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Timestamp: 2018-08-15 20:14:55+00:00

Document:
﻿ AUTO AP5198-2016/45674 DE AGOSTO 10 DE 2016
AUTO AP5198-2016 DE 10 DE AGOSTO DE 2016
CONTENIDO:. EXPLICAN CÓMO SE CONFIGURA EL ERROR DE JUICIO EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA. SE EXPLICA QUE SI EL JUZGADOR SE APOYA EN UNA PRUEBA INEXISTENTE DEL HECHO INDICADOR O DEJA DE CONSIDERAR ALGUNA QUE LO SOPORTA O DISTORSIONA, ADICIONA O SUPRIME EL CONTENIDO LITERAL DE ALGÚN MEDIO PROBATORIO DEL MISMO O TOMA COMO SOPORTE UNA PRUEBA QUE FUE INCORPORADA AL PROCESO SIN SATISFACER LOS REQUISITOS LEGALES DE VALIDEZ ES CLARO QUE, POR ELLO, SE INCURRE EN UN DEFECTO EN LA EDIFICACIÓN DEL INDICIO QUE BIEN PUEDE SER DEMOSTRADO PARA SUPRIMIRLE TODO EFECTO PROBATORIO. ASÍ MISMO, SI AL APLICAR LAS LEYES DE LA SANA CRÍTICA AL HECHO INDICADOR EL FALLADOR LAS QUEBRANTA PARA ELABORAR INFERENCIAS SUBJETIVAS O CONTRARIAS A ELLAS INCURRE EN UN FALSO RACIOCINIO QUE PUEDE SER DENUNCIADO ESPECIFICANDO EL POSTULADO DE LA CIENCIA, LA EXPERIENCIA O LA LÓGICA INDEBIDAMENTE APLICADO, EL QUE EN CAMBIO DEBÍA APLICARSE Y LO QUE DEBÍA INFERIRSE DE ELLO. DE ESE MODO, SE CONCLUYE QUE ASÍ COMO EL INDICIO SUELE SER UN INSTRUMENTO DE CONVICCIÓN ÚTIL PARA LOGRAR EL CONVENCIMIENTO EN GRADO DE CERTEZA, PUEDE SER ATACADO A TRAVÉS DE UNA METODOLOGÍA TAMBIÉN LÓGICA Y COMPLEJA QUE DEMANDA UN DOBLE ESCRUTINIO, EL REFERIDO A SU CONSTRUCCIÓN Y EL ATINENTE A LA VALORACIÓN QUE DEL MISMO HAYA HECHO EL SENTENCIADOR, AMBOS PRECEDIDOS DE LA APLICACIÓN DE LA SANA CRÍTICA COMO MÉTODO DE PERSUASIÓN RACIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ABUSO DE CONFIANZA, DEMANDA DE CASACIÓN, INDICIO DE PRUEBA, INDICIO, PRUEBA DEL HECHO INDICADOR, FRAUDE PROCESAL, DENUNCIA FALSA, HURTO AGRAVADO, HURTO AGRAVADO POR LA CONFIANZA
Auto AP5198-2016/45674 de agosto 10 de 2016
Radicación Nº 45.674
1. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 180 del Estatuto Adjetivo actual, el recurso extraordinario de casación tiene como finalidad “la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia”(55).
Con tal propósito, el inciso 2º del artículo 184 ejusdem fijó las reglas mínimas de admisión de la correspondiente demanda, estableciendo que no se seleccionará aquella en la que i) el actor carezca de interés, ii) no se invoque la causal conforme a la cual se edifica el reproche de las contempladas en el canon 181 ibidem, iii) se omita desarrollar los cargos correspondientes o, iv) fundadamente se logre establecer que no se requiere de la sentencia para cumplir las finalidades previstas en el aludido precepto 180; lo anterior, salvo que el cumplimiento de alguno de esos fines permita superar los defectos técnicos que exhiba el libelo y decidir de fondo.
También tiene decantado la jurisprudencia que, la demanda debe ser íntegra en su formulación, suficiente, clara y precisa en su desarrollo y eficaz en la pretensión, de tal suerte que se debe soportar en los principios que rigen el recurso extraordinario, en especial, los de claridad, fundamentación debida, prioridad, no contradicción, corrección material, crítica vinculante y autonomía, sin que sea viable argumentar a la manera de un alegato de instancia. La proposición de los cargos requiere escoger adecuadamente la causal y el sentido de la violación y, concretar el disenso en términos de trascendencia.
2. Los libelos que se examinan no satisfacen los requisitos mínimos que exige el referido artículo 184 ibidem para su admisión y, por lo tanto, no pueden ser seleccionados.
Para empezar, si bien los demandantes intentaron justificar el recurso, apelando, para el efecto, a algunas de las finalidades de que trata el canon 180 ejusdem, no cumplieron con la carga argumentativa mínima que permita entender satisfecho este presupuesto demostrativo.
En efecto, el representante de la Fiscalía dijo que buscaba el respeto de las garantías de los intervinientes, pero al justificarlo se limitó a criticar a los juzgadores por incurrir en “errores de juicio, interpretación errónea, e incorrecta apreciación de las pruebas”(56), sin especificar cuál fue la prerrogativa verdaderamente quebrantada. Así mismo, el representante de la víctima aseguró que pretendía la efectividad del derecho material y el respeto de las garantías debidas a su cliente, pero no concretó dicho propósito.
Las censuras de los recurrentes tampoco cumplen mínimos parámetros argumentativos.
3. En cuanto al único cargo de la demanda de la Fiscalía, es clara su deficiencia porque no solo equivoca la ruta de ataque sino que se presenta como un mero alegato de instancia, proscrito en sede de casación, en la medida que apareja un criterio diverso al de los falladores que aspira a ser sobrepuesto al de ellas, sin poner en evidencia yerro específico alguno de las sentencias.
En verdad, se observa que el funcionario invoca un error de derecho por falso juicio de convicción, pero intenta demostrar presuntos cercenamientos, tergiversaciones, omisiones probatorias y defectos en el ejercicio valorativo que no corresponderían al tipo de yerro denunciado sino a errores de hecho en las modalidades de falso juicio de identidad, existencia y raciocinio, postulación que, de este modo, vulnera el principio de crítica vinculante.
Repárese que el falso juicio de convicción no guarda ninguna correspondencia con la falta de apreciación de una prueba o, con la deformación de la misma por el juzgador o, con la ruptura de las reglas de la sana crítica y, en cambio, consiste en dejar de otorgar al medio probatorio el mérito previa y expresamente asignado en la ley o en darle uno diverso al que ella le atribuye.
Ahora, de superar semejante dislate, es manifiesto que el libelo no cumple con los principios de claridad, fundamentación debida y no contradicción pues el escrito no permite establecer cuál es la anomalía que verdaderamente genera la inconformidad del actor, pues a la par que aduce que varios de los hechos y las pruebas fueron ignorados, ostiene que también se desmembraron o fraccionaron y que se les dio un mérito equivocado, lo cual enseña un claro contrasentido argumentativo, imposible de superar, dadas las diferencias superlativas de cada una de esas hipótesis y el carácter rogado del recurso que impide remediar tales falencias demostrativas.
Así, si lo pretendido era acreditar que los juzgadores desfiguraron los testimonios de S. F. A. R. Y L. C. P., porque los mutilaron o los tergiversaron o simplemente no contemplaron alguna de las pruebas incorporadas a la actuación, ha debido acudir a las sendas de los errores de hecho por falso juicio de identidad o de existencia, respectivamente, exhibiendo, en el primer caso, el aparte de la prueba tergiversado o cercenado y el de la decisión acusada en el que el yerro es perceptible o, probando que alguno de los elementos de convicción, en efecto, no fue sopesado, por las instancias, pese a que resultaba indispensable a los efectos del sentido de la sentencia.
A cambio de esto, el libelista se limita a asegurar que no se tuvieron en cuenta múltiples aspectos, entre ellos, que i) bajo el pretexto de no haber recibido las esmeraldas A. le reprobó a la víctima y a L. C. P. que le reclamaran por no devolverlas o pagar su precio; ii) la referencia, por parte de los acusados, a varios compradores inexistentes, la venta de las esmeraldas por $325.000.000, los plazos de 3 y 30 días e incluso de semanas, solicitados en veces por S. S., la falsa aparición de las piedras en una casa de empeño y en unas cajillas del Banco Agrario y el presunto hurto de tales bienes por unos sujetos que portaban armas de fuego; iii) la presentación de tres denuncias falsas; iv) la enajenación, en noviembre de 2005 de un inmueble de propiedad de M. A. S. B., por poder conferido a A. S. S.; v) los términos del documento contentivo de una propuesta de transacción; vi) la cita que le puso A. a S. en el café El XXX a la que no compareció aquél sino dos sujetos —supuestamente de la policía—que lo intimidaron por las reclamaciones que venía haciendo; vii) el pago de los créditos hipotecarios adquiridos por la esposa de A. y madre de M. A.; viii) el intento de persuasión de A. a L. C. P. para que no reclamara por unas piedras que no eran suyas y ix) la salida del país de M. A. hacia China.
Sin embargo, la verificación de los fallos permite establecer que, contrario a lo argüido por el demandante, todos estos aspectos fueron evaluados —en su exacto contenido literal—, solo que no se les dio el alcance aspirado por el ente acusador. Los siguientes apartes del fallo de primer nivel así lo enseñan:
Ahora bien, durante el juicio la Fiscalía presentó varios testimonios, entre ellos el del señor S. F. A. R. (sic), testigo presencial de esos hechos quien afirmó conocer al señor A. S. S. desde el año 2000 aproximadamente, como tallador de esmeraldas, y en dicha labor colaboraba igualmente su hijo M. A. (sic) S. B., con quienes tuvo varios negocios de confianza.
Narró que por virtud de esa relación negocial previa, en el año 2005 adquirió en las minas de XXX (XXX) varias esmeraldas que entregó para el correspondiente tallado a A. S. S. en su taller de joyería ubicado en Bogotá, y el 4 de agosto de 2005 cuando recibió las piedras ya talladas -siete en total- M. A .S. S. dijo tener un comprador, razón por la cual accedió a entregárselas en el mismo lugar (oficina de su padre) para que las vendiera en esa fecha.
Sin embargo recibió una llamada telefónica media hora después del señor S. B. quien solicitó autorización para vender las gemas por un monto inferior acordando y autorizando $325.000.000. Más tarde llegó al taller S. B. informando que se (sic) el pago se efectuaría en tres días después, pero no se cumplió requiriendo entonces plazos adicionales, sin que jamás recibiera dinero ni los elementos su propietario. Luego, en una cafetería ubicada en el centro de la ciudad, al increpar al señor M. A.(sic) S. por el dinero o las piedras, su padre A. S. S. intervino y se comprometió a asumir el pago de los bienes referidos.
Para el efecto solicitó a la víctima (sic) plazos, luego lo citó en la Cafetería El XXX para supuestamente cancelar el valor de las piedras pero en dicho lugar R. (sic) A. fue hostigado por dos sujetos para que no continuara efectuando el cobro de las esmeraldas. Luego se le exhibió un documento de transacción que estimó extraño en su contenido porque le hacía responsable de la seguridad y bienestar de los deudores y además ofreciendo inmuebles registrados a nombre de terceras personas.
Igualmente compareció el señor L. C. P. quien coincidió en la actividad comercial vinculada a las esmeraldas y narró cómo (sic) entregaban a M. A. S. B. piedras preciosas para su venta en comisión, e incluso él facilitó en el mismo año unas que nunca le pago, por lo que en su momento lo denunció.
Así mismo confirmó que S. F. A. R. entregó las piedras preciosas a M. A. S. B. en la oficina del señor A. S. S. y cómo posteriormente ante la ausencia de pago de las mismas, éste último se hizo cargo de la obligación ante los varios pretextos que adujo su hijo al propietario que reclamaba los bienes o su valor en dinero.
A partir de lo anterior, se acredita la existencia del supuesto fáctico de la acusación relativo a la entrega real y material de siete (7) esmeraldas con un peso aproximado de 76 quilates y avaluadas inicialmente en $350.000.000, luego en $325.000.000. Entrega que se efectuó por parte de S. F. A. R. (sic) al señor M. A (sic) S. B., y que como lo resaltó la defensa se produjo de manera voluntaria con el objeto de intermediar en su venta, es decir venderlas a un tercero.
Pero lo que no puede afirmarse, como lo planteó el ente acusador durante la imputación, acusación e inicio del juicio oral es que el padre de SILVA BORDA hubiese intervenido para que se produjera esa entrega. Por el contrario, las propias manifestaciones de la víctima directa en estos hechos desvirtúan tal situación, pues fue claro en señalar que antes del mes de agosto de 2005 ya había negociado con uno y otro -padre e hijo- pero de manera independiente a pesar que el último colaboraba con el primero en el taller de joyería.
Concretamente el día que entregó las piedras preciosas lo hizo por la manifestación que realizó S. B. en el sentido de tener un comprador, sin que en ello interviniera u opinara A. S. S., y aunque estuviera presente cuando se convino el negocio o la intermediación.
Precisamente la Fiscalía en sus alegatos conclusivos modificó el planteamiento para vincular a S. S. con el hecho delictual atentatorio del patrimonio económico aludiendo un supuesto encubrimiento, por la intervención que tuvo posteriormente al incumplimiento en el pago de las esmeraldas para mantener a la víctima (sic) en una falsa expectativa de recuperación de bienes o su equivalente en dinero. Pero esa hipótesis derivaría en la misma conclusión anterior: no existe participación o intervención de A. S. S. cuando se perpetra la defraudación patrimonial, valga decir cuando M. A. (sic) S. B. recibe las esmeraldas y decide no devolverlas a su dueño ni cancelar su valor.
Pero es que además lo planteado por la defensa en punto a la preocupación del padre y la intención de asumir el valor de los bienes cobra fuerza con la misma narración de los hechos que hicieron A. R. (sic) y C. P. : es cuando se produce el encuentro en la cafetería del centro de la ciudad entre estos dos y M. A. (sic) S. que su padre acude y anuncia que se hará cargo y responderá por el monto adeudado—a uno y otro— pero exige que su hijo no sea molestado ni requerido para ese pago. Termina por confirmar la situación el señor P. A. S., hermano y tío de los acusados cuando afirma que el primero pretendió pagar por lo que hizo su hijo.
Pero además es claro que la coautoría exige varios supuestos o requisitos a la luz del artículo 29 del Código Penal: (i) existencia de un acuerdo común, (u) división de trabajo y (iii) relevancia o importancia del aporte. Y si no existió intervención por parte de A. S. S. cuando se produjo la entrega del bien y se convino la intermediación para la venta, se desvanece entonces la pretendida coautoría que alego (sic) inicialmente la Fiscalía. Menos se puede afirmar que el (sic) S.S. fue autor intelectual y S. B. autor material, cuando jamás se dijo por parte de la víctima (sic) que el primero referenciara, refiriera, recomendara o insinuara de alguna manera a su hijo para efectuar ésa transacción comercial con las siete (7) esmeraldas objeto material del delito (57).
De similar manera, en la sentencia del Tribunal se expresó:
Al respecto y como se indicó en precedencia, de manera clara, precisa y veraz Segundo F. A. R. señaló que entregó las siete (7) esmeraldas a M. A. S. B., en razón a que este le indicó que se las mostraría a una persona interesada y accedió a ello, por la confianza que le tenía, al igual que a su progenitor A. S. S, situación que corroboró L. C. P., testigo presencial del momento en que A. R. entregó las gemas a S. B.
Ahora, frente a la coautoría y responsabilidad de A. S. S., para la Sala con las pruebas practicadas en el juicio oral no es posible predicarla más allá de toda duda, pues si bien, la víctima señaló que este era quien había fraguado el delito y envió al hijo para que le entregara las esmeraldas, ello en realidad no se acreditó cabalmente en el juicio oral, pues sobre este aspecto de manera por demás especulativa el aludido testigo indicó(58):
“¿usted dijo que A. S. estaba metido, por qué hizo esa afirmación? Es decir, yo le tenía bastante confianza tanto a A. como al hijo, me equivoqué y no pensaba que A. fuera capaz de robarme las piedras, pero él fue el que fraguó el cuento que tenía un cliente y mandó al hijo que me las pidiera y se las diera a él después. ¿Por qué manifiesta que mandó al hijo? Es visible, entre tantas mentiras que contaron y cuando cogían al chino miraba al papá a ver que podía decir. ¿Usted supone? Indudablemente tiene uno que pensar en algo”.
A lo anterior se suma que, de acuerdo con lo señalado por L. C. P., la intervención de A. S. S. se presentó con posterioridad a la entrega de las esmeraldas y debido a la presión que ejercía él y el denunciante sobre M. A. S. B., razones por las que su padre optó por intervenir y hacerse responsable de la situación, testigo este que no mencionó que S. S. hubiera estado presente o intervenido cuando la víctima entregó las esmeraldas a su hijo Miguel ángel Silva. Al respecto adujo(59):
“(...) M. también llamaba a su papá y A. lo que nos decía era que tranquilos, que él nos respondía, el comenzó a hacerse cargo desde esa época, él nos decía que nos respondía por la plata o las piedras”.
Adicionalmente, contrario a lo manifestado por el apoderado de la víctima y el representante de la Fiscalía, el hecho de que A. S. S. se hubiera apersonado y manifestara que respondía por la actuación del hijo, no implica necesariamente que tuviera la calidad de coautor, pues aunque luego de esgrimir diferentes explicaciones y excusas, finalmente no devolvió las gemas ni el producto de su venta, ello no constituye prueba suficiente para atribuirle responsabilidad por el delito atentatorio del patrimonio económico, como acertadamente lo concluyó el a quo.
De otra parte, aunque A. S. presentó un documento de transacción en el que pretendía entregar dos inmuebles ubicados en XXX y XXX, los cuales se encontraban a nombre de B. L. B. y E. P. M., ambos con hipoteca, a cambio de que se entregaran las letras de cambio suscritas por M. A. S. B. y cesaran las presuntas amenazas en su contra y de su familia60, ello no implica que actuara en calidad de coautor.
Al respecto, de forma espontánea y digna de credibilidad el señor P. A. S. S. —hermano de A. S., señaló que este le comentó preocupado que el denunciante y el testigo C. P. le habían entregado unas gemas a su hijo y nada se sabía de estas, al igual que al preguntarle a su sobrino, este manifestaba que las había entregado a un señor “XXX” del que les suministró el teléfono y este les respondía que se encontraba en Cali, pero que no había ningún problema con la negociación61.
Este testimonio, practicado a instancias de la defensa, coincide con el dicho del testigo de cargo de la Fiscalía O. C. G., quien adujo que M. A. S. B. —amigo suyo le ofreció entregarle cuarenta millones de pesos ($40.000.000) a cambio de que se hiciera aparecer telefónicamente ante su padre A. S. S., como comprador de las esmeraldas(62) “El me llamó proponiéndome, o sea, no sé, un negocio que me ofreció 40 millones de pesos para que lo cubriera con el papá, con don A. S. (…) o sea, solo él me dijo que había hecho un negocio muy bueno, pero que la plata se la demoraban y necesitaba que yo lo cubriera telefónicamente con el padre (...).
Pruebas que permiten evidenciar que ciertamente, como lo concluyó el a quo, el procesado S. S. intervino para tratar de ayudar a su hijo con posterioridad a que este recibiera las gemas y no diera cuenta de estas ni de su valor al propietario y por ende, no es dable predicar su coautoría en el hurto.
Sostienen sobre este aspecto la Fiscalía y el apoderado de la víctima que el padre fraguó el delito junto con su hijo, pues esgrimió excusas para ganar tiempo y que este último posteriormente saliera del país, circunstancia que como se dijo evidencia su intención de apoyar a su congénere, pero no indica que el padre fuera coautor, ni tampoco la alusión a que las gemas estaban empeñadas y se requería de veinticuatro millones de pesos ($24.000.000), para recuperarlas, como lo pretendió el apoderado de la víctima, pues sobre este aspecto no se ahondó en el interrogatorio de la Fiscalía.
A lo anterior se suma, que si bien, al juicio oral se presentó la investigadora A. L. G. R. con la que se incorporó la certificación emitida por Davivienda sobre los créditos que tenía desde mil novecientos noventa y siete (1997), la señora B. L. B. C. —cónyuge de A. S. S., los cuales aparecen cancelados el veintisiete (27) de octubre de dos mil seis (2006), ello en manera alguna, permite concluir que se pagaron con el producto de la venta de las esmeraldas entregadas por A. R., como lo pretendieron la Fiscalía y el apoderado de la víctima.
Ahora, los testimonios de F. V. B. y F. L. G.—investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones(63) en manera alguna permiten emitir condena contra A. S. S. por el delito en mención, pues depusieron sobre las labores investigativas relacionadas con la compra y venta de un inmueble y la segunda, sobre las denuncias presentadas por los procesados que serán tema de estudio en el siguiente acápite.
Así mismo, el testimonio de E. P. M. versó sobre la adquisición de la casa de propiedad de M. Á. S. B. en XXX, pero no realizó manifestación alguna sobre los hechos objeto del detrimento patrimonial de S. F. A.R.(64).(65).
Ahora, si lo objetado era la credibilidad positiva o negativa, según el caso, conferida al acervo probatorio, como cuando el libelista reprueba que los juzgadores estimaran que A. S. S. solo tuvo la intención de apoyar a su hijo en las consecuencias del problema suscitado pero no participó en el hurto de las esmeraldas ni en la denuncia falsa contra O. C. G., el fiscal desconoció que este no es un aspecto susceptible de ser acusado en casación, toda vez que el juzgador goza de cierta discrecionalidad para otorgarle mérito a las pruebas analizadas, siempre que respete los parámetros de la sana crítica.
Es que, si lo discutido era, justamente, que los razonamientos de los falladores no se sometieron a los criterios racionales de las reglas de la experiencia, los postulados de la lógica o las leyes de la ciencia, el impugnante ha debido seguir los lineamientos del falso raciocinio, teniendo en cuenta que, las especulaciones o conjeturas son ajenas a este tipo de reproche, por manera que para acreditar dicho error de juicio, estaba impedido para esbozar sin soporte empírico, lógico o científico, proposiciones en las que únicamente se advierte un criterio divergente u opuesto al de los sentenciadores pero que no logra evidenciar algún defecto en el proceso de aprehensión suasoria de los jueces.
Nótese, por ejemplo, cómo, sin ninguna fórmula de juicio, el censor reprueba a los sentenciadores por i) inferir que las explicaciones dadas por S. S. a la víctima y su intervención en la formulación de propuestas de arreglo fallidas, tuvo por objeto la intención de responder por la situación problemática de su hijo, ii), conferirle credibilidad limitada a los testimonios de L. C. P. y S. F. A. R. y, iii) no entender que el documento de transacción promovido por S. S. constituía prueba de su responsabilidad penal en la comisión de los injustos.
Dichos reparos, en la forma como fueron concebidos por el fiscal, no muestran error alguno de juicio de las instancias, pues se soportan en la opinión particular del demandante y en una presunta regla de la experiencia, según la cual, “en principio, los jueces no incurren en errores de derecho por falso juicio de convicción en la redacción de las sentencias, porque la ley adjetiva penal no tiene tarifados los medios de prueba. Pero por excepción el legislador consagró esa forma de violar indirectamente la ley sustancial al establecer que solo con pruebas de referencia no se puede fundamentar una sentencia de condena”(66), premisa que no solo no determina ninguna pauta de conducta de carácter general y constante materialización que pudiera regular el caso concreto, sino que exterioriza la severa incongruencia argumentativa derivada de fusionar la presunta violación a las leyes de la sana crítica con la supuesta vulneración de la restricción legal de fundar la sentencia, de manera exclusiva, en pruebas de referencia que ni siquiera identifica.
Es más, las críticas del funcionario no confrontan los fundamentos de las sentencias, requisito indispensable para derruir la doble presunción de acierto y legalidad del proveído impugnado.
Repárese, al respecto, que la conclusión absolutoria de los jueces provino del análisis conjunto del plexo probatorio que informó que S. S. no participó, a título de coautor propio o impropio, en la comisión de los injustos atribuidos.
Es así como, de los fallos, resulta conveniente destacar que es la misma víctima quien contó que el negocio de las esmeraldas lo hizo con M. A. sujeto con el que en otras oportunidades había tenido similares relaciones comerciales, además que O. C. G. narró que M. A. S. B. le ofreció pagarle $40.000.000 a cambio de que frente a su padre A. y el dueño de las esmeraldas se hiciera pasar como el comprador de las mismas, lo cual le sugirió a las instancias que el hurto de las piedras preciosas únicamente estuvo en cabeza del hijo y no del padre.
Del mismo modo, se acreditó que quien presentó la denuncia contra C. G. no fue A. sino M. A., de tal suerte que se descartó que hubiera tenido participación en tal subterfugio recreado por el último mencionado, enderezado a distraer la atención de su progenitor y de la víctima frente al hurto. Así también, P. S. S. narró, cómo fue que un día, al llegar al negocio de su hermano A., se percató de que éste estaba siendo amenazado por una persona que decía tener vínculos con la oficina de XXX y pretendía el recaudo de unas letras firmadas por M. A. en garantía del valor de las gemas, versión que, condujo a confirmar las intimidaciones que S. S. venía sufriendo por cuenta del no pago de dichos títulos valores, de las cuales habría informado en la denuncia penal contra A. R. y C. P., cuestión que le sirvió a las instancias, entre otras razones, para estimar que por esta noticia criminal y por la formulada contra los mismos por el punible de extorsión no se evidenció que los hechos allí narrados no tuvieran sustento en la realidad, como para entender demostrado el reato de falsa denuncia contra persona determinada.
Así también, es palmario que el fiscal no respetó la técnica que informa la demostración de los errores de juicio en la valoración de la prueba indiciaria.
En verdad, tratándose de la crítica respecto de la apreciación del indicio, la Sala tiene decantado que esta prueba como los demás medios de conocimiento pueden ser controvertidos demostrando la existencia de i) errores de hecho (falsos juicios de existencia o identidad) o de derecho (falso juicio de legalidad) respecto de la prueba del hecho indicador, ii) errores de raciocinio respecto del proceso de inferencia lógica o iii) yerros de raciocinio frente a la convergencia de los indicios entre sí y con los demás medios cognoscitivos.
Si el juzgador se apoya en una prueba inexistente del hecho indicador o deja de considerar alguna que lo soporta, o distorsiona, adiciona o suprime el contenido literal de algún medio probatorio del mismo o toma como soporte una prueba que fue incorporada al proceso sin satisfacer los requisitos legales de validez, es claro que, por ello, se incurre en un defecto en la edificación del indicio que bien puede ser demostrado para suprimirle todo efecto probatorio.
De igual modo, si al aplicar las leyes de la sana crítica al hecho indicador, el fallador las quebranta para elaborar inferencias subjetivas o contrarias a ellas, es nítida la configuración de un falso raciocinio que puede ser denunciado especificando el postulado de la ciencia, la experiencia o la lógica indebidamente aplicado, el que en cambio debía aplicarse y, lo que debía inferirse de ello.
Lo importante, entonces, es saber que así como el indicio suele ser un instrumento de convicción útil para lograr el convencimiento en grado de certeza, puede ser atacado a través de una metodología también lógica y compleja que demanda un doble escrutinio, el referido a su construcción y el atinente a la valoración que del mismo haya hecho el sentenciador, ambos precedidos de la aplicación de la sana crítica como método de persuasión racional.
En el caso de la especie, al libelista le bastó indicar que el ad quem no tuvo en cuenta varios indicios graves (oportunidad para delinquir, mentira y manifestaciones posteriores) sin especificar, mínimamente, si el yerro se produjo respecto del hecho indicador o la inferencia lógica.
Mucho menos, se refirió a la trascendencia del presunto dislate.
De otro lado, en cuanto al injusto de fraude procesal por el que fueron absueltos ambos acusados, el recurrente tampoco exhibe, por la ruta de la infracción directa y en censura autónoma(67), el fundamento jurídico desde el punto estrictamente dogmático para rebatir con suficiencia el criterio de los juzgadores según el cual no está probada la materialidad de esta conducta, debido a que la denuncia falsa contra O. C. G no se aportó al proceso que nos ocupa ni a ninguna otra actuación judicial o administrativa como para predicar que se hubiera inducido en error al funcionario a cargo a efecto de obtener una decisión manifiestamente contraria a derecho.
En efecto, se advierte que el demandante apela a justificar la sanción de una suerte de concurso de tipos entre el delito de falsa denuncia contra persona determinada y el de fraude procesal, de naturaleza solamente aparente, en la medida que señala que dicha falsa denuncia indujo en error al fiscal al que le fue asignado ese asunto, desconociendo con ello que tal comportamiento delictivo se subsumió, precisamente, en el de falsa denuncia contra persona determinada por el que fue condenado M. A. S.B.
Lo mismo podría haberse sostenido respecto de las otras dos denuncias, esto es, que de haberse acreditado la falsedad de la incriminación allí consignada, las acciones motivo de reproche penal habrían quedado sancionadas con el reato de falsa denuncia contra persona determinada; sin embargo, como se sabe, frente a estos puntuales hechos, las instancias dictaron sentencia absolutoria.
En estas condiciones, es inviable la admisión de esta demanda.
4. El libelo del representante de la víctima, al igual que el que se acaba de revisar, tampoco cumple mínimos parámetros de postulación y demostración.
4.1. Así, frente al primer cargo, aunque el letrado invoca un falso juicio de identidad por tergiversación, asegura que el yerro del Tribunal proviene de ignorar las pruebas que demostraban las coartadas edificadas por los acusados, lo cual ubicaría la censura en un falso juicio de existencia por omisión que no estaría llamado a prosperar en la medida que tanto los hechos que dice fueron inadvertidos por los juzgadores —el incumplimiento de A. a la cita en el café El XXX a la que acudieron dos sujetos que hostigaron a la víctima—como los medios de convicción —denuncia y testimonio de S. F. A. R., declaraciones de L. C. P., O. C. G., F. V. B. y F. L. G., denuncia de M. A. S. B. contra O. C. G., denuncias de S. B. y S. S. contra S. F. A. R. y L. C. P.y documento de transacción extraprocesal—, sí fueron examinados por los juzgadores y, el jurista tampoco indicó cuáles fueron los fragmentos probatorios tergiversados de cara al fallo impugnado.
A la referida deficiencia argumentativa se añade que el falso juicio de identidad pregonado también se hace confluir en la violación de los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia y las reglas de la experiencia —de ninguna manera identificadas—y en la suposición de algunos elementos de convicción—tampoco reseñados—, lo que se aleja del tipo de reproche postulado para hacerlo descansar, en cambio, en los errores de hecho por falso raciocinio y falso juicio de existencia por suposición, en su orden.
La sin razón del abogado se acrecienta cuando, sin respetar el principio de autonomía, asevera que el Tribunal incurrió en falso raciocinio porque estimó que A. S. S. no cometió ningún delito ya que no uso las denuncias en el proceso penal y aduce que tal yerro estaría acreditado con algunos testigos, pero ni siquiera indica quiénes serían esos deponentes ni la relación con tal tema de prueba y tampoco identificó el parámetro de la persuasión racional violentado.
4.2. En el segundo cargo, además que el abogado entremezcla, como en la censura anterior, críticas que indistintamente las ubica en el error de hecho por falso raciocinio y por falso juicio de identidad, no reseña las presuntas leyes de la sana crítica conculcadas, pues al respecto habla de uno de tres elementos, sin especificar a qué se refiere, y a unos “principios internacionales de derechos humanos”(68) en modo alguno determinados y referidos a las reglas de la persuasión racional.
De igual manera, asegura que los falladores no analizaron los supuestos a los que también aludió la Fiscalía y a los que se hizo referencia atrás, pero, al igual que como se respondió a la demanda del ente acusador, queda claro que tal aseveración del impugnante no satisface el postulado de corrección material, pues todos ellos fueron evaluados, pero en sentido diverso al que pretende el representante de la víctima.
Así mismo, aunque afirma que conforme a «las reglas de la experiencia o la lógica del ser», los enjuiciados sabían lo que hacían y que la víctima no les representaba ningún peligro dada su avanzada edad, no precisa el alcance de su afirmación ni determina el axioma empírico o lógico específico a aplicar en el caso concreto.
4.3. Igualmente, múltiples son las deficiencias del tercer cargo, ya que acusa la violación indirecta de la ley sustancial tanto por error de derecho como de hecho, pero no solo no señala si lo denunciado es un falso juicio de convicción o de legalidad —en el primer caso— o un falso juicio de existencia, identidad o raciocinio—en el segundo evento—, sino que a la par reprueba la falta de aplicación del artículo 453 del Código Penal que describe el tipo de fraude procesal, lo que se acomoda a la ruta directa de la infracción sustancial y no conforme con eso, predica que el yerro proviene de la ausencia absoluta y también parcial de motivación, anomalías cuya demostración es del resorte de la causal segunda de casación.
Así mismo, en torno a la crítica que apunta a reprobar que los juzgadores no hubieran condenado a los procesados por el delito de fraude procesal, la Corte se remite a la respuesta ofrecida a similar réplica de la demanda de la Fiscalía, agregando que resulta incomprensible e impertinente el argumento según el cual dicho punible no se predica exclusivamente de las actuaciones judiciales sino también de las administrativas, pues, justamente, la supuesta inducción en error que arguye el representante de la víctima no habría ocurrido ante ninguna autoridad administrativa.
Igualmente, es necesario precisar al recurrente que, si bien esta corporación cuenta con la facultad oficiosa de admitir a trámite una demanda que no satisface los presupuestos de lógica y debida argumentación previstos en el artículo 184, esta es una potestad discrecional que no responde a la solicitud que con esa pretensión formule el recurrente, ya que por virtud del principio de limitación, la Sala está impedida para reformularla o modificarla y el censor tiene la carga de elaborarla respetando todos aquellos parámetros.
Finalmente, es necesario puntualizar que no se observan flagrantes violaciones de derechos fundamentales, causales de nulidad, ni motivos que conduzcan a la necesidad de un pronunciamiento profundo frente al expediente en razón de las finalidades de la casación, salvo por el que enseguida se anunciará.
En verdad, si bien el recurso extraordinario de casación no constituye una oportunidad para rebatir el criterio del juzgador, como si se tratara de una instancia adicional, sí comporta un control de legalidad y constitucionalidad concreto frente al fallo recurrido, que propende por la eficacia de los fines previstos en el precepto 180 del ordenamiento procesal penal vigente.
En ese orden, el canon 184, inciso 3º de la Ley 906 de 2004, faculta a la Corte a actuar oficiosamente, cuando aun inadmitiendo la demanda de casación advierta la necesidad de hacer efectivo el derecho material, preservar o restaurar las garantías de los intervinientes, reparar los agravios inferidos a éstos o unificar la jurisprudencia por razones distintas a las planteadas en el libelo.
Esta es la ocasión, pues la Sala advierte que, al parecer, en el ejercicio de redosificación punitiva que comportó la modificación, que a petición de la Fiscalía, se hizo respecto del delito de abuso de confianza agravado por la cuantía para condenar, en cambio, por el de hurto agravado por la confianza y la cuantía, el Tribunal vulneró el principio de legalidad de la pena, en relación con la tasación de la sanción privativa de la libertad del delito lesivo del patrimonio económico, particularmente, al delimitar los extremos de movilidad que surgen de la aplicación de las circunstancias de agravación descritas en los artículos 241.2 y 267.1 del Código Penal, lo que de manera eventual ameritaría la casación oficiosa y parcial del fallo, a fin de restablecer las garantías probablemente trasgredidas al enjuiciado.
Así las cosas, una vez proferida esta decisión y cumplido con el rito de la insistencia, el expediente regresará al despacho del Magistrado Ponente con el propósito de que la Sala se pronuncie oficiosamente acerca de la posible vulneración de derechos fundamentales, conforme se ha indicado.
Primero. Inadmitir la demanda de casación presentada por los representantes de la Fiscalía y la víctima contra la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, del 16 de diciembre de 2014.
Segundo. Conforme al inciso 2º del artículo 184 del Código de Procedimiento Penal de 2004, y bajo los términos expuestos en la parte considerativa de esta providencia, procede la insistencia.
Tercero. En firme la anterior decisión y cumplido con el referido trámite, regresar la actuación al despacho del Magistrado Ponente para que la Sala se pronuncie oficiosamente acerca de la posible vulneración de garantías fundamentales.
55 . Artículo 180 de la Ley 906 de 2004.
56 . folio 106 del cuaderno del Tribunal.
57 Cfr. folios 281-283 de la carpeta 1.
58 Record 01:28:42 y ss del video 2 del Cd 14.
59 Record 38:50 y ss del video 2 y record 02:11:24 y ss del video 2 del Cd 14.
60 El documento obra a folios 223 a 225 de la carpeta 1 y fue incorporado a través del testigo S. F. A.R.; record 01:01:59 y ss del video 2 del Cd 14.
61 Record 10:20 ss, Cd 14, video 5.
62 Record 16:00 ss, Cd 14, video 3.
63 Record 01:02:20 ss, video 4 y 18:05 s, video 6, Cd 14.
64 Record 3:20 SS, video 6, Cd 14.
65 Cfr. folios 50-54 del cuaderno del Tribunal.
66 Cfr. folio 111 ibidem.
67 Recuérdese que cada ruta de ataque responde a un específico modo de postulación y demostración.
68 Cfr. folio 150 del cuaderno del Tribunal.

References: artículo 180
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 29
 artículo 453
 artículo 184
 artículo 184
 Artículo 180