Source: http://www.libertadidioma.com/2002/20020713.htm
Timestamp: 2020-06-04 11:58:47+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Sábado 13 Julio 2002
El sí de ETA a Ibarretxe
Editorial ABC 13 Julio 2002
Juan Manuel DE PRADA ABC 13 Julio 2002
ABC 13 Julio 2002
Menosprecio a la memoria de Miguel Angel Blanco
Impresiones El Mundo 13 Julio 2002
ANTONIO ELORZA El País 13 Julio 2002
Higienes democrática
Enriqueta DE BENITO La Razón 13 Julio 2002
«Las Ketchup», el órdago y la luna
Julián LAGO La Razón 13 Julio 2002
El Peneuve se pone duro
Javier Ruiz Portella Libertad Digital 13 Julio 2002
Oficializar la deriva
EDITORIAL El Correo 13 Julio 2002
JAVIER GUEVARA SALETA/ El Correo 13 Julio 2002
La rebelión ciudadana contra ETA sigue en pie
M. ALONSO ABC 13 Julio 2002
Martínez Gorriarán recibe el premio de la Fundación Miguel Ángel Blanco
JORGE MURCIA/ERMUA El Correo 13 Julio 2002
El fin de la Pax Catalana
Andrés Freire Libertad Digital 13 Julio 2002
El calendario se ha cumplido escrupulosamente y el Gobierno tripartito de Juan José Ibarretxe ha logrado que el pleno del Parlamento de Vitoria, celebrado ayer, aprobara, por un lado, el ultimátum al Ejecutivo central sobre las competencias supuestamente pendientes y, por otro, la declaración de soberanía y territorialidad, tal como le proponía la Comisión de Autogobierno. Ante la trascendencia de ambas resoluciones la pregunta es inevitable: y ahora, ¿qué? La respuesta dependerá de cómo se hagan sentir de manera efectiva las consecuencias del acuerdo parlamentario. El documento de la Comisión de Autogobierno administra mensajes de propaganda y propuestas de acción política concreta. Los compromisos que resultan inviables en todos los términos acabarán diluidos en el inventario de soflamas ilustres del nacionalismo vasco. Las propuestas de acción política son las que merecen la atención porque afectan directamente a los derechos y a las libertades de los no nacionalistas.
El acuerdo del Parlamento vasco es, ante todo, un programa político de los nacionalistas con fases difusas, pero que englobarán el ejercicio unilateral de competencias, la elaboración de proyectos legales que recojan los objetivos soberanistas -un nuevo Estatuto, quizá-, su sometimiento a una consulta popular y el planteamiento directo al Estado de un régimen jurídico estatal para el País Vasco. La aceptación de este programa ha producido en el ámbito nacionalista consecuencias visibles desde el pasado lunes y explican las motivaciones del PNV para provocar una crisis como la que ayer tomó carácter parlamentario. Con la declaración de soberanía que, con todos los matices que se quieran, aprobó ayer el Parlamento de Vitoria, el PNV mantiene fuertemente cohesionado el frente nacionalista, se asegura el liderazgo de esta nueva etapa, retribuye el préstamo electoral que le hizo Batasuna con 80.000 votos y mantiene viva a ETA con un caudal suficiente de legitimación política. La reclamación estatutaria es sólo un adorno en este programa por la autodeterminación. En primer lugar, porque el nacionalismo ya ha exprimido el Estatuto hasta dejarlo exhausto. En segundo lugar, porque si el problema fuera de desarrollo estatutario no tendría sentido promover simultáneamente una declaración de soberanía, salvo que se pretendan utilizar los recursos estatutarios -el Parlamento, el Concierto, las competencias ya transferidas- como provisión para el proceso soberanista. Nadie en su sano juicio puede pensar que Batasuna se abstuvo ayer para dar un voto de confianza al desarrollo estatutario. La abstención de Batasuna es el voto favorable de ETA a las propuestas soberanistas de Ibarretxe.
Hoy, todos los nacionalistas están más unidos que hace una semana. Más incluso que en septiembre de 1998, cuando firmaron el Pacto de Estella, porque entonces ETA no logró lo que ayer sucedió: que el PNV institucionalizara en el Parlamento un proyecto de construcción nacional para Euskal Herria. Por eso, la situación que ayer se generó en el Parlamento vasco es la situación ideal que buscaban ETA y Batasuna: que el nacionalismo asumiera el mensaje más radical de soberanía, territorialidad y ámbito vasco de decisión sin exigir, a cambio, el cese del terrorismo. Pero esta situación exige al PNV toma de decisiones y coherencia con unos socios que no entienden de transacciones ni de geometrías variables en política. Es en el desarrollo de este acuerdo entre nacionalistas donde el Estado ha de aplicar el criterio de esperar y ver, de forma que las respuestas se vayan dando a medida que se produzcan los problemas, teniendo muy presente que la mayor parte de la estructura del Estado en el País Vasco está en manos del nacionalismo, lo que le confiere mecanismos suficientes para impulsar, por lo menos, situaciones de hecho que acaben configurando un estado de cosas soberanista.
Sin embargo, el nacionalismo se equivoca si cree que el Estado va a permanecer inoperante ante su cruzada por la autodeterminación. Pero también se equivoca si piensa que la opción del Estado puede ser una reacción legal e institucional desproporcionada. La Constitución marcará la pauta de lo que hayan de hacer los tres poderes del Estado, porque a los tres concierne preservar el orden constitucional. Por lo pronto, el nuevo Gobierno, a través de su ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, ya ha exigido lealtad institucional al lendakari Ibarretxe. Es bueno que el nacionalismo reciba el mensaje de que los cambios de gobierno no afectan a la sensibilidad sobre las cuestiones de Estado y esto debería extenderse también a la oposición socialista, que tiene ante sí la ocasión de reafirmar el acuerdo de fondo alcanzado con el Gobierno en el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, cuyo preámbulo, redactado en diciembre de 2000, se hace ahora más vigente que nunca ante la nueva -y probablemente definitiva- deslealtad del PNV con España.
