Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421197.html
Timestamp: 2019-03-21 11:53:51+00:00

Document:
as201421197
Auto Supremo: 197 /2014
Sucre: 06 de mayo 2014
Expediente: B - 29 – 13 - S
Partes: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano. c/ Liliana Sánchez Sánchez.
De la revisión del recurso de casación se tiene:
La recurrente, bajo el rótulo de “CASACION POR ERROR IN JUDICANDO” denuncia:
UNO.- El Auto de Vista vulnera sus derechos al haber confirmado parcialmente la sentencia del Juez de primer grado, indicando que la causal invocada por el demandante no fue demostrada con prueba idónea y, que por el contrario, fue desvirtuada por su persona, agregando que tanto el Juez como el Tribunal de apelación no valoraron la pruebas de fs. 24, 26, 26 bis, 31 y 32, con las cuales considera haber demostrado su embarazo del mes de julio del año 2012, que no hubo separación, transgrediendo el Juez a quo el art. 31 del Código de Familia y que violaron los arts. 3.3 y 397 del Código de Procedimiento Civil.
DOS.- El Juez A quo y el Tribunal Ad quem no tomaron en cuenta las declaraciones testificales de descargo de fs. 69 a 73, violando los arts. 3.3, 373 y 374 núm. 5) del Código de Procedimiento Civil, alegando probanza respecto a que convivían juntos hasta enero de 2012 e incluso noviembre de 2012.
TRES.- La sentencia, ratificada por el Tribunal de apelación lesiona sus derechos y contraviene el art. 115 del Constitución Política del Estado, habiendo demostrado que en el matrimonio adquirieron un inmueble en el año 2005, del que le correspondería el 50% y que debió aplicarse el art. 129 del Código de Procedimiento Civil.
CUATRO.- La sentencia, ratificada por el Tribunal de apelación, es injusta por haber admitido la separación libre y consentida por más de dos años basándose en las declaraciones incongruentes de solo tres testigos, violentando el debido proceso.
CINCO.- Violación del debido proceso por no cumplir la ley, ya que un testigo fue tachado por ser funcionario del Órgano judicial, a lo que el Juez decretó erróneamente se observe lo establecido en el art. 447 del Código de Procedimiento Civil.
SEIS.- Alega que las Autoridades de instancia se parcializaron con el demandante, sin acusar infracción legal.
Bajo el rótulo de “RECURSO DE NULIDAD POR ERRORES IN PROCEDENDO”, alega:
La Jueza debió haber observado la demanda por defectuosa, debido a que contiene pretensiones contradictorias.
El Auto de relación procesal no consideró hechos a ser probados y no inserta puntos que modifiquen o afecten la pretensión del actor.
La falta de valoración de la prueba en la sentencia es otra falta insubsanable y amerita la nulidad de la misma.
Sobre el recurso de casación “POR ERRORES IN JUDICANDO”.-
En el instituto de la casación, las formalidades del recurso como tal tiene trascendental importancia, en la medida que de ello dependerá la posibilidad de abrir la competencia del órgano.
En ese marco, el art. 250 parágrafo I del Código de Procedimiento Civil, previene que el recurso de casación se concede para “…invalidar una sentencia o Auto definitivo en los casos expresamente señalados por la ley. Podrá ser de casación en el fondo y de casación en la forma”.
La casación por cuestiones de fondo, conforme a la doctrina y la vasta jurisprudencia de éste Tribunal tiene que ver con la violación expresa de la ley en que hubiese incurrido el Tribunal de apelación al resolver la controversia, esto es, al decir cuál es el derecho o, dicho de otro modo, al emitir juicio legal sobre el caso llevado a su competencia, de ahí su denominativo doctrinal que de ordinario se inserta en el recurso de casación: casación por errores in judicando.
En ese marco el art. 253 del mismo ritual civil previene que procederá el recurso, entre otros, cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley o cuando en la apreciación de la prueba se hubiere incurrido en error de hecho o de derecho.
En cambio, el recurso de casación en la forma, procede por cuestiones más bien in procedendo: en el proceder; por haberse vulnerado, en términos genéricos “las formas esenciales del proceso”, conforme define el art. 254 del mismo Adjetivo Civil.
En el marco del razonamiento anterior, el recurso de casación en el fondo procede por cuestiones in judicando y el recurso de casación en la forma, por cuestiones in procedendo.
Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corte Suprema que “En el área de la justicia ordinaria, el mecanismo de impugnación último, respecto de las decisiones jurisdiccionales, se encuentra regulado por el Título V, Capítulos VI-VIII del Código de Procedimiento Civil como recurso de casación, que en el marco de su art. 250-I se concede a los litigantes para invalidar una sentencia o un Auto definitivo, cuando en éstos se hubiera infringido una ley, ya sea interpretándola con error o aplicándola indebidamente o cuando para arribar a la conclusión fáctica (juicio de hecho), se hubiere incurrido en error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, [artículo 253-1) y 3)] del mismo Código adjetivo civil y el de nulidad (casación en la forma) cuando se hubieren dictado esas resoluciones o tramitado esos procesos violando formas esenciales del proceso, establecidas por ley; casos en los que el Tribunal de Casación examina y juzga tanto las cuestiones ‘in judicando’ como ‘in procedendo’ para casar o anular la resolución o el proceso. En el primer caso, con competencia positiva sin ‘reenvío’ (artículo 274), fallando en lo principal del litigio (‘iudicium rescissorium’) y, en el segundo, anulando (‘iudicium rescindens’) y ‘reenviando’ el expediente para que, según el caso, se pronuncie el Juez de origen o el siguiente en número”. (AS. N° 344 - Social I, de 15/11/05).
Así en los casos en que hubiese cabida a la casación en el fondo o por errores in judicando, el Tribunal de Casación deberá casar la resolución y fallar en lo principal del litigio, a diferencia de los casos gobernados por los errores in procedendo en los que no tiene cabida el nuevo juicio por parte del Tribunal de casación, sino la nulidad o reposición hasta el vicio denunciado o el más antiguo, para luego devolver al Juez de origen a fin de que reinicie el proceso desde el vicio motivo de la nulidad. En otros términos el recurso de casación en la forma o de nulidad, se encuentra orientado a precautelar el debido proceso adjetivo.
Lo anterior dicho encuentra fundamento legal en la previsión de los arts. 274 y 175 del Código de Procedimiento Civil, que a su turno señalan:
“ARTÍCULO 274.- (Casación.)
El Tribunal o Juez casará la sentencia o Auto recurrido que infringiere la ley o las leyes acusadas en el recurso, y en este caso fallará en lo principal del litigio aplicando las leyes conculcadas…”
“ARTÍCULO 275.- (Anulación)
Se anulará el proceso reponiéndolo hasta el vicio más antiguo en los casos 1, 2, 3, 6 y 7 del artículo 254; y se anulará llanamente en los casos 4 y 5 del mismo artículo...”
Adviértase en la definición legal anterior que el art. 275 expresamente dispone que se anulará el proceso en solamente los casos contenidos en las causales del art. 254 del mismo Código Adjetivo, esto es, dentro del recurso de casación en la forma; por cuestiones in procedendo. En el caso de la casación regulada por el art. 274, la Ley dispone que el Tribunal de casación falle en lo principal del litigio, aplicando las leyes conculcadas.
Un aspecto de especial consideración en el texto del art. 274 constituye el hecho de que la casación opera en tanto se haya evidenciado que en la resolución del Tribunal de apelación se haya infringido esas leyes acusadas en el recurso y, siendo así, en el nuevo juicio, esto es, fallando en lo principal, aplicar esas leyes acusadas como conculcadas.
Analizando el recurso materia de la presente Resolución en el marco del razonamiento y la definición legal anterior, se advierte que la recurrente deslució su escrito confundiendo la casación en el fondo con la casación en la forma.
En efecto, los puntos UNO y DOS de los fundamentos del recurso titulado “CASACION POR ERROR IN JUDICANDO”, esto es, casación en el fondo o casación propiamente dicho, reclama aspectos de estricta índole procedimental materia más bien del recurso de casación en la forma o nulidad, tanto así que concluye denunciando la transgresión del art. 3.3, 373, 374.5 y 397 del Código de Procedimiento Civil, referidas, el primero, al deber que tiene el Juez de “Tomar medidas necesarias para asegurar la igualdad efectiva de las partes en todas las actuaciones del proceso”; el segundo (373) sobre los medios de prueba en general; el tercero (374 núm. 5) sobre la prueba testifical y el cuarto (397) a un otro deber relativo a la valoración de la prueba.
En el primer caso (art. 3.3), la violación de la ley tendría lugar en tanto el Tribunal de apelación, en la tramitación de la causa, hubiese permitido y consentido actuaciones procesales de entidad que menoscabe el derecho a la igual de la ahora recurrente, impidiendo el ejercicio pleno de sus derechos en igualdad de condiciones que la parte contraria en la tramitación de la causa; en el segundo y tercer caso, en tanto se haya impedido la producción de pruebas, casos cuya solución jurídica reclama la nulidad con reposición hasta ese vicio, conforme a los arts. 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, mas no la casación a mérito que para casar por infracción de los artículos 3.3, 373 y 374 núm. 5) del Código de Procedimiento Civil, fallando en lo principal, tendría que circunscribirse a la aplicación de dichas normas, es decir, aplicar una norma que no tiene relación con el in judicando o con el fondo del derecho subjetivo controvertido o con lo principal del litigio.
Lo mismo con relación al art. 397 a mérito que lo principal del litigio tiene relación con la pretensión del demandante de desvincularse matrimonialmente, mas no el de regentar las obligaciones del Juez.
Sobre lo último referido: la apreciación de la prueba, tenido como motivo casacional de fondo por el art. 253.3) del Código de Procedimiento Civil, ha menester precisar dicha causal a partir de sus dos elementos: el error de derecho y el error de hecho:
El error de derecho, doctrinalmente es entendido como una operación racional fallida nugatoria del valor o la validez que otorga la ley a determinada prueba o, en contrario, atribuye valor legal a la que carece de ella. También se atribuye a esta categoría la inexacta ponderación jurídica respecto de la procedencia, fuerza y eficacia de un elemento probatorio.
Así entonces el error de derecho en la apreciación de la prueba supondrá error de juicio sobre su admisibilidad, pertinencia y eficacia; esto es, en tanto se soslayen los elementos de admisibilidad de la prueba al momento inicial de la ritualidad probatoria, considerados en la doctrina como: i) admisibilidad extrínseca o formal, referida al ofrecimiento oportuno y; ii) admisibilidad intrínseca o sustancial, referida a la licitud de la prueba y al modo como fue obtenida. Nótese que en ambos casos no se trata aún de ponderar el contenido del material probatorio que hace al error de hecho, sino a otros aspectos formales y legales.
En cuanto a sus efectos y teniendo en cuenta que, conforme al art. 253-3) del Código del Procedimiento Civil, constituye causal recursiva en grado de casación el error de derecho como de hecho en la apreciación de las pruebas: el primero en tanto el juzgador le haya restado el valor que la Ley le otorga a determinada prueba y el segundo, en tanto se haya extraído de esas pruebas una significación distinta a las que ellas, en el marco de la lógica y la experiencia, informan. Ante la eventualidad de que en el proceso se presente uno u otro, los efectos serán similares, en la medida que negando el valor legal (error de derecho) no se permite a esa prueba ingresar al plexo probatorio para su correspondiente consideración en el juicio conclusivo sobre los hechos y, siendo así, al igual que en el error de hecho, es muy probable que el juicio conclusivo sobre los hechos resulte equivocado ya sea por renuncia del valor legal de la prueba o ya sea por renuncia a la verdad material en ella contenida; la consecuencia lógica ante una errónea conclusión fáctica es la errónea aplicación del derecho, por cuanto se ingresaría a aplicar un dispositivo legal a hechos no coincidentes con el presupuesto (premisa menor) de la norma, lo que en definitiva importa su vulneración por indebida aplicación.
Sobre la decisión casatoria, conforme lo tenemos expuesto supra, el art. 274.I del Código de Procedimiento Civil, previene: “El Tribunal o Juez casará la sentencia o Auto recurrido que infringiere la ley o las leyes acusadas en el recurso, y en este caso fallará en lo principal del litigio aplicando las leyes conculcadas….” (el resaltado nos corresponde). Concordante con ésta definición legal, en el art. 258.2) del mismo ritual civil, se previene que en el recurso de casación se “Deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o Auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error”.
Así entonces, para casar un Auto de Vista, el Tribunal debe, prima facie, verificar si en el recurso se acusa la infracción de ley alguna y, luego, si en el Auto de Vista se incurrió efectivamente en esa infracción legal y, concurridos ambos presupuestos, fallar en el fondo aplicando esas leyes conculcadas.
En el marco de la inteligencia de éste dispositivo legal, mal podría el Tribunal casar un Auto de Vista sin que el recurrente haya acusado infracción legal, por cuanto no tendría posibilidad de aplicar ninguna norma y de hacerlo estaría expidiéndose ultra petita y casando de oficio, lo que resulta ajeno a sus competencias, pues conforme bien define el profesor Fernando de la Rúa, el Tribunal de casación "sólo puede controlar las sentencias cuando contra ellas medie recurso...".
De lo anterior, no es difícil concluir que el requisito de la cita clara, concreta y precisa de la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente reclamada por el art. 258.2) del Código de Procedimiento Civil resulta obligatoria también para los casos en que se acuse error de hecho en la apreciación de la prueba, en la medida que, de haber mediado error de hecho en la apreciación de la prueba, la conclusión fáctica no responderá a la verdad material de los hechos, lo que determinará, en definitiva, la aplicación de una norma ajena a los hechos reales, lo que supone infracción legal o violación de la Ley.
De otro modo, en el supuesto que el Tribunal de casación encuentre evidencias de que en el juicio conclusivo sobre los hechos conformado en las instancias resulte efectivamente viciado por haberse incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba y admitiendo que esta causal se limitara únicamente a ese análisis, su labor se restringiría también a únicamente reconstruir esos hechos, sin posibilidades de conformar una solución jurídica, por cuanto la nueva conclusión fáctica no supone, per se, solución de la controversia. En efecto, conforme se tiene expuesto supra, la controversia se resolverá diciendo el derecho sobre la base de la ley; esto es, aplicando el derecho sobre los hechos; en éste caso, las normas acusadas como conculcadas, conforme al art. 274.I del Código de Procedimiento Civil.
En definitiva, el motivo casacional regulado por el art. 253.3) del Código de Procedimiento Civil, referido al error de derecho o de hecho en la apreciación de la prueba tiene por finalidad morigerar y corregir un vicio en la operación racional que condicione un resultado fáctico distorsionado, de tal modo que se termine aplicando el derecho sustantivo sobre unos hechos ajenos a los materialmente probados y, siendo así, la norma vulnerada será aquella a la que se renunció a causa de la errónea conclusión fáctica, mas no la norma procedimental que regenta los deberes del Juez, tal el caso del art. 397 del Código de Procedimiento Civil.
En los puntos TRES y CINCO, de los fundamentos del recurso, se advierte similar equivoco que en los anteriores puntos a mérito que a título de casación por errores in judicando, esto es, en casación en el fondo alega violación al debido proceso, desconociendo que, como se tiene expuesto supra, las cuestiones que hacen a la instrumentalidad deben atacarse por la vía de casación en la forma o nulidad.
En los puntos CUATRO y SEIS, no acusa infracción legal alguna que permita abrir la competencia de éste Tribunal para el propósito pretendido, a mérito que conforme lo tenemos expuesto, para casar una resolución deben cumplirse los presupuestos del art. 274 del Código de Procedimiento Civil.
En cuanto al “RECURSO DE NULIDAD POR ERRORES IN PROCEDENDO”.-
En principio, es menester recordar que conforme a su naturaleza, el recurso de nulidad no opera por cuestiones in judicando, sino por cuestiones in procedendo. Sin embargo e independientemente de lo dicho, la recurrente no expresa cual el agravio causado.
Asimismo, que en materia de procesal en general, las nulidades se rigen por tres principios básicos, que no sólo configuran los requisitos y las formas para reclamar nulidad dentro del proceso, sino, constituyen el mecanismo de protección de derechos sustantivos y adjetivos de las partes; tal es así que: a) El principio de legalidad, exige que tanto la nulidad como su sanción se hallen expresamente prevista en la Ley en aquellas situaciones en que no se haya cumplido alguna de las formalidades que impone para su celebración; b) El principio de trascendencia, que obliga a la parte que denuncia nulidad haga manifiesto el daño o perjuicio concreto que la irregularidad o falencia del acto jurídico que repute nulo le haya causado, no pudiendo basar su pretensión solamente en simples supuestos, dicho de otro modo, no hay nulidad de forma si la alteración procesal no tiene vital importancia sobre las garantías esenciales del proceso, no pudiendo hacerse valer la nulidad cuando las partes no han sufrido un gravamen con la infracción; y, c) El principio de convalidación, que señala que toda nulidad procesal reviste siempre como característica su carácter relativo pues, no obstante de existir un vicio que afecte las formas o el contenido de un acto jurídico eventualmente nulo, al ser éste admitido por quien considera vulnerable su derecho, no operará la nulidad, salvo una grave y patente conculcación de un derecho o garantía constitucionalmente protegido.
En la especie, se advierte que la nulidad solicitada no se justifica de manera alguna, puesto que no sólo que no se acusa infracción legal alguna, sino que no se cita una sola norma como vulnerada, mucho menos se justifica la manera en que pudieron haberse afectados sus derechos y afectado la tramitación de la causa.
Un último aspecto que llama la atención resulta siendo la manifiesta incongruencia del petitorio, a mérito que se pide casar el Auto de Vista y se disponga la nulidad de obrados, pues no resulta jurídicamente posible casar un Auto de Vista y seguidamente anular obrados, a mérito que la nulidad incluiría la casación, es decir, el pronunciamiento sobre el fondo.
De lo expuesto, el Magistrado que suscribe al considerar que así planteado el recurso, el mismo no cumple con los requisitos inexcusables del art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, por lo que corresponde resolver el mismo con arreglo al art. 272 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, esto es, declarándose IMPROCEDENTE el recurso, tanto en la forma como en el fondo.
Se aclara que el primer proyecto de Resolución fue presentado por el Magistrado Javier M. Serrano Llanos por infundar el recurso de casación del cual se transcribe la fundamentación.
Asimismo que el Magistrado Rómulo Calle Mamani fue de voto disidente con ese primer proyecto presentando el segundo proyecto casando el Auto de Vista cuyos fundamentos se transcriben y del cual fue voto disidente el Magistrado Pastor Segundo Mamani Villca quien presento el tercer proyecto declarando Improcedente el recurso de casación, proyecto que mereció el voto conforme del Magistrado Antonio Guido Campero
Tercer Relator: Mgdo. Pastor Segundo Mamani Villca.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 254
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución