Source: http://www.granada.org/inet/bsocial12.nsf/byclave/GJZORPN?open&pag=ini12
Timestamp: 2018-02-25 19:26:17+00:00

Document:
Ayto.Granada: Consulta pública al Reglamento o protocolo de actuación para el observatorio municipal contra los delitos de odio
Consulta pública al Reglamento o protocolo de actuación para el observatorio municipal contra los delitos de odio: El plazo de presentación de aportaciones es desde el 27/10/2017 al 12/12/2017, ambos inclusive.
Concejalía Delegada de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad
Servicio de Administración y Apoyo Jurídico
Expediente: 17/1388
Asunto: informe sobre el texto a incluir en la página web del Ayuntamiento sobre la consulta relativa a la REDACCIÓN DE UN REGLAMENTO O DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL OBSERVATORIO MUNICIPAL CONTRA LOS DELITOS DE ODIO.
1.	TÍTULO:
CONSULTA RELATIVA A LA REDACCIÓN DE UN REGLAMENTO O DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL OBSERVATORIO MUNICIPAL CONTRA LOS DELITOS DE ODIO
2.	ANTECEDENTES DE LA NORMA:
El art. 4.1,a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL), confiere a los Municipios, Provincias e Islas, en su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, la potestad reglamentaria, que se manifiesta al exterior a través de la aprobación de Ordenanzas, Reglamentos y Bandos, que constituyen una forma de intervención de las Entidades Locales en la actividad de los ciudadanos.
Conforme a lo establecido en el artículo 25.2 e) LRBRL, “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.
Del mismo modo, el art. 9.3 y 26 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), establece que los municipios andaluces tienen entre sus competencias propias, las relativas a la gestión de los servicios sociales comunitarios, conforme al Plan y Mapa Regional de Servicios Sociales de Andalucía, así como las relativas al establecimiento y desarrollo de estructuras de participación ciudadana y del acceso a las nuevas tecnologías.
Por su parte, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía señala en su artículo 51 que los Ayuntamientos serán responsables de los servicios sociales de su ámbito territorial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, las generales establecidas en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, las que se determinan como competencias propias en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, las que así estén definidas por la normativa sectorial, y específicamente, entre otros, el estudio y detección de las necesidades sociales en su ámbito territorial, fomentar la participación ciudadana en la prevención y resolución de los problemas sociales detectados en su territorio, realizar programas de sensibilización social, de participación ciudadana, promoción del asociacionismo, del voluntariado y de otras formas de ayuda mutua, coordinar la política municipal de servicios sociales con la desarrollada por otros sistemas de protección social, y detectar precozmente las situaciones de riesgo social individuales o comunitarias; así como, una vez garantizados los servicios sociales comunitarios en su municipio y de acuerdo con su capacidad financiera, podrán prestar los servicios sociales especializados que consideren necesario, de acuerdo con los requisitos previstos en la legislación estatal y autonómica en el marco de la planificación establecida por la Comunidad Autónoma, conforme a lo previsto en la legislación aplicable. En este sentido, el artículo 28 de dicha Ley establece dentro de las funciones de los servicios sociales comunitarios, la relativa a la identificación e intervención en situaciones de exclusión social o riesgo de estarlo, dependencia y desprotección de personas en situación de vulnerabilidad social.
El Pleno del Ayuntamiento de Granada con fecha 30 de junio de 2017 por acuerdo núm. 235/2017 ha aprobado por unanimidad la Moción Conjunta de los Grupos Municipales Socialista, Vamos Granada e IUAS-GPG, relativa a creación de un Observatorio Municipal contra los Delitos de Odio para promover y divulgar los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho y que están recogidos en la Constitución, avanzar hacia la igualdad real en derechos y deberes, la lucha contra el odio en todas sus formas, xenofobia, LGTBIfobia, intolerancia, desarrollar una política de prevención contra el avance de estas conductas cívicamente reprochables, así como detectar posibles focos de tensión, para atajarlos y favorecer la integración, la convivencia y el entendimiento entre nuestro vecindario, acordando en consecuencia, crear el Observatorio, con integración de todas las organizaciones de la ciudad cuya actividad esté vinculada a este ámbito y que así lo deseen, así como a representantes de los Grupos municipales, Defensor de la Ciudadanía, Policía Local y Nacional, con el objetivo de consensuar las medidas más oportunas a tomar desde la competencia municipal con respecto a esta materia; la redacción consensuada entre todos los Grupos Municipales de un reglamento o protocolo de actuación del observatorio, donde se recojan sus objetivos, normas internas de funcionamiento, carácter de sus resoluciones y cualquiera otra cuestión que se considere oportuna para el adecuado cumplimiento de su función, con anterioridad a que dicho observatorio se ponga en marcha, así como el rechazo de toda iniciativa presentada ante este pleno que pueda promover de modo alguno cualquier tipo de discriminación, intolerancia, racismo, xenofobia, o LGTBlfobia.
La redacción del Reglamento o del Protocolo de Actuación para EL OBSERVATORIO MUNICIPAL CONTRA LOS DELITOS DE ODIO cuyo sometimiento al trámite previsto en el art. 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), se propone desde esta Concejalía, se emite al amparo de la potestad reglamentaria atribuida por el artículo 4.1,a) LBRL.
