Source: http://aeperu.blogspot.com/2007/05/
Timestamp: 2017-07-22 12:52:49+00:00

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mayo 2007 | Actualidad Económica del Perú
El color rojo retorna Farid Matuk En el cuadro adjunto se muestra la evolución del PBI Trimestral desde 1981 al presente en tres sectores económicos que son el núcleo de nuestra economía: Agrícola, Minero, y Manufacturero. Estos sectores nos permiten recordar lo vivido y compararlo con el presente y así deducir lo mejor para el futuro. Una característica esencial de la gestión Toledo fue mantener las cuentas en azul sin resultados espectaculares de crecimiento económico a dos dígitos, pero también sin recesiones, hecho que no se observaba desde 1975. En particular su mejor trimestre fue el de salida con un crecimiento del PBI de 6.9% (2006-II) y su peor trimestre fue el de entrada con una contracción del PBI de 1.7% (2001-I), y en 20 trimestres de gestión, 19 fueron en azul y sólo uno fue en rojo. En términos de los sectores, tenemos que el sector agrícola tuvo su última cifra en rojo durante el tercer trimestre de 1998 con 0.35%; el sector minero tuvo su última cifra en rojo durante el tercer trimestre de 1989 con 13.36%; y el sector manufacturero tuvo su última cifra en rojo durante el tercer trimestre de 2001 con un 0.22%. Para todo efecto práctico en los últimos cinco años no conocíamos de cifras en rojo. La novedad de este primer trimestre de 2007 es que el sector minero nos ha traído una cifra en rojo de 0.96%, hecho no observado en los últimos 18 años. Una explicación benevolente de esta cifra en rojo del sector minero está en el incremento de los precios de los minerales, es decir, que la minería explota sus yacimientos de baja ley (baja calidad) cuando los precios son altos, para explotar sus yacimientos de alta ley cuando los precios sean bajos, y de esta manera mantener un flujo de caja estable en el largo plazo. En realidad tenemos un problema mas complejo, y es que el cuadro adjunto es absolutamente inexacto porque asume que la estructura económica de hoy es la de 1994, es decir no incluimos en la agricultura el auge exportador costeño, no incluimos en la minería la importancia del gas de Camisea, y no incluimos en la manufactura el impacto del ATPDA con Estados Unidos. Por ello, resulta urgente para conocer nuestro presente que se efectúe un Censo Económico, ya que de acuerdo a Naciones Unidas el Censo Económico de 1994 quedo obsoleto en 2004, y dejar de lado el capricho presidencial de un nuevo Censo de Población para 2007, porque se mintió al país el 27 de Noviembre de 2006 cuando se dijo “(El Censo) es un muestreo y se ha proyectado las cifras de este”.
Lima, 28 de mayo del 2007SeñorGuillermo Thornberry VillaránPresidenteConsejo Directivo del OSIPTELPresenteDe mi consideración:Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia irrevocable al cargo de miembro del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), para el cual fui designado, a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución Suprema N° 120-2004-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 8 de abril del 2004.Motiva mi renuncia el Decreto Supremo No 046-2007-PCM, publicado el pasado 26 de mayo, el cual modifica el artículo 75° del Reglamento General del OSIPTEL, que establecía como función del Consejo Directivo “nombrar y remover al Gerente General y a los miembros de los cuerpos colegiados.” La norma en cuestión otorga ahora al Presidente del Consejo Directivo la facultad de “nombrar y remover al Gerente General así como aprobar a propuesta de este la contratación de los gerentes, su promoción, suspensión y remoción, informando de dichas acciones al Consejo Directivo.”Considero que esta norma altera sustantivamente el diseño institucional que ha estado vigente desde el gobierno de transición a la democracia, liderado por el Presidente Valentín Paniagua, y trae consigo una regresión al modelo adoptado durante la década pasada, caracterizado por la concentración del poder de decisión en pocas personas, con los resultados que conocemos. Las modificaciones aprobadas entran en conflicto con el principio de dirección colegiada, rompen el equilibrio en la asignación de funciones entre los Consejos Directivos y sus Presidentes, y debilitan la eficacia del mecanismo de renovación escalonada de los Consejos Directivos.Como es de su conocimiento, los cinco miembros de estos Consejos, incluyendo su Presidente, son designados por períodos de 5 años pero de forma escalonada: cada año concluye el mandato y se renueva uno de sus miembros. Con este mecanismo se evitan cambios bruscos en su composición, especialmente aquellos asociados a los ciclos políticos electorales, y se asegura la continuidad y la evolución gradual de las políticas institucionales, lo cual reduce la incertidumbre y ofrece un entorno más estable que promueve y facilita la inversión privada. La estabilidad institucional juega un rol crítico en el desarrollo de una industria como la de telecomunicaciones,caracterizada por su dinamismo tecnológico, sus elevados costos hundidos y lo altos requerimientos de inversión, y también por la sensibilidad política frente a decisiones referidas a los ajustes de tarifas y la supervisión de la calidad del servicio, entre otros problemas relevantes.El Decreto Supremo en cuestión compromete la estabilidad de los organismos reguladores, al concentrar en sus Presidentes la decisión de designar y remover a los gerentes a su libre albedrío. El mecanismo de renovación escalonada pierde su eficacia toda vez que las normas aprobadas permiten que, con cada cambio de Presidente, o incluso con cada cambio de opinión del Presidente en sus relaciones con os gerentes, estos últimos puedan ser reemplazados con facilidad, prescindiendo de la opinión de los otros directores. Esta modificación debilita los incentivos al buen desempeño profesional y las líneas de carrera, toda vez que las buenas relaciones con el Presidente del Consejo Directivo, podrían ocupar un lugar central en la motivación de la conducta de los funcionarios, en lugar de los méritos, la excelencia profesional y la ética en el servicio público.Debo destacar que los organismos reguladores constituyen instituciones fundamentales en la estructura del Estado peruano, y tienen precisamente a su cargo la ejecución de políticas de Estado. En este orden de ideas, no pueden estar sometidos a los avatares propios del proceso político, ni subordinarse a los frecuentes cambios que caracterizan la gestión gubernamental. Al respecto expreso mi preocupación por los riesgos de debilitamiento de los Consejos Directivos, que comprometen la autonomía del regulador y elevan su vulnerabilidad frente a presionespolíticas, así como también frente a eventuales intentos de captura por parte de la industria. La literatura especializada revela que estos riesgos aumentan cuando la transparencia se reduce como resultado de la concentración del poder de decisión, y cuando las decisiones se toman de manera discrecional.Debo recordarle además que en el caso específico del OSIPTEL, hemos funcionado con cuatro directores con mandato vigente, incluyéndolo a usted desde febrero pasado como Presidente del Consejo Directivo. Esta pendiente la designación de un quinto miembro, en representación de la sociedad civil. Además, al empezar el próximo año concluye el período de designación del Dr. César Fuentes. Por lo tanto, en muy pocos meses el gobierno actual podrá contar con tres de los cinco miembros designados bajo su gestión, incluyéndolo a usted, al nuevo miembro a ser designado en representación de la sociedad civil, y a la persona que reemplazaría al Dr. Fuentes. Obviamente, al finalizar el quinto año, es decir en el 2011, los cinco miembros habrían sido designados bajo la gestión del gobierno actual, y el próximo gobierno, cualquiera sea suorientación, tampoco podría alterar bruscamente la composición de los Consejos Directivos de los organismos reguladores. Por tanto, el argumento de que se logra mayor eficiencia y eficacia en la gestión administrativa asignando al Presidente de estos Consejos la atribución de designar y remover al Gerente General y a los demásgerentes, no tiene mayor sustento.Por último, y en contraste con la transparencia que caracteriza la regulación de los servicios públicos – con procedimientos que incluyen la publicación, en vía de consulta, de todo proyecto de norma o decisión, y en los casos de fijación de precios también la obligación de convocar a audiencias públicas –lamento que se modifique el reglamento del OSIPTEL sin consultar la opinión de su Consejo Directivo.Finalmente, luego de haber expuesto las razones que motivan mi renuncia irrevocable, solicito a usted que informe sobre esta renuncia en la próxima sesión del Consejo Directivo, y disponga lostrámites que correspondan de acuerdo a las normas vigentes. Le agradecería disponga la publicación de esta carta en la página web del OSIPTEL.Atentamente,José I. Távara Martín
Inversión Pública¿NO HAY PROYECTOS?Kurt Burneo F. Dados los magros resultados del publicitado shock de inversiones y el discutible nivel de ejecución del gasto público de capital, a fin de flexibilizar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el gobierno promulga el ya famoso DU. 014 que lo flexibiliza en extremo . Si bien la insuficiencia en la ejecución es una problemática real, hasta ahora no se dice nada sobre la ejecución pendiente de 12,000 proyectos de inversión con declaratoria de viabilidad, dada por el ahora tan vilipendiado SNIP, así que el tema de la inversión pública tiene varios aspectos mas por tratar.. Los proyectos de inversión pública tienen 3 fases: a) Preinversión, la cual consta de la formulación del perfil y los estudios de pre y factibilidad respectivamente.b) Inversión, que comprende la elaboración del expediente técnico y la ejecución misma del proyecto, obviamente con la correspondiente declaratoria de viabilidad previa y finalmente c) Post-inversión. El DU 014 además de declarar en emergencia los Proyectos de inversión pública en educación, saneamiento, salud, electrificación rural, pequeñas y medianas irrigaciones, centrales hidroeléctricas y concesiones de obras públicas de infraestructura y servicios públicos (casi todo el gasto público de capital) establece que con solo un perfil “integrado” se aprobarían los proyectos saltándose a la garrocha los estudios de pre y factibilidad que son los que justamente dan la información necesaria para reducir el riesgo de ejecutar un proyecto no sostenible y/o con una insuficiente tasa de retorno en términos sociales. Dada la reticencia del MEF respecto a este DU, Al final se conformó una comisión para proponer cambios al SNIP y con ello al DU 014 reconociéndose implícitamente el error cometido, además de ser este asunto del DU 014 una bizarra demostración de confianza al actual ministro de economía por parte del Presidente de la Repùblica. Dado el incremento de ingresos fiscales es obvio que existan presiones importantes para un mayor nivel de ejecución del gasto público y por supuesto que es necesario poder conseguir algún nivel de accesibilidad mayor de los sectores (gobierno central) como de los gobiernos regionales y municipales para un mas rápido cumplimiento de las condicionalidades exigidas por el SNIP, aunque debe señalarse que actualmente proyectos de hasta S/. 2 mlls. se puede ejecutar con sólo un perfil y hasta S/. 6 mlls con estudios de prefactibilidad aprobados en la propia oficina de programación e inversiones de la entidad pública, es decir no van al MEF como comúnmente se cree.¿Y los 12,000 proyectos que según la propia Dirección de Programación Multianual del MEF actualmente tienen declaratoria de viabilidad y que están listos para ejecutarse?. La inversión pública involucrada de estos proyectos S/. 6,500 millones no es ninguna pequeñez, considerando un gasto de capital en el presupuesto para este año de S/.11,131 mlls, equivale a un 58% de este total. Incluso comparativamente entre los gobiernos regionales y el central la mayor parte de este stock de proyectos listos no están como muchos piensan en los primeros sino mas bien en el gobierno central con 2,297 proyectos involucrando S/. 2,314 mlls, es decir el 21% del gasto de capital presupuestado para este año Dada la injerencia directa que tiene el Presidente de la República sobre este ente ¿Por qué no se inicia la ejecución de estos proyectos y se reduce significativamente este stock? ¿Por qué no hay un pronunciamiento oficial cuando menos de los sectores respecto a lo que se hará con dicho conjunto de proyectos? Todos estos proyectos con declaratorias de viabilidad son consecuencia de estudios que han tenido un costo para el Estado en distintos momentos; entonces cuanto mas se extienda el tiempo de indefinición sobre estos mas alto será el costo de oportunidad de los recursos gastados en los estudios ya hechos, ¿o esto no importa?
Argumentaban los defensores del Tratado de Libre Comercio Perú-USA que nuestro país podía obtener sustanciales beneficios de este importante acuerdo comercial. Sin embargo, los resultados estadísticos del Informe de Comercio exterior que publicó el INE a finales de este mes parecen sugerir que incluso esta expectativa puede haber sido muy optimista. Para que el Perú obtenga beneficios del Tratado es necesario que el saldo de la balanza comercial entre el Perú y Estados Unidos tenga un saldo positivo, ya que sólo de esta forma el incremento en el empleo y producto que provocan las mayores exportaciones excede en magnitud , a las pérdidas en producción que provocan las mayores importaciones. Desafortunadamente, las estadísticas del documento del INE nos muestran con claridad que la balanza comercial entre el Perú y USA, en el mes de marzo, del presente año exhibe un déficit cuando es medida en términos reales. Puede el lector verificarlo , analizando los cuadros incluidos en las páginas 6 y 8 de este revelador documento, que resume el balance comercial entre el Perú y sus principales socios comerciales, copiados a continuación: Si bien esta crucial condición de satisfacía hasta el año pasado, la data que corresponde a este año , con claridad, revela que el balance comercial del Perú con Estados Unidos arrojó un saldo negativo en el mes de marzo del presente. ¿Será este un resultado transitorio o una tendencia permanente? Aún no lo podemos saber, pero el desarrollo es suficiente para demotar que en modo alguno esta garantizada , una clara ventaja comercial con el Tratado, especialmente, si consideramos que el Perú aún no ha otorgado a Estados Unidos, las preferencias arancelarias contenidas en el texto del Tratado. ¿Qué puede explicar estos desarrollos tan poco esperanzadores? Es probable que lo9s factores cruciales hayan sido la disminución en el ritmo de crecimiento de las compras que Estados Unidos realiza al resto del producto y la apreciación del nuevo sol respecto al dólar. El Fin del Boom Exportador.
¿Qué podría suceder en nuestra economía si las cotizaciones internacionales de nuestros productos de exportación retornaran a sus valores promedio de largo plazo? Nadie parece hacerse la pregunta, pues existe la opinión que las cuentas externas de nuestra economía gozan de la misma fortaleza de años precedentes. Sin embargo, una breve revisión de la información que publica el INEI puede revelar con rapidez que tan falsa resulta esta extendida opinión. Puede verificarlo el lector si consulta el Informe Técnico “Evolución de las Exportaciones e Importaciones, marzo 2007”, publicado a medianos de este mes por el INEI: Aparece en la página 3 del documento el gráfico que adjuntamos a continuación: En la figura, se representa la evolución del comercio exterior desde el año 2001. En azul, se puede leer el valor que hubieran alcanzado nuestras exportaciones a precios del 2002. En rojo, se hace lo mismo para las importaciones. Por estar libres, estas cifras, de los efectos generados por la excepcional coyuntura internacional, son estas estadísticas las relevantes para analizar la fortaleza de mediano plazo de nuestras cuentas externas, y el impacto de las exportaciones sobre el producto interno bruto y el nivel de empleo. Cuando analizamos