Source: https://registrocivildetodos.blogspot.com.es/2014/10/
Timestamp: 2017-06-24 07:01:59+00:00

Document:
No a la privatización del Registro Civil: octubre 2014
Para CCOO la anunciada dimisión del Director de la DGRN pone de manifiesto los intereses espurios de la privatización del Registro Civil, impulsada y auspiciada por Rajoy
Según se publicó ayer en determinados medios de
comunicación, el Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín
Rodríguez Hernández, Registrador Mercantil de Zaragoza y uno de los máximos impulsores y responsables
de la privatización del Registro Civil, habría dimitido. A su dimisión, que
posiblemente formalizará en los próximos días, habría que sumar la del Subdirector General de Registros, Javier
Vallejo, Registrador de la
Propiedad de Avilés, y los registradores que estaban
en comisión de servicio como letrados de la DGRN a
motivos de la dimisión parecen claros: tras la caída de
Ruiz Gallardón, y el informe negativo del Consejo de Estado al anteproyecto de
Real Decreto por el que se creaba la Corporación de
Derecho Público establecida en la Disposición Adicional 23
del Real Decreto Ley 8/2014, que se iba a encargar de gestionar la contratación
del sistema informático único y de la aplicación de
llevanza en formato electrónico del Registro Civil y su red de
comunicaciones y su posterior gestión,
mantenimiento, conservación y actualización, el nuevo Ministro de Justicia
decide incumplir lo dispuesto en el citado Real Decreto Ley, hoy Ley 18/2014, y
anuncia que no se va a crear la citada Corporación. Dicho Anteproyecto de Real Decreto, del que sin duda alguna tenía
conocimiento Rajoy y que fue tachado de
inconstitucional por el Consejo de Estado, pone claramente
de manifiesto cuál era la intención de Rajoy y su entorno: aprovechar la
privatización del Registro Civil para implantar y controlar un nuevo sistema
registral en España que incluyera el registro civil, el de la propiedad, el
mercantil y el de bienes muebles, en formato electrónico y al margen del
Colegio de Registradores, al que paulatinamente vaciarían de competencias, con
grandes posibilidades de hacer negocio adicional por medio de empresas
participadas por Registradores mediante la oferta de un programa informático
específico para su implementación.
Acuciado por las duras críticas desde sectores jurídicos muy
cualificados, al parecer Rajoy aprovechó la dimisión de Gallardón y decidió dar
marcha atrás en la creación de la Corporación, para centrarse
en su objetivo principal: privatizar el Registro Civil, asumiéndolo los
Registradores, y de esta forma consolidar su posición (y sus beneficios) en el
tráfico jurídico a medio plazo, hoy cuestionado por la Unión Europea. Consecuentemente Rajoy habría
dado orden al nuevo Ministro para que buscara la paz con el Colegio de
Registradores, y consolide el proyecto, aunque ello suponga desairar al
Director General de los Registros y del Notariado, puesto en el cargo por Rajoy
y su entorno. Rajoy es un especialista en dejar atrás a los suyos para que nada
altere su beneficio propio, ya lo hizo con Gallardón. Rajoy, acorralado ante los escándalos en su partido, no quiere tener un frente abierto con el propio
colectivo al que pertenece que pueda poner en riesgo su proyecto personal
estrella. Por todo ello, el nuevo Ministro de Justicia anunció que
abandonaba la idea de la Corporación y que
va a constituir una Comisión Mixta con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para estudiar cómo pueden éstos gestionar el Registro
Civil, garantizando la gratuidad de los servicios que requieran los ciudadanos
y la titularidad estatal de los datos registrales y su máxima protección. O lo
que es lo mismo, negocia una fuente de financiación propia y suficiente del
Registro Civil para que el Colegio de Registradores colabore y no se oponga a
su asunción, vinculada seguramente al pago de una tasa o arancel a toda
Administración o Notario que acceda a la base de datos de Registro Civil,
imponiendo a todos los operadores jurídicos la necesidad de realizar consultas
de los asientos del Registro Civil antes de formalizar cualquier operación
civil, inmobiliaria o mercantil. Con lo que al final todos sufragaremos los
costes de la privatización.
