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Timestamp: 2020-07-15 11:11:49+00:00

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Registro Oficial. 17 de MAYO del 2004
Lunes, 17 de mayo del 2004 - R. O. No. 336
108\n Autorízase\n la emisión e impresión de un millón (1´000.000)\n de certificados de antecedentes personales.
0324\n Legalízase\n la autorización de comisión de servicios a favor\n del Mayor de Policía Juan Jaramillo, Paredes» Edecán\n de Policía, para que acompañe al señor Ministro\n de Gobierno y Policía a la República de Chile.
078-2003-HC\n Confírmase\n la resolución llegada en grado y niégase el recurso\n de babeas corpus interpuesto por el doctor Rolando Bustos Ávila..
Dispónese al\n Juez Tercero de lo Penal del Guayas, que proceda a exigir el\n inmediato cumplimiento de la Resolución 038-03-RA, adoptada\n por el Pleno del Tribunal Constitucional el 30 de julio del 2003.69
PRIMERA\n SALA:
0019-2004-HC\n Confírmase\n la resolución emitida por la Segunda Vicepresidenta del\n Concejo del Distrito Metropolitano de Quito, encargada de la\n Alcaldía y niégase el babeas corpus propuesto a\n favor de Irma María Armijos Salazar.
0030-2004-RA Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional\n solicitado por el profesor Fernando Arturo Pazos Jijón.
0098-2004-RA Revócase la resolución\n del Juez Décimo Sexto de lo Civil de Salinas e inadmítese la acción de amparo presentada por la doctora\n Angélica Tómalo Balón.
0118-2004-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n planteada por la señorita Rocío Graciela Zambrano\n Aguillón
0123-2004-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado\n por Arnulfo Elías Sacoto.
0151-2004-RA Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n Telmo Alfredo Orozco Flores.
0179-2004-RA Revócase la resolución\n del Tribunal de instancia y concédese el amparo solicitado\n por Jenny Lorena Pinoargote Alcívar.
0182-2004-RA\n Confírmase\n la resolución del Juez de instancia y niégase el\n amparo solicitado por Vitalino Thomas Pincay Cevallos.
0196-2004-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado\n por Marlene Yolanda Bodón Chávez.
TERCERA\n SALA:
Causa\n 0280-2003-RA\n acumulada a la Causa 0398-2003-RA Dispónese el archivo\n definitivo de las acciones de amparo interpuestas por el ingeniero\n Jaime Patricio Sánchez Villagómez
0092-2004-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional\n propuesto por Melva Cecilia Guevara Arteaga y otros.
0106-2004-RA Confírmasela resolución\n venida en grado y niégase el amparo constitucional interpuesto\n por el ingeniero Yuri Fernando Peña Abad, por improcedente.
0108-2004-RA Confírmase la resolución\n de primer nivel y niégase la acción de amparo constitucional planteada por Ulbio Germán Freire Villarreal.
0135-2004-RA Deséchase por improcedente,\n el amparo interpuesto por el señor Franco Rivera Ordóñez\n y revócase la resolución del Juez Segundo de b\n Civil de Pastaza.
0136-2004-RA\n Confírmase\n la resolución del Juez de instancia y concédese\n el amparo constitucional propuesto por el abogado Gregory\n Alejandro Gines Vinces.
0143-2004-RA Niégase el amparo interpuesto\n por el señor Pedro Curichumbi Quishpi y revócase\n la resolución del Juez Décimo Primero de lo Civil\n de Chimborazo, con asiento en Guamote.
0149-2004-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase el amparo constitucional interpuesto\n por el señor Edgar Alejandro Vásquez y otro
Juicio\n de expropiación\n seguido por la M.I. Municipalidad de Guayaquil en contra de los\n herederos de Bella Leonor Alarcón Zambrano vda. de Andrade\n y otros (1ra. publicación).
Muerte\n presunta del\n señor Miguel Ángel González Tene (1ra. publicación).
Muerte\n presunta del\n señor Julio César Toapanta Uvidia (1ra. publicación).
Muerte\n presunta del\n señor Juan Antonio Guamán Guerrero (2da. publicación).
Juicio\n de expropiación\n seguido por el I. Municipio de Manta en contra de Jorge Enrique\n Santana Casanova y otra (3ra. publicación).
Juicio\n de expropiación\n seguido por el I. Municipio de Manta en contra de los herederos\n de Miguel Ángel Cevallos Gil y otra (3ra. publicación).
Muerte\n presunta de\n la señora Cerril Diana Gandolfi Mendel (3ra. publicación).
Muerte\n presunta de\n la señora Olga. María Flores Jiménez (3ra.\n publicación).
Muerte\n presunta del\n señor Jorge Bolívar Sánchez (3ra. publicación).
Juicio\n de expropiación\n seguido por el Gobierno Municipal del Cantón\n Atahualpa en contra de la señora Amanda Aguirre Reyes\n vda. de Tinoco y otros (3ra. publicación).\n \n
Que el artículo 3 del Acuerdo Ministerial No 488, publicado\n en e) Registro Oficial No 690 de 12 de octubre de 1978, establece\n que para la emisión de especies valoradas se debe expedir\n el correspondiente acuerdo;
Que según lo prescrito en el artículo 1 del\n referido Acuerdo Ministerial No 488, el Instituto Geográfico\n Militar es el único organismo público autorizado\n para que, en sus propios talleres imprima especies valoradas;
Que mediante oficio No 2004-259-AJ-DNPJel de 11 de febrero\n del 2004, la abogada Martha Andrade Mencías, Subteniente\n de Policía de Justicia, Asesora Jurídica de la\n Dirección Nacional de la Policía Judicial,\n e Investigaciones, solicita a esta Secretaría de Estado\n se realice la reforma del formato de la especie valorada denominada\n "Certificado de Antecedentes Personales", a fin de\n agregar al mismo la fecha de nacimiento, la clasificación\n dactiloscópica y la digitalización de la fotografía\n del usuario;
Que mediante memorando No 0029 de 14 de abril del 2004, el\n funcionario responsable de la administración y custodia\n de especies fiscales de la Subsecretaría de Tesorería\n de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas,\n establece las especificaciones que debe tener la especie valorada\n referida en el considerando anterior;
Que con oficio No STN-2004-1827 de 19 de abril del 2004, el\n Subsecretario de Tesorería de la Nación, solicita\n al Subsecretario Administrativo disponer a quien corresponda\n la elaboración del acuerdo ministerial, contrato y demás\n trámites que se requieran para la emisión de un\n millón (1´000.000) de certificados de antecedentes\n personales, a un valor de comercialización de cinco dólares\n de los Estados Unidos de América 00/100 (US $ 5,00 c/u)\n cada uno; y,
Art. 1.- Autorizar la emisión e impresión de\n un millón (1*000.000) de certificados de antecedentes\n personales, a un valor de comercialización de cinco dólares\n de los Estados Unidos de América 00/100 (US $ 5,00 c/u)\n cada uno, de acuerdo al siguiente detalle:
Cantidad	Valor de comercialización	Numeración
\n 1´000.000	US $ 5,00	3´000.001	4´000.000
Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 30 de abril del 2004.
f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del\n Ministerio de Economía y Finanzas.- 5 de mayo del 2004.
No 0324
Que, mediante Resolución No CGRH-006 de 20 de abril\n del 2004, el doctor Danilo Granja Camacho, Coordinador de Gestión\n de Recursos Humanos, dictamina favorablemente la comisión\n de servicios al exterior, a favor del Mayor de Policía\n Juan Jaramillo Paredes, Edecán del Ministro de Gobierno\n y Policía, para que acompañe al titular de esta\n Cartera de Estado, a la visita oficial al Estado de Chile, del\n 21 al 23 de abril del 2004;
Que mediante oficio No SP-CACP-20Q4-01431 de 26 de abril del\n 2004, suscrito por el señor Hugo Muñoz Benítez,\n Subsecretario de Presupuestos del Ministerio de Economía\n y Finanzas, emite informe favorable sobre la comisión\n de servicios en el exterior con derecho a sueldo, a favor del\n Mayor de Policía Juan Jaramillo, Edecán de Policía,\n para que acompañe al señor Ministro de Gobierno\n y Policía, a la visita oficial a la República de\n Chile del 21 al 23 de abril del 2004;
Que mediante oficio No 0000149 del 19 de abril del 2004, el\n doctor Guillermo Astudillo Ibarra, Subsecretario General de la\n Administración Pública de la Presidencia de la\n República, autoriza la comisión de servicios al\n exterior con sueldo, a favor del Mayor de Policía Juan\n Jaramillo, Edecán del Portafolio de Gobierno, quien acompañó\n al Ministro de Gobierno y Policía, a la República\n de Chile del 21 al 23 de abril del 2004; y,
En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del\n artículo 179 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador,
ARTICULO UNO.- Legalizar la autorización de comisión\n de servicios al exterior con sueldo, a favor del Mayor de Policía\n Juan Jaramillo Paredes, Edecán de Policía; para\n que acompañe al señor Ministro de Gobierno y Policía,\n a la visita oficial a la República de Chile del 21 al\n 23 de abril del 2004.
ARTICULO DOS.- Los gastos que demande el cumplimiento de esta\n comisión .serán financiados con recursos del vigente\n presupuesto del Ministerio de Gobierno.
El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de\n la fecha de la suscripción, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Comuníquese, dado en el Distrito Metropolitano de Quito,\n a 3 de mayo del 2004.
Ministerio de Gobierno y Policía.- Certifico que el\n presente documento es fiel copia del original que reposa en el\n archivo de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.-\n Quito, 4 de mayo del 2004.- f.) Ilegible.- Servicios Institucionales.
No 078-2003-HC
En el caso N" 078-2003-HC
ANTECEDENTES: El doctor Rolando Bustos Ávila, a nombre\n de Carlos Camacho Sáenz, interpone recurso de babeas corpus,\n ante el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, quien se\n halla privado de su libertad en el ex-Penal García Moreno\n de la ciudad de Quito, porque la prisión preventiva ha\n caducado.
El Alcalde encargado niega el recurso de hábeas corpus\n planteado.
Inconforme con tal resolución municipal, el doctor\n Iván Durazno a nombre del detenido, apela de la misma\n para ante este Tribunal Constitucional.
Que, el Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver, en apelación, sobre las resoluciones que nieguen\n el recurso fe babeas corpus, de conformidad con el artículo\n 276 numeral 3 de la Constitución Política de la\n República y artículos 12 numeral 3 y 62 de la Ley\n del Control Constitucional.
Que, no se ha omitido ninguna solemnidad sustancial que pueda\n influir en la decisión de la causa, por lo que se declara\n válido el proceso.
Que, consta de autos, dentro del juicio penal Nro. 434-20Q2-EV,\n que se sigue en el Juzgado Octavo de lo Penal de Pichincha, por\n tráfico de cocaína, que existe orden de prisión\n en firme en contra del recurrente y que se ha dictado auto de\n llamamiento ajuicio.
Que, el Presidente del Tribunal Penal de Pichincha, mediante\n oficio Nro. 1702-2003-TPP de 9 de octubre de 2003, certifica\n que la orden de prisión en firme ha sido dictada por el\n Juez Octavo de lo Penal. Se considera que corresponde a dicho\n Tribunal pronunciarse sobre el auto de prisión preventiva,\n por cuanto es quien debe resolver la situación procesal\n del encausado.
Por lo expuesto, se estima que no se han cumplido los requisitos\n señalados en el artículo 93 de la Carta Fundamental,\n para la procedencia del recurso de hábeas corpus.
