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Timestamp: 2017-03-28 23:30:18+00:00

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Suprema Corte | El Juego de la Suprema Corte
Suprema Corte	agosto 21, 2016
Rosa María Cano, José Roldán Xopa y Luis Pérez de Acha La acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR y la aparente marcha atrás dado por el actual gobierno en Quintana Roo no fueron suficientes para remontar el conocido como ‘paquete de impunidad’. Solamente se dejó insubsistente la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y la designación de los magistrados del mismo.
El ‘blindaje’ aprobado por el Congreso estatal a iniciativa del gobernador saliente Roberto Borge, consiste además en la aprobación e implementación de un paquete de reformas constitucional y legales, así como el nombramiento de funcionarios públicos. El común denominador de estas acciones es que dotan de una red de protección a los funcionarios salientes, a través de los siguientes mecanismos:
a) Seguridad personal, a cargo de los contribuyentes, por 15 años tanto para quienes sean exgobernadores, cónyuge e hijos, que no podrá ser menor a la que se tenga en funciones. Así como seguridad personal para altos exfuncionarios de gobierno.
b) Se elimina la calidad de ‘gravedad’ de los delitos cometidos por servidores públicos que afectan a la hacienda, el patrimonio y el servicio públicos. Por ejemplo, el delito de peculado ya no será grave. Así los servidores públicos acusados por estos delitos podrá salir libre bajo fianza.
c) En los delitos relacionados con la corrupción, se disminuyen sustancialmente las penas de prisión y pecuniarias. Por ejemplo, el peculado se disminuye de 10 a 5 años de cárcel.
d) Se establece que los delitos por funcionarios públicos se persiguen por querella, ya no de oficio como debería ser en casos de corrupción.
e) Se disminuyen a tres años los plazos de prescripción de los delitos de funcionarios públicos por hechos de corrupción.
f) Se crea la fiscalía general del estado como órgano constitucional autónomo y se designa como tal al actual Procurador General de Justicia, por un período de nueve años. Esto significa que quien pedirá cuentas al gobierno saliente, fue designado por Roberto Borge.
g) Se nombraron con 10 meses de anticipación al titular del Órgano de Fiscalización y a su Suplente. Al igual que en el caso anterior, esto significa que quien pedirá cuentas al gobierno saliente, se da en el gobierno de Borge.
h) Se establecen porcentajes mínimos del presupuesto de egresos del estado en favor del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de organismos autónomos, con lo cual se afecta la capacidad del Ejecutivo para prever ingresos, equilibrar finanzas públicas y para cubrir las necesidades sociales en materia de educación, salud, seguridad, protección civil, entre otras. Un ejemplo: el presupuesto del Congreso local, suponiendo que fuese el mismo del 2016, para el 2017 se incrementaría en 283.6 millones de pesos, para quedar en un total de 734.5 millones, lo que significa un aumento del 62%. Además las cantidades no pueden ser menores a las de los ejercicios anteriores, en caso de ajustes presupuestales no pueden ser afectadas y si el Congreso lo decide pueden ser mayores.
Las reformas fueron iniciadas después de conocer el resultado de las elecciones y discutidas, aprobadas y publicadas el 23 y 25 de junio y vigentes desde esas fechas. La minoría parlamentaria actual no alcanza el 33% pero sí lo reúne la elegida. Sin embargo, entre la fecha de publicación y vigencia de las reformas y la toma de posesiones de la nueva legislatura y del nuevo Ejecutivo transcurren más de treinta días hábiles.
La controversia iniciada La acción intentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es una controversia constitucional prevista en el artículo 105 de la Constitución federal, la cual fue suscrita por Carlos Joaquín González en su carácter de ‘gobernador electo’. Esta controversia constitucional se ha promovido en el plazo de los treinta días siguientes al inicio de la vigencia de las normas y actos que se combaten, el cual venció el pasado 18 de agosto.
El objetivo de la controversia constitucional es que la SCJN invalide tanto el ‘blindaje’ de impunidad, como el establecimiento de porcentajes mínimos del presupuesto de egresos para los poderes y órganos mencionados.
