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Timestamp: 2020-08-05 10:56:54+00:00

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﻿ SENTENCIA 2015-00071/4107-16 DE FEBRERO 15 DE 2018
SENTENCIA 2015-00071 DE 15 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDO:DOCENTES NO PUEDEN RECIBIR DOBLE PENSIÓN ORDINARIA, PESE A RÉGIMEN ESPECIAL. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5° DEL DECRETO 224 DE 1972, EL GOCE DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN NO ES INCOMPATIBLE CON EL EJERCICIO DE EMPLEOS DOCENTES. POR ESTA RAZÓN, LOS DOCENTES ESTÁN EXCEPTUADOS DE LA PROHIBICIÓN DE RECIBIR DOBLE ASIGNACIÓN DEL TESORO PÚBLICO, EN TANTO QUE EL ARTÍCULO 6° DE LA LEY 60 DE 1993 DEJÓ A SALVO LA COMPATIBILIDAD ENTRE LAS PRESTACIONES PENSIONALES Y LAS ASIGNACIONES DERIVADAS DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE. ASÍ MISMO, LA LEY PERMITE LA COMPATIBILIDAD DE LAS PENSIONES GRACIA Y ORDINARIA. POR ÚLTIMO, LAS PENSIONES ORDINARIAS DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ SE EXCLUYEN ENTRE SÍ, POR LO QUE SOLO SE PUEDE OPTAR POR UNA DE ELLAS, ASÍ LAS NORMAS APLICABLES A LOS DOCENTES LES PERMITAN RECIBIR SIMULTÁNEAMENTE PENSIÓN DE JUBILACIÓN, DE GRACIA Y SALARIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, DOCENTE, COMPATIBILIDAD PENSIONAL, RÉGIMEN PENSIONAL DEL DOCENTE DEL SECTOR PÚBLICO, PENSIÓN DEL DOCENTE, PENSIÓN DE JUBILACIÓN GRACIA
Sentencia 2015-00071/4107-16 de febrero 15 de 2018
Rad.: 20001 23 33 000 2015 00071 01 (4107-16)
Actor: María Ángela Córdoba Rentería
Por su parte, a los docentes vinculados con anterioridad a esta ley se les aplican las disposiciones anteriores. Este mandato fue ratificado por el parágrafo transitorio 1º del Acto Legislativo 001 de 2005, así:
La disposición constitucional contiene la prohibición de desempeñar más de un empleo público y percibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Este precepto fue desarrollado por el artículo 19 de la Ley 4ª del 18 de mayo 1992(8), que dispuso lo siguiente:
Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 81 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación […].
Reiteradamente esta corporación ha expresado que es improcedente reconocer dos pensiones ordinarias de jubilación, así la preceptiva jurídica aplicable a los docentes permita a estos percibir simultáneamente pensión de jubilación y el sueldo por los servicios docentes que pueden seguir prestando. Así, en la sentencia del 10 de abril de 1997, Actora: Eunice Arias de Arias, exp. 12.776, Consejera Ponente Dra. Dolly Pedraza de Arenas, luego de determinar que la pensión cuyo reconocimiento requería la demandante era la pensión ordinaria de jubilación, puntualizó que la misma podría ser compatible con otras pensiones, por ejemplo con la pensión gracia del orden nacional pero no con otra pensión ordinaria de jubilación. Se tiene entonces, que ni las normas a que se ha hecho referencia ni ninguna otra disposición superior, establece la compatibilidad de la percepción de la pensión gracia con dos pensiones ordinarias de jubilación, o la compatibilidad de percibir dos pensiones ordinarias de jubilación, categoría que se reitera, tendría la pensión cuyo reconocimiento reclama la demandante […].
• Por Resolución 121 del 26 de abril de 2010(13) el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación a la señora María Ángela Córdoba Rentería, efectiva a partir del 1º de enero de 2010, en cuantía equivalente al 75 % del promedio de factores salariales devengados en el último año de servicio, anterior al estatus.
• Mediante escrito radicado el 24 de julio de 2012(14), la señora María Ángela Córdoba Rentería renunció a la pensión de jubilación para cogerse a la pensión de invalidez.
• Mediante Resolución 493 del 7 de septiembre de 2012(15), expedida por la misma entidad, se le reconoció la pensión de invalidez, en cuantía equivalente al 100% del promedio salarial del último año.
• Con escrito del 27 de octubre de 2014(16) solicitó el restablecimiento de la pensión de jubilación.
• Por medio del oficio FPSM-0692 del 25 de noviembre de 2014, acto acusado, se le negó la petición con fundamento en el artículo 88 del Decreto 1848 de 1969(17).
Lo primero que debe advertir la Sala es que los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FONPREMAG) son destinatarios de la normatividad pensional de los empleados del orden nacional, en virtud de la exclusión que hizo la Ley 100 de 1993, y por la remisión prevista en las leyes 91 de 1989 y 812 de 2003.
Es sabido que el legislador le ha dado un tratamiento especial al ejercicio de la profesión docente(18); no obstante, este no expidió un régimen especial de pensiones que les permita percibir varias prestaciones al amparo de una misma normatividad y por las mismas causas, pues, se reitera, en materia pensional están sometidos al régimen prestacional de los empleados del nivel central, que expresamente consagra la referida incompatibilidad pensional.
Asimismo, son conocidas las excepciones para el sector docente respecto de la prohibición de erogar dos asignaciones con cargo al tesoro público, que, dentro de las salvedades previstas en el Decreto-Ley 1278 de 2002(19), corresponden a la posibilidad de percibir pensión gracia(20) y de jubilación, y la compatibilidad de esta con el salario siempre que el docente no tenga edad de retiro forzoso y mantenga aptitud mental y física(21).
En este sentido, la decisión de la administración de negarle a la señora Córdoba Rentería el restablecimiento de la pensión de jubilación, en manera alguna desconoce sus derechos adquiridos, puesto que ninguna disposición permite el goce de ambas prestaciones.
Por tanto, como lo ha señalado esta corporación en reiterada jurisprudencia(22), la interesada tiene ante la administración la posibilidad de optar por la pensión que le resulte más favorable económicamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 88 de los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente.
Finalmente, respecto del argumento concerniente a que la Corte Suprema de Justicia admite la posibilidad de percibir simultáneamente la pensión de jubilación y la de invalidez, esta Subsección(23) determinó que no es procedente aplicar el criterio desarrollado por dicha corporación, toda vez que se trata de contextos fácticos y jurídicos distintos, en la medida en que las pensiones pretendidas en los asuntos que han sido objeto de examen por esta sala provienen de una misma causa, esto es, los aportes pensionales efectuados por los demandantes al sistema general de seguridad social por su relación laboral docente; además estas prestaciones se encuentran a cargo de una misma entidad, esto es, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Conforme a la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado y con base en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, aplicables a la demandante por haberse vinculado antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003(24), las pensiones de invalidez y jubilación son incompatibles por cuanto se trata de prestaciones ordinarias que provienen de la misma causa y se encuentran a cargo de la misma entidad.
CONFIRMAR la sentencia del 28 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que denegó las pretensiones de la demanda incoada por la señora María Ángela Córdoba Rentería contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
7 Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
10 El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea docente (…).
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de mayo de 2001, Nº interno 2841 de 2000, ponente doctora Ana Margarita Olaya Forero.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de julio de 2016, Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, Nº interno: 1793-2015; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A sentencia de 18 de febrero de 2016, Nº interno: 2415-2013, Consejero Ponente Gabriel Valbuena Hernández.
13 Fl. 8.
14 Fl. 12.
15 Fls. 13.
16 Fl. 3.
17 Fl. 2.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de julio de 2016, Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, Nº interno 1793-2015; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A sentencia de 18 de febrero de 2016, Nº interno: 2415-2013, Consejero Ponente Gabriel Valbuena Hernández iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de noviembre de 2014, Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve, Nº interno 3008-2013; iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 25 de marzo de 2010, Consejero Ponente Luis Rafael Vergara Quintero, Nº interno 3058-2004; v) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 30 de septiembre de 2010, Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve, número interno 1067-2009.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de noviembre de 2017, Consejero Ponente William Hernández Gómez, Nº interno: 3510-14.
24 La demandante se vinculó al servicio docente el 1º de febrero de 1976 (fl. 9).
25 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.

References: ARTÍCULO 5
 ARTÍCULO 6
 artículo 19
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 88
 Artículo 81