Source: http://carlosfuente.es/2018/11/la-brecha-de-los-protocolos-oficiales/
Timestamp: 2019-05-23 19:43:18+00:00

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La “brecha” de los protocolos oficiales - Protocolo y Eventos Carlos Fuente
Hemos observado una brecha grande entre el protocolo de Estado (el que afecta especialmente a las altas instituciones), el protocolo aplicado desde las comunidades autónomas y el estrictamente local. En lenguaje coloquial, unos y otros se han echado piropos, pero lo cierto es que el distanciamiento, por mucho que puedan aportarse excepciones muy contadas, es importante y, de alguna forma, provoca cierta ansiedad e inseguridad en los niveles “inferiores” de la administración pública, precisamente los más cercanos al ciudadano. Frente a esta orfandad/soledad, los expertos locales acreditan en su mayor parte un nivel alto de profesionalidad y entrega para resolver cuestiones complejas, aunque no siempre con los resultados deseables.
Ha sido este Congreso una buena oportunidad para reivindicar la importancia del papel de los responsables de protocolo local, la necesidad de sentirse más arropados y que su trabajo tenga un mayor nivel de comprensión. Laboran en su mayoría sometidos a la presión política de turno, en un momento donde los representantes institucionales, aparentando rechazar el protocolo (como ellos mal lo entienden) recurren a su supuesta “ruptura” precisamente para dar visibilidad a sus propios estilos. Pese a que los profesionales intentan equilibrar el uso privativo o partidario del ceremonial público –cada vez más condicionado por las necesidades comunicacionales- con las regulaciones y las costumbres, la cuerda se ha tensado de tal forma que puede hacerse añicos en cualquier momento.
Congreso horizontal
Probablemente lo más importante de este Congreso, dedicado íntegramente al protocolo local, se ciña al hecho mismo de su celebración. Y, además, en el formato elegido. Ha sido un encuentro horizontal, de igual a igual, donde los responsables locales, desde el que subía al atril o las mesas debate para expresar sus preocupaciones o experiencias, hasta el que seguía desde su asiento las sesiones, han tenido al menos la oportunidad de hablar, contrastar y ver cómo se afrontan los problemas en otros territorios. Se ha huido de ponencias magistrales –“nadie enseña a nadie”-, y se ha apostado, en un formato de pocas formalidades y mucha flexibilidad (lo que ha favorecido la comunicación interna), sencillamente por intercambiar (con todo lo que ello significa). Y tal y como están los tiempos, ese ha sido un gran paso que no debe quedar ahí.
Ver video de la primera jornada del Congreso: https://www.youtube.com/watch?v=2OQFx6RnANY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2MNDSGjf_BuW8-gl3lpD4OJFM6CKmKAEW1P-4mSw6AAvNRNZ6bsystcvQ
El Congreso ha evidenciado claramente que entre los altos responsables de Protocolo de Estado y de las comunidades autónomas, existen cauces para potenciar las bases mínimas de un protocolo de Estado, pero la correa de transmisión no llega a las entidades locales, por mucho que, en la buena intencionalidad de algunos profesionales, se insista en que desde los servicios de protocolo de las comunidades se trate de ayudar en todo lo posible a los profesionales del siguiente nivel. Los ayuntamientos teóricamente más fuertes parecen sobrevivir a esa soledad gracias a su relevancia y porque sería suicida no atender su situación. Pero los medianos y pequeños se ven condenados al aislamiento y, por qué no decirlo, a la sumisión de los protocolos de entidades “superiores”. Resulta preocupante esta situación, porque la vertebración positiva de nuestro país –hablamos de protocolo- pasa mayormente por lo que se haga o se deje de hacer en las más de ocho mil entidades locales.
Así como los jefes o directores de protocolo de las comunidades autónomas promueven encuentros entre sí o con los altos representantes del protocolo de Estado, no se produce lo mismo entre las comunidades y las entidades locales. Esa debería ser una de las primeras medidas que habría que pedir y probablemente la conclusión más evidente de este encuentro: la necesidad de integrar en mejores condiciones a los profesionales del protocolo local en los grandes protocolos de Estado y de Comunidad Autónoma. Es evidentemente que existe una mayor “comunión” entre los servicios de protocolo de las presidencias regionales y los de los grandes ayuntamientos, pero no con el resto. A esta evidente conclusión habría que añadir otra de mayor calado: la necesidad que tienen los profesionales locales de vertebrar entre ellos una estructura de relación que les permita compartir y resolver sus propias preocupaciones.
