Source: http://www.ecologistasenaccion.es/article25190.html
Timestamp: 2017-03-25 07:45:55+00:00

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Querella contra Bárcenas | Ecologistas en Acción
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15 de noviembre de 2016, por Ecologistas en Acción | Visitas: 18826
Sumario El caso de la destrucción de los (...)
La acusación popular pide reabrir el (...)
Otra recusación contra los magistrados
Presentan escrito de acusación para (...)
Un cierre apresurado e incompleto
Ante el escándalo de la desaparición (...)
Inaceptable e injustificable excarcelaci
Apartar a Ruz, colofón de las trabas (...)
Ante las nuevas declaraciones de (...)
365 días de la Querella Bárcenas
Nueva amenaza de querella por (...)
La Querella Bárcenas continua y (...)
El caso Bárcenas pasa a otra dimensión
La Fiscalía del caso Bárcenas contesta a
Los querellantes por los papeles de (...)
La actuación obstructora de la (...)
Imputado todo el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo
La acusación popular de la Querella Bárcenas, entre la que se encuentra Ecologistas en Acción, se felicita por la imputación, por presunta prevaricación, a todo el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo en 2007, cuando gobernaba el PP. Lo que se dirime es si recibieron una donación ilegal para financiar la campaña de María Dolores de Cospedal por parte de Sacyr a cambio de incrementar en 11 millones de euros el contrato de basuras que recibió una filial de esta misma empresa.
Las organizaciones que iniciaron la acusación popular en la conocida como Querella Bárcenas (por basarse en los papeles del extesorero del Partido Popular), entre ellas la Asociación Libre de Abogados (ALA), IU y Ecologistas en Acción, han ido promoviendo en el curso de la instrucción la apertura de asuntos derivados de este caso.
Uno de ellos es el procedimiento que se instruye en Toledo, en el que se dirime si se produjo una “donación” ilegítima de fondos para el Partido Popular en Castilla-La Mancha a cambio de un incremento en el contrato a la empresa SUFI-Sacyr, nada menos que por 11 millones de euros, para el servicio de recogida de basuras. Esta aportación pudo ser de 700.000 euros e iba dirigida a financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal, según declaró el extesorero, Luis Bárcenas.
Pues bien, acaba de conocerse que la instrucción que impulsó esta acusación popular y que por parte del Juzgado nº 3 de Toledo se centraba en quienes ya declararon en la Audiencia Nacional –el antiguo alcalde José Manuel Molina García y el concejal de Hacienda, Lamberto Pineda– se extiende ahora a todo el grupo de concejales del PP. Todos ellos firmaron el acta de la Junta de Gobierno Local del 23 de mayo de 2007, y es en ese acta es en la que se recoge el acuerdo que incrementaba el precio del contrato mencionado por 11 millones, pero obviando el procedimiento legalmente establecido para ello y con cuestionables intenciones que son precisamente parte del objetivo de la acusación popular.
El equipo de personas que, por más de tres años, están manteniendo la acusación popular con su trabajo voluntario ha recibido con alegría esta providencia por la que se imputa a toda la antigua cúpula del PP en el Ayuntamiento de Toledo por presunta prevaricación. Avanzamos hacia un nuevo revés contra la corrupción.
25 de febrero: El despilfarro en grandes obras tiene una explicación 28 de febrero: Razones para querellarse en el caso Bárcenas 4 de marzo: Queréllate tú 5 de marzo: Apoyo masivo a la querella 11 de marzo: La ruina de las autopistas de peaje: efecto colateral de papeles de Bárcenas 11 de marzo: Admitida a trámite la querella contra Bárcenas 3 de abril: Todos pagamos la ruina de las autopistas de peaje 14 de mayo: Los papeles de Bárcenas y el Parque Nacional de Guadarrama 24 de mayo: Constructoras en el banquillo 27 de mayo: Presidentes de grandes constructoras, imputados 6 de junio: El PP demanda a los querellantes de los papeles de Bárcenas 1 de diciembre: Razones ecologistas para querellarse contra Bárcenas
26 de marzo: Autopistas, rescates y papeles de Bárcenas 14 de mayo: Petición de cárcel por tratar de esclarecer el caso Bárcenas
Texto de la Querella Bárcenas PP Resolución de la admisión a trámite de la querella
29.553 adhesiones a la querella El caso de la destrucción de los discos de Bárcenas sigue adelante
La acusación popular de #QuerellaBárcenas, formada entre otros por la Asociación Libre de Abogados, Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, se felicita por la continuación del procedimiento seguido contra el Partido Popular y diversos empleados del partido por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas.
La acusación popular pide reabrir el caso de la financiación ilegal del PP a cambio de adjudicaciones de obra pública
Los colectivos que iniciaron la conocida como ’querella Bárcenas’, la acusación popular formada por la Asociación Libre de Abogados, IU, Ecologistas en Acción y Los Verdes, han solicitado este jueves 26 de noviembre la reapertura de las diligencias previas en la pieza separada de los papeles de Bárcenas. Consideran que las recientes declaraciones de Correa confirman lo que han venido señalando desde el principio: que los responsables de grandes empresas constructoras presuntamente financiaron de forma ilícita al Partido Popular a cambio de la adjudicación de obras públicas
Las organizaciones que iniciaron la acusación popular en el caso Bárcenas han presentado hoy, jueves 26 de noviembre, un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional. Solicitando la reapertura de las diligencias previas 275/2008 en la pieza separada de los papeles de Bárcenas para que se investigue de nuevo a las contratistas que fueron objeto de querella.
¿Qué es lo que ha ocurrido para que se produzca esta petición? La declaración realizada por Francisco Correa, publicada el 21 de octubre de 2015 por eldiario.es. De esa declaración se desprende con absoluta nitidez lo que ya venían denunciando las organizaciones querellantes: la existencia de una trama en la que estarían implicados políticos (representados por Luis Bárcenas como intermediario) y empresarios (para quienes Francisco Correa representaba este mismo papel) para obtener adjudicaciones de grandes contratos públicos a cambio de “donaciones”. Donaciones que, además, superaban los máximos legales permitidos y eran ilegales por cuanto las hacían empresas que contrataban con la administración.
Esta dinámica de presunta corrupción es, exactamente, la que denunciaba la acusación popular sobre la base de ’los papeles de Bárcenas’. Sin embargo, el juez instructor no encontró indicios relevante que permitieran demostrarlo, por lo que se dictó su sobreseimiento.
Pero ahora, para las organizaciones de la acusación popular, entre ellas la Asociación Libre de Abogados, IU o Ecologistas en Acción, esta declaración de Correa constituye un contundente y nuevo elemento fáctico, una prueba determinante de lo que no se ha podido constatar en la instrucción previa. Por ello, solicitan la reapertura de las diligencias previas (25/2013) que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.
Las organizaciones querellantes consideramos que los nuevos hechos acaecidos aportan indicios suficientes, justifican sobradamente la reapertura de la investigación y la continuación de la instrucción.
Otra recusación contra los magistrados López y Espejel
Los colectivos que iniciaron la conocida como “querella Bárcenas”, la acusación popular formada por la Asociación Libre de Abogados, IU, Ecologistas en Acción y Los Verdes, han presentado una recusación contra Enrique López y Concepción Espejel. Estos dos magistrados son miembros de la sección de la Audiencia Nacional que juzgará este caso, y a juicio de estas organizaciones no serían imparciales a la hora de enjuiciar a la cúpula económico administrativa del Partido Popular y al propio partido, que está encausado como responsable civil.
A la recusación formulada por parte de las acusaciones populares del caso Gürtel contra el Magistrado Enrique López, se suma ahora la que presentan las organizaciones que iniciaron la querella de los “Papeles de Bárcenas”, esto es, la Asociación Libre de Abogados, Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad.
