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Timestamp: 2020-05-30 12:33:04+00:00

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9 diciembre, 2015 – Blog de ArturoDiazF
El candidato presidencial del Partido Aprista Peruano, Alan García Pérez, realizó ayer la que ha sido –hasta ahora– su más osada promesa de campaña. En una entrevista concedida en TV Perú admitió que, de llegar a ser presidente, se “tumbaría” a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu).
Como se sabe, la ley universitaria aprobada el año pasado en el Congreso decretó la creación de la Sunedu en reemplazo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), para que se encargue de velar por la calidad de la enseñanza en las universidades peruanas.
Pero el Apra (junto al fujimorismo) siempre ha manifestado su oposición a la norma.
Por esa razón, lo dicho ayer por García no supone una sorpresa en estricto sentido, aunque sí es la primera vez que se anima a decir que, de imponerse en las elecciones del año entrante, la reforma universitaria emprendida hasta el momento volvería a fojas cero.
“El Estado no tiene nada qué hacer al interior de las universidades”, declaró García en alusión a la Sunedu.
“Comando conjunto”
García dijo estar de acuerdo con la iniciativa del Congreso de querer “controlar la calidad de la educación y la acreditación de las universidades”, porque, de lo contrario, los alumnos podrían ser víctimas de estafas.
“Porque es una estafa dar papeles y títulos por 100 soles al mes, y ni siquiera con clases presenciales”, señaló. Enseguida aclaró que no se estaba refiriendo “a ningún candidato en particular”.
Así, aunque insistió en que se encuentra de acuerdo en que se les exija a las universidades peruanas una mayor calidad y un mejor desempeño, añadió que esa no debe ser tarea del Estado.
Es más, cuestionó que el Ejecutivo le haya encargado esa misión a lo que llamó un “comando conjunto militar”.
Es decir, por sus declaraciones el candidato presidencial aprista sugiere que la Sunedu funcionaría, en la práctica, como un ente estatal a cargo de intervenir en las universidades, vulnerando su independencia.
Sin embargo, García obvió que, según la ley aprobada en el Pleno, la Sunedu estará conformada, además del superintendente nombrado por el Ejecutivo, por otros cinco miembros que serán elegidos mediante un concurso público.
¿Hola ANR?
La posición en contra de la ley universitaria siempre fue manifestada por el Apra, sobre todo en el Congreso.
De hecho, Mauricio Mulder y Javier Velásquez han sido los principales impulsores de la llamada “Ley Cotillo”, en alusión al rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pedro Cotillo.
Esta autógrafa, que fue retirada para su debate en el Pleno, busca que los rectores de las universidades públicas se mantengan en sus cargos, yendo en contra de lo que la ley universitaria establece. Es decir, lo afirmado por García no hace si no confirmar una posición institucional.
Pero si el Apra no desea a la Sunedu, ¿qué propone como opción de reemplazo?
El propio candidato se encargó de dar mayores luces al respecto. Señaló que, en lugar de una superintendencia, le parecía “más adecuado” el “concepto que hubo siempre” de “tener una ANR encargada de ver todo lo referente a la calidad educativa”.
El problema con la mirada de García es que la ANR no ayudó mucho a garantizar la adecuada calidad del sistema universitario peruano. Entre los expertos en educación existe casi unanimidad en que se necesitaba un nuevo modelo.
Como se recuerda, la ANR fue desactivada una vez entró en vigencia la ley universitaria. En su reemplazo se formó la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) que ayer envió a los medios de comunicación una nota de prensa felicitando a Mulder, Velásquez Quesquén, Martha Chávez y otros por respaldar la “ley Cotillo”.
“Yo soy un reformista universitario. La universidad debe ser un espacio libre para generar ideas contra el sistema (…) La gente escoge mejor y yo confío en la gente, no en el Comando Conjunto de nombrados por el Minedu”, dijo García.
La propuesta aprista para la universidad peruana es una vuelta al pasado.
“Alan García defiende a las universidades privadas mediocres”
El presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora (Perú Posible), afirmó que lo dicho por Alan García, en el sentido de que se “tumbaría a la Sunedu de ganar las elecciones, revela que su interés es el de defender “universidades privadas mediocres”.
Mora, principal promotor de la ley universitaria desde el Congreso, recordó que García trabaja en una institución educativa.
“Él (García) depende hoy de la universidad privada, está defendiendo a determinadas universidades privadas mediocres que no quieren establecer los estándares mínimos de calidad que requiere el país”, sostuvo.
El legislador aseguró, además, que la Sunedu hace “temblar a las universidades chicha, esas que funcionan encima de un chifa, que tienen locales encima de tragamonedas”.
En el plan de doce puntos que García anunció en su lanzamiento como candidato presidencial, no hay mención a propuestas específicas para mejorar la educación superior. Se propone, entre otras cosas, impulsar una “educación inteligente y útil” que “permita la inserción laboral en cada nivel educativo”.
En el 2016 no habrá negociación colectiva
DYD anuncia denuncia contitucional
La bancada de Dignidad y Democracia (DYD) evalúa presentar una denuncia de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el artículo Nº 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el 2016, que no reconoce la negociación colectiva.
“Estamos evaluando presentar una acción de inconstitucionalidad, pues dicho artículo no toma en cuenta la sentencia del TC, el cual declara inconstitucional la prohibición de la negociación colectiva para incrementos salariales. Resulta incoherente que habiéndose expulsado de nuestro ordenamiento jurídico dichas normas, se insista en colocar un artículo similar”, sostuvo el congresista Juan Pari.
Pari dijo que desde un principio se opusieron a la Ley de Presupuesto para el 2016 debido a que pasó al Pleno del Congreso exactamente igual a cómo fue enviada por el Ejecutivo y se desconocieron las solicitudes de modificación hechas por los parlamentarios de la Comisión de Presupuesto.
“Este es un presupuesto centralista, anticonstitucional porque viola un conjunto de sentencias y viola la Constitución, es antilaboral porque no asume el reclamo de miles de trabajadores. Es un presupuesto que por primera vez se financia a través del endeudamiento público”, manifestó el parlamentario.
Añadió que la negociación colectiva es el principal instrumento para la armonización de los intereses contradictorios de las partes en el contexto de una relación laboral y es por eso que está considerada en la Constitución.
Fallo se aplicaría el 2017
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Teófilo Gamarra (GP) dijo que la negociación colectiva no ha sido considerada en la Ley de Presupuesto debido a que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), recién se haría aplicable a partir del 2017 y el Gobierno considera que no es posible introducir un esquema que rompa con la estructura de los presupuestos anteriores.
“Esta sentencia del Tribunal Constitucional recién sería aplicable en el 2017, entonces el Gobierno considera que no es posible introducir un esquema que rompa con la estructura de los presupuestos anteriores, no obstante, entiendo que el Gobierno y las empresas del Estado han venido realizando permanentes reuniones para la resolución del problema”, indicó el legislador nacionalista.
Gamarra afirmó que si bien existieron fuertes críticas sobre este punto, finalmente el Pleno del Congreso votó a favor de la Ley de Presupuesto para el 2016 y la aprobó en la madrugada de ayer.
Presupuesto fiscal 2016 sin mejoras salariales para estatales
Preocupante. Pese a que se enfrenta un año con mayor incertidumbre económica, el Ejecutivo optó por congelar los sueldos de los servidores públicos. Aguinaldos y escolaridad también no se moverán.
Luego de que el jueves el debate sobre el proyecto del Presupuesto Público 2016 fuera suspendido, ayer hubo un punto coincidente entre casi todos los grupos parlamentarios y fue la exigencia de mejoras salariales para los servidores públicos.
Al cierre de nuestra edición, luego de un cuarto intermedio, el Presupuesto 2016, que asciende a S/. 139.491 millones, seguía debatiéndose con la probabilidad de que se apruebe sin grandes modificaciones a las propuestas del Ejecutivo, pese a la desaceleración económica y a la necesidad de impulsar la demanda interna a través del gasto.
El proyecto del Ejecutivo señala en el subcapítulo II, artículo 6, de Ingresos del Personal: “Prohíbese en las entidades del gobierno nacional, regionales y locales el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento”.
Es por este motivo que constantemente se replican las protestas, sobre todo en el Centro Histórico de Lima, de centenares de servidores públicos que exigen mejoras salariales, pues denuncian que los sueldos están congelados desde hace más de 20 años y no satisfacen la nueva canasta mínima de consumo.
El Ejecutivo dice que todo el tema salarial dentro del Estado deberá aplicarse en el marco de la nueva Ley del Servicio Civil, que es un régimen laboral que el gobierno emprendió como la gran reforma en el aparato estatal y que tiene como eje central la meritocracia.
