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Timestamp: 2018-10-19 00:12:10+00:00

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M2 S1 3 Buenas Practicas de Gestion Para Resultados Desarrollo ALC 2015
Curso- Acto Administrativo Procedimiento y Recursos Actualizado Al 4-6
Conferencia Potestad sancionadora
INTRODUCCION La presente lectura nos indica los diferentes actos administrativos en que se envuelve la administración pública, y como los
particulares podemos velar por que se cumplan los derechos cuando estos son violentados por algún acto administrativo de mala fe, siempre basándonos en lo que la ley nos permite hacer. La administración pública es el conjunto de órganos administrativos que sirven al estado para la elaboración de funciones y actividades destinadas a la producción de obras, bienes y servicios públicos a la sociedad. Este proceso de elaboración de funciones demanda la determinación del objeto para definirlos, lo cual supone la reunión de sus elementos, tratando de introducir una idea más o menos clara de lo que son los actos administrativos sobre todo su importancias que tienen estos adentro de lo que es el ordenamiento jurídico.
ACTO ADMINISTRATIVO DERECHO Y DEBERES DEL CIUDADANO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO La Administración cumple sus objetivos a través de su actividad, que normalmente se materializa mediante actos administrativos, según Canasi, el acto administrativo constituye la base esencia y fundamental de la actividad jurídica del Estado, en sentido lato regula la función administrativa, ya sea en forma de actos jurídicos o de actos materiales, dando origen, por su complejidad, a la llamada teoría del acto administrativo regulada por el Derecho Administrativo y que constituye la rama del Derecho Público. Dentro del conjunto de principios administrativos destaca el principio de legalidad, surgido de la Revolución Francesa, este principio implica que la administración solo puede actuar con arreglo a las potestades que la ley le confiere, el funcionario público no puede emitir un acto administrativo sin la previa existencia de una norma legal que le autorice a hacerlo. El Principio de juricidad en virtud del cual, ya a falta de una norma, el funcionario tiene la opción de aplicar los principios generales del derecho, cobrando desde ese momento una importancia especial y el acto administrativo es más justo. Se puede definir que el acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad, concreta o general, de un órgano administrativo competente, que produce efectos jurídicos directos, concretos o generales. Se dice que la declaración de voluntad del órgano administrativo es unilateral, porque las decisiones administrativas no son sometidas al concenso de voluntades. La declaración es concreta o general, cuando va dirigida a persona o personas determinadas, y mediante la cual se autoriza, se prohíbe o restringe un derecho. El órgano administrativo que emite el acto administrativo debe estar investido de competencia, para poder actuar, lo que se denomina competencia administrativa. Como todo acto, este produce efectos jurídicos, que es el elemento más importante, ya que si no hay efectos jurídicos no podrá denominarse acto administrativo. Los actos administrativos los podemos clasificar de la siguiente forma: Por su contenido: Imperativos. Los que contiene un mandato de hacer. Conformadores: estos van dirigidos a crear, modificar o suprimir una relación jurídica. Declarativos: son los que llevan implícitas declaraciones sobre determinadas propiedades de personas o cosas. Registrales: estos se limitan a consignar y acreditar que en los registros se encuentran asentadas determinadas particularidades. Por el órgano que los dicta:
