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Timestamp: 2020-01-21 17:17:14+00:00

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A la sala segunda del tribunal supremo - Página 4
IMPUGNACION .
MOTIVOS SEPTIMO y OCTAVO Por vulneración del principio de presunción de inocencia del art. 24 de la Constitución Española. IMPUGNACION
MOTIVO NOVENO.- Al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción del art. 66 del Código Penal. IMPUGNACION .
19.- RECURSO DE RACHID AGLIF MOTIVO PRIMERO
MOTIVO TERCERO Al amparo del artículo 849.2º Ley de Enjuiciamiento Criminal por error en la valoración de la prueba. IMPUGNACIÓN
MOTIVO CUARTO Al amparo del artículo 850.3º y 4º Ley de Enjuiciamiento Criminal. IMPUGNACIÓN
MOTIVO QUINTO Al amparo del artículo 850.1º, 2º y 3º Ley de Enjuiciamiento Criminal. IMPUGNACIÓN
20.- RECURSO DE MOHAMED BOUHARRAT
Infracción de ley –art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y al amparo del art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por infracción del art. 24 de la Constitución Española, y del derecho a la tutela judicial efectiva por vulneración de los principios acusatorio y de contradicción.
En este caso centra la impugnación de la sentencia el recurrente en el apartado b) del Fundamento Jurídico IV.8.3, referente a la relación que guarda el acusado con otros miembros de la célula terrorista, y más precisamente se pretende se dé por no acreditado el contacto entre el recurrente y Sarhane, con lo que debe desaparecer como indicio del acervo probatorio.
En los hechos probados de la sentencia se hace referencia en el segundo párrafo del punto 5.8 a las personas que frecuentaban la finca que El Chino venía usando desde octubre de 2003, citando entre ellas a Sarhane Ben Abdelmajib Fakhet, lo que se completa en la fundamentación jurídica cuando en el apartado b) del punto IV.8.3 expresa que “conoce a otros miembros de la célula terrorista concretamente a Sarhane, Gnouit y los Oulad Akcha. Esta relación, cuya intensidad no se ha podido determinar, queda puesta de manifiesto por los contactos telefónicos alrededor de 11 de marzo de 2004 y por vigilancias policiales (Sarhane), por las declaraciones de Said Tlidni el 20 de abril de 2005 (Gonuit es también de Tetuán, dijo, refiriéndose a la relación con El Akil y El Chino), o, respecto de los hermanos Oulad Akcha por la propia declaración de El Akil, que reconoce que los visita en su casa de Villaverde en 2004….”. Respecto al conocimiento de Sarhane es de ver que según la sentencia queda acreditado por contactos telefónicos y vigilancias policiales, centrando en estas últimas su argumentación contra lo afirmado por la sentencia. No puede decirse vulnerado como se alega el principio acusatorio porque utilizando los mismos términos de quien recurre no es necesario que el relato fáctico de la acusación sea absolutamente exhaustivo, siendo lo relevante el que el acusado no sufra indefensión, y la renuncia, voluntaria, a un testigo sobre el extremo examinado no puede convertirse en base de esa indefensión. En cualquier caso, la relación del acusado recurrente con el citado Sarhane resulta del informe de vigilancia policial ratificado por el Instructor general de las Diligencias que se hace así portavoz de lo que presenciaron los Agentes vigilantes. Y finalmente no puede dejar de señalarse que junto a ese medio de vigilancia policial como demostrativo de la relación se hace alusión también a contactos telefónicos sobre los que la parte nada dice.
MOTIVO SEXTO.-
Por vulneración del art. 24 de la Constitución Española –derecho a la tutela judicial efectiva, principio de presunción de inocencia e in dubio pro reo-.
