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Timestamp: 2017-09-23 20:50:42+00:00

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Colombia: Informe de seguimiento a las recomendaciones 9, 14 y 16 del…
Triptico alpaca by Angelkaido Kay 1167 views
1. Colombia: Informe de seguimiento a las recomendaciones 9, 14 y 16 del Comité de Derechos Humanos de la ONUIntroducciónEl Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, creado por el Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos, examinó en julio de 2010 el sexto informe periódico delEstado colombiano sobre el cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho Pacto.El Comité, en su texto de observaciones finales1, solicitó al Estado colombiano que en elplazo de un año remitiera información sobre la aplicación de las recomendaciones delComité relativas a la implementación de la ley 975 de 2005 (recomendación 9), la comisiónde ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública, cuyas víctimas fueronpresentadas como muertos en combate (recomendación 14) y las violaciones a los derechoshumanos cometidas por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS(recomendación 16). El Estado colombiano presentó el informe sobre la aplicación de estasrecomendaciones el 8 de agosto de 2011 2.Con este documento, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, coalición queintegra a 199 organizaciones no gubernamentales y sociales colombianas que trabajan porla promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, presenta al Comité suinforme de seguimiento a las recomendaciones antes enunciadas. El texto fue elaborado porla Comisión Colombiana de Juristas en el marco de su trabajo conjunto con laCoordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.En la primera parte, este informe se ocupará de dar cuenta del seguimiento realizado a cadauna de las recomendaciones sobre las cuales el Comité solicitó información (9, 14 y 16). Enla segunda parte se presentan algunas conclusiones y recomendaciones, con el fin decontribuir a que el Comité inste al Estado a tomar medidas eficaces frente a lasproblemáticas que aquí se enuncian, bajo el cumplimiento estricto del Pacto de DerechosCiviles y Políticos.1. Recomendación 9 “El Comité expresa preocupación por la Ley No. 975 de 2005 (La Ley de Justicia y Paz), ya que a pesar de la afirmación del Estado parte (párr. 491 ONU, Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto,Comité de Derechos Humanos, 99° periodo de sesiones, doc. CCPR/C/COL/CO/6, 29 de julio de 2010.2 El informe del Estado puede ser consultado en:http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.COL.CO.6.Add.1_sp.pdf
2. 2 de su informe y en las respuestas orales) que la ley no permite amnistías para estos crímenes, en la práctica existe impunidad para un gran número de graves violaciones de derechos humanos. Entre los más de 30.000 paramilitares desmovilizados, la gran mayoría no se han acogido a la Ley No. 975 de 2005 y falta claridad acerca de su situación jurídica. El Comité observa con preocupación que se ha logrado solamente una sentencia condenatoria contra dos personas y se han abierto pocas investigaciones, a pesar de la sistemática violencia revelada en las versiones libres de los paramilitares postulados. El Comité también observa con preocupación, información que revela que el accionar de nuevos grupos emergentes después de la desmovilización en distintas partes del país concuerda con el modus operandi de los grupos paramilitares señalados. El Comité destaca que la adopción de la Ley 1312 en julio de 2009 sobre la aplicación del principio de oportunidad puede conducir a la impunidad, si la renuncia a la persecución penal se ejerce sin tener en cuenta la normativa de derechos humanos, constituyendo en consecuencia una violación del derecho de las víctimas a obtener un recurso efectivo. El Comité señala al Estado parte, de acuerdo a su Observación general No. 31 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 2004), que „la obligación general de investigar las denuncias de violación de modo rápido, detallado y efectivo por organismos independientes e imparciales... (y que) el problema de la impunidad respecto de estas violaciones, cuestión de permanente preocupación del Comité, puede ser un elemento importante que contribuye a la repetición de las infracciones‟ (Artículos 2, 6 y 7). El Estado parte debe cumplir con las obligaciones contenidas en el Pacto y otros instrumentos internacionales, incluyendo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, e investigar y castigar las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario con penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad”.De acuerdo con el contenido de la recomendación, la presente sección se ocupará depresentar el estado actual de los procesos adelantados en el marco de la Ley de “Justicia yPaz”, los alcances del marco jurídico complementario a la misma, específicamentedeterminado por la Ley 1424 de 2010 de cara a la posibilidad de que se convierta en unmecanismo para la impunidad y, por último, se analizará la persistencia del paramilitarismoen Colombia.1.1. Estado de los procesos en curso en el trámite de la ley de “Justicia y Paz” (975 de2005)Según la Fiscalía General de la Nación se “desmovilizaron” colectivamente 31.671miembros de grupos paramilitares3 y 3.682 lo hicieron de manera individual4. Del número3 ONU, Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto, Sextoinforme periódico de los Estados partes: Colombia, Comité de Derechos Humanos, doc. CCPR/C/COL/6, 2de junio de 2009, párr. 45
3. 3total de personas “desmovilizadas” sólo el 12,75% están postuladas a los procedimientos dela ley 975 de 2005, es decir 4.5115. Sin embargo, de acuerdo con los datos suministradospor la Fiscalía, a marzo de 2011 solamente 697 personas se encuentran procesadasefectivamente bajo la ley 975 de 2005 6. Es decir que del número total de personas“desmovilizadas” sólo el 1,97% están siendo procesadas bajo la ley 975 de 2005.A junio de 2011, se ha logrado solamente una sentencia condenatoria en firme7 contra dosparamilitares: Edwar Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, y Uber Enrique BánquezMartínez, alias “Juancho Dique”8, y dos sentencias condenatorias de primera instancia 9contra los paramilitares Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano” 10, y Aramís MachadoOrtiz, alias “Cabo Machado11”. Lo anterior significa que se ha obtenido sentenciacondenatoria bajo los procedimientos de la ley 975 de 2005 solamente para cuatro personas,que representan el 0,01% del número total de personas que el Estado reporta como“desmovilizadas” (35.353). Puede afirmarse entonces que el nivel de impunidad bajo esteprocedimiento, seis años después de la adopción de la ley, es prácticamente del 100%.Respecto a las sentencias contra los paramilitares Edwar Cobos Téllez, alias “DiegoVecino”, Uber Enrique Bánquez Martínez, alias “Juancho Dique”, y Jorge Iván LaverdeZapata, alias “El Iguano”, el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas paralos Derechos Humanos correspondiente al año 2010 asegura que “En estos procesos, seevidenciaron vacíos significativos frente al papel de las víctimas, falta de claridad paradeterminar la reparación y creación de falsas expectativas en las víctimas debido en buena4 Coalición colombiana contra la tortura. Informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité contra laTortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas, Colombia 2009-2010.Bogotá, Agosto de 2011, pág. 30.5 Sobre la cifra de personas postuladas, ver en: Fiscalía General de la Nación:www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Postulados975.asp. (Fecha de consulta: agosto 27 de 2011).6 Entre el momento de la postulación y el de la sentencia, la Ley 975 de 2005 establece varias etapasprocesales adicionales que implican la determinación de los hechos y/o conductas por los cuales seráninvestigados los postulados, los delitos que se les imputan y posteriormente se da un espacio dentro delproceso para que las víctimas soliciten la reparación de sus derechos. Estas etapas son: la imputación, laformalización de cargos, la audiencia de legalización de cargos y el incidente de reparación. De los 4.511postulados, tan sólo a 405 de ellos se les ha realizado audiencia de imputación, a 174 se les han formuladocargos, 91 se encuentran en espera de la realización de la audiencia de control de legalidad, frente a 23 se harealizado audiencia de legalización de cargos y frente a cuatro de ellos se abrió incidente de reparación.Estadísticas, cifras a marzo de 2011, Fiscalía General de la Nación, Verdad Abierta: consultado enwww.verdadabierta.com/component/content/article/175-estadisticas/1856-estadisticas. (Fecha de consulta: 31agosto 2011).7 Una sentencia judicial está en firme o adquiere el carácter de ejecutoriada cuando se han agotado todos losrecursos judiciales frente a ella, con lo cual el asunto objeto de debate judicial adquiere la condición de cosajuzgada y puede exigirse el cumplimiento de la decisión tomada en la sentencia.8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 34547, MP. María del Rosario González deLemos, 27 de abril de 2011.9 Es la sentencia proferida por el juez competente, pero frente a la cual pueden agotarse los recursos dereposición y apelación. Frente a ambas sentencias se interpuso recurso de apelación, pendientes de serresueltos por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.10 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, radicado n°11001600025320068028, 2 de diciembre de 2010.11 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, radicado110016000253200782790, 29 de junio de 2011.
4. 4medida a una descoordinada actuación de entidades estatales” 12. Además de estasfalencias, otros análisis indican que las referidas sentencias invisibilizan la sistematicidad ygeneralidad de ciertos delitos, como la tortura, o investigan únicamente el delito dehomicidio, sin aclarar los actos violentos que lo antecedieron y que constituyen otrosdelitos autónomos, como detenciones o allanamientos ilegales, lo cual convierte a lassentencias en mecanismos de impunidad 13.Recientemente el Gobierno presentó ante la Corte Suprema de Justicia un diagnóstico sobrela ley de “Justicia y Paz”, en el que “manifestó su preocupación por puntos fundamentalesde la ley como la demora en las sentencias de ex paramilitares, la indefinición jurídica de19 mil casos de desmovilizados rasos y la verdad frustrada con la extradición de 19 jefesde las Auc”14. Así las cosas, es necesario que se tomen medidas sobre la aplicación de laley, tal como lo menciona la oficina de la Alta Comisionada, que “reitera surecomendación de considerar una profunda revisión de la Ley 975. Esta debería incluir,entre otras cosas, establecer un tiempo límite para rendir versión libre, facilitar losmecanismos de exclusión y ampliar la rendición de versiones libres a desmovilizados noincluidos en la Ley” 15, siempre que estas medidas no vulneren los derechos de las víctimasa la verdad, la justicia y la reparación.Existe el riesgo de que en el término de dos años, los paramilitares que estén detenidosterminen en libertad por pena cumplida1.2 El marco jurídico complementario a la ley de “Justicia y Paz”: ley 1312 de 2009 y ley1424 de 2010Con respecto a la preocupación del Comité en relación con la impunidad que podríagenerarse por la aplicación de la ley 1312 de 2009 se destaca que el 23 de noviembre de2010 la Corte Constitucional hizo pública su decisión de declararla inexequible. Según laCorte Constitucional, el principio de oportunidad que se pretendía aplicar paradesmovilizados, regulado por la mencionada ley, propiciaba un escenario de impunidadrespecto de posibles perpetradores de violaciones de derechos humanos, y además nocontribuía a la realización de los derechos a la verdad ni a la reparación de las víctimas 16.Como consecuencia de la declaración de inexequibilidad de la ampliación del principio deoportunidad, el Gobierno nacional presentó ante el Congreso el proyecto de ley 202 de12 ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para losderechos humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 3 de febrero de 2011, doc.A/HCR/16/22, pág. 9.13 Al respecto ver: Coalición colombiana contra la tortura. Informe de seguimiento a las recomendaciones delComité contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas ,Colombia 2009-2010. Bogotá, Agosto de 2011, págs. 34-37.14 “Gobierno presentó a la Corte `crudo diagnóstico de Justicia y Paz`”, diario El Tiempo, 31 de agosto de2011, versión electrónica.15 ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para losderechos humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 3 de febrero de 2011, doc.A/HCR/16/22, pág. 9.16 Corte Constitucional, sentencia C-936 del 23 de noviembre de 2010, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva(comunicado de prensa No. 59 de 2010).
5. 52010 Senado – 149 de 2010 Cámara, que pretendía dar una nueva salida jurídica a lasituación en la que se encontraban varios miles de desmovilizados de grupos armados almargen de la ley que no habían sido sometidos a la ley 975 de 2005, denominada de“Justicia y Paz” 17. Este proyecto fue tramitado con mensaje de urgencia, lo que permitióque un mes después de declarada inconstitucional la ley 1312 de 2009, se sancionara la ley1424 de 201018, que contiene determinados beneficios penales para ser aplicados a losdesmovilizados de grupos armados al margen de la ley que cumplan algunas condicionesseñaladas en dicha norma.La nueva propuesta, aprobada por el Congreso en un tiempo inusualmente breve (entre lafecha de radicación del proyecto y la sanción presidencial pasó un mes nada más), a pesarde que contiene disposiciones diferentes a las previstas en la ley 1312 de 2009, prevéalgunas normas que adolecen del mismo defecto de dicha ley: faltan al deber estatal deinvestigar, juzgar y sancionar violaciones de derechos humanos e infracciones al derechointernacional humanitario, y los derechos correlativos de las víctimas a la verdad, la justiciay la reparación.La ley 1424 de 2010 (inciso 2 del artículo 4) prevé que la información que den losdesmovilizados que se acojan al “mecanismo no judicial de contribución a la verdad y lamemoria histórica (…) no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un procesojudicial en contra del sujeto (…) o en contra de terceros”. De esa manera, impide que lainformación suministrada al mecanismo no judicial de contribución a la verdad seautilizada como prueba judicial, lo cual obstaculiza los deberes del Estado de investigar,juzgar y sancionar a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, crímenes delesa humanidad y violaciones al derecho internacional humanitario. Como consecuencia delo anterior, desconoce el deber del Estado de garantizar a toda persona, y en particular a lasvíctimas de los hechos delictivos, la obtención de información a través del mecanismomencionado, el acceso a la administración de justicia y a un recurso efectivo para protegersus derechos y juzgar a los responsables de las violaciones de las que hayan sido víctimas.De otro lado, la ley también contiene una restricción en dos disposiciones (la expresión “encontra del cual no procede recurso alguno” prevista tanto en el artículo 6 como en elartículo 7 de la ley 1424 de 2010) que impide que las víctimas controviertan las decisionesrelacionadas con la suspensión de las órdenes de captura y con la suspensión condicional dela ejecución de la pena, desconociendo el deber del Estado de garantizar la participación delas víctimas en los procesos judiciales en los que puedan determinarse los responsables deviolaciones de derechos humanos. Aunque la ley 1424 de 2010 solo se aplicará a quieneshayan cometido ciertos delitos contra el orden público (“únicamente en los delitos deconcierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias,utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego omuniciones de uso privativo de las Fuerzas Armados o de defensa personal”), es razonable17 Según los datos señalados en la exposición de motivos al proyecto de ley, serían alrededor de 30.000 losdesmovilizados a los que se les aplicaría la ley 1424 de 2010.18 Ley 1424 de 2010, Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad,justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, seconceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones.
6. 6pensar que a quienes se les piensa aplicar la ley 1424 pueden haber cometido conductasdistintas a las indicadas en el artículo 1º, o en todo caso pueden tener información sobreotras conductas punibles, lo cual basta para permitir el acceso a las víctimas a losprocedimientos, y reconocerles la posibilidad de controvertir las decisiones que allí setomen.Adicionalmente, y contrario a lo sugerido por la ley 1424 (concretamente en la expresión“concierto para delinquir simple o agravado” contenida en el artículo 1º de la ley 1424 de2010), aquellas personas responsables de concierto para delinquir simple o agravado cuyodelito pueda considerarse como de lesa humanidad 19 no pueden ser beneficiarias de lasmedidas penales previstas en dicha norma, ya que, de un lado, tales medidas son demasiadobenignas como para ser aplicadas a un responsable de un delito de lesa humanidad, y deotro lado, porque su aplicación podría dificultar la investigación, juzgamiento y sanción deestas personas, contrariando la obligación reforzada impuesta al Estado colombiano pornormas nacionales e internacionales de investigar, juzgar y sancionar las violaciones dederechos humanos en general, y los delitos de lesa humanidad en especial.La ley se encuentra vigente y ha sido reglamentada mediante los decretos 2244 del 28 dejunio de 2011 "Por el cual se adicionan unas funciones al Centro de Memoria Histórica yse dictan otras disposiciones" y el decreto 2601 de 2011 del 19 de julio de 2011, el cualtiene por objeto crear y reglamentar el procedimiento para la suscripción del “Acuerdo deContribución a la Verdad Histórica y la Reparación”, así como la verificación de requisitospara efectos de la solicitud y otorgamiento de los beneficios jurídicos de que trata la ley1424 de 2010. A través de este último decreto se reglamenta la implementación de losaspectos que hacen inconstitucional la ley.Bajo las consideraciones anteriores, el 11 de marzo de 2011 se presentó demanda deinconstitucionalidad contra la ley 1424 de 2010, la cual aún cursa en la CorteConstitucional 20. El pronunciamiento en este proceso determinará también la vigencia delas normas reglamentarias señaladas.Por todo lo anterior, los mecanismos jurídicos implementados por la ley 1424 de 2010vulneran el derecho de las víctimas a obtener un recurso judicial efectivo, por lo cual seexhorta al Comité para que reitere al Estado colombiano su preocupación respecto a estepunto y lo exhorte a tomar medidas que garanticen y respeten los derechos de las víctimas.19 De acuerdo con la jurisprudencia nacional, proferida por la Corte Suprema de Justicia (el tribunal de másalta jerarquía en material penal a nivel nacional) en determinadas circunstancias este delito debe serconsiderado como de lesa humanidad: Corte Suprema de Colombia, Sala de Casación Penal, radicado n°26945, M.P Yesid Ramírez Bastidas y Julio E. Socha Salamanca, auto del 11 de julio de 2007.20 Demanda de inconstitucionalidad contra algunas expresiones de los artículos 1°, 4°, 6° y 7° de la Ley 1424de 2010. Actores: Gustavo Gallón Giraldo y otros. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Expediente D-8475.
7. 71.3. Persistencia de grupos paramilitares y falta de una política gubernamental para sudesmantelamientoVarios elementos permiten afirmar que en Colombia no han sido desmantelados los gruposparamilitares. A pesar de que el Gobierno los denomina “bandas criminales”, en elterritorio nacional continúan operando grupos armados que por su conformación, suconnivencia con agentes estatales, sus relaciones con la política y la persistencia enpatrones de violaciones de derechos humanos pueden caracterizarse como paramilitares.Según la Fiscalía General de la Nación: “Las organizaciones criminales, surgidas después de la desmovilización de las AUC, se crearon como una nueva forma de paramilitarismo, considerada como la tercera generación de los grupos paramilitares en Colombia y cuyo propósito inicial era la conservación del dominio territorial que había sido dejado por los frentes de las AUC. El principal objetivo de estas estructuras ha sido el de retomar el control, no sólo territorial, sino económico, logístico y social en las zonas de influencia en donde venían delinquiendo las AUC, además de buscar su expansión a otras regiones, en las que tuvieron injerencia otros frentes paramilitares (…)” 21.Según la ONG INDEPAZ, dichos grupos hacen actualmente presencia en 360 municipios,en 32 departamentos del país22. Podría afirmarse, entonces, que se trata de grupos quecumplen los criterios para ser considerados como grupos armados que participan en lashostilidades, de acuerdo con el artículo primero del Protocolo II adicional a los Conveniosde Ginebra 23. Es decir, tienen control territorial, mandos militares responsables y capacidadbélica. Características que les imponen el cumplimiento de los mandatos del derechohumanitario24.Frente a la composición de estos grupos, la ONG internacional Human Rigths Watch haafirmado que “casi todos los líderes de los grupos sucesores [de los paramilitares] son21 Fiscalía General de la Nación, Informe de Gestión, agosto de 2009- noviembre de 2010, Bogotá, 2011.Consultado en http://fgn.fiscalia.gov.co:8080/Fiscalia/archivos/InformedeGestion/infogestion2009-2010.pdf22 Camilo González Posso, Datos sobre presencia de grupos narcoparamilitares 2010, V Informe sobrenarcoparamilitares en 2010, Bogotá, 2011. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ.23 “El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 deagosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictosarmados que no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 deagosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I)y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadasdisidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre unaparte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadasy aplicar el presente Protocolo”. Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II).24 Ver más al respecto en: Comisión Colombiana de Juristas, Colombia: La metáfora del desmantelamiento delos grupos paramilitares, Segundo informe de balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005, Bogotá,marzo de 2010 y Colombia: El espejismo de la justicia y la paz, Balance sobre la aplicación de la ley 975 de2005, Bogotá, noviembre de 2007.
