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Timestamp: 2019-12-15 21:43:31+00:00

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CPLT Jurisprudencia | Jorge Enrique Orellana Iturra con MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Jorge Enrique Orellana Iturra con MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA Rol: C816-13
Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Rancagua, fundado en haber recibido respuesta negativa a su solicitud sobre actas, solicitudes de certificados de vigencia y otorgamiento de certificados de vigencia, correspondientes a elecciones de renovación de directorios, efectuadas durante el año 2012 y 2013, correspondientes a las determinadas organizaciones territoriales. El Consejo señaló que dado que la solicitud de información se tuvo por desistida y, por lo tanto, no consta que los terceros eventualmente afectados en sus derechos, a saber, las juntas de vecinos aludidas en la solicitud, hayan brindado su consentimiento en orden a dar a conocer las actas de elección de directorio requeridas, rechazará esta parte del amparo, por estimar que concurre en la especie la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, ya que su entrega afectaría la autonomía de los grupos intermedios involucrados por cuanto las actas solicitadas no deben entregarse a la autoridad municipal por disposición legal, ni se observa que se ejerza respecto de ellas alguna función pública, en cuanto a la segunda parte de la solicitud de acceso se estima que tienen el carácter de información pública, ya que sirvieron de fundamento o complemento directo y esencial a la dictación de los certificados de vigencias emitidos por el Municipio, es decir, se encuentra dentro de la información que el artículo 5° y 10 de la Ley de Transparencia determina como información pública. Además, no se invocaron causales de secreto o reserva a su respecto, no advirtiendo en todo caso el Consejo que concurra alguna en la especie. Por lo tanto, se requerirá al Alcalde reclamado que entregue las solicitudes aludidas.
Consejo para la Transparencia, 05/10/2012, C965-12
DECISIÓN AMPARO ROL C816-13
Requirente: Jorge Enrique Orellana Iturra
Ingreso Consejo: 05.06.2013
En sesión ordinaria N° 460 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de agosto de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C816-13.
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; en el D.S. N° 58, de 1997 del Ministerio del Interior, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de mayo de 2013, don Jorge Orellana Iturra, identificándose como miembro del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, solicitó a la Municipalidad de Rancagua, en adelante indistintamente la Municipalidad, copias de “actas, solicitudes de certificados de vigencia y otorgamiento de certificados de vigencia, correspondientes a elecciones de renovación de directorios, efectuadas durante el año 2012 y 2013, correspondientes a las siguientes organizaciones territoriales”:
a) Sector Norte: Junta de Vecinos (en adelante JJVV) Manso de Velasco, JJVV Sector Lauca 44, JJVV San Agustín y JJVV Juan Pablo Segundo.
b) Sector Sur: JJVV P. Rancagua Sur, JJVV P. Enrique Dintrans, JJVV Las Rosas y JJVV Sergio Vettiger.
c) Sector Oriente: JJVV Guillermo Medina, JJVV Vicuña Mackenna 1, JJVV Vicuña Mackenna 2 y 3, JJVV La Unión, JJVV Diego Portales 2 y JJVV Nueva Esperanza.
d) Sector Poniente: JJVV Parque Koke, JJVV Torres del Paine, JJVV Villa Provincial, JJVV Villa Suiza y JJVV P. Santa Julia.
e) Sector Centro: JJVV Aurora de Triana, JJVV Centro Histórico, JJVV Germán Riesco, JJVV El Manzanal y JJVV Patricio Mekis.
f) Sector Rural: JJVV Oscar Castro, JJVV Santa Elena, JJVV La Chica y JJVV Chancón.
2) SUBSANACIONES DE LA SOLICITUD:
a) Primera solicitud de subsanación: Mediante correo electrónico de 20 de mayo de 2013, la Municipalidad remitió al solicitante una minuta o informe elaborado por la Abogado de la Oficina de Transparencia Municipal, que indicaba lo siguiente: “La solicitud presentada por el requirente se encuentra confusa, por tanto requerir se sirva precisar o aclarar que documento o antecedente necesita. De acuerdo a Pase Interno N° 128 de Sr. Secretario Municipal. / Lo anterior, bajo el apercibimiento contemplado en inciso 2° del artículo 12 de la Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, esto es, tenérsele por desistido de su petición si así no lo hiciera”. Por su parte, el referido Pase Interno N° 128 enviado por el Secretario Municipal a la Encargada de Transparencia señaló que “revisados nuestros registros, no se han encontrado algunas de las Organizaciones solicitadas. Conforme a lo señalado, agradeceré a Ud. requerir Aclaratoria al contribuyente, para que indique el número de Personalidad Jurídica o RUT de las siguientes organizaciones, de las cuales ha requerido Actas de Renovación de Directorios: JJVV P. Enrique Dintrans, JJVV Las Rosas, JJVV Sergio Vettiger, JJVV Guillermo Medina, JJVV Vicuña Mackenna 1, JJVV Nueva Esperanza, JJVV Parque Koke y JJVV Germán Riesco. Además, comunico a Ud. la preocupación por parte de esta Secretaría, por la entrega de 28 Actas al peticionario, el cual, no pertenece a ninguna de estas Organizaciones. Antecedentes que incluyen el nombre y Cédula de Identidad de los respectivos Dirigentes Vecinales”.
b) A través de correo electrónico de 21 de mayo de 2013, el solicitante comunicó a la Municipalidad que “probablemente la numeración de las Personalidades Jurídicas y sus correspondientes Roles Únicos Tributarios, los puede encontrar en el Servicio de Registro Civil e Identificación”.
c) Segunda solicitud de subsanación: Por medio de correo electrónico de 23 de mayo de 2013, la Municipalidad envió al solicitante una segunda “Aclaratoria”; en ésta la Abogado de la Oficina de Transparencia reiteró lo comunicado al Sr. Orellana Iturra, en orden a que no era posible buscar la información solicitada si el reclamante no precisaba el número de personalidad jurídica o RUT de las organizaciones antes indicadas. Al igual que en el informe anterior, se apercibió al solicitante conforme al inciso 2° del artículo 12 de la Ley de Transparencia.
d) Mediante correo electrónico de 31 de mayo de 2013, la Municipalidad informó al solicitante que “de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 inciso segundo de la Ley 20.285” su solicitud se tenía “por desistida”.
3) AMPARO: El 3 de junio de 2013, don Jorge Orellana Iturra dedujo –ante la Gobernación Provincial de Cachapoal– amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Rancagua, fundado en haber recibido respuesta negativa a su solicitud de acceso, siendo ingresada dicha reclamación a este Consejo el 5 de junio de 2013.
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante Oficio N° 2.358, de 13 de junio de 2013, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua, quien presentó sus descargos y observaciones a través de un escrito ingresado por correo electrónico a este Consejo el 28 de junio de 2013, suscrito por doña Camila Ulloa López –representante con poder suficiente–, señalando, en síntesis, que:
a) La respuesta dada por el Sr. Orellana a través del correo electrónico de 21 de mayo no fue suficiente, ni cumplió con lo solicitado en la comunicación del día previo. Por tal motivo, el 23 de mayo se envió una segunda solicitud de aclaratoria.
b) El 31 de mayo se cumplió el plazo contemplado en inciso 2° del artículo 12 de la Ley de Transparencia, para contestar la última aclaratoria, por lo que se envió un correo electrónico a don Jorge Orellana, informándole que de acuerdo a lo establecido en el artículo ya mencionado, su solicitud se tenía por desistida.
c) Concluye que no es correcta la afirmación del Sr. Orellana en cuanto a que el Municipio se negó a darle respuesta, pues el Municipio tramitó según lo establecido por la Ley de Transparencia y su Reglamento, la solicitud del reclamante, pero “fue el Sr. Orellana quien no cooperó para poder efectivamente satisfacer su solicitud”.
5) GESTIÓN OFICIOSA: El 8 de agosto de 2013 se envió un correo electrónico a doña Camila Ulloa López requiriendo mayores antecedentes sobre la solicitud de subsanación y sobre la existencia de la información solicitada. En respuesta, la Sra. Ulloa informó lo siguiente a este Consejo:
a) El solicitante no indicó en su presentación ante el Municipio los nombres de las Juntas de Vecinos respecto de las cuales requería información, sino que individualizó a las organizaciones según su ubicación geográfica, por ejemplo, nombres de calles, poblaciones y parques. Estos antecedentes no fueron suficientes para identificar a algunas de las Juntas de Vecinos aludidas, porque en los registros o bases de datos de la Municipalidad, dichas organizaciones figuran por sus nombres “oficiales”; por ejemplo, la Junta de Vecinos que el solicitante nombra como “JJVV Vicuña Mackenna 1”, está registrada como “JJVV Las Mariposas”. Por tal motivo era necesario contar con otro dato para la identificación de las mismas, como era el RUT o número de personalidad jurídica.
b) Con los datos entregados por el señor Orellana al Municipio, no se puede determinar la o las juntas de vecinos en cuestión, esto porque dichas agrupaciones no están organizadas por sector, sino que por fecha, es decir, se van archivando de acuerdo a la fecha que van realizando gestiones. Muchas de las JJVV tienen nombres que no dicen relación con su sector/población/villa, etc. El Municipio cuenta con un registro computacional de las JJVV, pero éste busca sólo por el número de personalidad jurídica o por su nombre completo.
c) El Municipio guarda copia de los certificados de vigencia de JJVV y de directorios de las mismas, ordenados por fecha en cajas por año que va guardando en bodegas, teniendo disponible a mano sólo lo correspondiente al año 2013.
1) Que el artículo 12 letra b) de la Ley de Transparencia establece como uno de los requisitos de toda solicitud la “Identificación clara de la información que se requiere”, señalando el artículo 28 letra c), inciso segundo, del Reglamento de la mencionada ley que “Se entiende que una solicitud identifica claramente la información cuando indica las características esenciales de esta, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de vigencia, origen, destino soporte etcétera”, lo cual es refrendado en el punto 2.2, letra b) de la Instrucción General N° 10, de este Consejo. Además, el inciso segundo del referido artículo 12 dispone que si la solicitud no reúne los requisitos señalados, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.
2) Que a partir de la información aportada por la Municipalidad en la gestión oficiosa indicada en el numeral 5° precedente, este Consejo estima que sólo una parte de la solicitud de información del Sr. Orellana cumplió con el requisito determinado en el literal b) del artículo 12 de la Ley de Transparencia, por lo que la reclamada, al dar aplicación al efecto previsto en el inciso segundo del mismo precepto, debió haber tenido por desistido al peticionario sólo respecto de aquella parte de la solicitud de acceso referida a las 8 juntas de vecinos que no fue posible identificar y que se le informaron al requirente a través del correo de 20 de mayo de 2013. Lo anterior, por cuanto el mencionado artículo 12 debe ser interpretado de la manera que mejor se concilie con la observancia de los principios de transparencia de la función pública, máxima divulgación y facilitación, permitiendo que las distintas peticiones que contenga una determinada solicitud de información puedan dividirse en cuanto a la observancia de la exigencia relativa a la identificación clara de la información que se requiere, de modo de tener sólo por desistida aquellas solicitudes que contengan peticiones que no cumplan con tal requisito, continuando la tramitación respecto de aquellas que sí hayan observado dicha exigencia al momento de solicitar la subsanación de la falta alegada por el órgano reclamado.
3) Que, entonces, respecto de las restantes 21 organizaciones territoriales, debe entenderse que se ha cumplido el requisito del literal b) del artículo 12 de la Ley de Transparencia, ya que el requerimiento de acceso indicó las características esenciales de la información solicitada, al precisar la materia y su origen, esto es, al indicar que requería las actas, solicitudes de certificados y otorgamiento de certificados referidos a la renovación de los Directorios de las 29 Juntas de Vecinos que individualizó; y al precisar el período de tiempo respecto del cual solicitaba la información, a saber, durante los años 2012 y 2013.
4) Que para un mejor análisis, se dividirá el requerimiento de acceso en las siguientes partes:
a) Solicitud de copias de actas que den cuenta de la renovación de los directorios de las 21 juntas de vecinos individualizadas por el requirente, que estén fechadas en 2012 o 2013.
b) Solicitud de copias de las solicitudes de certificados de vigencia que se hayan presentado ante el Municipio en 2012 y 2013, respecto de las 21 juntas de vecinos individualizadas por el Sr. Orellana en su requerimiento.
c) Solicitud de copia de los certificados de vigencia que el Municipio haya entregado durante 2012 y 2013, respecto de las 21 juntas de vecinos indicadas en la solicitud de acceso.
5) Que respecto de la información solicitada, cabe tener presente que, de conformidad con el artículo 6° de la Ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, “las municipalidades llevarán un registro público, en el que se inscribirán las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias que se constituyeren en su territorio, así como las uniones comunales que ellas acordaren. En este registro deberán constar la constitución, las modificaciones estatutarias y la disolución de las mismas. / De igual modo, las municipalidades llevarán un registro público de las directivas de las juntas de vecinos, de la unión comunal de juntas de vecinos y de las demás organizaciones comunitarias, como, asimismo, de la ubicación de sus sedes o lugares de funcionamiento”. Por último, el artículo en comento prescribe que “la municipalidad deberá otorgar, a quienes lo soliciten, copia autorizada de los estatutos, de las inscripciones y demás anotaciones practicadas en los registros públicos de organizaciones y directivas previstos en este artículo…”.
6) Que en cuanto al acceso a las actas de elección de directorios de juntas de vecinos, por una parte cabe señalar que la Ley N° 19.418 sólo permite la intervención de las municipalidades en relación con determinadas actuaciones de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias y, por otra, que conforme a lo dispuesto en su artículo 8°, dichas organizaciones deben depositar en la secretaría municipal de las entidades edilicias respectivas una copia autorizada del acta constitutiva, desprendiéndose además, de sus artículos 11 y 34, que la misma obligación existe respecto de las actas de las asambleas en que se aprueben la modificación de estatutos y la disolución de la organización. Así las cosas, no existe disposición alguna que obligue a dichas organizaciones a presentar copia del acta de elección de su directorio, sin perjuicio que las municipalidades puedan requerir a éstas los antecedentes que les permitan cumplir cabalmente con la obligación de llevar un registro público de las directivas de estas organizaciones, según lo dispone el inciso segundo del artículo 6° de la citada Ley N° 19.418.
7) Que en virtud de lo expuesto, en su decisión Rol C965-12, este Consejo ha indicado que poseen la calidad de información pública aquellas actas que las organizaciones se encuentran obligadas a presentar ante la Municipalidad de conformidad con la obligaciones contenidas en la Ley N° 19.418, ya que las mismas sirven de base o sustento para la decisión que, al respecto, deben adoptar dichas entidades edilicias (aprobación de constitución, modificación de estatutos y disolución de la organización) y que la información contenida en dichas actas debe registrarse en el registro público establecido por el citado cuerpo legal. Sin embargo, respecto de las actas de las demás asambleas llevadas a cabo por las organizaciones comunitarias, atendido que su carácter público no ha sido expresamente indicado por el legislador, su comunicación no autorizada por quienes tomaron parte en ella, podría afectar la autonomía que la Constitución y la Ley N° 19.418 asegura a dichas organizaciones intermedias de la sociedad, razón por la cual correspondía que el Municipio aplicara respecto a esta primera parte de la solicitud de acceso el procedimiento de oposición contenido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, a efectos de verificar la eventual oposición de los terceros involucrados.
8) Que, en consecuencia, dado que la solicitud de información se tuvo por desistida y, por lo tanto, no consta que los terceros eventualmente afectados en sus derechos, a saber, las juntas de vecinos aludidas en la solicitud, hayan brindado su consentimiento en orden a dar a conocer las actas de elección de directorio requeridas, este Consejo –en ejercicio de su facultad de velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado, de acuerdo a la atribución prevista en el artículo 33, letra j) de la Ley de Transparencia– rechazará esta parte del amparo, por estimar que concurre en la especie la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, ya que su entrega afectaría la autonomía de los grupos intermedios involucrados por cuanto las actas solicitadas no deben entregarse a la autoridad municipal por disposición legal, ni se observa que se ejerza respecto de ellas alguna función pública.
9) Que en cuanto a la segunda parte de la solicitud de acceso, referida a las solicitudes de certificados de vigencia que se hayan presentado ante el Municipio en 2012 y 2013, respecto de las 21 juntas de vecinos debidamente individualizadas por el Sr. Orellana en su requerimiento, este Consejo estima que tienen el carácter de información pública, ya que sirvieron de fundamento o complemento directo y esencial a la dictación de los certificados de vigencias emitidos por el Municipio, es decir, se encuentra dentro de la información que el artículo 5° y 10 de la Ley de Transparencia determina como información pública. Además, no se invocaron causales de secreto o reserva a su respecto, no advirtiendo –en todo caso– este Consejo que concurra alguna en la especie. Por lo tanto, se requerirá al Alcalde reclamado que entregue las solicitudes aludidas.
10) Que en cuanto a las copias de los certificados de vigencia que el Municipio haya entregado durante 2012 y 2013, respecto de los directorios de las 21 juntas de vecinos indicadas en la solicitud de acceso e identificadas por la Municipalidad, este Consejo estima que tales documentos dan cuenta del ejercicio de las atribuciones que la Ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, expresamente otorga a las Municipalidades. Además, tales antecedentes deben constar en el registro público a que se refiere el artículo 6° de dicho cuerpo normativo. Asimismo, de acuerdo a lo señalado por el organismo reclamado con ocasión de la gestión oficiosa anotada en el numeral 5° de lo expositivo, tal información obra en su poder y estaría archivada en bodegas. Por lo tanto, no habiéndose invocado a su respecto causal de secreto o reserva alguna, dichas certificaciones deben estimarse públicas, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 5° inciso primero y 10 inciso segundo de la Ley de Transparencia.
I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Jorge Orellana Iturra, el 3 de junio de 2013, en contra de la Municipalidad de Rancagua, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
a) Entregue al reclamante lo siguiente:
i. Copia de solicitudes de certificados de vigencia que se hayan presentado ante el Municipio en 2012 y 2013, respecto de las 21 juntas de vecinos indicadas por el Sr. Orellana en su requerimiento e individualizadas por el Municipio.
ii. Copia de los certificados de vigencia que el Municipio haya entregado durante 2012 y 2013, respecto de los directorios de las 21 juntas de vecinos indicadas en la solicitud de acceso e identificadas por la Municipalidad.
III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Enrique Orellana Iturra y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua.

References: artículo 21
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 artículo 12
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 artículo 28
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 artículo 33
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