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Timestamp: 2020-08-04 05:29:00+00:00

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﻿ SENTENCIA C-828 DE OCTUBRE 20 DE 2010
SENTENCIA C-828 DE 20 DE OCTUBRE DE 2010
CONTENIDO:CAUSAL DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR MUERTE DEL PROCESADO, IMPUTADO O ACUSADO, NO SUPRIME LA GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL. EL JUEZ DE CONOCIMIENTO DEBE DECIDIR OFICIOSAMENTE O A PETICIÓN DE INTERESADO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EXISTA RESERVA JUDICIAL, PONER A DISPOSICIÓN U ORDENAR EL TRASLADO DE TODAS LAS PRUEBAS O ELEMENTOS PROBATORIOS QUE SE HAYAN RECAUDADO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE PRODUZCA LA MUERTE, PARA QUE ADELANTEN OTROS MECANISMOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. SE DECLARAN EXEQUIBLES LAS EXPRESIONES DEMANDADAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 82 DE LA LEY 599 DE 2000, 38 DE LA LEY 600 DE 2000 Y 77 DE LA LEY 906 DE 2004.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, ACUSADO, IMPUTADO, PROCESADO, DERECHOS DE LA VÍCTIMA, EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
Sentencia C-828 de octubre 20 de 2010
Ref.: Expediente D- 8122
Demandantes: Mauricio Luna Bisbal y Diego Luna de Aliaga.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 82 (parcial) de la Ley 599 de 2000; 38 (parcial) de la Ley 600 de 2000; y 77 (parcial) de la Ley 906 de 2004.
Bogotá, D.C., veinte de octubre dos mil diez.
“ART. 82.—Extinción de la acción penal. Son causales de extinción de la acción penal:
“ART. 38.—Extinción. La acción penal se extingue por muerte, desistimiento, amnistía, prescripción, oblación, conciliación, indemnización integral y en los demás casos contemplados por la ley.
Diario Oficial 45.658 de 1 de septiembre de 2004
“ART. 77.—Extinción. La acción penal se extingue por muerte del imputado o acusado, prescripción, aplicación del principio de oportunidad, amnistía, oblación, caducidad de la querella, desistimiento, y en los demás casos contemplados por la ley ”.
Esta corporación es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución, por estar contenida en una ley.
Los ciudadanos Mauricio Luna Bisbal y Diego Luna de Aliaga demandan la declaratoria de inconstitucionalidad de la palabra “muerte”, contenida en los artículos 82.1 de la Ley 599 de 2000; 38 de la Ley 600 de 2000; y 77 de la Ley 906 de 2004, por considerar que vulnera los artículos 1º, 2, 21, 29, 58 y 229 constitucionales, así como los artículos 8º, 21.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Respecto a la vulneración de los artículos 1º, 2º y 21 Superiores alegan que “es claro que los familiares de una persona fallecida antes de una decisión definitiva en la justicia penal, tienen el derecho para proteger la honra de su ser querido fallecido y los bienes de la masa sucesoral, los cuales pueden ser perseguidos por las supuestas víctimas o los perjudicados. De igual manera, las supuestas víctimas o los perjudicados, tienen derecho para que se defina la cuestión procesal, a través de una decisión de condena, la cual obviamente no implica el encarcelamiento de un muerto pero con la declaración de responsabilidad, se facilita así la reparación integral de las víctimas y para esto existe la masa sucesoral del causante que de no mediar una decisión penal, puede evaporarse rápidamente y hacer muy difícil la persecución ante la jurisdicción civil”.
En cuanto a la violación del artículo 58 constitucional, en concordancia con el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, explican que, el derecho a la propiedad admite límites, dentro de los cuales se encuentra “el pago de indemnizaciones justas”. Agregan que “permitir esta terminación abrupta, no sólo impide que se dé lugar a una posible indemnización justa, sino que además permite un enriquecimiento injusto por parte de los sucesores del posible victimario. Lo anterior, por cuanto al no existir declaración penal de responsabilidad, los bienes del causante y posible victimario, perderían su vocación indemnizatoria, pues no habría investigación o juicio pendientes. También perderían su vocación de conservación los mismos bienes de este posible victimario, ahora en cabeza de sus sucesores o de la masa sucesoral, ya que la ausencia de una declaración de inocencia deja abiertas las puertas para una reclamación civil, con todos los inconvenientes de dificultad probatoria y de reserva sumarial que pueden hacer imposible un fallo justo”.
