Source: http://murciaconfidencial.blogspot.com.es/2012_05_04_archive.html
Timestamp: 2017-06-27 08:44:48+00:00

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Murcia Confidencial*: 04-may-2012
El rector Cobacho no descarta las fusiones entre universidades
MURCIA.- El rector de la Universidad de Murcia (UMU),
José Antonio Cobacho, no ha descartado posibles fusiones de universidades en un futuro, y ha señalado que hay que tomar esta decisión "si se sopesan los pros y los contras y, al final, lo mejor es que haya esas fusiones".
Cobacho ha respondido así al ser preguntado por una posible 'burbuja' universitaria en España.
Cobacho, quien ha recordado que en la Región de Murcia hay dos universidades, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y la UMU, ha considerado que las fusiones son adecuadas "siempre que sean lo que las universidades necesitamos, y siempre que dialoguemos".
En este sentido, se ha mostrado seguro que si se toman acuerdos en
esta dirección "habrá que aceptar lo que haya que aceptar" y "habrá que
atenernos a lo que haya", al igual que "en su día se crearon universidades por los parlamentos autonómicos".
Así, ha considerado que las universidades "estamos haciendo un esfuerzo importante, tenemos corresponsabilidad, tenemos lealtad institucional", aunque ha reclamado el diálogo como la vía para alcanzar
estos acuerdos, ya que ha lamentado que se están tomando decisiones "de
las que nos enteramos después de que se tomen".
Por su parte, la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, ha instado a mirar
las proporciones entre universidades que hay en otros países respecto a
la población de los mismos. Así, ha señalado que España "está entre los
últimos de la cola en comparación con América, Europa o determinados países asiáticos".
Como ejemplo, De la Calle ha indicado que Austria, que es un país con "buenas universidades", tiene 8,3 millones de habitantes y 41 universidades públicas, mientras que Andalucía "tiene casi la misma población y nueve universidades públicas. Eso es para quitarnos complejos y que no se vuelva a hablar de burbuja".
De todas formas, De la Calle ha admitido que las universidades son
las primeras que se tienen que reestructurar, que especializar y que hacer transformaciones, todo ello "con el diálogo y con propuestas sensatas, como las que hemos tenido en la mano y como las que tenemos, que son los campus de excelencia internacional.
"Con ese tipo de herramientas haremos todas las transformacioones que sean necesarias, porque lo nuestro es el diálogo, el debate y el consenso, eso es lo que enseñamos en la universidad y a los líderes del futuro", ha añadido.
Por otro lado, De la Calle ha afirmado que las medidas adoptadas por el Gobierno central "afectan mucho a funcionamiento de la universidad, y en lo que estamos más preocupados es por comprender qué producto va a salir como resultado de esas medidas".
La presidenta de la CRUE ha lamentado que el Real Decreto le ha llegado a los rectores "a través de los medios de comunicación", cuando "tenemos una herramienta fantástica que es el Consejo de Universidades, que es un órgano consultivo donde nos reunimos todos los rectores".
"Siempre hemos sido muy amigos del consenso, y nosotros colaboramos, los fines son los mismos: la mejora de la universidad española", ha manifestado De la Calle.
El Ministerio de Hacienda aprueba el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Cartagena
CARTAGENA.- La Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda ha comunicado al Ayuntamiento de Cartagena su informe favorable al Plan de Ajuste presentado por el Consistorio para los próximos diez años.
De este modo, ha autorizado en consecuencia la concertación de un crédito a largo plazo para hacer frente al pago de la deuda a proveedores, cifrada en unos 37 millones de euros, según fuentes municipales.
La concejala de Hacienda, Fátima Suanzes, ha mostrado su satisfacción por el visto bueno del Ministerio, ya que demuestra "la solvencia económica y de gestión del Ayuntamiento para afrontar sus obligaciones".
Hasta el martes, 8 de mayo, los servicios de la Concejalía de Hacienda están inmersos en la revisión del listado de acreedores y facturas pendientes de pago para determinar la cuantía exacta del crédito, que tendrá un plazo de amortización de diez años, con dos de carencia y un interés que rondará el 5 por ciento.
Esta operación deberá aprobarla el pleno antes del 15 de mayo, previsiblemente el día 14, y se espera que los proveedores puedan empezar a cobrar durante el mes de junio.
