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Timestamp: 2019-12-12 06:58:52+00:00

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Resolución de 2 de Dic de 2010 Galicia (Plan de inspección urbanística 2011) | Iberley
Resolución de 2 de diciembre de 2010 por la que se da publicidad al Plan de inspección urbanística para el año 2011. - Diario Oficial de Galicia de 20-12-2010
Órgano Emisor: Agencia De Proteccion De La Legalidad Urbanistica
Visto el acuerdo adoptado por el Consejo Ejecutivo de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, en su reunión del 1 de diciembre de 2010, por el que se aprobó el Plan de inspección urbanística para el año 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 f) de los estatutos de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, aprobados por el Decreto 213/2007, de 31 de octubre, dispongo su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
María Martínez Allegue Directora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística
ANEXO. Plan de inspección urbanística para el año 2011.
Este Plan de inspección urbanística tiene por objeto determinar los objetivos principales y las actuaciones prioritarias de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística con la finalidad de mejorar la calidad y la eficacia de la disciplina urbanística al servicio de los ciudadanos y de garantizar la objetividad y la imparcialidad en la actuación de la agencia.
Este Plan de inspección estará vigente durante el año 2011 y hasta la entrada en vigor del siguiente plan de inspección anual.
Artículo 3. Objetivos principales.
Promover el derecho de los ciudadanos a un medio urbano y rural adecuado para el desarrollo de la persona, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución, en la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, y en la Ley 22/1988, de costas.
Evitar que se lleven a cabo sin la preceptiva licencia urbanística municipal o sin la autorización autonómica exigida en la LOUG o en la Ley de costas obras de construcción de nuevas edificaciones o de reconstrucción, rehabilitación o ampliación de las existentes.
Colaborar activamente con los ayuntamientos de Galicia en el objetivo común de velar por el cumplimiento de la normativa y del planeamiento urbanístico.
Artículo 4. Actuaciones prioritarias.
Actuaciones para evitar los ilícitos urbanísticos.
La vigilancia e inspección del territorio.
El asesoramiento jurídico-urbanístico a los ayuntamientos adheridos en el ámbito de las competencias propias de la agencia.
Actuaciones para restaurar la legalidad vulnerada por ilícitos urbanísticos.
La investigación de infracciones urbanísticas.
La tramitación de expedientes de reposición de la legalidad urbanística.
La ejecución de las órdenes de demolición.
La tramitación de expedientes sancionadores.
La impugnación de licencias ilegales.
Actuaciones para restaurar la legalidad vulnerada por infracciones de la Ley de costas.
La investigación de infracciones de la Ley de costas.
CAPÍTULO II. ACTUACIONES PARA EVITAR LOS ILÍCITOS URBANÍSTICOS.
Artículo 5. Vigilancia e inspección del territorio.
Desarrollar operaciones de vigilancia e inspección del territorio para detectar las obras en curso de ejecución, en cualquier clase de suelo, sin la preceptiva licencia urbanística municipal o sin la preceptiva autorización autonómica exigida en la LOUG o en la Ley de costas, que consistan en nuevas construcciones e instalaciones o en la reconstrucción, rehabilitación o ampliación de las edificaciones existentes, excepto las de escasa entidad.
Las operaciones de vigilancia e inspección serán realizadas por orden de la dirección de la agencia, prestando especial atención a los siguientes territorios:
El territorio de los municipios integrados en la agencia.
El territorio de los municipios costeros.
El territorio de los municipios con planeamiento general suspendido por el Consello de la Xunta de Galicia o anulado por sentencia judicial firme.
El territorio de los municipios limítrofes a los de las ciudades con más de 50.000 habitantes.
El territorio de los municipios con espacios naturales integrados en la Red Natura 2000.
El territorio de los municipios en el que el número de viviendas aumente considerablemente.
3. Unidades responsables: los servicios provinciales de la agencia.
Artículo 6. Formación del personal.
Dar formación especializada al personal de la agencia y de los ayuntamientos integrados en ella, para mejorar la calidad y la eficacia de la disciplina urbanística.
Asimismo, se propiciará la formación destinada a profesionales de diversos ámbitos e interesados en general, con el objeto de dar una formación urbanística más especializada, haciendo hincapié en la importancia del cumplimiento de la legalidad urbanística, así como las consecuencias de su transgresión.
