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Timestamp: 2017-06-25 02:01:14+00:00

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[Sentencia C-0169-12] – Revisión de Ley 1464 de 2011 – Acuerdo Bilateral – Promoción – Protección – Inversiones – Gran Bretaña – Irlanda – Colombia | laboralparatodos.com
[Sentencia C-0169-12] – Revisión de Ley 1464 de 2011 – Acuerdo Bilateral – Promoción – Protección – Inversiones – Gran Bretaña – Irlanda – Colombia
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Revisión de la Ley 1464 del 29 de junio de 2011 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia´, elaborado en Bogotá, el 17 de marzo de 2010, y el ´Entendimiento sobre el Trato Justo y Equitativo en el Acuerdo Bilateral de Inversión entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia´, firmado por los jefes negociadores de ambas partes y anexada a las minutas de la última ronda de negociaciones en Londres, el 19 de mayo de 2009.”
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil doce (2012) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
En el proceso de revisión constitucional de la Ley 1464 del 29 de junio de 2011 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo Bilateral para la promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia’, elaborado en Bogotá, el 17 de marzo de 2010, y el ‘Entendimiento sobre el Trato Justo y Equitativo en el Acuerdo Bilateral de Inversión entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia’, firmado por los jefes negociadores de ambas partes y anexada a las minutas de la última ronda de negociaciones en Londres, el 19 de mayo de 2009.”
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Constitución Política, mediante oficio radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 02 de julio de 2011, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió copia auténtica de la Ley 1464 de 29 de junio de 2011, para efectos de su revisión constitucional. La Magistrada Sustanciadora, mediante Auto de 25 de julio de 2011, avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Recibidas éstas, ordenó continuar el trámite del mismo y, en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de diez (10) días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así como dar traslado al señor Procurador General de la Nación para el concepto correspondiente y comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República y a los ministros de Relaciones Exteriores, y de comercio, Industria y Turismo.
II.	TEXTO DEL CONVENIO QUE SE REVISA Y DE SU LEY APROBATORIA
A continuación se transcribe el texto de la ley enviada para revisión, conforme su publicación en el Diario Oficial No. 48.116, 30 de junio de 2011:
Visto el texto del “Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia”, elaborado en Bogotá, el 17 de marzo de 2010, y el “Entendimiento sobre el Trato Justo y Equitativo en el Acuerdo Bilateral de Inversión entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia”, firmado por los jefes negociadores de ambas partes y anexada a las minutas de la última ronda de negociaciones en Londres, el 19 de mayo de 2009. (Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto original en castellano del Acuerdo, la cual consta de veinticuatro (24) folios, documento que reposa en los archivos del Área de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores). PROYECTO DE LEY NÚMERO 253 DE 2010 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia”, elaborado en Bogotá, el 17 de marzo de 2010, y el “Entendimiento sobre el Trato Justo y Equitativo en el Acuerdo Bilateral de Inversión entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia”, firmado por los jefes negociadores de ambas partes y anexada a las minutas de la última ronda de negociaciones en Londres, el 19 de mayo de 2009. El Congreso de la República
Visto el texto del “Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia”, elaborado en Bogotá, el 17 de marzo de 2010, y el “Entendimiento sobre el Trato Justo y Equitativo en el Acuerdo Bilateral de Inversión entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia”, firmado por los jefes negociadores de ambas partes y anexada a las minutas de la última ronda de negociaciones en Londres, el 19 de mayo de 2009. (Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto original en castellano del Acuerdo, la cual consta de veinticuatro (24) folios, documento que reposa en los archivos del Área de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores). ACUERDO BILATERAL PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
El término “rentas” significa las sumas producidas por una inversión durante un periodo de tiempo determinado, e incluye en particular, pero no exclusivamente, utilidades, dividendos e intereses, ganancias sobre capital, regalías y honorarios. 4. Territorio
1. Las disposiciones de este Acuerdo relativas al otorgamiento de un trato no menos favorable a aquel otorgado a los inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes o de cualquier tercer Estado no se interpretarán de manera que impidan a una Parte Contratante adoptar o hacer cumplir medidas necesarias para proteger la seguridad nacional, la seguridad pública o el orden público. 2. Las disposiciones de este Acuerdo no se interpretarán de manera que obliguen a una Parte Contratante a extender a los inversionistas de la otra Parte Contratante los beneficios de cualquier trato, preferencia o privilegio resultante de:
(b) Cumplimiento de decisiones y laudos judiciales, arbitrales o administrativas en firme; y (c) Cumplimiento de obligaciones laborales o tributarias.
(a) El requerimiento de su inversión por parte de sus fuerzas públicas o autoridades; o (b) La destrucción de su inversión por sus fuerzas públicas o autoridades, que no haya sido causada durante combate ni requerida por la situación gozarán de una restitución o una compensación adecuada.
(c) Un árbitro internacional o tribunal de arbitraje ad hoc que será designado por un acuerdo especial o establecido de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional; o (d) Un tribunal conformado de acuerdo con las Reglas de Arbitraje de la institución de arbitraje de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, según lo especificado en el Anexo 1 de este Acuerdo.
3. El Tribunal de Arbitraje estará compuesto de tres miembros y, salvo que se acuerde de otro modo por las Partes Contratantes, será constituido de la siguiente forma: dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de recibo de la solicitud de arbitraje, cada Parte Contratante designará a un árbitro. Estos dos árbitros, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la última designación, se pondrán de acuerdo para elegir un tercer miembro que deberá ser nacional de un tercer Estado con el cual ambas Partes Contratantes mantengan relaciones diplomáticas, y quien presidirá el Tribunal. La designación del Presidente deberá ser aprobada por las Partes Contratantes dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su nominación. 4. Si dentro de los plazos previstos en el parágrafo 3 de este Artículo no se hubieran realizado las designaciones necesarias, cualquiera de las Partes Contratantes, a menos que se acuerde de otro modo, podrá solicitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia realizar las designaciones necesarias. Si el Presidente de la Corte Internacional de Justicia estuviere impedido por alguna razón para desempeñar dicha función o si es un nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, las designaciones serán efectuadas por el Vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, y si este último estuviere impedido o fuere un nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, las designaciones serán efectuadas por el miembro de la Corte Internacional de Justicia que le siga en antigüedad y que no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes.
2. Para mayor certeza, las disposiciones de este Acuerdo no se aplicarán a reclamaciones generadas por eventos que hayan ocurrido o reclamaciones que hayan surgido antes de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo. 3. Salvo por lo dispuesto en este Artículo, este Acuerdo no se aplicará a asuntos tributarios.
ANEXO 1 El Reino Unido: la Corte de Arbitraje Internacional de Londres.
