Source: https://www.elperulegal.com/2018/06/decreto-supremo-n-002-2018-mimp.html
Timestamp: 2018-12-15 23:47:10+00:00

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DECRETO SUPREMO N° 002-2018-MIMP Aprueban Reglamento de la Ley N° 30466, Ley que establece ~ El Perú Legal
DECRETO SUPREMO N° 002-2018-MIMP Aprueban Reglamento de la Ley N° 30466, Ley que establece
Que, el Código de los Niños y Adolescentes, aprobado por la Ley Nº 27337, en su Título Preliminar artículo IX
establece que en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos;
Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de la Ley Nº 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño, cuyo texto en anexo conformado por cinco títulos, cuatro capítulos, treinta y cuatro artículos, dos disposiciones complementarias transitorias y dos disposiciones complementarias finales, forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Difusión A efectos de su difusión, el presente Decreto Supremo y su Anexo se publican en el portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.mimp.gob.pe), el mismo día de la publicación del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3.- Refrendo El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Educación, la Ministra de Salud y el Ministro del Interior.
REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30466,
LEY QUE ESTABLECE PARÁMETROS
Y GARANTÍAS PROCESPARA
LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL
Artículo 1.- Objeto La presente norma tiene por objeto regular los
parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño en los procesos, procedimientos y demás actuaciones del Estado o entidades privadas que conciernan a niñas, niños y adolescentes.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación y sujetos obligados La presente norma es de aplicación en el ámbito nacional a las entidades públicas y privadas cuando se adopten medidas o decisiones, o cuando se diseñen e implementen políticas, programas, servicios y proyectos que afecten, directa o indirectamente, a las niñas, niños y adolescentes dentro del territorio nacional.
Artículo 3.- Principios Para la aplicación del presente Reglamento se consideran los siguientes principios:
a) Diligencia Excepcional La actuación del Estado exige la mayor celeridad, cuidado y responsabilidad por las posibles afectaciones que se puede ocasionar a una niña, niño o adolescente para adoptar una medida oportuna y eficaz para el ejercicio de sus derechos, teniendo en cuenta las circunstancias que las y los rodean y afectan, la valoración objetiva del impacto de estas en sus derechos, la justificación de las decisiones y su revisión oportuna.
b) Especialidad y profesionalización La actuación de las entidades públicas y privadas en los procesos y procedimientos que involucran a niñas, niños y adolescentes se realiza a través de profesionales, técnicos, promotores y otros actores con formación especializada o experiencia de trabajo demostrada en temas relacionados con la niñez y adolescencia.
c) Igualdad y no discriminación Todas las niñas, niños o adolescentes ejercen sus derechos en igualdad de condiciones, sin discriminación alguna por motivo de identidad étnica, cultural, sexo, género, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política, origen, contexto social o económico, discapacidad o cualquier otra condición de la niña, niño, adolescente o de su madre, padre, familiares o representantes legales.
d) Interculturalidad Implica respetar, valorar e incorporar las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos pueblos indígenas u originarios para la generación de servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes que promueve, con pertinencia intercultural, una ciudadanía basada en el diálogo y la atención específica de acuerdo al grupo cultural al que pertenezca.
e) Informalismo Las normas que regulan los procesos o procedimientos deben ser interpretadas de modo que los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro de estos, siempre que con ello no se afecten derechos de terceros.
f) Participación y ser escuchado/a Reconoce el derecho de la niña, niño y adolescente a ser informada/o de manera adecuada y oportuna, emitir opinión, ser escuchada/o y tomado en cuenta, en su lengua materna o a través de un intérprete, en todos los asuntos que les afecten. Este principio también implica participar en las decisiones que se toman en temas o asuntos públicos que les involucran o interesan.
g) Autonomía progresiva Se reconoce el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes de manera progresiva, de acuerdo a su edad y grado de madurez.
h) No revictimización La actuación estatal o privada no debe en ningún caso exponer a la niña, niño o adolescente afectada/o por hechos de violencia, al impacto emocional que implica el relato reiterado e innecesario de los hechos de violencia, las esperas prolongadas o las preguntas y comentarios que juzgan, culpabilizan o afectan su intimidad.
i) Integralidad Implica abordar el desarrollo de la niña, niño o adolescente en todas sus dimensiones y perspectivas, tanto en lo que a resultados y factores se refiere como a las intervenciones necesarias para ello.
j) Desarrollo progresivo Considera a las niñas, niños y adolescentes en su edad y sus características, con un proceso de desarrollo particular y con un ritmo propio de maduración y no como una mera suma de funciones fragmentadas o un inventario de capacidades o incapacidades más o menos temporarias o permanentes.
k) Precaución Las autoridades y responsables de las entidades privadas se orientan a garantizar el bienestar y desarrollo integral de la niña, niño o adolescente cuando se sospecha que determinadas medidas y decisiones a tomar, pueden crear un riesgo en ellas, y ellos, aun cuando no cuentan con una prueba definitiva de tal riesgo.
l) Flexibilidad Las autoridades competentes y las y los responsables de las entidades privadas deben actuar oportuna y contundentemente cuando se refiera a afectación de derechos de niñas, niños y adolescentes. Deben ser ﬂ exibles permitiendo la interpretación, ejecución y adaptación más favorable a la situación de cada una de ellas y ellos; y deben considerar la evolución de los conocimientos en materia de desarrollo infantil, a fin de asegurar su bienestar integral.
