Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2006-07264.htm
Timestamp: 2017-12-15 08:14:05+00:00

Document:
B.O.E. Nº 97 de 24/04/2006
La Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, aportÃ³ como principal novedad el constituir la primera regulaciÃ³n exclusiva y especÃ­fica de la instituciÃ³n catastral puesto que, hasta entonces, la primacÃ­a de su naturaleza tributaria habÃ­a determinado que su rÃ©gimen figurara siempre vinculado al de normas de carÃ¡cter fiscal. Poco mÃ¡s de un aÃ±o despuÃ©s de su promulgaciÃ³n, en uso de la autorizaciÃ³n contenida en la disposiciÃ³n final segunda de la ley citada, se aprobÃ³ el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que constituye el texto refundido de las disposiciones vigentes reguladoras del Catastro Inmobiliario y que, tambiÃ©n en su disposiciÃ³n final segunda, faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su desarrollo y ejecuciÃ³n. Dicha norma ha sido, posteriormente, objeto de ligeras modificaciones introducidas por las Leyes 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2005, y 4/2004, de 29 de diciembre, de modificaciÃ³n de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interÃ©s pÃºblico.
El presente real decreto, dictado en ejercicio de la referida facultad de desarrollo, tiene por objeto la aprobaciÃ³n de un primer bloque de normas reglamentarias del Catastro, cuya redacciÃ³n es fruto de una serie de consideraciones a las que es preciso hacer referencia para un mejor entendimiento de su alcance. La primera de ellas deriva de una de las mÃ¡s acusadas caracterÃ­sticas del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario: la minuciosidad con la que aborda la ordenaciÃ³n de buena parte de sus aspectos. Este factor ha permitido aligerar considerablemente esta disposiciÃ³n, pudiendo calificarse la entidad de sus contenidos, en tÃ©rminos generales, de inversamente proporcional a la de la correspondiente regulaciÃ³n de rango legal. Por otra parte, en su elaboraciÃ³n se ha puesto especial cuidado en respetar el moderno criterio de no incidir mediante normas de desarrollo sino en las materias en las que aquÃ©l se considera indispensable, evitÃ¡ndose la reproducciÃ³n de los preceptos contenidos en la norma legal previa.
Con tales premisas, a la hora de acometer el desarrollo de la nueva normativa catastral se ha hecho, ante todo, un especial esfuerzo para delimitar su contenido atendiendo a un doble criterio. AsÃ­, por un lado se ha tratado, como no podÃ­a ser de otra forma, de cumplimentar las diversas llamadas especÃ­ficas a normas reglamentarias que el articulado del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario contiene. Y por otro, han sido objeto de desarrollo en este reglamento las demÃ¡s materias de la citada ley que asÃ­ lo requerÃ­an, con las solas excepciones de aquÃ©llas para las que ya existen disposiciones de desarrollo que encajan en ella, como es el caso de la cartografÃ­a catastral o el de la constancia documental de la referencia catastral y, singularmente, de las relacionadas con el valor catastral y con los procedimientos de valoraciÃ³n, materias que, por su entidad, aconsejan un tratamiento especÃ­fico en un texto sustantivo independiente, manteniÃ©ndose, mientras tanto, al resguardo de la previsiÃ³n contenida en la disposiciÃ³n transitoria cuarta del texto refundido. Como Ãºltima caracterÃ­stica, cabe apuntar que en la estructuraciÃ³n de este reglamento se ha tratado de seguir la sistemÃ¡tica que preside la ley que desarrolla, si bien determinadas materias han requerido una modulaciÃ³n diferente para facilitar su aplicaciÃ³n por sus destinatarios.
El presente real decreto consta de noventa y cuatro artÃ­culos distribuidos en seis tÃ­tulos, asÃ­ como de nueve disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposiciÃ³n derogatoria y dos disposiciones finales.
El TÃ­tulo I estÃ¡ dedicado, con el necesario nivel de detalle, al rÃ©gimen de los Ã³rganos colegiados en el Ã¡mbito catastral, que constituyen ejemplos patentes de concurrencia de los tres grandes grupos de Administraciones, esto es, la Estatal, la AutonÃ³mica y la Local, en una materia de interÃ©s comÃºn como es el Catastro Inmobiliario.
Bajo la rÃºbrica de la regulaciÃ³n del Catastro Inmobiliario, el TÃ­tulo II completa determinados aspectos relativos a la referencia catastral, a cuyo efecto se centra sustancialmente en su asignaciÃ³n y en las particularidades en el tratamiento de determinados bienes como inmuebles a efectos catastrales, cuales pueden ser los trasteros y plazas de estacionamiento en pro indiviso. Del mismo modo, desarrolla la definiciÃ³n de los inmuebles de caracterÃ­sticas especiales y establece, con base en la normativa sectorial, los requisitos que deben reunir para que pueda ser apreciada la condiciÃ³n de complejidad exigida por la ley.
El TÃ­tulo III, el de mayor extensiÃ³n, estÃ¡ dedicado a la formaciÃ³n y mantenimiento del Catastro Inmobiliario y, en sucesivos capÃ­tulos, desarrolla en la medida necesaria las normas sobre los distintos procedimientos de incorporaciÃ³n contenidos en el texto refundido de la ley, con excepciÃ³n, como se ha apuntado mÃ¡s arriba, del de valoraciÃ³n. Singular interÃ©s reviste la regulaciÃ³n de los procedimientos de comunicaciÃ³n contenida en el capÃ­tulo III y de la concordancia entre el titular catastral y el sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del capÃ­tulo IV que, dado su carÃ¡cter novedoso, asÃ­ como su gran potencialidad de cara al correcto mantenimiento del Catastro sin incremento de cargas formales para los ciudadanos, ha requerido un tratamiento muy detallado, como lo es tambiÃ©n el dispensado a la inspecciÃ³n catastral en el capÃ­tulo VI.
La colaboraciÃ³n en materia catastral y el intercambio de informaciÃ³n constituyen el contenido del TÃ­tulo IV, que incluye las necesarias previsiones respecto a la suscripciÃ³n y rÃ©gimen jurÃ­dico de los correspondientes convenios. El real decreto desarrolla, asÃ­ mismo, los diversos supuestos de suministro de la informaciÃ³n catastral por la DirecciÃ³n General del Catastro a otras administraciones, entidades o instituciones y viceversa. Finalmente, como novedad, se regula en este tÃ­tulo la creaciÃ³n de los puntos de informaciÃ³n catastral como instrumento para la difusiÃ³n por otras Administraciones, Corporaciones o Entidades de la que estÃ© disponible en la base de datos nacional del Catastro.
Y es precisamente la regulaciÃ³n de la informaciÃ³n catastral y su difusiÃ³n el objeto del TÃ­tulo V que, ademÃ¡s de recoger los principios relativos a la protecciÃ³n de los datos de carÃ¡cter personal, el rÃ©gimen de cesiones y autorizaciones y el uso indebido de la informaciÃ³n catastral, incorpora el plazo de tramitaciÃ³n de las solicitudes de informaciÃ³n catastral establecido en la Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre, relativa a la reutilizaciÃ³n de la informaciÃ³n del sector pÃºblico, plazo que resulta mÃ¡s ventajoso para el ciudadano que el previsto con carÃ¡cter general en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn. El tÃ­tulo incluye, asÃ­ mismo, en dos capÃ­tulos diferenciados, la regulaciÃ³n especÃ­fica del acceso a la informaciÃ³n catastral y de los certificados catastrales, que constituyen el producto mÃ¡s significativo de entre los que incorporan informaciÃ³n catastral desde la perspectiva del ciudadano y, en general, del usuario de los servicios catastrales.
El TÃ­tulo VI y Ãºltimo estÃ¡ consagrado a las infracciones y sanciones catastrales y desarrolla detalladamente los distintos tipos definidos en la ley, las sanciones correspondientes a cada uno de ellos, y los criterios de graduaciÃ³n que resultan aplicables, asÃ­ como las especialidades del procedimiento sancionador en esta materia.
De la parte final del real decreto cabe resaltar, por lo innovador de su contenido, las disposiciones adicionales sÃ©ptima, que prevÃ© la incorporaciÃ³n de las certificaciones catastrales descriptivas y grÃ¡ficas en las escrituras pÃºblicas relativas a la transmisiÃ³n de la propiedad de los bienes inmuebles, a peticiÃ³n de los otorgantes, y octava, que regula los supuestos de concurrencia de sanciones por infracciones catastrales y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Debe destacarse finalmente que la elaboraciÃ³n de esta norma ha estado presidida por la colaboraciÃ³n y el consenso con las distintas Administraciones y agentes implicados en su aplicaciÃ³n, muestra de lo cual es el detallado anÃ¡lisis que de ella se ha hecho en la ComisiÃ³n TÃ©cnica de CooperaciÃ³n Catastral, ademÃ¡s de haberse sometido al preceptivo informe de la Agencia EspaÃ±ola de ProtecciÃ³n de Datos y de la ComisiÃ³n Nacional de AdministraciÃ³n Local.
En su virtud, a propuesta del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, con la aprobaciÃ³n previa del Ministro de Administraciones PÃºblicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 7 de abril de 2006,
De la regulaciÃ³n de los Ã³rganos colegiados
Ãrganos colegiados en el Ã¡mbito catastral
ArtÃ­culo 1. Ãrganos colegiados.
Son Ã³rganos colegiados de carÃ¡cter interadministrativo en materia de Catastro:
b) La ComisiÃ³n Superior de CoordinaciÃ³n Inmobiliaria.
c) La ComisiÃ³n TÃ©cnica de CooperaciÃ³n Catastral.
d) Las Juntas TÃ©cnicas Territoriales de CoordinaciÃ³n Inmobiliaria.
ArtÃ­culo 2. RÃ©gimen general.
1. Los Ã³rganos colegiados previstos en el presente real decreto quedarÃ¡n vÃ¡lidamente constituidos en primera convocatoria cuando estÃ©n presentes el Presidente o el Vicepresidente y el Secretario o, en su caso, quienes les sustituyan, y al menos la mitad de sus miembros. En segunda convocatoria, que se realizarÃ¡ transcurrida una hora desde la seÃ±alada para la primera, serÃ¡ suficiente con que estÃ©n presentes, al menos, un tercio de los miembros del correspondiente Ã³rgano colegiado, entre los que se deberÃ¡n encontrar el Presidente o Vicepresidente, y el Secretario o, en su caso, quienes les sustituyan.
2. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente serÃ¡ sustituido por el Vicepresidente o por quien hubiera sido nombrado expresamente a tal efecto y, en su defecto, por el miembro del Ã³rgano colegiado de mayor jerarquÃ­a, antigÃŒedad y edad, por este orden, de entre sus componentes.
La sustituciÃ³n de los vocales se realizarÃ¡ por quienes hubieran sido expresamente nombrados a tal efecto.
3. La representaciÃ³n en dichos Ã³rganos de Administraciones pÃºblicas distintas de la AdministraciÃ³n General del Estado se producirÃ¡ en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 39 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de OrganizaciÃ³n y Funcionamiento de la AdministraciÃ³n General del Estado.
4. Los acuerdos se adoptarÃ¡n por mayorÃ­a de los miembros presentes, dirimiendo el Presidente con su voto los empates que pudieran producirse.
5. PodrÃ¡n incorporarse a las reuniones, con voz pero sin voto, cualesquiera otras personas o representantes de Administraciones pÃºblicas, cuando se encuentren directamente interesadas en alguno de los temas a tratar o se considere conveniente su asesoramiento, y que, en razÃ³n de ello, hubieran sido especialmente invitadas por la Presidencia.
6. Los miembros de los Ã³rganos colegiados ostentarÃ¡n los derechos econÃ³micos previstos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razÃ³n del servicio.
7. En todo lo no regulado por el presente real decreto, el funcionamiento, convocatorias, reuniones y rÃ©gimen de adopciÃ³n de acuerdos, se regirÃ¡n por lo previsto en el CapÃ­tulo II del TÃ­tulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
ArtÃ­culo 3. ComposiciÃ³n.
El Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria, integrado por representantes de la AdministraciÃ³n General del Estado o de sus organismos y entidades dependientes y de las Administraciones AutonÃ³mica y Local, estarÃ¡ compuesto por los siguientes miembros:
a) Presidente, el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, que podrÃ¡ delegar en el Vicepresidente.
c) Vocales: por el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, el Director General de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria, el Director General del Catastro, el Inspector General del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, el Director General de Tributos y el Director General de PolÃ­tica EconÃ³mica; por el Ministerio de Vivienda, el Director General de Urbanismo y PolÃ­tica de Suelo; por el Ministerio de Justicia, el Director General de los Registros y del Notariado; por el Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, el Secretario General TÃ©cnico y el Presidente del Fondo EspaÃ±ol de GarantÃ­a Agraria.
En representaciÃ³n de las comunidades autÃ³nomas y de las ciudades con Estatuto de AutonomÃ­a, un vocal por cada una de las cinco designadas por el Consejo de PolÃ­tica Fiscal y Financiera. Estas vocalÃ­as se renovarÃ¡n cada dos aÃ±os.
En representaciÃ³n de la AdministraciÃ³n Local, cinco vocales designados por la asociaciÃ³n de entidades locales de Ã¡mbito estatal con mayor implantaciÃ³n.
d) Secretario, con voz pero sin voto, un funcionario de la DirecciÃ³n General del Catastro, con rango de Subdirector General o asimilado, designado por el Presidente del Consejo Superior.
ArtÃ­culo 4. Funciones.
a) El anÃ¡lisis de los criterios generales que deben regir la valoraciÃ³n catastral de los bienes inmuebles.
b) El estudio de los criterios generales que deben presidir la colaboraciÃ³n con las comunidades autÃ³nomas y con las entidades locales en el desarrollo de las funciones encomendadas a la DirecciÃ³n General del Catastro.
c) El estudio de las propuestas de modificaciones normativas en materia catastral y el informe, de naturaleza facultativa, de Ã©stas.
d) La realizaciÃ³n de anÃ¡lisis y propuestas relacionadas con la fiscalidad inmobiliaria.
e) Recibir informaciÃ³n sobre los resultados de gestiÃ³n de la DirecciÃ³n General del Catastro y del observatorio catastral del mercado inmobiliario.
f) El estudio de cualquier otra cuestiÃ³n que le sea sometida por el Presidente del Consejo.
ComisiÃ³n Superior de CoordinaciÃ³n Inmobiliaria
ArtÃ­culo 5. ComposiciÃ³n.
La ComisiÃ³n Superior de CoordinaciÃ³n Inmobiliaria, integrada por representantes de la AdministraciÃ³n General del Estado o de sus organismos y entidades dependientes y de las Administraciones AutonÃ³mica y Local, estarÃ¡ compuesta por los siguientes miembros:
a) Presidente, el Director General del Catastro, que podrÃ¡ delegar en el Subdirector General de ValoraciÃ³n e InspecciÃ³n.
b) Vocales: cuatro tÃ©cnicos titulados superiores destinados en el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, designados por el Director General del Catastro; un tÃ©cnico titulado superior, representante de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria, designado por su Director General; un representante de la DirecciÃ³n General de los Registros y del Notariado, designado por su Director General; un tÃ©cnico titulado superior destinado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, designado por su Secretario General TÃ©cnico; y un tÃ©cnico titulado superior en representaciÃ³n del Ministerio de Vivienda, designado por el Director General de Urbanismo y PolÃ­tica de Suelo.
Cuatro tÃ©cnicos titulados superiores, representantes de las comunidades autÃ³nomas designadas por el Consejo de PolÃ­tica Fiscal y Financiera. Estas vocalÃ­as se renovarÃ¡n cada dos aÃ±os. AsÃ­ mismo podrÃ¡ asistir, con voz pero sin voto, un tÃ©cnico titulado superior designado por cada una de las comunidades autÃ³nomas que no estÃ©n directamente representadas.
Cuatro tÃ©cnicos titulados superiores, representantes de la AdministraciÃ³n Local, designados por la asociaciÃ³n de entidades locales de Ã¡mbito estatal con mayor implantaciÃ³n.
c) Secretario, con voz pero sin voto, un funcionario destinado en la DirecciÃ³n General del Catastro, designado por el Presidente de la ComisiÃ³n Superior.
ArtÃ­culo 6. Funciones.
Corresponden a la ComisiÃ³n Superior de CoordinaciÃ³n Inmobiliaria las siguientes funciones:
a) Proponer al Ministro de EconomÃ­a y Hacienda los mÃ³dulos y criterios de valoraciÃ³n, a efectos catastrales, de los bienes inmuebles.
b) Aprobar los criterios marco de coordinaciÃ³n nacional de valores catastrales con el objeto de garantizar la debida equidad.
c) Resolver las discrepancias que les sean elevadas por las Juntas TÃ©cnicas Territoriales, de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 11.g) de este real decreto.
d) Conocer el informe anual sobre el mercado inmobiliario a que se refieren los artÃ­culos 11.a) y 12.e) de este real decreto.
e) Verificar que las Ponencias de valores cuyo Ã¡mbito territorial comprenda mÃ¡s de una Comunidad AutÃ³noma se ajustan a los criterios de coordinaciÃ³n establecidos conforme al apartado b) de este artÃ­culo.
f) Informar, previamente a su aprobaciÃ³n, las Ponencias de valores especiales cuyo Ã¡mbito territorial se extienda a mÃ¡s de una comunidad autÃ³noma.
g) Cualesquiera otras que les pueda encomendar el Presidente de la ComisiÃ³n.
ComisiÃ³n TÃ©cnica de CooperaciÃ³n Catastral
ArtÃ­culo 7. ComposiciÃ³n.
La ComisiÃ³n TÃ©cnica de CooperaciÃ³n Catastral, integrada por representantes del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda y de la AdministraciÃ³n Local, estarÃ¡ compuesta por los siguientes miembros:
a) Presidente, el Director General del Catastro o funcionario en quien delegue, que tendrÃ¡ el rango de Subdirector General.
b) Vocales, seis funcionarios representantes de la DirecciÃ³n General del Catastro, designados por el Director General, y otros seis representantes designados por la asociaciÃ³n de entidades locales de Ã¡mbito nacional de mayor implantaciÃ³n.
c) Secretario, con voz pero sin voto, un funcionario designado por el Presidente de la ComisiÃ³n TÃ©cnica.
ArtÃ­culo 8. Funciones.
