Source: http://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2019/01/03/reglamentacion-articulo-85-de-la-constitucion-nacional/
Timestamp: 2019-08-25 07:56:16+00:00

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Reglamentación artículo 85 de la Constitución Nacional | Carla PITIOT DIPUTADA
Expediente 7578-D-2018
Artículo 1º. La presente ley tiene por objeto regular el Sistema de Control Externo del Sector Público Nacional y reglamentar el artículo 85 de la Constitución Nacional, en lo que respecta a la creación y el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación.
TÍTULO III: DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Naturaleza jurídica. Estructura. Patrimonio. Domicilio.
Artículo 2º. Carácter y naturaleza jurídica de la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación es el ente rector del Sistema de Control Externo del Sector Público Nacional. Es un organismo de asistencia técnica del Congreso de la Nación que actúa con personería jurídica propia, autonomía funcional e independencia financiera. Intervendrá en jurisdicción del Poder Legislativo para cumplir las funciones que le asigna el artículo 85 de la Constitución Nacional y las demás que le atribuye la presente ley. Se relaciona con el Congreso de la Nación a través de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Artículo 3º. Estructura. La estructura orgánica, distribución de funciones, reglamento interno, normas básicas internas y las normas técnicas y profesionales de funcionamiento, serán establecidos por la propia Auditoría General de la Nación, de conformidad con los principios, objetivos y modalidades de control que emergen del artículo 85 de la Constitución Nacional, de la presente ley y de las prácticas y normas nacionales e internacionales generalmente aceptadas en auditorías gubernamentales.
Artículo 4º. Patrimonio. El patrimonio de la Auditoría General de la Nación estará compuesto por todos los bienes y derechos que posea a la fecha de sanción de la presente ley, los que le asigne el Estado Nacional y aquellos que le sean transferidos o adquiera por cualquier causa jurídica.
Artículo 5º. Domicilio Legal. La Auditoría General de la Nación tiene su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Competencia. Plan de Acción Anual. Funciones. Facultades.
Artículo 6º. Competencia. Sector Público Nacional.
f) Entes interjurisdiccionales en los que la Nación sea parte;
g) Entidades financieras públicas;
j) Instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional a través de sus jurisdicciones o entidades;
k) Las Universidades Nacionales;
l) Los fondos administrados por provincias, municipios, entes interjurisdiccionales y personas jurídicas de derecho privado por los cuales el Estado Nacional hubiera asumido alguna obligación directa o indirecta en los términos del artículo 58 de la Ley 24.156 o haya realizado transferencias a favor de estas;
m) Los aportes públicos y privados, así como también los gastos implicados en campañas electorales nacionales;
n) Todo otro organismo cuya ley de creación prevea el control de la Auditoría General de la Nación.
Artículo 7º. Competencia. Entidades de derecho privado.
e) Personas jurídicas de derecho privado adjudicatarias de concesión de servicios públicos respecto del cumplimiento de las obligaciones emergentes de los respectivos contratos;
f) Entes cooperadores con los que la Administración Pública Nacional hubiera celebrado o celebre convenios que tengan por objeto la cooperación técnica y/o financiera con organismos estatales;
g) Las obras sociales comprendidas en el artículo 1º de la Ley 23.660, cualquiera sea su naturaleza, así como cualquier otra organización similar prevista en leyes especiales.
Artículo 8º. Plan de Acción Anual.
El Plan de Acción Anual establece las metas y objetivos de la Auditoría General de la Nación para cada ejercicio como así también los plurianuales, fundados en estándares internacionales en la materia, tales como el riesgo, materialidad, agregación de valor, vulnerabilidad y significación social, económica, financiera, e interés parlamentario.
A los efectos de que el Plan incorpore propuestas de la sociedad civil, se utilizará el mecanismo de consulta ciudadana de Planificación Participativa, de acuerdo a los estándares internacionales que sugiere la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS) y los lineamientos básicos de la rendición de cuentas de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
Artículo 9º. Trámite de aprobación del Plan de Acción Anual
El Plan de Acción Anual, elaborado por la Auditoría General de la Nación en los términos precedentes, deberá ser remitido a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas antes del 1° de Octubre del año anterior.
El tratamiento deberá realizarse dentro de los 30 (treinta) días corridos de la recepción, caso contrario se entenderá por validado el Plan propuesto.
Artículo 10º. Funciones. Son funciones de la Auditoría General de la Nación:
a) Intervenir en el trámite de aprobación de la Cuenta de Inversión, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 58 y 59 de la presente ley;
c) Realizar auditorías contable- financieras, de legalidad, de gestión, integrales e integradas, exámenes especiales de las jurisdicciones y/o entidades bajo su control, así como las evaluaciones de programas, proyectos y obras;
La Auditoría General de la Nación interviene en el procedimiento de formulación del Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración a través de la elaboración de un informe sobre la razonabilidad del proyecto que el Poder Ejecutivo debe presentar en los términos del art. 26 de la Ley 24.156. El informe es expuesto ante las Comisiones de Presupuesto de ambas Cámaras al momento del tratamiento del proyecto a través de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas; debe ponderar los antecedentes generados por las Cuentas de Inversión de períodos anteriores y contener opinión sobre los siguientes aspectos:
Artículo 12º. Facultades de la Auditoría General de la Nación.
f) Exigir la colaboración de todas las entidades auditadas y de sus contratistas en todo lo relacionado con el objeto de la auditoría, las que estarán obligadas a suministrar los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de sus funciones.
Artículo 13. Autoridades. La máxima autoridad de la Auditoría General de Nación es el Colegio de Auditores Generales, compuesto por seis (6) auditores generales y un (1) presidente.
Artículo 14. Presidente. Designación. Duración del Mandato. El Presidente de la Auditoría General de la Nación será designado por el partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso de la Nación, de acuerdo al artículo 85 de la Constitución Nacional. El Presidente de la Auditoría General de la Nación durará en el cargo 4 (cuatro) años, en concordancia con el mandato presidencial, el que se reducirá en caso de que el mismo se superponga con un mandato presidencial del partido político que lo propuso, cualquiera fuere la razón, y podrá ser reelegido por 1 (un) mandato más.
Artículo 15. Procedimiento de selección del Presidente de la Auditoría General de la Nación. El presidente del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso de la Nación deberá proponer el nombre y antecedentes curriculares del candidato a ocupar el cargo de Presidente de la Auditoría General de la Nación.
a) Una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge o conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos, en los términos y condiciones que establece el artículo 6° de la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública y su reglamentación, o la normativa que en su futuro la reemplace.
b) Una declaración que incluya la nómina de personas jurídicas públicas y privadas que integre o haya integrado en los últimos ocho (8) años, los estudios laborales profesionales a los que perteneció o pertenece, la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos ocho (8) años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes, y en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, hermanas y/o hermanos, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses.
El nombre del candidato, como sus antecedentes y las declaraciones juradas, deberán ser publicados en el sitio web del partido político, de la Auditoría General de la Nación y de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de circulación nacional durante cinco (5) días.
Una vez finalizado el plazo, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas deberá abrir, durante los diez (10) días hábiles posteriores, un proceso de recepción de apoyos e impugnaciones de ciudadanos en general, organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos. Las presentaciones deberán realizarse de manera escrita y estar fundadas. Se presentarán ante la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que llevará el registro y publicará el listado en su sitio web, estando disponible para su consulta en la sede de la Comisión. Una vez finalizado el plazo remitirá copia de las presentaciones al partido político que propuso el candidato.
Artículo 16. Auditores Generales. Nombramiento y duración del cargo. Los 6 (seis) auditores generales que compondrán el Colegio de Auditores junto al Presidente de la Auditoría General de la Nación, serán nombrados de la siguiente manera: tres auditores por cada Cámara, de los cuales uno será designado por el partido político de gobierno y, los otros dos serán nombrados, uno por cada uno de los 2 (dos)partidos políticos de oposición que cuenten con mayor número de legisladores. Los presidentes de ambas cámaras deberán firmar, dentro de un plazo de 10 (diez) días hábiles de comunicados los nombres de los auditores propuestos, la resolución que dé lugar al nombramiento. Si dicha resolución no fuera firmada en el plazo previsto, se tomarán como designados los candidatos propuestos.
La composición del Colegio de Auditores deberá respetar la paridad de género.
Los Auditores Generales durarán 6 (seis) años en el cargo, pudiendo ser reelegidos por 1 (un) mandato más.
