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Timestamp: 2020-06-01 04:35:56+00:00

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octubre | 2013 | El derecho y el revés
La revocación de la “doctrina Parot” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: crónica de un fallo anunciado.
Publicado en octubre 21, 2013 por Miguel Ángel Presno Linera
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha resuelto, en su sentencia de 21 de octubre de 2013 (puede leerse en inglés y francés), que la llamada “doctrina Parot” (la propia Gran Sala emplea esa expresión) es contraria a los artículos 7 y 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Se rechaza así, y de una manera mucho más extensa y argumentada que en la decisión de la Sección Tercera del TEDH de 10 de julio de 2012, la aplicación retroactiva de una nueva forma de computar los efectos de los beneficios penitenciarios que altera la exigencia, derivada del artículo 7 del Convenio, de que un delito, así como la pena que implique, deben estar claramente definidos por la Ley. Esta condición se cumple cuando el litigante puede saber, a través de la redacción de la disposición pertinente y, según sea necesario, a través de la interpretación por los tribunales, qué actos y omisiones implica su responsabilidad penal y qué pena corresponde al acto u omisión cometido (caso Cantoni contra Francia, 15 de noviembre de 1996, ap. 29).
La jurisprudencia derivada de esta resolución, así como de la de 10 de julio de 2012, se inserta en una línea propia de cualquier Estado democrático según la cual nullum crimen, nulla poena sine lege, en términos análogos a los recogidos por el artículo 25 de la Constitución española. Este derecho incluye una triple perspectiva, comúnmente condensada en la exigencia de lex previa, scripta, stricta. Así, quedan prohibidas las definiciones vagas e indeterminadas de delitos y penas en normas de rango insuficiente (lex scripta), la retroactividad de disposiciones desfavorables al reo (lex previa) y la interpretación analógica de la norma penal (lex stricta).
El TEDH recuerda que la garantía recogida en el artículo 7, que es un elemento esencial del Estado de Derecho, ocupa un lugar importante en el sistema de protección del Convenio, como evidencia el hecho de que no se permite su derogación en virtud del artículo 15 en tiempo de guerra o de otra emergencia pública. Debe ser interpretada y aplicada de forma que proporcione garantías efectivas contra procesos, condenas y castigos arbitrarios.
En su reiterada jurisprudencia en la materia, el TEDH viene declarando que el artículo 7 no se detiene en la prohibición de retroactividad de normas penales, sino que añade, como corolario a la tutela que dispensa, un mandato de determinación en la redacción de la norma. Este mandato tiene dos vertientes: en primer lugar, el principio de taxatividad en la definición de los delitos y las penas; en segundo lugar, la determinación de las conductas punibles deben ser esclarecidas mediante el ejercicio de la jurisdicción, pero sin que exista margen alguno para la interpretación extensiva por analogía en contra del reo. El contenido de este mandato fue definido por el TEDH en el asunto Kokkinakis c. Grecia, de 25 de mayo de 1993: el artículo 7.1 del Convenio no se limita a prohibir la aplicación retroactiva del derecho penal en detrimento del acusado. Se consagra así, de manera más general, el principio de la legalidad de los delitos y las penas y el que exige no aplicar la ley penal de manera extensiva en detrimento del acusado; especialmente por analogía. De ello se deduce que un delito debe ser claramente definido por la ley y esta condición se cumple cuando el individuo puede conocer, a partir de la redacción del artículo aplicable y, en su caso, con la ayuda de su interpretación por los Tribunales, qué actos y omisiones comprometen su responsabilidad.
Por lo que afecta a la interpretación extensiva por analogía en contra del reo, el leading case es el asunto Baskaya y Okçuoglu c. Turquía, de 8 de julio de 1999. En aplicación de la Ley de prevención del terrorismo, un Tribunal condenó a las recurrentes como autoras de delitos de propaganda separatista contra la indivisibilidad del Estado. A pesar de que la legislación penal diferenciaba entre los autores y los editores de una publicación, estableciendo penas más severas para los primeros (prisión) que para los segundos (multa), el Tribunal turco aplicó a las editoras de un escrito la pena de prisión prevista para los autores. Esta aplicación extensiva de la norma penal fue declarada contraria al artículo 7 CEDH, en una línea jurisprudencial confirmada en el asunto E.K. c. Turquía, de 7 de febrero de 2002.
