Source: https://tc.vlex.es/vid/2004-ma-da-39109967
Timestamp: 2019-01-22 22:43:03+00:00

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STC 60/2008, 26 de Mayo de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 39109967
Número de Recurso: 4309-2004
Recurso de amparo 4309-2004. Promovido por don J.M. respecto a la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, en grado de casación, revocó la de la Audiencia Provincial de Málaga y le condenó por delitos de cohecho y fraude en relación con la privatización de Intelhorce. Supuesta vulneración de los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y al juez imparcial, a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso penal y motivación), a un proceso con garantías, a ser informado de la acusación y a la legalidad penal: magistrado ponente nombrado Fiscal General del Estado después de dictada y firmada la sentencia; condena penal que puede ser dictada en casación sin recurso ulterior, modificando la calificación jurídica de los hechos declarados probados en la instancia; correlación del fallo con la acusación, que pudo ser debatida en casación; interpretación judicial de la condición de funcionario público y de la percepción de dádiva como elemento del tipo penal; término inicial de la prescripción del delito; inexistencia de bis in idem procesal.
Sentencia citada en: 4615 sentencias, 11 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas, una noticia
STC 60/2008, de 26 de mayo de 2008
En el recurso de amparo núm. 4309-2004, promovido por don J.M., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Díaz Solano y asistido por el Abogado don Carlos Larrañaga Junquera, contra la Sentencia núm. 1590/2003, de 22 de abril de 2004, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por la que resolvió el recurso de casación núm. 2074-2001, interpuesto contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga de 17 de abril de 2001, dictada en el procedimiento abreviado núm. 5384-1984 procedente del Juzgado de Instrucción núm. 11 de Málaga, sobre delito de estafa y otros. Han comparecido don Abel Arribas Fernández, don Jorge Bardeau Salm y don álvaro Miguel García Lavigne, representados por los Procuradores de los Tribunales don Emilio álvarez Zancada, don Jesús Iglesias Pérez y doña Carmen Ortiz Cornago, respectivamente. También han intervenido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Pascual Sala Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 2 de julio de 2004 la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Díaz Solano, actuando en nombre y representación de don J.M., interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales indicadas en el encabezamiento de esta Sentencia.
Los hechos referentes al recurrente en que se fundamenta la presente demanda, sin perjuicio de los que se reseñarán al analizar los motivos específicos de impugnación, son, en síntesis, los siguientes:
El Juzgado de Instrucción núm. 11 de Málaga incoó diligencias previas por delitos de malversación de caudales públicos, estafa, falsedad documental, apropiación indebida, entre otros, acordando proseguir las actuaciones por los cauces del procedimiento abreviado (núm. 5384-1984), donde formularon acusación contra el recurrente y otros acusados el Ministerio Fiscal y demás acusaciones personadas. Abierto el juicio oral y designándose competente para conocer a la Audiencia Provincial de Málaga, la Sección Tercera de ese Tribunal, luego de resolver respecto de las pruebas propuestas por las partes y diversas incidencias procesales, celebró el juicio en diversas sesiones consecutivas (la última el día 13 de febrero de 2001), dictando Sentencia de fecha 17 de abril de 2001, por la que se absolvía al recurrente de los delitos de fraude y cohecho por los que había sido acusado. Se alegaba a tal fin que el acusado no estaba revestido de la condición de funcionario público cuando realizó la acción, invocándose también a su favor el instituto de la prescripción.
Para una mejor la comprensión de la demanda merecen reseñarse los siguientes datos extraídos del relato de hechos probados de la referida Sentencia de instancia: La empresa textil malagueña Industrias Textiles del Guadalhorce, S.A., fue creada por el Instituto Nacional de Industria en 1957, constituyendo su objeto social la fabricación y comercialización de productos de algodón. Siendo de titularidad estatal fue privatizada en 1972 y en 1980 volvió a manos del Estado que, en forma de ampliación de capital, invirtió en ella alrededor de 24.000 millones de pesetas, guiado primordialmente por un objetivo político social, cual era el mantenimiento de un gran número de puestos de trabajo en una zona escasamente industrializada y con una alta tasa de desempleo. Ello no obstante, el gran volumen de pérdidas anuales que la sociedad generaba —unos dos mil millones de pesetas— llevaron a la Dirección General del Patrimonio el Estado, accionista única de Intelhorce, S.A., a tomar la determinación de volver a privatizar la sociedad, idea que se expuso al director gerente de la entidad Inmobiliaria de Promociones y Arriendos, S.A. (Improasa), don J.M., quien quedó en la tarea de iniciar las gestiones para proceder a la reprivatización. A tal efecto dicha entidad realizó una serie de actuaciones dirigidas a promocionar la venta y a encontrar compradores, de las que se derivó la oferta efectuada por la sociedad Benorbe (gestionada por los también acusados Sres. Orefici y García Lavigne), que no tenía, ni la capacidad financiera, ni la experiencia necesaria para proceder a la adquisición de Intelhorce y que lo que finalmente hizo fue descapitalizarla, al utilizar los compradores en beneficio propio los fondos de la misma y los aportados por el Estado para sanearla. Para vencer el recelo que en la Dirección General del Estado pudiera suscitar dicha oferta el Sr. Orefici contactó con el recurrente, a quien ofreció la posibilidad de percibir una cantidad cercana a los 50 millones de pesetas si se consumaba la venta, a lo que éste debía colaborar no profundizando en los datos de identificación de la entidad compradora. Sabedor el demandante de amparo de la trascendencia que para la venta tendría el respaldo de una gran empresa, apuntó la posibilidad de que la conocida empresa italiana Benetton, con la que Orefici mantenía ciertas relaciones negociales, concurriese a la licitación a través de una empresa interpuesta (Benorbe), pese a que conocía que dicha empresa no estaba interesada en la compra de Intelhorce, llegando posteriormente a afirmar que la verdadera compradora era la mencionada empresa italiana. Convencido de que la oferta de Benorbe era la mejor de las presentadas, el Director General del Patrimonio del Estado informó favorablemente sobre la venta de Intelhorce a Benorbe, siendo la misma autorizada por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 14 de julio de 1989. En la escritura de venta de Intelhorce, que tuvo lugar el 4 de agosto del mismo año, la Dirección General el Patrimonio del Estado decidió incluir una cláusula por la que se exigía la autorización de dicho organismo para disponer de los fondos aportados por el Estado con el fin de sanear la empresa. En los hechos probados se hace constar que no consta que el recurrente participara en una segunda fase subsiguiente al acuerdo de compra de Intelhorce, dirigida a obtener la liberalización del total de dichos fondos.
Presentado por el Ministerio Fiscal y por las acusaciones particulares recurso de casación contra la anterior resolución, ésta fue parcialmente revocada por Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de fecha 22 de abril de 2004, notificada a la representación procesal del demandante de amparo el día 4 de junio de ese mismo año. Por ello el órgano judicial dictó segunda Sentencia, en la que procedió a condenarle, como autor responsable de un delito de cohecho, a las penas de cuatro años y dos meses de prisión y multa por importe de 360.000 euros, con la accesoria de inhabilitación especial para el desempeño de cargos en cualquier empresa de carácter público por tiempo de seis años y un día y, como autor responsable de un delito continuado de fraude cometido por funcionario público, a la pena de cinco años de prisión, también con la accesoria de inhabilitación especial para el desempeño de cargos en cualquier empresa de carácter público por tiempo de seis años y un día, así como a satisfacer, en forma solidaria con el principal acusado y condenado en el procedimiento de instancia, en la cantidad establecida en la Sentencia recurrida en concepto de responsabilidad civil.
El recurrente considera vulnerados, en primer lugar, sus derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías (arts. 24.1 y 24.2 CE), al no poder ser revisada la Sentencia condenatoria dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo después del pronunciamiento absolutorio recaído a su favor por parte de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga. Así se habría vulnerado el derecho a la doble instancia en materia penal, previsto en el art. 14.5 PIDCP, trayendo a colación en apoyo de su queja el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso Gómez Vázquez contra España, que declara contrario al referido precepto el sistema casacional español. Según la demanda, es necesario partir de la afirmación de que el derecho reconocido en el citado art. 14.5 PIDCP se atribuye sólo a la persona declarada culpable de un delito, de lo que se desprende que son irrecurribles las Sentencias absolutorias. No aceptar esta conclusión conduce, como ha ocurrido en su caso, a que, si el Ministerio Fiscal o la acusación recurre la Sentencia absolutoria y es después condenado, se encuentra con que ya ningún tribunal puede revisar dicho pronunciamiento, lo que implica además una condena inaudita parte dado el carácter limitado que tiene el recurso de casación en nuestro ordenamiento procesal. Así las cosas, ante la inexistencia de la posibilidad de revisión del fallo condenatorio y la pena impuesta, al ser condenado luego de una Sentencia absolutoria, se habría vulnerado la expresada garantía recogida en el art. 14.5 PIDCP, que, por otra parte, incluye, no sólo el derecho al “doble grado de Jurisdicción”, sino más propiamente el derecho a la “doble instancia”, es decir, a un segundo proceso sobre la misma cuestión. Seguidamente el recurrente hace alusión a la doctrina sentada por este Tribunal a partir de la STC 167/2002, de 18 de septiembre, respecto de la necesidad de respetar las garantías de inmediación y de contradicción también en la segunda instancia, cuando la Sentencia recurrida sea de naturaleza absolutoria y se proceda a su sustitución por una Sentencia condenatoria. Según la demanda “se ha procedido a condenar en dicha segunda instancia, modificando los hechos probados de la Sentencia absolutoria, sobre la base de un debate centrado en la acreditación de unos elementos (fundamentalmente el carácter de funcionario público de mi representado y la inexistencia de la prescripción delictiva) sobre los que se asentó el fallo absolutorio de la Audiencia Provincial de Málaga”. Tal resultado violaría además “la doctrina ampliamente asentada en base a la cual el Tribunal Supremo no puede valorar de nuevo los hechos enjuiciados, salvo cuando se trate de error de hecho en la apreciación de la prueba (art. 849-2 LECrim)”.