Estas organizaciones consideran que hay cuatro motivos claros de recusación. El primero es una “amistad manifiesta” del magistrado con respecto al PP, partido que lo propuso como vocal del CGPJ, cargo que desempeñó entre 2001 y 2005. El propio Álvaro Lapuerta, uno de los acusados en la trama corrupta, votó favorablemente su nombramiento. Además, Enrique López y López fue propuesto por el mismo partido como miembro del Tribunal Constitucional.
En segundo lugar, López y López ha sido colaborador habitual de FAES, fundación nítidamente ligada al PP, hasta el punto que ha ejercido como coordinador de diversos seminarios.
En tercer lugar, tratándose de una circunstancia muy concluyente y que no se ha recogido en otras recusaciones, Enrique López fue uno de los magistrados que resolvió –a través de lo que esta acusación consideró una maniobra irregular y que fue objeto de querella– sobre la procedencia de determinados interrogatorios en el procedimiento, lo que hizo que tuviera acceso al expediente. Esto quiere decir, que López y López accedió a la instrucción de la causa, lo que rompe con la garantía procesal de que el juez que juzga no debe estar prevenido por la instrucción.
Y ya por último, pero no menos importante , Enrique López fue objeto de querella por prevaricación y en el devenir de ese procedimiento en estos momentos existe un procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las posibles irregularidades registradas en este caso.
En relación con la magistrada Concepción Espejel, existen así mismo fundados motivos de su relación con el PP y con miembros de su dirección. Por ejemplo, la magistrada fue también miembro del CGPJ entre 2008 y 2014 a propuesta, otra vez, del PP, para lo que recibió el voto del propio Luis Bárcenas en el senado.
Es decir, dos encausados tan relevantes como Lapuerta y Bárcenas han aupado con sus votos a los puestos más importantes de la carrera judicial a los magistrados que les juzgarían de no prosperar la recusación.
La acusación popular de la querella Bárcenas recuerda que el derecho a un juez imparcial constituye una de las garantías más básicas del estado de derecho. Pero, además, para estas organizaciones, justo en el momento que se está enjuiciando a las tramas corruptas que nos han traído a la situación actual de crisis política, social y económica, es cuando la justicia debe mostrarse más imparcial y objetiva si no se quiere continuar ahondando en la desafección ciudadana.
Presentan escrito de acusación para evitar un sobreseimiento escandaloso
La acusación popular cuya querella dio lugar a la pieza separada conocida como los “papeles de Bárcenas”, ha presentado un escrito de acusación contra 26 personas, entre las que se incluyen a los actuales o anteriores directivos de algunas de las grandes constructoras y a políticos como Ángel Acebes. Discrepan del sobreseimiento decretado por el juez Ruz sobre casi todos ellos y señalan como escandaloso que se pretenda solventar un caso tan claro imputando exclusivamente a dos tesoreros y a una empresa de arquitectura.
En el escrito se recuerdan todos los delitos presuntamente cometidos por todas aquellas personas que han resultado imputadas, y de forma especial (y cautelar, puesto que el juez Ruz los dejó fuera del procedimiento en su último auto), contra los empresarios de las constructoras pagadoras, así como contra Ángel Acebes como Secretario General del PP. El sobreseimiento decidido por Pablo Ruz no es firme, y esta acusación popular considera que hay argumentos más que fundados para que la Audiencia Nacional decidiera rechazarlo.
De este modo, en el escrito, las organizaciones querellantes formulan acusación por la constitución de una organización criminal, según el artículo 570 del Código Penal. Consideran, y así lo argumentan, que dentro del Partido Popular se constituyó una organización criminal, al menos entre 1991 y 2008, constituida al menos por sus tesoreros, gerentes y secretarios generales. Su fin era, presuntamente, recaudar ilícitamente fondos para pagar campañas electorales al margen de la ley, puesto que no se informaba al Tribunal de Cuentas de estos gastos electorales, lo cual supuso clara ventaja sobre el resto de opciones políticas durante las campañas previas a las elecciones. También hay presunción de que el fin de estos fondos era el pago de sobresueldos opacos a la Hacienda Pública y acometer diversos gastos de funcionamiento del partido.
Del mismo modo, los empresarios pagadores, que quedan al margen del proceso en el auto de Pablo Ruz, formaban parte de esta organización criminal. Y a cambio de los pagos que realizaban, también presuntamente obtenían para sus empresas jugosos contratos de obra pública, a menudo grandes infraestructuras de transporte desarrolladas por los Gobiernos central y autonómicos. Además de que claramente condicionaban una política de infraestructuras que se ha demostrado tremendamente onerosa para las arcas del Estado y poco útil desde el punto de vista del interés general o de la equidad social.
Para las organizaciones de la acusación popular resulta claro que los presidentes del PP estaban al tanto de estas dinámicas, así como que el Partido Popular ha cometido un claro delito fiscal. Los pagos no eran donaciones, sino ingresos extraordinarios irregulares. Jamás han tenido los requisitos para ser considerados donaciones, puesto que los realizaron empresas que contrataban en esos momentos con la administración, debería haberse identificado a los pagadores y además con frecuencia excedían los límites permitidos por la ley para las donaciones (60.000 euros hasta 2007 y 100.000 a partir de entonces).
Las organizaciones querellantes –Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, la Federación de Los Verdes y Justicia y Sociedad– consideran una auténtica vergüenza que la justicia pretenda solventar un caso tan escandaloso acusando solo a los tesoreros y a los responsables de la empresa de arquitectura Unifica, casualmente la única empresa que no participaba en la organización criminal. Por ello, anuncian que seguirán con su ardua tarea de recurrir y denunciar dentro de los márgenes legales, hasta que los verdaderos responsables de este expolio de fondos públicos paguen por sus delitos.
Las organizaciones que presentaron la querella a raíz de la publicación de los “papeles de Bárcenas” consideran apresurado el cierre de la instrucción. Aunque destacan varios elementos positivos del auto del juez Ruz, señalan su intención de recurrirlo para conseguir que todos los responsables, tanto del Partido Popular como de los constructores que realizaron los pagos presuntamente ilegales a cambio de contratos públicos, sufran un duro reproche penal.
Hace dos años que cinco organizaciones –Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Federación de Los Verdes y Justicia y Sociedad– presentaron la querella que ha dado lugar a la instrucción desarrollada por el juez Ruz, y que ahora se acerca a su fin tras el auto con el que el magistrado pretende cerrar la fase de instrucción.
El auto, que aún no se les ha sido notificado oficialmente, considera acreditados indiciariamente diversos delitos que deberían desencadenar decisiones políticas drásticas. La existencia de una caja B en el Partido Popular, la comisión de un delito electoral o de financiación ilegal, la falsedad contable tendrían que provocar dimisiones en masa. El juez, de forma cuestionable para las organizaciones querellantes, considera prescritos algunos de estos delitos.
Las maniobras para acortar el tiempo de instrucción, apartando al juez Ruz, ha hecho que ésta resulte incompleta. El cierre prematuro y forzado de la instrucción provoca que no se hayan recopilado pruebas suficientes como para abrir juicio oral contra muchos de los protagonistas que aparecen en los papeles de Bárcenas.
A estas alturas resulta imposible creer que los pagos de los constructores, a menudo por cuantías muy superiores a los máximos legales permitidos, se hacían por filantropía y no a cambio de sustanciosos contratos de obra pública. Es difícil creer que es casualidad que el mismo día que se hace una adjudicación de una obra pública la empresa beneficiaria haga una donación al Partido Popular.
