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Timestamp: 2019-10-22 04:09:23+00:00

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﻿ Sentencia 13624 de junio 13 de 2000
SENTENCIA 13624 DE 13 DE JUNIO DE 2000
CONTENIDO:PARA QUE PROCEDA LA TERMINACIÓN POR JUSTA CAUSA, LA FALTA COMETIDA POR EL TRABAJADOR DEBE ESTAR CONTEMPLADA EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. EN EL CASO EN EL QUE LA CARTA DE DESPIDO DE LA TERMINACIÓN DE CONTRATO POR JUSTA CAUSA NO SE INVOQUE COMO SUSTENTO DE ÉSTA LA EXISTENCIA DEL PERJUICIO CAUSADO A EL EMPLEADOR POR LA FALTA DEL EMPLEADO, NO ES INDISPENSABLE, SIEMPRE Y CUANDO LA FALTA ESTE CONSAGRADA EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y SE CONSAGRE COMO JUSTA PARA TERMINAR EL CONTRATO, ADEMÁS DE QUE EN LA LEY SE TIPIFIQUE COMO UN INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LAS OBLIGACIONES, LO CUAL PERMITE EL FENECIMIENTO DEL VÍNCULO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CLASES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA, CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, CLASES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL TRABAJADOR, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, EFECTOS DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, CLASES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA, CARTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA
Sentencia 13624 de junio 13 de 2000
Radicación No. 13624
Santafé de Bogotá D.C., trece de junio de dos mil.
Se resuelve por la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de Erasmo Castro Sierra frente a la sentencia del 12 de agosto de 1999, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el juicio ordinario que le sigue el recurrente a la Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia – Comité de cafeteros de Cundinamarca.
Demandó el señor Erasmo Castro Sierra a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Comité de Cafeteros de Cundinamarca, para que, previo el trámite del proceso ordinario laboral de doble instancia, se la condenara a: reintegrarlo al cargo desempeñado al momento del despido con el consiguiente pago de los salarios dejados de percibir con los aumentos respectivos y las prestaciones compatibles con el reintegro, declarando que no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio o en forma subsidiaria la indemnización por terminación unilateral del contrato con su corrección monetaria y costas.
Fundó sus pretensiones en que laboró al servicio de la entidad demandada entre el 4 de marzo de 1975 y el 6 de junio de 1995 en el cargo de práctico agropecuario al momento de la desvinculación, con una asignación salarial de $523.071.oo que sirvió de base para la liquidación final de prestaciones; que fue despedido de manera unilateral al terminar la jornada del 6 de junio de 1995 por una causa que no existió; que anteriormente había sido despedido y se ordenó el reintegro, condena que no se cumplió y por ello debió demandar nuevamente y luego de reintegrado se desató contra él una persecución hasta desmejorarlo en sus condiciones de trabajo, hecho que se vio obligado a aceptar por necesidad; que siempre se desempeñó con responsabilidad al punto que cumplió 20 años de servicios por lo que se le felicitó; los cafeteros de Yacopí enviaron a la demandada escrito respaldando la labor realizada por el demandante y lamentando la injusta determinación del despido.
La demandada, por medio de apoderado idóneo, contestó la demanda; dijo aceptar solamente el hecho segundo y de los demás dijo que no eran ciertos, se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de prescripción, falta de causa, inexistencia de la obligación, y las previas de inexistencia de la persona demandada y de indebida representación de la demandada.
Surtido el trámite de la primera instancia, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, el 25 de septiembre de 1998, profirió sentencia de primera instancia, mediante la cual condenó a la demandada a reintegrar al demandante, a pagarle los salarios dejados de percibir con los incrementos legales, declarando la no solución de continuidad en la relación laboral; así mismo, declaró probadas las excepciones y condenó en costas.
Apelaron los apoderados de las partes y el Tribunal, mediante el fallo recurrido en casación, revocó el de primer grado y absolvió a la Federación de todas las súplicas impetradas en su contra; no fijó costas en ninguna de las instancias.
Consideró el Tribunal, para lo que interesa a los fines del recurso, que se había demostrado plenamente la justa causa para poner fin al vinculo laboral, pues el actor faltó al trabajo sin permiso del empleador el día justo en que se reunía en su oficina el Comité de Cafeteros, no obstante ser el único empleado en esa oficina y que ello acarreó perjuicio. Para esa decisión el tribunal analizó no solo la prueba testimonial sino la documental que obra en el expediente.
Interpuesto por el apoderado del demandante, concedido por el Tribunal y admitido por ésta Sala de la Corte, se procede a decidirlo, previo el estudio de la demanda correspondiente y el escrito de réplica oportunamente introducido a la actuación.
“Se pretende que la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia CASE TOTALMENTE la sentencia acusada, y que constituida en Tribunal de instancia, CONFIRME la sentencia de primera instancia y provea lo atinente a costas de las instancias y del recurso extraordinario.”
Para los efectos anteriores y con apoyo en la causal primera del recurso de casación laboral, la censura plantea tres cargos, que fueron oportunamente replicados, de los que se estudiarán conjuntamente el primero y tercero por estar formulados por la misma vía, contener las mismas normas y similar argumentación, aunque en uno por infracción directa y en el otro por interpretación errónea.
“Acuso la sentencia por la vía directa de ser violatoria en la modalidad de infracción directa de las siguientes normas sustanciales de carácter laboral: artículo 6º de la ley 50 de 1990 numeral 4º. Literal c) por falta de aplicación siendo aplicable el artículo Transitorio del mismo texto legal del artículo 8º. Ordinal 5º del decreto 2351 de 1965, en relación con los artículos 13,21,107,115 del Código Sustantivo del Trabajo”.
En la demostración dice que no existe discusión acerca del vínculo laboral, en cuanto a las funciones ejecutadas por el actor y el salario devengado. Agrega que ante la claridad de la situación fáctica del conflicto y la desvinculación del demandante por decisión unilateral del empleador, el sentenciador se “reveló” – sic- contra el mandado del art. 6 de la Ley 50 de 1990, pues al hallarse frente a un despido sin justa causa de un trabajador con un tiempo de servicios superior a 10 años debe imponerse el reintegro. La infracción directa se presentó por negarse el Tribunal a aplicar un precepto claro como lo es el que cobija al reintegro.
“Se acusa igualmente la sentencia por la vía directa en el concepto de interpretación errónea de las siguientes normas sustanciales de carácter laboral: artículo 6º de la ley 50 de 1990 en su parágrafo transitorio con lo cual se modificó el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 en su numeral 5º , el artículo 7º del decreto 2351 de 1965 literal A) numeral 6, así como el numeral 4 del artículo 60 del C.S.T., en relación con los artículos 13,21,107,10’8 y 115 del mismo C.S. del T.”
En la demostración arguye que el Tribunal le dio un equivocado entendimiento al numeral 6º del literal A) del artículo 7º del decreto 2351 de 1965 cuando establece que le dio alcance de gravedad a la simple falta al trabajo por una sola vez sin demostrar el perjuicio o el daño; que el juzgador debió haber hecho la verdadera exégesis de la inasistencia al sitio de trabajo y concretamente examinar factores como la reiteración de la falta y el efecto dañino causado. Que la norma se interpretó torcidamente sin tener en cuenta el principio in dubio pro operario que emerge en su aplicación del artículo 21 del C.S. del T.
Dice que para los cargos uno y tres, la vía escogida por el recurrente es incorrecta, que la misma supone que el juez incurrió en el tipo de error de quien mal aprecia el significado, vigencia, ámbito o interrelación abstractos de las normas, prescindiendo para ello de razonamientos sobre las circunstancias particulares del caso concreto. Que las normas que se proclaman violadas obran en la indagación del juez para señalar los supuestos de hecho sobre los que debía dirigir su atención, las que fueron debidamente aplicadas.
Tiene sentado de vieja data esta Sala que cuando el censor escoge el sendero del puro derecho para formular un cargo en el recurso extraordinario, es absolutamente necesario que esté conforme con todos los supuestos fácticos que el Tribunal halló demostrados, pues la acusación por esta vía comporta una confrontación en juicio de legalidad entre las consideraciones jurídicas del fallador y la disposición que gobierna el respectivo caso, sin que se puedan abordarse cuestiones de índole fáctica.
En el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, el juzgador ad quem halló demostrado que al demandante se le había finiquitado el vínculo laboral por justa causa, aludiendo para ello a los distintos medios de convicción que fueron regular y oportunamente allegados a la actuación (testimonios, documentos e interrogatorio de parte).
Es evidente, pues, que si el Tribunal concluyó que no había lugar a despachar favorablemente las súplicas del demandante, fundando su decisión en la prueba obrante en el proceso, los cargos están llamados a su improsperidad, por cuanto el juicio de legalidad que se pretende hacer al fallo acusado impone aceptar todos los supuestos de hecho que el contiene; y como en este caso el Tribunal dio por demostrada la existencia de la justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, la acusación no es de recibo, porque era deber del censor destruir ese soporte, lo cual no parece viable por la vía directa, dado que en principio, controvertir la justicia o injusticia del despido impone el estudio de las probanzas con que se encontró acreditado tal hecho y ese aspecto es estrictamente aducible en un ataque por la vía indirecta.
Por tanto, los cargos no son de recibo.
“La sentencia acusada viola indirectamente, por aplicación indebida las normas sustanciales de carácter laboral siguientes: artículo 6º de la ley 50 de 1990 numeral 4º. Literal c) en su parágrafo Transitorio así como el ordinal 5º del decreto 2351 de 1965, y el numeral 4º del artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 13,21,107,108,115,468 y 470 del C.S. del T., artículos 51 y 61 del Código de Procedimiento Laboral y artículos 174,177 y 187 del Código de Procedimiento Civil.”
Dice que la violación se produjo como consecuencia de los errores de hecho en que incurrió el Tribunal por la equivocada apreciación de las siguientes pruebas:
a).- Carta de despido (folio 285), b).- El interrogatorio de parte absuelto por el demandante, c).- El informe rendido por Eliecer Norato Jiménez (folios 332 y 334), d).- Constancia del Director Administrativo y Financiero del Comité de Cafeteros de Cundinamarca, e).- Reglamento interno de trabajo (folio 336). Que la errónea apreciación se concretó en el equivocado entendimiento de la prueba testimonial que hizo el Tribunal.
“PRIMERO - Dar por demostrado sin estarlo, que existió justa causa en el despido del demandante.
SEGUNDO.- Dar por probado sin estarlo, que la simple falta al trabajo por una sola vez y sin oír en descargos al trabajador demandante inculpado, causó perjuicios a la demandada que ésta no demostró.”
En la demostración del cargo dice que es cierto que en la carta de despido la entidad menciona la ocurrencia de unos hechos que consideró motivo justo para terminar el contrato de trabajo por faltar un día al trabajo. No obstante esa falta única, pues no aparecen antecedentes sobre otras, no está contemplada en el reglamento interno de trabajo, ya que en él no aparece que la falta única al sitio de trabajo por primera vez constituya causal justa de despido. Que el reglamento, la carta de despido y los restantes informes fueron entendidos en forma equívoca por el juzgador, los informes se elaboraron en rumores y cuentos de terceros pero sin percepción directa de los hechos allí narrados. Que el tribunal pretendió reforzar el convencimiento con prueba testimonial pero no atenuó el equivocado entendimiento de los elementos probatorios mencionados que lo llevaron a dar por probada una justa causa de despido inexistente, aunque esa prueba no ha sido soporte probatorio de la decisión acusada. Agrega que la demandada fundamentó el despido en simples informes del ingeniero, sin verificar por todos los medios posibles de investigación que tenía a su alcance, pues con un simple informe unilateral tomó tal decisión, sin oír los descargos, lo cual viola el elemental principio del debido proceso; además, que la falta fue el 18 de mayo y el despido sólo se produjo el 2 de junio de 1995. Que las circunstancias anotadas no han sido analizadas a la luz del material probatorio que tuvo a su alcance el Tribunal, así como tampoco examinó los efectos y alcances del reglamento interno de trabajo en relación con la falta imputada.
Dice que el cargo está formulado en forma contradictoria porque no es posible la violación simultánea; o se viola el inciso c) o se viola el parágrafo del art. 6 de la ley 50 de 1990, ya que en cada uno se regulan situaciones diferentes. Que el discurrir de la sentencia fue en dos aspectos: uno, la existencia de la justa causa y, otro, la calificación de ese comportamiento. Agrega que el cargo no puede prosperar por que la justa causa se comprobó y porque el fallo está fundamentado principalmente en testimonial, la cual es prueba calificada, según la restricción impuesta por el artículo 7 de la ley 16 de 1969.
Son supuestos incuestionados, para efectos del cargo, los siguientes: el tiempo de servicios, el cargo desempeñado y el despido de que fue objeto el trabajador.
El Tribunal, para absolver a la entidad demandada de todas las súplicas formuladas en su contra por el actor, consideró que con la carta de despido, el interrogatorio de parte absuelto por el demandante(F.50), el informe del superior inmediato (f.332-334), la constancia del Director Administrativo (f.282), el informe (f 335), las declaraciones de Efraín Avila Suárez (f.221), Aquileo Rios (f.229), y Jorge Eliécer Norato Jiménez (f.253), se demostraba que la causal de despido imputada sí existió, porque se comprobó que los jueves – especialmente ese 18 de mayo - el práctico agropecuario debía permanecer en la oficina atendiendo la reunión del comité de cafeteros de Yacopí y a los caficultores; que la falta está considerada como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, y además porque se causó grave perjuicio a la empresa, pues el demandante, único empleado, dejó abiertas las puertas de la oficina, “lo que infirma de por sí que hubiese estado laborando en una finca desde el día anterior”; no estuvo en la oficina para despachar a los usuarios que requerían el servicio y, por último, tampoco participó en la reunión del Comité Municipal de Cafeteros. En cambio se dedicó a ingerir licor, generando una mala imagen de la empresa, lo que obligó a su jefe inmediato a efectuar las funciones que le competían al trabajador despedido.
Aunque el censor cita cinco pruebas para tratar de demostrar los errores de hecho que le enrostra al Tribunal, en el desarrollo del cargo sólo se ocupa del reglamento interno de trabajo, de la carta de despido y de los informes que obran en el expediente; por tanto deja de acusar el interrogatorio de parte y la prueba testimonial, que fue a la postre el fundamento esencial del fallo acusado.
Pero concretando el análisis a la prueba acusada se tiene lo siguiente: la carta de despido no pudo haber sido erróneamente apreciada por el Tribunal, ya que leído su contenido, en ella no se memora otra cosa que los motivos aducidos por el empleador para dar por terminado el contrato de trabajo (con lo que está conforme el censor) y, aunque el ad quem tuvo por demostrado que hubo perjuicio para la demandada, ello resulta adicional y en manera alguna hace desaparecer la causa invocada en la carta.
En lo que respecta al reglamento interno de trabajo debe decirse que dentro de las causas graves para finiquitar el contrato de trabajo consagradas en el artículo 43, se lee en el numeral 3 “La falta total del trabajador, durante el día, sin excusa suficiente, cuando cause perjuicio grave a la empresa, aún por primera vez”. Si la censura en su argumentación apunta a que cuando la falta ha sido por una y única vez no justifica la terminación del contrato, está inmersa en un craso error, pues es evidente que lo consagrado textualmente en el reglamento es lo que dijo el Tribunal, en cuanto que la falta una sola vez, inclusive siendo primera, justifica el fenecimiento del contrato de trabajo, “cuando cause perjuicio grave a la empresa”.
De su parte los informes que el cargo acusa como mal apreciados en realidad no dicen otra cosa diferente a la que se deduce de su tenor literal, es decir, a lo que observaron en forma directa el Presidente del Comité de Cafeteros de Yacopí y el superior inmediato del demandante el día en que se presentaron los hechos.
Si bien el censor cita la prueba testimonial, no es posible asumir su estudio por dos razones: en primer lugar porque no se han demostrado los yerros evidentes a través de prueba calificada y el análisis de este medio de prueba está restringido por el art. 7 de la ley 16 de 1969, y en segundo lugar porque el recurrente no dice qué incidencia tuvo esa prueba en los dislates enrostrados al ad quem.
No obstante que en la carta de despido no se invoca como sustento de éste la existencia del perjuicio para la empleadora por la falta al trabajo del empleado, hecho que si halló demostrado el Tribunal, ello es irrelevante, por cuanto la falta que en el reglamento interno de trabajo se consagra como justa para terminar el contrato, en la Ley se tipifica como incumplimiento grave de las obligaciones, que también permite el fenecimiento del vínculo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia impugnada, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 12 de agosto de 1999, en el juicio ordinario de ERASMO CASTRO SIERRA contra la FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA- COMITÉ DE CAFETEROS DE CUNDINAMARCA.
COPIESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.
Magistrados: Luis Gonzalo Toro Correa—Francisco Escobar Henriquez—Jose Roberto Herrera Vergara——Carlos Isaac Nader—Rafael Mendez Arango—German G. Valdés Sánchez—Fernando Vasquez Botero
Gilma Parada Pulido, Secretaria

References: artículo 6
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 60
 artículo 7
in dubio
 artículo 21
 artículo 6
 artículo 60
 artículo 7
 artículo 43