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Timestamp: 2019-02-19 21:16:08+00:00

Document:
Resolución de TEAF Navarra, 960761, 17-10-2000 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 960761 de 17 de Octubre de 2000
Núm. Resolución: 960761
Impugna el sujeto pasivo las autoliquidaciones correspondientes a los períodos 1992-93-94-95 pretendiendo que se declaren exentas las prestaciones recibidas por hijo minusválido a cargo. Desestimada la petición por la Sección gestora, interpone recurso de alzada. Se estima. Teniendo en cuenta que la ley establece exención para las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo de acogimiento de personas afectadas por minusvalía, se trata en el caso de determinar el sentido de la palabra ?acogimiento?. Debe realizarse una interpretación del vocablo en un sentido usual y no jurídico atendiendo a la preocupación social de que se hace eco el legislador en materia de Seguridad Social, así, puesto que acoger significa recibir en el propio domicilio a una persona y que el beneficio fiscal puede extenderse, según se desprende de la literalidad de la ley, a cualquier persona que reciba este tipo de prestación aun siendo un extraño, con más razón ha de entenderse comprendido en este precepto el supuesto de que el acogido sea un hijo. Indicar que también el Organo hace una referencia en su resolución sobre si es posible rectificar la autoliquidación inicialmente planteada por el sujeto pasivo.
1º) Rentas exentas: prestaciones por minusvalía. 2º) Posibilidad de rectificar autoliquidaciones.
Visto escrito presentado por Don (?), con D.N.I. número (?) y domicilio en (?) (Navarra), en relación con solicitud de impugnación de autoliquidaciones formuladas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los años 1992, 1993, 1994 y 1995.
PRIMERO.- El ahora recurrente presentó sus reglamentarias declaraciones-liquidaciones por el Impuesto y años de referencia, en tiempo hábil.
SEGUNDO.- Mediante escrito presentado en la Oficina Tributaria de Tafalla del Departamento de Economía y Hacienda, de (?) de julio de 1996, solicitó el interesado la impugnación de las autoliquidaciones correspondientes a los ejercicios arriba indicados, en el sentido de imputarse por mitad entre él y su esposa la prestación por hijo minusválido a cargo. Dicha solicitud fue desestimada por Resolución de la Sección de I.R.P.F. y Patrimonio, de (?) de noviembre de 1996. Y contra ella viene ahora el interesado a interponer recurso de alzada ante este Organo mediante escrito con fecha de entrada en la Oficina Tributaria de Tafalla del Departamento de Economía y Hacienda, de (?) de diciembre de 1996, insistiendo en la pretensión formulada con anterioridad.
PRIMERO.- Ha de declararse, en primer lugar, la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 1º y 2º de su Reglamento, aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra, de 19 de junio de 1981, habiendo sido interpuesto en plazo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto. Particularmente, tratándose en el caso de impugnación de autoliquidaciones ha de estarse al contenido del Decreto Foral 237/1991, de 4 de julio, en cuyo artículo 2º.c) se establece que ?la solicitud de rectificación podrá efectuarse siempre que la declaración-liquidación o autoliquidación no se hallase en alguna de las situaciones siguientes: (...) c) Que la Administración hubiese practicado liquidación provisional, salvo en el supuesto en que el obligado tributario alegase posteriormente motivos distintos de los que originaron aquélla y siempre teniendo en cuenta lo dispuesto en la letra b) anterior?. Pues bien: en el presente caso sucede que respecto de la declaración-liquidación del año 1994 se practicó liquidación provisional, pero en punto a cuestión distinta de la que es objeto de examen en este momento, razón por la cual el presente procedimiento revisor es perfectamente viable respecto de dicho concepto impositivo y año. Y, por otro lado, ha de hacerse una precisión en torno a los periodos impositivos objeto de reclamación, puesto que, por error, la Sección gestora ciñó su Resolución al año 1995, cuando el interesado extendió su solicitud a los ejercicios más arriba indicados.
SEGUNDO.- La pensión del caso tiene su origen en la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas. La exposición de motivos de esta norma dice que con las disposiciones de esta Ley ?vienen a completarse las reformas básicas del Sistema de la Seguridad Social iniciadas con la Ley 26/1985, de 31 de julio, de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social, cuyo preámbulo ya preveía que el siguiente paso habría de ser ?una regulación unitaria de las distintas acciones de los poderes públicos para integrarlas en un nivel no contributivo de pensiones en favor de aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos económicos propios suficientes para su subsistencia?. Según el legislador esta norma responde a ?una de las demandas prioritarias de la sociedad?, cual es ?la garantía de pensiones públicas para todos los ancianos o inválidos sin recursos que, por las causas que fueren, no acceden a las prestaciones hoy vigentes?, aspiración que ha sido recogida por diferentes Organizaciones inter o supranacionales, que recomiendan la extensión del ámbito de la Seguridad Social procurando ?asegurar a los ciudadanos, particularmente a quienes se encuentran en estado de necesidad, unas prestaciones mínimas?. En este ámbito debe enmarcarse la reforma encaminada a la generalización de las prestaciones por hijos a favor de todos los ciudadanos, actuación legislativa animada por ?un criterio redistributivo, que se concreta en el establecimiento de unos niveles máximos de ingresos para acceder a dichas prestaciones?. Vista la naturaleza de la prestación percibida por el interesado (que no vendría sino a compensar la especial carga económica que suponen las atenciones que han de dispensarse a un hijo afectado por una minusvalía), procede ahora examinar si una tal renta puede encajarse en el supuesto de exención previsto en la letra j) del artículo 10 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dicho precepto establece la exención de ?las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento de personas mayores de 65 años o afectadas por minusvalías en el grado reglamentariamente determinado?. Lo procedente, a continuación, es determinar el alcance del término ?acogimiento? que aparece en este precepto. Y así, cuando el Código Civil se refiere a la institución del acogimiento (artículos 172 y siguientes), hace expresa y exclusiva referencia al acogimiento de menores. Por su parte, nuestro Fuero Nuevo también hace referencia entre sus normas al acogimiento, a través de la institución del acogimiento a la Casa. Ahora bien: en el presente caso debe interpretarse el término ?acogimiento? en un sentido usual y no jurídico (precisamente atendiendo a esa preocupación social de que se hace eco el legislador en materia de Seguridad Social), puesto que la propia norma se está refiriendo a supuestos ajenos a los contemplados por la normativa civil (tanto el de minusválidos, en general, como el de personas mayores de 65 años): así que ?acoger? significaría aquí simplemente recibir en el propio domicilio a una persona de las reseñadas en el artículo 10.j) y prestarle toda clase de atenciones. Por otro lado, debe tenerse en consideración que de la redacción literal del artículo 10.j) se desprende que la persona acogida que da lugar a la renta que se declara exenta puede ser perfectamente un extraño, por lo que si se establece un tal beneficio fiscal en estos casos, con más razón habrá de entenderse comprendido en este precepto el supuesto de que el acogido sea un hijo, en virtud del principio de protección social, económica y jurídica de la familia, recogido en el artículo 39 de la Constitución.
Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar el recurso de alzada interpuesto por Don (?) contra Resolución de la Sección de I.R.P.F. y Patrimonio, de (?) de noviembre de 1996, relativa a tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y años 1992, 1993, 1994 y 1995 (aunque, por error, sólo se refiere al año 1995), debiendo tomarse como renta exenta la prestación percibida por el recurrente con motivo del acogimiento de su hijo Don (?).
Prestación por hijo minusválido a cargo
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Resolución de TEAF Navarra, 970704, 22-03-2001
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 22/03/2001 Núm. Resolución: 970704

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