La privatización del Registro Civil, mediante la asignación de éste a los Registradores Mercantiles, tras negarse a asumirlo los Registradores de la Propiedad si no tenían una fuente propia de financiación, ha sido tachada por muchos como un caso de tráfico de influencias, dado que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy es registrador de la propiedad, como su hermano, la nuera de Gallardón y otros familiares y personas allegadas. La marcha de Gallardón del Ministerio de Justicia, seguida hoy de la dimisión del Director y Subdirector General de Registros y del Notariado, abría una puerta a la esperanza de que el nuevo responsable del Ministerio de Justicia diese marcha atrás en el proyecto. Sin embargo, el nuevo Ministro de Justicia Rafael Catalá anunció en el Congreso de los Diputados y en las reuniones que está manteniendo con las organizaciones profesionales, colegiales y sindicales, la revisión de casi todos los proyectos de su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón. De casi todos, porque lo único que ha dicho con lo que iba a seguir adelante es con la privatización del Registro Civil mediante su asignación a los Registradores Mercantiles. Los argumentos de Catalá para seguir adelante con la privatización del Registro Civil no se sostienen: afirma que continúa "con la legalidad vigente", cuando es una legalidad impuesta hace 3 meses por Real Decreto Ley, sin más apoyos que los del Partido Popular, y no tienen reparos en anunciar la revisión de otras "legalidades vigentes", como es la Ley de Tasas; afirma que sigue adelante con este proyecto porque "los registradores son funcionarios públicos", obviando que el personal que trabaja en las oficinas de los Registros de la Propiedad y Mercantiles no lo son, y que si los Registradores son funcionarios públicos lo es porque así lo dice la Ley Hipotecaria, no porque estén sujetos a los mismos deberes, obligaciones, incompatibilidades y retribuciones que el resto de funcionarios públicos. Lo dice hasta la Unión Europea.
La revista El Notariado del Siglo XXI dedica su número a los graves interrogantes que suscita la cesión del Registro Civil a los Registradores Mercantiles. La revista El Notariado del Siglo XXI dedica su número bimensual a los numerosos interrogantes que suscrita la asunción del Registro Civil por parte de los Registradores Mercantiles, aprobado mediante el Real Decreto Ley 8/2014 con el único apoyo del Partido Popular, ahora reconvertido en Ley 18/2014. Bajo el títular en portada de "Las incertidumbres de la cesión del Registro Civil", cualificados profesionales analizan "el iter legislativo que nos ha conducido hasta aquí, la grave indefinición de la Ley en materia de financiación -con los problemas que suscita tanto desde el punto jurídico como económico- la dificultades de gestión del servicio y sus posibles alternativas, y algunas cuestiones de imprescindible desarrollo normativo todavía por concretar". Según el editorial de la revista que presenta estas colaboraciones "la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles operada por el Real Decreto Ley 8/2014 abre todo un conjunto de incertidumbres para el futuro que pueden dar al traste con el funcionamiento de un servicio hasta ahora ejemplar".
Adjuntamos enlace a la citada revista, y en los próximos días iremos publicando alguno de los artículos publicados en la misma.