Pues bien, volviendo a la sentencia que enjuicia la “doctrina Parot”, el TEDH recuerda que por decisión de 30 de noviembre de 2000 la Audiencia Nacional fijó el límite máximo del cumplimiento de todas las penas dictadas contra la demandante en 30 años de prisión, de conformidad con el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 70.2 del Código Penal de 1973, en vigor en el momento en que se cometieron los hechos. El 24 de abril de 2008, el centro penitenciario señaló el día 2 de julio de 2008 como fecha para la puesta en libertad de la demandante, después de aplicar las remisiones de penas por trabajo sobre el límite máximo de 30 años de prisión. Posteriormente, el 19 de mayo de 2008, la Audiencia Nacional solicitó a las autoridades penitenciarias la modificación de la fecha prevista de puesta en libertad y realizar un nuevo cálculo de acuerdo con una nueva jurisprudencia establecida en la sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Según esta nueva jurisprudencia, los beneficios y remisiones de penas debían aplicarse en cada una de las condenas individualmente, y no sobre el límite de treinta años de prisión. Aplicando el nuevo criterio, la Audiencia Nacional señaló el 27 de junio de 2017 como la fecha definitiva de puesta en libertad de la demandante.
El TEDH constata, como admite el Gobierno español, que en los casos de personas condenadas a varias penas de prisión, las autoridades penitenciarias, de conformidad con lo decidido por los tribunales, estimaron como fórmula de aplicación general que el límite establecido en el artículo 70.2 del Código Penal de 1973 (30 años) se transformaba en una nueva condena autónoma, sobre la que debían aplicarse los beneficios penitenciarios. Sobre esos 30 años se calculaba la remisión de penas por trabajo. Esta práctica fue avalada por la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1994 y, de hecho, benefició, en casos similares al de la demandante, a muchas personas condenadas en virtud del Código Penal de 1973, que vieron como se aplicaban redención de penas por trabajo sobre el límite máximo de prisión de 30 años. En su sentencia de 8 de marzo de 1994, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estimó en parte un recurso, apoyado en ese punto por el Ministerio Fiscal, y revocó la interpretación que había hecho la Audiencia Provincial de Huelva, considerando que es “sobre la pena resultante, que podría ser el triplo de la más grave de las sanciones o bien el límite de treinta años, cuando aquel exceda de ese límite,… donde deben operar los beneficios penitenciarios y no distinguir, donde la ley no distingue y contra reo y con choque frontal a lo señalado en el art. 25,2 del texto constitucional”.
En la sentencia de la Gran Cámara se insiste en que dicha redención de penas estaba prevista en una norma legal (el artículo 100 del Código Penal de 1973) y no en normas reglamentarias; exactamente en el mismo Código donde se incluían las penas y la forma de remisión, que implica una importante reducción y no, como la libertad condicional, una afectación de las condiciones de ejecución. Por si fuera poco, la reducción de la pena era prácticamente automática, salvo dos supuestos precisos: tentativa de sustraerse a la ejecución de la pena o mala conducta en prisión. Pero, incluso en estas dos hipótesis, no se perdían los beneficios ya consolidados.
Recuerda también el TEDH que el cálculo de la remisión de condena (3282 días) no fue cuestionado en momento alguno ni por la Administración penitenciaria ni por los Tribunales. El propio Gobierno español admite que antes de la “doctrina Parot”, las remisiones de condena por trabajo se imputaban sobre la duración máxima de 30 años. Por su parte, el Tribunal Supremo español revisó su doctrina de 1994 en 2006, es decir, 10 años después de la derogación del Código Penal de 1973, del que traía causa.
De conformidad, pues, con ese estado de cosas, la demandante podía esperar, mientras cumplía su condena en prisión y especialmente después de las decisiones de la Audiencia Nacional de 30 de noviembre de 2000 (sobre la acumulación de penas) y de 15 de febrero de 2001 (que señalaba el 27 de junio de 2017 como fecha de puesta en libertad), beneficiarse de la remisión de penas por el trabajo que había llevado a cabo desde 1987 partiendo de la hipótesis de que la condena total a cumplir era 30 años. En otras palabras, no podía prever en el momento de acumulación de todas sus penas que el método de cálculo de estas redenciones de condena serían objeto de un giro jurisprudencial del Tribunal Supremo en 2006 y que este cambio se le aplicaría retroactivamente.
En conclusión, y por 15 votos contra 2, se confirma que esta interpretación vulnera el artículo 7 del Convenio pues los tribunales internos no pueden aplicar retroactivamente y en perjuicio del reo los cambios producidos después de la comisión del delito. La aplicación con efecto retroactivo de las Leyes penales posteriores sólo se admite cuando el cambio es favorable al acusado (caso Scoppola contra Italia, 17 de septiembre de 2009).
Sentado lo anterior, el Tribunal considera que, desde el 3 de julio de 2008, la reclusión de la demandante no es “regular”. Por lo tanto ha habido violación también del artículo 5.1 del Convenio, lo que es objeto de apreciación unánime por la Gran Sala (17 votos).
Por todo ello, insta (16 votos frente a 1) al Estado español a garantizar la puesta en libertad de la demandante en el más breve plazo posible y (por 10 votos frente a 7) a indemnizarla con 30000 euros por daños morales.
