Source: https://www.scribd.com/document/92174956/Impugnacion-Concurso-fiscal-de-camara-Claudia-Barcia
Timestamp: 2016-07-30 08:43:01+00:00

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El primer problema que presenta la evaluación de la entrevista en este concurso concreto consiste en la falta total de expresión de criterios objetivos que serían tenidos en cuenta por los entrevistadores. En efecto, en la parte del Acta que aquí impugnamos, referida a los criterios tomados en cuenta para entrevistar se menciona, en primer lugar, lo siguiente:
De la simple lectura del texto citado surge que los criterios indicados en él son una transcripción textual del artículo 35 del Reglamento de Concursos. Estos criterios obligaban a los entrevistadores por ser derecho vigente, no porque estuvieran o no de acuerdo con ellos, y su agregado en el Acta no agrega nada que los concursantes no supieran. Más allá aún, se trata de criterios tan amplios que, si tratáramos de analizar cada una de las entrevistas con la finalidad de evaluarlas y darles una nota de calificación, podríamos poner prácticamente cualquier nota. Más adelante en el Acta se agrega:
Este párrafo sí parece ser obra de los entrevistadores. Sin embargo, presenta dos problemas: a) fue señalado luego de tomar las entrevistas y no antes; y b) del grupo de entrevistas que revisamos personalmente no
surge que se haya indagado a los concursantes de manera mínimamente sistemática sobre ellos. Quizá este párrafo se refiere a los entrevistados de otros concursos. Lamentablemente, dado el extraño formato del Acta que aquí impugnamos, jamás podremos saberlo. En síntesis, está más que claro que ninguno de los entrevistados tuvo conocimiento alguno sobre los temas por los cuales serían interrogados y, con posterioridad, sobre las variables que fueron tomadas en cuenta para evaluar a cada uno de ellos. II. 2. Las “tablitas” calificadoras El segundo grave problema, que invalida todo posible intento de motivación de los puntajes asignados consiste en el original y creativo método de evaluación basado en “tablitas”.
Según el Reglamento de Concursos, el puntaje asignado en la entrevista surge de una “escala de hasta cuarenta (40) puntos (art. 42). En ningún lado del Reglamento surge que los entrevistados podían ser calificados con un máximo de 40 puntos, pero solo con seis notas posibles; o con un máximo de 40 puntos, pero solo con puntajes que vayan de 5 en 5. Con este sistema, necesariamente, se desnaturaliza todo el sistema de evaluación. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en algunos rubros de antecedentes se asigna valor por 0,10 puntos a determinados antecedentes. En este contexto, no se comprende por qué secreta razón y desoyendo el Reglamento de Concursos, quienes evaluaron a los entrevistados optaron por un sistema numérico diferente. Pensemos en el siguiente ejemplo: entrevistamos a dos candidatos, y uno merecería 27 y otro 23 —es decir que habría 4 puntos de diferencia entre ellos—, ambos merecerían 25 puntos, de acuerdo con la exótica escala inventada. Es decir que se pondría en las mismas condiciones a quien sacó los 23 puntos con quien le debería llevar un 10 % de ventaja respecto del total del puntaje por la entrevista. Las consecuencias de la aplicación de estas “tablitas”, por otra parte, pueden ser apreciadas en los resultados de su aplicación en este concurso 40/10. Los tres concursantes que han quedado en segundo lugar (Sergio Martín LAPADÚ, Luis DUACASTELLA y Eduardo RIGGI) obtuvieron un puntaje total de 158 puntos. Mientras que las dos concursantes que se han ubicado en tercer lugar (Claudia Barcia y María Fernanda Botana) obtuvieron 157 puntos. Si Claudia BARCIA hubiera merecido, por ej., 32 puntos por su entrevista, habría quedado sola en segundo puesto. Sin embargo, el sistema de las “tablitas calificadoras” se lo ha impedido. II. 3. La falta de fundamentación La fiscal Claudia BARCIA recibió 30 puntos por su entrevista. ¿Por qué motivo? No lo sabemos. Ella tampoco lo sabe. Aparentemente, y según lo que dicen las “tablitas” calificadoras, ella respondió “correctamente las
preguntas… respecto al cargo a cubrir. La exposición fue completa y clara…” y se desenvolvió con “fluidez y soltura”. Lamentablemente, esta metodología tabuladora no cumple con la exigencia de motivación. Ello pues la “tablita” solo informa, en el mejor de los casos, que los examinadores consideran que deben ser valorados en 30 puntos aquellas personas que actúen en coincidencia con el tercer supuesto de la tabla. Jamás se explicó, sin embargo, por qué razones la intervención de la Sra. Claudia BARCIA en la entrevista coincidía con la del comportamiento de las personas que según los examinadores, merecían 30 puntos. Pero la tabla, en verdad, no describe, sino que valora. Por ello, es indispensable el acto de fundamentación que explique por qué razones la actuación de Claudia BARCIA durante la entrevista debe ser valorada como el tercer supuesto de la tabla, esto es, al que se le asigna 30 puntos. ¿Qué debía hacerse para decir que la evaluación de la entrevista de BARCIA ha sido motivada o fundada? Veamos cómo define GORDILLO el significado de “motivación”:
La fundamentación o motivación del acto, contenida dentro de sus considerandos, es una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a su emanación, o sea sus motivos o presupuestos; es la exposición y argumentación fáctica y jurídica con que la administración debe sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión tomada. Por ello es el punto de partida fundamental para el juzgamiento de esa legitimidad. Debe incluir no una mera enunciación de hechos, sino además una argumentación de ellos; o sea, debe dar las razones por las que se dicta, lo cual puede orientar al intérprete hacia el fin del acto (GORDILLO, Agustín, Tratado de derecho administrativo, Buenos Aires, Ed. FDA, 2011, 10ª ed., t. 3, p. X-15). En cuanto a los actos fundados en parte en facultades discrecionales no habría casi forma de controlarlos si no se exigiera una fundamentación suficiente y adecuada, pues ello equipararía a la existente discrecionalidad como sinónimo de arbitrariedad. El acto “discrecional” inmotivado es lo mismo que decir “lo hago porque quiero,” “porque sí;” eso es demasiado absurdo y autoritario como para admitirlo en un Estado de derecho. El concepto moderno de autoridad ya no se contenta con la mera orden y requiere la explicación que a su vez es condición
del necesario consenso social, determinante de su plena efectividad (GORDILLO, Tratado de derecho administrativo, cit., t. 3, p. X-17). En otras palabras, ha de ser una auténtica y satisfactoria explicación de las razones de hecho y de derecho que llevaron al dictado del acto y no algunas palabras de compromiso, pour la gallerie; el cumplimiento de un escrúpulo puramente formalista y por ende insuficiente. Si tales razones no son amplias y convincentes, o si por la importancia del acto es inadmisible que no se lo haya motivado oportunamente, el acto deberá entonces anularse. La regla, por tanto, es que la ausencia de motivación no puede sanearse y esa falta ocasiona la nulidad del acto; la excepción es que lo haga sólo anulable y pueda motivárselo tardíamente. Pero siempre es un vicio que, o es saneado, o produce la extinción del acto. No cabe a nuestro juicio confirmación ni ratificación alguna a su respecto, sino sólo y como mínimo, saneamiento. Alguien tiene que dar explicaciones de lo hecho (GORDILLO, Tratado de derecho administrativo, cit., t. 3, p. X-23).
