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Políticas públicas para el tratamiento y rehabilitación de personas con consumo problemático de drogas - PDF
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Marina Flores Hidalgo
1 UNIVERSIDAD DE CHILE Facultad de Ciencias Sociales Carrera de Psicología Políticas públicas para el tratamiento y rehabilitación de personas con consumo problemático de drogas Análisis crítico desde la experiencia práctica en el Centro comunitario de Salud Mental (COSAM) de Conchalí Memoria para optar al Título de Psicóloga Por María de los Angeles Lobos Palacios Profesor Patrocinante Esteban Radiszcz -Santiago, Noviembre 2012-
2 2 I. Resumen La presente investigación, de carácter bibliográfico y práctico, tiene como objetivo central analizar las políticas públicas chilenas sobre drogas. Para ello se revisó el marco legal vigente y las Estrategias Nacionales de drogas y alcohol elaboradas por el Servicio Nacional de prevención y rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol. El análisis se centró en los tratamientos de rehabilitación, tomando como base la experiencia práctica de la investigadora en el programa de adicciones del Centro de Salud Mental de Conchalí. Éste fue analizado desde la perspectiva del biopoder de Michel Foucault. Se constató que las políticas públicas referentes a drogas se enmarcan dentro de un enfoque prohibicionista. Como consecuencia de este paradigma se han implementado una serie de dispositivos de control sanitario-penal, entre ellos el espacio de tratamiento que termina articulándose más como un instrumento educativo y normalizador que como un espacio terapéutico. Palabras Claves: Drogas, COSAM, tratamiento, biopoder, dispositivo disciplinario. I.I Abstract The present investigation is of a practical and bibliographical nature. Its central objective is to analyze Chilean public policies on drugs, for which the current legal framework and National Strategies on drugs and alcohol, published by the National Service for Prevention and Rehabilitation of Drug and Alcohol Consumption, were revised. The analysis centered on rehabilitation programs, and was based on the investigator s practical experience working in the Addictions Program at the Center for Mental Health in Conchalí. Said work was analyzed from the perspective of Michel Foucault s views on biopower. It was found that the public policies referring to drugs fall under a prohibitionist paradigm, a consequence of which has been the implementation of a series of devices aimed at sanitary and penal control. The treatment itself is one such device, as it inevitably articulates itself as more of an educational and normalizing instrument, than as a therapeutic space. Keywords: Drugs, COSAM, treatment, biopower, disciplinary instrument
3 3 Índice Introducción...p. 5 Objetivos..p. 10 Desarrollo I. Conceptualización de las drogas...p.11 II. Clasificación de las drogas.p. 13 III. Marco legal en Chile...p. 16 IV. Los consumidores p. 19 V. Paradigmas para el abordaje del consumo de drogas..p. 20 VI. Historia estructura asistencial de tratamiento y rehabilitación..p. 23 VII. Estrategias Nacionales de Drogas p Estrategia Nacional sobre drogas p Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol p. 28 VIII. Tratamiento y Rehabilitación..p. 30 IX. Centro Comunitario de Salud Mental Conchalí...p. 33 X. Biopoder y consumo de drogas.p. 43 XI. Tratamiento de rehabilitación y dispositivo disciplinario p. 49 XII. Posicionamiento del psicólogo...p. 59 XIII. Hacia una nueva mirada: reducción de daños....p. 65 Conclusiones... p. 68 Referencias..p. 73
4 4 La moderación presupone el placer; la abstinencia, no. Por eso hay más abstemios que moderados Lichtenberg, Aforismos
5 5 Introducción Lejos de lo que se piensa comúnmente, el consumo de drogas no es un fenómeno de origen contemporáneo. El uso de sustancias minerales, vegetales o animales con fines extra alimentarios es de larga data. Ya hacia el cuarto milenio a.c se tienen antecedentes sobre el uso de fibra de cáñamo en China como también hay, hacia el tercer milenio a.c, noticias del té y la efedrina (su alcaloide, efedra, es precursor de las anfetaminas). Cercano a la misma fecha, hay registros escritos de la existencia y uso del Opio en Mesopotamia. Por su parte, en el continente americano, el uso de plantas psicoactivas (hongo amanita muscaria y psilocibios, peyote y hoja de coca, entre otros) por parte de las sociedades precolombinas, en rituales sagrados o chamánicos, se extiende en casi toda la región. Asimismo, las referencias al vino en la Biblia son recurrentes (Escohotado, 1998a). Dichas sustancias, actualmente, se conocen como drogas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como tales a cualquier sustancia natural o sintética que al ser introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el sistema nervioso central, de alterar y/o modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo (Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes [CONACE], 2008, p.10). En tal sentido, se podría decir que la relación de los seres humanos con las drogas es de tiempos remotos. Cada cultura se ha relacionado de manera particular con éstas otorgándole diversos usos, ya sean religiosos, rituales, terapéuticos o recreativos. Sin embargo, no será hasta comienzos del siglo XX donde su consumo se problematizará y se instalará como una preocupación pública. Para ese entonces se constata el crecimiento, regularización y burocratización de las competencias del Estado, lo que se traduce en una mayor intromisión estatal en las cuestiones sociales, incluyendo lo referente a drogas (Boville, 2000). Dicha intrusión va desde lo meramente fiscal, pasa por la orientación de los consumos, para instalarse definitivamente como una política prohibicionista y restrictiva -tendencia generalizada en las sociedades modernas, con excepciones tales como Holanda o Portugal-. Así es como se comienza a concebir el consumo de drogas como un problema que le atañe al Estado y a la sociedad en general. Escohotado (1998b) distingue, en la génesis del prohibicionismo, diversos factores aparte del fortalecimiento del Estado y sus facultades, a saber: a) la religiosidad
6 6 tradicional que cataloga cualquier forma de ebriedad como una amenaza de impureza que debe ser destruida; b) los procesos de industrialización y pauperización de los centros urbanos, donde el uso de drogas se erige como bandera de desviación de ciertos grupos de marginados; y c) la consolidación del estamento terapéutico, que pretende monopolizar el manejo de los psicofármacos. Uno de los puntos críticos en la política prohibicionista llegará a inicios de los años setenta cuando el presidente de Estados Unidos -país que ya gozaba con una posición hegemónica y buscaba afianzarla-, Richard Nixon declara formalmente la guerra contra las drogas 1, arguyendo que el abuso de drogas era el primer enemigo del país. El consumo de drogas será concebido entonces como un crimen y una amenaza a la seguridad nacional que debe ser erradicada, atacando tanto los focos de consumo (demanda) como los circuitos de tráfico (oferta). Para ello crearía, en 1973, la Drug Enforcement Administration (DEA, Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas). Los siguientes gobiernos continuaron con la política antidrogas, siendo algunos más laxos y otros más severos como es el caso de la administración Reagan (Del Olmo, 1989; Escohotado 1998a). De ahí que, durante las últimas décadas, el consumo de drogas se ha instalado como un problema prioritario en la comunidad internacional. Esto se ha traducido en la participación, por parte de los países integrantes de la Organización de Naciones Unidas, en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de Las citadas convenciones internacionales han trazado las directrices para una estrategia general de reducción de demanda y oferta de drogas (Quiroga y Villatoro, 2003). Los Estados no tratan ya de controlar la difusión de ciertas drogas, como al comienzo de la cruzada, sino que se consideran en el deber de controlar todo cuerpo con influjo sobre <<el juicio, el comportamiento, la percepción o el estado de ánimo>> como afirma el Convenio internacional sobre sustancias 1 Para un examen más detallado de la ascensión del prohibicionismo en Estados Unidos ver: Estados Unidos y las drogas Prohibir o legalizar? (Villatoro, FASOC Vol. X, N1 1) Disponible en:
7 7 psicotrópicas de Es incumbencia suya cualquier modificación química de la conciencia, la ebriedad en general (Escohotado, 1998a, p.22) La Oficina contra la Droga y el Delito (Naciones Unidas), en su Informe mundial sobre las drogas 2012, señala que...unos 230 millones de personas, o el 5% de la población adulta del mundo, consumieron alguna droga ilícita por lo menos una vez en Los consumidores problemáticos de drogas suman unos 27 millones, o el 0,6% de la población adulta mundial (p.iii). En Chile el organismo gubernamental encargado de diseñar y ejecutar las políticas públicas referente a las drogas, históricamente, ha sido el Consejo Nacional para el control de Estupefacientes (CONACE). Éste fue fundado en 1990, teniendo el carácter de un comité interministerial, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En el año 2011, con la promulgación de la Ley N , se crea, a modo de continuidad del CONACE, el Servicio Nacional de prevención y rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), siendo ahora un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y recursos propios, dependiente del Presidente de la República mediante el Ministerio del Interior (www.senda.gob.cl). El CONACE, en su Noveno Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile (2011c), señala que el 4,6% de la población consume marihuana, el 0,7% cocaína y el 