Una versión resumida de este comentario se publicó en La Nueva España el 22 de octubre de 2013.
El matrimonio entre personas del mismo sexo en el sistema constitucional español.
Publicado en octubre 18, 2013 por Miguel Ángel Presno Linera
En el último número de la Revista General de Derecho Constitucional (nº 17, 2013) se incluye mi trabajo El matrimonio entre personas del mismo sexo en el sistema constitucional español (se puede descargar en archivo pdf pinchando en el título). La tesis que sostengo es que la forma adecuada de definir el matrimonio es entenderlo como derecho de libertad y no como una garantía institucional; ese derecho de libertad garantiza el matrimonio con personas del mismo o diferente sexo.
PALABRAS CLAVE: derechos fundamentales; derecho al matrimonio; matrimonio entre personas del mismo sexo; derecho fundamental como esfera vital; derechos de libertad; garantía institucional.
SAME-SEX MARRIAGE IN THE SPANISH CONSTITUCIONAL SYSTEM
ABSTRACT: This paper analyzes the legal frame of same-sex marriage in the context of the Spanish Constitution. The author argues that the proper definition of marriage must be understood as a civil liberty, not as an institutional guarantee. This right protects marriage between persons of the same-sex or different sex.
KEY WORDS: Fundamental rights; Right to marriage; Same-sex marriage; Fundamental right as vital sphere; Civil liberties; Institutional guarantee.
Publicado en octubre 12, 2013 por Miguel Ángel Presno Linera
En las siguientes líneas se resume el contenido de una charla, más bien descriptiva, que tuve ocasión de impartir sobre las elecciones primarias para la selección de candidaturas electorales por parte de los partidos políticos.
El sistema español –y en la misma línea están el italiano, el francés o el portugués- se adscribe al modelo de mero reconocimiento constitucional de los partidos; es decir, la Constitución menciona a los partidos y tiene en cuenta las funciones que les incumben a los efectos de colocarlos en una posición que facilite su desarrollo. Dichas funciones son un efecto del ejercicio del derecho de asociación con una finalidad política, pero no una condición para el ejercicio de un derecho. La protección constitucional supone una garantía adicional al genérico derecho de asociación, pero no una garantía de un derecho diferente.
Una de las consecuencias es que el nivel de incidencia del sistema jurídico en el funcionamiento de los partidos es menor que si hay, como en Alemania, una “incorporación constitucional”, supuesto en el que el ordenamiento diseña las funciones que deben desempeñar los partidos, que lo serán si cumplen dichos cometidos. Es lo que explica que la Ley alemana de partidos les imponga a estas entidades obligaciones, como la de presentarse a las elecciones, que no existen en otros sistemas constitucionales. Además prevé que deben seleccionar las candidaturas al Bundestag mediante voto secreto y directo de los afiliados de la circunscripción o a través de una convención con participación, directa o indirecta, de los militantes.
Aunque la Constitución española exige que los partidos tengan una estructura y un funcionamiento democráticos, se deja en manos de cada formación articular esos mecanismos, lo que, como es bien conocido, ha originado modelos muy diferentes.
Hay que empezar diciendo que si nos encontramos, como en España, en un régimen electoral de listas cerradas –salvo el caso del Senado-, acudir a las primarias abre a la ciudadanía la posibilidad de participar de manera decisiva en la selección de las personas que aspiran a ejercer cargos representativos.
B).- En segundo lugar se contemplan las figuras de “inscritos” o militantes y “electores”.
“Inscritos” son las personas, italianas o extranjeras, que se afilian al partido suscribiendo sus normas y principios programáticos. Son “electores” las personas, italianas o extranjeras, inscritas o no en el PDS, que se identifican con los objetivos del PDS, se comprometen a apoyarlo electoralmente y aceptan registrarse como tales.
2) participar en las elecciones primarias para elegir a los candidatos a los principales cargos institucionales;
3) presentar las propias candidaturas para cargos institucionales;
4) tomar parte en los Foros temáticos;
5) votar en los referendos del partido…
6) participar en la elección directa de secretarios y asambleas inferiores a las regionales;
7) ser consultados en la elección de las candidaturas del PDS a cualquier institución;
8) votar en referendos reservados a los inscritos;…
En caso de que no haya tal coalición se harán primarias de partido, que exigirán a los candidatos el apoyo del 10% de la Asamblea territorial o del 3% de los afiliados de ese ámbito territorial.
Si se trata de alcaldes o presidentes que han terminado un primer mandato y quieren continuar las candidaturas alternativas necesitarán el apoyo del 30% de la Asamblea territorial o el 15% de los afiliados.
Se usará en todo caso la regla de la mayoría relativa.
