Source: http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/menores/fallos2_068.htm
Timestamp: 2017-11-20 17:22:15+00:00

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Menores desaparecidos - Fallos y Resoluciones Judiciales (tomo 2), Parte 6. Casos generales: Causa 17.889 "Incidente de apelación de Simón, Julio". Juzgado Federal Nº 4, Secretaría Nº 7. C.F.C. y C., Sala II, 9 de noviembre de 2001.
Causa 17.889 "Incidente de apelación de Simón, Julio". Juzgado Federal Nº 4, Secretaría Nº 7. Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, Sala II, 9 de noviembre de 2001.
//////////////nos Aires, 9 de noviembre de 2001.
Llegan estas actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud de lo dispuesto a fs. 49/50, interlocutorio en el cual esta misma Sala decidió hacer lugar al recurso de queja interpuesto a fs. 38/41 de este incidente por la defensa de Julio Simón, representada por los Dres. Pedro Bianchi y Elda Berasain. Dicha queja fue planteada contra la providencia de fs. 1928 de los autos principales en cuanto no hizo lugar a la apelación del Dr. Appiani contra la resolución de fs. 1798/1892. En esta última el juez a quo había dispuesto declarar inválidos el artículo 1 de la ley 23.492 ("de punto final") y los artículos 1, 3 y 4 de la ley 23.521 ("de obediencia debida"), declarar la inconstitucionalidad y la nulidad insanable de esa normativa, y, finalmente, citar a prestar declaración indagatoria a Julio Héctor Simón.
La consecuencia inmediata de tal decisión -hacer lugar a la queja- fue la de declarar mal denegada la apelación deducida contra el mencionado auto de fs. 1798/1892 del principal, y conceder ese recurso interpuesto a fs. 1911/1922.
Que a fs. 244 mantuvieron el recurso de apelación los Dres. Pedro Bianchi y Elda B. Berasain, oportunidad en la que solicitaron la fijación de audiencia y reserva del caso federal.
Finalmente, a la audiencia fijada en los términos del artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación sólo concurrieron los representantes de ambas querellas, quienes mejoraron los fundamentos de la decisión recurrida mediante los memoriales de fs. 249/300 vta., correspondiente al Centro de Estudios Legales y Sociales, representado por su presidente -Horacio Verbitsky- y patrocinado por el Dr. Santiago Felgueras, y fs. 301/353 vta., por las Dras. María José Guembe y Alcira Ríos, en su condición de apoderadas de Buscarita Imperi Roa.
"Si en la causa no se hubiere acreditado el grado o función que poseía a la fecha de los hechos la persona llamada a prestar declaración indagatoria, el plazo transcurrirá desde la presentación del certificado o informe expedido pro autoridad competente que lo acredite". "Art. 4: Sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 23.492, en las causas respecto de las cuales no hubiera transcurrido el plazo previsto en el artículo 1 de la misma, no podrá disponerse la citación a prestar declaración indagatoria de las personas mencionadas en el artículo 1° primer párrafo, de la presente ley". "Art. 5: Respecto de las decisiones sobre la aplicación de esta ley, procederá recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que podrá interponerse dentro de los cinco (5) días de su notificación. Si la decisión fuere tácita, el plazo transcurrirá desde que ésta se tuviere por pronunciada conforme con lo dispuesto en esta ley".
Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que "Si bien no existe ningún texto convencional en vigencia, aplicable a los Estados Partes en la Convención, que emplee esta calificación, la doctrina y la práctica internacionales han calificado muchas veces las desapariciones como un delito contra la humanidad" (Anuario Interamericano de Derechos Humanos, 1985, págs. 369, 687 y 1103 -cit. Corte I. D. H., Caso Velázquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C nº 4-).