Plantea el recurrente el motivo exclusivamente sobre la base de que la sentencia en cuanto a los hechos se basa, dice, exclusivamente en dos que no tienen entidad suficiente para un fallo condenatorio: El primero, la contratación, por encargo de El Chino, de Mohamed El Haddad y el segundo, el traslado de un vehículo VW Golf a Ceuta. Sobre ambos extremos discurre también la impugnación de la sentencia en los motivos siguientes por lo que a lo que allí se diga nos remitimos. Mas con independencia de ello, en cualquier caso, debe señalarse que se parte de una base no exactamente cierta por incompleta, desde el momento que no se trata sólo de aquellos hechos, sino que se alude a una relación estrecha entre el acusado recurrente y El Chino, por lo que era conocedor de sus radicales ideas y la determinación de ejecutar actos violentos contra “los infieles” entablando a través de aquel relación también Imad Eddin Barakat Yardas, responsable de reclutamiento de terroristas yihadistas. Dicha relación ente El Chino y el recurrente se funda en el testimonio de la testigo protegida R-22 y las manifestaciones de Mustapha Ahmidan, corroborado asimismo por los testimonios de los testigos protegidos N-33 y H-93. Y también, bien es cierto que no en los hechos probados sino en la fundamentación jurídica, aunque con el mismo valor fáctico, se refiere a la relación del recurrente con otros integrantes de la célula terrorista, (sobre cuyo particular ya se ha dado respuesta en el motivo quinto) acreditada testificalmente y aún por el mismo acusado (hermanos Orlad Akcha). Asimismo también está acreditada la presencia en varias ocasiones en la finca, y también se toma en consideración a efectos decisorios, el resultado del registro domiciliario. En conclusión pues, como ya se anticipó, no son sólo aquellos hechos que el recurrente refiere sino todos los que analiza pormenorizadamente la sentencia en su fundamentación jurídica, y que considerados como indicios tienen la variedad y entidad suficiente para, cumplidas las exigencias jurisprudenciales respecto a este tipo de prueba, concluir del modo que se hace, sin vulnerar por ello el principio constitucional de presunción de inocencia que se invoca en el motivo.
MOTIVOS SEPTIMO y OCTAVO
Por vulneración del principio de presunción de inocencia del art. 24 de la Constitución Española.
Por lo que al motivo séptimo se refiere, admite el recurrente, como de otro modo no podía ser, la validez de la prueba indiciaria para enervar la presunción de inocencia, y tras analizar los requisitos a que se subordina tal tipo de prueba de cargo aduce que en el presente supuesto no cabe deducir necesariamente que su actuación consistente en el traslado del vehículo Volswagen Golf a Ceuta para hacerlo desaparecer sea un modo colaborar con los terroristas, dado que caben otras alternativas igualmente razonables.
No se trata, como parecería deducirse de las alegaciones de quien recurre, que sea la existencia de ese único indicio o dato sobre el que se sostiene la acusación y condena, pues son hasta cinco los que se enumeran y examinan en la sentencia; el traslado del vehículo, en el que se transportaron en su día explosivos es el último de los indicios que toma en consideración la sentencia, y es precisamente la suma y enlace de todos ellos el que permite, dentro de la lógica y sin exceso incriminatorio alguno concluir como lo hace la Sala. Es precisamente el traslado del vehículo, ese hecho aislado el que lleva a excluir la acusación y consiguiente condena por el delito de pertenencia a banda armada y suministro de explosivos y la conspiración, pero sí es suficiente con los demás indicios que se especifican para atribuir el delito del art. 576 CP de colaboración con grupo terrorista, y la sentencia, cumpliendo la exigencia constitucional razona suficientemente sobre la vía deductiva lógica que le conduce a pronunciar el fallo impugnado, lo que se comparte y debe determinar la desestimación del motivo.
En el octavo motivo, con el mismo enunciado que el que le precede de vulneración del principio constitucional de presunción de inocencia, el recurrente analiza cada uno de los indicios, rebatiendo los argumentos que la Sala toma en consideración probatoria de cada uno de ellos. Así respecto, al primero –relación con “El Chino” y conocedor de sus ideas radicales e intenciones de tipo terrorista- adopta una postura de simple negativa pero las argumentaciones que utiliza han de ser consideradas suficientes para valorar como ilógica la conclusión de la Sala, avalada por prueba testifical suficiente y aún con datos objetivos acreditados, entre ellos, compartir la vivienda con aquel en determinado período de tiempo.
Respecto al segundo indicio –conocimiento de otros miembros de la célula terrorista y observador de un video radical islamista- se limita simplemente a valorar de diferente modo lo que la sentencia razona y el recurrente prácticamente acepta; y no se trata de un hecho aislado y único que justifique la condena, sino de un dato que junto a otros permiten concluir del modo que se hace.
