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Timestamp: 2019-09-20 18:53:18+00:00

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﻿ Sentencia 2006-02612 de noviembre 21 de 2013
SENTENCIA 2006-02612 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:RÉGIMEN PENSIONAL DE LAS ENTIDADES UNIVERSITARIAS. SE AFIRMA QUE LA LLAMADA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA DEBE ENTENDERSE COMO LA CAPACIDAD DE DISPONER CONFORME A LA MISMA CONSTITUCIÓN Y A LA LEY, DE UN MARGEN DE MANEJO Y ORGANIZACIÓN QUE LE PERMITE AL ENTE UNIVERSITARIO DIRIGIR SUS DESTINOS CON ARREGLO A SUS PROPIOS OBJETIVOS, PERO SIEMPRE BAJO LA DIRECCIÓN DEL ESTADO. NO OBSTANTE, PARA EFECTO DEL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN, EL ENTE UNIVERSITARIO ESTÁ BAJO LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE A LAS NORMAS LEGALES QUE REGULAN EL RÉGIMEN PENSIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL ESTADO Y NO ACUDIR A NORMAS EXPEDIDAS POR LA MISMA ENTIDAD O A CONVENCIONES COLECTIVAS DEL TRABAJO QUE NO SON APLICABLES A SERVIDORES PÚBLICOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO PÚBLICO, RÉGIMEN PENSIONAL, RAMA LEGISLATIVA, UNIVERSIDAD, AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, CONVENCIÓN COLECTIVA, FACULTAD REGLAMENTARIA
Sentencia 2006-02612 de noviembre 21 de 2013
Ref.: Expediente 080012331000200602612 01
Número interno: 1704-2013
Consiste en determinar si el acto administrativo mediante el cual el rector de la Universidad del Atlántico le reconoció al señor Armando Manuel Ojeda Márquez la pensión de jubilación aplicando la Convención Colectiva del Trabajo suscrita por esa institución educativa, se ajusta o no a la legalidad.
• Resolución 1439 de 22 de septiembre de 1995, proferida por el rector de la Universidad del Atlántico, a través de la cual se le reconoció al señor Armando Manuel Ojeda Márquez una pensión de Jubilación, en cuantía equivalente al 100% del salario devengado en el último año de servicio, efectiva a partir del 1º de agosto de 1995, aplicando la convención colectiva.
• De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 55 del expediente, el señor Armando Manuel Ojeda Márquez nació el 30 de julio de 1926.
• Según certificado laboral de 4 de agosto de 1995, suscrito por el jefe de personal de la Universidad del Atlántico, el demandado prestó sus servicios como mensajero, desde el 7 de junio de 1974, hasta el 2 de agosto de 1995 (fl. 132).
• Mediante la Resolución 1055 de 2 de agosto de 1995, se le aceptó la renuncia con el fin de que entrará a gozar de su pensión de jubilación a partir del 1º de agosto de 1995 (fl. 60).
• A través de la Resolución 1439 de 22 de septiembre de 1995, el rector de la Universidad del Atlántico, le reconoció al señor Armando Manuel Ojeda Márquez la pensión de jubilación a partir del 1º de agosto de 1995, en cuantía igual al 100% de su último sueldo devengado. Al efecto, consideró (fls. 57 y 58):
Que el señor Armando Ojeda Márquez presentó renuncia voluntaria de su cargo.
Que por Resolución 1055 de fecha 2 de agosto de 1995, se aceptó la renuncia, para gozar de su pensión de jubilación a partir del 1º de agosto de 1995.
(...) prestó al servicio de la Universidad del Atlántico un tiempo total de siete mil seiscientos “catorces” (sic) días (7.614).
Que el señor Armando Ojeda Márquez, reúne suficientemente los requisitos establecidos en el literal b, del artículo 9º de la Convención Colectiva de 1976 vigente para los trabajadores.
La Ley 4ª de 1992, en el artículo 12, dispuso que: “El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley”(3).
b) Por el contrario, no se ajusta a la Constitución, al invadir la autonomía de los departamentos y municipios, en primer término, las mismas facultades mencionadas, en tanto se refieren a las universidades e instituciones oficiales del nivel postsecundario departamentales y municipales, porque su creación y ordenamiento administrativo, financiero y de funcionamiento interno son de competencia de las asambleas y de los concejos, obviamente con sujeción a las directrices académicas que hayan impuesto las leyes que desarrollen el artículo 41 de la Constitución, y el ordinal 12 del artículo 120, y respetando las restricciones que puedan resultar de la ley a que se refiere el ordinal 6º del artículo 187, si existen; (...)”.
En el caso que nos ocupa, se evidencia que el señor Armando Manuel Ojeda Márquez, desempeñaba el cargo de mensajero, y este no tiene funciones destinadas a la construcción y sostenimiento de obras públicas, por lo que se entiende que siempre ostentó la calidad de empleado público.
“Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas(5), pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no pueden declarar o hacer huelga” (negrilla fuera de texto).
El artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, fue modificado con la entrada en vigencia de los Convenios Internacionales de la OIT números 151 “sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública”, y 154 “sobre el fomento de la negociación colectiva”, adoptados por la Legislación Nacional mediante las leyes 411 de 1997(6) y 524 de 12 de agosto de 1999(7), respectivamente(8).
De esta forma, la Corte reafirmó la competencia de las autoridades constitucionalmente establecidas en el orden nacional y territorial para fijar las condiciones laborales de quienes están vinculados al Estado mediante una relación legal y reglamentaria e instó al legislador para que regule los mecanismos de concertación de los empleados públicos, con el objeto de garantizar su derecho a la negociación colectiva dentro de los límites que imponen su papel dentro del Estado(9).
Al respecto es preciso aclarar que de conformidad con la parte final del inciso 2º del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, también se convalidarían las situaciones pensionales de quienes cumplieran los requisitos exigidos por las disposiciones municipales o departamentales dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Empero, dicho aparte, por no avenirse al concepto de derecho adquirido, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997, en la que se afirmó:
No sucede lo mismo con la expresión contenida en el citado inciso segundo acusado, en virtud de la cual tendrán igualmente derecho a pensionarse con fundamento en las disposiciones señaladas, quienes cumplan “dentro de los dos años siguientes” los requisitos exigidos en dichos preceptos para pensionarse. A juicio de la Corte, ello quebranta el ordenamiento superior, ya que equipara una mera expectativa con un derecho adquirido (...)” Resaltas fuera de texto.
Descendiendo al caso concreto, y de conformidad con el material probatorio allegado al expediente, se concluye que el demandado estaba en el régimen de transición (pues al momento de entrar en vigencia la Ley 100 en el orden territorial —jun. 30/95— contaba con más de 40 años de edad), y su reconocimiento pensional se hizo mediante Resolución 1439 de 22 de septiembre de 1995, esto es, dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia del régimen general de pensiones en el sector territorial, razón por la cual, al tenor de lo manifestado en el acápite anterior, a pesar de la irregularidad de su prestación, es viable amparar su derecho con fundamento en lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, y en consecuencia dejar incólume la Resolución 1439 de 22 de septiembre de 1995.
CONFÍRMASE la sentencia de 7 de diciembre de 2012, por la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las súplicas de la demanda dentro del proceso promovido por la Universidad del Atlántico contra el señor Armando Manuel Ojeda Márquez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
(4) El aparte del artículo que le permitía a los establecimientos públicos precisar las actividades que podían ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-484 de 1995
(10) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, sentencia de 7 de octubre de 2010, Expediente 250002325000200408779-02 (1484-2009).

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 41
 artículo 120
 artículo 187
 artículo 416
 artículo 146
 Resolución 
 artículo 146
 Resolución