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La capacidad económica del beneficiario. - PDF
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Alfonso Cortés Valenzuela
1 Proyecto de Acuerdo sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de éste en el coste de los servicios. Abril 2007
2 El artículo 8.2. d) de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, establece que al Consejo Territorial le corresponde adoptar los criterios de participación del beneficiario en el coste de los servicios. Asimismo, en el artículo 14.7 está previsto que la capacidad económica del beneficiario se determinará, en la forma que reglamentariamente se establezca, a propuesta del Consejo Territorial. El objeto, por tanto, del presente acuerdo es determinar la capacidad económica de los beneficiarios y los criterios de participación del beneficiario en el coste de los servicios. La capacidad económica del beneficiario. 1. La capacidad económica personal se determinará en atención a la renta y al patrimonio. En la consideración del patrimonio se tendrá en cuenta la edad del beneficiario en los términos que se regulan en el apartado 5 de este acuerdo. 2. A efectos de lo establecido en el punto anterior, se consideran rentas o ingresos computables, los bienes y derechos de los que sea titular el beneficiario, derivados tanto del trabajo como del capital, así como cualesquiera otros sustitutivos de aquéllos. Se entenderá por rentas de trabajo las retribuciones, tanto dinerarias como en especie, derivadas del ejercicio de actividades por cuenta propia o ajena. 2
3 Se equipararán a rentas de trabajo, las prestaciones reconocidas por cualquiera de los regímenes de previsión social, financiados con cargo a recursos públicos o ajenos. Asimismo, tendrán la consideración de ingresos sustitutivos de las rentas de trabajo, cualesquiera otras percepciones supletorias de éstas, a cargo de fondos públicos o privados. Como rentas de capital se computarán la totalidad de los ingresos que provengan de elementos patrimoniales, tanto de bienes como de derechos, considerándose según sus rendimientos efectivos. En el supuesto de bienes inmuebles no generadores de rendimientos, excluida la vivienda habitual, éstos se valorarán conforme a las normas establecidas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En todo caso, se computarán las rentas o ingresos de cualquier naturaleza que se tenga derecho a percibir o disfrutar. 3. Se considera patrimonio del beneficiario el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder. Se consideran exentos de cómputo, la vivienda habitual y los bienes y derechos calificados como exentos en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, hasta el límite que determine la legislación del Impuesto sobre el Patrimonio aplicable, cuando el beneficiario reciba servicios o prestaciones y deba continuar residiendo en su domicilio. 4. El período a computar en la determinación de las rentas y del patrimonio, será el correspondiente al año natural inmediatamente anterior al de la solicitud o al de la revisión de las prestaciones reconocidas. 3
4 5. La capacidad económica del solicitante será la correspondiente a su renta, modificada al alza por la suma de un 6 por ciento del valor del patrimonio neto que supere el mínimo exento para la realización de la declaración del impuesto sobre el patrimonio, a partir de los 75 años de edad, un 5 por ciento de los 65 a los 74 años, un 4 por ciento de los 55 a los 64 años, un 3 por ciento de los 45 a los 54 años, un 2 por ciento de los 35 a los 44 años, y un 1 por ciento los menores de 35 años. La participación del beneficiario en el coste de los servicios. 1. Si la capacidad económica del beneficiario es igual o inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), aquél no participará en el coste de los servicios asistenciales que reciba, si continúa residiendo en su domicilio. Si el servicio que recibe es de atención residencial, la participación en el coste de los servicios deberá garantizarle un mínimo para gastos personales. 2. En ningún caso la participación del beneficiario en el coste de los servicios asistenciales superará el 90 por ciento respecto al precio de referencia que se haya establecido para el servicio. Este porcentaje de participación máxima se aplicará cuando la capacidad económica del beneficiario supere la cuantía que a tal efecto acuerde anualmente el Consejo Territorial, que para el año 2007 se fija en (diez veces el valor del IPREM). 3. La participación del beneficiario en el coste de los servicios se regulará por las Comunidades Autónomas o Administración que, en su caso, tenga la competencia, teniendo en cuenta para ello que la participación media del beneficiario en el coste de los servicios, en cada Comunidad Autónoma o en las ciudades de Ceuta y Melilla, estará en el intervalo del 27 al 33 por ciento, y del 18 al 22 por ciento cuando el beneficiario recibe solo servicios asistenciales y continua residiendo en su domicilio. Ello sin perjuicio de lo que puedan disponer las Comunidades Autónomas en el nivel adicional de protección, a que se refiere el artículo 7 de la Ley 39/
5 4. El beneficiario deberá hacer frente, en parte o en su integridad, a los gastos de manutención y hoteleros, cuando cuente con ingresos suficientes para ello, de conformidad con la regulación que, a tal efecto, establezca la Comunidad Autónoma o la Administración que, en su caso, tenga la competencia. 5. Si el beneficiario de alguno de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, fuera titular de alguna prestación de igual naturaleza y finalidad de las citadas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, dicha prestación deberá ser destinada a su financiación sin que en ningún caso la participación del beneficiario supere el precio de referencia del servicio que recibe. Participación en el coste de los servicios de las personas en situación de dependencia atendidas en centros públicos o concertados. Las personas que, a la entrada en vigor de la normativa reguladora sobre participación de los beneficiarios en el coste de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, estuvieran siendo atendidas en centros públicos o concertados, mantendrán el régimen de participación que les fuera de aplicación en esa fecha, salvo que la nueva regulación les fuera más favorable o específicamente considere y regule esta situación. 5
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References: artículo 8
 artículo 14
 artículo 7
 artículo 31
 Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 23