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Timestamp: 2020-02-17 00:18:53+00:00

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Sentencia nº 349 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 17 de Mayo de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 641412177
Mediante escrito presentado en esta Sala Constitucional, el 12 de marzo de 2015, por el ciudadano G.A.M.P., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N.° 14.082.097, actuando en su propio nombre y con el carácter de Alcalde del Municipio L.d.E.A., debidamente asistido por los abogados J.V.R.T. y A.J.G.A., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 8.482 y 120.511, respectivamente, ocurrieron a esta Sala, a los fines de interponer acción de nulidad conjuntamente con medida cautelar innominada contra el “ACTO ADMINISTRATIVO DICTADO POR EL CONCEJO LEGISLATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LIBERTAD, ESTADO ANZOÁTEGUI, EN SESIONES EXTRAORDINARIAS NÚMEROS 076-2014 Y 077-2014, DURANTE LOS DÍAS 11 Y 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE 2014, MODIFICANDO Y AMPLIANDO A SUS INTERESES Y DE LA MANERA MAS ALEGRE EL PROYECTO DE ORDENANZA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL AÑO 2015 Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)”.
El 19 de mayo de 2015, mediante decisión N.° 590, la Sala admitió la solicitud de nulidad interpuesta, ordenó las citaciones y notificaciones respectivas y declaró procedente la medida cautelar solicitada.
El 21 de mayo de 2015, el Juzgado de Sustanciación recibió el expediente.
En esa misma fecha, el Secretario del Juzgado de Sustanciación de esta Sala dejó constancia de haber notificado a la parte actora, vía telefónica y por fax, del contenido del auto de admisión.
El 3 de junio de 2015, el ciudadano G.M., Alcalde del Municipio L.d.E.A., se da por notificado y solicita copias certificadas.
En esa misma fecha, la ciudadana T.R., Síndica Procuradora del Municipio L.d.E.A., mediante diligencia se da por notificada. Asimismo, el abogado J.R., en su carácter de co-apoderado de la parte actora, solicita sea librado el cartel de emplazamiento.
El 16 de junio de 2015, el Juzgado de Sustanciación ordenó las citaciones y notificaciones aludidas en el auto de admisión y la publicación del cartel de emplazamiento.
En esa misma fecha, se libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados.
El 21 de julio de 2015, el Juzgado de Sustanciación dejó constancia de la recepción de la comisión librada para la notificación del Presidente del Concejo Municipal del Municipio L.d.E.A., la cual se produjo el 8 de julio de ese mismo año.
El 26 de junio de 2015, se dejó constancia de la notificación del Defensor del Pueblo y de la Fiscal General de la República.
El 12 de agosto de 2015, los abogados J.V.R. y A.J.L., solicitan que la causa sea declarada de Orden Público.
El 13 de agosto de 2015, el Juzgado de Sustanciación ordenó realizar un cómputo del lapso de los días de despacho transcurridos desde que se libró el cartel de emplazamiento, dejando constancia de que el 14 de julio de 2015 venció el lapso para publicarlo y consignarlo. En esa misma oportunidad, el Juzgado de Sustanciación acordó la remisión del expediente a la Sala.
El 17 de septiembre de 2015, el ciudadano C.D.M.R. en su carácter de Presidente del Concejo Municipal del Municipio Libertad, asistido por la abogada I.d.V.M., solicita sea declara la perención de la Instancia en el presente expediente.
El 22 de septiembre de 2015, se recibe expediente del Juzgado de Sustanciación a los fines del pronunciamiento correspondiente.
De la lectura del escrito contentivo de la solicitud de nulidad interpuesta en el caso de autos, esta Sala observa que la pretensión del demandante se circunscribe a solicitar la nulidad por inconstitucionalidad del Acto Administrativo dictado por el Concejo Legislativo Municipal del Municipio Libertad, del Estado Anzoátegui, en sesiones extraordinarias números 076-2014 y 077-2014, durante los días 11 y 14 de diciembre del año 2014, mediante la cual modificaron y aprobaron el Proyecto de Ordenanza del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico Financiero del año 2015 y el Plan Operativo Anual (POA); en tal sentido, alegaron la presunta vulneración de los artículos 2, 3, 5, 168, 311 y 315 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 228, 230, 232 y 269 de la Ley Orgánica del poder Público Municipal; así como los artículos 34 al 40 de la Ley de los Concejos Locales de Planificación Pública.
