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Federico Poore: abril 2012
28 abr. 2012 -
El anteproyecto de reforma de los Códigos Civil y Comercial abre una oportunidad histórica para debatir sobre la regulación de las relaciones sociales en la Argentina.
Debate, 28-04-2012
"Este proyecto es una síntesis de las ideas que ha sostenido la doctrina jurídica argentina durante más de treinta años". La frase pronunciada por el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, durante la presentación del anteproyecto para un nuevo Código Civil y Comercial unificado, ilustra la dimensión de la iniciativa que comenzará a tratarse en el Congreso Nacional en las próximas semanas. De aprobarse, este instrumento de 2.671 artículos reemplazará a la suma de las cuatro mil disposiciones del Código Civil y las más de quinientas del Código Comercial.
Consultados por Debate, distintos especialistas en la materia expresaron los avances de la iniciativa y señalaron posibles conflictos en las pautas que regirán las relaciones sociales durante el siglo XXI. El Código Civil fue sancionado en 1871 por Dalmacio Vélez Sarsfield y su última reforma profunda tuvo lugar a finales de la década del sesenta, cuando recibió los aportes de un equipo encabezado por el ex camarista civil Guillermo Borda. Desde entonces, sendas leyes incorporaron enmiendas parciales. Más antiguo es el Código de Comercio (data de 1862), aunque leyes posteriores fueron corrigiendo incongruencias y atrasos.
ACTUALIZACIONES Y AGGIORNAMIENTOS
En febrero de 2011, el gobierno nacional creó una comisión encabezada por Lorenzetti, la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco y la ex integrante de la Suprema Corte mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci, en la que entre noventa y cien juristas trabajaron para producir un anteproyecto que finalmente se presentó el 27 de marzo en el Museo del Bicentenario. Luego de recibir de manos de Lorenzetti el texto base, la presidenta Cristina Kirchner pidió que la discusión consolide un Estado de derecho en el que las leyes expresen y reflejen “los problemas cotidianos que tiene la sociedad”.
El abogado Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, comparte el diagnóstico. “El problema con el Código Civil es que no refleja la realidad de una sociedad del siglo XXI porque fue redactado en el XIX. Las sociedades humanas y la ciencia necesitan hoy una regulación distinta”, explica a esta revista. El Código Civil vigente, agrega, no refleja los mandatos de la Constitución ni de los tratados internacionales que desde la última reforma reciben idéntica jerarquía.
“La constitucionalización del derecho privado es una deuda de la democracia que, apropiadamente procesada en un debate público, inclusivo y abierto, puede ser saldada en este nuevo contexto”, señala el investigador Lucas Arrimada. “Hay varios aspectos en los que el Código Civil se fue modificando muy poco”, estima por su parte la abogada Nelly Minyersky, que formó parte del equipo que le dio forma al anteproyecto. Investigadora permanente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Minyersky cree que hubo numerosos avances tras la vuelta de la democracia en el derecho de familia con la Ley de Ejercicio Conjunto de la Patria Potestad y con la incorporación del divorcio vincular, aunque reconoce que la impronta del Código precisaba un aggiornamiento. “Algunas leyes comienzan a transformarse en un laberinto. Cuando tenés ocho mil millones de disposiciones es difícil saber cuál es la ley aplicable, sin saber si se derogó o no”, explica.
El Código de Comercio, en tanto, recibió infinitas modificaciones y quedó “prácticamente vacío de contenido por el proceso de descodificación”, cuenta una de las juristas que participó en la compaginación del código unificado. Siempre en off, esa fuente dice que se volvió necesario “organizar lo poco que le queda”, ya que, a esta altura, cuestiones como la compraventa o la fianza resultan contradictorias con el régimen civil.
De aprobarse en ambas Cámaras, conceptos que hoy aparecen duplicados en ambos códigos se simplificarán, ya que la iniciativa “unifica dos actividades que en el pasado se encontraban separadas pero que hoy, por la propia dinámica de la posmodernidad, están en constante interacción. Además, brinda soluciones generales a una serie de situaciones que se han ido planteando y que la jurisprudencia fue resolviendo, pero dentro de un marco legal general”, sostiene Gil Domínguez.
Ante todo, el Código unificado consolida una serie de derechos sociales que la sociedad argentina fue conquistando a lo largo de las últimas décadas. Continuando el avance que representó la Ley de Matrimonio Igualitario, no se realizarán distinciones entre hombres y mujeres a efectos de definir quiénes pueden unirse en matrimonio. “Esta ampliación de derechos otorga ciudadanía plena a sectores que no la tenían, de manera tal que este Código trata de recoger en sus normas esta mirada completa sobre la igualdad”, asegura Minyersky.
La principal novedad en términos de uniones es que se incorpora la posibilidad de optar entre un régimen de comunidad de ganancias -hasta hoy, el único vigente- y un régimen de separación de bienes por medio de acuerdos prenupciales. De acuerdo con Minyersky, existía una gran inquietud en la doctrina en torno al abandono del régimen de ganancialidad (según el cual cuando el matrimonio se disuelve, cada parte se lleva el cincuenta por ciento), al tiempo que crecían las intenciones de instalar la opción de proteger el patrimonio individual y separar los bienes personales previos al matrimonio. Estas “convenciones matrimoniales”, tal como las denomina el anteproyecto, responden a la situación provocada por la consolidación del divorcio vincular y a la posibilidad de contraer segundas nupcias. En síntesis, contemplar sucesivos proyectos de vida.
