Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/Uruguay11500sp.htm
Timestamp: 2017-07-24 14:27:32+00:00

Document:
INFORME Nº 124/06 CASO 11.500
3. La Comisión concluye tras el análisis de los méritos relativos a las supuestas violaciones a los artículos II, IV, XVI, XXVI de la Declaración Americana y a los artículos 5, 8, 9, 10, 11, 13, 24 y 25 de la Convención Americana, que a través de la sanción del Tribunal de Honor como medida disciplinaria, el Estado uruguayo ha sometido al señor Tomás Eduardo Cirio a un proceso militar como represalia por sus denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas del Uruguay. El Estado uruguayo ha dejado de cumplir con su obligación de respetar y garantizar el derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley (artículo XXVI Declaración Americana) y la protección judicial (artículo 25 Convención Americana), la libertad de expresión (artículo IV Declaración Americana), igualdad ante la ley (artículo 24 Convención Americana), y su derecho a la dignidad y a la honra (artículo 5 de la Declaración y 11 de la Convención). La Comisión concluye igualmente que en virtud de las violaciones arriba mencionadas, el Estado uruguayo ha incumplido con su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y garantías impuesta por el artículo 1(1) de la Convención Americana y de adoptar disposiciones de derecho interno impuestas por el artículo 2. Habiendo concluido que se han violado estas disposiciones de la Convención Americana, la Comisión considera que el peticionario no ha sustentado sus alegaciones con respecto a las alegadas violaciones del artículo 9 de la Convención Americana en el presente caso. II. TRÁMITE POSTERIOR AL INFORME SOBRE ADMISIBILIDAD
7. A raíz de la declaración unánime de la Asamblea del Centro Militar, que el peticionario encontró perturbadora, éste presentó su renuncia a dicho Centro, primero telefónicamente y luego por carta, fechada el 19 de julio de 1972. En dicha carta el peticionario manifestó: Demás está decir que discrepo total y radicalmente con la moción presentada y posteriormente aprobada en la asamblea, y esto—debo acotarlo en tiempos en que, a veces con fines poco claros, se ven brujas por todas partes—no es porque yo sea instrumento de ningún plan urdido por los enemigos de la patria. Yo soy un hombre libre, y hablo como tal, por mi boca y bajo mi exclusiva responsabilidad, y en tal concepto aclaro además que si bien tengo ideas políticas, ellas no me embanderan con colorados, ni blancos, ni comunistas, ni tupamaros, pero tampoco con fascistas.
Yo no me olvido de los muertos por la subversión, y deploro sus asesinatos, especialmente de los humildes, envueltos en el engranaje de la máquina que otros echaron a andar; pero se ha dicho que, en algunos casos, las víctimas fueron torturadores. Y en tal caso, se ha dicho hasta el cansancio, la violencia ha engendrado más violencia aún. ¿Y así seguiremos? ¿Y qué destino brindaremos a nuestros hijos? Si no se juega limpio, a la larga se pierde más de lo que se ha ganado. Una actitud indigna del enemigo no valida otra nuestra. Y nunca debemos olvidar que las fuerzas armadas son armadas por mandato de la ley, y que ella no admite que, ni aún invocando su defensa, su poder se use para infelicidad del pueblo al que pertenecen, y a quien, en última instancia deben su propia existencia.
14. El 30 de abril de 1991, el peticionario interpuso nuevamente ante el Ministerio de Defensa un recurso para la revocación de las resoluciones Nos. 46.204 del Poder Ejecutivo y 6.540 del propio Ministerio, que habían afectado sus derechos. En dicho recurso, el peticionario alegó la nulidad de las resoluciones por (a) falta de competencia del Tribunal de Honor ya que el peticionario no se encontraba bajo su jurisdicción, (b) falta de derecho a la defensa, y (c) violación del artículo 66 de la Constitución del Uruguay[8], y de otras normas legales y reglamentarias. El Ministerio de Defensa no se pronunció respecto al recurso interpuesto por el peticionario. 15. El 23 de octubre de 1991, el peticionario inició una acción en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el Estado para la anulación de las mencionadas resoluciones. El 10 de marzo de 1993, el Tribunal falló declarando que la acción no podía iniciarse válidamente por haber caducado el derecho de la parte actora a iniciarla. El peticionario recibió notificación del fallo el 26 de abril de 1993. 16. Paralelamente, el 27 de mayo de 1991, el peticionario presentó nota al Centro Militar, haciéndolo presente que "aunque la palabra 'honor', a fuerza de ser usada para tapar deshonores, aparece de un tiempo a esta parte como desgastada y hueca, es todavía imprescindible que honor con honor se pague". El peticionario señaló al Centro su responsabilidad como causante directo de la situación injusta e ilegal que estaba viviendo por más de veinte años y solicitó para repararla los siguientes pasos:
18. Para el peticionario el pase a la situación de "reforma" implicaba prácticamente la "muerte civil," así como un gravísimo daño moral, para el militar sancionado puesto que en la época en que se le degradó a ese estatuto, los pases a situación de "reforma" estaban reservados a pederastas y ladrones,—ese era el concepto que reinaba entonces en el Ejército. Según el peticionario, en el centro de la cuestión está el honor militar: Honor que me "quitaron" el Centro Militar, el Tribunal General de Honor, el Ministerio de Defensa Nacional y el Poder Ejecutivo- dignidad que se niegan a devolverme porque ello implica reconocer que yo tenía razón y ellos, no, así como admitir que las Fuerzas Armadas cometieron violaciones tremendas de los derechos humanos, extremo que sólo forzada e indirectamente, llegan a consentir.