0,4% pasta base de cocaína. En cuanto a las tasas de dependencia, según el citado informe, un 20% de los consumidores de marihuana han tenido síntomas de dependencia (medidos acorde a los criterios de la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE- 10), mientras que los usuarios de cocaína y pasta base presentan tasas de dependencia de un 25% y un 55% respectivamente. A continuación, en la tabla, se observa la evolución de las tasas de prevalencia de consumo, en la última década (CONACE, 2011c): Alcohol 73,90 75,28 75,96 73,56 68,49 57,52 Marihuana 5,7 5,0 5,4 7,2 6,4 4,6 Cocaína 1,5 1,5 1,3 1,3 1,8 0,7 Pasta Base 0,7 0,5 0,6 0,6 0,7 0,4 Como puede observarse, el consumo de todas las sustancias ha ido decreciendo, y el uso de drogas ilícitas es considerablemente menor que el de alcohol. Según datos
8 8 proporcionados por el Ministerio de Salud (MINSAL, 2011), en la definición de sus prioridades programáticas Los problemas asociados al uso de alcohol y otras drogas constituyen la principal causa de mortalidad y discapacidad en hombres menores de 45 años en nuestro país, y la dependencia a estas sustancias es una de las 10 principales causas de Años de Vida Saludables Perdidos por Discapacidad o Muerte Prematura (AVISA) en toda la población. Por las razones esgrimidas el problema del consumo de alcohol y drogas, con todas sus derivadas, se considera una de las prioridades programáticas del Ministerio de Salud, en el área de Salud Mental. Esta problemática también se ha instalado como un problema de gran relevancia en las políticas públicas, a nivel de gobierno e internacionalmente, independiente de las estadísticas, y de la oscilación de las mismas en las últimas décadas. Aún estamos en la era de la guerra contra las drogas y, a pesar del número creciente de detractores que va sumando día a día, su discurso hegemónico continúa rigiendo las políticas sociales, jurídicas, económicas y sanitarias que se desarrollan a nivel mundial para controlar esta gran epidemia. Como profesionales de la salud mental, insertos en el trabajo de la red de salud pública, nos competen directamente las políticas emanadas desde el SENDA en esta materia. La política pública y los discursos circundantes delimitan un campo de acción y estructuran nuestro quehacer. A su vez, dicho quehacer clínico tiene un basamento teórico y se sustenta en lineamientos políticos y éticos los cuales, muchas veces, entran en discordancia, o derechamente se contraponen, a las directrices institucionales o la política dominante. De ahí que el objetivo central de esta memoria sea analizar las políticas públicas que emanan del SENDA, respecto a tratamientos de rehabilitación. Específicamente, el tipo de intervenciones que proponen, tanto en sus ribetes clínicos, políticos e ideológicos y contrastarlas con la práctica clínica desarrollada en el Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) de Conchalí, en el período Marzo-Noviembre del Para ello se realizará una revisión bibliográfica de las Estrategias nacionales de drogas y alcohol, los estudios nacionales de drogas y otros documentos oficiales del SENDA.
9 9 En cuanto a las investigaciones respecto a la temática de drogas en Chile el mayor centro de acopio de información, y el más especializado, es el Centro de Documentación e Información (CDI) creado en 1993 y perteneciente al SENDA. En dicho centro, la mayoría de las investigaciones son de carácter cuantitativo y epidemiológico, existiendo poco material cualitativo y referente a tratamientos o sistematización de experiencias. Por otra parte la línea investigativa está definida desde el Estado, lo que dificulta la generación de conocimientos o propuestas que no estén en consonancia con la política del SENDA y el paradigma de reducción de la demanda (Quiroga y Villatoro, 2003). Se desprende entonces la relevancia de rescatar una experiencia práctica, en cuanto a tratamiento de rehabilitación, y hacer un análisis crítico de la misma, dando cuenta de enfoques alternativos para el tratamiento de personas con consumo problemático de drogas.
10 10 Objetivos I. Objetivo General Analizar las políticas públicas elaboradas por el Servicio Nacional de prevención y rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), respecto a tratamientos de rehabilitación de drogodependientes. II. Objetivos Específicos 2.1 Analizar las políticas públicas del SENDA, sobre tratamiento, en sus aspectos clínicos. 2.2 Relevar los aspectos políticos e ideológicos de dicha política. 2.3 Contrastar las citadas políticas con la práctica clínica desarrollada en el Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) de Conchalí. 2.4 Analizar la posición tanto del psicólogo, como de los pacientes en el programa de rehabilitación de drogas en COSAM Conchalí. 2.5 Dar cuenta de enfoques alternativos a la política hegemónica para el trabajo clínico con personas consumidoras de drogas.
11 11 Desarrollo I. Conceptualización de las drogas No hay drogas mejores y peores, sino maneras juiciosas y maneras insensatas de consumirlas Escohotado, 1998, p. 222 Con el propósito de ahondar en las políticas públicas que pretenden rehabilitar a los consumidores de drogas, el primer paso es dar cuenta de qué se entiende por droga y definir el marco conceptual y legal que da sustento a las citadas políticas. Como todo fenómeno social, no es posible dar con una definición unívoca del mismo. Hoy en día, la palabra droga engloba una larga lista de sustancias y se asocia a una variedad de fenómenos, lo que la vuelve un concepto complejo y multidimensional, donde han incidido factores de diversa índole, ya sea científicos, económicos, políticos o ideológicos, faltando criterios claros que apunten hacia definición acabada. Es así como se encuentran una multiplicidad de significados que coexisten en la sociedad. Significados que, muchas veces, se contraponen y entran en pugna por ganar un espacio hegemónico dentro del discurso social. A continuación se presentarán las concepciones de droga que emanan de organismos oficiales, tales como la Organización Mundial de la Salud o el SENDA y algunos contrapuntos para dichas significaciones. La Organización Mundial de la Salud considera como droga a cualquier sustancia, que introducida en el organismo, lo altera física o psíquicamente (CONACE, 2008). En tal sentido, todas las sustancias serían drogas, desde los alimentos, pasando por los cigarrillos, hasta la cocaína e incluso la polución. Como puede apreciarse es una definición bastante amplia. Sin embargo, en la cotidianeidad no se consideran drogas todas las sustancias mencionadas con anterioridad. Socialmente la palabra droga por sí misma tiene una connotación negativa, suele asociársele a las drogas ilegales ya que el resto son medicamentos -que al ser dispensados por la autoridad médica, tienen una valoración social positiva aun cuando puedan ser considerablemente tóxicos y nocivos-, o alcohol y tabaco -que al estar altamente insertos en la sociedad no se consideran drogas, sino que su consumo es incluso promovido a pesar de los daños, comprobados científicamente, que causan en el organismo su consumo excesivo y prolongado en el tiempo-.
12 12 Dicha connotación negativa se ha construido y fortalecido gracias a los discursos que circulan en la sociedad y la opinión pública, siendo una de sus principales fuentes organismos estatales como el SENDA. La citada entidad, a través de los medios de comunicación masivos, ha lanzado propagandas 2 donde se asocia el consumo de drogas con delincuencia, deserción escolar, desintegración familiar y social y, en general, con todo lo que pueda resultar amenazante. El mensaje es claro la droga es mala, sin importar qué tipo de drogas (por supuesto siempre refiriéndose a las ilegales), cómo se consumen ni con qué fines. Se entrecruzan entonces factores científicos (referentes a la bioquímica de las sustancias y sus efectos en la salud) y elementos políticos, económicos e ideológicos (relacionados con la prohibición de determinadas drogas), donde la correlación entre la peligrosidad de las sustancias y su status legal no siempre es directa. Ahora bien, para avanzar hacia una definición más inclusiva de lo podría entenderse por droga, se puede recurrir al concepto griego de Phármakon, el cual significa remedio y tóxico; no una cosa u otra, sino las dos. ( ) La toxicidad de un fármaco es la proporción concreta entre dosis activa y dosis letal; por eso ninguna propiamente dicha pertenece a lo inocuo, o sólo a lo ponzoñoso (Escohotado, 1998a, p.137). El énfasis de tal concepto está dado por el uso que se hace del fármaco o droga por lo que la nocividad, o los beneficios que puedan extraerse de una sustancia, dependerán del contexto en que se emplee, de la pureza de la droga, de las condiciones de acceso a la misma y las pautas culturales asociadas, y no de la sustancia en sí misma 2 Como por ejemplo la última campaña televisiva lanzada por el organismo estatal: La droga no sólo afecta al que la consume, también a su familia. En una de sus versiones, Spot en la casa (disponible en se muestra a una mujer desesperada por la muerte de su bebé. El texto es el siguiente: Estoy destruida, ya no puedo más. Pensé que la podría dejar que no me ganaría, pero terminó por destruir a mi familia. Si hubiese pedido ayuda a tiempo hubiese salvado a mi hija. La droga no sólo afecta al que la consume. Como puede apreciarse el aviso publicitario no posee ningún elemento informativo, como por ejemplo de qué droga se está hablando, de los efectos de la misma o de cómo impedir un consumo abusivo, sólo se alude a la desintegración familiar.