Artículo 17. Procedimiento de selección de los auditores generales. Los partidos políticos encargados de nombrar a los auditores deberán proponer el nombre y antecedentes curriculares de los candidatos.
Los candidatos propuestos deberán presentar para que sea de acceso público la documentación prevista en el artículo 15.
Artículo 18. Remoción. El Presidente y los Auditores Generales de la Nación sólo podrán ser removidos por mal desempeño de las funciones, cuando cometieren delitos dolosos, inconducta manifiesta o inhabilidad sobreviniente o en caso de violación a lo dispuesto en el artículo 20.
Artículo 19. Requisitos para los Auditores Generales de la Nación. Para ser miembro del Colegio de Auditores Generales de la Nación se requiere sin excepción:
a) Ser ciudadano argentino nativo o por opción, con ejercicio de la ciudadanía por más de 5 (cinco) años.
b) Tener como mínimo 30 (treinta) años de edad.
c) Poseer título universitario y contar con probada experiencia en temas jurídicos, económicos, contables financieros o de gestión, vinculados al sector público.
Artículo 20. Incompatibilidades y prohibiciones. No podrán ocupar el cargo de Auditores Generales de la Nación aquellas personas que se encuentren inhibidas, en estado de quiebra o concursados, así como tampoco aquellos quienes se encuentren procesados o que hayan sido condenados en sede penal.
Tampoco lo podrán ser quienes, en los 2 (dos) años anteriores:
b) Hayan ocupado cargo en la mesa directiva o de apoderado de algún partido político.
Los auditores generales tendrán dedicación exclusiva y no podrán ejercer cualquier otra actividad pública o privada, excepto la docencia a tiempo parcial. Les estará vedado a los Auditores Generales ocupar cargo partidario alguno, lo mismo que prestar bienes, servicios u obras directamente o a través de terceras personas, a cualquier título, a organismos públicos y a empresas privadas proveedoras o contratistas del Estado.
Los Auditores Generales de la Nación no podrán tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita en las condiciones establecidas por la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública o en la normativa que en su futuro la reemplace. Iguales prohibiciones regirán durante el año posterior al egreso de su función.
El funcionario que estuviera alcanzado por alguna de tales situaciones en los últimos tres años, deberá informar al Colegio de Auditores a los fines de su excusación. De igual forma y en caso de configurarse en alguna auditoría en particular un posible conflicto de interés entre uno de los Auditores Generales y el objeto de la auditoría, este deberá excusarse de intervenir en ella.
Los Auditores y funcionarios de la Auditoría General no podrán, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de su egreso, efectuar o patrocinar a terceros, ni negociar o celebrar contratos con la Administración Pública Nacional, cuando tengan vinculaciones funcionales con la actividad que desempeñen o hubieran desempeñado.
La Comisión Mixta Revisora de Cuentas será la Autoridad de Aplicación en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades de los integrantes del Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación.
Artículo 21. Funciones y facultades del presidente. Sin perjuicio de las funciones que le corresponden como integrante del Colegio de Auditores Generales, el Presidente tendrá a su cargo las siguientes funciones:
k) Comparecer ante el Congreso de la Nación al momento de presentar la información a la que se refiere el artículo 11 de esta ley, durante el tratamiento en el Congreso del proyecto de ley del presupuesto, así como todas las veces que le sea requerido;
Artículo 22. Atribuciones del Colegio de Auditores. Son atribuciones y deberes de los auditores generales reunidos en Colegio:
c) Establecer la estructura orgánica de la Auditoría General de la Nación, determinar sus recursos humanos y la distribución de funciones; las normas técnicas profesionales, los reglamentos económico-financieros; los regímenes de trabajo y escalafonario del personal, atribuir y delegar facultades y asignar responsabilidades; y acordar el convenio colectivo de trabajo mediante negociaciones paritarias -los que incluirán, entre otras cosas, el régimen de carrera administrativa y los procedimientos de selección y ascenso del personal.
n) Examinar y emitir dictamen sobre la Cuenta de Inversión de acuerdo a lo establecido en el artículo 58 de la presente ley;
a) Recomendaciones sobre las medidas que deberá adoptar el organismo auditado para subsanar o mejorar las observaciones indicadas en el informe. A los efectos de dar seguimiento a ello, la Auditoría General de la Nación deberá incorporar dentro del próximo examen a realizarse en el organismo auditado, un apartado con el análisis sobre el cumplimiento de cada una de las observaciones y las recomendaciones efectuadas;
Artículo 25. Reuniones. Periodicidad. Los Auditores Generales se reunirán en Colegio:
Artículo 26. Quórum. Mayorías. Disidencias. El quórum del Colegio de Auditores Generales se formará con la presencia de por lo menos cuatro (4) de sus miembros y, salvo disposición en contrario, las resoluciones serán adoptadas por simple mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate el presidente o su reemplazante, tendrá doble voto.
Artículo 27. Intercambio de información. La Sindicatura General de la Nación y cada Unidad de Auditoría Interna, creadas en los términos del artículo 100 de la Ley 24.156, deberán remitir, en un plazo no mayor a quince (15) días corridos, a la Auditoría General de la Nación los informes que elaboren, los que servirán como insumos para las auditorías que realice el órgano de control externo, permitiendo el acceso a los papeles de trabajo y los sistemas de información en caso de considerarse necesario. A su vez, esta última remitirá los informes elaborados a los organismos del Sistema de Control Interno del Poder Ejecutivo, de acuerdo al Título VI de la Ley 24.156.
Artículo 28. Respaldo de documentación. La Auditoría General de la Nación deberá mantener un archivo único de información con las resoluciones que remita al Poder Legislativo, integrado por los informes previos, las disidencias en casos que las hubiere, las actuaciones completas con anexos e informes vinculados, incluyendo papeles de trabajo. La documentación deberá tener adecuada guarda durante un período mínimo de diez (10) años.
Artículo 29. Publicidad. Serán de libre acceso al público:
Artículo 30. Audiencias públicas. Cuando por la complejidad del objeto de auditoría el Colegio de Auditores lo considere pertinente, podrá recurrirse al procedimiento de la audiencia pública. A tal efecto, la Auditoría General de la Nación dictará las normas pertinentes, procurando que tal vía de actuación no afecte los procedimientos administrativos y/o judiciales específicos.
Artículo 31. Conclusiones de las Audiencias Públicas. Las conclusiones a las que arribe la Auditoría General de la Nación por aplicación del procedimiento de audiencias públicas serán incluidas en sus informes, pudiendo contener recomendaciones puntuales para los entes u organismos involucrados.
Artículo 32. Memoria Anual. La Auditoría General de la Nación deberá elevar a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, antes del 15 de marzo de cada año, su Memoria Anual del ejercicio anterior que deberá contener:
Artículo 33. Obligaciones de los auditados. Deber de colaboración. Los organismos auditados sujetos al control de la Auditoría General de la Nación deben poner a su disposición toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada con los trabajos de auditoría y los exámenes especiales que realice el órgano de control externo, dentro de los plazos que fijen las normas reglamentarias. En caso de no fijarse un plazo específico, el mismo será de quince (15) días hábiles contados a partir de recibido el requerimiento. Cuando derivado de la complejidad de la información solicitada, se requiera un plazo mayor para ser atendido, la Auditoría General de la Nación y las entidades fiscalizadas podrán determinar conjuntamente los plazos de entrega de la información, los cuales serán improrrogables.
Artículo 34. Incumplimiento del deber de colaboración. Agentes del sector público. Será considerado falta grave la no remisión de la información en el tiempo previsto, así como su remisión en forma incompleta. En caso de incumplimiento, se considerarán las obligaciones y sanciones establecidas en la Ley Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública o la norma que en su futuro la reemplace.
Artículo 35. Incumplimiento del deber de colaboración. Agentes del Sector Privado. Cuando la falta de colaboración provenga de un contratista del Estado, ello se considerará una falta grave a las obligaciones contractuales, debiendo el responsable de cada entidad o jurisdicción aplicar las sanciones previstas en los respectivos contratos, pliegos y/o normas que regulan el marco de dichas contrataciones.
Cuando la obligación de brindar información recaiga sobre alguno de los sujetos enumerados en el artículo 7º de la presente ley que no se encuentre comprendido en los párrafos anteriores, el incumplimiento, cumplimiento tardío o parcial de cada requerimiento de información cursado por la Auditoría General será pasible de la sanción de multa de entre el equivalente a cero coma cinco (0,5) y tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles , de acuerdo a los antecedentes del infractor y la magnitud del incumplimiento.
Artículo 36. Solicitud judicial de acceso a la información. La Auditoría General de la Nación podrá solicitar judicialmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el acceso a la documentación o información que no le sean provistas por los organismos auditados, sin necesidad de agotar la vía administrativa. La Corte deberá dar traslado de la solicitud al organismo auditado para que dentro de los cinco (5) días hábiles, informe sobre las causas de su reticencia o negativa a brindar información o a suministrar documentos. Una vez contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo hubiese evacuado, la Corte resolverá acerca de la solicitud presentada y en su caso intimará a que dentro del plazo que establezca, el auditado cumpla con lo peticionado. La Corte podrá aplicar sanciones conminatorias progresivas al titular del organismo auditado en el supuesto de atraso injustificado en las contestaciones, de falta de respuesta o de atraso o incumplimiento en la presentación de la documentación requerida. La apelación que se dedujera contra la resolución que impone sanciones conminatorias tramita en expediente separado.
Artículo 37. Recursos. El desarrollo de las actividades de la Auditoría General de la Nación debe financiarse con los siguientes recursos:
Artículo 38. Libre disponibilidad de los créditos. La Auditoría General de la Nación tiene libre disponibilidad de los créditos asignados presupuestariamente en cada ejercicio para todas las fuentes de financiamiento. Está facultada para efectuar en los créditos autorizados los reajustes necesarios para el cumplimiento de su función de control externo, tanto en lo referente a la asignación de cuotas como a los objetos del gasto. A tal efecto, debe comunicar las modificaciones al órgano rector del sistema presupuestario del Sector Público Nacional, el que deberá registrarlas de inmediato.
Artículo 39. Recursos propios. La Auditoría General de la Nación debe incorporar a su presupuesto los recursos propios provenientes de los convenios de auditoría especiales que suscriba.
Autoridad de Aplicación: Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Objeto. Ámbito de funcionamiento. Estructura administrativa.
Artículo 40. Relación de la Auditoría General de la Nación con el Poder Legislativo. La Auditoría General de la Nación se relaciona con el Poder Legislativo a través de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Artículo 41. Ámbito de funcionamiento. La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas funcionará en jurisdicción del Honorable Senado de la Nación.
Artículo 42. Estructura administrativa. La Comisión contará con el personal administrativo y técnico que establezca el presupuesto general y estará investida con las facultades que ambas Cámaras deleguen en sus comisiones permanentes y especiales.
La Comisión designará, a propuesta de cada uno de los legisladores integrantes, los asesores que acompañarán su gestión mientras dure el mandato del legislador. Estos deberán ser profesionales universitarios en Ciencias Económicas, Derecho o carreras afines al perfil multidisciplinario del control público.
Artículo 43. Composición. La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas estará formada por seis (6) senadores y seis (6) diputados cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan. Cada Cámara elegirá dos (2) legisladores por el partido político con representación mayoritaria, dos (2) por la primera minoría y dos (2) por la segunda minoría.
Artículo 44. Autoridades. Anualmente la Comisión elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario. No podrán ser designados Presidente o Vicepresidente de Comisión los legisladores que pertenezcan al mismo partido político o alianza que esté a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación.
Artículo 45. Funciones. Son funciones de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas:
Reuniones. Quórum. Dictámenes.
Artículo 46. Reuniones. La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas se reunirá en pleno al menos dos (2) veces por mes mientras dure el periodo parlamentario, a los efectos de dictaminar sobre los temas que se encuentren dentro de la órbita de su competencia.
Artículo 47. Quórum. La Comisión requiere para su funcionamiento la presencia de más de la mitad de sus miembros pudiendo, transcurrida media hora de la convocatoria, considerar los asuntos consignados en la citación correspondiente con la asistencia de por lo menos la tercera parte de sus miembros.
Artículo 48. Mayorías. Para emitir dictamen de mayoría sobre un asunto sometido a consideración de la Comisión, se requiere la firma de por lo menos más de la mitad de los miembros.
Artículo 49. Dictámenes sobre los informes de la Auditoría General de la Nación. Una vez recibidos los informes de la AGN de acuerdo al artículo 24 de la presente ley, la Comisión emitirá dictamen fundado en el que resolverá:
El incumplimiento en la obligación de presentar el plan de subsanación a la Comisión, o de cumplir las disposiciones del Plan acordado, o la reiteración del organismo en las mismas irregularidades ya observadas de acuerdo a los informes posteriores de la Auditoría General de la Nación sobre el ente, serán consideradas falta grave y deberá ser informado inmediatamente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y, en su caso, al Presidente de la Nación, al Consejo de la Magistratura o a ambas Cámaras del Congreso. A tales fines, la responsabilidad recaerá sobre la máxima autoridad del ente o jurisdicción auditado.
g) Archivar los expedientes, especificando motivos;
Artículo 50. Citación a las partes. En caso de discrepancias relevantes entre los dictámenes de la Auditoría General de la Nación y las respuestas del ente auditado, previo a emitir dictamen de acuerdo a los artículos precedentes, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas podrá convocar al Colegio de Auditores y a las autoridades del ente para analizar las diferencias observadas.
Artículo 51. Plazo para dictaminar. La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas tendrá un plazo de ciento ochenta (180) días corridos para dictaminar sobre las resoluciones de la Auditoría General de la Nación, contados a partir de su recepción.
Acceso a la información. Reglamento.
Artículo 52. Acceso a la información. La Comisión garantizará el derecho de acceso a la información pública a toda persona física o jurídica, pública o privada que por cualquier medio lo solicite, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado, en concordancia con los principios y derechos establecidos en la Ley de Acceso a la Información N° 27.275.
Artículo 53. Respaldo de documentación. La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas debe mantener un archivo único de información con los informes que remita la Auditoría General de la Nación y sus respectivas actuaciones, las respuestas de los organismos auditados y cualquier otra documentación vinculada a los dictámenes que emita. Esta información deberá ser archivada de manera que facilite el acceso y entendimiento de terceros interesados con claros criterios de ordenamiento, y explicitados por escrito.
Artículo 54. Publicidad. Serán de libre acceso al público las reuniones de la Comisión. Con una anticipación de setenta y dos (72) horas hábiles, se publicará en la página de Internet de la Comisión la orden del día, el lugar, la hora y fecha de las reuniones.
Artículo 55. Publicación. Serán de libre acceso al público y la Comisión deberá publicar en su sitio de Internet, y mantener actualizado:
Artículo 56. Reglamento. La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas dictará su propio reglamento interno de funcionamiento y aplicará supletoriamente el de la Cámara de Senadores.
Artículo 57. Ingreso parlamentario. La Cuenta de Inversión que el Poder Ejecutivo debe remitir antes del 30 de Junio de cada año al Congreso Nacional, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 95 de la Ley 24.156, ingresará a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas para su registro y posterior giro a la Auditoría General de la Nación en un plazo no mayor a tres (3) días.
Artículo 58. Informe de la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación deberá presentar a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas el informe de auditoría a la Cuenta de Inversión dentro de los ciento veinte (120) días corridos de recibida. En el caso de que la Auditoría General de la Nación no pudiera producir el citado informe en término, comunicará a la Comisión antes de vencido el plazo las razones del incumplimiento y solicitará una prórroga, la que no podrá exceder el plazo de sesenta (60) días corridos.
Artículo 59. Respuesta de la Secretaría de Hacienda de la Nación. Una vez cumplidos los términos del artículo anterior, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas remitirá en un plazo no mayor de tres (3) días corridos el informe a la Secretaría de Hacienda de la Nación, que deberá presentar una respuesta que contenga las aclaraciones pertinentes, en un plazo que no exceda los cuarenta y cinco (45) días corridos de recibido.
Artículo 60. Dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas deberá presentar a ambas Cámaras, dentro de los sesenta (60) días corridos de recibido la respuesta mencionado en el artículo precedente, un dictamen sobre el estudio realizado por la Auditoría General de la Nación de la Cuenta de Inversión, correspondiente al penúltimo ejercicio. Este plazo no se interrumpirá al producirse el receso parlamentario. Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior, el Dictamen deberá incorporarse como primer punto del Orden del Día en todas las sesiones ordinarias o extraordinarias posteriores de cada una de las Cámaras, hasta su efectivo tratamiento.
Artículo 61. Rechazo de la Cuenta de Inversión. El rechazo de la Cuenta de Inversión será considerado causal suficiente para la apertura del proceso de juicio político al Jefe de Gabinete en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional.
Rendición de Cuentas. Responsabilidad.
Artículo 62. Daños y perjuicios. Toda persona física que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades sujetas a la competencia de la Auditoría General de la Nación responderá por los daños económicos que por el dolo, culpa o negligencia graves en el ejercicio de sus funciones, sufran los entes mencionados. Las personas físicas o jurídicas beneficiarias, contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado.
Artículo 63. Incumplimiento de normativa. Los actos u omisiones violatorios de disposiciones legales o reglamentarias comportarán responsabilidad solidaria para quienes los dispongan, ejecuten o intervengan.
Los agentes que reciben órdenes de hacer o no hacer deberán advertir por escrito a su respectivo superior y/o a la Auditoría Interna sobre toda posible infracción que traiga aparejada el cumplimiento de dichas órdenes. De lo contrario incurrirán en responsabilidad exclusiva si aquél no hubiese podido conocer la causa de la irregularidad sino por su advertencia u observación.
Artículo 64. Procedimiento para el resarcimiento de daños e incumplimiento de normativa. A efectos de iniciar las acciones de resarcimiento de daños y perjuicios o de recupero que correspondan en función de los hallazgos en sus informes así como de deslinde de responsabilidades, la Auditoría General de la Nación recomendará a las entidades o jurisdicciones responsables la promoción de las acciones correspondientes en sede judicial o administrativa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24, inciso b) de la presente ley.
Artículo 65. Prescripción. La acción tendiente a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial prescribe a los diez (10) años, contados desde la aprobación del informe de la Auditoría General de la Nación en la que se tome conocimiento de la producción del hecho generador del daño.
Artículo 66. Separación de los funcionarios. Cuando en el marco de las auditorías que se realicen surjan indicios serios de que algún empleado o funcionario se encuentre obstaculizando o pudiere obstaculizar su desarrollo, o se tome conocimiento de irregularidades que estén afectando gravemente al patrimonio nacional, la Auditoría General de la Nación puede recomendar al Poder Ejecutivo Nacional la separación temporaria del funcionario hasta tanto finalice la auditoría.
Artículo 67. Nulidad. Ante la determinación por parte de la Auditoría General de la Nación de que un acto administrativo pueda encontrarse afectado de nulidad absoluta, se recomendará a la entidad o jurisdicción competente la suspensión de los efectos del acto en los términos del artículo 12 de la Ley Nº 19.549 y su revocación en sede administrativa en los términos del artículo 17 de la misma ley o, en caso de corresponder, la promoción de la acción judicial de lesividad.
Artículo 68. Responsabilidades de los Auditores. El incumplimiento de la presentación en tiempo y forma del Plan de Acción Anual, la Memoria Anual y la Cuenta de Inversión, en los términos de los artículos 9, 32 y 58 de la presente ley, así como la sub-ejecución, sin encontrarse debidamente fundada, del Plan de Acción Anual será considerado manifiesto incumplimiento de los deberes de los Auditores Generales.
Artículo 69. Sobre la designación de los auditores generales
Si al vencimiento de los mandatos no estuvieran resueltas las nuevas designaciones, los Auditores Generales de término cumplido continuarán desempeñando el cargo hasta tanto se provean los nombramientos definitivos y por un plazo máximo de sesenta (60) días, el cual podrá ser prorrogado con resolución fundada de ambas Cámaras, y en consideración del equilibrio de géneros.
Artículo 70. Derogaciones. Deróguese:
Artículo 71. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los noventa (90) días corridos contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 72. Normas internas. La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y la Auditoría General de la Nación deberán reformular y reglamentar sus normas internas para adaptarlas a la presente ley en un plazo de noventa (90) días corridos contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 73. Régimen general de rendición de cuentas. Dentro de los 180 días de promulgada la presente ley, la Auditoría General de la Nación deberá elaborar y remitir a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas un proyecto de régimen general de rendición de cuentas.
Artículo 74. La presente Ley sólo podrá ser reglamentada por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en su condición de Autoridad de Aplicación.
Artículo 75. Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
Artículo 76. De forma.
La presente iniciativa tiene por objeto sentar las bases jurídicas de la Auditoría General de la Nación (AGN) y su marco de competencia conforme un imperativo consagrado en el artículo 85 de la Constitución Nacional.
En la reforma del año 1994, la Constitución Nacional estableció que:
Con el objetivo de lograr un control más eficiente, eficaz y económico este proyecto regula la actuación de la Auditoría General de la Nación, así como también abarca la labor del Congreso de la Nación como responsable primario de dicho control, a través de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, el proceso de aprobación de la Cuenta de inversión y mejora el acceso a la información, en consonancia a los principios y objetivos establecidos en la reciente Ley de Acceso a la Información Pública Nª 27.275.
En este sentido, y teniendo en cuenta la experiencia acumulada, el proyecto avanza en la posibilidad de establecer controles concomitantes en aquellos casos considerados de significación económica. Asimismo, destaca particularmente como función del organismo la intervención en el procedimiento de formulación del Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración.
La presente iniciativa legislativa dota a la Auditoría General de la Nación de las garantías básicas de independencia y funcionalidad respecto a las autoridades del organismo al establecer un proceso de selección transparente de los auditores y la posibilidad de participación de la sociedad en su designación. A su vez, se reglamenta la composición plural del Colegio de Auditores teniendo en cuenta la diversidad y la paridad de género.
Asimismo, amplía las facultades y competencias de la AGN en relación al universo auditable, incorporando un tema de significativa relevancia democrática como lo son los aportes y fondos vinculados a las campañas electorales nacionales.
Como consecuencia del aprendizaje ante la falta de consideración de los informes y el trabajo de la Auditoría, el proyecto le otorga al organismo la posibilidad de presentar denuncias penales, y en su caso de constituirse en querellante, cuando en el ejercicio de su competencia se hallaren hechos que puedan constituir delitos, receptando los principios y criterios de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Con respecto al acceso a la información, la propuesta explicita la publicidad de los informes de la Auditoría así como también las reuniones del Colegio de Auditores. A su vez, se regula la necesidad de colaboración por parte de los auditados, estableciendo plazos y sanciones para los casos de incumplimiento.
Con el fin de fortalecer la autonomía e independencia de la Auditoría, como basamento del control objetivo y de excelencia, la propuesta legislativa prevé un porcentaje mínimo del presupuesto nacional para el financiamiento el organismo y la posibilidad de generar ingresos de libre disponibilidad para cumplir con sus funciones de manera eficiente.
En relación a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas (CPMRC), se reglamenta su composición, asegurando la pluralidad, y se regula su funcionamiento a través de plazos concretos para emitir dictamen, mejorar la publicidad de la información y generar mecanismos más ágiles de respuesta e interacción con los auditados y entre los órganos de control intervinientes.
De igual modo, y considerando mi experiencia en calidad de Secretaria de la CPMRC durante el período 2016-2018, debo resaltar la importancia que el apartado sobre la Mixta significa para articular, fortalecer y transparentar el proceso de control público en nuestro país. Actualmente, poco se sabe acerca de la dinámica parlamentaria de esta Comisión: sus reuniones no son públicas ni abiertas, y la ciudadanía no puede participar.
Por otra parte y en relación a la Cuenta de Inversión, el presente proyecto de ley reglamenta los plazos, funcionamiento y procedimiento para su posterior aprobación.
Es importante destacar, de igual forma, que este proyecto se enmarca dentro de los compromisos asumidos en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Específicamente, dentro del ODS 16, que busca “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir en todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”.
Justamente, una característica esencial de la democracia como régimen político es la existencia de diversas formas de control de los gobiernos. El control sobre el gobierno es lo que diferencia a la democracia de los regímenes autoritarios o dictatoriales.

References: artículo 85

Artículo 1
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Artículo 2
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Artículo 3
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Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 artículo 58

Artículo 7
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Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14
 artículo 85

Artículo 15
 artículo 6

Artículo 16
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Artículo 17
 artículo 15

Artículo 18
 artículo 20

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 11

Artículo 22
 artículo 58

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27
 artículo 100

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35
 artículo 7

Artículo 36
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Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49
 artículo 24

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57
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Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61
 artículo 53

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64
 artículo 24

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67
 artículo 12
 artículo 17

Artículo 68

Artículo 69
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Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76
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