Artículo 4.- Enfoques El presente Reglamento se rige por los siguientes enfoques que repercuten en el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente; los cuales son aplicados según el artículo 2 de la presente norma:
a) Ciclo de vida Responde a la actuación que, partiendo del enfoque de derechos, busca garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo a las características propias de cada etapa del ciclo de vida y posibilitando así una mejor calidad de vida.
b) Curso de vida Es una aproximación a la realidad que integra una mirada longitudinal sobre la vida y sus etapas; vinculando una etapa con la otra y definiendo factores protectores y de riesgo en el acontecer futuro, en el marco de los determinantes sociales.
c) Derechos El Estado, la familia y la comunidad reconocen a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y garantizan el ejercicio pleno de sus derechos para posibilitar el incremento de sus capacidades, garantizar su protección, ampliar sus opciones y, por lo tanto, su libertad de elegir. Establece que los derechos humanos se centran en la dignidad y el valor igual de todos los seres humanos. Y que son inalienables, irrenunciables, interdependientes e intransferibles, y deben ser ejercidos sin discriminación.
d) Género Identificar los roles y oportunidades que tienen las niñas, niños y adolescentes en la sociedad así como las asimetrías que existen entre ellos, con el fin de lograr la igualdad en el ejercicio de sus derechos.
e) Equidad Promueve la justicia en el abordaje diferenciado de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a sus respectivas necesidades, en igualdad de condiciones, sin discriminación alguna en razón del artículo 3 inciso c) del presente Reglamento. Implica el trato diferencial para corregir desigualdades de origen, a través de medidas conducentes a la igualdad en términos de derechos, obligaciones, beneficios y oportunidades.
f) Interseccionalidad Analiza la combinación de múltiples situaciones, conductas o condiciones de discriminación en el acceso y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que generan una especial situación de vulnerabilidad que requiere una atención prioritaria.
g) Intercultural Reconoce y respeta el derecho a la diversidad y fomenta la interacción entre culturas de una forma equitativa, donde se concibe que ningún grupo cultural se encuentre por encima del otro, reconoce y valora los aportes de estos al bienestar y desarrollo humano favoreciendo en todo momento la interrelación de niñas, niños y adolescentes de diversas culturas, a partir del ejercicio de sus derechos.
Artículo 5.- Definición de proceso y procedimiento Para el presente Reglamento se entiende:
a) Definición de proceso Conjunto de actividades o acciones relacionadas entre sí, gestionadas por toda entidad pública o privada para obtener un resultado específico y predeterminado que concierna a las niñas, niños o adolescentes.
Los procesos no actúan en forma aislada, por lo que, la entidad debe considerar otros procesos que inﬂ uyan en ellos.
b) Definición de procedimiento Es la sucesión de pasos a seguir de manera secuencial en el marco de un proceso, establecido por las entidades públicas y privadas para el desarrollo o aplicación de una medida o decisión administrativa, judicial o legislativa, o cuando se brinden bienes y servicios que afecten o beneficien directa o indirectamente a las niñas, niños y adolescentes.
Artículo 6.- Definición de Población Vulnerable 6.1 Población vulnerable es aquella conformada por personas o grupo de personas que, debido a su condición o a la situación en la que se encuentra o por la conjunción de ambas, se ven limitadas o impedidas en el ejercicio de sus derechos y por tanto expuestas a cualquier riesgo, desprotección familiar o discriminación.
6.2 Se entiende por "condición" a la naturaleza o conjunto de características inherentes a la persona humana o conjunto de personas.
6.3 Asimismo, entiéndase por "situación" al conjunto de circunstancias o características que rodean y determinan el estado de la persona en un momento determinado.
Artículo 7.- Evaluación y determinación del interés superior del niño En la evaluación y determinación del interés superior del niño se debe considerar de manera conjunta, lo siguiente:
Artículo 8.- Elementos para la evaluación de circunstancias concretas de cada niña, niño o adolescente 8.1 Características de cada niña, niño o adolescente Se consideran características evaluables de toda niña, niño y adolescente la edad, sexo, género, grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un pueblo indígena, originario, afroperuano o grupo minoritario, la existencia de una discapacidad física, sensorial, mental o intelectual y el contexto familiar, económico, social y cultural de la niña, niño o adolescente.
8.2 Identificación de elementos y otros factores concurrentes Previamente cada operador debe identificar los elementos y otros factores pertinentes que concurren en las circunstancias específicas de cada niña, niño o adolescente o grupo de ellas o ellos en concreto.
8.3 Ponderación de derechos Se realiza mediante un adecuado análisis de la relación de preferencia entre los derechos que entran en conﬂ icto. Cuando se trata de la propia niña, niño o adolescente, se prefiere aquellos que garanticen a largo plazo su interés y desarrollo de manera integral.
Tratándose de un grupo de niñas, niños o adolescentes, se analizan los intereses de las partes, caso por caso, para encontrar una solución adecuada; lo mismo se hace si entran en conﬂ icto los derechos de otras personas con el interés superior del niño.
