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Timestamp: 2019-10-23 00:22:25+00:00

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UF0341 - Contratación laboral by Josefa María Zambrana Martínez - Read Online
by Josefa María Zambrana Martínez
La finalidad de esta Unidad Formativa es enseñar a efectuar la contratación de los nuevos empleados, mantener y controlar el fichero de personal actualizado en el soporte documental, realizar el control de personal y gestionar el cumplimiento de los derechos y obligaciones sindicales y laborales acordados, con objeto de facilitar la representación de los trabajadores en los órganos de gestión de la empresa.
Para ello, se estudiará la legislación básica de aplicación en la relación laboral, la contratación de recursos humanos, así como la modificación, suspensión y extinción de las condiciones de trabajo y, para terminar, el mantenimiento, control y actualización del fichero de personal.
1.1 El Derecho Laboral y sus fuentes.
1.2 La Constitución Española.
1.3 El Estatuto de los Trabajadores.
1.4 Ley Orgánica de Libertad Sindical.
1.5 Ley General de la Seguridad Social.
1.6 Inscripción de las empresas en la Seguridad.
1.7 Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
1.8 La Negociación Colectiva.
2.1 Organismos y órganos que intervienen en relación con el contrato de trabajo.
2.2 El Contrato de Trabajo.
2.3 Obligaciones con la Seguridad Social, derivadas del contrato de trabajo.
3.1 Modificación de las condiciones de trabajo.
3.2 Suspensión del contrato de trabajo.
3.3 Extinción del contrato de trabajo.
3.4 Indemnizaciones en función del tipo de extinción del contrato practicado.
3.5 Actuaciones ante la jurisdicción social en los distintos supuestos de sanción, modificación y extinción del contrato.
4.1 La información al empleado.
4.2 El expediente del trabajador.
4.3 Las comunicaciones en la gestión administrativa del personal.
4.4 Procedimientos de seguridad y control de asistencia.
Publisher: Editorial ElearningReleased: Jan 14, 2019ISBN: Format: book
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1.2.5. La garantía de asistencia y prestaciones en situaciones de necesidad. Sometimiento pleno de las administraciones públicas a las leyes y al Derecho
1.2.6. Sometimiento pleno de las administraciones públicas
1.4.1. Acción sindical
1.4.2. Régimen jurídico
1.4.3. Representación sindical
1.7.1. Objeto y carácter de la norma
1.7.2. Ámbito de aplicación
1.7.3. La actuación de las administraciones públicas en materia de salud laboral
1.8.1. Conceptos y clases de convenios
1.8.2. Contenido de los convenios
El derecho laboral o también denominado Derecho del Trabajo surge a mediados del siglo XIX como consecuencia de los abusos que tenían lugar por parte de los empresarios a los trabajadores ya que eran sometidos a condiciones de trabajo extremas.
Las primeras leyes nacen por razones de orden político, público o de justicia social, de igual forma, tuvo lugar la creación de sindicatos para intentar lograr mejoras en las condiciones laborales.
En nuestro país la primera legislación importante tuvo lugar entre los años 1919 y 1931. Fue en el año 1980 cuando se promulga la Ley del Estatuto de los Trabajadores cuyo contenido es la regulación de los derechos laborales. Posteriormente, en el año 1995 se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ley que ha sido modificada para adaptarse continuamente a los diferentes cambios que se producen en la vida económica y social.
Se puede definir el Derecho como aquel conjunto de normas, leyes, resoluciones y reglamentos creados por el Estado y que pueden tener un carácter permanente y obligatorio en función de las necesidades de cada uno, son de estricto cumplimiento para todas las personas pertenecientes a dicho Estado y cuya función es garantizar la convivencia entre dichas personas y que la resolución de conflictos se solvente de forma favorable. Fundamentalmente el Derecho se puede dividir entre Derecho Público y Derecho Privado.
–Derecho Público: Aquel cuyas normas se dirigen a la regulación de la actividad del Estado, de organismos públicos entre sí, así como de las relaciones entre particulares cuando el Estado y los organismos públicos actúan de manera oficial, de manera que en el Derecho público intervienen los particulares y el Estado.
–Derecho Privado: Es aquel que se encarga de regular las relaciones entre los particulares con los organismos públicos o con el Estado pero cuando actúan de manera privada, lo que implica que las partes actúan sin poder estatal.
–El Derecho del Trabajo: Lo encontramos en una posición intermedia entre el Derecho Público y el Derecho Privado ya que su ordenamiento jurídico se basa en normas de ambos.
