Source: https://www.wcl.american.edu/humright/repertorio/art51.cfm
Timestamp: 2017-01-18 10:07:18+00:00

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51.0.1. general 51.1.1. ". . . [e]stado interesado. . . ." 51.1.2. "[s]i . . . el asunto no ha sido . . . sometido a la decisi�n de la Corte . . . la Comisi�n podr� emitir . . . su opini�n y conclusiones . . . ." 51.1.3. ". . . el plazo de tres meses . . . ." 51.2.1. La Comisi�n har� las recomendaciones pertinentes 51.3.1. "[t]ranscurrido el per�odo fijado, la Comisi�n decidir�, por la mayor�a absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe. . . ."
51.0.1. general
62. Por su parte, el artículo 51 de la Convención señala:
. . . . No es necesario que la Corte se detenga en esta ocasión a analizar la naturaleza del plazo dispuesto en el artículo 51.1, ni las consecuencias que tendría, en los distintos supuestos, que el mismo transcurra sin que el caso sea sometido a la Corte. En el presente asunto la Corte se limitará a subrayar que la circunstancia de que dicho plazo se cuente a partir de la fecha de remisión a las partes del informe a que se refiere el artículo 50, denota que esta última disposición ofrece una oportunidad final al gobierno involucrado de alcanzar una solución del caso en el curso del procedimiento adelantado por la Comisión, antes de que la cuestión pueda ser sometida a decisión judicial.
63. El artículo 51.1 contempla, igualmente, la posibilidad de que la Comisión prepare un nuevo informe contentivo de su opinión, conclusiones y recomendaciones, el cual puede ser publicado en los términos previstos por el artículo 51.3. Esta disposición plantea un buen número de dificultades de interpretación como son, por ejemplo, la definición del significado de este informe y sus diferencias o coincidencias con el previsto por el artículo 50. Se trata, con todo, de cuestiones que no son decisivas para resolver los problemas procesales sometidos a la Corte en esta ocasión. A los efectos del caso, sí conviene tener presente, en cambio, que la preparación del informe previsto por el artículo 51 está sometida a la condición de que el asunto no haya sido elevado a la consideración de la Corte, dentro del plazo de tres meses dispuesto por el mismo artículo 51.1, lo que equivale a decir que, si el caso ha sido introducido ante la Corte, la Comisión no está autorizada para elaborar el informe a que se refiere el artículo 51.
64. El Gobierno ha señalado que en el presente caso no se cumplieron adecuadamente los procedimientos mencionados y que la Comisión aplicó simultáneamente los artículos 50 y 51. La Corte pasará ahora a examinar la objeción planteada, teniendo presentes las particularidades que ha ofrecido el procedimiento seguido ante la Comisión, que muestra una problemática singular a causa, en buena medida, de iniciativas de la propia Comisión y del Gobierno.
65. Lo primero que llama la atención es la existencia de dos resoluciones (30/83 y 22/86), adoptadas por la Comisión con aproximadamente dos años y medio de diferencia, ninguna de las cuales ha sido designada formalmente como "informe", a los efectos del artículo 50. Este hecho plantea dos problemas distintos. El primero se refiere a los requisitos que deben llenar los informes preparados de conformidad con el artículo 50 y a si las resoluciones adoptadas por la Comisión se adecúan a esos requisitos. El segundo se refiere a la existencia de las dos resoluciones, la última de las cuales, a tiempo que confirma la precedente, contiene la decisión de someter el caso a la Corte.
66. En relación con el primero de los asuntos planteados, debe observarse que la Convención señala, en términos muy generales, los requisitos que debe llenar el informe preparado por la Comisión en cumplimiento del artículo 50. Según éste, el informe debe contener los hechos y las conclusiones de la Comisión, a los cuales ella puede agregar las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas. La resolución 30/83 reúne los requisitos que, en ese sentido, dispone el artículo 50.
67. No obstante, la resolución 30/83 no fue designada como "informe" por la Comisión y es claro que la terminología empleada por ésta no se ciñe al léxico de la Convención. Esa circunstancia, sin embargo, no es relevante si el contenido del acto aprobado por la Comisión se adecúa sustancialmente, como en el presente caso, a las previsiones del artículo 50 y si no quedan afectados tampoco los derechos procesales de las partes, especialmente el del Estado de contar con una oportunidad final para resolver el asunto por sus propios medios, antes de que pueda ser introducido a la Corte. El examen de si, en el presente caso, se cumplió con esta última condición está vinculada con el otro problema que la Corte ya había planteado, como es la adopción por la Comisión de dos resoluciones que son la 30/83 y la 22/86.
68. La resolución 30/83 fue adoptada por la Comisión durante su 61 Período de Sesiones (octubre de 1983) y comunicada al Gobierno con nota del 11 de octubre de 1983. Por nota del 18 de noviembre de ese año, es decir, antes de que hubieran transcurrido tres meses desde la adopción de la resolución 30/83 y, en consecuencia, estando aún abierta la posibilidad de introducir el caso ante la Corte, el Gobierno solicitó a la Comisión la reconsideración de la mencionada resolución, fundándose en la existencia de diversos trámites internos, cuya decisión estaba aún pendiente, y que podían conducir a resolver la cuestión en los términos planteados por la Comisión. Esta, habida cuenta de las observaciones del Gobierno, al dar trámite a la solicitud de reconsideración, acordó, en su 62 Período de Sesiones (mayo de 1984), "continuar con el estudio del caso". Como consecuencia de dicha resolución, solicitó información adicional al Gobierno sobre diversos aspectos atinentes al caso. Finalmente, en vista de que, en su criterio, los elementos de juicio presentados por el Gobierno durante el tiempo transcurrido desde su primera resolución no resultaban suficientes para llevar a cabo un nuevo examen del asunto, resolvió, el 18 de abril de 1986 (resolución 22/86), confirmar su resolución 30/83 y someter el caso a la consideración de la Corte.
