Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2006/A032-06.htm
Timestamp: 2017-11-18 19:30:06+00:00

Document:
Auto 032/06
NOTIFICACION DE SENTENCIAS DE REVISION-Pruebas allegadas no permiten establecer con certeza en qué momento se hizo efectiva/SOLICITUD ACLARACION SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Aplicación principio de buena fe procesal sobre oportunidad de presentación
DECISION JUDICIAL-Explicación del contenido de otra apareja el grave riesgo que se modifiquen aspectos sustanciales de la primera
CORTE CONSTITUCIONAL-Incompetencia para absolver consultas de los jueces relacionadas con aclaración de los alcances del fallo
ACLARACION SENTENCIAS DE REVISION DE TUTELA-Procedencia excepcional y restrictiva por solicitud dentro de los tres días siguientes a su notificación y sólo respecto de frases o conceptos
SOLICITUD ACLARACION SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-No altera término de ejecutoría
SOLICITUD ACLARACION SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Improcedencia ya que se persigue alterar en forma sustancial su contenido
Referencia: solicitud de aclaración de la sentencia T-812 de 2005
Bogotá, D. C. diez (10) de febrero de dos mil seis (2006).
Procede la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional a resolver la solicitud de aclaración de la Sentencia T-812 de 2005 proferida el día cinco (5) de agosto de 2005.
En consecuencia, solicitó al juez de tutela que ordenara la suspensión de la entrega del inmueble que para ese momento estaba programada para el 21 de febrero de 2005, hasta tanto se terminara el proceso ordinario de revisión de las reliquidaciones crediticias que promovió simultaneamente.
- El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto se opusieron a la acción de tutela formulada por la accionante. Llamaron la atención del juez de tutela indicando que se ha abusado de este mecanismo, como quiera que esta es la tercera vez que se acude al mismo alegando los mismos hechos y pretensiones, a pesar de que ya en dos ocasiones las solicitudes de amparo han sido negadas. Sobre el particular se indicó que mediante sentencia del 9 de abril de 2003 la Sala Civil del Corte Suprema de Justicia denegó la solicitud de amparo instaurada contra la Sala Civil–Familia del Tribunal Superior de Pasto y el Juzgado Primero Civil del Circuito, mediante la cual la señora Amparo Salas Arcos solicitó que se revocaran promovida los autos mediante los cuales se confirmó y aprobó la liquidación del crédito, y que peritos idóneos reliquidaran las obligaciones Nos. 670 y 1155.
Indicaron, igualmente, que mediante sentencia del 5 de mayo de 2004, la Sala Civil de la Corte Suprema nuevamente denegó las pretensiones de declarar terminado el proceso y decretar la nulidad de la diligencia de remate del inmueble solicitadas por la misma actora en el presente proceso de tutela.
Advirtieron que la accionante ha abusado también de las garantías con las que cuenta en el proceso, al punto de haber podido lograr dilatarlo por espacio de nueve años, debido a los recursos presentados contra todas las decisiones tomadas por las autoridades judiciales. Entre ellas, observaron, señalan que fue apelada la providencia en la que se aprobó el remate, siendo confirmada por el Tribunal Superior de Pasto; también se solicitó la nulidad del remate, pretensión que fue negada por ese despacho y luego confirmada por el juez de segunda instancia; luego se apeló la decisión de negar la solicitud de prejudicialidad civil con fundamento en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil por cuanto el asunto controvertido en el proceso ordinario era motivo de excepción en el proceso ejecutivo, providencia que también fue apelada y para ese entonces no había sido resuelta por el Tribunal Superior de Pasto.
Sobre la acusación de no haber cumplido con lo dispuesto por el legislador en la Ley 546 de 1999, las autoridad judicial que conoció en primera instancia del proceso señaló que dio aplicación a la norma sin que encontrara probados los elementos para dar por terminado el proceso “(...) circunstancia ampliamente revisada y confirmada en segunda instancia por nuestro Tribunal y a su vez por medio de los dos fallos anteriores de tutela que fueran emitidos por su Honorable Corporación en los cuales se vio avalada nuestra actuación.” Además, pone de presente que en el asunto han intervenido la Superintendencia Bancaria -avalando la reliquidación efectuado por el Banco CONAVI-, el Consejo Seccional de la Judicatura -al realizar una vigilancia administrativa-, así como la Procuraduría y la Fiscalía -al examinar las denuncias formuladas por la actora en contra de los magistrados del Tribunal-
Advirtió, así mismo, que en ese momento se encontraba en curso ante el Tribunal Superior de Pasto un recurso de apelación contra la providencia del 19 de octubre de 2004 que negó la solicitud de suspensión por prejudicialidad; por lo que concluyó que el juez constitucional no tiene competencia para invadir la esfera de actuación del juez ordinario, como tampoco para actuar como instancia paralela dado su carácter subsidiario y residual.
- De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se estableció que el 29 de marzo de 2005 el apoderado de la parte accionante impugnó el fallo proferido por la Sala de Casación Civil, alegando no haber sido notificado antes. El juez de tutela de primera instancia no dio trámite a la impugnación argumentando que era extemporánea y que precisamente ese mismo día el expediente había sido remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Por ello, a través de un memorial fechado el 19 de abril de 2005, el apoderado de la accionante solicitó a la Corte Constitucional que seleccionara el expediente para que fuera revisado por esta Corporación.
Mediante Sentencia T-812 de 2005, la Sala Quinta de Revisión decidió revocar la decisión proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, negó por improcedente la solicitud de protección de los derechos fundamentales invocados. La Sala encontró que en efecto la accionante había promovido dos acciones de tutela en ocasiones anteriores; en la primera de ellas se alegó la configuración de una vía de hecho por la supuesta indebida liquidación del crédito y, en la segunda, por no haberse accedido a su solicitud de terminación del proceso. En estas condiciones, la Sala concluyó que si bien no se cumplía con los requisitos señalados en la jurisprudencia para declarar la temeridad, dado que las actuaciones procesales controvertidas por la accionante en la segunda tutela y la que para entonces era objeto de estudio eran diferentes, resultaba evidente que la pretensión y el argumento que la respalda era el mismo en estos dos procesos, como era que se declarara la terminación del proceso ejecutivo con fundamento en la Ley 546 de 1999.
Mediante escrito dirigido a los Magistrados integrantes de la Sala Quinta de revisión el día 12 de septiembre de 2005, la accionante expresó su inconformismo respecto de la decisión adoptada en la Sentencia T-812 de 2005. En el escrito planteó nuevamente todo el debate procesal y sustancial decidido en la sentencia de revisión, pero en la medida en que expresó también que, a su juicio, la sentencia no “aclaró” algunos temas, el Magistrado Sustanciador consideró necesario establecer en qué fecha fue notificada la sentencia de revisión por el juez de tutela de primera instancia, en este caso, por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia.
En efecto, en consideración que el memorial presentado por la accionante el 12 de septiembre de 2005 –y no el 7 de septiembre, como lo afirma en otros documentos- expresaba, entre otros muchos reparos, que la sentencia de revisión supuestamente “no aclaró” algunos temas que a su juicio debieron haberse dilucidado; la Sala Quinta de Revisión, interpretando los requerimientos de la accionante, solicitó a la Corte Suprema que informara la fecha en que se había notificado la sentencia de revisión a fin de establecer si, de poderse caracterizar como una solicitud de aclaración, la misma había sido formulada en forma oportuna.
Así, pues, mediante Auto del 22 de septiembre de 2005, la Sala Quinta de Revisión ordenó oficiar a la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, para que informara la fecha en que notificó a la accionante la sentencia T-812 de 2005. No obstante, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de atender la solicitud.
En estas circunstancias, la Sala Quinta de Revisión insistió mediante auto del 21 de octubre de 2005 que tampoco tuvo respuesta después de un plazo considerable. Por lo anterior, el 13 de enero se le requirió nuevamente para que informara sobre la fecha de notificación de la sentencia de revisión, a fin de establecer si la pretensión aclaratoria del escrito presentado por la accionante había sido formulada dentro del plazo legal.
Sólo como consecuencia de este último requerimiento, la Secretaría de la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia allegó el 19 de enero de 2006 copia del telegrama enviado a la accionante a fin de notificarle la sentencia de revisión, el cual se encuentra fechado el día 1 de septiembre de 2005.
1. Oportunidad de la solicitud y alcance de su contenido
Si bien se agotaron todos los mecanismos para establecer la fecha en que la accionante se notificó de la sentencia de revisión, resulta claro que las pruebas allegadas no permiten establecer con grado de certeza en que momento la misma se hizo efectiva. En efecto, la Secretaría de la Sala Civil y Agraria allegó el telegrama mediante el cual informó a la accionante el contenido de la sentencia, pero en el mismo ni en ningún otro documento obra constancia de que su destinataria lo hubiere recibido.
En estas condiciones, en aplicación del principio de buena fe procesal y considerando que entre la fecha del telegrama y la presentación del escrito que contiene la pretensión aclaratoria transcurrieron tan solo 7 días hábiles, la Sala habrá de pronunciarse en relación con la misma. De esta manera, asumiendo que la solicitud fue formulada en término, la Sala encuentra que la accionante en su memorial manifestó su inconformidad en relación con el fallo y después de una glosa extensa solicitó informalmente que se subsanaran los supuestos yerros en que éste había incurrido, que se explicara la razón por la que, en su criterio, se habían inobservado algunos precedentes, al tiempo que sugería que la Sala tenía algún interés particular para “cerrar todas las puertas, bajo el argumento de ser cosa juzgada constitucional”.
Así mismo, en el escrito se afirma que la sentencia de revisión no había aclarado algunos temas que en su entender debían quedar expresos en la providencia, no obstante reconoce al mismo tiempo que de no haberse declarado la improcedencia de la acción, dichas materias debían haber sido desarrolladas en aquélla.