Los funcionarios judiciales no se conforman con las explicaciones dadas por el ejecutivo. Como cada semana vuelven a concentrarse ante la Ciudad de la Justicia para protestar por el proceso de privatización al que está sometiendo el Gobierno a un servicio público, básico y esencial como es la justicia. Desde CCOO esperaban que la dimisión de Gallardón al frente del Ministerio de Justicia traería consigo cambios en los proyectos legislativos que dejó sobre la mesa el que ha sido, según el sindicato, el peor ministro de Justicia de la democracia. Sin embargo, el nuevo ministro dejó claro que piensa seguir adelante con algunos proyectos de su predecesor, especialmente con la privatización del Registro Civil, "algo absolutamente incomprensible e inexplicable, salvo que existan motivos de índole económico e intereses ocultos tras esta expoliación de un servicio publico", como argumentan desde Comisiones Obreras. Más información »
Lo del Registro Civil de Elche no es sino una prueba más de cómo actúa el PP para justificar la privatización del Registro Civil y adjudicárselo a los Registradores Mercantiles. No deja de ser significativo que los Registros Civiles que más quejas recibe sobre su funcionamiento el Consejo General del Poder Judicial, y que utiliza el PP para justificar su privatización, correspondan a Administraciones gobernadas por el PP. Primero no dotan al Registro Civil de los medios adecuados para su funcionamiento, pese al gran incremento de población extranjera habida en determinadas zonas de España; en segundo lugar provoca el Ministerio de Justicia un mayor colapso en la resolución de los expedientes de nacionalidad, competencia del Ministerio, al paralizar prácticamente el número de expedientes resueltos en el primer semestre de 2012; luego se inventan la encomienda de gestión de la resolución de los expedientes de nacionalidad a los Registradores de la Propiedad, lo que venden como éxito (es lógico, 1000 registradores con su personal resuelven más expedientes que el escaso personal del Ministerio de Justicia que estaba dedicado a estos menesteres) y finalmente ante las reclamaciones para que se doten adecuadamente determinados Registros Civiles, como el de Elche (o el de Castellón, u otros muchos) se niegan a dotarlo, dando lugar al consiguiente cabreo ciudadano para luego poder justificar que, por un precio razonable, esto se hará mejor y más rápido por los Registradores Mercantiles, que deben ser una suerte del bálsamo de fierabrás del sistema registral español capaz de sufragar con sus cuantiosos beneficios el sistema del Registro Civil español. Adjuntamos al efecto el artículo publicado en La Vanguardia, que da título a este post.
El BOE publica la Ley 18/2014, reproducción del infame RDL 8/2014 por el que se privatiza el Registro Civil
Aparece publicado en el BOE de hoy, 17 de octubre, la Ley 18/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que es el resultado de la tramitación como proyecto de Ley del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, que establece en sus disposiciones adicionales vigésima a vigésimo quinta la privatización del Registro Civil mediante su entrega a los registradores mercantiles. La Ley 18/2014 es reproducción exacta del RD 8/2014 lo que demuestra la desvergüenza del Gobierno y del Ministerio de Justicia que, pese a la oposición de todos los grupos parlamentarios, de todos las organizaciones profesionales del ámbito de la Justicia, de cientos de organizaciones ciudadanas y de cientos de Ayuntamientos e incluso de algún Parlamento Autonómico, mantiene su decisión. Además la Ley mantiene, a pesar de las manifestaciones del nuevo ministro, la disposición adicional relativa a la Corporación de Derecho Público para la contratación del sistema informático y su posterior gestión, mantenimiento, conservación y actualización a pesa de que el Consejo de Estado, en su dictamen de fecha de 25 de septiembre, pone en cuestión esta disposición y la tacha de oscura y confusa, rechazando partes del texto por posible inconstitucionalidad y reclama al Gobierno que lo rehaga en profundidad.
Así, Catalá creará una comisión mixta entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores, que será la encargada ahora de “diseñar un sistema que haga posible la máxima mejora del servicio, empleando de modo más eficaz los recursos existentes y garantizando lagratuidad de los servicios así como la titularidad estatal de los datos registrales y su máxima protección”. El viraje de Justicia se produce después de que el Consejo de Estado emitiera un dictamen el pasado 25 de septiembre en el que instaba al ministerio a rehacer, de arriba abajo, el proyecto de real decreto por el que creaba una nueva corporación de derecho público para gestionar el Registro Civil electrónico. Según el órgano que preside José Manuel Romay Beccaría, Justicia se extralimitaba al conceder a esa corporación competencias no sólo sobre el Registro Civil, sino sobre todos los registros –mercantiles y de la propiedad–. Además, le otorgaba competencias que interferían en las que son propias del actual Colegio de Registradores, desde el régimen disciplinario hasta el ingreso de cuotas o la cesión de fondos. Precisamente, una de las acusaciones del gremio contra Ruiz-Gallardón era que pretendía crear “un colegio paralelo” para soslayar la oposición de los registradores a sus reformas.
