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Timestamp: 2017-06-29 09:05:17+00:00

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catedrajudicial: septiembre 2013
constitucional del Perú es triste pero inmensamente aleccionadorapara quienes
la estudiamos. Uno de los capítulos más tristes de esa historia es el juicio
político al que fueron sometidos ante el Congreso de la República, sobre la
base de una acusación constitucional, los magistrados del Tribunal
Constitucional Aguirre Roca, Rey Terry y RevoredoMarsano, durante el gobierno
de Alberto Fujimori. El motivo real de la acusación fue el gesto histórico de
estos magistrados de declarar inaplicable para el indicado presidente, una ley que
posibilitaba su reelección presidencial por tercera vez, violando así la
Constitución actual.Antes de la expedición de tal decisión, 40 congresistas
oficialistas (Fujimoristas) remitieron una carta notarial al Tribunal
Constitucional advirtiendo que no declararan tal inaplicabilidad, como la
advertencia no fue atendida, los magistrados fueron destituidos por el Congreso
con el voto de esos 40 congresistas que a todas luces ya no eran imparciales y
violando el debido proceso al no permitirse a los magistrados contar con un
plazo razonable para ejercer su defensa. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos sentenció[2]:
“1. declara que el Estado violó, en
perjuicio de Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia RevoredoMarsano,
el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.” Este Tribunal internacional
expresó: “En este caso 39 se violentaron
las siguientes garantías del debido proceso: comunicación previa de la
acusación (art. 8.2.b.); defensa personal o a través de un defensor elegido
libremente y con quien el acusado se pueda comunicar en forma libre y privada
(art. 8.2.d.); derecho a interrogar a los testigos y obtener que comparezcan
otras personas que colaboren en el esclarecimiento de los hechos (art. 8.2.f);
derecho a la presunción de inocencia (art. 8.2); y derecho a contar con el
tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa (art. 8.2.c)”.
qué viene toda esta historia?, bueno, viene a colación de la investigación a la
que está sometido el ex Presidente Alan García Pérez por una Comisión
Investigadora del Congreso de la República, y frente a la que éste ha
presentado un proceso constitucional de amparo, afirmando que varios de sus
derechos constitucionales integrantes del debido proceso se le han vulnerado en
dicha investigación. El Juez Constitucional que conoció tal proceso ha declarado
fundada la demanda del ex Presidente, sentenciando: “1. DECLARAR FUNDADA EN PARTE la
demanda de amparo interpuesta por el señor Alan Gabriel Ludwing García Pérez,
al haberse acreditado la violación a su derecho al debido proceso. Por tanto: SE DECLARA NULOlo actuado por la
“Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de
Alan Gabriel García Pérez como Presidente de la República” respecto al actor
con posterioridad a la citación que se le efectuó mediante documento de fecha
08 de marzo de 2013. Reponiendo las
cosas al estado anteriora la violación de los derechos constitucionales
del actor: SE ORDENA a la “Comisión Investigadora Multipartidaria
encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como Presidente
de la República” proceda a citar al actor con el mayor detalle posible sobre
los hechos que consideren pertinente respecto a las posibles conductas
ilícitas, ya sean penales y/o infracciones constitucionales que deben ser
materia de investigación; asimismo, se le permita tener acceso a la
documentación obrante en la investigación y se le ponga en conocimiento de los
medios probatorios que respalden las imputaciones (excepto los reservados), a
fin de ejerza su derecho a la defensa y efectúe los descargos que considere
pertinente en un plazo razonable, (…) 4. EXHORTAR a los miembros de
la Comisión Parlamentaria Parlamentaría: que lleve adelante una investigación
respetando la reserva del mismo, evitando dar declaraciones que puedan ser
tomadas como adelanto de opinión y que se filtre documentación que se elabore
en el mismo; asimismo, investiguen y sancionen a las personas responsables de
las filtraciones que vienen perjudicando su labor; sin perjuicio, de que el
Congreso de la República en uso de sus atribuciones constitucionales tomen los
correctivos que considere necesario.”[3]
miembro de la Comisión Investigadora ha solicitado se investigue al Juez Hugo Rodolfo Velasquez Zavaleta,quien
emitió la sentencia declarando fundada en parte la demanda de Alan García, la
noticia dice: “Arguyó que
Velásquez se habría prestado a una maniobra “claramente política”, que dista de
la recta administración de justicia, pues su fallo pretende anular hallazgos de
la megacomisión en temas donde hay graves indicios de corrupción y desaparición
dolosa de pruebas”.Lescano consideró que esa investigaciónde oficio contra el
titular del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, quien dictó dicho fallo,debe estar a cargo de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) por una
supuesta inconducta funcional del citado magistrado.”[4]
Basta. He leído con detenimiento
la sentencia, ella es bastante consistente de cara al derecho al debido proceso
que tiene toda persona sometida a una investigación por el Congreso de la
República, es decir, hacerle conocer los cargos en forma precisa, facilitar el
acceso a las pruebas que sustentan las imputaciones y otorgar un plazo
razonable para preparar la defensa, amén de que los miembros de dicha comisión
no adelanten opinión. Si desean discrepar de tal sentencia, los congresistas o
miembros de la Comisión Investigadora, tiene todo el derecho de hacerlo, apelándola
ante una instancia superior al Juez, y defender su posición con la finalidad de
lograr se revoque la sentencia – si acaso les asiste la razón – pero no pueden
apedrear pública y mediáticamente al Juez como sí lo hacen el común de las
gentes, solicitando se le investigue sólo por el hecho de haber emitido – como
es su deber – una sentencia que expone fundamentos. Tampoco puede admitirse que
otro congresista (Manuel DammertEgoaguirre), más temerario que el otro,afirme:
“Es peligroso
para el Perú que las entidades de los procesos judiciales estén controladas por
el Apra.(…)el
Poder Judicial hace una sentencia que no tiene ningún sentido porque quieren
sacar al congresista (Sergio) Tejada de
la megacomisión y así paralizar la actividad investigadora del Congreso. Eso es
sumamente grave para la vida democrática del país. Y todo por defender a Alan
García y las evidencias de la corruptela que se han cometido”[5]
Marx dijoque “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes
hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos
veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra vez, como farsa.”
Cuáles son los comunes denominadores de estas historias (entre las
investigaciones a los magistrados del Tribunal Constitucional y al ex
Presidente Alan García): i) nuestro
Congreso de la República; ii)
nuestros congresistas; iii) las
mismas arbitrariedades de nuestros congresistas en nuestro Congreso de la
República; iv) los mismos derechos
vulnerados: a conocer los cargos y el plazo razonable para la defensa y, v) Una lección no aprendida: Que en todo
proceso de investigación,público o privado, que pueda derivar en una sanción
debe respetarse el derecho al debido proceso y que el Congreso de la República
no está exento de su respeto, en tal sentido ha hecho bien el Juez al citar el
Exp. N° 0156-2012-PHC/TC que sobre el debido proceso en sede parlamentaria
“23. El
derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación, supone en primer
lugar que las comisiones investigadoras deben dar a conocer con claridad bajo
qué cargos y por qué circunstancias se cita a una persona a declarar. Impone
asimismo al Congreso la obligación de legislar con claridad los distintos
procedimientos sancionatorios, especialmente para garantizar los derechos que
le asisten a quienes son investigados y citados. Es la única forma de
garantizar que los altos funcionarios o los
ciudadanos, según sea el caso, conozcan en forma previa, clara, integral y
suficientemente detallada los hechos (acciones u omisiones) por los que son
citados a una Comisión investigadora; o los delitos que se le imputan en el
ejercicio de la función (antejuicio) o las infracciones constitucionales
previamente tipificadas (juicio político), a fin de que puedan ejercer en forma
efectiva su derecho a la defensa.24. El incumplimiento del derecho a
la comunicación previa y detallada de la acusación o de los motivos de la
investigación, pueden constituir una clara vulneración del derecho a la
defensa, como ya lo dejó sentado en su oportunidad la Corte Interamericana en
el caso Tribunal Constitucional
vs. Perú, cuando indicó que la vulneración del derecho al debido proceso se
produjo por cuanto “los inculpados no tuvieron conocimiento oportuno y completo
de los cargos que se les hacían y se les limitó el acceso al acervo
probatorio”.
26. El derecho a contar con el tiempo y los medios
adecuados para preparar la defensa se encuentra previsto en el artículo 8.2.c
de la Convención Americana. En sentido similar, el Título Preliminar del Código
Procesal Penal en su artículo IX reconoce que toda persona “tiene derecho a que
se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa”.
A decir de la Corte Interamericana, este derecho
“obliga al Estado a permitir el acceso del inculpado al conocimiento del
expediente llevado en su contra” y le exige que se respete el “principio del
contradictorio, que garantiza la intervención de aquél en el análisis de
la prueba” (Caso Barreto Leiva vs. Venezuela).En el Caso del
Tribunal Constitucional vs. Perú, la Corte Interamericana concluyó que
el Estado peruano había violado el derecho al debido proceso porque “[e]l plazo
otorgado [por el Congreso de la República a los magistrados] para ejercer
su defensa fue extremadamente corto, considerando la necesidad del examen de la
causa y la revisión del acervo probatorio a que tiene derecho cualquier
la gran diferencia histórica entre estos dos casos, cuál es el valor de la
sentencia del Juez al que se pide investigar?La diferencia es que cuando los
magistrados Aguirre Roca, Rey Terry y RevoredoMarsano, presentaron ante el
Poder Judicial una demanda de amparo en defensa de su derecho constitucional al
debido proceso, este Poder del Estado estaba prisionero por el poder absoluto
de quien ahora purga prisión, estaba vaciado de su misión constitucional, no
tenía ni autonomía ni independencia y sus jueces (no todos) no era imparciales
y eran presas del poder político; por esas razones su demanda no prospero, al
respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo: “96. (…) puede afirmarse que en la
decisión de los amparos en el caso en análisis no se reunieron las exigencias
de imparcialidad por parte del Tribunal que conoció los citados amparos. Por lo
tanto, los recursos intentados por las supuestas víctimas no eran capaces de
producir el resultado para el que habían sido concebidos y estaban condenados
al fracaso, como en la práctica sucedió.97. Por todo lo expuesto, la Corte
considera que el Estado violó el derecho a la protección judicial, en perjuicio
de los señores Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia
RevoredoMarsano, consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana.”
Ahora, a cambio de los tiempos
del Fujimorato, existe un Poder Judicial autónomo, independiente y con jueces
imparciales – como es el caso del Juez Hugo
Rodolfo Velásquez Zavaleta, otrora aplaudido cuando expidió una sentencia a
favor de Javier Diez Canseco – dispuestos a encuadrar el ejercicio el poder
político dentro de los parámetros de la Constitución. Sinceramente creo que la
sentencia de este Juez debe ser analizada y colocada en su real dimensión, al
margen de quien sea el demandante y los demandados, es una sentencia que debe
He escuchado voces por allí en el
sentido de que no es correcto que el Poder Judicial invada las competencias del
fuero parlamentario y estoy de acuerdo, el Poder Judicial no puede, por
ejemplo, legislar, no puede realizar investigaciones que deriven en una
acusación constitucional, pero lo que sí puede hacer es controlar el debido
proceso de quienes investiga, pues por más investigación parlamentaria de que
se trate, debe observarse el debido proceso sobre todo cuando existe una fuerte
carga emocional o intencionalidad política en la investigación. Será por esta razón,
por ejemplo, que cuando se realiza un juicio político al Presidente de los
Estados Unidos, quien preside al Senado de la República encargado de tal juicio
– de acuerdo a la Constitución Norteamericana – es el Presidente de la Suprema
Corte de los Estados Unidos ¿por qué? y ¿para qué?, pues la respuesta es
sencilla, para asegurar que el acusado tenga un debido proceso en el marco de
un juicio político y en ese país a nadie se le ocurre decir que eso es una
injerencia del Judicial en el Congreso. Yo sí
creo que se debe investigar, sí, investigar y estudiar nuestra historia
constitucional para evitar repetir dramas como farsas; debemos investigar por
qué extraña razón nuestro Congreso es como es; por qué existen congresistas que
no aprenden de nuestra historia y se comportan como aquellos otros 40 de una
etapa oscura de nuestra vida republicana, es decir, de manera inconstitucional.
