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Timestamp: 2019-11-15 17:21:18+00:00

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Lunes, 26 Agosto 2019 18:58
REFLEXIONES ANTE LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS.
Miércoles, 21 Agosto 2019 12:08
FINJUS deplora la convocatoria a movilización que ha realizado la ADP para este jueves considerando que irrumpe la semana de inicio del año lectivo 2019-2020
La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), expresa su alta preocupación y considera desacertada la convocatoria que hace, a todo el magisterio nacional, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para realizar una movilización este jueves esgrimiendo en sus motivos, entre otros, la inconformidad con el concurso de oposición docente, en razón de la alteración que esto produciría en el curso normal de la semana de inicio de este nuevo año escolar 2019-2020.
Sin dudas este llamado a manifestación genera una suerte de intranquilidad en todos los sectores de la sociedad pues alude a la interrupción del discurrir escolar proyectado sin que se hayan siquiera incorporado, adecuadamente, los actores educativos y estudiantes a los centros educativos.
Si bien se reconoce la legitimidad de las reivindicaciones que pudieran realizar los educadores, a través de sus organizaciones gremiales, entendemos debe primar la prestación óptima del servicio de educación; y es, precisamente, ponderando el carácter esencial del mismo, que se exhorta a la ADP a priorizar otros mecanismos y vías de acción o negociación que no interrumpan el funcionamiento ordinario del servicio educativo.
Debe considerarse que, a fin de cuentas, el mayor perjuicio lo estarían soportando los estudiantes quienes se ven envueltos de manera indirecta en calidad de recurso o medio para resolver conflictos en beneficio de otros. Esto, además de contrario al contenido de dignidad humana consagrado constitucionalmente, va en detrimento del derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de recibir una educación de calidad que requiere del cumplimiento cabal de las horas previstas y, consecuentemente, del diseño curricular establecido.
Conviene recordar que nuestro Tribunal Constitucional, en ocasión de conocer una revisión constitucional a una sentencia de amparo respecto de la suspensión de la prestación del servicio de educación —en ese caso particular se trató de una suspensión continua e indiscriminada—, emitió una consideración interesante exponiendo el razonamiento para calificar el derecho a la educación como servicio esencial; al efecto dispuso que: “… a la tradicional definición de servicios esenciales, esto es aquellos cuya suspensión pone en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas en toda o parte de la publicación–, debe adicionarse la educación pública gratuita a nivel inicial, básico y medio, (…), pues su misión esencial es contribuir a la función del Estado social y democrático de derecho que, por mandato constitucional debe propender a la obtención de los medios que permitan a la persona perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva (artículo 8)”.
A todo esto se le añade la dimensión social que contiene la prestación del servicio de educación. Y es que la suspensión de las docencias, aun se produzca en un escenario puntual y no progresivo, supone la alteración del contexto familiar respecto a su planificación en el orden social, económico, laboral, y hasta en la seguridad alimenticia; ejemplo de ello sería el caso de los tantos padres y madres que aprovechan las horas educativas de sus hijos para profesionalizarse y/o insertarse en el mercado laboral.
Finalmente desde FINJUS resaltamos que la educación, en especial la pública, es un servicio esencial indispensable en sociedades democráticas como la nuestra pues constituye una base idónea para la concreción de la igualdad de oportunidades, favoreciendo la cohesión social y con ello el progreso económico.
Visita de la Magistrada Patricia Campbell-Smith, Juez Tribunal de Demandas Federales EE.UU
31 de julio 2019.- En el marco de su visita a la República Dominicana para conocer sobre el panorama actual político del país, los avances del proyecto de la USAID en temas de compras y contrataciones públicas y socializar los temas de prioridad de discusión durante varios encuentros con instituciones y organizaciones de la Sociedad Civil, FINJUS recibe la visita de la Mag. Patricia Campbell-Smith, Jueza del Tribunal Federal de Demandas de los Estados Unidos.
Desde el 19 de septiembre de 2013, la Magistrada Campbell-Smith es miembro del Tribunal Federal de Demandas Federales de EE.UU, y ocupó la presidencia de ese tribunal desde el 21 de octubre de 2013 al 13 de marzo de 2017. Anterior a eso, sirvió como oficial de la corte del 8 de diciembre de 2005 al 6 de abril de 2011. El 7 de abril de 2011, fungió como oficial principal de la corte.
Durante la entrevista del programa"Institucionalidad y Justicia" que se transmite los domingos a las 11:00 a.m. por CDN
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Consideraciones con relación a los comicios generales de 2020 "Una mirada al proceso electoral a partir del primer informe de observación electoral preparado por Participación Ciudadana"
El proceso eleccionario pautado para el 2020 ciertamente plantea serios retos que deberán ser abordados de manera conjunta por parte de los actores políticos, el órgano regulador y la sociedad en general, dada la complejidad que se deriva las particularidades de estas elecciones.
De entrada, la realización de estos comicios conjugará la elección de todos los niveles electorales en un mismo año con solo tres meses, aproximadamente, de intermedio; a esto se le agrega el detalle de que, de cierta manera, se estrena un nuevo régimen electoral y partidario el cual rige en virtud de las leyes recién aprobadas números 33-18 y 55-19.
Entendemos que la implementación de estos instrumentos normativos debe servir de fundamento para que el proceso electoral se encamine al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, abarcando con ello, el mejoramiento de la capacidad de sus instituciones y la garantía de que el resultado del mismo sea la expresión nítida de la voluntad popular. Ahora bien, la consecución de este objetivo dependerá en gran manera de la actuación de los órganos y actores que interactúan.
De lo planteado en el informe que nos convoca a este conversatorio han sido resaltadas una serie de debilidades y aspectos condicionantes fundamentales del entorno electoral que nos permite tener una idea más acabada del panorama normativo e institucional que constituirá la base de las elecciones generales de 2020.
Dentro de ello es preciso ponderar el diseño del sistema de justicia electoral que resulta de la normativa vigente, especialmente su alcance, la competencia y atribuciones de sus órganos y la interacción de los mismos, entendiendo que, si bien contar con un esquema de justicia electoral sólido no garantiza per se la integridad y autenticidad de las elecciones, el no contar con un sistema adecuado agravaría los conflictos existentes.
Se requiere que las elecciones sean celebradas al amparo de un marco jurídico comprometido con los principios y valores democráticos que se preceptúan desde la carta sustantiva, pues tal y como lo plantea el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral “…si no existen mecanismos específicos de justicia electoral, los procesos electorales podrían exacerbar las fricciones existentes o incluso derivar en conflictos armados o violencia.[1]”
Debe tomarse en consideración que la implementación adecuada de un sistema de justicia electoral abarca el ciclo electoral completo, esto es, desde el período preelectoral, pasando por la celebración de las elecciones, hasta la etapa postelectoral. Esto así en razón de la amplitud del discurrir del período electoral que permite que toda actividad relacionada y ejecutada en cualquiera de esas etapas esté sujeta a impugnaciones.
Para abordar los desafíos de la justicia electoral dominicana es preciso puntualizar primero lo concerniente al sistema de consecuencias que propugna la normativa vigente y, por otro lado, ponderar la interacción de los órganos y actores del sistema electoral.
Sistema de consecuencias:
El sistema de consecuencias que introduce la legislación partidaria y electoral nueva no es muy diferente de lo anterior. Se establecen responsabilidades penales y administrativas que van desde sanciones de carácter pecuniario para las infracciones electorales hasta ciertas penas de reclusión para los delitos y crímenes electorales.
A pesar de que encontramos delitos electorales castigados con penas restrictivas de libertad de hasta 10 años, debe resaltarse que se esperaba un régimen electoral más claro y estricto que pudiese someter al orden a las agrupaciones partidarias en situaciones propias de nuestra cultura electoral como lo es, por ejemplo, la compra y venta de cédulas.
Esto dejó sin respuestas las expectativas que se tenía con relación al objeto del derecho electoral que no es más que asegurar el cumplimiento de sus normas mediante un régimen de responsabilidades que, mediante sanciones consecuentes a los sujetos responsables de delitos o infracciones en materia electoral, desincentive aquellas prácticas que van en detrimento de la calidad de la democracia.
Un punto común en la doctrina sobre Justicia Electoral es el planteamiento de que un régimen de esta naturaleza tiene un carácter eminentemente punitivo, ya que no corrige ni priva de efectos jurídicos a la irregularidad electoral sino que castiga al responsable del delito o infracción, lo cual se constituye en el mecanismo para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico con el objetivo de no lesionar bienes jurídicos tan esenciales como los valores democráticos para la vida nacional.
Recientemente el tema de las propagandas políticas presuntamente realizadas antes de iniciar el periodo de precampaña reveló ciertos vacíos normativos que dejan al órgano rector en la necesidad de subsanar el contenido de la ley a fin de dar cumplimiento al régimen de responsabilidades que opera.
Otro punto interesante es lo relativo a las nuevas directrices respecto al financiamiento de los partidos políticos y la obligación de transparentar sus ingresos, pues la supervisión económica atribuida a la Junta Centra Electoral requiere la creación de una unidad a esos fines, así como el diseño de una logística que contemple todas las introducciones que la ley hace para poder verificar si las mismas son observadas o no por los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
De ello entonces resulta el otro aspecto a tratar con relación a la justicia electoral: el papel de los organismos electorales. Estos actores han sido sumamente relevantes en la transición democrática pues el desarrollo de sus competencias técnicas y de destrezas políticas resulta esencial para el avance en los procesos de consolidación democrática que, a la fecha, en países como el nuestro no han sido del todo exitosos ya que siguen quedando temas pendientes, observándose en algunos casos hasta estancamientos e involuciones.
La Junta Central Electoral en su calidad de órgano rector, teniendo a su cargo la organización y dirección de las elecciones generales y todo lo que a ello concierne, se enfrenta para este proceso electoral a un escenario difícil dada las tensiones y falta de consenso que subyace a lo interno de los partidos políticos.
Esto también converge con el llamado de atención que se le ha hecho al órgano rector con relación a no desbordar las facultades y atribuciones que le confieren la Constitución y la normativa electoral. A modo de ilustración podemos citar el tema del arrastre, pues a menos de 9 meses de comenzar a transitar el proceso electoral de 2020 este impasse no ha sido definido resaltando una resolución de la Junta Central Electoral (JCE) altamente cuestionada que pretendidamente eliminó el arrastre en 26 provincias y lo mantuvo en las cinco restante y el Distrito Nacional.
Competencia contenciosa del TSE:
Esta situación del arrastre puso en evidencia también la necesidad de reformular la delimitación competencial de la jurisdicción especializada en materia electoral: el Tribunal Superior Electoral. Y es que resulta imperante que este órgano responda integralmente al diseño constitucional que lo configura en su artículo 214 como el “órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales (…)”
Fue de conocimiento general la transferencia de la contestación de la resolución de la JCE, desde el Tribunal Superior Electoral al Tribunal Superior Administrativo en razón de falta de precisión respecto a la facultad de controlar la legalidad de los actos administrativos electorales emitidos por la Junta Central Electoral. Esto sin dudas diluye la función específica que le asigna la Constitución a este tribunal especializado en materia electoral.
Por otro lado, es necesario resaltar el importantísimo rol que juega este tribunal dentro del diseño del sistema de consecuencias y el esquema de justicia electoral que establece la norma. Y es que la estructuración adecuada de las sanciones, precisa de órganos electorales idóneos para la demanda de su cumplimiento y resolución de los conflictos que surjan.
Procuraduría especializada electoral:
En esta secuencia de los órganos que interactúan en el sistema de justicia electoral es preciso mencionar la figura del fiscal especializado en esta materia, lo cual fue instituido por el artículo 289 de la Ley 15-19.
Desde FINJUS en ocasiones anteriores hemos destacado la importancia de que se instituyera la figura del fiscal electoral, en dependencia del Ministerio Público. Se trata de un órgano especializado que cuente con la capacidad de investigar y actuar en el marco del sistema de justicia electoral.
De los aspectos que hemos puntualizado podemos señalar la advertencia sobre la calidad de la escogencia de este servidor público y la imparcialidad e independencia de su actuación. Sobre ello entendemos que la articulación de esta Fiscalía debe realizarse atendiendo criterios técnicos y jurídicos que garanticen su profesionalidad, integridad y acción independiente de los intereses particulares o partidarios.
En declaraciones vertidas en la prensa la semana pasada el Procurador General de la República indicó que esta procuraduría especializada no estaba contemplada en el presupuesto actual, lo que agrega una cuestión a considerar dentro de los retos de la justicia electoral de cara al proceso de 2020 pues entendemos vital que el órgano persecutor en materia electoral sea especializado y responda a la caracterización que hace de este la ley 55-19 sobre régimen electoral.
Esta figura de ser lograda su inclusión en un presupuesto complementario que permita su materialización, requerirá del diseño con relación a su funcionamiento, atribuciones y demás particularidades que no plantea la ley que la crea.
Sin perjuicio de todo lo anterior y, a modo de resumen, consideramos preciso recalcar que se mantienen como desafíos para el Estado dominicano en materia de la consolidación del sistema de justicia electoral lo siguiente: fortalecer los mecanismos de transparencia electoral; garantizar el correcto funcionamiento de las herramientas de sistematización del sufragio; fortalecer los procedimientos electorales; utilizar mecanismos de seguridad y tecnificación de la justicia electoral en el marco de una nueva cultura política e institucional; y profesionalizar de manera absoluta los organismos electorales en el país.
[1] https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/electoral-justice-handbook/justicia-electoral-una-introduccion.pdf
Finjus considera positivas las medidas que regularizan las normas de entrada a las salas de audiencias e instalaciones internas de los tribunales
FINJUS PONDERA LA IMPORTANCIA DE FORTALECER EL ORDENAMIENTO JURIDICO ACTUAL Y LOS PROCESOS POLITICOS EN CURSO.
Visita de cortesía del Lic. Rafael Hidalgo, Presidente de la Federación Dominicana de Municipios-FEDOMU
Finjus advierte la urgencia de una reforma integral en el sistema penitenciario.-
FINJUS expresa su alta preocupación por los disturbios que continúan produciéndose en las inmediaciones del Congreso Nacional
La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), a la luz de los recientes hechos producidos alrededor del Congreso Nacional desde la semana pasada, expresa su alta preocupación por el deterioro de la situación que prevalece en esa zona, lo que constituye un escenario altamente volátil y riesgoso para el ejercicio de tareas esenciales de la democracia que se realizan en el entorno.
Aunque las medidas que se han adoptado, lo que incluye de manera destacada la presencia de efectivos militares y agentes policiales, podrían ser justificadas, bajo el argumento de que se han adoptado para garantizar la integridad de los legisladores y la seguridad de las instalaciones del Congreso en estos momentos de tensión, no deja de constituir un signo de alarma y riesgo las diferentes situaciones que se han producido recientemente. El simple hecho de que el normal desempeño de las sesiones legislativas se haya trastocado, interrumpido o alterado, representa una amenaza que podría dar lugar a hechos que configuraría una vulneración inaceptable a este poder del Estado.
Desde el punto de vista jurídico se produce una pugna entre el deber o necesidad de proporcionar seguridad material en las inmediaciones del Congreso —la cual debería afrontarse con medidas consensuadas por las fuerzas políticas que interactúan— con la limitación, cerco y, hasta cierto punto un nivel de hostigamiento que perciben un grupo de legisladores.
Debe resaltarse que, a pesar de cualquier circunstancia, la protección de la función legislativa, es decir la prerrogativa del ejercicio legislativo en condiciones de total independencia y libertad, mantiene un carácter imperante. La labor congresual es la manifestación expresa de la diversidad y el pluralismo social y político, por ende su preservación en condiciones óptimas constituye un pilar básico para el mantenimiento de un sistema democrático en el marco de un Estado social y democrático de derecho.
En ese sentido el objeto del Poder Legislativo, además de producir las leyes, se extiende como una especie de muro de contención a fin de servir de contrapeso o control político de los actos del Poder Ejecutivo, asegurando con ello un balance en el ejercicio del poder público. Todo lo anterior resulta imposible en un ambiente donde la acción y derechos de los legisladores está limitada por tropas militares y agentes policiales cuya acción no parece razonable a la luz de los informes dados a conocer.
Llamamos a las autoridades del Congreso, quienes han asumido la responsabilidad por las acciones vinculadas con el reforzamiento de la seguridad de la zona, a que devuelvan la normalidad al entorno de las Cámaras y faciliten el correcto desenvolvimiento de las funciones legislativas.

References: e contrario
 resolución 
 artículo 214
 resolución 
 resolución 
 artículo 289