69. Debe señalarse, en primer lugar, que la Convención no prevé una situación en la cual el Estado involucrado pueda solicitar la reconsideración del informe aprobado de conformidad con el artículo 50. El artículo 54 del Reglamento de la Comisión sí contempla la posibilidad de que se solicite la reconsideración de una resolución, adoptada por ella, pero esta disposición es sólo aplicable a peticiones referentes a Estados que no son Partes en la Convención, lo cual, evidentemente, no es el caso actual. En términos generales, cabe observar que, más allá de razonamientos puramente formales, el trámite de pedidos de reconsideración, respecto de los Estados Partes en la Convención, repercute sobre los lapsos procesales y puede afectar negativamente, como en este caso, el derecho del reclamante de obtener, dentro de los plazos legalmente establecidos, la protección internacional ofrecida por la Convención. Sin embargo, dentro de ciertos límites de temporalidad y razonabilidad, puede admitirse que una solicitud de reconsideración, fundamentada en la voluntad de resolver un caso planteado ante la Comisión, con los medios internos de que dispone el Estado, se adecúa al propósito general que tienen los procedimientos que se siguen en la Comisión, en el sentido de obtener una solución satisfactoria de la violación de los derechos humanos denunciada, a través de la cooperación del Estado afectado.
70. Por otra parte, la extensión de los plazos dentro de los cuales un asunto debe quedar listo para ser sometido a la decisión de la Corte, no perjudica la posición procesal del Estado, cuando tal extensión resulte de una iniciativa de éste. En el presente asunto la decisión de la Comisión de "continuar con el estudio del caso" redundó en una sustancial extensión, de aproximadamente dos años y medio, del término de que disponía el Gobierno, como última oportunidad, para resolver la cuestión planteada sin verse expuesto a una demanda judicial. En consecuencia, su derecho de defensa y la posibilidad de remediar la situación con sus propios medios no se vieron disminuidos.
71. La resolución 30/83 nunca fue revocada por la Comisión, sino dejada en suspenso en cuanto a los efectos procesales que estaba llamada a producir, en espera de que nuevos elementos de juicio pudieran orientar el desenlace del asunto de una manera diferente. La resolución 22/86, al confirmar la anterior, reabrió los lapsos para las etapas procesales sucesivas.
72. El Gobierno ha planteado que la ratificación de la resolución 30/83 debió acarrear la reposición del plazo de sesenta días contemplado en aquélla para que el Gobierno adoptara las recomendaciones aprobadas por la Comisión. Dadas las circunstancias del caso, la Corte estima que dicha pretensión esté mal fundada, pues el Gobierno dispuso de un plazo mucho más largo para ese fin, en perjuicio del interés del reclamante de obtener una solución apropiada dentro de los plazos legalmente establecidos.
73. Debe tenerse presente, además, la circunstancia de que, entre 1983 y 1986, la investigación dispuesta por el Gobierno condujo a concluir en la imposibilidad de pronunciarse con certeza absoluta sobre desapariciones de personas como consecuencia de hechos imputables a autoridades gubernamentales. En el mismo sentido, el Gobierno había informado a la Comisión, por nota del 7 de abril de 1986 que el Juzgado de Letras Primero en lo Criminal había sobreseído las diligencias relativas a la desaparición de Manfredo Velásquez, fallo confirmado por la Corte Primera de Apelaciones "a excepción del General Gustavo Alvarez Martínez, por haberse sacado testimonio, por hallarse éste fuera del país". En tales condiciones, carecía de sentido otorgar nuevos plazos, que habrían extendió aún más los dispuestos por la Convención, antes de que el asunto pudiera ser sometido ante la Corte.
74. En consecuencia, la decisión de la Comisión de someter el caso a la consideración de la Corte por la misma resolución en la que confirmó su resolución anterior, no constituye un vicio del procedimiento que haya afectado los derechos procesales ni las posibilidades de defensa del Gobierno y que, por tanto, no está bien fundada la objeción formulada en los términos señalados.
75. Tampoco es exacta la apreciación del Gobierno según la cual la resolución 22/86 ha conducido a que el asunto quede sometido al conocimiento simultáneo de la Corte y de la Comisión. El Gobierno ha señalado que, al ratificar su resolución 30/83, la Comisión reiteró las recomendaciones contenidas en ésta, cuyo cumplimiento estaba sujeto a ser evaluado por la propia Comisión; pero que, además introdujo el caso ante la Corte, a cuya jurisdicción también quedó sometido. A este respecto la Corte observa que la circunstancia de que la Comisión haya introducido el caso ante la Corte, inequívocamente indica que cesó su tramitación de conformidad con los procedimientos a cargo de aquélla, para ser sometido a arreglo judicial. La presentación de la demanda ante la Corte acarrea,ipso jure, el término de la sustanciación del asunto por la Comisión, sin perjuicio de que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 42.2 del Reglamento, un acuerdo amistoso entre las partes, aprobado por ésta, conduzca a la cancelación de la instancia y a la finalización del procedimiento judicial.
76. En conexión con la consideración precedente, la Corte debe subrayar que, una vez que un asunto ha sido introducido ante ella, no son aplicables las disposiciones del artículo 51, relativas a la preparación de un nuevo informe por la Comisión, que contenga su opinión y sus recomendaciones, el cual sólo es procedente, según la Convención, tres meses después de haberse hecho la comunicación a que se refiere el artículo 50. Según el artículo 51 de la Convención, es la elaboración del informe la que está condicionada a que no se haya acudido a la Corte y no la introducción de la demanda la que está sujeta a que no se haya preparado o publicado el informe. En consecuencia, si la Comisión procede a preparar o a publicar el informe del artículo 51, a pesar de haber introducido ya el caso ante la Corte, puede considerarse que ha aplicado indebidamente las disposiciones de la Convención, circunstancia ésta que puede afectar el valor jurídico del informe, pero que no acarrea la inadmisibilidad de la demanda puesto que, como se dijo, el texto de la Convención no condiciona, de ninguna manera, la introducción de la instancia a la no publicación del informe previsto por el artículo 51.