La marcha del Plan de Ajuste, en el que se contemplaban reducción de gastos y aumento de ingresos, será analizado cada tres meses por el Pleno del Ayuntamiento.
El referido plan tiene dos objetivos básicos, eliminar el déficit de 19 millones y reducir la deuda financiera (los préstamos con entidades bancarias) de los actuales 180,7 millones a 28.
Suanzes ha destacado "la importante inyección económica que supondrá el cobro de estas deudas, ya que la mayoría de los deudores son
autónomos y pequeñas y medianas empresas".
Por último, ha comentado el grado aceptable de deuda que tiene el Ayuntamiento de Cartagena con las empresas proveedoras, ya que "mientras
que la media española es de 347 euros por habitante, la de Cartagena no
llega a la mitad y se sitúa en 173 euros por habitante".
El presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, ha criticado este viernes los "contratos basura" a los que están sometidos el personal de tropa y marinería, y ha reprochado que sean ellos, "eslabón más débil" de las Fuerzas Armadas en la protección de sus derechos, los que vayan a
tener que soportar más recortes retributivos, de acuerdo al último anuncio del Gobierno Central.
El representante de la asociación militar ha indicado que además también va a recaer sobre la tropa y marinería un recorte de personal de
2.000 efectivos, sin que se conozca los criterios que se van a seguir. Según él, quieren dejar este Cuerpo en 81.000 personas, en lugar de los 83.000 actuales, algo que se hará de forma "inminente", aunque ha
sospechado que en el futuro habrá más. En el ámbito estatal, la tropa y marinería representa el 60 por ciento.
Ha explicado, asimismo, que la tropa y marinería son los únicos "semifuncionarios" a contrato temporal y que en cualquier momento, sin que medie ningún procedimiento judicial, le pueden echar "simplemente porque cae mal a un jefe". En esta situación de contrato temporal pueden
estar hasta los 45 años, mientras que el tope de inmigrantes es del 9 por ciento -ahora ronda un 7%--.
La Ley de Carrera Militar frustró las expectativas que tenían "muy
claras" de hasta dónde podían ascender, al establecer una nueva progresión para los militares que afecta "negativamente" a un 80 por ciento de los integrantes de las Fuerzas Armadas
Ha destacado que en 2011, gracias al impulso de AUME, se aprobó la
Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, por la que, entre otras cosas, se les reconoce el derecho a manifestarse y se les permite contar con representación en los órganos que les afectan. No obstante, ha reprochado algunos incumplimientos, como la constitución del órgano de interlocución con el Ministerio -Consejo de personal--, la creación del Observatorio de la vida militar y la modificación de la Ley de la Carrera Militar. "Son tres incumplimientos claros por parte del Gobierno de un mandato parlamentario", ha apostillado.
Ha advertido sobre que "hay una clara intención por parte de los cuarteles generales de tratar de reducir e incluso anular el asociacionismo profesional". Como ejemplo, ha citado la creación de las llamadas Comisiones Técnicas, de forma paralela al Consejo de personal, y
que emulan a unos antiguos consejos asesores de personal cuyo cometido era estudiar las quejas de los militares, pero que estaban controlados por los mandos, según él. "Ni las quejas ni las propuestas llegaban a ningún sitio", ha dicho.
También ha mostrado su preocupación respecto a que la Subsecretaría de Defensa haya dictado unas recomendaciones para cómo hacer valer el derecho de reunión dentro de los cuarteles, cuando ya está regulado. Tratan de controlar de alguna forma estas reuniones, a su
juicio, al dejar a criterio de los mandos el que pueda prohibirla o no autorizarla. "No nos quieren", ha dicho sobre el asociacionismo militar.
Hacienda devuelve el Plan de ajuste del Ayuntamiento de Totana
TOTANA.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado, de forma desfavorable, el Plan de Ajuste presentado por el Ayuntamiento de Totana para poder acogerse al mecanismo extraordinario de pago a sus proveedores. No obstante, la alcaldesa, Isabel María Sánchez, ha asegurado que "todos los proveedores
cobrarán la deuda que el Consistorio tiene con ellos".
Por ello, ha dejado claro que "se tomarán todas las medidas necesarias de funcionamiento interno para dar continuidad al plan de ajuste y estabilidad presupuestaria con el fin de buscar la viabilidad y
estabilidad de las arcas municipales, pero sin subir los impuestos a los ciudadanos ni asfixiar a los totaneros aumentando la presión fiscal". Al respecto, la primera edil ha anunciado "una reducción inmediata
de tres millones de euros en el presupuesto del 2012, la venta de patrimonio, la reducción del capítulo I de Personal, el reajuste y eliminación de algunos servicios y la obligación de devolver servicios impropios que no son de competencia municipal, sino de otras administraciones".
