Source: http://boliviateamo.blogspot.com/2005/05/el-riesgo-de-la-planta-de-gnl.html
Timestamp: 2018-07-20 08:44:19+00:00

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BOLIVIA... LO MEJOR QUE TENEMOS: EL RIESGO DE LA PLANTA DE GNL: ¿CONFORMACIÓN DE UN CARTEL DE GAS NATURAL?
EL RIESGO DE LA PLANTA DE GNL: ¿CONFORMACIÓN DE UN CARTEL DE GAS NATURAL?
CONDENARON A BOLIVIANO POR TRÁFICO
El ciudadano boliviano Vladimir Gutiérrez Gutiérrez fue condenado a una pena de 3 años y un día de cárcel porque el 7 de julio del año pasado carabineros lo sorprendieron con dos kilos de marihuana.
La sentencia fue dictaminada por los magistrados del Tribunal Oral en lo Penal de Iquique basados en los antecedentes presentados por la el Ministerio Público, como también por la Defensoría.
El individuo fue detenido a las 8 de la mañana cuando viajaba en un bus en dirección a Iquique. Al llegar a la localidad de Huara fue fiscalizado por personal de Carabineros, quienes descubrieron que en un bolso deportivo llevaba un paquete que contenía dos kilos de marihuana.
Durante el juicio oral la fiscal Tania Sironvalle presentó los antecedentes del caso como también los testimonios de los funcionarios aprehensores y de peritos.
Los magistrados resolvieron condenar a Vladimir Gutiérrez a 3 años y un día de cárcel. Además tendrá que pagar una multa de 3 Unidades Tributarias Mensuales.
En otra resolución dictaminada por los jueces del Tribunal Oral en lo Penal condenaron a Hernán Godoy Núñez a la pena de 5 años y un día de cárcel tras ser detenido el 4 de septiembre con medio kilo de pasta base de cocaína.
El individuo se desplazaba desde Arica a Santiago. Sin embargo, en el control de Quillagua fue detenido por personal del Servicio Nacional de Aduanas. En el juicio oral, la fiscal de Pozo Almonte, Tania Sironvalle, presentó los testimonios de los funcionarios de Aduanas que revisaron al acusado encontrándole los paquetes de droga adosados a su cuerpo, y a la perito del Instituto de Salud Pública que certificó que la sustancia incautada era pasta base de cocaína. Además, presentó el extracto de filiación del acusado, el cual señala que tiene dos condenas anteriores por el mismo delito.
TRAS APOYO DEL PRESIDENTE VICENTE FOX A DEMANDA MARÍTIMA BOLIVIANA
CHILE EVITA EL CONFLICTO CON MÉXICO
“Todos los países tienen su derecho a plantear sus puntos de vista, pero siempre hemos dicho que éste (punto) es un tema de carácter bilateral entre Chile y Bolivia”, afirmó el ministro Francisco Vidal.
El gobierno chileno destacó ayer la perspectiva de “asociación estratégica” que tiene la relación con México, horas después de que el Presidente Vicente Fox visitara La Paz, ciudad donde solidarizó con la demanda de una salida al mar para Bolivia poniendo esta cuestión -además- dentro de la agenda que deberá desarrollar el electo secretario general de la OEA, el aún ministro del Interior chileno, José Miguel Insulza. De acuerdo con un comunicado del gobierno, el canciller Ignacio Walker se reunió en París con el ministro de Comercio azteca, Fernando Canales, en el marco de un encuentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otra de secretarios de Estado de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
La nota indica que ambos “pasaron revista a las excelentes relaciones comerciales entre Chile y México, las que comprenden un intercambio comercial de 2 mil millones de dólares, con exportaciones chilenas cercanas a los 1.500 millones de dólares”. Santiago y Ciudad de México trabajan, además, en la línea “de una asociación estratégica que permita la profundización del comercio bilateral”, subrayó la Cancillería chilena. El martes, el Presidente Fox expresó su apoyo a la petición de Bolivia frente a Chile, al señalar que “trabajaremos con vehemencia, con convicción para apoyar esta demanda marítima”. La adhesión de Fox -que rumbo hacia México de regreso se detuvo durante una hora en el aeropuerto de Lima para entrevistarse con el Presidente Alejandro Toledo- fue interpretada como una señal de agradecimiento del Mandatario azteca a Bolivia y Perú, países que hasta última hora bregaron por la postulación del canciller mexicano Luis Ernesto Derbez a la OEA. Al final, ninguno de los tres dio el consenso para la elección de Insulza. Ante el acuerdo de Fox con el gobernante altiplánico, Carlos Mesa, ayer el ministro subrogante de RR.EE. chileno, Francisco Vidal, insistió en la bilateralidad del problema marítimo: “Todos los países tienen su derecho a plantear sus puntos de vista, pero siempre hemos dicho que éste (punto) es un tema de carácter bilateral entre Chile y Bolivia”. Chile anteayer recibió un respaldo en esta misma línea de bilateralidad del secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos de EE.UU., Roger Noriega.