Por Juan Manuel DE PRADA ABC 13 Julio 2002
Han transcurrido cinco años desde aquel episodio de demorado horror. Durante las horas o días en que Miguel Ángel Blanco permaneció secuestrado por las alimañas, hasta el instante en que se consumó su sacrificio bestial, viví, como cualquier hombre de buena o mediana voluntad, entre el desquiciamiento y la incredulidad. También la muerte, por mucho que chapotee en los lodazales del ensañamiento, precisa el concurso de la verosimilitud; y el ultimátum de las alimañas parecía inverosímil. «No lo harán, no pueden hacerlo», recuerdo que me repetía a cada instante, como en una letanía que tenía mucho de exorcismo. Pero lo hicieron. Nunca antes las alimañas, en su estrategia de extorsión espiritual, se habían atrevido a tanto. Supongo que, al someter la vida de aquel muchacho inocente a condición dilatoria, pretendían inocularnos la sensación de que nuestras vidas dependen de su capricho. Y también que ese perpetuo estado de zozobra promoviese un resignado derrotismo. Sin duda, las alimañas pensaron que, del mismo modo que el cultivo monótono del crimen genera hastío, la convivencia con el terror apabullaría nuestro ánimo y degeneraría en una especie de desalentada conformidad. Pensaron que la muerte de Miguel Ángel Blanco nos instalaría en el desconsuelo o en la calentura, esas dos manifestaciones simétricas de la impotencia. Conocían los resortes del dolor más vulgar, ese dolor que nos ofusca o nos hace desesperar, ese dolor que aplasta la inteligencia y nos arroja a la barbarie o a la rendición. Pero se tropezaron con un dolor muy distinto.
Lo que nació ante el cadáver de Miguel Ángel Blanco no fue un dolor visceral y primario, de ésos que cicatriza el tiempo y se desvanecen, exhaustos y ofendidos, entre declaraciones de pésame e indignaciones más o menos pasajeras. El asesinato de Miguel Ángel Blanco nos trajo un dolor fértil y lúcido, enaltecedor y unánime, que ya nunca desertaría de nuestra memoria. Aquel día luctuoso, los hombres de buena o mediana voluntad decidimos que no cejaríamos hasta exterminar a las alimañas; no alentaba en nosotros un sentimiento de venganza, sino una convicción tranquila y abnegada que ya nadie podrá torcer jamás. Las alimañas anhelaban el desmoronamiento de una sociedad entera, pero se tropezaron con una marea humana que rescataba de los pozos de la desolación sus últimas reservas de coraje; creían que su regodeo en la bestialidad les procuraría una sociedad de hinojos, y se tropezaron con una sociedad erguida, lacerada por el dolor pero inquebrantable, una sociedad sin resquebrajaduras que mostraba su sien y su pecho desnudos para que los ejecutores entendieran que Miguel Ángel Blanco no había muerto, que Miguel Ángel Blanco se repetía en cada uno de nosotros. Ni todas las balas de sus arsenales hubiesen bastado para talar ese bosque humano que caminaba dispuesto a realizar sus convicciones.
En estos cinco años transcurridos desde entonces, algunos tibios han desertado de este ejército donde nos agrupamos los hombres de buena o mediana voluntad. La estrategia amedrentadora de las alimañas ha rendido frutos entre ciertos ventajistas de la política que anteponen sus delirios ideológicos sobre la sangre derramada. Pero una sociedad asqueada espantó aquel día la sombra del anonadamiento para proclamar la defunción anticipada de las alimañas; una sociedad sorda a chantajes y amenazas dejó de temblar hace cinco años. Hoy más que nunca, el recuerdo de Miguel Ángel Blanco, hondón de incrédula sangre, asoma a nuestras heridas, para recordar a quienes prestan una respiración asistida a las alimañas que ya nunca más claudicaremos.
Hace cinco años las calles del País Vasco y de toda España eran un clamor contra ETA. El cruel asesinato de Miguel Angel Blanco despertó la responsabilidad democrática y el compromiso con la libertad de miles y miles de personas refugiadas hasta entonces en el silencio.
Aquel clamor era contra ETA, pero también a favor de unas instituciones políticas activas y decididas en la lucha contra el terrorismo, a favor de unos responsables políticos volcados en conseguir la libertad para el País Vasco. Porque la reacción de Ermua no sólo mostraba una nueva rebeldía cívica sino también la convicción ciudadana de que eran necesarias medidas activas contra ETA.
Cinco años después, en el trágico aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, los responsables políticos de las instituciones vascas, el PNV, EA e IU, han ratificado que su política nada tiene que ver con lo que exigían aquellos ciudadanos. Han aprobado en el Parlamento vasco un dictamen que recoge algunas de las aspiraciones básicas de los que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, y lo han hecho con la oportuna abstención entusiasta del brazo político de ETA.
Durante estos cinco años estos partidos no han mirado hacia la libertad que exigían aquellas gentes. Más bien han mirado hacia su propia supervivencia política. Y para asegurarla, no les ha importado pactar con el brazo político de ETA, o con la propia ETA.
Cinco años después, la situación de la libertad en el País Vasco es más grave que nunca, y el miedo y la zozobra de los ciudadanos creciente. Y, lo que aún es peor, también el desamparo en el que les han dejado sus instituciones políticas.