Que “… [d]ándose así cumplimiento al ejercicio de la soberanía plenamente ejercida de manera directa por el PUEBLO, tal como lo expresa el Articulo (sic) 269 de le Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que textualmente dice lo siguientes: ‘El presupuesto participativo es el resultado de la utilización de los procesos mediante los cuales los ciudadanos y ciudadanas del MUNICIPIO proponen, deliberan y deciden en la formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto de inversión anual municipal. Todo ello con el propósito de materializarlo en proyectos que permitan el desarrollo del MUNICIPIO, atendiendo a las necesidades y propuestas de las comunidades y sus organizaciones en el C.L.d.P. Pública’”.
Que “… [su] persona como ALCALDE DEL MUNICIPIO LIBERTAD [es] fiel por demás al mandato constitucional y a las instrucciones que [le] fueron dadas por [su] ETERNO COMANDANTE ‘HUGO CHÁVEZ’ sobre la participación del pueblo en gestión de gobierno, con lo cual [su] carácter siempre es y será vinculante en las decisiones que se tomen en ASAMBLEAS DE CUIDADANOS Y CUIDADANAS como lo estable el Artículo 264 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER PUBLICO MUNICIPAL…”.
) Que en el ejercicio de las facultades establecidas en el Artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal ésta CONTRALORÍA MUNICIPAL tiene limitada su actuación al Control Posterior de las actividades administrativas ejecutadas tanto por la ALCALDIA y CONSEJO (SIC) MUNICIPAL de este Municipio, quedando de parte de LOS TRIBUNALES CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS pronunciarse en cuanto a la validez, legalidad e inconstitucionalidad tanto de LAS MODIFICACIONES HECHAS POR LA CÁMARA MUNICIPAL AL PROYECTO DE ORDENANZA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2.015 Y AL DECRETO DE RECONDUCCIÓN PRESUPUESTARIO EMITIDO POR EL ALCALDE DEL MUNICIPIO LIBERTAD, ESTADO ANZOÁTEGUI.
Y 4°) Reservándose LA CONTRALORÍA MUNICIPAL como órgano adscrito al SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL, que goza está investidas de una Autonomía Orgánica, Funcional y Administrativa que ha de cumplir con las atribuciones establecidas en el Artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.- Y así decidió.
Que “… la Cámara Municipal tras haber violado las disposiciones legales ya transcritas y mencionadas con anterioridad, además con su pretensión de MODIFICAR o cambiar completamente las disposiciones generales del proyecto de Ley, con los dislates jurídicos contenidos en sus MODIFICACIONES Y SU RESPECTIVA PUBLICACIÓN EN GACETA MUNICIPAL, veo que ELLOS (LA OPOSICIÓN) así de simple se subrogan la facultad de INCREMENTARSE SU DOSAVO disgregando la Partida de Ingresos propios y otras incluidas en dicho legajo, o sea, UN INCREMENTO SOBRE PASADO EN SUS LÍMITES, PERO NO JUSTIFICADO A SU REALIDAD MUNICIPAL, YA QUE no son consultadas, ni sugeridas ni aprobadas por los vecinos y vecinas o la sociedad organizada como lo contempla la Ley, siendo el colmo de los colmos el hecho mismo de establecerse como ‘UNIDAD EJECUTORA’ de tales INCREMENTOS el mismo CONCEJO MUNICIPAL, ésto es lo mismo que decir ‘que ellos quieren cobrar y darse el vuelto ellos mismos’.- NO OBSTANTE, (…) la única función Legislativa Municipal de acuerdo con la LEY es ‘LEGISLAR’, función ésta que no fue efectivamente realizada durante el año 2.014; quienes además de querer dar apariencia de legalidad incurrieron en la ya mencionada aberración jurídica, o sea, en un absurdo, en un error o desvío de sus actuaciones municipales, ya que publicaron inconsultamente en la Gaceta Municipal TODAS ESAS PRETENDIDAS MODIFICACIONES ARBITRARIAS violando de forma y manera DESCARADA todas las disposiciones legales y demás formalidades para la elaboración de tan prenombrado Proyecto de Ordenanza del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ejercicio Económico Financiero del año 2.015’; cuyo Proyecto por [el] presentado oportunamente en toda su extensión y contenido lleva consigo la especial finalidad de darle al MUNICIPIO LIBERTAD todo el impulso, desarrollo y bienestar social, conllevando a todo evento la mayor suma de felicidad posible a todos y todas las personas del Municipio Libertad, Estado Anzoátegui, ya que dicho PROYECTO PRESENTADO CON FECHA 05/12/2.014, se encuentra enmarcado dentro de LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS dispuestos por EL GOBIERNO BOLIVARIANO DE VENEZUELA, y los cuales buscan contribuir ineludiblemente con el logro de los cinco (5) objetivos del PLAN NACIONAL S.B. (2.013 — 2.019), Impulsado por nuestro Comandante Supremo ‘HUGO CHÁVEZ’…”.
Asumida la competencia, en la admisión de la demanda del 19 de mayo de 2015, esta Sala procede a realizar las siguientes consideraciones:
Aprecia esta Sala que, en el caso de autos el accionante denunció la inconstitucionalidad del acto de modificación y ampliación de la Ordenanza de Ingresos y Gastos del Ejercicio Económico Financiero del Año 2.015, que fue aprobada por el Concejo Municipal del Municipio L.d.E.A., en sesiones extraordinarias números 076-2.014 y 077-2.014, durante los días 11 y 14 de diciembre del año 2.014, publicada en la Gaceta Municipal del Municipio Libertad, Estado Anzoátegui, N.° 005- Extraordinaria, el 17 de diciembre del año 2.014.
En este orden de ideas se debe indicar que el artículo 169 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la organización de los Municipios se regirá por las normas establecidas en la propia Constitución y en las leyes que se dicten para tales fines; entre dichas leyes cabe mencionar la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, cuyo artículo 53 establece la competencia de cada Municipio para organizar el funcionamiento de los órganos y regular las atribuciones de las distintas entidades municipales. La referida Ley también establece en el numeral 5 del artículo 95 que son atribuciones y deberes del Concejo Municipal “… aprobar el presupuesto de gastos que soporte su plan legislativo anual tomando en cuenta las limitaciones financieras del Municipio…”, el cual como fue dictado conforme al procedimiento de aprobación de las leyes municipales, sin lugar a dudas ostenta la categoría de ordenanza municipal, por lo que se encuentra involucrado el orden público, ya que refleja el interés general de la población en la materia. Así se decide.
Por otra parte, es importante resaltar que dicho Proyecto de Ordenanza del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio L.d.E.A. para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y el Plan Operativo Anual (POA), como toda ley de presupuesto, tiene una duración predeterminada de un año, al cabo del cual, salvo excepciones establecidas en la legislación respectiva, debe ser sustituida por otra. Ello debido a que las leyes presupuestarias son autorizaciones para realizar gastos durante el referido período, con base en unas estimaciones de ingresos que deben realizarse para ese mismo lapso.
Por consiguiente, cada año debe hacerse una nueva estimación de ingresos para sufragar los gastos que se autorizarán, por lo que las leyes de años anteriores carecen de eficacia financiera y no puede imputarse gasto alguno a unas partidas ya vencidas, sin perjuicio de determinadas previsiones de excepción que se incorporan en esos textos, a fin de prever la situación de aquellos casos en los que las operaciones comenzaron durante la vigencia de la ley, pero el gasto debe realizarse o continuarse luego de perder dicha vigencia.
Al hilo de lo anterior, respecto a la pérdida de vigencia de ordenanzas atinentes al presupuesto de los municipios, ya se pronunció esta Sala mediante decisión n.° 495 dictada el 25 de abril de 2012 (caso: Municipio Palavecino del Estado Lara), en donde asentó:
…En realidad, la importancia de una ley de presupuesto está en los créditos que se aprueban, exigencia del principio de legalidad, pero éstos deben tener su fundamento en unos ingresos al menos estimados, pues sin ellos sería impensable comprometer al Estado. La estimación, en todo caso, no es una parte de contenido verdaderamente jurídico, por cuanto los ingresos tienen sus fuentes en textos propios y lo único que hace la ley presupuestaria es recogerlos para servir de base a los créditos aprobados.
