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Timestamp: 2020-08-13 21:04:36+00:00

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ACCESO Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS GENÉTICOS Y FITOGENÉTICOS PARALA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN by Grupo Emaus Fundacion Social - Issuu
CAPITULO VII. ACCESO Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS GENÉTICOS Y FITOGENÉTICOS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
ÍNDICE 1. PROCESO DE RECONOCIMIENTO Y REGULACIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE ACCESO LOS RECURSOS GENÉTICOS SOBRE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
2. LOS DERECHOS E LOS AGRICULTORES Y AGRICULTORAS RECONOCIDOS EN EL TRATADO INTERNACIONAL SOBRE RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
3. LEYES Y POLÍTICAS DESARROLLADAS POR LOS ESTADOS
3.1 PANORAMA GENERAL DE RECONOCIMIENTO POR PAÍSES Y CONTINENTES DE LSO DERECHOS DE LOS AGRICULTORES Y AGRICULTORAS RECONOCIDOS EN EL ITPGRAF 3.2 LEYES DE SEMILLAS 3.3 LEYES DE BIODIVERSIDAD 3.4 EL PROCESO DE REGULACIÓN SOBRE SEMILLAS ORGÁNICAS
*Nota. A lo largo de este capítulo se manejan dos conceptos. Por un lado, los Derechos de los Agricultores y Agricultoras y, por otro lado, los Derechos Campesinos. Cuando hablamos de Derechos de los Agricultores y Agricultoras nos referimos al concepto recogido en el Art. 9 del Tratado de Recursos Fitogenéticos que desarrolla los derechos derivados del reconocimiento de la labor de reproducción, mejora y conservación que ha realizado el campesinado a lo largo de la historia, concretándolos en el derecho a participar en los beneficios derivados de ello, a usar y conservar estos recursos y, a participar en la toma de decisiones y ser consultado sobre ellas. Por otra parte, Derechos Campesinos es un concepto mucho más amplio introducido y defendido por la Vía Campesina y que engloba otros elementos de la soberanía alimentaria.
En este tema más que en ningún otro el proceso político se mueve entre el reconocimiento y protección de los recursos fitogenéticos como bien de la humanidad y su privatización y mercantilización como fuente inagotable para el enriquecimiento de unas pocas empresas. Se libra una batalla política internacional que da como resultado un marco contradictorio. Para poder adentrarnos en este tema es crucial la consideración de los recursos fitogenéticos en toda su enorme potencialidad. Desde la aparición de la vida en la Tierra, hace unos 4.000 millones de años, el fenómeno evolutivo ha originado una enorme diversidad de especies e individuos que se han adaptado a las diferentes condiciones del planeta. Esta variabilidad genética acumulada resulta esencial para el equilibrio del sistema y constituye la diversidad biológica o biodiversidad. Sin embargo, sólo recientemente se ha reconocido en foros internacionales el valor intrínseco de la diversidad biológica y sus componentes. Este valor comprende aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educacionales, culturales, recreativos y estéticos. La expresión biodiversidad agrícola tiene un significado amplio que incluye todos los componentes de la biodiversidad relativos a la alimentación y la agricultura, así como los demás componentes que constituyen el ecosistema agrícola. Es decir que comprende las variedades y la variabilidad de animales, plantas y microorganismos a nivel genético, de especies y de ecosistemas, que son necesarios para mantener las funciones principales, estructura y procesos de los agro ecosistemas. Dentro de este conjunto, los “recursos fitogenéticos” (RRFF) comprenden la diversidad genética correspondiente al mundo vegetal que se considera poseedora de un valor real o potencial para el presente o el futuro de la alimentación humana y animal. Bajo esta definición se incluyen normalmente los materiales de reproducción sexual o de propagación agámica de las siguientes clases de plantas: variedades cultivadas (cultivares) utilizadas actualmente y variedades en desarrollo, cultivares que ya no se utilizan o están en desuso, variedades tradicionales (variedades locales) especies silvestres parientes próximas de los cultivos y, por último, estirpes genéticas especiales, entre ellas las líneas y mutantes selectos de los fitogenetistas. Pero además, a partir del desarrollo de la biología molecular, con independencia de su uso, este concepto debería ampliarse a cualquier material genético, es decir portador de unidades funcionales de la herencia, susceptible de ser utilizado en el mejoramiento genético de los cultivos.
Los RRFF son un patrimonio de la humanidad de valor incalculable ya que son esenciales para la adaptación a los cambios imprevisibles del medio ambiente, particularmente a la luz del Cambio Climático Global, y para la provisión de las necesidades humanas futuras. Por otra parte, su pérdida significa un proceso irreversible que supone una grave amenaza para la estabilidad de los agroecosistemas, el progreso agrícola sostenible y la soberanía alimentaria del mundo. Sin embargo, se están destruyendo los hábitats y ecosistemas naturales a un ritmo de más de 100 millones de hectáreas por año. Más de 31.000 especies vegetales y animales están amenazadas de extinción y cada semana desaparece por lo menos una variedad de animales, una situación sin precedentes desde la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Adicionalmente, muchos sistemas agrícolas tradicionales que constituyen todavía la base de la soberanía alimentaria para comunidades rurales y campesinas de todo el mundo, y que han contribuido a mantener una biodiversidad clave para la supervivencia del planeta, corren el riesgo de desaparecer debido a fenómenos globales como el cambio climático, el éxodo rural y la rápida urbanización o la misma selección mercantil de los cultivares potencialmente beneficiosos. La conservación, caracterización y utilización sostenible de los RRFF es fundamental para garantizar la sostenibilidad de la agricultura, contribuyendo así a la soberanía alimentaria y al alivio de la pobreza rural. Asimismo, dado que constituyen la materia prima indispensable para el fitomejoramiento representan un recurso estratégico para el desarrollo soberano de los países, que se encuentra crecientemente acorralado por los intrincados sistemas de propiedad intelectual que han venido y continúan estableciéndose.
1. PROCESO DE RECONOCIMIENTO Y REGULACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE ACCESO SOBRE LOS RECURSOS GENÉTICOS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN El reconocimiento de la erosión genética como una amenaza importante para la agricultura y la producción de alimentos tiene lugar en los años 50, cuando la modernización agrícola comienza a alcanzar las regiones del planeta con mayor biodiversidad. A partir de entonces se comenzaron a impulsar medidas coordinadas para preservar el patrimonio filogenético y, en el ámbito internacional, la Reunión Técnica proyectada por la FAO en 1961, “Plant Exploration and Introduction”, puede considerarse el punto de partida. Sucesivas actividades y reuniones promovidas por esta agencia de las Naciones Unidas (ONU) establecieron las directrices para encarar los problemas técnicos relacionados con la recolección, conservación, caracterización y evaluación del germoplasma, así como su disponibilidad y utilización sostenible, entre otras cuestiones relativas a los RRFF. Hoy en día, la mayoría de los países son conscientes del grave problema que supone la erosión genética y de la urgente necesidad de tomar medidas, tanto técnicas como políticas, para preservar y utilizar racionalmente la diversidad aún existente. Hasta mediados del siglo XX los componentes más estudiados de la biodiversidad eran las especies y los ecosistemas. Sin embargo, con los progresos de la tecnología en el campo del aislamiento y caracterización estructural y funcional del material genético (genómica y protónica respectivamente), han surgido nuevos bienes y servicios y la biodiversidad en general, y los recursos genéticos (RRGG) en particular, se constituyeron en la fuente de valiosos insumos moleculares. Actualmente, numerosos compuestos bioquímicos, secuencias de ADN y
germoplasma son utilizados en diferentes procesos de la industria biotecnológica, como son, entre otros, el desarrollo de cultivares mejorados, insumos agrícolas, fármacos, colorantes y aditivos. En consecuencia se ha expandido el campo de interés relativo a los RRFF a nuevas dimensiones como el derecho, la economía y la sociología. Es así como se plantea el desafío de diseñar políticas nacionales e internacionales adecuadas y surge la necesidad de regular los derechos de propiedad, uso y aprovechamiento de los RRGG de la biodiversidad, de su información y de sus productos derivados. En los años 70 se construyeron bancos de germoplasma en todo el mundo para conservar millones de muestras de plantas ex situ. Particularmente, los Centros Internacionales de Investigación Agrícola (IARCs, por sus siglas en inglés, hoy Centros para las Cosechas del Futuro) del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR, por sus siglas en inglés) mantienen unas 600.000 muestras en bancos de semillas y colecciones de campo bajo los auspicios de la FAO1, y ofrecen un acceso facilitado a las mismas a la comunidad científica internacional. Sin embargo, muchas de las colecciones de los más de 1.300 bancos de germoplasma existentes se están deteriorando severamente; al mismo tiempo que la conservación en condiciones naturales o in situ de variedades locales se ve amenazada por la sustitución por cultivares modernos y las especies silvestres sufren la degradación o desaparición de sus hábitats.
ACCESIONES Número
642.405
1.533.979
1.934.574
327.963
Total (regiones)
5.554.505
CGIAR Total mundial
6.147.696
Fuente. Estado Mundial de los RRFF. FAO. 1996.
1 Estado Mundial de los Recursos Fitogenéticos. 1996. Documento informe elaborado por la FAO para presentarse ante la Conferencia de Leipzig.
En 1979 la Conferencia de la FAO fue también el primer foro del sistema de la ONU que mantuvo debates sobre políticas y cuestiones socioeconómicas, jurídicas y éticas relativas a la conservación, la propiedad y la disponibilidad de los RRGG. Entre tanto y, a partir de un fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos (EE.UU.) en el famoso caso Diamond vs Chakrabarty (1980), se abrió la posibilidad de patentamiento sobre la materia viva: cualquier organismo alterado por intervención humana es susceptible de ser patentado en ese país. Interpretaciones posteriores extendieron la patentabilidad a genes y secuencias de ADN, siempre que reúnan los requisitos de novedad, “altura inventiva” o “no obviedad” y aplicación industrial, y sean exhaustivamente caracterizados. Los espacios internacionales desde los cuales se abordaron estos temas son muy diversos y responden a lógicas diferentes. Conferencia sobre Desarrollo Sostenible
Organización Internacional para la agricultura y la alimentación
Organización Mundial Organización Mundial del Comercio de Propiedad Intelectual
Tratado Internacional de recursos fitogenéticos para la agricultura y alimentación
Tratado de Derechos de propiedad intelectual compatibles con el sistema de comercio
Derecho de los estados sobre sus recursos naturales
Marco jurídico internacional que reconoce la necesidad de conservar, caracterizar y utilizar sosteniblemente los RRFF y perfila un principio de soberanía de los estados sobre sus recursos naturales incluido el patrimonio genético.
Sistema homogéneo de acceso a los derechos sobre la propiedad intelectual
Armonizar los sistemas legales de patentes
Reconocimiento de los recursos genéticos como patrimonio común
Organismos vivos modificados propiedad de las empresas
Reconoce los derechos de los agricultores y agricultoras del mundo
Posibilidad de obtener derechos, patentes y registros sobre procesos orgánicos y organismos vivos
Comité Intergubernamental sobre propiedad intelectual, recursos genéticos, conocimiento tradicional y folclore
Acceso y distribución de los beneficios
Protección de los beneficios y principios de precaución
“Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios”
Privatización y mercantilización de los procesos de la vida. Flexibilidad respecto al procedimiento para los organismos modificados y los cultivares
Desarrollo de los derechos sobre conocimientos ancestrales e informales
Fuente. Elaboración propia a partir del análisis de documentos
Evolución y contenido de los acuerdos internacionales en la materia. ORGANISMO 1983. FAO
CONVENIO O ACUERDO
Conferencia de la FAO. Se aprueba el Sistema Global de la FAO para la conservación y utilización de los RRFF
-Se estableció el primer foro intergubernamental en la materia: la Comisión Intergubernamental de RRGG para la Agricultura. Hoy, bajo la denominación de COMISIÓN DE RRGG PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (CGRFA, por sus siglas en inglés) también incluye otros sectores de la agrobiodiversidad como los recursos pecuarios. La CGRFA facilita y supervisa la cooperación entre la FAO y otros organismos intergubernamentales y no gubernamentales competentes tales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI). La relación entre la FAO y el CDB ha sido de colaboración y cooperación, habiéndose subrayado la necesidad de evitar duplicación de esfuerzos En este marco fue adoptado un acuerdo internacional no vinculante denominado “COMPROMISO INTERNACIONAL SOBRE LOS RRFF”, supervisado por la CGRFA de la FAO. Este Compromiso fue el primer instrumento internacional amplio en la materia y se basaba en que los RRFF constituyen un patrimonio de la humanidad y, por lo tanto, su disponibilidad no debía ser restringida. Su objetivo era “asegurar la prospección, conservación, evaluación y disponibilidad, para el mejoramiento de las plantas y para fines científicos, de los RRFF de interés económico y/o social, particularmente para la agricultura”. -Posteriormente, en 1989 y 1991 el Compromiso fue objeto de nuevas interpretaciones para ampliar su aceptación internacional. En las mismas se tendió a limitar el principio del acceso sin restricciones estableciendo que los derechos de los obtentores de cultivares y de las comunidades campesinas eran compatibles con el Compromiso Internacional, reafirmando los derechos soberanos de los países sobre sus RRFF y aclarando que acceso libre no significa necesariamente gratuito. Muchos países y comunidades proveedores de recursos biológicos y conocimientos asociados observaban que el acceso libre o facilitado a los mismos posibilitaba su posterior apropiación, a través de derechos de propiedad intelectual (DPI), por parte de corporaciones de los estados desarrollados (biopiratería y bioetnopiratería).
1991. Naciones Unidas
Convenio Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales. UPOV 91
La UPOV es una organización creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Es una organización intergubernamental independiente con 61 estados miembros (incluyendo a la Unión Europea), que se han adherido mayoritariamente a las Actas 78 (países del Sur) o a la más estricta Acta 91 (estados del Norte). El creciente número de miembros de la UPOV se debe en parte a la expansión de acuerdos comerciales bilaterales o regionales entre los EE.UU. y la Unión Europea con países en desarrollo. Estos acuerdos suelen exigir que se refuercen los DPI y se apliquen estándares internacionales, como por ejemplo en el Acuerdo de Libre Comercio entre los EE.UU. y Chile. Así, las negociaciones bilaterales están siendo utilizadas para elevar el nivel de protección de los DPI más allá de lo exigido por el Acuerdo sobre los ADPIC.
CONTENIDO -Los sistemas sui generis de DPI promovidos por la UPOV amparan solamente al material de propagación de los cultivares mejorados, a través de los denominados Derechos de Obtentor, y no a la biodiversidad vegetal en general. Además, a diferencia de las patentes, permiten el uso del germoplasma protegido como fuente de variabilidad para el desarrollo por terceros de nuevos cultivares, mediante la “exención o privilegio del fitomejorador”. -Lo que pretende el texto de este convenio es convertir los derechos de los pequeños productores y productoras, y agricultores y agricultoras que conservan año con año su semilla para sembrarla al siguiente ciclo en lo que se denomina en su texto “privilegios”. Es decir, no sanciona abiertamente la conservación de semillas, pero sí, de alguna forma protege a las patentes de semillas en el sentido que, los agricultores y agricultoras que re-usen la semilla, solo tendrán el “privilegio” de hacerlo en el siguiente ciclo. -El convenio mencionado abre la posibilidad de que, en los sistemas nacionales de registro de patentes de los países, pueda darse la inscripción de patentes de plantas o de otros organismos vivos, con solo hacer algunas modificaciones tecnológicas que incluso ya sean práctica cotidiana de los productores pequeños y campesinos o indígenas. Este convenio lesiona fuertemente los acuerdos logrados a través del Convenio de Diversidad Biológica en el sentido de que, es prioridad la conservación de la biodiversidad de los países, pues promueve la mercantilización de la misma a través de las patentes. -El convenio establece la posibilidad de que cada país puede determinar el privilegio del agricultor o agricultora siempre que esté dentro de los límites razonables. En función de esta excepción por ejemplo Japón solo pone restricciones a los agricultores y agricultoras a guardar y sembrar semillas de 23 especies y EEUU limita el derecho a guardar semillas solo en la cantidad que el agricultor necesite para sembrar sus fincas.
1992. Naciones Unidas
Cumbre de Río 1992. Convenio de Diversidad Biológica. Entra en vigor en el año 1993
-La Convención reconoció expresamente el derecho soberano de los estados nacionales sobre sus recursos naturales. Este derecho implica, a su vez, el deber de regular la utilización, manejo y aprovechamiento de tales recursos dentro de los territorios nacionales y establecer las bases para su intercambio en el ámbito internacional, a través de acuerdos bilaterales o multilaterales. -Los requisitos generales establecidos sobre el acceso a los RRGG son los siguientes: 1. Los Estados Parte deben procurar condiciones para facilitar el acceso, siempre que sea para usos “ambientalmente adecuados”.
CONTENIDO 2. Se exige el Consentimiento Fundamentado Previo (CFP) del Estado Parte que proporciona los recursos, a menos que éste determine otra cosa. El acceso debe concretarse en Condiciones Mutuamente Acordadas (CMA), lo que implica una negociación entre el usuario (ya sea un particular, una empresa o un instituto de investigación) y la autoridad competente del país proveedor y otras posibles partes involucradas. Este aspecto de las CMA está estrechamente vinculado con los derechos soberanos de los Estados sobre sus RRGG y con el régimen de propiedad de los mismos en cada país (pública, privada o comunitaria). 3.Las Partes deben procurar promover y realizar investigaciones con la participación efectiva del Estado que proporciona los recursos, de ser posible en su territorio, y acordar la distribución justa y equitativa de los resultados y los beneficios derivados de la utilización comercial o de otro tipo de las tecnologías desarrolladas. 4.Debe asegurarse el acceso y la transferencia de la tecnología que utilice recursos de la biodiversidad, incluida la protegida por patentes y otros DPI, a los países en vías de desarrollo, Parte del CDB, que suministran los RRGG. Sin embargo, estas disposiciones alcanzan sólo a los RRFF existentes en condiciones in situ u obtenidos a través del CDB, por lo que la mayor parte de las accesiones mantenidas en los bancos mundiales de germoplasma quedaron excluidas. Asimismo, el CDB no se aplica a los RRGG de Estados que no son Parte del mismo (como los EE.UU.) ni a aquéllos que fueron adquiridos antes de su entrada en vigor Uno de los avances más importantes de la Conferencia de las Partes en su octava reunión (Curitiba, marzo de 2006) fue la adopción de un marco estructurado y cronológico para proseguir la negociación de un régimen internacional sobre el acceso a los RRGG y la distribución de los beneficios. Así, se encargó al Grupo de Trabajo ad hoc de Composición Abierta que completara su labor antes de la décima reunión de la Conferencia prevista para 2010 y, entretanto, se adelantó en la definición de una suerte de "certificados de origen" que garanticen que un producto obtenido a partir de RRGG ha seguido un procedimiento legal desde el principio. En enero de 2007 el grupo técnico reunido en Lima llegó a importantes acuerdos para la creación de un esquema de certificación global que permita identificar la procedencia de los RRGG con el fin de evitar su apropiación indebida. La iniciativa, que incluye los conocimientos tradicionales asociados, se basa en que cada país poseedor de RRGG daría su CFP para la movilización y utilización de sus recursos fuera de sus fronteras a través de la emisión de un certificado que gozaría de reconocimiento internacional. Dicho certificado incluiría información que posibilitaría la identificación y seguimiento de los RRGG durante toda su vida útil. La propuesta también prevé la posibilidad de negociar contratos de beneficios para las comunidades que usan tales recursos tradicionalmente y será presentada en octubre 2011 en la novena reunión de las Partes del CDB a realizarse en Montreal, Canadá.
CONTENIDO Con esta herramienta se aspira a que los países en desarrollo reciban regalías por la utilización de sus RRGG por parte de las industrias multinacionales de fármacos y cosméticos. Los países que más han forzado las negociaciones para acelerar la sanción de la normativa internacional han sido los latinoamericanos, africanos y asiáticos, poseedores de abundantes RRGG demandados por corporaciones industriales para el desarrollo de nuevos productos, muchas veces basados en conocimientos tradicionales de comunidades indígenas o locales. -Derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado, la propiedad y el manejo de la diversidad biológica por parte de comunidades indígenas y locales, con sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, son de gran importancia para su conservación y utilización sostenible. Los derechos e intereses de estas comunidades deben considerarse en la regulación del proceso de acceso, tanto para la obtención del CFP, como en la negociación de las CMA y en la distribución de beneficios monetarios y no monetarios. No obstante, las comunidades y pueblos indígenas hacen hincapié en que se reconozcan sus derechos sobre territorios y conocimientos tradicionales, así como su derecho a la autodeterminación, como condición previa para abordar el acceso a los RRGG. Para fortalecer los lazos entre el patrimonio agrícola y cultural, la FAO lanzó en 2002 la iniciativa de los Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), un programa mundial para la conservación y la gestión sostenible de sistemas agrícolas originales.
1995. OMC
Acuerdo sobre aspectos relacionados con el derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio
-Los estados miembros tienen la obligación de establecer mecanismos legales de protección intelectual para todas las tecnologías, incluyendo los organismos vivos modificados (OVM) por el ser humano, siempre que esas invenciones sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. -Se recoge las bases del registro de patentes abriendo la posibilidad de privatizar determinados recursos fitogenéticos cambiando así su consideración natural. -El acuerdo permite cierta flexibilidad. Así, los microorganismos modificados deben ser incluidos en los regímenes de patentes, en tanto los cultivares mejorados pueden ser protegidos por patentes o por un régimen sui generis eficaz, tal como los acordados en las convenciones de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Sin embargo, la aplicación del acuerdo ha forzado a muchos países a establecer derechos de propiedad sobre un aspecto que antes no era considerado de tal modo. -EEUU defiende que se suprima la flexibilidad y que plantas y animales sean patentados en todos los países de la OMC.
CONTENIDO -Un número importante de países en desarrollo han presentado una serie de propuestas al Consejo de los ADPIC sobre la protección del conocimiento tradicional (como innovación informal), pidiendo que se garantice su aplicación en armonía con el CDB. Esto se lograría haciendo obligatorio divulgar el origen de los RRGG y los conocimientos tradicionales utilizados, aportar pruebas del CFP, así como distribuir justa y equitativamente de beneficios. Más recientemente, otro grupo de países ha presentado una 'lista recapitulativa' de cuestiones sobre los ADPIC y el CDB, con el objetivo de facilitar un debate orientado hacia la obtención de resultados concretos. Esa lista incluye, entre otras, cuestiones relativas a la revelación del origen/ fuente/procedencia legal del recurso biológico y los conocimientos asociados utilizados en las invenciones para las que se solicite protección. -Dentro de la OMC coexisten opiniones enfrentadas en cuanto al foro competente para continuar el estudio de una eventual protección de los conocimientos tradicionales. Por un lado, países industrializados tales como Australia, la Unión Europea y los EE.UU., abogan por hacer hincapié en la labor de la OMPI como el foro más apropiado, señalando que hay propuestas para modificar el “Tratado de Cooperación en materia de Patentes” (PCT8, por sus siglas en inglés) incorporándole la exigencia de la revelación del país de origen. Después está el grupo de países en desarrollo, que propone incorporar en el Acuerdo sobre los ADPIC una disposición que exija a los solicitantes de patentes, que hayan usado RRGG y conocimientos tradicionales, divulgar el origen de esos recursos y presentar pruebas de que han obtenido el CFP y cumplido las leyes nacionales sobre reparto de beneficios. Finalmente, países tales como Brasil y la India opinan que debería proseguirse la labor en paralelo en todos los foros competentes: CDB, UNCTAD, OMC, OMPI, PNUMA0 y otros, pues realizan actividades complementarias.
1996. FAO
Conferencia Internacional Técnica para los Recursos Fitogenéticos. Declaración de Leipzig
-Para la Conferencia se elaboró el primer informe sobre la situación de los RRFF en el mundo. -También se aprobó el Plan de Acción Mundial para la conservación y utilización sostenible de los RRFF para la alimentación y la agricultura. El Plan de Acción Mundial proporciona un marco para las actividades de conservación in situ y ex situ de los RRFF, su utilización sostenible y el fortalecimiento de las instituciones y de la capacidad, mediante una mejor cooperación, coordinación y planificación. Tiene el propósito de orientar y catalizar la acción a nivel local, nacional, regional e internacional. Debido a la importancia de la utilización de los RRFF, el Plan insiste en la misma tanto como en la conservación, tratando ambos aspectos de modo integrado. La “utilización” hace referencia a una amplia gama de actividades que van más allá del fitomejoramiento científico, dado que los RRFF también se utilizan mediante el mantenimiento, el mejoramiento y el cultivo de variedades locales y la recolección de plantas alimenticias silvestres.
ORGANISMO 2000. Naciones Unidas
En el marco del convenio de diversidad biológica, las Partes negociaron el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología
-Se trata del único tratado jurídicamente vinculante que proporciona un marco normativo internacional tendiente a crear un entorno para la aplicación de la biotecnología, reconociendo la importancia crucial de los centros de origen y de diversidad genética. El Protocolo tiene como objetivo contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización de los OVM que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos. -Así, se establecieron 2 conjuntos de procedimientos; 1.El de Acuerdo Fundamentado Previo (AFP) para los OVM destinados a su introducción deliberada en el medio ambiente, y 2. Un sistema simplificado para los productos derivados destinados al consumo como alimento humano o animal o al procesamiento. Ambos sistemas tienden a garantizar que los países receptores reciban información para decidir con fundamento si aceptan las importaciones de OVM. Las Partes se comunican esta información a través del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, y pueden adoptar su decisión sobre la base de evaluaciones de riesgos basadas en criterios científicos y en el enfoque de precaución. Los procedimientos más rigurosos en materia de bioseguridad se refieren a los OVM que se tiene la intención de introducir en el medio ambiente. Estos incluyen las semillas, los peces vivos y otros organismos que tienen posibilidades de transmitir sus genes modificados a las generaciones sucesivas. -El exportador debe facilitar al país importador información detallada por escrito, en particular una descripción del organismo, antes del envío. Una autoridad nacional competente del país importador acusa recibo de esta información y autoriza explícitamente el envío (AFP) o indica las razones para rechazarlo. -Para los productos agrícolas derivados de OVM como los envíos a granel de maíz o soja, destinados a ser utilizados como alimento humano o animal o para procesamiento, en lugar de exigir la utilización del procedimiento de AFP, el Protocolo establece que los países que autorizan tales productos deben comunicar esta decisión a todas las Partes. De esta manera, se trata de limitar los costos adicionales para las personas productoras y exportadoras, al mismo tiempo que se asegura la transparencia del sistema de comercio internacional. -Las Partes también deben adoptar medidas para la gestión de los riesgos identificados para los OVM producidos y comercializados en el país, y deben seguir de cerca y controlar aquéllos que puedan surgir en el futuro. Para asegurar su eficacia a largo plazo, el Protocolo contiene también una serie de disposiciones que incluyen la creación de capacidad, la concienciación y participación del público y un mecanismo financiero.
CONTENIDO -Asimismo, la tercera Conferencia de las Partes adoptó en 2006 una decisión sobre tecnologías de restricción de uso genético (TRUGs, conocidas popularmente como tecnología “terminator”) reafirmando la necesidad de un enfoque de precaución sobre las mismas (moratoria). En vez de prohibir la continuidad de las investigaciones en este sentido, se alentó a continuar las investigaciones, evaluar los potenciales impactos de las TRUGs, con especial consideración de las comunidades indígenas y locales, y se exhortó a respetar el conocimiento tradicional y los derechos de los agricultores a la preservación de las semillas bajo cultivo tradicional. También se consideró la importante demanda de creación de capacidad sobre este tema y se exhortó a reforzarla.
2000. OMPI
-Paralelamente, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un organismo especializado de la ONU con el mandato de estimular la actividad creativa y promover la protección de la propiedad intelectual, comenzó a desarrollar una serie de actividades para explorar la necesidad de protección de las variedades criollas, el conocimiento tradicional y su papel en el desarrollo social, económico y cultural de las comunidades indígenas y locales. Este Comité logró aprobar una serie de derechos reconocidos a los pueblos que han mantenido y conservado variedades locales. Sin embargo, se ha señalado que prácticamente no hay ninguna experiencia en la implementación y manejo de tales derechos y que la extensión en que una variedad local o conocimiento tradicional, con propietarios identificables, pueda haber sido usado en el desarrollo de nuevas tecnologías, el cálculo de la contribución exacta de los mismos, el monitoreo de las ventas y el cobro de regalías apropiadas puede ser altamente problemático. De manera similar, el grado en que las variedades de los agricultores y agricultoras puedan ser identificadas, registradas y comercializadas todavía debe ser evaluado.
2001. FAO
Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
-En todo este movimiento global, la UNCTAD solicitó que se fortaleciera el SISTEMA GLOBAL de la FAO, se compatibilizara el COMPROMISO INTERNACIONAL con el CDB y se considerara el tema de los “DERECHOS DE LOS AGRICULTORES Y AGRICULTORAS” (farmers' rights). Tales derechos se fundamentan en la contribución pasada, presente y futura del campesinado y de las pequeñas comunidades de todas las regiones del mundo, y muy especialmente de las zonas de origen de la diversidad agrícola, a la conservación y desarrollo de los RRFF. -En 1993 quedó establecida la necesidad de iniciar negociaciones internacionales para adaptar el Compromiso sobre los RRFF al CDB, examinar el acceso a los RRFF en condiciones acordadas internacionalmente, incluyendo las colecciones de germoplasma no comprendidas en el Convenio, y analizar la cuestión de la aplicación de los Derechos de los Agricultores. -Las discusiones comenzaron en 1994 y culminaron, después de 7 años de difíciles negociaciones, en noviembre en 2001 con la aprobación del “TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RRFF PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA” (ITPGRFA, por sus siglas en inglés) por 116 votos a favor, 2 abstenciones (EE.UU. y Japón) y ninguna oposición. El ITPGRFA entró en vigor el 29 de junio de 2004.
CONTENIDO -El tratado vincula directamente la conservación de los RRFF, los DPI, la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria, una novedad en el derecho internacional que podría tener repercusiones significativas y ya está generando acalorados debates. Por esto precisamente, la aplicación del tratado se ha convertido en un campo de batalla durísimo donde la industria de las semillas está tratando de matizar las interpretaciones en su beneficio. No obstante el tratado contiene elementos interesantísimos que naturalmente deben ser peleados y vigilados por las organizaciones sociales y campesinas del mundo. -Es el primer tratado internacional que proporciona un marco jurídico internacional que reconoce la necesidad de conservar, caracterizar y utilizar sosteniblemente los RRFF y perfila un “SISTEMA MULTILATERAL DE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS”. Se trata de un sistema novedoso que regula el acceso y el reparto de beneficios relacionados con los RRFF de una serie de cultivos alimentarios y especies forrajeras, siempre que estén bajo la administración y el control de las Partes y sean de dominio público. El Sistema contempla: -el intercambio de información, en particular sobre la caracterización, evaluación y utilización; -la transferencia de tecnología y el acceso a ésta, incluyendo el acceso a variedades mejoradas y material genético obtenido, aunque respetando los correspondientes DPI; -la creación de capacidad a nivel local, particularmente a través del establecimiento y/o fortalecimiento de programas de enseñanza científica y técnica en los países en desarrollo; -la distribución de los beneficios monetarios y no monetarios derivados de la comercialización. -Por primera vez, un tratado jurídicamente vinculante reconoce la innovación colectiva en la que se asienta la agricultura mundial. En su consideración de los Derechos de los Agricultores se respalda claramente la facultad de utilizar sus semillas: “nada de los dispuesto en este artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores y agricultoras a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado en las fincas, con arreglo a la legislación nacional y según proceda" (Art. 9 del ITPGRFA). De este modo se aspira a lograr un contrapeso a los derechos de protección de la propiedad intelectual que exigen la industria y los países industrializados para los cultivares modernos. Sin embargo, el Tratado Internacional no se pronuncia en cuanto a los derechos de los agricultores sobre sus propias variedades, ya que el reconocimiento de la contribución de los mismos no incluye derechos de propiedad. Asimismo, sugiere directrices generales en cuanto al alcance de los derechos que deben ser objeto de
CONTENIDO protección, aunque se describen vagamente y su implementación queda reservada a los Estados nacionales. Los aspectos contemplados son: -La protección de los conocimientos tradicionales de interés para los RRFF. -El derecho a participar equitativamente de los beneficios derivados de la utilización de los RRFF. -El derecho a participar en la toma de decisiones a nivel nacional sobre asuntos relativos a la conservación y la utilización sostenible de los RRFF. -También se definen las obligaciones de las Partes respecto a la conservación y uso sostenible de todos los RRFF. Asimismo, las colecciones más importantes de genes de los principales cultivos alimentarios y forrajeros, que incluyen más de 600.000 muestras bajo custodia del CGIAR, pasarán a ser reguladas mediante el Tratado Internacional y recibirán apoyo para su conservación a largo plazo. -El componente central del ITPGRFA es el Sistema Multilateral que se aplica a una lista de 35 cultivos alimentarios y 29 especies forrajeras, que representan la mayoría de los cultivos de los que dependen los países, aunque notoriamente se ha excluido, por ahora, a la soja y al tomate. El Sistema Multilateral se basa en el principio del fácil acceso e intercambio a una amplia gama de RRFF, y en un reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de los mismos. Así, los fitomejoradores, los agricultores y las instituciones de investigación, públicas y privadas, tendrán un acceso sencillo y garantizado a estos recursos en igualdad de condiciones. -Mientras el CDB establece que los gobiernos nacionales tienen la autoridad de regular el acceso a sus RRGG a través de un CFP y CMA con las contrapartes, los miembros del Tratado Internacional acuerdan que el acceso a una lista determinada de RRFF se hará a través de requisitos y condiciones mutuamente convenidas a nivel internacional y traducidas en un "Acuerdo de Transferencia de Material" (MTA, por sus siglas en inglés) estandarizado. Así, el Sistema Multilateral también contribuirá a reducir los costos del intercambio de material fitogenético entre países, ya que no será necesario el CFP ni alcanzar costosos acuerdos bilaterales en todos y cada uno de los casos. -El acceso facilitado será sólo con el fin de la utilización y conservación de los RRFF para la investigación, el mejoramiento y la capacitación, excluyendo aplicaciones químicas, farmacéuticas y otros usos industriales no relacionados con alimentos o forrajes. Los receptores de los RRFF no podrán reclamar ninguna forma de protección de la propiedad intelectual o de otra índole que limite el acceso facilitado a esos recursos, o sus partes o componentes genéticos, “en la forma recibida” del Sistema Multilateral, cuestión cuya interpretación será muy importante en la futura aplicación del Tratado. Esto evitará, entre otras cosas, la apropiación de estos recursos por parte de grandes grupos económicos a través de Derechos de Obtentor o patentes de utilidad.
CONTENIDO -En el caso que se desarrollen y comercialicen cultivares mejorados con material incluido en el Sistema Multilateral, limitándose simultáneamente su uso para investigación y mejoramiento posteriores a través de DPI, se prevé el pago de un porcentaje de los beneficios a un fondo fiduciario destinado a mejorar la conservación y el uso sostenible de los RRFF, en tanto no se establezcan las correspondientes excepciones en el respectivo marco nacional. En todos los otros casos, los usuarios comerciales son "alentados“ a realizar pagos voluntarios. La primera reunión del Órgano Rector del ITPGRFA se desarrolló en Madrid en junio de 2006. En la misma los Estados contratantes llegaron a acuerdos que permitirán hacer operativo el Tratado y beneficiarán tanto a los donantes de RRFF como a sus usuarios. De la reunión participaron cerca de 350 representantes de unos 120 países, más la Unión Europea, ya sea en calidad de Estados contratantes u observadores (caso de la Argentina y los EE.UU., que firmaron pero no ratificaron el ITPGRFA). En esta reunión se aprobó un modelo de MTA y se estableció una regalía del 1,1% de las ventas de semillas de las variedades comerciales que se deriven de material genético obtenido a través del Sistema Multilateral. Estos fondos se destinarán a proyectos, programas y actividades en beneficio de los países más pobres como parte de la estrategia de financiación del Tratado. Asimismo, el Órgano Rector aprobó un proyecto para que las colecciones de los Centros para las Cosechas del Futuro del CGIAR se conserven y estén disponibles de acuerdo con las disposiciones del Tratado, lo que se materializó con la firma de los documentos correspondientes el 16 de octubre de 2006, en coincidencia con la celebración del Día Mundial de la Alimentación. Además, los delegados aprobaron el proyecto de reglamento del Órgano Rector, que fija las normas que se aplicarán a sus reuniones futuras, e hicieron un llamado para que nuevos Estados se sumen a los 105 países más la Unión Europea que ya han ratificado el ITPGRFA. La primera reunión del Órgano Rector en la que se abordó el tema de los derechos de los agricultores fue en la de Roma del año 2007, posteriormente la reunión de Túnez del año 2009 desarrolló el mandato sobre el tema y abrió un proceso de consulta internacional sobre su reconocimiento y, finalmente, en la reunión de Bali del año 2011 se volcó la información disponible sobre el tema. En paralelo a esta reunión, tuvo lugar un Segmento Ministerial en el cual los Ministros de Agricultura responsables de la aplicación del Tratado a nivel nacional se comprometieron a ponerlo en práctica a través de la elaboración de las normas y programas específicos necesarios.
Fuente. Elaboración propia a partir de las Declaraciones, Tratados y documentos propios de las conferencias y cumbres citadas.
Un importante elemento de la estrategia de financiación del Tratado será el “FONDO MUNDIAL PARA LA DIVERSIDAD DE CULTIVOS” (Global Crop Diversity Trust), un fondo internacional para la conservación de la diversidad agrícola. El Fondo Mundial fue establecido en 2004 como organización internacional independiente, copatrocinada por el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI) y por la FAO. El IPGRI es uno de los 15 Centros para las Cosechas del Futuro sostenidos por el CGIAR. La denominación actual del Instituto es Biodiversity International. Su misión es garantizar, a perpetuidad, la conservación de las colecciones más importantes de material fitogenético, mantenidas en los bancos de germoplasma, y promover la disponibilidad y el empleo de esa diversidad biológica. Los recursos financieros para mantener esas colecciones suelen ocupar un lugar muy secundario en los presupuestos nacionales y, por consiguiente, los bancos de germoplasma pueden carecer de los recursos necesarios para garantizar el rejuvenecimiento y la caracterización de las accesiones. El Fondo Mundial proporcionará financiación constante para asegurar que las personas agricultoras y fitomejoradoras puedan servirse de las colecciones para mejorar los cultivos y reforzar la seguridad alimentaria. Para ello, se instituirá una dotación de recursos que se utilizará para sufragar permanentemente los gastos de manutención del material fitogenético de los principales cultivos del mundo. Hasta el momento, 22 países han firmado el acuerdo de establecimiento y se han recaudado 60 millones de dólares de diversos donantes. Asimismo, el Fondo ha desembolsado las primeras subvenciones para sufragar algunos gastos claves para la creación de capacidad y mejoramiento de las colecciones identificadas como prioritarias durante la elaboración de las estrategias regionales y de cultivos. Las subvenciones para la conservación a largo plazo de colecciones prioritarias comenzaron a finales de 2006. Los demás componentes de apoyo del ITPGRFA son el Plan de Acción Mundial, las colecciones ex situ de RRFF mantenidas por los centros del CGIAR y otras instituciones internacionales, las redes internacionales de RRFF así como el Sistema Mundial de Información sobre los RRFF, incluido el Informe sobre el Estado de los RRFF en el Mundo, cuya actualización se realizó en los años 2008-2009.
2. LOS DERECHOS DE LOS AGRICULTORES Y AGRICULTORAS RECONOCIDOS EN EL TRATADO DE RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA Podemos constatar como la evolución del marco normativo está siendo como en tantos otros temas un escenario de disputa. Existen obviamente muchas amenazas pero también existen oportunidades y algunas de ellas muy interesantes. Parece que de todas las oportunidades, la posibilidad de desarrollar el Art. 9 del Tratado de Recursos Fitogenéticos permitiría a las organizaciones sociales que luchan por la soberanía alimentaria hacer avanzar una estrategia global. El concepto de derechos del agricultor, reconocido internacionalmente en el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura se fundamenta en la idea de que los agricultores deben ser compensados por su contribución a la conservación y desarrollo de la biodiversidad agrícola durante siglos y, por consiguiente, a la seguridad alimentaria mundial, pero no solo, sino que los derechos encierran también la posibilidad de seguir usando estos recursos como siempre lo han hecho desarrollando una investigación y mejora sobre la base de la experiencia cotidiana campesina. Si el Art. 9 se interpreta por los gobiernos como una cuestión puramente patrimonialista por la cual los campesinos recibeN una compensación económica por esta conservación histórica sin que eso de nuevo revierta
en el interés común, abierto y libre, los derechos del campesinado habrán caído en la trampa de la mercantilización2. Los derechos del agricultor y agricultora son considerados potencialmente como uno de los principales medios para asegurar su participación en los beneficios derivados del uso de recursos genéticos y para contrarrestar la expansión de los derechos de propiedad intelectual (DPI), que fueron considerados una de las mayores amenazas a los derechos y prácticas de los agricultores de conservar, intercambiar y reutilizar semillas. El reconocimiento jurídico y la aplicación de los derechos del agricultor y agricultora en el plano nacional puede considerarse un medio crucial para la realización de la soberanía alimentaria ya que permite a los campesinos y campesinas vivir de la agricultura tradicional y fortalecer los sistemas agrícolas tradicionales. Esta potencialidad solo será real si los derechos de los agricultores y agricultoras son regulados en el marco de una política nacional por la soberanía alimentaria coherente y clara. En el Artículo 9 del Tratado Internacional se reconoce la enorme contribución que han hecho y siguen haciendo las comunidades locales e indígenas y los agricultores de todas las regiones del mundo, en particular los de los centros de origen y diversidad de plantas cultivadas, a la conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos que constituyen la base de la producción alimentaria y agrícola en el mundo. Traslada a los gobiernos la responsabilidad de aplicar los derechos de los agricultores y agricultoras3 y enumera posibles medidas para proteger y fomentar estos derechos: La protección de los conocimientos tradicionales en lo referente a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. El derecho a participar de manera equitativa en los beneficios obtenidos de la utilización de recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura bien directa o indirectamente. El derecho a participar, a nivel nacional, en la toma de decisiones referentes a la conservación y la utilización sostenible de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. El Tratado Internacional reconoce asimismo la importancia de apoyar, también a través de una estrategia de financiación, los esfuerzos que realizan los agricultores y las comunidades locales e indígenas para la conservación y la utilización sostenible de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. En esta estrategia tendrá prioridad la aplicación de los planes y programas acordados para los agricultores y agricultoras de países en desarrollo, especialmente los de los países menos desarrollados y con economías en transición, que conserven y utilicen de manera sostenible los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. El desarrollo del Art. 9 fue impulsado en una Resolución 6/2009 con el título “implementación de los derechos del agricultor” aprobada en la Asamblea del Tratado celebrada en Túnez en el año 2009 en la que tras un proceso de negociación final bloqueado por algunos países como Canadá se logró aprobar una resolución final que en el tema de los derechos de los agricultores establecía dos cuestiones: Impulsar a los países miembro a que revisen todas las medidas que afectan a los derechos de los agricultores y remuevan cualquier barrera que evite que guarden, intercambien o vendan semillas; 2 Para conocer más sobre las opiniones críticas al concepto de derechos campesinos, se pueden leer varios artículos contenidos en la web de GRAIN. En concreto, y para este punto se recomienda “El tratado de semillas de la FAO. De los derechos de los agricultores a los privilegios de los obtentores”. Sedling en español. GRAIN. 2005 3 Desde la página web del Tratado de Recursos Fitogenéticos se accede al elemento de derechos de los campesinos que nos permite entrar en una web especial donde se recoge todo el trabajo recopilado en este tema. www.farmersright.org
Involucrarlos de lleno en talleres nacionales o regionales sobre sus derechos e informar sobre los resultados de ello en la próxima reunión del tratado de semillas, que ocurrirá en 18 meses También en Túnez se encargó la realización de una consulta global sobre los derechos de los agricultores y agricultoras, liderada por Zambia y Noruega, cuyos resultados se debatieron en una Conferencia celebrada en Etiopía en el mes de noviembre de 2010. La resolución de la conferencia fue presentada en un informe y notificada al órgano rector en su cuarta sesión de marzo de 20114. A pesar de ser una oportunidad, el Tratado debe corregir la orientación de su desarrollo y en este sentido está trabajando la Vía Campesina y las organizaciones aliadas en el IPC. Para las organizaciones sociales especializadas en la materia y para las organizaciones indígenas el problema sobre los derechos de los agricultores y agricultoras no es tanto de concepto, como su ubicación y relación con el resto de las cuestiones que el Tratado regula. En el punto de partida está el reconocimiento de los gobiernos que firman el tratado del papel fundamental que han jugado los campesinos y campesinas a lo largo de la historia en la conservación y mejora del material genético. A partir de este principio, que no es discutido en el tratado, se reconoce que los agricultores y agricultoras deben tener el derecho al acceso libre a este material para seguir haciendo lo que siempre han hecho y, por otra parte, recibir una compensación justa de la industria que se ha beneficiado de este conocimiento. En el transcurso de las negociaciones se fue modificando el sentido de lo recogido y de una declaración inicial clara respecto a este tema, se ha pasado a un artículo ambiguo en el que se dice que el Tratado no perjudicará los derechos de los agricultores y agricultoras en los países en los cuales siguen pudiendo ejercerlos libremente, que las empresas deberán transferir bien directa o indirectamente los beneficios a los agricultores y agricultoras y, que es responsabilidad de los estados la regulación de los derechos de los agricultores y agricultoras. A partir de este punto, el problema es que el resto del tratado establece una serie de normas y beneficios para las industrias de semillas desequilibrados con respecto a los derechos de los agricultores y agricultoras. A falta de una buena regulación sobre los derechos de los agricultores y agricultoras, la idea planteada por el tratado de crear un “Sistema Generalizado y multilateral de Acceso a los Recursos Fitogenéticos” es buena, y la idea de un “Acuerdo Estándar de Transferencia de Material” también. De esta forma se crearía un sistema de acceso universal y libre. El Acuerdo implicaría para la empresa que accede al material el pago de un canon en función del beneficio a obtener. Este dinero iría a parar a un Fondo Global que se utilizaría para apoyar proyectos de campesinos y campesinas. Este sistema permitiría a las organizaciones campesinas poder acceder a material específico de este sistema, sin embargo las condiciones de este sistema general de acceso también han sido criticadas por las organizaciones sociales: El tratado solo abarca una lista limitada de cultivos, los principales, pero deja fuera una enorme cantidad de cultivares menores y de forrajes sobre todo de las zonas tropicales. Únicamente se facilita el acceso al sistema para conservación, investigación y mejora. En principio cualquier que pida materia a un fondo de este tipo es para estos fines, pero el problema es que solo se refiere a fines alimentarios, y deja fuera todos los usos industriales, e incluso para la elaboración de fibras haciendo del sistema un coladero para la industria interesada en la producción industrial de cualquier tipo o dejando fuera a los grupos campesinos para la producción de algodón, lino u otros productos. 4 Ver Declaración de Bali. 2011 y desde luego todos los documentos y declaraciones elaborados por la Vía Campesina a lo largo de su desarrollo. En especial R 6/2011 Implementation article 9, farmer´s rights fourth session of ITOGRFA. Bali - Indonesia. March 2011.
Por último otra de las limitantes que establece el tratado para el ejercicio real de los derechos de los agricultores y agricultoras viene de las condiciones para la distribución de los beneficios. “La distribución de beneficios pecuniarios debe efectivizarse cuando se comercialice un producto que incorpore material del sistema –una nueva variedad vegetal, por ejemplo-. Pero eso obligaría únicamente en el caso de los productos que no se considere que estén “a disposición de otras personas, sin restricciones, para investigación y mejoramiento ulteriores”. Esto significa que no hay una distribución obligatoria de los beneficios derivados de la venta de variedades contempladas dentro de los programas de los derechos de los obtentores vegetales, como el de la La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Únicamente los materiales patentados, y posiblemente híbridos o semillas similares para las cuales las líneas mejoradas se mantienen bajo régimen de propiedad, serán consideradas disparadores de la distribución de beneficios (Grain 2005)”5. Con todo lo anterior, la posición de la Vía Campesina y las organizaciones del IPC frente al desarrollo de esta posibilidad es vigilancia crítica y recelo a las verdaderas posibilidades. Posición de la Vía Campesina y del IPC de cara a la reunión del Tratado en Bali. Indonesia El Tratado de la Semillas es el único tratado existente hasta la fecha que contempla los derechos campesinos, pero los estados no respetan estos derechos, mientras que sí respetan el derecho de propiedad industrial. Por eso, el Tratado debe dar prioridad a los derechos campesinos y éstos deben ser vinculantes. Deben ser aplicados en cada uno de los 127 países que ratificaron el Tratado. El Tratado debe prohibir toda forma de patente; protección de variedades y sus regalías sobre semillas que se reproducen los campos; así como toda otra forma de propiedad industrial sobre los seres vivos. La industria ha adquirido una inmensa deuda por apropiarse de nuestras semillas y por destruir la biodiversidad cultivada para reemplazarla por algunas variedades manipuladas. La industria debe pagar esta antigua deuda, pero esto no le da de ninguna forma el derecho de continuar apropiándose de las semillas. El Tratado propone el “reparto de los beneficios” de los derechos de propiedad industrial que reconoce. Las organizaciones campesinas rehúsan el reparto de beneficios porque no queremos derechos de propiedad industrial sobre las semillas. Exigen políticas públicas a favor de sistemas vivos de semillas campesinas, sistemas que estén en nuestras comunidades y bajo nuestro control. Estas políticas no deben promover las semillas no reproducibles, como los híbridos, sino que deben promover semillas reproducibles y locales. Estas políticas deben prohibir los monopolios, favorecer la agroecología y el acceso a la tierra y cuidado de los suelos. Estas políticas públicas también deben favorecer la investigación participativa en los campos de los campesinos bajo control de sus organizaciones y no de la industria. Los bancos centralizados de semillas no responden a las necesidades campesinas. Son museos de semillas para el beneficio de corporaciones biopiratas. Además en esos bancos nuestras semillas están amenazadas por contaminaciones genéticas y por los derechos de propiedad industrial. No podemos confiar en los gobiernos y el tratado para conservarlas. Nos negamos a entregar nuestras semillas a los bancos de genes del sistema 20 5 Incluso la Unión Europea dice que las patentes europeas no debería dar lugar a la distribución de beneficios puesto que la directiva europea correspondiente abre la puerta a las licencias obligatorias
multilateral y de la industria mientras siga habiendo patentes sobre las plantas, sus genes o sus partes, u otro tipo de sistemas de derecho de propiedad industrial como la protección de obtenciones vegetales que exigen regalías sobre semillas reproducidas en los campos, mientras los transgénicos continúen existiendo. La privatización de semillas es una amenaza seria para nuestras semillas campesinas en África, Asia y América Latina. Pero en algunos de nuestros países, sobre todo en Europa y América del Norte, el monopolio comercial de las semillas de la industria ya ha hecho desaparecer a la mayoría de nuestras variedades locales. Exigimos acceso sin condiciones a las colecciones de semillas del sistema multilateral porque son nuestras semillas las que están guardadas en él. Nosotros campesinos y campesinas guardamos nuestras semillas en primer lugar en nuestros campos pero también en graneros y casas de semillas campesinas y en sistemas campesinos locales que constituyen también pequeñas colecciones “ex situ”. Ponemos estas colecciones “ex situ” lo más cerca posible a nuestros campos para que los campesinos mantengan control, responsabilidad y acceso a ellas. Para tomar el lenguaje del Tratado, nosotros los campesinos construimos nuestro propio “sistema multilateral”. Ya que el proceso del Tratado se lleva a cabo dentro de las Naciones Unidas, son los estados quienes adquieren responsabilidades frente a los sistemas de semillas campesinas. Exigimos que los derechos de los agricultores sean vinculantes y los derechos de los fitomejoradores sean subordinados a ellos. Esto necesariamente significa derogar las leyes actuales que comercializan las semillas y niegan los derechos de los campesinos. Exigimos la ratificación de leyes nacionales que reconozcan los derechos de los agricultores. Si los estados se comprometen a reformar el Tratado, defendiendo activa y efectivamente los derechos de los agricultores, se caminará para lograr el desarrollo de un nuevo órgano rector inclusivo al modo del aprobado para el Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO. Fuente: Declaración de la Vía Campesina ante la Conferencia de Bali. Marzo de 2011.
3. LEYES Y POLÍTICAS ESPECÍFICAS DESARROLLADAS POR LOS ESTADOS Al igual que en otros temas abordados en el estudio, lo cierto es que los acuerdos y tratados internacionales tienen su transposición en las políticas y leyes nacionales, y todo el conjunto de acuerdos y convenios generados a partir de la Cumbre de Río y el Convenio de Biodiversidad han impactado fuertemente en el plano nacional. Con la intención de poder facilitar el análisis y el debate en torno a los avances de las políticas nacionales para la soberanía alimentaria haremos una clasificación de las leyes que se han ido adoptando:
3.1 PANORAMA GENERAL DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS AGRICULTORES Y AGRICULTORAS DERIVADOS DEL TRATADO DE RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA Las leyes de varios países incorporan disposiciones jurídicas que reconocen los derechos de los agricultores y agricultoras en materia de recursos genéticos para la alimentación y la agricultura En algunos casos, se han incluido las disposiciones en el contexto de leyes ambientales generales y de conservación de la naturaleza o en leyes sobre el desarrollo sostenible o la biodiversidad, y en otros, se ha aprobado legislación que aborda específicamente el acceso a recursos genéticos. Algunos países han modificado sus leyes de propiedad intelectual para establecer excepciones basadas en estos principios, o han elaborado nuevas leyes en conformidad con las nuevas normas internacionales. A partir de los mandatos aprobados en las sucesivas resoluciones de las reuniones de Túnez y Bali, la secretaría del tratado ha abierto una web especial6 donde entre otras cosas se recoge una base de datos de legislación y políticas desarrolladas sobre derechos del agricultor y agricultora y un catálogo de buenas experiencias. El informe7 presentado de avances muestra como luego veremos que, aunque lentamente, éste está siendo un nuevo espacio de desarrollo de las políticas para la soberanía alimentaria. Aunque solo un reducido número de países han desarrollado en sus leyes catálogos de medidas efectivas para ejercer estos derechos, la lista va creciendo poco a poco. En este punto es Asia el continente donde los avances están siendo más significativos. Como ejemplos podemos citar el reconocimiento recogido en las leyes indias y filipinas. Ley n.º 53 de Protección de Variedades Vegetales y Derechos de los Agricultores, de (2001) de la India busca equiparar los derechos del agricultor y agricultora con los de los obtentores de plantas. La Ley faculta a los agricultores y agricultoras a solicitar la inscripción de una variedad de planta así como el registro de una variedad desarrollada por el agricultor o agricultora (Sección 39(1)i)). La definición de variedad desarrollada por el agricultor o agricultora que propone la Ley incluye aquellas variedades que han sido cultivadas y desarrolladas por los agricultores y agricultoras en sus tierras, una variedad salvaje originada de éstas o una variedad adaptada a las condiciones ambientales locales sobre la cual existe conocimiento popular entre los agricultores (Sección 2k)). La Ley también ofrece protección a las variedades existentes (Sección 2j)) así como compensación y reconocimiento, y define el mecanismo de participación de los beneficios. Otro ejemplo se encuentra en la Ley de sobre la Protección de la Variedad Vegetal de Filipinas (2002) que reconoce el “derecho tradicional” de los pequeños agricultores y agricultoras a conservar, utilizar, compartir o vender el producto obtenido de variedades protegidas que estipula la Ley. También estipula la posibilidad de crear inventarios para proteger las variedades criadas localmente de cualquier apropiación indebida o monopolización malintencionada. Fuente: Swaminathan, M.S. 2006. Véase también: Moore, G. y Tymowski, W. 2005
A partir de la información suministrada por el espacio de la secretaría técnica8 del tratado podemos hacer una revisión de los avances en este tema que nos permitan, a partir de este estudio, poder profundizar a futuro en el análisis de cada una de las posibles medidas políticas a desarrollar. 6 La web es www.farmersrights.org 7 Global Consultations on Farmers’ Rights in 2010 Report compiled by Regine Andersen and Tone Winge with contributions from Bell Batta Torheim. FNI 2011. 8 Se puede acceder a todas las leyes en la base de datos construida con la información de cuatro fuentes: FAOLEX Legal database (accesible en la web de la FAO) UPOV´s collection of plantas variety portection laws, WIPO´s collections of laws for electronic access y GRAIN´s biodiversity rights legislations (BRI) Database. La información de cada ley está contenida en la web www.farmersright.org
Antes de hacer reconstruir la información por países es necesario definir cada una de las categorías en las que se han clasificado las leyes y políticas nacionales para poder tener una idea mucho más precisa de la realidad de los avances. Son siete categorías que implican de mayor a menor el grado de protección o consideración de los derechos campesinos: a. Derechos campesinos y derechos comunitarios relativos al manejo de recursos genéticos. Políticas y legislaciones dirigidas directamente a proteger derechos campesinos. Las políticas y legislaciones sobre derechos comunitarios pero que tienen relevancia puesto que, explícita o implícitamente, cubren los derechos campesinos porque afectan a las prácticas agrícolas tradicionales. b. Conservación y uso sostenible de recursos comunitarios genéticos. Políticas y legislación sobre conservación y uso sostenible de recursos genéticos que afectan a las prácticas campesinas y a derechos muy básicos. Apoyan estos derechos fortaleciendo las prácticas relativas a la conservación y uso sostenible de recursos genéticos como, por ejemplo, redes de intercambio de semillas. Muchas de las leyes incluidas no están dirigidas directamente al tema sino que tratan de la conservación de la biodiversidad en general. En estos casos es importante comprobar si las leyes afectan a otros derechos como la práctica agrícola o ganadera en zonas protegidas. c. Conocimiento tradicional. Políticas y leyes de protección del conocimiento tradicional que han sido derivadas en general de la Convención de Diversidad Biológica y que, en cuanto tal, cubren todas las formas de conocimiento indígena y local relativo a la diversidad biológica. En estas leyes se recoge como relevante la protección de los conocimientos relativos a la diversidad genética por parte de las comunidades. Normalmente desarrollan el derecho a no ser desposeídos de este conocimiento. No obstante, hay que comprobar si existe conflicto con otros temas. La medida más importante contra la extinción del conocimiento es precisamente fomentar el intercambio del mismo. Muchas de estas leyes establece mecanismos de protección que son complicados y poco claros y transparentes para las comunidades indígenas o locales. d. Leyes de Bioprospección incluyendo el acceso al reparto del beneficio. Estas leyes se derivan del Convenio de Diversidad Biológica y, en función de sus preceptos, regula las condiciones para el acceso a los recursos genéticos y el reparto justo y equitativo de los beneficios. Como la Convención cubre todas las formas de diversidad biológica, estas leyes se aplican también sobre las semillas, y también sobre el material vegetal susceptible de uso agropecuario. No obstante estas leyes se centran sobre todo en cuestiones relativas a la protección de la vida salvaje y son aplicadas en áreas de especial protección o zonas de alta diversidad biológica. Como resultado de lo anterior, no suelen ser muy efectivas en la protección de los derechos campesinos y, por otro lado, como el acceso a los recursos genéticos es en sí mismo un beneficio, pueden acabar siendo perjudiciales en tanto que, en función de la regulación, los campesinos pueden tener que revertir parte de los beneficios. e. Leyes de semillas o leyes de certificación de semillas. Son leyes que, en general, están pensadas para garantizar la calidad y la sanidad o salubridad de las semillas y, por lo tanto, la seguridad del sistema productivo. En segunda instancia, por supuesto, están pensadas para garantizar los derechos de patentes en manos de las industrias. Normalmente sólo incluyen las variedades que circulan en el mercado con arreglo a ciertos criterios o que se incorporan en ciertos listados anexos. Estos criterios tienen que ver con la uniformidad y la estabilidad, así como con el potencial germinativo. 23
Muchas de las variedades de semillas campesinas no se incluyen en estos criterios lo que implica que las semillas campesinas no pueden ser introducidas en el mercado. Estas leyes suelen prohibir la circulación de semillas que no estén certificadas lo que perjudica a muchas pequeñas experiencias campesinas o en manos de organizaciones campesinas de viveros, o centros de reproducción de árboles o material vegetativo. La mayoría de estas leyes perjudican los derechos campesinos. Una regulación que corrigiera esta norma podría permitir el intercambio y uso de estas semillas en cierta escala o en determinados ámbitos de producción como puede ser el ámbito local, o en los mercados campesinos o siempre que la variedad que se pretende utilizar no esté certificada. f. Leyes de protección de variedades vegetales. Regulaciones y leyes que introducen la capacidad de los obtentores o mejoradores de cubrir los costos de producción de nuevas variedades y establecen por lo tanto incentivos o subsidios para dicha actividad. Estas leyes afectan a los derechos campesinos en la medida que limitan las prácticas de salvaguardar, usar, intercambiar, y vender semillas de variedades protegidas por estas leyes. En ocasiones estas leyes establecen otra limitación al fijar condiciones para la investigación que en muchos casos consisten en provisiones de fondos. Uno de los peligros viene del hecho de que pueden cubrirse con estas leyes investigaciones sobre variedades que están siendo ya utilizadas en el campo por campesinos y campesinas pero que, al no estar documentadas, son tratadas como descubrimiento. En algunos casos estas leyes establecen medidas de protección de los derechos campesinos frente al uso abusivo de las empresas. Estas medidas pueden ser muy variadas. g. Por último leyes de patentes. Es la forma más fuerte de protección de los derechos de propiedad intelectual. Estas leyes prohíben para los campesinos y campesinas el uso y acceso libre a determinadas semillas patentadas. De forma transversal en todos estos instrumentos, el derecho a participar de las organizaciones campesinas e indígenas debe estar reconocido, así como la información transparente y completa. La reconstrucción de las tablas por continentes y países pretende servir como guía para ulteriores investigaciones específicas más detalladas sobre las diferentes leyes y sus efectos. Sólo recogemos los países en los que existe alguna ley o norma que protege alguno de los derechos: NIVEL DE DESARROLLO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS AGRICULTORES. AFRICA PAÍSES
Leyes de Bioprospec
Leyes de variedades vegetales
Unión Africana Argelia Angola Botswana Burkina Faso Burundi Camerún
NIVEL DE DESARROLLO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS AGRICULTORES. AFRICA PAÍSES
Costa de Marfil Egipto Etiopía Lesoto Malawi Mauritania Marruecos Mozambique Nigeria Senegal Sudáfrica Tanzania Túnez Uganda Zambia Zimbabue Fuente: www.fao.org/farmersright./basedata
NIVEL DE DESARROLLO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS AGRICULTORES. ASIA PAÍSES
ASEAN Afganistán Armenia Azerbaiyán Bangladesh Bután China
India Indonesia Irán Irak Israel Japón Jordania Kyrgyzstan Malasia Mongolia Nepal Omán Pakistán Palestina Filipinas R. China (Taiwan) Rep. of Korea Arabia Saudí Sri Lanka Tayikistán Tailandia Turquía Turkmenistán Uzbekistán Vietnam
Fuente: www.fao.org/farmersright./basedata
NIVEL DE DESARROLLO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS AGRICULTORES. AMÉRICA LATINA PAÍSES
Com. Andina Argentina Belice Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba R. Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala Haití Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela Fuente: www.fao.org/farmersright./basedata
Los instrumentos legales más generalizados y en los cuales los gobiernos pretenden incorporar los derechos de los agricultores reconocidos en el Art. 9 del Tratado son las leyes de semillas y las leyes de protección de variedades vegetales. En menor medida las Leyes de Bioprospección incorporan derechos de participación en el reparto de beneficios y en el derecho de las comunidades a ser consultadas y decidir, lo cual también ha sido un instrumento muy utilizado. Sin embargo, estos tres instrumentos son ampliamente cuestionados por las organizaciones sociales, ambientalistas y campesinas e indígenas puesto que, en definitiva, a quién benefician es a la industria. 27
3.2 LEYES DE SEMILLAS Desde la adopción del Convenio sobre la Diversidad Biológica, alrededor de 50 países han aprobado o están en el proceso de adopción de leyes de semillas: Australia, Brasil, Camerún, Costa Rica, Filipinas, Fiyi, Malasia, México, el Pacto Andino (Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y República Bolivariana de Venezuela, Seychelles y Uruguay). Otros países discuten actualmente proyectos legislativos como por ejemplo: Madagascar, Pakistán, Siria y Tanzania. Las organizaciones sociales, indígenas y campesinas mantienen una actitud crítica frente a todas estas leyes. El problema de las leyes de semillas adoptadas por los gobiernos en los últimos 10 años es que, su objetivo no es otro que tratar de romper el sistema de manejo tradicional campesino que ha subsistido desde hace cientos de años y que ha permitido que hoy tengamos los cultivares que tenemos. Las leyes de semillas, lejos de ser leyes que buscan proteger y conservar este conocimiento y hacerlo accesible a los pueblos, son leyes de comercialización de semillas pensadas para poner bajo el control de las 5 industrias internacionales del ramo que controlan el mercado mundial los saberes ancestrales de los pueblos. Por esta razón las leyes de semillas aprobadas, a pesar de reconocer lo dicho en los párrafos anteriores, dan más fuerza a otros elementos como: proteger determinado número de variedades (las más utilizadas), facilitar el proceso de patente, normas de control y certificación obligatoria, restricciones al intercambio y venta y también incluso a la siembra, facilidades para la investigación en nuevas variedades o normas de bioseguridad que favorecen la entrada de semillas transgénicas. Todas estas son las disposiciones que encontramos en cualquier de las leyes de semillas analizadas. En otros casos como el de Colombia se aprovecha las leyes de semillas para armonizar la legislación de propiedad intelectual y prepara el camino a la firma de los acuerdos de libre comercio. Hitos en el proceso de regulación de las semillas en Colombia. La Decisión 345/93 de la Comunidad Andina (Can), sobre el Régimen Común de Derechos de Obtentores Vegetales: Esta norma protege los derechos de los fitomejoradores, mediante la aplicación de los lineamientos de la Unión para la Protección de Obtentores Vegetales (UPOV). La Ley 1032/2006, que modifica el artículo 306 del Código Penal: se refiere a la usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales. Dice: el que fraudulentamente usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 26.6 a 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta norma, que ha pasado casi desapercibida en el país, es extremadamente lesiva, puesto que pretende que todos los agricultores utilicen sólo semillas registradas y certificadas y, finalmente, volver las semillas criollas (nativas) ilegales y criminalizar su uso. La Resolución 187/2006 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Reglamenta la producción, procesamiento, certificación, comercialización y control de la producción agropecuaria ecológica. Esta norma pretende controlar y establecer restricciones para que los agricultores agroecológicos y orgánicos no puedan seguir controlando 28
autónomamente la cadena productiva. Se establecen condiciones a los productores agroecológicos irrealizables e inaceptables, que los obliga a registrarse en el ICA y a que sean certificados por una entidad autorizada. El decreto 4525/2005. Reglamenta la implementación en Colombia del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad. Es una norma que facilita a las empresas la entrada de semillas y alimentos transgénicos en el país. Entre los aspectos críticos se destacan: crea tres Comisiones Técnicas Nacionales de Bioseguridad (CTNBio), asignadas a cada uno de los tres Ministerios: Ministerio de Agricultura (OGM de uso agrícola, pecuario y forestales); Ministerio de Ambiente (OGM de uso ambiental) y Ministerio Protección Social (OGM de uso para la salud y para alimentación humana). Dichas Comisiones aprueban de forma independiente el uso y comercialización de OGM. Las evaluaciones de riesgo que deberían hacer las autoridades, son realizadas por el solicitante, convirtiendo al interesado en “en juez y parte”. En el proceso de aprobación de esta norma no fueron consultadas las comunidades indígenas ni las afrocolombianas. Fuente: Documento. Colombia. GRAIN. 2005 “Las leyes de semillas aniquilan la soberanía alimentaria de los pueblos”.
El análisis de la situación en la que se encuentran las políticas y legislaciones en materias de semillas en el mundo requiere conocer el proceso seguido en este tema en cada continente e, incluso dentro de los continentes, en cada región o país. La Revolución Verde marcó el cambio de sistema también en la regulación de las semillas. En América latina y Asia las empresas que disponían del paquete tecnológico entraron directamente una vez que los gobiernos, en muchos casos dictatoriales, pero en otros gobiernos de izquierdas y populares quisieron generar un proceso de desarrollo a partir de la agricultura para lo cual necesitaban una fase de expansión productiva. La mayoría de los gobiernos del mundo pusieron en marcha Programas Nacionales en los que siempre existía un Servicio o Institución encargada de almacenar y conservar, producir, mejorar, probar y distribuir semillas. Estos servicios, financiados por la cooperación internacional, en muchos casos utilizaron y desarrollaron no una estrategia basada en las semillas locales, sino en las variedades producidas por los centros de investigación que promovían la Revolución Verde. Una vez se extendió el uso de estas variedades a través de los servicios de extensión agrarias también públicos y se hubo generado un mercado interno apropiado con estructuras de comercialización y distribución los sistemas públicos se desmantelaron. En América Latina y Asia las empresas y centros de investigación operaron durante casi dos décadas sin ninguna regulación y a partir de los años 90 comenzó una nueva ola regulatoria. Las nuevas leyes de semillas han favorecido la inversión y la expansión de mercados para la entrada de las empresas internacionales. Sin embargo, en este momento existen condiciones políticas en algunos países que han determinado que se promulguen leyes que han comenzado a proteger los derechos campesinos y de las comunidades indígenas, pero siempre como excepción a un modelo que trata de apoyar a una agricultura industrializada en la cual el control sobre la semillas es la primera clave. Un ejemplo de este tipo de regulaciones lo tenemos en la Ley de semillas de la India de 2004.
La ley de Semillas de la India aprobada en el año 2008 incorpora el concepto de inscripción obligatoria de toda semilla a ser comercializada (local o extranjera). La propuesta “estipula la regulación de la calidad de las semillas a ser comercializadas, importadas y exportadas y facilita la producción y abastecimiento de semillas de calidad y otros asuntos conexos y contingentes”. Todas las variedades inscritas serán registradas en la Base de datos nacional de semillas. La inscripción y registro de nuevas variedades anuales y bianuales tendrá vigencia por un período de 15 años y de 18 años para perennes de larga duración. Tal como es el caso para variedades inscritas en otras partes del mundo, las variedades deben ser comprobadas en la práctica real para determinar su valor para el cultivo y uso. Asimismo, los productores, procesadores y distribuidores de semillas, así como los viveros hortícolas deberán estar inscritos debidamente con la autoridad del estado en el cual operan. El Proyecto de Ley protege el derecho del agricultor a conservar, utilizar, intercambiar, compartir o vender las semillas y material de siembra de su granja. Sin embargo, el agricultor no puede vender semillas o material de siembra de marca registrada. Asimismo, todas las semillas vendidas por agricultores deben cumplir normas mínimas de germinación y de pureza física y genética aplicables a las semillas registradas.
En África sin embargo el proceso ha sido más largo y complejo para la gran industria de semillas. La revolución verde entró de la mano de los sistemas públicos de producción de semillas pero el alcance de los programas fue mucho menos y las propias empresas reconocen que tan solo entre el 5% (Centro y Sur de África) y el 10% (Norte de África) los campesinos y campesinas utilizan semillas certificadas, por lo que las empresas no tuvieron mercado de expansión. Los Programas de Ajuste Estructural en África obligaron a desmantelar todos estos servicios y los campesinos y campesinas volvieron a utilizar sus semillas tradicionales manteniendo los conocimientos de reproducción y conservación. Por ello, en este momento, se pone en marcha una estrategia clara desde las empresas multinacionales para lograr hacerse con el control del mercado africano en un contexto de crisis alimentaria global en el cual África es un escenario crucial9. La promulgación de leyes de semillas en África pretende no sólo regular la producción y mercado de semillas, sino crear el mercado mismo. El cambio de estrategia incluye un impulso regional en el marco de los procesos de liberalización comercial en los cuales es necesaria la armonización legislativa. En los últimos seis años se han desarrollado una docena de estos procesos10. Las empresas requieren para su expansión mercados regionales con restricciones mínimas y armonizadas precisamente porque la estrategia en un mercado muy constreñido debe ampliar el espacio de actuación para que les resulte beneficioso entrar. Como veremos en la tabla que reproducimos a partir del informe de Grain11 la mayoría de los procesos están siendo financiados por USAID, Banco Mundial y en algunos casos por agencias de cooperación francesas y alemanas12.
9 Recordemos la cantidad de iniciativas desarrolladas en el marco de la crisis alimentaria que tienen en África el objetivo y que se basan en el desarrollo de un agricultura productiva. Por ejemplo, La Alianza por la revolución Verde en África que con apoyo de la Fundación Billy Melinda Gates y la Fundación Rockefeller ha logrado introducirse en todos los escenarios internacionales. 10 GRAIN. “ Leyes de semillas en África, alfombra roja para las empresas”. Artículo publicado en la revista Sedling en julio de 2005. Traducido del original en inglés Africa´s sedes laws: Red carpet for the corporations 11 Grain. 2005. Ibid 10. 12 En 1999 la Asociación Americana del Comercio de semillas (ASTA) creó la Asociación Africana del Comercio de Semillas (AFSTA) como grupo local de la industria semillera internacional. La AFSTA tiene el mandato de promover la integración regional y la armonización de políticas y reglamentaciones de semillas en el continente para favorecer el comercio de semillas de los Estados Unidos teniendo como objetivo un incremento del 5% en el mercado existente.
INICIATIVAS REGIONALES EN AFRICA PARA LA ARMONIZACION DE LAS LEYES DE SEMILLAS REGIÓN África del Sur. Comunidad para el Desarrollo del África del Sur
INST. COORDINADORA
ASTA/USAID
Malawi, Mozambique, Zambia y Zimbabue
Inicio en el año 1994. En 1999 el Banco Mundial lo retoma con la estrategia de semillas para África. Después de una evaluación nacional y de varios talleres se elaboró el documento. Estrategia Regional para la armonización de las reglamentaciones sobre semillas.
ASERCA Organización regional que coordina los servicios nacionales de investigación agrícola13
Kenia, Eritrea, Etiopia Uganda, Tanzania, Burundi, Ruanda y Sudán
Proyecto sobre la armonización de las reglamentaciones de semillas en África Oriental. En 1999, impulso del Banco Mundial en el marco del Programa Semillas de África. Se creó un Comité de Semillas que se reúne con representantes de las comercializadoras y distribuidoras para terminar el proceso de armonización.
WAEMU Iniciativa de reglamentaciones en materia de semillas, de la Unión Monetaria y Económica de África Occidental (WAEMU).
Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Mali, Níger, Senegal, Togo(*)
IITA Red de Semillas y Material de Plantación (WASNET) de África occidental
Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo
Está trabajando sobre la iniciativa de una ley modelo africana, publicada en el año 2001 con el título “protección de los derechos de las comunidades rurales, agricultores, fitomejoradores y para la regulación de acceso a los recursos biológicos”, que pueda ser utilizada y adaptada por todos los países africanos. La ley era positiva en general pero, cuando quiso pasar por el filtro de la UPOV, sufrió recortes importantes en aspectos cruciales como la prohibición de patentar la vida.
IFDC Programa Africano de Inversiones Comerciales
Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Nigeria, Togo
Ha desarrollado un programa consistente en evaluar las deficiencias en la aplicación de las leyes ya existentes y como armonizar una reglamentación sobre uso de transgénicos.
CILSS Comité Interestatal para el Control de la Sequía en el Sahel (CILSS)
Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Níger, Senegal
Catálogo general de semillas de la región y un proceso de armonización de las reglamentaciones de uso.
(*) Se está avanzando en los planes para la fusión de WAEMU y la Comunidad Económica de los Estados de África occidental (ECOWAS). Una vez que esto ocurra, se incluirán los siguientes países dentro del proceso legal regional sobre semillas: Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leona. Fuente: Grain 2005. Leyes de semillas en África, alfombra roja para las empresas. 13 Financiada por la USAID.
Los elementos comunes contenidos en los procesos de armonización de las leyes de semillas son: Elaboración de catálogos obligatorios, en primer lugar nacional, y en segundo lugar regional de semillas. Se delimitan el número de variedades y se elaboran en algunos casos dos listas. Una lista con semillas de variedades que cumplen ciertos criterios de estabilidad y homogeneidad y otra lista para semillas más populares aunque de “buena calidad”. Armonización de los procesos de certificación de las semillas que incluye un sistema de registro. Leyes que regulan, para las semillas certificadas y catalogadas, los procesos de investigación, mejora, producción, reproducción, almacenamiento, comercialización y, por último, la calidad y los parámetros de la misma. Participación del sector privado (industrias, comercializadoras…) en el Directorio Nacional de Semillas y en los Comités Nacionales de registro de variedades vegetales En algunos países, como Malawi, donde existe mucha producción de semilla campesina informal tan solo es obligatoria para tres variedades: maíz híbrido, girasol híbrido y tabaco. En otros países, como Zimbabue, se imponen algunas restricciones basadas en otros criterios como que no se pueden vender semillas de variedades de polinización abierta de maíz y sorgo; en Mozambique, por ejemplo, a pesar de la reglamentación, las autoridades son bastante laxas en su aplicación y se elude el sistema con frecuencia. A pesar de esta estrategia, la industria semillera y el Banco Mundial reconocen que en un futuro próximo las necesidades de semillas en el continente seguirán siendo cubiertas por las capacidades de los campesinos y campesinas para producir sus propias semillas y que, por lo tanto, un “mal menor” será al menos reglamentar su uso y, sobre todo, el intercambio. Esto determina que aunque la estrategia sea otra, en cierta forma las leyes de semillas en el continente deben atender de alguna manera a la realidad del sistema campesino de producción, de ahí que se hayan extendido a través de estas leyes dos fórmulas impulsadas por la FAO en todo el mundo como son: “el sistema de semillas de calidad declarada” y “programas de producción de semillas con mejoramiento participativo” de las comunidades campesinas. Estos dos sistemas están en general reconocidos en todas las leyes de semillas aprobadas en el continente africano y que aparecen en la tabla antes expuesta sobre “legislación de derechos de los agricultores”. Tanzania. Este país mantiene una regulación muy estricta del sector desde la Ley de semillas de 1978 que prohibía la venta de semillas que no estuviera certificada y catalogada en las listas nacionales. La ley sin embargo estaba muy disociada de la realidad y tan solo el 30% de las plantaciones utilizaban semillas de este tipo. Pese a esta realidad, la ley de semillas de 2003 mantiene la rigurosidad en cuanto a las obligaciones de certificación y registro: registro obligatorio para producir y vender semillas, registro obligatorio de las variedades comerciales de los principales cultivos y un catálogo nacional. La única mención referida a los derechos de los agricultores relativos al uso de semillas y material genético aparece en el Art. 19.2 que establece que, las disposiciones de la ley no se aplicarán a la venta de semillas de calidad declarada entre agricultores y agricultoras vecinas y a pequeña escala en tanto que éstas personas las utilicen únicamente en su propio campo. 32
La Ley de semillas de Mozambique de 2001 está abierta a la certificación y catalogación de semillas de variedades campesinas locales y tradicionales siempre que cumplan con los requisitos de estabilidad y homogeneidad y estén controladas por un sistema de calidad declarada. Fuente. Ley de semillas de Mozambique de 2001 y Ley de semillas de Tanzania de 2003. www.farmersright.org/basadate
El Sistema de Semillas de Calidad Declarada es un mecanismo de control de calidad de la semilla creado por la FAO. La idea es ofrecer un método más sencillo para la certificación de las semillas en zonas donde los mercados de semillas no son funcionales y los recursos del gobierno son demasiado limitados como para manejar con eficacia sistemas de certificación amplios. Con arreglo a este sistema los productores de semillas son responsables del control de calidad mientras que los agentes estatales verifican únicamente una porción muy limitada de grupos de semillas y campos de multiplicación. El sistema de semillas de calidad declarada está dirigido a la producción y distribución de semillas mejoradas, pero también puede ser de aplicación a semillas locales y tradicionales. En muchos casos estos sistemas se han extendido entre las organizaciones campesinas y entre las comunidades al amparo de proyectos de desarrollo promovidos por la cooperación, pero también en contextos de catástrofe humanitaria en los que es necesaria la distribución de semillas frente a una campaña concreta. El programa inicial requería los criterios estrictos de valor para cultivo y uso (VCU) y DHE, dejando escaso margen para las variedades campesinas pero, en el año 2003, se elaboró un criterio revisado que permitiera incluir las variedades y semillas criollas, así como las variedades desarrolladas a partir del fitomejoramiento participativo. Malas prácticas en este tema hay muchas pero tan solo por citar algunas: El organismo de semillas de Kenia (KHEPIS) es muy estricto en la aplicación de la ley nacional. Habitualmente hace inspecciones e impone muchas multas a los distintos operadores que trabajan sin licencia o venden semillas no certificadas. Ha impuesto incluso normas de certificación en pequeños proyectos de producción de semillas de frijol o sorgo desarrollados por asociaciones campesinas o pequeñas ONGDs locales. Es, sobre todo, inflexible a la hora de no permitir la venta de semilla de maíz no certificada aunque actualmente la semilla campesina de maíz cubre más del 50% de la producción nacional. El Directorio de Semillas de Sierra Leona se ha centrado en la revisión de todos los proyectos de cooperación que incluyen un componente de semillas obligando a todos los grupos a utilizar semillas certificadas y obtener las licencias como obtentores. En Uganda la ley de desarrollo agrícola obliga a utilizar semilla certificada a todos los campesinos y campesinas que reciban créditos o apoyos a la producción a pesar de que el 90% de la producción nacional se desarrolla con semilla producida localmente. Fuente: WASNET. Newsletter 14 de enero de 2006
El problema está en que los derechos de las comunidades campesinas y de los agricultores y agricultoras incluidas en las leyes se difuminan en un marco claramente favorable a la industria semillera. Un ejemplo lo vemos en la ley de Filipinas del año 2002. Si bien contiene la regulación básica recomendada por la FAO sobre los derechos de agricultores la ley protege de forma privilegiada a los obtentores.
LEY 9168. LEY DE PROTECCION DE VARIEDADES VEGETALES Y ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA NACIONAL DE VARIEDADES VEGETALES. Junio de 2002
La sección II del acta habla de las bases políticas que sustentan la ley. De la lectura se desprende claramente que, la ley básicamente protege los derechos de propiedad intelectual en la producción de variedades vegetales. Es una ley dirigida básicamente a los obtentores.
El título VIII establece el régimen de infracciones y, entre ellas, además de la venta, importación y exportación, se incluye la producción agrícola a partir de estas variedades protegidas, abriendo el camino a la denuncia por parte de las industrias semilleras hacia los campesinos y campesinas que utilicen estas variedades, también se incluye la propagación y distribución de semillas y variedades protegidas sin la debida autorización, con lo cual están poniendo en peligro los sistemas y redes de intercambios desarrollados por pequeños proyectos de redes de semillas.
-Las sección 43 establece las excepciones al sistema de protección de variedades vegetales y entre ellas se enumeran cuatro: la primera cuando las variedades obtenidas no tienen finalidad comercial, la segunda y tercera se refieren a variedades obtenidas con fines de investigación y en la letra d establece como excepción “los derechos de los pequeños agricultores a salvar, usar, intercambiar, o vender su propia producción o las variedades resultado de su propia actividad, salvo cuando la reproducción de estas variedades tiene un propósito comercial reconocido en un acuerdo”.
-El estado reconoce que el sistema de protección intelectual para el desarrollo de nuevas variedades vegetales es vital para la seguridad alimentaria. -El estado promoverá el desarrollo de la tecnología en este ámbito orientada al desarrollo del bien común. Además reconoce la función esencial del sector privado. -Reconoce además los derechos de propiedad intelectual en la agricultura siempre que el desarrollo normativo sea respetuoso con el medio ambiente. La ley establece el sistema para certificar y proteger los derechos de los obtentores y fitomejoradores de variedades de especies destinadas tanto a la agricultura como a otros fines. El título III de la ley estableces las condiciones para proteger una nueva variedad: nueva, distinguible, uniforme y estable. La ley establece además los derechos incluso sobre el nombre, como es el acceso y reparto a los derechos sobre las variedades y el proceso de obtención de los certificados de reconocimiento.
El Título IX establece las sanciones no solo administrativas, sino también judiciales. El título XI establece la creación del sistema nacional de protección de variedades de plantas: en el sistema están representados el ministerio de agricultura, ciencia y tecnología, la industria de semillas y las organizaciones campesinas Las funciones: elaborar guías políticas, normas para la aplicación de la ley, la regulación del registro, y la jurisdicción básica sobre la protección conferida. Al mismo tiempo, el órgano encargado de dirigir el sistema establecerá las tasas y cánones por el registro y certificación y por los derechos y beneficios generados. Se crean dos fondos especiales con el pago de las tasas y beneficios que el propio sistema revertirá de la forma acordada.
-La excepción se intercambios entre intercambio para variedades en sus
extiende a los agricultores o al reproducir las propias tierras.
-La sección 66 reconoce el derecho a participar en el sistema nacional de protección de variedades vegetales.
AMENAZAS La ley establece un rango muy amplio de protección para las actividades de las industrias semilleras y protege sus derechos con todo el sistema judicial y administrativo. -Además de proteger los derechos de obtentores de variedades absolutamente nuevas, las secciones 39 y 40 reconocen la protección de variedades esencialmente derivadas de otra siempre que, procedan de una variedad original aunque sus genotipos sean el resultado combinado y, sea claramente distinguible de las variedades originarias. Incluyendo la posibilidad de que la nueva variedad procediera de la ingeniería genética.
-La sección 72 establece la posibilidad de que las comunidades campesinas o, en su defecto, las organizaciones campesinas protejan las variedades locales de cultivares producidas y conservadas por ellas.
Fuente. Ley 9168 de 7 de junio de 2002 de protección de variedades vegetales. Filipinas
3.3 LEYES DE BIODIVERSIDAD Algunos países (ver tablas) han elaborado o legislado Leyes marco de biodiversidad en las cuales tratan de volcar los compromisos asumidos en los Convenios de Diversidad Biológica y los tratados y compromisos conexos a los que se han llegado en las sucesivas cumbres desde la de Río del año 1992. Estas leyes de biodiversidad ofrecen marcos políticos amplios y regulan gran cantidad de asuntos. Entre los que se incluyen: derechos de las comunidades campesinas sobre los recursos genéticos, derechos de las comunidades indígenas u originarias sobre territorios delimitados, los derechos de participación y consulta en caso de actuaciones sobre sus territorios o el derecho a la participación en los beneficios derivados de las bioprospecciones. La biodiversidad se define en términos adecuados para entender que, la actividad agropecuaria como tal y la labor de las comunidades campesinas en los entornos naturales, entran de lleno en el contenido de las leyes promulgadas con este título. Variabilidad de los organismos de cualquier fuente, ya sea que se encuentren en ecosistemas terrestres, aéreos, marinos, acuáticos o en otros complejos ecológicos. Comprende la diversidad dentro de cada especie así como entre las especies y los ecosistemas de los que forman parte. Para los efectos de esta ley se entenderán como comprendidos en los términos de biodiversidad los elementos intangibles como son; el conocimiento, la innovación y la práctica tradicional, individual y colectiva, con valor real y potencial asociados a recursos bioquímicos y genéticos, protegidos o no por los sistemas de propiedad intelectual o sistemas de propiedad sui-géneris (Art. 2 de la Ley de Biodiversidad de Costa Rica). Fuente. Ley de Biodiversidad de Costa Rica.
Analizaremos primero la estructura de una política nacional de recursos naturales para comprender la ubicación y sentido de los derechos campesinos y los derechos sobre los recursos genéticos en este marco. Para ello utilizaremos la de Perú. INSTRUMENTO JURÍDICO Constitución política de Perú de 1993
POLITICA NACIONAL DE CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES DE PERU ALCANTE Y OBJETIVOS FUNDAMENTALES RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS CAMPESINOS -Art. 2.22. Toda persona tiene derecho a: la paz, la tranquilidad, el disfrute del tiempo libre y el descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. -Art. 66. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por Ley Orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
-Sin embargo, la constitución no establece limitaciones al derecho de la propiedad en función de limitaciones de protección o conservación de la biodiversidad o del medio ambiente. Por lo tanto, al ser los dos considerados derechos humanos, en caso de conflicto deberán ser los tribunales los que decidan.
-Art. 67. El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. -Art. 68. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegida.s -Art. 69. El estado promueve la conservación de la Amazonía con una legislación adecuada a tal fin. Ley sobre la Conservación y Aprovechamie nto Sostenible de la Diversidad Biológica. Ley Nº 26839. 2001
La Ley consta de 09 Títulos Preliminares, 32 artículos y dos disposiciones Transitorias y Finales. Acorde con el compromiso internacional y en concordancia con los Art. 66 y 68 de la Constitución Política, el Perú debía aprobar una Ley de Diversidad Biológica, que recogiera la visión de conservar la diversidad biológica, usar sosteniblemente sus componentes y compartir los beneficios que de ellos se deriven. La Ley establece claramente el rol tutelar del Estado en ejercicio de su soberanía sobre recursos tan valiosos como los recursos genéticos, al establecer que será parte y participará en el procedimiento de acceso a tales recursos. Estableciendo, así mismo, los casos de limitación total o parcial a dicho acceso.
El título VI está dedicado a los derechos de las comunidades campesinas y nativas: -Art. 23.- Se reconoce la importancia y el valor de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades campesinas y nativas, para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Asimismo, se reconoce la necesidad de proteger estos conocimientos y establecer mecanismos para promover su utilización con el consentimiento informado de dichas comunidades, garantizando la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización. -Art. 24.- Los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades campesinas, nativas y locales asociados a la diversidad biológica, constituyen patrimonio cultural de las mismas, por ello, tienen derecho sobre ellos y la facultad de decidir respecto a su utilización. -Art. 28. El estado es parte y participará en el acceso a los recursos genéticos. Mediante norma expresa se regulará el acceso y las limitaciones en relación a este punto.
INSTRUMENTO JURÍDICO Ley Orgánica para el Aprovechamien to de los Recursos Naturales – Ley Nº 26821 Año 1997839. 2001
POLITICA NACIONAL DE CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES DE PERU ALCANTE Y OBJETIVOS FUNDAMENTALES RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS CAMPESINOS -Consta de 05 Títulos Preliminares, 30 Artículos y 02 Disposiciones Finales -Esta Ley tiene una importancia fundamental en el país desde el punto de vista del desarrollo sostenible ya que se daba cumplimiento a un mandato constitucional que posibilita una adecuada gestión de los recursos naturales por parte de los sectores competentes del Estado, brindando también el marco regulatorio para las Leyes especiales que regirán los diversos recursos naturales en nuestro país y mayor seguridad jurídica para las inversiones. -Art. 4.- Los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean éstos renovables o no renovables, son Patrimonio de la Nación. Los frutos y productos de los recursos naturales, obtenidos en la forma establecida en la presente Ley, son del dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos.
-Art. 17.- Los habitantes de una zona geográfica, especialmente los miembros de las comunidades campesinas y nativas, pueden beneficiarse, gratuitamente y sin exclusividad, de los recursos naturales de libre acceso del entorno adyacente a sus tierras, para satisfacer sus necesidades de subsistencia y usos rituales, siempre que no existan derechos exclusivos o excluyentes de terceros o reserva del Estado. Las modalidades ancestrales de uso de los recursos naturales son reconocidas, siempre que no contravengan las normas sobre protección del ambiente. -El beneficio sin exclusividad no puede ser opuesto a terceros, inscrito, ni reivindicado. Termina cuando el Estado otorga los recursos naturales materia del beneficio. El entorno a que se refiere el párrafo precedente abarca los recursos naturales que puedan encontrarse en el suelo y subsuelo y los demás necesarios para la subsistencia o usos rituales. -Recursos en tierras de las comunidades campesinas y nativas, debidamente tituladas -Artículo 18.- Las comunidades campesinas y nativas tienen preferencia en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de sus tierras, debidamente tituladas, salvo expresa reserva del Estado o derechos exclusivos o excluyentes de terceros.
Ley de Áreas Naturales Protegidas. Ley Nº 26834
-Consta de 04 Títulos Preliminares, 31 Artículos, 01 Disposición Complementaria y 03 Disposiciones Transitorias.
Las comunidades indígenas y campesinas tienen derecho a la vida y uso tradicional y privilegiado en estas áreas protegidas declaradas como tales.
-Las áreas naturales protegidas en el Perú forman parte inherente de la nacionalidad y esencia de nuestro país; lugares como Macchu Picchu, Paracas, Huascarán o Manú, que a través de distintas categorías integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Perú, establecido por D.S. Nº 010-90-AG el 24 de marzo de 1990 y que abarcan aproximadamente el 10 por ciento de la superficie del territorio nacional.
INSTRUMENTO JURÍDICO Ley 27811 de 2002 que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos
POLITICA NACIONAL DE CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES DE PERU ALCANTE Y OBJETIVOS FUNDAMENTALES RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS CAMPESINOS -Art. 2. Establece las definiciones básicas de la ley de forma muy clara y precisa a los efectos del objetivo de la misma.
-Art. 1. El Estado peruano reconoce el derecho y la facultad de los pueblos y comunidades indígenas de decidir sobre sus conocimientos colectivos.
-Art 5. Los objetivos del régimen de protección son: a. Promover el respeto, la protección, la preservación, la aplicación más amplia y el desarrollo de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. b. Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de estos conocimientos colectivos. c. Promover el uso de estos conocimientos en beneficio de los pueblos indígenas y de la humanidad. d. Garantizar que el uso de los conocimientos colectivos se realice con el consentimiento informado previo de los pueblos indígenas. e. Promover el fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades de los pueblos indígenas y de los mecanismos tradicionalmente empleados por ellos para compartir y distribuir beneficios generados colectivamente, en el marco del presente régimen. f. Evitar que se concedan patentes a invenciones obtenidas o desarrolladas a partir de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú, sin que se tomen en cuenta estos conocimientos como antecedentes en el examen de novedad y nivel inventivo de dichas invenciones.
-Art. 4. Establece que, de todas formas, es posible el intercambio de conocimientos y saberes entre los pueblos indígenas; por lo tanto, este intercambio no está sometido a limitaciones.
-Art. 15 y ss. establecen el sistema de registro de los saberes y conocimientos a efectos de protección y clarificación. Los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas podrán ser inscritos en tres tipos de registros: a. Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas. b Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas. c. Registros Locales de Conocimientos Colectivos de los Pueblos indígenas. El Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas y el Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas estarán a cargo del Indecopi (Art. 19 y ss. establecen el proceso de solicitud de registro).
-Art. 10.- Naturaleza colectiva de los conocimientos. Los conocimientos colectivos protegidos bajo este régimen son aquellos que pertenecen a un pueblo indígena y no a individuos determinados que formen parte de dicho pueblo. Pueden pertenecer a varios pueblos indígenas. Estos derechos son independientes de aquellos que puedan generarse al interior de los pueblos indígenas y para cuyo efecto de distribución de beneficios podrán apelar a sus sistemas tradicionales. -Art. 6. Los interesados en acceder a los conocimientos colectivos con fines de aplicación científica, comercial e industrial deberán solicitar el consentimiento informado previo de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas que posean un conocimiento colectivo. La autoridad indígena deberá informar del proceso de negociación. Del acuerdo económico alcanzado deberá inscribirse como tal y el 10% de los beneficios deberán destinarse al Fondo nacional de Desarrollo Indígena (Art. 7 y 8). -Los Art. 42 al 46 establecen el sistema de protección que incluye un régimen de sanciones, de infracciones, la inversión de la carga de la prueba a la persona denunciada, solución de discrepancias y sanciones económicas para los acusados.
POLITICA NACIONAL DE CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES DE PERU ALCANTE Y OBJETIVOS FUNDAMENTALES RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS CAMPESINOS
INSTRUMENTO JURÍDICO DS 3-5-1996 Ley de protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales
-Competencia de ejecución. Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnología y la institución técnica encargada del seguimiento y apoyo el Programa Nacional de Recursos genéticos y biotecnológicos. Instituto Nacional de Defensa de la competencia y de los derechos de propiedad intelectual (INDECOPI). -Se establece un Registro Nacional de Variedades vegetales protegidas -Se establecen los requisitos para recibir el certificado de obtentores de acuerdo a las normas técnicas que establezca el Programa nacional con respecto a la distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad (DHE).
-Como la ley 27811 permite el registro de conocimiento y saberes indígenas y campesinos en INDECOPI, pueden entrar en el mismo sistema, sin embargo, precisamente esto significa caer en la trampa de las patentes. -El reglamento no establece ninguna excepción para el caso de uso de variedades campesinas o locales. Pero, sobre todo, no establece casi ninguna limitación a los requisitos necesarios para declarar haber desarrollado una nueva variedad. Y sobre todo los derechos del material originarios (aunque se entiende que éstos podrían estar protegidos por la ley 26821 y la ley 27811).
Fuente. Las leyes citadas en la tabla referida.
OBJETO Y OBJETIVOS Objeto: El objeto de la presente ley es conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, así como distribuir en forma justa los beneficios y costos derivados. (art 1) Objetivos: Entre los objetivos se destacan aquellos que directamente tienen que ver con los derechos campesinos:
LEY DE BIODIVERSIDAD DE COSTA RICA Ley 7778 de 23 de abril de 1998. Ley de Biodiversidad. INSTITUCIONALIDAD DERECHOS CAMPESINOS CALIFICACIÓN JURÍDICA El Estado ejercerá la soberanía completa y exclusiva sobre los elementos de la biodiversidad (Art. 2). Las propiedades bioquímicas y genéticas de los elementos de la biodiversidad silvestres o domesticados son de dominio público. El Estado autorizará la exploración, la investigación, la
La institucionalidad es bastante sencilla lo que la hace operativa potencialmente: a. Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad (Art. 13) funcionará como órgano desconcentrado del Ministerio del Medio Ambiente. De los 11 representantes, una persona es elegida por las organizaciones
Art. 37. Pagos por servicios ambientales. Dentro de las categorías de pago se incluye la (1) en la que entrarían los servicios ambientales que prestan las comunidades campesinas o indígenas por la conservación de los elementos de la biodiversidad como “Pago de servicios por protección de zonas de recarga a propietarios y poseedores privados
OTROS TEMAS -El Art. 44 refiriéndose a los controles de bioseguridad anticipa la posibilidad de establecer las condiciones para liberar organismos modificados genéticamente y el Art. 46 ahonda con los requisitos para los permisos y registros sobre estos OGMs.
OBJETO Y OBJETIVOS (2) Promover la participación activa de todos los sectores sociales en la conservación y el uso ecológicamente sostenible de la biodiversidad, para procurar la sostenibilidad social, económica y cultural. (4) Regular el acceso y posibilitar con ello la distribución equitativa de los beneficios sociales ambientales y económicos para todos los sectores de la sociedad, con atención especial a las comunidades locales y pueblos indígenas (6) Reconocer y compensar los conocimientos, las prácticas y las innovaciones de los pueblos indígenas y de las comunidades locales para la conservación y el uso ecológicamente sostenible de los elementos de la biodiversidad.(12) Promover la adopción de incentivos y la retribución de servicios ambientales para la conservación, el uso sostenible y los elementos de la biodiversidad. De la misma manera entre los 4 principios generales que rigen la ley. El nº 3 del Art. 3.- Respeto a la diversidad cultural.
