Source: http://www.procedimientopenal.com.bo/prece_const/art_323.htm
Timestamp: 2014-08-22 23:34:26+00:00

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PRECEDENTES CONSTITUCIONALES - art_323
PRECEDENTES CONSTITUCIONALES Etapa preparatoria del juicio / Conclusión de la etapa preparatoria / Plazo para presentación de acusación 1036/2002-R Supuestos fácticos:
"(..) conforme a los principios de igualdad (art. 12 CPP), el Fiscal no puede emitir acusación de manera simultánea a la imputación formal o próxima a ésta, sino que debe existir un lapso de tiempo razonable entre la imputación formal y la acusación, que posibilite al imputado ejercer ampliamente su derecho a la defensa".
0555/2006-R Precedente obligatorio: "(..) el Juez cautelar debe ejercer el control de la investigación previsto en el art. 54 inc. 1) del CPP, vigilando que durante la sustanciación de la etapa preparatoria se cumplan los plazos establecidos por la norma procesal respecto a las distintas actuaciones y diligencias que se desarrollen por los órganos encargados de la investigación y, en tal sentido, deberá adoptar las decisiones que la propia ley señala en caso de incumplimiento de los plazos.
"Un entendimiento contrario, es decir, permitir que las resoluciones de los fiscales sean presentadas fuera del plazo que el Código de procedimiento penal establece, es arbitrario, ya que no tiene un sustento coherente ni en la Constitución Política del Estado ni en el Código de procedimiento penal, por lo mismo no sólo vulneraría el derecho a la seguridad jurídica, sino también el principio de legalidad procesal, y desvirtuaría los fines del sistema procesal penal, pues estaríamos ante un modelo procesal que sólo perseguiría la aplicación efectiva de la coerción penal, en desmedro de los derechos y garantías de los imputados (..) (..) "(..) durante la sustanciación de la etapa preparatoria, la facultad de control de la investigación, de los plazos previstos por la ley para su desarrollo y la adopción de decisiones vinculadas a la etapa procesal le corresponde al Juez de Instrucción; en ese contexto, ante el eventual incumplimiento de parte del Ministerio Público del plazo de seis meses previsto para la presentación de requerimiento conclusivo, le corresponde conminar al Fiscal de Distrito, para que formule uno de los requerimientos descritos por el art. 323 del CPP, bajo conminatoria de declararse extinguida la acción, aclarándose que una vez presentada la acusación por el Fiscal, cumpliendo con todas la exigencias legales, no será posible solicitar la extinción de la acción penal, ya que el Ministerio Público cumplió con la conminatoria efectuada. "De acuerdo a lo anotado, se debe dejar establecido que no es suficiente la presentación de la acusación al Juez o Tribunal de Sentencia, sino que la misma debe cumplir con las normas contenidas en el Código de procedimiento penal, y debe estar dirigida al juez o tribunal competente. Ello significa que si existe alguna observación a la acusación, el Fiscal debe subsanar la misma, y en tanto el Juez o Tribunal de Sentencia no disponga la radicatoria del caso -actuado que abre su competencia- la etapa preparatoria continúa, y por lo mismo, es el Juez cautelar el que debe ejercer el control jurisdiccional de esa etapa. "En ese sentido, cuando el párrafo tercero del art. 134 del CPP señala que una vez efectuada la conminatoria, la Fiscalía debe presentar su solicitud conclusiva dentro del término de cinco días, para evitar de esta manera la extinción de la acción penal, está estableciendo un control del retardo de justicia en la primera etapa del proceso; con la finalidad de que el requerimiento conclusivo pase a conocimiento del juez o tribunal de sentencia en caso de acusación [art. 323 inc. 1) del CPP]; del Juez cautelar tratándose de la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o que se promueva la conciliación [art. 323 inc. 2) del CPP]; o se decrete el sobreseimiento por la misma autoridad fiscal [art. 323 inc.3) del CPP].
