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Timestamp: 2019-06-26 00:39:17+00:00

Document:
STS 734/2014, 11 de Noviembre de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 547472782
Número de Recurso: 289/2014
Número de Resolución: 734/2014
Sentencia citada en: 31 sentencias, 3 artículos doctrinales, un tema práctico
Sentencia Nº: 734/2014
RECURSO CASACION Nº : 289/2014
Procedencia: Audiencia Provincial de Sevilla , Sección Cuarta.
Fecha Sentencia : 11/11/2014
Escrito por : MGS
Robo con violencia, asesinato y daños.
La prestación del consentimiento del detenido a la obtención de material biológico para la determinación de su ADN no codificante con destino al registro policial, requiere asistencia de letrado.
Nº: 289/2014
Fallo: 03/06/2014
Esta Sala, compuesta como se hace constar, ha visto el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, el día 13 de diciembre de 2013, recaída en la causa Sumario ordinario 8430/2010 dimanante de Procedimiento Ordinario número 2/2010 del Juzgado Mixto número 2 de Marchena.
Han comparecido ante esta Sala en calidad de partes recurrentes: El Ministerio Fiscal; y la acusación particular Petra y Cornelio , representados por el procurador Sr. Pérez Cruz; y como partes recurridas, Eladio y Esteban , representados por el procurador Sr. Pérez de Rada González de Castejón. Ha sido ponente el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez.
- El Juzgado Mixto número 2 de Marchena, instruyó Procedimiento Ordinario con el número 2/2010, por delito de robo con violencia, asesinato y daños mediante incendio contra los siguientes acusados: Eladio y Esteban , y abierto el juicio oral, lo remitió a la Audiencia Provincial de Sevilla, cuya Sección Cuarta dictó sentencia el día 13 de diciembre de 2013, con los siguientes hechos probados: " PRIMERO.
- Sobre las 19 horas del día 24 de noviembre de 2009 dos o más personas desconocidas intentaron penetrar en el recinto de la planta fotovoltaica denominada "Fotovoltajes Marchena", ubicada "en la parcela n.° 25 del polígono 29 del catastro rústico del término municipal de Marchena y propiedad de la empresa "Sur de Renovables, S.L.". Para acceder a la planta los asaltantes practicaron con herramientas adecuadas un agujero en la alambrada metálica que circunda el recinto, sin llegar a entrar en él, al ser puestos en fuga por el vigilante de seguridad de la planta, D. Cornelio , que se limitó a enfocarlos desde lejos con su linterna, lo que bastó para que huyeran.
SEGUNDO.- Unas ocho horas después, siendo ya las tres de la madrugada del día 25 de noviembre de 2009, un grupo de personas en número indeterminado consiguió entrar en la planta fotovoltaica antes mencionada; sorprendiendo al vigilante, que se encontraba en esemomento dentro del turismo de su propiedad. Los asaltantes rompieron con algún instrumento contundente las ventanillas de ambos lados del vehículo y sacaron al Sr. Cornelio de su interior, comenzando a golpearlo con los instrumentos que portaban. El Sr. Cornelio trató infructuosamente de protegerse del ataque, recibiendo golpes en la cara, brazo izquierdo, espalda y rodilla izquierda; hasta que los asaltantes consiguieron reducirle e inmovilizarle con las mismas esposas que portaba para su labor de vigilante. Estando en esa situación, uno de los asaltantes, con ánimo de acabar con su vida, clavó al Sr Cornelio en el ojo derecho un instrumento punzante no determinado, con tal fuerza que su punta fracturó la base del cráneo y penetró en el tejido encefálico.
TERCERO.- Mientras el vigilante yacía exánime a resultas de la herida descrita, los asaltantes, usando las herramientas que portaban, cortaron los cables de cobre de la instalación fotovoltaica, extrayéndolos de las arquetas por los que discurrían y apoderándose de una gran cantidad de metros. Los cables sustraídos y los daños causados en la planta ascienden a un total de 21.448,83 euros. Los asaltantes sustrajeron además los dos teléfonos móviles que portaba el Sr. Cornelio , uno suyo particular y el otro propiedad de la empresa de seguridad para la que trabajaba, "Uniformada, S.L."
CUARTO.- Al marcharse de la planta, con los cables en su poder y abandonando a su suerte al Sr. Cornelio , los asaltantes se llevaron también el vehículo propiedad del infortunado vigilante, un Dodge Caliber matrícula .... LZR , que más tarde incendiaron en un paraje denominado " FINCA000 ", sito a 900 metros de la autovía A-4, a la altura del km NUM000 , término municipal de Carmona. El turismo, que quedó completamente destruido, tenía un valor venal de 10.200 euros.
QUINTO.- Sobre las 4:30 horas de esa misma madrugada el Sr. Cornelio fue encontrado en el interior de la planta por un supervisor de la empresa de seguridad, que acudió al lugar alarmadoporque no respondiera a sus llamadas. El maltrecho vigilante fue trasladado con vida al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde a pesar de los cuidados médico-quirúrgicos que se le prodigaron falleció cuarenta días después, el 10 de enero de 2010, como consecuencia de un shock séptico secundario a un absceso cerebral, producido a su vez por la infección causada por la herida penetrante en la masa encefálica.
Además de la herida que le causó la muerta, el Sr. Cornelio presentaba las siguientes lesiones: fractura de cúbito y radio del antebrazo izquierdo, de carácter defensivo; fractura de la rama derecha de la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar; heridas contusas en región ciliar derecha, región auricular derecha y labio superior a esta transfixiante, y erosiones en mano izquierda, rodilla izquierda y región pretibial izquierda.
El Sr. Cornelio , de 32 años de edad, no tenía hijos y, convivía con sus padres, don Cornelio y doña Petra .
SEXTO.- una hora antes de que se produjera el primer y frustrado asalto a la planta fotovoltaica, el acusado Eladio adquirió en una ferretería de Marchena una tijera corta-ramas de 80 cm, una sierra y dos hojas de sierra. Todas estas herramientas, y alguna otra similar, le fueron incautadas sobre las 23 horas del mismo día, cuando la furgoneta que conducía el acusado, en la que viajaban otras cinco personas indocumentadas, fue interceptada por una patrulla de la Guardia Civil, al salir a la carretera Marchena-Paradas desde un camino de servicio agrícola, en una zona próxima a la ubicación de la mencionada planta".
- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:" Que debemos absolver y absolvemos libremente por los hechos objeto de esta causa a los acusados Eladio y Esteban , declarando de oficio las costas causadas.
Firme que sea esta sentencia, líbrese oficio al Centro Penitenciario en que se encontraban los acusados al efecto del posible abono en otras causas de la prisión provisional sufrida en esta por los acusados absueltos".
- Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por el Ministerio Fiscal, y por la representación procesal de la acusación particular Petra y Cornelio , que se tuvo por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
- El Ministerio Fiscal interpuso recurso de casación contra la mencionada sentencia, por infracción de precepto constitucional del artículo 852 LECrim en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva del Ministerio Fiscal del artículo 24.2 CE y a la utilización de los medios de prueba pertinentes para su defensa del artículo 24.2 CE .
- La representación procesal de Petra y Cornelio , basa sus recursos de casación en los siguientes motivos: Primero. Por vulneración de derecho fundamental por el cauce del artículo 5.4 LOPJ , por infracción del artículo 24 CE , esto es, por conculcación de los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías, a la utilización de los medios de prueba pertinentes y del derecho de defensa. Segundo.- Por error en la apreciación de la prueba al amparo del número 2 del artículo 849 de la Ley de enjuiciamiento Criminal . Tercero. Por infracción de ley al amparo del artículo 849.1 de la LECrim por indebida inaplicación de los artículos 139.1 y 139.3 y 1490 y artículos 237 , 242.1 y 242.3, todos ellos del Código Penal .
- Instruido el Ministerio Fiscal de los recursos interpuestos, se ratifica en su escrito de interposición de recurso de fecha 18 de febrero de 2014. Instruidas las partes recurridas de todos los recursos interpuestos, solicitan la inadmisión de los mismos y subsidiariamente la desestimación e impugnación de todos los motivos alegados por los recurrentes. La Sala lo admitió quedando los autos conclusos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.
- Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebraron deliberación y votación el día 3 de junio de 2014. Dentro del trámite de este recurso, se suspendió la deliberación con objeto de someter al pleno del tribunal la cuestión relativa a la necesidad o no de asistencia letrada del detenido en la prestación de consentimiento para la obtención de material biológico al efecto de determinar su ADN no codificante para la inclusión del mismo en el registro policial. Este pleno se celebró el pasado 24 de septiembre; señalándose la fecha del 4 de noviembre para continuar la deliberación.
Primero. Lo denunciado en un único motivo, por el cauce del art. 852 Lecrim , es infracción de precepto constitucional, con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del Ministerio Fiscal ( art. 24,1 CE ) y del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para dar apoyo a su pretensión ( art. 24,2 CE ). Además, se dice, la sentencia de instancia infringe la Disposición adicional tercera de la LO 10/2007, de 8 de octubre , que no exige preceptivamente la asistencia letrada en la prestación del consentimiento del detenido para la toma de muestras biológicas a fin de determinar el perfil genético e inscribirlo como ADN no codificante en la base de datos policial. Por eso, a juicio del recurrente, la conclusión del tribunal de instancia, que se traduce en la absolución de los implicados en la causa, al entender que su identidad, como autores del delito objeto de persecución, no puede entenderse comprobada, resulta insostenible.
En el punto de partida del desarrollo del motivo se sitúa, en primer término, la afirmación de que el derecho a la asistencia letrada del detenido, constitucional, de configuración legal, puede incluso ser renunciado ( art. 520,5º Lecrim ), de lo que se sigue que podría prescindirse del mismo en algunos casos sin que el derecho de defensa como tal pueda considerarse vulnerado. Después, se subraya que la LO 10/2007 solo permite la toma de muestras biológicas para obtener el ADN no codificante, con un fin, pues que, por eso, la propia Exposición de motivos de aquella asimila al del uso policial de la huella dactilar.
En lo que hace al régimen jurídico de la toma de muestras biológicas a detenidos para la determinación del perfil genético no codificante y su inscripción en la correspondiente base de datos, se señala que la Recomendación R (92) 1, de 10 de febrero de 1992, del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre utilización de los resultados del análisis del ADN, no contempla la asistencia letrada. Tampoco los arts. 326, último párrafo, 363, último párrafo y 778,3º Lecrim ; ni la Disposición adicional tercera de la LO 10/2007 . Y -se explica- si la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN aprobó un formulario de toma de muestras a detenidos e imputados en el que se contempla la asistencia letrada fue en consideración de la sentencia de la Sala Segunda n.º 827/2011 que la contemplaba, pero sin pensar nunca atribuirle carácter retroactivo, y para el supuesto de que pudiera llegar a consolidarse ese criterio jurisprudencial.
El recurrente, partiendo del tratamiento constitucional del derecho a la asistencia letrada antes aludido, se detiene en el examen de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que guardan relación con él y en el de la reciente Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho de asistencia letrada en los procesos penales, para concluir en el sentido de que no puede considerarse preceptiva esa asistencia para la obtención de muestras biológicas de detenidos, cuya previsión con ese carácter sí se recomienda a los estados miembros en el caso de ruedas de reconocimiento, careos y reconstrucciones de los hechos.
Tras de un examen de los acuerdos de pleno y de la jurisprudencia de esta Sala Segunda, concluye en el sentido de que la asistencia letrada solo es exigible en los supuestos en que la ley lo prevea, y esta previsión no concurre en el caso de la prestación del consentimiento para la toma de muestras biológicas para la determinación del ADN no codificante, con destino al registro de referencia.
En fin, se hace ver que, en el derecho comparado, solo Italia y Colombia se han inclinado por esa exigencia. Y que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se ha pronunciado al respecto.
A partir de tales consideraciones, la conclusión es que: a) la toma de muestras de ADN mediante frotis bucal no afecta a ningún derecho fundamental; b) la asistencia letrada al detenido se limita legalmente a los interrogatorios y reconocimientos de identidad en rueda; c) la pericial sobre el ADN no es una diligencia de resultado netamente incriminatorio.
Por último, el impugnante discrepa también del tribunal de instancia en lo que se refiere a la conclusión de que, excluida la prueba del ADN, las demás de la causa fueran insuficientes para dotar de fundamento a la condena de los acusados.
En efecto, pues, a pesar de la sencillez y relativa inocuidad del modo de acceso a la materia prima idónea para la determinación del ADN, lo cierto es que este, como recinto , encierra una información genética de extraordinaria amplitud y riqueza de datos personalísimos, que es lo que lo convierte en un ámbito digno del máximo de protección. Al igual que, por ejemplo, el domicilio, en tanto que espacio privilegiado de ejercicio de la intimidad, se encuentra igualmente tutelado frente a todo tipo de invasiones, incluidas las que pudieran producir un efecto banal en sus consecuencias últimas.
Pero, de una parte, lo cierto es que, como se lee en la sentencia de instancia, la boca es una cavidad del cuerpo que se mantiene regularmente oculta frente a terceros; y en la que nadie consiente intromisiones ajenas, salvo con fines terapéuticos. Es, pues, un reducto íntimo del sujeto, al que, ya solo por eso, se extiende la garantía del art. 18 de la Constitución , que lo convierte en ámbito constitucionalmente protegido ( STC 199/2013, de 5 de diciembre , 6º fundamento de derecho, con referencia al respecto al TEDH, sentencia de 4 de diciembre de 2008, caso S. y Marper vs. Reino Unido ). Y , por otro lado -no importa insistir- ese primer objeto de tutela está, aquí, en estrechísima relación con ese otro, ciertamente nuclear de la persona, representado por su patrimonio genético. Por eso, la relevancia jurídica de una intervención como la que se considera, no puede abordarse únicamente bajo el prisma del grado de afectación de la región anatómica concernida; ni tampoco medirse por el significado práctico del objeto final perseguido (la comparación de ciertos datos a efectos de la sola determinación de la identidad); sino que debe evaluarse la calidad, sensibilidad y potencial trascendencia del caudal de datos al que aquella franquea objetivamente el acceso. Tanto que, en la sentencia del Tribunal Constitucional que acaba de citarse (mismo fundamento de derecho), que también en este punto se remite a la jurisprudencia del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia, se lee que "la cantidad de información personal contenida [en las muestras celulares] conduce a considerar que su conservación constituye en sí misma una lesión del derecho a la vida privada, de suerte que poco importa que las autoridades extraigan o utilicen solo una pequeña parte de tal información para la creación de perfiles de ADN". Porque "el mero hecho de que las autoridades públicas conserven o memoricen datos de carácter personal, cualquiera que sea la manera en la que hayan sido obtenidos, tiene unas consecuencias directas en la vida privada de la persona afectada". Es así, en efecto, debido a que la incorporación de algún segmento de aquellos perfiles a una base de datos policial constituye una suerte de preconstitución de prueba a perpetua memoria, eventualmente de cargo, de particular relevancia; en contra de quien, por eso, accederá a una genérica y abierta condición de sospechoso. Porque tal es el fin de ese modo de operar, y no, como a veces se dice, la innecesaria identificación de alguien, que ya está perfectamente identificado en la causa en la que se toma la muestra biológica para la determinación del ADN no codificante y su incorporación al registro policial.
Por eso, y por analogía con lo que sucede en el supuesto de los registros domiciliarios, el consentimiento del afectado detenido debe ser consentimiento asistido (por todas, SSTS 96/1999, de 21 de enero y 1962/2001, de 23 de octubre ). En efecto, pues se trata de una garantía potencial del derecho de defensa en y frente al posible resultado de una diligencia de investigación, que, de ser incriminatorio, difícilmente podría discutirse luego de forma contradictoria en el juicio. Y en la perspectiva de la garantía del derecho a la intimidad domiciliaria, ya se ha dicho, importaría poco que la actuación fuera de la norma hubiese estado exclusivamente dirigida a un fin representativo de una mínima, incluso insignificante, afectación de aquel, dado que la previsión de tutela es incondicionada y no está sujeta a ninguna valoración de esa índole.
En los casos que aquí se contemplan, este criterio tiene indudable respaldo legal, en la Disposición adicional tercera de la LO 10/2007 , que prevé que, en defecto de consentimiento del afectado, se precisará autorización judicial. Pues, no hay duda: un consentimiento que, a juicio del legislador, tiene que suplirse de forma tan garantizada, es porque deberá ser consentimiento informado, consciente y libre. Tal es también, en general, el punto de vista de este tribunal, en lo relativo a la validez del consentimiento prestado por el detenido, cuando de él depende la afectación a alguno de sus derechos fundamentales. Y esta es igualmente la opción acogida por el prelegislador de 2013, que en el art. 284 de la Propuesta de Texto Articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal , que regula las "Intervenciones corporales", prevé que "las que tengan por objeto la toma de muestras destinadas a la práctica de análisis médicos o biológicos y que no exijan acceder a zonas íntimas [..., si el sospechoso] se hallare cautelarmente privado de libertad, el consentimiento habrá de prestarse con asistencia y previo asesoramiento de letrado".
Consecuentemente, es asimismo el criterio acogido en sentencias de esta sala de n.º 685/2010, de 7 de julio y 827/2011, de 25 de octubre , en el sentido de "la exigencia de asistencia letrada para la obtención de muestras de saliva u otros fluidos del imputado detenido cuando estos sean necesarios para la definición de su perfil genético". Es lo que explica el énfasis advertible en dos expresivos pasajes de la segunda. A saber, el que resalta "la importancia de que la toma de muestras de saliva u otros fluidos para obtener el perfil genético de cualquier imputado o procesado se realice con respeto a las garantías impuestas por la intensa injerencia que un acto de esa naturaleza conlleva", dado que la incorporación al registro policial "no es cuestión menor". Y el que reza: "En suma, conviene insistir en la exigencia de la asistencia letrada para la obtención de las muestras de saliva u otros fluidos del imputado detenido cuando estos sean necesario para la definición de su perfil genético".
La razón de ser de esta exigencia -expresada, entre otras, en SSTS 605/2010, de 24 de junio , 151/2010, de 22 de febrero y 107/2003, de 4 de febrero -es doble. En efecto, pues por un lado guarda relación con el deber de buena fe o lealtad procesal consagrado en el art. 11,1º LOPJ , que priva de legitimidad a las tácticas dirigidas a impedir el desarrollo del principio de contradicción, que debería regir de forma incondicionada en relación con la totalidad de las pretensiones parciales. Y, por otro, mira a hacer posible, en caso de negativa del requerido a prestar el consentimiento de la Disposición adicional tercera de la Ley orgánica 10/2007 el recurso a la autorización judicial para la toma de muestras, previsto en la misma.
El examen de las actuaciones pone de manifiesto que la defensa del acusado Eladio , en su escrito de defensa (folios 108 ss. del rollo de sala), impugnó la documental (folios 338 ss. de la causa) consistente en el Informe biológico del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, por no constar debidamente acreditado el método utilizado para llegar a las conclusiones que allí se expresan, ni en base a que datos objetivos se efectuó la valoración, y por no haberse respetado en su elaboración las garantías legales. Luego, en el trámite de cuestiones previas (folio 249 del rollo de sala), ambas defensas impugnaron el modo de obtención del material biológico de aquellos que permitió la incorporación de su ADN no codificante al registro policial.
Recurso de Petra y Cornelio
Primero. Lo denunciado, por el cauce del art. 5,4 LOPJ es infracción del art. 24 CE , por la conculcación del derecho a un proceso con todas las garantías y a la utilización de los medios de prueba pertinentes y del derecho de defensa. Ello por la renuncia de la sala de instancia a valorar la prueba de identificación de los acusados mediante el ADN.
Pero la estimación del recurso del fiscal, en el aspecto que acaba de señalarse, que obliga a aquel tribunal a tomar en consideración lo aportado por ese medio de prueba, hace que, en lo esencial de su contenido, este motivo deba considerarse estimado.
Segundo. Lo alegado es error en la apreciación de la prueba, de los del art. 849,2º Lecrim . El argumento es que la asistencia de letrado no sería necesaria para la validez del consentimiento de los acusados a la obtención del material biológico preciso para la determinación de su ADN.
El planteamiento del motivo no se ajusta en absoluto a los requerimientos del precepto en el que pretende apoyarse, y, por ello, tiene que ser desestimado.
Tercero. Lo aducido es infracción de ley, de las del art. 849,1º Lecrim , por inaplicación de los arts. 139,1 º, 140 , 237 y 242.1 y 3, todos del Código Penal ; que tendrían que haber sido aplicados, se dice, para dictar una sentencia condenatoria contra los acusados.
El formulado es un motivo de infracción de ley y, en consecuencia, solo apto para servir de cauce a la denuncia de eventuales defectos de subsunción de los hechos probados en un precepto penal.
Pues bien, lo que resulta de los hechos probados es que en efecto, Cornelio fue objeto de acciones violentas, determinantes al fin de su fallecimiento, que tendrían encaje en las previsiones legales citadas; pero lo cierto es que en los mismos no figura dato alguno de identidad que permita poner aquellas a cargo de los acusados. En consecuencia y puesto que es al tenor de ese relato a lo que hay que estar, el motivo no puede estimarse.
Se estima el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal y se casa y anula la sentencia de fecha 13 de diciembre de 2013, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla , para que por la misma sala, retrocediendo en las actuaciones de la causa, se dicte otra en la que, incluyéndola en el cuadro probatorio, se valore también la prueba genética relativa a ambos acusados.
Se estima el primer motivo del recurso de casación formulado por Petra y Cornelio y se desestiman los otros dos.
Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia, a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió interesando acuse de recibo.
Cándido Conde Pumpido Tourón Julián Sánchez Melgar Francisco Monterde Ferrer
Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre Perfecto Andrés Ibáñez
Voto particular que formula el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez a la sentencia nº 734/14, de fecha 11 de noviembre de 2014, que resuelve el recurso n.º 289/2014.
Mi discrepancia versa exclusivamente sobre un punto muy preciso de la sentencia, que he redactado ajustándome en todo al criterio de la mayoría de la sala. Es el que se concreta en la imposición a las defensas de un límite temporal, ciertamente preclusivo, para argumentar con la ilicitud o ilegitimidad de algún medio o resultado de prueba.
Mi criterio es que, tratándose de un proceso acusatorio y contradictorio, el planteamiento de una alegación de esa índole, como el de cualquier otra de naturaleza puramente discursiva y no necesitada de alguna actividad probatoria de sustento, debe producirse, naturalmente, dentro del juicio y, como momento-límite, en los informes. Y tal es, según creo, la única exigencia que cabe.
El método contradictorio, controversial y dialógico, es, como bien se ha dicho, la escenificación de una estructura argumentativa. De un curso dialéctico que se inicia por el que acusa, sobre quien pesa - en exclusiva - la carga de aportar todos los datos probatorios y producir todas las alegaciones necesarias para la confirmación de su hipótesis. Así, si como cabe esperar, el que asume ese papel tiene interés en que prevalezca su posición, deberá dotarla del más acabado fundamento, hasta, idealmente, el extremo de no dejar ningún cabo suelto, o, lo que es igual, probando con eficacia todo lo que haya que probar.
Donde acaba el momento lógico de la acusación, se inicia el de la defensa, que, a su vez, tiene el derecho de (y está prácticamente obligada a) poner a contribución y rentabilizar todos sus recursos. Es obvio que atendiendo a su interés y con el fin de desmontar el planteamiento de la contraparte.
Pues bien, dentro de este marco, será cada sujeto procesal quien diseñe su propia estrategia y administre sus medios de prueba y argumentales, con sujeción a las reglas procesales y observando las propias de la argumentación racional. Y sucede que ni unas ni otras imponen a la defensa el deber de informar por adelantado a la acusación acerca de los recursos de los que piense hacer uso. Es esta la que, por su iniciativa y bajo su exclusiva responsabilidad, habrá de prevenir todas las posibles reacciones del contrario.
Así, en un caso como el de esta causa, el fiscal debería haber previsto la eventualidad (por lo demás nada extraordinaria) de una impugnación como la que en efecto se produjo. Del mismo modo que el acusador interesado en hacer valer en una causa las interceptaciones telefónicas practicadas en otra, tendrá buenas razones para esperar algo tan previsible como el cuestionamiento basado en la ausencia de alguna documentación relativa a las mismas.
Por eso entiendo que exigir a una defensa que exponga sus cartas a tiempo de que la acusación pueda prevenirse frente al uso posible de ellas, no es una cuestión de lealtad, sino que equivale a imponerle una actitud procesalmente suicida. Un -dialéctica y procesalmente aberrante- deber de colaboración con aquella en propio perjuicio. De aquí mi discrepancia con la segunda parte del acuerdo del pleno al que se hace mención y se aplica en la sentencia y mi criterio de que los recursos de las acusaciones tendrían que haberse desestimado en su totalidad.
Voto particular que formula el magistrado Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, a la sentencia número 734/2014, dictada en el recurso de casación 289/2014.
De ahí la necesitada de la LO. 10/2007 reguladora de la base de datos policial sobre identificados obtenidos a partir del ADN, cuya promulgación se justifica en el apartado 1º de su preámbulo, de la siguiente manera: en el año 2003, y mediante lo dispuesto en la Disposición Final Primera LO. 15/2003 de 25.11 , de modificación del CP, se reformó la LECrim, a fin de proporcionar cobertura jurídica, de la que carecían hasta entonces, a determinadas practicas de investigación. La nueva redacción dada a los arts. 326 y 363 LECrim , consistió, esencialmente, en regular la posibilidad de obtener ADN a partir de muestras biológicas provenientes de pruebas halladas en el lugar del delito o extraídas de sospechosos, de manera que dichos perfiles de ADN puedan ser incorporados a una base de datos para su empleo en esa concreta investigación.
En este ultimo caso se puede sostener, conforme la STS. 709/2013, de 9.10 :
" 1º) La toma de muestras de ADN mediante frotis bucal (saliva) no afecta a ningún derecho fundamental cuando se hace a efectos meramente identificativos, entendidos estos como identificación genética de ADN no codificante ( SSTS. 1311/2005 de 14.10 , 179/2006 de 14.2 , 949/2006 de 4.10 , y 151/2010 de 22.2 ), salvo levemente al derecho a la intimidad el cual puede verse limitado en aras a la investigación penal, incluso sin autorización judicial (registros o cacheos corporales policiales ( SSTS. 352/2006 de 15.3 , 473/2005 de 14.4 , 168/2001 de 9.2 , 525/2000 de 31.1 ).
Es irracional pensar, como se recoge en la sentencia impugnada (Fundamento de Derecho Sexto, pág. 18), en contra de la jurisprudencia reseñada e incluso la más reciente - STS -2a- 151/2010 - que esta toma de muestras afecta al derecho a la integridad física, olvidando que ésta tiene un contenido más trascendente que el mero desprendimiento del frotis bucal de unas microscópicas células, las cuales con frecuencia se desprenden del cuerpo humano sin ninguna intervención corporal en el procedimiento permanente de regeneración celular que tiene el organismo humano.
Por tanto, no resulta aplicable la jurisprudencia que extendió la asistencia letrada a la prestación del consentimiento del detenido para la entrada y registro porque aquélla contemplaba la injerencia clara en un derecho fundamental como es la inviolabilidad del domicilio (cfr. Art. 18.2 CE ).
El que la ley reguladora de la base de datos tenga carácter de Ley Orgánica en parte de su articulado (cfr. Disposición final segunda) sólo debe interpretarse bajo la óptica de la reserva de Ley Orgánica establecida en el art. 81 CE , por cuanto su regulación afecta al desarrollo del derecho a la intimidad como así se recoge en los debates parlamentarios de la Ley, si bien lo hace estableciendo las cautelas para su salvaguarda.
Asimismo en este punto no resulta ocioso recordar la doctrina del Tribunal Constitucional en relación a la supuesta vulneración de los derechos a la intimidad protección de datos al considerarse prueba de cargo una muestra de ADN tomada sin autorización judicial y sin consentimiento del interesado de forma subrepticia -por ejemplo cigarrillos arrojados por éste en el calabozo donde se hallaba detenido otros hechos- SSTC. 43/2014 de 27.3 , 13/2014 de 30.1 , en el sentido de:
En la reciente STC 199/2013, de 5 de diciembre , tras recordar la doctrina de este Tribunal en relación con el derecho a la intimidad, con particular atención a las resoluciones dictadas en materia de intervenciones o reconocimientos corporales ( SSTC 207/1996, de 16 de diciembre ; 196/2004, de 15 de noviembre ; 25/2005, de 14 de febrero ; y 206/2007, de 24 de septiembre), así como a determinados pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ponen de manifiesto que el derecho a la vida privada resulta ya comprometido por la mera conservación y almacenamiento de muestras biológicas y perfiles de ADN ( STEDH de 4 de diciembre de 2008, caso S. y Marper e. Reino Unido; y decisión de inadmisión de 7 de diciembre de 2006, caso Van der Velden e. Países Bajos), concluimos que el análisis de la muestra biológica del demandante de amparo supone una injerencia en el derecho a la privacidad por los riesgos potenciales que de tal análisis pudieran derivarse (FJ 6 in fine).
Por nuestra parte, en las SSTC 70/2002, de 3 de abril, FJ 10 ; 89/2006, de 27 de marzo, FJ 3 ; y 207/1996, de 16 de diciembre , FJ 4, señalamos que los requisitos que proporcionan una justificación constitucional objetiva y razonable a la injerencia en el derecho a la intimidad son los siguientes: la existencia de un fin constitucionalmente legítimo; que la medida limitativa del derecho esté prevista en la ley (principio de legalidad); que como regla general se acuerde mediante una resolución judicial motivada (si bien reconociendo que debido a la falta de reserva constitucional a favor del Juez, la ley puede autorizar a la policía judicial la práctica de inspecciones, reconocimientos e incluso de intervenciones corporales leves, siempre y cuando se respeten los principios de proporcionalidad y razonabilidad) y, finalmente, la estricta observancia del principio de proporcionalidad, concretado, a su vez, en las tres siguientes condiciones: "si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)" ( STC 199/2013, de 5 de diciembre , FJ 7).
Comenzando por la exigencia de que la medida que supone una injerencia en el derecho a la intimidad esté orientada a la consecución de un fin constitucionalmente legítimo, "ya hemos dejado constancia de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado legítima la práctica de estos análisis cuando está destinada a vincular a una persona determinada con un delito concreto que se sospecha que ha cometido ( STEDH de 4 de diciembre de 2008 , caso S. y Marper e. el Reino Unido, § 100)" ( STC 199/2013, de 5 de diciembre , FJ 8). En el caso analizado la prueba pericial de obtención del ADN no codificante, que no permite la obtención de otros datos que los meramente identificativos, se produjo con la finalidad de ser comparado con los restos hallados en una prenda utilizada en la realización del hecho delictivo, teniendo como único objeto la averiguación de la persona que había utilizado la mencionada prenda en la perpetración de aquél, de muy intensa gravedad, como son los dos delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y otro de daños, por lo que no cabe duda alguna de la concurrencia de un fin legítimo en la medida adoptada por la policía judicial.
Por lo que se refiere a la cobertura legal de las diligencias periciales practicadas por la policía judicial, hemos de partir, como hace la STC 199/2013, de 5 de diciembre , FJ 9, de que habiendo ocurrido los hechos antes de la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, aquélla cobertura se encuentra en los arts. 282 y 363 de la Ley de enjuiciamiento criminal y en el art. 11.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad , en cuanto, de una parte, se trata de uno de los informe técnicos y periciales a los que se refiere el apartado g): de otra, su práctica se acomoda con naturalidad a la finalidad para la que las atribuciones policiales son conferidas por el legislador, esto es, para la averiguación de los delitos y la puesta a disposición judicial de sus presuntos autores; y, finalmente, porque la menor intensidad de la injerencia en el derecho fundamental, a la que luego nos referiremos, admite una relativa relajación de las exigencias de taxatividad en la norma que presta cobertura a aquella exigida por el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Así lo hemos afirmado, con cita de la STEDH en el caso Sociedad Plon contra Francia, de 18 de mayo de 2004 , en nuestra STC 34/2010, de 19 de julio , con respecto a la menor injerencia que supone el carácter temporal de las medidas cautelares limitativas de un derecho fundamental (en el caso, los reconocidos en el art. 20.1 CE ).
En cuanto a la necesidad de autorización judicial, concluimos en la repetida STC 199/2013, de 5 de diciembre , que aun cuando el análisis de ADN efectuado no fuera ordenado judicialmente, no se lesionó el derecho del demandante a la intimidad personal, por las siguientes razones, expresadas en su fundamentó jurídico 10.
En segundo lugar porque la actuación pericial, al ceñirse a las regiones de ADN no codificante, se ajustó a los estándares proporcionados por la normativa nacional e internacional reguladora del uso forense del ADN con lo que asegura que no se va más allá de la identificación neutral del sujeto. Tal normativa estaba constituida a la sazón por la Resolución del Consejo, de 25 de junio de 2001, relativa al intercambio de resultados de análisis de ADN (2001/C 187/01) - actualizada luego por la Resolución del Consejo de 30 de noviembre de 2009-, por la cual se insta a los Estados miembros a que limiten los resultados de análisis de ADN a las zonas cromosómicas que no contengan ningún factor de expresión de información genética, es decir, a las zonas cromosómicas que no contengan información sobre características hereditarias especificas. En el correspondiente anexo se especifican y enumeran los marcadores de ADN respecto de los que no se tiene constancia de que contengan información sobre características hereditarias específicas, recomendando a los Estados miembros que estén vigilantes a los avances científicos y preparados para borrar los resultados de análisis de ADN si dichos resultados contienen información sobre características hereditarias específicas. En el ámbito internacional, el Tratado entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos y la República de Austria relativo a la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal, hecho en Prüm el 27 de mayo de 2005 ("BOE" núm. 307, de 25 de diciembre de 2006), obliga a los Estados parte a servirse "exclusivamente de perfiles de ADN obtenidos a partir de la parte no codificante del ADN".
En cuarto lugar, porque el conjunto normativo entonces vigente, a diferencia de lo que ocurre con otros derechos fundamentales respecto de los que la Constitución y la Ley de enjuiciamiento criminal sí exigen resolución judicial que autorice las injerencias en los mismos ( arts. 18.2 y 3 , y 20.5 CE ), no prevé expresamente la intervención judicial con carácter necesario.
Por último, el respeto al principio de proporcionalidad de la medida enjuiciada exige tal como ya hemos avanzado, constatar que la medida adoptada sea susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, que sea ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).
La aplicación de la doctrina expuesta conduce a afirmar el respeto al principio de proporcionalidad en la realización del análisis de ADN del demandante de amparo toda vez que: i) su comparación con el obtenido a partir del resto biológico hallado resultaba un medio adecuado para revelar la identidad de este último (idoneidad); ii) no existía un medio alternativo para comprobar si el demandante había participado o no en los hechos delictivos enjuiciados (necesidad): y finalmente el modo en el que el análisis del ADN se practicó fue el menos invasivo de la intimidad personal en cuanto sólo afectó a las regiones no codificantes del ADN, esto es, a aquellas que tan sólo proporcionan datos identificativos mediante un análisis comparativo con el ADN obtenido a partir de otra muestra, excluyéndose por ello la revelación puesta de manifiesto de toda característica personal que afectase a la intimidad personal. Es decir, la injerencia en el derecho fundamental consistió en el riesgo de comprometer la intimidad personal del demandante de amparo, riesgo que no llegó a materializarse ( STC 199/2013, de 5 de diciembre , FJ 1.1).
) cuestión distinta es si el consentimiento para extraer muestras biológicas mediante frotis bucal a los efectos de la obtención del ADN no codificante requiere asistencia letrada. Es cierto que obiter dicta diversas sentencias de esta Sala Segunda, SSTS. 685/2010 de 7.7 , 353/2011 de 7.7 , 827/2011 de 25.10 , se refieren a que en caso de detenidos es necesario que éstos cuenten con asistencia letrada para prestar el consentimiento, aun cuando la STS. 1204/2012 de 14.2 recuerda que el Tribunal supremo solo se ha pronunciado sobre la cuestión de la validez probatoria de la pericia cuando la muestra ha sido obtenida sin la intervención de un letrado asesor del imputado de forma más bien incidental, sin tener en cuenta en ninguna de ellas la validez probatoria de la pericia cuando la muestra ha sido obtenida sin intervención de letrado al no ser la misma la prueba incriminatoria de cargo.
Por ello, parte de la doctrina, recordando que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han declarado reiteradamente que la asistencia letrada únicamente es preceptiva "en aquellos casos en que la Ley procesal así lo requiera, no como exigencia genérica para todos los actos de instrucción en que el imputado o procesado tenga que estar presente" ( SSTC. 32/2003 y 475/2004 , y SSTS. 314/2002 , 697/2003 , 429/2004 , 922/2005 , y 863/2008 ).
La toma de muestra de ADN no codificante no es un interrogatorio ni un reconocimiento de identidad (ver, por ejemplo, la forma analógica jurisprudencial Tribunal Constitucional sobre pruebas de alcoholemia, desde la STC. 103/85 de 4.100 y STS. 151/2010 de 22.2 ).
Por ello, no es equiparable a la asistencia letrada al detenido cuando se le solicita el consentimiento para la entrada y registro domiciliario, que la jurisprudencia exige porque esa manifestación de carácter personal que realiza el detenido puede afectar a la articulación de su defensa en ese concreto proceso penal en que está detenido, por lo que ha de estar asesorado sobre el contenido y el alcance del acto de naturaleza procesal que realiza ( STS. 2.12.98 ), insistiéndose en que si la asistencia de letrado es necesario para que éste preste declaración estando detenido también le es necesaria para asesorarle si se encuentra en la misma situación para la prestación de dicho consentimiento, justificándose esta doctrina en que no puede considerarse plenamente libre el consentimiento así prestado en atención a lo que ha venido denominándose "la intimidación ambiental" o "la coacción que la presencia de los agentes de la autoridad representan" ( SSTS. 831/2000 de 16.5 ).
En tal sentido se han pronunciado las (Sentencias de 22 de diciembre de 1999, 17 de abril y 5 de junio de 2000, entre otras ( STS de 10 de junio de 2.000 ).
A tenor de esta doctrina, dos son los requisitos necesarios para que la exploración radiológica realizada sin previa información de derechos ni asistencia letrada sea constitucionalmente correcta y apta para ser valorada como prueba de cargo idónea para desvirtuar la presunción de inocencia: a) que la persona explorada no esté detenida, porque si lo estuviere le ampararían los derechos y garantías establecidos en el art. 17.3 CE , y b) que preste libremente su consentimiento para ser examinada por el indicado medio, toda vez que si no lo consintiere y fuere obligada por la fuerza a someterse a la prueba, desde ese mismo momento estaría sufriendo una privación de libertad constitutiva de detención, con independencia de la posible restricción de otros derechos fundamentales que estarían en todo caso, bajo la tutela y salvaguarda de la autoridad judicial. Concurrentes esos dos requisitos -y con ello contestamos a las alegaciones del recurrente- no habría vulneración del derecho a la intimidad porque el acceso a la misma, que supone la exploración radiológica, estaría legitimada por el consentimiento del interesado, ni la habría del derecho a la asistencia de letrado, toda vez que este derecho nace de la situación de detención ex art. 17.3 CE , o de la existencia de la imputación de un delito de acuerdo con lo dispuesto en el art. 118 LECr . (sentencias 2070/2001 de 5.11 (FJ. 2), 516/2005 de 25.4.
No obstante esta doctrina ha sido objeto de alguna matización por esta Sala, como destaca el Ministerio Fiscal en su recurso. Así la sentencia STS de 3-7-2007 , desestimó la solicitud del recurrente pidiendo la nulidad de la prueba porque el detenido, al ser detenido en el aeropuerto y someterlo a una prueba radiológica no se le informó de sus derechos, dado que en tal momento no se disponía de intérprete. De esa forma -a juicio del recurrente- se violó el derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías, determinante de que la obtención de las pruebas se produjera de un modo irregular circunstancia que obliga a expulsar o no considerar en el acervo probatorio de cargo todas las practicadas, por hallarse desde su origen viciadas de nulidad. La Sala estimó que "Los intentos de localizar a un intérprete para proceder a la lectura de los derechos del detenido han sido exhaustivos por parte de la policía, ante una situación de emergencia, urgencia o fuerza mayor, perfectamente diferenciable de un incumplimiento de lo que en modo alguno podía cumplirse. La obtención de la prueba de cargo no vulneró tal derecho, ya que la sustancia estupefaciente hubiera sido intervenida igualmente de haber conocido el idioma o disponer de intérprete, accediera el ofendido a la prueba de la diligencia o se opusiera a ella.
3) Además como dijimos en STS. 709/2013 de 9.10 - el resultado de la pericial es inequívocamente favorable si se descarta la coincidencia del perfil genético del detenido (indubitado) con el dubitado ( SSTS. 789/97 , 792/2009 , 158/2010 ) y altamente desfavorable si se aprecia su coincidencia en unos índices muy altos (expresado desde la primera sentencia de la Sala Segunda Tribunal Supremo sobre el ADN, (STS. 1701/92 de 13.7 ).
En consecuencia, no se puede afirmar que sea una diligencia netamente incriminatoria, extremo sobre el que hay unánime acuerdo jurisprudencial ( STS. 151/2010 de 22.2 ).
De ahí que si es ambivalente (cfr. SSTS. 158/2010 de 2.2 y 792/2009 de 17.7 ), y puede también favorecer al detenido no debería extremarse las garantías derivadas de la asistencia letrada, la cual podría incluso aconsejar la no prestación del consentimiento en contra del propio detenido y de las expectativas de ser descartado en la investigación penal no prestación del consentimiento en contra del propio detenido y de las expectativas de ser descartado en la investigación penal.
) Por último es necesario destacar como el Tribunal Constitucional en reciente sentencia 8.9.2014 , en un supuesto en el que a su detenido en Comisaria se le realizó un frotis bucal con un hisopo de algodón, con su consentimiento, práctica en la que no estuvo presente abogado no se contó con autorización judicial, tras descartar la vulneración del derecho a la intimidad personal ( art. 18.1 CE ) en relación a la queja de no haber estado asistido de letrado durante la diligencia de obtención de la muestra biológica, declaró que "el recurrente fue informado de su derecho a ser asistido de letrado, con carácter previo a la practica de la diligencia policial de obtención de la muestra biológica, a pesar de lo cual en el momento en que se llevó a cabo esta diligencia no solicitó la presencia de letrado, y concluyó desestimando la queja en relación con el derecho a la intimidad personal ( arts. 18.1 y 4 CE ), y el derecho a la asistencia letrada.
En definitiva las conclusiones que debieron ser aceptadas en el Pleno de la Sala antes citado, deben concretarse:
- El consentimiento para la toma de muestras biológicas encaminada a la obtención de ADN no codificante de una persona detenida cuando no esté orientada a la práctica de una prueba pertinente para el esclarecimiento del hecho que justificó la detención, sino a los efectos de su inclusión en la base de datos policiales sobre identificadores a partir del ADN, no requiere la asistencia letrada.
- No obstante la falta de asistencia letrada permitirá al afectado ejercer, conforme a la legislación reguladora del derecho de protección de datos, los derechos de información, acceso y cancelación del asiento practicado.
- Los datos que obren en el Registro y no hayan sido objeto de cancelación podrán ser utilizados con fines de identificación en procesos penales ulteriores en los que la determinación del perfil genético resulte indispensable, sin perjuicio del derecho del investigado a su impugnación o interesar una prueba pericial contradictoria.
- En todo caso será valido el contraste de muestras obtenidas en la causa objeto de enjuiciamiento con los datos obrantes en la base de datos policial procedentes de una causa distinta, aunque en la prestación del consentimiento no conste asistencia de letrado, cuando el acusado no ha cuestionado la libertad y validez de esos datos en fase de instrucción.
Fdo.: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre
PUBLICACION .- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Perfecto Andrés Ibáñez, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
SAP Las Palmas 283/2007, 7 de Mayo de 2007
STS, 17 de Junio de 2010

References: artículo 852
 artículo 24
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 artículo 5
 artículo 24
 artículo 849
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in fine
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