con detalle las tendencias que revela este sugerente gráfico , podemos extraer varias conclusiones interesantes. En primer lugar, parece que la aparente fortaleza de nuestras cuentas externas es una consecuencia de las peculiares condiciones que prevalecen en los mercados internacionales. En efecto, si los términos de intercambio descendieran al nivel que tuvieron el año 2002, la balanza comercial del Perú registraría un déficit de casi 200 millones de dólares anuales. En segundo lugar, esta peligrosa tendencia no es un fenómeno reciente: empezó a manifestarse en el último año del gobierno de Alejandro Toledo y se ha consolidado desde entonces. No es necesario decir, aunque el nuevo gobierno parece haberlo olvidado, que ha sido este tipo de desarrollo, el mismo que provocó en décadas pasadas las crisis económicas que afectaron el desempeño de nuestra economía. Si aún el lector no se encuentra plenamente convencido, o piensa que la anterior conclusión es demasiado pesimista, puede estudiar el gráfico incluido en la página 9 del Informe del INEI que revela esencialmente los mismos peligrosos desarrollos. Se representa, en él, las tasas de crecimiento de las exportaciones e importaciones del Perú. Después de alcanzar un pico, a mediados del año 2005, se produce un deterioro persistente en el dinamismo exportador del Perú, que ha llevado la tasa de crecimiento de nuestras exportaciones a cero por ciento (es decir, nulo) en el mes de marzo del presente año. En contraste, las importaciones han continuado creciendo a un ritmo que excede el quince por ciento anual. Revelan, con claridad, estos desarrollos una transformación fundamental en la matriz de expansión de nuestra economía. En lo fundamental, el nuevo estilo de crecer difiere poco de aquel que caracterizó al Perú en el siglo XX y que fuera muchas veces interrumpido por una crisis externa. Las Inversiones en el TLC
LO CHIPOTUDO DE LAS INVERSIONES EN EL TLC Escribe Pedro Francke “Lo que es justo es parejo, y lo que es parejo no es chipotudo”. Este es un dicho que aprendí de mi padre, mexicano, nacido en Torreón, estado de Coahuila, en el norte de México. Chipotudo (mexicanismo): superficie que tiene partes abultadas o que sobresalen, como chichones. Por extensión, se dice de aquellas situaciones en las que no todos son tratados igual sino que hay privilegios para algunos. Traducción a un peruanismo: “el suelo tiene que estar parejo”. No debe haber diferencias: un trato justo es igual para todos. Si otro puede, yo también puedo. Porque es horrible ser tratado de manera discriminatoria. Peor aún si en nuestro propio país, los nacionales tuviéramos menos derechos que los extranjeros. Penosamente, es precisamente esto lo que establece el TLC firmado por Bush y Toledo. Este es uno de los puntos que quieren cambiar los demócratas norteamericanos, pero sólo para ellos.Privilegios para las trasnacionales en el TLC Bush - Toledo En efecto, uno de los cambios que los demócratas norteamericanos han demandado al gobierno de Bush en relación al TLC, es que se establezca claramente que los inversionistas extranjeros (peruanos) no podrán tener más derechos en los Estados Unidos, que los propios norteamericanos. Suena lógico, ¿no? que un extranjero no vaya a tener más derechos que uno del propio país. Esta exigencia demócrata se debe a que el TLC Bush-Toledo otorga ventajas especiales a las trasnacionales, ventajas que no tienen las empresas nacionales. Según ese TLC, los inversionistas extranjeros ante cualquier medida que afecte sus ganancias, como una modificación tributaria o una nueva regulación para resguardar el medio ambiente, pueden demandar ante un tribunal internacional de arbitraje una compensación millonaria del Estado donde se encuentran. Esta posibilidad, bajo la figura de la llamada “expropiación indirecta”, se aplicaría a las inversiones de empresas peruanas en los de Estados Unidos y a inversiones de empresas norteamericanas en el Perú. Por ejemplo, si el TLC estuviera vigente, el Citibank, que es dueño del 42% de una AFP, hubiera podido argüir que la ley de desafiliación de las AFPs afecte a sus expectativas de ganancias, y reclamar una indemnización ante un tribunal internacional. Es, por cierto, lo que hizo la empresa chilena Luchetti, amparada por una convenio a estas cláusulas del TLC: cuando se le retiró el permiso de operar en los Pantanos de Villa que había obtenido gracias a una relación privilegiada con Vladimiro Montesinos – filmada en video – demandó al Estado peruano ante un tribunal internacional por 150 millones de dólares ¡! A nivel mundial, un reciente informe de las Naciones Unidas (UNCTAD) contabiliza 248 casos de empresas trasnacionales enjuiciando a estados en base a convenios de “protección de inversiones” similares a lo que pretende establecer el TLC. Algunas de las razones de esos juicios son por haberse aumentado el IGV, cambiado el uso de una tierra urbana a agrícola o eliminado el permiso de botar desechos tóxicos. Argentina enfrenta 42 juicios por un total de 18 mil millones de dólares en su contra, México acumula 18 juicios debido a su TLC con los Estados Unidos. El asunto es serio. Estas “protecciones” a las inversiones extranjeras, que son en verdad ventajas especiales para las trasnacionales, no han sido incluidas en los convenios internacionales de la Organización Mundial del Comercio por la resistencia de los países subdesarrollados frente a las pretensiones de Estados Unidos y Europa. Estas condiciones del TLC se aplican incluso si el inversionista no ha realizado efectivamente ninguna inversión, sino solamente pensaba hacerlas, y por eso tenía expectativas de ganancia. Por ejemplo, si el TLC ya estuviera vigente y la empresa que ganó las tramposas licitaciones de patrulleros o ambulancias hubiera sido norteamericana, habría podido hacer este juicio al Perú cuando se anularon esas licitaciones. Por cierto, una empresa peruana no puede exigir compensación por una “expropiación indirecta”, figura que no existe en la legislación peruana, ante un tribunal internacional, porque para atender sus reclamos está la justicia nacional. Tampoco lo puede hacer una empresa estadounidense en Estados Unidos. Los demócratas norteamericanos han demandado ante Bush que esta parte del TLC sea cambiada. No quieren que si un inversionista peruano va a los Estados Unidos, tenga allá más derechos que los propios norteamericanos. Por lo tanto, los inversionistas peruanos en EEUU no podrán recurrir a tribunales internacionales. Los demócratas se han preocupado por eso a pesar de que las inversiones peruanas en EEUU son insignificantes para su economía. Mucha mayor es, sin duda, la importancia de las inversiones estadounidenses en suelo peruano, que suman más de 3 mil millones de dólares en rubros como minería, banca y finanzas, comercio, petróleo y gas. Pero lamentablemente eso no ha sido de preocupación de nuestros gobiernos, el anterior y el actual, que han aceptado en el capítulo de inversiones del TLC todo lo que quería el gobierno de Bush, el gran defensor de las trasnacionales. Lo justo, tío Pacori El más elemental criterio de justicia establece que las condiciones de un pacto, si no son especialmente ventajosas para quien está en situación peor, deben al menos ser iguales. Por lo tanto, si el TLC es cambiado para que los inversionistas peruanos no tengamos privilegios en Estados Unidos, lo mismo debe aplicarse al revés: los inversionistas gringos no deben tener más derechos que los peruanos en el Perú. Esa no ha sido una demanda de los congresistas demócratas: ellos defienden a los suyos. Toca al gobierno peruano defender nuestros intereses y nuestra gente. Esto debiera ser particular preocupación de un gobierno aprista, partido inspirado en las enseñanzas de Haya de la Torre, quien insistió en que la inversión extranjera podía ser bienvenida pero bajo las condiciones establecidas por el Estado peruano y regulándolo a favor del desarrollo nacional. Todo lo que en este punto tiene que pedir Alan García a los gringos es que el suelo esté parejo. Como diría Reimond Manco: “lo justo, tío Pacori”. Nada más.
Bolivia, Nicaragua y Venezuela anunciaron a principios de mayo su retiro del CIADI. El CIADI, Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones, es miembro del Grupo del Banco Mundial y su presidente es, ex officio, el Presidente del mismo Banco Mundial. En el seno del CIADI se constituyen tribunales arbitrales que dirimen las controversias entre las sociedades transnacionales y los Estados que aceptan someterse a su arbitraje. Los Estados, al aceptar esta jurisdicción para dirimir conflictos de igual a igual con empresas privadas, renuncian a una prerrogativa fundamental de la soberanía como es la jurisdicción territorial de sus tribunales. El Convenio del 18 de marzo de 1965 (Convenio de Washington), que creó el CIADI, fue elaborado por el Banco Mundial. Durante la discusión del mismo, los Estados latinoamericanos, fieles en esa época a la Doctrina Calvo , se opusieron unánimemente a la creación de un tribunal arbitral internacional para dirimir conflictos entre los Estados e inversores extranjeros. Pero hoy forman parte del CIADI una veintena de Estados de América Latina y el Caribe, la mayoría de los cuales adhirieron en el decenio de 1990. No son parte del CIADI Brasil, Cuba, Haití, México y la República Dominicana. La adhesión al CIADI implicó el abandono de un largo combate iniciado en el siglo XIX por Carlos Calvo. La llamada se basa en los principios de la soberanía nacional, de la igualdad entre ciudadanos nacionales y extranjeros y de la competencia territorial de los tribunales nacionales. Según Calvo, los Estados soberanos gozan del derecho de estar libres de cualquier forma de interferencia por parte de otros Estados y los extranjeros tiene los mismos derechos que los nacionales y, en caso de pleitos o reclamaciones, tendrán la obligación de agotar todos los recursos legales ante los tribunales locales sin pedir la protección e intervención diplomática de su país de origen. La doctrina Calvo está incorporada a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (artículo 15); al Pacto de Bogotá (artículo 7), a la Resolución 3171 del 17 de diciembre de 1973 la Asamblea General de las Naciones Unidas (Soberanía permanente sobre los recursos naturales), punto 3, y a varias Constituciones nacionales : de Argentina (art. 116); de Bolivia ( art. 24 ); de El Salvador (art. 98 y 99); de Ecuador (art. 14); de Guatemala (art. 29); de Perú (art. 63, 2° c); de Venezuela (art. 151), etc. No obstante, en muchos tratados bilaterales de comercio y de inversiones, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN -NAFTA) y en el proyecto de ALCA se incluye una cláusula de renuncia a la jurisdicción nacional en favor de tribunales arbitrales, como el CIADI, para dirimir conflictos entre un particular inversor y el Estado receptor de la inversión. Los tribunales arbitrales internacionales, concebidos inicialmente para dirimir conflictos entre Estados o entre particulares, fueron ampliando su jurisdicción a los conflictos entre Estados y particulares. En este último caso (conflictos entre Estados y particulares) primero solo se ocuparon de las controversias surgidas en la interpretación y aplicación de contratos y luego se extendieron a la responsabilidad extracontractual de derecho privado hasta alcanzar la esfera del derecho público. Esta última etapa comporta la renuncia a la facultad soberana de los Estados de adoptar decisiones de política nacional relacionadas con el interés general sin interferencias extrañas. Por ejemplo decidir no aceptar una inversión extranjera o cancelarla para proteger el medio ambiente. O adoptar medidas económicas, financieras o tributarias que los inversores extranjeros consideren que afectan sus beneficios actuales o esperados. Pero hay algo más: en los litigios ante los tribunales arbitrales internacionales, los inversores particulares y los Estados no tienen iguales derechos, pues los primeros gozan de importantes privilegios. Sin duda el más importante de ellos es que, de acuerdo con algunos tratados, sólo el inversor particular puede demandar al Estado y la situación inversa, es decir que sea el Estado el demandante, no está prevista. Otro privilegio del inversor: es él quien elige la jurisdicción. Según el artículoVII , incisos 2 y 3(a) i) del Tratado sobre la Protección y Promoción de las Inversiones (TPPI) entre Argentina y Estados Unidos, en caso de una controversia entre un inversor y el Estado, si no hay arreglo amigable, es la sociedad o el nacional involucrados, y no el Estado, el que elige la jurisdicción. La misma disposición figura en el artículo VIII, incisos 2 y 3 del TPPI entre Argentina y Francia. Además y casi como consecuencia necesaria, el inversor no está obligado a agotar los recursos internos, administrativos y judiciales, como es la regla general existente para acudir a instancias internacionales: Comités de los pactos internacionales de derechos humanos, Corte Interamericana, Tribunal europeo de derechos humanos, etc.. Incluso puede llegar a ocurrir que el inversor recurra al tribunal arbitral internacional como instancia de apelación contra un fallo de la justicia del Estado receptor. Es el caso Haas y Calmark Comercial en que éste, invocando el artículo 11 del TLCAN, pide la formación de un tribunal arbitral porque perdió un juicio con sus socios locales ante los tribunales mexicanos. Es de esperar que otros Estados de América Latina y el Caribe sigan el ejemplo de Bolivia, Nicaragua y Venezuela, retirándose del CIADI.
En América latina, la globalización empeora la desigualdad de los ingresos La mano de obra poco calificada queda atrás; ¿ganan las elites? Como millones de trabajadores mexicanos de bajos ingresos, Hermenegildo Flores supuestamente se iba a beneficiar de la decisión de México de abrir su economía al comercio y la inversión extranjera en los años 90. Durante un tiempo fue así. El salario de Flores casi se duplicó a US$ 68 la semana en 2001, a medida que las empresas estadounidenses compraban cada vez más componentes de las fábricas mexicanas. Después, se intensificó la competencia de otros países, como India, Pakistán y El Salvador. Flores, que cosía bolsillos a blue jeans, dice que su supervisor "solía hacer la ronda y gritar: 'Si no trabajan más duro, vamos a cerrar esta planta y trasladarla a Centroamérica'". En abril, después de que la empresa introdujera máquinas nuevas, le ofreció a Flores US$900 para renunciar a su empleo. Hoy, Flores está sin trabajo. Hace una década, la globalización del comercio prometía ser una bendición para los trabajadores de bajos ingresos en los países en desarrollo. A medida que los países ricos se deshacían de millones de empleos en el sector textil, la industria de electrónicos y otros bienes, muchos economistas predecían que estos trabajadores en América latina y Asia se beneficiarían de ello, ya que habría una mayor demanda por su trabajo y también mejores salarios. Pero los resultados no encajan con la teoría. El comercio, las inversiones extranjeras y la tecnología se han esparcido, pero la brecha entre ricos y pobres ha tendido a ampliarse; y no sólo en países ricos como Estados Unidos, sino también en países emergentes como México. Ahora, muchos economistas dicen que los grandes ganadores de la globalización son, de lejos, las personas con la educación y habilidades necesarias para aprovechar las nuevas oportunidades. Los ingresos de los trabajadores poco calificados tal vez hayan subido, pero los salarios de los trabajadores calificados han subido mucho más rápido. "Se suponía que la globalización iba a ayudar a la gente con menos habilidades (pero) en los países en desarrollo existen pruebas contundentes que no están mejor, al menos no en relación a trabajadores con habilidades o niveles de educación superiores", afirmaron Pinelopi Koujianou Goldberg, de la Universidad de Yale, y Nina Pavcnik, de la Universidad de Dartmouth, en la última edición del Journal of Economic Literature. El lado oculto La globalización merece reconocimiento por ayudar a millones de personas a salir de la pobreza. Esto es especialmente cierto en China, donde los salarios de los trabajadores poco calificados han aumentado de manera constante. Y si bien los ingresos de estas personas en México han sido fluctuantes, la competencia extranjera ha reducido los precios de muchos bienes, contribuyendo a aliviar la pobreza. Pero algunos países en desarrollo parecen seguir la senda de EE.UU., país en el que la brecha de ingresos ha subido drásticamente desde principios de los años 70. En América Latina la desigualdad en la distribución de los ingresos se ha acentuado después de la liberalización económica en nueve de los 12 países que examinaron los economistas Guillermo Perry y Marcelo Olarreaga en un estudio del Banco Mundial publicado el año pasado. Aunque esto se podría explicar en parte por el lento crecimiento económico de la región, la desigualdad de los ingresos también está creciendo en varios países asiáticos que han experimentado altas tasas de expansión, como Tailandia e India. Esto incluso ha sido el caso de Corea del Sur, un país conocido por su compromiso con la educación igualitaria. Y, claro, también está China. Si bien su impresionante expansión ha logrado generar importantes aumentos salariales para las clases bajas, la brecha de los ingresos también ha crecido debido a las enormes ganancias de su clase alta. Entre 1984 y 2004, la desigualdad de los ingresos en China --medida según el índice Gini, donde 0 es una igualdad perfecta y 100 es una desigualdad perfecta-- pasó de 29 a 47, de acuerdo con los investigadores del Banco Mundial Martin Ravallion y Shaohua Chen Las estadísticas de México son más complejas, ya que se ven distorsionadas por la enorme economía informal y la emigración. Entre 1986 y 2000, período en el que el país comenzó a liberalizar su economía, los salarios del décimo percentil más pobre cayeron, mientras que los del 10% más afluente de la población crecieron casi 25% ajustados a la inflación. En los últimos años, la tendencia se ha revertido. Los economistas lo atribuyen a mejores oportunidades educacionales y a la emigración de muchos trabajadores de bajos ingresos hacia EE.UU., lo que ha aliviado la competencia local por empleos de bajas calificaciones. Las consecuencias de la creciente desigualdad en la distribución de los ingresos son profundas. Aquellos sin mayores habilidades o educación muchas veces se encuentran atrapados en la economía informal que no entrega beneficios de salud o jubilación. Eso ha impulsado la emigración hacia EE.UU. o regiones más prósperas en México. Además, la creciente desigualdad también alimenta el argumento que la globalización sólo beneficia a las elites. En América latina ese sentimiento de alienación ha impulsado a candidatos presidenciales populistas que conquistaron los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, y que estuvieron cerca de quedarse con el poder en México. En China el Partido Comunista está preocupado de que el apoyo popular a la liberalización se desplome. En marzo, el premier chino Wen Jiabao dijo que el gobierno debe "salvaguardar la equidad y justicia social para asegurarse que todos compartan los frutos de la reforma y el desarrollo". El caso de Puebla Los efectos de la globalización se exhiben nítidamente en Puebla, una urbe de 1,5 millones de habitantes a 125 kilómetros de Ciudad de México. Durante mucho tiempo, Puebla ha sido un centro para el comercio y la industria textil. Después de la Segunda Guerra Mundial, sus industrias estuvieron protegidas por aranceles altos y restricciones a las inversiones extranjeras. En los años 70, estas barreras ayudaron a impulsar el crecimiento económico, pero el sistema colapsó con la crisis de la deuda y las fuertes recesiones que sacudieron a gran parte de América latina en los años 80. Para revivir a su economía, México comenzó a mediados de los 80 a reducir sus barreras de importación y empezó a incorporarse a la economía mundial mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta) en 1994. En esa época, muchos políticos y economistas mexicanos predecían que la globalización generaría muchos empleos nuevos en el país, en especial para los más pobres. "Los salarios mexicanos no van a permanecer bajos si somos capaces de crecer", dijo en 1991 el entonces presidente Carlos Salinas. Durante un tiempo esto fue cierto. El fabricante de toallas Industrias Cobitel SA obtuvo dos grandes clientes de EE.UU. después del Nafta y dobló el número de trabajadores a 250 hacia 2000. Las exportaciones representaban 40% de las ventas de la empresa en 2000. El negocio iba tan bien en Puebla, que a muchos empleadores no les preocupaba qué tanta educación tenían sus nuevos trabajadores. Pero la inversión extranjera y la creciente competencia llevaron a un auge de la demanda por mano de obra calificada. Las compañías locales que antes operaban con maquinaria anticuada ahora se veían forzadas a modernizarse o cerrar. Por ejemplo, Volkswagen AG, el mayor empleador en Puebla, fabricó durante años los "escarabajos" o "vochos". Pero con la apertura de la economía mexicana, la compañía comenzó a exigir más de su fuerza laboral en su intento por producir vehículos para los consumidores estadounidenses. En los últimos 10 años, la automotriz alemana dobló el número de ingenieros en sus plantas en Puebla a 700 y planea agregar otros 100 este año. Ellos ganan entre US$ 400 y US$ 600 a la semana y son todos egresados de la universidad. Al mismo tiempo, desde 2000 la empresa ha reducido su fuerza laboral en 15%, a 14.000 empleados, al eliminar trabajos de ensamblaje y tercerizar la producción de varios componentes. Flores, el sastre desempleado, dice que tiene dos hermanos que se fueron a EE.UU., pero él no quiere hacer lo mismo. Ahora está en busca de un empleo como obrero. La buena noticia para él: Puebla vive un verdadero auge inmobiliario para satisfacer a la nueva clase media, como los ingenieros de Volkswagen. Por Bob Davis y John Lyons, en Puebla, México, y Andrew Batson en Dalian, China, The Wall Street Journal. Postergación del Censo 2007
Escribe Farid Matuk___________________________________________________________________La licitación de la impresión de las cedulas censales, que es el primer paso para la ejecución de cualquier censo en una fecha dada, ha sido postergada por dos semanas. Como se puede deducir de las consultas y respuestas en torno a la licitación, no habría ninguna empresa nacional preparada para ganar dicha licitación en los plazos indicados, por ello se ha postergado la fecha de la licitación con la esperanza que surja un postor, y pronto se debe anunciar la postergación de la ejecución del censo. No cabe duda, que la improvisación en la ejecución del capricho presidencial va saliendo a la luz, lo siguiente es esperar si en adición a postergar la ejecución del Censo 2007, se deja de lado la tecnología del escaner para la captura de datos para retornar a la tecnología de digitar los datos con el consiguiente deterioro de calidad. Este abandono de la técnica del escaneo impedirá también que una auditoría pueda verificar independientemente la calidad censal. En síntesis, el verdadero propósito de las críticas a la metodología del Censo Continuo se dibuja más claramente. Las 30,000 entrevistas mensuales que se hacían con el Censo Continuo, permitirían saber luego del primer año de gestión si el analfabetismo se había reducido o el acceso a agua potable se había incrementado, en cada una de las 195 provincias. Lo que tendremos este 28 de Julio es más retórica y menos información. Extensión de Plazo http://www.unfpa.org.pe/Licitacion/INEI/LPI_01_2007Extplazopropuesta.pdf Consultas y Respuestas 1 http://www.unfpa.org.pe/Licitacion/QUESTIONSANDANSWERSICB012007.pdf Consultas y Respuestas 2 http://www.unfpa.org.pe/Licitacion/QUESTIONSANDANSWERSICB012007_2.pdf Inversión Pública
ALGUNAS INDEFINICIONESKurt Burneo F. Un tema levantado por el propio Presidente de la República es el de la necesidad de flexibilizar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), de allí que surge el famoso DU. 014 que lo flexibiliza en extremo, dados los magros resultados del publicitado Shock de inversiones y los niveles actuales de ejecución del gasto público de capital. Pero en toda esta problemática que es real, se está obviando la ejecución pendiente de 12,000 proyectos de inversión con declaratoria de viabilidad dada por el ahora tan vilipendiado SNIP, así que el tema del gasto público de capital tendría más aristas por revisar. Los proyectos de inversión pública tiene 3 fases bien definidas: la 1ª. Corresponde a la Preinversión la cual consta de la formulación del perfil y los estudios de pre y factibilidad respectivamente. La 2da. Corresponde a la inversión que comprende la elaboración del expediente técnico y la ejecución misma del proyecto, obviamente con la correspondiente declaratoria de viabilidad previa y la 3ª. Corresponde a la Post-inversión. El tan comentado DU 014 declara en emergencia los Proyectos de inversión pública en educación, saneamiento, salud, electrificación rural, pequeñas y medianas irrigaciones, centrales hidroeléctricas y concesiones de obras públicas de infraestructura y servicios públicos (casi todo el gasto público de capital) y con ello establece que con solo un perfil “integrado” se aprobarían los proyectos saltándose a la garrocha los estudios de pre y factibilidad que son los que justamente dan la información necesaria para reducir el riesgo de ejecutar un proyecto no sostenible y/o con una insuficiente tasa de retorno en términos sociales. Al final se ha conformado una comisión para proponer cambios al SNIP y con ello al DU 014 reconociéndose implícitamente el error cometido. Claro que es entendible que dado el incremento de ingresos fiscales existan presiones importantes para un mayor nivel de ejecución del gasto público y por supuesto que es necesario poder conseguir algún nivel de accesibilidad mayor de los sectores (gobierno central) como de los gobiernos regionales y municipales (gobiernos subnacionales) para un mas rápido cumplimiento de las condicionalidades exigidas por el SNIP aunque debe señalarse que actualmente proyectos de hasta S/. 2 mlls. se puede ejecutar con sólo un perfil y hasta S/. 6 mlls con estudios de prefactibilidad aprobados en la propia oficina de programación e inversiones de la entidad pública, es decir no van al MEF como comúnmente se cree. ¿Pero que hacemos con los 12,000 proyectos que según la propia Dirección de Programación Multianual del MEF actualmente tienen declaratoria de viabilidad y que están listos para ejecutarse?. La inversión pública involucrada de estos proyectos S/. 6,500 millones no son ninguna pequeñez, considerando un gasto de capital en el presupuesto para este año de S/.11,131 mlls, equivale a un 58% de este total. Incluso comparativamente entre los gobiernos regionales y el central la mayor parte de este stock de proyectos listos para ejecutar no están como muchos piensan en los primeros sino mas bien en el gobierno central con 2,297 proyectos involucrando S/. 2,314 mlls es decir el 21% del gasto de capital presupuestado para este año Dada la injerencia directa que tiene el Presidente de la República sobre este ente ¿Por qué no se inicia la ejecución de estos proyectos y se reduce significativamente este stock? ¿Por qué no hay un pronunciamiento oficial cuando menos de los sectores respecto a lo que se hará con dicho conjunto de proyectos? Todos estos proyectos con declaratorias de viabilidad son consecuencia de estudios que han tenido un costo para el Estado en distintos momentos, entonces cuanto mas se extienda el tiempo de indefinición sobre estos mas alto será el costo de oportunidad de los recursos gastados en los estudios ya hechos, con lo cual se configura un caso claro de dispendio en el uso de los recursos del Estado, lo que sin duda seria inconsistente con la tan preconizada austeridad e indispensable mejora en la calidad del gasto público.
¿Dejar sepultados nuestros Recursos Naturales No Renovables? Escribe Juergen Schuldt____________________________________________________________________Nadie en su sano juicio le propondría a gobierno alguno –y menos a uno en cuyo derredor campea la miseria- que deje inexplotados los recursos petroleros o mineros que posee en el subsuelo. Sin embargo, recientemente, el economista Alberto Acosta: Ministro de Energía y Minas del Ecuador, ha propuesto esta aparentemente peregrina idea para determinados lotes de petróleo ubicados en su Amazonía, a pesar de los elevados precios del crudo y recordando que un tercio del presupuesto nacional se basa en esas exportaciones. En su propuesta, apoyada por el presidente Rafael Correa, se trataría de dejar de explotar un bolsón de petróleo, estimado en 920 millones de barriles (40% de los cuales son reservas probadas) a lo largo del próximo cuarto de siglo, ubicado en la zona selvática de Ishpingo-Tambococha-Tibutini (ITT) de las provincias de Pastaza y Napo, próximos a la frontera noreste del Perú. Este bloque abarca nada menos que un millón de hectáreas de bosque húmedo del Parque Nacional y Reserva de la Biósfera Yasuní, declarado como tal por la UNESCO en 1989. Por supuesto que estamos hablando de cifras multimillonarias. Si una empresa (privada o pública, nacional o extranjera) explotara ese pozo, el más grande del Ecuador, en los siguientes 25 años producirían un valor bruto de nada menos que US$ 29.000 millones (que ciertamente habría que recalcular en términos de valor presente), que le generarían utilidades netas por US$ 18.000 millones. Anualmente, estas últimas equivaldrían a un promedio de US$ 720 millones, asumiendo un precio de US$ 32 por barril (recuérdese que se trata de crudo pesado) y un costo unitario de US$ 12. Partiendo de esos datos, lo que el gobierno ecuatoriano exige es que se le pague anualmente apenas la mitad de esas utilidades netas por el hecho de mantener enterrado el oro negro en ese lugar. Esa cifra no deriva de un capricho, sino que se obtiene de la estimación -que aquí no viene al caso- de los costos de oportunidad de la conservación y los de la pérdida de servicios ambientales en ese ecosistema. Ese dinero se ‘recaudaría’, tanto por el patrocinio de la comunidad internacional para asegurar la condonación de parte importante de la deuda externa multilateral (cercana a los US$ 5.000’), de la bilateral y de la que tiene con el Club de París (US$ 800’), como de donaciones de gobiernos, ONGs y personas que apuestan por la iniciativa. Con ese financiamiento se crearía un fondo de compensación, manejado quizás por un organismo internacional, de preferencia ambientalista, a través de un fideicomiso, destinándolo a obras sociales, de ecoturismo, de conservación del medio ambiente y para el desarrollo de fuentes alternativas de energía. ¿A guisa de qué se pide ese monto de dinero, que tampoco es una fortuna? Básicamente, según la contundente argumentación del Ministro, porque ello permitiría evitar los problemas que la explotación petrolera generara durante las últimas cuatro décadas en el país, especialmente en la zona de Lago Agrio, a cargo de Texaco. En efecto, en este nuevo caso se arruinaría la flora y fauna de la zona, se envenenarían las aguas y tierras –es decir, el sustento y la salud- de los colonos, a la vez que se desintegraría a las comunidades nativas huaorani que ocupan la zona (básicamente las etnias tagaeri y taromenani) y que no tienen interés ni necesidad alguna de incorporarse a la ‘civilización’. A pesar de no tener voz y voto, con lo que no le rinden rédito político alguno al gobierno, éste viene asumiendo su defensa. De otra parte, en estrecha relación con el cuidado de la biodiversidad, tienen toda la razón que se les pague por el oxígeno que genera el bosque húmedo impoluto para el planeta, evitando que –por el consumo de esa mayor producción petrolera- se agrave aún más el efecto invernadero; en este caso por la generación de CO2, externalidad negativa que ha sido valorada en US$ 4.400 millones para todo el periodo. A lo que se añade el hecho que, de explotarse el crudo pesado, habría que invertir en una termoeléctrica y una planta de conversión para posibilitar su transporte, con lo que se añadiría una nociva carga adicional sobre el medio ambiente. De esta manera, el gobierno ecuatoriano cumpliría con la necesidad -por todos compartida- de ocuparse de uno de los más importantes ‘bienes públicos globales’. Además, este esfuerzo, si tuviere seguidores que respetaran esos mismos criterios, al contribuir a aumentar el precio internacional, aceleraría los esfuerzos a escala internacional por sustituir energías sucias por otras menos dañinas. Éste es también el propósito del Ministro, quien viene alentando la inversión en hidroeléctricas y, sobre todo, en energías alternativas, solar y eólica. Todo lo que no quiere decir que en otras zonas del país sigan explorando y explotando petróleo, siempre y cuando existan las condiciones para evitar los daños mencionados. ¿No creen que eso es suficiente para pedir esa pequeña suma anual de US$ 350 millones de la comunidad internacional? ¿No es sumamente ‘rentable’ ese gasto, especialmente para los ciudadanos de los países del Norte, a cambio de que se respete el medio ambiente en un mundo que cada vez sufre más de la petro-dependencia y su impacto sobre el clima? Bien dice el sociólogo ecuatoriano Javier Ponce sobre esta proposición: “¿Es un sueño? No necesariamente, si se tiene en cuenta el enorme valor simbólico que podría tener en el mundo un paso de esta naturaleza y de estas dimensiones, en pleno clímax de la amenaza del calentamiento global. Sería una primera medida concreta, en la que las sociedades del Norte reconozcan a un país amazónico por su esfuerzo por conservar un espacio que contiene la mayor biodiversidad del planeta y es una de las 24 áreas prioritarias para la vida silvestre del mundo”. ¡Cuánto podríamos aprender en el Perú de este caso paradigmático –diría que hasta de repercusión mundial- que nos obliga a pensar más allá del estrecho horizonte de nuestras narices y que privilegia el verdor de nuestras selvas amazónicas frente al del verde dólar! La alianza entre el APRA y el fujimorismo
José OscáteguiProf. Dpto Economía PUCP Aunque para algunos analistas políticos[1] no habría ninguna alianza entre el APRA y el fujimorismo, una buena parte de ellos ¾incluyendo, por supuesto, a ilustrados caricaturistas¾ se inclina a sostener que la alianza es concreta y visible. Nosotros estamos entre estos últimos. En este artículo trataremos de demostrar lo que todo historiador sabe (y todo agricultor también): que los frutos de hoy son resultado de semillas sembradas en años anteriores. El análisis de la coyuntura sin el respaldo de la historia puede conducir, con frecuencia, a resultados equivocados.IEl APRA radical[2]El APRA insurge en los años treinta del siglo pasado como movimiento popular, con propuestas radicales plasmadas en el libro El antimperialismo y el APRA (A y A, en adelante), que se constituyó en el libro de cabecera de todo aprista consecuente. En esa época, el APRA tenía también sugerencias de carácter étnico basadas en la experiencia peruana, mexicana, boliviana, centroamericana, etc., de la época y, en su afán de reducir la dependencia de los países de Centro y Sudamérica. Con el concepto de indoamericanismo, Haya de la Torre resaltaba la unicidad de los países al sur del río Grande y su diferencia con la parte sajona de América.[3] En A y A también están presentes sus propuestas de reforma agraria y nacionalización de las tierras e industrias, su tesis de los aspectos bueno y malo del imperialismo, su propuesta de organización corporativa de la sociedad, etc. La izquierda de la época catalogó al APRA como fascista, lo que fue un error, pues aun cuando este partido fuera autoritario y corporativo faltaba en el país, por lo menos, el gran capital de base nacional (el de base internacional ya existía en la explotación minera, casi de tipo enclave).IIEl gran cambioA mediados del siglo XX, en medio de disputas y desacuerdos internos que fueron sofocados en su momento por la figura dominante de Haya de la Torre, el APRA muta hacia las tesis del segundo libro fundamental, 30 años de aprismo. Como consecuencia de este proceso, dejó de ser el partido prohibido e ilegal de sus inicios y se convirtió, paulatinamente, en un partido legal y aceptado por los poderes fácticos, aunque esta aceptación inicialmente fue con reservas.[4]Hasta la década del sesenta el APRA conserva un muy significativo respaldo popular, pero en constante reducción. Es bueno recalcar que no es posible que un partido represente a los sectores populares si no está asentado y no contiene la representación de sectores populares organizados. Ese respaldo expresado en organizaciones como la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) impulsaba su radicalismo. El nuevo partido Acción Popular, surgido a mediados de los cincuenta, reunía entre otros a muchos seguidores del aprismo descontentos, y en los años sesenta ese partido cuestiona en las urnas la hegemonía popular aprista. El Perú estaba cambiando. La oligarquía agraria se había debilitado y se iba constituyendo en obstáculo al desarrollo del mercado, lo que abrió el espacio para los planteamientos sobre la reforma agraria incluso de partidos opuestos al APRA. Desde comienzos del siglo XX, la economía de mercado en el Perú se desarrollaba lentamente sobre la base de lo poco que dejaba en el país la explotación minera. También, desde inicios de la década del cincuenta, con apoyo público, se desarrollaba una incipiente industria nacional; la migración interna (que se inicia a comienzos del siglo XX, pero se acentúa a mediados de dicha centuria), resultado de la pobreza pertinaz de la sierra, hacía crecer a las ciudades y permitía a los migrantes el acceso, aunque escaso, deficiente y caro, a algunos servicios como la luz, el agua potable, la educación pública, que no existía en sus lugares de origen.[5] La base mestiza, chola, excluida y discriminada del APRA, que inspiró las tesis del indoamericanismo, se trasladaba a las urbes y accedía a algunos servicios urbanos y a la posibilidad de mejorar económicamente en la ciudad. Esta última, sin embargo, fue y sigue siendo un lugar de discusión e intercambio de ideas políticas, por lo que la influencia de corrientes como las de izquierda marxista y no marxista, y otras corrientes liberales impregnó al partido aprista que, integrado a la legalidad y confrontado por su desarrollo de ideas que cuestionaban su ideario original y su acción política, fue perdiendo su disciplina vertical y encontró limitada su capacidad de controlar a sus militantes. Entre los años treinta y sesenta, aquellos que, gracias a la propuesta y movilización hasta entonces radical del APRA, se habían incorporado al Estado y a la creciente economía mercantil, fueron sintiendo que las propuestas originarias apristas del Estado antimperialista, de una mayor intervención del Estado en la economía, de llevar adelante una reforma agraria, entre otras, ya no se encontraban entre sus prioridades. Esto ayudó a la dirigencia aprista de los sesenta, a los nuevos dirigentes de ese entonces y también a los antiguos dirigentes, a evolucionar hacia posiciones políticas que en términos económicos eran liberales sui generis, considerando las circunstancias de la época.[6] La llamada «superconvivencia» expresó esta evolución, que significó también una mayor pérdida de bases en sectores populares organizados. La crítica, en esos años, a estas posiciones no provino principalmente de los marxistas de la época, que poco habían cambiado el tenor de sus críticas desde la aparición del aprismo, sino del partido recientemente fundado Acción Popular e incluso de los militares. El libro 30 años de aprismo, que se convirtió en el segundo libro fundamental del aprismo después de A y A, fue escrito por Haya en 1954. Este libro es, en toda su extensión, un esfuerzo por demostrar la «vigencia» de las tesis apristas, y que los cambios en la acción política práctica que impulsaba eran pequeñas variaciones que ya estaban contenidas en el primer libro fundamental, el cual habría sido completado por este segundo libro.IIILas tesis de 30 años de aprismoDurante los radicales años ochenta, cuando el Perú parecía acercarse al socialismo, los opositores del APRA, desde su posición de izquierda, acusaron a este partido de no ser de izquierda y de incluso haber abandonado sus tesis primigenias. Al interior de este partido se procesó una ruptura: los que abanderaban las posiciones antagónicas levantaban, unos, el primer libro fundamental del aprismo y, los otros, el segundo libro. Se consideraba que el segundo libro encarnaba un giro a la derecha con respecto al primero. Alan García estuvo entre los primeros.Este segundo libro fue un esfuerzo por explicar el cambio de la política aprista de una política de enfrentamiento con Estados Unidos a una política de cooperación. La tesis sobre el imperialismo es desarrollada en el aspecto que considera que este tiene una «fase inevitable y constructiva [...] como modo económico de la industrialización», pero que, además, había el «imperialismo político, puesto al servicio del económico». Este último era el aspecto malo. Sin embargo, según Haya, ambos aspectos eran separables, el presidente Roosevelt con su política del «Buen Vecino» habría producido tal separación: «[...] cuando la doctrina de la “Buena Vecindad” comenzó a dar sus frutos con la desvinculación del imperialismo político del económico [...]». El imperialismo se convirtió en bueno, totalmente bueno, pues el económico ya era civilizador y bueno, y ahora el político desaparecía con las políticas de Roosevelt. En el primer libro fundamental, el Estado antimperialista tenía como objetivo la organización de un «nuevo sistema de economía, científicamente planeado», un «capitalismo de Estado» encaminado a «dirigir la economía nacional y a controlar o estatizar progresivamente la producción y circulación de la riqueza». En 30 años de aprismo, publicado en 1956, Haya afirma que cuando escribió el primer libro, el A y A, en 1928,: «No pude poner como ejemplo de este control estatal de la economía al New Deal norteamericano». Es decir, en términos de su acción económica, el Estado antimperialista, el nuevo sistema de economía, el capitalismo de Estado, todo ello quedaba reducido al New Deal de Roosevelt. Con 30 Años de aprismo, el APRA se liberó de la carga conceptual presente en El antimperialismo y el APRA, y empezó a procesar su lenta transformación hacia ser un partido liberal en lo económico.El APRA fue popular no porque fuera antinorteamericano per se, tampoco porque fuera anticapitalista (nunca manifestó tener esas características), sino porque el discurso original aprista afirmaba la necesidad de acabar con el latifundio y enfrentar, con apoyo y organización popular, al soporte político internacional de los latifundistas y de los que explotaban nuestros recursos naturales (que eran, de lejos, las principales actividades económicas del país). Este soporte internacional era, básicamente, el Estado norteamericano, y sus acciones se conocían como «imperialismo» norteamericano. Además, los apristas por su trabajo político en sindicatos y organizaciones populares, tenían su representación en el partido, y prometían enfrentar a esas fuerzas “imperialistas” que imponían las condiciones de dominación política con ausencia y/o limitación de derechos básicos para trabajadores y clases medias. Durante su época revolucionaria y reformista el APRA estuvo presente en las organizaciones sindicales y populares como la fuerza más importante. Al mismo tiempo, estas organizaciones populares tenían representación orgánica dentro del APRA. Ante los cambios, la mística de la militancia aprista se fue apagando y el APRA fue perdiendo presencia en las organizaciones populares y estas dentro del partido. Algunos grupos se escindieron del APRA. La época del reformismo y hasta revolucionarismo aprista se estaba cerrando. Julio Cotler analiza este período.[7] Según Peter Klaren, hacia 1962 el antiaprismo militar había girado 180 grados, y su tradicional temor al radicalismo de este partido había cedido su lugar a la preocupación de que el APRA, convertido en partido conservador, bloqueara las reformas necesarias para el desarrollo.[8] Ese razonamiento habría estado en la base del golpe de Estado de 1962, pero también estuvo en el golpe militar de 1968 liderado por el general Velasco Alvarado. El gobierno militar duró hasta 1980. La actividad política abierta en el país se reinicia recién con la retirada de los militares del gobierno, en 1980. La izquierda crece asombrosamente durante el primer quinquenio de los ochenta, influyendo, como ya mencionamos, en la pugna en el aprismo en torno a los dos libros fundamentales. Desde los sesenta, el APRA ya es uno de los partidos del orden establecido. Pese a ello, los grupos de poder económico y político no podían confiar en un partido que tenía todavía un buen número de representantes de los sectores populares. Estos grupos sentían enorme desconfianza, aunque ya no buscaban proscribirlo como antaño. En las elecciones presidenciales de 1985, el crecimiento de la izquierda pone a esos grupos en el dilema de tener que escoger entre la izquierda y el APRA, luego de la debacle de Acción Popular. El aprismo prometía entre otras cosas que, basándose en su organización, acabaría con la amenaza de Sendero Luminoso. Por esta y varias razones adicionales, el APRA consigue que Alan García sea elegido presidente. El total fracaso de su gobierno lo convirtió, según la visión de los grupos de poder, en un partido ineficiente pero dentro del orden establecido. En adelante se criticará su ineficiencia pero, aunque se desconfiará de sus sectores populares, no se cuestionará su pertenencia al sistema, y el intento de nacionalización de la banca será visto como una «locura» de García.IVEl pensamiento de derecha en el Perú. El fujimorismo y el APRAEs difícil sostener que la derecha en el Perú ha plasmado su ideología en uno o varios textos más o menos orgánicos. No es un exageración sostener que la mayor parte del pensamiento en las Ciencias Sociales ha sido hecho, si no por intelectuales de izquierda, por lo menos por quienes realizaron sus análisis mirando desde esa perspectiva. El pensamiento de la derecha, por ser esta tan excluyente, no ha sido expresado menos aún si se trataba de organizar partidos con la aspiración de ganar elecciones. En general, la derecha expresó sus ideas y actuó abiertamente solo durante los golpes militares. Con la excepción del gobierno militar de Velasco Alvarado, sus ideas han coincidido, siempre, con las de dictadores y golpistas militares, y han levantado siempre los intereses excluyentes del gran capital nacional y extranjero[9]. Los diez años de dictadura fujimorista no fueron una excepción. El fujimorismo no es una ideología original, lo que conocemos como tal no es sino la defensa del mercado sin controles, es lo que se conoce como el «neoliberalismo», y presenta sus propuestas como si regular el gran capital pudiera perjudicar en vez de beneficiar al pequeño y mediano capitalista. En este sentido, el “neoliberalismo” sería la ideología económica del gran capital que, por no ser básicamente nacional, no tiene una propuesta política redistributiva, ni acepta la regulación del mercado.La valoración del mercado y el entendimiento de su necesidad es plenamente aceptado por el pensamiento de izquierda, pero entendiendo que por sí solo el mercado es incapaz de resolver el problema de la desigualdad, que el mercado no se regula a sí mismo, y que esta regulación es indispensable para que funcione una sana economía de mercado. La valoración del mercado no es sinónimo de aceptar y favorecer, incluso desde el Estado, los intereses excluyentes del gran capital en sus versiones nacional y/o extranjero. Pasado el período fujimorista, durante el gobierno de Alejandro Toledo el APRA restablece sus lazos con el poder económico, y llega a las elecciones del 2006 con la carga de ineficiencia, pero sin sospecha alguna sobre su lealtad al orden establecido. Ya no tiene el respaldo de organizaciones sindicales ni populares importantes, pero tiene un candidato carismático. Las elecciones del 2006 son, en cierta forma, un revivir de las elecciones de 1985 con algunas variantes. A semejanza de entonces, al encontrarse fuera de carrera su candidato de mayor confianza, en la segunda vuelta electoral los grupos de poder económico tienen que escoger entre el APRA y otro partido. Esta vez fue el Partido Nacionalista del Perú. La decisión no fue difícil, más aún cuando sus propios analistas anticipaban un posible desborde popular y, el APRA, nuevamente al igual que en 1985, ofrecía que, por ser el partido más organizado, era el mejor para imponer la pax empresarial peruana. Nuestro análisis de la elección de García, de las condiciones en que esta se produce y según las cuales el APRA llega esta vez al poder, nos permiten afirmar que, después de cerca de ochenta años, finalmente, el gran capital con base en el Perú y en el extranjero, se ha encontrado con el partido que buscaba, solo que ahora este casi no tiene bases sindicales y populares. Si, para que los planteamientos políticos sean sostenible dentro de un partido, se necesita que dichas propuestas tengan su sustento social, la extendida pérdida del APRA de bases sindicales y populares ha reducido, al extremo de que creemos poder sostener que ya no existe, la presencia de propuestas socialdemócratas sustantivas dentro del APRA. Creo que podemos afirmar que el APRA ya no tiene las bases sociales organizadas que harían posible que ese partido pueda desarrollar propuestas y acción política de carácter “socialdemócrata”. V¿Real politik aprista?[10]La real politik es frecuentemente definido como la política que se basa en nociones prácticas más que ideológicas. Esto implicaría que quien la ejecuta no pierde ni contradice su propia naturaleza al hacerlo, sino que se mueve solamente en el plano de la resolución de problemas políticos prácticos. Hemos tratado de mostrar que la evolución del aprismo lo ha convertido en el mejor representante de las clases empresariales en el Perú. Esto ha demorado ochenta años, pero ha llegado. Al haber evolucionado el país hacia una clara economía de mercado con alta concentración del capital, del mercado y del ingreso, el partido aprista se ha convertido en el mejor defensor de este proyecto de economía y sociedad. La campaña del 2006 le sirvió para levantar la bandera del orden y seguridad. Consecuente con tal propósito escogieron su plancha presidencial y, una vez en el gobierno, contrataron y nombraron en cargos públicos a muchos de los más connotados representantes políticos del gran empresariado conservador. El proyecto que ejecuta el APRA no proviene ni siquiera de lo planteado en 30 años de aprismo (que ha devenido en demasiado radical para el APRA actual) y no tiene mucho de socialdemocracia. El APRA se ha convertido en el principal partido conservador del Perú. Tanaka está equivocado, en adelante la verdadera real politik aprista se verá en su relación con los movimientos sociales populares y no en su relación con los representantes políticos del gran empresariado conservador. El APRA actual tiene la fuerza del respaldo de los poderes económicos que ahora representa y la fuerza del Estado que ahora controla, pero es débil en términos de su enraizamiento popular. No hay base popular importante en la que la población reconozca y valore el trabajo político del APRA, así como tampoco dentro de ese partido se encuentra bases populares organizadas. Además, su ideología original, luego de los cambios expresados en 30 años de aprismo no ha sido desarrollada, aunque parece haber asumido con todo entusiasmo la prédica de los voceros del gran capital asentado en el país. Ambas cosas no se encuentran entre lo que señalaríamos como sus fortalezas. [1] TANAKA, Martín. «Creo que esta hipótesis no se sostiene». Perú 21, 20 de febrero de 2007.[2] Los libros utilizados como referencia son: El antimperialismo y el APRA. Edición facsimilar de la 2.a ed. de 1936, y 30 años de aprismo. Edición facsimilar de la 1.a ed. de 1956. Ambos escritos por Víctor Raúl Haya de la Torre. [3] Esto muestra que el primer etnonacionalista peruano habría sido Haya de la Torre.[4] El APRA participa con candidato propio en los procesos electorales de 1962 y 1963 como antes no había ocurrido. Luego participa en las siguientes elecciones con pleno derecho y sin que se hable del «veto militar».[5] Este proceso ha sido documentado, entre otros, en el texto Desborde popular y crisis del Estado: veinte años después. Lima: Fondo Editorial del Congreso, 2004 de José Matos Mar.[6] No era liberal en términos económicos el dejar de postular o postergar la reforma agraria.[7]“Mientras tanto el APRA, con el apoyo del odriísmo desarrolló una activa política para satisfacer los intereses inmediatos de segmentos de las clases populares y medias urbanas, mientras por otro lado, se articulaba con banqueros, industriales, exportadores y terratenientes [...] a través de su organización partidaria y su expresión en el parlamento. [...] el APRA sostenía que esa política asistencialista no debía afectar los intereses dominantes”. Clases, Estado y Nación en el Perú. IEP ediciones, 2005.[8] Klaren, Peter Nación y sociedad en la historia del Perú. IEP Ediciones, 2004[9] Utilizo este término, “gran capital nacional y extranjero”, para referirme a esos sectores empresariales con inversiones tanto dentro como fuera del país, que no tienen una preocupación mayor por el desarrollo del mercado interno. Por ejemplo, el gran empresariado minero, los grandes exportadores de la agroindustria, etc.[10] Martín Tanaka, “La ‘Real Politik’ de Alan García”. Peru21, 17 Abril 2007.

References: Resolución 
 artículo 75
 Resolución 
 artículo 11
sui generis
 resolución