Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=651979
Timestamp: 2019-05-26 22:49:36+00:00

Document:
MAYORES EXIGENCIAS PARA INSCRIPCIÓN Y PORTE DE ARMAS
AGRAVAMIENTO DE PENAS PARA DELINCUENTES REINCIDENTES
TIPIFICACIÓN DE MALTRATO O CRUELDAD CON LOS ANIMALES
PETICIÓN DE OFICIO : Fernando Cordero Rusque
REFLEXIÓN SOBRE SITUACIÓN DE JÓVENES CHILENOS DETENIDOS EN PERÚ POR "CASO GRAFFITI". OFICIOS
Sesión 28ª, en martes 18 de enero de 2005
(De 16:21 a 19:48)
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 17.798, sobre control de armas, con el objeto de establecer mayores exigencias para inscribir un arma y prohibir su porte (2219-02) (queda pendiente su discusión particular)..........
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal y la ley Nº 18.216 para agravar penas de delincuentes reincidentes (3585-07) (se aprueba en general).............................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que tipifica conducta de maltrato o crueldad con los animales (3327-12) (se aprueba en general).......
Reflexión sobre situación de jóvenes chilenos detenidos en Perú por "caso graffiti". Oficios (observaciones del señor Cantero)......................................
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior subrogante, de Defensa Nacional y Secretario General de la Presidencia.
Las actas de las sesiones 26ª, ordinaria, y 27ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 11 y 12 de enero del año en curso, respectivamente, se encuentran en secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Once de Su Excelencia el Presidente de la República , así como del señor Vicepresidente de la República , en su caso:
Con el primero comunica que ha resuelto incluir en la actual convocatoria a Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Ruiz-Esquide, que confiere carácter obligatorio al segundo nivel transicional de la educación parvularia (boletín Nº 3.785-04).
Con el segundo hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", con relación al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prorroga la vigencia de los avalúos de los bienes raíces no agrícolas de todo el país y la del mecanismo de compensación de los ingresos municipales establecido en la ley Nº 19.850 (boletín Nº 3.763-05).
Con los cinco siguientes retira la urgencia, y la hace presente de nuevo, en el carácter de "suma", en cuanto a los siguientes proyectos de ley:
1) El que modifica el Código de Aguas (boletín Nº 876-09).
2) El que establece como obligatoria la declaración jurada patrimonial de bienes para las autoridades que ejercen una función pública (boletín Nº 2.394-07).
3) El que modifica la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial; el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y faculta a las municipalidades para otorgar condonaciones que indica (boletín Nº 2.892-06).
4) El que modifica el Código Penal y el Código de Justicia Militar en materia de desacato (boletín Nº 3.048-07).
5) El que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior (boletín Nº 3.223-04).
Con los dos siguientes retira la urgencia, y la hace presente de nuevo, en el carácter de "simple", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1) El relativo a la creación de sociedades anónimas deportivas profesionales (boletín Nº 3.019-03).
2) El que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal (boletín Nº 3.021-07)
Con los dos últimos hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", acerca de los siguientes proyectos:
1) El que modifica la ley Nº 18.175, de Quiebras, en materia de convenios concursales (boletín Nº 3.671-03).
2) El que otorga bonificación por egreso al personal de Gendarmería de Chile que indica (boletín Nº 3.716-05).
De Su Excelencia el Presidente de la República , por medio del cual comunica su ausencia del territorio nacional en las fechas que a continuación se indican, con el propósito que en cada caso se señala:
-Entre los días 14 de enero, con salida a las 16, y 15 de enero del año en curso, en vuelo hacia el continente africano, con llegada a las 19:30.
-Entre los días 15 y 18 de enero, visita oficial en la ciudad de El Cairo, República Árabe de Egipto.
-El día 18 de enero, visita de Estado en Bombay, República de India.
-Entre los días 19 y 21 de enero, en las ciudades de Nueva Delhi y Bangalore, República de India.
-El día 22 de enero, visita a Taj Mahal, en la ciudad de Agra, República de India.
-Entre los días 22 y 24 de enero, visita de Estado en la ciudad de Berlín, República Federal de Alemania.
-El día 25 de enero, condecoración Doctor Honoris Causa de la Universidad de Leipzig, en la ciudad del mismo nombre, República Federal de Alemania .
-El día 25 de enero, reunión con el Banco Central Europeo en la ciudad de Frankfurt, República Federal de Alemania .
-El día 25 de enero, en la tarde, en vuelo hacia el territorio nacional, con llegada a Santiago el día 26 de enero.
Asimismo, señala que durante su ausencia será subrogado, con el título de Vicepresidente de la República , por el Ministro del Interior titular , señor José Miguel Insulza Salinas.
Con los dos primeros informa que ha prestado su aprobación, con las excepciones que indica, a las enmiendas propuestas por el Senado a los siguientes proyectos de ley, a la vez que comunica la nómina de los Honorables señores Diputados que integrarán las respectivas Comisiones Mixtas:
1) El relativo a la creación de sociedades anónimas deportivas profesionales (con urgencia calificada de "simple") (boletín Nº 3.019-03).
-Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para que integren la Comisión Mixta a que se refiere el artículo 68 de la Carta Fundamental.
2) El que modifica el Código de Aguas (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 876-09).
-Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Obras Públicas para que integren la Comisión Mixta a que se refiere el artículo 68 de la Constitución Política de la República.
Con los cuatro siguientes informa que ha prestado su aprobación a los asuntos que en seguida se indican:
1) Proyecto de acuerdo que aprueba el "Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco" (boletín Nº 3.722-10).
2) Proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.903, en lo relativo al cobro de aranceles por parte de los conservadores de Bienes Raíces (boletín Nº 3.642-07).
3) Proyecto de ley que autoriza la erección de un monumento y santuario en memoria del Padre Pío de Pietrelcina , en la Región del Maule (boletín Nº 3.719-04).
4) Proyecto de ley que modifica el artículo 193 del Código del Trabajo, con el propósito de establecer ciertas prerrogativas a favor de trabajadores que indica (boletín Nº 3.482-13).
Del señor Contralor General de la República, por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, referido al colapso del puente Loncomilla.
Del señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía , mediante el cual contesta un oficio dirigido en nombre del Honorable señor Horvath, acerca de un plan de electrificación rural para la comuna de Guaitecas.
Del señor Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, por medio del cual responde un oficio remitido en nombre del Honorable señor Stange, sobre la situación previsional de la persona que indica.
Del señor Intendente de la Décima Región , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Stange, relativo a la pasarela de la localidad de Coihuín, comuna de Puerto Montt.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo por el que se crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino y sus anexos", adoptados en París el 3 de abril de 2001 (boletín Nº 3.686-10).
De la Comisión de Relaciones Exteriores y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 3º de la ley Nº 18.340, que fija el Arancel Consular de Chile (boletín Nº 3.711-10).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga bonificación por egreso al personal de Gendarmería de Chile que indica (con urgencia calificada de "simple") (boletín Nº 3.716-05).
Segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce diversas modificaciones a la ley Nº 18.290, en materia de tránsito terrestre (boletín Nº 999-15).
Segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica normas del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, relativas a la calidad de la construcción (boletín Nº 3.418-14).
De la Comisión de Régimen Interior, recaído en el proyecto de acuerdo, iniciado en moción de los Honorables señores Larraín y Gazmuri, que modifica el artículo 12 del Reglamento del Personal del Senado (boletín Nº S 759-12).
Debo señalar que el proyecto, informado por las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, que modifica el artículo 3º de la ley Nº 18.340, que fija el Arancel Consular de Chile, y el informado por la Comisión de Régimen Interior, que, conforme a una moción de los Senadores señores Larraín y Gazmuri, enmienda el artículo 12 del Reglamento del Personal del Senado, quedan para la tabla de Fácil Despacho.
Señor Presidente , entiendo que el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio para el control del tabaco fue enviado a la Comisión de Relaciones Exteriores. En mi opinión, debió remitirse a esa Comisión y a la de Salud, porque ésta, conforme a las disposiciones básicas que fija dicho instrumento, después deberá estudiar la modificación de la Ley de Tabaco. Ambas Comisiones pueden trabajar unidas o separadamente; eso me es indiferente. Pero creo indispensable que la iniciativa vaya a la Comisión de Salud.
Si le parece a la Sala, el proyecto de acuerdo será discutido por las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Salud, unidas.
La señora MATTHEI.- Perdón, señor Presidente , pero será difícil que los miembros de las Comisiones unidas se junten.
¿Es muy grave que las Comisiones estudien el Convenio en forma separada?
El señor LARRAÍN (Presidente).- En general, las Comisiones separadas demoran más que las unidas.
La señora MATTHEI.- ¿Tiene mucha urgencia esta materia?
Si le parece¿
El señor LARRAÍN ( Presidente ).- Ya se tomó el acuerdo, señora Senadora.
A continuación, tiene la palabra el señor Secretario.
Los Comités, en reunión de hoy, por unanimidad, resolvieron lo siguiente:
1) Citar a sesión extraordinaria para mañana, miércoles 19, de 12 a 14.
2) Despachar en la sesión ordinaria de mañana el proyecto sobre reavalúo de bienes raíces no agrícolas y el que modifica la Ley de Quiebras en materia de convenios concursales.
3) Tramitar a la Comisión de Hacienda el proyecto sobre servicio militar obligatorio, luego de ser informado por la Comisión de Defensa Nacional.
El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
Señor Presidente , mañana expondrá su informe el Banco Central, de modo que a las 12 no podría haber sesión de Sala.
¿A qué hora es la citación?
No sé si a las 10:30 o a las 11. Pero, en todo caso, creo que la reunión no terminará antes de las 13:30.
Podríamos sesionar en forma paralela.
No. Ya hicimos la prueba en otra oportunidad. Además, concurren señores Diputados.
Así es. Y se trata de una sesión abierta, a la que generalmente asiste la prensa.
Entiendo la preocupación de Su Señoría. Es un asunto importante.
Lo que pasa es que también debemos despachar varios proyectos, algunos de los cuales tienen urgencias calificadas de "discusión inmediata" o de "suma". Entonces deberíamos hacer un esfuerzo por compartir el tiempo.
Señor Presidente , ¿y si se extiende la tabla de Fácil Despacho?
Lo que ocurre, señora Senadora, es que los miércoles en la tarde se complica la situación de los proyectos cuya aprobación requiere quórum especial. Por eso los Comités tomaron este acuerdo.
Además, no podemos ver hoy ciertos asuntos porque, por ejemplo, algunos ya se dio cuenta o se dará cuenta de ellos en el curso de esta sesión- tienen urgencia calificada de "discusión inmediata" o de "suma".
A lo mejor hay unanimidad y los vemos hoy.
No. Porque igual hay que pedir informes.
Propongo, como alternativa y para avanzar, celebrar mañana una sesión de Sala más corta, que comience a las 12:30. De lo contrario no vamos a alcanzar a despachar los proyectos.
Como las exposiciones de los personeros del Banco Central son extensas, con menor tiempo no hay ninguna posibilidad de formular preguntas ni de recibir respuestas.
Ruego que se respete la fecha de celebración de estas reuniones. Son sólo tres en el año.
El señor ORPIS.- Una alternativa consistiría en sesionar mañana a partir de las 15.
Otra posibilidad es convocar a sesión extraordinaria de 14 o de 14:30 a 16, y seguir después con la sesión ordinaria.
Cite para el jueves, señor Presidente.
Si no hay oposición, mañana, de 14:30 a 16, la Sala sesionará de manera extraordinaria para despachar los asuntos con mayor urgencia.
Proyecto de la Cámara de Diputados que modifica la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas, con el objeto de establecer mayores exigencias para inscribir un arma y prohibir su porte, entre otras enmiendas, con segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional e informe de la de Hacienda , y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2219-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 58ª, en 18 de mayo de 2004.
Defensa Nacional, sesión 13ª, en 20 de julio de 2004.
Defensa Nacional (segundo), sesión 27ª, en 12 de enero de 2005
Hacienda, sesión 27ª, en 12 de enero de 2005
Sesión 20ª, en 11 de agosto de 2004 (se aprueba en general).
El proyecto fue aprobado en general en sesión del 11 de agosto del año pasado.
Ambas Comisiones dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los números 1), 13), 14), 20) y 21) del artículo 1º; el artículo 2º, y el artículo 5º transitorio. Todas estas disposiciones conservan el mismo texto que se aprobó en general, por lo que deben darse por aprobadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento, salvo que algún señor Senador, y contando con la unanimidad de la Sala, solicite someterlas a discusión y votación. Para su aprobación se requiere mayoría simple.
Las demás constancias reglamentarias se describen en los respectivos informes.
Todas las modificaciones al proyecto aprobado en general por la Comisión de Defensa Nacional, que se consignan en el segundo informe, fueron acordadas por unanimidad.
Por su parte, la Comisión de Hacienda, pronunciándose sobre los artículos de su competencia, incorporó una sola enmienda al texto que despachó la de Defensa Nacional, la que también fue acordada por unanimidad.
Cabe tener presente que las proposiciones resueltas por unanimidad deben votarse sin debate, según lo dispuesto por el artículo 133 del Reglamento, salvo que algún señor Senador, y antes de la discusión particular, solicite debatir algunas de ellas o que se hayan presentado indicaciones renovadas.
El número 19) del artículo 1º tiene el carácter de norma orgánica constitucional y, en consecuencia, su aprobación requiere el voto conforme de 27 señores Senadores.
Asimismo, los números 3), 4), 5), 6) y 8) del artículo 1º y el 1º transitorio son normas de quórum calificado, por lo que su despacho exige el voto favorable de 24 señores Senadores.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado dividido en cinco columnas, que transcriben los artículos pertinentes de la Ley sobre Control de Armas y el artículo 494 del Código Penal; el texto aprobado en general; las modificaciones propuestas por las Comisiones informantes, y la redacción final que resultaría de acogerse dichas enmiendas.
En la discusión particular, si le parece...
Señor Presidente , el señor Ministro del Interior me acaba de plantear una indicación del Ejecutivo al Nº 5) del artículo 1º. Hemos concordado en su texto y se requeriría el acuerdo unánime de la Sala para formularla.
Por lo tanto, pido que no se dé por aprobado aún ese numeral.
Se trata de una indicación al inciso final del Nº 5), aprobado en el primer informe.
¿Se intenta renovar una indicación?
Señor Presidente , es una indicación al inciso final del Nº 5) propuesto por la Cámara de Diputados, aprobado en general por el Senado y rechazado por la Comisión de Defensa en el segundo informe.
Que se lea.
Señor Ministro , ¿qué propone la indicación?
La norma se refiere al fallecimiento del titular de la autorización para poseer un arma de fuego. Si ello ocurre, hoy no existe ninguna regulación en cuanto a la posesión del arma de la cual era tenedor el causante.
Por eso, la Cámara Baja añadió al Nº 5) del artículo 1º un inciso final donde se regulaba tal caso. Aquí, la Comisión de Defensa lo suprimió, por estimar que establecía obligaciones demasiado gravosas para los herederos. Sin embargo, al eliminarse dicha norma se deja sin regular la situación señalada. Esto implica que quienes hereden un arma cometerán un acto ilegal desde el mismo minuto del fallecimiento de quien contaba con autorización para su tenencia y, por consiguiente, se verán en la necesidad de abandonarla en el domicilio del causante, lo que significa que, en definitiva, quedará a merced de los ladrones.
En consecuencia, debe incorporarse una disposición que regule lo que pueden hacer los herederos y, al mismo tiempo, no sea gravosa para ellos.
Si le pareciera al señor Presidente, podría leer la propuesta.
Perdón, señor Ministro . Ha llegado a la Mesa una indicación renovada al Nº 5) del artículo 1º. ¿Es la misma a que se refiere usted?
¿Usted solicita que se vuelva a discutir el inciso final del texto aprobado en general por el Senado y que fue rechazado por la Comisión de Defensa?
¿Se propone un texto distinto del original?
Entonces, habría que recabar el asentimiento unánime de la Sala para reabrir el debate sobre la materia y presentar una nueva indicación.
¿Hay unanimidad para ese efecto?
Señor Presidente , no tengo problema en otorgar la unanimidad, pero primero quisiera que se especificara cuál es el texto aprobado por la Cámara de Diputados.
Se encuentra en la segunda columna del comparado, donde dice: "En caso de fallecimiento".
Ese inciso, que regula la situación del tenedor de un arma en caso de que fallezca el titular de la autorización, fue suprimido por la Comisión de Defensa.
Entiendo que el Presidente de ese órgano técnico y el Ejecutivo están de acuerdo en formular una nueva indicación y en reabrir el debate sobre el punto.
¿Habría consenso para ello?
--Así se acuerda unánimemente.
Antes de seguir con la discusión particular, hago presente que hay una serie de modificaciones aprobadas por unanimidad, tanto en la Comisión de Defensa como en la de Hacienda, y acerca de las cuales no se han renovado indicaciones. Reglamentariamente, deben votarse sin debate, salvo que se solicite discutir la propuesta sobre alguna de ellas.
Si le parece a la Sala, se aprobarán, registrándose los quórum pertinentes.
--Se aprueban todas las modificaciones acordadas por unanimidad en las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, dejándose constancia, para los efectos de los quórum constitucionales requeridos, de que se pronunciaron afirmativamente 36 señores Senadores.
Dado que no hubo enmiendas acogidas por votación dividida, corresponde analizar, siguiendo el orden numérico, las normas respecto de las cuales existen indicaciones renovadas, ya sea por los señores Senadores o por el Gobierno.
En el artículo 1º, el Ejecutivo renovó la indicación Nº 8, para intercalar, a continuación del encabezado del numeral 5), los siguientes incisos quinto, sexto y séptimo, nuevos:
"El cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero podrá ser verificado exclusivamente por las autoridades fiscalizadoras, dentro de su respectiva jurisdicción, y por los funcionarios de Carabineros de Chile, quienes deberán exhibir una orden escrita expedida por el Comisario a cuya jurisdicción corresponda el lugar autorizado para mantener el arma.
"Esta diligencia solo podrá realizarse entre las ocho y las veintidós horas y no requerirá de aviso previo. La fiscalización referida no facultará a quien la practique para ingresar al domicilio del fiscalizado.
"El poseedor o tenedor estará obligado a exhibir el arma, presumiéndose que ésta no se encuentra en el lugar autorizado, en caso de negativa de aquél a enseñarla. Si el arma no es exhibida, se lo denunciará, a fin de que se investigue la eventual comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos 11 ó 14 A. Sin perjuicio de lo anterior, si el poseedor o tenedor no es habido, no podrá practicarse la fiscalización.".
En discusión la indicación renovada,
Señor Presidente , agradezco el permitirme explicar esta indicación.
Es bien sabido que en el sistema chileno existen dos tipos de autorizaciones: uno para la posesión de armas de fuego y otro para portarlas.
La tenencia autoriza sólo a que el arma de fuego permanezca en un inmueble determinado, para el resguardo de éste, y no permite a su titular transportarla a otra parte. Sin embargo, hoy no existe ninguna disposición que posibilite fiscalizar la permanencia de ella en ese lugar.
Por eso, se propone facultar a Carabineros para verificar que el arma no haya sido transportada y, de ese modo, dar eficacia a esa diferencia tan significativa entre porte y tenencia.
Señor Presidente , para evitar los riesgos que algunos han mencionado, en el sentido de que la fiscalización implicaría la visita de funcionarios de Carabineros a una casa donde nadie ha cometido un delito, la indicación contempla resguardos que esperamos que la Sala estime suficientes.
Primero, debe mediar una orden por escrito emitida por un oficial de Carabineros: el Comisario.
Segundo, la diligencia no puede realizarse en horas de descanso de la familia. Sólo es factible hacerla entre las 8 y las 22.
Tercero, no se trata de un allanamiento. La Policía uniformada únicamente ha de solicitar que se le exhiba el arma.
Cuarto, los carabineros no tienen facultad para ingresar al inmueble; sólo pueden pedir, desde la puerta, que se les muestre el arma.
Quinto, únicamente es posible solicitar la exhibición del arma al poseedor o tenedor. Si el titular del permiso no se halla en la casa, no cabe formular la petición a un niño o a otro familiar.
Y, por último, si el arma no fuere expuesta, este solo hecho no conlleva una sanción inmediata. En tal caso, Carabineros denunciará la situación, ante la eventualidad de que aquélla hubiera sido transferida o portada ilegalmente.
Deseo llamar la atención acerca de que aproximadamente el 40 por ciento de las armas que hoy se decomisan a delincuentes tienen el número de serie borrado o han sido hurtadas o robadas sin que haya existido denuncia. Sólo el 13 por ciento de las armas decomisadas el año 2004, que se encontraban en poder de ilegales, habían sido denunciadas como robadas.
Eso indica que las armas son robadas a personas que no presentan la denuncia; porque es típico que se transfieran por fallecimiento o voluntad de sus titulares, sin que exista un seguimiento adecuado.
Ello se puede evitar únicamente si se cuenta con un mecanismo para fiscalizar la tenencia legal de armas de fuego, en cuanto a que éstas permanezcan en el lugar donde se autorizó mantenerlas. El Ejecutivo piensa que el sistema y los resguardos que se proponen permitirían alcanzar esa finalidad, con miras a contener el número de armas que se encuentran en manos de delincuentes.
Señor Presidente , en la Comisión no aceptamos esta indicación del Ejecutivo, porque, a fin de evitar cualquier molestia que pudiera producirse en los domicilios, preferíamos la vía de una orden judicial. Sin embargo, estimamos atendible lo señalado por el señor Ministro en orden a que la dificultad y la demora en obtener esa autorización pueden frustrar que se detecte la comisión de un delito.
Creemos que con los resguardos que aquí se han expresado y la orden escrita, emanada de un Comisario, para que la persona solamente exhiba el arma, pudiendo negar el ingreso a su domicilio, no hay inconveniente en aprobar la indicación.
Lo único que me merece objeción es la palabra "enseñarla", consignada en el inciso séptimo, nuevo, que se propone agregar. Sugiero reemplazarla por "exhibirla", para que haya más precisión.
O por "mostrarla".
Por consiguiente, me parece bien la indicación y estoy de acuerdo con ella.
Señor Presidente , pienso que esta disposición es adecuada y que, en definitiva, va a permitir un mayor seguimiento de las armas, particularmente en cuanto a saber cuáles son robadas. Entiendo que, si una persona posee un arma inscrita, no tiene por qué ser fiscalizada si está cumpliendo con la ley; pero la realidad de las cosas es que existe una muy mala costumbre en el país: quien es víctima del robo de un arma no lo denuncia a tiempo o la mantiene en otra casa. Por eso -como manifestó el señor Ministro -, hoy en día gran parte de los delincuentes comete delitos con armas robadas.
Entonces, sería bueno saber qué sucede con las armas, cuáles son y tener un catastro de aquellas que, estando inscritas, se han perdido o han sido robadas.
Sin embargo, me asalta una duda respecto de la última frase del inciso séptimo, nuevo, que se plantea -no sé si podría redactarse mejor- y que dice: "Sin perjuicio de lo anterior, si el poseedor o tenedor no es habido, no podrá practicarse la fiscalización.".
Tal vez la expresión "Sin perjuicio de lo anterior", con que empieza esa frase final, podría interpretarse como sigue: "No obstante, si la persona no exhibe el arma, o si no está el poseedor, igualmente tendrá que denunciarse el hecho a los tribunales".
Me parece que aquello sería contrario al sentido de la norma.
Quizás sería factible sustituir la frase "Sin perjuicio de lo anterior" por "En todo caso" o "En todo evento", o decir: "Si el poseedor o tenedor no es habido, no podrá practicarse la fiscalización y deberá volver nuevamente". En fin, habría que buscar una redacción apropiada, para que no se presenten dificultades.
Mi propuesta concreta es eliminar las palabras "Sin perjuicio de lo anterior" y colocar, después del punto seguido, "Si el poseedor o tenedor no es habido, no podrá practicarse la fiscalización.".
Señor Presidente , creo que estas disposiciones, y en general todo el proyecto, no logran el objetivo que se quiere alcanzar, dado que -como señaló el señor Ministro - hay gran diferencia entre porte y tenencia. Y, de acuerdo con esa lógica, la persona que posee un arma inscrita y que no cuenta con autorización para portarla, si se va de vacaciones -por ejemplo, a la playa-, no la puede llevar, sino que debe dejarla en su casa. Y entonces ocurre lo que también indicó dicho personero: al dejar el arma en el domicilio, se la roban.
Francamente, ésta es una nueva limitación para quienes poseen armas inscritas, en circunstancias de que el problema es otro.
Chile es el país más restrictivo del mundo para autorizar el uso y el porte de armas. Si se examinan las cifras sobre cuántas personas disponen de permiso para portarlas, se constata que no son más de 700.
Imponer más limitaciones a quienes tienen armas inscritas me parece un sinsentido. Y esta norma contempla nuevas restricciones, ya que implica que quienes poseen una no la pueden llevar consigo cuando se trasladen de un lugar a otro, sino que deben dejarla donde se autorizó mantenerla. Y allí es justamente donde los delincuentes la roban.
En verdad, pienso que esto no mejora la situación actual, sobre todo considerando que el Estado no protege a las personas. ¡Pero tampoco deja que se defiendan! Yo no soy partidario de que la gente se arme, pero -repito- Chile debe de ser uno de los países donde hay menos armas y más restricciones.
Por consiguiente, como dije al comienzo, con estas disposiciones no se logra el objetivo que todos queremos. Y en el proyecto no hay una sola letra en contra de las armas no inscritas, con las cuales se cometen los delitos y que son, finalmente, las que causan el problema.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).
Señor Presidente , por su intermedio, deseo consultar al señor Ministro del Interior lo siguiente.
En primer lugar, tengo entendido que en nuestro territorio existen alrededor de 500 mil armas inscritas. Ello significa que, para que la norma fuera verdaderamente eficaz, habría que visitar una cantidad enorme de domicilios por lo menos una vez al año.
¿Se entregarán a Carabineros mayores recursos para efectuar esas diligencias y dar cumplimiento a la disposición?
En segundo término, dado que la ley encarga a la Dirección General de Movilización Nacional la inscripción y control de las armas, ¿hay alguna norma que obligue a ese organismo a entregar a Carabineros la información necesaria para realizar la fiscalización que se le está encomendando?
Señor Presidente , ¿me permite formular una moción de orden?
Solicito recabar la autorización del Senado para que las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y de Hacienda, unidas, puedan funcionar simultáneamente con la Sala a fin de tratar el proyecto que prorroga la entrada en vigencia del reavalúo de bienes raíces no agrícolas.
No tengo inconveniente; pero como debemos votar en particular una serie de iniciativas, sugeriría que sesionaran un poco más tarde.
Vamos a despachar la iniciativa en cinco minutos, señor Presidente.
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado, en el entendido de que en caso necesario se llamará a votar a los señores Senadores.
Señor Presidente, Carabineros no tiene capacidad para revisar en períodos breves cada uno de los 600 mil hogares.
Con eso respondo derechamente lo que se pregunta.
Sin embargo, ninguna norma permite una fiscalización en ciento por ciento, y se actúa, en cierto grado importante, por presencia. El solo hecho de que Carabineros pueda supervisar a algún grupo o a una muestra equivalente al 10 por ciento de los casos -creemos- significará una disminución de la libertad de circulación de armas pertenecientes a personas que, con el respectivo permiso, las hacen circular ilegalmente.
En cuanto a la segunda interrogante, puedo señalar que el propio proyecto en debate dispone el modo en que la Dirección General de Movilización Nacional debe compartir con las policías la información relativa a los poseedores autorizados de armas de fuego.
En su segundo discurso, tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
Señor Presidente , me parece que, con los resguardos señalados por el Ejecutivo en la norma aludida, se dan todas las garantías necesarias y, además, se facilita el cumplimiento de la ley, especialmente porque imagino que Carabineros va a actuar cuando tenga algún antecedente sobre la posesión de un arma ilegal. No cabe duda alguna de que no podrá inspeccionar cada uno de los 600 mil casos. Pero considero apropiado que tal Institución tenga esa facultad, del mismo modo que las entidades fiscalizadoras de la Dirección General de Reclutamiento.
En su segundo discurso, tiene la palabra el Honorable señor Espina.
Señor Presidente , sólo quiero refutar lo señalado por un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra en el sentido de que aquí se pondrían obstáculos para que una persona autorizada a tener un arma en un inmueble determinado pueda trasportarla a donde desee -por ejemplo, cuando vacaciona-, pese a que debe mantenerla en el lugar que declaró.
En verdad, eso ocurre actualmente. De manera que el proyecto en nada altera lo que ya sucede. Una persona autorizada a mantener un arma en un inmueble específico no puede trasladarla, aunque es factible declarar otros lugares para tal efecto, pedir una autorización circunstancial, en fin.
Por lo tanto, no comparto el criterio antes referido.
Además, me parece bueno que en el país haya control de las armas. Es positivo que se sepa dónde están, pues "el que nada hace nada teme". Ningún poseedor de alguna debiera tener problemas si un carabinero le pidiese mostrarla. No veo dificultad en ello. Me parece correcto.
El drama actual es que existe una cantidad enorme de armas robadas cuyo origen se ignora, lo que dificulta excesivamente las investigaciones policiales. La mayoría de los delincuentes operan con armas robadas. Si su dueño hubiese denunciado a tiempo su sustracción, probablemente se podría haber hecho un seguimiento rápido.
En consecuencia, estoy de acuerdo con la indicación.
Se pondrá en votación la indicación renovada, respecto de la cual entiendo que además se han sugerido dos modificaciones tendientes a mejorar la redacción de la norma respectiva.
La primera de ellas es para cambiar en el último inciso del número 5), después de la frase "El poseedor o tenedor estará obligado a exhibir el arma,...", la expresión "en caso de negativa de aquél a enseñarla.", porque este último término llama a equivocación: se puede entender que se refiere a las características de ella. Se propone en su reemplazo "mostrarla", pues el verbo "exhibir" se utiliza al principio y al final de la norma.
La segunda enmienda es para eliminar en el mismo párrafo la expresión "Sin perjuicio de lo anterior", porque es equívoca, dejando simplemente "Si el poseedor o tenedor no es habido, no podrá practicarse la fiscalización.", con lo cual se consigue el mismo objetivo.
Entonces, votaríamos la indicación con las modificaciones propuestas, entendiendo que se cambia el término "enseñarla" por "mostrarla" y que se suprime la expresión "Sin perjuicio de lo anterior", empezando la frase con "Si el poseedor".
Por cierto, lo anterior sería factible en el evento de que se aprobara la indicación renovada del Ejecutivo.
--Se aprueba la indicación renovada con las modificaciones propuestas (26 votos a favor, 2 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cariola, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Horvath, Larraín, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Parra, Ríos, Ruiz, Sabag, Stange, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Orpis y Prokurica.
Se abstuvo el señor Ruiz-Esquide.
Entendemos que ya se encuentra aprobado el resto del número 5), por razones obvias.
A continuación se encuentra la indicación Nº 36, renovada por los Honorables señores Fernández , Orpis , Coloma , Arancibia , Cariola , Cordero , Stange , Novoa , Bombal y Larraín , para sustituir la letra d) del numeral 6), que dice: "No hallarse condenado por crimen o simple delito,...", por otra...
Excuse, señor Secretario .
Antes deberíamos votar el último inciso del numeral 5) aprobado en general, que la Comisión de Defensa suprimió, relativo al fallecimiento del poseedor o tenedor de un arma de fuego inscrita, respecto del cual se abrió plazo para que el Ejecutivo presente una indicación para reponerlo.
Por lo tanto, para seguir el orden numérico del proyecto, corresponde ver la indicación del Ejecutivo que repondría el referido inciso final. Las disposiciones restantes del número se encuentran aprobadas; pero necesitamos zanjar la inquietud planteada.
Ofrezco la palabra al señor Ministro del Interior subrogante .
Ojalá se pueda disponer del texto de la indicación, para que los señores Senadores lo conozcan y discutan.
Tiene la palabra el señor Correa.
Si le pareciera a la Sala -y reglamentariamente corresponde-, pasaríamos al numeral siguiente y dejaríamos pendiente la referida indicación, pues se está redactando su texto conforme a lo acordado con el Senador señor Fernández .
Entonces, queda pendiente la indicación.
Por lo tanto, puede retomar la palabra el señor Secretario para referirse al número 6).
Señor Presidente , sólo quiero preguntar si en el número 5) quedó aprobado el inciso que señala: "Las personas que al momento de inscribir el arma ante la autoridad fiscalizadora, se acrediten como deportistas...", etcétera.
¿No hay dudas al respecto?
No, señor Senador. Se aprobó por unanimidad. Sólo había que registrar el quórum respectivo.
Lo único pendiente es el inciso final, al cual me acabo de referir. Todo lo demás está aprobado.
En el número 6) se encuentra la letra d), que los señores Senadores mencionados proponen sustituir por la siguiente:
"d) No haber sido condenado a pena aflictiva o por crimen o simple delito contra la vida o la integridad de las personas, o por crimen o simple delito contra la propiedad cometido con armas.".
En discusión la indicación renovada recién leída.
Tengo una duda, señor Presidente.
Me gustaría saber si la frase "No haber sido condenado a pena aflictiva" se refiere a todos los delitos Porque si fuera así, bastaría que una persona hubiera cometido cualquiera, aunque sin vinculación con el uso o porte de armas, pero con una pena asignada superior a 3 años -o sea, un ilícito en que no haya fuerza, como el de carácter económico- para que quedara impedida de poseer un arma con la cual defenderse.
Ojalá los autores de la indicación aclararan el punto, pues la norma propuesta es totalmente distinta de la aprobada por la Comisión de Defensa, que es más genérica, según se infiere de su lectura.
Del texto desprendo lo que Su Señoría sostiene.
La indicación expresa: "No haber sido condenado a pena aflictiva o" -es decir, es disyuntiva- "por crimen o simple delito contra la vida o la integridad de las personas, o por crimen o simple delito contra la propiedad cometido con armas.".
Las hipótesis son tres: una, no haber sido condenado a pena aflictiva; otra, no haber sido condenado por crimen o simple delito contra la vida o la integridad de las personas, y una tercera, no haber sido condenado por crimen o simple delito contra la propiedad cometido con armas.
Según entiendo, ése es el alcance de la disposición.
No sé si alguno de sus autores desea agregar algo.
La única diferencia entre el texto de la indicación y el que recomiendan las Comisiones es que en uno se habla de "No hallarse condenado", y en el otro, de "No haber sido condenado". Pero el resto ("por crimen o simple delito", etcétera) es bastante parecido.
No. En la indicación se especifican los tipos de crímenes o simples delitos, los cuales se refieren a determinadas materias y requieren ciertas penas.
Pero es mucho más exigente el texto final que el de la indicación, que disminuye el número de personas.
Lo circunscribe.
Por lo tanto, habría que eliminar de la indicación la parte que no es del agrado del Senador señor Espina, que de todas maneras es mejor que el texto planteado por las Comisiones.
Señor Presidente , tiene razón la señora Senadora en eso.
A mi juicio, el texto recomendado en el informe cae en el grave error de impedir a un individuo, por el hecho de haber sido condenado por cualquier delito a una pena superior a los 61 días -los crímenes van de 5 años y un día a 20 años, y los simples delitos, de 61 días a 5 años-, tener un arma e inscribirla, lo que parece una aberración, pues puede haber sido castigado por un delito menor, como un accidente de tránsito.
Por eso, me parece que la norma del texto final resulta muy negativa. Es mejor la que plantea un grupo de señores Senadores, de la cual, sin embargo, sugiero eliminar la primera parte ("No haber sido condenado a pena aflictiva"), para que diga: "No haber sido condenado por crimen o simple delito contra la vida o la integridad de las personas, o por crimen o simple delito contra la propiedad cometido con armas".
Considero que así se obtiene una disposición más restrictiva y razonable.
Señor Presidente , pido a quienes presentaron la indicación cavilar un poco más en lo que ella significa. De aprobarse, daría derecho a tener y portar armas a los condenados por violación o por cualquier delito que no sea contra la vida.
El proyecto tiene un objeto bien preciso y determinado, cual es restringir, entre otras cosas, el porte y tenencia de armas a personas con prontuario penal. La indicación, en consecuencia, cambia lo aprobado por la Cámara de Diputados y lo despachado en forma unánime por la Comisión de Defensa del Senado, que es parte central de la filosofía de la iniciativa. Precisamente, se trata de que quienes tengan prontuario penal, o hayan sido condenados o estén actualmente procesados o con apertura de proceso pendiente, no accedan al privilegio de tener un arma de fuego.
Si el sujeto fue condenado por violación, señor Ministro , merece pena aflictiva, de acuerdo con la norma.
Señor Presidente , se trata de un delito contra la integridad de las personas. De modo que, aunque hubiera sido condenado a un día por violación, el individuo no podría portar armas.
Segundo, la indicación expresa: "No haber sido condenado a pena aflictiva o" -remarco la conjunción "o"- "por crimen o simple delito contra la vida o la integridad de las personas". Por lo tanto, es más amplia con respecto a los delitos en los cuales inciden las armas. Quedan fuera las estafas.
Señor Presidente , la referencia en la indicación a los delitos contra la vida o la integridad física de las personas no es muy correcta ni precisa. Por ser demasiado genérica, puede dar motivo a varias interpretaciones en los tribunales y a mucha discusión. En mi concepto, los delitos deben ser definidos adecuadamente.
Tiene la palabra el Senador señor Espina, a quien pido sea breve, pues ya ha intervenido dos veces.
¡Sí: tres!
Señor Presidente, el tema en debate no es menor.
En mi opinión, los dos textos -tanto el despachado por las Comisiones como el de la indicación- adolecen de errores. El primero -insisto- impediría tener un arma en su casa a una persona condenada a 61 días por un accidente de tránsito sin mayor significación, en que sólo ha habido lesiones leves. ¡Ni hablar si ha sido sancionada por giro doloso de cheques, como ocurre a mucha gente modesta a la que le han protestado uno de esos documentos! O sea, quien sea condenado a 61 días no podrá usar un arma el resto de su vida. Me parece una norma extraordinariamente amplia.
En cuanto al texto de la indicación, que habla de delitos contra la vida, me tomo del argumento expresado por el señor Ministro , quien ha hecho notar que no se incluyen ciertos delitos, en particular los que atentan contra el orden de la familia o la libertad sexual. Efectivamente, no se incluiría la violación, pues los delitos contra la vida y la integridad de las personas son aquellos como el homicidio y las lesiones, que el Código Penal trata separadamente en un título especial.
Por tal motivo, señor Presidente , pienso que deberíamos tratar de seguir perfeccionando la norma, porque aprobarla como está sería un profundo error.
Señores Senadores, me gustaría poner un poco de sensatez en esto.
En la Sala no podemos hacer el trabajo propio de una Comisión. De manera que, o devolvemos el proyecto a los organismos pertinentes para que perfeccionen algunas disposiciones y revisen las indicaciones, o votamos ahora el texto respectivo. Pero no podemos discutir aquí el contenido específico -las palabras, las ideas el texto mismo- de cada uno de los preceptos.
Señor Presidente , de acuerdo al debate, podría corregirse la indicación con el objeto de incluir también los delitos contra la libertad sexual, como la violación, el rapto, etcétera.
Tal vez lo más adecuado sería reenviar la iniciativa a Comisión para que fuese revisada. De lo contrario vamos a terminar redactando las normas en la Sala. Y ya tenemos pendiente el contenido de una.
Por mi parte, sería partidario de devolver el proyecto a su lugar de origen.
Se podría abrir plazo para formular indicaciones, señor Presidente .
Señor Presidente , éste no es un tema principal dentro del proyecto. Y me parece preferible que votemos la indicación renovada o el texto final propuesto en el informe.
Sin embargo, no se justifica volver atrás y enviar la iniciativa a Comisión. Creo que el Ejecutivo tiene la misma opinión, en el sentido de que éste es un problema menor desde el punto de vista del proyecto en su conjunto.
En consecuencia, estimo conveniente votar la indicación renovada sin enmiendas.
Conforme. Por último, de aprobarse la indicación o el texto final sugerido en el informe, el Ejecutivo podrá efectuar las modificaciones pertinentes a través de un veto.
Como ha habido suficiente discusión sobre la materia y en la Sala no existe voluntad para que el proyecto vuelva a Comisión, procederíamos a votar.
Reglamentariamente, ¿se puede pedir segunda discusión, señor Presidente?
Entonces, pedimos segunda discusión.
¿De la indicación renovada Nº 36 o de todo el proyecto?
Sólo respecto de la indicación.
Como se ha solicitado segunda discusión, queda pendiente la indicación renovada Nº 36.
En el mismo numeral 6, los Honorables señores Fernández, Orpis, Arancibia, Coloma, Cordero, Stange, Cariola, Novoa, Bombal y Larraín renovaron la indicación Nº 39, consistente en intercalar en el artículo 5º A, a continuación de la letra e), el siguiente inciso nuevo:
"El cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras d) y e) se acreditará con el respectivo certificado de antecedentes emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.".
Señor Presidente , si bien podría entenderse que el certificado de antecedentes permite probar el hecho de que la persona no ha sido condenada, no existe un registro especial o específico respecto de las condenas a que se refiere esta norma.
Por lo tanto, debería aclararse -como lo señala la indicación- que el certificado de antecedentes es suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las dos letras anteriores.
Señor Presidente, tengo dudas sobre la conveniencia de la letra e), porque no existe claridad si se lleva un registro de auto de apertura del juicio oral en el Servicio de Registro Civil e Identificación.
El Honorable señor Fernández le está pidiendo una interrupción, señor Senador.
Se la concedo con mucho gusto.
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Fernández .
¿Su Señoría se refiere a la letra e)?
La indicación renovada propone acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras d) y e). Eso es lo que plantea.
Sin embargo, sería conveniente no poner nada. Entiendo el objetivo de la letra d), pero no me queda claro el de la e).
Señor Presidente , habría que señalar que mediante el certificado de antecedentes se acreditará esa circunstancia. Porque no existe otro modo de hacerlo. De lo contrario, la persona queda en la situación difusa de probar un hecho negativo, lo cual resultaría extraordinariamente difícil.
Por consiguiente, al hacerse mención al "respectivo certificado de antecedentes" se acreditan las dos circunstancias. Es decir, que la persona no ha sido sancionada en procesos relacionados con la ley sobre violencia intrafamiliar.
La letra e) dice: "No haber sido dictado a su respecto auto de apertura del juicio oral.". Y eso no aparece en el certificado de antecedentes.
La letra e) establece lo siguiente: "No haber sido sancionado en procesos relacionados con la ley Nº 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar.".
Esa norma es la que se pretende perfeccionar mediante la indicación renovada, la cual agrega un nuevo inciso, a continuación de la letra e), cuyo encabezado es del siguiente tenor: "El cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras d) y e) se acreditará...".
Ocurre que después de presentada la indicación la Comisión modificó el texto y aprobó una nueva letra e). Por lo tanto, aquélla ha de entenderse referida a las letras d) y f). Y, en tal virtud, el inciso nuevo que se propone intercalar habría que incorporarlo a continuación de la letra f). De lo contrario, no se entendería.
En consecuencia, para que la indicación renovada Nº 39 tenga sentido, debe sustituirse la expresión "las letras d) y e)" por "las letras d) y f)".
--Se aprueba la indicación renovada Nº 39, a través de la cual se intercala en el artículo 5º A, a continuación de la letra f), un inciso nuevo (27 votos a favor, 1 en contra, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa, los señores Arancibia, Bombal, Canessa, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Frei (doña Carmen), García, Larraín, Martínez, Matthei, Moreno, Naranjo, Novoa, Orpis, Parra, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Stange, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votó por la negativa el señor Aburto.
En el Nº 7, corresponde tratar la indicación Nº 61, renovada por los Honorables señores Fernández, Orpis, Arancibia, Coloma, Cordero, Stange, Cariola, Novoa, Bombal y Larraín, para reemplazar el inciso cuarto del artículo 6º por el siguiente: "Se exceptúan también los deportistas, los cazadores y los vigilantes privados que sean autorizados por la autoridad contralora y que cumplan con los requisitos señalados en el reglamento. Tendrán la calidad de cazadores aquellos que cuenten con permiso de caza al día otorgado por el Servicio Agrícola y Ganadero y por deportistas los que se encuentren debidamente inscritos en clubes afiliados a federaciones cuyos socios utilicen armas como implementos deportivos. Estas autorizaciones no constituyen permiso de porte de armas y sólo habilitan para transportar y utilizar armas en las actividades indicadas."
Señor Presidente , para aclarar el objetivo de la norma propuesta, es preciso señalar que se autoriza el transporte de armas con fines deportivos a quienes, al momento de adquirirlas, acrediten la calidad de deportistas. Representantes de las federaciones de clubes me indicaron que muchas veces las armas no se inscriben de inmediato como elemento deportivo, sino en un acto posterior. Y, conforme al texto sugerido en el informe, no sería posible hacer dicho trámite con posterioridad, por lo que un arma ya inscrita sin acreditar dicha condición no podría usarse después en deporte.
Por otra parte, ese tipo de permisos dura dos años, y su renovación es un proceso distinto del de la inscripción del arma.
En consecuencia, para aclarar esas dudas se formuló la indicación en debate.
Señor Presidente , deseo hacer una consulta a los señores Senadores que participaron más directamente en el estudio de esta materia.
Se entiende que la persona que compra un arma y manifiesta que la utilizará en actividades de caza debería pertenecer a un organismo deportivo de esa naturaleza. Sin embargo, los campesinos pueden adquirir escopetas y rifles para cazar en sus predios, sin que ello signifique que deban pertenecer a una institución que reúna esas características. Lo pueden hacer individualmente.
¿Por qué digo esto? Porque mediante esa vía, en especial en la zona que represento, la Novena Región, queda abierta la gran posibilidad de tener armamento que puede ser empleado peligrosamente para otros fines.
Cuando se discutió el proyecto no se tuvo en consideración la circunstancia que planteo. No quiero explicitar más al respecto, pero es un hecho real y evidente que en sectores rurales hay determinados arsenales de escopetas y rifles que no siempre se utilizan para los efectos señalados en esta iniciativa.
Señor Presidente , no se respondió la consulta del Honorable señor Muñoz Barra .
No puedo obligar a dar respuesta, señora Senadora.
Se trata de un tema importante, señor Presidente.
Lo sé, señora Senadora.
Señor Presidente , la indicación señala que "Tendrán la calidad de cazadores aquellos que cuenten con permiso de caza al día otorgado por el Servicio Agrícola y Ganadero" -que sería el caso planteado por el señor Senador - "y por deportistas los que se encuentren debidamente inscritos en clubes afiliados a federaciones cuyos socios utilicen armas como implementos deportivos.". Vale decir, esos son los requisitos establecidos para los efectos de esta disposición.
Señor Presidente , por esta vía, ¿podría exceptuarse, por ejemplo, una persona que ha sido condenada? ¿Puede inscribirse en un club de caza?
¿No? ¿Está absolutamente prohibido?
Tiene que cumplir los requisitos generales.
--Se aprueba la indicación renovada Nº 61, mediante la cual se reemplaza el inciso cuarto del artículo 6º (32 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Bombal, Canessa, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Larraín, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Orpis, Parra, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Stange, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Se abstuvo de votar el señor Ávila.
Corresponde discutir una indicación renovada respecto del número 9), letra c), del artículo 1º del proyecto.
Señor Presidente , quisiera ver la posibilidad de que se reabriera el debate sobre todo el número 9). Hay un punto que me parece muy importante aclarar, y deseo que, por lo menos, se tome en consideración lo que señalaré al respecto.
La Cámara de Diputados sanciona las principales infracciones a la ley en proyecto con presidio menor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado mínimo, y además, con multa.
La Comisión de Defensa del Senado invierte dicha penalidad y establece primero multa, agregando que "No obstante, si de los antecedentes o circunstancias del proceso pudiera presumirse fundadamente que la posesión o tenencia de las armas o elementos a que se refiere el inciso anterior estaba destinada a alterar el orden público, atacar a las Fuerzas Armadas o a las de Orden y Seguridad Pública o perpetrar otros delitos,", etcétera. Y, en seguida, fija penas de privación de libertad.
Carabineros estima que la propuesta de la Comisión implica que quien sea sorprendido con armas de fuego no podrá ser detenido ni sujeto a prisión preventiva en tanto el juez no reúna, en el proceso judicial, antecedentes que permitan presumir el uso ilícito que se daría a dichas armas. Ello coarta la capacidad de la policía de detener a la persona que tiene ilegalmente un arma de fuego.
Eso me parece bastante grave, porque si el día de mañana se constatara en un lugar la existencia de una cantidad de armas que no ha sido usada -no se sabe qué objetivo se persigue con ellas; puede ser que la persona simplemente las fabrique-, conforme a la iniciativa que nos ocupa cabría la duda en cuanto a la posibilidad de detenerla, salvo que se invocara otra ley, como la de control de armas.
Entonces, creo que no es conveniente innovar respecto de la norma propuesta por la Cámara de Diputados.
Por eso solicité que se reabriera la discusión sobre este numeral.
Señor Presidente , estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de señalar el Senador señor Viera-Gallo . Ya habíamos conversado a ese respecto con el señor Ministro .
Señor Presidente , en el ánimo de que salga bien el proyecto, me parece que esta materia debiera revisarse, porque hay una cuestión de procedimiento.
¿Cuál es el problema práctico?
Ocurre que la Comisión de Defensa del Senado aprobó una norma que señala que quien es sorprendido con un arma recibirá como sanción simplemente una multa.	Y como sólo se le aplicará una multa, Carabineros tiene que dejarlo citado al juzgado de policía local.
Por lo tanto, ¿cómo podrá probar posteriormente el juez que lo que pretendía esa persona era atentar contra Carabineros, las Fuerzas Armadas, el Orden Público, etcétera?
En ese sentido, la solución que da la Comisión de Defensa es incorrecta, toda vez que impide a Carabineros siquiera trasladar a la persona a la unidad policial para ver sus antecedentes. Ello, porque se establece como sanción sólo una multa, lo cual equivale a una infracción a la Ley de Tránsito.
Sin embargo, la norma propuesta por la Cámara de Diputados también está mal construida, porque dispone un alza de pena respecto de la persona a la que se le prueba que no tenía intención alguna de cometer un delito; o sea, que simplemente no cumplió la regla de tener el arma en su casa y al trasladarla a otro domicilio es sorprendida. Hoy día el infractor sólo recibe una multa, que es lo correcto.
Sancionar con pena de cárcel a quien traslada de un lugar a otro el arma me parece un exceso, dado que ello podría ocurrir, incluso, con motivo de un cambio de domicilio.
En seguida le concedo una interrupción, Su Señoría.
Por consiguiente, esta materia debe redactarse de un modo distinto.
Además, debiera haber un procedimiento, cual es autorizar expresamente a Carabineros para, tratándose de los delitos tipificados en la ley en proyecto, trasladar a la persona a la unidad policial, realizar los requerimientos necesarios para comprobar sus antecedentes y poner éstos a disposición del tribunal. Es un procedimiento especial.
En consecuencia, sugiero que ese aspecto sea revisado como una norma especial y se envíe a la Comisión para tales efectos.
Señor Presidente , doy una interrupción al Senador señor Viera-Gallo .
Señor Presidente , quizás no es perfecta la norma de la Cámara de Diputados, pero, a mi juicio, tiene lógica, pues sanciona con una pena privativa de libertad. Sin embargo, después viene un segundo inciso, donde se señala que, no obstante, si las circunstancias o antecedentes del proceso permiten presumir que no se va a usar esa arma para perpetrar otro delito, se aplicará únicamente la pena de multa.
Entonces, en el fondo, eso quedará entregado a la sentencia definitiva que se dicte en el juicio.
Por eso, si bien la disposición quizás no resulta perfecta, es suficiente, se mantiene a sí misma.
Norma general: presidio. Ello permite detener. Pero si se demuestra que la no inscripción del arma se debió sólo a una negligencia, se aplicará una multa.
Señor Presidente , sin duda, los preceptos son perfeccionables. Sin embargo, el Senador señor Espina parece no haber atendido al tema del inciso segundo y al siguiente factor.
Esta norma se encuentra vigente desde 1972 sin haber presentado problemas. Todo lo que la Cámara de Diputados propone es suprimir la posibilidad de una absolución completa para el tenedor o poseedor ilegal de armas de fuego; es decir, que la multa exista a todo evento cuando se dé la circunstancia de una posesión ilegal y de que haya presunción de que el arma no tenía por objeto cometer delito.
Insisto: la redacción sugerida por la Cámara Baja ha permanecido por más de treinta años sin dificultades.
Por tanto, lo que plantea el señor Ministro del Interior es acoger el mismo criterio del Honorable señor Viera-Gallo : no aprobar el texto de la Comisión de Defensa, sino volver al precepto original, que, por lo demás, fue el que despachó el Senado.
Me allano a esa solución, porque parece razonable.
Efectivamente, en el inciso segundo, la sanción sólo es de multa.
En definitiva, a pesar de un problema de redacción que podría haber en cuanto a la redacción del tipo, y para no retrasar más el despacho del proyecto, acepto la solución, que considero correcta.
En consecuencia, se retirará la indicación renovada. Entiendo que los suscriptores están de acuerdo en ello.
--Queda retirada la indicación renovada Nº 67.
De ese modo, habría que rechazar el texto sugerido por la Comisión, para volver a la norma que despachó la Cámara de Diputados y que el Senado aprobó en general.
Señor Presidente , el texto aprobado en general por el Senado no es igual al que despachó la Cámara Baja. Por tanto, hay que revisarlo bien.
La idea es volver al texto de la otra rama del Parlamento. Sin embargo, ambas normas no son iguales. Las estoy viendo en este momento.
Me parece que Su Señoría está comparando con el texto legal vigente. El que aprobó en general el Senado es el que despachó la Cámara Baja. Hay una diferencia, pero emana de que ésta introdujo una modificación al precepto en vigor.
Señor Presidente , sería útil aprovechar la oportunidad para perfeccionar este texto, que trae una rémora del pasado.
Alterar el orden público y atacar a las Fuerzas Armadas es un delito. Por consiguiente, esa especificación prehistórica debería quedar subsumida, simplemente, en el término "delitos".
No veo necesaria tal especificación, que, en mi concepto, no tiene sentido.
Eliminar la expresión "destinada a alterar el orden público, atacar a las Fuerzas Armadas o a las de Orden y Seguridad Pública o". Estas especificaciones están de más, porque pueden quedar perfectamente subsumidas en los términos "perpetrar delitos".
Si entiendo bien la proposición de Su Señoría, deberíamos seguir la siguiente secuencia de votación: primero rechazar el texto sugerido por la Comisión, a los efectos de que resurja la norma que el Senado aprobó en general; y luego, según el planteamiento que se acaba de formular, dividir la votación para excluir de aquélla la parte que se especificó.
Si le parece a la Sala, se seguirá ese orden.
En votación electrónica la sugerencia contenida en el informe de la Comisión, entendiendo que su rechazo valida el texto aprobado en general por el Senado.
Aclaro que votar que no significa rechazar esa proposición y, por ende, acoger el texto que el Senado aprobó en general.
¿Pero no se borra la parte relativa a las Fuerzas Armadas y de Orden?
Ésa es otra votación, señor Senador: primero votaremos la norma contenida en el informe de la Comisión, y luego, la solicitud del Honorable señor Ávila para eliminar una frase del inciso segundo.
--Por 34 votos, se rechaza el número 9) que propuso la Comisión.
Votaron por la negativa los señores Aburto, Arancibia, Ávila, Boeninger, Canessa, Cantero, Cariola, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Núñez, Parra, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Stange, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
En consecuencia, queda vigente el texto aprobado en general por el Senado.
Ahora bien, en ese texto, el Honorable señor Ávila sugiere eliminar la frase "fines distintos que los de alterar el orden público, atacar a las Fuerzas Armadas o a las de Orden y Seguridad Pública o".
De aprobarse la supresión, el precepto diría:
"No obstante, si de los antecedentes o circunstancias del proceso pudiera presumirse fundadamente que la posesión o tenencia de las armas o elementos a que se refiere el inciso anterior estaba destinada a perpetrar delitos, se aplicará únicamente la multa de once a cincuenta y siete unidades tributarias mensuales.".
Debe decirse "delito", no "delitos". Si no, la persona debería cometer al menos dos delitos para que la sancionaran.
No es necesario, pero se puede hacer la corrección.
¿Queda claro el texto con las supresiones mencionadas?
Señor Presidente , se trata de una ley penal. La ley penal debe ser lo más precisa posible. De lo contrario vamos a caer en algo en que no quiso caer el Senador señor Ávila .
Su Señoría piensa a lo mejor que atacar a las Fuerzas no es tan constitutivo de delito. Quizá lo ve hasta bueno. ¡No! Atacar a las Fuerzas Armadas, atacar al Gobierno constituido, es un delito específico.
No dejemos que el juez diga: "Esta persona andaba con una escopeta porque iba a cometer un asalto o un homicidio".
¡No! Digamos: "Este individuo vino con la escopeta para cometer un delito determinado". No "delitos", ni siquiera "uno o más".
Precisemos la norma. No hay crimen sin ley, ni pena sin ley. No dejemos una ley abstracta como la de los nazis: "No levantar la mano es delito".
En consecuencia, como el artículo ya está aprobado, se pondrá en votación la frase que el Senador señor Ávila sugiere eliminar.
Por lo tanto, los partidarios de mantener la frase deben votar que sí; quienes quieran suprimirla, que no.
--Se mantiene la frase que el Senador señor Ávila propuso eliminar (25 votos a favor, 10 en contra, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Orpis, Prokurica, Ríos, Romero, Sabag, Stange, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Ávila, Fernández, Flores, Gazmuri, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Parra, Ruiz (don José) y Viera-Gallo.
A continuación, en el número 10), los Senadores señores Fernández , Orpis , Arancibia , Stange , Coloma , Cordero , Bombal , Novoa , Cariola y Larraín renovaron indicación para sustituir por otro el número 4º del artículo 9º A, nuevo, que se propone introducir a la ley Nº 17.798.
El referido número dice: "El que, estando autorizado para vender municiones o cartuchos, omitiere registrar la venta con la individualización completa del comprador y del arma respectiva.". Se sugiere reemplazarlo por el siguiente...
Señor Presidente , retiramos todas las indicaciones renovadas.
¿Ésta y las demás, señor Senador?
En consecuencia, sólo quedaría revisar la indicación que el señor Ministro hizo llegar a la Mesa -se conversó, entiendo, con los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional-, referida al artículo 5º.
Pido al señor Secretario que dé lectura...
Perdón, señor Presidente . ¿Queda pendiente un solo artículo?
Sólo aquel respecto del cual su Comité pidió segunda discusión, señor Senador.
Es que, sinceramente, pienso que las dos soluciones que se han planteado son malas.
Entonces, quiero plantear la posibilidad de que vea el punto la Comisión, para ponerlo en tabla mañana.
Que se sugiera una nueva redacción.
¿Qué dos soluciones son malas, señor Senador? ¿También la que se propone ahora?
Nada se pierde si la Sala acuerda votar al inicio de la sesión de mañana la letra d) del artículo 5º A. Tenemos tiempo para redactar una indicación adecuada.
Ya procedimos de esa manera cuando discutimos la iniciativa sobre acoso sexual: atrasamos su tramitación en 24 horas, pero logramos un texto bastante mejor. Y ahora se trata de una disposición no menor.
En consecuencia, se pide que vuelva a la Comisión la norma para la que se pidió segunda discusión, a lo que se podría agregar la indicación del Ejecutivo recaída en el número 5).
¿Hay acuerdo para que las dos normas en cuestión sean vistas de nuevo por la Comisión...
¿y para fijar plazo a los efectos de presentar indicaciones, pero sobre ellas exclusivamente?
¿Se entiende, señor Presidente , que el envío a Comisión envuelve el compromiso de tratar la materia mañana?
Es posible pedirle a la Comisión que analice las dos normas en la mañana, para verlas en la Sala en la sesión de la tarde y así despachar el proyecto.
Es más, si hay acuerdo, podemos cerrar el debate y solicitar a la Comisión que, simplemente, formule proposiciones que permitan votar aquí ambos preceptos luego de las explicaciones del Presidente de aquélla y del Ministro . Incluso, el tratamiento podría tener lugar en el Fácil Despacho.
Sugiero que quienes hemos estado estudiando la materia hagamos una proposición y que, si existe acuerdo, la Sala la apruebe. Ni siquiera es necesario que el asunto vaya a Comisión -me lo dice su propio Presidente -, como se ha hecho muchas veces. O sea, se trae una propuesta, que será consensuada -no tengo dudas, porque todos estamos de acuerdo en la finalidad de la norma; el problema estriba en su redacción- y se vota mañana sin debate.
Si le pareciera a la Sala, acordaríamos votar, en Fácil Despacho de la sesión de mañana, las dos disposiciones pendientes: la referida al artículo 5º, inciso final, contenido en el número 5); y la relativa a la letra d) del artículo 5º A, incluido en el número 6).
¿Se votaría sin debate?
Se procederá como corresponde a Fácil Despacho.
Queda pendiente el proyecto en estas dos materias.
Tiene la palabra el señor Prosecretario, para dar cuenta de nuevos asuntos que llegaron al Senado.
En este momento han llegado a la Mesa los siguientes asuntos:
De Su Excelencia el Vicepresidente de la República , mediante el cual hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios en materia de licitación de la provisión del servicio sanitario dentro del límite urbano. (Boletín Nº 3.590-09).
De la Honorable Cámara de Diputados, por medio del cual comunica que otorgó su aprobación, con las excepciones que señala, al proyecto de ley que establece asignaciones que indica para funcionarios municipales y jueces de policía local, con urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 3.736-06).
1) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el Código de Justicia Militar en materia de desacato, con urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 3.048-07).
2) Proyecto de acuerdo, iniciado en moción de los Honorables señores Larraín y Gazmuri, que introduce modificaciones al Reglamento del Senado. (Boletín Nº S 760-09).
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Ian Thomson Newman. (Boletín Nº 3.765-07).
¿Sería posible que se distribuyera a todos los Senadores el proyecto de acuerdo que reforma el Reglamento?
Por cierto. Así se hará.
Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal y la ley Nº 18.216 para agravar las penas de los delincuentes reincidentes, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3585-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Chadwick, Coloma, Espina y Prokurica).
En primer trámite, sesión 8ª, en 6 de julio de 2004.
Constitución, sesión 30ª, en 15 de septiembre de 2004.
La iniciativa tuvo su origen en una moción de los Honorables señores Chadwick, Coloma, Espina y Prokurica.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió el proyecto sólo en general, de conformidad con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento.
La iniciativa tiene como objetivo principal modificar la estructura de imposición de penas en caso de reincidencias de los autores de delitos sexuales, robo, hurto y secuestro de personas, estableciendo nuevos mecanismos que, en la práctica, aumentarán el castigo penal para los delincuentes.
El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión (Senadores señores Chadwick, Espina, Andrés Zaldívar y Zurita), haciéndose presente que el Ejecutivo anunció la formulación de una serie de indicaciones.
El texto que se sugiere aprobar en general consta en el primer informe de dicho órgano técnico.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador señor Espina.
Señor Presidente , esta iniciativa legal tiene por objeto perfeccionar la legislación respecto de delitos graves contra las personas, como el secuestro; contra la propiedad, como el robo y el hurto; y contra la libertad sexual, como la violación.
Parte importante de este proyecto alude a normas procesales penales complementarias a las ya incorporadas por el Senado, permitiendo una aplicación práctica más eficiente.
¿Cuál es la realidad que hoy día se enfrenta en esta materia y que es de público conocimiento? Nuestro régimen penal y procesal penal presenta un vacío legal: los reincidentes permanentes no reciben la sanción que la sociedad quiere imponerles. Es decir, se produce una cadena constante de ilícitos y, por distintas razones, aquéllos terminan no cumpliendo penalidad alguna.
Lo mismo acontece con la reclusión nocturna de los reincidentes, beneficio consagrado por el sistema procesal penal chileno, que permite al condenado cumplir su sentencia sólo con prisión durante la noche.
Entonces, el objetivo de la iniciativa legal en estudio es perfeccionar las normas vigentes en el sentido siguiente.
En primer lugar, quien reincida en alguno de los tipos penales que he mencionado -la normativa propuesta no se aplica a todos los ilícitos- quedará sujeto a la secuencia que explicaré, siempre que aquéllos sean de la misma naturaleza.
En la primera oportunidad, el juez sentencia conforme a todas las normas plenamente aplicables del Código Penal.
La segunda vez, el delincuente queda sujeto a dos limitaciones: no tiene derecho a invocar la atenuante de irreprochable conducta anterior ni la de haber reparado con celo el mal causado. Los delincuentes habituales por lo general intentan asilarse en ellas para rebajar sustancialmente la pena.
Ahora bien, si por tercera ocasión se incurre en una conducta delictiva de la misma naturaleza -por ejemplo, robo con violencia-, no puede recurrirse a las atenuantes que he señalado, y la penalidad aplicable por el juez tiene como piso la que determinó en el segundo delito cometido, que, dependiendo de la gravedad y naturaleza de éste, puede aumentarse en uno o dos grados.
Esta secuencia permite mayor rigurosidad en la aplicación de condenas por hechos gravísimos -violación, robo o hurto-, siempre y cuando se trate de delitos de la misma naturaleza. Es decir, si primero hubo robo con violencia o intimidación y después defraudación, no corresponde el aumento gradual de las sanciones, por ser figuras penales absolutamente distintas.
Además, el proyecto establece límites a la reclusión nocturna para los reincidentes.
En la actualidad, ese beneficio se otorga a quienes no han cometido ilícitos con anterioridad o a los condenados varias veces, pero con un total de penas no superior a dos años.
La disposición vigente presenta un absurdo en su esencia. La reclusión nocturna es un beneficio. Nada justifica que quienes reiteradamente incurren en ilícitos de la misma naturaleza sean objeto de un beneficio en el cumplimiento de su pena.
El cambio que introduce el proyecto consiste en otorgar dicho beneficio sólo a los no reincidentes.
Además, se propone aumentar la sanción para quienes cometan delito actuando en grupos o pandillas. En efecto, cuando no se pueda probar que los delincuentes forman parte de una asociación ilícita pero se acredite su actuación conjunta, la pena se agravará en un grado. Esto, a nuestro juicio, resulta extraordinariamente importante, porque muchos de los que hoy infringen la ley operan en grupos o pandillas -incluso en el narcotráfico-, lo que dificulta al juez probar la asociación ilícita.
Reitero: si se comprueba la actuación habitual en pandillas o grupos que no alcanzan el estado de asociación ilícita propiamente tal, la condena podrá aumentarse en un grado. A modo de ejemplo, si la sanción de un delito va desde 61 días hasta 540 días de cárcel, el magistrado podrá subirla desde los mismos 61 días hasta tres años.
Por último, se precisa que para ser considerado reincidente basta que la sentencia anterior se encuentre ejecutoriada. Hoy los tribunales consideran como tales a quienes hayan cumplido efectivamente la pena, lo que se ha prestado para la mayor burla de los delincuentes. Muchos han sido condenados -¡condenados!- por un delito grave y no han cumplido la pena correspondiente por encontrarse prófugos de la justicia. Y si son sorprendidos en un nuevo ilícito, el juez no los puede estimar reincidentes. Esta interpretación de los tribunales en la práctica significa que nunca se considera reincidentes a quienes cometen delitos reiterados y que éstos se acojan a los beneficios de la reclusión nocturna o de la libertad vigilada. Por consiguiente, siempre quedan en libertad y continúan delinquiendo.
Esta iniciativa legal, simplemente, busca poner atajo a la cadena de ilícitos llevada a cabo por delincuentes profesionales, quienes, no obstante incurrir de modo habitual en el mismo tipo penal, por presentar nuestra legislación un serio vacío, continúan reiterándolo, sin que se aplique la correspondiente agravación a sus penas.
En la Comisión de Seguridad Ciudadana hemos visto casos de individuos con diez, doce y hasta quince condenas por delitos de la misma especie, y en todos finalmente se ha obtenido un beneficio procesal. Además, la libertad provisional que en su momento se les otorga los convierte en verdaderos profesionales de la delincuencia.
El proyecto que ahora se analiza viene a poner atajo a una de las mayores dificultades de los tribunales de justicia para encarcelar a delincuentes peligrosos -estamos hablando de delitos de extrema gravedad-, mediante el mecanismo de agravación de la responsabilidad penal, en la medida en que sean reincidentes de los mismos ilícitos.
Por las razones expuestas, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en forma unánime, solicita a la Sala aprobar esta iniciativa legal, sin perjuicio de los perfeccionamientos que puedan efectuarse durante la discusión particular.
Señor Presidente , deseo precisar que di mi voto favorable a la idea de legislar con el solo objeto -así lo pidió el propio Ministro del Interior presente en la Comisión de Constitución- de revisar la temática relativa a cómo sancionar la reincidencia y evitar la generación de delitos continuados.
Pero si examinamos el informe, observaremos que los dos profesores que concurrieron al mencionado órgano técnico manifestaron opiniones críticas a la iniciativa, por la forma como se propone.
Incluso, el señor Couso hizo una precisión mediante un ejemplo.
Perdón, señor Senador.
Ruego a quienes se hallan en las tribunas que guarden respeto por quienes hacen uso de la palabra y se mantengan en estricto silencio.
Recupera el uso de la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.
El ejemplo se ponía en el caso -y por eso creo que debemos revisar muy a fondo este proyecto- de dos personas: una condenada a diez años por un robo con violencia, y otra, a dos años por un robo sin violencia. Luego -prosigue el ejemplo-, esas dos personas se juntan y cometen un delito menor -grave, por supuesto; todo delito lo es-: roban la radio de un automóvil. Pues bien, de acuerdo con el proyecto, a la condenada a diez años habría que aplicarle nuevamente diez años, y a la otra, sólo dos años.
Es entendible el propósito de regular la reincidencia, de tal manera que quienes reiteren conductas delictivas no sean un peligro para la sociedad. Pero hay que revisar el proyecto, que ha sido mal llamado de "la tercera es la vencida", porque difiere de la ley que opera en el Estado de California. Además, los profesores que nos trajeron los antecedentes demostraron que era un sistema frustrado, sin consecuencias positivas. Entonces, nos pidieron -y todos estuvimos de acuerdo en ello- aprobar en general el proyecto con el solo objeto de introducir algunas restricciones a la reincidencia -tema que preocupa a la opinión pública-, para evitar que los reincidentes, poco tiempo después de verse libres o, a veces, de estar gozando de libertad condicional, nuevamente delincan.
Ésa es la razón por la cual aprobamos la idea de legislar. Pero, sinceramente, creo que el proyecto requiere una revisión muy profunda.
Y, como he dicho, en ningún caso debiéramos pensar que aquí vamos a aplicar la famosa tesis de "la tercera es la vencida", que se ha pretendido poner en práctica en el Estado de California.
Señor Presidente , nuestra legislación siempre se ha hecho cargo del problema, actualmente muy de moda, relativo a cómo poner término a la delincuencia, en circunstancias de que ésta, lejos de llegar a término, aumenta.
Algunos piensan en la severidad máxima. Eso me hace recordar a los profesores del siglo pasado y del anterior, que decían: "La letra con sangre entra". Y había más analfabetos que ahora.
Hemos tenido altibajos: leyes duras, leyes blandas. Incluso, hubo un intento extraordinario de establecer la pena sin delito: se creó el estado antisocial. Una ley de 1954 lo definió. Se estimó que terminaría con los delitos de vagancia y de mendicidad, porque consideraba que tanto el vago como el mendigo eran estados antisociales de peligro. Y esa ley, en un Código viejo -la tengo aquí, ante mis ojos-, castigaba al proxeneta, al traficante de drogas, al que hubiera sido condenado en el año tres veces por ebriedad o al que un peritaje hubiera calificado de ebrio consuetudinario -los alumnos de Derecho de entonces decíamos: "un ebrio con suéter ordinario"-, porque estaban destinados a delinquir. Y esta ley "perfecta" tuvo un solo defecto: iba a entrar a funcionar cuando estuvieran constituidos todos los establecimientos de reeducación de los antisociales. Pasaron muchos años hasta que se aclaró: "Bueno, nunca se van a construir; deroguemos la ley". Y desapareció.
Y seguimos con el sistema de "dele duro; no le dé duro" : con el tiempo las condenas severas cambiaron. Se pensó que la pena por sí sola no puede ser rehabilitadora y que el delincuente tiene que ser reeducado. Entonces, nos alejamos del concepto de la cárcel absoluta y optamos por la remisión condicional de la pena en determinados delitos; por la reclusión nocturna, en fin. O sea, la idea era no convertir al delincuente en una fiera enjaulada.
Muchos dirán que soy un ingenuo. No es así. Estos reincidentes de segunda o de tercera vez nunca van a dejar de reincidir. Algunos hasta podrán pensar: ¿por qué no les aplicamos la pena de muerte? En estos altibajos se han establecido penas altas, dependiendo del delito.
Durante muchos años el delito de malversación de fondos públicos no era excarcelable, pero no así cualquier otro tipo de malversación. Quizás ya estábamos previendo "la tesis del jarrón"; o sea, al Estado había que defenderlo no más. Y a tal extremo se llegó, que más adelante se dictó una ley que favoreció a una institución del Estado: la "Tía Rica", agencia pública que prestaba plata pignorando prendas. ¿Y qué establecía la normativa pertinente? Que la víctima de hurto o robo cuya especie hubiere sido pignorada en la Caja de Crédito Popular podría reivindicarse sólo si se pagaban el préstamo y sus intereses. Aquí sí que estamos ante "la tesis del jarrón: el Estado no puede perder.
¿Qué ocurrió con lo anterior? Para equiparar la ventaja consistente en que para reivindicar había que pagar, se dijo: a quien roba y pignora se le sube en un grado la pena.
He podido ver que en el proyecto que nos ocupa se sube en un grado la pena, pero no se han dado cuenta de que es un gran aumento.
Se han dado casos como el de la empleada doméstica que hurtó los vestidos de su patrona y de una visita y luego los empeñó en la Caja de Crédito Popular. Entonces, a consecuencia de aplicarle la agravante de haberse aprovechado de la confianza de su patrona, se le subió en un grado la pena y por dos hurtos pequeñísimos fue condenada a cinco años y un día de presidio.
Tampoco es admisible que por la vía de las agravantes lleguemos a establecer sanciones que ya son inicuas. Debemos pensar en otras maneras de defender a la sociedad de la delincuencia; por ejemplo, la educación y la supresión de la pobreza. Con razón Santo Tomás de Aquino sostuvo que hasta para ser bueno hace falta un poco de bienestar. Entonces, no digamos ¡penas duras!
¿Y el talión? ¡Perfecto! ¿Creen ustedes que el talión terminó con los delincuentes? En Asia, aún cortándoles las manos los ladrones siguen robando.
En consecuencia, a pesar de que, reemplazando a uno de los miembros de la Comisión, voté a favor en general el proyecto, debo reconocer que ni siquiera la idea de legislar me gusta. Y como el que yerra puede decir "Me equivoqué", opto por no aprobarla.
Quiero pedir a quienes nos acompañan en las tribunas que guarden silencio. Si no lo hacen, nos veremos en la obligación de desalojarlos.
Queremos un debate respetuoso. Por tanto, les pido que así lo observen.
Señor Presidente , no cabe duda de que esta iniciativa incide en uno de los temas de mayor preocupación social en el Chile de hoy. Y ello no sólo se refleja en encuestas o estadísticas, sino también en cualquier reunión o reportaje referido a los problemas reales de los chilenos. En esas ocasiones siempre se habla del aumento de la delincuencia como uno de los más significativos, ocupando, por cierto, las primeras prioridades de las personas en cuanto a lo que se espera de sus dirigentes en la tarea de enmendar tales conductas.
Algunos de los datos aportados en el debate, tanto por el Ministerio del Interior como por Carabineros de Chile, son suficientemente consistentes en esta materia.
Respecto de los últimos tres años, los informes revelan que el total de robos con violencia en Chile ha aumentado 95,5 por ciento; los robos con intimidación, 43,6 por ciento; los robos con fuerza, 45,2 por ciento; los robos con sorpresa, 187,3 por ciento. Son las informaciones oficiales que nos entregó el Ministerio del Interior acerca de la evolución de tales delitos entre el segundo trimestre de 2001 e igual período de 2004.
O sea, estamos en presencia de un tema delictual extraordinariamente complejo. Y no en vano muchos de los planteamientos de futuro que se hacen en nuestro país lo destacan como prioritario.
¿Cómo se enfrenta la delincuencia? Obviamente, con una política de Estado y en una lógica de muchos elementos que se deben ir articulando de manera consecuente, para dar seguridad al ciudadano común y corriente y no seguir en esta vorágine de que muchas personas honradas tengan que encerrarse en sus casas cuando se pone el sol, mientras los delincuentes andan libremente por las calles.
Nuestra tarea, por tanto, tiene que ver con acciones preventivas, de rehabilitación y, también, de responsabilidad. Esta última, a nuestro juicio, debe descansar en dos grandes modificaciones. La primera se está tramitando hace ya largo tiempo -mucho más del que hubiera sido deseable- en el Parlamento y tiene que ver con la responsabilidad penal juvenil. Y nos damos perfecta cuenta de que pretender que ella nace a los 18 años, en términos generales crea un grado de irresponsabilidad respecto de menores que lamentablemente, utilizados por personas mucho mayores, han ido cayendo en una espiral de delincuencia que es parte de lo que compone la cifra que señalé.
Otro cambio que a través de este proyecto nos parece fundamental incorporar es el de generar una responsabilidad particular en quienes reinciden en la comisión de determinados delitos graves, como los planteados al inicio.
El tema de fondo es que, hasta ahora, el criterio de responsabilidad ha considerado, básicamente, la gravedad del delito y la culpabilidad personal del autor. Ésa ha sido la lógica histórica, tradicional, con que se ha enfrentado la criminalidad en nuestro país.
Mediante la iniciativa en estudio se pretende agregar un nuevo concepto: el de peligrosidad, que el Senado, por lo demás, ya aprobó hace no mucho tiempo. Por ejemplo, en la ley sobre violencia en los estadios se consignó, no sólo el criterio de sancionar a la persona que cometa delito en un recinto deportivo donde se ocasione un daño importante, sino, también, el de impedirle la entrada a él en los años posteriores, por la peligrosidad que su presencia supone para la tranquilidad del espectáculo público.
Lo que se desea con la moción que presentamos distintos Parlamentarios, la cual fue aprobada por unanimidad en la Comisión, es incorporar el criterio de peligrosidad como elemento central para una lucha eficaz en contra de la delincuencia. ¿Qué se propone en el fondo? Establecer medidas de disuasión y prevención de la reincidencia que, esencialmente, limiten la obtención de beneficios por quienes hayan cometido más de una vez el mismo delito, y aumentar los pisos mínimos de las penas aplicables por los jueces.
De modo general, las normas en estudio implican, primero, que no se conceda el beneficio de la reclusión nocturna a los reincidentes, aunque se cumpla el requisito, consignado en la ley Nº 18.216, de que las penas anteriores no hayan sido en su conjunto superiores a dos años. O sea, el primer criterio es si debe o no gozar del beneficio de reclusión nocturna el reincidente de varios delitos de gravedad, como han sido establecidos en el origen. La tónica seguida hasta ahora es que sí tienen derecho a impetrarlo. La idea que nosotros tratamos de introducir, como elemento disuasivo, es que no se les otorgue.
En segundo lugar, establecer una causal especial de agravación para los delincuentes que actúen en grupo, aunque no se configuren los requisitos de asociación ilícita.
Tercero, respecto de las agravantes de responsabilidad penal 15ª y 16ª contenidas en el artículo 12 del Código Penal, se aclara que serán aplicables una vez que el fallo anterior esté ejecutoriado, aunque la pena materialmente no se haya cumplido, que es uno de los grandes problemas en la aplicación de esta clase de sanción.
En cuarto término, efectuar una diferenciación entre la primera y la segunda reincidencia. ¿Qué se plantea? Que en el primer caso no se apliquen las atenuantes de irreprochable conducta anterior (reparar con celo el mal causado o haber actuado motivado por estímulos poderosos), ni el mínimo de la pena establecida -esto, obviamente, incide en restar un beneficio al reincidente-, y en caso de que cometa delitos reiterados, se le sancione por cada uno de ellos. Si se trata de la segunda reincidencia -por eso se habla del tercer delito-, se propone que la pena no sea inferior a la fijada para la primera reincidencia, aumentada en uno o dos grados. Con todo, si la pena del tercer delito es superior a la del segundo, se aplica aquélla.
En resumidas cuentas, señor Presidente, lo que se busca es restringir la aplicación de determinado beneficio a los autores de delitos de naturaleza sexual, robo, hurto y secuestro de personas, en los casos en que haya reiteración de ellos.
A mi parecer, la innovación que se pretende mediante esta moción es fundamental. Alguien podrá decir que con esto no van a disminuir automáticamente las tasas de delincuencia en Chile. Es probable que, por sí solo, lo planteado no genere un efecto global; pero no cabe duda de que aumenta el costo de reincidir al disminuir los beneficios procesales que existirían en otras circunstancias. Y, desde la perspectiva de la lucha global contra la delincuencia, esto es de absoluta necesidad. Se debe incorporar el criterio de peligrosidad en forma razonable. Nadie pretende producir un efecto de separación o gueto respecto de un conjunto determinado de personas. ¡No! Lo que se desea es agregar al criterio de gravedad y culpabilidad personal el de la peligrosidad de quien reiteradamente cometa un mismo tipo de delito.
Estoy seguro, señor Presidente y Honorables colegas, de que uno de los problemas más sensibles que afectan a nuestras Regiones tiene que ver precisamente con esto. Son muchas las personas que nos plantean lo absurdo que resulta que un delincuente cometa un delito y cumpla una pena, vuelva a cometerlo y a cumplir la pena, y así sucesivamente, al punto de que, en la práctica, las penas van siendo equivalentes, sin que ello signifique incorporar de verdad el concepto de peligrosidad en el criterio sancionatorio.
Por lo expuesto, y por considerar que éste es uno de los proyectos más importantes que podemos discutir en este sentido, pedimos su aprobación. Creo que constituirá una señal potente que se da en Chile, en términos de que podemos reaccionar ante el aumento del flagelo de la delincuencia, que hoy día, según las últimas informaciones, afecta a millones de personas. Hasta poco tiempo atrás podríamos haber hablado de cientos de miles; las cifras de 2004 se refieren a millones de personas que son objeto de este tipo de delitos.
Éste es un paso -no el único ni exclusivo, pues no podemos cejar en otros esfuerzos, como los encaminados a modificar la responsabilidad penal y adoptar acciones preventivas o de rehabilitación-; pero no me cabe duda de que resulta central para avanzar en favor de la seguridad ciudadana y del combate a la delincuencia.
Entiendo que Su Señoría quiere plantear una moción de orden.
Sí, señor Presidente . Deseo solicitar la prórroga del Orden del Día con cargo a la hora de Incidentes, a fin de alcanzar a analizar y despachar en general el proyecto signado con el Nº 4. Incluso, he hablado con el autor de la moción que figura en tercer lugar, quien está dispuesto a permitir que se trate primero la que tipifica la conducta de maltrato o crueldad con los animales.
¿Habría acuerdo para prorrogar el Orden del Día y acceder a lo solicitado?
Señor Presidente , hay un problema de tiempo. ¿A qué hora concluye esta parte de la sesión?
El Orden del Día acaba de terminar, Su Señoría. Por lo tanto, sería preciso acordar una prórroga hasta las 20, que es la hora..
La dificultad radica en que algunos Senadores enfrentamos compromisos en otras Comisiones. Entonces, no parece...
Por mi parte, estoy formulando la solicitud y recabando...
En lo personal, estaría de acuerdo con una prórroga respecto de la iniciativa en debate, pero no de otra.
Hasta despacharla.
La tiene el Honorable señor Sabag .
Es para intervenir en el mismo sentido, señor Presidente . No me opongo a que se trate el proyecto signado con el número 4, pero hay una Comisión Mixta citada para las 19 y la reunión debe realizarse. Sus integrantes podemos venir a votar.
En efecto, pueden volver para votar.
¿Habría acuerdo para la prórroga?
Deseo formular una sugerencia.
Puede hacerlo, señor Senador.
Existe disposición para acoger la iniciativa a que se acaba de aludir, señor Presidente .
¿La aprobación debe ser en general o en particular?
En ambos casos, en general.
Si es así, propongo fijar una hora de votación que permita a los Senadores tanto pronunciarse como atender las otras Comisiones en funcionamiento. Podría ser las 19. Que se informe, se abra la votación y prosiga el debate.
Planteo, en ese sentido, lo siguiente. Ha pedido hacer uso de la palabra sobre el proyecto...
¿Cuánto falta en su tratamiento, señor Presidente?
...el señor Ministro del Interior y se encuentran inscritos para intervenir tres señores Senadores. Cabría abrir la votación respecto del asunto que nos ocupa y poner en debate la iniciativa signada con el número 4. Y se podría determinar un tiempo de votación, con fundamento de voto.
¿Pero cuánto se requiere, más o menos, para concluir la discusión del texto de que se trata, señor Presidente ? ¿Media hora? ¿Quince minutos?
Algo así, señor Senador. Porque ya ha sido analizado y, más que una controversia, se plantea una cuestión conceptual respecto de lo que ocurre. Deseo recordar...
Podría fijarse las 18:45 para el articulado en examen y las 19 para el relativo al maltrato a los animales. Son los dos...
Se podría abrir de inmediato la votación sobre la normativa en estudio. Ello permitiría a los Senadores inscritos fundar su posición. Y con posterioridad se llevarían a cabo el debate del proyecto referido, por quince minutos, y la votación respectiva.
--Así se acuerda y queda abierta la votación.
Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Ministro . Después, para fundar su pronunciamiento, los Senadores inscritos, señores Ávila y Chadwick y señora Matthei, luego de lo cual proseguirá la votación en orden alfabético.
Señor Presidente , agradezco la oportunidad que se me brinda no obstante la urgencia de la hora. Y, por lo mismo, limitaré mi intervención a los aspectos que estimo prioritarios con relación al proyecto.
En primer lugar, la delincuencia constituye un problema real, tanto por el aumento del número de delitos como por el temor y, también, la percepción de impunidad en la ciudadanía, a veces, respecto de la manera en que se trata a los delincuentes.
Establecido lo anterior, me parece que el Congreso Nacional, en estrecha unidad con el Ejecutivo , ha enfrentado en forma generosa, con visión de país, la cuestión de la delincuencia y la inseguridad, despachando una agenda que ha sido gestada en conversación con las policías y con la participación de diversos expertos.
Lo último que quisiera, señor Presidente , en esas condiciones, sería aparecer con un sesgo de egoísmo cuando se debate el primer proyecto sobre el particular -y, en cierto modo, emblemático- presentado por la Oposición y excesivamente crítico con relación a una propuesta que apunta, sobre todo, a la sensación de impunidad existente frente a delitos reiterados.
Sin embargo, antes de la votación y del inicio de la discusión en particular, estimo necesario formular algunas preguntas básicas.
Primero, se debe consignar que, no obstante la sensación de blandura, las cárceles han duplicado su población en los últimos diez años: de 20 mil internos se ha pasado a 40 mil.
Segundo, conviene preguntarse si el problema de la delincuencia es fundamentalmente de reincidencia o no. Solicitados los antecedentes a Gendarmería, sobre la base de que se enfrenta la situación con la idea de que la tercera vez es más dura o "la vencida", hago presente que sólo 5 por ciento de los delincuentes que ingresaron a las cárceles en 2003 registraban dos condenas anteriores o más. O sea, se enfrenta a un segmento muy pequeño del cuadro de inseguridad y delincuencia.
Tercero, como en la propuesta en discusión la reincidencia, en la mayoría de los casos, se refiere a delitos de la misma especie, consultamos cuántas personas se encontraban en esa situación. Y la cifra más alta, señor Presidente , es 0,3 por ciento. Tratándose, por ejemplo, del tráfico ilícito de drogas, respecto del cual se podría pensar en una frecuencia de reiteración, la internación en cárceles de quienes ya contaban con una condena anterior por el mismo delito equivalía a 0,072 por ciento. Es decir, la indicada no pareciera ser, a la luz de los datos empíricos señalados, una de las dificultades centrales.
En seguida, con relación a las ideas matrices -y no entro en ninguno de los detalles del modo en que el proyecto opera-, juzgo que el texto presenta un acierto indudable. En nuestra legislación existe reincidencia cuando la sentencia anterior se encuentra, no sólo ejecutoriada, sino también cumplida. Y creo que la normativa en estudio viene a salvar un inconveniente del ordenamiento actual, aspecto en el cual resulta muy positiva.
No obstante, en cuanto al resto de las disposiciones, considero que, en general, los mecanismos que se emplean son, o innecesarios, o redundantes, o no responden a criterios de justicia o de política criminales.
Sobre el particular, señalo dos o tres situaciones. Una de ellas es la de que las personas con condena previa no pueden invocar las atenuantes de irreprochable conducta anterior y de reparación celosa del daño causado. Es cierto, señor Presidente , que ambas son las más típicamente aplicadas por los tribunales. Pero no conozco ningún fallo en que sea considerada, mediando una condena previa, la irreprochable conducta anterior. Ahora bien, podría haberlo, pero el punto radica en si la norma provocará efecto o lo causará de manera francamente marginal frente al delito.
Y en el otro caso, no me parece consistente -ello será objeto de la discusión en particular- que alguien, por una condena anterior, de por sí no pueda reparar celosamente el daño causado y que no se considere esa acción como atenuante.
Se contempla también la figura de obrar habitualmente en la comisión del delito y hacerlo en pandilla. Al respecto, no se debe olvidar que nuestra legislación contempla la agravante, en los delitos de robo y hurto, de ser dos o más los malhechores. Ya existe esa disposición. ¿Será derogada? ¿Regirán dos agravantes respecto del mismo hecho? Son preguntas bastante centrales.
Y en los delitos contra las personas, el auxiliarse de gente armada y el obrar con premeditación conocida son también agravantes que ya contiene el sistema penal.
A lo expuesto cabe agregar lo observado por el Senador señor Andrés Zaldívar acerca de cómo opera la agravante en condiciones en que el segundo delito puede ser menos grave que el primero.
Deseo subrayar que el Ejecutivo se halla lejos de plantear estas críticas sólo porque el proyecto proviene de la Oposición, la cual ha sido generosa y consciente y ha demostrado visión de Estado para enfrentar unitariamente el tema de la inseguridad. Sin embargo, estima necesario hacer ver aquí que todos y cada uno de los instrumentos propuestos presentan algunos inconvenientes graves. Éstos pueden dar lugar en definitiva, y salvo lo relacionado con cuándo considerar un caso de reincidencia, a una discusión fría y, en especial -no le cabe duda al Gobierno de que así será-, a terminar en el rechazo de varias de las ideas matrices del articulado, que es lo que propondría.
Para fundar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Ávila .
Señor Presidente , el señor Ministro manifestó que teme ser excesivamente crítico con el proyecto.
Como yo no tengo esos pudores, deseo manifestar que no me gusta la iniciativa y que la rechazo, no porque esté haciendo concesiones a los delincuentes, sino porque estoy harto de oír la misma monserga de siempre, la misma respuesta a los problemas sociales, la única que parece surgir como inevitable: la represión pura y simple. Se condena al delincuente pobre, pero se exonera a la sociedad que lo crea.
Mediante el cuerpo legal en estudio, se intenta atacar severamente la reincidencia. Pues bien, yo pregunto si aquella persona que pagó su deuda con la sociedad, que cumplió con el período de cárcel que se le aplicó, tiene alguna posibilidad de reinsertarse en la sociedad en las circunstancias actuales. Porque por un lado ésta le hace pagar su delito con privación de la libertad, pero luego la somete a otra condena, quizás todavía más cruel y más dura que la anterior: arrastrar el estigma que queda estampado en su documento de identidad, en su papel de antecedentes, etcétera.
¿De qué manera alguien que efectivamente desea redimirse puede hacerlo si todas las puertas que golpea estarán cerradas? ¡Si hoy hasta tener sobre cuarenta años es delito! ¡Porque quienes tienen más de esa edad no encuentran trabajo! Los empresarios prefieren pagar menos a gente joven, sin experiencia, y, por lo tanto, arrojan por la borda a quienes, a raíz de su trayectoria, tienen la posibilidad de percibir remuneraciones mayores. Como eso atenta contra los costos, tales seres humanos pasan simplemente a ser desechables, prescindibles. El sistema los va dejando en la vera del camino.
Ahora, ¿cómo logra sobrevivir alguien que ha estado en la cárcel y tiene auténticos deseos de redimir sus faltas e insertarse en la sociedad si nadie -¡absolutamente nadie!- le da un trabajo digno, mínimamente razonable? La única posibilidad para no morirse de hambre es volver al delito. Entonces, la sociedad es la causante de ponerles de nuevo el puñal en la mano a aquellos que han delinquido.
Por eso, rechazo profundamente este tipo de proyectos que hablan de "los problemas reales", pero jamás se ocupan de la causas de fondo que los originan.
Mientras en Chile no exista una auténtica política de reinserción de quienes delinquen y la sociedad no acoja a todos los que tienen el derecho a ganarse la vida dignamente, habrá delitos y delincuentes.
Como ya señaló el señor Ministro , las cárceles no dan abasto y se construyen nuevas. Se otorgan en concesiones, al igual que las carreteras. Vamos a llenarnos de recintos penales de Arica a Punta Arenas. Y yo les garantizo que serán insuficientes mientras persista esta política miope, cortoplacista, que carece de sensibilidad social.
Por lo tanto, deben prepararse, señores, porque delincuentes y delincuencia tendremos por mucho tiempo, precisamente porque no hay políticas adecuadas para eliminarlos o al menos disminuirlos.
Hago presente que a la próxima manifestación haré desalojar las tribunas. De modo que les ruego respetar las reglas del Senado y permanecer en silencio.
Recuerdo que no haré más advertencias.
El último inscrito es el Honorable señor Chadwick, quien tiene la palabra para fundar su voto.
Señor Presidente , quiero iniciar mi intervención con una reflexión a propósito de lo dicho por el Senador señor Ávila .
Lamentablemente, el Honorable colega ha sido víctima reciente de presuntas acciones delictuales. Por eso ha recurrido a los tribunales de justicia, ha presentado querellas, se ha asesorado jurídicamente y espera de aquéllos la aplicación de la máxima severidad por las conductas de que ha sido víctima.
No creo que el señor Senador, por acudir a las instancias judiciales en calidad de agredido, sienta que está pidiendo represión, o pensando en la rehabilitación de los delincuentes, o reflexionando en que no debió haber recurrido a los tribunales, porque quizás la culpa es de la sociedad y no de las personas que le han causado daño. ¡No! ¡Por ser víctima, anhela justicia!
¿Cuál es la visión que hoy reclama Chile? La de las víctimas, Senador señor Ávila , al igual que Su Señoría. Que las cárceles no den abasto, puede ser cierto; pero los afectados por la delincuencia aumentan en número y en gravedad, y el factor que incide en tal situación es precisamente la reincidencia.
Yo no puedo rectificar al señor Ministro , porque no dispongo de los antecedentes ni de los datos. Seguramente, es efectivo lo que él dice en cuanto a los porcentajes. Pero la reincidencia en la acción delictual no sólo juega un papel importante desde el punto de vista porcentual, sino que también es un factor tremendamente relevante por el efecto que provoca en las personas en cuanto a la inseguridad en que se sienten cuando ven que un delincuente que goza del beneficio de la libertad vuelve a cometer otro ilícito. Esto es noticia permanente en nuestros medios de comunicación, porque da la impresión de que el sistema represivo y la institucionalidad han fallado, lo que produce un efecto social chocante y genera inseguridad.
Tratándose de un problema tan complejo como el de la delincuencia, nada es más fácil que tratar de debilitar una iniciativa legal sobre la base de sostener que el problema es global, profundo y complicado -obviamente que lo es-, y que al tratar de abordarlo deben tenerse en cuenta sus más diversas aristas. Pero cuando se presenta una iniciativa que quizás tenga un objetivo parcial, hay que felicitarse de que aborde el punto, a sabiendas de que no hay legislación en el mundo que vaya a terminar con la delincuencia de una vez y para siempre.
La cuestión radica en que esto genera un paso positivo en uno de los aspectos de la delincuencia, como es la reincidencia, respecto de la cual legislaciones penales más modernas que las nuestras han avanzado, dándole un tratamiento especial.
¿Qué busca el proyecto en líneas generales? Que el reincidente no goce de la reclusión nocturna, de la aplicación de penas menores o de beneficios de carácter procesal.
Se busca que el reincidente sufra mayor severidad en cuanto a la pena y tenga más restricciones en los beneficios del sistema penal. Porque, como decía al respecto el Senador Zurita, hay seguridad absoluta de que van a volver a delinquir. Por eso mismo, si nos asiste la certeza -y él, como ex Ministro de la Corte Suprema , tiene gran experiencia en la materia- de que así sucederá, tratemos de imponerles penas más severas y de que sean menores las posibilidades de obtener libertad, a fin de que no causen más víctimas.
En términos particulares, la aplicación de esta normativa, en la forma como se presenta, implicaría, por ejemplo, que en un robo con homicidio, que en su primera versión conlleva una pena mínima de cinco años y un día a presidio perpetuo, el juez pudiese aplicar la primera de ellas; pero en caso de reincidencia estará obligado a imponer la segunda, es decir, la inmediatamente superior. En el supuesto de una segunda reincidencia -o sea, la misma persona comete por tercera vez robo con homicidio-, la pena va de quince años y un día a presidio perpetuo.
Por lo tanto, en forma gradual se aumenta la severidad y se limitan los beneficios. Porque se trata de alguien que no comete el delito de robo con homicidio por primera vez, sino por segunda, tercera e incluso cuarta vez.
Eso procura el proyecto: entregar instrumentos que nos permitan ser más eficaces para proteger a las víctimas de la delincuencia, que cada día son más numerosas y reclaman de nosotros y del Estado mayor seguridad y tranquilidad.
Ruego al señor Secretario proseguir con la votación en orden alfabético.
Quiero fundamentar mi voto, señor Presidente .
Señor Presidente , actualmente la legislación penal chilena señala que una persona que delinque a los 18 años debe enfrentar todo el rigor de la ley, al igual que una con 16 años y discernimiento.
Es decir, nuestra normativa penal prácticamente envía a las cárceles a jóvenes desde los 16 años de edad, ya que hoy en día los procedimientos implican que los adolescentes enfrenten la dura realidad del sistema penitenciario.
Hago la siguiente pregunta: ¿alguno de los señores Senadores presentes cree que el sistema penitenciario chileno es readaptador y permite al primerizo reinsertarse posteriormente en la sociedad y no salir de la cárcel con una mancha terrible que lo persigue de por vida? Existe un certificado de antecedentes, que es siempre una especie de llave para abrir las puertas de las posibilidades.
