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Timestamp: 2020-08-04 08:43:34+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 252-1, de 04/06/2010
Núm. 252-1
122/000227 Proposición de Ley de reformas urgentes en materia tributaria.
Presentada por los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto.
122/000227
AUTOR: GER-IU-ICV, GMx.
Proposición de Ley de reformas urgentes en materia tributaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), presentan la siguiente Proposición de Ley de reformas urgentes en materia tributaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2010.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Ridao i Martín y Joan Herrera Torres, Portavoces del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A finales de enero de este año, el Gobierno presentó un programa de consolidación fiscal para reducir el déficit público al 3 por ciento del PIB en 2013, planteando una reducción gradual del déficit en cuatro ejercicios desde un déficit previsto para 2010 del 9,8 por ciento del PIB y que significó el 11,2 por ciento del PIB en 2009. Esta consolidación fiscal, según el Gobierno,
no debería limitar las posibilidades de recuperación de nuestra economía.
Pese a las dudas sobre ese último extremo, el Presidente del Gobierno anunció en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de mayo un nuevo y duro ajuste económico con la intención de acelerar la reducción programada del déficit público.
Así, el Gobierno se ha comprometido a anticipar la reducción programada del déficit asumiendo nuevos recortes por valor equivalente a medio punto del PIB en 2010 (más de 5.000 millones de euros) y otro punto más en 2011 (10.000 millones de euros). Esto supone reducir en dos años 5,2 puntos porcentuales de déficit público con relación al PIB, desde el mencionado déficit del 11,2 por ciento del PIB en 2009 hasta el 6 por ciento del PIB en 2011. Tal y como expresó el Presidente del Gobierno en el Congreso, significa cumplir en tan solo dos años dos terceras partes del ajuste programado para cuatro años.
El Gobierno ha decidido recortar las retribuciones del personal del sector público en un 5 por ciento de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011; suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas; eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007; eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011; reducir los gastos en farmacia; suprimir para los nuevos solicitantes la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia el día de presentación de la solicitud, estableciéndose paralelamente un plazo máximo de resolución de seis meses cuyo incumplimiento llevará aparejada retroactividad desde esa fecha; reducir entre 2010 y 2011 la ayuda oficial al desarrollo en 600 millones de euros; reducir en 6.045 millones de euros la inversión pública estatal; y procurar un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
Algunas de estas medidas conforman un ajuste social sin precedentes y el grueso de ellas añade más incertidumbre a la esperada recuperación de la economía. La acelerada reducción del déficit público afectará negativamente a la demanda agregada y, por tanto, al crecimiento económico y al empleo.
En ese sentido, las medidas del Gobierno pueden acabar por ser contraproducentes para mejorar el desequilibrio de las cuentas públicas, además de ser injustas e innecesarias. Si se entorpece la recuperación económica, será mucho más difícil corregir los desequilibrios fiscales y el empleo será la variable más perjudicada, siendo muy probable que nuestra tasa de desempleo se sitúe a corto plazo por encima del 21 por ciento de la población activa.
Evitar esta situación exige medidas que impulsen la actividad económica, pero también actuar por el lado de los ingresos públicos para evitar que el déficit público plantee serios problemas a la hora de su financiación.
Esta Ley recoge un conjunto de medidas tributarias orientadas a conseguir recursos a corto plazo para reducir nuestro déficit público, buscando, además, efectos redistributivos positivos al afectar con carácter general a los contribuyentes de mayor capacidad económica y con una menor propensión relativa al consumo. Así, en comparación con el ajuste programado por parte del Gobierno, se trata de medidas socialmente más justas y con un impacto potencial menos negativo sobre la demanda agregada.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se introduce, en primer lugar, un nuevo tramo en la tarifa general para bases liquidables superiores a 100.000 euros anuales que serán gravadas a un tipo marginal del 50 por ciento, entendiendo que los contribuyentes que perciben retribuciones de elevada cuantía pueden realizar un esfuerzo suplementario para financiar el gasto público.
En segundo lugar, se mejora la progresividad en la tributación del ahorro con un tramo más en su tarifa para bases liquidables superiores a los 12.000 euros anuales a un tipo del 24 por ciento. Además, se recupera el requisito del plazo de permanencia para calcular la tributación de las plusvalías, suprimido en la reforma fiscal de 2006.
No parece justo ni equitativo que las ingentes plusvalías generadas por operaciones especulativas deban considerarse renta del ahorro y beneficiarse de un tipo impositivo más favorable que el que grava la renta general. En todo caso, no lo parece para los rendimientos de operaciones realizadas en el muy corto plazo.
