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Timestamp: 2018-02-21 07:33:53+00:00

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MEXICO IMPUNE: enero 2010
Zeferino Torreblanca Galindo,
el troglodita contra la prensa
Domingo 31 de enero de 2010, p. 27
Según el reporte que recibimos, a esa hora cuando se encontraba en su vehículo, cerca del restaurante El Charco de las Ranas, fue asesinado de un balazo el periodista Jorge Ochoa , dijo el jefe policiaco.
Mencionó que como sucede en estos casos, ninguna persona que presenció el crimen quiso dar su versión de los hechos . Pero ya se inició la averiguación previa para ubicar a los responsables.
Dijo que no se puede vincular el asesinato con el crimen organizado, debido a que no cuenta con los elementos; lo que hacemos es investigar el caso: sólo se sabe que fue ayer en la noche en Ayutla .
Jorge Ochoa Martínez, que era director y editor de los semanarios El Oportuno y El Despertar de la Costa, en imagen del 6 de eneroFoto Óscar Alvarado
La escalada de comentarios homofóbicos, como los del conductor de Televisa, es muy peligrosa, porque aumenta la discriminación y, en consecuencia, los crímenes de odio , manifestó Gabriel Gutiérrez.
La sociedad ya está harta de esas declaraciones y de que no se sancionen, pues las leyes no tienen dientes. Así no se avanzará en la lucha contra la discriminación.
En agosto de 2008, durante la inauguración de la Conferencia Internacional de Sida que se realizó en México, el presidente Felipe Calderón afirmó que la homofobia, la discriminación y los prejuicios causan tanto daño social como el VIH. Ahora, con el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Procuraduría General de la República (PGR) contra los matrimonios entre homosexuales, queda claro que el interés del panista era quedar como paladín de los derechos humanos, afirmó Jorge Saavedra, ex director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida).
Calderón se valió del acto, de sus promotores y de quienes durante años han difundido al mundo las acciones que se han realizado en México en favor de la igualdad y el reconocimiento a la diversidad para que la comunidad internacional creyera que existe una convicción de las autoridades federales en pro de la igualdad de los derechos para lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
“En realidad –apuntó– éramos dos insignificantes oficinas, la de Censida y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) que todavía dirigía Gilberto Rincón Gallardo, las que realmente llevaban a cabo acciones en esa dirección.”
La decisión de Calderón de apoyar la presentación del recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también explica por qué hasta ahora no se ha publicado el decreto para declarar el 17 de mayo día nacional contra la homofobia. Lo anterior, a pesar de que el Conapred entregó el proyecto a Felipe Calderón. Sólo ha faltado la firma del Presidente, apuntó.
En entrevista, Saavedra, quien actualmente se desempeña como director de Asuntos Globales de AIDS Healthcare Foundation, con sede en Holanda, también recordó que con el supuesto respaldo que sentía de parte de las máximas autoridades del país, incluido el secretario de Salud, José Ángel Córdova, y ante la necesidad de avanzar en la ruta hacia la erradicación del estigma, la discriminación y la homofobia, él dio a conocer públicamente su homosexualidad.
Lo hizo durante la Conferencia Internacional de Sida. Poco antes también había revelado que es portador del VIH/sida.
Era motivo de orgullo decirlo abiertamente siendo parte de un gobierno que es conservador, del cual siempre tuve apoyo. Ahora entiendo que era mentira , aseveró.
Impunidad en el caso del Instituto San Felipe
Tráfico de influencias beneficia pederastas en Oaxaca
México DF, 29 ene 10 (CIMAC).- Han pasado tres años desde el abuso cometido contra el hijo de Leticia Valdés Martell cuando tenía cuatro años edad, en el Instituto San Felipe en Oaxaca, y el caso sigue impune. Los agresores siguen en libertad a pesar de que fueron plenamente identificados por el niño.
En conferencia de prensa, la señora Valdés Martell explicó que el Instituto nunca fue clausurado y la única detenida, Magdalena Rufina García Soto, quien entregaba al niño para ser abusado, podría salir en libertad, porque la Tercera Sala Penal del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca ha retrasado por más de medio año la resolución de confirmar o incrementar la sentencia que se dictó por 10 años.
En lo que respecta a Gabriel Constantino García (esposo de la directora Yolanda León Ramírez) y Salvador Pérez Ramírez (maestro de computación), ambos violadores del niño, siguen prófugos, pues el Ejecutivo estatal no ha consumado las órdenes de aprehensión.
Consta en la acusación que Magdalena llevaba al menor de edad para ser sometido sexualmente y video grabado por los hoy prófugos.
Felipe Canseco Ruiz, abogado defensor de Valdés Martell, explicó que de no obtener una pronta respuesta por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la defensa preparará el caso para presentarlo ante el Sistema Interamericano de derechos Humanos.
