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Timestamp: 2019-01-21 20:48:28+00:00

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﻿ SENTENCIA SL13877-2016/51121 DE SEPTIEMBRE 14 DE 2016
SENTENCIA SL13877-2016 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:LA CONDICIÓN O CALIDAD DE PENSIONADO PUEDE SER RECONOCIDA JUDICIALMENTE, AÚN CON POSTERIORIDAD A LA MUERTE DE SU TITULAR. EL ESTADO O LA CALIDAD DE PENSIONADO NO SE ADQUIERE CON LA SENTENCIA QUE DECLARA LA EXISTENCIA DEL DERECHO, SINO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SU ESTRUCTURACIÓN, POR LO CUAL, TAL CONDICIÓN PUEDE SER RECONOCIDA AÚN CON POSTERIORIDAD A LA MUERTE DE SU TITULAR, COMO UN HECHO JURÍDICAMENTE RELEVANTE A EFECTOS DEL ESTABLECIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LOS DERECHOS QUE DE ELLA EMANAN, COMO ES EL CASO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES ORIGINADA EN LA MUERTE DEL PENSIONADO, YA SEA POR VEJEZ O INVALIDEZ.
TEMAS ESPECÍFICOS:RECURSO DE CASACIÓN, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, PENSIONADO, MUERTE DEL PENSIONADO, DERECHOS DEL PENSIONADO
Sentencia SL13877-2016/51121 de septiembre 14 de 2016
Rad. 51121
Bogotá, D. C., catorce de septiembre de dos mil dieciséis.
Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolverlo.
No le asiste razón al opositor cuando manifiesta que se trata de un hecho nuevo en casación la discusión atinente a las semanas de cotización requeridas para el acceso a la prestación de sobrevivientes y su validez, pues ellas constituyen la columna vertebral sobre las que se edifica el derecho por muerte del afiliado a favor de sus beneficiarios, mas no por muerte del pensionado.
Igualmente, no puede afirmarse, con acierto, que es un «hecho que solapadamente [el recurrente] quiere introducir», por la potísima razón de que tales aspectos fueron el fundamento basilar de la decisión de primera instancia, que, memórese, fue apelada por la entidad llamada a juicio.
Aunado a lo precedente, tampoco le asiste razón al replicante cuando pretende dejar fuera del debate el total de semanas de cotización por no encontrarse cimentada en la causa petendi, toda vez que solo basta observar someramente el hecho quinto del escrito inaugural del proceso, enraizado en la historia laboral aneja al mismo (fls. 18 a 20), para concluir, sin más, que la actora fue enfática al señalar que «Con el número de semanas que alcanzó a cotizar el cónyuge de mi poderdante, se cumple con los requisitos establecidos en la normatividad anterior, que tan solo exigía un total de 300 semanas en cualquier época», situación que, sin hesitación alguna, permitió al juez de primera instancia determinar el número de semanas cotizadas para comprobar si la actora tenía o no derecho a la pensión deprecada, precisamente con el material persuasivo solicitado y allegado por las partes, así como decretado por la directora del proceso.
En la misma dirección, el opositor debió percatarse que (i) el hecho sexto de la demanda inicial, se refiere a la condición más beneficiosa, y, (ii) que al ser contestado el I.S.S. respondió palmariamente que «no es un hecho sino una apreciación jurídica del demandante».
Ahora, es suficiente ver el contenido de la demanda primigenia, para advertir al rompe que lo pretendido por la promotora del litigio es que «se condene al I.S.S. a reconocer y pagar a mi mandante, la pensión de sobrevivientes, por la muerte de su cónyuge (...) a partir del 11 de julio de 2005, fecha de su muerte, junto con las mesadas adicionales de los meses de junio y diciembre que se hubieren causado y se sigan causando durante el trámite del presente proceso», como también que la convocada a la litis basó su defensa en la falta de las semanas que exige la ley para acceder a la prestación por muerte.
De suerte que le competía a los juzgadores determinar si estaban probados los supuestos fácticos de la norma que instituye la pensión de sobrevivientes, entre ellos, la densidad de semanas de cotización.
Acontece entonces que de lo expuesto se colige que el juez de conocimiento tuvo en cuenta los hechos de la demanda y de su contestación; así resolvió el caso conforme a lo pedido, accedió a la pretensión primera relacionada con el derecho a la pensión de sobrevivientes, negó la segunda en torno a la aplicación de la condición más beneficiosa para liquidar la pensión, y la tercera en cuanto a la indexación, concedió la cuarta, en relación con los intereses de mora, y condenó al pago de costas. Como se aprecia a simple vista, el sentenciador no tuvo necesidad de echar mano siquiera de la facultad extra petita.
Recuérdese que la A quo encontró que dentro de las semanas reportadas en la historia laboral del causante, se hallaban algunas en situación de mora, ello lo condujo a explicar las razones por las cuales debían tenerse como válidas, en apoyo de lo adoctrinado por esta Sala, entre otras, en sentencia CSJ SL, 12 dic.2007, rad. 32003.
Al apelar el demandado, antes que reprochar la validez de las semanas de cotización, ni que el I.S.S. hubiese efectuado las gestiones de cobro, soportes esenciales de la resolución impugnada; su descontento gravitó, como lo advirtió el tribunal, en torno a argumentos que no fueron considerados por el fallador al decidir el caso controvertido. Dicho en breve, con el recurso vertical la demandada pretendió oponerse a una súplica que fue denegada por el juez de primer grado, esto es, el acceso a la pensión de sobrevivientes con el cumplimiento de los requisitos establecidos del Acuerdo 49 de 1990 a la luz del principio de la condición más beneficiosa.
Y si efectivamente se refirió, valga advertir de manera lacónica, a la densidad de semanas, fue para indicar que el causante no había cotizado 50 semanas en los tres años anteriores a su fallecimiento. Situación que jamás desconoció la jueza.
Pese a que la impugnación fue desenfocada e incompleta, el organismo colegiado decidió estudiarla por cuanto en el fondo se discutió la inexistencia de la obligación por parte del ISS, obligación que, se itera, la jueza de primera instancia la dedujo del pluricitado parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, soporte que, recuérdese, no fue atacado por el apelante.
Esto adujo:
Lo primero que advierte la sala, es que en parte alguna de la providencia puesta a esta consideración, la a quo, aplicó el Decreto 758 de 1990 teniendo como fundamento el principio constitucional anteriormente mencionado, pues se determinó la existencia del derecho por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 797 de 2003.
De conformidad con la historia laboral visible a folios 68 del expediente, entre el 19 de agosto de 1984 y el 19 de agosto de 2004, el causante contaba con 470.41 semanas de cotización. En todo el tiempo laborado, cotizó 727.71 semanas. Dicha historia, fue analizada teniendo en cuenta todos los periodos de cotización del causante, inclusive, lo que se reportan como ceros (0), teniendo en cuenta que cada empleador del occiso los pagó al ISSN (Subraya fuera de texto)
Más adelante, en la faena de resolver la impugnación, y sin apartarse de lo estatuido en el parágrafo en precedencia, concluyó que «el señor Luís (sic) Obdulio Cañas Miranda, a pesar de haber sido beneficiario del régimen de transición, no acreditó las semanas requeridas por el régimen de prima media, como se sostuvo en primera instancia, pues una vez estudiada la historia laboral del occiso, se encontró que el causante ni contaba con las 500 semanas en los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la edad», como tampoco 1000 en cualquier tiempo. Al finalizar, acentuó que el causante no satisfizo el requisito exigido en la ley de cincuenta semanas de cotización dentro de los tres años anteriores al fallecimiento.
Puestas en esa dimensión las cosas, emerge en forma diamantina que los jueces de las instancias no cimentaron sus respectivos fallos en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa para justificar el acceso a la pensión de la demandante con base en los requisitos de acceso a la pensión de sobrevivientes establecidos en el Acuerdo 49 de1990.
Aquí, resulta útil traer a colación pasajes de la sentencia CSJ SL, del 24 ene. 2012, radicado 36074, en cuanto a que una de las funciones o deberes de los jueces es la de pronunciarse sobre las pretensiones formuladas, tarea que conlleva, lógicamente y respetando los principios de la carga probatoria, verificar si están acreditados los hechos que fundamentan esas aspiraciones, de manera que si ello ocurre, debe proferir la correspondiente decisión accediendo al derecho cuya tutela judicial se busca.
Por tanto, si la pensión de sobrevivientes fue debidamente solicitada en la demanda y el demandado al contestarla se opuso a la procedencia de «las pretensiones contenidas en el libelo petitorio, por carecer de fundamentación fáctica y legal debiéndose en todo caso absolver al Instituto de Seguros Sociales de todo cargo»; no hay duda para esta Sala que los supuestos de hecho de la norma que consagra la pensión de sobrevivientes, entre ellos, el de la densidad de cotizaciones, sí fueron conocidos y controvertidos por el accionado, ya que no resulta lógico y coherente negar un derecho u obligación sin previamente haber estudiado los fundamentos fácticos y jurídicos que soportan la voluntad abstracta de la ley.
Entonces, todos y cada uno de los requisitos para el disfrute de la referida pretensión, formaban parte del debate judicial.
Una última circunstancia, insoslayable, la decisión del juzgador estuvo en plena correspondencia con la reclamación administrativa que precedió al proceso, pues allí el demandado adquirió el explícito conocimiento de que la actora pretendía la pensión de sobrevivientes dada la equivocación del I.S.S. en la cuenta «sobre las semanas cotizadas por el fallecido, entre las fecha (sic) de su cumplimiento de años 20 años de edad y la de su muerte, que para la entidad no se alcanzaron a cotizar las 427 semanas exigidas, cuando en realidad el total de las cotizaciones que le hizo al Seguro Social ocurrieron entre estas dos fechas, y ese total aduce la misma resolución fue de 733 semanas» (fls. 13 y 14).
En armonía con lo discurrido, la Sala sí está «habilitada» para conocer de fondo el asunto bajo examen, puesto que al accionado se le han garantizado los derechos de contradicción y de defensa.
Hechas las anteriores precisiones, necesarias no solo para dar respuesta al opositor sino para el estudio del ataque, corresponde a la Corte elucidar si el Juez plural incurrió en el desatino fáctico al no sumar cotizaciones válidas para el cubrimiento de las contingencias de invalidez, vejez y muerte, realizadas por los empleadores del causante.
A propósito, la censura denuncia como prueba «erróneamente apreciada» el reporte de semanas cotizadas (fls. 67 a 74), allegado por el propio Instituto de Seguros Sociales en la respectiva oportunidad procesal.
Sea lo primero advertir que los juzgadores, puesta la mirada en el mismo elemento persuasivo, arribaron a diferente conclusión sobre el número de semanas cotizadas válidas para el acceso a la pensión de sobrevivientes en los términos del parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, dado que mientras para el A quo se registraron 592.3 semanas de cotización entre agosto de 1984 y agosto de 2004, para el colegiado tan solo 470.41.
Dado que la discusión se centró en la verificación de si el causante cotizó 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad (19 de agosto de 1984 - 19 de agosto de 2004), al realizar un análisis detallado de la historia laboral, sin traslapos (fls. 18 al 20 y 68 al 74), arroja la siguiente información:
Empleador Desde Hasta Días reportados Semanas reportadas
Iván Sánchez 19/08/84* 03/07/85 319 45,57
Abarrotes Pedro Nel Canas H 10/03/86 16/06/89 1195 170,71
Abarrotes Pedro Nel Canas H 21/12/93 21/11/94 336 47,86
Juan Fernando Chemise y Cia. Ltda. 01/01/95 31/07/95** 211 30,14
Almacenes Ramod Ltda. 01/08/95 30/09/99 1521 217,29
Pedro Nel Cañas 01/06/04 19/08/04*** 79 11,29
Total 3661 522,86
* Al ISS fue afiliado por este empleador desde el 10/02/84
** Vinculación que termina el 30/09/99, traslapada en semanas de cotización con almacenes Ramod entre el 01/08/95 y el 30/09/99.
*** Aunque la vinculación finalizó el 30/09/2004, solo se tiene en cuenta el tiempo hasta la fecha en que el afilado cumplió los 60 años de edad.
Brota entonces palmario que el causante al 19 de agosto de 2004, fecha en la que cumplió 60 años de edad, tenía más de 500 semanas reportadas al ISS durante los veinte años que le precedieron al cumplimiento de dicha edad.
Nótese que en la decisiones de instancia los juzgadores no estaban realmente definiendo el derecho con base en el parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que exige el cumplimiento de las semanas de cotización exigidas al momento de la muerte, sino con base en la definición de un derecho adquirido del causante a la pensión de vejez en régimen de transición, haber cotizado durante quinientas semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años, es decir, tácitamente buscaban aplicar el numeral 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, artículo modificado por el 12 de la Ley 797 de 2003.
De otro lado, repárese en que el mismo ISS reportó que los aportes que debió efectuar el empleador, Almacenes Ramod Ltda., desde marzo de 1996 hasta el 30 de septiembre de 1999 no fueron realizados, es decir, que el empleador incurrió en mora con el sistema. En igual sentido los aportes que el empleador Juan Fernando Chemise y Cia. Ltda., no canceló durante el periodo comprendido entre julio de 1995 y 30 de septiembre de 1999.
Llegados a este punto del sendero, juzga conveniente la Sala memorar que de antaño, bien tiene precisado que los aportes en mora son válidos como tiempos cotizados, a efectos de determinar el acceso a las prestaciones del sistema de seguridad social en pensiones, eso sí, si no obra constancia en el expediente que acredite gestión de cobro por parte de la entidad administradora de pensiones, como se echa de menos en este caso (ver sentencia CSJ SL, 22 de jul. 2008, rad. 34270, y reiterada, entre otras, en providencia CSJ SL, 20 de oct. 2015, rad. 48381).
Es precisamente ese error manifiesto en que incurrió la Sala sentenciadora en la apreciación de la historia laboral, al no contabilizar la totalidad de semanas reportadas al I.S.S., el que abre paso al ataque, por lo que habrá de casarse el acto jurisdiccional controvertido, siendo innecesario abordar el estudio del segundo cargo que pretendía idéntico fin.
Desde ya debe decirse que se confirmará la decisión de primera instancia en cuanto condenó al instituto demandado a reconocer y pagar una pensión de sobrevivientes, pero no con fundamento en el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, como lo dispuso la jueza de primer grado, sino en virtud de lo estatuido en el numeral 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, norma modificada por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por muerte del pensionado, según las razones que se exponen a continuación:
1) ¿Cuándo se adquiere el status de pensionado?
En sentencia CSL SL392-2013, del 26 de jun. 2013, rad. 41.443, esta Sala explicó que la pensión constituye una situación jurídica personal e individual generada a partir del cumplimiento de los requisitos o exigencias previstos para tal efecto por la ley, la convención colectiva de trabajo, el pacto colectivo, el contrato de trabajo o el mero acto unilateral de voluntad de su otorgante. De esa suerte, las sentencias que condenan a su reconocimiento y pago lo que hacen es declarar una realidad anterior a su proferimiento, esto es, ya causada a esa fecha, con el objeto de que mediando la manifestación judicial de su existencia, y quedando despejada toda duda e incertidumbre sobre ese particular, se impongan las condenas respectivas al deudor que se ha sustraído al cumplimiento espontáneo de las obligaciones que de ella se derivan.
Allí también sostuvo la Corte que el estado de pensionado no se adquiere con la sentencia que declara la existencia del derecho pensional e impone unas específicas y concretas condenas a su deudor, por no ser ella un acto, forma o solemnidad constitutiva del derecho, sino con el cumplimiento de los requisitos que para su estructuración o existencia se exigen, momento a partir del cual se generan todos los derechos y prerrogativas que de dicho status se generan, entre otros, para el caso de las pensiones de invalidez y vejez, el de causar la pensión de sobrevivientes en favor de los miembros del grupo familiar del pensionado, en los términos y condiciones a que refiere la normativa vigente a la fecha del fallecimiento del pensionado.
La corporación agregó que es absolutamente claro que la condición o calidad de «pensionado» puede ser reconocida judicialmente, aún con posterioridad a la muerte de su titular, como un hecho jurídicamente relevante a efectos del establecimiento de la existencia de los derechos que de ella emanan, como es el caso de la pensión de sobrevivientes originada en la muerte del pensionado, ya sea por vejez o invalidez.
2) La pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado.
Toda vez que el causante: (i) era beneficiario del régimen de transición; y (ii) para la fecha en que arribó a edad de 60 años (14 de agosto de 2004) había cotizado al sistema general de pensiones 522,86 semanas en los veinte años anteriores (19 de agosto de 1984 - 19 de agosto de 2004), no existe incertidumbre alguna en relación a que en dicha data estructuró el derecho a la prestación por vejez, luego para el momento de su fallecimiento (11 de julio de 2005) gozaba del status de pensionado por vejez, status que, valga decir, es imprescriptible.
En ese contexto la pensión de sobrevivientes a la que tiene derecho la actora se determina a la luz de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, norma modificada por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y no en otro canon, precepto que, cumple recordar, no exige semana alguna de cotización para acceder a la misma.
Entonces, si, como quedó explicado, el status de pensionado no requiere de declaración judicial, es cristalino que, se repite, para la calenda del deceso del señor Luis Obdulio Cañas Miranda, éste ya tenía el derecho adquirido de la pensión por vejez.
3) El presente no es un fallo extra petita.
La Corte en sentencia CSJ SL, del 21 de jun. 2011, rad, 38224, enseñó que la causa petendi, alma y corazón de la pretensión, está conformada por razones de hecho y de derecho, “entendiendo que las primeras vienen dadas por el relato histórico de todas las circunstancias fácticas de las que se pretende deducir aquello que se pide de la jurisdicción, mientras que las segundas son afirmaciones concretas de carácter jurídico que referidas a esos antecedentes de hecho, le permiten al demandante autoatribuirse el derecho subjetivo en que apoya su solicitud de tutela a las autoridades judiciales, afirmaciones estas que, desde luego, no hay lugar a confundir en modo alguno con los motivos abstractos de orden legal que se aduzcan para sustentar la demanda incoada” (sentencia de 19 de febrero de 1999, radicación 5099, Sala de Casación Civil)».
La corporación también recalcó que si el accionante, previa relación de los hechos en los que sustenta el derecho demandado, se equivoca al invocar las normas que lo consagran, debe el juzgador acoger aquella que regula el asunto fáctico puesto a su consideración, sin que signifique que por tal razón profirió un fallo extra petita.
En el horizonte trazado, obsérvese que la actora invocó como pretensión la pensión de sobrevivientes y, mediante esta decisión, se concede una pensión de sobrevivientes basados en los mismos supuestos de hecho en que se soportó la demanda. Por consiguiente, el fallo rinde un verdadero culto a la congruencia, pues, se itera, no hubo una sentencia extra petita (por fuera de lo pedido), ni mucho menos extra facta (por fuera de hechos abiertamente distintos).
4) Principio de ‘iura novit curiae’.
La Corte, en sentencia de revisión CSJ SL17741- 2015, del 11 de nov. 2015, rad. 41927 explicó ampliamente este postulado en el sentido que siendo la causa para pedir del demandante el conjunto de hechos constitutivos del derecho pensional reclamado, el juez está vinculado a los mismos, para de allí aplicar la norma que gobierna el caso, que aun cuando de manera literal no se plasme en la demanda, con todo, su indicación le compete al juzgador resolver la pretensión en controversia, sin que al ocurrir ello se afecte en manera alguna la relación entre la petición, la decisión y la causa del proceso; por el contrario, con ello se cumple el principio iura novit curiae que se desprende de los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, así como el aforismo latino que regla la actividad judicial «mihi factum, dabo tibi ius» (dadme los hechos, yo te daré el derecho- «son los hechos las voces del derecho»).
Agregó la Sala en esa oportunidad que el juicio de adecuación normativa no es asunto que competa propiamente al demandante en el proceso, sino que es de la esencia del rol del juzgador del proceso, sin que por ello se inhiba a aquél de que lo proponga, acertada o equivocadamente, pues aparte de servir a la orientación de la controversia y su resolución, en algunos casos sí demarca los límites de la providencia judicial, como cuando la naturaleza de la pretensión es la de ser constitutiva del derecho, cuestión que no es predicable de casos como el estudiado.
Como el señor Luis Obdulio Cañas Miranda (i) era beneficiario del régimen de transición, y (ii) para el momento de su muerte- 11 de julio de 2005- tenía el status de pensionado, pues ya había causado el derecho a la pensión de vejez por reunir los requisitos de edad y semanas de cotización exigidos por el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, se concederá a la actora la pensión de sobrevivientes de conformidad con lo instituido en el número 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.
En consecuencia, se confirmará la resolutiva del fallo apelado, aunque por las razones aquí anotadas y no por las señaladas por el juzgado, mediante la cual se reconoció el derecho pensional demandado, teniéndose en cuenta que, en el trámite del proceso la actora probó haber convivido con el causante durante los cinco años inmediatamente anteriores a la muerte.
Se confirmará también lo concerniente a la viabilidad de la excepción de compensación y en cuanto a la improcedencia de las demás.
Sin condena en costas en el recurso extraordinario y las de las instancias a cargo de la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el diecinueve (19) de noviembre de dos mil diez (2010) por la Sala Décima de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Brunilda Hortensia Sánchez Cañas contra el Instituto De Seguros Sociales antes, hoy Colpensiones. En sede de instancia, se confirma la sentencia del 9 de octubre de 2009, proferida por el Juzgado Cuarto Adjunto Laboral del Circuito de Medellín.

References: resolución 
 artículo 12
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 artículo 12
 artículo 12
 artículo 46
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