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Timestamp: 2019-12-07 21:13:07+00:00

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C-1193 de 2008
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020009292CC-SENTENCIAC1193200803/12/2008CC-SENTENCIA_C_1193__2008_03/12/2008200092922008SENTENCIA C-1193/08 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA- Procedencia por incumplimiento de carga argumentativa NOTIFICACION EN ESTRADO DE DECISIONES QUE SE PROFIERAN EN AUDIENCIA PUBLICA- No vulnera el debido proceso de los investigados ausentes/ DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO- No se vulnera por notificación en estrado de decisiones proferidas en diligencias verbales en causa disciplinaria Las audiencias que se practican dentro del marco de los procedimientos previstos en materia disciplinaria por la Ley 734 de 2002 son conocidas por las partes y su realización no es sorpresiva para ellas. Al conocerlas de antemano, concurren a aquellas con el objeto de ejercer materialmente el derecho a la defensa, garantizado por la Constitución. De ahí que la notificación por estrados, empleada para dar a conocer las decisiones proferidas en las audiencias a las cuales las partes han sido previamente citadas, no puede resultar violatoria del derecho de defensa de los disciplinados y al existir la obligación de que se comunique previamente a las partes la realización de la audiencia, dicha notificación imprime a éstas la obligación de concurrir a la vista. La sanción prevista por el legislador para la ausencia injustificada, es precisamente la disposición que el actor demanda; y debe señalar la Corte que no encuentra que tal sanción -la de perder la oportunidad de interponer recursos- resulte desproporcionada en relación con la obligación que se le ha impuesto a la parte, que previamente ha sido notificada de la existencia de la audiencia. De esta manera, la regulación prevista en el artículo 106 del Código Único Disciplinario es una forma específica de armonización entre las cargas que se les imponen a las partes y el derecho de defensa, que el legislador concibió para estos procesos. DEBIDO PROCESO- Objeto/ DEBIDO PROCESO- Debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas En términos del artículo 29 de la Carta, el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, poniéndose de presente el amplio carácter de este derecho, en cuanto no restringe el debido proceso a los procedimientos en sentido estricto sino que lo hace extensivo a toda clase de actuaciones. La realización del debido proceso implica la previa existencia de un régimen normativo que contemple todos los extremos de las potenciales actuaciones y procedimientos. DERECHO DISCIPLINARIO- Función preventiva y correctiva de sus normas Las normas de derecho disciplinario cumplen finalísticamente un rol preventivo y correctivo, en orden a garantizar la efectividad de los principios y propósitos previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública. Dichas normas, según lo reconoce la jurisprudencia constitucional, constituyen una especie del derecho sancionador del Estado. DERECHO DISCIPLINARIO- Características/ DERECHO DISCIPLINARIO- Contenido En relación con el contenido y alcance del derecho disciplinario, la jurisprudencia constitucional ha señalado que su ámbito de regulación comprende: (i) las conductas que pueden configurar falta disciplinaria; (ii) las sanciones aplicables según la naturaleza de la falta, y (iii) el proceso, o conjunto de normas sustanciales y procesales que aseguran la garantía constitucional del debido proceso y regulan el procedimiento a través del cual se deduce la correspondiente responsabilidad disciplinaria DERECHO DISCIPLINARIO Y DERECHO PENAL- Diferencia de trato en materia sancionatoria CODIGO DISCIPLINARIO UNICO- Destinatarios El Congreso de la República expidió la ley 734 de 2002, contentiva del Código Disciplinario Único, determinando como destinatarios de sus mandatos a los servidores públicos, a los particulares que ejerzan funciones públicas o labores de interventoría en los contratos estatales, a los indígenas que administren recursos del Estado, así como a los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con su participación mayoritaria. Se exceptúan expresamente los miembros de la Fuerza Pública por gozar de un régimen especial LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS- Competencia exclusiva del legislador ordinario En virtud del principio democrático, en el ordenamiento jurídico colombiano, el establecimiento de un régimen disciplinario constituye un espacio de libre configuración legislativa, pues es en el campo de la deliberación política, en donde se puede establecer, con mayor precisión, el tipo de conductas que resultan ajenas a la consecución de los fines del estado, así como la gravedad social de estas conductas y la consecuente intensidad de las sanciones aplicables. Ha dejado dicho la Corte que las disposiciones jurídicas relativas a la responsabilidad disciplinaria son de competencia exclusiva del legislador ordinario. POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA- Reglas que guía su alcance PROCESOS VERBALES Y ESPECIALES ANTE EL PROCURADOR- Trámite regido por la oralidad y publicidad en audiencias públicas Referencia: expediente D- 7325
JAIME ARAÚJO RENTERÍAD 7325CONSTITUCIONALIDADJaime Arlex Díaz HenaoDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 106 (parcial) de la Ley 734 de 2002.Identificadores20020009293true20851Versión original20009293Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 106 (parcial) de la Ley 734 de 2002.
