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Timestamp: 2019-05-20 11:08:46+00:00

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﻿ SENTENCIA T-773 DE JULIO 26 DE 2005
SENTENCIA T-773 DE 26 DE JULIO DE 2005
CONTENIDO:PROCESOS DE REFORMA INSTITUCIONAL. EL ESTADO ESTÁ OBLIGADO A GARANTIZAR DE MANERA REFORZADA LA PERMANENCIA Y ESTABILIDAD DE LAS MADRES CABEZA DE FAMILIA EN SUS EMPLEOS, YA SEA EN LA ENTIDAD OBJETO DE REESTRUCTURACIÓN O EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE HA FIJADO LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:REESTRUCTURACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA, PRINCIPIO DE ESTABILIDAD LABORAL, PROTECCIÓN A LA MADRE CABEZA DE FAMILIA, MADRE CABEZA DE FAMILIA, DERECHO A LA ESTABILIDAD REFORZADA DEL TRABAJADOR
Sentencia T-773 de julio 26 de 2005
Sentencia T-773 de 2005
Ref.: Expediente T-1.084.730
Inicialmente, Caprecom aclara que a la fecha la entidad no ha entrado en proceso de reestructuración y, por lo tanto, no aplica para Caprecom la institución del retén social, según la cual las madres cabeza de familia no pueden ser despedidas. De acuerdo con su explicación, el despido de la trabajadora se dio por la necesidad de reducir la planta de la empresa, lo cual no hace parte del Programa de Renovación de la Administración Pública (P.R.A.P)
Por otro lado, Caprecom considera que aún cuando el despido no se produjo dentro del plan de renovación de la administración pública (P.R.A.P), los beneficios consagrados en la Ley 790 de 2002 se aplicaban desde el 1º de septiembre de 2002 hasta el 31 de enero de 2004 a la accionante, pues Caprecom reconoce haberla identificado como una madre cabeza de familia mientras estuvo en la entidad. Luego, teniendo en cuenta que el despido se produjo el día 2 de febrero de 2004, tampoco es posible que la peticionaria alegue que pueda ser beneficiaria de lo consagrado en la Ley 790 de 2002.
Caprecom aclara que aunque la Corte Constitucional declaró inexequible el aparte del artículo 8º de la Ley 812 de 2003, que se refería a la vigencia de estos beneficios, dicha providencia (C-991 de 2004) fue publicada en octubre de 2004, lo que significa que la desvinculación de la accionante estuvo adecuadamente fundamentada en una norma que se presume legal, dado que los efectos de los fallos de la Corte son irretroactivos a menos que el alto tribunal considere lo contrario.
4.1. Copia de la cédula de ciudadanía de la peticionaria (cdno. 2, fls. 15).
4.2. Copia del registro civil de nacimiento del menor Agustín Moreno Gil, hijo de la accionante (cdno. 2, fl. 16).
4.3. Copia del oficio remitido por Caprecom a la peticionaria en el que da por terminado su contrato de trabajo de manera unilateral, sin previo aviso y sin justa causa (cdno. 2, fl. 7).
4.4. Copia del derecho de petición enviado el 22 de octubre de 2004 por la accionante a Caprecom solicitando su reintegro a la empresa (cdno. 2, fls. 8 a 10).
4.5.Copia de la respuesta dada por Caprecom a su solicitud de reintegro, fechada el día 18 de noviembre de 2004 (cdno. 2, fls. 12 a 13).
4.6. Copia de la declaración con fines extraprocesales de la peticionaria en la que sostiene ser madre cabeza de familia del menor Agustín Moreno Gil de doce años de edad y que dependía únicamente del salario devengado en Caprecom (cdno. 2, fls. 14).
4.7. Copia del contrato de trabajo a término indefinido de la señora Delfy Marino Gil Campos con Caprecom, firmado el día 15 de abril de 1997 (cdno. 2, fls. 79-80).
4.8. Copia del Concepto de la directora del Programa de Renovación de la Administración Pública del Departamento Nacional de Planeación, dirigido al jefe de la división de recursos humanos de Caprecom, en el que informa que los beneficios del plan de protección social no están dirigidos a exfuncionarios que hayan sido desvinculados en aplicación de la facultad nominadora de las entidades (cdno. 2, fls. 81-82).