1. Son funciones de la ComisiÃ³n TÃ©cnica de CooperaciÃ³n Catastral:
a) El informe, de naturaleza facultativa, de las propuestas de modificaciones normativas en materia de colaboraciÃ³n entre las entidades locales y la DirecciÃ³n General del Catastro, tanto en la gestiÃ³n catastral como en la gestiÃ³n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
b) Informar los proyectos de resoluciÃ³n sobre los formatos de intercambio de informaciÃ³n y sobre los medios informÃ¡ticos, electrÃ³nicos y telemÃ¡ticos que se utilicen para la colaboraciÃ³n entre la DirecciÃ³n General del Catastro y las entidades locales.
c) Impulsar y cooperar en el desarrollo e implantaciÃ³n de las fÃ³rmulas de colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n catastral y en la gestiÃ³n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles previstas en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y proponer nuevas fÃ³rmulas de colaboraciÃ³n entre la DirecciÃ³n General del Catastro y las entidades locales.
d) Evaluar el funcionamiento de las fÃ³rmulas de colaboraciÃ³n establecidas, para lo cual deberÃ¡ ser informada de sus resultados anualmente.
e) El estudio o propuesta de cuantos otros asuntos relativos a la cooperaciÃ³n y colaboraciÃ³n en las materias de su competencia someta a su consideraciÃ³n el Presidente, ya sea por propia iniciativa o a propuesta de los representantes de la DirecciÃ³n General del Catastro o de las entidades locales.
2. En el seno de la ComisiÃ³n TÃ©cnica de CooperaciÃ³n Catastral se podrÃ¡n crear subcomisiones de trabajo y estudio de los diferentes asuntos, en las que la ComisiÃ³n podrÃ¡ delegar el ejercicio de sus funciones.
Juntas TÃ©cnicas Territoriales de CoordinaciÃ³n Inmobiliaria
ArtÃ­culo 9. Ãmbito.
1. En cada una de las Delegaciones Especiales de EconomÃ­a y Hacienda, excepto en Navarra y PaÃ­s Vasco, existirÃ¡ una Junta TÃ©cnica Territorial de CoordinaciÃ³n Inmobiliaria, como Ã³rgano tÃ©cnico de coordinaciÃ³n de valores catastrales en el Ã¡mbito territorial de su competencia.
2. En el caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla las funciones de las Juntas TÃ©cnicas Territoriales corresponderÃ¡n a los respectivos Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria.
ArtÃ­culo 10. ComposiciÃ³n.
Las Juntas TÃ©cnicas Territoriales de CoordinaciÃ³n Inmobiliaria, integradas por representantes del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, de la comunidad autÃ³noma y de las entidades locales del Ã¡mbito de la correspondiente DelegaciÃ³n Especial de EconomÃ­a y Hacienda, estarÃ¡n compuestas por los siguientes miembros:
a) Presidente, el Delegado especial de EconomÃ­a y Hacienda, que podrÃ¡ delegar en el Vicepresidente.
c) Ponentes: Un ingeniero agrÃ³nomo o de montes y un arquitecto, designados por el Director General del Catastro entre los funcionarios destinados en las dependencias del Catastro del Ã¡mbito territorial de la DelegaciÃ³n Especial de EconomÃ­a y Hacienda. En el caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla actuarÃ¡ como ponente, con voz pero sin voto, el funcionario que designe el Director General del Catastro.
Un ingeniero agrÃ³nomo o de montes o un arquitecto, designados por el Delegado especial de EconomÃ­a y Hacienda, a propuesta del Gerente regional del Catastro, entre los funcionarios destinados en las Gerencias o Subgerencias del Catastro del Ã¡mbito territorial de la DelegaciÃ³n Especial de EconomÃ­a y Hacienda y un tÃ©cnico superior facultativo designado por el Delegado especial de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria.
En los casos en que no hubiese funcionarios suficientes para las designaciones de Ponentes y vocales en el Ã¡mbito territorial citado, se podrÃ¡ designar a funcionarios destinados fuera del mismo.
En representaciÃ³n de la comunidad autÃ³noma, dos titulados superiores, preferentemente ingenieros agrÃ³nomos o de montes o arquitectos, vinculados a la misma por una relaciÃ³n laboral o funcionarial, que serÃ¡n designados por la ConsejerÃ­a competente en materia de Hacienda.
En representaciÃ³n de las entidades locales, cuatro titulados superiores, preferentemente ingenieros agrÃ³nomos o de montes, o arquitectos, vinculados a las mismas por una relaciÃ³n laboral o funcionarial, cuya renovaciÃ³n, sustituciÃ³n y cese se realizarÃ¡ conforme a lo que se determine mediante orden dictada por el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda.
e) La SecretarÃ­a de la Junta, que tendrÃ¡ a su cargo la llevanza de un registro de las Ponencias de valores en vigor, serÃ¡ desempeÃ±ada, con voz pero sin voto, por un funcionario de la Gerencia Regional del Catastro respectiva.
ArtÃ­culo 11. Funciones de la Junta TÃ©cnica Territorial.
Corresponden a las Juntas TÃ©cnicas Territoriales de CoordinaciÃ³n Inmobiliaria las siguientes funciones:
a) Recibir el informe anual sobre el mercado inmobiliario regulado en el artÃ­culo 12.e) y elevarlo a la ComisiÃ³n Superior de CoordinaciÃ³n Inmobiliaria.
b) Formular las propuestas coordinadas de valores relativas al Ã¡mbito de su competencia y elevarlas a la ComisiÃ³n Superior de CoordinaciÃ³n Inmobiliaria.
c) Acordar la delimitaciÃ³n de Ã¡reas econÃ³micas homogÃ©neas, asignando a cada una los mÃ³dulos bÃ¡sicos de valoraciÃ³n, valores de referencia, banda de coeficientes y cualquier otro parÃ¡metro que corresponda de conformidad con los criterios marco fijados por la ComisiÃ³n Superior de CoordinaciÃ³n Inmobiliaria, comunicÃ¡ndolo a efectos de su aplicaciÃ³n a las Gerencias y Subgerencias del Catastro afectadas.
d) Definir el campo de aplicaciÃ³n de los coeficientes correctores respecto de los que la normativa de valoraciÃ³n catastral asÃ­ lo prevea y autorizar su aplicaciÃ³n efectiva en las Ponencias de valores.
e) Verificar que las Ponencias de valores remitidas por las Gerencias o Subgerencias del Catastro se ajustan a los criterios de coordinaciÃ³n a los que se refiere el pÃ¡rrafo c) anterior, siempre que no tengan Ã¡mbito territorial superior al de la comunidad autÃ³noma.
f) Coordinar e informar, previamente a su aprobaciÃ³n, las Ponencias de valores especiales cuyo Ã¡mbito territorial comprenda el de mÃ¡s de un Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de su Ã¡mbito.
g) Proponer a la ComisiÃ³n Superior de CoordinaciÃ³n Inmobiliaria el acuerdo por el que se resuelvan las discrepancias que se susciten en materia de coordinaciÃ³n de Ponencias de valores, cuando las correcciones efectuadas no supongan, a juicio de la Junta, subsanaciÃ³n de las observaciones formuladas, conforme a lo previsto en el pÃ¡rrafo d) del artÃ­culo siguiente.
h) Cualesquiera otras actuaciones que les pueda encomendar la DirecciÃ³n General del Catastro o la ComisiÃ³n Superior de CoordinaciÃ³n Inmobiliaria.
ArtÃ­culo 12. Funciones del ponente.
Compete al ponente correspondiente de la Junta TÃ©cnica Territorial de CoordinaciÃ³n Inmobiliaria:
a) Realizar estudios tÃ©cnico-econÃ³micos para la coordinaciÃ³n de los valores.
b) Elaborar las propuestas de delimitaciÃ³n de Ã¡reas econÃ³micas homogÃ©neas para la coordinaciÃ³n de valores.
c) Informar y proponer las Ponencias de valores que deban someterse a la consideraciÃ³n de la Junta TÃ©cnica y extender en las mismas, de conformidad con lo acordado, la correspondiente diligencia de coordinaciÃ³n, remitiendo las Ponencias diligenciadas a las Gerencias o Subgerencias del Catastro.
d) Recabar de las Gerencias o Subgerencias del Catastro la correcciÃ³n de las Ponencias de valores en los supuestos en que la Junta TÃ©cnica las considere no ajustadas a los criterios de coordinaciÃ³n.
e) Elaborar un informe anual sobre el mercado inmobiliario, a cuyo efecto realizarÃ¡ el seguimiento y coordinaciÃ³n de los estudios del mercado inmobiliario y de la aprobaciÃ³n de los instrumentos de planeamiento urbanÃ­stico y de sus modificaciones.
f) Asesorar a la Junta TÃ©cnica Territorial y desarrollar las actividades necesarias para la preparaciÃ³n de cuantos asuntos se sometan a su consideraciÃ³n.
ArtÃ­culo 13. Ãmbito.
Adscrito a cada DelegaciÃ³n de EconomÃ­a y Hacienda existirÃ¡ un Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, que ejercerÃ¡ sus competencias sobre el Ã¡mbito territorial de aquÃ©lla, salvo en las Delegaciones de EconomÃ­a y Hacienda de Madrid y Barcelona, en las que existirÃ¡n dos Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria, cuyas competencias se extenderÃ¡n a los tÃ©rminos municipales que se determinen mediante orden dictada por el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda.
ArtÃ­culo 14. ComposiciÃ³n.
1. Los Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria estarÃ¡n formados por representantes del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, de la comunidad autÃ³noma y de las entidades locales existentes en el Ã¡rea de competencia del respectivo Consejo.
2. La presidencia de los Consejos Territoriales corresponderÃ¡ a los Delegados de EconomÃ­a y Hacienda, salvo en los Consejos de Madrid-Capital y Barcelona-Ãmbito Metropolitano, que serÃ¡n presididos respectivamente por los alcaldes de Madrid y Barcelona. En estos dos Consejos existirÃ¡ una vicepresidencia que corresponderÃ¡ al Delegado de EconomÃ­a y Hacienda.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el presidente del Consejo serÃ¡ sustituido por el Gerente del Catastro. En los Consejos Territoriales de Madrid-Capital y Barcelona-Ãmbito Metropolitano dicha sustituciÃ³n recaerÃ¡ en el concejal que designe su presidente.
3. FormarÃ¡n parte como vocales de los Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria en representaciÃ³n del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda:
a) El Gerente del Catastro. En el caso de que hubiera de actuar como Presidente del Consejo por sustituciÃ³n, conforme a lo previsto en el apartado 2 de este artÃ­culo, dicha vocalÃ­a serÃ¡ cubierta por el funcionario que designe el Delegado de EconomÃ­a y Hacienda.
b) Tres representantes designados por la DirecciÃ³n General del Catastro, a propuesta del Delegado de EconomÃ­a y Hacienda, con la excepciÃ³n de los Consejos de las Ciudades de Ceuta y Melilla. En el caso de existencia de Subgerencia dentro del Ã¡mbito del Consejo, una de estas vocalÃ­as corresponderÃ¡ al Subgerente.
c) Un representante designado por el Delegado de EconomÃ­a y Hacienda, excepto en los Consejos Territoriales de Madrid-Capital y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
d) Un representante de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria, designado por su Delegado.
4. Las comunidades autÃ³nomas estarÃ¡n representadas en cada uno de los Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria existentes en su Ã¡mbito por dos vocales designados por la ConsejerÃ­a competente en materia de Hacienda.
Asimismo, las ciudades de Ceuta y Melilla contarÃ¡n con tres representantes en los Consejos Territoriales de su Ã¡mbito, designados por la ConsejerÃ­a competente en materia de Hacienda.
5. Las entidades locales existentes en el Ã¡mbito de cada Consejo Territorial estarÃ¡n representadas por los siguientes vocales:
a) Un representante designado por la DiputaciÃ³n Provincial, cuando exista dicha CorporaciÃ³n.
b) Un representante designado por los Cabildos o Consejos Insulares, que ostentarÃ¡ la representaciÃ³n de todos los que existan en el Ã¡mbito de competencia del Consejo respectivo.
c) Un representante del ayuntamiento capital de la provincia o comunidad autÃ³noma uniprovincial, en su caso, salvo en el Consejo Territorial de Madrid-Capital, donde existirÃ¡n tres, y en los Consejos Territoriales de Madrid-Provincia, Barcelona-Provincia y ciudades de Ceuta y Melilla, donde no existirÃ¡ ninguno.
d) Un representante en los respectivos Consejos Territoriales de su Ã¡mbito designado por los ayuntamientos de Cartagena, GijÃ³n, Jerez de la Frontera y Vigo.
e) Un representante del conjunto de los ayuntamientos cuya poblaciÃ³n de derecho sea igual o inferior a veinte mil habitantes incluidos en el Ã¡mbito de cada Consejo Territorial, excepto en los Consejos de Madrid-Provincia, Barcelona-Provincia, Cantabria y La Rioja, que contarÃ¡n con dos representantes, y los Consejos Territoriales de Madrid-Capital, Barcelona Ãmbito Metropolitano y las ciudades de Ceuta y Melilla, en los que no habrÃ¡ ninguno.
f) Dos representantes del conjunto de los ayuntamientos cuya poblaciÃ³n de derecho sea superior a veinte mil habitantes incluidos en el Ã¡mbito de cada Consejo Territorial que no cuente con representante propio, conforme se seÃ±ala en los pÃ¡rrafos anteriores, excepto en el Consejo de Madrid-Provincia, que tendrÃ¡ tres, en los Consejos de Pontevedra y CÃ¡diz, que contarÃ¡n con un representante, y los Consejos Madrid-Capital, Barcelona Ãmbito Metropolitano y las ciudades de Ceuta y Melilla, en los que no existirÃ¡ ninguno. En el supuesto de no existir ayuntamientos con dicha poblaciÃ³n, estas vocalÃ­as acrecerÃ¡n las previstas en el pÃ¡rrafo anterior.
g) Dos representantes del conjunto de los ayuntamientos incluidos en el Ã¡mbito territorial del Consejo Territorial de Barcelona Ãmbito Metropolitano.
h) En su caso, un representante de la asociaciÃ³n de entidades locales de Ã¡mbito autonÃ³mico mÃ¡s representativa, con voz pero sin voto.
6. La designaciÃ³n, elecciÃ³n, sustituciÃ³n y renovaciÃ³n de los representantes de las entidades locales se realizarÃ¡ conforme a lo que se determine mediante orden dictada por el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda.
7. ActuarÃ¡ como Secretario, con voz y sin voto, un funcionario de la Gerencia designado por el Presidente.
ArtÃ­culo 15. Funciones.
CorresponderÃ¡n a los Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria las siguientes funciones:
a) Informar los proyectos de convenios de colaboraciÃ³n u otras formas de cooperaciÃ³n con las entidades locales en materia catastral y evaluar el resultado de su ejecuciÃ³n, efectuando las propuestas que procedan.
b) Aprobar las Ponencias de valores, cuando la competencia le haya sido delegada por la DirecciÃ³n General del Catastro.
c) Informar las Ponencias de valores especiales que no excedan de su Ã¡mbito territorial y superen el Ã¡mbito municipal, salvo cuando les haya sido delegada su aprobaciÃ³n.
d) Informar, cuando asÃ­ les sea requerido por el Presidente, las solicitudes de carÃ¡cter genÃ©rico relativas a informaciÃ³n catastral presentadas por las Administraciones pÃºblicas.
e) Conocer los resultados de la gestiÃ³n anual desarrollada por la Gerencia del Catastro asÃ­ como el grado de colaboraciÃ³n de las entidades locales, segÃºn lo previsto en este real decreto.
f) Elegir, mediante el voto exclusivo de los vocales de las entidades locales, a los representantes de las mismas en la Junta TÃ©cnica Territorial de CoordinaciÃ³n Inmobiliaria.
g) Informar o conocer de cuantos otros asuntos sean sometidos a su consideraciÃ³n por el Presidente en cada reuniÃ³n.
ArtÃ­culo 16. Ãmbito y composiciÃ³n.
1. En todos los municipios se constituirÃ¡ una Junta Pericial, bajo la presidencia del Alcalde y con la siguiente composiciÃ³n:
a) Un vocal designado por el Gerente o Subgerente del Catastro, elegido entre los funcionarios, preferentemente de las especialidades agrÃ­cola o forestal, de su Gerencia o Subgerencia.
b) Hasta un mÃ¡ximo de cuatro vocales designados por el Presidente.
c) Un tÃ©cnico facultativo designado por el ayuntamiento, preferentemente de especialidad agrÃ­cola o forestal, perteneciente a los servicios tÃ©cnicos municipales o de las entidades locales supramunicipales en que se integre el ayuntamiento correspondiente, si lo hubiesen puesto a su disposiciÃ³n para estos casos.
d) En caso de existir entidades locales menores en el Ã¡mbito municipal, formarÃ¡ parte de la Junta un representante designado por todas ellas.
e) ActuarÃ¡ como Secretario el del ayuntamiento respectivo u otro funcionario municipal designado al efecto por el Alcalde.
2. Se procederÃ¡ a la renovaciÃ³n de los vocales designados por la entidad local en el plazo de tres meses desde la celebraciÃ³n de elecciones municipales. Hasta dicho momento continuarÃ¡n ejerciendo sus funciones los vocales designados con anterioridad.
ArtÃ­culo 17. Funciones.
Las Juntas Periciales desarrollarÃ¡n, cuando asÃ­ se solicite por las Gerencias y Subgerencias del Catastro, funciones de asesoramiento y apoyo en los trabajos de identificaciÃ³n de los linderos, calificaciÃ³n y clasificaciÃ³n de las fincas rÃºsticas del tÃ©rmino municipal, asÃ­ como en la obtenciÃ³n de la informaciÃ³n necesaria para la determinaciÃ³n de la titularidad.
ArtÃ­culo 18. Normas de asignaciÃ³n de la referencia catastral.
1. Conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 6.3 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la referencia catastral, cÃ³digo identificador Ãºnico de cada inmueble, se asignarÃ¡ con motivo de su primera inscripciÃ³n en el Catastro. En ningÃºn caso se podrÃ¡ asignar a un inmueble una referencia catastral que hubiera correspondido a otro con anterioridad.
2. El cambio de polÃ­gono o manzana o la variaciÃ³n en la clase de los inmuebles no determinarÃ¡, por sÃ­ mismo, la modificaciÃ³n de su referencia catastral.