El desvarío nacionalista no sólo condujo ayer a la consumación de un desafío sin precedentes contra el orden constitucional.Mientras los partidos del Gobierno vasco hacían el juego a Batasuna aprobando en el Parlamento de Vitoria un dictamen con el que amenazan romper amarras con el Estado, en el Ayuntamiento de Ermua se celebraba con su escandalosa ausencia el homenaje a Miguel Angel Blanco con ocasión del quinto aniversario de su asesinato a manos de ETA. Ni un sólo representante del Ejecutivo que preside Juan José Ibarretxe, ni tampoco dirigentes nacionalistas se dignaron a tomar parte en un acto tan señalado en el que se honró la memoria del concejal del PP. Su falta de sensibilidad y desconsideración con la familia de Miguel Angel Blanco traiciona también todos los valores colectivos de solidaridad, de defensa del derecho a la vida frente al totalitarismo, que surgieron como masiva respuesta social a una de las mayores atrocidades cometidas por ETA. Como aseguró Carlos Martínez Gorriarán, portavoz de la plataforma ciudadana Basta Ya, tras recibir el V Premio por la Convivencia de la Fundación Miguel Angel Blanco, lo sucedido ayer es la ilustración definitiva del esperpento que los nacionalistas orquestan en el País Vasco: mano tendida a los cómplices de la violencia y el terror, incluso a costa del menosprecio a las víctimas.
Enriqueta DE BENITO, es parlamentaria de Unidad Alavesa La Razón 13 Julio 2002
El Gobierno Vasco ha declarado entidad de utilidad pública a AEK (Coordinadora de alfabetización y euskaldunización), con lo que ello implica según el artículo 22 de la Ley de Asociaciones del País Vasco de bonificaciones, de exenciones fiscales y de un tratamiento privilegiado en la política de subvenciones.
A nadie puede extrañar que un Gobierno de un color político determinado tienda a favorecer a los suyos. Existe la constatación de que así es aunque a nadie nos guste, ya que los gobiernos lo son de la totalidad de los ciudadanos y no deben hacer trato de favor a nadie ya que los impuestos los pagamos todos por igual. Ahora bien, el hecho de que se financie de esta forma tan descarada y desvergonzada a un instrumento de KAS o lo que es lo mismo del tinglado multidimensional que rodea a Eta, en un momento en el que la función de control del Parlamento vasco queda paralizada debido al periodo estival, es de una gravedad que a nadie con una mínima sensibilidad democrática debe de resultar ajena.
El mayor problema de los vascos hoy es estar gobernados por gente que ha perdido el sentido del pundonor y la vergüenza, así como es propio de profunda preocupación la degradación moral existente en la política pues la política debe ser además del arte de gobernar una pedagogía social que proyecte buenas costumbres y principios éticos, todo lo contrario de lo que observamos de la acción de gobierno del tripartito nacionalista.
La financiación del Gobierno Vasco a AEK resulta escandalosa. Por poner sólo un botón de muestra entre 1991 y 1999 el dinero entregado en concepto de subvenciones asciende como mínimo a 3.362.402.895 pesetas, incrementándose notablemente en estos últimos años. Por otra parte, AEK defraudó en el periodo entre esos años un montante de 1.489.439.766 pesetas en concepto de IVA.
El juez Baltasar Garzón procesó a varios miembros de AEK por pertenencia a la estructura KAS y dice entre otras muchísimas cosas que «en el seno de la estructura de KAS se la identifica (a AEK) con la clave «A.M.».
Se trata una de las «Grandes Empresas» que aparecen en el documento «Reunión de responsables de proyectos de Udaletxe, como ya se ha dicho. Sin perjuicio de profundizar más en ella en un momento procesal posterior, es preciso en este momento, afirmar su vinculación, al menos a través de algunos miembros de KAS, con el entramado empresarial estudiado y su configuración como entidad en la que, necesariamente uno de los responsables de KAS en ella tiene que integrarse en la Comisión y que se perfila como instrumento fundamental e idóneo para equilibrar todo el entramado, atendiendo las necesidades de liquidez que puntualmente pueden precisar otras empresas.
Decir, que AEK forma parte del entramado financiero del conglomerado proetarra, es una afirmación que no tiene duda, pues lo contempla en su auto el juez Garzón.
La anunciada querella que contra mí se anunció por AEK por haber instado al Gobierno desde sede parlamentaria a dejar de aportar fondos económicos a esa estructura oscura de carácter financiero, no se ha materializado, lo que deja al descubierto el maquillaje que AEK puso con el anuncio de aquella querella. Por poner otro ejemplo, según Garzón Iker Beristáin desempeñó sus funciones de tesorero de KAS y de AEK, lo que deja clara la dependencia funcional de la estructura de AEK respecto a la de KAS, y, nadie me podrá quitar de la cabeza la sospecha de que a través de este tipo de ayudas económicas se esté financiando indirectamente a Batasuna en un momento en el que se puede proceder a su ilegalización.
De ahí la gran desvergüenza de Balza al interrogarnos cuando hemos levantado el escándalo por qué no puede ser declarada AEK como asociación de utilidad pública. Y yo pregunto: ¿y por qué no son declaradas de utilidad pública Covite (víctimas del terrorismo) Basta Ya, Foro Ermua, etcétera? ¿No tienen sobrados méritos en cuanto a la prédica de los valores cívicos y principios democráticos y a la pedagogía social, a la emulación de los principios de la convivencia y axiología convivencial?
¿Por qué a AEK con nocturnidad y alevosía, en un momento en el que no cabe la posibilidad de la interpelación parlamentaria? ¿Por qué ahora precisamente, cuando se está en un momento de máxima tensión del Gobierno vasco amenazándonos con la secesión de Euskal Herría? ¿Por qué precisamente ahora cuando hay un bloqueo de las cuentas de Batasuna? ¿No cree el Gobierno independentista de Juan José Ibarretxe que hay sobrados motivos para sospechar en oscuras finalidades?
Es un escándalo inadmisible que se genere una financiación por vía de exenciones fiscales, y beneficios económicos que sólo deben ser propios de entidades que generen el bien general y no de presuntos cómplices del conglomerado etarra. Quítense la máscara y descubran sus vergüenzas, señores del Gobierno Ibarretxe.