A continuación se muestra en el esquema 1.1 la división del derecho y las ramas que conforman el mismo.
La actividad laboral regulada por el Derecho laboral debe cumplir cuatro características:
1.Voluntariedad: El trabajador es libre de decidir si va a trabajar o no, decide con qué persona o empresa va a desarrollar dicha actividad y decide cuándo poner fin a dicha relación laboral.
2.Por cuenta ajena: Cuando se trabaja para otra persona, el resultado de ese trabajo se cede a esa persona y a cambio se recibe un salario, de manera que en este apartado quedarían excluidas aquellas personas que realizan actividad por cuenta propia (autónomos).
3.Dependencia: El empresario es la parte ordenante, es decir, indica al trabajador en qué lugar y circunstancias va a realizar su trabajo pero dentro de unos límites ya que si la supeditación es plena en ese caso el trabajo no sería libre.
4.Retribución: La actividad laboral debe estar remunerada, es por ello que no se incluyen aquellas que se realicen de manera altruista. El trabajador percibe un salario por la actividad realizada y a su vez el empresario recibe los resultados de dicha actividad.
Los requisitos que debe tener la actividad laboral sujeta al Derecho del Trabajo son: voluntariedad, por cuenta ajena, dependencia y retribución.
A continuación se enumeran las fuentes del Derecho del trabajo que son la fuente de las normas jurídicas y van a mostrar cuáles han de aplicarse en función de cada circunstancia.
Las fuentes pueden ser de internas (nacionales) o externas (internacionales).
1.Fuentes Internas. Las encontramos en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, publicado en «BOE» núm. 255, de 24/10/2015, concretamente en el artículo 3 (texto del artículo literal e íntegro):
Artículo 3: Fuentes de la relación laboral
∙Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:
›Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado.
›Por los convenios colectivos.
›Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados.
›Por los usos y costumbres locales y profesionales.
∙Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al principio de jerarquía normativa. Las disposiciones reglamentarias desarrollarán los preceptos que establecen las normas de rango superior, pero no podrán establecer condiciones de trabajo distintas a las establecidas por las Leyes a desarrollar.
∙Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables.
∙Los usos y costumbres sólo se aplicarán en defecto de disposiciones legales, convencionales o contractuales, a no ser que cuenten con una recepción o remisión expresa.
∙Los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo.
2.Fuentes externas. Son aquellas fuentes con origen internacional que se adhieren al derecho español y que son prioritarias sobre nuestro derecho. Las fuentes externas se forman por los tratados internacionales, la normativa procedente de la Unión Europea y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Desglose de las fuentes internas y externas del Derecho laboral
Vamos a centrarnos en el desglose de las fuentes internas y externas del Derecho laboral.
La Constitución Española es la norma suprema del ordenamiento jurídico en España.
La Constitución es el origen del ordenamiento jurídico en España y por ello ocupa la máxima posición, por lo que predomina sobre el resto de leyes.
Dentro de la Constitución encontramos contenido en material laboral que se desglosan en derechos fundamentales, derechos y libertades de los ciudadanos y principios económicos y sociales y que se enumeran a continuación (texto de los artículos íntegros y literales de la Constitución Española).
Contenido en materia laboral de la constitución española
–Derechos fundamentales (sección 1ª)
∙Art. 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
∙Art. 28.1: Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.
∙Art. 28.2: Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
–Derechos y libertades de los ciudadanos (sección 2ª)
∙Art. 35:
›Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
›La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
∙Art. 37.1: La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
∙Art. 38: Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
–Principios rectores de la política economica y social (sección 2ª, capítulo III)
∙Art. 40.1: Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo.
∙Art.40.2: Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
∙Art. 41: Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.
La ley es aquella norma o regla promulgada por aquella autoridad que sea competente para ello. El poder para la elaboración y aprobación de las leyes en España es del Congreso y el Senado, es decir, de las Cortes Generales. Hay ocasiones en las que son necesarias la creación de normas con rango de ley, en estos casos el propio gobierno las va a confeccionar pero siempre bajo la comprobación de las Cortes Generales.
–Desglose de la ley en España así como a especificar el orden de aplicación de las mismas.
∙Leyes orgánicas: Son aquellas que se encargan de la regulación de los derechos fundamentales así como de las libertades públicas y que se aprueban en los Estatutos de Autonomía y en la Ley General Electoral. Tienen un rango superior a las leyes ordinarias. El derecho de crear sindicatos y a la libertad de los mismos están regulados por estas leyes puesto que afecta a los derechos fundamentales y a las libertades públicas.