La República de Colombia: el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. ANEXO 2 Para los fines del Artículo XIII, párrafo 4:
SR. JOSE ANTONIO RIVAS Jefe de la Delegación de Colombia para el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia Director de Inversión Extranjera y Servicios Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
SR. BENJAMIN DAVID PRICE Gran Bretaña para el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia Asesor Principal de Políticas – Inversiones Internacionales Departamento de Comercio, Empresa y Reformas Regulatorias
Asesor Principal de Políticas – Inversiones Internacionales
Jefe de la Delegación del Reino Unido de Gran Bretaña y el Norte de Irlanda para el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia Asesor Principal de Políticas – Inversiones Internacionales
III.	INTERVENCIONES
El representante del Ministerio señala que el Acuerdo propende por el establecimiento de un marco jurídico justo y transparente que promueva y proteja las inversiones extranjeras, con miras a fomentar la iniciativa individual de negocios y el favorecimiento de la prosperidad económica de las Partes Contratantes. Destaca que el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte es un socio estratégico prioritario en la política de atracción de inversiones e históricamente uno de los principales inversionistas europeos en la República de Colombia, de manera que resulta conveniente mejorar la atracción de flujos de capital al territorio nacional y proteger las inversiones nacionales en el extranjero, mediante la creación de mecanismos que proporcionen seguridad y estabilidad en los dos Estados. Respecto del Entendimiento, el Ministerio precisó que con él se busca otorgar mayor claridad a conceptos y términos previstos en el Acuerdo en procura de su adecuada interpretación y aplicación. En este sentido, el Entendimiento propicia la idónea exégesis del denominado “tratamiento justo y equitativo”, previsto en el artículo II del Acuerdo y fundamenta la “exclusión de la deuda pública” del concepto de “inversión” invocado en el texto.
IV.	CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En cuanto al trámite legislativo la Vista Fiscal afirma que se inició en el Senado de la República, tal como ordena el artículo 157 de la Constitución, al ser radicado en la Secretaría del Senado de la República el día 12 de mayo de 2010 por los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo, y publicado antes de darle trámite en el Comisión respectiva. Indicó que la ponencia favorable para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue publicada en la Gaceta del Congreso 278 del 1 de junio de 2010, el proyecto fue anunciado en la sesión del 8 de junio de 2010 y aprobado en la sesión del 9 de junio de 2010, con seis votos a favor y uno en contra. La ponencia favorable para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República fue publicada en la Gaceta del Congreso 480 del 3 de agosto de 2010, el proyecto fue anunciado en la sesión del 28 de septiembre de 2010 y aprobado en la sesión del 29 de septiembre de 2010, con 54 votos a favor y 4 en contra. Señaló, igualmente el Ministerio Público, que la ponencia favorable para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 1009 del 1 de diciembre de 2010, el proyecto fue anunciado en la sesión del 16 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 177 del 11 de abril de 2011 y aprobado en la sesión del 23 de marzo de 2011, con 16 votos a favor. La ponencia favorable para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes fue publicada en la Gaceta del Congreso 230 del 4 de mayo de 2011, el proyecto fue anunciado en la sesión del 9 de junio de 2011, y aprobado en la sesión del 15 de junio de 2011, con 84 votos a favor y 6 en contra.
V.	CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.	Competencia De conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. 2. Alcance del control de la Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de tratados
El control que ejerce la Corte Constitucional sobre los acuerdos internacionales y leyes aprobatorias, según la sentencia C-468 de 1997, se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviado directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano. En cuanto al control por vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 Superior, éste se dirige tanto a examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas de trámite legislativo en la formación de la ley aprobatoria en el Congreso. Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas cláusulas ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado. Si el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado.
En cuanto al examen de fondo, éste consiste en juzgar las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones del Ordenamiento Superior, para determinar si las primeras se ajustan o no a la Constitución Política. Dicho examen de fondo es exclusivamente jurídico y por lo tanto no comprende cuestiones de conveniencia, oportunidad, utilidad y eficiencia, como lo ha resaltado la Corte. Precisado el alcance del control constitucional, pasa la Corte a examinar la ley aprobatoria y el convenio de la referencia.
3. Revisión formal 3.1. Remisión de la ley aprobatoria y del Convenio por parte del Gobierno Nacional
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el deber constitucional de revisar los tratados internacionales, así como las leyes que los aprueben, incluye el examen de las facultades del Ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo. Sobre este punto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante escrito del 1 de agosto de 2011 manifestó que el convenio fue suscrito el 17 de marzo de 2010 por el entonces Ministro de Comercio Industria y Turismo, Luís Guillermo Plata Páez, en virtud de plenos poderes que le confirió el Gobierno Nacional, el 2 de marzo de 2010, de conformidad con lo que establece el artículo 189 numeral 2 de la Constitución Política. De acuerdo con certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 22 de abril de 2010, el Presidente de la República impartió su aprobación ejecutiva al precitado Acuerdo, con el fin de de someterlo a consideración del Congreso de la República.
3.3.1. El trámite en el Senado del Proyecto de Ley 253 de 2010 El Proyecto de Ley 253 Senado fue presentado el 12 de mayo de 2010 ante la Secretaría General del Senado de la República, por la Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores, y por el Viceministro de Desarrollo Empresarial, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Comercio, Industria y Turismo. El texto original junto con la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso de la República No. 200 del 13 de mayo de 2010.
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, fue presentada el 31 de mayo de 2010, en sentido favorable, y publicada en la Gaceta del Congreso No. 278 del 1 de junio de 2010. El Proyecto de Ley 253 Senado fue anunciado por primera vez en la sesión del 8 de junio de 2010, para ser discutido y aprobado en primer debate, el día 9 de junio de 2010. El Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, en constancia de julio 28 de 2011, radicada en esta Corporación el 1 de agosto del mismo año, certifica que el proyecto fue discutido y aprobado en primer debate el 9 de junio de 2010, según consta en el Acta No. 31, publicada en la Gaceta No. 473 del 30 julio de 2010, con un quórum deliberatorio y decisorio de siete senadores que conforman la Comisión. Igualmente certifica que la proposición final con que termina el informe de ponencia por medio de la cual se sometió a votación: (i) omitir la lectura del articulado, (ii) el texto del articulado propuesto, (iii) el título del proyecto, y (iv) la pregunta de si se aprueba o no la ponencia para segundo debate, registró una votación de seis votos a favor y uno en contra. La ponencia para segundo debate en el Senado fue presentada por el Presidente de la Comisión Segunda del Senado y publicada en la Gaceta del Congreso No. 480 del 3 de agosto de 2010.
De acuerdo con certificación del Secretario General del Senado de la República, el proyecto de ley fue anunciado en la sesión ordinaria del día 28 de septiembre de 2010, según consta en el Acta 13 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 787 del 19 de octubre de 2010, y aprobado en segundo debate en la Plenaria del Senado, en sesión del día 29 de septiembre de 2010, con un quórum deliberatorio y decisorio de 55 Senadores, cuya votación nominal fue así: 51 votos por el SI y 04 votos por el NO, según consta en el Acta No. 14 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 829 del 28 de octubre de 2010.
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada por el representante a la Cámara Víctor Hugo Moreno, y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 1009 del 1 de diciembre de 2010. El Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, mediante constancia del 16 de agosto de 2011, certificó que en cumplimiento de lo ordenado por el Acto Legislativo 01 de 2003, el proyecto fue anunciado el día 16 de marzo de 2011, tal como consta en el Acta No. 27 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 177 del 11 de abril de 2011. Según esa misma certificación, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad con el voto de 16 representantes, el día 23 marzo de 2011, según consta en el Acta 29 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 177 del 11 de abril de 2011. La Sala advierte que la sesión siguiente al anuncio, en la que se abordó la discusión y aprobación de proyectos de ley en el seno de la Comisión Segunda, fue la del 23 de marzo de 2011, plasmada en el Acta 29 de la misma fecha, tal y como se verá con más detalle en el apartado correspondiente a la verificación de los anuncios.
La ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes también fue presentada por el mismo Representante y publicada en la Gaceta del Congreso No. 230 del 4 de mayo de 2011. De conformidad con la certificación del 10 de agosto de 2011, expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes, el proyecto fue anunciado en la sesión Plenaria del día 9 de junio de 2011, según consta en el Acta número 71 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 607 del 19 de agosto de 2011. El proyecto fue aprobado por la Plenaria de la Cámara el día 15 de junio de 2011 por mayoría de los presentes (84 votos por el SI, 6 votos por el NO), según consta en el Acta 72 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 732 del 28 de septiembre de 2011.
En la Gaceta del Congreso No 476 del 1 de julio de 2011 se publicó el texto definitivo del Proyecto Ley 115 de 2010 Cámara, 253 de 2010 Senado.
(i) En el Senado: el primer debate en la Comisión Segunda fue el 9 de junio de 2010 y el segundo debate en la Plenaria del Senado se realizó el 29 de septiembre de 2010. (ii) En la Cámara: el primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara se realizó el 23 de marzo de 2011 y la aprobación en la Plenaria de la Cámara, se efectuó el 15 de junio de 2011. Se respetaron entonces los términos constitucionales de 8 y 15 días del artículo 160 de la Constitución, pues en el debate entre las comisiones y las plenarias de las cámaras transcurrieron más de ocho días, y entre la aprobación del proyecto de ley en el Senado (29 de septiembre de 2010) y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes (23 de marzo de 2011), transcurrió un lapso no inferior a los quince días.
El artículo 157, numeral 1, de la Constitución señala la obligación de realizar la publicación oficial por el Congreso de la República del proyecto de ley y de la ponencia antes de darle curso en la comisión respectiva. Estas publicaciones se cumplieron así: (i) Publicación del texto original del proyecto, junto con la respectiva exposición de motivos, en la en la Gaceta del Congreso de la República No. 200 de 2010.
(ii) En el Senado, la publicación de la ponencia para el primer debate en la Comisión Segunda, se hizo en la Gaceta del Congreso No. 278 de 2010, y el proyecto fue debatido y aprobado el 9 de junio de 2010, según consta en el Acta No. 31, publicada en la Gaceta No. 473 de 2010. En segundo debate, la ponencia se publicó en la Gaceta del Congreso No. 480 del 3 de agosto de 2010, y fue debatida y aprobada el 29 de septiembre de 2010, según consta en el Acta No. 14 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 829 del 28 de octubre de 2010. (iii) En la Cámara, la ponencia para primer debate se publicó en la Gaceta del Congreso 1009 de 2010, y se debatió y aprobó el 23 de marzo de 2011, según consta en el Acta No. 29 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 177 de 2011. En segundo debate, la ponencia se publicó en la Gaceta del Congreso No. 230 de 2011, y se discutió y aprobó en la Plenaria del 15 de junio de 2011, según consta en el Acta No. 72 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 732 de 2011. Por lo anterior, concluye la Corte Constitucional que se cumplió la exigencia de publicación del artículo 157, numeral 1, de la Constitución.
En cuanto al quórum decisorio al que hace referencia el artículo 146 de la Constitución, según lo certificado por los secretarios del Senado y de la Cámara, las votaciones se dieron por mayoría, estando reunido el quórum requerido, conforme a la exigencia constitucional. De acuerdo con el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto fue aprobado por los senadores presentes (siete de 13) al momento de abrirse el registro conforme al Acto Legislativo 01 de 2009 con votación nominal y pública, cuyo resultado fue seis (6) votos a favor y uno (1) en contra. Por su parte, la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara, certificó que “en la sesión del día 23 de marzo de 2011, Acta N° 29, publicada en la Gaceta del Congreso de la República N° 177 del 11 de abril de 2011, páginas 23 a la 26, se llevó a cabo la discusión y aprobación del referido proyecto de ley habiendo quórum decisorio de 16 Honorables Representantes presentes quedando de la siguiente forma:
Preguntada la comisión si quiere que este proyecto sea ley de la República se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.” En esta oportunidad, las votaciones se efectuaron de manera ordinaria sin que la Sala advierta tacha en el procedimiento, en tanto responde a la hipótesis prevista en el artículo 1, numeral 16, de la Ley 1431 de 2011, modificatorio del artículo 129 de la Ley 5 de 1992, que establece dentro de las excepciones a la regla general del voto nominal y público de los congresistas en el trámite de un proyecto de ley, la existencia de unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros. A continuación para mayor certeza, la Sala transcribe la forma en que se surtió la votación en la Comisión segunda de la Cámara de Representantes:
Ha sido aprobado en primer debate el Proyecto de ley 115 de 2010 Cámara, 253 de 2009 Senado. Se designa como ponente para segundo debate el honorable Representante Víctor Hugo Moreno Bandeira.” De la transcripción del debate y votación que consta en el Acta N° 29 del 23 de marzo de 2010, la Sala pudo constatar que en el trámite del proyecto de ley surtido en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, este fue aprobado por unanimidad, lo que permite la configuración de la hipótesis prevista en el numeral 16 del artículo 1 de la Ley 1431 de 2011, modificatorio del artículo 129 de la Ley 5 de 1992, es decir que la votación en estos casos no tiene que ser nominal y pública, teniendo en cuenta que: (i) al ponerse en consideración de los miembros de la Comisión el informe de ponencia y abrirse la discusión, no se presentó ninguna oposición; (ii) el articulado del proyecto de ley fue aprobado en bloque; (iii) ninguno de los miembros presentes solicitó que se efectuase votación nominal y pública; y por lo anterior, (iv) no se desconocieron los derechos de las minorías.
En cuanto al segundo debate ante la Plenaria del Senado, el Secretario General certifica, que el proyecto de ley fue aprobado en la sesión del día 29 de septiembre de 2010, con una votación nominal de 55 votos, así: 51 votos por el SI, 4 votos por el NO, como consta en el Acta No. 14 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 829 del 28 de septiembre de 2010. Por su parte, en la Plenaria de la Cámara, el Secretario General certifica que el proyecto de ley fue aprobado en la sesión del 15 de junio de 2011 a través de votación nominal, de la siguiente manera: (i) la ponencia para segundo debate: 87 votos por el SI y 5 votos por el NO; (ii) el articulado, el título del proyecto y la pregunta “si quieren que este proyecto de ley sea ley de la República”: 84 votos por el SI y 6 votos por el NO. En el Acta No. 72 correspondiente a la sesión del 15 de junio de 2011, publicada en la Gaceta No. 732 del 28 de septiembre de 2011, quedó constancia de lo anterior.
En cuanto al cumplimiento del requisito del anuncio previo de que trata el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Constitución Política, encuentra la Corte que dicho requisito también se cumplió. (i)	Anuncio para primer debate: el proyecto de ley fue anunciado el día 2 de junio de 2010, según consta en el Acta No. 29 de la misma fecha, publicada en la Gaceta 473 de 2010, y en la sesión del 8 de junio de 2010, según consta en el Acta No. 30 de la misma fecha, publicada en la Gaceta 473 de 2010, (ii) para ser discutido y votado el día 9 de junio del mismo año. Al finalizar la sesión del 8 de junio de 2010, el Secretario de la Comisión Segunda del Senado hizo el anuncio previo del proyecto de ley bajo revisión en los siguientes términos: “Por instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión. (Artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003).
Proyecto de ley número 235 de 2010 Senado, por medio del cual se aprueba el “Acuerdo Bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia” elaborado en Bogotá, el 17 de marzo de 2010 y el entendimiento sobre el trato justo y equitativo en el Acuerdo Bilateral de Inversión entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia”, elaborado en Bogotá, el 17 de marzo de 2010 y el Entendimiento sobre el trato justo y equitativo en el Acuerdo Bilateral de Inversión entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia, firmado por los Jefes Negociadores de ambas partes y anexada a las minutas de la última ronda de negociaciones en Londres, el 19 de mayo de 2009. Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo.