Para terminar, hago mías las siguientes palabras del punto segundo del auto de procesamiento del Juez Garzón en su relato de hechos:
«No obstante esta nueva composición ¬se refiere a la estructura de Eta-Kas y a su sistema de financiación¬ que ya se recogían en Udaletxe y se desarrollaban a través de AEK, y sus cuentas corrientes y, que es instrumentalizada, como «caja general de tesorería» por Eta-Kas como soporte financiero del entramado empresarial vinculado al MLNV y que es objeto de investigación en el Sumario 18/98 de este Juzgado.
Esta instrumentalización se extiende a la financiación tanto de la estructura juvenil Jarrai, como al Órgano de relaciones internacionales Xaki (antes KEA y KHK) o proporcionando liquidez a su órgano de expresión Ezpala/Astilla, o a otras empresas como «ORAIN-EGIN».
¿Se necesita alguna constatación más?
«Las Ket- chup» son tres hermanas de Córdoba, explosivas y raciales, que arrasan con «Aserejé», el disco de moda que todo el mundo tararea pese a que su estribillo resulte un trabalenguas impronunciable: «Aserejé, já / dejé / dejebe tude jebere ...», o algo así más o menos. Arzalluz, Ibarretxe y Egibar no son, evidentemente, las hermanas «Ketchup», aunque tengan mucha carga explosiva y racial, a quienes tampoco entendemos su estribillo secesionista, el cual no pasaría de ser un trabalenguas divertido si no fuera por su trasunto dramático: la mitad de la sociedad vasca vive, bajo el gobierno nacionalista, en un campo de concentración.
Durante 25 años el constitucionalismo ha hecho esfuerzos sobrehumanos (léase aquí dejaciones) para comprender el lenguaje, etnicista y desagregador, con que el PNV nos viene amenazando especialmente desde Lizarra, aunque ya antes tuviera cogido al Estado, como el paciente desconfiado que acude al dentista, por donde más les duele, o sea por el independentismo. Así el reciente órdago del gobierno de Ajuria Enea, asistido parlamentariamente por Batasuna, constituye por un lado la prueba del algodón de a qué juega cada uno y, por otro, la cuenta atrás de una quiebra formal con la legalidad, que ya se apuntó, años atrás, con la creación de la Asamblea de Municipios Vascos.
Ahora bajo la conminación de enajenarse treinta y siete competencias (si al regreso del verano no les han sido transferidas por el Gobierno de la Nación), el Ejecutivo autónomo tripartito expresa el sueño de una noche de verano que nos parece un gesto en sí mismo tan inútil como provocador, amén de una gran deslealtad constitucional. Gesto inútil éste ya que de poco sirven unas competencias tomadas unilateralmente si no se acompañan de las correspondientes medidas administrativas y financieras. ¿De donde obtendrá Ajuria Enea los recursos que para ello requiere? ¿Acaso de un nuevo «impuesto revolucionario»? ¿Cómo obligará a los funcionarios estatales a trabajar a favor de su plan secesionista: militarizándoles, deteniendo a quienes se resistan o a punta de pistola?
Y gesto provocador por cuanto supone de desafio al Estado que podría aplicar la Constitución, la cual contempla la suspensión de competencias transferidas, en su totalidad o en parte, en casos en que los gobiernos autónomos contravinieren el marco legal. Situación ésta que, por lo que se deduce, el Gobierno de la Nación no va a permitir tal como ya han anunciado los nuevos ministros de Administraciones y de Justicia, Arenas y Michavila, respectivamente, que no viene a estarse con los brazos cruzados.
Cierto es que cualquier aspiración, por extrema que ésta nos parezca, tiene cabida en un Estado de Derecho. Por pedir puede pedirse incluso la luna, es decir la independencia, pero nunca sobre los cadáveres que acumula una banda terrorista. Lo decíamos el otro día y lo repetiremos hasta la saciedad: el brazo político de Eta no es Batasuna, es el PNV. ¿O se necesita alguna prueba más?
Dos artículos publicados en estas mismas páginas, a cuál más interesante, llegan sin embargo a conclusiones discordantes en cuanto a los riesgos que, para España y la democracia, puede representar el desafío lanzado por ese endurecido Peneuve que, junto con sus compinches, pretende arrogarse todas cuantas competencias soberanistas le venga en gana. Por un lado, “Lucrecio” recuerda en su artículo las consecuencias que tuvieron los “estados de excepción” que el franquismo tardío decretó en las Vascongadas. Los mismos —opina con razón— favorecieron la fantasmagoría separatista de una escisión entre “nosotros, los perseguidos” y “ellos, los perseguidores”. Considera por tanto que, “sea cual sea el desenlace final del choque, todos saldremos heridos de este combate”. Mucho más optimista se muestra en cambio Pío Moa, quien escribe: “En este desafío el estado democrático tiene todas las de ganar si obra con energía. Pero no basta la energía”. Al menos —viene a decir— la eventual suspensión del Estatuto de autonomía permitirá contrarrestar el error principal hasta ahora cometido por los demócratas: ese entreguismo de quienes, llenos de ingenua buena fe, han considerado que, cediendo a mansalva, se podía amansar la fiera (tanto la que devora vidas humanas como la que pretende engullir “pacíficamente” una parte sustancial de España).
¿Tenemos, pues, todas las de ganar… o todas las de perder? A primera vista, parece difícil no darle la razón a “Lucrecio”: la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el que se suspende el Estatuto de autonomía (de esto se trata, aunque pocas veces se dice a las claras) envenenaría aún más la situación. Sin duda, aunque es difícil que pueda estarlo todavía más… Lo que sí parece cierto es que la respuesta a tales bravuconadas daría a los bravucones un arma inmejorable: haría que el Peneuve se erigiera, junto con sus compinches del pacto de Estella, en firme baluarte de “las libertades atacadas por los fachas”… Ésta es realmente la cuestión esencial: la de la imagen que se cree. Por ello tiene tanta razón Pío Moa cuando afirma que no basta con adoptar las más enérgicas medidas. De nada servirían. Peor: si el combate no se da simultáneamente en otro frente —el de las ideas, convicciones y emociones—, todo lo que se hiciera podría resultar tan contraproducente como los estados de excepción del franquismo.
