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El control de los actos políticos del Gobierno (y III). El control sobre la potestad de gracia - Hay Derecho
El control de los actos políticos del Gobierno (y III). El control sobre la potestad de gracia
24 marzo, 2013 /1 Comentario/en Administraciones Públicas, Gobierno /por Francisco García Gómez de Mercado
Sin embargo,la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2012 (Sección Sexta) recaída en el recurso ordinario 165/2012, ponente Excmo. Sr. D.: Carlos Lesmes Serrano, que entra en la fiscalización del indulto de D. Alfredo Sáenz, acerca el control de la potestad de gracia a los llamados actos políticos.
En definitiva, como se afirmó en la sentencia de Pleno de esta Sala de 2 de diciembre de 2005 (Rec. 161/2004), los actos del Gobierno están sujetos a la Constitución y a la ley según nos dice el artículo 97 del texto fundamental, concretando respecto de este órgano el mandato general del artículo 9.1, y los Tribunales, prescribe su artículo 106.1, controlan la legalidad de la actuación administrativa, lo cual guarda estrecha conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1, también de la Constitución. Por eso, la Ley de la Jurisdicción, a la que se remite en este punto el artículo 26.3 de la Ley 50/1997, del Gobierno, dispone en su artículo 2 a), que este orden jurisdiccional conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con “la protección jurisdiccional de derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuera la naturaleza de dichos actos”. Precepto legal este último que recoge la jurisprudencia sentada por la Sala Tercera bajo la vigencia de la Ley de la Jurisdicción de 1956 y que encuentra su más completa expresión en las Sentencias de su Pleno de 4 de abril de 1997 (recursos 602, 634, 726, todos de 1996) conforme a las cuales los Tribunales de lo Contencioso Administrativo han de asumir aquél control, incluso frente a los actos gubernamentales de dirección política, cuando el legislador haya definido mediante conceptos judicialmente asequibles los límites o requisitos previos a los que deben sujetarse para comprobar si el Gobierno ha respetado aquellos y cumplido estos al tomar la decisión de que se trate.
https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2018/09/hay-derecho-expansion.jpg 0 0 Francisco García Gómez de Mercado https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2018/09/hay-derecho-expansion.jpg Francisco García Gómez de Mercado2013-03-24 18:03:242013-03-24 15:58:28El control de los actos políticos del Gobierno (y III). El control sobre la potestad de gracia
Enhorabuena por el completo análisis en serie realizado. Me gustaría saber su opinión sobre la discrecionalidad, arbitrariedad y derecho de gracia que planteamos en este post.
http://hayderecho.com/2013/02/12/no-diga-indulto-diga-impunidad/#comments
Así, como sabe, y de acuerdo a varios de los autores que ha mencionado (García de Enterría, Tomás R. Fernández), la discrecionalidad no es nunca arbitrariedad. Un criterio fundamental de distinción es la existencia o no de fundamentación de la decisión. Por ser poder discrecional no se puede adoptar cualquier decisión y esta no tiene por qué encontrarse legitimada. Al contrario, en el ejercicio de la potestad discrecional resulta de gran trascendencia el proceso lógico que conduce la decisión, las concretas circunstancias de hecho y de Derecho por las que a su juicio se adoptan (STS 8/11/1986). De lo contrario los Tribunales anularán el acto y controlarán que no se trate de un ejercicio abusivo o de mero capricho. Y la Sala Tercera no se detiene aquí, no basta la mera fundamentación de la actividad discrecional, sino que además ésta ha de ser “adecuada” o “suficiente”. STS 5/11/85.
No discutimos que el derecho de gracia, no sea potestad del Ejecutivo, como ha defendido en alguna ocasión el Ministro Gallardón, sino lo que planteo es que el indulto por ley de 1870 sería claramente inconstitucional por vulneración Art. 9.3. No se motiva la decisión, y por lo tanto no es discrecionalidad sino arbitrariedad, algo plenamente inconstitucional.
Como decía Elisa, seguramente esto podría simplemente corregirse con una sentencia interpretativa del TC hacia la exigencia constitución de motivación del indulto, y que sea suficiente y adecuada.
No sé si algún recurso planteado frente a alguno de los recientes indultos va en esta línea. Comprendo la dificultad de los legitimados de plantear un recurso de inconstitucionalidad que les limite a ellos mismos o su partido de Gobierno tal potestad, pero me resulta algo poco comprensible, el que todavía no se haya planteado una cuestión de inconstitucionalidad en este sentido.
El control de los actos políticos del Gobierno (II) Vetos en el Parlamento Regional de la Comunidad de Madrid

References: artículo 97
 artículo 9
 artículo 106
 artículo 24
 artículo 26
 artículo 2