El proyecto fue efectivamente aprobado el 9 de junio de 2010 en primer debate según consta en el Acta No. 31 de esa fecha, publicada en la Gaceta No. 473 de 2010. En la Comisión Segunda del Senado el requisito del anuncio previo que establece el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió a cabalidad por las siguientes razones: (a) el anuncio lo hizo el Secretario de la Comisión por instrucciones del Presidente; (b) se empleó la expresión “anuncio de discusión y votación” para señalar expresamente para qué asunto estaban siendo convocados los congresistas. Además, según ha señalado esta Corporación, (c) el anuncio para la votación de un proyecto de ley, debe hacerse para una sesión posterior a aquella en la que se hace el anuncio, siempre y cuando se convoque para (…) una fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable.” En el caso bajo estudio, la Comisión Segunda del Senado señaló la fecha en la cual tendría lugar la votación del Proyecto de Ley 253 de 2010 Senado, por lo cual, para los miembros de la Comisión, era claro cuándo sería discutido y votado el proyecto. El anuncio respetó entonces la cadena de anuncios y se hizo de manera clara de acuerdo a la exigencia constitucional.
(ii) Anuncio para segundo debate: el proyecto de ley fue anunciado el 28 de septiembre de 2010, según consta en el Acta No. 13 de la misma fecha, para ser discutido y votado en plenaria del Senado, el día 29 de septiembre del mismo año. En efecto, en la Sesión de septiembre 28 de 2010, publicada en la Gaceta 787 de 2010, se realizó el respectivo anuncio, de la siguiente manera: “Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Señor presidente los proyectos para la próxima sesión son los siguientes: (…)
– Proyecto de ley número 253 de 2010, por medio del cual se aprueba el “Acuerdo Bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia”, elaborado en Bogotá, el 17 de marzo de 2010, y el “Entendimiento sobre el trato justo y equitativo en el acuerdo bilateral de Inversión entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia”, firmado por los jefes negociadores de ambas partes y anexada a las minutas de la última ronda de negociaciones en Londres, el 19 de mayo de 2009.”
El proyecto fue efectivamente aprobado el 29 de septiembre de 2010 por la Plenaria del Senado según consta en el Acta No. 14 de esa fecha, publicada en la Gaceta 829 del 28 de octubre de 2010. En la Plenaria del Senado de la República, el requisito del anuncio previo que establece el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió de acuerdo a las exigencias constitucionales: (a) El anuncio lo hizo el Secretario del Senado, por instrucciones de la Presidenta de esa Corporación. (b) Si bien ha señalado esta Corporación que lo ideal al hacer el anuncio a que se refiere el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 es emplear la expresión “votación”, cuando ello no es así, tal situación no implica un incumplimiento de esta exigencia constitucional, si del contexto general se puede inferir que la expresión empleada para anunciar el proyecto comprende su votación. En el caso bajo estudio, se anunciaron los proyectos que se “discutirán” y “aprobarán”, expresiones que se han entendido como sinónimas de los vocablos “deliberar” y “votar”. Por lo tanto, en el contexto en que se anunció el Proyecto de Ley número 253 de 2010 Senado, los parlamentarios sabían que el anuncio correspondía al exigido por la Constitución. (c) El anuncio se hizo de manera clara, empleando la expresión “en la próxima sesión,” es decir, que se trataba de una fecha determinable que permitía a los congresistas cuándo exactamente tendría lugar la votación y para qué asunto estaban siendo convocados. (d) La votación se hizo efectivamente en la sesión inmediatamente posterior a aquella en que se hizo el anuncio, respetando así la cadena de anuncios exigida por la Constitución.
(i)	Anuncio para primer debate: el proyecto fue anunciado el día 16 de marzo de 2011, tal como consta en el Acta No. 27 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 177 del 11 de abril de 2011, en los siguientes términos: “Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Albeiro Vanegas Osorio:
Queda anunciado el proyecto dentro de las consideraciones que ha hecho el honorable Representante Telésforo Pedraza en razón a que se tratará cuando haya discusión de proyectos de ley en el seno de la Comisión Segunda. El otro proyecto que se anuncia es el 115 de 2010 Cámara, 253 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno del Reino Unido, de La Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia, elaborado en Bogotá el 17 de marzo de 2010. Y el entendimiento sobre el trato justo y equitativo en el acuerdo bilateral de inversiones entre Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte y la República de Colombia, firmado por los jefes negociadores de ambas partes y anexada a las minutas de la última ronda de negociaciones en Londres el 19 de marzo de 2009. Están anunciados los dos proyectos que se tratarán en la próxima sesión cuando se discutan proyectos de ley. Siguiente punto del Orden del Día.”
El proyecto de ley fue aprobado el día 23 de marzo de 2011, según consta en el Acta 29 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 177 del 11 de abril de 2011. En la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se dio pleno cumplimiento al requisito que establece el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003: (a) El anuncio lo hizo la Secretaria de la Comisión por instrucciones del Presidente. (b) Si bien esta Corporación ha señalado que lo pertinente al hacer el anuncio a que se refiere el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 es emplear la expresión “votación”, cuando ello no es así, tal situación no implica un incumplimiento de esta exigencia constitucional, si del contexto general se puede inferir que la expresión empleada permite comprender que el asunto para el cual estaban siendo convocados los congresistas era la votación del proyecto. En este caso, al hacer el anuncio se emplearon las expresiones “discusión” y “aprobación” de proyectos, términos que les permiten inferir claramente a los congresistas que estaban siendo convocados para debatir y votar los proyectos mencionados por el Secretario de la Comisión. (c) En cuanto al señalamiento de la fecha en que sería votado el proyecto, la Secretaria indica que será “en la próxima sesión cuando se discutan proyectos de ley”, fecha que es determinable por los congresistas. (d) La votación se hizo efectivamente en la fecha indicada por el secretario al hacer el anuncio, respetando así la cadena de anuncios exigida por la Constitución.
(ii)	Anuncio para segundo debate: el proyecto fue anunciado en la sesión Plenaria del día 9 de junio de 2011, según consta en el Acta número 71 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 607 de 2011, y se hizo en los siguientes términos: “Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Carlos Zuluaga Díaz:
Señor presidente, se anuncian los proyectos para la sesión Plenaria del miércoles 15 de junio o para la siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos. (…) – Proyecto de ley 115 de 2010 Cámara. 253 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia”, elaborado en Bogotá, el 17 de marzo de 2010, y el “Entendimiento sobre el trato justo y equitativo en el Acuerdo Bilateral de Inversión entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia”, firmado por los jefes negociadores de ambas partes y anexada a las minutas de la última ronda de negociaciones en Londres, el 19 de mayo de 2009.” El proyecto fue aprobado por la Plenaria de la Cámara el día 15 de junio de 2011, según consta en el Acta 72 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 732 del 28 de septiembre de 2011. En la Plenaria de la Cámara de Representantes, el requisito del anuncio previo que establece el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió de acuerdo a las exigencias constitucionales: (a) El anuncio lo hizo el Secretario de la Cámara, por instrucciones del Presidente de esa Corporación. (b) En cuanto a los términos empleados para hacer el anuncio, el Secretario de la Cámara utiliza la expresión “debatan”. Dado que esta expresión se usó en el contexto de la deliberación y votación de los proyectos de ley, era posible inferir que se estaba convocando a la Plenaria de la Cámara a la votación de los proyectos de ley mencionados. (c) El anuncio se hizo de manera clara, para la “sesión Plenaria del miércoles 15 de junio o para la siguiente sesión Plenaria,” fecha determinable que permitía a los congresistas saber cuándo exactamente tendría lugar la votación y para qué asunto estaban siendo convocados. (d) La votación se hizo efectivamente en la sesión inmediatamente posterior a aquella en que se hizo el anuncio, correspondiente al 15 de junio de 2011, respetando así la cadena de anuncios exigida por la Constitución.
