Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en/Resolucion/Show/4259
Timestamp: 2020-01-24 20:29:05+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 275/2000
SENTENCIA 275/2000, de 16 de noviembre
(BOE (Official State Gazzete) number 299, of 14 December 2000)
ECLI:ES:TC:2000:275
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 1 de julio de 1993, el Gobierno Valenciano promueve conflicto de competencia contra la Disposición adicional cuarta (así se dice en el escrito erróneamente, siendo la referida la Disposición final cuarta) del Reglamento de Cooperativas de Crédito, aprobado por el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, en cuanto atribuye carácter básico a los arts. 1.1, 2.1 f), 5, 7, 9.1 c) y d), 10.2, 28 y 31.1.
a) En primer lugar se hace referencia a la distribución de competencias en la materia. Así, tras consignarse que el Gobierno de la Nación fundó su rechazo parcial del requerimiento formulado el 5 de abril de 1993 en la competencia que le atribuye el art. 149.1.11 CE para la determinación de las "bases de la ordenación del crédito, banca y seguros" por estimar que las Cooperativas de Crédito son totalmente entidades de crédito, se afirma que la Generalidad Valenciana ostenta, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, la competencia sobre cooperativas respetando la legislación mercantil (art. 31.21), añadiendo el art. 32 que en el marco de la legislación básica del Estado corresponde a la Generalidad Valenciana el desarrollo de la legislación y la ejecución, entre otras materias, de la relativa a la ordenación del crédito, banca y seguros (apartado 4); finalmente, el art. 34.1.6 le atribuye la competencia exclusiva, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, sobre instituciones de crédito cooperativo, público y territorial y Cajas de Ahorro.
b) En el primer bloque se exponen las razones por las que se impugnan los arts. 7 y 31.1 del Reglamento, que regulan el Registro de Cooperativas competente y el ámbito territorial de las entidades, así como determinan la autoridad administrativa facultada para autorizar fusiones o escisiones de Cooperativas de Crédito.
Por ello entiende el Gobierno Valenciano que ya no resulta de aplicación el criterio delimitador del alcance territorial de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de cooperativas, tempranamente señalado por las SSTC 72/1983 y 44/1984. Por el contrario, sostiene que resulta más adecuado el criterio delimitador de competencias basado en el estatuto personal que el Tribunal Constitucional ha utilizado respecto de las Cajas de Ahorro (STC 48/1988, FJ 4). En esta resolución, y partiendo de un nivel competencial idéntico al ostentado por la Generalidad Valenciana en virtud de un precepto estatutario idéntico al art. 8 EAV, se concluye que las Cajas de Ahorro se regirán por su estatuto personal, determinado por el domicilio social, respecto de la capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción, mientras que en relación con las actividades, fundamentalmente de naturaleza crediticia, será competente la Comunidad Autónoma con competencias en cuyo territorio se realicen. Se sigue así, como dice el propio Alto Tribunal, el criterio tradicional de nuestro Derecho recogido en el Código Civil (art. 9.1 en relación con el art. 16.1). Para el Tribunal Constitucional no resulta aceptable como punto de conexión para la atribución de competencias la determinación del domicilio social de la entidad acumuladamente al territorio. No está de más recordar, como se hace en el FJ 34 de la STC 49/1988, que el Estatuto de Autonomía, tras establecer el principio general de la eficacia territorial de las normas y disposiciones de la Generalidad de Cataluña, indica que ello es así sin perjuicio de las situaciones que hayan de regirse por el estatuto personal a otras normas de extraterritorialidad; y entre estas situaciones hay que incluir la organización de las personas jurídicas con arreglo a las normas de conflicto aplicables en todo el Estado. En este mismo sentido se expresa el FJ 30 de la STC 49/1988 al considerar inconstitucional un precepto de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro 'por cuanto confiere al Estado competencias sobre las actividades de las Cajas realizadas fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma donde aquéllas tengan su domicilio social. Estas actividades estarán sometidas a la competencia de la Comunidad en que se realicen, conforme a las normas que en cada caso configuren esa competencia".
c) En un segundo bloque se agrupan las razones por las que se impugnan los arts. 1.1 y 5, relativos a la competencia del Ministro de Economía y Hacienda para autorizar la constitución de una Cooperativa de Crédito; 9.1 c) y d), donde se atribuyen al Banco de España determinadas facultades en relación con las limitaciones temporales a la actividad de las nuevas Cooperativas de Crédito; 10.2, que hace de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda la instancia competente para asegurar el cumplimiento de los límites fijados para la concentración de aportaciones de los socios, y 28, donde se regula el Registro de Altos Cargos del Banco de España, supeditando a él todos los demás registros oficiales.
d) Finalmente, se impugna el art. 2.1 f) que fija en cinco el número mínimo de miembros de los Consejos Rectores de las Cooperativas de Crédito, permitiendo que dos de ellos no ostenten la condición de socios. Para el Gobierno Valenciano, se trata de una regulación de detalle incompatible con la finalidad de la competencia básica estatal.
2. Mediante providencia de la Sección Cuarta de 13 de julio de 1993 se admitió a trámite el presente conflicto positivo de competencia, dando traslado del escrito de planteamiento y documentos presentados al Gobierno de la Nación a fin de que, en el plazo de veinte días, pudiera formular las alegaciones que considerara pertinentes y comunicando a la Sala Tercera del Tribunal Supremo la incoación del conflicto, por si ante ella estuviera impugnado o se impugnare el Real Decreto objeto del presente proceso constitucional, en cuyo caso se suspendería su tramitación hasta la decisión del conflicto, según dispone el art. 61.2 LOTC. Asimismo, se acordó publicar la incoación del asunto en el "Boletín Oficial del Estado" y en el "Diario Oficial de la Generalidad Valenciana".
3. Por escrito de 7 de septiembre de 1993, el Abogado del Estado se personó en el procedimiento y solicitó prórroga del plazo legal para formular sus alegaciones, la cual le fue concedida por nuevo proveído de 13 de septiembre de 1993, ampliando en diez días dicho plazo.
4. Con fecha 20 de septiembre de 1993, el Abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones oponiéndose a la demanda por los motivos que a continuación se extractan:
a) Para el Abogado del Estado no puede decirse que los arts. 7 y 31.1 establezcan un criterio inidóneo para el reparto competencial. Dichos preceptos versan sobre unas competencias ejecutivas muy determinadas, como son las concernientes al Registro, con carácter constitutivo, y a la intervención administrativa en las fusiones y escisiones. Pues bien, en ambos casos la dimensión supracomunitaria del ámbito de actuación de las cooperativas afectadas justifica la atribución de competencias básicas de carácter ejecutivo al Estado de acuerdo con la doctrina establecida en la STC 155/1993.
b) En cuanto a los arts. 1.1 y 5, el Abogado del Estado entiende que las dudas que pudieran existir acerca de la constitucionalidad de su contenido han quedado resueltas en el fundamento jurídico 6 de la STC 155/1993. Otro tanto sucedería con el art. 28, donde se regula el Registro de Altos Cargos del Banco de España, expresamente admitido como competencia legítima estatal por el fundamento jurídico 7 de la meritada resolución.
c) Finalmente, el Abogado del Estado sostiene que lo previsto en el art. 2.1 f) del Real Decreto impugnado ha de reputarse complemento necesario del art. 9.1 de la Ley, cuyo carácter básico fue confirmado por la STC 155/1993. Se trata de establecer un mínimo común normativo que permita reconocer el mismo órgano -el Consejo Rector- en todas las Cooperativas de Crédito, lo que precisa de un complemento regulador mínimo. Al efecto, la técnica seguida por el precepto reglamentario es del todo conforme con la estructura de una norma básica que sólo establece un marco de referencia al señalar un mínimo de miembros del Consejo Rector y un máximo de los posibles no socios, lo que siempre es excepcional.
5. Por providencia de 29 de febrero de 2000, la Sección Tercera de este Tribunal acordó, en virtud de lo dispuesto en el art. 84 LOTC, oír a las partes para que, en el plazo de diez días, expusieran lo que considerasen procedente acerca de la posible incidencia en el presente conflicto positivo de competencia de la doctrina constitucional contenida en las SSTC 96/1996 y 235/1999, así como de la innovación normativa producida por la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, especialmente en lo que se refiere a sus arts. 2, 33, 34 y 109 en relación con la Disposición final primera.
6. El día 17 de marzo de 2000 se registró escrito del Abogado del Estado en el que, evacuando el trámite conferido por el proveído antes mencionado, señala que, conforme al art. 104 de la Ley 27/1999, modificado por el art. 54 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, las Cooperativas de Crédito se rigen por su normativa específica, de tal modo que la legislación general de cooperativas sólo les resulta de aplicación con carácter supletorio. Por ello, las normas atinentes al ámbito de aplicación (art. 2 de la nueva Ley), composición y elección de miembros de los órganos rectores (arts. 33 y 34) e incripciones registrales (art. 109) deben ceder ante el régimen especial de las Cooperativas de Crédito. Por otra parte, destaca que este Tribunal, en sus Sentencias 155/1993 (FF JJ 6 y 7) y 96/1996 (FJ 13), ha afirmado el carácter básico de las normas estatales sobre autorizaciones e inscripciones de este tipo de cooperativas y que en la STC 235/1999 se ha reconocido la competencia estatal para autorizar la apertura de oficinas fuera del territorio de la Comunidad Autónoma en la que la entidad tenga su domicilio social.
7. El escrito de alegaciones de la representación procesal del Gobierno Valenciano se registró el 3 de abril de 2000. Dicho escrito se atiene a la estructura lógica ya utilizada en el escrito de planteamiento del presente conflicto positivo de competencia:
a) Así, por lo que se refiere a los art. 7 y 31.1 del Reglamento objeto del conflicto, insiste el Gobierno Valenciano en que el criterio utilizado en dichos preceptos para delimitar las competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma infringe sus competencias sobre cooperativas de crédito, que deberán comprender todas aquellas cuya actividad principal se produzca en el territorio de dicha Comunidad y que, por tanto, deberán ser inscritas en el Registro de la Generalidad Valenciana. De otra forma ocurre que cooperativas de crédito con la casi totalidad de su actividad dentro de su territorio salen de su competencia por el solo hecho de haber establecido una sucursal en una localidad de una Comunidad limítrofe.
El art. 2 de la Ley 27/1999 establece un criterio similar al defendido por la Generalidad Valenciana en el escrito de planteamiento del presente conflicto positivo de competencia cuando dice en su apartado a) que esta Ley será de aplicación a las sociedades cooperativas que desarrollen su actividad cooperativizada en el territorio de varias Comunidades Autónomas, excepto cuando en una de ellas se desarrolle con carácter principal, si bien el art. 104 de la propia Ley remite a las Cooperativas de Crédito a su Ley específica y normas de desarrollo y sólo con carácter supletorio a esta Ley de Cooperativas. Sin embargo, esta solución se ha visto frustrada totalmente por la modificación que del mencionado art. 104 se hace en el art. 54 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que aclara que dicha Ley de Cooperativas es de aplicación con carácter supletorio a la Ley específica y normas de desarrollo que se apliquen a las cooperativas de crédito cuando su ámbito de actuación estatutariamente reconocido sea supra- autonómico o estatal, siempre que se realice en el citado ámbito actividad cooperativizada de manera efectiva.
b) En lo que respecta al segundo bloque de preceptos impugnados por estimar que desconocen las competencias ejecutivas que en la materia ostenta la Generalidad Valenciana, se señala que la doctrina contenida en las SSTC 96/1996 y 235/1999 propicia el no mantenimiento del conflicto.
c) Finalmente, se mantiene el conflicto respecto del art. 2.1 f), porque la exhaustividad de la norma impide el ejercicio por la Comunidad Valenciana de su competencia de desarrollo legislativo. La composición del Consejo Rector se regula en los arts. 33 y 34 Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, que no tienen carácter básico, no siendo en consecuencia preciso alegar nada sobre ellos, ni tampoco entender que posibilitan que el precepto reglamentario impugnado ostente dicho carácter. Consecuentemente, el Gobierno Valenciano interesa que por este Tribunal se declare que dicho precepto no es básico, correspondiendo la competencia para regular la composición del Consejo Rector a la Comunidad Valenciana.
8. Por providencia de 11 de abril de 2000 se requirió a la representación procesal del Gobierno Valenciano para que, en el plazo de diez días, aportara la documentación necesaria a efectos del desistimiento parcial a que se hace referencia en el suplico del escrito antes reseñado.
9. En su escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 26 de mayo de 2000, el Letrado de la Generalidad Valenciana señala que las alegaciones realizadas en el escrito de referencia eran únicamente la opinión del representante en juicio de la Generalidad Valenciana, que no ostenta la necesaria autorización para formalizar el desistimiento parcial del conflicto positivo de competencia. En consecuencia, y siempre sin perjuicio de que este Tribunal pueda hacer el uso que crea conveniente de la opinión expresada por la representación letrada de la Generalidad Valenciana, comunica que no puede aportar la documentación requerida.
10. Mediante providencia de 14 de noviembre de 2000 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 16 de noviembre siguiente.
1. El objeto del presente conflicto positivo de competencia, promovido por el Gobierno Valenciano, lo constituye el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, en concreto, la Disposición adicional cuarta en cuanto declara como norma básica los arts. 1.1, 2.1 f), 5, 7, 9.1 c) y d), 10.2, 28 y 31.1 de dicho Reglamento.
2. Antes de abordar directamente el examen del debate competencial planteado es conveniente acotar con precisión su objeto.
3. Acotado el objeto del presente conflicto positivo de competencia, debemos anunciar que, en aras de la claridad, seguiremos en nuestra exposición la sistemática empleada por la representación letrada de la instancia autonómica promotora del conflicto en su escrito de planteamiento. Consecuentemente, debemos comenzar por el examen de las alegaciones formuladas en relación con los arts. 7 y 31.1 del Reglamento de Cooperativas de Crédito.
4. Antes de dar respuesta a la pretensión ejercitada por el Gobierno Valenciano en relación con las funciones ejecutivas atribuidas a órganos estatales en estos dos preceptos del Reglamento de Cooperativas de Crédito, resulta oportuno advertir que, aun cuando la identificación de los títulos competenciales aducidos por la representación procesal del Gobierno Valenciano en su concreta relación con los preceptos cuestionados no es totalmente precisa, ello no es óbice para que recordemos que la competencia exclusiva que la Generalidad Valenciana ostenta ex art. 34.1.6 EAV sobre las Cooperativas de Crédito, que es aquella que específicamente debemos entender ahora invocada, ha de conjugarse con la competencia del Estado para fijar las bases de la ordenación del crédito (STC 204/1993, de 17 de junio, FJ 3). Sin perjuicio de remitirnos a la sistematización que de la doctrina constitucional acerca del alcance de esta competencia estatal que se contiene en la STC 235/1999, de 16 de diciembre, FJ 3, interesa en todo caso subrayar que, de acuerdo con la misma "cuando la Constitución utiliza el término bases (así en el artículo 149.1.11, 13 y 18) está comprendiendo funciones normativas que aseguren, en lo que es menester, un común uniforme, unas reglas a partir de las cuales las Comunidades Autónomas que tengan asumidas competencias en la materia puedan ejercerlas, pero estas competencias no se agotan con las propias legislativas, pues cuando la preservación de un tratamiento uniforme reclame el complemento reglamentario, y aun el ejecutivo, se justifica la reserva de estas competencias en la medida indispensable".
5. En cuanto a la impugnación del art. 31 se debe precisar que, aun cuando en el suplico del escrito de planteamiento del conflicto se solicita la declaración del carácter de no básico del art. 31 en su totalidad, tanto del cuerpo del escrito, como del requerimiento en su momento formulado por el Gobierno Valenciano ante el Gobierno de la Nación, e incluso del apoderamiento al Gabinete Jurídico de la Generalidad Valenciana para plantear el conflicto positivo de competencia, se infiere que lo impugnado es exclusivamente el primer apartado de dicho artículo, por lo que habremos de entender ceñido el conflicto solo a dicho apartado, con exclusión por tanto de lo dispuesto en los restantes apartados.
6. En un segundo bloque agrupa el Gobierno Valenciano aquellos preceptos del Reglamento de Cooperativas de Crédito impugnados por vulnerar sus potestades ejecutivas sobre estas entidades crediticias. De acuerdo con la delimitación del objeto del presente conflicto llevada a cabo en el FJ 2, es el caso de los arts. 1.1 y 5, relativos a la competencia del Ministro de Economía y Hacienda para autorizar la constitución de una Cooperativa de Crédito; 9.1 d), donde se condicionan los cambios significativos en las aportaciones societarias a la previa autorización del Banco de España; 10.2, que hace de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda la instancia competente para asegurar el cumplimiento de los límites fijados para la concentración de aportaciones de los socios y 28, donde se regula el Registro de Altos Cargos del Banco de España, supeditando a él todos los demás registros oficiales.
7. Impugna por último el Gobierno Valenciano el art. 2.1 f) en cuanto incluye entre las condiciones para obtener y conservar la autorización para la constitución de una Cooperativa de Crédito el contar con un Consejo Rector formado, al menos, por cinco miembros, dos de los cuales podrán no ostentar la condición de socios. Para el Gobierno Valenciano, se trata de una regulación de detalle incompatible con la finalidad de la competencia básica estatal.
8. A diferencia de lo que sucede con los restantes preceptos del Reglamento de Cooperativas de Crédito objeto del presente proceso constitucional, en el caso del art. 2.1 f) no se discute la calificación como básica de ninguna función ejecutiva reservada a favor de un órgano estatal, sino el establecimiento de un requisito a cuya concurrencia se supedita el otorgamiento de la autorización administrativa para la constitución de una Cooperativa de Crédito.
La queja formulada por el Gobierno Valenciano respecto al art. 2.1 f) del Reglamento de Cooperativas de Crédito tiene una doble vertiente, material y formal, presentándose la segunda en la argumentación de la parte como derivación inmediata de la primera. Se dice en cuanto a la que hemos calificado de vertiente material que "en primer lugar, nos encontraríamos ante una especificación de detalle incompatible con la finalidad de la competencia básica estatal", y que "debe entenderse que excede de la 'básico' toda ordenación que por su minuciosidad y detalle no deje espacio suficiente a la competencia autonómica de desarrollo legislativo, cuando ésta exista, como es el caso que nos ocupa".
9. Sobre el alcance posible de la definición de las bases hemos dicho recientemente (STC 50/1999, de 6 de abril, FJ 3) que "como hemos declarado en múltiples resoluciones, el Estado al establecer el común denominador normativo que encierran las bases, y a partir del cual cada Comunidad Autónoma con competencias de desarrollo legislativo puede regular la materia con arreglo a sus peculiaridades e intereses (por todas, SSTC 49/1988, FJ 3; 225/1993, FJ 3, y 197/1996, FJ 5), no puede hacerlo con un grado tal de detalle y de forma tan acabada o completa que prácticamente impida la adopción por parte de las Comunidades Autónomas de políticas propias en la materia mediante el ejercicio de sus competencias de desarrollo legislativo. Como se afirma, entre otras, en la STC 147/1991 'la definición de las bases, en el ámbito de la legislación compartida, tiene por objeto crear un marco normativo unitario, de aplicación a todo el territorio nacional, dentro del cual las Comunidades Autónomas dispongan de un margen de actuación que les permita, mediante la competencia de desarrollo legislativo, establecer los ordenamientos complementarios que satisfagan sus peculiares intereses, por ello, en principio, debe entenderse que excede de lo básico toda aquella ordenación que, por su minuciosidad y detalle, no deja espacio alguno a la competencia autonómica de desarrollo legislativo, produciéndose en tal caso, por regla general, un resultado de vulneración competencial que priva a lo presentado como básico de su condición de tal' (FJ 5)".
10. En cuanto a la impugnación de la Disposición final cuarta del Reglamento de las Cooperativas de Crédito, al atribuir carácter básico a los preceptos antes analizados, como ya se advirtió en el fundamento jurídico 1 de esta Sentencia, es el juicio sobre éstos el presupuesto lógico de la decisión a pronunciar a la hora de enjuiciar dicha Disposición final. Resulta así que, una vez que hemos negado el carácter básico al art. 2.1 f) del Reglamento de Cooperativas de Crédito, tal consideración conduce a la afirmación de que la Disposición final cuarta, al atribuir carácter básico a dicho artículo, resulta contraria al orden constitucional de competencias.
1º Declarar la pérdida sobrevenida de objeto del conflicto positivo de competencia núm. 2143/93, promovido por el Gobierno Valenciano contra el Reglamento de Cooperativas de Crédito, aprobado por Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, en cuanto a su art. 9.1 c).
2º Estimar parcialmente el conflicto y, en su consecuencia, declarar que la Disposición final cuarta de dicho Reglamento vulnera las competencias de la Generalidad Valenciana en cuanto atribuye carácter básico en el inciso primero del art. 2.1 f).
3º Desestimarlo en todo lo demás.
BOE (Official State Gazzete) number and date [Num, 299 ] 14/12/2000 Amendment 1
Type and record number Conflicto positivo de competencia 2143-1993
Date of the decision 16/11/2000
Promovido por el Gobierno Valenciano contra diversas disposiciones del Reglamento de Cooperativas de Crédito, aprobado por el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero.
-El criterio del ámbito espacial de desarrollo de la actividad de la cooperativa de crédito, en vez de su domicilio social, es conforme con el sistema constitucional y estatutario de distribución de competencias (STC 44/1984) [FJ 4].
-Corresponde al Estado la emisión de la autorización administrativa para las escisiones y fusiones de este tipo de sociedades cuando la Comunidad Valenciana carezca de competencias sobre todas las entidades afectadas, el ámbito operativo de las sociedades resultantes sobrepase el territorio autonómico, o el proceso afecte también a entidades radicadas en otras Comunidades Autónomas (STC 72/1983) [FJ 5].
-El principio reglamentario que incluye, entre las condiciones para obtener y conservar la autorización para la constitución de una cooperativa de crédito, contar con un Consejo Rector formado, al menos, por cinco miembros, dos de los cuales podrán no ostentar la condición de socios, introduce un grado de detalle incompatible con las facultades de desarrollo normativo que en esa materia tiene atribuida la Comunidad Autónoma Valenciana en su Estatuto de Autonomía [FJ 9].
-También desde la vertiente formal el precepto reglamentario impugnado vulnera las competencias de la Comunidad Valenciana (SSTC 220/1992, 227/1998) [ FJ 9].
-La competencia exclusiva que la Generalidad Valenciana ostenta, ex art. 34. 1.6 EAV, sobre la cooperativas de crédito ha de conjugarse con la competencia del Estado para fijar las bases de la ordenación del crédito (SSTC 204/1993, 235/1999) [FJ 4].
-En el régimen jurídico de las cooperativas de crédito confluyen aspectos crediticios y cooperativos, en los que, a su vez, inciden componentes laborales y mercantiles (SSTC 134/1992, 155/1993) [FJ 4].
-El Estado, al establecer el común denominador normativo que encierran las bases, no puede hacerlo con un grado tal de detalle que prácticamente impida la adopción por parte de las Comunidades Autónomas de políticas propias en la materia (SSTC 147/1991, 50/1999) [FJ 9].
-Este Tribunal no efectúa un juicio de oportunidad o de idoneidad de las normas impugnadas, puesto que no le corresponde determinar cuál es el sistema de articulación de competencias estatales y autonómicas más adecuado, por ser ésta una decisión que, dentro de la Constitución, corresponde adoptar a los poderes públicos habilitados para ello (STC 192/2000) [FJ 5].
-Resulta de todo punto improcedente un pronunciamiento por parte de este Tribunal acerca de la instancia competente para otorgar una autorización administrativa que ha sido suprimida, habida cuenta de que el conflicto positivo de competencia presupone la existencia de una controversia actual (STC 196/1997) [FJ 2].
-La representación letrada del Gobierno Valenciano advierte, en fase de alegaciones, que la doctrina constitucional aconseja no mantener el conflicto. Ello no ha supuesto la extinción del conflicto, al no haber mediado el desistimiento del Gobierno Valenciano [FJ 6].
Real Decreto 84/1993, de 22 de enero. Reglamento de desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de cooperativas de crédito
Artículos 1.1, 5, 7, 9.1 c), d), 10.2, 28, 31.1
Artículo 2.1 f), disposición final cuarta (delimita)
Artículo 149.1.11, ff. 1, 4
Artículo 31.21, f. 1
Artículo 32.4, f. 1
Artículo 34.1.6, ff. 1, 4
Artículo 9.1, ff. 7, 9
Artículo 9.9, f. 6
Artículo 1.1, ff. 1, 6
Artículo 2.1 f), ff. 1, 7 a 10
Artículo 7, ff. 1, 3 a 5
Artículo 7.4, ff. 3, 4
Artículo 7.4.1, f. 3
Artículo 7.4.2, f. 3
Artículo 9.1 c), ff. 1, 2, 6
Artículo 9.1 d), ff. 1, 6
Artículo 28, ff. 1, 6
Artículo 30.1 b), f. 3
Disposición final cuarta, ff. 1, 10
Disposición derogatoria única, apartado 1 b), f. 2
Competencias en materia de cooperativas de créditoCompetencias en materia de cooperativas de crédito, ff. 1, 4
Control de constitucionalidad de las normas jurídicasControl de constitucionalidad de las normas jurídicas, f. 5
Orden constitucional de competenciasOrden constitucional de competencias, ff. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Pérdida parcial de objeto por derogación de uno de los preceptos impugnadosPérdida parcial de objeto por derogación de uno de los preceptos impugnados, f. 2
Concepto de normas básicasConcepto de normas básicas, f. 4
Entidades de créditoEntidades de crédito, ff. 4 a 10
Comunidad ValencianaComunidad Valenciana, f. 1

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 149
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Artículo 2

Artículo 149

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 34

Artículo 9

Artículo 9

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 7

Artículo 7

Artículo 7

Artículo 7

Artículo 9

Artículo 9

Artículo 28

Artículo 30