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Timestamp: 2019-01-17 21:38:24+00:00

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Conclusiones y materiales sobre la *Feminización de la pobreza* |
Conclusiones y materiales sobre la *Feminización de la pobreza*
El pasado 24 de septiembre celebrábamos un encuentro titulado bajo el título “EL FIEL TORCIDO DE LA BALANZA: JUSTICIA Y FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA”, que tuvo como resultado los materiales y conclusiones que hoy ponemos a tus disposición.
01 Aspectos civiles.
02 Género y Vivienda
03 Acceso a la Justicia
04 Recomendacion general de acceso a la Justicia
Conclusiones de la jornada el fiel torcido de la balanza, justicia y feminización de la pobreza.
El 70% de los pobres del mundo son mujeres.
El acceso la justicia es un derecho humano en sí mismo y además es un derecho instrumental para el ejercicio del resto de los derechos.
Primera conclusión.- Esta conclusión afecta a todas las ponencias de la jornada. Para poder abordar las deficiencias en el acceso a la justicia para las mujeres, y en consecuencia saber si estamos en condiciones de ejercer nuestros derechos, es necesario que las estadísticas recojan la perspectiva de género. No tienen datos del acceso de las mujeres a la justicia, ni el observatorio de justicia gratuita; ni el consejo del poder judicial, la fiscalía o el consejo de la abogacía. Tampoco el Instituto Nacional de estadística.
El artículo 20.d) de la Resolución General 33 del Comité CEDAW sobre acceso de las mujeres a la justicia de 23.07.15 establece que la rendición de cuentas conlleva publicar datos del número de hombres y mujeres en los órganos judiciales, en la abogacía y en la abogacía de oficio, las cifras de demandas ante cada jurisdicción desglosadas por sexo de la persona denunciante; de solicitudes y concesiones de abogacía de oficio, desglosadas por sexo del denunciante y datos de duración de los procedimientos y sus resultados, desglosados por sexo del/la denunciante. Así debe hacerse.
Segunda conclusión. Instamos la aplicación efectiva de las reglas de Brasilia sobre protección a personas en condiciones de vulnerabilidad, así como el fin del recorte del presupuesto en las políticas de igualdad. Cumplimiento del mandato de la CEDAW que obliga a protección efectiva de las mujeres contra todo tipo de discriminacion.
La declaración de la ONU contra la violencia contra las mujeres de 1994 establece en su artículo 9 que la mujer es objeto de discriminacion por su situación económica desfavorable.
Tercera conclusión.- Constatamos la necesidad de llevar a cabo un estudio en profundidad sobre las normas que suponen un obstáculo para el acceso efectivo de las mujeres a la justicia.
El estudio deberá incluir el lenguaje discriminatorio que todavía hoy pervive en numerosas leyes, pero es preciso ir más allá de la mera semántica: Las expresiones discriminatorias encierran conceptos discriminatorios que tienen su reflejo en la aplicación material de las normas jurídicas.
Cuarta conclusión.- El proceso debe servir para corregir la desigualdad real. Paradójicamente no existen en nuestro país pronunciamientos judiciales que recojan este principio.
Quinta conclusión.- Para garantizar la protección en el proceso penal de las víctimas de violencia de género, es necesaria la asistencia jurídica en todas las instancias y en todos los casos. En la actualidad la asistencia jurídica está limitada a los actos de violencia en los que intervienen las parejas o maridos de las víctimas, pero no cuando la agresión cometida por un extraño, o en denuncias en casos de discriminación, todo ello de acuerdo a lo establecido por el convenio de Estambul y la reciente ley del estatuto de la víctima.
Es preferible para la víctima la designación de abogada mujer
Sexta conclusión.- Debe cumplirse con la exigencia de que el fuero territorial en los casos de violencia de genero sea el del domicilio de la víctima. Si la mujer cambia de domicilio una vez cometida la agresión, lo que es frecuente como medida de protección, el proceso debe trasladarse al domicilio efectivo de la víctima, no al que tuviera en el momento de los hechos.