Resalta la Corte que en ninguna de las etapas de formación de este proyecto se interrumpió la secuencia de anuncios, citaciones y votaciones. El Secretario, autorizado por el Presidente de cada Cámara, (i) anunció que el proyecto de ley sería considerado en la próxima sesión o en una fecha determinable; (ii) especificó el número o el nombre del proyecto de ley correspondiente al Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia; y (iii) la votación del proyecto se llevó a cabo en las sesiones señaladas en el anuncio previo. Así, tanto para los congresistas de la correspondiente Cámara, como para los ciudadanos que tenían interés en influir en la formación de esta ley, la fecha en que se haría la votación del proyecto era claramente determinable y futura, lo cual asegura que los fines de este requisito constitucional se cumplieron a cabalidad. En consecuencia, concluye la Corte Constitucional que desde el punto de vista formal, la Ley 1464 de 2011 cumplió el procedimiento legislativo previsto en la Constitución Política y en la Ley 5 de 1992.
4. Revisión material 4.1. Los Acuerdos de Promoción de Inversiones (APPRI)
El Estado Colombiano ha suscrito numerosos acuerdos con el mismo propósito. En el año de 1994, por ejemplo, suscribió un acuerdo que antecede al que ahora se analiza, el Convenio de promoción y protección de inversiones con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, aprobado por la Ley 246 de 1995, declarada parcialmente inexequible mediante la Sentencia C-358 de 1996. En esa ocasión la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 6, referente a expropiaciones y nacionalizaciones, por encontrarlo contrario al artículo 58 de la Constitución. Se suscribieron además en este mismo año, con Cuba y Perú, sendos convenios sobre promoción y protección recíproca de inversiones, aprobados por las leyes 245 de 1995 y 279 de 1996, declaradas exequibles en las Sentencias C-379 de 1996 y C-008 de 1997, respectivamente.
En el año de 1995, se celebró con España un convenio similar, aprobado mediante la Ley 437 de 1998, declarado parcialmente inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-494 de 1998, en la medida en que la Constitución excluye de plano y en forma imperativa toda forma de revisión judicial en lo que respecta a la motivación de utilidad pública, interés social o equidad, y el convenio examinado la consagra, sin ningún tipo de distinciones y con carácter obligatorio para las Partes.
Poco tiempo después, en el año 2000, Colombia suscribió con la República de Chile otro convenio con la misma finalidad, aprobado por la Ley 672 de 2001, declarada exequible por esta Corporación mediante sentencia C-294 de 2002.
En el año 2001, se suscribió convenio con la República del Perú sobre la misma materia, aprobado por la Ley 801 de 2003, que se encontró conformé a la Constitución en la Sentencia C-961 de 2003. Este protocolo modificó algunas disposiciones del Convenio entre Colombia y Perú sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito en Lima el 26 de abril de 1994 y aprobado mediante Ley 279 de 1996, declarado exequible por la Corte en la Sentencia C-008 de 1997. En el año 2005, igualmente, fue suscrito un nuevo convenio, esta vez, con el Reino de España, para la promoción y protección recíproca de inversiones, aprobado mediante Ley 1069 de 2006, declarada exequible por esta Corporación en la Sentencia C-309 de 2007. En el año 2006, en este mismo sentido, el Estado colombiano celebró convenio con la confederación Suiza, aprobado por la Ley 1198 de 2008 y declarado exequible mediante sentencia C-150 de 2009.
En el año 2007, con la República del Perú se suscribió un nuevo Convenio sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, aprobado por la Ley 1342 de 2009, declarada exequible en sentencia C-377 de 2010.
La Corte Constitucional en las providencias antes citadas, ha reiterado que los Convenios fundados en la promoción y protección de las inversiones son herramientas usuales de integración internacional a las que acuden los Estados para estrechar lazos comerciales. Los acuerdos, identificados como Convenios de Promoción y Protección de Inversiones, APPRI, internacionalmente conocidos como BIT, Bilateral Investment Treaties, según la jurisprudencia constitucional, responden a un modelo preestablecido de convenio internacional, de estructura estándar, que desarrollan temas vinculados con la definición de las inversiones protegidas; el tratamiento preferencial o no menos favorable del inversionista extranjero en relación con el inversionista nacional o de un tercer estado; la protección frente a la discriminación; salvaguardas contra la expropiación y señalamiento de las indemnizaciones procedentes; la libre transferencia de inversiones y utilidades, y el establecimiento de mecanismos de solución de controversias. La Sala Plena de esta Corporación ha establecido que, en términos generales, este tipo de convenios se ajustan a las previsiones de la Constitución Política, pues satisfacen una necesidad de integración de la economía nacional que se impone como consecuencia de la globalización de la economía mundial, y responden a las exigencias del mundo contemporáneo, específicamente, a “la interdependencia de los Estados, el logro de mayores flujos de inversión extranjera que complementen el ahorro nacional, financien grandes proyectos de infraestructura y apoyen la expansión industrial, es una necesidad indispensable para alcanzar niveles adecuados de desarrollo económico y bienestar social.”
Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte negociaron en el año de 1994, un acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones, que fue declarado parcialmente inexequible por la Corte Constitucional colombiana, mediante la sentencia C-358 de 1996.
La Corte consideró que el artículo 6 del Convenio al establecer la obligación de compensar al inversionista en caso de expropiación, prohibía a las partes, de modo terminante, una forma de expropiación que el artículo 58 de la Constitución expresamente autoriza cuando señala que “el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.”
Por lo anterior, el Acuerdo suscrito entre Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no fue ratificado y, en consecuencia, tal y como se expresa en la exposición de motivos que acompaña a la Ley 1464 de 2011, nunca entró en vigencia.
Posteriormente, en el año de 1999, el Acto Legislativo 001 de 1999 modificó el artículo 58 de la Constitución, facilitando la renegociación del Acuerdo, conversaciones que fueron retomadas entre los años 2006 y 2007 con el objeto de lograr un convenio que reflejase la evolución y los intereses colombianos en materia de protección de inversión extranjera atendiendo los desarrollos internacionales y la experiencia Colombiana en este tipo de convenios.
En la exposición de motivos que acompaña al proyecto de ley en su trámite por el Congreso de la República, se reitera que la ratificación del Tratado de Inversión entre Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte hace parte de una estrategia coherente de inserción del país en la economía mundial, y en especial, contribuye a que Colombia se convierta en un actor importante en materia de atracción de flujos de capital en América Latina, con la esperanza que el incremento de la inversión extranjera tenga efectos positivos en el crecimiento económico y la generación de empleo.
Para lograr este objetivo, en dicho instrumento se establecen compromisos relacionados con el tratamiento que se otorgará al inversionista (trato nacional y trato de nación más favorecida), los estándares de responsabilidad que asumen los Estados con respecto a los inversionistas del otro Estado (nivel mínimo de trato), el establecimiento de reglas para la compensación al inversionista en caso de expropiación, y la transferencia de los capitales vinculados a la inversión. Además, mediante estos tratados se establecen procedimientos claros de solución de controversias.
