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Timestamp: 2017-10-23 09:49:57+00:00

Document:
DETERMINACIÓN DEFINITIVA DE LOS ACREEDORES QUE PUEDEN VOTAR LA PROPUESTA
Walter Rubén Ton
Si bien partimos de la idea de considerar al proceso concursal como una reorganización empresaria ya que no podemos entenderlo de otra manera, esta reorganización empresaria necesita no sólo la buena intención de los deudores en elaborar un buen plan de trabajo, sino también de los acreedores de apoyar al deudor para poder lograrlo.-
¿En que momento se manifiesta el apoyo de los acreedores?. Cuando votan afirmativamente la propuesta del deudor.-
Esto hace que surja una de las grandes problemáticas que vivimos quienes actuamos en el ámbito concursal.-
¿Qué acreedores serán tenidos en cuenta para el computo de las mayorías en la aprobación de la propuesta del deudor en el concurso?
Nuestro derecho tiene una solución evidentemente muy clara que surge de la conjunción de las normas de los artículos 36 y 45 de la ley 24.522.-
El artículo 36 dispone claramente que la resolución judicial de verificación es definitiva a los fines del cómputo en la evaluación de mayorías y base del acuerdo, por tanto se tendrán en cuenta para el mismo los acreedores verificados y los declarados admisibles.-
Por tanto no debiera haber problema alguno en el tratamiento de éste tema, sin embargo la cuestión no se termina acá, puesto que tenemos tres categorías de acreedores quirografarios: los verificados, sobre los que no habría duda en la aplicación de esta norma, tenemos también los admisibles y los inadmisibles, que son aquellos acreedores, que todavía no tienen una resolución definitiva de verificación, puesto que la resolución puede ser revisada por el mismo Tribunal e incluso apelada ante el Superior.-
Existen también los verificantes tardíos, los que han recurrido al pronto pago laboral, quienes han continuado con el proceso de conocimiento, cuyas resoluciones equivalen a sentencia y los que renunciaron al privilegio.-
La duda entonces es qué pasa si esa resolución cambia la situación de estos acreedores antes de que venza el periodo de exclusividad.-
Si aplicamos la ley, que es nuestra opinión, podemos alejarnos de la verdad real, puesto que acreedores reales no tendrán derecho a votar y quizás voten los acreedores que en definitiva han sido desestimados como tales en el proceso concursal.-
Es importante determinar en primer lugar quién tiene derecho a voto en el periodo de exclusividad.-
Los acreedores quirografarios (salvo que haya propuesta para privilegiados lo cual trataremos en otro capítulo).-
Estos acreedores tienen que ser indudablemente de causa o título anterior, puesto que sino, no participarían del concurso.-
Deben haber concurrido a la verificación y en dicha resolución, tienen que haber sido declarados por el juez verificados o admisibles.-
Recordemos que hay tres posibilidades para estos acreedores: Ser declarados verificados, cuando la solicitud formulada en cuanto al crédito y al privilegio no ha sido observada por el síndico, el deudor o los acreedores y el juez lo estime procedente.-
Cuando existan observaciones el juez debe decidir declarándo admisible o inadmisible el crédito o el privilegio.-
El artículo 36 de la ley concursal dice: "Estas resoluciones son definitivas a los fines del cómputo en la evaluación de mayorías y base del acuerdo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente"
Sin ésta última parte, que hemos subrayado, no tendríamos ninguna duda de que éste sería el momento en que queda determinado de manera definitiva los acreedores que votan la propuesta.-
Pero el artículo siguiente al mencionado indica que la resolución del juez que lo declara admisible o inadmisible puede ser revisada a petición del interesado.-
Como ya hemos adelantado consideramos que la sentencia de verificación, es el momento en que queda determinado definitivamente quienes votan, por una cuestión de seguridad jurídica.-
La misma seguridad jurídica es la que nos hace estar de acuerdo con Lidia Vaiser al decir que el voto ya otorgado no puede ser retractado "........una vez otorgada la conformidad (aceptación de la oferta), la misma no puede retractarse, ya que presentadas por el deudor en el expediente, debe reputarse que el contrato ha quedado perfeccionado".-
La jurisprudencia también ha receptado esta tesis en Benedetti Agropecuaria S.C.A donde se prorrogó el periodo de exclusividad, se presentan los acreedores ahora admitidos en el cómputo y piden ser reconocidos al tiempo de juzgar cumplidas las mayorías. En primera instancia se resuelve afirmativamente, pero la Cámara revoca la decisión considerando definitiva la resolución que manda el art. 36.-
Estos acreedores verificados y los admisibles deberán otorgar, hasta el día de vencimiento del período de exclusividad una declaración escrita, con el texto de la propuesta, con firma certificada por escribano público, autoridad judicial o administrativa en el caso de entes públicos nacionales, provinciales o municipales que indique su conformidad, que el deudor deberá acompañar al proceso.-
Sólo se computarán las conformidades que lleven fecha posterior a la última propuesta o a la última modificación presentada por el deudor en el expediente.-
Para considerar obtenida la mayoría necesaria estas conformidades deben representar la mayoría absoluta de los acreedores que representen las dos terceras partes del capital computable.-
Como veremos después estas mayorías deben ser obtenidas en cada una de las categorías y otorgadas por los acreedores quirografarios verificados y declarados admisibles y los privilegiados que hayan renunciado al privilegio y que se hayan incorporado a esa categoría de quirografarios.-
EXCLUSIÓN DEL VOTO
No deben ser tenidos en cuenta en el cómputo de las mayorías el acreedor admitido como quirografario, por habérsele rechazado el privilegio invocado, si hubiese promovido incidente de revisión en los términos del artículo 37.-
Se excluye también del cómputo al cónyuge, los parientes del deudor dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o adoptivos, y sus cesionarios dentro del año anterior a la presentación.-
Tratándose de sociedades no se computan los socios, administradores y acreedores que se encuentren respecto de ellos en la situación del párrafo anterior. Esta prohibición no se aplica a los acreedores que sean accionistas de la concursada, salvo que se trate de controlantes de la misma.-
En estos momentos está en franca discusión, si esta enumeración es taxativa o no.-
Coincidimos con Andrés y Martín Stupnik quienes en una reciente publicación en la revista Errepar defienden la postura de que no se debe excluir del cómputo de las conformidades a quien tiene un interés personal, como puede ser el abogado de la concursada o el escribano certificante de las firmas de las conformidades, indicando que obviamente, todo acreedor tiene un interés personal a favor o en contra del concursado, no sólo el abogado o el escribano que pueden seguir trabajando con él, sino también a modo de ejemplo, el que pretende comerciar en el futuro. La ley no excluye del cómputo al acreedor que tiene un interés personal evidente.
Adelantando nuestra opinión diremos que en principio es taxativa la enumeración, puesto que se trata de una prohibición y éstas deben ser siempre consideradas en forma restrictiva.-
Indudablemente que siempre hemos sostenido que el plexo normativo no se agota en la ley concursal, por lo que se pueden aplicar otros institutos del derecho que indiquen que ese voto no debe ser computado y el juez concursal tiene hoy en sus manos después de la reforma operada por la ley 25.589 al art. 52 cuarto párrafo la disposición de que en ningún caso homologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley.-
Si bien parece extraño que tratemos el tema de la categorización en este trabajo, es de suma importancia saber si las categorías son definitivas o pueden ser reemplazadas, teniendo en cuenta que las mayorías deben ser obtenidas en cada una de ellas.-
Este instituto, que se agrega a nuestro derecho con la sanción de la ley 24.522, está cambiando una antigua concepción en esta rama de estudio que es la igualdad de todos los acreedores.-
En realidad debemos reconocer que esta igualdad nunca existió. La mayor desigualdad la tenemos con el tratamiento de los privilegios. El acreedor privilegiado de ninguna manera es igual a los otros acreedores.-
La ley concursal permite, una vez dictada la resolución de verificación (art. 36) presentar a la sindicatura y al juzgado una propuesta fundada de agrupamiento y clasificación en categorías de los acreedores verificados y declarados admisibles, teniendo en cuenta montos verificados o declarados admisibles, la naturaleza de las prestaciones correspondientes a los créditos, el carácter de privilegiados o quirografarios, o cualquier otro elemento que razonablemente, pueda determinar su agrupamiento o categorización, a efectos de poder ofrecerles propuestas diferenciadas de acuerdo preventivo.-
Hemos dicho "puede" y no por error, no obstante que la ley dice debe. Pero esta regla imperativa, vemos que no tiene ninguna sanción, por tanto consideramos que tiene que interpretarse como una facultad del deudor concursado y no como una obligación del mismo.-
Como mínimo debe haber 3 categorías: a) quirografarios; b) quirografarios laborales y c) privilegiados. En caso de existir acreedores subordinados integrarán una distinta categoría.-
No estamos de acuerdo con la Dra. García en que el deudor podría renunciar a que exista la categoría de quirografarios laborales, porque la ley es expresa en tal sentido.-
El juez sí, está obligado a dictar una resolución de categorización, aceptando o no la propuesta por el concursado, indicando cuales son los acreedores comprendidos en ella.-
Las categorías consideramos que se fijan definitivamente al momento de la resolución del juez, hasta ese instante puede el deudor sugerir el cambio de las mismas.-
Consideramos que el juez no tiene facultades para decidir por su cuenta las categorías, él sólo debe aceptar las propuestas por el deudor, teniendo en cuenta el oportuno consejo del síndico, o rechazarlas y quedarse con las mínimas que indica la ley.-
Basamos esta afirmación, porque el concursado cuando categoriza, está marcando una estrategia que va a seguir en el proceso concursal y nadie mejor que él, que está reorganizando su empresa, y que no ha sido desapoderado, para saber que le va a ofrecer a cada categoría de acreedores, recordemos que la categorización es al sólo efecto de poder ofrecer propuestas diferenciadas.-
Decíamos que era importante tratar este tema, dentro de este trabajo de cómputo del voto, porque en el sistema de la ley 24.522 hay que conseguir la mayoría en cada una de las categorías, no desconociendo sin embargo que después de la reforma operada por la ley 25.589 se permite al juez homologar el acuerdo e imponerlo a la totalidad de los acreedores quirografarios, aunque no tenga la mayoría de todas ellas.-
Y por el hecho de tener que conseguir las mayorías en cada categoría creemos con Dario Tropeano que hay que "dar certeza a la estrategia que construirá el deudor en la etapa clave de la categorización, donde no puede existir "una emboscada" que bajo la sorpresa haga aparecer creditoris en cualquier tiempo legal. Hay que respetar además dos novedades legislativas que son derechos: La categorización que debe necesariamente implicar conocer a quienes se tiene enfrente para luego agrupar; y el periodo de exclusividad, verdadero "periodo de tranquilidad" para negociar con certezas y sin sorpresas".-
Habíamos anticipado que el primer problema que debemos analizar en el tratamiento de este tema, es el de los acreedores revisionantes.-
La resolución que declara verificado el crédito y, en su caso, el privilegio, produce los efectos de la cosa juzgada, salvo dolo, es decir, que no hay duda de su definititividad con respecto al cómputo del voto en esos casos.-
Nos surge el problema con la segunda parte del art. 37 L.C.Q que indica que la resolución que lo declara admisible o inadmisible puede ser revisada a petición del interesado, formulada dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la resolución prevista en el art. 36.-
Esto unido a la última parte del art. 36 que ya habíamos remarcado "sin perjuicio de lo dispuesto en el art. siguiente", cuando se refiere al cómputo en la evaluación de las mayorías, hace que la doctrina se plantee una profunda duda que trataremos a continuación.-
En esta revisión de la resolución de verificación pueden ocurrir dos cosas: que el juez confirme la misma con lo que no habría problemas; o que sea cambiada, en este caso, profundizaremos nuestro análisis.-
El crédito admisible puede rechazarse a través de la revisión del mismo, y esto puede ocurrir aún vigente el periodo de exclusividad. Apareciendo el problema de si el voto de este acreedor se debe tener presente en el cómputo de las mayorías o no.-
Sería injusto realmente que este acreedor sea tenido en cuenta cuando existe una resolución expresa del juez que está indicando que en realidad no es acreedor.-
También podría ocurrir lo inverso, es decir, que al acreedor que fue declarado por la resolución del art. 36 LCQ no admisible, le sea reconocido su crédito a través de la revisión y que no obstante ser acreedor no pueda votar.-
Nos encontramos, como en muchas de las situaciones del derecho, con una antinomia. ¿Cuál de los dos valores es más importante?