Investiguemos sí, propongo investigar – por ejemplo – por qué el caballo de Calígula se reencarnay multiplica en nuestro tiempo, galopando en
[1]Juez
Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Bachiller en
Derecho y Abogado por la Universidad Andina del Cusco. Magíster en Derecho
Civil y Procesal Civil por la Universidad Nacional de San Antonio Abad de
Cusco. Es convocado como Profesor de la Escuela de Post Grado de la Universidad
Nacional de San Antonio Abad de Cusco y de la Academia de la Magistratura.
Profesor contratado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
[2]Quien
desee más detalles sobre esta vergonzosa página de nuestra historia
constitucional, consulte: http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_71_esp.pdf enlace en el que puede leerse la
sentencia de 31 de enero de 2001 en el caso del Tribunal Constitucional
(Aguirre Roca, Rey Terry y RevoredoMarsano vs. Perú) [3]El
subrayado nos corresponde.
Proceso de Amparo contra el Congreso,
Chávez**
Superman es quizás uno
de los más grandes y populares superhéroes de todos los tiempos; pero también
es, en el fondo, uno de los íconos de nobleza y entrega que inspira a muchos
jóvenes y adultos, que alguna vez fueron jóvenes. El hombre de acero siempre
salva a los ciudadanos y a la ciudad de Metrópolis sin pedir ni recibir nada a
cambio. Sin embargo, la sociedad muchas veces es desagradecida e indiferente;
tanto que olvida sus buenas acciones e, incluso, hasta lo llevan a juicio. Sí,
este tan noble y humilde superhéroe americano es denunciado por asesinato en un
comic de 1968; en este, se cuenta la historia del caso The People v.
Superman[1].
Claro está que al final de la historia, luego de llevar a todo el jurado al
pasado dando vueltas a toda velocidad alrededor del mundo y tras hacer una
demostración con Batman disfrazado como Clark Kent al costado como
conejillo de indias de envenenamiento, Superman es declarado inocente de
la muerte de un contrincante de box con quien combatió pues el verdadero
asesino, un doctor cómplice de una banda dirigida por el fallecido, confesó que
le dio pastillas letales para aparentar su muerte manchando la imagen de Superman
y quedando como jefe de la banda.
Dejando de lado por un momento
al superhéroe nacido en Kriptón y volviendo al mundo real, analicemos una de
las profesiones más complicadas de la sociedad peruana actual: ser profesor de
colegio. Si lo pensamos bien, la capacidad de instruir los conocimientos
básicos y el razonamiento que servirá durante toda su vida a los niños y adolescentes
que acuden a las aulas es una gran responsabilidad. Aunque al momento de estar
en las aulas no apreciamos el valor de esta labor, ésta recién es evaluada, por
uno mismo, cuando se termina el colegio y uno compite por una vacante en alguna
Universidad o se desempeña en un Instituto Superior Técnico; incluso existen
algunos casos en que la gente sólo vivirá de estos conocimientos básicos y
luego emprenden algún negocio. La educación básica debería estar presente en
todos los casos aunque lamentablemente esto sea un simple postulado utópico en
un país de desigualdades como el Perú, peor aún con un Estado ineficiente; lo
innegable es que los profesores están en el centro del fenómeno y se
desempeñan, aunque usted no lo crea, como Superman.
Como sabemos, existe la
educación básica privada y pública; cada sistema con sus propias
particularidades y complicaciones. Primero, como señalan Díaz y Saavedra, “Los docentes en el sector
público tienen, en promedio, ingresos menores que el resto de profesionales y
el crecimiento de ingresos a lo largo de la carrera es muy pequeño. Sin
embargo, la docencia en el sector público ofrece ingresos mucho más predecibles
y es la única opción que goza de estabilidad laboral en el Perú (…) Los
maestros en centros educativos privados, en cambio, enfrentan un conjunto de
incentivos totalmente distinto. Ellos se sujetan al régimen privado general,
cuya legislación laboral se ha flexibilizado mucho durante los noventas en
términos de contratación y despido. Pero por otro lado, el ingreso medio y la
dispersión de sus ingresos es mayor al observado en el sector público y en
general tienden a ser similares a las del resto de profesionales. Así, los
maestros privados ganan más que los públicos pero afrontan una mayor
volatilidad de ingresos y no tiene (sic) estabilidad laboral”[2].
Esto último sobre los
profesores en el sector privado ha sido afirmado por teóricos; sin embargo, por
diversos factores, “Un profesor en el sector privado puede ganar menos del
mínimo”[3]
en la realidad. Por otro lado, cabe tomar en cuenta que el mercado de
profesores ha sido ampliado desde el 2010 pues mediante el artículo 1 de la Ley
N° 29510 se eliminó el requisito de la colegiatura para poder participar
impartiendo conocimiento como profesor en la etapa de Educación Básica
(Inicial, Primaria y Secundaria)[4].
En otras palabras, ya no se requiere estudiar la carrera especializada en
pedagogía o educación para poder ser profesor en el nivel inicial, primario y
secundario en Colegios privados o públicos.
Como podemos observar, las
características de la carrera profesional y el futuro de los profesores son
poca remuneración, estabilidad relativa en el sector privado, y alta
competencia sin necesidad de especialización en educación. Todo esto permitiría
analizar, desde el enfoque económico, que los costos son mayores que los
beneficios y que, por lo tanto, la conducta racional sería la disminución de
los estudiantes de educación y profesionales en estas materias. Sin embargo,
podemos observar una conducta totalmente inversa: según los “Indicadores de
Educación por Departamentos” del Instituto Nacional de Estadística e
Informática de Perú, la carrera que la mayoría de personas de 17 años o más ha
estudiado o tiene como profesión sigue siendo la educación hasta el año 2011
con casi un quinto del total de la población analizada[5].
Esto puede ser explicado, como
decía Becker, porque hay costos (o beneficios) no fácilmente observables[6],
supuesto bastante probable debido a la complejidad de la realidad[7],
o, simplemente, se puede afirmar que cada profesor de colegio es un superhéroe;
es decir, que se dedican a enseñar dando todo de sí pese a tanto obstáculo y
dificultad por un carácter sumamente altruista como Superman. Hay varios
casos concretos que pueden dar evidencia de la segunda postura, unos más
conocidos que otros; por citar un ejemplo, tenemos a Constantino Carvalho,
quien se dedicó de lleno a la enseñanza de manera bastante empeñosa y
desinteresada casi todos los años de su vida. Sea uno u otro motivo, la
sociedad peruana debe agradecer que se produzca este fenómeno pues, como
señalábamos al inicio, es algo muy necesario contar con alta oferta de servicio
educativo ya sea público o privado pues este debería ser en la realidad un
servicio público básico de acceso universal[8].