Las organizaciones querellantes también quieren destacar el escaso apoyo que ha recibido el juez Ruz de instituciones como la Fiscalía (que ha ejercido más bien como abogada defensora de los imputados), la Agencia Tributaria (con episodios recientes tan chuscos como los que equiparan al PP repartiendo sobres con la labor social de ONG como Cáritas), o la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE, que en peticiones de investigaciones concretas del juez para buscar la relación entre las donaciones de constructoras y la concesión de contratos manejaban una información claramente incompleta (les faltaban gran cantidad de contratos, que sí teníamos en las organizaciones querellantes) lo que impedía establecer esa vinculación, bastante clara al sentido común.
Por todos estos motivos, las organizaciones que ejercen la acusación popular, anuncian un recurso al auto de Ruz con la intención de que todos los responsables de este tremendo expolio de fondos públicos se sienten en el banquillo y paguen por sus delitos.
Ante el escándalo de la desaparición de la causa de los ordenadores de Bárcenas
Las organizaciones que se querellaron contra el responsables del PP y el propio partido por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas que se encontraban en la sede de Génova denuncian la extrema gravedad que supone el extravío en la sede de los juzgados de Madrid del expediente judicial sobre la causa abierta por encubrimiento y daños informáticos. Este hecho, insólito, siembra serias dudas sobre la diligencia de la justicia para esclarecer la verdad. Por ese motivo, anuncian que proseguirán sus actuaciones legales junto con iniciativas para recabar el apoyo popular a esta causa.
Las organizaciones y entidades sociales que vienen impulsando la conocida como Querella Bárcenas (Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Asociación Justicia y Sociedad y Federación de Los Verdes), que son también algunas de las que han impulsado la querella contra dirigentes del PP y el propio Partido Popular por el borrado de los ordenadores, se muestran estupefactas por la desaparición en la sede de los juzgados de Madrid del expediente judicial sobre la causa abierta en el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid por delitos de encubrimiento y daños informáticos derivados de la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas así como de otras pruebas. Fue el propio Juzgado Central de Instrucción (JCI) nº 5, que actualmente dirige el Juez Ruz, el que remitió al decanato de los juzgado de Madrid testimonio de las actuaciones llevadas en su juzgado y que pudieran ser susceptibles de delitos de encubrimiento y daños informáticos y que debieran ser investigados por los juzgados de Madrid.
La querella se presentó el 17 de octubre de 2013 y con fecha 30 de octubre de 2013, sin practicarse ninguna diligencia de averiguación, fue sobreseída. Dicho sobreseimiento fue recurrido en apelación por las acusaciones, habiéndose producido la pérdida en el traslado del expediente entre los juzgados de Madrid y el órgano judicial que debía resolver dicho recurso, la Audiencia Provincial de Madrid.
Queremos manifestar nuestra absoluta indignación ante un hecho de notoria gravedad como es la inexplicable desaparición de una causa de gran relevancia judicial y social. Exigimos que por parte del poder judicial se den la explicaciones necesarias para aclarar qué es lo que ha sucedido para que la acción de la justicia quede en tan grave desprestigio. Además, urgimos a los tribunales para que después de haber entorpecido la investigación, se dé una solución rápida y eficaz para que se resuelvan cuanto antes los recursos de apelación interpuestos.
Debemos recordar que la querella se interpuso en su momento por el borrado de los ordenadores de Bárcenas y la destrucción "grave y relevante" de otras pruebas pedidas por el juez Pablo Ruz contra Carmen Navarro, actual gerente y tesorera del PP, y persona de la máxima confianza de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. Navarro fue la encargada de la delicada investigación interna de las cuentas del partido tras desvelarse la existencia de una contabilidad B en los papeles de Bárcenas, un trabajo que contentó a sus jefes al no encontrar ninguna irregularidad.
Asimismo, la querella se dirigió contra el propio PP como persona jurídica, al considerarle penalmente responsable de los hechos. Es la primera querella que se presentaba en España contra un partido político, después de la reforma del Código Penal del pasado mes de enero de 2014 que lo hacia posible.
La querella señalaba que, de los elementos probatorios e indiciarios acumulados en la causa, se puede concluir que Carmen Navarro "ha tenido participación en la destrucción u ocultación de diferentes soportes materiales con alcance probatorio, todo ello por acción u omisión directa" y "con absoluto conocimiento" de las investigaciones criminales que se seguían contra Bárcenas y otras personas vinculadas al PP.
El compromiso de las organizaciones querellantes es seguir impulsando la investigación de las relaciones supuestamente lucrativas entre el PP, sus dirigentes y el poder del ladrillo, así como todas las presuntas ilegalidades cometidas por el Partido Popular para encubrir los hechos y dificultar la acción de la justicia. Por este motivo, al mismo tiempo que nos reafirmamos en nuestra querella y en sus planteamientos, demandamos un claro apoyo social, necesario para contrarrestar las fuerzas que tratan de echar tierra sobre estos presuntos delitos.
Las organizaciones que interpusieron hace dos años la querella por los llamados papeles de Bárcenas se muestran indignadas por el auto que acuerda el fin de la prisión provisional si se satisface una fianza irrisoria para alguien que ha manejado decenas de millones de dinero negro. La Asociación Libre de Abogados, Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Los Verdes y Justica y Sociedad hacen un repaso a todo el proceso y la actitud del extesorero en el mismo. Nada justifica la decisión de excarcelarle.
Con fecha 20 de enero de 2015 la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado Auto acordando el fin de la prisión provisional y, por tanto, la libertad de Luis Bárcenas, fijando la imposición de una fianza de 200.000 euros y la obligación del procesado de comparecer tres días por semana ante el juzgado.
La resolución judicial ha sido dictada a pesar de que los magistrados que la acuerdan entienden que Luis Bárcenas no ha colaborado con la instrucción de la causa, habiendo mostrado opacidad en la cadena de declaraciones vagas y confusas que ha prestado en el devenir procesal, siendo evidente para las entidades que componen esta acusación popular que con su puesta en libertad se incrementa el riesgo de ocultación de pruebas de cargo. Estiman además los magistrados que no existe riesgo de fuga para un reo que hasta la fecha ha sustraído a la acción de la justicia al menos 48 millones de euros que llegó a acumular en sus cuentas suizas, cantidad que obviamente no ha sido obtenida por Bárcenas como resultado de su trabajo. Tras considerar que la falta de antecedentes penales y el arraigo “laboral” en España -desconocido para todos los españoles- mitigan el riesgo de fuga del procesado, se impone una fianza para alcanzar la libertad a todas luces irrisoria atendiendo a la cantidad de dinero negro acumulado por Luis Bárcenas solo en Suiza.
En los 19 meses transcurridos desde que Bárcenas ingresó en prisión, hemos asistido cual profecía, al cumplimiento del acuerdo propuesto en su día por el Partido Popular a Luis Bárcenas para que “resistiera”, “fuera fuerte”, y en resumen se callara lo que sabía respecto a la implicación en el caso de la cúpula dirigente del PP. Según explicó Bárcenas en sede judicial en el mes de julio de 2013, el acuerdo propuesto garantizaba, a cambio de su silencio, que su mujer no ingresaría en prisión, que el entonces ministro de Justicia dejaría de serlo y que la causa –la primera contra él que llega a juicio- se anularía. Esta causa se encuentra en una fase procesal que podría dar lugar a la declaración de nulidad de las actuaciones que también se le ofreció. Se podría repetir lo ocurrido en el caso Naseiro, en el que fueron acusados otros tesoreros del PP a principios de los noventa, y que concluyó sin sentencia al ser anuladas por el Tribunal Supremo las pruebas de cargo existentes.
Falta por comprobar si se cumple también el último punto de la propuesta de acuerdo hecha por el PP y denunciada por Bárcenas: que éste conservara el 25% de las cantidades depositadas en Suiza. Las organizaciones de Querella Bácenas se preguntan quién se quedaría con el 75% restante de los 48 millones de euros que trasegaron por las cuentas de Bárcenas en el país Helvético.