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Procedenciapor incumplimiento de carga argumentativa
Las audiencias que se practican dentro del marco de los procedimientos previstos en materia disciplinaria por la Ley 734 de 2002 son conocidas por las partes y su realización no es sorpresiva para ellas. Al conocerlas de antemano, concurren a aquellas con el objeto de ejercer materialmente el derecho a la defensa, garantizado por la Constitución. De ahí que la notificación por estrados, empleada para dar a conocer las decisiones proferidas en las audiencias a las cuales las partes han sido previamente citadas, no puede resultar violatoria del derecho de defensa de los disciplinados y al existir la obligación de que se comunique previamente a las partes la realización de la audiencia, dicha notificación imprime a éstas la obligación de concurrir a la vista. La sanción prevista por el legislador para la ausencia injustificada, es precisamente la disposición que el actor demanda; y debe señalar la Corte que no encuentra que tal sanción -la de perder la oportunidad de interponer recursos- resulte desproporcionada en relación con la obligación que se le ha impuesto a la parte, que previamente ha sido notificada de la existencia de la audiencia. De esta manera, la regulación prevista en el artículo 106 del Código Único Disciplinario es una forma específica de armonización entre las cargas que se les imponen a las partes y el derecho de defensa, que el legislador concibió para estos procesos.
ARTÍCULO 106. NOTIFICACIÓN EN ESTRADO. Las decisiones que se profieran en audiencia pública o en el curso de cualquier diligencia de carácter verbal se consideran notificadas a todos los sujetos procesales inmediatamente se haga el pronunciamiento, se encuentreno no presentes.
El demandante considera que la disposición acusada vulnera el preámbulo de la Constitución Política "en lo que tiene que ver con el orden justo que pregona la Carta"[2]; también el artículo 2º de la Constitución, cuando este señala que son fines esenciales del Estado "…facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida (…) administrativa (…) de la Nación (…) y asegurar (…) la vigencia de un orden justo"[3]. Por último, considera que atenta en contra del artículo 29 de la Carta, " en punto al derecho de defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia"[4].
Adicionalmente considera que la norma demandada viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" -pertenecientes al bloque de constitucionalidad- en sus apartes relativos a la consagración del derecho al debido proceso.
El ciudadano Díaz Henao argumenta que el precepto acusado no puede ser justo desde ninguna concepción de la justicia, ya que permite que las decisiones en materia disciplinaria a las que refiere el artículo 106 del Código Disciplinario Único se tomen a"a espaldas" del disciplinado.
En concreto señala el contenido del artículo 178 de la ley citada, que permite que, durante el trámite del proceso verbal, el investigador suspenda la audiencia en caso de la violación de algún derecho fundamental -como el derecho al debido proceso- y profiera la decisión pertinente dentro de los dos días siguientes. Así las cosas, en caso de que por causas de fuerza mayor, no esté presente el investigado -comenta el interviniente- la decisión puede ser postergada por dos días, con el objeto de asegurar su asistencia.
También aduce que, así como el investigado dentro de un proceso de carácter disciplinario cuenta con todas las garantías procesales, de orden constitucional y legal, la Ley también le ha impuesto unas obligaciones con el fin de evitar dilaciones injustificadas en el trámite del proceso; una de ellas -señala- es asistir a las audiencias para las cuales es citado o requerido. Si no cumple ese deber -indica- el investigado debe asumir las consecuencias desfavorables que la misma ley señala.