Por diligencia de ordenación, de 15 de julio de 2004, de la Sección Tercera de este Tribunal se acordó conceder al recurrente, de conformidad con lo previsto en el art. 50.5 LOTC, un plazo de diez días para que procediera a la subsanación de una serie de defectos observados en su demanda, requiriéndole en particular que aportara al presente proceso constitucional copia de las resoluciones judiciales de las que trae causa el mismo y del escrito de impugnación al recurso formulado por Ministerio Fiscal contra la Sentencia de 17 de abril de 2001 de la Audiencia Provincial de Málaga.
Cumplimentada tal solicitud, por providencia de 26 de mayo de 2005, la Sección Tercera de este Tribunal Constitucional decidió, conforme lo previsto en el art. 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio público un plazo común de diez días para que formulasen, con las aportaciones documentales que procedieran, las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC].
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, mediante providencia de 18 de octubre de 2005, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, a tenor de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga y a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para la remisión de certificación o copia adverada de las actuaciones (rollo de Sala núm. 366-1997, dimanante de las diligencias previas núm. 5384-1997 del Juzgado de Instrucción núm. 11 de Málaga, y actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 2074-2001). También se interesaba de la Sala se procediera a emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción de la parte demandante, para que, si lo deseasen, pudieran comparecer, en el plazo de diez días, en el presente recurso de amparo.
La Sala Segunda de este Tribunal, también por providencia de 18 de octubre de 2005, acordó formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión, conforme a lo solicitado por el recurrente por otrosí en su escrito de demanda y en escrito posterior de 30 de julio de 2004, y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, conceder un plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que formulasen las alegaciones pertinentes sobre la suspensión solicitada.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de 24 de julio de 2006, se tuvieron por personados y partes en el presente proceso constitucional a los procuradores don Emilio álvarez Zancada, don Jesús Iglesias Pérez y doña Carmen Ortiz Cornago, en nombre y representación, respectivamente, de don Abel Arribas Fernández, don Jorge Bardeau Salm y don álvaro Miguel García Lavine, así como también al Abogado del Estado. En la misma diligencia se acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
El Abogado del Estado presentó sus alegaciones por escrito registrado en este Tribunal el día 12 de septiembre de 2006. En ellas afirma que las referencias que hace el recurrente sobre la doble instancia, en particular la conclusión que propugna sobre la eliminación de la casación en las Sentencias absolutorias, se opondrían al principio de igualdad de las partes en el proceso, así como a la función constitucional del Tribunal Supremo como instrumento de unificación jurisprudencial. Por otra parte la cuestión suscitada sobre la imposibilidad de recurrir su condena ya habría sido abordada por este Tribunal, en particular en la STC 296/2005, donde se afirma, por referencia a una Sentencia dictada por un Tribunal de apelación tras el recurso del Fiscal, que “ninguna vulneración comporta per se un pronunciamiento condenatorio en segunda instancia, sin que por ello resulte necesaria la previsión de una nueva instancia de revisión en una cadena que podría no tener fin”. Tampoco se habrían vulnerado por el órgano de casación las garantías derivadas de la inmediación y contradicción, porque éste se habría limitado a una estricta operación de calificación jurídica. En segundo lugar, no se justifican debidamente los presupuestos de los que debería inferirse la falta de imparcialidad del Juzgador. En este sentido las circunstancias que se exponen en la demanda (retraso en la emisión de la Sentencia o en su notificación) no son suficientes para llegar a esta conclusión, tratándose de “puras insinuaciones o sugerencias” carentes de todo contenido. Respecto al tercer motivo de impugnación, referente a la vulneración del principio acusatorio, afirma que no se habría producido, pues la Sentencia de casación no se basa en hechos distintos a los declarados probados en la Sentencia de instancia. Tan sólo ha concurrido una diversa valoración jurídica de unos mismos hechos por parte de cada uno de los órganos judiciales intervinientes, manteniendo estos opiniones opuestas sobre la condición o no de funcionario público del recurrente y el sistema de cómputo para la prescripción del delito. Sentada la condición funcionarial del mismo, como presidente de la entidad Improasa, es clara la concurrencia de los elementos integrantes de los tipos penales de fraude y cohecho por los que ha sido condenado, deduciendo también el Tribunal Supremo el carácter continuado de la infracción de la propia Sentencia de instancia. Tampoco se observa el déficit de motivación atribuible a la Sentencia de casación, utilizando el demandante este motivo para reproducir una vez más su discrepancia sobre la cuestión de fondo resuelta por el Tribunal Supremo sobre la calificación de los hechos y el consiguiente cómputo de la prescripción. Finalmente, los argumentos sobre la infracción de la “cosa juzgada”, en su proyección non bis in idem, carecen del necesario contenido constitucional, pues la Audiencia Provincial razona con notable extensión porqué el archivo recaído no equivale sin más a un sobreseimiento, “sobre todo sin que la materia procesal hubiera tenido un mínimo desarrollo”, y el Tribunal Supremo aborda igualmente la cuestión, resaltando la reiterada jurisprudencia sobre la falta de equiparación posible entre los autos de archivo dictados en procedimientos abreviados y los autos de sobreseimiento libre o las Sentencias absolutorias. Además las identidades inherentes a la “cosa juzgada” tampoco se demuestran por el recurrente, pareciendo sugerir que basta la identidad subjetiva para que se produzca este resultado.
El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 26 de septiembre de 2006, interesó la desestimación de la demanda de amparo, dando por reproducidas las alegaciones que hizo en escrito anterior de 14 de junio de 2005. En estas entiende que la queja del recurrente expuesta en primer lugar no puede acogerse, pues se construye cuestionando el sistema de recursos establecidos en la Ley de enjuiciamiento criminal y desconociendo la Jurisprudencia de este Tribunal Constitucional referida a la acomodación al derecho al recurso en materia penal de la condena pronunciada en segunda instancia tras un recurso en el que el condenado ha gozado de todas las garantías (cita al efecto el ATC 306/1999, de 13 de diciembre). Respecto a la lesión de la garantía de inmediación, el órgano de casación no habría modificado el factum tras una nueva valoración de pruebas personales, limitándose a revocar la Sentencia de instancia en base a criterios jurídicos, lo que sería también acorde con la doctrina de este Tribunal. La vulneración del derecho el Juez ordinario predeterminado por la Ley, no se habría producido, pues la Sentencia de casación aparece dictada y firmada por la totalidad de los integrantes del Tribunal con anterioridad a que se produjese el cese del Magistrado ponente por haber sido nombrado Fiscal General del Estado, apareciendo además “huérfana de toda probanza” la denuncia sobre la supuesta falta de imparcialidad por parte del referido Magistrado. En relación a la quiebra del principio acusatorio sostiene el Fiscal que concurre la causa de inadmisibilidad de la demanda prevista en el art. 44.1 c) LOTC, pues el recurrente se abstuvo de formular dicha queja en su impugnación al recurso de casación formulado por el Ministerio público, circunscribiéndose a sostener la improsperabilidad del mismo por no haber recurrido temporáneamente el auto que resolvió las cuestiones previas o a discrepar con la calificación jurídica por él realizada, tanto en lo relativo a su condición de funcionario público como respecto a la naturaleza jurídica de los hechos o su prescripción. En todo caso no se habría originado dicho defecto, pues la Sentencia cuestionada acogió los argumentos contenidos en el recurso de casación del Fiscal, teniendo la parte la oportunidad de impugnarlos convenientemente, sin que por lo demás pueda hablarse de modificación fáctica alguna, pues los aspectos controvertidos eran estrictamente jurídicos. Respecto a la incongruencia omisiva que se invoca, sin perjuicio de que tampoco se observa que el recurrente hubiera interpuesto el pertinente incidente de nulidad de actuaciones para subsanar tal tacha constitucional, resulta incuestionable que el órgano de casación ha procedido a una desestimación tácita de todas y cada una de las alegaciones del demandante. Además la Sentencia dictada conforma una resolución judicial motivada, con un razonamiento congruente fundado en derecho, por lo que no cabe hablar de arbitrariedad ni de irrazonabilidad, al contener una motivación que, partiendo de los hechos acreditados, analiza su calificación jurídica descartando las conclusiones a que había llegado la resolución de instancia, dando por ello plena satisfacción al derecho a la tutela judicial efectiva del demandante. En relación al último motivo, sobre violación del principio non bis in idem en su dimensión procesal, circunscribe el Fiscal la cuestión planteada a analizar si se ha iniciado un nuevo procedimiento sancionador por unos mismos hechos enjuiciados en otra causa que ha concluido con una resolución con efectos de “cosa juzgada”. Así se debe examinar, en primer lugar, si existe la triple identidad de sujetos, hechos y fundamentos entre ambos procedimientos judiciales, observándose que la Sentencia impugnada niega que exista tal identidad al no contener la denuncia original la totalidad de los hechos que luego fueron descubiertos. Por lo demás dicha resolución judicial negó también que el previo proceso hubiera concluido con un pronunciamiento que produjese el efecto de “cosa juzgada”, al tener el Auto dictado el carácter de un sobreseimiento provisional, lo que se razonó extensamente por la Sala en base a la regulación procesal entonces en vigor, sin que las discrepancias del ahora recurrente sobre una ulterior reforma de la normativa legal sirvan para desvirtuar la razonabilidad de la decisión adoptada.