¿Por qué la controversia suscrita por el gobernador electo? a) Es la persona legitimada para actuar ante la SCJN, quien ostenta una especial calidad que se deriva de la representación obtenida en la contienda electoral, en la que los ciudadanos de Quintana Roo optaron por una nueva propuesta.
b) Se trata de un caso inédito en nuestro país que un gobernador electo promueva una controversia constitucional. Sin embargo, él tiene el mandato y la responsabilidad —no sólo la facultad— de actuar en contra de la corrupción con base en la representatividad obtenida en las urnas. De ello, se insiste, se actualiza un interés legítimo para plantear el caso ante la SCJN.
c) En el armado del ‘blindaje’, existió una colusión entre el Congreso local y el gobernador saliente. Quien ocupa el Ejecutivo obtiene prerrogativas personales y se beneficia de la nueva legislación penal. El Congreso y su mayoría obtienen un incremento presupuestal desproporcionado y el traslado al Legislativo de las decisiones sobre finanzas públicas.
d) La legitimación procesal del gobernador electo se justifica en el hecho de que, conforme al artículo 49 de la Constitución de Quintana Roo, Carlos Joaquín González ostenta la calidad especial y diferenciada del resto de los ciudadanos, como ‘Poder Electo’ de ese estado. Dicho artículo establece lo siguiente: “El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado se depositan en ciudadanos electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a las leyes correspondientes. […]”.
e) Como se aprecia, este artículo señala con toda claridad que el Poder Ejecutivo se deposita en ciudadanos electos, calidad que satisface Carlos Joaquín González como resultado de la elección del 5 de junio de 2016.
f) Al momento en que un candidato triunfa en la contienda electoral, es indudable que se convierte en ‘Poder Ejecutivo Electo’ del estado, pues es cuando los ciudadanos empoderan a uno de ellos en específico para asumir las funciones y ejercer las correspondientes atribuciones constitucionales y legales.
g) El hecho de que exista un periodo de transición en el cual coinciden un ‘gobernador en funciones’ y un ‘gobernador electo’, no implica que a éste se le desconozca su calidad de Poder Electo. Simplemente se reconoce que es necesario un plazo prudente para que el gobernador saliente pueda hacer entrega/recepción de todos los asuntos de gobierno al gobernador entrante, sin que tal circunstancia permita desconocerle la calidad de ‘gobernador electo’ de la entidad.
h) El hecho de que el ‘gobernador electo’ no haya tomado posesión del cargo no es suficiente para que se desconozca su calidad de ‘Poder Electo’. Lo anterior es así, ya que incluso antes de que se lleve a cabo la toma de posesión y protesta, el ‘gobernador electo’ va ejerciendo cada vez mayores atribuciones inherentes a su cargo, las cuales culminan con la toma de protesta, momento en el cual asume la totalidad de sus atribuciones.
En las reformas y nombramientos hay una unidad de propósito: prerrogativas de seguridad personal, modificación estructural en el tratamiento penal por hechos de corrupción que afectan su eficacia y nombramientos que son centrales en la investigación y determinación de las responsabilidades.
Las reformas invaden las facultades del Ejecutivo y afectan el ámbito de su función constitucional. Además, contrarían las reglas y principios de la reciente reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.
La controversia constitucional ejercida tiene el propósito de actuar garantizando que no haya condiciones de impunidad, en el interés de la preservación de las condiciones de gobernabilidad y del mandato otorgado en las urnas. No hacerlo sería abdicar de tal responsabilidad y dejar que se consume la afrenta a la ciudadanía.
Rosa María Cano. Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato y de la maestría en derecho constitucional de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato.
Nota: los autores participaron en la redacción de la demanda de esta controversia constitucional.
Julio Martínez Rivas El martes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto firmó un paquete de iniciativas para reformar la Constitución y el código civil federal, a fin de reconocer el derecho de todas las personas a contraer matrimonio, sin importar el sexo de los contrayentes, y facilitar los trámites de concordancia sexo-genérica a nivel registral.
El mensaje es importante y valiente: el Poder Ejecutivo en México es aliado de las personas LGBTTIQ y está dispuesto a proteger sus derechos y libertades. Me alegra, aunque me también me preocupa el riesgo de estar ante una mera simulación.
La iniciativa de reforma constitucional del Presidente supone incorporar al artículo 4 constitucional la siguiente frase: “Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”.