Sólo tiene sentido adoptar las medidas que una situación de excepción impone —sólo entonces tenemos todas las de ganar— si tales medidas no emanan meramente del Gobierno de la Nación, sino de la Nación misma. No es sólo a una Administración, a un Gobierno, a quien le corresponde tomar cartas en el asunto. Es España misma, son sus gentes quienes tienen que levantarse para, socorriendo a nuestros compatriotas vascos, defendernos y afirmarnos a nosotros mismos. En nombre, por supuesto, de la legalidad democrática conquistada, aun costa de tantos errores, en estos veinticinco años (todo lo contrario, ni que decir tiene, de lo que sucedía en los estados de excepción del franquismo). En nombre de la democracia, sí, pero en nombre también de algo mucho más antiguo, más hondo: en nombre de todos estos siglos de historia, lengua, cultura, identidad… que nos han forjado, y sin los cuales nada seríamos: como nada es la vacía, inane abstracción de un individuo desprovisto de colectividad.
El problema es que esa inanidad —“sólo cuenta lo individual, sólo importa lo tangible y material; todo lo demás son bobadas”— ha calado tan hondo entre nosotros; nuestras elites (o sus sucedáneos) se han dedicado con tanto ahínco a expandir esta socorrida sandez, que muy difícil va a ser que se levante ahora semejante clamor en defensa de nuestra identidad colectiva. Sólo así, sin embargo; sólo si un parecido clamor acompaña las medidas que la defensa de la Constitución impone, se podrá asegurar que, una vez derramadas sus actuales gotas de bravucona mala uva, vuelva el Peneuve al estado de flaccidez que es, de por sí, el que le mejor le corresponde.
El Parlamento vasco aprobó ayer, con los votos de PNV, EA e IU y gracias a la abstención de Batasuna, la resolución sobre el futuro del autogobierno que cumplimenta el calendario anunciado por el lehendakari Ibarretxe en el pleno monográfico celebrado por la Cámara el 25 de octubre de 2001. Resulta suficiente una lectura detenida de los textos que sirven de preámbulo de la resolución adoptada por el Legislativo vasco para constatar que sus promotores incurren en un balance falaz de la trayectoria autonómica al constatar que «el sentir mayoritario de la ciudadanía vasca entiende que hoy ha desaparecido el consenso político que se dio en torno al Estatuto», interpretando dicho sentir como efecto de las transferencias pendientes y en ningún caso como consecuencia del progresivo distanciamiento protagonizado por el propio nacionalismo gobernante respecto al pacto estatutario.
Las formaciones del tripartito faltan a la verdad de los propios trabajos de la Comisión Especial de Autogobierno y de la Ponencia resultante cuando afirman que su propósito es «alcanzar consensuadamente un nuevo Pacto Político para la convivencia» sobre «el radical respeto y reconocimiento de las distintas identidades y sensibilidades existentes en nuestra sociedad». Basta comparar todas estas consideraciones previas con la parte dispositiva del dictamen para concluir que, al redactar el texto de la resolución, los partidos del Gobierno Ibarretxe han tenido en cuenta una única sensibilidad distinta a la suya propia: la insensibilidad de Batasuna. La coalición de gobierno PNV-EA-IU se enfrentaba a una disyuntiva: o apurar las posibilidades de un entendimiento democrático con las formaciones no nacionalistas o, cuando menos, con una de ellas, o ensayar el restablecimiento de una entente abertzale buscando la abstención de Batasuna. La evidencia de que el Gobierno Ibarretxe se ha decidido por la segunda de las opciones resulta tan palpable como la ausencia de intento alguno en pos del objetivo que tan sólo hace unos meses parecía concitar las ilusiones del nacionalismo jeltzale: lograr que el PSE-EE de Patxi López se desentendiera de la sintonía constitucionalista entre socialistas y populares.
Pero lo que constituye una auténtica desfachatez es que, redactado el dictamen y aprobado en Pleno con la complaciente ayuda de Batasuna, sus promotores traten de restarle trascendencia. Como si más que de un emplazamiento a fecha fija se tratara de un amago obligado por algún extraño designio. Resulta significativo que tanto el lehendakari como los portavoces habituales de su Gobierno hayan hecho oír su voz para replicar a los integrantes del nuevo Gobierno Aznar, pero en ningún momento para defender la literalidad del texto de la resolución parlamentaria. Como resulta extraño que, en las horas previas a la reunión de la Ponencia parlamentaria, fuesen Madrazo, Azkarraga y Knörr quienes adelantaran el sentido de la propuesta de resolución. Una vez más, las vicisitudes domésticas del nacionalismo prevalecen sobre los anhelos y necesidades comunes al conjunto de los ciudadanos vascos. En esta ocasión el hiperliderazgo ejercido por Xabier Arzalluz ha llevado a que, anunciada su retirada con el legado de un mensaje más que soberanista, sus herederos y eventuales sucesores no osen cuestionar la bondad de la herencia política del actual presidente del EBB y traten de apropiarse de ella incurriendo en una deriva que, en la historia del nacionalismo jel-tzale, no encuentra otro precedente que su particular interpretación de la Declaración de Lizarra.
Es inaceptable que, en este insoportable juego del nacionalista sensato y del radical, haya quien trate de presentar la resolución parlamentaria de ayer como una formulación inocua respecto al drama que padecen tantos y tantos vascos víctimas del terror. El dictamen del tripartito no es en absoluto inocuo. Y no lo es por dos razones: porque salió aprobado como resolución gracias a la abstención de Batasuna pero, sobre todo, porque suscita en la comunidad nacionalista expectativas que de seguro resultarán frustradas o, en cualquier caso, sólo podrán ser administradas desde la connivencia entre el nacionalismo vasco y el nacionalismo violento. El acuerdo, además, oficializa la disposición del tripartito a superar el marco estatutario, prescindiendo de su gran capital de pacto, de consenso y de convivencia; a dar carácter de confrontación abierta a sus divergencias con el Gobierno español; y a obviar en su deriva al PP y al PSOE, las dos principales formaciones del Estado y las legítimas representantes de una gran parte de la ciudadanía y del electorado vascos. Un intento unidireccional y ventajista, cuando el gran problema de la sociedad de Euskadi es la persistencia del terrorismo y la ausencia clamorosa de libertad.
El dictamen sobre autogobierno aprobado ayer por el Pleno del Parlamento vasco es susceptible de ser valorado desde diferentes puntos de vista o ámbitos: político, ético y, también, jurídico.
Y, es que, cuando hablamos de conceptos como ámbito de decisión , superación de un determinado marco o cumplimiento o incumplimiento de un Pacto , estamos tratando de asuntos que tienen relación con el Ordenamiento Jurídico, entendiendo como tal el conjunto de normas, reglas y principios por los que una comunidad se rige para regular, de forma ordenada, la convivencia de los individuos que la componen.
Dentro de dicho Ordenamiento, de ese marco de convivencia, encontraremos siempre, como parte fundamental, la idea del pacto, acuerdo, contrato. Es por ello que una de las materias más importantes del Derecho, tanto público como privado, es la que hace referencia al Derecho contractual.
Y el Derecho contractual está, siempre ha estado, presidido por unos principios básicos y elementales. A saber:
1º.- No es posible, no es admisible exigir y reclamar el cumplimiento de un contrato y, al mismo tiempo, invocar o instar la resolución, rescisión, modificación o sustitución de dicho contrato. Son, ambas, pretensiones manifiestamente contradictorias. Hay que optar entre el cumplimiento o la resolución. Y hay que hacerlo de forma explícita e inequívoca. Lo contrario supondría una ambigüedad -incluso una incongruencia-, contraria al más elemental principio de seguridad jurídica y contraria, incluso, al mero sentido común, que, como sabemos, es la fuente fundamental de toda norma legal.
2º.- En segundo lugar, es más importante el acuerdo que el conflicto. Tiene más valor mantener que destruir. Es, por tanto, también fundamental el principio de conservación del contrato. Deberemos siempre tender al cumplimiento y a la conservación del pacto, y sólo en caso de imposible o difícil cumplimiento estaremos legitimados para recurrir a la solución traumática y conflictiva de resolución del acuerdo.
3º.- En consonancia con lo anterior, para declarar haber lugar a la resolución de un convenio no basta un incumplimiento puntual, parcial, proporcionalmente irrelevante con el contenido de la obligación principal. Será precisa la concurrencia de una conducta incumplidora continuada reiterada, rebelde y referida a lo que constituye el objeto fundamental del pacto.
4º.- A mayor abundamiento, no está legitimado para exigir el cumplimiento de un contrato, ni tampoco para instar su resolución, quien, a su vez, lo incumple, niega, desconoce o deslegitima. La facultad de optar entre exigir el cumplimiento del convenio o instar su resolución sólo la tiene el contratante leal y cumplidor. Porque, si no reconozco a la otra parte capacidad de influencia e intervención en la regulación de mis derechos y obligaciones, ¿cómo voy a poder reclamarle el cumplimiento de sus obligaciones recíprocas? ¿En base a qué le voy a poder hacer sujeto pasivo de mis demandas y reivindicaciones? ¿Qué clase de imputación, o responsabilidad puedo hacer recaer sobre él?
Hasta aquí, consideraciones de orden doctrinal. Apliquémoslas al caso que nos ocupa. No acabo de entender qué es, exactamente, lo que se pretende. No entiendo cómo se puede exigir -incluso en forma de ultimátum- el pleno cumplimiento del Estatuto de Gernika para, a continuación, negar su vigencia, desligitimarlo como carta otorgada y reivindicar la necesidad de sustituirlo por un nuevo escenario, un nuevo marco de regulación del estatus jurídico y de convivencia de los ciudadanos que integramos la Comunidad Autónoma. ¿No estamos manteniendo pretensiones incongruentes y contradictorias? Tampoco tengo claro que el incumplimiento -supuesto incumplimiento- del pacto por parte de las sucesivas administraciones del Estado haya sido de la suficiente entidad, de la suficiente importancia cualitativa respecto del objeto del convenio, como para legitimarnos para instar o declarar su resolución y extinción. Veo también una grave incongruencia en el modo de plantear la cuestión: el Estatuto, ¿ya no vale porque no se ha cumplido, o no vale porque no recoge las aspiraciones de los ciudadanos vascos? ¿Quiere decirse que, de haberse cumplido en su integridad, el Estatuto de Gernika seguiría siendo un instrumento válido para regular las relaciones entre el País Vasco y el Estado? Si ello fuera así, ¿por qué decimos que no soluciona el problema de dicha relación? ¿Por qué exigimos el pleno cumplimiento de un pacto inútil, inservible, ineficaz? No acabo de entenderlo.
Pero, sobre todo y lo que es más grave, tampoco parece estar demasiado claro el marco jurídico que ha de venir a sustituir al Estatuto. Se nos dice que, en los nuevos tiempos que se avecinan, Euskadi -actualmente Euskal Herria- será lo que los ciudadanos y ciudadanas vascas libremente decidan. Esto es, de momento, todo lo que tenemos. No me parece suficiente para tomar una decisión tan importante y transcendente como la de resolver y dar por extinguido el contrato que, durante casi un cuarto de siglo, ha servido para regular nuestra relación jurídica con el Estado. Quisiera ver una alternativa concreta, un nuevo texto en el que, artículo por artículo, epígrafe por epígrafe, se regule de forma concreta y pormenorizada algo tan importante como mi futuro estatus como ciudadanos de este país. Eso es lo que, fuera ya de consideraciones políticas, tendría buen cuidado en estudiar y prever cualquier persona medianamente sensata y prudente o, dicho en términos jurídicos, cualquier ordenado comerciante o cualquier buen padre de familia, antes de dar un paso tan trascendente como el que parece dispuesta a dar nuestra clase gobernante.
Dicho sea todo ello en estrictos términos jurídicos y prescindiendo de otras valoraciones -políticas, éticas, históricas, etcétera-, sobre las que también habría mucho que decir.
El «espíritu de Ermua», que surgió hace cinco años tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, sigue vivo a pesar de que la rebelión ciudadana contra ETA no sea visible en las calles como lo fue entonces, según testigos de primera fila de aquel primer ¡Basta ya! de la sociedad vasca.
BILBAO. El alcalde de Ermua, el socialista Carlos Totorica, piensa que el cansancio que pesa en estos momentos sobre la sociedad vasca impide que los ciudadanos perciban una realidad que en su opinión es esperanzadora porque, según asegura, «estamos ganando la batalla a ETA». Considera que «el ciudadano de a pie ha hecho un esfuerzo brutal» en los últimos años, que se vio frustrado por el pacto de Estella, que supuso el abandono por parte del PNV de la unidad democrática frente a ETA.
Sin embargo, opina que fue aquel esfuerzo el que ahora está dando sus frutos, porque «no podemos pedir a los ciudadanos que se manifiesten constantemente como héroes», y «está el trabajo del Gobierno, que ha conseguido el compromiso de otros países en la lucha contra ETA», y «la ley de Partidos, que es una herramienta importantísima para acabar con la impunidad».
Indicios de una nueva «tregua»
En su opinión, los nacionalistas están preparando una nueva tregua de ETA. No es que tenga datos sobre ello, pero lo intuye, porque «el Gobierno de Ibarretxe se ha identificado con las tesis de HB y ETA y ocupa desde el punto de vista político el lugar de Batasuna», y «no es necesario que exista un acuerdo escrito», porque lo que está haciendo el PNV es «tender la mano en lo político a ETA y a su entorno para posibilitar la tregua, con el objetivo de que no se active la ley de Partidos».
Jaime Mayor Oreja, que era ministro del Interior cuando fue asesinado Miguel Ángel Blanco, considera que el «espíritu de Ermua» no se ha evaporado, sino que está en asociaciones ciudadanas como ¡Basta ya!, en la ley de Partidos, en el auto del juez Garzón, en la práctica congelación de las fuentes económicas de Batasuna y hasta en el planteamiento de una «alternativa democrática al régimen nacionalista en el País Vasco», porque, en su opinión, «el Gobierno del País Vasco no está en manos de un partido, sino de un régimen».
El dirigente del PP considera que la sociedad vasca no ha dejado de luchar para recuperar la libertad en el País Vasco, pero en su opinión «se trata de una gran batalla que tiene sus dificultades y sus crisis», aunque también un horizonte de esperanza que él entiende que es «el de la ley y la firmeza»
Para Mayor Oreja, «hace cinco años los vascos dejamos de ser cobardes y nos rebelamos, y todo el avance que se ha producido desde entonces en el fortalecimiento del Estado de Derecho se debe en buena medida a aquello». Sin embargo, en estos momentos no todos trabajan en el País Vasco en esa dirección y, según considera el dirigente del PP, «algunos prefieren que los verdugos de Miguel Ángel Blanco les arrastren a una estrategia de ruptura».
El «vértigo» del PNV
Recuerda Mayor Oreja cómo en un primer momento los nacionalistas se extrañaron de la rebelión ciudadana frente a ETA que brotó en Ermua y se extendió inmediatamente por todo el País Vasco, recibiendo el apoyo entusiasta del conjunto de los españoles. «Inicialmente, ante su fortaleza, los nacionalistas quisieron formar parte de esa rebelión», comenta el dirigente del PP, pero «en la medida en la que no lo controlaban, les entró vértigo».
Nicolás Redondo Terreros, secretario general de los socialistas vascos en aquellos momentos, acusa al PNV de haber trabajado para desactivar la rebelión cívica contra ETA por el miedo que le produjo la unidad de los ciudadanos nacionalistas y no nacionalistas contra el terrorismo.
Redondo recuerda que lo que ocurrió hace cinco años fue que «los que estaban callados, dispuestos a claudicar ante el nacionalismo, decidieron oponerse a ETA y, más tarde, cuando el PNV traicionó ese «espíritu de Ermua» firmando el pacto de Estella, se opusieron también al nacionalismo».
Cree Redondo que «hay que enfrentarse a los nacionalistas porque sólo entonces claudicarán», ya que, en su opinión, «no son un movimiento valiente, sino parasitario».
Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco ahora y cuando fue asesinado el concejal de su partido, coincide en destacar el «miedo» que le produjo al PNV la unidad de nacionalistas y no nacionalistas en la calle frente a ETA. «Vio que no podía monopolizar ese movimiento, como intenta monopolizar todo en el País Vasco, y quiso acabar con ello», dice. «El antídoto del PNV para Ermua fue Estella», recalca, antes de constatar que «hoy todos los nacionalistas están unidos recreando Estella, con el objetivo político de la independencia»
Carlos Martínez Gorriarán recibe el premio de la Fundación Miguel Ángel Blanco «Los vascos que no se han manifestado nunca contra ETA no saben lo que es la libertad»
Carlos Martínez Gorriarán arremetió ayer con dureza contra quienes «nos invitan a dejar la solución de lo que llaman el conflicto vasco en manos de profesionales de la pacificación que nos sustituyan, vivan a nuestra costa y decidan por nosotros qué precio hemos de pagar por el derecho a malvivir en nuestra propia tierra». El profesor de Filosofía y portavoz de Basta Ya recibió el 5º Premio a la Convivencia, otorgado por la Fundación pro-derechos humanos Miguel Ángel Blanco, en un multitudinario acto celebrado en el Ayuntamiento de Ermua. Asistieron políticos, intelectuales y representantes de diversas plataformas cívicas.