Ni la gravedad de la acusación presentada por el Fiscal contra Bárcenas, 42 años de prisión por al menos 5 delitos, ni la gravedad de los mismos -cohecho, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, apropiación indebida, falsedad documental y estafa procesal- ni las otras múltiples y graves acusaciones contra el procesado existentes en las distintas piezas separadas de la causa Gürtel -como la Contabilidad B del PP o papeles de Bárcenas, la trama Valenciana de Gürtel-, ni el más que evidente riesgo de fuga del Bárcenas han podido impedir que nuevamente hoy la sociedad asista con indignación a un nuevo capítulo de impunidad para los poderosos y quienes nos han venido gobernando a base de saqueos y recortes de presupuestos y amputación de servicios sociales. El empobrecimiento de los españoles ha ido acompañado simultáneamente del enriquecimiento de la oligarquía saqueadora y gobernante en todos los ámbitos de este país, llegando a niveles impúdicos y que deben ser denunciados.
Tras la argumentación realizada en el auto para la puesta en libertad de Bárcenas, la realidad de lo que está investigado y acreditado, lo manifestado por el imputado durante el periodo de instrucción, todo parece indicar que el PP inicia el año electoral 2015 habiendo podido sellar la boca de su ex tesorero mediante la compra de su silencio.
Apartar a Ruz, colofón de las trabas a la investigación 11 de diciembre de 2014
Las organizaciones que ejercen la acusación popular en la llamada Querella Bárcenas denuncian los múltiples obstáculos de este proceso judicial, y que ahora culminan apartando al juez Pablo Ruz de la instrucción. Anuncian movilizaciones y actos de protesta para que trascienda públicamente esta escandalosa situación, que muestra cómo se trabaja desde las instituciones para conseguir que los presuntos delitos queden impunes.
Hace casi dos años, a finales de febrero de 2013, se presentó ante la Audiencia Nacional una querella criminal contra varios responsables del Partido Popular y presidentes de grandes empresas constructoras por las implicaciones penales que se desprendían de los llamados "papeles de Bárcenas", publicados un mes antes. Como es sabido, la querella se interpuso por cinco organizaciones, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, la Federación de Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad.
El ingente trabajo de la acusación popular así como la instrucción que ha venido desarrollando el juez Ruz ha permitido acreditar 59 apuntes de los recogidos en los papeles del extesorero del PP e imputar a 32 personas, así como que se dé por hecho que existió una contabilidad B en el partido del Gobierno. Pero no es menos cierto que las dificultades impuestas por el PP y las instituciones que controla han hecho muy difícil este trabajo.
Para empezar, se optó por sumar la "causa Bárcenas" al caso Gürtel para evitar que cayera en manos del juez Gómez Bermúdez, no sin flagrantes irregularidades y saltándose los criterios de reparto de casos de la Audiencia Nacional. Por otro lado, el ministerio fiscal ha venido trabajando más como la defensa de los imputados que ejerciendo su papel de custodia de los intereses colectivos. Y sin olvidar que durante la instrucción se han producido nada menos que tres sustituciones en la cúpula de la UDEF (la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía) presumiblemente para conseguir un mayor control gubernamental en lo que se investigaba.
Tampoco queremos dejar en el tintero otras maniobras del Partido Popular, como las misteriosas desapariciones de agendas y los registros de ingresos en la sede madrileña del PP o el formateado y desaparición de discos duros. Ni su resistencia a entregar la información solicitada por el juez instructor, que llevó a Ruz a ordenar el registro de la sede central del PP de la calle Génova. O las propias amenazas de querellarse contra la acusación popular, algo que sí que han intentado, sin éxito, políticos como Álvarez-Cascos.
A pesar de todas estas trabas, las cinco organizaciones querellantes hacíamos un balance positivo de lo conseguido hasta ahora. Y claramente el PP y el Gobierno hacían una lectura contraria, viendo cómo los casos de corrupción que presuntamente muestran los papeles de Bárcenas acorralaban a políticos populares y constructores: ahí está la clave del cese en tres meses del juez Ruz, pues no es otra cosa lo que se ha decidido en Comisión Permanente del Poder Judicial.
La Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Justicia y Sociedad y Los Verdes, junto a las 27.000 personas que han apoyado públicamente la querella, comprobamos una vez más con estupefacción como los poderosos maniobran para que la justicia no les alcance.
Pero no queremos permitirlo. Las organizaciones promotoras de la Querella Bárcenas realizaremos todo tipo de actos de denuncia pública para que trascienda esta escandalosa situación que muestra cómo se trabaja desde las instituciones para conseguir que los presuntos delitos queden impunes. Y es que esta querella estaba permitiendo apuntar con claridad a quiénes son los auténticos responsables de la crisis, los culpables de una enorme transferencia de dinero público a unos pocos bolsillos, a través de actividades ilícitas.
Ante las nuevas declaraciones de imputados en la Audiencia Nacional
Este martes, 28 de octubre, declararán en la Audiencia Nacional como imputados Ángel Acebes, exsecretario general del PP, Álvaro Lapuerta, ex tesorero del PP, y Álvaro Vilela presidente de la constructora Rubau. También declaran como testigos Alberto Recarte (expresidente de Libertad Digital, LD), y Alberto Dorrego y Borja García Nieto (accionistas de LD). Todos ellos en relación con la aparición de posibles movimientos financieros con dinero de la "caja B" del PP y otras actuaciones de este partido con respecto al diario electrónico Libertad Digital.
Cuando se cumple un año de la presentación de la conocida como “Querella Bárcenas”, las cinco organizaciones querellantes hacen un balance muy positivo de lo conseguido hasta ahora. Y ello a pesar de la poca colaboración e incluso trabas por parte de instancias que deberían ser aliadas en el esclarecimiento de la verdad, como es el caso de la Fiscalía.
Hace un año que se presentó ante la Audiencia Nacional una querella criminal contra varios responsables del Partido Popular y presidentes de grandes empresas constructoras por las implicaciones penales que se desprendían de los llamados “papeles de Bárcenas”, publicados un mes antes. Como es sabido, la querella se interpuso por cinco organizaciones – Asociación Libre de Abogados, Asociación Justicia y Sociedad, Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes e Izquierda Unida– a la que se quisieron sumar otras, como CGT, algo que no fue permitido por el juez.
Con su admisión a trámite casi inmediata se cumplió el principal fin de la querella: evitar que siguieran prescribiendo los delitos que se deducían de los manuscritos del extesorero del PP. El 28 de febrero de 2013 se paraba, pues, el reloj de la prescripción de los presuntos cohechos, tráficos de influencias, prevaricaciones y otros delitos que poco a poco se van sustanciando a medida que avanzan las diligencias.
La presunta motivación para estas actuaciones ilícitas era, por parte de los constructores, la concesión de jugosos contratos de obras públicas –que han convertido a este país en récord mundial de infraestructuras de transporte infrautilizadas–, al tiempo que permitía toda una trama de sobresueldos y pagos en B en el Partido Popular.
Durante este año de proceso, las organizaciones querellantes quieren destacar el escaso interés mostrado por la Fiscalía para investigar lo ocurrido, así como los obstáculos levantados desde determinados sectores judiciales y gubernamentales tratando de evitar el progreso de la investigación. Y sin olvidar las misteriosas desapariciones de agendas y de registros de ingresos en la sede madrileña del PP o el formateado y desaparición de discos duros.
Pero a pesar de estas dificultades, como acusación popular hemos solicitado más de un centenar de diligencias de prueba, interrogado a decenas de testigos e imputados, solicitado gran cantidad de informes periciales y policiales así como documentación a empresas constructoras e instituciones públicas. Todo ello ha empujado a que Bárcenas ingresara en prisión y ya ha permitido acreditar casi 60 apuntes de sus papeles, además de conseguir que el número de imputados, en su mayor parte constructores, supere los 25.