"Conforme a lo anotado, en el caso de una solicitud de acusación, el objetivo es que se inicie en forma inmediata el juicio oral, público y contradictorio, cuya tramitación corresponde al juez o tribunal de sentencia en el ámbito de la competencia que le reconocen los arts. 52 y 53 del CPP; en consecuencia, cuando la presentación de la acusación no cumple con los requisitos legales exigidos, por una actitud negligente del representante del Ministerio Público, provocando el rechazo de la acusación por el juez o tribunal de sentencia, y con ello la dilación de la fase preparatoria, es el juez cautelar quien, velando por el procedimiento y los plazos establecidos en el Código de procedimiento penal, a pedido de parte, debe conminar al fiscal para que en un término prudencial corrija o rectifique los errores detectados, bajo conminatoria de declararse la extinción de la acción penal, previa notificación a la víctima". Etapa preparatoria del juicio / Conclusión de la etapa preparatoria / Salidas alternativas 1665/2003-R Supuestos fácticos:
En un recurso de amparo constitucional, el recurrente (Fiscal de Materia) denunció que el Juez Cautelar restringió ilegalmente su derecho al debido proceso, porque ante su solicitud de homologación del acta de conciliación suscrito entre la víctima y el imputado, determinó convocar a las partes a la audiencia conclusiva pública de conciliación, con la finalidad de promover la conciliación; determinación que, en su criterio, es ilegal porque señala un procedimiento contrario a lo que solicitó, sin tener en cuenta que la conciliación ya estaba presentada y en tal circunstancia sólo le correspondía homologarla, conforme lo previsto en la norma del art. 54.5) CPP. El Tribunal Constitucional, de la revisión de antecedentes concluyó que en su requerimiento conclusivo el Fiscal recurrente, equivocadamente solicitó al Juez Cautelar "se sirva homologar la conciliación realizada por las partes"; ante tal requerimiento, el Juez recurrido determinó convocar a las partes a la audiencia conclusiva pública de conciliación, decisión que se ajusta al ordenamiento jurídico, por lo que no existe lesión alguna al derecho invocado; en consecuencia, revocando la resolución revisada denegó la tutela solicitada. Precedente obligatorio:
"(..) de una interpretación sistematizada de las normas previstas por los arts. 27.7), 54.5), 323.2), 325 y 326 CPP se concluye que en la etapa preparatoria, la conciliación, como una salida alternativa, requiere de la decisión que debe adoptar el Juez de la Instrucción o Juez cautelar, misma que deberá ser adoptada necesaria y obligatoriamente en audiencia pública, toda vez que el Juez tiene el deber de generar convicción sobre los fundamentos o los acuerdos que la conciliación contiene e informar sobre las consecuencias que ella genera en resguardo de los intereses de las partes que intervienen en el proceso y del principio de la inmediación que caracteriza a los actos procesales y, de modo particular, para fundamentar la resolución que aprueba el acuerdo conciliatorio, cuyo efecto es la extinción de la acción penal; en consecuencia, la homologación de la conciliación prevista por el art. 54.5) CPP no puede efectuarse sino en audiencia pública. Empero, ello no excluye la facultad que tiene el fiscal de oficio o a petición de parte, de exhortar a las partes a conciliación facilitando el acuerdo y de solicitar al Juez que se convoque a las partes a una audiencia de conciliación, como se establece en la norma prevista por el art. 65 LOMP. Ambas facultades -del Juez y del Fiscal- son diferentes y se desarrollan en los roles y papeles distintos que tienen en el sistema penal acusatorio actual, en el que el control jurisdiccional de la investigación está a cargo del Juez, siendo que la dirección de esa investigación es un deber del Fiscal, en el marco del art. 279 CPP". Extinción de la acción penal / Extinción en la Etapa preparatoria / Requisitos para su declaratoria 0467/2004-R Supuestos fácticos:
En un amparo constitucional, los recurrentes denunciaron que los Vocales de la Sala Penal del Distrito de La Paz vulneraron los derechos fundamentales de su representada a la defensa y al debido proceso, porque en el recurso de apelación que su representada planteó contra Auto 86/2003 de 7 de mayo, emitido por el Juez Cautelar Primero de Instrucción, mediante la que declaró la extinción de la acción penal a favor los imputados, a pesar de que el Fiscal de materia presentó acusación formal contra los mismos dentro del plazo de los cinco días siguientes a la conminatoria efectuada el Fiscal de Distrito por el Juez Cautelar, los vocales recurridos declararon improcedente el recurso de apelación incidental, haciendo una incorrecta interpretación de lo previsto por el art. 134 del CPP y desconociendo la jurisprudencia constitucional, asimismo incumpliendo con lo previsto por el art. 11 del CPP que otorga a la víctima la garantía de ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal. El Tribunal Constitucional, de la revisión de antecedentes, estableció que el caso se tramitó, en la etapa preparatoria, con errores de procedimiento, entre ellos el que el Juez Cautelar Primero de Instrucción previno el conocimiento del asunto, sin embargo el sistema Judicial Boliviano de reparto de causas "IANUS", remitió el informe del inicio de la investigación al Juez Cautelar Tercero de Instrucción, por lo que el Fiscal de Materia, una vez presentada la acusación formal ante el Juez de Sentencia, informó de ese hecho al Juez Cautelar Tercero de Instrucción, sin embargo quien emitió la conminatoria al Fiscal de Distrito fue el Juez Cautelar Primero de Instrucción, por lo que ésta última autoridad judicial declaró la extinción de la acción penal porque no fue informado de la presentación de la acusación formal; decisión que fue apelada y los Vocales recurridos, de manera indebida, sin tomar en cuenta que la declaración de extinción se debió a los errores de procedimientos referidos declaró improcedente el recurso de apelación vulnerando los derechos del acusador particular, por lo que el Tribunal Constitucional aprobó la resolución que concedió la tutela solicitada.
