Source: http://participa.jcyl.es/forums/276077--2015-02-decreto-por-el-que-se-modifica-el-reglam
Timestamp: 2017-06-27 10:23:37+00:00

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(2015/02) Decreto por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 10 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinac. (Cerrado): Popular (16 sugerencias) – Espacio de participación de la Junta de Castilla y León
La Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo, ha llevado a cabo una amplia reforma de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, para cuya adecuada efectividad es preciso modificar también el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, trasladando a su nivel normativo las importantes innovaciones legales introducidas.
Decreto por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 10 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.
Puede comparar el texto vigente del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y la redacción propuesta por el Proyecto de Decreto:
El plazo para realizar aportaciones a este espacio de participación finalizó a las 15:00 horas del 3 de febrero de 2015.
finalizada (16)
Diferenciación de las obras de carácter "integral o total" y "no integral o parcial"
Artículos a los que se refiere la sugerencia: 288 a) 6º (Licencia urbanística), 314 bis, 1 a) 1º (Declaración responsable) y 316.3 (ITE)
En los citados artículos se hace mención al concepto INTEGRAL, refiriéndose como tal a la definición dada por el Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (CTE). Pues bien, dicho término INTEGRAL ya no existe el CTE, puesto que ha sido suprimido por las modificaciones introducidas en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (LRRRU) en su Disposición final undécima. Por otra parte, la LRRRU, también modifica en su Disposición final tercera la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, la consideración de edificación en intervenciones sobre los edificios existentes. Antes del a modificación del CTE, se definía como integral (rehabilitación) cuando se cumplían todos los fines señalados en el derogado artículo 2.4 Llegado a este punto, es conveniente precisar que se entiende por integral, aplicado por ejemplo a rehabilitación.
Según el diccionario de la Real Academia Española se entiende por integral como global, total, y por rehabilitación por acción y efecto de rehabilitar, y ésta por habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su antiguo estado. Luego podría decirse que una rehabilitación integral es una intervención tiene por objeto habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su antiguo estado global o totalmente. Visto de esta forma, en principio puede ser suficiente definir el alcance integral como total, como así se indica en el artículo 288 a) 6º del proyecto de modificación del RUCyL sin tener que acudir a la inexistente definición del CTE.
También procede citar el concepto de rehabilitación edificatoria dado por el artículo 14. 2. b) del Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas): "Las de rehabilitación edificatoria, entendiendo por tales la realización de las obras y trabajos de mantenimiento o intervención en los edificios existentes, sus instalaciones y espacios comunes, en los términos dispuestos por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación"
Ahora bien, este término se aplica según el proyecto del RUCyL, además de las rehabilitaciones, a las obras de modificación y de reforma (artículo 288 a) 6º), siendo estos términos de alcance muy distinto del de rehabilitación, sobre todo a la hora de establecer la distinción de "no integral o parcial" (artículo 314 bis, 1 a) 1º). Entonces, ¿qué tienen de común estos términos: obras de modificación, reforma o rehabilitación? Pues que se trata de intervenciones en edificios existentes, aunque en el CTE solo cita la reforma en su Anejo III. Terminología.
En este contexto, se debe entender que las obras de modificación están englobadas en las obras de reforma, pues no hay referencia alguna a obras de modificación.
Dejando a un lado por el momento el ámbito "integral o total", y centrándonos en el aspecto "no integral o parcial", su aplicación a obras de modificación, reforma o rehabilitación, por su heterogeneidad plantea , cuando menos, conflicto con otros tipos de obra pero de distinta finalidad. Estoy refiriéndome a las obras de reparación y mantenimiento puntuales, que también son intervenciones de carácter parcial en edificios. Además, entre los actos constructivos de los actos sujetos a declaración responsable no se citan expresamente, pudiendo ser asimilados como obras de modificación o reforma. Según la terminología del CTE citada anteriormente, se indica que reforma es cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio. En consecuencia, parece razonable que este tipo de obras estén expresamente referidas en el proyecto del RUCyL.
Se sugiere, por tanto, se distinga claramente el término Integral o Total de No integral o Parcial, así como distinguir los conceptos de obras tales como rehabilitaciones, modificaciones y reformas, incluso las de mantenimiento y reparaciones puntuales, pudiendo éstas englobarse en las consideradas "Obras menores".
En los citados artículos se hace mención al concepto INTEGRAL, refiriéndose como tal a la definición dada por el Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (CTE). Pues bien, dicho término INTEGRAL ya no existe el CTE, puesto que ha sido suprimido por las modificaciones introducidas en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (LRRRU) en su Disposición final undécima. Por otra parte, la… más
La aclaración de los conceptos “integral / total” referidos a las obras de rehabilitación, en el contexto de la necesidad de licencia urbanística o declaración responsable, es una de las demandas generalizadas de cara a la redacción final del RUCyL. Actualmente se trabaja con diferentes versiones proporcionadas desde ámbitos especializados, entre las cuales las aportadas por la sugerencia se tendrán en cuenta.