Para las cinco organizaciones querellantes, todas las noticias que se van conociendo –cuentas en Suiza de constructores y políticos, puertas giratorias, etc.– nos indican que lo que se investiga en este proceso tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Confirma lo que ya sospechábamos: que los recortes que ahora se aplican sobre los sectores más desfavorecidos de la sociedad tienen su origen en el despilfarro de fondos públicos que ha permitido el enriquecimiento de unos pocos. Por ello esperamos que el trabajo de la Querella Bárcenas al menos consiga hacer pagar su responsabilidad a algunos de los culpables de esta injusta situación.
Nueva amenaza de querella por ’injurias y calumnias’ contra los abogados y abogadas de la #QuerellaBárcenas
Las organizaciones que conformamos la #QuerellaBárcenas y las personas adheridas a la misma sabemos que el camino no va a ser fácil, pero es por ello que somos aún más fuertes en nuestro empeño por superar los obstáculos.
Enrique Santiago, uno de los abogados de la querella presentada por ALA, IU, Ecologistas en Acción, Los Verdes y Justicia y Sociedad, ha recibido una demanda de conciliación de Francisco Álvarez Cascos en el que reclama que se retracte de sus declaraciones y que le indemnice con 20.000 euros.
No es la primera vez que recibimos una demanda de conciliación. En esta ocasión la cita será en el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Madrid, en Capitán Haya nº 66, el próximo día 17 de octubre a las 12,00 horas. La primera fue del Partido Popular, la segunda es de Francisco Álvarez Cascos.
Le pese a quien le pese, las organizaciones de la querella y las miles de personas que se han adherido a la misma continuamos firmes en nuestra determinación de que se esclarezcan los hechos puestos en manos de la justicia. Francisco Álvarez Cascos, no solo ha pasado ya por la instrucción como testigo, sino que además hemos ampliado la querella frente a él.
Los hechos que presuntamente han podido realizar las personas querelladas tienen entidad suficiente como para que estas demandas no nos asusten.
Carta a las personas adheridas a la #QuerellaBárcenas
02 de octubre de 2013 De nuevo apuntan contra nosotros y nosotras Querida/o amiga/o: Nos ponemos en contacto contigo para solicitar de nuevo tu apoyo ante las últimas amenazas al equipo de la #QuerellaBárcenas. Francisco Álvarez Cascos ha presentado una demanda contra Enrique Santiago, uno de los abogados en la querella, por ofensa al “honor, la intimidad y la imagen” y por “injurias y calumnias”. Enrique está llamado a comparecer ante el juez en un acto de conciliación como paso previo a un procedimiento judicial. La demanda es un intento más de intimidar a las abogadas y abogados de la #QuerellaBárcenas y desalentar nuestra lucha para demostrar la supuesta ‘contabilidad B’ ilegal del Partido Popular, el pago de sobresueldos a máximos dirigentes del partido y las donaciones irregulares abonadas por empresas afines al partido en el gobierno a cambio de sustancionas adjudicaciones de obras e infraestructuras. Pero no nos van a callar. Una de las razones de la campaña de apoyo a la #QuerellaBárcenas que tú firmaste, fue la amenaza del Partido Popular de presentar una querella por injurias y calumnias contra las cinco organizaciones denunciantes (Asociación Libre de Abogados/as (ALA), Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Los Verdes y Justicia y Sociedad). Hoy en día somos más de 28.000 personas las que apoyamos esta querella. Ahora te necesitamos para dar una respuesta contundente a estas amenazas. Te proponemos el reto de duplicar el número de adhesiones a esta querella. Podemos hacerlo, basta con que cada uno de nosotros/as consigamos sumar a un amigo/a que envíe su adhesión entrando en la web querellabarcenas.org Este es un paso más en nuestro camino. Como siempre, queremos agradecerte que lo des con nosotras y nosotros. Seguimos en contacto Un saludo Equipo de Comunicación de #QuerellaBárcenas
La Querella Bárcenas continua y avanza, hoy un paso más
Ya somos casi 28.000 las personas que nos hemos adherido a la Querella Bárcenas ante la Audiencia Nacional, que continúa gracias a esos apoyos y al trabajo incansable y desinteresado de un equipo de abogadas/os. La investigación de los papeles del extesorero del Partido Popular, las declaraciones ante el juez, las filtraciones a la prensa, los ingresos en prisión, no han hecho más que reafirmar las razones por las que se presentó la querella el pasado mes de febrero. La intención era y es esclarecer la relación entre supuestos donativos ilegales y concesiones para la construcción de grandes infraestructuras y obras públicas.
Seguimos avanzando y por eso nos ponemos una vez más en contacto contigo. Mañana, 19 de septiembre, presentamos una ampliación de la querella en base a los documentos y pruebas presentados hasta el momento. Los ex secretarios generales y ex ministros Francisco Álvarez-Cascos y Ángel Acebes y también Ángel Piñeiro, ex gerente del Partido Popular de Galicia, serán incluidos en la ampliación de la querella. También lo serán quince nuevos empresarios, que figuran en la supuesta contabilidad paralela del Partido Popular, es decir, los papeles de Bárcenas.
Pero además, la ampliación que presentamos mañana introduce la posibilidad de la comisión de otro delito, el delito Contable, por parte de las entidades que aparecen en los denominados papeles de Bárcenas.
La ampliación recoge lo investigado a lo largo de los últimos siete meses. Aún quedan muchos elementos por valorar debido a la comisión de otros delitos y al descubrimiento de nuevos autores, por lo que la querella continuará en movimiento.
Para el equipo de la Querella Bárcenas el trabajo va mucho más allá de la realidad mediática. Desde la admisión a trámite de la querella, el equipo de abogadas y abogados de la querella ha trabajado incansablemente. Han pasado por la Audiencia Nacional como testigos o imputados dirigentes y trabajadores del PP (tres exsecretarios generales, exdiputados, administrativos, auditores…) empresarios de parte de las mayores constructoras del Estado pero también innumerables diligencias documentales, hasta llegar a los 13 tomos de la pieza separada.
El paso que damos hoy es parte del camino que queremos recorrer. Y por eso nos alegra especialmente que tantas personas se hayan ofrecido ya como voluntarias para la investigación y difusión de la querella. Os invitamos a colaborar en esta Querella, que es de todas y todos. ​
Relación de empresarios incluidos en la ampliación de la querella:1- Rafael Palencia, Presidente de “Degremont Iberia”, filial de “Degremont” (Francia), filial esta a su vez de “Suez Environnement” 2- José Luis Rodríguez Moreno, empresario de comunicación audiovisual 3- Lucio Moreno de Guerra, director general corporativo de Applus, Servicios Tecnológicos, del grupo de Aguas de Barcelona (Agbar) hasta 20064- Cecilio Sánchez Martín, ex Director Comercial de la Zona Este del departamento de Gestión de Aguas de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)5- Camilo José Alcalá Sánchez. Presidente-Consejero Delegado de CYOPSA-SISOCIA S.A. 6- José Antonio Romero Polo, administrador de la mercantil Grupo Romero Polo. 7- José Luis Suárez, Presidente de “Construcciones Parraño S.A. (COPASA)” hasta 2004, después denominada “S.A. de Obras y Servicios COPASA. 8- Vicente Cotino Escrivá, Administrador Único de “ASEDES CAPITAL S.A.”, empresa matriz de “SEDESA”. Presidente de “Fundación SEDESA de la Comunidad Valenciana”. Administrador Único de “SEDESA INVERSIONES”, y de “SEDESA OBRAS y SERVICIOS”. 9- Joaquín Molpeceres Sánchez, del Grupo LICUAS S.A. 10- Antonio Pinal Gil, Presidente - Consejero Delegado de grupo empresas BRUESA Construcción S.A. 11- Ignacio Ugarteche González de Langaríca, Consejero de Urazca Construcciones desde agosto 2003 y Consejero Delegado desde septiembre 2005 actualmente denominada “NEIMAR GESTION INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA 12- Ramón Aigé Sánchez. Presidente de. SORIGUE-ACSA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS S.A. 13- Pilar Pulido Sánchez. Directiva de Ads Brokers 14 Ignacio López del Hierro, directivo de “Construcciones y Gestiones de Servicios S.A.” (CGS), del Grupo ONCE, en los años 1997 y 1998. Apoderado de “Constructora Continental S.A:” desde 1991, Consejero de “Renta Corporation Real State” Consejero de “Bami Newco S.A.”, Consejero Ejecutivo de “Metrovacesa”.15.- Ángel Salado, Administrador de BIO COMBUSTIBLES Y ENERGIAS RENOVABLES DE CASTILLA LA MANCHA
Las organizaciones promotoras de la querella Bárcenas se muestran satisfechas de que las investigaciones den un paso decisivo con la declaración de hoy del ex tesorero. La documentación probatoria ha sido presentada donde corresponde, en sede judicial, y los contactos entre constructores y políticos han sido confirmados. Se arroja luz sobre un sistema organizado y sistemático de pagos y concesiones, como han podido confirmar los abogados de la Asociación Libre de Abogados (ALA), Izquierda Unida (IU), Ecologistas en Acción, Los Verdes y Justicia y Sociedad.
