Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0404_ES.html
Timestamp: 2019-11-20 04:39:32+00:00

Document:
Textos aprobados - Derechos humanos y migración en terceros países - Martes 25 de octubre de 2016
Derechos humanos y migración en terceros países
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre derechos humanos y migración en terceros países (2015/2316(INI))
— Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), de 1948, y en particular su artículo 13,
— Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo,
— Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, y sus protocolos adicionales,
— Vistas la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 1961,
— Vista la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de 1966,
— Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), de 1979, y su protocolo adicional,
— Vistas la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de 1984, y su protocolo adicional,
— Vistos la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, y sus protocolos adicionales,
— Vista la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990,
— Vista la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas , de 2006,
— Vista la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 2006, y su protocolo adicional,
— Visto el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos, incluidos otros medios para promover los derechos humanos de los migrantes, de 3 de agosto de 2015,
— Vista la Resolución 69/167 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 2014, sobre la protección de los migrantes,
— Vista la labor de los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluidos los diferentes informes del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, y de otros relatores especiales pertinentes, el examen periódico universal y el trabajo de otros órganos del Tratado,
— Vistos las actividades y los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), incluidos los sistemas recomendados de principios y directrices sobre derechos humanos en las fronteras internacionales y el informe titulado «Situación de los migrantes en tránsito»,
— Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos,
— Vistos los principios de Daca para la contratación y el recurso responsables a los trabajadores migrantes,
— Visto el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea,
— Vistos los informes de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2015, titulada «Gestión de la crisis de los refugiados: estado de ejecución de las acciones prioritarias con arreglo a la Agenda Europea de Migración (COM(2015)0510),
– Vista la Decisión de la Comisión, de 20 de octubre de 2015, relativa a la creación de un Fondo fiduciario de emergencia de la Unión Europea para la estabilidad y para abordar las causas profundas de la migración irregular y los desplazamientos de personas en África (C(2015)7293),
– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo sobre migración de los días 25 y 26 de junio de 2015 y de 15 de octubre de 2015,
– Vistas las conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia (2015-2019), aprobado el 20 de julio de 2015,
– Vistas las conclusiones del Consejo sobre medidas para gestionar la crisis migratoria y de los refugiados, de 9 de noviembre de 2015,
– Vista la declaración política y el plan de acción adoptados en la Cumbre de La Valeta de los días 11 y 12 de noviembre de 2015,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre cuestiones relacionadas con la migración, y en particular las de 17 de diciembre de 2014, sobre la situación en el mar Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la Unión frente a la migración(1), de 29 de abril de 2015, sobre las recientes tragedias en el Mediterráneo y las políticas de inmigración y asilo de la UE(2), y de 12 de abril de 2016, sobre la situación en el Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración(3),
– Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la capacitación de las jóvenes a través de la educación en la Unión Europea(4),
– Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2016, sobre la situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE(5),
– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre la lucha contra la trata de seres humanos en las relaciones exteriores de la Unión(6),
– Vista la Declaración final de la segunda Cumbre de Presidentes de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo sobre el tema de la inmigración, el asilo y los derechos humanos en la región euromediterránea, adoptada el 11 de mayo de 2015(7),
– Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) y la política de la Unión Europea al respecto(8),
– Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 9 de diciembre de 2015, sobre la migración, los derechos humanos y los refugiados por razones humanitarias(9),
– Vistos los distintos informes de organizaciones de la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes,
– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0245/2016),
A. Considerando que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinciones;
B. Considerando que la migración es un fenómeno global y multidimensional, que tiene su origen en múltiples causas como las condiciones económicas —incluyendo cambios en la distribución de la riqueza y la integración económica regional y mundial—, sociales y políticas, las condiciones laborales, la violencia y la seguridad, así como la progresiva degradación del medio ambiente y el agravamiento de las catástrofes naturales; considerando, asimismo, que ese fenómeno debe abordarse de forma coherente y equilibrada, dentro de una perspectiva global en la que se tenga en cuenta su dimensión humana, incluido su componente positivo para la evolución demográfica y el desarrollo económico;
C. Considerando que las rutas migratorias son extremamente complejas, puesto que los desplazamientos se producen no solo entre las distintas regiones sino a menudo dentro de ellas; que, pese a la crisis económica mundial, la migración internacional está en aumento, según las Naciones Unidas, y que actualmente cerca de 244 millones de personas son consideradas migrantes internacionales;
D. Considerando que los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y otros convenios internacionales son universales e indivisibles;
E. Considerando que la migración también es fruto de la creciente globalización y de la interdependencia de los mercados;
F. Considerando que los distintos factores que condicionan la migración dan una idea de sus impactos y obligan a elaborar políticas adecuadas;
G. Considerando que las variaciones de los flujos migratorios, especialmente en tiempos de crisis, conllevan importantes efectos económicos, sociales y políticos para los países de origen y también para los países de destino de los migrantes;
H. Considerando que es fundamental disponer de mecanismos eficaces de supervisión y control de la entrada y salida de extranjeros, así como de análisis y previsiones de los efectos de la migración, como base para la elaboración de toda política de gestión del fenómeno migratorio;
I. Considerando que los factores que impulsan los movimientos migratorios se han diversificado y pueden presentar múltiples dimensiones y depender de motivaciones económicas, ambientales, culturales, políticas, familiares o personales, y que un número creciente de migrantes son víctimas de desplazamientos forzosos y necesitan una protección particular porque huyen, por ejemplo, de la inestabilidad de los Estados, de los conflictos o de las persecuciones políticas o religiosas;
J. Considerando que es cada vez más difícil distinguir entre refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, entre otras razones porque numerosos países carecen de los instrumentos y marcos jurídicos e institucionales adecuados;
K. Considerando que las autoridades y los centros de acogida de los países de tránsito y de destino deben estar sensibilizados y preparados para garantizar un trato diferenciado y flexible a los migrantes y solicitantes de asilo;
L. Considerando que los movimientos migratorios discurren ahora a escala mundial y regional, y que los flujos migratorios sur-sur, de los que el 80 % discurre entre países con una frontera común y muy poca diferencia en materia de renta, han superado ahora ligeramente a los flujos sur-norte;
M. Considerando que Europa ha sido siempre una región de destino, pero también de origen de los flujos migratorios; que, además de la migración actual de expatriados de las clases sociales más altas, los europeos también han migrado al extranjero debido a dificultades económicas, conflictos o persecución política, y que la actual crisis económica y financiera ha obligado a numerosos europeos a emigrar, también a economías emergentes del sur del planeta;
N. Considerando que cada vez se cuentan más mujeres y niños entre los migrantes, y más aún entre los refugiados; que los migrantes y los refugiados tienen un nivel de cualificación cada vez más alto y que la fuga de cerebros se estimaba ya en 2010 en 59 millones de personas; que Asia es el continente más afectado, pero el que paga el precio más alto es el africano, puesto que solo cuenta con un 4 % de titulados y el 31 % de ellos emigra(10);
O. Considerando que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los conflictos y la inestabilidad en algunas regiones han causado una crisis humanitaria que afecta a más de 65 millones de personas refugiadas y desplazadas, sobre todo en los países en desarrollo;
P. Considerando que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima el número de apátridas en diez millones como mínimo;
Q. Considerando que el artículo 13 de la DUDH establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, pero también a salir de cualquier país, incluido el propio, y a regresar a su país;
R. Considerando que la colaboración y el intercambio de información y de buenas prácticas entre los Estados de origen, de tránsito y de llegada son fundamentales para prevenir la migración ilegal y la trata de seres humanos y luchar contra ambos fenómenos, ya que permiten determinar cuáles son los intereses y preocupaciones comunes;
S. Considerando que un enfoque integral respecto de la migración debe abordar los retos mundiales en materia de desarrollo, paz en el mundo, derechos humanos y cambio climático, con especial atención a la mejora de las condiciones humanitarias en los países de origen para permitir que la población local viva en zonas más seguras;
T. Considerando que los derechos de los refugiados se establecen en la Convención de Ginebra y sus protocolos;
U. Considerando que están empeorando las condiciones de vida en muchos campos de refugiados de Oriente Próximo y África, también desde el punto de vista sanitario, y que con frecuencia no se garantiza en ellos la seguridad de los refugiados, en especial de las personas vulnerables y, más en particular, de las mujeres y los niños;
V. Considerando que, según el Banco Mundial, las transferencias de remesas de los migrantes internacionales representaron más de 550 000 millones de dólares estadounidenses en 2013, de los que 414 000 millones fueron a países en desarrollo;
W. Considerando que la xenofobia, la discriminación y los actos de violencia contra los migrantes, los sentimientos de rechazo hacia este colectivo, los mensajes de incitación al odio y los delitos motivados por el odio han aumentado de forma significativa en los países ACP;
X. Considerando que una respuesta a las cuestiones migratorias concreta, bien organizada y adecuada abre una ventana de oportunidades tanto a las personas como a los países; que esa respuesta debe apoyarse en los principios de lucha contra la pobreza, el fomento del desarrollo sostenible y el respeto de los derechos y la dignidad de los migrantes y refugiados, y que debe basarse en una estrecha colaboración entre los países de origen, de tránsito y de destino;
Y. Considerando que el fenómeno migratorio es un elemento dinámico y útil para contrarrestar la crisis demográfica y el declive en los porcentajes de población activa en determinados países;
Z. Considerando que es difícil evaluar el número de migrantes que se encuentran en situación irregular, lo que complica la elaboración de indicadores sobre sus condiciones de vida y de trabajo, cuando son ellos los más necesitados de protección, dado que, sin estatuto y sin reconocimiento jurídico, son particularmente vulnerables frente a los abusos, la explotación y la denegación de los derechos humanos más fundamentales;
AA. Considerando que la migración internacional puede ser un instrumento que permita resolver problemas específicos de escasez en el mercado laboral;
AB. Considerando que los migrantes contribuyen al aumento de la diversidad y la riqueza cultural de los países de acogida; que, para ello, es fundamental que estén plenamente integrados en las sociedades de acogida, a fin de que estas se beneficien de su potencial económico, social y cultural, y que urge que los responsables políticos informen a la opinión pública de la influencia positiva de los migrantes en la sociedad desde el punto de vista económico, cultural y social, con miras a prevenir los sentimientos xenófobos y discriminatorios;
AC. Considerando que las políticas de acogida e integración adecuadas contribuyen a evitar que se agraven o perpetúen los efectos de los episodios traumáticos sufridos por muchos migrantes;
AD. Considerando que el desarrollo sociocultural solo es posible mediante un proceso de inclusión, y que este proceso exige un compromiso serio por parte de los migrantes, que deben mostrarse dispuestos a adaptarse a la sociedad de acogida sin renunciar necesariamente a su identidad cultural de origen, y también por parte de las instituciones y las comunidades de los países de acogida, que deben estar preparadas para acoger a los migrantes y responder a sus necesidades;
Retos y riesgos en relación con el respeto de los derechos de los migrantes
1. Expresa su solidaridad con las personas que se ven obligadas a abandonar sus países debido a conflictos, persecuciones, violaciones de los derechos humanos y miseria, entre otros motivos; expresa, asimismo, su profunda preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos de que han sido víctimas numerosos migrantes en numerosos países de tránsito o destino; destaca la necesidad de respetar la dignidad y los derechos humanos de los migrantes;
2. Hace hincapié en que la Unión y sus Estados miembros deben dar ejemplo en el fomento y la protección de los derechos humanos de los migrantes, especialmente en el interior de sus fronteras, si pretenden tener credibilidad en los debates sobre migración y derechos humanos con terceros países;
3. Recuerda que la mayoría de los refugiados y los migrantes del mundo están acogidos en países en desarrollo; reconoce los esfuerzos desplegados por terceros países en la acogida de migrantes y refugiados; subraya que los sistemas de apoyo de estos países se enfrentan a problemas críticos que pueden representar graves amenazas para la protección de una población desplazada que no deja de aumentar;
4. Recuerda que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y de regresar a su país(11); hace hincapié en que la situación social y la nacionalidad de las personas afectadas no deben incidir en modo alguno en ese derecho, y que todas y cada una de las personas tienen derecho a efectuar elecciones migratorias con dignidad; pide a todos los gobiernos que afronten la falta de protección de los derechos humanos a la que se enfrentan los migrantes; solicita a los gobiernos y los parlamentos nacionales que procedan a abolir los marcos legales punitivos que convierten en delito la migración y a aplicar soluciones a corto, medio y largo plazo para garantizar la seguridad de los migrantes; denuncia los casos de limitación o prohibición de salida o regreso registrados en determinados Estados miembros, así como las consecuencias de la apatridia en el acceso a los derechos;
5. Observa que el creciente número de refugiados en todo el mundo ha quedado eclipsado por el número aún mayor de desplazados internos; subraya que los desplazados internos no deben sufrir discriminación por el simple hecho de haber buscado seguridad sin cruzar fronteras internacionales, y destaca, por tanto, que sus derechos deben ser respetados, incluido el acceso a la sanidad y a la educación;
6. Recuerda la importancia de identificar a los apátridas a fin de reconocerles las protecciones que les garantiza el Derecho internacional; insta, en este sentido, a los Estados a que establezcan procedimientos de determinación de apatridia e intercambien entre ellos las mejores prácticas, también con respecto a la legislación y las prácticas relativas a la prevención de nuevos casos de menores apátridas;
7. Llama la atención respecto de la necesidad permanente de la Unión de tener en cuenta la apatridia en el marco de su política de relaciones exteriores, especialmente teniendo en cuenta que la apatridia es una de las principales causas de los desplazamientos forzosos; recuerda el compromiso asumido con el Marco Estratégico de la UE y el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia, publicado en 2012, en el sentido de «desarrollar un marco conjunto entre la Comisión y el SEAE para abordar las cuestiones de apatridia y detención arbitraria de migrantes con terceros países»;
8. Expresa su preocupación por el hecho de que los migrantes y los refugiados sean objeto de detenciones arbitrarias y malos tratos, y recuerda que las detenciones deben limitarse a los casos de necesidad absoluta y que deben garantizarse en todo momento las medidas de protección apropiadas, incluido el acceso a procedimientos jurisdiccionales adecuados;
9. Pide a los Estados que reconozcan su obligación conforme al Derecho internacional con respecto al asilo y la migración y adopten las leyes nacionales que sean necesarias para el cumplimiento efectivo de dichas obligaciones, incluyendo la posibilidad de solicitar la protección internacional; pide que en esas leyes se tengan en cuenta el grado y la naturaleza de la persecución y la discriminación sufridas por los migrantes;
10. Recuerda que los migrantes tienen derecho a no ser enviados a países en los que corran el riesgo de sufrir malos tratos y tortura; recuerda, asimismo, que las expulsiones en masa y las devoluciones están prohibidas por el Derecho internacional; expresa su preocupación por el trato dispensado a los migrantes devueltos a sus países de origen o a terceros países sin un seguimiento adecuado de su situación, y pide que se tomen siempre en consideración las dificultades que afrontan cuando regresan a esos países;
11. Sugiere que se apliquen programas de reintegración para los migrantes que regresen a su país de origen;
12. Hace hincapié en la importancia de proteger el derecho de los migrantes, independientemente de su estatus, a solicitar acceso a la justicia y a un recurso efectivo, sin miedo a ser denunciados a las autoridades de inmigración, detenidos y deportados; manifiesta su preocupación por la inexistencia en numerosos países de mecanismos de control y seguimiento de los procedimientos relativos a violaciones de los derechos de los migrantes, así como de garantías de calidad en lo que respecta a la información y la asistencia jurídica facilitadas a los migrantes y solicitantes de asilo; recomienda que el personal dependiente de las autoridades responsables en materia de asilo y de los centros de acogida, así como el personal y los trabajadores sociales que entran en contacto con solicitantes de protección internacional, reciban una formación adecuada para tener en cuenta las circunstancias generales y personales y los aspectos de género que implican las solicitudes de protección;
13. Pide, por otra parte, a la Comisión y al SEAE que potencien el intercambio de buenas prácticas con terceros países, concretamente por lo que se refiere a la oferta de formación para los trabajadores humanitarios, a fin de que puedan determinar más eficazmente las diferentes características, orígenes y experiencias de los migrantes, sobre todo los más vulnerables, y así poder protegerlos mejor y ayudarlos de acuerdo con sus necesidades;
14. Subraya que los conceptos de país seguro y país de origen seguro no deben impedir el examen individual de las solicitudes de asilo; exige que, en todas las circunstancias, se identifique a los migrantes necesitados de protección internacional, de forma que puedan ver sus solicitudes atendidas, al tiempo que insiste en que se beneficien de las garantías adecuadas en materia de no devolución y tengan acceso a un mecanismo de reclamación;
15. Llama la atención respecto de la violencia física y psicológica y de la necesidad de reconocer los tipos específicos de violencia y persecución a los que se ven sometidas las mujeres y los menores migrantes, como la trata, las desapariciones forzosas, los abusos sexuales, las mutilaciones genitales, los matrimonios precoces o forzosos, la violencia doméstica, la esclavitud, los crímenes de honor y la discriminación sexual; recuerda el número sin precedentes y en aumento constante de víctimas de violencia de carácter sexual y violaciones, también como arma de guerra;
16. Manifiesta su preocupación por las prácticas de reclutamiento de niños en grupos armados; insiste en la necesidad de promover políticas en favor de su desarme, rehabilitación y reintegración;
17. Destaca que separar a los miembros de una misma familia, incluso cuando están internados, expone a las mujeres y a los niños a riesgos mayores;
18. Reitera que son especialmente vulnerables las mujeres y las niñas no acompañadas, las mujeres que son cabeza de familia y las mujeres embarazadas, así como las personas con discapacidad y las de más edad; destaca que las niñas que huyen de conflictos y persecuciones están expuestas a un riesgo mayor de matrimonio forzado y precoz, así como de alumbramiento precoz, violaciones, abusos sexuales y físicos y prostitución, también cuando han alcanzado ya lugares supuestamente seguros; pide, a este respecto, que se les preste una protección y una asistencia especializadas durante su estancia en los campos de acogida, especialmente en materia sanitaria;
19. Recomienda que las cuestiones de género se integren en las políticas sobre migración para, entre otros fines, prevenir y castigar la trata y todas las demás formas de violencia y discriminación contra las mujeres; pide la materialización plena, de iure y de facto, de la igualdad como pieza fundamental de la prevención de ese tipo de violencia, con el fin de facilitar la autonomía y la independencia de las mujeres;
20. Expresa su preocupación por la proliferación de informes y testimonios que sacan a la luz el aumento de los actos de violencia hacia menores migrantes, incluidas la tortura y la detención, así como su desaparición; subraya que, conforme al dictamen del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, la detención de niños sobre la única base de su estatuto de migrantes o la de sus padres constituye una violación de sus derechos y nunca puede redundar en su interés superior;
21. Reitera que los menores migrantes son especialmente vulnerables, en particular cuando no van acompañados, al tiempo que recuerda que tienen derecho a una protección especial basada en el interés superior del niño, de conformidad con las normativas del Derecho internacional; insiste en la necesidad de incluir la cuestión de los menores no acompañados en la cooperación para el desarrollo, favoreciendo su integración en los países en los que estén establecidos, particularmente mediante el acceso a la educación y a la asistencia sanitaria y previniendo los riesgos de violencia, abusos, explotación y abandono;
22. Expresa su preocupación por las dificultades en el registro del nacimiento de menores fuera de sus países de origen, dado que pueden dar lugar a un mayor riesgo de apatridia; pide, a ese respecto, que dichos nacimientos puedan registrarse independientemente del estatuto de migrantes de los padres;
23. Insta a la Unión a que coopere estrechamente con Unicef, el ACNUR y todas las organizaciones e instituciones internacionales competentes para hacer todo lo necesario a fin de reforzar las capacidades de protección de los menores migrantes y sus familias, independientemente de su estatuto de migrantes y a lo largo de todo el proceso, financiando programas de protección, especialmente en lo que se refiere a la disponibilidad de establecimientos educativos y asistencia sanitaria, poniendo a disposición espacios específicos para los niños y apoyo psicológico, garantizando la identificación de los lazos familiares y la reunificación de los niños no acompañados o separados de sus familias y aplicando los principios de no discriminación, no criminalización, no detención, no devolución, no aplicación de sanciones indebidas, reunificación familiar, protección física y legal y derecho a la identidad;
24. Recuerda que las redes delictivas aprovechan la falta de vías legales para la migración, la inestabilidad regional y los conflictos, así como la vulnerabilidad de las mujeres, las jóvenes y los menores que intentan huir, para someterlos a la trata y la explotación sexual;
25. Llama la atención sobre los tipos específicos de violencia y las formas particulares de persecución a que se ven sometidos los migrantes de los colectivos de LGBTI; pide que se apoye la aplicación de mecanismos de protección sociojurídicos específicos para los migrantes y solicitantes de asilo de estos colectivos, con el fin de garantizar que se tenga en cuenta su vulnerabilidad y velar por que su solicitud de protección se examine de forma rigurosa, incluidos los procedimientos de recurso;
26. Reitera que los derechos económicos, sociales y culturales, y en particular los derechos a la salud, la educación y la vivienda, son derechos humanos que los migrantes, y particularmente los niños, deben poder disfrutar independiente de su estatuto de migrantes;
27. Expresa su preocupación por la reiterada vulneración del Derecho del trabajo y la explotación de los migrantes; reconoce que la educación, las oportunidades laborales y la reunificación familiar representan elementos importantes del proceso de integración; insiste en la necesidad de luchar contra todas las formas de trabajo forzoso, al tiempo que condena muy especialmente todas las formas de explotación de menores;
28. Expresa su preocupación por las prácticas discriminatorias que, con demasiada frecuencia, afectan a determinadas minorías socioculturales, lingüísticas y religiosas, lo cual contribuye a las desigualdades en el acceso a los derechos por parte de los migrantes;
29. Insta a los países de acogida a que protejan el derecho de las mujeres migrantes a acceder a la salud sexual y reproductiva;
30. Subraya la necesidad de evitar la creación de barrios aislados para migrantes, promoviendo la integración y el disfrute de todas las posibilidades que ofrece la vida en sociedad;
31. Considera que el derecho a la educación y al trabajo favorecen la autonomía y la integración de los migrantes, así como la materialización del derecho a una vida familiar y a la reunificación familiar; insiste en la importancia de garantizar la protección social para los trabajadores migrantes y sus familias; señala que la integración efectiva debe basarse en una evaluación rigurosa del mercado laboral y de su potencial futuro, en una mejor protección de los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes y en un diálogo permanente con los agentes del mercado laboral;
32. Señala que el aprendizaje de la lengua del país de acogida puede mejorar considerablemente la calidad de vida de los migrantes, así como su independencia económica y cultural, y que también facilita su acceso a la información sobre sus derechos y obligaciones en la sociedad de acogida; estima que las autoridades del país de acogida deben garantizar la enseñanza de lenguas; recomienda que se asocie a los migrantes todos los procesos de toma de decisiones de carácter político y social;
33. Considera que el acceso al empleo, la formación y un estatuto independiente son elementos clave para la integración y la emancipación de los migrantes; pide que redoblen los esfuerzos en este sentido con respecto al colectivo de migrantes, que con mucha frecuencia están infrarrepresentados, con el fin de superar los mayores obstáculos para conseguir su autonomía e integración;
34. Recuerda que los Estados de acogida deben promover la autonomía de los migrantes, en particular de las mujeres, facilitándoles los conocimientos y las competencias sociales necesarias, especialmente las relacionadas con la formación profesional y el aprendizaje de lenguas, con miras a su aplicación en un contexto de integración sociocultural;
35. Considera que todos los trabajadores deben recibir un contrato en una lengua que comprendan y deben ser protegidos frente a la sustitución de contratos; destaca que los acuerdos bilaterales entre países de origen y de destino deberían reforzar la protección de los derechos humanos;
36. Considera importante establecer políticas nacionales de migración coherentes, globales y sensibles a la perspectiva de género que aborden todas las fases del proceso de migración, estén coordinadas en todas las administraciones y se elaboren en el marco de una consulta amplia con las instituciones nacionales en materia de derechos humanos, el sector privado, las organizaciones de empresarios y de trabajadores, la sociedad civil y los propios migrantes, contando con el apoyo de las organizaciones internacionales;
37. Recuerda que tanto las mujeres como los hombres tienen derecho a unas condiciones de trabajo seguras y equitativas y al pleno respeto de los derechos laborales, de conformidad con las normas y los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos y los convenios fundamentales de la OIT;
38. Destaca que el empleo precario, habitualmente reservado a los migrantes en los países de acogida, y en particular a las mujeres, acentúa su nivel de vulnerabilidad; recuerda que la explotación laboral suele ser consecuencia de la trata o el tráfico, pero puede producirse también en ausencia de esos dos delitos; expresa, a este respecto, su preocupación por la impunidad de que gozan numerosos empleadores en los países de acogida, aun siendo responsables de la vulneración de las normas internacionales del Derecho del trabajo con respecto a los trabajadores migrantes; expresa su preocupación por el hecho de que, en determinados países, la legislación relativa al Derecho del trabajo permite prácticas que vulneran las normativas internacionales; considera que la lucha contra la explotación laboral de los migrantes debe pasar tanto por una persecución judicial eficaz de los empleadores responsables de la explotación como por la protección de las víctimas de la misma;
39. Destaca la necesidad de reconocer las cualificaciones obtenidas por los migrantes en sus países de origen, a fin de facilitar su autonomía e integración social en los distintos ámbitos de la sociedad, particularmente en el mercado laboral; subraya la necesidad de reconocer el derecho de todos los migrantes —también los que se encuentran en situación irregular— a constituir organizaciones para la defensa de los derechos de los trabajadores y a afiliarse a ellas, incluidas las organizaciones sindicales, así como de reconocer estas estructuras;
40. Alienta a las empresas a aplicar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, con el fin de evitar que sus actividades tengan efectos perjudiciales para los derechos humanos y con miras a responder a ellos en el caso de que se produzcan, procurando impedir o mitigar todo efecto perjudicial para los derechos humanos relacionado directamente con dichas actividades;
41. Pide a la Unión que prosiga sus esfuerzos diplomáticos concertados con los Estados Unidos y otros socios internacionales, al objeto de colaborar activamente con los terceros países para dar una respuesta a la necesidad imperiosa de disponer de una estrategia común frente al desafío mundial que plantea actualmente el fenómeno migratorio;
42. Insta a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que realice todos los esfuerzos concretos necesarios para obtener un compromiso eficaz y efectivo por parte de los terceros países afectados;
43. Destaca la necesidad de que la Unión refuerce sus políticas exteriores para llevar la paz y la estabilidad a aquellas zonas en las que las guerras y los conflictos provocan enormes flujos migratorios hacia la Unión;
44. Recuerda que la Unión Europea y sus Estados miembros tienen el deber de actuar de forma positiva para eliminar las causas profundas de las crisis que provocan esos fenómenos migratorios masivos;
45. Pide que se mejoren las condiciones humanitarias en los países de origen y de tránsito para que las poblaciones locales y los refugiados puedan vivir en zonas más seguras;
46. Insta a las partes beligerantes a que pongan fin a sus ataques contra la población civil, la protejan y le permitan salir de forma segura de las zonas afectadas por la violencia o recibir asistencia de las organizaciones humanitarias;
47. Subraya el impacto provocado por el Estado Islámico y su evolución en el flujo masivo de solicitantes de asilo legítimos y migrantes en situación irregular; reconoce el papel crucial de las políticas de seguridad y de lucha contra el terrorismo a la hora de combatir las causas profundas del fenómeno migratorio;
48. Recuerda la reciente declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el sentido de que un gran número de migrantes son víctimas del terrorismo y de graves violaciones de los derechos humanos, y, por consiguiente, el trato dispensado a los refugiados debe tener en cuenta esas circunstancias;
49. Recuerda que los programas de reasentamiento bajo los auspicios del ACNUR son un instrumento útil para la gestión ordenada de la llegada de personas que necesitan protección internacional en numerosos países del mundo; destaca que, en la medida en que el reasentamiento no sea posible, se debería alentar a todos los Estados a que elaboren y apliquen programas de admisión humanitaria o, cuando menos, creen unas condiciones que permitan a los refugiados permanecer cerca de sus países de origen;
50. Toma nota de las crecientes necesidades y del déficit persistente en la financiación de la ayuda humanitaria a los países próximos a Siria, que han obligado en particular al Programa Mundial de Alimentos a reducir las raciones de alimentos para los refugiados; pide a los países miembros de las Naciones Unidas, a la Unión y a sus Estados miembros que, como mínimo, cumplan sus compromisos financieros; afirma que es importante que centren su ayuda a los refugiados en esos países en la puesta a disposición de medios de subsistencia, la seguridad de los refugiados, su acceso a los derechos fundamentales y, en particular, su acceso a la sanidad y la educación, en estrecha cooperación con el ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos y los organismos competentes;
51. Recuerda que la migración y el desarrollo son dos fenómenos relacionados entre sí y que la cooperación para el desarrollo en el ámbito de la educación, la salud, el Derecho del trabajo, la reducción de la pobreza, los derechos humanos, la democratización y la reconstrucción posterior a los conflictos, así como la lucha contra las desigualdades, las consecuencias del cambio climático y la corrupción, son factores clave para evitar la migración forzosa; constata que el acaparamiento de tierras y de recursos puede incidir de forma significativa en las crisis humanitarias, y que las crisis sociales, políticas y humanitarias pueden obligar a la población a emigrar; observa que se reconoce a escala mundial que la migración es un poderoso instrumento en favor del desarrollo sostenible e inclusivo;
52. Pide a la Unión y a la comunidad internacional que identifiquen medidas concretas que los gobiernos puedan adoptar para ampliar las posibilidades de la migración legal como factor de desarrollo; destaca la necesidad de un liderazgo político y de una sólida iniciativa —especialmente en los países de destino— para luchar contra la xenofobia y facilitar la integración social de los migrantes;
53. Considera que el fenómeno migratorio tiene causas profundas, especialmente de orden económico, político, social y ambiental; estima que la ayuda al desarrollo debe abordar dichas causas de forma efectiva mediante el aumento de la cooperación para el desarrollo, la mejora de la capacitación, el apoyo a la resolución de conflictos y la promoción del respeto de los derechos humanos; hace hincapié en que esas causas están relacionadas con un aumento de los conflictos y las guerras, las violaciones de los derechos humanos y las deficiencias en la gobernanza;
54. Destaca la importancia que reviste que la gestión de los flujos migratorios se lleve a cabo mediante la cooperación regional y local, contando con la participación de la sociedad civil;
Un planteamiento basado en los derechos humanos
55. Insta a todas las partes implicadas en la elaboración de las políticas y en la toma de decisiones en materia de asilo y migración a que no permitan la confusión entre las definiciones de migrante y refugiado; recuerda que es necesario prestar una atención particular a los refugiados que huyen de conflictos o persecuciones y por ello son beneficiarios del derecho de asilo en tanto no puedan regresar a sus países de origen; recuerda que la mayoría de los refugiados buscan refugio en países y regiones vecinos de sus países de origen; considera, por tanto, que deben ser objeto de un enfoque integral en el marco de la política exterior de la Unión;
56. Pide a los Estados que ratifiquen todos los tratados y convenios internacionales relativos a los derechos humanos y apliquen las normativas que regulan los derechos de los migrantes, recogidas en toda una serie de instrumentos jurídicos, incluidos los principales instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos y los demás instrumentos que abordan cuestiones relacionadas con el fenómeno migratorio, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951 y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares; considera, en este sentido, que la no ratificación de esta última convención por parte de los Estados miembros de la Unión Europea es perjudicial para las políticas de la Unión en materia de derechos humanos y su compromiso declarado en favor de la indivisibilidad de esos derechos;
57. Recuerda que la apertura de vías seguras y legales para la migración es el mejor medio para prevenir el tráfico y la trata de seres humanos, y que las estrategias de desarrollo deben reconocer la migración y la movilidad como motores de desarrollo tanto del país de acogida como del país de origen mediante las remesas monetarias y las inversiones; pide, por tanto, a la Unión y a los terceros países más desarrollados que cooperen para abrir vías legales de migración inspirándose en las buenas prácticas de determinados Estados, en particular con el fin de favorecer la reunificación familiar y la movilidad, también por razones económicas, a todos los niveles de competencia, incluyendo a los migrantes menos cualificados, a fin de luchar contra el trabajo ilegal;
58. Acoge con satisfacción las disposiciones específicas relativas a los migrantes, los solicitantes de asilo y las personas desplazadas y apátridas contenidas en el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) para el período 2014-2020; pide a la Comisión que, con ocasión del examen intermedio de dicho Instrumento en 2017-2018, siga considerando prioritarios la protección y el fomento de los derechos de los migrantes; pide al SEAE y a los Estados miembros que cumplan los compromisos contraídos en el marco del Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia adoptado en julio de 2015, y que incluyan y mejoren las garantías en materia de derechos humanos en todos los acuerdos, procesos y programas relativos a la migración celebrados con terceros países; opina que todos los acuerdos o programas también deberían ir acompañados, en la medida de lo posible, de una evaluación independiente en materia de derechos humanos y que deberían ser objeto de una evaluación periódica; recomienda que se elaboren y emprendan campañas de comunicación y sensibilización acerca de las oportunidades que el fenómeno migratorio y los migrantes pueden aportar a la sociedad, tanto en los países de origen como en los de acogida; recuerda, a ese respecto, que el IEDDH debería seguir financiando proyectos dirigidos a reforzar la lucha contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y otras formas de intolerancia, incluida la intolerancia religiosa;
59. Pide a la Unión que adopte directrices específicas en materia de derechos de los migrantes como complemento de sus directrices sobre derechos humanos y, en este mismo marco, realice evaluaciones de impacto y establezca mecanismos de seguimiento de las políticas de desarrollo y de migración, con el fin de garantizar la efectividad de las políticas públicas relativas a los migrantes; subraya la importancia de integrar el respeto de los derechos humanos en todas las políticas relacionadas con la migración en el marco de las relaciones exteriores de la Unión, especialmente en lo que se refiere a los asuntos exteriores, el desarrollo y la ayuda humanitaria; recuerda la necesidad de respetar los derechos humanos en todas las políticas exteriores de la Unión, particularmente las políticas en materia de comercio, desarrollo, medio ambiente y migración, de perseguir los objetivos definidos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea y de aplicar las cláusulas sobre derechos humanos en todos los acuerdos de la Unión, en particular en los acuerdos comerciales; Pide, en este mismo contexto, que cualquier cooperación con terceros países en materia de migración vaya acompañada de una evaluación de sus sistemas de ayuda a los migrantes y los solicitantes de asilo, del apoyo que prestan a los refugiados y de su aptitud y determinación en la lucha contra el tráfico y la trata de seres humanos; pide a la Unión y a sus Estados miembros que se aproximen a aquellos países que, como Canadá, aplican políticas eficaces de reasentamiento; subraya que no debería aplicarse ninguna política en este ámbito en detrimento de las políticas de ayuda para el desarrollo;
60. Alienta a incluir la libre circulación y el derecho a la educación, la sanidad y el trabajo como prioridades temáticas en los instrumentos de financiación de la cooperación exterior de la Unión, y pide que se apoye a los países en desarrollo para que puedan adoptar políticas a largo plazo que respeten esos derechos; pide a la Comisión y al SEAE que concedan una atención particular a los derechos de los migrantes en el marco de las estrategias por países en el ámbito de los derechos humanos;
61. Expresa su deseo de que los derechos de los migrantes y refugiados figuren como un punto independiente en el orden del día de los diálogos de la Unión Europea con los terceros países pertinentes, y que se confiera un carácter prioritario a la financiación por la Unión de proyectos dirigidos a la protección de las personas vulnerables, las ONG, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los abogados que trabajan en favor de la defensa de los derechos de los migrantes;
62. Pide, en este sentido, a los distintos países que garanticen el acceso de observadores independientes, ONG e instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, así como los medios de comunicación, a todos los lugares de acogida y detención de migrantes; alienta a las delegaciones de la Unión y a las embajadas de los Estados miembros, así como a las misiones de visita del Parlamento Europeo, que lleven a cabo un seguimiento de la situación de los migrantes en esos centros e intervengan ante las autoridades nacionales competentes para garantizar el respeto de los derechos de los migrantes y la transparencia con respecto a la opinión pública;
63. Afirma que los tratantes de personas venden una imagen distorsionada a muchos refugiados; reitera la importancia de luchar contra la trata de seres humanos, cortar el flujo de dinero y desmantelar las redes, dado que todas esas medidas redundarán de forma positiva en la situación de los derechos humanos de los refugiados en terceros países que intentan huir de la guerra y el terrorismo;
64. Aboga por una estrecha cooperación en materia de defensa de los derechos de los migrantes con las organizaciones internacionales competentes y otras instituciones y organizaciones activas en la gestión de las migraciones, especialmente en los países más afectados, a fin de ayudarlos a acoger a los migrantes de una forma digna y respetando sus derechos;
65. Destaca la necesidad de reforzar la cooperación con esas organizaciones para prevenir el tráfico de migrantes y la trata de personas, reforzando la formación, las acciones de creación de capacidades y los mecanismos de intercambio de información, por ejemplo mediante una evaluación del impacto de las redes de funcionarios de enlace en el ámbito de la inmigración y de la cooperación que establecen con los terceros países, favoreciendo la cooperación penal y alentando la ratificación de los Protocolos de Palermo en este ámbito, con el fin de favorecer la cooperación penal, identificar a los sospechosos y prestar asistencia en las investigaciones judiciales en colaboración con las autoridades nacionales;
66. Pide al Parlamento Europeo que participe en mayor medida en la elaboración de un enfoque transversal con respecto a los derechos humanos en las políticas de migración, y que esas cuestiones se integren en el Informe anual de la Unión sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, también en la parte del informe relativa al enfoque por países; pide, asimismo, que se lleve un control parlamentario más estrecho de los acuerdos de trabajo celebrados con terceros países y de las actividades de cooperación exterior de las agencias de la Unión competentes; pide que se preste una mayor atención a los informes de expertos y a los datos recopilados por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo sobre los países de origen de los refugiados;
67. Reconoce el papel y la contribución de la sociedad civil en el marco del diálogo político; destaca la importancia de que se consulte a la sociedad civil en el marco de todas las políticas exteriores de la Unión, prestando una atención especial a la plena participación, la transparencia y la difusión adecuada de información en todas las políticas y los procesos relacionados con el fenómeno migratorio; recuerda la necesidad de reforzar la participación de las organizaciones de mujeres en la resolución de conflictos en el nivel de la toma de decisiones, así como de que las mujeres migrantes, desplazadas y refugiadas participen de forma adecuada en las decisiones que las afectan; pide a la Comisión y al SEAE que refuercen la capacidad de las instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos de los terceros países, de forma que puedan intensificar sus esfuerzos para proteger los derechos de los migrantes y luchar contra los tratos inhumanos y degradantes, así como los discursos de incitación al odio que tienen por objetivo a los migrantes, tal como señala la Declaración de Belgrado adoptada por treinta y dos defensores del pueblo e instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos;
68. Pide a los países de acogida que concedan más importancia a las asociaciones de migrantes, que deberían participar directamente en los programas de desarrollo en el seno de las comunidades;
69. Pide a los Estados miembros que cumplan su compromiso de destinar el 0,7 % de su renta nacional bruta (RNB) a la ayuda para el desarrollo; pide, asimismo, que esta ayuda no se supedite a la cooperación en materia de migración, y solicita a la Unión y a sus Estados miembros que no incluyan en la ayuda para el desarrollo la financiación destinada a la acogida de refugiados;
70. Hace hincapié en que los programas de ayuda para el desarrollo no deben utilizarse exclusivamente para gestionar la migración y las fronteras; insiste en que proyectos de desarrollo que la Unión destine a los migrantes y los solicitantes de asilo apliquen el principio de no excluir a nadie, centrándose en el acceso a los servicios sociales básicos, en particular la atención sanitaria y la educación, y prestando especial atención a las personas y los grupos vulnerables, como las mujeres, los niños, las minorías y los pueblos indígenas, las personas LGBT y las personas con discapacidad;
71. Reconoce los aspectos positivos que tiene la migración para el desarrollo de los países de origen de los migrantes, como los envíos de remesas por los migrantes, que pueden contribuir significativamente al desarrollo de las familias y las comunidades; pide, por ello, a los Estados que reduzcan los costes del envío de remesas;
72. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que garanticen la coherencia de unas políticas de desarrollo eficientes y eficaces, y que otorguen carácter prioritario al respeto a los derechos humanos en su política migratoria con respecto a terceros países;
73. Insta a la Unión a que integre la dimensión de la migración en el marco posterior a Cotonú que definirá las futuras relaciones entre la Unión y los países ACP; señala que una mayor participación de terceros países en el diseño y la negociación de los instrumentos del Enfoque Global de la Migración y la Movilidad aumentaría el carácter «asociativo» de esos instrumentos, mejorando la apropiación local y la eficacia de los mismos;
74. Pide que se alivie la deuda de los países empobrecidos, con el fin de ayudarles a desarrollar políticas públicas que garanticen el respeto de los derechos humanos; insiste en la necesidad de ofrecer soluciones sostenibles a la deuda, incluidas normas en materia de empréstitos y préstamos responsables, a través de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana, con miras a aliviar la carga de la deuda y evitar la deuda insostenible, creando así las condiciones necesarias para la protección de los derechos humanos a largo plazo;
75. Acoge con satisfacción la integración del fenómeno migratorio entre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) —en concreto en el objetivo 10—, lo cual establece el marco para la política de desarrollo global hasta 2030; recuerda que los Estados se comprometieron a cooperar a nivel internacional para garantizar una migración segura, ordenada y regular, respetando los derechos humanos y asegurando velando por un trato humano con independencia del estatuto de migrante, refugiado o desplazado; señala que el desplazamiento forzoso no es solo una cuestión humanitaria, sino también un reto para el desarrollo, por lo que debería mejorarse la coordinación entre los agentes humanitarios y de desarrollo; considera que la aplicación de los ODS brinda una oportunidad para reforzar un enfoque basado en los derechos en las políticas en materia de asilo y migración, así como para integrar las directrices sobre migración en las estrategias de desarrollo; pide a la comunidad internacional que adopte indicadores cuantificables de los ODS sobre migración, y que recopile y publique datos desagregados sobre el acceso a un trabajo digno, la atención sanitaria y la educación de los migrantes, especialmente cuando el país de destino es un país en desarrollo, con el fin de mejorar la gobernanza de los flujos migratorios;
76. Insiste en la necesidad de que la Unión y sus Estados miembros apoyen a los países menos avanzados (PMA) en el marco de la lucha contra el cambio climático, a fin de evitar un agravamiento de la miseria en esos países y una aceleración del número de desplazados por motivos ambientales;
77. Pide a la Unión que participe activamente en el debate sobre el concepto de «refugiado climático», así como en la posible elaboración de una definición en el marco del Derecho internacional;
78. Señala la necesidad de coordinar con más eficacia y evaluar la aplicación, el impacto y la consiguiente continuidad de los distintos instrumentos de financiación disponibles a escala de la Unión para terceros países en el ámbito de la migración, que cubren áreas como la política de migración, la cooperación para el desarrollo internacional, la política exterior, la política de vecindad o el apoyo humanitario, y que entre 2004 y 2014 movilizaron más de 1 000 millones de euros para más de 400 proyectos;
79. Destaca el impacto de los instrumentos de cooperación de la Unión en el ámbito de la inmigración, el asilo y la protección de los derechos humanos; toma nota de la creación del Fondo Fiduciario de Emergencia con el fin de abordar las cuestiones de la estabilidad, la lucha contra las causas profundas de la migración irregular y el fenómeno de las personas desplazadas en África; pide que se evalúe y se lleve a cabo un seguimiento de dicho fondo y de los acuerdos de la misma índole, como la Declaración UE-Turquía y los procesos de Jartum y Rabat;
80. Subraya que los acuerdos con terceros países deben concentrar la ayuda en la resolución de las crisis sociales, económicas y políticas que provoca el fenómeno migratorio;
81. Destaca la importancia que reviste una mayor colaboración de la Unión con los terceros países en el marco del Enfoque Global de la Migración y la Movilidad (EGMM), a fin de reforzar el carácter asociativo de estos instrumentos, su eficiencia y su contribución a la resolución de los desafíos que plantea el fenómeno migratorio;
82. Considera necesario mejorar la coherencia del Enfoque Global de la Migración y la Movilidad, integrar mecanismos estrictos de seguimiento y supervisión del respeto de los derechos humanos en todos los acuerdos exteriores y conceder prioridad a los proyectos desplegados en los países de origen y de tránsito que puedan mejorar la situación de los derechos humanos de los migrantes;
83. Alienta a la Unión a que celebre asociaciones para la movilidad con sus socios más próximos;
84. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que solo prevean políticas de retorno de migrantes hacia países de origen en los que puedan ser acogidos con total seguridad, respetando plenamente sus derechos fundamentales y procedimentales, y pide en este sentido que se anteponga el retorno voluntario al retorno forzoso; insiste en la necesidad de que los acuerdos celebrados con terceros países en el marco de esas políticas incluyan cláusulas de salvaguardia por las que se garantice que los migrantes devueltos a sus países no se enfrentan a violaciones de sus derechos ni a persecución; reconoce la importancia de realizar evaluaciones periódicas para excluir esos acuerdos con los países que no respeten las normas internacionales en materia de derechos humanos;
85. Solicita medidas para abordar la cuestión de las redes de tráfico y poner fin a la trata de seres humanos; pide que se establezcan vías legales y seguras —por ejemplo estableciendo corredores humanitarios— para las personas que buscan protección internacional; pide que se establezcan programas de reasentamiento permanentes y obligatorios y se concedan visados humanitarios para las personas que huyen de las zonas de conflicto, en particular para que tengan la posibilidad de entrar en un tercer país con el fin de solicitar asilo; pide que se establezcan más vías legales y se elaboren normativas generales que regulen la entrada y la estancia de los migrantes, de forma que puedan buscar empleo y desempeñar una actividad laboral;
86. Insiste en la necesidad de crear marcos de protección para migrantes en peligro, en tránsito y en las fronteras de la Unión, y de aplicar mejor dichos marcos;
87. Celebra las operaciones contra los traficantes de personas y apoya el refuerzo de la gestión de las fronteras exteriores de la Unión; subraya la necesidad de disponer de una hoja de ruta completa y específica para actuaciones rápidas y a largo plazo que impliquen la cooperación de los terceros países, a fin de luchar contra las redes de delincuencia organizada de tratantes de personas;
88. Destaca que el tráfico de migrantes está vinculado a la trata de personas y constituye una grave violación de los derechos humanos; recuerda que el despliegue de misiones como EURONAVFOR MED es un medio para luchar de forma concreta contra el tráfico de migrantes; pide a la Unión que prosiga e intensifique ese tipo de operaciones;
89. Considera necesario reflexionar sobre el fortalecimiento de la seguridad y la política de fronteras, así como sobre la forma de mejorar la misión de Frontex y la EASO en el futuro; hace un llamamiento en favor de la solidaridad y la asunción de compromisos en forma de contribuciones de una cuantía suficiente y destinadas a los presupuestos y las actividades de esas agencias;
90. Subraya la necesidad de mejorar el funcionamiento de los «puntos críticos» y puntos de entrada en las fronteras exteriores de la Unión;
91. Pide a la Unión que incorpore la protección de datos en los acuerdos sobre la puesta en común y el intercambio de información en las fronteras, así como sobre las rutas migratorias;
92. Pide a la Unión y a los países de acogida que elaboren instrumentos eficaces para la coordinación, la armonización de los flujos de información y el almacenamiento, el intercambio y la evaluación de los datos;
93. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a las Naciones Unidas, al Consejo de Europa, a la Unión Africana, a la Organización de Estados Americanos y a la Liga de los Estados Árabes.
(1) DO C 294 de 12.8.2016, p. 18.
(2) DO C 346 de 21.9.2016, p. 47.
(3) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2016)0102.
(4) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2015)0312.
(5) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2016)0073.
(6) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2016)0300.
(8) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2015)0470.
(9) DO C 179 de 18.5.2016, p.40.
(10) UN International Migration Report 2015, disponible en http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf
(11) Artículo 13, apartado 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

References: Resolución 
 artículo 13
 Resolución 
 artículo 21
 Resolución 
 artículo 13
 resolución 
 artículo 21
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 13