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Timestamp: 2019-09-16 20:28:56+00:00

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Nuevo libro de Alberto Pravia: El Código Procesal Penal Federal Concordado y Comentado
Luego de la modificación del Código Procesal Penal Nacional a partir de las leyes 27.063 y 27.482 y su implementación por regiones principiando en la jurisdicción norte que incluye Salta y Jujuy solo restaba que la doctrina nos presentara alguna obra que tratara sobre esta nueva normativa, en ese contexto el jurista Alberto Pravia, de dilatada trayectoria académica presenta su decimoquinto libro. El Código Procesal Penal Federal Concordado y Comentado elaborado por Pravia, fue publicado por la editorial Bibliotex Libros y cuenta con el prólogo de otro destacado jurista, el bonaerense Roberto Atilio Falcone. En esta obra se analiza cada artículo con menciones tanto de doctrina y jurisprudencia, reenviando a la norma de similar contenido del anterior rito, también se expande sobre nuevas herramientas, institutos o procedimientos, como flagrancia, el arrepentido, los criterios de oportunidad, la investigación penal preparatoria, el informante etc.
Córdoba: procesaron con prisión preventiva a una acusada de fotografiar mujeres que eran ofrecidas en una página web
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó una sentencia que había dispuesto el sobreseimiento de una mujer acusada de ser partícipe del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, y la procesó con prisión preventiva. A su vez, trabó embargo sobre sus bienes por la suma de $150.000. La resolución se produjo luego del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, en el marco de una causa en la que se investiga a una organización abocada a captar mujeres y explotarlas sexualmente a través de un sitio web. Por otra parte, los camaristas también confirmaron lo dispuesto por el juzgado de instrucción respecto a la pareja de la imputada -su procesamiento con prisión preventiva-, pero modificando la calificación legal de “promoción y facilitación de la prostitución ajena” por la del delito de trata de personas, tanto de mayores como de menores de 18 años. Red de prostitución La pareja está acusada de manejar una red de prostitución junto a otros imputados a través de un portal que era administrado por el hombre y mediante el cual se encargaba de captar a mujeres en la ciudad de Córdoba, para luego trasladarlas hasta Rosario y ahí ofrecer sus servicios sexuales a cambio de dinero. La banda también contaría con una base operativa ubicada en la República de Chile. Dentro de esta organización, la mujer tendría la tarea de fotografiarlas de manera “sexy” para subir las imágenes a la web. En esa línea, el tribunal revisor consideró que este rol “constituye una modalidad delictiva de promoción de la prostitución de personas adultas”. La pareja está acusada de manejar una red de prostitución junto a otros imputados a través de un portal mediante el que se captaba a mujeres en Córdoba, que luego eran trasladadas hasta Rosario. “Esto implicaría un eslabón esencial dentro de la cadena de conductas que generalmente tienen lugar en una red delictiva dedicada a la explotación sexual de mujeres”, agregaron los jueces. Los dos imputados restantes realizaban idéntica actividad delictiva en otro departamento ubicado en la ciudad de Córdoba. En tanto que otros dos acusados ya fueron condenados con anterioridad por un tribunal oral federal de esa provincia y hay una imputada más que se encuentra prófuga. La causa se inició en 2012. En noviembre de 2014 se hicieron los allanamientos y en noviembre de 2018 el juzgado de primera instancia dispuso el sobreseimiento de la imputada en carácter de partícipe necesaria del delito de trata de personas. En consecuencia, el fiscal federal Enrique Senestrari interpuso un recurso de apelación. El representante del MPF remarcó que las tres mujeres “desempeñaron un rol específico en la cadena delictiva dedicada a la captación, traslado y acogimiento, mediante abuso de situación de vulnerabilidad, con finalidad de explotación sexual de mujeres”. Además, destacó que dichas conductas “no deben ser valoradas en forma aislada”. A su turno, el fiscal general ante la Cámara Federal cordobesa Alberto Lozada sostuvo el recurso y agregó que la figura que corresponde aplicar es la de trata de personas y no solamente la de promoción y facilitación de la prostitución, tal como sostuvo el juez federal. En esa línea, finalmente, resolvieron los magistrados del tribunal de alzada. Al respecto, Lozada había indicado que “la participación de esta pareja se encuentra directamente vinculada a la de ‘publicidad’ que manejaban ambos a través del portal de internet mencionado”.
La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, compartió este lunes un almuerzo en el Palacio de Justicia con el presidente del Tribunal Constitucional de España, Juan José González Rivas, y el magistrado de ese tribunal Antonio Narváez Rodríguez. También estuvieron presentes Andrés Gutiérrez Gil, secretario general del Tribunal Constitucional de España, y Alfonso Diez Torres, encargado de negocios de la Embajada de España en Buenos Aires.
“Agenda 2030” de la ONU el MPF fijó una política institucional y trabaja en plan de acción
En la sede de la Procuración General de la Nación se realizó ayer una reunión de trabajo para poner en marcha el plan de acción dirigido a priorizar las actividades del Ministerio Público Fiscal, orientadas a enmarcar sus logros y funciones de acuerdo a las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 enfocado en la "Paz, justicia e instituciones sólidas" y, eventualmente, promover las mejoras necesarias para alcanzar tales propósitos. La jornada contó con la presencia de representantes de fiscalías, procuradurías especializadas, unidades fiscales y direcciones del organismo. En ella se transmitió la decisión del Procurador General de la Nación interino de profundizar las iniciativas para cumplir con las metas del ODS 16, como una política prioritaria de todo el MPF. Asimismo se presentaron algunas propuestas para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas. En esta línea, en mayo de este año mediante la resolución PGN N° 36/2019, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, había dispuesto enmarcar los logros alcanzados por el MPF, vinculados al ODS 16 y, a partir de ellos, diseñar un plan de acción para profundizar y priorizar estas propuestas. Esta resolución encomendó a los titulares de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional, Diego Solernó, y de la Dirección de Relaciones Institucionales, Luis Lozano, la elaboración de un plan de trabajo orientado a coordinar las acciones necesarias para implementar estos objetivos. Además, el mes pasado Casal participó en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, celebrado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en el que, en representación de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), presentó la contribución de este foro en materia de justicia, seguridad y derechos humanos y transmitió el compromiso de los Ministerios Públicos de la región para involucrarse activamente en la implementación de las metas propuestas en los ODS. En la apertura del encuentro, el secretario de Coordinación Institucional Juan Manuel Olima Espel destacó la decisión institucional de enmarcar los proyectos llevados a cabo por el organismo en los últimos años dentro de los ODS, así como fortalecer las actividades orientadas al cumplimiento de los fines propuestos. En este marco, señaló que por primera vez este tipo de acuerdos promueven la participación activa de los operadores del servicio de administración de justicia, y que la primera labor a llevar a cabo será la identificación de las iniciativas en las dependencias del MPF que presenten objetivos comunes a la implementación de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Por su parte, Lozano mencionó que, si bien puede verse como un antecedente de esta agenda los Objetivos del Milenio, fijados en 2000 por Naciones Unidas, los ODS se diferencian por "ser más amplios y porque abarcan al conjunto de naciones. El foco del objetivo 16 es la justicia, pero también las instituciones sólidas". Solernó también destacó la presencia del procurador interino Casal en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, celebrado en julio en Nueva York. Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2015, mediante la Resolución A/RES/70/1, la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. A través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas conexas, el documento plantea un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad humana. La Agenda 2030, que entró en vigor el 1° de enero de 2016, considera prioritario dar respuestas a las necesidades de la sociedad, especialmente a poblaciones y grupos más vulnerables, y establecer nuevos objetivos económicos, sociales y ambientales.
Protocolo y Marco Legal de Actuación Policial para todas las Escuelas de Policía
A partir de hoy hasta el jueves en las instalaciones de la Escuela de Policía de Santiago del Estero se estarán desarrollando dos capacitaciones para docentes e instructores de Institutos Policiales de Formación Policial de todas las jurisdicciones del pais, sobre Protocolo de Actuación Policial y Marco Legal de Actuación Policial. Dichos Manuales dentro del Ciclo de Cátedras Nacionales organizado por la Subsecretaria de Formación Policial del Ministerio de Seguridad nacional serán presentados por la Lic. Alejandra Adorno Directora Nacional de Diseño Curricular y Articulación con las jurisdicciones. Cabe destacar que el Manual de Marco Legal de Actuación Policial y su desarrollo temático presencial fue elaborado por el jurista Alberto Pravia.
Ordenan la indagatoria del ex presidente de Sociedad Aguas de Tucumán por posible infracción a la ley de Residuos Peligrosos
la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán ordenó que el ex presidente y miembro del directorio de la empresa Sociedad Aguas de Tucumán (SAT SAPEM) sea llamado a prestar declaración indagatoria por posible eliminación de efluentes cloacales sin el debido tratamiento que desembocan en el Río Salí y su curso hídrico, que continúa en Santiago del Estero con el nombre de Río Dulce y finaliza en la laguna Mar Chiquita, en Córdoba. La querella había interpuesto recurso de apelación contra la resolución del juez de primera instancia que dispuso sobreseer al imputado. Cuando la Cámara Federal emplazó al fiscal general Gustavo Gómez en los términos del art. 453 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), éste decidió adherirse a la apelación y logró expresar agravios. En la audiencia prevista a los efectos, ambas partes acusadoras refirieron que el Juzgado no realizó un análisis exhaustivo de las pruebas reunidas por lo que el sobreseimiento carecía de fundamento, “construido a partir de un voluntarismo puro y llano” del juez con la pretensión de liberar de responsabilidad al ex director de la Sociedad sin haber prestado declaración indagatoria. En la causa se investiga la posible contaminación de la cuenca Salí-Dulce con líquidos cloacales. En la causa se investiga la posible contaminación de la cuenca Salí-Dulce con líquidos cloacales. Según los documentos la Planta de Tratamiento cloacales San Felipe no realizaría el tratamiento adecuado de los efluentes que son vertidos allí. Nuevas medidas probatorias Entre el extenso listado de medidas ordenadas se encuentra el pedido a Gendarmería Nacional para que realice un relevamiento con identificación de las viviendas que se encuentran bordeando los Canales Norte, Sur y San Cayetano, cuyos desechos cloacales serían volcados directamente sin ningún tratamiento previo con destino al cauce del Río Salí. Asimismo, al Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán para lleve un registro del estado sanitario de la población. Por otra parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente de la Provincia, junto al subsecretario de Protección Ambiental y la directora de Medio Ambiente deberan informar sobre las condiciones y aptitud de la Planta de tratamiento de efluentes cloacales, durante el período a cargo del imputado. Además, la Cámara intimó a que se realicen una serie de declaraciones testimoniales tendientes a verificar la situación actual de la planta de tratamiento San Felipe y el control que respecto a su funcionamiento hizo el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT). En relación al sobreseimiento dictado por el juez, los camaristas -en línea con el MPF- explicaron que tal decisión requiere de un grado de certeza respecto de la debida acreditación de alguna de las circunstancias previstas por el art. 336 del CPPN, que no se observan en el expediente. La posición del MPF Al momento de emitir opinión, el fiscal general explicó que para sobreseer al imputado no deben existir dudas. Sin embargo, resaltó que hay varios informes periciales adversos que detallan los análisis de las muestras líquidas, recogidas por Gendarmería Nacional en puntos geográficos vinculados directamente con la Planta San Felipe de propiedad de la firma SAT SAPEM que presidía el imputado. El fiscal general explicó que para sobreseer al imputado no deben existir dudas. Sin embargo, resaltó que hay varios informes periciales adversos. Los hechos que se le imputan al ex directivo se enmarcan en el art. 55 de la ley 24.051 -de Residuos Peligrosos- y su responsabilidad surgiría del artículo 57 de dicha normativa. En este punto, el MPF explicó que la resolución cuestionada habría hecho una interpretación “sesgada” del resultado de los informes periciales que acreditaban el peligro de los efluentes cloacales y los que emanan del tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). El fiscal general también descalificó el informe médico forense, "que afirma prácticamente la inocuidad de los efluentes debido al recorrido que hacen los mismos en el ambiente circundante y con la falaz postulación que el agua del Río Salí no es destinada al consumo humano". Finalmente, recordó que la situación procesal del imputado se resolvió sin haber prestado declaración indagatoria.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ester Ledesma, resolvió –por mayoría– declarar inadmisibles los recursos extraordinarios federales interpuestos contra la decisión, de esa Sala, que había declarado inadmisibles los recursos de casación interpuestos por las defensas de varios imputados contra la resolución (de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal) que confirmó el procesamiento y embargo de Julio De Vido –extitular del entonces Ministerio de Planificación Federal-, directivos de la empresa constructora Skanska, representantes de compañías que participaron en las maniobras presuntamente delictivas y otros intermediarios en orden a los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho activo y pasivo, respectivamente. Además, la Sala IV declaró inadmisibles –también por mayoría– los recursos extraordinarios federales interpuestos contra la sentencia, de esa misma Sala, que había desestimado los recursos de casación interpuestos contra la anulación de diversos sobreseimientos, entre ellos, los correspondientes a Daniel Cameron –exsecretario de Energía-, Fulvio Madaro y Hugo Muñoz –ex presidente y vicepresidente de Enargas, respectivamente-. En la causa se investiga el presunto pago de coimas y sobreprecios en el marco de las contrataciones para expandir la capacidad de transporte de gas natural comprendiendo la instalación de gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (licenciataria TGS), la incorporación de potencia de comprensión en plantas existentes, el acondicionamiento de las plantas compresoras existentes y la construcción de una nueva planta compresora. La Sala IV –con el voto mayoritario de los jueces Borinsky y Carbajo– convalidó los fallos dictados por ese Tribunal, en ocasión de declarar inadmisibles los recursos interpuestos, por entender que las defensas no demostraron la afectación a diversas garantías constitucionales que invocaron en su favor y porque tampoco rebatieron los fundamentos de las resoluciones recurridas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, desestimó las demandas colectivas promovidas por los defensores del pueblo de las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa por falta de legitimación para cuestionar resoluciones dictadas por autoridades nacionales en materia de suministro de luz (resolución n° 6/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación) y de peajes (resolución n° 46/2016 de la Dirección Nacional de Vialidad). De este modo, el Máximo Tribunal ratificó la doctrina sentada en sus precedentes de Fallos 329:4542, 340:745 y 341:1727, en el sentido de que los defensores del pueblo provinciales carecen de legitimación activa para cuestionar normas dictadas por autoridades nacionales. En esta oportunidad, al admitir los recursos interpuestos por la representación del Estado Nacional, revocó las sentencias de cámara que habían reconocido legitimación a los defensores del pueblo locales para impugnar distintos actos de carácter nacional y dispuso rechazar las demandas por ellos promovidas, de conformidad con los precedentes citados.
En un artículo de opinión publicado por el portal Infobae, el ex Camarista Federal Alberto Pravia analizó el reglamento de uso de la fuerza emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Según el jurista "Más allá de que el reglamento aborda algunas cuestiones que elaboré en estos años como el derecho a la seguridad ciudadana y el empleo del uso de la fuerza a partir de las pautas esbozadas por los Principios Básicos del Uso de la Fuerza y Armas de Fuego de las Naciones Unidas, lo que plantea el reglamento es la aplicación sin ningún tipo de atajo de las actuales normas que entienden sobre la problemática. Más bien lo que se buscó con esta norma es darle un contenido de valoración estatal, desde el mirador axiológico, para que no quede desligada la búsqueda de la justicia por la inexistencia o vacío de una seguridad efectiva. Si la policía es el segmento estatal habilitado para hacer uso de la fuerza con el fin de prevenir y reprimir ilícitos, el reglamento lo que hace es explicitar lo que ya las normas existentes preveían, partiendo de la propia Constitución, en su artículo 18, donde se vertebra el procedimiento penal, los tratados internacionales, el Código Procesal Penal, la ley de seguridad interior y dos normas de las Naciones Unidas, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los ya mencionados Principios Básicos. Es claro al respecto el Código Procesal en su artículo 184, inciso 11, cuando dispone "usar de la fuerza pública en la medida de sus necesidad". La policía debe hacer uso de la fuerza cuando fuere necesario y de forma proporcional al hecho verificado, y como lo plantean los Principios Básicos del Uso de la Fuerza de las Naciones Unidas, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. En resumidas cuentas, el reglamento no cambia ni modifica en nada la legislación existente, solo es una guía de cómo deben actuar las fuerzas de seguridad ante la posibilidad de hacer uso de la fuerza o un arma de fuego, bajo tres consignas claras: necesidad, proporcionalidad e inevitabilidad, y todo deberá ser analizado a posteriori por la Justicia".
En el marco del X Encuentro del Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, presentó un minucioso informe sobre los resultados de causas e investigaciones desde la sanción de la Ley 26.364 y la creación de la fiscalía especializada (entonces UFASE), en 2008. Desde la entrada en vigencia la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas se lograron 271 sentencias en las que fueron condenadas aproximadamente 564 personas que perjudicaron al menos a 1204 víctimas, todo ello en causas en las que intervino la justicia federal. Desde la entrada en vigencia de la norma, la cantidad total de sentencias fue cada vez mayor de un año al otro: en 2009 fueron 3; al año siguiente, en 2010, se alcanzaron 18; y en 2011 y 2012 se registraron 27. Si bien en 2013 las sentencias fueron 26, aumentaron en 2014 al llegar a 34, y en 2015 se llegó a 48. En 2016 y 2017 se registran la mayor cantidad a la fecha, con 51 por año, mientras que en el transcurso del 2018 (todavía en curso) fueron 29 hasta el momento de la elaboración del informe. Respecto a las jurisdicciones involucradas en cada caso, Mar del Plata se encuentra primera en el listado, con 33 sentencias, seguida por la ciudad de Córdoba, con 32 y Capital Federal y Comodoro Rivadavia, ambas con 27 casos cada una. Las cifras son similares para Mendoza y Paraná (25), Salta (24), Rosario y San Martín (22). Bahía Blanca y La Plata registran 16 sentencias cada una, mientras que en la localidad rionegrina de General Roca fueron 13. Las cifras descienden en Tucumán (9), Posadas (8) Resistencia y Corrientes (7 sentencias). De la totalidad de los casos, el 77 por ciento incluía tipo de explotación sexual, mientras que el 19,9% fue de índole laboral, con un 3,2% no especificado. La mayoría de las causas se llevaron adelante en audiencia de debate (un 66,9%), mientras que la instancia de juicio abreviado se llevó a cabo sólo en un 30,3% de los casos. De la totalidad de los condenados, 433 son de nacionalidad argentina y 137 de origen extranjero. De ellos, el 63,6 por ciento es de género masculino, el 36% restante femenino, y un 0,4% trans. En 232 casos, los imputados fueron condenados por trata, mientras que 40 de ellos obtuvieron veredicto absolutorio y otros 38 fueron sentenciados por delitos conexos. En el 82,3 por ciento de los casos, las víctimas de estos delitos fueron de género femenino y un 17 por ciento masculino, con un 0,7 restante de víctimas trans.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 57
 resolución 
 resolución 
 artículo 18
 artículo 184