77. Por tanto, aun cuando los requerimientos de los artículos 50 y 51 no fueron observados a cabalidad, este hecho en ninguna forma ha perjudicado los derechos del Gobierno y, en consecuencia, no hay lugar a declarar inadmisible la demanda por esas razones.
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párrs. 62-77.
Corte I.D.H. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, párrs. 62-76.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, párrs. 65-79.
Corte I.D.H., Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, Serie A No. 13, párrs. 45-47. 51.1.1. ". . . [e]stado interesado. . . ." 35. En relación con la legitimación del Gobierno de Costa Rica para introducir el caso, que la Corte también aceptó, mi consideración de que se trata de una jurisdicción "de condena" me facilitó una conclusión afirmativa, al permitirme comprender porqué un "caso", en el sentido más estricto, puede ser llevado ante la Corte, no sólo por la Comisión o por cualquier Estado Parte contra otro al que se impute una violación de los derechos consagrados en la Convención, sino también por este último, en cierto modo contra sí mismo. Esta posibilidad, en efecto, no sólo se encuentra prevista expresamente en el artículo 51.1 de la Convención, en relación con el informe de la Comisión, que puede ser adverso al "Estado interesado", pero que aun no siéndolo no hay razón alguna para negarle la potestad de elevarlo al Tribunal, y no sólo está contemplada, en general, de modo implícito en el artículo 61.1 de la misma, al otorgar el poder para accionar ante la Corte a "un Estado Parte", sin discriminación respecto del propio Estado involucrado, sino que también resulta clara de la propia naturaleza dicha de la jurisdicción contenciosa del Tribunal.
Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resolución del 15 de julio de 1981, Decisión del 8 setiembre de 1983, párr. 35.
51.1.2 "[s]i . . . el asunto no ha sido . . . sometido a la decisión de la Corte . . . la Comisión podrá emitir . . . su opinión y conclusiones . . . ."
. . . . . [L]a Corte observa que la circunstancia de que la Comisión haya introducido el caso ante la Corte, inequívocamente indica que cesó su tramitación de conformidad con los procedimientos a cargo de aquélla, para ser sometido a arreglo judicial. La presentación de la demanda ante la Corte acarrea, ipso jure, el término de la sustanciación del asunto por la Comisión, sin perjuicio de que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 42.2 del Reglamento, un acuerdo amistoso entre las partes, aprobado por ésta, conduzca a la cancelación de la instancia y a la finalización del procedimiento judicial. 76. En conexión con la consideración precedente, la Corte debe subrayar que, una vez que un asunto ha sido introducido ante ella, no son aplicables las disposiciones del artículo 51, relativas a la preparación de un nuevo informe por la Comisión, que contenga su opinión y sus recomendaciones, el cual sólo es procedente, según la Convención, tres meses después de haberse hecho la comunicación a que se refiere el artículo 50. Según el artículo 51 de la Convención, es la elaboración del informe la que está condicionada a que no se haya acudido a la Corte y no la introducción de la demanda la que está sujeta a que no se haya preparado o publicado el informe. En consecuencia, si la Comisión procede a preparar o a publicar el informe del artículo 51, a pesar de haber introducido ya el caso ante la Corte, puede considerarse que ha aplicado indebidamente las disposiciones de la Convención, circunstancia ésta que puede afectar el valor jurídico del informe, pero que no acarrea la inadmisibilidad de la demanda puesto que, como se dijo, el texto de la Convención no condiciona, de ninguna manera, la introducción de la instancia a la no publicación del informe previsto por el artículo 51.
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párrs. 63 y 75-77.
Corte I.D.H. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, párrs.63 y 73-76.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3 , párrs. 66 y 76-79.
Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Excepciones Preliminares, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No.17, párr. 48.
. . . [L]a circunstancia de que la Comisión haya introducido el caso ante la Corte, inequívocamente indica que cesó su tramitación de conformidad con los procedimientos a cargo de aquélla, para ser sometido a arreglo judicial. La presentación de la demanda ante la Corte acarrea, ipso jure, el término de la sustanciación del asunto por la Comisión, . . . .
Corte I.D.H., Caso Cayara, Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de febrero de 1993, Serie C No.14, párr. 54.
50. Una segunda etapa está regulada por el artículo 51 y, en ella, si en el plazo de tres meses el asunto no ha sido solucionado por el Estado al cual se ha dirigido el informe preliminar atendiendo las proposiciones formuladas en el mismo, la Comisión está facultada, dentro de dicho período, para decidir si somete el caso a la Corte por medio de la demanda respectiva o bien si continúa con el conocimiento del asunto. Esta decisión no es discrecional, sino que debe apoyarse en la alternativa que sea más favorable para la tutela de los derechos establecidos en la Convención.
53. Se trata, entonces, de dos documentos que, de acuerdo con la conducta asumida en el ínterin por el Estado al cual se dirigen, pueden o no coincidir en sus conclusiones y recomendaciones y a los cuales la Convención ha dado el nombre de "informes" y que tienen carácter, uno preliminar y el otro definitivo.
55. En este orden de ideas, la pregunta debe contestarse en el sentido de que no pueden subsumirse en uno sólo los dos informes regulados de manera separada por los artículos 50 y 51 de la Convención, ya que dichos preceptos establecen dos etapas diversas, aún cuando el contenido de esos documentos, de acuerdo con la conducta asumida por el Estado afectado, puede ser similar.
