Source: https://es.scribd.com/doc/54180841/39/b-Detencion-en-caso-de-flagrancia
Timestamp: 2016-02-10 15:31:10+00:00

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b) Detención en caso de flagrancia for Alex Carocca
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Delito flagrante, en términos generales, es el que se está come-
tiendo actualmente, caso en el que se autoriza a cualquier persona
para practicar la detención del imputado, como una colaboración
de todo ciudadano a la persecución penal.
En el nuevo Código también se permite que quien sea sorpren-
dido cometiendo un delito flagrante, sea aprehendido por cual-
quier otra persona, aunque debe ser entregado inmediatamente a la
policía, al Ministerio Público o a la autoridad judicial más próxi-
ma (art. 129 CPP), para que sean estas autoridades las que adopten
las medidas que corresponde, según sus respectivas facultades.
Los agentes policiales, por su parte, estarán obligados a dete-
ner a quienes sorprendieren infraganti en la comisión de un deli-
to, al sentenciado a penas privativas de libertad que hubiere que-
brantado su condena y al que se fugare estando detenido o en pri-
sión preventiva (art. 129 incs. 2 y 4 CPP). Además, podrán practi-
car la detención de los que han cometidos faltas enumeradas ex-
presamente en el Código (art. 134 inc. 4 CPP, modificado por ley
N° 19.789 y por la ley N° 19.950, que hizo procedente la detención
en el caso de la falta de hurto de una especie de un valor inferior a
media U.T.M., contemplada en el nuevo art. 494 bis del Código
Penal), caso en el cual deberán informar inmediatamente al fiscal,
para que tome la decisión de solicitar al juez de garantía la amplia-
ción de la detención, formalizar la investigación o dejarlos en li-
bertad, decisión que deberá comunicar al defensor en el momento
que la adopte (art. 134 inc. 5 CPP, modificado por ley N" 19.789).
El Código Procesal Penal, reproduce la tradicional norma que
en el Derecho nacional ha definido quien se encuentra en situación
de flagrancia, y, por lo tanto, puede ser detenido por cualquier otra
persona, sin previa orden judicial:
c) El que huyere del lugar de comisión del delito y fuere desig-
nado por el ofendido u otra persona como autor o cómplice;
d) El que, en un tiempo inmediato a la perpetración de un deli-
to, fuere encontrado con objetos procedentes de aquél o con seña-
les, en sí mismo o en sus vestidos, que permitieren sospechar su
participación en él, o con las armas o instrumentos que hubieren
sido empleados para cometerlo, y
e) El que las personas asaltadas, heridas o víctimas de un robo
o hurto que reclamaren auxilio, señalaren como autor o cómplice
de un delito que acabare de cometerse (art. 130 CPP).
Cuando se ha practicado la detención por delito flagrante, y el
aprehendido no sea puesto a disposición del fiscal o de un juez, el
policía o el encargado del recinto de detención que lo hubiera reci-
bido, deberá informar al Ministerio Público dentro del plazo máxi-
mo de 12 horas desde el momento en que se ha practicado (art. 131
Una vez que el fiscal recibe al detenido, puede hacer uso de las
facultades que ya hemos explicado: puede ponerlo en libertad, so-
licitar al juez de garantía una audiencia para pedir la prolongación
de la detención hasta por otros tres días, o bien, formalizar la in-
vestigación y, eventualmente, requerir la aplicación de medidas
cautelares personales.
Finalmente, en una situación similar a la detención por
flagrancia, cualquier tribunal, aunque no ejerza jurisdicción en lo
criminal, podrá dictar órdenes de detención contra las personas
que, dentro de su sala de despacho, cometan algún crimen o sim-
ple delito (art. 128 CPP).
2.3. La prisión preventiva
sobre su rol en el nuevo sistema de justicia penal
La prisión preventiva es una medida cautelar que consiste en la
privación de libertad por un lapso indeterminado, del imputado en
cuya contra se ha formalizado la investigación, cuando las demás
medidas cautelares personales fueren insuficientes para asegurar
las demás finalidades del proceso.
En consonancia con el ordenamiento constitucional (art. 19
N° 7 Constitución), el nuevo Código reconoce que un principio
básico del nuevo sistema procesal penal, es la presunción de ino-
cencia del imputado (art. 4° CPP), en virtud de la cual toda perso-
na tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad individual
(art. 139 inc. 1 CPP), pudiendo ser privada de ella, sólo en virtud
de una sentencia condenatoria, producto de un juicio oral y públi-
co, desarrollado respetando todas las demás garantías (art. 1° CPP),
salvo excepciones autorizadas expresamente por la ley, entre las
cuales se encuentra la medida cautelar de la prisión preventiva.
Tratándose de una privación de libertad que constituye siem-
pre la anticipación de una pena, que sólo se vendrá a saber si pro-
cedía o no una vez que el juicio concluya y se pronuncie la senten-
cia definitiva, la prisión preventiva debe ser siempre excepcional y
según el propio Código, sólo procederá cuando las demás medidas
cautelares personales fueren insuficientes para asegurar las finali-
dades del proceso (art. 139 inc. 2 CPP).
A diferencia del anterior sistema, la prisión preventiva deja de
ser una medida que procede por regla general y automáticamente
cada vez que el juez investigador adquiere presunciones fundadas
de responsabilidad del imputado, salvo que por excepción el mis-
mo juez estime procedente concederle la "libertad provisional",
generalmente previo depósito de una fianza nominal. Porque en
ese esquema, generalmente, la prisión preventiva terminaba trans-
formándose en la verdadera pena que se le imponía al imputado,
ya que normalmente los tribunales calculaban su duración en fun-
ción de la pena privativa de libertad que estimaban que debía
aplicársele. Siendo así, pocos incentivos se producían para poner-
le término, lo que llevaba a la extensión de los juicios, ya que la
inclinación natural del juez sería la de reunir los antecedentes para
justificar su persistencia y no renegar de su propia decisión.
