Source: http://edicionespropuesta.blogspot.com/2017/10/exoneracion-de-la-fianza-para-suspender.html
Timestamp: 2018-09-22 21:08:35+00:00

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PROPUESTA: Exoneración de la fianza para suspender la ejecución del laudo
Exoneración de la fianza para suspender la ejecución del laudo
El doctor Ricardo León Pastor nos hizo llegar hace unas semanas las conclusiones del Pleno Jurisdiccional Regional Comercial sobre Anulación y Ejecución de Laudos Arbitrales y Embargos de Bienes Estatales que se llevó a cabo en Lima el año pasado pero cuya acta recién ha sido difundida.
Un primer tema que se aborda allí es la validez del pacto que establece como requisito para que proceda el recurso de anulación la presentación de una carta fianza. Una primera ponencia estima que es válido ese requisito y se sustenta en el principio de autonomía de la voluntad y en la libertad de autorregulación que consagra el artículo 34 de la Ley de Arbitraje y que, en efecto, faculta a “las partes a determinar libremente las reglas a las que se sujeta el tribunal arbitral en sus actuaciones” pero que no las faculta a determinar las reglas a las que se debe sujetar alguna de ellas al reclamar la revisión del laudo en sede judicial a través del recurso de anulación, trámite que ya escapa de la competencia y de las actuaciones del tribunal arbitral que están claramente delimitadas en el título IV de la Ley de Arbitraje promulgada mediante Decreto Legislativo 1071.
El título IV comprende cuestiones administrativas, como el lugar y el idioma del arbitraje así como otras más trascendentes como la representación, la regulación de la demanda y contestación, la competencia del tribunal, las audiencias, las pruebas, los peritos, la colaboración judicial, el tratamiento a la parte renuente, las medidas cautelares, la reconsideración, la transacción y la confidencialidad que debe guardarse. Sobre todo ello, las partes pueden pactar lo que mejor les parezca. Sobre lo demás, no, salvo que la propia norma consigne dentro de su texto la posibilidad de que las partes dispongan algo distinto.
Esta primera ponencia también se arropa en la última parte del inciso 2 del artículo 64 de la Ley de Arbitraje, en el extremo en que exige que “el recurso de anulación debe contener cualquier otro requisito que haya sido pactado por las partes para garantizar el cumplimiento del laudo.”
Una segunda ponencia se fundamenta precisamente en lo mismo, pero para plantear que no cabe pactar este requisito, sosteniendo que “los presupuestos procesales del recurso de anulación están sujetos a configuración legal, por ser normas procesales que atañen al derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, y que posibilitan el ejercicio de la función que el estado se ha reservado, de control judicial del arbitraje.”
Para esta posición, “la autonomía de la voluntad y la libertad de regulación que consagra el artículo 34 del Decreto Legislativo 1071, rige sólo respecto de las ‘actuaciones arbitrales’ y no alcanza a la configuración de los presupuestos procesales del recurso de anulación”, argumento que nos parece correcto. Luego agrega, sin embargo, que el inciso 2 del artículo 64 se refiere a la carta fianza dispuesta por el artículo 66 de la misma Ley “relativa al pedido de suspensión del cumplimiento del laudo, y no a la presentación misma del recurso de anulación”, aseveración que yo ya no comparto. Pienso, más bien, que esos otros requisitos que eventualmente pueden pactar las partes pueden ser de cualquier otra índole. No puede ser la carta fianza porque ella está prevista expresamente en el inciso 2 del artículo 66.
La conclusión plenaria, no obstante, estipula que es válido y vinculante para el órgano jurisdiccional el acuerdo de las partes que exige la presentación de una carta fianza como requisito para interponer el recurso de anulación del laudo. La primera ponencia obtuvo 24 votos y la segunda sólo 11. Tremendo error.
Un segundo tema que trata el Pleno Jurisdiccional Regional es la validez del pacto que exonera la presentación de la carta fianza para solicitar que se suspenda la ejecución del laudo. Una primera ponencia se pronuncia a favor y una segunda en contra. Según la primera “la exigencia legal de presentar una carta fianza como requisito del pedido de suspensión de cumplimiento del laudo, está destinada a proteger sólo el interés de la parte que resultó vencedora en el arbitraje, a quien se le provee de una garantía de cumplimiento del laudo que desincentive los pedidos de suspensión maliciosos o temerarios”, para luego colegir a partir de esa premisa, que “si las partes acuerdan de antemano exonerarse de dicho requisito, dicho acuerdo no agravia el interés público, por lo que se justifica tenerlo como un requisito de imperativo cumplimiento. De allí que el órgano jurisdiccional deberá respetar el acuerdo de partes y prescindir de la presentación de la carta fianza para conceder el pedido de suspensión.”
Para la segunda, en cambio, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Arbitraje, la interposición del recurso no suspende la obligación del cumplimiento del laudo ni su ejecución arbitral o judicial, salvo que la parte que impugna lo solicite expresamente y “cumpla con el requisito de la garantía acordada por las partes, establecida en el reglamento arbitral aplicable o sea fijada por el órgano de control judicial.” La norma tiene previsto que la garantía se extienda “por todo el tiempo que dure el trámite del recurso y por una cantidad equivalente al valor de la condena contenida en el laudo.”
El precepto busca desincentivar e impedir que se dilate y encarezca la reclamación con articulaciones sin sustento. Que quien quiera interponer un recurso de anulación lo haga cuando esté tan seguro de su posición que puede arriesgar la suma íntegra que se le ordena pagar. Por eso, el inciso 6 preceptúa que “si el recurso de anulación es desestimado, la Corte Superior, bajo responsabilidad, entregará la fianza bancaria a la parte vencedora del recurso. En caso contrario, bajo responsabilidad, la devolverá a la parte que interpuso el recurso.”
En línea con lo señalado, la fundamentación de esta ponencia afirma que “esta disposición del artículo 66 de la Ley de Arbitraje contiene una norma procesal y por ende de carácter imperativo que no se encuentra dentro del ámbito de disponibilidad y autorregulación de las partes, por lo que el acuerdo de exoneración no es válido y no exime a la Sala Superior de verificar el cumplimiento del requisito de admisibilidad del pedido de suspensión, exigido por la ley.” Inobjetable.
La conclusión plenaria fue nuevamente equivocada. Según ella, el acuerdo de las partes que exonera de la presentación de la carta fianza como requisito para suspender la ejecución del laudo, es válido y vinculante para el órgano jurisdiccional. Como si la ley estuviera pintada en la pared. La primera ponencia obtuvo 19 votos y la segunda 15. La derrota fue más estrecha pero no por ello la decisión adoptada es menos desafortunada.
Lo que los magistrados no entienden es que la ley tiene normas de carácter imperativo y otras supletorias de la voluntad de las partes. Y ésta, relativa a la obligación de presentar una carta fianza como requisito para suspender la ejecución del laudo, es imperativa. Nadie puede liberarse de ella. Las facultativas son aquellas referidas a las actuaciones arbitrales o aquellas otras cuyo propio texto admite que las partes pacten algo distinto.
Ojalá lo hayan comprendido en el tiempo transcurrido desde que se suscribió esta acta hasta la fecha.
Publicado por Ediciones Propuesta en 15:49

References: artículo 34
 artículo 64
 artículo 34
 artículo 64
 artículo 66
 artículo 66
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