Source: http://derechopenitenciario.com/normativa/legislacion/RCL_1990_2336.html
Timestamp: 2019-03-24 20:23:05+00:00

Document:
RCL 1990\2336
RCL 1990\2336 Legislación
Carta de las Naciones Unidas de 26 junio 1945, Estatuto de la Corte Intnal. de Justicia de (sin fecha) 1945 y Declaración de 15 octubre 1990
BOE 16 noviembre 1990, núm. 275, [pág. 33862];
Declaración unilateral española en aceptación de su jurisdicción obligatoria
En fecha 29 de octubre de 1990, España depositó en la sede de las Naciones Unidas la siguiente:
1. Tengo el honor de declarar en nombre del Gobierno español, que el Reino de España reconoce como obligatoria ipso facto, y sin necesidad de convenio específico, la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia conforme a lo dispuesto en el párrafo 2, del artículo 36 del Estatuto de dicho Tribunal, respecto a cualquier otro Estado que haya aceptado la misma obligación, bajo condición de reciprocidad, en las controversias de orden jurídico no comprendidas en los supuestos y excepciones siguientes:
a) Controversias respecto de las cuales el Reino de España y la otra u otras partes hayan convenido o convengan recurrir a un medio pacífico distinto de arreglo de la controversia.
b) Controversias en las que la otra parte o partes hayan aceptado la jurisdicción obligatoria del Tribunal únicamente en lo que concierne a la controversia de que se trate o para los fines exclusivos de la misma.
c) Controversias en las que la otra parte o partes hayan aceptado la jurisdicción obligatoria del Tribunal con menos de doce meses de antelación a la fecha de presentación de la solicitud escrita incoando el procedimiento correspondiente ante el Tribunal.
d) Controversias surgidas antes de la fecha de remisión de la presente Declaración al Secretario General de las Naciones Unidas para su depósito, o relativas a hechos o situaciones acaecidas con anterioridad a dicha fecha, aunque dichos hechos o situaciones puedan seguir manifestándose o surtiendo efectos con posterioridad a la misma.
2. El Reino de España podrá completar, modificar o retirar, en cualquier momento, en todo o en parte, las reservas arriba mencionadas, así como cualesquiera otras que pudiese formular en el futuro, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. Estas modificaciones tendrán efectos a partir de la fecha de su recepción por el Secretario General de las Naciones Unidas.
3. La presente Declaración, que se remite para su depósito al Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 36 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, permanecerá en vigor mientras no sea retirada por el Gobierno español o reemplazada por otra declaración de dicho Gobierno.
La retirada de la Declaración tendrá efectos una vez transcurrido un período de seis meses, contados a partir de la recepción por el Secretario General de las Naciones Unidas de la notificación correspondiente del Gobierno español. Sin embargo, respecto a Estados que hubieran establecido un período inferior a seis meses entre la notificación y la producción de efectos de la retirada de su Declaración, la retirada de la Declaración española surtirá efectos una vez transcurrido dicho plazo más breve.
Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida han infringido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común, y
a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos, hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas.
3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz ni la seguridad internacionales ni la justicia.
4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia pública de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.
5. Los Miembros de la Organización prestarán a ésta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva.
Todo miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad, podrá ser suspendido por la Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad, del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su calidad de Miembro. El ejercicio de tales derechos y privilegios podrá ser restituido por el Consejo de Seguridad.
Artículo 8 La Organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para participar en condiciones de igualdad y en cualquier carácter en las funciones de sus órganos principales y subsidiarios.
La Asamblea General podrá discutir cualesquiera asuntos o cuestiones dentro de los límites de esta Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por esta Carta, y salvo lo dispuesto en el artículo 12 podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los Miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos.
1. La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos, y podrá también hacer recomendaciones respecto de tales principios a los Miembros o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos.
2. La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier Miembro de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas presente de conformidad con el artículo 35, párrafo 2, y salvo lo dispuesto en el artículo 12, podrá hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al Estado o Estados interesados o al Consejo de Seguridad o a éste y aquéllos. Toda cuestión de esta naturaleza con respecto a la cual se requiera acción será referida al Consejo de Seguridad por la Asamblea General antes o después de discutirla.
1. Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna esta Carta con respecto a una controversia o situación la Asamblea General no hará recomendación alguna sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el Consejo de Seguridad.
2. El Secretario General, con el consentimiento del Consejo de Seguridad, informará a la Asamblea General, en cada período de sesiones, sobre todo asunto relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que estuviere tratando el Consejo de Seguridad, e informará asimismo a la Asamblea General, o a los Miembros de las Naciones Unidas, si la Asamblea no estuviere reunida, tan pronto como el Consejo de Seguridad cese de tratar dichos asuntos.
b) Fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.
2. Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se tomarán por el voto de una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Estas cuestiones comprenderán: Las recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; la elección de los Miembros no permanentes del Consejo de Seguridad; la elección de los Miembros del Consejo Económico y Social: la elección de los Miembros del Consejo de Administración Fiduciaria de conformidad con el inciso c, párrafo 1, del artículo 86; la admisión de nuevos Miembros a las Naciones Unidas; la suspensión de los derechos y privilegios de los Miembros; la expulsión de Miembros; las cuestiones relativas al funcionamiento del régimen de administración fiduciaria y las cuestiones presupuestarias.
1. El Consejo de Seguridad se compondrá de quince Miembros de las Naciones Unidas. La República de China, Francia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, serán Miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Asamblea General elegirá otros diez Miembros de las Naciones Unidas que serán Miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, prestando especial atención, en primer término, a la contribución de los Miembros de las Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los demás propósitos de la Organización, como también a una distribución geográfica equitativa.
2. Los Miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán elegidos por un período de dos años. En la primera elección de los Miembros no permanentes que se celebre después de haber aumentado de once a quince el número de Miembros del Consejo de Seguridad, dos de los cuatro Miembros nuevos serán elegidos por un período de un año. Los Miembros salientes no serán reelegibles para el período subsiguiente.
3. El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para
su consideración informes anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales.
1. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a cualquiera controversia, o cualquiera situación de la naturaleza expresada en el artículo 34, a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General.
2. Un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda controversia en que sea parte, si acepta de antemano, en lo relativo a la controversia, las obligaciones de arreglo pacífico establecidos en la Carta.
El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.
Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas.
A fin de que la Organización pueda tomar medidas militares
urgentes, sus Miembros mantendrán contingentes de fuerzas aéreas nacionales inmediatamente disponibles para la ejecución combinada de una acción coercitiva internacional. La potencia y el grado de preparación de estos contingentes y los planes para su acción combinada serán determinados, dentro de los límites establecidos en el convenio o convenios especiales de que trata el artículo 43, por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado Mayor.
2. El Comité de Estado Mayor estará integrado por los Jefes de Estado Mayor de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad o sus representantes. Todo Miembro de las Naciones Unidas que no esté permanentemente representado en el Comité será invitado por éste a asociarse a sus labores cuando el desempeño eficiente de las funciones del Comité requiera la participación de dicho Miembro.
1. La acción requerida para llevar a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales será ejercitada por todos los Miembros de las Naciones Unidas o por algunos de ellos, según lo determine el Consejo de Seguridad.
Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.
1. Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos u organismos y sus actividades sean compatibles con los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
4. Este artículo no afecta en manera alguna la aplicación de los artículos 34 y 35.
1. El Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u organismos regionales, si a ello hubiere lugar, para aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad. Sin embargo, no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad, salvo que contra Estados enemigos, según se les define en el párrafo 2 de este artículo, se tomen las medidas dispuestas en virtud del artículo 107 o en acuerdos regionales dirigidos contra la renovación de una política de agresión de parte de dichos Estados, hasta tanto que a solicitud de los gobiernos interesados quede a cargo de la Organización la responsabilidad de prevenir nuevas agresiones de parte de aquellos Estados.
2. El término «Estados enemigos» empleado en el párrafo 1 de este artículo se aplica a todo Estado que durante la segunda guerra mundial haya sido enemigo de cualquiera de los signatarios de esta Carta.
a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social;
b. la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos, y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y
1. Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus estatutos y relativas a materias de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario, y otras conexas, serán vinculados con la Organización de acuerdo con las disposiciones del artículo 63.
2. Tales organismos especializados así vinculados con la Organización se denominarán en adelante «los organismos especializados».
2. Salvo lo prescrito en el párrafo 3, dieciocho miembros del Consejo Económico y Social serán elegidos cada año por un período de tres años. Los miembros salientes serán reelegibles para el período subsiguiente.
3. En la primera elección que se celebre después de haberse aumentado de veintisiete a cincuenta y cuatro el número de miembros del Consejo Económico y Social, además de los miembros que se elijan para sustituir a los nueve miembros cuyo mandato expire al final de ese año, se elegirán veintisiete miembros más. El mandato de nueve de estos veintisiete miembros adicionales así elegidos expirará al cabo de un año y el de otros nueve miembros una vez transcurridos dos años, conforme a las disposiciones que dicte la Asamblea General.
1. El Consejo Económico y Social podrá hacer o iniciar estudios e informes con respecto a asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea General a los Miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados interesados.
1. El Consejo Económico y Social podrá tomar las medidas apropiadas para obtener informes periódicos de los organismos especializados. También podrá hacer arreglos con los Miembros de las Naciones Unidas y con los organismos especializados para obtener informes con respecto a las medidas tomadas para hacer efectivas sus propias recomendaciones y las que haga la Asamblea General acerca de materias de la competencia del Consejo.
d. a promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investigación, y cooperar unos con otros y, cuando y donde fuere el caso, con organismos internacionales especializados, para conseguir la realización práctica de los propósitos de carácter social, económico y científico expresados en este artículo; y
Los Miembros de las Naciones Unidas convienen igualmente en que su política con respecto a los territorios a que se refiere este Capítulo, no menos que con respecto a sus territorios metropolitanos, deberá fundarse en el principio general de la buena vecindad, teniendo debidamente en cuenta los intereses y el bienestar del resto del mundo en cuestiones de carácter social, económico y comercial.