El PSOE cree «clandestina e innecesaria» la privatización de los registros civiles
La secretaria de Relaciones Políticas del PSOE de La Rioja, Victoria de Pablo, expresó ayer el «rechazo frontal» de su formación a la privatización de los registros civiles en favor de los mercantiles concretada de forma «innecesaria y clandestina» el pasado miércoles en el Senado en el contexto del denominado proyecto de Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Un «cajón de sastre» que, tanto en este punto como en el recorte de derechos en materia de sanidad u otros ámbitos responde al «programa oculto» del PP y cuya tramitación por vía de urgencia ha «hurtado el debate e impide la confrontación de ideas».
Las críticas socialistas alcanzan a prácticamente todos los frentes. Desde el interés por acelerar el trámite a pesar de que está previsto entrar en vigor el 15 de julio del año próximo hasta la «imposición» de un servicio esencial -expedición de partidas de defunción o nacimiento, fes de vida, etcetéra- a unos profesionales que lo rechazan. «El Colegio de Registradores ha manifestado su total discrepancia a esa cesión mientras quienes lo realizan ahora optan por seguir llevándolo », afirmó De Pablo para augurar un «fracaso anunciado» ante las reticencias expresadas por parte de los principales operadores del sector.
El coste fue otro de los aspectos censurados por la dirigente socialista. «Se han 'regalado' los 128 millones que conllevó la informatización de los registros civiles judiciales hace tres años y ahora se requerirá otra cuantiosa partida para actualizar las oficinas mercantiles», apuntó para, al mismo, rebatir que el proyecto de Ley garantice la gratuidad del servicio tal y como defiende el PP. «Se crea una empresa pública -Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España- que se nutrirá de los presupuestos públicos, de forma que los registradores que cobran por aranceles seguirán haciéndolo, pero ahora lo pagaremos todos vía impuestos». Y como remate, las dificultades de desplazamiento que tendrán muchos ciudadanos en la comunidad si las gestiones se centran en el único registro mercantil situado en Logroño, ante lo cual reclamó que «por lo menos» se mantengan las funciones de registro civil en las nueve agrupaciones riojanas de juzgados de paz. «El consejero de Justicia, Emilio del Río, debe dar explicaciones de su silencio y sumisión a una medida que afecta a todos los riojanos», concluyó.
La Rioja.com, 14.10.2014
CCOO mantendrá su oposición frontal a la privatización del Registro Civil, cuya continuidad anunció el Ministro Catalá, y convocará movilizaciones
CCOO, 16.10.2014
Catalá revisará los grandes proyectos de Gallardón, salvo la privatización de Registro Civil
...La revisión de la gestión de su antecesor llegó hasta el registro civil. En este punto, Catalá no escuchó la críticas de los grupos y defendió la idea de su antecesor, negando que sea una privatización. Su tesis es que "los registradores pueden ser un cuerpo de funcionarios y no es una privatización". Anunció que creará una comisión con el Colegio de registradores, siempre con la tutela de Justicia.
El Pais, 15.09.2014
Defensa adjudica a Indra y Telefónica el nuevo Registro Civil electrónico, y Futuver presenta a su vez una oferta a Indra
- Futuver ya ha presentado una “oferta de sus productos y servicios” a Indra, pero aún no ha firmado ningún contrato.