Las revelaciones muestran que el “caso Bárcenas” pasa a otra dimensión. Hoy más que nunca queda patente que lo que realmente se está investigando en la Audiencia Nacional son delitos de extrema gravedad, como delitos electorales y financiación ilegal de partido, sobornos, prevaricación, adjudicaciones ilícitas o cohecho. Se debe hablar de “caso Génova” o “caso constructores”, en alusión a los empresarios que, supuestamente, hicieron los pagos a la contabilidad B del Partido Popular.
Desde que Luis Bárcenas está en situación de prisión preventiva la publicación de material en los medios de comunicación se ha acelerado, pero no ha sido hasta hoy cuando la documentación ha sido aportada donde realmente debe serlo, en sede judicial. Es así como se facilita la investigación para probar los ilícitos penales.
Luis Bárcenas ha hecho entrega de cuantiosa documentación que va desde la contabilidad opaca e ilícita del PP desde 1990 hasta 2008, numerosos recibís de entregas de dinero, notas explicativas sobre la procedencia de los donativos ilícitos o entregas de dinero, hasta resguardos bancarios de ingresos de donativos fraudulentos.
Así mismo, ha declarado y confirmado la veracidad, además de los llamados “papeles de Bárcenas”, de la mayor parte de las informaciones periodísticas aparecidas en los últimos días, así como desde el entorno del Partido Popular.
El ex tesorero del PP ha relatado minuciosamente diversos detalles de visitas a la calle Génova (donde se encuentra la sede del PP) de los constructores pagadores así como diversas comidas entre estos y dirigentes del Partido Popular. Igualmente, Bárcenas ha suministrado diversa información sobre las presiones que, desde el entorno del Partido Popular, se han hecho sobre el que fuera su tesorero para evitar que declarase y confirmase la veracidad de las graves acusaciones que pesan sobre la cúpula del partido.
La querella que se presentó desde la Asociación Libre de Abogados (ALA), Izquierda Unida (IU), Ecologistas en Acción, Los Verdes y Justicia y Sociedad fue interpuesta el 28 de febrero, hace ya más de cinco meses. Ha sido preciso mucho esfuerzo para que no se frenara la investigación judicial y para que Bárcenas declarase como imputado en la querella. El apoyo de cerca de 28.000 personas ha sido fundamental para continuar trabajando y superar esos obstáculos.
IU, ALA, Ecologistas en Acción, Los Verdes y Justicia y Sociedad están convencidos que este no es el final sino el comienzo de un largo camino. Pese al intento de unir la “querella Bárcenas” al procedimiento “Gurtel”, es más que evidente que nos encontramos en otra situación. Para los colectivos de la querella Bárcenas, es importante destacar que el objetivo es investigar los sobrecostes, que vía comisiones ilegales, se han originado en determinados contratos públicos. Para estos colectivos querellantes se está investigando, hoy con mayor fundamento, un supuesto sistema organizado y sistemático de extracción de dinero de la administración pública por la vía de concesiones, contratas e infraestructuras mediante la supuesta comisión de sobornos, cohecho y prevaricación.
La Fiscalía del caso Bárcenas contesta a la solicitud de práctica de prueba solicitada por los querellantes
Tras el internamiento provisional de Luis Bárcenas en prisión y la entrada del diario El Mundo la maquinaria judicial se ha puesto en marcha al menos hacia fuera y en apariencia, dando la sensación de que la velocidad de la instrucción se ha incrementado. Ahora ha tocado a la fiscalía contestar sobre la propuesta de práctica de prueba que realizó la Asociación Libre de Abogados (ALA) y el resto de los colectivos que conforman la querella (IU, Ecologistas en Acción, Los verdes y Justicia y Sociedad).
Aunque la solicitud de la prueba se había realizado hace tiempo (en concreto el 20 de Junio hace casi un mes), no ha sido hasta ahora cuando la fiscalía empieza a moverse rápido. En su escrito, la fiscalía acepta una parte sustancial de lo que la Asociación Libre de Abogados (ALA) y el resto de colectivos de la querella solicitaban.
En concreto, se acepta que Cospedal declare como testigo, se rechaza la petición testifical de militantes del PP como Aznar, Arenas o Cascos. También acepta la declaración de testigos de trabajadores del PP como Luis Molero, cajero de la organización de derechas.
El ramo de prueba solicitada por la acusación tiene como fin la acreditación no del percibo de los famosos sobresueldos, sino incidir y ampliar la investigación sobre la procedencia del dinero que supuestamente se repartían determinados dirigentes del Partido Popular. La Asociación Libre de Abogados quiere llegar al fondo del asunto de la posible comisión de delitos como el cohecho, la prevaricación o la financiación ilegal de los Populares.
La fiscalía no se ha opuesto a la documentación solicitadas a las empresas AZVI, Grupo Villar Mir, Sacyr Vallehermoso o FCC, eso si, ha manifestado la necesidad de limitación en el los años solicitados.
Aunque ahora parezca que la fiscalía es quien lleva la dirección de la Instrucción, es importante tener en cuenta que no ha sido hasta que la Asociación Libre de Abogados (ALA), IU, Ecologistas en Acción, Los Verdes y Justicia y Sociedad presentaron la querella cuando se ha puesto a trabajar. Gurtel lleva varios años de instrucción con una parte sustancial de la documentación que ahora se estudia en sus archivos, sin que la Fiscalía dijese nada. Esta es la labor de las acusaciones populares y así ha sido en este caso. Bárcenas llevaba varios años imputado en el procedimiento Gurtel, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha decretado su internamiento en prisión.
La Asociación Libre de Abogados continuará trabajando, e investigando ya que hay incidicios más que racionales de la existencia de una sistemática y continuada trama para la extracción de fondos públicos en forma de contrataciones, concesiones e infraestructuras a cambio de suculentos ingresos al PP. No son los sobresueldos lo que nos preocupan, es su origen y las contraprestaciones por el recibo de los mismos.
Los querellantes por los papeles de Bárcenas satisfechos por decisión judicial
Las cinco organizaciones impulsoras de la investigación que se sigue en la
Audiencia Nacional por la supuesta contabilidad B del PP se muestran
satisfechas por el auto de prisión dictado contra Luis Bárcenas.
