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Timestamp: 2019-09-17 00:38:51+00:00

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Acuerdo y Sentencia 69/2010 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 69/10
"RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL ABOG. IGNACIO MARÍA ROMERO QUEVEDO EN LOS AUTOS: "M. P. C/ JULIO DANIEL ALFONSO GERBERT S/ HOMICIDIO DOLOSO".
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los doce días, del mes de marzo del año dos mil diez, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, y MIGUEL ÓSCAR BAJAC quien integra la Sala en reemplazo del DR. WILDO RIENZI GALEANO, ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "RECURSO Extraordinario de casación interpuesto por el Abog. IGNACIO MARÍA ROMERO QUEVEDO en los autos: "M.P. C/ JULIO DANIEL ALFONSO GERBERT S/ HOMICIDIO DOLOSO, a fin de resolver el Recurso interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nº 03 de fecha 20 de noviembre de 2007 dictada por el Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia y de la Niñez y Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Concepción.
A los efectos de determinar un orden para la exposición de las opiniones, se realizó un sorteo que arrojó el siguiente resultado: BLANCO, PUCHETA DE CORREA y BAJAC ALBERTINI.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el MINISTRO BLANCO dijo. Se presenta el Abog. Ignacio María Romero Quevedo en representación de la defensa del Sr. Julio Daniel Alfonso Gerbert a imponer Recurso de Casación contra la Resolución dictada por el Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia y Apelación de la Niñez y Adolescencia de la Circunscripción de Concepción. En este sentido, mediante el decisorio del referido Tribunal se resolvió entre otras cosas: "3. NO HACER LUGAR al Recurso de Apelación Especial interpuesto por el Abogado IGNACIO ROMERO QUEVEDO, por la defensa del acusado JULIO DANIEL ALFONSO GERBERT, contra la S.D N° 24 de fecha 09 de setiembre de 2005, y en consecuencia CONFIRMAR in totum la misma, por los fundamentos expuestos en el exordio."
Que, en esa tesitura, corresponde efectuar el estudio de la admisibilidad del recurso aducido. El análisis de la procedencia se efectuará posteriormente solo y si el recurso ha sido interpuesto a) en la forma y término prescritos por la norma b) si la resolución impugnada da lugar a él (taxatividad objetiva), y; c) si fue deducido por quien tiene capacidad para ello (taxatividad subjetiva).
El recurrente plantea como motivo de la casación la extinción de la acción penal, exponiendo que el fallo que Tribunal de Apelaciones en ha dictado el Acuerdo y Sentencia recurrido sin considerar que en la presente causa se ha operado la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.
Ahora bien, dentro de los aspectos formales de la interposición del recurso, que se encuentran descriptos en el artículo 468 del C.P.P. por remisión del artículo 480 del mismo cuerpo legal citado.
De las constancias de autos se desprende que la sentencia del Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia y de la Niñez y Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Concepción, dicto el Acuerdo y Sentencia Nº 03 de fecha 20 de noviembre de 2007, la cual fue notificada al recurrente en fecha 20 de noviembre del 2007, en la Penitenciaria Regional, tal como se desprende del acta de la Ujier Notificadora obrante a fs. 298 vlto., y en el mismo acto se le ha hecho entrega de una copia autenticada del acuerdo, cumpliéndose lo exigido por la norma. (Art. 152, 155 y concordantes del C.P.P.). El recurrente presento su escrito de interposición del Recurso Extraordinario de Casación en fecha 7 de diciembre del 2007, tal como consta en el cargo puesto al pie de escrito, fs. 5, es decir dentro del plazo procesal requerido, ya que comenzó a computarse el mismo desde el día 26 de noviembre, por la suspensión de los plazos declarada por la Corte Suprema de Justicia.
La resolución recurrida posee la virtualidad de poner fin al procedimiento, puesto que confirma la Sentencia N° 24 de fecha 9 de setiembre del 2005, por la cual se condena al Sr. Julio Daniel Alfonso Gerbert, y fue planteada en escrito fundado.
Cumplidos los requisitos exigidos para el estudio del recurso planteado, corresponde disponer la admisibilidad del recurso. ES MI VOTO.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el MINISTRO BLANCO continuó diciendo: En cuanto a la procedencia del recurso, en el caso que nos ocupa los antecedentes del caso señalan que por Sentencia Definitiva N° 24 de fecha 9 de setiembre de 2005 dictada por el Tribunal de Sentencia Colegiado de Concepción integrado para el caso determinó condenar al Sr. Julio Daniel Alfonso Gerbert a la sanción de 21 (veinte y un) años de pena privativa de libertad, por la comisión del hecho punible de Homicidio Doloso.
Los fundamentos de la presente Casación son específicamente que la resolución recurrida ha sido dictada cuando la causa había sobrepasado el plazo previsto en el Art. 136 del C.P.P. (duración máxima del procedimiento).
Que, corrido traslado al Ministerio Público el mismo fue contestado por el Fiscal Adjunto Abogado Humberto Insfrán Miranda, que de conformidad al Dictamen N° 297 de fecha 11 de marzo de 2007, tras un análisis de la causa y de los plazos que trascurrieron en ella determinó que: "... se desprende que el plazo de 3 años y 6 meses fijado por el artículo 136 del C.P.P., se cumplió el 22 de marzo del 2007...".
Entrando en materia, tenemos que en la presente causa, el Ministerio Público imputó al Sr. Julio Daniel Alfonso Gerbert en fecha 21 de setiembre del 2003, tal como se desprende de fs. 4/5 de autos; posteriormente en fecha 22 de setiembre de 2003, se realizó la audiencia indagatoria en fecha 22 de setiembre del 2003, dónde el imputado se dio por notificado del acta de imputación en su contra, y es desde este momento desde dónde comienza a computarse el plazo de duración máxima del procedimiento.
En este orden de cosas, cabe afirmar que al proyectarse en el tiempo, el proceso penal requiere, más que cualquier otra institución jurídica, una regulación estricta; ya que con ella se contribuirá muy eficazmente a la tutela de los intereses comprometidos. Esta regulación implica el emplazamiento de los actos a lo largo del desenvolvimiento del proceso, poniendo límites a la actividad y a la inactividad. Se fijan lapsos que exigen, impiden o fijan el cumplimiento del acto, como si se tomara un punto en el segmento del tiempo, antes, en o después del cual corresponde realizar el acto. Ese punto es el término que fija el acto o pone fin a la prolongación del plazo, de aquí que el plazo sea una condición temporal en la producción de los actos procesales penales.
En este sentido, el objeto del control de la duración del procedimiento es lograr que el Estado realice una persecución penal eficaz dentro de un plazo razonable, que no se prolongue de manera indefinida, de modo que tanto la ciudadanía como la persona sindicada como autora de un hecho punible puedan tener una respuesta del órgano estatal en un espacio de tiempo, principalmente se pretende un pronunciamiento que defina la posición del encausado frente a la ley y la sociedad y ponga término -del modo más rápido posible- a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal.
La sanción procesal (extinción), consecuencia de la conclusión del plazo razonable", se funda en el derecho del procesado de verse libre del cargo y de las restricciones del proceso en un lapso de tiempo razonable y acorde con la gravedad y complejidad de la causa. Se relaciona con el apio de inocencia y el derecho a la libertad e intimidad del perseguido por la justicia, que resultaría vulnerado por un proceso excesivo e innecesariamente largo.
La duración máxima del proceso, al erigirse como una limitación al poder represor y garantía procesal (reconocida constitucionalmente en beneficio del procesado), se constituye en una cuestión de orden público, de cuyo cumplimiento no puede sustraerse ningún órgano del Estado.
La Constitución Nacional en su Art. 17 dispone: "...De los derechos procesales. En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: inc. 10.......El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley". Asimismo, el Pacto de San José de Costa Rica prescribe en su "art. 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable".
La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, explica los alcances del principio en los siguientes términos: "...El interés del Estado en resolver presuntos casos penales no puede contravenir la restricción razonable de los derechos fundamentales de una persona....Este límite de tiempo tiene como objetivo proteger al acusado en lo que se refiere a su derecho básico de libertad personal, así como su seguridad personal frente a la posibilidad de que sea objeto de un riesgo de procedimiento injustificado....El Estado debe probar la culpa dentro de un plazo razonable para asegurar e institucionalizar la confianza en la imparcialidad procesal del sistema...El principio de legalidad que establece la necesidad de que el Estado procesa al enjuiciamiento penal de todos los delitos, no justifica que se dedique a un periodo de tiempo ilimitado a la resolución de un asunto de índole criminal. De otro modo, se asumiría de manera implícita que el Estado siempre enjuicia a culpables y que, por lo tanto, es irrelevante el tiempo que se utilice para probar la culpabilidad. De conformidad con las normas internacionales, el acusado debe ser considerado inocente hasta que se prueba su culpabilidad'' (Resúmenes de la Jurisprudencia del Sistema Americano de Protección a los Derechos Humanos - Sistema Americano PLAZO RAZONABLE).
En otras palabras, el plazo razonable implica además, respeto de otros principios y esencialmente de aquel que está en la cúspide de esos derechos: la Presunción de Inocencia y, conjuntamente, la Legalidad Procesal. El sistema democrático de gobierno tiene como uno de sus fundamentos el respeto de los derechos reconocidos constitucionalmente a favor de los sometidos a procesos por parte de las autoridades estatales. El desconocimiento de los mismos implica una grave afrenta al Estado de Derecho, puesto que la autoridad de manera alguna puede pretender atar a una persona a un proceso, en tanto en cuanto se disponga la resolución definitiva sin tomar en consideración un límite de plazo, sino sólo condicionado a la voluntad del Juzgador. Eso constituye una arbitrariedad que no puede permitirse, ni mucho menos consentirse.
A este efecto, el Art. 136 del Código Procesal Penal señala: "DURACIÓN MÁXIMA. Toda persona tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento. Este plazo sólo se podrá extender por seis meses más cuando exista una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos. La fuga o rebeldía del imputado interrumpirá el plazo de duración del procedimiento". En virtud a esta disposición las personas sometidas a proceso penal, no lo pueden ser de una manera perenne, sino que se establece un límite al ius puniendi estatal, puesto que ese poder no puede ser ejercido de una manera irreflexiva en cuanto al tiempo de duración.
Ahora bien, con respecto al primer acto del procedimiento, la Sala Penal, luego de realizar una armónica interpretación de los artículos que regulan la materia, ha determinado que el cómputo del plazo máximo de duración se inicia a partir de la notificación al procesado de la resolución del juez de la causa, que luego de tomar conocimiento del acta de imputación tiene por iniciado el procedimiento, conforme a las previsiones del Art. 303 del Código Procesal Penal (Acuerdo y Sentencia N° 1322 del 24 de setiembre de 2004).-
En el caso en estudio, revisados los antecedentes, a fin de establecer cuando comenzó a correr el plazo, a los efectos del cómputo de la extinción de la acción penal, se tiene que JULIO DANIEL ALFONSO GERBERT fue imputado por la Fiscalía en fecha 21 de setiembre de 2003. En la audiencia fijada por el Juez Penal de Garantías del tercer turno, interino del segundo de la Circunscripción judicial de Concepción en fecha 22 de setiembre de 2003 presupone la puesta en conocimiento al procesado de los términos de la imputación y de todos sus derechos procesales, máxime considerando que por disposición del Art. 304 -segundo párrafo- del C.P.P., no se puede solicitar ni aplicar medidas cautelares si no existe acta de imputación fundada y previa; por lo esta es la fecha que se toma como primer acto del procedimiento.
De la confrontación de los antecedentes expuestos, se tiene que el incoado nunca fue declarado rebelde, ni se ha producido otra forma de interrupción o suspensión del plazo, además sin que a la fecha se encuentre firme la sentencia recaída en autos, ya que el Acuerdo y Sentencia atacado fue dictado en fecha 20 de noviembre del 2007, quedando pendiente la posibilidad de interposición del Recurso Extraordinario de Casación, tal como sucedió, en fecha 18 de febrero del 2008.
El Acuerdo y Sentencia atacado fue dictado a los 4 (cuatro) años 1 (un) mes y 29 (veinte y nueve) días del inicio del procedimiento; superando el plazo de resolución de 3 (tres) años más 6 (seis) meses para la interposición de los recursos.
Con las previsiones legales y el criterio jurisprudencial sentado por la Sala penal DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, por imperio de los artículos: 17 de la Constitución Nacional, 8 inc.
1º del Pacto de San José de Costa Rica; 25 inc. 3, 136 y 137 del Código Procesal Penal y demás disposiciones aplicables, así también corresponde DECRETAR el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO del encausado, conforme a lo dispuesto en el artículo 359 inc. 3) del Código Procesal Penal.
Asimismo, corresponde la remisión de los autos al Juzgado de Ejecución competente a los efectos de que ordene el levantamiento de medida cautelar que pese sobre JULIO DANIEL ALFONSO GERBERT previa comprobación exhaustiva de que el mismo no registre otra orden restrictiva de libertad dictada por juez competente.
Por otro lado, corresponde la remisión de las compulsas de estos autos al Consejo de Superintendencia, para que en ejercicio de sus facultades de superintendencia previstas por la Ley 609, realice la apertura de un sumario en averiguación y constatación de las actuaciones procesales llevadas a cabo por los profesionales abogados, auxiliares de la justicia, así como de los órganos jurisdiccionales en lo atinente a su adecuación a los plazos legales de resolución, por las dilaciones indebidas, retardo injustificado o ejercicio abusivo del derecho, configurados en la tramitación del presente proceso.
Al resolver sobre la extinción de la causa penal, siendo ésta una cuestión de puro derecho, que a su cumplimiento solo necesita su declaración, hace inoficioso el estudio de los demás pantos del Recurso de Casación planteado. ES MI VOTO.
A SU turno los DOCTORES PUCHETA DE CORREA y BAJAC ALBERTINI manifiestan que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, por los mismos fundamentos.
Asunción, 12 de marzo de 2010.-
1.- DECLARAR admisible el recurso de casación interpuesto por el Abog. IGNACIO MARÍA ROMERO QUEVEDO contra el Acuerdo y Sentencia N° 03 de fecha 20 de noviembre de 2007 dictada por el Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia y de la Niñez y Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Concepción.
2.- DECLARAR que en la causa penal seguida a JULIO DANIEL ALFONSO GERBERT sobre Homicidio Doloso se ha operado la extinción de la acción, por haberse cumplido en exceso el plazo previsto en el Art. 136 del Código Procesal Penal para la duración del proceso.
3.- DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO del SR. JULIO DANIEL ALFONSO GERBERT de conformidad al ART. 359 inc. 3) del Código Procesal Penal.
4.- DISPONER la remisión de los autos al Juzgado de Ejecución competente a los efectos de que ordene el levantamiento de medida cautelar que pese sobre JULIO DANIEL ALFONSO GERBERT, previa comprobación exhaustiva de que el mismo no registre otra orden restrictiva de libertad dictada por juez competente.
5.- REMITIR compulsas de estos autos al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia a los efectos previstos en el exordio que antecede.
7.- ANOTAR, notificar y registrar.
Karina Penoni de Bellassai.- Actuario Judicial
Miguel Oscar Bajac.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 468
 artículo 480
 resolución 
 resolución 
 artículo 136
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 359