Por otra parte, en relación con la vulneración de los artículos 29 y 229 Superiores, así como de los artículos 8º, 21 numeral 2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, luego de analizar la figura de los juicios en ausencia, sostienen que “así como una situación de ausencia física del encartado, no viola su derecho al debido proceso y a la defensa, la muerte de este, no afecta la potestad jurisdiccional del Estado. Por supuesto, a las posibles víctimas y perjudicados hay que garantizarles la verdad, la justicia y la reparación, y a los sucesores del posible victimario hay que garantizarles su tranquilidad jurídica al aceptar la herencia. De aceptarse la limitación de la potestad jurisdiccional por parte del Estado, debido al fallecimiento del encartado, se está confundiendo una imposibilidad física de cumplir la pena, con una posibilidad jurídica de declaración de responsabilidad penal o inocencia, lo cual permite indemnizar a las víctimas y perjudicados si es el caso, o aceptar la herencia sin riesgos jurídicos, si hay lugar a ello”.
a. El legislador, al disponer que la acción penal se extingue por la muerte del procesado, violó el derecho a la honra de los familiares del difunto (art. 21 superior), en la medida en que estos últimos no cuentan ya con la facultad de demostrar la inocencia de su ser querido.
b. El legislador, al prever que la acción penal se extingue por la muerte del procesado, violó los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación (arts. 29 y 229 Superiores, en concordancia con los arts. 8º y 25 de la CADH), ya que no contarán con el proceso penal para hacer valer tales derechos, en especial, el último de ellos.
Aunado a lo anterior, en relación con los artículos 1º, 2º y 58 superiores, la Corte considera que los argumentos expuestos por los demandantes no cumplen con los requisitos mínimos de certeza, claridad, suficiencia y pertinencia requeridos para configurar verdaderos cargos de inconstitucionalidad. En efecto, las alusiones a los artículos 1º y 2º Superiores resultan ser tangenciales, en tanto que los argumentos expuestos en relación con el artículo 58 constitucional, no logran demostrar la existencia de una oposición real entre las expresiones acusadas y aquél.
Así las cosas, la Corte analizará (i) el margen de discrecionalidad con que cuenta el legislador al momento de diseñar el proceso penal, en especial, lo referente a la extinción de la acción penal; (ii) los fines del proceso penal; (iii); las relaciones existentes entre el proceso penal y el derecho al buen nombre y a la honra del procesado y de sus familiares; y (iv) los derechos de las víctimas en el proceso penal, en especial, a ser reparadas.
En diversas oportunidades, la Corte ha expresado que, con fundamento en los artículos 2º, 150 y 229 Superiores, el Congreso cuenta con un amplio margen de configuración normativa en lo atinente a la regulación de los diversos procesos judiciales. En efecto, corresponde al órgano de representación democrática fijar las formas propias de cada juicio, lo cual implica, tomar decisiones acerca de (i) las diversas autoridades competentes para conocer de cada asunto (fijación de factores de competencia); (ii) los derechos y los deberes de cada una de las partes e intervinientes; (iii) los términos durante los cuales se deben surtir las diversas etapas procesales; (iv) los recursos que proceden frente a las distintas providencias judiciales; así como (v) los contenidos mínimos de las sentencias. Se trata, en pocas palabras, de establecer las condiciones y las reglas que deben cumplirse para que los ciudadanos accedan a la administración de justicia.
Al respecto, esta corporación ha considerado que el legislador cuenta con la facultad para: (i) fijar nuevos procedimientos(1); (ii) determinar la naturaleza de ciertas actuaciones judiciales(2); (iii) eliminar etapas procesales(3); (iv) imponer cargas procesales(4); (v) establecer plazos para el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia(5); (vi) fijar beneficios penales(6); y (vii) prever causales de procedencia de la extinción de la acción penal(7).