La norma sigue generando incertidumbre, al igual que las anteriores, al dar pasos hacía un procedimiento reglado a través de planes especiales de regularización sin solventar los problemas de fondo como es el que dicha planificación y "¿gestión?" en suelo rústico no transforma sus derechos o deberes urbanísticos. No es fácil de explicar el cambio que produce en la situación de una parcela dicha "regularización". La excepcionalidad de que los planes especiales modifiquen la ordenación general, el establecimiento del régimen de usos es uno de ellos, no contempla el del art. 146 bis.
La autorización de usos residenciales vivienda en suelo rústico de manera planificada vía plan especial, que hasta ahora debían de recurrir a la vía de la autorización excepcional y por lo tanto justificar entre otras cosas la no formación de núcleo de población, parece abrir una puerta procedimental que parece por otra parte ir en contra del su propio régimen de suelo rústico.
La prohibición de urbanizar, de realizar parcelaciones urbanísticas o de formación de núcleo de población, la extraña alusión a la utilización de procesos de gestión urbanística, todo ello dentro del régimen de suelo rústico, parece suficiente para considerar que lo que se pretende con los asentamientos irregulares ha de buscar otro camino que no de la apariencia de pasar por encima de algunos pilares en los que se asienta la legislación urbanística de Castilla y León introduciendo confusión entre técnicos y particulares.
Estás actuaciones encontrarían más acomodo en procedimientos que aceptaran la transformación real del suelo fuera del suelo rústico, siempre que la clasificación del suelo lo permitiera (Suelo urbanizable de asentamiento irregular), y donde se pudieran establecer los procedimientos que se apuntan en la ley y reglamento, pero encontrando el adecuado equilibrio que no permitiera considerarse como un beneficio para los propietarios. La norma sigue generando incertidumbre, al igual que las anteriores, al dar pasos hacía un procedimiento reglado a través de planes especiales de regularización sin solventar los problemas de fondo como es el que dicha planificación y "¿gestión?" en suelo rústico no transforma sus derechos o deberes urbanísticos. No es fácil de explicar el cambio que produce en la situación de una parcela dicha "regularización". La excepcionalidad de que los planes especiales modifiquen la ordenación general, el establecimiento del régimen de usos es uno de ellos, no contempla el del art. 146 bis.
La autorización de usos residenciales vivienda en… más
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Hay que tener en cuenta que la clasificación como suelo urbano o suelo urbanizable de este tipo de ámbitos ya es posible con la normativa vigente; también existía la opción para el planeamiento de mantener las viviendas como edificaciones en suelo rústico, tanto fuera como dentro de ordenación. A todas esas opciones disponibles para la gestión de estas áreas se añade ahora la de mantenerse en suelo rústico pero con una ordenación vía plan especial, y con posibilidad de utilizar los procedimientos de gestión propios de otras clases de suelo. Es una opción más para que el Ayuntamiento aplique en cada caso la más oportuna al estado de un área concreta, ya que la situación de las existentes en la Comunidad es tremendamente heterogénea.
Sobre la ordenacion detallada del Suelo Urbano Consolidado, por el PGOU
Creo que según la nueva redacción planteada por el RUCYL en el apartado a), del artículo 79, no dice claramente o bien se omite, a mi entender, que el PGOU debe establecer la ordenación detallada para todo el suelo urbano consolidado (la redacción hace pensar que sólo es obligatorio para algunas áreas y no en todo).
Agradecería que la redacción de este apartado a), del articulo 79, no dejara ningún tipo de duda, sobre ello.
¿O pudiera ser que la nueva Ley "de las 3 erres", hubiera definido alguna modificación sobre este aspecto, ya que no he encontrado referencia alguna?
Muchas gracias, por su comprensión y paciencia.
En efecto, la Ley 7/2014 introdujo como innovación fundamental la opción de un planeamiento general estratégico, que se centre en los aspectos de ordenación general; de ahí que el RUCyL deba recoger esa no obligatoriedad de agotar las determinaciones de ordenación detallada en suelo urbano consolidado; las mismas serán objeto de cambio por el Plan General de Ordenación Urbana cuando ello sea necesario o conveniente, o bien remitidas a un ulterior planeamiento especial. Este trascendental cambio busca armonizar nuestra práctica urbanística municipal con la que es más común en nuestro contexto europeo, donde en general es relativamente ágil la elaboración y aprobación de planes de carácter estratégico, que en nuestra práctica se ven lastrados por la necesidad de incorporar toda la ordenación detallada del suelo urbano consolidado, con todo su detalle y conflictividad.
Utilización y actualización de los datos catastrales como punto de partida para las actuaciones en la RRR urbanas.
Sería deseable establecer con la Dirección General del Catastro la coordinación para que los planes especiales incorporen como base de la ordenación la documentación catastral acorde a los nuevos formatos (FXCC) que permite identificar espacialmente los usos y en especial agregar sobre estos datos homogeneizados el resto de datos necesarios sobre eficiencia energética, accesibilidad,... y que permitirá su relación con los datos de las certificaciones energéticas, ITE, IEE. En el caso de no existir se debería exigir en un primer momento la elaboración de esta documentación y establecer los procedimientos de colaboración entre administraciones locales y la DGC para que la documentación pudiera ser compartida y válida.Sería deseable establecer con la Dirección General del Catastro la coordinación para que los planes especiales incorporen como base de la ordenación la documentación catastral acorde a los nuevos formatos (FXCC) que permite identificar espacialmente los usos y en especial agregar sobre estos datos homogeneizados el resto de datos necesarios sobre eficiencia energética, accesibilidad,... y que permitirá su relación con los datos de las certificaciones energéticas, ITE, IEE. En el caso de no existir se debería exigir en un primer momento la elaboración de esta documentación y establecer los procedimientos de colaboración entre administraciones locales y la DGC para que… más
La sugerencia es muy interesante para la mejora de la calidad documental y de la seguridad que deben ofrecer los instrumentos de planeamiento urbanístico. Sin embargo su contenido no es adecuado para el nivel normativo reglamentario, por lo que se trasladará a los servicios de urbanismo e información territorial a efectos de su eventual incorporación en la instrucción técnica que regulan el contenido del planeamiento urbanístico.
Burgos, 31 de enero de 2015 Alegación al Proyecto Decr
Burgos, 31 de enero de 2015
Alegación al Proyecto Decreto por el que se modifica Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
formulada por Pablo Arribas Briones, con domicilio en C/Juan Bravo, 2-5/6 – 09006 Burgos.
Con el tiempo del jubilado (aunque con la merma de una medio gripe que no ha hecho merma en mi humor) formulo las siguientes alegaciones:
El conjunto del Decreto, por el que se modifica el RUCyL, lo veo bien adaptado, consecuente con la Ley 7/2014, con su contenido y su espléndida Exposición de motivos. A ver cuanto dura. Quizás en los últimos tiempos esa nuestra legislación motorizada, en contraste con el exceso de duración de los procedimientos urbanísticos (principalmente por los informes sectoriales; habrá que terminar con esa imagen de “islotes solitarios”, con que nos vienen demostrando, durante demasiados años, los que, a manera de “señores feudales”, detentan competencias concurrentes) habrá que legislar para que deje de ser la gran asignatura pendiente en el urbanismo de Castilla y León, que, en tantas otras cosas, es pionero en España
Del texto poco encuentro que decir:
-	Art. 50 ¿Porqué se suprime el apartado 4?
-	Art. 58,1b). La declaración responsable, en una Comunidad con miles de municipios (BU, por ejemplo, 371), tiene sus riesgos. Los alcaldes de pueblos pequeños, por razones casi obvias, no suelen andar muy celosos de sus competencias.
-	Art. 74, primer párrafo. Es intencionado o una omisión lo de “reforma, reconstrucción (que viene en el 57, f).
-	Art. 80, 1.a), epígrafe 4º. Aunque se prescribe en otros artículos, quizás no vendría mal añadirlo… Conservados o recuperados y con las normas de protección que procedan.
-	Art. 81. La cautela del 1.d) 3º, “de forma que asegure la pervivencia de los valores naturales o culturales que genera dicha atracción turística”, no veo, en un Reglamento, la necesidad de suprimirla.
-	Art. 81.1.f), es la confirmación de una bajada de pantalones (perdónesenos la expresión) consecuente con problemas ante los tribunales de algunos ingenieros que tuvo la Confederación Hidrográfica del Ebro (“aquella tragedia”) y que es hora de corregir: si lo de periodos de retorno de 100 años (cuando los embalses reguladores eran muy pocos), lo de los 500 años es una pasada del todo intolerable; nada tienen que ver las avenidas, con periodos de retorno del siglo XXI (y sí una cuestión que se soluciona como todos sabemos), con las actuales. Debe racionalizarse esta disposición.
-	Art. 84, apartado 4º, pondría: El Plan General, con independencia de la catalogación que contenga, puede autorizar que un posterior Plan Especial de Protección concrete y complete …
-	Art. 175, apartado 4º. Supongo habrá habido motivos para la supresión de la posibilidad de publicación del 4 in fine. Quizás, en aras del principio de participación, podría ser conveniente ir más allá de la simple oportunidad de recordatorio – “podrá instar” – que es algo ya sabido y legal. Contrasta además con ejemplos como el del 402,3, “En caso de aprobación por silencio – de los instrumentos de planeamiento – la obligación corresponderá a los promotores”.
-	Art. 288, a) 2º y el 314 bis.1,a) 3º. Debe aclararse el alcance de lo de las obras de implantación de instalaciones de nueva planta, con lo de la “excepción de las canalizaciones y tendido de distribución de energía y telecomunicación”. En Burgos, al emplearse por las compañías suministradoras la línea de fachada más fácil, en edificios incluso catalogados, el nuevo tendido de abastecimiento de gas natural ha creado problemas.
-	Art. 314 quáter, 4. “… contrarios o disconformes con la normativa urbanística o sectorial correspondiente”, añadiría.
-	Art. 364,2. La encomienda a los colegios profesionales es algo que me pensaría más; como mínimo, en cuanto a su alcance y legalidad. El casuismo, del que como ha dicho T. Ramón Fernández, nunca hay que huir en Derecho Administrativo, plantea una serie de preguntas en relación con estas encomiendas, su alcance, resultados, responsabilidades, etc.
-	Art. 427,9. Con perdón; algo se le ve la oreja al viejo corporativismo.
El nuevo título VIII, Actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, lo considero acertado.
-	Contenido de la Memoria. Podría ser conveniente, para suavizar un poco las exigencias de los apartados b), c) y d), explicitar la colaboración de los ayuntamientos.
-	Art. 447 in fine, ¿Que es lo de situaciones graves de pobreza energética?
-	Art. 450. Laudables los puntos c) y f).
-	Art. 451, 1er párrafo. La viabilidad económica de la actuación fijada tanto en términos de rentabilidad (añadiría social) como de equidistribución de beneficios y cargas. Creo que va más en consonancia con el resto del articulado.
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, recuerdo que, en materia económica, el Gobierno está metido en una especie de “estafa piramidal” (los últimos préstamos obtenidos lo son, no para amortizar la deuda pública, sino exclusivamente para abonar sus intereses); este extremo de penuria duradera que afecta de manera particular a los vecinos inmersos en las actuaciones de este nuevo Título VIII, no puede ser marginado. En la Exposición de Motivos de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, se habla como de un añadido al deterioro de las viviendas, “la carencia de recursos de sus habitantes, dramáticamente agravada en los últimos años”. Y aunque en los artículos 454 y ss algo se tiene en cuenta, pienso que no es suficiente.
-	Art. 466. Laudables medidas de fomento que explicita el mandato realista de la Ley 7/2014.
-	Art. 467. No rima este artículo con el realismo de los artículos anteriores. O es una obviedad o falta algo
El conjunto del Decreto, por el que se modifica el RUCyL, lo veo bien adaptado, consecuente con la Ley 7/2014, con su contenido y su espléndida Exposición de motivos. A ver cuanto dura. Quizás en los últimos tiempos esa… más
Siguiendo el orden de los apartados de la sugerencia:
	Art. 50: se suprime el apartado 4 como consecuencia de la supresión del precepto legal correspondiente mediante la Ley 7/2014, la cual a su vez respondió al convencimiento de que se trataba de una intromisión injustificada en las competencias municipales.
	Art. 58.1.b): la búsqueda del equilibrio entre el rigor procedimental y la proporcionalidad en la exigencia administrativa aconseja un empleo prudente de la técnica de “prueba y error” en los ajustes normativos.
	Art. 74, primer párrafo: simplemente se mantiene la redacción vigente excepto en la sustitución automática de “municipios sin planeamiento” por “terrenos sin determinaciones de planeamiento urbanístico”.
	Art. 80.1.a) 4º: el inciso “las normas de protección que procedan” se suprime porque estas ya no forman parte de la ordenación general, sino de la ordenación detallada (lo que implica sobre todo cambios procedimentales). Ver art. 92.2.c) y 96.
	Art. 81.1.d) 3º: se valorará conservar el inciso suprimido.
	Art. 81.f): la redacción se ha consensuado con las administraciones competentes para la prevención de riesgos y la gestión del recurso hidráulico.
	Art. 84.4: no se aprecia mejora normativa en la sugerencia.
	Art. 175.4: la publicación tras la aprobación por silencio sigue siendo posible, pero se arbitra la intervención de la Consejería para evitar pasadas experiencias de publicación directa de actos que realmente no habían sido aprobados por silencio. 	Art. 288.a) 2º y 314 bis.1.a) 3º: las canalizaciones y tendidos de distribución de energía y telecomunicación quedan sometidos al régimen de declaración responsable
	Art. 314 quáter 4: se incorporará la sugerencia.
	Art. 364.2: la encomienda a los colegios profesionales es una opción a disposición de los Ayuntamientos, solo complementaria de la utilización de sus propios servicios o de los de la Diputación Provincial. Lógicamente el Ayuntamiento tendrá que justificar por qué no le conviene (o no puede) emplear las fórmulas citadas.
	Art. 427: la crítica es compartida por otros agentes, y el eventual despliegue del sistema está en cuestión.
	Art. 445: la exigencia proviene de la legislación básica; pero sin duda su plasmación concreta en la planificación deberá de modularse a la realidad de nuestros Ayuntamientos y sus medios humanos y materiales.
	Art. 447 in fine: la terminología proviene de la legislación estatal; se entiende que se refiere a quien carece de medios para adecuar su vivienda.
	Art. 451, primer párrafo: se incluirá la precisión.
	Art. 467: la voluntad del legislador de Castilla y León es integrar las actuaciones R+R+R en la práctica urbanística, y por tanto de evitar el surgimiento de una planificación sectorial separada, que sería posible al amparo de la Ley estatal 8/2013.Siguiendo el orden de los apartados de la sugerencia:
	Art. 80.1.a) 4º: el inciso “las normas de protección que procedan” se suprime porque estas ya no forman parte de la ordenación general, sino de la ordenación detallada (lo que implica sobre todo cambios procedimentales). Ver art. 92.2.c) y… más
Coordinación administrativa en los nuevos planes especiales de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.
Los nuevos ámbitos para la intervención integrada en los entornos urbanos con una alusión directa a elementos que hasta ahora parecían accesorios o de otra escala como la reducción de emisiones en la edificación, la accesibilidad de la edificación o el tratamiento de aspectos sociales de manera expresa, indican una nueva dimensión a los instrumentos tradicionales. Esta nuevo acento habrá de obligar a que la norma preste especial atención a la coordinación con los diferentes agentes de la administración y así mismo el contenido y vinculación urbanística del contenido de dichas regulaciones.
En particular al tramitarse esta planificación vía planificación urbanística el contenido de la planificación social y el alcance y vinculación de su aprobación.
La necesidad de requerir información protegida acerca de la situación personal necesaria para planificar los aspectos sociales.
La necesidad de acceso a bases de datos existentes generadas en los registros de las ITE, IEE o las certificaciones energéticas.Los nuevos ámbitos para la intervención integrada en los entornos urbanos con una alusión directa a elementos que hasta ahora parecían accesorios o de otra escala como la reducción de emisiones en la edificación, la accesibilidad de la edificación o el tratamiento de aspectos sociales de manera expresa, indican una nueva dimensión a los instrumentos tradicionales. Esta nuevo acento habrá de obligar a que la norma preste especial atención a la coordinación con los diferentes agentes de la administración y así mismo el contenido y vinculación urbanística del contenido de dichas regulaciones.
En particular al tramitarse esta planificación vía planificación… más
Se estudiará incorporar las sugerencias en el marco de la regulación reglamentaria de los planes especiales que desarrollen actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.
Obligación de realización de ITE o IEE en edificios y entornos protegidos o planes especiales de rehabilitación, regeneración y renovación u
Por otra parte la Disposición Transitoria Primera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, establece obligatoria la IEE para acometer obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética con anterioridad a la petición de la correspondiente ayuda. Sería de interés evaluar en el procedimiento de realización de los planes especiales la necesidad de prever una primera fase que contemplara el fomento y la realización dichos documentos y que ayudarían a realizar documentos con mayor precisión.
En relación a los límites ya establecidos en anteriores normativas se evaluara con el fin de incentivar la protección de los edificios y conjuntos protegidos la ampliación de la obligatoriedad de dichos documentos a estos edificios y entornos.
En relación a los límites ya establecidos en anteriores normativas se evaluara con el fin de incentivar la protección de los edificios y conjuntos… más
Participación de las asociaciones en la rehabilitación, regeneración y renovación urbana .
Se echa de menos la alusión expresa al tejido asociativo urbano dentro los sujetos legitimados (art. 463) para participar en las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. La participación de estos colectivos en la gobernanza es un valor reconocido a incentivar en la planificación urbana.
Se incorporará la sugerencia en la redacción del artículo mencionado.
Anexo a la redacción de PGOU y/o NNUU, para la "Definición y delimitación precisa de los ámbitos espaciales homogéneos" RDL 2/2008
Aún no teniendo relación directa con la Ley 7/2014, de 12 de septiembre,recientemente aprobada, considero que:
Se debiera incluir en algún articulado del nuevo RUCYL lo siguiente;
Sobre los documentos a incorporar en la redacción de cualquier instrumento de planeamieneto general de los municipios,
-. La obligación de aportar un anexo, en donde se definan y delimiten cada uno de los ámbitos espaciales homogéneos en los que se divide el término municipal, en referencia al art. 24.1 a), del Texto refundido de la Ley del suelo estatal (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio) y al Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, que desarrolla el anterior.
Todo ello para dar respuesta a una indefinición sobre este término en la legislación urbanística de nuestra CCAA, y que repercute en el campo de las valoraciones de suelos, sobre todo en las expropiaciones de los sistemas generales, evitando de esta manera la indeterminación de dichos ámbitos.
Muchas gracias, por su comprensión y tiempo dedicado.
-. La obligación de aportar un anexo, en donde se definan y delimiten cada uno de los ámbitos espaciales homogéneos en los que se divide el término municipal, en referencia al art. 24.1 a), del Texto refundido de la Ley del suelo estatal (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio) y al Real Decreto 1492/2011,… más
Se estudiará la posibilidad de incluir una equivalencia con las unidades urbanas que debe definir el planeamiento general en suelo urbano consolidado, y con los sectores en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable.
Necesidad de que los servicios técnicos y jurídicos estén compuestos por funcionarios
El artículo 293.5 del RUCYL establece que "los servicios técnicos y jurídicos municipales, o en su defecto los correspondientes de la Diputación Provincial, deben emitir informe previo a la resolución, pronunciándose sobre la conformidad de las solicitudes a la normativa urbanística y a las demás normas aplicables".
Pues bien, debería incluirse el deber de que tales servicios técnicos y jurídicos estén compuestos por personal funcionario (no laboral), de tal manera que se garantice su total independencia e imparcialidad (que es precisamente lo que da sentido al régimen funcionarial), pues en la emisión de tales informes, determinantes del contenido y pronunciamiento de las licencias urbanísticas, se están ejerciendo funciones de control de la actividad de los administrados, que necesitan ser desempeñadas con la objetividad, imparcialidad e independencia que proporciona el estatuto funcionarial. Así lo ha dicho, además, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por ejemplo en su Sentencia 901/2013, de 29 de mayo: "Aquellos puestos de trabajo cuyas funciones o cometidos exterioricen una actividad de la Administración que tenga una directa trascendencia para la situación jurídica de otros sujetos de derecho (ajenos o no a su organización), y en la que por ello sean relevantes esas notas de objetividad, imparcialidad e independencia, habrán de ser necesariamente encomendados a personal funcionarial". Y, concretamente con respecto a la actividad consistente en emitir informes en los procedimientos de concesión de licencias urbanísticas, también lo ha dicho el TSJ de Andalucía en Sentencia 75/2014, de 16 de enero: "(...) resplandece la necesidad de garantizar su objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, respecto a la recién creada plaza de arquitecto , y anteriores arquitectos técnicos, ya que sus funciones no son sólo y exclusivamente de carácter técnico, sino que incluyen labores de inspección, redacción o participación en proyectos, informes de licencias, controles..., todo lo cual está en directa conexión con los derechos de los administrados". Además, para que esta obligación tenga aplicación práctica y no quede en una mera declaración de intenciones, el deber de que los informes técnicos y legales sean emitidos por funcionarios debería venir acompañado de una consecuencia lógica, cual es que aquéllos informes elaborados por personal laboral (que no tiene esas notas de absoluta independencia e imparcialidad necesarias) sean considerados siempre de signo positivo, para evitar así que el administrado se vea perjudicado por una incorrecta gestión del personal por parte de los Ayuntamientos/Diputaciones, pues es un principio general del Derecho Administrativo que el incumplimiento de la Administración no puede suponer un perjuicio para el interesado. La sugerencia es por lo tanto que el apartado 5 del artículo 293 contenga un segundo párrafo que diga algo de este tenor:
"Estos informes previos habrán de ser emitidos por personal que reúna la condición de funcionario según el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril. En caso de ser emitidos por personal que no reúna tal condición, tales informes previos se considerarán siempre emitidos favorablemente al solicitante de la licencia urbanística". El artículo 293.5 del RUCYL establece que "los servicios técnicos y jurídicos municipales, o en su defecto los correspondientes de la Diputación Provincial, deben emitir informe previo a la resolución, pronunciándose sobre la conformidad de las solicitudes a la normativa urbanística y a las demás normas aplicables".
Pues bien, debería incluirse el deber de que tales servicios técnicos y jurídicos estén compuestos por personal funcionario (no laboral), de tal manera que se garantice su total independencia e imparcialidad (que es precisamente lo que da sentido al régimen funcionarial), pues en la emisión de tales informes, determinantes del contenido y pronunciamiento… más
Se trata de una materia ajena al ámbito competencial de la norma en discusión.
Posibilidad de excepcionar extraordinariamente la normativa aplicable para favorecer la puesta en valor del patrimonio cultural
Dentro del artículo dedicado al régimen general de las licencias urbanísticas (artículo 291), podría incluirse un apartado destinado a favorecer la puesta en valor del Patrimonio Cultural en desuso, mediante la posibilidad de que los Ayuntamientos, excepcionalmente y siempre que se garantice la seguridad de las personas, permitan exceptuar determinadas normativas sectoriales que impidan actuaciones de rehabilitación de bienes integrantes del patrimonio cultural que se encuentren en situación de desuso (especialmente cuando, precisamente, esa situación de desuso sea debida a la imposibilidad de cumplir con toda la normativa sectorial a causa del régimen especial de protección e intervención en estos bienes). En efecto, los bienes culturales inmuebles son, en la mayoría de las ocasiones, arquitectónicamente inmodificables (por la protección que se les dispensa) y tienen una configuración espacial y/o arquitectónica que ha quedado obsoleta (debido a que las actividades para los que fueron pensados ya no resultan rentables para la iniciativa privada (por no haber demanda suficiente), o directamente ya no existen. Es el caso de muchos teatros, conventos, casas de guarda, cocheras de ferrocarriles, bodegas, etc.. Esa protección arquitectónica de una configuración espacial poco aprovechable para usos y actividades más actuales y rentables dificulta enormemente su rehabilitación para la implantación de las mismas en tales bienes culturales, y en muchas ocasiones lleva a su caída en desuso y consiguiente deterioro o expolio, por lo que se consigue un efecto distinto al pretendido con la protección cultural, y contraria al espíritu de rehabilitación y regeneración urbana que inspira esta modificación del RUCYL. Esta propuesta en favor de la puesta en valor y la rehabilitación rentabilizadora del patrimonio cultural, y está en consonancia con los instrumentos internacionales en la materia. Por ejemplo, la Carta de Venecia de 1964, que dice que "la conservación de los monumentos se ve siempre favorecida por su utilización en funciones útiles a la sociedad"; la Declaración de Ámsterdam de 1975, que aboga por "atribuir a los edificios las funciones que, respetando en todo su carácter, respondan a las condiciones de vida actual y garanticen así su supervivencia"; o la Convención de Granada de 1985, en la que España, entre otros, se comprometió a "favorecer la utilización de los bienes protegidos, teniendo en cuenta las necesidades de la vida contemporánea, y la adaptación, cuando ello resulte apropiado, de los edificios antiguos a nuevos usos". Además es conforme a la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas estatal (que es Ley Básica) pues la misma tiene entre sus fines (artículo 3.j): "favorecer la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con valor histórico o cultural".
Esta sugerencia consiste en añadir un nuevo apartado 6 al artículo 291 que diga algo similar a esto:
"Si el único impedimento para la rehabilitación y puesta en valor de un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de Castilla y León fuese la imposibilidad del mismo de cumplir con determinada normativa sectorial aplicable, el Ayuntamiento, excepcionalmente, de manera motivada y siempre que quede debidamente garantizada la seguridad de las personas, podrá otorgar una licencia urbanística excepcionando la aplicación de la normativa sectorial que impida la rehabilitación y puesta en valor del bien cultural al que se refiera, siempre que se cuente con el informe favorable previo del servicio territorial de Cultura competente". Dentro del artículo dedicado al régimen general de las licencias urbanísticas (artículo 291), podría incluirse un apartado destinado a favorecer la puesta en valor del Patrimonio Cultural en desuso, mediante la posibilidad de que los Ayuntamientos, excepcionalmente y siempre que se garantice la seguridad de las personas, permitan exceptuar determinadas normativas sectoriales que impidan actuaciones de rehabilitación de bienes integrantes del patrimonio cultural que se encuentren en situación de desuso (especialmente cuando, precisamente, esa situación de desuso sea debida a la imposibilidad de cumplir con toda la normativa sectorial a causa del régimen especial de protección e intervención en estos… más
La propuesta implicaría legalizar las “reservas de dispensación” prohibidas por la normativa urbanística desde 1976.
Aplicación del régimen jurídico del justiprecio a la valoración en el régimen de venta forzosa
El artículo 331 del RUCYL regula la venta forzosa ante el determinados incumplimientos. En el apartado 1 se dice que en el procedimiento de venta forzosa, el adjudicatario del concurso tendrá la condición de beneficiario de la expropiación.
Si la referencia procedimental es, por lo tanto, la expropiación forzosa regulada en la Ley de 16 de diciembre de 1954, es lógico que el resto de sujetos y materias presentes en un expediente de venta forzosa gocen de los mismos derechos y deberes que en un procedimiento expropiatorio. Concretamente, que el propietario tenga la condición de expropiado a todos los efectos, y que la valoración recogida en el acuerdo de aplicación del régimen de venta forzosa tenga idéntica regulación que el justiprecio expropiatorio.
Se propone por lo tanto añadir lo siguiente al apartado 1 del artículo 331:
".., el vendedor forzoso tendrá la condición de expropiado y la valoración recogida en el acuerdo de aplicación del régimen de venta forzosa, el mismo régimen que el justiprecio expropiatorio, a todos los efectos". El artículo 331 del RUCYL regula la venta forzosa ante el determinados incumplimientos. En el apartado 1 se dice que en el procedimiento de venta forzosa, el adjudicatario del concurso tendrá la condición de beneficiario de la expropiación.
Si la referencia procedimental es, por lo tanto, la expropiación forzosa regulada en la Ley de 16 de diciembre de 1954, es lógico que el resto de sujetos y materias presentes en un expediente de venta forzosa gocen de los mismos derechos y deberes que en un procedimiento expropiatorio. Concretamente, que el propietario tenga la condición de expropiado a todos los efectos,… más
Graduación del nivel de rehabilitación necesario en BICs y edificios catalogados
El artículo 316.3 del RUCYL dice que "cuando se ejecuten intervenciones de rehabilitación integral, tal como se definen en el Código Técnico de la Edificación aprobado por RD 314/2006, de 17 de marzo, el plazo citado en el apartado 1 comienza a contar de nuevo desde la fecha de terminación de tales intervenciones".
Ahora bien, en los Bienes de Interés Cultural, así como en los edificios catalogados con grados de protección altos (integral, o estructural en determinados casos), muchas veces su propio régimen no permite rehabilitaciones denominadas de tipo total o integral, aunque efectivamente las actuaciones de rehabilitación y consolidación que sí se permiten tengan el mismo efecto renovador de las condiciones del edificio que una rehabilitación llamada "integral" tendría en edificios no BICs ni catalogados. Excluir la aplicación del artículo 316.3 por el simple hecho de que los edificios sean integrantes del Patrimonio Cultural no parece acorde al espíritu de la norma, y además supone un agravio comparativo con respecto al resto de edificios que no se ve compensado de ningún otro modo. La sugerencia sería añadir un inciso final en tal sentido, por ejemplo:
"No obstante, en edificios declarados Bien de Interés Cultural, o que estén en proceso de declaración, así como aquellos catalogados con nivel de protección integral, el plazo citado en el apartado 1 podrá empezar a contar de nuevo cuando se ejecuten intervenciones de rehabilitación que no sean de tipo integral si éstas no estuvieran permitidas en razón de su nivel de protección, siempre que el resultado de tales intervenciones sea, a efectos de seguridad estructural, idéntico al de una rehabilitación integral en edificios no sometidos a tal régimen de protección". El artículo 316.3 del RUCYL dice que "cuando se ejecuten intervenciones de rehabilitación integral, tal como se definen en el Código Técnico de la Edificación aprobado por RD 314/2006, de 17 de marzo, el plazo citado en el apartado 1 comienza a contar de nuevo desde la fecha de terminación de tales intervenciones".
Ahora bien, en los Bienes de Interés Cultural, así como en los edificios catalogados con grados de protección altos (integral, o estructural en determinados casos), muchas veces su propio régimen no permite rehabilitaciones denominadas de tipo total o integral, aunque efectivamente las actuaciones de rehabilitación y consolidación… más
El precepto objeto de discusión se refiere a la técnica de la inspección técnica, que es de naturaleza preventiva y no debe verse como una carga.
Evitar una doble sanción en las órdenes de ejecución
El artículo 322.5 del RUCYL dice que "Asimismo, el incumplimiento de las órdenes de ejecución faculta al Ayuntamiento para elevar el límite máximo del deber de conservación hasta el 75 por ciento del coste de reposición de la construcción correspondiente, previa tramitación de procedimiento con audencia al interesado". Esta elevación del límite del deber de conservación tiene un carácter innegable y netamente punitivo, por lo que, si se quiere evitar un "bis in idem" sancionador, constitucionalmente prohibido, debe establecerse la imposibilidad de que este artículo 322.5 se compatibilice con otras sanciones por infracciones urbanísticas previstas en el Reglamento. Es decir, que se opte por una o por otra, pero en ningún caso por ambas.
La sugerencia sería añadir un inciso final a este apartado 5 de un tenor similar al siguiente:
"Si el Ayuntamiento opta por la elevación del límite legal de conservación prevista en este apartado, no podrá incoar procedimiento sancionador alguno por una infracción urbanística con el mismo objeto". El artículo 322.5 del RUCYL dice que "Asimismo, el incumplimiento de las órdenes de ejecución faculta al Ayuntamiento para elevar el límite máximo del deber de conservación hasta el 75 por ciento del coste de reposición de la construcción correspondiente, previa tramitación de procedimiento con audencia al interesado". Esta elevación del límite del deber de conservación tiene un carácter innegable y netamente punitivo, por lo que, si se quiere evitar un "bis in idem" sancionador, constitucionalmente prohibido, debe establecerse la imposibilidad de que este artículo 322.5 se compatibilice con otras sanciones por infracciones urbanísticas previstas en el Reglamento. Es decir,… más
El principio “non bis in idem” que preside el derecho sancionador se aplica automáticamente sin que sea necesario reiterarlo en cada posible supuesto.
Así, en atención a que el desarrollo del RUCyL no puede contravenir por principio de jerarquía normativa a la Ley, ha de buscar un complemento para que las administraciones municipales no tengan que hacer de intérpretes de las normas emanadas de poder que no están en contacto directo con la sociedad. Por ello, es conveniente tener muy claro que obras son objeto de licencia previa y para cuales basta una mera declaración responsable para el comienzo de su ejecución por el solicitante. Esto es así porque de las situaciones surgidas de la declaración responsable pueden derivarse consecuencias que abocan a una cierta irreversibilidad por pequeño que parezca. No olviden lo planteado con anterioridad; pueden existir, al menos la casuística así lo apunta obras consideradas como mayores que se puedan ejecutar mediante una declaración responsable.
Con esta nueva situación, nos podemos encontrar que una obra mayor puede ser… más
Dadas las numerosas modificaciones que han venido produciéndose en el ámbito del reglamento de urbanismo desde su aprobación inicial, y por respeto a los principios de calidad normativa que deben regir la elaboración de las normas en el ámbito de Castilla y León, especialmente el de accesibilidad, se solicita en este momento la aprobación de un nuevo reglamento que incorpore las modificaciones previstas así como las otras muchas que se han venido produciendo anteriormente en el mismo, en vez de la aprobación de una nueva modificación parcial.
El principio de accesibilidad invocado se cumple mediante la elaboración y puesta a disposición del público de textos consolidados que van incorporando cada nueva modificación del Reglamento.
En la página web de la Junta de Castilla y León, en concreto en el siguiente enlace:
http://www.jcyl.es/web/jcyl/ViviendaUrbanismo/es/Plantilla66y33/1284182768770/_/_/_
Puede consultarse toda la normativa urbanística de Castilla y León en vigor: en primer lugar se ofrece un índice general actualizado, y a continuación las Leyes de Ordenación y del Territorio y de Urbanismo y el Reglamento de Urbanismo. Para cada una de estas 3 normas, se ofrece en primer lugar, resaltado, el texto consolidado en vigor, que recoge todas las modificaciones que se han introducido desde 2004.
Por otro lado, la aprobación de un nuevo Reglamento no necesariamente favorecería el principio de accesibilidad invocado, ya que son muy numerosos los aplicadores de la norma (funcionarios, profesionales, asociaciones…) que están familiarizados con la estructura y nomenclatura de la norma vigente, y a los que la aprobación de una norma completamente nueva obligaría a un proceso de reaprendizaje.
Por otro lado, la aprobación de un nuevo Reglamento no necesariamente favorecería el principio de accesibilidad invocado, ya que son muy numerosos los aplicadores de la norma (funcionarios, profesionales, asociaciones…) que están familiarizados con la estructura y… más

References: Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 288
 artículo 14
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 79
in fine
in fine
in fine
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 293
 artículo 293
 artículo 293
 artículo 291
 artículo 331
 artículo 331
 artículo 331
 artículo 316
 artículo 316
 artículo 316
 artículo 322
 artículo 322
 artículo 322
 artículo 322