El Consistorio certificó el pasado mes de marzo ante el Ministerio
una deuda que ronda los 28,9 millones de euros, por lo que se solicitaron a través de la línea de créditos establecida por el Gobierno
de la nación para el pago a proveedores un total de 8.747 facturas a 677 empresas.
Según la regidora, los motivos que esgrime el Ministerio en su informe son que "el plan no recoge ingresos suficientes para financiar los gastos corrientes y los servicios públicos y, además, sostiene que el nivel de carga financiera es elevado". De este modo, Sánchez ha lanzado un mensaje de "tranquilidad, responsabilidad y serenidad" a los proveedores, que "cobrarán hasta el último euro" después de que no se haya autorizado la concertación de la operación de endeudamiento.
En su opinión, el Plan de Ajuste está "bien elaborado y planteado por los técnicos municipales", dado que era "coherente y ajustado a las necesidades socioeconómicas actuales".
Así, ha insistido en que esto ocurre por "nuestro descenso en los ingresos reales, pero no estamos dispuestos a incrementar la carga impositiva a los vecinos".
De ahí que haya afirmado que "el pago a proveedores no se suspenderá, sino que se va a efectuar mediante un procedimiento diferente, como regula el propio Gobierno", tras lo que ha dicho que la fórmula será a través del propio Ministerio de Hacienda, "que se encargará a efectuar el abono de las facturas tras la documentación facilitada por el Ayuntamiento, que luego descontaría de la participación municipal de los Presupuestos Generales del Estado".
Sobre este procedimiento, ha apuntado que la deuda con los proveedores "se abonará por parte del Ministerio a costa de los ingresos
que el Ayuntamiento recibe del Estado, de tal forma que cerca del 50 por ciento de los tributos que el Ayuntamiento recibe del Ministerio se destinarán directamente para compensar esta deuda con los proveedores".
La alcaldesa de Totana ha comentado que "en adelante el Consistorio no gestionará el pago a sus proveedores directamente con las
entidades bancarias para devolver ese dinero en 10 años -como recogía el real decreto-, sino que se realizará con el Estado con un período de devolución de 15 años".
Pese a todo, ha destacado que Totana "no es el único ayuntamiento de la Región ni el único de España, ya que el 20 por ciento de éstos van
a seguir el mismo proceso", por lo que ha expresado su contrariedad con
actitudes políticas "apocalípticas, dramáticas y de alarma social", instando a todos los grupos políticos a trabajar "para garantizar el futuro de las arcas y los servicios municipales".
Por último, ha indicado que esta semana se ha reunido con el consejero de Hacienda, Juan Bernal, y mantiene comunicación directa con el portavoz popular en la Comisión de Hacienda del Congreso, Vicente Martínez-Pujalte. La próxima semana se reúne con el presidente Ramón Luis Valcárcel y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Enrique Ossorio.
MADRID.- El Consejo de Ministros ha "abordado" un informe presentado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre las "reformas estructurales" que prevé abordar en su Departamento en ámbitos
como el transporte aéreo y el ferroviario, con el fin de "mejorar la eficiencia de estos servicios y ahorrar costes".
Así lo indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda posterior a la reunión del Consejo, en la que aseguró que el Ejecutivo no abordó "el asunto de las autovías", esto es,
la eventual articulación de un peaje en estas carreteras para sufragar su mantenimiento.
Según Sáenz de Santamaría, a partir de este informe, la titular de
Fomento "irá presentando al Consejo de Ministros distintos proyectos normativos para mejorar la eficacia y racionalizar los ámbitos de su competencia", insistió.
En relación a la eventual entrada de capital privado en la prestación de determinados servicios, se limitó a indicar que "se concretará cuanto se presenten dichos proyectos normativos", si bien apuntó que se abordará en línea "con lo habitual en estos sectores" y con lo que se viene realizando en otros países. En cuanto al informe que Pastor llevó a la reunión del Consejo de Ministros de este viernes, la vicepresidenta indicó que versa "sobre reformas estructurales en el ámbito de su Departamento". "Una necesaria reordenación para ganar en eficiencia y en eficacia, y reducir costes en determinados servicios públicos de gran interés para los ciudadanos como pueden ser aeropuertos y servicios ferroviarios y en determinadas políticas, como la de la vivienda", explicó.
