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Timestamp: 2020-08-05 14:29:59+00:00

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#51 · 19/Feb/2016, 00:50
Los periodicos “online” no son responsables de los comentarios de los lectores, según el TEDH
Los administradores de las páginas web de noticias no son responsables de todos los comentarios ofensivos que publiquen sus usuarios. En una sentencia publicada el 2 de febrero de 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha limitado, en el marco del derecho a la libertad de expresión, la capacidad sancionadora de los Estados en estos casos.
El TEDH, en el litigio, recuerda que la prensa tiene un papel fundamental en una sociedad democrática. Sobre los concretos comentarios, determina que, si son “ofensivos y vulgares”, no constituían “un discurso claramente ilegal” o una incitación “al odio o a la violencia”. Además, recuerda que el contenido del derecho a la reputación de una empresa -vinculado a sus intereses comerciales- difiere del de una persona física.
El TEDH, asimismo, limita la responsabilidad de los administradores de las páginas web por los comentarios de los usuarios. En este sentido, considera que es de aplicación la jurisprudencia que afirma que “el castigo a un periodista por la difusión de las declaraciones hechas por un entrevistado obstaculizaría de forma importante la contribución de la prensa a la discusión de los asuntos de interés público y no debe contemplarse a menos que haya razones particularmente fuertes para hacerlo”.
Según concluye el TEDH, la Justicia húngara no ponderó todos estos elementos, por lo que vulneró el derecho a la libertad de expresión de los demandados.
#52 · 09/Mar/2016, 11:39
El Supremo no aplica la igualdad a la herencia de los títulos nobiliarios y, por eso, acepta la exclusión de los hijos extramatrimoniales de la herencia de éstos0
EFE - abc_esMadrid - 08/03/2016 a las 17:15:41h. -
El Tribunal Supremo ha aceptado hoy la exclusión de los hijos extramatrioniales de la herencia de títulos nobiliarios en una sentencia que valida la transmisión del Condado de Casa Ayala «a favor de los hijos y descendientes de legítimo matrimonio».
El alto tribunal valida así que «la carta de concesión ordene la sucesión en el título nobiliario exclusivamente a favor de hijos y descendientes de legítimo matrimonio», y lo hace porque el Tribunal Constitucional ha establecido que no se aplica el principio de igualdad a las distinciones nobiliarias.
#53 · 17/Mar/2016, 16:33
Sobre domicilios sociales y deudas (los problemas que genera la Justicia)
Zona del accidente del avión de Germanwings
Manuel de Cristóbal López.- Los medios de comunicación han presentado a la opinión pública las conclusiones del accidente aéreo de “GERMANWINGS”: un picado realizado por un avión comercial con gran cantidad de pasajeros dentro, donde, desde el primer momento, se dudó que fuera un accidente mecánico, pensándose siempre que se trataba de un suicido con un asesinato múltiple.
Ya es oficial que existió un psiquiatra privado que atendía al copiloto que provocó el accidente. Un poco antes del día de los hechos, este psiquiatra recomendó el internamiento del copiloto en un centro psiquiátrico pero la información facilitada no ha aclarado el tipo, grado o intensidad de la recomendación. Por lo que ocurrió posteriormente, debería haber sido más que una recomendación, en realidad, un internamiento forzoso, pero como no somos psiquiatras, sólo abogados, no podemos realizar estas afirmaciones, nos dirían en una vista oral.
Dicen las conclusiones que la compañía de aviación “GERMANWINGS”, en ningún momento tuvo noticia sobre la enfermedad psiquiátrica que estaba sufriendo su empleado, y que esta ignorancia tiene cobertura legal en el secreto profesional del psiquiatra privado que le atendía.
Hasta aquí todo correcto, congruente, lógico, y apuntando como causa a esa vieja conocida: “la fatalidad”.
Las normas legales que rigen la aeronáutica, la aviación civil y la militar, son similares por no decir casi iguales, en Europa y en todas las partes del mundo, entre otras cosas por lo desagradable que puede ser un avión 347, pilotado por el hijo de 17 años del dictador de un país perdido, entrando en el aeropuerto de la capital de ese país extranjero, en pleno mes de agosto, con 344 vuelos esperando para aterrizar, llenos de turistas porque el niño asegura que lo ha hecho muchas veces en el “Flight Simulator” Todo está muy tasado y regulado.
En España, los pilotos civiles o militares pasan un reconocimiento anual en el CIMA, (Centro Médico Especializado en Medicina Aeronáutica) donde se pasan pruebas obligatorias y, entre ellas, las tendentes a detectar trastornos psiquiátricos. Y con variaciones, ocurre lo mismo en todas las partes del mundo.
Leyendo, entre líneas, sobre este caso, se me ocurren algunos pensamientos que no puedo pronunciar, porque no soy psiquiatra o, por lo menos, eso me diría un Juez en una vista oral:
-Si se recomendó su internamiento: ¿Por qué no se ordenó el ingreso forzoso? La realidad ha demostrado causa suficiente para ello.
-Si un psiquiatra recomienda su internamiento y el otro, el del reconocimiento obligatorio en la compañía, no detecta ningún indicio de patología, dado que los hechos demuestran el acierto del primero, surgen dudas razonables sobre la atención que le prestó el segundo psiquiatra e, incluso, si le vio…
-Puede que el psiquiatra de la compañía fuera competente y el primer psiquiatra, el privado, le ayudara, o incluso le enseñara, a superar las pruebas de los reconocimientos obligatorios…
-Es probable que las entrevistas con el psiquiatra privado le sirvieran de entrenamiento para superar unas pruebas no muy exhaustivas del psiquiatra del reconocimiento obligatorio.
-Quizá la medicación del psiquiatra privado le permitiera superar las pruebas del reconocimiento obligatorio pero, en ese caso: ¿Nadie le hizo un análisis de sangre?
Retomando el tema en este punto, a pesar de que en juicio no me dejarían decirlo, por no ser psiquiatra, alguien que se suicida de esta forma reúne todos los requisitos para ser objeto de un internamiento obligatorio pero, además, también está para ser medicado. Con semejantes antecedente nacen otras dudas:
-Si se medicaba: Tomar este tipo de medicamentos debería estar controlado y detectado en sangre como cualquier ansiolítico, psicotrópico o, simplemente, droga…
-Si la medicación era imprescindible pero no la tomaba para evitar dar positivo en los análisis de sangre, dada su actividad y el riesgo que conlleva, el psiquiatra privado debería haber detectado la ausencia de toma de los medicamentos y, en consecuencia, haber aplicado una norma de sanidad pública, esa que permite retener a contagiados con enfermedades epidémicas, internar personas en crisis con riesgo autolítico, tanto más cuando se niegan a tomar la medicación y, con mayor motivo, quienes por su trabajo ponen en riesgo multitud de vidas.
Deberíamos recordar que un psiquiatra puede internar a su paciente, en contra de su voluntad, cuando existe riesgo de suicidio, sin que el secreto profesional le impida esta actuación, tanto más cuando ese riesgo se multiplica por el número de personas que pueden viajar en un avión comercial, más las del edificio contra el cual puede estrellarse, como el último caso de triste recuerdo. ¿Por qué se incumplió con esta obligación?
No estamos hablando de secreto profesional, estamos hablando de un médico privado que desatendió a un enfermo, en situación de internamiento forzoso porque no lo realizó; tal vez porque no pagaría la factura del internamiento; tal vez por seguir cobrando sesiones de tratamiento; tal vez por temor, miedo o pusilanimidad ante las consecuencias de una inadecuada interpretación de dicho internamiento forzoso o la ausencia de cobertura del seguro de responsabilidad civil; o, tal vez todo un catálogo de tantas y tantas excusas que, escritas en un papel, pesaran tanto como todos los pasajeros muertos, pero todo ese peso es solo de papel y nunca sería suficiente como para justificar ni una sola de esas muertes y, mucho menos aún, las de todos ellos.
Un médico está obligado atender y denunciar a un herido de bala, a atender a un enfermo infectocontagioso y a ordenar su internamiento en régimen de aislamiento para evitar la propagación de cualquier daño que pueda afectar a otras personas, que no tienen porque padecerlo y a quienes se les puede evitar. Resulta necesario hacer especial hincapié en la obligación de impedir la propagación de aquello que puede provocar enfermedad o daño a uno mismo pero, sobre todo a los demás, con independencia de cual sea el vector de propagación de tal daño: un virus (y ordenamos la vacunación obligatoria); un mosquito (y fumigamos los alrededores hasta su exterminio); un bolígrafo (elemento de destrucción masiva de vidas ajenas en manos de una autoridad); un avión (con 100, 300 ó 700 pasajeros)…
¿Conocen ustedes otros profesionales, funcionarios y autoridades de los que dependen multitud de personas y que nunca han pasado ni un simple test psicotécnico? Pues, ahora recapitulen y, en la próxima lista de armas de destrucción masiva, planteen agregar el bolígrafo de firmar…
#54 · 21/Mar/2016, 11:20
En la Alocución a la Rota Romana del Papa Francisco, el pasado 22 de enero de 2016, el Santo Padre expresó que que en la doctrina de la Iglesia la falta de fe no es elemento suficiente para declarar nulo un matrimonio, porque la calidad de la fe no es condición esencial para el consentimiento matrimonial, Y señaló que las deficiencias de formación en la fe y también el error relativo a la unidad, la indisolubilidad y la dignidad sacramental del matrimonio vician el consentimiento matrimonial solamente si determinan la voluntad.