Señala adicionalmente que la expresión "se encuentre o no presente" contenida en el precepto acusado, hace referencia exclusiva a la persona del investigado,"… mas no a las personas que lo están representando dentro del proceso disciplinario, si se da el caso planteado por el actor, que el defensor de oficio o el designado por el investigado no están presentes en la diligencia, la audiencia simplemente no puede continuar, porque este (sic.) evento sí se vulnerarían los derechos aludidos en la demanda, sin embargo, se repite, la norma expresamente consagra la no asistencia del investigado y no de sus apoderados."[5]
Manifiesta la señora Villarraga Rengifo que no puede alegarse, como lo hace el demandante, que la norma demandada sea inconstitucional porque dispone que se notifique en estrados aún a el investigado que no está presente, ya que previamente a la realización de la audiencia,"…se le da a las partes todas las garantías para que conozcan el proceso, conozcan la fecha de la audiencia, la naturaleza del procedimiento, lo cual impone una carga para el sujeto disciplinable, de asistir a la audiencia y presentar los recursos teniendo en cuenta que se le informó el día y la hora para tomar la decisión que sea."[6]
Mediante el concepto No. 4626, presentado a la Corte Constitucional el veinticuatro (24) de septiembre de 2008, y dado que los impedimentos presentados por los señores Procurador y Viceprocurador Generales de la Nación fueron aceptados por la Sala Plena de esta Corporación, la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales de la Procuraduría General de la Nación solicita a la Corte que declare exequible la expresión "o no" del artículo 106 de la Ley 734 de 2002.
En el sentir de la Procuraduría, el procedimiento disciplinario contemplado en la Ley 734 de 2002, se caracteriza por su carácter oral y público. Señala que una de las consecuencias de dicho carácter es que las actuaciones que lo integran se llevan a cabo en audiencias públicas, que a su vez se caracterizan porque las providencias que en ellas se profieren se notifican en estrados, es decir,"…en el lugar donde se celebran ya se entiende surtidos sus efectos a partir del pronunciamiento de la decisión que contienen"[7]
Señala el Ministerio Público que en el proceso disciplinario, es menester el cumplimento de ciertas cargas procesales recíprocas entre el juzgador y las partes. En el sentido de lo anterior -continúa-"…al juzgador le corresponde el deber de citar de manera adecuada y efectiva a todos los sujetos procesales para la realización de la diligencia verbal respectiva, señalando fecha, hora y lugar para tal efecto, mientras que a las partes les corresponde el deber de asistir cumplidamente y permanecer presentes en la misma hasta tanto finalice, salvo excusa válida para ausentarse, tramitada previamente según las formalidades de la Ley."[8] Señala que el cumplimiento de tales ritualidades está sancionado gravemente por el legislador, que previó graves efectos -la nulidad total o parcial de lo actuado y la imposibilidad de recurrir las decisiones adoptadas durante la audiencia- como consecuencia de su inobservancia.
Así las cosas, opina, si alguna de las partes se ausenta si autorización de una audiencia o diligencia a la que fue convocado debidamente, no resulta válido que posteriormente invoque la ignorancia de lo decidido como un menoscabo arbitrario de su derecho de contradicción, pues tal culpa -señala la Procuraduría- equivaldría a alegar su propia culpa a su favor.