El juez constitucional ha precisado, igualmente, que el margen de configuración con que cuenta el legislador al momento de diseñar los diversos procedimientos y etapas procesales, no es absoluto, por cuanto se encuentra doblemente limitado: por una parte, por los derechos de contenido sustancial de las partes e intervinientes en el proceso (v. gr. los derechos a la verdad, la justicia y la reparación); por la otra, por las garantías procesales esenciales (v. gr. juez natural, publicidad, derecho de defensa, legalidad, doble instancia, non bis in idem, etc.).
Así pues, ese margen de discrecionalidad con que cuenta el legislador para configurar los diversos procesos no es absoluto ya que el Congreso no puede “configurar a su arbitrio o de manera caprichosa los procesos, pues —ciertamente— la Constitución reconoce a todo ciudadano el derecho a la igualdad (C.P., art. 13), por lo cual las regulaciones legales deben ser razonables y proporcionadas, tal y como esta corporación ya lo ha señalado en numerosas sentencias(8). De allí que, “en la medida en que la propia Constitución atribuye al órgano legislativo la atribución de legislar en esta materia, es entendido que el Congreso tiene amplia discrecionalidad para regular los procesos y procedimientos judiciales, sin más limitaciones que las que surgen de la propia Carta Política”(9).
Ahora bien, en materia penal, más allá de los artículos 28 a 35 superiores, ubicados en la parte dogmática de la Constitución, el margen de configuración del legislador se encuentra así mismo limitado por diversas disposiciones constitucionales que se hayan presentes en la parte orgánica de aquélla, atinentes a las competencias y facultades con que cuenta la Fiscalía General de la Nación, los jueces de control de garantías, los jueces de conocimiento, las víctimas, el Ministerio Público(10), así como por las disposiciones atinentes a los diversos fueros de investigación y juzgamiento.
Aunado a lo anterior, al momento de regular el proceso penal, el legislador debe ajustarse a las diversas disposiciones convencionales que prevén, de igual manera, determinados derechos sustanciales y procesales, en especial, los artículos 7º, 8º, 9º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los artículos 9º, 10, 11, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Al respecto, cabe precisar que los tratados internacionales sobre derechos humanos, así como no prevén un determinado sistema electoral(11), educativo, de salud, pensional o de prestación de servicios públicos, tampoco acogen un sistema procesal penal específico o un único modelo o paradigma del mismo; tan sólo establecen ciertas garantías judiciales mínimas que deben respetar los Estados al momento de diseñar legislativamente los diversos procesos penales. Quiere ello significar que los Estados Partes en el respectivo instrumento internacional, al momento de cumplir con su obligación de ajustar su legislación a aquél, si bien gozan de un amplio margen de discrecionalidad, también lo es que deben acatar los contenidos esenciales de aquellas cláusulas convencionales atinentes al derecho al debido proceso.
Puestas así las cosas, en materia de extinción de la acción penal, el legislador goza de un amplio margen de discrecionalidad al momento de establecerlas, siempre y cuando dicha regulación respete los mencionados límites. Al respecto, la Corte en sentencia C- 1490 de 2000 consideró que “definir las causales de extinción del proceso penal, es una competencia exclusiva del legislador, que las establece previo el ejercicio de ponderación que efectúa de los fenómenos de la vida social que tipifica como delitos y del mayor o menor daño que, en su criterio, ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado social”.
En igual sentido, esta corporación en sentencia C-899 de 2003 estimó que “las causales de extinción del proceso penal constituyen materia sujeta a la libre configuración del legislador, y a menos que resulten desproporcionadas y atentatorias de los derechos fundamentales constitucionales, aquellas pueden ser diseñadas de acuerdo con la política criminal acogida por la ley”.