∙Leyes ordinarias: Las leyes ordinarias son aquellas aprobadas por los Cortes Generales, confeccionadas por un proceso legislativo habitual y se caracterizan por no tener carácter orgánico.
∙Decretos-Leyes: Los decreto-ley son los dictados por el gobierno ante circunstancias especiales de manera transitoria y no pueden incumbir en las leyes orgánicas. Estos decretos-leyes son incluidos en el ordenamiento jurídico con rango de ley con posterioridad a su publicación en el BOE.
∙Decretos Legislativos: El decreto legislativo se da cuando las Cortes Generales encomienda al gobierno la potestad de promulgar normas jurídicas con rango de ley, por tanto son las Cortes Generales tienen que autorizar dicho acto. Se disponen de la siguiente forma:
›Texto articulado. Las Cortes van a aprobar leyes de bases y van a establecer una serie de normas que debe seguir el Gobierno el cual va a aprobar dicho texto pero siempre dentro de los límites establecidos en la ley de bases.
›Texto refundido. Las Cortes pueden dar potestad al Gobierno para unir en un texto un conjunto de leyes que hagan referencia a una misma materia pero que se encuentren diseminadas de manera que el resultado sea un texto lógico.
∙Reglamentos: Los reglamentos hacen referencia a las normas jurídicas que son inferiores al rango de ley y que pueden ser emitidas tanto por poderes públicos con la correspondiente autoridad como por órganos del Estado. Según la Constitución, esa autoridad concierne al Gobierno y a sus miembros así como a las comunidades autónomas y a las administraciones locales.
Los convenios colectivos (Se verá una breve introducción en el apartado 1.1.2 y de forma más extensa en el apartado 1.3.3 (representación colectiva y convenios colectivos) y en el punto 1.8 (negociación colectiva) del índice.
Los contratos de trabajo (Se verán en el punto 2.2 del índice).
La costumbre (Se hace referencia a ellos en el apartado 1.1.4 de este tema).
La jurisprudencia comprende el conjunto de sentencias establecidas por norma general por el Tribunal Supremo o también por los Tribunales Superiores de Justicia.
Los principios generales del derecho. En el apartado 1.1.5 de este tema nos centraremos en los Principios Generales del Derecho Laboral.
A continuación se muestra un esquema con la jerarquía de las normas a la hora de su correspondiente aplicación.
Como consecuencia de las relaciones del Estado español con otros países, éste es obligado a integrar dentro del derecho español fuentes cuyo origen es internacional y que están por encima del derecho interno. Como ya se mencionó anteriormente, recordamos que las fuentes externas son los tratados internaciones , los reglamentos y directivas de la Unión Europea , los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la jurisprudencia internacional.
–Los tratados internacionales. Se puede definir un tratado internacional como un acuerdo que se celebra por escrito entre varios países o entre un país y una organización internacional que se rigen por el derecho internacional y en el virtud del cual los firmantes se comprometen a cumplir con dicho tratado. En la Constitución Española (BOE número 311, 29 de Diciembre de 1978), se hace referencia a los tratados internacionales, artículos que se exponen a continuación (texto literal de la Constitución):
La Constitución española de 1978. Título III. De las Cortes Generales Capítulo tercero. De los Tratados Internacionales.
∙Artículo 93: Mediante la ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.
∙Artículo 94
1.La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:
2.El Congreso y el senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.
∙Artículo 95
1.La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.
2.El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.
∙Artículo 96
1.Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
2.Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.
–Los reglamentos y directivas de la Unión Europea
La Unión Europea (UE) es el conjunto de países europeos democráticos involucrados en trabajar en conjunto para el logro de la paz y el progreso. Todos sus estados miembro han creado instituciones en las cuales delegan parte de su soberanía con el fin de tomar decisiones sobre asuntos de interés a nivel europeo.
∙Parlamento: es elegido por los ciudadanos de los Estados miembro.
∙Consejo: representa a los Gobiernos de todos los Estados miembro.
∙Comisión: órgano ejecutivo de la Unión.
∙Tribunal de justicia: asegura el cumplimiento de la ley.
∙Tribunal de cuentas: se encarga del control del presupuesto de la Unión.
En la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea publicada en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea) núm. 83, de 30 de marzo de 2010 se establecen los derechos de los que disfrutarán los trabajadores pertenecientes a la Unión y que se exponen a continuación:
1.Libre circulación
›De personas trabajadoras: Todos los ciudadanos pertenecientes a la Unión poseen el derecho de residir y circular libremente dentro de los Estados miembros de la Unión y es posible que una persona trabaje en un país diferente al de origen manteniendo los derechos laborales y sindicales de manera que puede acogerse a la protección social del país en el que trabaje.