Recuerdan, no obstante, que esta medida llega cuatro años después de la
primera imputación y tres meses después de que la Fiscalía impidiera que
el ex tesorero declarara en el procedimiento abierto tras la presentación
de la querella.
La querella por los denominados papeles de Bárcenas (#QuerellaBarcenas),
que investiga la Audiencia Nacional en una pieza separada a partir de la
acción emprendida por Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados
(ALA), Ecologistas en Acción, Los Verdes y la Asociación Justicia y
Sociedad consideran positiva la decisión del magistrado Pablo Ruz.
La prisión incondicional y sin fianza para Bárcenas está plenamente
justificada ante la gravedad de los delitos imputados, el riesgo de fuga y
la posibilidad real de que el ex tesorero del Partido Popular siga
ocultando a los tribunales de justicia millones de euros que fueron
evadidos del país y cuyo origen se encuentra en prácticas corruptas.
Cabe destacar, no obstante, que de haberse producido la declaración de
Bárcenas en los términos originales que solicitaron los querellantes
mencionados habría sido posible ya el pasado mes de marzo la petición de
prisión incondicional que ha tenido lugar hoy, evitando riesgos o
actuaciones posteriores innecesarios.
Los querellantes señalan que ahora sólo cabe esperar que la investigación
judicial siga avanzando, de forma independiente, y que se conozcan más
pruebas sobre el origen de las comisiones corruptas cobradas por Bárcenas
y que, en buena parte, están descritas en los papeles contables elaborados
Explican también que las acusaciones populares personadas en la causa
abierta para investigar los supuestos pagos realizados al Partido Popular
por parte de diversos importantes empresarios -pagos reflejados en los
papeles de Bárcenas- han solicitado ya que Luis Bárcenas declare sobre
estos documentos escritos de su puño y letra.
Representantes de las cinco organizaciones celebrarán una asamblea abierta
el próximo 3 de julio en Madrid, para analizar la querella junto a las
personas que se han adherido. Son más de 27.000 las firmas recogidas en la
página web habilitada para ello.
Las cinco organizaciones (Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Asociación Justicia y Sociedad y Federación de Los Verdes) que hemos impulsado la querella Bárcenas queremos mostrar al conjunto de la sociedad nuestra valoración profundamente negativa ante las resoluciones judiciales que, impulsadas desde la Fiscalía Anticorrupción, se han venido sucediendo para entorpecer la investigación y apartar al Juez Gómez Bermúdez de la misma.
En las últimas semanas, hemos presenciado una esperpéntica carrera por apartar de la instrucción del caso al Juzgado Central de Instrucción nº 3. Primero, por medio de un inexplicable giro de la Fiscalía que pasó en tan solo en unos días de afirmar que el Juzgado Central nº 5, del que es titular el juez Ruz, no era competente para asumir la investigación de los papeles de Bárcenas a informar en sentido absolutamente contrario, sin que existiesen nuevos elementos. Luego, asistimos a una insólita pirueta judicial protagonizada por la Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, que culminó con un auto sin fundamento legal alguno que cercenaba la posibilidad de que el juez Gómez Bermúdez tomase declaración en calidad de imputado al supuesto delincuente Luis Bárcenas. Entendemos que dicho auto ha vulnerado conscientemente el ordenamiento jurídico, siendo sus autores susceptibles de ser perseguidos criminalmente por la comisión de un delito de prevaricación, no descartando algunas de estas organizaciones la interposición de acciones judiciales en los próximos días.
El último episodio de esta esperpéntica carrera por controlar la instrucción es la decisión de la Sección Tercera, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, que resolvió que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 debía asumir la investigación impulsada desde la interposición de nuestra querella. Denunciamos que dicha decisión de la Sección 3ª estaba viciada de origen, ya que se vulneraron las normas de reparto de la Audiencia Nacional para que el asunto recayese en dicha sección y no en la que legalmente correspondía. Consideramos que la vista se realizó quebrantando los derechos de las partes que habían solicitado personarse en la pieza separada en el Juzgado Central de Instrucción nº 5, ya que no pudieron asistir a la vista y manifestar lo que estimasen conveniente sobre qué Juzgado debía ser competente, lo que produjo una innegable indefensión. Sobre el fondo de la resolución de la Sección 3ª, no podemos dejar de expresar nuestra absoluta disconformidad con la decisión finalmente adoptada, : el auto parte de una escueta y poco convincente argumentación jurídica, evidenciando una falta absoluta de tutela judicial efectiva no solo por la inconsistencia fáctica y jurídica de sus argumentos, sino también ante la falta de motivación a la hora de desestimar implícitamente la totalidad de los argumentos que por esta parte se plantearon los argumentos que por nuestra parte se plantearon. Es importante en este punto que no olvidemos el voto particular de la magistrada Bayarri quien realiza una perfecta argumentación de la cuestión de competencia y de la atribución de la misma al Juzgado Central de Instrucción nº 3 argumentando la aplicación preferente del principio de individualización objetiva de los procesos penales que trata de evitar los macroprocesos y definiendo de manera clara lo que la Jurisprudencia determina como de conexidad para proceder a la acumulación de los mismos, que no se da en el caso que nos ocupa
Resuelta provisionalmente la cuestión procesal, aunque sea de forma contraproducente para los intereses generales al unir la investigación de los papeles de Bárcenas al abismo de papel que suponen los 700.000 folios de la causa Gürtel-Correa, las 5 organizaciones querellantes manifestamos nuestra voluntad de seguir impulsando la investigación con perseverancia y contundencia tal y como hemos realizado hasta ahora y de mantenernos vigilantes y atentos a cómo se desarrolle la instrucción en el Juzgado Central de Instrucción nº 5, juzgado que en cualquier caso está obligado a impulsar con diligencia la investigación . Esperamos que con un apoyo social firme podamos conocer finalmente la verdad y acabar con la impunidad este tipo de delincuencia que ataca no sólo directamente la credibilidad de las instituciones sino de la democracia como espacio de participación de todos y todas. No nos callarán, no nos cansaremos.
La actuación obstructora de la Fiscalía
Las organizaciones que se querellaron contra Bárcenas señalan su satisfacción por el impulso que ha supuesto esta iniciativa para la investigación de la supuesta financiación ilegal del PP y sus vínculos con las empresas beneficiarias de grandes obras públicas. Al mismo tiempo denuncian la actuación de la Fiscalía, que parece ejercer más como defensa de los querellados que facilitando la realización de diligencias para esclarecer la verdad. Por ese motivo, anuncian que proseguirán sus actuaciones legales junto con iniciativas para recabar el apoyo popular a esta causa, como una recogida de firmas de apoyo a la querella.
Las organizaciones y entidades sociales que hemos impulsado la querella contra Bárcenas, varios miembros del PP y diversos empresarios (Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Asociación Justicia y Sociedad y Federación de Los Verdes) queremos trasladar al conjunto de la sociedad nuestra valoración sobre la rápida sucesión de acontecimientos que se han venido desarrollando desde la admisión de la querella.
Por un lado, queremos manifestar nuestra satisfacción ante el hecho incontestable de que, desde la interposición de la querella, la investigación judicial para determinar el alcance criminal de los denominados papeles de Bárcenas se ha acelerado de forma notable. Este hecho está generando una indudable inquietud en diversos poderes políticos y económicos relacionados con el contenido de la querella, algo que solo podemos interpretar como muestra de lo certero de su interposición.
Así, la investigación abierta en el Juzgado Central de Instrucción nº 3 a raíz de la querella que presentamos el 28 de febrero ha comenzado con celeridad y buen rumbo. El Juzgado ha requerido diversa documentación al Partido Popular, el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria y a las empresas constructoras supuestamente sospechosas de abonar diferentes cantidades de dinero al Partido Popular a cambio de adjudicaciones de obras y concesiones públicas. Al mismo tiempo, se ha llamado a declarar, en calidad de imputados, a los responsables de estas empresas mencionados en los documentos de Bárcenas. Dichas declaraciones deberán realizarse a comienzos de abril, siempre y cuando la Fiscalía Anticorrupción no vuelva a torpedear la práctica de dichas diligencias, tal y como está haciendo con otras actuaciones judiciales.