Estas plusvalías no aportan valor añadido a la economía, no benefician a la economía productiva y perjudican al adquirente que sufrirá el aumento del precio, especialmente en el caso de operaciones especulativas sobre inmuebles.
Por estos motivos se califica como renta del ahorro las transmisiones de bienes o derechos que tengan una antigüedad mínima de dos años, que se amplía a seis en el caso de transmisiones de inmuebles. Igualmente, se prevé una excepción en el caso de la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente si existe una causa objetiva que obligue al cambio de domicilio.
En tercer lugar, se suprime el régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español.
La opción por el régimen favorable para los "impatriados" está limitada a aquellos que obtienen rentas inferiores a 600.000 euros. Sin embargo, sigue sin ser justo que las millonarias retribuciones de los aún numerosos deportistas de alto nivel o de los directivos de empresas y multinacionales "impatriados" tributen al tipo fijo del 24 por ciento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que es precisamente el tipo marginal
mínimo que se aplica a cualquier ciudadano residente en el Estado español.
Este régimen favorable para los "impatriados" se justificó en su día para atraer hacia España a los directivos de multinacionales y, con ellos, las sedes de las mismas. La experiencia ha acreditado que esas expectativas no se han cumplido y que dicho beneficio es utilizado ampliamente por los clubes deportivos que fichan a jugadores extranjeros con altísimas retribuciones, netas de impuestos, por un plazo máximo de seis años para aprovechar la ventaja fiscal.
Esas personas son tan residentes como cualquier trabajador al que se le aplica la tarifa general del tributo, y no existe ninguna justificación superior para que este beneficio fiscal a personas de altísimos ingresos prevalezca sobre el interés general.
Esta Ley recupera el Impuesto de Patrimonio para aquellos contribuyentes que declaran un patrimonio individual neto de deudas superior a un millón de euros, lo cual permitirá al Estado ingresar unos 1.500 millones de euros anuales, manteniendo la normativa, exenciones y tarifa anteriores a la supresión de hecho operada en 2008.
Respecto al Impuesto de Sociedades, se establece un tipo del 35 por ciento para las bases imponibles que superen los 100 millones de euros. Las grandes empresas que obtienen beneficios por encima de esa cantidad pueden realizar un esfuerzo suplementario para financiar el gasto público. Especialmente si dichas grandes empresas pueden disfrutar de un tipo medio efectivo inferior al 20 por ciento calculado, no sobre los beneficios contables, sino sobre la base imponible declarada, y que es inferior al tipo medio efectivo de empresas de menor dimensión.
En la disposición adicional segunda se establecen medidas estructurales, organizativas y normativas para intensificar la lucha contra el fraude fiscal. El desplome de los ingresos tributarios por la crisis económica y por el notorio aumento de la economía sumergida hacen de estas medidas una cuestión fundamental.
La disposición adicional tercera tiene por objeto la adopción de medidas similares a las que han adoptado otras economías avanzadas prohibiendo las ventas en corto al descubierto que tienen efectos negativos en la economía real. Además, se pretende desincentivar las operaciones especulativas con una tasa sobre las operaciones bursátiles a corto.
Por último, se modifica en la disposición final primera de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, para evitar los notorios abusos de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), de patrimonios familiares, que cumpliendo los actuales requisitos crean una institución de inversión colectiva, cuando en realidad son auténticas instituciones de inversión "privadas".
Así, se modifica el artículo 9 de la Ley 35/2003 extendiendo el límite máximo de participación (5 por ciento del capital) a todas las modalidades de sociedades de inversión, financieras o no, y no sólo a las SICAV. Así se evita el control de la sociedad y el partícipe que quiera invertir o adquirir algún bien reembolsará su participación y tributará por la renta del ahorro diferida, según la diferencia entre el valor liquidativo y el valor de adquisición.
En el caso de que una sociedad de inversión no respete el nuevo porcentaje máximo de participación, será una causa de desfiscalización como institución de inversión colectiva.
Artículo uno. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Con efectos desde 1 de julio de 2010 y vigencia indefinida, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:
Primero. Se modifica, la letra b) del artículo 46, que queda redactado de la siguiente forma:
"Artículo 46. Renta del ahorro.
b) Las ganancias y pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales que hayan permanecido en el patrimonio del transmitente durante los dos años anteriores a la fecha de la transmisión, contados de fecha a fecha.
En el caso de transmisiones de inmuebles o de derechos constituidos sobre los mismos, se considerará renta del ahorro las ganancias y pérdidas patrimoniales producidas, siempre que dichos inmuebles o de derechos hayan permanecido en el patrimonio del transmitente durante los seis años anteriores a la fecha de la transmisión.