Por eso es que en el anterior modelo de justicia penal, el pro-
blema de la prisión preventiva, tanto para cada caso particular como
en general para el sistema, no tenía solución. En cambio, en la
nueva justicia penal, es evidente que la solución está en la obliga-
ción de reducirla sólo a los casos más graves, admitiendo que siem-
pre constituye una infracción a la presunción de inocencia, de modo
que corresponde al Ministerio Público llevar ajuicio en el menor
tiempo posible al imputado que crea que merece una sanción pe-
nal, porque reiteramos una vez más, ella sólo estará legitimada en
virtud de una sentencia definitiva producto de un debido proceso.
2.3.2. Requisitos de la prisión preventiva
Los requisitos generales para la procedencia de la prisión pre-
ventiva en el nuevo proceso son, o deberían ser, consecuentemen-
te, muy estrictos, superando incluso lo que son las exigencias ge-
nerales de las demás medidas cautelares.
Formalmente la redacción legal de tales requisitos es la misma
que contenía el anterior Código de Procedimiento Penal, que a su
vez ha sido producto de una serie de modificaciones en los líltimos
años, que en realidad parecen muchas veces haber sido reacciones
parciales frente a la disconformidad por el funcionamiento de la
justicia penal más que una regulación sólidamente fundada sobre
la libertad del imputado durante la tramitación del proceso, pero la
interpretación que se les debe dar debe ser muy diferente según los
principios que rigen uno y otro sistema de justicia penal.
a) Que se haya formalizado la investigación
Sólo una vez formalizada la investigación, el Ministerio Pú-
blico o el querellante particular, pueden solicitar a los tribunales
del nuevo sistema, tanto juez de garantía como tribunal de juicio
oral en lo penal según sea el caso, que decrete la prisión preven-
tiva (art. 140 inc. 1 CPP), señalando que se cumplen las exigen-
cias legales.
Frente a esta petición, escrita u oral,' el tribunal deberá llevar a
efecto una audiencia oral, que debe contar con la asistencia obliga-
toria del fiscal, del imputado y del defensor, y la presencia faculta-
tiva de otros intervinientes. El debate tendrá por objeto, lógica-
mente, verificar si concurren los requisitos para decretar la prisión
preventiva, los que deberán ser acreditados por el solicitante.
Si no se ha formalizado la investigación, no se puede solicitar
ni decretar la prisión preventiva, porque se considera que la perse-
cución penal ni siquiera reviste el grado de seriedad que se obtiene
una vez que el fiscal procede a su formalización. Esto hace que lo
usual sea que en la misma audiencia, apenas efectuada la formali-
zación, se inicia la audiencia para debatir sobre las medidas
b) Que existan antecedentes que
justificaren la existencia del delito
Se trata, como dice literalmente el Código Procesal Penal, de
exhibir antecedentes y no de producir prueba completa, que justifi-
quen que efectivamente hay hechos que revisten caracteres de delito
(art. 140 letra a) CPP), que son los que se han tenido que investigar
y por los cuales se habrá debido formalizar la investigación.
Como la formalización de la investigación es una manifesta-
ción unilateral de voluntad del fiscal, no requiere justificación, la
que sí se requiere para anticipar una pena, que es lo que en rigor
constituye la prisión preventiva.
Los antecedentes con los que el fiscal justifique la existencia
del delito, pueden ser de cualquier orden y hechos saber al tribunal
de cualquier manera en la audiencia para decidir sobre la prisión
c) Que existan antecedentes de que el imputado
ha tenido participación en la comisión del hecho
Luego de señalados los antecedentes que justifican la existen-
cia del dehto, el solicitante deberá indicar de qué manera los mis-
mos u otros antecedentes permiten justificar que el imputado ha
participado en la comisión de tales hechos (art. 140 letra b) CPP).
Aunque el Código Procesal Penal al transcribir las normas del
antiguo Código usa una terminología inadecuada, ya que exige
que "existan antecedentes que permitan presumir fundadamente"
que el imputado ha tenido participación en el "delito", lo cierto es
que la libre valoración de la prueba descarta la existencia de tales
presunciones y menos del delito, que en esos momentos aún no se
puede decir si se ha cometido efectivamente, ya que su existencia
sólo vendrá a determinarse por la sentencia definitiva.
d) Que existan antecedentes calificados que permitan
para obtener determinados objetivos
La exigencia final y más controvertida para hacer procedente
la prisión preventiva, es que se acompañen antecedentes que con-
venzan al tribunal que ella es necesaria como medida cautelar: para
el éxito de determinadas y precisas diligencias de investigación;
porque mantener en libertad al imputado sería peligroso para la
seguridad del ofendido; o sería peligroso para la seguridad de la
sociedad (art. 140 inc. 1 letra c) CPP).
Cabe hacer presente que en esta materia, seguramente más que
en cualquiera otra en el nuevo Código, el legislador trata de deter-
minar las máximas de experiencia que el juez debe utilizar para
decidir si procede la prisión preventiva, restringiendo drásticamente
la libertad del juzgador, lo que siempre será relativo porque la apre-
ciación del contenido de cada circunstancia terminará dependien-
do de él.
Que sea indispensable para el éxito de la investigación, según
el legislador se produce cuando existiere sospecha grave y funda-
da de que el imputado puede obstaculizarla, destruyendo, ocultan-
do, modificando o falsificando elementos de prueba, o que pudiera
inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que no sean
veraces o se comporten de manera desleal o reticente (art. 140 inc.
Se entenderá que la seguridad del ofendido se encuentra en
peligro por la libertad del imputado cuando existieren anteceden-
tes calificados que permitieren presumir que éste realizará atenta-
dos graves en contra de aquél, o en contra de su familia o de sus
bienes (art. 140 inc. 4 CPP).
Finalmente, para estimar si la libertad del imputado resulta
peligrosa para la seguridad de la sociedad, según el legislador, el
tribunal deberá considerar:
b) el número de delitos que se le imputare y el carácter de los
c) la existencia de procesos pendientes;
d) el hecho de encontrarse sujeto a alguna medida cautelar per-
e) la existencia de condenas anteriores cuyo cumplimiento se
encontrare pendiente, atendiendo a la gravedad de los delitos de
que trataren, y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla (art.
140 inc. 3 CPP).
Cabe hacer presente que esta causal resulta particularmente
controvertida, porque no se relaciona directamente con circuns-
tancias propias del proceso o del hecho imputado que se investiga,
sino en consideraciones peligrosistas acerca de su futura conduc-
ta. Por esa razón, no es una causal autorizada por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, lo que hace dudosa su com-
patibilidad con el actual bloque de constitucionalidad nacional,
aunque goza de arraigo comunicacional, frente a la duración que
solían alcanzar los procesos en el antiguo sistema.
2.3.3. Improcedencia de la prisión preventiva
Siempre en el ánimo de reglamentar exhaustivamente la pri-
sión preventiva el legislador establece numerosas situaciones, las
cuales no pueden ser decretadas por el tribunal.
Al respecto, primero dispone una regla general conforme a
la cual la prisión preventiva será improcedente cuando aparez-
ca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las
circunstancias de su comisión y la sanción probable (art. 141 inc.
Luego, el mismo Código Procesal Penal, establece causales
específicas de improcedencia:
a) Si el delito sólo está sancionado con penas pecuniarias o
privativas de derechos.
b) Si el delito está sancionado con una pena restrictiva o priva-
tiva de libertad no superior a la reclusión o presidio menor en su
c) Si se trata de un delito de acción privada.
d) Si en caso de ser condenado, el imputado pudiera ser objeto
de alguna medida alternativa de privación o restricción de libertad
(suspensión condicional, acuerdo reparatorio, etc.) y acreditare te-
ner vínculos permanentes con la comunidad, que den cuenta de
arraigo familiar o social (art. 141 inc. 2 CPP).
Una contraexcepción a estas reglas se produce en aquellas si-
tuaciones en las que el imputado ha incumplido algunas de las
medidas cautelares impuestas, no se presentare a los actos del pro-
cedimiento dirigido en su contra cuando fuere requerido como,
por ejemplo, a la audiencia de preparación de juicio oral. En esos
casos procederá la prisión preventiva, que deberá decretarse en una
2.3.4. Tramitación de la solicitud de prisión preventiva
La solicitud de prisión preventiva podrá plantearse verbal-
mente, por el fiscal o el querellante, en la audiencia de formali-
zación de la investigación, en la audiencia de preparación del
juicio oral o en el juicio oral (art. 142 inc. 1 CPP) o en cualquier
audiencia que se realice durante la etapa de la investigación, res-
pecto del imputado contra quien se hubiere formalizado (art. 142
Hecha la solicitud, el juez de garantía o el tribunal de juicio
oral en lo penal ante el que se hiciere la petición, fijarán una au-
diencia para resolverla, debiendo citar al imputado, su defensor y
a los demás intervinientes (art. 142 inc. 2 CPP).
Cabe señalar que la presencia del imputado y su defensor cons-
tituye un requisito de validez de la audiencia en que se resuelva la
solicitud de prisión preventiva. En la audiencia expone quien hu-
biere solicitado la prisión preventiva, y se oirá en todo caso al de-
fensor, a los demás intervinientes si estuvieren presentes y quisieren
hacer uso de la palabra, y al imputado (art. 142 inc. 4 CPP).
El tribunal siempre se deberá pronunciar sobre la petición de
prisión preventiva por medio de una resolución fundada, en la cual
expresará claramente los antecedentes calificados que justificaren
la decisión (art. 143 CPP).
2.3.5. Revocación, modificación
o sustitución de la prisión preventiva
La resolución que se pronuncie sobre la prisión preventiva es
esencialmente modificable. Por esa razón, se ordenare o rechazare
la prisión preventiva, a petición de cualquiera de los intervinien-
tes, podrá ser modificada en cualquier estado del proceso (art. 144
En todo caso, el tribunal deberá decretar de oficio o a petición
de cualquiera de los intervinientes, la terminación de la prisión
preventiva cuando cesaren los motivos que la hubieren justificado
(art. 152 inc. 1 CPP), pudiendo reemplazarla por cualquier otra
medida cautelar (art. 145 inc. 1 CPP), que por definición será me-
nos gravosa.
Aunque en el diseño original del Código la intención era fijar
una duración máxima de la prisión preventiva, la idea no prosperó.
Únicamente se estableció que cuando la prisión preventiva hubie-
re alcanzado la mitad de la pena privativa de libertad que se pudie-
ra esperar de la sentencia condenatoria, el tribunal deberá citar de
oficio a una audiencia para decidir su prolongación o cese. Lo mis-
mo debe hacerse en el evento que se dicte sentencia condenatoria y
se interpongan recursos que se encuentren pendientes (art. 152 inc.
Además, transcurridos 6 meses desde que se hubiere ordenado
la prisión preventiva o desde el último debate oral en que se impu-
so, el tribunal deberá citar a una audiencia, con el fin de resolver si
le pone término o la prolonga (art. 145 inc. 2 CPP).
En el anterior sistema, cuando se ponía término a la prisión
preventiva se reemplazaba por una caución en dinero, pero que
usualmente no era significativa. En el nuevo Código Procesal Pe-
nal, la idea es que en determinadas oportunidades se pueda reem-
plazar efectivamente la prisión preventiva por una caución signifi-
cativa, que podrá consistir en el depósito de una suma de dinero o
valores, por el mismo imputado o por un tercero, la constitución
de prendas o hipotecas, o la fianza personal (art. 146 CPP), las que
deberán ser ejecutadas en el caso de rebeldía (art. 147 CPP). Por el
contrario, la caución deberá ser devuelta o alzada cuando el impu-
tado sea puesto en prisión preventiva, o sea absuelto, sobreseído o
se suspenda condicionalmente el procedimiento o se comience a
ejecutar la pena privativa de libertad o se la remita, siempre que en
este último caso se paguen la multa o costas que hubieren impues-
tas (art. 148 CPP).
Respecto de los recursos en contra de la resolución que ordenare,
mantuviere, negare lugar o revocare la prisión preventiva, sólo será
procedente el recurso de apelación cuando hubiere sido dictada en
una audiencia. En los demás casos no será susceptible de recurso
alguno (art. 149 CPP).
2.3.6. Supervisión judicial de
la ejecución de la prisión preventiva
La prisión preventiva se debería cumplir según el legislador en
recintos especiales, diferentes a aquellos en que se recluya a los
condenados o al menos completamente separados respecto a los
lugares donde se mantenga a estos últimos (art. 150 inc. 2 CPP),
bajo la supervisión del tribunal que la decretó, a quien también
corresponderá conocer las solicitudes referidas a su ejecución (art.
150 inc. ICPP).
Señala además el legislador, que el sujeto a prisión preventiva
será tratado en todo momento como inocente, debiendo ser ejecu-
tada de tal manera que no adquiera las características de una pena,
ni provoque limitaciones innecesarias, salvo las necesarias para
evitar su fuga y la seguridad de las personas (art. 150 inc. 3 CPP).
Además, el mismo tribunal, deberá adoptar y disponer las me-
didas necesarias para la protección de la integridad física del im-
putado, en especial aquéllas destinadas a la separación de los jóve-
nes y no reincidentes respecto de la población penitenciaria de
mayor peligrosidad (art. 150 inc. 4 CPP). Asimismo, deberá ser
informado inmediatamente de cualquier restricción que la autori-
dad penitenciaria impusiere al imputado, pudiendo convocar a una
audiencia y dejarla sin efecto si la considerare ilegal o abusiva (art.
150 inc. 6 CPP).
Excepcionalmente, el tribunal podrá conceder al imputado per-
miso de salida durante el día, por un período determinado o con
carácter indefinido, siempre que se asegurare convenientemente
que no se vulnerarán los objetivos de la prisión preventiva (art.
150 inc. 5 CPP).
A petición del fiscal, también se podrá restringir o prohibir
las comunicaciones del detenido o preso hasta por un máximo de
10 días, cuando considerare que ello resulta necesario para el exi-
toso desarrollo de la investigación. En ningún caso se podrá res-
tringir el acceso del abogado defensor o la atención médica (art.
151 CPP).
3. OTRAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES
En una gran diferencia con el anterior, el nuevo sistema de jus-
ticia penal contempla la posibilidad de que se decreten otras medi-
das cautelares, restrictivas de la libertad personal, diferentes a la
prisión preventiva, ampliando significativamente su abanico.
De acuerdo al legislador, los objetivos que pueden perseguirse
con estas medidas cautelares, que se pueden decretar a petición del
fiscal, querellante o de la víctima, son los siguientes: garantizar el
éxito de las diligencias de investigación, proteger al ofendido, o
asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del pro-
cedimiento o ejecución de la sentencia.
Las medidas cautelares de este orden que contempla expresa-
mente el Código Procesal Penal, son las siguientes:
- La privación de libertad, total o parcial, en su casa o en la que
el propio imputado señalare;
- La sujeción a la vigilancia de una persona o institución deter-
minada, las que deberán informar periódicamente al juez;
- La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o
ante otra autoridad;
- La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual
residiere o del territorio que fijare el tribunal;
-La prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos
o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares;
- La prohibición de comunicarse con personas determinadas,
siempre que no se afectare el derecho a defensa, y
- La prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en
su caso, la obligación de abandonar el hogar que compartiere con
aquél (art. 155 inc. 1 CPP).
El tribunal puede imponer una o más de estas medidas cautelares
personales, según las circunstancias del caso, ordenando las co-
municaciones que sean necesarias (art. 155 inc. 2 CPP), para ase-
gurar su cumplimiento.
En cuanto al procedimiento para decretarlas, ejecutarlas, im-
pugnarlas es el mismo que se ha establecido para la prisión pre-
ventiva (art. 155 inc. 3 CPP).
Estas medidas podrán ser dejadas sin efecto o reemplazadas
por cauciones económicas cuando el juez de garantía o tribunal de
juicio oral en lo penal que las decretaron, estimare que ello no
pone en peligro los objetivos que se tuvieron en vista al imponer-
las (art. 156 CPP).
4. MEDIDAS CAUTELARES REALES
Además de las medidas cautelares personales señaladas, du-
rante la etapa de investigación, el Ministerio Público o la víctima,
podrán solicitar al juez de garantía que se decrete respecto de los
bienes del imputado, una o más medidas cautelares que tengan por
objeto asegurar los resultados de la demanda civil sobre los bienes
del imputado (art. 157 inc. 1 CPP).
Las que se pueden solicitar son todas aquellas medidas
precautorias establecidas en el Código de Procedimiento Civil:
a) El secuestro de la cosa que es objeto de la demanda, que es
el depósito de la cosa mueble que se discute en el procedimiento
judicial, en poder de un tercero, a fin de que la entregue a la parte
b) El nombramiento de uno o más interventores, a objeto de
llevar cuenta de las entradas y gastos de bienes sujetos a interven-
ción e informar de toda malversación y/o abusos en la administra-
ción de dichos bienes.
c) La retención de bienes determinados, que es el depósito de
cosas muebles o dinero, en poder del mismo demandante.
d) La prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes
En este caso, según el legislador, estas solicitudes se deberán
tramitar conforme a las normas del Código de Procedimiento Ci-
vil (art. 157 inc. 1 CPP), aunque en la práctica se tendrán que de-
batir y solicitar en audiencia oral.
Contra la resolución que dieren lugar o negaren estas medidas
cautelares, procede el recurso de apelación (art. 158 CPP).
Teniendo en cuenta que el nuevo sistema de justicia penal tiene
como principal característica la amplia oferta de soluciones frente
a un conflicto penal, un género completo de tales soluciones está
constituido por las denominadas salidas alternativas.
Se trata de mecanismos que tienen por objeto poner término
anticipadamente a un proceso penal por determinados delitos que
no merecen una pena de privación de libertad demasiado alta, des-
pués de la formalización de la investigación, por medio de un acuer-
do entre el fiscal y el imputado, con la aprobación del juez de ga-
rantía, previo cumplimiento de una condición.
Su funcionamiento es de la mayor importancia en un sistema
moderno de justicia criminal, porque evita tener que emplear to-
dos los recursos públicos que significa tramitar un proceso com-
pleto, cuando el imputado acepta cumplir una condición que sig-
nifica que no va a perseverar en sus conductas delictivas y/o paga-
rá una indemnización a la víctima. Se trata, por lo tanto, de meca-
nismos de descongestión del sistema por una parte y, por la otra,
de poderosas herramientas de política criminal, en cuanto permi-
ten dar oportunidad al imputado de evitar la condena a una pena
privativa de libertad, con todos sus perniciosos efectos.
Las salidas alternativas se podrán plantear desde la misma au-
diencia donde el fiscal formalice la investigación, hasta que la de-
clare cerrada. En caso de plantearse la solicitud de salidas alterna-
tivas posterior a la audiencia de formalización, se deberá citar a
una audiencia especial para este efecto, en la cual deberán encon-
trarse presentes todos los intervinientes (art. 245 inc. 1 CPP).
Una vez declarado el cierre de la investigación, la suspensión
condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio, sólo po-
drán ser decretados durante la audiencia de preparación del juicio
oral (art. 245 inc. 2 CPP).
2. LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO
La suspensión condicional del procedimiento constituye una
salida alternativa que permite suspender la persecución penal, cuan-
do se investigan hechos constitutivos de delitos que no merecieren
pena aflictiva, si el imputado que no ha sido condenado con ante-
rioridad, acepta someterse al cumplimiento de una condición du-
rante un lapso determinado, que si la cumple tiene el efecto de
extinguir su responsabilidad penal y que si no la cumple obligan a
reanudar la persecución penal en su contra.
Constituye, sin duda, uno de los mecanismos de política crimi-
nal más importantes de los que contiene el Código Procesal Penal,
ya que favorece a los imputados que han caído por primera vez en el
sistema penal, a quienes se les concede una oportunidad de eludir el
cumplimiento de una pena privativa de libertad, siempre que sean
capaces de cumplir una condición que ellos mismos deben aceptar.
Por lo tanto, es una salida alternativa que permite al sistema de
justicia penal ofrecer una solución al imputado, que la debe acep-
tar voluntariamente, por delitos de menor gravedad, dirigida a lo-
grar su resocialización y rehabilitación, evitando que sea estigma-
tizado con una pena carcelaria.
Lógicamente, esta solución permite racionalizar los recursos
públicos destinados a la persecución criminal, permitiendo que se
dirijan hacia delitos de mayor gravedad e importancia relativa.
2.2. Requisitos de procedencia
Aunque quizás hubiere sido conveniente una mayor flexibili-
dad para extender este mecanismo a una gama más amplia de deli-
tos e imputados, el legislador ha impuesto requisitos rigurosos que
deberán ser respetados para que la suspensión condicional sea vá-
lida: acuerdo entre fiscal e imputado; que el imputado no haya
sido condenado con anterioridad; que el imputado no merezca una
pena aflictiva; que el imputado acepte someterse a una condición,
y que sea decretada previa audiencia oral por el juez de garantía.
a) Acuerdo entre fiscal e imputado
La suspensión condicional debe ser objeto de una negociación
informal entre el fiscal y el imputado, actuando necesariamente a
través de su abogado defensor, que les permita llegar a un acuerdo
(art. 237 inc. 1 CPP), que sea considerado conveniente por ambos.
No es una solución a la que se pueda arribar unilateralmente por
cualquiera de ellos, ni un convenio en el que algunos elementos
puedan ser dejados al azar.
El acuerdo debe partir porque el imputado considere que la
persecución penal en su contra es suficientemente seria como para
convenirle aceptar el cumplimiento de una condición para ponerle
término. A su vez, el fiscal debe estimar que por el delito que se le
atribuye, sus características personales, incluyendo especialmente
el que carezca de condenas anteriores, que se trata de un imputado
cuya resocialización es posible y que es conveniente ponerle tér-
mino a la investigación sin llegar al juicio oral. A partir de ahí,
deben ponerse de acuerdo acerca de cómo dan cumplimiento a las
demás exigencias de la suspensión.
Por lo tanto, el acuerdo entre fiscal e imputado tiene lecturas
distintas según de quién se trate. En cuanto al fiscal, su decisión de
concurrir al acuerdo acerca de la suspensión condicional del pro-
cedimiento, implica no continuar con la persecución penal lo que
hará por consideraciones político-criminales. En cambio, para el
imputado su aceptación dependerá de los términos por los cuales
se suspenderá el procedimiento, que implica tanto las condiciones
y sus plazos que el juez le imponga.
Por esa razón, se reconoce al imputado su derecho a retirar su
acuerdo en caso que las condiciones o el plazo fijado por el juez
sean más gravoso de las que convino en principio con el fiscal,
pues en la práctica al acceder a una suspensión condicional del
procedimiento, está renunciando al derecho fundamental de tener
un juicio oral y público en el cual pueda demostrar su inocencia de
los cargos que se imputan.
En virtud de ello, la presencia del defensor del imputado en la
audiencia en la cual se discuta la suspensión condicional del pro-
cedimiento es considerada un requisito de validez (art. 237 inc. 3
En cambio, el querellante particular, que muchas veces querrá
oponerse a la suspensión condicional insistiendo en que se juzgue
al imputado y se le imponga la pena más severa que el hecho
amerite, deberá ser oído, pero su opinión será una más de las que
deberá considerar el tribunal al pronunciarse sobre el acuerdo pro-
puesto (art. 237 inc. 4 CPP).
b) Que el imputado no haya
sido condenado con anterioridad
Una de las restricciones más importantes para extender la sus-
pensión condicional, es que se exige que el imputado no haya sido
objeto de una condena anterior por crimen o simple delito (art.
237 inc. 2 letra b) CPP), lo que excluye únicamente la condena por
Es decir, es suficiente que aparezca una condena anterior, aun-
que pueda haber sido muchas decenas de años atrás, o en circuns-
tancias personales que hayan cambiado totalmente, para que el
imputado quede excluido de la posibilidad de obtener esta salida
c) Que el imputado no merezca pena aflictiva
En cuanto a la gravedad del hecho que se le atribuye al impu-
tado, en una exigencia que favorece la posibilidad de este acuer-
do, se requiere que sea calculada en función de la pena probable
que debería imponer a ese imputado concreto, de manera que se
acepta la suspensión condicional si la pena que se le pudiera im-
poner, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no sería
superior a tres años de privación de libertad (art. 237 inc. 2 letra
b) CPP).
Por ende, no se trata de examinar en abstracto el catálogo de
penas con que el legislador castiga un determinado delito, sino
que se permite que sean tomadas en cuenta las circunstancias
atenuantes y agravantes y grado de participación del imputado.
Por supuesto que en su momento, tanto las partes como el tribu-
nal deberán considerar si efectivamente la pena probable no exce-
dería ese máximo, lo que va a ser un factor esencial de discusión y
d) Que el imputado acepte someterse
a una condición durante un plazo determinado
La esencia de la suspensión condicional radica precisamente
en que el imputado en lugar de tener que cumplir una pena, debe
realizar una actuación o actividad durante un plazo determinado.
El legislador (art. 238 inc. 1 CPP), ha establecido cuáles son
esas condiciones, pudiendo imponerse a cada imputado una o va-
rias de ellas:
- residir o no residir en un lugar determinado;
- abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas;
- someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra
- tener o ejercer un trabajo, oficio, profesión o empleo, o asis-
tir a algún programa educacional o de capacitación;
- pagar una determinada suma, a título de indemnización de
perjuicios, a favor de la víctima o garantizar debidamente su pago.
Se podrá autorizar el pago en cuotas o dentro de un determinado
plazo, el que en ningún caso podrá exceder el período de suspen-
sión del procedimiento;
- acudir periódicamente ante el Ministerio Público y, en su caso,
acreditar el cumplimiento de las demás condiciones impuestas, y
- fijar domicilio e informar al Ministerio Público de cualquier
Cabe señalar, que durante el período en que se encontrare vi-
gente la suspensión condicional del procedimiento, el juez podrá
modificar una o más de las condiciones impuestas, citando a una
audiencia, en la que serán oídos todos los intervinientes que
asistieren (art. 238 inc. 2 CPP).
En cuanto al plazo durante el cual deberá cumplir esta condi-
ción será fijado por el juez de garantía, teniendo en cuenta por
cierto, la propuesta de las partes, pero no puede ser inferior a uno
ni superior a tres años (art. 237 inc. 4 CPP).
e) Que la suspensión condicional
sea decretada por el juez de garantía
Solicitada por el fiscal con el acuerdo del imputado, la suspen-
sión condicional del procedimiento, debe ser decretada por el juez
de garantía (art. 237 inc. 1 CPP). Es decir, es una resolución judi-
cial, pronunciada como resultado de una audiencia oral, la que
acepta o no esta salida alternativa.
Por supuesto que el tribunal, deberá cerciorarse en dicha au-
diencia que concurran cada uno de los supuestos legales. Para tal
efecto, podrá incluso requerir al Ministerio Público, pero también
podría ser al propio imputado, los antecedentes que estime necesa-
rios para resolver (art. 237 inc. 1 CPP).
Esta resolución judicial, en consecuencia, será la que deberá
disponer con toda precisión, la condición y el plazo que deberá
cumplir el imputado, para hacer efectiva la suspensión condicio-
nal del procedimiento.
2.3. Efectos de la suspensión condicional del procedimiento
Una vez decretada la suspensión condicional del procedimien-
to produce importantes efectos, el más importante de los cuales es
precisamente el de suspender la persecución penal en contra del
imputado por ese delito, bajo el supuesto de que cumplirá las con-
diciones impuestas durante el plazo establecido.
Asimismo, se suspende de la misma forma el plazo para decla-
rar el cierre de la investigación desde que hubiera sido formalizada
(art. 237 inc. 4 CPP).
En cuanto a la acción penal, si transcurrido el plazo de la suspen-
sión sin que ésta fuera revocada, se extinguirá debiendo el Tribunal
-sea de oficio o a petición de parte- decretar el sobreseimiento defi-
nitivo de la causa (art. 240 inc. 2 CPP). Respecto al plazo de pres-
cripción de la acción penal, durante el plazo de suspensión no se
reanudará el curso del tiempo para su cómputo (art. 237 inc. 4 CPP).
Respecto de la acción civil, la suspensión condicional del pro-
cedimiento no extingue las acciones civiles de la víctima o de ter-
ceros (art. 240 inc. 1 CPP), así como no impide en forma alguna el
derecho a perseguir por la vía civil las responsabilidades de carác-
ter pecuniario que pudieran emanar del mismo hecho (art. 237 inc.
6 CPP). Sin embargo, si la víctima recibiera pagos, a título de in-
demnización de perjuicios y en virtud del cumplimiento de una
condición por parte del imputado, se imputarán a la indemniza-
ción que le pudiera corresponder por vía civil (art. 240 inc. 1 CPP).
2.4. Revocación de la
Si el imputado no cumple con las condiciones impuestas du-
rante el plazo decretado, el tribunal debe procederse a la revoca-
ción de la suspensión condicional, lo cual debe hacer a petición
del fiscal o la víctima (art. 239 inc. 1 CPP).
El legislador establece dos causales por las cuales procede la
revocación de la suspensión condicional del procedimiento:
a) Incumplimiento de las condiciones impuestas
Se debe tratar de un incumplimiento grave, preciso y reiterado
de las condiciones impuestas y además sin justificación alguna
(art. 239 inc. 1 CPP). Nótese que debe tratarse de un incumpli-
miento grave, sin que pueda tratarse de un incumplimiento aisla-
do, sino reiterado en el tiempo, es decir, no puede revocarse si el
imputado no haya cumplido por una vez o en pocas oportunidades
las condiciones que le hubieren impuesto.
EL NUEVO SISTEMA I^OCESAL PENAL
Por cierto, que tendrá que ser objeto de debate si efectivamente
el imputado ha incumplido las condiciones y, además, concurren
estas circunstancias, lo que finalmente decidirá el juez de garantía.
b) Se realice una nueva fonnalización de la
investigación en contra del imputado por hechos distintos
Procederá sólo una vez que el imputado sea objeto de una nue-
va formalización de la investigación por un hecho distinto al que
dio origen al procedimiento suspendido, es decir, no basta con que
se le atribuya un nuevo delito, sino que es necesario que se forma-
lice la investigación en su contra por dicho delito (art. 239 inc.
2.5. Recursos en contra las resoluciones
que se pronuncien sobre la suspensión condicional
La resolución del juez de garantía que se pronuncie sobre la
suspensión condicional del procedimiento, será apelable por el
imputado, el Ministerio Público o por el querellante (art. 237 inc.
5 CPP), según quien resulte agraviado.
También será apelable la resolución que la revocare, aunque en
este caso sólo el imputado, que será el único agraviado (art. 239
3. Los ACUERDOS REPARATORIOS
Es una salida alternativa que procede cuando se investigan he-
chos presuntamente delictivos que afecten bienes jurídicos dispo-
nibles de carácter patrimonial, de lesiones menos graves o cuasi-
delitos, y se conviene directamente entre la víctima y el imputado
el pago de una indemnización económica o de otro tipo, que al ser
aprobada por el juez de garantía, extingue la responsabilidad pe-
Como toda solución alternativa significa una herramienta de
racionalización en el empleo de los recursos del sistema de justi-
cia penal, en cuanto permite evitar tener que tramitar un proceso
completo, que puede llegar incluso al juicio oral, cuando se trata
de perseguir un hecho que afecta bienes jurídicos de orden patri-
monial o de menor gravedad, incluyendo los hechos culposos, y
la víctima acepta una reparación, que generalmente consistirá en
el pago de una indemnización, por parte del imputado. Siendo
así, se pone término al proceso, porque no se justifica seguir
empleando recursos públicos para castigar un hecho respecto del
que el afectado se da por completamente reparado, por lo que
probablemente ni siquiera quiera seguir colaborando en la perse-
cución penal.
3.1. Requisitos de procedencia
Para que procedan los acuerdos repáratenos es necesario que
se cumplan tres requisitos: que quienes hayan concurrido al acuer-
do hayan prestado su consentimiento en forma libre y con pleno
conocimiento de sus derechos; que se trate de hechos delictivos
que afecten bienes jurídicos disponibles; y que el acuerdo sea apro-
bado por el juez de garantía
a) Acuerdo entre víctima e
imputado para recibir una reparación
La esencia del acuerdo reparatorio es que se produce un acuer-
do directo entre la víctima y el imputado, en virtud del cual este
último acepta entregar una prestación para reparar los perjuicios
causados por el hecho ilícito penal que se investiga. Para que se
produzca este acuerdo, será preciso que confluyan el interés del
imputado, que debe estar dispuesto a entregar una determinada
reparación a la víctima por los daños que le hubiera ocasionado,
y el interés de la víctima, que debe aceptar esa reparación pro-
En consecuencia, este acuerdo debe producirse directamente
entre el imputado y la víctima, en forma libre y con pleno conoci-
miento de sus derechos (art. 241 inc. 1 CPP). Por ende, no es nece-
sario que intervenga el fiscal, a pesar de que éste habrá debido
formalizar la investigación para que el acuerdo pueda llegar a pro-
ducirse válidamente y tener los efectos de extinguir la responsabi-
Incluso es posible que el fiscal no esté de acuerdo y pueda opo-
nerse a esta solución ante el juez de garantía. Esto debería ser poco
probable, porque el Ministerio Público tiene un mandato constitu-
cional de otorgar protección a la víctima, lo cual se traduce en
informar en forma completa, oportuna y veraz de sus derechos,
entre los cuales se encuentra el de ser reparada de las consecuen-
cias de un hecho delictivo y, además, la propia lógica del sistema
debería alentarlo a que se ponga término lo más rápido posible a
los casos que debe investigar.
Cabe hacer presente que la manifestación de voluntad del im-
putado de reparar a la víctima, no significa en modo alguno reco-
nocer responsabilidad en los hechos que dan motivo al acuerdo
reparatorio, según se desprende de la norma del Código Procesal
Penal que dispone que no se podrá invocar, dar lectura o incorpo-
rar como medio de prueba al juicio oral los antecedentes que dicen
relación con el acuerdo reparatorio (art. 335 CPP).
La reparación no necesariamente debe consistir en el pago de
una indemnización de carácter pecuniario o económico, sino que
también podría satisfacerse con otro tipo de conductas que requie-
ran del imputado como, por ejemplo, disculpas públicas.
b) Que los hechos delictivos
afecten bienes jurídicos disponibles
Los acuerdos reparatorios sólo podrán referirse a hechos in-
vestigados de menor gravedad relativa. No se acepta cuando se
trata de delitos que afectan bienes jurídicos de mayor importancia,
respecto de los que no se acepta que la persecución penal pueda
cesar de este modo.
Por eso, únicamente puede llegarse a un acuerdo reparatorio,
tratándose de hechos presuntamente delictuales que afectaren bie-
nes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, cuya determina-
ción quedará entregada a la jurisprudencia. Luego, puede referirse
también a lesiones menos graves y finalmente a hechos que
constituyeren delitos culposos (art. 241 inc. 2 CPP).
c) Aprobación del juez de garantía
Los intervinientes que hubieren llegado al acuerdo deberán
solicitar al Juez de garantía que aprueba dicho acuerdo, para lo
cual éste citará a una audiencia en la cual comprobará que se han
cumplido las exigencias legales. Así, deberá cerciorarse que los
hechos que son materia de investigación son de aquellos respec-
to de los que la ley permite el acuerdo; y que las personas que
hubieren concurrido al acuerdo, hayan prestado su consentimiento
en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos (art.
241 inc. 1 CPP).
En consecuencia, el juez podrá a instancia del Ministerio Pú-
blico o de oficio, negar la aprobación de los acuerdos reparatorios
a) Cuando el acuerdo reparatorio recaiga sobre hechos
constituivos de delitos sobre los cuales no se permite;
b) Cuando considere que el consentimiento de los intervinien-
tes no fue prestado en forma libre y consciente;
c) Cuando existiera un interés público prevalente en la conti-
nuación de la persecución penal. Según el mismo legislador se
entenderá que concurre este interés si el imputado hubiere incurri-
do reiteradamente en hechos como los que se investigaren en el
caso particular (art. 241 inc. 3 CPP).
Cabe señalar que las facultades del juez respecto a los acuer-
dos reparatorios logrados por los intervinientes no puede en nin-
gún caso referirse a su mérito, sino que exclusivamente a la verifi-
cación y control de que todos los supuestos que el legislador ha
establecido para su procedencia están presentes.
Aprobado el acuerdo reparatorio, el juez de garantía deberá
sobreseer definitivamente la causa, total o parcial dependiendo de
si todo o algunos de los imputados concurrieron al acuerdo, po-
niendo término al proceso (art. 242 CPP), produciéndose la extin-
ción de la responsabilidad del o los imputados que hubieran cele-
brado el acuerdo.
En cuanto a sus efectos civiles, una vez ejecutoriada la resolu-
ción que aprueba el acuerdo reparatorio, se podrá solicitar su cum-
plimiento ante el juez de garantía, de acuerdo a las normas que
rigen el cumplimiento incidental de las sentencias, que están esta-
blecidas en los artículos 233 y siguientes del Código de Procedi-
miento Penal (art. 243 CPP).
Desde luego, en caso de pluralidad de imputados o víctimas,
el acuerdo sólo producirá efectos respecto a quienes hayan con-
currido con su aprobación, de modo que el procedimiento conti-
nuará para quienes no hubieren concurrido al acuerdo (art. 244
4. REGISTRO Y CONTROL DE LAS SALIDAS ALTERNATIVAS
El nuevo Código Procesal Penal dispone que el Ministerio Pú-
blico lleve un registro en el cual dejará constancia de los casos en
que se decrete la suspensión condicional del procedimiento o se
apruebe un acuerdo reparatorio (art. 246 inc. 1 CPP).
El objetivo de este registro será verificar:
a) el cumplimiento de las condiciones por parte del imputado,
cuando se decrete una suspensión condicional del procedimiento;
b) que el imputado reúne los requisitos para acogerse a una
nueva suspensión condicional o acuerdo reparatorio (art. 246 inc.
El registro será reservado, sin perjuicio del derecho de la vícti-
ma de conocer la información relativa al imputado (art. 246 inc. 3
LA ACUSACIÓN Y LA CONTESTACIÓN A LA ACUSACIÓN
I. LA ACUSACIÓN
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