Séptima conclusión.- Acerca de la dispensa de la obligación de declarar del artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal es necesario que el procedimiento penal no base toda la carga de la prueba en la declaración de la víctima. No debe olvidarse el deber de investigación de los delitos y la diligencia debida por parte de jueces, fiscales y policías.
Se planteó por la ponencia la necesidad de modificar dicho precepto, que no es coherente con lo obligación de denunciar en sede policial regulado en el artículo 261 de la misma ley.
Consideramos necesario abrir un debate franco y sin prejuicios sobre el tema. Uno de los ejesde ese debate debe ser el respeto la autonomía de la mujer, que no debe ser suplantada por los poderes públicos.
Octava conclusión.- Constatamos la realidad de que las personas pobres no pueden acceder a la justicia, y de que el rol de género implica la subordinación en la en la situación de la mujer en favor del varón sustentador.
Tampoco la posición de la mujer ante la Ley debe venir supeditada a su condición de madre; la mujer debe tener derechos propios no como apéndice de sus hijos
Es necesario que se reconozcan las contribuciones y prestaciones con carácter personal y no supeditadas al cabeza de familia.
Novena conclusión.- Exigimos el efectivo cumplimiento de todas las normas en vigor y convenciones internacionales suscritos por España para garantizar la igualdad de género.
Décima conclusión.- Exigimos la efectividad de las resoluciones adoptadas para evitar la discriminación de la mujer en el acceso a la justicia. Particularmente reclamamos el cumplimiento urgente de la resolución del comité Cedaw de julio de 2015, sobre el caso de Angela González.
Decimoprimera conclusión.- Exigimos un modelo de empleo que reconozca los derechos de la mayoría de las trabajadoras y trabajadores.
Deben implementarse políticas que acaben con la situación actual de tendencia hacia la preeminencia del trabajo a tiempo parcial en el empleo femenino.
La conciliación de la vida familiar y laboral no debe hacerse a costa de las mujeres, pueden acomodarse los horarios en los centros de trabajo para permitir la conciliacion, sin necesidad de obligar a las personas que así lo deseen optar por el trabajo a tiempo parcial.
Los permisos de Guarda para niños y ancianos son compatibles con la correcta distribución de los horarios de trabajo.
En ningún caso los permisos para la guarda deben suponer una reducción en las prestaciones de desempleo, como sucede en la actualidad.
Decimosegunda conclusión.– El empleo de la mujer está historicamente vinculado con los cuidados. A nosotras nos atribuyen la obligación moral de cuidar de menores, personas mayores y enfermas. En tanto que obligación moral suelen ser trabajos mal remunerados.
Es necesario que los trabajos que se ocupan del cuidado de la población estén bien pagados y que sean desarrollados por mujeres y hombres.
Decimotercera conclusión.- Instamos a invertir la tendencia de menor clasificación profesional en las mujeres.
Debe cumplirse la Ley de igualdad en el acceso de la mujer como mando intermedio de las empresas y también en su acceso a los puestos de dirección.
Decimocuarta conclusión.- Las vacaciones y los permisos de maternidad deben disfrutarse separadamente, tal y como ha establecido la cuestión prejuicial de 18 de marzo de 2004.
Interesamos que se hagan los cambios normativos necesarios para impedir la doctrina jurisprudencial que establece que no siempre los despidos por maternidad son nulos, se ha vuelto a la tesis de que preciso acreditar que el empresario debe saber del embarazo para que así sea.
Decimoquinta conculsión.- Las mujeres somos especialmente vulnerables en materia de vivienda. El código civil desatiende la perspectiva de género.
Muchas madres son responsables de familias monoparentales, con menores recursos y mayor riesgo de exclusión. Sin embargo, las normas y protocolos en materia de protección de la vivienda en casos de ejecución hipotecaria no hacen alusión a las mujeres.
Debe corregirse este defecto, para no dar lugar a situaciones injustas, habida cuenta de que La sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11, ha declarado que el procedimiento de ejecución hipotecaria español es contrario, entre otros preceptos a los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales de Roma de 1950 (prohibición de trato degradante o inhumano y prohibición de injerencias en la vida privada y familiar desproporcionadas en una sociedad democrática), artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), artículos 15, 18, 47 y 39 de la Constitución (prohibición de trato inhumano o degradante, inviolabilidad del domicilio, derecho a la vivienda y protección social, económica y jurídica de la familia), recordando que todo el ordenamiento jurídico, comenzando por la Constitución, en lo relativo a derechos fundamentales y libertades, debe ser interpretado conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos (artículo 10.2 CE).
