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Timestamp: 2018-09-20 05:53:20+00:00

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﻿ SENTENCIA SL1571-2015/44870 DE FEBRERO 18 DE 2015
CONTENIDO:NO ES POSIBLE INTRODUCIR FUNDAMENTOS NORMATIVOS NUEVOS EN EL RECURSO DE CASACIÓN PARA OBTENER PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. EN MATERIA DE CASACIÓN NO SE PUEDEN INCLUIR HECHOS NUEVOS A TRAVÉS DE NUEVOS ARGUMENTOS NORMATIVOS, PARA ENCUADRAR LA SITUACIÓN DE MANERA FAVORABLE RESPECTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA, LA PROVIDENCIA REITERA QUE DEBE DE DEMOSTRARSE LA FECHA DE NACIMIENTO DEL CAUSANTE ESTO CON EL FIN DE ESTABLECER SI ERA BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993, E IDENTIFICAR EL RÉGIMEN APLICABLE.
TEMAS ESPECÍFICOS:RECURSO DE CASACIÓN, PRINCIPIOS DEL RECURSO DE CASACIÓN, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN, REQUISITOS DEL RECURSO DE CASACIÓN, APLICACIÓN DEL RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
Sentencia SL1571-2015/44870 de febrero 18 de 2015
Rad.: 44870
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Celmira de Jesús Barrera Chavarriaga, en contra de la Sentencia proferida el 22 de septiembre de 2009 por la Sala Décima Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que instauró la recurrente contra el Instituto de Los Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a quien se aceptó como sucesora procesal de aquella.
Celmira de Jesús Barrera Chavarriaga llamó a juicio al Instituto de los Seguros Sociales, con el fin de que se declarara que al momento del fallecimiento de su esposo, Sr. Julio Cesar Loaiza Sánchez, éste tenía cumplidos los requisitos para que ella se hiciera acreedora de la pensión de sobrevivientes. Consecuencialmente solicitó que se condenara a la accionada al reconocimiento y pago en su favor de dicha pensión a partir del 3 de noviembre de 2005, junto con el retroactivo pensional, la indexación de los valores que resulten a su favor, y los intereses moratorios.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 30 de enero de 1971 contrajo nupcias con el causante, Sr. Julio Cesar Loaiza Sánchez, con quien convivió hasta la fecha de su fallecimiento, el 3 de noviembre de 2005. También informó, que el ISS le negó la pensión de sobrevivientes y, en su lugar, le concedió la indemnización sustitutiva de la misma; que su difunto esposo alcanzó a cotizar un total de 600 semanas, de las cuales 597 lo fueron entre los años de 1971 y 1994; que en desarrollo de la condición más beneficiosa, reclamó la pensión de sobrevivencia con base en el Acuerdo 049 de 1990, por cuanto tenía cotizadas más de 300 semanas antes del 1º de abril de 1994.
Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones, manifestando, que el de cujus no dejó causada la pensión de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios, ya que cotizó ‘0’ semanas en los 3 años anteriores a su fallecimiento y 220 semanas en toda su vida laboral. En cuanto a los hechos, aceptó la fecha de fallecimiento de su afiliado, el recibo de la reclamación administrativa, la negativa a través de acto administrativo de reconocer la pensión de sobrevivencia, y el otorgamiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente; y sobre los demás expresó no constarle o que no eran ciertos.
En su defensa propuso las excepciones de mérito de inexistencia de la obligación por ausencia de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, petición de lo no debido, buena fe del Seguro Social, mala fe de la demandante, improcedencia de los intereses de mora, improcedencia de la indexación de las condenas, imposibilidad de condena en costas, prescripción, compensación, y cualquier otra que resulte probada al interior del proceso.
El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, al que le correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 4 de junio de 2008 (fls. 34 al 42), resolvió condenar a la demandada a pagar a la demandante la suma de $13.352.035 pesos como mesadas pensionales vencidas, liquidadas a junio de 2008; así mismo, a continuar pagando a la accionante la pensión de sobrevivencia desde julio de 2008, en cuantía de $461.500, con los reajuste anuales respectivos, conforme al salario mínimo legal mensual vigente; y reconocer intereses moratorios sobre las mesadas vencidas, desde noviembre de 2005 y hasta que se efectúe su pago, liquidados a la tasa vigente para ese entonces, al considerar que si bien el afiliado no acreditó los requisitos para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes conforme a la Ley 797 de 2003, en desarrollo del principio de la condición más beneficiosa, le es aplicable el Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 del mismo año, en tanto logró cotizar en vigencia del mismo más de 300 semanas.
Por apelación de la parte demandada, la Sala Décima Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 22 de septiembre de 2009, resolvió revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar, absolver a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que la norma aplicable para obtener la pensión de sobrevivencia es la vigente a la fecha del deceso del causante; y que el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, establece como requisito para dejar causado el derecho que el afiliado hubiere cotizado 50 semanas dentro de los tres años anteriores a su fallecimiento.
Dijo que en el caso concreto, dado que el afiliado falleció, el 3 de noviembre de 2005, la Ley aplicable era la 797 de 2003, pero el causante no alcanzó a cotizar ninguna semanas en los últimos tres años anteriores a su deceso, a pesar de que el mínimo exigible era de 50 semanas cotizadas y según su historia laboral en toda su vida alcanzó a realizar aportes por 597 semanas, entre el 1º de junio de 1971 y el 31 de diciembre de 1994.
Así mismo indicó que a los beneficiarios del afiliado fallecido «tampoco podría concederse en este proceso el derecho deprecado en aplicación del parágrafo 1 del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 reformado por la Ley 797 de 2003, toda vez que no se demostraron los supuestos normativos allí previstos, concretamente, que el causante hubiere cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima media para la pensión de vejez, al no haberse acreditado la fecha de nacimiento, si era beneficiario o no del régimen de transición, en caso afirmativo, cuál era el régimen pensional aplicable, etc.»
Pretende el recurrente que la Corte case totalmente el fallo recurrido, para que en subsiguiente sede de instancia, confirme el fallo de primera instancia, proveyendo sobre costas.
Con tal propósito formuló dos cargos por la causal primera de casación laboral, que se resolverán en forma conjunta, porque se apoyan en el mismo acervo normativo, se formularon por la misma vía aunque por modalidad diferente, persiguen un mismo objetivo, y por así permitirlo el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.
Acusó la sentencia de segundo grado por violación directa de la Ley, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en armonía con los artículos 1, 2, 11, 12, 47, 48, 50, 74, 141, 142, 272 de la Ley 100 de 1993, y los artículos 48 y 53 de la Constitución Política.
En el desarrollo del cargo, manifestó que no comparte con el Ad quem el alcance que le imprimió al parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, porque dicha norma «indudablemente se está refiriendo al régimen del ISS, es decir, se reitera al citado Acuerdo 049 de 1990 en armonía con el 36 de la Ley 100 de 1993 que exige como densidad mínima de aportes 500 para acceder a una pensión de vejez y no 25 (sic) del régimen de la Ley 100 de 1993 para acceder a una pensión de vejez, porque con ese número de aportes se obtiene una pensión de vejez en el régimen de prima media, por lo menos hasta el año 2010 o hasta 2014 según el caso, fecha última en que definitivamente fenece el régimen de transición pensional».
Añadió que si «el afiliado tuviere 500 semanas dentro de los 40 y 50 años y fallece, la muerte le habilita la edad (Ley 12 de 1975) y allí se trataría de un derecho adquirido que él transmite a sus derechohabientes, derecho que en los términos del artículo 58 de la Código Penal es inmutable.», por lo que no es pertinente extrañar la ausencia de la fecha de nacimiento del asegurado, ni si era beneficiario del régimen de transición pensional porque «el querer del legislador era recoger los pronunciamientos y decisiones de las altas Cortes sobre la condición más beneficiosa y pedir, como en efecto lo fue, que al menos el asegurado hubiere cotizado 500 semanas (número superior a 300 que es aquel con el cual se venía condenando a satisfacer pensiones de sobrevivientes atendiendo el postulado Constitucional aludido) suficientes para acceder a una pensión en el tránsito de legislación.»
Cerró indicando que «Es notorio el desvío interpretativo del ad quem, pues indudablemente le está restringiendo el alcance de la norma acusada, al no encontrar en ella sino una de las dos posibilidades que existen para acceder al derecho pensional reclamado, alcance que, además, no se compadece con los fines y objetivos que persigue la Institución de la pensión de supervivientes.»
Igualmente acusó la sentencia de segunda instancia de violación directa de la ley por infracción directa del parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en armonía con los artículos 1, 2, 11, 12, 47, 48, 50, 74, 141, 142, 272 de la Ley 100 de 1993, y los artículos 48 y 53 de la Constitución Política.
En desarrollo del mismo, plantea iguales argumentos a lo que expuso al desarrollar el cargo primero, pero cierra apuntando que «resulta incuestionable que el Tribunal echó de menos el parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que posibilita acceder a la pensión de sobrevivientes cuando el asegurado haya cotizado por lo menos la densidad mínima de cotizaciones en el régimen de prima media en tiempo anterior a su deceso, sin haber recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.»
Formulada de manera conjunta para los dos cargos, expresó que la sustentación del recurso adolece de fallas técnicas insuperables, por cuanto «introduce un aspecto totalmente novedoso para el presente asunto, y es solicitarle a la H. sala el pago de la pensión de sobreviviente en correcta interpretación del artículo 12 de la 797 de 2003, cuando ello, jamás fue mencionado en las instancias. En la demanda de casación el Actor manifiesta que queda indiscutido, que en el presente caso no operó el postulado de la condición más beneficiosa; situación que constituyó las pretensiones de la demanda.»
Manifestó que el Tribunal no incurrió en la interpretación errónea ni en la infracción directa del parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, ya que el causante no cumplió con los supuestos fácticos que consagra dicha norma, para dejar causado el derecho a la pensión de vejez en favor de sus beneficiarios, en tanto que dicho parágrafo «remite al literal 2 del mismo artículo, literal que exige claramente la cotización de 50 semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anterior al fallecimiento; cotizaciones no demostradas dentro del proceso.»
Sobre el punto objeto de discordia, el Tribunal, en su decisión, expresó que:
Por su lado, la censura radicó su inconformidad en que:
“Pero esa remisión a la densidad de cotizaciones exigida en el régimen de prima media debe ser entendida dentro del ámbito de la propia Ley 100 de 1993, y no una invocación de normas que con anterioridad regulaban dicho régimen en los reglamentos del Instituto de Seguro Social derogadas de tiempo atrás, con la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones.”
“No cabe duda de que el régimen pensional solidario de prima media con prestación definida regulado por la Ley 100 de 1993 conserva las mismas características principales del consagrado para el seguro de invalidez, vejez y muerte por los Acuerdos del Instituto de Seguros Sociales, vigentes antes de la expedición de la citada ley, particularmente el 049 de 1990, pues de este régimen la memorada ley mantuvo los más sobresalientes rasgos que lo identifican y le dan naturaleza propia, esto, es, entre otros, el sistema de financiación a través de la contribución obligatoria de empleadores y afiliados; el manejo y distribución de los recursos necesarios para otorgar los beneficios a los afiliados, a través de un fondo común de naturaleza pública; las prestaciones previstas para la cobertura de los riesgos y contingencias — definidas de antemano por la ley—, su naturaleza jurídica y la forma de establecer su cuantía; los requisitos exigidos para acceder al derecho, esto es, el cumplimiento de determinada edad y de cierta densidad de cotizaciones —aún cuando modificando sus montos— y, aparte de ello, el principal administrador del régimen, que siguió siendo el Instituto de Seguros Sociales.
“Lo anterior significa que, con las modificaciones introducidas por la Ley 100 de 1993, el actual régimen pensional de prima media con prestación definida es, en esencia, el mismo de que trata el Acuerdo 049 de 1990. Tal conclusión surge claramente de los argumentos expuestos por algunos legisladores en el trámite que en el Congreso surtió el proyecto de Ley 155 de 1992 que dio origen a la expedición de la Ley 100 de 1993. En efecto, en la ponencia para el primer debate que en el Senado se dio a ese proyecto, se expresó por los ponentes, al explicar las adiciones y reformas a aquél introducidas: “El modelo de prima media se reforma pero se mantiene como alternativa. Prima media y capitalización se ofrecen como opciones, voluntarias para nuevos trabajadores o vinculados con posterioridad a la iniciación de la vigencia de la ley.” Y al describirse en ese mismo documento las características del régimen de prima media con prestación definida, que finalmente quedaron contenidas en el artículo 31 de la Ley 100 de 1993, en los mismos términos como se propuso en el texto de esa ponencia, se dijo: “El Régimen de Prima Media con Prestación Definida puede compararse con el actual Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios que en materia de invalidez, vejez y muerte administra el Instituto de Seguros Sociales. De hecho, serán aplicables al nuevo régimen las disposiciones vigentes que regulan dicha materia, con las modificaciones, adiciones y excepciones contenidas en el proyecto”. (Gaceta del Congreso. Año III. Nº. 94, págs. 5 y 8).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, No Casa la Sentencia proferida el veintidós (22) de septiembre.
de dos mil nueve (2009) la Sala Décima Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente en contra del Instituto de los Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, a quien se aceptó como sucesora procesal de aquella.

References: ARTÍCULO 36
 artículo 12
 artículo 46
 artículo 51
 artículo 162
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 58
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 31