Fue justamente una propuesta en ese sentido -la eliminación de trabas para las separaciones- la que desató una polémica, impulsada desde la Iglesia Católica y los editoriales de algunos diarios, en torno a la posibilidad de que el nuevo marco legal inicie una ola de “divorcios express”. Los juristas que participaron en la redacción del proyecto desestiman el reclamo. “Lo que hicimos fue recoger la realidad mostrada por otras disciplinas, según la cual el derecho sancionador no lograba que la gente no se divorciara”, revela Minyersky, que contribuyó a eliminar el concepto de culpa (básicamente, la exigencia de identificar al responsable de la separación) debido a las múltiples causas que pueden explicar una crisis familiar. “Sin quitar responsabilidad, el proceso aparece ahora más impregnado de la idea de autonomía”, detalla.
Gil Domínguez expresa un planteo similar. “Así como el derecho no pide las razones del amor, tampoco puede pedir las del desamor”, sentencia el constitucionalista. Agrega que la nueva formulación, al reconocer el derecho a divorciarse sin dar explicaciones, respeta con mayor fidelidad el artículo 19 de la Constitución Nacional, según el cual las acciones que no perjudiquen a terceros quedan “exentas de la autoridad de los magistrados”.
Respondiendo a otra práctica extendida entre la sociedad argentina, la ley también reconocerá a las parejas que no hayan formalizado legalmente su convivencia pero que lleven viviendo juntas más de dos años. Estas “relaciones afectivas” podrán inscribirse en un registro local en el que darán cuenta del pacto de convivencia elegido y regularán la contribución de las cargas del hogar durante la vida en común. En caso de separarse, el conviviente al cual el alejamiento le signifique “un empeoramiento de su situación económica” tendrá derecho a una compensación, que podrá tomar la forma de una prestación por única vez o bien una renta por tiempo determinado (no mayor al que duró la pareja).
En cuanto a la espinosa cuestión de la adopción, el código unificado intenta simplificar su régimen jurídico y agiliza los trámites que habilitan la custodia legal. Concretamente, se podrá declarar en “situación de adoptabilidad” a un menor si continúa desamparado luego de seis meses de trabajo y apoyo a la familia. Este marco facilita la rapidez de las adopciones, aunque los especialistas aseguran que no alcanzará con la sola disposición. Leandro Vergara, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Buenos Aires, recuerda que se mantienen los requisitos sobre los adoptantes, por lo que si el objetivo final es agilizar los trámites hará falta destinar más empleados para estas tareas. “Es un tema que necesita varios abordajes”, reconoce.
LEYES PARA LA CIENCIA DEL SIGLO XXI
Otro de los avances del código unificado tiene que ver con la incorporación de los desarrollos científicos y médicos más recientes. El anteproyecto legisla técnicas de reproducción asistida tales como inseminación artificial o fecundación in vitro y regula expresamente los requisitos previos. Además, se equiparan estos tipos de filiación con la reproducción natural y adoptiva.
De esta manera, la ley busca resolver la situación de miles de chicos nacidos a partir de la donación de óvulos y espermas. En ese sentido, el nuevo Código no legisla sobre fertilización asistida, pero reconoce tres tipos de filiación: la biológica, la legal (adopción) y la filiación propiamente dicha. Esta última pasa a encuadrar a las personas nacidas bajo estos fenómenos científicos recientes y establece una nueva categoría legal: la “voluntad procreacional”. ¿Qué implica esto? Que si una pareja decide recurrir a la fertilización asistida, la filiación no estará determinada por el material genético, sino por la intención de la pareja que decidió hacer el tratamiento. Cuando ese niño nazca, será hijo legítimo de quienes hicieron la fertilización y nadie podrá impugnar su paternidad alegando razones genéticas. En otras palabras, lo civil tendrá privilegio frente al código genético.
También habrá noticias con respecto al alquiler de vientres, un fenómeno que en nuestro país genera más de mil consultas anuales en el exterior, según las estimaciones del argentino Fernando Akerman, director del Centro de Fertilización de Miami.
Como la gestación por sustitución no está permitida en nuestro país (el Código Civil vigente dice que la madre es quien da a luz), las parejas que hoy eligen esta opción suelen viajar a Estados Unidos para llevar adelante el procedimiento. El anteproyecto cambia las cosas: ahora se permite la maternidad subrogada, siempre y cuando la gestante no se haya sometido al proceso más de dos veces. Además, el alquiler de vientres deberá ser autorizado por un juez, que constatará que la gestante no recibió dinero a cambio, en consonancia con el modelo “altruista” de países como Holanda y Canadá.
En un país con bajísima cultura de defensa al consumidor como la Argentina, buena parte del interés por el nuevo articulado reside en todo lo que ayude a consolidar los derechos de los usuarios frente a los abusos empresariales.
En ese sentido, el abogado Gustavo Arballo, profesor de Derecho en la Universidad Nacional de La Pampa, destaca que el anteproyecto incorpora al Código la figura del “abuso de posición dominante” en el mercado, un criterio proveniente del derecho del consumidor que pasaría a ocupar un lugar relevante para determinar obligaciones y responsabilidades. “Exige una lectura ‘constitucional’ más amplia y protectora”, asegura el jurista, editor del blog Saber leyes no es saber derecho.
En términos concretos, ahora las empresas podrán ser litigadas “no sólo en la lógica del demandante singular sino también a través de procesos colectivos”, tal como ocurre en las acciones de clase del derecho norteamericano. Arballo plantea un ejemplo cercano al consumidor argentino: “Muchas empresas articulan sus prácticas abusivas a través de ‘microdaños’ que difícilmente sean objeto de juicios individuales, algo que se busca revertir permitiendo un juicio que se haga en nombre de todos aquellos que sufren daños a derechos individuales homogéneos con causa común”.