Desde agosto de 2010, la Suprema Corte de Justicia, en un ejercicio de mera interpretación constitucional, se ha pronunciado reiteradamente sobre el derecho a contraer matrimonio y la prohibición de excluir del mismo a las parejas del mismo sexo. Ello a partir del derecho de igualdad, recogido en el artículo 1 constitucional que desde junio de 2011 dispone: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana…”.
Esto no significa que la iniciativa del Presidente suponga crear un nuevo derecho constitucional, sino que pretende explicitar lo que ya estaba previsto en otras porciones normativas del mismo orden. Si en retórica es “tautología” la repetición innecesaria de un pensamiento usando palabras similares, aquí podemos decir que estamos ante una “tautología constitucional”.
Tengo muchas dudas sobre la necesidad de explicitar todo en la Constitución, de seguir abigarrándola. Además, me preocupa que haya quien piense que, para ser democrática, una decisión judicial debe “constitucionalizarse”. Creo que ello deriva de la mala comprensión de lo que es una Constitución y del papel que juega la interpretación en el orden jurídico. Creo también que entender así el orden constitucional menoscaba el papel de los intérpretes de la norma.
El presidente Peña, además, propuso reformar el código civil federal para permitir a las parejas del mismo sexo casarse. La reforma me parece deseable y sin duda será de enorme utilidad para las parejas gay… que pretendan casarse en un consulado. Es decir, ¿qué pasan con aquellos que pretendan contraer matrimonio en los estados de la República? Esa es otra historia.
Diré lo obvio: el presidente no tiene facultades para iniciar leyes o reformas a nivel local. Las iniciativas presentadas no tendrán impacto alguno sobre los órdenes locales, no motivarán reformas a los códigos civiles y familiares de los estados ni “harán realidad los matrimonios igualitarios a nivel nacional” —como afirmaban las notas periodísticas de ayer—.
Incluso, la reforma al artículo 4 constitucional no cambiará nada para las miles de parejas gay que quieren contraer matrimonio en la mayoría de los estados de la República. Bienaventurados quienes viven en la Ciudad de México, Coahuila, Quintana Roo, Chihuahua y, recientemente, Michoacán. Desafortunados quienes viven en los otros 26 estados y que, al querer contraer matrimonio, tienen y tendrán que promover un juicio de amparo en contra de las normas que les restringen el acceso al mismo. Lo diré una vez más: de aprobarse las iniciativas del presidente, la necesidad de promover un juicio de amparo no cambiará.
Seamos críticos antes de aplaudir las buenas intenciones de un gobierno. Contribuyamos técnica e inteligentemente. La lucha por la igualdad y el respeto a las minorías sexuales lo exige.
Julio Manuel Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la Ponencia del Ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @julio_mr1
José Carreño Carlón y Saúl López Noriega La llegada del pluralismo político a la sociedad mexicana arrojó, entre otras, una consecuencia de enorme relevancia: buena parte de los conflictos sociales se empezaron a procesar por la vía institucional. A falta de un presidente de la República que fungiese como centro de gravedad indiscutible en el sistema político, que estableciese orden y certeza, fue inevitable que las fuerzas políticas buscaran asirse al piso común propio de una sociedad democrática: la ley.
Karen Silva Mora A propósito de la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad del arraigo para delitos graves en el ámbito federal, diversas organizaciones y especialistas se han pronunciado en contra del fallo, e incluso a favor de la desaparición de la figura del arraigo del sistema jurídico, por considerarla contraria a los derechos humanos.
Antonio Musi Veyna La resolución mediante la cual la Suprema Corte concedió amparo a diez policías tras concluir que al momento del operativo en el antro News Divine, en junio de 2008, donde murieron doce personas, dichos policías no se encontraban en el lugar y por ello no son responsables, parece una salida razonable por cuanto hace a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Pero deja aún sin respuesta las interrogantes principales sobre la tragedia.
Luis Enrique Rosas El los próximos días, la Suprema Corte iniciará el análisis de la acción de inconstitucionalidad 41/2013 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tlaxcala. El meollo de este asunto es que en el Código Penal del estado de Tlaxcala se señalaba que el aborto no sería punible si: 1) el embarazo había sido producto de una inseminación artificial no consentida y 2) si producto presentaba malformaciones las cuales, aun llevando el embarazo a término, no ofrecerían posibilidad alguna de sobrevivencia. Sin embargo, el 5 de diciembre de 2013, el Congreso de Tlaxcala tuvo a bien eliminar dichas excluyentes de punibilidad. Es decir, bajo el entendimiento de ese Congreso, si una mujer es inseminada en contra de su consentimiento y aborta, debe ser enjuiciada como criminal. Asimismo, si una mujer se encuentra en estado de gravidez con un producto con malformaciones genéticas que, a juicio médico, no tiene posibilidades de sobrevivir, pues también debe enjuiciarse a la mujer.