8. 8jefes de las AUC de rango medio que nunca se desmovilizaron o que continuaronparticipando en actividades delictivas pese a que aparentaron haberse sumado a ladesmovilización”25. Según el diario El Tiempo, “Cuatro de los cinco grupos más fuertes –„Urabeños‟, Erpac, „Renacer‟, y „Paisas‟- nacieron con ex „paras‟ a la cabeza y siguen enmanos de antiguos integrantes de las autodefensas (…). En la lista de jefes de bandastambién hay hijos de ex jefes de las Auc” 26. De tal suerte que las estructuras de los gruposparamilitares se mantienen y lo que ha habido parece ser, más que una desmovilización y/oreconfiguración, una especie de trasmisión de mando.Frente a la connivencia con agentes del Estado, la Oficina de la Alta Comisionada de lasNaciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe sobre la situación enColombia en 2010, afirma que“En la comisión de esta violencia, estos grupos cuentan enocasiones con la aquiescencia, tolerancia e incluso connivencia, ya sea por corrupción oamenazas, de algunos miembros de la fuerza pública, incluida la Policía Nacional, comodemuestran casos observados en Antioquia, Córdoba y Meta” 27. La ComisiónInteramericana de Derechos Humanos, en su Informe de 2010, destacó: “losdesmovilizados estarían siendo empleados en operativos militares y de inteligenciacalificados como actividades de cooperación con la Fuerza Pública, sujetas a pago debonificaciones económicas”28.La situación es de tal magnitud que, según el Ministerio de Defensa, han sido retirados 350militares por sospechas de vínculos con las “bandas criminales”, y desde 2008 en la Policíase han realizado 319 investigaciones contra 888 de sus miembros, producto de las cuales287 funcionarios fueron retirados y denunciados penalmente por sus vínculos con estosgrupos29.Por su parte, la ONG Corporación Nuevo Arco Iris afirma que “Las quejas de acciones conjuntas entre unidades de fuerzas militares y grupos de desmovilizados de las AUC que hacen parte de las Bacrim es persistente. Chocó es uno de los departamentos en donde esta denuncia ha sido continua, pero no es el único. En estos casos el término neoparamilitar es de lejos más adecuado que el propuesto por el Ministerio de Defensa” 30.En lo que tiene que ver con la persistencia de las estructuras políticas, cabe destacar que lasrelaciones entre políticos y paramilitares no han sido superadas. La Oficina de la Alta25 Human Rigths Watch, Herederos de los paramilitares, febrero 3 de 2010, pág. 10. Disponible en:http://www.hrw.org/es/reports/2010/02/03/herederos-de-los-paramilitares.26 “Ex „paras‟ mandan en 4 de los 5 grupos más poderosos, diario El Tiempo, 27 de febrero de 2011, pág. 3.27 ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para losderechos humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 3 de febrero de 2011, doc.A/HCR/16/22, pág. 8.28 Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010, párr. 9.29 “Más de mil hombres de la Fuerza Pública, investigados”, diario El Tiempo, 27 de febrero de 2010, pág. 3.30 Corporación Nuevo Arco Iris, A diez años del inicio del Plan Colombia: los herederos de las AUC, lageografía del narcotráfico y la amenaza de nuevos carteles, pág. 8. Disponible en:http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/arcanos/arcanos16_abril_2011_files/plan_colombia_nuevos_carteles_web.pdf.
9. 9Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe sobre lasituación en Colombia en 2010, “observa con preocupación que la influencia de lallamada „parapolítica‟ no ha desaparecido del nuevo Congreso”31. Esta situación seevidencia, según la Oficina, en que “De los 268 congresistas electos [en marzo de 2010],13, que habían sido reelegidos, están siendo investigados penalmente por la CorteSuprema” 32 en virtud de sus relaciones con grupos paramilitares.Adicionalmente, de acuerdo con otras fuentes, “ya van más de mil funcionarios, policías,fiscales y militares investigados o retirados por nexos con bandas. Y hay alertas sobre elriesgo de que terminen poniendo alcaldes y concejales en los comicios de octubre” 33. Asílas cosas, la influencia del paramilitarismo en la política nacional permanece. Respecto alas votaciones de octubre de 2011, la Misión de Observación Electoral (MOE) adviertesobre el interés de los grupos neoparamilitares en interferir en las elecciones como unaforma de reforzar el control territorial que ejercen en las zonas donde hacen presencia apartir de su poder económico: “En los Llanos Orientales, específicamente en los departamentos de Meta, Casanare, Guaviare y Vichada, se concentra la presencia armada del ERPAC y los sucesores de la estructura armada de Pedro Oliverio Guerrero alias “Cuchillo”. Para estas elecciones, se percibe que la interferencia por parte de este grupo y otros narcotraficantes, se realizará por medio de la financiación ilegal de candidatos en las alcaldías de algunos municipios como Puerto Gaitán, Granada, y en las gobernaciones de Vichada y Guaviare”34.La persistencia del paramilitarismo se demuestra también con la continuación deviolaciones a los derechos humanos de la población civil. La Comisión Colombiana deJuristas ha registrado que entre el 1º de diciembre de 2002 y el 30 de junio de 2009 por lomenos 4.820 personas han perdido la vida por fuera de combate por causa de gruposparamilitares, en el marco del prometido cese de hostilidades 35.En un informe de la Corporación Nuevo Arco Iris, se indica que entre 2009 y 2010 lasviolaciones de derechos humanos de los grupos neoparamilitares consistenfundamentalmente en amenazas y homicidios:31 ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para losderechos humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 3 de febrero de 2011, doc.A/HCR/16/22. pág. 1032 Ibid.33 “Bandas, la gran amenaza”, diario El Tiempo, 27 de febrero de 2011, p. 2.34 Corporación Nuevo Arcoiris, Neoparamilitares-Bacrim: Acciones de interferencia para las EleccionesLocales de 2011, pág. 253. Disponible en:http://www.moe.org.co/home/doc/moe_mre/2011/mre2011/14_NeoparamilitaresBacrim.pdf35 Base de datos de violencia sociopolítica de la Comisión Colombiana de Juristas. Ver al respecto: CCJ,¿Cómo procesa su información la Comisión Colombiana de Juristas? En:http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/como_procesa_su_informacion_la_ccj.html
10. 10 “Las intimidaciones y amenazas representan la tercera parte de las acciones, seguida por los homicidios y las masacres. Éstas sumaron 19 en el período considerado, homicidio colectivo que se suponía era un fenómeno característico de la expansión sangrienta de las AUC a comienzos de la década pasada, y que tendía a desaparecer”36.De acuerdo con un informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz Colombia de la OEA(MAPP-OEA): “En regiones como el sur de Córdoba, la costa nariñense, el departamento de Antioquia y más recientemente la costa de Córdoba, se ha evidenciado la continuación de masacres en las que resultan afectados núcleos familiares completos, cuya relación con los entornos delincuenciales se limita a la vecindad o parentesco con integrantes de estos grupos” 37.Refiriéndose a dichos grupos, bajo la denominación de “bandas criminales”, “el director dela Policía Nacional, general Naranjo, anunció que son la mayor amenaza para laseguridad, y el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, reconoció que fueron responsablesdel 47% de los homicidios ocurridos en el 2010, es decir, algo más de siete mil” 38.Cabe destacar, en el marco de la continuidad de las violaciones, la persistencia de unasituación de ataque sistemático y generalizado contra líderes sociales, defensoras ydefensores de derechos humanos, pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, entreotros sectores, tal como lo constató la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para losDerechos Humanos en su informe sobre 2010 39.Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó el 8de marzo de 2011 su preocupación por las amenazas de las denominadas “Águilas Negras”contra organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos. De acuerdocon la CIDH, docenas de organizaciones de derechos humanos recibieron una amenaza que36 Corporación Nuevo Arcoiris, A diez años del inicio del Plan Colombia: los herederos de las AUC, lageografía del narcotráfico y la amenaza de nuevos carteles. Disponible en:http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/arcanos/arcanos16_abril_2011_files/plan_colombia_nuevos_carteles_web.pdf.pag. 10.37 Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), “Décimoquinto informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la misión de apoyo al procesode paz en Colombia (MAPP-OEA)”, OEA/Ser.G CP/INF. 6225/11, 15 de abril 2011.38 El Tiempo, sección de Justicia, 25 de enero de 2011, citado en: Romero, Mauricio y Arias, Angélica. “Adiez años del inicio del Plan Colombia: los herederos de las AUC, la geografía del narcotráfico y la amenazade nuevos carteles”, pag. 8. Corporación Nuevo Arcoiris. Observatorio del Conflicto Armado, CorporaciónNuevo Arcoiris. Disponible en:http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/arcanos/arcanos16_abril_2011_files/plan_colombia_nuevos_carteles_web.pdf39 “Entre las víctimas de estos grupos se encuentran líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras dederechos humanos y funcionarios y funcionarias públicos, que en el ejercicio de su función se oponen adichos grupos, así como pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas”. ONU, Informe de la AltaComisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechoshumanos en Colombia, 3 de febrero de 2011, doc. A/HRC/16/22, pág. 8.