Como lo ha señalado esta Corporación, el análisis material de las disposiciones jurídicas adoptadas como resultado de las negociaciones internacionales de los Estados, se relaciona con la confrontación de aquellas con los mandatos superiores vigentes, a partir de criterios eminentemente jurídicos, que son los que regirán en el presente examen, y no de conveniencia u oportunidad. La revisión material del Preámbulo, los 15 artículos y del memorando de Entendimiento sobre el Trato Justo y Equitativo, que hacen parte del texto del Acuerdo objeto de examen y de la Ley 1464 de 2011 que lo aprueba, se llevará a cabo mediante la presentación y análisis temático de sus preceptos, con fin de determinar su conformidad con la Constitución Política. Como lo expresó la Corte en la sentencia C-379 de 1996, este tipo de tratados se ciñen a un modelo estándar utilizado regularmente por los países miembros de la comunidad internacional para la celebración de convenios sobre protección recíproca de inversiones, que difieren muy poco los unos de los otros, pues se caracterizan por contener cláusulas “prototipo” dirigidas a regular los siguientes aspectos: (i) definición del tipo de inversiones protegidas; (ii) obligación de garantizar al inversionista del Estado co-signatario un trato no inferior al que la legislación interna concede a sus nacionales (trato nacional) o a inversionistas de cualquier tercer Estado (cláusula de la nación más favorecida); (iii) prohibición de toda discriminación de los inversionistas extranjeros en relación con los nacionales; (iv) salvaguarda de las inversiones supeditando su expropiación a motivos de utilidad pública o de interés social, a su no aplicación de manera discriminatoria y al pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva; (v) libre transferencia de la inversión y de las utilidades, y (vi) mecanismos de solución de controversias. Por consiguiente, la Sala, reiterará, en lo pertinente, las consideraciones que en su oportunidad sirvieron de sustento para definir la constitucionalidad parcial de las cláusulas pactadas en el Acuerdo suscrito por la República de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el año de 1994, así como las de los demás convenios de naturaleza similar, antes citados.
En el artículo I y el Anexo 2 se incluyen las definiciones de inversionista, inversión, rentas, territorio y autoridades competentes, indispensables para la interpretación y aplicación del Acuerdo. Se destaca, que de la definición de inversión que contempla los actos que revisten carácter de inversión (tales como adquisición de propiedad, acciones, derechos de autor y derechos de propiedad intelectual, entre otros), se excluyen aquellas operaciones que no deben entenderse protegidas al amparo del Acuerdo, como las operaciones de deuda pública, los contratos netamente comerciales de compraventa de bienes y servicios (como la intermediación). Y dentro de la definición de inversionista, se establece que el acuerdo no aplicará para las inversiones realizadas por personas que ostenten doble nacionalidad.
En múltiples oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha precisado que este tipo de definiciones en ningún caso contrarían la Constitución. Específicamente en la sentencia C-358 de 1996, en la que se analizó, el convenio de promoción y protección de inversiones suscrito entre el Reino Unido y Colombia en el año de 1994, la Corte determinó que las definiciones relativas a inversión, rendimientos, nacionales, compañías y territorio, necesarias para la correcta interpretación y aplicación del Acuerdo, no les cabía tacha alguna de inconstitucionalidad. En este mismo sentido, se pronuncio en la sentencia C-379 de 1996, respecto de las definiciones de los términos inversión, ganancias y territorio, previstas en un acuerdo de idéntica naturaleza, suscrito entre Colombia y Cuba.
Esta necesidad ha sido calificada por la jurisprudencia de la Corte como legítima a la luz de las normas constitucionales, en tanto, la inversión extranjera impulsa la economía nacional, lo cual se manifiesta en el incremento de la capacidad productiva, en la recepción de nueva tecnología, maquinaria, conocimiento especializado, personal capacitado y en aumento de los recursos tributarios del Estado. De esta manera se vincula la economía nacional con la dinámica internacional, evitando el aislamiento del mercado internacional.
EL artículo III en este mismo orden de ideas introduce los principios de “trato nacional” y “trato de la Nación más favorecida”, excluyendo su aplicación a los mecanismos de solución de controversias. De acuerdo con el principio de “trato nacional”, las inversiones de extranjeros y de nacionales se colocan en pie de igualdad jurídica, y en caso que una norma nacional establezca diferencias entre categorías de inversiones, las que estén cobijadas por el principio de “trato nacional” deberán sujetarse al mismo régimen dado a las inversiones nacionales. Respecto a la cláusula de “trato de la Nación más favorecida”, por la que una parte se compromete a tratar a la inversión y a los inversionistas de la otra parte de la misma manera en que trata las inversiones e inversionistas de un tercer país, que eventualmente tenga beneficios adicionales a los concedidos mediante el Acuerdo, la Corporación ha precisado que este tipo de cláusulas tienen por objeto establecer y mantener en todo tiempo la igualdad, sin discriminación entre los países interesados, adecuándose al principio de proporcionalidad que la jurisprudencia ha derivado de los artículos 1, 2 y 95-1 de la Constitución. Así, “la igualdad de tratamiento otorgada por una cláusula de la Nación más favorecida hace desaparecer toda diferencia entre las inversiones extranjeras beneficiarias de este trato. Por regla general, a partir del momento en el cual el país receptor de la inversión concede una ventaja a un tercer Estado, el derecho de otros Estados a un tratamiento no menos favorable nace en forma inmediata y se extiende a los derechos y ventajas concedidos antes y después de la entrada en vigor del Tratado que consagra la aludida cláusula.” En el artículo IV, se precisa que los compromisos del Acuerdo no menoscaban la potestad del Estado para (i) aplicar las medidas que considere necesarias para proteger la seguridad pública o nacional y el orden público; (ii) excluir la aplicación del “trato de la Nación más favorecida”, en materia de preferencias, beneficios o tratamientos adicionales resultantes de una zona de libre comercio, uniones aduaneras, uniones monetarias o económicas, mercados comunes o acuerdos relacionados en todo o en parte con asuntos tributarios; (iii) restringir temporalmente las transferencias en circunstancias de problemas o amenazas a la balanza de pagos y dificultades o amenazas para el manejo macroeconómico; y (iv) establece una salvaguarda de las obligaciones que tiene el Reino Unido ante la Unión Europea como Estado miembro de ese proceso de integración regional.
Las excepciones antes enunciadas a las obligaciones de trato nacional y nación más favorecida, armonizan con la Constitución Política en cuanto desarrollo del principio de igualdad (art. 13) y del compromiso estatal de promover la internacionalización de las relaciones económicas del Estado y la integración económica, social y política con las demás naciones del mundo (arts. 226 y 227). En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que este tipo de cláusulas se ajustan a la Constitución Política, en tanto desarrollan los postulados contenidos en el artículo 13 Superior que prevé el principio de igualdad y prohíbe toda discriminación con carácter arbitrario, y en particular, el artículo 100 del mismo ordenamiento, que consagra para los extranjeros los mismos derechos civiles reconocidos a los nacionales colombianos, sin perjuicio de la atribución que la Constitución reconoce al Estado Colombiano por razones de orden público, de subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.
En este mismo sentido, la Corte ha señalado que, en circunstancias de dificultades excepcionales en la balanza de pagos, los Estados Parte deben poder ejercer las facultades conferidas por su legislación interna para limitar la libre transferencia de las inversiones y sus rendimientos, por un período limitado de tiempo y en forma no discriminatoria y de buena fe, de manera que no se interfiera con las facultades de la Junta Directiva del Banco de la República en la regulación y manejo de las reservas internacionales del país.