Sobre el particular, cabe señalar que, en algunos casos, la Corte ha declarado inexequibles ciertas regulaciones de las causales de extinción de la acción penal. Así por ejemplo, en sentencia C-591 de 2005, el juez constitucional declaró inxequibles ciertas disposiciones que facultaban a la fiscalía a decretar la extinción de la acción penal, por cuanto se desconocían los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación:
“Al respecto cabe señalar que la adopción del Acto Legislativo 3 de 2002 fijó nuevos parámetros al legislador al momento de establecer las ritualidades del proceso penal, en especial, por la creación del juez de control de garantías; el establecimiento de un juicio oral, con inmediación de la prueba, contradictorio, concentrado y con todas las garantías; la consagración del principio de oportunidad con control judicial, al igual que la preservación de precisas facultades judiciales en cabeza de la Fiscalía General de la Nación(12).
Por el contrario, la Corte en sentencia C-489 de 2002, consideró que la extinción de la acción penal por retractación no contrariaba la Constitución, por las siguientes razones:
Frente a los delitos que afectan la honra y el buen nombre, el artículo 225 del Código Penal trae una regulación distinta de la contenida en el anterior ordenamiento penal. En particular, sustituye la exclusión de la punibilidad, por la extinción de la acción penal y la consiguiente imposibilidad de derivar la responsabilidad penal del agente. En principio, frente a la clara y expresa manifestación del legislador, no cabe asumir, como sugiere en su concepto el señor Procurador General de la Nación, que se trata de un error conceptual, para predicar, desde una diferente perspectiva dogmático penal, que no obstante el cambio en las expresiones, el contenido de regulación se mantuvo inalterado, y que lo que procede en este caso, es, tal como ocurría conforme a la previsión del antiguo código, una exclusión de la punibilidad. De hecho, en la exposición de motivos del proyecto de ley por medio la cual se expide el Código Penal, se expresó que una transformación evidente del nuevo código con respecto al anterior, puede apreciarse, precisamente, en “... la sustitución del concepto de eximente de punibilidad que consagra el actual artículo 317, por el de eximente de responsabilidad que se postula en el artículo 218 del proyecto, lo que de suyo repercute en la economía procesal ...”(13). El correcto entendimiento de esta manifiesta intención del legislador lleva a concluir que, en el nuevo ordenamiento penal, producida la retractación, no tiene sentido ya iniciar o continuar la acción penal, la cual, por disposición de la ley, se extingue, sin que sea posible, en consecuencia, derivar responsabilidad penal al agente.
Sin embargo, aceptando que el contenido de regulación se traduce exactamente en que producida la retractación, en las condiciones previstas en la ley, no habrá lugar a derivar la responsabilidad penal, no cabe deducir de ese contenido normativo que se está ante una exclusión de la culpabilidad. Ciertamente, como consecuencia de la extinción de la acción penal prevista para ese evento por el ordenamiento, ya no será posible que el juez establezca la responsabilidad penal del sujeto. Sin embargo, ello no implica que se haya excluido su culpabilidad.
Este es el alcance que tiene la expresión del artículo 225 del Código Penal. La retractación no altera ni el carácter antijurídico de la conducta ni la culpabilidad del agente, pero ha estimado el legislador que ella es indicativa de que no se requiere de la aplicación de la pena y por consiguiente no cabe proseguir el proceso orientado a establecer la responsabilidad jurídico penal por ausencia de necesidad preventiva de sanción penal.
Esta solución, en cuanto que descarta la instrumentalización del sujeto a los fines de la prevención general, se inscribe dentro de una concepción humanista del derecho penal, que encuentra claro arraigo en el preámbulo de la Constitución, así como en su artículo 1º, en cuanto que allí se proclama la dignidad de la persona humana como basamento de todo el ordenamiento jurídico del Estado. Del mismo modo, encuentra anclaje en la cláusula del Estado social de derecho y en el principio de proporcionalidad, que a partir de distintas disposiciones de la Carta informa todo el ordenamiento, con clara incidencia sobre la legislación penal.
Por consiguiente disponer en el caso qué es objeto de análisis, la sustitución de la exclusión de punibilidad, por la extinción de la acción penal con la consiguiente exclusión de la posibilidad de derivar la responsabilidad jurídico penal, es una opción válida del legislador, que se inscribe dentro de una concepción, la del derecho penal fundamentado en la necesidad de la pena, que ha sido avalada por la jurisprudencia constitucional (negrillas agregadas).
El objeto principal y genérico del proceso penal consiste en la realización del ius puniendi, en condiciones de justicia. Así, el derecho a penar es lo que constituye el objeto primordial de todo proceso penal(14).
Así pues, dada la estrecha relación existente entre la estructura y los fines que pretende alcanzar el proceso penal y el modelo de Estado adoptado constitucionalmente, conviene precisar que en un Estado social de derecho el proceso penal se erige en un instrumento racional, conformado por diversas etapas y ritualidades, rodeado igualmente de un conjunto de garantías judiciales, encaminado a determinar la posible responsabilidad penal de un individuo, cuya conducta habría injustamente vulnerado uno o varios derechos fundamentales (v. gr. vida, integridad personal, libertad individual, etc) o determinados bienes jurídicos constitucionalmente relevantes (patrimonio público, salubridad pública, orden económico y social, etc.).
Al respecto, es preciso señalar que la Corte Constitucional, en diversas sentencias(15) ha considerado que la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación constituyen fines de todo proceso penal. Sin embargo, también es cierto que el origen de aquéllos se encuentra en el derecho internacional de los derechos humanos y que su evolución se ha visto enmarcada en el examen de situaciones concretas que configuran graves violaciones de aquéllos. De allí que, si bien toda víctima de un delito es titular de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, también lo es que el contenido y alcance de estos derechos no resulta ser idéntico cuando se está ante conductas que configuran graves violaciones de derechos humanos. En efecto, piénsese, por ejemplo, en la dimensión objetiva que presenta el derecho a la verdad, en tanto que derecho que le asiste a una sociedad a conocer su pasado; en las medidas de reparación simbólica de que son titulares las minorías étnicas que han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad; o incluso, en las garantías de no repetición en casos de delitos sistemáticos cometidos por agentes estatales. En todos estos casos, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación adquieren una dimensión distinta de aquella que presentan cuando quiera que se cometa un delito común.
De igual manera, en algunos casos, el proceso penal debe convertirse en un vehículo o instrumento de protección de las víctimas. Así por ejemplo, cuando se están investigando delitos perpetrados contra menores de edad, los funcionarios judiciales deben cumplir con determinados deberes, positivos y negativos, encaminados a que el proceso penal se convierta en un escenario propicio para que el Estado brinde la protección necesaria a la víctima, tal y como lo consideró la Corte en sentencia T-554 de 2003.
En cuanto a los puntos de contacto y de divergencia existentes entre los derechos al buen nombre y a la honra, la Corte en sentencia T-123 de 2004 consideró lo siguiente:
“La distinción entre los ámbitos protegidos del buen nombre y la honra tiene hondas consecuencias en el debate constitucional. La honra se afecta tanto por la información errónea, como por las opiniones manifiestamente tendenciosas respecto a la conducta privada de la persona o sobre la persona en sí misma. No es necesario en este caso, que la información sea falsa o errónea, se cuestiona la plausibilidad de la opinión sobre la persona. Como consecuencia de lo anterior, la prevalencia prima facie de la libertad de expresión frente a estos derechos constitucionales, puede ser objeto de distinción. La primacía de la libertad de opinión en la tensión con el buen nombre será reforzada, de manera que sólo opiniones insultantes o absolutamente irrazonables, serán objeto de reproche constitucional. Por su parte, tratándose de la honra, se demanda que la opinión guarde una estrecha relación con los hechos en los que se apoya. Así, no sólo se trata de opiniones insultantes las que merecen reproche constitucional, sino también opiniones que, a la luz de los hechos, resultan excesivamente exageradas, siempre y cuando tengan como propósito directo cuestionar a la persona en sí misma.
Más recientemente, en sentencia C-417 de 2009(16), con ocasión del examen del tipo penal de injuria y calumnia, y las relaciones de éste con el curso de un proceso penal, la Corte señaló siguiente:
“De allí que en otros pronunciamientos se haya relacionado el buen nombre con la reputación o fama, como concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir producto de expresiones ofensivas o injuriosas o de informaciones falsas, tendenciosas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionen el concepto público que se tiene del individuo(17). Un derecho de la personalidad en el que se recogen elementos especialmente valiosos del patrimonio moral y social, así como un valor intrínseco de la dignidad humana a ser reconocido tanto por el Estado como por la sociedad(18).
De esta definición de la jurisprudencia se destacan varios elementos relevantes recogidos por la doctrina: “El buen nombre es ante todo un ‘concepto que se tiene de alguien’ es algo que ‘se adquiere’, no es por ejemplo, un derecho del que se goce indistintamente, a partir de su reconocimiento normativo; tampoco es en un sentido tradicional un ‘derecho a priori’. Para su adquisición, además del reconocimiento normativo en la Constitución, es necesario ‘el mérito’ esto es ‘la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular’, lo que implica que quien lo desee defender deberá haber mantenido ‘un adecuado comportamiento’ que además debe ser ‘debidamente apreciado por la colectividad’. Es entonces el comportamiento (reflejado en los hechos, conductas, actitudes de la persona) que, una vez hecho público (manifestado, conocido por terceros) y evaluado por la colectividad (convertido en imagen, fama, honorabilidad, crédito, etc.) habilita al sujeto, gracias a la existencia de la norma constitucional, para exigir su protección”(19).
En lo que hace referencia al derecho a la honra, aunque muy próximo al derecho al buen nombre, se han señalado como perfiles propios y diferenciales, que “representa la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan”, o el ámbito de protección del sujeto que procura “no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos”, y que pretende “garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad”(20). Es decir, un derecho “íntimamente relacionado con las actuaciones de cada persona, pues de ellas depende la forma como transfiere su imagen y son ellas las que en últimas fundamentan un criterio objetivo respecto de la honorabilidad del comportamiento del ciudadano en la sociedad”(21).
De modo que cuando un individuo ha sido inculpado por la comisión de un hecho delictivo, no cabe duda que tal imputación hace referencia a hechos externos, que han afectado derechos o bienes jurídicos ajenos o indisponibles. A su vez, la exoneración de la que ha sido beneficiario, mediante sentencia absolutoria, preclusión, cesación de procedimiento o equivalentes, restablece el concepto social que se tiene de él, su fama, su reputación, su prestigio, la valía propia ante los demás, el reconocimiento social de su conducta irreprochable, su adecuado comportamiento y en definitiva el derecho que le asiste de ser reconocido y apreciado por la colectividad como inocente por no haber cometido una contravención o un delito (negrillas y subrayado agregados).
Desde esta perspectiva, la Corte se pregunta: ¿qué sucede cuando, en el curso de un proceso penal, el procesado fallece?
En segundo lugar, los demandantes parten de un supuesto fáctico meramente hipotético, consistente en sostener que el procesado terminaría siendo absuelto por los cargos penales formulados en su contra y que por ende, no se justifica que la acción penal se extinga en tales casos. Por el contrario, el razonamiento opuesto parecería ser más fuerte: si una persona está siendo investigada penalmente, y en especial, si su caso se encuentra en una etapa procesal avanzada, es porque existen serios indicios penales de su contra, razón por la cual, es altamente probable su condena.
Aseguran los demandantes que el legislador, al disponer que la acción penal se extingue por la muerte del procesado, violó los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación (arts. 29 y 229 superiores, en concordancia con los artículos 8º y 25 de la CADH), ya que no contarán con el proceso penal para hacer valer tales derechos, en especial, el último de ellos.
“ART. 80.—Efectos de la extinción. La extinción de la acción penal producirá efectos de cosa juzgada. Sin embargo, no se extenderá a la acción civil derivada del injusto ni a la acción de extinción de dominio.
En efecto, la vía procesal resulta ser idónea en la medida en que permite que las víctimas sean reparadas mediante los bienes que ingresan a la masa sucesoral, es decir, que en los términos de los artículos 8º y 25 de la CADH, se trata de un mecanismo apto, procesalmente hablando, para reparar un daño patrimonial causado con la comisión de un delito.
Aunado a lo anterior, como lo señala la Defensoría del Pueblo, no toda la actividad procesal desplegada en el curso del proceso penal termina siendo estéril, por cuanto, en los términos del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil en el curso del proceso civil se admiten como pruebas trasladadas, previo cumplimiento de unos requisitos, aquellas recaudadas en el proceso penal.
1. Declarar EXEQUIBLES las expresiones demandadas contenidas en los artículos 82 de la Ley 599 de 2000, 38 de la Ley 600 de 2000 y 77 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que el juez de conocimiento debe decidir oficiosamente, o a petición de interesado, independientemente de que exista reserva judicial, poner a disposición u ordenar el traslado de todas las pruebas o elementos probatorios que se hayan recaudado hasta el momento en que se produzca la muerte, para que adelanten otros mecanismos judiciales o administrativos que permitan garantizar los derechos de las víctimas.
2. ENVIAR copia de la presente sentencia al Congreso de la República, a efectos que constituya un elemento de juicio al momento de regular el tema de los derechos de las víctimas.
(1) Sentencia C-510 de 2004.
(2) Sentencia C-163 de 2000.
(3) Sentencia C-180 de 2006.
(4) Sentencia C-C-043 de 2004.
(5) Sentencia C-1232 de 2005.
(6) Sentencia C-335 de 2010.
(7) Sentencia C-1490 de 2000.
(8) Ver, entre otras, las sentencias C-537 de 1993 y C-373 de 1995.
(9) Sentencia C-135 de 1999.
(10) Artículos 250 a 253 superiores.
(11) Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 6 de agosto de 2008, asunto Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos.
(12) Ver sentencia C-1092 de 2003, en la que la Corte consideró que: “Por medio del acto Legislativo 3 de 2002 el Constituyente optó por afianzar el carácter acusatorio del sistema procesal penal colombiano, estructurando a la Fiscalía General de la Nación como una instancia especializada en la investigación de los delitos y estableciendo que, como regla general, las decisiones que restringen los derechos constitucionales de los investigados e imputados son tomadas por lo jueces y tribunales. A pesar de ello, la Fiscalía General de la Nación conservó importantes funciones judiciales como aquellas a las que alude el numeral acusado, que en efecto son restrictivas de los derechos a la libertad, intimidad y la propiedad. En esta circunstancias, el Constituyente, retomando la experiencia de la estructura básica del proceso penal en el derecho penal comparado, previó que la Fiscalía, en aquellos casos en que ejerce facultades restrictivas de derechos fundamentales, esté sometida al control judicial o control de garantías - según la denominación de la propia norma -, decisión que denota el lugar preferente que ocupan los derechos fundamentales en el Estado constitucional de derecho. En este contexto, la institución del juez de control de garantías en la estructura del proceso penal es muy importante, como quiera que a su cargo está examinar si las facultades judiciales ejercidas por la fiscalía se adecuan o no a sus fundamentos constitucionales y, en particular, si su despliegue ha respetado o no los derechos fundamentales de los ciudadanos. En ejercicio de esta competencia, los efectos de la decisión que adopte el juez están determinados como a continuación se explica.
(13) Gaceta del Congreso 139 de 1998. pág. 13.
(14) López Barja de Quiroga, J. Tratado de derecho procesal penal, Navarra, 2004, pág. 313.
(15) Entre otras, C-591 de 2005, C-516 de 2007 y C-209 de 2007.
(16) S.V. de los magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Manuel Urueta Oyola y Luis Ernesto Vargas Silva.
(17) Sentencia SU-082 de 1995.
(18) Sentencia T-977 de 1999.
(19) Juan Carlos Upegui Mejía. Habeas data. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2008, pág. 39-40.
(20) Sentencia T-411 de 1995.
(21) Sentencias T-677 de 2005, T-787 de 2004 y T-482 de 2004.

References: artículo 241
 artículo 58
 artículo 21
 artículo 58
 artículo 225
 artículo 317
 artículo 218
 artículo 225
 artículo 1
 artículo 185