Entonces, el mínimo deber del
Estado debería ser tratar de mejorar esta situación que se encuentra articulada
de manera tan frágil en la actualidad[9];
o, al menos, no producir cambios que empeoren la misma. En este contexto, debemos
considerar que no sólo el legislador puede generar cambios en la sociedad a
través de leyes; los Jueces y Tribunales de nuestro país, a través de sus
Sentencias, pueden generar diversos cambios sociales e, incluso, generar
efectos tan desastrosos como la condena de Superman.
Como señala Bullard, “los
jueces son una suerte de generadores de bienestar y por ello sus decisiones no
sólo deben considerar la justicia del caso concreto, sino el bienestar (o
malestar) social que generan. (…) lo que se busca es que los jueces basen sus
decisiones en el mérito de las pruebas, el Derecho invocado, y los argumentos
de las partes. Pero ello no debe impedirle ver más allá del expediente, es
decir, considerar los efectos que su decisión tiene en el resto de la sociedad”[10].
Así, por ejemplo, este autor nos señala que existe un dilema pues en el Perú la
Responsabilidad Civil no funciona porque los costos se asignan inadecuadamente;
así, la cantidad de accidentes y muertes que suceden día a día en las calles
deberían ir disminuyendo si las reglas funcionaran, pero esto no es algo que no
Conforme a lo señalado, veamos
un caso que identificamos con este dilema. Hace poco se ha expedido la
Sentencia de primera instancia que ha imputado monto resarcitorio por diez mil
nuevos soles a favor de un alumno por daños[11]
generados por Bullying contra el director y profesores individualmente
por omisión del deber de prevención propio de la función de un docente; y,
adicionalmente, se ha impuesto a los mismos una multa por tres mil seiscientos
cincuenta nuevos soles[12].
Este es un monto bastante alto considerando los bajos sueldos del sector
educación, como hemos visto. La pregunta relevante es ¿El Colegio responderá
por los daños? Según la Sentencia, la respuesta es negativa; ¿Debería responder
por los daños? Creemos que sí, precisamente para poner los costos donde
Primero, los hechos, el acoso
entre estudiantes o Bullying[13]
por parte de un grupo de alumnos que se cometía contra el menor agraviado
consistía en: i) golpearlo, ii) molestarlo, iii) insultarlo, iv) quitarle su
refrigerio, v) quitarle sus útiles y una bola de básquet, y vii) obligarle a
portarse mal. Segundo, las pruebas, los únicos medios probatorios valorados y
relevantes para el Juez han sido: i) la investigación del Fiscal, ii) una
pericia psicológica, iii) declaraciones de ambas partes, y iv) conversaciones y
fotos de la red social Facebook. Algo que no entendió el Juez sobre los hechos
es que todas las conductas realizadas de Bullying por definición se dan en una relación
alumno(s) agresor(es) y alumno agredido; mas este no es un supuesto común donde
el adulto es el agresor y el menor es el agredido, esto servirá de mucho para
comprender un error procesal posteriormente.
Dejando de lado los tremendos
errores ortográficos de la Sentencia[14],
vemos que existe un defecto en comprender dos puntos: El primer punto trata
sobre las funciones del Derecho de la Responsabilidad Civil. El Juez no ha
comprendido las funciones de esta área del Derecho Civil ya que, como se
observa en la Sentencia, se impuso una sanción desproporcionada que, si bien
está permitida por el Código de los Niños y Adolescentes, se debe utilizar
subsidiariamente en caso de tener que acudirse antes a un procedimiento
administrativo sancionador[15];
el Juez trató de colocar una sanción civil que excede el monto de resarcimiento
buscando generar un efecto disuasivo, pero, como veremos, no se logra dicha
finalidad. Como hace Fernández, siguiendo los escritos de Calabresi, creemos
que la “teoría de análisis de las capacidades de prevención de los sujetos
aplicada a través de los conocidos criterios del cheapest cost avoider y
the best cost avoider (…) permitirán analizar varios de los supuestos de
responsabilidad por hecho ajeno como supuestos de previsión bilateral o
unilateral; lo que determinará (…) en su momento un grado de autonomía de estos
supuestos respecto a un particular criterio de imputación. No se podrá afirmar
por ejemplo que la responsabilidad del guardador por los hechos de los
incapaces bajo su guarda deba ser analizado necesaria y exclusivamente bajo la
cláusula general normativa por culpa o bajo el criterio de imputación objetivo
de la garantía”[16]
Precisamente, a través de los
criterios de imputación, la capacidad de prevención es la que determinará si se
imputa obligaciones de resarcir al profesor, al colegio, al padre de familia de
los agresores[17]
o, incluso, a los mismos padres del agraviado a través de una disminución del
monto a ser resarcido[18].
En este sentido, uno puede preguntarse, ¿es posible que el profesor tenga
capacidad de prevención sobre publicaciones y conversaciones en redes sociales
privadas como Facebook? Según el Juez de la Sentencia, sí. Efectivamente,
imputando obligación de resarcimiento a los profesores y el director generan un
deber de vigilancia de las publicaciones y conversaciones de sus alumnos en
redes sociales de internet; esto porque ya no bastará con observar a los
alumnos en clase, sino que habrá de hacerse seguimiento en horas posteriores.
Igualmente, como el monto debe ser resarcido por el profesor y el director, el
colegio no asume los costos y, por ende, no tiene incentivos para implementar
mecanismos de prevención de conductas sucesivas. Para el colegio, que en el
caso concreto recibe órdenes de una Congregación religiosa a nivel nacional,
sería fácil despedir al profesor y revocar al director; sin embargo, la
pregunta que debió hacerse el Juez antes de decidir era: ¿el efecto de la
Sentencia generará mecanismos de desincentivación y prevención del Bullying
o sólo provocará el despido y endeudamiento de un profesor desempleado junto
con la reubicación de un director endeudado? En nuestra opinión, aquí está el
primer error del Juez consistente en ampliar demasiado el ámbito de prevención
individual de aquellos que se desempeñen como profesores de educación básica;
los profesores deben ahora vigilar el refrigerio de los alumnos durante todo el
horario de clases, deben cuidar los útiles de cada alumno (incluidas las
pelotas de básquet y análogas), y evitar la colocación de sobrenombres. Nótese
que si bien es correcto imponer un deber al profesor de evitar agresiones
físicas y psicológicas se debe delimitar bien el ámbito de prevención. Parece
que el Juez no sabe que a diferencia de Superman, los profesores no
cuentan con súper-oído.