Pues bien, para fortuna de las tlaxcaltecas y enojo de sus legisladores, la Comisión de Derechos Humanos de dicho estado presentó una acción de inconstitucionalidad con el objeto de denunciar dicha reforma legislativa. En breve, a juicio de esta Comisión, esa reforma atenta contra los derechos de las mujeres y va en contra del principio de progresividad de los derechos humanos.
Así, en los próximos días, los ministros de la Suprema Corte decidirán el futuro de los derechos de las mujeres tlaxcaltecas en este rubro menor. Por ello, va la pena recorrer lo señalado por la Corte y por cada uno de sus integrantes en este peliagudo tema que pone en juego el corazón mismo de la autonomía de las mujeres. Veamos.
En 2008, la Suprema Corte avaló una reforma del Distrito Federal que preveía la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta antes de la semana doce de embarazo (acción de inconstitucionalidad 146/2007). En aquella ocasión fueron 8 ministros quienes abanderaron dicha causa, contra tres ministros que votaron en contra.
En 2011, la Corte revisó la constitucionalidad de la Constitución de Baja California Sur (acción de inconstitucionalidad 11/2009), cuando al Congreso de dicha entidad se le ocurrió proteger la vida en su texto constitucional desde la concepción, con el claro objetivo de reforzar la postura antiaborto en dicha entidad y en respuesta al fallo de 2008 de la Corte. En la decisión de 2011, la Corte necesitaba 8 votos en contra de dicha reforma constitucional para señalar que proteger la vida desde la concepción era contrario a la Constitución federal. Sin embargo, sólo 7 ministros señalaron que era inválido, otros 4 se inclinaron por su validez. En consecuencia, y debido a las reglas procesales de la figura acción de inconstitucionalidad, al sólo alcanzarse la votación de 7 y no de 8 ministros en contra de dicha reforma constitucional, la norma constitucional que protege la vida desde la concepción en Baja California quedó válida y vigente.
Ahora bien, en 2015 el asunto vuelve a tocar las puertas de la Suprema Corte. Pero, ¿qué dirá la Corte? ¿Quiénes la integran ahora? ¿Cómo votaran los nuevos ministros?
La posición ideológica de los ministros respecto al aborto en 2008
En 2008, la decisión de la Suprema Corte respecto la acción de inconstitucionalidad 146/2007, se configuró de la siguiente manera:
Posición en relación al aborto
A favor (sólo por cuestiones procedimentales)
De Jesús Gudiño Pelayo
La posición ideológica de la Corte en 2011
En 2011, la Corte se pronunció respecto a la inclusión del derecho a la vida desde la concepción en la Constitución de Baja California (acción de inconstitucionalidad 11/2009). Para dicho año la conformación de la Corte había cambiado: el ministro Gudiño había fallecido, siendo sustituido por el ministro Pardo (de visión más conservadora); el ministro Azuela había concluido su cargo y sustituido por el ministro Aguilar (de visión más liberal); de igual manera el ministro Góngora fue sustituido por el Ministro Zaldívar (ambos liberales). En suma, la Corte parecía tener un balance. Sin embargo, en la votación de la acción de inconstitucionalidad de 2011 no se reflejó dicho balance. Pues, al final se reconoció la validez de las reformas constitucionales que protegían el derecho a la vida desde la concepción, obstaculizando en varios sentidos cualquier legislación que buscase crear espacios de libertad para interrumpir el embarazo.
