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Timestamp: 2019-08-22 05:12:20+00:00

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﻿ SENTENCIA 2642 DE OCTUBRE 19 DE 2001
SENTENCIA 2642 DE 19 DE OCTUBRE DE 2001
CONTENIDO:NULIDADES ELECTORALES. INSCRIPCIÓN Y VOTACIÓN SIN PRESENTAR LA CÉDULA DE CIUDADANÍA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CÉDULA DE CIUDADANÍA, VOTACIÓN, NULIDAD ELECTORAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:362 DE FEBRERO DE 2002, PÁG.345
Sentencia 2642 de octubre 19 de 2001
INSCRIPCIÓN Y VOTACIÓN SIN PRESENTAR LA CÉDULA DE CIUDADANÍA
EXTRACTOS: «Dijo el demandante que en el proceso de elección del alcalde de Mitú para el período 2001-2003, en la Inspección de Policía de Yapú, se permitió la inscripción de ciudadanos que no tenían cédula de ciudadanía, a quienes además se les permitió que sufragaran; sostiene que por esta razón los votos depositados en la mesa única de la inspección señalada son apócrifos tanto como, por consiguiente, las actas de escrutinio de los jurados de votación de la misma, y que ello configura la causal de nulidad establecida en el artículo 223-2 del Código Contencioso Administrativo.
El artículo cuya violación se invoca es del siguiente tenor literal:
“ART. 223.—Modificado por la Ley 96 de 1985, artículo 65, Ley 62 de 1988, artículo 17. Causales de nulidad: Las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos:
2) Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación”
De conformidad con la norma transcrita para que se configure dicha causal es indispensable que se den dos supuestos fundamentales: que los registros o elementos que sirvieron para su formación sean falsos o apócrifos y que conduzcan a la modificación del resultado electoral.
El artículo 99 de la Constitución Nacional, exige la calidad de ciudadano en ejercicio como condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio.
El artículo 78 del Código Electoral dispone que para la validez de la inscripción se requiere la presencia del ciudadano y la impresión dactilar de su índice derecho, con lo cual el funcionario electoral debe expedir el comprobante de inscripción con el número de cédula inscrita y la mesa de votación y según el artículo 1º del Decreto 51 de 9 de enero de 1986, reglamentario de los artículos 17 y 20 de la Ley 96 de 1985 se requiere además para su validez la identificación del ciudadano con su cédula de ciudadanía y, agrega que no surtirán efecto las inscripciones que se hagan sin el lleno de los requisitos señalados. El objeto jurídico de la inscripción es levantar un censo de personas aptas para votar y predeterminar el lugar de votación del ciudadano inscrito, a fin de organizar en mejor forma los comicios.
Para efectos de la votación, por mandato del artículo 114 del Código Electoral, se requiere que los inscritos acrediten, con la presentación de la cédula de ciudadanía ante los funcionarios electorales, su identidad y su condición de ciudadanos titulares del derecho político que ejercen.
Dice así el precepto referido:
“El presidente del jurado le exigirá al ciudadano la cédula de ciudadanía, la examinará, verificará su identidad y buscará el número de la cédula en la lista de sufragantes. Si figura, le permitirá depositar el voto y registrará que el ciudadano ha votado”. ...”.
En el caso en estudio, el funcionario competente autorizó la inscripción de algunos votantes a quienes se afirma identificó con la contraseña de la cédula de ciudadanía y obtuvo de éstos el número que corresponde a su cédula de ciudadanía y su huella dactilar. Durante las votaciones una delegada de la registraduría distinta de la anterior y los jurados de votación permitieron igualmente que depositaran su voto presentado la contraseña de la cédula de ciudadanía y se acusa esa actuación porque configura la causal del numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.
La Sala ha definido como apócrifo lo que no es real, sino sólo supuesto, fingido, simulado o aparente (1) :
(1) Sentencia de octubre 12 de 1995, Expediente 1223-1225, C.P. Mario Alario Méndez.
En el sub lite, si bien es cierto existe prueba del registro y votación por parte de algunos ciudadanos sin presentar su cédula de ciudadanía, ello no acredita fehacientemente que los registros son falsos o que también lo sean los documentos que sirvieron para su formación.
Pudo ocurrir que, con arreglo a último inciso del artículo 10 del Código Contencioso Administrativo, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de sus funcionarios, identificó plenamente a los votantes acudiendo a sus archivos o simplemente otorgando plena credibilidad al documento “contraseña” que tiene el carácter de documento público que se presume auténtico mientras no se demuestre lo contrario mediante tacha de falsedad y, como tal, hace fe de su otorgamiento, de su fecha, y de las declaraciones que en él consignó el funcionario que lo expidió, según lo prescriben los artículos 252 y 264 del Código de Procedimiento Contencioso.
En el expediente no existe prueba alguna que acredite que quienes votaron en las condiciones descritas en la demanda no fueran titulares del derecho de sufragio que ejercieron o que no fueran ciudadanos en ejercicio o que estuvieran suplantando a los verdaderos titulares de ese derecho o que hubieran incurrido en doble o triple votación de manera que se alterara la verdad del resultado electoral. Tampoco se acreditó que se inscribieron o votaron con contraseña y se declaró que lo hubieran hecho con cédula.
Es claro para la Sala que la inscripción y votación sin presentar la cédula de ciudadanía constituye una violación de la ley que puede acarrear la nulidad del acto declaratorio de la elección pero no por la causal invocada sino, precisamente, por la de violación de la norma de derecho de fondo, prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.
Por otra parte, según la jurisprudencia de la sección, para que el acto electoral sea anulable se requiere que el número de los votos afectados de nulidad sea de tal magnitud que cambie los resultados de la elección, lo cual significa que la cantidad de votos anulables debe ser superior a la diferencia de votos registrada en los escrutinios entre el candidato elegido y aquel que obtuvo el segundo lugar en la votación.
En el caso sub judice, el señor Argemiro Figueroa Bonilla quien resultó elegido alcalde municipal de Mitú, obtuvo 1.857 votos, en tanto que el señor David Amézquita Driss alcanzó un total de 1.791 sufragios y ocupó el segundo lugar en la votación, y la diferencia entre ambas votaciones fue de 66 votos.
El demandante sostiene que fueron 80 las personas que sufragaron sin presentar la cédula de ciudadanía, lo cual de ser esto cierto, determinaría la declaratoria de nulidad de la elección en la medida en que la cantidad de votos irregulares sería superior a la diferencia de votos existente entre el candidato elegido y aquel que ocupó el segundo lugar.
De las pruebas allegadas al proceso, examinadas en su conjunto y con arreglo a las reglas de la sana crítica, no existe la menor duda de que algunos ciudadanos sufragaron en las elecciones del 29 de octubre de 2000 en la Inspección de Policía de Yapú sin presentar su cédula de ciudadanía laminada pero no existe prueba fehaciente del número de quiénes sufragaron en tales condiciones. Ello constituye, como se anotó precedentemente, una violación de normas jurídicas expresas cuya observancia es ineludible para asegurar la legalidad del acto declaratorio de la correspondiente elección y pueden conllevar la configuración de la causal prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo de violación de la ley y no la del numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo como ya se explicó.
Adicionalmente, dado que no es posible determinar de manera precisa el número de quienes hayan depositado su voto en dichas condiciones no es posible declarar la nulidad deprecada toda vez que conforme a la jurisprudencia de la Sala, sólo se accede a decretar una nulidad cuando se afecte el resultado de la elección y en este caso no se sabe a ciencia cierta cuántos sufragaron con contraseña.
Por tal motivo, habrán de denegarse las pretensiones de la demanda».
(Sentencia de octubre 19 de 2001. Expediente 2642. Consejero Ponente: Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá).

References: artículo 223
 artículo 65
 artículo 17
 artículo 99
 artículo 78
 artículo 1
 artículo 114
 artículo 223
 artículo 10
 artículo 84
 artículo 84
 artículo 223