Al igual que muchos de los Senadores, he visitado recintos penitenciarios, especialmente en La Araucanía, Región que represento en esta Corporación. Resulta impresionante ver cómo las poblaciones penales están constituidas en 80 por ciento por menores de 25 años, a diferencia de tiempos pasados, cuando en general estaban integradas por personas mayores.
Actualmente, repito, existe en los recintos penitenciarios un porcentaje impresionante de jóvenes. Y habría que preguntarse por qué los jóvenes de los sectores socioeconómicos más bajos son los que permanentemente están tras las paredes de tales establecimientos, que -vuelvo a insistir- castigan pero no dan posibilidades de rehabilitación.
El Senador señor Zurita , como ex Ministro de la Corte Suprema , habla con la voz de la experiencia. Y, con el mayor de los respetos, debo señalar que, aunque con él tengamos posiciones diferentes -porque su sabiduría es más bien conservadora-, coincido plenamente con el enfoque que da a esta materia al plantear que la ley no entra con sangre o al cuestionar el "ojo por ojo, diente por diente".
En consecuencia, me parece que el proyecto en debate es una estrategia que la sociedad chilena asume para no enfrentar nuestras propias responsabilidades en la injusticia social, en la pésima distribución del ingreso, en la soledad de nuestra gente joven y -por qué no decirlo- en la discriminación que afecta a los sectores más modestos de la población, aun cuando reciban ayuda.
Si un joven de 16 años es enviado a la cárcel a causa de la discriminación, ¡qué duda cabe de que, cuando cumpla 20 ó 21 y reincida por segunda o tercera vez, le aplicarán toda la rigurosidad de la ley, impidiendo que haya bocanadas de oxígeno en su ayuda -por así decirlo de algún modo- como consecuencia de haberse eliminado algunos de los beneficios pro reo!
En mi concepto, la justicia chilena sigue siendo clasista. Estoy convencido de que la gente con cuello y corbata llega a Capuchinos y no va a las celdas comunes como la gran mayoría de los chilenos. Estoy convencido también de que quienes tienen recursos siempre encuentran atenuantes o eximentes para no ser enviados a prisión. En cambio, cuando las personas de sectores modestos cometen el error de delinquir, la justicia es rápida y oportuna, aplica sanciones e impone la privación de la libertad con una velocidad impresionante.
Por esa razón, señor Presidente , voy a votar en contra del proyecto en debate. Y lo haré basado en lo aquí planteado...
...en el sentido de que, de no adoptarse medidas más estrictas, tendremos que seguir construyendo más cárceles, porque las existentes no darán abasto para recibir al mayor número de delincuentes que habrá como resultado de un sistema procesal penal sumamente lento. Espero que con la reforma de él se determinen con mayor responsabilidad las culpabilidades o las inocencias.
Señor Presidente , también me pronunciaré en contra. Sin embargo, creo que la iniciativa ha originado un informe que debiera influir en nuestra actitud como legisladores, pues él pone de manifiesto lo extraordinariamente complejo del tema.
No sólo deben considerarse las opiniones de los profesores de Derecho Penal invitados a exponer ante la Comisión, sino además la constancia que allí se deja de objeciones metodológicas a estudios de amplia difusión ciudadana y que, por la misma razón, impactan en la opinión pública; es decir, tienen una importancia enorme.
No obstante, pienso que hay una cuestión fundamental: la reincidencia es expresión del fracaso de nuestro sistema penal, que tiene por objeto la rehabilitación de quienes delinquen.
Felizmente -y a pesar de las manifiestas deficiencias de tal sistema-, la reincidencia, como lo señaló el señor Ministro , no alcanza magnitudes extraordinarias.
Por otra parte, creo que el informe hace muy bien en destacar la inconveniencia de aparecer difundiendo con fines publicitarios la posible aplicación en Chile de fórmulas de éxito dudoso experimentadas en el extranjero.
En un tiempo se puso de moda hablar de la "Tolerancia cero" y, después, de la fórmula "La tercera es la vencida". Sin embargo, en el propio informe se deja constancia de que este modelo, aplicado en California, Estados Unidos, hoy se está revisando.
Éste es un campo, no para la demagogia, sino para actuar consistente y responsablemente si de verdad queremos remover el problema de la delincuencia entre nosotros. Mucho más positivo es el esfuerzo emprendido desde el Gobierno al abordar el tema de la reforma procesal penal, o el del fortalecimiento y modernización de nuestro sistema penitenciario, para que realmente esté en condiciones de ofrecer posibilidades de rehabilitación a los condenados.
Al término del actual período presidencial se habrán prácticamente duplicado el número de recintos penales y sus metros cuadrados de superficie, para que posibiliten realmente la rehabilitación y no sean centros de denigración de las personas donde, en medio del hacinamiento, funcionan verdaderas escuelas del delito.
Por eso, sin restar méritos al esfuerzo realizado por los autores de la moción, pienso que la solución que se propone es parcial, altamente insatisfactoria desde el punto de vista técnico, y, desde luego, no se inserta en el marco de una política criminal, como se reclamó en el seno de la propia Comisión.
He escuchado los datos estadísticos -aparentemente impresionantes, por lo pequeños- que proporcionó el señor Ministro subrogante. Pero creo que se ha olvidado otro antecedente: no sólo hay reincidentes, sino también reiterantes.
¿Quiénes son los reiterantes? Los que, sin haber sido juzgados por un delito, cometen otro igual, y así sucesivamente.
Ése sí que sería un dato interesantísimo. Creo que la Comisión podría saber cuántas personas procesadas por delitos graves que han obtenido la libertad bajo fianza vuelven a reincidir y a reiterar las mismas conductas ilícitas. Y quizás nos llevaríamos la sorpresa de que estas cifras no son tan bajas como las de reincidentes.
Señor Presidente, ya expuse las razones por las cuales me parece fundamental aprobar el proyecto.
Sólo quiero, para efectos de la historia de la ley, interpretar un planteamiento formulado por el señor Ministro del Interior subrogante.
Él señaló que existe un 5,63 por ciento de doble reincidencia. Quiero dejar claro que una cosa es la reincidencia; y otra, la doble reincidencia; y el proyecto tiene efectos en ambas. Sin embargo, el porcentaje de reincidencia es mucho mayor. Se lo consulté al señor Ministro , quien no tiene el antecedente en este momento; pero estamos hablando de varias veces ese 5,63 por ciento.
Es decir, se trata de un tema mucho más real que simplemente tangencial.
Señor Presidente, deseo mencionar algunos antecedentes.
Tengo la información que entregó el Ministerio del Interior a la Comisión de Seguridad Ciudadana; se contiene en un documento elaborado por esa Cartera.
En dicho texto se consigna que el 70 por ciento de la población penal nacional declara ser reincidente.
En segundo lugar, un 24 por ciento señala tener condenas anteriores, lo que responde la consulta del Senador señor Zurita en el sentido de que un número importantísimo de personas cometen delitos y quedan en la impunidad, porque nunca son ni siquiera juzgadas o, si lo son, finalmente son declaradas inocentes.
En tercer término, el promedio de detenciones de la población penal ingresada en 2003 es de 7 veces.
No logro entender que se señale que esta iniciativa no ayudará a combatir la delincuencia, cuando lo que hace es, única y exclusivamente, establecer que un violador o quien comete robo con homicidio o con fuerza en las personas, al perpetrar por segunda vez el mismo delito, verá agravada su pena en un grado. Es decir, si la pena iba de 5 años y un día a 10 años y se le aplicó una de 5 años y un día, la segunda vez no se lo podrá condenar a la misma pena; y en el evento de que se cometa el mismo delito por tercera vez, el juez incluso podrá -no es obligatorio- aumentarla en un grado.
¡Miren el tremendo pecado del proyecto: señalar que a delincuentes que reiteradamente asaltan, roban, violan, se les va a aplicar un poquitito de mano dura!
En el país, según datos de la Comisión de Seguridad Ciudadana, del total de sentencias dictadas contra delincuentes por robo con fuerza -es decir, ingreso a una vivienda y robo a una familia inocente y honesta-, el 49 por ciento no está nunca preso, porque se le aplican penas alternativas, lo cual significa el beneficio de la libertad vigilada, en que se debe concurrir a firmar al tribunal, o bien, el de reclusión nocturna, que obliga a dormir en la cárcel.
Todo lo que hace la iniciativa es que la sociedad chilena determine que los delincuentes profesionales reincidentes no pueden seguir con el tratamiento actual, que consiste en que es factible estar 7 veces preso, tener 7 víctimas y, finalmente, recuperar la libertad, y que quienes son reincidentes por segunda vez no pueden gozar de beneficios.
No logro entender cómo puede objetarse el proyecto, que no hace más que permitir que la gente decente se sienta protegida de los delincuentes habituales. Y no tiene nada que ver -es una monserga usada a diario- lo que se ha planteado sobre el particular, en el sentido de que lo que pretendemos es que "todo el tema de la delincuencia consista en aplicar penas de cárcel".
¿Quién ha dicho eso? Es evidente que el problema de la delincuencia es global y requiere medidas de educación y de prevención; oportunidades para los jóvenes; reinserción social; rehabilitación de los muchachos, e implementación de políticas de prevención del consumo de drogas.
¿Quién se ha negado a eso? ¿Cuándo la Alianza se ha opuesto a un proyecto del Gobierno orientado a abordar el problema de la delincuencia en forma global?
Y resulta curioso que se sostenga que es represiva la medida consistente en garantizar a la gente decente de Chile que, si hay un sujeto que por segunda o tercera vez roba, asalta, viola, asesina, no tendrá derecho a circular impunemente por las calles.
¿Qué estamos diciendo a la gente decente? Que lo menos que merece es que las autoridades de su país, para protegerla, se preocupen de que los delincuentes reiterativos, reincidentes, vayan a la cárcel.
Esta iniciativa, que me tocó redactar junto con otros tres Parlamentarios, no pretende otra cosa que hacer más expedita la aplicación de las normas y sanciones penales a los reincidentes permanentes.
Por esa razón, voto que sí.
Señor Presidente , por las prevenciones y críticas que formuló el señor Ministro del Interior subrogante y los argumentos del Honorable señor Parra , me abstengo.
Señor Presidente , en principio tenía una actitud muy positiva respecto de este proyecto. Pero, después de escuchar esta tarde algunas intervenciones hechas con un sesgo de exageración y, más bien -no me refiero a nadie en particular-, con el cariz de una especie de campaña política, también me abstengo.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos contra 5 y 8 abstenciones) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 14 de marzo, a las 12.
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Coloma, Cordero, Chadwick, Espina, Fernández, García, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Novoa, Núñez, Orpis, Prokurica, Romero, Sabag, Stange, Vega y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Ávila, Boeninger, Muñoz Barra, Parra y Ruiz (don José).
Se abstuvieron los señores Flores, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Moreno, Naranjo, Pizarro, Viera-Gallo y Zurita.
De acuerdo con lo resuelto, queda pendiente la discusión del proyecto iniciado en moción del Honorable señor Ávila, que despenaliza la siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies productoras de ciertas sustancias estupefacientes.
Por lo tanto, pasamos al asunto signado con el número 4 del Orden del Día.
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Horvath, Stange, Valdés, Vega y Viera-Gallo, en primer trámite constitucional, que tipifica la conducta de maltrato o crueldad con los animales, con nuevo informe complementario de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3327-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Horvath, Stange, Valdés, Vega y Viera-Gallo).
En primer trámite, sesión 30ª, en 2 de septiembre de 2003.
M. Ambiente y B. Nacionales, sesión 4ª, en 15 de octubre de 2003.
M. Ambiente y B. Nacionales (complementario), sesión 6ª, en 22 de octubre de 2003
M. Ambiente y B. Nacionales (nuevo complementario), sesión 2ª, en 6 de octubre de 2004.
Sesiones 5ª, en 21 de octubre de 2003 (vuelve a Comisión); 26ª, en 11 de enero de 2005 (queda para segunda discusión).
Ésta es la segunda discusión de la iniciativa luego de evacuarse el nuevo informe complementario de la Comisión de Medio Ambiente.
Quiero recordar que ya hemos tenido un largo debate sobre la materia y que el propósito en esta oportunidad es analizarla en forma breve, abriendo la votación desde ya, conforme a lo acordado hace algunos minutos.
Retomando la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
Señor Presidente, obviamente, voy a votar a favor de este proyecto, que busca establecer normas para conocer, proteger y respetar a los animales como seres vivos y parte de la naturaleza, darles un trato adecuado y evitarles sufrimientos innecesarios.
En concreto, la iniciativa persigue corregir el vacío que se produjo en la discusión del proyecto original -iniciado en moción del Diputado señor Exequiel Silva , quien ha tenido una particular preocupación por su tramitación- debido a que en dicha oportunidad el texto quedó sin el capítulo relativo a las sanciones y a los juzgados competentes para conocer de estos asuntos.
Ello, señor Presidente, evitaría el veto a la otra iniciativa pendiente en el Senado sobre la misma materia.
Señor Presidente, este proyecto, que todos conocemos y con el cual estamos de acuerdo, fue aprobado por unanimidad en la Comisión.
En consecuencia, para mantener la tradición del Senado, habría que aprobarlo en general de inmediato.
Algunos señores Senadores se han acercado a la Mesa para pedir que se abra la votación, tal como se había indicado.
Por lo tanto, si no hubiera objeción, se accedería a lo solicitado.
Perdón, señor Presidente . ¿Por qué no recaba el asentimiento de la Sala para aprobar la iniciativa ahora mismo?
Algunos señores Senadores desean hacer uso de la palabra y otros han pedido poder votar desde ya.
Por consiguiente, prefiero abrir la votación y no impedir a los interesados en dar a conocer su opinión participar en el debate.
Si le parece a la Sala, se pondrá en votación nominal la iniciativa a partir de este momento, con la intervención de los oradores inscritos, y luego se seguirá orden alfabético.
Señor Presidente , voy a pronunciarme a favor, sin perjuicio de reiterar lo dicho por el Senador señor Pizarro .
Me correspondió trabajar en la Comisión de Medio Ambiente durante el período en el cual este proyecto fue discutido. Y, efectivamente, el Diputado señor Exequiel Silva fue uno de los Parlamentarios que patrocinaron la iniciativa original, la cual fue tomada posteriormente para la elaboración de un segundo proyecto. Además, tuvimos la posibilidad de escuchar a muchas de las organizaciones que se preocupan de la protección a los animales.
En mi caso, he recibido en la Región que represento en el Senado a entidades cuya finalidad es el cuidado de los animales. También he conocido denuncias --como en el día de hoy--, de situaciones de maltrato que es necesario corregir y sancionar.
Quiero, sí -y ésta es la razón por la cual he solicitado hacer uso de la palabra-, pedir que en el nuevo informe complementario se incorpore el criterio recogido en los informes anteriores en cuanto a que actividades como el rodeo, las corridas en vaca, las carreras a la chilena, quedan exceptuadas de lo que significa maltrato a los animales.
Ése es un acuerdo a que llegamos con las organizaciones pertinentes. Por lo tanto, debe quedar constancia de ello. De otra manera se crearía un escenario de extraordinaria confusión acerca de lo que implica la aprobación del proyecto.
Señor Presidente, sólo deseo manifestar que los Senadores de la bancada del Partido Socialista vamos a respaldar esta iniciativa, que lleva bastante tiempo en el Congreso.
Señor Presidente , quiero señalar, en primer lugar, que este proyecto, que sanciona el maltrato y la crueldad con los animales, viene a llenar un vacío que se produjo en la normativa sobre protección a los animales -gestada por el Colegio Médico Veterinario y luego, entre otros Parlamentarios, por el Diputado señor Exequiel Silva -, la cual no logró el quórum necesario para la aprobación de su título VI, relativo a las sanciones y procedimientos.
En vista de lo anterior, el Ejecutivo envió un veto aditivo mediante el cual repuso esa parte de la iniciativa, la que, sin embargo, tampoco obtuvo el quórum respectivo en la Cámara de Diputados.
A raíz de la situación descrita, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado se alcanzó un acuerdo formal con el Gobierno en orden a no continuar tramitando el proyecto sobre protección de los animales, incluido el veto señalado, hasta llenar el vacío con la iniciativa que se encuentra en discusión.
En cuanto a las dudas expresadas por algunos señores Senadores en torno de actividades tales como el rodeo, cabe hacer presente que el proyecto sobre protección de los animales ya resolvió ese punto en su artículo 14, que establece que sus disposiciones no se aplicarán a los deportes en que participen animales, entre los cuales se menciona el rodeo, las corridas de vaca, el movimiento a la rienda y los deportes ecuestres (por ejemplo, las carreras de caballos), los cuales se regirán por sus respectivos reglamentos. La Comisión de Medio Ambiente revisó estos reglamentos y comprobó que son más exigentes que las disposiciones establecidas en la normativa sobre protección a los animales. De manera que también se ha trabajado para que exista seguridad en ese sentido.
