Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2010-00884-de-marzo-4-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_78255de82cdf49e3b1bdef7bfba3237b&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-21 09:45:09+00:00

Document:
﻿ Sentencia 2010-00884 de marzo 4 de 2015
SENTENCIA 2010-00884 DE 04 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:PROCESO DISCIPLINARIO. AUNQUE NO OBTENGAN PROVECHO ECONÓMICO, ABOGADOS DEBEN ABSTENERSE DE ACEPTAR MANDATOS VIGENTES ENCOMENDADOS A OTROS. EL CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO NO SANCIONA LA OBTENCIÓN DE OTROS HONORARIOS NI ENRIQUECERSE CON EL TRABAJO DE UN COLEGA, SINO QUE LO REPROCHABLE ES LA FALTA DE LEALTAD CON ESTE, EN VIRTUD DE LA CUAL SE EXIGE DEL DISCIPLINABLE SER GARANTE DEL PAGO DE QUIEN LO PRECEDE, NO ACEPTANDO LA GESTIÓN PROFESIONAL EN AUSENCIA DE PAZ Y SALVO O AUTORIZACIÓN DEL COLEGA REMPLAZADO. DE TAL MANERA, POCO O NADA IMPORTA SI QUIEN ACEPTÓ LA GESTIÓN PROFESIONAL LO HACE EN CAUSA PROPIA O AJENA, O SI COBRA O NO POR SU GESTIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO, PROCESO DISCIPLINARIO, ABOGADO, LEALTAD PROFESIONAL
Sentencia 2010-00884 de marzo 4 de 2015
Rad.: 760011102000201000884 03
Aprobado en Sala Nº 016 de la misma fecha
Bogotá, D. C., marzo cuatro de dos mil quince.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer de las apelaciones que se interpongan contra las decisiones proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, facultad otorgada por los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política y 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, función que se cumple en armonía con el artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.
II. Procedencia del recurso de apelación
La sentencia proferida el 15 de agosto de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca por medio de la cual se sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de un (1) año al doctor Franklin García Caicedo, es susceptible del recurso de apelación de conformidad con el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, que prescribe:
“ART. 81.—Recurso de apelación. Procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia(22).
III. Competencia del juez de segunda instancia
En virtud de la competencia antes mencionada, procede la Sala, a emitir su pronunciamiento a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir, precisando, como límite de competencia, los aspectos impugnados por el disciplinable pues, esta Sala ha acogido el criterio según el cual se entiende que no suscitan inconformidad en el sujeto procesal los tópicos no cuestionados.
Así las cosas, la Sala itera su falta de libertad para decidir en segunda instancia, no obstante, lo anterior no es óbice para extender la competencia a asuntos no impugnados, si resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.
Sobre el particular, es menester resaltar que la sustentación del recurso se erige, igualmente, en límite de la competencia del ad quem, por cuanto, si el fallador de segunda instancia debe referirse a los tópicos presentados por el censor en el escrito impugnatorio, mismos deben estar desarrollados de forma razonable a efecto que contar con elementos —jurídicos y fácticos— para su análisis.
Siguiendo los argumentos esbozados y poniendo de presente las inconformidades sustento del recurso de apelación, se observa que en el mismo se cuestiona la decisión del a quo en tres puntos fundamentales, a saber: (i) la prescripción de la acción disciplinaria; (ii) la supuesta justificación para haber aceptado el poder; (iii) la actuación en causa propia, sin connotación onerosa; y (iv) no haber sido investigado por un juzgador imparcial.
Los puntos antes señalados serán abordados uno a uno no sin antes remembrar los hechos que dieron lugar a la presente investigación disciplinaria, a fin de desarrollarlos de manera metodológica.
De esta forma, se retiene que la doctora Flor Stella Cobo Arboleda formuló queja contra el disciplinable por haber aceptado poder en el asunto en el cual ella fungía como apoderada de la madre del mismo, sin haber exigido paz y salvo de sus honorarios, máxime cuando ésta logró sentencia favorable en favor de su cliente en primera y segunda instancia. En ese sentido el reproche se elevó pues el togado encartado habría aceptado el referido poder para ejecutar la sentencia favorable.
En consideración a ello el Seccional imputó cargos al disciplinable por la presunta incursión, a título de dolo, en la falta contemplada en el artículo 36 numeral 2º de la Ley 1123 de 2007, según la cual:
“Constituyen faltas a la lealtad y honradez con los colegas:
“Aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue encomendada a otro abogado, salvo que medie la renuncia, paz y salvo o autorización del colega reemplazado, o que se justifique la sustitución”.
i) Prescripción de la acción disciplinaria:
Según el petitum apelatorio, la falta transcrita no puede ser sancionada pues la acción disciplinaria estaría prescrita por cuanto el poder con el cual se desplazó a la quejosa fue suscrito por su madre el 4 de marzo de 2009, a pesar de haberse presentado al despacho el 12 marzo de 2010.