Este impulso a causas comunes, vinculadas sobre todo al medio ambiente y a los derechos de los consumidores, se materializará en la figura de la “sanción pecuniaria disuasiva”. Se trata de una versión de lo que en Estados Unidos se conoce como daño punitivo, una especie de multa civil que se les impone junto a la indemnización a aquéllos que actúan con grave menosprecio por los derechos de incidencia colectiva para desalentar este tipo de conductas corporativas.
Aunque algunos advierten sobre un escenario de mayor litigiosidad y mayores costos por los juicios, para Arballo la consecuencia esperable es que estas disposiciones “obliguen a revisar en favor del usuario muchas estrategias empresariales para minimizar la exposición a los juicios”.
Otros artículos del proyecto que pueden llegar a funcionar como un paraguas reparador son el 1099 -que prohíbe expresamente prácticas que limiten la libertad de contratación del consumidor, en especial aquéllas “que subordinan la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros”- y el 1107, que regula la celebración de contratos a través de medios electrónicos al establecer que “el proveedor debe informar al consumidor (…) todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo, y para tener absolutamente claro quién asume esos riesgos”.
Además, se reafirma el principio del trato digno y equitativo, el deber de informar lealmente, el derecho del consumidor de revocar todo contrato sin gastos en el término de diez días, la prohibición de cláusulas abusivas y la interpretación más favorable al consumidor en caso de duda. “Casi todas estas pautas están funcionando en la actualidad desde el marco de la Ley de Defensa del Consumidor y su ‘pase’ al Código viene con algunas ampliaciones y precisiones técnicas, asumiendo la idea de que el acto de consumo es un fenómeno transversal a todo el derecho privado”, concluye Arballo.
Varios recuerdan que cada intento de reforma del Código Civil trae consigo la marca de fracasos anteriores. “En el denominado Código Alterini (presentado en 1998) trabajamos muchísimo pero finalmente nunca se logró porque faltaba voluntad política. No es sencillo llevar adelante innovaciones porque los avances legislativos tocan estructuras y hay muchos sectores a los que les cuesta aceptar estos cambios”, recuerda Nelly Minyersky. Así y todo, la profesora consulta de la UBA reconoce que, esta vez, las chances de que se apruebe son mayores debido al impulso presidencial y a la mayoría oficialista en ambas Cámaras.
En este marco, ciertos temas espinosos pueden llegar a demorar su aplicación antes de fin de año, tal como reclamó la Presidenta. “Los puntos más conflictivos estarán dados en el ámbito del derecho de familia, en temas como la fertilización asistida y las causales objetivas del divorcio”, arriesga Andrés Gil Domínguez. Cuestiones sobre las cuales hay un mayor consenso, como los derechos de los usuarios, podrán recibir mejoras durante la discusión legislativa. Así lo entiende Lucas Arrimada: “Pienso en un proceso similar al de la Ley de Medios, en el que los consumidores organizados en torno a las deficiencias de la telefonía celular puedan plantear problemas del Código y algunas soluciones parciales”. Lo importante, destacan los consultados, es que la discusión ya comenzó. Todo indica que en los próximos meses verá la luz el articulado que regirá la vida cotidiana de los argentinos para las décadas venideras.
7 abr. 2012 -
Entre el sarcasmo y la denuncia, los textos de la antología Holy Fuck son un aporte a la discusión sobre la cultura política kirchnerista.
Debate, 07-04-2012
Un grito de desesperación ante la hegemonía cultural del peronismo. Una tentativa afiebrada por sacudir la corrección política del discurso progresista. “El último intento por humanizar la escena política argentina”, aunque los resultados –admiten sus autores– “no podrían haber sido peores”.
Ésta es la historia de Holy Fuck. Hablando de kirchnerismo con el recaudador de impuestos, un libro que compila los textos centrales del blog Los Trabajos Prácticos, que funcionó con cierta regularidad entre 2004 y 2010. La obra marca el debut de la editorial Garrincha Club y puede leerse como un recorrido crítico por algunos íconos de los años K como Cromañón, Sandra Russo, Horacio González o León Gieco.
Los responsables detrás de estas crónicas son, en su mayoría, escritores y periodistas nacidos en los sesenta y setenta: Santiago Llach, Guillermo “Huili” Raffo, Fabián Casas y Esteban Schmidt (este último más conocido en el ambiente literario como el autor de The Palermo Manifesto). Sus textos, asegura Casas, se proponen desmontar los lugares comunes del progresismo culto “que divide al mundo entre buenísimos y malísimos sin contradicciones de ningún tipo”.
El resultado es un caleidoscopio de impresiones políticas y estéticas, una suerte de obra conceptual de la llamada “izquierda democrática”. Abundan las críticas a los manejos políticos del PJ, las intervenciones de los intelectuales nucleados en Carta Abierta, el rol de las organizaciones armadas de los setenta o las agachadas de empresas de medios como Clarín y Página/12.
Pero el libro no se agota en sus intenciones sociales. Holy Fuck es también la crónica de un proyecto independiente. “Armamos el website en una semana y nos pusimos a escribir boludeces, a pensar en voz alta, a jugar un rato todas las mañanas. Había rispideces, pequeños indicadores de consmovisiones opuestas que ignorábamos por cortesía o conveniencia, pero nada serio”, cuenta el cineasta Huili Raffo, que coordinó y editó el sitio desde East Sussex, Inglaterra. “Y entonces pasó algo extraordinario, insólito, impensable: apareció gente. ¡Lectores! Tipos que caían ahí de causalidad y se sumaban a la conversación”.
Rápidamente, Los Trabajos Prácticos (o TP) se convirtió en un lugar de referencia para el mundo bloguero local, unos años antes del nacimiento de Artepolítica, un sitio más cercano al kirchnerismo. Con el tiempo se multiplicaron los relatos de colaboradores como Ivana Steinberg, Hernán Iglesias Illa y Eliseo Brener, así como los aportes del filósofo Roberto Gargarella y las furiosas diatribas del crítico de cine Quintín. A lo largo de los años, su “consejo editorial” discutió y escribió sobre cuestiones como el cese de contrato de Pepe Eliaschev en Radio Nacional, la denuncia de censura de Julio Nudler o las políticas culturales del kirchnerismo. Los formatos -mailing list, podcast, columnas de opinión- y tonos elegidos -denuncia, sátira, declaración de principios- fueron lo de menos. Lo importante era participar.
Esta pluralidad de voces nutrió algunas de las páginas más irreverentes y originales del sitio. Pero al mismo tiempo se volvió un obstáculo para la convivencia entre sus impulsores. “La descomposición de TP comenzó con pequeños síntomas”, recuerda Brener en uno de sus textos que, al igual que el resto del libro, no rehuye a la autocrítica. El armado cronológico de la publicación –otro de sus aciertos– permite adivinar las tensiones que el kirchnerismo introdujo en el mundo intelectual. “Sin el kirchnerismo los provocadores estábamos mejor, porque Kirchner en ese cargo, habitualmente reservado para moderados y diplomáticos se puso encima mucha provocación, entonces nos quedó menos por denunciar, por subrayar, por decir ajá”, explica en el libro Schmidt, que militó durante diez años en la UCR. Entre enojado e irónico, Iglesias Illa completó: “La calidad del debate público y semipúblico en la Argentina es lamentable y el kirchnerismo tiene, según, mis cálculos, el 76,8 por ciento de la culpa”.
El periodista Ernesto Semán –que en algún momento del trayecto se convirtió en funcionario del consulado argentino en Nueva York– fue más visceral en su balance: “TP estaba plagado de citas. Armados de ambición, Google y las últimas reservas de una educación pública de calidad, había que discutirle o celebrarle a Beatriz Sarlo, toda su obra, en un par de páginas, habiendo leído el uno por ciento de lo que ella había revisado para escribir un solo artículo”.
Más allá de la provocación de Semán (“escribiendo política desde el desinterés por la misma, éramos taxistas con terciaria completa y tiempo libre”, dispara), los más de cincuenta textos incluidos en el libro dan cuenta de un malestar aún no resuelto. De deudas intelectuales y políticas por saldar. De la necesidad de repensar, desde un lugar políticamente incorrecto, cuestiones como la experiencia del Frepaso o la figura de Néstor Kirchner.
Por sobre todas las cosas, estos ensayos exhiben la resignación de un grupo de personas ante un punto muerto en el estado del debate porque –según la imagen desoladora de Raffo– “cada una de las personas que gobiernan o agitan, conspiran, militan, hablan, escriben, llaman a las radios, dejan comentarios en los blogs, sosteniendo esa visión altamente ideologizada de las cosas que se puso de moda hace unos años y se sigue intensificando a medida que todo se vuelve más pobre, más peligroso y más ridículo”. De allí que parezca tan lejano el objetivo declarado, acaso modesto, de compatibilizar las convicciones políticas de cada uno “con un mínimo grado de honestidad y de curiosidad por el mundo”.
Por medio de relatos muy bien escritos y bellísimamente ilustrados, Holy Fuck narra el fracaso de un proyecto. Proyecto que, en tiempos de agitaciones estériles, sigue siendo una apuesta necesaria.
Textuales de Holy Fuck
“La inteligencia del kirchnerismo fue la de darle a miles de víctimas -de sí mismos, de la dictadura, de sus padres, más que nada de sus padres, pero también de la discriminación, de la exclusión social, del tipo de cambio, de la pobreza intelectual de sus mayores- el carnet de membership para el Club de los Portadores de Sentido, espejitos de colores, algo que la izquierda ha repartido mucho a lo largo de la historia”. (Huili Raffo)
“Cuando empecé a leer Los Trabajos Prácticos, y después a escribir dailies, ser no kirchnerista me parecía una manera fácil y sensata de hacerme el interesante. En el fondo, pensé, lo cool siempre está en la oposición: no hay nada más nabo que ser oficialista. Pero el kirchnerismo enhebró una pirueta insólita. Desde 2003, en la Argentina se puede ser al mismo tiempo oficialista y punk, central y periférico, institucional y tirapiedras, mainstream y chiquito, grasa y elitista, ministro y montonero: el Gran Rex y el Cosmos, Puán y La Matanza, Corrientes y off Corrientes.” (Hernán Iglesias Illa)
“Esto no es una guerra, hermano. Nos encanta jugar a los solidaditos montoneros, soñamos con una reproducción en miniatura del asalto erpio al Cuartel de Chihuahua en nuestro hogar. Los que tengan ideas estratégicas para una decoración hogareña tipo museo de la política están invitados a mi modesto PH en la esquina de Banchero. Pero eso: de este lado no hay fierros, ni del otro tampoco. Ni vos sos un hijo de puta, ni yo tampoco. No existen tales lados, bandas, facciones o como lo quieras llamar. Siamo en la lucha simbólica de los tiempos que corren”. (Santiago Llach)
“Tirábamos piedras contra las ventanas, enojados porque la política la hacían otros, los libros los publicaban otros, las editoriales y las películas y las cátedras eran de otros. Lo trágico es que eran de otros como nosotros, si hasta habíamos ido juntos al colegio, y ahora eran ellos los que se sentaban detrás de los escritorios. O peor aún, los que habían acumulado tanto que ostentaban sencillez. Aquel que Manejó Los Destinos De La Nación y aún así te recibe con Nescafé, detrás de una mesa de fórmica. Pero en algún lugar les habíamos perdido la marca y ahora nos preocupaba dejar en claro que el ascenso de ellos demostraba una vez más la banalidad del éxito y no nuestras limitaciones. Como una cosa, efectivamente, quitara la otra”. (Ernesto Semán)
6 abr. 2012 -
La demorada aplicación plena de la ley de medios audiovisuales no impide advertir numerosos avances, que exceden lo que se ve a simple vista.