Cada año debe hacerse una nueva estimación de ingresos para sufragar los gastos que se autorizarán, por lo que las leyes de años anteriores carecen de eficacia financiera: no puede imputarse gasto alguno a unas partidas ya vencidas, sin perjuicio de determinadas previsiones de excepción que se incorporan en esos textos, a fin de prever la situación de aquellos casos en los que las operaciones comenzaron durante la vigencia de la ley, pero el gasto debe realizarse o continuarse luego de perder dicha vigencia.
En el caso de autos, se ha impugnado la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio Palavecino del Estado Lara para el Ejercicio Fiscal 2001, el cual ya no se encuentra vigente. Si bien el recurso se intentó durante el tiempo que estuvo en vigencia, lo cierto es que en este momento esa situación ha variado.
La jurisprudencia de esta Sala admite que, en dos casos, persiste el interés en declarar la inconstitucionalidad de un texto derogado: 1) cuando la norma impugnada se trasladó a un nuevo texto, que sí esté vigente; y 2) cuando, aun sin ese traslado, la disposición recurrida mantiene sus efectos en el tiempo.
Así, en principio, no es necesario pronunciarse sobre un recurso dirigido contra un texto legal derogado, pues ya el mismo ha desaparecido del ordenamiento jurídico, con lo que la decisión judicial sería innecesaria. Sólo en los dos casos mencionados existe necesidad del fallo: en el primero, porque en realidad la norma impugnada se eliminó, pero lo dispuesto en ella aún integra el ordenamiento; en el segundo, porque es necesario analizar si es procedente declarar el vicio de la norma -no su anulación, que sería inútil- cuando el demandante ha planteado una situación en la que subsiste un interés concreto en relación con el pronunciamiento.
El primer supuesto es sencillo; no así el segundo, el cual requiere cierta precisión, y al respecto observa la Sala:
Si se parte de la idea de que todo texto legal produce efectos -o al menos es esa su vocación- siempre habría efectos que considerar, aunque la Sala desconozca cuáles puedan ser exactamente. De entenderse así, en realidad no habría posibilidad de rechazar recursos contra leyes derogadas, cuando lo cierto es que el principio general es el contrario. Por ello, dado que los dos supuestos que ha reconocido la jurisprudencia son excepcionales y su interpretación ha de ser restrictiva, lo correcto es entender que no es cualquier efecto jurídico el que justifica la resolución de las demandas dirigidas contra leyes que perdieron su vigencia durante el juicio, lo cual debe ser analizado en cada caso concreto.
En casos análogos, en los que la Ley ha desaparecido del ordenamiento jurídico, ha sido este el criterio sostenido por esta Sala, desde su sentencia del 8 de junio de 2000 (caso: Enrique Agüero Gorrín y Otros), posteriormente ratificado en sentencias No. 1.396 del 21 de noviembre de 2000 (caso: Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores) y 2.256 del 11 de noviembre de 2001 (caso: E.S. y otros), entre otras, oportunidad en la que se señaló:
(...) en sentencia dictada en fecha 20 de enero de 1996 la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa sostuvo el mismo criterio, al precisar que entre las circunstancias determinantes de la relación procesal en el recurso de inconstitucionalidad, ‘tiene especial relieve la existencia misma del acto impugnado por inconstitucionalidad, cuya validez o nulidad viene a constituirse precisamente, en la materia u objeto del proceso’, por lo que al solicitarse la nulidad de un acto que ya ha cesado en su vigencia, el recurso, carece de objeto. Por otra parte, mediante sentencia de 6 de diciembre de 1973, con motivo de la impugnación de un Acuerdo del Concejo Municipal del Distrito Federal, derogado posteriormente por una Ordenanza, la Corte Suprema de Justicia ratificó el criterio señalado en los siguientes términos:
Como se puede apreciar, este ha sido el criterio asumido por la entonces Corte Suprema de Justicia en Sala Plena respecto de la leyes derogadas en cuanto a su impugnabilidad por la vía del recurso de inconstitucionalidad, aplicado también a las leyes de carácter temporal.
Así, en sentencia de fecha 25 de noviembre de 1995 en Sala Plena, razonó la Corte de la siguiente manera:
‘(...), que no tiene materia sobre la cual decidir en el presente caso por cuanto ambos Decretos (241 y 285) han dejado de surtir sus efectos; el primero por haber sido revocado por el Congreso de la República en ejercicio de sus facultades de control y, el segundo [por] el propio Presidente de la República al considerar cesadas las causas que motivaron la suspensión de las garantías constitucionales.