No habrá primarias si hay una candidatura única.
a) la igualdad entre inscritos y electores;
b) la democracia paritaria;
c) la inelegibilidad si se acumulan diversos cargos electivos;
d) la representatividad social, política y territorial.
Su empleo en las elecciones municipales puede servir como parte de un proceso de generalización a otro tipo de procesos electorales.
De aprobarse la reforma electoral en Asturias, habría que desarrollar un procedimiento de primarias para la selección de las personas que encabezarían la lista en las 3 circunscripciones.
Publicado en octubre 6, 2013 por Miguel Ángel Presno Linera
Thomas Darnstädt, antiguo director de la sección de Política de la revista “Der Spiegel”, publicó en 2004 el libro Die Konsensfalle. Wie das Grundgesetz Reformen blockier, editado en España en 2005 con el título abreviado de La trampa del consenso. En esta obra se explica cómo, durante mucho tiempo, a la hora de resolver los conflictos en materia de organización territorial prevaleció en Alemania una política de bloqueo a cualquier tipo de reforma porque no había “consenso” entre todos los actores políticos. A esta situación también se ha referido nuestro Tribunal Constitucional (STC 238/2012, de 13 de diciembre) recordando que, sin ser inconstitucional, “la exigencia de un mayor grado de consenso lleva aparejado el surgimiento de las minorías de bloqueo… realidad seguramente indeseable en el funcionamiento del sistema en la medida en que puede llevar al estancamiento en la toma de decisiones…” Pues bien, eso es lo que podría ocurrir en Asturias si el motivo para no aprobar la propuesta de reforma electoral -presentada por PSOE, IU y UPYD- es que no hay acuerdo entre todas las formaciones presentes en la Junta General del Principado o, al menos, entre 4 de ellas -además de las citadas, PP o FAC-.
La cuestión es si no merece la pena aprovechar que por vez primera en un Parlamento español, estatal o autonómico, se haya aprobado por la mayoría absoluta un dictamen en el que se incorporan instrumentos de democratización del proceso electoral inéditos en nuestro país: desbloqueo de las listas electorales para que los votantes tengan la libertad de seleccionar entre las personas propuestas por una formación política aquéllas que consideran más adecuadas para el cargo parlamentario; elección democrática en el seno de la candidatura de la persona que encabezará la lista; nuevo sistema de asignación de escaños para favorecer la igualdad del voto de los asturianos; posibilidad de votar de manera anticipada para promover la participación; obligatoriedad de convocar debates en los medios de comunicación públicos; envío conjunto de papeletas para abaratar costes; sustitución temporal en los casos de enfermedad, maternidad o, por ejemplo, imputación penal de parlamentarios;…
Decía Adolfo Posada en 1891 que la perfección representativa de una Asamblea popular será tanto más adecuada a sus funciones cuanto mejor se reflejen en ella las oposiciones sociales; es decir, el pluralismo político; Hans Kelsen denunció en 1920 la fatiga de un parlamentarismo alejado de la sociedad. Pues bien, ahora es posible conseguir en Asturias un Parlamento que refleje mejor el pluralismo, que recupere algo de vitalidad y que, como reclamó Hanna Arendt, sirva para que la política vuelva a ser una promesa y no un problema. Quizá esta propuesta no alcance el consenso pero no parece que le falte sentido democrático.
Presentada la Proposición de reforma de la Ley Electoral asturiana.
Publicado en octubre 5, 2013 por Miguel Ángel Presno Linera
El pasado 3 de octubre los Grupos Parlamentarios Socialista, de Izquierda Unida y Mixto (UPYD) registraron la Proposición de modificación de la Ley electoral de Asturias (puede descargarse en formato pdf). Fue la consecuencia lógica del Dictamen aprobado por esas mismas formaciones el pasado mes de julio.
En esencia, la Proposición de modificación de la Ley electoral de Asturias incluye instrumentos de democratización del proceso electoral inéditos en nuestro país: desbloqueo de las listas electorales a fin de que los votantes tengan la libertad de seleccionar entre las personas propuestas por una formación política aquéllas que consideran más adecuadas para el cargo parlamentario; elección democrática en el seno de la candidatura de la persona que encabezará la lista; nuevo sistema de asignación de escaños para favorecer la igualdad del voto de todos los asturianos, con indepedencia del lugar en el que voten y la opción política por la que se decanten; posibilidad de votar de manera anticipada para promover la participación; obligatoriedad de convocar debates en los medios de comunicación públicos; envío conjunto de papeletas para abaratar costes; sustitución temporal en los casos de enfermedad, maternidad o, por ejemplo, imputación penal de parlamentarios;…

References: artículo 7
 artículo 25
 artículo 7
 artículo 15
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 988
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 100
 artículo 7
 artículo 5