Siempre nos hemos inclinado por la seguridad jurídica, salvo que se afecten o conmuevan principios básicos del derecho.-
Este tema ha traído tantas discusiones que incluso se solicitó en Tecno Agro Vial S..A una medida cautelar a fin de que no se tuviera en cuenta en el cómputo un crédito con resolución de verificación, mientras se discutía si el mismo correspondía ser verificado en pesos o en dólares por la ley de pesificación, la que fue a nuestro parecer acertadamente rechazada por el juzgador
Es interesante ver la incidencia del acreedor tardío en la votación del acuerdo. Es una situación parecida a la del revisionante.-
Acreedor tardío es aquel que dentro del tiempo normal de la verificación no se presentó, no obstante, la ley le permite hacerlo mientras se tramite el concurso, por incidente, teniendo un plazo de prescripción de dos años desde la presentación del mismo.-
Se indica claramente que los efectos del acuerdo homologado se aplican también a los acreedores que no hubieren solicitado la verificación, una vez que hayan sido verificados o declarados admisibles, señalando también que los acreedores verificados tardíamente no pueden reclamar de sus coacreedores lo que hubieren percibido con arreglo al acuerdo, y el juez fijará la forma en que se aplicarán los efectos ya ocurridos, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones.-
Nuevamente nos cuestionamos que pasaría si el acreedor es declarado verificado o admisible antes del vencimiento del periodo de exclusividad ¿debe votar o no?.-
Rubín , citando a Bruzzo en un trabajo anterior publicado en la ley 1999 E pág 1.235 dice: "El mismo autor reconoce que la ley no establece cómo se resuelve la situación de los acreedores cuyos créditos son aceptados por sentencia dictada en un incidente de revisión o de verificación tardía, lo que puede dar lugar a dificultades, sobre todo cuando no esta claro si el acreedor en cuestión entra en alguna de las categorías aprobadas por el juez".- Sigue diciendo "Sin embargo, cuando el art. 41 de la ley concursal se refiere a los acreedores "verificados y "declarados admisibles" no los limita a los declarados como tales por la sentencia del art. 36 de la ley concursal. De manera que, respetando el principio constitucional de legalidad, no debe distinguir el interprete donde el legislador no lo ha hecho".-
De todas maneras mantenemos nuestra opinión dada al tratar el acreedor revisionante. teniendo en cuenta que la ley nada dice sobre ello, salvo la clara norma del art. 36, consideramos que no tendría derecho al voto, si se lo ha declarado verificado o admisible posteriormente a la resolución del art. 36..-
El pronto pago laboral que en la ley concursal fue mal injertado en el art. 16, dispone que el juez del concurso autorizará el pago de las remuneraciones debidas al trabajador, las indemnizaciones por accidentes, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido y las previstas en los art. 245 a 254 de la ley de contrato de trabajo, que gocen del privilegio general o especial, previa comprobación de sus importes por el síndico, los que deberán ser satisfechos prioritariamente con el resultado de la explotación.-
Se ha previsto que en el caso de denegación del pronto pago, el trabajador debe verificar su crédito conforme al procedimiento previsto en el art. 32 y sig., pero nada se ha previsto con respecto al acreedor laboral que ha logrado el éxito de la misma y no ha podido cobrar.-
Esta expresión del resultado de la explotación, es muy confusa, ya que ni la doctrina, ni la jurisprudencia han podido ponerse de acuerdo en cuál es su justo alcance. Pero debemos decir, que si bien está caratulado como pronto pago, como bien se ha dicho no es un pronto cobro.-
No nos cabe duda que el pronto pago equivale a la verificación.-
En principio, en esta situación, no aparecería el problema por tratarse generalmente de un privilegiado que no vota, salvo que haya acuerdo de privilegiados o haya renunciado al privilegio, tema que analizaremos luego.-
Si se tratare de un quirografario laboral creemos que al ser equivalente el pronto pago a la sentencia de verificación, y siendo anterior a la resolución del art. 36, debiera votar como está indicado para los verificados y admisibles.-
CONTINUACIÓN DE LOS PROCESOS
En los nuevos aires que trajo la ley 24.522 permitió la continuidad del proceso de conocimiento, radicándolo por ante el juzgado del concurso hasta el dictado de la sentencia.-
Esta sentencia que dicta el juez del concurso, vale en su caso como pronunciamiento verificatorio.-
Otra vez nos encontramos con el mismo problema, recordemos que del juego de los art. 36 y 37 LCQ surge que votan los acreedores declarados verificados y admisibles.-
El acreedor que continuó el juicio y obtuvo sentencia, la misma equivale a verificación del crédito, pero no está contemplado si vota o no el acuerdo.-