4.9. Copia de la resolución 001058 de mayo de 2004 proferida por Caprecom por la cual se reconoce y ordena el pago a la accionante de $ 28.373.648 por concepto de indemnización por terminación unilateral de su contrato de trabajo (cdno. 2, fls. 83-84)
4.10. Copia de la resolución 001056 de mayo de 2004 expedida por Caprecom por la cual se reconoce y ordena el pago a la accionante de $ 1.542.787 por concepto de acreencias laborales debidas (cdno. 2, fls. 85-86).
El juez de instancia solo se refirió de manera particular a la presunta violación al derecho a la igualdad de la señora Gil Campos, considerando que esta no demostró en el proceso que hubiese sido tratada de manera distinta a otro empleado de Caprecom en sus mismas condiciones. Por esta razón, considera que no hay lugar a la protección de este derecho que exige la demostración del trato diverso o al menos el punto de comparación entre una situación jurídica y otra.
De igual forma consideró que no solo se desconocen sus derechos fundamentales con la actuación de Caprecom, sino también los de su menor hijo quien debe someterse a controles médicos continuos.
La sentencia de segunda instancia fue proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el día primero (1) de marzo de 2005. En esta, se decidió confirmar el fallo del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, considerando que efectivamente existía otro medio de defensa judicial de los intereses de la peticionaria ante la jurisdicción laboral ordinaria.
Para la entidad demandada, en cambio, su actuación estuvo ajustada a derecho, sin que le fueran oponibles las reglas fijadas por la jurisprudencia constitucional en esta materia por tres razones fundamentales: (I) porque la actuación se adelantó en ejercicio de la facultad nominadora conferida a Caprecom por la ley; (II) porque Caprecom no era una de las entidades incluidas en el plan de renovación de la administración pública (P.R.A.P), sino que solo vio la necesidad de reducir su planta de personal por los problemas económicos que enfrentaba; y (III) por cuanto la inexequibilidad del límite temporal para la estabilidad laboral de determinados trabajadores de las empresas incluidas en ese plan fue declarada con posterioridad al despido de la accionante, por lo que las consecuencias jurídicas de esa decisión no eran oponibles al caso de la señora Gil Campos.
“Suponer que el hecho de la “maternidad” implica que la mujer debe desempeñar ciertas funciones en la familia, ha llevado, por ejemplo, a que tengan que soportar dobles jornadas laborales: una durante el día como cualquier otro trabajador y otra en la noche y en sus ratos libres, desempeñando las labores propias de la vida doméstica. Esta imagen cultural respecto a cuál es el papel que debe desempeñar la mujer dentro de la familia y a cuál “no” es el papel del hombre respecto de los hijos, sumada al incremento de separaciones, así como al número creciente de familias sin padre por cuenta del conflicto armado y la violencia generalizada, trajo como consecuencia que una cantidad considerable de grupos familiares tuvieran una mujer como cabeza del mismo (...)”.
“Al respecto la Corte advierte que no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia por el solo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar. En efecto, para tener dicha condición es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no solo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental ó, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar.
Así pues, la mera circunstancia del desempleo y la vacancia temporal de la pareja, o su ausencia transitoria, por prolongada y desafortunada que resulte, no constituyen elementos a partir de los cuales pueda predicarse que una madre tiene la responsabilidad exclusiva del hogar en su condición de madre cabeza de familia” (sentencia SU-388 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
Las medidas concretas de apoyo a la mujer cabeza de familia establecidas en la Ley 82 de 1993, aun cuando son de diversa índole, se inclinan básicamente a asegurarle unas mayores garantías en el campo de la seguridad social. Así, además del llamado general al Estado y a la sociedad para buscar ”mecanismos eficaces para dar protección especial a la mujer cabeza de familia” (art. 3º) pueden citarse como medidas de apoyo especiales: (I) la adopción de reglamentos que garanticen el ingreso a la seguridad social de la mujer cabeza de familia y de la familia a su cargo (art. 4º), (II) la creación de programas de capacitación gratuita y desarrollo de microempresas industriales, comerciales y artesanales; empresas de economía solidaria y empresas familiares, donde la mujer cabeza de familia realice una actividad económica rentable (art. 8º y 20); (III) el acceso preferencial a los auxilios educativos así como servicio básico de textos y apoyo educativo a las entidades de economía solidaria integradas en su mayoría por mujeres cabeza de familia (art. 9º) (IV) la fijación de estímulos para que el sector privado cree programas especiales para las mujeres cabeza de familia (art. 10); (V) el establecimiento mediante reglamento de un factor de ponderación, que beneficie las propuestas de la mujer cabeza de familia o de las personas jurídicas en las cuales ella participe mayoritariamente, en los procesos de adquisición y venta de bienes estatales y de contratación de servicios también con el Estado. Factor que permitirá que se seleccione la oferta de la mujer cabeza de familia o de la correspondiente persona jurídica “siempre que sea por lo menos igual a las de las demás proponentes” (art. 11); (VI) la especial atención de las entidades municipales o distritales de vivienda, que en alguna forma reciban recursos del presupuesto nacional o participen en programas que tengan financiación de dicho origen (art. 12); (VII) los planes especiales de vivienda (art. 13 y 14 ), (VIII) programas especiales de crédito, asesoramiento técnico y vigilancia para las empresas y programas que tengan por objeto apoyar a la mujer cabeza de familia, por parte de las entidades oficiales de crédito (art. 15), así como el acceso a líneas de crédito por parte de microempresas, famiempresas y similares que tengan mayoría de mujeres cabeza de familia (art. 20).
