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Timestamp: 2017-03-25 06:13:56+00:00

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REAL Decreto 1/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 326/2002, de 5 de abril, sobre régimen de nombramiento de los miembros sustitutos del Ministerio Fiscal
REAL Decreto 1/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 326/2002, de 5 de abril, sobre régimen de nombramiento de los miembros sustitutos del Ministerio Fiscal	REAL Decreto 1/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 326/2002, de 5 de abril, sobre régimen de nombramiento de los miembros sustitutos del Ministerio Fiscal Mis Leyes
REAL Decreto 1/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 326/2002, de 5 de abril, sobre régimen de nombramiento de los miembros sustitutos del Ministerio Fiscal Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	Artículo único. Modificación del Real Decreto 326/2002, de 5 de abril, sobre régimen de nombramiento de los miembros sustitutos del Ministerio FiscalDisposición adicional única. Formación.Disposición final primera. Título competencial.Disposición final segunda. Habilitación legal.Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El régimen de nombramiento de los abogados fiscales sustitutos ha ido perfeccionándose con el transcurso del tiempo, constituyendo el Real Decreto 326/2002, de 5 de abril, la cobertura normativa más completa que se ha dictado hasta el momento para regular la selección, el nombramiento y las funciones de sustitución de carácter no permanente de los fiscales sustitutos del Tribunal Supremo y de los abogados fiscales sustitutos cuyos únicos requisitos, al no ser fiscales de carrera, son contar con la licenciatura en Derecho, reunir los exigidos para el ingreso en la carrera fiscal, tener su residencia habitual en la demarcación donde tenga su sede la fiscalía o adscripción permanente en la que vayan a prestar servicios y no superar la edad que se determine en cada convocatoria.
Ese Real Decreto de 5 de abril de 2002 pretendía perfeccionar el baremo de méritos que determina la propuesta de nombramiento, agilizar la tramitación de las solicitudes mediante su exclusiva presentación ante la Fiscalía General del Estado, contar con el informe de idoneidad de los candidatos emitido por los fiscales jefes y establecer un número limitado de plazas a desempeñar por sustitución en cada fiscalía durante cada año judicial. Posteriormente, esa disposición reglamentaria fue modificada por el Real Decreto 92/2006, de 3 de febrero, cuyo objetivo era mejorar el baremo de méritos a valorar en los aspirantes, introduciendo el conocimiento del derecho o lengua propios de las comunidades autónomas, valorando por primera vez la posesión del título de licenciado en Criminología, y retocando puntualmente la asignación de puntos de alguno de los méritos previstos.
Teniendo en cuenta la experiencia acumulada durante los últimos procesos selectivos, resulta nuevamente necesario modificar el Real Decreto 326/2002 de manera que se otorgue de mayor transparencia y seguridad jurídica al concurso público en todas sus fases, desde la convocatoria hasta la resolución del mismo, y se detalle en esta vía reglamentaria, con mayor claridad y precisión, los méritos que se valoran en los aspirantes, acogiendo en todo caso los numerosos pronunciamientos jurisdiccionales que se han realizado a propósito de las convocatorias y resolución de los procesos selectivos para el nombramiento como miembro sustituto del Ministerio Fiscal. También se aprovecha esta modificación para introducir mínimas precisiones respecto a la tramitación de los expedientes por parte de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio de Justicia con un alcance meramente organizativo y doméstico, pero que simplificará de forma notable el procedimiento administrativo. Así, se elabora y se da publicidad a una lista provisional de los participantes en el proceso selectivo con la relación de todos sus méritos y la puntuación total obtenida, se otorga un trámite de alegaciones y se elabora y publicita una lista definitiva de los aspirantes seleccionados, todo ello con la finalidad de prevenir y evitar, siempre que sea posible, la interposición de recursos en sede gubernativa o jurisdiccional contencioso-administrativa cuyas pretensiones pueden ser resueltas con sencillez a lo largo del procedimiento administrativo.
El presente real decreto se dicta teniendo en cuenta las competencias reglamentarias que, en esta específica materia, ostenta el Ministerio de Justicia de conformidad con el Real Decreto 1475/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla su estructura orgánica básica.
Este real decreto ha sido sometido al trámite de audiencia pública a través de las asociaciones de fiscales inscritas oficialmente en el registro correspondiente del Ministerio de Justicia.
Asimismo, y de conformidad con el artículo 14.4 j) de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el presente real decreto ha sido informado por el Consejo Fiscal.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con el informe de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de enero de 2008,
«Con anterioridad al 15 de marzo de cada año, a propuesta motivada del Fiscal General del Estado, el Ministro de Justicia señalará el número de plazas a desempeñar por sustitución en cada fiscalía durante el siguiente año judicial, y convocará concurso público para su selección mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial del Estado.»
Dos. La letra e) del apartado 2 del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
«e) Las instancias y documentos que las acompañen habrán de referirse al modelo de solicitud que se publicará con la convocatoria y unirán a las mismas fotocopias compulsadas del documento nacional de identidad, del título de Licenciado en Derecho o del justificante de pago del mismo, de la certificación del expediente académico de la indicada licenciatura, así como de todos los documentos que resulten acreditativos de los méritos alegados por el concursante. El certificado de antecedentes penales de todos los aspirantes que participen en la convocatoria será aportado directamente por el Ministerio de Justicia, a través de sus órganos administrativos.
El plazo de presentación de solicitudes y de acreditación de méritos tiene carácter preclusivo.»
«1. Tendrán preferencia para optar a estas plazas quienes hayan pertenecido a la carrera judicial o fiscal por un período no inferior a diez años.
f) La docencia universitaria en disciplinas jurídicas, 0,3 puntos por cada año de ejercicio, con un máximo de 3 puntos. Para que este mérito sea puntuado se exigirá que la docencia se haya prestado como profesor en alguna de las modalidades previstas en el título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Las distintas modalidades docentes contempladas en dicho cuerpo legal tendrán carácter taxativo. Se excluye la docencia impartida en centros extranjeros en España conforme a los sistemas educativos de otros países.
5. La concurrencia de circunstancias que determinen la falta de idoneidad del candidato, de conformidad con el artículo 12 siguiente, determinará automáticamente su exclusión del proceso, con independencia de los méritos que reúna el candidato, que no se entrarán a valorar.»
El Centro de Estudios Jurídicos podrá contemplar en sus planes de formación continuada la participación como alumnos de los abogados fiscales sustitutos que hayan tomado posesión de su cargo, cuando sus cursos se refieran a materias relacionadas con su actividad.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1, 5.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.
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