Corte I.D.H., Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, Serie A No. 13, párrs. 50-56. 44. La Corte debe, en primer lugar, analizar las expresiones utilizadas por el Estado en su solicitud de opinión consultiva. En efecto, el Estado, al referirse a los dos informes mencionados en los artículos 50 y 51, ha utilizado el término "definitivo" para calificar al segundo informe, al que se refiere el artículo 51. Este término fue utilizado también por este Tribunal en el texto de su opinión consultiva OC-13/93 (Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A No. 13, párr. 53). En éste, la Corte sostuvo, en relación con los informes mencionados en los artículos 50 y 51, que
[s]e trata, entonces, de dos documentos que, de acuerdo con la conducta asumida en el ínterin por el Estado al cual se dirigen, pueden o no coincidir en sus conclusiones y recomendaciones y a los cuales la convención ha dado el nombre de "informes" y que tienen carácter, uno preliminar y el otro definitivo.
45. Como se desprende de una lectura integral del contexto de la opinión antes mencionada, las expresiones "preliminar" y "definitivo" son términos puramente descriptivos que no establecen categorías jurídicas de informes, las cuales no están previstas en la Convención.
46. Como se ha dicho, la Convención establece dos etapas diversas en el proceso a través del cual la Comisión puede tomar una decisión respecto de la publicación del informe al cual se refiere el artículo 51. Cabe describir estas etapas de modo sumario en los términos siguientes:
Primera etapa: si el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte, la Convención otorga a la Comisión un poder discrecional para "emitir [...] su opinión y conclusiones" y, "recomendaciones pertinentes" y fijar el plazo para que éstas sean cumplidas
Segunda etapa: si la Comisión decide ejercitar este poder discrecional, la Convención requiere que, al final del "plazo fijado", la Comisión decida
(a) si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas; y
(b) si publica o no su informe, es decir, su "opinión y conclusiones" y sus "recomendaciones".
47. Esta Corte se ha referido al justo equilibrio que debe existir en el procedimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos (Caso Cayara, supra párr. 39) aunque en dicha sentencia se hace referencia al período de preclusión establecido en el articulo 51.1, en el cual la Comisión o el Estado puede someter un caso a la Corte, consideraciones de la misma o similar naturaleza serían aplicables en relación con el período posterior, cuando ya no existe posibilidad para que la Comisión o el Estado involucrado sometan el caso a la decisión de la Corte. En esa etapa, la Comisión continúa conociendo, como único órgano convencional que puede hacerlo. En estas circunstancias, los actos de la Comisión deben responder a los siguientes criterios legales básicos:
(a) el principio general de que sus actos deben ser equitativos e imparciales respecto de las partes interesadas;
(b) el mandato de que "la Comisión, tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos", establecido en el artículo 41 de la Convención;
(c) sus atribuciones de "formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos", establecidas en el artículo 41.b de la Convención.
49. El propósito y alcance del artículo 51 están establecidos en el texto mismo de este artículo. Como se ha dicho, en el momento en que es transmitido al Estado, el informe puede incluir la opinión, conclusiones y recomendaciones de la Comisión, respecto de los asuntos sometidos a su consideración. Asimismo, puede incluir una fecha límite, un "periodo fijado", dentro del cual el Estado debe tomar las medidas necesarias para "remediar la situación examinada" (art. 51.2).
50. Todas estas etapas representan la conclusión del procedimiento ante la Comisión, por medio del cual ésta toma una determinación tras haber examinado la evidencia sobre si el Estado cumplió o no con sus obligaciones convencionales y con las medidas que han sido consideradas necesarias para remediar la situación examinada.
[el] artículo 51.1 estipula que la Comisión, dentro de los tres meses siguientes a la remisión del informe, debe optar por enviar el caso a la Corte o por emitir posteriormente su opinión o conclusiones, en ambas hipótesis si el asunto no ha sido solucionado. En el curso del plazo, sin embargo, pueden presentarse diversas circunstancias que lo interrumpan o, incluso, que hagan necesaria la elaboración de un nuevo informe... (Caso Cayara, Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie C No. 14., p. 21; párr. 39).
54. Por otra parte, la Corte no puede desconocer que hay supuestos excepcionales que harían admisible que la Comisión procediera a hacer una modificación del citado informe. Uno de ellos sería el cumplimiento parcial o total de las recomendaciones y conclusiones contenidas en ese informe. Otro sería la existencia en el informe de errores materiales sobre los hechos del caso. Finalmente, otra hipótesis sería el descubrimiento de hechos que no fueron conocidos en el momento de emitirse el informe y que tuvieran una influencia decisiva en el contenido del mismo. Ese implica que no se puede reabrir el debate sobre los mismos hechos anteriores ni sobre las consideraciones de derecho.
55. En cualquiera de los supuestos, la modificación sólo podrá ser solicitada por los peticionarios o el Estado. Esta solicitud de modificación sólo podrá promoverse antes de la publicación del propio informe, dentro de un plazo razonable contado a partir de su notificación. A dichas partes se les otorgará la oportunidad de debatir sobre los hechos o errores que motivaron su petición, de acuerdo con el principio de equidad procesal.
Corte I.D.H., Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-15/97 de 14 de noviembre de 1997, Serie A No. 15, párrs. 44-55 y 58.
19. Como puede desprenderse de esa Opinión Consultiva, la Corte ha distinguido claramente entre un informe preliminar y otro definitivo. Cabe destacar que la expresión "informe definitivo" ha sido empleada por la Corte reiteradamente en la mencionada OC/13 (párrafos 47, 53, 54 y 56), y que tales términos en la versión en inglés han sido traducidos como "final report". De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, "definitivo" (o final/en inglés) es "lo que decide, resuelve o concluye", es decir, un informe definitivo es aquel que ya no es susceptible de ser modificado.
20. Podría argumentarse, sin embargo, que la existencia de nuevos hechos de los que no tuvo o no pudo tener conocimiento la Comisión al momento de adoptar su informe definitivo, hagan conveniente la elaboración de un nuevo informe, aunque tal posibilidad no la contemple la Convención.