Otro ejemplo es el contenido en la sentencia T-943 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), en el que la Corte ordenó al Instituto de Seguros Sociales tramitar la pensión por invalidez de una trabajadora madre cabeza de familia, y reclamar al empleador los aportes en salud y pensión dejados de pagar por este con los respectivos recargos. Ello, como consecuencia del comportamiento irregular e insolidario observado por la empresa para la cual laboró la actora, la cual, además de haber postergado por más de un año su vinculación al sistema de seguridad social integral, decidió unilateralmente relevarla del cargo pagándole una indemnización y desconociendo la incapacidad que le había sido reconocida por su grave estado de salud.
“En este orden de ideas, cuando se conjuga el deber del Estado de procurar la estabilidad a sus trabajadores en procesos de reestructuración administrativa con el deber de adoptar acciones afirmativas en beneficio de los grupos históricamente discriminados, no es equivocado predicar una estabilidad laboral reforzada para los sujetos de especial protección. Siendo ello así, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas destinadas a proteger de manera especial a los trabajadores que por sus condiciones de debilidad manifiesta o discriminación histórica así lo demandan, entre los cuales sobresalen las madres cabeza de familia, velando en cuanto sea posible por su permanencia en la entidad de manera tal que la indemnización constituya la última alternativa” (sentencia SU -388 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
(iii) que no solo exista la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre;
(v) por último, la existencia de una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener la familia.
La Corte Constitucional en la aplicación rigurosa de los criterios esbozados, ha negado acciones de tutela sobre este tema al no constatar los requisitos establecidos para ser madre cabeza de familia beneficiaria del denominado retén social. Así por ejemplo, en la sentencia T-1161 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), se analizó el caso de una odontóloga que solicitaba su reintegro alegando ser madre cabeza de familia. Esta mujer sostenía que con la supresión del cargo que desempeñaba en el SENA, se le habían vulnerado sus derechos al trabajo, protección como mujer cabeza de familia, debido proceso y el derecho a una vivienda digna. Tras analizar el caso concreto, la Sala estimó que el reintegro debía ser denegado por cuanto no se cumplía con la exigencia contemplada en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, pues se trataba de una mujer profesional quien tenía otra alternativa económica distinta a su ingreso como odontóloga del SENA, ya que atendía consultas de manera particular.
De igual forma, en la sentencia T-081 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), la Corte tuvo oportunidad nuevamente de analizar un caso similar de una extrabajadora del SENA, que solicitaba el reintegro aduciendo su condición de madre cabeza de familia y su estado de salud. La Corte negó el amparo solicitado al encontrar que la tutelante no cumplía con las exigencias de la Ley 790 de 2002 y de la jurisprudencia constitucional sobre la materia, ya que los hijos de la accionante eran mayores de edad, sin que se probara que dependieran de ella económicamente. Además, la Corte constató que la desvinculación de la accionante se debió a la supresión de su cargo y no a un trato discriminatorio por razones de salud.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela solo procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial de sus intereses, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Esta exigencia tiene varios propósitos como: (i) fomentar la protección de los derechos fundamentales en el propio proceso ordinario, lo cual estimula la constitucionalización del derecho; (ii) evitar que aquellos que pierden un caso recurran a la tutela como un mecanismo último para recomponer el proceso a su favor y (iii) evitar el uso desmedido de la acción de tutela que por su procedimiento breve y sumario, puede conducir a que se no se utilicen las vías procesales ordinarias diseñadas por el legislador, aún cuando no haya una vulneración de derechos fundamentales en el caso concreto.