13 13 (Escohotado, 2006). Con ello la droga puede dejar de condenarse como objeto, a priori, y el foco se pone en el uso que se hace de ella. En la misma línea se encuentra la definición planteada por Menéndez (1990, citado en Romaní, 1999) la cual agrega al concepto oficial de la OMS que los efectos, consecuencias y funciones están condicionados, sobre todo, por las definiciones sociales, económicas y culturales que generan los conjuntos sociales que las utilizan (p.53). II. Clasificación de las drogas En cuanto a la categorización de las drogas, éstas se pueden agrupar según criterios de orden farmacológico (de acuerdo a los efectos que producen en el sistema nervioso central del organismo [SNC]), respecto a su origen (natural o sintético), en base al eventual grado de dependencia que pueden generar o bien con criterios de orden legal y político. Respecto a la clasificación farmacológica, se pueden dividir las drogas en: i) estimulantes del SNC (naturales tales como café, mate, coca y sintéticas como anfetaminas o cocaína, entre otras); ii) depresores del SNC (alcohol, sedantes, tranquilizantes, etc.) y iii) alucinógenas (naturales: hongos con psilocibina, cactos con mescalina o sintéticas como el ácido lisérgico, MDMA, etc.). La marihuana posee efectos tanto estimulantes como depresores del SNC, así como también alucinógenos, por lo que no se encasilla en ninguna categoría (Pavez y Prat, 2006). En cuanto al nivel de dependencia se encuentran las llamadas drogas duras, con alto potencial adictivo y, en su contraparte, las drogas blandas que serían más inocuas, o sólo generarían dependencia psicológica. Dentro de las primeras se pueden situar la cocaína o anfetaminas, mientras que en las segundas pueden hallarse el café o la marihuana. Sin embargo, esta clasificación ha causado controversia a nivel internacional ya que sustancias como la marihuana, cuyo potencial para generar tolerancia o dependencia es bajo, ha sido equiparada con drogas estimulantes que poseen altos índices de tolerancia y toxicidad (Romaní, 1999); es el caso chileno donde el SENDA, en su portal de internet, plantea que la marihuana genera dependencia al igual que la cocaína y la pasta base, es la segunda droga en el país por la cual las personas demandan tratamiento y que su consumo inhibe la percepción de riesgo en el uso de drogas más adictivas
14 14 como cocaína y pasta base. La marihuana tiene también una fuerte presencia en las personas menores de 25 años que han cometido delito. En tal sentido la condición de la marihuana como una droga blanda también pierde sentido en Chile (CONACE, 2008, p.11) La tipificación referente a la legalidad o ilegalidad de las drogas resulta cuestionable, ya que la prohibición no dice relación con la peligrosidad de las sustancias. De este modo hay drogas altamente tóxicas como el alcohol 3 y tabaco que no presentan restricciones, a diferencia de otras sustancias naturales, tales como peyote o marihuana, cuyo potencial adictivo es considerablemente menor. Siguiendo dicho argumento, cabe detenerse en las listas de estupefacientes sometidas a fiscalización internacional, creadas en la Convención única de estupefacientes de 1961 y enmendadas por el Protocolo de Dentro de las complejidades a las que nos enfrentan dichos listados, cabe en primer término señalar la falta de claridad en las definiciones de los términos estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Se entenderá por estas sustancias cualquiera que esté presente en las Listas I, II, III o IV naturales o sintéticas, independiente de sus cualidades farmacológicas, potencialidad para generar tolerancia o toxicidad de las mismas. Es así como se incurre en el error de incluir bajo el término estupefaciente a sustancias como la hoja de coca, la cocaína y la marihuana, siendo que en rigor ninguna de ellas actúa con el efecto de estupor que sí provoca el opio, y de donde proviene el nombre de estupefaciente (Del Olmo, 1989). 3 El alcohol es el principal factor de riesgo con mayor carga por pérdida en el país (AVISA=464755), siguiéndole la obesidad (AVISA=234107) y la presión arterial elevada (AVISA=210287). El consumo de drogas ilícitas se encuentra en último lugar, de una larga lista, con un índice AVISA de 470 (Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, 2008).
15 15 Es así como en la Lista I, además de las llamadas drogas duras y de diseño, se encuentran sustancias psicoactivas de bajo nivel de toxicidad, tales como la mezcalina, LSD y marihuana. Mientras que las listas restantes incluyen drogas altamente adictivas y nocivas, capaces de generar dependencia, como es el caso de los ansiolíticos, barbitúricos y estimulantes sintéticos (Escohotado, 1998c; Pavez y Prat, 2006). En segundo lugar, no hay un criterio claro que de cuenta de las restricciones legales que se le aplican a las sustancias. De este modo, tal como lo dictamina el artículo 5 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 de las Naciones Unidas: las Partes limitará a fines médicos y científicos, por los medios que estime apropiados, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, las existencias, el comercio, el uso y la posesión de las sustancias de las Listas II, III y IV. ( ) Es deseable que las Partes no permitan la posesión de las sustancias de las Listas II, III y IV si no es con autorización legal (p.5, cursivas nuestras). En cambio para las sustancias incluidas en la Lista I, que se suponen de menor peligrosidad, el artículo 7 del citado Convenio prescribe lo siguiente: En lo que respecta a las sustancias de la Lista I, las Partes: a) Prohibirán todo uso, excepto el que con fines científicos y fines médicos muy limitados hagan personas debidamente autorizadas en establecimientos médicos o científicos que estén bajo la fiscalización directa de sus gobiernos o expresamente aprobados por ellos (p.5, cursivas nuestras). Como se puede apreciar, la política internacional referente a las drogas no se estructura sobre la base de categorizaciones claras en función de los efectos de las sustancias, alejándose con ello de criterios netamente científicos para matizarlos con consideraciones de índole sociopolítica e ideológicas. Tal como dijese Escohotado (1998c): Son peligrosas y merecedoras de control aquellas [drogas] cuyo consumo alarme a las fuerzas del orden en cada territorio. Drogas peligrosas son las drogas prohibidas. Es la prohibición aquello que determina la naturaleza farmacológica de algo, en vez de ser esa naturaleza lo que determina su prohibición (p. 121).
16 16 Pero, qué sucede en la realidad nacional, cómo son adoptadas y adecuadas a la realidad local las directrices internacionales y, a su vez, cómo esta normativa incide en la política pública referente a tratamientos de rehabilitación que genera el SENDA. III. Marco legal en Chile Bajo el nombre de crímenes y de delitos, se siguen juzgando efectivamente objetos jurídicos definidos por el Código, pero se juzga a la vez pasiones, instintos, anomalías, achaques, inadaptaciones, efectos de medio o de herencia; se castigan las agresiones, pero a través de ellas las agresividades; las violaciones, pero a la vez, las perversiones; los asesinatos que son también impulsos y deseos Foucault, 2002, p.25 En Chile, los primeros antecedentes legales referente a la temática de drogas se remontan a 1873 fecha en la cual se redactó el Código Penal, cuyo artículo 313, enmarcado en los crímenes y simples delitos contra la salud pública, señala lo siguiente: El que sin hallarse competentemente autorizado elaborare substancias o productos nocivos a la salud o trafique en ellos estando prohibida su fabricación o tráfico, será castigado con reclusión menor en su grado medio i (sic) multa de 100 a 500 pesos (citado en Pavez y Prat, 2006). Dicho artículo si bien no es una referencia directa a las drogas, puede aplicársele a éstas, sancionando su fabricación y comercialización no autorizada, mas no su consumo (Sánchez, 2005). La citada normativa se mantuvo en curso hasta el año 1969 fecha en la cual, a través de la Ley Nº , se introduce explícitamente el término sustancias estupefacientes y se sanciona, más severamente (con penas superiores a las de delitos como violación u homicidio), el tráfico ilícito de estupefacientes. Posteriormente, en 1973 la Ley Nº endurece todavía más las sanciones para el delito de tráfico ilícito, aun cuando los documentos preparatorios de la Ley reconocían que el problema era limitado y no suscitaba mayor alarma, lo que hace pensar que dicha modificación legal se condice más con la presión internacional, respecto a la prohibición de drogas, que con la realidad nacional (Pavez y Prat, 2006). Al ser una problemática incipiente, lo esperable hubiese sido destinar recursos a investigación y diagnóstico que permitiesen planificar políticas acordes al contexto chileno, que apuntasen a la prevención, desde una perspectiva social o de salud en vez
17 17 de concentrar los esfuerzos en la represión penal del mismo. Es en la Ley Nº que se hace referencia por primera vez al consumo no para penalizarlo, sino para establecer el tratamiento como sanción a quienes se catalogaran como adictos, tras someterse a una serie de exámenes médicos. En 1985 se dicta la ley Nº , fecha en la cual el consumo de sustancias como la marihuana se había popularizado por lo que se aplicaron penas más drásticas, sin sancionar aún el consumo y tipificándose por primera vez la figura de asociación ilícita para el tráfico. Al retornar la democracia, el combate hacia las drogas se asume como una prioridad, siendo la marihuana uno de sus principales blancos, lo que se tradujo en masivos decomisos. De este modo, con la escasez de la marihuana, comienzan a surgir en las poblaciones nuevas drogas, de menor calidad y de más fácil acceso como la pasta base de cocaína y la marihuana prensada, que poseen aditivos altamente tóxicos Pavez y Prat, 2006). En Agosto de 1990, entra en vigencia el Convenio de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, con lo cual Chile debe adecuar su legislación en base a lo pactado en la citada Convención. Para ello se instala una comisión investigadora en la cámara de diputados orientada al tráfico ilícito de estupefacientes; ese mismo año se crea el Consejo Nacional para el control de Estupefacientes (CONACE). Producto del trabajo de dicho organismo, en 1995 entra en vigencia la Ley Nº , la cual amplía y especializa las sanciones del tráfico. Por primera vez, se tipifica el consumo de drogas como una falta. Dentro de las sanciones se encuentran multas de hasta 10 UTM (la cual puede ser conmutada por servicio comunitario) o la asistencia obligatoria a programas de prevención y tratamiento. Ulteriormente, en el año 2005 y en reemplazo de la Ley Nº , se promulga la Ley Nº Dentro de las principales modificaciones que establece, se destaca la siguiente: se crea la figura del microtráfico, con lo que se buscaba ejecutar sanciones diferenciadas bajo el presupuesto de la proporcionalidad de las penas (de sesenta y un días hasta quince años, dependiendo de la cantidad de droga y su toxicidad). Sin embargo, con las modificaciones introducidas a la ley, en su artículo 1º y 4º, no se toma en consideración la toxicidad de la sustancia para rebajar la pena, por lo que de facto la menor pena sería de 541 días y no 61, como se estipuló en un comienzo. Esta nueva figura sanciona a su vez el porte de droga. Así quien sea sorprendido con droga en
18 18 su poder deberá probar que es para su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo (Ley N , artículo 4), aún cuando no se define claramente qué cantidades serán consideradas para consumo personal ni qué se entiende por proximidad en el tiempo, con lo que la norma resulta bastante vaga y deja espacio para sanciones arbitrarias, según el criterio subjetivo de cada juez (Ruiz, 2009). Otra ambigüedad dice relación con la definición de drogas estupefacientes o sicotrópicas, sobre las cuales recaerán las sanciones, ya que no especifica claramente cuáles son, sino que refiere a aquellas sustancias productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud (Ley N , artículo 1). En suma, esta nueva normativa se sustenta sobre la base de la ampliación de las penas, por un lado, y la intensificación de las prácticas investigativas, por el otro. Ello deja entrever el sesgo altamente represivo que la inspira, en directa merma de criterios preventivos o rehabilitadores los que sólo aparecen de modo indirecto como sanciones penales alternativas. El objetivo manifiesto de esta Ley, y todas las anteriores referentes a la materia, es proteger la salud pública, que se erige como bien jurídico superior, lo que implica que en ocasiones exista un desequilibrio en favor de ella mermando otras garantías en juego como la debida protección y respeto a la vida privada que garantiza la constitución (artículo 19 N 4). El legislador, al incriminar el uso de drogas, para asegurar el no consumo, invade un ámbito que le está vedado, como es el de la privacidad, y se entromete en el derecho de autodeterminación, que implica la libertad de las personas de elegir y desarrollar sus propios planes (Vázquez, 2001 en Inchaurraga, 2001, p. 167). Si lo que se quiere es proteger la salud pública, por qué drogas como el tabaco y el alcohol, con tasas de prevalencias mucho más altas que las drogas ilegales, y con impactos sobre la salud considerablemente mayores, no están prohibidas (Departamento de Epidemiología, MINSAL, 2008). Es una de las dudas que surge al dar cuenta de que la prohibición de determinadas sustancias no se condice con la peligrosidad de las mismas.
19 19 IV. Los consumidores Ahora bien, una vez revisada la legislación chilena respecto a las drogas, cabe preguntarse por el estatuto que ésta le confiere a los consumidores. Como se ha podido observar, tras la penalización del consumo y tráfico de sustancias, lo que se pretende es proteger la salud pública. De este modo se considera que el consumo de drogas ilícitas merma directamente la salud de los consumidores, por lo que éstos serán catalogados de enfermos. En una operación discursiva de la mayor trascendencia, se asocia a todo usuario de drogas con un adicto. Es decir, no se reconoce al usuario no problemático, ocasional o recreativo, que sin duda, es la figura más frecuente del uso de cualquier droga psicoactiva con independencia del estatus legal en que se sitúe. Siguiendo con esta lógica reduccionista, todo uso de una sustancia ilegal es malo, conducta desviada, un atentado contra el individuo que lo efectúa al tiempo que contra la sociedad (Fisher, 2008, p.64). He ahí la primera concepción del consumidor de drogas: enfermo. En una segunda arista, se tiene que el SENDA, organismo encargado de dar curso a la política de drogas en el país, depende directamente del Ministerio del Interior. En tal sentido el problema de la drogadicción es considerado un tópico más de la seguridad pública por cuanto quienes atenten contra ésta, consumiendo o traficando drogas, serán catalogados como delincuentes. El actual marco legal brinda, entonces, una doble categorización al consumidor de drogas: enfermo y delincuente. En ambos casos sería una persona que pierde el control volitivo de su accionar y se deja dominar o esclavizar por la sustancia. Por lo tanto se vuelve necesario el despliegue de un aparato de control sanitario-penal. El consumo de drogas entonces posee un carácter marginal y transgresor, independiente de la significación que le de el usuario a su propio consumo. Ya sea que se busque placer, evasión, explorar estados alterados de conciencia, recreación o cualquier otro fin, siempre se estará fuera de la ley y de lo que se espera como una actitud moral intachable, considerándose también un atentado contra la salud. Además de enfermo y delincuente, se tiene que el consumidor de drogas es un desviado.
20 20 Aun así no se puede desconocer el lazo social que se genera a partir del consumo de drogas. Éste suele comenzar como consumo exploratorio que se da dentro del grupo de pares, donde el uso de drogas está legitimado y otorga un sentido de pertenencia. Entonces, si bien el consumo se instala como una transgresión al orden social termina quedando sometido al mismo dadas las regulaciones que delimitan la práctica de consumo. Aunque se lo excluya, el adicto es reconocido socialmente a partir de las categorizaciones y definiciones que de el se hacen. El tipo de abordaje que ha asumido la legislación chilena correspondería a un paradigma prohibicionista, el cual forma parte de los modelos predominantes en la sociedad actual para interpretar el fenómeno de las drogas. Su contraparte es el modelo de reducción de daños. A continuación se describen ambos paradigmas y sus respectivas implicancias. V. Paradigmas para el abordaje del consumo de drogas Sin duda, por tratarse de una guerra contra el deseo humano, no podrá ser ganada en el sentido mismo de este término Szasz, 1989, p.181 El abordaje prohibicionista se erige como paradigma hegemónico y plantea una sociedad libre de drogas por lo que se debe prohibir cualquier tipo de consumo, incluso los ocasionales y recreativos, ya que éstos necesariamente desembocarían en una dependencia o adicción, justificándose la respuesta penal al consumo con el fin de proteger a la sociedad. Sobre la base de un modelo infecto contagioso, busca impedir que la población vulnerable o en riesgo entre en contacto con la droga (De Rementería, 2001). En contraposición se encuentra el paradigma de reducción de daños. Este supone que el permitir formas no problemáticas de consumo no tiene por qué incrementar las tasas de consumo y que, si así ocurriera, éste acarrearía menos consecuencias negativas tanto en lo sanitario como en lo social y criminal, que bajo el actual régimen de prohibición; permitiendo una mejor atención sanitaria y mayor acceso a quienes pudiesen presentar un consumo problemático. Ello mediante el reconocimiento de la presencia y funcionalidad de las drogas en la sociedad (De Rementería, 1998 en UDP, 1999).
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 artículo 7
 artículo 313
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 artículo 4
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 artículo 3