Source: http://franciscoazuero.blogspot.com/2009/06/
Timestamp: 2018-07-18 04:58:03+00:00

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Economía y políticas públicas: junio 2009
La tarifa administrativa en los pasajes aéreos: viene un golpe al bolsillo de los consumidores
Según noticia publicada en el Diario Portafolio, el Presidente Uribe le solicitó al director de la Aerocivil, “expedir en los próximos días una resolución mediante la cual las líneas aéreas tengan que cobrar la llamada tarifa administrativa en las ventas de tiquetes que hagan por Internet”.
En la época anterior a Internet, el proceso de armar un itinerario, reservar pasajes y de armar paquetes turísticos podía ser particularmente complejo. Las agencias de viajes tenían la información y la experiencia para prestar un servicio de asesoría especializado. Se justificaba entonces que recibieran una remuneración por dichos servicios, que se calculaba normalmente sobre el valor de los pasajes o del hospedaje hotelero.
Una de las ventajas del comercio electrónico consiste en que ha puesto en las manos de los usuarios finales la posibilidad de desempeñarse como sus propias agencias de viajes. Pueden ellos comparar precios, reservas cupos de vuelo u hoteles, adquirir boletas para parques de diversiones o espectáculos, etc. Es indudable que se necesitan menos las agencias de viaje. Es un hecho económico derivado del progreso, frente al cual el Estado no debería intervenir.
De todas maneras puede haber personas o empresas que por diversas razones prefieran utilizar las agencias de viaje. Puede ser porque no dominen ni quieran dominar la tecnología, porque tengan más confianza en un interlocutor de carne y hueso que en uno mortal, o simplemente porque no quieran dedicar tiempo a esas labores de búsqueda de alternativas, de reservación y de pago. En el caso de las empresas, en lugar de contratar personal para armar los viajes de sus ejecutivos, prefieren utilizar las agencias. Están en su derecho y lo lógico es que paguen la comisión por la utilización de esos servicios. Lo que no es justo es que paguen por ese servicio quienes no lo utilizan.
Hace tres años las agencias de viaje habían logrado que la Aeronáutica Civil expidiera la Resolución 3596 que decretó mínimos en los montos que las aerolíneas paguen a las agencias de viajes por concepto de comercialización de transporte de pasajeros. Esa comisión empezó a ser del 6% en el 2006, y debía disminuir gradualmente hasta llegar al 1% a partir del 1 de Julio de 2009. Estableció además esta resolución el “cobro obligatorio no reembolsable de una tarifa por expedición de tiquetes o tarifa administrativa aplicable en las ventas de servicio de transporte aéreo en unos montos fijos establecidos en la misma resolución”. Se establecía por otra parte (art 4 ) que en el caso de las ventas efectuadas en su totalidad por Internet las aerolíneas y las agencias de viajes podrián cobrar una tarifa administrativa diferente a la señalada en la resolución.
Argumenta el gremio de las agencias de viajes que lo que se busca con la resolución solicitada por ellas es que “se genere un equilibrio entre los canales de distribución y la posibilidad de un desarrollo tecnológico para las agencias de viajes”. Si por equilibrio se entiende que el pasaje debe costar lo mismo cualquiera sea el canal utilizado, ello es absurdo. Si el usuario es el que se encarga de hacer el mismo la transacción, utilizando el Internet, él debe ser el que se gane la tal comisión, bajo la forma de precios inferiores.
En cuanto a las “posibilidades de desarrollo tecnológico”, no veo claro de qué se trata. Nada les impide a las agencias de viaje sistematizarse más, si ello es rentable para su negocio. De todas maneras, en el considerando 10 de la resolución 3596 se contempla que el “el Gobierno Nacional, en el marco del XI Congreso de Agencias de Viajes, manifestó su intención de incentivas el desarrollo de la competitividad para las agencias de viajes con el fin de que éstas puedan asumir los retos de la transformación económica que deben emprender”. Se suponía, dentro de la lógica gubernamental, que en este período de transición de tres años las agencias deberían hacer las inversiones necesarias para modernizarse.
El gobierno, a través del subdirector de la aeronáutica civil, ha planteado que se está estudiando una alternativa de igualar el valor de los pasajes entre los otorgados por Internet y los vendidos a través de las agencias sin perjudicar los intereses de los usuarios. Digámoslo claramente: ello es imposible. El precio que cobren las aerolíneas está determinado por la oferta y la demanda, y cualquier recargo obligatorio se convertirá en un impuesto que se traslade directamente al consumidor
De expedirse efectivamente una resolución semejante, estaríamos claramente ante otro ejemplo, de los muchos que existen en Colombia, de otorgamiento de rentas a sectores o a empresarios escogidos por el Gobierno. [1] Recordemos que esta situación se presenta, cuando algún agente económico obtiene ingresos, no a partir de su aporte a la economía, sino como resultado del aprovechamiento en su favor de los poderes redistributivos del gobernante. Cuando esta situación se generaliza, y no dudamos en afirmar que ello está pasando en Colombia, lo que determina quien se hace rico no es el esfuerzo, la innovación o la capacidad competitiva, sino la voluntad del supremo dispensador de favores.
[1] Sobre la búsqueda de rentas, el lector puede ver nuestra anterior entrada: Innovación, emprendimiento y búsqueda de rentas.
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Publicado por Francisco Azuero en 11:54 0 comentarios
Las disposiciones sobre topes electorales, y la manera como están siendo aplicadas por el Consejo Nacional Electoral, van contra el espíritu de la Constitución de 1991, que buscó frenar el crecimiento en el costos de las campañas, y evitar la influencia de intereses privados a través de las contribuciones.
Las normas sobre financiamiento electoral constituyen un elemento fundamental en el funcionamiento de la democracia. Que un candidato resulte hipotecado a intereses particulares por la vía del dinero que recibió en la campaña electoral es grave desde el punto de vista del correcto funcionamiento de las instituciones. Un requisito de cualquier democracia digna de dicho nombre consiste precisamente en el rigor de la normatividad sobre financiación de las campañas electorales, y en su capacidad de hacer respetar dicha normatividad por la vía del control y de la sanción a los incumplidos.
La constitución colombiana tiene establecida la posibilidad de que se pueda limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas. Los topes a las campañas electorales, comunes en diversos regímenes electorales del mundo, tienen el propósito de evitar una inflación en los costos de los mismos y al mismo tiempo evitar que la financiación privada de las campañas, y por esa vía los intereses particulares, tengan una incidencia indebida en los resultados electorales.
Sorprende por lo anterior que la Resolución 521 de 2009 que acaba de publicar el Consejo Nacional Electoral ha aumentado los topes de los candidatos a Senado y Cámara en un 50% frente a los montos autorizados para el período 2006-2010, establecidos en la resolución 2050 del 2005 . En términos reales, deflactando estas cifras por el índice de precios al consumidor, ello significa un incremento del 22%.
La justificación que da el CNE para este incremento se encuentra en el último párrafo de la resolución mencionada. Dice lo siguiente:
“Por lo anterior, teniendo en cuenta el crecimiento del censo electoral, el estimativo del presupuesto del Estado para la financiación de las campañas electorales vigencia fiscal 2010, la inflación, y el costo de las campañas electorales, las cuales en la actualidad han incrementado su valor debido a la implementación de nuevas tecnologías y la modernización de las estrategias publicitarias, esta Corporación procederá a fijar las sumas máximas a invertir en las campañas electorales al Congreso de la República, periodo 2010-2014”.
Uno pensaría que la implementación de nuevas tecnologías y la modernización de las estrategias publicitarias (páginas web, correo electrónico, mensajes de texto, twitter, etc) en lugar de aumentar el costo de las campañas, llevara a reducirlas. Los métodos tradicionales de llevar un mensaje al elector deberían ser substituidos por los modernos. Es lo que hacen las empresas privadas: ellas no están creciendo exponencialmente sus gastos publicitarios por el solo hecho de que existan nuevas tecnologías. Pero otra cosa piensan los magistrados del Consejo Nacional Electoral.
Ahora bien, esta financiación proviene, o bien de las contribuciones privadas, o de la financiación estatal, por el mecanismo denominado “reposición de votos”. Esta última debería cubrir la diferencia entre el costo total efectivo de la campaña, debidamente comprobado (siempre y cuando no viole el tope autorizado por el CNE) y el monto recogido por contribuciones. Si esa diferencia se presenta, es porque la campaña tuvo un déficit que financió con recursos de crédito, o tiene cuentas pendientes con sus proveedores o contratistas. La única destinación posible de los recursos estatales debería ser la cancelación de dichos créditos, que deben figurar claramente como pasivos en la rendición de cuentas que entreguen las campañas. No podrían los recursos estatales servir de base para el enriquecimiento patrimonial de los partidos, ni mucho menos de las personas que los dirigen, o de los candidatos. Tampoco podrían estos dineros ser utilizados para devolver aportes o donaciones a quienes hubieran contribuido a las campañas, así se trate del propio candidato.
Esta consideración, casi de sentido común, estaba contemplada en la Resolución 157 de 2006 del CNE, [1] que establecía en su artículo 9 lo siguiente:
Sin embargo, cinco meses después de expedida esta resolución, el CNE la derogó, mediante la Resolución 1948, que determinó lo siguiente:
ARTICULO PRIMERO.- Revocar directa y parcialmente del inciso segundo del artículo 9º de la Resolución No. 157 de 2006, la siguiente expresión:
“ni incluirá los gastos financiados mediante contribuciones o donaciones efectuadas por los particulares a los candidatos”.
Por consiguiente, el inciso segundo del artículo 9º, queda así:
La reposición de gastos de campaña no podrá ser superior al monto de lo efectivamente gastado en la campaña, de conformidad con la reglas de financiación contenidas en la Ley 130 de 1994. En el caso de las campañas presidenciales se aplicarán las reglas previstas en la Ley 996 de 2005.
Surge entonces una pregunta legítima. Supongamos que un candidato logra recoger contribuciones que equivalen al 100% del tope de costos de campaña establecido por el CNE. ¿Cuál es la destinación que le debe dar a lo recibido del Estado por concepto de reposición de votos? Si no puede devolver dinero a sus aportantes (lo cual sería ilógico), tendríamos entonces una situación en la cual el candidato se está enriqueciendo con recursos del Estado.
Para complicar más las cosas, el proyecto de reforma política aprobado recientemente en el Congreso contempla que un porcentaje de la financiación pública se entregue a los partidos políticos previamente a la elección. Menuda tarea va a tener el CNE: debe predecir cuantos votos va a tener cada partido o candidato, para establecer el monto que debe recibir por reposición de votos, establecer el porcentaje que debe ser entregado anticipadamente, y entregarlo.
Una consideración final sobre las sanciones. Un partido o candidato que viole los topes autorizados se expone a multas, que, según el numeral a) de la Ley 130 de 1994, no podrán ser inferiores a $2 millones ni superiores a $20 millones, según la gravedad de la falta cometida. Un principio básico de cualquier régimen sancionatorio consiste en que sea lo suficientemente disuasivo, de tal manera que no se convierta en una invitación a violarlo. Los beneficios de violar la norma sobre topes de gastos, en términos de ventaja electoral sobre los oponentes, son bastante superiores al castigo esperado: en el peor de los casos 20 millones multiplicado por la probabilidad de ser sorprendido (múltiplo inferior a 1, es decir la multa será inferior a $20 millones).
El régimen sancionatorio debería por otra parte eliminar cualquier ventaja que el partido o candidato infractor hubiera obtenido con la violación. La División Mayor del Fútbol Colombiano ha establecido que cuando un equipo de fútbol alinea a un jugador ilegalmente, además de la multa correspondiente, pierde los puntos obtenidos en ese partido. ¿No debería ser la reglamentación electoral más estricta y seria que la deportiva? ¿No deberían ser eliminados los votos obtenidos ilegalmente?
[1] Ir al link Partidos políticos, después normatividad, y buscar allí la resolución (no existe URL directa para esta resolución).
Publicado por Francisco Azuero en 11:23 1 comentarios
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References: resolución 
 Resolución 
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 artículo 9
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