Artículo 9.- Elementos para la determinación y aplicación del interés superior del niño Para la determinación y aplicación del interés superior del niño, las entidades públicas y privadas deben evaluar como mínimo los siguientes elementos:
9.1 La opinión de la niña, niño o adolescente La niña, niño o adolescente participa en la determinación de su interés superior cuando se le escucha y se concede a su opinión la importancia que merece de acuerdo a su edad y madurez, sin discriminación alguna. La madurez es la capacidad de una niña, niño o adolescente para expresar sus opiniones sobre las cuestiones que le afecten de forma razonable e independiente.
9.2 Identidad de la niña, niño o adolescente Al evaluar el interés superior del niño, las autoridades y responsables de las entidades públicas y privadas respetan el derecho a la identidad de la niña, niño y adolescente, abarcando características como nombre,
fecha de nacimiento, lengua materna, origen, familia biológica, identidad étnico cultural, pertenencia a un pueblo indígena u originario, sexo, género, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política, contexto social o económico, centro de vida, discapacidad o cualquier otra condición de la niña, niño, adolescente o de su madre, padre, familiares o representantes legales.
9.3 Preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones La familia es la institución fundamental de la sociedad y el medio idóneo para el crecimiento y el bienestar de sus miembros, en particular de las niñas, niños y adolescentes. Las familias tienen la responsabilidad de generar un entorno que garantice su desarrollo integral y el ejercicio efectivo de sus derechos; y es deber del Estado brindar asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones.
9.4 Cuidado, protección, desarrollo y seguridad de la niña, niño o adolescente Las autoridades y responsables de las entidades públicas y privadas garantizan el bienestar de la niña, niño o adolescente. El bienestar abarca sus necesidades materiales, físicas, educativas y emocionales, así como su necesidad de afecto y seguridad, que garantice su desarrollo integral.
9.5 Situación de vulnerabilidad Las y los sujetos obligados y autoridades competentes de los procesos y procedimientos prevén la situación de vulnerabilidad temporal de la niña, niño o adolescente en particular o de un grupo de ellas o ellos. Ello exige que la determinación del interés superior del niño no sólo se limite al pleno disfrute de todos los derechos consagrados en la Convención, sino también de otras normas de derechos humanos, como los contemplados en la "Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad" y la "Convención sobre el Estatuto de los Refugiados", entre otros instrumentos nacionales e internacionales ratificados por nuestro país.
Artículo 10.- Valoración general de los elementos 10.1 El propósito de la evaluación y la determinación del interés superior del niño es garantizar la máxima satisfacción de derechos en forma simultánea.
10.5 Al evaluar el interés superior del niño, se debe tener presente sus capacidades y la evolución de sus facultades.
Por lo tanto, las autoridades competentes y las/los responsables de la toma de decisiones deben contemplar medidas que puedan revisarse o ajustarse, y de ser posible no adoptar decisiones definitivas e irreversibles. Para ello, no solo deben evaluar las necesidades físicas, emocionales, sociales, educativas y de otra índole en el momento concreto de la decisión, sino que también deben tener en cuenta las posibles situaciones de desarrollo de la niña, niño y adolescente, y analizarlas a corto, mediano y largo plazo. En este contexto, las decisiones deberían evaluar la continuidad y la estabilidad de la situación presente y futura de la niña, niño y adolescente.
Artículo 11.- Obligatoriedad de los parámetros 11.1 Obligatoriedad de los parámetros en los procesos y procedimientos de las entidades públicas y privadas Los parámetros establecidos en el numeral 16 de la Observación General Nº 14 del Comité de los Derechos del Niño y el artículo 3 de la Ley Nº 30466 son de obligatorio cumplimiento para las entidades mencionadas en el artículo 2 del presente reglamento y las/los sujetos que las componen:
11.1.2 En los procedimientos en los que se desarrollan medios alternativos de solución de conﬂ ictos, se evalúa las entrevistas, visitas de verificación, información de medios escritos, electrónicos o virtuales, evaluaciones de especialistas y actuados que tuviesen a la mano u obren en un expediente de manera integral, para emitir una decisión motivada y alineada a las normas marco de la Ley Nº 30466 considerando lo establecido para los procesos anteriores.
11.2 Obligatoriedad de los parámetros en las medidas relativas a políticas y lineamientos que afecten a niñas, niños y adolescentes Las autoridades competentes de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno son responsables de concordar el proceso de aprobación de leyes, políticas, estrategias, programas, planes, presupuestos, iniciativas legislativas y presupuestarias y lineamientos que involucren los derechos de las niñas, niños y adolescentes con carácter individual o grupal, con los instrumentos de planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento - SINAPLAN, y los parámetros de la Ley Nº 30466 para garantizar las condiciones de bienestar y desarrollo integral, así como el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de las niñas, niños o adolescentes.
11.3 Carácter universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado de las decisiones respecto los derechos de niñas, niños y adolescentes Toda decisión tomada por la autoridad competente de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, así como las tomadas por las personas responsables de las entidades privadas, que afecte a niñas, niños y adolescentes considera el carácter universal de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, asimismo asegura la indivisibilidad de los mismos cuando se vean involucrados o conﬂ uyan dos o más derechos en las decisiones de los procesos, procedimientos, medios alternativos de solución de conﬂ ictos y procedimientos internos del sector privado. Además, considera la interdependencia y la interrelación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a fin de asegurar el interés superior del niño.