1. Confirmar la resolución llegada en grado y, en\n consecuencia, negar el recurso de hábeas corpus interpuesto.
2. Devolver el expediente a la Alcaldía del Distrito\n Metropolitano de Quito, para los fines legales del caso.
3. Publicar la presente resolución en el Registro Oficial.-\n Notifíquese.
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con ocho\n votos a favor correspondientes a los doctores Milton Burbano\n Bohórquez, Miguel Camba Campos, Rene de la Torre Alcívar,\n Enrique Herrería Bonnet, Jaime Nogales Izurieta, Luis\n Rojas Bajaña, Simón Zavala Guzmán y Oswaldo\n Cevallos Bueno y un voto salvado del doctor Mauro Terán\n Cevallos, en sesión del día martes dieciséis\n de diciembre de dos mil tres.-Lo certifico.
VOTO SALVADO DEL DOCTOR MAURO TERAN CEVALLOS EN EL CASO SIGNADO\n CON EL NRO. 078-2003-HC
Quito, D.M., 16 diciembre de 2003.
Con los antecedentes expuestos en la resolución adoptada,\n me aparto de la misma por las siguientes consideraciones:
\n PRIMERO.- El artículo 24 numeral 6 de la Constitución\n de la República dispone que "Nadie será privado\n de su libertad sino por orden escrita de juez competente, en\n los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por\n la ley [...]".
SEGUNDO.- A fojas 8 de los autos sustanciados en la Alcaldía,\n consta la boleta constitucional de encarcelamiento girada en\n contra de Carlos Lino Camacho Sáenz, la misma que tiene\n fecha 2 de septiembre de 2002. A fojas 7 de los autos obra el\n oficio Nro. 679-DJ-C.R.S.V.Q. Nro. 1 de 6 de octubre de 2003,\n en el cual el Departamento Jurídico del Centro de Rehabilitación\n Social de Varones de Quito Nro. 1 certifica la fecha de ingreso\n del mencionado ciudadano a dicho centro, esto es, el 6 de septiembre\n de 2002, y no consta de dicho documento ni del expediente que\n se haya pronunciado sentencia.
TERCERO.- El artículo 24 numeral 8 de la Constitución\n de la República dispone que "La prisión preventiva\n no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos\n sancionados con prisión, ni de un año, en delitos\n sancionados con reclusión. Si se excedieren esos plazos,\n la orden de prisión preventiva quedará sin efecto,\n bajo la responsabilidad del juez que conoce la causa". En\n la especie, hasta la fecha han transcurrido catorce meses desde\n que fue detenido Carlos Lino Camacho Sáenz, por lo que\n su prisión es inconstitucional.
Por los considerandos expuestos, se debe:
1.- Revocar la resolución venida en grado, y por consiguiente,\n aceptar el recurso de hábeas corpus interpuesto por Carlos\n Lino Camacho Sáenz.
2.- Devolver el expediente al Alcalde del Municipio del Distrito\n Metropolitano de Quito para la ejecución de esta resolución.-\n Notifíquese.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original."\n Quito, a 6 de mayo de 2004.- f.) El Secretario General.
Quito, 27 de enero de 2004, las 12h20.
VISTOS: En el caso signado con el Nro. 038-03-RA. agréguese\n al expediente el escrito presentado por el Director Ejecutivo\n del SESA, Dr. Estuardo Villagómez Quijano, el 21 de octubre\n de 2003. Al respecto se considera: 1.- Que, dentro del caso 038-03-RA,\n el Pleno del Tribunal Constitucional dictó la resolución\n signada con el mismo número, el 30 de julio de 2003, fallo\n con el que concluyó el trámite del expediente subido\n en grado. 2.- Que, corresponde al Juez de instancia ordenar el\n cumplimiento de la decisión final adoptada, conforme lo\n señalado en el artículo 55 de la Ley del Control\n Constitucional.- Por lo expuesto, se resuelve: 1.- Disponer al\n Juez Tercero de lo Penal del Guayas, que proceda a exigir el\n inmediato cumplimiento de la Resolución 038-03-RA, adoptada\n por el Pleno del Tribunal Constitucional el 30 de julio de 2003,\n bajo prevenciones del ley. 2.- Notifíquese y publíquese\n en el Registro Oficial.
f.) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno Presidente.
Lo certifico. Quito, 27 de enero de 2004, las 12h20.
Razón: Siento por tal, que la providencia que antecede\n fue aprobada con seis votos a favor correspondientes a los doctores\n Miguel Camba Campos, Enrique Herrería Bonnet, Jaime Nogales\n Izurieta, Luis Rojas Bajaña, Simón Zavala Guzmán\n y Oswaldo Cevallos Bueno; y, tres votos salvados de los doctores\n Milton Burbano Bohórquez, Mauro Terán Cevallos\n y Rene de la Torre Alcívar, en sesión de martes\n veintisiete de enero de dos mil cuatro. - Lo certifico.
VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES MAURO TERAN CEVALLOS, MILTON\n BURBANO BOHÓRQUEZ Y RENE DE LA TORRE ALCÍVAR
Caso: No 0038-03-RA
Quito, D.M., enero 27 de 2004.
El Tribunal ha resuelto lo que sigue:
1. "Disponer al Juez Tercero de lo Penal del Guayas,\n que proceda a exigir el inmediato cumplimiento de la Resolución\n 038-03-RA, adoptada por el Pleno del Tribunal Constitucional,\n el 30 de julio de 2003, bajo prevenciones de ley; Notifíquese\n y publíquese en el Registro Oficial.".
