Source: http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2014/09/la-resolucion-del-landgericht-de.html
Timestamp: 2018-07-16 14:16:22+00:00

Document:
Pedro de Miguel Asensio: La resolución del Landgericht de Fráncfort sobre la aplicación Uber
En relación con el Derecho internacional privado, cabe comenzar destacando que el Tribunal funda su competencia en el artículo 5.3 Reglamento Bruselas I (próximamente 7.2 RBIbis), al considerar que el demandado proporciona la aplicación para la prestación de servicios en Alemania, y en concreto la ofrece a personas en el área de Frankfurt, por lo que entiende que tiene competencia con base en el fuero del lugar de manifestación del daño. Por lo tanto, en virtud del artículo 5.3 RBI su competencia se extiende al ofrecimiento de la aplicación en el conjunto de Alemania. Por el contrario, en principio sólo serían competentes para adoptar una prohibición semejante referida al ofrecimiento de la aplicación en el conjunto de la Unión los tribunales holandeses, por encontrarse allí el domicilio del demandado (a falta de información adicional, no parece posible identificar otro Estado miembro como lugar de origen del daño). En todo caso, la eventual solicitud de una orden a nivel europeo plantearía dificultades específicas en relación con el Derecho aplicable para decidir sobre la misma.
Precisamente, en materia de derecho aplicable, al tratarse de una reclamación fundada básicamente en la infracción de normas de competencia desleal, el Tribunal considera que la norma de conflicto relevante es el artículo 6.1 Reglamento Roma II, según el cual, la ley es ley del país en cuyo territorio las relaciones de competencia o los intereses colectivos de los consumidores resulten o puedan resultar afectados. Por lo tanto, es la legislación alemana la que resulta aplicable a la eventual vulneración de las reglas de competencia desleal en el mercado alemán. Aunque no sea el caso (ni lo pueda ser en este supuesto por la limitada competencia del tribunal alemán), cabe reseñar que si se planteara una demanda referida al ofrecimiento de la aplicación en varios países de la UE, en principio serían aplicables tantos ordenamientos como países en relación con sus respectivos mercados (sin perjuicio de lo que luego diré sobre el criterio de origen).
Simplificando, la medida de cesación y las condenas adicionales se adoptan con base en los §§ 3 y 4.11 de la ley alemana de competencia desleal o UWG (en conexión con ciertas normas reguladoras del transporte de pasajeros). En concreto, el § 4.11 UWG, es una norma próxima al artículo 15 de nuestra Ley de competencia desleal, referido a la violación de normas y que considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva significativa adquirida mediante la infracción de las leyes; así como la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial. En todo caso, la vinculación de estas reglas de competencia con otras normas jurídicas infringidas puede conducir a soluciones diversas en los diferentes Estados miembros. Un elemento relevante a este respecto puede ser también la posibilidad de atribuir la infracción de las normas en cuestión al mero proveedor de una aplicación, lo que el Landgericht Franfurt am Main justifica de manera específica en el caso de la legislación alemana, así como la condición de competidores entre el demandante y el demandado.
Un tema que la resolución no aborda y que llegado el caso podría ser de gran relevancia cuando el proveedor de la aplicación está establecido en otro Estado miembro de la UE (como parece ocurrir en este supuesto), es la eventual repercusión del criterio de origen establecido en el artículo 3 de la Directiva 2000/31, que, entre otra cosas, impide a los Estados miembros restringir la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información de otro Estado miembro por razones inherentes al ámbito coordinado.
Al ser una cuestión no abordada en la resolución reseñada, se trata de un aspecto -potencialmente muy relevante- que va más allá del objeto de esta nota. Lo miso ocurre con la reflexión acerca de las posibilidad de reconocimiento y ejecución en otros países de la UE (donde la demandada pueda tener bienes o encontrarse su Director) en el caso de que el Tribunal alemán decidiera la imposición de las sanciones que para el caso de incumplimiento de la orden de cesación contempla esta resolución. No obstante, sí cabe apuntar que, de cumplirse los requisitos para que la medida provisional pueda ser reconocida en el marco del RBI -véase el pfo. 2 del artículo 2.a) RBIbis- una multa coercitiva de ese tipo aunque tenga importantes elementos de Derecho público como sucede especialmente en el marco de la ZPO, sí que puede beneficiarse del régimen de reconocimiento y ejecución del RBI (véase STJUE de 18 de octubre de 2011, C‑406/09, Realchemie Nederland y art. 55 RBIbis), a diferencia de lo que normalmente ocurriría de llegar a imponerse la pena privativa de libertad (véase auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 15ª), núm. 32/2010 de 15 marzo de 2010).

References: resolución 
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 15
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 artículo 2