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Medio de control: ejecutivo singular
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SALA TERCERA DE DECISIÓN
MAGISTRADO PONENTE: JUAN GUILLERMO ARBELÁEZ ARBELÁEZ
Medellín, tres (03) de agosto de dos mil quince (2015)
REFERENCIA: RADICADO: 05001333301020150008701
DEMANDANTE: JOSÉ LUIS TEJADA PULGARÍN
DEMANDADO: MUNICIPIO DE BELLO - ANTIOQUIA
Interlocutorio N° 479
Tema: - Confirma auto que niega mandamiento de pago. - La ejecución de las sentencias proferidas en las acciones de cumplimiento, se encuentra previsto el mecanismo del incidente de desacato.
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutante, Señor JOSÉ LUIS TEJADA PULGARÍN en contra de la decisión, que resolvió negar el mandamiento de pago solicitado, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Medellín el 20 de febrero de 2015.
Mediante escrito presentado el 30 de enero de 2015, el Señor JOSÉ LUIS TEJADA PULGARÍN instauró demanda ejecutiva solicitando:
“Sírvase LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO POR LA VÍA EJECUTIVA a favor de mi mandante y en contra del Municipio de Bello – Antioquia-, representado legalmente por su Alcalde de elección popular, CARLOS ALIRIO MUÑOZ LÓPEZ, quien es mayor de edad y de iguales condiciones o quien haga sus veces para efectos de notificación del mandamiento deprecado, a quien señalo como EJECUTADO y por las siguientes sumas de dinero:
A). Por la Suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHOPESOS (147’629.868), como Capital.
B). Por los intereses a la tasa legal que ordena el artículo 1617 del C. C (0.5% mensual)
Por las costas y gastos del proceso.”
Como título ejecutivo aportó copia de la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado dentro de la acción de cumplimiento instaurada por el señor Luis Fernando Villa Madrid y Otros en contra del Municipio de Bello, acción en la cual se ordenó el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los artículos 68, parágrafo, y 77 de la Ley 617 de 2000 y al documento expedido en agosto de 2001 por la comisión de Readaptación Laboral del sector público territorial.
Mediante auto del veinte (20) de febrero de dos mil quince (2015), el despacho de primera instancia negó el mandamiento de pago solicitado, señalando lo siguiente:
“3.1 La sentencia aportada que soporta la solicitud de mandamiento de pago se aportó una copia auténtica, sin que diga que es la primera copia.
3.2 La misma, adicionalmente, no reúne los requisitos de ley para constituirse Título Ejecutivo, más aún cuando la orden otorgada es de carácter general, derivada de una actuación especial como lo es la acción de cumplimiento cuya finalidad es hacer cumplir leyes, acuerdos o resoluciones y por ello tienen un procedimiento especial en el que la sentencia no declara la existencia de un derecho propio adquirido, si no que ordena a la autoridad que cumpla con una obligación legal, por lo que se protege a una colectividad indeterminada, no generándose una obligación clara y expresa.
3.3 En la sentencia no se condena a la entidad ejecutada a pagar suma de dinero alguna, ni a la ejecutante ni a otra persona, por lo que la pretensión encaminada a librar mandamiento de pago por una suma determinada de dinero en beneficio de la ejecutante, no está sustentada.
3.4 Al estar frente a una acción especial, como lo es una acción de cumplimiento, se deben aplicar las normas propias que regulan el trámite de este tipo de acciones, para este caso la Ley 393 de 1.997, en la que no se establece la posibilidad de interponer una acción ejecutiva para buscar el cumplimiento de las sentencias proferidas en este tipo de acciones.
3.5 La demanda ejecutiva, en caso de ser procedente, estaría caducada pues ya el plazo de 5 años que establece la norma (dicho término es idéntico en el Decreto 01 de 1984 y la Ley 1437 de 2011), se superó con creces, ya que como se demostró tenía hasta el 12 de diciembre de 2012, para hacerlo.
3.6 No hay acto administrativo, ni solicitud de cumplimiento ante la autoridad competente, de la sentencia que se pretende ejecutar”1
Inconforme con la decisión y dentro del término oportuno, el apoderado de la parte demandante interpuso el recurso de reposición en subsidio el de apelación; el Juzgado niega el recurso de reposición por considerarlo improcedente y concede el de apelación.
Los argumentos presentados por el recurrente se resumen de la siguiente manera:
Que la sentencia de segunda instancia se convierte en un medio de recaudo para obtener el cumplimiento del fallo sin importar su fecha de pronunciamiento, pues aún no se ha acatado la orden pese a los intentos fallidos de los reclamos, por lo tanto deviene el cobro jurídico afincado en el artículo 297 del CPACA.
Que la sentencia del Consejo de Estado es clara y las órdenes han sido incumplidas por las administraciones del municipio de Bello, por lo que procede la petición de ejecución como quiera que consulta todos los elementos indispensables para su procedencia, sin que pueda decirse que antecede el desacato, el cual fue propuesto previamente pero nunca fue admitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
En esta instancia deberá determinarse si las sentencia dictadas por los jueces administrativos en el trámite de las acciones constitucionales son ejecutables ante la misma jurisdicción por la vía del proceso ejecutivo administrativo.
Pretende el apelante que se revoque la decisión de primera instancia, pues considera que la sentencia proferida en la acción constitucional de cumplimiento presta mérito ejecutivo.
La acción ejecutiva será procedente siempre y cuando la providencia judicial tenga una condena, sea aprobatoria de una conciliación y que las leyes que reglamentan cada acción constitucional no prevean otro mecanismo judicial para el cumplimiento de la condena. Lo anterior no obsta para que si dentro de una sentencia proferida en el trámite de las acciones constitucionales se imponga una condena, esta pueda ser ejecutada ante la jurisdicción contenciosa administrativa por ejemplo cuando se condene al pago de una indemnización.
En el presente caso se pretende la ejecución de una sentencia proferida dentro de una acción constitucional, la cual tiene una norma especial que reglamenta su cumplimiento: la Ley 393 de 1997 que estableció el procedimiento que se debe adelantar para que no se hagan nugatorias las órdenes dictadas dentro de estos procesos, ésta norma indica:
“Artículo 25º.- Cumplimiento del Fallo. En firme el fallo que ordena el cumplimiento del deber omitido, la autoridad renuente deberá cumplirlo sin demora.
Si no lo hiciere dentro del plazo definido en la sentencia, el Juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasados cinco (5) días ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El Juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que éstos cumplan su sentencia. Lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la presente Ley.”
De lo anterior se concluye que las sentencias proferidas dentro de las acciones de cumplimiento, al no contener una condena en favor de un sujeto determinado, ésta no puede ser demandable en una acción ejecutiva.
En gracia de discusión y ante la posibilidad de que la sentencia proferida dentro de las acciones constitucionales puedan ser ejecutadas mediante el proceso ejecutivo administrativo, encontramos que la sentencia aportada como título ejecutivo no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 422 del Código General del Proceso, el cual establece que para iniciar un proceso de ejecución con las prerrogativas allí contempladas, es preciso que el documento aportado reúna determinadas características, que en nuestro estatuto procedimental se traducen en que la obligación en el título contenida sea clara, expresa y actualmente exigible que consten en documentos que provengan del deudor...
Que sea la obligación expresa, implica que se manifieste con palabras, quedando constancia usualmente escrita y de forma inequívoca de la obligación, de ahí que las obligaciones implícitas o presuntas, salvo que la ley disponga lo contrario no son demandables por vía ejecutiva.
De la claridad puede desprenderse el que los elementos constitutivos de la obligación, sus alcances emerjan con toda perfección de la lectura misma del título, sin que se necesiten esfuerzos de interpretación para esclarecer cual es la conducta que puede exigirse del deudor.
Con relación a que la obligación sea actualmente exigible, en términos de la Corte Suprema de Justicia: “la exigibilidad de una obligación, es la calidad que la coloca en situación de pago o solución inmediata por no estar sometida a plazo, condición o modo, esto es por tratarse de una obligación pura y simple y ya declarada”, o cuando estando sometida a plazo o condición, el plazo se ha cumplido o ha acaecido la condición.
Es claro que la sentencia aportada no contiene la orden de pagar en favor del señor JOSÉ LUIS TEJADA PULGARÍN, la suma por la cual se pretende la orden ejecutiva, pues no existe la orden de pagar una suma de dinero.
De otro lado el documento presentado debe reunir los requisitos del artículo 114 del Código General del Proceso, es decir, aportándose en primera copia con la constancia de ejecutoria y la indicación de que se expide para utilizarse como título ejecutivo.
De manera precedente, el H. Consejo de Estado se había pronunciado respecto al requisito de la constancia de primera copia para constituir el título ejecutivo, en los siguientes términos:
“…Como se observa, esta norma {artículo 115 CPC} confiere a la primera copia auténtica de la sentencia, y por ende, la del laudo arbitral, una calidad especial denominada mérito ejecutivo, lo cual significa que es el único instrumento al que la ley le otorga la potencialidad suficiente para exigir el pago de la obligación, por la vía judicial. Es así como la primera copia se convierte en título ejecutivo y por tanto, requiere ser presentada con la demanda”2
Así las cosas, la Sala comparte la totalidad de los argumentos expuestos en la providencia de primera instancia y se concluye que las sentencias proferidas dentro de las acciones de cumplimiento tienen el trámite incidental de desacato para lograr su cumplimento, por lo que habrá de confirmarse íntegramente el auto objeto del recurso de apelación.
Por lo expuesto, el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA TERCERA DE DECISIÓN,
PRIMERO: CONFIRMAR el auto del Veinte (20) de febrero de dos mil quince (2015), por medio del cual el Juzgado Décimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, negó el mandamiento de pago solicitado por el señor JOSÉ LUIS TEJADA PULGARÍN, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 244 del CPACA.
TERCERO: Se ordena la devolución del expediente al juzgado de origen para lo de su competencia.
Se estudió y aprobó en Sala de la fecha, según consta en el acta No. 60
JUAN GUILLERMO ARBELÁEZ ARBELÁEZ
JAIRO JIMÉNEZ ARISTIZÁBAL
MARTHA CECILIA MADRID ROLDÁN
1 Folio 24 frente y vuelto
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1661 de 21 de julio de 2005. M.P. Gustavo Aponte Santos.

References: artículo 1617
 artículo 297
 artículo 30
 artículo 422
 artículo 114
 artículo 244