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Derechos Indígenas: Negociación entre lo propio y lo ajeno
Derechos colectivos Exclusión social Modelos de desarrollo Organizaciones de agricultores pueblos indígenas
161 - Derechos Indígenas: Negociación entre lo propio y lo ajeno
Autoría: Paola Bedoya
Fecha: Publicado el Lunes, 16 Noviembre 2015
Este artículo plantea algunos puntos sobre las motivaciones y repercusiones de la conexión entre la formulación y avances de los derechos humanos y los pueblos indígenas de Latinoamérica. Una conexión que se expresa tanto en el ámbito de la problemática indígena propiamente como en el de los derechos humanos de forma más general.
La creciente importancia de la unión entre derechos humanos y pueblos indígenas pone en evidencia los resultados de un largo proceso en Latinoamérica, desde la identificación de los problemas que afectan a los pueblos indígenas hasta algunas respuestas que han ido surgiendo, entre las que destacan la concreción de instrumentos jurídicos internacionales referidos específicamente al tema de los derechos de estos pueblos y, en general, la fuerza que ha ganado este enfoque en ese proceso.
Este nexo se puede ver como una apuesta consciente y acertada de las organizaciones indígenas y sus líderes, que optaron por adoptar una construcción occidental para reeditar y llenarla de un contenido propio, pero ¿por qué?, es decir ¿por qué hablar de “derechos” cuando en principio no son parte de las cosmovisiones indígenas?
Posiblemente la respuesta se encuentra en una decisión estratégica de los propios pueblos indígenas y de sus aliados. Una decisión que, por un lado, les permitió revestir sus reivindicaciones con el alto grado de legitimidad moral que la construcción occidental de los derechos humanos había ganado en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Al traducir sus demandas y problemas en términos de derechos, los pueblos indígenas lograron conquistar un mayor nivel de entendimiento y solidaridad, sumando respaldos a sus causas.
Al mismo tiempo, la estrategia los ayuda a cuestionar la concepción de los derechos humanos y a forzar la necesidad de repensar aspectos que se encuentran en su misma base, poniendo en duda algunos de los elementos centrales de su discurso, construido en el mundo occidental, como su carácter individual y su pretensión de universalidad.
Como plantea Barranco (Barranco Avilés, M. d. Universalidad e igualdad en las teorías de los derechos. 2013, pp. 2), los derechos humanos planteados desde la lógica liberal y desde la cultura occidental se han construido pensando en un titular abstracto pero con rasgos muy determinados: “el hombre, burgués, blanco, heterosexual, económicamente independiente, y, podríamos añadir, física y socialmente independiente”.
Esta construcción excluyó a grandes grupos humanos y no visualizó sus necesidades y sus especificidades: las mujeres, los pueblos indígenas, las personas en situación de discapacidad y otras poblaciones que han tenido que iniciar importantes movilizaciones para empujar un proceso de reconocimiento.
El sociólogo, investigador y docente Rodolfo Stavenhagen afirma que, al inicio, el discurso de los derechos prestó poca importancia a los pueblos indígenas, a no ser para denunciar de vez en cuando los abusos y las atrocidades de los que fueron víctimas, tratándolos de manera asistencialista y como sujetos de protección y no de derechos. No se reconocía a los indígenas ni siquiera los derechos civiles y políticos que les permitieran velar por sus intereses (Los derechos de los pueblos indígenas: esperanzas, logros y reclamos. En M. C. Berraondo, Pueblos indígenas y derechos humanos (págs. 21-28). Bilbao, España: Universidad de Deusto. 2006, pp. 23).
En 1977, en Ginebra, se llevó adelante uno de los eventos de mayor relevancia para la formación de un movimiento indígena internacional: la Conferencia de las Organizaciones No Gubernamentales sobre la Discriminación de las Poblaciones Indígenas en las Américas.
Esta conferencia, como explican García Alix y Borraz, permitió el establecimiento de un modelo de coordinación entre los pueblos indígenas del mundo para la formulación de sus demandas. Dicho modelos sería desarrollado posteriormente en varias reuniones internacionales (García Alix, L., & Borraz, P. (2006). Participación indígena en los foros internacionales: Lobby político indígena. En M. C. Berraondo, Pueblos indígenas y derechos humanos (págs. 219-248). Bilbao: Universidad de Deusto).
En ese contexto, los dirigentes indígenas, en alianzas con otras organizaciones y con redes de solidaridad, llevaron las demandas indígenas hacia “espacios transnacionales de discusión” iniciando, de esta forma, el proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas (Gómez Isa, F. (2011). Diversidad cultural y derechos humanos desde los referentes cosmovisionales de los pueblos indígenas. En Anuario Español de Derecho Internacional, vol. 27 (págs. 267-313). Universidad de Navarra. 2011, pp. 283).
Sin duda, las redes de solidaridad han tenido la virtud de consolidar y operativizar alianzas que no solo incluyen las asociaciones solidarias entre las propias organizaciones indígenas, sino que también forjan alianzas con otro tipo de movimientos, como los ambientalistas, algunas iglesias, sectores intelectuales e inclusive artísticos.
Como parte de los aciertos de la acción en red, a partir de un trabajo de lobby coordinado entre varias organizaciones indígenas que participaron en las reuniones de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, se ha apoyado la consolidación de un movimiento indígena internacional, que trabaja para que se aborde de forma específica la situación, los problemas y las demandas de los pueblos indígenas del mundo (García Alix & Borraz, 2006, p. 219), planteando sus reivindicaciones en términos de derechos.
Gómez Isa plantea positivamente que el proceso de progresivo reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas está contribuyendo, aunque no sin dificultades, a una concepción más abierta, más dinámica y más inclusiva de los derechos humanos. Se trata de un proceso que, a partir de la afirmación de las propias identidades culturales en un mundo global, puede llevar a un enriquecimiento mutuo entre las diferentes culturas y cosmovisiones, y de esta forma conducir a la “construcción de un concepto multicultural y cosmopolita de derechos humanos y democracia” (Gómez Isa, 2011, pp. 284).
En síntesis, se puede decir que los referentes simbólicos que forman parte de la construcción de la identidad indígena (lo que incluye la moralidad del colectivo y las normas que se desprendan de ésta, así como el lenguaje y la relación con su territorio) se han traducido al lenguaje de los derechos humanos, dando lugar a derechos específicos y fundamentales como la consulta previa, la educación intercultural y bilingüe, el reconocimiento de los territorios indígenas, y, algo fundamental, el derecho a la autonomía y la autodeterminación de estos pueblos.
Mattes Tempelman
Agricultura Agroindustria Extractivismo minería pueblos indígenas
160 - En transición hacia un modelo post extractivista
Autoría: Mattes Tempelman
Fecha: Publicado el Martes, 03 Noviembre 2015
El autor, geógrafo alemán trabajando en Perú, nos propone una aproximación a los conflictos mineros en ese país, a partir del caso de la comunidad campesina Cruz de Mayo y su potencial de la agricultura familiar como alternativa al extractivismo. El trabajo mereció una mención especial en el concurso anual Alimentos y pensamientos, porque contrapone directamente minería con agricultura familiar enfocada en recursos esenciales y a partir de un caso local con argumentación teórica general.
“Los pueblos pueden decidir entre el camino del desarrollo o la pobreza”, dijo Pedro Cateriano, Presidente del Consejo de Ministros del Perú, en el marco del conflicto por el proyecto minero Tía María, que ha estado en las agendas noticiosas del país y la región prácticamente todo el año. Esta opinión focaliza el discurso sociopolítico pro minero, dominante en el Perú, firmemente convencido de que la minería traerá progreso y desarrollo económico para las zonas mineras del país.
Pero no es sólo Perú. También ocurre en otros países de América Latina existe, desde la época de la colonia, un sistema extractivista con una “economía primario-exportadora” (Monge, C. (2012): Entre Río y Río. El apogeo y la crisis del extractivismo neoliberal y los retos del postextractivismo en el Perú). Esto significa que los recursos naturales (petróleo, cobre, oro, etc.) están siendo exportados a otros países con poco o ningún valor agregado. El sistema trae una gran dependencia de los países hacia la economía global y de la demanda del mercado.
En Perú, entre 1990 y 2000, durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori, empezó una flexibilización del sector minero con privatización de empresas transnacionales. Una tendencia que continuó con los gobiernos siguientes. Hoy en día, este país cuenta con un extractivismo neoliberal (Bebbington, A. (2013): Underground Political Ecologies) que se encuentra económica y políticamente cimentado. Para el Estado peruano la minería es el principal motor del desarrollo del país, pues las empresas prometen inversiones y empleo. Por ello, en los últimos dos años el gobierno peruano ha aumentado los márgenes de maniobra para las empresas mineras, a costo de los derechos ambientales y humanos en las regiones mineras.
Sin embargo, los proyectos mineros conllevan una gran cantidad de incertidumbre para las comunidades campesinas y nativas del país. Por ejemplo, las concesiones mineras en el Perú son un riesgo latente para las comunidades, sobre todo en el acceso al territorio, al agua, la tierra y los recursos naturales.
La cantidad de concesiones mineras han estado aumentando continuamente y con mayor intensidad en los últimos años. El año 2014 un 20% del territorio del país estaba concesionado a la minería (Cooperacción (2014): informe sobre concesiones mineras). Pero las promesas no se cumplen en el mismo porcentaje. Varios estudios señalan que la minería no trae casi ningún efecto positivo para el bienestar y desarrollo de la población. (Arellano, Y. (2011) ¿Minería sin fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú; Arellano, Y. (2012) Mining and conflict in Peru: Sowing the minerals, reaping a hail of stones). Por el contrario, el investigador uruguayo Eduardo Gudynas habla de un extractivismo depredador, “(…) de graves impactos sociales, económicos, ambientales y territoriales a nivel local y nacional” (Gudynas (2012) Transiciones para salir del viejo desarrollo).
En los últimos diez años, como resultado del boom minero en el Perú, aumentó proporcionalmente la cantidad de los conflictos mineros. En marzo del 2015, la Defensoría del Pueblo registró 141 conflictos socio ambiental, de los cuales 94 (equivalente al 66,7%) son conflictos relacionados con actividades mineras. Más de la mitad son por acceso a tierra agrícola o por agua.
La competencia por el acceso a los recursos naturales ha conllevado conflictos entre las comunidades campesinas e indígenas y las empresas mineras. Muchos de estos conflictos han desencadenado en violencia, no solo por el acceso a los recursos naturales, sino por la contaminación ambiental y problemas de salud; el despojo de tierras y la dependencia económica del sector minero, así como también las limitaciones de desarrollo para una región.
Muchas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y movimientos sociales critican desde hace años que los estándares ambientales y sociales en el sector minero no están siendo cumplidos ni controlados. Algunos actores también critican el modelo extractivista en sí. Actualmente, en el Valle del Tambo, la población resiste contra el proyecto minero Tía María. Su consigna es “agro y agua sí, mina no”. En muchos casos, el gobierno reacciona con represión y con la difamación a las y los líderes y a los propios manifestantes, tildándolos de “terroristas anti-mineros”, como ocurre actualmente en el caso Tía María.
El concepto teórico de la Ecología Política ofrece un aporte analítico importante para entender mejor la complejidad de los conflictos por minerales y territorios (Bebbington, A. 2013 (ibid.), pues, precisamente, esta disciplina se dedica al análisis del nexo de los intereses y relaciones de poder entre los actores participantes y sus discursos. A modo de ejemplo, es necesario ver que un conflicto local tiene sus orígenes en la demanda global y en la carrera capitalista por energía.
En los últimos diez años, en América Latina, pero especialmente en el Perú, tuvo lugar un “extractivismo rápido y agresivo” (Bebbington, A. 2013 (ibid.). Los recursos naturales, minerales e hidrocarburos son indispensable para el crecimiento de la economía global capitalista, por lo tanto, las actividades mineras aumentan considerablemente la presión hacia los recursos hídricos en regiones dónde ya existe un escasez de agua” (Bebbington, A. 2013 (ibid.).
La teoría del Ecologismo de los Pobres brinda una perspectiva complementada desde los actores locales. En el marco de los conflictos mineros, donde la disputa se basa en el uso y acceso a tierra, al agua y a la defensa de los territorios, nos indica que la resistencia de la gente pobre del campo no es porque son ecologistas, sino porque “ven que su propia subsistencia está amenazada por un proyecto minero” (Martínez-Alier (2002): The Environmentalism of the Poor).
En muchas regiones rurales del Perú las comunidades campesinas protestan contra proyectos mineros, defendiendo su territorio. Por ejemplo, la comunidad campesina Cruz de Mayo, en la región Ancásh, afronta esta problemática desde antes del año 2008. En el territorio de la comunidad está la concesión de un proyecto minero con un área de 224 hectáreas en extensión (CEAS (2011): La comunidad campesina Cruz de Mayo. Una comunidad que defiende y promueve la vida).
La agricultura familiar es la mayor actividad económica que también se está intensificando a manera orgánica. “Hasta ahora podemos vivir muy bien de la agricultura familiar” - dice el comunero Adán- “por eso defendemos nuestro territorio, porque no podemos convivir con una explotación minera dentro de la comunidad”. Mientras que Antonio, otro comunero, dice que “La minería disminuiría la calidad y cantidad del agua y también afectaría negativamente a la agricultura y nuestro modo de vida. Y si vendo mi tierra, voy a tener plata, pero ¿qué haría cuando se acabe la plata? Ya no voy a tener terreno para sembrar”, -explica María-, una comunera que vive en la zona de los manantiales.
Actualmente la comunidad está defendiendo su territorio de forma organizada. Están seguros de que las demandas para un fortalecimiento de la agricultura familiar y una diversificación de la economía en zonas rurales traerán muchos beneficios. Un análisis de Eguren, F. y Pintado, M. ((2015): Contribución de la agricultura familiar al sector agropecuario en el Perú, muestra la importancia de la agricultura familiar respecto de su alta contribución en la población económicamente activa y su gran aporte al valor de la producción agrícola.
La agricultura familiar fortalece las comunidades y sus economías, como también la economía nacional y el cuidado del medio ambiente. Por ello, la agricultura familiar es una verdadera y sostenible alternativa a la minería. Su potencial para un modelo post extractivista es importante y va acompañado de enfoques del Buen Vivir en la región, y a nivel internacional, con enfoques del post-crecimiento.
Autoría: Iván Marcelo Castillo Chuquimia
Publicado el Jueves, 01 Octubre 2015
De tribulaciones a tribunales: Reconstitución de la nación Qhara Qhara
Amy Michelle Kennemore 1
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158 - De tribulaciones a tribunales: Reconstitución de la nación Qhara Qhara
Autoría: Amy Michelle Kennemore 1
Fecha: Publicado el Jueves, 01 Octubre 2015
Este artículo se basa en la conversación sostenida con el ex quraca Samuel Flores, de la marka Quila Quila, nación Qhara Qhara. Este pueblo de habla quechua habita en el departamento de Chuquisaca.La ex autoridad originaria cuenta las experiencias de su nación en la exigencia del saneamiento de su territorio. Gracias a su experiencia y su memoria, aquí compartimos las estrategias, experiencias y lecciones del caso para reflexionar sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas al exigir sistemas de justicia de acuerdo con sus propias normas y cosmovisiones.
Las autoridades originarias de la marka Quila Quila, de la nación Qhara Qhara, presentaron una acción popular de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia para interpelar dos artículos del Decreto 29215 de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que exigen la personería jurídica para el trámite de demanda de territorios indígenas. El TCP resolvió revocar la resolución 001/2015 del INRA y notificar al presidente del Estado Plurinacional para la depuración de las normas que contradicen la Constitución Política del Estado.
Pluralismo jurídico y el bloque de constitucionalidad
El pluralismo jurídico es una de las bases del Estado Plurinacional de Bolivia, porque es una manera de romper con el modelo estatal mono cultural, mediante el reconocimiento de diversos modos de vida, cosmovisiones, sistemas de regulación social y resolución de conflictos. Está basado en los principios de unidad, complementariedad y reciprocidad, equidad y solidaridad.
El pluralismo jurídico es producto de la acumulación histórica de experiencias y procesos de lucha de los pueblos indígenas por el territorio, la autodeterminación y la representación propia. Fue planteado por los propios pueblos y por los movimientos sociales en la Asamblea Constituyente que se llevó a cabo entre los 2006 y 2008 y fue aprobado como parte de la nueva Constitución Política de Estado (CPE) en el 2009.
Sin embargo, ese aspecto del Estado Plurinacional ha sido debilitado sucesivamente. Primero por cambios drásticos al anteproyecto de la CPE, como resultado de negociaciones entre los partidos políticos, lejos del espacio de participación y discusión de la Asamblea. Luego por una serie de leyes y decretos, que restringen los derechos fundamentales de las naciones y pueblos indígenas. Por ejemplo, las leyes del TCP y de Deslinde Jurisdiccional, que disminuyen las competencias de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) otorgadas por la nueva Constitución, y le anteponen la autoridad y legitimidad de la jurisdicción ordinaria (JO) (Ramiro Molina Rivero, El pluralismo jurídico en Bolivia: derecho indígena e inter legalidad, 2011). Además, decretos que modificaron leyes, como el Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007 de la Ley del INRA, institucionalizaron formalismos administrativos y jurídicos que generan obstáculos para que las naciones y pueblos indígenas exijan sus derechos fundamentales al territorio y al gobierno propio.
En ese contexto y, a pesar de las limitaciones que han señalado muchos analistas, el marco jurídico establecido por la CPE, articulado con el bloque constitucionalidad de los convenios internacionales, creó mecanismos fundamentales para que las naciones y pueblo indígenas puedan exigir los derechos a territorio y autodeterminación (ver por ejemplo Bartolomé Clavero, Derecho indígena y cultural constitucional en América Latina, 1994; Boaventura de Sousa Santos yJosé Luis Exeni Rodríguez, Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Bolivia, 2012; y Luis Tapia, Consideraciones sobre el Estado Plurinacional, 2010).
Un aspecto principal del marco jurídico es el derecho a la reconstitución de la unidad territorial pre colonial, basado en la Resolución del 13 de septiembre de 2007 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas, promulgada en Bolivia el 7 de noviembre del mismo año.
En el ámbito internacional, la noción de “sistema jurídico” de naciones y pueblos indígenas se fortaleció mediante el Artículo 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce la existencia de autoridades, normas, procedimientos, valores y sanciones relacionados con la resolución de conflictos y la administración de justicia.
Por otro lado, la jurisdicción indígena fue establecida en la CPE, en los artículos 2 y 30, especialmente, por los cuales se garantiza el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a la libre determinación, autonomía, a su cultura y al ejercicio de sus sistemas jurídicos propios, en el marco de la unidad del Estado. Mientras que el artículo 179 establece el principio de la igualdad jerárquica entre las cuatros jurisdicciones que componen el órgano jurídico del Estado: JIOC, JO, Jurisdicción Agroambiental (JA) y Jurisdicción Especial (JE).
Las movilizaciones, luchas y exigencias de por el territorio y la autodeterminación dieron paso a ese terreno legal complejo, que a menudo lleva tantas oportunidades como limitaciones.
El ejercicio de derechos fundamentales
Al exigir el saneamiento de su Territorio Comunitario de Origen (TCO), los comunarios de la nación Qhara han aprendido a manejar ese complejo terreno legal. Inicialmente, encontraron un gran obstáculo en el Decreto 29215 del INRA, que incorporó dos artículos que exigen la personería jurídica para titular la TCO.
El formalismo de tener que conformar una “asociación social” va en contra de sus derechos, como explica don Samuel Flores, la ex autoridad originaria de la nación Qhara Qhara:
No necesitamos otra identidad, porque nosotros, como naciones, como pueblos, nos auto determinamos y el Estado tendría que actuar directo. Según ese Decreto, ahora la situacion es al revés, el Estado quizá ve organizaciones de la sociedad civil y no a las comunidades. Dependía del Estado para tener personería jurídica implica la falta de consulta a nivel local en contra de nuestros derechos a exigir justicia, representacion y participación, de acuerdo con nuestras propias normas, y una limitación estructural y burocrática para pedir nuestro derecho a tierra y territorio. Así dependimos del Estado como naciones y pueblos indígenas, un Estado que vino en la historia después de nosotros, aunque se llame república, como antes, o Plurinacional, como ahora. Eso hemos entendido, que nosotros no podemos exigir el reconocimiento Estado, siendo que vino después de nosotros. Así hemos interpretado del tema de la prexistencia. Las naciones y pueblos indígenas tienen territorios prexistentes y no necesitamos reconocimiento ¿no?
Por años, los comunarios Qhara Qhara, con sus seis ayllus, trabajaron para reconstituirse como nación y reunir su territorio pre colonial. Desde 2007 hicieron una recopilación de documentos ancestrales, títulos de la colonia que están en el Archivo de Indias, en Sevilla de los años de 1523 y 1732 y, paralelamente, hicieron los trámites para registrarse y contar con la certificación de pueblo indígena, requisitos para armar la demanda por su territorio.
El municipio de Sucre (ciudad donde está asentado el TCP) anuló el trámite de la Marka Quila Quila, sobre la base de que en esa localidad también hay una organización sindical, que cuenta con su propia personería jurídica. Por su parte, el municipio de la localidad quiso frenar el proceso de saneamiento (obligatorio como requisito) por su interés económico sobre los recursos naturales, mientras que los comunarios pretenden utilizar otros mecanismos para negociar directamente con las empresas extranjeros que quieren explotar los recursos dentro de su territorio. Por ejemplo, en 2012, dialogaron directamente con una empresa francesa para pedir la Consulta Previa (obligatoria por Ley) para llegar a un acuerdo sobre el cuidado del medioambiente, de las concesiones legales y de la participación directa, y que ésta no trabaje con otras organizaciones ajenas de la comunidad.
Claramente, el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a territorio y autodeterminación podría desafiar el status quo del Estado y del capital del extractivismo. Este hecho explica, en parte, la función política subyacente de los formalismos para evitar el ejercicio de sus derechos fundamentales, así como la respuesta de muchos funcionarios públicos frente a la auto identificación y la reconstitución de los ayllus en la región. Según Samuel Flores, ellos los obviaron por no tener la exigida personaría jurídica, diciendo que son “supuestamente ayllus” o “son chutos” (quiere decir falsos).
En ese sentido, los procesos históricos de fragmentación social y territorial disminuyen la fuerza de las comunidades, tanto en las épocas colonial y republicana como en la de las políticas de asimilación del Estado posrevolucionario y las de “dividir y vencer” de hoy en día. Esto se expresa en los conflictos sociales. Como ha explicado Flores:
La organización sindical y las comunidades campesinas pierden su identidad cultural, y no tienen derecho de clasificar en la demanda de tierras. Han interpretado que las organizaciones indígenas no pertenecen a la comunidad y pierden su derecho también porque, de forma contraria, los sindicatos presentan sus alegatos, varios documentos, diciendo que nosotros no somos originarios, que no somos ayllus.
El año 2012, cuando se habían agotado las posibilidades burocráticas del procedimiento, se encontró otra estrategia, la de la autenticación para el Censo Nacional de Población. Samuel Flores explicó que ese año la Marka Quila Quila entró al censo como parte de la Nación Qhara Qhara, cumpliendo de ese modo la autenticación que el Estado necesitaba. Desde entonces están reconocidos por el Estado como nación y, con eso, presentaron la acción popular al TCP, demandando la inconstitucionalidad de los Artículos 357 y 396.II del Decreto Supremo 29215 del INRA, por ser contrarios a los Artículos 1, 30.II.4 y 6 y 410.II de la CPE; 1.1 y 2, 14.1, 2 y 3 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y, 2 y 33.1 de la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas.
El TCP revocó la Resolución Administrativa 001/2015 emitida por el Director Departamental del INRA del departamento de Chuquisaca y admitió la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por los representantes del Pueblo Indígena Quila Quila.
El caso ha sido un aprendizaje clave para ellos, como reflexiona el dirigente Flores:
Con ese resultado nos damos cuenta que las naciones y pueblos indígenas no pueden ser subordinados con formalismos administrativos y, asimismo, el Estado no es mono cultural sino plurinacional. Las naciones indígenas no somos formalismos del Estado.
Según don Samuel, más de 129 naciones están paralizadas en el saneamiento de sus territorios por el tema de las personerías jurídicas debido a las resoluciones del INRA, y desafiar ese tema es fundamental para que otras naciones y pueblos indígenas exijan sus derechos fundamentales. Como él anota:
Tenemos que actuar como naciones, como pueblos, y no como organizaciones; porque si vamos como organizaciones vamos a ir en contra la Constitución, porque ésta no reconoce organizaciones sociales sino naciones y pueblos indígenas, basada en la preexistencia histórica.
El Tribunal de Justicia Indígena
A partir de esa experiencia, y conociendo la CPE y el bloque de constitucionalidad, los comunarios de Qhara Qhara constituyeron un tribunal de las naciones y pueblos indígenas, de acuerdo con su autodeterminación y autogobierno, para compartir este mecanismo con pueblos y ejercer sus derechos fundamentales.
El Tribunal de Justicia Indígena ya está llevando casos de forma directa, de otras comunidades, relacionados con demandas de territorio y conflictos, y de acuerdo con sus normas propias. Cada nueva experiencia le brinda más vivencia y más vigencia y la legitimidad de la justicia indígena está en pleno escenario de la plurinacionalidad. Ahora están integrando otras naciones e incorporando mecanismos para ejercer plenamente el pluralismo jurídico.
Un momento importante fue la relación con el Tribunal Agroambiental, otra jurisdicción que forma parte del órgano jurídico del Estado Plurinacional. Los miembros del Tribunal Indígena se sentaron con los jueces agroambientales y con autoridades de pueblos de los ayllus y markas e indígenas de las tierras bajas, para discutir el mecanismo de coordinación y cooperación que resuelva los conflictos que llegan a la Justicia Agroambiental, para que ésta decline sus competencias en favor de la JIOC, y que sus autoridades “no estén dando vueltas de atrás del Tribunal Agroambiental o de la Justica ordinaria”, espacios que excluyen y disminuyen la Justicia Indígena.
El Tribunal de Justicia Indígena también sirve para desafiar los formalismos del Estado y fortalecer más litigios de inconstitucionalidad, para exigir la “depuración de normas jurídicas que van en contra a los derechos fundamentales de las naciones y pueblos indígenas”. Esto amplía la lucha en temas de tierras, exigiendo la Consulta Previa y anulando títulos otorgado por el Estado a personas no indígenas dentro sus territorios.
Auto representación directa
Otro ámbito importante es la representación directa en las Cartas Orgánicas, que se contempla cuando los municipios están en la jurisdicción de las TCO. Es un mecanismo clave para las naciones y pueblos indígenas cuando son minoría en un municipio y no pueden optar por la autonomía indígena, permitiéndoles, empero, ejercer el derecho de representación por normas propias. Hay municipios planteando este derecho, los propios Qhara Qhara lo consolidaron con el referéndum del 20 de septiembre de 2015, con la inclusión en el Estatuto Autonómico de Chuquisaca de la los derechos políticos de las naciones indígenas, el autogobierno y la libre determinación, entre otros aspectos.
Aparte de lo anterior, los Qhara Qhara están preparando a sus autoridades y líderes para apoyar el trabajo del Tribunal Indígena. Difunden y comparten sus experiencias, mediante módulos con título académico y la posible institucionalización el próximo año en Sucre. La formación de sus propios expertos en el terreno de la CPE y del bloque de constitucionalidad es reforzada con libros de acta y resoluciones propias, que documentan sus experiencias y fortalecen la memoria de los jóvenes y las futuras autoridades.
Las posibilidades que brinda el Tribunal a las naciones y pueblos indígenas para abrir nuevos caminos en sus luchas para territorio y autodeterminación son muchas. El antropólogo boliviano Ramiro Molina recuerda que: “El Estado Plurinacional no es un tema de debate meramente intelectual, aunque tiene su vertiente teórica, es un hecho práctico, de una realidad en construcción” (“El pluralismo jurídico”, 2011, 362).
Desde esa perspectiva, las acciones constantes de s naciones y pueblos indígenas para exigir sus derechos fundamentales fomentan el significado del Estado Plurinacional disputado hoy en día. Para don Samuel Flores, la clave es que hacer esto sin las condiciones de actores ajenos a las comunidades sino desde sus propias bases y de acuerdo con sus propias normas.
Las cosas no se hacen como dice el gobierno con una ley, con un decreto, sino como estamos luchando, con sacrificio se consiguen. Los derechos no quedan así solo en papel, estamos materializando la Constitución.
[1] El texto fue elaborado con base en la entrevista realizada por Ruth Bautista y Juan Pablo Chumacero, del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS).
Utilidad Pública Vs. Nocividad Pública: La Glencore en tres Países de América del Sur
Katerin Céspedes; Marcela Zuluaga
Contaminación Derechos sobre tierras comunales Extractivismo Globalización minería
157 - Utilidad Pública Vs. Nocividad Pública: La Glencore en tres Países de América del Sur
Autoría: Katerin Céspedes; Marcela Zuluaga
Fecha: Publicado el Martes, 15 Septiembre 2015
Este artículo (tercer lugar en el Concurso Anual) hace un recuento de los daños que, a nivel ambiental, social y económico, ha generado la multinacional Glencore en Argentina, Colombia y Perú, enfatizando la evasión de impuestos y regalías, a contravía del argumento de “utilidad pública” en el cual se basa la legislación que soporta la minería y el extractivismo en estos países, y de la propia empresa, cuando afirma que “Contribuye al desarrollo económico de los países pobres (…) comprometido con la sostenibilidad” ambiental”.
La extracción de recursos naturales por parte de grandes empresas multinacionales ha sido una dinámica a nivel mundial desde comienzos del Siglo XX, aumentando significativamente en América Latina en los últimos 50 años, debido a la globalización del modelo económico en el que impera la premisa de sacar utilidad y provecho de los recursos naturales para obtener capital monetario. Una falacia añadida es que sus resultados benefician económica, social y ambientalmente a diferentes grupos poblacionales y a la comunidad en general.
Las grandes firmas, en su mayoría europeas, han hecho del mercado de la extracción de materias primas un medio por el cual se estructuran e imponen nuevas formas de relación de poder entre las comunidades, los Estados y, por supuesto, las propias empresas, quienes controlan de manera preocupante el contexto en el que se encuentran presentes. Uno de los casos que despierta inquietudes con respecto a los beneficios comunales o públicos de la extracción de recursos es el de la mega empresa suiza conocida como Glencore Xstrata –hoy día solo con el nombre Glencore- cuyo eje de operaciones se encuentra a nivel mundial. En América está en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y República Dominicana.
Glencore con ojos críticos
El consorcio suizo Glencore se reconoce como una gran empresa, cuyo poderío económico es uno de los más fuertes del mundo, y con una serie de delitos ambientales en los lugares donde está presente. Generalmente “países pobres y trastornados por alguna guerra” según lo informa el citado libro de la MutiWatch (Miles de millones ganados con las materias primas- Consorcio Suizo Glencore Xstrata. p.8).
La característica sobresaliente del consorcio es que opera en países y territorios poco atractivos para la inversión de capital en la extracción minera, debido al contexto de conflicto o de pobreza de las comunidades rurales, lo cual representa una ventaja para la empresa, pues no hay mayor competencia en el mercado, y la posiciona como un monopolio de la extracción de materias primas en los lugares donde opera, bajo el amparo de normas y leyes que han reglamentado la actividad minera como un asunto de “utilidad pública”.
En el año 2013 dos empresas de materias primas: Glencore y Xstrata, se fusionaron para conformar uno de los consorcios productores del área más poderosos del mundo. Con la fusión, el enorme consorcio pasó a ser el tercer productor de cobre y el más grande exportador de carbón para centrales energéticas; solo su flota de barcos petroleros logró tener más embarcaciones que la marina de guerra británica.
Entre los conflictos en torno a la explotación de materias primas que la Glencore realiza, están la explotación de trabajadores, la contaminación ambiental y la evasión de impuestos en los países donde hace las extracciones, esto último a través del comercio interno de materias entre consorcios, a precios diferentes a los del mercado vía el “Transfer Princing”, que actúa calculando los precios más bajos para las exportaciones y un precio más alto en productos semielaborados, generando un pago mínimo de impuestos en el país productor (Op. Cit. p.2).
La publicación ya mencionada describe cómo, en Colombia, Glencore ha evitado el pago de regalías adicionales mediante la separación de sus operaciones en sub empresas que quedaron debajo de un tamaño crítico, de modo tal que los impuestos que el grupo hubiera tenido que pagar como unidad empresarial se redujeron a la mitad, con lo cual el Estado colombiano perdió sumas enormes. Según los datos publicados, los costos del Estado por retenciones y concesiones en el impuesto a la renta de la empresa minera ascendieron, entre el 2005 y el 2010, al 203%. Es decir, que “por cada 100 pesos que fueron efectivamente pagados como impuestos, 76empresas mineras obtuvieron ventajas que provocaron que el Estado perdiera más de 200 pesos” (OP. Cit. p.76).
Perjuicios para el medioambiente
El consorcio Glencore Xstrata escribió en su Informe de Sostenibilidad del año 2012: “Proteger el medio ambiente es uno de nuestros más significativos retos de sostenibilidad. En nuestras operaciones en todo el mundo, intentamos a llevar a cabo nuestros negocios de tal manera, que las consecuencias negativas para el medio ambiente sean mínimas“. Veamos tres ejemplos de la flagrante contradicción entre el dicho y el hecho.
En Argentina hay investigaciones en curso contra la empresa. Se culpa a una filial de Xstrata, de haber hecho pasar materias primas ante las autoridades tributarias mediante declaraciones de exportación incompletas: “En una demanda del año 2010, se acusa a la empresa de no haber declarado exportaciones por un valor anual estimado en 8 mil millones de dólares. Esto porque en el concentrado de metal no se especificó su contenido de tierras raras y metales traza o metales pesados” (MultiWatch, 2014).
En Perú, la principal actividad de explotación minera por parte de la Glencore se relaciona con la extracción de cobre, zinc y plomo. En la provincia Espinar, ubicada en la región de Cuzco sobre la sierra andina de ese país, opera, desde el año 1994, la mina de producción de cobre a cielo abierto denominada Xtrata Tintaya. Según datos del libro citado, miembros de la comunidad afirman que, desde hace diez años aproximadamente, se han venido presentando la muerte de animales y la escasez de agua.
Las comunidades indígenas han alertado acerca de la presencia de metales venenosos en el agua y sobre la malformación de los fetos y abortos en los animales: “En noviembre del 2011, el alcalde (…) de la provincia de Espinar (...) Oscar Mollohuanca, junto con un grupo de organizaciones de base (Frente de Defensa de los Intereses de Espinar, FUDIE), presentaron una denuncia contra Xstrata Tintaya” por la contaminación ambiental que la empresa estaba causando. La demanda se basó en diversos estudios que arrojaron como resultado, entre otros aspectos, la presencia de sustancias altamente tóxicas como arsénico, cromo y mercurio en sangre y orina de varios pobladores de esta región.
Por otra parte, en enero de 2014 la Glencore fue multada por la contaminación de pastos en los alrededores de la mina. Según las investigaciones, se encontró una alta concentración de cobre en los suelos, en una proporción que sobrepasa en tres mil por ciento las cantidades permitidas en los estándares internacionales.
Ante estos graves hechos y las correspondientes denuncias, la empresa se niega a aceptar su responsabilidad en el deterioro del medio ambiente y de la salud de los pobladores, alegando que estas nada tienen que ver con la actividad minera que ellos realizan.
En Colombia, Glencore ha sido la directa responsable de las alteraciones en el nivel ecosistémico que aparecen en las regiones donde realiza sus operaciones, la de mayor importancia tiene que ver con minas que se encuentran ubicadas al noreste del país, en los departamentos del Cesar y la Guajira, en los cuales hay tres minas a cielo abierto para la explotación de carbón térmico: La Jagua de Ibirico, Calenturitas y el Cerrejón. Esta última está catalogada como la mina más grande a cielo abierto en el mundo, con un área minera que cubre un total de 69.000 hectáreas y produce en la actualidad más de 31 millones de toneladas métricas de carbón térmico (http://www.cerrejon.com/site/operacion-integrada/mina.aspx).
El proceso para extracción de carbón en estas minas a cielo abierto se basa primero en la remoción de la capa vegetal, para luego proceder a la abertura de orificios cuya profundidad alcanza los 300 metros en la tierra. Este modo de proceder genera daños irreversibles, pues el alto grado de erosión ocasionado por la actividad trae como consecuencia la improductividad agrícola de la tierra. Las comunidades ubicadas en esta región manifiestan los cambios drásticos en el paisaje y en la topografía de los territorios, y las enfermedades de tipo respiratorio que tanto seres humanos como animales han sufrido a raíz de la presencia de la mina.
Además, la Glencore fue acusada del desvío del río Ranchería en el departamento de la Guajira y del Río Calenturitas en el municipio del mismo nombre en el departamento del Cesar, acción que no solo altera el equilibrio hídrico en la región, sino que ha producido desabastecimiento de agua potable y contaminación de ríos en la Guajira y, con ello, la imposibilidad de que el agua pueda ser utilizada para actividades de riego y consumo humano y animal, afectando a la salud y a la economía de las familias. Por añadidura, el paisaje desértico y el polvo impiden que la vegetación crezca.
En el año 2013 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) obligó a la Glencore a suspender inmediatamente la explotación de la mina Calenturitas “por intervenir ecosistemas sin autorización y realizar explotación minera más allá de los límites permitidos por su licencia”, lo cual le generó en enero de 2014 una formulación de cargos por parte de la autoridad ambiental, que la empresa se niega a aceptar.
El proyecto minero de la Jagua está ubicado a dos kilómetros del casco urbano en el municipio de la Jagua de Ibirico, departamento Cesar, habitado por 21.000 personas. En la mina trabajan más de 1.700 personas, 450 obreros contratados directamente, más contratistas y empleados subcontratados por terceros. Catalogada como la cuarta mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, el año 2011 La Jagua reportó una producción de 2.944.000 toneladas.
La Glencore reparte la operación de la mina de La Jagua de Ibirico en dos empresas: la del Consorcio Minero Unido (CMU), que opera con los mismos equipos y en los mismos terrenos de Carbones de la Jagua (CLJ), pero con personal cubierto por un pacto colectivo que impide a los trabajadores asociarse en un sindicato, y Carbones del Tesoro (CET), que no tiene personal, tampoco equipos ni extrae un solo gramo de carbón, pero reporta al gobierno estar explotando el mineral, a pesar de que sus terrenos son usados como un gigantesco botadero de escombros y material estéril.
De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética (Sintramienergética), la existencia del pacto colectivo en CMU sólo ha servido para dividir a los trabajadores. En este sentido, Ricardo Machado, presidente de Sintramienergética La Jagua, señala que la Glencore “no les reconoce organización sindical, no les reconoce nada que tenga que ver con lo normativo. Simplemente, les otorga unos dineros que, al final, no están por encima de lo que tenemos nosotros como convención colectiva. Simplemente mantiene la división, haciéndole creer a los trabajadores que con ello les dan un trato preferencial porque no están afiliados a un sindicato y a nosotros nos golpean duramente para que ellos no se afilien”.
En Colombia y Perú surgieron acciones y opiniones para declarar ilegal o inconstitucional artículos de las leyes, decretos y otras normas que amparan en su totalidad y de manera impune a las actividades mineras. El 21 de abril de 2015 el Senador Colombiano Jesús Alberto Castilla Salazar, quien es también líder campesino, realizó una intervención ciudadana ante las y los magistrados de la Corte Constitucional, solicitando declarar la inconstitucional de la expresión: “En desarrollo del artículo 58de la Constitución Política, declárase de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases”, aprobada en el Código de Minas con la Ley 685 de 2010(Ver Intervención ciudadana en el proceso de constitucionalidad -Expediente D – 10673- contra el artículo 13 de la Ley 685 de 2001, por medio del cual se declara la industria minera, en todas sus ramas y fases, de utilidad pública e interés social. 21 de abril de 2015). El argumento principal es que el contenido de los artículos mencionados da vía libre para la explotación minera, afectando así otros derechos ambientales y sociales cuya protección no es negociable.
Según la intervención del senador Castilla Salazar, la expresión consagrada en el Código de Minas vulnera los derechos y bienes protegidos en los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política Colombiana, a saber: el acceso a tierras para el campesinado, el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria y el derecho a un medio ambiente sano.
De igual manera, Laureano Del Castillo, Abogado y Director Ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), afirma que el decreto 001- 2015, publicado por el Ministerio de Energía y Minas de ese país, es ilegal e inconstitucional, pues desconoce los derechos colectivos e individuales de las comunidades indígenas en cuanto a la toma de decisiones frente al curso que deban tomar sus territorios y frente al derecho de propiedad y uso de la tierra para su subsistencia (http://www.noticiasser.pe/21/01/2015/%E2%80%9Cel-decreto-001-2015-del-minem-es-ilegal-e-inconstitucional%E2%80%9D).
Lo anterior es una muestra expresiva de la forma en que los impactos de la actividad minera resultan nocivos para las comunidades que viven de la agricultura y para el cumplimiento de derechos humanos como el derecho a una vida digna, un trabajo digno, el derecho al agua y a un ambiente sano.

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 34
 resolución 
 artículo 179
 Resolución 
 artículo 58
 artículo 13