11. 11señala: “llegó la hora de exterminar y aniquilar a todas las personas y organizaciones quese hacen pasar por defensoras de derechos humanos” 40.Han sido continuas las amenazas contra líderes de procesos de restitución de tierras: “larespuesta a los intentos de restitución de tierras en Córdoba, Sucre, Urabá y el resto deAntioquia, por mencionar algunos casos, ha sido contundente en contra de los líderes deorganizaciones”41. Según algunos estudios, “La presión violenta en contra de los líderesde las víctimas que buscan la restitución de sus tierras y de otros movimientos sociales” esla forma en la que los grupos neoparamilitares mantienen lo que los paramilitareslograron42.Adicionalmente, la MAPP OEA: “mantiene su preocupación por la forma en que resulta involucrada la población civil en las dinámicas violentas impuestas por los grupos post desmovilización, tal como lo ha manifestado desde su Sexto Informe Trimestral presentado al Consejo Permanente. Los enfrentamientos que se producen entre estos grupos en zonas rurales de municipios del sur de Córdoba, Bajo Cauca, Chocó, y en la costa nariñense, han generado desplazamientos de comunidades afro-colombianas e indígenas que quedan en medio de las confrontaciones”43.En el mismo sentido, la Comisión Colombiana de Juristas ha registrado que, entre losmeses de enero y mayo de 2010, grupos paramilitares como Los Rastrojos y Las ÁguilasNegras han ocasionado el desplazamiento forzado de por lo menos 410 personas en losdepartamentos de Antioquia y Nariño 44.Los grupos paramilitares también continúan reclutando niñas y niños. El Secretario Generalde la OEA manifestó, en su informe sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz enColombia, “su preocupación por las situaciones de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes que se presentan en muchas áreas rurales del país, como las que se evidencian en áreas urbanas de Medellín (Antioquia), Bogotá y40 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Comunicado de Prensa N° 19/11, CIDH expresapreocupación por amenazas contra organizaciones de derechos humanos en Colombia. Disponible en:http://cidh.org/Comunicados/Spanish/2011/19-11sp.htm41 Corporación Nuevo Arco Iris, A diez años del inicio del Plan Colombia: los herederos de las AUC, lageografía del narcotráfico y la amenaza de nuevos carteles, pág. 24. Disponible en:http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/arcanos/arcanos16_abril_2011_files/plan_colombia_nuevos_carteles_web.pdf.42 Jorge Restrepo, Juan David González y Alonso Tobón, Paramilitarismo: la amenaza sigue viva. En:www.razonpublica.com, 7 de marzo de 2011.43 Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), “Décimoquinto informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la misión de apoyo al procesode paz en Colombia (MAPP-OEA)”, OEA/Ser.G CP/INF. 6225/11, 15 de abril 2011, pag. 3.44 Ver: Comisión Colombiana de Juristas. Listado de casos de desplazamiento forzado masivo en Colombiaentre el 1º de junio de 2008 y el 30 de junio de 2010, en: www.coljuristas.org.
12. 12 Cúcuta (Norte de Santander). Asimismo, señala la grave situación de reclutamiento de NNA que se viene dando en los últimos meses en el Chocó (subregión del Bajo Baudó) y en la cordillera del departamento de Nariño (Policarpa, áreas rurales de Rosario y Leyva). De igual manera, llama la atención el incremento en la afectación que vienen sufriendo las poblaciones indígenas y afrocolombianas"45.En el mismo sentido, el Informe del Secretario General de Naciones Unidas, destaca: “Además, según la Defensoría del Pueblo, en 2010 los grupos armados ilegales “Águilas Negras”, “Ejército revolucionario popular comunista de Colombia”, “Los Rastrojos”, “Los Paisas” y “Los Urabeños” siguieron reclutando y utilizando a niños. La Oficina de la Defensoría detectó también, en Córdoba y Chocó, situaciones en que se utilizaba a niños con fines de inteligencia y de explotación sexual”46.Esta política de ataques es propia de las formas de operar de grupos paramilitares, que sehan ocupado durante años de perseguir a la población civil, y en particular a quienes seorganizan para exigir sus derechos y a las personas socialmente marginadas. Al respecto, laAlta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informecorrespondiente a 2010 señala que, como se puede deducir de los casos presentados, “lapresencia de grupos armados ilegales surgidos de la desmovilización de organizacionesparamilitares es motivo de preocupación por su expansión y por la intensidad de los actosde violencia que han cometido contra la población”47.La Corporación Nuevo Arco Iris ha sostenido: “(…) el Estado tiene que hacer un esfuerzo mayor de seguimiento sistemático y constante a la evolución de estos grupos, divulgar sus análisis, intercambiar con los centros de análisis, y estar abierto a nuevos enfoques. Sólo luego de la recolección de una buena información, un análisis agudo, y una discusión amplia, se tendrá un buen diagnóstico y unas acertadas políticas de seguridad para contrarrestar a estos grupos” 48.45 Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), “Décimoquinto informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la misión de apoyo al procesode paz en Colombia (MAPP-OEA)”, OEA/Ser.G CP/INF. 6225/11, 15 de abril 2011. Pág 9.46 ONU, Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados, 23 deabril de 2011, doc. A/65/820–S/2011/250, párrafo 155, pág. 4147 ONU, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre lasituación de los derechos humanos en Colombia, 3 de febrero de 2011, doc. A/HRC/16/22, pág.24.48 Corporación Nuevo Arcoiris, A diez años del inicio del Plan Colombia: los herederos de las AUC, lageografía del narcotráfico y la amenaza de nuevos carteles, pág. 27. Disponible en:http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/arcanos/arcanos16_abril_2011_files/plan_colombia_nuevos_carteles_web.pdf
13. 13 Amenazas contra defensoras y defensores de paz y de derechos humanos, presuntamente por el grupo paramilitar Águilas Negras en BogotáEl 6 de septiembre de 2011, Ana Teresa Bernal y Luis Emil Zanabria, de la RedNacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz); Carmen Palencia yGerardo Vega, de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes(Asovirestibi); y Jesús Mario Orozco, de la Fundación Humanitaria Nuevo Amanecer(Funumana), líderes de organizaciones que están vinculadas a procesos de restituciónde tierras, recibieron amenazas de muerte a través de un panfleto del llamado BloqueUrabá Antioqueño del grupo paramilitar Águilas Negras en Bogotá: "Les declaramosla guerra directa y frontal con el objetivo de exterminar a estas organizaciones y a susdirigentes" 49. Homicidio y tortura de tres personas, en el Sur de Bolívar, presuntamente por paramilitares 50 El 17 de agosto de 2011, en el municipio de Montecristo (Bolívar), Iván Serrano, Luis Albeiro Ropero y Pedro Sierra, fueron torturados y asesinados, presuntamente por paramilitares identificados como “Águilas Negras”. Iván era un reconocido tendero, Luis Alberto era un minero de 18 años de edad y Pedro era un agricultor. En los hechos quedó herido Carlos Palencia, agrominero de la región. Los hechos se presentaron a las 7:00 p.m., cuando un grupo de aproximadamente 20 hombres armados y uniformados incursionó en la comunidad, en compañía de un hombre llamado Javier, alias “El Enano”, reconocido por la población como “desmovilizado” Según la fuente, el grupo armado, que se identificó ante la comunidad como “Águilas Negras”, reunió a toda la población y señaló a las víctimas, quienes fueron amarradas. Los hombres armados ingirieron licor y posteriormente asesinaron a Pedro delante de la comunidad. Luego torturaron a Iván y a Luis Albeiro, les cortaron la lengua y los asesinaron. Al parecer el grupo armado tiene una base paramilitar en el municipio de Tiquisio (Bolívar). Además indica la fuente: “Es importante señalar que en el corregimiento El Dorado, hace presencia el Batallón de Infantería Mecanizado n.°4, Gr. Antonio Nariño, adscrito a la Segunda Brigada del Ejército Nacional, con sede en Malambo, Atlántico. De acuerdo a versiones de la comunidad, el Ejército se encontraba acantonado en el corregimiento El Dorado, justo desde el día anterior (16 de agosto), a una distancia de tan solo 20 minutos en carro del sitio donde ocurrió la masacre. De la misma manera, el ejército se encuentra en la vereda La Victoria, del municipio de Norosí, a tres (3) horas de donde ocurrieron los hechos”. 49 “Amenazan de muerte a líderes de tres ONG que trabajan con víctimas”, diario El Tiempo, 6 de septiembre de 2011, versión electrónica. 50 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. 18 de agosto de 2011. http://justiciaypazcolombia.com/Masacre- en-el-sur-de-Bolivar-en
