Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu13&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-13-D-46.CODI.%29
Timestamp: 2020-07-03 17:30:13+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 46, de 09/09/2019
cve: BOCG-13-D-46
162/000060 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la extensión de protección temporal a los exiliados venezolanos en España ... (Página3)
162/000061 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reprobación de la Ministra de Hacienda ... (Página5)
162/000062 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para resolver el bloqueo de las entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas por parte del Ejecutivo ... (Página7)
162/000064 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a paliar los daños producidos por el incendio forestal producido en agosto de 2019 en Gran Canaria ... (Página9)
162/000065 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a paliar los daños producidos por las inundaciones y otros siniestros ... (Página11)
Dirigidas, en caso de aprobación, al Gobierno que se constituya
162/000045 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la integración voluntaria de centros educativos concertados en la red pública ... (Página13)
162/000046 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la declaración del estado de emergencia climática ... (Página15)
162/000047 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al reconocimiento de la gratuidad del primer ciclo de la Educación Infantil ... (Página17)
162/000048 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, contra la corrupción y las puertas giratorias ... (Página19)
162/000049 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre elaboración y redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores ... (Página21)
162/000050 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a medidas en apoyo del colectivo de funcionarios de prisiones ... (Página22)
162/000051 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a medidas en apoyo del sector cinegético en España ... (Página24)
162/000052 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a desclasificar la información de la que dispone respecto a la relación existente entre el CNI y los autores de los atentados del 17/08/2017 en Barcelona y Cambrils ... (Página26)
162/000053 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la adopción de medidas urgentes que garanticen la viabilidad del hotel sito dentro del conjunto monumental denominado Real Monasterio de Santa María de El Paular ... (Página28)
162/000055 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a que el Ministerio de Defensa incremente, de manera urgente, la plantilla del Observatorio de la Vida Militar ... (Página29)
162/000058 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la situación de inseguridad que se está produciendo en la ciudad de Barcelona ... (Página30)
162/000059 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la protección y fomento de la transhumancia del ganado ... (Página32)
162/000063 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre declaración de zona catastrófica en la comarca de Campo de Montiel ... (Página34)
162/000066 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a mejorar las condiciones profesionales de los funcionarios adscritos a los cuerpos penitenciarios ... (Página35)
233/000012 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 1595/2016, planteada por la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, en relación con el artículo 1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, en cuanto que solo reconoce legitimación a las personas mayores de edad para solicitar la rectificación de la mención registral del sexo y del nombre, por posible vulneración de los artículos 15, 18.1 y 43.1, en relación con el artículo 10.1 de la Constitución española ... (Página37)
120/000007 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo a trámite el escrito presentado por don José Damián Caballero Martínez, por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular sobre la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios ... (Página38)
162/000060
Sin embargo, la resolución de estas solicitudes es lenta y las cifras de concesiones de asilo no están a la altura ni del número de demandantes ni de la gravedad de la situación en la que se encuentra Venezuela. Por ejemplo, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de las 19.280 solicitudes que se registraron en 2018, solo 30 fueron favorables. Además, el número de solicitudes se ha incrementado exponencialmente: en 2015, las solicitudes de asilo en España no llegaban a las 15.000, mientras que en 2018 la cifra superó las 54.000. Los venezolanos siguen siendo la primera nacionalidad en número de solicitantes.
Esta situación hace que los ciudadanos venezolanos en el exilio se encuentren en un limbo jurídico que no les permite ejercer sus derechos y libertades en sus países de acogida, pero con un país de origen en una situación de crisis humanitaria al que tampoco pueden volver por respeto a su propia integridad física. En la respuesta del Gobierno a una pregunta registrada en la XII Legislatura por parte de un diputado del grupo que suscribe, el Gobierno afirmó que, "conforme a las directrices enviadas por el anterior Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación al entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los pasaportes caducados de nacionales venezolanos serán prorrogados mediante una etiqueta adherida al pasaporte".
Esta solución temporal puede mejorar la situación a corto plazo de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en nuestro país. Sin embargo, no sirve para paliar en el medio y largo plazo la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran mientras no se resuelvan de forma más eficiente y rápida las
solicitudes de asilo de los mismos. Ante esta situación, los venezolanos en España se han organizado para pedir acción al Gobierno y, desde la iniciativa Un Salvavidas para Venezuela, que aglutina a unos 300 ciudadanos venezolanos residentes en nuestro país, se ha instado al ejecutivo a que adopte medidas para garantizar protección temporal a los exiliados en base al Real Decreto 1325/2003.
Este estatus permite el acceso a un permiso de residencia durante un año, la libre circulación, un permiso de trabajo -una de las principales demandas de este colectivo- y el acceso a la sanidad pública. Este estatus se prorrogaría de forma automática durante otro año más y, "si persistieran los motivos que dieron lugar a su adopción, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior, oída la Comisión Interministerial de Extranjería, podrá prorrogar dicha protección temporal durante un año más como máximo". Es decir, que gracias a la activación de este mecanismo, los exiliados venezolanos podrían gozar de todos sus derechos en España durante un máximo de tres años, pudiendo desempeñar un trabajo y así favorecer su inclusión en la sociedad española.
El propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ya sugirió a los países destino del exilio venezolano la utilización de mecanismos de este tipo en marzo de 2018. También el Parlamento Europeo aprobó una resolución en julio de 2018 que pedía a los Estados miembros de la Unión Europea a considerar la puesta en marcha de respuestas inmediatas de protección a los exiliados venezolanos a través, por ejemplo, de visados humanitarios o disposiciones especiales.
En este contexto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos registró en la XII Legislatura varias iniciativas para dar una mayor cobertura preguntó al Gobierno si estaba considerando otorgar dicha protección temporal en base al Real Decreto 1325/2003 a los exiliados venezolanos que llegan a España, tal y como demanda Un Salvavidas para Venezuela. En octubre de 2018, gracias al trabajo del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Congreso de los Diputados aprobó la creación de un Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos en España.
Tras este pronunciamiento del Congreso de los Diputados, el Gobierno anunció la concesión de Residencia por Razones Humanitarias de Protección Internacional a personas de nacionalidad venezolana que hayan solicitado asilo en España. De acuerdo con esta propuesta, el Gobierno facilitaría un permiso de residencia de un año por razones humanitarias para aquellas personas venezolanas a quienes se haya denegado la solicitud de asilo y cuya petición se hubiese formalizado con posterioridad al 1 de enero de 2014. Pese a ser un avance en el desbloqueo de la situación, lo cierto es que la acción del Gobierno queda muy lejos de solucionar el problema, al ser extensible por solo un año.
Según datos de CEAR, en 2018 volvió a reducirse la concesión de protección internacional en España, y de las 11 875 resoluciones firmadas por el ministro del Interior, solo 575 lograron el estatuto de refugiado y 2.230 la protección subsidiaria, mientras que a 8.980 se les denegó la protección. Es decir, esto supone que solo un 24 % de las resoluciones fueron favorables, frente al 76 % que fueron desfavorables. En cuanto a la responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Migraciones, España dispone de unas 8.000 plazas de acogida para estas personas, pero ya hay 4.000 peticiones pendientes, lo que está desbordando el sistema. Organizaciones como la Coordinadora de Barrios o la Red Solidaria de Acogida han denunciado ya esta situación y apuntan a una estrategia premeditada del Gobierno para desincentivar las solicitudes de asilo utilizando un sistema de acogida insuficiente.
Teniendo en cuenta la situación de crisis humanitaria en Venezuela; los lazos históricos, económicos, culturales y sociales que unen a las sociedades española y venezolana; y que el éxodo venezolano es la principal causa del aumento de solicitudes de asilo en España, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
5. Diseñar un plan de acogida para los exiliados venezolanos objeto de la protección temporal para garantizar su inserción en el mercado laboral y su pleno acceso a los servicios sociales, así como el cumplimiento de sus obligaciones con el Estado.
6. Colaborar estrechamente con los Gobiernos de los catorce países de América Latina y el Caribe que han suscrito un plan de acción para la acogida e inclusión del éxodo venezolano celebrado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
8. Liderar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la presión internacional al régimen de Nicolás Maduro mediante la ampliación de sanciones específicas contra altos cargos del régimen venezolano, en línea con lo aprobado por el Congreso de los Diputados en abril de 2018 y con las sanciones específicas aprobadas por la Unión Europea en mayo de 2018."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de agosto de 2019.-María Luisa Alonso García, Diputada.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000061
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reprobación de la Ministra de Hacienda y Administraciones Públicas, para su debate en Pleno.
El artículo 30.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dispone que "antes del 1 de agosto de cada año el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado". A fecha 28 de agosto, esta información no se ha trasladado de ninguna manera al referido Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Esta dejación de funciones por parte del Gobierno resulta inadmisible por diversas razones. En primer lugar, porque no significa otra que un incumplimiento legislativo palmario. El apartado 2 del citado artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012 no ofrece lugar a dudas sobre la obligación de información a la que está sujeto el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para con el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Por otra parte, la inacción del Gobierno está resultando perjudicial para el resto de Administraciones Públicas. Las Comunidades Autónomas necesitan la referencia del límite de gasto no financiero -el conocido como "techo de gasto"- para formular sus propios proyectos presupuestarios de cara al año 2020 y funcionar con normalidad, de forma que, transcurrido prácticamente un mes del plazo que marca la ley sin haberse aprobado ese "techo de gasto", el conjunto de Administraciones públicas se ve abocada a una situación de parálisis institucional inadmisible.
Por si lo anterior no fuese suficiente, la Ministra de Hacienda y Administraciones Públicas aseguró no disponer de un informe de la Abogacía del Estado que analizaba el asunto en cuestión, cuando en realidad, según afirman diversos medios de comunicación, sí disponía de él.
En ese sentido, cabe recordar que actualmente ni siquiera es necesario disponer de unos objetivos de déficit actualizados; es más, recordemos que se encuentra en vigor la senda aprobada en 2018 hasta el año 2020, que establece un objetivo de déficit del 0,0 para la Administración central. En efecto, según la
normativa vigente, la aprobación del "techo de gasto" únicamente requiere de un acuerdo discrecional por parte del Gobierno; acuerdo que, sin embargo, no se ha producido.
A este respecto, el Gobierno ha justificado su negativa a cumplir sus obligaciones manifestando simplemente que en estos momentos se encuentra "en funciones", lo que, según afirma, le impide adoptar ninguna decisión. Sin embargo, lo cierto es que el Gobierno en funciones -como deja claro el artículo 21.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno-, tiene limitada su gestión al "despacho ordinario de los asuntos públicos", dentro de lo cual por supuesto se incluye el cumplimiento de las previsiones legalmente previstas. Lo anterior ha sido recientemente confirmado por el Tribunal Constitucional en sentencia 124/2018, de 14 de noviembre de 2018, en especial en lo que atañe a la potestad del Congreso de controlar la función del Ejecutivo cuando este se encuentre en funciones.
En este sentido, resulta procedente recordar que, a los efectos de representar debidamente el interés general del conjunto de los ciudadanos y para evitar que una institución abuse de su poder, deviene fundamental que se produzca un equilibrio entre los tres poderes del Estado, de manera que se controlen el uno al otro en su gestión.
Expuesto lo anterior, cabe resaltar que lo peor ya no es que el Gobierno yerre en su obstinada defensa de su inacción y mienta sobre la existencia de un informe -lo cual ya es de por sí grave-, sino que todo ello tenga el efecto indeseable de cuestionar la legitimidad, independencia y función de las instituciones. Además, no es la primera vez que el Gobierno incumple tales preceptos.
El Gobierno incumplió su obligación de recabar el apoyo de las Cortes Generales para aprobar unos objetivos de déficit coherentes con los compromisos acordados con nuestros socios europeos, como exige el artículo 15.6 de la citada Ley Orgánica 2/2012.
Efectivamente, en el mes de julio del pasado año 2018, el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados una primera propuesta de acuerdo, que fue rechazada por la Cámara. De conformidad con el artículo 15.6 de la Ley Orgánica 2/2012, dicho rechazo obligaba al Gobierno a remitir un nuevo acuerdo "en el plazo máximo de un mes". Sin embargo, el Ejecutivo no solo incumplió nuevamente los plazos exigidos por la ley, sino que los extendió de forma inaceptable hasta el mes de diciembre.
Además, y en tanto que era igualmente preceptiva la aprobación de dicho acuerdo de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por parte del Senado, remitió dicho acuerdo a la Cámara Alta. Pero, al no reunir una mayoría parlamentaria suficiente para alcanzar un acuerdo, el Gobierno, haciendo un uso cuestionable de la iniciativa legislativa de su partido en el Congreso al efecto de sortear todas las garantías jurídicas, registró una enmienda a una Ley sobre medidas para luchar contra la violencia machista que se tramitaba entonces con el fin encubierto de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria antes citada para así eliminar el requisito del voto favorable del Senado para la aprobación de los objetivos de déficit acordados por el Gobierno.
De resultas de lo anteriormente descrito y, en particular, del incumplimiento del plazo señalado en el artículo 30.2 de la Ley Orgánica 2/2012 para remitir a esta Cámara una propuesta de acuerdo de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, así como de mentir sobre la existencia de un informe de la Abogacía del Estado del que la Ministra de Hacienda y Administraciones Públicas aseguraba no disponer pero del que sí disponía, el Congreso de los Diputados tiene la obligación de reprobar su actuación, en defensa de su función constitucional, de la separación de poderes, del Estado de Derecho y de la calidad democrática de nuestras instituciones, con el fin último tanto de condenar el desprecio que
aquella ha mostrado hacia la Ley y hacia el Poder Legislativo como de dar ejemplo al resto de miembros del Gobierno.
1. Acuerda la reprobación de la ministra de Hacienda y Administraciones Públicas, por haber sometido la gestión por intereses partidistas que ha llevado al país a una situación de bloqueo y por mentir sobre la existencia de un informe de la Abogacía del Estado del que la ministra aseguraba no disponer pero sí disponía.
2. Insta a todos los miembros del Gobierno a respetar escrupulosamente el principio de separación de poderes y, en su virtud y de ahora en adelante, a someterse de manera irrenunciable al control parlamentario de su gestión."
162/000062
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para resolver el bloqueo de las entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas por parte del ejecutivo, para su debate en Pleno.
La Constitución Española (CE) recoge en el artículo 156 los principios que deben regir el sistema de financiación autonómica: "Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles".
En los dos artículos siguientes de la CE se marcan las líneas básicas de esta financiación autonómica que luego se han desarrollado a través de la correspondiente Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). La última, aprobada por un gobierno socialista con el apoyo de nacionalistas y el voto en contra del Partido Popular, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, sigue vigente a día de hoy.
El artículo 11 de la citada ley, establece en su punto segundo el mecanismo de las entregas a cuenta para garantizar la suficiencia dinámica en la financiación de las Comunidades Autónomas:
"2. A estos efectos, a partir de la entrada en vigor del sistema y, en relación con los recursos constituidos por la tarifa autonómica del IRPF, el porcentaje cedido de IVA e Impuestos Especiales de Fabricación, la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y el Fondo de Suficiencia Global, las Comunidades Autónomas recibirán, cada año, la financiación correspondiente a las entregas a cuenta de cada uno de los citados recursos que les sean de aplicación y, en el año en que se conozcan todos los valores definitivos de los citados recursos, la liquidación definitiva que corresponda, por diferencia entre el importe de los valores definitivos de los mismos y las entregas a cuenta percibidas.
Para la determinación del importe de las entregas a cuenta señaladas en el párrafo anterior se utilizarán las previsiones existentes a la fecha de elaboración por el Gobierno del anteproyecto de Ley de presupuestos generales del Estado del ejercicio que corresponda."
Estos recursos, 6.761 millones de euros según publicó el propio Ministerio de Hacienda en la presentación del Proyecto de PGE 2019 el 14 de enero de 2019, son imprescindibles para que las
Comunidades Autónomas puedan prestar adecuadamente los servicios que tienen transferidos, entre otros, sanidad, educación y servicios sociales.
Por eso no cabe ningún tipo de excusa al respecto, tal y como afirmaban destacados dirigentes socialistas a principios de 2018. Manuel Escudero, Secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, afirmaba en un comunicado que "insinuar siquiera que las entregas de dinero a las comunidades estarán supeditadas a la aprobación de los Presupuestos supone una deslealtad institucional inaceptable, una irresponsabilidad y una ruptura de las normas mínimas del Estado de las Autonomías". Y María Jesús Montero, siendo Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía afirmaba que "supeditar la financiación autonómica a la aprobación de los presupuestos es un chantaje inaceptable".
Un año después de estas declaraciones, la Ministra de Hacienda en funciones se ha enredado en un juego de trilerismo, en el que ha implicado incluso a la Abogacía del Estado, para defender que un Gobierno en funciones no puede actualizar la financiación autonómica por ser "una decisión política, que condicionaría la acción del próximo ejecutivo". Sin duda, una excusa de mal pagador por dos razones. La primera porque sea cual sea el próximo ejecutivo, está legalmente obligado (artículo 11 de la LOFCA) a entregar los anticipos a cuenta: es una cuestión legal y técnica, no política. La segunda, porque en los viernes pre-electorales no tuvieron ningún problema en adoptar decisiones políticas que, estos sí, comprometían claramente la acción del próximo ejecutivo.
Y siendo grave que la Ministra de Hacienda en funciones haya incurrido en contradicciones, medias verdades y mentiras, y haya hecho un uso partidista de las instituciones, más grave aún son las consecuencias que se derivan de su actitud y la sospecha de las razones que hay detrás de la misma.
Así, limitando los recursos de las CCAA, a costa de perjudicar a los ciudadanos en servicios esenciales para ellos como la educación de sus hijos, su propia salud o el cuidado de sus mayores dependientes, la Ministra de Hacienda en funciones oculta su propia negligencia y puede compensar, con el menor gasto de las CCAA, un déficit de la Administración Central que no es capaz de controlar para cumplir con nuestros compromisos europeos. De hecho, a cierre de mayo no solo no ha conseguido reducir el déficit del Estado, sino que este ha aumentado en 1.415 millones de euros respecto al año anterior, situándose en 15.528 millones de euros.
Sólo así se entiende que lleve un año sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el foro en el que deberían debatirse y solucionarse estas cuestiones, incumpliendo además el artículo 6 de su propio Reglamento de Funcionamiento Interno que exige que el Pleno del Consejo se reúna, como mínimo, dos veces al año.
Los españoles no pueden sufrir las consecuencias de un gobierno socialista que, primero, fue incapaz de recabar los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Segundo, alentado por unas encuestas que le favorecían, decidió adelantar las elecciones generales anteponiendo los intereses personales y partidistas a los intereses generales de los españoles. Y tercero, por su negligencia y desidia, mantiene deliberadamente una posición de deslealtad institucional que no perjudica a los presidentes autonómicos del Partido Popular, sino que perjudica a todos los españoles en los servicios esenciales que estos reciben en sanidad, educación o dependencia, entre otros.
Para resolver esta situación de bloqueo, proponemos que el Gobierno habilite, de forma inmediata, un crédito no retribuido a las CCAA por el importe que les adeuda y cuya devolución se compensará con la liberación de las entregas a cuenta que tiene que realizar. Para ello, el Ministerio de Hacienda puede utilizar diferentes instrumentos, como ya se hizo con el Fondo de Liquidez Autonómica, gracias al cual el Gobierno del Partido Popular facilitó la financiación autonómica con un importe de casi 150.000 millones de euros entre 2012 y los primeros meses de 2018.
Además, se pretende encontrar una solución definitiva que impida que se repitan en un futuro situaciones como la actual, para lo que se exige que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
- Instrumentar, de forma inmediata, un crédito no retribuido con las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, por el importe que el propio Ministerio de Hacienda calculó y publicó el pasado 14
de enero en la presentación de los PGE 2019 y que a continuación se detalla, y cuya devolución se compensará con las entregas a cuenta que el Gobierno tiene pendiente liberar.
? Andalucía: 1.267 M?.
? Aragón: 148 M?.
? Asturias: 139 M?.
? Baleares: 134 M?.
? Canarias: 411 M?.
? Cantabria: 83 M?.
? Castilla y León: 339 M?.
? Castilla-La Mancha: 291 M?.
? Cataluña: 1.561 M?.
? C. Madrid: 945 M?.
? C. Valenciana: 567 M?.
? Extremadura: 149 M?.
? Galicia: 375 M?.
? La Rioja: 60 M?.
? R. Murcia: 209 M?.
? Ceuta: 1.4 M?.
? Melilla: 1.1 M?.
- Sin perjuicio de lo anterior, adoptar cuantas medidas sean necesarias para que las Comunidades Autónomas reciban, lo antes posible, los anticipos a cuenta que les corresponden, tal y como obliga el artículo 11 de la LOFCA.
- Compensar los 2.496 millones de euros de desfase del IVA que se generaron tras la implantación del Sistema Inmediato de Información (SII), tal y como se hacía con la Proposición de Ley del PP cuya toma en consideración se aprobó por amplia mayoría de la Cámara en diciembre de 2018.
- Convocar urgentemente el Consejo de Política Fiscal y Financiera para, entre otros temas, buscar una solución definitiva que impida el bloqueo de las entregas a cuenta de las CCAA por parte del ejecutivo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2019.-Mario Garcés Sangustín, Diputado.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
162/000064
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por el incendio forestal producidos en agosto de 2019 en Gran Canaria, para su debate en Pleno.
Durante el mes de agosto de 2019 han acaecido tres incendios en la isla de Gran Canaria. El último de ellos, declarado el sábado 18 de agosto constituye ya el mayor siniestro forestal sufrido por nuestro país en los últimos seis años.
En apenas cuatro días el fuego ha arrasado 9.225 hectáreas. Dato especialmente grave si se tiene en cuenta que la superficie protegida de la isla llega hasta el 43 %.
El fuego se ha extendido sobre un perímetro de más de 100 kilómetros y ha obligado a evacuar a cerca de 10.000 personas de 48 localidades de diez municipios de la isla, casi la mitad de los 21 que tiene: Valleseco, donde comenzó el incendio, Artenara, Tejeda, San Mateo, Guía, Gáldar, Agaete, Moya, Mogán y San Bartolomé de Tirajana.
De los municipios afectados por el fuego, el más castigado ha sido Artenara, con el 60 % de su superficie quemada, seguido de Valleseco, Agaete, Moya, Gáldar, Tejeda y, en menor medida, San Mateo.
Un total de 2.144 construcciones, lo que engloba viviendas, estanques o cuartos de apero, se han visto atrapados dentro del perímetro del incendio. La agricultura familiar dedicada a la producción para autoconsumo o la venta local y pequeñas explotaciones ganaderas de ovino, caprino y bovino centradas en la elaboración de quesos han sido las más afectadas por el incendio.
Además, nos enfrentamos a una catástrofe ambiental sin precedentes, puesto que, según los expertos, podría haber afectado a más de 150 especies vegetales terrestres que, además, son endémicas de este territorio insular, como la magarza plateada de Artenara o la col de risco de Tamadaba. Zona esta última que se ha visto afectada, no así, afortunadamente, aunque se temió por ello, la Reserva Natural de Inagua, un valioso espacio natural que ya fue devastado en el gran incendio de 2007.
Cabe destacar en las labores de extinción del incendio, a pesar de las dificultades de la zona, la eficaz y rápida actuación del operativo contraincendios. Un dispositivo que, dotado coordinadamente por las diferentes administraciones implicadas, ha contado con 18 aeronaves, con un equipo de drones de visión nocturna, a través de cámaras térmicas, así como con cerca de 700 efectivos terrestres de diferentes unidades, junto a los casi 500 efectivos destinados a tareas logísticas, seguridad y dispositivo sanitario, así como un equipo de psicólogos que ha atendido a los afectados. Con ello se pone de manifiesto que España cuenta con un Sistema Nacional de Protección Civil que garantiza una respuesta ágil, coordinada y eficaz de las diferentes administraciones con competencia en la materia.
Denodada actuación de los equipos contraincendios a los que cabe sumar, una vez más, fa responsabilidad, la solidaridad y el altruismo de una población implicada en la defensa de su isla, así como la labor de la Cruz Roja.
Esfuerzo conjunto, sin perjuicio del cual, las consecuencias de esta catástrofe medioambiental requerirán de al menos un proceso gradual de 20 años para la recuperación de los ecosistemas afectados. Hecho especialmente grave ante la pérdida de biodiversidad a la que se enfrenta el planeta.
Ante la virulencia y la gravedad de este incendio, y de otros que se han venido produciendo en los últimos años en nuestro país, se hace indispensable que las diferentes administraciones redoblen los esfuerzos en las labores de vigilancia y sobre todo de prevención en la lucha contra los incendios. Considerando preciso prestar una especial atención, desde una perspectiva global de futuro, a la lucha contra las causas del cambio climático, la despoblación y el abandono del medio rural, razones últimas en muchos casos de los grandes incendios que vienen asolando en los últimos años el planeta.
Además, debemos llamar la atención sobre la necesidad de que las diferentes administraciones implicadas, en el ámbito de sus competencias, adopten cuanto antes las medidas adecuadas para atender, en el marco de la legislación vigente, a los damnificados por esta tragedia y para recuperar los ecosistemas devastados por el fuego.
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, en colaboración con el resto de Administraciones afectadas, el Informe sobre los daños producidos por el incendio forestal ocurrido en Gran Canaria durante el mes de agosto de 2019, determinado y cuantificando el alcance real de los mismos.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por el incendio y en concreto:
- Beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones y otras actividades afectadas.
- Concesión de anticipos directamente por la Administración General del Estado 7 sobre las ayudas y subvenciones a las que se tuviera derecho por causa de esta catástrofe.
6. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una Comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2019.-Luc Andre Diouf Dioh, Ariagona González Pérez, Héctor Gómez Hernández, Elena Máñez Rodríguez y María Tamara Raya Rodríguez, Diputados.-Adriana Lastra Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, al amparo de los dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por las inundaciones y otros siniestros, para su debate en Pleno.
Desde comienzos del período estival de 2019 se vienen sucediendo diversas y continuadas situaciones de emergencia por graves fenómenos meteorológicos, con resultados de naturaleza catastrófica, que han afectado a la vida de las personas y producido graves daños materiales, tanto en bienes privados, como en instalaciones y servicios públicos, así como en explotaciones agrarias y en infraestructuras.
Las más relevantes se refieren al incendio forestal en Torre del Español, Tarragona, 26 de junio, que afectó a unas 6000 has aproximadamente. También debemos hacer referencia al incendio forestal en Almorox-Cenicientos-Cadalso, provincias de Madrid y Toledo, que afecto a unas 3000 has aproximadamente. Y a las inundaciones en Navarra, 8 de julio, en el que hubo una persona fallecida en el municipio de Tafalla.
Los episodios más generalizados territorialmente ocurrieron los días 26 y 27 de agosto, cuando una Depresión Aislada en Niveles Altos, o DANA, que recorrió de oeste a este la península y Baleares, produjo como consecuencia, que un número sustancial de Comunidades Autónomas resultaran afectadas, tanto por la intensidad torrencial de las lluvias como por las grandes granizadas que se produjeron, en cortos períodos de tiempo, que afectaron gravemente, además, a cultivos como los de la oliva, la uva, y cítricos, entre otros.
En concreto, podemos señalar, que en la Comunidad de Madrid, especialmente en su zona suroeste, en poblaciones como Arganda de Rey, Valdemoro, Getafe y Fuenlabrada, se sufrió una alteración grave de las condiciones de vida de las poblaciones que, como consecuencia de estas graves incidencias climatológicas, se anegaron bajos y locales comerciales, cortaron avenidas y accesos a la capital, afectando también a hospitales públicos, red de Metro y otras infraestructuras viarias.
En la Comunidad Autónoma de Galicia, en las comarcas de Monterrei y Valdeorras en la provincia de Ourense, el desbordamiento de ríos como el Rubín produjo inundaciones en viviendas y naves industriales y agrícolas, arrastrando tractores, coches e incluso en algún supuesto a personas que afortunadamente
pudieron ser rescatadas. La granizada produjo significativos daños, además, en viñedos y huertas, y afectado al cauce de ríos que permanecen cubiertos de malezas y arrastres consecuencia de las riadas producidas por el incremento de las precipitaciones, requiriendo actuaciones rápidas.
En la Comunidad Autónoma de Aragón, comarcas como la de Calatayud, la tormenta de pedrisco ha devastado cosechas, frutales y viñedos en los valles de Ribota y del Manubles.
En la Comunidad Autónoma de Extremadura, especialmente en el norte de Cáceres, las fuertes precipitaciones han incrementado sus consecuencias nocivas al unirse a los restos de cenizas y lodos, consecuencia del incendio producido este verano, que ha provocado la contaminación de aguas para el consumo humano y afectado a la fauna del río Garganta de la Olla.
En la Comunidad Autónoma de la Rioja, la DANA produjo inundaciones y en puntos de La Rioja Alta, como consecuencia de las intensas precipitaciones e incluso granizo, ocasionó daños en viñedos y huertas.
En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las provincias de Segovia, Valladolid y Ávila, sufrieron inundaciones en bajos y garajes, siendo las poblaciones más afectadas las de Las de Navas del Marqués en Ávila, así como la Granja en Segovia y varias poblaciones en Valladolid, tales como Peñafiel y Castrillo de Duero.
Las Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha y Valencia fueron otras de las que resultaron gravemente afectadas por la comúnmente denominada gota fría con la consecuencia de graves daños en la agricultura, vid, olivo, inmuebles, enseres e infraestructuras. En la Comunidad de Castilla-La Mancha ha resultado afectadas comarcas en las cinco provincias, con especial incidencia en localidades como Borox en Toledo, o Villanueva de los Infantes en Ciudad Real. En la Comunidad Valenciana ha sufrido incidencias en las tres provincias, pero la de Alicante ha sido la más afectada y municipios como Orihuela con especial incidencia. Los daños se han centrado en las producciones de cítricos y en infraestructuras viarias y de saneamientos.
En la comunidad Autónoma de Baleares también se sintió con fuerza del temporal afectando igualmente a infraestructuras de saneamiento y otras, en Mallorca, Eivissa Formentera y Menorca, y muy especialmente en localidades como Santanyí donde cayeron más de cien litros por metro cuadrado, produciéndose también inundaciones en otras localidades que pusieron incluso en peligro la vida de las personas.
Menor incidencia en su conjunto tuvo el temporal en comunidades como Murcia, Andalucía o Cataluña, sin que por ello se excluya la incidencia de un tornado en la localidad malagueña de Campillos, que atravesó la zona provocando la destrucción a su paso, así como los campos de Vila-sana, Castellnou de Seana y Golmés, en la comarca del Pla d'Urgell (Lleida), donde el pedrisco afectó gravemente en la cosecha de manzana.
Es, pues, imprescindible que las distintas Administraciones Públicas colaboren para ofrecer respuesta y ayuda a los afectados y lo hagan a la mayor brevedad.
1. Elaborar, en colaboración con el resto de Administraciones afectadas, y a la mayor brevedad posible, el Informe sobre los daños producidos por los diversos incidentes climatológicos y otros siniestros ocurridos en los meses de especialmente en los días 26 y 27 de agosto de 2019, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.
6. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo creando una Comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2019.-Adriana Lastra Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, en relación con las siguientes Proposiciones no de Ley y, considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Pleno, ha acordado admitirlas a trámite conforme al artículo 194 del Reglamento, entendiendo que, en el caso de su eventual aprobación, estarían dirigidas al Gobierno que se constituya, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la integración voluntaria de centros educativos concertados en la red pública, para su debate y votación en el Pleno.
La escuela pública ha sido el mecanismo generalmente utilizado por los diferentes gobiernos europeos como elemento de cohesión social en una sociedad libre y tolerante, comprendiendo por lo tanto la educación como un derecho y una herramienta para la construcción social. En ese sentido, no se entienden los avances del último siglo en materia de integración, tolerancia y equidad sin el papel que ha desarrollado la escuela pública en toda Europa, especialmente en España. Las últimas leyes educativas españolas han blindado el objetivo común de que "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
Queda claro, pues, que los poderes públicos no se pueden desentender de la obligación que tienen de garantizar el derecho de todas las personas a la educación pública mediante la creación de centros docentes públicos, según el artículo 27.5 de la Constitución. En ese mismo artículo, el 27, la Constitución Española reconoce que la enseñanza básica debe ser gratuita y obligatoria, así como mandata, en su punto número 7, que son el profesorado, las familias y el alumnado los agentes que deben intervenir en el control y la gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
A partir de los años 80 del siglo XX, y gracias al proceso de universalización del derecho a la Educación por el que apostó el Estado español a través de la Constitución de 1978, el sistema educativo español requirió de más plazas educativas de las que en ese momento se disponía. Bajo los principios de la transitoriedad y la subsidiariedad respecto a la Red Educativa pública, nació la figura del concierto educativo.
Actualmente, la actividad educativa puede ser llevada a cabo según lo recogido en el ordenamiento jurídico español por centros docentes de distinto tipo, que se clasifican según su titularidad jurídica y según el origen y el carácter de los recursos que aseguran su sostenimiento. En este sentido, se distinguen los centros privados, titularidad de una persona física o jurídica privada, que funcionan en régimen de libre mercado; los centros públicos, cuyo titular es un poder público y se sostiene con fondos públicos; y los centros privados concertados, de titularidad privada pero mantenidos con fondos públicos.
Según los últimos datos ofrecidos en 2014 por la agencia europea de datos, EUROSTAT, España es, por detrás de Bélgica, el país de la Unión Europea con menos alumnos escolarizados en la escuela pública, con 22 puntos por debajo de la media europea. Así pues, en España, en la Educación Primaria, el 68 % del alumnado está escolarizado en la escuela pública y el 32 % lo está en la privada o privada concertada. Sin embargo, la media de los países de la Europa 21 (aquellos países miembros de la Unión Europea y de la OCDE) arroja que el 90 % del alumnado se escolariza en la escuela pública mientras que el 10 % lo hace en la privada o en la privada concertada, esta última prácticamente inexistente en numerosos países de la Unión Europea.
En ese sentido, Francia matricula al 85 % de sus alumnos en las escuelas públicas y el 15 % en la privada o privada concertada; Portugal el 88 % en la pública y el 12 % en la privada o la privada concertada; Suecia el 91 % en la pública y el 9 % en la concertada; Grecia o Italia el 93 % en la pública y el 7 % en la privada; Reino Unido el 95 % en la escuela pública y el 5 % en la privada; Finlandia el 98 % en la pública y el 2 % en la privada o privada concertada; o los casos de Holanda y Eslovenia donde el 100 % del alumnado está escolarizado en escuelas públicas.
Han de ser los poderes públicos, según queda recogido en el ordenamiento jurídico español, los encargados de garantizar la suficiencia de plazas de escolarización pública. Así pues, la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de educación, debe priorizar la red pública como mecanismo de cohesión social e instar a la transición de los centros concertados a la integración en el sistema público. En este sentido, la presente Ley establece que la red pública deberá cubrir las plazas suficientes para hacer frente a la demanda educativa, así como introduce por primera vez en una Ley orgánica de educación la promoción de la transición de centros educativos concertados a la red de centros públicos, de acuerdo con la regulación autonómica en la materia.
Existe un exitoso precedente a este respecto. Se trata de la Ley 14/1983 del Parlament de Catalunya, reguladora del proceso de integración a la red pública de centros docentes públicos de diversas escuelas privadas aprobada a instancias del Grupo Socialista en el Parlament de Catalunya, y que supuso la integración de 71 escuelas privadas catalanas en la red de escuelas públicas. Se trata de las llamadas escuelas del CEPEPC (Col·lectiu d'Escoles per l'Escola Pública Catalana), unas cooperativas educativas que a partir de 1978 iniciaron una gran movilización social para reclamar su integración en la red pública. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se modifica para dar cumplimiento al artículo 9.2 de la Constitución, en virtud del cual "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". El ámbito educativo es el primer espacio de socialización en el que debe garantizarse la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía y esto solo puede llevarse a cabo priorizando el sistema educativo público como mecanismo de cohesión social.
1. Impulsar y desarrollar el marco normativo necesario, respetando las competencias actualmente establecidas en este ámbito, para facilitar la integración voluntaria de los centros concertados que así lo solicitasen en la red educativa de titularidad y gestión pública.
2. A través de los mecanismos presupuestarios que considere, destinar partidas económicas específicas para ayudar a la transición voluntaria de centros educativos concertados a la red pública, garantizando su plena incorporación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2019.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
162/000046
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en el Pleno, relativa a la declaración, por parte del Gobierno, del estado de Emergencia Climática.
La actividad industrial en los últimos 100 años ha provocado un cambio climático irreversible, generando progresivos y graves impactos sobre poblaciones humanas y territorios de todo el planeta. Las concentraciones de CO2 en la atmósfera se incrementan consecutivamente año tras año, alcanzando 416 partes por millón (ppm) en 2019 en un ratio que no se constataba desde hace tres millones de años en los registros fósiles. El calentamiento global es la principal amenaza para el ser humano en el presente siglo XXI.
El cambio climático genera ya serias afecciones sobre la salud humana, los sectores productivos y la conservación de la biodiversidad y de los territorios marinos y terrestres, e intensifica la frecuencia y la virulencia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA) en los cinco continentes. Las olas de calor y de frío, sequías y precipitaciones extremas y eventos climáticos como huracanes y tormentas tropicales, se incrementan cada año en todo el planeta afectando a la vida de millones de seres humanos y a su imprescindible acceso a los recursos alimenticios e hídricos más básicos.
El calentamiento global provoca ya provocará exponencialmente inestabilidades sociopolíticas, generando desplazamientos de millones de personas en todos los continentes, especialmente en África, Asia y Latinoamérica. Las hambrunas, la desertización, la devastación de territorios y el incremento del nivel del mar a causa de alteraciones en los patrones climáticos del planeta, tienen y tendrán consecuencias negativas para las poblaciones de estas amplias regiones, y también para Norteamérica, Europa y por ende, para España, uno de los países más vulnerables de nuestro continente a estos impactos.
Para reducir un calentamiento global descontrolado y tratar de limitar sus efectos, es imperativo promover cuantos efectos sean necesarios para reducir las emisiones de CO2 y otros Gases de Efecto Invernadero (GEI). Sin embargo, las acciones impulsadas por la comunidad internacional para reducir efectivamente las causas antropogénicas de esta amenaza mundial no son suficientes. Los compromisos de reducción de emisiones GEI adquiridos por los países que integran la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático no son vinculantes y no podrán cumplir los protocolos del Acuerdo de París (COP21, 2015) para evitar que la temperatura del planeta no supere los 2 grados centígrados en 2100, y la recomendación de no superar los 1,5 grados en 2015. Ya estamos en 2019 y solo restan dos fracciones de grado para alcanzar esta última cifra.
El Informe Especial del Panel intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) sobre el calentamiento global, publicado en 2018, describe graves impactos para el planeta con un incremento de 2 grados en comparación con un aumento de 1,5 grados, y especifica que limitar el calentamiento global a 1,5 grados
aún es posible si las administraciones públicas, sectores industriales, comunidad científica y población civil emprenden acciones coordinadas y efectivas.
Sin embargo, a pesar de que las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE se redujeron un 21,9 % en 27 años entre 1990 y 2017, las de España, para ese mismo período aumentaron un 17,9 %. Este ratio se incrementó un 10 % entre 2016 y 2017, y, de continuar en esta senda, las emisiones en 2040 serán prácticamente las mismas que las registradas en 1990, lo que implica que España no podrá cumplir ni con sus compromisos europeos ni con los objetivos del Acuerdo de París.
Todos los gobiernos, nacionales, regionales y locales, tienen el deber de reconocer la gravedad de esta amenaza compromisos vinculantes y efectivos para reducir sus causas e impactos. Una acción climática audaz consolidará beneficios económicos en términos de nuevos empleos, ahorros económicos, oportunidades de mercado y, esencialmente, en términos de seguridad y bienestar de las personas en España, de Europa y de todo el planeta.
Reino Unido, Irlanda y Canadá, así como administraciones locales de todo el mundo promueven ya la declaración de "Emergencia Climática" para impulsar un mayor y vinculante compromiso en sus agendas políticas y sociales al objeto de hacer frente a esta amenaza y sensibilizar al tiempo a las poblaciones, a la industria y a los gestores públicos. España debe asumir su decisivo papel en este contexto y posicionarse como referente internacional en la lucha contra el cambio climático.
En España, la Agencia Española de Meteorología (AEMET) en .5115 diversos análisis sobre el impacto del cambio climático en España alerta del aumento de las temperaturas: "los estudios demuestran cómo el ascenso de la temperatura es especialmente intenso durante la última década, un dato consistente con el hecho de que los años más cálidos se hayan registrado en su mayoría en el siglo XXI. A esto añadirnos que una gran parte de los extremos históricos de temperaturas máximas se están concentrando en el último decenio." Analizando la variabilidad anual de la temperatura media estacional en España desde el año 1971 se observa cómo las temperaturas medias de todas las estaciones son cada vez más elevadas, aunque el ascenso se aprecia con más claridad en primavera y, sobre todo, en verano. De ahí que AEMET concluya que el verano es la estación más afectada por el cambio climático, un verano que según los datos se ha vuelto cada vez más largo y más cálido.
Este aumento de las temperaturas tiene impactos ya discernibles en la Península Ibérica, entre ellos (también según AEMET), "un claro aumento de la extensión de los climas semiáridos que se puede estimar en más de 30.000 km2 (en torno al 6 % de la superficie de España). Las zonas más afectadas son Castilla-La Mancha, el valle del Ebro y el sureste peninsular".
El calentamiento es muy perceptible en los mares: la temperatura superficial del Mediterráneo aumenta a razón de 0,34 ºC por década desde principios de los años 80. Así lo demuestran los datos de evolución diaria de la temperatura superficial del Mediterráneo desde 1982 hasta 2019 proporcionados por el CEAM (Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo).
Uno de los recursos naturales más afectados por el aumento de temperaturas es el agua. Datos de las Confederaciones hidrográficas indican que la reducción de los caudales medios en los ríos españoles. Los estudios datan que puede producirse antes de final de siglo una reducción de caudales de entre el 30 y el 50 % en algunos ríos, lo cual es dramático para un país donde el agua es ya hoy un recurso escaso.
En definitiva nuestro país está siendo gravemente afectado por el cambio climático, lo que nos obliga a hacer frente al problema en toda su magnitud.
1. Aprobar la Declaración del estado de Emergencia Climática en España, con el objeto primordial de comprometer las futuras políticas del Gobierno para hacer frente a esta emergencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2019.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de la gratuidad del primer ciclo de la Educación Infantil, para su debate y votación en el Pleno.
La primera infancia resulta una etapa determinante para el desarrollo integral de los niños y niñas. Entre los cero y los tres años se sientan las bases del aprendizaje que permiten desarrollar todas nuestras habilidades y potencialidades como personas adultas. Disciplinas académicas como la psicología evolutiva y la pedagogía han obtenido numerosas evidencias científicas que respaldan la importancia de la escolarización desde edades tempranas. Además de los numerosos beneficios en aspectos clave como la socialización y el desarrollo afectivo, la educación cero-tres contribuye a la detección e intervención precoz ante trastornos del desarrollo, dificultades de aprendizaje, condiciones personales de discapacidad [...] que pueden experimentar los niños y niñas a esas edades.
El Informe "Early Childhood Education and Cure in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities", de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural de la Comisión Europea, publicado en 2008, ya traslucía la permeabilidad de las instituciones europeas a buena parte de estas evidencias: "La educación infantil puede contribuir de forma decisiva a luchar contra las desigualdades educativas, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Los programas de intervención más eficaces son los que aúnan una educación intensiva, temprana, centrada en el niño y desarrollada en centros educativos, así como un serio compromiso y formación por parte de los padres, junto con una programación de actividades educativas en el hogar y medidas de apoyo familiar". La educación infantil se presenta explícitamente "como un medio eficaz para establecer las bases del aprendizaje posterior, prevenir el abandono escolar, favorecer la equidad en los resultados e incrementar los niveles generales de competencia".
En esta línea, el Estado español apostó en el año 2008 por invertir en la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil a través del Plan Educa 3. Este programa obtuvo resultados muy satisfactorios, pasando de 199.341 alumnas y alumnos matriculados en el curso 2004/2005 a 440.593 en el curso 2014/2015. Pese a los buenos resultados, el programa finalizó en 2012 y no han vuelto a invertirse recursos para ampliar la oferta de plazas para el ciclo de cero a tres años.
En la actualidad se ha alcanzado un buen nivel de concienciación en la población general respecto a los beneficios de esta opción educativa en esta etapa del desarrollo, al tratarse de una etapa que no tiene carácter obligatorio. Sin embargo, las principales dificultades para las familias son principalmente la falta de plazas públicas que aseguren la escolarización gratuita de los niños y niñas de cero a tres años. Así, nos encontramos ante una situación en la que solo las familias que cuentan con recursos económicos suficientes pueden escolarizar a sus hijos e hijas en centros privados, ante la escasa oferta pública de las administraciones educativas.
Un dato que apoya esta tesis lo encontramos en el aumento del 9,2 % de excedencias por cuidados familiares que se produjo en el año 2014 en relación al año anterior, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tras tres años consecutivos de bajadas. Si se analizan en profundidad estos datos, contrasta el número de mujeres solicitantes de estos permisos (7.834) frente al de hombres (637), lo cual resulta altamente preocupante en cuanto supone un retroceso en la igualdad entre hombres y mujeres.
Por otra parte, es una asignatura pendiente para las administraciones el reconocimiento de la etapa cero-tres como una etapa plenamente educativa, como solicitan diversas entidades y asociaciones de la comunidad educativa. Dicho reconocimiento implicaría que sus profesionales pasen a depender exclusivamente de las Administraciones Educativas, así como aprobar un currículo regulado por normativa estatal, de carácter global, integral, laico, participativo e inclusivo que esté centrado en los derechos y necesidades de los niños y niñas.
Asimismo, es fundamental que los ratios en esta etapa se ajusten también a dichas necesidades y, en ese sentido, sería recomendable que se aplicaran los siguientes criterios:
- Un adulto para cuatro niños/as menores de doce meses.
- Un adulto para seis niños/as de doce a veintitrés meses.
- Un adulto para ocho niños/as de veinticuatro a treinta y cinco meses.
- Un adulto para quince niños/as treinta y seis a setenta y dos meses.
En línea con la convicción de que la etapa cero-tres es una etapa en la que es posible compensar desigualdades sociales y acompañar adecuadamente el desarrollo y aprendizaje de niños y niñas, es necesario que exista un cuerpo único de profesores/as en el que se incluyan los y las docentes de dicha etapa. Por su parte, la educación pública, gratuita y de calidad en la etapa cero-tres es fundamental para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país.
Como revela la Encuesta de Población Activa, la mayor tasa de exclusión o precariedad laboral de las mujeres respecto a los hombres empieza, principalmente, cuando las mujeres tienen hijos. Es en este momento cuando, como madres, se pone sobre ellas la responsabilidad de la crianza que, en ausencia de suficientes servicios de educación infantil (la red de escuelas infantiles, públicas y privadas, solo se cubre al 31 % de los niños de cero a tres años) y la carestía de sus precios (540 euros al mes de media en el caso de las privadas) se vuelve demasiadas veces incompatible con el trabajo o con una jornada laboral a tiempo completo.
Es así que las mujeres sufren en nuestro país mayor desempleo (3 puntos), mayor inactividad laboral (12 puntos) y mayor presencia en el empleo a tiempo parcial (72 %). Una brecha salarial del 19 %, 3 puntos superior a la media europea y que, a la larga, se convierte en una brecha en las pensiones que actualmente alcanza un 34 %. Esta situación no es solo contraria a la Constitución en su artículo 35 sino que supone un desperdicio de capital productivo cualificado cuando, aunque son las mujeres quienes concentran el 59 % de las titulaciones académicas y, además, con 10 puntos más de rendimiento académico, están un 14 % menos en el empleo cualificado. Un despilfarro de inversión en capital humano toda vez que cada universitario le cuesta al Estado 9.000 euros por año.
Como afirma el Instituto Nacional de Estadística, "la educación preescolar facilita la conciliación entre vida laboral y familiar". Especialmente si es pública: los precios de la educación infantil privada (que suponen el 47 % de la red de escuelas infantiles) ascienden, de media, a los 540 euros al mes. Es así que la principal razón alegada por las madres que abandonan el trabajo o la jornada completa por el cuidado de hijos es la carestía de tales servicios. Mantener esta situación, con servicios de educación infantil escasos en su oferta de plazas e inaccesibles en sus precios imposibilita la consecución de los objetivos de igualdad entre hombres y mujeres de la Estrategia Europa 2020.
Paralelamente a la discriminación y perjuicio económico de las mujeres que eligen ser madres, esta situación de conflicto entre la crianza de los hijos y la independencia económica de las mujeres puede ser un factor que explique que otras mujeres en edad fértil elijan no ser madres y la tasa de natalidad en España esté resultando de las más baja de la UE (1.3), muy por debajo de la tasa de reposición demográfica (2.1). Un fenómeno que enfrenta a una inversión de la pirámide poblacional y consiguiente puesta en riesgo del sistema de pensiones.
162/000048
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en el Pleno de la Cámara, contra la corrupción y las puertas giratorias.
Las interacciones entre la esfera pública y la privada han sido normalizadas gracias a la necesidad del Estado de contar con profesionales altamente formados para cubrir cargos específicos. Estos profesionales suelen adquirir dicha experiencia en empresas estratégicas de ámbito privado para luego integrarse temporalmente en las estructuras del Estado. Su procedencia no debe ser un condicionante para ejercer un cargo público. Sin embargo hemos sido testigos de cómo una multitud de casos han desarrollado sus funciones públicas de forma poco neutral, en favor de intereses particulares o con intenciones relacionadas con su futuro individual por encima del bien común.
Si bien entendemos que los expertos provenientes del sector privado se conviertan en cargos públicos, es preocupante que no existan mecanismos que garanticen la desvinculación real que debe producirse cuando un empleado de una empresa privada pasa a ejercer un cargo público de responsabilidad. El enorme número de casos actuales de tránsito irregular de cargos del sector público al privado, denominado comúnmente como "puertas giratorias", demuestra que los actuales mecanismos de prevención no son efectivos. Los cargos de alta relevancia política pueden (y suelen) asegurarse un puesto dentro de grandes empresas a la finalización de su mandato. Estos movimientos se suelen afianzar con adjudicaciones o promulgando legislación beneficiosa para los intereses particulares de la empresa.
La legislación española procura poner freno a este fenómeno mediante la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración del Estado, donde se crea un órgano de vigilancia y control de los altos cargos de la Administración General del Estado a través de la Oficina de Conflicto de Intereses. Lamentablemente, esta oficina no es capaz, a día de hoy, de atajar los movimientos de alternancia entre la esfera pública y la privada. Esto puede ser debido a sus limitados recursos o a su dependencia orgánica ministerial.
También existen otras medidas, dispersas en una multitud de leyes, que tampoco son eficaces para poner freno al problema de las puertas giratorias. Tanto la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, acercan posiciones en cuanto a transparencia e incompatibilidades, sin embargo la dispersión normativa y la multiplicidad de niveles y órganos propuestos no bloquean las incidencias privadas en el sector público a través de las puertas giratorias.
Los efectos combinados de, por un lado, una regulación insuficiente para atajar los casos de puertas giratorias, sumado a la dependencia de los órganos de decisión sobre las incompatibilidades, han propiciado la priorización política y legislativa de las grandes empresas sobre los intereses de la ciudadanía. Esto ha derivado en numerosas ocasiones en profundas distorsiones del mercado español. Las consecuencias de no poner freno a este fenómeno hoy pueden verse en la exagerada precarización del mercado laboral, los precios excesivos de la electricidad, la destrucción del mercado de las renovables o en los abusos en el mercado inmobiliario, sectores que en gran medida están desvirtuados como consecuencia de políticas clientelistas fruto de la intromisión constante de intereses privados e individuales en la gestión de las políticas públicas.
La normalización de las puertas giratorias ha resultado en el saqueo de servicios y fondos públicos que afectan a las mayorías más necesitadas. De esta forma se ha dinamitado el verdadero sentido del
Estado de Bienestar, que no es otro que el de proteger y llegar a suplir las necesidades de las clases más desfavorecidas allí donde el mercado no llega. Las puertas giratorias nos han dejado una sociedad cada vez más dividida entre ricos y pobres y un Estado vaciado de contenido que tiende a ser privatizado gracias a la acción carroñera de las grandes empresas.
Podemos encontrar claros ejemplos donde exdirigentes políticos o ex altos cargos forman parte de los consejos de administración de empresas que encabezan sectores con ventajas comparativas. El "fichaje" de estos poderosos e influyentes personajes ha propiciado medidas contrarias al bien común, como el rescate a la banca, el rescate de autopistas, la venta de bienes inmobiliarios a fondos buitres a precios irrisorios, la ejecución del sistema de público de salud, o el abandono progresivo de los servicios de transporte ferroviario, entre otros. De esta forma, se ha construido una relación de favoritismo entre el poder público y ciertas empresas que han deteriorado gravemente los servicios públicos.
2. Dotar de independencia ministerial a las entidades públicas encargadas de los regímenes de incompatibilidades, con especial atención a aquellas que regulan los altos cargos del Estado, miembros del Gobierno.
3. Crear una entidad independiente con exclusiva competencia sobre el régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses con capacidad para responsabilizar a aquellas empresas que infrinjan la normativa referente a puertas giratorias, que garantice la transparencia y que tenga capacidades de evaluación y seguimiento de políticas públicas, dotándola de autonomía funcional y suficiencia presupuestaria.
4. Proponer un período de carencia mínimo de cinco años para miembros del Gobierno y altos cargos del Estado que sean susceptibles a las puertas giratorias.
5. Promover la tipificación de determinados casos graves de puertas giratorias, debidamente tasados y concretados, como delito.
6. Establecer tres declaraciones patrimoniales para determinados cargos públicos (al comienzo, final y durante el período de carencia) con el fin de detectar casos de enriquecimiento ilícito cuando no se pueda justificar su incremento patrimonial."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2019.-María Gloria Elizo Serrano, Diputada.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
162/000049
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre Elaboración y Redacción de nuevo Estatuto de los Trabajadores, para su debate en Pleno.
Una reforma del marco legislativo en el ámbito laboral requiere una importante y sólida base de diálogo en aras a la búsqueda de un amplio consenso tanto en el ámbito político como social.
Precisamente, la falta de dialogo fue el común denominador de las diferentes y sucesivas reformas laborales emprendidas por el Gobierno del Partido Popular, que buscaban la desregulación del mercado laboral, sin contar con el respaldo del dialogo social y por tanto carentes del consenso necesario por lo que respecta a los interlocutores sociales.
La Reforma Laboral de 2012 implantó un modelo de relaciones laborales basadas en el empleo precario en términos de duración, en relación con la jornada, salarios y en general las condiciones de trabajo, un modelo insuficiente de desprotección frente al desempleo, donde la negociación colectiva fue seriamente debilitada. Además, rompiendo el equilibrio de poder entre los trabajadores y empresarios que tanto cuesta alcanzar y que tan fácil es resquebrajar.
La precarización del empleo como resultado de la reforma laboral tuvo efectos negativos en la vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país: incertidumbre, inestabilidad y pobreza laboral, entre otros. Además de generar grandes desigualdades, la reforma fue nefasta para la economía, por perpetuar un modelo productivo ineficaz y desfasado.
Como consecuencia de la reforma laboral para muchos trabajadores, tener hoy un empleo ya no es garantía de poder sacar adelante a una familia, Ha aumentado el número de personas ocupadas en riesgo de pobreza lo que pone de relieve el importante peso de la precariedad en el marco de las relaciones laborales. La sustancial subida del Salario Mínimo Interprofesional decidida por el Gobierno del Partido Socialista ha atenuado notablemente los efectos perjudiciales de la reforma en el ámbito salarial, si bien subsisten otros ámbitos de precariedad que deben ser abordados.
La última Reforma Laboral produjo también un incremento importante en la brecha de género e importantes efectos negativos en los jóvenes que ven seriamente dificultadas sus carreras profesionales, mientras que los mayores, además de ser expulsados del mercado laboral, ven como se incrementa la dificultad de acceso a prestaciones para hacer frente a esta difícil situación de desempleo o el tránsito hacia un nuevo empleo.
La brecha de desigualdad no es solo intergeneracional, también es de género pues los datos evidencian que la crisis ha perjudicado más a las mujeres trabajadoras.
Nos encontramos ahora en un momento crucial, especial y único para hacer que el horizonte 2019-2023 sea, por fin, el escenario que el país necesita para reforzar el trabajo y fortalecer el impulso para la creación de empleo digno. Han aparecido y se han desarrollado nuevas formas de trabajo al hilo de la transformación digital que vivimos a las que es necesario dar una respuesta desde el punto de vista de la normativa laboral y que seguro que nos obliga a redefinir los ámbitos en los que esta debe actuar.
Es el momento de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores acorde a las realidades y circunstancias especiales del siglo XXI, compatibilizando el crecimiento económico con la mejora de las condiciones de trabajo.
Así, este nuevo Estatuto de los Trabajadores deberá garantizar la creación de empleo digno y la actividad económica, así como la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos del siglo XXI, buscando garantizar la plena recuperación de los derechos laborales, el avance en la democracia y la participación de las trabajadoras y los trabajadores en las empresas, la necesidad de formación continua a lo largo de la vida laboral y reforzar el papel de la negociación colectiva y del diálogo social.
También deberá regular la protección de las nuevas formas de empleo atípico eh la era digital, para que la ampliación de los derechos laborales y de protección social alcance tanto al mayor número de personas trabajadoras como a los diferentes tipos de empleo emergentes.
El nuevo Estatuto de los Trabajadores eliminará los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 e incluirá las medidas necesarias para terminar con las brechas de género.
Por todo esto, es necesario no retroceder en el empeño y continuar trabajando desde el dialogo y la búsqueda sincera del consenso, tanto a nivel parlamentario entre las diferentes fuerzas políticas como a nivel social entre patronal y sindicatos, para promover un importante cambio en el ámbito laboral orientado hacia un modelo de sistema de relaciones laborales más equilibrado y garantista, donde el trabajo digno, de calidad y con derechos sea la premisa fundamental, todo ello con vocación de durabilidad y permanencia.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en el marco del diálogo social, elaborar y presentar a esta Cámara un nuevo Estatuto de los Trabajadores acorde con las necesidades y realidades del siglo XXI, donde se compatibilice el crecimiento económico con la dignificación de las condiciones laborales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2019.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Doña Macarena Olona Choclán, don Javier Ortega Smith-Molina y don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, en calidad de Secretaria General y Diputados del Grupo Parlamentario Vox (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas en apoyo del colectivo de funcionarios de prisiones, para su discusión en el Pleno.
Hablamos de las necesidades, preocupaciones y reivindicaciones del colectivo de trabajadores de los centros penitenciarios que, en España, asciende a 23.000 personas. Un colectivo que recibe constantemente amenazas, agresiones, intentos de homicidio, asume riesgos extremos de enfermedades infectocontagiosas, que trabaja con delincuentes incluso con un riesgo extremo para su propia integridad. Un colectivo que, pese a un trabajo de indudable riesgo, actualmente sufre una alarmante falta de personal, así como un envejecimiento de la población preocupante.
Hablamos de una plantilla insuficiente y envejecida, en la que, según datos recibidos, un 75 % de la misma tiene más de cuarenta años y de ellos el 40 % iguala o supera los cincuenta años. Una plantilla cuya tasa de reposición ha sido muy baja, incorporándose en los últimos nueve años tan solo un funcionario por cada tres jubilaciones.
De acuerdo a la información disponible, en los últimos ocho años se han perdido 3.400 empleos mientras se han inaugurado nuevos centros, lo que ha provocado que se disponga de menor número de efectivos para atender a la población reclusa, lo que hace habitual encontrar situaciones en las que la ratio sea tan solo de dos funcionarios por cada ciento cuarenta internos.
La falta de personal tiene una indudable repercusión en la merma en la seguridad tanto de los propios trabajadores como de los internos. Esta falta de efectivos tiene como consecuencia un aumento de las agresiones a los funcionarios que, según sus propias palabras, es consecuencia de que "Donde antes veían a cuatro, ahora ven a uno: solo y con apenas medios. Por eso agreden más, no porque sean más violentos, sino porque nos ven solos".
Los trabajadores de los centros penitenciarios son, de acuerdo con los datos recibidos, el colectivo de la Administración General del Estado que más agresiones sufre. Es indudable que es necesario profundizar en una formación continua en defensa, así como dotarlos de los medios materiales necesarios para su seguridad. Entendemos que esta formación debe ser también extensible en el conocimiento de las costumbres de los nuevos colectivos de presos, así como de aspectos sanitarios.
Luchar contra la discriminación salarial con respecto a los trabajadores de los centros penitenciarios de Cataluña es también una reivindicación justa de este colectivo que entendemos debe ser atendida. Se hace más patente aún ante el hecho que en la Administración Penitenciara Catalana no se custodia a internos terroristas, incluyendo a los más peligrosos, entre los cuales encontramos a los yihadistas.
Otras reivindicaciones de este colectivo, que incorporamos como motivos en este escrito, son las siguientes:
- Solicitud de mayores y mejores medios y la necesidad de modernización de los existentes.
- Una reivindicación para lograr la equiparación salarial con los trabajadores penitenciarios de Cataluña. No es admisible que existan diferencias salariales para puestos de trabajo iguales.
- Subidas de niveles y mejoras de los salarios.
- La creación de un Estatuto propio para los funcionarios penitenciarios. Su trabajo diario comporta una peligrosidad añadida, el riesgo de contagio de enfermedades o un desgaste psicológico especial. Por estas razones, los funcionarios deberían ser considerados como trabajadores diferentes a los incluidos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
- Impulsar y profesionalizar la formación.
Desde el Grupo Parlamentario Vox consideramos que es necesario tomar medidas para hacer frente a las necesidades de mayores recursos, así como mejorar las condiciones de trabajo, salariales y de seguridad del colectivo de trabajadores de los centros penitenciarios de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vox presenta la siguiente
1. Realizar una convocatoria de empleo público ambiciosa para los próximos cuatro años con el objetivo de paliar el problema de la falta de personal en prisiones y teniendo en cuenta las jubilaciones que se van a producir en los próximos años.
2. Convocar los concursos de traslados con carácter anual. Concursos de traslados que deben afectar a la totalidad de las plazas vacantes, las que estén en comisión de servicios y en su caso interinos si los hubiera.
3. Crear un Estatuto Propio para los funcionarios penitenciarios que identifique claramente sus funciones y competencias y permita el establecimiento de una verdadera carrera profesional.
4. Adecuar y actualizar los actuales medios materiales para poder afrontar los actos violentos por parte de los internos hacia los trabajadores: walkies, guantes anticorte, grilletes, chalecos, pistolas eléctricas, equipos de intervención fáciles de poner, medios coercitivos modernos y adecuados a la nueva realidad de las prisiones y al aumento de las agresiones a los trabajadores penitenciarios y al perfil más violento de los internos.
5. Equiparar los salarios con los trabajadores penitenciarios de Cataluña. Se debe cumplir el principio de igualdad de salarios para el mismo trabajo, con independencia de la ubicación el centro penitenciario.
6. Actualizar el Complemento Específico de forma lineal, progresiva y consolidable en los próximos ejercicios para todos los puestos de trabajo de Instituciones Penitenciarias de la Administración General del Estado.
7. Fundar una Academia Nacional de Estudios Penitenciarios de forma que sea requisito básico haber recibido formación en la misma para la carrera profesional, la antigüedad y los puestos ocupados. Debe ser una institución profesional dedicada a formar a los funcionarios penitenciarios con métodos, procedimientos, tecnologías modernas en la gestión de la seguridad, custodia y rehabilitación de la población reclusa.
8. Subir el nivel mínimo actual a nivel 18 en el subgrupo C1 en todos los puestos del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (II.PP.) y negociación económica de subida de niveles para el resto de puestos, incluyendo a los trabajadores que tengan consolidado el nivel.
9. Apoyar el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.
10. Derogar la orden de servicio que criminaliza a los funcionarios de prisiones estableciendo una presunción de culpabilidad respecto de su labor profesional."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2019.-Javier Ortega Smith-Molina y Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario Vox.
Don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, doña Macarena Olona Choclán, don Javier Ortega Smith-Molina, don Ricardo Chamorro Delmo y don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, en calidad de Portavoz, Secretaria General y Diputados del Grupo Parlamentario Vox (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas relativa a medidas en apoyo del sector cinegético en España, para su discusión en el Pleno.
La actividad cinegética en España es una herramienta imprescindible para la correcta gestión de los ecosistemas, de conservación del medio natural y de mejora de la biodiversidad. Es un instrumento fundamental de gestión del territorio y uno de los motores económicos del mundo rural, actuando como actividad generadora de empleo que permite la fijación de la población.
Según el primer informe "Impacto Económico y Social de la Caza en España", elaborado por Deloitte para fundación Artemisan, el gasto directo de la actividad cinegética supera los 5.470 millones de euros anuales. El gasto traccionado (efecto económico directo, indirecto e inducido) asciende a más de 6.475 millones de euros y crea 187.000 puestos de trabajo.
La actividad cinegética representa el 0,3 % del PIB, que equivale al 13 % del sector agrícola, ganadero y pesquero, al 4 % del sector de la construcción o al 9 % del sector financiero.
Defender la actividad cinegética supone:
1. Contribuir a la generación de riqueza, empleo y aportación a las arcas públicas.
Con respecto al empleo, la caza mantuvo casi 187.000 puestos de trabajo anuales (el 1 % de la población activa en España), de los cuales cerca de 45.500 empleos fueron empleos directos generados por titulares de cotos y organizaciones profesionales de caza.
Según el informe de fundación Artemisan, por cada euro gastado en la actividad se generan 1,18 ? de PIB. Además, la actividad cinegética contribuye a la recaudación de las haciendas públicas españolas de más de 614 M?, de los que el 33 % son aportados directamente en concepto de tasas e impuestos por cazadores, rehaleros y gestores de terrenos cinegéticos.
España es uno de los principales destinos para cazadores de todo el inundo, especialmente europeos, tanto por su diversidad como por las distintas modalidades de caza. El 87 % del territorio español está declarado como de aprovechamiento cinegético, lo que suponen 43,8 millones de hectáreas, distribuidas en 32.817 cotos. El 19 % del terreno cinegético nacional se concentra en Castilla y León, que es la comunidad autónoma con mayor extensión, seguida por Castilla-La Mancha y Andalucía, con un 16 % cada una.
2. Promover la contribución social: educación, seguridad vial, reducción de siniestros agrícolas y arraigo social.
Respecto a la seguridad vial, la caza evita la sobrepoblación de especies como los jabalíes y los corzos, que son los responsables del 54 % de los accidentes en carreteras ocasionados por fauna silvestre. En cuanto a siniestros agrícolas, según datos de 2016 que recoge el informe, el 12 % de los 147.432 siniestros agrícolas fueron causados por fauna silvestre, en su mayoría por especies cinegéticas.