Debate, 06-04-2012
A más de dos años de su entrada en vigencia, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual avanza, de manera irregular, hacia su principal objetivo: transformar el mapa comunicativo del país. Parcialmente trabada por amparos judiciales, su aplicación efectiva depende de una voluntad política capaz de enfrentar décadas de inacción y desidia estatal.
Aunque hoy suene obvio, la primera modificación que produjo fue la constitución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), que terminó con una intervención de veintiseis años en el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer). Aquel organismo, hoy extinto, había sido creado bajo la dictadura de Alejandro Lanusse y continuó durante el último gobierno militar. Las administraciones democráticas que se sucedieron desde 1983 hasta la fecha se limitaron a colocar un interventor; el último de ellos fue el propio Gabriel Mariotto.
Este organismo, que ahora dirige el ex diputado nacional Santiago Aragón, incorpora un control legislativo inédito en las experiencias argentinas. De acuerdo al texto de la norma, tres de los sietes miembros del directorio de la Afsca deben salir de una Comisión Bicameral de Seguimiento, incluyendo integrantes de la segunda y tercera minorías parlamentarias. Hasta el año pasado, la oposición no había nombrado a sus representantes: luego decidieron integrarla, pero la mayoría del kirchnerismo aún no convocó a la comisión.
Otra medida básica que tuvo lugar en los últimos años fue la realización de un censo global de prestadores, “un relevamiento integral del mapa mediático realmente existente”, según definieron desde la Afsca. Esta resolución ayudó a desarrollar un plan técnico para satisfacer la demanda de espectro. También permitió identificar a los licenciatarios reales y detectar “zonas de conflicto” o superposiciones de señales.
Se trata de una clasificación temática, más prolija, pero que chocó inevitablemente con los intereses de los dueños de los cables (quienes movían los canales en función de acuerdos comerciales, además de otorgar un lugar preferencial a las señales propias). El treinta por ciento de estas compañías, incluyendo Supercanal y Telecentro, se ajustó a la normativa, pero Cablevisión se negó. Ante el reclamo de los usuarios por los canales ausentes -CN23 y Paka Paka, entre otros-, los representantes de la empresa del Grupo Clarín adujeron medidas cautelares que los favorecían.
A diferencia del decreto 1005/99 firmado por el ex presidente Carlos Menem, que habilitaba la retransmisión total de la programación, hoy la estación de origen debe pasar como mínimo una hora de producción local en horario central y presentar al menos un treinta por ciento de contenidos propios. “Sobre 24 horas sólo siete podrán conectarse en red”, detalló por entonces Gustavo Bulla, director nacional de Supervisión y Evaluación de la Afsca. Todo un desafío si se tiene en cuenta que hoy buena parte del contenido que se emite en el interior responde a las cabeceras, principalmente Canal 13 y Telefé. Tal como explica Emanuel Respighi, periodista de Espectáculos, Cultura y Medios de Página/12, “aún se trata de un mercado centralizado, con dos grandes jugadores”.
El último informe de la Afsca dice que el contenido propio emitido por las señales del interior está en aumento y ronda el 28 por ciento, es decir que está cerca de cumplir lo estipulado. Algo parecido sucede con las producciones nacionales. Años atrás, Canal 9 inundaba su señal con telenovelas mexicanas y películas de Chuck Norris: hoy exhibe un 73 por ciento de producción nacional.
“Ha ido mejorando lenta pero efectivamente para cumplir con los porcentajes exigidos por la ley”, sostiene Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información y profesor de las universidades de Quilmes y Buenos Aires. “El propio Gobierno incentivó el tema con un fondo para la realización de producciones audiovisuales independientes que, si bien está gestionado con un criterio y con estándares más propios del cine que de la televisión, representó un avance”, señala.
Respighi, por su parte, estima que “más allá de la buena separación entre tanda comercial y contenidos artísticos, se logró que todos los días haya tres horas de programación infantil. Por lo general son latas viejas, pero eso se va a ir ajustando”. Tanto él como Becerra aseguran que el desafío de este tipo de políticas es su sostenibilidad en el tiempo.
Uno de los grandes interrogantes del nuevo marco es la financiación, dado que la ley obliga a emitir una serie de contenidos pero no explica de dónde saldrá el dinero para pagarlos. En ese sentido, los consultados destacaron los proyectos del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y de la Secretaría de Cultura, que buscan crear contenidos que cualquier productora del interior pueda retomar y emitir a un costo muy bajo.
“Los concursos del Incaa han renovado las ficciones en un giro casi copernicano”, opina Respighi, que rescata este tipo de proyectos a pesar de la disímil calidad de los productos finales, ya que “demostraron que se pueden hacer ficciones interesantes, entretenidas y con un fin social, aunque sea solapado, y que van a afectar a las ficciones mainstream, desde Pol-ka hasta Telefé Contenidos”.