21. La Corte, si bien ha admitido que bajo "diversas circunstancias", -dentro de las cuales podrían estar la existencia de hechos nuevos,- la Comisión podría elaborar un nuevo informe, ha condicionado la adopción de ese posible nuevo informe a que esas "diversas circunstancias" ocurran dentro de los tres meses siguientes a la remisión del primer informe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Convención. En las excepciones preliminares del citado caso Cayara, la Corte sostuvo que: en el curso del plazo [los tres meses siguientes a la remisión del primer informe] sin embargo, pueden presentarse diversas circunstancias que lo interrumpan o, incluso, que hagan necesaria la elaboración de un nuevo informe.
En consecuencia, de surgir nuevos hechos, la oportunidad para incorporarlos al informe es dentro de los tres meses siguientes a la revisión del primer informe.
22. Es evidente que, en situaciones que afectan los derechos humanos, las que son siempre susceptibles de cambios, pueden surgir hechos nuevos; pero la seguridad jurídica exige que debe llegar un momento en que esos hechos sean expuestos y transmitidos a las partes. Ese momento no puede ser otro que la fecha en que la Comisión adopta definitivamente el informe al que refiere el artículo 51.3 de la Convención.
23. De la lectura de la opinión de la Corte surge que, básicamente, han sido dos los fundamentos esgrimidos por la Corte para sostener que la Comisión puede modificar un informe definitivo notificado en ese carácter a un Estado: a) una reciente sentencia de la Corte en la que admitió que, bajo determinadas circunstancias era posible que la Corte revisara una sentencia suya, criterio éste que puede aplicarse a una Resolución de la CIDH (solicitud de revisión del caso Genie Lacayo de 13 de septiembre de 1997); y b) las competencias generales de la CIDH, distintas de las que regular el sistema de peticiones o de denuncias por casos individuales.
24. Ninguna de las consideraciones contenidas en la resolución de la Corte relativa a la solicitud de revisión del caso Genie Lacayo, de 13 de septiembre de 1997 -a las que concurrí con mi voto - pueden ser aplicables a una relación jurídica como la que resulta del procedimiento incoado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
25. Si así lo fuera, las consideraciones y causales expuestas por la Corte en esa revisión de sentencia también tendrían que ser aplicadas aún después que el informe de la CIDH se publicara en el Informe Anual.
26. Tan evidente es esa diferencia entre uno y otro órgano que el reglamento de la Corte Europea de Derechos Humanos contempla la posibilidad de revisar una sentencia de la Corte; pero no existe en el sistema europeo, como se ha visto, ningún instrumento que autorice a la Comisión Europea a modificar un informe después que lo ha transmitido a los Estados o al Consejo de Ministros.
28. En cambio el informe o resolución de la Comisión no produce esos efectos vinculantes. Lo que se pretende mediante su intervención es que sobre la base de la buena fe, la Comisión pueda obtener la cooperación del Estado para, a través de todos los medios posibles, someter el asunto a la consideración de la Corte, por lo que, en ese evento, debe utilizarse el procedimiento establecido en el artículo 51 de la Convención. De ahí que ese artículo, así como el anterior, se refieran a "un informe en que se expondrán los hechos y sus conclusiones", para luego referirse "a las recomendaciones pertinentes" y a analizar si el Estado ha tomado "las medidas que le competen para remediar la situación examinada", para decidir al final, como máxima sanción, si publica o no su informe.
Voto Disidente del Juez Máximo Pacheco Gómez, Corte I.D.H., Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-15/97 de 14 de noviembre de 1997, Serie A No. 15, párrs. 19-28.
51.1.3. ". . . el plazo de tres meses . . . ."
32. El Gobierno ha opuesto otra excepción preliminar fundada en el hecho de que la Comisión presentó su demanda ante la Corte una vez que había vencido el plazo previsto por el artículo 51 inciso 1 de la Convención Americana. Esta disposición otorga a la Comisión un plazo de tres meses a partir de la fecha de remisión del informe al Gobierno interesado para presentar su demanda. Una vez concluido ese plazo el derecho de la Comisión caducaría.
En el presente caso el informe No. 43/90 fue remitido al Perú el 11 de junio de 1990 y la demanda fue presentada a la Corte el 10 de octubre de ese año. Por lo tanto habiendo excedido el plazo de los tres meses a partir del 11 de junio el derecho de la Comisión según el Perú habría caducado.
33. No existe entre las partes discrepancia acerca de las fechas mencionadas. Dado que el informe No 43/90 fue remitido al Gobierno peruano el 11 de junio de 1990 la demanda debió haber sido presentada dentro de los tres meses a partir de entonces.
Antes de vencido ese plazo el 14 de agosto de 1990 el Perú solicitó a la Comisión una prórroga de 30 días (supra 21). Esta le concedió la prórroga solicitada a partir del 11 de septiembre de 1990 mediante nota de 20 de agosto de ese año.
34. Resulta entonces que el plazo original de tres meses fue prorrogado por la Comisión a pedido del Perú. Ahora bien en virtud de un principio elemental de buena fe que preside todas las relaciones internacionales, el Perú no puede invocar el vencimiento del plazo cuando ha sido él mismo quien solicitó la prórroga. Por lo tanto, no puede considerarse que la demanda de la Comisión fue interpuesta fuera de término sino que, por el contrario, la presentación tuvo lugar dentro del plazo acordado al Gobierno a su solicitud (cf. Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, supra 30, párr. 72; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, supra 30, párr. 72; y Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, supra 30, párr. 75).
35. Tampoco puede el Perú, como lo sostuvo en la audiencia, afirmar que la Comisión no tenía competencia para otorgar una prórroga al plazo de tres meses que él mismo pidió, pues, en virtud de la buena fe, no se puede solicitar algo de otro y, una vez obtenido lo solicitado, impugnar la competencia de quien se lo otorgó.
Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 11 de diciembre de 1991, Serie C No.13, párrs. 32-35. 5. La Comisión no observó y más bien incumplió la Convención, su Estatuto y su Reglamento, los que no le atribuyen facultades arbitrarias ni discrecionales en materia de competencia, como es de verse en la normatividad aplicable antes transcrita.
La Comisión tuvo oportunidad de someter el caso 10.078 a la Corte, hasta el 11 de setiembre de 1990. La solicitud de prórroga del Gobierno del Perú, al no estar prevista en la normatividad vigente, además de improcedente se apoyaba erróneamente en el artículo 34.6 del Reglamento de la Comisión no aplicable a esta cuestión y ubicado en otra etapa procesal. La Comisión debió denegar la solicitud e indicar que el plazo de tres meses no estaba vencido, al faltar más de 20 días para ello. Y, además, por carecer de facultad para otorgar prórroga de este plazo fijado en un tratado. La Comisión al extender un plazo establecido en la Convención, no sólo se excedió del ámbito de su competencia, sino que al hacerlo se colocó en la imposibilidad jurídica de someter el caso a la Corte; sin perder la atribución de sancionar al Estado peruano por la vía de la publicación del informe. La atribución de ampliar o prorrogar el plazo de 90 días no se encuentra concedida a la Comisión por ningún artículo de la Convención, ni ésta prevé que los Estados puedan solicitarla. En consecuencia queda acreditado que la Comisión se excedió en el trámite de la petición de las atribuciones que la Convención, su Estatuto y su Reglamento le reconocen. Voto del Juez ad hoc, Dr. Jorge E. Orihuela Iberico, Caso Neira Alegría y Otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 11 de diciembre de 1991, Serie C No.13.
37. La Corte ha analizado en otras oportunidades algunos aspectos del artículo 51 de la Convención (Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 62 y ss.; Caso Neira Alegría y otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 11 de diciembre de 1991. Serie C No. 13, párr. 32), pero no las características o condiciones del plazo que contempla el inciso 1 de este artículo. Para resolver adecuadamente las objeciones planteadas por el Gobierno deberá forzosamente referirse a él. Y para hacerlo deberá ratificar su criterio tantas veces expresado de que el objeto y fin del tratado es la protección de los derechos humanos y que a él hay que subordinar la interpretación de todas las disposiciones del mismo, como lo dispone la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en su artículo 31 (Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, op. cit., párr. 30)
38. En el caso Neira Alegría y otros, la Corte ya había dictaminado que, en virtud de que puede ser prorrogado, el plazo del artículo 51.1 no es fatal (Caso Neira Alegría y otros, Excepciones Preliminares, supra 37, párrs. 32, 33 y 34). La seguridad jurídica exige, sin embargo, que los Estados sepan a qué atenerse y no puede dejarse a la Comisión hacer uso arbitrario de los plazos y menos aún si son de aquellos contemplados en la Convención misma.
39. El artículo 51.1 estipula que la Comisión, dentro de los tres meses siguientes a la remisión del informe, debe optar por enviar el caso a la Corte o por emitir posteriormente su opinión o conclusiones, en ambas hipótesis si el asunto no ha sido solucionado. En el curso del plazo, sin embargo, pueden presentarse diversas circunstancias que lo interrumpan o, incluso, que hagan necesaria la elaboración de un nuevo informe o la reanudación del plazo desde el principio. En cada caso será necesario hacer el análisis respectivo para determinar si el plazo venció o no y cuáles fueron las circunstancias que razonablemente lo interrumpieron, si las hubo.
40. En el caso presente, el informe se remitió el 1 de marzo de 1991 y el plazo hubiera vencido entonces el 31 de mayo. La demanda original llegó por comunicación facsimilar a la Corte el lunes 3 de junio, es decir tres días después del día calendario del supuesto vencimiento, si la prórroga pedida por el Perú no lo afectare, en cuyo caso el vencimiento se hubiera producido el 5 de junio, hecho sobre el cual la Corte no va a pronunciarse ahora ni lo hará sobre la circunstancia de que la Comisión hubiera prorrogado los plazos. Una demanda que contiene imputaciones tan graves como aquella a que nos referimos ahora, no podría considerarse caduca simplemente por ello.
60. Entre la fecha del retiro del caso y la presentación de la nueva demanda, transcurren más de siete meses. Independientemente de si el plazo original vencía el 31 de mayo o el 5 de junio de 1991, no hay duda de que el 14 de febrero de 1992, excede con mucho los límites de temporalidad y razonabilidad que la Corte ha dicho que informan el procedimiento. Si la Comisión entendió que el Gobierno peruano había solicitado el retiro, tal petición, por razonable que fuere, no podía ser atendida por estar agotado el plazo que la Convención concede para introducir una demanda y, como queda dicho, no es uno de aquellos factores que hubieran podido implicar la suspensión de los términos.
61. La Corte declarará, sin haber entrado a la materia de fondo a que se refiere la demanda de la Comisión, que ésta fue extemporánea. Sin embargo, de la lectura del artículo 51 se infiere que una declaración de este orden no puede implicar la neutralización de los demás mecanismos de tutela contemplados en la Convención Americana y que, en consecuencia, la Comisión conserva todas las demás atribuciones que le confiere ese artículo, lo que, por lo demás, coincide con el objeto y fin del tratado.
Corte I.D.H., Caso Cayara, Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de febrero de 1993, Serie C No.14, párrs. 37-40, 60 y 61.
Corte I.D.H., Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, Serie A No. 13, párrs. 50-51. 43. . . . [L]a solicitud de reconsideración presentada por el Gobierno el 16 de enero de 1992 podía interrumpir el plazo de 90 días otorgado por la Comisión a Colombia para cumplir con las recomendaciones del informe No. 31/91. La controversia sobre si dicha instancia fue presentada antes o con posterioridad a que finalizaran los 90 días, se dilucida con lo establecido en el artículo 51.1 de la Convención claramente que tal término debe contarse a partir de la comunicación al Gobierno, pues fue entonces cuando éste tuvo conocimiento del informe y de las recomendaciones en él contenidas. En esas condiciones, la instancia de reconsideración se presentó un día antes de vencerse el plazo, que finalizó el 17 del citado mes de enero de 1992.
45. El Gobierno ha planteado . . . que la Comisión atendió una petición "extemporánea" del propio Gobierno para que se reconsiderara el informe, fundada en un artículo inaplicable porque se refiere a Estados no Partes en la Convención. Independientemente de que, como queda dicho, a la luz del artículo 51.1 de la Convención la solicitud no fue extemporánea, la Corte debe recordar aquí lo que ya dijo en un caso anterior sobre la buena fe que debe gobernar estos asuntos (Caso Neira Alegría y otros, Excepciones Preliminares, supra 38, parr. 35) y agregar que cuando una parte solicita algo, así sea fundada en una disposición inaplicable, no puede luego de que se lo concedan impugnar la fundamentación.
50. De los recaudos aparece que la Comisión, al aprobar y tramitar posteriormente el informe No. 31/91, no pensó en enviar el caso a la Corte sino solamente en publicarlo. La decisión cambió un ano después, en el informe No. 31/92. Las razones de ese cambio no son todo lo claras que fuera de desear y para nada ayuda la imprecisa carta de la Comisión del 28 de febrero de 1992. En el ínterin entre la solicitud de reconsideración y el informe No. 31/92 la Comisión practicó una visita in loco, durante la cual llevó a cabo una audiencia en la que el Gobierno manifestó su imposibilidad de indemnizar en virtud de que el Informe de la Comisión "no tenía el carácter de decisión obligatoria como una sentencia de la Corte Interamericana, sino de simple recomendación", aludiendo a disposiciones de orden interno
51. Puede colegirse de lo anterior que, en opinión de la Comisión, la única manera de lograr que el Gobierno indemnizara a quienes, según ella, eran víctimas, era mediante una sentencia de la Corte Interamericana ejecutable en el orden interno. Una interpretación semejante concuerda con el objeto y fin de la Convención, que es la protección de los derechos humanos y la Corte tiene que aceptarla.
52. Debe la Corte, sin embargo, puntualizar que no existe razón alguna para que la Comisión no dé estricto cumplimiento a las normas procesales porque, como lo ha dicho ya y lo reitera ahora, es verdad que el objeto y fin de la Convención no pueden sacrificarse al procedimiento pero éste, en aras de la seguridad jurídica, obliga a la Comisión.
53. La Corte considera, igualmente, que las manifestaciones de la Comisión sobre la eventual publicación del informe no deben entenderse como decisiones anticipadas de la misma, pues estuvieron siempre condicionadas a la conducta que asumiera el Gobierno frente a las recomendaciones.
54. Debe, entonces, concluirse que el plazo de 90 días a que se refiere el artículo 51.1 de la Convención, al haberse prorrogado a solicitud y beneficio del Gobierno por medio de un recurso de reconsideración, empezó a contarse a partir del 2 de octubre de 1992, fecha en la que se comunicó al Gobierno la decisión de 25 de septiembre anterior, en la cual el informe se adoptó de manera definitiva. Como la demanda fue introducida por la Comisión ante la Corte el 24 de diciembre de 1992, hay que considerarla oportunamente presentada.
Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Excepciones Preliminares, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No.17, párrs. 43,45 y 50-54.
24. La Corte entra a considerar la primera de dichas excepciones preliminares. Sostiene el Gobierno que, de acuerdo con el artículo 51 de la Convención Americana, la Comisión tenía un plazo de tres meses contado desde la remisión del Informe al cual se refiere el artículo 51.1 de la Convención, para ejercitar el derecho de someter el presente caso a la decisión de la Corte. Agrega que el plazo comenzó a correr a partir del 20 de octubre de 1994, fecha en que la Comisión remitió el Informe a la Ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala y que el plazo de tres meses es equivalente a noventa días calendario y, por consiguiente, concluye que el plazo para que la Comisión presentara la demanda a la Corte, venció el 17 de enero de 1995 a las doce de la noche. Alega el Gobierno que, como dentro de este plazo la Comisión no sometió el caso a la Corte, este derecho prescribió.
25. Sostiene la Comisión, en relación con esta excepción preliminar, que la demanda fue presentada dentro de los tres meses contados a partir de la fecha de la remisión del Informe 23/94 a Guatemala, que fue el 20 de octubre de 1994. Alega la Comisión que el término "mes" se refiere a mes calendario y que interpretar la expresión tres meses del artículo 51.1 de la Convención como noventa días sería inconsistente con el texto y el sentido ordinario de los términos de dicho precepto. Según la Comisión, debe interpretarse dicho artículo 51.1 en consonancia con el espíritu de la disposición, es decir, brindar al Estado una oportunidad para resolver el asunto cumpliendo con las recomendaciones de la Comisión. Concluye la Comisión que el lapso de tres meses, iniciado el 20 de octubre de 1994, expiró el 20 de enero de 1995 y, en consecuencia, la demanda transmitida a la Corte el día 18 de enero de 1995, fue interpuesta dentro del plazo.
26. La Corte no entra a analizar si la demanda fue interpuesta dentro de los noventa días siguientes al 20 de octubre de 1994, ya que estima que, de conformidad con el artículo 51.1. de la Convención Americana, el plazo de tres meses debe considerarse mes calendario gregoriano, es decir, de fecha a fecha.