11.4 Reconocimiento de la niña, niño o adolescente como titulares de derechos La niña, niño o adolescente es reconocido como sujeto de derecho sin que medie discriminación alguna por motivo de identidad étnica, cultural, sexo, género, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política, origen, contexto social o económico, discapacidad o cualquier otra condición de la niña, niño, adolescente o de su madre, padre, familiares o representantes legales.
11.5 Acceso a Justicia Las autoridades competentes de los procesos judiciales, procedimientos administrativos, así como la persona competente en los medios alternativos de solución de conﬂ ictos reconocen a las niñas, niños o adolescentes como titulares de derechos para el acceso a la justicia en defensa de su interés superior. Asimismo, facilitan y aseguran la representación letrada para dar cumplimiento a los parámetros establecidos en la norma.
11.6 Acceso a servicios de salud, educación y protección sin restricción Tratándose de entidades del Estado, las funcionarias y los funcionarios o servidores están obligados a garantizar el acceso de todas las niñas, niños y adolescentes a los servicios de salud, educación y protección, coordinando e intercambiando información en favor de su interés superior, evitando cualquier tipo de trámite burocrático que pudiese perjudicarlo.
11.7 Efectos de las medidas y decisiones relacionadas con el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes Las decisiones tomadas por las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno, así como las tomadas por las personas responsables de las entidades privadas, aseguran el bienestar y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en el corto, mediano y largo plazo, en aplicación de los principios del presente reglamento.
Artículo 12.- Obligatoriedad de las garantías procesales De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Nº 30466, para la consideración primordial del interés superior del niño, las entidades mencionadas en el artículo 2 del presente Reglamento y los sujetos que
las componen aplican las garantías establecidas en la Observación General Nº 14 del Comité de los Derechos del Niño, considerando:
12.1. Derecho de la niña, niño o adolescente a ser informada/o, escuchada/o, expresar su propia opinión y que esta sea tomada en consideración con los efectos que la Ley le otorga Para garantizar el derecho a la opinión de las niñas, niños y adolescentes se deben tener en cuenta los siguientes elementos:
a) A ser informada/o Las y los responsables y las/los operadores de las entidades públicas y privadas deben informar a las niñas, niños o adolescentes, así como a sus cuidadores/as en un lenguaje claro, entendible y comprensible a su edad respecto a los procesos o procedimientos, las opciones y las posibles decisiones que puedan adoptarse y sus consecuencias. Asimismo, deben darles a conocer de las circunstancias en las que se solicita su opinión, del proceso o procedimiento a seguir y de los servicios que pueden usar.
b) A la opinión La niña, niño o adolescente tiene derecho a expresar libremente su opinión y excepcionalmente ejercer su derecho mediante un/a representante, quien debe comunicar con precisión dicha opinión. Asimismo, tiene derecho a solicitar no estar acompañado de su madre, padre o tutor que lo represente, solicitud que deberá ser evaluada teniendo en cuenta la edad, desarrollo y circunstancias que dieron lugar al procedimiento o proceso. Igualmente, tiene derecho a no expresar su opinión, dado que para ellas y ellos es una opción y no una obligación. La capacidad de la niña, niño o adolescente, de formarse un juicio propio, se mide en cada caso, y de manera individual, en función a su proceso de desarrollo.
Cuando la opinión de la niña, niño o adolescente entra en conﬂ icto con la de su representante, la entidad competente asegura el derecho a expresar libremente la opinión de la niña, niño o adolescente y salvaguardar sus derechos a través de los procedimientos o medidas que estén bajo su competencia.
c) A ser escuchado/a En todo proceso o procedimiento, en el que se encuentren comprendidos los intereses de las niñas, niños o adolescentes o de terceros que afecten sus derechos, deben establecerse los mecanismos y recursos pertinentes para que ejerzan su derecho a ser escuchados, expresando con libertad sus opiniones, expectativas, intereses o necesidades, en espacios o servicios para su edad y características, evitando entornos intimidatorios, hostiles o insensibles para una eficaz escucha.
12.2 Determinación de los hechos La evaluación del interés superior del niño se realiza en función a los hechos y la información pertinentes para un determinado caso, a través de profesionales y técnicos debidamente capacitados. Se puede recoger la información mediante entrevistas a personas cercanas y del entorno diario de la niña, niño o adolescente y con testigos de los hechos, entre otras formas. La información y los datos reunidos se verifican y analizan previamente a la evaluación del interés superior del niño.
12.3 Percepción del tiempo Los procedimientos o procesos que están relacionados con las niñas, niños o adolescentes son prioritarios y se resuelven en el menor tiempo posible a fin de prevenir eventuales efectos adversos en la evolución de las niñas, niños o adolescentes. El momento en que se tome la decisión debe corresponder, en la medida de lo posible, con la percepción de la niña, niño o adolescente de cómo puede beneficiarle. Todas las decisiones y medidas adoptadas deben examinarse periódicamente, considerando el desarrollo de la niña, niño o adolescente y la evolución de sus facultades.