No obstante, teniendo en cuenta que desde la sentencia C-991 del 12 de octubre de 2004 es absolutamente claro que el límite temporal previsto en el literal D del artículo 8 de la Ley 812 de 2003 y en el artículo 16 del Decreto 190 de 2003 vulnera mandatos constitucionales de superior jerarquía, la Corte considera que la mejor forma de garantizar los derechos fundamentales de las madres cabeza de familia consiste en ordenar su reintegro y dejar sin efecto las indemnizaciones reconocidas. De hecho, el pago de la indemnización debe ser concebida como la última alternativa para reparar el daño derivado de la liquidación de la empresa, por cuanto corresponde al derecho en cabeza de todos los servidores públicos y no solo de los sujetos de especial protección.
— Que tal potestad constitucional no es absoluta, pues repercute directamente en dos sectores específicos que a su vez limitan la competencia constitucional de la administración para adelantar dichos procesos: De un lado, el proceso de reforma genera un impacto en la sociedad en general, a quien está dirigida la actividad administrativa y, en concreto, la prestación de los servicios públicos que necesitan ser satisfechos en el territorio nacional por parte del Estado. Por otro lado, el proceso de reforma institucional afecta directamente a los trabajadores de la entidad reestructurada pues generalmente supone la reducción de las plantas de personal de dichas entidades públicas (4) .
— Que tratándose de sujetos de especial protección —como ocurre con las madres cabeza de familia— la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que el Estado debe dirigirse a garantizar su estabilidad laboral, de tal manera que la indemnización se constituya en la última alternativa (5) . Tal posición se explica pues esta clase de trabajadores pertenece a los grupos sociales más vulnerables, razón por la cual requieren en algunas circunstancias, de una protección especial privilegiada a través del diseño e implementación de acciones afirmativas en su favor, de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política.
— Que no obstante lo anterior, incluso en el caso de las madres cabeza de familia, la protección constitucional de la estabilidad laboral tampoco se constituye en una prerrogativa absoluta (6) , por ejemplo, cuando haya lugar a la liquidación definitiva de la entidad pública y no sea materialmente posible su reubicación. En este sentido, la protección constitucional a los grupos tradicionalmente marginados y discriminados no puede constituirse en un obstáculo insuperable para llevar a cabo el ejercicio de la competencia constitucional de la administración pública de reformar la administración pública.
7.(sic) El caso concreto
— La accionante Delfy Marina Gil Campos laboró bajo la modalidad de contrato de trabajo a término indefinido con la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) durante dieciocho (18) años.
— El día 2 de febrero de 2004, el director general de la división de recursos humanos de Caprecom comunicó a la peticionaria la determinación de la entidad de terminar de manera unilateral su contrato de trabajo, sin previo aviso y sin justa causa (cdno. 2, fl. 7).
— El subdirector administrativo de Caprecom dio respuesta negativa a una solicitud de reintegro presentada por la peticionaria informándole que, en efecto, la empresa no desconoció su condición de madre cabeza de familia durante su permanencia en la entidad pues la tenía identificada como tal. (Cdno. 2, fls. 12 y 13) Sin embargo, Caprecom consideró que debido a la situación financiera por la que atravesaba la empresa existía la necesidad de reducir su planta de personal, sin que dicha reforma hiciera parte del plan de renovación de la administración pública.
De acuerdo con lo anterior, para la Sala no cabe duda que la señora Gil Campos tiene bajo su responsabilidad exclusiva y permanente el mantenimiento de su hijo menor de edad, Agustín Moreno Gil, nacido el 14 de septiembre de 1992, tal y como consta en su registro civil de nacimiento (cdno. 2, fl. 16). Se dice que la responsabilidad de su sostenimiento recae de manera exclusiva en la accionante pues no existen pruebas que permitan acreditar el aporte económico de otras personas para el grupo familiar.
“Vale decir que la entidad en ningún momento desconoció la condición de madre cabeza de familia, durante su permanencia en la entidad y durante la vigencia del Decreto 190 de 2003, por el cual se reglamenta la Ley 790 de 2002, se le respeto (sic) su derecho, pero debido a la crítica situación financiera por la que atraviesa la entidad, ha sido inevitable la reducción de la planta de personal”.
“De otra parte es preciso señalar que con el propósito de estar preparado para una eventual liquidación ante la crítica situación de la entidad que a pesar de haber mejorado sigue en este momento siendo muy delicada, Caprecom desde el mes de noviembre de 2002, pese a no estar incluido dentro del PRAP como lo certificó el DNP, quiso tener un listado de Retén Social, aunque en tal concepto no estábamos vinculados, es decir nos adelantamos a la posibilidad de tener que ingresar al PRAP, hecho que finalmente no se dio, fue así como inició el proceso de identificación de las madres cabeza de familia, actividad que se realizó mediante correos y comunicaciones a todas las dependencias y regionales de la entidad durante los últimos meses del año 2002, en ese lapso la hoy tutelante presentó los soportes que la incluyeron dentro de esta protección especial y dicha protección especial se respetó mientras la Ley que le dio origen permaneció en el espació (sic) jurídico y se amparó en la presunción de legalidad (negrilla fuera de texto) (cdno. 2 -71).
Con toda atención le estoy comunicando que la entidad ha dispuesto la terminación de su contrato de trabajo de manera unilateral sin previo aviso y sin justa causa. (cdno. 2, fl. 7)
Vale mencionar que la terminación unilateral del contrato de trabajo suscrito entre Caprecom y la señora Gil Campos, el cual se encuentra regido como se aprecia en el mismo por la Ley 6ª de 1945 y el Decreto Reglamentario 2129 del mismo año, se dio por terminado de manera unilateral por parte de la entidad sin previo aviso y sin justa causa, acuerdo al oficio SA/0196 del 2 de febrero de 2004, como hubieran podido ser cualquiera de las previstas en los artículos 48 y 49 del citado decreto (cdno. 2, fl. 69).
El hecho de que el despido se hubiese realizado sin justa causa va en contravía de la jurisprudencia constitucional reiterada en esta providencia, pues se desconoció el núcleo esencial del derecho al mínimo vital de una madre cabeza de familia, reconocida como tal por Caprecom, pues como ya se dijo, esta empresa inició una política de identificación de las madres cabeza de familia, entre las cuales se encontraba la peticionaria. De igual forma, la accionada sostuvo que aunque el Departamento Nacional de Planeación había certificado que no se encontraba dentro de las entidades estatales contempladas en el plan de renovación de la administración pública, mantuvo la vinculación laboral de la señora Gil Campos con posterioridad al término previsto en el artículo 8º de la Ley 812 de 2003, que precisamente se refería a la estabilidad laboral de sujetos de especial protección constitucional, como las madres cabeza de familia.
Así las cosas, aunque Caprecom no hubiese hecho parte —formalmente hablando— de las entidades en liquidación del plan de renovación de la administración pública, el despido de la accionante sí hizo parte de las actuaciones adelantadas por Caprecom para disminuir el número de trabajadores ante la posible liquidación de la entidad, es decir, hizo parte de un proceso de reforma institucional que debió brindar todas las garantías a los trabajadores de la empresa, y de manera especial, a los sujetos de protección constitucional reforzada como las madres cabeza de familia.
En este punto, la Corte reitera que la indemnización por despido sin justa causa no es compatible con la especial protección que la Constitución reconoce a la madre cabeza de familia, pues con dicha protección se busca no solo su estabilidad económica, sino su permanente participación en el sector público, pues finalmente la madre pertenece a un grupo tradicionalmente discriminado por razón del género, como son las mujeres.
De igual forma, en la medida en que se deja sin efectos el acto de desvinculación, se ordenará la restitución por parte de la actora de la indemnización recibida por el hecho del despido, para lo cual el representante legal de Caprecom deberá hacer el correspondiente cruce de cuentas. En todo caso, si efectuadas las compensaciones resultare un saldo a favor de la entidad accionada que no pueda ser asumido por la demandante en un solo pago, esta deberá ofrecer a la accionante facilidades para el cumplimiento de la obligación, de manera que se garantice su derecho al mínimo vital y el de Agustín, su menor hijo.
1. REVOCAR las decisiones judiciales proferidas por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta misma ciudad, que negaron la tutela de los derechos invocados por la señora Delfy Marina Gil Campos.
2. CONCEDER el amparo del derecho fundamental al mínimo vital de la ciudadana Delfy Marina Gil Campos y de su hijo Agustín Moreno Gil, en consecuencia, ORDENAR al representante legal de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom que dentro del término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación del presente fallo, reintegre a la demandante sin solución de continuidad desde la fecha en la cual fue desvinculada de la entidad. En el mismo sentido, deberá reconocer a la peticionaria los salarios y prestaciones a las cuales tenía derecho desde la fecha en la cual fue desvinculada y hasta el momento en que sea efectivamente reincorporada a la nómina de la entidad.
El representante legal de la empresa deberá adelantar el cruce de cuentas correspondiente y, en caso de resultar saldos a favor de la entidad y en el evento en que la restitución de la indemnización no sea posible en un solo momento, deberá ofrecer facilidades de pago a la accionante, las cuales garanticen su subsistencia digna y la de su núcleo familiar dependiente.
(3) Sentencia T-374 de 2000. En el mismo sentido ver la sentencia T-800/98, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(4) Precisamente, esta fue la forma en la que la Corte planteó los términos de esta tensión en la sentencia SU-388 de 2005: “Los procesos de reestructuración a cargo de la administración pueden tener intensidades distintas cuyos efectos se reflejan también en escalas distintas. Pero en ningún caso puede perderse de vista que esos procesos repercuten en dos sectores bien definidos. De un lado inciden en la comunidad en general, quien es la destinataria final de la prestación de un servicio o del cumplimiento de una función administrativa. Por el otro, los ajustes institucionales tienen consecuencias directas en los trabajadores de la entidad a la que se aplica una medida de reestructuración. Tal circunstancia exige entonces que las autoridades obren con la mayor diligencia con miras a salvaguardar al máximo los derechos e intereses legítimos de unos y otros. Así, frente a la comunidad en general la Administración debe respetar los principios de la función administrativa señalados en el artículo 209 de la Constitución (igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad). Y frente a los trabajadores surge una clara obligación de respeto a sus derechos fundamentales, particularmente en el marco de las relaciones laborales (sentencia SU -388 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
(5) Un ejemplo de la jurisprudencia constitucional que permite ilustrar esa situación límite en la que la indemnización anticipada resulta ser la única posibilidad para mitigar los perjuicios sufridos por un sujeto de especial protección constitucional, es el de la terminación de los contratos de las mujeres en estado de embarazo y de lactancia que trabajaban en la liquidada Caja Agraria. De acuerdo con la posición jurisprudencial adoptada en dicho fallo, fue la liquidación de la entidad y no el estado de la mujer (embarazo o lactancia), lo que llevó a la Caja Agraria a dar por terminados sin justificación alguna, los contratos laborales celebrados con las mismas. La indemnización surgió entonces como la última alternativa en este caso con el propósito de evitar la configuración de un perjuicio de carácter irremediable. Al respecto sostuvo esta corporación en la sentencia SU-879 de 2000:
“A juicio de la Corte, como se dijo anteriormente, la circunstancia de que la causal de retiro de los trabajadores de la Caja Agraria radique en la liquidación de la entidad, hace que la terminación de los contratos de trabajo de las empleadas embarazadas o en período de lactancia, no pueda ser objeto de protección por la vía de esta acción, pues como se dijo, dentro de los requisitos que conforme a la jurisprudencia de esta corporación deben estar presentes para que la acción de tutela proceda como mecanismo de defensa judicial del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de las madres embarazadas, se encuentra el de que el despido se haya producido por razón misma de la maternidad. En el presente caso resulta obvio que la terminación del contrato se produjo a consecuencia de la liquidación de la entidad y no de la circunstancia del embarazo” (sentencia SU-879 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
(6) Por ejemplo, en el caso concreto de las madres cabeza de familia de Telecom, decidido por esta corporación mediante sentencia SU-388 de 2005, la Corte consideró que la indemnización no era la última de las alternativas posibles, pues cabía la posibilidad del reintegro de las funcionarias. Sin embargo, el límite de dicha revinculación se encuentra en el momento en que la empresa se liquide de manera total.

References: artículo 8
 resolución 
 resolución 
 artículo 12
 artículo 86
 artículo 8
 artículo 16
 artículo 13
 artículo 8
 artículo 209