Por lo que al tercer indicio se refiere –presencia en la Finca de Morata y traslado del vehículo Golf utilizado en el transporte de de explosivos (dinamita)-, nada de lo que alega va en contra de lo afirmado por la sentencia, pues respecto al número de veces de su presencia en la finca nos remitimos a lo ya dicho en la impugnación de un motivo anterior, y nada objeta a la detección de rastros de dinamita en el vehículo, cuya transferencia a un tercero ninguna trascendencia tiene.
La relación de confianza entre El Chino y el recurrente –cuarto indicio-no está ausente o insuficiente de prueba pues deja constancia la sentencia al referir y fundamentar como el recurrente cumpliendo un encargo del Chino contrató a Haddad para hacer obras de albañilería en la finca, más concretamente en la vivienda, lo que resulta de las declaraciones del citado Mustapha Haddad.
En relación al quinto indicio –su acceso a la finca con posterioridad al 29 de febrero- nos remitimos a lo dicho sobre indicado particular en otro motivo de recurso cuando impugna su presencia en la finca el día 3 de marzo.
La relación del recurrente con Abu Dahdah (Imad Eddin Barakat Yarkas) –sexto indicio- está acreditada por el testimonio del testigo protegido H-93, limitándose la parte a exponer que dicho testigo miente, entrando pues en un tema que supera lo que propio de la presunción de inocencia que es por donde discurre el motivo adentrándose en una cuestión de valoración del testimonio, función exclusiva y excluyente del Tribunal de Instancia a salvo irracionalidades o arbitrariedades que no se aprecian, lo que debe determinar la desestimación de la pretensión en este apartado corriendo pues la misma suerte adversa que los anteriores.
Finalmente y por lo que se refiere al último de los indicios –resultado del registro domiciliario- los antecedentes del recurrente, su presentación voluntaria, su ocupación laboral en España y aún su reconocimiento de la falsificación de un permiso de conducir e implicación en tráfico de drogas nada en absoluto dice en contra de la conclusión que la sentencia obtiene, repítese, que no por un indicio aislado, sino por el conjunto de todos ellos. No por las alegaciones indicadas cabe entender se vulnere la presunción de inocencia que se invoca.
MOTIVO NOVENO.-
Al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción del art. 66 del Código Penal.
En el apartado V.3 de la fundamentación jurídica de la sentencia se expresa, como recoge el recurrente, que “en cuanto a la colaboración con banda armada, caso El Fadoual El Akil, se impone la pena por tiempo de 9 años, dada la naturaleza de la cobertura que proporciona el procesado, tendente a procurar la mayor impunidad de los terroristas”.
La motivación de la pena, cuando se supera el mínimo legal, como es el caso, exige que el Tribunal explicite las razones que a ello le conduce, pero sin que ello suponga, como expresa la sentencia de 18 de mayo del pasado año, que el Juez esté obligado a una descripción totalmente exhaustiva del proceso intelectual que le ha llevado a decidir en un concreto sentido, ni que haya de pronunciarse expresamente sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, pues basta con que se conozca, de forma clara e inteligible, el por qué de lo por él resuelto, y es evidente que en el escueto (S. 24-11-06) razonamiento de la Sala sentenciadora se cumple con mencionada exigencia, o en términos del auto de esa Excma. Sala de 8 de marzo de 2007 “el razonamiento ha de entenderse bastante desde el canon de motivación constitucionalmente exigible”.
19.- RECURSO DE RACHID AGLIF
Por infracción de precepto constitucional, con referencia al derecho a la doble instancia y a la vulneración de los artículos 14, 24, 25 Constitución Española.
Señala el recurrente, al comienzo de la exposición de su Recurso, la falta de una doble instancia penal en el sistema procesal español, que garantice lo dispuesto en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York suscrito por España.
Esta queja debe ser rechazada sólo con acudir al contenido del Pleno no Jurisdiccional de 13 -5-00 de esa Excma. Sala y la Jurisprudencia que lo desarrolla, (entre muchas estas 29-3-05; 22-4-05; 6-6-05) que ha considerado que, el alcance del Recurso de Casación después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 cumple con la exigencia del artículo 14.5 del Pacto, de que un Tribunal Superior revise la condena impuesta.
Luego de estas manifestaciones, el recurrente señala la vulneración de la Presunción de Inocencia tanto en la Instrucción como en el Plenario.
Como es sabido, el ámbito de la Presunción de Inocencia se extiende a acreditar tanto la realización de los hechos enjuiciados como la participación en ellos del acusado.
La Presunción de Inocencia tiene un carácter interino, permaneciendo hasta que mediante prueba licita de cargo se destruya. La valoración de tal prueba corresponde en exclusiva al Juzgador a quo, (artículos 717 y 741) el intento de sustraer esa valoración a la Sala de Instancia, que es lo que subyace en el fondo del Motivo, excede de la invocación de la Presunción de Inocencia.
La Sala de Instancia recoge, explica y valora la prueba de cargo existente contra Rachid Aglif (Fundamentos de Derecho, Apartado IV.4/pág. 604 a 607).
La misma consiste, en esquemática sistematización: a) Declaración del testigo protegido H93 señalando la intensa relación de Aglif con Jamal Ahmidan, prestada con las debidas garantías; b) Declaración, ratificando esta relación, del Guardia Civil apodado Víctor, con T.I.P. 60598; c) Contactos telefónicos constantes con Jamal Ahmidan, algunas, en fechas tan relevantes, como el 28-2-04 cuando el Chino se encontraba en Avilés, para recoger explosivos, y en fecha próxima a los atentados y las llamadas, admitidas por el propio recurrente, en su declaración judicial, desde un teléfono de su propiedad (666-31-42-84) a Rafa Zouhier, quien también judicialmente lo admite, en el momento de hacer acopio de explosivos en Asturias; d) Testimonio del coacusado Suárez Trashorras quien, significa que el ahora recurrente fue quien le propuso de forma reiterada que le suministrara 60 Kgs de dinamita. No dudando la Sala a quo de la veracidad de este testimonio al ser ajeno a motivos espúreos o de venganza; f) Finalmente la Sala de Instancia recoge el hecho, de la explosión de un detonador al recurrente, produciéndole heridas constatadas testificalmente (testigo K-50).
Con lo expuesto es claro y patente que ya no puede hablarse de falta de prueba de cargo licita con entidad suficiente para formar la convicción del Juzgador y destruir la Presunción de Inocencia del acusado.
Frente a todo esto, la postura del recurrente, no es más que expresar en el Motivo su valoración de éstas pruebas, reconociendo implícitamente su existencia, desconociendo por tanto el sentido de los artículos 717 y 741 Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que resulta inasumible.
Por último el Motivo considera conculcado el artículo 14 Constitución Española, al comparar las penas impuestas al recurrente y al coacusado Rafa Zouhier y la absolución de Carmen Toro y Antonio Toro.
Frente a este planteamiento deba significarse que tanto esa Excma. Sala como el Tribunal Constitucional. (STC 88/05, STS 29-3-07) han establecido que la igualdad ante la Ley que marca el artículo 14 Constitución Española es una igualdad inicial o de partida, sin que atente a tal igualdad el tratamiento diferenciado para cada situación concreta, de forma tal que ni existe agravio comparativo ni se vulnera el artículo invocado cuando el Juzgador a quo individualiza la pena a cada reo, según sus concretas circunstancias, o absolviendo incluso a algunos de los acusados cuando haya méritos para ello.
En razón de ello y al ser condenado Rafa Zouhier por delito distinto al del recurrente, es lógica y justa su condena diferenciada e inferior.
Como es lógica la absolución de Carmen y Antonio Toro, en aplicación del principio in dubio pro-reo que al recurrente no le alcanza.
Al amparo del artículo 849.1º Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción del artículo 515.2º en relación con el artículo 516.2º y del artículo 568 todos del Código Penal.
Sentado en el Hecho Probado la pertenencia de Rachid Aglif a un grupo terrorista yihadista y cuya finalidad era, mediante el uso de la violencia derrocar los regimenes democráticos y eliminar la cultura de tradición cristiana-occidental sustituyéndolos por una Estado Islámico bajo el imperio de la Ley islámica en su interpretación más radical y sentados los actos de participación con la banda terrorista en el Apdo. 5.2 de los Hechos Probados (págs. 191-192) consistentes en proponer a Suárez Trashorras, el suministro de 60 Kgs de dinamita, la aplicación del artículo 516.2º en relación con el 515.2º, resulta inobjetable dados los argumentos expuestos en la impugnación de los motivos 5º y 6º del Recurso de Aglif que aquí se dan por reproducidos.
Por lo que el artículo 568 Código Penal se refiere cuya aplicación también impugna el recurrente, debe partirse del Hecho Probado Apdo. 5.2 donde se recoge la petición de la dinamita finalmente empleada en los trenes de cercanías.
Como ha puesto de manifiesto la Jurisprudencia, el delito de tráfico de explosivos es un delito de mera actividad o formal, de peligro abstracto y de comisión dolosa, que no requiere la producción de un resultado dañoso para el bien jurídico protegido, la seguridad publica, bastando para la concurrencia del elemento subjetivo, el conocimiento de la tenencia del explosivo y la voluntad de dicha posesión.
En consecuencia, cumplidos los requisitos del tipo, resulta obligada la desestimación del Motivo.
Al amparo del artículo 849.2º Ley de Enjuiciamiento Criminal por error en la valoración de la prueba.
La doctrina consolidada de esa Excma. Sala respecto al alcance del artículo 849.2º, puede sintetizarse en que, el error debe patentizarse mediante documentos casacionales literosuficientes, no contradichos por otras pruebas que choquen frontalmente con el factum en aquello que resulte esencial para la subsunción jurídica.
El recurrente, sin embargo, en apoyo de la tesis del error no sustenta en documentos que contradigan el factum, sino en sus propias apreciaciones sobre las declaraciones de los testigos, que en ningún caso son documentos casacionales, entremezclándolo con referencias a la prueba indiciaria, sin cabida en el artículo 849.2º, discusión de la tipicidad, también ajena al Motivo y opiniones personales sobre los hechos enjuiciados, sin más base que su subjetiva valoración.
Al amparo del artículo 850.3º y 4º Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Pese a la rotundidad y claridad con la que se manifiesta el artículo 850-3º y 4º, negativa del Presidente a que un testigo conteste, en audiencia pública o fuera de ella, a alguna pregunta pertinente y de manifiesta influencia en la causa o desestimación de cualquier pregunta por capciosa, sugestiva o impertinente sin serlo, el recurrente no señala que se hubiese impedido contestar a ningún testigo, ni cual fue la pregunta incontestada o desestimada, limitándose a expresar su opinión subjetiva, sobre la manera de producirse la prueba testifical.
Al amparo del artículo 850.1º, 2º y 3º Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El nº 1º del artículo 850 se subdivide en tres apartados cuyo alcance está claramente delimitado por la Jurisprudencia. El primero, falta de expresión clara y terminante de los hechos considerados probados, se produce a) cuando con el factum existe cierta incomprensión de lo que se quiso expresar como probado, bien por el empleo de frases ininteligibles, por omisivas o por juicios dubitativos o bien cuando no existe más que una descripción del resultado de las pruebas sin afirmar una prueba; b) la indicada incomprensión debe afectar a la calificación jurídica y producir un vacío en el relato histórico.
Además el recurrente debe señalar cuales son las frases faltas de claridad.
Pues bien, ninguno de los requisitos reseñados se dan con el factum de la Sentencia combatida, como una simple lectura evidencia, al quedar en él claramente expuesta la integración del recurrente en una organización terrorista y el suministro de explosivos a la misma, hechos objeto de la calificación jurídica.
El segundo, contradicción en los hechos probados, exigiría, para ser estimado, a) que la contradicción resulte insubsanable; b) interna; c) causal respecto al fallo, pero nada de esto ocurre en el relato histórico, exento de cualquier contradicción.
El tercer inciso, requiere que se consignen como hechos probados conceptos que por un carácter jurídico impliquen la predeterminación del fallo, cosa que en absoluto sucede, al describirse la conducta del acusado sin salirse de las palabras o expresiones propias del lenguaje común. Tan ello es así, que el recurrente, pese a la formulación del Motivo no señale ni un solo concepto jurídico, como de lo exigible.
Denuncia también el acusado la concurrencia del nº 2º del artículo 851, cuyo alcance a la tesis del recurrente no se vislumbra, pues se refiere a los hechos de las acusaciones y el ocupa la posición de la defensa.
Por último, el nº 3º del artículo 851, incongruencia omisiva o fallo corto, admisible tan sólo cuando a) la cuestión no resulta ser jurídica y no fáctica; b) hubiere sido planteada en el momento procesal oportuno y con las debidas formalidades legales, no existen y como tal no la plantea el recurrente, al no señalar cual es la cuestión jurídica no resulta, limitándose, como en todos los demás supuestos denunciados, a realizar su propia valoración de los hechos confrontándola con el relato histórico, extrayendo, donde no existen, oscuridades, predeterminaciones del fallo u omisiones, fruto de su particular percepción.
Al amparo del art. 5.4 LOPJ por vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
Alegada la vulneración del derecho a la presunción de inocencia es obligado comprobar si ha existido actividad probatoria de cargo lícitamente obtenida con la que destruirla.
De acuerdo con ello basta con acudir a los Fundamentos de Derecho (Apdo. IV. 27 pág. 698-701) para constatar la existencia de tal prueba, con la que la Sala a quo formó su convicción condenatoria y destruyo la inicial presunción de inocencia del recurrente.
Esta prueba consiste en: a) aparición en el piso de la C/ Martín Gaite,40 de Leganés de 6 fotografías tamaño carné, recientes, según admisión del propio recurrente y testifical del Policía Nº 19245; b) identificación de la huella dactilar perteneciente al dedo índice de la mano izquierda del recurrente, asentada sobre un libro escrito en árabe, recogido en el desescombro de Leganés; c) atribución, sin duda alguna, tras la oportuna pericia practicada y ratificada en el Plenario, de la escritura de la nota aparecida en el piso de Leganés, referida al Colegio Brains de Alcobendas. Nota, cuyo contenido la Sentencia combatida pone en relación con las memorias USB y la GENX Nº 2 donde aparecen referidos lugares o centros vinculados a la comunidad judía, que dan lugar a otras anotaciones manuscritas en las que aparecen el centro de recreo “Masada” y la Hospedería Sinagoga de Ávila; d) utilización por el recurrente del turismo M-0136-OV, adquirido por Mohamed Afallah usando la documentación de Bouchar (huido), vendido el 2-4-04 en Leganés, dos días antes de la huida de Bouchar y la explosión de la C/ Martín Gaite, 40, Leganés, dato acreditado por el testimonio en el Plenario por el Sr. Heredia. Precisión temporal esta, que desbarata la explicación del recurrente de que el coche lo compró Bouchar a finales de marzo y se lo entregó porque no sabía conducir, en esas fechas, reconduciendo el momento de la entrega entre el 2 de abril, fecha de compra y el 4 de abril, fecha de la huida de Bouchar y la explosión de Leganés, lo que lleva a la Sala de Instancia a establecer las íntimas conexiones entre el acusado y el núcleo de la célula terrorista en momentos claves; c) la existencia de huellas del acusado en una bolsa que había en el maletero y en una botella que estaba en el turismo M-0136-OV; d) la utilización por el recurrente del vehículo 2825 -CJX, sustraído el 29-3-04, usado por varios miembros de la célula para desplazarse a Leganés y que al ser recuperado el 12-4-04 tenía en su interior la documentación de Mohamed Bouharrat, ahora recurrente, habiendo aparecido la documentación de este en el Piso 1º, Puerta 2ª, del Nº 40 de la C/ Martín Gaite de Leganés; e) las explicaciones inverosímiles y las retractaciones dadas por el recurrente para justificar la presencia de su documentación en el automóvil 2825-CJX, que si por si mismas no son prueba de cargo, refuerzan las pruebas de cargo existentes a la vez que vuelven a poner de manifiesto su relación, en fechas clave, 29 de abril a 4 de marzo, con los miembros de la célula que se suicidó en Leganés, incluido Jamal Ahmidan.
Con todo lo expuesto, el Tribunal a quo, sin incurrir en una valoración ilógica o arbitraria, llega a la conclusión de la pertenencia de este procesado, ahora recurrente, al grupo o grupos terroristas de carácter yihadista que perpetraron los atentados del 11 de marzo y 3 de abril de 2004.
El recurrente por su parte en el desarrollo del Motivo no niega la existencia de las pruebas mencionadas, sino que, olvidándose de que la denuncia de vulneración del art. 24.2 de la CE no permite más que comprobar si hay prueba lícita de cargo, pretende, pese a los rotundos términos de los arts. 717 y 741, revisar la valoración de la Audiencia y sustituirla por la suya propia, lo que resulta totalmente inadmisible.

References: artículo 849
 artículo 850
 artículo 850
in dubio
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
in dubio
 artículo 849
 artículo 515
 artículo 516
 artículo 568
 artículo 516
 artículo 568
 artículo 849
 artículo 849
 artículo 849
 artículo 850
 artículo 850
 artículo 850
 artículo 850
 artículo 851
 artículo 851