Source: https://www.scribd.com/document/271551940/Seleccion-Del-Contratista-Cassagne-Cadm
Timestamp: 2018-12-10 06:16:04+00:00

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CAPÍTULO II - LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
ESTATAL Y LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
1203/10290
1. PRINCIPIOS Y VALORES EN JUEGO EN LA CONTRATACIÓN
La Administración, al seleccionar a sus contratistas, lo hace según un procedimiento
preestablecido en las leyes y reglamentos administrativos. La determinación del grado de
libertad que tiene para optar por un cauce formal u otro constituye una cuestión asaz
debatida, en la que confluyen posturas doctrinarias y jurisprudenciales no siempre
Es así que la interpretación acerca de si existe o no el principio de libre elección o
contratación (ver nota 1) en esta materia ha sufrido variaciones pues, aun cuando no se
puede desconocer que, en el inicio del Derecho Administrativo, ella fue la idea dominante,
tampoco hay que ignorar que en la posterior evolución de la disciplina, surgió la regla según
la cual, la licitación, específicamente la denominada “pública”, pasó a constituir un
principio inherente a toda contratación administrativa (ver nota 2).
En nuestro país, la jurisprudencia de la Corte Suprema se inclinó, siguiendo a Marienhoff,
en el conocido caso “Meridiano”, por la postura que restringe la aplicación de aquel
principio a los casos en que el ordenamiento positivo lo prescriba en forma taxativa (ver
nota 3). Mientras en la causa “Schmidt” (ver nota 4) nuestro Alto Tribunal sostuvo que el
carácter formal de la licitación configuraba un procedimiento de garantía para el interés
público cuyo incumplimiento, cuando ella estaba impuesta por un mandato legal o
constitucional, generaba la nulidad absoluta, la doctrina expuesta en el caso “Meridiano”
resulta más amplia y categórica al apuntar que “a falta de una norma expresa que exija la
licitación pública para elegir al cocontratante, o sea, ante la ausencia de fundamento
legal, debe estarse por la validez del acto” (consid. 9º).
Es cierto que si bien la libertad de contratación del Estado no puede limitarse por la
analogía (ver nota 5), ni tampoco surgir en forma implícita (ver nota 6), la exigencia de
licitación pública configurada como una regla inherente al ordenamiento cuando aparece
impuesta por ciertos principios generales del Derecho como los principios de concurrencia y
de igualdad. Si bien el principio de concurrencia posee una jerarquía superior no es menos
cierto que, aun desde una posición antiformalista, la igualdad ha de respetarse tanto en el
acceso (ver nota 7) a la contratación administrativa como durante la ejecución del contrato
(ver nota 8).
En este sentido, en el marco del contrato administrativo confluyen simultáneamente
relaciones de contribución, de distribución y de conmutación (que, en definitiva, constituyen
las clásicas especies de la justicia). Si por un lado, las relaciones de justicia general versan
sobre todas las potestades del Estado y los deberes y cargas que éste impone en la
Administración durante la ejecución del contrato, por el otro, las relaciones de distribución
y de conmutación tienen por objeto una relación más particular. Pero en suma, ambas
apuntan a lo debido por el Estado, ya tengan por objeto los bienes o cosas que distribuye la
Administración, o bien, los beneficios que obtiene el contratista en la conmutación
voluntaria, en la que la igualdad se realiza de objeto a objeto, en proporción a la cosa.
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a) El principio de concurrencia
Precisamente, lo debido por el Estado en una relación de justicia distributiva, siempre que
sea posible lograr la concurrencia de ofertas o cuando se trata de contrataciones standard o
de productos fungibles, conduce a la observancia por parte de la Administración del
procedimiento de licitación pública u otro similar (v.gr. concurso, licitación, etc.) aun
cuando no hubiera texto expreso que lo prescriba. De esta manera, el ámbito del principio
de libre contratación queda limitado —en líneas generales— a los supuestos en que no
resulta viable ni conveniente la concurrencia (ej.: caso de un fabricante único o exclusivo) y
a los casos de extinción o fracaso de una licitación pública.
Esta tesis encuentra apoyo no sólo en el principio de igualdad que proclaman los artículos
16 Ver Texto y 75 Ver Texto , inciso 23 de la Constitución (este último precepto prescribe
sobre la igualdad de trato) sino también, en otro principio, que recoge la reforma
constitucional de 1994, relativo al deber del Estado de proveer “a la defensa de la
competencia contra toda forma de distorsión de los mercados” (art. 42 Ver Texto ,
segunda parte, Const. Nac.).
A nuestro juicio, el principio de concurrencia que integra los principios inherentes a la
defensa de la competencia resulta plenamente aplicable a las relaciones entre los particulares
y el Estado en el ámbito de la contratación administrativa siendo evidente, por otra parte,
que soslayar el procedimiento de licitación pública (cuando la concurrencia es posible)
constituye una forma de distorsionar el mercado (ver nota 9).
En definitiva, si los principios poseen una dimensión de peso, cualquier duda debe
resolverse a favor del principio de concurrencia, que constituye la médula de todo el
procedimiento licitatorio, además de que la igualdad tiene que armonizar siempre con el
informalismo (ver nota 10).
Al promover la concurrencia del mayor número posible de ofertas la Administración
persigue la obtención de un menor precio (principio de eficiencia) o un procedimiento que
asegure la realización de la obra en el tiempo que demanda la necesidad pública (principio
de eficacia) lo que no impide la observancia armónica de los principios de informalismo e
igualdad, salvo la configuración de las circunstancias que justifican la libre elección del
En ese marco de principios, los procedimientos de licitación pública o similares permiten
lograr una mayor transparencia (ver nota 11) en las decisiones de las autoridades
administrativas, al haber más de un interesado en que la Administración observe la legalidad
y adjudique a la oferta más conveniente o ventajosa, ya fuere por razones económicas o de
otra índole (ej.: la selección de la mejor tecnología).
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2. SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. DISTINTAS CLASES
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a) El procedimiento de contratación y el crédito legal previo
Por lo general, los contratos que celebra la Administración, con personas privadas o
públicas no estatales, se instrumentan a través de un procedimiento formal que presenta una
serie de variantes según el grado de concurrencia y de igualdad que admita cada uno.
por esencia.A. sin perjuicio de la responsabilidad “precontractual” que le pudiera corresponder. pues la Administración puede subsanar el defecto a través de la vía indicada o mediante cualquier otro arbitrio que le permita transformar partidas” (ver nota 12). la decisión de acudir al procedimiento de contratación directa es eminentemente facultativa (ver nota 14) ya que nada impide utilizar otro procedimiento que posea un 3 . inc. en tal sentido. no sólo la decisión de contratar ha de estar suficientemente motivada (art. o en todo caso el acto es regular y susceptible de saneamiento (arts. A su vez. Esta interpretación de la Corte resulta correcta por cuanto todo procedimiento previo en el ámbito administrativo constituye. d]. En cuanto a los requisitos específicos que predeterminan la legalidad del procedimiento corresponde señalar que todo contrato que celebre la Administración ha de contar con la pertinente autorización o crédito legal presupuestario. como la de recabar varias propuestas —cuando el ordenamiento lo admite— se caracteriza por su discrecionalidad.N. 1203/10330 b) Distintas clases de procedimientos 1203/10340 1) La contratación directa Con independencia de la asimilación del procedimiento de contratación directa de libre elección (ver nota 13) la primera constituye una especie de esta última en base a un procedimiento reglado que puede prescribir la obligatoriedad o no de recabar varias ofertas y generar una concurrencia limitada de oferentes. tanto la decisión de contratar con una persona determinada. L. ley 19549). 7º Ver Texto . Sobre el punto.). la jurisprudencia de la Corte Suprema acotó el alcance de dicho principio al establecer (contrariamente a lo sostenido en el fallo de la Cámara Civil de la Capital) que: “El acto de convocar a la recepción de ofertas sin crédito disponible es legítimo pues los fondos son obtenibles con posterioridad a través del trámite del artículo 7º <>de la ley 13064.DERECHO ADMINISTRATIVO II Al respecto.) sino que deberán “cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico”. 7º Ver Texto . e]. además de tener que ser precedida de un dictamen jurídico previo (art. de la Constitución Nacional. una invitación a contratar que no obliga a la Administración a celebrar o perfeccionar el contrato. Por lo demás.N. inc. siempre que el respectivo contrato implique un gasto (que puede o no figurar en el plan de inversiones) y. Si bien la procedencia de la contratación directa o trato privado se encuentra reglada.P.P. L. 15 Ver Texto y 19 Ver Texto . inciso 8º.A. sin concurrencia de otras ofertas. Esto es así. la subsanación será siempre procedente dado que no se advierte la violación del orden público administrativo en los supuestos en que el respectivo contrato no alcanza a consumarse o perfeccionarse ni ha tenido principio de ejecución en lo que atañe a la erogación presupuestaria. la exigencia de una partida presupuestaria previa que autorice el respectivo gasto en el presupuesto armoniza con lo preceptuado en el artículo 75 Ver Texto .