Es notorio que el nivel de trabajo que soportan todos los profesionales de protocolo, sean del ámbito que sean, es excesivo, lleno de tensión, no siempre bien remunerado y apreciado, y en demasiados casos sometidos a la cuestión de inseguridad laboral por la relación contractual en su institución (cargo de confianza, dependencia funcional de personas de “confianza” desconocedoras de lo que es el protocolo, autoridades que lo retuercen en aras a otros fines, etc.). Y pese a todas estas circunstancias trabajan sin cesar por la defensa de un protocolo que contribuya a la conservación del sentido institucional con independencia de quién gobierne en cada momento. Pero en ese camino se encuentran con muchos palos en sus ruedas. Los protocolos de Estado y de las comunidades autónomas deberían cambiar el “chip”. Sería muy positivo para nuestro país.
Por otra parte, creo que es también necesario un mayor nivel de autocrítica por parte de todos los profesionales, los de “arriba” y “no tan arriba”, para intentar en primer lugar definir su estatus y rol actual en función a las necesidades que marcan los tiempos, y hacerlo abiertamente junto a sus responsables políticos. En segundo lugar, fijar las bases de asentamiento del nuevo protocolo que exige el siglo XXI, que no pasa precisamente por romper con todo, sino precisamente por encontrar el adecuado equilibrio entre la obligada innovación y el sostenimiento de la cultura popular en los territorios locales, tan singulares e importantes para los ciudadanos.
Mayor implicación entre los responsables de protocolo de diferentes instituciones
El Protocolo de Estado y de Comunidad Autónoma –en su visión de conjunto- no puede obviar esta situación ni mirar para otro lado. Sería un grave error. Aunque no quiero que esto se interprete en el sentido de culpabilizar a unos frente a otros, debemos pedirles una mayor implicación y no dudo que lo estén haciendo, pero probablemente deban cambiar los mecanismos de esa relación. Es muy relevante ser jefe de protocolo de un ministro, o del Presidente, o del Rey, pero también lo es serlo de un alcalde o de un presidente de diputación o cabildo, a la hora de fomentar la convivencia entre todas las instituciones y ciudadanos.
Ver video de la segunda jornada del Congreso: https://www.youtube.com/watch?v=xODo-_NOnOQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR15R1wteYee67udzfXMW2G7w07Rn-DH0wF0Do_vBTQGcJsL2otcqps_PX4
Asignatura pendiente: El gran encuentro de Protocolo
Los profesionales de verdad de protocolo acreditan a diario su capacidad para resolver conflictos (o evitarlos), su entrega para no distanciar la institución de los vecinos, su dedicación para que no se pierdan raíces ni arraigos, y su decidida actitud para desde su modesto puesto contribuir a la vertebración institucional. No se puede olvidar todo esto, por lo que resulte conveniente pedir gestos y actitudes a los de “arriba” con respecto a los de “no tan arriba”. Tenemos en España pendiente el gran encuentro de protocolo de Estado –en su acepción total, administración general del Estado, comunidades y entidades locales- en el que de igual a igual y en formatos flexibles y muy horizontales se pueda hablar de la construcción del protocolo del siglo XXI.
Ese paso debe fomentarse desde las altas instituciones. Esa, al menos para mí, es la gran conclusión de este Congreso que ha ofrecido un canal para revalorizar el papel protocolario local, siempre fundamental como digo en la construcción de país. Sin los ayuntamientos no se puede avanzar.
Implicación de las Federaciones de Municipios y Provincias
Resulta necesario, también, que desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las federaciones de cada comunidad, se promuevan políticas en este sentido y favorezcan encuentros entre autoridades y profesionales, y se reflexione acerca del papel de la comunicación institucional desde las aportaciones del protocolo y el ceremonial local. Y por supuesto que se adopten medidas pactadas. Que un alcalde o alcaldesa, en una toma de posesión, renuncie frente a las cámaras de televisión a tomar el bastón de mando, por razones políticas o de mensaje a sus afiliados o votantes, es cuestionar la importancia de la simbología y comunicación institucional. El bastón de mando, aunque resulte pomposo y antiguo, tiene un simbolismo que no debe perderse por lo que significa: el pueblo, a través de ese gesto, le está otorgando un mandato en su nombre y le recuerda que su función es gobernar para todos. Símbolos o puestas en escena de ese tipo, probablemente mejorables en muchos casos, no deben perderse por lo que significa y representa de compromiso con los ciudadanos.
Voluntad de servicio público
Del Congreso se pueden extraer muchas conclusiones y muy interesantes, que habrá que ir analizando con la calma que requieren estas cuestiones y la profundidad que merecen, porque se ha hablado de mucho y muy importante. No se han buscado soluciones a muchos de los problemas, porque tampoco era ese ni el objetivo ni el propósito. Eso deberá ocurrir en otro marco y dirigido por quien corresponda. Ha servido para hablar, intercambiar experiencias, conocerse en algunos casos los propios profesionales, intuir tendencias, observar problemas y posibles mecanismos de solución. Hemos visto protocolos muy acertados y otros no tanto, pero en cualquier caso se ha apreciado claramente la voluntad de servicio público, ganas de evolucionar, compromiso por contribuir a la comunicación institucional y garantías de garantizar el sostenimiento de las culturas y tradicionales locales. El gran “Estado” no debería olvidar ese compromiso que a diario acreditan gran parte de los verdaderos profesionales.