Por último reitera el rechazo dirigido contra la acusación formulada contra el artículo 106 del Código Disciplinario Único y señala que la posición contraria"…constituiría un aval para que la inasistencia a las audiencias públicas y demás diligencias verbales dentro de los procesos disciplinarios, o el retiro de ellas antes de que lleguen a su final, se convirtiera en una estrategia de actividad litigiosa en ese ámbito del derecho".[9]
Éste, en términos del artículo 29 de la Carta, se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, poniéndose de presente el amplio carácter de este derecho, en cuanto no restringe el debido proceso a los procedimientos en sentido estricto sino que lo hace extensivo a toda clase de actuaciones. Así pues, "…el debido proceso se erige a partir de la actuación individualmente considerada, que a su turno es susceptible de integrarse con otras actuaciones en una suerte de etapas que progresivamente se estructuran al amparo un procedimiento previamente establecido, redundando ulteriormente como presupuesto básico para la adopción de una decisión que resuelva el caso planteado."[10]
5. Razón de sery características del derecho disciplinario
En ese orden de ideas, la Corte ha expresado que "entre el derecho penal y los otros derechos sancionadores existen diferencias que no pueden ser desestimadas. Así, el derecho penal no sólo afecta un derecho tan fundamental como la libertad sino que además sus mandatos se dirigen a todas las personas, por lo cual es natural que en ese campo se apliquen con máximo rigor las garantías del debido proceso. En cambio, otros derechos sancionadores no sólo no afectan la libertad física, pues se imponen otro tipo de sanciones, sino que además sus normas operan en ámbitos específicos, ya que se aplican a personas que están sometidas a una sujeción especial - como los servidores públicos- o a profesionales que tienen determinados deberes especiales, como médicos, abogados o contadores. En estos casos, la Corte ha reconocido que los principios del debido proceso se siguen aplicando pero pueden operar con una cierta flexibilidad en relación con el derecho penal."[15]. -
En la doctrina[16]se postula, así mismo, sin discusión que la administración o las autoridades titulares de funciones administrativas lo sean de potestad sancionadora y que ésta en cuanto manifestación del ius puniendi del Estado está sometida a claros principios generalmente aceptados, y en la mayoría de los casos proclamados de manera explicita en los textos constitucionales. Así, a los principios de configuración del sistema sancionador como los de legalidad (toda sanción debe tener fundamento en la ley), tipicidad (exigencia de descripción especifica y precisa por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisión de cada conducta, así como la correlación entre unas y otras) y de prescripción (los particulares no pueden quedar sujetos de manera indefinida a la puesta en marcha de los instrumentos sancionatorios), se suman los propios de aplicación del sistema sancionador, como los de culpabilidad o responsabilidad según el caso - régimen disciplinario o régimen de sanciones administrativas no disciplinarias- (juicio personal de reprochabilidad dirigido al autor de un delito o falta[17]), de proporcionalidad o el denominado non bis in ídem.
En relación con el contenido y alcance del derecho disciplinario, la jurisprudencia constitucional ha señalado que su ámbito de regulación comprende:(i) las conductas que pueden configurar falta disciplinaria; (ii) las sanciones aplicables según la naturaleza de la falta, y (iii) el proceso, o "conjunto de normas sustanciales y procesales que aseguran la garantía constitucional del debido proceso y regulan el procedimiento a través del cual se deduce la correspondiente responsabilidad disciplinaria"[28].
c. Dentro de los márgenes señalados, el legislador se encuentra facultado para: "(i) tipificar (…) las faltas disciplinarias en que puedan incurrir los servidores públicos, su grado de intensidad y las sanciones correspondientes, y (ii) establecer el conjunto de enunciados normativos de orden procesal que regulen la facultad constitucional otorgada a la administración pública para imponer sanciones a todos los servidores que con sus acciones u omisiones, transgredan las normas de conducta relativas al correcto desempeño de las funciones asignadas."[30], así como (iii) establecer las causales de extinción de la acción o de la sanción penal o disciplinaria.
Así las cosas, vale traer a colación -dentro de un ejercicio de interpretación sistemática de la disposición demandada- el artículo 177 del Código Disciplinario Único, sobre el procedimiento verbal:
"ARTÍCULO 177.AUDIENCIA. Calificado el procedimiento a aplicar conforme a las normas anteriores[31], el funcionario competente citará a audiencia al posible responsable, para que dentro del término improrrogable de dos días rinda versión verbal o escrita sobre las circunstancias de su comisión. Contra esta decisión no procede recurso alguno…." (Subraya fuera del texto original)
Ciertamente, al existir en la legislación en comento la obligación de que se comunique previamente a las partes la realización de la audiencia, dicha notificación imprime a éstas la obligación de concurrir a la vista. La sanción prevista por el legislador para la ausencia injustificada, es precisamente la disposición que el actor demanda; y debe señalar la Corte que no encuentra que tal sanción -la de perder la oportunidad de interponer recursos- resulte desproporcionada en relación con la obligación que se le ha impuesto a la parte, que previamente ha sido notificada de la existencia de la audiencia.