Esta medida ayuda a una de las nuevas exigencias: que los canales abiertos pasen al menos ocho películas argentinas por año, todos estrenos televisivos adquiridos por anticipado. “Un éxito lo compra cualquiera. El tema es apostar por un guión”, argumentó Bulla. Las señales regionales y de cable, eximidas de esta obligación, tendrán que aportar al fondo que ayuda a financiar la cinematografía local.
En las radios, el escenario no es tan optimista. Desde 2010, todas las señales, excepto las temáticas, están obligadas a pasar un treinta por ciento de música nacional, de la cual la mitad deberá ser de artistas independientes. “Salta a la vista que esto no se ha logrado. Hoy, lo mejor que se puede hacer es hablarlo con los directivos de las emisoras. Esta etapa va a necesitar un poco de buena voluntad”, estima Respighi.
Esas modificaciones del menemismo a la vieja ley de radiodifusión eliminaron la prohibición de emitir anuncios al interior de los programas, alentando la figura de la publicidad no tradicional, más conocida como PNT o “chivo”. La invasión de marcas atravesó la frontera de las tandas, que para ese entonces ya eran de doce minutos por hora en TV y catorce para radio.
Un punto central es el castigo para quienes incumplen esta ley, que mejora el esquema de multas del ex Comfer. De acuerdo con un documento interno de la Afsca, ya se aplicaron más de 600 sanciones. La novedad es que si una empresa es sancionada, no puede canjear multas por publicidad, como sucedía en el pasado. El nuevo marco de sanciones es sin dudas un paso adelante, aunque Respighi cree que la Afsca aún “no está capacitada, en términos técnicos y de personal, para hacer las evaluaciones correspondientes”.
Luego de décadas de abandono, el mapa analógico del país es relativamente pobre: 44 canales de televisión por aire, 33 de los cuales tienen gerenciamiento privado, diez de los estados provinciales y uno dependiente de una universidad.
Para enriquecer este escenario, la Argentina cuenta con una de las legislaciones “más avanzadas del continente”, según destacó el relator de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, Frank La Rue. Un aspecto inédito de la ley es la reserva de un tercio del espectro para operadores sin fines de lucro y que permite, por primera vez, que las cooperativas accedan a la titularidad de licencias de radio y TV. Este marco, sumado a la compresión técnica que permite la digitalización, crea condiciones más que favorables para la multiplicación de señales.
El primer canal de aire en aparecer tras la sanción de la norma fue Celta TV, una señal con ocho horas diarias de contenidos propios creada por la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos. “La salida al aire de Celta TV fue un ‘mix’ entre lo que venían produciendo y el aval que les da la ley a las cooperativas”, explica Néstor Piccone, presidente de Fecoop TV. Otro caso destacado es el de TV Coop de Zapala, que había sido clausurada por la dictadura. En 2007, por gestiones del entonces Comfer, TV Coop comenzó a retransmitir la TV Pública junto a dos horas de programación local, hasta que en 2011 recibió una autorización de la Afsca para mudarse a una señal de alta frecuencia. Estas experiencias aún no cuentan con licencias definitivas sino “permisos” para operar, ya que los concursos recién se iniciaron. ¿Por qué la demora? Según la Afsca, los retrasos se explican por el arduo trabajo de hacer un censo “casi desde cero” y de elaborar un plan técnico que establezca la disponibilidad de frecuencias.
Más despacio avanzan las gestiones para nuevos privados y para que las ONG y los movimientos sociales puedan tener su propio medio. En palabras de Becerra, “uno de los actores centrales en la discusión de la ley, los medios sin fines de lucro, siguen siendo los convidados de piedra en el sistema de comunicación masiva”.
Hasta el momento se avanzó en los procesos de normalización que estaban pendientes desde 2006 y se otorgaron 332 licencias para la puesta en marcha de radios AM y FM. “Hay un montón de radios anotadas, pero las zonas más duras de resolver son aquellas llamadas oportunamente zonas de conflicto”, detallan desde el organismo.
El objetivo es terminar con los Permisos Precarios Provisorios (PPP) otorgados años atrás. “Lo que había, se convierte en licencia o desaparece”, define un funcionario. La Afsca estima que a fines de este año la normalización y regulación de la radio será un hecho, lo que habilitaría el llamado a concurso. Aquéllos que no deseen esperar al llamado pueden presentar una solicitud para operar estaciones de muy baja potencia, previstas en la ley para “circunstancias de probada disponibilidad de espectro y en sitios de alta vulnerabilidad social”.
En paralelo, el organismo comandado por Aragón llamó a un concurso para 220 señales de TV Abierta -110 sin fines de lucro y 110 privados comerciales- en aquellas ciudades en las que está instalada la plataforma de la Televisión Digital Abierta (TDA). “El espectro está repartido entre los canales históricos, que recibieron su señal espejo para digital, la frecuencia de la ciudad, y un remanente de licencias que se ofrece vía concurso”, describe un funcionario de la Afsca. Es una medida histórica: hace más de treinta años que no había concursos para nuevas licencias.
No obstante, el Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, Populares y Comunitarias (integrada por TV PTS, Faro TV y Barricada TV de Almagro, entre otras) denunció los altos valores de los pliegos -que rondaron los 140 mil pesos- y pidió que se reconociera la figura de “trabajo voluntario”. Como respuesta, la Afsca comunicó la puesta en marcha de un proceso para que televisoras de baja potencia -aquéllas que abarquen entre 14 y 17 kilómetros a la redonda de la zona de la emisora- puedan acceder a sus licencias a un precio más bajo e “incluso sin costo para algunos medios comunitarios”.