Consideramos que acá la solución debe ser la misma que hemos propuesto para el solicitante de pronto pago. Si la sentencia se obtiene antes de la resolución del art. 36 debe votar, en caso contrario no.-
Interesante es el problema que se plantea con la renuncia al privilegio, admitida por la ley 24.522 lo que hace que el acreedor quede comprendido en alguna de las categorías de los acreedores quirografarios y por tanto votar el acuerdo.-
El único límite que pone la ley es que la renuncia no debe ser menor al 30 %, salvo en los laborales en donde no puede ser menor al 20 %, pero nada dice en cuanto al tiempo hasta el cual puede efectuarse la renuncia.-
Esta renuncia al privilegio ¿puede ser tácita o debe ser expresa?. En materia laboral ninguna duda nos cabe de que no sólo debe ser expresa, debe ser también ratificada en audiencia ante el juez del concurso, con citación a la asociación gremial legitimada.-
Interesante es el caso en que no se denuncia el privilegio en el pedido de verificación. Podemos considerar que el juez en la sentencia de verificación no puede conceder más que lo que se ha solicitado en la demanda, en ese caso se tendrá por renunciado tácitamente el privilegio o podrá estiamar que la renuncia requiere la forma expresa (art. 43 L.C.Q) .-
Favier Dubois concluye que la omisión del pedido de verificación tempestiva del privilegio no debe interpretarse como renuncia tácita, salvo que el acreedor votare como quirografario.-
En nuestra opinión la demanda enmarca lo que el juez puede conceder. Nunca puede ser mayor lo concedido que lo solicitado.-
La doctrina ha discutido profundamente este tema de hasta cuando se puede hacer la renuncia, si hasta la categorización o hasta el vencimiento del periodo de exclusividad o tal vez hasta la audiencia informativa.-
¿Cómo funcionará esto con respecto a la posibilidad de votar?. El art. 36 es muy claro al indicar que las resoluciones son definitivas a los fines del cómputo en la evaluación de las mayorías y base del acuerdo.-
Recordemos que esta resolución no sólo se refiere a la procedencia del crédito, sino también al privilegio.-
Si nos atenemos a la fría letra de la ley el acreedor que renuncia al privilegio no debiera ser tenido en cuenta para el cómputo del voto, pero nos preguntamos entonces ¿para que la ley ha previsto la renuncia al privilegio?.-
Es esta una difícil situación, puesto que si permitimos la votación del acreedor renunciante no vemos la utilidad de la categorización.-
Si la categorización es para que el deudor pueda agrupar a sus acreedores de una manera razonable y a fuer de ser sinceros, estudiando como le dan los números para el cómputo de los votos. Si permitimos la votación de un acreedor que aparece después, la estrategia del deudor puede ser modificada y muchas veces hemos dicho, la finalidad del concurso, debe ser que la empresa continúe pero reorganizada.-
A modo de ejemplo diremos qué pasaría con un deudor que no tiene acreedores laborales quirografarios y se produce la renuncia al privilegio después de categorizado. Éste acreedor podría llegar a manejar el concurso.-
Indudablemente que estamos de acuerdo con la Dra. Bertune que el juez después de la sanción de la ley 25.589 podría solucionarlo con la posibilidad del art. 52 inc. 2. Pero recordemos que para su aplicación se exigen muchos requisitos
La ley no nos da mucho margen para poder tomar una decisión al respecto, pero en base a lo expresado consideramos que el acreedor renunciante sólo podría votar, si la renuncia se opera antes de la resolución de categorización.-
En nuestro sistema legal el deudor puede ofrecer propuestas a los acreedores privilegiados o a alguna categoría de éstos.-
No hay duda que la situación es distinta puesto que como indica el art. 47 LCQ si el deudor no hubiere obtenido, antes del vencimiento del periodo de exclusividad, la conformidad de la mayoría absoluta de acreedores y dos terceras partes del capital computable y la unanimidad de los acreedores privilegiados con privilegio especial a los que alcance la propuesta, no se le declarará la quiebra salvo que hubiere manifestado en el expediente, en algún momento, que condicionaba la propuesta a acreedores privilegiados a la aprobación de las propuestas formuladas a acreedores quirografarios.-
¿Quiénes votan estas propuestas?. Creemos que la solución debe ser la misma indicada por el art. 36 los acreedores verificados y declarados admisibles, pero en éste caso no sólo en su crédito, sino también en su privilegio.-
En el sistema de la ley 4.156 el deudor declarará (art. 8 inc. 2) la nómina de todos los acreedores. El juez fijará una junta de verificación de créditos en el día, hora y local que se designe y que tendrá lugar por lo menos 15 días y a lo más 30 días después de la fecha del auto.-
Todo acreedor podrá hasta tres días antes de la fecha designada para la junta, presentarse por escrito al juez, observando todos o alguno de los créditos reconocidos por el deudor.
