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Timestamp: 2018-02-23 06:24:24+00:00

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abril 2012 - Ignacio Constantino
Normativa Mayo 2012
30/04/2012 /0 Comentarios/en Normativa /por emartin
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales (BOE 25/2/2012)
La acumulación de retrasos en la obligación de pago de las entidades locales a sus proveedores y las restricciones de acceso al crédito aconsejan la adopción inmediata de medidas urgentes y extraordinarias. Por ello, se introduce un mecanismo ágil de pago y cancelación de deudas con proveedores de entidades locales y de financiación, al cual podrán acogerse los proveedores que tengan obligaciones pendientes de pago con dichas entidades o con cualquiera de sus organismos y entidades dependientes y que cumplan los siguientes requisitos: ser vencidas, líquidas y exigibles, anteriores a 1 de enero de 2012 y que se trate de contratos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Por otra parte, se establecen obligaciones de información a cargo de las entidades locales y el procedimiento para su cumplimiento, que se inicia mediante un instrumento de remisión de información por las entidades locales al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que permita identificar el volumen real de deuda con sus proveedores. A partir de entonces, las entidades locales podrán bien satisfacer sus deudas o bien acudir a una operación financiera.
Nuevas medidas tributarias y administrativas
Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público (BOE 31/3/2012)
Dada la situación de la economía española y teniendo presente el objetivo de reducir el déficit público, se introducen determinadas medidas tributarias y administrativas (con entrada en vigor el mismo día de su publicación en el BOE), completando las recogidas en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
1. Por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, se introducen las siguientes medidas:
De carácter temporal, aplicables exclusivamente en los años 2012 y 2013:
Se limita la deducción del fondo de comercio, tanto generado en adquisiciones de negocios, como en operaciones de reestructuración empresarial, extendiéndose implícitamente el plazo para la aplicación de dicha deducción.
Se reduce el límite de deducciones aplicadas en los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2012 y 2013, contrarrestando el efecto negativo de esta limitación con la ampliación de los plazos para la aplicación en períodos impositivos futuros de las deducciones pendientes. En este límite, excepcionalmente para los años 2012 y 2013, se incluye la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios.
Se establece, en relación con las grandes empresas, un importe mínimo del pago fraccionado, con base en el resultado del ejercicio, minorado en las bases imponibles negativas cuya compensación resulte posible en el mismo.
De carácter indefinido:
Se establece el carácter no deducible para los gastos financieros generados en el seno de un grupo mercantil y destinados a la realización de determinadas operaciones entre entidades que pertenecen al mismo grupo, permitiendo su inaplicabilidad cuando las operaciones sean razonables desde la perspectiva económica. Además, se introduce una limitación general en la deducción de gastos financieros, permitiendo la deducción en ejercicios futuros de manera similar a la compensación de bases imponibles negativas para favorecer de manera indirecta la capitalización empresarial.
Se modifica el régimen de exención en la transmisión de participaciones en entidades no residentes en territorio español, con la finalidad de flexibilizar el mismo. Así, se introduce la aplicación de una regla de proporcionalidad de la exención en función del período de tiempo en el que se cumplen los requisitos para su aplicación, respecto del período de tenencia total de las participaciones.
Se elimina la libertad de amortización regulada en la disposición adicional undécima de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, derogación que se acompaña de una limitación temporal en la base imponible respecto de las cantidades pendientes de aplicar procedentes de períodos impositivos en que se haya generado el derecho a la aplicación de la libertad de amortización.
2. Se modifica el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para aplicar las modificaciones efectuadas en el Impuesto sobre Sociedades en relación con la libertad de amortización, al tiempo que se determina la tributación de la renta obtenida en la posterior transmisión del bien que hubiera sido objeto de dicha amortización acelerada.
3. Con carácter exclusivo para el año 2012, se establece un gravamen especial sobre las Rentas de fuente extranjera que permite la repatriación de dividendos o la transmisión de participaciones, correspondientes a entidades que, pese a realizar actividades empresariales en el extranjero, se localizan en territorios de nula tributación o en paraísos fiscales.
4. Respecto al Impuesto sobre las Labores del Tabaco, se realizan ajustes técnicos para modificar la redacción de los diferentes epígrafes de su tarifa y la definición de tabaco para fumar, en el sentido de asimilarlo a la picadura para liar cuando haya sido vendido o destinado a la venta para liar cigarrillos. En el caso de los cigarrillos, se revisa el elemento porcentual del impuesto vinculado al precio en relación con el elemento específico determinado por unidad de producto.
5. En el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se convierte en potestativa para los Ayuntamientos la aplicación de la reducción de la base imponible cuando se modifican los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
6. Se modifica la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, simplificando estructuras y mejorando la coordinación para una mejor utilización de las capacidades públicas de gestión del patrimonio inmobiliario.
7. En cuanto al Instituto de Crédito Oficial, teniendo en cuenta la importancia de la financiación a pymes y autónomos mediante la utilización de las líneas de mediación con las entidades financieras, se incluye una norma que adecue a esta realidad el porcentaje de ponderación aplicable al consumo de recursos propios del ICO por riesgo de crédito para estas exposiciones.
8. Por último, se modifica la Ley General Tributaria para favorecer que los obligados tributarios puedan ponerse voluntariamente al corriente de sus obligaciones tributarias regularizando también situaciones pasadas, siguiendo en esta línea la norma penal que admite la exoneración de responsabilidad penal por estas regularizaciones voluntarias efectuadas antes del inicio de actuaciones de comprobación o, en su caso, antes de la interposición de denuncia o querella.
Transitoriedad de los procedimientos de regulación de empleo y de la actuación administrativa en materia de traslados colectivos
Orden ESS/487/2012, de 8 de marzo, sobre vigencia transitoria de determinados artículos del Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos, aprobado por Real Decreto 801/2011, de 10 de junio (BOE 13/03/2012)
El RDL 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, ha dado nueva redacción a los artículos 47 y 51 del TR de Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RDLeg. 1/1995, de 24 de marzo, referentes a los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada. La principal novedad de la nueva regulación ha consistido en la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada por parte del empresario.
La inmediata aplicabilidad de la nueva regulación de estos procedimientos a partir de la fecha de entrada en vigor del citado Real Decreto-ley 3/2012, según se indica en su disposición final decimosexta, ha determinado que hayan surgido algunas dudas sobre ciertos aspectos atinentes a estos procedimientos. Ante las dudas surgidas, y en tanto se elabora un nuevo reglamento de procedimiento sobre despidos colectivos y suspensión de contratos y reducción de jornada, razones de seguridad jurídica aconsejan deslindar aquellos aspectos del actual Reglamento que deben entenderse en vigor.
Prórroga a la asistencia sanitaria a favor de los españoles residentes en el exterior
Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Dirección General de Migraciones, por la que se prorroga el derecho a asistencia sanitaria para todos aquellos beneficiarios de prestación económica por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior que acreditasen esta condición a 31 de diciembre de 2011 (BOE 13/03/2012)
El RD 8/2008, de 11 de enero, garantiza la prestación de asistencia sanitaria y establece, en su Capítulo III, los términos en que los beneficiarios de las prestaciones económicas por razón de necesidad tendrán cubierta esta contingencia cuando carezcan de ésta en el país de residencia o sea insuficiente.
Por otra parte, el apartado 3 de su artículo 21, indica que siempre que exista suficiencia presupuestaria, también podrán beneficiarse otros españoles residentes en los países en los que se haya suscrito un Convenio para la prestación de la asistencia sanitaria, en situación de necesidad debidamente acreditada, así como el cónyuge y los familiares de nacionalidad española, por consanguinidad o adopción en primer grado de los beneficiarios, siempre que dependan económicamente de estos y además formen parte de la unidad económica de convivencia.
Por todo ello, se resuelve mantener el derecho a la protección de asistencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2012 a todos aquellos españoles residentes en el exterior que hubieran acreditado la condición de beneficiario de prestación económica por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior a 31 de diciembre de 2011.
Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (BOE 6/03/2012; correc. errores BOE 16/03/2012)
Se recoge la regulación de la mediación, circunscrita al ámbito de competencias del Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, incorporando al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Considerada la mediación como instrumento complementario de la Administración de Justicia, eficaz para resolver controversias cuando el conflicto jurídico afecta a derechos subjetivos de carácter disponible, entre sus ventajas destaca su capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes. Ello la configura como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral, de los que se ha de deslindar con claridad.
Basada la mediación en la voluntariedad y libre decisión de las partes y en la intervención de un mediador, el régimen que contiene el presente Real Decreto-ley sienta sus bases y favorece esta alternativa frente a la solución judicial del conflicto, basándose en la flexibilidad y en el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes, la cual, expresada en el acuerdo que la pone fin, podrá tener la consideración de título ejecutivo, si las partes lo desean, mediante su elevación a escritura pública, cuya ejecución podrá instarse directamente ante los tribunales.
Asimismo, se articula un procedimiento de fácil tramitación, poco costoso y de corta duración en el tiempo.
Modificación de los Anexos de los nuevos modelos de presentación de las cuentas anuales
Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se modifica el Anexo III de la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación (BOE 6/03/2012)
Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se modifica el Anexo III de la Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que se aprueba el modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas (BOE 6/03/2012)
A lo largo del año 2011 no se han producido cambios normativos contables que afecten a los modelos de depósito, siendo solamente necesario proceder a la actualización de los tests de corrección de errores de los modelos publicados, en aplicación de la disposición adicional de la Orden JUS/206/2009 mencionada. Dichas subsanaciones y correcciones se publican en la página web del Ministerio de Justicia: http://www2.mjusticia.es/cs/Satellite/es/1215197983369/Estructura_P/1215198328530/Detalle.html#id_1215198095684.
Fiscal Mayo 2012
30/04/2012 /0 Comentarios/en Fiscal /por emartin
Como cada año, la llegada del mes de mayo anuncia el inicio del período para presentar la declaración de renta del ejercicio inmediatamente anterior. En el caso que nos ocupa, el 2011. Es evidente que las medidas adoptadas a lo largo del pasado año y la planificación que debe haberse hecho para optimizar la “factura” fiscal en nuestro ámbito personal ya no son susceptibles de cambio. No obstante, es conveniente estar atentos y repasar aquellos acontecimientos con incidencia fiscal que deben incorporarse a la declaración del Impuesto.
El anuncio hecho por el Consejo de Ministros el pasado 30 de diciembre de 2011, y la posterior publicación en el BOE del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, posteriormente convalidado por el Congreso, hizo que nos olvidáramos por un momento de las vicisitudes sufridas por la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a lo largo del año 2011.
Ciertamente, las medidas a que nos referiremos en este comentario tienen un origen un tanto lejano (en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2011), por lo que además de no poder considerarlas novedosas en absoluto, ya han superado el efecto sorpresa que toda medida normativa, especialmente en el ámbito tributario, tiene sobre la opinión pública. Quizá por ello, la aparición del Real Decreto Ley 20/2011 –con la importante incidencia que tendrá en el cálculo del Impuesto– ha hecho que, aun sin haber saldado cuentas con la Hacienda Pública por el pasado año, se haya producido el curioso efecto de dirigir nuestra atención a la posible repercusión de las medidas que contiene esa norma, a la sazón vigente, en nuestro futuro Impuesto sobre la Renta, toda vez que ya ha empezado a desplegar sus efectos sobre las retenciones a cuenta del Impuesto, tanto en los rendimientos del trabajo, como del capital mobiliario e inmobiliario.
Además de la ya mencionada Ley de Presupuestos Generales para el 2011, otras normas han ido apareciendo en escena hasta completar el escenario fiscal a fecha 31 de diciembre de 2011, con el que tendremos que liquidar el Impuesto. Las medidas que exponemos son fruto de la situación de crisis económica en que nos encontramos inmersos y que llevó al anterior ejecutivo, a adoptarlas para reforzar la capacidad de respuesta de la economía española, intensificar las previsiones de apoyo a quienes se encuentran en situaciones más difíciles como consecuencia de la crisis, y dar impulso a las iniciativas vinculadas con el desarrollo de nuevas formas de actividad económica y por ende, de generación de empleo.
Aquellas medidas, aplicables a la liquidación del Impuesto correspondiente al período 2011, constituían un anticipo de la adopción de alguna de las propuestas discutidas en el marco del Pacto por el Euro, aprobando al mismo tiempo y con urgencia –como viene siendo habitual– otras actuaciones vinculadas en todos los casos al impulso de la actividad económica, bien intentando incrementar las posibilidades de acceso a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas o de nuevos proyectos empresariales, bien actuando específicamente sobre el sector de la construcción, con el establecimiento de reformas tendentes a garantizar la confianza y la seguridad en el mercado inmobiliario y con medidas tendentes a impulsar el desarrollo de la rehabilitación como nueva cantera de crecimiento y empleo.
Así es como en el año 2011 distintas normas aparecidas a lo largo del ejercicio introdujeron modificaciones en materia tributaria afectando, entre otros, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En concreto nos referimos, al Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, y al Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal. Como resulta evidente, recordaremos algunas de las medidas aprobadas en años anteriores que extienden sus efectos al período que nos ocupa
Aspectos a considerar en la Autoliquidación del IRPF – Ejercicio 2011
1. Nuevos tramos en la escala del impuesto
Con efectos desde 1 de enero de 2011, la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, en su artículo 62, modifica la escala general del impuesto, manteniendo los tipos de los cuatro tramos de la escala existentes hasta el momento, adecuando el reparto de los mismos entre la escala estatal y la autonómica al vigente porcentaje de cesión del Impuesto del 50%. Asimismo, añade dos nuevos tramos. Un quinto tramo para rentas superiores a 120.000 euros en el que se fija un tipo general del 22,5% y un sexto tramo para rentas superiores a 175.000 euros en el que se fija el tipo general en un 23,5%.
De igual modo, se modifican los tipos general y autonómico del ahorro, estableciendo una escala, que diferencia hasta 6.000 euros de base liquidable del ahorro y de 6.000,01 euros en adelante. En el primer tramo de la escala los tipos general y autonómico son ambos del 9,5% (tipo total 19%); y en el segundo tramo, tanto el tipo general como el autonómico se fijan en el 10,50% (tipo total 21%).
2. Supresión de la deducción por nacimiento o adopción
Con efectos desde 1 de enero de 2011 se suprime el artículo 81.bis de la LIRPF, que regulaba la deducción por nacimiento o adopción.
Con efectos desde 1 de enero de 2011 se introduce el límite de 300.000 euros en la cuantía del rendimiento íntegro sobre la cual se calculará la reducción del 40%, por período de generación de determinados rendimientos íntegros del trabajo superior a dos años u obtención de éstos de forma notoriamente irregular en el tiempo, quedando excluidos de dicho límite los rendimientos íntegros previstos en el artículo 17.2 a) LIRPF (prestaciones de la Seguridad Social, mutualidades, planes de pensiones y determinados contratos de seguros).
A) Inversión en vivienda habitual
Con efectos desde el 1 de enero de 2011, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, modificó esta deducción de tal manera que sólo podían aplicarla los contribuyentes con una base imponible inferior a 24.107,20 euros anuales. La base máxima de la deducción sería de 9.040 euros para contribuyentes cuya base imponible fuera inferior a 17.707,20 euros, disminuyendo progresivamente para aquellos cuya base imponible se sitúe entre 17.707,20 y 24.107,20 euros. Para los contribuyentes que hubieren adquirido o rehabilitado su vivienda antes del 1 de enero de 2011, se mantenía el régimen anterior. No obstante, el Real Decreto-Ley 20/2011 recupera nuevamente la anterior regulación, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2011. Es decir, que la modificación operada por la LPGE no ha llegado a tener virtualidad práctica.
B) Alquiler de vivienda habitual
Con efectos desde 1 de enero de 2011 se modifica el apartado 7 del artículo 68 de la LIRPF, equiparando los importes de límite de base imponible de la deducción por alquiler de vivienda habitual con los de inversión en vivienda habitual, tal cual quedaron redactados por la LPGE por lo que será aplicable por los contribuyentes en aquellos ejercicios en los que su base imponible sea inferior a 24.107,20 euros. Asimismo, la base máxima de la deducción pasa de 9.015 a 9.040 euros, para bases imponibles iguales o inferiores a 17.707,20 euros anuales y cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 euros anuales, la base de la deducción será el resultado de efectuar la siguiente operación: 9.040 – 1,4125 x (BI – 17.707,20), por lo que la base de la deducción decrece linealmente hasta hacerse cero a partir de 24.107,20 euros. Por lo tanto, el arrendamiento de vivienda habitual no se ha visto afectado por lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 20/2011, en este supuesto.
C) Reducción por arrendamiento de vivienda
Con efectos desde 1 de enero de 2011 se modifica el apartado 2 del artículo 23 de la LIRPF elevando, en los supuestos de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, la reducción del rendimiento neto de un 50 a un 60%. En el caso de que proceda la reducción del 100% de dicho rendimiento neto, la edad del arrendatario debe estar comprendida entre los 18 y 30 años. De igual modo, se establece un régimen transitorio que mantiene la reducción del 100% hasta 35 años de edad del arrendatario, siempre que el contrato de arrendamiento se hubiera celebrado con anterioridad a 1 de enero de 2011.
5. Deducción por gastos de formación profesional
La Disposición Final Vigésima Cuarta de la LPGE, con efectos de 1 de enero de 2011, modifica en su Apartado 1 la Disposición Adicional vigésimo quinta de la LIRPF, añadiendo el año 2011 a los años establecidos para que los gastos e inversiones realizados para habituar a los empleados en el uso de nuevas tecnologías de la comunicación y de la información (cuando su utilización sólo pueda realizarse fuera del lugar y horario del trabajo), generen en la entidad el derecho a la “Deducción por gastos de formación profesional” y que, considerados por la entidad como gastos de formación y actualización del personal, no determinen la obtención de un rendimiento del trabajo en especie para el empleado (esta deducción había quedado derogada para los períodos impositivos que se iniciasen a partir de 1 de enero de 2011).
6. Libertad de amortización en elementos nuevos de activo material
El Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo añadió una Disposición Adicional trigésima a la LIRPF, para establecer que la libertad de amortización en elementos nuevos del activo material fijo pudiera ser aplicada por los contribuyentes del IRPF que realizaran actividades económicas y determinaran su rendimiento neto por el régimen de estimación directa (normal o simplificada). El límite de esta libertad de amortización se fija en el rendimiento neto positivo de la actividad a la que se afecten los bienes antes de la aplicación de esta libertad de amortización, y en el caso de estar en simplificada, antes también de la deducción del 5% en concepto de provisiones y gastos de difícil justificación.
7. Medidas para favorecer la capitalización de empresas de nueva o reciente creación
Esta medida, introducida por el Real Decreto-Ley 8/2011, establece la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto en la transmisión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, cuyo valor total de adquisición no exceda, para el conjunto de entidades, de 25.000 euros anuales, ni de 75.000 euros por entidad durante un período de tres años. La entidad, que deberá revestir la forma de Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral, no deberá estar admitida a cotización. Además, deberá desarrollar una actividad económica sin que merezca tal consideración la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, exigiéndose que para el desarrollo de aquélla exista al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.
El requisito cuantitativo en sede de la sociedad reside en que el importe de la cifra de los fondos propios de la misma no podrá ser superior a 200.000 euros en los períodos impositivos en los que el contribuyente adquiera las acciones o participaciones. Como exigencia añadida, el Real Decreto-Ley prevé que la entidad no debe tener ninguna relación laboral ni mercantil, al margen de la condición de socio, con el contribuyente. Las acciones o participaciones en la entidad deberán adquirirse bien en el momento de la constitución, bien mediante ampliación de capital efectuada en los tres años siguientes a dicha constitución, contados de fecha a fecha, aun cuando se trate de entidades ya constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de la misma. Por último, la participación del contribuyente, detentada de forma directa o indirecta, no podrá ser, durante ningún día de los años naturales de tenencia de la participación, superior al 40% del capital social de la entidad o de sus derechos de voto. Y en todo caso, el tiempo de permanencia de la acción o participación en el patrimonio del contribuyente deberá ser superior a tres años e inferior a diez años, contados de fecha a fecha.
8. Deducción por obras de mejora en la vivienda
Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 71.007,20 euros anuales, podrán deducirse el 20% de las cantidades satisfechas desde la entrada en vigor (7 de mayo de 2011) del Real Decreto-ley 5/2011 hasta el 31 de diciembre de 2012 por las obras realizadas durante dicho período en cualquier vivienda de su propiedad o en el edificio en la que ésta se encuentre, siempre que tengan por objeto la mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio ambiente, la utilización de energías renovables, la seguridad y la estanqueidad, y en particular la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros, o favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas, así como por las obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación realizadas durante dicho período que permitan el acceso a Internet y a servicios de televisión digital en la vivienda del contribuyente. Quedan excluidas de esta deducción las obras que se realicen en viviendas afectas a una actividad económica, plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos.
9. El impuesto sobre el Patrimonio
Las circunstancias actuales de dificultad económica llevaron al anterior ejecutivo a restablecer el Impuesto sobre el Patrimonio, como una forma de materializar el principio por el cual quienes más tienen deben contribuir en mayor medida a la salida de la crisis. Este impuesto, establecido por la Ley 19/1991, de 6 de junio, fue exigible hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprimió el gravamen, norma que sin derogarlo, eliminó la obligación efectiva de contribuir por el mismo. El Real Decreto Ley 13/2011, restableció el gravamen del Impuesto, si bien modificando su contenido, de tal manera que excluye de su pago a los contribuyentes con un patrimonio medio. Así, se aumenta significativamente el límite para la exención de la vivienda habitual, además del mínimo exento que se venía aplicando en el impuesto antes de 2008, quedando establecido en 300.000 euros y 700.000 euros respectivamente, sin perjuicio de las competencias normativas que sobre esta materia ostentan las Comunidades Autónomas.
En cualquier caso, el restablecimiento del Impuesto tiene carácter temporal ya que se contempla exclusivamente para 2011 y 2012, debiéndose presentar las consiguientes declaraciones en 2012 y 2013, respectivamente.
La Reforma Fiscal del 2012. Notas para el próximo ejercicio
Como comentábamos al inicio, el Real Decreto-Ley 20/2011 ha introducido una serie de modificaciones en lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas incidiendo en buena medida en el incremento de los tipos de gravamen.
En primer lugar, se ha introducido un gravamen complementario a la cuota íntegra estatal para la reducción del déficit público en los ejercicios 2012 y 2013. Dicho gravamen aplica tipos adicionales a los existentes, que van desde el 0,75 en el tramo inferior de la escala hasta el 7, que se aplicará a los contribuyentes cuya base liquidable supere los 300.000,20 euros. Aumento que también afecta a las rentas del ahorro, al realizar una subida sobre los tipos aplicables en un 2 y un 4 para los tipos existentes. Y al mismo tiempo, se regula un nuevo tipo para los contribuyentes cuya base liquidable del ahorro se sitúe por encima de los 24.000 euros.
Estas medidas, sumadas al incremento en el tipo de retención de los rendimientos del trabajo, a los rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario y a las retribuciones a los administradores de las sociedades de capital, comportarán un fuerte incremento de la tributación por este Impuesto en la próxima declaración de renta. La del 2012.
Portada Newsletter Mayo 2012
30/04/2012 /0 Comentarios/en Portada Newsletter /por emartin

References: Real Decreto 
 Real Decreto 

Resolución 
 artículo 21

Resolución 

Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 62
 artículo 81
 artículo 17
 artículo 68
 artículo 23
 Real Decreto