La representación de don Abel Arribas Fernández presentó sus alegaciones por escrito también registrado con fecha 26 de septiembre de 2006, empezando por adherirse en su integridad a los razonamientos expuestos por el recurrente respecto a la doble instancia penal. En relación a la falta de imparcialidad del órgano judicial, subraya que la vista del recurso de casación tuvo lugar el 18 de noviembre de 2003, celebrándose en una única sesión. Después de varias prórrogas para dictar Sentencia, ésta (que lleva fecha de 22 de abril de 2004) es notificada a las partes el 4 de junio de 2004. Previamente se había difundido en los medios de comunicación el día 21 de abril de 2004 la noticia del nombramiento del Ponente de la causa, Excmo. Sr. Cándido Conde Pumpido, como Fiscal General del Estado, lo que así ocurrió en el Consejo de Ministros del día 23 de mismo mes. Así las cosas puede pensarse que buena parte de la Sentencia fue redactada con posterioridad a dicho nombramiento, pues de lo contrario se habría notificado en fechas próximas al 22 de abril, y en todo caso la independencia o imparcialidad del Magistrado se habría visto comprometida desde el mismo momento en que se anuncia a la prensa que sería nombrado Fiscal General del Estado. También se ratifica por esta parte la fundamentación jurídica efectuada por el recurrente respecto a la lesión del principio acusatorio, de la tutela judicial efectiva (por deficiente motivación de la Sentencia impugnada) y de principio non bis in idem, añadiendo en su escrito de alegaciones la incidencia que tales supuestas vulneraciones constitucionales le habrían originado, al ser también condenado en la presente causa, cuestión que ya articuló en su demanda de amparo formulada ante este Tribunal (núm. 4307-2004), que fue inadmitida por la Sección Tercera de este Tribunal.
Por providencia de 22 de mayo se señaló para la deliberación y fallo el día 26 del mismo mes y año.
La parte recurrente solicita la anulación de la Sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2004, que resolvió el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga de 17 de abril de 2001, recaída en el procedimiento abreviado núm. 5384-1994 proveniente del Juzgado de Instrucción núm. 11 de Málaga. Como ha quedado expuesto en los antecedentes de esta resolución, la Audiencia Provincial declaró la absolución del recurrente respecto de todas las imputaciones contra él formuladas durante la sustanciación de la referida causa, procediendo no obstante el Tribunal Supremo a condenarle, luego del recurso de casación formulado por el Fiscal, como autor de un delito de cohecho y otro continuado de fraude, a las penas de cuatro años y dos meses y de cinco años de prisión menor, respectivamente, además de la multa, accesorias e indemnización civil correspondiente.
Delimitado en los términos expuestos el presente el proceso de amparo, nuestro enjuiciamiento ha de comenzar, en virtud del diferente efecto y alcance que tendría la eventual estimación de las vulneraciones constitucionales aducidas, por la denunciada lesión del derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley y al Juez imparcial, dado que, como consecuencia de su supuesta estimación, resultaría innecesario un pronunciamiento de este Tribunal sobre las otras lesiones alegadas hasta tanto no hubiera obtenido el recurrente una resolución dictada por un Tribunal imparcial (por todas, STC 310/2000, de 18 de diciembre, FJ 1).