2. Nos apartamos del criterio expuesto, porque a fojas 118\n (26-de agosto de 2003), el Tribunal dispuso "Vistos.- las\n peticiones de aclaración formuladas por el señor\n Pablo Anhalzer Valdivieso, Presidente de la Corporación\n Nacional de Avicultores CONAVE, y por el señor Eduardo\n Villagómez Quijano, Director Ejecutivo del SESA, en el\n caso No 003803-RA, cumplen con lo dispuesto en el Art. 43 del\n Reglamento Orgánico Funcional del Tribunal Constitucional,\n en la forma.- En lo principal la Resolución No 0038-03-RA,\n aprobada en sesión del 30 de julio de 2003, aborda todos\n los temas demandados, es clara y precisa, por lo que se desechan\n los pedidos y se ordena el archivo al expediente.- Notifíquese".
3. Hago presente que en el caso 1043-01-RA, el 21 de agosto\n del año 2003. el Tribunal resolvió que de conformidad\n con el Art. 55 de la Ley de Control Constitucional, le corresponde\n al Juez de instancia ordenar el cumplimiento de la Resolución\n No 1043-01-RA de 3 de agosto de 2002, y al mismo tiempo dispuso\n que se notifique y archive el caso.
4. Si el 26 de agosto de 2003, como se ha indicado, el Tribunal\n dispuso que el caso se archive, consideramos que el Tribunal\n al ordenar el archivo de la causa perdió competencia para\n seguir tratando el caso, y no pudo tomar la resolución\n que adoptó el 27 de enero del año 2004.
En estos términos dejamos consignado nuestros votos\n salvados.
f.) Dr. Rene de la Torre Alcívar, Vocal.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original- Quito,\n a 7 de mayo de 2004.- f.) El Secretario General.
Magistrado ponente: Dr. Rene de la Torre Alcívar
No. 0019-04-HC
En el caso signado con el No. 0019-04-HC
El Dr. Iván Durazno C., comparece ante el Alcalde del\n Distrito Metropolitano de Quito, e interpone recurso de babeas\n corpus a favor de la ciudadana IRMA MARÍA ARMIJOS SALAZAR.
Señala, que la señora Irma María Armijos\n Salazar se encuentra privada de su libertad en el Centro de Rehabilitación\n Social Femenino, por orden de la Jueza Segunda de lo Penal de\n Pichincha, sin que exista fundamento alguno para ello, y para\n evitar que obtenga su libertad dispuesta por la Corte Suprema\n de Justicia, al no existir sentencia en su contra. Señala\n que, la orden de privación de la libertad ordenada en\n contra de su cliente, se; basa en un informe de otros imputados\n y de otro proceso penal, en los que nada tiene que ver la recurrente.\n Agrega, que la prisión preventiva de la señora\n Armijos, no cumple los requisitos de los Arts. 162, 162, 164.\n 167 y 168 del Código de Procedimiento Penal.
La Segunda Vicepresidenta del Concejo del Distrito Metropolitano\n de Quito, encargada de la Alcaldía, mediante providencia\n de 16 de febrero admite a trámite la acción propuesta\n y dispone que la recurrente sea conducida a su presencia, a fin\n de que tenga lugar la audiencia respectiva.
El 19 de febrero del 2004,- la Segunda Vicepresidenta del\n Concejo del Distrito Metropolitano de Quito, encargada de la\n Alcaldía, resuelve negar el recurso de hábeas corpus\n interpuesto, por existir en contra de la recurrente orden de\n privación de la libertad dictada por un Juez competente.
PRIMERO.- Que la Sala es competente para conocer y resolver\n el recurso de hábeas corpus, en virtud de lo dispuesto\n en el artículo 276 numeral 3 de la Constitución\n Política de la República, en concordancia con la\n norma constante en el artículo 93 de la misma Constitución;\n y, el artículo 31 de la Ley de Control Constitucional;
SEGUNDO.- Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna,\n que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo\n que declara su validez;
TERCERO.- Que el recurso de babeas corpus previsto por la\n Constitución, es la garantía del derecho esencial\n de la libertad; y, que, permite a cualquier ciudadano, por sí\n o por interpuesta persona, acudir ante el Alcalde o quien haga\n sus veces, para presentar este recurso, a fin de que la autoridad\n recurrida, presente al detenido, exhiba la boleta de privación\n de la libertad, debiendo la autoridad municipal, observar y\n verificar si tal orden de detención es legítima,\n o si ella cumple con los requisitos legales;
CUARTO.- Que a fojas 8 del cuaderno formado en la Alcaldía,\n consta la boleta constitucional de excarcelación a favor\n de la señora Irma María Armijos Salazar, girada\n por el Tribunal Primero de lo Penal de Pichincha, con fecha 29\n de enero de 2004, dentro del caso signado con el No. 94-03, instaurado\n en su contra por el delito de tenencia ilegal de droga.
QUINTO.- Que así mismo, a fojas 9 del proceso, consta\n la boleta constitucional de encarcelamiento en contra de la hoy\n recurrente Irma María Armijos Salazar, girada por la Jueza\n Segunda de lo Penal de Pichincha, el 26 de enero de 2004, dentro\n de la causa signada con el No. 33-04-AV, por "Transporte,\n Organización, Gestión de Actividades Ilícitas".
SEXTA.- Que si bien la recurrente tiene a su favor una orden\n de excarcelación dictada por el Primer Tribunal Penal\n de Pichincha, dentro del caso 9.4-03, por el delito de droga,\n al no haberse sentenciado dentro del término legal, no\n es menos cierto que en cu contra existe también una orden\n de privación de su libertad dictada por la Jueza Segunda\n de lo Penal de Pichincha, dentro de una causa distinta (33-04-AV)\n y por el cometimiento de delitos distintos a los que motivaron\n la orden de libertad. En tal virtud, corresponde al juez penal\n juzgar la conducta de la señora Armijos Salazar, quien\n puede hacer valer sus derechos dentro del mismo proceso legal.
Por las consideraciones expuestas, la Primera Sala del
\n Tribunal Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones,
1.- Confirmar la resolución «emitida por la Segunda\n Vicepresidenta del Concejo del Distrito Metropolitano de Quito,\n encargada de la Alcaldía; en consecuencia se niega el\n hábeas corpus propuesto a favor de Irma María Armijos\n Salazar.
2.- Devolver el proceso a la Alcaldía del .Distrito\n Metropolitano de Quito, para los fines legales consiguientes.\n
f.) Dr. Milton Burbano Bohórquez, Presidente, Primera\n Sala.
f.) Dr. Miguel A. Camba Campos, Vocal, Primera Sala.
f.) Dr. Rene de la Torre Alcívar» Vocal, Primera\n Sala.
RAZÓN.- Siento por tal que, la resolución que\n antecede fue emitido por los doctores Milton Burbano Bohórquez,\n Miguel A. Camba Campos y Rene de la Torre Alcívar,
Magistrados de la Primera Sala de) Tribunal Constitucional,\n que suscriben a los quince días del mes de abril de dos\n mil cuatro.- Lo certifico.
f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario, Primera Sala.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 7 de mayo de 2004.- f.) Secretario de la\n Sala.
Magistrado ponente: Dr. Miguel A. Camba Campos
No. 0030-2004-RA
En el caso signado con el No. 0030-04-RA
El Señor Femando Arturo Pazos Jijón, fundamentado\n en los artículos 95 de la Constitución, y 46 y\n siguientes de la Ley de Control Constitucional, comparece ante\n el Juez Tercero de lo Civil de El Oro e interpone acción\n de amparo contra el Ing. Wilfrido Ojeda, Rector (E) del Colegio\n Nacional "Kléber Franco Cruz" de Machala, y\n la Lcda. Esperanza Vidal Peñaranda, Directora Provincial\n de Educación de El Oro. El accionante en lo principal\n manifiesta:
Que desde el día 5 de septiembre de 1972, viene ejerciendo\n con dignidad el cargo de Profesor Titular del Colegio Nacional\n "Kléber Franco Cruz" de Machala;
Que mientras su estado de salud se lo permitió, desempeñó\n sus funciones con responsabilidad y entereza, pero desgraciadamente\n una enfermedad tan grave como la diabetes miellitus, con d transcurso\n del tiempo, lo ha privado del sentido de la vista, conforme lo\n demuestra con la correspondiente documentación; sin embargo,\n como profesor de inglés, jamás perdió los\n principios de responsabilidad;
Que, sin embargó de lo expuesto, desde el mes de junio\n inclusive, del presente año, viene sufriendo la injusta\n e ilegal retención de su sueldo, que a decir de la Colectora\n del Plantel (E) en ese entonces. Lcda. Lirce Siguenza, obedece\n por habérsele ordenado el Auditor de Contraloría,\n disposición arbitraria de la cual se hizo eco el Rector\n (E), Ing. Wilfrido Ojeda, sí como los demás miembros\n del Consejo Directivo, volviéndose más crítica\n su situación, pues hasta el momento, no ha cobrado ni\n un solo centavo de su sueldo, pese a que religiosamente asiste\n al plantel en el cual se le sigue tomando en cuenta cómo\n profesor, cuando se le hace conocer la circular de 24 de noviembre\n de 2003 y que agrega a su demanda;
Que, el Ing. Wilfrido Ojeda, se niega a hacerle pagar su sueldo,\n amparándose para no hacerlo, en el Consejo Directivo y\n para suspenderle el pago, no necesitó ninguna orden por\n escrito y sin embargo lo hizo, escudándose en cierta disposición\n emanada de la Subsecretaría de Educación, que\n señala acerca de la suspensión de sueldos que debe\n hacerse a todo profesor que abandone injustificadamente el puesto,\n disposición que hace relación a maestros, que por\n razones económicas han emigrado a otros países\n sin renunciar previamente, esta es una incorrecta aplicación\n de la ley en la que ha incurrido también la actual Directora\n de Educación, Lcda. Esperanza Vidal Peñaranda;
Que es tanta la obcecación de las autoridades mencionadas\n que, ni siquiera han tomado en cuenta las recomendaciones y sugerencias\n hechas por el Defensor del Pueblo, Ab. Carlos Almache Olmedo,\n por lo que se vio precisado a realizar su reclamación\n y cuya resolución de fecha 10 de noviembre de 2003, adjunta\n al presente escrito;
Que, se encuentra amparado en los artículos 23 numerales\n 3, 20 y 27; 24 y 35 numeral 7 de la Constitución Política\n del Estado, en concordancia con el artículo 1091 numeral\n 1 del Código Civil; Ley de Carrera Docente y Escalafón\n del Magisterio Nacional en sus artículos 31, 32 y 33;\n artículo 119.1 del Reglamento a la Ley de Carrera Docente\n y Escalafón del Magisterio Nacional; Ley sobre\n Discapacidades en sus artículos 10 literal a); 11 literal\n g); 17 literal a); 19 literal a) y d); y, 21 literal a) y b);
Que, por considerar ilegal e inconstitucional el acto administrativo\n (orden de no pago) que se ha dispuesto en su contra, y que le\n está ocasionando un daño grave e inminente, ha\n interpuesto el recurso de amparo constitucional y solicita\n se le paguen los valores indebidamente retenidos;
En la audiencia pública celebrada el 19 de diciembre\n de 2003, el actor se ratifica en los fundamentos de hechos y\n de derecho de su demanda; por su parte, el demandado Ing. Wilfrido\n Ojeda Romero, por intermedio de su defensor, señala que\n la retención de los sueldos del Profesor Femando Pazos\n Jijón, se debe a que el mencionado señor no labora\n en el plantel, desde hace 8 años y por así haberlo\n sugerido el Auditor de la Contraloría, y porque además\n se hizo la consulta al Departamento Legal de la Dirección\n de Educación de El Oro, la cual manifestó que se\n deben retener los sueldos; indica que en repetidas ocasiones,\n se le ha sugerido al señor Pazos, que se acoja a la jubilación\n a la que tiene derecho por su invalidez y por años de\n servicio, o que pida el pase a otra institución, donde\n pueda ofrecer sus servicios dada su condición de salud.