"A raíz de este informe, el Ministerio de Fomento está trabajando en distintas normas que permitirán reformas estructurales en el ámbito de un Departamento crucial para ganar en eficiencia en la prestación de unos servicios públicos que debe hacerse con criterios de racionalidad y
mayor eficacia de lo que se venía haciendo", concluyó.
Entre las medidas que prevé impulsar destaca la eliminación de
"cargas injustificadas en materia de suelo y urbanismo", la supresión de "trabas" en la renovación y generación urbana, y el fomento del alquiler para garantizar el acceso a la vivienda.
En este sentido, ha recordado que el pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional "dejó sentado" el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas. A raíz de esta sentencia, ha dicho que el Gobierno anterior aprobó un RDL que permitía a las comunidades autónomas
asumir las competencias de gestión del dominio público hidráulico en aquellas cuencas intercomuntiarias, lo que significaba que cada comunidad autónoma asumía competencias de policía hidráulica, fundamentalmente sancionadoras, en la parte de la cuenca que correspondía a su territorio.
Sin embargo, Sáez de Santamaría ha subrayado que para el Ejecutivo "es más necesario que nunca" que en el ámbito de organización territorial del Estado se proceda a una "clara delimitación de competencias" entre las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida de lo posible, garantizar la unidad de mercado, evitar los solapamientos
y duplicidades y una "mayor eficiencia y eficacia" en beneficio de los ciudadanos. La vicepresidenta ha manifestado que se trata de "no multiplicar costes por 3, lo que evitará muchos problemas a los ciudadanos y ahorrará mucho dinero al Estado".
Así, ha añadido que el Real Decreto tiene "mucho que ver" con la necesidad de lograr una
gestión "más eficiente" de las aguas y evitar procedimientos sancionadores en el ámbito medioambiental con duplicidades y para evitar
la ruptura de la unidad de mercado que va en perjuicio de los ciudadanos y de la calidad del medio ambiente.
Además, ha dicho
que el Gobierno estima que el agua es un "recurso escaso" y que es un dominio público "de todos los españoles", por lo que el Estado asume "todas las funciones de policía en la gestión de las confederaciones hidrográficas. "De acuerdo con el principio de unidad de cuenca establecido por la Constitución, entendemos que debe ser el Estado para evitar duplicidades, solapamientos, actuaciones contradictoras o diferentes en algo como el procedimiento sancionador del mal uso del agua quien asuma íntegramente esa gestión de policía en las confederaciones hidrográficas", ha sentenciado.
"El Real Decreto Ley establece una coordinación de todas esas calificaciones con participación de los municipios afectados en la calificación y la gestión que puede hacerse", ha apuntado. Por otro lado, Sáez de Santamaría ha manifestado que el Real Decreto Ley "abre la senda" a la simplificación de los procedimientos administrativos en garantía de la unidad de mercado.
De este modo, ha dicho que este es el caso "paradigmático" de los residuos, y ha puesto de ejemplo que un traslado de residuos que pasara por varias comunidades autónomas, necesitaba permiso notificado de la comunidad autónoma de salida y de llegada, un procedimiento que considera "complejo" para el traslado de residuos dentro del espacio español, lo que supone "múltiples dificultades" para empresas, usuarios o quienes llevan a cabo la gestión ordinaria de ese traslado, a la hora de obtener
las autorizaciones de los sistemas colectivos o de responsabilidad ampliada del productor.
Con el nuevo texto, se modifica también
la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para "simplificar y reducir" las cargas administrativas que estaban provocando "incertidumbre e inseguridad" en la aplicación de la norma.
Asimismo, se establece en los casos en los que las características del residuo, sus dificultades de valorización o eliminación o el incumplimiento de los objetivos de gestión determinen que la aplicación de estos sistemas resulte la más adecuada. En cuarto lugar, el Real Decreto Ley adapta también la normativa para la subasta de derechos de emisión, con lo que se reforma la Ley del Mercado de Valores con el objetivo de adaptar la normativa española a la europea y permitir de este modo el nuevo sistema de subasta de derechos de emisión de CO2.
