Source: http://magistraturanqn.gov.ar/resoluciones.php?men=62&dim=1656&mes=03&a=2017
Timestamp: 2018-07-15 23:14:33+00:00

Document:
Neuquén, 14 de Marzo de 2017.-
Que a fs. 353/358 y 359/386, los Dres. Juan Pablo Chirinos y Leticia Lorenzo interponen, respectivamente, impugnaciones contra las calificaciones que a su respecto efectuara el Jurado interviniente en la etapa técnica del referido Concurso.
Que, en fecha 09/03/17, ingresa respuesta al traslado conferido, confeccionado en forma consensuada por los miembros del Jurado.-
Que, el referido informe, reza textualmente:“…PATRICIA ROMINA LUPICA CRISTO y MARIANO NICOSIA, jurados designados para la evaluación técnica - escrita y oral - inherente al Concurso Público N° 124, que se destina a cubrir dos cargos de Jueces Penales para el Colegio de Jueces de la I° Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén, tienen el honor de dirigirse a Usted, y por su intermedio al Pleno del Consejo de la Magistratura, a efectos de presentar dictamen en relación a las impugnaciones que oportunamente formularan dos de los postulantes en esta compulsa, contra las calificaciones asignadas para la etapa técnica y a tenor del artículo 32 del Reglamento de Concursos.- I.- IMPUGNACION JUAN PABLO CHIRINOS Mediante su presentación escrita ingresada el día 24 de febrero del corriente, el postulante Juan Pablo Chirinos (seudónimo en fase de evaluación escrita W8V5N6E7) formula agravios y pedido de recalificación en relación a los puntajes que se asignaran a sus producciones escrita y oral, sobre la base de los argumentos que a continuación se sintetizarán y responderán en cada caso.- I.1. INSTANCIA ESCRITAI.1.a Elimpugnante plantea como crítica inicial la discordancia general entre las consignas del examen escrito y los puntos a considerar al momento de la corrección, al sostener que, como en el trabajo práctico no se solicitó expresamente el abordaje de los puntos señalados como puntuables en el dictamen, ello ha perjudicado a todos los aspirantes en tanto ellos, al resolver, adoptaron una postura, desechando tácitamente las demás alternativas propuestas por las partes. No corresponde aceptar el planteo, a la luz de que específicamente se requirió el abordaje de todos los planteos suscitados en los diversos escenarios de actuación que planteaba el caso, frente a lo cual, a fin de dotar de mayor transparencia a la corrección, es que el dictamen cuestionado consignó de manera expresa qué puntaje obtendría el abordaje acertado del postulante a cada uno de dichos planteos, según su grado de importancia y complejidad. Invocar que los jueces deben reducir el tiempo de las audiencias, y que ello les habilita a no responder a los planteos de las partes que les parezcan inconducentes sin dar razones del por qué de tal improcedencia, inscribiría a la decisión en la doctrina de la arbitrariedad, y priva al jurado evaluador de la chance de conocer cuál es el manejo concreto que tiene el aspirante de la materia comprendida.- I.1.b En cuanto a la primera consigna del trabajo escrito, en el dictamen hubo de descontársele un punto al concursante, de los dos posibles, señalando que no abordó en su análisis el primer peldaño de corroboración para el dictado de cualquier medida de cautela personal consistenteen la existencia de un caso probatoriamente fuerte en relación al imputado, y que su argumentación en relación al peligro de fuga lució algo segmentada. No cuestiona el impugnante la segunda de las críticas formuladas, y sólo justifica la primera omisión en que la cuestión le pareció evidente por el escenario de flagrancia en que se produjo la detención del acusado: es justamente ello lo que debió ser materia de su análisis al momento del examen, como parte fundamental de toda decisión en materia de coerción procesal.-I.1.c En cuanto a la segunda consigna del trabajo escrito, aquella que se refirió a la resolución de los diversos planteos y posicionamientos de la audiencia de control de la acusación, el impugnante insiste en que no debió exigirse, en la corrección, abordaje integral de todas las temáticas debatidas sino solamente de aquellas que como Juez él considerara relevantes. Cabe estar, a su respecto, a lo ya manifestado sobre el punto; correspondiendo aclarar que cada una de los planteos introducidos merecía respuesta, aún a título subsidiario, como modo de dotar de suficiente fundamento a la decisión, y de permitir también una estimación honesta sobre los conocimientos del concursante sobre las temáticas en las que fuera invitado a pronunciarse. En ese sentido, sostener que las calificaciones alternativas a la acusación que propició la defensa no merecían tratarse en la audiencia de control sino en el juicio y en base a la prueba allí producida supondría, merced a ese diferimiento de la decisión -posible aún a título provisional y en base a los aspectos fácticos que ofrecía el caso-, privar arbitrariamente a la parte del derecho a obtener la suspensión del juicio a prueba, y precisamente evitar el riesgo de condena en la fase del plenario.- Respecto de cuestiones particulares de este segmento del examen escrito, aduce el postulante que él ha demostrado sus conocimiento en la temática del denominado “aberratio ictus” porque propuso instrucciones al jurado en ese sentido, aunque pierde de vista que dicha actividad corresponde a una instancia posterior del proceso, y que al hacerlo de ese modo, fuera de la ponderación que se le requería en la audiencia de control, no hubo de demostrar manejo dogmático de dicha figura al pretenderse que la vinculara a los elementos básicos del hecho imputado. Lo mismo cabe predicar sobre los demás planteos de la defensa cuyo tratamiento fue omitido: homicidio simple con exceso en la legítima defensa, homicidio simple en estado de emoción violenta, e inaplicabilidad de la agravante genérica del artículo 41 Bis CP.- En relación a otros cuestionamientos, sobre tópicos en los que fue penalizado en razón de falta de abordaje o de abordaje escueto y sin fundamentación mínimamente suficiente, el impugnante aduce que no se les otorgó a los concursantes, al momento del examen, tiempo suficiente para explayarse. Destacamos que el espacio de tiempo del que para ello dispusieron los postulantes -cuatro horas y media- ha sido razonable, y su prudente administración corrió por su cuenta, no por la de los evaluadores.- Sobre el descuento de un punto por no mediar análisis de admisibilidad formal, de encuadre normativo y de requisitos de la suspensión de juicio a prueba, sugiere que el mismo debió inferirse del hecho de que él admitió la vía, lo que es sustancialmente equivocado, como lo es la aseveración de que ello no era exigible en la audiencia de control de acusación: es precisamente entonces donde se suscita el pedido de la parte y la decisión que la acuerda o la deniega. En cuanto a la respuesta del postulante a la crítica que se le formulara en el dictamen sobre su opinión respecto a la posibilidad de acordarse una suspensión a prueba del juicio después del dictado un veredicto de culpabilidad, aludiendo al precedente “Temux” del TSJ, es ello y a nuestro modo de ver incorrecto, por la naturaleza esencialmente contingente de lo allí decidido sobre la temática, y la notable divergencia de lo ocurrido en aquel caso con el aquí propuesto, sumado a que el legajo en cuestión se trataba de una causa en transición. A todo evento, las referencias del recurrente en cuanto a la práctica tribunalicia en Río Negro son claramente inaplicables, ello conforme a la expresa previsión normativa del CPP de Neuquén sobre el punto (artículo 108 párrafo tercero).- Acerca de la cuestión no tratada suficientemente en relación al planteo del MPF sobre la pretensa inconstitucionalidad de la previsión contenida en el CPP neuquino en lo atinente a las condiciones sustanciales de procedencia de la suspensión del proceso a prueba, trasladable eventualmente a todo el andamiaje de criterios de oportunidad contenidos en los códigos procesales provinciales modernos, vinculada a la vulneración aparente del principio de igualdad ante la ley penal en base a la arrogación por las provincias de potestades legislativas delegadas al estado federal, el impugnante no aporta elemento alguno acerca de cómo podría reputarse su respuesta como solvente. Su alusión -en el escrito impugnativo- a previsiones actualmente contenidas en el CP no supone un análisis de constitucionalidad sobre la temática.- En síntesis, reputamos que los cuestionamientos introducidos por el postulante a la calificación propiciada para su producción escrita no conmueven lo así decidido, por lo que corresponde la confirmación de su dosimetría en DIEZ (10) puntos.- I.2. INSTANCIA ORAL Las críticas del postulante al puntaje asignado en relación a su exposición oral se relacionan a la validez del tema introductorio por él escogido, y a la alegada corrección de su postura en relación a la tema del anticipo jurisdiccional de prueba previo a que se formulen cargos, a la admisibilidad para el debate de las entrevistas practicadas por el MPF sin control jurisdiccional, y a la adecuación general de sus respuestas a las inquietudes que se formularon sobre dogmática penal.- Repasando el audio correspondiente a la evaluación oral del postulante, resaltan los siguientes aspectos, que consideramos relevantes para su puntuación: I.2.a La selección -como tema introductorio- del rol del juez y su proactividad en el proceso penal actual: sin dejar de ser interesante y novedoso, no componía ninguno de los tópicos propuestos para el temario del concurso, al menos de los que se podría considerar principales. El enfoque dado por el concursante a la temática no se vinculó a los poderes procesales del juez frente a las facultades reservadas a las partes, lo que tendría gravitación directa con las particularidades del sistema adversarial, sino a la denominada “justicia terapéutica”. Así, con argumentos, resaltó la importancia del valor de la palabra, de que los justiciables comprendan el sentido de las decisiones, de que tengan posibilidad de ser escuchados, de que sean bien tratados, de que perciban la posición de neutralidad del juez a través de su gestualidad, entre otros. Sin embargo y como ya se dijera, la argumentación se basó casi exclusivamente en anécdotas que el postulante comentó en la mesa acerca de su actuación como Juez de Ejecución en Río Negro, un cargo disímil al aspirado, correspondiente a un sistema de procedimiento no equiparable al vigente en Neuquén. Cabe subrayar además que el tema seleccionado, sin dejar de ser interesante pues pone en valor cuestiones de estilo que impactan en el servicio de justicia, no es particularmente demostrativo de las capacidades jurídicas del aspirante en relación a las cuestiones principales que lo ocuparían en el cargo.- I.2.b Justamente en razón de lo anterior, la evaluación tendió a explorar aquellos aspectos atinentes a la posición del juez penal en un sistema adversarial, en escenarios en los que dicho rol ingresa en situaciones de conflicto. Así, se le planteó cómo haría para decidir en supuestos de acusaciones divergentes entre el MPF y el querellante, en la audiencia de control de acusación, sin exponerse al riesgo de ser recusado luego por la defensa por haber emitido opinión al respecto: el concursante propuso que siempre atendería al interés preponderante, “al interés de la víctima, si tiene mejor derecho para ir a juicio”. No se percató de que la ley orgánica del MPF justamente prevé una instancia específica de decisión interna, que eventualmente le permite al juez eludir el dilema planteado. Preguntado al respecto, evidenció desconocimiento de tal previsión normativa.-I.2.c Intentado nuevamente una evaluación de los conocimientos del postulante en asuntos relevantes de su tema de inicio, se le planteó otra situación conflictiva, que es la del fiscal que, investigando un hecho grave del que no tiene elementos aún para formalizar cargos, solicita la declaración bajo las reglas de anticipo jurisdiccional de un testigo gravemente enfermo, con riesgo de vida, para preservar su testimonio en miras a un eventual y futuro debate. El tema aquí es espinoso porque, en un escenario tal, el sospechado no ha sido aún citado a proceso, no tiene defensa técnica designada, y mal podría controlar una prueba de cargo cuando desconoce qué imputación ella le podría suponer en el futuro. El concursante no identificó de inmediato ese inconveniente, tal como debiera, pues propuso que citaría al defensor público, que lo conminaría a que en esas condiciones ejerza su ministerio, que indagaría por qué la fiscalía no formula aún cargos contra el sospechado, etcétera. Luego, en el intercambio, el postulante entró en confusión conceptual aparente sobre los conceptos de admisibilidad y de valoración de la prueba, indicando que en última instancia el problema se solventaría en el debate y de acuerdo a lo segundo, cuando en verdad el inconveniente residiría en lo primero. Al fin optó por relativizar toda la temática, aseverando que si el testigo se muriese, permitiría el ingreso al debate de una entrevista tomada sólo por el fiscal y registrada en video, lo que en todo caso sería materia de valoración por las partes y los jueces. Preguntado en cuanto a cómo ello cumpliría con el principio de inmediación y el derecho de confronte del imputado con los testigos de cargo, aseveró que lo trataría como una prueba documental admisible, y que la merituaría desde la perspectiva de la simple credibilidad probatoria.- Todo el posicionamiento del concursante frente a la cuestión es incorrecto, y no atiende a principios importantes que nutren el derecho de defensa en juicio, el debido proceso y el sistema acusatorio. Sus referencias, en la mesa y en el propio escrito de impugnación, a la adecuación de su postura a los estándares de legislación comparada y de la Provincia de Río Negro no empece a su contrariedad con las reglas procesales que rigen la actuación del cargo al que aspira: artículos 1, 6, 7, 10, 14, 23, 155 2° y 182, entre muchos otros, del CPP de Neuquén.- I.2.d. A continuación, se le consultó opinión sobre los elementos subjetivos en las causas de justificación, a lo que el concursante respondió que en verdad es especialista en derecho civil y no en derecho penal, lo que más allá de su loable franqueza, no dejó de llamar la atención. Luego, sostuvo que en una situación en la cual el autor obrara objetivamente dentro de un permiso legal, pero sin el propósito de hacerlo al amparo del mismo, negaría en toda su extensión la justificación permisiva de tal acción típica y la consideraría antijurídica. Ello, sin ningún argumento correctivo, resulta contrario a la enorme mayoría de las posturas dogmáticas sobre el tema, por lo que para establecer si en efecto era ésa la posición del postulante, se le situó frente un ejemplo clásico de legítima defensa objetiva de terceros sin propósito de obrar dentro del permiso, a lo que el concursante reafirmó que lo resolvería como un injusto completo, sin asignar, al menos argumentalmente, la relevancia o intrascendencia que correspondería darle a la subjetividad del agente en ese contexto. Su postura en la impugnación no le auxilia, en tanto el autor que cita propicia -precisamente- la solución diametralmente opuesta.-I.2.e Siguiendo en teoría del delito, se le consultó cómo propondría distinguir un error de prohibición vencible de uno invencible, particularmente en lo que se refiere a la medición de las posibilidades concretas del agente de superar el error, no logrando situarse correctamente en tema, al aludir a la alteración de las facultades. Indagando sobre la misma temática, se le preguntó qué consecuencia penal le asignaría a un caso de error vencible de prohibición, respondiendo desacertadamente que lo trataría de la misma manera que al caso de quien no obró bajo esa condición.- I.2.f Finalmente, tocando un punto de derecho penal parte especial, se interrogó sobre un aspecto de discusión frecuente como lo es la diferencia que a nivel subjetivo se presenta entre las figuras de homicidio criminis causa del artículo 80 7° CP y la del homicidio en ocasión de robo prevista en el artículo 165 CP, a lo que el postulante no logró dar respuestas satisfactorias, proponiendo que se conformaría con dolo eventual en el caso de la primera figura, y con culpa con representación en el de la segunda, lo que a todas luces importaría una aplicación irracional de la ley penal.-Efectuada entonces una nueva ponderación del desempeño general del Dr. Juan Pablo Chirinos en su examen oral, no cabe más que reafirmar que el mismo luce como un
profesional muy instruido en la temática particular que abordó en su tema de inicio. Pero los tópicos allí tratados no atañen a cuestiones principales de formación jurídica inherentes a la función jurisdiccional a la que aquí aspira, e indagado sobre ellas, en la particular instancia de examen a la que se sometió, no logró evidenciar un grado de conocimiento aceptable. Ese entendimiento no resulta, a nuestro juicio, rebatido en la impugnación bajo análisis, por lo que corresponde la confirmación de la graduación de su desempeño en la etapa en SEIS (6) puntos.- II.- IMPUGNACION LETICIA MARIA FLAVIA LORENZO Mediante su presentación escrita ingresada el día 24 de febrero del corriente, la postulante Leticia María Flavia Lorenzo -seudónimo en evaluación escrita V7U4M5D6- formula agravios y pedido de recalificación en relación a los puntajes que se asignaran a sus producciones escrita y oral, sobre la base de los argumentos que a continuación se sintetizarán y responderán en cada caso.- II.1. INSTANCIA ESCRITA II.1.a En igual línea argumental a la del postulante Chirinos, la impugnante critica en general los parámetros de evaluación propuestos para la corrección de los trabajos escritos, destacando -tabulación mediante- la diferente cantidad de consignas, o de los puntos comprendidos dentro de cada una de ellas, frente a los tópicos puntuables que se consignaran al inicio del dictamen de calificación. Dentro de dicha idea, cuestiona la sobreponderación que estima presente en lo atinente a la resolución de la batería de planteos y contra-argumentos suscitados en la audiencia de control de acusación para analizarse la viabilidad del pedido de la defensa, en miras a la suspensión del proceso a prueba, considerando que ello no es el objetivo central de dicha audiencia, sino sólo la determinación de si el caso debe o no progresar hacia el juicio.- Por el contrario, justamente por ello, la decisión jurisdiccional sobre un planteo de probation está en el núcleo mismo de los propósitos de la instancia intermedia del proceso, porque una vez superado el control intrínseco del requerimiento acusatorio, sobreviene la necesidad contingente de determinar si, pese a la superación de aquél examen, corresponde o no la apertura del juicio en base a la proposición de soluciones alterativas al mismo que la defensa pudiera efectuar.- En el caso práctico concreto, el orden lógico de tratamiento por el juez pasaba por, en primer lugar, despejar todos los cuestionamientos sobre la calificación jurídica debida a los hechos fijados en el reproche, y luego, a las resultas de ello, ingresar al análisis de procedencia del instituto suspensivo, teniendo a la vista la compleja trama de posicionamientos cruzados suscitados durante la audiencia. Cada uno de esos dos escalones de análisis, y dentro de ellos, cada punto argumental, debió de ser abordado por el hipotético juez o jueza, de modo de emitir una decisión fundada. Sus grados de complejidad variable es cuanto justificó su disímil puntuación.- En todo caso, el mayor o menor nivel de respuesta jurídica del postulante a cada una de dichas situaciones problemáticas revelaría cuál fue su grado de comprensión de las mismas, de ubicación dentro del rol propio del cargo, de conocimiento teórico de las temáticas comprendidas en la decisión y de su capacidad de adecuación al caso concreto. Redunda ello en una calificación esencialmente más justa de la producción escrita, máxime si se advierte que todos los aspectos relevados como puntuables aparecen perfectamente distinguibles en los contextos de decisión en que se colocó a los concursantes. Por ende, se desestima este segmento del cuestionamiento.- II.1.b Se cuestiona asimismo que, dentro de la consigna referente a la resolución de los planteos suscitados en el desarrollo de la audiencia de control de acusación, no se asignó puntaje específico para la decisión preliminar consistente en determinar si la acusación pública cumplía o no con los parámetros formales exigibles para la elevación del caso a juicio. Si bien es cierto que la impugnante atendió a ello en su examen, no lo es menos que no formó parte de planteo alguno de la defensa, sino solamente en lo referido a calificación legal debida a los hechos, en miras a su estrategia de suspensión del proceso a prueba. Entonces, si bien correcto, el desarrollo de la concursante sobre este aspecto no es más que una iniciativa personal que excedió los requerimientos del examen, y más allá de poder ser apreciable, no se hace merecedor de puntuación.- II.1.c La postulante resultó parcialmente penalizada en el dictamen por reputarse que no dio respuesta jurídicamente fundada y contextualizada en los hechos del caso en relación a buena parte de las propuestas de la defensa relacionadas a cambios en la significación jurídica del reproche: eludió considerar tales cuestiones, derivándolas para el debate y para la valoración probatoria propia del mismo. En efecto, ello impidió establecer cuál es el grado de conocimiento teórico de la aspirante sobre las temáticas de aberratio ictus, emoción violenta, y exceso en casusas de justificación, con más su eventual incidencia a la luz de las proposiciones fácticas no controvertidas del caso. Contrariamente a lo que se sostiene en el memorial de impugnación, esa evaluación de conocimientos teóricos y de análisis dogmático de casos no es susceptible de lograrse mediante la respuesta a la cuestión de las instrucciones al jurado, porque ella es propia de una etapa posterior, y carece de una valoración concreta por la examinada.- II.1.d Enlo atinente a la rebaja de un punto sufrida por la recurrente por su falta de abordaje de los requisitos de análisis de admisibilidad formal y encuadre normativo de la suspensión de juicio a prueba propiciada por la defensa, su cuestionamiento finca en que sí lo consignó en su examen, al referirse al obstáculo derivado de la expectativa de pena correspondiente a la significación jurídica escogida para el reproche. Aún así, las normas aplicables al caso -artículos 76 Bis CP y/o 108 CPP- determinan recaudos de orden independiente, tanto sustanciales como formales, que en efecto no son tratados en el trabajo presentado, por lo que el cuestionamiento no es procedente.-
Lo mismo cabe predicar sobre los demás tópicos omitidos en la decisión que se proyectara: gravitación del “antecedente” argüido por el Ministerio Público, incidencia de la restricción del artículo 76 Bis del CP, e inconstitucionalidad del artículo 108 CPP. Específicamente reconoce la postulante que se le advirtió al comienzo del examen, de manera verbal, que deberían tratarse todos los planteos, aún a título subsidiario. A la crítica que formula sobre la escasez de tiempo para la resolución del caso práctico, no cabe más que reproducir aquí lo dicho sobre el mismo tema traído en la impugnación previa: cuatro horas y media es un término razonable, cuya sensata administración es resorte sólo del interesado.- Por lo expuesto, consideramos que los cuestionamientos introducidos respecto a la calificación propiciada para la producción escrita de la concursante no desmerecen lo así decidido en el dictamen originario. Comprendemos entonces que corresponde la confirmación de su cuantificación en DOCE (12) puntos.- II.2. INSTANCIA ORAL Las críticas de la postulante al puntaje asignado a su exposición oral se vinculan a la indeterminación relativa de las pautas de calificación de esta fase del examen, a la corrección de su postura frente a los diversos escenarios problemáticas que le fueron plantados, y a la menor incidencia que -a su juicio- tendrían los tópicos no respondidos en el conjunto global de la evaluación. Repasando el audio correspondiente, resaltan los siguientes aspectos que consideramos relevantes: II.2.a La selección -como tema introductorio- del ámbito de decisión del juez de la audiencia de control de acusación sobre el tipo de tribunal que habrá de intervenir en la instancia de juicio. A su respecto, postuló correctamente que el rol como jueza de garantías lo enfocaría allí como reguladora de las expectativas de las partes, en sentido formal y material. Identificó entonces diversos ejes de análisis, repasando los tres tipos de tribunal de juicio previstos en el CPP, clasificados en base a la pena en expectativa fijada en la acusación. Al desarrollar el eje derivado del principio de igualdad, sustentó su argumentación en estadísticas provinciales, comparando las tasas de enjuiciamiento por jurados y por tribunal colegiado de la circunscripción de la capital contra las de la circunscripción del interior, con desglose de los casos correspondiente a delitos contra la integridad sexual. Como segundo eje de análisis ubicó la especificidad o pertinencia estricta de la calificación legal de la acusación, destacando que su análisis en el marco de la audiencia de control influirá en la determinación del tribunal, y argumentando, nuevamente con datos estadísticos de casos enjuiciados por jurados, en el sentido de que en ellos se ha tendido a elegir figuras agravadas con anuncios de penas elevadas, sanciones que después no se han plasmado con igual gravedad en la decisión final. En calidad de tercer eje, apuntó a la chance real de obtener una pena determinada, con cita de Alberto Binder respecto a las condiciones de verificabilidad de la acusación y de imposición de penas, argumentando correctamente sobre las limitaciones generales y específicas que emergen de la opinión de dicho autor. Pero, para reforzar su tesis, se apoyó nuevamente en proyecciones estadísticas, indicando que los juicios por jurados en la provincia terminaron casi todos con penas inferiores a las que en su momento pronosticara el fiscal, lo que le pareció preocupante por las falsas expectativas que se pusieran en cabeza de las partes.- Tal como se consignara en el dictamen observado, el tema fue desarrollado de manera correcta por la postulante, logrando un discurso coherente en pos de su tesis vinculada a la proactividad del juez en la instancia decisoria sobre el tipo de tribunal de juicio que habrá de juzgar un caso. Sin embargo, contrariamente a lo que se alega en la impugnación, preponderó en la presentación del tema una línea de razonamiento que derivó de datos estadísticos provinciales sobre resultados finales de juicios por jurados y por tribunal colegiado, lo que sin dejar de tener su relevancia, no permite asignarle a la expositora un puntaje determinante acerca de su capacidad de análisis jurídico.- II.2.b Al momento de las preguntas, vinculadas desde luego al tema escogido, se procuró una confrontación argumental con la postulante, a los efectos de que fijara los límites de su tesis en cuanto a la proactividad judicial propuesta. En dicha senda, se avino a reconocer como excepción que, de requerirse por el imputado un tribunal por jurados, aún en el supuesto de una acusación con expectativa de pena exorbitante, sí admitiría la vía por mandato constitucional, explicando que ello sería factible además porque las oficinas judiciales no incurrirían en mayores costos operativos o de gestión. Cuando se le explicó que la pregunta no se orientaba a un análisis de factibilidad de gestión, sino al rol proactivo del juez frente a un eventual posicionamiento estratégico del imputado y su defensor aspirando a un tribunal colegiado como modo de obtener un debate de mayor calidad en cuanto a valoración de prueba y deliberación, sostuvo que el tema, sin llegar a la categoría de cuestión de orden público, era de organización judicial, mas reconoció que existen “zonas grises” en las que respetaría la postura de las partes.- II.2.c Como tema derivado del anterior, se situó a la postulante en un escenario de imputación defectuosa en la acusación, por desconexión entre la plataforma fáctica del reproche y la calificación legal, solicitándole explique cómo enfrentaría la cuestión en una audiencia de control de acusación si no hubiera en ella oposición de la defensa. La respuesta de la concursante transitó por el carril de introducirse en la acusación, dar a los hechos la calificación que considerara eventualmente correcta, y elevar el caso a juicio. Cuando se le indicó que ello podría implicar una vulneración de su rol, y que la situación podría encontrar solución en la específicamente prevista por el artículo 169 del CPP, expuso que ello no debería ocurrir, porque el Fiscal debería conocer su caso. A consecuencia de ello, consideramos correctamente formulada la consideración que se critica en el escrito de impugnación.- II.2.d A posteriori, se condujo la evaluación hacia el sistema de enjuiciamiento por jurados, su ubicación conceptual, y la posibilidad jurídica de que el mismo fuera eventualmente renunciado por el acusado. En este punto, tal como la impugnante lo propicia, debe reputarse admisible su postura -seguida por parte de la doctrina- en el sentido de conceptuar al instituto como un derecho de control ciudadano sobre el enjuiciamiento penal.-II.2.e Se interrogó también sobre la garantía del juez natural, tema sobre el cual brindó una definición aceptable, aunque más adelante, invitada a la reflexión acerca del compromiso que el sistema de designación de jueces por la Oficina Judicial podría suponer para aquella garantía, sencillamente no supo identificar el problema. El propio autor citado por la impugnante en su escrito recursivo (Maier), como muchos otros, definen a la garantía en trato como una manera de asegurar la independencia e imparcialidad del tribunal, evitando que él sea creado o elegido por alguna autoridad una vez que el caso ya ha sucedido. La regla tiene especial aplicación en los casos de tribunales que se encuentran integrados por un número mayor de jueces que los legalmente necesarios para integrar el órgano decisor del caso, caso específico de los Colegios de Jueces, y la pregunta acerca de quién o quiénes de sus miembros serán los integrantes del órgano de decisión concreto se debería resolver por las llamadas reglas de asignación de casos a jueces múltiples que integran el tribunal, todos portadores de una misma competencia. Pero esas reglas, tal como lo sostiene Maier, han de evitar la asignación por decisiones individuales para el caso, para en vez de ello emplearse un método rutinario, derivados del azar, verificable, que de tal modo garantice que la asignación no privilegia a un determinado interés y evite que uno de los protagonistas, por dominio del método, elija al juez o jueces individuales que integrarán el cuerpo de decisión. Es probablemente cierto, como se lo sostiene en la impugnación, que no hay solución especialmente prevista en la ley procesal para un eventual planteo que señale una vulneración a esas reglas en el caso consultado, pero lo cierto es que el problema no se solventaría con las reglas de excusas propiciadas por la concursante, y ella, como se dijo, no evidenció una capacidad de análisis crítico como la que se hubiera esperado sobre la temática.-II.2.f A continuación, se plantearon diversos escenarios de renuncia por parte del imputado a garantías individuales de protección en materia procesal, principalmente relacionadas a la posibilidad de abdicar de ellas en supuestos de declaración voluntaria bajo tortura, y bajo aplicación de dos métodos de coerción de grado menor (polígrafos y sueros de la verdad). Las respuestas de la postulante fueron formalmente correctas, pues al negar como legalmente posibles todas las renuncias ejemplificadas, sólo atinó a argumentar que “sería intervenir en la humanidad de la persona, y es coactivo, y además no aportaría nada a la confiabilidad de la versión”.-Más allá de tratarse de una postura a la que no se podría tachar de inaceptable, no reveló la concursante capacidad de análisis adecuado al respecto, pues no identificó -sino hasta que la mesa se lo apuntó- que lo que estaba en juego era la garantía de prohibición contra la auto-incriminación coactiva, que ella era una garantía prevista a favor del imputado y por principio renunciable, que aún así tal renuncia no podría ser constitucionalmente tolerable sólo en el supuesto de torturas y por expreso mandato convencional, etcétera. Más aún, el propio autor que cita en su impugnación -Maier- y otros de igual reconocimiento -Binder- postulan la solución precisamente opuesta a la propiciada por la concursante, la que en todo caso, no acompañó su opinión de una argumentación jurídica consistente.-II.2.g Puesta en la ardua situación de afrontar el deber de explicar a un tribunal de jurados los principios de la duda razonable, la postulante demostró solvencia en ese tema, con identificación correcta de la problemática que le atañe.-II.2.h Ingresando después a temas esenciales de dogmática penal, se le interrogó respecto a las diferencias entre los conceptos de legítima defensa necesaria y legítima defensa racional: la concursante reconoció con franqueza no tener idea del asunto, y que sólo podría ensayar una respuesta intuitiva. No pudo ubicar tampoco el límite del permiso en la legítima defensa.-II.2.i En cuanto a los elementos subjetivos de las causas de justificación y su discusión en el ámbito de la dogmática, no supo ubicarse conceptualmente dentro de la teoría del delito, en tanto confundió el dolo típico con el conocimiento por parte del autor de las circunstancias objetivas de justificación en las que obra. En cuanto al tema de excesos en las causas de justificación, no supo definirlos, un tampoco clasificarlos.- II.2.j Progresando hacia temas de derecho penal parte especial, preguntada en relación a una cuestión trascendental en los delitos contra la integridad sexual como lo es la discusión aún vigente sobre la tipificación de la fellatio in ore, no supo brindar una respuesta adecuada, aventurando que la cuestión se hallaba saldada con la actual redacción del tercer párrafo del artículo 119 CP, lo que justamente no sucede.- II.2.k Al fin, se le requirió que fijara en qué momento ocurre la consumación del delito de Robo Agravado por el resultado de lesiones ocasionadas a la víctima previsto en el artículo 166 inciso primero del CP, respondiendo también de modo desacertado, al aseverar que sólo ocurre la consumación recién después de que se desapodera el bien y se causan las lesiones al damnificado.- Efectuada entonces esta nueva ponderación del desempeño global de la Dra. Leticia Lorenzo en su examen oral, concluimos que le asiste razón en cuanto a la mejor ponderación que debió hacerse de las respuestas iniciales derivadas de su tema, y de la opinión que postuló en cuanto a la capacidad por el imputado de renunciar al juicio por jurados (punto II.2.b y II.2.d), lo que a nuestro modo de ver merece un ajuste en la calificación de la etapa.- Su formación académica en litigación adversarial y en enjuiciamiento por jurados es indudable, mostrándose desenvuelta en dichas temáticas.- No obstante, sus capacidades de argumentación jurídica en el conjunto restante de los temas abordados sobre temáticas de garantías procesales no se han evidenciado como especialmente consistentes, más allá del acierto o desacierto de sus respuestas. Y no obstante el menor tiempo de examen insumido, lo que obviamente respondió a la imposibilidad de entablar con la postulante un contrapunto argumental, no administra ella los conocimientos básicos sobre elementos estructurales de dogmática penal y de tipos en particular que le serían exigibles a un estudiante universitario de grado, lo que en miras al cargo al que aspira, incide mucho en la puntuación debida.- Por lo expuesto, corresponde la rectificación parcial de la graduación atinente a su desempeño en la etapa oral, quedando la misma cuantificada en DIEZ (10) puntos.- Sin otro particular, saludamos al Señor Presidente muy atentamente…”.-
Que, en Sesión ordinaria del día de la fecha, plasmada en Acta N° 009/17 se tomó conocimiento de la decisión del Jurado, teniendo por contestado el traslado conferido.-
Artículo 1º: RECHAZAR a la impugnación de Juan Pablo Chirinos.
Artículo 2º: HACER PARCIALMENTE LUGAR la impugnación deducida por la postulante Leticia Lorenzo contra la etapa de evaluación técnica del Concurso Público Nro. 124, rectificándose su puntaje por su desempeño en el examen oral, resultando éste de diez (10) puntos; por los argumentos vertidos en el informe transcripto en los considerandos que forman parte integrante de la presente.-
Artículo 3º: REGÍSTRESE. Notifíquese por cédula a los interesados.

References: artículo 32
 resolución 
 artículo 41
 artículo 80
 artículo 165
 resolución 
 resolución 
 artículo 76
 artículo 108
 resolución 
 artículo 169
 artículo 119
 artículo 166

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3