3. Colaborar en la contribución medioambiental: inversiones en la conservación de hábitats naturales y el control de sobrepoblaciones.
En la actualidad, se destinan conjuntamente 233 M? en repoblaciones y otras inversiones de conservación medioambiental y 54 M? al mantenimiento de accesos, pantanos, podas, mejora del monte, cortafuegos y cortaderos, entre otros. Estos casi 300 M? que los diferentes sectores invierten en la Conservación del Medio Natural tienen una influencia muy positiva en la conservación de los hábitats.
Desde el Grupo Parlamentario Vox consideramos que es necesario adoptar medidas de apoyo al sector cinegético tanto por motivos medioambientales y económicos como por motivos sociales y de fijación de población en el mundo rural.
1. Reconocer institucionalmente el impacto positivo de la actividad cinegética como aprovechamiento natural sostenible y herramienta imprescindible de gestión de los ecosistemas españoles, de conservación del medio natural y de mejora de la biodiversidad.
2. Defender el valor estratégico de la actividad cinegética sostenible como instrumento fundamental de gestión del territorio español y, especialmente, como sector dinamizador multisectorial para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, como actividad generadora de empleo que fija la población.
3. Contribuir a la mejora de la imagen de la caza y a la promoción de sus beneficios socioeconómicos y medioambientales como actividad deportiva saludable. Actividad deportiva socializadora con beneficios para la salud a nivel físico y psíquico que se practica de manera colectiva por personas de muy diferentes edades y nivel económico y social. Practicada al aire libre y en contacto con la naturaleza. Promover el consumo de los productos de la caza como fuente de alimentación segura, sostenible y saludable.
4. Exigir respeto a la actividad cinegética y, por ende a los cazadores, que tienen derecho a ser tratados con dignidad, decoro y honorabilidad, no a ser perseguidos ni a ser tratados como infractores
potenciales de la Ley. Es importante adoptar medidas para que erradicar los insultos y las amenazas contra el sector cinegético en medios de comunicación y redes sociales.
5. Tomar medidas contra quienes, sin desempeñar actividad legítima, por cualquier causa, impidieran, limitaran o perjudicaran en cualquier forma el desarrollo de una actividad cinegética autorizada en cualquiera de sus modalidades.
6. Promover una licencia única de caza de carácter nacional, así como unas órdenes de veda coherentes a nivel nacional que sean supra autonómicas, de forma que el control por áreas del territorio no se vea afectado por las líneas que dividen las Comunidades Autónomas, líneas que las especies no entienden.
7. Asegurar la participación de representantes cualificados del sector cinegético en aquellos órganos de gobierno y gestión relacionados con el medio ambiente, las especies cinegéticas y silvestres, y en todos aquellos referentes a la conservación o recuperación de los hábitats. Proponemos la incorporación de representantes cualificados del sector cinegético en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA).
8. Fomentar la economía y el empleo en zonas rurales desfavorecidas, dado la importancia de la caza en estas regiones impulsando la formación para mejorar la competitividad del sector, otorgando mayor estabilidad y fomentando la creación de nuevos empleos en el entorno rural.
9. Destinar recursos económicos y humanos para promover proyectos de actividad cinegética sostenible en sus diversos aspectos, en especial, la mejora del hábitat y especies.
10. Fomentar el conocimiento de la realidad de la actividad cinegética como modelo de gestión de los ecosistemas mediante la inclusión de esta actividad en los planes educativo/formativos de los centros escolares. Es importante crear escuelas de caza que ayuden en la mejora de la gestión cinegética.
11. Asegurar la participación del sector cinegético en las conversaciones para el diseño y/o modificación de directivas comunitarias entre la que destaca la Política Agrícola Común (PAC), dirigida a la creación de medidas agroambientales específicas para la conservación y recuperación de los hábitats. Defender una política compatible con agricultores y cazadores, donde pueda coexistir una agricultura sostenible con la gestión de los hábitats de las diferentes especies de fauna silvestre. El sector cinegético debe estar presente en la elaboración del Plan Estratégico Nacional.
12. Apoyar la actividad cinegética como el método más eficaz en la lucha contra las enfermedades de la fauna salvaje y doméstica, como es el caso de la peste porcina africana, la tuberculosis, la glosopeda, etc."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2019.-Macarena Olona Choclán, Javier Ortega Smith-Molina, Ricardo Chamorro Delmo y Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Portavoz del Grupo Parlamentario Vox.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a desclasificar la información de la que dispone respecto a la relación existente entre el CNI y los autores de los atentados del 17/08/2017 en Barcelona y Cambrils.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que la previsión de que el Gobierno comparezca en la Cámara contenida en el punto 2 se haría en todo caso por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, entendiendo que en el caso de su eventual aprobación, estaría dirigida al Gobierno que se
constituya, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs i Castanyer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante el Pleno del Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a desclasificar la información de la que dispone respecto a la relación existente entre el CNI y los autores de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils.
El pasado 17 y 18 de agosto de 2017, Barcelona y Cambrils fueron el escenario de dos graves atentados terroristas reivindicados por Estado Islámico que conmocionaron a todo el mundo. Unos hechos que tristemente dejaron el balance de 16 víctimas mortales y más de 120 heridos.
La noche del 16 de agosto al 17 de agosto se produce una explosión en una casa de Alcanar (Montsiá). La investigación policial de los Mossos d'Esquadra descubre centenares de bombonas de butano y restos de otros explosivos. En esta explosión, mueren Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll y cerebro de los atentados, y Yousseff Aallaa. También hay otros heridos, entre ellos Mohamed Houil.
El día siguiente, a las 16:50 horas del 17 de agosto, Younes Abouyaaqoub entra con una furgoneta en Las Ramblas de Barcelona donde cometió un atropello masivo. Recorrió más de 500 metros de la zona central del paseo y provocó 13 muertos y más de un centenar de heridos. El conductor de la furgoneta consigue huir. A las 19:45 un vehículo se salta un control policial en la salida de la avenida Diagonal de Barcelona. Posteriormente, el coche es encontrado en Sant Just Desvern. Dentro hay un vecino de Vilafranca del Penedés que ha sido asesinado con anterioridad en la zona universitaria por el autor del atentado.
Horas después del ataque, durante la madrugada del día 18 de agosto, se produce otro ataque terrorista en Cambrils (Baix Camp). Un vehículo vuelca cuando trata de esquivar un control policial de los Mossos d'Esquadra. Cinco personas bajan del vehículo e intentan agredir a los peatones y a los Mossos d'Esquadra con cuchillos, una hacha y falsos cinturones explosivos. Los cinco son abatidos. En este atentado muere una persona.
Tres días más tarde, el 21 de agosto, el conductor de la furgoneta de Barcelona, que había huido, es abatido por la policía en Subirats (Alt Penedés).
En los días y meses posteriores, salen informaciones que confirman que Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll y autor de los atentados de Barcelona y Cambrils de 17 agosto de 2017, era un confidente y colaborador habitual del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El mismo CNI reconoció que "mantuvo contactos" con Abdelbaki Es Satty, en el periodo que este estuvo en la prisión de Castellón, entre 2010 y 2014.
En este contexto, en la pasada legislatura se presentaron dos solicitudes de creación de una Comisión de Investigación sobre la relación del imán Abdelbaki Es Satty con el Centro Nacional de Inteligencia y su implicación en los atentados de Barcelona y Cambrils, pero ambas fueron rechazadas por la Mesa del Congreso. Otra vez en la presente legislatura y con una nueva Mesa del Congreso, esta ha vuelto a negar la transparencia que puede aportar una comisión de investigación creada en el seno del Congreso de los Diputados.
A día de hoy, casi dos años después de los atentados siguen apareciendo informaciones sorprendentes sobre Abdelbaki Es Satty. Recientemente, un medio de comunicación ha publicado informes en los cuales se puede observar que Es Satty fue confidente del CNI hasta mucho después de salir de prisión en 2014, lo fue hasta el mismo día de los atentados. Así mismo se ha sabido que el CNI
tuvo intervenidos los móviles y escuchó las conversaciones de los autores de los atentados hasta cinco días antes de los atentados.
Esta nueva información, que aumenta los vínculos entre el CNI con el imán Abdelbaki Es Satty, sería motivo suficiente para volver a solicitar de nuevo la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación sobre los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils.
Cabe destacar que, el Parlament de Catalunya sí ha creado una comisión de investigación para saber qué ocurrió durante los atentados del 17-A y está dando sus frutos. Por ejemplo, durante la sesión del día 29 de enero de 2019, se informó que la Policía Nacional visitó la mezquita de Ripoll en varias ocasiones y preguntó directamente por el imán Abdelbaki Es Satty. En este sentido, los trabajos de las comisiones parlamentarias son importantes y dan sus frutos ya que, en este caso, a través de la comisión de investigación del Parlament se ha tenido más información sobre antecedentes y participantes de estos hechos.
Han pasado dos años desde los atentados y la insuficiente información genera suspicacias que un Gobierno no debe alimentar. Aportar transparencia a un atentado tan grave es fundamental con el fin de renovar la confianza de la sociedad con el aparato del Estado y las fuerzas de seguridad que deben protegerle. Ocultar información bajo la premisa de ser secreto oficial constituye una falsa protección que no aporta credibilidad, al contrario, la desacredita.
Por todo ello, los Diputados y Diputadas de Junts per Catalunya, presentan la siguiente
1. Desclasificar la documentación de la que dispone acerca de la relación entre Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll y cerebro de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils con el CNI, así como de todas las actuaciones y decisiones del Ministerio del Interior y del CNI en relación con estos hechos.
2. Comparecer ante la Comisión de Interior para informar sobre la documentación desclasificada en lo que atañe a la relación entre Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll y el CNI."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2019.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta para su debate en Pleno la siguiente Proposición no de Ley para la adopción de medidas urgentes que garanticen la viabilidad del hotel sito dentro del conjunto monumental denominado Real Monasterio de Santa María de El Paular.
El conjunto monumental denominado Real Monasterio de Santa María de El Paular está declarado bien de interés cultural con categoría de monumento desde 1876, es de titularidad estatal y está adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte.
En un entorno privilegiado, en pleno corazón del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, en el alto valle del Lozoya, junto al municipio de Rascafría, el uso de esta abadía está cedido a la orden Benedictina y la importancia de su conjunto arquitectónico, así como las obras de arte que se cobija en su interior, atraen a más de 35.000 visitantes al año.
En sus inicios el monasterio gira en torno a la antigua ermita ubicada junto al panteón de caza y palacio de los Trastámara, conocida como Capilla de los Reyes.
La I Cartuja de Castilla fue fundada en 1390, convirtiéndose pronto en unos de los más importantes monasterios de España. Dan fe de ello los tesoros artísticos que lo componen, como el monumental retablo mayor o el tabernáculo de desbordante imaginación barroca...
Ha sobrevivido a los avatares de la historia, al paso de los siglos, al terremoto de 1755, fue cuartel general de Napoleón, capricho de la desamortización y blanco de los rayos, sobrevive a los avatares de la historia...
En la actualidad, el hotel sito dentro del conjunto monumental, que venía regentando una cadena hotelera americana, está abandonado desde julio de 2014, momento en el que cerró sus puertas por finalizar el plazo concedido por el Estado a la orden de los monjes benedictinos por derecho real de usufructo y el Estado tomó la posesión del mismo.
El Ministerio de Cultura y Deporte firmó una encomienda para la gestión del uso y la explotación con la empresa Tragsa. El hotel de Santa María de El Paular, permanece desde entonces cerrado. Entretanto sus instalaciones están cada día más obsoletas, haciéndose cada vez más complicado el uso y aprovechamiento así como la conservación y sostenibilidad de las mismas.
Con esta iniciativa se pretende poner en mayor valor el atractivo histórico y natural de una de las once Villas de Madrid, Rascafría: destino singular, reconocida también por el valor de su patrimonio cultural, que ha conseguido conservar su autenticidad rural y que, aunque cuenta con infraestructura turística, requiere de la recuperación de las instalaciones hoteleras de Santa María de El Paular para ser distinguida por una mayor calidad y satisfacción.
No hay centro turístico de esta importancia en el valle del Lozoya. Un complejo hotelero en un bien de interés cultural, eficientemente gestionado, será de nuevo el motor económico de la comarca, permitiendo conjugar en equilibrio los intereses comerciales, con los patrimoniales, con los turísticos y con los culturales.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en concreto al Ministerio de Cultura y Deporte, a que de forma urgente adopte las medidas oportunas para dar viabilidad de nuevo a la gestión hotelera en el establecimiento de referencia sin uso de Santa María de El Paular, suscitando de nuevo el interés turístico tan necesario en esta zona del alto valle del Lozoya, con el fin de que sea de nuevo un motor económico de la comarca."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de agosto de 2019.-Antonio Pablo González Terol, Diputado.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Ministerio de Defensa incremente, de manera urgente, la plantilla en el Observatorio de la vida militar, para su debate en Pleno.
Los diferentes documentos elaborados por el Observatorio de la vida militar desde su constitución (memorias, informes e informes monográficos), han sido considerados como muy relevantes para que los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados pudieran conocer el estado de la condición militar y para poder efectuar iniciativas de mejora de las condiciones de vida, de trabajo, retributivas y de derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas.
La valoración del trabajo del Observatorio de la vida militar ha sido unánime. También lo ha sido la necesidad de que incremente sus trabajos, estudios y las visitas a unidades dentro y fuera del territorio nacional. Para ello, se consideró necesario incrementar sus medios y dotar a sus miembros de recursos de los que hasta el momento no ha dispuesto. Entre esos medios y recursos, se encuentran los componentes del órgano de trabajo permanente, cuya plantilla ha sido considerada como insuficiente en
diversas ocasiones, al aumentar el volumen de trabajo y los encargos parlamentarios que se han hecho al Observatorio de la vida militar, tanto por el Congreso de los Diputados como por el Senado.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas:
Que por el Ministerio de Defensa se incremente, de manera urgente, la plantilla en el Observatorio de la vida militar en el número de personas y con los perfiles que sean propuestos por el propio Observatorio, a fin de que pueda atender las recomendaciones formuladas en los dictámenes de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados y de los encargos y estudios instados por la citada Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados y por la Comisión de Defensa del Senado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2019.-Roser Maestro Moliner y Juan Antonio Delgado Ramos, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
162/000058
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de inseguridad que se está produciendo en la ciudad de Barcelona, para su debate en Pleno.
La inseguridad es el principal problema de los barceloneses en su vida cotidiana según el último Barómetro Municipal del Ayuntamiento, publicado en junio. El aumento de la inseguridad -junto a la creciente turismofobia- es, además, un motivo de gran preocupación para el sector turístico y económico en general. La creciente inseguridad que padece Barcelona exige la adopción de medidas urgentes que le pongan freno. Así lo reclaman, de forma unánime, asociaciones de vecinos, comerciantes y sector turístico.
El problema de la creciente inseguridad tiene un evidente impacto negativo en la imagen de la ciudad y en su acreditada capacidad para atraer turistas. A modo de ejemplo, no es la mejor campaña de imagen que un diario como el Frankfurter Allgemeine hable de Barcelona como "ciudad de ladrones" para concluir que la ciudad "se hunde por la delincuencia". Porque la delincuencia no solo afecta a los residentes, sino que dificulta la estancia de los turistas que la visitan: se han llegado a denunciar hasta cuarenta robos diarios.
Hasta la embajada de Estados Unidos ha llegado a publicar una alerta avisando a los ciudadanos de ese país del incremento de los delitos violentos en Barcelona. Esta alerta se suma a sucesos que han afectado a personal diplomático, como el robo con violencia que sufrió el embajador de Afganistán en la Vía Laietana de Barcelona, o el que padeció una alta funcionaria de Corea del Sur que visitaba la ciudad.
La reacción política del Ayuntamiento combina la incoherencia interna con la banalización del problema. Así, mientras el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Baffle, calificaba la situación de "crisis de seguridad", la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, solo veía "hechos puntuales" en la semana negra de inseguridad de este mes de agosto, con siete apuñalamientos.
El dato objetivo es que los índices de criminalidad se han disparado en Barcelona durante el gobierno de Ada Colau: se cometen una media de veinte delitos por hora. Los hurtos denunciados en el primer semestre pasaron de 47.851 en 2016 a 67.276 en 2019, con un incremento del 29 %. Los robos con violencia denunciados en el primer semestre del año pasaron de 4.681 en 2016 a 7.423 en 2019, un incremento del 37 %. Es decir, ahora se producen una media diaria de 365 hurtos y cuarenta robos con violencia.
Barcelona es un potente foco de atracción de turismo en España, con más de 6,5 millones de visitantes extranjeros, pero también encabeza el aumento de la delincuencia de nuestro país. Según el último informe de criminalidad del Ministerio del Interior, referido al primer trimestre del año, la tasa de criminalidad aumentó un 12,2 % en Barcelona, el doble que en toda Cataluña -que fue del 6,5 %-, o de la tasa nacional, que fue del 5,2 %.
Se está convirtiendo en algo habitual que la ciudad sea noticia por los tiroteos, palizas brutales, robos o apuñalamientos que, lógicamente, reflejan los medios de comunicación. Este alto nivel de delincuencia ha alcanzado los nueve crímenes violentos solamente en los meses de julio y agosto, y doce asesinatos en lo que llevamos de año, cifra que iguala a todos los asesinatos ocurridos en Barcelona el pasado año.
Incluso el Ayuntamiento reconoce que la "crisis de seguridad" que padece Barcelona se ceba especialmente en los turistas que la visitan. Como ha resumido recientemente Barcelona Global, al reclamar la colaboración de Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno de España para luchar contra este problema de delincuencia, "la inseguridad en Barcelona es una anormalidad comparada con otras ciudades turísticas con las que compite".
Los sindicatos policiales afirman que estamos ante una emergencia en la seguridad de Barcelona en la que la Guardia Urbana ha sufrido, bajo el mandato de Ada Colau, un deterioro del principio de autoridad por la falta de apoyo institucional. Esto, según los sindicatos, "compromete la seguridad jurídica y hace que la Policía no pueda ejercer con eficacia su cometido". Por eso, reivindican más medios humanos y materiales, pues cuentan con una plantilla aproximada de 2.700 policías, cuando estiman que deberían ser 4.000 agentes.
A todo ello se suma la reivindicación que hacen tanto Mossos, Guardia Urbana, y el conjunto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, acerca de la necesidad de realizar modificaciones en el Código Penal que permitan adecuar la respuesta ante los casos de multirreincidencia, incluso en los delitos leves.
Mejorar la respuesta a la multirreincidencia se une a la necesidad de reforzar -en cooperación con las Comunidades Autónomas- los mecanismos de prevención de la delincuencia, con una atención muy especial a los problemas de respeto a la convivencia y de integración que se producen alrededor de los centros de acogimiento residencial para menores.
- Adoptar las medidas necesarias para garantizar de manera inmediata la seguridad ciudadana en Barcelona, mediante la colaboración temporal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el Cuerpo de Mossos y Guardia Urbana, mientras no se produzca el necesario refuerzo de los mismos.
- Promover un Pacto Local por la Seguridad en el que estén representados la Administración central, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona, que dote de más medios personales y materiales a la Guardia Urbana, y le otorgue el apoyo institucional necesario para garantizar la restitución del principio de autoridad.
- Impulsar las reformas legales oportunas, incluyendo la reforma del artículo 22.8 del Código Penal, para que los antecedentes penales por comisión de delitos leves se computen a efectos de la aplicación de la agravante genérica de reincidencia; así como la revisión de los preceptos que permitan mejorar la regulación de la multirreincidencia.
- Cooperar con las Comunidades Autónomas en la dotación de los recursos necesarios para fomentar actividades de prevención de la delincuencia entre las personas de mayor riesgo y vulnerabilidad, y de forma especial entre los menores, en todo el territorio español."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2019.-Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
162/000059
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en Pleno, relativa a la protección y fomento de la trashumancia del ganado.
La trashumancia es más que una práctica de manejo ganadero, o una tradición, hablamos de un sistema cultural, entendido en su más amplio sentido. Integra la gestión ganadera con una sólida base ecológica. Se fundamentada en el aprovechamiento alternativo de la diversidad de pastizales de la Península en el momento óptimo de su producción potenciando el aprovechamiento de áreas cuya productividad, limitada o bien por el clima, o bien por los suelos, no admite aprovechamientos intensivos o continuos en el tiempo (Rebollo y Gómez-Sal, 2003).
Se sostiene sobre un conjunto de razas autóctonas seleccionadas para este régimen ganadero cuyas características se han conservado a lo largo del tiempo, y un sistema de gestión de los recursos naturales y de interrelaciones culturales, sociales, económicas y biológicas que ha modelado muchos de los paisajes de España y contribuido a su cohesión. Pero además, la trashumancia es generadora de servicios ambientales para el conjunto de la sociedad. Un patrimonio único en Europa y que, pese al fuerte deterioro sufrido, sigue constituyendo una red que bien puede calificarse de estratégica, además de cumplir funciones como corredores ecológicos y espacios para el desarrollo de actividades al aire libre. Por todo ello, el mantenimiento de unos censos mínimos de ganado extensivo, con diferentes especies y cargas adecuadas, es imprescindible para garantizar la conservación de la biodiversidad en general y especialmente de la Red Natura 2000, tal y como reconoció la Directiva Hábitat en su catálogo de ecosistemas altamente dependientes de la ganadería extensiva.
Conscientes de su importancia y de la creciente demanda del sector por poner en valor esta actividad e impulsarla, en el seno de Red Rural Nacional se constituyó en 2009 el Grupo de trabajo de trashumancia y ganadería, en el que hay representantes de las distintas unidades implicadas del Ministerio de Medio Ambiente, Comunidades Autónomas y organizaciones vinculadas a la actividad ganadera en general y a la trashumancia en particular. Este grupo culminó con la elaboración y aprobación en el año 2012 del Libro Blanco de la Trashumancia.
Más de la mitad del territorio español se encuentra ocupado por superficies aptas para uso ganadero, aprovechable casi de forma exclusiva por la ganadería extensiva compuesta por razas rústicas. La gestión del territorio afectado por la trashumancia depende de una variedad de regímenes de propiedad de distinta naturaleza. En el caso de los agostaderos predomina la titularidad pública de los terrenos, en su mayor parte montes de utilidad pública. Por su parte, en las dehesas invernales es habitual la propiedad privada de la tierra, grandes fincas en las que, frecuentemente, se priorizan otros usos, a veces más rentables económicamente, como la caza o el aprovechamiento ganadero estante y en los cuales la trashumancia aparece vinculada a servidumbres de uso sobre estas tierras.
Las infraestructuras ganaderas características de la actividad trashumante, imprescindibles para el ejercicio de la actividad y, en muchos casos de singular valor etnográfico y cultural, se encuentran con frecuencia en avanzado estado de deterioro y no disponen de los servicios mínimos imprescindibles, como agua o electricidad. Además, el sistema de renovación anual de arriendos limita la inversión en mejoras necesarias para su conservación.
Cuantificar y analizar los movimientos y el volumen de cabezas de ganado es importante para definir una estrategia de revalorización. En este sentido, hay que ser conscientes de que además del traslado a pie, el paulatino abandono de la red de vías pecuarias y la dureza del trabajo ha llevado al correlativo empleo de transporte por ferrocarril y carretera. Por ello, no podemos considerar hoy que la trashumancia es tan solo la que se desarrolla a pie, sino que, para una correcta valoración y planteamiento de medidas de promoción, debemos fijarnos en la que sin duda es hoy mayoritaria. Desde el punto de vista de la sanidad ganadera, atendiendo a las competencias de la Administración General del Estado y en el marco de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, se consideran trashumantes los ganados que realizan desplazamientos tanto entre distintas Comunidades Autónomas, como los internos dentro del ámbito de
la misma Comunidad Autónoma. El Real Decreto 728/2007, de 13 de julio, establece y regula el Registro General de Movimientos de Ganado; para poder garantizar la trazabilidad del ganado vivo, se ha desarrollado el Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) que consiste en una base de datos heterogénea y distribuida que comunica los registros existentes en las diferentes Comunidades Autónomas con un registro centralizado. Uno de sus módulos principales, REMO (Registro de movimientos de las especies de interés ganadero), recoge información relativa a los movimientos de las diferentes especies y señala su carácter trashumante.
Los datos en el SITRAN se presentan diferenciados entre vacuno, y pequeños rumiantes y, por otro lado, separa los movimientos de trashumancia (entre CC.AA.) y transtermitancia (dentro de la misma C.A). El periodo de referencia abarca desde el 1 de marzo al 28 de febrero del año siguiente puesto que recoge los movimientos de inicio y finalización de trashumancia a los pastizales de verano y a las zonas de invernada. Tomando como base los datos de 2015, comprobamos como en bovinos se registraron 18.982 desplazamientos internos dentro de la misma C.A., con 355.320 animales implicados, de los cuales, el 42,16 % de los mismos se realizaron "a pie" y el resto, en general en camión, además de 1.870 movimientos entre CC.AA. con 43.450 animales implicados. En ganados ovinos y caprinos, se contabilizaron 1.911 desplazamientos, con 230.000 cabezas de ganado en movimientos de transtermitancia más otros 200 movimientos, con 23.340 animales implicados en desplazamientos entre CC.AA. Estos datos traducidos a número de explotaciones nos reflejan la existencia de 930 titulares de explotaciones de ovino y caprino y 3.203 titulares de explotaciones de bovino los que practican la trashumancia y la transtermitancia. Sin embargo, resulta difícil hacerlo con precisión, debido a que la encuesta del Censo Agrario y del Registro Ganadero no permiten elaborar un censo de ganaderos y ganaderas trashumantes que permita conocer con relativo grado de detalle cuestiones sociales importantes como el número de familias que realizan la actividad, la estructura de edad de los ganaderos, el papel real de las mujeres, el relevo generacional, etc.
Sin embargo, tan importante para la supervivencia de la actividad trashumante son los condicionantes económicos como los sociales. Una singularidad social de la trashumancia es la doble residencia de los ganaderos que la practican en función del desplazamiento estacional del ganado. La doble residencia, en dos lugares frecuentemente muy distantes y durante unos periodos relativamente prolongados, plantea una serie de dificultades para la familia trashumante que suponen un obstáculo más para el mantenimiento de la actividad desde el punto de vista social. Entre ellos se pueden destacar: la falta de reconocimiento de la "doble residencia" entre Comunidades Autónomas, lo que genera dificultades de empadronamiento, recepción de notificaciones oficiales, escolarización y dificultades en el seguimiento de los estudios, acceso a servicios sanitarios, percepción de subvenciones y becas. La relativa importancia de la participación de mano de obra familiar explica por si sola la escasa presencia de trabajadores contratados. En aquellos casos en los que sí se produce la contratación de pastores para la realización de la actividad, se hace presente otro fenómeno socialmente relevante como es el hecho de que una parte sustancial de los mismos sean personas migrantes. La base familiar del empleo no soluciona tampoco otro de los obstáculos que debe superar la trashumancia: la reducida presencia de jóvenes en la actividad. Este hecho limita las posibilidades de relevo generacional y, por tanto, su continuidad en el medio y largo plazo.
Una cuestión relevante a tener en cuenta es el papel de la mujer. Lo cierto es que la experiencia muestra que la supervivencia de las explotaciones trashumantes es más alta en aquellas en las que hay participación de la mujer. El reconocimiento del trabajo realizado, tanto desde el punto de vista de la titularidad de la explotación, como de la remuneración económica por las horas de trabajo, es fundamental.
1. Crear, previa consulta con las Comunidades Autónomas y entidades representativas del sector, de la Mesa Sectorial de la Trashumancia para la mejora de la comunicación y la coordinación entre administraciones y agentes implicados.
2. Crear un Registro de Ganaderos Trashumantes, integrado en el SITRAN (Sistema Integral de Trazabilidad Ambiental) de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos.
3. Describir y cartografiar las zonas de trashumancia actuales en origen y destino. Se creará una base de datos georreferenciada, mediante el empleo de Sistemas de Información Geográfica (SIG), en el
que se reflejen las áreas de pastoreo. Se asociará toda la información disponible de interés para las explotaciones ganaderas que desarrollan la trashumancia, en especial la relativa a la titularidad de los pastos, infraestructuras ganaderas disponibles y servicios complementarios.
4. Revisar la normativa de sanidad animal aplicada a las condiciones de la trashumancia relacionadas con la documentación sanitaria de acompañamiento del movimiento de animales; ampliación del plazo de comunicación de la fecha de llegada y el refrendo de las guías sanitarias que acompañan los movimientos del ganado.
5. Trabajar con la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) para analizar la viabilidad de una cobertura de riesgos específica para la ganadería trashumante, que integre los distintos seguros destinados a compensar daños al ganado en los -desplazamientos relacionados con agresiones por fauna silvestre, robos, accidentes, atropellos, pérdidas, envenenamientos, retirada de cadáveres, etc.
6. Impulsar la aplicación del "Programa Nacional de Promoción de Vías Pecuarias" que se concreta en la ejecución de proyectos de clasificación, deslinde, amojonamiento y señalización de vías pecuarias que, cofinanciados y ejecutados por las partes, son objeto de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.
7. Mejorar las infraestructuras de apoyo y asistencia a los ganaderos y ganaderas trashumantes que se desplazan "a pie", incluyendo las actuaciones dentro de las previstas en la Red Nacional de Vías Pecuarias, contemplando de manera prioritaria el acondicionamiento de los alojamientos disponibles en zonas de pasto de titularidad pública que garanticen unas condiciones mínimas de habitabilidad: agua corriente, instalación eléctrica mediante paneles solares, etc.
8. Impulsar el desarrollo y aplicación del instrumento de los contratos territoriales de explotación recogidos en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, y regulados por Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, que consisten en un contrato entre las explotaciones agrarias y la administración por la que las primeras reciben distintas compensaciones, a cambio de cumplir ciertos compromisos, entre los que se incluye incentivar la generación de externalidades positivas, lo que permite considerarlos como un instrumento de pago por servicios ambientales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de agosto de 2019.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
162/000063
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos y Francisco Javier Fernández-Bravo García, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la declaración de zona catastrófica en la comarca de Campo de Montiel, para su debate en el Pleno.
La noche del pasado lunes 26 de agosto nos vimos sorprendidos por una fuerte granizada en la comarca ciudadrealeña de Campo de Montiel, siendo el municipio de dicha zona más afectado el de Villanueva de los Infantes.
Entre los daños ocasionados se cuentan:
- Toda la pérdida de la producción agrícola de esta temporada.
- Cultivos como la vid y el olivar quedarán afectados durante dos temporadas.
- Los jornaleros, que iniciaban la vendimia al martes siguiente, no van a percibir dichos jornales, pérdidas económicas que no podrán ser subsanadas por seguro alguno.
- Los daños en infraestructuras también han sido cuantiosos, y no solo en domicilios particulares, centros escolares y de salud también se han visto afectados.
- Daños ocasionados a los vehículos estacionados en la calle; lunas rotas, daños de chapa y pintura.
1. Decretar la zona afectada como zona catastrófica.
2. Diseñar una línea de ayudas económicas urgentes para los afectados, con el fin de paliar en lo posible la situación de aquellos jornaleros que no han podido desarrollar su labor.
3. Realizar una labor de coordinación con el resto de Administraciones implicadas para restaurar de forma urgente y devolver a la normalidad la zona afectada en el plazo más breve posible."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2019.-Francisco Javier Fernández-Bravo García, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000066
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a mejorar las condiciones profesionales de los funcionarios adscritos a los cuerpos penitenciarios, para su debate en Pleno.
Con los últimos datos oficiales, de mayo de 2019, en las cárceles españolas había 54.807 reclusos y 4.522 reclusas. Aunque el número ha disminuido en los últimos diez años (eran 70.330 reclusos y 6.070 reclusas en mayo de 2009) la institución penitenciaria ha sufrido cambios de gran impacto en cuanto a la composición de la población reclusa en la última década. Esos cambios han llegado a producir una nueva población más agresiva y peligrosa. Se pueden constatar nuevas formas de organización criminal: bandas armadas paramilitares compuestas por miembros de distintas nacionalidades, mafias del narcotráfico, terrorismo yihadista, etc. Y todo ello en un contexto global de internacionalización del fenómeno criminal del terrorismo y la violencia organizada.
Muchas de estas expresiones violentas más o menos organizadas cuentan con capacidad operativa fuera de las cárceles, y es especialmente preocupante la posibilidad de que puedan llegar a cometer actos contra la integridad del trabajador penitenciario, valiéndose de la infraestructura de la banda, en el exterior de los Centros. Los sindicatos advierten de que este tipo de amenazas y agresiones, cuando se producen, no suelen ser denunciadas por miedo.
Estas novedades, unidas a males endémicos que el sistema arrastra desde hace tiempo (vacantes sin cubrir, envejecimiento de las plantillas, consumo de nuevos tipos de estupefacientes de tipología peligrosa por los reclusos, contacto con enfermos mentales por la escasez de psiquiátricos, contacto con internos pacientes de enfermedades infecto-contagiosas, etc.), favorecen el aumento de las agresiones entre internos, y de internos hacia los funcionarios, así como accidentes laborales.
Según la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, en España se registra una media de "un ataque al día" a funcionarios de prisiones con resultado de alguna lesión. Entre 2011 y 2019 se han producido unas 3.000 agresiones a funcionarios de prisiones, y ello sin incluir los datos de Cataluña, que tiene transferidas las competencias, y donde este problema es aún más grave.
En medio de todas estas dificultades, la tarea de los funcionarios de las cárceles españolas sigue siendo esencial para la democracia y debe ser reconocida. Son ellos los directamente encargados de que el sistema penitenciario sirva para cumplir una de las finalidades principales de la pena privativa de libertad: la reinserción y la resocialización exitosa del recluso. El Grupo Parlamentario Popular ha tenido siempre presente la extraordinaria importancia del trabajo de estos empleados públicos y, desde esa consideración, ha impulsado una Proposición de Ley Orgánica para modificar la Ley General Penitenciaria y reconocer el carácter de Agentes de la Autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.
La retribución que reciben, sin embargo, no parece estar en consonancia con la importancia de esta tarea. A ello se une la necesidad de cubrir las plazas vacantes, una vez superada la crisis económica. Hacerlo redundaría en mayor seguridad en el trabajo, menos agresiones y mejores prestaciones. En suma, haría el sistema penitenciario mucho más funcional.
Otros aspectos que pueden parecer menores son, sin embargo, importantes. La renovación del sistema penitenciario debe llegar también a los uniformes. Porque la protección de los funcionarios cuando deben intervenir en la reducción de un recluso violento no es una cuestión menor. La policía cuenta con pertrechos cuando tiene que detener a criminales peligrosos. Debe dotarse de recursos a los funcionarios de prisiones cuando se enfrentan a situaciones análogamente peligrosas. Existen unos recursos para casos de intervención especial ("medios coercitivos") que se han mejorado recientemente, pero a veces no son compatibles con una intervención rápida.
Por último, y de forma especialmente importante, la falta de formación continua imposibilita la adaptación a los nuevos tiempos del personal penitenciario, dificultando enormemente la labor encomendada por el mandato constitucional: la reeducación y la reinserción social de los internos e internas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo, con carácter de urgencia y sin menoscabo del cumplimiento de los objetivos de estabilidad, una mejora global de las condiciones profesionales de los funcionarios adscritos a los cuerpos penitenciarios, concretando dicha mejora en las siguientes acciones:
1. Incrementar el complemento específico de cada funcionario, eliminando las diferencias retributivas que existen en la actualidad, siguiendo el siguiente compromiso trianual:
- Antes de que termine 2019, un incremento lineal anual consolidable de 3.500 euros, en el complemento específico de todos los puestos de trabajo adscritos a Instituciones Penitenciarias de la Administración General del Estado, equivalente a un incremento de 250 euros mensuales.
- En 2020, se incrementará en dos niveles el nivel de complemento de destino de todos los puestos de trabajo de Instituciones Penitenciarias de la AGE y -en los supuestos en que esto no fuera posible por los límites en los intervalos de nivel de complemento de destino de cada subgrupo de funcionarios- se asignará una cuantía equivalente al incremento de los niveles en el complemento específico.
Además, se incrementará, de forma lineal, el complemento específico en 600 euros anuales, equivalentes a 50 euros mensuales y se aplicará a todos los puestos de trabajo de Instituciones Penitenciarias de la AGE. Ambas medidas tendrán carácter consolidable.
- En 2021, se asignará un Fondo adicional de 30 millones de euros, que se acumulará a las medidas retributivas anteriormente señaladas. Para el reparto de este fondo, el Ministerio del Interior elaborará un estudio que se centrará en una nueva clasificación actualizada de los actuales nueve grupos en que se dividen las Instituciones Penitenciarias, sin que en ningún caso esta reordenación pueda perjudicar salarialmente a ninguno de ellos.
- La Administración General del Estado determinará la extensión de todas estas medidas retributivas al personal laboral adscrito o dependiente de las Instituciones Penitenciarias de la AGE, en el marco de la negociación del Convenio Único con las Organizaciones Sindicales.
2. Realizar una Oferta de Empleo Público para el próximo ejercicio de 2020 con una tasa de reposición extraordinaria que permita cubrir las plazas vacantes en Instituciones Penitenciarias, creando, paralelamente, con los aspirantes aprobados sin plaza en esa Oferta de Empleo Público, una bolsa de interinos para sustituciones.
3. Fijar la obligación de convocar concursos de traslado de carácter anual.
4. Establecer tras la negociación pertinente una carrera profesional dentro de Instituciones Penitenciarias.
5. Abrir un proceso de negociación para diseñar programas específicos de formación más ambiciosos que los actuales.
6. Iniciar un proceso de negociación para abordar y dar solución a la problemática específica del personal adscrito al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.
7. Negociar un cambio de la nomenclatura del cuerpo más acorde con las funciones que desarrolla, con el fin de mejorar el prestigio social de su trabajo.
8. Establecer un nuevo uniforme y equipo adaptado al medio penitenciario y acorde con las situaciones de peligrosidad que se vienen registrando.
9. Abordar la regulación de la segunda actividad del colectivo de forma más acorde con las necesidades del servicio.
10. Acometer todas estas medidas para hacerlas efectivas, a más tardar, en el ejercicio de 2020.
11. Modificar la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria para el reconocimiento del carácter de Agentes de la Autoridad a los Funcionarios de Cuerpos Penitenciarios en el ejercicio de sus funciones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2019.-Ana Belén Vázquez Blanco e Isabel María Borrego Cortés, Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
233/000012
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 1595/2016, planteada por la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, en relación con el artículo 1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, en cuanto que solo reconoce legitimación a las personas mayores de edad para solicitar la rectificación de la mención registral del sexo y del nombre, por posible vulneración de los articulos 15, 18.1 y 43.1, en relación con el artículo 10.1 de la Constitución española, así como voto particular formulado a la misma.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el Magistrado don Juan José González Rivas, presidente; la Magistrada doña Encarnación Roca Trías; los Magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez Vares, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la Magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1595-2016, promovida por la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, respecto al artículo 1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, por presunta vulneración de los artículos 15, 18.1 y 43.1 CE, en relación con el artículo 10.1 CE. Han comparecido y presentado alegaciones la Abogacía del Estado, la Fiscalía General del Estado y don M. V. G. y doña N. A. B., progenitores y representantes legales de doña P. G. A., que es parte en el proceso de instancia. Ha sido ponente el presidente don Juan José González Rivas.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido estimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el artículo 1.1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y, en consecuencia, declararlo inconstitucional, pero únicamente en la medida que incluye en el ámbito subjetivo de la prohibición a los menores de edad con "suficiente madurez" y que se encuentren en una "situación estable de transexualidad".
Dada en Madrid, a 18 de julio de 2019.
120/000007
Autor: Don José Damián Caballero Martínez.
Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo
en el Boletín Oficial de la Cortes Generales, conforme a los artículos 5.3 y 7.1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.

References: artículo 1
 artículo 10
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 21
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 30
 artículo 193
 artículo 156
 artículo 11
 artículo 6
 artículo 11
 artículo 193
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 193
 artículo 25
 artículo 194
 artículo 27
 artículo 9
 artículo 193
 artículo 35
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 22
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 1
 Real Decreto