En definitiva, como manifiesta el Papa Francisco, “el abandono de una perspectiva de fe lleva inexorablemente a una falsa comprensión del matrimonio, que acaba teniendo consecuencias en la maduración de la voluntad nupcial”.
#55 · 02/Abr/2016, 11:31
02.04.201602:28 h.
Un juez civil de Pamplona ha declarado nulas las subidas de precio de un producto de telefonía móvil y fija ofertado por Telefónica y publicitado con la garantía de que el coste inicialmente establecido era "para siempre". La compañía deberá reintegrar al cliente lo que le cobró de más por esos aumentos de la factura y también tendrá que pagarle los intereses desde que efectuó los cobros indebidos.
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pamplona, Juan Miguel Iriarte, ha estimado parcialmente la demanda de un cliente de Telefónica que en octubre de 2012 contrató a través del 1004 el producto Movistar Fusión, que ofrecía la utilización de ciertos minutos en el móvil y en la línea fija a un precio "para siempre", según rezaba la publicidad.
El usuario completó ese producto con otro llamado Fusión Línea Adicional, todo ello por un precio de 49,90 euros mensuales el primero y de 20 euros el segundo. El precio se respetó hasta mayo de 2015, cuando Telefónica lo subió alegando una "mejora del servicio" y ofreciendo al cliente la posibilidad de darse de baja de modo gratuito. A esa primera subida siguió otra el pasado enero.
El cliente demandó a Telefónica alegando que no se había producido ninguna mejora del producto, que él contrató el precio "para siempre" y que el cumplimiento del contrato no puede quedar al arbitrio de una parte.
El demandante, abogado de profesión, solicitó la declaración de nulidad de las subidas de precio y que se condenara a Telefónica a la devolución del dinero indebidamente cobrado de más con los intereses correspondientes, ordenándole que en lo sucesivo se abstenga de modificar el precio del servicio contratado.
El juez ha accedido a las dos primeras pretensiones, aunque no a la última por considerar que "en determinada circunstancia, es susceptible de incrementarse el precio".
#56 · 21/May/2016, 00:54
El Supremo reconoce el derecho de los autores a cobrar por los préstamos de sus obras en bibliotecas
Detalle de uno de los muchos símbolos que adornan el Tribunal Supremo, en este caso, una imagen de la Ley de las XII Tablas. (Confilegal)
El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho que tienen los autores a ser remunerados por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público, como son las bibliotecas municipales.
En una sentencia de la Sala Tercera, el alto tribunal declara no haber lugar al recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara) contra el artículo 7 del Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, que desarrolla dicho derecho.
El Ayuntamiento impugnó el decreto porque en su opinión incluyó en la base de la remuneración obras que a su juicio deberían haberse incluido entre las excepciones que establece la propia norma tal como sugirió en 2013 el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al de Educación, Cultura y Deporte antes de ser aprobado el decreto.
El decreto exime de la obligación de remuneración a los establecimientos de titularidad pública que presten servicio de menos de cinco mil habitantes, (lo que no es el caso de Azuqueca, que supera los 30.000), así como las bibliotecas de instituciones docentes integradas en el sistema educativo español.
Para el Supremo, el Reglamento respeta la Ley que transpone la Directiva y no establece excepciones a la generación de la remuneración no reconocidas en la Ley ni establecidas en la Directiva y, en consecuencia, no infringe ni la Ley ni la Directiva. Explica que dado que ha de establecerse una remuneración compensatoria del perjuicio, la base de la remuneración han de ser las obras prestadas sujetas a derecho de autor, que es el que ha de ser compensado.
La sentencia resalta que la Directiva comunitaria deja libertad a los Estados para fijar la remuneración por los préstamos de las obras sujetas a derechos de autor en los citados establecimientos públicos, sin exceptuar obras, por lo que “la Ley española que la transpone no establece excepciones a las obras citadas, ni excluye, por ello, las publicaciones oficiales ni a las obras cuyos autores hayan renunciado a su remuneración, y en los mismos términos se pronuncia, en definitiva, el Real Decreto”.
La no inclusión de la exclusión relativa a las publicaciones oficiales no vulnera el artículo 6.1 de la Directiva 2006/115/CE. Como apunta la codemandada (CEDRO), “el tipo de establecimiento cuya actividad de préstamo constituye el hecho generador de la obligación de pago de la remuneración, se trata en su mayor parte de bibliotecas públicas de las que casi el 96% son bibliotecas cuya titularidad corresponde a las administraciones locales. Y de ellas la mayor parte son bibliotecas de pequeños y medianos municipios, como Azuqueca de Henares.
Según explica la sentencia, en ese tipo de establecimientos el público toma en préstamo y se lleva a su casa, prácticamente en exclusiva, obras de narrativa y libros infantiles. La actividad de préstamo que se desarrolla en bibliotecas de centros educativos, en los que sin duda, se prestan otro tipo de obras muy diferentes, no genera esta remuneración. Del mismo modo, tampoco la genera la mera consulta en Sala de cualquier tipo de biblioteca”.
Por lo tanto, el préstamo de publicaciones oficiales en establecimientos cuya actividad sí está sujeta a remuneración, si es que se produce, sería como mucho, meramente simbólico. Recuerda además que lo que no son objeto de propiedad intelectual son las disposiciones legales como tales -esto viene a colación del ejemplo utilizado por el recurrente relativo al código legislativo del BOE-, “pero no puede pretender extenderse esa afirmación a las ediciones u otras manifestaciones de esas mismas disposiciones, o a cualquier otra publicación oficial que sí son objeto de derechos de propiedad intelectual”.
La resolución señala que los préstamos efectuados en las bibliotecas de entidades docentes en las que vierten, se reflejan y repercuten los trabajos de “…los autores de la academia, las universidades…”, no generan obligación alguna de pago de remuneración.
sentencia pago a autores por préstamos en bibliotecas
#57 · 27/May/2016, 00:38
El Tribunal Supremo condena al BBVA a pagar 117.000 euros a un cliente por no comprobar su firma
Vista de la sucursal del BBVA en la avenida de Velázquez de Málaga.
El Tribunal Supremo ha condenado al BBVA a devolver 117.250 euros a un cliente por haber hecho una transferencia a su nombre sin comprobar la autenticidad de la firma del fax recibido en una sucursal de la entidad bancaria y que ordenaba la operación.
Así lo estima la Sala de lo Civil en una sentencia en la que considera que el banco no actuó con la diligencia profesional exigible en sus deberes de gestión y custodia de las cuentas de sus clientes al no llamar por teléfono al titular de la misma para cerciorarse de la veracidad de una orden de operación.
En concreto, los hechos ocurrieron en 2005 cuando una céntrica sucursal del BBVA en Madrid autorizó una transferencia por importe de 116.898 euros a favor de una sociedad vía fax a pesar de que la orden no tenía ni el membrete ni los datos de identificación del ordenante, así como tampoco figuraba el nombre exacto de la empresa beneficiaria y su número de cuenta.
Una conducta que el juez de primera instancia ya calificó de “negligente”, aunque después la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón a la entidad bancaria al no haberse practicado una pericial que acreditase que la firma no correspondía al titular.
Ahora, el Supremo estima el recurso interpuesto por el cliente contra una sentencia a la que la Sala considera “incorrecta y desproporcionada” ya que imputa al consumidor, de forma indebida, los efectos de no haber podido practicar una prueba que acreditase la falsedad de la firma al no existir el original del fax.
#58 · 29/Jun/2016, 12:49
#59 · 30/Jun/2016, 23:52
Local Renta Antigua: Jubilación del inquilino
Posted: 29 Jun 2016 02:03 AM PDT
El Tribunal Supremo, sentencia de 15 de junio de 2016, resuelve un interesante asunto sobre lajubilación del inquilino como causa de extinción del alquiler del localen que ejerce su actividad.
En un contrato de arrendamiento de local de negocio firmado el1 de septiembre de 1967, el inquilino es calificado como afecto de invalidez permanente en fecha16 marzo 1990,en su oficio de trabajador de la fábrica de artillería. Pero sigue trabajando en la actividad comercial del local de negocio, presentando al efecto sus declaraciones fiscales. El artículo 143. 4 de la Ley General de la Seguridad Social impone que cuando el beneficiario de la declaración de invalidez, cumple 65 años la pensión de invalidez pasa a ser pensión de jubilación, lo que se produjo en 2005.
Con tal motivo la arrendadora insta judicialmente la extinción del contrato de arrendamiento con forme a lo previsto en la DisposiciónTransitoria tercera, B.3, de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
ElJuzgado de primera instancia desestima la demandapor considerar que la jubilación del arrendatario producida antes del 1 de enero de 1995 (el 16 marzo 1990) tuvo sus consecuencias jurídicas, respecto a la relación arrendaticia, manteniendo en pleno vigor el derecho arrendaticio en cuanto el jubilado continuaba como titular del negocio.
Sin embargo laAudiencia Provincial estima la apelacióny revoca esa sentencia por entender que el arrendatario en 1990 pasó a situación de invalidez, no de jubilación; esta última tuvo lugar al cumplir la edad de 65 años, edad general de jubilación, y así está establecido en el art. 143.4 de la Ley General de Seguridad Social conforme al cual las pensiones de incapacidad permanente, cuando sus beneficiarios cumplan la edad de 65 años, pasarán a denominarse pensiones de jubilación, cumpliendo en el supuesto de autos tal edad en el año 2005. Ocurriendo pues la jubilación ya entrada en vigor la norma que la contempla como causa de resolución del contrato arrendaticio, procede estimar la demanda resolutoria, previa estimación del recurso y revocación de la sentencia.
El Tribunal Supremoconfirma la sentencia anterior y declara resuelto el contrato de arrendamiento.
Considera el Supremo que los términos jurídicos de jubilación y titularidad de actividad empresarial no son equiparables, pues jubilación es el nombre que recibe el acto administrativo por el que un trabajador en activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral, tras alcanzar una determinada edad máxima legal para trabajar, mientras que el empresario individual (autónomo) es una persona física que realiza en nombre propio y por medio de una empresa una actividad comercial, industrial o profesional, que generalmente se asocia con el autoempleo, dado que el propietario de la empresa es a su vez trabajador en la misma, independientemente de la actividad que desarrolle y del tipo de trabajo que realice. Es decir es empresario y trabajador al mismo tiempo y por tanto como trabajador resulta afectado por la situación de jubilación, por más que se sitúe al frente de una actividad empresarial.
La STS del 21 enero 2013 reitera lo anterior y dice expresamente que la jubilación determina la extinción del contrato aunque siga al frente de la actividad empresarial; o, puede añadirse, siga en la situación de invalidez: Dice así: Esta Sala ha tenido ya ocasión de fijar como doctrina jurisprudencial que, en aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la LAU de 1994 , la jubilación del arrendatario determina la extinción del contrato de arrendamiento independientemente de que aquel continúe al frente de la actividad empresarial o comercial realizada en el local comercial. En este sentido la STS de 8 de junio de 2011 establece que: "[..] como trabajador resulta afectado por la situación de jubilación, por más que se sitúe al frente de una actividad empresarial". Asimismo declara que: La regla general es que el disfrute de la pensión por jubilación es incompatible con la realización de trabajos por cuenta ajena/propia o con la realización de actividades para las Administraciones Públicas a excepción de la denominada jubilación flexible que permite compatibilizar ambos conceptos bajo circunstancias muy concretas.
De lo que se deduce que la jubilación es la que determina la extinción de la relación arrendaticia, sin importar que siga trabajando o cualquier otra cosa, como el que haya sido declarado antes con invalidez que se le aplica a su anterior relación laboral, no a la arrendaticia. Esta queda extinguida por la jubilación.
En definitiva el acto administrativo de la jubilación es el determinante de la extinción de la relación arrendaticia, independientemente de que (después) siga con su actividad o (antes) haya sido declarado inválido para otro trabajo.
#60 · 01/Jul/2016, 07:19
Viviendas en construcción en Dos Hermanas (Sevilla).
La Sala Civil del Tribunal Supremo ha fijado este martes como doctrina jurisdiprudencial que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en caso de ausencia de pacto en contrario, y en proporción al tiempo que cada de una de las partes haya ostentado la titularidad del domicilio.
Según la Ley, el devengo del IBI anual corresponde al propietario en el momento del mismo, que coincide con el primer día del año natural. Por ello, el alto tribunal resuelve que el abono de dicho impuesto corresponde a la parte vendedora, aunque a tenor por lo expuesto en el artículo arriba mencionado, la compradora debe considerarse propietaria desde el momento de la venta de las plazas de garaje, y por ello, la otra parte puede repercutirlo sin necesidad de pacto.
BOIRA_A 60 2k 20/Feb/2020, 10:52
DERECHOS, LEYES NUEVAS, CONSTITUCIONES, Y HACIENDA
17/Ene/2013, 18:11
BOIRA_A 105 2k 08/Abr/2020, 00:29

References: artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 6
 resolución 
 artículo 143
 resolución