Source: http://senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=62791&legiid=489
Timestamp: 2018-10-21 10:02:45+00:00

Document:
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE VÍCTIMAS DE REPRESIÓN EN DICTADURA Y DE VIOLENCIA POLÍTICA EN NUESTRO PAÍS
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver, y del Trabajo y Previsión Social, señor Nicolás Monckeberg Díaz.
El señor MONTES (Presidente).- Las actas de las sesiones 47ª, ordinaria, en 4 de septiembre; 48ª y 49ª, especiales, y 50ª, ordinaria, todas en 5 de septiembre de 2018, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Con el primero hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad (boletines Nos 5.254-02, 5.401-02, 5.456-02, 9.035-02, 9.053-25, 9.073-25, 9.079-25, 9.577-25 y 9.993-25, refundidos).
Con los cinco siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
El que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (boletín Nº 10.739-07).
El que otorga reconocimiento constitucional al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública (boletín N° 8.805-07).
El que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional (boletín Nº 7.678-02).
El que sanciona conductas que afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la población (boletín N° 11.913-25).
El que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de aumentar la protección a los fiscales del Ministerio Público (boletín Nº 11.473-07).
La que fortalece la fiscalización y la persecución de los delitos de robo y hurto de madera en troza (boletín N° 12.001-25).
La que moderniza la legislación bancaria (boletín N° 11.269-05).
La que adecua los cuerpos legales que indica, en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias (boletines Nos 11.126-07 y 11.522-07, refundidos).
La que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior (boletín N° 11.822-04).
La que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar y otros cuerpos legales y establece una ley sobre violencia en las relaciones íntimas de pareja sin convivencia (boletín Nº 8.851-18).
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que comunica su ausencia del territorio nacional entre los días 25 y 29 del presente mes, para dirigirse en visita oficial a los Estados Unidos de América.
Con el primero comunica que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, el proyecto de ley que declara el mes de octubre como el "Mes de la Ciberseguridad" (boletín N° 11.729-02).
Con el segundo informa que ha aprobado el proyecto de ley que regula las actividades de voluntariado y establece derechos y deberes de los voluntarios (boletín N° 10.679-31).
-Artículo 170, letras m) y n), y artículo 199 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006.
-Artículo 277 del Código Procesal Penal.
-Artículo 12 de la ley N° 20.179.
-Artículo 199 del Código Civil.
-Artículo 2° de la ley N° 19.973.
-Artículos 195, inciso tercero, y 196 ter de la ley N° 18.290.
-Artículo 24 transitorio, numeral 11, letra a), de la ley N° 20.780.
Adjunta antecedentes sobre la acogida por familias de menores entre cero y 3 años; materia requerida en nombre de la Senadora señora Rincón.
Se refiere a la conectividad digital de las zonas rurales de Arica y Parinacota; asunto planteado en nombre del Senador señor Durana.
Informa sobre aporte para la compra de terreno para comités de vivienda en la comuna de Padre Las Casas; cuestión abordada en nombre del Senador señor Huenchumilla.
Atiende petición, formulada en nombre del Senador señor Araya, acerca de las concesiones marítimas otorgadas para plantas desaladoras o desalinizadoras de agua de mar.
Explica el cumplimiento de la ley N° 21.009 en cuanto al pago de propinas por medios electrónicos; consulta efectuada en nombre del Senador señor García-Huidobro.
De la señora Subsecretaria de Previsión Social:
Da respuesta a solicitud, manifestada en nombre de la Senadora señora Rincón, en relación con las propuestas de modificación legal al sistema de pensiones solidarias y en cuanto a la normativa aplicable a los exonerados políticos.
Acompaña datos sobre el requerimiento expedido en nombre del Senador señor Navarro acerca de las fiscalizaciones efectuadas al colegio Galvarino de Lomas Coloradas, comuna San Pedro de la Paz, por infracción a la normativa educacional.
Alude a las acciones realizadas ante la denuncia por movimientos de tierras y deforestación a orillas del río Bueno; materia planteada en nombre del Senador señor De Urresti.
Entrega información referida al proyecto "Almacén Verde en la Gestión de Aduanas"; consulta efectuada en nombre del Senador señor De Urresti.
Entrega pormenores de las materias consultadas por los Senadores que se mencionan a continuación:
-Del Senador señor Sandoval, acerca del concurso público "Fibra Óptica Austral Troncales Terrestres Aysén y Los Lagos".
-De la Senadora señora Goic, referente al concurso público de sistemas de transmisión para la implementación de la televisión digital terrestre.
-De la Senadora señora Órdenes, sobre cobertura de telefonía móvil para la comuna de Puerto Cisnes, La Junta y sus alrededores.
De la señora Fiscal (S) de la Corporación de Fomento de la Producción:
Reporta sobre el proyecto "Plataforma de Inventario de Humedales de Chiloé como Herramienta de Planificación Estratégica para el Desarrollo de Destinos Turísticos Sustentables"; solicitud realizada en nombre del Senador señor De Urresti.
Segundo informe de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece normas sobre prevención y protección del embarazo adolescente (boletín N° 10.305-11).
Acuerdo de la Comisión Bicameral establecida en el artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, relativo a la designación del integrante del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias correspondiente al cargo de ex Diputado.
De los Senadores señoras Ebensperger y Aravena y señores Durana y Prohens, con la que inician un proyecto de ley que suprime el trámite de insinuación de las donaciones entre vivos (boletín Nº 12.083-07).
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Girardi, señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García Huidobro, Guillier, Harboe, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro,
Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval y Soria, por medio del que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas que se indican ante la emergencia sanitaria que afecta a las comunas de Puchuncaví y Quintero (boletín N° S 2.013-12).
Tiene la palabra el señor Secretario para dar a conocer los Acuerdos de Comités.
1.- Tratar, en el segundo lugar del Orden del Día de esta sesión ordinaria, el proyecto de ley signado con el número 5 en la tabla, en segundo trámite constitucional, que otorga beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales que indica (boletín N° 11.570-06).
2.- Constituir una Comisión Especial del Adulto Mayor.
3.- Realizar un homenaje a la Marina al inicio de la sesión ordinaria del martes 9 de octubre del presente, fecha en que se conmemoran 200 años del primer zarpe de la Escuadra Nacional.
4.- Levantar la sesión ordinaria de hoy a las 18.
El señor MOREIRA.- ¿Y por qué tan temprano?
El señor MONTES (Presidente).- Si desea intervenir, Senador señor Moreira, puede pedirlo.
Le ofrezco la palabra al Senador señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, solicito que recabe la autorización de la Sala para guardar un minuto de silencio con motivo de cumplirse hoy 45 años del golpe de Estado, fecha que, sin duda, genera división entre los chilenos.
Pido un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de la represión política en la dictadura y de todas las víctimas de la violencia política en nuestro país.
A mi juicio, sería una buena señal poder recordar, a través de este acto, a todos quienes hoy no están, independientemente de sus ideas políticas.
Estimo que esta es una señal que debemos empezar a dar como sociedad, a efectos de construir un país en democracia y no olvidar a ninguna persona que haya perdido la vida en esas circunstancias.
El señor MONTES (Presidente).- Gracias, señores Senadores.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, es sobre la Cuenta.
La verdad es que no tengo nada en contra del proyecto que está en el quinto lugar de la tabla -creo que pasó al segundo lugar-, pero me hubiese gustado un acuerdo en el sentido de que la segunda iniciativa que figuraba en el Orden del Día se despachara sin mayor discusión, pues afecta a nuestros niños.
La normativa en referencia se inició en una moción, fue aprobada en general por la Comisión sobre la infancia, y tiene que ver con la revisión periódica de la medida de internación en residencias.
En consecuencia, pido a los Comités ser cuidadosos con los acuerdos que toma. Sé que ciertos temas son importantes, pero hay cosas que no podemos pasar por alto.
Los niños no tienen voz y, a veces, los obviamos. Por eso solicitaría que las materias relativas a ellos no las postergáramos. Son relevantes y hoy día estábamos tremendamente contentos en la Comisión porque íbamos a votar el proyecto en cuestión.
El señor MONTES (Presidente).- En todo caso, quiero hacer presente que en el primer lugar del Orden del Día se encuentra un asunto que hemos postergado varias veces, informado por la Comisión de Constitución.
Respecto al segundo proyecto incluido en la tabla, su tratamiento fue solicitado por el Ejecutivo. Además, hay varios funcionarios municipales que ya se encuentran acá.
Y en tercer lugar veríamos, hoy día o mañana, el proyecto que figuraba en el número 2.
La señora RINCÓN.- Pero esta sesión termina a las seis de la tarde, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- En efecto, será difícil alcanzar a tratarlo hoy día. Pero quedaría primero en la tabla de mañana, de acuerdo a lo que decidieron los Comités para hoy.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, ¿se podría colocar esa iniciativa en el primer lugar del Orden del Día de la tabla de mañana?
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por la Senadora señora Rincón?
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, dentro de lo particular y especial que es el día de hoy para todos, me hace mucho sentido lo acordado recién por nuestro Senado sobre la constitución de una Comisión Especial del Adulto Mayor, pues se da una señal potente a esos tres y medio millones de chilenos que hoy día tienen más de 60 años de edad, la cual va a permitir dar respuesta a diversas iniciativas que, de manera muy transversal, apuntan a materias relativas a los adultos mayores.
Reitero que me parece muy potente la señal que se está entregando sobre el particular. Por eso destaco la respuesta del Senado y también el compromiso de entidades gremiales manifestado a lo largo del país.
Y lo quiero graficar en una persona: Clotario Blest, quien en su historia dirigencial creó tres entidades gremiales: la CUT -con gran visión-, para los trabajadores del mundo privado; la ANEF, para los funcionarios públicos, y la UNAP (Unión Nacional de Pensionados de Chile), para los pensionados y jubilados.
En nombre del actual Presidente de esta última institución, don Francisco Iturriaga, quiero expresar nuestro beneplácito por la decisión adoptada. Además, estamos ad portas de octubre, inicio del mes del adulto mayor, por lo que sus integrantes tienen mucha esperanza de que, a través de la referida Comisión, se traten y pongan en línea tantos requerimientos y necesidades que nos plantean a todos nosotros en nuestras circunscripciones los adultos mayores.
En ese sentido, señor Presidente, quiero destacar la respuesta del Senado de la República a los adultos mayores de nuestro país.
El señor MONTES (Presidente).- En Comités se acordó que las bancadas tienen que proponer los nombres para integrar esta Comisión Especial lo antes que se pueda.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra al Senador señor Moreira.
No se encuentra presente en este momento.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, quiero solicitar a la Sala la autorización para fusionar tres iniciativas, signadas con los boletines N°s 5.654-12, 8.920-07 y 9.367-12, relacionadas con delitos ambientales, que se encuentran en la Comisión de Medio Ambiente.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Su petición responde a un acuerdo de dicho organismo técnico, señor Senador?
El señor DE URRESTI.- No, lo hago como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente.
Boletín N° s2005-10
El señor MONTES (Presidente).- Corresponde tratar en primer lugar la consulta de la Sala acerca de la declaración de inadmisibilidad de la moción de los Senadores señor Elizalde, señoras Órdenes y Provoste y señor Latorre, que establece la paridad de género en los directorios de las empresas públicas y sociedades anónimas, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre la moción de los Senadores señor Elizalde, señoras Órdenes y Provoste y señor Latorre figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 18ª, en 29 de mayo de 2018 (se declara inadmisible. La Sala lo envía a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para que se pronuncie sobre la admisibilidad).
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 40ª, en 14 de agosto de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Constitución, por la mayoría de sus miembros presentes, Senadores señores Allamand, Huenchumilla y Pérez Varela, consideró que la moción consultada resulta inadmisible por contrariar lo estipulado en el ordinal 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
Además, dicho organismo hizo notar que se pronunció en sentido opuesto el Honorable señor Elizalde.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla, para dar cuenta de lo discutido en dicho organismo.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, el asunto que esta Sala debe resolver tuvo su origen en la presentación de una moción, de autoría de los Senadores señor Elizalde, señoras Órdenes y Provoste y señor Latorre, que establece la paridad de género en los directorios de las empresas públicas y sociedades anónimas.
Al respecto, cabe señalar que en la Cuenta de la sesión de la Sala del Senado, celebrada con fecha 29 de mayo de 2018, se declaró inadmisible la moción referida, por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme lo dispone el ordinal 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
La citada disposición constitucional entrega a la personal decisión del Primer Mandatario la facultad de formular proposiciones de ley para "Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones".
En ese contexto, la Sala del Senado acordó consultar a la Comisión de Constitución la conformidad de tal decisión con el marco constitucional y legal en vigor, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 27 del Reglamento del Senado.
Para la adecuada resolución de este asunto, la Comisión tuvo a la vista los argumentos normativos, jurisprudenciales y doctrinarios que justifican tanto la declaración de inadmisibilidad de la moción como los que respaldan su admisibilidad, así como los precedentes que en este ámbito se constatan en la tramitación de diversas iniciativas de ley, en ambas ramas del Congreso Nacional.
De igual manera, se recibió en la Comisión al Honorable señor Elizalde, uno de los autores de la moción, quien explicó a los miembros de esta instancia legislativa los fundamentos de su postura favorable a la admisibilidad de la propuesta.
A modo de síntesis, Su Señoría señaló que tanto los Diputados y Senadores como el Ejecutivo tienen iniciativa para presentar proyectos de ley, en los términos previstos en el artículo 65 de la Constitución.
Agregó que a las limitaciones establecidas a los parlamentarios se les debía dar una interpretación estricta y acotarlas al campo que les corresponde, esto es, el gasto público.
Finalmente, hizo presente que existen precedentes que respaldan la idea de que los parlamentarios pueden presentar proyectos de ley o indicaciones referidas a la materia objeto de esta moción.
La mayoría de los miembros presentes de la Comisión no compartieron este planteamiento.
En primer lugar, se recordó que, si bien los parlamentarios estamos facultados para presentar proyectos de ley, existe un ámbito legislativo que el Constituyente ha reservado al Ejecutivo y que dice relación no solo con materias referidas al gasto público, sino también a la organización de la Administración del Estado, materia que está reservada al Presidente de la República como consecuencia de lo que prescribe el artículo 24 de la Ley Fundamental, en relación con el número 2° del inciso cuarto del artículo 65.