Por otra parte, el Juzgado Central de Instrucción (JCI) nº 5, que actualmente dirige el Juez Ruz, ha iniciado una investigación al relacionar los papeles de Bárcenas con la instrucción seguida en dicho Juzgado contra la trama comandada por el señor Correa. Nos congratulamos de que se investigue, pero no queremos dejar de mostrar nuestra extrañeza ante el hecho de que las actuaciones en este Juzgado solo se hayan iniciado después de que se presentase nuestra querella y de que otro Juzgado impulsase una serie de actuaciones de investigación que evidentemente son de urgente práctica y que no deben demorarse por más tiempo.
Los responsables de la querella no tenemos un interés particular en que un juez determinado asuma finalmente la investigación, pero defenderemos con contundencia que el Juzgado que lleve la causa deberá ser aquel que determine la ley en función de los hitos procesales. Y en este caso ese juzgado es el JCI nº 3, que es el primer Juzgado que abrió diligencias y admitió la querella. En definitiva, queremos que se investigue, pero que se haga sin cortapisas y sin demora.
Parece claro, pues, a la luz de la repercusión social y judicial, que la querella ha resultado certera y oportuna. Pero también resulta evidente que algunas actuaciones llevadas a cabo desde diferentes ámbitos gubernamentales y judiciales tienen más interés en tratar de acallar a los promotores de esta querella y apartarnos de la investigación que en que se conozca la verdad y se sustancien responsabilidades de actuaciones presumiblemente ilícitas.
Así, las organizaciones querellantes queremos denunciar la labor de obstrucción que desde la Fiscalía Anticorrupción se está realizando para evitar que se desarrolle la práctica de diligencias de investigación acordadas por el JCI nº 3, adoptando un comportamiento más propio de una defensa que de una acusación pública. De este modo, se ha llegado incluso a plantear un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para evitar que se tomase declaración al señor Bárcenas, declaración a la que estaba previsto que acudiese esta acusación promotora de la querella, negándonos así la posibilidad de interrogar a Bárcenas y pedir medidas cautelares contra él.
En el mismo sentido, mostramos nuestro estupor ante el Auto de la Sección 2ª de la Audiencia Nacional que, saltándose los cauces procesales determinados en la ley y sin escuchar previamente a los querellantes, produciendo una innegable indefensión a esta acusación, ha decidido imponer la suspensión de la declaración del señor Bárcenas con una resolución que carece de fundamentación legal y no tiene precedentes en la historia de nuestros tribunales.
El compromiso de las cinco organizaciones querellantes es seguir impulsando, cueste lo que cueste, la investigación de las relaciones supuestamente lucrativas entre el PP, sus dirigentes y el poder del ladrillo. Por este motivo, al mismo tiempo que nos reafirmamos en nuestra querella y en sus planteamientos, demandamos un claro apoyo social, necesario para contrarrestar las fuerzas que tratan de echar tierra sobre estos presuntos delitos. Una de ellas es el apoyo a la querella que se puede expresar, por colectivos o personas, en la página www.querellabarcenas.org, y que ya ha recogido más de 25.000 adhesiones. Mientras no se haga justicia, nuestras organizaciones seguirán vigilantes frente a las maniobras que traten de evitar que conozcamos la verdad.
En nombre de las entidades querellantes [1] en la #querellabarcenas presentada contra dirigentes del Partido Popular y empresarios del sector de las infraestructuras, queremos agradecer todas las adhesiones de personas y colectivos que, haciendo caso omiso de las amenazas proferidas por los presuntos perceptores de sobres, han hecho suya esta querella y han gritado: ¡No tenemos miedo!
La mera adhesión a la querella no implica responsabilidad jurídica ninguna, pero somos conscientes de que estas adhesiones de personas y colectivos suponen un gran compromiso por parte de aquellos que habéis alzado vuestra voz contra los que pretenden amedrentarnos para detener la investigación judicial que la presentación de la querella puede y debe suponer. Habéis reivindicado esta actuación legal también como vuestra, y ahora ya lo es. Esta iniciativa de exigencia de responsabilidades pertenece a todas las personas de este país que rechazan el modelo de desarrollismo salvaje y especulativo que nos ha llevado a una crisis económica criminal y depredadora, una crisis imposible de combatir con las mismas políticas neoliberales de despilfarro de recursos y energía, de privatizaciones de servicios públicos y de recortes del gasto público que primero la causaron y ahora la están perpetuando.
Estamos de enhorabuena. Un juzgado, concretamente el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional cuyo titular es el juez Gómez-Bermúdez, ha admitido a trámite la querella presentada y ha aceptado investigar la totalidad de los once delitos por los que se formuló acusación e imputar a doce de los quince querellados, además de ordenar la práctica de trece de las catorce diligencias de averiguación solicitadas por los querellantes. No parece haber mucha duda de que los hechos denunciados pueden constituir graves delitos que merecen al menos ser investigados con seriedad, eficacia e imparcialidad.
Contrariamente a lo que se ha venido difundiendo por parte del Gobierno, el Partido Popular y sus círculos mediáticos más próximos, que han pretendido confundir a la sociedad, ningún otro juzgado de la Audiencia Nacional se ha arrogado a fecha de hoy competencia expresa para conocer de la querella que Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Asociación Libre de Abogados, Asociación Justicia y Sociedad y Federación Los Verdes presentamos.
Es únicamente la Fiscalía Anticorrupción la que, con desconcertantes actuaciones, a nuestro entender impropias de su función social y jurídica, ha generado confusión al respecto. La Fiscalía ha recurrido el Auto de admisión a trámite de la querella, solicitando al Juez que ordenó las diligencias de averiguación que se paralicen las declaraciones de los ocho altos directivos de empresas constructoras querellados que han sido imputados, sin explicar cómo es que ahora se opone a que el Juez acuerde la práctica de la misma diligencia–el interrogatorio delos presuntos corruptores– que a principios de febrero de 2013 la Fiscalía Anticorrupción anunció que practicaría,si bien luego nunca practicó. Previsiblemente, será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quien tenga que resolver el recurso, más propio de una defensa, interpuesto por la Fiscalía.
Finalizamos esta obligada rendición de cuentas a todos los que os habéis adherido a la querella manifestando que, hasta ahora, la situación procesal de la misma supera las expectativas que teníamos en el momento de su presentación, lo que viene a confirmar claramente, ya en sede judicial, la sólida fundamentación y la procedencia de la denuncia realizada. Tras el Auto de admisión a trámite, resulta más inexplicable aún que la iniciativa de querellarse no partiera de los poderes públicos a través de la Fiscalía Anticorrupción.
Queremos recordaros que esta querella es de toda la sociedad y que solo un apoyo social y popular contundente a esta actuación judicial conseguirá hacer avanzar la investigación, sorteando los muchos obstáculos que encontrará y neutralizando las maquinaciones de los poderosos, empeñados en que no se levante la alfombra del inmenso negocio que para algunos, los menos, ha supuesto la construcción especulativa. No quieren que comprobemos lo que para la mayoría es ya evidente, los demasiados cadáveres de los de abajo que se esconden bajo la alfombra del desmantelamiento del estado social, el desempleo, los desahucios y la exclusión social.
Muchas gracias a todas y todos y seguiremos informando.
[1] Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, la Asociación Libre de Abogados, la asociación Justicia y Sociedad y la Federación Los Verdes

References: Resolución 
 artículo 570
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución