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Timestamp: 2020-05-30 00:12:00+00:00

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EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: PRINCIPIOS INFORMADORES. LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: INICIACIÓN, ORDENACIÓN, INSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN. DIMENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO.
Al finalizar nuestro estudio deberemos ser capaces de conocer:
La trascendencia jurídica del procedimiento administrativo
La delimitación de los sujetos legitimados para intervenir en el procedimiento con la condición de interesados
Las distintas fases del procedimiento y su estructura interna
1. ALCANCE Y CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
El artículo 7,lº,g), del Real Decreto 33/1986, tipifica como falta grave "interve­nir en un procedimiento admi­nistrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención le­galmente señaladas".
La Administración ha de intervenir en tal relación como tal, y no como persona de Dere­cho Privado. Esto es tanto como decir que ha de actuar (la Administración) al servicio de los intereses generales a que le obliga el artículo 103,1º de la Constitución, de 27 de di­ciembre de 1.978.
Su modificación puede afec­tar a los sujetos (por ejemplo, el cambio de un particular en la titularidad de una Licencia de Apertura de un Establecimiento), al objeto (por ejemplo, redimir a metálico la prestación personal a que se refiere el artículo 119 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, re­guladora de las Haciendas Locales) o al contenido de la relación, es decir. a los derechos y debe­res de los sujetos en la misma (que puede producirse, por ejemplo, cuando la Administración hace uso del "ius variandi" en 1a contratación administrativa, modificando unilateralmente los términos del contrato de que se trate
Interesados propiamente dichos. A ellos se refiere el art. 31 apartados a) y b) de la Ley 30/1.992, a cuyo tenor se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
El artículo 31 apartado c) de la Ley considera también interesados a aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución, siempre que se personen en el procedimiento antes de que haya recaído resolución definitiva.
Además, serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca, las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales (artículo. 31.3)
A estos efectos. el artículo 46 Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, señala que:
Tienen la consideración de documento publico administrativo los documentos válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas.
En concreto, el artículo 70,3º Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. prescribe que "de las solicitudes, comunicacio­nes y escritos que presenten los interesados en las oficinas de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la techa de presen­tación, admitiéndose como tal una copia en la que figure la fe­cha de presentación anotada por la oficina".
En similares términos se pro­nuncia el artículo 79,1º Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, estableciendo su número 2 que "en todo momento podrán los interesados alegar los defec­tos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización. infracción de los plazos precepti­vamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas ale­gaciones podrán dar lugar, si hu­biere razones para ello, a la exi­gencia de la correspondiente res­ponsabilidad disciplinaria.
El artículo l05,b), de la C.E. establece que la Ley regulará el acceso de los ciuda­danos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
Téngase en cuenta que los artículos 6 a 8 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprobó el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administra­ción del Estado, aplicable supletoriamente al resto de los funcionarios públicos recogen, en su tipificación de faltas muy graves, graves y leves, la “actuación que suponga discriminación por ra­zón de raza, sexo, religión, len­gua, opinión, lugar de nacimien­to, vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia perso­nal o social” (falta muy grave), “la grave falta de consideración con los administrados” (falta grave) y la incorrección con el público, superiores, compañeros o subor­dinados” (falta leve).
El sistema de responsabilidades personales de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como patrimonial se regula en el Título X de la Ley de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre.
En la propia Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. se contienen otros derechos, como, por ejemplo, el de no comparecer obligatoriamente ante las oficinas públicas salvo que esté previsto en una norma con rango legal y con las garantías del artículo 40 los reconocidos en el artículo 85, en la instrucción del procedimiento (asistencia de asesor etc.) y los reconocidos en el pro­cedimiento sancionador.
Procedimiento ordinario: es el procedimiento general regulado en el título VI de la Ley que, tiene carácter de legislación básica, común y, por tanto, supletoria en defecto de norma especial.
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, recogido en el Título IX de la Ley 30/1.992, y en Real Decreto 1398/1.993, de 4 de agosto, por el que se aprueba le Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: recogido en el Capítulo I del Título X de la Ley 30/1.992, "Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública" y en el Real Decreto 429/1.993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.
4. DIMENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO
FasesIniciaciónOrdenaciónIntroducciónTerminaciónDimensión temporalPrincipios informadores

References: artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 103
 artículo 119
 artículo 31
 resolución 
 artículo 46
 artículo 70
 artículo 79
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 40
 artículo 85
 Real Decreto 
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