3.	PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR:
Es notoria la existencia de aversión por parte personas o grupos de personas a determinados sectores de la población por su mera pertenencia a grupos relacionados con la pobreza, la salud, la orientación sexual, la raza, etc.
Todo ello con el fin de alcanzar el ideal de la erradicación del odio entre personas y grupos de personas, su igualdad real y efectiva en derechos y deberes, actuando desde la prevención: creando mecanismos de detección de posibles focos de tensión, evitando situaciones de confrontación anticipándose a las mismas en fechas señaladas, para atajarlos y favorecer la integración, la convivencia y el entendimiento; crear conciencia social del alcance, circunstancias objetivas y subjetivas y demás elementos que concurren en los delitos relacionados con el odio, que determinarán su producción con independencia de que esta sea real o percibida, evitando que estas conductas terminen sin identificar por desconocimiento, no solo de la víctima, sino también de quienes intervengan desde la propia comisión de los hechos hasta la finalización judicial o administrativa de los procesos a que den lugar, en su caso; evitar la impunidad por falta de denuncia, por miedo a las represalias, a una eventual expulsión, o al desconocimiento de otras figuras delictivas conexas con los delitos de odio, tales como las amenazas, los relativos a la integridad moral, el descubrimiento y revelación de secretos, la discriminación laboral, la denegación de la prestación de servicios públicos y privados, la agravante de motivos discriminatorios, etc., evitando que se produzca la omisión del señalamiento de circunstancias en las propias denuncias por desconocimiento de la víctima y que podrían dar lugar a la conexión de los delitos, como el de lesiones, con los relacionados con el odio; así como impulsar medidas para terminar con los delitos cometidos mediante redes sociales o por internet o en el ámbito del deporte.
4.	NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN:
La sociedad granadina ha impuesto a través de sus representantes por unanimidad en el Pleno de la Corporación, el análisis de los problemas de convivencia surgidos a través del odio entre personas y colectivos, con motivo de circunstancias tales como la orientación sexual, la raza, la pobreza, la ideología, la nacionalidad, la religión o cualquier otra circunstancia o condición.
Se hace necesario en virtud de ese mandato social, el establecimiento de procedimientos reglados para garantizar la seguridad jurídica, mediante su regulación como reglamento o como protocolos de actuación, la realización de las actuaciones que contribuyan a concienciar y establecer mecanismos de prevención, protección y defensa para las víctimas; formar a la población y a los intervinientes en los posibles procesos a que la comisión de este tipo de delitos o infracciones administrativas pueda dar lugar y cualesquiera otras circunstancias que la población señale a través de la consulta que se plantea.
5.	OBJETIVOS DEL A NORMA
Establecer los mecanismos con los que contará el Observatorio Municipal contra los delitos de odio para alcanzar sus fines, los procedimientos que deba tramitar o resolver, la determinación, en su caso de su carácter de órgano consultivo; sus normas de funcionamiento; criterios de participación en la toma de decisiones y de la participación ciudadana, en su caso, los recursos personales y materiales con los que deberá contar, la organización interna de cada uno de ellos, los miembros permanentes o por elección que deban formar parte del mismo, sus relaciones entre sí; de determinar si se trata de establecer diferentes grupos de trabajo o de actuación, y con los demás órganos municipales o con otras administraciones públicas, con las que podría promoverse la redacción de convenios interadministrativos, o en su caso, con entidades privadas sin ánimo de lucro, así como la regulación de los derechos y deberes de la ciudadanía usuaria de los recursos que se pusieran a su disposición; las funciones de decisión, propuestas, informes, seguimiento, control, fines, dependencia jerárquica, régimen de acuerdos; régimen sancionador, etc.
6.	POSIBLES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS:
No se han encontrado otras soluciones que no sean regulatorias que posibiliten alcanzar los objetivos que otorga la aprobación del reglamento o protocolo. No obstante, se estudiará cualquier propuesta en tal sentido.
7.	Envío de aportaciones
Las personas interesadas, pueden hacer llegar sus opiniones, aportaciones o sugerencias sobre la oportunidad de la iniciación de la tramitación del reglamento o protocolo que se propone y
demás aspectos relacionados con la consulta, que deberán hacerse a través de la dirección de correo electrónico derechossociales@granada.org
8.	Fecha de publicación: 26/10/2017
9.	FECHA DE INICIO DE PARTICIPACIÓN: 27/10/2017
10.	FECHA DE FIN DE PARTICIPACIÓN: 12/12/2017
11.	Concejalía: Concejalía Delegada de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad.
12.	CORREO ELECTRÓNICO: derechossociales@granada.org
Granada, 25 de octubre de de 2017
Fdo.: F. Javier Jiménez Fernández
Técnico de Admón. General
http://www.granada.org/inet/bsocial12.nsf/byclave/GJZORPN Página actualizada el: 03/11/2017

References: artículo 25
 artículo 51
 artículo 92
 resolución 
 artículo 28
 artículo 4