›De prestación de servicios: Los artesanos y trabajadores independientes tienen libertad para establecerse en cualquier país de la Unión siempre y cuando prueben que han realizado su actividad en otro Estado miembro de la Unión durante un periodo de entre tres a seis años en función del tipo de actividad que desarrolle.
›Libertad de establecimiento: La oportunidad del desarrollo de la actividad por cuenta propia y la creación y consecuente gestión de empresas.
2.Condiciones de trabajo armonizadas
Se han regulado materias como los contratos de trabajo escritos, la protección de los trabajadores en materia de salud, la protección de la mujer embarazada así como se ha prohibido que los niños menores de quince años puedan trabajar. Todo ello no descarta que cada país pueda implantar condiciones más positivas.
3.Reconocimiento de las cualificaciones profesionales
Por norma general, las profesiones de empleados cualificados se podrán realizar en otros países de la Unión siempre y cuando los títulos sean reconocidos. Para ello, y de forma periódica, la Comisión Europea publica tablas correspondientes a las titulaciones divididas en sectores de profesionales en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE).
4.Acceso a la función pública
Las oposiciones para la función pública deben ser abiertas a todos los ciudadanos pertenecientes a la Unión exceptuando aquellos que conllevan la práctica de poder público y la soberanía nacional (políticos, ejército, etc).
5.Formación de los trabajadores
El Fondo Social Europeo (FSE) impulsa la formación de los trabajadores y promociona iniciativas para la creación de empleo, particularmente para los desempleados de larga duración y proporciona subvenciones a este grupo de desempleados.
La Comisión Europea es el órgano que representa los intereses de toda la Unión y es la que plantea nueva legislación al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea, garantizando la adecuada aplicación del Derecho de la Unión Europea a los países miembros de la misma. La Comisión como institución está formada por 28 comisarios.
En lo referente a materia laboral, la Unión Europea se fundamenta en la dimensión social europea que se basa en la no discriminación de los ciudadanos de los países que pertenecen a la Unión.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se trata de un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuyos objetivos son promover la justicia social y el reconocimiento de normas fundamentales de trabajo, creación de posibilidades de empleo y mejorar las condiciones laborales a nivel mundial.
Los mecanismos de trabajo de la OIT son establecer y supervisar las normas de trabajo internacional, prestar asistencia técnica y buscar y difundir información. Entre los muchos ámbitos de actividad, se pueden señalar la eliminación del trabajo infantil, asegurar que se cumplen los convenios, el desarrollo de programas de cooperación, supervisar la legislación laboral, la promoción y respeto de los principios básicos laborales, la migración laboral y la dimensión social de la globalización. La OIT defiende por encima de todo el empleo y la protección social.
En España, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se coordina con la Misión Permanente de España en Ginebra y realizan, entre otras, una serie de funciones como desarrollar y coordinar actividades de cooperación técnica financiadas por España, definir la política general de la OIT, participar de manera activa en negociaciones y reuniones celebradas en la OIT.
La jurisprudencia internacional. Se constituye por un conjunto de normas y principios establecidos en sentencias internacionales con mayor o menor semejanza y que forma parte del conjunto jurídico internacional.
Finalmente y para concluir con el apartado de disposiciones legales y reglamentarias del Estado, se adjuntan una serie de esquemas relativos a puntos que se verán con más profundidad en próximos temas de esta unidad formativa:
–Legislación laboral en España con las principales leyes que se aplican.
–Estructura de los tribunales laborales.
–La Administración laboral.
(Podrás ampliar información sobre el texto refundido de la ley en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en la web del Boletín Oficial del Estado: www.boe.es)
(Podrás ampliar información sobre la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, en la Web del Boletín Oficial del Estado: www.boe.es)
(Podrás ampliar información sobre la Ley de 31/1995, de 8 de noviembre, Prevención de Riesgos Laborales, en la Web del Boletín Oficial del Estado: www.boe.es)
(Podrás ampliar información sobre el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en la Web del Boletín Oficial del Estado: www.boe.es)
(Podrás ampliar información sobre el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la Web del Boletín Oficial del Estado: www.boe.es)
(Podrás ampliar información sobre la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en la Web del Boletín Oficial del Estado: www.boe.es)
Estructura de los Tribunales Laborales
–La administración laboral
∙Funciones de la administración laboral
›Desarrollo de la poli tica laboral mediante el ministerio de trabajo y las consejerías de las comunidades autónomas.
›Velar por el cumplimiento de la normativa a través de la realización de inspecciones de trabajo.