Detalló que el Tribunal debe atender al interés superior de la infancia, pues el niño señaló enfáticamente a Gabriel Constantino y Salvador Pérez como sus agresores.
En este sentido, Leticia Valdés consideró que el gobierno le está apostando al olvido en un tema tan sensible como lo es la pederastia, y denunció que el caso del Instituto San Felipe es un tema bloqueado por el Estado de Oaxaca, debido al tráfico de influencias.
En su turno, la periodista Sanjuana Martínez dijo que “México es el paraíso de los pederastas”, refiriéndose al caso del niño oaxaqueño. Aseguró que existe una red de pederastia que opera en colegios privados de dicha entidad y que muestra la impunidad en que se vive el abuso contra niñas, niños y adolescentes en el país.
“Las redes de pederastia que cubren el territorio nacional pasan por Oaxaca y operan debido a la impunidad. Existe una nula voluntad por parte del gobierno de Ulises Ruiz por aplicar la justicia y contrario a ello, hay un contubernio estatal que protege la red de pornografía infantil”, puntualizó Martínez.
A su vez, Claudia Cruz, del Instituto de Acción Ciudadana para la justicia y la democracia, destacó que ya se aprobaron reformas integrales para proteger la vida y seguridad de los menores de edad en los colegios, dicha reforma se encuentra en el Senado. Las condenas van de 9 a 18 años de prisión.
En apoyo a Leticia Valdés, también asistieron el activista oaxaqueño Flavio Sosa y el periodista José Reveles.
Protección urgente para defensores de DH, exhorto a gobierno local
Demandan legisladores atraer asesinato de Josefina Reyes
México, 28 ene 10 (CIMAC).- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, guardó un minuto de silencio en memoria de la activista Josefina Reyes Salazar, asesinada el 3 de enero en Ciudad Juárez, Chihuahua y demandó la atracción del caso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
El punto de acuerdo aprobado exhorta también al Estado mexicano a reparar el daño ocasionado a la familia de Josefina Reyes Salazar en términos del derecho internacional, y a juzgar a los responsables del crimen de la defensora de los derechos humanos.
La Permanente también solicitó al gobierno de Chihuahua y a la Procuraduría de Justicia local que emitan sin dilación, las órdenes de protección o medidas cautelares para salvaguardar la seguridad, integridad física y psicológica de Gustavo de la Rosa, Cipriana Jurado y Gero Fong, defensores de Derechos Humanos (DH), que han denunciado los abusos del personal militar cometidos contra la población, en el marco de la Operación Conjunta Chihuahua.
El domingo 3 de enero de este año Josefina Reyes Salazar fue asesinada por un comando armado en la colonia Sauzal, al este de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Josefina Reyes realizó en 2008 una huelga de hambre frente a las oficinas de la PGR, en reclamo por la desaparición de su hijo Miguel Ángel Reyes, quien había sido detenido por militares en Valle de Juárez por trabajar como mecánico del presunto narcotraficante Rikin Escajeda, detenido el año pasado por el Ejército en Nuevo Casas Grandes, añade el comunicado.
Otro de los hijos de Josefina fue asesinado en Valle de Juárez y desde la desaparición forzada de Miguel Ángel, al inicio de la Operación Conjunta Chihuahua, ésta comenzó a exigir públicamente su regreso ante las autoridades y a denunciar los abusos militares en el estado.
México, DF, 28 ene 10 (CIMAC).- Organizaciones civiles de Chihuahua y Washington enviaron un memorándum al Congreso de Estados Unidos para denunciar la violencia contra las mujeres en este estado fronterizo, la cual ha aumentado en los últimos tres años, a partir de la “lucha contra el narcotráfico”.
La violencia de género recrudeció a partir del “Operativo Conjunto Chihuahua” cuando llegaron a la entidad 8 mil policías y militares, añade el documento también firmado por Maureen Meyer de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Gustavo de la Rosa visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua.
Las organizaciones acusaron al gobierno de realizar estos operativos sin preveer los antecedentes de violencia hacia los grupos vulnerables en el estado, en especial de las mujeres quienes, por años, han vivido en un contexto asesinatos por cuestiones de género (feminicidio) y ello ha provocado que sean consideradas “mercancía desechable”.
A pesar del aumento de la violencia y las quejas, el 13 de enero de 2010 se anunció la llegada de 2 mil efectivos más a Ciudad Juárez y el cambio de nombre del operativo por el de “Operación Coordinada Chihuahua” cuyo propósito es “mejorar la efectividad en la atención de los delitos de mayor impacto que afectan a la sociedad juarense” como informó en su momento el comisionado general de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas.
Cuando ella preguntó si había una mujer para dicha revisión, ellos contestaron con risas, “me tocaron todo el cuerpo mientras me decían -qué rico hueles güerita-, se burlaban de mí y me recargaron en la camioneta para seguirme revisando como si fuera una delincuente y tocando mis partes íntimas” y “no soy la única, tengo otra compañera a la que le hicieron lo mismo”.
Gustavo de la Rosa visitador de la CEDH denunció el caso ante la Policía Federal y en respuesta, un comandante de nombre José Castillo refirió que ellos “tienen instrucciones de revisar a las mujeres para buscar que no traigan armas o droga en su cuerpo aunque no se tenga ninguna evidencia previa” y que se pone especial atención en el busto, pantaletas o incluso en la vagina porque ahí ponen la droga.
En un comunicado de prensa, Maureen Meyer Coordinadora del Programa sobre México y Centroamérica en WOLA, indicó que “El Departamento de Estado de Estados Unidos no debe enviar al Congreso su próximo informe hasta que pueda demostrar que México ha logrado avances, en investigación y procesamiento de casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército y la Policía Federal".
Gobernadores y alcaldes desacatan recomendaciones de la CNDH
MÉXICO, D.F., enero (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, criticó hoy a los gobernadores de Guanajuato, Morelos, Guerrero y Oaxaca, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal por ignorar las recomendaciones emitidas por distintas violaciones a los derechos humanos.
Al rendir su informe de labores ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman nacional reveló, además, que la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Procuraduría General de la República fueron las tres dependencias que sumaron más denuncias por trasgresiones a las garantías individuales en 2009.
Plascencia detalló que fueron los gobernadores de Guanajuato, Morelos, Guerrero, Distrito Federal y Oaxaca, Juan Manuel Oliva, Marco Antonio Adame, Zeferino Torreblanca, Marcelo Ebrard y Ulises Ruiz, respectivamente, se negaron a aceptaron las recomendaciones emitidas por la CNDH.
Pero no fueron los únicos: también se emitieron recomendaciones a cinco presidencias municipales: Acayucan, Veracruz; Jiménez, Michoacán; Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Olinalá, Guerrero, y Tijuana, Baja California.
Todos desatendieron los señalamientos, por lo que –añadió– enviará a la Cámara de Diputados una propuesta para sancionar a quien no atienda las recomendaciones que envía el organismo que encabeza.
“Considero oportuno fortalecer el trabajo de la CNDH a través de las reformas legales necesarias para que los funcionarios públicos que no acepten las recomendaciones o que no cumplan con las mismas cuando hayan sido aceptadas, comparezcan ante las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y/o Senadores para fundar y motivar sus acciones u omisiones, y en todo caso se les pueda fincar responsabilidades administrativas y/o penales”, propuso.
Y detalló que otras autoridades que no aceptaron las recomendaciones de la CNDH fueron las secretarías de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social, además de Petróleos Mexicanos (Pemex); el Instituto Nacional de Migración; los institutos de Neurología y Neurocirugía, así como Rehabilitación, pertenecientes a la Secretaría de Salud, y el Congreso de Sinaloa.
El presidente de la CNDH, quien precisó que el año pasado se atendieron en ese organismo 7 mil 703 expedientes de queja y se emitieron 78 recomendaciones, aclaró que en el informe presentado este miércoles está una buena parte del trabajo realizado por su antecesor, José Luis Soberanes.
Asimismo, manifestó que “en breve” hará un pronunciamiento en lo que respecta al caso de la tragedia en la guardería ABC, donde perdieron la vida 49 niños. Incluso comentó que fue a él, como parte de los visitadores de la CNDH, a quien correspondió realizar la indagatoria sobre las violaciones contra los menores.
En otro tema, el ombudsman consideró que entre los factores que ayudaron a incrementar la delincuencia en el país durante 2009 destacan la crisis económica, la inseguridad social, la desconfianza de la población hacia las instituciones e incluso el entorno global.
Y más: adelantó que no interpondrá acción alguna en contra de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por haber aprobado una ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la adopción por parte de parejas homosexuales.
“La Comisión Nacional de derechos Humanos es una institución que no recibe instrucciones de nadie. Es un órgano autónomo, de manera que yo tomo mis decisiones con estricto apego al marco jurídico, nada más, y al margen de cualquier discusión ideológica o política”, agregó.
HRW insta a CNDH a no recomendar al Ejército juzgarse a sí mismo
En la presentación del informe anual 2009, el ombudsman propone crear una Carta de Deberes de las Personas
HRW advierte que el único militar sentenciado por el homicidio de un civil apenas recibió una condena de 9 meses.
Después de que el nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentara ante legisladores su informe anual 2007, en el que se puede destacar su petición de que se amplíen las facultades de dicho organismo no jurisdiccional, así como la solicitud de que se sancione penalmente a los funcionarios que no atiendan sus recomendaciones, el organismo internacional Human Rigths Watch, a través de su Director Ejecutivo para la División de las Américas José Miguel Vivanco, aprovechó para felicitarle por su nombramiento y reiterarle algunas sugerencias relacionadas con el tema de los abusos militares contra civiles y su juzgamiento en el ámbito de la justicia castrense.