En efecto, la moción incide en la determinación de la organización y características de cargos de la Administración del Estado, idea asociada a la noción de "crear" cargos o empleos rentados en la Administración del Estado.
Asimismo, tal como lo indicó la Mesa de esta Corporación al declarar la inadmisibilidad de esta iniciativa, la moción afecta las atribuciones de distintas instituciones y autoridades públicas mandatadas legalmente para participar de la designación de los directores de diversas entidades públicas. Por esta vía, la moción incide en las facultades -la determinación de atribuciones y funciones de los órganos públicos- que el Constituyente ha reservado a la iniciativa exclusiva del Primer Mandatario.
Adicionalmente, se tuvo en cuenta lo preceptuado en el inciso final del artículo 65 de la Ley Fundamental, que, al referirse a materias correspondientes a la iniciativa exclusiva del Jefe del Estado, señala lo siguiente:
"El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República.".
El precepto constitucional antes transcrito se replica en un sentido similar en el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional respecto a las indicaciones que puedan formular los parlamentarios en proyectos cuya iniciativa corresponda exclusivamente al Primer Mandatario. En definitiva, el Parlamento admitirá únicamente aquellas indicaciones que tengan por objeto aceptar, disminuir o rechazar, pero no modificar o alterar, lo propuesto por el Jefe del Estado.
Por último, en consonancia con lo dictaminado por el Tribunal Constitucional, se recordó que la estructura interna de un servicio público como también las atribuciones de sus cargos y empleos solo pueden crearse por ley, a iniciativa del Presidente de la República.
Una vez examinados los antecedentes antes descritos, la Comisión de Constitución absolvió la consulta efectuada por la Sala del Senado y concordó con la proposición efectuada por la Mesa de la Corporación, esto es, con la declaración de inadmisibilidad de la moción en cuestión por contrariar lo estipulado en el numeral 2o del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental, precepto que dispone que "Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:
"2° Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones;".
Señor Presidente, debo hacer presente que la Comisión de Constitución adoptó este acuerdo por la mayoría de sus miembros presentes, Honorables señores Allamand y Pérez Varela, además de quien habla. Se pronunció en sentido contrario, esto es, por la admisibilidad de la proposición de ley, el Honorable señor Elizalde.
Quiero expresar que el informe de dicho órgano técnico da cuenta del trabajo realizado y consigna las argumentaciones tenidas en consideración para la resolución de este asunto y el debate originado a su respecto, así como el análisis pormenorizado de las disposiciones constituciones y legales atingentes, documento que Sus Señorías tienen a su disposición en sus respectivos escritorios.
Finalmente, dejo constancia de que este informe no aborda el mérito de las ideas contenidas en esta moción, sino que solo considera la cuestión relativa a quién tiene la iniciativa legislativa para presentar un proyecto de ley en esta materia.
Por lo tanto, nuestro pronunciamiento nada dice respecto del mérito mismo del contenido de la moción; solo se refiere a los aspectos constitucionales relativos a determinar a quién le corresponde la iniciativa exclusiva para presentar propuestas legislativas de esta naturaleza.
El señor MONTES (Presidente).- La Sala debe pronunciarse respecto al informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Previamente, tiene la palabra el Senador señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, la moción presentada se compone de once artículos permanentes y uno transitorio.
Los primero diez artículos establecen criterios de paridad de género en las empresas del Estado, tales como CODELCO, BancoEstado, ENAP, ENAMI, Correos de Chile, Ferrocarriles del Estado, FAMAE, ASMAR y ANACH. Estos criterios se han diferenciado fundamentalmente dado los distintos procedimientos que existen para la generación de los respectivos directorios. Por lo mismo, no se propuso un artículo único, sino uno para cada una de tales empresas.
Asimismo, se establece la obligación de paridad de género en las empresas con participación del Estado o conformadas por este bajo la modalidad de sociedades anónimas.
El artículo 11 modifica la ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas, para establecer el criterio de paridad de género para dichas personas jurídicas, sean sociedades cerradas o abiertas.
Finalmente, el artículo transitorio fija el plazo para el cumplimiento de la paridad de género, permitiendo que tanto los directores de las empresas del Estado como las sociedades anónimas puedan cumplir la futura ley en la medida que se renueven los directores conforme a las normas generales.
Por lo tanto, es evidente que el objetivo del proyecto es consagrar la paridad de género en los directorios de las empresas estatales, como una señal clara y nítida en orden a que las mujeres desempeñen cargos de responsabilidad cada vez más relevantes y, además, como una expresión de lo que han sido las manifestaciones ocurridas en el presente año por parte de la sociedad civil, que incluso el propio Gobierno ha acogido parcialmente.
Respecto a la declaración de inadmisibilidad de la moción, la verdad es que carece de fundamento, por las siguientes razones.
Primero, el artículo 65 de la Constitución dispone en su primer inciso que "Las leyes pueden tener su origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros.". Es decir, la regla general es que una ley puede nacer del Poder Ejecutivo o de los integrantes del Poder Legislativo mediante una propuesta presentada en el Congreso Nacional.
Por consiguiente, la norma que señala la iniciativa exclusiva del Primer Mandatario en materias de ley ¡es excepcional! ¡Altera la regla general! Por tanto, debe ser interpretada, conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional, de manera restrictiva.
Hay sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional que señalan que la disposición sobre los asuntos de iniciativa exclusiva constituye una excepción a la norma general, por lo que debe ser interpretada restrictivamente. De lo contrario, se estaría afectando la función inherente y esencial del Congreso Nacional: la función legislativa.
El criterio antes indicado -reitero que se ha expresado en múltiples sentencias del Tribunal Constitucional- no admite una interpretación por analogía o extensiva.
Asimismo, del tenor literal del precepto referido no se desprende que esta proposición de proyecto de ley sea inconstitucional. La moción busca establecer un requisito para la conformación de los directorios, pero en absoluto pretende crear "servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones y atribuciones", como indica la norma constitucional en esta materia.
Es decir, ¡la moción no se encuentra comprendida en el tenor literal de la hipótesis que establece la Constitución!
Y, como dije, por tratarse de una disposición excepcional y restrictiva, no se puede pretender aplicar una interpretación analógica por extensión y menos aún de carácter finalista.
Pero, incluso en la hipótesis de una interpretación finalista -esto es, que el proyecto no estuviera comprendido dentro de lo que estipula la Carta Fundamental y alterara o afectara el sentido de la norma-, cabe notar que dicho precepto se fundamentó en la necesidad de cautelar el buen uso de los recursos públicos y frenar los gastos que irrogaban al Presupuesto de la nación ciertas mociones parlamentarias destinadas a atender las necesidades particulares de la ciudadanía.
Este no es el caso, porque la propuesta legislativa que presenté no implica gasto adicional para el Estado de Chile; no representa un impacto financiero en el presupuesto fiscal.
En resumen, señor Presidente, la moción no se halla comprendida en la hipótesis del tenor literal de la disposición constitucional y, dada la interpretación restrictiva, no podría hacerse una aplicación de carácter finalista de aquella. Pero, aun así, ni siquiera se encuentra dentro del espíritu de la norma que establece la iniciativa exclusiva al Presidente de la República para este tipo de asuntos.
Además, el Congreso Nacional ha tratado múltiples proyectos que regulan las mismas materias y de la misma manera o en forma muy similar. De hecho, en su momento la Mesa del Senado declaró admisible la iniciativa, originada en moción de la Senadora Allende y del Senador Harboe (boletín Nº 9.858-03), que establece exactamente lo mismo que la moción que nos ocupa, pero con un guarismo de participación femenina de al menos 40 por ciento. La propuesta que he presentado, junto a otros Senadores, la establece en 50 por ciento. En el fondo, se trata exactamente de la misma materia, pero dicho proyecto fue declarado admisible por esta Corporación.
Otro caso se dio en la iniciativa de ley sobre nuevo gobierno corporativo de ENAP (boletín Nº 10.545-08), que se inició por mensaje en la Cámara de Diputados y que fue aprobada. La entonces Diputada Yasna Provoste (actual Senadora) le formuló una indicación al artículo 3º para establecer que al menos debía haber un director de sexo diferente, lo que garantizaba la integración en el directorio de al menos una mujer. La proposición fue declarada admisible y aprobada por la Cámara Baja, y se envió el oficio respectivo al Senado para continuar la tramitación del proyecto.
Y sin ir más lejos, el año pasado la iniciativa que modifica la Ley de Televisión Nacional de Chile (boletín Nº 6.191-19) incluyó una enmienda para establecer el carácter paritario de su Directorio, indicación de origen parlamentario, que este Senado declaró admisible y aprobó. El texto fue promulgado y hoy se encuentra vigente como ley de la república. Por lo demás, tal modificación obligó al Gobierno en su minuto a replantear su propuesta de directores para TVN, porque no cumplía con esa disposición aprobada por el Congreso Nacional, que iba a empezar a regir durante este año.
Por lo tanto, resulta evidente que la moción en debate no es inadmisible. No se encuentra en la hipótesis literal de la norma citada de la Constitución; ni siquiera afecta el sentido por el cual fue establecida, pues no irroga gastos adicionales, y además existen múltiples precedentes de proyectos de la misma naturaleza que han sido declarados admisibles; han iniciado su tramitación, e incluso algunos de ellos han terminado siendo aprobados por el Parlamento y promulgados por el Ejecutivo, convirtiéndose así en ley vigente.
Por último, señor Presidente, solo quiero señalar que declarar inadmisible esta moción significaría un precedente nefasto para las atribuciones del Congreso Nacional, porque con ese criterio serán múltiples las mociones sobre diversas materias que tendrán que ser declaradas inadmisibles, aunque no lo sean.
Lo mismo ocurrirá, en los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, con las indicaciones que establezcan pequeños cambios respecto de los requisitos para el nombramiento de determinadas autoridades, lo cual ha sido aprobado en cientos de casos en el Parlamento. En el futuro tales indicaciones también tendrían que ser declaradas inadmisibles.
Por lo anterior, creo que esta Corporación debiera votar en contra del informe de la Comisión de Constitución.
El señor MONTES (Presidente).- Hay seis señores Senadores inscritos.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Sí, pero manteniendo los tiempos.
El señor MONTES (Presidente).- Es mejor que se justifique el voto hasta por cinco minutos, porque, si no, tendremos una hora de debate sobre algo que hay que definir con prontitud.
En votación la proposición de la Comisión de Constitución.
El señor HUENCHUMILLA.- ¿Cómo se vota?
El señor MONTES (Presidente).- A favor o en contra del informe.
Se consultó sobre la admisibilidad de la moción, y el informe de la Comisión reafirmó lo sostenido por la Mesa: que es inadmisible. Es esa proposición la que está en votación.
Los que están de acuerdo con ella votan "Sí".
Se acaban de inscribir más señores Senadores.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, Honorable Sala, deseo hacer unos breves comentarios para respaldar lo obrado en la Comisión de Constitución y para reafirmar que la interpretación de la Mesa es la correcta en esta materia.
En verdad, las expresiones "crear" y "determinar" que utiliza el número 2º del artículo 65 de la Constitución tienen un sentido amplio.
"Determinar" es fijar los términos de algo. En consecuencia, es el Presidente de la República a quien le corresponde la atribución exclusiva de definir la organización interna y, por tanto, la composición de los entes públicos, incluidas las empresas del Estado.
De otro lado, no hay duda de que la estructura interna de un organismo público solo puede crearse por ley, a iniciativa exclusiva del Primer Mandatario. Por lo mismo, la estructura del directorio (esto es, la naturaleza de su composición) de una empresa estatal debe seguir, por razones obvias, el mismo principio.
El inciso final del artículo 65 de la Carta Fundamental dispone: "El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República.".
Por ello, las características y los requisitos de los cargos que se creen solo pueden ser definidos por el Jefe del Estado y no por el Parlamento.
A su turno, el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional señala que "los miembros del Congreso Nacional no podrán formular indicación que afecte en ninguna forma" -repito: ¡en ninguna forma!- "materias cuya iniciativa corresponda exclusivamente al Presidente de la República". Pues bien, tal es exactamente el caso que nos ocupa.
Por último, señor Presidente, el artículo 24 de nuestra Constitución establece que "El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República". Y, para que este pueda efectivamente administrar, se le conceden facultades de iniciativa exclusiva.
Así, al perforar tal criterio lo que se hace es impactar en facultades constitucionales que corresponden al Jefe del Estado, lo que a todas luces es equivocado.
Por lo expuesto, voto favorablemente el informe de la Comisión de Constitución.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, cuando uno analiza la admisibilidad de determinada norma, artículo o proyecto, no está opinando sobre el fondo ni diciendo si le gusta o no. Solo se determina si verdaderamente cumple las disposiciones que nuestra Constitución Política expresa con absoluta claridad.
Y tal como lo informó el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador Huenchumilla, y como lo acaba de expresar el Senador Allamand, nos encontramos ante una moción absolutamente inadmisible.
Y es inadmisible no solo por lo que establece el numeral 2º del artículo 65 de la Carta Fundamental -según el Senador Elizalde dicho precepto no toca la moción en cuestión, afirmación equivocada, a mi juicio-, que en su tenor literal expresa: "Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones", sino también por lo que dispone el inciso final del mismo artículo.
El numeral 2º plantea lo que el Presidente de la República puede hacer de manera exclusiva. Pero el inciso final expresa con claridad que "El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República.".
Esas son las atribuciones con que cuenta el Parlamento.
A uno podrá gustarle o no, pero eso dice la Constitución.
¿Qué podemos hacer frente a una propuesta legislativa del Presidente de la República en este tipo de materias? Solo aceptarla, disminuirla o rechazarla. Y eso es absolutamente coherente con el numeral 2º, que entrega la exclusividad al Primer Mandatario para una serie de materias de ley, a las que ya me referí latamente.
Por lo tanto, señor Presidente, la norma constitucional expresa con claridad qué materia es facultad exclusiva del Presidente de la República y cuáles son las atribuciones que les corresponden a los Senadores y Diputados.
El argumento de que existen precedentes en contrario no invalida para nada la adecuada interpretación de la norma constitucional frente a la moción en cuestión. Además, no generan derecho los distintos pronunciamientos que tanto la Cámara Baja como el Senado han hecho equivocadamente sobre materias similares, como los casos que se han mencionado.
Eso es muy importante en la estructura jurídica constitucional del país, porque somos parte de un régimen
presidencial, que es el que determina la creación de servicios públicos, sus características, quienes los conforman, las remuneraciones que se pagan.
Si, por el contrario, empezamos a socavar las atribuciones y la autoridad presidencial, la Administración va a sufrir una serie de problemas.
Yendo al fondo del proyecto -ya que estamos discutiendo a su respecto-, debo subrayar que al Congreso Nacional le sería factible alterarle al Presidente de la República la manera de, pese a tener la atribución exclusiva pertinente, conformar los órganos colegiados que debe nombrar. Por ejemplo, el día de mañana, de aprobarse una normativa de tal naturaleza, podría alterarle su Gabinete.
Ahí se ve la inconsecuencia y la incoherencia con la disposición fundamental.
Uno puede estar de acuerdo con el fondo del asunto, pero de ningún modo decir que eso sea admisible y constitucional.
Los preceptos que he leído, el número 2° y el inciso final del artículo 65 del Texto Fundamental, son evidentes en cuanto a lo que pueden hacer, respectivamente, el Jefe del Estado y el Parlamento.
Por lo tanto, yo voto por aprobar el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que declara inadmisible la moción pertinente.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, estoy convencida de que estas son discusiones importantes que se deben realizar en el Congreso Nacional: discusiones respecto de nuestra convicción y de nuestro compromiso con la justicia y la equidad de género.
Este debate nos habla también de la forma como somos capaces de consolidar la construcción de una sociedad que avance con pleno desarrollo desde la perspectiva de la equidad de género.
La iniciativa que presentamos, a la que se ha referido de manera extensa su autor principal, Senador Álvaro Elizalde, habla precisamente de justicia y de equidad de género desde el punto de vista de las connotaciones culturales y económicas, aspectos que deben ser sopesados en el Parlamento.
Tal como expresó el colega Elizalde, en mi tarea como Diputada fui autora de una incorporación de similares características a propósito de la discusión habida en torno al Directorio de la empresa pública ENAP. Hoy es una ley de la república que ha permitido garantizar que en ese Directorio también puedan participar mujeres.
Una norma parecida, emanada de una indicación presentada por el Senador Alejandro Guillier, posibilitó dar rango legal a la participación de mujeres en el Directorio de Televisión Nacional de Chile.
Y me quiero detener en aquello.
Cuando recibimos del Gobierno la primera propuesta de nombres para integrar el Directorio de TVN las mujeres fueron invisibles, no estaban consideradas.
Fue solo a partir de que dijimos que había que cumplir la ley que en esa primera proposición aparecieron nombres de mujeres que, además de cumplir todos los requisitos exigidos, significaban un aporte importante para la tarea del canal de televisión estatal.
Aquello de lo que estamos hablando tiene connotación cultural: la invisibilización permanente del aporte de las mujeres.
Por eso consideramos esencial la discusión de fondo sobre el proyecto de ley que presentamos, la cual no será posible si esta tarde no gana el rechazo a la decisión que adoptó la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Si Chile suscribió la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, nos parece de absoluto sentido discutir el fondo del proyecto que formulamos.
Esa iniciativa no dice que el Ejecutivo debe agregar cargos en los directorios para considerar a las mujeres: dispone que, manteniendo la misma estructura, se garantice su incorporación en cada uno de ellos.
Aquello va en la dirección de procurar eliminar toda forma de discriminación en contra de las mujeres.
Además, constituye una garantía de derechos para que las mujeres sean consideradas en la gestión y en la administración de las empresas del Estado.
Al igual que hace 30 años, voy a votar que no, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Estuvo muy bien eso, señora Senadora.
El señor MOREIRA.- Solo quiero señalarle dos cosas, señor Presidente.
Primero, debo expresarle que, más allá del proyecto puntual de que se trata, se está generando un mal precedente, pero muy distinto de lo planteado por quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Y digo "muy distinto" porque aquí se quiere cercenar una facultad del Presidente de la República. Pero el Congreso Nacional, por muy democrático que sea, no puede pasar a llevar la Constitución.
Señor Presidente, el proyecto fue declarado inadmisible por corresponder claramente a una facultad exclusiva del Presidente de la República.
La norma fundamental busca evitar el populismo que antaño afectaba como un cáncer al Parlamento: el populismo legislativo, que finalmente redundaba en que el Estado quedaba desfinanciado por proyectos de ley que nacían en la Cámara o en el Senado.
La delimitación de facultades es estricta. La Carta no es un cúmulo desordenado e inorgánico de normas: debe ser interpretada como un todo orgánico y armónico.
El proyecto en cuestión esconde, bajo la apariencia de inocencia, una daga que recorta y cercena las facultades exclusivas del Jefe del Estado.
El Tribunal Constitucional, cuando ha debido interpretar la Ley Fundamental, siempre ha enfatizado el criterio de que sus normas deben guardar entre sí un sentido lógico y sistemático.
Por eso, solo cabe analizar la norma del artículo 65 de la Carta con las de los artículos 24 y 32. Este último incorpora las atribuciones especiales concedidas al Primer Mandatario.
Las atribuciones del Presidente de la República para administrar los órganos estatales implican que él es quien designa a las autoridades según criterios sobre correcta administración del Estado.
El proyecto en comento busca poner cortapisas a la atribución exclusiva del Primer Mandatario para conformar los directorios de las empresas públicas.
Se ha argumentado que el fondo de la norma constitucional es solo impedir que el Congreso Nacional le establezca nuevos gastos a la Administración del Estado y que ello no ocurriría con la iniciativa en comento, ya que habría otros proyectos en que se incluyó la equidad de género.
Ello es efectivo, pero solo parcialmente.
El Presidente de la República tiene facultad exclusiva, entregada por la Ley Fundamental, para el nombramiento en ciertos cargos basado en los criterios establecidos por él.
El proyecto de ley que se presentó procura restringir tal facultad.
El Senado ya declaró inadmisibles otras iniciativas del mismo tenor.
Por supuesto, hoy el motivo es loable: la equidad de género, que está de moda.
El señor LAGOS.- No es moda: ¡es un derecho!
El señor MOREIRA.- Mañana puede haber otro motivo loable y digno de elogio, como la incorporación de nuestras etnias.
Pasado mañana podría ser la incorporación del adulto mayor o, tal vez, de los jóvenes o de los inmigrantes, o el mejoramiento en materia de pluralidad racial o religiosa.
¿Pero qué implica todo aquello? La restricción de la facultad que la Constitución le otorga al Presidente de la República para designar en ciertos cargos, poniéndose cortapisas que finalmente pueden hacer muy difícil, y hasta imposible, el nombramiento.
Chile está regido por un sistema presidencialista, guste o no. La Carta Fundamental establece restricciones a la injerencia del Congreso en materias de facultades exclusivas del Jefe del Estado.
Se sentaría un nefasto -con mayúscula- precedente admitir que, por razones que pueden ser loables y hasta atendibles, se vaya cercenando esa facultad presidencial.
Señor Presidente, no tengo necesidad de recordar la historia para votar que sí.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, primero hay que definir lo que estamos discutiendo versus lo que no estamos discutiendo.
Aquí no se está debatiendo el mérito del proyecto.
He visto intervenciones apasionadas para develar cuánto importa o no importa -porque el punto es discutible en sí mismo- que las empresas tengan un porcentaje equis, i griega, zeta o paritario de mujeres en materia de composición del directorio.
Tal discusión no es esta.
Por tanto, si alguien cree que nos hallamos debatiendo aquello está en un error, pues nos encontramos enfrentados a una cosa completamente distinta: si mediante la iniciativa parlamentaria puede plantearse un cambio en la forma de administrar, en este caso, empresas del Estado.
Desde mi perspectiva, hay cuestiones, primero, de antecedentes y, segundo, conceptuales que avalan la posición de la mayoría de la Comisión de Constitución.
Primero, es importante el aspecto histórico.
Esto no es nuevo. No se trata de que el precepto apareció de repente. Esta es de las pocas disposiciones fundamentales que se mantienen en forma parecida, sin ser alteradas (se halla en las Constituciones de 1833 y 1925; en la modificación de 1971; en la Carta de 1980). Me refiero a la norma que le reserva al Presidente de la República, cualquiera que sea, facultades exclusivas tanto de orden económico como en lo referente a la creación de servicios públicos o de empleos rentados y a la determinación de sus funciones o atribuciones.
Entonces, desde el ángulo histórico, tenemos claro que no estamos innovando. Nos encontramos, de alguna manera, entendiendo que hay una argumentación de Estado para darle ciertas facultades exclusivas al Primer Mandatario.
En lo conceptual, lo que se hace es, básicamente, entender -lo dijo bien un Senador que me antecedió en el uso de la palabra- que "crear servicios públicos" significa producir algo de la nada; que "determinar funciones" implica instituir un nuevo empleo o dignidad, según se entienda.
Por tanto, aquí la pregunta esencial es si, según la interpretación por el lado, un parlamentario -yo o cualquier otro- puede determinar una función pública con el pretexto de que es sana o buena.
La única respuesta que a uno le corresponde dar es que eso no se puede hacer.
El informe de la Comisión de Constitución genera (ello es muy importante) la lógica de que en materias de la iniciativa exclusiva del Jefe del Estado -por ejemplo, en el caso de los impuestos- el Parlamento puede aceptar, rechazar o disminuir, pero no aumentar.
Ahora, a propósito de los precedentes, se dice: "Es que esto se hizo".
Yo recuerdo que en el proyecto relativo al Fondo de Infraestructura, discutido hace poco tiempo, se declararon inadmisibles indicaciones con las que se pretendía modificar la propuesta del Ejecutivo relacionada con la Administración del Estado.
Este Senado -no otro- determinó exactamente lo mismo con respecto a indicaciones dirigidas a modificar la composición y las atribuciones del Directorio de la ENAP.
Esta Corporación dijo -ello sucedió en el Gobierno anterior- que si se quería introducir enmiendas en tales materias debía plantearlo el Ejecutivo, pues no era posible que un parlamentario cambiara la forma de establecer el gobierno corporativo de las empresas del Estado involucradas.
Uno de los autores de la moción que nos ocupa ahora dijo que en algún momento el Tribunal Constitucional habría establecido una visión favorable a la posición de ellos.
El informe de la Comisión de Constitución da cuenta de que el referido Tribunal, en las sentencias roles números 319 y 358, consigna exactamente lo contrario, ratifican un concepto general acerca de dónde funcionan las atribuciones comunes y dónde hay atribuciones exclusivas.
Señor Presidente, esta es una discusión jurídica que puede ser superinteresante. Pero me parece que equivocarse sería grave. Porque si el día de mañana alguien me pregunta "¿Puedo hacer esto?", es factible que yo le conteste que el cien por ciento puede ser de un sexo u otro. O sea, dentro de la lógica de permitir sería factible discutir cualquier forma diferente de administrar el Estado.
Por consiguiente, llamo a no perturbar lo que está fijado constitucionalmente.
Me parece evidente que la iniciativa en cuestión no es constitucional.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, yo voy a votar a favor del informe de la Comisión de Constitución porque estoy absolutamente convencida de que la declaración de inadmisibilidad del proyecto en cuestión se ajusta a nuestra Carta Fundamental.
No es suficiente para declarar admisible la iniciativa que seamos capaces de compartir lo que ella quiere regular, cuya intención puede ser muy buena.
Debo recordar, señor Presidente, que cuando uno asume en esta Corporación jura o promete respetar las leyes y la Constitución.
Objetivamente, la moción presentada es inconstitucional. De modo que está bien la declaración de inadmisibilidad.
Sí, comparto con el Senador Elizalde su argumentación en cuanto a que no es justo que otras mociones que iban por el mismo camino se hayan declarado admisibles en función de quiénes las presentaron o por otras razones.
Pero ello, si bien lo comparto, no es fundamento suficiente para declarar la admisibilidad.
Creo que las Senadoras y los Senadores debemos ser mucho más exigentes con nosotros mismos al momento de presentar mociones. Y, de la misma manera, esta Corporación, al revisarlas, tiene que aplicar un criterio objetivo e igual a todos los parlamentarios que las formulan y no aprobar unas y rechazar otras sobre la base de quiénes son sus autores.
En general, señor Presidente -vuelvo a decirlo-, estoy absolutamente convencida de que corresponde votar favorablemente la declaración de inadmisibilidad acordada por la Comisión de Constitución.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, estamos ante una consulta de la Sala acerca de la declaración de inadmisibilidad de una moción presentada por diversos Senadores.
Al respecto, quiero decir que la doctrina ha entendido que la iniciativa exclusiva es una competencia reservada únicamente al Presidente de la República para someter un proyecto de ley, en las materias que la Constitución señala expresamente, a discusión y tramitación legislativa.
En la Constitución Política de la República, tal atribución está regulada en el artículo 65, incisos tercero y siguientes, del Capítulo V, CONGRESO NACIONAL, párrafo Formación de la ley.
El antecedente que establece la iniciativa exclusiva data de la Carta de 1925, donde se establece que el Presidente de la República tiene facultades específicas; pero se refieren, en lo sustancial, a los suplementos a partidas o ítems de la Ley General de Presupuestos, no a todas las materias.
En segundo lugar, el artículo 65 de la Ley Fundamental, en su inciso tercero, consagra varias materias reservadas a la iniciativa exclusiva del Primer Mandatario. Entre ellas, los proyectos relacionados con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado; las materias que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de los municipios; las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra; las que tengan por objeto imponer, suprimir, reducir o condonar tributos; la creación de nuevos servicios públicos; la contratación de empréstitos para el Estado; las que tengan por objeto fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas; las que tengan por finalidad establecer las modalidades y los procedimientos de la negociación colectiva; y las que persigan como propósito establecer o modificar las normas sobre seguridad social.
De tal situación se desprende que dicha regla debe interpretarse restrictivamente. Porque ese es el criterio: la iniciativa exclusiva solo se interpreta en los términos señalados por la ley. No hacerlo podría llegar a desvirtuar del todo la función propia del Congreso Nacional y el ejercicio de la soberanía que se cumple a través de él.
Cabe recordar, además, que el proyecto registra antecedentes aprobados por la mayoría de los Senadores en la Sala, como la Ley de Televisión Nacional de Chile y la composición del directorio con un criterio de género. Asimismo, está el caso de la ENAP. Pero numerosas modificaciones legales también establecen el principio de paridad en distintos aspectos.
Por lo tanto, no se trata de una improvisación ni de una moda puntual, sino de un modo de ver la sociedad y la legislación del país en cuanto a los derechos de las mujeres, con el propósito, en estas iniciativas, de igualarlos a los correspondientes a los hombres o, al menos, de acercarlos.
Al mismo tiempo, el contenido de la moción no se encuentra regulado en el artículo 65, inciso tercero, de la Carta. Ello es claro, pues el texto no crea ni establece nuevos servicios o funciones, sino solo requisitos de ellos.
Tampoco se afecta una facultad presidencial, porque el propio artículo 32 de la Constitución señala que las designaciones del Primer Mandatario deben realizarse "en conformidad a la ley". O sea, igualmente se halla determinada la manera como se ejercen.
En atención a que la normativa no dice relación con las materias anteriormente enumeradas, debe ser declarada admisible.
Concluir que esta clase de proyectos, que buscan la igualdad entre los ciudadanos, forman parte de la iniciativa exclusiva significa restringir los derechos del Congreso y sus pocas facultades, lo que lo transformaría en una mera notaría o escribanía.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, más allá de todos los argumentos jurídicos, hay criterios dispares.
Quisiera informarle que hace dos o tres años presentamos una moción tendiente a la paridad de género en el Tribunal Constitucional. Se encuentra en la Comisión de Constitución, y esperamos que su Presidente, el Senador señor Huenchumilla, pueda darle agilidad, porque creemos que es una situación que se tiene que contemplar en ese organismo. Lo mismo dice relación con el Consejo de Defensa del Estado. Ambas iniciativas están ingresadas. No generaron ningún problema de constitucionalidad y buscaban exactamente lo que se plantea respecto de las empresas públicas, que es la paridad de género en sus directorios. Por lo tanto, creo que no hay vuelta que darle.
Además, tenemos proyectos aprobados.
No se altera nada, salvo que digamos que hombres y mujeres son distintos en este ámbito; que variará el funcionamiento de la empresa; que se provocará un mayor gasto; que contamos con argumentos legales, en definitiva, para incurrir en facultades propias del Primer Mandatario.
¡Una vez más se refleja la monarquía presidencial! Es preciso pedirle permiso al Jefe del Estado incluso para solicitar igualdad entre uno y otro sexo en los directorios de las empresas públicas. Hay que preguntarle, y, como monarca, ¡tiene la única y exclusiva atribución de decidir si las mujeres entran o no a ellos!
El camino más fácil para el Ejecutivo y los parlamentarios de Gobierno -que no han votado últimamente a favor de los proyectos del primero- hubiera sido pedirle a la Presidenta de la UDI, doctora distinguida, que patrocinase la iniciativa, y no estaríamos en el presente debate. Porque creo que el Gobierno debiera interesarse en la paridad de género, particularmente si su partido mayoritario, el más grande de Chile, es presidido por una mujer.
Es por eso que voy a votar en contra del informe.
--Por 21 votos contra 18, se rechaza el informe de mayoría de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Harboe, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Goic, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Coloma, Galilea, García, García-Huidobro, Huenchumilla, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh y Sandoval.
Boletín N° 11570-06
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga beneficios de incentivo al retiro para funcionarios municipales que indica, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.570-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 34ª, en 18 de julio de 2018 (se da cuenta).
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 50ª, en 5 de septiembre de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es mejorar las condiciones de retiro para funcionarios municipales en edad de pensionarse por vejez.
La Comisión discutió el proyecto solo en general y, por la unanimidad de sus miembros, Honorables señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Quinteros, acogió la idea de legislar.
Cabe tener presente que los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 1 y los incisos segundo, tercero y sexto del artículo 5, permanentes, así como los números 2, 3, 5 y 7 del artículo primero transitorio revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 25 votos para su aprobación.
El texto que se propone sancionar en general se transcribe en el primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
¿El Senador señor Araya, en su carácter de Presidente de la Comisión, procederá a la relación?
El señor ARAYA.- La haré después de que mi colega Quinteros efectúe una aclaración, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- El Senador señor Bianchi intervendrá antes que Su Señoría.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, fui quien pidió que la iniciativa en examen, signada con el número 5 en el Orden del Día, se adelantara al segundo lugar.
La verdad es que me confundí, y por eso es que no se encuentra presente el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Felipe Salaberry. Tengo que reconocerlo, porque nobleza obliga. Le entendí que quería apurar el asunto, pero iba a ponerle urgencia solo el día lunes. Por eso, doy la explicación necesaria.
Presento mis disculpas por mi falta de acuciosidad.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, sé que numerosos funcionarios están a la espera de la votación del articulado. Y otra situación, no menor, es que muchos han fallecido a la espera de que sus términos se puedan concretar. Por lo tanto, a mí me parece oportuno que lo estemos viendo en esta oportunidad.
Si me permiten mis colegas...
Este es el octavo proyecto de incentivo al retiro en el orden municipal que estamos discutiendo.
El señor MONTES (Presidente).- Les ruego a Sus Señorías no interrumpir.
El señor ELIZALDE.- Perdón, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Puede proseguir el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Comienzo de nuevo.
Decía que este es el octavo proyecto de incentivo al retiro en el orden municipal que estamos discutiendo. Ello tiene su origen en una situación de fondo que no ha sido atendida como corresponde y que, por el contrario, es de alguna manera "parchada", cada cierto tiempo, con este tipo de iniciativas.
En efecto, actualmente, un funcionario municipal que cumple 65 años y ha cotizado en el sistema de administradoras de fondos de pensiones obtiene una pensión extremadamente baja, lo que no solo afecta a este tipo de trabajadores, sino también a todos los del país.
Reitero: hay una cuestión de fondo que hemos venido denunciando sistemáticamente respecto de dicho régimen previsional.
Debemos considerar que a las bajísimas pensiones de los funcionarios municipales colabora una práctica que hemos rechazado, pero que sigue vigente, en el sentido de que, para los efectos de las imposiciones, se les ha calculado solo el sueldo base y no todas las asignaciones que perciben, incluso contraviniendo un dictamen de la Contraloría General de la República, que se pronunció en orden a que es necesario considerar todo ello para determinar el monto imponible.
Por lo anterior, ha sido necesario discutir nuevamente un proyecto de incentivo al retiro de los funcionarios municipales, para poder dar, en parte, una vejez algo más digna a quienes entregan toda una vida laboral y, así, también dar paso a la necesaria renovación de las plantas del personal.
Los principales aspectos que deben ser mejorados en el texto que estamos tratando son los siguientes:
-En la Cámara de Diputados se eliminó, inexplicablemente, la disposición en el sentido de que el alcalde, con acuerdo del concejo, podía ampliar el beneficio de seis meses a once.
No solo deben reponerse los cinco meses, sino que, a diferencia de lo que se había establecido, la medida no debe ser facultad del jefe comunal en cuanto a someterla al acuerdo del concejo. Es preciso que se determine, en forma literal, que tienen que ser cancelados los once meses, sí o sí, a quien se acoja al incentivo.
No existe argumento alguno para una acción al límite de la discriminación, si comparamos con otras leyes de incentivo al retiro que hemos aprobado para trabajadores de organismos públicos.
-Para el cálculo del pago correspondiente deben considerarse todas las asignaciones que se perciben, incluida la profesional. No es posible que sean tributables e imponibles y que, sin embargo, no sean contempladas para estos efectos.
-En el mismo sentido, debe quedar claramente establecido que para los trabajadores municipales de zonas extremas se considerará la asignación de zona, determinada en un noventa por ciento de la remuneración base. Por ello, interesa recordar que, en la discusión habida en la Comisión de Gobierno, el Subsecretario de Desarrollo Regional se allanó a acoger e incorporar el punto dentro de las indicaciones que presentará el Ejecutivo.
-Otro aspecto importante que cabe destacar es que para los efectos del cálculo de cupos disponibles se ha tenido en cuenta a los trabajadores que han obtenido una pensión de invalidez y también a los fallecidos en el tiempo intermedio, de manera que sus herederos podrán postular con toda justicia al incentivo. Es decir, se le ha pedido al Ejecutivo mantener el número de cupos con que se inició la tramitación, fijado en diez mil 600, porque mientras tanto varios funcionarios han muerto esperando la ley y es de total justicia que el beneficio sea asignado, sin que ello signifique un solo peso extra con relación al proyecto.
Amigos funcionarios municipales, nuestro compromiso con la labor pública tan relevante que ustedes desarrollan lo renovamos apoyando la iniciativa en discusión general y a la espera de las mejoras que incorporaremos en conjunto con el Ejecutivo para obtener una ley que responda a las legítimas aspiraciones que han representado al Congreso.
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, el proyecto, iniciado en mensaje de la Primera Mandataria Michelle Bachelet, ingresó con fecha 18 de julio de 2018 a tramitación en el Senado para su segundo trámite constitucional. En el primer trámite fue aprobado en general y en particular, a la vez, con 138 votos a favor, en la Cámara de Diputados.
Cabe destacar que la Comisión de Gobierno discutió la iniciativa solo en general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento, y acordó unánimemente proponer al señor Presidente que en la Sala se haga otro tanto.
¿Qué propone el articulado? Mejorar las condiciones de retiro para los funcionarios municipales en edad de pensionarse por vejez.
El mensaje expresa que la política del Gobierno ha tendido a establecer incentivos de mediano plazo con el objeto de que el personal que se encuentre en esa situación pueda acceder a los beneficios asociados a su retiro voluntario y que, en ese contexto, se llegó a un acuerdo con la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH).
También hace presente que el sector ha sido objeto de relevantes reformas, como la que propició la ley N° 20.922, que introdujo una serie de modificaciones en materia de plantas del personal de las municipalidades y de asignación profesional, entre otras.
Señala que el proyecto contempla una bonificación por retiro voluntario, de cargo municipal, para los trabajadores regidos por el Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980, y por el Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales, contenido en la ley N° 18.883, que en el período comprendido entre el 1° de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2024, ambas fechas inclusive, hayan cumplido o cumplan 60 años de edad, si son mujeres, o 65, si son hombres, y para quienes al 30 de junio de 2014 hayan cumplido 60 años de edad o más, si son mujeres, y 65 o más, si son hombres, en tanto reúnan los demás requisitos.
Se incluye a los funcionarios que hayan obtenido u obtengan la pensión de invalidez establecida por el decreto ley N° 3.500, de 1980, entre la fecha de publicación del articulado en debate y el 31 de diciembre de 2024, ambas fechas inclusive, si cumplen 60 años de edad, en el caso de las mujeres, y 65, si se trata de los hombres, dentro de los tres años siguientes al cese de su cargo por el concepto expresado en primer término o ante la declaración de vacancia por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño y que reúnan los otros requisitos establecidos por la iniciativa.
El proyecto considera los siguientes beneficios:
a) Bonificación por retiro voluntario, la cual ascenderá a un mes de remuneración por cada año de servicio o fracción superior a seis meses prestado por el funcionario en la administración municipal, con un máximo de seis meses. Se reconocerán los períodos discontinuos siempre que sean superiores a un año o que al menos uno de ellos exceda de cinco años.
b) Bonificación adicional, cuyo monto dependerá de los años de servicio en la administración municipal, según se especifica en el texto, la que podrá alcanzar entre 400 y 560 unidades de fomento, cantidad esta última correspondiente a los funcionarios municipales que se desempeñen por 35 o más años.
c) Bono por antigüedad, que ascenderá a cinco unidades de fomento por cada año de servicio a partir de los 35 años y hasta los 39 en la administración municipal. Por cada año sobre los 39 ascenderá a diez unidades de fomento. Con todo, el monto máximo no podrá exceder de cien.
d) Bono por trabajos pesados, que ascenderá a diez unidades de fomento por cada año cotizado o que estuviera certificado como de trabajos pesados, con un máximo de cien.
Cabe hacer presente que se considera una regulación de los cupos anuales para postular a los beneficios contemplados en el proyecto y se fijan criterios de priorización en el caso de haber un mayor número de postulantes que cupos disponibles para el año; que se establecen incompatibilidades de beneficios y prohibiciones, posteriores al cese de funciones, y que se consagra la transmisibilidad si un funcionario fallece entre la fecha de su postulación a los beneficios y antes de percibirlos.
Por último, se establece la hipótesis en que se entiende que se renuncia a ellos y se entrega a un reglamento del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito, además, por el Ministro de Hacienda, la determinación del o de los períodos de postulación y el procedimiento de otorgamiento, entre otras materias.
Los acuerdos fueron adoptados por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi, Galilea, Quinteros y quien habla, la misma que se solicita a la Sala para la aprobación en general.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, sin duda, el proyecto en votación general es de gran relevancia, pues va a beneficiar directamente, hasta el año 2025, a cerca de diez mil 600 funcionarios municipales.
Es importante recordar que nació de un acuerdo del Gobierno pasado con las asociaciones de trabajadores y que el actual lo ha asumido con un gran compromiso y convicción para sacarlo adelante.
Creo que hay un reconocimiento absolutamente transversal al trabajo abnegado de todo este personal a lo largo del país, en cada comuna, por ser el que día a día se desvive por atender a todos los vecinos. Ni siquiera es preciso recordar, porque todos lo sabemos, que cada vez que un ciudadano enfrenta un problema, la primera puerta que golpea es la de los municipios. Y ahí están estos grandes funcionarios, que lo acogen y dan una solución.
Precisamente, dadas las expectativas que dichos funcionarios tienen respecto de este proyecto, en la Comisión de Gobierno hemos escuchado a la gran mayoría de sus asociaciones y federaciones.
Saludamos especialmente a algunos de sus representantes, que se encuentran hoy día en las tribunas, y, a través de ellos, también le hacemos un reconocimiento al resto de los funcionarios.
Como acá se ha dicho, señor Presidente, la propuesta legislativa contemplaba originalmente una bonificación de incentivo al retiro equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio, con un máximo de seis meses más cinco adicionales. En la Cámara de Diputados se aprobaron solamente los primeros seis.
Eso es inaceptable, porque de esa manera la iniciativa no va cumplir con el objetivo que busca, que es precisamente, y valga la redundancia, incentivar a los funcionarios municipales a un retiro digno. La idea es que puedan dejar de trabajar, pero que puedan también, a modo de recompensa -se la han ganado con creces-, jubilarse con este incentivo y con algunos recursos para enfrentar la vida que viene por delante.
La normativa en estudio se aprobó por unanimidad en la Comisión de Gobierno, debido a que el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo se comprometió a reponer, vía indicación, los meses que en la Cámara no se aprobaron.
De la misma manera, no puedo dejar de mencionar algo que es importante y que debe incorporarse en las indicaciones que se presenten en la discusión particular: la forma como se determinará la base de cálculo que se va a utilizar para entregar el incentivo.
Todos sabemos que el Congreso aprobó hace un par de años una modificación al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales que consideró un cambio en sus plantas. En esa ley se definió cómo se determinaba el concepto de remuneración y se dejaron fuera la asignación profesional y la asignación de zona. Ambas son derechos adquiridos de los funcionarios municipales y deben necesariamente estar incorporadas para el cálculo del beneficio que establecerá esta iniciativa.
Señor Presidente, como integrante de la Comisión de Gobierno, no tengo más que asumir un compromiso público para trabajar con el mayor ahínco, como ya hicimos en la discusión general, para que este proyecto de ley vea la luz pronto y otorgue el beneficio que tantos funcionarios están esperando.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, este es un tema muy importante para muchos funcionarios municipales. Según el último Informe Nacional de Capital Humano Municipal, son más de 88 mil 600 los trabajadores de este sector, de los cuales -es lamentable- más del 50 por ciento está a honorarios. Por lo tanto, este proyecto va a beneficiar al 44 por ciento restante.
Sin embargo, es importante señalar algunos aspectos: la participación femenina todavía es muy baja (solo un 44 por ciento de los funcionarios son mujeres); el 80 por ciento de los municipios tiene menos de 250 trabajadores, en promedio, y hay algunos con más de 3 mil trabajadores, lo que revela su alta heterogeneidad.
Es importante señalar que el 29 por ciento de los municipios cuenta con profesionales; no obstante, hay otros, como Caldera y Papudo, cuya tasa de profesionalización se encuentra entre 2 y 4 por ciento, solamente.
En ese contexto, como decía la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, sin duda es importante otorgarle dignidad a esta jubilación que por tantos años han estado esperando, pero, por otro lado, hacer también un recambio, incorporar profesionales jóvenes a los distintos municipios del país y darle una oportunidad al empleo local.
Este incentivo al retiro ha sido el resultado de un trabajo arduo. Fue comprometido en el Gobierno anterior y en el actual se honró la palabra empeñada. Gracias a ello, el proyecto ha ido mejorando. Lo ideal sería no tener que estar discutiendo cada cuatro o seis años una iniciativa de este tipo. Necesitamos pensar en una política de Estado que permita el retiro digno de los funcionarios públicos.
Hubo dos años en que no existió retiro, por lo que algunos funcionarios murieron esperando este incentivo, tal cual lo mencionó un Senador que me antecedió en el uso de la palabra. En lo personal, conocí a dos trabajadores de la Región de La Araucanía -específicamente, de la comuna de Traiguén- que fallecieron sin poder recibir el beneficio, y no jubilaron justamente porque aguardaban este incentivo al retiro.
Con este proyecto de ley beneficiaremos a alrededor de 10 mil 600 funcionarios municipales entre los años 2018 y 2025, lo que será claramente una gran ayuda para ellos y sus familias.
Voto a favor de la iniciativa y declaro mi compromiso para todo el resto de la tramitación. Ojalá que pronto podamos contar con buenas noticias para quienes han entregado una vida al servicio público.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, sin duda, uno se alegra de que los funcionarios municipales se beneficien de una normativa como esta.
Quiero saludar a los dirigentes de las diferentes organizaciones que se encuentran en las tribunas, a quienes les ha tocado durante este tiempo participar en la tramitación de esta iniciativa.
Como alcalde, durante muchos años me correspondió conocer la situación remuneratoria de los funcionarios. La enorme disparidad de criterios que había entre la Escala Única de Sueldos y la Escala de Remuneraciones Municipal generaba una odiosa diferencia que no tenía ninguna justificación lógica ni práctica en el contexto de los servicios públicos y, por lo demás, contravenía una norma más grande que establecía que en similares funciones debían existir similares remuneraciones.
Nos alegramos de todos los avances y las conquistas que se han logrado en los últimos años para procurar una nivelación. No obstante, en este proyecto hay una situación que desgraciadamente no fue tramitada en forma debida.
Yo entiendo que en la Cámara de Diputados se intentó que a estos seis meses de bonificación por retiro voluntario se incorporaran cinco más, para lograr lo que tradicionalmente existe en el cálculo de todos los incentivos al retiro de la Administración Pública: once meses de remuneraciones.
En este caso particular, solo se reconocen los seis que están definidos aquí.
¿Qué hizo la Cámara? La propuesta legislativa original señalaba que los municipios "podrán" otorgar un máximo de once meses y los Diputados, con la mejor de las intenciones, quisieron cambiar ese verbo por "deberán". Pero se declaró inadmisible la proposición. Se votó y se rechazó.
Sin embargo, la indicación no deja de tener sentido, porque su intención era incorporar un punto considerado para todos los demás funcionarios del sistema público, a quienes se les aplican los once meses de tope para los efectos del cálculo del bono de incentivo al retiro.
Por tal motivo, señor Presidente, espero sinceramente -me tocó escuchar al Subsecretario en un par de reuniones de la Comisión- que exista la voluntad y la disposición de incorporar las correcciones que sean necesarias en la tramitación de esta normativa.
La iniciativa considera también una serie de otras asignaciones, como la bonificación adicional, el bono por antigüedad y establece, asimismo, un bono especial para trabajos pesados calificados.
Se generó una fuerte discusión respecto de la prelación, porque el texto señala los procedimientos normales.
El artículo 5, letra a), dice: "En primer término serán seleccionados los postulantes de mayor edad, según su fecha de nacimiento".
Frente a este punto, varios dirigentes plantearon que debía considerarse la condición de salud y no solamente la edad del funcionario.
Mucha gente que se encuentra en esta situación presenta problemas de salud. En lo personal, conozco varios funcionarios con enfermedades muy complejas que los vuelve potenciales beneficiarios, no solo por tener la edad para jubilar, sino también por encontrarse en esa peculiar y especial condición.
También se establece que los municipios no podrán destinar estos recursos a otros fines, so pena de la aplicación de las normas del artículo 233 del Código Penal, lo que evidentemente me parece relevante.
En último término, cabe destacar que la asignación de zona, que se paga en municipios ubicados en localidades extremas, se reconoce como tal y se entiende vinculada al Estado, porque es distinto cumplir funciones en Valparaíso que en Arica, en Putre, en Aisén, en Coihaique, en Villa O'Higgins, en Puerto Natales o en Tierra del Fuego.
Ese reconocimiento de excepcionalidad hizo que se estableciera dicha asignación.
Espero sinceramente que en el cálculo del bono de incentivo al retiro sea también considerada la asignación de zona, puesto que nos parece discriminatorio no hacerlo, y lo mismo cabe decir de la asignación profesional.
Señor Presidente, evidentemente voy a votar a favor de la iniciativa...
El señor MOREIRA.- Hable de "todos", señor Senador.
El señor SANDOVAL.- Mi bancada me dice que ¡todos! vamos a votar a favor, puesto que los funcionarios municipales de nuestras regiones son los que se encuentran en la puerta de entrada a los temas y problemas de nuestras comunidades. Ellos están ahí, al frente, pese a todas las condiciones. Por tanto, más que merecido, ¡se lo tienen ganado, señor Presidente!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Hay alrededor de ocho o nueve señoras Senadoras y señores Senadores inscritos y el Orden del Día se fijó hasta las 18.
¿Habría acuerdo para disminuir a tres minutos la duración de las intervenciones?
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, como se ha dicho, el objetivo de este proyecto, que corresponde a un mensaje de la Presidenta Bachelet, es mejorar las condiciones de retiro para los funcionarios municipales que están en edad de jubilar o que se acogen a pensión de invalidez.
Esta iniciativa se debe a un acuerdo firmado por el Gobierno anterior con la ASEMUCH, el que posteriormente fue complementado durante la actual Administración.
Los términos del presente incentivo al retiro son los normales en este tipo de leyes, y, en línea con lo que se ha establecido en los últimos proyectos, se ha considerado un plazo mayor de vigencia, hasta el año 2025.
En este sentido, el plan de retiro contempla un bono de cargo municipal equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio; un bono adicional de cargo fiscal, que varía entre 400 y 560 UF; un bono adicional por antigüedad de entre 5 y 10 UF por cada año de servicio sobre los 35 años, con un máximo de 100 UF, y un bono por trabajos pesados.
Con todo, hay aspectos que, como se ha dicho acá, deberán ser revisados en la discusión en particular.
Un primer problema se presenta con el bono de cargo municipal, que se aprobó en la Cámara de Diputados solo hasta por seis meses. La facultad de ampliarlo a once fue eliminada en dicha Corporación, al intentar dejarla obligatoria.
Un segundo tema por resolver se refiere al número de beneficiarios, que alcanza a los 10 mil 600 funcionarios hasta el 2025; pero es muy probable que ello resulte insuficiente, además de que la distribución por años de esa cantidad sería más baja en los primeros años.
En otro orden de cosas, se cuestiona la forma de cálculo de la remuneración mensual que sirve de base al bono, pues esta no incluye la asignación profesional ni la de directivo-jefatura. Esto se debe a que en la Ley de Plantas aprobada hace dos años, que reconoció tales asignaciones a los funcionarios municipales, se estableció expresamente que ellas no se considerarían para el cálculo de otros beneficios.
No estoy de acuerdo con ese criterio. Además de que nada impide que una nueva ley las incluya en la base de cálculo, me parece de estricta justicia que se considere la remuneración completa para la determinación del bono.
Asimismo, las organizaciones de funcionarios plantean que debe eliminarse o atenuarse la inhabilidad de cinco años que se establece para quienes se acojan a estos beneficios y presten servicios en la Administración Pública.
Por otro lado, los municipios reclaman que deben soportar el costo financiero del pago del bono, pudiendo acceder solo a un anticipo con cargo a las futuras remesas del Fondo Común Municipal.
La situación de buena parte de los municipios no permite seguir sometiéndolos a nuevas obligaciones financieras, y el argumento de que ellos también se ven beneficiados debido a que se retiran funcionarios más caros no es efectivo, por cuanto el mismo día en que se retiran dichos funcionarios de planta se produce el ascenso automático de aquellos que les siguen en el escalafón.
El ahorro se podría producir en el último grado del escalafón, pero eso ocurriría solo si no se llenara la vacante, lo que está lejos de ser posible, por el incremento constante de funciones que se les asignan a los municipios, lo que provoca un déficit crónico de personal en la mayoría de ellos.
Por todo lo anterior, voto a favor de la idea de legislar, con un doble alcance:
Primero, que el proyecto debe al menos igualar las condiciones de otros planes de egresos aprobados. No es aceptable que los funcionarios municipales sean considerados como servidores de menor categoría.
Y segundo, que el Gobierno central debe aceptar que no puede seguir tensionando la situación financiera de los municipios, sea con nuevas atribuciones sin financiamiento adicional o con nuevos beneficios, que pueden ser muy justos para su personal pero que si no se compensan debidamente se corre el riesgo de disminuir los servicios que reciben los vecinos, o bien, como ocurre en muchos casos, de incurrir en déficits financieros, que se hacen crónicos y que afectan la estabilidad e integridad de los municipios.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, solo quiero hacer un par de reflexiones.
Primero, deseo valorar este proyecto. Creo que todos -no excluyo a nadie- los que hemos oído en forma muy sostenida las preocupaciones o inquietudes del mundo municipal -esta iniciativa viene desde hace mucho rato; ha pasado por numerosas etapas, y parecía que al final nunca terminaría- estamos conscientes de que se hicieron esfuerzos importantes en el Gobierno anterior y otros muy relevantes en la actual Administración.
Por tanto, eso lo valoro. Y, tal como se ha planteado, espero que en la discusión en particular podamos corregir los errores que se cometieron en la tramitación. El Senador Sandoval explicó muy bien lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Además, la Senadora Ebensperger señaló que hubo un problema de interpretación respecto del término que debía utilizarse: "deberá" o "podrá". En definitiva, la expresión "podrá" se votó en contra, creyendo que lo que correspondía era emplear la palabra "deberá", en función de lo que los municipios podían aportar. No obstante, como ello era inadmisible, se cayó la norma.
Entonces, el proyecto quedó en el peor de los mundos, lo que hoy día se quiere rectificar.
Pero también quiero hacer una reflexión sobre el procedimiento.
El Senador Quinteros explicó que inadvertidamente pidió adelantar la votación. Digo esto, porque a mí me habría encantado -creo que era necesario- que hubiese estado presente aquí quien ha llevado la negociación, que es el Subsecretario Felipe Salaberry. Me consta que él ha hecho un esfuerzo muy grande. Lo he visto pasar horas y horas con los dirigentes.
Si se hubiera votado mañana este proyecto, señor Presidente, las tribunas habrían estado llenas de dirigentes, los cuales habrían valorado que se hiciera una discusión profunda respecto de sus inquietudes. Lo que pasa es que, como esta iniciativa al final terminó votándose en un día distinto, tenemos ahora un escenario bien complicado, porque quienes han trabajado más y han hecho un esfuerzo gigantesco, como el Subsecretario Salaberry y los dirigentes sindicales, no se encuentran presentes en la discusión de un asunto que probablemente es el más relevante, por lo menos en esta etapa, para el mundo municipal. En mi opinión, él era el encargado de definir los compromisos del Gobierno.
Y quiero dejar en claro que no se trata de un problema de voluntad. Lo único que quería el Subsecretario -me comuniqué recién con él- era estar presente aquí, al igual que los dirigentes sindicales, quienes así me lo han señalado.
En consecuencia, hago un llamado a reflexionar sobre los momentos en que se vota, porque este tipo de discusiones, a mi juicio, quedan truncas.
Creo que era muy importante, para la historia de la ley, que se hubiera podido escuchar a quien está a cargo de esta iniciativa, a fin de que emitiera su opinión respecto del sentido e implicancia de las modificaciones, de hacia dónde debería ir el desarrollo municipal en adelante.
Señor Presidente, ¿me concede un minuto adicional?
Por cierto, estos vértigos que bajan de repente generan debates que no son los adecuados para la historia de las normas, porque posteriormente hay que definirlas, fijarlas. Y muchos años después uno se pregunta qué pasó.
Pienso que esta forma de debate no es la que se merecía el proyecto en análisis, por su contenido, que es muy importante, ya que afecta la vida de a lo menos 10 mil funcionarios.
Este era el gran momento para oír hacia dónde podíamos perfilar el futuro de estos funcionarios, para que el Subsecretario Salaberry nos pudiera explicar en detalle el gran trabajo que ha realizado en forma conjunta con los dirigentes y hacia dónde está enfocado.
De repente, señor Presidente, el Senado comete errores. Creo que en este caso hemos cometido uno, inadvertidamente por cierto, respecto de la forma de proceder.
Apoyaremos el proyecto, porque, por supuesto, es lo que corresponde, y en la discusión particular esperamos poder escuchar a las autoridades pertinentes para el tratamiento de una materia tan significativa e importante.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, más allá de las diferencias y de las descoordinaciones que puedan haber existido, consideramos que este es un proyecto largamente esperado por los funcionarios y las funcionarias municipales.
Lo digo porque he conversado con ellos y voy a votar a favor, teniendo en la memoria los diálogos sostenidos con don Hernán Mandiola, que ingresó el 1° de febrero de 1985 al municipio vallenarino. Él, al igual que tantos funcionarios y funcionarias municipales, ha transitado un largo camino. Lleva más de 33 años al servicio de la comunidad. En su caso particular, pasó de ser el encargado de bodega a asumir su actual responsabilidad como Jefe del Departamento de Aseo y Servicios a la Comunidad del municipio.
Y por eso creo que este debate es muy importante. Es relevante legislar y sacar adelante esta iniciativa.
Usted, señor Presidente, lo dijo al comienzo de las intervenciones. Este debate también desnuda una realidad mucho más profunda. Tenemos que estar, cada cierto tiempo, aprobando bonificaciones e incentivos al retiro, porque la discusión de fondo es que hoy día tenemos un sistema previsional que otorga sueldos miserables a quienes han entregado toda una vida al servicio, en este caso, de la función municipal.
Quiero destacar que este proyecto, iniciado en la Administración anterior, no es un hecho aislado ni es casual. Se relaciona con un compromiso claro para mejorar las condiciones laborales y remuneracionales de los trabajadores y, particularmente, de aquellos que pertenecen al sector público.
Solo a modo de recuerdo, señalaré algunas de las medidas que se tomaron durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet:
-En junio de 2014 aprobamos la ley que aumenta la bonificación por calidad de satisfacción al usuario, para los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación.
-El mismo mes y año se otorgaron condiciones especiales de retiro para el personal del Servicio de Aduanas.
-En julio de 2014 se sacó adelante una ley para establecer mejoras para el personal del Servicio Médico Legal.
-En octubre del mismo año se introdujeron modificaciones para mejorar la planta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
-Y en diciembre se estableció una asignación de función penitenciaria para el personal de Gendarmería de Chile.
-En enero de 2015 se fijaron asignaciones para el personal de planta y a contrata del Servicio Agrícola y Ganadero.
-En febrero del mismo año se otorgó una bonificación especial a los funcionarios públicos de la Región de Atacama y se perfeccionó la normativa sobre profesionales y trabajadores del sector público de salud.
-En marzo de 2015 se modificaron las leyes relativas a la asignación asociada al mejoramiento de la calidad del trato al usuario de establecimientos de salud.
-En abril del mismo año se otorgó a los profesionales de la educación una bonificación por retiro voluntario.
-En junio se modificó el estatuto del personal perteneciente a las plantas I y II de Gendarmería de Chile en materia de ascensos.
-En julio se fortaleció el Servicio de Impuestos Internos para implementar la reforma tributaria.
-El mismo mes se introdujeron modificaciones en materias de personal para funcionarios públicos de instituciones como la CONAF, SERCOTEC y otras.
-En agosto se concedieron beneficios al personal de la atención primaria de salud.
-En agosto de 2015 se implementaron medidas para fortalecer al personal del Ministerio Público.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminaron sus minutos, señora Senadora, pero le voy a dar uno adicional para que pueda concluir.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, llegué hasta el año 2015.
Por razones de tiempo, obviaré un conjunto de otras iniciativas legales que se promulgaron.
Simplemente, quiero resaltar que yo espero que en la actual Administración el diálogo con los trabajadores y trabajadoras de la función pública tenga el mismo correlato, y que hoy saquemos adelante esta iniciativa, que permite entregar un incentivo al retiro a los trabajadores y trabajadoras de los municipios de nuestro país.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, esta es una legislación extraordinariamente necesaria para el mundo municipal.
No voy a redundar en los conceptos que varias señoras Senadoras y señores Senadores expresaron sobre el rol de los funcionarios municipales. Sí quiero destacar una cuestión que me parece fundamental.
Este proyecto nació, como aquí se indicó, durante la Administración anterior, fruto de un acuerdo entre las organizaciones de los trabajadores del sector y el Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Llegó a la Cámara de Diputados y de ahí salió con un defecto esencial: en vez de una indemnización de 11 meses, como aquella a la que tienen derecho todos los funcionarios a los cuales se les han entregado estos incentivos al retiro, los municipales solo podrán optar por una de 6 meses.
Ello provocó preocupación en las distintas organizaciones de trabajadores comunales de la región a la que yo represento, que concurrieron a manifestarla, pero desde el primer momento el Gobierno, y en particular el Subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, reaccionaron señalando su deseo de superar la situación. Y así fue como en las reuniones de la Comisión de Gobierno del Senado se hizo ver la voluntad de presentar indicaciones para superar una falencia que hace que el proyecto genere un menoscabo a los funcionarios municipales.
Por eso valoro lo que afirmó el Senador Quinteros en cuanto a que una situación no prevista ha hecho que se adelantara el tratamiento de este proyecto. De ahí que quien trabajó fuertemente y ha estado junto con los dirigentes municipales, así como estas mismas personas, no se encuentren presentes ahora. De lo contrario, habríamos tenido una concurrencia mucho más masiva que la que tenemos esta tarde, en la que solo contamos con la presencia de algunos de ellos, a quienes, por cierto saludo. Pero, repito, de no mediar aquella circunstancia, esos dos elementos nos acompañarían hoy día en la discusión de una iniciativa de tanta importancia como esta.
Ni el Gobierno ni el Subsecretario Salaberry ha dudado nunca acerca de la necesidad de perfeccionar el proyecto tal como salió de la Cámara de Diputados y de presentar para ello las indicaciones que hagan falta.
Yo creo, señor Presidente, que los funcionarios municipales están al tanto de esa situación. Y, en consecuencia, resulta imprescindible aprobar la idea de legislar, para que en la discusión particular podamos mejorar sustancialmente el texto de la iniciativa, en términos que represente una salida para los funcionarios municipales y un beneficio adecuado que les permita jubilar y retirarse de la labor que hoy día desarrollan.
El señor DURANA.- Señor Presidente, el proyecto de incentivo al retiro de funcionarios municipales constituye una herramienta que busca renovar las plantas de personal de los municipios de nuestro país.
A octubre de 2016, los trabajadores municipales a nivel nacional ascendían aproximadamente a 87 mil, de los cuales un 56 por ciento eran trabajadores a honorarios, un 14 por ciento a contrata, y solo un 30 por ciento de planta.
En este contexto, la iniciativa solo está dirigida, en términos estadísticos de octubre de 2016, a 26.589 funcionarios municipales de planta, excluyéndose a más de 60 mil que se encuentran a contrata o a honorarios.
El proyecto de ley establece el beneficio de la bonificación que consagra hasta 10.600 beneficiarios, de conformidad con un programa de cuotas anuales. En consecuencia, el año 2025, es decir, en siete años más, este incentivo podrá llegar a un 12 por ciento del total de los trabajadores municipales existentes al 2016, pero no resolverá la situación de aquellos a honorarios ni del personal a contrata.
La presentación de esta iniciativa debiese significar la oportunidad de regular y ordenar la situación de los miles de trabajadores que no se hallan en la planta y cuya situación previsional, que estamos analizando, aún es grave.
No es muy útil la aprobación de incentivos al retiro para empleados de planta si ello solo es posible para un porcentaje mínimo de trabajadores. Es necesario sincerar las cifras y dar una solución definitiva a este tema.
Votaré a favor de este proyecto.
No obstante, tenemos el deber moral de corregir una situación que afecta a quienes también son funcionarios municipales, trabajan día y noche y son la principal respuesta a la ciudadanía.
Además, debemos lograr que el incentivo propuesto como bonificación por retiro voluntario, que por ley se establece en seis meses, sea efectivamente respetado por los municipios, y que se otorguen los cinco restantes, de tal forma que los funcionarios se puedan ir con once meses.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ¿qué es este proyecto de ley? ¿Es un bono? ¿Es un incentivo al retiro? Yo diría que es una ley de reparación para una estructura municipal que no es capaz de proteger a sus funcionarios.
Yo esperaría una carrera funcionaria que diera certeza, tranquilidad, protección.
¿Cuánto ganan los funcionarios municipales en comparación con los funcionarios del Estado? Están en una condición precaria.
Esto se debe al abandono permanente del Estado, a la falta de una carrera funcionaria que proteja de verdad a sus funcionarios. Y esta no es solo tarea del municipio, sino también del Estado.
Por eso, en cuanto a esta normativa, que abarca a 10.600 trabajadores (1.600 el 2018, 1.800 entre el 2019 y el 2021, y 1.200 adicionales entre el 2022 y el 2024), solo existe una certeza: tendremos que legislar el 2024, el 2025, porque la situación va a continuar. Y yo espero que haya mejores condiciones, un Estado más desarrollado, más ingresos para el erario, y que no sean los municipios los que deban abordar este problema, sino el Tesoro Público, la SUBDERE.
El Subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, ha planteado una reserva de constitucionalidad porque sostiene que se han agregado elementos que no corresponden a la facultad parlamentaria. Me gustaría que eso quedara aclarado en la discusión particular en el Senado.
Señor Presidente: bono de retiro voluntario, bono adicional, bono de trabajos pesados y bono de antigüedad. Yo hablaría mejor de carrera funcionaria.
¡Se han aprobado ocho proyectos de ley en los últimos años con este mismo objetivo!
Y la situación no da para más, porque nos obliga a legislar a partir de cómo está la economía o cómo está el poder de negociación de los funcionarios. Eso genera incertidumbre, inestabilidad e implica someter a un estrés a trabajadores que están esperando desde el 2014, que están enfermos, con licencia. Y muchos fallecieron aguardando este bono de incentivo al retiro.
¡Debe haber una carrera funcionaria que permita el egreso del sistema municipal! Ello, considerando que el tema de fondo, por cierto, son las miserables pensiones con que saldrán si no hacemos este esfuerzo.
Aquí hay un problema de fondo: las AFP. ¡Dos millones de personas marcharon para terminar con este sistema! Y hoy es una realidad que 2,4 millones de trabajadores independientes y otros que se incorporen por primera vez a la vida laboral, a través de un estatuto especial, van a ingresar a una administradora de fondos de pensiones.
¡Es una deuda histórica que tiene este Congreso Nacional con los trabajadores de Chile! Una deuda que aún no pagamos y que el Estado tiene que pagar. Debe haber un sistema previsional justo, equitativo, de distribución, y no uno como el que existe ahora. Yo no pierdo la esperanza de terminar con las AFP.
Voy a votar a favor, señor Presidente, teniendo presente que este es un acuerdo que se logró con los funcionarios después de un largo debate en el que participaron la ASEMUCH y la UFEMUCH. Ramón Chanqueo y Eduardo Pastene hicieron un gran trabajo representando a asociaciones grandes.
Esta forma de compensar las pensiones miserables tendrá que terminar, señor Presidente.
¡Once meses! Más bien se debería haber dicho: "El Senado deberá reponer los cinco que faltan para llegar a esa cantidad". ¡Deberá! De manera que sean once meses con cargo al Estado y no solamente con cargo a cada municipio. Si el alcalde tiene esta facultad, que la aplique. Sería tremendamente injusto, deshonroso que el error de la Cámara de Diputados se repitiera en nuestra Corporación. Confío en que corregiremos ese grave error.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, no quiero reiterar lo que ya han mencionado varios oradores sobre el sentido de esta votación en general.
Estamos de acuerdo con el incentivo al retiro, pero no lo estamos con una parte central de la iniciativa. Es muy importante reiterarlo mil veces: entendemos que el texto que se va a despachar en particular reconocerá once meses como tope de bonificación.
Valoro el trabajo de los dirigentes del sector municipal, varios de los cuales nos acompañan hoy en las tribunas.
Solo me gustaría pedirle al Ministro Blumel, presente en la Sala -por su intermedio, señor Presidente-, que se pudiera considerar lo siguiente.
Uno de los problemas de las leyes de incentivo al retiro es que se producen descoordinaciones entre el momento en que se le reconoce a la persona el derecho a retirarse versus el momento en que se le paga lo que corresponde. Ahí se genera a veces un desfase, que no va a favor del trabajador o de la trabajadora.
En tal sentido, debería contemplarse que cuando uno es aceptado en un cupo -es bien molesta esta situación de los cupos, pero entendemos que es un proceso-, cuando a un funcionario le reconocen que tiene derecho a uno de ellos y cumple los requisitos, fuera de su opción el momento en que se va y no el momento en que le paguen los municipios. Ahí se produce a veces un desfase temporal.
Debemos considerar que la disposición que estamos aprobando es una norma protrabajador o protrabajadora.
La situación descrita se nota en forma bastante más aguda en las corporaciones municipales, donde a veces han usado los recursos para fines distintos a los asignados en el área educacional.
Algunos trabajadores que fueron considerados en cupos para retirarse aún no pueden hacerlo porque los municipios no les pagan el incentivo al retiro, y siguen trabajando, a pesar de cumplir en exceso con los requisitos.
Solo quería hacer esa reflexión.
Entiendo que, idealmente, esta ley en proyecto debería tener una vigencia de más largo plazo. Pero es una tremenda conquista de los trabajadores y de los dirigentes el que se entregue el beneficio hasta el año 2025.
Pienso que, crecientemente, vamos estableciendo un sistema de incentivos al retiro que, de verdad, tal como lo ha dicho el Senador Navarro y otras Senadoras, no es más que el reconocimiento de que el sistema de pensiones de nuestro país es un desastre; porque cuando la gente jubila en Chile se empobrece. De modo que esto es solo el reflejo de un sistema fracasado. Y lo que el Gobierno hace de hecho, así como el Parlamento al entregar incentivos al retiro, es demostrar que el Estado no ha sido capaz de garantizar un modelo de previsión que les asegure a todos los trabajadores -municipales y otros- que al terminar su vida laboral contarán con ingresos adecuados.
Esto es una forma de compensar, de reconocer los vacíos de nuestro sistema previsional, asegurándoles que al momento de retirarse existirán algunas condiciones que hagan menos duro ese tránsito.
Votaremos a favor, en general, el proyecto, entendiendo que habrá plazo para presentar indicaciones.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, se ha hablado mucho respecto a la falta de una política pública en materia de funcionarios municipales. Y, cuando uno piensa en la creación de una sola gran planta municipal, a mi juicio comete un error. Porque no es lo mismo un municipio rural que uno urbano. No se necesitan las mismas capacidades, ni igual cantidad de funcionarios y especialidades en una municipalidad costera que en una cordillerana. Son realidades distintas que requieren flexibilidad.
Por eso, cuando se establezca un mecanismo, una política pública de verdad, de desarrollo, de gobierno local y no solo de administración municipal, el tema del recurso humano deberá ser central. Pero debemos hacernos cargo de estas particularidades.
Vuelvo a insistir: cuando uno ve lo que puede gastar por habitante la Municipalidad de Vitacura, versus municipalidades pequeñas, como Ñiquén, Trehuaco o Ninhue, en la Región de Ñuble, uno dice: "Aquí hay un tremendo problema; un problema de desigualdad municipal". Y ello no solo tiene que ver con financiamiento, sino también con capacidades humanas. Hay pocos funcionarios, y no siempre con las calificaciones adecuadas para cumplir esa función, pero se les exige más a esos municipios.
En función de lo anterior, uno esperaría que una iniciativa de ley que establece un incentivo al retiro, que es el resultado de una lucha tremenda de sus dirigentas y dirigentes, se aprobara prontamente. Pero para eso también se requiere hacer justicia. Porque la Cámara de Diputados le ha introducido modificaciones completamente inadecuadas, las cuales perjudican a las trabajadoras y los trabajadores.
¿Por qué se les resta, por ejemplo, cinco meses del incentivo al retiro? ¿Por qué otros funcionarios sí los reciben y ellos no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tuvo en vista el actual Gobierno para proceder de esa manera? ¿Habrá sido un tema económico?
Todos los discursos aquí dados en la lógica de apoyar a los funcionarios municipales deben traducirse en que los Senadores y Senadoras oficialistas nos ayuden a convencer al Gobierno de que reponga esos cinco meses. Porque los legisladores hablamos con proyectos y votaciones y no solo con discursos.
Pero, a su vez, también se requiere incorporar dentro de la base de cálculo las asignaciones, que hoy día no se han considerado. Eso es muy importante porque así también se hace justicia.
Asimismo, el proyecto de ley consigna una especie de congelamiento hasta el 2025. Es cierto que la planta de personal del 2010, en la práctica, no es la misma que la del 2018, y tampoco lo será respecto a la del 2025. Entonces, el 2024 tendremos que volver a legislar sobre esta materia.
¿Por qué no nos sentamos y le introducimos al proyecto las correcciones que corresponden, y desde ya establecemos una norma que permita adelantarnos al 2024? ¿Por qué no le agregamos, en la línea de lo que he planteado, la creación, ojalá, de una política de recursos humanos en materia de gobiernos locales? Estimo que ello es fundamental.
Cuando el ciudadano tiene una emergencia, llega, primeramente, no a la oficina del Diputado, del Senador o del Gobierno, sino al municipio. Por tanto, este necesita tener funcionarios y funcionarias con los incentivos adecuados para cumplir una buena función. Al mismo tiempo, esas personas requieren que cuando llegue la hora de jubilarse tengan la tranquilidad de que recibirán una pensión que les alcance para vivir y no solo para sobrevivir.
Señor Presidente, voy a votar a favor, en general, pero en la discusión en particular haremos presente la necesidad de realizar mejoras al proyecto.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Sin duda, señor Senador.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, estimo que para todos los Senadores que estuvimos en la Comisión de Gobierno viendo este proyecto sobre incentivos al retiro, más que haberse planteado una discusión o enfrentamiento de opiniones, ese fue un gran momento de convergencia de criterios que a todos nos parecen absolutamente justos.
En primer lugar, no es razonable el atraso que ha habido entre la dictación de la ley anterior y esta iniciativa que estamos discutiendo hoy día. Ello ha provocado que, efectivamente, una cantidad importante de funcionarios municipales haya tenido que pensionarse o, derechamente, hayan fallecido esperando la posibilidad de optar a un incentivo al retiro.
Por tanto, esas son las primeras cosas que hay que tomar en cuenta para legislar rápido. Yo no me opongo, si bien me habría encantado que estuviese aquí el Subsecretario Felipe Salaberry, quien efectivamente ha colaborado mucho, porque me parece relevante aprobar rápidamente en general y en particular el proyecto de ley pues ya ha transcurrido demasiado tiempo en su tramitación.
En segundo término, entre los Senadores de la Comisión al menos no hay discusión en el sentido de que, evidentemente, el monto del incentivo al retiro debe ser de 11 meses.
El debate por las expresiones "deberá" y "podrá" finalmente entorpeció todo. Porque, aun diciendo "podrá", prácticamente todas las municipalidades de Chile se hacían cargo del incentivo al retiro y pagaban los 11 meses. En tal sentido, a mí me parece que aquí hay dos opciones: o se usa "podrá" o, simplemente, se dejan de lado "deberá" y "podrá" y se pone derechamente: "la municipalidad tiene que pagar 11 meses", y punto. Así, no se requeriría pasar por ningún concejo municipal, ni por nada. Entonces, si eso es mandatorio para que el concejo pague 11 meses, dejémoslo redactado altiro de ese modo, sin mayores discusiones.
Hay otros temas a los que se ha mirado poco, que tienen que ver con las inhabilidades que se les generan a los funcionarios municipales que se acogen al incentivo al retiro: no pueden volver a trabajar en su municipalidad por algunos años.
A mi juicio, habrá que ser cuidadoso al momento de discutir esto en particular, porque puede haber funcionarios municipales que, por ejemplo, hagan clases y ello represente un complemento de remuneraciones relevante.
Entonces, si al pensionarse, junto con hacer uso del incentivo deben renunciar a todo tipo de trabajos adicionales, incluyendo, por ejemplo, la docencia en colegios municipales, la verdad es que no se estará logrando el objetivo buscado. Ello, debido a que el incentivo no será tal y los funcionarios no querrán acogerse a retiro porque la pérdida que se les producirá por ese concepto no será compensada con lo ofrecido.
Así que ese tema hay que estudiarlo también.
Por último, aunque no es una materia relacionada exactamente con lo que estamos conversando, me parece que, aprovechando esta oportunidad, es bueno mirar lo relativo a la Ley de Rentas Municipales.
Soy un convencido de que hoy día la Ley de Rentas Municipales está mal establecida. ¿Por qué? Porque genera un sistema que yo denomino "algo extra activo", debido a que no se orienta hacia donde se hallan los grandes activos de las empresas pagadoras de patentes, sino, simplemente, hacia donde está el capital contable.
Por ejemplo, una empresa forestal puede tener miles de hectáreas de bosque en Empedrado sin pagar ni un peso de patente municipal en esa comuna, sino que en la de Santiago, porque en la intersección de las calles Agustinas con Moneda está el domicilio de su casa matriz.
Entonces, todo esto termina generando angustia por recursos para las municipalidades, que son las que finalmente deben pagar estos incentivos.
Así es que, apoyando claramente este proyecto de ley de incentivos al retiro y pidiendo al Senado apurar el tranco, porque ya hay un atraso injustificado en esto, votaré a favor de su aprobación en general. Y ojalá esto sirva de impulso para revisar otros temas, como el de la ley de patentes municipales, que recién mencioné.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, una vez más estamos votando un proyecto de ley de incentivo al retiro y me parece justo, correcto que lo hagamos respecto de los funcionarios municipales, a quienes conocemos, con quienes nos hemos reunido en distintas oportunidades y a quienes identificamos en nuestro territorio como empleados fundamentales en el desarrollo y funcionamiento de los municipios que integran las circunscripciones que representamos.
Además, en esta Sala hay varios exalcaldes que seguramente agregarán elementos de demérito en su gestión municipal, como tener serios inconvenientes para renovar sus plantas, a objeto de dar el tiraje necesario y entregar los incentivos adecuados.
No me voy a referir en detalle al proyecto de ley, porque ya se ha hecho en distintas intervenciones. Solo agregaré que él busca un horizonte, y en su discusión particular avanzaremos en la precisión de algunas materias, para no generar distorsiones, porque acá tampoco se puede dejar esto entregado a la capacidad económica de cada municipio, por la tremenda asimetría existente al respecto, de manera que aquí el Estado debe ser el que asuma un compromiso.
No obstante lo anterior, señor Presidente, quiero hacer una reflexión que estamos obviando, con el respeto que merecen las bancadas detractoras de introducir cambios en el sistema previsional.
Aquí, lo que hacemos es encubrir falencias de un régimen previsional que no ha sido capaz de permitir que los trabajadores y las trabajadoras, cuando cumplen la edad para retirarse, puedan acogerse a jubilación y obtener una adecuada tasa de remplazo -así se la denomina-, es decir, al menos el 70 por ciento del equis salario que percibían, porcentaje que según la OCDE, permitiría retirarse manteniendo el estándar de vida.
Sin embargo, hoy día eso es imposible. Porque los jubilados de las AFP perciben pensiones de miseria: no más de 200 mil pesos.
¡Obviamente con eso nadie se puede jubilar!
Y nosotros estamos encubriendo permanentemente, a través de los incentivos al retiro, una situación mediante la cual lo único que se hace es meterle la mano al Estado, que tiene que concurrir con ayuda financiera cuando ello debería corresponder al sistema previsional.
Es preciso ser claros sobre el particular, señor Presidente.
Esa era la reflexión que quería hacer.
Hoy día son los funcionarios municipales, ayer fue el personal de la salud, y mañana serán los funcionarios de tal o cual institución.
En nuestro país se da una tremenda inequidad por la inexistencia de un sistema previsional que permita a cualquier hombre o mujer que labora durante toda su vida -porque un funcionario municipal generalmente hace una carrera, logra ascender, va mejorando de una u otra manera su condición- acogerse a retiro a los 65 años.
Podrá haber algún bono para incentivar a retirarse, o un fondo de retiro o lo que sea, pero debe haber un régimen previsional apropiado para los que han trabajado.
Ahora, aprovechando que ha llegado el Ministro Blumel, insisto en que nosotros esperamos que, en la presentación de la reforma previsional, el Gobierno entienda que no necesitamos incentivos al retiro, sino un sistema previsional que asegure a cualquier hombre o mujer, luego de haber trabajado toda su vida, una pensión digna que le permita vivir en condiciones similares a las que tenía en plena actividad.
Si hay un bono negociado por la municipalidad o el sindicato, bienvenido sea. Pero necesitamos un sistema previsional que dé cabida y protección a todos los chilenos.
El señor CASTRO.- Señor Presidente, quienes hemos sido alcaldes sabemos lo sentido y esperado que es este incentivo al retiro para funcionarios que han trabajado y dado toda su vida al servicio de la comunidad.
Pero, sin duda, cuando uno escucha las intervenciones de los demás Senadores, siente de verdad que seguimos legislando mal, porque ha habido muchos proyectos de incentivo al retiro de funcionarios, lo cual no debiera ocurrir.
Lo que corresponde es que exista una política de recursos humanos no solo para los funcionarios municipales, sino también para todos los empleados públicos, que debe trabajarse y quedar establecida de manera permanente.
No puede ser que transcurridos ciertos años tengamos que estar legislando sobre esta materia. ¿Por qué razón? Porque muchos funcionarios mueren esperando este bono de incentivo al retiro, y eso creo que es injusto.
Además, quienes hemos sido alcaldes también sabemos que muchos funcionarios no se retiran, aun cuando sepan de la entrega de tal incentivo. Esta situación igualmente le hace daño a la Administración del Estado, o a la administración municipal, porque ellos debieran acogerse a retiro, o tendrían que entregársele las facultades al alcalde para pedir la vacancia de sus cargos, a objeto de que puedan irse a sus casas a descansar, a cuidar a sus nietos.
Por eso, señor Presidente, me encantaría que un proyecto tan importante como este fuese trabajado pensando en el largo plazo, y no pensando de aquí a cuatro o cinco años más, porque vamos a estar en lo mismo, discutiendo lo mismo.
Nosotros, como Senadores, tenemos una tremenda responsabilidad: legislar bien, de una vez por todas, para todos los funcionarios municipales y públicos.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No hay más inscritos para intervenir.
Sé que todavía estamos en votación, pero antes de ponerle término pido el acuerdo de la Sala para que pueda hacer uso de la palabra el señor Ministro, que la solicitó con antelación.
Sin embargo, previo a eso, quiero proponer el 8 de octubre como plazo para la presentación de indicaciones.
El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, muchas gracias.
Seré muy breve, porque solo quiero ratificar algunas cosas que han señalado los señores Senadores.
En primer lugar, debo señalar que estamos en presencia de un buen proyecto, que se hace cargo de una realidad relacionada con la entrega de más herramientas a los municipios y a los funcionarios para desarrollar una mejor carrera municipal, y con el reconocimiento a todos los funcionarios municipales que se han dedicado, con compromiso y sacrificio, al servicio público.
Yo fui funcionario municipal -es malo citar ejemplos personales- durante tres años, y doy fe del compromiso permanente de los funcionarios en tales instituciones públicas, que posiblemente son las que generan más confianza y cercanía con los ciudadanos, con la gente, porque, como dice el Presidente de la República, los municipios son los brazos y las manos del Estado.
En segundo término, quiero señalar que este proyecto efectivamente surge de un acuerdo entre el gobierno anterior y las asociaciones de trabajadores municipales y, también, del trabajo complementario desarrollado en conjunto con tales agrupaciones, que busca reconocer ciertas realidades y recoger ciertas demandas de ellas.
En definitiva, esta iniciativa establece una bonificación o incentivo al retiro, que se entrega en función de ciertos requisitos que establece la ley.
Al respecto, algunos han preguntado por qué se disponen seis meses y no los once meses que históricamente se recogen en este tipo de proyectos.
En ese sentido, reitero que la voluntad del Ejecutivo siempre fue mantener la regla general en esta materia, es decir, el tope de once meses por año de servicio reconocido históricamente.
No obstante, en el debate de la iniciativa en la Cámara se introdujeron una serie de cambios; pero como estamos en su discusión en general, nosotros valoramos el apoyo dado para su aprobación, con la idea de incorporar en su discusión particular las modificaciones y perfeccionamientos que se requieren, conforme a lo que el Ejecutivo concordó con los funcionarios durante su tramitación legislativa.
En cuanto a los aspectos mencionados por el Senador señor Letelier -por su intermedio, señor Presidente-, como el desfase que se produce entre el momento en que se accede al beneficio y el pago respectivo, pienso que son temas que naturalmente se pueden revisar e incorporar.
Por lo tanto, en nombre del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Salaberry, quien debería estar interviniendo en este momento, pues él ha sido quien ha hecho el trabajo, generado los acuerdos, impulsado el proyecto con mucho compromiso, simplemente queremos transmitir el mensaje de que valoramos el apoyo a la idea de legislar.
Ojalá, posteriormente se realice una buena discusión en particular para que, en conjunto con los funcionarios y en el marco de un debate participativo, avancemos en este proyecto y lo transformemos en ley de la república lo antes posible.
Esperamos seguir en la Comisión el análisis en detalle de la iniciativa, una vez aprobada en general.
--Se aprueba el proyecto en general (41 votos a favor), dejándose constancia de que se cumplió el quorum constitucional requerido.
Votaron las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Por haberse cumplido su objetivo, se levantará la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, para reiterar oficio acerca de PROTOCOLOS DE CARABINEROS PARA CONTROL DE IDENTIDAD A MENORES Y ACCIONES PARA INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABLES DE HECHOS DENUNCIADOS EN COMUNA DE ERCILLA.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, a fin de reiterar oficio sobre PROCEDIMIENTO PARA SEGREGACIÓN DE SITIO DE MEMORIA CENTRO DE DETENCIÓN CUARTEL ALMIRANTE SILVA PALMA, COMUNA DE VALPARAÍSO, UBICADO EN PARTE DE INMUEBLE FISCAL DESTINADO A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-SUBSECRETARÍA DE MARINA.
Al señor Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de reiterar oficio acerca de PROGRAMA, MEDIDAS AISLADAS Y RECURSOS COMPROMETIDOS PARA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN SECTOR DE PLACILLA, COMUNA DE VALPARAÍSO.
A la señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para reiterar oficio sobre DENUNCIA REALIZADA POR MENOR TADEO VILLANUEVA POR SU DETENCIÓN Y EVENTUAL MALTRATO EL 11 DE MARZO PASADO EN VALPARAÍSO.
Al señor Intendente de Valparaíso, reiterando oficio relativo a REALIZACIÓN Y ESTADO DE AVANCE DE ESTUDIOS SOBRE VALOR DE SITIO DE CONSERVACIÓN DE "PARQUES DEL BARRIO O'HIGGINS" (COMUNA DE VALPARAÍSO) Y "PARQUE GÓMEZ CARREÑO" (COMUNA DE VIÑA DEL MAR).
A la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para reiterar oficio respecto de ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA DE COMUNA DE CABILDO, FISCALIZACIÓN Y RECLAMACIONES.
Al señor Director General de Aguas, reiterando oficio acerca de REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE AGUA EN REGIÓN DE VALPARAÍSO, ESPECIALMENTE EN PROVINCIA DE PETORCA, CON INDIVIDUALIZACIÓN DE TITULARES.
Al señor Director Nacional de Obras Portuarias subrogante, para que informe respecto de ESTUDIOS PARA REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE CALETA PORTALES DE VALPARAÍSO.
Al señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, con el fin de reiterar oficio en cuanto a ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO INMOBILIARIO EL ALTO, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ, REGIÓN DE VALPARAÍSO.
Y al señor Secretario Regional Ministerial de Transportes de Valparaíso, para reiterar oficio con relación a LICITACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO DE VALPARAÍSO Y POLÍTICA PÚBLICA SOBRE LA MATERIA.
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, solicitándole informar acerca de ESTADO DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DE AUTORIDADES COLOMBIANAS A PROPÓSITO DE MUERTE DE CIUDADANO CHILENO JOHAN MANUEL PONCE VILLARROEL EN CARTAGENA DE INDIAS.
A los señores Ministro de Obras Públicas y Director Nacional de Vialidad, para que remitan información sobre EVENTUAL FALTA DE RECURSOS PARA CAPA ASFÁLTICA EN MEJORAMIENTO DE CUATRO KILÓMETROS DE RUTA 5-TRONLICO, COMUNA LA UNIÓN, REGIÓN DE LOS RÍOS.
A los señores Ministro de Agricultura y Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria, pidiéndoles antecedentes acerca de ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA ENTRE LA REFERIDA FUNDACIÓN, RED APÍCOLA NACIONAL, ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE SEMILLAS Y FEDERACIÓN DE PRODUCTORES DE FRUTAS DE CHILE PARA IMPULSAR DESARROLLO DE SECTOR APÍCOLA NACIONAL.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones y al señor Presidente del Directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, consultándoles por PROCESO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS EN LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA ADQUISICIÓN DE 13 TRENES PARA SERVICIOS FERROVIARIOS EN REGIONES DE BIOBÍO Y LA ARAUCANÍA.
A la señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que haga llegar MAPA DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 2018 Y NÓMINA DE CASOS DETECTADOS POR REGIÓN Y SUS ANTECEDENTES.
Al señor Intendente de Los Ríos y al señor Presidente del Consejo Regional de Los Ríos, con el objeto de informar respecto de ENTREGA EN COMODATO DE TERRENO DE EX LICEO AGRÍCOLA DE MÁFIL A UNIVERSIDAD AUSTRAL PARA DESARROLLO DE PROYECTO DE INNOVACIÓN TERRITORIAL EN SECTORES AGROALIMENTARIO Y FORESTAL.
Y al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, para que remita antecedentes acerca de RECLAMO DE SEÑORA TEOLINDA ESTER NEGUIMÁN, DE LA COMUNA DE FUTRONO, EN CONTRA DE EMPRESA ELÉCTRICA SAESA, POR INSTALACIÓN NO CONSENTIDA DE NÚMERO MAYOR DE POSTES AL INICIALMENTE CONVENIDO.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, poniendo en su conocimiento SOLICITUD DE DEROGACIÓN TOTAL DE DECRETO EXENTO N° 215, DE 5 DE JULIO DE 2017, DEL MINISTERIO DEL RAMO, POR OPOSICIÓN DE COMUNIDAD AIMARA DE SOCOROMA A TRASPASO DE BIENES FISCALES EN TERRENOS HISTÓRICA Y ANCESTRALMENTE POSEÍDOS POR DICHA COMUNIDAD EN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, pidiéndole información acerca de TRÁMITE DE REGISTRO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE LEONARDO DA VINCI Nº 7098, COMUNA DE LA REINA, SANTIAGO, SOLICITADO POR DOÑA JANET IVONNE VALENZUELA HERRERA Y DON CARLOS NOLASCO VALENZUELA HERRERA.
Al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de pedirle PRIORIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO ENTRE SAN ROSENDO Y COMUNA DE HUALQUI, MÁS CONOCIDA COMO "RUTA DEL POLVO".
A la señora Ministra de Educación y al señor Ministro de Salud, con el propósito de que envíen a la Corporación sendos informes donde señalen las MEDIDAS CONCRETAS IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN REGULAR Y PERMANENTE TANTO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL COMO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN COLEGIOS DE PUCHUNCAVÍ.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, consultándole si ha tomado conocimiento de las MEDIDAS PREVENTIVAS Y PALIATIVAS IMPLEMENTADAS EN PROTECCIÓN DE TRABAJADORES POR EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE LA BAHÍA QUINTERO-PUCHUNCAVÍ A RAÍZ DE ÚLTIMAS EMERGENCIAS SANITARIAS Y MEDIOAMBIENTALES REGISTRADAS EN LA ZONA, y pidiéndole informe acerca de la VISITA DE INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE QUINTERO PARA FISCALIZACIÓN DE FAENAS CORRESPONDIENTES A EMPRESAS DEL REFERIDO PARQUE INDUSTRIAL Y CONSTATACIÓN DE CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN SUS TRABAJADORES.
Y al señor Ministro de Salud, para que remita información respecto de PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL E INGRESO DE ALGÚN PROYECTO PARA FINANCIAMIENTO DE ESTUDIO DE METALES PESADOS EN ESTUDIANTES DE COMUNA DE CONCÓN.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, a fin de consultar acerca de DENUNCIAS POR HOSTIGAMIENTO ANTE AMAMANTAMIENTO EN ESPACIOS PÚBLICOS y DENUNCIAS POR ROBO DE VEHÍCULOS EN HUALPÉN.
A la señora Ministra de Educación, con el objeto de pedir antecedentes con relación a DENUNCIAS EN CADA COMUNA DE REGIÓN DEL BIOBÍO POR INCUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 9 DE DECRETO N° 548, DE 1988.
Al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, para que informe en cuanto a ADOPCIÓN ANUAL DE MENORES DE SENAME, PETICIONES EFECTIVAS Y CONDICIÓN DE PETICIONARIOS.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a fin de que proporcione antecedentes respecto de BENEFICIARIAS POR LEY N° 20.166, SOBRE DERECHO A AMAMANTAR, Y DENUNCIAS POR HOSTIGAMIENTO ANTE AMAMANTAMIENTO EN LUGAR DE TRABAJO.
Al señor Ministro de Salud, para requerir información acerca de las siguientes materias: FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CANASTA DE MEDICAMENTOS AUGE-GES, CON LISTADO DE ELLOS; ACTUAL MONTO MUNICIPAL DE APORTE BASAL PER CÁPITA DE ATENCIÓN PRIMARIA Y PROYECCIÓN PARA 2019; MONTO ACTUAL, POR CADA SERVICIO DE SALUD, PARA AUXILIO EXTRAORDINARIO; ENTREGA NACIONAL DE PRESERVATIVOS EN SISTEMA PÚBLICO Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN A USUARIOS; ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS POR SISTEMA PÚBLICO DURANTE 2017-2018 EN COMUNAS Y PROVINCIAS DE REGIÓN DEL BIOBÍO; PREVALENCIA DE CÁNCER EN COMUNA DE CORONEL ENTRE 2010 Y 2018, CON INDICACIÓN DE NÚMERO DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS, TIPO DE ENFERMEDAD Y CIFRA DE DECESOS; CANTIDAD DE PACIENTES EN LISTA DE ESPERA EN 2017 Y 2018 PARA ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y PARA CIRUGÍA A NIVEL NACIONAL Y POR PROVINCIAS Y COMUNAS DE REGIÓN DEL BIOBÍO; NÚMERO DE CIRUGÍAS BARIÁTRICAS, DE MANGA GÁSTRICA Y ABDOMINOPLASTÍA REALIZADAS DESDE 2010;CIFRA DE PERSONAS AFILIADAS A SISTEMA DE ISAPRES, COMO TITULARES Y COMO CARGAS, Y CANTIDAD DE PLANES QUE REGISTRARON ALZAS EN JUNIO DE 2018, LAS ÚLTIMAS DOS PETICIONES A NIVEL NACIONAL Y EN REGIÓN DEL BIOBÍO.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, para informar sobre PRESUPUESTO PARA MEJORAS EN ILUMINACIÓN, SEÑALÉTICA Y DRENAJE DE PRECIPITACIONES EN CICLOBANDA DE ROOSEVELT, COMUNA DE CONCEPCIÓN.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándole dar a conocer ADJUDICATARIOS DE ADMINISTRACIÓN DE "TARJETA BIP!" DE TRANSANTIAGO Y MECANISMOS DE CIBERSEGURIDAD CONSIDERADOS EN ELLA.
A los señores Alcaldes de Penco y de Tomé, pidiéndoles remitir COPIA DE PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIA.
Al señor Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, requiriéndole LISTADO DE AVALÚOS FISCALES DE BIENES RAÍCES DE PROVINCIA DE CONCEPCIÓN Y PORCENTAJE DE ALZA EN CONTRIBUCIONES DE CADA UNO DE ELLOS.
Y al señor Superintendente de Servicios Sanitarios, para que informe sobre HORAS PUNTA DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN CHILE Y EN REGIÓN DEL BIOBÍO, CON INDICACIÓN DE CONSUMO PROMEDIO EN TALES MOMENTOS.

References: artículo 199
 artículo 66
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 27
 resolución 
 artículo 65
 artículo 24
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 24
 artículo 65
 resolución 
 artículo 11
 artículo 65
 artículo 3
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 32
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 36
 artículo 5
 artículo 233
 ARTÍCULO 9