19. El peticionario alega en su petición que la indemnización por los daños y perjuicios sufridos durante mas de 20 años llegan a un total de US$ 300,000 (2/3 de la jubilación: US$ 116,000; mutualista privada de salud: US$ 10,000; aguinaldos impagos; y daño moral incluyendo la imposibilidad de obtener créditos: US$ 160,000). 20. El 14 de junio de 1994, en el marco de la “Pacificación Nacional,” las leyes de amnistía, y la convocatoria al personal del Ministerio de Defensa que se haya considerado destituido por motivos políticos o ideológicos, el Ministerio de Defensa emitió una nueva resolución, que hace mención a las referidas por el peticionario, y modifica la pensión de reforma del peticionario sin que ello signifique el derecho al cobro de retroactividad alguna, y sin el levantamiento de su situación de reforma[9].
25. Por último, el peticionario observa que es erróneo afirmar que [mi] antiguo reclamo ha sido subsanado al haberse dejado sin efecto la situación de reforma […] Si bien, al cesar dicha situación, se interrumpen los daños materiales que soporté durante un cuarto de siglo (junto a mi familia) la descalificación y pérdida del estado militar, del título de mi grado y mi derecho al uso del uniforme, la humillación que ello supone, exponiéndoseme públicamente como una persona sin honor, no se satisfacen con la devolución pura y simple de lo que al fin de cuentas siempre fue mío, agregándose algunas concesiones materiales y dando vuelta la página, como si nada hubiera pasado […] Por lo tanto, persiste la obligación de reparar el injusto mal causado y compensar los perjuicios morales y espirituales ocasionados, para los que el dinero no basta […] Se trata de una reivindicación de valores del (verdadero) honor […][12].
30. El Sr. Cirio promovió además, señala el Estado, acción de daños y perjuicios contra el Centro Militar, ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 8vo Turno, la cual fue desechada por improcedente por caducidad. 31. El Estado alega que pese a no encuadrarse la situación del peticionario en los criterios utilizados en las reparaciones acordadas entre el Poder Ejecutivo y la Comisión de Defensa Nacional del Senado del Uruguay, se efectuó, de todas formas, una revisión del caso del peticionario en 1994 y se procedió a unificar los haberes de la pensión correspondiente a la situación de reforma, como lo estableció la resolución del Ministerio de Defensa de junio de 1994. Esa revisión se fundó, según el Estado, no en la legitimidad u oportunidad de la petición sino en un criterio superior, tendiente a consolidar definitivamente la pacificación nacional. El Estado afirma que dicha resolución se dictó para “atemperar la eventual severidad con que el ex-Oficial podría haber sido juzgado, dentro de la discrecionalidad con que se contaba para ello, en un momento histórico crítico de la Nación, pero sin que ello significara en absoluto en el caso reconocer una situación ilegítima o antijurídica que se debiera retrovertir (sic).” En ese momento se procedió a unificar, con su consentimiento, los haberes de la pensión correspondiente a la situación de reforma. La reparación efectivizada por el Poder Ejecutivo con fecha 14 de junio de 1994, fue avalada totalmente por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en su Sentencia No. 35 de 21 de febrero de 1994. El Estado también mantiene que de haber existido una desigualdad en el tratamiento al peticionario, ésta ha resultado en su beneficio, ya que su desvinculación de las Fuerzas Armadas se verificó fuera del plazo establecido en las pautas de reparación. 32. En sus observaciones adicionales del 14 de febrero de 2002, el Estado, a través del Ministro de Defensa, discrepa con algunos hechos presentados por el peticionario. Afirma que el 19 de julio de 1972, el peticionario dirigió nota al Presidente del Centro Militar, a través de la cual presentó renuncia a su condición de socio del mismo, aduciendo discrepancias con la Resolución de la Asamblea Extraordinaria del 4 de julio de 1972, a la que asistió. Solicitó también, que se le facilitaran los recaudos necesarios para gestionar ante las autoridades Municipales, el retiro de los restos de su padre del Panteón Social. En dicha carta plasmó una serie de afirmaciones que cuestionaban la actividad de las Fuerzas Armadas en la lucha anti-subversiva. Dicha carta, según el Ministro de Defensa, tomó estado público ya que fue leída por el entonces legislador Zelmar Michelini el 27 y 28 de julio de 1972, ante el Parlamento Nacional y recogida en la prensa. El Ministro de Defensa resolvió el 6 de octubre de 1972 someter al referido militar a Tribunal de Honor, sin perjuicio de poner al corriente al Señor Fiscal del Crimen, en virtud de haber sido publicada la carta en la prensa escrita.
