Source: http://yesano.com/noticias2004/20040929_ElPais_juicio.htm
Timestamp: 2017-05-29 05:37:24+00:00

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La Fiscalía de Madrid pide penas de cárcel e inhabilitación para dos ex altos cargos del PP
El fiscal les acusa de riesgo de catástrofe y prevaricación en la construcción de la presa de Yesa
La Fiscalía de Madrid pide penas de cárcel y/o de inhabilitación por delitos de riesgo de catástrofe, prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios para dos ex directores generales del Gobierno del PP, para un ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y para otros tres funcionarios públicos en relación con las obras de recrecimiento del embalse de Yesa (que afecta a las comunidades de Navarra y Aragón). La juez número 19, Mercedes Gutiérrez, dictó el lunes un auto en el que abre el juicio oral contra todos los acusados.
Los hechos han sido investigados en el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid merced a una querella del Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza) en la que se describen supuestas ilegalidades en los trámites y ejecución de este embalse, uno de los mayores de España, según fuentes jurídicas.
El fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, pide 12 años de inhabilitación (por un delito de prevaricación) y un año y ocho meses de cárcel (por el riesgo de catástrofe) para Carlos Manuel Escartín, director general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente; para Tomás Sancho, ex presidente de la CHE, y para los funcionarios José Luis Uceda y Ángel Núñez. Asimismo, reclama ocho años de inhabilitación para María Dolores Carrillo, ex directora general de Evaluación e Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente.
Señala que Escartín, Sancho y los citados funcionarios decidieron aumentar hasta 521 metros la cota del embalse de Yesa guiados por "intereses privados". Y lo hicieron, según el fiscal, vulnerando los trámites que establece la ley en materia medioambiental y poniendo en riesgo de catástrofe por inundaciones a poblaciones cercanas al embalse. El fiscal revela numerosas ilegalidades. Por ejemplo, que Uceda y Núñez ocultaron un informe oficial que ponía de manifiesto "el grave problema de seguridad estructural y riesgos sísmicos y geológicos" del proyecto de recrecimiento de Yesa. Y que Escartín y Sancho "presionaron" a Carrillo para que ésta diese luz verde al proyecto de obras pese a que éste carecía del preceptivo informe de impacto ambiental.
42 millones sin justificar Al fiscal le llama la atención sobre la incorporación al proyecto de obras de "una adenda de 7.000 millones de pesetas (42 millones de euros) no justificadas" cuya finalidad era "favorecer a una constructora". Según el fiscal, Sancho propuso la citada adenda de 7.000 millones basándose en un estudio de la mercantil Euroestudios. Se da la circunstancia, según el fiscal, de que Euroestudios subcontrató con la firma Barbany y Sancho (BS) Ingeniería, en los cinco años investigados por el juzgado, en tormo a 600.000 euros anuales, mediante encargos vinculados con CHE y la presa de Yesa.
El fiscal apunta que existen vinculaciones entre el acusado Sancho y BS Ingeniería. El ex presidente de la CHE indicó en su día al respecto: "Ni mi esposa ni yo tenemos, desde julio de 1996, relación alguna con BS Ingeniería". Señaló que el 26 de julio de 1996 renunció "a los cargos y al nombramiento de administrador único" de esa sociedad, antes de ser nombrado presidente de la CHE.
El fiscal reprocha a Escartín la aprobación de los criterios técnicos del concurso, elaborados por Uceda y Núñez a través de Euroestudios. Tales criterios para elegir la mejor oferta eran "arbitrarios", según el fiscal, y permitían elegir la empresa que Escartín "desease". Escartín manipuló un informe técnico y consiguió que una UTE encabezada por ACS resultase agraciada, "frente a su directa competidora OHL".
Según las diligencias judiciales, el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, denunció ante la entonces ministra Isabel Tocino la vinculación entre Euroestudios y ACS. El 8 de junio de 2000 se adjudicó el proyecto a una UTE formada por ACS, Ferrovial y FCC. El 31 de agosto de 2000, Escartín dejó su cargo y se incorporó a ACS en un puesto de nueva creación "con un sueldo de 20 millones de pesetas anuales". En su interrogatorio ante el juez, Escartín reconoció que fue contratado por ACS, aunque manifestó que su contratación fue posterior y para trabajar en asuntos distintos a obras hidráulicas.
Otro hecho que cuenta el fiscal se produjo el 18 octubre de 2002. A propuesta de los ingenieros de la CHE Uceda y Núñez, se adjudicó "por resolución" del ex secretario de Estado de Agua y Costas, Pascual Fernández, el control y vigilancia pública de las obras de recrecimiento de Yesa a favor de la empresa Euroestudios, mercantil que "como es obvio", dice el fiscal, "trabajaba para ACS, empresa adjudicataria de la obra" de Yesa, tasada en casi 200 millones de euros. Se infringe así, señala el fiscal, la legislación "que prohíbe que la vigilancia de una obra se dé a una empresa que ha concurrido al concurso".
Presiones para eludir el estudio de impacto ambiental
El fiscal señala en su escrito que hubo "presiones" de Carlos Manuel Escartín y Tomás Sancho hacia la entonces directora de Evaluación e Impacto Ambiental, María Dolores Carrillo, para que ésta diese luz verde a la obra sin que el estudio de impacto se ajustase a la legalidad.
Según el fiscal, la propia directora ha confesado que mantuvo con Escartín y Sánchez "numerosas reuniones" en la que fue "presionada" para que aprobase "rápidamente y sin restricciones el proyecto" de recrecimiento. Añade que Carrillo les pidió un escrito que justificara "la sorprendente decisión que habría que tomar". Sancho aportó "un remedo de informe, sin firma alguna y sin sello de entrada o salida" del registro en el que aludía a la "acuciante necesidad" de aumentar la capacidad del embalse.
Según el fiscal, no era verdad que se necesitase más agua en la zona puesto que "se habían construido anteriormente tres miniembalses". Sancho negó en su día cualquier presión sobre Carrillo y se remitió a lo que ésta declaró ante el juzgado: que en ningún momento se sintió presionada por nadie.
El Pirineo Aragonés, 1 de octubre de 2004
Para «Río Aragón» supone el inicio del camino para anular de pleno derecho el actual proyecto de recrecimiento "Satisfacción" en Artieda por la apertura de juicio oral contra los imputados en el proceso de Yesa EL PIRINEO ARAGONÉS.- El Ayuntamiento de Artieda ha hecho pública su "satisfacción" por la apertura de juicio oral contra varios ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que la titular del Juzgado de Instrucción número 19, Mercedes Gutiérrez, dictó el pasado lunes por medio de auto judicial. Esta decisión se produjo en la misma jornada en que el Pleno de la Comisión del Agua de Aragón aprobó con más del 80 por ciento de los votos un dictamen para apoyar el recrecimiento de Yesa a su cota intermedia. La Asociación «Río Aragón» considera que la apertura de un juicio oral por las "irregularidades" denunciadas en la tramitación administrativa "anulará de pleno derecho el actual proyecto" para recrecer el embalse, y califica de "esperpento" la decisión de la Comisión, "porque no ha existido un debate técnico riguroso" y porque no cuenta con el respaldo de una minoría cualificada como son dos de los ayuntamientos directamente afectados (Artieda y Mianos), la Universidad de Zaragoza y los colectivos ecologistas. El Ayuntamiento de Artieda “se felicita" por el resultado que han tenido las denuncias judiciales que en su día presentó contra varios ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Las denuncias "han sido claramente asumidas y corroboradas además de por la Fiscalía madrileña, por el Juzgado de Instrucción número 19". La apertura de juicio oral supone un paso decisivo en este procedimiento que afecta a los seis ex altos cargos que en los años 1999 y 2000 posibilitaron la aprobación de proyecto y la Declaración de Impacto Ambientad. La juez ha decretado la libertad provisional sin fianza de los acusados, "al no haber reclamación de este carácter", aunque "sin perjuicio de lo que al respecto pudiera acordar en el devenir de la causa". Asimismo, señala que contra el auto "no cabe recurso". Los querellados por el Ayuntamiento de Artieda en este procedimiento son Carlos Escartín Hernández, ex director general de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente; Dolores Carillo Dorado, ex directora de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del mismo ministerio; y Carlos Vázquez Cobos, ex secretario técnico. Durante la instrucción judicial del caso, la Fiscalía de Madrid amplió sus imputaciones a Tomás Sancho Marco, ex presidente de la CHE, y a José Luis Uceda Jimeno y Ángel Núñez Maestro, ambos ingenieros de la Confederación. Una vez finalizada la investigación judicial en fase de instrucción, el Ayuntamiento de Artieda presentó el 26 de abril de 2004 su escrito de acusación, contra Carlos Escartín, Dolores Carrillo y Carlos Vázquez, imputando a los tres la comisión de "un delito continuado de prevaricación" (el primero de ellos en concepto de autor y los otros dos en concepto de cooperadores necesarios), solicitando para cada uno de los acusados de tal delito la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años. También se les imputó otro "delito de prevaricación en concurso medial con otro delito de riesgo catastrófico, con un delito contra el patrimonio histórico en grado de tentativa, y con otro delito contra los recursos naturales y el medio ambiente también en grado de tentativa". En este caso, la imputación de Carrillo es en concepto de autora, y de los otros ex altos cargos en calidad de "cooperadores necesarios". Para cada uno de los acusados se solicitó las penas de tres años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años. A Carlos Escartín se le imputó, además, otro delito de "falsedad en documento público", por el que se solicitó una pena de 6 años de prisión, una multa de 24 meses (con una cuota diaria de 300 euros), e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 años. Por su parte, en el escrito de acusación que acaba de presentar ante el Juzgado el Ministerio Fiscal, la Fiscalía acusa a Carlos Escartín, Tomás Sancho, José Luis Uceda y a Ángel Muñoz, un delito de “prevaricación", por el que se solicita una pena de 12 años de inhabilitación, y un delito de "riesgo catastrófico", por el que se pide la pena de un año y ocho meses de cárcel, mientras que a Dolores Carrillo, por otro delito de "prevaricación", se solicita una pena de ocho años de inhabilitación. Para llegar a estas tipificaciones y peticiones de penas, "las acusaciones del Ayuntamiento de Artieda y de la Fiscalía son minuciosas y especialmente contundentes, detallando y personalizando las numerosas irregularidades claramente delictivas para las dos acusaciones en las que incurrieran los acusados", apunta el Ayuntamiento de Artieda a través de un comunicado de prensa.
INVALIDAR EL PROYECTO La Asociación «Río Aragón» asegura que la acusación de la Fiscalía de Madrid demuestra que la querella criminal del Ayuntamiento de Artieda "estaba perfectamente fundamentada y que el recrecimiento de Yesa está plagado de ilegalidades". Desde este colectivo se asegura que la apertura del juicio "derivará, a la vista de las graves acusaciones, en una segura condena de los imputados; esto, sin duda invalidará las actuaciones administrativas de los imputados referidas al recrecimiento de Yesa y anulará de pleno derecho el actual proyectó". «Río Aragón» señala que quedan pendientes de resolver todavía tres recursos contencioso- administrativos contra el recrecimiento. "Ante tal cantidad de recursos judiciales, y a la vista de las graves acusaciones de fiscal, nos sigue pareciendo una temeridad la actitud de aquellos que defienden esta obra. Como se está demostrando, lo más probable es que el recrecimiento quede ilegalizado a través de los tribunales de justicia". Los portavoces de la Asociación califican de "esperpento" el acuerdo aprobada por la Comisión del Agua el pasado lunes, ya que "no ha existido un debate técnico riguroso".
El Juzgado dicta auto de apertura de juicio oral por el 'caso Yesa'
Contra seis ex-altos cargos de MIMAM y CHE
JACA.- La juez del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Mercedes Gutiérrez, ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra los seis ex-altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) acusados, en relación con la tramitación del proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa, de riesgo de catástrofe, prevaricación y tráfico de influencias, así como de negociaciones prohibidas a funcionarios. El dictado del auto, que tuvo lugar el lunes, se dio a conocer ayer en el diario El País junto al informe de acusación remitido al Juzgado por el fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, en el que pide penas de cárcel y/o inhabilitación para los imputados y se ratifica en los cargos que ya recogió en un informe anterior, de acuerdo a las investigaciones que se siguen tras la querella criminal por presuntas irregularidades interpuesta por el Ayuntamiento de Artieda. En concreto, y según el diario, el fiscal pide 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y un año y 8 meses de cárcel por riesgo de catástrofe para Carlos Escartín, ex-director general de Obras Hidráulicas, Tomás Sancho, ex-presidente de la CHE, y los funcionarios de ésta José Luis Uceda y Ángel Núñez, y 8 años de inhabilitación para Dolores Carrillo, ex-directora general de Evaluación e Impacto Ambiental. Indica que Escartín y Sancho aumentaron hasta 521 metros la cota del embalse por “intereses privados”, con lo que vulneraron la ley medioambiental y pusieron en riesgo de catástrofe por inundaciones a poblaciones cercanas. Además, presionaron a Dolores Carrillo para que diese luz verde al proyecto sin un estudio de impacto ambiental ajustado a la legalidad. Del ex presidente de la CHE añade que incorporó al proyecto “una adenda de 7.000 millones de pesetas no justificadas” para “favorecer a una constructora”, y que la adenda se basó en un estudio de la firma Barbany y Sancho Ingeniería, a la que estuvo vinculado. De Escartín recuerda que favoreció la adjudicación a una unión temporal de empresas en la que estaba ACS y poco después pasó a trabajar para esta firma “con un sueldo de 20 millones de pesetas anuales”. Respecto a los ingenieros Uceda y Núñez, intervinieron en la documentación y ocultaron un informe oficial que ponía de manifiesto “el grave problema de seguridad estructural y riesgos sísmicos y geológicos” del proyecto. La Asociación Río Aragón afirmó ayer que esto demuestra que la querella de Artieda “estaba perfectamente fundamentada” y que el proyecto “está plagado de ilegalidades”. La apertura de juicio, vistas las graves acusaciones, derivará “en una segura condena de los imputados”, algo que invalidará sus actuaciones y “anulará de pleno derecho el actual proyecto”.
Recuerda que hay tres recursos contencioso-administrativos por resolver y califica de “temeridad” defender esta obra. Añade que “tras el esperpento vivido en la Comisión del Agua, donde no ha existido un debate técnico riguroso, seguimos defendiendo que existen alternativas mejores, más fáciles de ejecutar, con menor impacto ambiental, social y de patrimonio”.
Luisa PUEYO Diario de Noticias,
LA TRAMA FUE IDEADA POR DOS INGENIEROS Y DESPUÉS SE SUMARON LOS ALTOS CARGOS
El fiscal acusa a los promotores del proyecto de Yesa de favorecer ilegalmente a ACS
La eliminación de los preceptivos estudios de seguridad es una de las primeras y más graves irregularidades detectadas
M.BIDEGAIN. PAMPLONa. El fiscal del caso abierto por las irregularidades detectadas en la tramitación del proyecto de recrecimiento de la presa del pantano de Yesa acusa a los procesados, seis altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno del Partido Popular y de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de maniobrar y cometer numerosas ilegalidades para conseguir la adjudicación de las obras a la empresa ACS. Según el escrito de acusación del fiscal, los hechos que han desembocado en el procesamiento y juicio de José Luis Uceda y Ángel Núñez, ingenieros de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE); Carlos Escartín, ex director general de Obras Hidráulicas; Dolores Carrillo, ex directora general de Evaluación Ambiental; Tomás Sancho, ex presidente de la CHE y Carlos Vázquez, ex secretario técnico del Ministerio de Medio Ambiente, se remontan a abril de 1994, cuando se sometió al trámite de información pública el proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa. El Área de tecnología y Control de Estructuras, el organismo específico del Ministerio para cuestiones de seguridad, emitió un informe que señalaba "la grave problemática de seguridad estructural y riesgos sísmicos y geológicos del proyecto", pero los ingenieros de la CHE José Luis Uceda y Ángel Núñez, encargados del trámite, "no procedieron a su incorporación al proyecto, impidiendo igualmente su incorporación al trámite de información pública", vulnerando tanto el Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses y de la Instrucción de Grandes Presas.
El Procedimiento Administrativo Común exige que, al cerrarse el plazo de información pública, los encargados del trámite deben emitir un informe específico de respuesta a las alegaciones, cosa que no hicieron Uceda y Núñez, quienes "prosiguen automáticamente el trámite, remitiendo el proyecto intocado a la autoridad ambiental". Las alegaciones fueron contestadas "seis años después, finalizado ya el concurso y licitación de la obra y cuando se procede a la adjudicación de la misma a la constructora".
declaración de impacto El proyecto requería a continuación, para seguir su tramitación administrativa, la Declaración de Impacto Ambiental, que debe ser positiva. Sin embargo, el director general de Política Ambiental del Ministerio "dicta resolución desautorizando la continuación del proyecto por cuanto el mismo está sobredimensionado, carece de justificación en cuanto a sus usos, presenta riesgos sísmicos y estructurales, afecta al patrimonio histórico y no se adecua al Plan Nacional de Regadíos".
Era necesario replantear el proyecto y el director general de Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas, Carlos Escartín, convocó el 22 de diciembre de 1998 el concurso de asistencia técnica para la redacción de un nuevo Estudio de impacto ambiental de recrecimiento de la presa de Yesa y variante de carreteras afectadas, con un presupuesto indicativo de 97.442.436 pesetas y un plazo de realización de doce meses. "A pesar de la existencia de los citados actos administrativos impulsados por intereses ajenos al servicio público -afirma el fiscal en su escrito-, a partir del mes de junio de 1999 los acusados Uceda, Núñez, Carlos Escartín y Tomás Sancho, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y a pesar de la situación legal del proyecto (habiendo acordado la realización de los estudios ambientales y estando pendiente de la declaración de impacto ambiental) deciden, diferentes a la situación legal indicada, continuar con su tramitación: sin haberse dictado resolución administrativa alguna, proceden simplemente a no tramitar el Concurso de asistencia técnica para la realización del Estudio de impacto ambiental ya convocado".
Los cuatro acusados "proceden a realizar o interesar la realización de un conjunto de informes y trabajos incompatibles con aquella situación administrativa encargados, mediante contratos de asistencia técnica, a la mercantil Euroestudios, así como requerir a la autoridad medioambiental para el impulso del proyecto, actuaciones administrativas contrarias a las propias resoluciones dictadas en el expediente", según el fiscal, quien añade que "consiguen así de la directora de Evaluación de Impacto Ambiental -Dolores Carrillo Dorado, también acusada- una simulación de autorización ambiental".
PRESIONES Y DISIMULOS Explica que según declaró la propia Dolores Carrillo, entre junio de 1998 y marzo de 1999 mantuvo numerosas reuniones con Escartín y Sancho, quienes "le presionan para que apruebe rápidamente y sin restricciones el proyecto, desatendiendo tanto lo que resultaba del expediente de impacto ambiental como los propios actos administrativos de la Dirección General de Obras Hidráulicas por los que han convocado el concurso para la redacción del nuevo estudio. A partir de junio de 1998 todo valía para los intereses de los acusados", constata el fiscal.
Carrillo pidió a Escartín y Sancho que, "con objeto de disimular aquella tergiversación ilegal de los contenidos del expediente administrativo, algún escrito que justificara la sorprendente decisión que habría de tomar. Para ello -continúa-, aporta el propio Sancho a la directora general un remedo de informe sin firma alguna ni sello de entrada o salida en el que esencialmente se destaca la necesidad, cada vez más acuciante, del recrecimiento de Yesa para la satisfacción urgente de los requerimientos de agua para los regantes". Sancho justifica su postura manipulando las cifras que figuran en los planes nacionales de regadíos y ocultando que él mismo había aprobado y procedido a la construcción de tres mini embalses que cubrían las necesidades de agua de una extensión muy significativa de las tierras que teóricamente iban a ser regadas con el agua de Yesa recrecido.
Dolores Carrillo "accede a darle el final que le piden al expediente", aparta del mismo a los técnicos que lo tramitaban y "en orden a la asombrosa posibilidad de firmar lo contrario de lo que resulta del expediente así como de la resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas, interesa literalmente un informe jurídico para proceder conforme a derecho no ya del Servicio Jurídico del Estado, sino de Carlos Vázquez Cobos, secretario general técnico del Ministerio". El fiscal considera "sorprendente" este comportamiento, porque hasta entonces era el Servicio Jurídico el que había elaborado todos los informes y porque el propio Vázquez reconoce que su experiencia profesional deriva de su anterior puesto de Inspector de Hacienda, "ajeno a la problemática técnica concreta de la Declaración de Impacto y cuando reconoce también no haber intervenido en la tramitación práctica de ninguna".
POR SI HUBIERA PROBLEMAS Escartín y Sancho comunicaron a Vázquez que la publicación en el Boletín Oficial del nuevo Estudio de Impacto "era únicamente por motivos presupuestarios y por si hubiera algún problema ", ante lo que el secretario general "emitió su informe sin ni siquiera consultar someramente el expediente". Dolores Carrillo, "no consiguiendo que ningún técnico del Área de Impacto avalara aquella transformación ilegal de la realidad de lo contenido en el expediente y sin informe técnico alguno, redacta y firma un remedo de Declaración de impacto ambiental que, desde luego, permite la construcción del embalse. Consciente de la ilegalidad que está realizando cuida de no emplear en la parte dispositiva de la resolución los términos de declaración afirmativa (positiva) o negativa que son los únicos que pueden ser utilizados".
En este sentido, explica que "para disimular el favor que se le ha pedido utiliza unos términos no previstos en la legislación: Se considera que, con la documentación aportada por el promotor, de las alternativas mencionadas en el expediente de evaluación de impacto ambiental la consistente en sustituir un embalse con cota máxima de agua de 506 metros es la más favorable para el medio ambiente, si bien es insuficiente para la satisfacción de los objetivos específicos que justifican el proyecto, razón por la que la alternativa viable es la del embalse de cota máxima de agua de 521 metros".
El fiscal asegura que "los técnicos adscritos al expediente insistían en que las medidas correctoras debían describirse con precisión e incluirse su dotación presupuestaria concreta; el remedo de declaración vulnera flagrantemente la legislación medioambiental y no establece medida correctora concreta alguna". Hasta la fecha no se ha aprobado resolución alguna con las medidas correctoras.
Una vez conseguida la aparente autorización ambiental, el 4 de junio de 1999 Uceda y Núñez, "con la conformidad y visto del también acusado Tomás Sancho", proponen a Carlos Escartín que dicte varias resoluciones. En efecto, el 4 de junio de 1999 resuelve iniciar el expediente de contratación del proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa por el sistema de Concurso de proyecto y obra por un importe de 23.000 millones de pesetas, "resolución para la que carecía de toda competencia en virtud de la Ley de contratos de las administraciones públicas", Ley que también vulneró en cuanto a la modalidad elegida (contratación a la vez de proyecto y obra) y al omitir el preceptivo estudio de seguridad.
La resolución, "con vistas al favorecimiento de la constructora (ACS), incorpora al presupuesto 7.000 millones de pesetas no justificados en virtud de la aprobación de una addenda que carece de todo trámite administrativo en cuanto a la aprobación previa por el Ministerio, asignación de gasto, consultas previas e información pública, eludiendo por tanto toda posibilidad de conocimiento público y de control por otros funcionarios y autoridades, vulnerando la Ley de procedimiento administrativo común". Aclara el fiscal que con el único trámite de la propuesta, para la que carecían de toda legitimidad Uceda y Núñez, " con fecha 3-5-99 interesa Tomás Sancho la aprobación de una addenda realizada por la consultora privada Euroestudios, informada técnicamente por José Luis Uceda y Ángel Núñez y aprobada finalmente por Escartín el 4-6-99, que incorpora a la licitación un presupuesto extra de 7.000 millones de pesetas, singularmente en medidas correctoras ambientales, fuera del Estudio de impacto ambiental y otras específicas para la evitación de la afección al Camino de Santiago que resultaban, en la práctica, inexistentes".
PROYECTO BLINDADO La tercera de las resoluciones firmadas por Escartín el 4 de junio de 1999 a propuesta de Uceda y Núñez es una cláusula adicional técnica "que impide toda modificación de la cota del embalse determinada por los acusados en ese conjunto de resoluciones". El objetivo, según el fiscal, "es muy evidente: el proyecto aprobado señalaba unas precisiones de hectáreas regables y por tanto de cota y de volumen de construcción mucho mayores que las establecidas en el Plan Nacional de Regadíos. dado que el citado Plan impone la obligatoriedad de la adaptación de las infraestructuras a las superficies regables que establece, se trata de impedir que alguna de las licitantes independientes pudieran, amparadas en la más estricta legalidad, presentar alguna oferta que redujera la cota y el presupuesto del embalse a los límites que éste obligatoriamente debiera tener, perjudicando así a la constructora vinculada a los acusados", que es ACS, la empresa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Simultáneamente al inicio de la licitación de la obra, y a propuesta también de Uceda y Núñez, Escartín aprobó los criterios técnicos y económicos por los que deberá regirse el concurso, elaboradas por Euroestudios y aprobado técnicamente por los propios Uceda y Núñez, que resultará finalmente aprobado por resolución del secretario de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco. El fiscal dice en su escrito que "los citados documentos carecen totalmente de criterios objetivos para la elección de la mejor oferta: por el contrario, por la arbitrariedad de sus cláusulas el informe de la intervención delegada resalta que el pliego de bases está redactado de tal manera que no existe garantía alguna de objetividad en orden a la resolución del concurso y, efectivamente, su redacción está efectuada de manera que se pueda adjudicar el concurso a la ofertante que desee el sr. Escartín".
"Con objeto de asegurar a la empresa ACS la adjudicación de la obra -argumenta el fiscal-, Escartín manipuló el informe técnico" consiguiendo que lograra la mayor puntuación la oferta presentada por la unión temporal de empresas encabezada por ACS e integrada también por FCC y Ferrovial, imponiéndose a la de su directa competidora, OHL.
Ante la denuncia de alguno de los concursantes de que existía vinculación entre Euroestudios y ACS, el abogado del Estado jefe del Servicio emitió a requerimiento de Escartín un informe indicando que, de ser cierto, se estaría produciendo un fraude de ley. "Poco tiempo después, el Sr. Escartín, juez y parte en el procedimiento, toda vez que la carta le denunciaba expresamente como conocedor y consentidor de los hechos, da carpetazo al asunto sin resolución alguna, ordenando la continuación del trámite sin efectuarse ninguna averiguación".
El 8 de junio de 2000 la mesa de contratación ratifica la adjudicación a ACS una vez que Escartín había conseguido "la adaptación formal a sus criterios" del resultado del concurso y el 31 de agosto Escartín, incumpliendo la legislación de incompatibilidades, "se incorpora a la empresa adjudicataria ACS en el puesto de nueva creación de director de contratación II, con un contrato de duración indefinida y con una retribución anual de 20 millones de pesetas. No existe documentación alguna en la empresa en cuanto al proceso de contratación. Ni el secretario general de ACS ni el Sr. Escartín saben quien, cómo y en qué fecha se produjo su contratación".
La ausencia de los preceptivos estudios de seguridad ha hecho que los autores del proyecto (Uceda y Núñez) impulsen, con posterioridad a su aprobación definitiva, un número importante de reformados por parte de sus superiores "que revelan las carencias importantes del mismo. Por supuesto que no existe justificación alguna que justifique tan irresponsable conducta -denuncia el fiscal- como no sea la aprobación a toda costa de un proyecto ya prefijado de cota y de embalse". Otro modificado de la obra se refiere a "los importantes problemas de cimentación del estribo derecho" que, como todos los demás, carece de los obligados trámites de información pública e informe de intervención".

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