De la lectura de estas tres citas surge de manera evidente que jamás sabremos por qué razones, sobre la base de qué hechos, y con qué argumentos se decidió atribuir a la fiscal Claudia BARCIA esos 30 puntos. En efecto, solo podríamos saberlo si se hubieran, al menos, aplicado los criterios considerados válidos para evaluar al concursante a cada caso concreto, examinando cada entrevista y argumentando pro qué se cumplió o dejó de cumplirse con estos criterios y, en consecuencia, explicando por qué el concursante merece determinado puntaje. Nada de esto sucedió en este Concurso 40/10. Por este motivo, a continuación explicamos por qué razones se debe aumentar y en cuánto el puntaje asignado a la fiscal Claudia BARCIA y, además, por qué motivos se debe modificar, y en cuánto, el puntaje obtenido por otros concursantes. II. 4. Modificaciones Si bien evaluar el resultado de una entrevista es una tarea compleja, nos limitaremos a solicitar la modificación del puntaje de dos de ellas: la de la fiscal Claudia BARCIA y la del fiscal Sergio LAPADÚ. En el caso del fiscal LAPADÚ, resulta totalmente incomprensible que su entrevista haya sido calificada con el máximo puntaje. En efecto, en esta entrevista el funcionario se limitó a enunciar una serie de causas
mediáticas y de personajes públicos en las cuales había intervenido. A continuación, interrogado por su eventual plan de trabajo, su respuesta fue tan sencilla como enigmática:
fortalecer las red de contención entre los fiscales de primera instancia y el fiscal de cámara; y recuperar la mística de los fiscales de primera instancia
Con estas respuestas, no se puede asignar el máximo puntaje a ningún concursante. Entre otras razones, pues el entrevistado debe poder exponer, mínimamente, un plan de trabajo. Después de ver el video de esa entrevista en varias oportunidades, no hemos logrado advertir en qué consiste ese plan de trabajo en el caso del fiscal Sergio LAPADÚ. Por lo tanto, solicitamos que se le descuenten 10 puntos a este concursante. En el caso de la fiscal Claudia BARCIA solicitamos que al puntaje previamente asignado se le sumen diez puntos, hasta llegar al máximo puntaje. Ello pues en la entrevista la concursante sí respondió todas las preguntas con la excelencia que la “tablita calificadora” exige. III. LOS ANTECEDENTES III. Cómo manejar el puntaje de antecedentes Como ya hemos indicado, esta Comisión de Selección ha sido la responsable de adjudicar a los concursantes el puntaje en el rubro antecedentes, que puede llegar hasta un máximo de 70 puntos. Como veremos a continuación, el rubro antecedentes, si bien está regulado en el Reglamento, ha sido manejado de tal manera que ha servido para consagrar verdaderas arbitrariedades. Así, se han establecido categorías inexistentes por un valor en puntos del 10 % del total —v. gr., antigüedad—, se han omitido antecedentes que bajaron el puntaje de la fiscal Claudia BARCIA, se han otorgado puntos dos veces por los mismos antecedentes, etcétera.
A continuación realizaremos un breve análisis de estos antecedentes, que ampliaremos en la oportunidad de la audiencia prevista en el art. 39 del Reglamento de Concursos. Expresamos nuestra voluntad, entonces, de mantener oralmente los fundamentos de nuestra impugnación en dicha audiencia pública. Un solo ejemplo pone de manifiesto el descuido con que esta Comisión se ha tomado sus obligaciones: en los antecedentes de la fiscal Claudia Barcia se ha reconocido, en el rubro “Antigüedad” su trabajo en el “Poder Judicial de la Nación, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y Poder Judicial de la CABA”. No sabemos de dónde surgió esta referencia al poder judicial bonaerense, pues Claudia BARCIA jamás trabajó en esa jurisdicción. III. 2. Los antecedentes profesionales En este rubro, sin justificación alguna, el Comité de Selección divide entre los 21 puntos por el cargo que ocupa el concursante y 7 puntos por antigüedad mayor a diez años. De esta manera, equiparan a quienes ocupan un cargo por concurso y cumpliendo los requisitos del párrafo I. A. 1 del art. 41, a la situación de quienes no han cumplido esos requisitos. Eso sucede, precisamente con la fiscal Claudia BARCIA y con el concursante Eduardo Javier RIGGI. En efecto, se