“concurso subasta” (ver nota 20) e implica un mayor grado de transparencia frente a otros. único fabricante o vendedor. con sus proyecciones jurídicas en el procedimiento administrativo de selección.: licitación privada o pública). Seijas. empresarios. seguido en nuestro país en la mayoría de las privatizaciones de los servicios públicos. venta de productos perecederos. Gabriela Doctrina que cita a la Presente Título Tema La selección del prestador privado de un servicio público La selección del prestador privado de un servicio público La responsabilidad precontractual de la administración pública La responsabilidad precontractual de la administración pública CONTRATO ADMINISTRATIVO (En general) Fecha 2001 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (En particular) CONTRATO ADMINISTRATIVO (En general) 2001 DAÑOS Y PERJUICIOS 2002 2002 1203/10350 2) La licitación pública: el concurso-licitación La selección del contratante privado encuentra. en el primero de ellos. básicamente. reserva o secreto del Estado. este procedimiento de selección del contratista ha sido específicamente reglado por el ordenamiento positivo para supuestos tales como monto escaso. en el derecho español. Así. En principio. artistas o fabricantes especializados. marcas o privilegios. Seara. razones de urgencia. licitación desierta o con ofertas inadmisibles. compras y locaciones que sea menester efectuar en el extranjero. Juan I. y. Juan I. los principios de informalismo e igualdad. se denominaba también. como un procedimiento (ver nota 17) por el cual mediante una convocatoria o llamado a los eventuales interesados para que formulen sus propuestas con arreglo a un pliego de condiciones. en la “licitación pública”. compra de semovientes y contratos entre entidades públicas (ver nota 15).DERECHO ADMINISTRATIVO II mayor rigorismo formal. la propuesta económica. notoria escasez de los bienes a adquirir en el mercado local. Ahora bien. la selección puede llevarse a cabo: (i) en función del precio u otras condiciones económicas. concurrencia e igualdad (ver nota 18). Este último procedimiento. Autor Seara. reparación de vehículos y motores. la Administración proceda a elegir o aceptar la que resulte más conveniente. en estos casos. el cauce general de la contratación administrativa que se configura. que se prestan a combinaciones tendientes muchas veces a favorecer a determinado oferente. o bien (iii) por el procedimiento llamado de doble sobre donde. en el segundo. 1203/10360 3) La licitación privada 4 . (ii) por un sistema que atribuya distinto puntaje a los antecedentes y a la oferta económica (ver nota 19). respetando siempre la concurrencia e igualdad (ej. se presentan los antecedentes técnicos. Gabriela Seijas. Se trata de un género que comprende varias especies las cuales tienen en común la limitación de la discrecionalidad sobre la base de los principios de publicidad. etcétera. en determinados supuestos —como antes se indicó— la Administración se encuentra obligada a recabar ofertas a tres casas del ramo (ver nota 16) rigiendo.
científica. el procedimiento de concurso público constituye la regla para contratar servicios de consultoría (ver nota 22). la figura típica es el denominado “concurso público”.DERECHO ADMINISTRATIVO II La principal diferencia entre la licitación pública y la licitación privada radica en que en esta última no se procede a formular un llamado o convocatoria a los interesados sino que. los que deberán contener una síntesis de la iniciativa y fijar el día. como también para las designaciones de profesores de las universidades estatales (ver nota 23). se convoca mediante anuncios a la presentación de proyectos integrales. esta puja que se produce entre los concurrentes a la subasta y que no finaliza hasta no tener más postores que la última 5 . introdujo el procedimiento de concurso de proyectos integrales mediante el cual la selección se origina en una iniciativa privada previa que elabora el interesado en contratar con la Administración. en tal caso. difiere de la licitación pública en cuanto se realiza. aplicar el procedimiento de concursos integrales. En el orden nacional. Si no se presenta una oferta más conveniente se adjudica el concurso al autor de la iniciativa. una puja para ofrecer el mejor precio para la Administración. que permite elegir a quien reúne la mejor aptitud técnica. también denominada “subasta”. o bien. económico-financiera. 1203/10380 5) Concurso de proyectos integrales La Ley de Reforma del Estado. la Administración puede llamar a licitación pública. al modificar la ley 17520 <>que rige la concesión de obra pública (ver nota 24). quien cuenta con una preferencia en caso de presentarse proyectos más ventajosos por los otros participantes. primordialmente. la Administración decide invitar a determinadas personas a fin de que formulen ofertas en base a un pliego de condiciones previamente elaborado. La presentación de esta iniciativa privada equivale al pliego de condiciones (ver nota 25) y abre un procedimiento específico que comienza con la declaración de interés público de dicha iniciativa (ver nota 26). En este último supuesto. Declarada una iniciativa de interés público. los antecedentes de la persona a contratar. hora y lugar en que se procederá a la apertura de los sobres. Esta figura rige para las relaciones o contratos intuitu personae y su procedimiento es el mismo que disciplina la licitación pública. 1203/10370 4) El concurso público Cuando la selección del contratante privado se resuelva teniendo en cuenta. Precisamente. Esta preferencia se circunscribe a un llamado a mejorar las ofertas y a la posibilidad de adjudicarle el concurso si las ofertas fueren de equivalente conveniencia (ver nota 27). 1203/10390 6) Remate público Esta figura. cuya aplicación se lleva a cabo en forma supletoria lo cual. a su vez. permite distinguir este medio de elegir el contratista de la llamada contratación directa. en el que será parte el autor de la iniciativa. cultural o artística e inclusive. previa convocatoria al público en general debidamente publicitada. En todos los demás actos del procedimiento de selección de una licitación privada se aplican los principios y normas que rigen la licitación pública (ver nota 21).
6010. 1203/10410 8) Suministro o relevamiento de precios Esta nueva modalidad de contratación ha sido prescripta en el orden nacional a partir de 1994 y tiene por objeto la agilización del procedimiento de compras de la Administración mediante la recepción de disquetes que entregan los consultados lo cual permite formar una base de datos que después hace posible adquirir directamente en función de los precios más ventajosos que se hayan informado (ver nota 31). Rafael. 162-163. Bruno .E. 293-318. de escasa envergadura económica (ej. E. 179. Esta posición fue mantenida por la Corte Suprema en un pronunciamiento ulterior (“Almacenajes del Plata S. Noëlle . 125. en Después de la Reforma del Estado. 24-XI-1977.: papelería y útiles de oficina) y a la par de que es mucho más ágil que la contratación directa permite obtener los mejores precios del mercado. Buenos Aires. (nota 10) Ver el lúcido artículo de GORDILLO. pág. 627 y sigs. págs. 6-XI-1996. c/Administración General de Puertos”. cit. 88. Agustín A. G..A. Enrique. 1994. 1978. en “El principio de igualdad en la licitación pública y la potestad modificatoria en los contratos administrativos”. El remate público. II. publicado también en R. Obra Colectiva en Homenaje al Profesor Miguel S. Derecho Administrativo. t. c/Administración General de Puertos”.. Montevideo. 11. Fallos. En cambio. págs. pág.. Buenos Aires. 24-IV-1979 Ver Texto . 1987. “El procedimiento de selección del contratista como procedimiento administrativo especial”. op.D.D. III-A. pág. págs.. La Licitación Pública. Beltrán. Paris. se encuentra reglamentado en el orden nacional (ver nota 28) y en diversas Constituciones de nuestras provincias (ver nota 29). 1955. Buenos Aires. si la subasta se realiza con la recepción de ofertas bajo sobre obviando la puja.. T. nro. 444 y sigs.A. Bernard.. (nota 5) SAYAGÜÉS LASO.. c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires” Ver Texto . Así lo prescribe la Ley de Reforma del Estado (ver nota 30). Marienhoff. 1987. (nota 8) Como lo sostiene GAMBIER.MIHURA DE ESTRADA. VII-1 y sigs. en Cuestiones de Derecho Administrativo. (nota 11) Sobre este principio en Francia ver LASERRE. págs. 1998. t. 6 .). págs. (nota 12) CSJN.A. “La igualdad en la Contratación Administrativa”. (nota 3) “Meridiano S.STIRN. Armando N.D. Jorge S.DERECHO ADMINISTRATIVO II oferta. véase también SAYAGÜÉS LASO. (nota 2) BIELSA. Enrique. (nota 6) Ver nuestro comentario al caso “Meridiano”. (nota 4) Fallos. págs. págs. (nota 7) CASSAGNE. 173 y sigs. págs. constituye una de las principales diferencias con el procedimiento de la licitación. Buenos Aires. “Libedinsky. 172. 446. 12-III-1987.LENOIR. E. pág. 57. Abeledo-Perrot. 311:2385 Ver Texto ). “El informalismo y la concurrencia en la licitación pública”. Este procedimiento se justifica para la contratación de productos standard. . 1966. nro. para la venta o compra de bienes en público. 1203/10400 7) Venta de acciones en bolsas y mercados La calidad de accionista de una sociedad anónima permite que el Estado utilice el procedimiento de oferta pública para la venta de sus paquetes accionarios en las bolsas y mercados del país. 88. J. con comentario de Bianchi. Juan Carlos. el procedimiento se asemeja al de la licitación pública. T. 57. Buenos Aires. La Transparence Administrative.. 937. Buenos Aires. 2425. E. 627 A. en lo que constituye una reglamentación del principio de libertad de contratación o libre elección. nro.A. (nota 9) Sobre este principio se ha dicho que tiende a permitir que el mayor número posible de interesados pueda formular su oferta: CANOSA. pág.. t.. t.A.D. lo cual se justifica en virtud de la transparencia y publicidad que caracteriza a este procedimiento. 13 y sigs.C. 98 y sigs. 1998. en Derecho Administrativo. págs. obviando el procedimiento de la licitación pública. (nota 1) Este principio ha sido sostenido en nuestro país particularmente a partir de la obra del maestro MARIENHOFF (Tratado de Derecho Administrativo.
. 2ª ed. apartados a). Rodolfo Carlos. BARRA. h). (nota 25) MERTEHIKIAN. Ley de Contabilidad (dec. el mínimo valor a partir del cual está dispuesta a enajenar los activos de una concesión y la adjudicación de la concesión misma.ley 23354/1956) y art. 181.. Tratado de Derecho Administrativo. DROMI. el concursolicitación o subasta y la licitación privada. Contrato de Obra Pública. José María. (nota 21) BARRA.WINKLER.D.A. nro. II. Buenos Aires. “Las contrataciones interadministrativas y el principio de la libre elección”. T. cit. ley 24521. Guillermo. 4º <>.. 1203/10420 3. Contratos Administrativos y Contratos Privados de la Administración . ley 23696. 1990. 58 Ver Texto de la ley 23696. Dora P. Eduardo. 1989. Buenos Aires. págs. T. s/ contrato administrativo /Causa: 8. (nota 18) MARIENHOFF. Rodolfo Carlos. 5º). LCE suprimió el procedimiento del concurso-subasta. j). En la provincia de Buenos Aires está prescripto por el art. 36 <>. 5-IV-1994 en el que se publica dicho procedimiento establecido por el Ministerio de Economía. l) y m). de San Luis (art. 638-641. La Concesión de Obra Pública. págs. que compartimos a la luz del ordenamiento vigente en esa época. 261 Ver Texto . inc. pág. nro.O. a diferencia de la subasta romana. 28. Miguel S. II.DERECHO ADMINISTRATIVO II (nota 13) Ver y ampliar MARIENHOFF. de San Juan (art. 627-A. pág. 58. 492. (nota 30) Art. Madrid. 51 Ver Texto . 12 <>. (nota 22) Art. Por lo común.D. 56. (nota 20) En España.. inc. . págs. 163-164 y sigs. 261 Ver Texto . i). La Licitación Pública. 10) y de Mendoza (art. R. 10). 503 y sigs. (nota 24) Art. págs. (nota 28) Art. op. 3º. dec.-ley 23354/56). Tribunal C. 18 Ver Texto . g). 1995. Cont. f). a veces tampoco. (nota 17) Sobre su calificación como procedimiento ver: GORDILLO. tiene actualmente que armonizar con los nuevos principios como el que estatuye el deber de estimular la competencia en el mercado. págs. inc. págs. II. (nota 26) Ver FANELLI EVANS. e). págs. si bien se ha considerado en virtud de los arts. cit.A. nro. 1986. Esta conclusión. Adm. Tratado de Derecho Administrativo. reglamentación al art. T. sostienen que la libre elección o contratación constituye el principio general en materia de contrataciones interadministrativas. 133-134 y B. 1986. Jurisprudencia que cita a la Presente Fecha Partes 29/11/2000 Administración de Parques Nacionales v. 9º.. 494-496. T. 8º). ETAPAS DE FORMACIÓN DE LA VOLUNTAD ADMINISTRATIVA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA (U OTRAS FORMAS SIMILARES) Como se ha dicho. 7º). COMADIRA. op. “El informalismo y la concurrencia en la licitación pública”. 34 y sigs. págs. d). inc. 4º Ver Texto .-ley 9254/79 reformado por el art.. (nota 16) Se trata de los supuestos de monto escaso. c). 34 y 36 de la LCE este procedimiento ha sido sustituido por uno similar al percibir la subasta “con admisión previa” y la “subasta restringida”. (nota 14) Conf. LLao LLao Holding S. ley 17250. T. 10. José Roberto. k). Contratos de Obra Pública. Agustín A. inc. (nota 29) Constitución de la Provincia de Neuquén (art. cualquiera fuera el sistema de calificación o selección que se utilice para elegir la oferta más conveniente. Ley de Contabilidad). Buenos Aires. Ley de Contabilidad (dec. 143144.E. LOP. por su parte. la Administración no declara a priori el precio máximo en base al cual contratará la construcción de una obra o servicio ni. (nota 15) Art. Miguel S. art. inc. 62. en E.. III-A. Buenos Aires. ley 17520 modificado por el art... 860 y sigs. 1105/89. operaciones secretas y razones de urgencia (inc. 118. Rodolfo Carlos. 171 Ver Texto . t. 251 Ver Texto . incs. 200 y sigs. José R. (nota 23) Art.. Conf. 4º del dec. Estudios sobre Derecho Público. págs. 56. ley 22460. Buenos Aires. Fed. Julio R. (nota 31) Ver DROMI. Buenos Aires. (nota 27) Art. 202 Ver Texto . ley 11184. 293-294.. de Misiones (art. pág. (nota 19) BARRA. 2º y 3º. 11. 119. III-A.. Buenos Aires. Nac. b)..296/97 7 Tema y Subtema . 1996. la reforma del art. el procedimiento de la licitación pública resulta de aplicación directa (y no analógica) a procedimientos similares como son el llamado concurso. DE SOLAS RAFECAS.
por lo que permanecen como actos internos de la Administración. excluye la posibilidad de modificar las reglas de juego sobre las cuales los oferentes formularon sus propuestas. hasta el momento de la presentación de las ofertas (como tales pueden ser derogados. Modificabilidad A partir de la existencia del crédito legal. Su peculiar naturaleza jurídica. La variabilidad de su carácter jurídico no depende del arbitrio del funcionario sino que posee una naturaleza que va cambiando progresivamente en cada etapa del proceso de selección y durante la ejecución del contrato (ver nota 5). En efecto. tiene carácter interno aun cuando genera luego la posibilidad de producir relaciones fuera de la Administración. los pliegos no pierden su carácter normativo o reglamentario aunque bajo un régimen peculiar que. En tal sentido. . existen dos concepciones opuestas ya que mientras. En doctrina. Pero una vez que han cobrado publicidad —en el caso de la licitación pública a través de la publicación— los pliegos asumen una condición normativa o reglamentaria plena. después de su publicación. en el fondo. No se puede desconocer que en ambas concepciones anida una razón parcial aunque. P exigencia de garantías ADMINISTRATIVO (En general) para la impugnación administrativa de los pliegos de bases y condiciones. la elaboración de los pliegos de condiciones que servirán de base para la confección de las propuestas. por una parte. inicialmente. se ha dicho que las distintas clases de pliegos puede reconducirse. como ya se indicó. requisitos técnicos y financieros de las ofertas. un sector de la doctrina les atribuye naturaleza contractual (ver nota 2) otro postula su carácter normativo (ver nota 3) o reglamentario. en cuanto a los pliegos de condiciones generales (ver nota 4). una de las primeras.Trípoli. no rescatan la peculiar condición jurídica variable y progresiva que revisten los pliegos de condiciones. Aurelio L. en realidad a dos: a) de contenido legal o jurídico y b) las condiciones técnicas (ver nota 1). se ha debatido sobre su naturaleza jurídica teniendo esta cuestión gran trascendencia a la hora tanto de interpretar el poder de modificación o derogación que posee la Administración hasta el régimen que regula su impugnación. Cómo discutir la CONTRATO Ernesto . salvo para permitir la subsanación de recaudos formales. en los procedimientos de selección del cocontratante del Estado Fecha 2002 1203/10430 a) El pliego de bases y condiciones. antes de la publicidad los pliegos no operan efectos jurídicos directos en la esfera de los particulares interesados. Los pliegos de las licitaciones y concursos públicos contienen un conjunto de prescripciones que comprenden desde reglas de procedimiento. A partir de allí y hasta la adjudicación. criterios de selección hasta cláusulas de naturaleza contractual que regirán la futura relación con el adjudicatario. Por ello. sustituidos o modificados sin mengua del principio de igualdad). en principio. Este proceso. la Administración se halla facultada para iniciar las distintas etapas de la licitación siendo.DERECHO ADMINISTRATIVO II Fallos in Extenso Autor Doctrina que cita a la Presente Título Tema Ammirato. 8 .Geijo.
1203/10440 b) El llamado a licitación Los pliegos de condiciones elaborados por la Administración. no son susceptibles. se trata de normas contenidas en un reglamento administrativo que tienden a homogeneizar los criterios de evaluación. que también requieren de datos objetivos a esos efectos. De dicha jurisprudencia se desprende que la atribución del carácter reglamentario de los pliegos se refiere a las etapas previas a la adjudicación en cuanto ellas garantizan la publicidad. habida cuenta de que no se trata de una relación jurídica regida por el derecho privado sino por el derecho 9 .DERECHO ADMINISTRATIVO II Al producirse la adjudicación y durante toda la etapa de ejecución. y emanado de las garantías del debido proceso y de igualdad consagradas por los artículos 18 Ver Texto y 16 Ver Texto de la Constitución Nacional” (ver nota 6). salvo las causales de excepción que admite el derecho administrativo. como el resguardo de los propios derechos de los participantes. En efecto. la competencia o puja entre los oferentes y su vinculación con los principios de igualdad y del debido proceso adjetivo sin entrar al análisis de la integración de las cláusulas del pliego en el contrato administrativo. no obstante. de garantizar los principios de publicidad —conocimiento de las razones tenidas en cuenta por la Administración—. los pliegos integran la relación contractual. Se trata. Pero. sin que la formalización del llamado implique una “promesa de contrato” en los términos de los artículos 1148 Ver Texto y siguientes del Código Civil. etc. cambio de circunstancias. Este anuncio consiste en una invitación a presentar ofertas que traduce la voluntad de contratar de la Administración. de modificación. que su inalterabilidad sea relativa. adquieren naturaleza reglamentaria (con su consiguiente fuerza externa e impugnabilidad) a partir del respectivo anuncio licitatorio. que hasta el llamado poseían carácter interno (ver nota 7). aunque su inalterabilidad se relativiza por el principio de mutabilidad consensuada (por razones objetivas de interés público. no resultan meras formalidades susceptibles de ser obviadas o de ser cumplidas de manera implícita o indirecta. de normas vinculadas a la comparación de oferentes o concursantes. El carácter reglamentario que cabe atribuir al pliego durante el procedimiento de selección no puede contradecirse con el argumento de que. permitiendo así tanto el control de legalidad por parte de la Administración. por otro lado. en principio. en definitiva. En la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha puntualizado el carácter reglamentario de los pliegos señalándose que: “El establecimiento en los procesos de selección. Por el contrario. principios éstos esenciales a todo procedimiento administrativo de selección.) a condición de que ello igualmente hubiera ocurrido cualquiera hubiera sido el oferente. las que no pierden por ello su peculiar naturaleza materialmente legislativa. sus prescripciones pasarán a ser parte integrante del contrato administrativo pues una situación similar se produce con los contratos civiles. al incorporarse los pliegos al contrato no rige el principio de autonomía de la voluntad propio de los contratos civiles que pueden ser modificados en cualquier momento por acuerdo de partes. finalmente. ya sean concursales o licitatorios. que se integran con las normas imperativas y supletorias del Código Civil. Es ésta una importante diferencia que se da entre los contratos privados y los contratos administrativos que por sí sola justifica la configuración de una categoría diferenciada y el régimen típico que la acompaña. competencia —pujar conforme a los mismos criterios de selección— e igualdad —trato a todos los concursantes oferentes sin discriminación ni preferencias subjetivas—.