Todo acreedor que no haya sido incluido en la nómina presentada por el deudor, podrá presentarse al juez dentro del mismo plazo.-
Los acreedores interventores y el contador público designados por el juez, presentarán juntos o separadamente a la junta de acreedores, el día fijado para su reunión, una lista de acreedores haciendo en su caso constar el privilegio de cada uno, clasificados en el siguiente orden: 1.- acreedores reconocidos por el deudor y no impugnados; 2.- los que pretendan serlo por una suma mayor que la reconocida por el deudor; 3.- Los omitidos por el deudor y que hayan solicitado su inclusión; 4.- Los reconocidos por el deudor, cuyos créditos hayan sido observados por excesivos; 5.- los incluidos por el deudor cuyos créditos hayan sido totalmente impugnados.-
El día fijado para la junta de acreedores la asamblea comenzará por la lectura del informe de los acreedores y del contador, que se discutirá y se votará cada crédito observado, resolviéndose las cuestiones promovidas a simple mayoría de votos de los acreedores presentes que corresponden a las categorías 1, 2 y 4 mencionadas anteriormente.-
El crédito aprobado quedará reconocido. En caso de ser rechazado o disminuido, el acreedor podrá apelar la resolución y el juez lo resolverá en el mismo acto o dentro del tercer día a más tardar, confirmando o modificando la resolución de la mayoría.-
Esta resolución de la junta o del juez (como nuestro art. 36) sólo tiene valor al efecto de constituir la junta de acreedores, pero no prejuzga sobre la legitimidad de los créditos ni impide la reclamación ulterior de los interesados.-
La junta de acreedores se declarará constituída con los acreedores verificados una vez que se han votado todos los créditos.-
Sólo tendrán voto en esta junta los acreedores quirografarios. Si un privilegiado asiste y vota a favor o en contra del concordato, renuncia por ese hecho a la hipoteca o privilegio aun cuando el concordato fuere rechazado. Puede renunciar a parte de su privilegio y concurrir a la junta y votar como acreedor quirografario por esa parte..-
No podrá formar parte de la junta, el esposo o esposa o pariente del concursado dentro del cuarto grado civil de consanguinidad y segundo de afinidad, ni el cesionario que hubiere adquirido sus créditos dentro del año anterior a la fecha de la junta, con excepción de los endosos de documentos a la orden.-
Para que el concordato se considere aceptado se necesitará que voten a su favor dos tercios de acreedores presentes que representen 75 % de los créditos verificados o viceversa.-
Las cláusulas del concordato deben ser comunes para todos los acreedores quirografarios sobre la base de una perfecta igualdad. No podrá disponer la remisión total de las deudas.-
Como vemos era muy claro quienes eran los acreedores que votaban en la junta, dado que la votación era inmediata a la resolución de quienes eran considerados verificados.-
La ley 11.719 ya dispone la fijación de un plazo para que los acreedores presenten al síndico los títulos justificativos de sus créditos y en el mismo auto se dispondrá para 15 días después de vencido el plazo anterior, el día y hora en que deberá tener lugar la junta de acreedores, con la prevención de que ésta se celebrará con los que concurran cualquiera fuera su número.-
Este auto se hará conocer por edictos por los que se citará a los acreedores. Si fuera una sociedad que hubiera emitido obligaciones al portador, se citará a los tenedores de las mismas, quienes deberán depositarlas en un banco antes del día de la junta.-
Aparece el síndico, quien deberá enviar a los acreedores una carta certificada, pero los actos de la junta no serán nulos si el aviso no se hubiera enviado o recibido.-
Ocho días antes del designado para la reunión de acreedores, el síndico deberá presentar un informe en el que se establece un estado de créditos a cargo del deudor determinando los privilegios y preferencias que les correspondan en cada caso.-