37. El Estado señala que desde 1985 a 1991 se sancionaron una serie de normas con la finalidad de rever situaciones en el marco de una política de Estado tendiente a la pacificación nacional. El Sr. Mayor Cirio no se encontraba comprendido en ninguna de las situaciones que fueron objeto de reparación por parte del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. No obstante, según el Estado, el Poder Ejecutivo incluyó su situación en las pautas de reparación acordadas con la Comisión de Defensa Nacional del Senado, basándose para ello en motivos de equidad y con la finalidad superior de lograr la pacificación nacional. Como consecuencia se benefició con el computo de servicios del periodo de desvinculación, es decir desde la fecha del acto administrativo que dispuso el pase a situación de reforma -2 de enero de de 1973- hasta el 14 de junio de 1994, fecha de dicha Resolución. Además, para el haber de reforma la asignación que le hubiere correspondido de haber ascendido por aplicación del Literal b) del artículo 145 del Decreto-Ley 15.688 de fecha 30 de noviembre de 1984, es decir Tte. Cnel, sin perjuicio de mantener la situación de reforma. Como consecuencia de lo expuesto el cómputo de servicios del Sr. Cirio, que era veintidós años dos meses y dieciocho días pasó a cuarenta y cuatro años de servicio. 38. Por último, el Poder Ejecutivo por Resolución Nº 76.161 de fecha 24 de diciembre de 1997, le otorgó al Sr. Cirio junto con otros 41 señores Oficiales la calidad jurídica de retirados, cesando su revista en situación de reforma sin que ello significara derecho a retroactividad alguna. A partir de ese momento el Sr. Cirio readquirió el derecho al uso del uniforme, a su titulo, grado y demás prorrogativas pudiendo ser designado, si fuera del caso para ocupar cargos en el Ministerio de Defensa, cobrando aguinaldo y debiendo aportar al Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas y la correlativa atención sanitaria.
46. En consecuencia, la Comisión es competente ratione temporis para conocer y decidir el caso sub
conforme a la Declaración Americana en lo que se refiere a las violaciones anteriores al 19 de abril de 1985 y también conforme a la Convención Americana en lo que se refiere a las violaciones con posterioridad al 19 de abril de 1985[16].
47. Bajo estas consideraciones la Comisión encuentra que los hechos alegados y sus efectos en el tiempo podrían constituir violaciones tanto a los derechos establecidos en la Declaración Americana como en la Convención Americana. En adelante la Comisión se referirá, de un lado, a los hechos que configuran violaciones a la Declaración Americana por haberse consumado con anterioridad al 19 de abril de 1985. Por otro lado, la Comisión se referirá a aquellos hechos que configuran violaciones y que ocurrieron con posterioridad a la fecha de ratificación de la Convención. 2. La alegada reparación ejercida a través de la Resolución 76.161
50. Al respecto la Comisión observa que como lo ha establecido recientemente la Corte, no obstante la restitución parcial que refiere el Estado, la Comisión guarda competencia para conocer del fondo del asunto en el presente caso. Según la Corte Interamericana [C]uando el sistema interamericano conoció el caso, los hechos generadores de las violaciones alegadas ya se habían cometido. Este Tribunal debe recordar que la responsabilidad internacional del Estado se genera de inmediato con el ilícito internacional a él atribuido, aunque sólo puede ser exigida después de que el Estado haya tenido la oportunidad de repararlo por sus propios medios. Una posible reparación posterior llevada a cabo en el derecho interno, no inhibe a la Comisión ni a la Corte para conocer un caso que ya se ha iniciado bajo la Convención Americana. Es por ello que la posición del Estado de haber investigado debidamente no puede ser aceptada por la Corte para declarar que el Estado no ha violado la Convención[17].
51. En consecuencia la Comisión reitera su competencia para conocer del fondo del asunto en cuanto a los presuntos efectos violatorios de las medidas que no habrían sido reparadas y de aquellas a las que se refiere la Resolución
76.161 de diciembre de 1997.
54. El peticionario manifestó que a causa de las opiniones emitidas por él en una carta personal dirigida al Centro Militar, una organización privada, el Comandante en Jefe del Ejército ordenó que fuese juzgado por un Tribunal de Honor, en violación a la ley vigente en su momento, ya que el peticionario no estaba sujeto a la jurisdicción del Tribunal Militar, y se transformó su estado de situación de retiro a situación de reforma, negándosele el status y los beneficios a los que tenía derecho como retirado. 55. En el presente caso, el peticionario envió una carta al Centro Militar, considerada por el Centro como un acto de insubordinación a las Fuerzas Armadas. La carta fue reenviada al Comando General del Ejército, quien decidió llevar el asunto a mayores e instituir los procedimientos en contra del peticionario al ordenar la formación del Tribunal de Honor.
57. La Corte Interamericana ha establecido que “Dicha libertad no solo debe garantizarse en los que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”
60. Los
hechos revelan que el peticionario, por medio de una carta de renuncia dirigida al Centro Militar, buscó renunciar a dicho Centro, una organización privada, por una declaración que el Centro había emitido defendiendo el accionar militar, en respuesta a lo que el Centro llamó una "campaña de desprestigio de las Fuerzas Armadas que se realiza en todos los niveles". Esta carta personal luego fue comunicada al Comandante en Jefe del Ejército, quien convocó a un Tribunal de Honor, que esencialmente juzgó al peticionario por el crimen de insulto al honor militar. Según el peticionario, el Tribunal indicó como "causas detalladas" todos y cada uno de los conceptos estampados en su carta al Centro. Según el peticionario, él ejerció su derecho de comunicar libremente su pensamiento y el Centro, entidad privada, no tenía por qué pasar el contenido de la nota al Comandante en Jefe del Ejército. Además el Comandante en Jefe, alega el peticionario, no tenía por qué ordenar la formación de un Tribunal de Honor en base a un papel privado que no concernía la disciplina interna del Ejército.