3. En los supuestos que se determinan, la asignaciÃ³n de la referencia catastral se realizarÃ¡ conforme a las siguientes reglas:
a) InscripciÃ³n de nuevas construcciones en rÃ©gimen de propiedad horizontal: se asignarÃ¡ una nueva referencia a cada inmueble y desaparecerÃ¡ la que correspondiÃ³ al inmueble sobre el que se hubiera realizado la nueva construcciÃ³n.
b) DivisiÃ³n o agrupaciÃ³n de inmuebles: la referencia de la finca matriz o de las fincas agrupadas desaparecerÃ¡ y se asignarÃ¡ una nueva a cada una de las fincas resultantes.
c) SegregaciÃ³n de inmuebles: se mantendrÃ¡ la referencia de la finca sobre la que se practica la segregaciÃ³n y se asignarÃ¡ una nueva a cada una de las fincas segregadas.
d) AgregaciÃ³n de inmuebles: se mantendrÃ¡ la referencia de la finca sobre la que se practica la agregaciÃ³n.
4. PodrÃ¡ asignarse una referencia catastral provisional, a peticiÃ³n del notario que autorice la escritura pÃºblica correspondiente, a los inmuebles pendientes de su consolidaciÃ³n material o jurÃ­dica, en supuestos tales como una obra nueva en construcciÃ³n o una divisiÃ³n en propiedad horizontal en idÃ©nticas circunstancias.
ArtÃ­culo 19. Recintos de dominio pÃºblico en suelo rÃºstico.
1. Dentro de cada tÃ©rmino municipal, el Ã¡mbito espacial de los bienes de dominio pÃºblico localizados en suelo de naturaleza rÃºstica serÃ¡ objeto de especial identificaciÃ³n en el Catastro mediante una referencia catastral especÃ­fica, de acuerdo con su funciÃ³n y con delimitaciÃ³n del recinto que ocupen. Dicha identificaciÃ³n especial se mantendrÃ¡ cuando el correspondiente suelo pase a ser de naturaleza urbana y hasta que se produzca su desarrollo urbanÃ­stico.
2. Las distintas administraciones y organismos colaborarÃ¡n con el Catastro en la identificaciÃ³n de dichos inmuebles, conforme a lo previsto en el artÃ­culo 36 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
ArtÃ­culo 20. AsignaciÃ³n de la referencia catastral a bienes inmuebles de caracterÃ­sticas especiales discontinuos.
A los bienes inmuebles de caracterÃ­sticas especiales compuestos de varios recintos geogrÃ¡ficos discontinuos se les asignarÃ¡ una referencia catastral Ãºnica, sin perjuicio de la identificaciÃ³n de cada uno de dichos recintos.
ArtÃ­culo 21. Condiciones para la consideraciÃ³n como bien inmueble independiente de trasteros y plazas de estacionamiento en pro indiviso.
De acuerdo con el artÃ­culo 6.2.a) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de bienes inmuebles independientes, a efectos catastrales, los trasteros y las plazas de estacionamiento en pro indiviso adscritos al uso y disfrute exclusivo y permanente de un titular mediante escritura pÃºblica en la que se incluya su descripciÃ³n pormenorizada.
ArtÃ­culo 22. InscripciÃ³n en el Catastro Inmobiliario.
La concurrencia de las circunstancias expresadas en el artÃ­culo anterior se asimilarÃ¡ al supuesto de divisiÃ³n previsto en el artÃ­culo 16.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y, para su declaraciÃ³n, la comunidad o entidad sin personalidad jurÃ­dica que integre el pro indiviso tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de representante de todos y cada uno de los comuneros. Dicha declaraciÃ³n se acompaÃ±arÃ¡ de las escrituras pÃºblicas acreditativas de la adscripciÃ³n de uso y disfrute, con referencia a un plano descriptivo de la situaciÃ³n de todos los trasteros y plazas de estacionamiento afectados.
ArtÃ­culo 23. Bienes inmuebles de caracterÃ­sticas especiales.
1. A efectos de su incorporaciÃ³n al Catastro, el conjunto complejo que, de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 8.1 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, sea susceptible de calificarse como bien inmueble de caracterÃ­sticas especiales se entenderÃ¡ como un Ãºnico bien inmueble, con independencia de que pueda estar integrado por uno o varios recintos o parcelas o de su configuraciÃ³n territorial, en caso de estar situado en distintos tÃ©rminos municipales.
No formarÃ¡n parte de dichos inmuebles los depÃ³sitos de residuos aislados, ni los canales o tuberÃ­as de transporte u otras conducciones que se sitÃºen fuera de las parcelas en las que se localice la construcciÃ³n principal, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. Conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 8 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, se consideran bienes inmuebles de caracterÃ­sticas especiales, por constituir un conjunto complejo de uso especializado y reunir las demÃ¡s condiciones establecidas en el apartado 1 del citado artÃ­culo, los siguientes inmuebles:
A.1 Los destinados a la producciÃ³n de energÃ­a elÃ©ctrica que de acuerdo con la normativa de regulaciÃ³n del sector elÃ©ctrico deban estar incluidos en el rÃ©gimen ordinario. No obstante, los bienes inmuebles destinados a la producciÃ³n de energÃ­a hidroelÃ©ctrica sÃ³lo se integrarÃ¡n en este grupo cuando, no estando incluidos en el Grupo B, superen los 10 MW de potencia instalada. En este Ãºltimo supuesto, tambiÃ©n formarÃ¡n parte del inmueble los canales, tuberÃ­as de transporte u otras conducciones que se sitÃºen fuera de las parcelas, incluido el embalse o azud, y que sean necesarias para el desarrollo de la actividad de obtenciÃ³n o producciÃ³n de energÃ­a hidroelÃ©ctrica.
A.2 Los destinados a la producciÃ³n de gas, entendiendo incluida en Ã©sta, tanto la extracciÃ³n del yacimiento como la regasificaciÃ³n, o actividad de transformaciÃ³n del elemento lÃ­quido en gaseoso, asÃ­ como la licuefacciÃ³n, siempre que Ã©stas actividades se destinen principalmente al suministro final a terceros por canalizaciÃ³n.
A.3 Los destinados al refino del petrÃ³leo.
Grupo B. Integran este grupo los embalses superficiales, incluido su lecho o fondo, la presa, la central de producciÃ³n de energÃ­a hidroelÃ©ctrica, el salto de agua y demÃ¡s construcciones vinculadas al proceso de producciÃ³n, asÃ­ como los canales, tuberÃ­as de transporte u otras conducciones que se sitÃºen fuera de las parcelas y que sean necesarias para el desarrollo de la actividad de obtenciÃ³n o producciÃ³n de energÃ­a hidroelÃ©ctrica, siempre que tengan las dimensiones o capacidad de embalse o de desagÃŒe propios de las grandes presas conforme a lo dispuesto en la normativa sectorial. En todo caso, se exceptÃºan los destinados exclusivamente al riego.
Grupo C. Integran este grupo las autopistas, carreteras y tÃºneles cuando, en cualquiera de ellos, se encuentre autorizado el establecimiento de peaje de acuerdo con la legislaciÃ³n sectorial.
D1. Los aeropuertos, entendiÃ©ndose como tales los asÃ­ definidos por la legislaciÃ³n sectorial.
3. Cuando los bienes que, conforme a los apartados anteriores, deban clasificarse como inmuebles de caracterÃ­sticas especiales, se localicen parcialmente fuera del territorio al que resulta de aplicaciÃ³n el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, se incorporarÃ¡ a la base de datos catastral exclusivamente la superficie que ocupen en el citado territorio.
Disposiciones comunes a los procedimientos de incorporaciÃ³n
ArtÃ­culo 24. Medios de prueba.
1. Para la prÃ¡ctica de las inscripciones catastrales derivadas de los distintos procedimientos de incorporaciÃ³n previstos en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y en este real decreto, se podrÃ¡ utilizar cualquier medio de prueba admitido en derecho que sea suficiente para acreditar la realidad de los hechos, actos o negocios que las motiven.
2. En particular, se considerarÃ¡n medios de prueba idÃ³neos, respecto de aquello que el ordenamiento jurÃ­dico les reconoce, la certificaciÃ³n expedida por el Registro de la Propiedad, la escritura pÃºblica o, en general, cualquier documento pÃºblico, y el documento privado respecto del que conste fehacientemente la realidad de su fecha, de los intervinientes y, en su caso, de los requisitos a que se refiere el artÃ­culo 1261 del CÃ³digo Civil, asÃ­ como los demÃ¡s recogidos especÃ­ficamente en la orden que menciona el artÃ­culo 28.3 de este real decreto.
3. La carga de la prueba corresponderÃ¡ siempre a quien haga valer su derecho y se practicarÃ¡ por Ã©l mismo o a su costa.
ArtÃ­culo 25. Inscripciones catastrales provisionales.
1. La inscripciÃ³n catastral tendrÃ¡ carÃ¡cter provisional en los siguientes supuestos:
a) Cuando se realice en virtud de certificaciÃ³n de inscripciÃ³n registral practicada con arreglo al procedimiento establecido en el artÃ­culo 205 de la Ley Hipotecaria y hasta tanto haya desaparecido la limitaciÃ³n frente a terceros de los efectos de las inscripciones registrales asÃ­ practicadas.
b) Cuando las pruebas aportadas en un procedimiento de incorporaciÃ³n no resulten concluyentes, pero puedan servir para sustentar una presunciÃ³n razonable de veracidad de los hechos, actos o negocios que lo motiven.
2. Las inscripciones catastrales provisionales vincularÃ¡n al titular catastral frente a la Hacienda PÃºblica en tanto no se cancelen o mientras ostente la titularidad del derecho en cuya virtud se hubieran practicado.
3. El carÃ¡cter provisional de la inscripciÃ³n deberÃ¡ figurar en todos los documentos que expidan los Ã³rganos gestores del Catastro.
ArtÃ­culo 26. TrÃ¡mite de audiencia.
1. En los procedimientos de declaraciÃ³n, comunicaciÃ³n, solicitud y revisiÃ³n de actos en vÃ­a administrativa, se abrirÃ¡ el trÃ¡mite de audiencia por un perÃ­odo de diez dÃ­as cuando figuren en el procedimiento o sean tenidos en cuenta en su resoluciÃ³n, hechos, alegaciones o pruebas que no se correspondan con las consignadas en las declaraciones, comunicaciones, solicitudes o recursos.
2. En los procedimientos de aprobaciÃ³n de las Ponencias de valores y en los de valoraciÃ³n colectiva el trÃ¡mite de audiencia se realizarÃ¡ colectivamente, a cuyo efecto se publicarÃ¡ un edicto en el BoletÃ­n Oficial que corresponda atendiendo al Ã¡mbito territorial del procedimiento de que se trate, en el que se anunciarÃ¡ la apertura del mencionado trÃ¡mite. En ambos procedimientos la audiencia se extenderÃ¡ por un periodo de diez dÃ­as, durante el cual los titulares catastrales podrÃ¡n presentar las alegaciones y pruebas que estimen convenientes.
ArtÃ­culo 27. Plazo de resoluciÃ³n en los procedimientos de incorporaciÃ³n y efectos de la falta de resoluciÃ³n expresa.
1. El plazo mÃ¡ximo para resolver los procedimientos de incorporaciÃ³n y para la notificaciÃ³n o publicaciÃ³n de su resoluciÃ³n serÃ¡ de seis meses.
2. En los procedimientos iniciados a instancia de parte, asÃ­ como en los relativos al ejercicio del derecho de peticiÃ³n a que se refiere el artÃ­culo 29 de la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola y en los de impugnaciÃ³n de actos y disposiciones, el vencimiento del plazo mÃ¡ximo sin haberse notificado resoluciÃ³n expresa determinarÃ¡ que los interesados puedan entender desestimadas por silencio administrativo sus solicitudes, declaraciones, peticiones o recursos.
Procedimientos de declaraciÃ³n
ArtÃ­culo 28. Lugar y plazo de presentaciÃ³n de las declaraciones.
1. Las declaraciones a que se refiere el artÃ­culo 13 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario podrÃ¡n presentarse en los siguientes lugares:
a) Las Gerencias, Subgerencias o Unidades locales del Catastro o las Delegaciones de EconomÃ­a y Hacienda en que se integran.
b) Los demÃ¡s Ã³rganos y oficinas que se relacionan en el artÃ­culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
c) El ayuntamiento en cuyo tÃ©rmino municipal se ubique el bien inmueble a que se refiere la declaraciÃ³n o la entidad pÃºblica gestora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, quienes las remitirÃ¡n con la documentaciÃ³n complementaria, a las Gerencias o Subgerencias del Catastro competentes.
2. El plazo de presentaciÃ³n de las declaraciones catastrales serÃ¡ de dos meses contados desde el dÃ­a siguiente al del hecho, acto o negocio objeto de la declaraciÃ³n, a cuyo efecto se atenderÃ¡ a la fecha de terminaciÃ³n de las obras, a la del otorgamiento de la autorizaciÃ³n administrativa de la modificaciÃ³n de uso o destino y a la fecha de la escritura pÃºblica o, en su caso, documento en que se formalice la modificaciÃ³n de que se trate.
3. Mediante orden dictada por el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda se determinarÃ¡ la forma, modelos, medios y demÃ¡s condiciones en que deban presentarse las declaraciones catastrales, asÃ­ como los requisitos para que los modelos de declaraciÃ³n de los tributos municipales puedan ser utilizados como medio de presentaciÃ³n de aquÃ©llas.
Procedimientos de comunicaciÃ³n
SecciÃ³n 1.Âª Comunicaciones de Notarios y Registradores de la Propiedad
ArtÃ­culo 29. Alcance de las comunicaciones.
Las comunicaciones a que se refiere el artÃ­culo 14.a) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario incluirÃ¡n, ademÃ¡s de la adquisiciÃ³n o consolidaciÃ³n de la propiedad de la totalidad del inmueble por una sola persona, la que se produzca por varias, en unidad de acto, con independencia de que el derecho adquirido por cada una de ellas sea una parte de la propiedad plena o de la nuda propiedad, o del usufructo total o parcial sobre el inmueble.
SecciÃ³n 2.Âª Comunicaciones de ayuntamientos
ArtÃ­culo 30. Hechos, actos o negocios objeto de comunicaciÃ³n.
1. El procedimiento de comunicaciÃ³n previsto en el artÃ­culo 14.b) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario podrÃ¡ tener por objeto los siguientes hechos, actos o negocios:
a) La realizaciÃ³n de nuevas construcciones.
b) La ampliaciÃ³n, rehabilitaciÃ³n o reforma de las construcciones existentes, ya sea parcial o total.
c) La demoliciÃ³n o derribo de las construcciones.
d) La modificaciÃ³n de uso o destino de edificios e instalaciones.
La correspondiente ordenanza fiscal determinarÃ¡ el Ã¡mbito al que se extiende este procedimiento, que podrÃ¡ abarcar todos o algunos de los supuestos previstos en los pÃ¡rrafos anteriores.
2. Los ayuntamientos que se hayan acogido a este procedimiento podrÃ¡n poner en conocimiento de la Gerencia o Subgerencia del Catastro competente los cambios en la titularidad catastral de los inmuebles afectados por los hechos, actos o negocios objeto de dichas comunicaciones de los que tengan constancia fehaciente. La remisiÃ³n de esta informaciÃ³n no supondrÃ¡ la exenciÃ³n de la obligaciÃ³n de declarar el cambio de titularidad.
ArtÃ­culo 31. Alcance y contenido de la obligaciÃ³n de comunicar.
1. La obligaciÃ³n de comunicar afectarÃ¡ a los hechos, actos o negocios relacionados en el artÃ­culo anterior para los que, segÃºn corresponda en cada caso, se otorgue de modo expreso:
a) Licencia de obras de construcciÃ³n de edificaciones e instalaciones de todas clases.
b) Licencia de obras de ampliaciÃ³n de edificios e instalaciones de todas clases existentes.
c) Licencia de modificaciÃ³n, rehabilitaciÃ³n o reforma que afecte a la estructura de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
d) Licencia de demoliciÃ³n de las construcciones.
e) Licencia de modificaciÃ³n del uso de los edificios e instalaciones en general.
f) Cualquier otra licencia o autorizaciÃ³n equivalente a las anteriores de acuerdo con la legislaciÃ³n aplicable.
2. Las comunicaciones a las que se refiere este artÃ­cuÂ­lo deberÃ¡n contener la informaciÃ³n grÃ¡fica y alfanumÃ©rica necesaria para su tramitaciÃ³n, conforme a lo que se determine mediante orden dictada por el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda.
ArtÃ­culo 32. Plazo de comunicaciÃ³n.
Los ayuntamientos acogidos a este procedimiento remitirÃ¡n a la Gerencia o Subgerencia del Catastro competente por razÃ³n del Ã¡mbito territorial los datos relativos a los hechos, actos o negocios objeto de comunicaciÃ³n, en el plazo de tres meses computados desde la finalizaciÃ³n del mes en que se hayan realizado los mismos. La remisiÃ³n podrÃ¡ hacerse directamente o a travÃ©s de los entes gestores del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o de las Administraciones pÃºblicas con las que tengan establecidas fÃ³rmulas de colaboraciÃ³n.
ArtÃ­culo 33. Renuncia y suspensiÃ³n del procedimiento de comunicaciÃ³n.
1. El ayuntamiento podrÃ¡ renunciar al procedimiento de comunicaciÃ³n mediante ordenanza fiscal. La renuncia deberÃ¡ notificarse a la Gerencia o Subgerencia respectiva, con indicaciÃ³n de la fecha de su entrada en vigor, en el plazo de diez dÃ­as contados desde el siguiente al de la adopciÃ³n del acuerdo de renuncia.
2. La suspensiÃ³n del procedimiento de comunicaciÃ³n podrÃ¡ producirse a iniciativa del ayuntamiento respectivo o de la DirecciÃ³n General del Catastro, en los siguientes tÃ©rminos:
a) La suspensiÃ³n podrÃ¡ ser acordada por el pleno del ayuntamiento, de forma motivada, en cualquier momento. Dicho acuerdo, que se notificarÃ¡ a la Gerencia o Subgerencia respectiva en el plazo de diez dÃ­as contados desde el siguiente al de su adopciÃ³n, deberÃ¡ publicarse en el BoletÃ­n Oficial de la provincia correspondiente o en el de la comunidad autÃ³noma, en el caso de comunidades uniprovinciales, y surtirÃ¡ efectos el dÃ­a siguiente al de su publicaciÃ³n, restableciÃ©ndose desde ese momento el deber de declaraciÃ³n de los titulares catastrales previsto en el artÃ­culo 13 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
b) En los supuestos en que el ayuntamiento incumpla de forma reiterada las obligaciones establecidas en esta SecciÃ³n, la DirecciÃ³n General del Catastro deberÃ¡ recordarle su cumplimiento, concediÃ©ndole al efecto un plazo mÃ­nimo de un mes. Si transcurrido el plazo concedido el incumplimiento persistiera, la DirecciÃ³n General del Catastro podrÃ¡ acordar la suspensiÃ³n del procedimiento de comunicaciÃ³n mediante resoluciÃ³n, que se notificarÃ¡ al ayuntamiento y serÃ¡ publicada en el BoletÃ­n Oficial de la provincia correspondiente o en el de la comunidad autÃ³noma, en el caso de comunidades uniprovinciales, con los efectos establecidos en el pÃ¡rrafo anterior.