Finalmente, la adaptación normativa impulsa el acceso de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera "competitiva e igualitaria" con el resto de Europa, todo ello en el marco del objetivo general de lucha contra el cambio climático. Las primeras subastas de derechos de emisión comenzarán durante el segundo semestre de 2012, aunque cobrarán mayor importancia a partir de 2013. La UE en su conjunto subastará en 2012 un volumen de 120 millones de derechos de emisión, de los cuales a España le corresponde subastar algo más de 10 millones.
MADRID.- Las comunidades autónomas registrarán en 2012
un déficit, en términos de Contabilidad Nacional, del 2,2% del PIB, desviándose siete décimas del objetivo fijado para este año (1,5% del PIB), de manera que tampoco en 2012 cumplirán con sus compromisos, según
cálculos difundidos este viernes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
El resto de las regiones no cumplirán con el objetivo de este año,
de acuerdo con las estimaciones de la Fundación. Las mayores desviaciones las experimentarán Castilla-La Mancha, con un déficit del 4,9% para el conjunto del año; Murcia (déficit del 3,7% del PIB), Baleares (déficit del 3,4%), y la Comunidad Valenciana (3,3% del PIB).
Les seguirán Cataluña, que registrará un déficit del 3% del PIB, el doble que el objetivo fijado; Cantabria (2,7% del PIB); País Vasco (2,6%); Navarra (2,5%); Andalucía (2,4%); Aragón (2,3%); Extremadura (2,2%); Asturias y Canarias (déficit del 2% en ambos casos), y Castilla y
León (1,7%).
Asimismo, Fedea recuerda que los recortes en sanidad y educación, que según los datos oficiales supondrán un ahorro total de 10.000 millones de euros, no afectarán a la totalidad del ejercicio 2012, sino a
seis meses aproximadamente, por lo que su impacto será de 5.000 millones de euros.
Ahora habrá que ver si estos planes son suficientes para situarlas en la senda de cumplimiento de los objetivos o si, por el contrario, el Gobierno pone en marcha el engranaje previsto en la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, que en última instancia contempla la posibilidad de intervenciones ya en el mes de septiembre.
De ello se desprendería que Hacienda espera dar el visto bueno a todos los planes. De hecho, el Gobierno cree que entre los 10.000 millones de ahorro que se recogen en estos planes y los 10.000 millones adicionales por los recortes en sanidad y educación, las comunidades autónomas tienen capacidad financiera para cumplir con esos objetivos de
Sin embargo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas,
Antonio Beteta, ha recordado esta semana a las comunidades autónomas que en caso de no poder hacer frente a estos compromisos pueden recurrir
al mecanismo voluntario recogido en las misma Ley de Estabilidad para pedir ayuda especial al Gobierno, lo que en la práctica supone una intervención voluntaria.
Como una sensación de asfixia. Es lo que padecen muchos ciudadanos en varios países de la Unión Europea (UE), afectados por tanta reducción, tanto recorte y tanto ajuste. Una sensación agudizada por la comprobación de que la alternancia política no modifica la “furia austeritaria” de los gobernantes. En España, por ejemplo, a una sociedad vapuleada por las brutales ­medidas de ajuste adoptadas a partir de mayo de 2010 por el Presidente (socialista) José Luis Rodríguez Zapatero, el candidato del conservador Partido Popular (PP) Mariano Rajoy prometió, durante la campaña de las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, el “cambio” (1) y “devolver la felicidad”. Venció con mayoría absoluta. Pero nada más tomar posesión de su cargo, emprendió a su vez la más agresiva operación
de recortes sociales de la historia reciente de ­España.
mismo ocurrió en otros Estados; en Grecia, por ejemplo, o en Portugal. Recordemos que, en este país, en junio de 2011, el socialista José Sócrates, después de imponer cuatro impopulares programas de “disciplina
fiscal” y aceptar un no menos detestado plan de rescate de la troika (2),
perdió las elecciones. Pero el vencedor conservador, Pedro Passos Coelho, ­actual Primer Ministro, muy crítico antes con las políticas de recortes de los socialistas, no tardó en afirmar, una vez elegido, que para cumplir con las exigencias de la UE, su objetivo era “aplicar una dosis aún mayor de austeridad” (3)...
Por su parte, los ciudadanos tienen el sentimiento de que, dictada por los mercados, existe en Europa hoy una agenda oculta con dos objetivos concretos: reducir al máximo la soberanía de los Estados y desmantelar por completo el Estado de bienestar. Si quedan dudas a este respecto, basta leer las recientes declaraciones de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), en las que afirma: “El modelo social europeo está muerto y quien dé marcha atrás en los recortes presupuestarios provocará una sanción inmediata de los mercados (...) En
cuanto al Pacto Fiscal europeo (4), se trata en realidad de un avance político mayor porque gracias a ese tratado los Estados pierden una parte de su soberanía nacional” (5). Más claro, imposible.
ahí, de nuevo, las preguntas de tantos ciudadanos defraudados: ¿sirve de algo votar, si estamos condenados a elegir gobernantes cuya función consistirá en aplicar reglas y tratados definidos una vez por todas? (7).
Tenemos un caso de “disimulación democrática” ante los ojos: ­precisamente el del Pacto Fiscal europeo. ¿Por qué no existe un debate público sobre este Pacto, actualmente en vías de adopción, que va a condicionar la vida de millones de ciudadanos? Como el Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE) del que depende, ese Pacto constituye un ataque brutal contra los derechos de los ciudadanos. Obligará para siempre a los Estados firmantes (entre ellos España) a reducir gastos sociales, salarios y pensiones. Priorizará además la autoridad de la Unión Europea sobre las ­políticas presupuestarias de los ­Estados miembros. Y
limitará las competencias de los Parlamentos nacionales, restándoles soberanía y convirtiendo a veces a algunos países en meros protectorados
europeos (8). ¿Se puede salir de semejante situación? Las elecciones presidenciales en
Francia abren quizás una perspectiva. No tanto por los millones de electores que, hartos y desesperados, votaron por una extrema derecha antieuropeísta y xenófoba. Sino porque el propio candidato socialdemócrata François Hollande –favorito según todas las encuestas–, ha prometido, a ese respecto, cambiar las cosas. Consciente de que la elección del presidente de Francia afecta el curso de Europa, Hollande exige, en particular, añadir al Pacto Fiscal un paquete de medidas de estímulo, solidaridad y crecimiento. Y también que
el BCE baje los tipos de interés y preste directamente a los Estados (y
no a los bancos privados) para abrir de inmediato la senda de la recuperación. Aunque los cambios demandados son mínimos y sin duda insuficientes, Hollande se opone a la canciller alemana Angela Merkel y al Bundesbank, quienes dictan en realidad las políticas económicas y financieras de la UE. Pero el socialista francés precisó que si Alemania no aprueba estas modificaciones, Francia no ratificará el Pacto Fiscal.
¿Qué pasará si, una vez elegido, Hollande mantiene su idea de sacar a Europa de la “opresión austeritaria” y de la recesión, impulsando reformas estructurales y estimulando el crecimiento? Dos cosas pueden ocurrir. Primera posibilidad: los mercados, como avisó Mario Draghi, atacan de inmediato a Francia y la ponen contra las cuerdas; Hollande se
acobarda, da marcha atrás, acaba inclinándose como sus amigos socialdemócratas Zapatero, Sócrates y Papandreu ante la especulación y se convierte a su vez en el líder de izquierda más impopular de la historia de Francia.
Segunda posibilidad: sabiendo que en la UE nada se puede hacer sin Francia, segunda economía de la zona euro (y quinta del mundo), Hollande
mantiene su posición y la radicaliza. Decide apoyarse en la movilización de las fuerzas populares europeas (empezando por las del Frente de Izquierda de Jean-Luc Mélenchon), recibe el soporte de muchos gobiernos europeos partidarios asimismo de políticas de estímulo y de crecimiento; ­consigue modificar la línea del BCE-Bundesbank. Y acaba por demostrar que cuando, en una democracia, el mandato del pueblo coincide con una firme voluntad política no hay objetivo que no se pueda
(1) “Súmate al cambio” fue su lema de campaña, copiado del que utilizó el Presidente chileno Sebastián Piñera (derecha) en su carrera electoral
victoriosa de 2010.
Impulsado por Alemania, el Pacto Fiscal o Tratado para la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, fue firmado el 2 de marzo de 2012 en Bruselas, con la excepción del Reino Unido y de la República Checa, por 25 Estados de la UE. Obliga a cada país firmante a incluir en su Constitución un límite de déficit estructural del 0,5% y contempla sanciones automáticas para quienes sobrepasen el 3%. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2013.
La reciente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, sin que haya existido voluntad unánime de debate constructivo, tan necesario como exigía la peor crisis económica española soportada en el último medio siglo, y que desde el último trimestre del 2007 viene progresivamente agravándose y en recesión, no ha resuelto ni va a corregir el desorden en el funcionamiento de los mercados, las valoraciones de los activos, la regeneración y potenciación de las Entidades de Crédito, la reactivación de la economía y de la actividad laboral, la balanza negativa comercial y el imprescindible incremento de la actividad exportadora y expansión internacional.Pero es aún más grave desaprovechar los espacios de bonanza y optimismo colectivo e invertir, gastar, y administrar de manera indiscriminada y, casi siempre sin talento. Hemos olvidado durante demasiado tiempo los errores cometidos en las últimas crisis del siglo pasado, consintiendo políticas económicas torpes y egoístas, despreciando el obligado "equilibrio presupuestario" y el de las cuentas Públicas, que nos han llevado al actual estado de deterioro interno y exterior. No hemos sabido librarnos de los mal llamados "talentos de la política económica", que solo albergaban grandes dosis de pretenciosa vanidad, sin asumir la gran responsabilidad que se les otorgaba.Obligados por la necesidad inaplazable de un cambio de ciento ochenta grados que pueda salvarnos del precipicio a cuyo borde nos encontramos, se han adoptado medidas previas urgentes para hacer posible el gran cambio de medidas estructurales armónicas con la economía global de la que formamos parte. Todo ello, obliga a volver a una escrupulosa disciplina presupuestaria, cuya confección entraña un problema de dificilísima solución integradora: EL ENDEUDAMIENTO GIGANTESCO INASUMIBLE, (ni a corto ni a medio plazo), CON UN PRESUPUESTO DE INGRESOS POSIBLE, que aun en el caso del mayor optimismo recaudatorio, no podrá cumplirse en el estado de recesión en que nos encontramos. Tengamos presente que una solución basada solamente en la presión fiscal dura, ni recaudará más, ni propiciará el crecimiento económico. Solo el progreso de la economía puede permitir el crecimiento del Presupuesto de Ingresos.No es posible en el corto espacio de este artículo hacer un análisis profundo de los recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado, pero intentaremos en un esfuerzo de síntesis, demostrar, a nuestro juicio, la incompatibilidad de su contenido con la atención al servicio de la deuda pública, considerando el notable incremento del pago de intereses, en el marco del deterioro de la calificación de las agencias, y la angustiosa prima de riesgo. En suma, teniendo en cuenta las dificultades crediticias que ya encontramos en los mercados financieros.El crecimiento de stock de deuda pública es explosivo. En 2008 partimos de 456.000 millones de € y que ha venido incrementándose, año tras año, hasta alcanzar 849.000 millones de € en el 2011, más la de este año, no inferior a 50.000 millones de €. Por tanto, en cinco años hemos visto subir nuestras obligaciones financieras en más de 400.000 millones de €. Seguimos sin administrarnos bien, aunque suenan fuertemente las alarmas, y persiste el peligro de alto desequilibrio y de posible intervención.Resumamos diciendo: el endeudamiento sigue subiendo sin haber aplicado fórmulas de contención, sube el desempleo y las obligaciones sociales; tenemos una prima de riesgo cada vez más alta e indigerible presupuestariamente, un gasto corriente mantenido o incrementado, mientras se desmorona la inversión pública; no se promueven medidas de impulso a la economía, no se sanea el sistema Bancario, ni hay liquidez para la economía real. Y siendo cierto todo esto, ¿Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los Presupuestos recientemente aprobados son viables, impulsan la riqueza, y cumplen con la extraordinaria trascendencia y alta misión de la política económica de los gobiernos?
Pese a los antecedentes y hechos reales adversos con los que se contaba, sin poner en duda el esfuerzo y buena voluntad, el proceso operativo no parece que haya venido marcado por el sistema mundialmente reconocido y aplicado como el mejor, el más drástico y efectivo: "El Presupuesto Base Cero", ya que los acuerdos y reglamentación del Tratado de Maastricht han resultado incompletos, permisivos e ineficaces. Tampoco será posible cumplir con el servicio de la deuda ya contraída, y con los presupuestos posibles, si no se emite o consigue deuda a muy largo plazo, con una economía en recesión.Los Gobiernos, en la mayoría de los casos, no están ciñéndose con la obligada disciplina presupuestaria; esa es una de las razones de la debilidad de Europa.
BMN da prioridad al Banco de Valencia frente a una fusión con otras cajas
VALENCIA.- Banco Mare Nostrum (BMN), inmerso en conversaciones cruzadas con ese grupo de entidades financieras medianas surgidas de la unión de cajas de
ahorros que han de protagonizar, según anunció el pasado lunes el ministro de Economía, Luis de Guindos, fusiones inmediatas, no ve tan próximas esas operaciones y, según explicaron al diario 'Levante' fuentes
oficiales del grupo liderado por Caja Murcia, tan es así que su prioridad sigue siendo la puja por el Banco de Valencia. Antes de que el
27 de mayo finalice el plazo para la presentación de ofertas vinculantes por la entidad valenciana, BMN descarta que haya alguna fusión en la que participe.
Hace una semana, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez, mantuvo un encuentro con los presidentes de BMN, Liberbank, Unicaja e Ibercaja en el que les planteó la necesidad de que se fusionen para dar lugar a nuevos grupos con de al menos 150.000 millones de activos o incluso a uno solo que llegaría a los 270.000 sumando a los cuatro. Esta
última posibilidad, según BMN, es inviable por el distinto grado de integración de cada uno de los grupos, todos ellos surgidos de la unión de diferentes cajas de ahorros. Así, mientras BMN y Liberbank se constituyeron en 2010, las últimas operaciones protagonizadas por la andaluza Unicaja y la aragonesa Ibercaja son de hace apenas unas semanas, cuando la primera absorbió Caja España/Duero y la segunda Caja 3.De ahí que la opción con mayores posibilidades de concretarse sea la unión de dos grupos, siempre que los personalismos -es decir, la voluntad de los distintos presidentes de no perder poder- no aboquen al fracasa a las conversaciones. Aunque unos lo emparejan con Unicaja y otros con Ibercaja, lo más plausible -los tanteos ya se han producido- es que BMN y Liberbank estén intentando reeditar la alianza que no prosperó en 2010. Además de tener zonas de ubicación preferente diferenciadas -el primero en el Mediterráneo y el segundo en el Cantábrico y el centro-, ambos grupos comparten su interés por hacerse con el Banco de Valencia. Las mencionadas fuentes de BMN aseguran, no obstante, que, antes del 27 de mayo no habrá ninguna fusión en la que participe este grupo, principalmente porque las conversaciones -"de todos con todos"- no han sido oficiales y todavía "no se han hecho números". Pero, claro, hay dos
inconvenientes si no tomamos en consideración el relevante empuje del Gobierno: el Banco de España tardará quince días desde el 27 en adjudicar el Banco de Valencia a la mejor oferta presentada y el 31 de mayo concluye el plazo que establece el Real Decreto para que las entidades comuniquen sus planes de integración si quieren acceder al régimen especial de fusiones, que permite dotar las provisiones en dos años y contra capital, así como acceder a ayudas públicas del FROB 3.Así
las cosas, los plazos y la estrategia de BMN no cuadran, a no ser que la fusión se precipite -Ibercaja, otra novia para Mare Nostrum, también estaba interesado en el Banco de Valencia- y la entidad en su día controlada por Bancaja/Bankia deje de pronto de ser la principal prioridad, en especial si tenemos en cuenta que en estos momentos los responsables de la entidad liderada por Caja Murcia se encuentran revisando a fondo sus cuentas y empiezan a conocer las ayudas que obtendrían si fuera el adjudicatario. Podría concretar una fusión y esperar a ver si luego suena la flauta del Banco de Valencia, en su caso
o el de su socio.
Banco Mare Nostrum, Unicaja, Ibercaja y Liberbank son en este momento los cuatro grupos financieros con más posibilidades de concretar fusiones, siempre y cuando no salte la sorpresa con Bankia, considerada la piedra angular de la reforma de la reforma financiera. Con Banco de Valencia, Catalunya Caixa y Novagalicia Banco, el primero intervenido y los otros dos nacionalizados, en puertas de ser adjudicados a un competidor y con Caixa Ontinyent y Caixa Pollença firmes en su voluntad de seguir como las únicas cajas de ahorros que quedan, apenas quedan versos libres -Bankinter, Banesto (está en el Santander) o la Banca March- más allá de los citados cuatro grupos. Todos ellos han surgido de
la unión de varias cajas de ahorros. Publicado por
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