62. El peticionario alega que no era previsible cómo el Centro Militar reaccionaría frente a su carta de renuncia, al menos, que no era previsible que su renuncia fuera rechazada y que se estableciera un Tribunal de Honor para juzgarle e imponerle una sanción de por vida que, entre otras cosas, le privaba de su status y beneficios. Aunque la Comisión concuerda en que la reacción exacta del Estado no era previsible, amerita señalar que el ambiente de Uruguay a mediados de 1972 era tenso y se estaban erosionando rápidamente las libertades civiles. El Gobierno del Uruguay, el 15 de abril de 1972, declaró “estado de guerra interna”, en su empeño por destruir al movimiento guerrillero “Tupamaros”, y promulgó, a pedido del Ejecutivo, varias medidas que suspendían temporariamente una serie de derechos constitucionalmente garantizados. 63. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su “Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Uruguay, describió el deterioro de la situación legal que prevalecía en 1972.[19] La Ley 14,068 del 10 de julio de 1972 titulada “De lesa Nación” agregó nuevos delitos al Código Penal Militar, algunos de los cuales sustituyeron disposiciones del Código Penal normal. Usando este procedimiento, el procesamiento de estos delitos fue transferido a los tribunales militares, pese a que los acusados lo fueran civiles de “actividades subversivas”. Aparte de los delitos de “lese majesté”, los jueces militares aplicarían las disposiciones preexistentes del Código Penal Militar cuando procesaran a civiles , incluido su Artículo 58, que define los delitos que afectan a la fibra moral del ejército y la marina:
68. Los contenidos de la carta incluían ciertas declaraciones fuertes con respecto a las Fuerzas Armadas en el Uruguay. La Cámara de Representantes de Uruguay había interpelado al Ministro de Defensa en relación a la muerte por torturas de un civil llamado Luis Carlos Batalla, mientras se encontraba detenido por los militares. En respuesta a esa interpelación, la Asamblea del Centro Militar contestó con una declaración que denunciaba la "campaña de desprestigio de las Fuerzas Armadas". La carta de renuncia del peticionario al Centro Militar fue en reacción a esta última declaración. El peticionario ironiza acerca de la alegación del Centro Militar sobre la muerte de Batalla, atribuyéndola no a las torturas que éste sufrió, sino "a su caída sobre una piedra". El peticionario afirma en su carta que algunos de sus colegas están acusados de "robo hasta el asesinato colectivo de personas indefensas y totalmente ajenas a la subversión" y que estos militares deberían ser "castigados en forma ejemplar" por haber "mancillado el uniforme del ejército usándolo para encubrir sus desbordes, sus tropelías y su sadismo"[23]. 69. En el caso de la Corte Europea Grigoriades c. Grecia, un oficial de las fuerzas armadas fue condenado por el delito de insultar a las fuerzas armadas. El oficial había descubierto abusos cometidos contra conscriptos y los denunció[24]. A su vez, se iniciaron procesos penales y disciplinarios en su contra. Aunque fue sobreseído de las acusaciones penales, como sanción disciplinaria, se sumó un período adicional a su servicio militar. Solicitó licencia y la obtuvo, y desertó, incurriendo en nuevos cargos penales. Como respuesta, envió una carta al comandante, con lo que incurrió en nuevos cargos penales por insultar a las fuerzas armadas. La Corte Europea observó que “la carta no contenía ningún insulto dirigido a persona alguna. Más importante aún, la carta no era un documento público, habiendo sido enviada sólo al oficial superior del peticionario; su divulgación pública se debió únicamente a que dicho oficial superior decidió impulsar el procesamiento del peticionario”[25]. La Corte Europea concluyó que había habido violación del derecho del oficial a la libertad de expresión (Artículo 10 de la Convención Europea). El Señor Mayor Cirio también sostiene que él no dio carácter público a su carta y que no sabe cómo terminó siendo leída en el Parlamento.
71. La Comisión afirma que, en lugar de procesar al denunciante, existe una “obligación” de “todos y cada uno de los funcionarios públicos de denunciar por los medios a su alcance los actos delictivos de los cuales tenga conocimiento”.
Y, tras la denuncia, el Estado es concomitantemente responsable de investigar los delitos graves inmediatamente después de hecha la denuncia[28].
72. En el caso Robles, la Comisión señaló, además, que, con frecuencia las fuerzas armadas inician procesos por “insultos” para cubrir delitos cometidos por sus miembros: … el sistema de justicia militar ha sido utilizado para reprimir las críticas, opiniones y denuncias sobre la actuación de sus oficiales y los delitos que éstos han cometido. Para tal efecto, la justicia militar se ha valido sobre todo del delito de Ultraje a las Fuerzas Armadas y de Insulto al superior, entendiendo que las denuncias sobre hechos delictivos constituyen "una frase injuriosa" o un "insulto". La Comisión considera que el delito de "Ultraje a las Fuerzas Armadas o de Insulto al superior" son figuras penales apropiadas cuando se aplican a delitos para los cuales han sido creadas, con el propósito de mantener un nivel de disciplina apropiado al comando vertical necesario en un ambiente militar, pero que son totalmente inapropiadas cuando son utilizadas para encubrir denuncias de delitos dentro de las Fuerzas Armadas[29].
74. La Comisión considera que los hechos en este caso, concernientes al derecho a la libertad de expresión, tiene relación con la decisión precedente de la Comisión en el caso Robles. En consecuencia, la Comisión concluye que el procesamiento del mayor Cirio por criticar las acciones de miembros de las fuerzas armadas no puede justificarse como una limitación necesaria en una sociedad democrática, ni puede justificarse como medios lícitos para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o la moral pública. 75. Es evidente que el Estado está facultado para imponer restricciones a la libertad de expresión en los casos en que existe una amenaza real a la disciplina militar. Pero no está facultado para recurrir a tales normas con el fin de acallar la expresión de opiniones, aunque estas estén dirigidas contra las fuerzas armadas como institución. En el caso presente, el peticionario envió una carta de renuncia al Centro Militar y este la consideró insultante para las fuerzas armadas, dando lugar a la convocación de un Tribunal de Honor, de la misma manera que las críticas a las fuerzas armadas del General Robles dieron lugar a acusaciones penales y a acoso contra él. Si bien es verdad que el contenido de la carta de renuncia del Mayor Cirio incluía comentarios fuertes respecto de las fuerzas armadas, la carta no fue divulgada públicamente ni distribuida a una audiencia más amplia por él. La carta no contenía insultos dirigidos al destinatario ni a ninguna otra persona. En consecuencia, la Comisión considera que los efectos objetivos para la disciplina militar fueron mínimos y que el procesamiento del peticionario ante un Tribunal de Honor no se justifica como “necesario” para asegurar “la protección de la seguridad nacional”.
77. El peticionario alega que la situación de reforma a la que fue expuesto con objeto de su renuncia al Club Militar constituyó una vulneración a sus derechos a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar. En cuanto a la honra y la reputación personal el peticionario manifestó que la situación de paso a reforma le ocasionó un desmedro moral, en la medida que no podía vestir el uniforme, perdió el derecho a usar el título y grado y no pudo ocupar cargo en el Ministerio de Defensa Nacional. 78. Según el Estado, el paso a situación de reforma de un Oficial conlleva la pérdida de algunos honores militares como el derecho a usar el uniforme, titulo y grado y la prohibición de ocupar cargo en el Ministerio de Defensa Nacional. El Estado señala que el haber de retiro se transforma en haber de reforma, no disminuyendo globalmente, pero la titularidad del cobro se distribuye de la siguiente forma: 1/3 lo percibe el Oficial reformado y los 2/3 restantes son percibidos por sus familiares directos con derecho a haber pensionario. En el caso específico, los 2/3 que son objeto de reclamación por parte del Sr. Mayor Cirio, que estima en la suma de US $ 116,000, fueron cobrados por su esposa e hijos. Además, cuando los hijos llegan a la mayoría de edad, lo que estos dejan de percibir acrece a los demás beneficiarios por lo que en este sentido no hay perjuicio económico. En cuanto al daño moral, según el Estado, “el verdadero daño moral ha sido reparado plenamente en la medida que el Poder Ejecutivo en un acto publico y ampliamente difundido le restituyo la calidad de retirado”.
79. El peticionario reconoce que efectivamente los 2/3 del haber de reforma fueron cobrados por su esposa e hijos, pero “tal forma de pago, además de haber supuesto desdoro y humillación para el compareciente, derivaba del pase a situación de reforma”. El peticionario mantiene que el “debió haber cobrado la totalidad de los haberes en forma directa.” El peticionario señala que el pase a situación de reforma significó: 1) no mas cobro de aguinaldo anual percibido por todos los oficiales en situación de retiro o sus causahabientes; 2) perdida del derecho a asistirle en Sanidad Militar; expulsión de la Cooperativa de las Fuerzas Armadas; 3) nulas posibilidades de crédito; humillación, exponiéndose públicamente como persona sin honor. El pase a situación de reforma implica la muerte civil, así como un gravísimo daño moral para el militar sancionado, en la época en que se le degrado los pases a situación de reforma estaban reservados a pederastas y ladrones, en opinión de sus colegas en el Ejército. 80. El 24 de diciembre de 1997, por Resolución 76.161 del Ministerio de Defensa, el peticionario recuperó su calidad de retirado, dejándose sin efecto su situación de reforma, sin derecho a retroactividad alguna. El peticionario observa que la Resolución 76.161 no revocó las Resoluciones 46.202 y 46.204 de 2 de enero de 1973, que cambiaban su status de retirado a en reforma, por lo cual, esta resolución, a su juicio, es sólo una reparación parcial de la violación cometida en su contra.
81. La Comisión observa que los efectos de estas medidas en la vida privada y familiar del Mayor Cirio se iniciaron en 1972, fecha en la que la Declaración Americana tenía plenos efectos para el Estado uruguayo. Dichos efectos se extendieron en el tiempo generando a su vez efectos jurídicos una vez entrada en vigencia para el Estado la Convención Americana. Como se estableció anteriormente, en este caso la Comisión tiene plena competencia para examinar tanto las posibles violaciones a la Declaración como a la Convención y para interpretar las obligaciones de la Declaración Americana con base en otros instrumentos de la misma naturaleza que permitan interpretar el objeto y fin del instrumento. 82. El
artículo V de la Declaración Americana establece lo siguiente:
87. El artículo 372 señala: Los Tribunales de Honor se limitarán a juzgar el aspecto moral de las cuestiones que se les sometan.
89. El Estado también ha señalado que: La condición militar […] impone los rigurosos y severos deberes de obediencia, respeto y subordinación al Superior en toda circunstancia de tiempo y lugar […] y quien pretenda substraerse a ello, cualquiera sea su motivación, debe estar dispuesto a asumir las lógicas consecuencias. Esto lo sabe y acepta todo militar que ingresa a las Fuerzas Armadas.
90. En este sentido, y en el contexto del presente caso, el Estado parece avalar la noción de que la “condición militar,” impondría entre otras cosas, la subordinación al Superior que no permitiría a un militar testigo de una violación, ponerla en conocimiento, y buscar su reparación La Comisión no considera que la denuncia de violaciones a los derechos humanos sea incompatible con los “rigurosos y severos deberes de obediencia, respeto y subordinación al Superior,” sino que, por el contrario, lo complementa, y por lo tanto, ningún militar debería sufrir las “lógicas consecuencias” de denunciar la mencionada violación. 91. En el presente caso, el peticionario ha señalado que ha visto su honor y su reputación dañados por la imposición de un castigo que luego el Estado reconocería como “arbitrario,” y además, los hechos que originaron la denuncia y posteriormente el castigo, fueron comprobados y verificados al finalizar la dictadura en el Uruguay. A pesar de haber recuperado su calidad de retirado, el peticionario siente y sostiene que su honor no ha sido reivindicado por el Estado. 92. Ya que el peticionario mantuvo que el Tribunal de Honor no tenía jurisdicción sobre él, al tratarse de un civil, no participó del juicio, y fue juzgado
in absentia. En 22 de noviembre de 1972, el Tribunal falló descalificando al peticionario "por falta gravísima" declarándolo inhabilitado para formar parte del Cuadro de Oficiales. En enero de 1973, el Poder Ejecutivo aprobó el fallo emitido por el Tribunal y el peticionario pasó a situación de reforma (énfasis agregado).
El Ministerio de Defensa Nacional fijó los haberes de reforma.
104. Al igual que en la sentencia de la Corte Interamericana en Cesti[33], el Mayor Cirio es un miembro retirado de las fuerzas armadas; se retiró en 1966, y no mantuvo funciones militares. Según la legislación uruguaya, el Mayor Cirio era considerado un civil, un ciudadano particular. En Cesti, el tribunal militar observó que el status de Cesti “tenía el carácter de militar en retiro, y por ello no podía ser juzgado por los tribunales militares”[34]. En consecuencia, la Corte Interamericana concluyó que el proceso a que se había sometido al Sr. Cesti “constituye una violación al derecho a ser oído por un tribunal competente, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención”[35].
El Estado, en su respuesta de 5 de julio de 2002, sostuvo que los Tribunales de Honor no eran parte del sistema judicial militar, sino que tenían una “mera naturaleza administrativa”, aunque estaban integrados por oficiales militares. El Estado no argumenta que los Tribunales de Honor fuesen tribunales civiles ordinarios, ni que exista en Uruguay un tercer sistema judicial paralelo a los sistemas civil y militar.
105. Como lo han establecido la Comisión y la Corte Interamericana, uno de los componentes fundamentales del derecho al proceso regular es el derecho a que la persona imputada sea oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Ya que la ley (Ley Orgánica No. 10.050 de l946) exceptúa al peticionario de su jurisdicción, la Comisión encuentra que el peticionario fue juzgado ilegalmente por el Tribunal de Honor, violando el artículo XXVI de la Declaración Americana. 106. El articulo 25(1) de la Convención Americana señala que:
111. El Estado señala una serie de pautas de reparación aplicable en vías administrativas para el personal militar desvinculado de las Fuerzas Armadas, por motivos políticos, ideológicos o por mera arbitrariedad durante el periodo 9 de febrero de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985. El Sr. Mayor Cirio no comparece en este periodo, haciéndolo recién el 30 de abril de 1991, a través de la presentación de un recurso de revocación con la Resolución del Poder Ejecutivo Nro. 46.204 de 2 de enero de 1973 y Resolución M.D.N. Nro. 6540 de fecha 20 de diciembre de 1973, por lo que se fijó el haber de reforma. 112. De acuerdo con el derecho uruguayo, las reclamaciones pecuniarias contra el Estado caducan a los 4 años (Ley 11.925 de 25 de marzo de 1953 y Decreto-Ley 14.129 de 26 de junio de 1974). Los órganos jurisdiccionales no aplicaron el lapso transcurrido entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985.
113. El peticionario afirma que no presentó una denuncia durante el período fijado por el Estado (1984-1988) porque no confiaba que el ambiente político hubiera cambiado lo suficiente, pese a que el gobierno había sido entregado por los militares a los civiles en 1984. No fue sino hasta 1991 que integrantes de las fuerzas armadas empezaron a criticar las acciones de los militares durante la dictadura y, en 1991, el Sr. Mayor Cirio presenta su recurso de revocación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. 114. La Comisión reitera lo establecido por la Corte que el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales:
115. En el caso presente, la Comisión debe determinar si el peticionario actuó razonablemente al esperar hasta 1991 para agotar los recursos internos, cuando estos ya habían caducado en 1988. 116. La Comisión considera que, decir que la democracia volvió al Uruguay en 1984 y que el peticionario debió haber interpuesto una acción de inmediato, es ignorar la situación política del país en esa época. Como se indicó, las fuerzas armadas no tomaron el poder sino hasta 1973, pero ya en 1972, se adoptaron una serie de leyes draconianas (véase párr. 62, supra). La transacción negociada que devolvió el poder político a los civiles en Uruguay, en 1984, no garantizó que el ambiente político estuviera maduro para una impugnación del poder militar. Procurar en 1984 la anulación de las resoluciones que prácticamente decretaron la muerte civil del Mayor Cirio, a juicio de la Comisión, no hubiera ofrecido posibilidad alguna de una reparación efectiva. Más aún, el Estado no sustanció su posición de que este lapso de cuatro años brindó un recurso sencillo y efectivo, demostrando que otras personas hayan logrado anular resoluciones similares. No fue sino hasta el 24 de diciembre de 1997, catorce años más tarde, que el poder ejecutivo, por Resolución No. 76.161, restableció al Sr. Cirio y a otros 41 altos oficiales la condición de “retirado”. 117. La Comisión llega a la conclusión que en diferentes ocasiones el Sr. Mayor Cirio ha intentado hacer uso de las acciones o recursos constitucionales para proteger sus derechos. Dichos recursos se han mostrado completamente ineficaces para proteger los derechos fundamentales de la víctima. Por tal motivo, la Comisión declara que el Estado uruguayo ha violado el derecho a la protección judicial, consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana.