el oferente seleccionado posee un derecho subjetivo al contrato pero. la pretensión procesal coincide con su interés sustancial y concreto que se traduce en un acto que subjetivamente sólo a él le concierne y en el que su interés representa algo más que una garantía formal. finalmente. es evidente que. aun en los supuestos de formularse la invitación a personas determinadas. En consecuencia. variando su grado de protección en cuanto a su vinculación con la acción de fondo o sustancial. la situación jurídica del oferente difiere cuando actúa ejerciendo una potestad pública de defensa genérica de legalidad (en base. al propio tiempo. esa invitación a presentar ofertas no obliga a la Administración a celebrar el contrato. El llamado a licitación pública debe ser objeto de publicación y así lo prescriben diferentes ordenamientos tanto nacionales (ver nota 9) como provinciales (ver nota 10). En cambio. no obstante que pueda visualizarse la presencia de un derecho subjetivo subyacente. Situación jurídica del oferente Se ha dicho que la propuesta u oferta constituye una instancia del procedimiento de selección cuyo reflejo es el derecho a ser admitido como licitador y. exigencia que tiene por fin preservar el principio de libre concurrencia y de igualdad de acceso a la contratación administrativa. esta distinción se refleja en el tipo o especie de responsabilidad (la violación del interés legítimo sólo genera una responsabilidad precontractual) y en la ausencia de titularidad para promover acciones de cumplimiento contractual. 10 . se trata de poderes jurídicos conferidos por el ordenamiento para la protección de situaciones jurídicas individuales. Por lo común. 1203/10450 c) La presentación de ofertas. En ese sentido. el oferente que cumple con todos los requisitos subjetivos. la situación jurídica subjetiva del oferente se singulariza a través de la titularidad de un interés legítimo. en tal caso. no adquiere el derecho a ser contratista si ese acto no se consuma. objetivos y formales establecidos en los pliegos posee un verdadero derecho subjetivo a ser admitido al procedimiento de selección (ver nota 13) ya que. donde dicho anuncio constituye una de las etapas del proceso de formación de la voluntad administrativa (ver nota 8). beneficiando a un solo licitador. En este último supuesto. cualquiera sea la posición que se adopte. En cambio. sin perjuicio de la posibilidad de impugnar aquellos actos de la autoridad licitante que agravien la legalidad y razonabilidad del procedimiento y el principio de igualdad (garantía de legalidad). por más que pudiera demostrar que su propuesta sea la más conveniente (ver nota 14). Una vez operada la adjudicación. es evidente. por cierto. En cuanto a la situación jurídica del oferente la doctrina oscila entre atribuirle la titularidad de un interés legítimo en todos los casos o una combinación de situaciones jurídicas subjetivas según la presencia de un interés sustancial o formal (garantía de legalidad) y. es evidente que —por ejemplo— el oferente como titular de un interés legítimo no está legitimado para demandar la adjudicación ni la celebración o cumplimiento del contrato. como ocurre en el procedimiento de la licitación privada. a la eventualidad de que se cristalice el derecho subyacente a ser adjudicatario) situación que se da —por ejemplo— al impugnar una circular emitida dentro del procedimiento licitatorio por el licitante que viola el principio de igualdad.DERECHO ADMINISTRATIVO II administrativo. una auténtica oferta de contrato (ver nota 11). De todos modos. que si no se emite el acto administrativo en que culmina el proceso de selección (con independencia del perfeccionamiento contractual) a través de la adjudicación en legal forma. se ha abierto una corriente (a partir de la tesis formulada por Barra) que propicia la unificación de la distinción (ver nota 12).
hay que admitir el cambio o subsanación de las ofertas por aspectos o detalles formales que no impliquen su modificación sustancial dado que. En la actualidad. Por otra parte. en el derecho administrativo existe una regla opuesta (ver nota 16). donde rige el principio según el cual toda propuesta de contrato puede ser retirada antes de su aceptación sin incurrir en responsabilidad. permitan que el juez ordene a la Administración que adjudique a quien legalmente corresponda. en estos supuestos. se privilegia la posibilidad de que la Administración obtenga adecuadas alternativas de selección mediante una mayor concurrencia y. resulta procedente. que tanto la admisión al procedimiento de selección como el cumplimiento del contrato representan la culminación de su pretensión sustancial. sin que ello obste a la igualdad de trato en el proceso licitatorio. se extiende el principio del informalismo. el cual. emitidas antes. Pero. al propio tiempo.DERECHO ADMINISTRATIVO II Ocurre. puedan abrirse con posterioridad. la modificabilidad de las ofertas puede surgir a posteriori de la adjudicación 11 . en armonía con otros principios de la contratación administrativa (concurrencia e igualdad). los oferentes tienen la obligación de mantener sus ofertas por el plazo determinado (ver nota 17) en los pliegos o en los reglamentos de contrataciones. En cuanto a la presentación de las ofertas (en el lugar y término indicado en el pliego) si bien se ha sostenido que se trata de una única etapa procesal con el de apertura de los sobres (ver nota 15). la admisión de ofertas por vía postal u otro medio técnico que. a todo el procedimiento de selección y ejecución de los contratos que celebra la Administración Pública (ver nota 19). afín a la naturaleza formalista que se atribuía a todo el procedimiento de contrataciones. en tales casos. la Administración posee siempre el derecho a dejar sin efecto el llamado a convocatoria sin responsabilidad de su parte. dado que se trata de un principio de base legal (ver nota 20). propio del procedimiento administrativo. el principio de igualdad. aplicable directamente a todos los procedimientos administrativos. 1) Mantenimiento de las ofertas: garantía A diferencia de lo que acontece en el derecho privado. 1203/10470 2) Inmodificabilidad de las ofertas: su carácter relativo Durante muchos años se sostuvo el principio de la inmodificabilidad de las ofertas como una regla absoluta. La función de asegurar el cumplimiento de esa obligación por parte de los oferentes. mientras que las impugnaciones que se formulan dentro del procedimiento de selección configuran medios de defensa formales. Conforme a ella. tanto el adjudicatario como los eventuales impugnantes poseen un verdadero derecho subjetivo. por más que la jurisprudencia no haya acertado aún a encontrar mecanismos que. que hacen a las garantías de legalidad establecidas en protección del eventual derecho a ser adjudicatario. que cubre toda la responsabilidad del proponente (ver nota 18) en el supuesto de que este último desista de su propuesta. se opera mediante el establecimiento de una garantía de oferta. Por tales circunstancias. la coincidencia entre el acto de presentación de ofertas y su apertura no excluye cualquier otro medio de presentación que permita abrir los sobres en esa instancia del procedimiento. superando la mera declaración de invalidez de la adjudicación (que implica el retorno a una etapa indefinida). en virtud del principio del informalismo. no plantea dudas acerca de su vigencia y consecuente aplicabilidad. Por lo demás. en cada caso. a partir de la adjudicación. En este sentido.
la posibilidad de presentar variantes u ofertas alternativas debe hallarse contemplada en el pliego (ver nota 21). en la práctica. siempre que tal cambio hubiese ocurrido igualmente con cualquiera de los oferentes. plazo. como se verá seguidamente. experiencia u obras similares. donde se cambien las bases de la licitación. en cuyo caso la administración. si bien la norma prescribe que la adjudicación deberá recaer en la oferta más conveniente (ver nota 25) para la Administración. los sistemas de registros de proveedores o constructores no han funcionado eficazmente y han sufrido los efectos de la anquilosis constitucional que viene aquejando a las organizaciones burocráticas. 12 . etc.DERECHO ADMINISTRATIVO II a raíz de un cambio de circunstancias que plantee la necesidad de adaptar o reajustar el contrato y mantener el equilibrio de las prestaciones inicialmente comprometidas. lo que contribuye a la transparencia del proceso de selección dada la seguridad que traduce el hecho de homogeneizar las ofertas a los efectos de su comparación con lo que. Y aun sobre la base del principio de que la presentación de una variante no puede invalidar la propuesta principal también puede proponerse una variante absoluta. en algunos casos. cuyo régimen positivo se inclina por el criterio de la “oferta más conveniente” (ver nota 26). La adjudicación constituye el acto administrativo que selecciona la oferta más conveniente para la Administración desde el punto de vista de su idoneidad moral. plan de inversiones. se promueve una mayor concurrencia de oferentes. resulta necesario que se realice la presentación conforme a las bases o contenido del pliego (ver nota 22). si bien. Por ese motivo. en la práctica se adjudica a la oferta que cotiza el menor precio. en definitiva. En materia de suministros. Aun en los contratos tipificados legalmente. Sin embargo.: suscripción del contrato de obra pública). la selección de la oferta más conveniente puede llevarse a cabo mediante la comparación de todos los elementos objetivos integrantes de la oferta (precio. Es cierto que si la Administración tuviera la posibilidad de determinar a priori la idoneidad moral. se exigen requisitos adicionales para el perfeccionamiento contractual (ej. 1203/10490 d) Adjudicación.). 1203/10480 3) Variantes u ofertas alternativas En principio. aspectos tecnológicos. como el de Obras Públicas. técnica y económicofinanciera (ver nota 24).gr. existen dificultades para adoptar un criterio uniforme que defina el principio aplicable para realizar la selección ante la ausencia de pautas indicadoras en el pliego. y además porque puede haber otros elementos objetivos de comparación aparte del precio (v. Sin embargo. aspectos técnicos y antecedentes en obras similares) (ver nota 28). se plantea el problema de cuál es el criterio que debe prevalecer a la hora de definir el grado de conveniencia de una determinada oferta. Aun en tal caso. La oferta más conveniente como concepto jurídico indeterminado La decisión de contratar con un determinado oferente determinado se lleva a cabo a través de un acto administrativo que recibe el nombre de adjudicación. la que viene a perfeccionar el acuerdo de voluntades con la Administración. puede convocar a un nuevo proceso licitario (ver nota 23). realizándose la adjudicación por el criterio del precio más conveniente (ver nota 27). si lo considera conveniente. técnica y financiera de cada oferente la selección sería más automática y objetiva.