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) explicó que los trabajadores que opten por aplicar a plazas dentro de este régimen podrán tener una mejor remuneración e ir postulando a plazas más especializadas y con mejor pago. No obstante, los trabajadores que decidan quedarse en su actual régimen (Decreto Legislativo 276, DL 728 o CAS) no podrán conseguir incrementos ni a través de la negociación colectiva.
Se estima que ya en el primer trimestre del 2016 casi una veintena de instituciones públicas tendrán todo listo para que sus trabajadores emigren al nuevo régimen laboral, que pagará remuneraciones de manera igualitaria en función del cargo que desempeñen.
Sobre este último punto, los congresistas Marisol Espinoza y Mesías Guevara coincidieron en demandar la eliminación del artículo 6, que prohíbe negociación colectiva en el sector público, por inconstitucional.
Contraviene lo dispuesto en el artículo 28 de nuestra Carta Magna, que señala que el Estado reconoce el derecho a la negociación colectiva, y su inciso 2, que dispone que el Estado las fomente. “Mantener ese artículo y aprobarlo tal como está obligaría a denunciar a sus autores por violar la Constitución”, dijo la vicepresidenta.
Espinoza pidió también atender las demandas de los trabajadores públicos, “que están protestando en las calles”, y homologar los incentivos que se entregan a través del CAFAE, teniendo en cuenta que los funcionarios del MEF reciben hasta S/. 11.655 por ese concepto, “es decir, 30 veces más que cualquier trabajador de otros ministerios y de las universidades públicas”, denunció.
El presupuesto para el año 2016 se incrementa en 6,6% respecto al año fiscal 2015. Concentra el 75,9% de las partidas presupuestales en el gobierno central (incremento de 9% respecto al 2015) y apenas 13,86% en los gobiernos regionales (disminución de 0,5%) y 10,24% en los gobiernos locales (reducción de 6,3%).
Las mayores partidas presupuestales estarán destinadas al sector Educación (17,9%) con S/. 24.813 millones; Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia (16,5%) con S/. 22.837 millones; Salud (9,7%) con S/. 13.463 millones; Transporte (9,3%) con S/. 12.838 millones, y Previsión Social (8,8%) con S/. 12.184 millones.
El aguinaldo solo será S/. 300 para estatales
Los aguinaldos por Fiestas Patrias (julio) y Navidad (diciembre), que se incluyen en las planillas de pagos correspondientes a julio y diciembre, respectivamente, cuyos montos ascienden, cada uno, hasta la suma de S/. 300; así como la bonificación por escolaridad, que se incluye en la planilla de pagos correspondiente a enero y cuyo monto asciende hasta la suma de S/. 400, permanecerán inalterables, según dispone el Presupuesto 2016.
Pese a ello, un dictamen en minoría propuso aumentar las gratificaciones por Navidad y Fiestas Patrias que perciben los trabajadores públicos hasta S/. 800.
Del mismo modo, propuso incrementar el bono que reciben los empleados del sector público por escolaridad de S/. 400 a S/. 500.
Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, se mostró en contra y expresó que “no es momento para farras presupuestarias”.
Mejor remuneración para policías
8,300 millones de soles al sector Interior también garantiza la continuidad de la inversión en infraestructura. El exministro del Interior Wilfredo Pedraza Sierra señaló que la aprobación de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016 garantiza la continuidad de las inversiones y mejores remuneraciones a favor de la Policía Nacional.
“El presupuesto asignado de casi 8,300 millones de soles al sector Interior, garantiza la continuidad de la inversión en infraestructura, tecnología y remuneraciones al personal”, declaró.
En su opinión, el presidente Humala diseñó un aumento de sueldos de los policías en cinco tramos, de los cuales tres se cumplieron y el cuarto se realizará en diciembre de este año.
El presupuesto 2016, además, incluye los fondos necesarios para el quinto aumento que se ejecutará en diciembre del 2016. Advirtió que con estos aumentos, un policía percibirá 80% más de lo que ganaba en el 2011, lo que impactará en beneficio de la familia policial, y un mejor desempeño en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
Además, dijo, el presupuesto 2016 contempla la construcción de nuevas comisarías, adquisición de vehículos policiales, equipos y tecnología, así como la construcción de nueva infraestructura en el hospital policial de Lima.
En ese sentido, destacó que el Gobierno dejará una mejor base institucional en la Policía para el siguiente gobierno, con la finalidad de que implemente su plan de seguridad ciudadana.
Citó como ejemplo que el parque automotor policial se incrementó de 140, en 2011, a 800 patrulleros inteligentes. “El parque automotor tenía una antigüedad de 10 años y hoy el parque automotor que recibirá el siguiente gobierno tendrá una antigüedad entre uno y tres años”, subrayó.
Pedraza destacó también que a julio del 2016 se cerrará la brecha de la necesidad vehicular policial en un 75%, que en términos reales significa 4,500 vehículos y motocicletas más para la Policía.
“El nuevo gobierno recibirá a una policía mucho más institucionalizada por la reforma normativa, mucho más equipada con un mejor parque automotor, y un sistema de manejo de conflictos sociales más equipado, con 20 mil trajes “robocop”, así como mayores remuneraciones”, agregó.
Dejará, además, un programa de 70 proyectos de inversión declarados viables por el Sistema Nacional de Inversión Públicas (SNIP), por un valor de 2,000 millones de soles para los siguientes tres años en infraestructura y equipamiento policial. Con estos cambios, se busca la optimización del servicio en las regiones.
También se destinarán partidas para CTS del personal policial, gastos de capital (proyectos de inversión) y otras cuentas corrientes para superar las brechas.
Las demandas sociales en el sector Interior datan de años. El Ejecutivo pone especial atención para enfrentar este tema.
Una de las metas del gobierno es mejorar las capacidades del personal PNP, a fin de responder adecuadamente a las demandas ciudadanas.
Según estadísticas del INEI, la cifra de victimización se redujo de 36.6%, en 2012, a 29.5%, al primer semestre de 2015.
Hay 4,500 vehículos y motocicletas más para optimizar la labor policial. Los ciudadanos serán los más beneficiados.
Trabajadores del Congreso podrían tener mejoras de salario en el 2016
Presupuesto. Además, servidores administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial y del Ministerio Público recibirán bonificaciones especiales
En la madrugada del sábado, con 54 votos a favor, 33 en contra y 4 abstenciones, el Congreso decidió aprobar el Presupuesto para el 2016, el cual asciende a S/. 138 mil 490 millones.
Tal como se adelantó, los estatales no tendrán ninguna mejora salarial y sus aguinaldos seguirán en S/. 300.
No obstante, se exoneró al Congreso del artículo 6 de la Ley de Presupuesto, a fin de que pueda aprobar mejoras remunerativas a sus servidores.
Además, se aceptó el pedido del presidente de la Comisión de Presupuesto, Teófilo Gamarra, quien solicitó que se incluya una bonificación especial para los trabajadores administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial (se encuentran en huelga) y el Ministerio Público.
También se aceptó la modificación del artículo 37º, mediante el cual se autoriza transferencias de recursos para atender requerimientos del Sistema Integral de Salud (SIS).
Respecto a la aprobación del Presupuesto, el economista Pablo Secada comentó que el presupuesto del 2016 es 6,4 veces mayor al de hace veinte años. “Gastamos mucho más, no mejor. ¿Se promueve más bienestar? Ciertamente no”, dijo.
Indicó que el Estado no promueve la competencia, ni corrige las fallas de mercado, tampoco promueve la equidad e incurre en todas las fallas de Estado que sistematizan la teoría económica.
“El proceso político que terminó la madrugada del sábado es uno de las más gráficos de la naturaleza del Estado. que genera y distribuye rentas. Una inmensa mayoría de congresistas actúa como si los fondos públicos fueran maná caído del cielo y hay que arranchárselos en juegos de suma cero”, criticó.
Otro que mostró su descontento fue el congresista Manuel Dammert, quien opinó que esta una ley de presupuesto privatista de los bienes públicos ya que endeuda más al país a favor de la plutocracia financiera.
Según el congresista, se desnacionaliza las fuentes estratégicas, como el gas y petróleo, acentúa la reprimarizacion de la economía y se recentraliza el 75 % del presupuesto en el Gobierno Nacional, que es manejado desde el MEF por los grandes grupos empresariales privados y debilita a municipios y regiones, así como congela las remuneraciones en la administración pública e impide los derechos laborales.
“No se contempla el fondo de promoción del gas natural domiciliario, lo que ahora quedará en manos del Ministerio de Energía y Minas”, señaló.
El cuarto tramo del incremento de remuneraciones para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se hará efectivo en diciembre del 2016.
Cabe resaltar que la serie de incrementos remunerativos empezó en diciembre del 2012.
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References: resolución 
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 28
 artículo 6
 artículo 37