EL "PROYECTO PRINCETON SOBRE JURISDICCIÓN INTERNACIONAL": A todo lo expuesto debe agregarse que en el plano internacional continúan desarrollándose instrumentos que procuran restringir la impunidad de hechos de la naturaleza de los que aquí se investigan. Acaso el más reciente sea el "Proyecto Princeton sobre Jurisdicción Internacional", elaborado por algunos de los expertos más importantes en derecho internacional. Este proyecto consistió en la elaboración de un conjunto de principios que se postulan como guía a los tribunales internos de los estados, en materia de enjuiciamiento de quienes han cometido crímenes graves contra los derechos humanos, entre los que se cuentan, obviamente, los crímenes contra la humanidad. Ensaya una definición de "jurisdicción universal", a la que señala como la jurisdicción penal basada únicamente en la naturaleza del crimen, independientemente del lugar de ocurrencia de los sucesos o de cualquier vínculo del presunto culpable o la víctima con el estado que ejerza tal jurisdicción. Esa jurisdicción universal habilita a cualquier órgano judicial de cualquier estado a juzgar a una persona debidamente acusada de haber cometido graves crímenes contra el derecho internacional, siempre que esa persona se halle ante ese órgano judicial. La invocación de esa jurisdicción también habilita a obtener, de acuerdo con el proyecto, la extradición del imputado. (Principio 1) Los crímenes materia de jurisdicción universal específicamente enumerados son: la piratería, la esclavitud, los crímenes de guerra, los crímenes contra la paz, los crímenes contra la humanidad, el genocidio y la tortura, sin perjuicio de otros crímenes bajo el derecho internacional (Principio 2). Con relación a las leyes de amnistía, el proyecto establece que: "El ejercicio de la jurisdicción universal respecto de los crímenes graves bajo el derecho internacional, tal cual se especifican en el Principio 2 (1), no se verá afectada por amnistías que son incompatibles con las obligaciones jurídicas internacionales del estado concedente" (Principio 7 [2]). Pero además, se propone un reconocimiento limitado a la garantía del "ne bis in idem", acordándole validez siempre y cuando los procesos penales previos u otros procesos judiciales hubieran sido conducidos de buena fe y de conformidad con las normas y estándares internacionales (Principio 9 [1]); y establece como pauta de interpretación el que los órganos judiciales nacionales contribuyan al derecho interno de manera que sea coherente con estos Principios, a la vez que niega cualquier hermenéutica que limite los derechos y obligaciones que tiene un estado de prevenir y castigar (Principio 13 [1] y [2]). Entre los miembros del Comité redactor de estos Principios se cuentan Chair M. Cherif Bassiouni, Christopher L. Blakesley, Stephen Macedo, Diane F. Orentlicher, Stephen A. Oxman y Lloyd L. Weinreb y fueron adoptados entre el 25 y 27 de enero del corriente año.
Estos crímenes de rango universal se encuentran expresamente reconocidos en nuestro orden jurídico interno por el artículo 118 de la Constitución Nacional (artículo 102 en la Carta Magna anterior a 1994), en función de la referencia al derecho de gentes que esa cláusula realiza.
Por otra parte, nuestra Carta Magna -en su redacción de 1994- ha incorporado instrumentos internacionales de Derechos Humanos que, de ese modo, integran el bloque constitucional e, indudablemente, poseen esa jerarquía y por ende superior a las leyes (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional).
Con relación al valor que se debe asignar a las leyes de características análogas a las de "punto final" y "obediencia debida", es del caso recrear un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, por otra parte, ya ha sido aplicado por este Tribunal (causa n° 17.439, "Pinochet Ugarte, Augusto s/ prescripción de la acción penal", rta. 15-5-2001, reg. 18.657). Ha señalado esa Corte regional que el Estado no puede invocar dificultades de orden interno para sustraerse del deber de investigar los hechos con los que contravino la Convención y sancionar a quienes resulten penalmente responsables de ellos (C.I.D.H., Caso "Barrios Altos" -Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú-, sentencia de 14 de marzo de 2001). Y se agregó que:
RECHAZAR LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN planteada por la defensa de Julio Héctor Simón.
CONFIRMAR los puntos I., II. y III. de la resolución que en testimonios luce a fs.62/156 vta. de este incidente, en cuanto declara INVÁLIDOS E INCONSTITUCIONALES LOS ARTÍCULOS 1 DE LA LEY 23.492 -de "punto final"- Y 1, 3 Y 4 DE LA LEY 23.521 -de "obediencia debida"- (Considerando XIV).
CONFIRMAR el punto IV) en cuanto dispone la citación a prestar declaración indagatoria a Julio Héctor Simón (artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación).
TENER PRESENTE la reserva de ocurrir en casación y del caso federal planteadas por la defensa de Julio Héctor Simón (fs. 15 vta./16 vta., 30 vta./31 vta. y 35 vta./36 de este incidente) y por el Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS- (fs. 300/vta.) y por las Dras María José Guembe y Alcira Ríos (fs. 353/vta.), como querellantes.
FIRMADO: HORACIO R. CATTANI, MARTIN IRURZUN y EDUARDO LURASCHI. Jueces de Cámara. Ante mí: PABLO J. HERBON. Prosecretario de Cámara

References: resolución 
 artículo 1
 artículo 454
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 118
 resolución