Gorriarán aprovechó su discurso para criticar con dureza la postura que adoptan los nacionalistas con las víctimas del terrorismo, así como el debate de autogobierno celebrado ayer, que calificó de «esperpento». El profesor donostiarra, elogiado por Mari Mar Blanco -hermana del edil asesinado hace cinco años- como «un ejemplo de pensamiento y valentía moral», cuestionó «las voces solícitas que aconsejan paternalmente a las miles de personas amenazadas para que cedamos y admitamos como mal menor la impunidad de nuestros agresores para ahorrarnos nuevos sufrimientos».
En su opinión, «el nuestro es un país donde el deseo de unos de poseer una patria exclusivamente suya quiere hacerse pasar por un derecho inalienable, y que debe imponerse a quienes piensan distinto». «Incluso -prosiguió-, nos acusan de aprovecharnos de la situación para conseguir una popularidad que, sin embargo, todos saben que es absolutamente indeseable».
Como ilustración de «este esperpento», Gorriarán expuso que «mientras estamos aquí conmemorando un duelo de hace cinco años, el Gobierno vasco puede estar liquidando ahora mismo ese contrato social entre vascos de distintas identidades que conocemos por Estatuto».
Gorriarán también abogó por «movilizarse y recordar» porque, a su juicio, «son actos vivos de libertad». En ese sentido, el portavoz de Basta Ya consideró que «los vascos que no se han manifestado nunca contra ETA, arriesgando algo de su tranquilidad y seguridad, no saben realmente qué es la libertad. Se comienza a perder la libertad -dijo- cuando uno decide no involucrarse, callar, consentir, pagar el chantaje, aceptar males seguros en nombre de bienes inciertos».
Más duro y directo si cabe fue el discurso del alcalde de Ermua, Carlos Totorika. Acusó a ETA y Batasuna de ser «los que crispan, asesinan, y causan la división en el País Vasco» y criticó que «se venda como diálogo el desestimiento y la renuncia a nuestra opinión y libertad». El edil socialista expresó su «hartazgo» de que «nos llamen inmovilistas quienes quieren volver hacia atrás, de que se nos considere extranjeros en nuestra tierra y de que se denomine proyecto político a todo esto; y, además, que se nos pida que lo respetemos».
En esa misma línea de censura al tripartito de Vitoria, Totorika señaló que «en este país, criticar lo políticamente correcto -al nacionalismo, que apoya la tesis de que ETA y Batasuna son un proyecto político- supone ser un radical». El alcalde de Ermua añadió unas gotas de optimismo a su discurso al constatar que,a su juicio, «se está produciendo la derrota tanto militar como política de ETA».
Mari Mar Blanco lamentó, por su parte, que se haya «roto el consenso democrático contra el terrorismo». En su opinión, «hace ya algún tiempo que la línea divisoria dejó de establecerse entre demócratas y totalitarios, para serlo entre nacionalistas y no nacionalistas».
Hasta hace muy poco, el discurso público sobre la inmigración era en Cataluña aún más políticamente correcto que en el resto de España. Recojo las palabras de una experta, que ejemplifican lo que allí se decía: “El modelo español de inmigración no es el nuestro. El modelo catalán es intercultural, y se basa en el mestizaje a través de los matrimonios”. En este contexto, Artur Mas aseguraba sin rubor que no le importaría tener una nieta musulmana, siempre que hablara catalán. También en ese contexto, aquellos que se salían del discurso socialmente aceptado –la señora Ferrusola quejándose de que las iglesias iban a ser sustituidas por mezquitas, Heribert Barrera y su famoso “Cataluña desaparecerá”– eran linchados sin piedad a modo de ritual purificador de la palabra pública.
Las premisas de ese discurso son (¿eran?) básicamente dos. La primera de ellas es la idea de que la integración de los inmigrantes españoles ha sido modélica. Y es cierto que los nuevos catalanes han asimilado la ideología catalanista, pero a costa de aceptar la preeminencia social de quienes tienen apellido y lengua comme il faut, que se reservan los puestos de poder en todas las esferas sociales. Ello ha sido entendido como natural por la primera generación de nuevos catalanes. La tradicional burguesía de Barcelona da por supuesto que será siempre así.
La segunda premisa es aún más ilusoria. Subyace tras ella un constructivismo degradado, que sostiene que la identidad es una construcción artificial creada a través de las redes del poder político y social. De acuerdo con esto, los viejos emigrantes charnegos eran agricultores del sur carentes de cultura, que habían sido catalanizados gracias a la educación (inmersión lingüística) y medios de comunicación social. Lo que había funcionado con ellos, funcionaría también con los nuevos inmigrantes llegados de Marruecos, Nigeria, Pakistán o Perú. En ese discurso, no cabía pensar que la cercanía cultural (lengua iberorromana, misma religión y costumbres...) entre catalanes y andaluces hubiera sido un factor importante de integración.
Estas dos premisas tan débiles están expuestas hoy a crecientes sacudidas –11 de septiembre, lepenismo, movimientos antisistema–, las mismas que erosionan a ojos vista el discurso político en Europa. En Cataluña, el catalizador del cambio ha sido el debate en torno a la Mezquita de Premiá, en el que todas las fuerzas políticas parecen descolocadas. La vía de escape de la clase política catalana ha sido exigir competencias en materia de inmigración. Pero ello no resuelve su problema: la incapacidad del catalanismo para hacer propuestas ante un problema que dominará el siglo XXI.
Esta incapacidad no es sólo verbal, es social. Si la llegada de inmigrantes del sur de España tuvo tanto impacto en Cataluña que produjo el catalanismo profundo de nuestros días, ¿qué efectos provocará la súbita llegada de inmigrantes de países extraños? Quién sabe. En todo caso, permaneceremos atentos a Barcelona, que promete ser una de las metrópolis más difíciles y divididas de la Europa del siglo XXI.

References: artículo 22
 artículo 155
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