En cuanto al Informe 2009 de la CNDH –que hasta el momento de cierre de esta edición no se había publicado en la página web del organismo– sólo se puede decir lo que refiere el comunicado de prensa oficial y que se reduce a cifras como que la CNDH “ofreció más de 45 mil servicios, atendió 7,703 expedientes de queja y emitió 78 Recomendaciones específicas a más de 100 autoridades e instancias federales y locales”. Igualmente se destacan a las autoridades que no aceptaron las recomendaciones y que fueron “los titulares de los poderes ejecutivos de Guanajuato, Guerrero, Morelos y Oaxaca, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal”. En el acto el ombudsman convocó a la realización de unas jornadas por “la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho” de las cuales emanaría una “Carta de Deberes de las Personas, que clarifique los deberes y responsabilidades de todos.” En comunicación con el área de comunicación social de la CNDH se afirmó que el informe es público y se atribuyó su no difusión a cuestiones técnicas. Ofrecieron enviar al Sididh la versión electrónica el día de hoy.
En cuanto a la carta enviada por HRW a la CNDH, el organismo se congratula por las propuestas del ombudsman y señala que están en la línea de las recomendaciones realizadas en el marco del informe de HRW sobre la CNDH, mismo que fue ampliamente descalificado por el anterior titular de la CNDH. Sin embargo, en su punto más relevante, recuerda que la misma CNDH ha documentado ampliamente los abusos por parte del Ejército contra civiles y destaca que “si bien como resultado de algunas de estas recomendaciones la Secretaría de la Defensa Nacional ha llegado a indemnizar a algunas víctimas y familiares, no ha investigado penalmente y sancionado a los responsables de los abusos”. En este sentido señala que una de las fallas más graves de las recomendaciones emitidas por la CNDH ha sido que “ha indicado sistemáticamente que los militares deben investigarse a sí mismos, pese a que los tribunales militares mexicanos carecen de independencia e imparcialidad”.
Advierte que según datos que la misma Secretaría de Gobernación le ha proporcionado “durante los tres años del gobierno del Presidente Calderón los tribunales militares sólo han condenado a un oficial militar por un caso de violación de derechos humanos: un soldado que recibió una pena de 9 meses de prisión por haber disparado en un retén militar contra un civil, quien perdió la vida”. Finalmente felicita a la CNDH por el interés expresado en elaborar un informe sobre abusos militares y recalca el veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del caso Rosendo Radilla que obliga al Estado mexicano a modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar. En este sentido sugiere a la CNDH enviar una propuesta de modificación legislativa que, al menos, permita que las violaciones a DH por militares en contra de civiles sean juzgadas ante la justicia civil.
CARGO: SU HIJO FUE VIOLADO EN DIFERENTES OCASIONES POR PROFESORES DEL COLEGIO SAN FELIPE DE OAXACA.
TEMA: CONFERENCIA DE PRENSA QUE SE REALIZÓ AYER JUEVES PARA DAR A CONOCER LAS IRREGULARIDADES EN LA INVESTIGACIÓN DEL CASO DEL ABUSO SEXUAL DE SU HIJO EN EL COLEGIO SAN FELIPE.
Defensa de los consumidores: una de las posibilidades de las Acciones Colectivas
• El presente texto elaborado por Cencos explica los esfuerzos en favor de la instauración de las acciones colectivas en México, desde la perspectiva de organizaciones de defensa de los consumidores
México D.F., 27 de enero de 2010 (Cencos).- Las mexicanas y mexicanos nos encontramos en una situación de vulnerabilidad como consumidores de productos y servicios frente a los abusos de empresas, ya que actualmente no existe en las leyes mexicanas un recurso jurídico que permita a los ciudadanos y las ciudadanas que sufren afectaciones emprender un proceso de demanda ágil, barato y efectivo contra corporaciones que violentan derechos humanos y rompen las reglas de competencia económica.
Desde hace unos años, organizaciones de la sociedad civil impulsan la figura jurídica denominada Acciones Colectivas, la cual tiene como objetivo facilitar el acceso a la justicia, permitiendo que un conjunto de afectados emprendan un proceso judicial en el que se faculta a una sola persona, colectivo, o asociación civil para representar a un colectivo de personas afectadas en una sola demanda, con lo que se agiliza el proceso, se reducen costos, se exige reparación del daño y además marca la pauta para que otras empresas corrijan prácticas arbitrarias que afectan los derechos colectivos.
En México las empresas con prácticas monopólicas o irregulares, representan un contexto adverso para las consumidoras y consumidores de productos y servicios; no sólo afectan de forma directa los bolsillos dada la inflación, baja calidad y reducción de la capacidad para elegir entre productos, a falta de una reglamentación, incurren en publicidad engañosa y se autofacultan para elevar precios, además de que transgreden derechos humanos en algunos casos, como son los daños ambientales, limitando el derecho a la información y violentado el derecho a la vida digna.
Al contrario de lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 17 como “el derecho de toda persona a que se le administre justicia de manera pronta”, y que “las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias”, en el ámbito de impartición de justicia esto significa un proceso de demanda complejo y engorroso cuyo mayor problema, consideran las organizaciones civiles AlConsumidor y El Barzón -, radica en una “concepción individual de la justicia”, lo que en muchos casos propicia que las violaciones perpetradas por grandes corporaciones queden impunes, pues los demandantes abandonan el proceso o simplemente nunca lo emprenden.
Es por esto que dichas organizaciones junto con, El Poder del Consumidor, Oxfam México , académicos y expertos en la materia, impulsaron una reforma al artículo 17 constitucional para permitir que la justicia pueda alcanzarse colectivamente.
Esta propuesta de reforma fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República el pasado 10 de diciembre de 2009 y se prevé sea ratificada en la Cámara de Diputados en el próximo periodo ordinario de sesiones, posteriormente se apruebe en Congresos estatales y se establezca en la ley secundaria, la que debe contener especificaciones del procedimiento y reparación del daño, además de garantizar su carácter amplio y representativo.
En entrevistas por separado para Cencos, Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de El Barzón y Daniel Gershenson cofundador de Alconsumidor coincidieron en que lo que esperan de la reforma al artículo 17 “es lograr que la Constitución mexicana permita superar la defensa individual en la que el consumidor tiene todas las desventajas”, aclaró el primero, “y obtener una correcta ley secundaria, con la que ganaría la sociedad y ganarían las empresas que trabajan con ética y con base en el respeto de los derechos humanos abonando así al proceso democrático en nuestro país”, abundó Daniel Gershenson.
La aprobación unánime de la iniciativa es un paso importante, sin embargo para la reforma constitucional aún queda camino por recorrer, ya que a pesar de que los derechos humanos colectivos --llamados de tercera generación--, están contemplados dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC, firmado y ratificado por México, en nuestro país aún no se reconocen constitucionalmente.
Referentes como Brasil, Chile, Colombia, Argentina, entre otros, aplican las Acciones Colectivas desde la década de 1980 y han logrado que los mismos consorcios que operan impunemente en México, sí cumplan con todas las normas de ética en aquellos países. En México la reforma al 17 constitucional, aún se enfrenta a poderes fácticos que ya han ejercido una fuerte presión para que esta iniciativa de la sociedad civil se venga abajo.
El 23 de abril de 2009 ocurrió el primer intento para que la iniciativa de Acciones Colectivas fuera aprobada por el Congreso, misma que, según narra la también cofundadora de Alconsumidor, Adriana Labardini, los diputados de la Legislatura LX “modificaron a tal extremo, que la acción colectiva se afianzaba como un monopolio en manos de la Procuradría Federal del Consumidor (Profeco), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), y la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), organismos oficiales que no han tenido la capacidad de resolver algún litigio a favor del interés público y que además dejaba sin campo de acción a la sociedad civil.”
La tentativa de contrarreforma se dio a través de un “fuerte cabildeo entre la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación Mexicana de Bancos de México, entre otros, con los integrantes de la pasada legislatura, quienes sacaron en tiempo récord una reforma que rezagaba la acción colectiva en un contexto de poca atención mediática gracias a la contingencia sanitaria por la influenza AH1N1”, apuntó Daniel Gershenson.
Finalmente la intentona fue atajada por el Senado y resurgió en octubre pasado con un diálogo entre organizaciones y gobierno “con más éxito esta vez”, de modo que los impulsores de las Acciones Colectivas confían en que los integrantes de la Legislatura LXI no cambiarán el sentido original y avance de manera pronta y expedita.
Ocho mujeres de Veracruz, presas por abortar; las procesaron por homicidio
Jueves 28 de enero de 2010, p. 30
Martha Mendoza Parissi, directora del organismo, señaló este miércoles que cinco de las mujeres mencionadas ya recibieron sentencia y purgan condenas de 12 a 15 años de cárcel, por lo que se gestiona ante el Poder Judicial del estado que se revisen los expedientes y se apele a la reforma hecha el año pasado al Código Penal de Veracruz, para conmutar las penas por tratamiento médico y educativo .
La situación de las mujeres encarceladas por abortar fue dada a conocer por la organización de grupos civiles Articulación Estatal por el Derecho a Decidir, cuya representante, Aracely Saavedra, aseguró que médicos y enfermeras de la Secretaría de Salud estatal aportaron evidencias para incriminar a las procesadas.
A ellas se les tipificó el delito de homicidio calificado, argumentando que, según las pruebas en su contra, el producto nació vivo y murió fuera del vientre de la madre, pero en realidad son casos de aborto , explicó Mendoza Parissi.
El 3 de diciembre pasado el Congreso local modificó el artículo 150 del Código Penal para eliminar la pena de cárcel a mujeres que se provoquen o consientan la práctica del legrado, y fijó como sanción tratamiento en libertad consistente en medidas de asistencia médica y educativa .
La retroactividad de la ley sí es factible en este caso porque beneficia al procesado. Por ello estamos apelando a los jueces y agentes del Ministerio Público para que se reconsideren los casos de estas mujeres y se cambie el delito del cual se les acusa , expuso.
A su vez, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Noemí Quirasco, consideró que los jueces que procesaron y sentenciaron a las mujeres presas incurrieron en una falta de sensibilidad al acusarlas de un homicidio doloso y no de aborto .
Confía la defensa que el juez les otorgue la libertad
Alegato final para mujeres otomíes acusadas de secuestro
México, DF, ene (CIMAC).- El próximo tres de febrero se llevará a cabo la “audiencia de vista” donde se harán los alegatos finales del caso de Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, las dos mujeres otomíes que continúan presas, acusadas, junto con Jacinta Francisco, del secuestro de seis Agentes Federales de Investigación (AFI),.
Así lo informó a Cimacnoticias el representante legal de Teresa y Alberta, Leonides Ortíz Castillo, quien explicó que después de esta fecha, el juez encargado del caso, Rodolfo Pedraza Longi, contará con un plazo de 30 días hábiles para emitir la sentencia.
Cabe recordar que Pedraza Longi conoció del caso en un primer momento en el cual dictó sentencia a 21 años de prisión y 91 mil pesos de multa.
En entrevista telefónica, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), organización que coadyuva con la defensa del caso, consideró que esta vez Longi tendría que estudiar “a conciencia” el expediente, por lo que su fallo deberá ser a favor de la liberación de Alberta y Teresa.
El abogado recordó que ambas mujeres fueron acusadas por el mismo delito que Jacinta Francisco Marcial, quien recuperó su libertad, por falta de pruebas, en septiembre de 2009.
DEFENSA PRESENTA CONCLUSIONES ABSOLUTORIAS
Luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) diera a conocer el pasado 25 de noviembre las conclusiones acusatorias contra Teresa y Alberta, por el delito de privación ilegal de la libertad, para lo cual pidió una pena de 40 años de prisión, el abogado defensor Ortiz Castillo presentó sus conclusiones.
En las 89 páginas del documento, del que Cimacnoticias posee una copia, Ortiz Castillo hace un recuento del caso y explica que el 26 de marzo de 2006, en el operativo que se llevó a cabo en el tianguis de Santiago Mexquititlan, en Querétaro, los AFI actuaron con “conocimiento y voluntad de delinquir (dolo)”.
A lo largo del documento, el abogado indica que las conclusiones de la PGR, son “temerarias e infundadas” y expone a detalle las irregularidades en el proceso penal como el que la detención fue arbitraria, la negativa a proporcionarles un intérprete a las mujeres que hablan otomí, y que las acusaciones se basaron a partir de fotografías de prensa tomadas el día de los hechos, por lo que solicitó su absolución.
El domingo 26 de marzo de 2006, elementos de la extinta AFI realizaron “un operativo” en el tianguis de Santiago Mexquititlan, Querétaro, bajo el pretexto de decomisar productos piratas.
El día de los hechos, Teresa y Alberta se encontraban en el tianguis acompañando a Gabriel Alcántara, hermano de Alberta y esposo de Teresa, quien vendía discos. Durante el operativo, solicitaron la identificación de los policías y exigieron la orden de cateo, lo que en opinión del abogado sirvió de pretexto para acusarlas de los delitos de privación ilegal de la libertad (de los AFI) y posesión de drogas, hechos por los cuales llevan tres años en prisión.
Llamado para la CIDH y el Estado Mexicano “no oye”
Reiteran protección urgente para activista Cipriana Jurado
México, DF, 26 ene 10 (CIMAC).- Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la urgente intervención del Estado mexicano para que brinde las medidas de seguridad necesarias para la activista juarense, Cipriana Jurado Herrera y su familia.
La petición hecha por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y el Centro de Investigación y Solidaridad Obrera (CISO) fue enviada a la sede de la CIDH en Washington.
La demanda ante la CIDH, indicaron el Prodh y CISO en un comunicado, es para que el organismo internacional solicite al Estado mexicano que, en diálogo Cipriana Jurado, sean adoptadas las medidas necesarias para resguardar la vida e integridad física de ella y su familia.
Las organizaciones se unieron así a la preocupación sobre la situación de las y los defensores en México que Amnistía Internacional (AI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Human Rights Watch denunciaron en días pasados.
Por su labor como activista, Cipriana ha recibido amenazas de muerte en su entidad, y ha sido víctima de una detención arbitraria en 2008 por parte de elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) (Cimacnoticias, 8 ene 10)
En el documento, el Prodh y CISO indicaron que esta labor se realiza en un clima de acoso y amenazas cuyo resultado es el impune asesinato de la activista Josefina Reyes Salazar, con quien Cipriana denunció casos de violencia militar y abusos de poder en el contexto de los operativos militarizados de seguridad pública en el norte del país.
Por ello, ambas organizaciones, consideran que la actividad que Cipriana realiza desde hace mas de 15 años, la coloca en una situación de riesgo y en este caso, el Estado mexicano tiene la posibilidad de actuar “con prontitud y en congruencia con los compromisos mundiales adquiridos en materia de derechos humanos y de dar pasos firmes hacia la erradicación de la impunidad en esos crímenes”.
OÍDOS SORDOS DEL ESTADO MEXICANO
En entrevista con esta agencia, la activista declaró que hasta la fecha y a pesar de las múltiples voces que han urgido al Estado mexicano seguridad para ella, no ha recibido ninguna respuesta al respecto.
El 5 de enero pasado AI solicitó medidas de seguridad para Cipriana a la Secretaría de Gobernación (Segob), petición que hasta la fecha no ha sido atendida. Dos días después la CNDH hizo lo mismo pero ante el Gobierno del estado de Chihuahua, solicitud que tampoco ha tenido ninguna respuesta por lo que persiste el grave riesgo para la defensora.
CIPRIANA SE REÚNE CON SENADORA
El pasado 22 de enero, Cipriana se reunió con la senadora Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la cámara alta, para exponerle la situación de las personas defensoras de derechos humanos en medio de la creciente militarización en el norte del país.
La activista adelantó que la senadora Rosario Ibarra presentará un punto de acuerdo al Senado de la República mediante el cual se exhortará a la Segob para que adopte medidas cautelares para ella y su familia y se cree un ambiente propicio para ejercer el derecho a defender los derechos humanos.
México, DF 25 ene 10 (CIMAC).- Al inicio del seminario de Análisis para la Reforma Política en el Senado de la República los temas que tienen que ver con la paridad y las cuotas de género, quedaron fuera de la agenda, a pesar de que la iniciativa propuesta por Felipe Calderón plantea una reducción que afectará los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres.
Sara López, de Campeche, podría pasar hasta 60 años en prisión
Reprimen a quien se inconforme por altos cobros de CFE
México DF, 25 ene 10 (CIMAC).- Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron hoy que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), realiza cobros “excesivos e ilegales” por el uso de energía en el país y “reprime con cárcel” a quienes manifiesten su inconformidad, un ejemplo es el caso de Sara López González, quien podría pasar hasta 60 años en prisión por esa causa.
En conferencia de prensa, Carlos Beas, integrante de la Unión de comunidades indígenas de la zona norte del Istmo (Ucizoni), en Oaxaca, informó que además de los “excesivos e ilegales” cobros de CFE, en decenas de comunidades rurales e indígenas, la población se queda sin energía eléctrica hasta 50 días, sin que la Comisión atienda su queja.
Por el contrario, la respuesta por parte de esta empresa pública, “es la criminalización que persigue a las personas que nos atrevemos a denunciar los abusos que comete CFE”, sostuvo el también defensor de derechos humanos.
Sara López, ama de casa, fue detenida “con lujo de violencia y humillaciones”, el pasado 10 de julio de 2009. Y fue encarcelada en el penal de Koben, Campeche, junto con sus compañeros Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas. Los delitos de los que se les acusa son de “privación ilegal de la libertad en su modalidad de retener a un funcionario como rehén y obstrucción de obra”.
El pasado 8 de enero la resolución de juicio de amparo que se interpuso en el Tribunal Unitario de Circuito de Mérida en contra del auto de formal prisión, el magistrado resolvió que “no se acreditan ninguno de los delitos por los que fueron encarcelados”.
Por ello, ordenó al juez segundo de Distrito, en Campeche, que “se sirva a reclasificar el delito, bajo el que se dictó el auto de formal prisión o en caso de no poder hacerlo por no modificar los hechos, se sirva a dictar el auto de libertad correspondiente”.
Sara y sus compañeros están en espera de que el magistrado en Campeche responda a esta solicitud del Tribunal.
Casos como éste, no sólo se han registrado en esa entidad, pues por la misma causa, hay personas detenidas en Nayarit, Chihuahua, Baja California, refirió el integrante de Ucizoni.
CFE CONTRA DEFENSORES DE DH
Carlos Beas, junto con Hugo Rosas de León, abogado de la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Senadores, Rodolfo Sánchez Galindo, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Martín Velázquez, de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, fueron acusados por la CFE ante la Procuraduría General de la República por causar daños a las instalaciones de la Comisión.
En noviembre pasado, la CFE inició ante la Procuraduría una averiguación previa en contra de quienes son defensores de las y los presos políticos de Campeche.
De acuerdo con Hugo Rosas, el proceso judicial, que recién inició CFE en contra de los defensores de derechos humanos es improcedente, y su carácter es represivo, al igual que los hechos registrados en Campeche.
Y es que, CFE “está lejos de atender las necesidades populares, muestra oídos sordos a la inconformidad social, y ante la inconformidad responde con represión, que puede costar a madres de familia como Sara López, hasta 60 años de prisión”, refirió Rosas de León.
Al respecto, Rosario Ibarra de Piedra, senadora de la República, refirió que se trata de una “injusticia tremenda, debido a que la ley no funciona, tenemos muchos años luchando por el respeto a los derechos humanos y no nos hacen caso”.
Por último, Hugo Rosas de León, informó que mañana en la PGR, del DF, los cuatro defensores acusados por CFE se presentarán a declarar de manera voluntaria frente a las falsas imputaciones y exigirán que se decrete el cese de la acción penal.
México, DF, 25 ene 10 (CIMAC).- En México, las y los defensores de derechos humanos están amenazados, la libertad de expresión es una actividad peligrosa, las leyes no garantizan los derechos de las mujeres, hay violencia institucional hacia ellas, y la justicia es deficiente en un contexto de militarización y de impunidad.
Ese es el país que describe la organización internacional Human Rights Watch, en su Informe anual 2010 que consta de 612 páginas. Resume las condiciones en las que se encuentran los derechos humanos en 90 países y muestra los resultados de una investigación realizada durante 2009.
Uno de los “graves” problemas a los que se refiere el informe es que las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y las niñas de la violencia doméstica y el abuso sexual, pues en ellas hay algunas disposiciones “contrarias a las normas internacionales” que definen las sanciones para los responsables con base en “la castidad de la víctima”.
Incluso, señala Human Rights, en algunas ocasiones se castiga la violencia doméstica “únicamente cuando la víctima ha sido maltratada en varias ocasiones” y las protecciones legales existentes “no se aplican rigurosamente”.
Sostiene que hay violencia institucional debido a que las autoridades no se dirigen con respeto a quienes denuncian una violación, lo que ha provocado que las víctimas sean renuentes a denunciar.
Lo anterior, indica, debilita el registro de cifras que pueden servir para presionar el impulso de reformas jurídicas necesarias para prevenir y erradicar el problema de violencia de género y conduce a la impunidad en la que se encuentran los delitos de violencia sexual y doméstica contra niñas y mujeres.
La organización sostiene que a pesar del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acerca de la constitucionalidad de la ley que legalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la ciudad de México, esta práctica sigue siendo penalizada en el resto del país y durante el año 2009 varios estados lograron incorporar el derecho a la vida del no nacido en sus Constituciones.
Ante esas acciones, Human Rights sostiene que las autoridades suelen “frustrar el intento de las víctimas de violación para interrumpir el embarazo” y tratan a las mujeres con desdén y hostilidad a pesar de que cada estado permite el aborto bajo ciertas circunstancias.
JUSTICIA Y ABUSOS DE PODER
La organización sostiene que a partir de que Felipe Calderón delegó la lucha contra el crimen organizado a las fuerzas armadas, se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones, tortura, violaciones sexuales contra mujeres y detenciones arbitrarias.
Human Rights considera a México como uno de los países que "bajo diversos pretextos”, están atacando las bases del movimiento de derechos humanos, una de esas excusas es la militarización, pues a partir de este hecho han aumentado las quejas de violaciones a los derechos fundamentales de la población civil.
Pero no sólo los elementos del ejército han cometido dichas violaciones, sino también el sistema de justicia penal “está plagada de problemas de derechos humanos” que consisten en malos tratos por parte de las autoridades policiales.
En el contexto de la militarización de Felipe Calderón también ha aumentado la violencia contra los periodistas que denuncian al crimen organizado y la corrupción gubernamental. Una de las consecuencias de ello es la autocensura de la prensa por los múltiples asesinatos de periodistas y personas que defienden los derechos humanos.
Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos , del año 2000 a la fecha se tienen registradas 59 muertes, 8 desapariciones de comunicadores y 7 atentados con explosivos a instalaciones de medios de comunicación.
En lo que se refiere a los ataques contra personas que defienden los derechos humanos, 2010 comenzó con la noticia del asesinato de la activista Josefina Reyes Salazar, quien en vida denunció abusos y violencia por parte del ejército por la desaparición forzada de uno de sus hijos y el homicidio de otro a manos del ejército.
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References: resolución 
 artículo 57
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 150
 resolución