El requisito de permanencia del párrafo anterior no se exigirá en las transmisiones de viviendas que constituyan el domicilio habitual del transmitente, así como
sus anexos y plazas de garaje, hasta un máximo de dos, que se trasmitan conjuntamente con aquella, si existe una circunstancia objetiva que necesariamente exija el cambio de domicilio, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer empleo, o cambio de empleo, u otras análogas que justifiquen el cambio de domicilio. Reglamentariamente, se determinarán esas circunstancias y la forma de su acreditación."
Segundo. Se modifica el apartado 1 del artículo 63, que quedará redactado como sigue:
"1. La parte de la base liquidable general que exceda del importe del mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta Ley será gravada de la siguiente forma:
Base liquidable - Hasta euros;Cuota íntegra - Euros;Resto base liquidable - Hasta euros;Tipo aplicable - Porcentaje
0;0;17.707,20;15,66
17.707,20;2.772,95;15.300,00;18,27
33.007,20;5.568,26;20.400,00;24,14
53.407,20;10.492,82;46.592,80;27,13
100.000,00;23.133,44;En adelante;31,55
2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar, la escala prevista en el número 1.º anterior."
Tercero. Se modifica el artículo 66, que quedará redactado como sigue:
"Artículo 66. Tipos de gravamen del ahorro.
Parte de la base liquidable - Euros;Tipo aplicable
Hasta 6.000 euros.;11,72
Desde 6.000,01 euros hasta 12.000 euros.;12,95
Desde 12.000,01 en adelante.;14,80
2. En el caso de contribuyentes que tuviesen su residencia habitual en el extranjero por concurrir alguna de las circunstancias a las que se refieren el apartado 2 del artículo 8 y el apartado 1 del artículo 10 de esta Ley, la base liquidable del ahorro, en la parte que no corresponda, en su caso, con el mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta Ley, se gravará a los tipos que aparecen en la siguiente escala:
Parte de la base liquidable - Euros;Tipo aplicable - Porcentaje
Hasta 6.000 euros.;19
Desde 6.000,01 euros hasta 12.000 euros.;21
Desde 12.000,01 en adelante.;24
Cuarto. Se modifica el apartado 1 del artículo 74, que quedará redactado como sigue:
0;0;17.707,20;8,34
17.707,20;1.476,78;15.300,00;9,73
33.007,20;2.965,47;20.400,00;12,86
53.407,20;5.588,91;46.592,80;15,87
100.000,00;12.983,19;En adelante;18,45
2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar la escala prevista en el número 1.º anterior."
Quinto. Se modifica el artículo 76, que quedará redactado como sigue:
"Artículo 76. Tipo de gravamen del ahorro.
La base liquidable del ahorro, en la parte que no corresponda, en su caso, con el mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta Ley,
se gravará a los tipos que aparecen en la siguiente escala:
Hasta 6.000 euros.;7,28
Desde 6.000,01 euros hasta 12.000 euros.;8,05
Desde 12.000,01 en adelante.;9,20
Sexto. Se suprime la Sección V y el artículo 93 sobre Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español.
Artículo dos. Modificación de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
Con efectos desde 1 de enero de 2010 y vigencia indefinida, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio:
"Artículo 6. Representantes de los sujetos pasivos no residentes en España.
Uno. Los sujetos pasivos no residentes en territorio español vendrán obligados a nombrar una persona física o jurídica con residencia en España para que les represente ante la Administración tributaria en relación con sus obligaciones por este impuesto, cuando operen por mediación de un establecimiento permanente o cuando por la cuantía y características del patrimonio del sujeto pasivo situado en territorio español así lo requiera la Administración tributaria, y a comunicar dicho nombramiento, debidamente acreditado, antes del fin del plazo de declaración del impuesto.
La sanción impuesta de acuerdo con lo previsto en este apartado se reducirá conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 188 de la Ley General Tributaria."
Segundo. Se modifica el artículo 33, que queda redactado como sigue:
Sobre la cuota íntegra del impuesto se aplicará una bonificación del 100 por ciento a los sujetos pasivos por obligación personal o real de contribuir cuyas bases imponibles no superen 1.000.000 de euros."
Tercero. Se modifica el artículo 36, que queda redactado como sigue:
"Artículo 36. Autoliquidación.
Dos. El pago de la deuda tributaria podrá realizarse mediante entrega de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español que estén inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles o en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español."
Cuarto. Se modifica el artículo 37, que queda redactado como sigue:
"Artículo 37. Personas obligadas a presentar declaración.
Los sujetos pasivos sometidos al Impuesto por obligación personal, cuando su base imponible, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior al mínimo exento que procediere o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 1.000.000 de euros.
Los sujetos pasivos sometidos al Impuesto por obligación real, cualquiera que sea el valor de su patrimonio neto."
Quinto. Se modifica el artículo 38, que queda redactado como sigue:
"Artículo 38. Presentación de la declaración.
Los sujetos pasivos deberán cumplimentar la totalidad de los datos que les afecten contenidos en las declaraciones, acompañar los documentos y justificantes que se establezcan y presentarlas en los lugares que determine el Ministro de Economía y Hacienda."
Sexto. Se modifica la disposición transitoria, que queda redactada como sigue:
Los sujetos pasivos no residentes en territorio español dispondrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2010 para designar y poner en conocimiento de la Administración el nombramiento debidamente acreditado del representante a que se refiere el artículo 6 de esta Ley."
Artículo tres. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades).
Con efectos desde 1 de enero de 2010 y vigencia indefinida, el apartado 1 del artículo 28 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, queda redactado como sigue:
"Artículo 28. El tipo de gravamen.
1. El tipo general de gravamen para los sujetos pasivos de este impuesto será el 30 por ciento. No obstante, el tipo general de gravamen será el 35 por ciento para aquellos sujetos pasivos cuyas bases imponibles superen los 100 millones de euros."
El Gobierno presentará, en el plazo de tres meses desde la aprobación de este texto, las modificaciones legales oportunas que permitan discriminar la fiscalidad sobre las sociedades productivas de aquellas cuyo objetivo es estrictamente la elusión de impuestos.
Disposición adicional segunda. Medidas para mejorar los resultados de la lucha contra el fraude fiscal.
Uno. El Instituto de Estudios Fiscales elaborará, antes de un año desde la aprobación de la presente Ley, un estudio sobre la cuantificación de la economía sumergida en España, con desagregación territorial, sectorial y por impuestos, y actualizará bianualmente dicho estudio a tenor de los avances en la metodología que determine la Comisión Europea. Este informe será presentado y debatido en las Cortes Generales y en los Parlamentos Autonómicos, que adoptarán las medidas correctoras oportunas.
Dos. La Agencia Estatal de Administración Tributaria informará con carácter semestral a las Cortes Generales de los resultados de las actuaciones de control del fraude y atención a los contribuyentes realizadas en cumplimiento de sus funciones, remitiendo datos objetivos para garantizar una gestión transparente e independiente, y posibilitar el seguimiento de la evolución temporal de la economía sumergida en España.
Tres. El Ministerio de Economía y Hacienda propiciará los acuerdos necesarios para establecer fórmulas de coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas, potenciando la corresponsabilidad en la lucha contra el fraude fiscal.
Cuatro. El Ministerio de Economía y Hacienda propiciará los acuerdos necesarios para crear, antes de diciembre de 2010, una Base de datos o Censo Único Compartido o instrumento similar, con la información tributaria procedente de los ámbitos central y autonómico.
Cinco. A partir del ejercicio presupuestario posterior al de la entrada en vigor de la presente Ley, los tres Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda creados por el artículo 49 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, quedan clasificados en el subgrupo Al de los establecidos por el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Seis. El Gobierno liderará las negociaciones con las distintas Organizaciones internacionales de carácter político o financiero para controlar e identificar a los verdaderos titulares de los movimientos de capitales, los movimientos efectuados entre los Estados miembros y los territorios calificados como paraísos fiscales.
Siete. El Servicio de Prevención del blanqueo de capitales se coordinará con el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Tributaria del Estado para averiguar la identidad de las personas o entidades que utilizan en España los bienes y derechos de los que son titulares las empresas domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal, así como el título jurídico que les permite su utilización o disfrute.
Ocho. El Gobierno, antes de un año desde la aprobación de la presente Ley, presentará un Proyecto de Ley para establecer una obligación de las empresas que operan en España, y especialmente en el sector financiero, a suministrar información de las operaciones de sus filiales o sucursales en paraísos fiscales, en los mismos términos que informan de sus operaciones realizadas en territorio nacional.
En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta Ley el Gobierno desarrollará normativamente una regulación en la que se prohíba las ventas en corto al descubierto y se cree un tributo sobre los beneficios obtenidos en las operaciones bursátiles cuando la compra y venta del activos se realice en el mismo día con el objetivo de desincentivar los ataques especulativos.
Se modifica el apartado 4 del artículo 9 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, que queda redactado como sigue:
"Artículo 9. Concepto y número mínimo de accionistas.

References: resolución 
 artículo 9
 artículo 46
 artículo 63
 artículo 56
 artículo 66
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 56
 artículo 74
 artículo 76
 artículo 56
 artículo 93
 artículo 188
 artículo 33
 artículo 36
 artículo 73
 artículo 37
 artículo 38
 artículo 6
 artículo 28
 artículo 49
 artículo 76
 artículo 9