Derecho a igualdad ante la ley (artículo 24 de la Convención)
120. La Comisión considera que cualquier distinción basada en alguno de los supuestos señalados en el artículo 1 de la Convención Americana conlleva una fuerte presunción de incompatibilidad con el tratado. Al respecto, la Corte Interamericana ha sostenido que El principio de igualdad ante la ley y no discriminación impregna toda actuación del poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, relacionada con el respeto y garantía de los derechos humanos. Dicho principio puede considerarse efectivamente como imperativo del derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado tratado internacional, y genera efectos con respecto a terceros, inclusive a particulares[37].
E. Derecho a indemnización (artículo 10 de la Convención) 122. El artículo 10 de la Convención establece que: “Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”. 123. En el presente caso, el Estado reconoció que la desvinculación del peticionario de las Fuerzas Armadas se debió a motivos políticos, ideológicos o mera arbitrariedad, razón por la cual se devolvió al peticionario su calidad de retirado en 1997, dejando sin efecto la situación de reforma, consecuencia de la decisión del Tribunal de Honor Militar.
130. El artículo 2 de la Convención Americana establece que: Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
133. Por las razones antes expuestas la Comisión concluye que a través de la sanción del Tribunal de Honor como medida disciplinaria el Estado uruguayo ha sometido al señor Tomás Eduardo Cirio a un proceso militar como represalia por sus denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas del Uruguay. El Estado uruguayo ha dejado de cumplir con su obligación de respetar y garantizar el derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley (artículo XXVI Declaración Americana) y la protección judicial (artículo 25 Convención Americana), la libertad de expresión (artículo IV Declaración Americana), su derecho a la dignidad y a la honra (artículo 5 de la Declaración y 11 de la Convención), derecho a igualdad ante la ley (artículo 24 de la Convención) y derecho a indemnización (artículo 10 de la Convención Americana). La Comisión concluye igualmente que en virtud de las violaciones arriba mencionadas, el Estado uruguayo ha incumplido con su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y garantías impuesta por el artículo 1(1) de la Convención Americana y de adoptar disposiciones de derecho interno impuesta por el artículo 2. Habiendo concluido que se han violado estas disposiciones de la Convención Americana, la Comisión considera que el peticionario no ha sustentado sus alegaciones con respecto a la alegada violación del artículo 9 de la Convención Americana en el presente caso. VII. RECOMENDACIONES
134. Con fundamento en el análisis y las conclusiones del presente Informe, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RECOMIENDA AL ESTADO URUGUAYO:
1. Anular de forma inmediata, y dejar sin efecto retroactivamente, las Resoluciones Nos. 46.202 y 46.204 del Poder Ejecutivo de 2 de enero de 1973, la Resolución No. 6.540 del Ministerio de Defensa de 20 de diciembre de 1973, y el fallo del Tribunal General de Honor que le perjudicara; restituyendo todos los derechos, beneficios, honores y demás prerrogativas como miembro retirado del servicio de las Fuerzas Armadas del Uruguay, que le hubiesen correspondido; 2. Adoptar todas las medidas necesarias de reparación y compensación, a fin de restablecer el honor y la reputación del señor Tomás Eduardo Cirio;
a) La publicación en los mismos diarios en que se difundió el comunicado de 5 de octubre de 1972 (o en diarios de mayor circulación en caso de que en la actualidad dichas publicaciones ya no existan) en idéntico lugar y con las mismas características- un nuevo comunicado, mediante el cual se reconozca claramente la violación a los derechos aquí establecida; b) La aceptación de su renuncia al Centro Militar con fecha 6 de julio de 1972.
VIII. TRÁMITE POSTERIOR AL INFORME SOBRE EL FONDO Nº 93/05 135. La Comisión examinó el presente caso durante su 123º Periodo de Sesiones y el 24 de octubre de 2005 aprobó el Informe Nº 93/05, de conformidad con el Artículo 43(2) de su Reglamento. El informe fue notificado al Estado el 7 de noviembre de 2005, otorgándole un plazo de dos meses para éste informara acerca de la implementación de las recomendaciones, de conformidad con el artículo 43(3) del Reglamento de la Comisión. La Secretaría Ejecutiva notificó a los peticionarios de la adopción del informe y de su transmisión al Estado, solicitándoles su opinión respecto de la decisión de llevar el caso ante la Corte Interamericana.