La desapariciÃ³n de la causa que motiva la suspensiÃ³n determinarÃ¡ su levantamiento, que se acordarÃ¡ y publicarÃ¡ en idÃ©nticos tÃ©rminos a los establecidos para su adopciÃ³n.
ArtÃ­culo 34. InformaciÃ³n a los titulares catastrales.
1. Los ayuntamientos deberÃ¡n advertir expresamente y por escrito, en el momento de otorgar las licencias o autorizaciones, de la exenciÃ³n de la obligaciÃ³n de declarar ante el Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios que, conforme al artÃ­culo 30.1, se encuentren comprendidos en el procedimiento de comunicaciÃ³n.
2. En los supuestos en que se hubiera acordado la suspensiÃ³n del procedimiento de comunicaciÃ³n, los ayuntamientos deberÃ¡n advertir expresamente y por escrito de la subsistencia de la obligaciÃ³n de declarar los hechos, actos o negocios para los que, tras la efectividad de la suspensiÃ³n, se soliciten las correspondientes licencias o autorizaciones. La suspensiÃ³n del procedimiento en ningÃºn caso perjudicarÃ¡ a quienes hubieran solicitado la licencia con anterioridad a su adopciÃ³n.
SecciÃ³n 3.Âª ComunicaciÃ³n en supuestos de concentraciÃ³n parcelaria, deslinde administrativo, expropiaciÃ³n forzosa y actos de planeamiento y de gestiÃ³n urbanÃ­sticos
ArtÃ­culo 35. Alcance y contenido de la obligaciÃ³n de comunicar.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artÃ­culo 14.c) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, las Administraciones pÃºblicas actuantes en los procedimientos de concentraciÃ³n parcelaria, deslinde administrativo y expropiaciÃ³n forzosa estÃ¡n obligadas a comunicar a la Gerencia o Subgerencia del Catastro competente por razÃ³n del territorio la resoluciÃ³n de dichos procedimientos.
2. AsÃ­ mismo, estÃ¡n obligadas a comunicar los siguientes actos de planeamiento y gestiÃ³n urbanÃ­stica:
b) Los proyectos de compensaciÃ³n, de reparcelaciÃ³n y de urbanizaciÃ³n, o figuras anÃ¡logas previstas en la legislaciÃ³n autonÃ³mica.
c) La ejecuciÃ³n subsidiaria de obras de rehabilitaciÃ³n, demoliciÃ³n o derribo derivadas del incumplimiento del deber de conservaciÃ³n de las edificaciones, asÃ­ como aquellas otras que se deriven del incumplimiento de la funciÃ³n social de la propiedad.
d) La ocupaciÃ³n directa de los terrenos destinados a dotaciones.
3. Las comunicaciones a las que se refiere este artÃ­cuÂ­lo deberÃ¡n contener la informaciÃ³n grÃ¡fica y alfanumÃ©rica necesaria para su tramitaciÃ³n, conforme a lo que se determine mediante orden dictada por el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda.
ArtÃ­culo 36. Plazo para efectuar las comunicaciones.
El plazo para la realizaciÃ³n de las comunicaciones previstas en el artÃ­culo anterior serÃ¡ de dos meses. Dicho plazo se computarÃ¡:
a) En caso de concentraciÃ³n parcelaria, a partir del dÃ­a siguiente al de la extensiÃ³n del acta de reorganizaciÃ³n de la propiedad, o documento equivalente de acuerdo con la legislaciÃ³n autonÃ³mica.
b) En caso de deslinde administrativo, a partir del dÃ­a siguiente al del acto de aprobaciÃ³n del deslinde.
c) En caso de expropiaciÃ³n forzosa, a partir del dÃ­a siguiente a la fecha del acta de ocupaciÃ³n o, en su caso, del pago, consignaciÃ³n del depÃ³sito o de la previa indemnizaciÃ³n por perjuicios.
d) En caso de modificaciones de planeamiento, a partir del dÃ­a siguiente a la publicaciÃ³n de su aprobaciÃ³n definitiva en el BoletÃ­n Oficial correspondiente.
e) En caso de proyectos de compensaciÃ³n y de reparcelaciÃ³n, a partir del dÃ­a siguiente a la publicaciÃ³n de su aprobaciÃ³n definitiva en el BoletÃ­n Oficial correspondiente.
f) En caso de ejecuciÃ³n subsidiaria de obras de rehabilitaciÃ³n, demoliciÃ³n o derribo, y en el de las derivadas del incumplimiento de la funciÃ³n social de la propiedad, a partir del dÃ­a siguiente a la fecha de su finalizaciÃ³n.
g) En caso de ocupaciÃ³n directa de terrenos para dotaciones, a partir del dÃ­a siguiente al de la formalizaciÃ³n del acta de ocupaciÃ³n.
SecciÃ³n 4.Âª Comunicaciones de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria
ArtÃ­culo 37. Alcance y contenido de la obligaciÃ³n de comunicar.
De acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 14.d) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria comunicarÃ¡ a la DirecciÃ³n General del Catastro, con la periodicidad que se acuerde en cada caso, la informaciÃ³n que obtenga en los procedimientos de aplicaciÃ³n de los tributos relativa a los datos identificativos y cuotas de participaciÃ³n de los titulares de los derechos de propiedad y de usufructo sobre los bienes inmuebles, de la que tenga conocimiento dentro de los dos meses siguientes a la realizaciÃ³n de los respectivos hechos, actos o negocios.
SecciÃ³n 5.Âª Normas comunes a los procedimientos de comunicaciÃ³n
ArtÃ­culo 38. Obligaciones formales.
Las Administraciones pÃºblicas estÃ¡n obligadas a conservar a disposiciÃ³n de los Ã³rganos gestores del Catastro Inmobiliario, durante los plazos establecidos en la normativa de protecciÃ³n de datos de carÃ¡cter personal y sobre archivo de documentaciÃ³n, los documentos acreditativos de los datos comunicados y de aquellos otros que hayan sido puestos en su conocimiento, o testimonio de los mismos, ya sea en soporte convencional o informÃ¡tico.
ArtÃ­culo 39. InformaciÃ³n sobre rectificaciones del sujeto pasivo.
Las entidades que gestionen el Impuesto sobre Bienes Inmuebles estÃ¡n obligadas a remitir, a la Gerencia o Subgerencia del Catastro competente por razÃ³n del Ã¡mbito territorial en el que se encuentren localizados los bienes inmuebles afectados, informaciÃ³n sobre las rectificaciones que hubieren acordado respecto del sujeto pasivo del referido tributo cuando, como consecuencia de la emisiÃ³n de listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago, resulte acreditada documentalmente la no coincidencia del mismo con ninguno de los titulares catastrales que figurasen en el PadrÃ³n del correspondiente ejercicio, o cuando, coincidiendo con un titular, Ã©ste figurara en el PadrÃ³n por un derecho distinto al que determina la sujeciÃ³n al impuesto.
Dicha informaciÃ³n se remitirÃ¡ mensualmente, antes del dÃ­a 20 del mes posterior a la fecha en que se practiquen las correspondientes liquidaciones.
ArtÃ­culo 40. Contenido de la informaciÃ³n.
La informaciÃ³n a la que se refiere el artÃ­culo anterior deberÃ¡ contener los siguientes datos:
a) Referencia catastral y localizaciÃ³n del bien inmueble afectado.
b) IdentificaciÃ³n del titular catastral que figura en el PadrÃ³n catastral o en los demÃ¡s documentos expresivos de sus variaciones al que se atribuye la condiciÃ³n de sujeto pasivo en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago. Dicha identificaciÃ³n se realizarÃ¡ mediante expresiÃ³n de su nombre y apellidos, denominaciÃ³n o razÃ³n social y nÃºmero o cÃ³digo de identificaciÃ³n fiscal o nÃºmero de identidad de extranjero.
c) IdentificaciÃ³n del sujeto pasivo del impuesto resultante de la rectificaciÃ³n realizada por la Entidad gestora del tributo, mediante la expresiÃ³n de su nombre y apellidos, denominaciÃ³n o razÃ³n social, nÃºmero o cÃ³digo de identificaciÃ³n fiscal o nÃºmero de identidad de extranjero y domicilio fiscal.
e) CarÃ¡cter pÃºblico o privado del documento que fundamenta la rectificaciÃ³n, con indicaciÃ³n de su fecha y del negocio jurÃ­dico que la origina. En el caso de que se trate de documento pÃºblico, identificaciÃ³n del nÃºmero de expediente y juzgado o AdministraciÃ³n actuante o del nÃºmero de protocolo y notario autorizante.
ArtÃ­culo 41. TramitaciÃ³n.
La Gerencia o Subgerencia del Catastro, a la vista de la informaciÃ³n recibida y de los antecedentes que obren en su poder, acordarÃ¡, en su caso, la iniciaciÃ³n del procedimiento de inscripciÃ³n que corresponda, sin perjuicio de las sanciones que puedan derivarse por los incumplimientos de las obligaciones fiscales que se hayan producido.
ArtÃ­culo 42. Obligaciones formales.
Las entidades que gestionen el Impuesto sobre Bienes Inmuebles estÃ¡n obligadas a conservar a disposiciÃ³n de los Ã³rganos gestores del Catastro Inmobiliario, durante los plazos establecidos en la normativa de protecciÃ³n de datos de carÃ¡cter personal y sobre archivo de documentaciÃ³n, los documentos acreditativos que motivan las rectificaciones de los sujetos pasivos que hubieran acordado o testimonio de los mismos, ya sea en soporte convencional o informÃ¡tico.
ArtÃ­culo 43. ConfirmaciÃ³n de las rectificaciones.
1. Las rectificaciones que hubieran comunicado las entidades gestoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se entenderÃ¡n confirmadas, a los exclusivos efectos de la liquidaciÃ³n de dicho tributo, si antes del Ãºltimo dÃ­a del mes siguiente a aquÃ©l en el que se recibieron por la DirecciÃ³n General del Catastro, Ã©sta no hubiera adoptado resoluciÃ³n expresa al respecto.
2. La resoluciÃ³n del procedimiento adoptada por la Gerencia o Subgerencia del Catastro deberÃ¡ notificarse, en su caso, a los nuevos titulares catastrales, de conformidad con lo establecido en los artÃ­culos 109 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
ArtÃ­culo 44. Inicio de los procedimientos.
1. Las solicitudes a que se refiere el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en las que se harÃ¡ constar la referencia catastral del bien inmueble, podrÃ¡n formalizarse en cualquier momento y se presentarÃ¡n en los lugares indicados en el artÃ­culo 28.1 de este real decreto.
2. La solicitud de baja se acompaÃ±arÃ¡ del documento acreditativo de la extinciÃ³n o modificaciÃ³n del derecho, en el que conste el adquirente del mismo, si bien cuando la causa de la solicitud fuese la renuncia al derecho, y sin perjuicio de lo establecido en el CÃ³digo Civil respecto del fraude de acreedores, se estarÃ¡ a lo dispuesto en el artÃ­cuÂ­lo 17 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones PÃºblicas.
ArtÃ­culo 45. Solicitud de baja.
La solicitud de baja del titular catastral, tras la realizaciÃ³n de un hecho, acto o negocio por el que se extingue o modifica el derecho en virtud del cual fue inscrito, tiene por objeto la cancelaciÃ³n o modificaciÃ³n de la inscripciÃ³n efectuada en favor del solicitante y la incorporaciÃ³n, si procede, de un nuevo titular catastral.
ArtÃ­culo 46. Efectos de la solicitud de baja.
La solicitud de baja presentada en el plazo establecido para declarar el correspondiente hecho, acto o negocio, exonera del cumplimiento de dicha obligaciÃ³n.
SecciÃ³n 1.Âª La inspecciÃ³n catastral
ArtÃ­culo 47. DefiniciÃ³n y funciones.
Corresponde a la InspecciÃ³n catastral:
a) La comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n de los hechos, actos, negocios y demÃ¡s circunstancias relativas a los bienes inmuebles susceptibles de originar una incorporaciÃ³n o modificaciÃ³n en el Catastro Inmobiliario.
b) La regularizaciÃ³n de la descripciÃ³n catastral de dichos bienes que resulte de las actuaciones de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n efectuadas.
c) La realizaciÃ³n de aquellas actuaciones inquisitivas o de obtenciÃ³n de informaciÃ³n que deban llevarse a efecto y que directa o indirectamente conduzcan a la formaciÃ³n y el mantenimiento del Catastro.
d) Informar a los obligados tributarios sobre las normas de aplicaciÃ³n al procedimiento de inspecciÃ³n catastral y sobre el alcance de las obligaciones y derechos que de ellas se derivan.
e) El asesoramiento e informe a los Ã³rganos de la Hacienda PÃºblica en cuanto afecte a los derechos y obligaciones de Ã©sta, sin perjuicio de las competencias propias de otros Ã³rganos.
f) La prÃ¡ctica de las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles resultantes de sus actuaciones de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n cuando la competencia de gestiÃ³n del citado tributo haya sido atribuida a la AdministraciÃ³n General del Estado conforme a lo previsto en el artÃ­culo 77.8 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
g) Cuantas otras funciones se le encomienden por los Ã³rganos competentes del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda.
ArtÃ­culo 48. AtribuciÃ³n y ejercicio de las funciones inspectoras.
1. Las funciones propias de la InspecciÃ³n catastral estarÃ¡n atribuidas a los Ã³rganos que se determinen por orden del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda.
2. Los ayuntamientos y las entidades pÃºblicas que ejerzan la gestiÃ³n tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles desempeÃ±arÃ¡n funciones propias de la InspecciÃ³n catastral cuando lleven a cabo actuaciones de inspecciÃ³n conjunta en los tÃ©rminos y condiciones establecidos en la SecciÃ³n 5.Âª de este capÃ­tulo o cuando, conforme a lo previsto en el artÃ­culo 64, las hubieran asumido mediante convenio.
Tales actuaciones afectarÃ¡n exclusivamente a los bienes inmuebles situados Ã­ntegramente en el Ã¡mbito territorial de cada ayuntamiento o entidad.
ArtÃ­culo 49. Personal inspector.
Las actuaciones que impliquen el ejercicio de las funciones seÃ±aladas en el artÃ­culo 47 se realizarÃ¡n por los funcionarios que desempeÃ±en los correspondientes puestos de trabajo en los Ã³rganos catastrales con competencias inspectoras. Los funcionarios que ocupen estos puestos de trabajo estarÃ¡n investidos de las facultades, derechos, prerrogativas y consideraciones reconocidos en el artÃ­culo 142 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, asÃ­ como en sus disposiciones de desarrollo y quedarÃ¡n sujetos, igualmente, a los deberes establecidos en la citada normativa.
El personal inspector podrÃ¡ ejercer, asÃ­ mismo, las demÃ¡s funciones propias de la gestiÃ³n catastral.
SecciÃ³n 2.Âª Actuaciones de inspecciÃ³n catastral
ArtÃ­culo. 50 EnumeraciÃ³n.
Las actuaciones de inspecciÃ³n catastral podrÃ¡n ser:
a) De comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n.
b) De obtenciÃ³n de informaciÃ³n con trascendencia catastral.
c) De valoraciÃ³n.
ArtÃ­culo 51. Actuaciones de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n.
Las actuaciones inspectoras de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n tendrÃ¡n por objeto la verificaciÃ³n del cumplimiento de las obligaciones y deberes establecidos en la normativa catastral en relaciÃ³n con la descripciÃ³n catastral de un bien inmueble dentro de los lÃ­mites determinados por el artÃ­culo 11 del Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la InspecciÃ³n de los Tributos, entendiÃ©ndose que tienen carÃ¡cter parcial cuando se limiten a parte de los elementos integrantes de la descripciÃ³n catastral del citado inmueble.
ArtÃ­culo 52. Actuaciones de obtenciÃ³n de informaciÃ³n.
1. Son actuaciones de obtenciÃ³n de informaciÃ³n las que tienen por objeto el conocimiento por la InspecciÃ³n catastral de los datos que obren en poder de cualquier persona, natural o jurÃ­dica, pÃºblica o privada, y que tengan trascendencia a efectos catastrales, sin que exista obligaciÃ³n de haberlos facilitado al Catastro mediante las correspondientes declaraciones o comunicaciones.
2. Con independencia de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la InspecciÃ³n catastral desarrolle actuaciones de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n podrÃ¡ obtener, respecto de otras personas y entidades, cuantos datos o antecedentes obren en poder del obligado tributario y sean relevantes a efectos catastrales.
3. Las actuaciones de obtenciÃ³n de informaciÃ³n podrÃ¡n desarrollarse en presencia de la persona en cuyo poder se hallen los datos correspondientes, o bien mediante requerimiento hecho para que tales datos o antecedentes sean remitidos o aportados a los funcionarios que realicen las correspondientes actuaciones inspectoras.
ArtÃ­culo 53. Actuaciones de valoraciÃ³n.
1. Las actuaciones de valoraciÃ³n realizadas en el curso de un procedimiento de inspecciÃ³n catastral tendrÃ¡n por objeto el cÃ¡lculo de los valores catastrales correspondientes a los distintos ejercicios a que se extienda la regularizaciÃ³n de la descripciÃ³n del inmueble, con desglose, en su caso, de los respectivos valores de suelo y de construcciÃ³n.
2. La determinaciÃ³n del valor catastral del inmueble objeto de las actuaciones inspectoras incluirÃ¡ la expresiÃ³n de los elementos esenciales que lo motiven, de conformidad con lo establecido en el artÃ­culo 12.3 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
ArtÃ­culo 54. Actuaciones de informe y asesoramiento.
1. Sin perjuicio de las competencias propias de otros Ã³rganos de la AdministraciÃ³n, la InspecciÃ³n catastral informarÃ¡ y asesorarÃ¡, cuando asÃ­ lo soliciten, a los Ã³rganos que integran los servicios centrales y perifÃ©ricos del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, asÃ­ como a sus organismos autÃ³nomos y entes dependientes, en todas aquellas materias propias de su Ã¡mbito de competencia.
2. Igualmente, prestarÃ¡ informe y asesoramiento sobre tales materias a cualesquiera otras autoridades y organismos que asÃ­ lo soliciten.
SecciÃ³n 3.Âª PlanificaciÃ³n de las actuaciones de la inspecciÃ³n catastral
ArtÃ­culo 55. Plan de inspecciÃ³n catastral.
1. Las actuaciones inspectoras se adecuarÃ¡n al Plan de InspecciÃ³n Catastral, que serÃ¡ aprobado por la DirecciÃ³n General del Catastro y elaborado a partir de las propuestas que a tal efecto realicen las Gerencias y Subgerencias a travÃ©s de las respectivas Gerencias regionales.
2. El Plan tendrÃ¡ carÃ¡cter reservado, sin perjuicio de la publicidad de los criterios en los que se inspire.
3. El Plan contendrÃ¡ los criterios sectoriales, territoriales, cuantitativos o de cualquier otro tipo, que vayan a servir para seleccionar los inmuebles objeto de las actuaciones inspectoras, asÃ­ como la determinaciÃ³n, separada para cada clase de inmuebles, del tipo y nÃºmero de actuaciones inspectoras que deban realizarse.
SecciÃ³n 4.Âª Especialidades del procedimiento de inspecciÃ³n catastral
ArtÃ­culo 56. Los obligados tributarios en el procedimiento de inspecciÃ³n catastral.
EstÃ¡n obligados a atender a los Ã³rganos y al personal inspector:
a) Las personas a las que se refiere el artÃ­culo 9 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
b) Los notarios y registradores de la propiedad y las Administraciones obligadas a formalizar ante el Catastro las comunicaciones reguladas en el artÃ­culo 14 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
c) Quienes, en general, estÃ©n obligados a proporcionar al Catastro cualesquiera datos, informes o antecedentes con trascendencia catastral.
ArtÃ­culo 57. Especialidades en las actuaciones de investigaciÃ³n.
1. El resultado de las actuaciones de investigaciÃ³n se recogerÃ¡ en las actas de inspecciÃ³n catastral de regularizaciÃ³n de la descripciÃ³n del inmueble, en las que se incluirÃ¡ la propuesta que formule el inspector actuario, con la conformidad del inspector jefe.
2. El acta se notificarÃ¡ al interesado concediÃ©ndole un plazo de quince dÃ­as, contados desde la fecha de su recepciÃ³n, para que presente las alegaciones que estime oportunas.
Cuando, transcurrido dicho plazo, no se hubieran presentado alegaciones, el Gerente o Subgerente procederÃ¡, en su caso, a dictar el correspondiente acuerdo de incorporaciÃ³n al Catastro, a la vista de la propuesta de regularizaciÃ³n contenida en el acta de inspecciÃ³n catastral.
Si el interesado presentase alegaciones al acta, el inspector actuario, emitirÃ¡ informe en el que se justificarÃ¡ la aceptaciÃ³n, total o parcial, o no aceptaciÃ³n de las mismas. Dicho informe, en el que se harÃ¡ constar la conformidad del inspector jefe, servirÃ¡ de motivaciÃ³n para que el Gerente o Subgerente dicte el correspondiente acuerdo de incorporaciÃ³n al Catastro, o resuelva no haber lugar a la prÃ¡ctica de inscripciÃ³n alguna, segÃºn proceda.
ArtÃ­culo 58. Especialidades en las actuaciones de comprobaciÃ³n.
1. Si de la comprobaciÃ³n de los hechos, actos o negocios recogidos en las declaraciones y comunicaciones a que se refiere el CapÃ­tulo II del TÃ­tulo II del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario se dedujera la existencia de datos falsos, incompletos o inexactos, se incoarÃ¡ la correspondiente acta de inspecciÃ³n catastral, que se tramitarÃ¡ conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo anterior.
2. Cuando el inspector actuario compruebe la integridad, exactitud y veracidad de las declaraciones o comunicaciones mencionadas, levantarÃ¡ acta de inspecciÃ³n catastral de comprobado y conforme, previa audiencia del interesado para que alegue lo que convenga a su derecho. Esta acta se notificarÃ¡ al interesado junto al acuerdo de incorporaciÃ³n al Catastro que dicte el Gerente o Subgerente como consecuencia de la tramitaciÃ³n de la correspondiente declaraciÃ³n o comunicaciÃ³n.
SecciÃ³n 5.Âª Actuaciones de inspecciÃ³n conjunta con los ayuntamientos y las entidades que ejerzan la gestiÃ³n tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
ArtÃ­culo 59. DefiniciÃ³n.
1. Son actuaciones de inspecciÃ³n conjunta las que se llevan a cabo en forma de colaboraciÃ³n entre la InspecciÃ³n catastral y los ayuntamientos y entidades que ejerzan la gestiÃ³n tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias que regulan la inspecciÃ³n catastral y con los requisitos y condiciones que se establecen en esta secciÃ³n.
2. Los funcionarios de dichas administraciones o entidades que realicen actuaciones de inspecciÃ³n catastral conjunta tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de inspectores colaboradores y deberÃ¡n tener atribuidas las funciones propias de la InspecciÃ³n de los Tributos en las respectivas relaciones de puestos de trabajo.
ArtÃ­culo 60. PlanificaciÃ³n de las actuaciones de inspecciÃ³n conjunta.
Los ayuntamientos y las entidades pÃºblicas gestoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que deseen llevar a cabo actuaciones de inspecciÃ³n conjunta formularÃ¡n a la Gerencia o Subgerencia de su Ã¡mbito territorial la correspondiente propuesta de actuaciones para su inclusiÃ³n en el Plan de InspecciÃ³n a que se refiere el artÃ­culo 55, en la que se harÃ¡ constar la identificaciÃ³n de los funcionarios que realizarÃ¡n las citadas actuaciones.
ArtÃ­culo 61. TramitaciÃ³n de las actuaciones.
1. Las actuaciones de investigaciÃ³n que realicen los ayuntamientos y las entidades a que se refieren los artÃ­culos anteriores en el marco de un procedimiento de inspecciÃ³n conjunta se documentarÃ¡n en comunicaciones, diligencias y actas de colaboraciÃ³n en la inspecciÃ³n catastral, de acuerdo con los modelos oficiales aprobados al efecto por resoluciÃ³n del Director General del Catastro.
2. El inicio de las actuaciones se realizarÃ¡ mediante comunicaciÃ³n del ayuntamiento o entidad en la que se pondrÃ¡ de manifiesto al interesado su naturaleza y alcance, la interrupciÃ³n de los plazos de prescripciÃ³n, sus derechos y obligaciones y que las citadas actuaciones se efectÃºan en colaboraciÃ³n con la DirecciÃ³n General del Catastro.
En la misma comunicaciÃ³n se podrÃ¡ requerir al interesado para que comparezca en las oficinas del Ã³rgano actuante o aporte cuantos datos, informes o antecedentes con trascendencia catastral resulten necesarios para la investigaciÃ³n, con advertencia expresa de las infracciones en que puede incurrir en caso de desatender el requerimiento, conforme a lo previsto en el artÃ­culo 70 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
3. Cuando el inspector colaborador haya dado por concluidas sus actuaciones de investigaciÃ³n, extenderÃ¡ el acta de colaboraciÃ³n en la inspecciÃ³n catastral, en la que se definirÃ¡n en su integridad los elementos del hecho, acto o negocio no declarado o declarado de forma incompleta o inexacta. Dicha acta incluirÃ¡ asÃ­ mismo la propuesta de regularizaciÃ³n catastral que se estime pertinente y la conformidad del Inspector Jefe de la Gerencia o Subgerencia del Catastro, que deberÃ¡ expresarse, en su caso, en el plazo de un mes. En el caso de que no sean conformes las actuaciones practicadas, ya sea por haberse observado error en la apreciaciÃ³n de los hechos o indebida aplicaciÃ³n de las normas jurÃ­dicas, el Inspector Jefe acordarÃ¡ la subsanaciÃ³n que corresponda.
La notificaciÃ³n del acta y ulterior tramitaciÃ³n del procedimiento se realizarÃ¡ por el inspector actuario colaborador en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 57.2 de este real decreto.
De la colaboraciÃ³n y del intercambio de informaciÃ³n
ArtÃ­culo 62. SuscripciÃ³n de convenios de colaboraciÃ³n.
Para el ejercicio de las funciones atribuidas a la DirecciÃ³n General del Catastro podrÃ¡n suscribirse convenios de colaboraciÃ³n con otras Administraciones, entidades y corporaciones pÃºblicas, con las limitaciones previstas en el artÃ­culo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, asÃ­ como en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y en este capÃ­tulo.
ArtÃ­culo 63. TramitaciÃ³n de los convenios de colaboraciÃ³n.
1. En el caso de que la formalizaciÃ³n de convenios de colaboraciÃ³n lo sea a propuesta de la entidad interesada, la solicitud serÃ¡ formulada directamente ante la citada DirecciÃ³n General o bien a travÃ©s de la Gerencia o Subgerencia del Catastro correspondiente segÃºn el Ã¡mbito territorial de la entidad colaboradora. A dicha solicitud se adjuntarÃ¡ memoria explicativa en la que se harÃ¡ constar el objeto del convenio, el alcance de las funciones a ejercer en cada caso y los medios personales y materiales de que se dispone para el desarrollo de las funciones cuya gestiÃ³n se pretende convenir. Previamente a la toma en consideraciÃ³n de la formalizaciÃ³n de un convenio, deberÃ¡ quedar acreditado en el expediente instruido la suficiencia de dichos medios.
2. La DirecciÃ³n General del Catastro, a la vista de la propuesta formulada y previo informe del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria y de las Gerencias o Subgerencias correspondientes, decidirÃ¡ sobre la conveniencia o no de la suscripciÃ³n del convenio.
3. Cuando la formalizaciÃ³n del convenio lo sea a propuesta de la DirecciÃ³n General del Catastro, la propuesta se acompaÃ±arÃ¡ igualmente de una memoria explicativa.
ArtÃ­culo 64. RÃ©gimen jurÃ­dico de los convenios.
1. En virtud del convenio de colaboraciÃ³n, la entidad colaboradora podrÃ¡ asumir en rÃ©gimen de delegaciÃ³n de competencias, de encomienda de gestiÃ³n, o mixto, el ejercicio de alguna de las funciones a que se refiere el apartado 3 de este artÃ­culo, sin perjuicio de la posibilidad de avocaciÃ³n en los supuestos de delegaciÃ³n, o del ejercicio concurrente de la funciÃ³n convenida en los supuestos de encomienda, siempre que ello no sea contrario al convenio ni afecte a la eficacia del servicio.
2. El convenio de colaboraciÃ³n no comportarÃ¡ la transferencia de medios materiales ni personales, ni contraprestaciÃ³n econÃ³mica de ningÃºn tipo entre las partes.
3. PodrÃ¡ ser objeto de los convenios a que se refiere este capÃ­tulo el ejercicio de las siguientes funciones:
a) TramitaciÃ³n de expedientes relativos a cambios en la titularidad catastral de los inmuebles, excepto aquellos que deban ser objeto de comunicaciÃ³n.
b) ColaboraciÃ³n en el tratamiento de la informaciÃ³n suministrada por los notarios y registradores de la propiedad.
c) TramitaciÃ³n de declaraciones relativas a modificaciones en la descripciÃ³n catastral de los inmuebles.
d) TramitaciÃ³n de expedientes de subsanaciÃ³n de discrepancias.
e) Actuaciones de inspecciÃ³n catastral, exceptuadas las funciones recogidas en los pÃ¡rrafos e), f), y g) del artÃ­cuÂ­lo 47. No obstante, la delegaciÃ³n de funciones inspectoras sÃ³lo alcanzarÃ¡ a las actuaciones de investigaciÃ³n.
f) ColaboraciÃ³n en el proceso de notificaciÃ³n y atenciÃ³n al pÃºblico derivados de los procedimientos de valoraciÃ³n colectiva o de otros procedimientos catastrales.
g) RecepciÃ³n de documentaciÃ³n y asistencia e informaciÃ³n a los ciudadanos en materia de gestiÃ³n y de difusiÃ³n de la informaciÃ³n catastral.
h) ElaboraciÃ³n y mantenimiento de cartografÃ­a, ortofotografÃ­as y otros soportes grÃ¡ficos.
i) ElaboraciÃ³n de ponencias de valores.
j) Procedimientos simplificados de valoraciÃ³n colectiva.
k) ColaboraciÃ³n en el desarrollo de las funciones del observatorio catastral del mercado inmobiliario.
4. Las resoluciones que se adopten en virtud de delegaciÃ³n indicarÃ¡n expresamente esta circunstancia y se considerarÃ¡n dictadas por el Ã³rgano delegante, por lo que se informarÃ¡ expresamente a los interesados de que el rÃ©gimen de impugnaciÃ³n de los actos dictados por la entidad colaboradora es el previsto en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
5. Las clÃ¡usulas de los convenios recogerÃ¡n en todo caso las obligaciones de las entidades colaboradoras de cumplir las normas sobre protecciÃ³n de datos de carÃ¡cter personal, asumir los compromisos de calidad del servicio que tenga vigentes la DirecciÃ³n General del Catastro y ajustarse a la programaciÃ³n del Plan de Objetivos y de Actuaciones de la citada DirecciÃ³n General.
6. En cada convenio de colaboraciÃ³n se crearÃ¡ una comisiÃ³n mixta de vigilancia y control que serÃ¡ presidida por un representante de la DirecciÃ³n General del Catastro y que resolverÃ¡ las cuestiones que se planteen en cuanto a su interpretaciÃ³n y cumplimiento.
ArtÃ­culo 65. Especialidades en materia de valoraciÃ³n e inspecciÃ³n.
1. Siempre que el acto que se dicte por la entidad colaboradora incluya la determinaciÃ³n del valor catastral, se precisarÃ¡ informe previo y vinculante de la correspondiente Gerencia o Subgerencia del Catastro, que se entenderÃ¡ conforme con la propuesta si, transcurrido el plazo de un mes desde su recepciÃ³n, dicho informe no se hubiera emitido.
2. Cuando se trate de funciones delegadas de inspecciÃ³n catastral, las menciones contenidas en este real decreto al Gerente del Catastro, al Inspector Jefe, al Inspector actuario o a cualesquiera otro personal dependiente de la DirecciÃ³n General del Catastro se entenderÃ¡n realizadas a la autoridad o funcionario de la entidad colaboradora que corresponda, conforme a sus propias normas de organizaciÃ³n, y que, en su caso, tenga atribuidas las funciones propias de la inspecciÃ³n de los tributos en las respectivas relaciones de puestos de trabajo.
ArtÃ­culo 66. Eficacia.
Los convenios de colaboraciÃ³n celebrados obligarÃ¡n a las partes intervinientes desde el momento de su firma, salvo que en ellos se establezca otra cosa. No obstante, podrÃ¡n suspenderse de mutuo acuerdo y por un plazo no superior a un aÃ±o cuando concurran circunstancias tÃ©cnicas, presupuestarias o de cualquier otra Ã­ndole que asÃ­ lo justifiquen.
ArtÃ­culo 67. Denuncia.
La denuncia del convenio podrÃ¡ formularse por cualquiera de las partes, previa comunicaciÃ³n a la otra con una antelaciÃ³n mÃ­nima de un mes. Transcurrido dicho plazo, se producirÃ¡ la extinciÃ³n de la relaciÃ³n convencional. No obstante, en el supuesto en que la otra parte manifestara su oposiciÃ³n a la denuncia, se abrirÃ¡ un periodo de consultas durante veinte dÃ­as naturales, en el que la comisiÃ³n mixta de vigilancia y control deberÃ¡ procurar el acuerdo entre las partes sobre la vigencia o rescisiÃ³n del convenio. De no producirse este acuerdo, quedarÃ¡ extinguido el convenio una vez transcurrido el plazo de consultas.
ArtÃ­culo 68. Publicidad del convenio y de su resoluciÃ³n.
1. La suscripciÃ³n de los convenios, asÃ­ como su suspensiÃ³n y resoluciÃ³n, deberÃ¡ publicarse en el BoletÃ­n Oficial del Estado.
2. AsÃ­ mismo, las partes intervinientes darÃ¡n publicidad de la existencia del convenio en todos los documentos que se expidan con motivo de su ejecuciÃ³n, asÃ­ como en sus oficinas abiertas al pÃºblico y en sus respectivas pÃ¡ginas web.
ArtÃ­culo 69. Suministro de informaciÃ³n a la DirecciÃ³n General del Catastro.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artÃ­culo 36 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, los ayuntamientos o las entidades pÃºblicas gestoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, remitirÃ¡n a las Gerencias y Subgerencias del Catastro, la siguiente informaciÃ³n:
a) Los tipos de gravamen aprobados y el importe de las exenciones y bonificaciones otorgadas y que vayan a estar vigentes en la fecha de efectividad de los nuevos valores catastrales, para cada bien inmueble, en aquellos municipios incursos en un procedimiento de valoraciÃ³n colectiva de carÃ¡cter general. Dicha informaciÃ³n se remitirÃ¡ antes de la fecha de inicio de las notificaciones individuales de los nuevos valores catastrales.
b) Las propuestas de rectificaciÃ³n de las inexactitudes en la descripciÃ³n catastral de que tengan conocimiento, que se acompaÃ±arÃ¡n de las pruebas que correspondan. Siempre que se encuentren suficientemente fundadas, estas propuestas servirÃ¡n para incoar, en su caso, el procedimiento de incorporaciÃ³n que corresponda.
c) Cuanta informaciÃ³n estadÃ­stica relacionada con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sea requerida por los servicios del Catastro para el ejercicio de sus competencias.
d) Los cambios de denominaciÃ³n de las vÃ­as municipales y de los identificadores postales de los inmuebles, que se incorporarÃ¡n a la base de datos catastral conforme a lo previsto en el artÃ­culo 18.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, sin que para ello se precise audiencia ni resoluciÃ³n expresa.
2. La AdministraciÃ³n competente para la aprobaciÃ³n definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanÃ­stico generales y parciales deberÃ¡ suministrar, previo requerimiento de las Gerencias o Subgerencias del Catastro, copia Ã­ntegra de la documentaciÃ³n grÃ¡fica y alfanumÃ©rica del citado planeamiento que revista trascendencia catastral.
Igualmente, las administraciones actuantes en los procedimientos de concentraciÃ³n parcelaria, deslinde administrativo y expropiaciÃ³n forzosa deberÃ¡n suministrar, previo requerimiento de la correspondiente Gerencia o Subgerencia del Catastro, toda la informaciÃ³n del correspondiente procedimiento, complementaria a la recogida en el artÃ­culo 35, que afecte a la descripciÃ³n de los bienes inmuebles y que revista trascendencia para el Catastro Inmobiliario.
ArtÃ­culo 70. Suministro de informaciÃ³n por la DirecciÃ³n General del Catastro a las administraciones tributarias.
1. La DirecciÃ³n General del Catastro, con la periodicidad que se acuerde en cada caso, remitirÃ¡ a la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria y a las ConsejerÃ­as competentes en materia de hacienda de las comunidades autÃ³nomas y ciudades con Estatuto de AutonomÃ­a, la informaciÃ³n a que se refiere el artÃ­culo 37.1 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, acompaÃ±Ã¡ndola, siempre que lo soliciten, del resto de la informaciÃ³n de que disponga relativa a los documentos autorizados por los notarios o inscritos por los registradores de la propiedad, asÃ­ como de cualquier otra informaciÃ³n catastral a que se refiere el apartado 2 del citado artÃ­cuÂ­lo.
2. Las Gerencias y Subgerencias del Catastro remitirÃ¡n a los ayuntamientos o entidades pÃºblicas gestoras de los correspondientes impuestos municipales la siguiente informaciÃ³n:
a) El PadrÃ³n catastral de los bienes inmuebles rÃºsticos, urbanos y de caracterÃ­sticas especiales, que contendrÃ¡ la informaciÃ³n catastral referida a la fecha de devengo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles necesaria para su gestiÃ³n.
Los datos del PadrÃ³n catastral que, conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 77.6 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deben figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, serÃ¡n, exclusivamente, la referencia catastral del inmueble, su valor catastral y el titular catastral que deba tener la consideraciÃ³n de sujeto pasivo en dicho impuesto.
b) La relativa a los actos dictados en los diferentes procedimientos tanto de incorporaciÃ³n al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles y de sus alteraciones, como de revisiÃ³n en vÃ­a administrativa o jurisdiccional de dichos actos, siempre que tengan efectos tributarios en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Dicha informaciÃ³n se suministrarÃ¡ en forma continua por medios telemÃ¡ticos, o trimestralmente en otro caso, a peticiÃ³n de las entidades locales afectadas, salvo que de mutuo acuerdo se establezca una periodicidad diferente.
c) La informaciÃ³n estadÃ­stica necesaria para que los ayuntamientos afectados por un procedimiento de valoraciÃ³n colectiva de carÃ¡cter general puedan acordar, en su caso, los nuevos tipos de gravamen y la bonificaciÃ³n prevista en el artÃ­culo 74.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
d) Los valores catastrales y las bases liquidables que, para el ejercicio siguiente al de su aprobaciÃ³n, resulten de las nuevas ponencias de valores, a efectos de lo previsto en el artÃ­culo 69.1.a) anterior.
e) La informaciÃ³n que soliciten a efectos de lo previsto en el artÃ­culo 77.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
f) La relativa a los documentos que hubieran servido de base para la atribuciÃ³n de la titularidad catastral, previa peticiÃ³n del titular del Ã³rgano de revisiÃ³n en vÃ­a administrativa de los actos de gestiÃ³n tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
g) La informaciÃ³n para la liquidaciÃ³n del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, relativa al valor catastral del terreno de cada inmueble, salvo que tales valores ya consten en el PadrÃ³n catastral. A tal efecto, el valor al que se refiere el artÃ­culo 107.2.a), primer pÃ¡rrafo, del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, serÃ¡ el resultado de aplicar a la superficie del terreno el valor del suelo establecido en la Ponencia de valores vigente en el momento del devengo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, corregido por los coeficientes correctores del suelo y por los coeficientes correctores del suelo y construcciÃ³n conjuntamente que, para cada finca, resulten de aplicaciÃ³n.
h) La informaciÃ³n catastral, no incluida en los apartados anteriores, necesaria para la concesiÃ³n de beneficios fiscales en los tributos municipales.
i) Cualquier otra que resulte necesaria para la aplicaciÃ³n de los tributos municipales, conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 37.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
ArtÃ­culo 71. Suministro de informaciÃ³n a las Entidades colaboradoras.
La DirecciÃ³n General del Catastro suministrarÃ¡ asÃ­ mismo a las distintas Administraciones o instituciones, a peticiÃ³n de las mismas y en las condiciones que se establecen en el capÃ­tulo siguiente, cualquier otra informaciÃ³n que resulte necesaria para el desarrollo y ejecuciÃ³n de los convenios de colaboraciÃ³n o de los procedimientos de comunicaciÃ³n, de inspecciÃ³n conjunta o de cualquier otra fÃ³rmula de colaboraciÃ³n que se hubiera acordado.
ColaboraciÃ³n en la difusiÃ³n de informaciÃ³n
ArtÃ­culo 72. Puntos de informaciÃ³n catastral.
1. La informaciÃ³n catastral podrÃ¡ difundirse, mediante los puntos de informaciÃ³n catastral, por las Administraciones, corporaciones o entidades a las que se refiere el artÃ­culo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario cuya competencia se desarrolle en el territorio de rÃ©gimen comÃºn, previa autorizaciÃ³n de la DirecciÃ³n General del Catastro que, mediante resoluciÃ³n, determinarÃ¡ las condiciones de establecimiento de aquÃ©llos, asÃ­ como el catÃ¡logo de los servicios que prestarÃ¡n.
2. Cuando el acceso de las citadas Administraciones, corporaciones o entidades para el ejercicio de la funciÃ³n de difusiÃ³n a terceros de la informaciÃ³n catastral se refiera a datos protegidos, se precisarÃ¡ el consentimiento previo y por escrito del afectado.
3. En todo caso se garantizarÃ¡ la igualdad en las condiciones de acceso a la informaciÃ³n difundida y que Ã©sta sea la Ãºltima disponible en la base de datos nacional del Catastro.
4. Los certificados y demÃ¡s documentos generados por el punto de informaciÃ³n catastral contendrÃ¡n la fecha de su expediciÃ³n y un cÃ³digo electrÃ³nico que permita la comprobaciÃ³n de su integridad y autenticidad y gozarÃ¡n de plena validez y eficacia, de conformidad con lo establecido en el artÃ­culo 96 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artÃ­culo 64 de este real decreto.
De la informaciÃ³n catastral y su difusiÃ³n
ArtÃ­culo 73. ProtecciÃ³n de datos de carÃ¡cter personal.
La informaciÃ³n que contenga datos catastrales de carÃ¡cter protegido relativos a personas fÃ­sicas queda sometida al rÃ©gimen jurÃ­dico de obligaciones y responsabilidades previsto en la Ley OrgÃ¡nica 15/1999, de 13 de diciembre, de ProtecciÃ³n de Datos de CarÃ¡cter Personal.
ArtÃ­culo 74. Empleo de medios electrÃ³nicos, informÃ¡ticos y telemÃ¡ticos.
1. Con carÃ¡cter general la gestiÃ³n de la documentaciÃ³n e informaciÃ³n catastral se llevarÃ¡ a cabo mediante la utilizaciÃ³n de medios electrÃ³nicos, informÃ¡ticos y telemÃ¡ticos que garantizarÃ¡n su autenticidad, integridad y, en su caso, confidencialidad.
2. El empleo de medios electrÃ³nicos, informÃ¡ticos y telemÃ¡ticos permitirÃ¡:
a) El envÃ­o y recepciÃ³n de los ficheros informÃ¡ticos que sean precisos para garantizar la colaboraciÃ³n o el intercambio de informaciÃ³n catastral y el no repudio de los mismos.
b) La obtenciÃ³n de certificados catastrales telemÃ¡ticos a los que se refieren los artÃ­culos 83 y 84 de este real decreto y el acceso a la informaciÃ³n catastral, bien sea con el alcance de mera consulta o para permitir la descarga y ulterior tratamiento de los datos.
c) La confecciÃ³n y presentaciÃ³n de declaraciones, comunicaciones y solicitudes catastrales.
d) El ejercicio de cualesquiera otras funciones que determine la DirecciÃ³n General del Catastro.
3. La informaciÃ³n gestionada mediante los sistemas a que se refiere este artÃ­culo tendrÃ¡, en las condiciones previstas en el artÃ­culo 96.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la misma validez y eficacia que la recogida en los documentos originales que reproduzcan, que podrÃ¡n ser destruidos salvo que una norma legal o reglamentaria imponga un especÃ­fico deber de conservaciÃ³n y sin perjuicio de lo dispuesto en el artÃ­cuÂ­lo 79.3 de este real decreto.
4. Las Administraciones, corporaciones, entidades e instituciones pÃºblicas no podrÃ¡n exigir a los interesados la aportaciÃ³n de certificados catastrales cuando puedan disponer de la informaciÃ³n catastral mediante acceso telemÃ¡tico a la base de datos nacional del Catastro o por medio de las transmisiones de datos previstas en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemÃ¡ticas asÃ­ como la utilizaciÃ³n de medios telemÃ¡ticos para la sustituciÃ³n de la aportaciÃ³n de certificados por los ciudadanos. Cuando la informaciÃ³n que deba contenerse en el certificado catastral incluya datos protegidos, se precisarÃ¡ el consentimiento del afectado para dicho acceso, salvo que Ã©ste estuviera amparado en alguno de los supuestos previstos en el artÃ­culo 53 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
5. Por resoluciÃ³n de la DirecciÃ³n General del Catastro se aprobarÃ¡n los procedimientos y requisitos necesarios para la obtenciÃ³n de certificados catastrales por medios telemÃ¡ticos, asÃ­ como la forma de remisiÃ³n, estructura, contenido, especificaciones tÃ©cnicas y formato de los programas y ficheros informÃ¡ticos necesarios para garantizar el acceso a las bases de datos catastrales, la colaboraciÃ³n y el intercambio de la informaciÃ³n catastral.
6. Los derechos y acciones que integran el rÃ©gimen jurÃ­dico de la propiedad intelectual aplicables a la informaciÃ³n catastral se extenderÃ¡n, asÃ­ mismo, a los sistemas, programas y ficheros informÃ¡ticos de intercambio de informaciÃ³n creados por la DirecciÃ³n General del Catastro para su gestiÃ³n.
ArtÃ­culo 75. Plazo de tramitaciÃ³n de las solicitudes de informaciÃ³n catastral.
La entrega de la informaciÃ³n catastral se realizarÃ¡ en un plazo no superior a veinte dÃ­as hÃ¡biles, contados a partir del momento de la recepciÃ³n de la solicitud de informaciÃ³n. Cuando se trate de solicitudes de informaciÃ³n extensa o compleja este plazo podrÃ¡ ampliarse en otros veinte dÃ­as, previa notificaciÃ³n al interesado.
ArtÃ­culo 76. AplicaciÃ³n a los fines previstos en la solicitud.
La informaciÃ³n catastral a que se refiere el presente tÃ­tulo, suministrada por la DirecciÃ³n General del Catastro a la AdministraciÃ³n o instituciÃ³n competente o a las personas legitimadas para acceder a los datos catastrales, se aplicarÃ¡ exclusivamente a los fines previstos en la solicitud y se facilitarÃ¡ Ãºnicamente en los formatos diseÃ±ados al efecto por el citado centro directivo.
ArtÃ­culo 77. RÃ©gimen de cesiones y autorizaciones.
1. Fuera de los casos de cesiÃ³n o difusiÃ³n de informaciÃ³n a travÃ©s de los puntos de informaciÃ³n catastral a que se refiere el artÃ­culo 72, la cesiÃ³n a terceros de la informaciÃ³n suministrada por la DirecciÃ³n General del Catastro estÃ¡ sujeta a autorizaciÃ³n especÃ­fica y previa del mencionado centro directivo, siendo de aplicaciÃ³n al cedente y al cesionario el rÃ©gimen establecido en el artÃ­cuÂ­lo 50 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
La autorizaciÃ³n serÃ¡ otorgada para la finalidad concreta prevista en la solicitud, previa verificaciÃ³n de que el nuevo cesionario estÃ¡ legitimado para acceder a los datos catastrales, conforme a lo previsto en los artÃ­culos 52 y 53 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, y de la no concurrencia de las circunstancias a que se refiere el artÃ­culo 50.3 del citado texto refundido, quedando su validez condicionada, en su caso, al pago del importe de la tasa de acreditaciÃ³n catastral.
2. Los cesionarios de la informaciÃ³n catastral que contenga datos protegidos que afecten a las personas fÃ­sicas, deberÃ¡n adoptar las medidas y controles necesarios para garantizar que el uso de la informaciÃ³n se realiza conforme al rÃ©gimen de protecciÃ³n de datos de carÃ¡cter personal, establecido en la Ley OrgÃ¡nica 15/1999, de 13 de diciembre, de ProtecciÃ³n de Datos de CarÃ¡cter Personal.
3. Quienes sean autorizados a la transformaciÃ³n y posterior distribuciÃ³n de la informaciÃ³n catastral en virtud de lo dispuesto en el artÃ­culo 52.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, deberÃ¡n citar a la DirecciÃ³n General del Catastro como fuente de la informaciÃ³n tanto en el producto transformado como en todas sus copias.
ArtÃ­culo 78. Uso indebido de la informaciÃ³n catastral.
Cuando la DirecciÃ³n General del Catastro observe el incumplimiento de las condiciones de uso de la informaciÃ³n establecidas en la normativa catastral o en la autorizaciÃ³n concedida, requerirÃ¡ al cesionario para que cese en dicho uso indebido. En caso de no ser atendido el requerimiento en el plazo otorgado, que no podrÃ¡ ser inferior a diez dÃ­as ni superior a quince, mediante resoluciÃ³n que serÃ¡ publicada en el BoletÃ­n Oficial del Estado se prohibirÃ¡ al cesionario continuar en el uso de la informaciÃ³n y se revocarÃ¡, en su caso, la autorizaciÃ³n, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. Estas actuaciones se pondrÃ¡n en conocimiento de la Agencia de ProtecciÃ³n de Datos cuando el uso indebido se refiera a datos catastrales protegidos que afecten a las personas fÃ­sicas.
ArtÃ­culo 79. DocumentaciÃ³n catastral.
1. A efectos de este real decreto tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de documento cualquier contenido, o parte del mismo, susceptible de producir efectos catastrales, con independencia de cuÃ¡l sea el medio, en papel o en forma electrÃ³nica, o como grabaciÃ³n sonora, visual, o audiovisual, que constituya su soporte.
2. La conservaciÃ³n y custodia de la documentaciÃ³n catastral serÃ¡ responsabilidad de la DirecciÃ³n General del Catastro hasta que sea remitida, en el plazo establecido en funciÃ³n de los tipos y series documentales de que se trate, al Archivo General de la AdministraciÃ³n o, en su caso, a los Archivos HistÃ³ricos Provinciales.
3. La definiciÃ³n de los tipos y series documentales del Catastro, asÃ­ como los criterios de conservaciÃ³n y los plazos para su posterior remisiÃ³n a los archivos mencionados en el apartado anterior, se regirÃ¡n por lo establecido en el Real Decreto 139/2000, de 4 de febrero, que regula la composiciÃ³n, funcionamiento y competencias de la ComisiÃ³n Calificadora de Documentos Administrativos, y en la Orden EHA/242/2005, de 8 de febrero, por la que se constituye la ComisiÃ³n Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda.
4. Los Ã³rganos bajo cuya custodia se encuentre la documentaciÃ³n catastral garantizarÃ¡n en todo momento el ejercicio del derecho de acceso a los fondos documentales y serÃ¡n competentes para expedir las correspondientes certificaciones.
ArtÃ­culo 80. Acceso de las Administraciones pÃºblicas a los datos protegidos.
Se entenderÃ¡n cumplidos los principios de competencia, idoneidad y proporcionalidad en el acceso a la informaciÃ³n catastral protegida a los que se refiere el artÃ­cuÂ­lo 53.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, cuando se acredite por el solicitante:
a) La disposiciÃ³n que le atribuya la competencia para cuyo ejercicio sea necesaria la informaciÃ³n solicitada, con menciÃ³n de la norma con rango de ley de la que se derive dicha competencia.
b) La adecuaciÃ³n o congruencia entre la informaciÃ³n solicitada y la finalidad a la que vaya a ser destinada en ejercicio de la competencia de que se trate.
c) La correspondencia entre el volumen y extensiÃ³n de la informaciÃ³n solicitada y la finalidad perseguida.
ArtÃ­culo 81. Acceso a documentos que formen parte de expedientes concluidos.
1. TendrÃ¡n derecho de acceso a los documentos que formen parte de expedientes concluidos en la fecha de la solicitud quienes hayan sido parte en los correspondientes procedimientos o hubiesen resultado afectados en sus derechos o intereses legÃ­timos por las resoluciones adoptadas en ellos. No obstante, todos tendrÃ¡n derecho a acceder a la informaciÃ³n que forme parte de los expedientes de aprobaciÃ³n de las Ponencias de valores.
2. PodrÃ¡n, asimismo, acceder a los registros y documentos que formen parte de los expedientes concluidos, sin consentimiento del titular catastral ni de quien haya sido parte en los mismos, los Ã³rganos a que se refiere el artÃ­culo 53.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en las condiciones en Ã©l establecidas.
ArtÃ­culo 82. DenegaciÃ³n del derecho de acceso a la informaciÃ³n catastral y limitaciones a su ejercicio.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artÃ­culo 50.3 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, podrÃ¡ denegarse motivadamente el ejercicio del derecho de acceso a la informaciÃ³n catastral, por afectar a la eficacia del funcionamiento del servicio pÃºblico, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de solicitudes de informaciÃ³n catastral formuladas por Administraciones, corporaciones, entidades e instituciones pÃºblicas, incluidos los profesionales oficiales, siempre que la informaciÃ³n pueda ser obtenida por los medios a que se refiere el artÃ­culo 74 de este real decreto.
b) Cuando se trate de peticiones reiteradas en las que se solicite la exenciÃ³n prevista en el artÃ­culo 64 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. A tal efecto se entenderÃ¡ que existe reiteraciÃ³n cuando la solicitud se refiera a informaciÃ³n catastral entregada con anterioridad al solicitante y que dicha informaciÃ³n no haya experimentado modificaciones significativas o relevantes para la finalidad de que se trate.
c) Cuando la entrega de la informaciÃ³n solicitada pueda ser sustituida por la autorizaciÃ³n de cesiÃ³n de la que previamente fue suministrada a otro Ã³rgano de la misma AdministraciÃ³n.