14. 14Es necesario que el Estado reconozca que no se han desmantelado los grupos paramilitaresen Colombia, así como las graves implicaciones que conlleva el incumplimiento de lasgarantías de no repetición de los crímenes y que cumpla con las múltiples recomendacionesinternacionales en el sentido de romper los nexos de agentes del Estado con tales grupos.1.4. Existencia de otras medidas que contribuyen a la conformación y fortalecimiento degrupos paramilitaresEl resurgimiento y fortalecimiento del accionar paramilitar no solamente se ve reforzadocon la conformación de nuevos grupos en todo el territorio nacional. También elinvolucramiento de personas civiles en actividades propias de la Fuerza Pública es unapráctica recurrente en Colombia que contribuye a la conformación de grupos paramilitares.Este hecho ha sido reconocido por las instancias de protección de los derechos humanos 51 ypor los propios jefes paramilitares52. En ese sentido, es muy preocupante la siguientemedida contemplada en el Plan de Desarrollo 2010-2014, propuesto por el Presidente JuanManuel Santos: “Consolidar las „Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana‟ a través de la coordinación entre la Policía Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, [lo que] permitirá aprovechar la información suministrada por los más de 190.000 guardias de seguridad y los medios técnicos de los servicios de vigilancia, existentes en el país. Para lograrlo, se mantendrá el marco institucional existente para la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que garantiza su funcionamiento”53.Las “Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana” se crearon a partir del decreto 3222 del 27de diciembre de 2002 54, y tienen como propósito: “enlazar los servicios de vigilancia y seguridad privada con la Policía Nacional, como estrategia para prevenir y evitar la comisión de delitos (…). Se trata de que los más de 190 mil vigilantes en todo el territorio nacional, ayuden no sólo con la vigilancia del edificio, el establecimiento o la zona que se les haya asignado para su custodia, sino que también vigilen su entorno, de puertas para afuera”55.51 Ver al respecto: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la masacre de 19 comerciantes vs.Colombia, sentencia de 5 de julio de 2004; Caso de la masacre de La Rochela vs. Colombia, sentencia de 11de mayo de 2007.52 Ver al respecto: reseña de la Audiencia de versión libre del postulado Salvatore Mancuso, alias “TripleCero”, Medellín, 15 de mayo de 2007, en: Comisión Colombiana de Juristas, Colombia: la metáfora deldesmantelamiento de los grupos paramilitares, Bogotá, Marzo de 2010, pág. 150. Disponible en:www.coljuristas.org53 Departamento Nacional de Planeación, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014: Prosperidadpara todos, pág. 398.54 Decreto 3222 del 27 de diciembre de 2002, Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto deVigilancia y Seguridad Privada contenido en el Decreto Ley 356 del 11 de febrero de 1994, y se dictan otrasdisposiciones.55 Ver al respecto: http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=1071
15. 15El actual Gobierno está proponiendo, no solo revitalizar estas redes, sino complementarlascon “un plan especial de incentivos y reconocimientos, ya sean académicos o depromoción laboral”56. Es indispensable que las instancias nacionales e internacionales deprotección observen, con especial atención, el desarrollo de esta medida que involucra apersonas civiles armadas en el conflicto y que, por consiguiente, mantiene abierta lacompuerta a nuevas formas de paramilitarismo en Colombia.Como quedó demostrado en esta sección del documento, la recomendación 9 del Comité hasido incumplida por el Estado colombiano. Este incumplimiento se refleja en: 1) Laausencia de resultados en materia de justicia, bajo la aplicación de la ley 975 de 2005; 2)Las posteriores propuestas legislativas (ley 1312 de 2009, ley 1424 de 2010) continúanvulnerando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; 3) Losgrupos paramilitares continúan actuando y vulnerando los derechos de la población civil,aunque el gobierno no haya aceptado esta realidad y 4) El Gobierno ha realizado propuestastendientes a propiciar nuevas formas de paramilitarismo.2. Recomendación 14 “Al Comité le preocupa el patrón extendido de ejecuciones extrajudiciales de civiles posteriormente presentados por la fuerza pública como bajas en combate. El Comité expresa su preocupación por las numerosas denuncias de que Directivas del Ministerio de Defensa que otorgaban incentivos y el pago de recompensas sin control y supervisión interno han contribuido a las ejecuciones de civiles. El Comité observa las medidas tomadas por el Estado parte para contrarrestar ejecuciones extrajudiciales, sin embargo le preocupa profundamente por qué existe[n] más de 1200 casos, y las pocas sentencias condenatorias obtenidas. El Comité observa con preocupación que la justicia militar siga asumiendo competencia sobre casos de ejecuciones extrajudiciales donde los presuntos autores son de la fuerza pública (Artículos 6 y 7). El Estado parte debe tomar medidas eficaces para discontinuar cualquiera Directiva del Ministerio de Defensa que puede conducir a graves violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales y cumplir plenamente con su obligación de asegurar que las violaciones graves de derechos humanos sean investigadas de manera imparcial por la justicia ordinaria y que se sancione a los responsables. El Comité subraya la responsabilidad que tiene el Consejo Superior de la Judicatura en resolver los conflictos de competencia y asegurar que estos crímenes quedan claramente fuera de la jurisdicción de la justicia militar en la práctica. El Estado parte debe garantizar la seguridad de los testigos y familiares en dichos casos. El Estado parte debe cumplir con las recomendaciones emitidas por el Relator sobre ejecuciones sumarias56 Ibídem.
16. 16 arbitrarias o extrajudiciales después de su misión a Colombia en 2009 (A/HRC/14/24/Add.2)”.En esta sección se abordarán, de manera general, los siguientes temas, de acuerdo con laspreocupaciones expresadas por el Comité: persistencia en la comisión de ejecucionesextrajudiciales por parte de miembros de la fuerza pública, estado actual de las directivasque otorgaban incentivos por mostrar muertes en combate, el estado actual de lasinvestigaciones judiciales que se adelantan por ejecuciones extrajudiciales y de losconflictos de competencia entre la jurisdicción penal militar y la jurisdicción ordinaria y,por último, el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Relatorespecial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias después de su visita aColombia en junio de 2009. Finaliza la sección con un balance de las violaciones contra elderecho a la vida durante los años 2001 a 2009 en Colombia.2.1. Persistencia en la comisión de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas amiembros de la fuerza públicaLa CCJ ha registrado que entre julio de 2001 y junio de 2009, por lo menos 1.847 personashabrían sido ejecutadas extrajudicialmente por la fuerza pública, de las cuales 187 fuerondesaparecidas forzadamente antes de ser asesinadas. Adicionalmente, 297 personas habríansido desaparecidas forzadamente sin que se tenga conocimiento actual de su paradero. Esdecir que se ha registrado un total de 2.144 violaciones al derecho a la vida perpetradasdirectamente por agentes estatales en estos ocho años 57.Del total de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en las que se pudo establecer el sexo(1.689), 141 eran mujeres, es decir que por cada 100 hombres que sufrieron esta violación,aproximadamente 9 mujeres también la sufrieron 58. En las víctimas en las que se pudoestablecer la edad (583), 155 eran niños o niñas y 8 eran adultos mayores.Entre julio de 2008 y junio de 2009, por lo menos 137 personas fueron víctimas deviolaciones al derecho a la vida (ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas)atribuibles directamente a la Fuerza Pública.En su informe correspondiente a 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanoshace notar que se han seguido recibiendo denuncias de comisión de ejecucionesextrajudiciales presuntamente por miembros de la Fuerza Pública. Para el año 2010, elEstado colombiano reportó a la CIDH cinco casos de ejecuciones extrajudiciales atribuiblesa la Fuerza Pública59.57 Comisión Colombiana de Juristas, Colombia: situación de las violaciones al derecho a la vidajulio de 2001 a junio de 2009. Disponible en: www.coljuristas.org58 Este indicador de género se denomina índice de feminidad, que relaciona el número de mujeres por cada100 hombres que comparten una condición particular, reflejando así la composición o el patrón por sexo de lapoblación que, en este caso, ha sufrido una violación determinada a los derechos humanos.59 Observaciones de Colombia al Proyecto de Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) sobre el País correspondiente a 2010, 25 de febrero de 2011, pág. 5, citado en CIDH, “Informe Anualde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010”, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 5 corr. 1, 7 de marzo de2011, Pág.358, en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/indice2010.htm
17. 17En un informe publicado por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y elPrograma por la Paz, se indica que: “Los casos de ejecuciones extrajudiciales aún se presentan en el país. En 2010 se evidencia un incremento preocupante del 58,3% en los casos y de 69,5% en las víctimas comparándolo con las violaciones ocurridas en 2009. Ello hace pensar que las medidas tomadas por el gobierno nacional en 2008 deben ser complementadas para garantizar un mayor control de este tipo de infracciones por parte de miembros de la Fuerza Pública y poder así dar efectivas garantías de no repetición de las mismas” 60.Si bien se continúan registrando casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de losmiembros de la fuerza pública, ha habido un cambio en las características y patrones decomisión de las mismas. El antes citado informe del CINEP y el Programa por la Pazidentifica nuevas modalidades de ejecuciones extrajudiciales: “Por un lado, se haencontrado que en algunos casos, los presuntos responsables ya no presentan a lasvíctimas como miembros de grupos guerrilleros sino como personas asociadas a ladelincuencia común; por otro lado, están algunos hechos donde se presentan como erroresde operación por parte de la Fuerza Pública”61.De la misma manera, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DerechosHumanos, en su informe de 2010, frente a la situación del derecho a la vida destacó que:“se registraron casos de muerte de personas como consecuencia de un uso excesivo de lafuerza por parte de miembros de la fuerza pública, en particular la Policía Nacional, o porcolusión con grupos delictivos”62.60 CINEP. Informe Especial ´Falsos Positivos´ 2010: clamor por la verdad y la justicia. mayo de 2011.Disponible en:http://www.cinep.org.co/sites/cinep.cinep.org.co/files/Falsos%20Positivos%202010%20Clamor%20por%20la%20vida%20y%20la%20justicia_%20CINEP%20PPP.pdf61 CINEP. Informe Especial ´Falsos Positivos´ 2010: clamor por la verdad y la justicia. mayo de 2011.Disponible en:http://www.cinep.org.co/sites/cinep.cinep.org.co/files/Falsos%20Positivos%202010%20Clamor%20por%20la%20vida%20y%20la%20justicia_%20CINEP%20PPP.pdf62 ONU, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre lasituación de los derechos humanos en Colombia, 3 de febrero de 2011, Doc. A/HRC/16/22, párr. 31.