137. Mediante comunicación de fecha 18 de septiembre de 2006, el Estado informó que “Uruguay ha cumplido plenamente con el informe No. 93/05” y solicita el archivo del caso. El 13 de enero de 2006, el Señor Tomas E. Cirio, reiteró su interés en que el caso fuera enviado a la Corte “porque el Estado uruguayo no ha dado cumplimiento cabal a las recomendaciones formuladas por la Comisión en su informe Nº 93/05 de fecha 24 de octubre de 2005”. El 11 de octubre de 2006, el General Tomas E. Cirio, respondió a una solicitud de la Comisión en la cual dice: “En respuesta a su atenta nota de fecha 20 de septiembre de 2006, cúmpleme manifestar que considero satisfactorias las medidas dispuestas por el Estado Uruguayo a través de la resolución Nº 83.805 de 4 de septiembre de 2006”. 138. Conforme a lo establecido en el artículo 51(1) de la Convención, la Comisión debe determinar, en esta etapa del procedimiento, si el Estado ha cumplido con las recomendaciones que le efectuara oportunamente. En adelante se revisará las acciones tomadas por el Estado en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión: Recomendación 1: Obligación de dejar sin efecto las Resoluciones Nos. 46.202 y 46.204 del Poder Ejecutivo de 2 de enero de 1973, la Resolución No. 6.540 del Ministerio de Defensa de 20 de diciembre de 1973, y el fallo del Tribunal General de Honor, restituyendo a la víctima en todos los derechos, beneficios, honores y demás prerrogativas que como miembro retirado del servicio de las Fuerzas Armadas del Uruguay, le hubiesen correspondido.
141. El 21 de abril de 2006 el Mayor Cirio se presentó ante el Ministerio de Defensa solicitando el amparo a la Ley 17.949 y la reparación que ella otorga; según el Estado resulta aplicable a su situación el artículo 10 que establece que tal solicitud apareja ipso jure la renuncia a todo procedimiento en curso ante cualquier jurisdicción. 142. A fin de reparar el honor, el Gobierno otorgó al Mayor Cirio el grado de General a partir del 1 de febrero de 1986, reformulado su haber de retiro de acuerdo a su actual grado desde el 4 de septiembre de 2006; sin derecho al cobro de haberes anteriores.
Ministerio de Defensa Nacional. Comunicado. Hacemos constar que este Ministerio en cumplimiento del literal a) del numeral 2 de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formulada en el caso promovido por el Mayor Retirado Tomás E. Cirio, esta Secretaría de Estado declara: Que no comparte el Comunicado del Centro Militar de fecha 5 de octubre de 1972. 146. En su comunicación de 8 de junio de 2006, el Estado señaló que “según surge del propio texto de la Ley, que a aquellos que la misma comprenda, ningún tratamiento degradante padecido pudo afectar su honor, su buen nombre y el respeto ganado ante la sociedad toda. […] Tales conceptos hacen también a la publicidad requerida por el reclamante, dado que es “la sociedad” quien reconoce el respeto, el honor y el nombre de todos aquellos militares que sufrieron persecución por motivos políticos e ideológicos y garantía de ello, es precisamente, que se le otorgue la reparación que la ley prevé”. Recomendación 2(b): Renuncia al Centro Militar
[7] La Resolución No. 6.540 del Ministerio de Defensa, 20 de diciembre de 1973, fijó los haberes de reforma. [8] El artículo 66 de la Constitución Nacional del Uruguay establece: “Ninguna investigación parlamentaria o administrativa sobre irregularidades, omisiones o delitos, se considerará concluida mientras el funcionario inculpado no pueda presentar sus descargos y articular su defensa.”
[16] CIDH., Informe Nº 24/98, Caso 11.287, João Canuto de Oliveira (Brasil), 7 de abril de 1998;
Informe Nº 9/00, Caso 11.598, Alonso Eugénio Da Silva (Brasil), 24 de febrero de 2000; Informe N° 33/01, Caso 11.552, Guerrilla del Araguaia - Julia Gomes Lund y Otros (Brasil), 6 de marzo de 2001; Informe N° 40/03, Caso 10.301, 42° Distrito Policial- Parque São Lucas,
São Paulo (Brasil), 8 de octubre de 2003. [17]
Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004, párr. 75. [18] Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001, para. 152.
Véase Informe Nº 43/99, Caso 11.430, Francisco Gallardo Rodríguez (México) 15 de octubre de 1996; Informe Nº 20/99, Caso 11.317, Rodolfo Robles Espinoza e Hijos (Perú), 23 de febrero de 1999.
Robles, Ibid. párr. 145.
Véase E.C.H.R., Grigoriades v. Grecia, Sentencia del 25 de noviembre de 1997, párr. 47.
[26] Caso Robles,
supra nota 21, párr. 101.
Ibid. párr. 102.
Ibid. párr. 104
Ibid. párr. 151.
[32] Respuesta del Estado, 3 de enero de 1997, en el Expediente de la Comisión. [33] Corte I.D.H., Caso Cesti Hurtado, Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C, No. 56. [34]
Ibid. [36] Corte I.D.H., Caso Cantoral Benavides, Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C, No. 69 párr. 163.
Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de Septiembre de 2003. Serie A No. 18. Párr. 100.
Íd., párr.166.

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 66
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 145
 Resolución 
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 Resolución

 Artículo 58
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 artículo 372
 artículo 8
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 artículo 25
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 2
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 artículo 9
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 Artículo 43
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 artículo 51
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