Durante el año 2011 se desarrollarán, como mínimo, dos cursos sobre disciplina urbanística.
3. Unidad responsable: la subdirección de la agencia.
CAPÍTULO III. ACTUACIONES PARA RESTAURAR LA LEGALIDAD VULNERADA POR ILÍCITOS URBANÍSTICOS.
Artículo 7. Investigación de infracciones urbanísticas.
Desarrollar las investigaciones necesarias para determinar los hechos constitutivos de la infracción urbanística, identificar a los presuntos responsables y determinar las demás circunstancias que resulten relevantes para el ejercicio de las potestades de reposición de la legalidad y sancionadoras previstas en la LOUG.
Deberán desarrollarse con carácter prioritario y urgente las investigaciones sobre las obras en curso de ejecución en cualquier clase de suelo, así como las de obras acabadas cuyo plazo de caducidad de reacción esté próximo a vencer, sin la preceptiva licencia urbanística municipal o sin la preceptiva autorización autonómica exigida en la LOUG, que consistan en la construcción de nuevas edificaciones o en la reconstrucción, rehabilitación o ampliación de las edificaciones existentes, excepto las de escasa entidad.
Las investigaciones de carácter prioritario y urgente deberán finalizarse en el plazo de tres meses, prorrogable por otros tres meses como máximo, por acuerdo del/de la director/a de la agencia, previa petición del/de la jefe/a del servicio provincial.
Artículo 8. Tramitación de expedientes de reposición de la legalidad urbanística.
Incoar y tramitar los expedientes de reposición de la legalidad urbanística de conformidad con lo dispuesto en los artículos 209 a 215 de la LOUG.
Deberán paralizarse y/o incoarse con carácter prioritario y urgente las obras en curso de ejecución en cualquier clase de suelo, sin la preceptiva licencia urbanística o sin la preceptiva autorización autonómica exigida por la LOUG, excepto las de escasa entidad.
Seguidamente se incoarán con carácter prioritario las obras acabadas cuyo plazo de caducidad esté próximo a cumplirse.
En el caso de que estén pendientes de paralizarse e incoarse varias obras en curso de ejecución de carácter prioritario, se atenderá a los siguientes criterios:
Las obras en ejecución situadas en municipios integrados en la agencia.
Las obras en ejecución de mayores dimensiones.
3. Unidades responsables: los servicios de inspección urbanística.
Artículo 9. Ejecución de órdenes de demolición.
Ejecutar las órdenes de demolición y de reposición de los bienes al estado anterior a la actuación ilegal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209.6 de la LOUG.
2. Ejecución en periodo voluntario.
La ejecución de la orden de demolición deberá realizarse por el sujeto obligado en el plazo fijado al efecto en la resolución del expediente de reposición de la legalidad.
El obligado a demoler podrá solicitar la ampliación del plazo para ejecutar la orden de demolición, por razones cumplidamente justificadas.
En todo caso, deberá quedar suficientemente garantizada la ejecución de la demolición dentro del plazo que se fije por la agencia, que en ningún caso podrá ser superior a seis meses desde la resolución de la ampliación correspondiente y, como máximo, un año contado desde la fecha en la que la resolución que ordena la demolición sea ejecutiva.
A estos efectos, el interesado presentará la solicitud acompañada de la siguiente documentación:
Proyecto de ejecución de las obras de demolición y restauración de la realidad física alterada al estado anterior a la actuación ilegal, que deberá de ser redactado por el técnico competente y visado por su correspondiente colegio profesional.
Programa de ejecución de las obras de demolición.
Resguardo del depósito de aval bancario en la Caja General de Depósitos de la Consellería de Hacienda, a favor de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, por importe suficiente para cubrir los gastos de ejecución de las obras de demolición y restauración.
Declaración responsable del obligado, comprometiéndose a ejecutar a su cargo las obras de demolición, de acuerdo con el proyecto técnico y el programa de ejecución aprobados por la agencia.
En caso de incumplimiento de alguno de los plazos parciales o del plazo final, se acordará la ejecución subsidiaria por la agencia a cuenta del obligado, y la inmediata incautación del aval, sin perjuicio de la liquidación definitiva del importe de los gastos de demolición.
Finalizado el plazo para ejecutar la orden de demolición en período voluntario, se acordará la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas, que serán reiteradas periódicamente cada 3 meses hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado. Transcurrido un año desde que la fecha en la que la resolución que ordena la demolición sea ejecutiva, se acordará la ejecución subsidiaria por la agencia con cargo al sujeto obligado, atendiendo al siguiente orden de prioridades:
Las resoluciones judiciales que ordenan a la agencia la ejecución subsidiaria de la demolición.
Las resoluciones firmes en vía administrativa y, en su caso, en la contencioso-administrativa, que ordenan la demolición de edificaciones en suelo rústico de especial protección de costas, excepto las de escasa entidad.
Las órdenes de demolición respecto de las que los interesados se comprometieron a ejecutar a su cargo la demolición en el plazo y condiciones aceptados por la agencia, en el supuesto de que hubiesen incumplido cualquiera de los plazos parciales o el plazo final establecidos para la ejecución de la orden de demolición.
Las restantes órdenes de demolición según la importancia de la infracción y la antigüedad de las obras.
En cualquier caso, el acuerdo de ejecución subsidiaria quedará supeditado a la existencia de fondos presupuestarios suficientes.
3. Unidades responsables: el servicio técnico y los servicios de inspección urbanística.
Artículo 10. Tramitación de expedientes sancionadores.
Incoar y tramitar los expedientes sancionadores por infracción urbanística, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 216 a 223 de la LOUG.
Deberá incoarse el expediente sancionador inmediatamente después de que sea firme en vía administrativa la resolución dictada del expediente de reposición de la legalidad urbanística.
No obstante, en el supuesto de que los hechos puedan ser constitutivos de delito urbanístico, se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
Artículo 11. Impugnación de licencias ilegales.
Se velará por la vigilancia del cumplimiento por las entidades locales del deber de revisar licencias contrarias al ordenamiento urbanístico que establece el artículo 212.2 de la LOUG. Este control se ejercerá requiriendo el cumplimiento del referido deber y acudiendo a los órganos judiciales en el caso de que se rechace el requerimiento o ante falta de respuesta.
2. Unidad responsable: los servicios provinciales y la subdirección de la agencia.
CAPÍTULO IV. ACTUACIONES PARA RESTAURAR LA LEGALIDAD VULNERADA POR INFRACCIONES DE LA LEY DE COSTAS.
Artículo 12. Investigación de infracciones de la Ley de costas.
Desarrollar las investigaciones necesarias para determinar los hechos constitutivos de la infracción de la Ley de costas, identificar a los presuntos responsables y determinar las demás circunstancias que resulten relevantes para el ejercicio de las potestades sancionadora y de reposición de la legalidad previstas en la Ley de costas.
Deberán desarrollarse con carácter prioritario y urgente las investigaciones sobre las obras en curso de ejecución dentro de la zona de protección del dominio público marítimo-terrestre sin la preceptiva autorización autonómica exigida en la Ley de costas, que consistan en la construcción de nuevas edificaciones o en la reconstrucción, rehabilitación o ampliación de las edificaciones existentes, excepto las de escasa entidad.
Las investigaciones de carácter prioritario y urgente deberán finalizarse en el plazo de tres meses, prorrogable por otros tres meses como máximo, por acuerdo del/de la director/a de la agencia, previa petición del jefe del servicio provincial.
Artículo 13. Tramitación de expedientes sancionadores.
Incoar y tramitar expedientes sancionadores por infracciones graves de la Ley de costas.
Deberán incoarse y tramitarse con carácter prioritario y urgente los expedientes sancionadores en relación con las obras en curso de ejecución dentro de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre sin la preceptiva autorización autonómica exigida en la Ley de costas, que consistan en la construcción de nuevas edificaciones o en la reconstrucción, rehabilitación o ampliación de las edificaciones existentes, excepto las de escasa entidad.
En el caso de que estén pendientes de incoarse varios expedientes sancionadores de carácter prioritario, en el orden de incoación se atenderá a los siguientes criterios:
3. Unidad responsable: el Servicio de Inspección del Litoral.
Artículo 14. Ejecución de órdenes de demolición.
Ejecutar las órdenes de demolición y de reposición de los bienes al estado anterior a la actuación ilegal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de costas.
2. Ejecución en período voluntario.
La ejecución de la orden de demolición deberá realizarse por el sujeto obligado en el plazo fijado al efecto en la resolución del expediente sancionador o de reposición de la legalidad.
El obligado que tiene que demoler podrá solicitar la ampliación del plazo para ejecutar la orden de demolición, en los términos y condiciones que se establecen en el apartado 2 del artículo 9 de este Plan de inspección.
Finalizado el plazo para ejecutar la orden de demolición en período voluntario, se acordará la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas que serán reiteradas periódicamente cada 3 meses hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado. En todo caso, transcurrido un año desde que la fecha de la resolución que ordena la demolición sea ejecutiva, se acordará la ejecución subsidiaria por la agencia con cargo al sujeto obligado, atendiendo al siguiente orden de prioridades:
Las restantes órdenes de demolición según la importancia de la infracción y la antigüedad de las obras, dando prioridad a edificaciones completas.
En cualquier caso, el acuerdo de ejecución subsidiaria quedará supeditado a la existencia de fondos prespuestarios suficientes.
4. Unidad responsable: Servicio de Inspección del Litoral.
CAPÍTULO V. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN.
Artículo 15. Ejecución del plan.
1. La dirección de la agencia podrá dictar las instrucciones y órdenes de servicio que resulten necesarias para la mejor ejecución de este Plan de inspección.
2. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 74 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, la dirección de la agencia podrá acordar la tramitación de urgencia y alterar el orden de prioridades señaladas en este Plan de inspección, por razones de interés público.
Artículo 16. Colaboración con las administraciones públicas.
1. La agencia colaborará activamente con todas las administraciones públicas con el objetivo de velar por el cumplimiento de la normativa reguladora de urbanismo, la ordenación del territorio y el litoral, en los términos establecidos en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
2. En particular, la agencia coordinará su actuación con los municipios integrados en ella, así como con la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia.
En el primer trimestre del año 2011, la directora de la agencia presentará al Consejo Ejecutivo un procedimiento de coordinación y actuación entre los ayuntamientos adheridos y la agencia.
3. La agencia comunicará a los correspondientes ayuntamientos el inicio y la resolución de los expedientes de reposición de la legalidad urbanística.
Artículo 17. Subinspectores urbanísticos.
Para la ejecución de este Plan de inspección, los subinspectores urbanísticos desarrollarán las siguientes funciones:
Llevar a cabo las actuaciones de inspección y vigilancia en los ayuntamientos adheridos siguiendo el orden cronológico de incorporación a la agencia referenciada en la fecha de publicación del correspondiente convenio en el Diario Oficial de Galicia. A estos efectos serán coordinadas las actuaciones debidas con los representantes municipales.
Llevar a cabo las actuaciones de inspección y vigilancia que les sean encomendadas y levantar las correspondientes actas de inspección.
Denunciar los actos de edificación y uso del suelo que sean constitutivos de infracción urbanística o de infracción de la Ley de costas.
Investigar los hechos que puedan ser constitutivos de infracción urbanística o de infracción de la Ley de costas y recopilar las pruebas que resulten necesarias para acreditar los hechos investigados.
Elaborar el correspondiente informe técnico sobre el resultado de las investigaciones realizadas.
Recabar los datos, mediciones, información precisa y realizar los planos acotados para la elaboración de los proyectos de demolición.
Cualquier otra función asesora, inspectora y de control urbanístico que les sea encomendada por el jefe de servicio o por la dirección de la agencia.
Artículo 18. Seguimiento de la ejecución del plan.
Semestralmente el/la director/a de la agencia dará cuenta al Consejo Ejecutivo de los resultados de la ejecución de este Plan de inspección.
Decreto 213/2007, de 31 de octubre, por el que se aprueban los estatutos de la Agencia de Proteccion de la Legalidad Urbanistica.

References: Resolución 
 artículo 18

Artículo 3
 artículo 45

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9
 artículo 209
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 10
 resolución 
 artículo 42
 Real Decreto 

Artículo 11
 artículo 212

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14
 artículo 107
 resolución 
 artículo 9
 resolución 

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 4
 resolución 

Artículo 17

Artículo 18