27. Si bien la cuestión planteada en este caso no se ha presentado con anterioridad, ha sido práctica constante de la Corte computar los plazos de tres meses a que se refiere el artículo 51.1 de la Convención de fecha a fecha (Caso Aloeboetoe y Otros, Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 11; Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16; Caso Genie Lacayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 27 de enero de 1995. Serie C No. 21; Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22; Caso Neira Alegría y otros, Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 20; Caso Maqueda, Resolución de 17 de enero de 1995. Serie C No. 18; Caso El Amparo, Sentencia de 18 de enero de 1995. Serie C No. 19).
28. En el Caso Caballero Delgado y Santana, (Excepciones Preliminares, Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 17), la Corte inadvertidamente al referirse a un argumento de la Comisión, utilizó la expresión "90 días" como equivalente a "tres meses" (párrafo 39) y aplica las dos expresiones como sinónimos (párrafo 43). Sin embargo, en este mismo caso, la Corte aplica el criterio de los tres meses calendario, tal como se desprende del párrafo 39 de aquella sentencia, que aplica un plazo de tres meses del 17 de octubre de 1991 al 17 de enero de 1992 (de haberse computado por días y no por calendario gregoriano, habrían transcurrido noventa y tres días). También en el Caso Neira Alegría y otros, (Excepciones Preliminares, Sentencia de 11 de diciembre de 1991. Serie C No. 13, párrs. 32-34), la Corte aplicó el plazo de tres meses del 11 de junio de 1990 al 11 de septiembre de 1990 (tres meses calendario contados por noventa y tres días).
29. La Corte considera que, conforme lo establece el artículo 51.1 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana tiene un plazo de tres meses a partir de la remisión del Informe a que se refiere el artículo 50.1 de la Convención, para someter un caso a la Corte. La expresión "plazo de tres meses" debe entenderse en su sentido usual. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, "plazo" "[es el] término o tiempo señalado para una cosa, y "mes [es el] número de días consecutivos desde uno señalado hasta otro de igual fecha en el mes siguiente." Asimismo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (artículo 31.1) enumera entre los elementos de interpretación, el sentido corriente de las palabras, además del contexto, objeto y fin del tratado (véase infra párr. 40).
30. En la mayor parte de las legislaciones de los países latinoamericanos se establece que el primero y el último día de un plazo de meses o años deberá tener la misma numeración en los respectivos meses. El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 ó 31 días. La Ley del Organismo Judicial de Guatemala, aprobada por Decreto 2.89 del 10 de enero de 1989, establece en su Capítulo V, artículo 45, letra c) que "los meses y los años se regularán por el número de días que les corresponde según el calendario gregoriano. Terminarán los años y los meses, la víspera de la fecha en que han principiado a contarse."
Corte I.D.H.,Caso Paniagua Morales y Otros, Excepciones Preliminares, Serie C No. 23, Sentencia del 25 de enero de 1996, párrs. 24-30.
La seguridad jurídica exige, sin embargo, que los Estados sepan a que atenerse y no puede dejarse a la Comisión hacer uso arbitrario de los plazos y menos aún si son de aquellos contemplados en la Convención misma.
Voto Disidente del Juez ad hoc Dr. Edgar Enrique Larraondo Salguero, Corte I.D.H., Caso Paniagua Morales y Otros, Excepciones Preliminares, Serie C No. 23, Sentencia del 25 de enero de 1996.
51.2.1. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes
declare que con base en el principio pacta sunt servanda, el Gobierno ha violado los artículos 51.2 y 44 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, concordante con el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados al incumplir deliberadamente las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana.
Respecto a lo anterior cabe observar que esta Corte, en varias sentencias y opiniones consultivas, ha interpretado los artículos 50 y 51 de la Convención en el sentido de que el primero de ellos dispone la elaboración de un informe preliminar que se transmite al Estado para que adopte las proposiciones y recomendaciones de la Convención y el segundo dispone que si en el plazo de tres meses el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte, se elaborar un informe definitivo y, por lo tanto, si el asunto ha sido sometido a la decisión de la Corte, como ocurrió en el presente caso, no cabe la elaboración de ese segundo informe.
A juicio de la Corte, el término recomendaciones usado por la Convención Americana debe ser interpretado conforme a su sentido corriente de acuerdo con la regla general de interpretación contenida en el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y, por ello, no tiene el carácter de una decisión jurisdiccional obligatoria cuyo incumplimiento generaría la responsabilidad del Estado. Como no consta que en la presente Convención la intención de las partes haya sido darle un sentido especial, no es aplicable el artículo 31.4 de la misma Convención. En consecuencia, el Estado no incurre en responsabilidad internacional por incumplir con una recomendación no obligatoria. En cuanto al artículo 44 de la Convención Americana, la Corte encuentra que l se refiere al derecho a presentar peticiones ante la Comisión y que no tiene relación con las obligaciones del Estado.
Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, párr. 67.
Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Sentencia del 29 de enero de 1997, Serie C No. 30, párr. 93.
78. La Comisión solicitó que se condenara al Estado por violación del artículo 51.2 de la Convención por haberse negado a "dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la Comisión".
79. La Corte ha dicho anteriormente que, de conformidad con la regla de interpretación contenida en el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el término "recomendaciones", usado por la Convención Americana, debe ser interpretado conforme a su sentido corriente (Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995. Serie C N· 22, párr. 67 y Caso Genie Lacayo, Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C N· 30, párr. 93).
81. Asimismo, el artículo 33 de la Convención Americana dispone que la Comisión Interamericana es un órgano competente junto con la Corte "para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes", por lo que, al ratificar dicha Convención, los Estados Partes se comprometen a atender las recomendaciones que la Comisión aprueba en sus informes.
51.3.1. "[t]ranscurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe. . . ."

References: artículo 51
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 artículo 50
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 artículo 42
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 artículo 61
 Resolución 
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 Resolución 
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 Resolución 
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 artículo 45
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 artículo 26
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 44
 artículo 51
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 artículo 33