En supuesto de daños no
patrimoniales, como el daño moral[19]
visto en este caso de Bullying, a nivel del situación concreta (diádico)
la Responsabilidad Civil busca primero mitigar los daños retrotrayendo el
estado de cosas a una periodo anterior al daño, por esto se ordena que el menor
agraviado reciba un tratamiento psicológico y especializado; segundo, resarcir
el monto equivalente al daño concreto o, en este supuesto especial, al menos
otorgar un monto aflictivo-consolatorio estimado, en este punto el caso
concreto tiene un problema de cuantificación pues se ha establecido que el costo
por este tratamiento es efectivamente el monto del resarcimiento, lo cual
excede cualquier honorario profesional de psiquiatras promedio en el mercado
peruano y parece más pensado en cubrir las pensiones universitarias del menor;
y, finalmente, distribuir los costos de manera que se eliminen los efectos del
daño, lo cual veremos no se cumple. Así, existirá un problema si no se otorga
un monto resarcitorio equivalente al daño efectivo. Un mayor monto de
resarcimiento, generará el incentivo perverso de que se plantearán demandas
sólo con la finalidad de conseguir montos por encima del daño en perjuicio de
los profesores considerados individualmente, promoviendo mayores despidos y
destituciones de cargos, así como que las demandas se conviertan en mecanismos
de presión e, incluso, extorsión contra el colegio; o un menor monto de
resarcimiento, generará que parte de los daños provocados en los menores
agraviados en los casos de Bullying no sean compensados efectivamente y
recaigan en la propia víctima de manera injusta. Precisamente por esto, no
existe una función sancionadora en la Responsabilidad Civil, la cual queda
relegada al Derecho Administrativo Sancionador o el Derecho Penal[20].
Así, pasando al nivel global
(sistémico) de los daños no patrimoniales, la Responsabilidad Civil tiende,
primero, a desincentivar ciertas actividades; y, segundo, a prevenir ciertas
conductas mediante el impulso de desarrollo de tecnología o sistemas de
prevención de daños que deberán ser costeados por aquellos que generen el daño a
nivel concreto cuando no tengan toda la carga del costo. Esto genera un
beneficio social al no estar enfocado en una solución a corto plazo, sino que
servirá en el largo plazo. He aquí el segundo error del Juez en el caso
concreto: es incomprensible que no se haya determinado la responsabilidad
solidaria entre el profesor y el colegio. Creemos que quien debió responder por
los daños es el colegio, no los profesores; sólo de esta manera, por la función
de distribución de la Responsabilidad Civil, el colegio podrá asumir los costos
de no haber tomado previsiones para que no se produzcan las conductas de Bullying.
Es obvio que el colegio, debió invertir en casilleros con candados seguros para
evitar los robos, debió colocar cámaras para detectar abusos físicos o peleas,
debió tener un sistema de control de abusos verbales, entre otras; sin embargo,
esto no se logra con lo que estableció esta Sentencia pues sólo se ha generado,
como lo dijimos, el despido del profesor o el cambio del director.
De igual manera, ¿por qué no
imponer una proporción del monto a resarcir sobre los padres de familia de los
agresores? En este caso, no sólo es deber de los profesores tener cuidado sobre
los alumnos que están a su cargo; al existir capacidad de prevención por parte
de varios sujetos en el caso concreto, la responsabilidad debe ser analizada
bilateralmente basándonos en la culpabilidad como criterio de imputación. De
esta forma, al imponer carga económica sobre los padres, estos también
incrementarán su interés en prevenir y reprimir actos de sus propios hijos.
Además de lo señalado, como puede concluirse, el colegio como persona jurídica
autónoma de sus directivos y sus trabajadores debe responder por cualquier
Sin embargo, el error
principal que, creemos desencadenó todo, se cometió el 23 de enero de 2012 con
la Resolución N° 01 que admitió la demanda; precisamente, el segundo punto
trata sobre el Derecho Procesal. Específicamente, es un error en la competencia
del Juzgado[21];
al existir una relación de consumo INDECOPI tenía competencia primaria sobre el
caso concreto, decir lo contrario implicaría permitir saltar instancias que van
más allá de lo consignado por la separación de poderes y la funcionalidad de la
Responsabilidad Civil. Clásicamente, el Poder Ejecutivo es quien se encarga de
sancionar administrativamente conductas infractoras a la normativa sectorial;
mientras que es el Poder Judicial quien otorga resarcimientos cuando hay daños
injustos, como el daño moral generado a las víctimas de Bullying. Cabe
recalcar que ambos regímenes son compatibles y complementarios pues como señala
Guzmán, “Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son
compatibles con la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado
anterior, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados,
siendo que estos últimos serán determinados en el proceso judicial
correspondiente”[22].
En este sentido, el artículo
105 de la Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor
establece que las sanciones que se imponen por falta de idoneidad u otras que
impliquen una relación de consumo[23]
deberán ser impuestas únicamente por el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Cuando
una familia encarga el proceso educativo básico a una institución educativa se
produce una relación de consumo, entendida, según el numeral 5 del inciso 2 del
artículo IV del Código, como “la relación por la cual un consumidor adquiere un
producto o contrata un servicio con un proveedor a cambio de una
contraprestación económica”; en este sentido, cualquier infracción deberá ser
sancionada primeramente por el INDECOPI y luego, de existir daños injustos,
acudir al Juez para obtener resarcimiento. La racionalidad de este criterio
recae precisamente en la razón de la existencia de las personas jurídicas: la
separación de patrimonio activo; esto quiere decir que las deudas de la
empresa, ya sean generadas por obligaciones de resarcimiento o cualquier otra,
no alcancen a sus miembros directivos, trabajadores o beneficiarios; salvo que
efectivamente tengan un deber de previsión sobre la conducta injusta que generó
Igualmente, el propio Decreto
Supremo N° 010-2012-ED – Reglamento de la Ley N° 29719 (Ley que promueve la
convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas) señala en su
artículo 21 que el rol de INDECOPI se produce conforme lo establecido en el
Decreto Legislativo N° 1033 – Ley de Organización y Funciones del INDECOPI que
prescribe en la concordancia de sus artículos 27, literal d) del inciso 1 del
artículo 2 y artículo 30 la competencia primaria y exclusiva de la Comisión de
Protección al Consumidor en temas de protección a los consumidores (incluidos
los niños y padre de familia en un servicio educativo) de la falta de idoneidad
de los bienes y servicios (como el supuesto de Bullying) en función de
la información brindada, de las omisiones de información y de la discriminación
en el consumo, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las
anteriores. De esta manera, como señalamos, no existe sanción civil o función
sancionadora de la Responsabilidad Civil; la sanción para desincentivar las
actividades de infracción se provoca con la multa administrativa de cada caso
¿Cuál es el error del Juez? El
desconocimiento de esta norma jurídica que protege y canaliza la función
específica de la Responsabilidad Civil pues, como vimos, al haber saltado el
procedimiento administrativo no se observó que debía sancionarse al colegio,
mas no al profesor ni al director personalmente para poder lograr el efecto
correcto: el resarcimiento del daño y la toma de previsión por parte del
colegio, no el simple despido del profesor y reubicación del director sin
ninguna otra medida correctiva. Si seguimos admitiendo Sentencias con el mismo
tenor de la emitida en este caso, podemos permitir que el Juez Civil tenga
competencia en casos de demandas de despido laboral puesto que se trata al
final y al cabo de una resolución de contrato; o que la infracción marcaria se
pida ante el Juez Civil porque tiene su base en la Responsabilidad Civil. En
este sentido, el motivo de esta repartición de funciones se basa en el
principio de división de poderes y las funciones de cada área; como analizamos
un conflicto en funciones de órganos constitucionales, debemos aplicar el
principio de corrección funcional que, según la Sentencia del Tribunal
Constitucional N° 5854-2005-AA, “exige al juez constitucional que, al realizar
su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias que el
Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo
tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del
respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado”.
Por ende, la sanción debe verse en el seno de INDECOPI y, una vez que se tenga
Resolución fundada, recién proceder de manera mucho más sencilla a obtener
resarcimientos del proveedor, no de sus empleados o directivos.
También se puede analizar un tercer
error desde la perspectiva del ámbito de aplicación. De esta manera, como
habíamos adelantado, el supuesto que recoge el Código de los Niños y
Adolescentes está enfocado en un supuesto general en el cual un adulto genera
una agresión contra un menor y otro adulto tiene un deber de protección; por
ejemplo, un padre de familia ebrio que golpea a su hijo y su madre no denuncia
este hecho ante la autoridad competente. Por otro lado, el supuesto del Bullying
recogido en la Ley N° 29719 y su reglamento se basa en un supuesto de agresión
entre alumnos; y, adicionalmente, es un supuesto especial porque incluye un
deber de protección de un adulto (profesor) sobre algunos hechos que pueden
ocurrir entre la víctima y los agresores (estudiantes) porque la tipificación
del acoso entre estudiantes es demasiado amplia. Así, el inciso e) del artículo
137 del Código de los Niños y Adolescentes está destinado a colocar multas que
busquen reprimir de una manera más fuerte casos como el ejemplificado, es decir
casos donde la madre tenía total indiferencia en denunciar la padre y no el
temor único de ser golpeada también, aquí parece operar más esto como punitive
damages que deben ser impuestos excepcionalmente pero nunca cuando hay un
procedimiento sancionador administrativo con competencia primaria.
En este sentido, como han
señalado tanto Rubio[24]
como Espinoza[25],
ante dos normas con sentido contradictorio o alternativo se debe aplicar la que
establezca un espectro más restringido siguiendo el criterio de lex
specialis derogat legi generali. Precisamente, aunque la protección
especial del consumidor, artículo 65 de la Constitución Peruana, y la
protección especial de los menores, artículo 4 de la Constitución Peruana, se
encuentren recogidas en preceptos constitucionales de igual jerarquía; en un
caso, la normativa del Código de los Niños y Adolescentes tiene como finalidad
proteger de manera general al Niño y Adolescente como dejan entrever tanto los
artículos V y VI del mismo, por otro lado, la normativa del Código de
Protección y Defensa del Consumidor protege a los Niños y Adolescentes en una
situación concreta: la relación de consumo. Así, protege a los mismos como
beneficiarios de un servicio educativo y a sus padres como efectivos titulares
de la misma como se indica en el artículo III de este cuerpo normativo. De
igual manera, existe un último e importante argumento: no sólo se protege al
niño agredido y a los padres del mismo, sino que se protege a toda la sociedad
y los intereses difusos de los padres de familia de los colegios del Perú pues
INDECOPI tendrá mayor libertad para generar la deterrence o función
desincentivadora de actividades necesaria pues la multa no se limita a
las diez unidades de referencia procesal del Código de los Niños y
Adolescentes, sino que llega incluso hasta las cuatrocientas cincuenta unidades
impositivas tributarias. El motivo de la abismal diferencia de posibilidad de
multar se basa nuevamente en que quien es sancionado en materia de consumidor
no es una persona natural que podría morir civilmente con ese monto de sanción,
sino es un proveedor que contaba con más información y posibilidad de previsión
sobre los hechos que generaron la infracción; ámbito en el cual se busca
sancionar desincentivando con un monto punitivo bastante grande.
primaria de INDECOPI en casos de servicios de educación tenemos el caso del
Señor Cornejo contra el Colegio Peruano Británico Lord Byron sancionado en la
Resolución N° 0179-2006/TDC-INDECOPI por infracción al deber de idoneidad; el
caso de la Señora Paola Escobar Torres contra el Colegio William Lambert
sancionado en la Resolución N° 113-2013/SPC-INDECOPI por discriminación y trato
diferenciado; el caso del Señor Polar contra el Colegio Peruano Max Ulhe
sancionado por la Resolución N° 1372-2005/TDC-INDECOPI por infracción al deber
de idoneidad; el caso de los Señores Solano contra el Colegio Regina Pacis
sancionado por la Resolución N° 121-2005/TDC-INDECOPI por infracción al deber
de idoneidad; entre otros. Igualmente, si uno observa el registro “Mira a quien
le compras” de INDECOPI[26]
son diversos los Colegios que vienen siendo sancionados por INDECOPI. Lo que es
lamentable es el desconocimiento que se tiene de la normativa de INDECOPI en
provincias, donde los casos son mucho más preocupantes; precisamente esto
genera errores como los cometidos en este caso, que no solo perjudican a las
partes involucradas, sino que también afectan a la sociedad con un claro efecto
dominó en casos presentes y futuros distorsionando el sistema.
Finalmente, debemos observar
que el efecto de esta Sentencia puede ser diverso, perverso e incontrolable:
podría generarse una oferta y demanda de seguros por riesgos profesionales de
prevención de Bullying que obliguen a pagar una prima a los profesores
individualmente generándoles un coste innecesario más pese a las limitaciones
que ya tiene el sector; podría generar que el colegio incentive un sistema de
control basado en que los propios alumnos controlen estas situaciones generando
pequeñas “guerras civiles”, donde se generan grupos de control, o “incentivos a
la corrupción”, donde se paga con favores el control o descontrol, en la propia
aula con tal de desprenderse de responsabilidad; podría quitarse la licencia al
colegio por parte del Ministerio de Educación generando más daño en total
porque todo el alumnado podría perder el año escolar, cabe mencionar que existe
amenaza de que esto pase en el caso concreto[27];
entre otros. Finalmente, creemos que sería perjudicial socialmente que, pese a
ser la salida más fácil y racional económicamente, la congregación reubique al
director y despida a los profesores[28],
a su vez de que no toma ninguna acción preventiva del Bullying porque si
vuelve a ocurrir se vuelve a deshacer de los profesores multados y condenados,
hasta el infinito por la gran oferta de estos profesionales. Esperemos que la
Segunda Instancia corrija estos errores y vea, como dice Bullard, más allá del
expediente; pues como hemos podido observar, en estas líneas de reflexión, los
errores de un Juez pueden condenar a personas con carácter casi tan altruista
como el noble y humilde Superman ya que, lamentablemente, los profesores
de colegio en el Perú no pueden viajar al pasado dando vueltas al mundo, no tienen
como amigo a Batman, ni pueden pagar semejante monto injustamente
imputado. *
Un agradecimiento especial al profesor Renzo Saavedra Velazco por sus valiosos
Asistente Legal del Área de Marcas y Derechos de Autor de la Consultora
Especializada en Propiedad Intelectual e Industrial Clarke, Modet & Co.
Perú. Asistente de Cátedra de los Cursos de Derecho de la Competencia 2 y
Derecho de Autor con el Profesor Raúl Solórzano Solórzano, ambos en la Facultad
de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Alumno de Duodécimo
(12mo) Ciclo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica
del Perú y de la Maestría en Derecho de la Competencia y la Propiedad
Intelectual. Ex-Director y Ex-miembro de la Comisión de Publicaciones de la
Asociación Civil Foro Académico.
[1] National Periodical Publications,
Inc. – “The Case of the People vs. Superman”. New York, DC National
Comics, pp. 1-36. Cabe señalar que no son pocas las referencias a juicios
contra superhéroes, ya sea por daños materiales cuando se destruyen ciudades o
cuando se busca el registro y develación de la identidad de los mismos: para
referencias más actuales tenemos la gigantesca Saga de Marvel Comics titulada “Civil
War”, o la película de Disney “The Incredibles”.
DIAZ, Hugo y SAAVEDRA, Jaime – “La Carrera del Maestro en el Perú: Factores
institucionales, incentivos económicos y desempeño” [en línea]. Lima: GRADE, 2000, p. 3. Consulta: 08 de
MENDOZA, Cecilia – “La otra cara de la moneda: trabajos peor pagados son los de
menor capacitación”. La República. Región Sur. Arequipa, 08 de Julio de
2012. Consulta: 09 de Septiembre de 2013.
Concepto precisado en el artículo 25 y siguientes del Decreto Supremo N°
011-2012-ED (Reglamento de la Ley N° 28044 – Ley General de Educación).
INEI – “Indicadores de Educación por Departamentos, 2001-2011” [en línea].
Lima, 2013. Consulta: 08 de
Nótese que incluso después
de la promulgación de la Ley N° 29510 que elimina esto como requisito
indispensable para entrar al mercado.
BECKER, Gary – “El enfoque económico del comportamiento humano”. En: Información
Comercial Española. N° 554, enero de 1990, p. 13. [7]
Precisamente, un beneficio no fácilmente observable porque implica el análisis
personal de la situación de cada persona sería el fácil acceso al mercado de
profesores; sin embargo, esto también suma otras barreras u obstáculos como
barreras geográficas, burocráticas y otras. Otra característica es la
reputación que se tenga de la carrera pedagógica y como sea observada por los
jóvenes al ingresar a la Universidad.
Esto ha sido reafirmado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia N°
4232-2004-AA/TC: “(…) la educación se configura también como un servicio
público, en la medida que se trata de una prestación pública que explicita
una de las funciones-fines del Estado, de ejecución per se o por
terceros bajo fiscalización estatal”.
En otro punto, la misma Sentencia N° 4232-2004-AA/TC señala: “(…) Por ende, el
Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad de los servicios
educativos, así como de aumentar progresivamente la cobertura y calidad de los
mismos, debiendo tener siempre como premisa básica, como ya se ha mencionado,
que tanto el derecho a la educación como todos los derechos fundamentales (…)
tienen como fundamento el principio de la dignidad humana”.
BULLARD, Alfredo – “Derecho y Economía”. 2° Edición. Lima, Palestra, 2010, pp.
Entre los diversos errores del Juez, los tipos de daños señalados en la
delimitación de la controversia del caso son: daño psicológico y daño al
proyecto de vida; sin embargo, termina ordenándose resarcir por daño moral. Lo
que debe quedar claro es que el daño al proyecto de vida debe ser descartado
pues este es un daño que no se configura en el caso concreto ya que no se afecta la libertad fenoménica
del menor; lo cual pasaría si se demuestra que el menor agredido perdió su
capacidad de ser un destacado pianista o un excelente deportista a causa de la
agresión. La distinción entre el daño moral y el daño psicológico es algo más
tenue. FERNANDEZ Sessarego, Carlos – “Deslinde conceptual entre daño a la
persona, daño al proyecto de vida y daño moral”. En Revista Foro Jurídico, Año
1, N° 2. Lima, 2003, p. 39.
Sentencia recaída en la Resolución N° 38 del Expediente N° 147-2012 del 3°
Juzgado de Familia de Cusco, expedida por el Juez Edwin Bejar el día 08 de
Definido por el artículo 3 literal a) del Decreto Supremo N° 010-2012-ED –
Reglamento de la Ley N° 29719 (Ley que promueve la convivencia sin violencia en
las Instituciones Educativas) como “un tipo de violencia que se caracteriza por
conductas de hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal o físico que
recibe un estudiante en forma reiterada por parte de uno u varios estudiantes,
con el objeto de intimidarlo o excluirlo, atentando así contra su dignidad y
derecho a gozar de un entorno escolar libre de violencia”.
Tenemos “Homisión” y “Pribadas”; en lugar de Omisión y Privadas, como un par de
Está permitida la extraña figura denominada “sanciones jurisdiccionales” por
medio del artículo 72 e inciso e) del artículo 137 de la Ley N° 27337 – Código
de Niños y Adolescentes. Sin embargo, debemos entender que estas sólo se deben
utilizar cuando previamente no se debe imponer una sanción administrativa y se
busca disuadir conductas a través de la sanción o pena, como lo prescribe la
teoría de prevención relativa general negativa que “busca inhibir a las
personas en la comisión del delito mediante intimidación o disuasión de éstas a
través de la aplicación de la pena”. VILLAVICENCIO, Felipe – “Derecho Penal:
Parte General”. Lima, Grijley, 2013, p. 57. También: BRAMONT-ARIAS Torres, Luis
Miguel – “Manual de Derecho Penal”. 4° Edición. Lima, EDDILI, 2008, p. 100.
FERNANDEZ Cruz, Gastón – “De la Culpa Ética a la responsabilidad subjetiva: ¿el
mito de Sisifo? (Panorámica del concepto y del rol de la culpa en el Derecho
Continental y en el Código Civil peruano)”. En: Revista Themis. Época 2, N° 50.
Lima, 2005, p. 253.
Debe tenerse en cuenta que el artículo 1975 del Código Civil señala: “La
persona sujeta a incapacidad de ejercicio queda obligada por el daño que
ocasione, siempre que haya actuado con discernimiento. El representante legal
de la persona incapacitada es solidariamente responsable”.
Debe recordarse el contenido del artículo 1973 del Código Civil que señala: “Si la imprudencia sólo hubiere concurrido
en la producción del daño, la indemnización será reducida por el juez, según
Se señala que el daño moral “es sólo un daño emocional una perturbación
psíquica no patológica, que normalmente se traduce en dolor o sufrimiento. No
llega a ser, por consiguiente, una patología o enfermedad psíquica (…) por lo
general, es transitoria”. FERNANDEZ Sessarego, Carlos – “Deslinde conceptual
entre daño a la persona, daño al proyecto de vida y daño moral”. En Revista
Foro Jurídico, Año 1, N° 2. Lima, 2003, p. 46.
Como ha señalado Fernández, “la opinión dominante en el civil law, es de
negar la admisibilidad y pertinencia de una función punitiva o penal de la
responsabilidad civil, que es más bien propia del derecho penal y del derecho
administrativo sancionador. A esta perspectiva, se opone la mentalidad jurídica
de corte anglosajón, que ha propugnado la aplicabilidad de los punitive
damages o ‘daños punitivos’, que conllevan una clara función de ‘castigo y
discusión del culpable’, que harían de esta institución, una figura ‘intermedia
entre el derecho civil y el derecho penal’”. FERNANDEZ Cruz, Gastón – “Las
transformaciones funcionales de la responsabilidad civil”. En AA.VV – “¿Por qué
hay que cambiar el Código Civil?”. Lima, UPC, 2001, p. 263.
Coincidimos con la definición de competencia señalada por Priori como “la
aptitud que tiene un juez para ejercer válidamente la potestad jurisdiccional
(…) definida en virtud de determinados ámbitos que la ley se encarga de
establecer. De esta forma, (…) es un presupuesto de validez de la relación
jurídica procesal”. PRIORI Posada, Giovanni – “La Competencia en el Proceso
Civil Peruano”. En Revista Derecho & Sociedad, Año 15, N° 22. Lima, 2004.
GUZMAN Napuri, Christian – “Tratado de la Administración Pública y del
Procedimiento Administrativo”. Lima, RAE-ECB, 2010, p. 800.
Definida como “la relación por la cual un consumidor adquiere un producto o
contrata un servicio con un proveedor a cambio de una contraprestación
económica (…)”, según el numeral 5 del inciso 2 del artículo IV de la Ley N°
29571 – Ley de Protección y Defensa del Consumidor.
RUBIO, Marcial – “El sistema jurídico: introducción al Derecho”. 9° Edición.
Lima, PUCP, 2007, p. 129.
ESPINOZA, Juan – “Los Principios Contenidos en el Título Preliminar del Código
Peruano de 1984”. Lima, Grijley, 2011, p. 74.
Ver: INDECOPI – Buscador “Mira a quien le compras”. Consulta: 08 de Septiembre
< http://www.indecopi.gob.pe/miraaquienlecompras/
SALCEDO, José Víctor – “Colegio Salesianos de Cusco podría quedarse sin
licencia”. La República. Región Sur. Cusco, 21 de Agosto de 2013.
Consulta: 08 de Septiembre de 2013.
Creemos que un colegio católico cristiano como el Colegio Salesiano de Cusco no
reaccionará despidiendo a los dos profesores, injustamente, sancionados
dejándolos con una deuda bastante grande y sin empleo; ni creo que se remueva
al director por orden superior de la congregación; pues esa no es la educación
que se recibe en dicho colegio, esa educación está basada en las enseñanzas de
Don Bosco y Domingo Sabio, bajo el manto de María Auxiliadora, quienes nos han
enseñado que nunca se abandona al necesitado, sino que efectivamente se les
debe proteger y resguardar al mismo cuando está en problemas.
colegio salesinado,

References: artículo 8
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 1
 Resolución 
 artículo
105

artículo 21

artículo 2
 artículo 30
 resolución 

Resolución 
 artículo
137
 artículo 65
 artículo 4

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 25
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 72
 artículo 137
 artículo 1975
 artículo 1973