Si bien en La Moneda ha sorprendido el grado de molestia que ha puesto en evidencia el gobierno mexicano -reacción que estaba fuera de cálculo-, la posición es no profundizar ninguna estrategia de confrontación o enfriamiento de las relaciones con Fox, porque Santiago continúa apostando a recuperar con México una asociación privilegiada, que era la que había hasta el disenso surgido a propósito de la OEA. Además no es claro si el apoyo de Fox a Bolivia se plasmará en una política permanente o si sólo se trató de una declaración obvia -e inevitable- en el contexto de su presencia en La Paz.
Con todo, los efectos en Ciudad de México del caso OEA no se han aplacado, pus el canciller Derbez será llamado a comparecer ante el Congreso para redefinir la política exterior para el resto del mandato de Fox. La Comisión Permanente, formada por diputados y senadores que se reúnen cuando el Parlamento está en receso, aprobó la convocatoria debido a la derrota en la OEA y la tensión con Cuba. Según la senadora del PRI Silvia Hernández, la política exterior azteca “ya tocó fondo y lo que queda es que se vaya al abismo” tras la pérdida de Derbez.
DESMIENTEN A SUBSECRETARIO NORIEGA
La Cancillería mexicana desmintió que Estados Unidos haya tenido un papel clave en el retiro de la candidatura del canciller Luis Ernesto Derbez como postulante a la secretaría general de la OEA. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Allan Nahum, rechazó que el gobierno recibiera “alguna orden” de Washington para bajar a Derbez. Anteayer el subsecretario de Estado norteamericano, Roger Noriega, afirmó que “el resultado unificador” de la elección de Insulza derivó “del liderazgo de Estados Unidos”. Según Nahum, las palabras de Noriega “fueron malinterpretadas”. Para el vocero, Noriega coincidió con México en que “era necesario un candidato de unidad de toda América Latina para la OEA”. El portavoz manifestó que Estados Unidos jamás pidió a Derbez o al propio Insulza que “se bajara” de la contienda y que sólo manifestó su deseo de un tercer candidato como una opción, aunque ratificó que si Derbez continuaba, lo seguiría respaldando.
LA BOLIVIANA GARAFULIC, CONDENADA A PAGAR MÁS DE 20 MILLONES A PRISA
La Corte Internacional de Arbitraje ha dado la razón a Prisa, grupo editor de Cinco Días, en el proceso abierto en Bolivia contra Garafulic. El tribunal de la Cámara Internacional de Comercio notificó al grupo de comunicación el laudo definitivo que resuelve el procedimiento y que obliga a la compañía boliviana a pagar más de 20 millones de euros.
El tribunal arbitral condena, de forma solidaria e indivisible, a Atlantis Investments Group, Edwin Dieter Garafulic Lehm, Walter Raul Garafulic Lehm y a los herederos de Raul Garáfulic Gutiérrez (conjuntamente designados como grupo Garafulic) a pagar a Prisa, en el plazo de treinta días, 25.011.758 dólares (19,3 millones de euros), más intereses, para adquirir la totalidad de las acciones de las que Prisa es titular en las sociedades bolivianas constituidas por ambos grupos. A ello se sumarán otros 250.000 dólares en concepto de rentabilidad mínima garantizada del año 2001; 500.000 dólares por gastos del procedimiento arbitral; y 367.929 dólares más 7.680 dólares, para reembolso de las costas de la parte demandante.
Prisa suscribió en el año 2000 un acuerdo con Garafulic para desarrollar conjuntamente actividades en Bolivia en prensa, radio, televisión e internet, así como para capitalizar las empresas conjuntas. Pese al acuerdo alcanzado, la capitalización de créditos por 1,8 millones de dólares, prevista en diciembre de 2002, no se pudo llevar a efecto. A ello se sumaron otros desacuerdos, que llevaron a una situación de bloqueo en la toma decisiones. Ante esta situación, Prisa requirió al grupo boliviano que adquiriera las acciones de las sociedades conjuntas, a lo que no obtuvo respuesta. Prisa interpuso entonces una demanda arbitral para exigir el cumplimiento de esa obligación.
Por otro lado, la división internacional de Prisa y la Casa Editorial El Tiempo (CEET), empresa editora del diario El Tiempo, el de mayor tirada de Colombia, han firmado una alianza para constituir al 50% la compañía Grupo Latino de Publicidad (GLP-Colombia), especializada en soluciones de comunicación, publicidad y marketing.
GLP contará con una oferta de medios de comunicación y servicios comerciales con actividades en televisión, radio, prensa, revistas, internet, eventos, multimedia y marketing profesional.
Casa Editorial El Tiempo, cuenta, además del diario y los suplementos, con otros medios impresos como el semanario 7 Días, el periódico Hoy y varias revistas, así como un canal local de televisión, Citytv. Prisa opera en Colombia a través de Caracol Radio, la primera cadena de radio del país.
ACRIBILLARON A BALAZOS A UN SALTEÑO EN BOLIVIA
En lo que se presume un ajuste de cuentas de narcotraficantes, fueron ametrallados por tres encapuchados. El suceso ocurrió ene l peligroso barrio "Africa" de la ciudad San José de Pocitos y no hay detenidos.
Un grupo tipo comando integrado al menos por tres encapuchados, acribillaron a balazos ayer a un salteño y a un boliviano en un domicilio del peligroso barrio "Africa" de la ciudad San José de Pocitos, que limita con la localidad argentina de Salvador Mazza, 500 kilómetros al Norte de la capital provincial.