En todo caso, debe haber un realojamiento en caso de desalojo.
Decimosexta conclusión.- Creemos que no debe ser exigible la firma de los dos cónyuges para dar validez a posibles acuerdos entre la mujer que tiene el uso del domicilio y las entidades financieras en casos de ejecución hipotecaria, cuando el otro deudor no aparece. Esto es contrario al Código de buenas prácticas bancarias 1/2013.
Decimoseptima conclusión.- En materia de derecho de familia debe también tener en cuenta la perspectiva de género. Es también imprescindible recoger datos estadísticos tales como el acceso de las mujeres a la propiedad, datos de las rupturas de parejas de hecho, participación de las mujeres en las actividades profesionales o empresariales familiares, etc.
Decimoctava conclusión.- Ha habido un tremendo retroceso de la protección a la mujer en el derecho de familia.
Para evitar condenar a las mujeres a la pobreza absoluta, proponemos:
Valorar la aportación a la familia del trabajo de la mujer como cuidadora.
Debe tenerse en cuenta que, en caso de incumplimiento de las obligaciones alimentarias del padre o deudas de otro género, suele ser la mujer la que las suple, a veces con cargo a su propio patrimonio.
Reiteramos la exigencia de un fondo público para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y que sea el estado el que repita contra el deudor, usando el procedimiento ejecutivo del que dispone.
Las pensiones compensatorias no deben ser temporales, sino, como dice el C. Civil, basadas en la proporcionalidad.
Deben simplificarse los procesos de ejecución, abaratando su coste, quizás volviendo al antiguo sistema en que bastaba un escrito para el requerimiento al deudor.
Deben garantizarse las pensiones de viudedad, que perciben de forma exponencial las mujeres, adecuando su cuantía a las necesidades vitales de las personas habida cuenta del coste de la vida.
Decimonovena conclusión.- Boicot a las marcas no igualitarias.
Vigésima conclusión.- En el mundo es mucho mayor porcentaje de mujeres analfabetas, con menor salario, con trabajos peores. Esto y la necesidad de mantener a la familia hace que muchas mujeres migrantes vengan al estado español.
Sin embargo, sus condiciones laborales son discriminatorias, particularmente por la normativa reguladora de las empleadas de hogar, que debe adecuarse para la protección efectiva de los derechos de las trabajadoras.
Vigesimoprimera conclusión.- La trata de seres humanos afecta sobre todo a mujeres migrantes, a las que, sin embargo no se les dota del debido asesoramiento desde el primer momento, como exigimos que se haga.
También pensamos que en ningún caso deben ser expulsadas las víctimas de la trata de seres humanos, sino que debe facilitarse su permanencia en nuestro país, si así lo desean.
Debe darse respaldo y colaboración en procesos internacionales
Vigesimosegunda conclusión.- Debe facilitarse la reagrupación familiar, como integrante del derecho a la vida privada y familiar del artículo 8 del convenio europeo de derechos humanos.
Se considera interesante promover las Medidas provisionales que permiten los artículos 39 y 41 de las reglas del procedimiento ante el TEDH.
Exigimos que se deroguen las disposiciones que han establecido que todos los visados de reagrupación se tramiten a traves de la empresa SVG, radicada en Londre.
Para garantizar el derecho de las familias a la reagrupación, deberá darse instrucciones a consulados para que no pongan obstáculos a aquel derecho.
Vigesimotercera conclusión.- Instamos a que todas las personas residentes en España tengan acceso íntegro a las prestaciones sanitarias de la seguridad social.
Vigesimocuarta conclusión.- Requerimos expresamente al Ministerio de Justicia para que publique en su página web las demandas contra España que el TEDH declara no inadmisibles y que terminan en acuerdo con la víctima.
Tags: acceso justicia feminismo hipotecas tasas violencia machista
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References: artículo 20
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 416
 artículo 261
 resolución 
 artículo 8