2. Igualmente podrÃ¡ denegarse de forma motivada el derecho de acceso a la informaciÃ³n catastral cuando existan indicios fundados de que la finalidad a la que se va a aplicar la informaciÃ³n solicitada pueda causar un perjuicio grave a los intereses de la DirecciÃ³n General del Catastro o al cumplimiento de sus propias funciones, especialmente cuando, sin tÃ­tulo para ello, se pretenda el ejercicio de competencias que la ley le atribuye en exclusiva. A tal efecto, se considerarÃ¡ que existen indicios fundados cuando, sin mediar acuerdo o convenio, de la documentaciÃ³n aportada por el interesado o requerida al mismo se deduzca que la informaciÃ³n solicitada va a ser utilizada para el ejercicio de las competencias de formaciÃ³n, mantenimiento y difusiÃ³n de la informaciÃ³n catastral.
ArtÃ­culo 83. ExpediciÃ³n de certificados catastrales.
1. Los certificados catastrales contendrÃ¡n, al menos, los siguientes datos y circunstancias:
a) El nombre y apellidos o razÃ³n social o denominaciÃ³n completa, nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal o, en su caso, nÃºmero de identidad de extranjero, y domicilio fiscal del interesado.
c) Los elementos de la descripciÃ³n catastral del inmueble o inmuebles que deban ser certificados, con inclusiÃ³n, en su caso, de su representaciÃ³n grÃ¡fica, o alternativamente expresiÃ³n de la inexistencia de la informaciÃ³n que se solicita en la base de datos catastral.
2. El certificado catastral podrÃ¡ expedirse mediante la utilizaciÃ³n de los medios electrÃ³nicos, informÃ¡ticos o telemÃ¡ticos a que se refiere el artÃ­culo 74 de este real decreto.
En los certificados catastrales telemÃ¡ticos la firma manuscrita del titular del Ã³rgano competente, o del funcionario que corresponda, serÃ¡ sustituida por un cÃ³digo de verificaciÃ³n que permita contrastar su autenticidad. La copia impresa de los certificados catastrales telemÃ¡ticos producirÃ¡ idÃ©nticos efectos a los expedidos en soporte papel.
ArtÃ­culo 84. Efectos de los certificados catastrales.
1. Los certificados catastrales, que deberÃ¡n ser congruentes con lo solicitado, tendrÃ¡n exclusivamente carÃ¡cter informativo y reflejarÃ¡n los datos existentes en la base de datos catastral, en los documentos catastrales o en los que hubieran sido aportados por los interesados o por terceros.
2. Los certificados catastrales tendrÃ¡n validez durante un aÃ±o a partir de la fecha de su expediciÃ³n, siempre que durante ese plazo no se produzcan modificaciones en las circunstancias determinantes de su contenido.
3. El solicitante no podrÃ¡ interponer recurso alguno contra ellos fundado en error o inexactitud en la descripciÃ³n catastral de los inmuebles a los que se refiera.
La rectificaciÃ³n de los datos que formen parte del contenido del certificado Ãºnicamente podrÃ¡ realizarse mediante los procedimientos de incorporaciÃ³n establecidos en el TÃ­tulo II del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y en este real decreto.
ArtÃ­culo 85. Criterios de graduaciÃ³n.
1. Las sanciones pecuniarias por la comisiÃ³n de las infracciones tributarias simples a que se refiere el artÃ­cuÂ­lo 70 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario se graduarÃ¡n atendiendo en cada caso concreto a las circunstancias siguientes:
a) ComisiÃ³n repetida de infracciones tributarias. Se apreciarÃ¡ la existencia de esta circunstancia cuando el infractor haya sido sancionado, en virtud de resoluciÃ³n firme en vÃ­a administrativa, y dentro de los cuatro aÃ±os anteriores a la comisiÃ³n de la infracciÃ³n objeto del expediente, por alguna otra infracciÃ³n tributaria simple de la misma naturaleza. A estos efectos, se considerarÃ¡n infracciones de la misma naturaleza las comprendidas en un mismo pÃ¡rrafo del referido artÃ­culo 70.
b) La resistencia, negativa u obstrucciÃ³n a la acciÃ³n investigadora de la AdministraciÃ³n catastral. Se considerarÃ¡ que se produce esta conducta cuando los obligados tributarios, debidamente notificados y apercibidos al efecto, no atiendan los requerimientos formulados por el personal inspector en el curso de actuaciones de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n en las que se haya puesto de manifiesto la comisiÃ³n de alguna infracciÃ³n tributaria simple, o cuando traten de impedir u obstaculizar la realizaciÃ³n de tales actuaciones.
c) La utilizaciÃ³n de medios fraudulentos en la comisiÃ³n de la infracciÃ³n o la comisiÃ³n de Ã©sta por medio de persona interpuesta. A estos efectos, se considerarÃ¡n medios fraudulentos el empleo de documentos falsos o falseados.
d) La falta de cumplimiento espontÃ¡neo o el retraso en el cumplimiento de las obligaciones o deberes formales o de colaboraciÃ³n establecidos en la normativa catastral. Se considera que existe falta de cumplimiento espontÃ¡neo cuando el obligado tributario cumpla las obligaciones o deberes aludidos tras haber sido requerido al efecto por la AdministraciÃ³n catastral, una vez vencido el plazo legal o reglamentariamente establecido para ello.
El retraso se entenderÃ¡ producido cuando el cumplimiento de tales obligaciones o deberes se realice extemporÃ¡neamente, sin mediar requerimiento alguno.
e) La trascendencia para la eficacia de la gestiÃ³n catastral de los datos, informes o antecedentes no facilitados y, en general, del incumplimiento de las obligaciones formales y de colaboraciÃ³n o informaciÃ³n a la AdministraciÃ³n tributaria. Para la apreciaciÃ³n de esta circunstancia se tendrÃ¡ en cuenta el nÃºmero y entidad de los datos, informes o antecedentes omitidos, falseados o incompletos, asÃ­ como la incidencia del incumplimiento en la formaciÃ³n y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario.
2. Los criterios de graduaciÃ³n son aplicables simultÃ¡neamente. Para la determinaciÃ³n de la sanciÃ³n aplicable se incrementarÃ¡ el importe de la sanciÃ³n pecuniaria mÃ­nima de 60 euros con los importes que procedan por aplicaciÃ³n de los criterios de graduaciÃ³n, sin que el importe de la multa resultante pueda exceder de los lÃ­mites mÃ¡ximos legalmente previstos.
Si, como consecuencia de la resistencia del sujeto infractor, la AdministraciÃ³n catastral no pudiera conocer la informaciÃ³n solicitada ni el nÃºmero de datos que Ã©sta debiera comprender, el importe de la sanciÃ³n pecuniaria mÃ­nima serÃ¡ de 1.000 euros.
No obstante, tratÃ¡ndose de la presentaciÃ³n de declaraciones falsas, incompletas o inexactas o de la conducta prevista en el artÃ­culo 70.d) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el importe de la sanciÃ³n estarÃ¡ constituido exclusivamente por el resultado de la aplicaciÃ³n de los criterios de graduaciÃ³n previstos, respectivamente, en los artÃ­culos 88 y 91 de este real decreto.
ArtÃ­culo 86. Falta de presentaciÃ³n de declaraciones.
1. Se entenderÃ¡ cometida esta infracciÃ³n cuando el obligado tributario no presente la declaraciÃ³n catastral en el plazo establecido en el artÃ­culo 28, o bien la presente una vez comunicada la iniciaciÃ³n del correspondiente procedimiento inspector, sin perjuicio de lo que establece el artÃ­culo 87 sobre la presentaciÃ³n de declaraciones fuera de plazo.
2. La sanciÃ³n que proceda aplicar por la comisiÃ³n de esta infracciÃ³n se determinarÃ¡ atendiendo a los siguientes criterios de graduaciÃ³n:
a) ComisiÃ³n repetida de infracciones. La concurrencia de esta circunstancia incrementarÃ¡ el importe de sanciÃ³n en 200 euros por cada infracciÃ³n sancionada con anterioridad mediante resoluciÃ³n firme en vÃ­a administrativa.
b) Resistencia, negativa u obstrucciÃ³n a la acciÃ³n investigadora de la AdministraciÃ³n catastral. La aplicaciÃ³n de este criterio de graduaciÃ³n incrementarÃ¡ la cuantÃ­a de la sanciÃ³n en 150 euros si se ha incumplido por primera vez un requerimiento efectuado para la aportaciÃ³n de datos, y en 300 y 600 euros, respectivamente, si se ha incumplido por segunda y tercera vez.
Cuando se incumpla el deber de comparecer o se niegue o impida indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales al personal inspector, el incremento serÃ¡ de 300 euros por la primera negativa u obstrucciÃ³n de esta naturaleza, y de 600 y de 1.500 euros, respectivamente, por la segunda y tercera.
Las coacciones producidas en el curso de un procedimiento de comprobaciÃ³n o investigaciÃ³n incrementarÃ¡n la cuantÃ­a de la sanciÃ³n en 150 euros.
c) Trascendencia para la eficacia de la gestiÃ³n catastral. Este criterio de graduaciÃ³n se aplicarÃ¡ en funciÃ³n de los diferentes hechos, actos o negocios a que se refiere el artÃ­culo 16.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario que no hayan sido declarados, en los siguientes tÃ©rminos:
1.Âº Cuando se trate de la realizaciÃ³n de nuevas construcciones o de la ampliaciÃ³n, reforma, rehabilitaciÃ³n, demoliciÃ³n o derribo de las ya existentes, ya sea total o parcial, el importe de la sanciÃ³n se incrementarÃ¡ en 400 euros por cada inmueble afectado por la alteraciÃ³n no declarada o resultante de la misma, siempre que su valor catastral sea igual o inferior a 300.000 euros. Si supera la cantidad indicada, el importe de la sanciÃ³n se incrementarÃ¡ en la cuantÃ­a que resulte de aplicar el 0,25 por ciento sobre la parte del valor catastral que exceda de dicha cantidad.
2.Âº Cuando la declaraciÃ³n no presentada se refiera a una modificaciÃ³n de uso o destino, el importe de la sanciÃ³n serÃ¡ de 200 euros por cada alteraciÃ³n de esta naturaleza no declarada.
3.Âº En los supuestos de cambio de clase de cultivo o aprovechamiento, el importe de la sanciÃ³n por este concepto se incrementarÃ¡ en 300 euros por cada inmueble afectado por la alteraciÃ³n no declarada, siempre que su valor catastral sea igual o inferior 60.000 euros. Si el valor catastral supera la cantidad indicada, el importe de la sanciÃ³n se incrementarÃ¡, en la cuantÃ­a que resulte de aplicar el 0,25 por ciento sobre la parte del valor catastral que exceda de dicha cantidad.
4.Âº Cuando el hecho, acto o negocio consista en una segregaciÃ³n, divisiÃ³n, agregaciÃ³n o agrupaciÃ³n, el importe de la sanciÃ³n serÃ¡ de 150 euros por cada uno de los inmuebles resultantes de la alteraciÃ³n no declarada.
5.Âº Cuando se trate de la adquisiciÃ³n de la propiedad por cualquier tÃ­tulo o de su consolidaciÃ³n, de la constituciÃ³n, modificaciÃ³n o adquisiciÃ³n de la titularidad de una concesiÃ³n administrativa o de los derechos reales de usufructo y de superficie, asÃ­ como de los derechos de disfrute a los que se refiere el artÃ­culo 9.4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, o de las variaciones en la composiciÃ³n interna de las comunidades o entidades sin personalidad, el importe de la sanciÃ³n se incrementarÃ¡ en 200 euros por cada alteraciÃ³n de esta naturaleza no declarada. Si se trata de variaciones en la cuota de participaciÃ³n que corresponda a cada uno de los cÃ³nyuges en los bienes inmuebles comunes, o en la cuota de participaciÃ³n de los comuneros, miembros y partÃ­cipes de comunidades o entidades sin personalidad, el importe de la sanciÃ³n por aplicaciÃ³n de este criterio de graduaciÃ³n se incrementarÃ¡ en 60 euros por cada cuota no declarada que haya variado.
En todo caso, la cuantÃ­a total de la sanciÃ³n establecida en este pÃ¡rrafo c) no podrÃ¡ superar el cinco por ciento del valor catastral del inmueble objeto de la alteraciÃ³n.
ArtÃ­culo 87. PresentaciÃ³n de declaraciones fuera de plazo.
1. Se entenderÃ¡ cometida esta infracciÃ³n cuando los obligados tributarios presenten extemporÃ¡neamente las declaraciones catastrales, ya sea de forma voluntaria o previo requerimiento, y siempre que no se hubiese producido la comunicaciÃ³n del inicio del correspondiente procedimiento inspector, en cuyo caso la infracciÃ³n se calificarÃ¡ y sancionarÃ¡ conforme a lo establecido en el artÃ­culo anterior.
a) ComisiÃ³n repetida de infracciones. La concurrencia de esta circunstancia incrementarÃ¡ el importe de la sanciÃ³n en 100 euros por cada infracciÃ³n sancionada con anterioridad mediante resoluciÃ³n firme en vÃ­a administrativa, siempre que la presentaciÃ³n de la declaraciÃ³n se hubiese realizado sin requerimiento previo de la AdministraciÃ³n. En caso contrario, serÃ¡ de 200 euros.
b) Falta de cumplimiento espontÃ¡neo o retraso en la presentaciÃ³n de la declaraciÃ³n. La cuantÃ­a de la sanciÃ³n se incrementarÃ¡ por este concepto, siempre que no hubiese mediado requerimiento previo, en 20 euros si el retraso en la presentaciÃ³n de la declaraciÃ³n es inferior a tres meses, 40 euros si el retraso fuera de tres a seis meses y 60 euros si el retraso fuera superior a seis meses.
Cuando la presentaciÃ³n se haya producido previo requerimiento de la AdministraciÃ³n, las cuantÃ­as aplicables en funciÃ³n de los plazos anteriormente indicados serÃ¡n de 60, 80 y 100 euros.
c) Trascendencia para la eficacia de la gestiÃ³n catastral. El importe de la sanciÃ³n se incrementarÃ¡ por aplicaciÃ³n de este criterio de graduaciÃ³n en el 10 por ciento del que hubiese correspondido por este mismo concepto en el supuesto de falta de presentaciÃ³n de la declaraciÃ³n de que se trate, siempre que no hubiese mediado requerimiento previo. En caso de presentarse la declaraciÃ³n tras el oportuno requerimiento de la AdministraciÃ³n, el porcentaje anteriormente aludido serÃ¡ del 25 por ciento.
ArtÃ­culo 88. PresentaciÃ³n de declaraciones falsas, incompletas o inexactas.
1. Se entenderÃ¡ cometida esta infracciÃ³n cuando la declaraciÃ³n presentada contenga datos o se acompaÃ±e de documentos falsos o falseados, se omitan datos o documentos que preceptivamente deban incluirse en la misma o se hayan consignado datos que no se correspondan con la verdadera descripciÃ³n de los inmuebles.
A estos efectos se considerarÃ¡n documentos falsos o falseados aquellos que reflejen situaciones, hechos, actos o negocios inexistentes, en todo o en parte, y hayan sido el instrumento para la comisiÃ³n de la infracciÃ³n.
a) ComisiÃ³n repetida de infracciones. Cuando concurra esta circunstancia el importe de la sanciÃ³n serÃ¡ de 100 euros por cada infracciÃ³n sancionada con anterioridad mediante resoluciÃ³n firme en vÃ­a administrativa, salvo en los supuestos de presentaciÃ³n de declaraciones falsas, en los que el importe serÃ¡ de 200 euros.
b) Resistencia, negativa u obstrucciÃ³n a la acciÃ³n investigadora de la AdministraciÃ³n catastral. Este criterio se aplicarÃ¡ en los mismos tÃ©rminos seÃ±alados en el artÃ­cuÂ­lo 86.2.b) de este real decreto.
c) UtilizaciÃ³n de medios fraudulentos. La cuantÃ­a de la sanciÃ³n por este concepto serÃ¡ de 1.500 euros.
d) Trascendencia para la eficacia de la gestiÃ³n catastral. El importe de la sanciÃ³n por aplicaciÃ³n de este criterio de graduaciÃ³n serÃ¡ el resultado de multiplicar la cantidad de 6 euros por cada dato de gran trascendencia falso, falseado o inexacto que figure en la declaraciÃ³n o que haya sido omitido. A estos efectos, se considerarÃ¡n datos de gran trascendencia la clase y la fecha de la alteraciÃ³n producida, el nombre y apellidos, denominaciÃ³n, razÃ³n social, nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal o, en su caso, nÃºmero de identidad de extranjero, domicilio fiscal y, en su caso, coeficiente de participaciÃ³n de los titulares catastrales o de aquellas personas o entidades que deban figurar en el Catastro por cualquier concepto, la localizaciÃ³n y la referencia catastral de los bienes inmuebles, asÃ­ como su superficie, uso o destino y clase de cultivo o aprovechamiento.
Cuando la omisiÃ³n, falsedad o inexactitud se refiera a alguno de los siguientes documentos que preceptivamente deben acompaÃ±ar a las declaraciones, el importe serÃ¡ de 60 euros por cada uno de ellos: fotocopia del nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal, si el declarante no dispone de etiquetas identificativas o, en su caso, fotocopia del documento o certificaciÃ³n en que figure el nÃºmero de identidad de extranjero, fotocopia del certificado tÃ©cnico, licencia, autorizaciÃ³n administrativa o, en general, del documento acreditativo de la alteraciÃ³n producida, planos y demÃ¡s documentaciÃ³n grÃ¡fica exigida en el correspondiente modelo de declaraciÃ³n.
3. La cuantÃ­a total de la sanciÃ³n que corresponda por la presentaciÃ³n de una declaraciÃ³n incompleta o inexacta no podrÃ¡ superar a la que hubiera correspondido en el caso de falta de presentaciÃ³n de esa misma declaraciÃ³n.
4. Cuando se presenten voluntariamente, sin requerimiento previo, declaraciones extemporÃ¡neas que subsanen las presentadas con anterioridad de forma incorrecta, la sanciÃ³n se determinarÃ¡ conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo anterior, siempre que el importe de la misma resulte mÃ¡s favorable para el sujeto infractor.
ArtÃ­culo 89. Incumplimiento del deber de aportar la referencia catastral.
La falta de aportaciÃ³n de la referencia catastral en los supuestos previstos en el artÃ­culo 40 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario se sancionarÃ¡ incrementando la cuantÃ­a de la sanciÃ³n mÃ­nima en 150 euros por cada referencia catastral no aportada.
Si concurre la circunstancia de comisiÃ³n repetida, el importe de la sanciÃ³n se incrementarÃ¡ en 200 euros por cada infracciÃ³n de esta misma naturaleza sancionada con anterioridad mediante resoluciÃ³n firme en vÃ­a administrativa.
ArtÃ­culo 90. Incumplimiento del deber de comunicaciÃ³n.
El incumplimiento del deber de comunicaciÃ³n a que se refiere el artÃ­culo 14 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, se sancionarÃ¡ atendiendo a los siguientes criterios de graduaciÃ³n:
a) ComisiÃ³n repetida de infracciones. El importe de la sanciÃ³n se incrementarÃ¡ por la concurrencia de esta circunstancia en 200 euros por cada infracciÃ³n de esta misma naturaleza sancionada con anterioridad mediante resoluciÃ³n firme en vÃ­a administrativa.
c) Trascendencia para la eficacia de la gestiÃ³n catastral. El importe de la sanciÃ³n se incrementarÃ¡ por aplicaciÃ³n de este criterio de graduaciÃ³n en 50 euros por cada uno de los hechos, actos o negocios que no hayan sido objeto de comunicaciÃ³n.
ArtÃ­culo 91. Incumplimiento del deber de suministrar al Catastro datos, informes o antecedentes.
El incumplimiento del deber de colaboraciÃ³n a que se refiere el artÃ­culo 36 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, se sancionarÃ¡ atendiendo a los siguientes criterios de graduaciÃ³n:
a) ComisiÃ³n repetida de infracciones. El importe de la sanciÃ³n por la concurrencia de esta circunstancia serÃ¡ de 200 euros por cada infracciÃ³n de esta misma naturaleza sancionada con anterioridad mediante resoluciÃ³n firme en vÃ­a administrativa.
b) Resistencia, negativa u obstrucciÃ³n a la acciÃ³n investigadora de la AdministraciÃ³n catastral. Este criterio se aplicarÃ¡ en los mismos tÃ©rminos previstos en el artÃ­cuÂ­lo 86.2.b) cuando el deber de suministrar datos, informes o antecedentes, asÃ­ como los plazos para llevarlo a efecto, estÃ©n establecidos mediante una disposiciÃ³n de carÃ¡cter general.
Si el suministro de informaciÃ³n ha sido recabado a travÃ©s de requerimientos concretos, los importes en la cuantÃ­a de la sanciÃ³n previstos en dicho apartado se aplicarÃ¡n a partir del segundo requerimiento desatendido, una vez producida la comisiÃ³n de la infracciÃ³n por la falta de atenciÃ³n del primero de ellos.
c) Trascendencia para la eficacia de la gestiÃ³n catastral. El importe de la sanciÃ³n por aplicaciÃ³n de este criterio de graduaciÃ³n serÃ¡ de 6 euros por cada dato no facilitado como consecuencia del incumplimiento del deber de colaboraciÃ³n.
TratÃ¡ndose de informes o antecedentes no aportados o cuando el requerimiento no atendido tenga por objeto el conocimiento del conjunto de datos que contiene un determinado documento, el importe de la sanciÃ³n serÃ¡ de 60 euros por cada informe o antecedente o por cada documento no facilitado.
ArtÃ­culo 92. Resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la AdministraciÃ³n catastral.
1. Se entenderÃ¡ cometida esta infracciÃ³n, siempre que no opere como criterio de graduaciÃ³n, cuando el obligado tributario no atienda los requerimientos de la AdministraciÃ³n para aportar datos o documentos necesarios para la formaciÃ³n y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario, o para comparecer, en el lugar y tiempo seÃ±alados, con idÃ©ntica finalidad o para aportar cualquier informaciÃ³n que se considere necesaria para el desarrollo de un procedimiento de gestiÃ³n o de inspecciÃ³n catastral.
Asimismo, constituirÃ¡ resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la AdministraciÃ³n catastral negar la entrada o permanencia del personal inspector en fincas y locales, cuando se haya solicitado de conformidad con el procedimiento legalmente establecido, y ejercer coacciones a los Ã³rganos de la AdministraciÃ³n catastral.
2. La sanciÃ³n que proceda en estos supuestos se determinarÃ¡ mediante la aplicaciÃ³n de los siguientes criterios:
a) Cuando la infracciÃ³n consista en no aportar datos o documentos requeridos, no comparecer a requerimiento de la AdministraciÃ³n o negar la entrada en fincas o locales:
1.Âº ComisiÃ³n repetida de infracciones. El importe de la sanciÃ³n se incrementarÃ¡ por la concurrencia de esta circunstancia en 200 euros por cada infracciÃ³n de la misma naturaleza sancionada con anterioridad mediante resoluciÃ³n firme en vÃ­a administrativa.
2.Âº Trascendencia para la eficacia de la gestiÃ³n catastral. El importe de la sanciÃ³n se incrementarÃ¡ por este concepto en 6 euros por cada dato requerido y no aportado o que debiÃ³ aportarse en la comparecencia del obligado tributario, o por cada dato que no haya podido obtenerse como consecuencia de la negativa a la entrada o permanencia en fincas o locales.
Cuando el objeto del requerimiento sea el conocimiento del conjunto de datos que contiene un determinado documento, el incremento de la sanciÃ³n serÃ¡ de 60 euros por cada documento requerido y no aportado.
b) Cuando la infracciÃ³n consista en ejercer coacciones a los Ã³rganos de la AdministraciÃ³n catastral, el importe de la sanciÃ³n aplicable serÃ¡ de 150 euros.
Si concurre la circunstancia de comisiÃ³n repetida, la cuantÃ­a de la sanciÃ³n se incrementarÃ¡ en 200 euros por cada infracciÃ³n de la misma naturaleza sancionada con anterioridad.
3. El incumplimiento de sucesivos requerimientos de idÃ©ntico contenido o las sucesivas y reiteradas negativas a comparecer o a permitir o facilitar la entrada o permanencia en una misma finca o local, constituirÃ¡ una Ãºnica infracciÃ³n tributaria simple.
Cada uno de estos incumplimientos incrementarÃ¡ el importe de la sanciÃ³n en 150, 300 y 600 euros, respectivamente, por los tres requerimientos sucesivos que hayan sido desatendidos, y en 300, 600 y 1.500 euros, respectivamente, por las tres negativas sucesivas y reiteradas que se hayan producido.
ArtÃ­culo 93. ReducciÃ³n de las sanciones.
El importe de la sanciÃ³n que deba ingresarse por la comisiÃ³n de cualquiera de las infracciones contempladas en esta secciÃ³n se reducirÃ¡ un 25 por ciento siempre que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanciÃ³n en perÃ­odo voluntario, sin que se haya solicitado el aplazamiento o fraccionamiento del pago, y no se haya interpuesto recurso o reclamaciÃ³n contra la sanciÃ³n, ni contra la resoluciÃ³n del procedimiento de gestiÃ³n o inspecciÃ³n catastral del que derive el procedimiento sancionador.
ArtÃ­culo 94. Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento sancionador catastral se iniciarÃ¡ dentro del plazo de tres meses a que se refiere el artÃ­cuÂ­lo 20.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. En todo lo demÃ¡s, le serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo establecido en los artÃ­culos 207 a 212 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en sus normas de desarrollo.
2. La competencia para su tramitaciÃ³n y resoluciÃ³n corresponderÃ¡ en todo caso a la AdministraciÃ³n tributaria del Estado, incluso cuando la infracciÃ³n que origine la iniciaciÃ³n del procedimiento se produzca o sea conocida en el curso de actuaciones de inspecciÃ³n conjunta realizadas por ayuntamientos o entidades gestoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
DisposiciÃ³n adicional primera. Informe de las Ponencias de valores especiales de Ã¡mbito municipal.
Corresponde a los ayuntamientos informar las Ponencias de valores especiales de Ã¡mbito municipal, en los mismos tÃ©rminos establecidos para las Ponencias totales y parciales en el artÃ­culo 27.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
DisposiciÃ³n adicional segunda. Comunicaciones municipales.
La obligaciÃ³n de comunicar establecida en el artÃ­culo 14.b) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario serÃ¡ exigible respecto de los hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, una baja o una variaciÃ³n catastral realizados o consumados a partir de la fecha que establezca la ordenanza fiscal, con independencia de que la licencia o autorizaciÃ³n municipal de la que deriven se hubiera otorgado con anterioridad.
DisposiciÃ³n adicional tercera. Asistencia jurÃ­dica gratuita.
A efectos de la aplicaciÃ³n de lo dispuesto en el artÃ­culo 53.2.d) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en el acceso a la informaciÃ³n catastral por los Colegios de Abogados para el ejercicio de las funciones pÃºblicas recogidas en el CapÃ­tulo II de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia JurÃ­dica Gratuita, se entenderÃ¡ que la AdministraciÃ³n de la que dependen dichos Colegios es la correspondiente ComisiÃ³n de Asistencia JurÃ­dica Gratuita.
DisposiciÃ³n adicional cuarta. Liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Cuando la competencia para la gestiÃ³n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles estÃ© atribuida a la AdministraciÃ³n General del Estado conforme a lo previsto en el artÃ­cuÂ­lo 77.8 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el acta de inspecciÃ³n catastral incorporarÃ¡, ademÃ¡s de la propuesta de regularizaciÃ³n de la descripciÃ³n del inmueble, la propuesta de liquidaciÃ³n que corresponda por el citado tributo.
DisposiciÃ³n adicional quinta. Ejercicio de funciones atribuidas en convenios.
Para el ejercicio de las funciones atribuidas en virtud de los convenios regulados en el CapÃ­tulo I del TÃ­tulo IV de este real decreto, la entidad colaboradora podrÃ¡ solicitar a la DirecciÃ³n General del Catastro que formule encargo a la Sociedad Estatal de GestiÃ³n Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad AnÃ³nima (SEGIPSA) en los tÃ©rminos previstos en la disposiciÃ³n adicional dÃ©cima de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones PÃºblicas. En estos casos, los gastos que se originen serÃ¡n sufragados por la entidad colaboradora en los tÃ©rminos, plazos y condiciones que se determinen por orden ministerial.
DisposiciÃ³n adicional sexta. Desarrollo de las aplicaciones informÃ¡ticas.
No obstante lo dispuesto en el artÃ­culo 64.2, la DirecciÃ³n General del Catastro realizarÃ¡, por sÃ­ o en colaboraciÃ³n con otras organizaciones o entidades, el desarrollo de las aplicaciones informÃ¡ticas que resulten necesarias para la gestiÃ³n de los convenios de colaboraciÃ³n, las cuales serÃ¡n cedidas de forma gratuita a las entidades colaboradoras que asÃ­ lo soliciten.
DisposiciÃ³n adicional sÃ©ptima. IncorporaciÃ³n de certificaciones catastrales en documentos pÃºblicos.
En las escrituras pÃºblicas relativas a la transmisiÃ³n de la propiedad de los bienes inmuebles o a la constituciÃ³n, modificaciÃ³n o extinciÃ³n de un derecho de usufructo sobre los mismos, el notario incorporarÃ¡, a peticiÃ³n de los otorgantes, las certificaciones catastrales descriptivas y grÃ¡ficas correspondientes.
DisposiciÃ³n adicional octava. Supuestos de concurrencia de sanciones.
El Ã³rgano instructor del procedimiento sancionador incoado por la AdministraciÃ³n catastral o por la entidad gestora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles resolverÃ¡ el archivo del expediente asÃ­ como la inexigibilidad de responsabilidad y la no imposiciÃ³n de sanciÃ³n por infracciÃ³n, respectivamente, del artÃ­culo 70.a) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario o del artÃ­culo 192 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando, existiendo identidad de sujeto y hecho, se hubiera impuesto anteriormente la correspondiente sanciÃ³n por la otra AdministraciÃ³n, conforme a sus competencias, o constara que se estuviera tramitando por aquÃ©lla un expediente sancionador a dicho efecto.
DisposiciÃ³n adicional novena. Encomienda de la gestiÃ³n tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
1. Los ayuntamientos, sin perjuicio de los convenios u otras formas de colaboraciÃ³n que se establezcan, podrÃ¡n encomendar a las comunidades autÃ³nomas uniprovinciales, diputaciones provinciales, cabildos o Consejos Insulares y demÃ¡s entidades locales reconocidas por las leyes en las que se integren, el ejercicio de las competencias recogidas en el artÃ­culo 77 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
2. A tal fin, los ayuntamientos deberÃ¡n adoptar el correspondiente acuerdo plenario y comunicarlo a la respectiva entidad y a la DirecciÃ³n General del Catastro tres meses antes del inicio del ejercicio del devengo del impuesto, junto con la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
3. La entidad local o la comunidad autÃ³noma uniprovincial correspondiente no estarÃ¡ obligada a la asunciÃ³n de dichas competencias cuando las ejerza otra entidad local dentro del Ã¡mbito territorial que corresponda al ayuntamiento solicitante.
DisposiciÃ³n transitoria primera. Ãrganos colegiados.
DeberÃ¡ procederse a la adaptaciÃ³n de la composiciÃ³n de los Ã³rganos colegiados catastrales a lo dispuesto en este real decreto en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, periodo en el que deberÃ¡ quedar constituida la ComisiÃ³n Superior de CoordinaciÃ³n Inmobiliaria y suprimidas las Comisiones Superiores de CoordinaciÃ³n Inmobiliaria de RÃºstica y de Urbana. No obstante lo anterior, las Juntas Periciales de Catastros Inmobiliarios RÃºsticos que en el momento de la publicaciÃ³n del este real decreto estuviesen constituidas, continuarÃ¡n funcionando como Juntas Periciales municipales con la composiciÃ³n que tuvieren, hasta que se proceda a su adaptaciÃ³n a la nueva composiciÃ³n prevista en el artÃ­culo 16, que en todo caso deberÃ¡ tener lugar antes del 30 de septiembre de 2007.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. InscripciÃ³n de trasteros y plazas de estacionamiento.
No serÃ¡ obligatoria la inscripciÃ³n catastral de los trasteros y plazas de estacionamiento en pro indiviso a que se refiere el artÃ­culo 22, cuando hubieran sido adscritos al uso y disfrute exclusivo y permanente de un titular mediante escritura pÃºblica formalizada con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto. La comunidad, con la conformidad de todos los comuneros, o cada uno de ellos individualmente, podrÃ¡ solicitar voluntariamente su incorporaciÃ³n al Catastro Inmobiliario, con efectos a partir del dÃ­a siguiente al de la solicitud.
DisposiciÃ³n transitoria tercera. Procedimientos de comunicaciÃ³n.
Cuando la ordenanza fiscal a que se refiere el artÃ­culo 14.b) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario hubiera sido aprobada con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, y salvo que en ella se prevea una fecha posterior, el procedimiento de comunicaciÃ³n se iniciarÃ¡ efectivamente a partir del dÃ­a primero del mes siguiente a la publicaciÃ³n de este real decreto en el BoletÃ­n Oficial del Estado. Esta obligaciÃ³n de comunicar no alcanzarÃ¡ a otros hechos, actos o negocios que los realizados o consumados a partir de dicha fecha, con independencia de que la licencia o autorizaciÃ³n municipal de la que deriven se hubiera otorgado con anterioridad.
DisposiciÃ³n transitoria cuarta. Convenios de colaboraciÃ³n vigentes.
Los convenios de colaboraciÃ³n suscritos entre la DirecciÃ³n General del Catastro y las diferentes Administraciones, entidades y corporaciones pÃºblicas continuarÃ¡n vigentes por el plazo que tengan establecido, y podrÃ¡n ser prorrogados en tanto sus clÃ¡usulas no resulten contradictorias, incompatibles u opuestas a lo previsto en el CapÃ­tulo I del TÃ­tulo IV de este real decreto.
DisposiciÃ³n transitoria quinta. RÃ©gimen sancionador.
El rÃ©gimen sancionador establecido en este real decreto se aplicarÃ¡ a las infracciones cometidas a partir del 1 de enero de 2003. AsÃ­ mismo, serÃ¡ de aplicaciÃ³n a las infracciones cometidas con anterioridad a dicha fecha, siempre que su aplicaciÃ³n resulte mÃ¡s favorable para el sujeto infractor y la sanciÃ³n impuesta no haya adquirido firmeza.
a) El Real Decreto 831/1989, de 7 de julio, por el que se desarrolla parcialmente la disposiciÃ³n transitoria undÃ©cima de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
b) El Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se desarrolla el artÃ­culo 77 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
c) El Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraciÃ³n de las Administraciones pÃºblicas en materia de gestiÃ³n catastral y tributaria e inspecciÃ³n catastral.
d) El Real Decreto 1344/1992, de 6 de noviembre, por el que se regula la composiciÃ³n, funcionamiento y competencias de las Juntas Periciales de Catastros Inmobiliarios RÃºsticos.
e) El Real Decreto 1485/1994, de 1 de julio, por el que se aprueba las normas que han de regir para el acceso y distribuciÃ³n pÃºblica de informaciÃ³n catastral cartogrÃ¡fica y alfanumÃ©rica de la DirecciÃ³n General del Centro de GestiÃ³n Catastral y CooperaciÃ³n Tributaria, de la SecretarÃ­a de Estado de Hacienda.
f) El Real Decreto 407/2001, de 20 de abril, sobre composiciÃ³n, funciones y rÃ©gimen de funcionamiento del Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria y de las Comisiones Superiores de CoordinaciÃ³n Inmobiliaria de rÃºstica y de urbana.
g) Apartados 5 a 8 del artÃ­culo 6, salvo en lo que afecta a la renovaciÃ³n, sustituciÃ³n y cese de los representantes de las entidades locales; artÃ­culo 13, con excepciÃ³n de la determinaciÃ³n del Ã¡mbito de los Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid y Barcelona y de la regulaciÃ³n sobre la designaciÃ³n, elecciÃ³n, sustituciÃ³n y renovaciÃ³n de los representantes de las entidades locales; y disposiciÃ³n transitoria segunda de la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se desarrolla el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, que regula las funciones y la estructura orgÃ¡nica de las Delegaciones de EconomÃ­a y Hacienda.
Se autoriza al Ministro de EconomÃ­a y Hacienda para dictar cuantas disposiciones se estimen necesarias para el desarrollo y aplicaciÃ³n de este real decreto.

References: Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto