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jurisprudencia ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO jurisprudencia
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kathy Sábado 4 de Diciembre del año 2010 / 0:44
Fecha: 25-ago-2010
Las normas contenidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores tienen la condición jurídica de un acuerdo adoptado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y no son aplicable,s ya que no han sido incorporadas al ordenamiento jurídico interno.
1.- Debe rechazarse el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de quien fue hallado autor del delito de robo con fuerza en las cosas, pues si bien existe una disposición de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, que establece que los registros de menores delincuentes no se utilizarán en procesos de adultos relativos a casos subsiguientes en los que esté implicado el mismo delincuente, estas no han sido incorporadas al ordenamiento jurídico chileno y en consecuencia, mantiene plena aplicación lo dispuesto en cuanto a estimar concurrente la agravante del artículo 12 Nº 16 del Código Penal, y consecuencialmente a haber descartado la concurrencia de la atenuante de irreprochable conducta anterior, el juez a quo no ha cometido el yerro que se denuncia.
2.- De un análisis de la Historia de la Ley 20.084 se puede concluir que la voluntad del Legislador en esta materia, fue no innovar, según se infiere de las distintos postulados consignados en el Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento al momento de abordarse la disposición relativa a los Registros de las sanciones.
Temuco, 25 de agosto de 2010.-
En esta causa RUC Nº x y RIT Nº x, se dictó sentencia definitiva, con fecha 13 de julio de 2010 por una sala del Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad de Temuco, por la que se condena al imputado x, ya individualizado, a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de Inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en su calidad de autor del delito de robo con fuerza en las cosas.
El recurso se funda en la causal contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, cuando en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Ello con relación a lo dispuesto en 105 artículo 11 número 6, 7, 9, y además, artículo 12 número 16 todos del Código Penal.
Se sostiene que el error se produce en el presente caso por haber considerado que al imputado no le beneficia las atenuantes alegadas por la defensa a saber las del artículo11 Nº 6, 7, y 9 del Código Penal y al haber dado por establecida la concurrencia de la agravante de haber sido condenado anteriormente por delito de la misma especie del artículo 12 Nº 16 del Código Penal Que a consecuencia de ese error, se ha aplicado una pena superior a la que legalmente corresponde a un autor de ese delito.
El artículo 385 del Código Procesal Penal permite en estas circunstancias, que la Ilustre Corte pueda invalidar sólo la sentencia y dictar, separadamente, la sentencia de reemplazo que se conformare a la ley.
En cuanto a la atenuante del Nº6 del C. Penal sostiene que por el artículo 21.2 de las Reglas de Beijing no pueden considerarse los registros de los menores para los casos que tienen como adultos, de modo que al tribunal le está vedado considerar aquellos, especialmente para la imposición de un agravante ya que ello aumenta la responsabilidad penal.
Indica que su defendido ha tenido todas sus condenas dentro del marco de la ley 20.084, por lo que, éste jamás ha tenido la posibilidad de obtener alguna medida alternativa de la ley 18.216, ya que ellas están dirigidas a los adultos, y por ende no ha podido optar nunca a ella, de modo que no puede privársele a priori de esa posibilidad por el sólo hecho de haber estado sujeto a un régimen penal (de juzgamiento y ejecución de acuerdo al artículo 27 de la ley 20.084) diferente que no hace aplicable esas medidas alternativas.
En esta lógica estima que las condenas pretéritas que han afectado a su defendido y aplicadas cuando éste era menor no afectan la irreprochable conducta anterior del mismo.
Que cuando se desconoce la minorante de responsabilidad penal del artículo 11 números 7, se sostienen argumentos no exigidos por la ley.Sostiene que las exigencias que invoca el tribunal en su razonamiento, hacen imposible que alguna vez esta atenuante concurra, sus exigencias son mas de índole moral, más que legal, y frente a ese razonamiento ningún imputado repararía con celo el mal causado.
En cuanto a la denegación de la colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, fundada en que el delito es flagrante, afirma que el Tribunal no tiene sustento, puesto que no es eso lo que exige la ley, por otro lado, el acusado agrega hechos nuevos y que concordante que permiten establecer lo que realmente ocurrió. Tan sustancial fue que el Ministerio Público retiró toda prueba, toda vez que, los hechos habían quedado claro. Plantea que sostener esta exigencias a la concurrencia de esta minorante, nos lleva claramente una arbitrariedad, que ni el legislador ha querido, como lo podemos apreciar, en la nueva redacción del artículo 407 del Código Procesal Penal.
En cuanto a la improcedencia de la reincidencia la basa en el hecho de que al ser procedente la atenuante de irreprochable conducta anterior, no es posible tener oro configurada la misma.
Concluye indicando como lo anterior ha influido en lo dispositivo de la sentencia.
De esta manera y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 385 del Código Procesal Penal, solicita invalidar sólo la sentencia y dictar la correspondiente sentencia de reemplazo, reconociéndose las atenuantes solicitadas en el juicio, sin que exista agravante alguna, aplicándose una sanción de 541 días de presidio menor en su grado medio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena.
En la audiencia fijada al efecto se escuchó al Ministerio Público, y a la defensa, y terminada sus intervenciones se fijó para la lectura de la sentencia, la audiencia de hoy.-
1.- Que don x ha deducido recurso de nulidad en contra de la sentencia individualizada en lo expositivo, mediante la cual se condena a su defendido don x a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de Inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en su calidad de autor del delito de robo con fuerza en las cosas.
2.-Que el recurso se fundamenta en la letra b) del artículo 373 del Código Penal, por haberse aplicado la agravante de reincidencia específica y no haberse considerado las atenuantes de irreprochable conducta anterior, reparar con celo el mal causado y colaboración substancial. Como tal infracción de ley habría influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, solicita se acoja el recurso y se invalide la sentencia dictándose una de reemplazo ajustada a derecho.
3.- Que, primeramente se ha de considerar el reproche a los sentenciadores de que al regularse la pena, se considera la agravante de responsabilidad de reincidencia especifica del artículo 12 Nº 16 del Código Penal y al mismo tiempo se rechaza la atenuante de irreprochable conducta anterior del artículo11 Nº 6 del mismo cuerpo legal.
4.- Que es un hecho no controvertido que el imputado registra condenas como menor consistentes en delito de robo en bienes nacionales de uso público, perpetrado en la ciudad de Temuco el 15 de abril de 2008 que da cuenta la copia certificada adjuntada al juicio oral RIT 3585- 2008, y por delito de robo en lugar habitado, cometido también en esta ciudad el 16 de septiembre de 2008 de que da cuenta la copia certificada incorporada en el juicio oral Rit-9261-2008, ambos en grado de frustrado.
5.- Que para la defensa las condenas antes indicadas no impiden reconocer al enjuiciado la minorante de irreprochable conducta anterior, porque las mismas dicen relación con hechos acaecidos en su etapa de adolescente existiendo una disposición expresa en la Regla 21.2, sobre "registros", de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, adoptadas en el Seno de la Asamblea General en su resolución 40/33 de 28 de noviembre de 1985, que establece que "los registros de menores delincuentes no se utilizarán en procesos de adultos relativos a casos subsiguientes en los que esté implicado el mismo delincuente". Esta regla, concluyen, les impide considerar, ahora que es mayor, los registros anteriores relativos a condenas como menor delincuente, "con lo cual desaparecen los antecedentes de hecho necesarios de la agravante, lo que a su vez determina que ésta no puede configurarse". Añade que estas llamadas Reglas de Beijing deben ser respetadas por los Tribunales ya que son la inspiradoras de la ley 20.084 y contienen las directrices más autorizadas sobre el contenido y aplicación de los principios básicos de la justicia de menores.
6.- Que tal como se expresa en la sentencia de fecha veintitrés de septiembre de mil nueve de la Iltma.Corte de Apelaciones de Valparaíso ( Rol Nº918-2009) de un análisis de la Historia de la Ley N° 20.084 se puede concluir que la voluntad del Legislador en esta materia, fue no innovar, según se infiere de las distintos postulados consignados en el Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en la pág. 789 y siguientes del Texto Historia de la Ley de la citada Ley, publicado en la página web del H. Congreso Nacional al momento de abordarse la disposición relativa a los Registros de las sanciones, señalándose expresamente que "En esta materia, la Comisión estimó más adecuado mantener las reglas generales e introducir solamente una enmienda al artículo 2º del Decreto Ley N° 645, de 1925, que crea el Registro Nacional de Condenas y lo confía al Servicio de Registro Civil e Identificación. Dicha modificación tiene por finalidad establecer que los antecedentes relativos a los procesos o condenas de menores de edad sólo podrán ser consignados en los certificados que se emitan para ingresar a las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería e Investigaciones o para los fines establecidos en el inciso primero del este artículo, es decir, para comunicar al Ministerio Público, a los tribunales con competencia en lo criminal y a los Juzgados de Policía Local los datos que soliciten para comprobar la reincidencia de los imputados. Esta disposición pasó a ser artículo 59."
7.-Que, igualmente debe considerarse que estas tal como ha resuelto la Excma. Corte Suprema en sentencia de fecha diez de septiembre de dos mil tres ( Rol Nº x) tienen un carácter programático el que queda en claro en su Punto 2.3 cuando sugiere la necesidad de dictar o adecuar la legislación nacional a fin de aplicar en la mejor forma la aplicación de las normas mínimas contenidas en dichas reglas. Así se desprende también del propio artículo 37, y que se inicia diciendo: "Los Estados Partes velarán porque" y velar es "cuidar solícitamente de una cosa" (Diccionario Real Academia de la Lengua) lo que contrasta con un carácter imperativo; la misma disposición en análisis en su letra b) termina diciendo que la privación de la libertad de un niño será por "el período más breve que proceda", es decir, conforme a derecho, y para el caso de autos conforme a nuestra legislación interna.
8.- Que además dichas normas tienen la condición jurídica de un acuerdo adoptado por la Asamblea General de la Organización (sic) de Naciones Unidas, en su resolución 40/33, con fecha 28 de noviembre de 1985, y no pueden ser consideradas como un instrumento internacional ratificado por Chile y que se encuentre vigente, y por ende norma vinculante en nuestro derecho, toda vez que no ha cumplido con los procedimientos para incorporarse legalmente a nuestra legislación interna.
9.- Que, consecuencia de lo anterior, este Tribunal comparte el criterio del Tribunal recurrido para no aplicar dicha recomendaciones, calificándolas de tal, y en consecuencia, no incorporadas al ordenamiento jurídico chileno y, en consecuencia, mantiene plena aplicación lo dispuesto en cuanto a estimar concurrente la agravante del artículo 12 Nº 16 del Código Penal, y consecuencialmente a haber descartado la concurrencia de la atenuante de irreprochable conducta anterior.
10.- Que en cuanto a las alegaciones de concurrencia de las atenuantes de reparar con celo el mal causado y de colaboración sustancial estas también serán desestimadas ya que el Tribunal se hace cargo de las mismas en el considerando dé cimo séptimo, dando por no acreditado los supuestos fácticos de la misma, a saber el celo y la substancialidad de la colaboración, cuestión que escapa a la revisión de este Tribunal por la vía de la alegación de una eventual errónea aplicación del derecho.
Por estas consideraciones, y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 376 y 384 del Código Procesal Penal, se declara que NO HA LUGAR al recurso de nulidad deducido por don Rodrigo Venegas Pizarro en representación de x en contra de la sentencia definitiva de fecha 13 de julio de 2010 dictada en causa RUC N°x y RIT N° x del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco.
Regístrese, notifíquese e incorpórese en su carpeta digital.
Reforma procesal penalx.(brz.)
SR. LOYOLA
SR. CONTRERAS EDDINGER
Presidente Ministro Sr. Archibaldo Loyola López, Ministro Sr. Víctor Reyes Hernández y Roberto Contreras Eddinger.
En Temuco, veinticinco de agosto de dos mil diez, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.

References: artículo 12
 artículo 373
 artículo 11
 artículo 12
 artículo11
 artículo 12
 artículo 385
 artículo 21
 artículo 27
 artículo 11
 artículo 407
 artículo 385
 artículo 373
 artículo 12
 artículo11
 resolución 
 artículo 2
 artículo 59
 artículo 37
 resolución 
 artículo 12
 resolución