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Timestamp: 2019-02-17 00:05:07+00:00

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Tres supuestos dudosos de créditos subordinados
Foro 01-05-2014	Coordinador: Jacinto José Pérez Benítez
a) ¿En qué lugar de la lista de créditos subordinados del art. 93 LC -EDL 2003/29207- habrían de encuadrarse los créditos por principal e intereses procedentes de préstamos participativos?; b) ¿Cuál sería el lugar que deberían ocupar en la misma lista los créditos subordinados a que se refiere el art. 237, introducido por la Ley 14/2013 de apoyo al emprendedor -EDL 2013/17811-?; y c) ¿Cómo habría que interpretar la mención a la "prueba en contrario" a que se refiere el inciso introducido en el nº 2 del apartado 2 del art. 93 por el Real Decreto-ley 4/2014?
Es objeto de la presente edición del Foro la interpretación de tres concretos aspectos que nos parecen especialmente relevantes en relación con la regulación positiva de la subordinación crediticia.
La subordinación, como se sabe, no es sólo cosa que afecte a un concurso ya declarado sino que, como tantos otros aspectos de la normativa concursal, determina las conductas de los agentes económicos en los momentos previos a la insolvencia, o a la hora de adoptar decisiones sobre la conveniencia o no de acometer determinadas operaciones de refinanciación que permitan la continuidad de la empresa a corto y medio plazo.
Si la legislación proporciona incertidumbre sobre la correcta calificación del acreedor que titula préstamos participativos, o sobre el agente designado en el préstamo sindicado que habría de salvar la continuidad de una empresa viable en términos de mercado, se convendrá en que los fines buscados por la norma se ponen en riesgo.
Si la cuestión se conecta a objetivos más ambiciosos de favorecer la refinanciación de la empresa viable o de incentivar la entrada de nuevos agentes económicos en la reestructuración de la deuda, superando el casi exclusivo protagonismo que en España vienen asumiendo las entidades financieras, se comprenderá cómo el establecimiento de un marco normativo lo más seguro posible resulta crucial.
Las sucesivas reformas que, de manera crónica y sistemática, viene sufriendo la Ley Concursal, van dejando acaso inevitables lagunas, oscuridades e incertidumbres. Proponemos ahora a nuestros expertos que ofrezcan opinión fundada sobre el escenario al que se enfrentarán quienes, ya dentro del concurso, hubieran concedido préstamos participativos, no hubieran acudido a la reunión convocada por el mediador para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, y quienes hubieran en su momento asumido una posición "relevante" de gestión, de supervisión o de control, en una operación de refinanciación de un deudor en dificultades.
La lectura de las respuestas nos confirma, una vez más, que el debate está sobre la mesa, que las reformas urgentes dejan un rastro de incertidumbre, y que no resulta fácil ofrecer criterios seguros de interpretación. Juzgue el lector.
Este foro ha sido publicado en la "Revista Derecho Mercantil", el 1 de mayo de 2014.
El Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácte...
El Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica -EDL 1996/15505 define los préstamos participativos en su artículo 20, como aquellos en los que la entidad prestamista percibe un interés variable que se determina en función de la evolución de la actividad de la empresa según diversos criterios (beneficio neto, patrimonio total, etc) y además se puede fijar un interés fijo con independencia de la evolución de la actividad.
Este mismo artículo establece que los préstamos participativos, en orden a la prelación de créditos, se situarán después de los acreedores comunes y, por tanto, este precepto determina ya la subordinación de este crédito en el caso de concurso de acreedores.
Declarado el concurso de acreedores del deudor con un préstamo participativo suscrito, todos sus acreedores, ordinarios o no, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que las establecidas en las leyes (art. 49 LC -EDL 2003/29207-).
Según el artículo 89 LC -EDL 2003/29207-, los créditos incluidos en la lista de acreedores se clasificarán, a efectos del concurso, en privilegiados (con privilegio especial o con privilegio general, arts. 90 y 91 LC), ordinarios y subordinados (art. 92 LC) y el artículo 89.3º LC establece la regla general que todos los créditos que no aparezcan como especialidades, se clasificarán como créditos ordinarios.
El artículo 92 LC -EDL 2003/29207 declara y clasifica los créditos subordinados dentro del concurso. El número 2º de este artículo considera subordinados los créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados respecto de todos los créditos contra el deudor.
Expresamente este punto 2º del artículo 92 LC -EDL 2003/29207 no menciona los préstamos participativos, pero no deja duda de su inclusión en el citado precepto por virtud del artículo 20.1.c) del Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio -EDL 1996/15505 que, aún cuando no se incluya expresamente en el pacto deben considerase por su mandato como subordinados y, en consecuencia, la ausencia de cláusula de subordinación en el contrato de préstamo participativo no hace perder a éstos su carácter de crédito subordinado. Así lo declara, por ejemplo, la SAP de Valladolid de 19 de junio de 2012 al manifestar que la “voluntad de subordinación existe y ha de considerarse manifestada desde el momento en que las partes deciden utilizar un determinado instrumento o figura contractual que por ley comporta dicha subordinación y a resultas del cual nace el crédito en cuestión, aunque al redactar el concreto contrato no incluyan luego expresa o específicamente dicha cláusula”.
Una vez establecida la subordinación de los préstamos participativos, el devengo de sus intereses se suspenderá desde la declaración del concurso por aplicación del artículo 59.1 LC -EDL 2003/29207-, quedando encuadrada su subordinación por la declaración general contenida en el punto 3º del artículo 92 LC.
Un supuesto similar se regula en el artículo 237 LC -EDL 2003/29207 introducido en la misma por la Ley 14/2013 -EDL 1996/15505-. Los artículos 231 y siguientes LC regulan los acuerdos extrajudiciales de pagos pudiendo, con carácter general, optar al mismo el empresario persona natural que se encuentre en situación de insolvencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 LC, o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, siempre que aportando el correspondiente balance, justifique que su pasivo no supera los cinco millones de euros.
En los diez días siguientes a la aceptación del cargo, el mediador concursal convocará al deudor y a los acreedores que figuren en la lista presentada por el deudor, siempre que puedan resultar afectados por el acuerdo, a una reunión que se celebrará dentro de los dos meses siguientes a la aceptación del cargo.
El artículo 237 LC -EDL 2003/29207 establece que los acreedores convocados deberán asistir a la reunión, salvo los que hubiesen manifestado su aprobación u oposición dentro de los diez días naturales anteriores a la reunión.
Se trata por tanto de estimular la celebración de la reunión y en su caso el correspondiente acuerdo lo que implicará la subordinación del crédito de aquellos que no asistan y no hubieran manifestado su aprobación u oposición dentro de los diez días anteriores, ya aquella haya tenido lugar, ya no hubiera sido posible su celebración por falta de quórum.
En el concurso consecutivo, salvo el supuesto de insuficiencia de la masa activa, se abrirá necesaria y simultáneamente la fase de liquidación que establece que el pago de los créditos subordinados se realizará por el orden establecido en el artículo 92 LC -EDL 2003/29207-. Del orden y determinación de los créditos subordinados establecido en el artículo 92 LC correspondería igualmente el comprendido en el punto 2º; entendida la subordinación en este caso como compromiso por el cual el acreedor es consciente y se compromete a cobrar sobre la base de esta subordinación.
Por otro lado, el Real Decreto Ley 4/2014 -EDL 1996/15505 introduce un inciso en el número 2 del apartado 2 del artículo 93 LC -EDL 2003/29207-. Con carácter general se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado de la persona jurídica los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.
Salvo prueba en contrario, no tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación previsto por el artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad.
Por un lado, la reforma incentiva las capitalizaciones preconcursales de deudas considerando que el acreedor que capitaliza o que haya suscrito el acuerdo de refinanciación, salvo prueba en contrario, no tiene la consideración de persona especialmente relacionada respecto del crédito refinanciado (art. 92.5º, párrafo 2º) o la consideración de administrador de hecho respecto del crédito refinanciado (art. 93.2º, párrafo 2), respectivamente.
En este último caso la LC hace depender la subordinación a las obligaciones que asuma el deudor en el plan de viabilidad y a la prueba en contrario, lo cual incide sobre la dificultad de acreditar dicha cualidad y presunción en la actividad previa de la sociedad.
Este es uno de los beneficios que se introducen en la reforma operada en la LC -EDL 2003/29207 por el Real Decreto Ley 4/2014 -EDL 2014/20750-. Además de no poder ser rescindible el acuerdo de refinanciación si cumple con los requisitos del artículo 71 bis LC, siendo sólo susceptible de impugnación por la administración concursal por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 bis LC, se introduce la presunción (salvo prueba en contrario) de que los acreedores que hayan suscrito un acuerdo de refinanciación no tengan la consideración de administradores de hecho del deudor por las obligaciones asumidas por este en el plan de viabilidad.
a) ¿En qué lugar de la lista de créditos subordinados del art. 93 LC -EDL ...
a) ¿En qué lugar de la lista de créditos subordinados del art. 93 LC -EDL 2003/29207 habrían de encuadrarse los créditos por principal e intereses procedentes de préstamos participativos?
A pesar de que la Ley Concursal -EDL 2003/29207 no menciona expresamente en ninguno de los supuestos relacionados en el artículo 92 LC el crédito participativo como crédito subordinado, nada impide que las partes contratantes pacten que el crédito derivado de un préstamo participativo tenga, con carácter general, la condición de subordinado respecto del resto de los créditos. El artículo 92.2º LC dispone que u0022son créditos subordinados:(…)2º. Los créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados respecto de todos los demás créditos contra el deudor…u0022.
Dicho pacto no sólo es un pacto lógico en el caso de los préstamos participativos, sino que es que sin dicho pacto el préstamo no puede considerarse participativo a la luz de lo que dispone el artículo 20 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas Urgentes de carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica -EDL 1996/15505 . En definitiva, la subordinación es consustancial al préstamo participativo, de tal manera que cuando las partes se someten a la figura del préstamo participativo están pactando –aunque sea de manera implícita la subordinación del crédito que nace a favor del prestamista.
Téngase en cuenta que, como acabamos de decir, la regulación legal de los préstamos participativos, contempla la subordinación del crédito que nace a favor del prestamista. De este modo, el ya citado artículo 20 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas Urgentes de carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica -EDL 1996/15505-, establece que u0022se considerarán préstamos participativos aquéllos que tengan las siguientes características:…u0022. Es decir, que si no reúnen tales características no será considerado un préstamo participativo. Señalando a continuación cuáles deben ser las características que debe reunir tal clase de préstamos.
a) que, con independencia de que se pueda pactar la percepción de un interés fijo, se ligue la retribución del préstamo, necesariamente, al percibo de un interés variable que se determinará en función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria;
b) que el prestatario sólo pueda amortizar anticipadamente el préstamo participativo si tal amortización se compensa con una ampliación de igual cuantía de sus fondos propios y siempre que éste no provenga de la actualización de activos; y,
c) que el crédito del prestamista, en orden a la prelación de créditos, se sitúe después de los acreedores comunes.
Dichas notas son esenciales e imprescindibles para que un préstamo pueda ser considerado u0022préstamo participativou0022. Así se desprende, como acabamos de ver, de la regulación legal de tal clase de préstamos en el artículo 20 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas Urgentes de carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica -EDL 1996/15505 .
Las notas específicas que deben concurrir en los préstamos participativos no han sido establecidas por el legislador de manera caprichosa. No cabe perder de vista cuál es la finalidad que la legislación quiere atribuir a tal clase de préstamos. Los préstamos participativos son una buena opción de financiación ya sea para las empresas en dificultades económicas o ya sea para empresas que persiguen reforzar su estructura de capital. Aunque los préstamos participativos, como su denominación indica, no dejan de ser préstamos, su especial naturaleza les hace más amoldables a las vicisitudes económicas de las empresas. Por esta razón el prestamista suele fijar un tipo de interés más elevado asumiendo un mayor riesgo de impagado. Esto es, se percibe un interés superior al ordinario a cambio de asumir ciertos riesgos. Por otro lado, la subordinación del crédito juega también un papel fundamental en la financiación del prestatario puesto que aumenta su capacidad de endeudamiento ordinario para el caso en que fuera necesario.
Llegados a este punto, estamos en condiciones de afirmar que cuando entre las partes se negocia y se alcanza el acuerdo de concesión de un u0022préstamo participativou0022, no se está pactando una mera denominación, sino el contenido que le va anejo, entre el que necesariamente van unidas las tres características más arriba relacionadas, destacando, por lo que aquí interesa, la de la subordinación.
Por tanto, la literalidad de cómo se plasme el pacto de subordinación en el contenido del contrato de préstamo participativo es lo más irrelevante. Sabiendo, eso sí, que si excluyera la subordinación están desnaturalizando el u0022préstamo participativou0022.
En todo caso, las partes tienen libertad para expresar que el crédito derivado del préstamo participativo tendrá carácter subordinado. Y tal expresión puede hacerse válidamente tanto de manera directa como de manera indirecta o por remisión, siendo en ambos casos un pacto válido y vinculante.
En efecto, las partes pueden pactar la subordinación del crédito derivado del préstamo participativo ya sea haciendo remisión a las características relacionadas en el artículo 20 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas Urgentes de carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica -EDL 1996/15505-, ya sea sometiéndose a la regulación que de los préstamo participativos se contiene en la norma que acabamos de citar. Basta para que pueda entenderse hecho el pacto de subordinación con que las partes expresen que someten el préstamo que están firmando a la normativa contenida en el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas Urgentes de carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica.
En el sentido indicado se pronuncia la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Málaga de 3 de octubre de 2008 -EDJ 2008/300904 que afirma que
u0022(…)y que por ello sólo deberían haber sido calificadas, todas, como subordinadas bien en función de su consideración de préstamo participativo, parciario o por la verdadera naturaleza que escondeu0022.
Igualmente, la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos, de fecha 17 de febrero de 2011, dispone que
“en este sentido una reiterada Jurisprudencia emanada de los Juzgados de los Mercantil (por todas la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Málaga de fecha 1 de octubre de 2.008) viene a considerar la naturaleza subordinada de tales créditos, de acuerdo con la regulación contenida en el art. 92.2º de la Ley Concursal -EDL 2003/29207-, que subordina los mismos no solo cuando las partes hubieran incluido una cláusula de subordinación en un crédito, sino también cuando escogieran establecer una relación crediticia mediante una técnica jurídica que llevara aparejada la subordinación”.
La doctrina refuerza la tesis que hemos expuesto. De este modo, se considera que la subordinación a los efectos del articulo 92.2º LC -EDL 2003/29207 se producirá u0022no sólo cuando las partes incluyan una cláusula de subordinación en un crédito, sino también cuando escojan establecer una relación crediticia mediante una técnica jurídica que lleve aparejada la subordinaciónu0022. En tal caso, se incluirían dentro de esta categoría u0022instrumentos como los préstamos participativos (art. 20 RDley 7/1996), que en todo caso llevan consigo la subordinaciónu0022 [ROJO, A.-BELTRÁN, E.; Comentarios de la Ley Concursal Tomo I; Thomson-Civitas, Madrid (2004); pág. 1663].
b) ¿Cuál sería el lugar que deberían ocupar en la misma lista los créditos subordinados a que se refiere el art. 237, introducido por la Ley 14/2013 de apoyo al emprendedor -EDL 2014/20750-?
Punto de partida de esta cuestión debe serlo que según la redacción originaria de la Ley Concursal -EDL 2003/29207-, todos los créditos subordinados estaban sistemáticamente comprendidos en su artículo 92. No obstante, ninguna regla escrita es capaz de garantizar que el legislador futuro mantendrá criterios semejantes a los implantados en leyes precedentes. A pesar de tal circunstancia, sí debemos hacer mención a lo deseable que hubiera sido el que, de acuerdo con una correcta técnica legislativa, cualquier nueva previsión sobre créditos subordinados -como lo es la establecida en el artículo 237 LC con motivo del acuerdo extrajudicial de pagos hubiera implicado la correlativa y paralela modificación del artículo 92 LC a fin de dotar de suficiente seguridad jurídica al sistema.
Esto es, precisamente, lo que no ha sido respetado al promulgar la Ley 14/2013 de 27 septiembre -EDL 2013/178110-, en la que, al introducir la figura del acuerdo extrajudicial de pagos, se contempla un novedoso supuesto de crédito subordinado en el nuevo artículo 237 LC -EDL 2003/29207-, sin que ello haya supuesto la correlativa modificación del artículo 92 LC, lo cual dificulta el encaje del supuesto previsto en el primer precepto citado dentro de las categorías de créditos subordinados relacionadas en el artículo 92 LC.
El nuevo artículo 237 LC -EDL 2003/29207 regula las consecuencias de determinadas conductas obstaculizadoras de los acreedores al acuerdo extrajudicial de pagos, y con la finalidad de incentivar la participación de todos los acreedores en la reunión convocada por el mediador concursal, dispone que “los créditos de que fuera titular el acreedor que, habiendo recibido la convocatoria, no asista a la reunión y no hubiese manifestado su aprobación u oposición dentro de los diez días naturales anteriores, se calificarán como subordinados en el caso de que, fracasada la negociación, fuera declarado el concurso del deudor común”.
El problema que plantea dicha disposición es el del dificultoso encaje de la nueva previsión dentro de las categorías de créditos subordinados relacionados en el artículo 92 LC -EDL 2003/29207-. A nuestro juicio, esta falta de previsión sólo cabe resolverla o bien mediante la integración del nuevo crédito subordinado en alguna de las categorías ya previstas en el artículo 92 LC, o bien considerando que estamos ante una nueva categoría de créditos subordinados distinta de las relacionadas en el artículo 92 LC.
La primera opción exige la búsqueda de una categoría de créditos subordinados preexistente en el artículo 92 LC -EDL 2003/29207 que permita un adecuado encaje de la nueva previsión legal.
Siguiendo tal criterio, dentro de las distintas clases de créditos subordinados incluidas en el artículo 92 LC -EDL 2003/29207-, el que pudiera resultar más cercano al supuesto previsto en el artículo 237 LC es el que se encuentra en el ordinal 4º, según el cual serán subordinados “los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias”. En efecto, la postergación de los créditos de aquellos que no hubiesen acudido a la reunión convocada por el mediador concursal o no hubieran hecho las manifestaciones previstas en la Ley, parece fruto de una sanción.
A pesar de lo dicho, no parece que el nuevo crédito subordinado contemplado en el artículo 237 LC -EDL 2003/29207 tenga fácil encaje en dicha categoría. Téngase en cuenta que aunque la postergación prevista en el artículo 237 LC pudiera considerarse producto de una u0022sanciónu0022, no es en sí misma una sanción económica, que es lo que parece encajar en el artículo 92.4º LC.
Que en el artículo 92.4º LC -EDL 2003/29207 tienen cabida las obligaciones pecuniarias derivadas de una sanción tuvo la oportunidad de decirlo la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid en fecha 23 de junio de 2005 -EDJ 2005/93453-, según la cual “de ahí que la expresión “.demás sanciones pecuniarias ..” que utiliza el mencionado precepto no pueda ser interpretada sino como una invitación legal expresa a la integración analógica de la norma (téngase en cuenta que, dado el carácter excepcional de la subordinación crediticia, el art. 4.2 del Código Civil -EDL 1889/1 vedaría el recurso a la analogía de no concurrir esa habilitación legal) mediante la incardinación dentro de su ámbito de otros supuestos de obligaciones pecuniarias que, pese a su naturaleza jurídica diversa, ofrezcan con las multas (o sanciones pecuniarias en sentido estricto) una cierta identidad de razón en lo concerniente al fundamento de su específico tratamiento concursal”. Y no parece fácil sostener que la previsión del artículo 237 LC es una obligación pecuniaria derivada de una sanción, sino simplemente que la postergación es el producto de la sanción.
La interpretación alternativa pasaría por considerar que el artículo 237 LC -EDL 2003/29207 introduce una nueva categoría de créditos subordinados que, al no estar contemplados en el artículo 92 LC, debería -junto a todos aquellos otros que se prevean en el futuro sin un encaje en el resto de categorías del artículo 92 LC integrar una última categoría de créditos subordinados.
c) ¿Cómo habría que interpretar la mención a la “prueba en contrario” a que se refiere el inciso introducido en el nº 2 del apartado 2 del art. 93 por el Real Decreto-ley 4/2014 -EDL 2014/20750-?
El artículo 93.2.2º LC -EDL 2003/29207 relaciona el elenco de personas que merecen la consideración de u0022especialmente relacionadasu0022 con el deudor concursado persona jurídica, como consecuencia del cargo que hubiesen desempeñado en su seno dentro de los dos años anteriores al concurso (administradores, liquidadores y apoderados).
En virtud de la reforma llevada a cabo por Real Decreto-Ley 4/2014 -EDL 2014/20750-, el tenor del citado precepto continúa, diciendo que “salvo prueba en contrario, no tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación previsto por el art. 71 bis o la disposición adicional cuarta, por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad”.
La razón de ser de dicha previsión no parece ser otra que la de permitir o facilitar los acuerdos de refinanciación. En efecto, una de las mayores preocupaciones de las entidades financieras al enfrentarse a un proceso de refinanciación de la deuda de su deudor, es ostentar ciertas potestades de control sobre la gestión que el deudor puede hacer de las consecuencias del acuerdo de refinanciación -para evitar las circunstancias que han llevado al deudor a tener que refinanciar su deuda o acudir al concurso y, a la par, no correr con el riesgo de ser consideradas u0022administradoras de hechou0022 en un ulterior concurso del deudor.
La nueva redacción introducida en el artículo 93.2.2º LC -EDL 2003/29207 pretende minimizar la posibilidad de que los sistemas de control impuestos por los refinanciadores a la actuación del deudor, pueda suponer su afección en una eventual Sección Sexta del deudor, dado el desdibujado contorno del concepto u0022administrador de hechou0022.
Dicho riesgo deriva de la falta de definición del concepto de u0022administrador de hechou0022 en nuestro ordenamiento jurídico.
A pesar de que la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 4 de diciembre de 2012 -EDJ 2012/335882 dice que u0022ante el silencio de la norma sobre qué debe entenderse por administrador de hecho, esta Sala ha declarado que lo son -quienes, sin ostentar formalmente el nombramiento de administrador y demás requisitos exigibles, ejercen la función como si estuviesen legitimados prescindiendo de tales formalidades(…)Es decir, cuando la actuación supone el ejercicio efectivo de funciones propias del órgano de administración de forma continuada y sin sujeción a otras directrices que las que derivan de su configuración como órgano de ejecución de los acuerdos adoptados por la junta generalu0022, dicha doctrina no es capaz de despejar todas las dudas.
El párrafo que acabamos de reproducir confirma las dificultades derivadas de que nuestro ordenamiento carezca de la definición de u0022administrador de hechou0022, y a la vez no clarifica suficientemente qué significa u0022ejercer la función como si estuviese legitimadou0022.
Para soslayar el peligro de la indefinición del concepto de u0022administrador de hechou0022, la nueva redacción del artículo 93.2.2º LC -EDL 2003/29207 permite que en el ámbito de un acuerdo de refinanciación que cumpla los requisitos del artículo 71 bis o de la disposición adicional cuarta, las entidades financieras puedan imponer determinadas obligaciones al deudor, así como medios de control sobre la gestión del deudor y actuar positivamente su cumplimiento, sin que ello entrañe el riesgo de ser consideradas, en un ulterior concurso del deudor, como administradoras de hecho, sin perjuicio de que pueda acreditarse que su actuación excedió las obligaciones y controles impuestos al deudor en el acuerdo de refinanciación, para pasar a llevar a cabo de manera continuada la gestión real de la empresa finalmente concursada.
En esta ocasión se nos plantean tres cuestiones diferentes, todas ellas rela...
En esta ocasión se nos plantean tres cuestiones diferentes, todas ellas relacionadas con la calificación de los créditos subordinados. Recordemos que la Ley Concursal establecía como uno de los principios básicos del nuevo procedimiento concursal, la poda de los privilegios que habían existido en la legislación de suspensiones de pagos y quiebras y que había supuesto, finalmente, que la mayor parte de los acreedores no quedaran afectados por el procedimiento (incluso la mayor parte de los proveedores eran titulares, o intentaban serlo, de créditos escriturarios, artículo 1924.3º CC -EDL 1889/1-, que les otorgaba un cierto privilegio). De ahí que la LC -EDL 2003/29207 proclamara la necesidad de limitar los privilegios e, incluso, de establecer unos créditos de peor condición, los créditos subordinados, que quedaban privados del derecho de voto en el convenio (art.122 LC) y cobraban con posterioridad a que lo hicieran los demás créditos privilegiados y ordinarios (art.158 LC).
Es cierto que las sucesivas reformas de la LC -EDL 2003/29207 han alterado en buena medida este principio (los créditos públicos cada vez cuentan con un tratamiento más diferenciado de los demás), sin embargo, los créditos subordinados siguen teniendo una peor posición respecto a los demás créditos.
La primera de las cuestiones que se nos plantea es en qué lugar de la lista de créditos subordinados del artículo 92 deberían estar los créditos derivados de los préstamos participativos, tanto por principal como por intereses.
La primera pregunta que deberíamos hacernos al respecto es si los préstamos participativos deberían encuadrarse en la lista de créditos subordinados. Recordemos que la regulación de estos préstamos es bastante escasa, se encuentran regulados en el RDLey 7/1996, de 7 de junio -EDL 1996/15505-, que señala como característico de los mismos (i) la posibilidad de un pacto de interés fijo junta al variable que depende de la actividad económica del prestatario, (ii) la limitación de las posibilidades de amortización anticipada, (iii) la consideración del préstamo como fondos propios a efectos contables. Precisamente, por ser una de sus características principales, el computar como fondos propios de la sociedad, de forma que no pueden reintegrarse a menos que los fondos propios sean suficientes para ello, siempre se había considerado que los préstamos participativos, debían considerarse encuadrados en el apartado 2, del artículo 92 – esto es, los préstamos subordinados (así, GARCÍA POMBO, A. en Comunicación, reconocimiento y clasificación de créditos en el concurso, Ed. Tirant lo Blanch, afirma que los préstamos participativos son el paradigma del crédito subordinado, puesto que el artículo 20.c) del RD señala que “los préstamos participativos en orden a la prelación de créditos, se situarán después de los acreedores comunes”). Es más, algún autor (FERRE, J. Los créditos subordinados, Ed. Thomson Civitas) consideraba que debían situarse por detrás de todos los créditos subordinados (y no en el número 2 del art.92), dado que su subordinación es legal (y no contractual) y, además, son créditos cercanos al capital social.
Sin embargo, alguna resolución reciente ha rechazado esta interpretación. En concreto la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid de 23 de marzo de 2011 -EDJ 2011/383411 considera que el artículo 20 c) del RD Ley 7/1996 -EDL 1996/15505 es incompatible con el régimen de subordinación previsto en el LC -EDL 2003/29207 y, por lo tanto, debe considerarse derogada. La mera circunstancia del criterio contable de reconocimiento de los créditos (como fondos propios) no es, a juicio de esta resolución, suficiente como para considerar el crédito subordinado; máxime cuando los supuestos de subordinación son tasados y al tratarse de una norma restrictiva de derechos no puede acudirse a la interpretación analógica.
Pese a lo anterior, en mi opinión, como decía al principio, es precisamente la consideración de fondos propios de la compañía lo que lleva a otorgar (o a transformar un préstamo normal en) un préstamo participativo y por ello, sigo considerando que por tal motivo deben encuadrarse en el artículo 92.2, respecto al principal y el 92.3 en cuanto a los intereses (y ello porque los intereses del participativo no pueden ser de mejor condición que los intereses de los préstamo ordinarios). Además, indirectamente esta podría ser la consideración del Tribunal Supremo puesto que, en su Sentencia de 13 de julio de 2011 -EDJ 2011/204898-, en la que se refiere a la naturaleza jurídica de los préstamos participativos, hace referencia a las normas de prelación de créditos, considerando que se mantendrán tras los acreedores comunes, lo que apuntaría a que nos encontramos claramente ante créditos subordinados.
Ahora bien, y para terminar con esta primera cuestión, es posible, y de hecho será frecuente en muchas ocasiones, que el prestamista que haya otorgado el préstamo participativo sea, a su vez, accionista o socio titular de más del 5 ó el 10% del capital social, un administrador o una sociedad del mismo grupo que el prestatario (esto es, una persona especialmente relacionada con el deudor). En este caso, en mi opinión, tanto el principal como los intereses, deben encuadrarse en el apartado 5 del artículo 92, como créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor. Puede pensarse que no tiene sentido realizar esta reclasificación según la persona del acreedor, sin embargo el legislador concursal (con mayor o menor acierto, no podemos ahora pararnos a referirnos a esta cuestión) ha querido subordinar los créditos de quienes pueden tener mayor conocimiento de la situación del deudor. Y, precisamente, por dicho conocimiento han considerado que deben estar por detrás de otros créditos subordinados (recordemos que el orden de pago de los créditos subordinados es el propio orden del artículo 92, conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 LC -EDL 2003/29207-).
La segunda cuestión que se nos plantea es que lugar deberían ocupar en la lista de los créditos subordinados, aquellos de los acreedores que, habiendo recibido la convocatoria del mediador concursal, no asistan a la reunión y no hubieren manifestado su aprobación u oposición (a los que se refiere el artículo 237 LC -EDL 2003/29207 introducido por la ley 14/2013, de apoyo al emprendedor -EDL 2013/178110-). En primer lugar debo decir que la falta de coordinación de esta norma con el resto de la LC es sólo una prueba más de una forma de legislar bastante deplorable (no en vano, Jesús ALFARO saludaba a esta norma en su blog con el título de “mas bazofia” para el BOE). La verdad es que resulta una cuestión complicada y que debería haberse resuelto por el legislador, pero a falta de alguna “pista” al respecto, si hacemos referencia a la interpretación “histórica” de la norma (conforme a la regla hermenéutica que establece el artículo 3.1 del Código Civil -EDL 1889/1-), deberíamos inclinarnos por entender que deberían situarse después del apartado 7, en el octavo lugar.
Básicamente, creo que esta sería la única calificación posible, a falta de ayuda del legislador. Es verdad que podría discutirse si la actuación de este acreedor es mejor o peor que la de los que están en el número 7 (obstaculizan el cumplimiento de contratos con obligaciones recíprocas) o en el número 6 (la contraparte que actuó de mala fe en un negocio rescindido), pero si el legislador no dice otra cosa, y dado que cuando introdujo el supuesto de subordinación por obstaculización de los contratos con el Real Decreto-ley 3/2009 -EDL 2009/22291-, los colocó en el último lugar del artículo 92 (sin tampoco realizar ningún análisis al respecto), creo que es la única opción interpretativa posible (y que, además, coadyuvará al éxito de la mediación concursal, que debemos entender que es la finalidad de esta norma).
Finalmente, nos plantean otra cuestión muy interesante y es cómo debe interpretarse el “salvo prueba en contrario” a la que se refiere el inciso introducido en el número 2 del apartado 2 del artículo 93 LC -EDL 2003/29207-, introducido por el Real Decreto-ley 4/2014 -EDL 2014/20750-. Aquí creo que la interpretación histórica y teleológica de la norma es más sencilla. Primero porque el Real Decreto-ley 4/2014 es una norma que puede “leerse” haciendo referencia a diversos supuestos que se han producido en varios procedimientos concursales, de forma que el legislador ha intentando “aclarar” o evitar que se produjeran dudas en el futuro (lo que, en mi opinión, es perfectamente lógico y razonable ya que las normas deben adaptarse a los tiempos y a las circunstancias en las que deben aplicarse, si bien sería deseable un mayor consenso en cuanto a las diferentes modificaciones).
En este caso, el legislador está pensando en diversas refinanciaciones en las cuales las entidades financieras han convertido sus créditos en capital (o se han convertido en accionistas en virtud de la ejecución de prendas otorgadas al tiempo de concederse la financiación). Al producirse esta condición de accionista “sobrevenido”, podría producirse un supuesto de subordinación que el legislador ya solventó en 2009, al modificar el número 1 del apartado 2 del artículo 93.
Ahora bien, es posible que las entidades financiadoras, no se conviertan en accionistas, pero sí establezcan en el acuerdo de refinanciación determinadas cláusulas “de control” del deudor en tanto no se produzca el repago del préstamo (entre estas cláusulas son bastante estándares, las que impiden contraer nuevas obligaciones – o sólo las permiten en ciertos límites, las que impiden otorgar nuevas garantías, las que exigen información mensual o trimestral, las que prohíben que se realicen determinados desembolsos sin autorización del sindicado bancario, etc.). En diversos procedimientos concursales, la existencia de este tipo de cláusulas y el uso de las mismas por parte de las entidades financieras ha llevado a calificar a las mismas como administradores de hecho del deudor (véase, entre otras, la sentencia del Juzgado Mercantil número 1 de Málaga de 7 de abril de 2011 -EDJ 2011/205737-). El temor a que se produjera esta “contaminación” de sus créditos hacía que las entidades financieras fueran reacias a introducir estas cláusulas de control, lo que a su vez, suponía una mayor restricción del crédito (o condiciones de devolución más duras o financiación más cara).
Con este inciso el legislador trata de despejar este temor, en principio no se producirá la consideración de administrador de hecho porque el deudor haya asumido determinadas obligaciones en el plan de viabilidad y, en consecuencia, en el acuerdo de refinanciación. De esta forma, el inciso “salvo prueba en contrario” en realidad es superfluo porque la condición de administrador de hecho, a mi juicio, siempre tiene que ser objeto de prueba suficiente por quien la alega. Esto nos llevaría a otra cuestión y es qué es un administrador de hecho, pero como no se trata de la cuestión que nos planteaban, sólo puedo señalar que, a mi juicio, el administrador de hecho que se equipara al de derecho, debe ser alguien con poder de gerencia e influencia real en la sociedad, que sustituye o impone su voluntad al administrador de derecho. Ello hace imposible que puedan existir múltiples administradores de hecho (como ocurriría en un sindicado bancario). Pero, en todo caso, volviendo a la cuestión planteada, en mi opinión, en principio las entidades financieras pueden suscribir tranquilas los acuerdos de refinanciación, pese a que el deudor asuma determinadas obligaciones de hacer o no hacer, en relación a su plan de viabilidad, y sólo existirá riesgo de subordinación si, además de tales obligaciones, actúan de verdad como administradores de hecho, sustituyendo o imponiéndose al administrador de derecho.
a) ¿En qué lugar de la lista de créditos subordinados del art. 92 LC -EDL ...
a) ¿En qué lugar de la lista de créditos subordinados del art. 92 LC -EDL 2003/29207 habrían de encuadrarse los créditos por principal e intereses procedentes de préstamos participativos?
El artículo 20 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio -EDL 1996/15505-, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, establece los caracteres básicos de los préstamos participativos, incluyendo entre ellos su carácter postergado o subordinado respecto a otros acreedores del prestatario al establecer que «los préstamos participativos en orden a la prelación de créditos, se situarán después de los acreedores comunes» (art. 20, uno, (c) RDL 7/1996).
Tras la entrada en vigor de la Ley Concursal -EDL 2003/29207-, al margen de la doctrina jurisprudencial que ha interpretado que en concurso de acreedores los préstamos participativos no tienen el carácter de créditos subordinados dado que la aprobación de la LC ha supuesto la derogación tácita de esta norma del RDL 7/1996 -EDL 1996/15505 por resultar incompatible con el régimen de subordinación previsto en la propia LC (cfr. en este sentido la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Madrid, de 23 de marzo de 2011 -EDJ 2011/383411-), la doctrina ha considerado que, en el ámbito del concurso de acreedores, los créditos derivados de un préstamo participativo tienen el carácter de créditos subordinados que deberían considerarse incluidos en el número 2º del art. 92 LC que se refiere a los «créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados respecto de todos los demás créditos contra el deudor» (vid., entre otros, GARCÍA MANDALONIZ, M., «Participación y/o subordinación en los instrumentos de financiación», RDM, 247, 2003, pp. 310 y 311; COLINO MEDIAVILLA, J., «Préstamo participativo», en SEQUEIRA/GADEA/ SACRISTÁN (Dirs.), La contratación bancaria, Madrid, 2007). Y ello porque, aun cuando la subordinación de los créditos derivados de préstamos participativos tenga origen legal, en realidad su aplicación deriva del propio pacto negocial y, por tanto, de la voluntad de las partes que, al contratar un préstamo participativo, están asumiendo el carácter subordinado que impone la norma respecto de los acreedores comunes u ordinarios.
En nuestra opinión, ésta parece ser la solución más coherente en el contexto del sistema de subordinación establecido por la LC -EDL 2003/29207-. En este sentido, si se acepta que los contratantes, al estipular un préstamo como participativo están asumiendo los caracteres que al mismo atribuye el RDL 7/1996, de 7 de junio -EDL 1996/15505-, y, entre ellos, también su carácter subordinado (que usualmente se recoge expresamente en las propias estipulaciones pactadas por las partes), deberemos concluir con su inclusión en el supuesto de subordinación por voluntad de las partes que se recoge en el núm. 2º del art. 92 LC. Ello sin perjuicio de señalar la falta de coherencia del propio sistema de subordinación contenido en la LC al atribuir imperativamente a los créditos contractualmente subordinados una posición determinada y fija en el orden de prelación de créditos subordinados (si se admite que los créditos puedan subordinarse por voluntad de deudor y acreedor también debería admitirse que éstos puedan decidir el rango u orden de graduación que el crédito debería ocupar en el contexto de los créditos subordinados).
b) ¿Cuál sería el lugar que deberían ocupar en la misma lista los créditos subordinados a que se refiere el art. 237, introducido por la Ley 14/2013 de apoyo al emprendedor -EDL 2013/178110-?
El art. 237 LC -EDL 2003/29207 establece un nuevo supuesto de subordinación de créditos en relación con el procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos vinculado al deber de asistencia de los acreedores a la reunión para la aprobación del plan de pagos y el plan de viabilidad aceptado por el deudor, al determinar que «con excepción de los que tuvieran constituido a su favor garantía real, los créditos de que fuera titular el acreedor que, habiendo recibido la convocatoria, no asista a la reunión y no hubiese manifestado su aprobación u oposición dentro de los diez días naturales anteriores, se calificarán como subordinados en el caso de que, fracasada la negociación, fuera declarado el concurso del deudor común». Este supuesto, sin embargo, no se menciona en el art. 92 LC que establece la calificación y orden de graduación de los créditos subordinados, lo que plantea el problema que subyace a la cuestión que se nos formula.
Con la medida de carácter claramente sancionador prevista en el art. 237 LC -EDL 2003/29207 se pretende estimular a los acreedores para que se pronuncien sobre la propuesta de acuerdo o, al menos, asistan a la reunión en la que se plantee la aprobación de un acuerdo extrajudicial de pagos como vía alternativa a la declaración de concurso, tratando de impedir que la falta de pronunciamiento o la ausencia de alguno o algunos de ellos pueda frustrar la adopción del acuerdo (que deberá ser aprobado, en los casos ordinarios, por acreedores que representen, al menos, el 60% del pasivo –art. 238 LC-). La consecuencia de la ausencia y falta de pronunciamiento sobre la propuesta de acuerdo es, ciertamente, muy rigurosa dado que determina la calificación como subordinados en el concurso consecutivo de los créditos que ostente el acreedor ausente que no se hubiese pronunciado previamente sobre la propuesta de acuerdo.
En nuestra opinión, en la medida en que a tenor del art. 242.2.4º LC -EDL 2003/29207 los acreedores que «hayan firmado» el acuerdo extrajudicial no necesitarán solicitar el reconocimiento de créditos en el concurso consecutivo, podría considerarse que los acreedores ausentes que no se hayan pronunciado previamente sobre la propuesta de acuerdo extrajudicial, en tanto deberán solicitar el reconocimiento de sus créditos, quedan incluidos en el número 1 del art. 92 LC que se refiere, también con un fundamento sancionador, a los «créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores, así como los que, no habiendo sido comunicados, o habiéndolo sido de forma tardía, sean incluidos en dicha lista por comunicaciones posteriores o por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta», aunque de dicha calificación queden excluidos los créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor (obviamente, la existencia de los créditos de los acreedores ausentes que no se hayan pronunciado previamente sobre un acuerdo extrajudicial habrá quedado acreditada de la documentación del deudor, en tanto sus titulares fueron convocados a la reunión de acreedores; pero no se trata en este caso de la asimilación de estos créditos con los mencionados en el art. 92.1º a efectos de determinar su carácter subordinado, dado que la subordinación viene en este caso directamente determinada por el art. 237.1 LC, sino exclusivamente a los efectos de establecer el orden de prelación de dichos créditos dentro del conjunto de créditos subordinados).
Tras la reforma de la LC -EDL 2003/29207 llevada a cabo a través del RD-Ley 4/2014, de 7 de marzo -EDL 2014/20750-, el número 2º del apartado 2 del artículo 93 ha quedado redactado en los siguientes términos: «Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. Salvo prueba en contrario, no tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación previsto por el artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad».
Con esta reforma se han tratado de limitar las posibilidades de que un acreedor del concursado persona jurídica, en los casos de suscripción de un acuerdo de refinanciación, pueda ser considerado administrador de hecho de éste con las consecuencias que ello puede desencadenar respecto a la consideración como subordinados de los créditos de los que sea titular frente al concursado (art. 92, número 5º, LC -EDL 2003/29207-). La medida se enmarca en el contexto de la mejora del marco legal de los acuerdos de refinanciación que constituye el principal objetivo del Real Decreto-Ley 4/2014 -EDL 2014/20750-, orientado fundamentalmente a eliminar los obstáculos y rigidices que la propia normativa concursal oponía a la adopción de dichos acuerdos entre el deudor y sus acreedores. Paralelamente, se ha introducido también una modificación del artículo 92, número 5º, LC, en virtud de la cual se prevé expresamente que quienes hayan adquirido la condición de socios en virtud de la capitalización de deuda acordada en el contexto de una operación de refinanciación, no serán considerados como personas especialmente relacionadas a efectos de calificar como subordinada la financiación por ellos otorgada como consecuencia de dicha operación.
Siendo diáfana, por tanto, la finalidad perseguida por la reforma no parece, sin embargo, igualmente claro cuál sea el alcance que deba darse al nuevo inciso incorporado al número 2º del apartado 2 del artículo 93 LC -EDL 2003/29207-, precisamente por esa referencia inicial a la ausencia de prueba en contrario. Si prescindimos de esta referencia, esta nueva norma impediría calificar como administrador de hecho a un acreedor que hubiese suscrito un acuerdo de refinanciación en relación con las obligaciones que asuma el deudor como consecuencia del plan de viabilidad, cualquiera que fuese el alcance e intensidad de éstas. La cuestión es si, con anterioridad a la suscripción del acuerdo de refinanciación, el acreedor ya podía ser considerado administrador de hecho del concursado persona jurídica. Es indudable que, así como los acreedores con privilegio especial están poco motivados para acordar con el deudor la refinanciación de la deuda, los acreedores subordinados, por ejemplo, por ostentar la condición de administrador de derecho o poder ser considerados administradores de hecho del concursado persona jurídica, estarán muy motivados a hacerlo. Y no parece razonable admitir y dar un tratamiento privilegiado a acuerdos de refinanciación que persigan únicamente evitar la calificación como subordinados de créditos que ostenten personas especialmente relacionadas con el deudor.
Pero, fuera de esos casos, si lo que se pretende es eliminar obstáculos para la adopción de acuerdos de refinanciación, debería haberse disipado de manera absoluta el riesgo de que los acreedores, como consecuencia del contenido del acuerdo, puedan ser considerados administradores de hecho del concursado persona jurídica. En este contexto, la referencia a la «prueba en contrario», al margen de resultar difícilmente comprensible dado que la prueba para acreditar la calificación como administrador de hecho será necesaria en cualquier caso, abre la posibilidad de que el acreedor que ha suscrito un acuerdo de refinanciación pueda ser considerado administrador de hecho y, con ello, se vuelve contra la propia finalidad de la norma. En todo caso, para evitar que esta medida quede por completo ineficaz y aun cuando pueda resultar forzado, entendemos que debería interpretarse en el sentido de que podrá calificarse como administrador de hecho a un acreedor que ha suscrito un acuerdo de refinanciación cuando se pruebe que ostenta dicha condición como consecuencia de la realización autónoma de actividades de dirección, administración y gestión del concursado al margen de las que se fundamenten en las obligaciones incluidas en el propio acuerdo de refinanciación.
Se plantean en esta ocasión tres preguntas concretas que tienen que ver con ...
Se plantean en esta ocasión tres preguntas concretas que tienen que ver con situaciones de créditos subordinados. Las dos primeras hacen referencia a la determinación de la posición que en la lista de créditos subordinados deberían ocupar determinados créditos: (a) principal e intereses de préstamos participativos; y (b) créditos de acreedores que se encuentren en la situación del artículo 237 de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 (“LC”), introducido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (la “Ley de Emprendedores”). La tercera (c) hace referencia al nuevo inciso introducido en el nº 2 del apartado 2 del artículo 93 de la Ley Concursal, por el Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial -EDL 2014/20750 (el “RD-L 4/2014”).
Antes de empezar el análisis separado de cada una de las cuestiones enunciadas, conviene recordar, respecto de las dos primeras, que la relevancia de la posición que se dé a un concreto crédito dentro de la lista de subordinados está en que, según el artículo 158.2 de la LC -EDL 2003/29207-, “el pago de estos créditos se realizará por el orden establecido en el artículo 92 y, en su caso, a prorrata dentro de cada número”. Por más que pudiera parecer una precisión innecesaria, su relevancia justifica su formulación con carácter previo al examen de las cuestiones.
Son préstamos participativos los que responden a las características establecidas en el artículo 20.Uno del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica -EDL 1996/15505 (el “RD-L 7/1996”). La principal nota caracterizadora de estos préstamos es que “la entidad prestamista percibirá un interés variable que se determinará en función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria” (apartado a). Pero, en cuanto ahora importa, interesa resaltar la establecida en el apartado c): “los préstamos participativos en orden a la prelación de créditos, se situarán después de los acreedores comunes”. Lo cierto, sin embargo, es que en la relación de créditos subordinados del artículo 92 de la LC -EDL 2003/29207 no hay ninguna previsión que de forma expresa se refiera a los créditos derivados de préstamos participativos en los que la entidad concursada aparece como prestataria.
La circunstancia indicada sitúa la discusión en dos planos. El primero se refiere a si los créditos a que se viene haciendo referencia deben ser considerados subordinados. El segundo, que reclama una respuesta positiva en el primero, precisa determinar el lugar que esos créditos deben ocupar dentro de la relación de créditos subordinados del artículo 92 de la LC -EDL 2003/29207-.
En el primer plano la doctrina parece estar de acuerdo. La ausencia de mención expresa a los préstamos participativos no puede interpretarse como evidencia de que, en sede de concurso, los créditos que derivan de esos préstamos puedan merecer una calificación distinta de la de subordinados. Los créditos derivados de préstamos participativos, por su propia naturaleza y por expresa disposición legal, son créditos subordinados. Lo que discuten los autores, por tanto, es el lugar que deben ocupar dentro de la relación de créditos subordinados del artículo 92 de la LC -EDL 2003/29207-.
La práctica judicial, sin embargo, no se expresa con la misma contundencia. Por ejemplo, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid de 23 de marzo de 2011 -EDJ 2011/383411 considera que por el hecho de derivar de préstamos participativos no cabe la graduación de los créditos como subordinados. Es más, tal interpretación podría resultar coherente con el necesario carácter restrictivo de la subordinación crediticia en sede concursal (Sentencia 348/2012, de 7 diciembre de 2012, de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid -EDJ 2012/309413-), que impide subordinar créditos en supuestos distintos de los expresamente contemplados en la LC -EDL 2003/29207-, no siendo válido el recurso a otras normas legales, que como el artículo 20 del RD-L 7/1996 -EDL 1996/15505 establecen el orden de prelación de créditos con carácter general, máxime cuando dicho precepto es anterior a la entrada en vigor de la LC. Un interrogante añadido sería si al menos los préstamos participativos concertados tras la entrada en vigor de la LC requieren de una manifestación expresa de los contratantes relativa a la subordinación crediticia o basta la mera utilización de esta fórmula crediticia.
Con todo, parece razonable considerar que las posiciones mayoritarias se decantan por considerar que se está ante créditos subordinados, lo que nos lleva al segundo plano: el de su graduación dentro de la lista del artículo 92 de la LC -EDL 2003/29207-.
Las posibilidades son resumidas con precisión por GURREA MARTÍNEZ, A.: “en materia de préstamos participativos, son diversas las dudas interpretativas en torno a la graduación del crédito participativo, dentro de los créditos subordinados. Así, desde un sector doctrinal (GARRIDO), se han considerado créditos cuya subordinación se deriva de un pacto contractual (art. 92.2º); otros, por su parte, opinan que debía encuadrarse en los créditos de las personas especialmente relacionadas (art. 92.5º), por la similitud del acreedor participativo al de los socios (BERMEJO); y otros, en fin, que lo encuadrarían, si cupiera, en un hipotético artículo 92.8º de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 (y en este sentido se manifiesta FERRÉ)” (GURREA MARTÍNEZ, A., “Recensión al libro ‘Los créditos subordinados’, de Juan Ferré”. Anuario de Derecho Concursal, núm. 23/2011).
De las tres opciones indicadas, la que mejor parece ajustarse a la naturaleza de los créditos derivados de préstamos participativos es la del artículo 92.2º de la LC -EDL 2003/29207-, es decir, la de los “créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados respecto de todos los demás créditos contra el deudor”. Cierto es que, en rigor, en los créditos derivados de préstamos participativos la subordinación no surge directamente del pacto contractual, sino de la Ley, en concreto de la previsión del artículo 20.Uno.c) del RD-L 7/1996 -EDL 1996/15505 . Pero no es menos cierto que, para tener la consideración de préstamos participativos, es necesario que la operación sea establecida contractualmente por las partes en los términos y con las características dispuestas legalmente a tales efectos. Puede, pues, considerarse que la subordinación tiene un origen contractual determinante de que el crédito haya de encuadrarse en la categoría del artículo 92.2º de la LC. Esta opinión es compartida por GURREA MARTÍNEZ, A., op. cit, p. 2; PULGAR EZQUERRA, J., “Reestructuración financiera, paraconcursalidad normativa y SAREB”, en Revista de Derecho Bancario y Bursátil, núm. 133/2014, y COLINO MEDIAVILLA, J. L. Créditos participativos y concurso de acreedores, Madrid, pp. 89 y 90. Este último incluso considera que en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes se podría contractualmente empeorar la ubicación de los préstamos participativos dentro de la lista del artículo 92.
La práctica judicial se decanta también por la opción que se viene considerando. Puede citarse en este sentido la Sentencia 221/2012, de 19 de junio de 2012, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valladolid:
“Ciertamente la Ley Concursal -EDL 2003/29207 en su art. 92.2 º califica como subordinado aquel crédito que ‘por pacto contractual’ tenga tal carácter respecto de todos los demás créditos contra el deudor.
Esa expresión legal, tal y como apunta la doctrina mercantilista que cita la parte apelante, puede interpretarse en sentido estricto tal y como lo hace el juzgador de instancia, es decir como exigencia de un concreto pacto o cláusula incorporado expresamente al contrato o relación jurídica de que nazca el crédito.
Por el contrario también puede interpretarse mas ampliamente, entendiendo que dicha voluntad de subordinación existe y ha de considerarse manifestada desde el momento en que las partes deciden utilizar un determinado instrumento o figura contractual que por ley comporta dicha subordinación y a resultas del cual nace el crédito en cuestión, aunque al redactar el concreto contrato no incluyan luego expresa o específicamente dicha cláusula. El paradigma del crédito subordinado contractualmente es el préstamo participativo, regulado en el Real Decreto Ley 7/1996 -EDL 1996/15505-, cuyo art. 20.1.c expresamente dispone que en orden a la prelación de créditos se situará después de los acreedores comunes.
Pues bien, en el caso que nos ocupa entendemos no es ni siquiera preciso acudir a esta segunda interpretación amplia para calificar de subordinado el crédito que nos ocupa. Si examinamos el contrato de préstamo suscrito inter partes el 28 de julio de 2006, se constata como ambas partes libre, voluntaria y conscientemente no solo lo titulan como préstamo participativo en repetidos pasajes y acuerdan pactos propios y genuinos de dicha figura contractual, sino que expresamente en su 1ª cláusula establecen que ‘el presente préstamo tendrá a todos los efectos el carácter de participativo de acuerdo con lo dispuesto en el RDL 7/1996 -EDL 1996/15505-’, añadiendo en la cláusula 11ª que el contrato ‘se interpretará y regirá con arreglo en especial a lo dispuesto en el art. 20 del RDL 7/1996 de 7 de Junio’. Se trata por tanto de una repetida, expresa y completa remisión al RDL, no solo sin excluir ninguno de los efectos que en dicha disposición se contemplan como propios del préstamo participativo que regula, sino con particular y expresa aceptación de los contemplados en su art. 20, entre los que se halla su carácter subordinado respecto de los acreedores comunes. En virtud de ello consideramos resulta clara e inequívoca la voluntad de las partes de someter el crédito nacido del préstamo participativo en cuestión a la subordinación propia de dicho negocio jurídico, por lo que revocamos la resolución impugnada con estimación del recurso”.
Cuanto se ha dicho hasta ahora ha de entenderse referido al crédito que por principal ostenta la entidad prestamista frente a la prestataria. Respecto de los intereses, sin embargo, resulta de aplicación el artículo 92.3º de la LC -EDL 2003/29207-, que se refiere a “los créditos por recargos e intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva garantía”. Según el artículo 20.Uno.a) del RD-L 7/1996 -EDL 1996/15505-, la retribución al prestamista consistirá en “un interés variable que se determinará en función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria”. Además, podrá pactarse “un interés fijo con independencia de la evolución de la actividad”. Cualquiera que sea la modalidad de retribución pactada, parece evidente que su naturaleza encaja en el artículo 92.3º de la Ley Concursal. Cabría plantearse si, al no hacerse distinción expresa en la norma entre principal e intereses, éstos podrían también graduarse dentro del artículo 92.2º de la LC. La respuesta es negativa. Se trata de verdaderos intereses, sujetos a la norma especial del artículo 92.3º de la LC. Además, sería difícil justificar una posición que concediese mejor condición a los intereses derivados de préstamos participativos que a los derivados de otras operaciones generadoras de créditos ordinarios.
¿Qué ocurriría si el prestamista fuese persona especialmente relacionada con el concursado? Que en tal supuesto el crédito procedente del préstamo participativo, tanto por principal como por intereses, habría de ser ubicado en el artículo 92.5º de la LC -EDL 2003/29207-. El elemento determinante de la graduación del crédito no sería la propia naturaleza de éste, sino la identidad del acreedor y su condición de persona especialmente relacionada con el deudor ex artículo 92 de la LC.
Como es sabido, la llamada Ley de Emprendedores introdujo en la Ley Concursal el Título X, que lleva por rúbrica “El acuerdo extrajudicial de pagos”. Se trata de un mecanismo que persigue reducir el efecto de desincentivador del emprendimiento que se asocia a la percepción del riesgo de fracaso mediante la previsión de, en palabras de la Exposición de Motivos, “un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios”.
El objetivo del legislador es, pues, en este punto, introducir algunos ajustes en materia concursal para introducir un procedimiento extrajudicial denominado de mediación que permita evitar la declaración de concurso de ciertas personas físicas o jurídicas por medio de un acuerdo tutelado entre el deudor y sus acreedores. En la regulación de este mecanismo se introducen determinadas medidas destinadas a fomentar la participación de los acreedores. Entre esas medidas puede encuadrarse el artículo 237.1 de la LC -EDL 2003/29207-, según el cual “los acreedores convocados deberán asistir a la reunión, salvo los que hubiesen manifestado su aprobación u oposición dentro de los diez días naturales anteriores a la reunión. Con excepción de los que tuvieran constituido a su favor garantía real, los créditos de que fuera titular el acreedor que, habiendo recibido la convocatoria, no asista a la reunión y no hubiese manifestado su aprobación u oposición dentro de los diez días naturales anteriores, se calificarán como subordinados en el caso de que, fracasada la negociación, fuera declarado el concurso del deudor común”. La incentivación a los acreedores consiste en este caso en el castigo que se anuda a su no participación en los términos fijados en la norma: la subordinación de su crédito en el llamado concurso consecutivo posterior.
Son muchos los comentarios que se han escrito sobre la regulación de la llamada mediación concursal. Un denominador común de ellos es que se muestran muy críticos con esa regulación y las críticas incluyen también tanto la propia penalización como la forma en que ésta se ha diseñado.
Mas no es ése el tema ahora planteado. Lo que se pregunta es qué lugar dentro de la lista de créditos subordinados del artículo 92 de la LC -EDL 2003/29207 ha de asignarse a los créditos que se encuentren dentro del supuesto del artículo 237 de la LC.
La pregunta es de todo punto pertinente, porque la norma analizada se limita a decir que los créditos a los que se refiere se calificarán como subordinados en el concurso consecutivo posterior, pero no da ninguna indicación sobre el lugar que ocuparán dentro de la relación de créditos subordinados, extremo que es de absoluta relevancia dada la importancia de la posición de esos créditos a efectos del orden de pago establecido en el artículo 158.2 de la LC -EDL 2003/29207-.
La determinación del lugar que se debe asignar a los créditos del artículo 237 de la LC -EDL 2003/29207 se ve dificultada por otro elemento. La relación del artículo 92 de la LC es heterogénea y no resulta fácil identificar el criterio seguido para el establecimiento del orden de prelación allí dispuesto. Como dice GARRIDO, J. M., “los supuestos de subordinación son heterogéneos y responden a distintas circunstancias” (GARRIDO, J. M., “Créditos subordinados” (art. 89), en ROJO-BELTRÁN, Comentario de la Ley Concursal, Madrid, 2004, p. 1661).
Así las cosas, la solución más razonable puede ser entender que se está ante la creación de una nueva categoría de créditos subordinados que se añade al catálogo ya existente en el artículo 92 de la LC -EDL 2003/29207 y, por tanto, en la última posición de ese catálogo. A efectos de la numeración contenida en el artículo 92 de la LC, puede, pues, considerarse que los créditos del artículo 237 de la LC se corresponderían con un nuevo número 8º dentro de la relación establecida en esa norma. Esta posición, además, es coherente con el criterio seguido por el legislador en el artículo 9.3 del Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo -EDL 2009/22291-, que introdujo en el artículo 92 una nueva categoría de créditos subordinados y lo hizo incorporándola al último lugar de la lista, como nuevo número 7º: “los créditos derivados de los contratos con obligaciones recíprocas a que se refieren los artículos 61, 62, 68 y 69, cuando el juez constate, previo informe de la administración concursal, que el acreedor obstaculiza de forma reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio del interés del concurso”. En ese caso, la nueva categoría se insertó directamente al final de la lista. Esta misma situación parece haberse producido en el caso del artículo 237 de la LC, si bien con una técnica legislativa diferente.
Comencemos colocando la norma en su contexto.
Según el artículo 92.5º de la LC -EDL 2003/29207-, “son créditos subordinados: 5º. Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo siguiente (…)”. De este modo, el artículo 93 de la citada Ley detalla quiénes son esas personas especialmente relacionadas con el concursado. En concreto, el apartado 2.2º de ese precepto establece que: “se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: 2º. Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. Salvo prueba en contrario, no tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación previsto por el artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad”. El inciso segundo de esta norma es una de las novedades introducidas en la Ley Concursal -EDL 2003/29207 en virtud de la modificación operada por el RD-L 4/2014 -EDL 2014/20750-. Con esta reforma se intentan eliminar diversos obstáculos existentes en materia de refinanciación, para facilitar así que las empresas operativamente viables eviten el concurso y su consecuencia más habitual, la liquidación. Lógicamente, ha de entenderse que ese mismo espíritu se encuentra presente en la introducción de ese nuevo inciso en el artículo 93.2.1º de la LC.
Desde esa perspectiva, lo que parece haber querido el legislador es establecer una medida de protección de los acreedores que hayan suscrito un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis o en la disposición adicional cuarta de la norma. ¿En qué consiste la protección? En que el contenido del acuerdo, y en concreto, las obligaciones asumidas por el deudor frente a los acreedores en relación con el plan de viabilidad no darán lugar, por sí solos, a que esos acreedores puedan ser considerados administradores de hecho del deudor y, por tanto, personas especialmente relacionadas por éste, a efectos de la posible subordinación de sus créditos ex artículo 92.5º de la LC -EDL 2003/29207 en un eventual concurso posterior del deudor. Esta idea, que se formula en términos generales, puede necesitar alguna explicación adicional o de detalle. Como es bien sabido, es práctica no infrecuente que los acuerdos de refinanciación de sociedades en situaciones de crisis empresarial introduzcan obligaciones del deudor frente a los acreedores con una vinculación, directa o indirecta, más o menos estrecha, con la esfera de actos de gestión de la propia sociedad deudora. En la práctica se ha planteado, en el seno del posterior concurso del deudor, si el contenido de esas obligaciones podía determinar que el acreedor de que se tratase fuese, en realidad, un administrador de hecho del propio deudor, con las consecuencias a ello anudadas, no sólo en materia de subordinación de créditos, sino de calificación concursal y de determinación de las personas afectadas por una eventual declaración de culpabilidad (véase la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga de 7 de abril de 2011 -EDJ 2011/205737-, a título puramente ilustrativo). El riesgo de que en el concurso ese acreedor fuese considerado administrador de hecho constituía un elemento desincentivador de la introducción de determinados pactos en los acuerdos de refinanciación y ello, en definitiva, redundaba en detrimento de las posibilidades reales de alcanzar un acuerdo de refinanciación efectivo que permitiese salvar la situación de crisis y propiciar la viabilidad del deudor. Parece que el legislador ha querido hacer frente a ese riesgo y dar tranquilidad a las partes (deudor y, sobre todo, acreedores) en la configuración de las obligaciones del deudor relativas al plan de viabilidad. De manera que el solo contenido de esas obligaciones, aisladamente considerado, no puede dar lugar a que los acreedores sean considerados administradores de hecho y, por tanto, personas especialmente relacionadas con el deudor, en caso de que éste sea finalmente declarado en concurso.
La norma, eso sí, permite prueba en contrario, lo que necesariamente exige plantearse en qué puede consistir esa prueba. Esa prueba puede estar en elementos que, al margen del contenido propio de las obligaciones asumidas por el deudor en relación con el plan de viabilidad, revelen la existencia de una situación de administración de hecho. De manera que, aunque por el contenido de esas obligaciones los acreedores no pueden ser considerados como administradores de hecho, pueden en cualquier caso llegar a serlo si existen y se acreditan otras circunstancias reveladoras de una situación de administración de hecho, en los términos que tradicionalmente se vienen estableciendo por la práctica judicial (véase, por ejemplo, la completa Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid de 5 de diciembre de 2007 -EDJ 2007/285214-, que sistematiza de manera completa y rigurosa los requisitos o presupuestos necesarios para apreciar una situación de administración de hecho, de una forma que ha sido reproducida por muchas otras resoluciones judiciales).
Se plantea en primer lugar el orden que en la lista de créditos subordinados...
Se plantea en primer lugar el orden que en la lista de créditos subordinados del artículo 93 de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 debe ocupar el crédito por principal e intereses procedentes de préstamos participativos.
La respuesta está condicionada por la propia naturaleza del préstamo participativo actúa a modo de instrumento financiero que se asemeja al préstamo ordinario pero que tiene como elemento característico y diferencial del préstamo ordinario el pacto sobre la variabilidad del interés debido en atención a los resultados de la compañía, la denominada cláusula participativa.
Pues bien, sobre la naturaleza subordinada del préstamo participativo, ninguna duda hay dado que, conforme al artículo 20.1 c) del RDLey 7/1996 -EDL 1996/15505 “Los préstamos participativos en orden a la prelación de créditos, se situarán después de los acreedores comunes”. La cuestión radica sobre que categorización de entre los créditos subordinados a que se refiere el artículo 92 de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 ha de otorgárseles dado que estos créditos han de pagarse en el orden que establece el artículo 158 de la Ley Concursal y por tanto es relevante el orden que ocupen de entre el listado que contiene aquél precepto.
Entendemos que se trata de créditos que por pacto contractual tienen el carácter de subordinados respecto de todos los demás créditos contra el deudor (art 92.2º LC -EDL 2003/29207-) como resulta, no sólo de su antecedente –de hecho, así aparecían en el Proyecto de Ley Concursal sino porque la subordinación que la el artículo 20-1-c) del Real Decreto-Ley 7/1996 -EDL 1996/15505 establece surge como consecuencia de un pacto negocial de fijar un interés variable que se determinará en función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria. Dicho de otro modo, cuando se negocia un contrato de préstamo participativo, se está asumiendo el carácter subordinado que le impone la regulación legal descrita.
Por tanto, el crédito por el capital pertenecería al grupo 2º del artículo 92 de la Ley Concursal -EDL 2003/29207-, ocupando el crédito por intereses su lugar correspondiente (grupo 3º del citado artículo).
El segundo caso de crédito subordinado sobre el que se formula cuestión es el relativo al crédito al que se refiere el art. 237, introducido por la Ley 14/2013 de apoyo al emprendedor -EDL 2013/178110-.
Conforme a este precepto el crédito del “… acreedor que, habiendo recibido la convocatoria, no asista a la reunión y no hubiese manifestado su aprobación u oposición dentro de los diez días naturales anteriores, se calificarán como subordinados en el caso de que, fracasada la negociación, fuera declarado el concurso del deudor común”.
La ley sanciona por tanto al acreedor que con su conducta abstencionista, obstaculiza la posibilidad de aprobación de un plan extrajudicial de pagos, no respondiendo a la llamada del mediador a la reunión destinada a la aprobación del citado plan ni haciendo manifestación en el plazo legal que se le otorgan previo a la reunión, de su aprobación o desaprobación del citado plan. Y la sanción consiste en reclasificar su crédito, transmutándolo en subordinado. La cuestión es a qué categoría de crédito subordinado pertenecen estos créditos.
Partiendo de que la subordinación en este caso no es sino una sanción legal, el criterio para situar estos créditos en alguna de las categorías del artículo 92 de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 ha de ser la de su asimilación a alguna de las categorías que tengan una raíz equivalente, análoga o similar de entre las que contempla el precepto. Cabría plantearse, más allá de aquella técnica de asimilación, si sería posible hablar de una categoría nueva que por tanto debiera tenerse por autónoma. El obstáculo surge del artículo 158 que impone el pago por el orden del artículo 92.
Pues bien, asumiendo que es necesario acudir a la técnica de la analogía, podría excluirse ab inicio la equiparación respecto de los créditos a que se refieren los números 1º, -créditos tardíamente comunicados-, 2º -créditos que son subordinados por pacto contractual-, 3º -créditos por recargos e intereses-, 4º -créditos por multas y otras sanciones pecuniarias y 5º -créditos de sujetos de especial relación con el deudor-.
Nos restan los créditos de quien es parte de mala fe en un acto rescindido –art 92-6º y los créditos de quienes obstaculizan el cumplimiento del contrato en perjuicio del interés del concurso –art 92-7º-.
Ciertamente, equiparar la conducta del acreedor que omite actividad ante la convocatoria del mediador para formar parte de la reunión de acreedores para el examen y aprobación o desaprobación del plan extrajudicial de pagos, omitiendo incluso un pronunciamiento previo, con una conducta maliciosa, tendenciosamente fraudulenta en muchas ocasiones en los supuestos por los que se subordina el crédito del tercero en la rescisión concursal (art 73-3 LC -EDL 2003/29207-), resulta complejo porque de ordinario no hay en la pasividad del acreedor más que una falta de colaboración al fin perseguido con la aprobación de un plan extrajudicial de pagos. Incluso en el marco de una estrategia del acreedor, la defensa de su interés no es equiparable a la mala fe.
Sí hay sin embargo cierta equiparación a la obstaculización a la consecución, no del interés de un concurso inexistente sino del interés de que éste no se declare, abriéndose la vía alternativa de una solución pactada previa a la propia existencia del concurso.
Desde esta perspectiva, la asimilación del crédito subordinado parece más razonable hacerla con el número 7º del artículo 92 de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 y ubicar a los efectos del artículo 158 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463 los créditos reclasificados del artículo 237 en dicho apartado.
Finalmente, en cuanto a la tercera cuestión, se plantea la interpretación de la mención a la “prueba en contrario” a que se refiere el inciso introducido en el nº 2 del apartado 2 del art. 93 por el Real Decreto-ley 4/2014 -EDL 2014/20750-.
Dice la norma que “Salvo prueba en contrario, no tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación previsto por el artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad.”.
La norma blinda a quien ha facilitado el acuerdo de refinanciación, sea de los homologados o de los ordinarios, evitando sancionar a quienes pudieran tener la consideración de administradores de hecho.
En particular lo que hace la norma es reducir el riesgo de que la administración concursal pueda incluir, llegado el momento, a algunos acreedores como culpables en su informe. Pero decimos que se limita a reducir, que no a eliminar, tal riesgo dado que la expresión “salvo prueba en contrario”, hace de la presunción que se contiene en la norma de una presunción iuris tamtum que en nada modifica el panorama probatorio respecto del Administrador concursal, pues la atribución de la calidad de administrador de hecho constituye en todo caso, un hecho cuya carga probatoria recae frente a quien atribuye dicha condición.
Por consiguiente, la norma sólo de modo parcial elimina el riesgo de quienes, siendo acreedores, asumen sin embargo funciones propias de la administración del deudor.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 20
 artículo 89
 artículo 89
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 20
 Real Decreto 
 artículo 59
 artículo 92
 artículo 237
 artículo 2
 artículo 237
 artículo 92
 artículo 92
 Real Decreto 
 artículo 93
 artículo 71
 Real Decreto 
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 92
 artículo 237
 artículo 92
 artículo 237
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 237
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 237
 artículo 237
 artículo 237
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 237
 artículo 237
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 71
 artículo 1924
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 20
 resolución 
 artículo 20
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 158
 artículo 237
 artículo 3
 artículo 92
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 20
 artículo 93
 artículo 71
 artículo 92
 artículo 93
 artículo 237
 artículo 93
 artículo 158
 artículo 92
 artículo 20
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 20
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 20
 artículo 92
 artículo 92
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 92
 artículo 20
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 237
 artículo 92
 artículo 237
 artículo 158
 artículo 237
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 237
 artículo 9
 artículo 92
 artículo 237
 artículo 92
 artículo 93
 artículo 71
 artículo 93
 artículo 71
 artículo 92
 artículo 93
 artículo 20
 artículo 92
 artículo 158
 artículo 20
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 158
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 158
 artículo 237
 artículo 71