12.4 Participación de profesionales calificados En los procesos y procedimientos se debe contar con profesionales y técnicos especializados en el desarrollo y atención de la niña, niño o adolescente que examinen la información recibida de manera objetiva. Asimismo, los servicios públicos y privados dirigidos a la atención de niñas, niños y adolescentes deben ser conducidos por personal profesional, técnico o promotores capacitados y evaluados periódicamente por las entidades competentes, para asegurar la prestación de un servicio de calidad, que atienda a sus necesidades y características particulares. En caso de otros actores, deben contar con experiencia o formación especializada en niñez y adolescencia, que debe ser garantizada por la instancia responsable de brindar el servicio.
12.5 Representación letrada Toda niña, niño o adolescente tiene derecho a gozar de asistencia legal gratuita y especializada en los procesos judiciales y procedimientos administrativos que afecten sus derechos.
12.5.1 Defensores Públicos para las niñas, niños y adolescentes El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, debe designar a las y los defensores públicos especializados que se encargan de brindar asistencia legal y gratuita en los procesos y procedimientos que conciernan a niñas, niños y adolescentes, a quienes les informan sobre estos en lenguaje comprensible a su edad.
12.5.2 Defensa Pública solicitada por la familia o la persona que asume el cuidado de la niña, niño o adolescente Cuando el padre, la madre, un representante de la familia o la persona que asume el cuidado de la niña, niño o adolescente requiera asistencia legal gratuita, debe requerir a la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o a la Dirección Distrital que corresponda, para que designe un/a defensor/a público/a en beneficio del interés superior de la niña, niño o adolescente.
12.5.3 Defensa Pública de oficio La autoridad policial, fiscal, judicial y/o administrativa asegura la representación letrada para la niña, niño y adolescente en todo proceso judicial o procedimiento administrativo, para tal efecto solicita la designación de un/a defensor/a público/a cuando la niña, niño o adolescente no cuente con defensa.
12.6 Argumentación de la decisión tomada en la consideración primordial del interés superior del niño Todas las decisiones tomadas por las autoridades competentes de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno deben estar motivadas, justificadas y explicadas. En la motivación se deben señalar explícitamente todas las circunstancias de hecho referentes a la niña, niño o adolescente, los elementos que se han considerado pertinentes para la evaluación de su interés superior, el contenido de los elementos en ese caso concreto y la manera en que se han ponderado para determinar el interés superior del niño.
Si la decisión difiere de la opinión de la niña, niño o adolescente, se debe exponer con claridad la razón por la que se ha tomado. Si, excepcionalmente, la solución elegida acoge intereses diferentes al interés superior del niño, se deben indicar los motivos a los que obedece la decisión para demostrar que el interés superior del niño fue una consideración primordial, a pesar del resultado.
No basta con afirmar en términos generales, que hubo otras consideraciones que prevalecieron frente al interés superior del niño, se deben detallar de forma explícita todas las consideraciones relacionadas con el caso en cuestión y se deben explicar los motivos por los que tuvieron más peso en ese caso en particular.
12.7 Mecanismos para examinar o revisar las decisiones concernientes a las niñas, niños y adolescentes Se debe dar a conocer a las niñas, niños y adolescentes la existencia de mecanismos para examinar o revisar las decisiones en los procesos y procedimientos, en lenguaje comprensible a su edad y grado de madurez, garantizando que puedan recurrir a ellos, sin exponerlas/ los a consecuencias adversas.
12.8 Evaluación del impacto de la decisión tomada en consideración de los derechos de la niña, niño o adolescente Toda medida política, legislativa, reglamentaria, presupuestal o administrativa que afecte a niñas, niños o adolescentes o el disfrute de sus derechos, son materia de seguimiento y evaluación permanente, considerando los efectos diferenciados en ellas y ellos y a la luz de la Convención y sus Protocolos Facultativos ratificados por el Estado, la opinión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en su calidad de Ente Rector en la materia y los instrumentos nacionales e internacionales ratificados por el Perú. Las recomendaciones, alternativas y mejoras producto de la evaluación son de conocimiento público.
Las autoridades competentes de la toma de decisión en los procesos, procedimientos y medios alternativos de solución de conﬂ ictos realizan seguimiento a las decisiones cuyo impacto repercute en los derechos de las niñas, niños o adolescentes, a fin de asegurar su bienestar y protección integral. Si subyace una vulneración de derechos, realizará las acciones tendientes a restablecer los derechos de las niñas, niños o adolescentes.
El órgano de fiscalización u oficina de supervisión de las autoridades competentes de los procesos, procedimientos y medios alternativos de solución de conﬂ ictos de los tres niveles de gobierno, y responsables de las entidades privadas; de oficio o a pedido de parte, fiscalizan y garantizan el interés superior de la niña, niño o adolescente por el impacto de la decisión que afecte a niñas, niños y adolescentes en el ámbito público o privado, para ello, la pasividad, inactividad y las omisiones son consideradas como medidas que afectan el bienestar y la protección de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 13.- Formas de participación de la niña, niño o adolescente Se hace efectiva a través de un proceso comunicativo accesible, organizativo y de aprendizaje, por ello se debe garantizar que toda niña, niño y adolescente se desenvuelva en todo espacio público o privado en el que se encuentre, con el fin de que ejerzan su vida democrática.
EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN
Artículo 14.- Junta médica En los casos en los que se establezca una junta médica de acuerdo a la normativa vigente, se debe informar acerca de las opciones disponibles incluyendo los posibles riesgos y efectos secundarios, y se debe tener en cuenta la opinión de la niña, niño o adolescente, en función de su edad y madurez.
15.3 Asimismo, el establecimiento de salud realiza una evaluación integral orientada a la identificación, atención de riesgos y fortalecimiento de factores protectores en su salud física y nutricional, salud mental, salud sexual y reproductiva mediante espacios diferenciados.
Si se identifican factores de riesgo para su salud o enfermedades, deben ser atendidos tempranamente según la capacidad resolutiva del establecimiento de su localidad y ser referidos al nivel de atención especializada que corresponda según el caso lo amerite; y garantizar la continuidad de la atención estableciendo la contra referencia con las pautas aplicables en su lugar de origen, involucrando al padre, a la madre o sus cuidadores.
Artículo 16.- Prioridad de la atención en salud y educación de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad 16.1 La atención de las niñas, niños y adolescentes con discapacidades físicas, sensoriales, mentales e intelectuales, en los establecimientos de salud y educación tiene carácter prioritario.
Artículo 17.- Autorización de la madre, padre, responsable o tutor para realizar pruebas, diagnósticos, procedimientos e intervenciones de salud Las/los operadores de salud deben recabar autorización de la madre, padre, responsable o tutor/a para realizar pruebas, diagnósticos, procedimientos e intervenciones de salud a la niña, niño o adolescente. En caso no se otorgue el consentimiento y corra peligro la vida o pueda generarse un daño irreparable a la salud de la niña, niño o adolescente, en aplicación del interés superior del niño se puede prescindir de esta autorización.
Artículo 18.- Acceso, permanencia y culminación oportuna de la educación El Estado garantiza la igualdad de oportunidades de las niñas, niños y adolescentes para acceder a una educación básica de calidad, desde la educación inicial, gratuita en los servicios educativos públicos; así como promover la permanencia y culminación oportuna de la escolaridad, para ello:
Artículo 19.- Participación de personal calificado en la educación básica a) Las actividades educativas en los servicios de gestión pública o privada que atienden a niñas, niños o adolescentes deben estar a cargo de docentes calificados, y pueden también contar con el apoyo de otros profesionales especializados, personal técnico, promotor o voluntario de la comunidad. El personal educativo debe gozar de salud física y psicológica, contar con capacidades y actitudes favorables para el trabajo pedagógico y convivencia con niñas, niños o adolescentes no tener antecedentes penales por delito doloso, no haber sido sancionado con destitución o separación definitiva del servicio por delitos de violación de la libertad sexual, no haber sido condenado por la comisión de los delitos de terrorismo, colaboración con el terrorismo, afiliación a organización terrorista, instigación, reclutamiento de personas, apología del terrorismo, y tráfico ilícito de drogas. En las comunidades bilingües, el personal educativo cuenta con competencias interculturales para prestar el servicio educativo, debe además conocer la cultura de la comunidad donde presta el servicio educativo y, especialmente en educación inicial, tener dominio de la lengua indígena u originaria de las niñas y niños.
b) El Ministerio de Educación y los Gobiernos Regionales, a través de sus instancias descentralizadas de gestión educativa, deben implementar mecanismos de selección que aseguren que estas condiciones se
cumplan. Asimismo, capacitar, hacer seguimiento y evaluar periódicamente al personal educativo para mejorar su desempeño pedagógico. En el sector privado, esto debe ser asegurado por las autoridades responsables de la gestión del servicio.
Artículo 20.- Espacios educativos propicios para el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes a) El sector educación y el personal que asume la dirección de la institución educativa aseguran que los espacios para los servicios de educación público y privado y su distribución interna sean diseñados y distribuidos para facilitar el aprendizaje de las y los estudiantes, garantizar condiciones de habitabilidad, seguridad y salubridad, integrar áreas verdes, facilitar la accesibilidad e inclusión educativa, promover la convivencia, sentido de pertenencia y desarrollo sostenible.
Asimismo, cuentan con mobiliario suficiente y adecuado para las y los estudiantes, espacios didácticos para facilitar la enseñanza y aprendizaje; espacios operativos, que sean funcionales a la gestión escolar;
espacios relacionales, que promuevan la recreación, sociabilización y actividad física; y espacios de soporte, destinados a brindar servicios complementarios para facilitar el funcionamiento de la escuela.
Artículo 21.- Convivencia democrática y sin violencia a) Las/Los directoras/es, las/los docentes y las/ los profesoras/es especializada/os deben promover relaciones de convivencia democrática y sin violencia en las instituciones educativas o programas. Ante situaciones que ponen en riesgo la integridad, seguridad, salud física, emocional o bienestar de las y los estudiantes, están obligados a adoptar medidas que las y los protejan y garanticen el respeto de sus derechos.
Artículo 22.- Metodologías y recursos de enseñanza y aprendizaje apropiados Las autoridades responsables de la gestión de los servicios educativos públicos y privados emplean metodologías, estrategias didácticas y recursos educativos orientados al currículo nacional y respetan los procesos de aprendizaje y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Las innovaciones pedagógicas que propongan no deberán contravenir el currículo nacional, poner en riesgo la integridad o bienestar de las y los estudiantes, ni contravenir los principios señalados en el presente reglamento. El sector educación debe supervisar y orientar a las instituciones educativas para el cumplimiento de esta disposición.
Artículo 23.- Derecho de la niña, niño o adolescente a ser informado, escuchado, expresar su propia opinión y que sea tomada en consideración en la Institución Educativa Las autoridades (directoras/es, coordinadoras/es u otros) de las instituciones educativas públicas y privadas, y las y los docentes o promotores que conducen las actividades educativas con niñas, niños o adolescentes tienen la obligación de implementar, como mínimo, las siguientes medidas:
Artículo 24.- Sobre la evaluación del interés superior del niño en educación En la institución educativa se tiene en consideración el interés superior del niño en:
a) La evaluación de situaciones en las que el derecho a la educación entra en conﬂ icto con intereses o derechos de las y los adultos que viven con ellas/ellos (padres o madres de familia, tutores o adultos cuidadores) y de los actores responsables de la gestión del sistema educativo, en las instituciones educativas o programas (docentes, directivos, promotores educativos comunitarios, personal auxiliar, administrativo o de servicio), así como en las instancias de gestión educativa descentralizada de los Gobiernos Regionales o el Ministerio de Educación.
Artículo 25.- Revisión de la decisión en la instancia superior Si la niña, niño o adolescente considera que alguno de sus derechos ha sido trasgredido por las instancias de gestión educativa descentralizada de su Gobierno Regional o por el Ministerio de Educación en alguna de las decisiones adoptadas por las autoridades de la institución educativa o programa al que asiste, puede solicitar a través de su madre, padre, la persona que asume su cuidado o un representante legal, la revisión de la decisión en la instancia superior u otra competente. Las autoridades educativas y docentes deben informar a las niñas, niños y adolescentes y a sus familias sobre la existencia de estos mecanismos empleando lenguaje comprensible a su edad y grado de madurez, garantizando que puedan recurrir a ellos, sin exponerlas/ os a consecuencias adversas.
Artículo 26.- Aplicación del interés superior del niño en el acceso y administración de justicia 26.1 Derecho de la niña, niño o adolescente a ser informado, escuchado, expresar su propia opinión y que sea tomada en consideración en la administración de justicia a) Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser informados de manera accesible, sobre el proceso, los servicios judiciales existentes y las posibles soluciones temporales o permanentes, con el fin de dar a conocer su opinión en el marco del proceso judicial en el cual se encuentran involucrados.
b) La opinión de la niña, niño o adolescente es libre y puede expresarse en su propio idioma o lengua originaria, directamente o por medio de su representante legal. Cuando su opinión entre en conﬂ icto con la de su representante, se debe garantizar otra fórmula de representación, tales como un curador procesal, tutela, entre otros.
26.2 Los hechos y la información pertinente para un proceso judicial o administrativo deben obtenerse por profesionales y técnicos capacitados que reúnan todos los elementos necesarios para la evaluación del interés superior del niño, con el fin de evitar procesos adversos de revictimización o daños psicológicos que afecten el bienestar integral de las niñas, niños o adolescentes involucrados en los procesos de impartición de justicia.
También se pueden realizar declaraciones de parte y declaraciones testimoniales para el esclarecimiento de los hechos. La información y los datos reunidos deben verificarse y analizarse antes de utilizarlos en la evaluación del interés superior del niño.
26.8 En el análisis para el interés superior del niño, las/los jueces especializados gozan de facultades tuitivas para ﬂ exibilizar algunos principios y normas procesales como los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones, en atención a la naturaleza de los conﬂ ictos que debe solucionar, derivados de las relaciones familiares y personales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 43 de la Constitución Política del Perú que reconoce, entre otros, la protección especial de la niñez y la adolescencia.
La medida de internamiento se aplica como último recurso y siempre por el tiempo más breve posible. Los Centros Juveniles de adolescentes en conﬂ icto con la ley penal deben garantizar espacios adecuados y condiciones de acuerdo con los estándares de la justicia juvenil restaurativa para la protección, reinserción social y el desarrollo integral de las y los adolescentes.
Asimismo, es indispensable garantizar que las y los adolescentes en conﬂ icto con la ley penal puedan ejercer plenamente sus derechos, tales como los de salud, educación, entre otros.
Y DESPROTECCIÓN FAMILIAR
Artículo 27.- Aplicación del interés superior del niño en situaciones de vulneración de derechos La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente - DEMUNA tiene en consideración el interés superior del niño en todas sus actuaciones, las cuales pueden iniciarse a pedido de parte o de oficio.
a) Asegurar el bienestar integral de la niña, niño y adolescente cuando realiza una conciliación como medio alternativo de solución de conﬂ ictos, y velar por el interés superior del niño en el acuerdo tomado.
Artículo 28.- Aplicación del interés superior del niño en situaciones de desprotección familiar y en el procedimiento administrativo de adopción La Unidad de Protección Especial - UPE de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes y la Autoridad competente en Adopción Administrativa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene en consideración el interés superior del niño para todas sus actuaciones y decisiones.
Artículo 29.- Medidas legislativas que involucran a niñas, niños y adolescentes 29.1 La promulgación de disposiciones legislativas debe considerar de manera primordial el interés superior del niño en todos los niveles de los poderes públicos, con especial atención en aquellas disposiciones que estén relacionadas en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
29.3 Las instituciones públicas deben conocer la opinión de un grupo representativo de niñas, niños o adolescentes, tales como el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes - CCONNA u otros y tener debidamente en cuenta su opinión al adoptar decisiones legislativas que les afecten directa o indirectamente.
Artículo 30.- Aplicación del interés superior del niño en el diseño de políticas sociales y asignación presupuestal 30.1 Políticas públicas en favor de la infancia Las entidades públicas que formulen e implementen políticas públicas que afecten directa o indirectamente a las niñas, niños y adolescentes, entendidas como la determinación de resultados, objetivos y metas;
procesos a seguir para alcanzarlos, esfuerzos financieros y operativos que corresponden a cada uno de las y los responsables de lograrlos; y mecanismos para vigilar los avances del proceso emprendido; deben considerar a las niñas, niños y adolescentes como centro de toda intervención.
30.2 Lineamientos para incorporar en las políticas públicas 30.2.1 Las políticas públicas en favor de la infancia y adolescencia incorporan los elementos esenciales del enfoque de derechos: integralidad, institucionalidad, exigibilidad, progresividad y no regresividad, igualdad y no discriminación, participación, transparencia y acceso a la información, así como la rendición de cuentas.
30.3 Medición de resultados, transparencia y rendición de cuentas Las instancias responsables del diseño de políticas públicas se responsabilizan de su seguimiento. El reporte del seguimiento de indicadores de los resultados y metas se realiza en el marco de lo establecido en la Ley Nº 27666.
30.4 Asignación presupuestal Para garantizar el ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes, la asignación presupuestal de las entidades públicas debe incorporar los principios:
eficiencia, eficacia, equidad, transparencia y sostenibilidad.
Artículo 31.- Medidas que involucran a las niñas, niños y adolescentes en las entidades privadas Todas las entidades privadas deben aplicar las disposiciones de la Ley Nº 30466 a fin de proponer procedimientos internos, lineamientos, servicio y bienes que puedan afectar a niñas, niños y adolescentes, denunciando cualquier disposición contraria a los principios establecidos en el presente reglamento, así como cualquier acto contrario a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Artículo 32.- Seguimiento de las medidas políticas A través de su órgano técnico especializado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emite opinión, hace seguimiento y supervisa toda medida política, legislativa, reglamentaria o administrativa de todos los niveles de los poderes públicos, así como niveles de gobierno, que afecte a niñas, niños o adolescentes o el disfrute de sus derechos.
Artículo 33.- Responsabilidad 33.1 Las entidades públicas y privadas, así como sus autoridades y representantes son responsables ante la justicia civil, administrativa, penal e internacional, en lo
que corresponda, por el incumplimiento de los parámetros y garantías de la Ley Nº 30466 en la toma de decisiones de procesos, procedimientos y procesos con medios alternativos de solución de conﬂ ictos de las entidades públicas y privadas, así como en los procedimientos internos de las entidades privadas.
33.2 El órgano de fiscalización u oficina de supervisión de las entidades públicas o privadas, competentes de los procesos, procedimientos y procesos con medios alternativos de solución de conﬂ ictos de los tres niveles de gobierno, y responsables de las entidades privadas, de oficio o a pedido de parte fiscalizan y garantizan el interés superior de la niña, niño o adolescente por el impacto de las decisiones que afecten a niñas, niños y adolescentes en el ámbito público o privado.
Artículo 34.- Pasividad, inactividad y las omisiones La pasividad, inactividad y las omisiones son medidas que afectan el bienestar y la protección de las niñas, niños y adolescentes, respondiendo frente a estas circunstancias en calidad de responsables ante la autoridad competente.
PRIMERA.- Seguimiento del cumplimiento El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el ejercicio de su función rectora del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente, realiza el seguimiento al cumplimiento de la presente Ley, lo que se reporta en capítulo especial de acuerdo a lo contemplado en la Ley Nº 27666 que establece la rendición de cuentas ante el Congreso de la República sobre los avances en la implementación de la Convención.
SEGUNDA.- Capacitación de las y los operadores Cada sector elabora un plan de capacitación una vez publicada la presente norma, teniendo en cuenta para ello la normatividad sobre la materia, a fin de garantizar el proceso de formación, actualización y especialización continua a sus operadores para la atención y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y la aplicación del interés superior del niño.
PRIMERA.- Adecuación de procedimientos y protocolos Las instituciones del Estado y entidades privadas deben adecuar sus procedimientos internos, protocolos de atención y normas de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento.
SEGUNDA.- Ley General de Educación y los dispositivos normativos emitidos El Ministerio de Educación debe realizar los ajustes necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento. Las prácticas y los reglamentos internos de las entidades públicas y privadas deben alinearse a las disposiciones que garanticen el derecho a la educación, en el marco del interés superior del niño.
La supervisión de su cumplimiento está a cargo de las instancias de gestión educativa descentralizada de los gobiernos regionales y del Ministerio de Educación.

References: Artículo 1

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Artículo 3

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Artículo 4
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Artículo 5

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Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

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Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

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