Además, cabe resaltar que los preceptos contenidos en dicho texto se aplicarán sin perjuicio de lo que disponen la Ley General de Pesca y Acuicultura, la Ley de Caza, el Código Sanitario, etcétera. O sea, sus disposiciones están concordadas con el resto de la legislación.
En pocas palabras, las iniciativas presentadas se basan en tres principios. En primer término, en una cuestión de carácter ético: sabiendo que los animales son capaces de sufrir, hay que impedir que ello ocurra. En segundo lugar, se busca un beneficio de índole social: las personas que son crueles con los animales, en breve, terminan siendo crueles con sus semejantes; ello está suficientemente comprobado. Por último, hay una relación con la actividad productiva; es decir, si se provoca sufrimiento innecesario a los animales, los productores se verán perjudicados, aparte las razones morales que señalé, en los mercados internacionales que hemos abierto.
Es por esas razones que apoyamos el proyecto, enmarcados en el compromiso contraído con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Finalmente, si continúan la caza indiscriminada y la falta de fiscalización, la verdad es que nuestro escudo nacional, a la larga, no tendrá un huemul ni un cóndor, sino un ratón y un gorrión.
Debemos salirnos del camino por el cual se nos está llevando.
Hoy día -insisto- no está en debate si ese tipo de conductas se considerará una falta o un delito: sólo nos hallamos discutiendo en general este proyecto, el cual pretende llenar un vacío que, de lo contrario, generará impunidad.
Señor Presidente , este debate se viene realizando desde la semana pasada, donde fuimos extraordinariamente claros al sostener que concordamos con la sanción, pero siempre que se actúe en paralelo -tal como aquí se ha señalado- con la norma que fue objeto de un veto aditivo. Ésa es la única manera de entender en su conjunto el cuerpo de disposiciones relativas a estas materias.
Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Y lo planteamos en su oportunidad, diciendo que se había generado un vacío cuando no se alcanzó el quórum necesario en la Cámara de Diputados (no en el Senado).
Se explicó la situación a algunas organizaciones. Sin embargo, muchas de ellas a veces no escuchan bien los argumentos y tienden a crear situaciones extremas. Han llegado ciertos E-mails que no son muy felices en su redacción, lo cual demuestra grave desconocimiento del debate habido en la Cámara Alta.
A mi juicio, lo que acaba de plantear el Senador señor Horvath es esencial, en el sentido de que hay un acuerdo con el Ejecutivo para que ambos cuerpos legales caminen en igual sentido y sean despachados en la misma oportunidad.
Por esas razones, como anuncié en la sesión pasada, voto a favor.
Señor Presidente , este problema se arrastra ya por demasiado tiempo, varios años; el Diputado señor Silva fue precursor.
Y lamento que no hayamos llegado a una conclusión más práctica, porque la protección de los animales y del medio ambiente no es una cuestión estrictamente jurídica; más bien se trata -diría yo- de una apreciación cultural. Hoy día se requieren nuevos paradigmas para convivir con la naturaleza, con el medio ambiente.
El tema ecológico parece estar de moda. Pero, en verdad, la sociedad vive de los recursos naturales. Ello se debe entender desde pequeño; tiene que enseñarse en las escuelas, y en los programas educacionales hay que incluir elementos que permitan conocer el significado de la presencia del ser humano en este delicado equilibrio.
Chile es uno de los escasos países del mundo que carecen de una ley sobre protección a los animales. Y la legislación pertinente debería ser muchísimo más amplia, considerando elementos fundamentales que permitan resguardar el sistema ecológico.
Sin embargo, hemos de conformarnos con lo que existe. Y ojalá que esta iniciativa sea aprobada como lo expresaron los señores Senadores.
Hay problemas en cuanto a sanciones, penalidades. En todo caso, lo interesante es que nuestra legislación considera la protección animal en el Código Penal, desde 1874. Y es justamente la norma del artículo 291 bis, que fue eliminada, la que se pretende reponer.
Se presenta en el artículo 4º un problema normativo, al carecerse de penalidad y de sanción de carácter administrativo para circos, zoológicos, etcétera. El Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio Nacional de Pesca y el Ministerio de Educación no tienen acceso a una serie de regulaciones atinentes al trato que se debe dar a los animales. En esa disposición existe el procedimiento, pero no la sanción específica. Ello podrá corregirse vía indicación, pero debemos tener plena conciencia de este problema.
Considero bueno el proyecto. Por eso, lo voto a favor.
Señor Presidente , el ser humano es un animal difícil de entender. Ni siquiera protege a los de su especie...
¡A confesión de parte, relevo de prueba...!
... y requiere leyes específicas para cuidar las otras.
La verdad es que me satisface mucho que este proyecto llegue a su fase culminante. Tuve el honor de propiciarlo en la Cámara de Diputados junto con otros colegas, uno de los cuales se encuentra entre nosotros. Y lo hicimos en ese momento porque esta materia ha adquirido alta prioridad social.
Uno de los aspectos que más me satisfacen tiene que ver con el hecho de inducir a los jóvenes, desde su más temprana edad, a aprender a querer a los animales y el entorno natural en que todos nos desenvolvemos.
Es difícil pensar en una sociedad sana si todos sus miembros no tienen especial noción de sólo ser parte de un sistema compuesto por seres vivos, ya sea de tipo vegetal o animal.
Muchas de aquellos que todos los veranos, sistemáticamente, incendian bosques y pastizales lo pensarían dos veces si tuvieran real conciencia de que con su acción están eliminando miles de especies que nos sirven a todos para generar mejores condiciones de vida.
En fin, a este tipo de proyectos muchas veces se les mira por encima del hombro, pensando que forman parte de esa clase de legislación light que carece de verdadera significación. Siempre se atribuye importancia a todo lo relacionado con los temas económicos y la seguridad ciudadana; es decir, lo que resulta aparentemente más sensible. Pero esta materia también lo es. Lo que pasa es que falta conciencia para percibir la real importancia de estos temas.
De ahí que me alegra mucho que hayamos arribado al momento en que el Senado puede dar su aprobación a esta iniciativa.
En virtud de eso, expreso -también lo hago en nombre del Honorable señor Parra - mi voto a favor del proyecto.
Tiene la palabra el señor Secretario para tomar votación por orden alfabético a quienes aún no se han pronunciado.
Señor Presidente , este proyecto nace de manera fundamental por la falta de capacidad cultural de la sociedad. Las sociedades culturalmente adecuadas, que dan importancia a todo lo que constituye su propia vida y entorno, sin duda no requieren normas legales de esta índole. Más bien establecen acciones muchísimo más globales que las propuestas en esta iniciativa, las que son respetadas porque culturalmente así corresponde.
En definitiva -voy a votar a favor-, quiero entender que ésta es una normativa legal destinada a una sociedad inculta, que necesita una ley para actuar en determinado sentido.
De otro lado, no estoy de acuerdo -esto es complicado; no estuve en la discusión particular- con los procedimientos. Cuando la ley comienza a fijar los procedimientos -esto es, cómo actuarán los jueces, qué penas tendrán quienes infrinjan las disposiciones existentes- empieza a echarse a perder, porque se desconfía absolutamente del buen criterio que pueda haber -espero que lo tengan los señores jueces y ministros de las cortes- y se va dando lugar a una serie de fórmulas con las que terminan engolosinándose los abogados.
Lo que ocurre con este proyecto a partir del artículo 6º comienza a ser parte de esa historia.
Ya vimos esto en otras normas legales, que no recordaré ahora. Pero advierto que voto a favor de esta iniciativa convencido de que los procedimientos, las formalidades y las infracciones que la ley impone son lo que termina debilitando nuestro proceso legislativo.
Señor Presidente , voto a favor con las prevenciones que hicieron constar los Senadores señores Horvath, Coloma (me parece) y Romero.
Señor Presidente , simplemente quiero valorar esta iniciativa -la considero oportuna, importante y acorde a los tiempos que corren- y, asimismo, hacer justicia respecto de una característica que me parece muy estimulante y notable: la perseverancia.
La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales ha estado preocupada de esta materia, pero yo reconozco en el Honorable señor Horvath , Senador de Renovación Nacional, a una persona comprometida con este proyecto y que ha perseverado durante muchísimo tiempo para llegar a este momento, con todas las dificultades surgidas; a veces, con incomprensiones, y también, con problemas de técnica legislativa, que es precisamente el caso de hoy.
Empero, lo relevante es que hay allí una vía para la canalización de las preocupaciones, de las intenciones y de la sensibilidad de miles de personas que a lo largo y ancho del país trabajan en las sociedades protectoras de animales y otras organizaciones similares; y, asimismo, del Colegio de Veterinarios, que ha manifestado su inquietud por esta cuestión en múltiples instancias y foros.
Por consiguiente, valoro esta iniciativa y destaco el compromiso y la sensibilidad del Senador señor Horvath, a quien felicito por llegar a este instante.
--Se aprueba en general el proyecto (35 votos a favor).
Votaron los señores Arancibia, Ávila, Boeninger, Canessa, Cantero, Cariola, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Flores, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Orpis, Parra, Pizarro, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Stange, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Con esta votación queda aprobada la idea de legislar sobre el proyecto que tipifica la conducta de maltrato o crueldad con los animales.
Esta Corporación expresó en general su voluntad para sancionar la referida conducta. Sin embargo, hay aquí un problema que, como Senado, debemos advertir.
El proyecto, en su artículo 1º, propone reponer un artículo que otra iniciativa plantea derogar. Por lo tanto, no podremos despachar en particular esta normativa sino una vez que se resuelva lo anterior, a menos que, despejada esa incógnita, se refiera únicamente a las otras disposiciones.
Pero aquí se puede presentar un problema de orden constitucional, pues no podemos aprobar un proyecto que repone un artículo que aún no ha sido derogado formalmente. Sólo hay la voluntad, en estado avanzado, de derogarlo; pero ello no ha ocurrido.
Por tanto, en la discusión particular deberá considerarse cuidadosamente dicho aspecto. Y entiendo, según lo planteado por el Honorable señor Horvath , que ello va en el acuerdo logrado con el Ejecutivo para que ambas cosas se tramiten en forma simultánea.
Únicamente hago la prevención, porque no podría ser de otra manera. Sería imposible que despacháramos esta iniciativa en primer trámite constitucional sin haberse despejado lo relativo al artículo 291 bis, sobre el cual ella recae.
Ahora, habría que fijar plazo para las indicaciones.
Como no existe quórum para adoptar acuerdos, aquél se determinará en una próxima sesión.
Del señor CORDERO:
Al señor Ministro de Justicia , solicitándole adoptar medidas para ADMISIÓN DE INTEGRANTES DE TRIBUNALES MILITARES EN PROGRAMAS DE PERFECCIONAMIENTO DE ACADEMIA JUDICIAL.
Al señor Ministro de Justicia , requiriéndole antecedentes acerca de REQUISITOS LEGALES PARA AUTORIZAR ACTIVIDADES EN CHILE DE THE CONSERVATION LAND TRUST Y FUNDACIÓN PUMALÍN (reiteración de oficio).
En Incidentes, los Comités Demócrata Cristiano y Unión Demócrata Independiente no harán uso de su tiempo.
Corresponde intervenir al Comité Renovación Nacional.
Señor Presidente , quiero hacer una reflexión, que me gustaría consignar en las Actas, respecto de la situación que afecta a dos jóvenes que fueron sorprendidos en el Cusco, en un muro incaico, rayándolo con un graffiti, producto de lo cual fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia peruana.
En ese marco, Su Excelencia el Presidente de la República , don Ricardo Lagos , a través de Televisión Nacional, emitió opiniones que dado su contenido a mí me parecen desafortunadas, por decir lo mínimo.
Señalar que los jóvenes rayaron los muros porque los encontraron bonitos francamente es una expresión que induce a error a la juventud chilena. Y creo que ese tipo de pensamiento se ha estado enraizando en la comunidad nacional juvenil, al punto que no hay ciudad que no tenga sus calles y edificios, incluidos monumentos e iglesias, pintarrajeados con mamarrachos que no guardan relación con la estética.
Y estimo que esto se produce precisamente porque hay un problema ético. Las palabras del Presidente de la República muestran un problema de coherencia ética. La libertad tiene un límite y ese límite se traspasa cuando se atropellan el derecho y la libertad de otras personas.
Trabajadores, dueñas de casa, ciudadanos de nuestro país, con esfuerzo pintan sus casas por tradición una vez al año para protegerlas de las inclemencias del clima y proporcionar también un ornato que haga más grata la vida en ese entorno. Por mucho que los jóvenes encuentren bellos esos muros para hacer sus graffitis, ¿con qué derecho se atropella la libertad de esas familias que quieren vivir en un entorno limpio, grato?
El Presidente de la República de Chile se equivoca cuando dice que, por la belleza del muro, éste puede pintarse sin ninguna discriminación. Y creo -repito- que hay un problema ético en esto, que induce a confusión, a error.
Algunos han querido exportar esta mala conducta. La hemos llevado al Perú cuyas autoridades -en mi opinión-, en un gesto de estatura y de coherencia, han detenido a esos jóvenes y los han puesto a disposición de la justicia. No conozco en Chile ni un solo caso que se haya presentado ante los tribunales para defender y cautelar el derecho de los ciudadanos a vivir en un entorno grato y limpio. Echo de menos coherencia en nuestras autoridades en el ámbito nacional, regional y local.
Y hago un llamado a los jóvenes. Yo entiendo que esta confusión ética provoca como consecuencia lógica un cambio en la estética. Es regla o norma de la filosofía que cuando cambian los patrones éticos cambian los patrones estéticos. Guardo respeto y consideración hacia aquellos jóvenes que en este marco ético hacen expresión estética, a veces mediante actitudes que pueden parecer muy extrañas, con pelos y ornamentos que también nos pueden parecer raros. Estimo que están en su derecho. Lo pueden hacer, siempre y cuando no terminen atropellando el espacio de libertad de otras personas, como es el caso de rayar muros de casas particulares o de bienes públicos, sin autorización.
Yo tengo la impresión de que la situación que he descrito da cuenta de una realidad: esos jóvenes, más que victimarios del patrimonio del Perú, han mostrado una sensibilidad que busca conocer la riqueza de ese patrimonio, sólo que desde un ángulo y una perspectiva equivocados, con patrones éticos y estéticos inadecuados. Las expresiones del Presidente de la República resultan muy ilustradoras de esta situación.
En consecuencia, considero que estos jóvenes no son victimarios de ese patrimonio, sino que más bien son víctimas de un entorno cultural que no ha sabido poner las cosas en su lugar, con autoridades nacionales que no están a la altura que percibo en las autoridades peruanas. Destaco y valoro la actuación de las autoridades peruanas, que en Chile han sido criticadas por proceder con severidad. No. Han actuado con justeza y prudencia, y será la justicia la que resuelva si hay o no falta o delito y qué sanción corresponde.
Precisamente, por estimar que esos jóvenes son víctimas de una cultura equívoca, con señales de autoridades que, a mi entender, desorientan, hago un público llamado al Presidente de la República del Perú para que tome iniciativas administrativas y evite que esos jóvenes sean sometidos a severas penas, que será la consecuencia lógica si llega a su término el proceso a que estoy aludiendo. Ojalá que el Presidente peruano comprenda que nos ha dado una buena lección; pero esta lección sería mucho más completa, fecunda e ilustrativa para la juventud chilena si tomara la iniciativa de expulsarlos, liberándolos de esa manera del riesgo de ser sometidos a graves sanciones por la falta que han cometido al atropellar patrimonio histórico y cultural del Perú y, también, de la humanidad. Confío en su buen criterio, y espero que, con sensibilidad y en el momento que estime oportuno, acoja este llamado. Esa medida será bienvenida por las autoridades chilenas, y con toda seguridad, por la juventud, que está reflexionando sobre este tema. Esperamos la medida que pueda tomar en beneficio de esos jóvenes, para tranquilidad de sus familias y de sus seres queridos que seguramente están sufriendo y pasando muy malos momentos producto de esta situación.
Solicito que esta reflexión sea remitida a Su Excelencia el Presidente de la República de Chile , don Ricardo Lagos , y a Su Excelencia el Presidente de la República del Perú, don Alejandro Toledo .
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Socialista, Institucionales 2 e independiente, Institucionales 1 y Mixto, ningún señor Senador interviene.

References: artículo 68
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 artículo 193
 artículo 3
 artículo 12
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 artículo 12
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 124
 artículo 133
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 artículo 494
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 artículo 5
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 artículo 6
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 artículo 9
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 artículo 36
 artículo 12
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 artículo 291
 artículo 4
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 artículo 1
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