Sobre el particular, es menester resaltar que si bien, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, “la acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma”(23), para aplicar la norma es fundamental identificar, en primer término, a partir de qué momento se configura la falta y, en segundo, si ésta es de carácter instantáneo o sucesivo.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la conducta no es predicable del poderdante sino de quien, siendo abogado, acepta el poder. En consecuencia, ninguna referencia puede hacerse al momento en que fue redactado, firmado, conferido u otorgada la procuración para la respectiva representación judicial pues la conducta es se estructura cuando el nuevo acepta el acto de empoderamiento.
Así las cosas, para determinar el momento preciso, es indispensable acudir a las normas del Código de Procedimiento Civil que regían el derecho de postulación en la época comprendida entre el 4 de marzo de 2009 y 12 de marzo de 2010.
En efecto, de acuerdo con el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil:
“Para que se reconozca la personería de un apoderado es necesario que este sea abogado inscrito y que haya aceptado el poder expresamente o por su ejercicio”(24).
Norma que debe ser interpretada en armonía con el artículo 69 del referido estatuto según el cual el poder termina:
“Con la presentación en la secretaría del despacho donde curse el asunto, del escrito que revoque el poder o designe nuevo apoderado o sustituto, termina aquél o la sustitución”(25).
Así las cosas, de conformidad con los artículos transcritos, se entiende que existen dos formas de aceptación del poder, a saber, de manera expresa, o por su ejercicio. Correlativamente, el nuevo apoderado desplaza el anterior cuando se presente en la secretaría del despacho donde curse el asunto el escrito revocatorio. En consecuencia, comoquiera que en el seno del proceso laboral 2008-022 seguido por Felisa Caicedo de García contra el Instituto de Seguros Sociales no obra aceptación expresa del poder conferido por la actora al togado encartado, la normatividad obliga a tenerlo como ratificado en el momento en el cual se intentó su ejercicio, esto es cuando se intentó apartar a la quejosa del asunto o, dicho de manera más precisa, cuando el documento fue presentado en la secretaría del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura. Esto es, según folio 145 del cuaderno de anexos del expediente, el 12 de marzo de 2010.
Sobre esta clara situación fáctica y jurídica esta colegiatura no accederá a la solicitud de terminación de la acción disciplinaria por cuanto no ha acaecido el fenómeno de la prescripción.
ii) La justificación para haber aceptado el poder:
En el caso sub examine, ninguna objeción hizo el disciplinable sobre la certeza de la materialización de la conducta. Al contrario, éste se limitó a justificarla en la falta de confianza de su madre en las cualidades de su apoderada. Al respecto, manifestó que la prevención estaba debidamente fundada pues, por un lado, la profesional del derecho no le daba informes a su poderdante y, por el otro, tenía una reputación reprochable dada la investigación penal seguida en su contra.
Ahora bien, el primero de los argumentos no fue objeto del debate probatorio en el proceso disciplinario seguido contra el togado. Efecto, éste, lejos de plantear una defensa tendiente a demostrar las eventuales falencias de su colega, se dedicó a presentar recursos, acciones de tutelas, recusaciones y a no asistir a las diligencias, ni a llevar a sus testigos, al punto de haberse ubicado en el delgado límite marcado por el uso legítimo de las vías de derecho y el abuso se éstas para demorar el normal desarrollo del proceso.
De otro lado, esto es, lo correspondiente al argumento de la desconfianza por proceso penal seguido contra la quejosa, es menester señalar que la justificación de aludida por el numeral 2º del artículo 36 en ningún caso se refiere a las condiciones personales de abogado desplazado sino a manera como viene manejando el proceso y, en ese punto, ningún reproche puede ser elevado a la denunciante pues terminó con éxito las dos instancias del proceso encomendado.
En ese orden de ideas, en el sumario no se evidencia ningún cuestionamiento elevado a la togada, ni por su actuación en el proceso laboral, ni por la investigación que se seguía en su contra. Por el contrario, la única comunicación recibida por ésta, tal como lo admitió el disciplinable, fue aquella en la cual se le informaba que el poder ya había sido revocado. Notificación que fue enviada con posterioridad a la fecha en la que se presentó al despacho el nuevo documento de empoderamiento, aun cuando éste había sido suscrito un año antes. Tal situación no puede sino denotar la intensión de sorprender a la colega.
Por último, no puede admitirse que el abogado tuviera como justificada la sustitución por la investigación penal de la cual era objeto la quejosa, pues la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Foncolpuertos- Cajanal, por medio de la cual se resolvió condenar a la doctora Flor Stella Cobo Arboleda a pena principal de 8 años de prisión, por encontrarla responsable del delito de peculado por apropiación y, como pena accesoria, a la pena accesoria de inhabilidad en el ejercicio de la profesión por el término de 4 años, fue del 28 de agosto de 2009. No obstante, en momento en el cual se le revocó el poder a la togada, esto es, el 12 de marzo de 2010 la referida providencia no estaba en firme, por cuanto en la época señalada se surtía la segunda instancia.
En efecto, de conformidad con lo señalado por la providencia de la Corte Suprema de Justicia, del 30 de noviembre de 2011, en virtud de la cual se admite la demanda de casación presentada por el defensor de la doctora Flor Stella Cobo Arboleda, la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, confirmando la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Foncolpuertos - Cajanal, se profirió el 8 de junio de 2011. Lo que indica que el disciplinable desconoció incluso el derecho de su colega de ser tenida como inocente hasta haber sido condenada por sentencia judicial ejecutoriada.
Así las cosas, el temor de la madre del togado, no sólo no era fundado sino que no justificó el desplazamiento de la abogada inicial, pues esta fue cuidadosa y diligente respecto de la misión encomendada.
iii) La actuación en causa propia, sin connotación onerosa:
Como argumento adicional manifestó el abogado investigado haber actuado en causa propia y no haber devengado nada por su labor profesional pues su madre no reconoció honorarios por su gestión. No obstante, desde ya esta Sala debe rechazar lo esbozado, como eximente de responsabilidad, por cuanto en virtud del estatuto disciplinario del abogado el disciplinable incurre en falta cuando su conducta afecte sin justificación alguna los deberes consagrados en el referido código.
En este caso, tal como lo señaló el Seccional el profesional del derecho vulneró el deber contenido en el numeral 20 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 que le imponía el abstenerse de aceptar poder en un asunto hasta tanto no se hubiera obtenido el paz y salvo de los honorarios de quien venía atendiéndolo. La omisión de la obligación transcrita hace incurrir al abogado en la falta tipificada en el numeral 2º del artículo 36 ejusdem, según el cual:
Nótese que la norma no sanciona la obtención de otros honorarios ni enriquecerse con el trabajo del colega. En otras palabras, poco o nada importa si quien aceptó la gestión profesional lo hace en causa propia o ajena, o si cobra o no por su gestión. Lo reprochable es la falta de lealtad con el colega, en virtud de la cual se exige del disciplinable ser garante del pago de quien lo precede, no aceptado la gestión profesional en ausencia de paz y salvo o autorización del colega remplazado.
Así las cosas, aun cuando el abogado indagado no hubiere tomado para sí los honorarios de la colega desplazada, vulneró el bien jurídico tutelado cuando no procuró antes que la poderdante obtuviera el respectivo paz y salvo o la autorización, previo pago de lo debido o suscripción de un eventual acuerdo de pago.
Por último, es menester señalar que en el caso bajo estudio dos elementos desdicen lo alegado por el disciplinable y se constituyen en agravantes de la falta. En efecto, tal como lo admitió en la apelación el abogado investigado, su madre suscribió el nuevo poder y la revocatoria del anterior, un año antes de su presentación en la secretaría del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali. Sin embargo, el referido documento no fue aportado al proceso pues, en esa época, se estaba surtiendo la segunda instancia. En ese sentido resulta palpable cómo, deliberadamente, el togado esperó a que su colega terminara con éxito la gestión para excluirla del asunto, cuando bien pudo presentar el poder en sede de apelación y encargarse él de obtener el resultado.
El segundo elemento, es justamente la solicitud de revisión que él mismo presenta de lo resuelto en el incidente de regulación de honorarios promovido por su colega(26), pues con tal actuación el togado demuestra no sólo no ser garante de lo debido a su antecesora, sino incluso se erige como obstáculo para dicho pago debatiendo, en detrimento de ésta, lo reconocido judicialmente. No cabe duda, para los efectos, que la beneficiaria de la desleal gestión es la poderdante, en este caso, madre del disciplinable.
En consecuencia, ningún crédito puede ser dado a las alegaciones en cuanto a la falta de interés oneroso en su propio actuar, pues el interés económico se encuentra claramente presente.
iv) No haber sido investigado por un juzgador imparcial:
Por último, alegó el togado haber sido investigado por un Magistrado instructor parcializado por cuanto decidió la terminación de la investigación disciplinaria en favor de la Jueza Segunda Laboral del Circuito de Cali. No obstante, ninguna relación puede haber entre un caso y otro. En efecto, cada conducta y cada proceso es autónomo, debiendo el abogado responder por su conducta por la trasgresión del deber contenido en el numeral 20 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, aun cuando la funcionaria hubiese o no vulnerado, a su vez, algún deber funcional.
En otras palabras, el resultado de la investigación contra la funcionaria no determinaba la responsabilidad del investigado en el caso bajo estudio, aunque este último hubiere sido quien presentó la queja contra la Jueza Segunda Laboral del Circuito de Cali. En consecuencia, acertado fue el no haber aceptado la recusación propuesta por el abogado y, con justa causa, los magistrados del seccional desestimaron el recurso.
Por otro lado, para esta Superioridad resulta clara la ausencia de impedimento alguno del a quo instructor, incluso con posterioridad a la denuncia disciplinaria presentada por el abogado. En efecto, el togado debe saber que las causales contenidas en el artículo 61 de la Ley 1123 de 2007 son taxativas y de interpretación restrictiva. En ese sentido el numeral 8º de la norma precitada es claro y, de acuerdo con ésta, es causal de impedimento y recusación el:
“Estar o haber estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria en la que se le hubiere proferido resolución de acusación o formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por cualquiera de los intervinientes” (resaltado fuera de texto).
Ahora bien, el 1º de octubre de 2013 el abogado investigado presentó una queja disciplinaria contra el doctor Víctor Humberto Marmolejo Roldán, magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, quien fungía como instructor en el proceso disciplinario seguido contra el primero. No obstante, al momento de presentarse la recusación contra el funcionario, 17 de marzo de 2014, esta corporación no había proferido pliego de cargo en contra del mismo. De hecho, la investigación iniciada con motivo de la referida queja fue terminada y archivada con decisión del 21 de enero de 2015 y dentro de la misma nunca se profirió pliego de cargos, al no encontrarse disciplinariamente relevante la conducta desplegada por el magistrado.
Abordados los puntos fundamentales de la apelación y no encontrando vicio alguno que invalide la actuación esta superioridad procederá a confirmar la sentencia de primera instancia, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca encontró responsable al doctor Franklin García Caicedo de incurrir en la falta descrita en el numeral 2º del artículo 36 de la Ley 1123 de 2007 pues, tal como se evidenció en el estudio supra, esta corporación encontró plenamente estructurada la materialidad de la falta, toda vez que la conducta del investigado se adecuó al tipo disciplinario.
De la misma forma, advierte la Sala la antijuridicidad del comportamiento desplegado por el togado pues vulneró, sin que hubiere justificación alguna para ello, el bien jurídico protegido por la norma disciplinaria. De la misma forma, encuentra esta corporación plenamente ajustado juzgar que la conducta se desplegó en su modalidad dolosa por cuanto se estableció la intención de desplazar a la abogada sin garantizar el pago de sus honorarios. Por el contrario, tal como se desprende del numeral III. iv) de este proveído, el elemento sorpresa, esto es sin anunciar nada a su colega; el momento en el cual fue presentado el poder, esto es con posterioridad al fallo de segunda instancia; y la forma lesiva con la cual el togado solicitó la revisión de los honorarios reconocidos en el trámite incidental, constituyen elementos sólidos para vislumbrar la actitud dolosa del investigado.
En ese mismo sentido, coincide esta corporación con el análisis del a quo para establecer la sanción, dada la actitud dolosa y trasgresora de los principios que rigen la profesión, la calidad de reincidente del disciplinado, la consecuencia de su comportamiento y la satisfacción que obtuvo del mismo, esto es hacer aprovechar a la madre de las resultas obtenidas por su colega, absteniéndose de pagar lo acordado en calidad de honorarios, resultan elementos suficientes para fijar la sanción en un año de suspensión en el ejercicio de la profesión.
En mérito de lo expuesto, sin más consideraciones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
1. CONFIRMAR la sentencia adoptada el 15 de agosto de 2014 por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, sancionó al doctor Franklin García Caicedo con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de un (1) año, al hallarlo responsable de la falta disciplinaria contenida en el numeral 2º del artículo 36 de la Ley 1123 de 2007.
3. NOTIFICAR EN FORMA PERSONAL la presente decisión al abogado disciplinado, para lo cual se comisiona a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, por el término de diez (10) días hábiles.
Notifíquese y cumplase».
(22) Subrayado fuera del texto.
(23) Subrayado fuera de texto.
(24) Subrayado fuera de texto.
(25) Artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 25, del Decreto 2282 de 1989.
(26) Obrante a folios del 292 al 294 del cuaderno de anexos.

References: artículo 112
 artículo 59
 artículo 81
 artículo 36
 artículo 24
 artículo 67
 artículo 69
 artículo 36
 artículo 28
 artículo 36
 artículo 28
 artículo 61
 resolución 
 artículo 36
 artículo 36
 Artículo 69
 artículo 1