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Timestamp: 2019-03-26 03:57:41+00:00

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STC 44/2011, 11 de Abril de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 275587575
STC 44/2011, 11 de Abril de 2011
Número de Recurso: 5284-2008
Recurso de amparo 5284-2008. Promovido por Explotaciones Agrícolas Cuevas de Almanzora, S.A., respecto a las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería que desestimaron su demanda sobre liquidación de cuotas a la Seguridad Social. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): diferencias en la cotización por contingencias profesionales que se corresponden con las características propias del régimen económico y fiscal de las Islas Canarias; falta de agotamiento porque no se promovió el incidente de nulidad de actuaciones frente a la inadmisión del recurso de apelación.
STC 044/2011
En el recurso de amparo núm. 5284-2008, promovido por Explotaciones Agrícolas Cuevas de Almanzora, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Paloma Vallés Tormo y asistida por el Letrado don Rubén Navarro Sancho, contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, de 26 de mayo de 2008, por la que se inadmite el recurso de apelación núm. 266-2007 interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Almería de 25 de octubre de 2006, que desestima el recurso núm. 385-2005 formulado frente a la resolución de la dirección territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Andalucía de 26 de abril de 2005, que confirmó la resolución del jefe de la unidad especializada de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Almería de 5 de octubre de 2004. Ha comparecido el Abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer de la Sala. I. ANTECEDENTES
Por escrito registrado ante este Tribunal con fecha de 2 de julio de 2008, se interpuso por la representación procesal de Explotaciones Agrícolas Cuevas de Almanzora, S.A., recurso de amparo frente a las resoluciones administrativas y judiciales a las que se ha hecho referencia en el encabezamiento.
Con fecha de 20 de agosto de 2004, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Almería extendió a la sociedad mercantil Explotaciones Agrícolas Cuevas de Almanzora, S.A., actas de liquidación de cuotas a la Seguridad Social y de infracción, por haber aplicado los porcentajes previstos en el epígrafe 11 [“Tomatales (Canarias)”], del Anexo I del Real Decreto 2930/1979, de 29 de diciembre, por el que se revisa la tarifa de primas para la cotización a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en lugar de hacerlo por el epígrafe 6 de esa misma norma, previsto para “hortalizas de cultivo intensivo”, apartado que se consideraba aplicable al no tratarse de trabajos realizados en Canarias sino en la provincia de Almería.
Por resolución de 5 de octubre de 2004 del jefe de la unidad especializada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Almería se elevaron a definitivas las citadas actas de liquidación (expediente de acumulación núm. 04/10110-74) que ascendían a 32.381,14 euros, y se confirmó el acta de infracción (núm. 04/50830-54) que imponía a la empresa una sanción de 3.005,06 euros. Formulado el oportuno recurso de alzada fue desestimado por resolución de 26 de abril de 2005 de la dirección territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Andalucía.
Con fecha de 18 de noviembre de 2005 se presentó recurso contencioso- administrativo que dio lugar a los autos núm. 385-2005 seguidos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Almería, en el que se pedía la anulación de la resolución administrativa, por entender que lo procedente era que se le aplicase la tarifa de primas de cotización prevista en el epígrafe 11 del anexo del citado Real Decreto 2930/1979, que no sólo se refería a Canarias sino a toda la península. Con carácter subsidiario se aducía también la infracción del principio de proporcionalidad en la graduación de la sanción que le había sido impuesta.
Por Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Almería, de 25 de octubre de 2006, se desestimó el recurso al apreciarse que el legislador al elaborar el epígrafe 11 de la tarifa de primas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del Real Decreto 2930/1979, de 29 de diciembre, optó por el criterio de territorialidad al indicar “Tomatales (Canarias)”, en contraposición al epígrafe 6, que se refería genéricamente al cultivo intensivo de hortalizas, criterio éste que, en contra de lo mantenido por la actora, entroncaba con los antecedentes de la norma. Por otro lado, se afirma que las identidades a las que se refería la demandante entre el cultivo realizado en Almería y en Canarias (técnicas empleadas, clima, costes, etc.) no contradecía, en modo alguno, el criterio de territorialidad por el que se decantó el legislador al tener presente la especialidad de Canarias al determinar la tarifa de primas. Después, la Sentencia se refiere a la alegación de la actora relativa a que si no se acogía su pretensión de que se le aplicase el epígrafe 11 se estaría contraviniendo lo dispuesto en una norma de mayor rango, a saber, el art. 108.1 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, (LGSS), precepto que permite el establecimiento de las primas en función de las actividades, industrias y tareas, pero que no menciona el territorio. En consecuencia, según la actora la distinción territorial del Real Decreto 2930/1979 habría quedado sin vigor como consecuencia de una norma posterior y de superior rango La Sentencia rechaza también este concreto motivo del recurso indicando que, aparte de que las sucesivas Leyes de presupuestos generales del Estado habían hecho expresa remisión al repetido Real Decreto —salvando de este modo la posible colisión— y dando cobertura a la diferenciación territorial, lo cierto era que el art. 108.1 citado no excluía que el territorio pudiera actuar como elemento diferenciador de las actividades, industrias y tareas, tal y como la parte postulaba. Por último, la Sentencia termina rechazando la infracción del principio de proporcionalidad al considerar que estaba debidamente justificada la imposición de la sanción en su grado máximo, teniendo en cuenta el grado de negligencia de la empresa, el número de trabajadores afectados y la cantidad económica defraudada.
Frente a la anterior Sentencia se formuló por la parte actora recurso de apelación núm. 266-2007, que fue inadmitido por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (con sede en Granada) de 26 de mayo de 2008, tanto por razón de la cuantía como por no resultar aplicable la vía del art. 81.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contenciosa-administrativa (LJCA), al no haber formulado la parte recurrente una impugnación indirecta de la disposición normativa aplicada al caso.
Con fundamento en ese itinerario procesal, la parte recurrente alega en su demanda de amparo la infracción de los arts. 24.1 y 14 CE.
Por providencia de 19 de julio de 2010, la Sala Primera de este Tribunal acordó admitir a trámite el recurso y dirigir comunicación a los órganos judiciales correspondientes a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC para que remitiesen testimonio de las actuaciones y emplazaran a quienes hubieran sido parte en el proceso del que trae causa el presente recurso de amparo. Asimismo, al ser parte interesada el Abogado del Estado en representación de la Administración, se acordó la notificación de esa resolución para que le sirviera de emplazamiento y pudiera comparecer en el proceso constitucional. Finalmente, se ordena que se forme la correspondiente pieza separada de suspensión, al haber sido solicitada esta última por la parte actora.
Por escrito con fecha de registro de 22 de julio de 2010 se presenta escrito por el que el Abogado del Estado comparece en el proceso constitucional.
Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de 15 de diciembre de 2010, se tienen por recibidos los testimonios de las actuaciones y el escrito del Abogado del Estado, a quien se tiene por personado y parte, y a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC se da vista de todas las actuaciones por plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que pudieran presentar alegaciones.
Por escrito con fecha de registro de 3 de enero de 2011, el Abogado del Estado cumplimenta el trámite de alegaciones previsto en el art. 52.1 LOTC.
Con fecha de registro de 24 de enero de 2011, la representación procesal de la parte recurrente evacúa el trámite de alegaciones conferido, ratificándose en las efectuadas en su demanda de amparo.
Con fecha de registro de 8 de febrero de 2011, el Ministerio Fiscal cumplimenta el trámite de alegaciones.
Limitando, el objeto del recurso a la vulneración del derecho a la igualdad del art. 14 CE (lesión imputada a las resoluciones administrativas que no fue reparada en la vía jurisdiccional contenciosa-administrativa), el Fiscal comienza indicando que, de aceptarse la tesis de la parte recurrente, a saber, que todas las empresas dedicadas al cultivo de tomate radicadas en España tendrían que pagar iguales primas a la Seguridad Social por contingencias profesionales, lo correcto sería que todas pagaran con arreglo al epígrafe 6 del Anexo del Real Decreto 2930/1979 (“hortalizas en cultivo intensivo”), que es el que se ha aplicado a la parte actora, en lugar del hacerlo por el epígrafe 11 [“Tomatales (Canarias)”], habida cuenta de que la primera sería la norma común. Precisado lo anterior, y pasando a analizar la queja relativa a la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y tras comprobar la vigencia de la norma aplicada al caso (Real Decreto 2930/1979), recuerda que conforme a la doctrina constitucional, la configuración del sistema de la Seguridad Social se atribuye al legislador y al Gobierno (con cita, entre otras, de la STC 189/1987, de 24 de noviembre) y que las cotizaciones a la Seguridad Social son prestaciones patrimoniales coactivamente impuestas por un ente público asimilables a los tributos (ATC 306/2004, de 20 de julio, y STC 89/2009, de 20 de abril). Aplicando la doctrina constitucional al caso de autos, sostiene que la disposición del epígrafe 11 discutido no es sino una manifestación más del especial régimen económico y fiscal del archipiélago canario, cuya existencia viene reconocida en la disposición adicional tercera de la Constitución y en su Estatuto de Autonomía (arts. 45 y 46 de las Leyes Orgánicas 10/1982 y 4/1996), motivo por el cual interesa la desestimación del recurso de amparo.
La recurrente en amparo había solicitado en su demanda por medio de otrosí la apertura del incidente de suspensión de la ejecución del acto recurrido y por providencia de 19 de julio de 2010 de la Sala Primera se acordó la formación de la pieza separada de suspensión. Conforme a lo previsto en el art. 56.4 LOTC, se presentaron alegaciones por parte de la representación de la recurrente en amparo en fecha 28 de julio de 2010, ratificándose en la solicitud efectuada en la demanda de amparo; por el Abogado del Estado en fecha 22 de julio de 2010, oponiéndose a la suspensión solicitada; y, finalmente, por el Ministerio Fiscal en fecha 7 de septiembre de 2010, interesando que se adoptara. Mediante ATC 144/2010, de 18 de octubre, la Sala Primera acordó denegar la suspensión solicitada.
Como ha quedado expuesto en los antecedentes, se ha planteado en las actuaciones previas a este proceso constitucional la cuestión relativa a determinar si la empresa recurrente en amparo, dedicada al cultivo de tomates en la provincia de Almería, debía cotizar a la Seguridad Social según el epígrafe 11 —identificado como “Tomatales (Canarias)”— del Real Decreto 2930/1979, de 29 de diciembre, por el que se revisa la tarifa de primas para la cotización a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, o por el epígrafe 6 —relativo al cultivo intensivo de hortalizas—.
El Abogado del Estado interesa la inadmisión a trámite del recurso de amparo al entender que es extemporáneo por haberse producido un alargamiento indebido de la vía judicial por la formulación de un recurso manifiestamente improcedente (recurso de apelación). En cualquier caso, entiende que procedería la desestimación del recurso por falta de vulneración del derecho a la igualdad de trato —art. 14 CE—, puesto que las diferentes primas aplicadas a Canarias encuentran justificación en su singularidad (geográfica, económica y social) y en la necesidad de que se contribuya a la recuperación de su competitividad. En definitiva, afirma que la determinación de las cuotas a la Seguridad Social puede responder a exigencias diferentes a la estricta estimación de riesgos, al ser un instrumento típico de ordenación económica.
Así pues, dos son las causas de inadmisibilidad que se han alegado, una, la extemporaneidad, que afecta a la totalidad del recurso, y otra, la falta de agotamiento de la vía judicial previa, que se proyecta solo sobre uno de los motivos incluidos en la demanda.
Tal objeción, no obstante, debe rechazarse ya que conforme este Tribunal Constitucional ha advertido en reiteradas ocasiones, la armonización de las exigencias del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) conducen a una aplicación restrictiva del concepto de “recurso manifiestamente improcedente”, limitándolo a los casos en que tal improcedencia derive de manera terminante, clara e inequívoca del propio texto legal, sin dudas que hayan de resolverse con criterios interpretativos de alguna dificultad, toda vez que el respeto debido al derecho de la parte a utilizar cuantos recursos considere útiles para la defensa de sus intereses impide exigirle que se abstenga de emplear aquellos cuya improcedencia sea razonablemente dudosa y, en consecuencia, que asuma el riesgo de incurrir en una falta de agotamiento de la vía judicial previa.(en este sentido, entre otras, SSTC 69/2003, de 9 de abril, FJ 2; 204/2009, de 23 de noviembre, FJ 2; y 13/2011, de 28 de febrero, FJ 2; y ATC 198/2010, de 21 de diciembre, FJ 3).
Es claro que el interpuesto en estos autos es un recurso de amparo de naturaleza mixta (arts. 43. y 44 LOTC) al impugnarse expresamente tanto resoluciones administrativas (actas de liquidación de cuotas a la Seguridad Social y de infracción, confirmadas en alzada), como resoluciones judiciales (Sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a aquellas y Sentencia de inadmisión del recurso de apelación), a todas las cuales se atribuyen vulneraciones específicas de derechos fundamentales.
Llegados a este punto, nos corresponde ahora examinar si las resoluciones administrativas impugnadas vulneraron el derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE), al considerar que a una misma actividad (cultivo de tomate) se le pueden aplicar diferentes tarifas de primas para la cotización a la Seguridad Social por contingencias profesionales dependiendo del territorio en el que se desarrolle. O dicho de otro modo, si la interpretación realizada por la Administración contraviene el art. 14 CE al privilegiar, como dice la recurrente, la cotización de los productores de tomate de las Islas Canarias respecto de las empresas dedicadas a esa misma actividad en el resto del territorio nacional.
Tal queja, sin embargo, no puede prosperar, habida cuenta de que la diferencia de trato denunciada no sólo encuentra justificación en las peculiaridades del archipiélago canario, sino que tiene su anclaje tanto en el art. 138.1 y en la disposición adicional tercera , ambos de la Constitución, como en el art. 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias (Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, reformada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre). En efecto, hemos tenido ocasión de señalar que Canarias goza de un régimen económico y fiscal que tiene un sentido “eminentemente finalista” justificado en las circunstancias del hecho insular, que reclama “un conjunto armónico de medidas que estimulen el desarrollo económico y social de las islas” [STC 16/2003, de 30 de enero, FJ 5 a)]: “la situación estructural social y económica” del archipiélago canario, “agravada por su lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido número de productos, así como la persistencia y combinación de estos factores, que perjudican gravemente a su desarrollo” [STC 16/2003, de 30 de enero, FJ 5 a)], hace necesaria la adopción de una serie de medidas acordes con las “características específicas de las islas Canarias” (STC 134/2004, de 22 de julio, FJ 2) que apoyen el “desarrollo socioeconómico de las Islas Canarias” [STC 16/2003, de 30 de enero, FJ 5 a)]. Medidas que se adoptan “por exigencias del principio de solidaridad” [STC 16/2003, de 30 de enero, FJ 5 b)] y que no son “exclusivamente fiscales” [STC 16/2003, de 30 de enero, FJ 5 a)], sino de carácter heterogéneo [así, por ejemplo, las ayudas al transporte de viajeros (STC 67/2005, de 17 de marzo)], al tener “naturaleza económica y fiscal … con el claro objetivo de impulsar el desarrollo económico y social del archipiélago” (STC 62/2003, de 27 de marzo, FJ 4). Recordaremos en esta línea que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea —art. 355.1, en relación con el art. 349 (antiguo art. 299 del Tratado de la Comunidad Europea)— ha previsto “medidas específicas”, en lo que ahora importa, en el ámbito agrícola, atendiendo a “las características y exigencias especiales de las regiones ultraperiféricas”, entre las que figuran las Islas Canarias.
Y, ya más concretamente, con referencia al régimen económico y fiscal que recoge la disposición adicional tercera de la Constitución, destacamos que “la característica fundamental de este régimen ha sido la de mantener ‘una presión fiscal indirecta, diferenciada y menor que en el resto del Estado’ (Ley 20/1991), y hoy también de la Unión Europea (Ley 19/1994), mediante una estructura impositiva con tributos equivalentes o similares a los existentes en el resto del territorio nacional” (STC 62/2003, de 27 de marzo, FJ 4). Pues bien, las cotizaciones a la Seguridad Social “son prestaciones patrimoniales coactivamente impuestas por un ente público (art. 31.3 CE), asimilables a los tributos, ya que consisten en la entrega de una suma de dinero a un ente público para el sostenimiento de los gastos del Estado (en concreto, del sistema de Seguridad Social) como consecuencia de la realización de un hecho revelador de capacidad económica (art. 31.1 CE)” (ATC 306/2004, de 20 de julio, FJ 4, y STC 89/2009, de 20 de abril, FJ 3). De esta manera, si uno de los rasgos de ese régimen económico y fiscal del archipiélago canario es, precisamente, la existencia de un “diferencial de tributación con respecto al resto del territorio nacional” (SSTC 16/2003, de 30 de enero, FJ 8; 62/2003, de 27 de marzo, FJ 5; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 8), la diferencia de tarifa de cotización a la que anuda la violación del derecho fundamental denunciada no viene sino, de un lado, a reflejar aquellos rasgos que caracterizan al citado régimen especial (diferencial de tributación), y, de otro, a responder a la finalidad pretendida, tanto por las normas que integran el bloque de la constitucionalidad como por el Derecho comunitario [promover el desarrollo socioeconómico de las Islas Canarias (STC 16/2003, de 30 de enero, FJ 5 a)].
Finalmente, y por lo que respecta al motivo del recurso de amparo por el que se imputa la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso al recurso a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada) de 26 de mayo de 2008, en consonancia con lo manifestado al respecto por el Ministerio Fiscal, hemos de declarar que concurre la causa de inadmisión de falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 50.1 a) en relación con el art. 44.1 a) LOTC].
Pues bien, en el caso de autos, no se ha cumplido con el principio de subsidiariedad del recurso de amparo, ya que la parte no promovió, frente a la Sentencia firme a la que se imputa la lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el art. 241.1 LOPJ —en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, vigente a la fecha de interposición de la demanda de amparo—, medio que resultaba idóneo para que, en su caso, la parte hubiera obtenido la reparación de la infracción constitucional que alega en la vía judicial. Al no haberlo hecho así, no se ha preservado en el presente caso el carácter subsidiario que al recurso de amparo le atribuye la Constitución.
Inadmitir el motivo relativo a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Denegar el amparo en cuanto al resto.
STC 114/2008, 29 de Septiembre de 2008
STSJ Castilla y León 708/2015, 16 de Octubre de 2015
STSJ Murcia 456/2002, 30 de Abril de 2002
STSJ Comunidad Valenciana , 22 de Septiembre de 2005

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