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Timestamp: 2017-07-24 03:39:55+00:00

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La Gaceta del Empresista nº 13 by nexo - issuu
revista del colegio oficial de titulados mercantiles y empresariales de cantabrial ag a c e t ad e lnúmero trece • año cuatro • abril de 2014 • publicación gratuita“En situaciones de crisis, la investigación
en economía aplicada es esencial para tratar
de buscar soluciones”
José Villaverde Castro, Catedrático de la Universidad de CantabriaFracaso del nuevo Régimen
Especial del Criterio de la Caja.
por José Antonio Marco SanjuánLa homologación judicial de
los acuerdos de refinación.
por Leopoldo Pons AlbentosaEl nuevo tratamiento fiscal de las
operaciones de capitalización de
deudas y de las quitas y esperas.
por Manuel Fernández González de TorresC/ Jesús de Monasterio, nº 10 - 4º izda. Tfno.: 942 218 320
www.empresistascantabria.esE C O N OMÍAFINANZASAsesorías y despachos profesionales colaboradoresASESORÍA CANTABRIA S.L.
C/ Los Escalantes, 5 ppal. izda
Teléfono 942 211 030BFS ASESORÍA
C/ Vargas 51 - 2º A
Telf: 942 372 326
www.bfsasesoria.comASESORÍA DE LAS CUEVAS
AsesoríaASIMAN, S.L.
Asesoría de EmpresasC/ Calvo Sotelo, 19 - 6º, 4
Teléfono 942 321 222
www.asesoriadelascuevas.comC/ San Fernando, 82 Entlo.
Teléfono 942 376 030índice
índiceentrevista...04.
Ignacio San Juan0320.
La homologacion judicial
de refinanciación.
Leopoldo Pons Albentosa05.
Tratamiento fiscal de las acciones
de gestión de instrumentos financieros
híbridos en la declaración del IRPF
José Manuel Ortiz de Juan10.
Entrevista a José Villaverde Castro.
Cristina Pascual24.
“Cantabria no se distingue
por ser una región
emprendedora. La tasa
de emprendimiento es
la media española,
la cual no es de las más elevadas
del mundo, ni mucho menos”16.
La segmentación y
el posicionamiento en la estrategia
de los despachos profesionales.Algunos aspectos
Mercedes Mazo Jimeno26.
El nuevo tratamiento fiscal de las
operaciones de capitalización y de
Manuel Fernández González de TorresJosé Luis del Olmo Arriaga31.12.
Fracaso del nuevo Régimen Especial
del Criterio de Caja.19.Medidas fiscales
IX lesgistaltura.José Antonio Marco SanjuánEl sistema financiero global ¿es más
seguro que hace cinco años?.Pedro Pérez EslavaJuan Hernández ViguerasDirector de la revista:
Técnico de la Hacienda PúblicaColaboradores:
Presidente del Colegio de Titulados
Mercantiles y Empresariales de CantabriaJosé Antonio Marco Sanjuan
Presidente del Tribunal Económico
Administrativo Regional de Castilla y León
Profesor de la Universidad Abat Olba CEU
Escritor y miembro
Juan Manuel Ortiz de Juan
Abogado de Cuatrecasas,
Economista, Socio Director de LeopoldoPonsMercedes Mazo Jimeno
la Agencia Cántabra
Ricardo Bilbao León
Manuel Fernández González de Torres
del Estado en excedenciaEdita: Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Cantabria
Jesús de Monasterio 10, piso 4º • Tel.: 942 218 320 • Santander • Cantabria
lagaceta@empresistascantabria.es • Depósito legal SA-200_2014 • ISSN 2341-2984
RESPONSABILIDAD COLEGIAL: El Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Cantabria, editor de esta revista, no se identifica necesariamente con las opiniones vertidas en las
colaboraciones, ni con los criterios expuestos por los autores de los artículos o trabajos firmados. Ni el editor, ni los autores, aceptarán responsabilidades por las pérdidas ocasionadas a las personas
naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta publicación.04OPINIÓNRenovarse o morir
Por Ignacio San Juan Minchero | Presidente del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Cantabria.
Miembro del Consejo General de Economistas.Con este número que hoy ponemos en vuestras manos, iniciamos una nueva etapa de la
revista “La Gaceta del Empresista”, que hasta
la fecha, nos ha reportado grandes satisfacciones corporativas y sinceros reconocimientos
hacia esta publicación técnica y profesional, de
numerosos lectores cualificados y ampliamente conocedores de las materias que en ella tratamos de abordar de la forma más didáctica y
formativa que nos es posible.OPINIÓNPara que este proyecto siga siendo posible,
es necesario seguir contando con el apoyo y
el trabajo de amigos, colegiados, profesores
y profesionales, que de forma desinteresada,
nos han ofrecido su conocimiento y esfuerzo
en beneficio de un colectivo altamente especializado y necesitado de continua formación
y actualización. Conocedores del esfuerzo que
esto supone, hemos querido agradecer su
participación y compromiso para con nuestra
revista, dotándola de la correspondiente identificación normativa que garantiza su reconocimiento y validación oficial de aquellos artículos
en ella publicados (ISSN). Por tal motivo nos
atrevemos a invitar nuevamente a colaborar
con nuestra publicación, a todos aquellos profesionales y académicos, que hasta hora se
veían obligados a declinar su participación por
carecer de la preceptiva acreditación que les
diera la necesaria justificación a sus publicaciones técnicas.
Es nuestro objetivo seguir ofreciendo un amplio conjunto de artículos e informes que aporten una herramienta útil a nuestra profesión y
sirva de guía, consulta y reflexión de cuantas
materias sean tratadas en ella, siempre en el
ámbito de las distintas disciplinas que constituyen nuestra profesión (Fiscalidad, Tributación,
Auditoria, Concursal, Pericial, Mediación, Contabilidad, Finanzas, Laboral, etc.). Si bien, entendemos necesaria, y así lo haremos, la aportación de nuevos conceptos que contribuyan
a un mayor valor añadido y provoquen un deseado foro de participación y debate que enriquezca aún más el análisis y asimilación de los
contenidos de los artículos en ella publicados.
Todo ello a través de la utilización de las plataformas virtuales que a tal efecto se facilitaran
en su edición digital, con el objetivo de ofreceruna vía rápida para consolidar conocimientos y
garantizar la formación continua.
Esta Gaceta del Empresista que reaparece, con
previsión de publicación de carácter semestral,
se presenta en un entorno y panorama profesionales muy diferente al que contemplábamos
en los periodos de los últimos números publicados, allá por el año 2012. El marco jurídico
que sobre las actividades profesionales, se ha
ido regulando y proponiendo desde entonces,
y la crisis económica que sigue afectando al
conjunto de las actividades productivas y profesionales de nuestro país. Ha dado lugar a un
panorama bastante incierto sobre la actividad
de más de un millón y medio de profesionales
que ejercen su actividad con una clara intención de velar por los intereses de los ciudadanos y el desarrollo de la sociedad para la que
prestan sus servicios. Es el caso, entre otras,
de la ley de la Competencia y el Anteproyecto
de ley sobre Servicios y Colegios Profesionales.
Este entorno normativo en el que debemos circunscribir nuestra actividad profesional, obliga
necesariamente a los colegios profesionales a
replantearse el papel, estructura y objetivos,
que deberán adoptar a partir de ahora, para
poder seguir ofreciendo una labor de garantes
de aquellos valores que sus correspondientes
códigos deontológicos han definido y por los
cuales se identifican como corporaciones de
derecho público que son reconocidas.
Estas realidades nos exigen realizar grandes
esfuerzos en aras de optimizar mejor nuestros
recursos, lograr mayores ahorros de costes y
aumentar las capacidades de generar rendimiento y eficacia en las actuaciones, que hacia
colegiados y hacia la sociedad en su conjunto,
podamos ofrecer. Y todo ello porque está en
juego el crear unas corporaciones colegiales
más fuertes y capaces de mantener las garantías y los servicios que estatutariamente tenemos establecidos.
En lo que se refiere a nuestra actividad profesional, ya se han dado los primeros pasos para
obtener un marco estructural que favorezca
la consecución de estos retos, que inexorablemente tendremos que asumir. De esta forma
se ha constituido a finales del pasado año, elnuevo CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS fruto de la unificación de los Consejos de
Economistas y de Titulados Mercantiles y Empresariales de España. En el cual estamos integrados más de 70.000 profesionales repartidos
en 78 colegios territoriales. Dicho órgano se encargará de representar y defender los intereses
de todos sus miembros y de ofrecer a través de
sus Registros Especializados (Asesores Fiscales, Auditores, Concursales y Forenses, Expertos Contables, Asesores Financieros, Asesores
Laborales, Docentes e Investigadores, etc.) las
herramientas precisas para cubrir cuantas necesidades en materia de formación y servicios
profesionales sean necesarios para el fortalecimiento de nuestra profesión.
Este camino iniciado por nuestro Consejo General de Economistas, tendrá su lógico traslado
a las distintas Comunidades Autónomas de
nuestro Estado español, sobre las cuales recaen
las competencias legislativas y administrativas
que regulan los Colegios Profesionales. Y así al
día de hoy, ya se han culminado los procesos
de unificación de los colegios de Economistas y
Titulados Mercantiles del País Vasco y Comunidad de Murcia. Estando en vías de tramitación
parlamentaria los procesos de Cataluña y Galicia. En nuestra comunidad autónoma se han
iniciado entre ambos colegios profesionales,
las gestiones encaminadas a favorecer este
proceso de unificación, creando una comisión
encargada de la elaboración de la propuesta de
regulación para la creación del Colegio General de Economistas de Cantabria que deberá
ser trasladada al Gobierno de Cantabria, y de
armonizar los aspectos económicos, patrimoniales y laborales de la unificación.
Todo ello en consonancia con las reflexiones
que nuestro Presidente del Consejo General
de Economistas D. Valenti Pich Rosell que hizo
al respecto de este gran reto renovador. “Sólo
una institución fuerte y dinámica, adaptada a
las necesidades reales del mercado, será capaz de hacer frente a los nuevos retos surgidos como consecuencia de los importantes
cambios y reformas que se han producido y se
están produciendo en la realidad económica y
social, así como de atraer a las nuevas generaciones de graduados y postgraduados”05Tratamiento fiscal de las acciones de gestión
de instrumentos financieros híbridos en la declaración
del IRPF correspondiente al ejercicio 2013
José Manuel Ortiz de Juan | Abogado.
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA.Aproximándonos a la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondiente al ejercicio 2013, una de las cuestiones fiscalmente más controvertidas
es la que afecta a aquellos contribuyentes que durante 2013 han sido objeto de las
denominadas “acciones de gestión de instrumentos financieros híbridos”, principalmente
canjes de participaciones preferentes y de valores de deuda subordinada emitidas en
los últimos años por las cajas de ahorros.
Aproximándonos a la campaña del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2013, una de las cuestiones fiscalmente más controvertidas es la que
afecta a aquellos contribuyentes que durante
2013 han sido objeto de las denominadas “acciones de gestión de instrumentos financieros
híbridos”, principalmente canjes de participaciones preferentes y de valores de deuda subordinada emitidas en los últimos años por las
cajas de ahorros.D
LLas acciones de gestión de instrumentos financieros híbridos surgen en el contexto de la reestructuración financiera del sistema bancario
español y, muy particularmente, en el proceso
de reestructuración que en el último lustro viene afectando al sector de las cajas de ahorros.DAANTECEDENTES. LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
HÍBRIDOSACon ello se pretende ilustrar al contribuyente y,
en general, al estudioso de la materia, acerca
de los criterios oficiales que derivan de la inter-pretación administrativa de la Dirección General de Tributos sobre estos temas que a tantos
contribuyentes del IRPF afecta este año en la
declaración del Impuesto1.(1) Una idea del número de contribuyentes que puede verse afectado lo prueba el hecho de que, en mayo de 2011, según estimaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el
importe en circulación de emisiones de instrumentos financieros híbridos (deuda subordinada y participaciones preferentes) ascendió a 30.000 millones de euros.FISEl presente trabajo expone cuáles han sido las
diferentes acciones de gestión de instrumentosfinancieros híbridos adoptadas por las diferentes entidades de crédito, bien a iniciativa propia
por las mismas entidades de crédito o bien por
imposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y qué tratamiento fiscal resultaría aplicable a las mismas en el IRPF
del ejercicio 2013, atendiendo principalmente a
la reciente doctrina administrati-va de la Dirección General de Tributos evacuada mediante
varias contestaciones vinculantes a consultas
tributarias.CEl tratamiento fiscal de las rentas que se hayan
generado como consecuencia de tales acciones
de gestión resulta una cuestión técnicamente compleja debido a dos circunstancias: en
primer lugar porque no todas las acciones de
gestión de instrumentos financieros híbridos
han sido idénticas (cada entidad de crédito ha
tenido su propia acción de gestión) y porque las
acciones de gestión han dado lugar, en algunos
casos de forma inmediata, a determina-das
operaciones de venta de valores; en segundo
lugar, porque en paralelo con los procesos de
canje de participaciones preferentes y deuda
subordinada se han sucedido numerosas reclamaciones en vía judicial o arbitral, interpuestas
por los preferentistas y otros titulares de deuda
subordinada contra las entidades emisoras en
las que se ha venido invocando la existencia de
vicios de nulidad en la prestación del consentimiento contractual por el inversor.06Su regulación jurídica se encuentra en el Real
Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de
crédito y en la posterior Ley 9/2012, de 14 de
noviembre que convalidó a aquél, medidas legislativas adoptadas en el marco del programa
de asistencia a España para la recapitalización
del sector financiero, acordada con el Eurogrupo y plasmada en el Memorando de Entendimiento de 20 de julio de 2012.
El capítulo VII de la citada Ley 9/2012 despejó la
duda de quiénes tuvieron que soportar el coste
derivado de las medidas de reestructuración y
resolución de las diferentes entidades de crédito españolas. En este sentido, de conformidad con lo que la propia Ley 9/2012 denomina
“principio de responsabilidad y de asunción de
riesgos”, los inversores titulares de participaciones preferentes y de deuda subordinada han
sido quienes, junto con los accionistas de las
entidades, han tenido que hacer frente al coste
económico derivado de la asistencia financiera recibida por el sector bancario español. En
suma, la Ley 9/2012 dispuso que tales costes
financieros debían ser soportados, en primer
lugar, por los accionistas de las entidades, y en
segundo lugar por aquellos acreedores que por
las particulares características de sus títulos se
encontraban en una posición jurídica equivalente a la de los accionistas (preferentistas y titulares de deuda subordinada).
La mecánica jurídica seguida para que los citados inversores soportasen el coste de la reestructuración o resolución de las entidades de
crédito se materializó en las denominadas acciones de gestión de instrumentos financieros
híbridos, que la propia Ley 9/2012 sistematizó
en dos grandes grupos:Estas acciones fueron las correspondientes a
aquellas entidades de crédito que estuviesen en
proceso de reestructuración o en proceso de resolución. Por tanto, fueron acciones de gestión
adoptadas por la propia entidad de crédito en el
marco de su plan de reestructuración o resolución. Estas acciones requirieron validación por
el FROB, autorización por el Banco de España y
aceptación por los inversores.
Los instrumentos financieros afectados por
las acciones voluntarias de gestión fueron los
siguientes: (i) participaciones preferentes; (ii)
obligaciones convertibles; y (iii) bonos y obliga-Las acciones de gestión, tal y como exigía el artículo 40 de la Ley 9/2012, consistieron en alguna
1ª. Ofertas de canje por instrumentos de
capital (acciones, cuotas participati-vas o
aportaciones al capital).
2ª. Ofertas de recompra de los valores, bien
en efectivo o bien condicionadas –en función del valor que entonces tuvieran-, a la
compra de acciones o de otros productos
financieros (normalmente depósitos con
una rentabili-dad del 2% anual).
3ª. Reducción del valor nominal.
4ª. Amortización anticipada a valor distinto
b) Acciones obligatorias de gestión de instrumentos híbridos
Las acciones vinculantes de gestión de instrumentos financieros híbridos fueron adoptadas
por el FROB respecto de las entidades de crédito que estuviesen en procesos de reestructuración o resolución cuando, a su juicio, fuera
necesario para asegurar el reparto de costes de
la reestructuración sin perjuicio de los contribuyentes o para preservar o restaurar la posición
financiera de las entidades afectadas.
Estas acciones de gestión tuvieron carácter
obligatorio para la entidad de crédito y también
para los inversores, y concretamente afectaron
a las participaciones preferentes y a los valores
de deuda subordinada.
Las acciones de gestión obligatorias consistieron en las siguientes operaciones:
1ª. Aplazamiento, modificación, suspensión, eliminación o modificación de
derechos, obligaciones, términos y condiciones de la emisión. Por ejemplo, que
afectasen al pago de intereses, al reembolso del principal, a los supuestos de
incumplimiento, la fecha de vencimiento,
los derechos individuales o colectivos de
los inversores, el derecho de solicitar la
declaración de un incumplimiento, el de-FISCALIDADa) Acciones voluntarias de gestión de instrumentos híbridosciones subordinadas o cualquier otra financiación subordinada, con o sin vencimiento, percibida directa o indirectamente por la entidad
de crédito.(2) Resultado de la integración de Caja de Ahorros Inmaculada, Caja Círculo y Caja Badajoz.recho a exigir cualquier pago relacionado
con los valores, etc.
2ª. Recompra forzosa de los valores por
parte de la entidad de crédito al precio que
fijó el FROB, seguida de la obligación de reinvertir el importe satisfecho al inversor en
acciones de la entidad de crédito o bien en
especie mediante entrega de acciones en
autocartera de la entidad de crédito.
Esta segunda acción de gestión es la que
más ha afectado al común de los inversores, y en sentido amplio se ha denominado
como “canje de preferentes” o “canje de
3ª. Cualquier otra actuación que dispusiera
PRINCIPALES RESOLUCIONES DEL FROB
SOBRE ACCIONES DE GESTIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS HÍBRIDOS Y
Tomando como punto de partida las previsiones de la Ley 9/2012, el FROB hizo públicas a
lo largo del primer semestre del año 2013 las diferentes acciones de gestión que quedaban así
impuestas a las diferentes entidades de crédito
en las que tenía participación. Dichas acciones
de gestión se materializaron, en la mayoría de
los casos, y de forma obligatoria, en diversas
operaciones de “canje” en sentido amplio, con
características propias según la entidad de crédito de que se tratase.
A continuación se resume los principales ejemplos de acciones de gestión impuestas por el
Resolución del FROB de 27 de junio de 2013 (Banco Caja Tres2)
La principal acción de gestión consistió en la conversión obligatoria de deuda subordinada por los
siguientes valores, a elección del inversor:
• Deuda senior propia de la entidad emisora con un recorte mensual del 1,5% desde
el 01-12-2012 hasta la fecha de vencimiento
(quita del 52,5%) y remuneración del 2%
• Acciones de la entidad, con pérdida del
10%. Su valor fue el 90% del valor nominal
de la deuda subordinada canjeada.07• Participaciones preferentes y deuda subordinada perpetua: recompra de títulos
seguida de la obligación de reinvertir el importe obtenido en acciones del banco.
• Deuda subordinada con vencimiento: opción entre: (i) reinversión en acciones del
banco a un precio inferior (en un 55% de
media) o (ii) reinversión en un depósito indisponible al 2% anual con el mismo vencimiento que la deuda subordinada, y con un
recorte mensual del 1,5% (pérdida entre el
10% y el 23%)
• Reducción del valor nominal de la deuda
subordinada. Algunas emisiones se convirtieron a un precio que, de media, se situó
en el 77% del valor nominal.
Resolución del FROB de 5 de abril de 2013 (Liberbank4)
La resolución del FROB determinó las condiciones de la recompra en efectivo de las diversas emisiones de participaciones preferentes
y obligaciones subordinadas en los siguientes
• Participaciones preferentes: recompra
obligatoria (amortización anticipada) y adquisición de acciones por valor del 38%,
41% o 69%.
• Deuda subordinada perpetua: recompra
en efectivo y suscripción de acciones, a un
precio situado entre el 48% y el 56%.La principal acción de gestión consistió, en este
caso, en que las diversas emisiones de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas se amortizaron anticipadamente (recompra obligatoria al 90% de su valor) seguida de
una reinversión del importe obtenido en acciones del banco a un valor de conversión del 57%.
Resolución del FROB de 20 de junio de 2013
(NCG Banco6)
La resolución del FROB determinó que los títulos de deuda subordinada a vencimiento vio
reducido su nominal con un recorte del 10,5%
(7 meses x 1,5% mensual).
Resolución del FROB de 11 de febrero de 2013
(Banco de Valencia-Caixa Banc)
La resolución del FROB determinó las condiciones del canje de bonos por bonos contingentes
convertibles por parte de la entidad. Sí:
• Deuda subordinada convertible en obligaciones necesariamente convertible en acciones: recompra al 15% del valor nominal.
Los bonos necesariamente convertibles devengaban el 2,5% nominal anual y se convirtieron en acciones del Banco de Valencia.
Posteriormente la conver-sión se realizó a 1
• Participaciones preferentes: recompra y
suscripción de acciones por el 10% del valor nominal (pérdida del 90%).
• Deuda subordinada: recompra y suscripción de acciones por el 15% del valor nominal (pérdida del 85%)
Resolución del FROB de 27 de mayo de 2013
(BMN, Banco Mare Nostrum7)Resolución del FROB de 16 de abril de 2013 (Banco Financiero y de Ahorros y Bankia8)
La resolución del FROB determinó las condiciones de la recompra en efectivo de las diversas
emisiones de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas tal y como a continuación se expone:
obligatoria y adquisición de acciones a un
precio situado entre el 39,65% y el 80,21%.
• Obligaciones subordinadas sin vencimiento de BFA: recompra obligatoria y adquisición de acciones a un precio situado
entre el 38,58% y el 77,40%.
• Obligaciones subordinadas con vencimiento de BFA: opción por suscripción de
deuda senior o adjudicación obligatoria de
acciones de Bankia por el 90% del valor nominal (pérdida del 10%).
• Obligaciones subordinadas sin vencimiento de BANKIA: recompra forzosa y
adquisición de acciones a un precio del
66,60%.
TRATAMIENTO FISCAL EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
La implementación de las diferentes acciones
de gestión de instrumentos financieros híbridos ha determinado que los contribuyentes
del Impuesto afectados por las mismas hayan
incurrido en cuantiosas pérdidas económicas,
sobre cuyo tratamiento fiscal se ha ido pronunciando recientemente la Dirección General de
Tributos en contestación a diversas consultas
tributarias.ALID• Deuda subordinada a vencimiento: opción entre (i) canje por acciones del banco
con valor de adquisición igual al 90% (pérdida del 10%), o (ii) depósito retribuido al
2% cuyo valor de suscripción estaría entre
el 10% y el 76%.Resolución del FROB de 15 de julio de 2013 (Unicaja Banco – Banco Ceiss5)La resolución del FROB determinó la recompra en efectivo de deuda subordinada a vencimiento, seguida de reinversión en alguna de
las siguientes opciones para el inversor: (i) adquisición de acciones por un valor en torno al
59,58% o bien (ii) suscripción de un depósito
indisponible con remuneración del 2% anual y
con el mismo vencimiento que la emisión de
la deuda subordinada, con un recorte mensual
del 1,5%.DLa resolución del FROB determinó las condiciones de la recompra en efectivo de las diversas emisiones de participaciones preferentes
términos:• Obligaciones de deuda subordinadas a
vencimiento de Cajastur y Caja Extremadura. Canje por acciones, a valor 90% del nominal. No fue posible opción por depósito
pues el valor de canje era inferior a cero.AResolución del FROB de 7 de junio de 2013 (Catalunya Banc3)(6) Resultado de la integración de Caixa Galicia y Caixa Nova.I(7) Resultado de la integración de Caja Granada, Caja Murcia y Caixa Balears “Sanostra”.F(5) Resultado de la integración de Unicaja, Caja España y Caja Duero.S(4) Resultado de la integración de Cajastur, Banco CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura.C(3) Resultado de la integración de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona.(8) Resultado de la integración de Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Canarias y Caja Rioja.08A la fecha de redacción del presente artículo, existe una veintena de pronunciamientos
evacuados por la DGT, cuyos criterios pueden
sistematizar-se atendiendo a la tipología de
acciones de gestión planteadas y a la diversa
casuística que se presenta. En las próximas
líneas se analizan las principales operaciones
sometidas al criterio de la DGT así como su tratamiento fiscal de cara a la próxima declaración
del IRPF correspondiente al ejercicio 2013.
a) Canje / conversión ordinario de participaciones preferentes o de obligaciones subordinadas por acciones9
Este es el supuesto menos complejo que se
plantea. En su virtud, la renta percibida por el
contribuyente del IRPF como consecuencia de
la recompra obligatoria de participaciones preferentes o valores de deuda subordinada y la
suscripción simultánea de acciones recibe la calificación fiscal de rendimiento del capital mobiliario derivado de la cesión a terceros de capitales propios, de conformidad con lo establecido
por el artículo 25.2 de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (en adelante, Ley del IRPF).
Dicho precepto atribuye la calificación fiscal de
rendimientos del capital mobiliario, además
de a los intereses, a las rentas “derivadas de la
transmisión, reembolso, amortización, canje o
conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales
ajenos” (el subrayado es nuestro).La renta así calificada como rendimiento del
capital mobiliario (normalmente de signo negativo) se imputará temporalmente en el período
impositivo que la misma resulte exigible por el
contribuyente, es decir, en el período impositivo
en el que se haya efectuado el canje / conversión.
Su integración se producirá en la base imponible del ahorro, donde únicamente podrá
compensarse con el resto de rendimientos del
capital mobiliario positivos que se hayan podido percibir en el ejercicio. A falta de tal com-Ha de señalarse que la calificación de la renta
derivada del canje / conversión como rendimiento del capital mobiliario es independiente de la renta que posteriormente se hubiera
puesto de manifiesto como consecuencia de la
transmisión de las acciones recibidas a cambio.
Esta última renta –la derivada de la transmisión
de las acciones- se calificaría fiscalmente como
ganancia o pérdida patrimonial, integrable en la
base imponible general o en la base imponible
del ahorro en función de su periodo de generación. Así, si el período de generación de dicha
ganancia o pérdida patrimonial hubiera sido
igual o inferior a un año, su importe se integraría en la base imponible general. Y al contrario,
si el período de generación de dicha ganancia o
pérdida patrimonial hubiera sido superior a un
año, su importe se integraría en la base imponible del ahorro.• El valor de suscripción o de adquisición de las
participaciones preferentes o la deuda subordinada canjeada.
Ha de advertirse que si se incumpliera el requisito de permanencia de las acciones por parte
del inversor y, en consecuencia, se transmitieran las acciones recibidas a cambio en el canje
antes del transcurso de dos años, la consecuencia jurídica sería la obtención de un rendimiento del capital mobiliario negativo igual al 30%
de la inversión realizada (importe del derecho
de crédito extinguido), imputable en el periodo
impositivo en que tuviera lugar la transmisión
de las acciones. Todo ello, obviamente, sin perjuicio de la eventual renta que se hubiera generado por la transmisión de las acciones (ganancia o pérdida patrimonial integrable, como ya se
ha comentado, en la base imponible general o
en la base imponible del ahorro en función del
plazo de generación).
c) Recompra obligatoria de las participaciones
preferentes o de las obligaciones subordinadas y sustitución obligatoria por un depósito
a plazo remunerado11En este supuesto lo que se plantea es el canje
de las participaciones preferentes o la deuda
subordinada por acciones hasta que se cubra
el 70% de la inversión inicial efectuada por el
inversor. El 30% restante se entrega en efectivo
cuando hayan transcurrido dos años, para lo
cual se exige al inversor que mantenga en su
patrimonio las acciones recibidas en el canje
sin transmitirlas a terceros.Bajo este planteamiento, la Dirección General
de Tributos, al igual que en los dos casos anteriores, indica que el contribuyente habrá obtenido un rendimiento del capital mobiliario derivado de la cesión a terceros de capitales propios,
cuya cuantificación vendría determinada por la
diferencia entre dos magnitudes:Al igual que en el caso anterior, la DGT indica
que la renta derivada del canje / conversión recibe la calificación fiscal de rendimiento del capital mobiliario derivado de la cesión a terceros
de capitales propios, imputable en el período
impositivo en que se produzca el canje / conversión e integrable en la base imponible del
Como diferencia respecto del caso anterior, la
renta se calcularía por diferencia entre dos magnitudes:FS
I(9) Contestaciones de fechas 29-05-2013 (V1765-13), 2-04-2013 (V1051-13), 13-02-2014 (V0370-14), 13-02-2014 (V0372-14).
(10) Contestación de fecha 17-05-2013 (V1631-13)
(11) Contestaciones de fechas 13-06-2013 (V1992-13)• El valor de conversión, que sería la suma del
valor de las acciones recibidas a cambio en el
canje, más el importe del derecho de crédito detentado contra el emisor por el derecho al cobro
del 30% restante en efectivo una vez transcurridos dos años.b) Canje / conversión parcial de participaciones preferentes o de obligaciones subordinadas por acciones, y por efectivo transcurri-dos
dos años bajo ciertos requisitos10CALIDADEl cálculo del rendimiento vendrá determinado por la diferencia entre dos magnitudes: el
precio de recompra fijado en la resolución del
FROB y el valor de adquisición o suscripción de
los valores objeto de canje / conversión. Lo habitual será que dicho importe resulte negativo.pensación, o si el resultado de la compensación
aún arrojase signo negativo, el saldo negativo
no compensado podrá trasladarse a los cuatro
ejercicios siguientes en la base imponible del
ahorro donde podrá compensarse, siguiendo
estas mismas reglas, con los rendimientos del
capital mobiliario positivos que, en su caso, pudieran obtenerse por el contribuyente.• El valor de conversión, que sería el importe
nominal del depósito a plazo remunerado.
• El valor de suscripción o de adquisición de las
Dicho importe se podrá minorar en aquellos
gastos accesorios de la operación a que se refiere el artículo 25.2.b) de la Ley del IRPF en la
medida que hayan sido desembolsados por el
contribuyente. Tal sería el caso, en el supuesto
concreto analizado, de la comisión de apertura
del depósito y los gastos accesorios a la opera-09a efectos de posteriores transmisiones, se considerarán adquiridas en la fecha de firma del
convenio arbitral y su valor de adquisición será
el fijado en el convenio.Congruentemente con todo lo anterior, la DGT
indica que si las acciones recibidas en el canje
no se vendieron antes de la firma del convenio,D
DDicho rendimiento del capital mobiliario negativo se imputará al período impositivo en que
la cantidad a restituir sea exigible por su perceptor, es decir, cuando el laudo arbitral se haya
dictado, a tenor de lo establecido en el artículo
14.1.a) de la Ley del IRPF, y se integrará en la
base imponible del ahorro.FIHabida cuenta que con anterioridad al laudo
arbitral estimatorio ya habrá tenido lugar la
recompra obligatoria de valores por la entidad y suscripción simultánea obligatoria de
acciones por el cliente, la liquidación definitiva
se realizará por diferencia entre la cantidad
máxima a restituir fijada en el laudo arbitral
y el valor de cotización de las acciones del día
anterior a la fecha de firma del convenio arbitral (si el cliente sigue siendo titular de las
acciones suscritas) o el importe de venta de
las acciones (si el cliente las ha vendido antes
de la firma del convenio).En su lugar, el contribuyente deberá declarar un
rendimiento del capital mobiliario derivado de
la cesión a terceros de capitales propios por la
diferencia entre la cantidad máxima a restituir
fijada en el laudo y el valor de suscripción o adquisición de los valores iniciales, importe que
normalmente resultará de signo negativo.Cabe interpretar que en estos supuestos, en los
que aún no exista laudo arbitral favorable a la fecha de presentación de la declaración del IRPF
del ejercicio 2013, el contribuyente tendría que
declarar un rendimiento negativo del capital mobiliario (el derivado del canje) y, en su caso, una
ganancia o pérdida patrimonial (la derivada de la
transmisión de las acciones) puesto que a dicha
fecha no existirá todavía declaración de nulidad
de las inversiones efectuadas. Si con posterioridad al 30 de junio de 2014 se obtuviese el laudo
favorable, entonces el contribuyente se encontrará ante una situación muy peculiar, pues se
verá en la obligación de declarar un rendimiento
del capital mobiliario negativo (derivado de la
obtención del laudo favorable) imputable temporalmente en el ejercicio 2014 y también deberá presentar una declaración rectificativa del
ejercicio 2013 en la que elimine el rendimiento
negativo del capital mobiliario declarado y, en su
caso, la ganancia o pérdida patrimonial declarada por el canje de los instrumentos híbridos y la
posterior transmisión de las acciones recibidas a
cambio. Y dicha presentación de la declaración
rectificativa, no olvidemos, bien pudiera tener
varios efectos sobrevenidos, en absoluto imputables a la culpa del propio contribuyente: por
ejemplo, la obligación de ingreso de una cuota
adicional por el IRPF del ejercicio 2013, con los
correspondientes intereses de demora o, por
ejemplo, la interrupción del plazo de prescripción de la deuda tributaria del IRPF correspondiente al ejercicio 2013.IEn estos casos, el laudo arbitral favorable suele concluir que “(…) el cliente incurrió en vicio
de error esencial en el consentimiento, que acarrea su nulidad y la del contrato, con el efecto de
que las partes deben restituirse recíprocamente
las cosas que hubiese sido materia del contrato y del precio de las mismas, con sus frutos e
intereses. No obstante, en el presente arbitraje,
dicha consecuencia debe sustituirse, conforme a
lo acordado por las partes en el Convenio arbitral,
por la cantidad máxima a restituir” y que “(…)
con el reconocimiento y pago de esta cantidad
como prestación patrimonial compensatoria, se
resuelve plenamente el conflicto planteado, con
independencia del proceso de recompra”.Desde la óptica del IRPF, la obtención del laudo
arbitral favorable y la consiguiente nulidad del
contrato de inversión realizado producen como
consecuencia que no habrán tenido efectos tributarios la recompra de valores y la suscripción
simultánea de acciones ni la venta de acciones
que en su caso se haya realizado antes de la
firma del convenio arbitral. Por tanto, el cliente
no computará resultado alguno derivado de tales operaciones, es decir, no tendrá que declarar
ni el rendimiento negativo del capital mobiliario
derivado del canje de participaciones preferentes u obligaciones subordinadas ni tampoco la
ganancia o pérdida patrimonial que haya podido obtener por la posterior transmisión de las
acciones.Los problemas se plantearán –cuestión no analizada por la DGT- en aquellos casos en los que
el canje y, en su caso, posterior transmisión de
las acciones recibidas a cambio se haya efectuado en el período impositivo 2013, y el posterior laudo arbitral anulatorio de la inversión
inicial se dicte con posterioridad al 30 de junio
de 2014, fecha límite para la presentación de la
declaración del IRPF del ejercicio 2013 en período voluntario.LFruto de estos procedimientos arbitrales, algunos contribuyentes han recibido laudos arbitrales favorables antes del 31 de diciembre de 2013
en los que se les reconoce la restitución de parte de su inversión en un importe que, sin llegar
a superar el valor de suscripción o adquisición
de las inversiones efectuadas, sí ha resultado
ser superior al valor de las acciones recibidas a
cambio en el canje.Como consecuencia, el laudo arbitral determina que el contrato de inversión habrá devenido
nulo (por la existencia de vicios del consentimiento) y respecto del que las partes se deben
restituir recíprocamente los bienes entregados
que en este caso, merced a un acuerdo entre las
partes, consiste en el pago de una cantidad que
incluye como parte de la misma las acciones
recibidas en el canje.AAlguna entidad de crédito ha ofrecido a sus
clientes la posibilidad de acogerse a un procedimiento arbitral (alternativo a la vía judicial),
en caso de que éste considerase que en la
comercialización de las participaciones preferentes o de la deuda subordinada pudieran haber concurrido circunstancias invalidantes del
consentimiento prestado en el momento de la
inversión.Como se podrá apreciar, en los supuestos analizados por la DGT, la falta de efectos tributarios
derivada de la nulidad del canje y de la posterior
transmisión de las acciones, así como la obligación de declarar un rendimiento negativo el
capital mobiliario por la obtención del laudo
favorable se refiere, todo ello, a un mismo período impositivo.Cc) Implicaciones fiscales que sobre las acciones de gestión de instrumentos financieros
híbridos tendría la obtención de laudos arbitrales favorables por parte del contribuyente
del IRPF12Sción de participaciones preferentes o la deuda
subordinada canjeada.(12)Contestaciones de fechas 17-10-2013 (V3085-13), 13-02-2014 (V0371-14), 11-02-2014 (V0348-14), 13-02-2014 (V0368-14) y 13-02-2014 (V0369-14).10Entrevista a José Villaverde Castro.
Por Cristina Pascual | Periodista.“En situaciones de crisis, la investigación en economía aplicada es esencial para tratar
mica. Es decir, estudiamos los modelos que
tratan de hacernos entender cómo funciona
una economía en la realidad.
Elaboramos modelos de naturaleza macroeconómica y microeconómica, los primeros
para explicar el comportamiento agregado de
una economía y los segundos para analizar el
comportamiento de los consumidores y productores a título individual y de cómo funcionan los mercados en los que ambos operan.
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Cantabria y Profesor Adjunto en la Kemmy
Business School de la Universidad de
Limerick, José Villaverde también ha
sido asesor del Banco Mundial y de la
Comisión Europea. Su labor como investigador se centra en temas de economía
regional, internacional y de crecimiento
económico. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y publicado más de 150 artículos, además de
varios libros sobre estos temas. Entre sus
artículos recientes encontramos algunos
de prestigio, tales como The World Economy; European Urban and Regional
Studies; European Planning Studies,
nomy…Háblenos sobre su tarea docente como Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico. ¿En qué se basa esta especialidad?OPINIÓNEnergy Policy; China and World Eco-En el área de Fundamentos del Análisis Económico trabajamos, sobre todo, para explicar
lo que nosotros denominamos teoría econó-¿Es la investigación una de las áreas olvidadas
No creo que la investigación sea un aspecto
olvidado o menospreciado de la economía. En
absoluto. Hay que dejar claro que en economía se investiga tanto o más que en otro tipo
de actividad o disciplina. Lo que ocurre es que
el ciudadano de a pie oye hablar de investigación e inmediatamente después piensa en laboratorios, microscopios, vacunas.... Nuestra
investigación, sin embargo, es mucho menos
vistosa. Se lleva a cabo con un ordenador, bases de datos, gráficos, tablas numéricas, etc. El
objetivo final de la investigación económica no
es otro que diseñar nuevos modelos con los
que entender mejor la realidad y explicar por
qué pasan las cosas. En cierta medida, y aunque no siempre obtengamos el éxito deseado, la investigación también trata de predecir
las cosas que pueden ocurrir en el futuro. En
definitiva, podemos decir que en materia de
investigación la economía está a la altura de
cualquier otra ciencia, aunque sus resultados
o métodos de trabajo no sean tan llamativos.
¿Considera que se ha avanzado en materia investigadora durante los últimos años?
Sí. Lo que ocurre es que en investigación económica trabajamos con un “material” bastante inestable. Así como en medicina, química
u otros ámbitos se estudian elementos que,siempre o prácticamente siempre, se comportan de la misma manera, en economía la base
de nuestra investigación está en el ser humano que, por naturaleza, es impredecible. Este
no se comporta igual y, ante los mismos estímulos, reacciona de forma distinta. Por ese
motivo parece que nuestra investigación resulta menos productiva que aquella que se lleva
a cabo en otras áreas en las que los resultados
obtenidos se repiten y pueden obtenerse conclusiones más acertadas. El ser humano no
siempre se comporta igual. Por ejemplo, ¿qué
ocurre cuando el Banco Central reduce el tipo
de interés? Si seguimos nuestros modelos
teóricos, la reducción del tipo de interés conlleva un fomento en el consumo y la inversión,
dando lugar a un incremento de la demanda
agregada, generando empleo... Esta sería la
teoría. Sin embargo, existen países o lugares
concretos; momentos específicos en los que
dicha bajada de tipos no produce tales efectos.
Es entonces cuando tenemos que volver a dar
vueltas a nuestros modelos para tratar de explicar dichos comportamientos. Los avances
en economía se traducen, principalmente, en
el hecho de que las fluctuaciones se repiten
con menos frecuencia que en el pasado.
¿Qué peso tiene la investigación en el currículo universitario del estudiante?
Prácticamente nulo. La investigación la realizamos, principalmente, los profesores universitarios. Entre los estudiantes de último
año o de posgrado puede haber algún caso
de alumno o alumna interesado en colaborar
con su profesor para una determinada investigación, recopilando datos o realizando otras
tareas. Sin embargo, no es algo muy frecuente. En doctorados y másteres sí que existen
materias propias de la vertiente investigadora. La UC, por su parte, cuenta con la Escuela
de Doctorado, en donde se establecen unas
normas comunes para todos los centros universitarios.11NA este respecto, creo que los economistas estamos bastante de acuerdo en que para mejorar la competitividad debe invertirse en
capital humano, investigación y desarrollo; educación e infraestructuras, no
tanto de tipo físico, como en aquellas
que están directamente relacionadas
con las tecnologías de la comunicación y la información. Me atrevería a
decir que en este aspecto aún nos
encontramos en cierta desventaja, si nos comparamos con
otros países de características
similares. Hace tiempo leí en
prensa, a colación de los resultados arrojados por el informe
PISA, que durante unos años
aún seguirán obteniéndose
malos resultados porque estos
exámenes dejarán de hacerse enÓNo; diría que no. El profesor Adolfo Mazo y yo
hemos realizado un estudio sobre el emprendimiento en Cantabria, para la Fundación Alternativas, en el cual afirmamos que Cantabria
no se distingue por ser una región especialmente emprendedora. La tasa de emprendimiento es sensiblemente menor que la media
española, la cual no es de las más elevadas del
mundo, ni mucho menos. Puede decirse que
en este tema tenemos una asignatura pendiente. Es cierto que en los dos últimos años
esta tasa ha crecido pero, desgraciadamente,
no por iniciativa propia, si no por necesidad.
La gente en paro y sin trabajo trata de buscarse la vida. Hemos comprobado que mucha
gente capitaliza el paro tratando de empren-¿Cómo podría mejorarse la competitividad?I¿Es Cantabria una región emprendedora?Puede decirse que este es un momento ideal
para la investigación en economía aplicada,
porque están sucediendo cosas que no habían
ocurrido anteriormente. Por lo tanto, debemos
tratar de conocerlas, explicarlas y aportar soluciones, al menos desde el punto de vista conceptual. Luego, si los políticos lo “compran”
y lo quieren aplicar es otra cuestión, pero nosotros debemos entender qué está pasando
para poder aportar respuestas que ayuden a
salir de esta situación de crisis económica en
la que nos encontramos inmersos actualmente. Sin embargo, los fondos destinados a la
investigación se han reducido notablemente
y apenas hay financiación para trabajar en investigación, acudir a congresos u otro tipo de
reuniones, por lo
nada fácil.NEn economía, al igual que en otras ciencias,
se puede investigar de dos maneras diferentes
pero que, al mismo tiempo, resultan simultáneas. Nosotros tratamos de ver cómo se manifiesta esa racionalidad en distintos ámbitos,
algo que muchos critican porque lo comparan
con encerrarse en una torre de marfil, olvidándose de las cuestiones reales. Para empezar
debemos pensar en abstracto, en modelos
que nos sirvan para poder avanzar en el proceso de conocimiento económico. Una vez que
tenemos definido ese modelo, debemos contrastarlo con la realidad para comprobar que
verdaderamente sirve y que resulta aplicable.
La investigación teórica y la aplicada deben desarrollarse de forma conjunta. De hecho, me
atrevería a decir que en la actualidad hay muy
pocos investigadores que se dediquen a hacer
teoría económica en el sentido de desarrollo
de modelos. La mayoría nos centramos en
cuestiones de economía aplicada.La competitividad es un concepto un tanto
difuso y por ese motivo no resulta nada fácil de medir. Sin embargo, una de nuestras
tareas como economistas consiste en construir aquellos indicadores que permitan medir variables como estas. Los hay y nosotros
los hemos utilizado en el libro. Si hablamos
a nivel macroeconómico hay dos indicadores
básicos; la productividad (valor añadido por
trabajador) y el coste laboral unitario. También
el tipo de cambio real. Hay más factores, pero
cabe destacar que la competitividad no es un
concepto único, sino que cuenta con muchos
matices. Estos indicadores nos dan una idea
bastante clara pero no reflejan toda la complejidad que conlleva el término competitividad.
Para ser competitivo, por ejemplo, hay que
tener en cuenta numerosos factores, como la
atención al cliente (garantías, postventa…) o la
capacidad de innovar.¿Se pueden realizar labores de investigación
económica en un momento de crisis como el
que estamos viviendo actualmente?I¿Cuál es el método o métodos básicos de investigación económica?En uno de sus libros habla sobre la competitividad de la economía cántabra. Realmente, ¿se
puede medir y definir este concepto?papel para pasar a realizarse a través de plataformas digitales. A pesar de que la gente joven
conoce y maneja las tecnologías en su vida
diaria, creo que aún se siguen utilizando más
como una parte muy importante de su tiempo
de ocio y diversión; no tanto como un método
de trabajo, investigación o estudio. Además,
no producimos estas tecnologías y tampoco
las consumimos para ser productivos. De ahí
la debilidad que mostramos en un aspecto tan
básico de la competitividad.PLa investigación siempre ha estado ahí, lo
que ocurre es que cada vez se le presta más
atención. A partir de Adam Smith, David Ricardo, Malhtus…, la economía dejó de ser
una ciencia de carácter meramente práctico
y empírico para darle una mayor relevancia a
la investigación. Hoy podemos afirmar que
esta forma parte de la base del conocimiento
económico.der una pequeña actividad comercial para salir
adelante que, principalmente, suele centrarse
en el sector servicios. Antes de la crisis, el 80%
del emprendimiento procedía de gente con
inquietudes empresariales y el otro 20% de
personas que se veían más o menos forzadas
debido a su complicada situación laboral y
económica. Hoy, ese porcentaje se ha igualado al 50% - 50%, lo que pone de manifiesto la
dureza de la actual situación económica.O¿Podría decirse que la investigación y el análisis económico son aspectos básicos en la
economía actual o, por el contrario, siempre
lo fueron?12Fracaso del nuevo Régimen Especial
del Criterio de Caja
Por José Antonio Marco Sanjuán | Inspector de Hacienda y Empresista de Honor
Los contribuyentes no son expertos tributarios. Y si se les dice desde las altas esferas
económicas y hacendísticas que, para paliar los problemas de liquidez y de acceso al crédito
de las empresas, se va a crear, en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, un régimen
especial denominado criterio de caja, se predisponen a recibir un nuevo régimen fiscal muy
atractivo donde se retrase el pago del IVA repercutido cuando se cobre. En definitiva,
se ilusionan con un nuevo régimen donde puedan mejorar su situación de liquidez, y no
piensan, ni los mas listos del lugar, que el hecho de acogerse a ese régimen pudiera afectar
a la tributación de sus clientes, destinatarios de sus entregas de bienes o de sus prestaciones
de servicios, que pueden enfadarse un poco al ver empeorar su situación de liquidez.
nar su aplicación para bastantes operaciones,
pero no para todas, porque existen muchas
excepciones en su aplicación, como luego veremos, que se refieren, en esencia, a las operaciones intracomunitarias y a las sometidas a otros
regímenes especiales del Impuesto. Tampoco
sabían, caso de acogerse, de la necesidad que
iban a tener de modificar sus obligaciones formales. Lo presumían, máxime en un impuesto
con amplias tradiciones formalistas, como el
IVA, pero no lo sabían con certeza.Pues bien, con efectos desde el 1 de enero de
2014, el artículo 23 de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y
su internacionalización introdujo el Régimen
especial del criterio de caja en el Capítulo X del
Título IX de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido (regulado
de forma concreta en el artículo 163 decies y siguientes).cho permite) a los sujetos pasivos del impuesto
optar por un sistema que retrasaba el devengo
y la consiguiente declaración e ingreso del IVA
repercutido en la mayoría de sus operaciones
comerciales hasta el momento en que se produjera el cobro, total o parcial, a sus clientes.Seguramente, al contribuyente de este país no le
interesa saber que la posibilidad de adoptar este
régimen especial se encuentra contenida en el
artículo 167 bis de la Directiva 2006/112/CE, del
Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa
al sistema común del impuesto sobre el valor
añadido, ni que la nueva regulación comunitaria
permite a los Estados Miembros establecer un
régimen especial de carácter optativo, que se
conoce, según anuncia la exposición de motivos de la ley de emprendedores, como criterio
de caja doble.Pero desconocían varias cosas de este régimen.
Así, no sabían que, para evitar situaciones que
pudieran incentivar el retraso en el cumplimiento de sus propias obligaciones comerciales, la
normativa comunitaria establece que los sujetos pasivos que se acojan al régimen van a
ver retardada igualmente la deducción del IVA
proveedores (ese es precisamente el motivo de
su consideración como criterio de caja doble).Sin duda, al contribuyente español le interesaba
saber que este régimen iba a permitir (y de he-Tampoco conocían que el nuevo régimen especial optativo para el sujeto pasivo iba a determi-FHechas estas apreciaciones subjetivas, desde
luego, descendamos un poco a conocer la regulación. La Ley 14/2013, en el artículo 23 citado,
al regular este nuevo régimen, empieza a modificar la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor
Añadido en el apartado Uno del artículo 120,
que regula los llamados regímenes especiales
en el Impuesto, incorporando en su apartado
noveno este régimen especial que se introduce
como importante novedad, es decir, el criterio
de caja. Incorpora asimismo posteriormente
un nuevo Capítulo X en el Título IX, que regula de forma concreta en su articulado las líneas
esenciales de este nuevo Régimen especial que
tanto ha defraudado a los contribuyentes en su
contenido normativo, lo que sin duda ha originado su fracaso al ser hoy en día muy pocos los
contribuyentes que han optado a este régimen.
Las principales características del Régimen especial del criterio de caja son las siguientes:
A) Requisitos subjetivos de aplicaciónISCALIDADY el día 26 de octubre de 2013 se publicó en el
BOE el Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre,
por el que se modificó el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, conteniendo las
modificaciones que desarrollan reglamentariamente el nuevo régimen especial del criterio de
caja. Quedó completado, en consecuencia, con
las modificaciones reglamentarias, el desarrollo
normativo de este nuevo régimen donde habían
puesto sus esperanzas muchos contribuyentes
con problemas de liquidez en sus empresas.Podrán aplicar este régimen especial los sujetos13El Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, que,
como hemos comentado, modificó el reglamento, reguló esta opción y establece que deberá
ejercitarse al tiempo de presentar la declaraciónDebe subrayarse, por su importancia a efectos
de su aplicación, que la renuncia o exclusión
del régimen especial del criterio de caja determinará, no obstante, el mantenimiento de las
normas reguladas en el mismo respecto de las
operaciones efectuadas durante su vigencia. Es
decir, si las operaciones nacen siendo de apli-D
ATampoco se imaginaba el contribuyente español que el régimen especial se referirá o se aplicará a todas las operaciones del sujeto pasivo,
que cumpla el requisito subjetivo anteriormente
comentado del volumen de operaciones, siempre que haya optado por su aplicación, y siempre que tales operaciones estén realizadas en
el territorio de aplicación del impuesto, si bien
con distintas exclusiones que especifica la norma, que no son pocas, y que pueden generar
mas problemas añadidos a los contribuyentes
que utilicen estos regímenes y que opten por el
criterio de caja.DEl régimen especial podrá aplicarse por los sujetos pasivos que cumplan los requisitos anteriores que hemos visto y opten por su aplicación
en los términos que establece el reglamento.C) Requisitos objetivosIB) Régimen optativo: opción, renuncia y exclusiónLa opción se entenderá prorrogada, salvo renuncia. El reglamento considera que la renuncia
al régimen especial se ejercitará mediante comunicación al órgano competente de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, mediante
presentación de la correspondiente declaración
censal y se deberá formular en el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en el
que deba surtir efecto. Finalmente, decir que la
renuncia tendrá efectos para un período mínimo de tres años.La exclusión producirá efecto en el año inmediato posterior a aquel en que se produzcan las
circunstancias que determinen ésta. Los sujetos
pasivos excluidos por estas causas que no superen los citados límites en ejercicios sucesivos
podrán optar nuevamente a la aplicación del
régimen especial en los términos que hemos
visto, es decir, durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir
nuevamente efecto.LPor otra parte, se establece, para cubrir todos
los supuestos de cómputo posibles, que cuando el sujeto pasivo no hubiera iniciado la realización de actividades empresariales o profesionales en el año natural anterior, podrá aplicar este
régimen especial en el año natural en curso. De
esta forma, al año siguiente ya dispondrá de los
datos necesarios para ver si puede o no estar
incluido en el régimen especial.Por supuesto, la opción deberá referirse a todas
las operaciones realizadas por el sujeto pasivo
que no se encuentren excluidas del régimen especial (conforme se establece de forma expresa,
al citar el legislador determinadas exclusiones
por cuestiones objetivas, como por ejemplo
pertenecer a los regímenes especiales simplificado del recargo de equivalencia, etcétera), que
veremos a continuación.Observemos que ahora no se habla de volumen
de operaciones, se habla de cuantías de cobros
en efectivo. Luego habrá que extremar este control por el contribuyente y por la Administración.
Si se supera el límite del cobro de los 100.000
euros procedentes de un mismo destinatario la
exclusión del régimen es total.Así, se excluyen las siguientes operaciones:AComo viene estableciendo el legislador tributario en supuestos similares, a efectos del
cómputo del volumen de operaciones de los
2.000.000 citados, cuando el sujeto pasivo
hubiera iniciado la realización de actividades
empresariales o profesionales en el año natural
anterior, el importe del volumen de operaciones
deberá elevarse al año.Como ya adelantábamos quedarán excluidos
también del régimen especial del criterio de caja
los sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año
natural superen la cuantía de 100.000 euros.CSe excluyen asimismo de este régimen, según
la norma legal, los sujetos pasivos cuyos cobros
en efectivo respecto un mismo destinatario durante el año natural superen la cuantía que el
reglamento preciso en 100.000 euros.Así, la Disposición adicional única del Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre (BOE de 30
de diciembre) amplió el plazo para poder optar
por el régimen especial del criterio de caja para
el año 2014. Las causas de esta ampliación son
diversas. La postura oficial es que se hizo con el
objeto de que los sujetos pasivos del Impuesto
que quieran acogerse al mismo, y que, por dificultades en la adaptación de sus procedimientos informáticos no lo hubieran podido hacer
durante el mes de diciembre de 2013, puedan
optar durante el primer trimestre de 2014. La
versión no oficial defiende que se intentó ampliar el plazo para que el fracaso cuantitativo del
cómputo del número de contribuyentes acogidos no fuera estrepitoso.El reglamento regula la exclusión del régimen
especial del criterio de caja en coherencia con el
requisito subjetivo de aplicación que exigía que
el volumen de operaciones durante el año natural anterior no hubiera superado los 2.000.000
euros. Así, los sujetos pasivos que hayan optado por la aplicación de este régimen especial
quedarán excluidos del mismo cuando su volumen de operaciones durante el año natural haya
superado asimismo los 2.000.000 euros.a) Las acogidas a los regímenes especiales
simplificado, de la agricultura, ganadería y
pesca, del recargo de equivalencia, del oro
de inversión, aplicable a los servicios pres-SRecordemos que por regla general (en el IVA),
se devengará el impuesto en las entregas de bienes cuando tenga lugar su puesta a disposición
del adquirente y en las prestaciones de servicios
cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.Para el año 2014, la opción por el régimen especial del criterio de caja mediante la presentación
de la correspondiente declaración censal se ha
extendido hasta el 31 de marzo de 2014, surtiendo efecto en el primer período de liquidación
que se inicie con posterioridad a la fecha en que
se haya ejercitado la misma.cación este régimen, morirán respetando su
naturaleza.IEs decir, que a efectos de determinar el volumen
de operaciones efectuadas por el sujeto pasivo,
las mismas se entenderán realizadas cuando se
produzca o, en su caso, se hubiera producido el
devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido, si
a las citadas operaciones no les hubiera sido de
aplicación el régimen especial del criterio de caja.de comienzo de la actividad, o bien, durante el
mes de diciembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto, entendiéndose
prorrogada para los años siguientes en tanto no
se produzca la renuncia al mismo o la exclusión
de este régimen.Fpasivos del impuesto cuyo volumen de operaciones durante el año natural anterior no haya
superado los 2.000.000 de euros, entendiendo
a efectos de determinar el citado volumen, que
las operaciones se realizan cuando se produzca
o se hubiera producido el devengo del IVA si no
les hubiera sido de aplicación el régimen especial que estamos viendo.14tados por vía electrónica y del grupo de entidades.
b) Las entregas de bienes exentas a las que
se refieren los artículos 21, 22, 23, 24 y 25 de
esta Ley (exportaciones y entregas intracomunitarias de bienes).
c) Las adquisiciones intracomunitarias de
d) Aquellas en las que el sujeto pasivo del
impuesto sea el empresario o profesional
para quien se realiza la operación conforme
artículo 84.Uno.2.º, 3.º y 4.º (supuestos de
inversión del sujeto pasivo).
e) Las importaciones y las operaciones asimiladas a importaciones.1. En el momento del pago total o parcial
del precio por los importes efectivamente
satisfechos.f ) Aquellas a las que se refieren los artículos
9.1.º y 12 (autoconsumos de bienes y servicios).2. El 31 de diciembre del año inmediato
posterior a aquel en que se haya realizado
la operación si el pago no se ha producido.D) Contenido del régimen
Veamos ahora el contenido específico, que
seguramente constituye uno de los motivos
esenciales del fracaso a la hora de acogerse a
— El impuesto se devengará, en las operaciones a las que sea de aplicación este régimen
1. En el momento del cobro total o parcial
2. El 31 de diciembre del año inmediato
la operación si el cobro no se ha producido.— La repercusión del impuesto en estas operaciones, a las que sea de aplicación este régimen
especial, deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura correspondiente, pero
se entenderá producida en el momento del devengo de la operación, determinado conforme
al cobro, o conforme a la llegada del día 31 de
diciembre del año inmediatamente posterior.ISCALIDADDeberá acreditarse, a estos efectos, el momento
del cobro, total o parcial, del precio de la operación.Fcon la particularidad de que el derecho a la deducción nace:— Los sujetos pasivos acogidos al régimen podrán practicar sus deducciones en los términos
establecidos en el Título VIII de la Ley del IVA
(donde quedan reguladas las deducciones y devoluciones en el régimen general del impuesto)Lo anterior será de aplicación con independencia del momento en que se entienda realizado el
hecho imponible. A estos efectos, deberá acreditarse el momento del pago, total o parcial, del
Como vemos, la prueba del momento del pago
del precio de la operación se va a convertir en
un requisito esencial. Se respeta a continuación
la regla de poderse deducir el IVA soportado en
los cuatro años pero a partir del nacimiento del
derecho, en este caso, desde el momento del
pago. Así se establece que el derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaraciónliquidación relativa al periodo de liquidación en
que haya nacido el derecho a la deducción de
las cuotas soportadas o en las de los sucesivos,
siempre que no hubiera transcurrido el plazo de
cuatro años, contados a partir del nacimiento
del mencionado derecho. Es decir, el derecho a
la deducción de las cuotas soportadas caduca
cuando el titular no lo hubiera ejercitado en el
plazo citado.
O dicho de otra forma, deberá en todo caso
acreditarse el momento del pago total o parcial
del precio de la operación, que marcará el nacimiento del derecho y la posible caducidad del
derecho a su deducción.
E) Destinatarios de las operaciones afectadas
Como adelantamos, es otra de las causas del
fracaso de este régimen. Tampoco se imaginaba
estas consecuencias el contribuyente de a pie.
Así, los sujetos pasivos no acogidos al régimenespecial pero que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el mismo, van a quedar
afectados por esta regulación específica. El derecho a la deducción de las cuotas soportadas
por esas operaciones nace:
— En el momento del pago total o parcial del
precio por los importes efectivamente satisfechos.
— El 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación, si el pago no se ha producido.
— Este nacimiento del derecho a la deducción
será de aplicación con independencia del momento en que se entienda realizado el hecho
A estos efectos, nuevamente deberá acreditarse
el momento del pago, total o parcial, del precio
Como vemos, estos destinatarios quedan contagiados por el criterio de caja, lo que obliga a
que se devengue el impuesto para el sujeto pasivo acogido a este régimen, que realiza la operación y cobra, en el mismo momento en que
nace el derecho a deducir para el sujeto pasivo
destinatario no acogido al régimen, que paga.
Para dejar claro todas las personas o sujetos pasivos que intervienen en las operaciones afectadas debemos diferenciar entre las distintas operaciones realizadas que quedan afectadas por
este nuevo régimen que vamos a clasificar en
6 grupos. Llamaremos A y B a las operaciones
que se realizan de forma activa. Y llamaremos
C y D a las operaciones donde se actúa como
A) Operaciones a las que sea de aplicación este
régimen especial. Son operaciones que realizan
los sujetos pasivos que optan por este régimen
y se devengan bien en el momento del cobro
o bien el 31 de diciembre del año inmediato
posterior al momento en que se ha realizado la
operación.152. Indicación de la cuenta bancaria o del
medio de cobro utilizado, que pueda acreditar el cobro parcial o total de la operación.H) Obligaciones formales
Veamos otro motivo del fracaso en el acogimiento a este régimen. Con el objetivo de con-Y al asesor le interesa hoy en día asesorar, y cobrar por diseñar una tributación correcta, pero
no trabajar o dedicar muchas horas a trabajos
mecánicos que incrementan la presión fiscal indirecta con beneficios muy limitados para nuestro contribuyente medio.— Respecto a su contenido, toda factura y sus
copias expedida por sujetos pasivos acogidos al
régimen especial del criterio de caja referentes
a operaciones a las que sea aplicable el mismo,
contendrán la mención del «régimen especial
de criterio de caja», (tanto en las facturas normales como en las simplificadas).¿ Hay personas a las que le interesa el régimen?.
Claro que si. Sin duda. El problema es saber a
quién y reconocer que, como hemos indicado,
no les van a interesar muchas cosas, que van a
estar un poco decepcionados con lo que oyeron
y que no va a ser un número de contribuyentes
muy alto.IEl daño o contagio se produce en las operaciones de tipo A que soportan los no acogidos
(operaciones tipo D.1.), porque ven empeorada
su régimen de deducción y su tesorería.Respecto a las Obligaciones específicas de facturación, de forma paralela a las modificaciones
del reglamento aprobado por el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
regulan las obligaciones de facturación, se establecen dos precisiones:L2. Si son destinatarios de operaciones tipo
B, no incluidas en el mismo, su deducción
va a seguir al régimen general.No olvidemos que esta información va a ser
esencial en este régimen especial para señalar el
nacimiento del devengo o del derecho a deducir.A1. Si son destinatarios de operaciones tipo
A, esto es, incluidas en el régimen especial,
quedan «contagiados» y deben deducirse
cuando pagan o el día 31 de diciembre del
año inmediato posterior.2. Indicación del medio de pago por el que
se satisface el importe parcial o total de la
operación.CD) Operaciones que soportan sujetos pasivos
no acogidos al régimen especial. A su vez, las
dividiremos en dos:El legislador debía saber a estas alturas que pocas veces se puede introducir un nuevo régimen
fiscal si el asesor o empresista debe incrementar el trabajo indirecto, formal, de obligaciones
nuevas con la dificultad que lleva hoy en día
cobrar por ello un mayor importe de minuta.
Desgraciadamente, en tiempos de crisis, mas
trabajo por el mismo o menos dinero suponen
falta de incentivos para introducir el nuevo régimen fiscal. O el régimen fiscal es muy atractivo
o hay que tener habilidad para que el asesor fiscal ayude a su implantación.1. Las fechas del pago, parcial o total, de la
operación, con indicación por separado del
importe correspondiente, en su caso.S2. Si el sujeto pasivo acogido es destinatario
de operaciones no incluidas en el mismo u
operaciones tipo B (porque las realiza un
sujeto pasivo no acogido). Se deducirán de
igual forma, al pago o en fecha del día 31 de
diciembre del año inmediato posterior.Por otra parte, los sujetos pasivos acogidos al
régimen especial del criterio de caja así como
los sujetos pasivos no acogidos al régimen especial del criterio de caja pero que sean destinatarios de las operaciones afectadas por el
mismo deberán incluir en el libro registro de
facturas recibidas a la siguiente información:Por su parte, cuando se describe el modo de
inscribir las facturas recibidas en su libro se
añade que si la operación se encuentra afectada por el régimen especial del criterio de caja,
se deberán incluir las menciones que hemos
citado respecto a las fechas de pago, parcial o
total e indicación del medio de pago en el que
se satisface la operación.D1. Si el sujeto pasivo acogido es destinatario de operaciones tipo A, es decir incluidas
en el régimen (porque las realiza y emite la
factura donde repercute el IVA otro sujeto
pasivo acogido), que se deducirán en el momento del pago o a 31 de diciembre del año
inmediato posterior.1. Las fechas del cobro, parcial o total, de la
importe correspondiente, en su caso.Finalmente, decir que cuando describe el modo
de inscribir las facturas expedidas en su libro se
añade que si la operación se ha efectuado conforme al régimen especial del criterio de caja,
citado respecto a las fechas de cobro, parcial o
total e indicación de la cuenta bancaria o medio
de cobro utilizado.AEl artículo 61 decies, regula las obligaciones registrales específicas, y considera que los sujetos
pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja deberán incluir en el libro registro de
facturas expedidas, lógicamente, la siguiente
información:— Respecto del plazo de expedición de las facturas, la expedición de la factura de las operaciones acogidas al régimen especial del criterio
de caja deberá producirse en el momento de su
realización, salvo cuando el destinatario de la
operación sea un empresario o profesional que
actúe como tal, en cuyo caso la expedición de
la factura deberá realizarse antes del día 16 del
mes siguiente a aquel en que se hayan realizado.DC) Operaciones que soportan los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial. No son
las operaciones a las que sea de aplicación este
régimen especial, como las encuadradas en la
letra A anterior, pero en ellas, donde se actúa
como destinatario, el nacimiento del derecho a
deducir nace en el momento del pago o el 31
de diciembre del año inmediato posterior. Podemos dividirlas a su vez en operaciones de dos
tipos:Estas modificaciones en el contenido de la
factura son lógicas, pues el destinatario debe
conocer el régimen del expedidor de la factura,
como hemos visto, al estar condicionado por su
regulación y afectarle a su régimen fiscal.IB) Operaciones a las que no sea de aplicación
este régimen especial. Son las operaciones descritas en la letra anterior que ahora realizan los
sujetos pasivos que bien no pueden aplicar este
régimen o bien pueden aplicarlo pero no ejecutan la opción de acogerse al régimen.jugar los mecanismos para un efectivo control
tributario con el menor incremento posible de
obligaciones formales, se amplía la información
a suministrar en los libros registro generales
para incorporar las referencias a las fechas de
cobro o pago y del medio utilizado, para los sujetos pasivos acogidos al régimen especial del
criterio de caja, así como a los no acogidos pero
que resulten ser destinatario de operaciones
afectadas por el mismo. Se modifican también
algunas obligaciones de facturación.FEn estas operaciones se repercute el IVA, porque el sujeto pasivo acogido realiza la operación, es decir, efectúa la entrega del bien o la
prestación del servicio.16La segmentación y el posicionamiento en
la estrategia de los despachos profesionales1José Luis del Olmo Arriaga | Doctor en Comercialización e Investigación de Mercados.
Profesor de la Universitat Abat Oliba CEUUn objetivo esencial del marketing de los despachos profesionales es satisfacer las necesidades de sus clientes, tanto internos como
externos. Pero los clientes, en general, no se
parecen entre sí: es habitual que no provengan del mismo sector de actividad ni tengan
el mismo tamaño y que deseen satisfacer sus
necesidades de modo también distinto. Sin
embargo, a pesar de sus diferencias, hay grupos o segmentos que tienen alguna característica o algún comportamiento en común, o que
pueden ser atendidos adecuadamente con la
misma combinación de marketing-mix.
Por otra parte, con objeto de identificar oportunidades de negocio, se requiere saber la opinión de los clientes que componen el mercado respecto de los diferentes proveedores de
servicios profesionales. Y aquí entra en juego
el segundo concepto que se aborda en este artículo: el posicionamiento. Mediante su estudio, los despachos profesionales conocen qué
piensan los clientes (actuales y/o potenciales)
respecto a ellos, en relación con el conjunto del
mercado y a partir de esta información, poder
decidir el lugar que desean ocupar en la mente
del cliente.El mercado de los despachos profesionales lo
forman los clientes actuales y los clientes potenciales, pero éstos se diferencian en muchos
aspectos: en su naturaleza jurídica, tamaño,
volumen de facturación, poder de compra,
rentabilidad de los clientes, actitudes y prácticas de compra-venta, etc. Cada una de estas
variables se puede utilizar para identificar un
segmento de mercado. Por tanto, segmentar
consiste en diferenciar aquellos clientes o prospects (sean de naturaleza física o jurídica) con
necesidades e intereses homogéneos, para
establecer con cada uno de ellos estrategias
de marketing diferenciadas en un período de
Cabe, no obstante, distinguir entre una segmentación involuntaria, que agrega espontá-1.1. Objetivos de la segmentación
A pesar del incremento de costes que supone,
con la segmentación se pueden conseguir objetivos fundamentales como, por ejemplo:
− Cualificar a los clientes actuales respecto a su naturaleza física o jurídica, cifra de
facturación, rentabilidad del cliente o segmento, potencial de adquisición de servicios, etc.
− Facilitar la identificación de nuevas oportunidades y nichos de mercado; ello permite el desarrollo y lanzamiento de nuevos
servicios o la extensión de los ya existentes.
− Diferenciar la actuación comercial a través de estrategias de marketing adaptadas
a las necesidades de cada segmento.
− Establecer las prioridades de actuación
entre los segmentos que mejor responden
a una oferta de servicios profesionales, lo
cual permite una mejor asignación de recursos.− Tamaño y recursos disponibles. Las grandes organizaciones disponen en general
de mayor tamaño y recursos que las pequeñas y medianas, aunque sus procesos
de adquisición de servicios profesionales
suelen ser más complejos que los de empresas de menor tamaño.
− Los criterios de compra. Hay organizaciones con un mayor interés en la eficacia de
los costes, mientras que a otras les interesa más la reputación del proveedor de
− El proceso de compra. Un despacho profesional debe tener procedimientos eficaces para responder a cualquier proceso de
compra. Por ejemplo, algunas organizaciones pueden necesitar una gran cantidad
de trámites burocráticos y un amplio período de tiempo antes de asumir un compromiso formal, mientras que otras pueden
actuar en pocos días sobre la base de un
1.3. Variables de segmentación de los clientes
de naturaleza jurídica
Cuando se trata de una empresa u organización de naturaleza jurídica, se suelen establecer cuatro variables de segmentación:
geográfica, demográfica, económica y de comportamiento:− Eliminar segmentos poco representativos.
− Adaptar el servicio a las exigencias específicas de los segmentos identificados.
1.2. Requisitos para segmentar los clientes de
Existen diversas formas de segmentar un mercado, aunque no todas ellas son eficaces. Un
proveedor de servicios profesionales debe
valorar diferentes alternativas para evaluar el
atractivo de un segmento. Sin embargo, para
que resulte útil es necesario que éste responda
a alguna de las siguientes condiciones:MARKETING1. LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADOneamente clientes y que el despacho puede
asumir de forma pasiva, y la segmentación
activa, basada en una estrategia perfectamente
orientada, que tiene como objetivo penetrar o
consolidarse en un mercado determinado.(1) Extraído del libro: del Olmo Arriaga, J. L. (2011). El marketing en los Despachos Profesionales. Madrid: EUNSA.• Variables geográficas. Tratan del lugar donde
operan los clientes; para ello, el mercado se
puede segmentar en unidades geográficas diferentes, como ciudades, subdivisión del área
urbana en centro o periferia, etc.
• Variable demográfica. Se segmenta el mercado según el número de empleados de las
empresas u organizaciones, así como del sector de actividad al que pertenece; por ejemplo,
turismo, industria o servicios.
• Variables económicas. La segmentación económica clasifica el mercado según variables17G
I• Variables de comportamiento. A través de
estas variables se consideran aspectos estrechamente ligados al comportamiento de adquisición del servicio. Las de mayor relevancia
son las relacionadas con el acto y la frecuencia
de compra, el lugar de compra, la fidelidad a la
firma, el beneficio o satisfacción que espera el
consumidor o la aceptación del precio .TLa elección de las variables de segmentación
de clientes de naturaleza física puede atender
a criterios relativos al hábitat, a las características del cliente (naturaleza jurídica, tipo y nivel
de actividad o características económicas, por
ejemplo), a criterios basados en el comportamiento, como la frecuencia de compra o el servicio demandado, y a criterios relativos a beneficios buscados (seguridad, comodidad, etc.):• Variables socio-económicas. La segmentación socio-económica clasifica el mercado según variables que miden la profesión, el poder
adquisitivo o la posición social de los clientes.E− Identificación y accesibilidad. El despacho
profesional debe poder identificar y reconocer el segmento al cual desea orientar
su oferta; para ello, es necesario identificar las variables sociodemográficas de los
clientes que lo componen, así como la accesibilidad al segmento. El conocimiento
de los criterios sociodemográficos facilita
la elección de los instrumentos de promoción y los lugares que acercarán el servicio
a los posibles clientes.1.5. Variables de segmentación de los clientes
de naturaleza física• Variables demográficas. El mercado se puede dividir en diferentes grupos, en base a variables demográficas como edad, género o ciclo
de vida familiar. Esta división permite identificar fácilmente y de forma objetiva los distintos
segmentos de demanda.KPara evaluar el atractivo del segmento de clientes de naturaleza física es necesario que éste
cumpla alguno de los siguientes requisitos:− Recursos y capacidades. Antes de elegir
un segmento de mercado, el despacho
debe analizar los recursos y capacidades
necesarios para captarlo; no todos ellos
disponen de recursos económicos para
hacer frente a un segmento atractivo.R1.4. Requisitos para segmentar los clientes de
naturaleza física− Disponibilidad financiera y estabilidad.
El segmento identificado debe representar un potencial suficiente (disponibilidad
financiera o capacidad de adquisición del
servicio, por ejemplo) y ser estable en el
tiempo para justificar el desarrollo de una
estrategia de marketing específica.• Variables geográficas. Tratan del lugar donde habitan los clientes. Estas variables pueden
condicionar el tipo de compra, así como el momento y el lugar de la compra. Según el ámbito
geográfico donde el despacho decida operar,
debe tener en cuenta las necesidades de los
clientes; para ello, debe segmentar el mercado en unidades geográficas diferentes, como
regiones, ciudades, densidad urbana de las
poblaciones, subdivisión del área urbana en
centro o periferia, etc.A• Variables de comportamiento. Se consideran
aspectos estrechamente ligados al comportamiento de adquisición y consumo del servicio
profesional. Las de mayor relevancia son las
relacionadas con el acto y la frecuencia de adquisición de los servicios, la fidelidad al despacho, la preferencia del producto, el beneficio o
satisfacción que espera el cliente, la aceptación
del precio, etc.− Cuantificación. Este criterio requiere que
el segmento pueda ser cuantificado y medido; sin embargo, no todas las características de un segmento son cuantificables.Mque miden los recursos económicos, capacidad financiera o cifra de facturación, entre
otros.18actores del mercado (clientes actuales o potenciales, entre otros).
A partir de los segmentos de mercado seleccionados se establece la posición del despacho
en el mercado con objeto de establecer un programa de marketing, de forma que los clientes
puedan identificar y diferenciar la oferta de servicios de otras existentes en ese mercado. En
este caso, el posicionamiento es activo y está
orientado y definido voluntariamente por la
organización, aunque también puede tener un
carácter espontáneo o pasivo:
El problema actual de la mayor parte de operadores es que no están posicionados en la mente de los clientes como especialistas en alguna
disciplina, es decir, carecen de visibilidad en el
1.6. Cobertura del mercado
A partir del análisis de los segmentos de mercado previamente identificados, el despacho
puede elegir uno o varios segmentos para comercializar sus servicios, según sus objetivos,
recursos y capacidades. Las diferentes alternativas de servicio-mercado permiten definir tres
estrategias de cobertura del mercado: estrategia indiferenciada, estrategia concentrada en
un solo segmento y estrategia de segmentación múltiple.El despacho también puede establecer una
segmentación fina (finer segmentation), es decir, el mercado de un solo cliente, asumiendo la
heterogeneidad de cada cliente y focalizándose
en sus necesidades y deseos. El mercado se
segmenta en pequeños micromercados para
así diseñar, según las necesidades individuales
de los clientes, las estrategias como si se dirigieran a un mercado masivo. De esta manera,
el cliente será más leal que en una segmentación tradicional y su valor en el tiempo se
incrementará, con lo que el despacho conseguirá una mayor ventaja competitiva sobre la
2. EL POSICIONAMIENTO DEL DESPACHO
PROFESIONAL• Estrategia concentrada en un sólo segmento.
Se trata de centrar la actuación del despacho
en un segmento concreto del mercado. Esta
estrategia requiere del proveedor de servicios
profesionales un portafolio especializado, con
un determinado nivel de honorarios, así como
una comunicación y promoción selectiva y
adecuada a este segmento. No es habitual en
el ámbito de los despachos profesionales, ya
que suelen operar con empresas, organizaciones y personas físicas de distinto tamaño, actividad o ámbito geográfico.La imagen del despacho es percibida por el
mercado de forma diferente, a partir de los
atributos que éste desarrolla (calidad del servicio, capacidad de respuesta, imagen de las
instalaciones, ubicación, etc.). Es, pues, una
imagen basada en percepciones. Este es el
principio del posicionamiento, que se puede
definir como la imagen mental que tiene la
demanda frente al universo de la competencia, en base a unos atributos o características
determinadas.• Estrategia de segmentación múltiple. En este
caso, el despacho se dirige a varios segmentos
de mercado con una clara diferenciación enEl objetivo que se persigue con el posicionamiento es el de dotar a la firma de una personalidad propia en la mente de los diferentes2.1. Proceso para establecer el posicionamiento en el mercado
Para determinar un posicionamiento activo en
el mercado, el despacho debe tener en cuenta
− Identificar las necesidades y expectativas que
éste quiere satisfacer.
− Definir el segmento o segmentos de mercado en los cuales la firma desea posicionarse.
− Determinar las características o atributos del
despacho que son necesarios para satisfacer
las necesidades y motivaciones de los segmentos definidos.
− Dibujar un mapa de posicionamiento inicial;
para ello, se deben fijar los dos atributos más
significativos para el segmento seleccionado
en los ejes de unas coordenadas como, por
ejemplo, el precio (alto-bajo) y el servicio (limitado-integral).
− Posicionar los diferentes operadores presentes en el mercado, cuyo valor se debe fijar en
los ejes de coordenadas, con lo cual se obtienen los distintos espacios del mercado en función de los atributos seleccionados.
− Determinar la zona de posicionamiento ideal
que se obtiene comparando el posicionamiento ideal del despacho y el del cliente.
− Definir la estrategia para modificar el posicionamiento actual de acuerdo con el ideal.MARKETING• Estrategia indiferenciada. Consiste en dirigirse a los distintos segmentos del mercado
mediante servicios y acciones de marketing
estandarizadas, ajustándose a las características comunes de la mayoría de clientes. Tiene
ventajas en cuanto a costes pero implica una
gran competencia en el mercado y una dificultad en la adecuación de los servicios a algunos
segmentos con necesidades específicas. Es
una estrategia orientada a servicios muy indiferenciados (liquidaciones tributarias de las
personas físicas, por ejemplo).el servicio y en el resto de componentes del
marketing-mix. Ello permite adecuarse mejor a
las necesidades de los clientes, así como conseguir un mayor volumen de facturación y una
mayor participación en los distintos segmentos del mercado, aunque puede implicar también mayores costes en procesos, distribución
o comunicación, entre otros.− Verificar los resultados obtenidos con el posicionamiento y en caso de desviaciones prever
un reposicionamiento.19El sistema financiero global ¿es más seguro que hace cinco años?
Juan Hernández. Vigueras | Autor, entre otros libros, de Los lobbies financieros, tentáculos del poder y El casino que nos gobierna, publicados por Clave Intelectual. www.laeuropaopacadelasfinanzas.comSin embargo, gran parte de esos razonamientos
fueron rebatidos por el estadounidense Paul
Singer, fundador y consejero delegado del multimillonario fondo de alto riesgo Elliot Manage-Para Antony Jenkins, principal ejecutivo del banco
Barclays del Reino Unido, los negocios del sistema financiero tienen como misión gestionar el
riesgo. Y considera que es mejor que ese riesgo
se concentre en las manos de profesionales estrechamente regulados, en vez de que se retengan en los balances corporativos o que emigren
al sistema bancario en la sombra desregulado
(sin control de los bancos centrales como sucede con las operaciones vía paraísos fiscales). “La
finalidad del sistema financiero es el mayor bien de
la economía”. “Las crisis financieras son desastres
Sostiene este financiero británico que es normal
que las compañías aéreas que tienen que afron-En general, los dos mil doscientos asistentes a
Davos este año compartían un ambiente de relativo optimismo sobre el futuro de las finanzas y
la economía. Pero, como destacaron las reseñas
de algunos reporteros, ese optimismo se desvaneció cuando al tercer día tuvieron noticia de que
el peso argentino se desplomaba junto con las
monedas de Tailandia, Turquía y otros países. Y
todo el mundo pudo recordar que hoy el sistema
financiero mundial (incluida la banca española)
goza todavía del amparo de los contribuyentes a
través de los estímulos monetarios de la Reserva
Federal, el BCE y otros bancos centrales, que con
dinero público son quienes sostienen las finanzas
como negocios privados ajenos a la economía
real de las empresas productivas que dan empleo
y riqueza.A NDPara el presidente del enorme holding bancario
HSBC, “los mercados son seguros y lo son de modo
importante”. “A excepción de la industria de la
energía nuclear, virtualmente a ninguna otra industria se le exige prepararse para un desastre como se
exige a la banca”. Razona sus afirmaciones tajantes apoyándose en los mejores ratios de capital,
la disponibilidad de mayor liquidez y en la mejora
de la supervisión bancaria y la gestión interna de
riesgos, gracias a las pruebas de resistencia, a
una mejor estructura de incentivos retributivos
internos; a los planes de disolución bancaria en
caso de quiebra y las mejoras en las cámaras de
compensación para los derivados financieros,
según su opinión.DÓEn esta brevísima referencia recogemos algunas
de las ideas más destacadas que se expresan en
el debate que podemos ver y escuchar en el video
abajo.Por su parte, Anat Admati, profesora de finanzas
y economía de la Universidad de Stanford y autora de libros críticos sobre la gran banca, compara
la aparente estabilidad actual con el escenario
de 2006, cuando se alcanzaron cifras récords de
beneficios justo poco antes de que la crisis del sistema forzara al gobierno a recatarlos. Esta profesora mantiene que los bancos tienen demasiadas
deudas y riesgos en sus balances. “Las reformas
del sistema financiero son únicamente retoques
(tweaks)”. “El sistema tiene que ser mucho más
seguro que antes porque puede hacer mucho más
daño que antes”, afirma.L IILa unanimidad brilló por su ausencia en las respuestas de los cuatro expertos participantes en el
debate: tres altos ejecutivos con intereses económicos directos en tres grandes entidades globales y una profesora de la Universidad de Stanford
en EEUU especializada en finanzas.A pesar de los desacuerdos evidentes entre los
panelistas sobre el estado actual del sistema financiero – al contrario de lo reseñado en algunos medios de comunicación en castellano y
en inglés- mostraron cierto acuerdo en algunas
acciones que serían necesarias para mejorar la
seguridad de las finanzas; por ejemplo, mayor
transparencia para las operaciones con derivados, exigiendo mayores garantías para los activos
depositados previamente para los pagos llegado
el caso. Las regulaciones deberían cubrir no solamente a los bancos sino también a las compañías
de seguros que son operadores en los mercados
financieros. Y coincidieron en que los bancos deberían cambiar su cultura para hacer de la gestión
de riesgos una prioridad. Sin embargo, excepto
para la profesora que sí menciona el asunto, los
tres altos ejecutivos financieros citados ignoran
el asunto del crédito a la economía real que es
la razón de ser del sistema financiero, como era
cuando era realmente un mercado de capitales
que convertía el ahorro en inversión directa.AN“Los balances han sido negativos para la sociedad
desde que se inventaron los derivados”. “Los mayores bancos del mundo disponen también de las mayores carteras de activos bursátiles y me pregunto si
comprenden sus riesgos”, llega a decir Paul Singer.
Y apunta la incertidumbre que rodea el final de
la llamada flexibilidad monetaria, la compra milmillonaria de valores a los grandes bancos que
practica la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y también el BCE para facilitar la liquidez que
necesita el sistema financiero (y que no llega a la
economía real, añadimos). Y asimismo señala los
riesgos por la mayor debilidad de la posición fiscal
de los principales países que los han incrementado en comparación con 2008.ICDesde la perspectiva de los EEUU y el Reino Unido, como apunta en la introducción al debate
Martin Wolf, editor asociado y principal comentarista del Financial Times, el sistema financiero
estuvo hace cinco años al borde del abismo.
Millones de personas perdieron sus empleos y
se colapsó la producción económica (Lamentablemente, para España y parte de Europa esos
efectos están todavía presentes). Y la cuestión
ahora – dice Wolf- no es simplemente si el sistema financiero está parcialmente mejor desde
la mayor crisis financiera en 80 años, sino si es
razonablemente seguro.tar posibles subidas del fuel busquen protección
“comprando” derivados o hagan lo mismo los
gestores de los grandes fondos de pensiones
para asegurar la rentabilidad de sus inversiones
financieras. (Aclaremos que los derivados son
contratos de apuestas contra las subidas o las bajadas de los precios de activos financieros adquiridos por el contratante, con los cuales según la
teoría los operadores se protegen apostando con
un gran banco que va a subir o bajar, según le interese al apostante, el precio al que ha adquirido
el activo y al cual se refiere el derivado financiero.
Lo explicamos detalladamente en El Casino que
nos gobierna y pueden verse entradas anteriores
al respecto en este blog)IP Sment de EEUU (matriz de algunos de los fondos
buitres que combaten al Estado argentino en los
tribunales estadounidenses y mediante los lobbies contratados ad hoc, como hemos contado
en este blog). Considera este multimillonario que
el mayor riesgo del sistema sigue estando en el
apalancamiento y en la opacidad de los derivados
financieros que se crean, riesgo que es ahora mayor que nunca.OFUno de los debates más relevantes del Foro
Económico de Davos en enero de 2014 ha sido
la cuestión de si los mercados financieros son
más seguros ahora que lo eran hace cinco años.
Como podemos apreciar en el video accesible en
you tube, resulta interesante el contraste de percepciones y opiniones entre tres ejecutivos financieros y una académica que ha estudiado el tema
con visión crítica.20La homologacion judicial de los acuerdos
Las crisis empresariales vienen en la gran mayoría de los casos de la mano de la insolvencia
generalizada y esto último siempre ha sido un problema jurídico de difícil encaje en los estados
de derecho, la razón obvia es que se está ante el incumplimiento de los compromisos
de pagos adquiridos ya sean financieros, laborales, públicos o comerciales.
En este marco todas las legislaciones han ido evolucionando de una posición de regulación
de un ilícito, a la búsqueda de soluciones lo más eficientes posibles, a la vez que se asume
el carácter fortuito que las crisis conllevan, desplazándose a la denominada segunda
oportunidad. La búsqueda de vías de escape a la destrucción del tejido empresarial
con los costes que ello conlleva ha obligado a todas esas regulaciones a ir cambiando el modelo
del tratamiento de las deudas no atendidas, abriendo el espectro de posibilidades.
El presente trabajo se centra en la muy reciente y nueva regulación de las refinanciaciones
homologadas judicialmente, con breves visitas al resto del articulado de la Ley Concursal
española, ciñéndose, claro está, a los cánones y extensión que se marca en la publicación
que tan amablemente ha confiado en nosotros.
El tratamiento de la insolvencia en el marco
Todos los modelos normativos que regulan
el problema de la insolvencia generalizada
han evolucionado de forma sustancial desde
el punto de inflexión que supuso el Informe
Cork (Cork, 1982), de principios de los años
ochenta del siglo XX. En un principio aquella
década sirvió de base para asentar una serie
de principios rectores que tuvieron su plasmación en el Modelo de las Naciones Unidas
(UNCITRAL,1994), con su correspondiente
canonización en la Unión Europa (Reglamento, 2002).Esta primera posición marco ha sido revisada
en profundidad a lo largo de lo que llevamos
de siglo XXI con numerosas correcciones y variaciones sobre el esquema general, la reciente
recomendación de la Comisión (CE 2014), con
sus abundantes antecedentes recientes (CE,
2012 y 2013), viene a recoger exitosas iniciativas
como la anglosajona en materia de refinanciaciones y negociaciones paraconcursales, no
podemos decir lo mismo de otros impulsos
homónimos como el francés, o como a continuación veremos el español.identificado con la insolvencia en sí misma, que
a su vez se entiende como estado patrimonial
del deudora que no puede cumplir regularmente con sus obligaciones.
Tal radical cambio frente a nuestro vetusto tratamiento de las quiebras y suspensiones de pagos
requirió de una modificación en toda regla de
nuestro estado de derecho, añadiendo a su vez
la creación de la judicatura mercantil a través de
Ley Orgánica del 2002.
Junto a los innegables aciertos que la misma ha
supuesto, judicatura mercantil y administración
concursal profesionalizada, la intensa experiencia vivida en su primera década de vida ha llevado a un replanteamiento sustancial tanto del
arquetipo como de los detalles del mismo.F
CIO S N C C A U LRID
SADLLos criterios rectores se centraron en tres ejes
de base:Tercero: cuerpo especializado de profesionales
para gestionar las insolvencias declaradas con
estatuto jurídico propio, reglas de designación
y criterios objetivos de retribución (Insol Europe
2014).Primero: tratamiento judicial universal y en un
único procedimiento de todos los casos de insolvencia, ya fuesen de personas físicas como
de las empresas, e independientemente de sus
Segundo: creación de un cuerpo especializado de la judicatura con asunción de todas las
competencias y funciones derivadas del procedimiento, con una articulación procesal especifica.La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
El legislador español acometió los principios
rectores iniciales con fervor, adoptando de forma monocolor todos esos planteamientos ya
en el siglo XXI con nuestra Ley Concursal del
2003 (Ley Concursal, 2003), entrada en vigor
desde el uno de septiembre de 2004, con sus
principios de unidad legal, de disciplina y de
sistema, donde se impulsa la homogeneidad de
procedimiento en base al presupuesto objetivo,De hecho en estos momentos ya nadie discute la necesidad, y no solo la oportunidad, de la
redefinición normativa, y tal como ha tenido
ocasión de manifestar en repetidas ocasiones
el Refor, (2011, 2012, 2013 y 2014), es hora de
presentar unas nuevas reglas de funcionamiento en esta materia creando escenarios diferenciados para los casos de la extraconcursalidad,
personas físicas no empresarios, la paraconcursalidad, refinanciaciones homologadas judicialmente, la preconcursalidad, convenios anticipa-21Respecto de la extraconcursalidad, personas físicas no empresarios, y pequeños empresarios,
a pesar de las loables iniciativas (2012, 2013),
no parece que nos hayamos aproximado a soluciones eficientes, ya que ni las regulaciones de
urgencia ante el problema de los desahucios, ni
la vía de la mediación concursal parecen soluciones estructurales o de futuro.
Respecto de la preconcursalidad, convenios
anticipados, también hará falta un esfuerzo
contundente si se quiere que la fórmula llegue
a funcionar, hasta ahora los resultados han sido
muy parcos.
Respecto de la paraconcursalidad, refinanciaciones y restructuraciones de deuda, el Real
Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, (BOE de 8
de marzo), con entrada en vigor el lunes 10 de
marzo del 2014, y la Ley que se espera que lo
ratifique es un serio esfuerzo regulador y este es
el objeto del trabajo que nos ocupa.Tercero: un ejercicio verdaderamente profesionalizado de la gestión de las insolvencias, donde
nuevamente hace falta una revisión en profundidad del papel de la administración concursal,
funciones y competencias, y acorde con ellas,
capacitación, medios materiales y humanos, especialización y profundización en la búsqueda
de soluciones eficientes. Esto se concreta en un
modelo donde el Instituto de Auditoria y Contabilidad con su Registro Público Profesional es
un escenario en el que mirarse, las experiencias
francesas e inglesas resultan igualmente ilustrativas, (Insol Europe 2014).
La solución propuesta a la para concursalidad
de la refinanciaciones y reestructuraciones. El
RD-L 4/2014 y su Ley de convalidación.
En este terreno nos encontramos ante un problema de primera magnitud, tal como se ha ido
poniendo de manifiesto por diferentes voces,
(FMI, 2013), (BdE, 2012 y 2013), (Refor, 2013 y
2014), que requiere de soluciones eficientes ya
que desde los últimos estadios del pico económico español, 2006 y 2007, las empresas
españolas empezaron a refinanciar su endeudamiento financiero, situación que ha ido agravándose con la crisis, proponiendo en la actualidad cifras de refinanciación que superan el 20
por cien del total del crédito bancario concedido, (Refor, marzo 2014), y que probablemente
están involucrando a mas de 65.000 empresasTrasladados a este mundo de las refinanciaciones de deuda, ubicación regulada ahora el RD-L
4/2014, y su prevista Ley de convalidación, la
solución aportada merece una serie de apuntes
de posible interés a la hora de su lectura crítica.
Primero: las refinanciaciones están lejos de ser
un fenómeno novedoso, ni cuantitativa ni cualitativamente, pero adquieren especiales tintes
desde el 2006, aún en pleno auge económico,
y se van incrementando de forma exponencial
hasta los cierres bancarios de 31 de diciembre
del 2013, de hecho se puede hablar del entorno
de más de 200 mil millones de euros refinanciados hasta la fecha. El primer trimestre del 2014
ha aumentado la cuenta de forma significativa.
Segundo: la inmensa mayoría de las mismas,
prácticamente un 90 por cien, en términos de
deuda, (Registradores, 2012), (Lp,2014) y un número muy superior si lo medimos en número
de empresas, han derrotado al margen de las
homologaciones judiciales reguladas en la Ley
Concursal, rigiéndose en su inmensa mayoría
por las reglas específicas de los préstamos sindicados bancarios, por no hablar de las huidas
hacía escenarios más propicios como el de la
Tercero: El Informe de Estabilidad Financiera
del Banco de España, (BdE, noviembre 2013),
con sus antecedentes sitos en la Circular 6/2012
(BdE 2004 y 2012), y los acontecimientos posteriores del fin de año, han puesto de manifiesto que la banca, fuertemente presionada por el
FMI, la Comisión Europea y por último el propio
Banco de España, ha realizado un ejercicio común de desvinculación de las refinanciacionesU
CPrimero: un marco judicial mercantil con mayor
capacidad de actuación y de libre disposición. El
modelo anglosajón es paradigmático en estos
asuntos, resuelve de forma contundente los
escollos, dotando al juez competente de esaNCPor un nuevo marco conceptual y material
concursal. (Una simple mirada.)RSEn cuanto a la concursalidad propiamente dicha, nuevamente nos encontramos ante un
muy considerable número de reformas, ajustes
y mejoras, tanto técnicas como de fondo, desde
aquel ya lejano 2003, no obstante la realidad ha
ido poniendo sobre la mesa numerosos problemas que resulta imperioso resolver, tanto en el
marco de la preservación del proceso productivo, empleo y activos, como de la liquidación eficiente, en su caso, de la concursada, pero esta
cuestión exorbita el objeto del presente trabajo,
que como decimos se va a centrar en la paraconcursalidad de los acuerdos de refinanciación
homologados judicialmente, sin embargo valga
una simple entrada sin más comentarios a estas nuevas geografías concursales.Segundo: una regulación eficaz del concurso
como obligatorio tanto en el caso del insolvente
como de impulso del marco público, de forma
que se asegure un procedimiento eficiente, tanto respecto de la preservación del patrimonio
como de la pars conditio creditorum.de variada dimensión, sector y ubicación territorial, si bien con claras diferencias de tamaño y
circunstancias.LEl legislador y el propio Gobierno no han estado
ajenos a estas preocupaciones como demuestra el iter reformador, (2005, 2009, 2011, 2013
y 2014), amén del reconocimiento explícito de
la necesidad de una revisión en profundidad de
lo legislado.autoridad, a la vez que le exonera de galimatías
procesales menores.Ados y la concursalidad diferenciada, según sus
características, convenios de asunción, venta de
unidades productivas, crédito público, créditos
contra la masa, entre otras instituciones a reformar.22por la vía de su amortización contra la cuenta de
resultados, bien vía subestándares agresivos o
directamente por su localización provisionada.
Cuarto: El resultado de este panorama es un
cierre prácticamente total por parte de la banca
ante posibles nuevas revisiones de lo ya refinanciado, en muchos casos más de una vez, obligando a la autoridades competentes a incorporar una nueva regulación de las mismas, que a
su vez podemos esquematizar en:
i) Apertura de vías de contra amortización,
de forma que como ya establece el Banco
de España en su Comunicación de 18 de
marzo de 2014, sobre interpretación de la
Circular 4/2004 del Banco de España.CONCURSALii) Determinados efectos arrastres a los
acreedores de pasivos financieros disidentes, según con qué mayorías reforzadas se
cuente, obligándoles a sumarse a los acuerdos de refinanciación alcanzados, incluyendo entre otros las quitas.
iii) Inclusión de importantes escudos protectores ante ejecuciones contra los bienes
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial y que hayan
iniciado un proceso de refinanciación, y
mientras dure la misma, también se amplía
el escudo, sin el requisito de la necesariedad, a la entidades financieras, siempre
que nos ubiquemos en la homologación,
inicio de negociaciones y se cuente con un
porcentaje no inferior al 51 por ciento de
pasivos financieros hayan apoyado expresamente el inicio de las negociaciones.
iv) La nueva regulación de las refinanciaciones homologadas introduce dos grandes
novedades en el mundo de las garantías reales de que gocen los acreedores, la primera
es incorporar un valor razonable actual de
los bienes que soportan las mismas, de
forma que traspasado dicho valor, con una
quita añadida del 10 por cien, cuando se de
la ejecución del mismo, el resto de deuda,sobre esa magnitud, adquieren la condición
de créditos financieros sometidos a las reglas de arrastre del resto de los acreedores
de pasivos financieros que hubiesen aceptado el acuerdo de refinanciación.
v) Por otro lado, y siempre con determinadas limitaciones, según las mayorías alcanzadas, hasta cinco años de espera y conversión en su caso de la deuda en préstamos
participativos, aquí se debe dar una doble
mayoría, la del 60 por cien del crédito financiero y el 65 por ciento, ratio este ultimo
calculado entre las garantías aceptantes del
acuerdo y las garantía totales, siempre en
términos del valor razonable descrito.
En caso de contar con el 75 por cien del crédito
financiero y el 80 por del ratio descrito relativo a
garantías, el efecto arrastre lleva a todo lo acordado por dichas mayorías, incluyendo quitas sin
límites o, con alternativas en caso de conversiones en capital de las deudas, el límite de espera
de los diez años, si el acuerdo lo supera, la conversión de deuda en préstamos participativos,
en obligaciones convertibles, en préstamos de
interés capitalizable, así como la dación de bienes en pago o para el pago de deudas.
Además el texto articulado en esta norma amplía notablemente lo abordado en las que le
anteceden en materia de homologación judicial,
las regulaciones del 2009, simples escudos, la
del 2011, efectos arrastres de la espera, hasta
tres años, reducción de mayorías exigidas del
2013, incluyendo el efecto fiscal, dulcificando
considerablemente su impacto al irradiarlo con
la vida de los aplazamientos.
Como se observa la norma no es de fácil lectura y la considerable arboladura de condiciones
entre necesarias, en su caso, y suficientes en
otros, la propone con una redacción más a la
carta de algún caso concreto en el que haya estado pensando quien la redactado, en el plano
más estructural de modelo a aplicar, con carácter general, el resultado es prolijo y no exento
de contradicciones e ineficiencias que segurodeberán subsanarse en el inmediato futuro
(Pastor, 2014).
Se ha aprovechado la redacción para introducir
alguna que otra modificación en la Ley Concursal ajena al núcleo objeto de la misma, caso de
la modificación del artículo 56 respecto de los
requisitos que se deben dar para la paralización,
en su caso, de ejecuciones de garantía reales y
acciones de recuperación asimiladas.
Si bien es verdad que hasta aquí nos hemos
ocupado del la propia Disposición Adicional
4ª, lo aprobado introduce muchas más cosas,
como apuntábamos un poco más arriba cuando hablábamos del artículo 56 de la LC. De hecho la nueva redacción, ahora en espacio bis,
del antiguo apartado 6 del artículo 71, añadiendo, también, importantes novedades al abrir la
puerta a la defensa contra acciones rescisorias
en aquellas operaciones de refinanciación que
cumplan determinados requisitos, ciertamente
estrictos también, sin que los mismos hayan
tenido que recorrer los requisitos del plan de
viabilidad y las mayorías previstas con carácter
general, esta vez ratificadas por el auditor.
Por otro lado se ha introducido de forma transitoria un mejor tratamiento al fresh money, pasa
del 50 al 100 del mismo en su consideración de
créditos contra la masa concursal durante dos
años desde su concesión y hasta transcurridos
dos años desde la entrada en vigor del RD-L
Antecedentes. RD-L 3/2009 y L 38/2011.
La Ley concursal del 2003 no había previsto
ninguna solución reglada a las refinanciaciones
y hubo que esperar al Real Decreto Ley 3/2009
para la primera incursión normativa, aquí se incorporó la protección contra posibles acciones
rescisorias por la vía de la inclusión de la Disposición Adicional Cuarta. La reforma del 2011
se aprovechó para mejorar la situación, incorporando un escudo contra el concurso necesario en el articulo ex novo 5 bis, introduciendo
el fresh money en el articulo 84 y, reubicando
por un lado las acciones rescisorias y su protec-23ción en el artículo 71, apartado seis, y dejando
la Disposición Adicional Cuarta para las posible
homologación judicial con un efecto arrastre
respecto del cambio de plazos en la devolución
de la deuda.len introducir fuertes factores de insostenibilidad en la vida de las mismas, que se ponen de
manifiesto cuando el punto bajo del ciclo las
obliga a pruebas de especial resistencias en sus
estructuras.Conclusión. Los efectos arrastres como vía
compulsiva hacia soluciones de viabilidad en
empresas en crisis financiera.Sucede sin embargo que para que esas reestructuraciones se lleven a cabo hace falta una
revisión en profundidad de las condiciones de
la deuda adquirida, donde la mayor parte de las
veces se incluyen cláusulas fuertemente penalizadoras para los acreedores involucrados, con
quitas importantes y plazos de espera para la
devolución de la misma, enormemente alargados en el tiempo. Y en este contexto transaccional se añade la dificultad de que en la misma,
se ven involucrados actores con intereses muy
dispares, con minoritarios ajenos a la búsqueda
de soluciones del tipo de perder frente a más
perder.No hay semana que no aparezca un nuevo caso
de crisis financiera de alguna empresa que ha
necesitado de una revisión en profundidad de
la estructura de su pasivo, y esto está sucediendo con especial intensidad en el entorno
de las grandes empresas españolas, que desde
hace un par de años han iniciado un giro copernicano hacia el desapalancamiento de sus
balances, una vez más se demuestra que las
vetustas tesis de los premios Nobel de economía Modigliani y Miller (MM, 1959), como el
propio Miller cuarenta años después reconocía
(Miller, 1990), no se cumplen y que crecimientos basados en endeudamientos masivos sue-En el caso español el problema se agrava al tener que tener en cuenta que la mayor parte de
ese endeudamiento es financiero y además seencuentra acorazado a partir de garantías hipotecarias, pignoraciones y todo tipo de prendas
mobiliarias, lo cual complica aún más el conseguir ese camino de viabilidad financiera cuando
el proceso productivo propone sendas de viabilidad económica.
La solución propuesta con la homologación
judicial de las refinanciaciones y reestructuraciones de los pasivos de las empresas viables
en crisis financieras ha buscado un efecto
arrastre de las minorías financieras, definidas
estas últimas como hemos ido relatando, con
compromisos compulsivos para la propiedad
respeto de caminos de recapitalización. En
su solución se han invadido todo tipo de regulaciones civiles y mercantiles, incluyendo la
Ley Hipotecaria, y de una forma u otra se ha
cambiado de forma sustancial el marco del
tratamiento de las insolvencias de las empresas. La experiencia inmediata nos dirá de su
posible acierto y también nos orientará hacia
ajustes y mejoras que la misma vaya aconsejando.Notas y referenciasA
NExiste un trabajo de considerable interés producido por INSOL EUROPE “Study of a new approach to business failure and insolvency - Comparative legal analisys of the Member States” relevant provisions an practices que hace un recorrido comparado en el marco de la Unión Europea
de lo que son situaciones pre o para concursales y en particular el conjunto de recomendaciones “For Preventive pre insolvency proceedings”.O• (Bde 2014): El Banco e España se ha ido pronunciando en diferentes tipos de textos respecto del problema del apalancamiento de las
empresas españolas y la situación de crisis financiera e insolvencia
pueden encontrarse manifestaciones tanto de índole académico
como mas técnico en las publicaciones ocasionales y en las circulares
y recomendaciones del banco.
• (Registradores 2012): Estadísticas anuales sobre las insolvencias en
España de las empresas. editado por el Colegio Nacional de Registradores en España.
• (LP, 2014): Trabajos cuantitativos y estadísticos del Servicio de Estudios del Actual ILP LeopoldoPons.
• (MM 1059): Trabajo seminal en el que se planteaba un principio de
neutralidad respecto a la composición de los pasivos en términos de
deuda o capital propio, trabajo que llego a decantarse a favor del endeudamiento para incorporar el efecto del gasto deducible en las empresas de los intereses del mismo (Miller 1990): Discurso inaugural
pronunciado con motivo de su jubilación en la Universidad de Lobaine. En el mismo hay un cambio de criterio al contrastar series en los
últimos 30 años. Merton H Miler Selected Works: Volumen I Finance.C• (Cork, 1982): Insolvency Law and Practice Report of the review committee.
• (Uncitral, 1994): Informe de la Comisión de Derecho Mercantil de
• (CE Reglamento, 2000): Reglamento (CE n 1346/2000, del Consejo,
de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia)
• (INSOL Europe, 2014): Insolvency practitioners -qualifications and
appointment around the world.
• (CE, 2014): Recomendación de la Comisión de 12 de marzo de 2014
sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial
• (Ley Concursal, 2003): Ley 22/2003 de 9 de julio, concursal.
• (REFor, 2014): Por una aproximación al tratamiento de las insolvencias en España, marzo 2014. Consejo General de Colegios de Economistas de España.
• Iter reformador (2005, 2009, 2011, 2013 y 2014): Las referencias a
los años, recorren la muy numerosa producción normativa tanto a nivel de reales decretos como de su norma de rango superior, ya sea el
RDL o la Ley como tal.
• (FMI 2013): Informe y recomendaciones al amparo del art.4 del FMI
sobre España, es posible hacer un seguimiento posterior ya en el 2014
donde se apunta en todas las ocasiones en la misma dirección.LEste trabajo ha sido discutido y desarrollado en diferentes documentos de análisis contando con la inestimable colaboración de José
Luis Cobo, socio director de ILP LeopoldoPons. Existe un documento de desarrollo detallado de los contenidos de las soluciones
propuestas en la homologación judicial que en el caso de interés puede ser consultado” El nuevo escenario de los acuerdos de refinanciación: El RDL 4/2014 de 7 de marzo y su solución final” ILP LeopoldoPons. David Pastor dpastor@ilpleopoldopons.com24Algunos aspectos de la actividad
del mediador concursal
Por Mercedes Mazo Jimeno | Mediadora en asuntos Civiles, Mercantiles y Concursales.La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo
a los emprendedores y su internalización trae
como consecuencia otra reforma a fondo de
la Ley 22/2003, de 9 de julio, para la Reforma
concursal. La finalidad de esta modificación
es fundamentalmente establecer un nuevo
procedimiento de carácter pre-concursal mediante un sistema extrajudicial de pagos que
pueda aliviar la saturación actual que sufren
los juzgados de lo mercantil.FCI O S N C C A ULRID
SAADLAl mismo tiempo se le da juego a una figura, la
del mediador concursal, que dependiendo de
su formación jurídica, económica, sicológica y
también de su habilidad negociadora, puede
obtener resultados muy satisfactorios para solucionar los casos menos graves de insolvencias empresariales. No está pensada cuando
la situación del deudor es insostenible, sino
cuando por circunstancias puntuales, en empresas viables o con un activo suficiente, se
produce una situación en la que no pueden
atender al cumplimiento de sus obligaciones
corrientes. En estos casos puede ser aconsejable antes de acudir al concurso, intentar el
acuerdo extrajudicial de pagos que permita al
deudor continuar con su actividad de forma
mucho más simple, breve y menos costosa.
Para ello se ven modificados puntos de los
art. 1,5,71,179,198, y desde el art. 232 al 242, así
como se añaden las disposiciones adicionales
7ª y 9ª de la Ley 22/2003 para introducir la
figura del mediador cuyo objeto no es otro
que intentar conseguir de forma activa que los
acreedores se adhieran al plan de pagos que
él mismo deberá elaborar. Es la Ley concursal
quien va a marcar su funcionamiento, y entre
las actuaciones que deberá llevar a cabo se
- Aceptación del nombramiento.
- Verificar la existencia y cuantía de los créditos.
- Enviar el plan de pagos y de vialidad.
- Presentar alternativas o propuestas de
modificación al plan.
- Decidir la continuidad o no de las negociaciones.
- Si se acepta el acuerdo por los acreedo-res, deberá ocuparse de elevar a público a
la mayor brevedad el acuerdo y enviar copia de la escritura al registrador mercantil.
- Supervisar el cumplimiento del acuerdo
extrajudicial de pagos:
• Si se cumple en su totalidad elevará
acta notarial que se publicará en el BOE
• Si no se cumpliera, el mediador concursal instará el concurso, entendiéndose que el deudor se encuentra en situación de insolvencia.
- Si no se acepta el acuerdo por los acreedores, deberá solicitar de manera inmediata la declaración de concurso de acreedores al juez.
Los requisitos para ser designado mediador
concursal una persona física o jurídica son los
- Reunir determinadas condiciones profesionales: (abogado, economista, titulado
mercantil o auditor de cuentas con cinco
años de ejercicio profesional).
- No estar inhabilitado.
- Contar con formación mínima específica
para ejercer la mediación, proporcionada
por instituciones debidamente acreditadas.
- Suscribir seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente que cubra los
daños y perjuicios derivados de su actuación. Comprenderá la cobertura de todos
los daños y perjuicios que causen por sus
actos u omisiones distintos a los resultados esperados de la mediación, como los
derivados de la infracción de los principios
de imparcialidad y confidencialidad, error
profesional o la pérdida o extravío de expedientes y documentos de las partes.
- Para el caso de personas jurídicas, éstas
deberán designar para el ejercicio de la
mediación a personas naturales con los
mismos requisitos que se establecen para
mediadores concursales personas físicas.
- Inscripción obligatoria en el Registro de
dependientes del Ministerio de Justicia ensu sección segunda, conforme a lo establecido por el apartado 1 del artículo 233
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
La finalidad de este registro es facilitar la publicidad y la transparencia de la mediación,
dando a conocer a los ciudadanos los datos
relevantes que se refieren a la actividad de los
mediadores profesionales y las instituciones
de mediación. Para conseguirlo se conforma
una base de datos informatizada a la que se
accede gratuitamente a través del sitio web del
La acreditación de los requisitos exigidos al
mediador concursal y su inscripción en el
Registro posibilitará el suministro de sus datos al Portal del «Boletín Oficial del Estado»
para su designación en los procedimientos
para alcanzar un acuerdo extrajudicial de
pagos, de acuerdo con el título X de la Ley
A través del formulario de solicitud contenido
en la sede electrónica del Ministerio de Justicia, los mediadores podrán inscribirse en la
sección segunda del Registro de Mediadores
e Instituciones de Mediación, aportando para
su publicidad en el mismo y mediante declaración responsable sobre:
- Nombre, apellidos y número de identificación fiscal.
- Dirección profesional e información de
contacto, incluidos su correo electrónico
- Especialidad profesional.
- Titulación, formación específica de mediación y experiencia profesional.
- Área geográfica principal o preferente de
- Póliza del contrato de seguro de responsabilidad civil profesional o, en su caso,
del certificado de cobertura expedido
por la entidad aseguradora o la garantía
equivalente que se hubiera constituido
indicando una dirección electrónica de la
entidad aseguradora o de la entidad de
crédito en la que constituyera la garantía
equivalente.25Siempre que tengo ocasión, procuro poner
voz a quienes sufrimos a diario todo tipo de
problemas técnicos debido a la precipitaciónTodos hemos entrado en páginas de cualquiera de las Administraciones en las que nos
avisa que no son sitios seguros, sin embargo
tenemos que hacer de tripas corazón y tirarL
S¿Quién no ha sufrido los problemas que
produce el Java, aunque se encuentre correctamente instalado en cualquier ordenador?
¿Cuánto tiempo han dedicado expertos informáticos a resolvernos esos problemas? ¿Y
quién se preocupa de nuestro tiempo?Pues bien, a modo de resumen, no es una
cuestión baladí ni como algunos pretenden
que utilicemos la e-Administración antes
o después, sino que sean las propias AAPP
quienes deben entender que son ellas quienes tendría ser capaces de proporcionar los
medios adecuados, precisos y seguros y, en
el momento oportuno para que una vez en
perfecto funcionamiento sea implantado y se
pueda llevar a cabo cualquier gestión con diligencia, porque entre tanto lo que se produce
es el menosprecio absoluto y un perjuicio que
fundamentalmente se materializa en tiempo
para quienes estamos a su lado a la hora de
ofrecer nuestros servicios profesionales, pretendiendo gestionar con agilidad y eficacia
las obligaciones que la ciudadanía mantiene
con la Administración.RSe nos informa que va con retraso la información procedente de los centros de formación
(incluso en ocasiones con errores) y las compañías de seguros tampoco han enviado la
documentación con la debida diligencia. Si a
eso añadimos que la base de datos que debemos completar para inscribirnos no contempla la posibilidad de que la denominación de
la Institución ni su e-mail contengan en cada
una de sus casillas más de 20 caracteres, ni
que exista un apartado para aquellos que no
utilicemos el seguro o garantía de la institución de mediación, sino de otro colectivo. Se
entiende que podría decirse que se pretende
que “vaya el carro delante de los bueyes”.Tampoco los sistemas operativos están preparados para la utilización de las plataformas,
sin ir más lejos para firmar electrónicamente
un documento por medio de nuestro certificado digital. Hace unos días se me informaba
desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que los requisitos técnicos
para utilizar la plataforma VALIDE con Mac
son: Mac OS X 10.5 y 10.6 (Leopard y Snow
Leopard), por lo que, quienes vamos por la
versión 10.9.2 no tendremos más remedio
que esperar o utilizar otro equipo para poder
utilizar esta plataforma. Tampoco podremos
utilizarlo en sistemas Android (dispositivos
móviles).Sin hacer más leña del árbol caído me remito
al año 2007 y en concreto a la Ley 11/2007 de
acceso de los ciudadanos a los Servicio Públicos:
- Las AAPP deben utilizar la sede electrónica
o lugar oficial de prestación de servicios electrónicos al ciudadano. Deberán facilitar información y la realización de todos los trámites
por internet, móviles, televisión o cualquier
otro medio disponible en el futuro
- El ciudadano tiene derecho a poder realizar
todas sus gestiones con la Administración
por medios electrónicos eligiendo a través de
qué canal accede a los servicios públicos durante 24 horas al día los 365 días del año con
la misma validez legal.UEl colapso que se está produciendo estos días
en esa Sede Electrónica es de tal envergadura
que se nos ha pedido a través de las organizaciones a las que pertenecemos que seamos
pacientes y esperemos unos días para llevar a
cabo la inscripción.Porque, como punto de partida en este “conflicto” nos encontramos con la velocidad. En
ocasiones me he dirigido a algún que otro político para explicarle que uno no puede ir a velocidad de autovía por un camino sin asfaltar.
Una tecnología de acceso a Internet de banda
ancha, para el envío y la recepción de datos,
requiere cuanto menos una velocidad mínima
que, muchos lugares de nuestro país aún no
tienen posibilidad de alcanzar.para adelante pues con vencimiento de obligaciones tributarias a la vista como el único
rincón por donde acceder telemáticamente a
la presentación de impuestos y documentación obligatoria, no se entiende cómo la Administración no firma con garantías los sitios
donde aloja sus contenidos, pues es en definitiva donde radica este problema.CEn ambos casos se me ha comunicado que
la inscripción de mediador se ha completado
pendiente de Datos de Seguro y de Datos de
la Institución.con la que se fecha la entrada en vigor de una
norma con utilización obligada de medios
telemáticos sin la debida preparación, tanto de la propia Administración, como de los
usuarios. Incluso no se disponen con rigor
las plataformas y sistemas con los que se van
a llevar a cabo.Quedan aún muchos aspectos por tratar:
quién puede solicitar la mediación, retribución del mediador, el calendario y plazos en la
mediación, convocatorias y reuniones con los
acreedores, del contenido de las actas, aunque se ha intentado dar un enfoque muy general de este nuevo procedimiento similar, pero
no idéntico a la mediación civil y mercantil.NCuando decidí escribir este artículo sobre
Mediación Concursal hace unas semanas no
estaba que segura que conseguiría entrar a
la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia y
presentar mis solicitudes de inscripción tanto
en la sección primera del Registro, Inscripción
de mediador, persona física, como en la sección segunda del Registro, inscripción de mediadora concursal, persona física.La ley traslada a los registradores si se trata
de personas inscritas o inscribibles en el RM
y a los notarios en los demás casos en este
acuerdo extrajudicial una función fundamental al dar nombramiento de mediador
concursal y llevar a cabo todas las notificaciones y comunicaciones que sean necesarias a los distintos registros y organismos
públicos. También el notario en el momentofinal tiene la importante función de autorizar la escritura que solemnice los acuerdos
adoptados y el acta de final del acuerdo.OAnexomediante certificado en formato electrónico del respectivo Colegio Profesional.C- Su integración en alguna institución de
- Su inscripción en algún otro registro de
mediadores dependiente de otra Administración pública.
- En todo caso, deberán acompañarse los
documentos que acrediten el cumplimiento de alguna de las condiciones a que se
refieren los números 1.º y 2.º del apartado
1 del artículo 27 de la Ley Concursal
- Si estuviera colegiado podrá justificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos26El nuevo tratamiento fiscal
de las operaciones de capitalización
de deudas y de las quitas y esperas
Manuel Fernández González de Torres | Asesor Fiscal. Inspector de Hacienda del Estado en excedencia.El R.D.-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que
se adoptan medidas urgentes en materia de
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, publicado el 8 de marzo en el BOE,
establece una reforma con la finalidad de mejorar el marco legal preconcursal de los acuerdos
de refinanciación. Este marco legal constituye
una de las áreas más relevantes ya que, fruto
del consenso entre el deudor y sus acreedores,
con la pretensión de maximizar el valor de los
activos, evitando el concurso de la entidad, y la
reducción o aplazamiento de los pasivos. Para
ello el Real Decreto-ley 4/2004 realiza la modificación de diversos preceptos de la Ley Concursal, junto a ello y con la finalidad de establecer
un régimen fiscal adecuado de los acuerdo de
refinanciación y de los Convenios alcanzados
en los procesos Concursales, en las disposiciones finales 2ª y 3ª del citado Real Decreto- Ley
introducen determinadas modificaciones en el
Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto
sobre Trasmisiones Patrimoniales, que pasamos a analizar en estas líneas.a) Un nuevo régimen fiscal de las recapitalizaciones de deudas, estableciendo la ausencia de
tributación en los supuestos de capitalización
de deudas, salvo que las mismas hubieran
sido objeto de una adquisición derivativa por
el acreedor, por un valor distinto del nominal.
Señala la exposición de motivos que de esta
forma se recoge expresamente en la Ley un criterio que ya había sido admitido por la doctrina
administrativa para determinados supuestos
de capitalización de deudas entre entidades
vinculadas.FISCALIDAD/CONCURSALEn el Impuestos sobre Sociedades se establecen las siguientes modificaciones:b) Un nuevo criterio de imputación temporal
de los ingresos derivados de quitas y esperas,
acordadas de conformidad con la Ley Concursal, con el objeto de establecer un tratamiento
adecuado a la situación económica actual y
evitando que la fiscalidad pueda suponer un
obstáculo a las operaciones de refinanciación
en general.En el Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados.
En la disposición final 3ª del Real Decreto ley
4/2014 se amplía la exención en el citado impuesto a las escrituras públicas que contengan quitas u otras reducciones de préstamos
o créditos y demás obligaciones facilitando de
esta manera los acuerdos de refinanciación o
Las modificaciones citadas se introducen con
vigencia desde 1 de enero de 2014.
1) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
1.A) Operaciones de capitalización de deudas.
Se modifica el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 4/2004 que regula el tratamiento de
determinadas operaciones societarias y de las
adquisiciones y trasmisiones lucrativas, señalando que las operaciones de aumento de capital por compensación de créditos, se valorarán
fiscalmente por el importe de dicho aumento
desde el punto de vista mercantil, con indepen-dencia de cuál sea la valoración contable. Esta
nueva regla se introduce en el último párrafo
del apartado 1 del artículo 15 del Texto Refundido del Impuesto de Sociedades.
También se excluye de la aplicación de la regla
de valor de mercado, a la valoración de los elementos patrimoniales aportados a entidades y
a los valores recibidos en contraprestación en
las operaciones de capitalización de créditos,
con la modificación introducida en la letra b)
del apartado 2 del citado artículo 15.
La mención al importe de dicho aumento suscita la duda de si solo debemos considerar el
importe de la cifra de capital aumentado o también debería tenerse en cuenta el importe de la
prima de emisión, en caso de existir ésta. Más
adelante comentaremos esta circunstancia.
En el análisis de la operación de capitalización
de créditos debe distinguirse entre el tratamiento en sede de la sociedad deudora o prestataria
del correspondiente a la sociedad acreedora o
prestamista.27a) Sociedad deudora (prestataria).EJEMPLO 1
La nueva norma establece que en las operaciones de aumento de capital por compensación
de créditos se valorarán fiscalmente por el importe de dicho aumento desde el punto de vista mercantil, con independencia de cuál sea la
valoración contable.60.000a ingresos30.000EJEMPLO 2180.000I.F. a L/P en Instrumentos de Patrimonio
(60.000 acciones de 3 euros)30.000pérdidas en la valoración del crédito
a créditos a L/P 210.000Con anterioridad a 1 de enero de 2014 este ingreso contable se integraba en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, lo cualL
OEn estos casos, la empresa a la que se le condona el crédito no obtiene ningún ingreso en
la medida en que la empresa que lo condona
(aportante/ prestamista) tenga una participación de la matriz del 100% y esta participe a su
vez también en el 100% de la sociedad a la que
se le condona la deuda (receptora/prestataria)
en el supuesto a). Y en el supuesto b) que la
filial esté participada en el 100% por su matriz.CUb) Condonación de un crédito de una sociedad dependiente a su sociedad dominante.CEste ingreso contable por importe de 30.000
euros no será ingreso fiscal en la determinación de la base imponible de la sociedad B y,
por ello, en esta sociedad deberá efectuarse un
ajuste negativo sobre le resultado contable del
mismo importe. Esta diferencia deberá tener la
consideración de permanente.a) Condonación de un crédito concedido
por una sociedad dependiente a otra sociedad dependiente y/En este supuesto en la sociedad B el asiento
contable sería: (VER EJEMPLO 1)Un caso particular de estas situaciones es
cuando la operación de capitalización se producen entre empresas de grupo o vinculadas,
el ICAC en las consultas nº4 y nº5 del BOICAC
79/2009, a las que hace referencia la consulta
nº 4 del BOICAC 89/2012, establece su tratamiento contable distinguiendo entre:DSupongamos que la sociedad A otorgó un préstamo a la sociedad B por importe de 200.000€
a un plazo de 5 años pagadero mediante cuotas
mensuales de igual importe. Ante las dificultades de tesorería se torna problemático hacer
frente a las cuotas correspondientes, llegándose a un acuerdo con la sociedad A para convertir el préstamo en capital por lo que se amplia el
capital en 180.000 euros, mediante la emisión
de acciones de 3 euros (valor nominal 2 euros).
El valor contable del crédito en el momento de
la ampliación es de 210.000 euros.determinaba el agravamiento de la situación
delicada que atravesaban las empresas que
efectuaba la capitalización de determinadas
deudas.AEJEMPLO.(2) Por ejemplo la cuenta 663 Pérdidas en la valoración de instrumentos financieros a valor razonable.F(1) Esta cuenta podría ser por ejemplo la 763 “ beneficios en la valoración de instrumentos financieros a valor razonable”.Por simplicidad recogemos el asiento de forma directa prescindiendo de las cuentas y movimientos que deben figuran en la contabilización de esta operación.ISCAConforme a la nueva redacción del artículo
15 de la Ley del Impuestos sobre Sociedades,
este ingreso contable no será ingreso fiscal y,
por ello, deberá efectuarse el correspondiente
ajuste extracontable negativo, que tendrá la naturaleza de diferencia permanente.a prima de emisiónDContablemente conforme al PGC y al criterio
administrativo del ICAC plasmado, en particular, en la consulta nº4 del BOICAC 89/2012, la
sociedad deberá reconocer un incremento de
sus fondos propios por el valor razonable de la
deuda que se va a dar de baja, y contabilizará
un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias por la diferencia entre el valor razonable y
el valor nominal de la deuda que es objeto de
capitalización.120.000ILa forma en que se ha introducido esta modificación nos parece poco clara, por ello, requiere
de una interpretación para su aplicación. No
obstante, la exposición de motivos del Real Decreto Ley es sumamente clara al señalara con
rotundidad lo que la norma pretende, que no
es sino, como ya hemos señalado, establecer
la ausencia de tributación en el Impuesto sobre
Sociedades, en los supuestos de capitalización
el acreedor, por un valor distinto del nominal.préstamos a L/P a capital socialLParece que la norma se decanta en estos supuestos por valorar el crédito por el importe
del capital ampliado en la correspondiente escritura pública, entendemos que incluyendo, en
su caso, la prima de emisión correspondiente.
De esta forma se pretende que la empresa
deudora (prestataria) no tenga que integrar en
su base imponible ingreso alguno, en los supuestos en que el valor del capital recibido y,
en su caso, de la prima de emisión, que deberá
coincidir con el valor razonable de la deuda, sea
inferior al nominal de la deuda contabilizada,
deuda ésta que va a desaparecer con la compensación derivada de la ampliación del capital
de la sociedad.210.00028Las operaciones a las que se refiere la consulta
son operaciones equivalentes a lo que sucede
con las ampliaciones de capital por compensación de créditos y, por ello, tienen un tratamiento contable idéntico. El criterio contable ha sido
asumido por la Dirección General de Tributos
en diversas consultas, en particular, cabe citar
las consultas V2941-13 y V3074-13.
Debe destacarse que en las consultas antes
referidas se señala que la realidad económica
en este tipo de transacciones, tal como precisa el PGC 2007 para el supuesto dominantedependiente, es una operación distribución/
recuperación y aportación de fondos propios,
que en el supuesto de que se acuerde entre
sociedades dependientes necesariamente afectará a las cuentas de la sociedad dominante o,
en su caso, de la persona física o jurídica que
ejerza la dirección única. Con este criterio sobre
el tratamiento contable de estas operaciones
se planteaba la duda, de si en el caso de que el
papel de la sociedad dominante lo representase una persona física, cabría considerar que podría producirse una distribución de dividendos
en especie a favor de esta persona física que
pudiera proyectar sus efectos en el ámbito del
IRPF del socio o socios que ejerciese la dirección única de un grupo de empresa, tema que
tenía su evidente trascendencia y que generaba una evidente preocupación, pero con buen
criterio la Dirección General de Tributos, en
dichas contestaciones señala claramente que
cuando se trata de socios personas físicas, con
carácter general, la condonación del préstamo
no producirá efectos en el IRPF de los mismos,
debido a que los socios son ajenos al préstamo
efectuado entre sus sociedades.En el caso de que estemos en sede de la sociedad acreedora o prestamista, la modificación
consiste en que en el supuesto de aumento de
capital por compensación de créditos, el valor
de los créditos aportados y el de los valores recibidos en contraprestación, se excluyen de la
regla de valoración a valor de mercado y que en
estos casos, la entidad transmitente integrará
en su base imponible la diferencia entre el importe del aumento de capital, en la proporción
que le corresponda, y el valor fiscal del crédito
En este caso también es necesario interpretar
la norma considerando que por entidad transmitente debe de entenderse que es la entidad
acreedora o prestamista, que es la que transmi-añosanualidad1
243,89interéscuota70,00
219,45173,89
1.000,00capital
0,00CUADRO 2años
5% gastos Financieros
7,27%te el crédito a la entidad deudora o prestataria
en contraprestación de las acciones o participaciones recibidas derivadas de la ampliación
En esta operación en la medida que exista una
diferencia positiva entre el importe de capital
que se amplia y el valor fiscal del crédito se producirá un ingreso computable en la base imponible de la sociedad acreedora o prestataria.
Esta situación normalmente se producirá en el
caso de sociedades acreedoras que hayan adquirido el crédito por un precio de adquisición
El tratamiento contable de esta operación también se recoge en la consulta nº4 del BOICAC
89/2012, antes citada, siguiendo el ejemplo
planteado en el apartado a) anterior tendríamos en la sociedad acreedora/prestamista el
siguiente asiento: (VER EJEMPLO 2)
Esta pérdida de 30.000 euros representa la diferencia entre el valor razonable del crédito, que
se corresponde con el importe del aumento de
capital y, en el ejemplo señalado, de la prima de
emisión. Se plantea el dilema de si esta pérdida
tendrá la consideración de gasto fiscalmente
deducible por la forma en como se redactan las
modificaciones efectuadas en el artículo 15.
Por una parte, tanto el valor de los créditos
aportados como el de los valores recibidos en
contraprestación, se excluyen de ser valorados
a mercado. Parece que ambos activos deben
de valorarse de forma equivalente y esta valoración, que no es la de mercado, debería ser la del
importe del aumento desde el punto de vista
mercantil. Esto lo deducimos de lo señalado enFISCALIDAD/CONCURSALb) Sociedad acreedora (Prestamista).CUADRO 1(3) Cuado el crédito se adquirió a un titular o propietario anterior.Imputación Quita
500,00el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 15
Siguiendo este planteamiento en la conversión
en sede del prestamista/ acreedor no determinaría resultado negativo a integrar en la base
imponible, de la misma forma que la conversión de la deuda en capital no determina la
existencia de un resultado positivo a integrar en
la base imponible, de la sociedad acreedora o
prestataria, cuando el valor razonable de la ampliación de capital y, en su caso de la prima, es
inferior, al valor razonable de la deuda en sede
del prestatario/deudor.
En el ejemplo, anterior si valoramos el crédito
por el importe del aumento desde el punto de
vista mercantil, fiscalmente, no existiría una pérdida a integrar en la base imponible y de haberse
registrado contablemente la misma, se debería
de ajustar aumentando el resultado contable en
su importe a los efectos de determinar la base
imponible. Es decir, que el caso de adquisición
originaria del crédito, cuando el prestamista/
acreedor es el titular o propietario del crédito en
su origen, porque efectuó la prestación, la entrega del dinero, la conversión de su crédito en
capital no generará un supuesto de tributación
positivo o negativo. Luego en el ejemplo planteado la pérdida contable que se deriva de la conversión del crédito adquirido de forma originaria
no sería gasto fiscalmente deducible.
Solo en el caso de adquisición derivativa3, término empleado, en la exposición de motivos
del Real Decreto Ley, en la que el valor fiscal del
crédito fuese inferior al importe del aumento
desde el punto de vista mercantil cabría computar un resultado fiscal en la base imponible.29En el supuesto de que el importe del ingreso a
que se refiere el párrafo anterior sea superior
al importe total de gastos financieros pendien-L
CEn el primer caso el ingreso correspondiente al
registro contable de quitas y esperas se imputará en la base imponible del deudor a medida
que proceda registrar con posterioridad gastos
financieros derivados de la misma deuda y hasta el límite del citado ingreso.(b) Si las condiciones no son sustancialmente
diferentes: no se dará de baja el pasivo financiero original, registrando, en su caso, el importe
de las comisiones pagadas como un ajuste en
su valor contable. Se calculará un nuevo tipo de
interés efectivo, que será el que iguale el valor
en libros del pasivo financiero en la fecha de
modificación con los flujos de efectivo a pagar
según las nuevas condiciones./En el Real Decreto Ley 4/2004 que comentamos se establece una nueva regla de imputación temporal de ingresos, aplicable en los
casos de quitas y esperas acordadas en el marco de la Ley Concursal, que se incorpora en el
apartado 14 del artículo 19 del Real Decreto Legislativo 4/2004. En la nueva regla de imputación temporal diferida hay que distinguir entre
los supuestos en los que el ingreso correspondiente a la quita y espera no supere los gastos
financieros pendientes de registrar derivados
de la misma deuda o si los superen.(a) Si las condiciones son sustancialmente diferentes: se dará de baja el pasivo financiero
original y se reconocerá el nuevo pasivo por su
valor razonable. La diferencia se contabilizará
como un ingreso en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio, minorado, en su caso,
en el importe de los costes de transacción
atribuibles. Dicho resultado se mostrará en el
margen financiero debiendo crear la empresa
una partida específica con adecuada denominación si su importe es significativo. A tal
efecto, se propone la siguiente denominación:
“Ingresos financieros derivados de convenios de
acreedores”.Por tanto, en este segundo caso no hay que reflejar contablemente ingreso alguno.A
S–La compensación de bases imponibles negativas está limitada al 25 por ciento de la base imponible previa a dicha compensación, cuando en esos doce meses el importe neto de la cifra
de negocios sea al menos sesenta millones de euros.I–La compensación de bases imponibles negativas está limitada al 50 por ciento de la base imponible previa a dicha compensación, cuando en esos doce meses el importe neto de la cifra
de negocios sea al menos de veinte millones de euros pero inferior a sesenta millones de euros.F(4) Recordemos que esta limitación se establece para los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2014 ó 2015, en la compensación de bases
imponibles negativas a que se refiere el artículo 25 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades se tendrán en consideración las siguientes especialidades:LIEn cualquier caso parece que puede existir un
cierto conflicto entre la claridad de la exposición de motivos y la redacción de las modificaciones introducidas en el artículo 15 de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades. Y por ello, la
duda es si la capitalización de deudas originarias puede o no puede generar tributación en
el Impuesto sobre Sociedades en sede de la
sociedad prestamista o acreedora.El tratamiento fiscal de las quitas ha suscitado
una cierta problemática en torno a si el beneficio derivado de la quita o de la espera debería
de reconocerse e imputarse en el ejercicio en
que se acuerda o en los ejercicio en los que se
fuera ejecutando el contrato de préstamo5. Con
el nuevo Plan General de Contabilidad y la interpretación realizada por el ICAC y siguiendo
la misma la doctrina del la Dirección General
de Tributos se consideró que este beneficio debería ser reconocido como ingreso contable y
fiscal en el ejercicio en que se aprobara la quita
en el correspondiente Convenio de Acreedores.El tratamiento contable de quitas y espera se
explica en la consulta nº1 del BOICAC 76/2008,
el ICAC de acuerdo con la norma de registro
y valoración 9ª. “Instrumentos financieros” del
Plan General de Contabilidad, señala que en estos casos la sociedad deudora deberá proceder
a determinar si la condiciones de los dos pasivos el previo y el acordado son sustancialmente diferentes, se considerarán que los contratos
son sustancialmente diferentes cuando el valor
actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas
cobradas o pagadas, sea diferente, al menos en
un diez por ciento del valor actual de los flujos
de efectivo remanentes del pasivo financiero
original, actualizados ambos al tipo de interés
efectivo de éste. Por tanto hay que distinguir:DDe las diferente alternativas puede ser defendible considerar en el primer caso, adquisición
originaria del crédito, que se produce una pérdida fiscal de 30.000 y en el segundo caso,
adquisición derivativa del crédito, lo que se
produce es una ganancia fiscal de 50.000. Aunque también puede ser razonable considerar la
existencia de neutralidad fiscal en la operación
de conversión en sede de la sociedad prestamista o acreedora que haya adquirido de forma
originaria el crédito.El tratamiento de las quitas y esperas durante
el 2013 ya se modificó por la Ley 16/2013, de
29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas
tributarias y financieras, al establecer que la
limitación a la compensación de bases imponibles negativas4 no resultará de aplicación
en el importe de las rentas correspondientes
a quitas consecuencia de un acuerdo con los
acreedores no vinculados con el sujeto pasivo,
aprobado en un período impositivo iniciado a
partir de 1 de enero de 2013.tes de registrar, derivados de la misma deuda,
la imputación de aquel en la base imponible
se realizará proporcionalmente a los gastos
pendientes de registrar derivados de la misma
deuda.APor otra lado, también podría entenderse que
en sede del prestamista/ acreedor deberá integrase en todo caso el resultado, sea éste positivo o negativo, es decir, la diferencia entre
el importe del aumento de capital, en la proporción que le corresponda, y el valor fiscal
del crédito capitalizado, en los términos que
señala el apartado tres del artículo 15 de la Ley
del Impuesto. En los ejemplos antes señalados
determinaría en el primer caso una pérdida de
30.000 (180.000 – 210.000) si consideramos
tanto el importe de capital como el de la prima
de emisión o una pérdida de 90.000 (120.000210.000) si solo consideramos el importe del
capital y en el caso de adquisición derivada
del crédito una ganancia de 50.000 (180.000130.000) o una pérdida de -10.000 (120.000130.000) según entendamos la aplicación de la
norma.1.B) Quitas y esperas.DEn el ejemplo anterior si el crédito fue adquirido de un primer titular, adquisición derivada,
por un importe, por ejemplo, de 130.000 euros,
la conversión del mismo determinaría una renta positiva, entendemos, de 50.000, diferencia
entre 180.000 y 130.000 o teniendo en cuenta
la literalidad del apartado 3 del citado artículo
15, de una pérdida o renta negativa de 10.000,
diferencia entre el importe del capital ampliado,
correspondiente a la participación en el mismo
y el valor fiscal del crédito.(5) Esta problemática esta muy bien descrita en el artículo de Miguel Wert Ortega “ Tratamiento Fiscal y Contable de los Convenios de acreedores” Instituto de Estudios Fiscales.302) Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.EJEMPLO.
Supongamos que los contratos son sustancialmente diferentes y que el cuadro de amortización de la nueva deuda es el siguiente: (VER
Suponemos dos situaciones:
a) La quita es de un importe de 200.
En el año en que se clebre el convenio se reflejará el ajuste negativo por importe de 200, al tratarse de un ingreso contable que no representa
un ingreso fiscal en este ejercicio. En los años
posteriores se efectuaran los siguientes ajustes:R
D/CONCU(VER CUADRO2)
En el año en que se perfeccione el convenio se
reflejará el ajuste negativo por importe de 500,
al tratarse de un ingreso contable que no representa un ingreso fiscal en este ejercicio6. En los
años posteriores se efectuaran los siguientes
ajustes:A
CDe los comentarios anteriores entendemos que
se pueden extraer, en particular, las siguientes
conclusiones:Año 1, +159,49
Año 2, +131,75
Año 3, + 102,08
Año 4, +70,33
Año 5, +36,351) Consideramos como muy adecuada la
modificaciones normativas realizadas por
el Real Decreto Ley , especialmente, en el
Impuesto sobre Sociedades, equiparando
el tratamiento en la sociedad acreedora
de la recapitalizaciones de deudas que
se consideraba aplicable por el criterio
administrativo a las entidades vinculadas
evitando la tributación de este tipo de operaciones en sede de la entidad prestamista
o acreedora.
2) La modificación en el Impuesto sobre
Sociedades no alcanza al resultado positivo que pueda obtener el acreedor o pres-FIS3) Conclusiones:b) La quita es de un importe de 500.SALAño 1, +70
Año 2, +57,83
Año 3, + 44,80
Año 4, +27,37Se modifica el número 19 de la letra B) del
apartado I del artículo 45 del texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1993, de 24 de septiembre, estableciendo que
las escrituras que contengan quitas o minoraciones de las cuantías de préstamos, créditos
u otras obligaciones del deudor que se incluyan en los acuerdos de refinanciación o en los
acuerdos extrajudiciales de pago establecidos
en la Ley Concursal, siempre que, en todos los
casos, el sujeto pasivo sea el deudor.(6) Por simplicidad suponemos que la quita se acuerda el último día del ejercicio.tamista en la capitalización de su crédito
cuando lo haya adquirido de forma derivada con un descuento. Entendemos que
sería razonable aplicar también en estos
casos la regla de neutralidad fiscal, que
este canje no estuviera sujeto a tributación, teniendo en cuenta las incertidumbres futuras que supone apostar por un
proyecto empresarial que estando en crisis
se pretende apoyar con la conversión de la
deuda en capital.
3) El tratamiento de la regla de imputación
temporal en las quitas y esperas solo se extiende a las situaciones concursales y esto
es limitativo considerando que debería se
de aplicación a otra situaciones idénticas al
margen de procesos concursales. Estas situaciones participan de las características
de las operaciones a plazo y, por ello, con
independencia de cual sea su tratamiento
contable, fiscalmente, debería convertirse
o integrarse en base imponible a medida
que se van ejecutando o produciendo en
4) Las modificaciones del artículo 15 entiendo que no son lo suficientemente claras, especialmente, en el tratamiento en
sede de la entidad prestamista/acreedora, si tenemos en cuenta la claridad de la
exposición de motivos de la norma, en la
que se señala la no tributación de las operaciones de capitalización de deudas salvo en los casos de conversión de deudas
derivadas. Por ello será muy importante la
doctrina administrativa que vaya fijando la
Dirección General de Tributos.31Medidas fiscales IX lesgistaltura
Pedro Pérez Eslava | Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.Próximo ya el último año de vigencia de la novena legislatura de la historia
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, resulta buen momento para hacer un repaso
de las medidas fiscales más relevantes adoptadas en este periodo en el ejercicio
de las competencias normativas de la C.A. de Cantabria.D
LEn el Impuesto sobre el Patrimonio, se recoge
expresamente el mínimo exento ya señalado
por el Real-Decreto Ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto
sobre el Patrimonio, con carácter provisional yADesde el punto de vista de la tributación propia, se adoptaron modificaciones que tenían
por objeto principal actualizar los medios de
pago de los recursos autonómicos recogidos
en el propio texto legal armonizándolos con
los regulados en el artículo 34 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación. Asimismo se llevaron a cabo modifica-CSe actualizaron con carácter general los tipos
de cuantía fija de las tasas de la Hacienda Publica Autonómica hasta el importe que resulte
de la aplicación del coeficiente 1,03 a la cuantía exigible durante el ejercicio 2011.
En el ámbito de los tributos cedidos cabe destacar las siguientes decisiones:En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, además de correcciones técnicas para facilitar la
aplicación de los preceptos contenidos en el
Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio,
Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado, se recogen tipos
impositivos reducidos, tanto en la modalidad
de transmisiones patrimoniales onerosas
como en actos jurídicos documentados, a favor de jóvenes empresarios, menores de 36
años, cuyas sociedades mercantiles adquieran bienes inmuebles. Esta medida tenía por
objeto facilitar que los jóvenes emprendedo-S1.- La Ley de Cantabria 5/2011, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.se modifica el tipo de gravamen aplicable adaptándolo al regulado por la normativa estatal.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se recogen diversas modificaciones de
tipo formal para evitar incoherencias y errores
de interpretación de la norma.Iciones competenciales para redundar en una
mayor eficiencia administrativa así como la
adaptación del concepto de tasa a la definición del artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, según redacción dada por la Disposición Final quincuagésima octava de la Ley 2/2011, de 4 de marzo,
de Economía Sostenible.FCinco han sido las leyes, impulsadas por el
Gobierno y aprobadas por el Parlamento de
Cantabria, que constituyen el marco normativo sobre el que se sustentan las medidas
fiscales adoptadas en esta legislatura. Por lo
tanto, conviene analizar cada una de aquellas
individualmente para desgranar las medidas
implantadas.32res de Cantabria puedan constituir en nuestra región tanto su domicilio fiscal como su
Asimismo, se recogen tipos reducidos para la
transmisión onerosa de explotaciones agrarias a las que sea aplicable el régimen de incentivos fiscales de la Ley 9/1995, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
Respecto a los juegos de suerte, envite o azar
se realiza una modificación en cuanto a la
base imponible del tributo en el caso del juego del bingo, al objeto de modernizar técnicamente su regulación, pasando a estar conformada por la diferencia entre el valor facial de
los cartones adquiridos y las cantidades satisfechas a los jugadores por sus ganancias. En
el mismo sentido se procede a actualizar el
tipo de gravamen y su aplicación adaptándolos al nuevo formato de base imponible.
Por último, y a través de la Disposición Derogatoria Segunda se deroga de forma expresa,
y con efectos a 31 de diciembre de 2011, el
Impuesto sobre bolsas de plástico de un solo
2.- Ley de Cantabria 1/2012, de 12 de enero,
por la que se modifica el texto refundido de
la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por
Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio.
La novedad más relevante que aporta la presente Ley viene dada por la supresión de las
deducciones aplicables en función de los
tramos de base imponible con el límite de
325.000 € y su sustitución por una bonificación general del 99% aplicable a todas las adquisiciones mortis causa de los grupos I y II.3.- Ley de Cantabria 2/2012, de 30 de mayo,
de Medidas Administrativas, Económicas
y Financieras para la ejecución del Plan de
Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.FISCALIDADPor otra parte, a través de este texto legal, se
incrementan y flexibilizan tanto la reducción
de la base imponible en las transmisiones de
empresas familiares, como la bonificación en
las donaciones de dinero metálico a descendientes destinadas a la adquisición o creación
de una empresa.En esta Ley, en materia de tributos propios,
se prevé la subida de un 30% de la parte fija
y parte variable (tanto de la tarifa doméstica
como de la tarifa industrial) del canon de
saneamiento. Y el incremento de un 30% dela Tasa de Tratamiento de Residuos Sólidos
Por lo que respecta a los tributos cedidos,
se fija el tipo de gravamen autonómico en
el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos, impuesto de
naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y querosenos. El tipo autonómico de devolución de
este Impuesto para el gasóleo de uso profe-sional -transportistas y taxistas será del cien
por cien, y no se aplicará al gasóleo de usos
especiales y de calefacción.
4.-La Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
En el ámbito de los tributos propios, se procede a la modificación de la Ley de Cantabria 2/2002, de 29 de abril, de Saneamiento33y Depuración de las Aguas Residuales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, actualizándose el componente fijo y el componente
variable del canon con el fin de ajustar las
tarifas al coste real del servicio prestado conforme a lo que la normativa comunitaria prescribe sobre la materia, y que aparece recogido
en el Anexo II de la ley.
Respecto a las demás tasas aplicables por el
resto de las Consejerías, se procede a actualizar con carácter general los tipos de cuantía
fija de las tasas de la Hacienda Publica Autonómica hasta el importe que resulte de la aplicación del coeficiente 1,05 a la cuantía exigible
El segundo capítulo del título I está dedicado
a las normas reguladoras de los tributos cedidos. Así, algunas de las modificaciones incorporadas en esta Ley tienen como único objetivo adaptar nuestra normativa autonómica a
la normativa estatal ya que ésta, a su vez, se
ha modificado. Este es el caso de los cambios
introducidos en el Impuesto Especial sobre
Hidrocarburos.Las cantidades satisfechas en el ejercicio y
no deducidas por exceder del límite, podrán
deducirse en los dos ejercicios siguientes, en
embargo, en ningún caso darán derecho a la
aplicación de esta deducción, las cantidades
satisfechas por las que el contribuyente tengaD
IAsí, los incrementos en los tipos impositivos
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados tienen esta
finalidad. De este modo, el tipo general pasa el
7 al 8% y los tipos especiales del 8 al 10% en los
supuestos de transmisión de bienes inmuebles
y derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los de garantía, cuyo valor supere
los 300.000 €. Lo mismo ocurre con las plazas
de garaje de valor superior a 30.000 €.LLa deducción tendrá un límite de 1.000 euros
en tributación individual y 1.500 en tributación conjunta. Estos límites se incrementarán
en 500 euros cuando el contribuyente sea una
persona con discapacidad y acredite un grado
de minusvalía igual o superior al 65%.Ac) La utilización de energías renovables,
la seguridad y la estanqueidad, y en particular: trabajos de albañilería, sustitución
de instalaciones de electricidad, agua,
gas; carpintería metálica, carpintería de
de madera, mobiliario conexo u otros
suministros que favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas, además de
los términos previstos en el Real Decreto
2066/2008, de 12 de diciembre, por el
que se regula el Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012.La obtención de ingresos suficientes para
sufragar las necesidades de gasto es otro de
los objetivos que persiguen una parte de las
modificaciones fiscales de esta Ley.Cb) La mejora de la eficiencia energética,
la higiene, salud y protección del medio
ambiente.La base de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas, mediante
tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o
entidades que realicen tales obras. En ningún
caso, darán derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal.Igualmente, la deducción por inversión en
la adquisición de acciones y participaciones
sociales de nuevas entidades o de reciente
permite deducir el 15% de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición
de acciones o participaciones sociales como
consecuencia de acuerdos de constitución de
sociedades o de ampliación de capital en las
sociedades mercantiles que revistan la forma
de Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de Responsabilidad Limitada
Laboral, con el límite de 1.000 euros anuales
y previo cumplimiento de los requisitos descritos en el artículo 2.6 del Decreto Legislativo
62/08, de 19 de junio.Sa) Una rehabilitación calificada como tal
por la Dirección General de Vivienda del
Gobierno de Cantabria.No darán derecho a practicar esta deducción
las obras que se realicen en viviendas afectadas a una actividad económica, plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos.derecho a practicarse la deducción por inversión en vivienda habitual.IPor una parte, la deducción por obras realizadas en viviendas permite deducir un 15% de
las cantidades satisfechas en obras realizadas
en cualquier vivienda de su propiedad o en el
edificio en la que ésta se encuentre, siempre
que tengan por objeto:d) Así como por las obras de instalación
de infraestructuras de telecomunicación
que permitan el acceso a Internet y a servicios de televisión digital en la vivienda
del contribuyente.FOtros cambios introducen medidas fiscales
destinadas a reactivar la economía incidiendo
sobre aquellos sectores más afectados por
la crisis económica. Las dos nuevas deducciones que se incluyen en el IRPF tienen esta
finalidad.34La última tanda de modificaciones que se
plantea tiene que ver con el aspecto organizativo, consiguiendo una mayor eficiencia en
la prestación de los servicios tributarios a los
contribuyentes. En este sentido, se crea una
tasa por valoración previa de inmuebles que
el contribuyente que solicite la valoración se
podrá deducir en la correspondiente declaración impositiva que realice a la Comunidad
5.- La Ley de Cantabria 10/2013, de 27 de
En este caso se procede a la modificación de
la Ley de Cantabria 2/2002, de 29 de abril, de
Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, incrementando el componente fijo y el
componente variable del canon con la aplicación del coeficiente 1,01 a la cuantía exigible
durante el ejercicio 2013 y que aparece recogido en el Anexo II de la ley.
Igualmente, en el ámbito de la tributación
propia, se actualizan con carácter general
los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda Publica Autonómica hasta el importe
que resulte de la aplicación del coeficiente
1,01 a la cuantía exigible durante el ejercicio
2013.En este sentido, cabe destacar que a través
del artículo 2 del Decreto legislativo 62/08 de
19 de junio, el artículo se rebaja el tipo más
bajo de la escala autonómica en un punto,
pasando del actual 12% al 11% en 2014, es
decir, que todos los contribuyentes, por sus
primeros 17.707,2 euros declarados, pagarán
un 1% menos.FISCALIDADPor lo que respecta a los tributos cedidos, el
conjunto de medidas las podemos agrupar en
3 bloques: las medidas destinadas a fomentar
el consumo e inversión de los ciudadanos, las
destinadas a fomentar la actividad empresarial y, en ultimo lugar, aquellas que profundizan en la lucha contra el fraude.
Dentro de las modificaciones que pretenden
incentivar el consumo y la inversión están
algunas de las efectuadas en el IRPF, tales
como rebajar la tarifa o incrementar los mínimos familiares de este impuesto.Por otra parte, el establecimiento de un tipo
reducido en el ITP para la compra de viviendas que se van a rehabilitar se encuentra también en este grupo de medidas, aunque va
más dirigida a fomentar la inversión en lugar
del consumo. De este modo, se aprueba unnuevo tipo reducido del 5% en Transmisiones
Patrimoniales para viviendas que vayan a ser
rehabilitadas en un plazo inferior a 18 meses
Para fomentar y mantener la actividad empresarial se incluyen tres medidas en tres
impuestos diferentes. En el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones se flexibilizan los requisitos exigidos para aplicar la desgravación
del 99%, en la transmisión de empresas familiares tanto por herencia como por donación.
Igualmente para facilitar la concesión de avales por parte de las Sociedades de Garantía
Reciproca se establece un tipo reducido en la
para las operaciones en las que estas sociedades actúen como sujeto pasivo.
La fijación de un tipo reducido de tributación
para las máquinas recreativas que se encuentren en baja temporal, así como en determinados supuestos relativos a las máquinas tipo
C o de azar, la reducción del tipo aplicable al
juego del bingo o la reducción del tramo más
bajo de la tarifa aplicable a los casinos, son
también fórmulas eficaces para mantener la
actividad económica y el empleo, todas ellas
condicionadas al mantenimiento de plantilla
neta durante el año 2014.
La lucha contra el fraude es un objetivo continuo en las actuaciones del Gobierno de Can-tabria tanto desde el punto de vista coercitivo
como incentivando un comportamiento más
leal de los ciudadanos con la administración
tributaria. En esta línea, la Ley 10/2013, de 27
de diciembre incorpora una deducción del
10% de los gastos y honorarios profesionales
abonados durante el año por razones de enfermedad, salud dental, nacimiento de hijos,
accidentes e invalidez con el límite anual de
500 euros en tributación individual y 700 en
conjunta. Asimismo, incluye una deducción
del 5% de las cantidades pagadas durante el
año en concepto de cuotas a seguros médicos o mutualidades no obligatorios, con el
límite anual de 200 euros en tributación individual y 300 en conjunta.
En ambas deducciones, el límite se incrementará en 100 euros si el contribuyente tiene una
discapacidad igual o superior al 65%. En tributación conjunta, el incremento es de 100 € por
contribuyente con dicha discapacidad. Por último, y precisamente como ejemplo de lucha
contra el fraude, se establece que en ningún
caso darán derecho a practicar estas deducciones las cantidades satisfechas mediante
entregas de dinero en efectivo o sin justificación de factura.
Por último, esta Ley reduce un 50% el gravamen del tramo autonómico del Impuesto
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