"De lo referido [en la jurisprudencia establecida en la SC 1036/2002-R] se infiere lo siguiente: a) corresponde a los jueces cautelares declarar la extinción de la acción penal cuando, vencido el plazo de los seis meses, no se formula o emite el respectivo requerimiento conclusivo en una de las formas previstas por el art. 323 del CPP; b) el plazo de los seis meses se computa a partir de la notificación con la imputación formal; y c) la extinción no se opera de hecho al vencimiento del plazo referido sino de derecho, es decir, el Juez, previo análisis de los antecedentes y luego de haberse cumplido las formalidades legales previstas en el párrafo tercero de la norma mencionada, debe emitir la resolución correspondiente. A lo referido cabe añadir que el Juez cautelar, antes de emitir tal resolución, en base a los principios de garantía de la víctima e igualdad procesal consagrados en las normas previstas por los arts. 11 y 12 del CPP, necesariamente debe hacer conocer a la víctima el respectivo Auto por el que conmina al Fiscal de Distrito para que se presente la acusación formal o el requerimiento conclusivo, ello tiene su fundamento en el hecho de que la víctima pueda ejercer sus derechos, exigiendo al Ministerio Público el cumplimiento de las obligaciones procesales extrañadas o, en su caso, solicitar al juez la prosecución del proceso sobre la base de su actuación como querellante, conforme lo previsto por el tercer párrafo del art. 134 del CPP".
1173/2004-R Supuestos fácticos:
En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar restringió indebidamente su derecho a la libertad física manteniéndolo en detención preventiva a pesar de que la acción penal debió ser declarada extinguida porque el Fiscal de Materia no ha presentado requerimiento conclusivo dentro del plazo de 5 días siguientes a la conminatoria que ha realizado el Juez Cautelar al Fiscal de Distrito; pues la autoridad judicial no ha declarado expresamente la extinción de la acción penal a su favor, incumpliendo lo dispuesto por el art. 134 del CPP, admitiendo más bien una acusación interpuesta fuera del plazo previsto por ley, rechazando su petición de extinción de la acción. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional estableció que el Ministerio Público no presentó la acusación dentro del término establecido en la conminatoria dispuesta por la autoridad judicial; por lo que el Juez recurrido, en ejercicio del control jurisdiccional de la etapa preparatoria, debió notificar y escuchar a la víctima, para posteriormente pronunciar la Resolución correspondiente o remitir antecedentes ante el Tribunal de Sentencia, ya que la víctima había presentado acusación contra el imputado, al no haber obrado así infringió incurrió en procesamiento indebido a cuya consecuencia se lesionó el derecho a la libertad física del recurrente; por lo que el Tribunal Constitucional, revocando la resolución revisada, declaró procedente el recurso de hábeas corpus.
"(..) si el Ministerio Público no presenta uno de los requerimientos conclusivos previstos por el art. 323 del CPP, es decir: acusación, solicitud de aplicación de una salida alternativa o de un requerimiento de sobreseimiento, el Juez está obligado a declarar la extinción de la acción penal, independientemente de que exista o no solicitud de la parte imputada; sin embargo, debe precisarse que en virtud al derecho a la tutela judicial efectiva y a los derechos que le asisten a la víctima, el Juez, antes de emitir la resolución correspondiente, deberá notificar a la víctima a efecto de que sea escuchada y, en su caso, impugne la determinación a tomarse, conforme a lo dispuesto en el art. 11 del CPP (..) norma que guarda coherencia con el art. 134 del CPP antes aludido, que en el segundo párrafo establece un resguardo a favor de la víctima, referido a que el proceso pueda continuar sobre la base de la actuación del querellante.
"(..) para hacer operativo el derecho de la víctima, el Juez debe comunicar a la víctima la falta de presentación del requerimiento conclusivo, por parte del fiscal y, al mismo tiempo, la facultad que le asiste de presentar su acusación particular, otorgándole para al efecto, por analogía y aplicando el principio de igualdad procesal, el mismo plazo concedido al Fiscal en el art. 134 del CPP, es decir, cinco días, bajo conminatoria de declararse extinguida la acción penal.
"En ese entendido, la víctima podrá expresar su decisión de no continuar con el proceso ya sea en forma explícita (presentando algún memorial ante el Juez), o implícita (dejando transcurrir el plazo otorgado), supuestos en los que la autoridad judicial deberá declarar la extinción de la acción penal. Si por el contrario, la víctima presenta su acusación particular, el Juez debe remitir lo actuado ante el Tribunal de Sentencia, para que el juicio se abra sobre la base de la acusación del querellante".
Procedimiento abreviado / Control jurisdiccional

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