El ciudadano argentino es Daniel Asef, de 23 años, que recibió cuatro ráfagas de bala disparadas por una Itaka, que le impactaron en la cara, tórax, abdomen e ingle, respectivamente. El boliviano, de 27, fue identificado como Carlos Fuenzalida Vega, quien recibió una veintena de disparos con un arma de alto poder y que murió en el acto.
Asef sobrevivió al ataque y rápidamente fue auxiliado por vecinos, que llamaron a las autoridades de la Policía Técnica Judicial Boliviana (PTJ), los que a su vez solicitaron ayuda al hospital salteño de Salvador Mazza, que remitió una ambulancia que lo llevó inmediatamente al "Juan Domingo Perón" de Tartagal, donde el joven fue intervenido quirúrgicamente, aunque "no hubo nada que hacer", dijo el director del establecimiento, Luis Martínez Negris.
Los acontecimientos se desencadenaron a las 13 (hora argentina) del martes pasado. El joven salteño ingresó ese mismo día a las 16 al nosocomio tartagalense y falleció ayer a las 4.
Un equipo de El Tribuno que se constituyó en la zona, no logró que fueran proporcionados detalles por parte de las autoridades de la PTJ del vecino país ni por el jefe del Comando de Frontera, con asiento en Yacuiba, coronel Carlos Shiegler Tejerina.
Sin embargo, averiguaciones periodísticas propias permitieron determinar que al ingresar los encapuchados al domicilio de Asef y Fuenzalida, en la calle La Paz esquina Tupiza, preguntaron por un tal Osmar, que hace cinco minutos se había retirado en un moderno vehículo y que sería pariente de uno de los dos occisos.
Un testigo dijo a los enviados de este diario que escuchó claramente cuando los sujetos espetaron: "¡Dónde está Osmar, carajo...hablen o los cagamos matando!", cuestión que cumplieron segundos más tarde, ante el silencio de los muchachos, eventualmente involucrados en el mundo del tráfico de estupefacientes.
LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE BOLIVIA PIDIO VETAR LA NUEVA LEY DE HIDROCARBUROS
La influyente Confederación de Empresarios Privados (CEPB) solicitó ayer al presidente de Bolivia, Carlos Mesa, que ejerza su derecho constitucional de veto con relación a una nueva ley de hidrocarburos de inminente aprobación en el Congreso. El titular de la entidad, Roberto Mustaf , instó a Mesa a desestimar la legislación porque supuestamente desestimula la inversión y expone al país a eventuales juicios internacionales de multinacionales petroleras afectadas por el nuevo régimen tributario.
Un Congreso polarizado, que podría ser convocado para la próxima semana a fin de conciliar criterios entre senadores y diputados, se apresta a fijar una nueva tasa impositiva del 32% no deducible ni acreditable.
Los parlamentarios, que mantuvieron un 18% de regalías petroleras, aprobaron también una claúsula de obligatoriedad para que antiguos contratos migren en arreglo a los términos de la nueva ley.
Una corriente de congresistas plantea adem s que el ministerio boliviano de Hidrocarburos o la estatal petrolera -y no los consorcios internacionales- fije los precios del petróleo y el gas exportable. Con 54,9 trillones de pies cúbicos, Bolivia posee la segunda mayor riqueza gasera de América del Sur, después de Venezuela. Mustaf efectuó la invocatoria en momentos en que Mesa dejó en suspenso su decisión sobre el tema hasta transcurridos los diez días que le otorga la Constitución desde el momento en que el Congreso apruebe la ley. El Congreso se propone aprobar el documento en el curso de la próxima semana.
Mesa expuso reiteradamente su oposición a la nueva ley a la que consideró inviable y advirtió también con insistencia en que podría cerrarle al país el acceso al capital extranjero adem s de exponerlo a juicios internacionales. El gobernante amenazó con renunciar al cargo en abril pasado a causa del asunto, sumiendo al país en una grave crisis política y social.
El jefe de Estado podr rechazar el tenor de la ley, en cuyo caso el Congreso podría promulgarla luego de un plazo de diez días, o presentar enmiendas que el parlamento rechazaría sólo si consigue dos tercios de votos, un guarismo difícil de alcanzar.
La Central Obrera (COB) llamó en tanto a realizar paros y cortes de rutas a partir del 16 de mayo si el gobierno rehúsa nacionalizar los hidrocarburos en favor del Estado.
OPINION: LA GUERRA QUÍMICA
La prensa internacional concede que la guerra antidroga se está perdiendo: ¿y a ese desastre le vamos a sacrificar los parques nacionales?
La fumigación de parques nacionales que planean los gobiernos de Colombia y Estados Unidos provoca intensas discusiones científicas y jurídicas; pero el diluvio que dejarán caer los 82 aviones asperjadores no será de conceptos abstractos ni de incisos, sino de un producto químico inventado para destruir la naturaleza. Sus gotas no salpicarán mapas, sino bosques. Y los perjudicados no serán los congresistas gringos, como el señor Dan Burton, que exige que fumiguemos con pesticidas mucho más dañinos, sino indígenas, colonos, árboles, cultivos legales, animales, aguas...
La guerra química contra los parques nacionales arruinará nuestro más valioso patrimonio natural, y su devastación será en vano. Tenemos que combatir a mafiosos y narcotraficantes, que tanto daño le han infligido a Colombia. Pero con la fumigación le haremos más daño a la naturaleza que a los cultivadores ilícitos. Así lo indican los informes que publicaron la semana pasada dos periódicos de fama mundial: el New York Times y el Financial Times.
El 27 de abril, a raíz de la visita de Condoleezza Rice a Colombia, el NYT escribió: “Cinco años y USD 3 000 millones después de iniciar aquí la más agresiva operación antinarcóticos, funcionarios colombianos y estadounidenses señalan que han erradicado la cifra récord de un millón de acres de cocales, pero la cocaína sigue tan disponible como antes, o aun más, en las calles norteamericanas”. Agrega que la oferta de esta droga sube, su precio permanece estable y su pureza ha mejorado. Los funcionarios se declaran “desilusionados y perplejos”.
Cita el NYT al congresista demócrata George W. Meeks, que acompañó a Rice a Colombia, y exige evaluar cómo se gasta el presupuesto contra la droga porque “en mi vecindario (Nueva York) no vemos ningún efecto favorable”. También entrevista al general Jorge Daniel Castro, director de la Policía. Según él, los narcos sacan tres o cuatro cosechas anuales al cocal, así que con la fumigación pierden solo una cosecha y enseguida vuelven a plantar. (En cambio, el daño a la naturaleza es prolongado o permanente).
El Financial Times, a su turno, informa que “la guerra contra la droga no ha funcionado”, y que se han gastado miles de dólares del erario en actividades antinarcóticos de limitado éxito. Dice el informe: “La política nacional e internacional sobre droga de las últimas cuatro administraciones estadounidenses ha sido un fracaso”. Escribiendo en el prestigioso diario, Juan Tokatlián no vacila en declarar que dicha política ha servido para engordar a los narcos, cada vez “más ricos y poderosos”, pero, por su calamitoso resultado general, “está a punto de derrumbarse”.
Hace seis meses explicó la revista Wired por qué es inútil la fumigación: los cultivadores ilícitos han desarrollado una coca llamada “la millonaria” o “boliviana negra”, a la cual apenas hace mella el glifosato.
Pero mientras los cocales sobreviven sin problemas al veneno, el resto del medio natural no. Si queremos tener parques, hay que defenderlos hoy. Mañana quedarán solo los vestigios pelados de la guerra química.
La situación social en Bolivia vuelve a quedarse preocupante para el gobierno del presidente Carlos Mesa. El lunes, según la prensa boliviana, las centrales obreras de El Alto iniciaron una movilización contra la nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada por el Senado. Mesa ya accionó la policía y empezó un plan de inteligencia para se oponer a las protestas. La Central Obrera Regional de El Alto, gremiales, organizaciones campesinas, Universidad Pública de El Alto, Federación de Maestros de La paz y Central Obrera de Bolivia (COB) hicieron una marcha que culminó con una apropiación simbólica de la planta almacenadora de hidrocarburos en Senkata, sobre la carretera de La Paz a Oruro.
PPK: LA PRIORIDAD ES QUE EL GAS LLEGUE A MÉXICO ANTES QUE A CHILE
DESLINDE • Ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, refiere que Comisión Federal de Electricidad del país azteca sería el comprador. Hunt Oil participará en licitación que convocará empresa mexicana.
Si bien hay conversaciones con Chile, para el Perú, México tiene la prioridad en cuanto a la exportación del gas natural de Camisea, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski.
El comprador del gas sería la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad de México, con cuyos funcionarios conversaron Kuczynski y el ministro de Energía y Minas, Glodomiro Sánchez Mejía, la semana pasada cuando realizaron una visita de trabajo a ese país. Para que esta exportación se concrete, la empresa Hunt Oil, encargada de la exportación de gas natural, participará en una licitación que convocará la empresa mexicana, precisó el ministro.
La demanda de gas natural por parte de México será de 500 a 600 millones de pies cúbicos diarios.
En el caso de Chile, Kuczynski dijo que recibió la visita del ministro de Economía de Chile, Jorge Rodríguez, quien le expuso diversas ideas sobre la compra del gas peruano.
“Hemos escuchado con gran interés las posibles ideas, pero digamos que eso es una conversación preliminar. Yo de ninguna manera descarto eso, ni tampoco lo estoy promoviendo”, afirmó el ministro con marcada intención de deslindar versiones que indican su interés en que el Perú le venda ese combustible a Chile, país que vive una crisis energética producto del menor suministro desde Argentina. El ministro indicó que hay flexibilidad en ese caso y reiteró que “la prioridad A1” es México.
Kuczynski explicó que una de las posibilidades planteadas por el ministro chileno es que el gas se envíe al norte de Chile por gasoducto y no por barco, lo que permitiría que ese producto llegue a departamentos del sur peruano como Arequipa, Moquegua y Tacna.
Descarta rebrote inflacionario
El ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, descartó que exista un rebrote inflacionario que pueda haber generado un alza significativa en el precio de los alimentos. Explicó que el ligero aumento que se registró en algunos productos del grupo alimentos y bebidas durante el mes de abril correspondió a un factor de estacionalidad. “La cebolla, por ejemplo, siempre suele incrementarse cuando termina la cosecha en Arequipa, en tanto que otros productos tienden a bajar”, refirió.
El ministro indicó que la decisión del gobierno de reducir el ISC al diesel, que aumentó en 20% el ultimo año, evitó que se produzcan mayores aumentos en los productos de la canasta básica. “Esto le costó al gobierno que deje de recaudar S/. 500 millones, monto que se espera recuperar con la reducción internacional del diesel”, indicó. Respecto a la huelga iniciada por los transportistas de combustible anotó que los problemas del sector obedecen principalmente a la actitud de algunos propietarios de camiones que traen combustible de la selva y no pagan impuestos.
GASODUCTO BAJARÍA COSTOS
En medio de la crisis energética que afecta a la zona central del país, en el norte, y especialmente en Arica, surgen antecedentes que, por el contrario, hablan de auspiciosas perspectivas energéticas.
Existen conversaciones, confirmadas a nivel de gobiernos, para comprar gas peruano procedente del yacimiento de Camisea, el que llegaría a Chile a través de un gasoducto que pasaría por Arequipa, Tacna y Arica, para seguir al sur.
El intendente Patricio Zapata dijo que en el marco de la política del Gobierno de ir diversificando las fuentes de energía, para evitar los problemas por la dependencia del gas argentino, es importante considerar la posibilidad del gas peruano, “pero también es importante desde el punto de vista de las políticas de integración, es además una demostración de confianza en las relaciones que tenemos con Perú. Vamos a ver de qué manera podemos aportar a ese proceso desde la perspectiva de la región”.
Luis Malla, seremi de Economía, de quien depende también la cartera de energía, afirmó que según los antecedentes de que dispone la subsecretaría del ramo, las conversaciones para la compra de gas peruano de Camisea están “en una fase preliminar”, por lo que no es prudente formarse grandes expectativas. Sin embargo, confirmó que el Ministerio de Economía está evaluando esa posibilidad, motivado por el problema energético que afecta a la zona central. “Por lo que se sabe, se estaría considerando una forma de intercambio energético, en que se traería gas a Chile y, a su vez, se suministraría energía eléctrica a Perú y además se pasaría gas a Argentina. Por lo tanto se está buscando amplios acuerdos”.
En caso de que estos se hicieran realidad, y un gasoducto con gas peruano pasara por Arica, el seremi dijo que un primer efecto sería una baja en el costo de la energía, que implicaría menores costos de producción. Los sectores más beneficiados serían los de mayor consumo de energía, como la minería y la industria productora de harina de pescado. También podrían serlo las metalmecánicas, que podrían prestar servicios y abastecer de insumos a la minería. “Ultimanente ha habido aumentos de costos en la producción de las mineras, por lo que ven con buenos ojos que se desarrolle industrias de este tipo en la región”, explicó.
Pero no sólo el gas de Camisea ha sido comentario en los últimos días. También las afirmaciones del geólogo Raúl Salas, quien asegura que en el altiplano de Parinacota hay yacimientos de petróleo y gas. El seremi de Economía dijo no tener información oficial, pero que es una posibilidad que tampoco puede descartarse. Mientras que el intendente Zapata comentó que es importante confirmar esas informaciones y estudiarlas.
PROVISIÓN DE GAS ARGENTINO ESTÁ ASEGURADA, DICEN
La provisión de gas desde la Argentina está garantizada hasta fin de este año, a un precio que eventualmente puede bajar y beneficiar a los consumidores, según dijo ayer en rueda de prensa la viceministra de Comercio, Myriam Segovia. "En cuanto a precio, no quiero adelantar nada; están regresando Pedro Balotta (presidente de la Cámara Paraguaya de Fraccionadoras de Gas) de la Argentina, que ha estado negociando la posibilidad de un mejor precio. Cualquier beneficio que ellos obtengan, lo trasladarán al consumidor", destacó la viceministra.
En cuanto a la alternativa de Bolivia, afirmó que las empresas privadas no tienen inconveniente alguno para vender a Paraguay, pero se tropieza con el obstáculo que puso el Gobierno, que no les otorga la licencia para exportar. "En abril (pasado) no había posibilidades, pero sí teníamos la promesa para el mes de mayo; estamos ansiosos de eso. El otro aspecto (negativo) con Bolivia era el camino, pero el Ministerio de Obras Públicas también nos ha informado que la Picada 500 está totalmente transitable, de modo que todo depende de la autorización del Gobierno boliviano", resaltó Segovia.
Consultado cuál es la diferencia entre el precio del gas boliviano y el argentino, manifestó que tradicionalmente Bolivia tenía unos precios más económicos, por lo que es muy importante para el país tener este proveedor alternativo.
En cuanto al pedido de Petropar de salir como distribuidora al mercado minorista, la funcionaria explicó que el tema será analizado por el Equipo Económico. No obstante, el MIC está analizando todo los requisitos desde el punto de vista técnico, lo que se exige a cualquier empresa privada, y el dictamen técnico se dará a conocer en unos días más.
TOCOPILLA ES EL EPICENTRO PARA NUEVO GASODUCTO
Para exportar combustible desde el yacimiento peruano de Camisea
Tocopilla es el epicentro del gran proyecto de exportación de gas que el Gobierno de Chile negocia con Perú, para la construcción de un gasoducto que distribuya este hidrocarburo desde el yacimiento peruano de Camisea hasta este puerto de la Segunda Región.
Con el objetivo de paliar los contínuos recortes de este suministro desde la nación argentina, y que afectan a una parte importante de empresas que utilizan esta fuente energética y que hoy enfrentan una grave crisis debido a esta restricción, principalmente en la zona central.
De acuerdo a lo manifestado hace algunos días por el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, existe el interés por parte de Chile de diversificar sus fuentes de gas, hecho que fue ratificado por su par peruano, Pedro Kuczynski, quien confirmó, de acuerdo a diversos medios informativos, que se avanzan en las conversaciones para que este proyecto se materialice.
De acuerdo a lo manifestado por el secretario de Estado chileno, si las negociaciones continúan en buen pie, el gasoducto desde el yacimiento de Camisea hasta Tocopilla se concretaría en el plazo de un año, y se podría extender a Santiago si es económicamente rentable.
Puntualizó además que la empresa Tractebel trabaja intensamente en esta iniciativa, que de prosperar permitiría además una interconexión eléctrica entre el sur del Perú y el norte de Chile, posibilitando de esta forma la unión de las generadoras eléctricas del Norte Grande y la zona central del país.
Cabe destacar que el yacimiento de gas natural de Camisea esta ubicado en plena selva del Cuzco, a unos mil kilómetros al suroeste de la capital del Perú, Lima.
Sin embargo, pese a todas estas expectativas y a las negociaciones que se desarrollan en esta área, algunas autoridades prefieren no referirse concretamente a este proyecto, por las serias dificultades que enfrentan actualmente las relaciones políticas entre ambas naciones, las cuales podrían frenar esta iniciativa. Dificultades que desembocaron hace algunos días en la acusación de venta de armas hacia Ecuador que realizó el Perú contra Chile, la cual generó una dura respuesta por parte del Gobierno local y el rechazo por parte de esta nación hermana de sumar su apoyo a la presidencia del Ministro del Interior José Miguel Insulza a la OEA.
GAS PERUANO: ALTO RIESGO
Por encima de la viabilidad técnica de un proyecto de integración con Perú, se impone una historia de permanentes desencuentros con esa nación.
El proyecto de utilizar gas natural de Camisea por el Sistema Interconectado del Norte Grande, SING, es interesante, pero insensato en el corto y mediano plazo. Sin embargo, mirando al futuro, debe evaluarse si experiencias y fórmulas jurídicas y financieras aplicables en otras latitudes, que pueden extenderse a Bolivia y Argentina, podrían ser suficientes para disminuir los elevados peligros de cortes de suministro por razones políticas, decretadas por sus gobiernos.
Las ventajas de incorporar el gas peruano son evidentes y recíprocas: es una fuente económica de energía, permitiría que el SING exporte electricidad al Perú y también, extender el correspondiente gasoducto a Argentina. Además, el intercambio densificaría los lazos entre los vecinos. La modalidad de cambio de gas por electricidad favorecería parcialmente la continuidad de las importaciones, pues un corte de gas podría significar racionamiento eléctrico para el Perú y Argentina.
Integraciones de esta especie son corrientes e incluso se han mantenido inalteradas durante períodos de grandes dificultades entre los países participantes. Así ha ocurrido entre la Unión Soviética y Europa Occidental y también en los Balcanes en situaciones de beligerancia. Pero no ocurre lo mismo con nuestros vecinos, que frecuentemente desconocen sus compromisos internacionales, ya sea por presiones políticas y desaciertos económicos internos, nacionalismos o por secuelas de conflictos anteriores que terminan en discriminaciones en contra de los intereses nacionales.
En concreto, por encima de la viabilidad técnica de un proyecto de integración con Perú, se impone una historia de permanentes desencuentros con esa nación que, en épocas no tan lejanas, ordenó aprestamientos militares y cierres de frontera.
No es extraño, por lo demás, que un grafitero de Tarapacá, los desatinos de un video extranjero exhibido por una empresa peruana perteneciente a intereses nacionales o un candidato chileno a un organismo internacional tensionen los vínculos bilaterales.
Por lo mismo, aparte de los estudios económicos de la iniciativa, para depender del gas de Camisea y de cualquier otro vecino, se requieren cambios cualitativos que den estabilidad y confianza en las relaciones políticas entre los gobiernos interesados -condición inexistente en la actualidad- y, especialmente, acordar cauciones efectivas para sancionar y compensar los daños de eventuales incumplimientos mediante seguros y avales de organismos multilaterales y privados extranjeros; depósitos de parte del precio del gas en fondos de garantía administrados por terceros u otras fórmulas equivalentes; y, por cierto, convenir mecanismos de solución de controversias y tribunales imparciales, a los que puedan recurrir los particulares de manera autónoma y eficaz. Al respecto, cabe plantear que instituciones multilaterales capitalizadas, como el BID o el Banco Mundial, asuman un papel protagónico en la integración energética. En este cometido, podrían asegurar el riesgo político del suministro, junto con aseguradores privados, comercializadores y las matrices de las empresas transnacionales concesionarias de los yacimientos y del transporte del gas. Tales pactos son posibles y su exigibilidad debe ser independiente de los gobiernos, pues ya sabemos que éstos, a veces por afinidades ideológicas o bien, por razones de políticas, se resisten a exigir que se cumplan los tratados y compromisos internacionales. Con todo, hay que consignar que la desconfianza y el costo de las garantías encarecen el proyecto, demoran las negociaciones y pueden hasta afectar su viabilidad económica y política.
Más importante que el precio del gas de un país limítrofe son las seguridades de su entrega, garantía inexistente en las actuales circunstancias. Por la desprotección y confianza temeraria de los gobernantes y de los privados, los consumidores e inversionistas nacionales están pagando un alto precio por las ganancias de corto plazo que significó el gas argentino.
Evitar que se repitan las fallas que causaron esa pésima experiencia es posible sólo mediante contratos y garantías eficaces y en un clima de confianza y cooperación, actualmente ausente y que requiere de años de trabajo compartido.
No es algo materializado, pero sí es un riesgo futuro: la conformación de un cartel de productores de gas natural. Una alianza que podría dificultar el acceso a mejores precios del gas natural licuado que en el futuro abastecerá la planta de regasificación que se quiere construir para entregar más seguridad de abastecimiento energético del país.
Y es que los principales países productores de gas natural también son los dueños de las reservas más importantes de petróleo, aquellas que se manejan a través de la Organización Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Lo que se comprueba al conocer que mientras los primeros concentran el 52% de las exportaciones a países industrializados, los segundos tienen en sus manos el 53%.
El mercado internacional ya ha percibido señales de que una agrupación para manejar la producción de gas natural podría estar conformándose. Los mayores productores de este hidrocarburo se han agrupado en el Foro de Países Exportadores de Gas, como una instancia de compartir experiencias entre países productores y exportadores de gas, de manera de hallar las soluciones más adecuadas a sus problemas, ligados principalmente, a la manera de cómo capitalizar la riqueza que significan sus recursos naturales.
La organización creada en 2001 hoy reúne a 15 naciones: Qatar, Nigeria, Argelia, Venezuela, Indonesia, Libia, Irán, Emiratos Arabes Unidos -también miembros de la OPEP- Bolivia, Brunei, Trinidad y Tobago, Egipto, Malasia, Omán y Rusia.
Pero ¿cuál es el riesgo para Chile? El país está en la búsqueda de productores y comercializadores internacionales que le provean de, al menos, 5 millones de metros cúbicos de Gas Natural Licuado (GNL) al año y a un buen precio, para la planta de regasificación que planea construir la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), o bien, algún inversionista privado, como la estadounidense Manning Group.
Y aunque por el país han desfilado una serie de ministros de energía, como el de Argelia, Australia, y ejecutivos de empresas rusas, ofreciendo su gas, fuentes de gobierno confirmaron que el cartel de gas natural ya está operando, pero no con el propósito de controlar los precios de venta del hidrocarburo, sino definiendo qué país será el proveedor del Gas que requieren los demandantes. En términos más simples existen indicios de que buscan repartirse colectivamente el mercado según cuotas nacionales.
Esta situación no es menor, si se considera que el mercado del GNL está en franco crecimiento. De hecho desde 1995 el comercio mundial del hidrocarburo ha crecido a tasas del 7,8% anual.
Solo en 2003, las transferencias del hidrocarburo sumaron 168,84 billones de metros cúbicos de GNL, siendo los principales proveedores los países africanos Argelia, Libia y Nigeria, quienes concentraron un 24% de las exportaciones, seguidos por los productores de Medio Oriente; Oman, Qatar y Emiratos Arabes, que cubren el 21% de las exportaciones mundiales totales del GNL.
Para los próximos años la demanda por el hidrocarburo se vislumbra más atractiva, lo que se refleja en el importante número de plantas de regasificación de GNL que se están construyendo en el mundo. Solo Estados Unidos tiene aprobado proyectos para la instalación de 30 terminales.
La mayor demanda exige la construcción de nuevos terminales de licuefacción (US$ 3.000 millones de inversión) y de barcos especiales para transportar el GNL (US$ 2.000 millones cada uno), por lo que ajustar los requerimientos del hidrocarburo, con la oferta es un juego que abre la puerta a un manejo entre proveedores y comercializadores para no quedar descalzados.
CRISIS DEL GAS: ¿ARBITRAJE O INTEGRACIÓN?
La crisis del gas natural argentino ha llegado a un nivel crítico. Como se recordará, con fecha 24 y 29 de marzo de 2004, la Secretaría de Energía de Argentina dictó la resolución 265/2004 y la disposición 27/04, imponiendo restricciones a la exportación del gas natural a Chile. A partir del 1 de abril de 2004, Argentina decretó cortes de suministro. Estos cortes tienen relación con decisiones políticas internas del gobierno argentino, especialmente la fijación de un precio demasiado bajo y que en Argentina han aumentado artificialmente la demanda interna y desalentado las inversiones privadas en la producción y transporte de gas. Las resoluciones gubernamentales argentinas y el hecho de mantenerse por segundo año consecutivo esta restricción a las exportaciones hacia Chile, contravienen el “Protocolo Sustitutivo del Protocolo 2 del Acuerdo de Complementación Económica 16”, suscrito entre Chile y Argentina en 1995. En el acuerdo internacional, Argentina se obligó a no poner restricciones a que los productores y otros vendedores de gas natural de Argentina exporten gas natural a Chile, contando los exportadores argentinos con los correspondientes permisos de exportación, siempre y cuando no se haya comprometido el abastecimiento interno al momento del otorgamiento de tales permisos.
Sin embargo, los exportadores argentinos se han visto afectados, desde abril de 2004, por un sistema mediante el cual con 24 horas de anticipación la autoridad argentina les comunica suspensiones de las autorizaciones de exportación del gas para redireccionarlo a abastecer la demanda interna, distinta y adicional a aquélla que pudiere estar afecta a compromisos previos al permiso de exportación. Las resoluciones del gobierno argentino han contravenido el Acuerdo Internacional GATT 1994 de la OMC, que en su artículo XI establece la eliminación general de las restricciones cuantitativas a la exportación, y en su artículo XIII la exigencia de no-discriminación en las exportaciones.
¿Cuáles son los derechos y caminos legales que tienen los particulares y el Estado de Chile frente a esta violación del Derecho Internacional cometida por el actual gobierno argentino?
En primer lugar, las empresas chilenas afectadas pueden acudir al procedimiento de reclamo establecido en el artículo 27 del protocolo adicional 2, del Acuerdo 16 ante la Direcon, quien debe adoptar las medidas que estime pertinentes. A continuación, el Estado chileno debe pronunciarse si ejercerá su derecho de iniciar el procedimiento de solución a la controversia, al amparo del artículo 11 de su protocolo sustitutivo. El procedimiento no comienza de inmediato con un arbitraje, sino que hay una negociación directa, con carácter formal, por un plazo máximo de 30 días. Si esto no tiene éxito, Chile podría recurrir a un arbitraje donde el tribunal tiene máximo 60 días para resolver. El tribunal puede facultar a Chile para aplicar una suspensión o retiro total o parcial de concesiones o beneficios otorgados al amparo del Acuerdo 16.
Un segundo camino consiste en que las empresas chilenas ejerzan su derecho de petición constitucional para exigir al Estado chileno que someta el caso ante la OMC. En este caso existe primero un procedimiento de negociación y consultas formales, y puede derivar en la aplicación del mecanismo de resolución de controversias de la OMC. El resultado de esta vía puede ser una o más recomendaciones del panel arbitral a las partes y/o una autorización para suspender beneficios o concesiones económicas y/o la aplicación de medidas compensatorias. Esto puede ser más eficiente, considerando el ambiente claramente desfavorable, dentro de la OMC, para imponer restricciones al comercio internacional de gas que resulten en subsidios de precio en el mercado interno.
Un tercer camino consiste en que las empresas demanden a sus proveedores argentinos por no haber adoptado las medidas necesarias ante la previsible disminución de abastecimiento de gas y por no haber ejercido sus derechos para cuestionar la legalidad de las restricciones impuestas por el gobierno argentino.
La disyuntiva aparente del Estado chileno, no es una decisión fácil. Hay por un lado un tema práctico: el interés inmediato de Chile es obtener más gas argentino. No está claro que una resolución arbitral favorable produzca ese resultado, si Argentina no tuviera, en el corto o mediano plazo, la disponibilidad de reservas o capacidad de producción, o si el gobierno trasandino no fuere capaz de enfrentar recortes internos adicionales en el suministro. Es más, en una reciente visita a nuestro país el presidente argentino habría amenazado con un corte total e inmediato de la exportación si Chile inicia las acciones legales. Pero por otro lado, una actitud débil del gobierno chileno, en el terreno político-diplomático, tiene al menos dos efectos negativos. El primero es reducir la capacidad de presión y negociación del gobierno chileno para obtener más gas argentino. El segundo, una desvalorización jurídica y política de la estrategia bilateral de apertura en el comercio exterior seguida por Chile a partir de los años 90, cuya expresión más elocuente son los acuerdos de complementación económica, como el Acuerdo 16, y en años recientes los tratados de libre comercio. La mejor opción sería iniciar los mecanismos formales de consulta en la OMC, lo cual es compatible con una vía política-diplomática activa y exitosa en el corto plazo, que involucre no sólo los mejores esfuerzos de suministro por parte del gobierno argentino, sino también un diseño más amplio de integración energética en la región, incluyendo países como Perú y Brasil. En el mediano y largo plazo, será necesario no sólo reestructurar la matriz energética sino también diversificar fuentes de suministro de gas natural, para incluir gasoductos adicionales con terceros países cercanos geográficamente y sistemas de licuación, transporte marítimo y regasificación para suministros provenientes de países más lejanos. La integración subregional y regional en Latinoamérica es una necesidad económica, en materia energética, no sólo para Chile sino también para varios otros países de la región (incluyendo Argentina). Por ello, no basta sólo pensar en acciones legales para hacer cumplir las normas de la OMC o el Acuerdo 16, debiéndose además rediseñar el débil andamiaje jurídico de la integración, incluyendo un sistema eficaz de solución de controversias e incumplimientos.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 27
 artículo 11
 resolución 
 resolución