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Timestamp: 2017-03-30 12:47:56+00:00

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SCJN.tesis.Mexicanos 1º.pdf
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INTERÉS LEGíflMO DE ASOCIACIONES GIVILES EN DEFENSA DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓT.¡. CI JUZGADOR DEBE ANALIZAR EL
LA LIJZ DE LA AFECTACIÓN
RECLAMADA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO
DE AMPARO. De conformidad con lo que estableció el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J.
5012014 (10a.), de título y subtítuto: 'lNTERÉS LEGíT|MO. CONTENTDO
Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE
AMPARO (|NTERPRETAC|ÓN DEL ARTíCUIO 107, FRACCTÓN ¡, DE
MEXICANOS).', para la procedencia del juicio de amparo debe tomarse
en cuenta existencia de un vínculo entre ciertos derechos
fundamentales y una persona que comparece en el proceso, la cual no
requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico,
sino de la aptitud de expresar un agravio diferenciado al l:esto de los
integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual,
real y jurídicamente relevante, por medio del cual pueda reclamar a los
poderes públicos que actúen acorde con el ordenamiento; de ahí que con
la concesión del amparo debe lograrse un efecto positivo en su esfera
jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la
resolución que, en su caso, llegue a dictarse. Así, tratándose del interés
legítimo de asociaciones civiles en defensa de derechos colectivos, el
juzgador debe realizar un estudio integral de la naturaleza del derecho, el
objeto social de la asociación y la afectación que se alega. Por tanto,
cuando una persona jurídica alega la transgresión del derecho a la
educación por parte de las autoridades estatales, no procede sobreseer
en el juicio por considerar exclusivamente que los reclamos tienen por
efecto salvaguardar la constitucionalidad y la legalidad del ordenamiento,
sino que es necesario anâlizar la pretensión aducida a laluz del derecho
cuestionado, para determinar la forma en la que dicho reclamo trasciende
a la esfera jurídica de la quejosa, en virtud de que el amparo tendrá por
objeto reparar la violacíón a su esfera jurídica.
Amparo en revisión 32312014. Aprender Primero, A.C. y otra. 11 de
maÍzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de
Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José
Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo
Rebolledo. Secretario: Ricardo Antonio Silva Díaz.
Nota: La tesis de jurisprudencia P.lJ. 5012014 (10a.) citada, aparece
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de
noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo l, noviembre de 2014,
LICENCIADO HERIBERTO PEREZ REYES, SECRETARIO DE
ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E RT lF IGA: Queel rubroytexto de
la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este
alto tribunal, en sesión de fecha quince de mayo de dos mil quince.
México, Distrito Federal, dieciocho de mayo de dos mil quince. Doy
MSN/lgm.
TESIS AISLADA CLXVlll/20r5 (r0a.)
A LA EDUCACIÓN. ES UNA ESTRUCTURA JURíO¡CN
QUE SE CONFORMA CON LAS DIVERSAS
OBLIGACIONES IMPUESTAS TANTO EN LA CONSTITUCIÓN, COMO
EN LOS DIVERSOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. El derecho
a la educación es un derecho social y colectivo el cual se entiende como
una prerrogativa que tiene todo ser humano a recibir la formación, la
instrucción, dirección o enseñanza necesarias para el desarrollo armónico
de todas sus capacidades cognoscitivas, intelectuales, físicas y humanas;
se trata de un elemento principal en la formación de la personalidad de
cada individuo, como parte integrante y elemental de la sociedad. Dicha
prerrogativa está contenida en el artículo 30 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 13.1 del Pacto
lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el 13.1 del
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo
26.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y Xll de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. De estos
ordenamientos se desprende que la efectividad de este derecho se
obtiene mediante el cumplimiento de una diversidad de obligaciones que
están a cargo de una multiplicidad de sujetos, tales como la capacitación
de las personas para participar en una sociedad libre, que debe impartirse
por las instituciones o el Estado de forma gratuita y ajena a toda
discriminación, en cumplimiento a las características de disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Todas estas obligaciones
estructuradas de manera armónica, a partir de las obligaciones generales
de promoción, protección, respeto y garantía que establece el artículo 1o.
matzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO
JUSTIGIA DE LA NACIÓN, C E RT lF IGA: Que et rubro ytexto de
TESIS AISLADA cLxlx/20r5 (10a.)
A LA EDUCACIÓN. SU EFECTIVIDAD ESTÁ
GARANTIZADA POR DIVERSAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER
POS¡TIVO Y NEGATIVO A CARGO DEL ESTADO Y DE LOS
PARTICULARES. De los artículos 3o. de la Constitución Política de los
Estados unidos Mexicanos; 13, numeral 1, del Pacto lnternacional de
Derechos Económicos, sociales y culturales; 13, numeral 1, del Protocolo
Adicional a la convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 26, numeral 1,
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y Xll, de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se
advierte el establecimiento de diversas obligaciones, tanto positivas como
negativas, a cargo del Estado y de los particulares, tendientes a respetar
y garantizar el derecho humano a la educación en favor de todo
ciudadano, como base de la sociedad a la que pertenece. Por tanto, la
efectividad del derecho indicado puede lograrse mediante el cumplimiento
de obligaciones de respeto, en las cuales se busca no obstaculizar o
impedir el acceso al goce de los derechos; igualmente, a través de
conductas positivas, como las relativas a llevar a cabo acciones para no
permitir que terceros obstaculicen esos bienes referentes a la protección
del derecho, o incluso acciones de garantía, que aseguran que el titular
del derecho acceda al bien cuando no pueda hacerlo por sí mismo.
Asimismo, pueden identificarse prohibiciones, como las relativas a no
impedir el acceso a los servicios de educación, al igual que conductas
positivas relacionadas con la prestación de servicios educativos de
manera gratuita, dentro de lo cual se incluye la construcción de centros
educativos, de instalaciones sanitarias, la participación de docentes
calificados y el pago de salarios competitivos, entre otras. Además, si bien
es ciefto que los ordenamientos disponen una puesta en práctica gradual
del derecho y reconocen las restricciones debidas a las limitaciones de los
recursos, también lo es que se imponen obligaciones con efecto
inmediato, como lo es la no discriminación, la relativa a mantener un
sistema transparente y eficaz para comprobar si la educación se orienta o
no realmente a los objetivos educativos, así como la de establecer
normas mínimas que deben cumplir todas las instituciones de enseñanza
privada, entre otras.
JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E RT lF ICA: Que et rubroytexto de
MSN/lgm
TESIS AISLADA CLXX/2015 (10a.)
A LA EDUCACION. SU EFECTIVIDAD SE ENCUENTRA
GONDIGIONADA
OBLIGACIONES IMPUESTAS TANTO AL ESTADO COMO A LAS
ASOCIACIONES CIVILES. El derecho a la educación es una estructura
jurídica compleja cuya efectividad se garantiza mediante el cumplimiento
de una diversidad de obligaciones, impuestas tanto a los funcionarios
estatales, como a los particulares encargados de la enseñanza privada y
diversos actores de Ia sociedad civil. En ese contexto, el punto tres de la
Observación General número 13, del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, relativo a las obligaciones de agentes distintos de
los Estados parte, señala en su párrafo 60 la obligación del Estado de
mantener esfuerzos coordinados para lograr el ejercicio del derecho a la
educación, a fin de intensificar la coherencia y la interacción entre todos
los participantes, incluidos los diversos componentes de la sociedad civil.
Dicha obligación se corrobora con lo dispuesto por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, al proclamar en 1994, el Decenio de las
Naciones Unidas para la Educación sobre Derechos Humanos (19952004), en el que se hizo un llamamiento a todos los gobiernos para que
ampliaran su participación en la educación en la esfera de los derechos
humanos y pidió a los órganos no gubernamentales, que se ocuparan de
vigilar la observancia de los derechos humanos y prestaran especial
atención al cumplimiento, por parte de los Estados miembros, de su
obligación internacional de promover la educación en la esfera de los
derechos humanos. Estas obligaciones se encuentran estrechamente
relacionadas con lo que establece el artículo 3o., fracción lll,
constitucional, en el que se impone al Ejecutivo Federal la obligación de
considerar la opinión de los diversos actores sociales involucrados en la
educación. Por tanto, la efectividad de este derecho se logra mediante el
cumplimiento de obligaciones que recaen en distintos sujetos, es decir, se
requiere de la intervención tanto del Estado, como de los particulares, así
como de asociaciones civiles, en la promoción, protección, respeto y
garantía, ya sea en su carácter de sujetos obligados o titulares del
derecho, de acuerdo con la relación jurídica de la que se esté hablando.
marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Taldívar Lelo de
LICENCIADO HERIBERTO PEREZ REYES, SECRETARIO
ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE
JUSTICIADE LA NACIÓN, C E RTIF tCA: Que et rubroytextode
México, Distrito Federal, dieciocho de mayo de dos mit quince. Doy
TESIS AISLADA GLXXI/2015 (r0a.)
DERECHO A LA EDUCACIÓN. PARA QUE LAS ASOCIACIONES
CIVILES PUEDAN ACUDIR AL JUIC¡O DE AMPARO A RECLAMAR SU
INCUMPLIMIENTO, DEBEN ACREDITAR QUE SU OBJETO SOCIAL
TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE SE CUMPLAN LAS
OBLIGACIONES EN MATERIA EDUCATIVA, ASí COMO PROBAR
HABER EJERGIDO ESA FAGULTAD. El derecho a la educación es una
estructura jurídica compleja en la que se comprenden diversos derechos y
obligaciones, por lo que su garantía no sólo corre a cargo del Estado, sino
también de las asociaciones civiles encargadas de su defensa, las cuales
tienen la facultad de verificar su efectividad. Así, para que estas personas
jurídicas puedan acudir
al juicio de amparo para reclamar el
incumplimiento por parte de las autoridades respecto de las obligaciones
en materia educativa, deben acreditar que su objeto social tiene como
finalidad verificar el cumplimiento de ese derecho, en atención a que el
artículo 107, fracción l, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos exige, para acudir al juicio referido, la existencia de una
especial situación frente al orden jurídico, por lo que ésta puede
acreditarse con el vínculo entre el derecho humano reclamado y la
persona que comparece en el proceso. En esas condiciones, cuando en
el amparo se defienda el derecho a la educación en sus distintas facetas,
como las relativas a la existencia de instituciones y programas de
enseñanza accesibles a todos, sin discriminación, tanto en el aspecto
material como en el económico, así como su aceptabilidad en la forma y
el fondo, aunado a la flexibilidad requerida para adaptarse a las
necesidades sociales y de las comunidades, se concluye que la
asociación civil se encontrará involucrada dentro del espectro de este
derecho, si en atención a su objeto social puede participar directa y
activamente para realizar alguna de las actividades y obligaciones
impuestas por la Constitución Federal y los ordenamientos internacionales
respecto a la efectividad del derecho a la educación; aunado a ello, no
basta que dichas facultades estén enunciadas en su objeto social, sino
que la asociación civil debe probar que las ha ejercido.
Amparo en revisián 32312014. Aprender Primero, A.C. y otra. 11 de
marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de
JUSTICIADE LA NACIÓN, C E RT lF IGA: Queet rubroytextode
TESIS AISLADA CLXXII/2O15 (10a.)
DERECHO A LA EDUCACIÓN. LA EXISTENCIA DEL AGRAVIO
DIFERENCIADO EN UNA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LOS
CIUDADANOS, SE ACREDITA CON LA TRASCENDENCIA DE LA
AFECTACIÓN A SU ESFERA JURÍDICA CONFORME A LA
NATURALEZA DEL DERECHO CUESTIONADO. Atento a la naturaleza
del derecho a la educación, existe un agravio diferenciado en una
asociación civil respecto del resto de los integrantes de la sociedad,
cuando su objeto social consiste en la protección de ese derecho, al no
tratarse de una defensa abstracta de é1, sino de una defensa específica
relacionada estrechamente con el objeto para el cual fue constituida, por
lo que obstruir su acceso al juicio de amparo, a su vez impediría que la
asociación cumpliera con uno de los fines para los que fue creada. Ahora,
si bien es cierto que el interés de cualquier ciudadano y el de una
asociación pudieran coincidir en algún punto, ya que ambos tendrían un
interés simple para verificar que las autoridades cumplan con sus
obligaciones, también lo es que el agravio diferenciado se actualiza en
virtud de la naturaleza del derecho a la educación y la protección del
objeto social de la asociación; aunado a ello, el hecho de permitir a una
persona jurídica, vinculada específicamente a la efectividad del derecho a
la educación, cuestionar los actos de las autoridades en el juicio de
amparo, implica el cumplimiento de lo impuesto en el artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a no
obstaculizar el acceso al ejercicio del derecho. Además, una eventual
concesión de la protección federal generaría un beneficio específico a
dicha asociación, pues podría ejercer libremente su objeto social, con Ia
finalidad de investigar y evaluar las condiciones del derecho a la
educación; de ahí que pueda considerarse que tiene un interés propio
distinto del de cualquier otro gobernado, pues además de defender el
derecho a la educación acude en defensa de su esfera jurídica, al
considerar que los actos de las autoridades impiden el cumplimiento de su
marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de
JUSTICIADE LA NACIÓN, C E RT lF IGA: Queel rubroytextode
TESIS AISLADA CLXXlll/2O15 (10a.)
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA
CAUSAL RELATIVA
LA IMPOSIBILIDAD DE REPARAR LA
VIOLACIÓN ALEGADA, S¡ SE DETERMINA LA EXISTENCIA DE UN
INTERÉS LEGÍTIMO A UNA ASOCIACIÓTI CIVII. EN DEFENSA DEL
DEREGHO A LA EDUcAclÓN. Esta suprema corte de Justicia de la
Nación ha determinado que de la interpretación del artículo 73, fracción
XVlll, en relación con el diverso 80, ambos de la Ley de Amparo
abrogada, deriva una causal de improcedencia del juicio constitucional
relacionada con la imposibilidad de reparar la violación alegada ante una
eventual concesión del amparo, para
cual, deben cumplirse
determinados requisitos, los cuales son de aplicación estricta'por tratarse
de una excepción a la regla de procedencia del juicio. Ahora bien, dicha
causal de improcedencia no puede actualizarse cuando se alega un
interés legítimo en defensa del derecho a la educación, pues el juzgador
debe considerar, para una eventual concesión, la naturaleza del acto
reclamado, del derecho cuestionado, así como la pretensión formulada,
en virtud de que, a partir de la reforma constitucional publicada en el
Diario oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, tanto el concepto
tradicional del interés jurídico como el principio de relatividad sufrieron
modificaciones, por lo que es indispensable tomar en cuenta los nuevos
parámetros constitucionales para resolver los juicios de amparo, así como
los efectos de su concesión. De ahí que si el reclamo en el juicio de
amparo consiste en un acto omisivo, en relación con el incumplimiento de
las autoridades a diversas facultades contenidas de forma expresa en la
ley, su objeto, en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, será
verificar si cumplieron con dichas facultades, motivo por el cual una
eventual concesión del amparo tendrá por efecto obligarlas a realizar
dichos actos en respeto al derecho a la educación.
Rebolledo. Secretario: Ricardo Antonío Silva Díaz.
LICENCIADO HERIBERTO PÉNCZ REYES, SECRETARIO
JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E RTtF IGA: eue el rubroytextode
TESIS AISLADA GLXXIV/2O15 (10a.)
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO PUEDE ALEGARSE
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS
Y, POR ELLO, SOBRESEER EN EL JUICIO, CUANDO SE ACTUALIZA
LA EXISTENCIA DE UN INTERÉS LEGíT¡MO EN DEFENSA DE UN
DERECHO COLECTIVO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación determinó que para declarar improcedente el juicio de amparo, al
advertir la imposibilidad para restituir al quejoso en el goce del derecho
violado, debe realizarse un ejercicio especulativo sobre una posible
violación de derechos con la finalidad de determinar la eficacia para
restaurar el orden constitucional que se alega violado, es decir, debe
hacerse un análisis conjunto del derecho que se aduce transgredido, a la
luz del acto de autoridad y su afectación, para determinar si la autoridad
responsable puede repararla. Sin embargo, no es posible alegar la
violación al principio de relatividad de las sentencias y, por ello, sobreseer
en el juicio, cuando se actualiza la existencia de un interés legítimo en
defensa de un derecho colectivo, como lo es el de la educación, pues la
aceptación de dicho interés genera una obligación en el juzgador de
buscar los mecanismos adecuados para remediar los vicios de
inconstitucionalidad, aun cuando salgan de la esfera individual del
quejoso, por lo que no sería exacto invocar la relatividad de las sentencias
como causa de improcedencia del juicio, de conformidad con el artículo
1o., pârrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que prevé la obligación de las autoridades de garantizar los
derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad,
progresividad, en relación con el
interdependencia, indivisibilidad
artículo 17 constitucional, que garantiza una tutela judicial efectiva. Así,
buscar las herramientas jurídicas necesarias constituye una obligación
para el órgano jurisdiccional de amparo, para que, una vez identificada la
violación a los derechos humanos, su decisión pueda concretar sus
mazo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E RT ¡F ICA: Que el rubroytexto de
TESIS AISLADA CLXXV/2Oí5 (10a.)
ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE
LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA
PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTE DEBE
DESVIRTUAR. El artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada prevé que
cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se
presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a
cargo del quejoso demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, salvo
que sea violatorio de garantías en sí mismo, pues en ese caso la carga de
a las autoridades para demostrar su
constitucionalidad. En esas condiciones, cuando en eljuicio de amparo se
reclama que la autoridad no ha desplegado sus facultades, se genera una
presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Así, dicho
acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es
decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar
las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad,
esto, en concordancia con
artículo 82 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo
2o. de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está
obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de
un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho
negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es la
autoridad quien debe probar lo contrario.
Ramón Cossío Diaz, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo
LICENCIADO HERIBERTO PÉNCZ REYES, SECRETAR¡O
JUSTICIADE LA NACIÓN, C E RT lF IGA: Que et rubroytexto de
TESIS AISLADA GLXXVI/2015 (10a.)
AUDITORíA SUPENIOR DE LA FEDERACIÓN. SUS ATRIBUCIONES
RESPECTO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚELICN E],I
MATERIA DE EDUCACIÓN. De conformidad con los artículos 74,
fracciones ll yVl, y79, fracciones l, lll y lV, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,2S a 28 de la Ley de Coordinación Fiscal,
2, fracción 1,3, 12, fracciones l, lll y lV, 13, fracciones ly ll, 15, fracciones
l, V, VI, XyXll aXVll,39,49, fracciones laV,50, fracciones ly ll, y51 a
56 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 1,
86, fracciones I y lll, 114, fracciones l, lV y V, 115 y 118 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Primero, Tercero, fracción
l, Noveno, Décimo, Décimo Primero y Décimo Noveno, fracciones I a lV,
de los Lineamientos Generales de Operación para la Entrega de los
Recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios, así como las cláusulas primera, cuarta,
fracciones I a Vl, y decima séptima del Acuerdo número 482 por el que se
establecen las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío, o la
incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Educación Básica y Normal (FAEB), corresponde a la Auditoría Superior
de la Federación la custodia y aplicación de fondos y recursos de los
Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, sobre el
desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los
programas federales. Asimismo, debe investigar los actos u omisiones
que impliquen una irregularidad o conducta ilícita en el manejo, la
custodia y la aplicación de fondos y recursos federales, determinando los
daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al
patrimonio de los entes públicos federales, fincar directamente a los
correspondientes, así como promover ante la autoridad correspondiente el
fincamiento de otras responsabilidades (responsabilidad de los servidores
públicos y patrimonial del Estado, denuncias y querellas penales). De
igual forma, la Auditoría Superior de la Federación, durante la verificación
de los objetivos contenidos en los programas, podrá emitir observaciones
derivadas precisamente de la fiscalización de las cuentas públicas, las
cuales pueden derivar en determinadas acciones: ¡) solicitudes de
aclaración; ii) pliegos de observaciones; iii) promociones de intervención
de la instancia de control competente; iv) promociones del ejercicio de la
facultad de comprobación fiscal; v) promociones de responsabilidad
administrativa sancionatoria; vi) denuncias de hechos; y, vii) denuncias de
juicio político, así como recomendaciones. Así, la Auditoría Superior de la
Federación, como órgano de fiscalización, cuenta con acciones, ya sean
recomendaciones y recomendaciones al
desempeño, y correctivas, como las promociones de intervención de la
preventivas, como
instancia de control, del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, de
responsabilidades administrativas sancionatorias, denuncia de hechos,
denuncia de juicio político, solicitud de aclaración
observaciones. En esas condiciones, en términos del artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger y
garantizar el derecho a la educación, las autoridades de la Auditoría
Superior de la Federación deben acreditar haber ejercido todas estas
facultades de forma amplia y exhaustiva.
Amparo en revisiôn 32312014. Aprender Primero, A.C. y otra. 11 de
maÍzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de
JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E RT tF tCA: eue et rubro ytexto de
TESIS AISLADA CLXXVII/2O15 (10a.)
AUDITORíA SUPTN¡OR DE LA FEDERACIÓN. LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CORRESPONDEN DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA
PÚBLIcA EN MATERIA DE EDUcAcIÓN, TAMBIÉN coMPRENDEN
LA DE ¡NFORMAR A LAS AUTORIDADES SOBRE LA POSIBLE
coMlSlÓN DE coNDUcTAs lLÍclTAS. A la Auditoría Superior de la
Federación corresponde la custodia y aplicación de los fondos y recursos
de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, sobre el
programas federales; además, debe investigar los actos u omisiones que
impliquen una irregularidad o conducta ilícita en el manejo, custodia y
aplicación de los fondos y recursos federales. Así, en todos los casos
donde se determine un perjuicio a la Hacienda Pública Federal, para
garantizar y proteger el derecho a la educación, la Auditoría Superior de la
Federación debe ejercer las facultades que tiene atribuidas, como lo es,
por un lado, el procedimiento para fincar responsabilidades resarcitorias
(que tiene por objeto resarcir al Estado y a los entes públicos federales, el
monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se causen) y,
por otro, la obligación de informar a las demás autoridades sobre la
posible comisión de conductas que pudieran constituir responsabilidades
en el ámbito penal o administrativo. Lo anterior es así, en virtud de que
tanto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, como en diversos instrumentos internacionales, se establece
de forma categórica que la efectividad del derecho a la educación se logra
cuando se dota de los materiales y métodos educativos, así como de la
organización escolar, la infraestructura educativa, y la idoneidad de los
docentes y los directivos que garanticen el máximo logro de aprendizaje
de los educandos, para lo cual es indispensable una debida asignación de
los recursos en esta materia, por lo que en el ámbito de sus
competencias, corresponde a la Auditoría Superior de la Federación
verificar e informar del incumplimiento de estas obligaciones.
JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E RT lF lC A: Que el rubro ytexto de
TESIS AISLADA cLXXVll l/201 5
DEREGHO
OBLIGACIONES DEL ESTADO EN
EFECTIVIDAD. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos prevé que todas las autoridades en el ámbito de sus
competencias deben promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos, por lo que dentro de esas obligaciones, en
cumplimiento al derecho a la educación, reside la facultad otorgada al
Congreso de la Unión para expedir las leyes necesarias destinadas a
distribuir la función social educativa entre la Federación, Ios Estados y los
Municipios, así como fijar las aportaciones económicas correspondientes
a ese servicio público y señalar las sanciones aplicables a los funcionarios
que incumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas y a todos
aquellos que las infrinjan. Así, existe una obligación del Estado de
verificar la correcta aplicación de los recursos destinados para el
cumplimiento del derecho humano a la educación, de la cual se advierte
el carácter del Estado como sujeto obligado y comprometido a través de
instrumentos internacionales, al cumplimiento de los fines educativos, sin
que pase inadvertido que el monto del presupuesto destinado anualmente
al sistema educativo (por parte de los tres órdenes de gobierno) estará
sujeto siempre
las disposiciones de ingresos gasto público
correspondientes que resulten aplicables. En ese sentido, en la
observación General No. 3, de las adoptadas por el comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la organización de las Naciones
unidas, se señaló la existencia del compromiso de los Estados Parte de
garantizar y respetar los derechos como el de educación; compromiso
que se cumple no sólo a través de medidas legislativas, sino también por
medio de las de carácter administrativo, financiero, educacional y social;
motivo por el cual, el Poder Judicial, como integrante del Estado, también
está obligado, mediante la resolución de los juicios, a imponer el
cumplimiento de obligaciones por las cuales se logre una mayor
efectividad de los derechos, como en Ia especie, el derecho a la
maÍzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldíva¡ Lelo de
JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E RTIF IGA: eue el rubroytextode
la anterior tesis aislada fueron aprobados por Ia Primera Sala de este
TESIS AISLADA CLXXI)U2Or5 (10a.)
A LA EDUCACIÓI,¡. M
RESTITUCIÓN EN EL GOCE DEL
DERECHO VIOLADO IMPLICA OBLIGAR
LA AUTORIDAD A
DEMOSTRAR QUE REALIZO TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS
EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN O, DE NO HABERLO HECHO,
EXIGIR QUE LAS LLEVE A CABO. En cumplimiento al derecho a la
educación, la Auditoría Superior de la Federación está obligada, en el
ámbito de sus competencias, a realizar todas las acciones necesarias de
forma amplia y exhaustiva que logren una fiscalización efectiva. Así,
cuando se vulnera la esfera jurídica de una asociación civil que demuestre
ejercer las facultades dentro de su objeto social, en las que se comprenda
realizar los actos necesarios de protección del derecho a la educación,
como lo es dar seguimiento al destino de los recursos humanos,
materiales y presupuestarios que sean adecuados y suficientes para
garantizar la educación de calidad, la restitución en el goce del derecho
humano violado debe tener por objeto obligar a la autoridad a demostrar
que ya realizó todas las acciones necesarias para el ejercicio de sus
facultades o, en su caso, de no haberlo hecho, exigir que las lleve a cabo,
pues dicho actuar permitirá a la asociación quejosa ejercer de forma plena
su objeto social respecto a la protección del derecho a la educación.
JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E RT lF lG A: Que et rubro ytexto de
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26
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 artículo 80
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1

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2
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