adjudicaron 16,50 por “antecedentes profesionales” a Eduardo RIGGI teniendo en cuenta que él ha declarado ser “Secretario de primera instancia en la Fiscalía General en lo Penal, Contravencional y de Faltas” y, también, que él “refiere asimismo ser Fiscal Interino en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas”. Es decir que si limitamos los 21 puntos a la función estamos diciendo que un secretario como Eduardo RIGGI (designado como secretario el 25/11/2009) con un año y 9 meses de antigüedad en el puesto —cargo al que claramente no llegó por concurso—, apenas alcanzando el tiempo reglamentario que es de un año en el cargo que requiere título de
abogado, tiene una puntuación de 16,50. Al mismo tiempo, la fiscal Claudia BARCIA, designada como fiscal titular por concurso en 2003 y la siendo fiscal por concurso desde 2003, tiene 21 puntos. La exigua diferencia no solo resulta incomprensible sino que carece de todo fundamaento. Así, si se considera que 8 años de función por especialidad merece una puntuación de 21, una simple regla de 3 concluiría que 1 año de función sólo podría alcanzar una asignación de 2,60 puntos. Y aun así el cálculo beneficia a Eduardo RIGGI, pues estamos omitiendo las diferencias entre la función de una fiscal y la de un simple secretario de primera instancia. Por lo demás, se debe ignorar la falsedad en la que incurrió el concursante Eduardo RIGGI al describir a su función en su formulario de antecedentes como la de un “fiscal interino”. Recordemos que es secretario de primera instancia con un año de antigüedad al tiempo de la prueba escrita. Según la Resolución FG n° 231/10 del 20/7/2010, Eduardo RIGGI quedó en el puesto 22 (sobre 29 que quedaron en el orden definitivo) de un concurso interno para la cobertura interina de fiscales del fuero penal, contravencional y de faltas. Según esa resolución RIGGI no es fiscal interino sino que integra un listado de funcionarios para cubrir interinamente la función de fiscal de primera instancia. Sin embargo, Eduardo RIGGI en el formulario de antecedentes consigna como “Función” la de “Fiscal interino (por concurso de oposición y antecedentes, resolución FG n° 231/10, concurso nro. 3-10 PCyF) y en “Período” consigna: “obtuvo la plaza pero aún no ha sido designado”. Riggi no es fiscal interino y, en consecuencia, esta Comisión de Selección debe considerar la aplicación del artículo 45 del Reglamento de Concursos, ya que faltar a la verdad de esta manera, logrando que la Comisión incurra en el grosero error de considerarlo fiscal interino, constituye una conducta claramente contraria a la buena fe que debe regir
un procedimiento de selección de funcionarios encargados de “promover la actuación de la justicia”. Sin perjuicio de ello, corresponde que en el rubro “Antecedentes profesionales” se le asignen al concursante Eduardo RIGGI 2,60 puntos (como máximo) y en consecuencia se le descuenten 13,90 puntos. Resulta razonable este criterio si la comisión ha tabulado algunos ítems, por ejemplo 0,20 puntos por publicación. III. 3. La antigüedad del concursante Eduardo RIGGI Los 7 puntos de antigüedad en el cargo, por su parte, también plantean un grave problema. Según el certificado laboral expedido por el Poder Judicial de la Nación, Eduardo RIGGI ingresó al poder judicial el 29/11/1994 y renunció el 13/3/2007, habiendo gozado de licencia desde el 1/9/2002 hasta la fecha de su renuncia. Es decir que efectivamente, trabajó en la justicia: 7 años y 9 meses. Además, consta en el formulario de antecedentes que ingresó al Ministerio Público Fiscal el 22/1/2009. Hasta el 8/9/2011, día anterior a la prueba escrita, suma 2 años y 7 meses. Es decir, 10 años y 4 meses. Pero según su formulario de antecedentes se desempeñó como “Profesor ayudante con título de Doctor de Derecho Penal a tiempo completo” en Barcelona hasta el 24/9/2009, es decir que si estuvo a tiempo completo en España no trabajó en el país hasta esa fecha, o sea, por un lapso de 8 meses: su antigüedad, entonces, se reduce a 9 años y 8 meses. Además, si bien gozó de licencia en el Poder Judicial de la Nación desde el 1/9/2002, de su formulario de antecedentes surge que realizó seminarios del Master en Barcelona entre el 25/10/2001 al 8/3/2002, razón por la cual su antigüedad se reduce a 9 años y 4 meses. Solicitamos, en consecuencia, se le descuenten 7 puntos por considerar que tiene más de 10 años de antigüedad en el poder judicial. Resulta interesante que esta Comisión no mencionó en la síntesis que realiza de los antecedentes profesionales los períodos en que RIGGI no trabajó en el
