Source: http://luisdallanegra.bravehost.com/Confcol/capitu28.htm
Timestamp: 2018-01-17 02:58:24+00:00

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A través del Ministerio de Agricultura se crearon Zonas de Reserva Campesina, figura legal cuyo objeto, de acuerdo con el Gobierno, es el de evitar que los pequeños propietarios vendan sus fincas, muchas veces a la fuerza, y alimenten el masivo éxodo desde el campo hacia las ciudades, debido al conflicto.
Las tierras que se busca restituir, les fueron despojadas en todo el país a muchísimos campesinos por los grupos armados ilegales, especialmente paramilitares. Las cifras oscilan entre cuatro y seis y medio millones de hectáreas. No se trata sólo de que se devuelvan las tierras, sino de asistir a las comunidades en procesos productivos, dándoles asistencia técnica. En un contexto normativo, garantizado por la Constitución de 1991, Art. 64 se habla de:
“Promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa ..., con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”.
La definición de las Zonas de Reserva Campesina, como áreas geográficas seleccionadas, por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), es a través de la Ley 160/1994, cuyo propósito fundamental es:
“La regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad rural, eliminar su concentración y el acaparamiento de tierras baldías a través de la adquisición o implantación de mejoras, fomentar la pequeña propiedad campesina y prevenir la descomposición de la economía campesina del colono y buscar su transformación en mediano empresario”.
Las Zonas de Reserva Campesina se reglamentaron en 1996 a través del Decreto 1777, y se fijaron los criterios generales y el procedimiento para seleccionarlas y delimitarlas con el Acuerdo 024 de 1996 y Acuerdos de la Junta Directiva del INCORA. Tienen como objeto:
“Fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afecten y, en general, crear las condiciones para el logro de la Paz y la justicia social en las áreas respectivas”.
El Decreto reglamentario 1777 establece como objetivos específicos de las reservas:
4. Crear y constituir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de ordenamiento territorial y de gestión política.
5. Fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada participación en las instancias de planificación y decisión local y regional.
Ante los desplazamientos forzados y masivos, comenzarían con la atención básica alimentaria, de salud, albergue y psicosocial, para continuar con el apoyo a asentamientos provisionales o a reasentamientos urbanos o rurales, apoyo a su organización y, si es del caso, desarrollo de reservas campesinas como modalidad de asentamiento, preferentemente en el caso de los retornos a hábitats ya conocidos.
La Problemática de los Desplazados y su Asentamiento
Los desplazamientos masivos que se han generalizado, plantean la necesidad de considerar diversas opciones con distintos alcances, en algunos casos secuencialmente, en otros simultáneamente.
La controversia acerca de la realidad del desplazamiento en Colombia, aparece con tanta vehemencia con cada nueva medición sobre el número de afectados, que se ha vuelto costumbre reducir la discusión a un debate ideológico respecto del origen de las cifras. En muchas ocasiones se habla sobre el desplazamiento como un fenómeno que, exclusivamente, cobija a quienes cambiaron forzosamente de ciudad o pueblo; o como si afectara tan sólo a quienes son víctimas del conflicto armado.
Por un lado, el desplazamiento intraurbano es un fenómeno de creciente preocupación en las grandes ciudades y, por el otro, la violencia no es la única generadora de desplazamiento; como por ejemplo, el huracán Katrina, el desastre nuclear en Japón, o los desastres naturales en diferentes partes de América Latina.
El desplazamiento, no se debe a una sola causa. En el caso de Colombia, la causa primaria, es el desplazamiento por el conflicto; pero también puede ser provocado por la actividad de las “bacrim” 921, por proyectos de desarrollo, por la minería, por desastres naturales. En Colombia han habido inundaciones que desplazaron a millones de personas.
El proceso de Paz, resolverá una parte del problema; pero la búsqueda de los desplazados por otras causas, continuará. Las soluciones no pueden ser las mismas; las formas de desplazamiento son distintas. Las soluciones a veces son diferentes, pero en el fondo es la misma cosa. En el caso del desastre provocado por el huracán Katrina o la guerra civil en el Congo, la experiencia humana es la misma: perderlo todo, estar lejos de la familia y, especialmente, el sentimiento de haber sido abandonado por el Gobierno.
En los procesos por resolver el problema de los desplazados, hay rechazo o discriminación por parte de las poblaciones donde se llevan a cabo, porque sienten que el desplazado es competencia por el acceso a la vivienda o el trabajo. En Bogotá hubo un plan para poner a los desplazados en el centro de la ciudad, pero la mayoría de encuestados expresó su rechazo, no obstante que muchos desplazados eran empleados de servicio dentro de la ciudad, pero nadie los quería de vecinos.
El caso colombiano tiene su complejidad. Se requiere tiempo para resolverlo. Normalmente el retorno se hace después de la resolución de un conflicto. En cierto aspecto, Colombia está en el postconflicto, pero sigue habiendo violencia. Los desplazados necesitan mecanismos de restitución y acceso a la tierra, pero no en todos los procesos han regresado a la tierra que tenían. En muchos casos es más importante que se acabe la estigmatización. Hay conflictos en los que los desplazados no quieren regresar, porque creen que los volverán a expulsar. Lo importante es que no sean discriminados, ese es el estándar internacional.
Los Gobiernos ponen énfasis en el retorno, porque es un regreso al statu quo. Pero, según encuestas, en Colombia la mayoría de desplazados no quiere regresar, por miedo a la inseguridad. Los padres que vienen del campo quieren volver, pero los hijos criados en la ciudad no. La integración social es una segunda opción para quienes no quieren regresar. Requiere más compromiso político. Una de las razones por las que los Gobiernos quieren que la gente regrese, es porque así no les toca invertir en vivienda, porque no habrá conflicto entre receptores y desplazados. Una tercera opción, sería la reubicación en otros lugares. Por ejemplo, para los afectados por desplazamiento intraurbano.
Para encontrar soluciones reales y permanentes, es importante escuchar a los desplazados y tener una estrategia de apoyo 922.
Hacia fines del 2012 se firmó el Acuerdo General para la terminación del conflicto, cuyo Primer Punto de la Agenda de Negociaciones, contempla la política de desarrollo agrario integral 923.
El texto es tan genérico en la formulación, que cabe todo y cualquier Acuerdo es posible. Mirado desde el punto de vista del sector empresarial agrario y el Gobierno, hay muchos a quienes interesa el desarrollo agrario, pues les abrirá mayores posibilidades de expandir su campo de negocios. Hasta el presente lo han hecho sobre un modelo de gran propiedad territorial, con consecuencias de despojo al campesinado pobre. La perspectiva de quienes desacuerdan con las políticas implementadas hasta el momento es que, el verdadero objeto de la Ley de Tierras, es pretender armonizar la necesidad de tierra del campesinado pobre, sobre todo de los desplazados, con la gran propiedad que se requiere para los proyectos mineros y de agro-combustibles, en una política que sólo puede denominarse como legalización e institucionalización del despojo.
El “desarrollo agrario integral”, sólo podría presentarse si se negociara una reforma agraria profunda que significase la devolución al campesinado de los seis millones de hectáreas que le fueron arrebatadas, la expropiación de los latifundios productivos e improductivos, etc. Los contenidos propuestos en la Agenda aparecen como complementarios de la política desarrollada por la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras -Ley 1448 del 2011-, que implican la legalización del despojo y las nulas posibilidades de verdadero retorno de las personas desplazadas a sus territorios, cuyas vidas continúan en la mira por los ejércitos anti-restitución que proliferan por todo el territorio de Colombia y que actúan intensamente cuando por los reclamos de las comunidades se abre un proceso de “devolverle” la tierra a las víctimas.
Es interesante observar, como nota marginal a la Agenda acordada entre el Gobierno y las FARC, que no se incluye ni una sola línea al más grande problema de todo el país, que afecta y afectará a millones de pobladores de ciudades grandes, medianas y pequeñas, que ya ha producido y continuará produciendo enormes confrontaciones sociales: la locomotora de la gran minería, que ha abierto de par en par la explotación de los recursos naturales a las empresas multinacionales.
Las FARC y el Primer Punto de la Agenda
Inmediatamente de firmado el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, las FARC emitieron un comunicado, indicando cuál era su concepción respecto del Primer Punto a ser negociado.
Aclararon que su idea sobre lo que es la tierra, no se limita a lo que comúnmente se define como suelo, y el sentido de su lucha no es solamente por la reivindicación de la formalización de la propiedad del suelo. La tierra es un componente esencial del territorio, de tal manera que es a partir de este concepto que se han de dar las consideraciones fundamentales, tomando como base de esa territorialidad, aspectos como soberanía en general, la relación amigable con la naturaleza, el problema de la soberanía alimentaria como algo más específico y el bienestar social, entre otros aspectos.
Se aspira por un manejo de interrelación humanidad-naturaleza, que entraña respeto a la tierra, a las aguas, a la flora, a la fauna, los elementos todos de la espacialidad, distantes de la cosificación y mercantilización de sus componentes en las formas de objetivación destructiva de la vida en que lo impone el capitalismo de libre mercado. La concepción tierra-territorio, se opone al desafuero del capitalismo por dominar y manipular la naturaleza sin medir o sin que le importen las consecuencias, que ya ha generado irreparables daños, exterminio de especies, destrucción de tejidos sociales, desarticulación de la economía campesina, desequilibrios ambientales y sociales, al punto de estar empujando al planeta a su destrucción.
El derecho a la tierra va más allá del derecho al suelo y a su titulación, se trata de un derecho a la reapropiación colectiva, social, del territorio, como parte esencial del derecho a la vida, al disfrute de la naturaleza en armonía con ella, a la reafirmación y desarrollo de las relaciones sociales y de la cultura en el marco de un desarrollo socio-económico sustentable. Los pueblos libres deben poseer la facultad para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias, de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible, entendiéndose éste como el desarrollo que busca satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras 924.
Las Comunidades Campesinas-Indígenas y Afrocolombianas
La oposición, por parte de estos sectores, a las medidas económicas gubernamentales, se ha mantenido constante a lo largo de los años, con diferentes expresiones, aunque con ningún éxito. Sea que se trate de demandas al Gobierno mediante manifestaciones por un lado o de actitudes subversivas por el otro, las políticas económicas siguen inexorablemente su curso, trazado por los sectores corporativos.
En el 2008 las comunidades indígenas, a través de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), rechazaron la firma de los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Canadá y la UE, oponiéndose a la política de Seguridad Democrática del Gobierno de Alvaro Uribe, a la vez que pidieron que se deroguen las normas que, según ellos, los despojan de sus tierras.
En el 2011 volvieron a expresar la necesidad de cuidar la tierra, defender los territorios y consolidar la soberanía popular, frente a quienes destruyen las fuentes de agua para explotar oro o petróleo. Pidieron la prohibición de la gran minería y la explotación petrolera desaforada. Declararon no grata e ilegal la presencia de la Anglo Gold Ashanti, la BHP Billiton, Xtrata, Pacific Rubiales, Cosigo Resources, Smurfitt Kappa, Cemex, Medoro Resources, Grey Star (hoy Eco Oro Minerals Corp) y Unión Fenosa, por su participación directa en agresiones a las comunidades y territorios y su atentado sistemático al medio ambientes y la soberanía nacional.
Los sectores indígenas y afrodescendientes, plantearon la defensa de los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra, al derecho a la vida y la Paz y a las normas constitucionales, y del Derecho Internacional Humanitario, indicando que realizarían las acciones que correspondan para impedir la presencia de estas mega-empresas, para que salgan del país y sean sancionados; aunque sus manifestaciones han sido totalmente vanas ya que, por el otro lado, los Gobiernos pactan con ellas y atraen sus inversiones. Estas políticas son llevadas a cabo en toda América Latina, con Gobiernos que han firmado Tratados de Protección de las Inversiones 925, por lo que mal podrían echar a las empresas.
Como apuntaba más arriba 926, el proceso de globalización, resultante de las transformaciones estructurales que vivió el sistema mundial hacia fines de los ‘80 y principios de los ‘90, ha provocado cambios -también de carácter estructural- en la forma en que puede operar el Estado y sus Gobiernos 927. Resulta complejo oponerse a este proceso; lo importante es encontrar mecanismos razonables, inteligentes y realistas, para evitar que resulten nocivos a la mayoría de las naciones, poder actuar con el máximo de beneficios y los mínimos costos.
Estos grupos plantean la realización de todas las acciones políticas civiles para construir un camino hacia la solución política del conflicto armado. Lo llamativo es que los diferentes Gobiernos, en sus distintos procesos de negociación, incluyendo el de Juan Manuel Santos, no les ha asignado un papel ni un lugar en las negociaciones, salvo una página en internet 928, a la que acerquen sus ideas para ser tenidas -o no- en cuenta.
Cómo lograr, entonces, una realización participativa de la reforma agraria, evitando que se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales, en las tierras robadas durante cientos de años a indígenas, campesinos y afrodescendientes; cómo lograr que se restituyan a las comunidades.
¿La Ley 1448/2011 está preparada para que esto ocurra?
¿Es posible que se permita generar una economía propia y articulada de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que no esté supeditada al mercado global, que garantice la soberanía y autonomía alimentarias y los saberes asociados a las semillas, las plantas y los alimentos que ellos han venido desarrollando durante años?
¿Se podría implementar una reforma territorial del país, que contenga un ordenamiento territorial urbano popular democrático de las regiones, reconociendo la diversidad y las diferencias tanto de pueblos que habitan al interior de los territorios urbanos, como entre las ciudades de Colombia?
Todo esto, con el agregado de que se lleven a cabo las acciones necesarias, para que los responsables intelectuales y materiales del exterminio contra los pueblos indígenas y afrodescendientes sean juzgados.
Este panorama muestra una Colombia fragmentada, con Gobiernos que conducen o gobiernan o toman decisiones en beneficio de ciertos sectores, mientras que marginan o reprimen, o ambas cosas, al resto de la población.
Las comunidades campesinas, los grupos indígenas y afrodescendientes, no sólo no están de acuerdo con las políticas gubernamentales, tampoco se sienten representados por los grupos guerrilleros. Para ellos:
Lo que se negocia en La Habana, no contempla la gran problemática nacional, que no tiene un espacio para plantear sus problemas y expresar sus opiniones y propuestas.
De una manera indirecta, estos grupos, propusieron un proceso de negociación de “vías múltiples” 929, aunque el Gobierno de Santos no ha manifestado interés en implementarlo; muy por el contrario, quiere tener las riendas del proceso y que no se le escape nada.
En un Encuentro Nacional celebrado en agosto del 2011, las Comunidades Campesinas, Indígenas, Afrodescendientes por la Tierra y la Paz de Colombia, produjeron un Manifiesto, en el que expresaron su rechazo frente a las políticas gubernamentales, que durante la última década se han venido instaurando en el país para promover un modelo económico que propicia la explotación intensiva de la tierra y los recursos naturales, favoreciendo a las empresas transnacionales y los grupos económicos, acentuando los conflictos por la tierra y la lucha por el territorio, estimulando nuevos procesos de expropiación, despojo y desplazamiento forzado, deteriorando radicalmente los procesos sociales y comprometiendo las condiciones de soberanía y seguridad alimentaria. Este modelo económico destruye la economía campesina, los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes y produce un escalamiento de la dinámica del conflicto social y armado que agobia al país.
La preocupación de estos grupos, frente al proyecto gubernamental sobre la Ley General de Tierras y de Desarrollo Rural, la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y el Plan Nacional de Desarrollo 930, es que no garantizan los derechos de los colombianos y favorecen el modelo minero energético vigente, que perjudica el medio ambiente y al pueblo colombiano; por lo que presentaron un proyecto de Ley de Reforma Agraria Integral, elaborado por la Mesa de Unidad Agraria que recoge, en gran medida, las aspiraciones de la población rural colombiana.
A estas comunidades les queda en claro que, a pesar del reconocimiento formal del conflicto colombiano por parte del Gobierno y sus manifestaciones acerca de que la llave de la Paz no estaría extraviada, resulta evidente que la pretensión de la solución militar, se encuentra en el primer lugar de la agenda gubernamental y responde a un equivocado concepto de “Paz de vencedores y vencidos”. La historia del conflicto colombiano muestra que las soluciones militares no conducen a la Paz 931. La solución política se constituye en una necesidad. Desactivar la guerra desfavorece, además, a quienes han hecho de ella un negocio lucrativo. La solución política no puede ser un asunto de competencia exclusiva de las partes comprometidas de manera directa en la contienda militar. Todas las voces de este país requieren ser escuchadas y movilizadas para sentar las bases que les permitan avanzar hacia la Paz con justicia social 932.
Se ha impuesto un modelo económico de la guerra, de despojo de territorios y afectación de los derechos económicos y sociales. La restitución de tierras es una farsa. Las tierras productivas las están entregando a la burguesía. La estructura paramilitar está intacta aunque la identidad con los sectores dominantes se ha debilitado. Se necesitan iniciativas civiles de Paz. La guerra se resuelve en el país, cuando los temas estructurales sociales se resuelvan. Hay que desenmascarar al Gobierno central pues en Colombia no hay democracia.
El agro es, supuestamente, una prioridad del Gobierno, pero para producir lo que el mundo desarrollado está pidiendo -visión mercantilista y no de desarrollo-. Los territorios están en riesgo porque esta política, pone en riesgo la soberanía alimentaria. El campesinado desaparece. El Gobierno colombiano habla de “seguridad” y no de “soberanía” alimentaria.
La Constitución de 1991 no reconoce explícitamente los derechos de los campesinos.
En el Primer Punto de la Agenda de Negociación de La Habana, el tratamiento de la cuestión de la inversión en la tierra, o del ordenamiento territorial, o las licencias ecológicas, quedó encadenado a las relaciones de producción vigentes en Colombia. Las relaciones de propiedad de la tierra han sido consideradas únicamente como propiedad privada, cuando en la realidad en Colombia, coexisten otras formas de propiedad de la tierra como la indígena, la afrocolombiana, la comunitaria, la pública, la mixta, la comunal, la municipal, la cooperativa, el subsuelo nacional, y no están explicitadas en leyes específicas o reglamentos de la Constitución.
Una situación particularmente grave la viven los reclamantes de tierras, campesinos desplazados que buscan retornar a su tierra, quienes se han visto victimizados por los llamados “ejércitos anti-restitución” que enmascaran a grupos paramilitares, actuando en connivencia con las autoridades locales, los terratenientes y la fuerza pública. Este fenómeno es especialmente fuerte en la costa atlántica, pero no exclusivo de esa región. Tomando en cuenta el alto número de reclamantes de tierras asesinados, desde que el Gobierno anunció su política de restitución de tierras en el 2010, hasta la fecha prácticamente nada ha sido devuelto 933.
Zonas de Reserva Campesina y Reservas Indígenas
¿Sectores Indígenas vs. Negociadores de las FARC?
Entre junio y agosto del 2013, en la región del Catatumbo, se desató un enfrentamiento entre campesinos y Gobierno. En los anteriores cuarenta años, la región del Catatumbo padeció la violencia cruzada de las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico. Un escenario de guerra que entre 1999 y el 2004 evidenció la naturaleza de la barbarie: se perpetraron diez mil asesinatos, unas doscientas masacres, más de ochocientas desapariciones forzadas y cerca de ciento treinta mil personas fueron desplazadas.
En ese lugar, uno de los corazones del conflicto armado, se planea la creación de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo. Un proyecto que atraviesa la ecuación de los Diálogos de Paz con las FARC en La Habana y que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) apura por consolidar cuanto antes. Es una de las más ambiciosas iniciativas del Ejecutivo para redistribuir la tenencia de la tierra, regularizar los procesos de colonización campesina, y superar las causas del conflicto con programas de substitución de cultivos ilícitos.
Este proceso se inició en marzo del 2011 con la solicitud de delimitación de la Zona de Reserva en los Municipios de El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Tibú. El Gobierno de Santos buscó enviarle un mensaje de tranquilidad a la Mesa de Negociación en La Habana, con la materialización de los primeros pactos con la guerrilla en materia agraria. El documento señala que esta Zona de Reserva corregirá “los fenómenos de concentración de la propiedad, el acaparamiento de tierras rurales o cualquier forma de inequitativa composición del dominio”. Además, hace una radiografía sobre las características agrícolas de la región. En este contexto advierte de la gravedad del fenómeno del narcotráfico que ha permeado y dinamizado la economía local “y se ha constituido en la fuente privilegiada de subsistencia de las comunidades campesinas”. Resalta:
“Los precios que las mafias pagan por la pasta de coca y la facilidad para su transporte, hace que su cultivo represente una alternativa económicamente viable para la subsistencia de la familia campesina, pues es el único producto que le brinda unos ingresos mayores a un millón de pesos” 934.
El borrador del INCODER, asegura que hay cerca de cincuenta y cuatro mil hectáreas en conflicto con respecto a explotaciones mineras, que la producción agrícola está en deuda y que el setenta y cinco porciento de los habitantes del Catatumbo presentan índices de necesidades básicas insatisfechas. Este diagnóstico concluye que la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, constituye la única salida a una bomba social atizada por el conflicto, en donde más del cuarenta porciento de las personas, carece de título de propiedad.
Este proyecto de Acuerdo sostiene que en la Zona de Reserva “no se registra presencia de comunidades indígenas”. Una afirmación que generó indignación en los representantes del pueblo indígena Motilón Barí, que habitan esa zona. Diego Elías Dora, vocero de esta comunidad, en carta enviada el 5 de marzo del 2014 al Procurador General Alejandro Ordóñez y al Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, denunció que el Gobierno quiere “invisibilizarlos” para cumplir unos Acuerdos. Según Dora, el acto administrativo de la Zona de Reserva “provocaría el exterminio definitivo a nuestro pueblo”, golpeado durante el siglo XX por la explotación de petróleo y carbón por multinacionales, que diezmó a esa comunidad de treinta y ocho mil a tres mil indígenas. Pidió que se investigara a una funcionaria del Ministerio del Interior y a otro del INCODER, por emitir dos conceptos contrarios en los que se desconocen los derechos ancestralmente reconocidos a la etnia.
Los Motilón Barí interpusieron una acción de tutela, para evitar que se concrete la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo porque, en su criterio, no sólo los borrará del mapa, sino que viola el Convenio 169/1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Paralelamente a esta situación, la Corte Constitucional estudia una demanda contra las Zonas de Reserva Campesina, establecidas en la Ley 160 de 1994 en el marco de la reforma agraria, por razones similares.
El ciudadano Edwar Alvarez Vacca le pidió al Alto Tribunal, que desbaratara estas Zonas de Reserva -una de las columnas vertebrales del proceso en La Habana dentro de los Acuerdos pactados con las FARC-, porque las comunidades indígenas nunca fueron consultadas para la expedición de esta norma. En su demanda aseguró que los indígenas resultaron afectados con esta Ley que:
“Incita a la colonización en territorios ancestrales de grupos étnicos (...) y promueve que campesinos y el sector de la agroindustria afecten el mínimo vital de su población”.
Según Alvarez, en Colombia existen ochenta y siete pueblos indígenas en setecientos siete Resguardos, con presencia en más de doscientos treinta Municipios que ocupan más de treinta y un millones de hectáreas del país. En ese contexto, los indígenas han sido afectados por procesos de colonización en las misiones evangelizadoras de la iglesia, por la violencia bipartidista de los años ‘40, que provocó la migración campesina y por el auge de los cultivos ilícitos y las dinámicas propias de la guerra. Por ello, es sumamente grave que se desarrollen las Zonas de Reserva en territorios que se superpongan con los asentamientos indígenas. Su demanda fue acompañada por Luis Fernando Arias, Presidente de la Organización Nacional Indígena, quien advirtió que ante un eventual Acuerdo de Paz con las FARC “existe el riesgo de proyectarse estas Reservas” en los territorios que reclaman los indígenas. Según él, ya se ven los problemas y las amenazas que esta figura representa en el proyecto del Catatumbo y en otro más en la región de Arauca, y que van en contra de los intereses de los pueblos Motilón Barí e Hitnu. Existe una honda preocupación de que, por avalar unos Acuerdos en las negociaciones de La Habana, se termine por despojar las tierras de estas comunidades.
El Procurador General Ordóñez, avaló la tesis del demandante Edwar Alvarez y aseveró que las Zonas de Reserva debían desaparecer en tanto que los indígenas jamás fueron consultados y, para poner dos ejemplos, las Zonas de Reserva Campesina del Guaviare y de la Perla Amazónica, coinciden con territorios indígenas. Un escenario idéntico, se daría en el caso del Catatumbo. Lo que examina la Corte, es la tensión entre dos derechos: el de los colonos campesinos, que a través de las Zonas de Reserva podrían mejorar la distribución de la tenencia de la tierra, y las zonas ancestrales que reclaman los indígenas. El fallo debería reflejarse en los Diálogos de Paz.
De tumbar las Zonas de Reserva se les daría una estocada a los Acuerdos alcanzados en La Habana en materia agraria. Edwar Alvarez señaló que su cruzada era para defender a los indígenas.
En un Comunicado de las FARC sobre la posibilidad de que se eliminen las Zonas de Reserva Campesina dijeron:
“Lo que no han logrado ni los ilegales señalamientos públicos del Ministerio de Defensa, ni el lobby de los latifundistas palmeros o ganaderos, lo que no pudo hacer Alvaro Uribe en ocho años de mal Gobierno, puede ser perpetrado de un plumazo por una eventual sentencia de la Corte Constitucional” 935.
El Presidente de FEDEGAN, sostuvo que las Zonas de Reserva Campesina eran “un retroceso”:
“No quiero volver a lo de Marquetalia”. Estas zonas sólo son válidas si se convierten en un instrumento para apoyar a un campesino, para darle asistencia técnica y para encadenarlo productivamente, “pero si pretenden ser enclaves políticos excluyentes de campesinos catequizados por la subversión, me niego, porque eso genera conflictos en las diferentes zonas de producción”.
El ex-Presidente Samper consideró que las Zonas de Reserva Campesina, son un instrumento necesario en la estrategia de relocalización de los campesinos que retornen con la Ley de Víctimas y Restitución a sus regiones:
“Si comenzamos a restituir tierras a nivel individual y a tratar de que los campesinos sobrevivan solos, sencillamente vamos a exponer sus vidas a que los vuelvan a expulsar y violentar. Por eso las Zonas de Reserva Campesina son un instrumento indispensable en la política de avanzar en el reparto de las tierras”.
Expresó desacuerdo con Lafaurie, sobre su propuesta de gravar la tierra según su uso y no su valor comercial:
“Esa es la típica posición de los ganaderos, acostumbrados a tener grandes extensiones improductivas de tierra sin pagar impuestos” 936.
Las FARC no piden que las Zonas de Reserva Campesina sean soberanas sino que sean autónomas, como lo son los Municipios que tienen un Consejo, una administración elegida, que hacen sus planes de desarrollo y cuidan su medio ambiente; que pueden planificar el uso de regalías y manejar las transferencias, que pueden llegar a votar una decisión que consideren pone en peligro su estabilidad ambiental. Ese cuento de las “republiquetas independientes” es una falacia inventada por los militares para desconocer un programa originado en el campesinado y reglamentado por una Ley nacional.
Es paradójico, lo que el campesinado y las FARC están pidiendo en materia agraria, es que se cumplan dos leyes fundamentales, la Ley 200 de 1936, que da derecho de propiedad a los poseedores de mejoras -que es lo que se pide cuando se habla de los nueve millones de hectáreas-, y la Ley 160 de 1994, que crea las Zonas de Reserva Campesina. Que se atiendan las solicitudes hechas por los campesinos de reconocer sus mejoras y convertirlas en Zonas de Reserva Campesina. Es simple: que se cumplan las leyes que ellos mismos han redactado 937.
Decreto de Protección Jurídica de Territorios Indígenas
El 20 de noviembre del 2014, el Presidente Santos junto al Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, visitó Popayán, Departamento del Cauca, para reunirse con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y los representantes de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), anunciándoles que habían oficializado la firma del Decreto para:
La protección y seguridad jurídica, de tierras y territorios ocupados o poseídos ancestral y tradicionalmente por indígenas en riesgo o situación de desplazamiento.
También contempla la delimitación y demarcación de los pueblos o territorios aislados, la certificación de existencia de comunidades o pueblos indígenas en tierras baldías, el respeto a la Ley de Origen y el Derecho Mayor o Derecho Propio, que representan el fundamento de vida y Gobierno de los pueblos indígenas 938.
En septiembre del 2014, los labriegos del Catatumbo, declararon a esa región Zona de Reserva Campesina, indicando que de esta manera le arrebatarán el territorio a los terratenientes y a las empresas minero-energéticas.
“Hoy anunciamos al mundo que el Catatumbo es y será para siempre, e irrevocablemente, libre e independiente de cualquier dominación o potencia nacional o extranjera y no es ni será jamás el patrimonio de ninguna familia o persona, en consecuencia, nos declaramos en Zona de Reserva Campesina del Catatumbo”.
Esta decisión fue tomada por la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), ante la negativa del Gobierno Nacional de cumplir con lo estipulado en la ley 160 de 1994 que legitima las Zonas de Reserva Campesina y con lo acordado con el campesinado en la Mesa de Interlocución y Acuerdo, luego de casi un año de discusiones 939.
NASA-ACIN: Semillas, Biodiversidad y Soberanía Alimentaria
La Asociación de Cabildos Indígenas Nasa, ha mantenido un activismo constante en defensa de sus derechos e intereses, frente a las políticas gubernamentales, así como frente a la actividad de los grupos subversivos. En octubre del 2013, se manifestaron en contra de las actividades extractivas permitidas por el Gobierno, amenazando las fuentes de agua, los territorios y los pueblos.
Para estos movimientos, la temática territorial no se puede ver de manera fragmentada, sino conociendo todas las partes que la componen y el papel que desempeña cada una de ellas en el ajedrez político y económico. Para ellos, la biodiversidad es indisoluble de la cultura y es lo que ha movido a la humanidad desde el origen de la cultura. Las semillas son parte esencial de la vida, sin ellas el planeta se convertiría en un desierto, no sería posible la agricultura. Es fundamental el tema del libre acceso y el libre uso e intercambio de las semillas como pilares fundamentales de la cultura, de la expansión de la agricultura, de la capacidad de los pueblos para garantizar su alimentación y todos los contextos productivos y económicos en general. Los países tropicales y subtropicales son el centro de los principales cultivos que sustentan la agricultura y la alimentación, especialmente en América Latina, que es el centro del origen de cultivos como la papa, el maíz, el fríjol, la yuca, el tomate. Cultivos fundamentales que son producto del trabajo colectivo acumulado de cientos y miles de generaciones de agricultores que crearon toda esa biodiversidad que hoy sustenta el planeta. Por su lado, los países altamente industrializados, no son centro de casi ningún cultivo importante en el mundo. Por eso, la disputa global es dónde están los recursos genéticos, la biodiversidad y el conocimiento asociado a ellos, y dónde están las tecnologías para la aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos de estos recursos que son el fundamento de la soberanía alimentaria.
Para las comunidades Nasa, soberanía alimentaria significa poder decidir qué, cómo, cuándo y cuánto se consume. La capacidad de hacer efectiva la seguridad y la autonomía alimentaria; a diferencia del concepto que se maneja dentro de los marcos convencionales de la economía global. Del cuarenta y cuatro al cincuenta y siete porciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, son producidas por la agricultura industrial lo que ha llevado a una crisis alimentaria que se ha profundizado en los últimos cinco años, con todas las consecuencias para los países del Sur. Más del cincuenta porciento de la comida real que comen los consumidores comunes y corrientes, proviene de los pequeños y medianos agricultores. Un porcentaje grande proviene de los cazadores y recolectores y de la agricultura. Sólo el treinta porciento de la alimentación proviene de la agroindustria a gran escala. Se debe desmitificar la idea impuesta de que hay que modernizar la agricultura para producir alimentos para la creciente población mundial.
Los pequeños agricultores y las pequeñas fincas, son las que aportan entre el setenta y ochenta porciento de los cultivos fundamentales, a pesar de que ya casi se acabó la agricultura en Colombia. Eso se evidenció con el paro agrario de aproximadamente un mes de movilización, durante el que casi llegan a colapsar muchas de las ciudades, porque no había otra posibilidad de que llegaran los alimentos que producen los pequeños agricultores.
En la década de los ‘90, Colombia era autosuficiente en producción de alimentos, y en el 2012 se importaron más de diez millones de toneladas de alimentos. Un caso crítico es que se importa el noventa y cinco porciento del trigo y la cebada, el ochenta y seis porciento de la soja, el treinta porciento del fríjol, el ochenta y cinco porciento del maíz. Esto se ha profundizado con la pérdida de la biodiversidad que ha sido muy fuerte en los últimas décadas, especialmente desde la “revolución verde”.
La FAO calcula que en los últimos cincuenta años, se han perdido más del ochenta porciento de las semillas que había en el planeta: ochenta porciento de las variedades de maíz, noventa porciento del arroz y así de forma similar con casi todos los cultivos básicos.
Existe un control monopólico de las semillas por unas pocas empresas, que se ve amenazado por la biopiratería, las patentes de los productos y de los conocimientos asociados. Se ven amenazadas por las nuevas tecnologías, los cultivos transgénicos, la erosión genética del arroz en el sudeste asiático y el maíz. Las semillas se están perdiendo por la destrucción de los bosques, la pérdida del conocimiento, la presión demográfica, el pastoreo excesivo, los monocultivos agroindustriales, las prácticas agrícolas, el control monopólico.
Se ha perdido también la base alimentaria, donde más de noventa porciento de la alimentación básica del planeta, equivale a no más de cincuenta especies, y la mayor parte son no más de cinco especies, que se desarrollaron en la “revolución verde”, acrecentado con la transformación en la aplicación de los sistemas de propiedad intelectual sobre las patentes biológicas y los derechos de los obtentores vegetales para el caso de las semillas. Ha sido viable por el modelo de expropiación de estos recursos, por la biopiratería desde las grandes transnacionales y de los centros de investigación para apropiarse de los recursos de los países.
Un fenómeno tras el cambio climático, es que se plantean una serie de falsas alternativas para afrontarlo. Como los nuevos proyectos de sumideros de carbono, de los mecanismos de desarrollo limpio, de los programas de reducción de carbono por deforestación y degradación. Estas medidas están vigentes en las propuestas que se plantean en las comunidades afrodescendientes e indígenas, sobre todo de las zonas donde todavía hay ecosistemas de bosques.
Por pensar en los negocios más que en el medio ambiente y la sociedad, se busca la substitución de comida por agro-combustibles, las plantaciones forestales, la regulación del clima. Todas las propuestas de geo-ingeniería, de biología sintética y otras tecnologías de punta.
La venta de servicios ambientales se volvió el nuevo paradigma, para justificar la mercantilización y la privatización de los recursos básicos de los ecosistemas y las poblaciones rurales, donde se habla se servicios ambientales como la biodiversidad, los recursos genéticos, el conocimiento tradicional, los bosques naturales, los parques nacionales, los proyectos de etno y ecoturismo, etc. Lo que se pretende es poner en conflicto a las comunidades para ver cuál es la primera que llega a vender un recurso, patrimonio colectivo de los pueblos, de bienes públicos que deberían estar fuera del comercio. Muchas comunidades dicen: “Si yo no vendo el agua, mi vecino la va a vender” o “si yo no me meto en el programa RED, lo aprovecha otra comunidad”, todo esto viene en el enfoque de las tecnologías verdes que fue uno de los ejes en la Cumbre de Río+20. La discusión ya no se centra en cómo proteger los ecosistemas y territorios, sino cómo entrar en los agro-negocios y negocios ambientales, que están controlados por unas pocas empresas.
¿Quién está controlando el sistema alimentario en el planeta? Hace veinte años había siete mil empresas que controlaban sólo el diez porciento de las semillas, hoy diez empresas controlan el setenta y cinco porciento. Para el caso de agroquímicos, sesenta y cinco empresas tenían el cien porciento y hoy sólo nueve empresas tienen el noventa porciento. En el caso de los cultivos, Monsanto controla más del noventa y dos porciento de los transgénicos que hay en el planeta. El ochenta y dos porciento de las semillas que están comercializadas en el mundo y patentadas, son controladas por las empresas transnacionales. Sólo el dieciocho porciento de las semillas está en manos de los agricultores. Ese dieciocho porciento está representado en cientos y miles de variedades de semillas criollas que están dispersas y aisladas por todo el mundo. El grueso del mercado y del control está en las grandes empresas, que no se contentan con lo que ya han acaparado, y quieren tener el control total del mercado, porque la única forma de obligar a que todos los agricultores usen sus semillas, es haciendo que desaparezcan o teniendo el control de ellas.
De las diez empresas que controlan el mercado alimentario, sólo tres: Monsanto, Dupont y Syngenta, controlan el cincuenta porciento. Gran parte de estos recursos han sido colectados desde hace más de cincuenta años y se encuentran en los centros internacionales de investigación agrícola: el CIMIT en México, el IRI en Filipinas que tiene las conexiones de arroz, el CIP que tiene las conexiones de papa en Perú, y el CIA en Colombia que tiene las conexiones de frijol, yuca y pastos. Hay aproximadamente quince centros más, distribuidos en el mundo. Hay mil setecientos cincuenta bancos de germoplasma, que tienen siete millones y medio de muestras de plantas cultivadas, además de los jardines botánicos y otros centros que tienen muchos de estos materiales.
Las políticas del manejo de las semillas se definen en el marco de la FAO, a través de lo que fue hace algunos años el Tratado Internacional de Recursos Citogenéticos, que fue extremadamente perverso, pero que tiene ciertos elementos que pueden servir para reivindicar algunos aspectos fundamentales, como el reconocimiento de los derechos de los agricultores donde habla de los derechos a tener, guardar e intercambiar las semillas criollas. En el Artículo 9 dice:
Los derechos del agricultor deberían tener facultades más amplias puesto que señala que nada de lo que dice este Artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho de los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar, vender, material de siembra y propagación conservado en sus fincas con el arreglo de la legislación y según proceda.
El problema es que, en lo que hace a los derechos del agricultor, la mayoría de las resoluciones de la ONU son más declarativas que obligatorias. Son pautas para los Estados y cada uno de ellos verá cómo las aplica. Para el caso de Colombia no se ha tenido en cuenta el tema de los derechos del agricultor como un hecho real.
En los últimos años, ha habido una gran presión para que los países de América Latina adopten las leyes de semillas, o las adecúen según los estándares internacionales de los países europeos y Estados Unidos. Muchas de estas normas que no eran obligatorias, en las últimas décadas ya lo son, como las normas de patentes y de propiedad intelectual, de bioseguridad para los cultivos transgénicos, las normas de control a la certificación de la agricultura orgánica, entre muchas otras.
En Colombia hay leyes de semillas desde la Decisión Andina Nº 345 de 1993, que se basaba en el sistema de la Unión para la Protección de Obtentores Vegetales. Hay varias versiones, especialmente la UPOV 78 940 que fue la incluida en ese momento en los países andinos, después la UPOV 91 941 que es una norma más restrictiva. Estas normas se aplicaban de una forma declarativa, a ningún agricultor le negaban la posibilidad de guardar las semillas, contrariamente a las leyes actuales que penalizan el uso de las semillas criollas. Por ejemplo, el Artículo 4 de la Ley 1032, que es una modificación al Código Penal; la Resolución 9.70 del 2010 que establece el control de todas las semillas; la Ley 1518 del 2012 que habla de la aprobación del convenio UPOV 91, que fue derogada por la Corte Constitucional.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ha declarado que las leyes de semillas no tienen que ver con los Tratados de Libre Comercio. Pero la Ley UPOV 91 se aprobó en el 2012, un mes antes de que viajara el Presidente Obama a la Cumbre de las Américas. El Capítulo 16 de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio, tiene unas cláusulas específicas que dice que, todo país que lo firme tiene que adherirse a varios convenios y tratados de propiedad intelectual, entre estos debe adherirse a la UPOV 91.
El Artículo 4 de la ley 1032 donde habla de la usurpación de los derechos de obtentor, el que usufructúe estos derechos de obtentor de una variedad protegida legalmente o similarmente confundible con una protegida, legalmente tendrá hasta ocho años de cárcel y hasta mil quinientos salarios mínimos de multa. No sólo está protegiendo los derechos de las empresas a las semillas protegidas sino que dice que cualquier semilla de un agricultor que se parezca a una protegida, inmediatamente le pueden aplicar la norma.
En la Resolución 9.70, uno de los objetivos que plantea el ICA, dice que es para proteger la calidad y la sanidad de las semillas y de las cosechas; argumento que no tiene sustento, porque históricamente las semillas de los agricultores son las que han generado estabilidad, sanidad y adaptación a los ecosistemas. Por el contrario, las semillas industriales son las que han generado los problemas sanitarios y los problemas ambientales ya que, al estar amarradas a ese paquete tecnológico, son semillas que funcionan con los químicos, no naturalmente.
Si se observa el ámbito de aplicación de esta norma, aunque el ICA insiste en que no tiene que ver con ninguna variedad criolla, que sólo se aplica para las semillas de las empresas, en realidad se aplica a todo. Se aplica al que produzca, cultive, importe, exporte, almacene, comercialice, transfiera título gratuito o use semillas. Si una norma no las excluye, es porque están incluidas. El ICA dice que las únicas semillas legales que pueden circular por el país son las semillas certificadas y registradas. Esta norma se aprobó en el 2010 y el ICA ya ha decomisado o ha impedido la comercialización de cuatro millones de kilos de semillas. Entre el 2010 y el 2011, se decomisaron más de un millón cien mil kilos de semilla, la mayoría de arroz pero también de muchos cultivos básicos y muchos de ellos decomisados a pequeños agricultores. En Colombia se está aplicando la UPOV 78, que es una norma en el marco de la Decisión Andina, que no es tan restrictiva como una patente, pero es igualmente perversa, sobre todo porque hay una gran presión para que todos los países aprueben la UPOV 91 y que los requisitos para una patente y un derecho de obtentor es que sea nueva, homogénea, estable y distinguible. Frente a estas especificaciones, las semillas de los agricultores no pueden ser protegidas, porque no caben ni se espera que se incluyan en esos requisitos porque las semillas no deberían tener ningún control.
Por ello, las comunidades Nasa, plantean enfrentar estas leyes a partir de lo que han hecho los agricultores hace miles de años, recuperar, conservar, intercambiar, hacer que las semillas sigan circulando; impedir que las semillas sean cercadas por estos sistemas de propiedad intelectual. También están preparando demandas judiciales frente a las normas, como la Resolución 9.70. Ya lograron que la Corte Constitucional derogue la Ley 1518 del 2012 de UPOV 91, pero queda vigente UPOV 78. El ICA, luego del debate público por la Resolución 9.70, ha dicho que la va a “congelar”, lo que no satisface a las comunidades. Una vez más, el ICA avanzó, proponiendo una Resolución en la que establece que “esta norma no aplica a las variedades locales excepto si son para la comercialización”. Esto significa que las semillas tienen que estar confinadas en las parcelas de los agricultores y sólo pueden circular en el país las semillas criollas. En el paro agrario, las comunidades Nasa entregaron una serie de puntos a los agricultores que negociaron con el Gobierno, planteando que no se puede permitir ninguna Ley de propiedad intelectual sobre las semillas, ni UPOV, ni derechos de obtentores, ni normas de control de las semillas. Lo que sí se tiene que controlar son las semillas de las empresas para que no afecten el patrimonio genético de Colombia y las semillas locales. Por otro lado, se deben promover los sistemas de semillas de los agricultores que se adapten a las condiciones sociales y económicas de ellos 942.
En este caso, que es uno de los paradigmáticos en regiones como la latinoamericana, se nota la falta de defensa de la soberanía -por omisión o por incapacidad-, ya que vive fundamentalmente de la producción de recursos alimentarios de la tierra y del mar, y se ve el divorcio total que existe entre Gobiernos y sectores de la intelectualidad -aún de aquellos que pertenecen a instituciones del Estado como las Universidades, los Consejos Nacionales de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, los Institutos Nacionales de Tecnología Agropecuaria, etc.-, ya que se desaprovecha el conocimiento de los grupos tradicionales y de aquellos sectores campesinos -y también pesqueros- que mantienen un know how que favorecería el desarrollo, no sólo el crecimiento de estos países. Los Gobiernos -en su gran mayoría- están más concentrados en vincularse y proteger los intereses de los sectores de poder, bajo la idea de rentabilidad y lograr inversiones, que en ser verdaderos administradores y protectores de los recursos de los pueblos, para alcanzar objetivos legítimos de desarrollo y bienestar social. La izquierda, aún en el Gobierno, también está divorciada de la intelectualidad, o alimenta a la intelectualidad que desarrolla teorías afines con su ideología, en vez de trabajar sobre la realidad y su dinámica.
Los Gobiernos en América Latina, están más conectados con los negocios y la rentabilidad o con la movilización de las masas -dependiendo de su ideología y percepción-, que con la realización de un proyecto de país -en el mediano y largo plazo-, que tenga en consideración las características y funcionamiento del sistema mundial, para hacerlo posible.
El conocimiento -educación, investigación científica, know how- es una de las formas más significativas en la historia de la humanidad, para la construcción de poder. El discurso -de derecha o de izquierda- es una forma de difusión, pero carece de sentido si está lleno de ideología y carente del conocimiento necesario para alcanzar el cambio y las transformaciones deseadas. Países como Japón y la República Federal Alemana -que después de 1990 pasó a ser Alemania unificada-, han entendido este concepto y construido poder, desde la rendición incondicional en la post segunda guerra mundial y careciendo de recursos naturales -a diferencia de América Latina- hasta alcanzar desde el punto de vista económico, tecnológico e incluso político internacional posiciones importantes.
Las sociedades latinoamericanas han sufrido un proceso de “glotofagia” 943, que las ha dejado carentes de identidad y objetivos propios, por lo que van en la dirección de lo que se les plantea como adecuado y necesario y no de sus aspiraciones y objetivos. Esto ha traído como consecuencia, el que la élite dirigente en estos países, no consideren positivo o relevante el pensamiento de la gente indígena u originaria, que está vinculado con la idea de atraso. Son sociedades incapaces de construir un destino propio porque piensan con una identidad impuesta por los colonizadores y neocolonizadores. La dirigencia esta más vinculada al pensamiento del neocolonizador que al de su propia sociedad 944.
El sociólogo Gonzalo Portocarrero, llamó a este fenómeno de vivir divididos, el “nudo colonial”. Los conquistadores españoles “instalaron un sistema de dos Repúblicas: una de blancos y una de indios”. “Eran Repúblicas con sistemas tributarios diferentes, regímenes legales diferentes, derechos diferentes”. El tema es tener en claro en qué lado de la República se vive, para saber si se beneficia o se perjudica y queda afuera del sistema 945.
No se trata sólo de ser blanco o indio o afro; se puede ser blanco y pobre. Lo importante es que América Latina no ha podido resolver su identidad y vive fragmentada, imposibilitando cualquier avance.
Diferencias entre Campesinos y Grupos Etnicos sobre la Tierra
Los indígenas y los afrocolombianos, cuentan con dos Decretos Ley para solicitar la restitución de sus derechos territoriales. La Dirección de Asuntos Etnicos se encarga de documentar sus casos. Llegar a lagos, canales, bosques y zonas limítrofes no es fácil. Menos cuando grupos guerrilleros o bandas criminales intentan imponer sus mandos.
Investigadores de la Dirección de Asuntos Etnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, documentaron casos de diecisiete comunidades indígenas y afrocolombianos, que han solicitado que se les reconozcan oficialmente sus derechos territoriales sobre un millón doscientas mil hectáreas de tierra que, en algún momento, la guerra les arrebató o los forzó a abandonarla. A diferencia de los campesinos, los indígenas y los afrocolombianos no hablan de restitución de tierras sino de reconocimiento de derechos territoriales. No es solo la tierra lo que reclaman, “el territorio parte de una relación social y cultural que los grupos han construido históricamente”. Eso significa que para estas comunidades, su espacio no solo tiene que ver con la cantidad de hectáreas sino con los hábitos que han generado en ese espacio: vivir, cultivar, preservar la naturaleza, pescar o celebrar un ritual.
Los procesos de restitución llevados a cabo por la Unidad de Restitución con los campesinos, han sido más ágiles que los efectuados con comunidades étnicas. La mayoría de los casos fallados por los jueces son individuales, excepto por algunas demandas en las que el Gobierno ha solicitado la restitución colectiva de parcelas para grupos de adjudicatarios del antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA), privados violentamente de sus predios.
Hasta febrero del 2014, los jueces especializados en tierras, habían pronunciado trescientas ochenta y seis sentencias, que devolvieron veinte mil hectáreas a campesinos reclamantes. El proceso con comunidades étnicas comenzó en el 2013 y, aunque no ha habido ninguna sentencia, la Unidad ya ha presentado ante los jueces especializados, tres demandas de reconocimiento de los derechos territoriales. Estas demandas se basan en los Decretos Ley 4633 y 4635, que cobijan a las comunidades indígenas y afrocolombianas de forma respectiva. Una es para el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera en Tumaco, Nariño que reclama cuarenta y seis mil hectáreas, y les hacen oposición ante la justicia, empresarios de palma africana. Las otras dos demandas corresponden al resguardo Alto Andágeda en Bagadó, Chocó, donde el pueblo Embera Katío reclama cincuenta mil hectáreas en territorio, donde la minería ilegal hace estragos. La más reciente, radicada a principios de marzo del 2014, es de la comunidad Nuevo Espinal, en Barrancas, Guajira por la cual los indígenas Wayúu reclaman setecientas tres hectáreas de terrenos, parte de los cuales, sirven a los grupos criminales, de corredor para sus tráficos ilícitos y movimientos.
Sobre la primera demanda, la del Bajo Mira, el Juez la rechazó argumentando que no se ajustaba a la Ley 1448 -Ley de Víctimas-, que permite la restitución a campesinos despojados por el conflicto. La Unidad apeló la decisión argumentando que las reclamaciones de esta comunidad se ajustan al Decreto Ley 4635, que permiten la restitución de derechos territoriales a comunidades afrocolombianas. Aunque la Dirección reconoce que documentar regiones como el Urabá, donde la minería y las bandas criminales tienen fustigadas a las comunidades, o como Puerto Gaitán, Meta, donde antiguos hacendados y empresarios no están interesados en que haya un proceso de reconocimiento de los grupos étnicos, aseguran que bajo riesgo, hacen todo el esfuerzo para documentar los casos y presentarlos ante los jueces especializados.
En el proceso, algunas comunidades pueden correr el riesgo de ser desplazadas o despojadas y en ese caso, el Gobierno solicita al Juez medidas cautelares de protección, mientras comienzan los juicios. Estas medidas impiden que las tierras sean comercializadas. Hasta marzo del 2014, los jueces especializados han brindado estas medidas a cinco grupos étnicos: los afrocolombianos de Bajo Mira y Frontera, los indígenas Embera Katío del Chocó así como a los del Consejo Comunitario Renacer Negro en Timbiquí, en Cauca; Alto Mira y Frontera en Tumaco, Nariño; y las comunidades indígenas Saliva, Sikuani y Amorúa que integran la comunidad Kanalitojo en Puerto Carreño, Vichada. En total, ciento noventa y dos mil hectáreas han sido protegidas y seis mil familias han sido beneficiadas con las medidas.
A diferencia de los casos de comunidades campesinas, en las que algunos empresarios o particulares les han propuesto alianzas productivas o contratos de arrendamiento sobre las tierras reclamadas; con los grupos étnicos, esto es inconstitucional al considerarse que dichos acuerdos pueden legitimar un despojo y vulnerar el derecho de consulta previa. Las normas que protegen a estas comunidades advierten que “los derechos territoriales de los grupos étnicos son inembargables, imprescriptibles e inalienables”. Según la Dirección de Asuntos Etnicos, empresarios o particulares pueden llegar a estos acuerdos, sólo después de que un juez de restitución haya emitido un fallo y además se garantice la intermediación del Ministerio del Interior como aval de la negociación.
“Aquí se aplica la autodeterminación de los pueblos, pero este es un proceso en que debe haber consulta previa con la mediación del Ministerio” 946.
Propuestas de las Comunidades Agrarias
Las Comunidades Agrarias propusieron un Plan Nacional, que va más allá de lo meramente agrario y territorial. Se trata de un Plan de Paz, centrado en la problemática social, principalmente de estas comunidades, que abarca también la situación de las víctimas, la justicia, y una perspectiva que demanda que el Gobierno genere un proceso de negociación de “vías múltiples” 947.
Más allá de la Cumbre Agraria, el Gobierno, con el criterio de que no habrá cambios en lo político y económico substancial, a semejanza con lo planteado a las guerrillas, promueve que primero ganen elecciones ellos también, no solo la guerrilla, y desde el cargo obtenido, procuren los cambios. También debe pensarse, que las propuestas de la Cumbre Agraria, dejan en manos del Gobierno la responsabilidad de su ejecución, en vez de hacer planteos realistas y buscar estrategias de control e implementación que logren que los objetivos, aunque más modestos, sean realizables y se mantengan en el mediano y largo plazo.
Los participantes de la Cumbre Agraria, presentaron un Pliego de exigencias, que titularon “Mandatos para el buen vivir, la democracia y la Paz”, con varios puntos.
El país necesita un proceso de Ordenamiento Territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera como se organiza la producción, se distribuya el uso del suelo, se gobierna el subsuelo, y se protegen el aire, el agua, los ecosistemas estratégicos y los medios de vida de las comunidades agrarias. Ese ordenamiento apuntará a armonizar la conservación del medio natural con el aprovechamiento para la pervivencia de las comunidades agrarias. Por lo anterior, exigimos:
a) Que sean las comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial propia que incluya a las distinciones étnicas, regionales y productivas, y que garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales y colectivos. El ordenamiento territorial exigido tendrá como base la definición y el respeto de las figuras colectivas de Gobierno propio y defensa del territorio, incluyendo:
i. Resguardos indígenas y territorios ancestrales.
ii. Territorios colectivos afrocolombianos.
iii. Zonas de Reserva Campesina.
iv. Zonas Agroalimentarias.
v. Zonas de biodiversidad.
vi. Territorios interétnicos e interculturales.
vii. Otras formas de ejercicio de la territorialidad de las comunidades.
Estas tendrán el carácter de inalienables e imprescriptibles. Las organizaciones, comunidades, autoridades y pueblos movilizados o que por decisión autónoma se incluyan en el proceso, desarrollaremos una ruta propia de definición de los términos del ordenamiento territorial para garantizar la permanencia en el territorio y convivencia interétnica e intercultural. Esa ruta propia forma parte de una iniciativa de Paz impulsada por las organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas y urbano-populares que participen del proceso.
b) Que el Gobierno nacional nos dé garantías para la elaboración de esa ruta de ordenamiento territorial, y que las figuras mencionadas sean consignadas en la normativa colombiana y sean reglamentadas conforme a las decisiones de las organizaciones, pueblos y comunidades participantes; incluyendo el reconocimiento constitucional de la territorialidad colectiva campesina y afrocolombiana.
c) Una política de reforma agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra, que desmonte el latifundio como expresión histórica de la desigualdad y genere acceso seguro a la tierra para quienes carezcan de ella, así como la garantía de la autonomía territorial para campesinos, indígenas y afrocolombianos. Esa política de reforma agraria, deberá construirse de la mano con las organizaciones rurales y urbano-populares. Esta política debe tener un enfoque territorial y no simplemente de acceso a la tierra, de ahí que no se deba limitar a la dotación de tierra para las comunidades rurales, sino que redistribuya el conjunto de bienes comunes que se encuentran en los territorios rurales y en los márgenes entre lo rural y lo urbano, asegurando su cobertura, garantía y acceso para los pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos y urbano-populares.
d) La construcción de un fondo de tierras que se alimente de los predios despojados, que sean propiedad de narcotraficantes o que no cumplan con la función social de la propiedad, o que atenten contra su vocación natural -el caso de ciénagas y playones-, y los baldíos apropiados ilegalmente por la agroindustria.
e) Que se reconozcan los derechos históricos de los pueblos indígenas, el pueblo raizal y las comunidades afrocolombianas a sus territorios y, en especial, la propiedad colectiva inalienable de los resguardos indígenas, territorios ancestrales y territorios de las comunidades afrocolombianas.
f) Que se completen los procesos de titulación colectiva para pueblos indígenas y afrocolombianos que aún están pendientes.
g) Que se detengan todos los planes y proyectos que amenazan el goce de la tierra para las comunidades, entre ellas el derecho de superficie y los mercados de carbono en favor de empresarios nacionales o extranjeros, sobre los territorios y las tierras de campesinos, indígenas y afrocolombianos. Consideramos que esas medidas son otra forma de despojo contra los pueblos.
h) Que se aplique el derecho de prevalencia para los territorios de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, en caso de disputas con transnacionales, terratenientes y despojadores.
i) Que la consulta previa, y el consentimiento previo libre e informado, se extienda a las comunidades campesinas, extendiendo la aplicación del Convenio 169 de la OIT.
j) Que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho las empresas que han violado la Ley 160 de 1994, al adquirir más de las UAF autorizadas en dicha norma.
k) Que los baldíos se destinen exclusivamente a garantizar el derecho a la tierra de los campesinos, trabajadores rurales, población afrocolombiana e indígena.
l) Que se proscriban todas las formas de extranjerización de la tierra. En ningún caso personas naturales o jurídicas de origen extranjero podrán apropiarse, usar, arrendar superficie o generar ninguna forma de tenencia sobre la tierra.
m) El cumplimiento y fortalecimiento de la legislación relativa a la extinción de dominio de las tierras que no cumplan con la función social y ambiental de la propiedad.
n) La restitución integral de las tierras despojadas a las familias, comunidades y pueblos víctimas del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta enfoques colectivos y énfasis comunitarios en tales procesos de reparación.
o) La devolución de tierras expropiadas por endeudamiento campesino.
p) El reconocimiento del enfoque diferenciado y con perspectiva de género del acceso, uso y goce del territorio y la tierra para las mujeres.
q) La creación de una nueva institucionalidad pública para darle cumplimiento al nuevo ordenamiento territorial, la reforma agraria y la protección ambiental.
2. La economía propia contra el modelo de despojo.
El avance y profundización del modelo neoliberal ha generado graves perjuicios a la economía nacional, en especial a las formas de producción, comercialización y consumo propias de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Lo anterior ha impactado negativamente la soberanía alimentaria de los pueblos y de la nación. Las normas que regulan el libre mercado han generado un modelo de despojo que afecta el buen vivir de las y los pequeños productores, favoreciendo los intereses de latifundistas y multinacionales del agro. Como resultado se han afectado no solo los intereses económico de las comunidades rurales, sino las prácticas culturales y de vida asociadas a estos. Por lo anterior, exigimos:
a) La transformación del modelo productivo del país, apuntando a una política económica planificada y agroecológica, que regule el mercado, basada en el fortalecimiento de la economía campesina, impulsando un ente de planeamiento territorial de las comunidades agrarias, las comunidades campesinas, indígena y afrocolombiana. Ese nuevo modelo debe impulsar un sistema de economía campesina que desarrolle una política pública para recuperar el campo colombiano de la quiebra generada por las políticas aperturistas y de libre comercio.
b) La implementación de una política que restrinja y regule el uso y precio de los agroquímicos, así como el inicio de un proceso de reconversión de la producción nacional hacia un modelo agroecológico, creando un sistema nacional de asistencia técnica basada en el respeto al medioambiente y a los saberes tradicionales de los pueblos y comunidades.
c) Condonación de las deudas y retiro de los embargos a tierras y propiedades del campesinado, adquiridas a través del sistema financiero y acceso al crédito agropecuario con tasas no determinadas por la lógica de mercado.
d) Creación y fortalecimiento de cooperativas de ahorro para el campesinado y comunidades rurales, con financiación del Estado y dirigidas por las organizaciones comunitarias.
e) El desmonte de todos los tratados de libre comercio, inversiones, propiedad intelectual y servicios firmados por Colombia, deteniendo la aprobación de nuevas normas, tratados y acuerdos internacionales de cooperación que vulneren la producción agropecuaria nacional. Exigimos que se priorice la integración con los pueblos de Nuestra América Latina y el Caribe, en el marco de la protección de la producción nacional. Entretanto, exigimos que todo tratado de comercio internacional, inversiones, propiedad intelectual y servicios sean consultados con el pueblo colombiano.
f) Un régimen de subsidios que proteja la producción nacional, en especial a los sectores afectados por la apertura, en la que se establezca, por parte del Estado, precios de sustentación rentables y seguros de cosecha. De igual manera, exigimos la instauración de un sistema de compra y distribución estatal de alimentos y productos agropecuarios, así como establecer subsidios al transporte de alimentos y productos de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.
g) Un plan de choque para el estímulo a la producción de alimentos básicos por parte de los pequeños productores, que tendrá como base el apoyo a la economía campesina en los términos propuestos en el punto anterior. Así como el fortalecimiento de los mercados campesinos y locales, buscando la integración regional, en el marco de las prácticas de comercio justo y eliminando la figura de los intermediarios.
h) Una política de apoyo a la transformación de alimentos y productos agropecuarios desde las comunidades rurales, generando procesos de industrialización acordes con los intereses de las mismas.
i) La prohibición de la importación de los productos agropecuarios estratégicos para la economía nacional.
j) La derogación de las leyes de semillas que regulan su propiedad intelectual -patentes y derechos de obtentores vegetales-, y que propician su privatización, de manera que el Gobierno deje de perseguir al campesinado por guardar, proteger o intercambiar semillas. Exigimos que no aplique las Leyes 1032 del 2006 y la 1518 del 2012 y derogue la Resolución 970 del ICA.
k) La creación de un sistema nacional, regional y local de promoción y apoyo a la producción, selección, multiplicación y difusión de semillas originarias, que no tengan registro de propiedad intelectual, ni normas que controlen la producción, la libre circulación y comercialización por las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Así como el apoyo económico y técnico, de forma descentralizada, para el establecimiento de casas custodios de semillas, manejadas y controladas por las organizaciones y comunidades agrarias.
l) Enfocar la propuesta investigativa y académica de las universidades, según el contexto y las necesidades del agro colombiano, en particular de los pequeños productores, reconociendo y articulando los saberes y conocimientos propios ancestrales e históricos de campesinos, indígenas y afrodescendientes.
m) El avance en la protección de la soberanía alimentaria nacional desde lo local y que sea declarada como utilidad pública, interés social y bien común de la nación.
n) La reglamentación del Capítulo VII de la Ley 70, en lo relacionado con el fomento al desarrollo de los territorios colectivos y tradicionales afrocolombianos. Dicha reglamentación se hará conforme a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos.
o) Financiación del sector agrario, en particular para el fortalecimiento de la pequeña y mediana producción especialmente de alimentos mediante un fondo nacional cuyos recursos provengan, entre otros, de la eliminación de las exenciones tributarias a grandes empresas de capital nacional y trasnacional, así como de la explotación de recursos minero energéticos.
3. Minería, energía y ruralidad.
La mala gestión y el saqueo de los recursos naturales minero-energéticos afecta gravemente a la madre tierra y las comunidades rurales, genera impactos ambientales que ponen en riesgo la vida de los pueblos y la biodiversidad, persigue y criminaliza a los pequeños mineros, y solo beneficia a las empresas transnacionales que se enriquecen gracias al modelo económico impulsado por el Gobierno colombiano. En ese marco, reivindicamos la necesidad de construir un nuevo modelo minero-energético basado en la soberanía nacional, el aprovechamiento planificado, el desarrollo tecnológico propio, la protección ambiental y la redistribución de los rendimientos generados por las actividades mineras y energéticas. Por lo anterior, exigimos:
a) Que se inicie un proceso democrático de discusión de una nueva política nacional minero-energética, con participación efectiva de las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianos y los pequeños mineros tradicionales y de supervivencia, a través de un ejercicio de legislación popular e incluyente.
b) Exigimos la reformulación de un nuevo modelo de redistribución de las rentas petrolera y minero-energética, con el fin de fomentar, promover e invertir en el desarrollo rural y urbano; y obtener mayores recursos para la inversión social y la garantía de los derechos de las comunidades.
c) Detener la concesión de títulos mineros y la adjudicación de bloques petroleros, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales y los trabajadores del sector la política minero-energética del país.
d) Una moratoria minera que congele la adjudicación de títulos mineros en todo el país. La moratoria se aplicará hasta que se den condiciones reales para una explotación minera razonable para el país y las comunidades.
e) La reversión de los bloques petroleros y las concesiones otorgadas a las multinacionales en casos de grave deterioro ambiental, detrimento de los recursos de la nación y violación de los derechos de los trabajadores.
f) La reversión de todos los títulos mineros que se han aprobado en territorios ancestrales, indígenas y afrocolombianos sin haber efectuado la consulta previa, libre e informada.
g) Que no se aprueben nuevos títulos mineros en territorios ancestrales, indígenas y afrocolombianos, sin pasar por el requisito de la consulta en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.
h) Que deje de considerarse la minería como actividad de utilidad pública y de interés social de la Nación.
i) Que en el desarrollo de la política minera, se garantice el estricto respeto por el agua, los páramos, bosques, áreas protegidas, zonas de biodiversidad y agroalimentarias, fuentes de agua y todos los ecosistemas estratégicos para la vida y la biodiversidad. Por lo anterior, que no se apruebe ningún título minero en dichos territorios.
j) En ningún caso se aprueben proyectos minero-energéticos, -títulos, concesiones y similares- sin el requisito de la licencia social, es decir, sin la autorización derivada de la realización de consultas campesinas y populares en los territorios que puedan verse afectados. Tales consultas se realizarán durante la fase de solicitud del proyecto, del título o la concesión.
k) Suspender la implementación de megaproyectos hidroeléctricos que afecten los territorios y comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, y promover la implementación de alternativas de abastecimiento energético a partir de tecnologías apropiadas y limpias.
l) Revocar las licencias ambientales de megaproyectos hidroeléctricos, hasta tanto no se tenga una comisión nacional de represas que garantice el cumplimiento de las demandas de los afectados por las hidroeléctricas.
m) La reestructuración de la fórmula que define los precios de combustibles, para garantizar un costo de vida más equitativo para el conjunto de la población, procurando la regulación ambiental de la extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos.
n) Reconocer y reparar a las víctimas y afectados por los proyectos minero-energéticos e hidroeléctricos.
o) Suspender los proyectos de fracking apelando al principio de precaución.
4. Cultivos de coca, marihuana y amapola.
Ante el fracaso y la arbitrariedad de la política antidrogas del Estado Colombiano -los Gobiernos de turno que lo conducen-, consideramos crucial redefinir los lineamientos que han configurado el tratamiento a los cultivos de coca, marihuana y amapola. Por lo anterior, exigimos:
a) El cumplimiento de los compromisos adquiridos con los procesos organizativos representantes de los cultivadores de coca, marihuana y amapola en movilizaciones pasadas.
b) Un programa de substitución social, gradual, concertada, estructural y ambiental que permita generar una fuente alternativa de ingresos frente a los derivados por cultivos de usos ilícitos como la coca, la marihuana y la amapola. Dicho programa deberá hacerse con énfasis en el ordenamiento y la planeación territorial, acordando procedimientos, tiempos y mecanismos; con la participación de las comunidades agrarias y sus organizaciones representativas, basado en el reconocimiento, la formulación y ejecución de Planes de desarrollo sostenibles, integrales y/o de vida.
c) Un programa de substitución de cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola que supere la puesta en marcha de programas de erradicación violenta y aspersión con glifosato que atentan contra la vida digna de las comunidades agrarias -Indígenas, Afrodescendientes y Campesinos-.
d) La liberación de las y los presos judicializados por el cultivo de marihuana, coca y amapola; no relacionado directamente con comercialización de estupefacientes.
e) No aplicación de la extinción de dominio en los predios en los que se cultive marihuana, coca y amapola.
f) Una política de substitución gradual que tenga como base la inversión social en la comunidad y el impulso a cultivos alternativos desde las propuestas campesinas. Rechazamos la substitución basada en la imposición de cultivos agroindustriales como la palma de aceite, el caucho y otros similares.
g) Una política de substitución basada en la promoción de cultivos productivos propios de la economía campesina que sean comerciables y con seguros de cosecha a corto, mediano y largo plazo. Los planes se sustentaran en dos ejes orientadores: el primero se refiere al diseño e implementación de Sistemas Productivos Sostenibles y el segundo a la estabilización y garantía de la integralidad de derechos.
h) Programas de substitución basados en la estabilización de los Sistemas Productivos Sostenibles y atendiendo a seis líneas de acción:
i) acceso a tierra;
ii) sistemas productivos sostenibles;
iii) mejora de infraestructura;
iv) transformación agregación de valor en el predio;
v) acceso a asistencia técnica y tecnología; y
vi) acceso a mercados.
i) Respetar y fortalecer los usos tradicionales, medicinales, alimenticios e industriales de la hoja de coca, amapola y marihuana, en el marco de los sistemas productivos de las comunidades agrarias.
j) La substitución debe ser manejada por las comunidades y las organizaciones agrarias -Indígenas, Afrodescendientes y Campesinas-. Serán las comunidades quienes impulsen las propuestas de substitución, no el Gobierno nacional.
k) Implementar propuestas de inversión agropecuarias desde las comunidades agrarias, con garantías para la producción.
l) Respeto y promoción la producción e industrialización, por parte del Estado, de alimentos y medicinas basados en los cultivos de coca, amapola y marihuana.
m) Garantizar el despliegue comunicativo nacional a través de todos los medios disponibles para difundir, educar y capacitar a las comunidades sobre el uso de las plantas sagradas, ancestrales y todo lo relacionado con el cultivo de la coca, amapola y marihuana.
n) No otorgar patentes para las plantas de coca, marihuana y amapola y los productos derivados de los procesos de transformación.
o) El tratamiento del consumidor como un tema de salud pública, con el ingreso al sistema de salud.
5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia.
Debido a la falta de reconocimiento político de los derechos de los campesinos, la insuficiente garantía de los derechos de afrocolombianos e indígenas, el alto número de violaciones a los Derechos Humanos, la falta de garantías para las organizaciones sociales y populares, la constante estigmatización, persecución y criminalización de quienes se movilizan para buscar una sociedad más justa y en Paz, persistimos en reivindicar el respeto a nuestros derechos y en demandar las garantías mínimas para vivir en una sociedad democrática. Por lo anterior, exigimos:
a) La Verdad, Justicia y Reparación integral por las violaciones a Derechos Humanos perpetradas contra las comunidades agrarias y populares, y la No Repetición de estas prácticas.
b) Desmonte total de las estructuras paramilitares y la judicialización penal de sus actores, propiciando una veeduría internacional y la conformación de una comisión de la verdad. Así como realizar investigaciones eficaces que revelen los vínculos entre el sector económico, político, y militar con los paramilitares.
c) La conformación de una Comisión de la Verdad y una política de recuperación de la memoria histórica de las violaciones a los Derechos Humanos en busca de la verdad, la justicia y la reparación, que difunda de manera masiva sus resultados. Dicha política debe garantizar el acompañamiento psicosocial y pedagógico, así como el reconocimiento tanto a las comunidades vulneradas como a las asociaciones de víctimas, de manera concertada.
d) Garantías para la permanencia en los territorios, en especial para las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianos.
e) Justicia, Verdad, Reparación integral y No Repetición por las personas detenidas, heridas y asesinadas por el Estado en el marco de las movilizaciones sociales.
f) Garantías para el derecho a la protesta social y garantías para la movilización, así como la libertad inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos políticos; y que la protesta social no tenga un tratamiento militar ni intimidatorio.
g) Celeridad y efectividad en las investigaciones y procesos judiciales que recaen sobre responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y amplia difusión de sus resultados.
h) El traslado de todas las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que son conocidas por la Justicia Penal Militar a la unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía.
i) Investigación, judicialización y castigo de los autores, así como el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, de los diecinueve homicidios y cerca del millar de heridos ocurridos en el marco de las movilizaciones del paro agrario y la minga del 2013. Reivindicando así su memoria y garantizando los derechos de verdad, justicia, y reparación que le asisten a los familiares de las víctimas.
j) Solución estructural a la crisis carcelaria y la declaratoria de la emergencia social, la que pasa por la reformulación de la política criminal actualmente basada en la privación de la libertad, la criminalización de la pobreza, la protesta social y otras garantías y libertades ciudadanas, hacia una política que garantice la prevención del delito, la inclusión social y el respeto de garantías.
k) Abolir la mal llamada “limpieza social” ejecutada, principalmente contra los jóvenes, por funcionarios del Estado y las estructuras paramilitares, e imponer ejemplares sanciones a los responsables.
l) Garantías jurídicas y administrativas para el ejercicio de la política y la oposición.
m) Derogación de la ley de seguridad ciudadana, y libertad inmediata de las personas procesadas y condenadas bajo su vigencia.
n) Desmonte del ESMAD y prohibición del uso de las mal llamadas “armas de letalidad reducida”.
o) Fin de la Doctrina de Seguridad Nacional y que se dote a las fuerzas armadas de una Doctrina basada en el respeto a los Derechos Humanos y la defensa de la nación.
p) Reforma al régimen de servicio militar, que incluya el fin del servicio militar obligatorio, la prohibición del reclutamiento forzado y la garantía en la aplicación de las sentencias frente a la objeción de conciencia. Se deben llevar a cabo investigaciones disciplinarias y penales por parte de autoridades civiles para miembros de la fuerza pública que realicen prácticas de reclutamiento forzado, tanto en el campo como en la ciudad. Además exigimos acceso universal de la libreta militar para jóvenes y personas que no tengan resuelta su situación militar, y se elimine su carácter de requisito para trámites con el Estado.
q) Igualdad de derechos políticos, sociales y económicos entre hombres y mujeres, desde una perspectiva de género y de libertades sexuales y reproductivas, asegurando una equitativa participación política en las instancias de decisión en los asuntos que afectan sus vidas.
r) Garantías reales para que los cuerpos de las mujeres y niñas no sigan siendo un instrumento, ni botín de guerra.
s) Tipificación del femicidio como un delito autónomo.
t) Aplicación efectiva de la Ley 1257 del 2008 y el cese de la violencia contra la mujer.
u) Reconocimiento con carácter vinculante de los derechos plasmados en el proyecto de la Declaración sobre los Derechos de las Campesinas y los Campesinos que tiene trámite en la ONU; exigimos del Estado colombiano la adopción plena y perentoria de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Exigimos la incorporación de estas directrices y derechos a la legislación interna, desarrollando políticas públicas que garanticen su promoción y exigibilidad. Mientras se procura el trámite para el cumplimiento de la exigencia anterior, requerimos el desarrollo de una política transitoria en favor de campesinos indígenas y negritudes.
v) Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de la política de producción agropecuaria y desarrollo rural, para las organizaciones y comunidades campesinas, a través de mecanismos definidos de manera autónoma. Exigimos la democratización real de la Federación Nacional de Cafeteros y otras Federaciones. Exigimos la participación efectiva y con carácter decisorio en los Consejos y Juntas Directivas de las entidades del Estado que tienen que ver con la atención a la población rural.
w) Otorgar, reconocer y garantizar, con carácter vinculante, el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado a las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y comunidades urbanas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo económico y lo cultural.
x) Garantías para una verdadera y genuina política de restitución de tierras despojadas así como el reconocimiento de los territorios sagrados para los pueblos indígenas.
y) Garantías para la construcción de planes de vida donde se determine lo que sucede en los territorios, reconociendo la posibilidad de desarrollar modelos autónomos en cuanto al desarrollo de la tierra, la educación, la salud, y la economía propias.
z) Cumplimiento perentorio de los Autos 004 y 005 de la Sentencia T-025 del 2004, relativos a la situación de peligro de desaparición de los pueblos indígenas y afrocolombianos.
aa) Respeto al DIH, incluyendo la prohibición de puestos de policía y militares en los cascos urbanos y poblados; así mismo el respeto al principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, buscando no involucrar a la población civil en los conflictos armados. Lo anterior incluye el cese de la persecución a la población civil mediante montajes judiciales.
ba) Reconocimiento y la no estigmatización y persecución a las y los Defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales y populares.
ca) Desmonte, supresión y ordenamiento jurídico de la figura del Fuero Penal Militar; que deje de aplicarse la figura del blanco legítimo, ejecuciones extra judiciales -falsos positivos-, y otras arbitrariedades similares.
da) Democratización de los medios de comunicación existentes, así como el fortalecimiento de los medios alternativos, comunitarios, regionales, y locales. Y la creación de nuevos medios de comunicación con alta difusión y participación de los sectores populares.
ea) Democratización del espectro electromagnético.
6. Derechos sociales.
Para los pueblos afrocolombianos e indígenas y para las comunidades campesinas, la educación, salud, el trabajo, vivienda digna y la recreación, serán concebidas como derechos, no como servicios, y se desarrollarán de acuerdo a las necesidades y realidades de las comunidades. Por lo tanto, exigimos:
a) El aumento de las partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, vivienda, salud, vías, producción, redes eléctricas, saneamiento básico, agua y alcantarillado en las zonas rurales.
b) Una política educativa que propenda por un proyecto de educación pública propia campesina, que le permita a los estudiantes campesinos tener una formación acorde a sus realidades y sus necesidades. Lo anterior implica la construcción de una currícula y una pedagogía diferenciada acorde con las territorialidades, y con la participación decisoria de las comunidades campesinas y sus organizaciones. También exigimos mayor formación docente y fortalecimiento de la planta docente en el sector rural.
c) Derogar el Acto Legislativo 01 del 2001, que modifica los Artículos 347, 356 y 357 de la Constitución Política Nacional, relacionados con la educación; la Ley 715 del 2001 y la Ley 1294 del 2010, que sustentan la privatización de la salud y educación, entendiéndolas como servicios y no como derechos.
d) Derogar la Ley 30 de 1992, de educación superior, y la concertación con la sociedad de una nueva Ley de educación pública, gratuita y de calidad, que reconozca la educación como derecho fundamental, bien común y con enfoque diferencial.
e) Condonación y congelamiento de las deudas del ICETEX apuntando al subsidio a la oferta.
f) Cumplimiento y garantía de los programas de educación propia para pueblos afrocolombianos, comunidades negras e indígenas.
g) Reconocimiento y plenas garantías al ejercicio, prestación y promoción de la medicina ancestral como parte de un nuevo sistema de salud.
h) Implementación de planes de medicina preventiva, tanto en zonas rurales como urbanas, de acuerdo a las prácticas culturales de cada comunidad o región.
i) Que la salud deje de concebirse como negocio o mercancía para que se garantice como derecho humano y fundamental. Exigimos la derogatoria de todas las normas que mercantilizan la salud y niegan la garantía de este derecho, entre ellos los Artículos 48 y 49 de la Constitución, la Ley 100 de 1993 y el proyecto de Ley Estatutaria sobre la salud y la seguridad social.
j) El fin de la política del subsidio a la demanda y que se instauren políticas de subsidio a la oferta en salud y educación, una nueva política presupuestal que fortalezca las instituciones educativas de todos los niveles y que saque de la crisis a la red hospitalaria que ha sido sistemáticamente debilitada por los Gobiernos nacionales desde 1993; el fin de la intermediación financiera privada en salud y educación, la derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así como la concertación con la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.
k) El derecho fundamental al trabajo digno, por medio de contratación directa, garantías laborales, protección y reparación de la libre asociación, huelga y reparación a las personas perseguidas.
l) La definición de un sistema de seguridad social para campesinos, indígenas y afrodescendientes, con el que se otorgue pensión y aseguramiento en riesgos profesionales.
m) Un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de educación básica, media, superior y técnica, que atienda y preserve la identidad de las comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de vida.
n) El nombramiento inmediato de la planta docente calificada para la educación que requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos y condiciones laborales.
o) Que se detenga la privatización y se reviertan el manejo a los Municipios de los servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado teniendo un criterio social. Que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial. El agua concebida como un derecho y bien común.
p) Derogatoria de la Ley 142 que posibilita la privatización del uso del agua.
q) La condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos y que se levanten los embargos que se han efectuado por este motivo.
r) Que se garantice un mínimo vital gratuito para las comunidades rurales, urbanas y se implementen veedurías comunales a la prestación de servicios públicos.
s) El servicio de energía eléctrica rural y agua potable para los lugares que aún no cuenten con estos servicios.
t) Programas masivos de vivienda rural digna y de educación técnica y acceso a la educación superior. Exigimos la garantía de derechos para los trabajadores rurales, empleo digno con remuneración justa y seguridad social.
u) Que las escuelas, hospitales y salones comunales no sean ocupadas por los actores armados, y que sus construcciones no respondan a intereses estratégicos de guerra y confrontación.
v) Respeto por la propiedad comunitaria para administración de espacios de recreación y de servicios públicos, estas deben ser iniciativas comunitarias, con el fin de mantener su función social.
w) La infraestructura debe ser construida en pro del bienestar de las comunidades en consenso y no contra ellas, ni contra la madre tierra, ni para el ejercicio militar.
7. Relación ciudad-campo.
La configuración actual de la relación ciudad-campo exige una respuesta inmediata y contundente por parte del movimiento social. La tradicional distinción entre la ciudad y el campo ha generado grandes problemáticas sociales y económicas donde se puede evidenciar la relación de subordinación del campo a la ciudad. En ese orden, es urgente eliminar las falsas barreras prescindibles entre ciudad y campo, para avanzar en el afianzamiento de la alianza popular a través de nuevos modelos alternativos de construcción territorial. Por lo anterior, exigimos:
a) La protección de todas las fuentes de agua del país, en especial de aquellas que abastecen del líquido a las grandes ciudades. Exigimos el manejo público y comunitario del agua y el desmonte de los megaproyectos que amenazan las fuentes hídricas, su pureza y distribución. Exigimos que el Estado garantice la financiación y administración de los acueductos comunitarios.
b) La cobertura universal de los servicios públicos domiciliarios a los habitantes del territorio colombiano y la condonación de las deudas contraídas por los ciudadanos y ciudadanas en esta materia.
c) Una nueva tabla de tarifas de servicios públicos, que correspondan a los costos reales, con subsidios ampliados de parte del Estado y sin los costos de especulación de la intermediación financiera.
d) Frenar la privatización de las empresas prestadoras de servicios públicos y que éstas sean de carácter estatal con veeduría de las comunidades.
e) En las ciudades, en especial en las grandes capitales, se deben realizar pactos con las áreas rurales y Municipios que las abastecen de alimentos. Tales pactos o alianzas deben priorizar la articulación de las zonas agroalimentarias, las de reserva campesina, los territorios afrocolombianos, los resguardos indígenas y territorios ancestrales, como despensas alimentarias y apoyo a las economías campesinas, en el marco de acuerdos regionales de soberanía alimentaria y, si se requiere, mediante asociación de municipios -como está previsto en la Constitución Nacional-. Tales pactos deben estar guiados por principios de solidaridad y economía propia; en ese sentido, es necesario el reconocimiento de las plazas de mercado populares por parte del Estado.
f) Inversión en vías de comunicación secundaria y terciaria para el pleno ejercicio del abastecimiento ciudad- campo.
g) Redefinición de criterios para las tarifas de impuesto predial, tarifas más altas para grandes propietarios y más bajas para pequeños propietarios.
h) Demandamos garantías de regreso a los campos de las personas que viven en las ciudades a causa de los desplazamientos, ya sean por motivos de la violencia o de la construcción de megaproyectos. De igual forma, exigimos que se brinden todas las garantías para aquellas personas que decidan no retornar al campo. Exigimos al Estado el reconocimiento de la problemática de la ciudad que surge de modelos de despojo del sector rural.
i) Exigimos una reforma urbana integral que incluya: hábitat y vivienda digna garantizada por el Estado, que contenga el mínimo vital de servicios públicos con tarifas al alcance del consumidor, en armonía con el medio ambiente.
j) El desmonte de la especulación financiera y uso del suelo controlado por el mercado.
k) La legalización de asentamientos informales que detenga el despojo arbitrario por parte del Estado.
l) La creación de la Ley Orgánica de Plan de Ordenamiento Territorial Urbano, que cuente con la participación de las comunidades y sectores populares, teniendo como base las diversas construcciones territoriales y planes de vida.
m) Participación comunitaria en la toma de decisiones y en la generación de políticas urbanas, planificación de presupuestos y/o dirección del recurso público, para la construcción de planes de desarrollo y Gobierno. Para ello, demandamos las consultas previas y vinculantes de las comunidades.
n) Transformación del modelo de movilidad urbana que frene la privatización del transporte público, con reducción de tarifas del servicio, incluyendo la implementación de planes para la movilidad alternativa.
8. Paz, justicia social y solución política.
Las anteriores reivindicaciones y propuestas de país, se constituyen en parte de la Agenda de Paz que impulsamos desde los movimientos agrarios, sociales y populares. Nuestra Agenda de Paz busca la justicia social y la vida digna en los territorios. Por lo tanto, exigimos:
a) La solución política al conflicto social y armado. El avance de los diálogos que se realizan en La Habana entre el Gobierno y las FARC, el cese el fuego bilateral y la instalación de las mesas de diálogos entre el Gobierno nacional, el ELN y el EPL.
b) Las comunidades rurales, quienes conocemos la crudeza y el horror del conflicto social y armado en sus peores manifestaciones, reivindicamos la participación en los procesos de negociación, y propendemos y exigimos que no se levanten de las Mesas de negociaciones.
c) La implementación de una política integral para la Paz elaborada por los movimientos sociales y populares y financiada por el Gobierno nacional.
d) Garantías para un gran diálogo nacional, que se exprese en la apertura de diálogos regionales en aquellos territorios donde la guerra se vive con mayor rigor.
e) La desmilitarización de los territorios indígenas, campesinos, afrodescendientes, urbanos, universitarios y el respeto de la autonomía en los territorios que se encuentran en medio del conflicto social y armado.
f) La eliminación de la Doctrina de Seguridad Nacional. Por lo tanto la reducción del pie de fuerza, depuración de las fuerzas militares, retiro inmediato de las bases militares extranjeras en el país, fin a los tratados de carácter militar con la OTAN, derogar la Ley de Seguridad Ciudadana y desmontar el plan de inteligencia y contrainteligencia.
g) La reestructuración del presupuesto nacional y limitación del gasto de guerra. El gasto en defensa no puede ser mayor al de la inversión social.
h) Garantías para que las organizaciones, procesos y movimientos puedan desarrollar su actividad organizativa y política para la construcción del movimiento social por la Paz; particularmente el desmonte del paramilitarismo, ya que lo entendemos como un mecanismo para el ejercicio del terrorismo de Estado.
i) Las garantías para avanzar en un proceso constituyente por la democracia, la justicia social y la Paz 948.
El Punto de Vista Empresarial: Caso FEDEGAN
La visión que el Agro colombiano tiene sobre el tema de la Tierra, desde el punto de vista del Presidente Ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), José Félix Lafaurie, es que les preocupa que el futuro del campo se circunscriba al estrecho escenario de las Mesas de negociación, donde priman intereses y visiones teóricas sobre su realidad.
Para el Presidente de FEDEGAN, un mal tratamiento de la cuestión rural, o ceder a las presiones de la guerrilla, los puede dejar frente a una componenda basada en un conjunto de ideas con buenas intenciones o, en el peor de los casos, en el limbo del subdesarrollo.
El revisionismo de las FARC, incluye todo lo que se mueva sobre el suelo, el subsuelo y el sobresuelo. Desde el modelo minero-energético, la propiedad de la tierra, el déficit presupuestal del sector, la institucionalidad y hasta el cierre a la internacionalización de la economía y la inversión extranjera. ¿Cómo desatar los nudos gordianos, para hacer compatible la posición extremista de las FARC frente a los TLC, con la política de Comercio Exterior que se trazó el Gobierno de Juan Manuel Santos? El campo es un actor de primera línea en la configuración de esa nueva era -atada a la profundización de la globalización- que no se puede seguir ignorando.
En los recientes diagnósticos del PNUD, FAO, USDA y distintos “think thank” colombianos, se ha llegado a un consenso: la urgencia de aprovechar la multifuncionalidad de la tierra para concebir un desarrollo rural sostenible y sustentable, capaz de garantizar, además del suministro agroalimentario, biocombustibles y servicios ambientales. Es el mapa que debería haber dejado claro el equipo negociador del Gobierno, pues toca temas relevantes que afloraron en La Habana. Capacitación, transferencia de tecnología, innovación, encadenamientos productivos, bienes públicos, “aperturismo” a ultranza y, quizá la más importante: vías de comunicación para las zonas marginales 949.
Visión de las FARC sobre la Posición de FEDEGAN
Para el líder de las FARC, Timoleón Jiménez, la Federación Colombiana de Ganaderos, difama a la guerrilla “para tapar con un dedo sus propias atrocidades”. Con el argumento de que las FARC han destruido el campo durante más de medio siglo, FEDEGAN rechaza que asuntos como el desarrollo rural y la tierra sean negociados en los Diálogos de Paz.
“No sólo los grandes ganaderos promovieron y financiaron el paramilitarismo para persistir con su vieja tarea expropiadora”. También lo hicieron grandes compañías agrícolas y mineras en vergonzoso contubernio con la fuerza pública y buena parte de la clase política.
La negativa del Presidente de FEDEGAN de asistir al foro de debate sobre los temas agrícolas y de la tierra, nada tenía que ver con que los acusaran allí de paramilitares y asesinos.
“Se relacionaba más bien con su desacuerdo en celebrar un evento, capaz de despertar un sinnúmero de reclamaciones y aspiraciones sobre el destino del campo, completamente distintas a lo ya definido por el Gobierno”. La carta de FEDEGAN en la que explica su ausencia, “deja al descubierto que el gremio está pensando seriamente en reconvertir su actividad tradicional, amenazada por la lógica neoliberal de los Tratados de Libre Comercio”. Todo esto, a fin de ponerse a tono con las posibilidades de la creciente demanda mundial de alimentos y biocombustibles.
Las nuevas banderas de FEDEGAN se vinculan a la gran agricultura empresarial de exportación y la ganadería moderna y sostenible, coincidiendo con el inocuo estribillo oficial de generar, de este modo, empleo y bienestar general. Para ellos el desarrollo rural, no puede significar reparto de tierras destinadas a la proliferación de nuevos minifundios. Se trata de crear condiciones para que los campesinos, que tercamente aún sobreviven, puedan asociarse libremente con la gran empresa y obtener conexión con los mercados.
En la mesa de conversaciones con los delegados del Presidente Santos, no les interesa negociar nada.
Nunca hemos entendido la Paz como el producto de un acuerdo de intereses entre el Gobierno y los guerrilleros, sino como el resultado del diálogo abierto con todos los sectores de la realidad nacional. La democracia y la Paz significan eso, un foro permanente de discusión sobre el destino del país y la sociedad 950.
Respuesta de la Representación de las FARC en La Habana
La representación de las FARC en La Habana respondió a lo planteado, principalmente por el Presidente de FEDEGAN, diciendo que de lo que se trata es:
1. Aceptar que estamos en un conflicto armado interno -Uribe lo negaba-;
2. Que como consecuencia de ello le reconocemos algún grado de legitimidad a la contraparte;
3. Que estamos dispuestos a pactar unas determinadas cosas para poner fin al conflicto.
Por tanto, repetir a cada momento la pregunta de por qué vamos a discutir con las FARC cualquier tema, es simplemente desconocer los supuestos del proceso, que son los tres anteriormente mencionados. Aceptemos que no son enemigos de la Paz, pero que lo son de una Paz negociada y las confrontaciones solo se acaban por Pactos o por aniquilamiento.
¿Cuáles son esas “determinadas” cosas que estamos dispuestos a pactar? Siguiendo lo pactado en el Acuerdo General para poner fin al conflicto, el primero de los Puntos es el de una política de desarrollo agrario integral. Se trata de la aceptación de que en el corazón de la confrontación hay un conflicto por la tierra. El reconocimiento de que el modelo de desarrollo rural existente ha traído concentración de la propiedad de la tierra en una medida inaceptable, que los mayores niveles de pobreza extrema están en el campo, que la economía campesina no es siquiera de subsistencia, que grandes proyectos agroindustriales generan riqueza pero aumentan la desigualdad, que algunas explotaciones tienen efectos ambientales negativos, que los propietarios de la tierra no pagan los impuestos que deberían en un esquema tributario progresivo, que se lucran injusta y desproporcionadamente de valorizaciones generadas en gran parte por acciones del Estado o crecimiento de las ciudades, etc. 951.
921 Denominación en Colombia para “bandas criminales”.
922 En base a la entrevista hecha a Elizabeth Ferris, co-Directora del Brookings Institute, y del Proyecto sobre desplazamiento interno que lideran ese instituto y la London School of Economics, en diferentes partes del mundo. Gutiérrez Roa, Elber, El Desplazado no es como lo Pintan, en Diario El Espectador, Bogotá, 1-6-2013, http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-425483-el-desplazado-no-pintan.
923 Ver Anexo I: “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y Duradera”.
924 Reflexiones sobre La Agenda de La Habana, en Anncol, Agencia de Noticias Nueva Colombia, 27-10-2012, http://anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/FARC/535-la-delegacion-de-las-FARC-en-la-habana-abre-el-debate-sobre-la-politica-futura-de-la-tierra-en-colombia.
925 Para atraer inversión extranjera, muchos Estados -los Gobiernos que actúan en su nombre-, sienten la necesidad de contrarrestar la falta de estabilidad y continuidad política, con instrumentos jurídicos de carácter internacional, aparte de ofrecer ventajas de carácter fiscal, social, etc. Se designa como Derecho aplicable el ordenamiento de un tercer Estado o, incluso, el propio Derecho Internacional y se someten las controversias que pudieran surgir al arbitraje internacional. La internacionalización de los Contratos de Estado cuenta con el respaldo de foros internacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), creado por el Convenio de Washington de 1965. Si bien las normas constitucionales le aseguran al extranjero residente los mismos derechos que al nacional (con excepción de los derechos políticos), el hecho de la suscripción generalizada de estos Tratados Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones Extranjeras muestra la internacionalización del ordenamiento jurídico que, en América Latina abarca las áreas de integración, derechos humanos e inversiones. Se produce una profunda delegación o desplazamiento de la jurisdicción nacional en organismos internacionales, otorgando al inversor extranjero la protección efectiva brindada por los tratados. Ver, Salomoni, Jorge L., “La defensa del Estado en los conflictos derivados de la aplicación de los Tratados Bilaterales de Protección Recíproca de Inversiones: el caso de las prestadores privadas de servicios públicos” en El Derecho, suplemento de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 28 de octubre del 2003, pág. 1. También, Bourel, Martín R., “Nuevo régimen de inversiones extranjeras en la Argentina” en La Ley, sección Doctrina, Buenos Aires, Tomo 1990-A, pág. 920. Igualmente Erize, Luis, “La protección de los Inversores en la República Argentina” en La Ley, sección Doctrina, Buenos Aires, Tomo 2002-E, pág. 1063. Asimismo, Conforme Bomchil, Máximo, “El nuevo régimen de inversiones extranjeras” en La Ley, sección Doctrina, Buenos Aires, Tomo 1994-A, pág. 732. Además, Fernández de Gurmendi, Silvia A., “Los Convenios Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras” en Relaciones Internacionales, Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), Universidad Nacional de La Plata, Argentina, Vol. II, Nº 3, noviembre de 1992, pág. 68.
926 Bajo el Título: “Variaciones en las Características del Sistema Mundial Durante el Conflicto”.
927 Este tema lo he analizado en profundidad en Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2001), Caps. II y III.
928 Ver http://www.mesadeconversaciones.com.co.
929 Ver en la parte relativa a métodos de negociación el significado y las características de la “diplomacia de vías múltiples”.
930 Leyes 160 de 1994 y 1448 del 2011.
931 La política de solución militar al conflicto, bajo el Gobierno de Alvaro Uribe y luego en “negociación bajo el fuego” con Juan Manuel Santos trae como resultados, no la Paz, sino un mayor desplazamiento interno y más exilio, mayor concentración de la tierra y de la riqueza, crímenes de lesa humanidad, como los “falsos positivos” y, en general, una violencia extendida a todas las esferas de la sociedad.
932 Me remito a lo dicho sobre la “diplomacia de vías múltiples”.
933 En base al artículo de Gutiérrez D., José Antonio, Santos, el “Pacificador” de Colombia, en Kaosenlared.net, 2-7-2013, http://kaosenlared.net/america-latina/item/61967-santos-el-”pacificador”-de-colombia.html.
934 Equivalente a u$s 500.
935 Laverde Palma, Juan David, Los ‘peros’ indígenas a la zona de reserva del Catatumbo, en Diario El Espectador, Bogotá, 22-3-2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-peros-indigenas-zona-de-reserva-del-catatumbo-articulo-482447.
936 Herrera Durán, Natalia, A propósito del primer punto de la agenda de diálogos: Zonas de reserva campesina encienden el debate, en Diario El Espectador, Bogotá, 13-3-2013, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-410197-zonas-de-reserva-campesina-encienden-el-debate.
937 Molano Bravo Alfredo, “Uribe nos despejó en el Valle”, en Diario El Espectador, Bogotá, 18-5-2013, http://www.elespectador.com/noticias/Paz/articulo-422756-uribe-nos-despejo-el-valle.
938 Oficializan Decreto de protección jurídica de territorios indígenas, en Diario El Espectador, Bogotá, 20-11-2014, http://www.elespectador.com/noticias/politica/oficializan-decreto-de-proteccion-juridica-de-territori-articulo-528730.
939 Unión Patriótica, Colombia: Campesinos del Catatumbo declaran zona de reserva de hecho, en Kaosenlared.net, 22-9-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina-sp-1870577476/al/colombia/96410-colombia-campesinos-del-catatumbo-declaran-zona-de-reserva-de-hecho.
940 International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of December 2, 1961, as revised at Geneva on November 10, 1972, and on October 23, 1978.
941 International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of December 2, 1961, as Revised at Geneva on November 10, 1972, on October 23, 1978, and on March 19, 1991.
942 Quien Maneja los Alimentos Maneja el Poder: Hacia una Necesaria Soberanía Alimentaria, en Nasaacin.org, 25-10-2013, http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/3-newsflash/6404-quien-maneja-los-alimentos,-maneja-el-poder-hacia-una-necesaria-soberan%C3%ADa-alimentaria.
943 Concepto desarrollado por Calvet, L.J., Lingüística y colonialismo: breve tratado de glotofagia, (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005). Se trata de la legitimación de modelos colonialistas de dominación, a partir de la imposición de una lengua, en detrimento de la lengua local, para generar un camino de opresión y subordinación a nivel étnico, cultural, intelectual y, principalmente, político. Un estudio en profundidad sobre esta temática se encuentra en la Tesis presentada ante la Faculta de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, por De Mauro, Sofía y Domínguez, Luisa, “Lingüística y Lenguas Indígenas del siglo XIX en Argentina: Ocultamientos, Insistencias, Disrupciones y Continuidades”, junio del 2012, con la Dirección de la Dra. Beatriz Bixio, investigadora del CONICET.
944 Una vez más, me remito a la pregunta acerca de ¿dónde está la intelectualidad en América Latina? Dallanegra Pedraza, Luis, El Papel de la Universidad y los Científicos Latinoamericanos en Epocas de Crisis, Revista de Psicología Política, N° 22, Mayo del 2001, Valencia, España, págs. 34-58. También Dallanegra Pedraza, Luis, La Investigación Científica en América Latina: El Caso de Argentina, en Revista “Signos Públicos”, Vol. 4, N° 8, Diciembre del 2003, ISSN: 0124-4302, Escuela Superior de Administración Pública, Territorial Antioquia-Chocó, Universidad del Estado, Medellín, Colombia, págs. 25-46.
945 Con elementos del Artículo de Wallace, Arturo, El racismo en Perú: claves para entender la discriminación en un país fundamentalmente mestizo, en BBC Mundo en Español, 5-12-2016, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38157110.
946 Comunidades étnicas reclaman títulos sobre 1,2 millones de hectáreas, en Anncol, Agencia Noticias Nueva Colombia, 28-3-2014, http://anncol.eu/index.php/colombia/terrorismo-de-estado/paramilitarismo-uribismo/6497-comunidades-etnicas-reclaman-titulos-sobre-1-2-millones-de-hectareas.
947 Sobre esta temática ver, John McDonald y Louise Diamond, del Instituto para la Diplomacia de Vías Múltiples de Washington (IMTD) acuñaron la frase “diplomacia de vías múltiples”, que abarca nueve “vías” diferentes y en conjunto forman un sistema para establecer la Paz a nivel internacional. La Fundación James Carter para la Paz, sigue este criterio. Ver Dallanegra Pedraza, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2001), Cap. XIII.
948 Cumbre Agraria Campesina, Etnica y Popular, Colombia: Pliego de exigencias de la Cumbre Agraria, en Kaosenlared.net, 19-3-2014, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/83431-colombia-pliego-de-exigencias-de-la-cumbre-agraria.html.
949 Debate sobre la Tierra en Colombia, en Anncol, Agencia de Noticias Nueva Colombia, 29-10-2012, http://anncol.eu/index.php/opinion/varios/136-archivo-varios/540-debate-sobre-la-tierra-en-colombia-habla-el-presidente-de-fedegan-acusado-por-nexos-paramilitares.
950 Líder de las FARC acusa a gremio de ganaderos colombianos, en Kaosenlared.net, 30-12-2012, http://kaosenlared.net/america-latina/item/42178-l%C3%ADder-de-las-FARC-acusa-a-gremio-de-ganaderos-colombianos.html.
951 Ver Riveros, Héctor, [Colombia] Explicación con plastilina para Fedegán, en Kaosenlared.net, 4-1-2013, http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/42659-colombia-explicación-con-plastilina-para-fedegán.html.

References: resolución 
 Artículo 9
 Artículo 4
 Resolución 
 Artículo 4
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