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Timestamp: 2017-03-24 14:47:02+00:00

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Natividad Maidana Toledo
1 CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS, CEJA PERSPECTIVAS DE USO E IMPACTOS DE LAS TIC EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN AMÉRICA LATINA Documento elaborado por un trabajo conjunto entre el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y Microsoft2 Tabla de contenidos Introducción Desafíos para la administración de justicia en América Latina Breve caracterización de la administración de justicia actual La escrituración La organización de las instituciones del sector Consecuencias sobre la organización del despacho judicial Iniciativas de cambio Las reformas de los últimos años Algunos desafíos para el mejoramiento de la administración de justicia en América Latina El aporte de las TIC para enfrentar los desafíos de la administración de justicia La introducción de TIC en la justicia Mejoramiento de la capacidad de respuesta del sistema de justicia ante una demanda creciente y cada vez más diversa Sistemas de seguimiento procesal Seguridad, almacenamiento, disponibilidad y búsqueda de datos Un tema prospectivo: la relación entre los MARC y la justicia formal Afianzar las reformas procesales en marcha y emprender reformas procesales para las materias no reformadas La formación y entrenamiento de personal Reorganización de los despachos Mejoramiento de los procesos de toma de decisión del gobierno y del gerenciamiento de las instituciones del sector Las estadísticas judiciales Sistemas de control de gestión Sistemas de evaluación del desempeño Aumento de la eficacia y eficiencia global del sistema de justicia La persecución penal estratégica Herramientas para facilitar la coordinación Gestión del conocimiento Herramientas para la administración de recursos (ERP) Desarrollo de efectivos mecanismos de atención y comunicación con sus usuarios y con la ciudadanía Relación con los usuarios Relación con la ciudadanía...57 Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina 13 3. Recomendaciones para la gestión de las TIC en la administración de justicia La incorporación de las TIC en la administración de justicia en América Latina La gestión y organización para la incorporación de TIC para la decisión de inversión en TIC Recomendaciones para la etapa de implementación de TIC Recomendaciones para la operación y mantenimiento de las TIC Recomendaciones respecto a estructura organizacional para gestionar las TIC Respecto a la relación con empresas proveedoras...65 Anexo: participantes en el taller de trabajo Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina4 Introducción Este documento es el fruto de la reflexión conjunta de un grupo de personas 1 acerca de la administración de justicia en América Latina y de cómo las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) pueden ayudar a su mejoramiento operacional e institucional y, por ende, a brindar mayores y mejores servicios a la ciudadanía. Como primera orientación de la reflexión, se ha tenido en cuenta la pregunta de qué tiene de particular o característico o especial la administración de justicia en América Latina, respecto de diferentes referentes. Esos otros referentes pueden ser la administración de justicia en otras regiones, o la administración pública en América Latina, o incluso la actividad de empresas privadas en América Latina. Una segunda orientación ha sido un análisis de los procesos de reforma judicial en la región, muchos de los cuales aún no han concluido sus etapas de implementación. Junto con esto, se han tomado en cuenta los desafíos que enfrenta la justicia, producto tanto de la misma dinámica de las reformas ya en marcha, como de las expectativas que sobre su desempeño y funciones tienen otros actores relevantes de cada país. Como ejemplo de estos desafíos están las promesas de contar con procesos judiciales públicos y transparentes que se han hecho con las reformas al proceso penal que han implementado o están en vías de hacerlo la mayor parte de los países de la región, y la expectativa de alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia en la persecución de actos delictivos, por mencionar solo dos. 1 En anexo se detallan los participantes de un taller de trabajo en que se discutieron los contenidos y orientación de este documento. La redacción del documento estuvo a cargo de Cristián Hernández (CEJA) y Roberto Adelardi (Microsoft). En tercer lugar, y dado el sentido de este documento, no se puede dejar de lado una reflexión acerca del desarrollo científico y tecnológico, fundamentalmente de la informática y las telecomunicaciones, y sus aplicaciones en distintos ámbitos. En los últimos años se ha visto una incesante y creciente aplicación de este tipo de tecnologías no solo a actividades productivas o económicas, con enormes ganancias de calidad y eficiencia en la provisión de bienes y servicios, sino que también a prácticamente cualquier área de la actividad humana, lo que ha modificado no solo la forma de trabajo de las personas, sino que también otras esferas antes inimaginables, como es la misma forma de relacionamiento de las personas. Reuniendo las tres orientaciones descritas, el marco general de este documento se refiere a cómo se han aplicado y cómo podrían aplicarse las TIC a mejorar la gestión del Estado en su relación con los ciudadanos, en particular en América Latina, en donde las grandes diferencias socioeconómicas existentes dentro de cada país se reflejan en una marcada brecha digital 2 en su población. 2 Brecha digital es una expresión que hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen Internet y aquellas que no, aunque tales desigualdades también se pueden referir a todas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como el computador personal, la telefonía móvil, la banda ancha y otros dispositivos. Como tal, la Brecha Digital se basa en diferencias previas al acceso a las tecnologías. Este término también hace referencia a las diferencias que hay entre grupos según su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización y capacidad tecnológica. También se utiliza en ocasiones para señalar las diferencias entre aquellos grupos que tienen acceso a contenidos digitales de calidad y aquellos que no. El término opuesto que Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina 35 Toda esta perspectiva se ha englobado bajo el concepto de e-gobierno. Este término se ha definido como el uso por parte de las agencias gubernamentales de las TIC, que tienen la capacidad de transformar las relaciones con el ciudadano, las empresas y 3 otras agencias gubernamentales. Enmarcado dentro de este concepto de e- gobierno, uno de los desafíos a acometer, y que será profundizado más adelante, es el de potenciar la interacción de la justicia con el ciudadano y con las otras entidades gubernamentales en una visión sistémica de la administración de justicia. Es en la intersección de estas tres grandes orientaciones que este documento pretende proponer algunas recomendaciones. En efecto, preguntas tales como qué desafíos prioritarios de la justicia en América Latina pueden o podrían ser resueltos, o al menos ayudados a ser resueltos, por las TIC?, o qué se podría aprender de las experiencias desarrolladas en otras áreas de la administración del estado, en el mundo y en América Latina, aplicables a la administración de justicia?, tienen sentido en dicha intersección. Como fundamento de este documento, es necesario mencionar también un diagnóstico se emplea con más frecuencia es el de inclusión digital. 