Luis Lázzaro, coordinador general de la Afsca, dice que la evaluación provisoria de este nuevo mapa comunicativo debe enmarcarse en la relación de fuerzas entre el Gobierno y los grandes grupos. Para el funcionario, el desafío es pensar cómo se financiará el sistema en relación a su sustentabilidad. “Ambas cosas deben ir juntas. No pueden aparecer 508 canales de la noche a la mañana”, afirma.
Respighi advierte que harán falta más y mejores cuadros técnicos para poder aplicar la norma en su totalidad. “Queda la duda de si el personal encargado de evaluar y aplicarla está al mismo nivel que quienes redactaron la ley”, plantea el cronista, quien pide no confundir la aprobación del proyecto con su aplicación efectiva. “Hoy tenemos una legislación acorde a los tiempos que corren y que pone el espectro en condiciones. Para poder avanzar con la democratización era necesario el marco jurídico, y ese marco hoy está”, celebra.
Becerra valora la discusión previa, pero cree que el Gobierno, la oposición y los grandes empresarios de medios “no estuvieron a la altura de los desafíos democráticos de la ley”. En este contexto, Piccone expresa sus intenciones de reflotar la Coalición por una Radiodifusión Democrática -aquel conjunto de organizaciones que con sus “21 puntos” ayudó a materializar la actual legislación- para trabajar sobre la sostenibilidad del sistema. “No podemos llegar al 33 por ciento para los sin fines de lucro o a los medios de pueblos originarios si no se abre una discusión económica”, asegura el ex funcionario de la Secretaría de Medios, y agrega: “Hay que cambiar un esquema de televisión y radio casi eminentemente comercial, en el que se discuta la pauta privada, los aportes del Estado y los programas de capacitación. Puede llevar tres o cuatro años”. A treinta meses de la sanción de la Ley, los consultados coinciden en que es mejor tarde que nunca.
“La Argentina necesita una estructura más federal”
El senador por Córdoba del Frente Amplio Progresista, Luis Juez, explica los desafíos de la fuerza que integra y descarta la posibilidad de una alianza con el radicalismo.
“Hay un clarísimo ganador, que no somos nosotros”. Aquella frase de Luis Juez marcó a fuego el clima de su derrota como candidato a gobernador en las elecciones del 7 de agosto pasado. Sin embargo, tuvo su contraparte meses más tarde tras la buena performance electoral legislativa del Frente Amplio Progresista (FAP), hecho que le permitió convertirse en vicepresidente primero del Senado.
Hoy, desde su banca en la Cámara alta, el titular del Frente Cívico destaca tanto los proyectos comunes como las diferencias mostradas con sus compañeros del interbloque del FAP. También critica la “matriz unitaria” que, según su óptica, aún persiste en el diseño federal luego de ocho años de gobiernos kirchneristas. “Buenos Aires sigue recibiendo fondos, mientras la gente del interior está mendigando obra pública”, dispara.
Días atrás le tocó conducir durante un rato la sesión del Senado donde se discutió el traspaso de los subtes a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Partimos de un lugar básico: nos preguntamos si Macri debe hacerse cargo del transporte de su Ciudad y, sobre eso, no hubo dudas. No hay excusa ni argumento para que un intendente, por más modesta que sea su comuna, deje de ser el responsable exclusivo de administrar el transporte urbano. Las excusas de Macri son inadmisibles, propias de un tipo que asume la gestión basándose en el marketing, sin la necesaria cuota de responsabilidad. Cuando nos tocó administrar el transporte en la ciudad de Córdoba lo hicimos con los riesgos que ello implicaba. Ahora, ¿tenemos que obligarlo al tipo con una ley del Congreso? ¿Es la mecánica adecuada? Es más bien un ámbito impropio que el gobierno nacional utiliza para ridiculizar al jefe de gobierno, mientras que a Macri le encanta, porque lo pone en situación de víctima.
No podemos estar acompañando una ley que intente resolver un problema estrictamente de gestión.
Sobre este tema no hubo un voto unificado al interior del FAP. ¿Teme que esta pelea entre el gobierno nacional y el de la Ciudad genere más divisiones internas?
No. Nosotros tenemos libertad para actuar y pensar como se nos ocurra, estamos dentro de un frente amplio que pretende expresar la más pura pluralidad ideológica y podemos tener miradas distintas sobre un mismo tema sin que eso implique un enfrentamiento.
¿Qué piensa sobre el proyecto de reformar la Carta Orgánica del Banco Central?
Supuestamente, en estos ocho años se llevó adelante la reforma económica más espectacular de la historia… ¿y ahora resulta que necesitamos otra Carta Orgánica? Hoy dicen lo mismo que nosotros pedíamos desde 2003: que se invierta en tareas productivas, un Banco Central más federal… ¿Y ahora, que se están quedando sin fondos propios, vienen con ese discurso? Creo que el Gobierno pretende echarle mano a los fondos del Central, a sus reservas de libre disponibilidad.
¿Cuál es su opinión sobre la política oficial en torno a la causa Malvinas?
Hemos acompañado esta cuestión. Malvinas es uno de esos temas que son de todos, como la política de derechos humanos. Debemos tener una conducta más coherente, que se mantenga a través de los años y que se plante frente a los organismos internacionales. Que fije un cronograma que diga que en 25 años las Malvinas tienen que convertirse definitivamente en argentinas y marque qué es lo que se debe hacer a nivel político y económico para que esto suceda. Son temas importantes.
Días atrás, Hermes Binner llamó a consolidar el armado del FAP. ¿Cómo ve esta construcción a futuro?
Estamos trabajando con mucha predisposición para construir un modelo de Frente Amplio. Aunque tuvimos algunos choques con quienes plantean que hay chances de hablar con el radicalismo.
¿Por qué se opone a esa alianza?
Es imposible armar una alianza con la UCR: el radicalismo de Córdoba es el más rancio del país. Pero seguramente iremos viendo y conversando estos temas dentro del Frente Amplio.
¿Qué iniciativas impulsará este año el FAP en el Congreso, más allá de la mayoría kirchnerista en ambas Cámaras?
Debemos trabajar para consolidar una estructura mucho más federal en el país. El tema de los subsidios puso en evidencia lo que venimos denunciando hace ya varios años: que la Ciudad de Buenos Aires sigue recibiendo fondos en el marco de una matriz unitaria que se genera en el puerto y que tiene a la gente del interior mendigando obra pública. Vamos a impulsar cuestiones como éstas, aunque sabemos de la situación parlamentaria favorable que ostenta el oficialismo.
Fue muy crítico del discurso de la presidenta Cristina Kirchner en la apertura de sesiones…
Me pareció innecesario el maltrato al sector docente. También fue pobre el anuncio sobre Malvinas: no se trata de agregar un vuelo más sino de ponerle límites a la pretensión colonial. Después está el tema de la defensa exacerbada de ciertos temas económicos, con números increíbles. Pero esto no quiere decir que esté todo mal. El Gobierno ha avanzado en cosas de las que estamos orgullosos: esta semana la Cámara Federal de Córdoba condenó a varios represores. Estuvimos 36 años pidiendo justicia.
Usted rescata la figura de Fernando Solanas, que el año pasado se peleó con Claudio Lozano y otros integrantes del FAP. Luego de su mala performance electoral, ¿cree que es posible que se acerque al frente?
La gente no es buena o mala según los votos que tiene. Acá ganó José Manuel De la Sota, que es de lo peor que tuvo la provincia. Pino es un gran dirigente y un tipo que me honra con su amistad. Hablaremos sobre la diferencia de matices con algunos dirigentes de Capital Federal, pero Pino fue el precursor de haber instalado la agenda ambiental en la Argentina; es decir, cosas que nosotros antes sólo escuchábamos en boca de una ONG europea y que ahora se discuten constantemente. Por todas esas cosas, y por tanta coherencia, creo que Pino Solanas no puede dejar de ser parte de cualquier proyecto nacional y popular.
DE LA SOTA Y MESTRE
Antes de recalar en el Senado, Luis Juez gobernó la ciudad de Córdoba cuatro años, entre 2003 y 2007. Hoy todavía se discute el balance de su paso por la intendencia. Los juecistas aseguran que su gestión terminó con la parálisis de la era Germán Kammerath (al frente de la ciudad entre 1999 y 2003); los críticos, que incrementó demasiado la planta de empleados municipales.
¿Qué balance hace del gobierno de José Manuel De la Sota?
Lamentablemente su gobierno está expresando todo aquello que denunciábamos durante la campaña electoral. Sus primeras medidas tuvieron un efecto devastador para las arcas públicas y ninguna utilidad para la sociedad. Hoy están paradas las obras públicas por un valor de 1.500 millones de pesos porque se les debe dinero a los contratistas, siendo que la ausencia de obras fue lo que generó el problema constante de las inundaciones o la crisis energética. Por otro lado, excepto la autovía de la ruta 9 -que recibió fondos de la Nación- hace años que no se emprende la mejora de la traza en la provincia. Hace ocho meses que la salud pública en Córdoba no funciona: la cadena de pagos está destruida y estamos al borde de la cuasimoneda. Todo esto lo podemos decir con mucha honestidad porque faltan cuatro años para la próxima elección.
A estas administraciones. De la Sota no sabe explicar el endeudamiento de (Juan) Schiaretti y Schiaretti no puede explicar por qué dejó la provincia con este nivel financiero. Creo que en la provincia está muy arraigada aquella frase menemista: “Si en la campaña decíamos todo lo que íbamos a hacer, no nos votaba nadie”. Hoy Córdoba debe ser la provincia con la peor situación económica del país.
A cien días de asumir, Ramón Mestre dijo que la administración de Córdoba capital era complicada porque su gestión había heredado muchos problemas. ¿Qué es lo que vuelve tan difícil gobernar la ciudad?
Mestre ya instaló una chapa patente de inútil. Lo suyo es una “hermosa” conjunción entre la concepción neoliberal de los negocios y la inutilidad de Daniel Giacomino: se propuso vender todo aquello que el Estado tiene, mientras confronta con los trabajadores para mostrar una cierta idea de autoridad. Mestre le entregó un contrato por la recolección de residuos de 700 millones de pesos a una empresa de Corrientes sin experiencia en una ciudad de estas dimensiones. Aumentó un 140 por ciento los impuestos provinciales y un 70 por ciento el boleto de colectivo, que hoy vale 3,20 pesos para lo cual no compraron un solo colectivo ni mejoraron la frecuencia del servicio.
Mestre hizo críticas a su paso por la intendencia.
Quizás la crítica fue hacia la política municipal porque nosotros no confrontamos con los laburantes. Ahora bien, aumentamos cuarenta centavos el colectivo pero compramos nuevas unidades: él aumentó y no compró ni un cuatriciclo. Hoy no tiene ni para plantar un yuyo, pero gasta en publicidad como si tuviera una gestión exitosa para mostrar.

References: artículo 19
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