El día designado para la junta, la asamblea comenzará por la lectura del informe del síndico con relación a la verificación de créditos. La discusión versará sobre su legitimidad y la preferencia que les corresponda. El juez aprobará los que no hubiesen sido observados y oirá a los interesados y al síndico sobre los que si lo hubiesen sido, pronunciandose en ese acto o hasta tres días después, pero antes de declarar constituida la junta declarándolos admisibles o inadmisibles y aceptando o rechazando el privilegio.-
La junta se declarará constituida con los acreedores verificados y con los declarados admisibles.-
Con respecto al derecho a voto no varía lo dispuesto por la ley 4.156, solo agrega que no se podrá renunciar al privilegio sobre una parte no menor del 25% y que no es renunciable el privilegio de los factores, empleados u obreros del peticionante.-
Tampoco vemos mayor problema para resolver qué acreedores son los que votan.-
La ley 19.551 disponía que todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación y sus garantes, deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos, indicando monto, causa y privilegio.-
Vencido el plazo para la presentación de pedidos de verificación, el síndico debe redactar un informe sobre cada solicitud en particular y presentarlo al juzgado con 30 días de anticipación al designado para la reunión de la junta de acreedores en el que debe expresar opinión fundada sobre la procedencia de la verificación del crédito y del privilegio.-
Dentro de los 10 días siguientes el deudor y quienes hayan pedido verificación pueden impugnar lo aconsejado por el síndico. Dentro de los 10 días posteriores, el síndico debe expresar su opinión y antes de reunirse la junta el juez decidirá sobre las impugnaciones.
En dicha resolución el crédito o privilegio no impugnado es declarado verificado y si existen impugnaciones el juez debe decidir declarando admisible o inadmisible el crédito o el privilegio.-
Estas resoluciones son definitivas a los fines de la junta, que recordemos se celebrará inmediatamente, no obstante que esta resolución que lo declara admisible o inadmisible puede ser revisada, a petición del interesado, dentro de los 30 días siguientes a la última reunión de la junta.-
Sólo pueden votar el acuerdo los acreedores quirografarios que hayan sido verificados o declarados admisibles.-
Como vemos acá tampoco existe problema para saber quien vota.-
Esto no fue reformado por la ley 22.917.-
Hemos realizado esta pequeña reseña de antecedentes históricos, al sólo fin de observar que antes de la sanción de la ley 24.522 no existía ningún problema para saber quienes eran los acreedores que votaban.-
El lector podrá observar el porqué de esta afirmación. La votación se producía en todos los casos en forma inmediata a la resolución judicial que los declaraba verificados o admisibles.-
Nuestra actual legislación deja transcurrir a veces mucho tiempo entre la resolución de verificación y el vencimiento del periodo de exclusividad, por eso surge la paradoja de cual es el interés preponderante.-
Si bien ya lo hemos venido anticipando a lo largo de este trabajo, nuestra opinión es, que el art. 36, marca con claridad quienes son los que pueden votar y que en la antinomia de valores que hemos mencionado, tenemos que darle prelación a alguno de ellos, es para nosotros más importante la seguridad jurídica.-
No negamos que es atractiva también la postura de que puede conformarse la masa, como base del cómputo, hasta la categorización del art. 42, postura que parece haber sido la posición del Dr. Guillermo Mosso . Pero consideramos que la ley es expresa y clara, salvo como anticipáramos en la renuncia al privilegio.-
El administrado debe saber claramente cuales son las normas a las que debe atenerse, no es que pretendamos una tipicidad y un rigorismo formal como en el derecho penal, pero sí remarcar que hay una norma expresa, se debe cumplir la misma, salvo que sea tildada de inconstitucional, pero no podemos resolver en contra de las normas claras a través de una interpretación jurisprudencial.-
