Source: https://grupocamacho.com/2018/10/
Timestamp: 2019-12-12 12:44:20+00:00

Document:
octubre 2018 - Grupo Camacho
Cosas que olvidamos en el camino
in: Artículo,La República - Carlos Camacho Córdoba,Reforma Fiscal
Tags: déficit fiscal, impuestos, reforma fiscal
Es fundamental retomar la ruta de la cotidianidad que no se agota. Es claro, que la reforma fiscal ha levantado una serie de realidades que han estado latentes y que algunas de ellas siguen de manera menos frontal, haciendo detracción de un proceso en el que Costa Rica, como sociedad en su conjunto, está en el borde de caer en condiciones de impago de su deuda y la capacidad de atender sus gastos corrientes de operación para el cumplimiento de los mandatos constitucionales tenemos encomendado al Estado.
Es positivo ver como el sector productivo del país, mediante los representantes de las diversas cámaras gremiales, aumentan la voz y la unen al unísono, en favor de la aprobación del proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Entiéndase en toda la dimensión lo que acabo de indicar, aquellos a quienes nos tocará pagar los impuestos incrementales, quienes deberemos a la vez de enfrentar los costos de cumplimiento aumentados, resultantes de la reforma, estamos con la opción por Costa Rica de someternos a la imposición.
Quien quiere que no padezca de miopía, en especial la miopía mental, la pequeñez cerebral, la mezquindad individual y entienda que la vida en sociedad tiene que ser enfrentada de manera solidaria, responsable y que todos ganamos en el mediano y largo plazo, teniendo un país más próspero, tenemos claridad que será un proceso con dolor, pero con motivo correcto, el de tener que aportar todos más a la solución, no más al problema y sus causas cada vez más evidentes. Si bien está claro que la reforma es insuficiente en recursos y que definitivamente se requiere una reforma adicional, más inclusiva de sujetos y sectores que se han quedado, mediante la resistencia pasiva, en el anonimato fiscal, es evidente que lo que más necesita Costa Rica hoy, es ese primer paso, antes de dar los siguientes.
No nos parece de recibo a los contribuyentes, empresarios y profesionales, asalariados y consumidores, que tengamos que soportar el flagelo de las excusas disfrazadas de principios de legalidad, como excusa para dejar de hacer lo que se debió hacer hace años. La responsabilidad histórica no tolera más diferimiento o procrastinación, ya sentimos el frío de muerte, eso es una realidad que todos los agentes económicos experimentamos, no es una forma de hacer propaganda, es un medio de hacer conciencia clara en los que aún insisten en caducos argumentos, que alcanzaría con una sola medida a la vez, no es así, requerimos muchas de manera simultánea.
También es necesario que, ya que tenemos una demora grave en este proceso, el Gobierno de la República inicie las gestiones respectivas a sus manifestaciones de voluntad, en el sentido del cierre de instituciones y venta de algunas con algún valor razonable en el mercado. No hay tiempo que perder, entendemos que es mucho lo que hay que hacer, pero debido a las demoras ocurridas, también deben ser diversas y diversificadas las soluciones que le mostremos al mercado de manera simultánea y no en acciones seriales.
La confianza de los consumidores e inversionistas, está en un declive muy fuerte y sostenido, el mensaje no puede ir pausa paso, debe ser simultaneado con el enfoque que ya de todas formas ha anunciado el Ministerio de Hacienda, un país con más de 300 instituciones, muchas de las que han dejado de tener sentido histórico, manteniendo por una parte un enfermizo olor a ropero viejo, del que no nos desprendemos por todo lo que nos sirvió cuando éramos niños, tanto como el costo que comporta este síndrome del país coleccionista de organismos, ministerios, instituciones autónomas, semiautónomas y una larga lista de etcéteras; que todos conocemos la pérdida de su vigencia, necesidad y utilidad, pero que aún no somos capaces de cortar esa gangrena.
Pues ya toca, el mensaje sintonizado de la aprobación de la reforma fiscal, así como la de la acción de parar esta hemorragia de recursos, son indudablemente los medios más apreciados para el rescate indispensable de la confianza de los inversores, los consumidores y los entes de calificación de riesgo de los instrumentos de deuda de nuestro país. Recordemos que los primeros actores en la cuestión de mercados reales, son precisamente los dos primeros, luego llegan las calificadoras, los mercados se acomodan más rápidamente y de forma anticipada a la calificación de los títulos, esto es análogo a los malos estudiantes, cuando llegan a examinarse salen mal, pero no es ahí donde empezó, es ahí donde se consuma el consecuente de no ser buenos estudiantes.
Como país vamos aplazados en materia del manejo de las finanzas públicas, que ha generado que los mercados de generación de riqueza pasaran de un aletargamiento que traían hace varios años, a una astenia total actualmente, cayendo en una profunda recesión. Volviendo al paralelismo con el mal estudiante, es común encontrar quien confunda las causas con los efectos. El estudiante de malos hábitos, puede que caiga en depresión emocional por sus resultados académicos, consecuencia de su falta de asumir la responsabilidad que le correspondía, no cabe decir, que es mal estudiante porque está deprimido, tampoco, cabe decir, que la economía cayó en recesión y eso ha hecho que caiga la recaudación. El frío no está en las cobijas, para más abundar, durante una época recesiva como la actual, que desde los más básicos principios de economía se solucionan con más trabajo, producción y productividad, viene en nuestro caso a ser aderezado por una huelga que sus promotores llaman con orgullo la más exitosa de la historia, por sus “logros” y duración, lo que es lo mismo su intifada ha logrado su fin si este era como es cada vez más evidente el caos nacional. Por cierto, los impuestos que pagaremos son para financiar sus salarios y sus excesos de beneficios, es mentira que ellos han hecho este llamado nacional por los más pobres del país, para que no se grave la canasta básica, son argumentos infantiles que para hoy todos tenemos claros, sin embargo, están encubiertos por la cobija de Robin Hood.
Actores todos de esta larga noche de tragicomedia, paremos ya de dramas y vamos a las acciones de corrección, los ciudadanos honestos de este país, así como los más pobres que son los más honrados de todos, ya estamos hartos de que hayan secuestrado entre una camarilla de bandoleros a nuestra querida Costa Rica.
Revisión Ejecutiva de Cierre Fiscal
in: Artículo,Consultoría en Estrategia y Negocios,Impuestos,Outsourcing Financiero - Contable
Tags: cierre fiscal, declaración de impuestos, Fiscalidad, impuestos
El cierre fiscal 2018 tiene varios aspectos que lo convierten en uno de particular atención para los responsables del cumplimiento tributario en las empresas. El déficit fiscal actual ha llevado a un incremento en las fiscalizaciones, así el contribuyente tiene que enfrentar cada vez más un cumplimiento exigente, con mucha más información previa para aplicar inteligencia tributaria por parte de la Administración Tributaria. Además, en el momento actual, muchas empresas ven limitada su liquidez, pero no dejan de tener una necesidad para atender al menor costo posible sus obligaciones de cumplimiento y pago de impuestos.
Grupo Camacho Internacional ha diseñado el servicio de Revisión Ejecutiva de Cierre Fiscal. El mismo consiste en programar una sesión de trabajo con uno de nuestros expertos tributarios, el cual visitará su empresa o contador, para revisar en conjunto los aspectos más relevantes de su operación 2017-2018. El proceso se realiza mediante entrevista, la cual valida conceptualmente el borrador de la declaración de renta. Esta visita también incluye la validación de su estudio de Precios de Transferencia, en caso de que aplique, y la atención de dudas puntuales que ustedes puedan tener respecto el cumplimiento tributario de este año.
Al ser una revisión ejecutiva que se realiza en una sesión de trabajo, busca tener honorarios que se adecuen a las condiciones presupuestarias que actualmente tienen varias de las empresas en el mercado. Contáctenos y con gusto coordinamos esta revisión resumida con su representada.
La pregunta es muy amplia y solo usaré algunas de las posibles respuestas con el fin de ubicar el tema concreto de la reforma fiscal que nos ha tomado de manera monotemática nuestra columna.
Podemos responder en primera instancia a esta pregunta diciendo que estamos en la presencia del hundimiento del barco social del Estado costarricense conocido entre muchas de las características de los hundimientos por una de las mas tristes y dramáticas, que hace indudable el momento en el que nos encontramos, es la presencia de la huida en colonia desesperada de ratas, típico signo de que la embarcación ha sucumbido. De la sociedad costarricense hemos visto salir ratas de los lugares más insólitos, algunos muy esperables y comunes como las alcantarillas de los sindicatos, pero la semana pasada vimos con asco las ratas del Poder Judicial, salir al mas puro estilo de las ratas de los mejores restaurantes de los bellos barrios parisinos. Duele tener que expresarse de esta manera de miembros de los supremos poderes de una republica que amamos con el corazón pero hoy la vemos como la triste historia de Bertolt Bretch “La evitable ascensión de Arturo Ui”, un drama alemán de la entrada de Hitler en el poder alemán como consecuencia de la descomposición de aquella sociedad. Cuando tuve la oportunidad de ver esta obra en el teatro de la Aduana, me daba la sensación de que esto podría ocurrir en cualquier país en especial, cualquiera que hubiese llegado a perderse, en sus instituciones de manera tan caótica, siendo el Pinochet de aquellos años, el títere del que se hablaba en Costa Rica por la influencia de los grandes profesores chilenos de la diáspora de aquel triste momento, hubo quienes con razonables valoraciones argumentaban que era el Franco español de 1975.
Recuerdo, en la tertulia de nuestro grupo de amigos que concluíamos que Costa Rica no tenía ni era viable que tuviera esta mugrosa condición de sociedad necrosa, que pena me da cuarenta años después venir a reconocer a aquellos mis amigos de entonces y a mis contemporáneos de hoy, que estaba absolutamente equivocado, que todo aquello que no era posible en aquella Costa Rica, es una triste realidad hoy, que ha llegado a todos los estamentos del conjunto de la sociedad, recuerdo que era delirante la escena final del ataúd de la sociedad en la que se proponía la evitable ascensión de Arturo Ui, pero también lo paródico de esto es que las sociedades inteligentes y libres, tienen hendiduras de falsas bases entre otras las creencias de sentirnos inmunes a esos fenómenos. Qué triste Costa Rica, estamos ahí, en el borde del barranco y las mezquindades de la izquierda trasnochada y la derecha institucionalizada, con expresiones decimonónicas como las del presidente de la Corte, que redefine la condición de clase media como si viviera en el Principado de Liechtenstein o el Gran Ducado de Luxemburgo, cuando a nuestra realidad cotidiana la acompañan mas signos de tercermundismo que de esas perfumadas sociedades en las que se siente el señor presidente de la corte y la corte de los mustafá.
Ahora bien, el gran gazapo que dio pie a los dos párrafos anteriores, es de lo que en relación al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el que viene a ser un medio insuficiente en monto, pero indispensable en señales antes los agentes económicos que claman por señales de cambio en el proceso de la pasiva perdida de la credibilidad país en materia financiera. Este proyecto, se encuentra en una fase de orden interlocutoria, en la que las instituciones responsables han hecho ver que el mismo es indispensable, no limitándose a esto, sino haciendo serias advertencias respecto de las consecuencias de no contarse con esta aprobación de inmediato.
Valga decir, que esta consulta es irregular en el procedimiento-una irregularidad más- ya que la misma se supone debe haberse realizado con anterioridad al primer debate del proyecto, por lo que debieron las instituciones dejar de pronunciarse en razón de la falta de oportunidad, que habrá de dimensionarse en la misma resolución que resulte de la posible consulta de constitucionalidad que ha de presentarse esta misma semana, la que es de orden optativo en razón de concurrir la voluntad de al menos diez diputados. Ahora bien, dados los acontecimientos, así como la especial condición de votación en contra de parte de 22 diputados simplemente es de esperar que tal consulta se dé una vez agotado el plazo para estas consultas atípicas por el momento procesal en que se dan. De darse la consulta facultativa a la Sala Constitucional, se ha de dejar pasar treinta días, plazo máximo para que la Sala emita su dictamen, las diversas combinaciones de sentencias probables se ha aumentado en ámbito en razón de la reacción a la protección de los derechos y privilegios manifestada por la Corte Plena, poniendo en un grave compromiso legal a los señores magistrados de la Sala Constitucional al tener que resolver en función y a pesar de lo ya manifiesto por el pleno de la Corte, es una situación de difícil resolución.
Aparte de la importancia que tiene que antes de fin de año se pueda tener un proyecto aprobado en segundo debate, está en juego la credibilidad de nuestro órgano máximo de garantía del sistema legal en que se fundamenta la democracia, esperamos que este nuevo ingrediente agregado a la olla de vapor en la que se cocina este delicado proyecto no haga explotar las bases mismas de la condición de Estado de derecho en nuestro país.
Fuente: https://www.larepublica.net/noticia/donde-estamos-hoy
Actualización de Recomendaciones de GAFI sobre las normas internacionales en el combate al lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación; así como los resultados de su última plenaria
in: Artículo,Auditoría
Tags: Fiscalidad, Fiscalidad Internacional, lavado de dinero, Legitimación de Capitales
GAFI celebró su Plenaria en París, de 17 al 19 de octubre de 2018, con lo cual publicó una actualización de sus Recomendaciones.
Una vez concluida la tercera ronda de evaluaciones mutuas de sus miembros, GAFI revisó y actualizó sus Recomendaciones, en cooperación con los Organismos Regionales de Estilo GAFI y las organizaciones observadoras, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las Naciones Unidas.
Las revisiones abordan amenazas nuevas y emergentes, además de aclarar y fortalecer muchas de las existentes. Los Estándares de GAFI también se han revisado para fortalecer los requisitos para situaciones de mayor riesgo y para permitir que los países tomen un enfoque más centrado en áreas donde los riesgos son altos o la implementación podría mejorarse.
A continuación, un resumen de los principales temas tratados en la Plenaria de GAFI.
Operaciones y Racionalización de GAFI
Los miembros de GAFI acordaron fortalecer el gobierno y la rendición de cuentas de GAFI mediante el aumento de la participación de los ministros y altos funcionarios de los miembros de GAFI. Esto apoyará una visión más cohesiva de los diversos temas relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y la proliferación; proporcionará una mayor conciencia política del trabajo de GAFI, así como reforzará el compromiso de los miembros para implementar regímenes eficaces y ayudará a dirigir los recursos globales con mayor riesgo. Formas basadas y orientadas a resultados.
Principales iniciativas estratégicas
2.1. Lucha contra la financiación del terrorismo
Sobre la base de las contribuciones de 33 miembros y observadores de toda la red global de GAFI, se proporcionó a las autoridades un conjunto de herramientas de interrupción y estrategias integrales que los ayudarán a mejorar las acciones nacionales de CFT e identificar nuevas formas en las que las autoridades competentes puedan trabajar juntas de manera efectiva e interrumpir la actividad del FT. El informe también destaca la necesidad de que todos los países permanezcan atentos para contrarrestar el FT en cualquiera y en todas sus formas. La lucha contra la financiación del terrorismo sigue siendo una de las principales prioridades para GAFI y la Plenaria acordó centrar su trabajo en tres áreas:
Implementación, para garantizar que los países puedan procesar y condenar a financieros terroristas, GAFI dará prioridad al trabajo sobre la investigación y el enjuiciamiento efectivos de este crimen.
Orientación, para ayudar a los países a identificar y comprender mejor los riesgos de financiamiento del terrorismo que enfrentan para que puedan financiar adecuadamente esos esfuerzos.
Capacitación, para generar conocimiento a través de la Red Global sobre riesgos de financiamiento del terrorismo, congelamiento de activos, intercambio de información e interrupción del financiamiento del terrorismo.
2.2. Enmiendas a las Recomendaciones de GAFI para abordar la regulación de activos virtuales
El Plenario de GAFI discutió y adoptó enmiendas a sus Estándares para responder al uso creciente de activos virtuales para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y a solicitud de los Ministros del G20. Esto incluye una enmienda a las Recomendaciones de GAFI y un glosario para aclarar a qué empresas y actividades se aplican los requisitos en el caso de activos virtuales. Se requerirá que los proveedores de bolsas y billeteras electrónicas implementen los controles ALD / CFT, y que estén autorizados o registrados y supervisad ​​por las autoridades nacionales. El fortalecimiento de los estándares es parte de un enfoque integral que GAFI ha desarrollado para evitar el uso indebido de actividades de activos virtuales para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Asimismo, GAFI actualizará su guía para ayudar a los países con la implementación total y efectiva de estos requisitos de los Estándares de GAFI. Se alienta a todos los países a tomar rápidamente los pasos necesarios para evitar el mal uso de los activos virtuales. Dada la velocidad de la innovación, y para garantizar que los estándares de GAFI sigan siendo relevantes, GAFI revisará sus estándares según se apliquen al sector de activos virtuales en 12 meses.
2.3. Declaración sobre la regulación de activos virtuales
Los activos virtuales y los servicios financieros relacionados tienen el potencial de estimular la innovación y eficiencia financiera y mejorar la inclusión financiera, pero también crean nuevas oportunidades para que los delincuentes y terroristas puedan lavar sus ganancias o financiar sus actividades ilícitas. Por lo tanto, GAFI ha estado monitoreando activamente los riesgos en esta área, y emitió orientación sobre un enfoque basado en el riesgo para las monedas virtuales en 2015. Existe una necesidad urgente de que todos los países tomen medidas coordinadas para prevenir el uso de activos virtuales para el crimen y el terrorismo.
2.4. Trabajo futuro sobre financiación de la proliferación
GAFI inició un proyecto que considerará la posibilidad de ampliar las Recomendaciones aplicables a la financiación de la proliferación, así como mejorar la implementación de las obligaciones existentes. El proyecto explorará el grado en que hay apoyo para las revisiones y desarrollará y considerará propuestas detalladas para enmiendas en estas áreas dentro del marco de los mandatos de GAFI y de la ONU. El proyecto también considerará el desarrollo de mejores prácticas para combatir el financiamiento de la proliferación y cómo estas mejores prácticas pueden ayudar a los países a fortalecer la implementación de los requisitos existentes de GAFI.
Otras iniciativas estratégicas
3.1. Adopción del informe a la Cumbre de Líderes del G20
El Plenario discutió el informe de GAFI a los líderes del G20. Este informe expone el progreso desde su última actualización en julio de 2018, en su programa de trabajo para responder al creciente uso de activos virtuales para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluida la adopción de revisiones a sus estándares para aclarar cómo se aplican a los activos virtuales. El informe también incluyó una actualización sobre el trabajo para contrarrestar el financiamiento del terrorismo y la proliferación, mejorar la transparencia y la disponibilidad de información de propiedad real, el compromiso con jueces y fiscales, la identidad digital y la eliminación de riesgos.
3.2. Adopción de dos documentos de orientación de enfoque basado en el riesgo.
El enfoque basado en el riesgo es el núcleo de las Recomendaciones de GAFI. Asegura que los países identifiquen y comprendan los riesgos únicos a los que están expuestos, lo que les permite priorizar los recursos en las áreas donde los riesgos son más altos. GAFI adoptó una guía de enfoque basado en riesgo (RBA, por sus siglas en inglés) para el seguro de vida y el sector de valores. Estos documentos de orientación tienen como objetivo respaldar la implementación del RBA, teniendo en cuenta las evaluaciones nacionales de riesgo LD / FT y los marcos legales y regulatorios ALD / CFT. Incluyen orientación específica para el sector de seguros de vida y proveedores de valores, así como sus supervisores. Los documentos de orientación se desarrollaron en estrecha colaboración con el sector privado para reflejar un enfoque más práctico de RBA. Las Guías de enfoque basado en riesgos para los sectores de seguros de vida y de valores, serán publicados próximamente.
3.3. Actualización sobre las iniciativas de FinTech y RegTech
La Plenaria escuchó una actualización sobre el trabajo en curso de GAFI con respecto a las FinTech (nueva industria financiera que aplica la tecnología, aplicaciones, procesos, productos o modelos de negocios en la industria de los servicios financieros para mejorar las actividades financieras, y puestos a disposición del público vía Internet) y las RegTech (empresas de base tecnológica que crean soluciones dirigidas a cumplir y adaptarse a los cambios requerimientos regulatorios de cada sector; utilizan tecnologías como Cloud Computing, Big Data o Blockchain) incluidos los resultados de la reunión conjunta FATF-EAG FinTech y RegTech Forum que se celebró en Hangzhou, China, del 4 al 5 de setiembre de 2018, y las presentaciones de la Comisión Europea y los Estados Unidos.
3.4. Trabajo futuro en el tema de identificación digital
GAFI desarrollará orientaciones sobre identidad digital. La guía considerará la aprobación por parte de las autoridades nacionales como una prueba clave para la aceptabilidad de la identificación digital. Se centrará en las características de fiabilidad e independencia de las identificaciones digitales que no se emiten sobre la base de un proceso acordado, regulado o supervisado por una autoridad nacional. Además, la guía considerará y describirá los riesgos potenciales, así como las oportunidades para su mitigación en el contexto de las identificaciones digitales. GAFI considerará un primer borrador de esta guía en febrero 2019 con una finalización planificada del proyecto en junio 2019 luego de una consulta adicional con expertos del sector privado.
3.5. Resultados de la reunión del Foro de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de GAFI
Las Jefaturas de la UIF de GAFI se reunieron al margen de la Plenaria de GAFI para discutir cómo mejorar la efectividad de los informes de transacciones sospechosas y la calidad de la inteligencia financiera, con la participación de participantes del sector privado. El Foro acordó dos informes, uno sobre cómo las grandes instituciones financieras internacionales identifican actividades sospechosas y el otro que describe las consideraciones prácticas al establecer asociaciones público-privadas. Estos informes serán publicados próximamente.
Las revisiones periódicas y actualizaciones que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a su conjunto de recomendaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), hacen ver una clara tendencia que caracteriza a un mundo regulatorio cada vez más demandante para los sujetos obligados, especialmente para aquellos del sector denominado “Actividades y Profesiones No Financieras Designadas” (APNFD) compuesto por tanto empresas grandes, medianas y pequeñas, así como profesionales de ejercicio liberal (abogados, notarios y contadores) cuando realizan la administración de recursos para sus clientes.
Este sector no financiero deberá incorporar dentro de sus modelos de negocios y, por tanto, las relaciones comerciales con sus clientes y proveedores, las exigencias de las nuevas regulaciones, que difieren ligeramente entre los países de Centroamérica y Panamá, pero que sin duda conllevan un fuerte impacto cultural, operativo y financiero en sus controles de riesgo de LA/FT, además del riesgo de severas sanciones administrativas y económicas ante los incumplimientos de las normativas, con importantes consecuencias reputacionales.
Grupo Camacho Internacional le ofrece al sector APNFD de Centroamérica y Panamá sus servicios profesionales de consultoría en el cumplimiento normativo para la prevención del LA/FT, mediante un proceso de acompañamiento en la elaboración de matrices de riesgo, manuales de políticas y procedimientos, programas de cumplimiento, metodología de calificación de clientes, controles de riesgo, así como gobierno corporativo y capacitación.
Julio Rodríguez Quirós
Ley 23 de Panamá: Medidas para prevenir el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
La gran mayoría de los países del mundo han llevado a cabo procesos de fortalecimiento de sus marcos jurídicos para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo (BC/FT). A nivel regional, desde finales de la década de los años noventa y principios del nuevo siglo, los países de Centroamérica y Panamá también han promulgado legislaciones, primeramente, aplicados en sus sistemas financieros y posteriormente a los sectores no financieros de sus economías.
Panamá no es ajena a esta coyuntura. El 22 de abril del 2015, Panamá aprobó la Ley 23 con la cual se adoptó medidas para prevenir el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, a una amplia gama de Sujetos Obligados, a saber:
1.-Sujetos Obligados Financieros: son los supervisados por la Superintendencia de Bancos de Panamá para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
2.-Sujetos Obligados No Financieros: son los supervisados por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas.
3.-Actividades Realizadas por Profesionales Sujetas a Supervisión: es decir, los abogados, contadores públicos autorizados y notarios, cuando en el ejercicio de su actividad profesional realicen en nombre de un cliente o por un cliente.
Este boletín informativo se refiere a las acepciones 2 y 3 anteriores que, conjuntamente, se conocen bajo la nomenclatura del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como “Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)”.
La Ley 23 se caracteriza por tipificar una amplia gama de actividades y profesiones no financieras en Panamá y que se detallan en el anexo 1, al final del boletín. Además, dicha norma requiere de los sujetos obligados a establecer una serie de controles internos que claramente impacta la cultura de riesgo, la relación comercial con clientes y proveedores, y los costos operativos de dichos controles en las empresas del sector APNFD.
¿Cómo impacta la Ley 23 a mi empresa del sector APNFD?
Primeramente, debemos decir que la Ley 23 supone para las empresas del sector no financiero un cambio significativo en su forma de conducir sus negocios por el cambio que debe imperar en la cultura organizacional, la relación comercial con clientes y proveedores y la gestión de riesgo de BC/FT.
En el cumplimiento de la normativa bajo supervisión por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros requiere la implementación de una serie de medidas importantes en los modelos de negocios de las empresas respecto a la prevención del BC/FT.
En este sentido, la adopción por parte de los Sujetos Obligados de un enfoque basado en riesgos (EBR), se refiere a que las mismas deben implementar en sus empresas medidas y controles internos dirigidas a prevenir o mitigar los riesgos identificados de BC/FT, tal que la empresa APNFD pueda establecer procesos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de BC/FT, aspectos que muy posiblemente no existen o existen parcialmente dentro de las prácticas actuales de las empresas APNFD.
La nueva normativa requiere, a fin de garantizar su éxito, introducir a lo interno de las empresas del sector APNFD un proceso que debe permear la cultura organizacional en todos los niveles, desde las Juntas Directivas o Consejos de Administración, Propietarios, Administración Superior, mandos medios, niveles operativos, e incluso a los las áreas donde los colaboradores manejan personalmente la relación comercial con los clientes y proveedores, por ejemplo, en los mostradores, cajas, plataforma de servicios, call centers, centros de distribución, centros de servicio técnico, etc.
Para lo anterior, es de suma importancia comprender las implicaciones de la Ley 23 tanto a nivel de cultura y la gestión del riesgo de BC/FT como en la operativa del negocio, por el hecho que enfatiza en dos aspectos fundamentales, similar a la regulación que se aplica al sector financiero – bancario, es decir:
Identificación, verificación y documentación del origen de los fondos de los clientes
Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores, así como los empleados
Para el primer punto, la Ley 23 requiere que los sujetos obligados deben realizar una labor de identificación, verificación y documentación del origen de los fondos de sus clientes y proveedores.
Además de la declaración de los clientes/proveedores sobre sus datos de información básica de administración y negocios, existe el requerimiento adicional de verificar y documentar para su posterior reporte ante las autoridades (Intendencia y la Unidad de Análisis Financiero) sobre dicha información mediante el resguardo de documentación física/digital sobre los clientes y proveedores.
Con respecto al segundo punto, además de registrar los datos de clientes y proveedores, que usualmente se limitan a los aspectos generales como, por ejemplo, nombre, tipo de identificación, Registro Tributario Nacional, lugar de residencia, teléfono, correo electrónico, patrono, etc.
La Ley 23 requiere a los sujetos obligados complementar sus bases de datos con otros rubros de información de sus clientes a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional / empresarial, así como a comprobar las actividades declaradas por los clientes y proveedores correspondan con su perfil financiero y/o transaccional, e identificar y saber quién es el beneficiario final de sus clientes y proveedores.
Estos dos puntos implican el establecimiento de controles internos y reportería para la aplicación de medidas preventivas con un enfoque basado en riesgos, que a lo mejor no existe actualmente en muchas de las empresas APNFD, por lo que deben tomar las previsiones necesarias en cada caso en cumplimiento de la normativa.
Por otra parte, la Ley 23 impacta a los sujetos obligados con el requerimiento de nombrar un Enlace de Cumplimiento, persona interna a la empresa que conoce el mercado y el negocio, responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención de LA/FT e la empresa obligada y que sirve de Enlace ante la Intendencia y la UAF, quien es la persona responsable de gestionar los riesgos de LA/FT, dotado con los recursos humanos, de infraestructura y tecnológicos necesarios para gestionar los riesgos de BC/FT, lo cual claramente implicar un impacto económico de los sujetos obligados.
Finalmente, bajo el plan de acción de la Estrategia Nacional de Riesgo para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, bajo la Ley 23 es de esperar que la Intendencia en su labor de supervisión, lleve a cabo el cruce de bases de datos de clientes / proveedores de los sujetos obligadas con las de otras entidades oficiales (autoridad tributaria, poder judicial, etc.).
El impacto de la nueva ley radica en el hecho de que ahora la prevención de actividades ilícitas se realiza con un enfoque de riesgo, lo cual implica llevar a cabo medidas adicionales para los sujetos obligados del sector no financiero; si bien ello impacta a todas las empresas, grandes y pequeñas, pero en el caso de las PYMES, por ser empresas pequeñas, generalmente muy necesitadas de efectivo, se vuelven muy atractivas para las organizaciones que buscan blanquear capitales.
ANEXO 1: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas bajo Ley 23 de Panamá
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá
Nuevo formulario de Precios de Transferencia en El Salvador
Tags: El Salvador, Fiscalidad, Fiscalidad Internacional, Precios de Transferencia
La declaración de Precios de Transferencia en El Salvador presenta una variación significativa para el Periodo Fiscal 2018, debido a que el formato que se venía trabajando hasta la fecha era una versión en físico, sin embargo, de ahora en adelante la presentación de la declaración de precios de transferencia se realizará en digital, además, la misma solicita una serie de elementos e información detallada del análisis que no se solicitaba con anterioridad.
Es importante recordar que para El Salvador se deben analizar las transacciones con partes relacionadas a nivel local y del exterior, lo anterior basado en el decreto 230 del 29 de diciembre del 2009. Los análisis económicos se deben ver reflejados según el código tributario en el artículo 124-A en un formulario que proporcione la administración tributaria, el cual siempre ha sido en físico y se debe presentar en las oficinas de la Administración Tributaria.
Para el periodo 2018, la presentación del informe de operaciones con sujetos relacionados se debe realizar en formato digital, lo anterior siguiendo la tendencia de las administraciones tributarias centroamericanas.
El nuevo formulario de operaciones con partes relacionadas constará de tres de secciones, las cuales deben ser completadas con la información del Estudio de Precios de Transferencia. Este es el primer punto importante que se debe tener en cuenta; con este nuevo formulario es obligatorio tener el análisis de Precios de Transferencia listo a la hora de crear en línea el formulario, en especial por las nuevas secciones de operaciones con sujetos relacionados, documentos comprobatorios y análisis de operaciones.
Una vez incluida la información mencionada en el informe se generará los siguientes anexos:
Resumen del Informe de Operaciones con Sujetos Relacionados.
Formulario del Informe de Operaciones con Sujetos Relacionados.
Anexo del Informe de Operaciones con Sujetos Relacionados.
El nuevo formato ya se encuentra disponible en la página del Ministerio de Hacienda, solamente se requieren el NIT y la contraseña para ingresar al portal digital.
Sobre este nuevo formulario 982, el primer paso es completar las operaciones con partes relacionadas, tanto a nivel local como del extranjero, en el cual se detalle el tipo de transacción y el monto de cada una de ellas, en el mismo se debe indicar si se realizó un análisis de precios de transferencia, sobre el tipo de operación y el código de relación con su contraparte. El formulario incluye una lista para marcar la transacción realizada y el motivo de relación con su parte relacionada.
En el caso del tipo de relación, existen 11 diferentes motivos para ser consideradas partes relacionadas, que van desde la participación social al menos del 25%, hasta si su contraparte se encuentra ubicada en un paraíso fiscal. Respecto al código y tipo de operación, los mismos se separan en ingresos, egresos, pasivos y activos, contando en el caso de ingresos 19 códigos diferentes, mientras para los egresos 20 diferentes códigos. Para el caso de las operaciones de activos y pasivos contienen 7 y 5 códigos respectivamente.
Un aspecto importante que las administraciones tributarias de la región vienen revisando es el tratamiento de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, debido a los plazos comerciales de las cuentas y en muchas ocasiones la no generación de intereses por sus plazos de cancelación mayores a los comerciales, creando para el contribuyente una contingencia, debido a que los mismos deben ser ingresos financieros generadores de renta y gravables.
Sobre el mismo tema, respecto las cuentas por pagar, un aspecto importante es la intencionalidad de cancelación de las mismas, debido a que los intereses, en muchas ocasiones, los pueden clasificar como no deducibles, en caso de determinación que la cuenta únicamente se utiliza para aumentar los gastos del periodo.
Es importante indicar que el manual de ayuda realizado por el Ministerio de Hacienda muestra paso a paso cómo completar de manera correcta el formulario, donde detalla por casilla los aspectos a considerar. Siguiendo con el llenado, una vez que se complete el registro de partes relacionadas, se debe completar el apartado de: “Documentación comprobatoria”, el cual solicita el tipo de documentación, encargado de su elaboración y el tipo de documentos.
El tercer paso es completar el “análisis de operaciones”, donde se debe colocar el detalle de cómo se procederá a analizar cada una de las transacciones, el formato permite agrupar varias transacciones y solo tener que completar un detalle del grupo de transacciones, además, en caso de analizar las transacciones por separado, se debe ingresar cada una y completar la información del método de análisis y los resultados financieros. Por último, en caso de realizar ajustes de comparabilidad, se debe explicar el ajuste; también en caso de no cumplir con el principio de plena competencia, se debe indicar el monto ajustado por precios de transferencia.
Otro dato a tener en consideración es que cada casilla tiene una lista desplegable. Dentro de las más importantes están los factores de comparabilidad, los elementos para los ajustes, los métodos permitidos de precios de transferencia y los indicadores de rentabilidad permitidos.
Una vez completado el formulario, el mismo se puede revisar y editar antes de ser enviado a la administración tributaria.
Dadas las condiciones indicadas, es de suma importancia estar preparado para la nueva presentación del formulario, tener listo su informe de Precios de Transferencia antes de la fecha establecida para ingresar el formulario y tener un asesor de confianza, que tenga experiencia en la región, completando este tipo de información y así asegurar la presentación en tiempo y forma.
Esteban Hernández Valverde
ehernandez@grupocamacho.com
República Dominicana | Cambios en la obligación de Precios de Transferencia
Tags: Precios de Transferencia, recaudación tributaria, República Dominicana
Mediante el artículo 28 de la Ley No. 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible del Código Tributario del año 2012, se introduce en República Dominicana la regulación en temas de Precios de Transferencia. El reglamento ha sufrido cambios a través de los años en cuanto a la legislación y lo que comprende la norma para todos sus efectos. La regulación vigente se encuentra amparada en el artículo 281 del Código Tributario Dominicano y el Reglamento 78-14 sobre Precios de Transferencia.
Recientemente la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en su portal publicó la modificación de la Declaración Informativa de Operaciones entre Relacionados (en adelante DIOR) que debe ser presentada de forma anual, 180 días posteriores al cierre fiscal de su empresa.
Para todos aquellos casos que el periodo fiscal a declarar sea el 2017 y en adelante, debe realizarse a través de la Oficina Virtual.
Para los periodos anteriores a este, la presentación de la declaración se debe realizar en la versión 5.1 formato 632 (archivo de texto -.txt-).
Se actualiza la lista de países no considerados por República Dominicana como jurisdicciones con regímenes fiscales preferentes, de baja o nula tributación o paraísos fiscales.
Se acompaña de un cambio en el tratamiento de cómo se debe presentar la información a declarar, esto presenta una DIOR más amigable para el contribuyente. Debe entenderse que se permite de ahora en adelante registrar las operaciones agrupándose por parte relacionada y por transacción; es decir, deja sin efecto el registro por número de documento que sustentaba la operación -ya fuese i) declaración aduanera, ii) factura, iii) contrato, iv) pagaré y v) otros.
Se permite informar a la administración tributaria sobre la vigencia de un Acuerdo de Precios Anticipados (APA) y es admisible como método de valoración, siendo este reconocido como un séptimo método de Precios de Transferencia en la DIOR.
Se incluyen nuevos códigos para los fines de la determinación de las actividades y/o transacciones efectuadas entre las partes consideradas como relacionadas.
Para las operaciones de ingresos: código 130, reembolso de gastos y código 131, nota de crédito.
Para las operaciones de costos y/o gastos: código 224, reembolso de gastos y código 225, nota de débito.
Cabe indicar que se considera una lista específica de códigos para el registro de operaciones meramente financieras, esto no se apreciaba en la antigua DIOR.
¿Estos cambios me afectan?
Se encuentra amparado en el artículo 28 de la Ley No. 253-12 las sanciones expuestas al contribuyente por incumplimientos en materia de Precios de Transferencia, entre ellos se estipula por errores o datos incompletos ya sea en la Declaración Informativa y el Estudio de Precios de Transferencia:
“El incumplimiento de los deberes formales será sancionado con multa de cinco (5) a treinta (30) salarios mínimos”.
“En los casos de incumplimientos de los deberes formales referentes a la remisión de información a la Administración Tributaria, en adición a la multa establecida en la parte principal de este artículo, podrá aplicarse una sanción de un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos declarados en el período fiscal anterior”.
Es importante conocer los cambios para poder cumplir de forma oportuna con esta declaración. En TPA estamos a su disposición para atender sus consultas y trabajar con ustedes sus obligaciones de Precios de Transferencia en República Dominicana y la región Centroamericana.
Bianka Vargas
Consultora de Impuestos
bvargas@grupocamacho.com
Legislación para Prevenir el Lavado de Dinero – ¿Cómo afecta mi empresa?
Tags: lavado de dinero, Legitimación de Capitales, Ley APNFD
La mayoría de los países del mundo han promulgado legislaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Desde finales de la década de los años noventa y principios del nuevo siglo, los países de Centroamérica y Panamá han llevado a cabo procesos de fortalecimiento de sus marcos legales, especialmente en sus sistemas bancarios.
Además, en los últimos 5 años, se ha observado una tendencia regional, promovida principalmente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y por los Gobiernos locales, para regular a los sectores no financieros en las economías de Centroamérica y Panamá, los cuales se denominan “Actividades y Profesiones No Financieras Designadas” (APNFD) conforme a la nomenclatura utilizada por la GAFI.
Honduras no es ajena a esta realidad. A finales del año 2014 se aprobó la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (Ley APNFD), siendo publicada en el diario oficial La Gaceta en abril 2015. Sin embargo, el reglamento respectivo fue publicado hasta junio 2018 con lo cual se oficializó el proceso de regulación de dicho sector no financiero bajo la supervisión prudencial de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
La tipificación del sector APNFD en Honduras es muy amplia si se compara con las legislaciones de los otros países de Centroamérica y Panamá. Las actividades y profesiones sujetas a la Ley APNFD, se describen brevemente en el anexo 1 de este boletín. La Ley APNFD requiere de las empresas obligadas a establecer una serie de controles internos que claramente impacta la cultura de riesgo, relación comercial con los clientes y proveedores, y los costos operativos del control en las empresas APNFD.
¿Cómo impacta la Ley APNFD a mi empresa?
Primeramente, debemos decir que la Ley APNFD supone para las empresas del sector no financiero, un cambio significativo en su forma de conducir sus negocios por el cambio que debe imperar en la cultura organizacional y la gestión de riesgos de las APNFD.
Se trata del cumplimiento de una normativa supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la cual supone una serie de medidas importantes en los modelos de negocios de las empresas respecto a la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT).
En este sentido, la implementación de un enfoque basado en riesgos (EBR), el cual se refiere a las medidas apropiadas dirigidas a prevenir o mitigar los riesgos identificados de LA/FT, se vuelve imperativo, tal que la empresa APNFD debe tomar decisiones sobre cómo asignar sus propios recursos de modo más efectivo, mediante el establecimiento de procesos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de LA/FT; aspectos que muy posiblemente no existen o existen parcialmente dentro de las prácticas actuales.
Además, se trata de un proceso que debe permear la cultura organizacional en todos los niveles, es decir, las Juntas Directivas o Consejos de Administración, Propietarios, Gerencias Generales y Sub Gerencias, mandos medios, niveles operativos, e incluso a los colaboradores que atienden y manejan directamente la relación comercial con los clientes, por ejemplo, en los mostradores, cajas, plataforma de servicios, call centers, centros de servicio técnico, etc.
Es por ello que es fundamental comprender las implicaciones de la Ley APNFD tanto a nivel de cultura de riesgos como operativamente a fin de garantizar una preparación óptima en cumplimiento de la norma en todos sus aspectos.
La Ley APNFD pone especial énfasis en dos aspectos fundamentales, que la asemeja en mucho a la regulación que aplica al sector financiero – bancario:
1) Medidas de debida diligencia de los clientes y proveedores
2) Verificación y documentación del origen de los fondos de los clientes
Con respecto al primer punto, más allá de tener los datos generales de los clientes y los proveedores, que usualmente se limitan a los aspectos como: nombre, tipo de identificación, Registro Tributario Nacional, lugar de residencia, teléfono, correo electrónico, patrono, etc., la Ley APNFD requiere de las empresas obligadas a complementar sus bases de datos con otros rubros de sus clientes, la cual deberá ser reportada a la CNBS como, por ejemplo, escritura de personería jurídica con el detalle de la estructura de propiedad, incluyendo accionistas con los porcentajes de participación, descripción del propósito de la relación comercial con la empresa APNFD e indicación si el cliente/proveedor forma parte de un grupo económico.
Con respecto al segundo punto, la ley APNFD requiere que las empresas sujetas deben realizar una labor de verificación y documentación del origen de los fondos de sus clientes y proveedores; ya no basta con aceptar lo que declaran los clientes / proveedores, sino que existe el requerimiento de verificar la información mediante documentación física que debe resguardar la empresa obligada en el expediente del cliente / proveedor.
Estos dos puntos implican el establecimiento de controles internos y reportería que a lo mejor no existen actualmente en muchas de las empresas, por lo que deben tomar las previsiones necesarias en cada caso en cumplimiento de la normativa.
Por otra parte, La Ley APNFD impacta a las empresas sujetas con el requerimiento de establecer una estructura interna responsable de gestionar los riesgos de LA/FT. En este sentido, es necesario el nombramiento de un Funcionario de Cumplimiento, persona interna a la empresa que conoce el mercado y el negocio, responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención de LA/FT e la empresa obligada.
Dependiendo del tamaño, volumen de negocios y cobertura geográfica de la empresa obligada, quizás el Funcionario de Cumplimiento requiera de un equipo de apoyo (Unidad de Cumplimiento) por lo que no se debe pensar que basta con solamente una persona atendiendo esta función, especialmente en el caso de grupos económicos con varias empresas relacionadas; todo lo contrario, hay que planificar muy bien la necesidad de recurso humano, sistemas de información (equipo de cómputo, bases de datos, etc.).
El plan de acción del Funcionario de Cumplimiento se materializa por medio de un Programa de Cumplimiento que, previa aprobación de la Junta Directiva de la empresa obligada, se debe presentar a la CNBS. El seguimiento al proceso de cumplimiento normativa de la Ley APNFD y la labor del Funcionario de Cumplimiento es responsabilidad del Comité de Cumplimiento, que se debe integrar con miembros de la Junta Directiva, Gerencia General u otros que se consideren pertinentes, para conocer los casos de operaciones sospechosas por parte de los clientes o proveedores de la empresa APNFD, para reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Finalmente, bajo el plan de acción de la Estrategia Nacional de Riesgo para combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la Ley APNFD se aplica conjuntamente con la Ley Especial de Lavado de Activos y la Ley Contra el Financiamiento al Terrorismo y sus reglamentos, por lo que es de esperar que en su labor de supervisión, la CNBS realice cruce de bases de datos de clientes / proveedores de las empresas obligadas con las de otras autoridades (tributarias -SAR-, poder judicial, etc.).
En Consultora Transfer Pricing Advisors contamos con el equipo y la experiencia necesaria para poder brindarles asesoría y acompañamiento en este proceso. Contáctenos.
ANEXO 1: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas bajo Ley APNFD de Honduras
Con base en el Artículo 18 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, enuncia los sectores APNFD considerados como Sujetos Obligados, todas las disposiciones referentes a las instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) relacionadas al delito de lavado de activos y testa ferratos; son igualmente aplicables a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), que realicen las actividades y profesiones siguientes:

References: resolución 
 artículo 124
 artículo 28
 artículo 281
 artículo 28
 Artículo 18