2. La pretensión aclaratoria.
Como regla general, la jurisprudencia constitucional ha considerado improcedente las solicitudes de aclaración que se formulen contra las sentencias de revisión de tutelas que profiera la Corte Constitucional en ejercicio de la competencia asignada por el numeral 9 del artículo 241 de la Carta Política. Ello en razón a la necesidad de salvaguardar principios superiores como el de la seguridad jurídica y la cosa juzgada, e igualmente garantizar el derecho fundamental al debido proceso.
Ha considerado esta Corporación que una decisión judicial dirigida a explicar el contenido de otra, apareja el grave riesgo de que se modifiquen aspectos sustanciales de la primera, lo cual comporta en términos prácticos la expedición de una nueva providencia que tiene como consecuencia la afectación de los principios superiores señalados.
Con respaldo en consideraciones similares y al juzgar la constitucionalidad de el artículo 24 del Decreto 2067 de 1991, en el que se otorgaba a los jueces la facultad de elevar consultas a la Corte para que ésta aclarara los alcances de sus fallos de constitucionalidad, la Corte encontró que dicha posibilidad resultaba inexequible. Sobre el particular la Corte expresó:
Sin perjuicio de lo anterior, en forma excepcional y restrictiva, la Corte ha admitido que, conforme a una aplicación analógica del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, dentro del término de “ejecutoria” de las sentencias de revisión, esto es, dentro de los tres días siguientes a su notificación, se presenten solicitudes de aclaración y las mismas deban ser atendidas, siempre y cuando mediante dichas solicitudes no se promueva una alteración sustancial de la decisión y estén circunscritas a “frases o conceptos que se encuentren contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o que, incluidos en la parte motiva, influyan para el entendimiento pleno y el cumplimiento de lo decidido en el fallo en cuestión”
En relación con este punto la jurisprudencia expresó:
“La Corte ha considerado que es procedente aclarar sus sentencias proferidas en el trámite de revisión de fallos de procesos de tutela, pues la Ley autoriza que “(…) dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella” (artículo 309 Código de Procedimiento Civil.[3] Lo anterior, lógicamente, siempre y cuando las solicitudes de aclaración de los fallos proferidos por las salas de revisión sean formuladas oportunamente, esto es, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, acorde al artículo 331 Ibídem que trata de la ejecutoria de las providencias.”[4]
No sobra advertir que si bien la jurisprudencia constitucional admite que se formulen solicitudes de aclaración respecto de sentencias de tutela, tal circunstancia no altera la regla conforme a la cual estas sentencias cobran ejecutoria desde el momento mismo en que son proferidas, como quiera que contra las mismas no procede recurso alguno y lo dispuesto en ellas es de cumplimiento inmediato (Decreto 2067 de 1991 art. 49). De esta manera, la referencia al término de ejecutoria que hace el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, tratándose de sentencias de revisión, no tiene el alcance de dejar en suspenso la ejecutoria de estas providencias, pues sólo constituye un referente a fin de determinar la oportunidad en que se puede, de manera excepcional y restrictiva, formular solicitudes de aclaración contra las sentencias de la Corte.
Hechas estas precisiones y descendiendo al caso concreto, se tiene que, si bien la accionante en el escrito dirigido a esta Sala de Revisión, aduce formular una solicitud de aclaración respecto de la sentencia T-812 de 2005, en realidad, la misma persigue un propósito distinto, ya que su objetivo es lograr que la Corte replantee el debate resuelto en dicho fallo. Tal como se mencionó anteriormente, la pretensión dirigida a que se aclare el contenido de una decisión judicial no puede abarcar aspectos sustanciales de ésta, imponiéndole al juez constitucional la carga de reconsiderar nuevamente todos y cada uno de los argumentos que respaldan la decisión incluyendo la formula prevista en su parte resolutiva.
Así pues, no se enmarca en el concepto de aclaración, el exigirle a la Corte que amplíe su decisión a través de la inclusión de nuevos argumentos, como tampoco que se pronuncie sobre el inconformismo de las partes con el pronunciamiento, que es lo que se plantea en este caso. Requerimientos de este tipo, antes que buscar aclarar expresiones que ofrezcan duda para el entendimiento y cumplimiento pleno del fallo, lo que persiguen es alterar en forma sustancial el contenido de la providencia, circunstancia que resulta inadmisible en el trámite de revisión ante la Corte Constitucional.
En mérito de lo expuesto la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,
Primero. RECHAZAR por improcedente la pretensión aclaratoria de la sentencia T-812 de 2005 dictada por esta Sala Quinta de Revisión el 5 de agosto de 2005.
Segundo. ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que remita copia de este auto a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
[3] Así, auto Auto 075 de 1999
[4] Auto 147 de 2004

References: artículo 170
 artículo 241
 artículo 24
 artículo 309
 artículo 331
 artículo 309