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Timestamp: 2018-01-23 10:10:25+00:00

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Ley 11683- Modificada por Ley 26044 -Responsable en forma personal y por deuda ajena
EL SÍNDICO CONCURSAL ATRAPADO EN UNA PUGNA INCOMPRENSIBLE (L. 24522 VS. L. 11683)
JOSÉ A. CALVIÑO
JORGE H. QUERALTÓ
Desde el momento en el que la ley de procedimiento fiscal comenzó a pretender hacer responsable de deuda ajena a los síndicos concursales, hemos sostenido que dichas disposiciones ignoran lo que expresamente legisla la ley de concursos y quiebras, que implican un verdadero desconocimiento de las tareas que desempeña dicho funcionario y que ellas eran inaplicables. El transcurso del tiempo nos venía dando la razón, ya que, salvo la cita o transcripción de las mismas en los pedidos de verificación de créditos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ningún otro uso se intentó darle. Esa tesitura en los últimos años comienza a cambiar y las mentadas disposiciones sirven no sólo de sustento de sumario, dictado de resoluciones y aplicación de multas, como veremos, sino que se busca avanzar sustancialmente hacia un tratamiento aun más extraordinario para el Ente Recaudador, adecuando las normas concursales a su comodidad.
II - FUNCIONES DE LA SINDICATURA
Vamos a tratar de resumir cuál es la posición jurídica del síndico con relación al deudor (concursado o fallido) y a los acreedores: es, en definitiva, un funcionario designado por la ley cuyo accionar no depende de la voluntad del deudor o de los acreedores y tiene una carga de iniciativa por imperio de la norma, que no puede ser alterada por el Magistrado. Con gran claridad señala el doctor Osvaldo J. Maffía lo siguiente: “Ni los representa, entonces, ni recibe de ellos sus poderes; por el contrario, la competencia del síndico es originaria. Lo que debe hacer surge sólo y explícitamente de la ley”(1). En un reciente fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que “el síndico del concurso no constituye un órgano mediante el cual el Estado exterioriza sus potestades y voluntad, sino un sujeto auxiliar de la Justicia, cuya actividad en el proceso colectivo se desarrolla con autonomía, sin subordinación jerárquica y sobre la base de la idoneidad técnica que deriva de su título profesional. Como se ha expresado, sus funciones están determinadas por la ley respectiva tanto en interés del deudor como de sus acreedores, y del proceso colectivo en general, como sucede con otros auxiliares de la Justicia”.(2)
III - ANÁLISIS DE LA NUEVA NORMA
En los temas relacionados con la sindicatura concursal, la sanción de la ley 26044(3) sustituye, en el Capítulo II (”Responsables en forma personal y solidaria con los deudores”), el texto del artículo 8, inciso b), de la ley de procedimiento fiscal, el que queda redactado de la siguiente forma:
“Art. 8 - …
“…b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, y con carácter general, los síndicos de los concursos preventivos y de las quiebras (de las quiebras y de los concursos) que no hicieran las gestiones necesarias para la determinación y el ulterior ingreso de los tributos adeudados por los responsables respecto de los períodos anteriores y posteriores a la apertura del concurso o auto de quiebra, según el caso (a la iniciación del juicio), en particular si dentro de los quince (15) días corridos de aceptado el cargo en el expediente judicial (con anterioridad a los 15 días del vencimiento del plazo para la presentación de los títulos justificativos del crédito fiscal) no hubieran requerido a la Administración Federal de Ingresos Públicos las constancias de las respectivas deudas tributarias, en la forma y las condiciones que establezca dicho Organismo.”
El texto destacado en negrita corresponde a las modificaciones que introdujo la ley 26044, y el que está entre paréntesis corresponde al anterior ordenamiento.
Vamos a analizar la parte esencial del indicado inciso, y para una mejor comprensión desmenuzaremos su texto en partes, haciendo referencia, en primer término, al concurso preventivo y luego a la quiebra. El examen lo haremos sobre “…los síndicos de los concursos preventivos y de las quiebras que no hicieran las gestiones necesarias para la determinación y el ulterior ingreso de los tributos adeudados por los responsables respecto de los períodos anteriores y posteriores a la apertura del concurso o auto de quiebra, según el caso…”.
A) CONCURSO PREVENTIVO
1. Gestiones necesarias
Si analizamos la palabra “gestión”, que significa “acción y efecto de gestionar”, y ésta, a su vez, implica hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera, vemos que ello no es coherente con los principios normados en la ley concursal: el síndico no debe realizar ninguna gestión ante ningún acreedor en particular; quien se considera que lo es debe formular a dicho funcionario el pedido de verificación de su crédito en el plazo dispuesto por la ley, indicando monto, causa y privilegio. Tal requerimiento produce los efectos de una demanda judicial, interrumpe la prescripción e impide la caducidad del derecho y de la instancia (art. 32, LC). El que posee o cree tener un derecho, si quiere, debe ejercerlo y no pedirle a otro que le diga que lo haga en la forma y en las condiciones que él disponga, y en el supuesto de omitir dicho pedido, paradójicamente aplicarle una sanción (multa) y, además, hacerlo responsable económicamente -en forma personal y solidaria con los deudores- de la omisión de acción del titular del derecho. El ordenamiento concursal dispone que la notificación a los acreedores se realiza de dos formas: la primera, amplia, general, por medio de la publicación de edictos durante cinco días en el Boletín Oficial y en otro diario de amplia circulación, en el que, entre otras cosas, contiene “…nombre y domicilio del síndico, intimación a los acreedores para que formulen sus pedidos de verificación, y el plazo y el domicilio para hacerlo” (art. 27, LC); intimar implica exigir el cumplimiento de algo, especialmente con autoridad; es decir que, por ley, se intima a los acreedores; ello es un concepto opuesto a lo que pretende la norma de la ley de procedimiento que estamos analizando: la de intimar al síndico; la segunda, limitada: por carta certificada a cada acreedor denunciado, remitida por el síndico, con la particularidad de que su omisión no invalida el proceso (art. 29, LC). Es decir que la exteriorización de la apertura del proceso concursal, en el sistema legal vigente, se concreta con la publicación de edictos. Queremos destacar que la circularización se realiza exclusivamente a los acreedores denunciados.(4)
No se ve en la ley de concursos y quiebras, en los aspectos bajo examen, la existencia de tratamientos diferentes según sea la calidad del acreedor. Nótese que hasta el más desprotegido de ellos -el laboral- debe cumplir con los mismos requisitos que enervan aparentemente al Fisco.
2. Ingreso de los tributos adeudados por los responsables respecto de los períodos anteriores y posteriores a la apertura del concurso
A nuestro modo de ver, cabe advertir que la norma debería decir “presentación del concurso” (art. 32, LC), que es la que establece el corte entre estado concursal o posconcursal, y no “apertura del concurso”. El auto de apertura produce la retroacción a la fecha de presentación. En nuestro análisis, usaremos la palabra “presentación” en reemplazo de la correspondiente a “apertura”.
2.1. Períodos anteriores
Son los que deben insinuarse ante el síndico: “todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación…” (art. 32, LC). Dado que el concursado conserva la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico (art. 15, LC), la AFIP puede efectuar todo tipo de verificación y fiscalización de la documentación en poder del deudor, con el fin de determinar con exactitud su acreencia, y si necesita alguna información -inclusive la que proviene del expediente judicial-, es al concursado a quien se la debe requerir y exigir, ya sea en forma directa para cada caso en particular, o mediante resoluciones generales que establezcan normas precisas para los “contribuyentes concursados”. Es decir que el estado concursal en nada modifica o altera la relación existente entre el Fisco y el contribuyente. Con referencia a estas deudas, la AFIP recientemente dictó la resolución general (AFIP) 1975 en reemplazo de la anterior, la resolución general (AFIP) 745(5). Con relación a su validez, nos remitimos a lo expresado precedentemente y queremos solamente señalar, en esta oportunidad, la siguiente incongruencia de la mentada resolución general: entre los obligados están “los síndicos designados en los concursos preventivos o quiebras y los liquidadores de las entidades financieras…” (art. 1), y en las publicaciones de edictos de “apertura de concursos preventivos, declaraciones de quiebras…, se deberá consignar obligatoriamente la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o, en su defecto, el tipo de documento de identidad…” (art. 4). El síndico -aunque quisiera- no puede hacerse responsable del contenido de dichos edictos, ya que, para el supuesto del concurso preventivo, la carga de su publicación recae en el deudor (art. 27, LC), ya que si no cumple con ello, se lo tiene por desistido de su petición (art. 30, LC); es decir que es una facultad inherente del deudor, y para el supuesto de la quiebra, la responsabilidad es del secretario de Juzgado (art. 89, LC); por otra parte, el contenido de ambos edictos surge expresamente de la ley concursal en los mencionados artículos (arts. 27 y 89). Además, particular significación posee la indelegabilidad de funciones que se encuentran normadas en el artículo 252 de la ley de concursos y quiebras: “Las atribuciones conferidas por esta ley a cada funcionario son indelegables … Además, son excluyentes de la actuación del deudor y de los acreedores…”(6). Es decir que es imposible hacer lo que no manda la ley o en contra de ella.
A esta altura de nuestro trabajo, vemos con claridad que se pretende modificar lo normado por una ley de fondo, la ley de concursos y quiebras, pretendiendo reglamentarla mediante resoluciones generales de la AFIP apoyadas en disposiciones, de difícil sustento, de la ley de procedimiento fiscal. Existen numerosas resoluciones judiciales que, ante la consulta de los síndicos sobre qué hacer con relación a la resolución general (AFIP) 745, expresaron lo siguiente: “Toda vez que la resolución referida impone en cabeza del órgano sindical obligaciones que no han sido establecidas por la ley nacional 24522, ni por las normas de procedimiento correspondientes, hágase saber a la sindicatura interviniente que deberá ajustar su cometido a lo prescripto por la ley antes citada y por las normas procesales que el infrascripto estime de aplicación en el presente”(7). En otros casos en los que la AFIP le aplicó multas al síndico por no haber cumplido con la presentación del formulario de declaración jurada 375, previsto por la resolución general (AFIP) 745, al apelar el funcionario concursal dicha sanción ante el Fuero Contencioso Administrativo, el fallo declara la inconstitucionalidad de dicha resolución general y deja sin efecto la sanción impuesta por la accionada. Entre los extensos fundamentos, queremos destacar el siguiente: “…La Administración Federal de Ingresos Públicos pretende imponer un deber al síndico que excede aquellos deberes y facultades establecidos por el artículo 275 de la ley 24522, y que refieren al trámite procesal del proceso correspondiente, deber que no guarda relación alguna con la finalidad que persigue la legislación tributaria vinculada con la determinación o verificación del cumplimiento de la misma … Es que ninguna función compete al síndico del concurso preventivo que pueda estar relacionada con el cumplimiento de deberes formales tendientes a determinar la obligación tributaria, así como tampoco con tareas de verificación y fiscalización de cumplimiento respecto de los responsables, no vinculando a éstos con ninguna obligación de pago de tributos”.(8)
Siguiendo el ejemplo de la AFIP, la Dirección General de Rentas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dicta la resolución (DGR Bs. As. cdad.) 1272/2001 con medidas prácticamente iguales, pero ajustadas a sus necesidades, a la del Ente Nacional, y a la creación del formulario de declaración jurada de síndicos y liquidadores F/0090/021 y del formulario de declaración jurada-detalle de deuda F/009/0022. Por supuesto que el no cumplimiento implica multas y responsabilidad solidaria.(9)
No se escapa que, a la luz de lo que venimos analizando, cada una de las Provincias irá incorporando a sus Códigos Tributarios medidas de igual tenor que, de tener validez, no sólo modificarían las disposiciones de la ley de concursos y quiebras, sino que se generaría un verdadero caos normativo; es decir, veinticinco leyes (23 Provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la AFIP) de concursos y quiebras a la medida de cada presunto acreedor fiscal, y en medio de dicho caos el responsable de todo: el síndico.
No compartimos el criterio expuesto por el Grupo de Procedimientos, dependiente de la Comisión de Estudios Tributarios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(10), que, en lo referente a “la forma y las condiciones que establezca dicho Organismo, es de esperar que, en forma inminente, se adecue la reglamentación vigente … Si bien el deber dispuesto por la norma excede del propio regulado en el artículo 29 de la ley 24522, el mismo, en tanto se enmarca en los deberes de colaboración para con la Administración Fiscal, debe ser cumplimentado por el síndico…”.
Es decir que afirma que lo dispuesto por dicha resolución general va más allá de lo normado por la ley concursal, pero ésta cede ante una supernorma el “deber de colaboración para con la Administración Fiscal”. Ignoramos dónde se encuentra legislado semejante principo, que obliga al funcionario concursal a violar la ley que crea y regula sus funciones. Téngase presente que “deber” es “estar obligado a algo” por la ley y “colaborar” es “trabajar con otra u otras personas” en la realización de una obra, es decir, ayudar con otros al logro de algún fin. Hemos dicho con insistencia que el síndico lo es por la ley de concursos y quiebras, la que establece con precisión sus deberes, que son distintos de los que pretenden imponerle la ley de procedimiento y la resolución mencionada, y no debe y no puede ayudar a ningún acreedor, es decir, no puede suplir la negligencia o inactividad de ningún pretenso acreedor, so pena de sanción por mal desempeño de sus funciones (art. 255, LC).
2.2. Períodos posteriores
Hay que distinguir dos subetapas:
2.2.1. Desde la presentación (apertura) hasta la homologación.
2.2.2. Desde la homologación hasta el cumplimiento del acuerdo.
La existencia de etapas diferentes hasta la homologación, y de allí hasta el cumplimiento del acuerdo, se relaciona directamente con el que sería el responsable de dicho contralor, ya que, según sea quien lo ejerce, tendrá o no responsabilidad fiscal desde el punto de vista de la ley de procedimiento.
En realidad, el corte no sería hasta o después de la homologación, sino hasta o después de que se ejecutan; si las hay, las medidas tendientes al cumplimiento del acuerdo homologado, en el que el Juez declara la finalización del concurso, dan por concluida la intervención del síndico, por lo que cesan, respecto del deudor, las limitaciones previstas en los artículos 15 y 16 (art. 59, LC). En los procesos denominados “A”, en los que la sindicatura es ejercida por un estudio, el controlador, por lo general, es el comité de acreedores (art. 250, LC), inmune por ahora a las cargas de la AFIP. En los clasificados “B”, dicha función, de no existir tal comité, recae en el síndico (art. 289, LC), vulnerable a las normas de la ley de procedimiento fiscal. En lo atinente a la relación Fisco-contribuyente, remarcamos lo expresado en el punto A.2.1): el estado concursal no genera ninguna restricción ni, que quede en claro, la más mínima limitación o reducción a las amplias facultades que detenta la AFIP. El contribuyente concursado conserva inalterable la facultad de administración de su giro comercial: sólo tiene prohibido realizar actos a título gratuito o que modifiquen la relación de los acreedores anteriores a su presentación, y para otros determinados necesita la autorización del Juez. Es decir, no existe, en esta etapa del proceso, diferencia entre un contribuyente concursado y uno “in bonis”.
B) QUIEBRA
Nos remitimos a lo expresado en el punto A.1), con la salvedad de que la publicidad de la existencia del estado de quiebra se efectúa solamente mediante la publicación de edictos (art. 89, LC); es decir que no hay circularización de acreedores.
2. Ingreso de los tributos adeudados por los responsables respecto de los períodos anteriores y posteriores. Auto de quiebra
El período informativo de la quiebra es idéntico al del concurso preventivo, por lo cual son válidos los criterios expuestos en el punto A.2.1), con la aclaración de que los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad del fallido pueden estar en poder de la sindicatura. En este supuesto, los mismos deben ponerse a disposición de los Fiscos Nacional y Provincial, de los sistemas de la seguridad social y de las obras sociales, entre otros; es decir, de todos aquellos presuntos acreedores que, con la inspección de los mismos, puedan determinar deudas a su favor. Como se señaló para el concurso preventivo, en el caso de la quiebra también existen providencias judiciales que, ante la consulta del síndico sobre el cumplimiento o no de la resolución general (AFIP) 745, se expresaron en el sentido de que dicho funcionario, en su labor, deberá desarrollarla de acuerdo con lo oportunamente ordenado en el auto de apertura de quiebra, y conforme con las disposiciones contenidas en la ley 24522 y con las normas que especialmente habilite la mencionada ley.(11)
Al respecto, queremos comentar brevemente el sumario iniciado por la AFIP contra el síndico de una quiebra(12), en el que se lo hacía responsable en forma personal y solidaria con la fallida en los términos de los artículos 6, inciso c), y 8, incisos a) y b), de la ley 11683(13) por la falta de presentación de declaraciones juradas y de pago del impuesto a los activos por los períodos fiscales 1993 y 1994. La quiebra de la sociedad fue decretada el 10 de agosto de 1995. La aceptación del cargo por el síndico data del 27 de agosto del mismo año. En junio y diciembre de 1996 la sindicatura, ante requerimientos de la entidad recaudadora, le informa que no tenía en su poder libros ni papeles de la fallida. En mayo de 1997 la AFIP procede a la determinación de oficio del impuesto a los activos de los períodos fiscales 1993 y 1994. En noviembre de 1997 le notifica al funcionario concursal -en su domicilio particular- la existencia del sumario que venimos comentando. Conforme con lo requerido por la ley concursal, el Fisco Nacional se presentó a verificar tempestivamente determinados créditos, que le fueron reconocidos, pero omite hacerlo por el impuesto a los activos, cuando se da cuenta de su error de responsabilizar al síndico de tal omisión, iniciándole el sumario. Repárese que la exigencia de la falta de presentación de declaraciones juradas y del pago de los impuestos en ellas determinados es incomprensible, aun en el supuesto de que se trate de una quiebra que deviene del fracaso del concurso preventivo con el mantenimiento del mismo síndico, ya que para los períodos en cuestión, desde la presentación en concurso hasta el auto de quiebra, el concursado conserva la administración de su patrimonio. Por lo tanto, la totalidad de las obligaciones tributarias (formales o materiales) está a su cargo. El síndico no tiene poder ni aptitud para hacerlo y, una vez decretada la misma, sólo resta la verificación de la acreencia, derecho que detenta exclusivamente el acreedor.
En mayo de 1999, finalmente, la AFIP deja sin efecto las impugnaciones y/o los cargos formulados al contribuyente (síndico), en su calidad de responsable en forma personal y solidaria con la contribuyente (la fallida), al igual que el sumario que se le instruyó. Repárese que en los considerandos de la resolución se manifiesta “que, no obstante el descargo formulado por el responsable, resulta necesario enfatizar que el criterio sustentado por la AFIP, en la vista de las actuaciones administrativas y de los cargos e impugnaciones con las que se incoa el presente proceso, se halla enmarcado dentro de los lineamientos del inciso b) del artículo 8 de la ley citada que establece…”.
Al respecto, queremos señalar que en la quiebra existían inversiones significativas en plazo fijo, producto de la liquidación de bienes, y que no se había efectuado ninguna distribución de fondos. Adviértase que el anterior texto del artículo 8, inciso b), de la ley de procedimiento decía lo siguiente: “…Obtener de la Administración Federal de Ingresos Públicos una constancia de la deuda antes de la reunión de acreedores o de la distribución de fondos…”.
Recordemos que uno de los efectos patrimoniales más significativos de la falencia es el desapoderamiento del fallido, es decir, la pérdida de la facultad de administrar y disponer de sus bienes, los que están sujetos a la ejecución colectiva. Ello se deduce del principio de universalidad: el patrimonio del deudor constituye la prenda común de sus acreedores.
Al respecto, dispone el artículo 109 de la ley de concursos y quiebras lo siguiente: “El síndico tiene la administración de los bienes y participa de su disposición en la medida fijada en esta ley”. Con relación a ello, expresa la Cámara que “quede en claro que el funcionario carece de la potestad para cumplir actos de disposición, cuya titularidad la tiene el Juez de la Quiebra, ciñiéndose a peticionar o a colaborar en estas operaciones”.(14)
Vamos a clasificar los actos de administración, de conformidad con el grado de responsabilidad tributaria, en “con o sin continuación de la explotación”.
a) Con continuación de la explotación
Dispone el artículo 192 de la ley de concursos y quiebras, para el primer supuesto, que el síndico o el coadministrador está autorizado para realizar todos los actos de administración ordinaria; es decir que se está reemplazando al fallido en el desarrollo de toda o parte de la actividad que él tenía, y por ende, debe cumplir con todas las leyes impositivas y de la seguridad social, entre otras, que estén en observancia y que recaigan sobre la actividad. En este supuesto es, por una parte, responsable del cumplimiento de la deuda ajena [art. 6, inc. c), ley de procedimiento fiscal], y por otra, responsable en forma personal y solidaria con los deudores [art. 8, inc. a), ley de procedimiento fiscal].
b) Sin continuación de la explotación
De acuerdo con la naturaleza del acto de administración, se los puede clasificar de la siguiente manera: de custodia, de conservación y de rentabilidad(15); los de custodia es difícil que generen obligaciones tributarias; en los de conservación pueden existir hechos imponibles al estar incluidas en ellos la continuación inmediata de la explotación y la venta de bienes perecederos; por último, están los actos de rentabilidad, es decir los que se realizan con el objeto de obtener ingresos: a modo de ejemplo, la locación de bienes que puede estar alcanzada por el impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto al valor agregado, según sea el tipo y monto del arrendamiento, entre otros. Hemos llamado la atención sobre algunos factibles casos de existencia de obligaciones tributarias, pero es difícil precisar a priori la totalidad de las mismas. Al respecto, hay que destacar que el síndico debe examinar cada uno de los actos de administración que realiza para ver si los mismos son objeto de cargas impositivas, ya que es el responsable del cumplimiento de los deberes formales y materiales normados en dichas leyes. Es decir que su responsabilidad surge de las facultades que le asigna la ley concursal y de la responsabilidad asignada en las leyes tributarias a los mandatarios. Con referencia a lo que estamos analizando, su responsabilidad se encuentra encuadrada en los artículos 6, inciso c), y 8, inciso a), de la ley de procedimiento fiscal.
Hemos analizado detalladamente cada uno de los aspectos normados en el inciso b) del artículo 8 de la ley 11683 -siendo éste el inciso que colisiona con lo dispuesto por la L. 24522-, y hemos visto que, salvo que se modifique sustancialmente la ley de concursos y quiebras, juntamente con la ley de sociedades y el Código Civil, o se los viole reiteradamente, es de imposible cumplimiento por el funcionario sindical lo que tal inciso dispone. Así también lo viene entendiendo la jurisprudencia, por lo que proponemos la derogación lisa y llana del mentado inciso.
S.PC.085.1.q1
[1:] Ver Maffía, Osvaldo J.: “Derecho concursal” - Ed. Depalma - Bs. As. - 1988 - T. I - pág. 5
S.PC.085.1.q2
[2:] Ver autos “Amiano, Marcelo Eduardo y otro c/Estado Nacional -Ministerio de Justicia- y otro s/proceso de conocimiento” - CSJN - 4/11/2003
S.PC.085.1.q3
[3:] Ver L. 26044, de modificación de la L. 11683 (t.o. 1998 y modif.) -BO: 6/7/2005-, juntamente con su D. 777/2005 de promulgación, con observaciones
S.PC.085.1.q4
[4:] En tal sentido, traemos el siguiente fallo: “Confitería Eden, de Oliver, Juan Benito; Oliver, Juan Miguel y Oliver, Graciela, Sociedad de Hecho s/concurso preventivo s/incidente de recusación con causa” - CNCom. - Sala B - 17/11/1997 - Expte. 28.628 - Juzgado Nº 18 - Secretaría Nº 35 - JA - 2000 - T. IV - Síntesis. En este proceso, se pidió la remoción y recusación con causa de la síndico “por negligencia, falta grave o mal desempeño de sus funciones”. Con la circularización a los acreedores denunciada, la síndica adjuntó un formulario preimpreso, para que fuese completado por los acreedores a modo de modelo de demanda de verificación. El concursado sostuvo que dicho proceder atenta contra la independencia de juicio que debe observar el funcionario con respecto al deudor y a los acreedores, y no debe ser la promotora de la concurrencia de la mayor cantidad de acreedores, ya que, al hacerlo, toma partido contra el concursado, cuyo legítimo interés radica en que su pasivo se configure en los más bajos valores posibles. La sentencia de primera instancia rechaza los pedidos del concursado y expresa que “…no se advierte que el envío de los formularios a los acreedores, oportunamente denunciados como tales por la propia deudora a fojas …, pueda importar mal desempeño ni falta grave”.
Con referencia a la apelación de tal decisorio, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B (causa 66226/1996), desestima la apelación y expresa que el texto-formulario nada indica, anuncia, instruye o recomienda sobre la procedencia o improcedencia futura de la acreencia, cuya verificación en el marco formal se solicita, y que sólo contiene pautas o especificaciones destinadas a facilitar y ordenar la tarea de verificación de créditos
S.PC.085.1.q5
[5:] Ver RG (AFIP) 1975, de fecha 9/12/2005 (BO: 12/12/2005). El art. 8 establece la entrada en vigencia a partir del 1/3/2006, y el art. 7 deja sin efecto, a partir de dicha fecha, la RG (AFIP) 745 y modif. En su art. 6, aprueba el nuevo modelo de formulario 735, que no posee cambios esenciales con el anterior, y su presentación se formaliza mediante la transferencia electrónica de datos vía Internet (art. 2)
S.PC.085.1.q6
[6:] Héctor Cámara señala al respecto lo siguiente: “El secretario del Tribunal es la persona encargada de la información del proceso de la quiebra [función indelegable (art. 276, LC -hoy art. 252, LC-)], por lo cual no podría cumplirla el síndico -como se entendía antes, frente al silencio legal-, y menos el deudor, persona autorizada para la publicidad del concurso preventivo” (ver Cámara, Héctor: “El concurso preventivo y la quiebra” - Ed. Depalma - Bs. As. - 1982 - Vol. III - págs. 1768 y 1769)
S.PC.085.1.q7
[7:] Ver autos “Valladares, Luis Bernardo s/concurso preventivo” - JNPI Civ. y Com. Nº 3 - Departamento Judicial de Quilmes.
En autos “SABB SA s/concurso preventivo” (JNPI Civ. y Com. Nº 9 - Departamento Judicial de San Isidro - Expte. 39.344), se afirma que “el suscripto considera que la sindicatura deberá dar estricto cumplimiento con las obligaciones que la ley 24522 establece, conforme surge de los artículos 27 y 29 de la ley citada; es decir, el Juzgado sólo puede exigir la aplicación de la ley que rige el trámite de los concursos y quiebras…”.
Por otra parte, en autos “Merlini, Jorge Aníbal s/concurso preventivo (pequeño)” (JCiv. y Com. Nº 7 - Departamento Judicial de Mercedes), se dice que “en cuanto a la resolución general (AFIP) 745, estima el infrascripto que la ley 24522 establece normas tendientes a dar a publicidad los concursos y quiebras a partir de las cuales podrán presentarse a verificación todos los acreedores que tengan interés en hacerlo … La resolución en cuestión excede la normativa legal citada en dicho sentido, posicionando ventajosamente al Ente Recaudador en relación con el resto de los acreedores … Que el señor síndico deberá atenerse a la aplicación de la ley 24522, y normas procesales correspondientes a la materia, lo que así se resuelve”
S.PC.085.1.q8
[8:] Ver autos “Estrada, Federico Gabriel c/AFIP s/contencioso administrativo” (causa 480/2003) - JFed. de San Luis - 17/3/2005 (sent. 49) y “Estrada, Federico Gabriel c/AFIP s/contencioso administrativo” (causa 1168/2002) - JFed. de San Luis - 29/3/2005 (sent. 52)
S.PC.085.1.q9
[9:] Ver R. (DGR Bs. As. cdad.) 1272/2001 - 19/4/2001 [BO (Bs. As. cdad.): 26/4/2001 - Nº 1180]
S.PC.085.1.q10
[10:] Ver Grupo de Procedimientos, dependiente de la Comisión de Estudios Tributarios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “Ley antievasión II. Informe sobre la ley 26044″, publicado en el sitio de Internet de dicha institución
S.PC.085.1.q11
[11:] Ver autos “Industria Papelera Azuleña SA s/quiebra” - JNPI Civ. y Com. Nº 3 - Departamento Judicial de Azul; “Cardone, José s/quiebra (pequeña)” - JNPI Civ. y Com. Nº 6 - Departamento Judicial de La Plata - Expte. 113.602 y “García, Edgardo Lucio s/quiebra” - JNPI Civ. y Com. Nº 11 - Departamento Judicial de Morón - Expte. 43.122
S.PC.085.1.q12
[12:] Ver autos “Mides SA Algodonera del Chaco ICIyA s/quiebra” - JCom. Nº 22 - Secretaría Nº 44 (en trámite) - Síndico: Dr. Arnoldo Aquiles Velarde
S.PC.085.1.q13
[13:] Como responsable del cumplimiento de deuda ajena, ver art. 6: “Están obligados a pagar el tributo al Fisco con los recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de deuda tributaria de sus representados … c) los síndicos y liquidadores de las quiebras…” Y como responsable en forma personal y solidaria con los deudores, ver art. 8: “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo … cuando por el incumplimiento de sus deberes tributarios no abonaran oportunamente el debido tributo…”
S.PC.085.1.q14
[14:] Ver Cámara, Héctor: “El concurso preventivo y la quiebra” - Ed. Depalma - Bs. As. - 1982 - Vol. III - pág. 2062
S.PC.085.1.q15
[15:] Ver Heredia, Pablo D.: “Tratado exegético de derecho concursal” - Ed. Ábaco - Bs. As. - 2001 - T. 3 - pág. 1026
rita dijo 6 Junio 2007 at 10:31 pm
yo necesito la relacion que hay entre la ley 11683 y 24522 en la parte impositiva nada mas, desde ya muchas gracias
rita dijo 6 Junio 2007 at 10:32 pm
es para un trabajo de teoria y tecnica impositiva ll, gracias
Nicolas dijo 7 Septiembre 2008 at 6:32 pm
Me parece sumamente criteriosa la conclusion del autor. De hecho en las clases de Practica Profesional (aclaro: soy alumno de CPN en la Universidad Catolica de Cordoba) analizamos, en el modulo de Responsabilidad Profesional, el caso del Sindico del Concurso Preventivo (no asi el de la Quiebra) como uno de los mas claros ejemplos de colision legal en materia de ejercicio profesional, donde las exigencias de la Ley 11683 se apartan ampliamente del rol que la Ley 24522 asigna al Sindico haciendo necesario que para la cobertura de su responsabilidad el Profesional acuda al ambito jurisdiccional y pida respuestas acerca de como debe aplicarse el derecho en estas circunstancias. Concuerdo absolutamente con la propuesta formulada en la Conclusion, y creo firmemente que es hora de que la AFIP tome en serio sus obligaciones y ejerza con responsabilidad las facultades que le han sido conferidas, dejando de una vez por todas de colocar a los profesionales en Cs. Ec. en el lugar de fiscalizadores de la conducta del cliente ya que es este un rol que no le corresponde. Muchas Gracias.
Pamela dijo 12 Noviembre 2008 at 12:52 pm
Me parece que el Dr Queralto deberia ser llevado ante el tribuanl de etica porque tiene gente trabajando en negro en su estudio.
Pablo dijo 20 Junio 2012 at 9:47 pm
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Recomposición patrimonial: estado actual-E. DANIEL BALONAS »
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30 Marzo 2007 a las 11pm

References: artículo 8
 resolución 
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 artículo 252
 resolución 
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 artículo 275
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 artículo 29
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 artículo 8
 artículo 8
 artículo 109
 artículo 192
 artículo 8
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