18. 18Ejecución extrajudicial del niño Diego Felipe Becerra Lizarazo, por miembros de la Policía Nacional en BogotáEl 19 de agosto de 2011, en Bogotá, fue asesinado Diego Felipe Becerra Lizarazo, pormiembros de la Policía Nacional. Los hechos se presentaron a las 10 p.m. cuando elniño de 16 años de edad, junto con sus amigos pintaba grafitis en la calle, y alpercatarse de la presencia de los uniformados, corrieron. Diego recibió un disparo queterminó con su vida 63.La primera versión oficial indicó que la muerte del menor de edad se produjo comoconsecuencia de la respuesta de un policía que, en defensa propia, repelió uninminente ataque de Diego que le apuntó con un arma. Sin embargo, la necropsiarealizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal indica que la muerte de DiegoFelipe fue ocasionada por una bala que entró por el lado derecho de su espalda, a 1,80metros de distancia y que se encontraron “rastros de pintura en las manos”, lo queconfirmaría que estaba haciendo grafitis. Además, la prueba de absorción atómicarealizada al cuerpo del niño da cuenta de que no portaba ningún arma 64.El 1 de septiembre de 2011, la Procuraduría General de la Nación asumió lainvestigación disciplinaria contra un patrullero de la Policía por el homicidio.Adicionalmente, el director de la Policía Nacional, General Óscar Naranjo,“reconoció un exceso de fuerza en el crimen de Diego Felipe y añadió que no existejustificación alguna para que un patrullero le disparara por la espalda al jovengrafitero”65.2.2. La vigencia de las Directivas del Ministerio de Defensa que pueden conducir a gravesviolaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudicialesHasta la fecha no se tiene conocimiento de que haya sido derogada la directiva ministerialpermanente n° 29 de 17 de noviembre de 2005, (que fue adoptada con carácter de“secreto”), a través de la cual se creó una política ministerial “para el pago de recompensaspor la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas almargen de la ley (...)” 66. En el informe presentado por el Estado colombiano sobre laaplicación de las recomendaciones del Comité, se dice al respecto: “El Estado colombianoquiere dejar claro ante el Comité de Derechos Humanos que no existe ninguna Directiva,política o instrucción por parte del Ministerio de Defensa Nacional que pueda propiciar oinducir a la comisión de graves violaciones de derechos humanos o infracciones alDIH”67. Sin embargo, en esta respuesta no hay una manifestación expresa sobre laderogatoria de la directiva.63 “Este no es un delito para merecer la muerte”, diario El Espectador, agosto 23 de 2011, páginas. 2 y 3.64 “Joven grafitero no manipuló armas”, diario El Espectador, 31 de agosto de 2011, versión electrónica.65 “Procuraduría asumió caso del policía que le disparó al grafitero”, diario Vanguardia Liberal, septiembre 2de 2011, versión electrónica.66 Ministerio de Defensa Nacional, Directiva Ministerial Permanente n.° 29, Bogotá, 17 de noviembre de2005.67 Ver informe del Estado Colombiano. Disponible en:http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.COL.CO.6.Add.1_sp.pdf, pág. 8.
19. 19En este sentido, la recomendación del Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales,sumarias o arbitrarias, en la que hace un llamado al gobierno nacional para queexplícitamente prohíba incentivos a las fuerzas armadas y supervise la entrega derecompensas a civiles que proporcionen información, sigue pendiente de cumplirse 68.Luego de iniciado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no se tiene noticia sobrela adopción de medidas eficaces frente a la comisión de las ejecuciones extrajudiciales. Alrespecto, el Plan Nacional de Desarrollo propuesto no asume el tema como prioritario yestructural en materia de garantía de los derechos humanos, justicia y lucha contra laimpunidad, sino que lo menciona de manera general cuando afirma: “El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa Nacional continuará implementando medidas de prevención al interior de la Fuerza Pública y fortaleciendo la cooperación con las autoridades judiciales en apoyo a las investigaciones que se adelantan por presuntos casos de homicidio en persona protegida u homicidio agravado atribuibles a miembros de la Fuerza Pública” 69.Correspondería, en el marco de una política de respeto a los derechos humanos, que lasmetas del Gobierno en la materia se estructuraran alrededor de una política de toleranciacero frente a estas conductas que a mediano plazo se traduzca en el respeto de los derechosa la vida, libertad e integridad por parte de la Fuerza Pública y a una ruptura con lasdirectivas que han permitido y facilitado la comisión de estos delitos, que se continúanpresentando.2.3. El cumplimiento de la obligación de asegurar que las violaciones graves de derechoshumanos sean investigadas de manera imparcial por la justicia ordinaria y que se sancionea los responsablesEn esta sección se presentarán y evaluarán tres aspectos: a) Las 15 medidas contra laimpunidad presentadas por el Ministerio de Defensa con el objetivo de avanzar en lainvestigación de violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública; b) Lapersistencia de la ubicación de fiscales dentro de instalaciones militares y c) El estadoprocesal de las investigaciones penales sobre ejecuciones extrajudiciales. 2.3.1. Las 15 medidas contra la impunidadEl Ministerio de Defensa presentó el pasado mes de junio quince medidas para “lucharcontra la impunidad y contribuir a una recta administración de justicia” 70. Es importante68 ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales,sumarias o arbitrarias, Philip Alston, Misión a Colombia, 14° periodo de sesiones, doc.A/HRC/14/24/Add.2, marzo 31 de 2010, párr. 91.69 Departamento Nacional de Planeación, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014: Prosperidadpara Todos. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/PND/PND20102014.aspx, págs. 426 y 427.70 Documento disponible en:http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/medidas_impunidad.pdf
20. 20destacar algunos puntos sobre los cuales el informe presentado por el Estado colombianono da cuenta 71 y que son relevantes en aras de evaluar los alcances de esta propuesta frentea la prevención e investigación efectiva de violaciones de derechos humanos cometida poragentes del Estado:La independencia en el trámite de las quejas y la investigación de las denuncias no sepropicia con ninguna de las medidas, puesto que se deja en manos de personal de lasfuerzas armadas la recepción de las denuncias y quejas y la investigación y el monitoreo delas mismas. El monitoreo de casos donde se ha presentado queja se le asigna a la DirecciónEjecutiva de las Fuerzas Militares (medida 1) y el monitoreo a unidades militares ypoliciales donde se hayan presentado quejas o denuncias se deja en manos de losinspectores generales del Comando General, de las fuerzas militares y de la policía nacional(medida 7), al igual que el monitoreo a los miembros de la fuerza pública (medida 8). Elmonitoreo a la recepción y el trámite de quejas es responsabilidad de los InspectoresGenerales (medida 9), y el comité de verificación de los informes y el estado de las quejasestá conformado por el Ministro de Defensa, el Comandante de las Fuerzas Militares, losComandantes de fuerza y el Director general de la Policía Nacional (medida 12).Adicionalmente, no se establecen con claridad parámetros para el desarrollo de las laboresde verificación, seguimiento y monitoreo mencionadas anteriormente.Sumado a lo anterior, no se fortalece la capacidad de la Procuraduría General de la Naciónni de la Fiscalía General de la Nación en la investigación y el seguimiento preventivo de lasviolaciones cometidas por miembros de las Fuerzas Militares. Ninguna de ellas es incluidaen las comisiones ni en los procedimientos de monitoreo y verificación propuestos en lasquince medidas.Los casos que se monitorean y sobre los que se aplican correctivos son los que han sidopuestos en debate a partir de una queja o denuncia, pero no se habla de medidas preventivaspara evitar la violación de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacionalhumanitario. Si bien, según el Gobierno, la estrategia “tiene como base la políticainstitucional de no aceptar ninguna tolerancia con la violación de los derechos humanos oinfracciones al DIH y la obligación permanente de adoptar al interior de las FuerzasMilitares y de Policía las medidas internas para evitar y prevenir que se presenten este tipode conductas”72, no existen planes de prevención temprana, que permitan adelantarse a lasposibles violaciones de DDHH e infracciones al DIH. Por el contrario, la prevencióndepende en gran parte de la existencia de una queja anterior, la cual dará lugar a unmonitoreo especial por parte de las Fuerzas Militares.No hay referencias acerca de la posibilidad de las organizaciones no estatales de participaren el diseño y en el control de la política. En todo caso, es importante que se indique que sevinculará a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos71 En el informe sólo se enuncian las 15 medidas. Ver:http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.COL.CO.6.Add.1_sp.pdf, pág. 12-14.72 “¡Que no haya un solo crimen que quede impune!: Mindefensa”, revista Semana, 13 de junio de 2011,versión electrónica.
21. 21Humanos y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), aunque no es claro en quémedida participarán tales entidades.Adicionalmente, podría ser importante que los particulares pudieran participar en losejercicios de lecciones aprendidas junto con el CICR, y que en algunos casos pudieranhacer parte de comisiones de veeduría del cumplimiento de las reglas operacionales de lasFuerzas Militares.Otro motivo de preocupación frente a las medidas es que se mantiene la prerrogativa de losmiembros de las Fuerzas Militares de estar recluidos en centros de reclusión militares.Adicionalmente, se propone la promoción en el Congreso de la República de la aprobaciónde una legislación que garantice la defensa técnica y especializada de los miembros de laFuerza Pública. Si bien los militares, como cualquier ciudadano, tienen el derecho a undebido proceso y a la garantía del derecho de defensa, es necesario detenerse en laconformación de esta defensa y tener en cuenta los hechos que han rodeado las acciones dela Defensoría Militar (DEMIL), la cual se ha encargado de la representación judicial de losmilitares hasta ahora. Al respecto, conviene tener en cuenta la advertencia hecha pordefensoras y defensores de derechos humanos, a través de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos: “La conformación de una estructura corporativa al interior de las Fuerzas Armadas, conocida como Defensoría Militar (DEMIL), bajo la orientación y dirección de altos mandos del Ejército, que con el pretexto de la defensa judicial de los militares en estos crímenes sistemáticos, ha venido obstaculizando mediante prácticas dilatorias y estrategias abusivas el avance de los procesos, ha sido señalada, inclusive por autoridades judiciales, de ser uno de los principales factores de la impunidad en que se encuentran gran parte de los procesos que se siguen por estos crímenes que se perpetraron de manera generalizada y sistemática en los últimos 8 años”73.De manera similar, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DerechosHumanos ha advertido que “Existen indicios de que la DEMIL antepone algunos intereses institucionales de las Fuerzas Militares sobre los derechos de los procesados. Así, por ejemplo, se obstaculiza que los acusados se acojan a sentencia anticipada o realicen declaraciones individuales sobre los niveles de participación en los hechos que pudieron haber tenido otros miembros del Ejército”74.73 Observatorio de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, La reactivación de la práctica de lasejecuciones extrajudiciales en el año 2010, Bogotá, mimeo, septiembre de 2011.74 ONU, Informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanossobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 3 de febrero de 2011, doc. A/HCR/16/22, pág. 7(párrafo 29).
22. 22Una muestra fehaciente de las prácticas llevadas a cabo por DEMIL es lo ocurrido en elcaso del subteniente Raúl Muñoz Linares, quien se encuentra procesado por la violaciónsexual de dos niñas menores de edad y el posterior asesinato de una de ellas y sus doshermanos, de 9 y 6 años, en octubre de 2010, en el municipio de Tame (Arauca). En elreferido proceso el abogado defensor fue cambiado en siete ocasiones diferentes, “con elefecto de suspender permanentemente las audiencias y obligar a conceder plazosreiterados para que la nueva defensa judicial pueda asumir el estudio del caso, dilatandode manera intencional el proceso”75.Respecto a esta problemática, la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales se manifestóen una carta dirigida al presidente del Consejo Superior de la Judicatura en la que “pidióque se investiguen las constantes dilaciones de las que han sido objeto procesos como losfalsos positivos y el asesinato de los niños de Arauca”76. Es necesario señalar, además,que la jueza Gloria Constanza Gaona Rangel, quien tenía a su cargo el caso referido, habíaadvertido sobre estas aparentes maniobras dilatorias por parte de la defensa llevada a cabopor abogados de DEMIL para conseguir la libertad, por vencimiento de términos, del únicodetenido, antes de ser asesinada el 22 de marzo de 201177. Además de lo anterior, losrepresentantes de las víctimas dentro de dicho proceso han denunciado hostigamientos eintimidaciones a potenciales testigos y a habitantes de las veredas en las que se cometieronlos crímenes señalados78.Así las cosas, es evidente la ausencia de medidas para proteger a familiares de víctimas,testigos, fiscales y jueces79 y la necesidad de exhortar al Estado colombiano para quepromueva medidas de protección más eficientes y concertadas tanto con los familiarescomo con los fiscales, jueces y demás funcionarios intervinientes en los procesos judicialesy disciplinarios en los que se investigan hechos relacionados con ejecucionesextrajudiciales. 2.3.2. Persistencia de la ubicación de fiscales dentro de instalaciones militaresOtro aspecto que impide garantizar la imparcialidad en el desarrollo de investigacionestiene que ver con la persistencia de la ubicación de Fiscalías dentro de instalacionesMilitares. De acuerdo con información suministrada por la Dirección Nacional de Fiscalías,para el mes de abril de 2011, se encuentran ubicadas dentro de instalaciones militares once75 Observatorio de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, La reactivación de la práctica de lasejecuciones extrajudiciales en el año 2010, Bogotá, mimeo, septiembre de 2011.76 “No me quiero morir sin ver que se hizo justicia”, revista Semana, 3 de junio de 2011, versión electrónica.77 Coalición colombiana contra la tortura. Informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité contrala Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas , Colombia 2009-2010. Bogotá, Agosto de 2011, págs. p. 44-45.78 Humanidad Vigente, Interrogatorios ilegales intimidan a comunidad rural de Tame, febrero 23 de 2011.Disponible en:http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=200:interrogatorios-ilegales-y-falsos-testimonios-intimidan-a-comunidad-rural-de-tame&catid=26:comunicados&Itemid=3479 CINEP, Informe Especial ´Falsos Positivos´ 2010: clamor por la verdad y la justicia, mayo de 2011.Disponible en:http://www.cinep.org.co/sites/cinep.cinep.org.co/files/Falsos%20Positivos%202010%20Clamor%20por%20la%20vida%20y%20la%20justicia_%20CINEP%20PPP.pdf
23. 23Fiscalías: seis pertenecientes a la Unidad Nacional contra el Terrorismo y cinco vinculadasa la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión 80.La misma entidad reportó que, desde 2009, hasta este momento se ha realizado “eldesmonte de tres fiscalías, dos adscritas a la Unidad Nacional contra el Secuestro y laExtorsión y una adscrita a la Unidad Nacional contra el Terrorismo, esta últimafuncionaba en la Central de Inteligencia Militar (CIME) y fue retirada a partir del 26 demarzo del año que avanza”81.El Estado argumenta que al mantener Unidades de la Fiscalía al interior de instalacionesmilitares: “(…) se propende por la seguridad de los funcionarios (as) de la Fiscalía y dePolicía Judicial, atendiendo la naturaleza y gravedad de los casos que conocen estosdespachos fiscales, la entidad de la delincuencia que se combate y la zona donde se ubican(afectadas por el orden público)”82.Dicha razón no puede considerarse válida, al menos por tres razones: “la ubicación defiscales, delegados de la Fiscalía General de la Nación, dentro de las instalacionesmilitares (…) puede comprometer la independencia de su labor (Arts. 2 y 12 de laConvención)”83. Varias organizaciones que realizan labores de litigio han podido constatarque: “muchos de estos Fiscales se dejan presionar por los militares, especialmente por losque trabajan en inteligencia militar, en la orientación de las investigaciones” 84.En segundo lugar, miembros de la Fuerza Pública son también sujetos de investigacionespor violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario. Solamenteen la Unidad de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía, a junio de 2011 habían sidovinculados a investigaciones penales miembros de la Fuerza Pública, así: 271 porejecuciones extrajudiciales, 183 por desapariciones forzadas, 87 por torturas, y 15 porviolencia sexual85. Esto implica que la ubicación de funcionarias y funcionarios de laFiscalía en estos lugares, lejos de garantizar su seguridad, puede estarlos exponiendo aataques por parte de las personas investigadas. Además, en el contexto del conflicto armadointerno, las instalaciones militares están expuestas permanentemente a los ataques de losgrupos guerrilleros, aumentando el riesgo de las funcionarias y funcionarios de la fiscalía.80 Dirección Nacional de Fiscalías. Respuesta a un derecho de petición presentado por la ComisiónColombiana de Juristas, Ref. DNF. 08734, Bogotá, 27 de abril de 2011.81 Ibídem.82 Ibídem.83 ONU, Exámen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 19 de laConvención, Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Colombia, 43° periodo de sesiones,doc.CAT/C/COL/CO/4, 4 de mayo de 2010, párr.13.84 Información suministrada por la Corporación Reiniciar.85 Dirección Nacional de Fiscalías. Respuesta a un derecho de petición presentado por la ComisiónColombiana de Juristas, Ref. DNF. 08734, Bogotá, 27 de abril de 2011.
24. 24 2.3.3. Estado procesal de las investigaciones penales sobre ejecuciones ExtrajudicialesLos datos para el presente análisis provienen de la información suministrada por la FiscalíaGeneral de la Nación en respuesta a dos derechos de petición presentados por la ComisiónColombiana de Juristas: uno dirigido a la Dirección Nacional de Fiscalías 86 y otro a laUnidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 87.Antes de iniciar el análisis, es necesario destacar que, en general, la información aportadapor la Fiscalía sobre el estado de los procesos no es clara. Esta falta de claridad se refleja envarios aspectos:1) En la respuesta al derecho de petición presentado a la Dirección Nacional de Fiscalías, laentidad afirma que, a mayo de 2011, las 29 Seccionales del país tramitaban 378 casos deejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, en dicha respuesta no se determina el período alque corresponden los mismos.2) El total de casos mencionados (378) no corresponde con el que resulta de sumar losdatos proporcionados en el mismo derecho de petición, en los que se informa sobre elestado de los procesos (384). Por ello, para los efectos de este análisis se tomará el universode 384 casos como el total de casos activos a mayo de 2011.3) En la respuesta dada por la Unidad de Derechos Humanos también hay imprecisiones. A15 de junio de 2011, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho InternacionalHumanitario reporta que conoce 586 investigaciones que corresponden a hechos ocurridosdespués del 29 de octubre de 2008 y que están siendo tramitadas bajo el procedimientoestablecido por la ley 906 de 2004. Sin embargo, la entidad informa que 23 de esos casosfueron remitidos por competencia a otra autoridad, uno se unió por conexidad y uno seencontraba en espera de ser recibido de la jurisdicción penal militar. Así las cosas, estos 25casos no se encuentran activos en la Unidad, por lo cual el universo de casos a considerarpara el análisis es de 561.A pesar de las inconsistencias de los datos, teniendo en cuenta que la Fiscalía es la únicaentidad oficial de la cual se puede obtener información relacionada con el estado de lasinvestigaciones penales, estos serán la base del presente análisis. a. Estado de las investigaciones en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional HumanitarioA continuación se presenta el estado procesal de los 561 casos bajo conocimiento de laUnidad de Derechos Humanos y que, según la respuesta al derecho de petición,corresponden a hechos ocurridos después del 29 de octubre de 2008.86 Oficio de junio 28 de 2011, radicado ilegible.87 Oficio Nº UNDH-DIH 02212 de junio 15 de 2011.
