Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7385
Timestamp: 2019-06-15 21:22:01+00:00

Document:
Sentencia: C-862-2008
Beneficios a las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de contratación estatal
C-862-2008
¿Puede el Congreso de la República expedir una norma que excluye de los beneficios que gozan las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de contratación estatal que se encuentren vigiladas por la Superintendencia Financiera, sin vulnerar el artículo 13 de la Constitución Política, relativo al derecho a la igualdad?
Etapas que debe definir y aplicar el intérprete a la hora de analizar el derecho igualdad. «(…) i) debe establecer cuál es el criterio de comparación (“patrón de igualdad” o “tertium comparationis), pues antes de conocer si se trata de supuestos iguales o diferentes en primer lugar debe conocer si aquellos son susceptibles de comparación y si se comparan sujetos de la misma naturaleza ; ii) debe definir si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento desigual entre iguales o igual entre disímiles y, iii) debe averiguar si el tratamiento distinto está constitucionalmente justificado, eso es, si las situaciones objeto de comparación, desde la Constitución, ameritan un trato diferente o deben ser tratadas en forma igual. Este análisis consiste en la valoración de los motivos y razones que fueron expresados para sustentar la medida estudiada y para obtener la finalidad pretendida. De ahí que el intérprete se detendrá en el estudio de la adecuación, necesidad y proporcionalidad de los medios empleados respecto del fin perseguido.(…)»
Circunstancias en las que procede el juicio de igualdad estricto. «(…) 1) cuando está de por medio una clasificación sospechosa, tal como ocurre con aquellas que están basadas en las categorías prohibidas para hacer diferenciaciones que están relacionadas en el inciso 1º del artículo 13 de la Constitución; 2) cuando la medida afecta fundamentalmente a personas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, a grupos marginados o discriminados, a sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o a minorías insulares y discretas; 3) cuando aparece prima facie que la medida que hace la diferenciación entre personas o grupos afecta gravemente el goce de un derecho constitucional fundamental; y 4) cuando la medida que es examinada es creadora de un privilegio” . Por su parte, la valoración sobre la razonabilidad del trato desigual será intermedio cuando “la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental o cuando existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de la libre competencia” . Y, el juicio de igualdad será leve, en principio, “para examinar la constitucionalidad de medidas legislativas en materias económicas, tributarias o de política internacional. También se utiliza regularmente para aquellos casos en los que está de por medio una competencia específica que ha sido asignada constitucionalmente a un órgano constitucional, cuando se trata de analizar una norma preconstitucional que ha sido derogada pero aún surte efectos en el presente, o cuando del contexto normativo del artículo demandado no aparece prima facie una amenaza para el derecho en cuestión” . (…)»
El principio de igualdad en la contratación administrativa puede concretarse, entre otras, en las siguientes reglas. «(…) i) todos los interesados tienen el derecho a ubicarse en igualdad de condiciones para acceder a la contratación administrativa, ii) todas las personas tienen derecho a gozar de las mismas oportunidades para participar en procesos de selección de contratistas, iii) los pliegos de condiciones, los términos de referencia para la escogencia de los contratistas y las normas de selección deben diseñarse de tal manera que logren la igualdad entre los proponentes, iv) el deber de selección objetiva del contratista impone evaluación entre iguales y la escogencia del mejor candidato o proponente y, v) los criterios de selección objetiva del contratista y de favorabilidad de las ofertas no excluye el diseño de medidas de discriminación positiva o acciones afirmativas en beneficio de grupos sociales tradicionalmente discriminados.(…)»
«(…) 14. La breve descripción normativa efectuada le permite a la Corte inferir dos conclusiones relevantes para resolver el problema jurídico planteado:
La segunda conclusión, que, de acuerdo con la reglamentación sistemática, las únicas Mipymes que pueden ser objeto de control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera son los intermediarios de seguros, en tanto que esa actividad es la única que puede ser desempeñada por empresas cuyo capital se ajusta a la definición de micro, pequeña o mediana empresa, en tanto que para prestar ese servicio la empresa no requiere demostrar capital mínimo para su funcionamiento[1].
De conformidad con lo establecido en la ley, las medidas de discriminación positiva contempladas en la contratación están sometidas a la regulación reglamentaria y a la valoración que en el caso concreto puede hacer la administración, de tal forma que en el diseño particular de los factores de escogencia contenidos en los términos de referencia o en el análisis previo de la selección del contratista, pueden incluirse cláusulas que propendan por los mismos objetivos que aquí se implementan sin que sean sacrificados los derechos al trabajo y a la no discriminación de las micro, pequeñas o medianas empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera.(...)»
[1] Se recuerda que uno de los parámetros para definir la mediana empresa es que su capital para funcionamiento se encuentre entre 5.001 y 30.000 salarios mínimos. Ahora, de acuerdo con el artículo 80 del Decreto 663 de 1993, las entidades financieras que menos capital deben tener son las residuales que en el año de 1993 debían demostrar 2.733 millones de pesos, correspondientes a 33.529 salarios mínimos del momento (en ese entonces el salario mínimo era de $81.510)
El Congreso de la República no puede expedir una norma que excluye de los beneficios que gozan las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de contratación estatal que se encuentren vigiladas por la Superintendencia Financiera, sin vulnerar el artículo 13 de la Constitución Política, relativo al derecho a la igualdad, porque:
La norma no es absolutamente necesaria para cumplir con su propósito, que es obtener la seriedad, cumplimiento y objetividad del contratista, debido a que la vigilancia de una entidad como la superintendencia, podría ofrecer mayores garantías de solidez, liquidez y confianza.
Esta norma no es adecuada para escoger la oferta más favorable para el Estado, ya que ésta no es únicamente la presentada por la empresa más sólida, sino también puede ser la oferta de una empresa en crecimiento que crea nuevos empleos y se proyecta en la economía de mercado.
Esta norma es desproporcionada en relación con el sacrificio del derecho a la igualdad.
Parágrafo 3° del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007. Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.
Ficha: Beneficios a las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de contratación estatal..
Beneficios a las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de contratación estatal..

References: artículo 13
 artículo 13
 artículo 80
 artículo 13
 artículo 12
 Artículo 13