal, por causa de reforma d e demanda, demanda de reconvención o acumulación de procesos o de demandas.
Cuando en proceso que se tramite ante juez municipal se alegue la prescripción adquisitiva como excepción o en demanda de reconvención, el proceso se remitirá al juez del circuito.
1. En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia; y si tampoco tiene residencia en el país o esta se desconoce, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante.
En los procesos de alimentos, pérdida o suspensión de la patria potestad, investigación o impugnación de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal y regulación de visitas, permisos para salir del país, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el niño, niña o adolescente sea demandante o demandado, la competencia también corresponde al juez del domicilio o residencia de aquel.
5. En los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal; pero cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta.
a) En los de guarda de niños, niñas o adolescentes, interdicción y guarda de personas con discapacidad mental o de sordomudo, será competente el juez de la residencia del incapaz;
b) En los de declaración de ausencia o de muerte por desaparecimiento de una persona conocerá el juez del último domicilio que el ausente o el desaparecido haya tenido en el territorio nacional, y
14. Para la práctica de pruebas anticipadas, de requerimientos y diligencias varias, será competente el juez del lugar donde deba practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, según el caso.
4. Del exequátur de sentencias proferidos en país extranjero, sin perjuicio de lo estipulado en los tratados internacionales.
Están excluidos de exequátur los laudos arbitrales proferidos en el extranjero y las sentencias proferidas en el extranjero relativas al estado civil de las personas.
6. De los recursos de revisión y de anulación contra laudos arbitrales, que no estén atribuidos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
7. De las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación, que se podrá disponer excepcionalmente cuando en el lugar en donde se esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes.
Artículo 31. Competencia de las salas civiles de los tribunales superiores. Los tribunales superiores de distrito judicial conocen:
1. De la segunda instancia de los procesos que conocen en primera los jueces civiles de circuito y las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, cuando actúan como jueces civiles del circuito.
2. Del recurso de queja contra los autos que nieguen apelaciones de providen cias proferidas por las autoridades mencionadas en los numerales anteriores.
3. Del recurso de revisión contra las sentencias dictadas por los jueces civiles de circuito, civiles municipales y de pequeñas causas, y por las autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales.
Artículo 32. Competencia de las salas de familia de los tribunales superiores. Los tribunales superiores de distrito judicial conocen:
1. De la segunda instancia de los procesos de que conocen en primera los jueces de familia.
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Articulo 1o.‑ La Hacienda Pública de los municipios del Estado de Sonora, se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan,...

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 12

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 23

Artículo 24
 Resolución 
 resolución 
 artículo 40

Artículo 25

Artículo 27

Artículo 31

Artículo 32