Con fundamento en las anteriores consideraciones la Corte declarará que se encuentra inhibida para pronunciarse respecto de la constitucionalidad de la expresión"o no", contenida en el artículo 106 de la Ley 734 de 2002, por violación del preámbulo y del artículo 2º de la Constitución Política, por ineptitud sustancial de la demanda. También declarará la EXEQUIBILIDAD, por el cargo analizado, de la expresión "o no", contenida en el artículo 106 de la Ley 734 de 2002, por violación del derecho al debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política.
Primero: Declararse INHIBIDApara emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la constitucionalidad de la expresión"o no", contenida en el artículo 106 de la Ley 734 de 2002, por violación del preámbulo y del artículo 2º de la Constitución Política, por ineptitud sustancial de la demanda.
Segundo DeclararEXEQUIBLE, por el cargo analizado de violación del artículo 29 de la Constitución Política, la expresión "o no", contenida en el artículo 106 de la Ley 734 de 2002.
Inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad (parcial ) Artículo 106 LEY_734_2002_05/02/2002
[1]Auto A-160 de 2008. S.V. Jaime Araújo Rentería.
[2]Folio 3
[5]Folio 40
[6]Folio 48
[7]Folio 96.
[8]Folio 97
[9]Folio 100
[10]Sentencia T-549 de 2007.
[11]Ver las Sentencias C-053/93, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo y C-259/95, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.
[13]Sentencia 51 de la Corte Suprema de Justicia, del 14 de abril de 1983, MP Manuel Gaona Cruz, citada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-214 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell.
[14]Ver Sentencia C-827/01 M.P. Alvaro Tafur Galvis S.V. Magistrados Rodrigo escobar Gil y Jaime Araujo Rentería.
[16]Juan Alfonso Santamaría Pastor. Principios de Derecho Administrativo.Volumen II. Ed.Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid. Tomo II. Segunda Edición. 2000.
[17]Ver Ramón Parada Vásquez. Derecho Administrativo. Tomo I Marcial Pons. Madrid 1996. Luis Morell Ocaña. Curso de Derecho Administrativo. Tomo II "La actividad de las administraciones públicas. Su control administrativo y jurisdiccional". Arandazi. Madrid. 1996.
[18]Ver Sentencia C-827/01 M.P. Alvaro Tafur Galvis S.V. Magistrados Rodrigo Escobar Gil y Jaime Araujo Rentería.
[19]Sentencia C-1161 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero
[20]Ver, entre otras, las sentencias T-438 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-195 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-244 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-280 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-827/01 M.P. Alvaro Tafur Galvis S.V. Magistrados Rodrigo escobar Gil y Jaime Araujo Rentería.
[21]Al respecto ver la Síntesis efectuada en la Sentencia C- 181/02 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra S.P.V.I. de los Magistrados Jaime Cordoba Triviño, Eduardo Montealegre Lynett y Álvaro Tafur Galvis. Ver igualmente entre otras las sentencias C-708/99 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-155/02 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C-373/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño S.P.V. de los Magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett.
[22]Sentencias C-558 de 2001; SU-166 de 1999; C-037 de 2003, entre otras.
[23]En concordancia con el artículo 38 de la ley 489 de 1998.
[24]Sentencia C-067 de 2003.
[30]Sentencia C-819 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), tomando a su vez referencias de las sentencias C-341 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-430 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell, C-095 de 1998 (M.P. Hernando Herrera Vergara) y C-014 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

References: artículo 106
 artículo 29
 artículo 106
 artículo 106
 artículo 106

ARTÍCULO 106
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 106
 artículo 178
 artículo 106
 artículo 106
 artículo 29
 artículo 177
 artículo 106
 artículo 2
 artículo 106
 artículo 29
 artículo 106
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 106
 Artículo 106
 artículo 38