\n Seguidamente se concede la palabra a la Lcda. Esperanza Vidal\n Peñaranda, Directora Provincial de Educación de\n El Oro, quien por intermedio de su defensor señala, que\n el actor no viene cumpliendo sus labores docentes, conforme las\n leyes; que, el actor no asiste a su lugar de trabajo por el tiempo\n de ocho años, por lo cual no es ético ni legal\n que continúe en el ejercicio de la docencia, si no asiste\n ni está en las condiciones de cumplir sus funciones a\n cabalidad; indica que, la Comisión Regional 2 de Defensa\n Profesional del Litoral, mediante resolución dispuso que\n los sueldos de los docentes que están en notorio abandono\n injustificado del cargo, puede suspendérseles su pago,\n por lo que propone las siguientes excepciones: negativa de los\n fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta;\n improcedencia de la acción, pues si bien la Constitución\n y otros cuerpos legales garantizan el derecho al trabajo, es\n obligación del trabajador devengar sus remuneraciones\n como lo establece la ley; falta de derecho del actor para comparecer\n a esta acción, por lo que solicita se rechace la acción\n propuesta;
El Juez Tercero de lo Civil de El Oro en resolución\n de 22 de diciembre de 2003, acepta la acción propuesta,\n la misma que es apelada por los accionados,
Que, la Sala es competente para conocer y resolver la presente\n causa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos\n 276 numeral 3 de la Constitución de la República,\n y 12 numeral 3 y 62 de la Ley de Control Constitucional;
Que, no se observa omisión de formalidad alguna que\n pueda influir en la decisión de la causa, por lo que se\n declara su validez;
Que, del texto constitucional y de la normativa singularizada\n en la Ley de Control Constitucional, se establece de manera concluyente,\n que la acción de amparo constitucional es procedente,\n cuando existe un acto u omisión ilegítimos de autoridad\n pública, que siendo violatorios de un derecho subjetivo\n constitucional, causen o amenacen causar un daño grave\n e inminente en perjuicio del accionante; esto es que para la\n procedencia de la acción de amparo, deben encontrarse\n presentes de manera simultánea y unívoca;
Que, los actos impugnados en la presente acción de\n amparo, son los, contenidos en la disposición dada por\n el Ing. Wilfrido Ojeda Romero, Rector (E) del Colegio Nacional\n "Kléber Franco Cruz" de la ciudad de Machala,\n para que al accionante. Profesor Femando Arturo Pazos Jijón,\n no se le pague las remuneraciones desde el mes de junio de 2003\n hasta la actualidad, ratificada por el contenido del oficio No.\n 263-DÉO-AJ de 6 de agosto de 2003, suscrito por la Lcda.\n Esperanza Vidal Peñaranda, Directora Provincial de Educación\n de El Oro, fundamentada en el pronunciamiento de la Subsecretaría\n Regional de Educación, respecto de "la retención\n de sueldos a los docentes que se encuentran incursos en evidente\n abandono injustificado del cargo..." fs. 96 de los autos;
Que, el Reglamento General a la Ley de Carrera Docente y Escalafón\n del Magisterio Nacional, en sus artículos 138 a 140, establecen\n el procedimiento para los casos de licencia por enfermedad y\n discapacidad, esto es, licencia con sueldo por 90 días\n dentro del año calendario, de los cuales 30 días\n los otorga el Rector y 60 días subsiguientes, el Director\n Provincial de Educación. De persistir la enfermedad, según\n el artículo 111 reformado, en sus numerales 15 y 16, los\n docentes tienen derecho a licencia excepcional por 90 días\n adicionales y, si transcurridos dichos plazos, subsistiere la\n enfermedad, persiste el derecho del docente a solicitar la suspensión\n por 90 días más, sin derecho a remuneración,\n transcurridos los cuales y comprobada con certificado del IESS\n su restablecimiento, será reintegrado al cargo, caso contrario,\n cesará en sus funciones, previo al trámite legal\n contemplado en el artículo 138 del Reglamento a la Ley\n de Carrera Docente;
Que, del proceso se aprecia un afán de comprender la\n situación personal del docente accionante, con una serie\n de licencias combinadas, más allá de las previstas\n en la normatividad jurídica aplicable, pero existe omisión\n que atenta al servicio público, al no adoptar como corresponde\n las normas invocadas, protegiendo los intereses institucionales\n y precautelando los derechos del docente, que no es precisamente\n la retención de las remuneraciones, por contrariar derechos\n constitucionales civiles del recurrente, consagrados en los artículos\n 24 numerales 1, 2, 3. 10, 11, 13, 14 y 17; 35 numerales 3, 4\n y 7; 47 y 53 de la Constitución de la República,\n invocados oportunamente por el Comisionado de la Defensoría\n del Pueblo de El Oro, en su resolución de 10 de noviembre\n de 2003, por lo que los actos de acción y omisión\n denunciados en la acción de amparo, devienen, incuestionablemente,\n en ilegítimos y procede la acción de amparo constitucional,\n para que cese el agravio económico al docente y se le\n cancele las remuneraciones adeudadas hasta la fecha de la presente\n resolución de la Sala; y,
Que, a futuro, deberá aplicarse la Ley sobre Discapacitados,\n que en su artículo 6 letra e), determina la restitución\n o reubicación ocupacional de una persona discapacitada,\n para cuyo efecto deberá, ser calificada como tal, conforme\n el artículo 16 ibídem, invocando al efecto que\n el IESS y el Ministerio de Educación, en la aplicación\n del artículo 119 de la Constitución, coordinen\n sus acciones para la consecución del bien común\n y procedan, en, el caso del docente, como en derecho corresponda;
1.- Confirmar la resolución del Juez de instancia;\n en consecuencia, conceder el amparo constitucional solicitado\n por el profesor Femando Arturo Pazos Jijón.
2.- Exhortar a los señores Ministro de Educación\n y Director General del IESS, en aplicación de las leyes\n de Carrera Docente y su reglamento, de Seguridad Social y sus\n reglamentos y Ley sobre Discapacitados y sus reglamentos, solucionen\n la situación profesional del docente profesor Femando\n Pazos Jijón, como en derecho corresponda.
3.- Devolver el expediente al Juez Tercero de lo Civil de\n El Oro, para los fines previstos en los artículos 55 y\n 58 de la Ley de Control Constitucional.- Notifíquese y\n ofíciese conforme lo ordenado.
f.) Dr. Milton Burbano Bohórquez, Vocal - Presidente,\n Primera Sala.
f.) Dr. Rene de la Torre Alcívar, Vocal, Primera Sala.
RAZÓN: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue discutida y aprobada por los doctores Miguel A.\n Camba Campos, Milton Burbano Bohórquez y Rene de la Torre\n Alcívar, Magistrados de la Primera Sala del Tribunal Constitucional\n que suscriben, el veintidós de abril de dos mil cuatro.-Lo\n certifico.
f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario de Sala.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 7 de mayo de 2004.- f.) Secretario de la\n Sala.
No. 0098-2004-RA
En el caso signado con el No. 0098-04-RA-
"La doctora Angélica Tómala Balón,\n fundamentada en los artículos 95 de la Constitución\n y 46 y siguientes de la Ley de Control Constitucional, comparece\n ante el Juez Décimo Sexto de lo Civil de Salinas e interpone\n acción de amparo, contra el arquitecto Vinicio Yagual\n Villalta y abogado Jorge Merchán Magallanes, en sus calidades\n de Alcalde y Procurador Síndico de la Municipalidad del\n Cantón Salinas. La accionante en lo principal manifiesta:
Que, se celebró un contrato de trabajo ocasional entre\n la I. Municipalidad del Cantón Salinas, representada por\n sus personeros legales señores Nelly Guerrero de Perero\n y abogado Sergio Benítez Rodríguez, en sus calidades\n de Alcaldesa del Cantón Salinas y Procurador Síndico\n Municipal con la doctora Angélica Tómala Balón\n el 24 de noviembre de 1999;
Que, de la acción de personal No. 019-JRH-99 de 12\n de junio de 1999, debidamente registrado con el No. 0022 de 13\n de julio de 1999, en la Jefatura de Recursos Humanos de la Municipalidad\n del Cantón Salinas, vendrá a su conocimiento que\n el I. Concejo Cantonal de Salinas, por intermedio de la señora\n Nelly Guerrero, Alcaldesa del Concejo Cantonal de Salinas, en\n el ejercicio de la facultad que le concede la Ley de Régimen\n Municipal, decidió nombrarle como Médico R 1-8HD\n con partida presupuestaria No. 5.1220.1.01.01, percibiendo en\n ese entonces el sueldo básico de 648.000.oo sucres;
Que, posteriormente y mediante acción de personal No.\n 117-JRH-2000 de fecha 16 de septiembre del 2000, el señor\n Vinicio Yagual Villalta, en ejercicio de la facultad que le concede\n la Ley de Régimen Municipal en el artículo 72 de\n la mencionada ley, resuelve nombrarla Medico 4-2 HD, de salud\n pública municipal, ocupando la partida presupuestaria\n No. 51.220.1.01.01, debidamente registrado con el No. 089 de\n 16 de septiembre de 2000;
Que el señor Pablo Balón González, Secretario\n Municipal, con fecha 22 de enero de 2002 certifica: "Que\n la señora doctora Angélica Tómala Balón,\n desempeñó funciones en la Municipalidad de Salinas\n en calidad de Médico Residente del Subcentro de Salud\n de Santa Rosa, mediante contrato de trabajo desde el mes de abril\n hasta el mes de julio de 1999;
Desde el 1 de agosto de 1999, labora como Médico Residente\n con nombramiento, hasta el 30 de marzo del 2000; el 1 de octubre\n del 2000, se posesiona del cargo de Médico Tratante del\n Subcentro de Salud de Santa Rosa, el mismo que actualmente se\n encuentra ejerciendo";
Que el señor Alcalde Vinicio Yagual, mediante memorando\n No. 1853-VYV-GCS-A, le cita en su despacho, para el día\n sábado 9 de agosto del 2003, para llevar a efecto una\n audiencia de un supuesto trámite administrativo que no\n ha conocido, dicho memorando le fue entregado el mismo día\n 9 de agosto del 2003, por lo que se hizo presente en la Secretaría\n Municipal, en donde ya se encontraban elaborando un acta y una\n vez terminada ésta, el Mensajero del Municipio se encargó\n de recoger las firmas de quienes suscriben dicha acta, y ante\n aquel atropello, presentó en Secretaría Municipal\n escritos de descargos recibidos el 19 de agosto de 2003, a las\n 11h28 y 11h35;
Que mediante oficio No. 2197-VYV-GCS-A de 30 de agosto de\n 2003, el señor Alcalde del cantón le comunica que:\n "Una vez que ha conocido el dictamen del Procurador Síndico\n Municipal, dentro del caso que se sigue en su contra y en mérito\n a la facultad que le confiere el artículo 72 de la Ley\n de Régimen Municipal, y en razón de violación\n (...) de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, destituyo\n a usted del cargo de Médico del Centro de Salud de Santa\n Rosa";
Que ante tamaña violación a sus derechos, con\n fecha 3 de septiembre de 2003, presentó escrito de reconsideración,\n ante lo cual, el señor Alcalde en oficio No. 2203-VYV-GCS-A\n de 4 de septiembre del 2003, le contesta que su petición\n no es procedente y frente a esta violación, con fecha\n 9 de septiembre de 2003, presentó apelación para\n ante el Concejo en Pleno, haciendo observaciones de la actitud\n personalizada emprendida por el Procurador Síndico Municipal\n en su contra; el señor Alcalde le hace llegar el oficio\n No. 2370-VYV-GCS-A de Resolución No. 20-09-2003-251 de\n 20 de septiembre de 2003, el mismo que en el numeral 3 dice:\n "al respecto el I. Concejo Cantonal después de conocer\n el oficio mencionado, resolvió por unanimidad, acoger\n positivamente el criterio legal del señor Procurador Síndico\n Municipal y, por consiguiente, considerar improcedente la solicitud\n de revocatoria o reconsideración planteada por usted...";
Que el 24 de septiembre de 2003, presentó un escrito,\n haciendo conocer al Alcalde que su oficio No.2370-VYV-GCS-A de\n fecha 20 de septiembre de 2003, lo recibió en su domicilio\n el día 23 de septiembre de 2003, indicando al señor\n Alcalde que en la Resolución No. 20-09-2003- 251, se refiere\n a la improcedencia de la solicitud de revocatoria, reiterándole\n que el recurso planteado es de apelación, por tanto insiste\n se sirva atenderle en relación al recurso de apelación;
Que ante lo cual, el señor Vinicio Yagual Villalta,\n mediante ofició 2265-VYV-GCS-A de fecha octubre 8 de 2003\n le hace conocer: "Que el señor Procurador Síndico\n Municipal, en oficio No, 1014-AJ-2003 de 26 de septiembre del\n año que decurre, informa que la apelación o recurso\n ya fue conocido por la instancia superior al Alcalde, que es\n el Concejo Cantonal, quien ratificó la decisión\n tomada por el suscrito... y porque no cabe apelación sobre\n apelación, este despacho considera improcedente el recurso\n planteado", documentos que acompaña como prueba;
Que la agresión de la que es objeto por parte del Señor\n Alcalde del cantón Salinas, le ha llevado a la desocupación,\n lo que constituye un acto no sólo ilegítimo, sino\n también violatorio de sus derechos legales, profesionales\n y constitucionales, y que está provocando un daño\n inminente, grave y de consecuencias irreparables y solicita se\n deje sin efecto el acto administrativo contenido en el oficio\n No. 2197-VYV-GCS-A de 30 de agosto de 2003, y se le reintegre\n nuevamente a sus labores como Médico R 1-8 HD de la I.\n Municipalidad de Salinas;
En la audiencia pública celebrada el 30 de octubre\n de 2003, la accionante, a través de su abogado defensor,\n se afirma y ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho\n de su pretensión; por su parte, el demandado por intermedió\n de su defensor, señala que comparece en nombre y en representación\n de los señores Vinicio Yagual Villalta y abogado Jorge\n Merchán Magallanes, en sus calidades de
Alcalde y Procurador Síndico Municipal, manifestando\n las normas previstas en los artículos 95 de la Constitución\n Política y 46 de la Ley de Control Constitucional; indica\n que además de los 3 presupuestos necesarios para la procedencia\n de la acción de amparo, cuando se hayan agotado o no existan\n acciones administrativas judiciales, que restituyan el derecho\n conculcado, que esta acción es de carácter residual,\n que la acción concretada en acto administrativo es ilegítimo\n y conjuntamente violatorio de derechos constitucionales, que\n provoquen o vayan a provocar el daño que se pretende evitar,\n mediante la cesación de los efectos del acto administrativo,\n o solucionarlo con las medidas los tribunales constitucionales\n de última instancia, de tal manera que si la violación\n es de carácter legal, el saneamiento de ello, está\n previsto se lo ejerza de manera exclusiva, y con competencia\n privativa del Tribunal Contencioso Administrativo, como se determina\n en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción\n de lo Contencioso Administrativo, por lo que no sería\n procedente el amparo constitucional propuesto; que la máxima\n autoridad de la Municipalidad, siguiendo el procedimiento establecido\n en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, inicia\n un acto administrativo contra la recurrente por violaciones y\n graves faltas dentro del ejercicio de sus funciones, para cuyo\n efecto, inició un sumario administrativo, que se en dentro\n de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; que se\n realizó una audiencia al tenor del artículo 64\n del cuerpo de ley antes mencionado y por considerar además,\n que se debía permitir el derecho a la defensa, se abrió\n un término de prueba para que la señora doctora,\n presente las pruebas de descargo; que, la máxima autoridad\n municipal dictó la resolución, considerando que\n las pruebas presentadas, no justifican las infracciones graves\n que había cometido, y por eso mediante una resolución,\n dictó la separación, de conformidad con las causales\n establecidas en los literales a) y b) del artículo 60\n y b) y f) del artículo 114 de la Ley de Servicio Civil\n y Carrera Administrativa; indica que de ésta resolución,\n la recurrente apeló ante el Concejo Cantonal de Salinas,\n el mismo que en sesión de 20 de septiembre de 2003, ratificó\n la resolución dictada por el señor Alcalde; que,\n la recurrente pretendía impugnar una resolución\n tomada por el señor Alcalde y la rectificatoria dictada\n por el Concejo Cantonal de Salinas, de tal manera que de conformidad\n con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, de c

References: resolución 
 Resolución 
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 resolución 
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 resolución 
 artículo 3
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 179
 resolución 
 artículo 93
 resolución 
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 artículo 24
 artículo 24
 resolución 
 artículo 55
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 276
 artículo 93
 artículo 31
 resolución 
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 resolución 
 artículo 1091
 artículo 119
 resolución 
 artículo 111
 artículo 138
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 16
 artículo 119
 resolución 
 resolución 
 artículo 72
 artículo 72
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 64
 artículo 60
 artículo 114
 resolución