∙Ministerio de trabajo y asuntos sociales
›El responsable del ministerio es el ministro.
›La actuación legal del ministro tiene lugar a través de la confección de reales decretos y ordenes ministeriales.
›En cada provincia hay una dirección provincial del ministerio de trabajo y asuntos sociales para facilitar las funciones.
∙Competencias de las comunidades autónomas
›Tienen la potestad para dictar dispersiones legales y reglamentarias dentro de su ámbito de competencia siempre y cuando acaten las bases establecidas para todo el territorio nacional.
∙Inspección de trabajo
›Inspeccionan faltas en materia laboral, seguridad e higiene, imponiendo las correspondientes sanciones. Emitir informes.
›Orientan a trabajadores y empresarios en materia de derechos y obligaciones.
›Establecen medidas en relación a la seguridad y la higiene con el fin de velar por la salud de los trabajadores.
Este concepto se verá de manera más extensa en el p punto 1.8. el cual hace referencia a la representación colectiva y a los convenios colectivos por lo que en este punto se hace una breve introducción.
Los convenios colectivos forman parte de las fuentes internas dentro del Derecho laboral.
El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y concretamente en su artículo 82 nos define el concepto de convenio colectivo (citado textualmente de dicha ley):
1.Los convenios colectivos, como resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía colectiva.
2.Mediante los convenios colectivos, y en su ámbito correspondiente, los trabajadores y empresarios regulan las condiciones de trabajo y de productividad; igualmente podrán regular la paz laboral a través de las obligaciones que se pacten.
3.Los Convenios colectivos regulados por esta ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia.
El derecho a la negociación colectiva aparece en la Constitución ya que como se indica en el artículo 7 (texto del artículo íntegro y literal):
Se entiende por voluntad de las partes la posibilidad de que las personas se establezcan normas a sí mismos, las cuales utilicen posteriormente en sus relaciones jurídicas privadas.
Sin embargo este principio tiene una vigencia diferente en función de la materia jurídica que se trate.
El máximo campo de acción tiene lugar en el campo del derecho de obligaciones el cual se divide en libertad de contratar (tomando la decisión de si se acaba o no un acuerdo) y libertad contractual (fijar el contenido del acuerdo).
Una característica importante de este concepto es que no es un principio absoluto ya que ha tenido múltiples variaciones en los límites a lo largo del tiempo.
Se citan a continuación una serie de artículos del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. BOE» núm. 206, de 25 de julio de 1889. Texto consolidado. Última modificación: 6 de Octubre de 2015 (texto íntegro y textual).
–Artículo 1255 del CC se hace referencia a los límites y a la validez de este principio: Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.
Por otra parte, se encuentran tres artículos más en los cuales se desarrollan dichos límites generales:
–Artículo 1102 del CC: La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula.
–Artículo 1116 del CC: Las condiciones imposibles, las contrarias a las buenas costumbres y las prohibidas por la ley anularán la obligación que de ellas dependa. La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta.
–Artículo 1275 del CC: Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral.
La costumbre en un sentido técnico-jurídico es la forma común del origen del Derecho o la norma dispuesta por la comunidad a través de su uso.
Los requisitos de la costumbre como norma jurídica son:
–Requisito interno: la creencia jurídica de los entes del colectivo social de la imposición de la norma.
–Requisito externo: debe existir un uso social, es decir, la práctica de un colectivo social que se ciñe a un determinado modo de conducta. Para que dicho uso social sea destacado jurídicamente, debe ser general, constante, uniforme y duradero.
Según el Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. BOE» núm. 206, de 25 de julio de 1889. Texto consolidado. Última modificación: 16 de Octubre de 2015) en su artículo 1.3 La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada.
De aquí se establecen las condiciones para la vigencia de la costumbre que serían:
–La aprobación expresa o implícita por los órganos del Estado, de ahí deriva el principio de supremacía de la ley ( Artículo 9.3 de La Constitución Española «BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. Texto consolidado. Última modificación: 27 de septiembre de 2011 que establece: la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
–La racionalidad, es decir, que concuerde con la moral.
–Que resulte probada. Según la Ley 1/2000 de 7 de Enero Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), publicada en el BOE número 7 de 08/01/2000 en su artículo 281 .2 se expone: También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero. La prueba de la costumbre no será necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido y sus normas no afectasen al orden público.
–Costumbre Contra legem (contraria a

References: resolución 
 Real Decreto 
 artículo 3

Artículo 3
 artículo 94
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 82
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 1
 Artículo 9
 artículo 281