La Corte, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la Sentencia C-008 de 1997, por ser plenamente aplicables al presente caso, reitera que la cláusula de libre inversión y sin demoras que se aplica las transferencias, se ajusta a los preceptos constitucionales, puesto que está dirigida a hacer efectiva la protección que los Estados celebrantes del tratado brindan a la inversión extranjera, objetivo que no admite reparo alguno. Finalmente, el Acuerdo reconoce y garantiza la soberanía nacional, en la medida en que le otorga a las partes la posibilidad de condicionar o impedir transferencias mediante la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de su legislación relativa a: (i) procedimientos concursales, reestructuración de empresas o insolvencia; (ii) cumplimiento de decisiones y laudos judiciales, arbitrales o administrativos en firme; y (iii) cumplimiento de obligaciones laborales o tributarias. Procederá entonces la Sala a declarar la constitucionalidad del artículo V.
El artículo VI consagra la protección del derecho a la propiedad de los inversionistas de afectaciones ilegales, haciendo manifiesta a la vez, la potestad de los Estados para afectar ese derecho en defensa del bien común. Al efecto, dispone que en el caso de que se produzca una expropiación, el Estado debe proporcionar una compensación pronta, adecuada y efectiva. La norma contempla dos casos en materia de expropiación: (i) la expropiación directa en la que se presenta una transferencia formal del título de dominio a través de un procedimiento administrativo o judicial específico; y (ii) la expropiación indirecta, en la que a través de una medida o serie de medidas del Estado, se llega a afectar el derecho de propiedad de los inversionistas, despojándolo de la misma, o el valor de su activo, haciendo inviable la inversión.
Finalmente, la norma mantiene la capacidad del Estado de establecer monopolios de acuerdo con el artículo 336 de la Constitución, y excluye de su aplicación la expedición de licencias obligatorias dentro del marco de lo acordado en la Organización Mundial del Comercio, OMC. Debe la Sala advertir, que en materia de expropiación el parámetro de constitucionalidad cambió a partir del Acto Legislativo 01 de 1999, “por el cual se reforma el artículo 58 de la Constitución Política”, puesto que antes de su entrada en vigencia, la Constitución permitía la expropiación sin indemnización por razones de equidad, en casos definidos por el legislador.
A la luz del antiguo artículo 58 constitucional, la Sala Plena de esta Corporación declaró en varias oportunidades la inexequibilidad de normas similares a la que en esta oportunidad se examina, contenidas en diversos convenios internacionales, en la medida en que prohibían una de las formas de expropiación que el artículo 58 autorizaba. Con la reforma introducida por el Acto Legislativo 01 de 1999 al artículo 58, se hizo posible establecer en los nuevos acuerdos internacionales cláusulas que autorizaban este tipo de expropiación, cambio que fue reconocido expresamente por la Corte en las sentencias C-1074 de 2002 y C-294 de 2002, en los siguientes términos:
“(…) dicho fundamento constitucional [expropiación sin indemnización previa por razones de equidad] subsistió hasta 1999, cuando a raíz de los fallos de inconstitucionalidad de las cláusulas indemnizatorias de varios tratados bilaterales de protección de la inversión extranjera, el constituyente decidió modificar el artículo 58 constitucional para derogar la posibilidad de expropiación sin indemnización. Al derogar integralmente el texto introducido en 1936, que autorizaba esa posibilidad, en lugar de reformarlo para permitir excepciones con base en tratados internacionales, no sólo protegió la inversión extranjera, sino los derechos de propiedad de todos los habitantes de Colombia, quienes no podrán ser expropiados sin previa indemnización.”
En este orden de ideas, la Sala encuentra que el Artículo VI tiene evidente sustento en el nuevo artículo 58 Superior, que ha sido interpretado por la jurisprudencia constitucional en el sentido de admitir que el Estado es responsable y debe indemnizar por las expropiaciones que realiza, haciendo, explícito que las razones de “utilidad pública e interés social” de nuestra Constitución Política son razones válidas para efectuar las expropiaciones bajo el amparo de esta disposición. Ahora bien, respecto de la expropiación indirecta, en la mayoría de acuerdos de promoción y protección de inversiones suscritos por Colombia con diversos países, se ha incluido una cláusula en este sentido, con la finalidad de proteger a los inversionistas frente a actos gubernamentales que constituyan expropiación indirecta, pero con el cuidado de excluir los actos regulatorios no discriminatorios estatales dirigidos a proteger intereses legítimos como el bienestar general, la salud pública o el medio ambiente.
La expropiación indirecta ha sido definida en términos amplios, “como una medida estatal, bien sea una ley, un acto regulatorio proferido por una autoridad pública o incluso una sentencia, que priva al inversionista extranjero de una expectativa cierta y razonable de ganancia, aunque no se produzca un cambio en la titularidad del derecho de dominio.”
Sobre el particular, en las sentencias C-031 de 2009 y C-608 de 2010, en las que la Corporación efectúo la revisión de constitucionalidad de los acuerdos de libre comercio suscritos por el Estado colombiano con los gobiernos de Chile y Canadá, la Sala Plena se expresó en los siguientes términos:
“Se trata, por tanto, que el particular debe ser protegido frente a cambios bruscos e inesperados efectuados por las autoridades públicas. En tal sentido, no se trata de amparar situaciones en las cuales el administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que su posición jurídica es susceptible de ser modificada por la Administración, es decir, se trata de una mera expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente. De allí que el Estado se encuentre, en estos casos, ante la obligación de proporcionarle al afectado un plazo razonable, así como los medios, para adaptarse a la nueva situación.
La Corte encuentra la disposición examinada conforme con la Constitución, por presentar una íntima relación con las reglas de tratamiento contenidas en los artículos II, III y IV del Acuerdo, ya analizadas y encontradas constitucionales, así como por presentar un claro desarrollo de los principios de trato nacional y de la cláusula de la Nación más favorecida, sin desconocer en su aplicación, los alcances del artículo 100 de la Constitución en materia de derechos civiles de los extranjeros en Colombia.
Así mismo, cabe agregar que, según lo establecido por la jurisprudencia de esta Corporación, consignada en la Sentencia C-358 de 1996, la restitución, indemnización, compensación u otro acuerdo, de que trata el presente artículo, deberá efectuarse en los términos señalados en el artículo 90 de la Constitución, referente a la responsabilidad patrimonial del Estado.
Se trata de una norma de interpretación que se limita a reconocer la soberanía de cada Estado, así como el deber constitucional de proteger la diversidad e integridad del ambiente. La protección al medio ambiente es un principio que irradia todo nuestro ordenamiento jurídico puesto que la Constitución (i) prevé la obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; (ii) consagra el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por vía judicial; y (iii) contempla un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares para su preservación. En ese orden de ideas, el Artículo VIII se ajusta a los artículos 9, 79 y 80 de la Constitución. 4.4.7. Solución de controversias (Artículo IX, Anexo 1 y Artículos X y XII)
Para estos efectos, tanto Colombia como el Reino Unido, acordaron otorgar su consentimiento definitivo, vinculante y sin reservas para que toda controversia entre una Parte y un inversionista de la otra Parte pueda ser sometida a cualquiera de los procedimientos de solución de controversias establecidos en el Acuerdo. Finalmente, el Acuerdo prevé que el inversionista no podrá presentar una notificación de intención, es decir, no podrá invocar los procesos de arbitraje internacional establecidos en este artículo si han transcurrido más de cinco años a partir de la fecha en la cual el inversionista tuvo conocimiento o debió haber tenido conocimiento de la presenta violación del Acuerdo, así como de las pérdidas o daños alegados.