Por lo que se refiere al motivo invocado por el recurrente sobre la lesión de su derecho a un Juez imparcial, como integrante del derecho fundamental a un proceso público con todas las garantías (art. 24.2 CE), es necesario subrayar que, según doctrina de este Tribunal, la imparcialidad judicial se encuentra dirigida, en efecto, a asegurar que la pretensión sea decidida por un tercero ajeno a las partes y a los intereses en litigio y que se someta exclusivamente al Ordenamiento jurídico como criterio de juicio. Esta sujeción estricta a la Ley supone que la libertad de criterio en que estriba la independencia judicial no sea orientada a priori por simpatías o antipatías personales o ideológicas, por convicciones e incluso por prejuicios o, lo que es lo mismo, por motivos ajenos a la aplicación del Derecho. En definitiva, la obligación de ser ajeno al litigio puede resumirse en dos reglas: primera, que el Juez no puede asumir procesalmente funciones de parte; segunda, que no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica a su favor o en contra (STC 5/2004, de 16 de enero, FJ 2). Ahora bien, según la misma doctrina, aun cuando es cierto que en este ámbito las apariencias son muy importantes, porque lo que está en juego es la confianza que en una sociedad democrática los Tribunales deben inspirar a los ciudadanos, no basta con que tales dudas o sospechas sobre su imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas (SSTC 69/2001, de 17 de marzo, FFJJ 14 y 16; 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 4). Por ello la imparcialidad del Juez ha de presumirse y las sospechas sobre su idoneidad han de ser probadas (SSTC 170/1993, de 27 de mayo, FJ 3; 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5) y han de fundarse en causas tasadas e interpretadas restrictivamente sin posibilidad de aplicaciones extensivas o analógicas. En distinto plano hemos afirmado también que, en razón a la subsidiariedad del recurso de amparo, no puede alegarse en esta vía la vulneración del derecho al Juez imparcial sin haberse planteado en tiempo ante los órganos de la jurisdicción ordinaria la recusación del Juez o Magistrado cuya imparcialidad se cuestiona, de forma que no cabe apreciar la lesión del derecho invocado cuando el recurrente tuvo ocasión de ejercer su derecho a recusar y no recusó (SSTC 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 4; 28/2007, de 12 de febrero, FJ 3).
Apartada así la pretendida vulneración del derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley y al Juez imparcial, ha de partirse ahora de que el recurrente desarrolla una impugnación de la actual regulación del sistema casacional español y de la legitimación específica prevista para interponer este recurso (art. 854 LECrim), al efecto de concluir que ha carecido de la posibilidad de recurrir la Sentencia que le condenaba, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra la Sentencia inicialmente absolutoria. Considera que tal circunstancia ha producido la lesión de su derecho a un proceso con todas las garantías, entre las que ha de incluirse, por la incidencia que en la interpretación del art. 24.2 CE tiene el art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP), la de toda persona declarada culpable de un delito de someter a revisión el fallo condenatorio y la pena impuesta.
Respecto de la infracción también del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) al no haberse respetado los principios de inmediación y contradicción por la Sentencia dictada en casación a la hora de valorar la prueba, conviene empezar afirmando que, en efecto, desde la STC 167/2002, de 18 de septiembre, FFJJ 9 y 10, hemos reconocido límites constitucionales a la posibilidad de revisión fáctica de las Sentencias absolutorias. Tales límites derivan de la exigencia de respetar las garantías de publicidad, inmediación y contradicción en la valoración de las pruebas. No obstante, como hemos afirmado recientemente en la STC 328/2006, de 20 de noviembre (FJ 4), tales “límites son aplicables al juicio de apelación penal en tanto que su configuración legal —art. 795 LECrim— atribuye plena jurisdicción al Tribunal ad quem, con la posibilidad de revisar y corregir la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez a quo y de modificar los hechos probados”. En estos casos el órgano de apelación no puede operar una modificación de los hechos probados que conduzca a la condena del acusado después de realizar una diferente valoración de la credibilidad de los testimonios de los acusados o testigos, en la que se fundamenta la modificación del relato de hechos probados y la conclusión condenatoria, si tal modificación no viene precedida del examen directo y personal de los acusados o testigos en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción. (por todas, STC 170/2005, de 20 de junio, FJ 2). Dicho lo anterior también es verdad que nuestro sistema casacional no queda limitado al análisis de cuestiones jurídicas y formales y que sólo permita revisar las pruebas en el restringido cauce que ofrece el art. 849.2 LECrim, tal como se afirma en la demanda, ya que, como recordábamos en la también reciente STC 136/2006, de 8 de mayo, FJ 3, en virtud del art. 852 LECrim, el recurso de casación podía interponerse, en todo caso, fundándose en la infracción de un precepto constitucional, de modo que, a través de la invocación del art. 24.2 CE (fundamentalmente en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que el Tribunal Supremo controle, tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas. Así hemos dicho que, a través de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la presunción de inocencia, se puede cuestionar, no sólo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino la declaración de culpabilidad que el Juzgador de instancia haya deducido de su contenido (STC 2/2002, de 14 de enero, FJ 2). Por tanto, el recurrente “tiene abierta una vía que permite al Tribunal Supremo ‘la revisión íntegra’, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad, a través del control de la aplicación de las reglas procesales y de valoración de la prueba” (SSTC 70/2002, de 3 de abril, FJ 7; 116/2006, de 24 de abril, FJ 5).
