Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016/as201632155.html
Timestamp: 2019-03-19 10:00:14+00:00

Document:
A.S. 155-2016
Auto Supremo Nº 155/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ.341/2015.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 216 vta. a 222, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) regional Chuquisaca, representado legalmente por Wilson Lazcano Barrancos y Daniel Abraham Flores Baptista, contra el Auto de Vista Nº 436/2015 de 3 de septiembre, cursante de fs. 206 a 209, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso de calificación de renta de viudedad que sigue Alcira Cueto Iglesias en su condición de derechohabiente de Marcelino García contra la institución recurrente, la respuesta de fs. 224 vta. a 225, el Auto de fs. 226 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;
CONSIDERANDO I: Que, dentro de la Renta Básica de viudedad otorgada por Resolución Nº 009916 de 11 de octubre de 2002 (fs. 44) a Raquel Alcira Cueto Iglesias; la Comisión Nacional de Calificación de Rentas del SENASIR, emitió la Resolución Nº 0011892 de 11 de diciembre de 2013 (fs. 61 a 63), disponiendo la suspensión definitiva de la renta básica de viudedad otorgada a favor de la derechohabiente, en virtud a evidenciarse la inconsistencia en la densidad de cotizaciones en el régimen básico al no figurar el asegurado en planillas de la Honorable Alcaldía Municipal de Sucre los periodos 02/61 a 03/78 por lo que no cumple con el requisito establecido conforme manda el art. 1 de la Resolución Ministerial Nº 1361 de 4 de diciembre de 1997.
Dicha determinación fue impugnada a través de Recurso de Reclamación de fs. 71 a 72, recurso que fue resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 258/14 de 2 de abril de 2014 (fs. 94 a 97) que resolvió confirmar la Resolución Nº 0011892, por encontrarse conforme a los datos del expediente y normativa vigente.
En grado de apelación de fs. 103 vta. a 104 deducido por Alcira Raquel Cueto Iglesias, la Sala Social del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista Nº 373/2014 de 1 de agosto (fs. 118 a 120) ANULÓ la Resolución Nº 258/14 de 2 de abril, disponiendo la emisión de una nueva debidamente fundamentada y motivada, resolución de vista que luego de ser recurrido en casación (fs. 129 a 133), por Auto Supremo Nº 203 de 15 de octubre de 2014 (fs. 149 a 151) fue declarado improcedente por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
En mérito a lo tramitado, luego de devuelto el expediente, la Comisión de Reclamación del SENASIR emitió la Resolución Nº 204 de 23 de marzo de 2015 (fs. 170 a 177), que resuelve revocar en parte la Resolución Nº 0011892 de 11 de diciembre de 2013 (fs. 61 a 63) emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, disponiendo dejar sin efecto la recuperación de los cobros indebidos en cumplimiento de lo establecido por el Auto de Vista Nº 373/2014 de 1 de agosto, emitido por la Sala Social del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
Esta Resolución fue apelada por Alcira Raquel Cueto Iglesias por memorial de fs. 185 a 187, mereciendo la dictación del Auto de Vista Nº 436/2015 que revoca la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 204/2015, dictada por la Comisión de Reclamación del SENASIR, en consecuencia, dispone que dichas autoridades dicten una nueva resolución aplicando los lineamientos del indicado Auto de Vista, resolviendo el recurso administrativo. Sin costas.
Dicha resolución motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 216 vta. a 222, interpuesto por el SENASIR a través de sus representantes legales, en el que esgrimen los siguientes fundamentos:
Inicia su recurso realizando una amplia exposición de los antecedentes del proceso, para luego expresar que el Auto de Vista se basa en lo dispuesto por el Decreto Supremo (DS) Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, sin hacer referencia a lo establecido por el DS Nº 27066 de 6 de junio de 2003 en su capítulo III, art. 5.d) concordante con el DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005 y lo dispuesto por el art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social.
Expresa que es preciso hacer mención al DS Nº 21637 de 25 de julio de 1987; al art. 3 del Decreto Ley Nº 924 de 15 de abril de 1987 y al art. 1.IV de la Resolución Ministerial (RM) Nº 1361 de 4 de diciembre de 1997; por lo que el SENASIR al emitir en primera instancia la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 204/15, lo que hace es cumplir con la normativa en materia de Seguridad Social contemplada en el Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por la Resolución Secretarial (RS) Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, y lo dispuesto por el art. 48.I de la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que verificado el auto de vista recurrido, se evidencia que el mismo coloca en desigualdad jurídica e indefensión al SENASIR, sin tomar en cuenta a efectos de mantener incólume el principio de seguridad jurídica y lo que la Constitución Política del Estado estipula con relación a las normas especiales en el art. 67.II. Al respecto hace referencia a la Sentencia Constitucional (SC) Nº 1138/2004-R y a la SC Nº 0070/2010-R de 03 de mayo con relación a la seguridad jurídica.
Acota con relación a las normas legales incorrectamente aplicadas, violadas e ignoradas, que el Auto de Vista basó su fundamento en lo estipulado por el DS Nº 27543 incurriendo en error por la aplicación indebida de la norma ya que fundamenta sin tomar en cuenta que este Decreto en su art. 14 hace referencia al tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al sistema de reparto en caso de inexistencia de planillas en el área de certificación y archivo central del SENASIR que posibiliten la certificación de aportes del asegurado, situación que en el presente caso no acontece puesto que de la compulsa realizada a la documentación presentada por el asegurado y la cursante en el área de certificación y archivo central del SENASIR, se evidencia que el asegurado no figura en planillas de los periodos 02/70 a 03/78, por lo que la verdad material constituye uno de los principios procesales fundamentales a momento de emitir pronunciamiento legal sobre una causa de esta naturaleza como estipula el art. 180.I de la CPE; y que si bien el DS Nº 27543 en su art. 14 ha establecido la certificación extraordinaria a través de documentos supletorios, dicha disposición se encuentra establecida para tramites de rentas en curso de adquisición y pago dentro del sistema de reparto, y a efectos de esclarecer sobre la certificación de aportes en trámites de esta naturaleza, se tiene lo dispuesto por la RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, y respecto a los aportes solicitados y reclamados por Alcira Raquel Cueto Iglesias derechohabiente de Marcelino Barja García, se tiene que el causante fallecido no figura en planillas en los periodos reclamados por lo que no se certifica, no siendo posible la aplicación de documento supletorio alguno.
Acusa error de derecho o error de hecho en la apreciación de las pruebas, al ignorar y no considerar el tribunal de apelación lo que dispone el art. 1296 del Código Civil (CC), sin tomar en cuenta el informe efectuado por el técnico verificador del SENASIR de fs. 57, que fue validado por el área de certificación y archivo central y que tiene la suficiente prueba probatoria y hace plena prueba mientras no sea acusado de falso por la vía penal, por el que se evidencia que el asegurado no figura en planillas de los periodos 02/70 a 03/78, por lo que el Tribunal no observó lo dispuesto por el art. 399 del Código de Procedimiento Civil (CPC); y que de la compulsa en cumplimiento al procedimiento a efectos de reconocer los aportes efectivamente realizados por el asegurado, se evidencia que la documentación con la cual el causante solicitó renta única de vejez, en este caso la calificación de los periodos comprendidos del 11/92 al 09/95, no son idóneos, simplemente reflejan aportes al seguro social a corto plazo a efectos de acceder a la atención médica en la correspondiente Caja de Salud y no se evidencia que los aportes reclamados por el asegurado, al seguro a largo plazo a efectos de acceder al beneficio de renta de vejez.
Continúa enunciando como normas incorrectamente aplicadas, violadas e ignoradas a: los arts. 48.I y 67.II de la CPE; 14 del DS Nº 27543; art. Segundo de la RM Nº 550; art. 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005 concordante con el art. 477 del Reglamento al Código de Seguridad Social; DS Nº 21637; art. 3 del Decreto Ley Nº 924 de 15 de abril de 1987 y art. 1 de la RM Nº 1361.
Concluye solicitando se case el Auto de Vista recurrido y se confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 204/15 de 23 de marzo de 2015.
CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo, se coligen los siguientes aspectos para su respectiva resolución:
En relación a la acusación de que el tribunal de apelación basó el auto de vista en lo dispuesto por el DS Nº 27543, sin hacer referencia a lo dispuesto por el DS Nº 27066 en su capítulo III, art. 5-d) concordante con el DS Nº 27991 y lo dispuesto por el art. 477 del Reglamento al Código de Seguridad Social; es menester señalar que, el Tribunal de Apelación al fundamentar al respecto, no negó la competencia que el Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR tiene para emitir resoluciones administrativas en los temas inherentes a sus funciones; ni puso en duda la facultad administrativa de la que goza en atención del art. 9 del DS Nº 27991, para que ésta repartición pública pueda cumplir con la revisión de oficio o por denuncia debidamente justificada de las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos.
Sin embargo, analizando lo obrado, el Tribunal de Apelación, acertadamente manifestó en el segundo considerando del Auto de Vista recurrido, que el Decreto Supremo Nº 27543, al prever en sus capítulos II y III el tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al Sistema de Reparto y los trámites relacionados con el seguro social obligatorio de largo plazo, debe entenderse que no sólo lo hace para el Sistema de Reparto sino también para la determinación de montos en la modalidad de compensación de cotizaciones conforme se interpretó y quedó establecido como jurisprudencia en los fallos emitidos por este Supremo Tribunal, interpretación que la institución recurrente no tuvo en cuenta al momento de emitir sus resoluciones, no siendo evidente que la aplicación de documentación supletoria prevista en el art. 14 del Decreto Supremo antes indicado, sea sólo para trámites de Rentas en curso de pago y adquisición en el sistema de reparto, sino también corresponde su consideración en los trámites de compensación de cotizaciones.
Por lo que respecto al caso presente, el tribunal ad quem concluyó que: “…en cuanto a la posibilidad de utilización de documentación supletoria sólo ante la inexistencia de planillas en el SENASIR, conforme entiende la entidad recurrente, debe considerarse que dicha interpretación no es adecuada al ser restrictiva del derecho de los asegurados, para que en su favor se considere la documentación con la que cuenten en su expediente, conforme el mandato del art. 14 del Decreto Supremo citado, y de esta manera se certifiquen aportes bajo presunción juris tantum, aún en la circunstancia de que en las planillas no figure el nombre del asegurado, ya que la documentación que el artículo mencionado refiere, hace ver y presumir válidamente la existencia de una prestación de servicios por el trabajador asegurado a favor de un empleador, aspecto que no puede ser desconocido por el Estado y, por lo cual precisamente nace la razón de ser de la certificación con documentación supletoria; en correcta aplicación de los principios bajo los cuales se presta la seguridad social contenidos en el art. 45.II de la Constitución Política del Estado.”
En efecto, y como consecuencia del análisis efectuado, y las pruebas documentales requeridas para la calificación de la renta de viudedad, la Comisión de Calificación de Renta emitió la Resolución Nº 009916 de 11 de octubre de 2002 por la que se otorgó en favor de Raquel Alcira Cueto Iglesias, renta básica de viudedad en el equivalente al 80% de la renta que le correspondía a su causante, en el monto de Bs. 478, incluidos incrementos de ley, no constando que hubiere presentado documentación, datos o declaraciones fraudulentas que hubieren inducido a error alguno en la calificación de la renta asignada, por lo que resulta correcta la determinación del Tribunal Ad quem de revocar la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 204/2015 de 23 de marzo, emitida por el SENASIR, disponiendo que dichas autoridades dicten una nueva resolución y apliquen los lineamientos del auto de vista emitido.
Es menester agregar que, obrando en contrario, se estaría negando sin posibilidad de reclamo alguno el derecho a considerar la documentación supletoria que demuestra una real y efectiva prestación de servicios en favor del empleador, aun no cursando el nombre del trabajador en las planillas conforme lo expresa el SENASIR, pues al iniciar el trámite el asegurado presentó certificación emitida por el encargado de archivos y cuenta individual de la sección recaudaciones de la Caja Nacional de Salud de 17 de agosto de 1993, (fs. 1) por la que se acredita que Marcelino Barja García trabajó en dicha institución aportando durante 17 años y 2 meses, computados desde el año de 1961 a 1978; y por certificación de 14 de noviembre de 1995, extendida por el jefe de Recursos Humanos y Servicios Generales de la Honorable Alcaldía Municipal de Sucre (fs. 18), se tiene que Marcelino Barja García ingresó a prestar servicios a partir de febrero de 1961 a marzo de 1978, lo que ratifica la primera certificación, por lo que se acredita que la prestación de dichos servicios fue sujeto a la seguridad social de largo plazo.
Por lo que, del fundamento expuesto, se concluye que no resulta pertinente la alusión de los recurrentes de que el Tribunal de apelación incurrió en error por la aplicación indebida de las normas y que no consideró lo establecido por el DS Nº 27066 de 6 de junio de 2003 en su capítulo III art. 5.d), el DS Nº 27991 y lo dispuesto por el art. 477 del Reglamento al Código de Seguridad Social.
Asimismo, cabe indicar que no es evidente que el tribunal de apelación hubiere colocado en desigualdad jurídica e indefensión al SENASIR por no tomar en cuenta el DS Nº 21637; al art. 3 del Decreto Ley Nº 924 de 15 de abril de 1987 y art. 1º de la RM Nº 1361, pues no se advierte en el Auto de Vista recurrido la inobservancia de normas particulares como específicas que integran el sistema de seguridad social; además, se verifica de obrados, que esta institución intervino en igualdad de condiciones en el proceso, porque resuelto el recurso de apelación, fue notificado legalmente, mereciendo el recurso de casación de fs. 216 vta. a 222 en el plazo establecido por ley, habiendo sido corrido en traslado y concedido posteriormente por parte del Tribunal Ad quem, motivo por el cual éste Supremo Tribunal resuelve mediante el presente Auto Supremo sus pretensiones; debiendo considerarse que la normativa que transcribe para fundamentar la desigualdad que considera se dio, refiere a los niveles operativos que regula la administración de los regímenes del Sistema de Seguridad Social, a la taza de cotización para financiar las prestaciones de los sistemas básicos y complementarios y a la facultad de los asegurados de acogerse a la renta con reducción de 8% por cada año de disminución de edad; la que de ninguna manera repercute en una posible desigualdad jurídica.
En relación a la acusación de error de derecho o error de hecho en la apreciación de las pruebas, al ignorar y no considerar el tribunal de apelación lo dispuesto por el art. 1296 del CC, y al no tomar en cuenta el informe efectuado por el técnico verificador del SENASIR de fs. 57, que fue validado por el área de certificación y archivo central y que hace plena prueba, por lo que el tribunal no observó el art. 399 del CPC; al respecto, se debe tomar en cuenta la uniforme jurisprudencia que señala que la apreciación y valoración de la prueba por los juzgadores de instancia, es incensurable en casación, y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la misma, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el inciso 3) del art. 253 del CPC, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador.", lo que en el caso presente no aconteció.
Al efecto, el tratadista Pastor Ortiz Mattos, en su obra, “El Recurso de Casación en Bolivia”, página 158, expresa: “…El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico”, y “El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto.”
Por lo expresado, si se acusa error de hecho, la especificación debe recaer en los medios de prueba aportados al proceso y a los que el juzgador de instancia no les atribuyó el valor que la ley le asigna; y si se acusa error de derecho éste debe tener relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, demostrándose que se otorgó o negó el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, lo que en el recurso de casación planteado no se especificó y al no haberse demostrado tal extremo, no corresponde efectuar una nueva valoración de la prueba.
Respecto a la acusación de normas incorrectamente aplicadas, violadas e ignoradas en referencia a los arts. 48.I y II, 67 ambos de la CPE, art. 5.II del DS Nº 27066; art. 9 del DS Nº 27991, concordante con lo dispuesto por el art. 477 del Reglamento al Código de Seguridad Social; el DS Nº 21637; art. 3 del Decreto Ley Nº 924 de 15 de abril de 1987; art. 1.IV de la RM Nº 1361, art. 23 del Manual de prestaciones de rentas en curso de pago y adquisición y el acápite 2.5 del Instructivo para la calificación de renta única en curso de adquisición aprobado mediante la Resolución Administrativa Nº 001 de 14 de enero de 1998; es menester señalar que, no es suficiente enumerar las normas que el recurrente considera infringidas, y transcribirlas literalmente, sino que, debe hacer un análisis y una crítica al auto de vista recurrido, indicando además cómo fueron omitidas o vulneradas estas normas, a efectos de que este Supremo Tribunal pueda realizar el control de legalidad correspondiente; al no haberlo realizado, siendo imposible suplir las falencias de la parte recurrente, no corresponde resolver al respecto.
Además de lo señalado, con relación a los derechos sociales, la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, en su parágrafo I del art. 45, dispone que: "Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social", como así también el parágrafo III, refiere: "El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales" y el parágrafo IV del art. 48, dispone que: "Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles" y finalmente el parágrafo I del art. 67, dispone que: "Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana", derechos que fueron correctamente ponderados y reconocidos por el tribunal de alzada.
Finalmente, en ese razonamiento, respecto a los procesos administrativos, este Tribunal Supremo de Justicia a través de la jurisprudencia emanada, ha establecido que debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, por mandato del art. 180.I de la Ley Fundamental y del art. 30.11 de la Ley Nº.025 del Órgano Judicial, que establecen como principio procesal la verdad material, con la finalidad de esclarecer de que toda resolución, contemple de forma inexcusable la manera y forma de cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales, es decir dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales rigurosos que no conducen a la correcta aplicación de la justicia, que en la especie, la verdad material se antepone a la negación formal del SENASIR, toda vez que el asegurado presentó documentos que de ningún modo pueden ser desconocidos, conforme lo ha entendido correctamente el tribunal de alzada en base a toda la documentación presentada por la actora, que constituye prueba suficiente para el reconocimiento de la renta de viudedad de Alcira Cueto Iglesias; por esta razón, no sólo corresponde que el SENASIR califique todos los aportes realizados por el asegurado en vida, sino reponer la renta de viudedad reclamada por la derecho-habiente, desde la fecha de su indebida suspensión.
Por los fundamentos expuestos, se concluye que en la especie, el tribunal de alzada al revocar la Resolución Nº 204/15 de 23 de marzo, emitida por la Comisión Calificadora de Reclamación del SENASIR y disponer que dichas autoridades dicten una nueva resolución aplicando los lineamientos de esta Resolución de Vista, no incurrió en transgresión de las normas señaladas, por el contrario lo hizo en consideración y aplicación al principio de verdad material, emitiendo un fallo con la debida motivación y fundamentación conforme determina el art. 236 del CPC, concordante con el art. 227 del mismo cuerpo legal, por lo corresponde resolver en sujeción a los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, aprobado por RS Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los artículos 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de fs. 216 vta. a 222.

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