No nos gusta que vote como acreedor alguien que no lo es y que deje de hacerlo quien realmente tiene derecho, pero pensemos que la ley concursal está diseñada, para una actuación ágil, rápida y eficaz. No desconocemos que nuestros Tribunales están abarrotados de trabajo y no pueden cumplir los plazos, por diversos factores, entre ellos citamos la gran cantidad de pequeñísimos concursos , a los que habría que buscar otra solución distinta, pero lamentablemente es la realidad con la que convivimos.-
Una justicia lenta no es justicia y mucho menos lo es una justicia insegura.-
El deudor en el programa de reorganización debe establecer una estrategia y para ello debe tener elementos claros.-
Somos seguidores de la Dra. Alicia Pereyra y la mayoría de la escuela concursal de Rosario, que insisten, con mucha razón, en la necesidad de un plan de trabajo, claro y ordenado, que debe presentar el concursado.-
En nuestra opinión no basta, y debemos aclarar que tampoco se cumple, con lo exigido por el art. 45 LCQ al indicar que el deudor debe acompañar, como parte integrante de la propuesta, un régimen de administración y de limitaciones a actos de disposición aplicable a la etapa de cumplimiento.-
Esta exigencia debiera ser contemplada en el art. 11 de la citada ley y como condición esencial para que se acepte el concurso presentado.-
Todo esto está referido a la seguridad jurídica, que implica orden, claridad y previsión. La resolución del art. 36 en cuanto a la verificación debe servir de base al deudor para ver cuál o cuales van a ser sus propuestas y no actuar improvisadamente ante el riesgo de que una resolución contraria, pueda salir el último día antes del vencimiento del periodo de exclusividad.-
La seguridad jurídica indica que todo debe ser, en lo posible claro y anticipado. Días atrás en una resolución del art. 36 de la justicia concursal mendocina leímos que el síndico dijo "Hacen presente que ha último momento se ha recibido documental por parte de acreedor sin que se haya podido analizar en esta breve etapa de prueba, máxime que no ha podido ser analizada por las partes, por lo que será motivo de análisis en la eventual revisión prevista en el art. 37 LCQ; por ende se procedió a incorporar la misma en su respectivo legajo" a lo que el Juez concursal respondió que resultaba llamativo, en orden a esa pretensión, lo manifestado por la sindicatura "porque debió compulsarla y emitir una opinión fundada sobre la aceptación o no del reclamo a la que correspondía; o en su caso, dando las explicaciones pertinentes, haber solicitado al Tribunal una ampliación de plazo para presentar el informe individual respectivo. En el peor de los casos, debió haberse negado a la recepción de la instrumental acompañada tardíamente".-
Esta última debió haber sido la solución, por la vigencia de los plazos y porque no hay que confundir la facultad inquisitiva de que goza el síndico (art, 33 LCQ) que le permite solicitar documentación, con la facultad del acreedor de acompañarla en cualquier tiempo.-
Todo esto, es seguridad jurídica, si bien no es el tema concreto y no nos queremos desviar del tratamiento del propuesto, pero consideramos similar la situación.-
El derecho procesal debe asegurar la garantía del cumplimiento ordenado de las normas. Si tenemos una ley clara no podemos cambiarla a través de una interpretación. Si la misma no nos gusta cambiemos la ley, pero no la torzamos ya que resulta muy peligroso.-
No cabe duda que nuestra conclusión es que conforme lo establecido por la ley vigente, sólo deben votar los acreedores declarados verificados y admisibles en la sentencia de verificación del art. 36 L.C.Q, y aquellos que a través de un pronto pago o de un juicio de conocimiento continuado por ante el juez concursal hayan obtenido la sentencia que equivale a verificación antes de la resolución indicada. Con respecto a los privilegiados renunciantes, sólo debieran ser computados, cuando lo hacen antes de la resolución de categorización.-

References: artículo 36
 resolución 
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 resolución 
 artículo 36
 resolución 
 resolución 
 artículo 37
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
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