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Timestamp: 2016-05-28 15:55:39+00:00

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Amicus curiae del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vittoria | México por Florence Cassez: Contra la fábrica de culpables en México
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CASSEZ CREPIN FLORENCE MARIE AMPARO DIRECTO: 423/2010
C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA PENAL P R E S E N T E S
Dr. Luis González Placencia, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Lic. Alfonso García Castillo integrante del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C., Juan Carlos Gutierrez Contreras, Director de la “Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos” A.C. Comparecemos ante este H. Tribunal Colegiado de Distrito con el fin de allegar el presente documento AMICUS CURIAE, promovido por diversas organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.
I. Naturaleza del Amicus Curiae.
En el sistema jurídico mexicano existen precedentes sobre el planteamiento del amicus curiae, en los que se entendió como un documento válido per se, lo que no hace obligatorio que el juzgador se manifieste en cuanto a su contenido. Entonces, esta figura jurídica debe entenderse como una herramienta disponible al juzgador para ayudar a clarificar criterios y estándares que, en el presente caso, se relacionan sustancialmente con los derechos humanos.
Además, el amicus curiae es una institución reconocida dentro de los procedimientos seguidos en diversos tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda y la Corte Especial para Sierra Leona.
En la especie, la resolución del recurso de apelación interpuesto por la señora Florence Marie Cassez Crepin dentro del toca penal 198/2008, resulta de interés para las personas jurídicas que integran este amicus curiae ya que presenta una serie de elementos para pronunciarnos sobre temas que impulsamos en nuestra labor cotidiana desde la defensa de la cultura de derechos humanos. Lo anterior, para colaborar en la vigencia de un Estado Democrático de Derechos que sea respetuoso de la Constitución exicana y el derecho internacional de los derechos humanos.
Por tal virtud, en nuestra actuación ante el Tribunal como Amicus Curiae, los firmantes nos referiremos a los derechos internacionalmente reconocidos en el sistema regional -interamericano y universal de derechos humanos que, a su vez, se encuentran incorporados en el sistema jurídico mexicano.
La presente actuación tiene como finalidad allegar al honorable Tribunal de elementos jurídicos que enriquezcan su inminente fallo, sin menoscabo del respeto que nos merece la independencia de este órgano jurisdiccional.
Por último reiteramos que nuestra actuación tiene como interés la vigencia del derecho internacional de los derechos humanos, en tanto conciencia jurídica y ética de la humanidad, ya que es una labor que nos incumbe a todos y todas.
II. Antecedentes del caso
En fecha 9 de diciembre de 2005, se anunció en los medios masivos de comunicación la detención por parte de elementos de la Agencia Federal de Investigación de una banda de secuestradores. Las notas señalaban un “operativo” en el que se había rescatado a tres víctimas de secuestro y la captura de dos secuestradores, una de ellos Florence Cassez Crepin. En la primera versión, que se corroboró con los partes policiales y las declaraciones, ocurrió a las 6:47 a.m. Tiempo después la evidencia demostró la inexistencia del anunciado operativo, cuestión que fue retomada por diversos medios de comunicación y admitida por la autoridad.
Al hacerse pública la inexistencia del operativo mediante el que se detuvo a la señora Florence Marie Cassez Crepin, la evidencia consistente en los partes policiales y declaraciones de testigos, se ajustaron para la versión primigenia e intentando salvar las contradicciones que se desprenden de los hechos.
La promovente del Amparo ante la justicia federal recibió sentencias condenatorias, en primera instancia, el 25 de abril de 2008 a 96 años de pena privativa de libertad por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro; portación de arma de uso exclusivo del Ejército; portación de cartuchos de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea y violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
En segunda instancia, en sentencia dictada el 2 de marzo de 2009, la condena fue reducida a 60 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro; portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
En el expediente se encuentran una serie de elementos que obligan a las organizaciones y a la CDHDF a pronunciarse al respecto, no como representantes de una parte, sino como terceros ajenos al proceso que presentan su opinión, válida por la legitimación en cuanto a su conocimiento técnico jurídico. En el mencionado proceso se encuentran inconsistencias
que afectan sustancialmente la seguridad jurídica y, bajo el entendimiento, de que ésta constituye el pilar fundamental en cualquier Estado Democrático de Derechos, además de ser una de las garantías mínimas que debe cumplirse en atención a las víctimas del delito, que consiste en una investigación profesional y diligente, seguida de juicios en los que se respete el debido proceso, con el ánimo de brindar certeza para aquellos que reclaman justicia frente a las autoridades por los delitos cometidos en su contra.
Por estas razones hemos elaborado este amicus curiae con el fin de hacer del conocimiento del Poder Judicial de la Federación, nuestra opinión basada en los estándares del derecho internacional público en favor de la persona humana que nuestro país está obligado a respetar.
La alteración e invención de los hechos de una detención, con todas las deficiencias que esto significó en el periodo de investigación, no son las únicas irregularidades que pueden derivar en violaciones a los derechos humanos. Encontramos en el expediente diversas violaciones al debido proceso y a los principios que se encuentran reconocidos por las leyes mexicanas y el derecho internacional de los derechos humanos
El presente documento se elabora con base en constancias de la causa penal y documentos elaborados por otras instancias, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nos permiten presumir la existencia de violaciones a los derechos humanos de las cuales se hace un análisis, invocando los estándares internacionales al respecto, primordialmente los pertenecientes al Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos.
La libertad personal es un derecho humano fundamental contemplado en los artículos 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La privación de la libertad en forma arbitraria es ampliamente condenada, entendida aquélla de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no sólo como las detenciones practicadas de modo contrario a la ley sino que debe interpretarse de manera más amplia, a fin de considerar elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad (1).
Al respecto se debe señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16 establece los plazos para que una persona detenida en supuesto de flagrancia o urgencia sea entregada ante la autoridad judicial o ministerial en su defecto.
En el presente caso, dentro del expediente encontramos indicios referidos a que la privación de la libertad fue ilegal. Tales indicios incluyen desde las contradicciones en las declaraciones de los testigos de cargo respecto a la hora en la que se realizó la detención, además de la información disponible sobre el momento en que se pidió la presencia de los
medios de comunicación por parte de las autoridades, hasta la actitud de la procesada respecto al día y hora de su detención.
Todo lo anterior hace evidente que la promovente del amparo de la justicia federal estuvo privada de su libertad por más tiempo de lo que mencionan las autoridades intervinientes, y de conformidad con las evidencias, esta detención ocurrió casi 24 horas antes (el 8 de diciembre a las 10:30 horas). En este sentido, no existe fundamento razonable para justificar la actuación de la autoridad, en particular que una persona sea expuesta ante los medios de comunicación como secuestradora, sin haber sido llevada ante la autoridad judicial o en su defecto ante la autoridad competente a fin de iniciar una indagatoria. Ninguna persona puede ser expuesta ante los medios de comunicación, con excepción de reglas procesales, estipuladas por la ley.
Las audiencias públicas realizadas en los Tribunales son, por mandato de la Constitución, expresiones del proceso penal en los cuales rige el principio de presunción de inocencia. Tal principio se manifiesta literalmente en todos los actos del Tribunal en tanto no se haya dictado sentencia. Es importante mencionar que no hay jurisdicción sin reglas procesales, y éstas no son válidas si no son claras, públicas y vedan el paso a la arbitrariedad y la impunidad. Un entramado normativo e institucional propio de un Estado democrático de derecho precisa de requisitos mínimos para verificarse. La justicia penal no es la excepción (o no debería serlo), sobre todo cuando se atiende a los bienes jurídicos que son objeto de su tutela, los más delicados: la vida, la libertad y la integridad de la persona. Por ello se ha reiterado que el proceso penal debe constar con reglas irrestrictamente respetuosas del debido proceso legal, así como prever los recursos judiciales que sean más efectivos para los sujetos procesales en cualquier momento del procedimiento.
De conformidad con el parte policiaco de los agentes aprehensores, la detención de la señora Marie Florence Cassez Crepin tuvo lugar aproximadamente a las 5:30 horas del día 9 de diciembre de 2005. En su parte informativo los cuatro policías señalaron la hora en que tuvo lugar la detención, igualmente las declaraciones coincidieron en el tiempo que les tomó la detención y el ingreso al rancho “Las Chinitas”. Sin embargo, en fecha 19 de septiembre de 2006, los cuatro elementos señalan que el operativo tuvo lugar una hora antes, sin que esta modificación sea ponderada por el A quo o el Ad quem.
Respecto a la declaración de Florence Cassez, siempre sostiene que fue detenida el día 8 de diciembre de 2005, situación que se corrobora con las declaraciones de los testigos de descargo. Esto significa que no existe certidumbre sobre el tiempo y las circunstancias de la detención de Florence Cassez, cuestión que se corrobora en el momento que los testigos (víctimas de secuestro en el expediente) narran su liberación de una forma que no concuerda con el parte policial relativo a la liberación de los mismos.
En conclusión, resulta evidente que no se ha realizado una calificación adecuada sobre la legalidad de la detención de Florence Cassez y la violación a su derecho de libertad
personal consagrado en los fundamentos constitucionales e internacionales. Tampoco se razonaron las consecuencias graves que ocasionaron los vicios en la detención de la quejosa y su impacto negativo en el derecho constitucional al debido proceso reconocido en los artículos 14 y 20.
El derecho a ser informado inmediatamente de los motivos de la detención
Los artículos 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 7. 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establecen que toda persona debe ser informada inmediatamente de los motivos de su detención. (2)
En este sentido la Corte Interamericana ha desarrollado infinidad de criterios garantistas sobre la efectividad del mencionado derecho, entre otros, el derecho a un recurso judicial efectivo: “…el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación de los Estados Partes de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. A su vez, estos recursos deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). La existencia de esta garantía “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”. Lo contrario, es decir, la inexistencia de tales recursos efectivos, coloca a una persona en estado de indefensión, particularmente al enfrentarse al poder punitivo del Estado.” (3)
En el presente caso, de conformidad con la declaración de Florence Cassez, esta información no le fue brindada, por el contrario, fue trasladada a diversos lugares y después exhibida ante medios de comunicación sin que se le informara el motivo ni los fundamentos de su detención, violentando con ello su derecho a la defensa al no contar con elementos para impugnar la legalidad de la detención.
De esta forma es necesario señalar lo establecido por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en su observación general número 21 que se refiere a que “las personas detenidas y encarceladas deben poder comunicarse con el mundo exterior, sujetas sólo a condiciones y restricciones razonables” (4)
En la detención y trato brindado a Florence Cassez, violentan el derecho a comunicarse con el exterior, toda vez que las personas bajo custodia tienen derecho a acceder sin demora a sus familiares, abogados, médicos y autoridades judiciales, y si se trata de extranjeros al personal consular o una organización internacional competente. El acceso al mundo exterior es una salvaguarda fundamental contra violaciones de los derechos humanos como la desaparición forzada de personas, la tortura, y es esencial para tener un juicio justo.
En el caso de Florence Cassez este derecho fue violentado, aunado a que en el expediente de la CNDH se señala que Israel Vallarta –persona detenida junto con ella- presentaba quemaduras eléctricas y diversos golpes que hacen presumir que fue víctima de tortura en condiciones de aislamiento, por lo que esas huellas de tortura de las que se hará mención en forma posterior obligan a no considerar como legales las declaraciones realizadas por esa persona. Al respecto,
En ese orden de ideas, no se puede considerar como razonables las demoras que tuvo lugar en la privación de la libertad de Florence Cassez, que se refuerza con lo establecido en la Constitución Mexicana y lo sostenido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al considerar que una persona debe ser llevada ante la autoridad “Tan pronto como sea posible; las demoras son inaceptables” (5)
Derecho a una defensa adecuada
La Constitución Mexicana establece en su artículo 20, apartado A, fracción IX, que toda persona imputada tendrá derecho a una defensa adecuada por el abogado al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención (6).
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que: “Al considerar la indispensable concurrencia del defensor, la Corte Interamericana ha tenido en cuenta los estándares internacionales en esta materia, que van mucho más allá de la mera designación de un abogado. En este orden, la jurisprudencia interamericana recuerda que “el numeral 8 de los Principios Básicos sobre la función de los Abogados relativo a las salvaguardias especiales en asuntos penales, que fija los estándares para el ejercicio adecuado de la defensa en estos casos, establece que [a] toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitarán oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial”.(7)
l acceso a la asistencia jurídica debe ser inmediato y de calidad, el principio 1 de los Principios Básicos de la Función de los Abogados de la Organización de las Naciones Unidas, establece el derecho a la asistencia en todas las fases del procedimiento penal, incluidos los interrogatorios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es clara al señalar que el derecho a la defensa exige que al acusado se le permita conseguir asistencia jurídica cuando es detenido (8) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castillo Petruzzi vs Perú, consideró que se violó el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando se impidió la comunicación libre y privada con un abogado. Debe entenderse esta obligación y demás formalidades procesales como obligación no sólo para autoridades judiciales sino para cualquier autoridad que a través de sus resoluciones determine derechos de las personas. (9)
En el presente caso, la demanda de amparo menciona que: “El veintiuno de febrero de dos mil seis, firmé un escrito en el que reclamé no estar enterada de quienes deponían en mi contra y el hecho de que mi abogado no había podido siquiera consultar la indagatoria. Mi defensor pudo protestar el cargo el veintisiete de febrero de dos mil seis.”. Cuando este documento se firmó, Florence Cassez se encontraba arraigada, figura que implica la privación de libertad de una persona sin que existan elementos suficientes en la indagatoria para que un juez considere procedente la acción penal.
En conclusión, la denuncia sobre la falta de abogado y el acceso a la defensa es una violación más del cúmulo que se presentan en el caso de la señora Marie Florence Cassez Crepin.
El Derecho Humano a la asistencia consular se encuentra garantizado en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la cual México es parte, y que consiste en el derecho de las personas extranjeras arrestadas o detenidas de ser informadas sin demora de su derecho a comunicarse con su embajada u oficina consular. La interpretación de este derecho, no se limita a la mera información, sino a la comunicación efectiva con las autoridades a fin de salvaguardar el derecho a la defensa adecuada del extranjero.
Además, el derecho a la información sobre la asistencia consular, es parte de las formalidades esenciales del procedimiento o garantías del debido proceso que deben observarse en todo momento cuando una persona es detenida en territorio extranjero. Así lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva número 16 (10).
En el caso concreto, Florence Cassez es una persona de nacionalidad francesa, situación constatada en los partes policiales y la información que ella misma proporcionó a las autoridades, y por ese entendido, el aviso no se dio de manera efectiva, ya que la asistencia consular se brindó después de la primera declaración de la señora Marie Florence Cassez Crepin, violentando con ellos sus derechos establecidos en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
También consta en actuaciones judiciales que en el oficio del ministerio público de la Federación mediante el cual recibe las actuaciones y a su vez en el oficio de puesta a disposición policial, de las diez horas con dieciséis minutos del nueve de diciembre de 2005, el ministerio público ordena diversas diligencias relativas a la detención y declaración de los presuntos inculpados sin embargo, en ninguna de ellas se ordena garantizar la intervención del abogado defensor, ni se hace referencia relativa al derecho consular que tiene la persona imputada en su condición de ciudadana francesa. Esto es trascendental toda vez que en la averiguación previa obra una constancia de que a las 3:10 p.m. del día 9 de
septiembre se hizo una llamada a la embajada francesa que respondió una grabadora, posteriormente, a las 3:15 p.m., Florence Cassez rindió su declaración ministerial, sin haber recibido el apoyo consular debido a la extemporaneidad del aviso consular.
Por otra parte, es necesario evidenciar la política internacional que sostiene el Estado Méxicano sobre la asistencia consular, en este sentido, el 9 de enero del 2003, México inició un litigio en contra de los Estados Unidos de América, ante la Corte Internacional de Justicia, por los procesos en Estados Unidos llevados contra 50 mexicanos sentenciados a pena de muerte, sin que se respetara su derecho a contar con la asistencia del consulado mexicano. El asunto se conoce como el caso “Avena” (11). El 31 de marzo del 2004, La Corte Internacional de Justicia falló a favor de México, y con ello reconoció que el derecho a ser informado sin dilación alguna sobre el derecho a la asistencia consular, es una garantía fundamental del debido proceso legal. Debe señalarse, que la obligación del Estado no se extingue con la mera notificación al procesado, sino con la notificación que reciba el Estado de la nacionalidad de la persona procesada.
Las autoridades mexicanas deben ser congruentes. Por un lado, le exigen al gobierno de los Estados Unidos que respete el derecho a la información sobre la asistencia consular de los mexicanos detenidos y condenados a muerte en prisiones de aquel país; mientras que por el otro, México le niega a los extranjeros ese derecho mínimo, tal y como ocurrió en el caso de Florence Cassez Crepin.
En conclusión, no existe dentro de alguna de las diligencias ordenadas la relativa a comunicarse con la representación francesa en México, a pesar de que la procedencia extranjera de la demandante de amparo es evidente,, cuestión contraria al estándar establecido por la Convención de Viena y la jurisprudencia emitida por Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 16 (12).
El respeto al debido proceso es requisito sine qua non para cualquier sistema de justicia, las autoridades se encuentran obligadas a respetarlo, no sólo porque así está dispuesto en los instrumentos internacionales de derechos humanos, sino porque se incluyen en la Constitución y Códigos locales, que tiene como consecuencia el respeto irrestricto a los derechos fundamentales como piedra angular de cualquier sistema de justicia, si no fueran atendidos nos encontraríamos frente a la ausencia de un Estado de Derecho y, por ende, de un sin sentido de los órganos judiciales.
También es necesario señalar que los principios rectores al ius puniendi o el derecho sancionador no debe ser considerados como límites sino como principios constitucionales de aplicación obligada y el programa penal de la constitución se define como el conjunto de postulados político- jurídicos, pues la constitución representa el marco normativo en cuyos principios han de inspirarse las decisiones del juez y legislador.
El respeto a estas normas plasmadas en los artículos 8 y de 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como diversas disposiciones del marco normativo constitucional, y sus leyes reglamentarias, establecen mínimos o irreductibles que no pueden ser vulnerados en un proceso, aunque esto no implica que pueda haber otros requerimientos necesarios en el proceso penal. La obligación de los entes del Estado se refleja en un sin número de jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación y del Sistema Interamericano, incluso resoluciones de la Corte Interamericana, que establecen en forma meridiana la obligación del Estado respecto al artículo 8 (13) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al sostener que el ejercicio de la potestad para establecer sanciones “no sólo presupone la actuación de autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención” (14).
La igualdad de condiciones que debe observarse durante todo el proceso judicial, significa que ambas partes deben ser tratadas de forma tal que se garantice un trato igualitario por parte de la autoridad judicial, lo que implica que las exigencias procesales respecto del procedimiento de obtención de los elementos de prueba, preparación, admisión, desahogo, valoración y argumentación de la prueba, a cargo del Tribunal garanticen efectivamente que no se admitirán pruebas obtenidas mediante violaciones a los derechos humanos ya que éstas no pueden ser aceptadas. El Tribunal también debe garantizar que las partes tengan durante el proceso, el efectivo derecho a producir prueba en igualdad de condiciones y de esta manera evitar que los argumentos que se desprenden de las pruebas que no debieron ser admitidas afecten el derecho de defensa demanera irreparable. l respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el siguiente criterio:
PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES (15).
Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente
prevista en nuestro orden constitucional. Así mismo, el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece, a contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida. Esto deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables.
Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías
En adición a dicho planteamiento, es necesario, al considerar la gravedad del delito que se imputa en el presente caso, mencionar lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la igualdad de las partes en el proceso, en donde menciona, que es “Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados.”
En el presente caso, del expediente se desprenden una serie de elementos que permiten presumir un proceso en donde no ha existido equidad procesal para la solicitante de amparo, debe resaltarse el hecho que es a partir que Florence Cassez hace público el montaje mediático sobre su detención por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, es que comienzan a aparecer pruebas en su contra.
En efecto, previo a que se hiciera público la simulación descrita, dos de los testigos no reconocían a Florence Cassez, ni mencionaban la presencia de una mujer en su secuestro. Por otra parte las declaraciones de los testigos son contradictorias ya que, al narrar hechos que fueron debidamente controvertidos por la defensa, no fueron controvertidos por la parte acusadora y tampoco motivó al juez natural a allegarse de elementos suficientes para superar las deficiencias de la falta de debate efectivo durante el desahogo de la prueba pericial.
Tampoco es valorada la narración contradictoria del “operativo” de rescate que se contrapone al parte policial, ya que éste último no revela actos de violencia o daños físicos o la presencia de policiales femeninos en su equipo; además del hecho de que los policías aprehensores declararon que vestían ropa de civiles cuando la víctima de secuestro manifiesta que fue rescatado por policías uniformados.
El Poder Judicial de la Federación no puede permitir que este tipo de actuaciones sean consideradas suficientes para condenar a una persona, toda vez que viola lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales así como el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como el 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese orden de ideas, la interpretación que se hace de este principio por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo relativo a que un ente no debe tener interés o relación personal
con el problema y que se mantendrá una posición objetiva al momento de resolver, se debe considerar que al referirnos al ente o autoridad se hace en el sentido amplio sobre el que ya se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tribunal Constitucional vs Perú (16), por lo que esta interpretación abarca los órganos investigadores, en específico el Ministerio Público de la Federación en el caso del montaje y las calificaciones subsecuentes de esas acciones que no fueron consideradas ilegales. Esta garantía obliga al juzgador a no permitir la influencia pública o mediática en sus decisiones y debe garantizar a las partes la “Igualdad de armas” que debe ser observada en el proceso y que significa que ambas partes son tratadas de manera que se aseguran posiciones procedimentales iguales durante el juicio, y que tienen una posición equitativa para exponer su caso (17).
La independencia e imparcialidad del órgano juzgador es un elemento central del debido proceso penal, el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que tanto el ente acusador como el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite a su vez, que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática.
En este sentido La Corte Europea ha señalado que la imparcialidad tiene aspectos tanto subjetivos como objetivos, a saber: Primero, el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio personal. Segundo, también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe determinar si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán tener cierta importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso.(18)
Por lo tanto, se debe garantizar una valoración imparcial de las pruebas ofrecidas, en ese sentido se debe considerar que desde la detención se observa una disposición por parte de la autoridad para incriminar o aportar cualquier tipo de elementos (ficticios incluso y el montaje es la mejor prueba de ello) que pudiera servir para fincar responsabilidad penal sobre Florence Cassez.
El derecho a interrogar testigos
Un elemento fundamental del principio de igualdad de condiciones y del derecho a la defensa es el derecho que asiste al acusado a hacer comparecer a testigos y a interrogarlos. (Artículo 14.3 PIDCP artículo 8.2.1 Convención Americana) Esta disposición tiene por objeto garantizar al acusado las mismas facultades jurídicas para obligar a comparecer a testigos e interrogar y repreguntar a éstos de que dispone la acusación” (19).
En el caso presente, una de las pruebas en las que se sustenta la sentencia condenatoria es la declaración ministerial de un testigo de cargo (10 de febrero 2006), quien dijo reconocer a Florence Cassez como una persona que seguía a una de las víctimas cuando compraba en su puesto de frutas. En dicha declaración no se hace referencia a circunstancias de tiempo que permitan ubicar a Florence Cassez en el supuesto lugar y menos permiten la oportunidad para desvirtuar ese dicho, -se debe recordar que la solicitante de amparo tiene diversas constancias de trabajo y tiempo en que no estuvo en el país-, sin embargo las declaraciones del mencionado testigo no pueden ser combatidas, dejando a la acusada en total estado de indefensión. Aunado a esto, el mencionado testigo, de conformidad a lo que obra en autos, fallece en la fase de instrucción privando a la defensa de la posibilidad de controvertir su dicho. Al respecto, es evidente que dicha prueba no puede ser analizada ni ponderada bajo los principios de apreciación probatoria, por cuanto, nunca se permitió su confrontación a la defensa. lo cual violenta de forma abierta los principios internacionales ya señalados en materia de recepción, calificación, desahogo, valoración y argumentación de la prueba. . A pesar de esto la sentencia se basa en dicha prueba para condenar a la promovente del juicio de garantías.
Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia, -y a ser tratada como inocente-, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley, en un juicio que cumpla por lo menos los requisitos mínimos que prescribe el principio de justicia procesal. El contenido de este principio se ve repetidamente mencionado en tratados internacionales e derechos humanos, como el artículo 11 de la Declaración universal de los Derechos Humanos, 14.2 del Pacto Internacional y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En cuanto a la Corte Interamericana se ha precisado “el principio de la presunción de inocencia tal y como se desprende del artículo 8.2 de la convención, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla sino absolverla” (20)
En cuanto a presentar a persona en los medios de comunicación transcribimos una frase ubicada en el párrafo 119 de la ya mencionada sentencia de la Corte en el caso Cantoral Benavides “vestido con un traje infamante, como autor del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado”.
El criterio por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su observación general número 13 es la siguiente:
“El Comité ha observado cierta falta de información en relación con el párrafo 2 del artículo 14 y, en algunos casos, ha advertido incluso que la presunción de inocencia, que es fundamental para la protección de los derechos humanos, está expresada en términos muy
ambiguos o entraña condiciones que la hacen ineficaz. En virtud de la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae sobre la acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda. No puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable. Además, la presunción de inocencia implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio. Por lo tanto, todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso.” (21)
Presentar ante los medios de información, previo a todo juicio, a cualquier persona exhibiéndolas como responsables de hechos delictivos, contraviene la presunción de inocencia. En este sentido, no obsta el enunciado formal, por parte de órganos jurisdiccionales, en el sentido que dichas exhibiciones no inciden en su ánimo, porque independientemente de su sensibilidad al respecto, los hechos verificables son que una persona inocente, en virtud de que no ha sido escuchada y vencida en juicio, fue exhibida como culpable con aquiescencia de los juzgadores, toda vez que ante el hecho consumado no actuaron de manera enérgica e indubitable, ni reafirmaron su convicción y decisión de considerar a Florence Cassez como inocente.
Además de la exhibición pública de la quejosa en este caso. Se reconoció que existió una recreación (22), entendida como una simulación de hechos, la cual, independientemente de la enunciación formal del órgano jurisdiccional en el sentido de que no le concede valor probatorio a diversas pruebas relacionadas con los hechos, incide en otras pruebas y en la valoración que se hace de las mismas, tales como testimonios que parecen ajustarse más a la recreación unas, mientras que otras a lo expuesto en un parte policial. El cual, valga la precisión, es enmendado respecto de la hora en la que ocurrieron los hechos, o bien en la valoración que se debe de hacer sobre los plazos y modos que las leyes establecen sobre la detención y presentación de las personas ante autoridad competente.
Además se pone de manifiesto que en la preservación del lugar de los hechos no se procedió, con apego a las reglas procedimentales idóneas, lo que obviamente incide en la defensa y en la oportunidad de desvirtuar una escena que no se resguardó debidamente, ya que no se considera dentro del caudal probatorio y su valoración muestra la existencia de la mencionada simulación, debiéndose ponderar la gravedad de este hecho y el alcance de la falta mencionada. Todo lo anterior resta certidumbre respecto de los hechos ocurridos y es reconocido que en caso de duda, ésta opera a favor de la persona inculpada.
Como podemos observar los textos transcritos, nos remiten a conceptos como duda razonable y prueba incompleta o insuficiente, que en el caso de Florence Cassez adquieren gran trascendencia, considerando el contexto en el que se integraron las constancias en las que se han sustentado las dos sentencias previas, y hacer una valoración adecuada de aquellos elementos probatorios que fueron ingresados al caudal probatorio sin considerar la exigencia de no admitir pruebas obtenidas mediante violación directa o indirecta de los derechos humanos que conforman el debido proceso legal, tal cual lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos siguientes: han sido, no únicamente con el
ánimo de no darles valor probatorio, sino en la forma en la que los mismo inciden y se encuentran presentes en otras probanzas que Han servido para sustentar tales sentencias.
El respeto al debido proceso es un imperativo en la administración de justicia, las pruebas obtenidas de manera ilegal y la indiferencia frente a las irregularidades presentes en este asunto sientan un precedente contrario a los principios que rigen nuestra Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, por lo que se hace un llamado con el más absoluto respeto a la autonomía e independencia propios del Poder Judicial, a fin de que se resuelva el presente asunto tomado en cuenta los estándares planteados en el presente documento por ser criterios e interpretaciones de tratados de los cuales México forma parte y por lo tanto son Ley Suprema de la Unión de conformidad con el artículo 133 Constitucional.
LUIS GONZALEZ PLASCENCIA s del Distrito Federal Comisión de Derechos Humano
JUAN CARLOS GUTIERREZ CONTRERAS Comisió Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humaos, A.C.
ALFONSO GARCIA CASTILLO Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C.
(1) Comité de Derechos Humanos, Organización de las Naciones Unidas caso Albert Womah Mukong c. Camerún (458/1991) 21 de julio de 1994.
(2) “No fue suficiente notificarle simplemente que lo arrestaban en virtud de las medidas de seguridad inmediatas sin ofrecerle una sola indicación del fundamento de la denuncia presentada contra el” Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el caso Drescher Caldas vs Uruguay
(3) CoIDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 20 de noviembre 2009. Serie C No. 207, párrafos 117.
(4) Comité de Derechos Humanos Naciones Unidas , Observación General 21 párr. 3.
(5) Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Ecuador OEA/ Ser. L/V/II.96 doc. 10 rev 1 p. 73 , 24 de abril de 1997
(6) Se ha transcrito el texto del artículo reformado en el 2008, en el entendido de que el objetivo del presente documento es meramente ilustrativo y que en esencia el texto transcrito es similar al vigente al momento de los hechos que e ubicaba en el artículo 20 apartado B, fracción octava.
(7) Caso Lori Berenson, párrafo 166, caso Castillo Petruzzi y otros, párrafo 139; y Principios básicos sobre la función de los abogados, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990
(8) Informe Anual dela Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1985-1986, OEA/Ser.L/V/II.68.doc.8, rev1, 1986. P 154.
(9) Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Tribunal Constitucional vs Perú, 31 de Enero 2001. Caso Ivcher vs Perú 6 de febrero 2001.
(10) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 16/99, 1 de octubre 1999.
(11) Corte Internacional de Justicia, Avena and Other Mexican Nationals (Mexicov.Unites States of America).
(12) “La expresión “sin dilación” utilizada en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, significa que el Estado debe cumplir con su deber de informar al detenido sobre los derechos que le reconoce dicho precepto al momento de privarlo de libertad y en todo caso antes de que rinda su primera declaración ante la autoridad.” OP 16. Pág 75, Opinión No. 3.
(13)Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser
asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.
(14)Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tribunal Consitucional vs Perú, 31 enero 2001, párr..68.
(15)Registro No. 165933 Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Noviembre de 2009. Página: 413. Tesis: 1a. CLXXXVI/2009. Tesis Aislada Materia(s): Penal, Constitucional
(16)”De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (…). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana”.
(17)Tribunal Europeo de Derechos Humanos caso Hopfinger vs Austria 617/59 dec, 19.12.60 pp.696.
(18)Cfr. Eur. Court. H. R.,Case of Pabla KY v. Finlad, Judgment of 26 June, 2004, para. 27; y Eur. Court. H. R., Case of Morris v. the United Kingdom, Judgment of 26 Febrary, 2002, para. 58.
(19)Comité de Derechos Humanos, Observación General 13 párr. 12
(20)Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cantoral Benavides vs Perú, 18 de agosto de 2000, párr..120.
(21)Comité de Derechos Humanos, Observación General 13, párr. 7.
(22)Página 501 tercer párrafo de la sentencia recurrida.
¿Intervención del Mossad en el caso de Florence Cassez?
Juez Olga Sanchez Contreras, la que condenó a Florence Cassez en segunda instancia ¿Corrupta, incompetente?
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