3 Cabe hacer una reflexión respecto al e-gobierno, ya que se ha acostumbrado automáticamente a inferir que la letra e que se emplea en la frase e-gobierno significa electrónico. Sin embargo, y tal como se profundizará posteriormente en este documento, se estima conveniente añadir dos significados adicionales que debe tener la letra e además del significado tradicional. Estos son eficiente y económico. En este sentido, se puede hablar más bien de un e³-gobierno, es decir, un gobierno eficiente, económico y finalmente electrónico donde la aplicación de tecnología se concibe como apoyo a un proceso de modernización y no como la finalidad de tal proceso. subyacente de que el funcionamiento de los sistemas de justicia en América Latina no es el deseado, desde distintos puntos de vista. Por un lado, desde las propias expectativas de las personas que han participado en la elaboración de este documento, quienes han estado ligados por años y desde distintas posiciones y responsabilidades a la administración de justicia. Por otro lado, desde un punto de vista comparativo, tanto en relación a cómo funciona la justicia en países desarrollados, como en relación a cómo ha venido mejorando la administración del Estado en América Latina en algunas áreas, en las cuales hay avances relevantes. Este diagnóstico de desempeño no deseado se extiende no solo al funcionamiento general de los sistemas de justicia en la región, sino que toca también a lo que hasta ahora ha sido el uso de las TIC para mejorar el funcionamiento de la justicia, en donde pese a los avances que han existido, existen aún vacíos profundos y quizá esfuerzos no bien orientados pese a la inversión realizada. Para mencionar algunos de estos vacíos, sobre los cuales se profundizará en el documento, se puede mencionar que las TIC podrían tener un alto impacto en mejorar los niveles de transparencia en la operación de las instituciones del sistema de justicia, en mejorar el acceso de la ciudadanía al sistema de justicia, en aumentar los grados de eficiencia y eficacia en el desempeño de múltiples labores, en posibilitar y potenciar los procesos de innovación en la impartición de justicia y en la gestión judicial, en posibilitar la auditoria ciudadana sobre el sistema de justicia, en facilitar la rendición de cuentas de las autoridades judiciales a la ciudadanía, entre otros ámbitos. Lo anterior no quiere decir que no se reconozcan importantes avances y mejorías en la administración de justicia en América Latina. Es aún reconociendo estos avances 4 Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina6 que con más fuerza es necesario plantearse la pregunta de por qué hemos sido capaces de mejorar sustancialmente en algunas áreas de la justicia, pero sin embargo no hemos sido capaces de expandir esos avances a otras esferas de acción? Considerando todos los elementos anteriores, el objetivo de este documento es contribuir al mejoramiento de la administración de justicia en América Latina, mediante la formulación de sugerencias de qué tipo de TIC y qué estrategias de planeamiento podrían incorporarse en forma productiva a los diversos ámbitos de acción de las instituciones del sector, y de cómo realizar esta incorporación. Cabe destacar que al hablar de administración de justicia se entenderá tanto la operación de las instituciones más directamente ligadas a la tramitación de casos judiciales, como son los tribunales de justicia, el Ministerio Público y la Defensoría Pública, como a otras relacionadas en mayor o menor medida, tales como los Consejos de la Magistratura o Judicatura, el Ministerio de Justicia o de Gobernación, la policía, el sistema penitenciario, el servicio de medicina forense, el servicio de registro civil, el servicio de inmigración, entre otros. Este documento tiene como destinatarios principales a las autoridades de los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos, Defensorías Públicas, Ministerios de Justicia y, en general, a las instituciones que participan directa e indirectamente en el sistema de justicia de nuestros países. Persigue mostrarle alternativas que pudieran contribuir al mejor funcionamiento de sus instituciones en particular, y del sistema de justicia en su conjunto, en general, en un lenguaje alejado de los tecnicismos y centrado en los desafíos que estas autoridades enfrentan para mejorar la justicia. Para ello, el documento se estructura en tres capítulos. En el primero de ellos, y a modo de contexto para los siguientes capítulos, se presenta una visión global de los desafíos que enfrenta la administración de justicia en nuestra región en los años venideros. Esta visión está basada a) en la operación rutinaria de las instituciones del sector, b) en lo que ha sido la historia reciente de reformas que se han emprendido en la mayor parte de los países, y c) en el análisis de cambios en el entorno político, económico y social que está experimentando la región. El segundo capítulo desarrolla el aporte que las TIC pueden hacer para afrontar algunos de los desafíos contenidos en el capítulo anterior. Para ello, se ha privilegiado un enfoque en que junto con proponerse respuestas globales, se presentan ejemplos concretos de experiencias ya en marcha en algunos países de la región, de modo que el lector pueda tener una clara imagen tanto de los resultados potenciales de alcanzar, como de las condiciones de aplicabilidad de estos ejemplos a su realidad. Finalmente, en el tercer capítulo, se presenta un conjunto de recomendaciones de cómo poder llevar adelante los mejoramientos que las TIC ofrecen. En estas recomendaciones se mezclan lecciones aprendidas de lo que ha sido la experiencia de alguno de nuestros países en el desarrollo de proyectos informáticos y de comunicaciones, con experiencias desarrolladas en el sector público de la región y, en términos más generales, con buenas prácticas que se han ido asentando en la industria de las TIC. Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina 57 1. Desafíos para la administración de justicia en América Latina Para poder darle un contexto a los desafíos que se enfrentan en los países de la región para mejorar la administración de justicia, es necesario señalar dos grandes elementos. El primero de ellos es una breve caracterización de cómo hoy funciona la administración de justicia, y el segundo es analizar qué ha estado pasando con las reformas judiciales que se han emprendido los últimos años. Sin duda, estos elementos están relacionados, ya que el funcionamiento actual de la justicia es producto en parte de las reformas que se han desarrollado o se están desarrollando. Al hablar de la administración de justicia o de justicia en términos generales, se hará referencia principalmente a la resolución de conflictos entre partes o a la asignación de derechos de distinta naturaleza realizada por tribunales de justicia. Dentro de estos, están los delitos penales, las reclamaciones civiles, los conflictos de familia, los conflictos en las relaciones laborales, las reclamaciones administrativas de la actuación del Estado, entre varios aspectos contemplados en las leyes de cada país. Esta resolución de conflictos o asignación de derechos tienen un rol central en el buen funcionamiento de los Estados, especialmente en América Latina, en donde la acción estatal tradicionalmente ha tenido carencias que han impedido terminar con problemas como la pobreza y la desigualdad de oportunidades, y en donde la misma acción estatal ha tenido y tiene aún altos niveles de desconfianza por parte de la ciudadanía 4, fenómeno al que no escapa por cierto el sistema de justicia Breve caracterización de la administración de justicia actual La administración de justicia en América Latina ha sido vista con altos niveles de desconfianza por la ciudadanía. Sin pretender hacer un análisis exhaustivo, en la generalidad de nuestros países, el modelo tradicional de impartición de justicia es señalado usualmente como lento, excesivamente formalista y burocrático, y lejano para el común de la ciudadanía. Estas percepciones pueden tener su origen en dos elementos particulares de la forma en que tradicionalmente se ha administrado justicia en la región, que son la escrituración formalista de los procesos judiciales y la especial organización de estas instituciones, las que traen como consecuencia una inadecuada organización en el despacho judicial, que es donde finalmente se tramitan los casos La escrituración Respecto a la escrituración, la forma normal en la cual se han procesado los casos judiciales es mediante la formación de un expediente escrito, que contiene toda la información relevante para su solución, el que es estudiado por un juez para emitir una sentencia. En términos muy amplios, un expediente judicial contiene documentos que entregan las partes del caso, otros 4 El porcentaje de personas en América Latina que en el 2007 dijo tener algo o mucha confianza en el gobierno fue de 39%. Respecto al Poder Judicial, esa misma medición indicaba el 30%. Ver Para ver indicadores relacionados con la gobernabilidad y control de la corrupción de nivel mundial, ver NTCOR/Resources/wps4370.pdf 6 Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina8 documentos solicitados o entregados por terceras instituciones o personas, y documentos que emite el tribunal. La formación del expediente sigue reglas muy específicas que generalmente están contenidas explícitamente en normas procesales de cada país. Es posible decir que en la región, la tecnología predominante de producción de sentencias judiciales es la tramitación de expedientes, lo que tiene numerosas consecuencias sobre una serie de otros aspectos, entre los que están: a) La decisión judicial. La decisión del juez que resuelve el caso está basada exclusivamente en los antecedentes que por escrito se han consignado en el expediente. Desde el punto de vista de la calidad de la resolución, generalmente no ha tenido contacto directo con las partes ni ha tenido cercanía con los hechos que debe resolver. b) La comunicación del tribunal con las partes. Dado que lo relevante es lo que se consigna en el expediente, cualquier comunicación con las partes o con algún ente externo, sigue un rígido protocolo de comunicaciones y respuestas escritas formales, lo que es una fuente de demoras. Esto explica en parte los numerosos problemas existentes con las notificaciones, que muchas veces son un obstáculo para el avance del proceso. c) El resguardo de la información relevante. Dado que la información relevante está toda en el expediente, y además en papel, se corre el riesgo que el proceso se paralice por completo, o incluso se detenga, si es que el expediente se extravía. Además, usar el papel como soporte de la información relevante de los casos tiene numerosos problemas de seguridad, privacidad y eficiencia. Basta pensar que algunos procesos se deben paralizar porque las partes están consultando el expediente de un caso, que podría estar compuesto de decenas o centenas de piezas o tomos. Adicionalmente, el almacenamiento de expedientes de casos cerrados o resueltos siguiendo las reglas de retención de documentos, pone una carga excesiva al sistema de justicia debido a los costos y complicaciones asociadas al almacenamiento de expedientes en papel. Estos aspectos, sumados entre sí, explican en gran medida la lentitud del proceso, ya que se deben cumplir numerosas formalidades, muchas de ellas inútiles desde el punto de vista de la solución del caso. Para graficar lo anterior, en muchos países el pedir algo por escrito se entiende literalmente como que se debe entregar un papel con un escrito, siendo que un documento en una computadora también está escrito. Esta tecnología explica también la excesiva formalidad y burocracia, ya que se deben seguir protocolos estrictos para formar el expediente, y explica la percepción de lejanía, ya que solo pocas personas pueden entender qué está pasando con un proceso judicial, y existen numerosos resquicios como para poder entrabar el desarrollo de una causa. Esta forma de tramitar los casos judiciales no es privativa solo de los tribunales de justicia, sino que se extiende a los Ministerios Públicos y Defensorías, quienes también forman expedientes como medio para reunir y analizar toda la información relacionada a un caso, no siendo en estricto sentido necesario tal método de trabajo. Más bien se usa el formar expedientes, con la misma lógica de los tribunales de justicia, porque en muchos casos no se conocen alternativas más eficientes para cumplir con la labor de recopilar información. En este caso, el seguir la lógica de la formación de un expediente durante la investigación de un caso trae serias dificultades para cruzar información con otras causas o denuncias, y Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina 79 valiosa información que puesta junta puede servir para aclarar a la vez varios delitos, se pierde en una maraña de formalismos de casos individuales que aparecen desconectados de su entorno La organización de las instituciones del sector Junto con una escrituración excesivamente formalista, otra particularidad de la administración de justicia en la región es un tipo de organización altamente jerarquizada, pero con baja capacidad de gestión real. La estructura organizacional de los tribunales de justicia, con tribunales de primera instancia, de segunda instancia o de alzada, y una Corte Suprema en la cúspide, que tiene un sentido claro desde el punto de vista de lo jurídico, no tiene un sentido tan claro cuando se trata de administrar los recursos de la institución, ya que pone las responsabilidades de administración en órganos que no son especialistas en ello. Distintos modelos se han ensayado en la región para administrar los recursos del Poder Judicial, desde dotar a las Cortes Supremas de estructuras administrativas con la misión de gestionar todos los recursos de los tribunales, hasta la creación de los Consejos de la Magistratura o Judicatura, a quienes se les entrega toda la administración de recursos, dejando en las Cortes Supremas lo estrictamente jurídico. Cualquiera sea el modelo adoptado, hay dos problemas casi generalizados, que son: a) Inapropiados mecanismos de toma de decisiones, ya que la lógica jurídica de resolución de casos se traspasa casi íntegramente a la toma de decisiones administrativas, lo que queda reflejado que en algunos países incluso se habla de expedientes administrativos cuando se está tomando una decisión de, por ejemplo, construir edificios. b) Generalizada dificultad para distinguir lo que se entiende por administrativo y judicial. Esta confusión lleva a que el principio de la independencia, que debe tener un juez para resolver un caso, se extiende a la independencia que tendría un juez para organizar su despacho. Estos dos elemento tienen como consecuencia una baja ingerencia efectiva de los niveles de gobierno y gerencia del Poder Judicial en lo que ocurre en los tribunales de justicia, lo que se traduce en una excesiva atomización de los despachos, no pudiendo aprovecharse economías de escala y el uso más eficiente de los escasos recursos disponibles. Un ejemplo patente de lo anterior es el problema de las notificaciones, las cuales deben ser hechas en muchos países en forma personal por un funcionario de un tribunal para que tenga validez legal, siendo que funcionarios de otros tribunales podrían tener que ir a notificar a la misma área Consecuencias sobre la organización del despacho judicial La organización del despacho judicial que ha sido tradicional en la región, es aquella en que un tribunal está compuesto por un juez, uno o varios secretarios, y otros funcionarios. Este tipo de tribunales está diseñado para tramitar expedientes, es decir, para recabar y producir todos los documentos necesarios para que el expediente quede listo para que el juez dicte sentencia. Esto en la práctica genera que el control del proceso queda en manos de los funcionarios del tribunal, con los diversos problemas de focos de corrupción que esto puede traer aparejado. Por otro lado, la escasa ingerencia de los niveles directivos y gerenciales de la 8 Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina10 institución en lo que ocurre al interior del tribunal, le dejan un amplio espacio al juez para que pueda organizar a sus funcionarios del modo en que le parezca más conveniente. Dado que el juez no tiene, por su formación académica, otros modelos organizacionales a los cuales pueda echar mano, reproduce el modelo tradicional. Este modelo tradicional no está siendo capaz en la actualidad de dar una adecuada respuesta ni a los usuarios del sistema de justicia, ni a las expectativas que la ciudadanía tiene respecto a sus tribunales. A los reclamos usuales de los jueces de excesiva carga de trabajo y falta de recursos, se agrega la percepción de justicia lenta y poco efectiva, lo que da señales del agotamiento de este tipo de modelo y la necesidad de buscar otras alternativas más eficaces y eficientes, que pasan no solo por nuevos modelos procesales, sino que también por nuevos modelos organizacionales del despacho judicial. Esta lógica de organización del despacho judicial es común que se refleje también en el Ministerio Público, donde también es usual ver fiscalías compuestas por un fiscal, con su secretario, y varios funcionarios de apoyo Iniciativas de cambio Si bien es cierto que los problemas y situaciones descritas anteriormente se están superando, o al menos eso se están intentando en muchos países, los avances son aún parciales, en el sentido de que coexisten realidades muy diversas al interior de cada país dependiendo el tipo de materia judicial o el tipo de tribunales de que se trate. Algunos países han iniciado la reforma a su proceso penal, lo que solamente en los mejores casos ha traído avances en romper la tecnología de producción del expediente y pasar a una tecnología de producción basada en audiencias orales, pero subsisten materias, principalmente las civiles, en que aún persiste la tecnología del expediente. Otros países han hecho mejoras en la organización de sus tribunales de primera instancia, creando áreas comunes para notificaciones, recepción de documentos y archivos, entre otros, pero los tribunales de segunda instancia mantienen sus estructuras y funcionamientos habituales. Otros países han incorporado TIC en forma muy innovadora para hacer más eficientes algunos tipos de procesos, pero estas innovaciones no han abarcado la totalidad de las materias e instancias judiciales. Otros países han incorporado TIC a la tramitación de casos, con lo que es posible informar más fácilmente al público sobre el estado de las causas, pero no han abandonado la lógica del expediente, por lo que las causas se siguen demorando mucho, pero al menos el público sabe en que estado se encuentra el caso. En resumen, si bien ha habido avances significativos en algunas áreas, es posible afirmar que la tecnología de producción del expediente escrito subsiste, con mayor o menor fuerza, en todos nuestros países. La forma en que se resuelven los conflictos o se asignan los derechos en la administración de justicia, es un perfecto ejemplo de procesos de toma de decisión con información parcial, la que se va acumulando y se va filtrando a medida que avanza el proceso, y por tanto se trata de procesos en que las TIC tienen grandes posibilidades de aplicación. Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina 911 1.2. Las reformas de los últimos años Durante los últimos quince años los sistemas judiciales Latinoamericanos han probablemente experimentado más cambios que en toda su historia previa. Este proceso vertiginoso de transformaciones, en un sector tradicionalmente conservador y poco innovador, es en sí un hecho de la mayor importancia. Pero más significativo aún es que todo indica que estos cambios no se detendrán, aunque probablemente experimentarán diferencias con los que se han podido ver hasta ahora. Ha sido precisamente el abandono relativo en que estaban sumidos los sistemas judiciales de la región lo que ha estimulado y facilitado este proceso. Por tal situación, las demandas en un comienzo eran bastante obvias y, hasta cierto punto, fáciles de satisfacer. Al respecto, no se puede dejar de mencionar el entorno político predominante en la región hace un par de décadas, en la cual muchos países estaban gobernados por regímenes autoritarios en los cuales el sistema de justicia no tenía el rol que en la actualidad se entiende que debe tener en países republicanos y democráticos. Es precisamente el cambio de sistema político lo que genera una fuerte presión para que el sistema de justicia pueda fortalecerse, de manera de estar a la altura de las expectativas en un sistema democrático. Por una parte, se registraban insuficiencias claras en la cobertura de las instituciones judiciales, las que eran demasiado pequeñas e incluso algunas veces inexistentes (como los servicios del asistencia jurídica) y desprovistas a veces de los recursos básicos para su funcionamiento, lo que exigía invertir en personal, infraestructura y equipamiento. En este aspecto, el crecimiento del sistema judicial, en cuanto a tener más funcionarios y despachos, forma parte del proceso de afianzamiento más general del Estado en varios países de la región. Por otra parte, donde sí tenía una presencia suficiente, su forma de funcionamiento era lenta y burocratizada, lo que alentó la introducción de cambios funcionales, principalmente procesales, donde la idea de la oralidad se posicionó como el paradigma que podía hacer frente y sustituir al pesado e ineficiente expediente judicial, símbolo del formalismo, la burocracia y lentitud. Dentro de estos cambios funcionales, el principal ha sido la reforma al proceso penal 5. Esta reforma ha tenido importantes problemas de implementación, cuya superación será una necesidad en los próximos años, de modo de superar las brechas existentes entre lo establecido normativamente y la operación cotidiana de las instituciones participantes en el sistema de justicia penal. En términos simplificados, los cambios requeridos para que esta reforma pueda producir los resultados deseados, se pueden clasificar en procesales y organizacionales. Desde el punto de vista procesal, la reforma ha señalado la existencia de tres grandes etapas procesales, conocidas usualmente como las de investigación previa, la intermedia o de control de garantías, y la de juicio oral. Junto con la distinción de estas tres etapas, y la participación y rol que cada institución tiene en ella, un cambio central 5 Actualmente, de los países latinoamericanos, solo Uruguay y Brasil no han emprendido esta reforma. En México, se está en proceso de ratificación por parte de las legislaturas estatales de una enmienda constitucional, ya aprobada en el Senado federal, para que un plazo de 8 años el país adopte un sistema penal acusatorio oral. El resto de los países de la región ya ha implementado, total o parcialmente, un sistema de esa naturaleza. 10 Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina12 del nuevo proceso penal es que las decisiones jurídicas relevantes se deben tomar en audiencias públicas, contradictorias y orales, en lugar de hacerse mediante resoluciones escritas por parte del juez, ante peticiones hechas por escrito también por las partes del caso. La mayor parte de los países que han implementado la reforma procesal penal han contemplado dentro de sus códigos la realización de audiencias en la fase de juicio oral, pero no en la segunda de las etapas indicadas. Esto ha significado que toda la segunda etapa se ha seguido trabajando, en lo sustantivo y ante carencias en la implementación de aspectos organizacionales, de la misma manera y con las mismas herramientas que en el antiguo proceso inquisitivo, vale decir, mediante la tramitación de un expediente judicial escrito. Esto ha sido uno de los principales problemas en la región, debido a que la cantidad de casos que finalmente llegan a un juicio oral son marginales en relación al total de denuncias que recibe el Ministerio Público, y aún son un porcentaje bastante minoritario de los casos que reciben los tribunales en la segunda etapa 6. En la práctica, la mayor parte de los casos penales en muchos de los países de la región con nuevos sistemas procesales penales, se procesa de la misma manera que en el antiguo sistema que se desea reformar, manteniéndose por tanto los mismos problemas que se quería superar, como los de falta de un debido proceso y excesiva lentitud. Dado lo anterior, en la actualidad hay una tendencia, que se deberá desarrollar 6 En el primer semestre de 2007, el Ministerio Público de Chile formalizó una acusación contra un imputado, o inició acciones que sustituyen la formalización en el 24,3% de los casos recibidos en ese periodo. Sobre el total de casos con acciones de formalización, fueron a juicio oral el 2,3%. fuertemente en los próximos años, consistente en oralizar la segunda etapa procesal. Esto significa que las decisiones jurídicas relevantes en esta etapa se tomarán también en audiencias públicas y orales. Desde el punto de vista organizacional, el buen funcionamiento de la reforma procesal penal requiere de cambios radicales al menos en los tribunales de justicia, Ministerio Público, Defensoría Pública, Policía, y en la relación entre estas instituciones. Estos cambios aún no se han completado en muchos países, y su logro será vital para que el nuevo diseño procesal pueda operar efectivamente. Dentro de estos cambios que se deberán producir en los próximos años se cuenta la reorganización del despacho judicial, con sus consecuentes cambios en el contenido de trabajo y el perfil de los funcionarios que apoyan al juez, y la introducción de una administración profesional, permitiendo la concentración del juez en la realización de audiencias, donde es insustituible. En cuanto al Ministerio Público, es necesario avanzar en el desarrollo de herramientas que permitan el manejo de altos volúmenes de casos, y la necesidad de realizar filtros, que no son otra cosa que tomar decisiones jurídicas, en forma rápida y con buena calidad, con información parcial, para posibilitar el avance de los procesos. La organización tradicional, puesta en un escenario de un considerable aumento de la demanda, más la necesidad de realizar filtros permanentes de los méritos de continuar con un caso, en un tiempo muchas veces fijo (dados por los plazos de investigación que son fijos), ha manifestado su completa improcedencia y ha sido, en si misma, un serio obstáculo para el buen funcionamiento del sistema penal en su totalidad. Su radical reforma es, por consecuencia, una de las necesidades más fuertes y tendencias más Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina 1113 firmes para oralizar la etapa de control de garantías. En cuanto a la Defensoría Pública, el principal desafío es como se asegura y controla que se esté prestando un servicio que sea de calidad, respetando el interés y la voluntad del defendido. También es posible identificar desafíos para la Policía, ya que generalmente el primer contacto que tiene una víctima de un delito con el sistema de justicia, es con un policía, o bien quien primero toma conocimiento de un acto delictual es la policía. Por tanto es un desafío el cómo lograr que este primer contacto sea de buena calidad, tanto del punto de vista de la atención a la víctima, como del levantamiento de información útil que permita una mejor persecución penal. En otro plano, los cambios procesales en materia penal, que han copado la agenda de reformas judiciales en los últimos años, están dando paso incipientemente a la reforma a la justicia civil, entendida como todo el conjunto de materias judiciales distinto a la justicia penal, que en los distintos países agrupa la solución de casos de naturaleza civil propiamente tal, de naturaleza laboral, de lo contencioso administrativo, y algunas especializaciones que se han ido produciendo a lo largo de los años, tales como las materias comercial, de familia, agraria, entre otros. Estas reformas al proceso civil deben ser entendidas en forma mucho más amplia que simplemente introducir la oralidad en la tramitación de los casos civiles que llegan a los tribunales de justicia. En efecto, la amplia variedad de problemáticas que se han englobado bajo el término justicia civil, requiere de una visión más integradora, que considere en primer lugar el análisis de qué arreglo o respuesta institucional se le dará a los distintos tipos de problemáticas, y posteriormente y una vez definido este arreglo, cómo se diseñarán procesos específicos para esos distintos tipos de problemáticas, siendo la oralidad en la tramitación de casos civiles en tribunales de justicia solo uno de los posibles arreglos. Resumiendo, las reformas que se han emprendido los últimos años han hecho crecer los sistemas judiciales, incrementar fuertemente sus presupuestos y han empezado a cambiar la tecnología de producción basada en expedientes escritos. La comunidad legal y fundamentalmente los operadores de los sistemas judiciales han podido palpar y beneficiarse de mejoras que exceden lo puramente material, y que también se manifiestan en mejores grados de preparación de los funcionarios y niveles más altos de independencia y profesionalismo en las instituciones. Sin embargo, estos mismos avances no son sentidos, al menos en la misma medida, por nuestros ciudadanos. La percepción que ellos tienen de la justicia sigue siendo mayoritariamente negativa, viéndola como un sistema distante, poco eficiente y con dosis significativas de corrupción. La diferencia existente entre el esfuerzo reformador y los resultados que llegan a la ciudadanía, permiten asegurar que el proceso de cambios no ha tocado su fin. A la par, existen muchas fuerzas que siguen presionando el sistema judicial o al menos alterando el entorno en que tradicionalmente se ha desenvuelto en América Latina, como es la incorporación a la actividad política y económica de grupos relegados tradicionalmente con su consiguiente demanda de justicia, el aumento sostenido en el flujo de personas y bienes entre países, entre otros. Tanto la insatisfacción con los resultados de las reformas ya emprendidas, como las 12 Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina14 nuevas fuerzas descritas, permiten afirmar con un alto grado de certeza que se verá en el futuro próximo nuevas iniciativas de cambio en América Latina Algunos desafíos para el mejoramiento de la administración de justicia en América Latina A partir de la caracterización del funcionamiento de la administración de justicia, centrada fuertemente aún en la lógica del expediente escrito y del desarrollo de las reformas que se han estado trabajando en la región, en esta sección se presenta un conjunto de desafíos que los sistemas de justicia enfrentarán en el futuro, y que dará el marco de referencia en el cual las TIC pueden proveer alternativa de solución, aspecto que se desarrollará en el capítulo 2. Primer desafío: mejorar la capacidad de respuesta del sistema de justicia ante una demanda creciente y cada vez más diversa. La demanda que recibe el sector justicia seguirá expandiéndose en los próximos años en los países de la región. En este proceso influyen diversos factores, tales como: a) La entrega de nuevas competencias a las instituciones judiciales, competencias que antes no existían o que recaían en entidades de índole diversa a la judicial; b) el aumento del acceso a las instituciones judiciales de personas antes marginadas que debían buscar vías informales para resolver sus conflictos o simplemente dejarlos sin solución, y c) el aumento en general de la litigiosidad o de problemas de relevancia jurídica que llegan al sistema formal de justicia. Entre las nuevas competencias se encuentran situaciones muy diversas. Por ejemplo, la importancia hoy asignada a los derechos humanos ha llevado a que muchas garantías que antes no tenían vías concretas para poder exigir su cumplimiento, en el futuro sí las tendrán, transformándose las constituciones nacionales y los tratados internacionales en la materia, de declaraciones de buenas intenciones, a instrumentos dotados de mecanismos más o menos efectivos de coercibilidad. Por otro lado, asuntos que hoy quedan entregados a la esfera de lo privado, en que el Estado no interviene o lo hace muy marginalmente, cada vez más se estimará que deben ser objeto de una especial atención por su parte. Es lo que ya ha sucedido con temas como la violencia intrafamiliar. En fin, asuntos en que tradicionalmente se vedaba la intervención de los tribunales y demás instituciones del sector, ya fuera porque se estimaba que eran meramente administrativos o porque la cultura y la tradición disponían que debían zanjarse a través de negociaciones políticas o ante otras instancias, como la iglesia o lo sindicatos, hoy sí están llegando cotidianamente a los tribunales y es de esperar que en el futuro esto se acreciente. En este sentido llama la atención el fenómeno que ha dado en llamarse el de la judicialización de la política, generado principalmente por la creciente debilidad de las estructuras y canales políticos para mediar y solucionar conflictos, los que terminan llegando a los tribunales sin que necesariamente estos cuenten con las herramientas adecuadas para abordarlos. En cuanto al aumento del nivel de acceso, este será en parte fruto de las nuevas competencias antes aludidas, y en parte por el crecimiento propio de los servicios judiciales, cada vez más cercanos a la gente. Pero también responderá a grados mayores de información legal por parte de los Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina 1315 ciudadanos y de la incorporación de sectores más amplios y plurales a la actividad económica formal. Por su parte, el crecimiento de la litigiosidad o carga de trabajo judicial guardará relación con factores tan variados como la disminución de los costos asociados, las crisis económicas (que todo indica seguirán siendo relativamente cíclicas) y el aumento de un problema de particular relevancia para el sector judicial, que es la crisis de seguridad ciudadana que complica particularmente a los países y sobre todo grandes ciudadesde América Latina. Este aspecto, que se traduce en el creciente temor de la ciudadanía de ser víctima de algún delito, y que ha tenido y probablemente seguirá teniendo una amplia cobertura en los medios de comunicación, genera una fuerte atención en el funcionamiento y en especial en el desempeño del sistema de justicia penal. Las políticas públicas para afrontar este enorme desafío de la expansión del sistema de justicia, en términos cuantitativo y cualitativo apuntarán a ampliar la oferta de tutela judicial, no sólo a través de la vía tradicional de acrecentar la infraestructura y la dotación de las instituciones del sector, sino echando mano a nuevas vías para la solución de los conflictos. Entre estas nuevas vías se puede mencionar el arbitraje (principalmente el institucional) o la mediación, ya sea que esta última se desarrolle adosada al sistema formal o en escenarios autónomos. En cualquier caso, es muy probable que en la mayoría de los países haya que acreditar, antes de iniciar una acción judicial, haber agotado formas de composición a través de la mediación y que se aumenten los casos en que el arbitraje sea la vía obligada de solución. Por otra parte, se tenderá a desarrollar una oferta más heterogénea de servicios judiciales, adaptándolos a las características propias de los diversos casos. Se espera entonces un fuerte desarrollo de la justicia de pequeñas causas y de entidades especiales para las cobranzas de deudas monetarias. Para que todo ello sea posible, se tenderá a excluir del conocimiento de los tribunales los asuntos puramente administrativos, donde no hay propiamente un conflicto que requiera de un juez para ser resuelto. En resumen, se espera que la demanda sea mayor en cuanto a volumen y más variada en cuanto a composición, y esto exigirá de las instituciones del sector el desarrollo de diversas estrategias para enfrentar esta mayor carga de trabajo, sin que se llegue a niveles de saturación de la capacidad de respuesta que deterioren los tiempos de respuesta, y la calidad de esas respuestas. Segundo desafío: afianzar las reformas procesales en marcha, emprender reformas procesales para las materias no reformadas, y cambiar la lógica del expediente escrito. Se ha mencionado en la sección previa, que uno de los grandes problemas que ha enfrentado la implementación de la reforma procesal penal, ha sido la supervivencia de la cultura del expediente escrito, como medio para agregar y filtrar información para la decisión judicial, pero también como fundamento de una organización no orientada a producir audiencias orales, sino que orientada a producir expedientes. El desafío pasa por lograr que efectivamente las decisiones judiciales relevantes sean tomadas en audiencias públicas, contradictorias y orales. Muchas de estas decisiones son tomadas no en la fase de juicio oral, donde llegan solo un porcentaje minoritario de los casos, sino que en las fases previas. 14 Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina16 Es por tanto un gran desafío para las instituciones del sector justicia, el montar una organización que sea capaz por una parte de producir la cantidad de audiencias suficientes para dar respuestas judiciales a los requerimientos recibidos, pero además hacerlo en un tiempo razonable y con estándares de calidad adecuados, dados fundamentalmente por los conocimientos y habilidades de litigación de jueces, fiscales y defensores. Para que sea posible organizar la cantidad de audiencias que sería necesario realizar, con adecuados estándares de calidad en su organización y desarrollo, es necesario que el Ministerio Público, quien es finalmente la institución que aporta los casos que conocen los tribunales, es decir, la materia prima del sistema judicial, sea capaz de lograr ritmos de trabajo que le permitan elaborar casos que presentará ante los tribunales con una calidad adecuada, y en tiempos adecuados. En lo procesal, la oralidad seguirá extendiéndose hacia otras áreas, como la familiar, laboral y civil y, al respecto, se estima que el conjunto de reformas tendientes a mejorar la justicia civil deberían estar guiadas por cuatro objetivos de política pública 7. Estos cuatro objetivos son: a) mejorar el debido proceso, en el cual la introducción de oralidad en reemplazo de un sistema escrito es elemento central; b) mejorar el acceso a la justicia, ya que en América Latina las desigualdades sociales y económicas se reflejan también en quienes pueden acceder a la justicia para la solución de sus conflictos; 7 Vargas, J. La reforma a la justicia civil desde la perspectiva de las políticas públicas, disponible en rmajusticiacivil_ppp.pdf c) hacer un uso más eficiente de los recursos públicos para la solución de los conflictos de naturaleza civil, lo que abre el debate no solo en mejorar la gestión de los tribunales de justicia, sino que también plantea interrogantes acerca de si son los tribunales la mejor forma de resolver algunos conflictos, de si el tipo de casos que está llegando a los tribunales efectivamente debería llegar a estos, y de aspectos relacionados con el financiamiento de la justicia civil y; d) el mejoramiento de la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento del sistema económico, relacionado con la previsibilidad de las decisiones judiciales, las señales que los actores económicos perciben para el desarrollo de su labor y la reducción de los costos de transacción. Al cruzar estos cuatro objetivos de política pública que deberían perseguir las reformas a la justicia civil, con la variedad de materias y problemáticas que se incluyen en esta reforma, se puede llegar a una amplia variedad de cambios posibles, que cada país deberá definir en su detalle, dentro de las cuales en algunos países se está discutiendo el desarrollo de soluciones alternativas a la tramitación en sede judicial, la introducción de oralidad para el tratamiento de casos más complejos en tribunales de justicia, el desarrollo de procedimientos más simples para casos de cobranza de deudas y de pequeñas causas, entre otros. Con todo, una de las claves para el éxito de estas reformas será por un lado una adecuada segmentación de las diferentes problemáticas relacionadas con la justicia civil, y el desarrollo de soluciones adecuadas a cada tipo de segmento, junto con una efectiva integración de todos estos segmentos bajo los cuatro objetivos de Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina 1517 política pública mencionados, de manera de no producir señales contradictorias. En conclusión, el desarrollo de estas reformas procesales permitirá gradualmente ir abandonando la cultura del expediente escrito. Lo anterior no quiere decir que todos los casos judiciales deban resolverse en audiencias orales, ya que en muchos de ellos no hay siquiera un litigio propiamente tal, y soluciones más simples y rápidas, sin la presencia de las partes, han mostrado buenos resultados, sin considerar las consecuencias presupuestarias que podría tener el que todo se resuelva en audiencias orales. Lo que se quiere decir es que se irá abandonando la cultura en la cual lo relevante del proceso era formar un buen expediente para posibilitar la decisión del juez, por otra cultura más centrada en lograr soluciones adecuadas y en menor tiempo, respetando por cierto los derechos y garantías de todas las partes. Tercer desafío: reorganización de los despachos judiciales Para hacer posible el pleno funcionamiento de las reformas procesales descritas previamente, es necesario contar con un despacho judicial, comprendiendo dentro de este concepto no solo los tribunales de justicia, sino que también las oficinas de fiscales y defensores, que sea sustancialmente distinto a los despachos tradicionales. El principal cambio viene dado por el paso de una tecnología de producción basada en el expediente escrito, a una basada centralmente en la realización de audiencias orales. En este sentido, la reorganización de los despachos judiciales es un complemento necesario de las reformas procesales. La reorganización de los despachos judiciales tenderán a profesionalizar la gestión y a rediseñar los contenidos de trabajo de los funcionarios judiciales, siendo necesarias funciones hoy ajenas a los despachos tradicionales, tales como el agendamiento y realización de audiencias en que es necesario coordinar el tiempo de varias personas a la vez; la administración del tiempo del juez, que es el recurso más valioso y escaso del tribunal; la administración de salas de audiencia, que pueden ser requeridas por más de un juez a la vez, y requieren un uso racional, entre otros. Esta reorganización, en el caso del Ministerio Público, puede significar el establecer unidades específicas para el tratamiento de distintos tipos de casos, ya que por ejemplo, no es lo mismo un caso de un delito flagrante, que una investigación de largo aliento, o casos en que se conoce la identidad del inculpado, de aquellos en que no hay indicios del autor del delito. Por otra parte, la necesidad de dar una atención especializada a víctimas y testigos significa una nueva labor a instituciones que no han gestionado profesionalmente la atención de un alto número de personas. Adicionalmente, es un desafío organizacional para el Ministerio Público el desarrollar y perfeccionar modelos de operación coherentes con otorgar servicios las 24 horas del día, dentro de los cuales las TIC pueden apoyar la labor de los tradicionales turnos que hace esta institución, y además deben dar una buena respuesta a los desafíos que los distintos tipos de audiencias (de control de flagrancia, de discusión de medidas cautelares, de salidas alternativas, de juicio oral, entre otras) que se deben afrontar rutinariamente. Sin embargo, en el corto y mediano plazo, el que no existan reformas procesales no significa que no pueda emprenderse desde ya cambios en los despachos judiciales, 16 Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina18 guiados por criterios de aumento de eficacia y productividad. Entre estos cambios se cuentan, especialmente en grandes urbes, los necesarios para aprovechar efectivamente economías de escala en labores que pueden ser centralizadas, y no estar desperdigadas en cada despacho judicial. Aún cuando se emprendan estas modificaciones organizacionales, no se debe perder de vista que el núcleo central de la organización de los despachos judiciales tradicionales es la tramitación de expedientes, y por tanto estos cambios de centralización de funciones de apoyo a la tramitación tienen un limitado impacto en los resultados globales del sistema. En resumen, se requiere reorganizar el despacho judicial, que es la unidad operativa en la cual se producen las decisiones judiciales (incluyendo bajo este concepto las decisiones de los fiscales), tanto para complementar la implementación de las reformas procesales, como para alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia. Cuarto desafío: mejorar sustantivamente los procesos de toma de decisión de gobierno y de gerenciamiento de las instituciones del sector. Instituciones más grandes y poderosas requerirán sofisticar sus sistemas de gobierno. Estos también adquirirán mayor importancia desde el momento en que las propias instituciones del sector irán ganado mayor protagonismo en el diseño y, sobre todo, en la implementación de los procesos de cambio antes mencionados. Se debería tender, por tanto, a circunscribir a las autoridades encargadas del gobierno a la toma de decisiones estratégicas, entre las que se encuentran: a) establecer las definiciones de planificación y desarrollo institucional, b) introducir reformas a la estructura, c) establecer políticas para el funcionamiento de los procesos y procedimientos más relevantes, d) definir los criterios que se emplearán para la asignación y gasto de recursos, e) políticas para la evaluación del desempeño y, f) las funciones relacionadas con el control global de la marcha institucional, que involucra desde el establecimiento de metas globales hasta la toma de decisiones correctivas. Lo anterior implica que las tareas propiamente operativas, que hoy insumen tiempos no menores a las principales autoridades judiciales, deberían recaer en organismos especializados integrados por profesionales de la gestión y de las diversas disciplinas involucradas. Dentro de estas labores especializadas, están las decisiones relacionadas a cómo implementar las decisiones estratégicas adoptadas en el nivel de gobierno, las que requieren un fuerte sustento técnico, tales como: a) la realización de inversiones y adquisiciones; b) la asignación específica de recursos, tanto humanos como materiales y financieros; c) la creación y mantenimiento de los sistemas de información y estadísticas judiciales; d) la provisión de servicios administrativos a las unidades operativas (tribunales, fiscalías, defensoría, unidades policiales); e) la elaboración y ejecución del presupuesto, entre otras. Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina 1719 Dada la naturaleza de estas decisiones, que abarcan a toda la institución, es conveniente su centralización o al menos un alto grado de coordinación en su ejecución a nivel local. El desafío en esta materia tiene diversos componentes. Algunos de ellos son: a) la reestructuración organizativa de los niveles de gobierno y gerencia judiciales, delimitando claramente las funciones y ámbitos de acción de cada uno de ellos, b) la profesionalización de la gerencia judicial, y c) el establecimiento de sistemas y mecanismos que posibiliten la generación, procesamiento y análisis de información apropiada para el apoyo de las diversas decisiones que se deben tomar, y en el cual existen grandes carencias en el sector justicia. En resumen, para administrar organizaciones judiciales más complejas y mejor dotadas para dar respuesta a la creciente y compleja demanda, que sean capaces de implementar las reformas procesales necesarias, y guíen el proceso de reorganización de los despachos judiciales, es menester una mayor sofisticación del gobierno de las instituciones del sector. Quinto desafío: aumentar la eficacia y eficiencia global del sistema de justicia. Históricamente, la magnitud de los déficit del sector justicia obviaban la necesidad de justificar mayormente la concesión de cuotas mayores de poder y de recursos para su funcionamiento. Sin embargo, una vez que ya han alcanzado presupuestos significativos y que las remuneraciones de sus funcionarios se encuentran dentro de las mejores del aparato público, e incluso son superiores en ciertos países y segmentos a las del mercado privado; y en que se ha invertido un fuerte capital político en proyectos para su modernización sin que las mejoras aparezcan claras para los ciudadanos, pareciera que la época de las concesiones sin pedir mucho a cambio tenderán a acabar. Todo indica que en el futuro los nuevos proyectos van a ser objeto de evaluaciones mucho más minuciosas y que será menos común ver presupuestos en el sector que se duplican o triplican en breves periodos de tiempo. Esta necesidad de control y un crecimiento asociado a proyectos específicos, probablemente generará fricciones con las instituciones de justicia que verán afectados los altos grados de independencia con que por lo general cuentan, efecto que por lo demás ya se está viendo en aquellos países o estados que poseen Consejos de Justicia. Por otro lado, este mayor control generará una presión adicional para producir información confiable acerca de cómo las instituciones judiciales utilizan los presupuestos que le son asignados, en términos de la cantidad y calidad de los servicios que entregan a la ciudadanía. Habrá, por tanto, una mayor dificultad en conseguir presupuestos expansivos y una mayor necesidad de rendir cuentas de qué logros se han alcanzado con los recursos destinados al sector. Siguiendo por este mismo camino, y a modo de un ejemplo de esta mayor presión y necesidad de rendir cuentas, pero aplicado a un aspecto específico del sistema de justicia, la idea tradicional de que el trabajo de las instituciones del sector se agota en la solución de los casos particulares que llegan a su conocimiento irá cediendo paso a una visión más integral, fruto de la cual se les pedirá a esas instituciones que pongan sus recursos a disposición de la resolución de los problemas más de fondo que hay detrás de esos casos. 18 Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina20 Particularmente relevante será esto en el área penal, para las labores de policías y fiscales, donde no sólo se esperará que actúen resolviendo, por ejemplo, los casos de robos de vehículos, sino que ataquen al mercado de vehículos robados, pues sólo afectando éste puede disminuirse significativamente el volumen de estos delitos. En términos generales, se avanzará hacia la política denominada del problem solution approach, lo que nuevamente exige mayores niveles de coordinación y trabajo conjunto con entidades distintas, un fuerte acercamiento a la comunidad y la consiguiente descentralización de la organización y el funcionamiento de las instituciones del sector. Estos conceptos difieren sustancialmente del entendimiento que principalmente jueces y fiscales tienen de su trabajo, que consiste en que les es asignado un caso, y deben resolverlo de acuerdo a lo que les señala la ley, esencialmente de manera individual. En resumen, habrá una mayor presión por alcanzar mayores niveles de eficacia y productividad, no solo en materia de ejecución presupuestaria, sino que también en todas las áreas en que participa el sector justicia, vale decir, resolviendo más casos, que resuelvan más problemas, de una mejor manera y en menos tiempo. Sexto desafío: desarrollar efectivos mecanismos de atención y comunicación con sus usuarios y con la ciudadanía, fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas. El escrutinio público sobre el sistema de justicia irá en incremento, ya sea a través de medios de comunicación social más incisivos, o de organizaciones no gubernamentales dedicadas a impulsar o hacer seguimiento a las políticas judiciales o a la evaluación de los funcionarios del sector, o bien, por parte de instituciones académicas interesadas en analizar e investigar su funcionamiento, sin olvidar el interés de los ciudadanos sobre estos temas. Las mismas reformas iniciadas alentarán este proceso de apertura del sector justicia al escrutinio público. Por ejemplo, se trata de un efecto natural de la oralidad, la que transforma a los juicios en un espectáculo atractivo y fácil de entender para el ciudadano común. Otras de las reformas reseñadas, que cuestionan el carácter monopólico de la justicia a través del impulso de sistemas alternos de resolución de conflictos, generarán la posibilidad de comparar la eficiencia y calidad de cada una de ellas con un favorable efecto de bench marking. A su vez, estas mismas demandas retroalimentarán el proceso de reformas. Por ejemplo, la mayor atención ciudadana en la justicia impulsará a que las instituciones del sector enfaticen su preocupación por la satisfacción de sus usuarios. Desde lo más básico, como es el establecimiento de sistemas de información al público, hasta lo más sofisticado, como la creación de estándares de satisfacción del cliente, la voz del usuario se hará presente en el funcionamiento de la justicia. Este es en sí un desafío revolucionario para lo que tradicionalmente había sido la operación de las instituciones del sistema de justicia, en donde la atención del usuario era prácticamente inexistente como un proceso de trabajo que mereciera algún tipo de gestión. Un ejemplo de estos desafíos es la atención a las víctimas de delitos, tanto para informarles acerca del avance de su solución, como para prestarles apoyos específicos. Otro ejemplo, es la información que sobre su caso le puede proporcionar la defensa a sus defendidos, imputados por algún hecho. Perspectivas de uso e impactos de las TIC en la administración de justicia en América Latina 19 Mostrar más
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References: resolución 
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 Artículo 1
 Artículo 1903
 Resolución