Poder Judicial y que, en consecuencia, no resultan computables como antigüedad. A diferencia del resumen que la Comisión realiza para el resto de los concursantes en que sí se señala. Tampoco refirió las fechas de ingreso en el PJ CABA. III. 4. Ausencia de consideración de posgrados Otro gravísimo problema que ha afectado el puntaje asignado a la fiscal Claudia Barcia ha sido la omisión del posgrado de “Formación de capacitadores para la reforma procesal penal” que ella realizara en CEJA en el año 2008. En realidad, lo consideran en “otros antecedentes relevantes” y le asignan 0,50 puntos. El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es un organismo del sistema interamericano, dotado de autonomía técnica y operativa, creado en 1999 por las instituciones del Sistema Interamericano. Su sede está en Santiago de Chile y sus miembros son todos los países integrantes activos de la Organización de Estados Americanos (OEA). CEJA fue creado en 1999, por resolución de la Asamblea General de la OEA. Los Cancilleres de los Estados Miembros dieron cumplimiento de ese modo al Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas (1998), y a las recomendaciones de las Reuniones de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas (REMJA). CEJA se rige por su estatuto y su reglamento, debiendo sus actividades desarrollarse de acuerdo con las directrices contenidas en las conclusiones y recomendaciones de las REMJA. Su Consejo Directivo está integrado por siete miembros elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA. Desde mediados de los años ochenta la mayoría de los países de América Latina ha emprendido reformas muy significativas orientadas a transformar sus sistemas de administración de justicia. En este contexto CEJA ha desarrollado el Programa Interamericano de
Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal, con el objetivo de capacitar a todos los profesionales del área del derecho vinculados a los procesos de reforma en los sistemas de justicia criminal de la región, destinado a entregarles conocimientos y herramientas para transformarse en actores capaces de contribuir a la solución de los problemas que enfrentan los nuevos sistemas penales en sus países. El objetivo general del Programa es proveer a los participantes de conocimientos y herramientas que les permitan fomentar enfoques y prácticas innovadores orientados a la resolución de los problemas concretos en la implementación de las reformas a la justicia criminal en los países de América Latina. De esta forma el Programa intenta contribuir al fortalecimiento del proceso de transformación que experimenta el proceso penal en la región. El programa consistió en la realización de un Curso Base y un Curso Avanzado, con una semana presencial en Santiago de Chile cada uno. Además, un Curso Intermedio con 10 módulos de trabajo, los que incluyen el trabajo de revisión de materiales, realización de actividades, interacción con los docentes y evaluación. La aprobación final del Programa requirió la presentación de un proyecto con soluciones innovadoras y adaptadas a las diferentes realidades que ofrecen los países de la región. Asimismo, la última etapa del Programa consistió en la realización de réplicas locales con el fin de consolidar todos los conocimientos aprendidos y llevar adelante el rol de capacitadores en los países respectivos. El art. 41 del Reglamento dispone para este rubro que serán preferidos aquellos estudios vinculados al perfeccionamiento de la labor judicial y a la materia de competencia de la vacante a cubrir. Las especificaciones del Programa Interamericano vinculado a la Reforma Procesal Penal cumplen acabadamente con los requisitos exigidos y dadas las características, la carga horaria (200 horas), la presentación de un proyecto final para su aprobación, sumado a las réplicas locales que realizó Claudia BARCIA,