25. 25 Tabla 1. Estado procesal de casos de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por agentes del Estado en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación. Etapa No. de casos Porcentaje Casos en indagación 541 96,4% Casos en investigación 3 0,5% Casos con acusación 8 1,4% Casos en desarrollo de juicio 7 1,2% Casos que han sido objeto de 2 0,4% sentencia Total casos 561 100,0%Fuente: Fiscalía General de la Nación – Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.Tabla elaborada por: Comisión Colombiana de Juristas.El análisis del estado procesal de los casos que se tramitan actualmente en esta unidadevidencia que solo dos (0,4%) han terminado en sentencia; 541 casos (96,4%) seencuentran en etapa de investigación sin que se haya vinculado al presunto autor 88; 15casos (2,6%) se encuentran en etapa de juicio 89 y tres casos (0,5%) se encuentran en etapade investigación con presunto autor identificado 90.El hecho de que el porcentaje más alto de las investigaciones (96,4%) se encuentre en laetapa preliminar del proceso, en la que ni siquiera hay un autor individualizado, da cuentade los precarios resultados y de la persistente impunidad en estos casos. b. Estado de las investigaciones en las Unidades Seccionales de Fiscalía a nivel NacionalDe acuerdo con la información proporcionada, de los 384 casos activos, 208 se adelantanbajo el procedimiento de la ley 600 de 2000 y 176 se tramitan bajo el procedimiento de laley 906 de 2004. Tabla 2. Estado procesal de casos en ley 600 y ley 906 de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por agentes del Estado en las Unidades Seccionales de la Fiscalía General de la Nación. Etapa No. de casos Porcentaje Ley 600 Casos en investigación previa 82 39,4% Casos en instrucción 110 52,9% Casos en juicio 12 5,8% Casos terminados con sentencia condenatoria 4 1,9% Total casos Ley 600 208 100,0% 54,2%88 Esta cifra incluye los casos en etapa de indagación (ley 906 de 2004).89 Esta cifra incluye los casos con acusación y que se encuentran en desarrollo de juicio (ley 906 de 2004).90 Esta cifra incluye los casos en etapa de investigación (ley 906 de 2004).
26. 26 Ley 906 Casos en indagación 159 90,3% Casos en investigación (imputación) 2 1,1% Casos en juicio 11 6,3% Casos terminados en sentencia condenatoria 4 2,3% Total casos Ley 906 176 100,0% 45,8% TOTAL CASOS 384 100,0%Fuente: Fiscalía General de la Nación – Dirección Nacional de Fiscalías.Tabla elaborada por: Comisión Colombiana de Juristas.Tabla 3. Total casos de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por agentes del Estado en las Unidades Seccionales de la Fiscalía General de la Nación. Etapa No. de casos Porcentaje 91 Casos en investigación sin autor vinculado 241 62,8% 92 Casos en investigación con autor vinculado 112 29,2% Casos en juicio 23 6,0% Casos terminados con sentencia condenatoria 8 2,1% Total casos 384 100,0%Fuente: Fiscalía General de la Nación – Dirección Nacional de Fiscalías.Tabla elaborada por: Comisión Colombiana de Juristas.El análisis del estado procesal de los casos que se tramitan actualmente en las unidadesseccionales de la Fiscalía evidencia que solo ocho (2,1%) han terminado en sentenciacondenatoria, 241 casos (62,8%) se encuentran en etapa de investigación sin que se hayavinculado al presunto autor, 23 casos (6%) se encuentran en etapa de juicio y 112 casos(29,2%) se encuentran en etapa de investigación con presunto autor vinculado.Al igual que los casos tramitados por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DerechoInternacional Humanitario, el porcentaje más alto de procesos (62,8%) se encuentra en laetapa preliminar del proceso, en la que ni siquiera hay un autor individualizado.Esta persistente impunidad en la investigación y sanción de los casos de ejecucionesextrajudiciales cometidas por agentes del Estado se refleja también en los resultados que setienen actualmente respecto al caso de los jóvenes de Soacha 93. De las 17 investigaciones91 Esta cifra incluye los casos en investigación previa (ley 600 de 2000) y en etapa de indagación (ley 906 de2004)92 Esta cifra incluye los casos en etapa de instrucción (ley 600 de 2000) y en etapa de investigación (ley 906de 2004)93 El caso se dio a conocer públicamente en agosto de 2008 y hace referencia a diecisiete jóvenes provenientesde la localidad de Soacha (Bogotá) que fueron desaparecidos y posteriormente ejecutados extrajudicialmentepor miembros de las Fuerzas Militares, quienes los reportaron como miembros de grupos subversivos, debandas criminales y de delincuencia común abatidos en combate. Al respecto ver: Fundación para laEducación y el Desarrollo (FEDES), Soacha: La punta del iceberg. Falsos Positivos e impunidad, pág. 11.Disponible en:http://www.fedescolombia.org/docs/Informe%20Falsos%20Positivos%20e%20Impunidad.%20FEDES.pdf(Fecha de consulta: 21 de septiembre de 2011)
27. 27que comenzaron en el 2008, solo una ha terminado en condena contra ocho militares por lamuerte de Daniel Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez el 3 de junio de 2011 94.Es importante resaltar que en el derecho de petición respondido por la Dirección Nacionalde Fiscalías95 se advierte que la información da cuenta de los “casos activos de homicidioscometidos presuntamente por agentes del Estado mal llamados ejecucionesextrajudiciales”, lo cual resulta preocupante, pues esta institución desconoce lasdefiniciones que a nivel internacional se han establecido sobre las ejecucionesextrajudiciales: son las muertes “producidas por la acción directa o indirecta de lasautoridades públicas en el curso de sus actuaciones, o por grupos de personas que actúanpor instigación, complicidad o tolerancia de las mismas” 96.2.4. La responsabilidad del Consejo Superior de la JudicaturaRespecto a la garantía de investigación imparcial por parte de la justicia ordinaria en loscasos de ejecuciones extrajudiciales, es necesario hacer referencia al estado de losconflictos de competencia que se han presentado entre la jurisdicción penal militar y lajurisdicción penal ordinaria.En febrero de 2011, se dirigió un derecho de petición al Consejo Superior de la Judicaturapara recibir información en relación con la remisión de casos de la jurisdicción militar a lajurisdicción ordinaria y viceversa, en los procesos en que este tribunal debió resolvercolisión de competencias. Al respecto, dicha entidad respondió: “(…) el Sistema deInformación Estadística de la Rama Judicial –SIERJU, no especifica las jurisdiccionesentre las cuales se originaron los conflictos de competencia ni la jurisdicción a la cual seasignó la competencia”97.Este aspecto va en contravía de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos y ladel Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, en el sentido de que elConsejo Superior de la Judicatura debe proporcionar información clara sobre los conflictosde competencia que se susciten entre la justicia penal ordinaria y la justicia penal militar enlos casos relacionados con presuntas ejecuciones extrajudiciales 98.Por su parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanosreportó en su informe de 2010 que había 448 casos activos relacionados con ejecuciones94 “No me quiero morir sin ver que se hizo justicia”, revista Semana, 3 de junio de 2011, versión electrónica.95 Oficio de junio 28 de 2011, radicado ilegible.96 OACNUDH, Manual de Calificación de conductas violatorias. Derechos Humanos y DerechoInternacional Humanitario, 2010, Tomo I, pág. 111. Disponible en:http://www.hchr.org.co/publicaciones/libros/Manual%20Calificacion%20de%20conductas%20Volumen%20I.pdf. La OACNUDH toma esta definición de la doctrina de Antonio Blanc Altemir.97 Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura, UDAEOF11-1588, junio 16 de 2011.98 ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales,sumarias o arbitrarias, Philip Alston, Misión a Colombia, 14° periodo de sesiones, doc.A/HRC/14/24/Add.2, marzo 31 de 2010, Acápite de Recomendaciones, párr. 89.
28. 28extrajudiciales conocidos por la Justicia Penal Militar 99. La Alta Comisionada destacótambién que: “(…) es sumamente preocupante el retroceso significativo en 2010 de la colaboración de la Justicia Penal Militar con la justicia ordinaria en el traslado de casos de “muertos en combate” con signos de violaciones de los derechos humanos. Asimismo, de acuerdo con información recibida reiteradamente, las destituciones y traslados de algunos jueces penales militares podrían estar motivados por su colaboración con la justicia ordinaria”100.El 13 de junio de 2011, durante el evento que el Ministerio de Defensa realizó parapresentar las 15 medidas contra la impunidad, la Fiscal General de la Nación, VivianeMorales “pidió a los jueces penales militares permitir el traslado de investigaciones que seadelantan por violaciones a Derechos Humanos y DIH a la justicia ordinaria” 101 einformó: “la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía ha planteado 387conflictos de competencia de los cuales 213 casos han sido asignados a nuestroconocimiento y 22 a la Justicia Penal Militar” 102.Lo dicho anteriormente ratifica la necesidad de que el Comité de Derechos Humanosexhorte al Estado colombiano a efectuar el traslado de todos los casos de presuntoshomicidios a la justicia penal ordinaria a través del ente competente para ello, que es elConsejo Superior de la Judicatura.2.5. El cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Relator sobre ejecucionessumarias, arbitrarias o extrajudiciales después de su misión a Colombia en 2009El relator en sus recomendaciones se refirió, entre otros aspectos, a: el importante papel delConsejo Superior de la Judicatura en la remisión de “todos los casos de presuntoshomicidios cometidos por las fuerzas de seguridad” 103 a la justicia penal ordinaria; laprohibición de toda clase de incentivos para los miembros de las fuerzas armadas pormuertes en combate, la vigilancia del otorgamiento de recompensas a civiles porproporcionar información; y, de manera especial, insistió en impulsar las investigacionespor presuntas ejecuciones extrajudiciales. Como se ha demostrado en este informe, lasrecomendaciones del Relator, en los temas mencionados, han sido incumplidas por elEstado. Teniendo en cuenta que las preocupaciones del Relator en relación con la situaciónde Colombia se refirieron a los homicidios cometidos “tanto por las fuerzas de seguridad,99 ONU, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre lasituación de los derechos humanos en Colombia, 3 de febrero de 2011, doc. A/HRC/16/22, párr. 26.100 Ibidem.101 “¡Que no haya un solo crimen que quede impune!: Mindefensa”, revista Semana, 13 de junio de 2011,versión electrónica..102 Ibidem103 ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales,sumarias o arbitrarias, Philip Alston, Misión a Colombia, 14° periodo de sesiones, doc.A/HRC/14/24/Add.2, marzo 31 de 2010, párr. 89 a 95.

References: artículo 40
 artículo 40
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 19