La Organización establecerá bajo su autoridad un régimen internacional de administración fiduciaria para la administración y vigilancia de los territorios que puedan colocarse bajo dicho régimen en virtud de acuerdos especiales posteriores. A dichos territorios se les denominará «territorios fideicometidos».
b. territorios que, como resultado de la segunda guerra mundial, fueren segregados de Estados enemigos; y
1. Salvo lo que se conviniere en los acuerdos especiales sobre administración fiduciaria concertados de conformidad con los artículos 77, 79 y 81 y mediante los cuales se coloque cada territorio bajo el régimen de administración fiduciaria, y hasta tanto se concierten tales acuerdos, ninguna disposición de este Capítulo será interpretada en el sentido de que modifica en manera alguna los derechos de cualesquiera Estados o pueblos, o los términos de los instrumentos internacionales vigentes en que sean partes Miembros de las Naciones Unidas.
2. El párrafo 1 de este artículo no será interpretado en el sentido de que da motivo para demorar o diferir la negociación y celebración de acuerdos para aplicar el régimen de administración fiduciaria a territorios bajo mandato y otros territorios, conforme el artículo 77.
El acuerdo sobre administración fiduciaria contendrá en cada caso las condiciones en que se administrará el territorio fideicometido, y designará la autoridad que ha de ejercer la administración. Dicha autoridad, que en lo sucesivo se denominará la «autoridad administradora», podrá ser uno o más Estados o la misma Organización.
Podrán designarse en cualquier acuerdo sobre administración fiduciaria, una o varias zonas estratégicas que comprendan parte o la totalidad del territorio fideicometido a que se refiere el acuerdo sin perjuicio de los acuerdos especiales celebrados con arreglo al artículo 43.
3. Salvo las disposiciones de los acuerdos sobre administración fiduciaria y sin perjuicio de las exigencias de la seguridad, el Consejo de Seguridad aprovechará la ayuda del Consejo de Administración Fiduciaria para desempeñar en las zonas estratégicas, aquellas funciones de la Organización relativas a materias políticas, económicas, sociales y educativas que correspondan al régimen de administración fiduciaria.
La autoridad administradora tendrá el deber de velar porque el territorio fideicometido contribuya al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Con tal fin, la autoridad administradora podrá hacer uso de las fuerzas voluntarias, de las facilidades y de la ayuda del citado territorio, a efecto de cumplir con las obligaciones por ella contraídas a este respecto ante el Consejo de Seguridad, como también para la defensa local y el mantenimiento de la ley y del orden dentro del territorio fideicometido.
2. El Consejo de Administración Fiduciaria bajo la autoridad de la Asamblea General, ayudará a ésta en el desempeño de las funciones aquí enumeradas.
c. tantos otros Miembros elegidos por períodos de tres años por la Asamblea General cuantos sean necesarios para asegurar que el número total de Miembros del Consejo de Administración Fiduciaria se divida por igual entre los Miembros de las Naciones Unidas administradores de tales territorios y los no administradores.
1. Cada Miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte.
El Secretario general actuará como tal en todas las sesiones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social y del Consejo de Administración Fiduciaria, y desempeñará las demás funciones que le encomienden dichos órganos. El Secretario general rendirá a la Asamblea General un informe anual sobre las actividades de la Organización.
El Secretario General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.
1. El personal de la Secretaría será nombrado por el Secretario General de acuerdo con las reglas establecidas por la Asamblea General. 2. Se asignará permanentemente personal adecuado al Consejo Económico y Social, al Consejo de Administración Fiduciaria y, según se requiera, a otros órganos de las Naciones Unidas. Este personal formará parte de la Secretaría.
Mientras entran en vigor los convenios especiales previstos en el artículo 43, que a juicio del Consejo de Seguridad lo capaciten para ejercer las atribuciones a que se refiere el artículo 42, las partes en la Declaración de las Cuatro Potencias firmada en Moscú el 30 de octubre de 1943, y Francia, deberán conformar a las disposiciones del párrafo 5 de esa Declaración, celebrar consultas entre sí,y cuando a ello hubiere lugar, con otros miembros de la Organización, a fin de acordar en nombre de ésta la acción conjunta que fuere necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales.
LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA establecida por la Carta de las Naciones Unidas como órgano judicial principal de las Naciones Unidas quedará constituida y funcionará conforme a las disposiciones del presente Estatuto.
1. La Corte se compondrá de quince miembros de los cuales no podrá haber dos que sean nacionales del mismo Estado.
2. Toda persona que para ser elegida miembro de la Corte pudiera ser tenida por nacional de más de un Estado será considerada nacional del Estado donde ejerza ordinariamente sus derechos civiles y políticos.
1. Los miembros de la Corte serán elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de una nónima de candidatos propuestos por los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje, de conformidad con las disposiciones siguientes.
2. En el caso de los Miembros de las Naciones Unidas que no estén representados en la Corte Permanente de Arbitraje, los candidatos serán propuestos por grupos nacionales que designen a este efecto sus respectivos gobiernos, en condiciones iguales a las estipuladas para los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje por el artículo 44 de la Convención de La Haya de 1907 (NDL 6465) sobre arreglo pacífico de las controversias internacionales.
3. A falta de acuerdo especial, la Asamblea General fijará previa recomendación del Consejo de Seguridad, las condiciones en que pueda participar en la elección de los miembros de la Corte, un Estado que sea parte en el presente Estatuto sin ser Miembro de las Naciones Unidas.
2. Ningún grupo podrá proponer más de cuatro candidatos, de los cuales no más de dos serán de su misma nacionalidad. El número de candidatos propuestos por un grupo no será, en ningún caso mayor que el doble del número de plazas por llenar.
Antes de proponer estos candidatos se recomienda a cada grupo nacional que consulte con su más alto tribunal de justicia, sus facultades y escuelas de derecho, sus academias nacionales y las secciones nacionales de academias internacionales dedicadas al estudio del derecho.
En toda elección, los electores tendrán en cuenta no sólo que las personas que hayan de elegirse reúnan individualmente las condiciones referidas, sino también que en el conjunto estén representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mando.
2. En las votaciones del Consejo de Seguridad, sean para elegir magistrados o para designar los miembros de la comisión prevista en el artículo 12 no habrá distinción alguna entre miembros permanentes y miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.
2. Si la comisión conjunta acordare unánimemente proponer a una persona que satisfaga las condiciones requeridas, podrá incluirla en su lista aunque esa persona no figure en la lista de candidatos a que se refiere el artículo 7.
1. Los miembros de la Corte desempeñarán sus cargos por nueve años, y podrán ser reelectos. Sin embargo, el período de cinco de los magistrados electos en la primera elección expirará a los tres años, y el período de otros cinco magistrados expirará a los seis años.
2. Los magistrados cuyos períodos hayan de expirar al cumplirse los mencionados períodos iniciales de tres y de seis años, serán designados mediante sorteo que efectuará el Secretario General de las Naciones Unidas inmediatamente después de terminada la primera elección.
3. Los miembros de la Corte continuarán desempeñando las funciones de sus cargos hasta que tomen posesión sus sucesores. Después de reemplazados continuarán conociendo de los casos que hubieren iniciado, hasta su terminación.
4. Si renunciare un miembro de la Corte dirigirá la renuncia al Presidente de la Corte, quien la transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas. Esta última notificación determinará la vacante del cargo.
Las vacantes se llenarán por el mismo procedimiento seguido en la primera elección, con arreglo a la disposición siguiente: dentro de un mes de ocurrida la vacante, el Secretario General de las Naciones Unidas extenderá las invitaciones que dispone el artículo 5, y el Consejo de Seguridad fijará la fecha de la elección.
Todo miembro de la Corte electo para reemplazar a otro que no hubiere terminado su período desempeñará el cargo por el resto del período de su predecesor.
1. Cada vez que sea necesario, la Corte podrá constituir una o más Salas compuestas de tres o más magistrados, según lo disponga la propia Corte para conocer de determinadas categorías de negocios, como los litigios de trabajo y los relativos al tránsito y las comunicaciones.
Las Salas de que tratan los artículos 26 y 29 podrán reunirse y funcionar, con el consentimiento de las partes, en cualquier lugar que no sea La Haya.
6. Los magistrados designados según se dispone en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo deberán tener las condiciones requeridas por los artículos 2, 17 (párrafo 2), 20 y 24 del presente Estatuto, y participarán en las decisiones de la Corte en términos de absoluta igualdad con sus colegas.
5. Los sueldos, estipendios y remuneraciones serán fijados por la Asamblea General, y no podrán ser disminuidos durante el período del cargo.
a) la interpretación de un tratado.
b) en cualquier cuestión de derecho internacional.
c) la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación de una obligación internacional.
5. Las declaraciones hechas de acuerdo con el artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional que estén aún vigentes, serán consideradas, respecto de las partes en el presente Estatuto, como aceptación de la Jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia por el período que aún les quede de vigencia y conforme a los términos de dichas declaraciones.
a) las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes.
b) la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho.
c) los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas.
d) las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59.
2. A falta de acuerdo respecto del idioma que ha de usarse, cada parte podrá presentar sus alegatos en el que prefiera, y la Corte dictará sentencia en francés y en inglés. En tal caso, la Corte determinará al mismo tiempo cuál de los dos textos hará fe.
1. Los negocios serán incoados ante la Corte según el caso mediante notificación del compromiso o mediante solicitud escrita dirigida al Secretario. En ambos casos se indicarán el objeto de la controversia y las partes.
3. Los agentes, los consejeros y los abogados de las partes ante la Corte gozarán de los privilegios e inmunidades necesarias para el libre desempeño de sus funciones.
1. Para toda notificación que deba hacerse a personas que no sean los agentes, consejeros o abogados, la Corte se dirigirá directamente al gobierno del Estado en cuyo territorio deba diligenciarse.
2. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los artículos 36 y 37 sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho.
1. Cuando los agentes, consejeros y abogados, conforme a lo proveído por la Corte, hayan completado la prestación de su caso, el Presidente declarará terminada la vista.
1. Tan pronto como se reciba una solicitud de opinión consultiva el Secretario la notificará a todos los Estados que tengan derecho a comparecer ante la Corte.
2. El Secretario notificará también, mediante comunicación especial y directa a todo Estado con derecho a comparecer ante la Corte, y a toda organización internacional que a juicio de la Corte o de su Presidente si la Corte no estuviere reunida, puedan suministrar alguna información sobre la cuestión, que la Corte estará lista para recibir exposiciones escritas dentro del término que fijará el Presidente, o para oír en audiencia pública que se celebrará al efecto, exposiciones orales relativas a dicha cuestión.
4. Se permitirá a los Estados y a las organizaciones que hayan presentado exposiciones escritas u orales, o de ambas clases, discutir las exposiciones presentadas por otros Estados u organizaciones, en la forma, en la extensión y dentro del término que en cada caso fije la Corte, o su Presidente si la Corte no estuviere reunida. Con tal fin, el Secretario comunicará oportunamente tales exposiciones escritas a los Estados y organizaciones que hayan presentado las suyas.
Firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945.
Entrada en vigor el 24 de octubre de 1945, de acuerdo con el artículo 110.
a) Miembros originarios de las Naciones Unidas que habiendo firmado la Carta depositaron sus Instrumentos de Ratificación ante el Gobierno de los Estados Unidos de América en las fechas que se indican
(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1990, TOMO IV, pgs. 6212 y 6213)
(Ver Repertorio Cronológico Legislación 1990, TOMO IV, pgs. 6213 a 6215)
2. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
Estados parte: Todos los miembros de las Naciones Unidas y los Estados siguientes:
Nauru, desde el 29 de enero de 1988.
San Marino, desde el 18 de febrero de 1954.
Suiza, desde el 28 de julio de 1948.
3. Declaraciones reconociendo como obligatoria la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte
Estados que han hecho declaraciones al amparo del artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia o cuyas declaraciones hechas al amparo del artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional se consideran aceptaciones de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia:
Kampuchea Democrática.
Liechtentein.
A) DECLARACIONES EFECTUADAS BAJO EL ARTICULO 36, PARRAFO 2, DEL ESTATUTO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA
Por cuanto el día primero de noviembre de 1945 Australia ratificó la Carta de las Naciones Unidas de la que es parte integrante el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; y
Por cuanto Australia formuló una declaración conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 36 de dicho Estatuto el día 6 de febrero de 1954; y
Por cuanto Australia desea retirar dicha declaración;
El Gobierno de Australia retira por la presente dicha declaración y declara por y en nombre de Australia que reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte hasta el momento en que notifiquen que retira esta declaración.
El Gobierno de Australia declara además que la presente declaración no se aplica a ninguna controversia respecto de la cual las partes en la misma hayan convenido o convengan recurrir a cualquier otro método de solución pacífica.
En testimonio de lo cual, yo, Edward Gough Whitlam, Primer Ministro, actuando por el Ministerio de Estado para Relaciones Exteriores y en su nombre, firmo la presente y pongo el sello del Ministro de Estado para Relaciones Exteriores.
Hecho en el día de hoy, 13 de marzo de 1975.-Firmado: E. G. Whitlam, Primer Ministro, actuando por el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Australia, y en su nombre.
Declaro por la presente que la República de Austria reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte o haya aceptado la misma obligación, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en todas las controversias de orden jurídico a que se refiere el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
Esta declaración no se aplicará a ninguna controversia respecto de la cual las partes en la misma hayan convenido o convengan recurrir a otros medios de solución pacífica para su decisión definitiva y vinculante.
La presente Declaración permanecerá en vigor por un período de cinco años y con posterioridad hasta que sea terminada o modificada por una declaración escrita.
Hecho en Viena, a 28 de abril de 1971.-Firmado: Jonas, Presidente Federal.
En nombre del Gobierno de Barbados, tengo el honor de declarar lo siguiente:
«El Gobierno de Barbados reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, bajo condición de reciprocidad, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el apartado 2 del artículo 36 (del Estatuto) de la Corte, mientras no se notifique la retirada de dicha aceptación, en relación con todas las controversias que surjan con posterioridad a la declaración, con excepción de:
a) las controversias respecto de las cuales las partes hayan convenido o convengan en recurrir a cualquier otro método de arreglo pacífico;
b) las controversias con el Gobierno de cualquier otro país miembro de la Commonwealth, las cuales se solucionarán del modo en que las partes hayan convenido o convengan;
c) las controversias relativas a aquellas cuestiones que, en virtud del derecho internacional, correspondan exclusivamente a la jurisdicción de Barbados.
d) las controversias derivadas de la jurisdicción o de derechos invocados o ejercidos por Barbados o relativas a los mismos, respecto de la conservación gestión o explotación de los recursos biológicos marinos, o respecto de la prevención o control de la polución o contaminación del medio marino en las zonas marítimas adyacentes a la costa de Barbados.
Aprovecho la oportunidad para presentar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi consideración más distinguida.».-Firmado: H. de B. Ford Ministro de Asuntos Exteriores.
Declara en nombre del Gobierno belga que reconozco como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte en las controversias de orden jurídico surgidas después del 13 de julio de 1948, relativas a situaciones o hechos posteriores a esa fecha, excepto aquellas respecto de las cuales las partes hayan convenido o convengan recurrir a otro método de arreglo pacífico.
La presente declaración se hace a reserva de ratificación. Surtirá efecto el día del depósito del instrumento de ratificación por un período de cinco años. A la expiración de este período continuará surtiendo efecto hasta que se notifique su terminación.
Bruselas, 3 de abril de 1958.-Firmado: V. Larock, Ministro de Asuntos Exteriores.
Yo, Sir Seretse Khama, Presidente de la República de Botswana, tengo el honor de declarar en nombre del Gobierno de la República de Botswana que éste reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, bajo condición de reciprocidad la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte.
Esta Declaración no se aplicará:
a) a las controversias respecto de las cuales las partes hayan convenido o convinieran recurrir a otros medios de solución pacífica; ni
b) a las controversias relativas a cuestiones que según el derecho internacional, se hallen esencialmente dentro de la jurisdicción interna de la República de Botswana.
El Gobierno de Botswana se reserva asimismo el derecho, en cualquier momento, mediante una notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, y con efectos a partir del momento de dicha notificación, de ampliar, modificar o retirar cualquiera de las reservas precedentes u otras que pudieran añadirse posteriormente.
Hecho en Gaborone en el día de hoy, 14 de enero del año de Nuestro Señor de 1970.-Firmado: Seretse M. Khama, Presidente.
En nombre del Gobierno de Canadá:
1) Notifico que, por la presente, retiro la aceptación por Canadá de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, vigente hasta este momento en virtud de la declaración de 7 de abril de 1970, de conformidad con el apartado 2 del artículo 36 del Estatuto de dicha Corte.
2) Declaro que el Gobierno de Canadá reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, bajo condición de reciprocidad, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el apartado 2 del artículo 36 (del Estatuto) de la Corte, mientras no se notifique la retirada de dicha aceptación, en relación con todas las controversias que surjan con posterioridad a la presente declaración, con excepción de:
c) las controversias relativas a aquellas cuestiones que, en virtud del derecho internacional, correspondan exclusivamente a la jurisdicción de Canadá.
3) El Gobierno de Canadá se reserva también el derecho de ampliar, modificar o retirar, en cualquier momento, cualquiera de las anteriores reservas o de las que en adelante puedan formularse, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, con efecto a partir del momento en que se realice dicha notificación.
Nueva York, 10 de septiembre de 1985.-Firmado: Stephen Lewis, Embajador y Representante Permanente.
El Gobierno de Costa Rica reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convenio especial, respecto de cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en todas las controversias de orden jurídico mencionadas en el inciso 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La presente Declaración tendrá una vigencia de cinco años y se entenderá tácitamente prorrogada por períodos iguales, salvo que fuere denunciada antes de la expiración del plazo dicho.
Firmado, Gonzalo J. Facio, Ministro de Relaciones Exteriores.
En nombre del Gobierno de la República de Chipre, tengo el honor de declarar, de conformidad con el apartado 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que la República de Chipre reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, bajo condición de reciprocidad, la jurisdicción de la Corte, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre:
a) La interpretación de cualquier tratado.
I. En el que la República de Chipre se haya convertido en parte el 16 de agosto de 1960 o en fecha posterior, o
II. Que la República de Chipre reconozca como vinculante en virtud de sucesión;
b) Cualquier cuestión de derecho internacional; c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación de una obligación internacional;
Todo ello con la condición de que la presente declaración no se aplicará:
a) A las controversias relativas a cuestiones que correspondan a la jurisdicción interna de la República de Chipre;
b) En el caso de que la declaración por la que se reconozca la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia en nombre de cualquier otra parte en la controversia se haya depositado ante el Secretario General de las Naciones Unidas menos de seis meses antes de la presentación de la solicitud por la que se someta la controversia a la Corte.
El Gobierno de la República de Chipre se reserva también el derecho de ampliar, modificar o retirar, en cualquier momento, cualquiera de las anteriores reservas o de las que en adelante puedan formularse, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, con efecto a partir del momento en que se realice dicha notificación.
Nicosia, 19 de abril de 1988.-Firmado, George Iacovou, Ministro de Asuntos Exteriores.
De conformidad con el Real Decreto de 3 de diciembre de 1956, tengo el honor, en nombre del Gobierno danés, de hacer la siguiente declaración:
De conformidad con el artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el Reino de Dinamarca reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial la jurisdicción de la Corte respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, es decir, bajo condición de reciprocidad, por un período de cinco años a partir del 10 de diciembre de 1956, y posteriormente por otros períodos de cinco años, si la presente declaración no se denuncia por notificación en un plazo no inferior a seis meses antes de la expiración de cualquiera de esos períodos de cinco años.
Nueva York, 10 de diciembre de 1956.-Firmado, Karl I. Eskelund, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Representante Permanente ante las Naciones Unidas.
Yo, Mahmoud Fawzi, Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Egipto, declaro en nombre de la República de Egipto que, conforme al artículo 36 (2) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y en virtud y a los efectos del párrafo 9.b) de la Declaración del Gobierno de la República de Egipto fechada el 24 de abril de 1957, sobre «el canal de Suez y las disposiciones para su funcionamiento», el Gobierno de la República de Egipto acepta como obligatoria ipso facto bajo condición de reciprocidad y sin convenio especial la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en todas las controversias de orden jurídico que pudieran plantearse conforme a lo dispuesto en dicho párrafo 9.b) de la mencionada Declaración fechada el 24 de abril de 1957, con efectos a partir de esta fecha.
18 de julio de 1957.-Firmado, Mahmoud Fawzi.
De conformidad al párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El Salvador reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la Jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre:
Esta declaración se formula únicamente para situaciones o hechos que surjan después de esta fecha; se hace bajo condición de reciprocidad con relación a otro Estado parte en alguna disputa con El Salvador, y queda sujeta a las excepciones siguientes, sobre las que El Salvador no acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte:
I. Disputas sobre las cuales las partes han convenido o convengan en someterlas a otros medios de arreglo pacífico;
II. Disputas que, según el derecho internacional, caen exclusivamente bajo la jurisdicción doméstica de El Salvador;
III. Disputas con El Salvador concernientes o relativas a:
1. El status de su territorio, o la modificación o delimitación de sus fronteras o cualquiera otra cuestión limítrofe;
2. El mar territorial y el zócalo continental o la plataforma submarina correspondientes y sus recursos, a menos que El Salvador acepte especialmente la jurisdicción;
3. La condición de sus islas, bahías y golfos y la de bahías y golfos históricos o en régimen de condominio, reconocida o no por sentencias de tribunales internacionales;
4. Los espacios aéreos sobre su territorio terrestre y marítimo.
IV. Disputas con relación o referencia a hechos o situaciones de hostilidades, conflictos armados acciones de legítima defensa individual o colectiva, resistencia contra la agresión, cumplimiento de obligaciones impuestas por organismos internacionales, y otros actos, medidas o situaciones similares o conexos, en los cuales esté, haya estado o pueda estar envuelto El Salvador, en cualquier tiempo.
V. Disputas que sean anteriores a esta fecha; debiendo entenderse como tales todas aquéllas cuyos fundamentos, razones, hechos, causas, orígenes, determinaciones, alegaciones o bases sean anteriores al día de hoy, aunque sean sometidas o introducidas a conocimiento de la Corte, con posterioridad a la presente fecha; y
VI. Disputas que surjan por interpretación o aplicación de un tratado multilateral, a menos que, 1) todas las partes en el tratado sean a su vez partes en el caso ante la Corte, o 2) que El Salvador acepte expresa y especialmente la jurisdicción.
Esta declaración revoca y sustituye la anterior formulada ante la Corte Permanente de Justicia Internacional, y tendrá vigencia por un término de cinco años a partir de esta fecha. Lo anterior se entenderá sin perjuicio del derecho que se reserva El Salvador de poder en cualquier tiempo, modificar, adicionar, explicar o derogar las excepciones introducidas.
Firmado, Mauricio A. Borgonovo Pohl, Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador.
Yo, Carlos P. Rómulo, Secretario de Asuntos Exteriores de la República de Filipinas, declaro por la presente, conforme al artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que la República de Filipinas reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre:
c) La existencia de todo hecho que, fuere establecido, constituiría violación de una obligación internacional;
No obstante, la presente declaración no se aplicará a ninguna controversia:
a) Respecto de la cual las partes en la misma hayan convenido o convinieren recurrir a algún método de solución pacífica;
b) Que la República de Filipinas considere que está esencialmente dentro de su jurisdicción interna; o
c) Respecto de las cuales la otra parte haya aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia solamente en relación con los fines de dicha controversia y para esos fines, o cuando la aceptación de la jurisdicción obligatoria haya sido depositada o ratificada en un plazo inferior a doce meses antes de la presentación de la solicitud para someter la controversia a la Corte; o
d) Surgida de un tratado multilateral,excepto: 1) Si todas las partes en el tratado son también partes en la causa ante la Corte, o 2) si la República de Filipinas acepta especialmente la jurisdicción; o
e) Surgidas o relativas a la jurisdicción o derechos reclamados o ejercidos por Filipinas:
i) Respecto de los recursos naturales, incluidos los organismos vivos pertenecientes a especies sedentarias, el lecho marino o la plataforma continental de Filipinas o espacios análogos en un archipiélago, conforme se describió en la Proclamación número 370, fechada el 20 de marzo de 1968, del Presidente de la República de Filipinas; o
ii) Respecto del territorio de la República de Filipinas, incluidos su mar territorial y aguas interiores; y
Queda establecido, además, que esta declaración permanecerá en vigor hasta que se notifique su terminación al Secretario General de las Naciones Unidas.
Hecho en Manila, en el día de hoy, 23 de diciembre de 1971. -Firmado, Carlos P. Rómulo, Secretario de Asuntos Exteriores.
En nombre del Gobierno finlandés, declaro por la presente que reconozco como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, es decir, bajo condición de reciprocidad, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, conforme al artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte, por un período de cinco años a partir de 25 de junio de 1958. La presente declaración será renovada por acuerdo tácito por otros períodos de la misma duración, salvo que sea denunciada con una antelación no inferior
a seis meses a la expiración de alguno de esos períodos. La presente declaración se aplicará sólo a las controversias que surjan en relación con situaciones o hechos posteriores al 25 de junio de 1958.
Nueva York, 25 de junio de 1958.-(Firmado), G. A. Gripenberg, Representante Permanente de Finlandia ante las Naciones Unidas.
De conformidad con el artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, declaro, en nombre del Gobierno de Gambia, que Gambia reconoce como obligatorio ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia hasta el momento en que se notifique que se pone término a la aceptación, en todas las controversias que surjan en el futuro sobre:
d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional, con la reserva, no obstante, de que esta declaración no se aplicará a:
a) Las controversias respecto de las cuales las partes hubieran convenido resolverlas por otro medio que el recurso a la Corte Internacional de Justicia;
b) Las controversias con cualquier país de la Commonwealth;
c) Las controversias que, según el derecho internacional, estén exclusivamente dentro de la jurisdicción de Gambia.
Bathurs, 14 de junio de 1966.-(Firmado), A. B. N'Jie, Ministro de Estado para Asuntos Exteriores.
En nombre de la República de Guinea-Bissau tengo el honor de declarar que, de conformidad con el artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la República de Guinea-Bissau reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico a que se refiere el párrafo 2 del artículo 36 del mencionado Estatuto.
La presente declaración permanecerá en vigor hasta seis meses después de la fecha en que el Gobierno de Guinea-Bissau notifique su intención de retirarla.
(Firmado), Raúl A. de Melo Cabral, Encargado de Negocios de Asuntos Internacionales.
El Gobierno de la República de Honduras, debidamente autorizado por el Congreso Nacional, en virtud del Decreto número 75/1986, de 21 de mayo, para modificar la declaración efectuada el 20 de febrero de 1960, en relación con el apartado 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,
Por la presente, declara:
Que la declaración efectuada por dicho Gobierno el 20 de febrero de 1960 queda modificada del modo siguiente:
1. Que reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre:
c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituirá violación de una obligación internacional;
d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una violación internacional.
2. Sin embargo, la presente declaración no se aplicará a las siguientes controversias en que pueda ser parte la República de Honduras:
a) Las controversias respecto de las cuales las partes hayan convenido o convengan en recurrir a otros métodos de arreglo pacífico de controversias;
b) Las controversias relativas a cuestiones que, en virtud del derecho internacional, estén sometidas a la jurisdicción nacional de la República de Honduras;
c) Las controversias referentes a hechos o situaciones derivados de conflictos armados o actos de naturaleza similar que puedan afectar al territorio de la República de Honduras y en los que ésta pueda verse involucrada directa o indirectamente:
d) Las controversias que versen sobre:
i) Cuestiones territoriales relativas a la soberanía sobre islas, bajíos y cayos; aguas interiores, bahías, el mar territorial y la situación jurídica y los límites de los mismos;
ii) Todos los derechos de soberanía o jurisdicción respecto de la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental y la situación jurídica y límites de los mismos;
iii) El espacio aéreo sobre los territorios, aguas y zonas mencionados en esta letra.
3. El Gobierno de Honduras se reserva también el derecho de complementar, modificar o retirar, en cualquier momento, la presente declaración o las reservas contenidas en la misma, mediante notificación al Secretario General de las Naciones Unidas.
4. La presente declaración sustituye a la efectuada por el Gobierno de Honduras el 20 de febrero de 1960.
Palacio Nacional, Tegucigalpa, D. C., 22 de mayo de 1986.-(Firmado), José Azcona H., Presidente de la República.-(Firmado), Carlos López Contreras, Secretario de Estado para Asuntos Exteriores.
Tengo el honor de declarar, en nombre del Gobierno de la República de la India, que éste acepta, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte, hasta el momento que se notifique que se pone término a la aceptación, como obligatoria ipso facto y sin convenio especial y bajo condición de reciprocidad, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre todas las controversias, excepto:
1) las controversias respecto de las cuales las partes en litigio hubieran convenido o convinieren recurrir a otro método u otros métodos de solución;
2) las controversias con el Gobierno de cualquier Estado que sea o haya sido miembro de la Commonwealth de Naciones;
3) las controversias respecto de cuestiones que estén esencialmente dentro de la jurisdicción de la República de la India;
4) las controversias relativas a hechos o situaciones, o que estén relacionados con ellos, de hostilidades, conflictos armados, acciones individuales o colectivas emprendidas en defensa propia, resistencia a la agresión, cumplimiento de obligaciones impuestas por organismos internacionales y otros actos, medidas o situaciones similares o conexos, en los que la India participe, haya participado o pueda participar en el futuro;
5) las controversias respecto de las cuales cualquier otra parte en la controversia haya aceptado la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia exclusivamente para los fines de esa controversia o en relación con ella; o cuando la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte en nombre de una parte en la controversia hubiera sido depositada o ratificada en un período inferior a doce meses antes de presentar la solicitud para someter la controversia ante la Corte;
6) las controversias en las que la jurisdicción de la Corte esté basada o pueda basarse en un tratado concertado con los auspicios de la Sociedad de las naciones, salvo que el Gobierno de la India acepte especialmente esa jurisdicción en cada caso;
7) las controversias relativas a la interpretación o la aplicación de un tratado multilateral, salvo que todas las partes en el tratado que sean también partes en la causa ante la Corte o el Gobierno de la India acepten especialmente la jurisdicción;
8) las controversias con el Gobierno de cualquier Estado con el cual en la fecha de la solicitud para someter una controversia a la Corte, el Gobierno de la India no tuviese relaciones diplomáticas o no hubiese sido reconocido por el Gobierno de la India;
9) las controversias con Estados o territorios no soberanos;
10) las controversias con la India relativas o relacionadas con:
a) la condición jurídica de su territorio o las modificaciones o delimitación de sus fronteras o cualquier otra cuestión referente a los límites;
b) el mar territorial, la plataforma continental y márgenes, la zona exclusiva de pesca, la zona económica exclusiva y otras zonas de la jurisdicción marítima nacional incluidas para la reglamentación y control de la contaminación marina y la realización de investigaciones científicas por buques extranjeros;
c) la condición y estatutos jurídicos de sus islas, bahías y golfos y de las bahías y golfos que por razones históricas le pertenezcan;
d) el espacio aéreo superyacente a sus tierras y territorio marítimo, y
e) la determinación y delimitación de sus fronteras marítimas;
11) las controversias anteriores a la fecha de la presente declaración, incluidas todas las controversias cuyos fundamentos, razones, hechos, causas, orígenes, definiciones, alegaciones o bases hubieren existido antes de dicha fecha, incluso si se sometiesen a la Corte, o puestas en su conocimiento, con posterioridad.
2. La presente declaración revoca y sustituye a las declaraciones anteriores hechas por el Gobierno de la India el 14 de septiembre de 1959.
Nueva Delhi, 15 de septiembre de 1974.-Firmado: Swaran Singh, Ministro de Asuntos Exteriores.
Tengo el honor, por instrucciones del Ministro de Asuntos Exteriores, de declarar en nombre del Gobierno del Japón, que de conformidad con el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el Japón reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación y bajo condición de reciprocidad, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, en todas las controversias que surjan en la fecha o después de la fecha de la presente declaración en relación con situaciones o hechos subsiguientes a esa misma fecha y que no hayan sido resueltas por otros medios de arreglo pacífico.
La presente declaración no se aplica a las controversias en las que las partes hayan convenido o convinieren someterlas para su decisión final y vinculante a arbitraje o solución judicial.
La presente declaración permanecerá en vigor por un período de cinco años y con posterioridad hasta que se dé por terminada mediante notificación escrita.
Nueva York, 15 de septiembre de 1958.-Firmado: Koto Matsudaira, Representante Permanente del Japón ante las Naciones Unidas.
En nombre del Gobierno Real de Camboya, tengo el honor de declarar, que conforme al artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, reconozco como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, es decir, bajo condición de reciprocidad, la jurisdicción de dicha Corte en todas las controversias de orden jurídico, excepto:
1) las controversias respecto de las cuales las partes en litigio hayan convenido o convengan recurrir a algún otro método de arreglo pacífico;
2) las controversias respecto a cuestiones que, por derecho internacional, estén exclusivamente dentro de la jurisdicción del Reino de Camboya;
3) las controversias relativas a cualquier cuestión excluidas de arreglo judicial o arbitraje obligatorio en virtud de cualquier tratado, convenio u otro acuerdo o instrumento internacional en el que sea parte el Reino de Camboya.
Esta declaración tiene validez por diez años a partir de la fecha de su depósito. Permanecerá en vigor después hasta que el Gobierno Real de Camboya formule notificación en contrario.
Phnom-Penh. 9 de septiembre de 1957.-Firmado: Sim Var.
Tengo el honor de declarar, en nombre del Gobierno de la República de Kenya, que éste acepta, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, hasta el momento que se notifique que se pone término a esta aceptación, como obligatoria ipso facto sin convenio especial, y sobre la base y bajo condición de reciprocidad, la jurisdicción sobre todas las controversias surgidas después del 12 de diciembre de 1963 respecto a situaciones o hechos posteriores a esa fecha, excepto:
1) las controversias respecto de las cuales las partes en litigio hayan convenido o convinieren recurrir a algún otro método o métodos de solución;
2) la controversia con el Gobierno de cualquier Estado que, en la fecha de la presente Declaración sea Miembro de la Commonwealth de Naciones o pueda llegar a serlo posteriormente;
3) las controversias respecto de cuestiones que según las normas generales de derecho internacional estén exclusivamente dentro de la jurisdicción de Kenya;
4) las controversias relativas a cualquier cuestión relacionada o que surja a este respecto, con la ocupación beligerante o militar o el cumplimiento de cualesquiera funciones en aplicación de toda recomendación o decisión de un órgano de las Naciones Unidas, de conformidad con la cual el Gobierno de la República de Kenya haya aceptado obligaciones.
El Gobierno de la República de Kenya se reserva el derecho, en cualquier momento, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, de ampliar, modificar o retirar cualquiera de las reservas precedentes. Dichas notificaciones surtirán efecto en la fecha en que las reciba el Secretario General de las Naciones Unidas.
Nairobi, 12 de abril de 1965.-Firmado: Joseph Murumbi, Ministro de Asuntos Exteriores.
En nombre del Gobierno de la República de Liberia, yo, Gabriel L. Dennis, Secretario de Estado de Liberia, a reserva de ratificación, declaro que la República reconoce como obligatoria ipso facto y, sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que sea también parte en el Estatuto conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas y que acepte la misma obligación (es decir, a condición de reciprocidad), la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en todas las controversias de orden jurídico que se planteen después de la ratificación que versen sobre:
c) la existencia de cualquier hecho que, de quedar probado, constituiría un quebrantamiento de una obligación internacional.
d) la naturaleza o extensión de la reparación que haya de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional.
La presente declaración no se aplicará:
a) a ninguna controversia que la República de Liberia considere esencialmente dentro de su jurisdicción interna;
b) a ninguna controversia respecto de la cual de las Partes hayan convenido o convinieren someterla a otros tribunales, como consecuencia de un acuerdo ya existente o que pudiera concertarse en el futuro.
La presente declaración ha sido hecha por un período de cinco años a contar desde la fecha del depósito de la ratificación (El instrumento de ratificación, fechado el 30 de marzo de 1953, fué depositado el 17 de abril de 1953.) y con posterioridad hasta que se notifique su terminación.
Hecho en Monrovia en el día de hoy, 3 de mayo de 1952.-Firmado: Gabriel L. Dennis, Secretario de Estado.
29 de marzo de 1950
El Gobierno del Principado de Liechtenstein, debidamente autorizado por su Alteza Serenísima, el Príncipe Reinante Francisco José II, de conformidad con la Orden de la Dieta del Principado de Liechtenstein, fechada el 9 de marzo de 1950, que entró en vigor el 10 de marzo de 1950, declara por las presentes que el Principado de Liechtenstein reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto de cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre:
c) la existencia de cualquier hecho que, de quedar probado, constituiría un quebrantamiento de una obligación internacional;
La presente Declaración, que se hace de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, surtirá efecto a partir de la fecha en que el Principado pase a ser parte en el Estatuto (Liechtenstein pasó a ser parte en el Estatuto de la Corte el 29 de marzo de 1950.) y permanecerá en vigor hasta que la declaración haya sido revocada con sujeción a la notificación con un año de antelación.
Hecho en Vaduz 10 de marzo de 1950.-En nombre del Gobierno del Principado de Liechtenstein.-Firmado: A. Frick, Jefe del Gobierno.
En nombre del Gobierno de Malawi declaro conforme a lo dispuesto en el artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que reconozco como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, bajo condición de reciprocidad, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en todas las controversias de orden jurídico que se planteen respecto de hechos o situaciones posteriores a la presente declaración que versen sobre:
No obstante, la presente declaración no se aplicará a:
i) las controversias respecto de cuestiones que estén esencialmente dentro de la jurisdicción interna de la República de Malawi, en la forma que determine el Gobierno de Malawi;
ii) las controversias respecto de la cual las partes en litigio hayan convenido o convinieren recurrir a algún otro método de arreglo pacífico; o
iii) las controversias referentes a cualquier cuestión relacionada a una ocupación beligerante o militar, que surjan de ella.
El Gobierno de Malawi se reserva asimismo el derecho, en cualquier momento, mediante una notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, de ampliar, modificar o retirar cualquiera de las reservas precedentes o cualquiera otra que pudiera añadirse posteriormente. Tales notificaciones surtirán efecto en la fecha en que las reciba el Secretario General de las Naciones Unidas.
Dado con mi firma, en Zomba en el día de hoy, 22 de noviembre de 1966.-Firmado: H. Kamuzu Banda. Presidente y Ministro de Asuntos Exteriores.
Tengo el honor de declarar, en nombre el Gobierno de Malta, que Malta acepta como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, bajo condición de reciprocidad, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte, hasta el momento en que se notifique que se pone término a la aceptación, sobre todas las controversias excepto:
i) las controversias respecto de las cuales las partes en litigio hayan convenido o convinieren recurrir a algún otro método de arreglo pacífico;
ii) las controversias con el Gobierno de cualquier otro país que sea Miembro del Commonwealth Británico de Naciones, todas las cuales serán resueltas en la forma en que las partes hayan convenido o convinieren;
iii) las controversias respecto de cuestiones que, por derecho internacional, estén exclusivamente dentro de la jurisdicción de Malta;
iv) las controversias sobre cualquier cuestión relacionada, o que surja a este respecto, con la ocupación beligerante o militar o el cumplimiento de cualesquiera funciones en aplicación de toda recomendación o decisión de un órgano de las Naciones Unidas, de conformidad con la cual el Gobierno de Malta haya aceptado obligaciones;
v) las controversias surgidas respecto de un tratado multilateral salvo que: 1) todas las partes en el tratado a las que afecte la decisión sean también partes en el litigio ante la Corte, o 2) que el Gobierno de Malta acepte especialmente la jurisdicción;
vi) las controversias relativas a cualquier cuestión excluida del fallo o arbitraje obligatorios en virtud de cualquier tratado, convenio u otro acuerdo o instrumento internacional en el que Malta sea parte;
vii) las controversias respecto de las cuales estén en curso o hayan tenido lugar procedimientos arbitrales o judiciales con cualquier Estado que, en la fecha del comienzo de los procedimientos, no haya aceptado para sí la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, y
viii) las controversias respecto de las cuales cualquier otra parte en litigio haya aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte solamente en relación con las finalidades de la controversia o para esos fines; o cuando la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte en nombre de cualquier otra parte en la controversia haya sido depositada o ratificada con una antelación menor a doce meses a la presentación de la solicitud que somete la controversia a la Corte.
El Gobierno de Malta se reserva asimismo el derecho, en cualquier momento, mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, y con efectos a partir del momento de dicha notificación, de ampliar, modificar o retirar cualesquiera de las precedentes reservas o cualesquiera otras que puedan añadirse posteriormente.
Valletta, 29 de noviembre de 1966.-Firmado: G. Felice, Ministro en funciones de Asuntos del Commonwealth y Extranjeros.
Tengo el honor de referirme a la Declaración hecha por el Gobierno de Malta el 29 de noviembre de 1966 y notificada el 6 de diciembre del mismo año, sobre la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia y de notificar, con efecto a partir del momento en que vuestra excelencia reciba la presente notificación, la aceptación por el Gobierno de Malta de la jurisdicción de la Corte se limitará a todas las controversias en que Malta intervenga, con excepción de las siguientes:
1) las mencionadas en los apartados i) a viii), ambos inclusive, de la Declaración, y
2) las siguientes categorías de controversias, es decir: «las controversias en que intervenga Malta y que versen sobre:
a) su territorio, incluido el mar territorial, y la situación del mismo;
b) la plataforma continental y cualquier otra zona de jurisdicción marítima, así como los recursos de las mismas;
c) la determinación o delimitación de cualquiera de los anteriores;
d) la prevención o control de la polución o contaminación del medio marino en las zonas marítimas adyacentes a la costa de Malta.»
El Gobierno de Malta se reserva también el derecho de ampliar, modificar o retirar, en cualquier momento, cualquiera de las anteriores reservas o de las que en adelante puedan formularse mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, con efecto a partir del momento en que se realice dicha notificación.
Firmado: Alex. Sceberras Trigona, Ministro de Asuntos Exteriores.
Tengo el honor de declarar en nombre del Gobierno de Mauricio que Mauricio acepta como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, bajo condición de reciprocidad, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte hasta el momento en que formule notificación para poner término a la aceptación, en todas las controversias, excepto:
i) las controversias respecto de las cuales las partes en el litigio hayan convenido o convinieren recurrir a cualquier otro método de arreglo pacífico;
ii) las controversias con el Gobierno de cualquier otro país que sea Miembro del Commonwealth Británico de Naciones, todas estas controversias serán resueltas de la manera en que las partes hayan convenido o convinieren;
iii) las controversias respecto de cuestiones que, por derecho internacional, estén exclusivamente dentro de la jurisdicción de Mauricio;
iv) las controversias relativas a cualquier cuestión relacionada o que surja a este respecto, con la ocupación beligerante o militar o el cumplimiento de cualesquiera funciones en aplicación de toda recomendación o decisión de un órgano de las Naciones Unidas, de conformidad con la cual el Gobierno de Mauricio haya aceptado obligaciones;
v) las controversias relativas a cualquier cuestión excluida de fallo o arbitraje obligatorios en virtud de cualquier tratado, convenio u otro acuerdo o instrumento internacionales en el que sea parte Mauricio;
vi) las controversias respecto de las cuales estén en curso o hayan tenido lugar procedimientos arbitrales o judiciales, con cualquier Estado que en la fecha del comienzo de los procedimientos, no haya aceptado para sí la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia; y
vii) las controversias respecto de las cuales cualquier otra parte en litigio haya aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia solamente en relación con los fines de la controversia o para esos fines; o cuando la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte en nombre de cualquier otra parte en la controversia haya sido depositada o ratificada con menos de doce meses de antelación a la presentación de la solicitud por la que se somete la controversia a la Corte.
El Gobierno de Mauricio se reserva asimismo, el derecho, en cualquier momento, mediante una notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas y con efecto a partir del momento de dicha notificación, de ampliar, modificar o retirar cualquiera de las reservas precedentes o de otra cualquiera que sea añadida posteriormente.
Port Louis, 4 de septiembre de 1968.-Firmado: S. Ramgolam, Primer Ministro de Asuntos Exteriores.
28 de octubre de 1947
Para cualquier controversia de orden jurídico que pudiera suscitarse, en lo futuro, entre los Estados Unidos Mexicanos y algún otro país, por hechos posteriores a la presente Declaración, el Gobierno de México reconoce como obligatoria ipso facto y sin necesidad de convenio especial, la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la misma, respecto a cualquier otro Estado que acepte igual obligación, es decir a base de estricta reciprocidad. Esta Declaración, que no es aplicable a aquellas controversias emanadas de asuntos que, en opinión del Gobierno de México, sean de la jurisdicción interna de los Estados Unidos Mexicanos surtirá sus efectos por un período de cinco años, a partir del primero de marzo de 1947, y de allí en adelante continuará en vigor hasta seis meses después de la fecha en que el Gobierno de México notifique la denuncia.
México, D. F., 23 de octubre de 1947.-Firmado: Jaime Torres Bodet, Secretario de Relaciones Exteriores.
En nombre del Gobierno de la República de Nauru, declaro que dicho Gobierno acepta como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte, estipulándose que la aceptación de controversias en las que la República sea o pueda ser parte, a excepción de aquéllas respecto de las cuales exista otro método de arreglo de controversias en virtud de un acuerdo entre la República de Nauru y otro Estado.
Declaro también que la presente Declaración permanecerá en vigor por un período de cinco años a partir de la fecha de su depósito ante el Secretario General de las Naciones Unidas.
EN FE DE LO CUAL firmo la presente y estampo en la misma el sello oficial de la República de Nauru, del día 30 del mes de diciembre de 1987.-Firmado: Hammer Deroburt, Presidente y Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Nauru.
Por cuanto, conforme al artículo 93 de la Carta de las Naciones Unidas, todos los Estados Miembros son partes ipso facto en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia;
Y por cuanto el Gobierno de la República Federal de Nigeria ha decidido aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia y es necesario formular una declaración con arreglo a los términos del artículo 36 (2) del Estatuto de la Corte;
Por tanto, yo, Nuhu Bamali, Ministro de Estado de Asuntos Exteriores, declaro por la presente que el Gobierno de la República Federal de Nigeria reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, en relación con cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, es decir, bajo la única condición de reciprocidad, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la Corte;
Hecho en Lagos, en el día de hoy 14 de agosto de 1965.-Firmado: Nuhu Bamali, Ministro de Estado para Asuntos Exteriores.
Declaro por la presente, en nombre del Gobierno Real noruego, que Noruega reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, es decir bajo condición de reciprocidad, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte, por un período de cinco años a partir del 3 de octubre de 1976. Esta declaración será renovada tácitamente con posterioridad por períodos adicionales de cinco años hasta que se formule notificación de su terminación en plazo no inferior a seis meses antes de la expiración del período en curso; queda establecido, no obstante, que el Gobierno Real Noruego, teniendo en cuenta el artículo 95 de la Carta de las Naciones Unidas reserva su derecho a modificar en cualquier momento el alcance de la presente declaración teniendo en cuenta los resultados de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar respecto de la solución de las controversias.
Nueva York, 2 de abril de 1976.-Firmado: Ole Algard, Representante Permanente de Noruega en las Naciones Unidas.
Tengo el honor, por instrucciones del Ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, de declarar en nombre del Gobierno de Nueva Zelanda:
I) Se pone término a la aceptación por el Gobierno de Nueva Zelanda de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, en virtud de la Declaración hecha el 1 de abril de 1940 de conformidad con el artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que hizo aplicable a la Corte Internacional de Justicia el párrafo 5 del artículo 36 del Estatuto de esta Corte.
II) El Gobierno de Nueva Zelanda acepta como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, bajo condición de reciprocidad, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 36 de la Corte sobre todas controversias excepto:
1) las controversias respecto de las cuales las partes hayan convenido o convinieren recurrir a algún otro método de solución pacífica;
2) las controversias respecto de las cuales cualquier otra parte en litigio haya aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia solamente en relación con fin de la controversia y para ese fin; o cuando la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte en nombre de cualquiera otra parte en litigio hubiera sido depositada o ratificada con menos de doce meses de antelación a la presentación de la solicitud por la que se somete la controversia a la Corte;
3) las controversias surgidas, o que se refieran a ello, de la jurisdicción o derechos reclamados o ejercidos por Nueva Zelanda respecto a la exploración, explotación, conservación o administración de los recursos vivos en las zonas marítimas más allá del mar territorial de Nueva Zelanda y adyacente al mismo, pero dentro de la distancia de 200 millas marinas a partir de las líneas de base de las cuales se mide la anchura del mar territorial.
La presente declaración permanecerá en vigor por un período de cinco años a partir del 22 de septiembre de 1977 y con posterioridad hasta la expiración del plazo de seis meses después de haberse notificado la terminación de la presente Declaración; no obstante, el Gobierno de Nueva Zelanda reserva su derecho, en cualquier momento, a modificar la presente Declaración teniendo en cuenta los resultados de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, respecto a la solución de las controversias.
Nueva York, 22 de septiembre de 1977.-Firmado: M. J. C. Templeton, Representante Permanente de Nueva Zelanda en las Naciones Unidas.
Declaro por la presente que el Gobierno del Reino de los Países Bajos reconoce, de conformidad con el artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, con efectos a partir del 6 de agosto de 1956, como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, es decir bajo condición de reciprocidad, la jurisdicción de dicha Corte en todas las controversias que surjan o puedan surgir después del 5 de agosto de 1921, con la excepción de las controversias respecto de las cuales las partes, excluyendo la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, hayan convenido recurrir a algún otro método de solución pacífica.
La mencionada obligación es aceptada por un período de cinco años y será renovada por acuerdo tácito por períodos adicionales de cinco años, excepto si se formula notificación, de un plazo no inferior a seis meses antes de expirar algunos de esos períodos, de que el Gobierno del Reino de los Países Bajos no desea renovarla.
Se pone término a la aceptación de la jurisdicción de la Corte basada en la declaración de 5 de agosto de 1946, con efectos a partir del 6 de agosto de 1956.
Nueva York, 1 de agosto de 1956.-Firmado: E. L. C. Schiff, Representante Permanente en funciones del Reino de los Países Bajos en las Naciones Unidas.
Tengo el honor, por instrucciones del Presidente del Pakistán, de formular la siguiente declaración en nombre del Gobierno del Pakistán, de conformidad con el artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia:
El Gobierno del Pakistán reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial respecto de cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte de Justicia Internacional en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre:
d) la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional;
No obstante, la declaración no se aplicará a:
a) las controversias cuya solución confíen las partes a otros tribunales en virtud de acuerdos ya vigentes o que se puedan concertar en el futuro;
b) las controversias relativas a cuestiones que, por derecho internacional, están exclusivamente dentro de la jurisdicción interna del Pakistán;
c) las controversias surgidas de un tratado multilateral, excepto que:
i) todas las partes en el tratado a las que afecte la decisión sean también partes en la causa ante la Corte, o
ii) el Gobierno del Pakistán acepte especialmente la jurisdicción, y queda establecido además que la presente Declaración permanecerá en vigor hasta el momento en que formule notificación para ponerla término.
Nueva York, 12 de septiembre de 1960.-Firmado: Said Hasan, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Representante Permanente del Pakistán en las Naciones Unidas.
19 de diciembre de 1955
Conforme a lo dispuesto en el artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, declaro en nombre del Gobierno Portugués que Portugal reconoce la jurisdicción de esta Corte como obligatoria ipso facto y sin convenio especial conforme a lo dispuesto en dicho párrafo 2 del artículo 36 y con las siguientes condiciones:
1) la presente declaración abarca las controversias surgidas de acontecimientos anteriores y posteriores a la declaración de aceptación de la «cláusula facultativa» que Portugal formuló el 16 de diciembre de 1920 como parte en el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional;
2) la presente declaración entrará en vigor en el momento en que sea depositada en poder del Secretario General de las Naciones Unidas; tendrá validez por un período de un año, y con posterioridad hasta que se notifique su denuncia a dicho Secretario General
3) el Gobierno Portugués se reserva el derecho a excluir del ámbito de la presente declaración, en cualquier momento durante su vigencia, a cualquier categoría o categorías de controversias, mediante notificación al Secretario General de las Naciones Unidas y con efectos a partir del momento de dicha notificación.
Washington, D. C., 19 de diciembre de 1955.-Firmado: L. Esteves Fernandes.
Tengo el honor, por instrucciones del Secretario Principal de Estado de Su Majestad para Asuntos Extranjeros y del Commonwealth, de declarar en nombre del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que éste acepta como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, bajo condición de reciprocidad, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte, hasta el momento en que se formule notificación para poner término a la aceptación, en todas las controversias que surjan después del 24 de octubre de 1945, respecto de situaciones o hechos posteriores a dicha fecha, excepto:
i) cualquier controversia respecto de la cual el Reino Unido:
a) haya convenido con la otra parte o las otras partes en la misma resolverla por algún otro método de solución pacífico; o
b) haya sometido ya a arbitraje por acuerdo con cualquier Estado que en el momento de presentar la controversia no hubiere aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia;
ii) las controversias con el Gobierno de cualquier otro país que sea Miembro del Commonwealth, respecto a situaciones existentes o hechos acaecidos antes del 1 de enero de 1969;
iii) las controversias respecto de las cuales alguna de las otras partes en litigio haya aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia solamente en relación con los fines de la controversia o para esos fines; o cuando la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte en nombre de cualquiera otra parte en la controversia haya sido depositada o ratificada dentro de un período inferior a doce meses antes de la presentación de la solicitud para someter la controversia a la Corte.
2. El Gobierno del Reino Unido también se reserva el derecho, en cualquier momento, por medio de una notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas y con efectos a partir del momento de dicha notificación, de ampliar, modificar o retirar cualquiera de las reservas precedentes, o las que en cualquier momento posterior pudieran añadirse.
Nueva York, 1 de enero de 1969.-Firmado: L. C. GLASS.
En nombre del Gobierno de la República de Senegal, tengo el honor de declarar que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, dicho Gobierno acepta, bajo condición de reciprocidad, como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan con posterioridad a la presente declaración y que verse sobre:
-la interpretación de un tratado;
-cualquier cuestión de derecho internacional;
-la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación de una obligación internacional;
-la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional.
La presente declaración se formula bajo condición de reciprocidad por parte de todos los Estados. Sin embargo, Senegal podrá no reconocer la competencia de la Corte en relación con:
-las controversias respecto de las cuales las partes hayan convenido recurrir a cualquier otro método de arreglo de las mismas;
-las controversias referentes a cuestiones que, en virtud del derecho internacional, sean competencia exclusiva de Senegal.
Por último, el Gobierno de la República de Senegal se reserva el derecho de ampliar, modificar o retirar las anteriores reservas en cualquier momento y mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
Dicha notificación surtirá efecto a partir de la fecha de su recepción por su Secretario General.
Firmado: Ibrahin Fall, Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Senegal.
Tengo el honor de declarar en nombre del Gobierno de la República Somalí que la República Somalí acepta como obligatoria ipso facto, y sin convenio especial, bajo condición de reciprocidad la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte, hasta el momento en que se notifique que se pone término a la aceptación respecto a todas las controversias de orden jurídico que se planteen, excepto las controversias respecto de las cuales cualquiera de las demás partes en la controversia hubiere aceptado la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia solamente en relación con los fines de la controversia o para esos fines; o cuando la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte en nombre de cualquiera otra parte en la controversia hubiera sido depositada o ratificada con una antelación menor a doce meses a la presentación de la solicitud para someter la controversia ante la Corte.
La República Somalí reserva asimismo su derecho, en cualquier momento, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, y con efectos a partir del momento de dicha notificación de ampliar, modificar o retirar cualquiera de las reservas precedentes o cualquiera que pudiera haberse añadido posteriormente.
Mogadischu, 25 de marzo de 1963.-Firmado: Abdulla ISSA, Ministro de Asuntos Exteriores.
2 de enero de 1958
Tengo el honor, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, de declarar, en nombre del Gobierno de la República del Sudán que, conforme al párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el Gobierno de la República del Sudán reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, bajo condición de reciprocidad, hasta el momento en que se notifique que se pone término a esta declaración, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en todas las controversias surgidas después del 1 de enero de 1956 respecto a situaciones o hechos posteriores a esa fecha que verse sobre:
a) la interpretación de un tratado concluido o ratificado por la República del Sudán el 1 de enero de 1956 o posteriormente;
c) la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación de una obligación internacional; o
d) la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional; pero excluyendo lo siguiente:
i) las controversias respecto de las cuales las partes en litigio hayan convenido o convinieren recurrir a cualquier otro método de arreglo pacífico;
ii) las controversias respecto de cuestiones que están esencialmente dentro de la jurisdicción de la República del Sudán en la forma determinada por el Gobierno del Sudán;
iii) las controversias surgidas de acontecimientos que ocurran en cualquier período durante el cual la República del Sudán participe en hostilidades como beligerante.
Nueva York, 30 de diciembre de 1957.-Firmado: Yacoub Osman Representante Permanente del Sudán en las Naciones Unidas.
En nombre del Gobierno Real Sueco, declaro que éste acepta obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de dicha Corte, por un período de cinco años a partir del 6 de abril de 1957. Esta obligación será renovada por acuerdo tácito por períodos posteriores de la misma duración, a menos que notifique su derogación seis meses antes, por lo menos, de la expiración de cualquiera de esos períodos. La obligación mencionada se acepta solamente respecto de las controversias que puedan surgir en relación con situaciones o hechos posteriores al 6 de abril de 1947.
Nueva York, 6 de abril de 1957.-Firmado: Claes CARBONNIER, Representante Permanente a.i. de Suecia ante las Naciones Unidas.
El Consejo Federal Suizo, debidamente autorizado al efecto por un decreto federal aprobado el 12 de marzo de 1948 por la Asamblea Federal de la Confederación Suiza, que entró en vigor el 17 de junio de 1948,
Declara por la presente que la Confederación Suiza reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre:
c) la existencia de todo hecho que, si fuese establecido, constituiría violación de una obligación internacional.
Esta declaración, que se hace de conformidad con el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, surtirá efecto a partir de la fecha en que la Confederación Suiza pase a ser parte en ese Estatuto (Suiza pasó a ser parte del Estatuto de la Corte el 28 de julio de 1948) y tendrá efecto en tanto no sea derogada con un año de preaviso.
En nombre del Consejo Federal Suizo, Firmado, CELIO.
Siguiendo instrucciones del Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Surinam, tengo el honor de hacer la siguiente declaración en nombre del Gobierno de Surinam:
El Gobierno de la República de Surinam reconoce, de conformidad con el apartado 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, con efecto desde el 7 de septiembre de 1987, como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, es decir, bajo condición de reciprocidad, la jurisdicción de la citada Corte en todas las controversias que hayan surgido con anterioridad a la presente declaración o que surjan a partir de la misma, con excepción de:
A. las controversias surgidas o que puedan surgir respecto de las fronteras de la República de Surinam o en relación con ellas;
B. las controversias que las partes, excluyendo la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, hayan convenido en solucionar por medio de arbitraje, mediación u otros métodos de conciliación y arreglo.
La presente declaración será vinculante por un plazo de cinco años y continuará en vigor transcurrido dicho plazo hasta doce meses después de su denuncia por el Gobierno de la República de Surinam.
Firmado: W. H. Werner Vreedzaam, Encargado de Negocios de la Misión Permanente de la República de Surinam ante las Naciones Unidas.
Yo, Príncipe Makhosini Dlamini, Primer Ministro del Reino de Swazilandia, en que Su Majestad ha delegado la responsabilidad de la gestión de los asuntos extranjeros, tengo el honor de declarar en nombre del Gobierno del Reino de Swazilandia que éste reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, bajo la condición de reciprocidad, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 36 de la Corte.
Esta Declaración no se extiende:
a) a las controversias respecto de las cuales las partes hayan convenido o convinieren recurrir a otros medios de arreglo pacífico; o
b) a las controversias relativas a cuestiones que, por derecho internacional, estén esencialmente dentro de la jurisdicción interna del Reino de Swazilandia.
El Gobierno del Reino de Swazilandia se reserva también el derecho de ampliar, modificar o retirar la presente declaración mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, con efectos a partir del momento de dicha notificación.
Mbabane, 9 de mayo de 1969.-Firmado: Makhosini Jameson Dlamini, Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores.
La República Togolesa,
Representada por Su Excelencia el señor Akanyi-Awunyo Kodjovi, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Representante Permanente de Togo en las Naciones Unidas.
Actuando de conformidad con las disposiciones del artículo 36, párrafos 2 y 3, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, anexo a la Carta de las Naciones Unidas.
Guiado por constante preocupación por asegurar el arreglo pacífico y equitativo de todas las controversias internacionales, en particular aquellas en que pueda verse implicada, y deseando contribuir al fortalecimiento del orden jurídico internacional basado en los principios expuestos en la Carta de las Naciones Unidas,
Declara que reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, es decir, bajo condición de reciprocidad, la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en todas las controversias que versen sobre:
La presente declaración ha sido hecha por un período ilimitado a reserva de la facultad de denuncia y modificación aneja a cualquier obligación asumida por el Estado soberano en sus relaciones internacionales. Entrará en vigor el día en que sea recibida por la Secretaría de las Naciones Unidas.
Nueva York, 24 de octubre 1979.-Firmado: Akanyi-Awunyo Kodjovi.
Declaro por la presente, en nombre del Gobierno de Uganda, que Uganda reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, y bajo condición de reciprocidad, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte.
Nueva York, 3 de octubre de 1963.-Firmado: Apollo K. Kironde, Embajador y Representante Permanente de Uganda en las Naciones Unidas.
Por orden del Comisario de Estado (Ministro) para Asuntos Exteriores de Zaire, tengo el honor de hacer la siguiente declaración en nombre del Consejo Ejecutivo Nacional (Gobierno) de la República del Zaire, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia:
El Consejo Ejecutivo de la República de Zaire reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre:
Queda asimismo entendido que la presente declaración permanecerá en vigor hasta que se notifique su revocación.
Firmado: Bagbeni Adeito Nzengeya, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Representante Permanente de la República del Zaire ante las Naciones Unidas.
(B) DECLARACIONES EFECTUADAS BAJO EL ARTICULO 36, PARRAFO 2, DEL ESTATUTO DE LA CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL LAS CUALES SE CONSIDERAN ACEPTACIONES DE LA JURISDICCION OBLIGATORIA DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA.
(El 30 de octubre de 1937 fué depositado un instrumento de ratificación. Conforme a los términos de la clausula facultativa no era necesaria una ratificación, por ser suficiente el acto de la firma para que el compromiso fuera vinculante, excepto cuando la declaración hubiera sido hecha expresamente con reserva de ratificación. No obtante, ciertos Estados, que habían firmado sin esa reserva, ratificaron posteriormente sus declaraciones.)
La República de Colombia reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, bajo condición de reciprocidad, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, conforme al artículo 36 del Estatuto.
La presente declaración se aplica sólo a las controversias surgidas de hechos posteriores al 6 de enero de 1932.
Firmado: J. M. Yepes, Asesor Jurídico de la Delegación Permanente de Colombia ante la Liga de las Naciones.
4 de octubre de 1921
En nombre de la República de Haití, reconozco como obligatoria la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.-Firmado: F. Addor, Cónsul.
El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo reconoce como obligatoria ipso facto, y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, es decir bajo condición de reciprocidad, la jurisdicción de la Corte de conformidad con el artículo 36, párrafo 2, del Estatuto en todas las controversias surgidas después de la firma de la presente declaración respecto a situaciones o hechos posteriores a esta firma, excepto en los casos en que las partes hayan convenido o convinieren recurrir a otro procedimiento u otro método de arreglo pacífico. La presente declaración se hace por un período de cinco años. Salvo que sea denunciada seis meses antes de la expiración de este período se considerará como renovada por un nuevo período de cinco años y similarmente con posterioridad.
Ginebra, 15 de septiembre de 1950.-Firmado: BECH.
El Gobierno de Luxemburgo había firmado en 1921 la Cláusula Facultativa, a reserva de ratificación. Sin embargo, esta declaración no fue ratificada nunca.
[Según un telegrama fechado el 29 de noviembre de 1939, dirigido a la Sociedad de las Naciones, Nicaragua ratificó el Protocolo de Firma de la Corte Permanente de Justicia Internacional (16 de diciembre de 1920), y el instrumento de ratificación iba a enviarse después. No obstante, no parece que el instrumento de ratificación fuese recibido nunca por la Sociedad de las Naciones.]
24 de septiembre de 1929
En nombre de la República de Nicaragua reconozco como obligatoria incondicionalmente la jurisdicción de la Corte Permanente de Justicia Internacional.
Ginebra, 24 de septiembre de 1929.-Firmado: T. F. Medina.
En nombre del Gobierno de Panamá reconozco, respecto a cualquier otro Miembro o Estado que acepte la misma obligación, es decir, bajo la única condición de reciprocidad, la jurisdicción de la Corte como obligatoria ipso facto y sin ningún convenio especial.
París, 25 de octubre de 1921.-Firmado: R. A. Amador, Encargado de Negocios.
En nombre del Gobierno de la República Dominicana y a reserva de ratificación (El instrumento de ratificación fué depositado el 4 de febrero de 1933.) reconozco respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, es decir, con la sola condición de reciprocidad, la jurisdicción de la Corte como obligatoria ipso facto y sin convenio especial.
Ginebra, 30 de septiembre de 1924.-Firmado: Jacinto R. de Castro.
Antes del 28 de enero de 1921
En nombre del Gobierno de Uruguay, reconozco, respecto a cualquier otro Miembro o Estado que acepte la misma obligación, es decir, bajo la única condición de reciprocidad, la
jurisdicción de la Corte como obligatoria ipso facto y sin convenio especial.
Firmado: B. Fernández y Medina.
Madrid, 5 de noviembre de 1990.-El Secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Javier Jiménez-Ugarte Hernández.

References: artículo 36
 artículo 36

Artículo 8
 artículo 12
 artículo 35
 artículo 12
 artículo 86
 artículo 34
 artículo 41
 artículo 43
 artículo 107
 artículo 63
 artículo 77
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 42
 artículo 44
 artículo 12
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 36
 artículo 59
 artículo 110
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 Real Decreto 
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 39
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 93
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 95
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36