conforman acreditación suficiente como para otorgarle puntaje en este rubro y por encima de los 0,50 puntos que se le asignaron como “otro antecedente relevante”. El Reglamento no exige que los Posgrados se dicten únicamente en Universidades. Pareciera que así lo entiende sin fundamento alguno la Comisión cuando, a modo de ejemplo a Marcelo BARTUMEU ROMERO se le consideran posgrados en la Universidad Notarial Argentina y en la UBA (5,60), y a Fernanda BOTANA en la UBA y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (5,60). En ese sentido, siendo que por un posgrado se han otorgado 4,50 puntos (entre ellos a Eduardo RIGGI y a Javier CUPITO), corresponde que se le adjudiquen a Claudia BARCIA el mismo puntaje en este rubro. III. 5. Publicaciones En el rubro “Publicaciones” se le asignó a la fiscal Claudia BARCIA 3,20 puntos, reconociéndosele once publicaciones en medios especializados y un capítulo en obra colectiva. También se considera la edición a su cargo de los cuatro primeros números de la Revista “Justicia Porteña”. En primer lugar, debemos señalar que Claudia BARCIA ha publicado dos capítulos en obras colectivas, razón por la cual sus antecedentes en el rubro son incompletos. Por otra parte, se valoró la edición de una revista del mismo modo que la publicación de un artículo, como se reconoció a Sergio LAPADÚ por la publicación de un trabajo en esa revista. Aparentemente, ningún miembro de esta Comisión ha estado a cargo de la edición de una revista jurídica. De otro modo, no habrían otorgado tan escaso puntaje a esa tarea, desconociendo el enorme esfuerzo que ella significa. Por este motivo, solicitamos se agregue el puntaje del capítulo en obra colectiva omitido, y se aumente el puntaje por la edición de los cuatro números de la Revista “Justicia porteña”.
IV. CONSIDERACIONES FINALES Resulta llamativo que la Comisión considere que el concursante Eduardo RIGGI supera a la fiscal Claudia BARCIA en antecedentes en 5 puntos, y haya pasado al segundo lugar que ella ocupaba con las calificaciones técnicas por una diferencia de 4 puntos. También es llamativo que al fiscal Luis DUACASTELLA, a quien Claudia BARCIA superó en las calificaciones técnicas por tres puntos y en antecedentes por seis puntos —es decir, ampliamente por 9 puntos—, se lo haya ubicado en segundo lugar pero esta vez superándola en la entrevista personal, colocándolo con 10 puntos encima. A ello se suma la calificación obtenida por Sergio LAPADÚ en antecedentes y entrevista, colocándolo también en segundo lugar empatado con sus colegas Luis DUACASTELLA y Eduardo RIGGI. A Sergio Lapadú la fiscal BARCIA lo superaba en 11 puntos en las calificaciones técnicas. Paradójicamente, en la entrevista la comisión le asignó diez puntos más y dos puntos más en antecedentes. Los tres concursantes de género masculino nombrados quedaron, en definitiva, un punto por encima de la concursante que aquí impugna. A partir de la puntuación que hicieron discrecionalmente los tres hombres que integran la Comisión de Selección —Sebastián De Stéfano, Horacio Corti y Javier Concepción— las mujeres con mayor puntaje en este Concurso quedamos en quinto lugar. En el caso de Claudia BARCIA, ubicada en segundo lugar antes de la tarea de esta Comisión, ha sido superada en un punto por quienes ocupaban el tercero, cuarto y sexto puesto. Por las razones señaladas en esta presentación, solicitamos a esta Comisión de Selección que revise y corrija las arbitrariedades que caracterizaron este proceso de evaluación y que afectan gravemente la validez de este Concurso.
Dado el breve plazo que se nos ha concedido para presentar esta impugnación, manifestamos nuestra voluntad de expresar también oralmente la fundamentación de nuestra solicitud en la audiencia pública prevista en el art. 39 del Reglamento de Concursos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 24 de abril de 2012
Impugnación Concurso fiscal de cámara Claudia Barcia by ABovino10.0K viewsEmbedDownloadCategories: Types, Business/Law, Court FilingsRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
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 Resolución 
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 artículo 45
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