En relación al motivo invocado en la demanda sobre la lesión del principio acusatorio (art. 24.2 CE) conviene recordar que este Tribunal ha señalado que, entre las garantías que incluye dicho principio, se encuentra la de que “nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y de la que, por lo tanto, haya podido defenderse”, habiendo precisado a este respecto que por “cosa” no puede entenderse “únicamente un concreto devenir de acontecimientos, un factum”, sino también “la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, pues el debate contradictorio recae no sólo sobre los hechos, sino también sobre su calificación jurídica” (SSTC 4/2002, de 14 de enero, FJ 3; 228/2002, de 9 de diciembre, FJ 5; 71/2005, de 4 de abril, FJ 3). En consecuencia el pronunciamiento del Tribunal debe efectuarse precisamente en los términos del debate, tal como han sido planteados en las pretensiones de la acusación, no pudiendo el Tribunal apreciar hechos o circunstancias que no hayan sido objeto de consideración en ésta y sobre los cuales, por tanto, el acusado no haya tenido ocasión de defenderse en un debate contradictorio (SSTC 40/2004, de 22 de marzo, FJ 2; 183/2005, de 4 de julio, FJ 4). Además, este Tribunal ha afirmado que con la perspectiva constitucional del derecho de defensa, lo que resulta relevante es que la condena no se produzca por hechos o perspectivas jurídicas que de facto no hayan sido o no hayan podido ser plenamente debatidas (por todas, STC 87/2001, de 2 de abril, FJ 6). Por otra parte las exigencias del principio acusatorio, entre las que cabe incluir esta congruencia entre acusación y fallo, son de aplicación también en la segunda instancia (STC 35/2004, de 8 de marzo, FJ 2), aunque, en relación con el recurso de casación, no tengan que ser de aplicación de manera idéntica, porque “la estructura contradictoria en esta segunda instancia ya no es predicable de la relación entre quien ejerce una pretensión punitiva (acusación) y quien se defiende de ella (acusado) para que sea resuelta por un órgano judicial dentro de los límites en los que se establezca dicho debate; sino de la relación entre quien ejerce una pretensión de revisión de la legalidad de la resolución (recurrente) y los razonamientos de la resolución impugnada (resolución de primera instancia), para que sea resuelta por un órgano judicial superior dentro de los límites en que se establezca dicho debate” (STC 123/2005, de 12 de mayo, FJ 9). Ello no impide que se aprecie la lesión constitucional alegada por el recurrente si con su actuación “el Tribunal de casación ha impedido de algún modo hacer efectivo su derecho de defensa contradictoria, al no haber tenido conocimiento de los términos de la acusación, o ha comprometido su imparcialidad judicial al asumir funciones acusatorias que le están constitucionalmente vedadas” (STC 170/2006, de 5 de junio, FJ 2).
Por otra parte la Sentencia impugnada no ha dejado imprejuzgada la pretensión formulada por el recurrente, tal como refiere en su demanda, sin perjuicio de que, de haber existido dicha incongruencia, habría dado lugar, como subraya el Fiscal, a su inadmisión de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 50.1 a) y 44.1 a) LOTC, ya que, si se consideraba que esta resolución judicial no daba respuesta a las concretas alegaciones planteadas en su escrito de impugnación al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal, debería haberse intentado la oportuna nulidad de actuaciones regulada en el art. 241 LOPJ para dar así a la jurisdicción ordinaria la posibilidad de reparar dicho defecto (SSTC 178/2002, de 14 de octubre, FJ 4; 223/2003, de 15 de noviembre, FJ 3). En todo caso esta tacha constitucional no se ha producido. Este Tribunal ha advertido reiteradamente de la necesidad de distinguir, a efectos de valorar la posible incongruencia de una Sentencia, entre las alegaciones deducidas por las partes para fundamentar sus pretensiones y estas últimas consideradas en sí mismas, y ha aclarado que no puede entenderse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por el hecho de que el órgano judicial no dé respuesta pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones vertidas en el proceso, pues el derecho invocado puede satisfacerse atendiendo a las circunstancias de cada caso “con una respuesta a las alegaciones de fondo que vertebran el razonamiento de las partes” (STC 223/2003, de 15 de diciembre, FJ 4). Así las cosas es incuestionable, tras una lectura de la Sentencia impugnada, que ésta, al responder a los motivos alegados por el Fiscal en su recurso de casación, dio respuesta a todos los razonamientos fundamentales expuestos por el demandante en su escrito de oposición, referentes a su condición o no de funcionario público, a la existencia de los ilícitos de fraude y cohecho, a la continuidad delictiva y a la prescripción, analizando incluso, en sus folios 205 y 206, la objeción de procedibilidad por aquél invocada sobre la firmeza del Auto de la Audiencia resolutorio de las cuestiones previas, por lo que el Tribunal no ha dejado de tutelar por este motivo los derechos e intereses legítimos sometidos a su jurisdicción provocando una denegación de justicia (STC 114/2003, de 16 de junio, FJ 3).
Respecto de la prescripción delictiva, cuyo análisis se resalta de manera especial en la demanda, la fundamentación acogida en la Sentencia de casación se ajusta también al canon de motivación reforzado que hemos ido delimitando en esta materia. Así hemos afirmado que “es el propio del art. 24 CE, en cuanto exige para entender otorgada la tutela judicial efectiva que la pretensión sea resuelta mediante una resolución que sea razonada, es decir, basada en una argumentación no arbitraria, ni manifiestamente irrazonable, ni incursa en error patente, canon éste reforzado por tratarse de supuestos en los que están en juego otros derechos fundamentales ya que, en efecto, no puede desconocerse que la decisión judicial desestimatoria de la prescripción extintiva de una infracción penal abre paso a la posibilidad de dictar una Sentencia condenatoria” (STC 63/2001, de 17 de marzo, FJ 7).
Respecto del último motivo articulado en la demanda, vulneración del principio non bis in idem en su dimensión procesal, conviene recordar que este Tribunal ha ubicado en el ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) la garantía consistente en la interdicción de un proceso penal con el mismo objeto. Así, en la STC 2/2003, de 16 de enero, FJ 3 b), declaramos (citando, a su vez, la STC 159/1987, de 26 de octubre) la imposibilidad de proceder a un nuevo enjuiciamiento penal si el primer proceso ha concluido con una resolución de fondo con efecto de cosa juzgada, ya que “en el ámbito de lo definitivamente resuelto por un órgano judicial no cabe iniciar —a salvo del remedio extraordinario de la revisión y el subsidiario del amparo constitucional— un nuevo procedimiento, y si así se hiciera se menoscabaría sin duda la tutela judicial dispensada por la anterior decisión firme. Tal garantía tiene como fundamento las razones que el legislador español avanzaba en la exposición de motivos de la LECrim, para justificar la proscripción de la absolución en la instancia, cuyo significado es análogo al de la prohibición de la revisión ‘contra reo’: evitar las ‘vejaciones’ que resultarían de una situación de permanente inseguridad y, en fin, no dispensarle un trato incompatible con la condición de ‘ciudadano de un pueblo libre’”. Esta proscripción de un ulterior enjuiciamiento cuando el mismo hecho ha sido ya enjuiciado en un primer procedimiento, en el que se ha dictado una resolución con efecto de cosa juzgada, coincide en lo sustancial con el contenido de los convenios internacionales sobre derechos humanos existentes, entre éstos el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (art. 14.7) y el Protocolo 7 del Convenio europeo de derechos humanos (art. 4), que como ya hemos dicho ha sido firmado pero no ratificado por España. En definitiva, en el marco del Estado constitucional de Derecho, tal como se sugiere en la demanda, ningún poder público es ilimitado, por lo que “la potestad sancionadora del Estado, en cuanto forma más drástica de actuación de los poderes públicos sobre el ciudadano ha de sujetarse a estrictos límites” (FJ 8 de la citada STC 2/2003). Además, es evidente que “a los más elementales criterios de la razón jurídica repugna aceptar la firmeza de distintas resoluciones judiciales en virtud de las cuales resulte que unos mismos hechos ocurrieron y no ocurrieron, o que una misma persona fue su autor y no lo fue. Ello vulneraría, en efecto, el principio de seguridad jurídica que, como una exigencia objetiva del Ordenamiento, se impone al funcionamiento de todos los órganos del Estado en el art. 9.3 CE. Pero, en cuanto dicho principio integra también la expectativa legítima de quienes son justiciables a obtener para una misma cuestión una respuesta inequívoca de los órganos encargados de impartir justicia, ha de considerarse que ello vulneraría, asimismo, el derecho subjetivo a una tutela jurisdiccional efectiva (art. 24.1 CE)” (STC 62/1984, de 21 de mayo, FJ 5).
Desestimar la demanda de amparo interpuesta por don J.M..
ATC 253/1995, 25 de Septiembre de 1995

References: artículo 51
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