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Timestamp: 2019-12-13 14:14:22+00:00

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Sentencia de Tutela nº 149/13 de Corte Constitucional, 19 de Marzo de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 432358210
Sentencia de Tutela nº 149/13 de Corte Constitucional, 19 de Marzo de 2013
Derecho de petición. Se interpone la acción de tutela en contra de la dirección territorial del incoder del departamento de bolívar, por no dar respuesta de fondo a los derechos de petición formulados para solicitar la agilización de un proceso de titularización del predio denominado púa ii e información sobre el estado del mismo. Luego de analizar la procedencia de la acción de tutela respecto del derecho de petición, de examinar los presupuestos que deben cumplirse para respetar dicha garantía y las actuaciones desplegadas por la entidad accionada para establecer la eventual vulneración a este derecho fundamental, la sala decidió conceder el amparo y ordenar al incoder notificar la respuesta dada a las solicitudes formuladas por el accionante.
T-149-13 Sentencia T-149/13 Sentencia T-149/13
Acción de tutela instaurada por N.E.N.L. contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- INCODER- Dirección Territorial Bolívar.
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil trece (2013).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados G.E.M.M., J.I.P.P. y L.G.G.P., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente,
En el proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de C., el 24 de julio de 2012[1].
El 09 de julio de 2012, el señor N.E.N.L., obrando a través de apoderado judicial y como representante legal de la Empresa Comunitaria Unida P.I., presentó acción de tutela contra la Dirección Territorial del INCODER en el Departamento de Bolívar, argumentando que su derecho fundamental de petición fue vulnerado por dicha entidad al no dar respuesta a las peticiones elevadas el 4 de mayo y el 6 de junio de 2012.
Desde hace 20 años, en virtud de una entrega provisional efectuada por el INCORA, la empresa ha ostentado la ocupación del predio denominado P.I., ubicado en la vereda P.I.- Corregimiento de Arroyo de Piedra, Jurisdicción Municipal de C. de Indias.[2]
Mediante oficio No. 311021045 del 22 de septiembre de 2010, la Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria del I.- C. se comprometió a titularizar los predios a favor de la empresa.
Recientemente, al accionante se vio obligado a enfrentar una querella policiva y denuncias penales encaminadas a arrebatar su posesión sobre el predio, pues pese al compromiso consignado en el oficio de 2010, el I. aún no les ha concedido los títulos de propiedad del inmueble.[3]
Por tal situación, el 04 de mayo de 2012 el accionante elevó petición ante la Dirección Territorial del I. en el Departamento de Bolívar, solicitando la agilización del proceso de titularización del predio e información sobre su estado.
El 6 de junio de 2012, el accionante reiteró la solicitud del 4 de mayo y relató nuevos sucesos sobre la querella policiva adelantada en su contra[4].
Finalmente, advirtió que la Dirección Territorial demandada, hasta la fecha de interposición de la tutela, no había dado respuesta a ninguna de las dos solicitudes.
1.3.1. Derecho de petición radicado el 4 de mayo de 2012 ante la Dirección Territorial del I.- Sede Bolívar, mediante el cual se solicita información sobre el estado de titularización del predio P.I..[5]
1.3.2. Derecho de petición radicado el 6 de junio de 2012 ante la Dirección Territorial del I.- Sede Bolívar, mediante el cual se reitera la solicitud del 4 de mayo de 2012 y se ruega pronta respuesta.[6]
Mediante sentencia del 24 de julio de 2012, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de C. denegó el amparo solicitado, argumentando la existencia de un hecho superado, según la respuesta que la entidad demandada envió al accionante el 10 de julio 2012, mediante oficio No. 31122103033. Señaló que copia de esta respuesta se encontraba acompañando la contestación de la entidad accionada.[7]
4.1. El 15 de enero de 2013 se ofició al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de C. para que, en el término máximo de tres días, remitiera a este Despacho (...) la pieza procesal faltante, esto es, la contestación de la Dirección Territorial del I.  Bolívar a la acción de tutela de la referencia, incluyendo el oficio número 31122103033 del 10 de julio de 2012, mediante el cual la entidad demandada dio respuesta de fondo a los derechos de petición del accionante.
4.2. Asimismo, se ofició a la Dirección Territorial del I.- Sede Bolívar para que remitiera a este Despacho (...) la respuesta al informe solicitado por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de C., en el proceso de tutela de la referencia, incluyendo el oficio número 31122103033 del 10 de julio de 2012, mediante el cual la entidad demandada dio respuesta de fondo a los derechos de petición del accionante.
4.3. Finalmente, el 31 de Enero de 2013 se tuvo comunicación telefónica con el apoderado del accionante, M.H.C., quién manifestó que la entidad accionada no había dado respuesta a su solicitud, a pesar de haber consignado claramente como dirección de notificaciones la de su residencia.[10]
Planteamiento del caso, problema jurídico y esquema de resolución.
2.1. De conformidad con lo expuesto en el acápite de antecedentes, se le atribuye al INCODER- Dirección Territorial Bolívar-, la vulneración del derecho fundamental de petición del accionante, como consecuencia de la falta de notificación de la respuesta a sus escritos del 4 de mayo y 6 de junio de 2012, por medio de los cuales solicita la agilización del proceso de titularización del predio P.I. e información sobre el estado mismo.
Procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho fundamental de petición. Subsidiariedad e inmediatez.
3.1. De acuerdo con el Artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión de la autoridades públicas, o particulares según se trate, siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
3.2. En la misma línea, el Artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 confirma la naturaleza residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia cuando existe un mecanismo ordinario de defensa, e indica que la eficacia de dichos recursos debe ser apreciada en concreto, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
3.7. Esta Corporación ha llamado la atención sobre el hecho de que, por disposición del Artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela tenga por objeto procurar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.
3.12. Aplicadas tales reflexiones al caso concreto, en relación con el presupuesto de inmediatez, encuentra la Sala que el amparo fue presentado por el señor N.L. apenas algunas semanas después de haberse ocasionado la vulneración, esto es, de haberse configurado en cabeza del INCODER la obligación de responder la petición del 6 de junio de 2012, que reiteraba la elevada el 4 de mayo, sin que lo hubiera hecho.
Presupuestos de efectividad del derecho fundamental de petición.
5.1. De las pruebas que obran en el expediente, tanto las recaudadas en el trámite de tutela como en sede de revisión, constata la Sala que si bien la Dirección Territorial de I. dio respuesta a los derechos de petición del accionante en el curso de la acción, mediante oficio número 31122103033, la accionada no logró demostrar que tal respuesta se había notificado al señor N.E.N..
5.2. De las circunstancias narradas, se concluye que el representante de la Seccional Bolívar del I. preparó la respuesta al solicitante pero no comunicó como debía el sentido de su decisión, en tanto prescindió de la constancia notificatoria, razón por la que transgredió el núcleo esencial de efectividad del derecho de petición.
5.3. En el caso sometido a estudio, el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de C. negó el amparo solicitado, argumentando la existencia de un hecho superado, sin que resultara acreditada la comunicación efectiva de la respuesta al solicitante.
PRIMERO.- REVOCAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de C., el día 24 de julio de 2012, que denegó por hecho superado el amparo solicitado.
SEGUNDO.- CONCEDER la tutela del derecho fundamental de petición al señor N.E.N.L., y en consecuencia, ORDENAR al R. y Coordinador del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- INCODER- Dirección Territorial Bolívar, que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, proceda a notificar la respuesta a las solicitudes presentadas por el accionante los días 4 de mayo y 6 de junio, ambas de 2012, ante dicha dependencia. Adicionalmente, dentro de las cuarenta y ocho (48) siguientes al recibo de la constancia de notificación, la entidad demandada deberá enviar dicho soporte al Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, comprobando la notificación efectiva del accionante.
[2] Folio 5 y 9 del Cuaderno Principal. Conforme relata el accionante en el escrito de tutela, En virtud de tal entrega, durante más de veinte (20) años, hemos venido en la explotación material y económica del aludido predio mediante el cultivo de frutos de pan coger, la cría de animales y adecuación de la tierra para la vivienda familiar de nuestras respectivas familias.
[3] A partir del folio 11 hasta el 15 del cuaderno principal, es visible la querella interpuesta por el señor J.M.N.Z. contra el accionante, así como el auto admisorio que ordena la apertura del procedimiento policivo y su notificación por la Inspección de Policía del Corregimiento de Punta Canoa- Distrito de C..
[4] Folio 10 del Cuaderno Principal. Según consta en la solicitud del 6 de mayo de 2012, el Inspector de Policía del Corregimiento de Arroyo de Piedra- Bolívar-, adelantó la diligencia de lanzamiento del predio denominado P.I. el 5 de junio de 2012, a las 8:00 a.m.
[10] Folios 5 a 11 del Cuaderno principal. Según es especificado en ambos derechos de petición, la dirección señalada por el accionante para notificaciones es la Carrera 16 No. 60-44 Barrio Canapote, C. de Indias D.T.
[11] Ver SentenciaT-1033 de 2010, M.P.: J.I.P., precitada. Cfr. C-543 de octubre 1° de 1992, M.P.J.G.H.G..
[12] Sobre este tema, se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-677 de 2011, M.P.J.C.H.P. y la T-158 de 2006, M.P.H.A.S.P..
[13] Para estudiar una de las primeras sentencias que examinó el Derecho de Petición como garantía de aplicación inmediata puede verse la sentencia T-012 del 25 de mayo de 1992, M.P.A.M.C..
[14] En múltiples oportunidades la Corte se ha pronunciado sobre el sentido, alcance y ejercicio del derecho de petición, para tal efecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-12/92, MP: J.G.H.G.; T-419/92, MP: S.R.R.; T-172/93, MP: J.G.H.G.; T-306/93, MP: H.H.V.; T-335/93, MP: J.A.M.; T-571/93, MP: F.M.D.; T-279/94, MP: E.C.M.; T-414/95, MP: J.G.H.G.; T-529/95, MP: F.M.D.; T-604/95, MP: C.G.D.; T-614/95, MP: F.M.D.; SU-166/99, MP: A.M.C.; T-307/99, MP: E.C.M.; T-079/01, MP: F.M.D.; T-116/01, MP(E): M.V.S.M.; T-129/01, MP: A.M.C.; T-396/01, MP: A.T.G.; T-418/01, MP: M.G.M.C.; T-463/01, MP: M.G.M.C.; T-537/01, MP: A.T.G.; T-565/01, MP: M.G.M.C. ; T-1089/01, MP: M.J.C.E.; T-481/92, MP: J.S.G.; T-159/93, MP: V.N.M.; T-056/94, MP: E.C.M.; T-076/95, MP: J.A.M.; T-275/97, MP: C.G.D.; y T-1422/00, MP: F.M.D..
[15] Sobre la vigencia de otros derechos fundamentales que pueden garantizarse a través del derecho de petición pueden verse las sentencias T-1089 de 2001, M.P.M.J.C.E.; T-1160A de 2001, M.P.M.J.C.E. y T-377 de 2000, M.P.A.M.C..
[19] Decreto 01 de 1984: Artículo 31. Deber de Responder las Peticiones. Será deber primordial de todas las autoridades hacer efectivo el ejercicio del derecho que consagra el Artículo 45 de la Constitución Política mediante la rápida y oportuna resolución de las peticiones que, en términos comedidos, se les formulen y que tengan relación directa con las actividades a cargo de esas mismas autoridades.
[20] Texto Original de la Ley 1437 de 2011: Artículo 31. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código; constituirán falta gravísima para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley disciplinaria.
[21] En la sentencia T-1160A de 2011, M.P.M.J.C.E., la Corte señala que la efectividad del derecho de petición consiste no sólo en el derecho de obtener una respuesta por parte de las autoridades sino a que éstas resuelvan de fondo, de manera clara y precisa la petición presentada.
[22] Sobre este elemento, pueden verse las sentencias T-159 de 1993, M.P.V.N.M. la T-1160A de 2001, M.P.M.J.C.E.. En la primera, el actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. De manera similar, en la segunda, se concedió la tutela a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión de negativa de pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había obtenido respuesta alguna.
[23] Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha tenido varias oportunidades de pronunciarse al respecto. Por ejemplo, en sentencia T-178/00, M.P.J.G.H.G., la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición. Igualmente, en la sentencia T-615/98, M.P.V.N.M., la Corte concedió la tutela al derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta había sido enviada al juez y no al interesado. Y de manera similar en sentencia T- 249 de 2001, M.P.J.G.H.G..
[24] Sobre el mismo tema la sentencia T-553 de 1994, M.P.J.G.H.G..
[25] Por ejemplo, en la sentencia T-545/96, M.P.A.B.C. , la Corte concedió la tutela al derecho de petición en virtud de que la respuesta acerca del reconocimiento del derecho de pensión de la accionante había sido enviada a una dirección diferente a la aportada por ésta. Consideró la Corte que no había existido efectiva notificación a la peticionaria.

References: Artículo 86
 Artículo 6
 Artículo 86
 Artículo 31
 Artículo 45
 resolución