Una cláusula semejante ya fue analizada por la Corte en la sentencia C-309 de 2007, y declarada exequible bajo las siguientes consideraciones: (i) crea los mecanismos procesales necesarios para la solución de controversias relativas a la ejecución del convenio; (ii) preserva la soberanía estatal en tanto contempla la necesidad de agotar inicialmente la vía gubernativa; (iii) dada la naturaleza de las diferencias que pueden suscitarse con ocasión del tipo de inversiones objeto de esta clase de convenios, puede llegar a ser mucho más conveniente y pacífico que sea un organismo internacional especializado a un tribunal de arbitraje quien las solucione; (iv) la promoción de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas prevista en el artículo 226 constitucional, no sería posible sin el recurso de acudir a los tribunales internacionales. Sin embargo, frente a esta posición mayoritaria se presentó un salvamento de voto en la vulneración del principio de soberanía estatal consagrada en el artículo 9 constitucional, así como de los principios de derecho internacional que Colombia ha aceptado como miembro de la Comunidad Latinoamericana de Naciones. Se considera que en este Acuerdo, el Estado colombiano renuncia de antemano por vía de un tratado bilateral a ejercer su jurisdicción sobre un grupo de inversionistas extranjeros, incluso antes de haberse presentado controversia alguna debido a la ejecución del tratado internacional, y acepta someterse a instancias arbitrales internacionales, así el supuesto perjudicado no haya agotado las vías internas judiciales, tal y como lo exigen las normas consuetudinarias del derecho internacional económico.
La resolución pacífica de los conflictos que se propone en las normas analizadas, como ya lo advirtió la Corte en otra oportunidad, es a su vez uno de los propósitos fundamentales de la Constitución de 1991, estatuto que para el logro de tal objetivo, consagra una serie de mecanismos que tienden a desconcentrar la administración de justicia y a establecer mecanismos alternativos de solución de controversias como las jurisdicciones especiales, los jueces de paz, la conciliación y el arbitramento.
Con relación a la posibilidad de que un inversionista acuda a arbitraje internacional, esta Corporación se ha pronunciado favorablemente en varias oportunidades al abordar el análisis de otros acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, como los suscritos con Cuba (C-379 de 1996), Perú (C-008 de 1997), España (C-494 de 1998) y Suiza (C-150 de 2009), entre otros. La Corte ha señalado en estas ocasiones que acudir a tribunales arbitrales internacionales para la solución de controversias es un mecanismo válido y constitucionalmente viable. Al respecto en la sentencia C-494 de 1998, la Corte sostuvo:
Además, vale la pena destacar que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-442 de 1.996 (M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz) en virtud del examen de la Ley 267 de 1.995 “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones Entre Estados y Nacionales de Otros Estados”, hecho en Washington el 18 de marzo de 1.965”, encontró ajustado a la Carta el convenio que crea el citado Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.), en donde se regulan los distintos procedimientos de arbitraje y conciliación; por lo tanto su incorporación al presente Acuerdo, confirma la armonía de los artículos analizados, con el ordenamiento constitucional vigente.”
De otra parte, el artículo XII introduce una regla de favorabilidad, según la cual, si de las disposiciones legales de una de las partes contratantes, o de las obligaciones del derecho internacional actuales o establecidas con posterioridad entre las partes contratantes, derivan reglas más favorables para el inversionista, que las previstas en el Acuerdo que se analiza, las mismas prevalecerán. El contenido de esta norma no genera reparo alguno de constitucionalidad, de conformidad con lo señalado por la Corte en la sentencia C-150 de 2009, en el sentido que se trata de una “reafirmación del principio de Pacta Sunt Servanda al que están sometidas las Partes al adquirir obligaciones en virtud de cualquier Convenio escrito entre agencias del Estado y un inversionista de la otra Parte, lo cual no tiene reparo desde el punto de vista de su constitucionalidad.”
Con esta disposición se busca evitar, por un lado, que un inversionista que ya haya sido indemnizado por una aseguradora contra riesgos no comerciales, demande al Estado con el propósito que este también lo indemnice; y por el otro, que la parte contratante o la agencia designada por esta, tenga la facultad de ejercer los derechos, exigir los reclamos del inversionista y asumir las obligaciones relacionadas con la inversión en la misma medida que el inversionista. La Corte reiteradamente, ha señalado que en el ámbito de las negociaciones internacionales, el mecanismo de la subrogación es comúnmente utilizado, a fin de regular lo relacionado con la responsabilidad de las Partes frente a sus inversionistas, generando una mayor seguridad en el cumplimiento de los compromisos y en las garantías que se adopten para proteger las inversiones de capitales extranjeros de los riesgos y vicisitudes en que puedan incurrir. Su consagración en nada contradice la Constitución Política, como lo ha sostenido esta Corporación al analizar el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el cual se promueven y protegen las inversiones”, suscrito en Londres el 9 de marzo de 1994, y de la Ley 246 de 1995, que lo aprueba, bajo las siguientes consideraciones: “El mecanismo de la subrogación tiende a hacer efectivos los sistemas de garantía de las inversiones internacionales. Bien es sabido que, en general, esta forma de protección de la inversión extranjera puede lograrse a través de dos tipos de previsiones: (1) los mecanismos nacionales; (2) los mecanismos internacionales. Los primeros se presentan cuando es el Gobierno de un determinado país el que asume la garantía de las inversiones que sus nacionales y compañías realicen en el extranjero. Por su parte, los mecanismos de garantía de Derecho Internacional son ejercidos por alguna organización de Derecho Internacional Público, creada en virtud de un tratado multilateral, con el objeto de garantizar las inversiones que los nacionales de los Estados Parte constituyan en el extranjero. Cualquiera sea su naturaleza, los mecanismos de garantía buscan cubrir los riesgos que implica toda inversión internacional y tienen por objeto la transferencia de estos riesgos del inversionista privado al organismo de garantía. (…)
Además, el mecanismo de la subrogación no interfiere con ninguna facultad del Gobierno nacional relativa a la ejecución o cumplimiento del Acuerdo, toda vez que esta figura sólo regula las relaciones del inversionista extranjero con su Gobierno o con el organismo de Derecho Internacional que acuda al mecanismo de garantía correspondiente.”
Por último, el artículo prevé expresamente que el Acuerdo no será interpretado en el sentido de otorgar protección a las inversiones realizadas con capitales o activos derivados de actividades ilegales. El artículo XIV, dispone que las Partes pueden acordar extender la aplicación de este Acuerdo a aquellos territorios de cuyas relaciones internacionales el Gobierno del Reino Unido es responsable, es decir, todos los países que hacen parte del Commonwealth, siempre que se cumplan los requisitos legales y constitucionales necesarios para ello de conformidad con la legislación de cada parte.
VI.	DECISIÓN
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1464 del 31 de julio de 2009 del 29 de junio de 2011, “por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo Bilateral para la promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia’, elaborado en Bogotá, el 17 de marzo de 2010, y el ‘Entendimiento sobre el Trato Justo y Equitativo en el Acuerdo Bilateral de Inversión entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia’, firmado por los jefes negociadores de ambas partes y anexada a las minutas de la última ronda de negociaciones en Londres, el 19 de mayo de 2009.”

References: artículo 241
 artículo 157
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 189
 artículo 160
 artículo 157
 artículo 157
 artículo 146
 artículo 1
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 129
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 58
 artículo 6
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 13
 artículo 100
 artículo 336
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 100
 artículo 90
 artículo 226
 artículo 9
 resolución