LEY DE BIODIVERSIDAD DE COSTA RICA Ley 7778 de 23 de abril de 1998. Ley de Biodiversidad. INSTITUCIONALIDAD DERECHOS CAMPESINOS CALIFICACIÓN JURÍDICA Bioprospección, el uso y el aprovechamiento de los elementos de la biodiversidad que constituyan bienes de dominio público, así como la utilización de todos los recursos genéticos y bioquímicos, por medio de las normas de accesoestablecidas en el Capitulo V.
indígenas, otra por el campesinado y, una tercera, por colectivos ambientales (Art. 15). b. Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Art. 22). Tendrá personería jurídica propia, será un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y recursos hídricos. La organización del sistema es la siguiente: El Consejo Nacional de Áreas de Conservación. La Secretaría Ejecutiva. Las estructuras administrativas de las Áreas de Conservación. Los consejos regionales de Áreas de Conservación. Los consejos locales.
de los inmuebles que comprenden áreas estratégicas definidas de forma conjunta por los Consejos Regionales de las Áreas de Conservación y las instituciones y organizaciones citadas”. Art. 63 Establece los requisitos de Bioprospección entre los que están: proceso de información pública, consentimiento de las comunidades y autoridades indígenas y el acuerdo de reparto de beneficios derivados (además los Art. 66 al 78 establecen los sistemas de control de las bioprospecciones y sus licencias). Art. 66. Derecho de objeción cultural. Se reconoce el derecho a que las comunidades locales y los pueblos indígenas se opongan al acceso a sus recursos y al conocimiento asociado, por motivos culturales, espirituales, sociales, económicos o de otra índole. Art. 78 Establece los distintos sistemas de protección de la propiedad intelectual y, aunque establece como uno de ellos las patentes, sin embargo reconoce
OTROS TEMAS -Art 90 a 97 recoge las bases de lo que será el proceso de evaluación de impacto ambiental para el desarrollo de cualquier actividad.
A partir del artículo 98 y hasta el 105 se establecen los incentivos que la ley prevé algunos de algunos de los cuales pueden ser beneficiarias las comunidades indígenas y campesinas: -Pago servicios ambientales. -Créditos especiales a microempresas en áreas de amortiguamiento. -Incentivos a la participación comunitaria. -Financiamiento al manejo agropecuario y silvícola comunitario. -Apoyo a actividades de conservación en el ámbito de las comunidades.
LEY DE BIODIVERSIDAD DE COSTA RICA Ley 7778 de 23 de abril de 1998. Ley de Biodiversidad. INSTITUCIONALIDAD DERECHOS CAMPESINOS CALIFICACIÓN JURÍDICA
otros que pueden ser de interés para el objeto que perseguimos: derechos del fitomejorador, derechos comunitarios sui géneris, derechos de los agricultores.
La diversidad de prácticas culturales y conocimientos asociados a los elementos de la biodiversidad deben ser respetados y fomentados, conforme al marco jurídico nacional e internacional, particularmente en el caso de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y otros grupos culturales
Fuente. Ley de Bioseguridad de Costa Rica 7778
3.4 EL PROCESO DE REGULACIÓN SOBRE LAS SEMILLAS ORGÁNICAS La FAO reconoce que el mercado mundial de productos orgánicos crece entre un 15 y un 22% anuales mientras que el mercado mundial de alimentos crece en torno al 6%. Este dato nos muestra la oportunidad que representa este sector para la industria alimentaria y explica las medidas adoptadas por las grandes compañías tanto de la distribución minorista como las compañías de producción de insumos. En esta lógica, el control de las multinacionales sobre las semillas orgánicas vuelve a ser la puerta de entrada para fortalecer su posición a futuro en este sector. La realidad de la producción campesina agroecológica se impone y, en la mayoría de los países del mundo, un porcentaje elevadísimo de la producción orgánica se realiza a partir de semillas y material vegetativo que procede de la propia finca o del intercambio local a través de redes de productores y productoras que han mantenido sus conocimientos sobre las variedades locales a partir de la propia conservación y reproducción. Sin embargo, la industria productora de semillas ha buscado la forma de forzar un mecanismo que genere institucionalidad y obligaciones para el campesinado de todo el mundo. La amenaza, de nuevo, está en el hecho de crear un mercado de semilla orgánica certificada del cual solo será beneficiaria la industria internacional14. La ampliación del espacio comercial se ha generado sobre todo a partir de la regulación del Codex Alimentarius y de los principales países como son Japón, Canadá, EEUU y Europa. El Codex Alimentarius editó en el año 2003 Directrices para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de alimentos producidos orgánicamente; en ellas se incluye la certificación de las semillas orgánicas con lo cual el proceso de armonización internacional será lento pero irá avanzando con el tiempo. Codex Alimentarius. Las semillas y el material de reproducción vegetativa deben provenir de plantas cultivadas en concordancia con las previsiones de estos lineamientos por lo menos una generación o, en el caso de cultivos perennes, dos temporadas de vegetación. Cuando una operador pueda demostrar al organismo certificador oficial u oficialmente reconocido o a la autoridad competente que el material que cumple con los requisitos arriba mencionados no está disponible, el organismo u autoridad de certificación puede dar respaldo: a) en primera instancia, al uso de semillas o material de reproducción vegetativa sin tratamiento, o b) si (a) no está disponible, al uso de semillas o material de reproducción vegetativa tratado con otras sustancias diferentes de las anotadas en el anexo 2. La autoridad competente puede establecer criterios para limitar la solicitud de la derogación. Fuente. Directrices para la producción orgánica. Codex Alimentarius
La mayoría de los países en desarrollo son conscientes de la imposibilidad de aplicar una ley que obligue a los campesinos y campesinas orgánicos a utilizar semilla certificada y, en este contexto, la presión procede principalmente, o bien de los países importadores, o de las empresas importadoras de productos orgánicos o, en tercer lugar, de los propios organismos certificadores internacionales que evalúan las producciones en países en desarrollo. 14 Gran cantidad de las semillas orgánicas que se venden en Europa se originan a partir de un grupo reducido de importantes compañías semilleras de origen holandés, que añadieron a su lista los productos orgánicos. Tienen sucursales o subsidiarias en muchos países y como tal pueden producir semillas todo el año. Enza, por ejemplo, es una compañía semillera multinacional con subsidiarias en 14 países, incluyendo China, Tanzania y México. Trabaja a través de su subsidiaria Vitalis en la producción de semillas de legumbres orgánicas. Bejo y Rijk Zwaan, otras dos semilleras importantes, tienen cada una operaciones por todo el mundo en docenas de países y, ahora, ofrecen también semillas orgánicas.
Las leyes que regulan la producción orgánica en general establecen que las semillas o material de origen de las producciones orgánicas deberá ser orgánico y que, por lo tanto, no puede haberse tratado con productos prohibidos en agricultura orgánica, para lo cual el campesino o campesina debe hacer los controles oportunos y demostrar esta cuestión a través de un cuaderno de bitácora de las propias producciones. Sin embargo las leyes de semillas de muchos países como Filipinas, la India, Argentina, Chile, y otros van introduciendo otro sistema encaminado hacia la certificación. Se establece como obligación general el uso de las semillas orgánicas certificadas. Se establece como derogación de esta obligación el caso de variedades incluidas en catálogos nacionales de las cuales no existan semillas certificadas comercializables pero, en este caso, la variedad cultivada debe estar reconocida como tal en el catálogo nacional; por lo tanto, establece un camino de restricción futura. Se establece la derogación de la obligación hasta una fecha concreta a partir de la cual deberá aplicarse a cualquier semilla. Por ejemplo, la ley de semillas de Filipinas hace un llamado a que los organismos certificadores fijen las fechas de expiración de todas las derogaciones. Por último, los gobiernos, a medida que existen marcas comerciales que comercializan semillas orgánicas de ciertas variedades, van eliminando las derogaciones sobre semillas de variedades concretas. Por ejemplo, Argentina eliminó las derogaciones sobre 9 variedades de trigo, maíz, centeno y avena. En otros casos se establece la obligatoriedad en el uso de semillas orgánicas certificadas para el caso de acceder a determinados subsidios y apoyos públicos. Todos estos ejemplos de regulación limitan el ejercicio de la soberanía alimentaria y suponen una grave amenaza a la agricultura campesina puesto que amplían el margen de mercado de las empresas a lugares donde hasta ahora no habían entrado. PAÍSES
REGULACIÓN SOBRE LAS SEMILLAS
Las semillas deberán cumplir con los criterios [para la producción orgánica]. En caso de tener dificultad de obtener [tales] semillas, pueden utilizarse semillas sin sustancias prohibidas. Además, en el caso de encontrar dificultad de obtener estas semillas sin sustancias prohibidas, puede usarse cualquier semilla para plantas de propagación de semillas sin el uso de un tratamiento químico.
Deben seleccionarse semillas o plántulas o brotes orgánicos. Si no están disponibles serán seleccionadas semillas, plántulas o brotes convencionales no tratados con sustancias objetables, pero deberán trazarse los planes para obtener semillas o plántulas orgánicas.
Cuando están disponibles semillas o materias vegetales orgánicas deberán usarse éstas. En todo momento, el programa de certificación fijará los límites temporales para el requisito que deben cumplir las semillas u otras materias vegetales orgánicas. Cuando no estén disponibles semillas o materiales vegetales orgánicos serán usados materiales convencionales sin tratamiento químico.
Las semillas serán de producción orgánica certificada, cuando estén disponibles. Cuando no estén disponibles las semillas orgánicas certificadas, se utilizará material convencional sin tratamiento químico, siempre y cuando no hayan sido tratados con pesticidas no permitidos por esta serie de normas. Cuando no estén disponibles materiales y semillas convencionales sin tratamiento, podrán utilizarse semillas y materiales tratados químicamente. El organismo de certificación establecerá los límites temporales y las condiciones para las excepciones y para el uso aceptable de cualquier semilla o material vegetal tratado químicamente.
Cuando exista la imposibilidad de obtener semillas de origen orgánico, la empresa certificadora podrá autorizar el uso de semillas convencionales.
Las semillas y el material de propagación de plantas que se utilicen, deben haber sido obtenidas mediante producción orgánica. Las semillas deben haber sido tratadas exclusivamente con los productos indicados en el anexo A, lista 2-a, de esta norma. Por excepción y en orden prioritario pueden utilizarse: a) semillas u otros materiales de propagación convencionales no tratados; b) semillas u otros materiales de propagación convencionales tratados con los productos indicados en el anexo A, lista 2-A; c) semillas u otros materiales de propagación convencionales tratados con otros productos, siempre que se demuestre, a satisfacción del organismo de certificación, la imposibilidad de obtener en el mercado, semillas u otros materiales de propagación de origen orgánico, de la especie y variedad pertinente
Las semillas empleadas deben proceder únicamente de vegetales que se cultiven, según lo dispuesto en esta Norma, al menos durante una generación o, cuando se trate de cultivos perennes, durante dos periodos de vegetación, escogiendo la opción más breve. Cuando no exista disponibilidad comercial y, durante un periodo transitorio de 1995–1999, podrán emplearse semillas obtenidas de forma distinta a lo dispuesto en la presente Norma, siempre y cuando los usuarios de tales semillas puedan demostrar al organismo de certificación que no existen en el mercado semillas no tratadas de la variedad apropiada de la especie en cuestión.
La producción orgánica solamente podrá ser iniciada con semillas, material de reproducción vegetativa y plántulas que hayan sido producidas con métodos orgánicos y que, en su protección, se hayan empleado productos fitosanitarios autorizados. Si las semillas, material de reproducción vegetativa o plántulas no cumplieren alguno de los requisitos indicados en el inciso que antecede, el productor previo al inicio de la producción deberá obtener del Organismo de Certificación autorización para su uso.
Fuente. Documento de análisis de GRAIN enero 2008. ¿De quién es la cosecha?
BIBLIOGRAFÍA Estado Mundial de los Recursos Fitogenéticos. Informe elaborado por la FAO para presentarse ante la Conferencia de Leipzig. 1996. Brush, S. Providing farmer´s rights Trough in situ conservation of crop genetic resources. Comisión de recursos genéticos. FAO. Noviembre, 1994. Tratado Internacional de Recursos fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación. Resolución cuarta conferencia. FAO. Bali, Marzo 2011. Informe compilado por Andersen, R. y Winge, T. con contribuciones de Torheim, B. B. Global Consultations on Farmers’ Rights in 2010. FNI 2011. GRAIN. El tratado de semillas de la FAO. De los derechos de los agricultores a los privilegios de los obtentores. Artículo publicado en la revista Sedling, julio 2005. Declaración de la Vía Campesina ante la Conferencia de Bali. Marzo de 2011. GRAIN. Leyes de semillas en Africa, alfombra roja para las empresas. Artículo publicado en la revista Sedling, julio 2005. Traducido del original en inglés Africa´s sedes laws: Red carpet for the corporations. GRAIN ¿De quién es la cosecha? La política de certificación se semillas orgánicas. Documento de análisis. 2008. GRAIN. Colombia. Las leyes de semillas aniquilan la soberanía y autonomía de los pueblos. Documento de análisis. 2005. Moore, G. y Timowsky, W. Explanatory guide to the ITPGRFA. IUCN Environmental Law Program. 2005. OIT. Programa para la aplicación del Convenio 169. Aplicación del convenio 169 de la OIT por tribunales nacionales e internacionales de América Latina. Recopilación de casos. 2008.
LEGISLACIÓN Costa Rica. Ley 7778 de 23 de abril de 1998. Ley de Biodiversidad. Perú. DS 3-5-1996 Ley de protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales. Perú. Ley 27811 de 2002 que establece el régimen de protección de los conocimiento colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos. Perú. Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales – Ley Nº 26821 Año. 1997. 46
Perú. Ley de Áreas Naturales Protegidas. Ley Nº 26834. Perú. Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica. Ley Nº 26839. 2001. India. The seeds bill 2004. Filipinas. Republic act 9168. "Philippine Plant Variety Protection Act of 2002." El Salvador. D 530. Ley de semillas del Salvador. Base de datos de legislación sobre recursos genéticos y sobre derechos del agricultor. Contenida en la pagina web www.farmersrights.org/basadate.
ACCESO Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS GENÉTICOS Y FITOGENÉTICOS PARALA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
CAPITULO VII. Políticas Públicas para la Soberanía Alimentaria Análisis internacional

References: sui generis
sui generis
 Artículo 9
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 306
 Resolución 
 artículo 98
 Resolución