El necesario ajuste del Real Decreto de Precedencias
Resulta evidente, en función de la institución en la que se trabaja, que hay contradicciones o diferencias de opiniones sobre las que conviene hablar. Unos sostienen que el Real Decreto de Precedencias mejor ni tocarlo (los que están más “arriba”), pero otros necesitan con urgencia que las ausencias en esa normativa no les genere los conflictos que viven en el día a día. El Real Decreto se puede modificar o no, pero al menos que se debata, y ahí apelamos de nuevo a que Protocolo del Estado genere un mecanismo de reflexión y a que desde el Congreso de los Diputados se trate la cuestión desde una perspectiva más general.
No es un problema de discutir quién va primero o quien segundo. Es una cuestión de garantizar la convivencia institucional.
Demasiadas y simbólicas ausencias locales
Para mí y muchos más, es evidente que el Real Decreto necesita ajustes –negarlo es dar la espalda a la realidad de cada día-, quizá no tantos como muchos piensan, pero algunos cambios sí precisa. Olvidar que en este país que existen concejales, diputados regionales y provinciales, altos cargos de la comunidad, etc., no es un problema menor. Precisamente quienes están elegidos directamente por el pueblo no tienen reconocimiento alguno en la normativa de precedencias del Estado. ¿Es sensato eso? Mientras que la totalidad de la estructura del Poder Ejecutivo, una pequeña parte del Poder Judicial, y la totalidad del Poder Legislativo tiene garantizada su situación, el resto de las administraciones no. Ese vacío debe arreglarse, aunque sea con decisiones de mínimos que tampoco termine por convertir la norma en algo que dificulte la necesaria flexibilidad. No es necesario regularlo todo, evidente. Pero tampoco puede esgrimirse que tal y como está es suficiente. Eso sólo lo dicen quienes tienen potestad y fortaleza para hacer sus propias interpretaciones, pero no las entidades locales que se sufren el “sometimiento” de los protocolos de “arriba”. Hay que hacer algunos ajustes. Los acuerdos para cada acto o evento son necesarios, pero también son peligrosos porque nos llevan a situaciones de agravio comparativo o falta de equidad en el tratamiento a las autoridades, especialmente en las corporaciones locales.
¿Normativas específicas?
La facultad de que las comunidades autónomas puedan hacer sus propias normativas tampoco resuelve, de hecho a los resultados nos remitimos: plantean más conflictos todavía. Y que los ayuntamientos hagan sus propios reglamentos tampoco aporta soluciones porque han de limitarse a sus propios cargos. ¿De qué vale intentar llegar a acuerdos puntuales si el Secretario de Estado de turno o cualquier otra autoridad regulada exige finalmente que se respete su puesto? Conflicto seguro. ¿De qué vale que un responsable de protocolo de un ayuntamiento trate de ordenar en función a los objetivos de un evento si luego llegará el jefe de Protocolo de la Comunidad y lo cambiará precisamente haciendo valer el Real Decreto? Es necesario revisar el puesto del Alcalde, el del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el del Presidente de la Diputación o Cabildo, o incluir otras autoridades como los concejales y diputados autonómicos y provinciales. No puede dejarse al azar o libro albedrío del responsable de protocolo de turno.
Bases mínimas para el entendimiento
Y lo mismo que hablamos del Real Decreto, deben de fijarse bases mínimas para los actos de tomas de posesión, para la celebración de bodas municipales, para las representaciones (lo que señala el Real Decreto es confuso y exige una vuelta de tornillo más, para evitar abusos), el uso de los símbolos y el luto oficial, el sistema de acceso de los profesionales a las instituciones (competencias, capacidades, estudios, etc.), el alcance y validez de los reglamentos municipales (muy confusa la normativa al respecto), la forma de aplicar la aconfesionalidad en los actos promovidos desde las instituciones y un sin fin más de cuestiones que deben atenderse.
No se trata de atar todos los cabos porque entonces el protocolo se volvería en contra del propio sentido común. Es necesario dejar espacios de adaptación, de flexibilidad, de ajustes en relación con lo que se celebra, pero tiene demasiados peligros en un país donde algún profesional de protocolo tenga que llevar en su bolsillo un pequeño crucifijo por si un concejal se niega a jurar su cargo si no está presente dicho símbolo religioso, o vea cómo otro rechaza la medalla corporativa que sus ciudadanos le otorgan como atributo visual de la responsabilidad que adquiere en nombre de la soberanía del pueblo. ¿No es necesario hablar de todo esto? ¡Que protocolo no es sólo decidir quién va antes y quien después…!
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