Actos simples: los que emanan de una sola voluntad, en ejercicio de una competencia administrativa exclusiva, que corresponde a un órgano administrativo. Actos complejos: llamados también colectivos, son aquellos que se forman por el concurso de varias competencias. Por los efectos del acto sobre los administrados: Actos limitativos: estos contienen prohibiciones, órdenes o mandatos o bien disciplinan el ejercicio de los derechos de los particulares. Actos de ampliación: son los que amplían la esfera de los derechos de los particulares. Por la concurrencia de sus elementos: Actos validos o perfectos: contiene todos los elementos de fondo y de forma necesarios. Actos viciados o imperfectos: cuando los actos administrativos adolecen de algún defecto de forma o de fondo están viciados o imperfectos y son susceptibles de cualquier impugnación administrativa judicial. Actos reglados y discrecionales Actos reglados: son aquellos que se producen a partir de preceptos legales imperativos que contiene reglas específicas reguladoras de la actividad de la Administración en una materia determinada. El acto reglado, es el acto obligatorio, es aquel que constituye la mera ejecución de la ley, el cumplimiento de una obligación que la norma impone a la Administración cuando se ha realizado determinadas condiciones de hecho. Actos discrecionales: los actos discrecionales fluyen de normas jurídicas en las cuales existen diferentes interpretaciones posibles que permitan al funcionario encargado del órgano administrativo aplicar su criterio en la resolución finalizadora del procedimiento. Dentro de las características más importantes de los actos administrativos tenemos: La presunción de legitimidad: esta consiste en la posición de que el acto fue emitido conforma a derecho, es decir, que su emisión responde a todas las prescripciones legales. La ejecutividad: es la fuerza ejecutiva del acto, consistiendo en una particular vis jurídica propia del acto administrativo. La ejecución puede ser: Ejecución Directa: cuando los propios órganos centralizados o las entidades autónomas o descentralizadas del Estado se encargan de ejecutarlo, pues el particular voluntariamente lo acepta en su totalidad y empieza a cumplirlo. Ejecución indirecta: se produce cuando debe pedirse la intervención de un órgano jurisdiccional especial o privativo (económico-coactivo) o común (penal), para que coactivamente proceda a la ejecución del acto. Ejemplo cuando al particular se le
impone una multa y este no la paga, el Estado lo demanda en la vía económicacoactiva. Irretroactividad: el acto administrativo debe surtir efectos a partir de la notificación o publicación, a la persona a quien se dirige y nunca antes. La unilateralidad: el acto administrativo es una declaración unilateral y concreta de la Administración, que no requiere la voluntad del particular. La revocabilidad: significa la posibilidad de dejarlo sin efecto, puede ser analizada desde dos puntos de vista que son la Revocación de Oficio, que se manifiesta cuando el superior jerárquico del órgano administrativo autor del acto o bien el propio órgano que ha adoptado el acto proceden a su revocación. La revocación a petición de parte: se da cuando la resolución administrativa ha sido notificada legalmente al particular y este hace uso de los medios que la ley otorga para oponerse la misma, por quedar afectados sus derechos e intereses. Los elementos del acto administrativo los podemos clasificar como: esenciales y accidentales. Dentro de los esenciales tenemos los de fondo y de forma. Elementos de fondo: la competencia, la voluntad, el objeto o contenido, el motivo o motivos, y la finalidad. Elementos accidentales del acto administrativo: el plazo y la condición. Vicios del acto administrativo Para que el acto administrativo se valido es necesario que concurran una serie de elementos que hacen que el acto administrativo sea perfecto. Según Godínez clasifica los actos así: Actos jurídicamente inexistentes Actos anulables Actos vicidados de nulidad absoluta Actos viciados de nulidad relativa El acto administrativo produce sus efectos a partir del momento que ha quedado formado y una vez que se cumplan cierto requisitos que las leyes pueden establecer para que l propio acto sea conocido. Dentro de la ejecución directa de un acto administrativo se dan las siguientes situaciones: Ejecución directa voluntaria Ejecución directa no voluntaria La ejecución indirecta se refiere a aquellos actos que imponen a los particulares una obligación o que son susceptibles de afectar a sus derechos e intereses y no son cumplidos voluntariamente por estos.
La revisión de los actos administrativos es una facultad que ostentan los órganos administrativos superiores y que constituyen una de las consecuencias y efectos inmediatos de la jerarquía administrativa. Lo que implica que las competencia del subordinado sean exclusivas, el superior jerárquico siempre tiene la facultad de revisión. La revisión interna de oficio: los órganos superiores administrativos tiene la facultad de revisar la actuación de los subordinados: así por ejemplo el Presidente de la República sobre todos los subordinados de la Administración Publica centralizada, los Ministros de Estado sobre sus direcciones generales. El poder de revisión se convierte no solo en la facultad de revisar, sino, también, en la facultad de revocar los actos administrativos del subordinado, cuando estos no estén dictados de conformidad con la Ley o cuando no convengan a las políticas de gobierno. La revisión a petición de interesado: los particulares también tiene la facultad de solicitar la revisión de los actos y resoluciones de la administración pública cuando afecten a sus derechos e intereses y se vean lesionados por los mismos. El papel del administrado frente a la administración El administrado o particular juega un determinado rol o papel frente a la Administración pública, dependiendo de su intereses privados y del conocimiento de sus derechos y obligaciones. Comportamientos comunes El administrado o particular puede asumir diversos comportamientos como por ejemplo: el rol de líder, cuando se ubica a la cabeza de otros administrados, gestionando la adquisición, reconocimiento, protección o autorización de derechos y obligación. El rol de representante, cuando observa ciertas formalidades legales a nombre otros administrados, firmando solicitudes. El rol de manejador de problemas, si el demanda la toma de medidas para resolver situaciones no previstas, el rol de negociador, cuando discute y negocia con las autoridades situaciones no previstas. El rol de monitoreo, cuando obtiene información sobre la organización y funciones de la Administración pública. El rol del comunicador, cuando transmite y disemina la información obtenida por el monitor, y el rol de portavoz, cuando transmite información sobre los objetivos, políticas, acciones, planes y resultados de la Administración pública. Derechos y obligaciones políticas La constitución no distingue entre derechos y obligaciones políticas. En los artículos 135 y 136, con cierta imprecisión carece de importancia si objetivamente se toma en cuenta que el ejercicio de un derecho implica cumplimiento de una obligación, o a la inversa. Los derechos políticos se refieren al goce o al ejercicio de una libertad o de un poder, incluyendo privilegios e inmunidades establecidas legalmente.
La inscripción en el Registro de ciudadanos es un derecho y seguramente el primer pasó que debe dar todo administrado para asegurar su participación en general en las actividades políticas. La participación responsable se materializa en otros hechos: velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, por una parte, y por otra, la defensa del principio de alterabilidad y no reelección en el ejercicio de la Presidencia de la República. Este conjunto de derecho políticos se convierten en deberes y obligaciones. La obligación de cumplir y velar porque se cumpla la Constitución, de parte del administrado, significa que en todo tiempo y lugar habrá que observar y respetar las normas constitucionales y cuidar que otros también cumplan. Derechos y obligaciones administrativas El derecho de petición: la constitución consagra el derecho de petición en los términos siguientes: los habitantes de la República de Guatemala tiene derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforma a la ley. En materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días, articulo 28. El tiempo establecido en la Constitución para resolver y notificar la petición es de 30 días hábiles, si no hay resolución durante este tiempo, el administrado debe saber que hacer. Acceso a las dependencias públicas: el acceso es libre. El artículo 29 de la constitución asegura que toda persona tiene libre acceso a las dependencias y oficinas del Estado, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos. La constitución política prohíbe los registros y archivos de filiación política, exceptuando los archivos de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Publicidad de los actos administrativos: el hecho de hacer públicas las actividades y las decisiones de los funcionarios y empleados públicos elimina la posibilidad legal de las actividades y decisiones secretas. Dicha voluntad se manifiesta en los artículos 30 y 180 de la Constitución Política de la República de Guatemala. “todos los actos administrativos son públicos”. Derecho de defensa: todo administrado tiene derecho a ser oído o escuchado antes de que se tome una resolución que beneficie o afecte sus derechos e intereses. En esta afirmación se basa el derecho de defensa de que goza el administrado. Derechos de la Persona Humana: El derecho a la vida
Libertad e igualdad de la persona humana Derecho a una detención legal Derecho a la propiedad privada Derechos inherentes a la persona humana Derecho al bien común El procedimiento administrativo Es la serie de fases o etapas que comprende un expediente administrativo, que se ejecutan por si o ante las autoridades administrativas o los funcionarios o empleados públicos cuya finalidad es la decisión administrativa. El procedimiento administrativo es una garantía para los interesados, los administrados conocen el estado de tramitación de los asuntos que le conciernen, tiene acceso a la documentación pertinente, ejercen su derecho de audiencia y de presentación de alegaciones, etc. El expediente administrativo es la documentación escrita de un procedimiento administrativo, el cual se compone de documentos ordenados cronológicamente. Las partes en el procedimiento administrativo La administración publica a través de sus órganos competentes y el interesado Los principios del procedimiento administrativo Principio de legalidad y de juricidad: en el artículo 239 de la constitución política de la República dice: son nulas ipso jure las disipaciones, jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las norma reguladoras de las bases de recaudación del tributo. El principio de juricidad de la Administración Publica, exige no solo la sumisión a la ley, sino también a los principios generales del derecho. Principio de seguimiento de oficio: la impulsión de oficio, que responde a las exigencias propias del interés público que el procedimiento administrativo pone en juego. Los órganos de la Administración Pública tienen la obligación y responsabilidad de dirigir el procedimiento y de ordenar que en él se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para dictar la resolución final. Principio antiformalista: las peticiones que se dirijan a funcionarios o empleados de la administración pública deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de treinta días contadas a partir de la fecha en que hay concluido el procedimiento administrativo. Principio de legitimación: en un procedimiento administrativo solo intervienen los interesados.
Audiencia, defensa y contradicción: este principio debe ser tomado como una norma general y obligatoria para la administración y consiste en que el administrador antes de dictar una decisión, resolución o acto administrativo, debe dar la oportunidad al particular que se defienda, principalmente si se trata de una sanción por violación a las normas y reglamentos administrativos. Imparcialidad: la administración sirve a los intereses generales y, con ocasión de ello, respeta la norma y los límites impuestos por el Estado de Derecho. Escritura: es la manifestación y constancia escrita de los actos que la integran. Gratuidad: el procedimiento administrativo es gratuito, sin embargo, el principio no alcanza a los gastos ocasionados por la práctica de las pruebas propuestas por el interesado. Publicidad y secreto en el procedimiento administrativo: el artículo 30 de la Constitución nos dice: todos los actos de la administración son públicos, los interesado tiene derecho a obtener en cualquier tiempo, informes, copias reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que trate de asuntos militares. Las fases del procedimiento administrativo se dan con el Inicio del Proceso, la petición del particular puede hacerse por escrito o verbalmente, se presenta memoriales o de simples solicitudes en los que no requieren mayores formalismos, luego sigue la ordenación del procedimiento, notificándose al particular, comunicándosele el contenido del acto. Instrucción y diligencias: a lo largo del procedimiento, los interesados y la administración concurren a través de diversos trámites, de cara a garantizar el acierto y la legalidad de la resolución final. La resolución final: todo el procedimiento administrativo se oriente a la adopción de una última declaración de voluntad de carácter unilateral. El ordenamiento guatemalteco ha regulado esta resolución en un precepto relevante. Se trata del artículo 3 del Decreto 1119-96 del congreso de la República. “las resoluciones administrativas serán emitidas pro autoridad competente, con cita de normas legales o reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. Las resoluciones serán notificadas a los interesados personalmente citándolos para él o efecto por correo que certifique la recepción de la cedula de notificación.
Ejecución: la decisión administrativa puede ser objeto de cumplimiento y ejecución voluntaria por el particular. Zanobini establece el siguiente catalogo de instrumentos ejecutivos: Ocupación Ejecución sobre bienes, muebles o inmuebles, para el cobro de sumas de dinero. Ejecución de oficio o subsidiaria Coacción directa o compulsión sobre las personas Coacción indirecta
La comprensión de la naturaleza y aplicación de los actos de la administración nos ayuda a saber no solo cuáles son nuestras obligaciones, sino también nuestros derechos como ciudadanos. Además una perspectiva general nos permite apreciar la subjetividad del derecho que tiene especial preponderancia en la administración Pública. El espíritu del derecho no radica tanto en los hechos como en la expresión de las voluntades de los órganos. Estas voluntades no deben perder de vista la finalidad del bien común, ya que es esta la meta y el propósito del estado, el bien común de los habitantes de la nación. A veces puede confundirse el carácter unilateral de los actos con arbitrariedad o autoritarismo, pero no hay que olvidar que los administradores están en su lugar porque los elegimos a través del voto, por lo tanto, en última instancia, también tuvimos nuestro poder de decisión en cuanto a la administración de nuestro país se refiere. Es muy importante resaltar la importancia de la publicación para determinar la legitimidad de los actos, ya que no puede imponerse un derecho si no es reconocido como tal por el particular.
LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS El vocablo recurso es utilizado como sinónimo de impugnación y proviene del latín recursos que significa acción y efecto de recurrir, vuelta y retorno de una cosa al lugar de donde salió. El recurso es la acción que se deriva de la ley a favor de la parte que se considera perjudicada por una resolución judicial o administrativa, para pedir al mismo juez, tribunal o autoridad que la ha proferido, que quede sin efecto o sea modificada en determinado sentido, o para acudir a otro juez; tribunal o autoridad competente, en solicitud de que sea revocado, suspendido o mejorado el fallo que se reputa perjudicial. Diversos tratadistas han definido el recurso administrativo de la siguiente manera: para VIDEL “un recurso es una via de Derecho que permite obtener una nueva decisión conforme a Derecho”. MARIENHOFF indica que el recurso es un medio de impugnar la decisión de una autoridad administrativa, con el objeto de obtener su reforma o extinción. PRESUPUESTOS GENERALES Existencia de una resolución administrativa impugnable Para que el acto administrativo sea impugnable, este debe ser definitivo. En este sentido debe tenerse especial cuidado con las decisiones de algunas dependencias administrativas que ponen fin al procedimiento a través de providencias de trámite, pretendiendo con ello eludir una decisión final o confundir al administrado para que este no haga uso de su derecho de impugnación en los plazos que señala la Ley. Afectación a derechos o intereses del administrado Los recursos podrán ser deducidos por quienes aleguen un derecho o un interés legitimo. Interposición por persona interesada o por su representante El artículo 10 de la ley de lo contencioso administrativo define la legitimación como el derecho que tienen quienes hayan sido parte en el expediente o aparezcan con interés en el mismo de interponer un recurso administrativo. Plazo de interponían del recurso El plazo es el tiempo fijado por la Ley para que el administrado ejercite su derecho de impugnar. La fijación del plazo también es importantes para la Adminsitracion porque si el administrado no hace uso de ese derecho, la resolución queda firme y podrá procederse a su ejecución.
Establecimiento de un procedimiento determinado En la Ley de lo Contencioso Administrativo se establece el procedimiento que debe seguirse para la tramitación de los dos únicos medios de impugnación ordinarios (Recurso de revocatoria y Reposición) previstos contra decisiones de la Administración publica centralizada y de la descentralizada o autonoma. Emisión de una nueva resolución administrativa La autoridad administrativa, previo el examen de la juricidad de la resolución impugnada, queda obligada a emitir una resolución dentro del plazo que establece la ley revocando, confirmando o modificando la misma. Esta resolución debe ser notificada al administrado. Dando la posibilidad de iniciar ante los tribunales de justicia el proceso contencioso-administrativo, en el caso de existir disconformidad con la resolución administrativa que decide sobre el recurso administrativo. ELEMENTOS DEL RECURSO ADMINSITRATIVO Elementos subjetivos: El recurrente: es la persona que interpone el recurso, debiendo haber sido parte del expediente o aparecer con interés en el mismo. Se requiere que tenga legitimación para actuar, es decir, que tenga aptitud para interponer el recurso por haberse visto afectado en sus derechos o en sus intereses por el acto que se impugna. El recurso no podrá ser interpuesto por una persona que no tenga ese legitimo interés o que no sea titular de derechos subjetivos. Según el articulo 11 de la Ley de lo Contensioso Administrativo, el recurrente puede comparecer personalmente o a través de su representante legal, que establece que el memorial de interposición de los recursos debe estar firmado por el recurrente o por su representante legal. La autoridad competente: Los recursos administrativos se tramitan en el marco de la propia administración: se interponen ante ella y son resueltos por la misma. La ley de lo contencioso administrativo establece que los recursos de revocatoria se interpondrán ante el órgano administrativo que la hubiera dictado (la resolución) y los de reposición, se interpondrán directamente ante la autoridad recurrida.
ELEMENTOS OBJETIVOS El acto Impugnable Solamente son impugnables las resoluciones definitivas, es decir, las que atienden al fondo del asunto poniendo fin al mismo y que han sido debidamente notificadas de acuerdo a la Ley de lo contencioso administrativo artículos 3 y 4. ANALISIS DEL ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DEL RECURSO
Se debe seguir con un orden para alcanzar un resultado práctico, sin saltarnos ningún procedimiento que pueda perjudicar a las partes. La interposición del recurso y sus efectos El plazo para la interposición del recurso es de 5 días hábiles siguientes al de la notificación de la resolución impugnada (Ley del Organismo Judicial, por aplicación del artículo 28 Ley de lo Contencioso Administrativo). Las audiencias Las audiencias son necesarias puesto que permiten a los interesados y a los entes asesores de la Administración conocer nuevos elementos que servirán para decidir con más equidad. En el caso de los recurso de revocatoria y reposición, se concederán audiencias:    A todas las personas que hayan manifestado su interés en el expediente administrativo y hayan señalado lugar para ser notificadas. Al órgano asesor, técnico o legal, que corresponda, según la naturaleza del expediente. A la Procuraduria General de la Nacion.
Las diligencias para mejor resolver Es la facultad que tiene la autoridad que conocer el recurso de ordenar la práctica de diligencias que estime convenientes para mejor resolver. La resolución Dentro de los quince días siguientes a las diligencias anteriores deberá dictarse la resolución final, no encontrándose limitada la autoridad ha lo que haya sido expresamente impugnado o cause agravio recurrente, sino que deberá examinar en su totalidad la juricidad de la resolución cuestionada.
El silencio administrativo: Cuando la voluntad del órgano administrativo no es expresada, surge el silencio administrativo como una garantía para el administrado, como una presunción legal que deja el camino abierto al proceso contentioso administrativo. LOS RECURSOS ADMINSITRATIVOS EN LA LEGISLACION GUATEMALTECA La doctrina clasifica los recursos administrativos inspirándose en la división que hace MERCK: RECURSOS ORDINARIOS REPOSICION Y REVOCATORIA articulo 17 Ley de lo Contencioso Administrativo. El Recurso de Reposición se interpone anta la misma autoridad que dicto la resolución que agravia al particular. La resolución del recurso corresponde al mismo órgano que dicto el acto impugnado. Este recurso agota la via administrativa y abre la posibilidad de continuar expresando la inconformidad a través de un proceso judicial (contencioso administrativo). El Recurso de Revocatoria, es conocido por la autoridad jerárquicamente superior de la entidad que dicto la resolución impugnada. En la teoría del Derecho administrativo, el recurso jerárquico el que con más frecuencia se emplea por la oportunidad que tiene el administrado de que un superior jerárquico revise un acto que le ha resultado lesivo a sus intereses o derechos. Recursos Especiales: estos recursos se interponen ante un órgano que no es el superior jerárquico del que dicto el acto objeto del recurso. CLASIFICACION DE LOS RECURSOS EN LA LEGISLACION GUATEMALTECA La Ley de lo Contencioso Administrativo en su articulo17 establece que los recursos de revocatoria y reposición serán los únicos medios de impugnación ordinarios en toda la Administración publica centralizada y descentralizada o autónoma.m hnmnn h
INTRODUCCION Los recursos administrativos, en sentido amplio serian los remedios o medios de protección del individuo para impugnar los actos y hechos administrativos que lo afectan y defender sus derechos frente a la administración. Los recursos con que nos dota la ley específica nos ayudan a poder defendernos de actos de la administración publica, cualquier institución que viole nuestros derechos, para lo cual en el presente resumen estudiaremos los principales recursos que se manejan en Guatemala.
CONCLUSIONES Los recursos Administrativos, están representados por la serie de fases o etapas que se ventilan ante la administración pública, que tiene por objeto la emisión de una decisión administrativa, la cual resuelve una petición formulada por un particular, o un expediente iniciado de oficio, y que ha de tramitarse y decidirse con base los principios y características que rigen dicho procedimiento.
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 artículo 29
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 artículo 239
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 artículo 30
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 artículo 3
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 artículo 10
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 artículo 28
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