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Timestamp: 2019-03-23 12:38:06+00:00

Document:
as201411317b
AUTO SUPREMO Nº 317/2014-RA
Sucre, 10 de julio de 2014
Expediente : Tarija 22/2014
Parte imputada : Abraham Machuca Cruz
Por memorial presentado el 17 de junio de 2014, cursante a fs. 399 a 407 vta., Abraham Machuca Cruz, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 17/2014, de 21 de mayo de fs. 384 a 387 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Juana Choque Díaz contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente previsto y sancionado por el art. 308 Bis del Código Penal (CP).
En mérito a la acusación pública (fs. 18 a 20) y desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 09/2013 de 11 de septiembre (fs. 297 a 301), el Tribunal Primero de Sentencia de la ciudad de Tarija, condenó a Abraham Machuca Cruz, a la pena privativa de libertad de quince años de presidio por encontrarlo culpable de la comisión del delito de Violación de Niño Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del CP, con costas al Estado más el pago civil a ser averiguable en Ejecución de sentencia
Contra la mencionada Sentencia y Auto de Complementación y Enmienda de 13 de septiembre de 2013, el acusado presentó recurso de apelación restringida (fs. 357 a 363), resuelto por Auto de Vista 17/2014 de 21 de mayo, por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso de apelación restringida y en consecuencia, confirmó la Sentencia impugnada.
El 30 de mayo de 2014, se notificó al acusado Abraham Machuca Cruz con el citado Auto de Vista y habiendo solicitado explicación, complementación y enmienda, fue notificado el 10 de junio de 2014 (fs. 391), con el Auto Complementario 06/2014 de 5 de junio. Finalmente, interpuso, el recurso de casación que es caso de autos, el 17 del mismo mes y año.
El recurrente inicialmente señala que, la resolución que impugna no subsanó los agravios expresados y apartándose de una adecuada valoración jurídica, declaró sin lugar su recurso de apelación, contradiciendo otros precedentes jurisdiccionales que resguardan la seguridad jurídica y por ello, recordó que en la apelación restringida denunció que la Sentencia vulneró la presunción de inocencia y el principio de in dubio pro reo y que incurrió en el defecto previsto en el inc. 5) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque el Tribunal de Sentencia valoró en su contra la ausencia de la víctima en el juicio, aunque ésta no asistió a la audiencia por falta de notificación; sin embargo, su ausencia fue ofrecida por el Fiscal como prueba de cargo cuando señaló que era lógico que ésta no asistiera por conflicto de interés. Añadió que el Tribunal de Sentencia, consideró que existió prueba compuesta indirecta que puede ser valorada con base en el principio de libertad probatoria o prudente arbitrio, aspecto sobre el cual, el Tribunal de alzada omitió pronunciarse, a pesar de que esa argumentación subjetiva de la sentencia vulnera el principio de legalidad, del in dubio pro reo y de presunción de inocencia, porque en el caso se ha presumido su culpabilidad por la ausencia de la víctima en el juicio, cuya inasistencia se debió a la falta de notificación. Invocó los Autos Supremos 504/2007 de 11 de octubre, 277/2008 de 13 de agosto, 200/2012-RRC de 24 de agosto y 014/2013-RRC de 6 de febrero, relativos a la facultad del Tribunal de alzada para subsanar los errores de la sentencia; controlar la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación.
Agregó que pese a haber pedido que el Tribunal de alzada controle la defectuosa valoración de la prueba; no obstante incurrió en los mismos defectos de la sentencia porque fue condenado con base a indicios, y que la doctrina señala que la prueba indiciaria tiene un nivel de inseguridad bastante sensible al momento de su valoración, lo que no ocurre con la prueba directa. En su caso, apuntó que la víctima no compareció al proceso y que jamás lo denunció, ni en la etapa investigativa ni en la de juicio porque la investigación penal se inició a denuncia de la tía de ésta y como único acto, la víctima concurrió a la revisión médica que según el Tribunal de Sentencia fue la prueba apodíctica – incondicionalmente cierta – cuando no cursa ningún actuado en el que hubiera sido denunciado o identificado como su agresor; sin embargo, el policía y la psicóloga expresaron en la audiencia, que habían escuchado que la víctima extrajudicialmente, lo identificó como la persona que la habría violado, concluyendo que la prueba presentada por el acusador público no fue unívoca, suficiente y más bien fue contradictoria, porque podía conducir a diversas hipótesis. Apuntó que el art. 173 del CPP en su inc. 1) señala como defecto de la sentencia, la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, en el caso, no se ha probado la existencia del hecho ilícito sancionado por el art. 308 bis del CP., habiéndose el Tribunal de apelación limitado a señalar que la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica que implica, que en la fundamentación de la sentencia, el juzgador debe observar las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia. En autos, para confirmar la sentencia, el Tribunal de apelación, expresó que en el sistema probatorio de libre apreciación y de pleno convencimiento del Juez o Tribunal, no queda excluida la prueba indiciaria, que prácticamente es la prueba más frecuente del proceso penal, y que el examen médico acredita que la víctima y él mantuvieron relaciones sexuales y que ello, se adecua al tipo penal descrito en el art. 308 bis del CP, porque la presunta víctima es menor de catorce años aunque no existe su certificado de nacimiento y que el hecho se halla corroborado por las atestaciones de la funcionaria del DNAA Jacqueline Silvana Yáñez y del Policía Gregorio Copa, incurriendo así en la misma arbitrariedad y ausencia de fundamentación, pues no se sabe qué prueba documental sustentó la injusta sentencia y no se pronunció respecto a que denuncié como agravio, la inexistencia de denuncia de la presunta víctima.
De otro lado, acusa que el Tribunal de apelación resolvió sin fundamento la denuncia, respecto a que la Sentencia fue pronunciada sin antes haber sido redactada y menos firmada por los jueces del Tribunal, situación que se constituye en defecto absoluto, siendo notificado con la Sentencia después de seis días de su pronunciamiento, sancionado por el art. 169 inc. 3) del CPP, e incumple con lo establecido en el art. 361 del mismo cuerpo legal.
Acusó también, que el Tribunal de apelación desestimó el agravio denunciado respecto a que el Auto complementario de la Sentencia solo tiene la firma de los jueces técnicos, siendo que el mismo es parte de la Sentencia. Citó como precedente contradictorio el Auto Supremo 003 de 10 de enero de 2011, señalando que en el mismo el Tribunal de apelación anuló mediante Auto de Vista hasta el vicio más antiguo, al constatar que el auto complementario de la sentencia fue firmado solo por un Juez Técnico, sin la intervención de todos los jueces que conformaron el tribunal, concluye señalando que el Auto de Vista emitido se limitó a interpretar el alcance del art. 125 del CPP, omitiendo la aplicación del art. 360 inc. 5) del mismo cuerpo legal, citando también la Sentencia Constitucional 09/2014 de 13 de enero.
Concluye pidiendo, se admita el recurso por los defectos absolutos sancionados con nulidad por el art. 169 inc. 3) del CPP, que contrastado con los Autos Supremos invocados en la apelación restringida se anule el Auto de Vista recurrido y su Auto complementario.
En primer término cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la Ley de Organización Judicial (LOJ).
Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) Precisar en su recurso que aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) Identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) Explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos o confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto inadmisible para su consideración de fondo.
En el caso de autos, el recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto por la normativa penal, habida cuenta que el 10 de junio de 2014, se notificó al recurrente con el Auto Complementario 06/2014 de fs. 390 y vta., y que interpuso su recurso de casación el 17 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la Ley.
Respecto a los demás requisitos se tiene que el recurrente en el primer motivo, acusó que el Tribunal de alzada, no subsanó los agravios que expresó en su recurso de apelación y que así vulneró los precedentes jurisdiccionales, porque no reparó en que el Tribunal de Sentencia valoró en su contra la ausencia de la víctima en el juicio, aunque ésta no asistió a la audiencia por falta de notificación; sin embargo, su ausencia fue ofrecida por el Fiscal como prueba de cargo cuando señaló que era lógico que ésta no asistiera por conflicto de interés. Añadió que el Tribunal de Sentencia, consideró que existió prueba compuesta indirecta que puede ser valorada con base en el principio de libertad probatoria o prudente arbitrio, aspecto sobre el cual, el Tribunal de alzada omitió pronunciarse, a pesar de que esa argumentación subjetiva de la sentencia vulnera el principio de legalidad, del in dubio pro reo y de presunción de inocencia, porque en el caso se ha presumido su culpabilidad por la ausencia de la víctima en el juicio, cuya inasistencia se debió a la falta de notificación. Invocó los Autos Supremos 504/2007 de 11 de octubre, 277/2008 de 13 de agosto, 200/2012-RRC de 24 de agosto y 014/2013-RRC de 6 de febrero, relativos a la facultad del Tribunal de alzada para subsanar los errores de la sentencia; controlar la valoración de la prueba y la falta de fundamentación, concluyéndose que en lo formal, se ha cumplido con el voto de los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, identificar el agravio, fundamentar la lesión y efectuar la labor de contraste con los precedentes invocados, considerándose asimismo, que también, se acusó la existencia de un defecto absoluto, habiéndose además, señalado expresamente cuáles son los derechos y garantías constitucionales vulnerados. Se deja expresa constancia de que el Auto Supremo 504/2007 de 11 de octubre, señalado como precedente contradictorio, no será considerando al resolver en el fondo el recurso, porque al haberse declarado infundado el recurso en él considerado, no se desarrolló doctrina legal aplicable que pudiera haber sido contradicha con el entendimiento del auto impugnado.
Respecto al segundo motivo, relativo a la omisión del Tribunal de alzada de su obligación de controlar la valoración de la prueba, señaló que de esa forma, no advirtió que fue condenado con base en indicios; que la víctima no compareció al proceso y que jamás lo denunció, tampoco ningún actuado en el que hubiera sido denunciado o identificado como su agresor y que las declaraciones del Policía y la Psicóloga refirieron que la víctima extrajudicialmente, lo identificó como la persona que la habría violado, concluyendo que la prueba presentada por el acusador público no fue unívoca, suficiente y más bien fue contradictoria, porque podía conducir a diversas hipótesis, motivos por los cuales acusó la existencia del defecto absoluto porque el Tribunal de apelación expresó que en el sistema probatorio de libre apreciación y de pleno convencimiento del juez o tribunal, no queda excluida la prueba indiciaria, que prácticamente es la prueba más frecuente del proceso penal, y que el examen médico acredita que la víctima y él mantuvieron relaciones sexuales y que ello, se adecua al tipo penal descrito en el art. 308 bis del CP porque la presunta víctima es menor de catorce años aunque no existe su certificado de nacimiento, pues no se sabe qué prueba documental sustentó la injusta sentencia y no se pronunció respecto a que denuncié como agravio, la inexistencia de denunció de la presunta víctima. Sobre el punto, se concluye que el recurrente, al denunciar la existencia de defecto absoluto, emergente de la valoración defectuosa de la prueba, ha cumplido con los presupuestos de admisibilidad por la vía de la flexibilización, reglados por este Tribunal, en razón de que ha especificado las pruebas que fueron valoradas defectuosamente, y ha precisado cómo dicha valoración defectuosa ha tenido incidencia en la resolución final, por tanto el motivo planteado, es admisible.
Con relación al tercer motivo, se observa que el recurrente no cumplió con la carga procesal de señalar los precedentes contradictorios a tiempo de interponer el recurso de casación y por consiguiente, tampoco la existencia de contradicción, además, se limitó a observar que la sentencia fue pronunciada sin ser redactada y que después de seis días recién fue notificado con la misma y que ello, constituiría un defecto absoluto; sin embargo, no precisó qué derecho o garantía constitucional hubiera sido vulnerado o restringido, ni en qué consiste la restricción o disminución de su derecho y cuál es el daño que se le habría causado; incumpliendo también con los presupuestos de flexibilización.
Finalmente respecto al cuarto motivo acusa que, el Tribunal de apelación desestimó el reclamo respecto a la falta de firmas en el auto complementario de la Sentencia; señalando que esa situación contradice la precedente contradictorio contenido en el Auto Supremo 003 de 10 de enero de 2011; sin embargo, revisado el mismo es un Auto que declaro inadmisible el recurso interpuesto, consiguientemente de conformidad al segundo párrafo del art. 119 del CPP, este no es precedente válido, en consecuencia este motivo deviene en inadmisible.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE los motivos primero y segundo del recurso de casación interpuesto por Abraham Machuca Cruz, de fs. 399 a 407 vta.
En cumplimiento del párrafo segundo del mencionado art. 418 del CPP, por Secretaría de Sala, remítanse copias legalizadas del Auto de Vista impugnado y de la presente Resolución, a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional.

References: resolución 
in dubio
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