cuya tarea consiste en comparar y ponderar las distintas propuestas presentadas en la licitación (ver nota 35). ello dependerá de los efectos que el respectivo régimen o pliego de condiciones atribuyan al acto de preadjudicación. por su mayor automatismo y transparencia. Rodolfo Carlos. cit. ya que si él provoca la exclusión definitiva de ofertas es evidente que se convierte en un acto administrativo por el carácter directo de sus efectos en relación con los terceros participantes de la licitación. I Contrati della Pubblica Amministrazione. 13 . etc. obtención de mayores ingresos. T. Selección del Contratista Estatal. op. Miguel S.). tanto en garantía del principio de concurrencia como del de igualdad. 1967. lo cual se funda en la en tales casos. permite que todos los oferentes elegidos se encuentren en las mismas condiciones. tratándose de venta empresas. el criterio de “oferta más conveniente”. G. carezca de facultades para exigir la adjudicación (ver nota 40) y el consecuente perfeccionamiento del contrato. Ismael. Ahora bien. 104. pág. suministros. de bienes del Estado (ver nota 29) o privatizaciones de efectuarse. T. a la propuesta que ofrezca el la inversión de la regla general. Bolonia.. que preside la selección. Rodolfo Carlos. pág. por principio. BARRA. realiza una comisión de preadjudicación. 1972. 479. 1203/10500 1) La preadjudicación En ciertas contrataciones suele preverse. I. la adjudicación ha de precio más alto.. 486. no constituye una actividad discrecional (ver nota 31) sino reglada que coloca a la Administración frente “al inequívoco y claro camino de elegir lo que la norma propone” (ver nota 32).MATA. nro. II.. ventas. aun cuando. combinado con un sistema de puntaje mínimo que permita eliminar a los que no alcanzan a cumplir los requisitos indispensables. Este análisis que. no obstante lo cual precisa cumplir siempre con el requisito de la motivación. la intervención de una comisión de preadjudicación. acuerdo en que se trata de una actividad no vinculante. respecto del oferente. Desde luego. (nota 2) MARIENHOFF. para ofertar el precio. persigue la Administración al procurar la Pero. en el que la administración en el primer sobre no sólo examina los antecedentes generales del oferente sino los específicos de la contratación lo cual. Licitación Pública. se admita la posibilidad de que el particular puede impugnar la preadjudicación (ver nota 39). pág. En la doctrina (ver nota 36) y en la jurisprudencia administrativa (ver nota 37) existe. en el segundo sobre. (nota 1) BARRA. Buenos Aires. la determinación de la oferta más conveniente tiene que efectuarse con arreglo a las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la licitación (ver nota 33). (nota 3) FIORINI. pág. interna y provisional (ver nota 38) aunque. en algunos casos. ROEHRSEN DI CAMMARATA. en general.. concesiones o licencias. cit. el sistema del doble sobre. como parte de una etapa preparatoria de la decisión de adjudicar el contrato a la oferta más conveniente. Tratado de Derecho Administrativo. resulta imprescindible establecer en el pliego de Bases y Condiciones Generales el sistema y el procedimiento que regirá para la adjudicación de la oferta. III-A. T. 80. op. propio de la figura denominada “concurso-licitación”. pág. lo que implica diferencia de objeto y fines que. traduce un concepto jurídico indeterminado (ver nota 30) susceptible de la más amplia revisión judicial en punto a la legalidad y razonabilidad de la comparación. Bartolomé . 643 a). T.DERECHO ADMINISTRATIVO II Por ese motivo. 211. por lo común. en todos los casos (obras públicas. Buenos Aires. debiéndose expresar el criterio objetivo y real (ver nota 34) que permitió seleccionar la propuesta en cada caso. II. De todas maneras. En la práctica administrativa viene imponiéndose.
op. (nota 20) Art. Con relación específicamente al tema nos remitimos al lúcido trabajo de GAMBIER. 61. op. del reglamento de contrataciones. pág. 1980. Rodolfo Carlos... Juan Francisco. II. Universidad Nacional de Cuyo y Asociación Argentina de Derecho Administrativo. José Luis. nro. en E. Miguel Ángel. (nota 29) Art. Alberto B. (nota 14) MARIENHOFF. op. 1988-D. 273 y sigs. Beltrán. pág. 1980. y nuestro Derecho Administrativo. 1º Ver Texto . 240. 644. R. Tratado Integral de los Contratos Administrativos. op. por dec. modif. T. II. Beltrán. (nota 18) BARRA. pág. pág. Tratado de Derecho Administrativo. “El ‘writ of certiorari’ en nuestra Corte Suprema (‘La cuestión federal suficiente como concepto jurídico indeterminado’)”. págs. pág. 125. 353. págs.D. 13). Provincia de Córdoba. 18. LOP. expuso en su momento una tesis compatible con la que propugnamos en el texto al atribuirle a los pliegos una naturaleza compleja. “Pliego de condiciones”. Miguel S... “La oferta”. Tratado de Derecho Administrativo. (nota 21) Conf. op.E... Buenos Aires... pág. III-A. 61.. (nota 17) Art.. 1980. II. pág. 751. 751.E. Estela Delia Correa de c/Universidad Nacional de San Juan”. producto del Primer Congreso Internacional de Derecho Administrativo. 139 y 149 del R. 516. Principios de Derecho Administrativo. Rodolfo Carlos. (nota 37) Procuración del Tesoro de la Nación. art. II. art. Buenos Aires. págs. (nota 22) Solución que se propone en el Proyecto CIMOP de 1970 (art. sostiene que los pliegos de condiciones no tienen naturaleza reglamentaria ya que “poseen una connotación objetiva directa con relación a cada contrato y su aprobación es un acto particular y concreto”. T. II. “El concepto de oferta más conveniente en el procedimiento licitatorio público (La doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados y el control judicial)”..D. (nota 9) Art. op. T.. pág.. donde se puntualizó que la preadjudicación constituye “uno de los actos preparatorios de la voluntad de la Administración que en el supuesto en análisis se opera dentro de una sucesión de pasos que conducen desde la presentación de ofertas 14 . La Selección de Contratistas. (nota 36) LINARES. Dictámenes. (nota 12) BARRA.D. Tratado de Derecho Administrativo... inc. págs. II.. Rodolfo Carlos. (nota 16) MARIENHOFF. 10 <>. Buenos Aires. III-A. t. Madrid. págs. (nota 6) Voto del dr. Rodolfo Carlos. en Contratos Públicos. (nota 28) BARRA. inc. (nota 26) Art..C. T. Manuel M. 1980. II. Carlos Manuel. (nota 11) Conf. Barra en la causa “Martín. 315:1561). Mendoza. T. págs. II. Tratado de Derecho Administrativo. 1980-D. (nota 34) GAMBIER. (nota 13) MARIENHOFF. 383/73. (nota 31) BARRA. op. T. 744 y sigs. 600-601. Guillermo E. T. págs.. III-A. págs. pág. 247 y sigs. Beltrán. cit. Miguel S. T. T. pág. T. 648. 223-224. Rodolfo C. T. José María. BIANCHI. t. op. 97. cit. Mendoza. Buenos Aires. (nota 24) MARIENHOFF. T. 1306 y sigs. Rodolfo Carlos. 61. LNPA. cit. cit.. págs. pág. cit. (nota 30) Ver GRECCO. T. modif. 304 en el libro Contratos Públicos.A. 330. 857 y sigs. (nota 35) Sobre el acto de preadjudicación la Corte Suprema ha sostenido que se trata de una etapa que tiene por fin posibilitar el control de los restantes oferentes en orden a la obtención de la oferta más conveniente (Fallos. Miguel S. Agustín A. T. (nota 32) GAMBIER. op. cit. 634.L. (nota 10) Ej. Buenos Aires.. 11. 648. Mendoza. Buenos Aires. nro.C. “La doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados y la fiscalización judicial de la actividad administrativa”. Héctor Jorge. R. (nota 5) BERÇAITZ. 19 <>. 198. Teoría General de los Contratos Administrativos. (nota 8) BARRA. (nota 27) MARIENHOFF. 5ª ed. 1977. Miguel S. pág. pág. inc. pág. (nota 33) ESCOLA. 175. págs. págs.DERECHO ADMINISTRATIVO II (nota 4) ABAD HERNANDO. DIEZ..E. 223. 76. Rodolfo Carlos. BARRA. ley 13064. 241. incs. op. FANELLI EVANS.. año XV. 640-641. II. t. Rodolfo Carlos. pág. t. t. por el dec.. 827/88. Buenos Aires. 35-50. II. III-A. nro. (nota 15) BARRA. (nota 25) Art. I. publicada en Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública. cit.. cit. 116 y sigs. 898. 299 y sigs. T. págs. 243.. 634. cit. III-A. BARRA. cit. Buenos Aires. pág. Miguel S. cit. BARRA. L.. 437. 1963. 430 y sigs. LOP. pág.. ley 6080. en Contratos Administrativos. (nota 7) BOQUERA OLIVER. “La preselección de oferentes en la licitación pública”. 654. cit. 20. 1980. 149. Tratado de Derecho Administrativo. Rodolfo Carlos. 328 (que contiene los trabajos y debates del Primer Congreso Internacional de Derecho Administrativo).. e). pág.. Rodolfo Carlos. 235. (nota 19) GORDILLO. op. T. nro.". Rodolfo Carlos. 10-XII-1992 Ver Texto . L.L. pág. E. 61.. (nota 23) BARRA. op.
cit. en primer término. El principal efecto que produce esta situación consiste en el surgimiento de una habilitación a favor de la Administración para proceder a la contratación directa. III-A. pág. obviando la concurrencia de ofertas (ver nota 1) aun cuando también puede. Rodolfo Carlos. Bartolomé .. Gabriela Doctrina que cita a la Presente Título Tema Fecha La responsabilidad CONTRATO 2002 precontractual de la ADMINISTRATIVO (En administración general) pública La responsabilidad DAÑOS Y PERJUICIOS 2002 precontractual de la administración pública 4. pág.. LICITACIÓN DESIERTA. Buenos Aires. no se encuentra habilitada para proceder a la contratación directa (ver nota 6). (nota 3) La doctrina considera que el art. Tratado de Derecho Administrativo. 244. Asimismo. cit.. Miguel S. T. el llamado a licitación o el procedimiento. Miguel S. 186. genera responsabilidad administrativa y el consecuente derecho de los oferentes a la indemnización de los gastos incurridos y del valor estimado de la chance que tenían a ser adjudicatarios (ver nota 7). Miguel S.. Tratado de Derecho Administrativo. f) de la LOP incluye en el concepto de oferta inadmisible el impuesto de oferta inconveniente: MARIENHOFF. en tales casos. FIORINI. en un dictamen posterior de la Procuración del Tesoro se sostuvo que: “. Autor Seijas... un asesoramiento o recomendación. Buenos Aires. En esos supuestos. en punto a su ilegitimidad. op. luego de haber valorado las ofertas y por tanto. págs. (nota 2) BARRA.. T. III- 15 . EL FRACASO Y EXTINCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. ya sea por razones de ilegitimidad (imputables a la Administración) como de oportunidad. 201 y sigs. 9º. Buenos Aires. Gabriela Seijas. La revocación de la licitación. Licitación Pública. Ismael. II. págs. T..DERECHO ADMINISTRATIVO II hasta su adjudicación final”. 155.MATA. III-A. Selección del Contratista Estatal. op. (nota 1) MARIENHOFF. 259. se vincula con los defectos o vicios de las propuestas. tendiente a la mejor información del órgano que deberá resolver en definitiva. la Administración se encuentra facultada para contratar directamente o por licitación privada (ver nota 4) y los oferentes no pueden reclamar indemnización alguna (ver nota 5). T. T. el que puede apartarse o no de esa valoración. (nota 39) FANELLI EVANS.A. III-A. R. La segunda situación de fracaso de una licitación se da cuando la Administración considera que los precios ofertados resultan inconvenientes (ver nota 3). convocar a una nueva licitación pública. hay otras causales de extinción que también implican el fracaso de la licitación. habida cuenta de que la causa invalidante no supone que existan circunstancias que obsten a una futura concurrencia ni al prejuzgamiento de las ofertas.P. 646 y sigs. La primera de ellas. Guillermo E. (nota 38) MARIENHOFF. 899. como es lógico. de oficio o a petición de un particular afectado. por razones de ilegitimidad. (nota 40) MARIENHOFF. pág. dada su falta de carácter vinculante” (conf. La situación es distinta si la Administración resuelve revocar.. 245. Miguel S. nro. Buenos Aires. por la falta de presentación de ofertas que hace que la Administración se vea ante la necesidad de declarar desierta la licitación.la opinión vertida por la Comisión de Preadjudicación consiste en un consejo que da la autoridad decisoria. inc. lo que provoca la declaración de inadmisibilidad de las ofertas (ver nota 2). pág. OFERTAS INADMISIBLES O INCONVENIENTES Una licitación pública puede fracasar.). Tratado de Derecho Administrativo. 1972. pág. ya que. Tratado de Derecho Administrativo. Ahora bien..
II. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO El tema del perfeccionamiento del contrato presenta algunas peculiaridades en el derecho administrativo pues los principios provenientes del Código Civil deben articularse con los regímenes contractuales que contienen prescripciones específicas. T. Buenos Aires.-ley 23354/56) que dispone: “El contrato se perfecciona con la adjudicación efectuada por la autoridad competente dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta. sin perjuicio de la responsabilidad precontractual que se le pudiera imputar. por lo común.. pág. conforme lo prescribe la Ley de Obras Públicas (ver nota 2). Rodolfo Carlos. f). 109. aunque esta regla va a tener una aplicación relativa en el derecho administrativo que. inc. 648. pág. 1966. Nac. (nota 6) Conf. Por su parte. LLao LLao Holding S. Adm.. que: “La adjudicación será comunicada al interesado en forma fehaciente dentro de los 7 días de acordada.A. 650-652. la responsabilidad contractual en caso de incumplimiento. BARRA. La cuestión cobra trascendencia en la medida en que. F. acota el margen de libertad formal de los contratantes no sólo en el proceso de selección sino en el perfeccionamiento del vínculo contractual. mediante orden de compra o venta.296/97 Fallos in Extenso 1203/10520 5. Buenos Aires. (nota 5) Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación.DERECHO ADMINISTRATIVO II A.. 261-262. Fed. 160. A su vez. el contrato se perfecciona con el acuerdo o fusión de voluntades (ver nota 1). 462. Como regla general. LOP. F.. según lo dispuesto por el inciso 61 y la comunicación a que se refiere el inciso 81". págs. 9º. el inciso 81 establece. la administración puede dejar sin efecto el proceso de selección. por ende. De acuerdo a que cada clase de contrato suele variar la forma del perfeccionamiento pudiéndose exigir desde una ley o decreto que lo aprueben hasta la firma de un contrato redactado para el caso. Recién a partir del perfeccionamiento del acuerdo de voluntades es que nacen propiamente los derechos y obligaciones del contrato y de la Administración y. cit.. op. Jurisprudencia que cita a la Presente Fecha Partes Tema y Subtema 29/11/2000 Administración de Parques Nacionales v. s/ contrato administrativo /Causa: 8. En consecuencia el contrato de suministro se perfecciona a través de la notificación de la adjudicación más un requisito adicional consistente en la emisión de la correspondiente orden de compra o venta. MO. (nota 4) Art. hasta ocurrir el perfeccionamiento del contrato. 16 . en su primer párrafo. el perfeccionamiento del contrato de suministro contiene reglas específicas encontrándose regulado en el inciso 80 del Reglamento de Contrataciones del Estado (reglamentación al art. Tribunal C. cit. Régimen Legal de las Obras Públicas. que también deba serle notificada o comunicada. Cont. T. op. como requisito de forma esencial.”. pág. 61 del dec. págs. Rodolfo Carlos. (nota 7) BARRA.
plazo fijado para la apertura de la correspondiente carta de crédito si se hubiere estipulado esa forma de pago. 29/11/2000 . por sí mismo. 620. Adm. en forma liminar la improponibilidad e inadmisibilidad de la demanda por no mediar coherencia jurídica entre los presupuestos de hecho que invoca la Administración de Parques Nacionales y el fundamento y alcance de la pretensión ejercida en el juicio. que perfecciona el acuerdo de voluntades. 125/135 la juez de la instancia anterior hizo lugar a la demanda promovida por la Administración Nacional de Parques Nacionales y condenó a la firma Llao Llao Holding S. que no es otra de la del cumplimiento del contrato suscripto como consecuencia de la licitación pública convocada para la venta del hotel Llao Llao". Fed. (nota 3) Conf. 25 <>. T. por ende.. o sea del dec. (nota 2) Art.¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? El Dr.A. 145. Que en su expresión de agravios expresa la demandada: "Planteó mi parte. no es idónea para producir el perfeccionamiento ni.870. FALLO Textos Completos Fallo in extenso (C. (nota 1) MARIENHOFF. 2ª INSTANCIA. aunque fuere notificada. en tal caso. la Administración. A fs.Buenos Aires. Reglamento de las contrataciones del Estado. inc. a abonarle la suma de U$S 2. LLao LLao Holding S. En cualquier caso. Miguel S. nro.. 82 de la reglamentación al art.000 en la forma prescripta en el considerando X. II.Administración de Parques Nacionales v. Que por sentencia de fs.. quien expresó agravios a fs. con más las costas del juicio. la sola adjudicación. ley 13064. los que fueron contestados por la Administración Nacional de Parques Nacionales a fs.-ley 23354/56. Tratado de Derecho Administrativo. lugar.. forma y plazo de entrega (ver nota 3). 156/162. sala 5ª. 147 expresa: "Con el impactante pero elusivo fundamento de que el pliego de bases y condiciones es lo que tiene primacía (agrego yo que con carácter genérico) para 17 . noviembre 29 de 2000. s/ contrato administrativo /Causa: 8. De ese modo. 144/152.296/97). Gallegos Fedriani dijo: I. sin perjuicio de la responsabilidad precontractual en que incurra. para exigir la emisión de la orden de compra. Buenos Aires. pág. ella constituye un acto administrativo. III-A. 61 de la Ley de Contabilidad. Que a fs.A. Cont. Nac. la orden de compra es un requisito que se adiciona a la comunicación de la adjudicación.DERECHO ADMINISTRATIVO II La orden de compra contiene las estipulaciones básicas de la contratación y en especial: la forma de pago establecida. 136 apeló la parte demandada.
en su valor nominal. cual es la existencia de un específico contrato que es. con más el interés corrido hasta la fecha de adjudicación." y los títulos de la deuda externa entregados al Banco Central en concepto de precio adicional.A fuerza de ser insistente reiteraré una vez más que no puede el magistrado de la anterior instancia resolver derechamente una demanda de cumplimiento de contrato prescindiendo de éste -el contrato. fs. Que. que ofrecen pagar por encima del precio base en dólares mediante la entrega a la Administración de Parques Nacionales de títulos de la deuda externa argentina soberana acreditada por el Banco Central.. valor nominal con más los intereses devengados e impagos hasta la fecha de conversión. en títulos de la deuda pública externa por la suma U$S 2. modificatorio y no necesariamente erróneo. El 10/5/1993 la Dirección de Administración del organismo estatal refiere la disparidad existente entre la obligación asumida por "Llao Llao Holding S. 16. 16 ap. 32 expte. La entrega de títulos de la deuda pública externa argentina deberá realizarse por un valor no menor U$S 12.. En estos obrados no se está demandando el cumplimiento del "pliego" -por mucho valor que éste tenga. 128 vta.2. la juez cierra los ojos a una realidad que irrumpe con una objetividad y concreción indisimulable.000. pero no puede prescindirse de él con el fácil y dogmático recurso de afirmar que un acto temporalmente anterior dice algo distinto del posterior que -insistobien puede ser aclaratorio.000 aclarando que el importe del precio adicional señalado surge del texto del contrato de transferencia. adm.A.sino de un contrato firmado en su consecuencia." toma conocimiento de la nota enviada por la Administración Nacional de Parques Nacionales (fechada el 14/5/1996) con el objeto de "efectuar por formal reclamo del saldo impago en concepto de precio adicional.000 entregada por capital e intereses. 130 agrega la juez: el pliego de condiciones que rigió la licitación 001/1990 estableció -en relación al precio original. Asimismo los intereses posteriores quedarán a favor de la Administración de Parques Nacionales. y siguiente donde se afirma: "Surge del expte. Al firmarse el contrato de transferencia se informará a la adjudicataria el procedimiento de verificación y transferencia de los títulos de la deuda externa" (ver art. que ser dejado sin efecto. el antecedente en el que se cimienta la pretensión de cobro intentada por el organismo del Estado. El anexo IV menciona los títulos de la deuda 18 .2. la oferta de compra original y la escritura traslativa de dominio suscripta oportunamente". expresado en su valor nominal. El 28/5/1996 "Llao Llao Holding S. por un total de U$S 12.870.y remitiéndose a un antecedente que.000. en que quedará a favor de la Administración de Parques Nacionales. Dichos títulos deberán ser entregados a la Administración de Parques Nacionales. a los fines de precisar las cuestiones en análisis corresponde remitirse a lo expuesto por la juez a fs. conf. aun vinculatorio para las partes diferiría en su contenido o alcance de las obligaciones estipuladas en aquél".870.000 -valor nominal. Conforme a ello la Asesoría Jurídica ordena recabar información al Banco Central (dictamen 34765 del 1/6/1993) el 20/7/1993 -en respuesta a lo solicitado por la parte vendedora.068. 380/1993). III. El 6/4/1993 el Banco Central informa a la Administración de Parques Nacionales la aprobación final en conversión de las obligaciones de la deuda pública externa por un monto total equivalente a U$S 12.el Banco Central informa que ha recibido un título por U$S 10. según detalles y modalidades consignadas en el anexo IV de este pliego."que los oferentes deberán ofertar el monto.con más los intereses corridos.DERECHO ADMINISTRATIVO II interpretar todo lo relativo al negocio jurídico celebrado entre las partes.el debido cumplimiento del contrato. instando -desde ese momento.000. que en su concepción literal o ideológica no es congruente con lo contemplado en el mentado pliego. A fs. nada más ni nada menos. administrativo (380/93) que la Administración de Parques Nacionales advirtió la disparidad entre lo concertado y lo abonado por Llao Llao Holding" y el error incurrido. tendrá o no. que a la fecha se encuentra pendiente de cancelación de acuerdo a los términos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación.870. interpretativo.A.
fs. in re "Romera. sala 4ª. los exptes. administrativos incluso de las empresas estatales tienen valor de prueba en juicio y para apartarse de sus constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido. 380/1993). 57 expte. del 28/4/1997). que declaraban que esa suma no alcanzaba a los intereses devengados". sent." ofertó el "precio adicional" manifestando "se ofrece conforme a lo prescripto en el art.000 resulta comprensiva del valor nominal de los títulos de la deuda externa con más los intereses corridos hasta la fecha de adjudicación.'.. con anterioridad al otorgamiento de la escritura traslativa de dominio del inmueble del hotel Llao Llao. C.870. ciertamente un complejo jurídico. Nac. a ese fin. del 21/9/1993. 380/1993 arts.. del 21/9/1993.I. la cantidad de U$S 12. de acuerdo a reiterada jurisprudencia." sent. que por un valor nominal en la proporción que finalmente se acuerde entre capital e intereses corridos hasta la fecha de la adjudicación de U$S 12.A. el resultado de un procedimiento precontractual o genético y luego. entregara al Banco Central títulos en cantidad suficiente que considerados en su valor nominal con más sus intereses devengados y no pagados al 23/5/1991 -también considerados a su valor nominal.000".DERECHO ADMINISTRATIVO II pública elegibles para ser presentados como "Precio Adicional" y fija como fecha tope para su presentación el día de la firma del contrato de transferencia del hotel citado. expresados en su valor nominal. Copic S. al establecer que la suma de U$S 12.000 en títulos de la deuda externa soberana.870.2." (conf../132 la juez: "Que la resolución 12/1991 y el contrato de transferencia marcan el origen del conflicto en virtud de que sus disposiciones sobre el "precio adicional". Con mayor rigor. Que corresponde precisar que el contrato administrativo si bien implica un acuerdo de voluntades. V. Cont. del 13/7/1995. a través de la resolución 001/1991 (23/5/1991). v. La Administración de Parques Nacionales. sala 3ª. en sí es. desde su gestación hasta su finalización. in re "YPF. Pero una de las notas tipificantes del contrato administrativo 19 . 380/93). siendo necesario que se especifiquen sus fallas suministrando prueba de ellas. llegó a establecerse en algunos casos que las constancias administrativas tienen el valor probatorio de los instrumentos públicos con fundamento en la presunción de validez y regularidad de los actos de los funcionarios públicos. contraria a lo dispuesto en el `Pliego de Bases y Condiciones' y lo ofertado por `Llao Llao Holding S. 263:425 Ver Texto. Expresa a fs.870. Fallos 259:398 Ver Texto..arrojen un valor total de U$S 12. 1 y 3) ". 178/80 expte.. El contrato de transferencia fue suscripto el 2/11/1992. El contrato de transferencia por su parte se suscribió el 2/11/1992.. y ello aun tratándose de las empresas estatales (Corte Sup.A. sent.C. 281:173 Ver Texto. 15 y 16) y presentación del oferente. adjudicó a la firma "Llao Llao Holding S. esta sala. Llao Llao Holding S. En relación al "Precio Adicional en Títulos" se estableció que ". Fed.. adm.A. "Llao Llao Holding S. in re "Distribuidora de Gas del Sur". 131 vta.".2 del pliego.. 115/16 expte. la licitación pública nacional e internacional para la privatización del hotel "Llao Llao" enunciando que "arbitrará las medidas y modos necesarios para la suscripción del correspondiente contrato de transferencia previsto en el art.. fs.A. in re "Dar S.". Adm. sent. IV. contractual o funcional. 16. Todo ello conforme lo normado en el referido Pliego de Bases y Condiciones (art. más precisamente. con más el interés corrido hasta su fecha de adjudicación" (conf.A. el procedimiento de verificación y transferencia de los títulos de la deuda pública externa argentina. 1605 y aceptando mediante la resolución 01/1991 (conf.". que.A. la resolución 12/1991 (23/12/1991)". 4 resolución 12/1991 que se establece "que se acordará con Llao Llao Holding S.000 conforman el precio adicional ofrecido en la oferta obrante a fs..Que la Administración de Parques Nacionales por la demora en el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio y los perjuicios económicos que esa circunstancia le irrogaba resuelve otorgar la tenencia del inmueble a la adjudicataria suscribiendo. 260:189.A. Que corresponde señalar en primer término. Marcos". 22 del pliego. Es en el art. fs. sala 2ª.870.
a partir de la existencia del crédito legal. su individualidad. C... pero una vez que han cobrado publicidad. Antes de la publicidad. Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado" Ver Texto). en punto a permitir la impugnación independiente de los actos separables o ligados (conf. Pedro J. Dichos actos han sido diversamente denominados como actos "separables" y más recientemente "ligados" o "coligados". 1198 Ver Texto CCiv. Más allá de las denominaciones lo que interesa aquí es el significado netamente procedimental y procesal administrativo al que se orientó esa construcción. En otros términos es en esa interrelación de actos administrativos. por lo que permanecen como actos internos de la administración.I. una de las primeras. y otro v. en el sentido que. En efecto. in re "Serra.A. la elaboración de los pliegos de condiciones que servirán de base para la confección de las propuestas. se justifica en y para el contrato administrativo. Como regla general el contrato se perfecciona con el acuerdo o fusión de voluntades. por lo que carece de todo asidero pretender retacear su vigencia en el ámbito de éste último" (Fallos 301:970 Ver Texto). en principio excluyen la posibilidad de modificar las reglas de juego sobre las cuales los oferentes formularon sus propuestas. aunque esta regla va a tener una aplicación en el derecho administrativo que.. p. Ed. Fernando H. Que ha sentado también nuestro más alto tribunal como doctrina jurisprudencial que: ".la constituye su perfil procedimental. como así también que: ".. p. no sólo en el proceso de selección. por lo común acota el margen de libertad de los contratantes. Coviello. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" Ver Texto sent. cuyos principios son también aplicables al ámbito de los contratos administrativos" (conf. los pliegos no operan efectos jurídicos directos en la esfera de los particulares interesados.). del 4/7/1983 in re "Panedile Argentina S.. "El contrato administrativo". A partir de allí y hasta la adjudicación. pero cuya existencia.es en el complejo interrelacionado de actos que dan base estructural a la existencia y ejecución del contrato administrativo donde es preciso buscar el origen del derecho invocado.. El tema del perfeccionamiento del contrato presenta algunas peculiaridades en el derecho administrativo pues los principios provenientes de Código Civil deben articularse con los regímenes contractuales que contienen prescripciones específicas. la administración se halla facultada para iniciar las distintas etapas de la licitación siendo.. v." (conf.resulta decisivo subrayar que el principio cardinal de buena fe rige por igual en el campo del Derecho Privado y en el campo del Derecho Público. Ciencias de la Administración.. 54 y ss. en la que cada una es consecuencia del precedente sin perder. los pliegos asumen una condición normativa o reglamentaria plena.. J. sino en el perfeccionamiento del vínculo contractual (conf. sent.. hasta el momento de la prestación de las ofertas. VI. por ello. 61 Ver Texto). los pliegos no pierden su carácter normativo o reglamentario aunque bajo un régimen peculiar que. interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender obrando con cuidado y previsión (art.los contratos deben celebrarse. del 26/10/1993). "Estudio preliminar" en "Estudio sobre contratación pública".I.). Ed.C. Que la Corte Suprema ha resuelto que: " . J. Al producirse la adjudicación y durante toda la etapa de ejecución los pliegos integran la 20 . VII..DERECHO ADMINISTRATIVO II -es preciso remarcar. por el cariz "formal" propio del cauce jurídico de la actuación de la Administración Pública en cuyo desarrollo se produce el dictado de los actos que son perfectamente individualizables uno de otro pero cuya entitividad se da en el contrato. AbeledoPerrot.F. Cassagne.
J.DERECHO ADMINISTRATIVO II relación contractual. in re "Paz. sent. y C. sala 4ª. sólo una interpretación parcial (conf. del 20/12/1965). simultáneas y posteriores que la rodean (conf. Que. ni aun el empleo de términos claros en apariencia implica siempre una voluntad igualmente clara (conf. del 23/11/1995). ejecución e interpretación. esta sala. Banco de la Nación Argentina s/contrato de obra pública" Ver Texto. X. Instituto Argentino de Promoción del Intercambio" Ver Texto. como así también que ha de buscarse lo efectivamente querido por las partes precisando el alcance de la voluntad en lo que aparezca oscuro. respecto de los cuales y con base en ellos la demandada presentó su correspondiente propuesta. es decir como actitud de cooperación y fidelidad que es debida por cada parte a la otra (conf.C. in re "YPF.". Cassagne. sent. C. sent. Copyc S. no resultando luego coherente pretender. Fallos 294:220. 299:373. C. "El contrato administrativo" cit. las que no pierdan por ello su peculiar naturaleza materialmente legislativa (conf. Que resulta lógico colegir que la demandada efectuó en el sub examine una presentación conforme a los pliegos de la licitación. sent. J. abarca el comportamiento debido en su totalidad. v.debe estarse a lo que específicamente determinan los pliegos 21 . in re "Agencia Marítima Rigel S. AGP. in re "Rondano". Resulta entonces que el legislador no puede referirse sólo a actos singulares del contrato.. finalmente. 1198 Ver Texto CCiv. del 4/7/1997. sent.A. como método. sin prescindir de las circunstancias de que. y si bien con posterioridad pudo existir una discordancia entre lo primigeniamente previsto y lo aprobado con posterioridad (con exclusión de la correspondiente escritura traslativa de dominio). En efecto. ejerciendo una conducta contraria a una anterior jurídicamente relevante y plenamente eficaz (conf. Cont. v. 51 Ver Texto).P. Pedro J. Coviello. "Industrias Mancini". Luis A. esta sala.". excluyendo. ambiguo o incompleto. 300:147 y 480. sent. como lo hace en el sub lite una interpretación diferente a la que surge de los pliegos pertinentes (conf. p. que se integran con las normas imperativas y supletorias del Código Civil.. ella es la que surge de los pliegos de condiciones. p. Nac. con base en los principios antes enunciados. causa "Cooperamet v. El carácter reglamentario que cabe atribuir al pliego durante el procedimiento de selección no puede contradecirse con el argumento de que.A. se refiere a la buena fe en las diversas etapas contractuales: celebración. sent. Fed. sala 2ª. 75. por el contrario. En efecto.A. nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos. Que. v. VIII. Valentín v. del 16/9/1998). Obras Sanitarias de la Nación s/cobro" Ver Texto.A. "Estudio Preliminar" en "Estudio Sobre Contratación Pública" cit. sino que la buena fe. lo que importa precisamente es una interpretación integral del contexto en el que se desarrolló la relación contractual entre las partes. Es decir. el art. IX. esta sala. sus prescripciones pasarán a ser parte integrante del contrato administrativo pues una situación similar se produce en los contratos civiles. del 28/3/1978). no puede sino concluirse. y Supercemento S. del 11/5/1993.I. in re "Donato. Que la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal ha establecido que la interpretación de un acto jurídico esta condicionada por las circunstancias anteriores. "Jorge Antonio" del 10/9/1996. XI.. "Viannini S. Adm. del 28/4/1997)." Ver Texto. Corte Sup. lo cierto es que -en caso de duda. 305:1402. conforme lo ha determinado fundadamente la juez de la anterior instancia que en el caso sub examine cabe estar a la interpretación que promueve la Administración de Parques Nacionales... del 9/12/1996).
II. Edith E. Fed. comentado. la función del juez en la apreciación de la prueba es compleja. no puede pretenderse que la acción sea inviable. la primera se dirige a establecer de un modo cierto el significado de cada uno de los juicios recogidos. Fallos 278:271 Ver Texto. p. Cont. no implica que deba pretenderse su nulidad o que el requerimiento del cumplimiento de lo pactado sea contradictorio. v. la contradicción por parte de la Administración de Parques Nacionales que la demandada señala no es tal. entre otros. Que. C. como lo es toda reconstrucción histórica del pasado.Secretaría de Extensión Jurídica s/amparo ley 16986 Ver Texto". Que contrariamente a lo pretendido por la recurrente. Ello no significa. a poco que se advierta que lo que en definitiva se encuentra en debate es la interpretación a dar a lo querido efectivamente por las partes en la relación contractual administrativa que los unió. sent. mediante la investigación sobre la atendibilidad de las fuentes de que derivan. que los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones. S. sino la certeza moral de características harto distintas de aquéllas. Es útil distinguir entre la interpretación de los resultados de la prueba y la valoración de ello. Fassi. 1980. 300:584 Ver Texto. Corte Sup.. t. sala 2ª. No es la certeza absoluta lo que ha de buscar el juzgador al ponderar la prueba. Que. que se hayan excluido totalmente los demás actos y acuerdos de voluntades existentes en la relación contractual que nos ocupa. Adm. iguales. a lo que cabe agregar -como principio interpretativo.. en el caso en análisis.y otra s/varios" Ver Texto. 22 . Astrea. anotado y concordado". XIII. 192). del 20/9/1996). de los oferentes y del adjudicatario (conf. Ministerio de Justicia . conforme pacífica jurisprudencia. esta sala. no puedo sino coincidir con la apreciación que de los antecedentes de la causa efectuada por la juez de la anterior instancia. Que cabe precisar. XII. confrontando varios juicios de hecho a menudo contradictorios. Estado Nacional -Ministerio de Trabajo. sino que cabe estar a lo que tiene el valor de una norma genérica interpretativa del contrato. si tales juicios deben ser considerados correspondientes a la realidad objetiva de los hechos y en que medida. como lo es el pliego de condiciones ya mencionado. conforme el pliego de condiciones al que se hiciera referencia más arriba. deben prevalecer sobre los otros (conf. in re "Fundación Hermandad Internacional de Escorpiones v.que la licitación pública es un procedimiento de elección de cocontratante mediante el cual el ente público invita a los interesados para que. C. de acuerdo con las bases fijadas en el pliego de condiciones. El hecho de que se hable de un error en la formulación al tiempo de la firma del contrato o del acto administrativo aprobatorio. formulen propuestas entre las que se seleccionará la más conveniente. de varios hechos contradictorios entre sí.DERECHO ADMINISTRATIVO II correspondientes. del 18/10/1994). sino tan sólo en aquellas que son conducentes para decidir la cuestión planteada (conf. XIV. En efecto. La ley de la licitación o ley del contrato es el pliego donde se especifican el objeto de la contratación y los derechos y obligaciones del licitante. sent. la segunda se dirige a establecer. 291:390 Ver Texto. en la medida que de acuerdo a derecho la actora reclama el cumplimiento de un contrato respecto del cual no ha existido por parte de la demandada la satisfacción de las obligaciones asumidas al tiempo de presentar la oferta. in re "Dacal. Ed. XV. "Código Procesal Civil y Comercial. como pretende la recurrente.
respecto de las costas. si en el caso sub examine se ha podido presentar una duda sobre la determinación del precio a pagar por la demandada. El Dr. (Sec. con costas de esta instancia también a la demandada vencida. En efecto.Pablo Gallegos Fedriani.. notifíquese y devuélvase. con costas de esta instancia también a Lao Llao Holding S.DERECHO ADMINISTRATIVO II XVI. Que. Así voto.). sin que pueda válidamente pretenderse que ha existido por parte Llao Llao Holding S. no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art.A. 109 Ver Texto RJN. 125/134. como lo hace efectivamente la juez de la anterior instancia. Álvarez). Otero adhiere al voto precedente. XVII. Por las razones expuestas y las concordantes de la juez corresponde confirmar la sentencia recurrida. en síntesis. el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.. tal duda debe despejarse tomando en consideración los claros términos del pliego de condiciones y de la oferta correspondiente. 23 . El Dr. no se advierten en el caso razones fundadas como para apartarse del principio objetivo de la derrota consagrado por el art. Grecco. no es de difícil solución en la medida de los precedentes jurisprudenciales y principios doctrinarios aplicables en supuestos de contratos administrativos. 68 Ver Texto CPCCN.: Mirta E.Luis C. Que. En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede se confirma la sentencia de fs. la demandada ha resultado vencida y si bien la cuestión puede considerarse compleja. Otero. Regístrese.A.
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References: artículo 7
 artículo 75
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