En dicha resolución, el voto decisivo lo tuvo la ministra Luna. Pues, su cambio de criterio, que en principio fue a favor del aborto por cuestiones procedimentales y, posteriormente, fue ideológicamente más conservador al defender la validez de la protección de la vida desde la concepción, fue la clave para decidir esta última acción de inconstitucionalidad. No descarto, por supuesto, la importancia de los votos de los demás ministros, sólo señalo que quien pareció moverse ideológicamente de un plano liberal procedimental a uno conservador fue Luna Ramos. Pues, en comparación con 2008, en 2011 la Corte mantenía el mismo balance: el ministro Gudiño (liberal) fue sustituido por un ministro conservador (Pardo), y el ministro Azuela (conservador) por uno liberal (Aguilar) y el ministro Zaldívar entró a sustituir al ministro Góngora, ambos con una aproximación liberal de la Constitución. Es decir, aunque parecía existir un equilibrio que permitía replicar el resultado de 2008, el viraje de la ministra Luna fue decisivo. Aquí un cuadro con la decisión de la acción de inconstitucionalidad 11/2009:
Posición respecto al aborto
Arturo Zaldívar (que sustituyó a Góngora)
Jorge Mario Pardo (que sustituyó a Gudiño)
Luis María Aguilar (que sustituyó a Azuela)
Como se observa, los ministros Cossío, Franco, Valls, Cordero y Meza mantuvieron la misma posición a favor de la protección de las mujeres, mientras que los ministros Anguiano y Mayagoitia no se movieron de su posición conservadora. Los nuevos ministros Zaldívar y Luis María Aguilar se pronunciaron en un sentido liberal a favor de declarar la invalidez de la protección de la vida desde la concepción establecida en la Constitución de Baja California y el ministro Pardo voto de manera más conservadora en el sentido de señalar la validez de la citada reforma. La ministra Luna fue quien cambió el sentido de su votación.
La posición ideológica de la Cortea actual
La Suprema Corte de Justicia, no obstante, ha vuelto a cambiar su integración: los ministros Anguiano, Mayagoitia y Valls han sido sustituidos por los ministros Ortiz-Mena, Pérez Dayán y Medina Mora. Si bien, los ministros Anguiano y Mayagoitia se caracterizaron por ser conservadores, no podemos asegurar que sus sucesores necesariamente lo vayan a ser. En cuanto al sucesor de Valls, el ahora ministro Medina Mora, los criterios pronunciados por éste como Procurador General de la República no apuntan a que vaya asumir una posición liberal en este caso que se resolverá en los siguientes días. Por ello, se puede estimar que la votación de la Suprema Corte, al resolver esta acción de inconstitucionalidad de Tlaxcala, sea la siguiente:
Posición respecto del aborto
Medina Mora (que sustituyó a Valls)
Pérez Dayán (que sustituyó a Mayagoitia)
Ortiz Mena (que sustituyó a Anguiano)
De mantener sus posiciones ideológicas en el mismo sentido, se espera que los ministros Cossío, Franco, Zaldívar, Cordero, Meza y Aguilar voten a favor de la despenalización del aborto por malformaciones genéticas e inseminación artificial no consentida y, por tanto, en contra de la modificación legislativa del Código Penal de Tlaxcala. Asimismo, se espera que tanto la ministra Luna como el ministro Medina Mora voten a favor de la penalización en los casos de aborto citados. Del ministro Ortiz Mena, dado sus pronunciamientos progresistas desde su nombramiento sería posible apuntar que se pronunciará en contra de la reforma de Tlaxcala y a favor de una interpretación protectora de los derechos de las mujeres.
Ahora bien, si es cierto este escenario arriba descrito, habrá que poner especial atención al ministro Pérez Dayán en tanto que pareciera no haber fijado una posición ideológica clara frente al tema, ya sea liberal o conservadora. Pues el futuro de los derechos de las mujeres de Tlaxcala pareciese que depende de este voto clave.
Luis Enrique Rosas. Licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Gabriela Rodríguez El pasado 14 de abril de 2015, el pleno de la Suprema Corte decidió por 6 votos a favor y 5 en contra la constitucionalidad del artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales que establece el arraigo en caso de delitos graves hasta por 40 días. La figura del arraigo ha sido ampliamente debatida en foros nacionales e internacionales por ser violatoria de derechos humanos, tales como la libertad personal, el debido proceso y por ser un caldo de cultivo para la tortura y otros tratados crueles inhumanos y degradantes. Yo me pregunto: ¿Dónde quedaron las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos? ¿Dónde está el control de convencionalidad y el principio pro persona? ¿Acaso estamos frente a un límite constitucional?

References: artículo 105
 artículo 49
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 4
 resolución 
 artículo 133