Así las cosas, considera esta Sala Constitucional, que las leyes de la naturaleza como la impugnada pierden su vigencia al cumplir la finalidad para la cual fueron promulgadas, por lo que agotada como ha sido, la misma no puede ser objeto de un juicio de constitucionalidad respecto a la Constitución vigente para emitir pronunciamiento acerca de los presuntos vicios denunciados. Razón por la que esta Sala Constitucional considera que no habiendo actualmente acto susceptible de ser anulado declara que es inadmisible sobrevenidamente la acción de nulidad interpuesta contra los puntos 1 y 3 del artículo Único de la Ley que Autoriza al Presidente para dictar Medidas Extraordinarias en Materia Económica y Financiera, de 1998 y en consecuencia se da por terminado este juicio
Por lo expuesto, a la luz del precedente judicial antes referido y, teniendo en cuenta que la ordenanza impugnada no está vigente y sus efectos no se mantienen para el demandante, esta Sala debe declarar que ningún interés puede haber en decidir el recurso de nulidad ejercido contra la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio Palavecino del Estado Lara para el Ejercicio Fiscal 2001, toda vez que la pérdida de vigencia en el ordenamiento jurídico y especialmente para el demandante hace que la acción no tenga objeto.
En consecuencia, siendo ello así resulta forzoso para esta Sala declarar el decaimiento del objeto en relación con el recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad ejercido por el ciudadano L.A.G.O., contra la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio Palavecino del Estado Lara para el Ejercicio Fiscal 2001. Así se decide”.
En el caso concreto, es necesario resaltar que se impugnó un Acto Administrativo dictado por el Concejo Legislativo Municipal del Municipio Libertad, del Estado Anzoátegui, mediante la cual modificaron y aprobaron el Proyecto de Ordenanza del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico Financiero del año 2015 y el Plan Operativo Anual (POA).
Asimismo aprecia esta Sala, que si bien, para el momento en que se intentó la presente acción el acto administrativo impugnado se encontraba vigente, no es menos cierto que para este momento las circunstancias han variado; aunado al hecho de que no consta en autos que las violaciones constitucionales que se le endilgaban a dicho acto se hayan trasladado a un nuevo texto, ni que se mantengan sus efectos en el tiempo.
Al respecto, teniendo en cuenta que la ordenanza impugnada no está vigente y sus efectos no se mantienen para el demandante ni para los habitantes del Municipio L.d.E.A., esta Sala debe declarar que ningún interés puede haber en decidir el recurso de nulidad ejercido contra el Proyecto de Ordenanza del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio L.d.E.A. para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y el Plan Operativo Anual (POA), toda vez que la pérdida de vigencia en el ordenamiento jurídico y especialmente para el demandante hace que la acción no tenga objeto.
En consecuencia, siendo ello así resulta forzoso para esta Sala declarar el decaimiento del objeto en relación con el recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad ejercido por el ciudadano Alcalde del Municipio L.d.E.A., G.A.M.P., contra el Proyecto de Ordenanza del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio L.d.E.A. para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y el Plan Operativo Anual (POA). Así se decide.
Como consecuencia de la declaratoria anterior se revoca la medida cautelar decretada el 19 de mayo de 2015, mediante decisión N.° 590, dado el carácter accesorio de la misma. Así se declara.
- El DECAIMIENTO DEL OBJETO de la solicitud de nulidad por inconstitucionalidad conjuntamente con medida cautelar innominada, interpuesta por el Alcalde del Municipio L.d.E.A., G.A.M.P. contra el acto de modificación y ampliación del Proyecto de Ordenanza del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio L.d.E.A. para el Ejercicio Fiscal del año 2015 y el Plan Operativo Anual (POA).
REVOCA la medida cautelar decretada por esta Sala el 19 de mayo de 2015, mediante decisión N.° 590.
Expediente n.° 15-0272
Decisión nº 1 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Merida (Extensión Mérida), de 9 de Mayo de 2016

References: Artículo 264
 Artículo 104
 Artículo 104
 artículo 169
 artículo 53
 artículo 95
 resolución 

Decisión nº