- La corporación pública que debe firmar y pagar el contrato, de 40 millones de euros, no existe aún y ha sido cuestionada por el Consejo de Estado
Indra y Telefónica son las compañías elegidas por la empresa pública de Defensa Isdefe (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España) para implantar el Registro Civil electrónico en España. La firma tecnológica que preside Javier Monzón, propiedad en un 20%de la estatal SEPI, se encargará del software, mientras que la operadora de César Alierta pondrá el Centro de Procesamiento de Datos (CPD), las instalaciones físicas del sistema. Futuver, la empresa especializada en software registral y centro de la polémica sobre la reforma de los registros planeada por el Gobierno, ya ha presentado a Indra “una oferta de sus productos y servicios”, aunque aún no ha cerrado ningún acuerdo, según explican fuentes de la firma asturiana.
El departamento que ahora dirige Rafael Catalá justifica en razones de confidencialidad y máxima seguridad que haya dejado en manos de una empresa del Ministerio de Defensa tanto la redacción de los pliegos como la licitación y adjudicación del contrato. Pero tanta reserva no ha hecho más que alentar las sospechas de quienes no sólo se oponen a la reforma sino, además, la ven como una operación para beneficiar a Futuver.
Un portavoz de la empresa asegura que su intención es mantenerse fuera de “polémicas políticas” y niega que nadie en Futuver “conozca a Mariano Rajoy o a su hermano”, en alusión a Enrique, registrador de la Propiedad al igual que el presidente del Gobierno. Los opositores a la reforma relacionan a la firma de software con la asociación Arbo, con Enrique Rajoy y con los registradores que desde 2012 ocupan cargos en la Dirección General de los Registros y el Notariado.
El PSOE asegura que privatizar el registro civil responde al programa oculto del PP
La secretaria de Relaciones Políticas del PSOE de La Rioja, María Victoria de Pablo, ha señalado hoy que "la privatización de los registros civiles responde al programa oculto del PP" y ha pedido al consejero de Justicia, Emilio del Río, que explique su "silencio" y "sumisión" ante esta medida.
De Pablo, en una nota, se ha referido a que el Senado, el pasado día uno, aprobó la privatización de los registros civiles, medida que ha rechazado al considerarla "innecesaria" y "clandestina", al efectuarse dentro de un proyecto de Ley de medidas urgentes para el pleno crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Ha añadido que al tramitar esta iniciativa de forma urgente "hurta" el debate parlamentario e "impide" el debate y la confrontación de las ideas y argumentos.
"El Gobierno del PP impone al colectivo de los registradores un servicio que no quieren y se lo quita a quien sí quiere seguirlo llevando", ha asegurado De Pablo, para quien esta situación es un "despropósito".
Ha recordado que el Colegio de Registradores ha manifestado su discrepancia a esta cesión del servicio público y cree que la "imposición" de este servicio "tan esencial" con "todos los afectados en contra" es garantía de un "fracaso" anunciado.
El Consejo de Estado insta a reexaminar "en profundidad" la "oscura" reforma del Registro Civil impulsada por Gallardón
¿CUÁL ES EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REFORMA?
Cree que no se ha detallado suficientemente el impacto económico y social de la reforma y echa en falta una mayor regulación en la financiación, estructura, órganos y naturaleza jurídica de la nueva Corporación que contratará y gestionará el sistema informático del nuevo Registro Civil electrónico.
Ese Real Decreto-Ley regula esta Corporación para gesetionar el sistema informático del Registro Civil y remite a una futura norma reglamentaria la regulacion de su financiación, estructura y sus órganos.
El Semanal Digital.com, 04.10.2014
Telecinco, 04.10.2014
El Periódico de Aragón 05.10.2014
UGT pide a Rafael Catalá que paralice la "privatización" del Registro Civil
UGT ha pedido al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que paralice la "privatización del Registro Civil iniciada por su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón".
En una carta remitida al nuevo titular de Justicia, UGT le solicita una reunión para plantearle ésta y otras reivindicaciones del sindicato.
Entre los asuntos fundamentales que tratarán figura el inicio de las negociaciones del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, informa UGT, que también quiere dialogar sobre la carrera profesional de los funcionarios de la Administración de Justicia y sobre la necesidad de disminuir "la alta tasa de temporalidad que padecen estos trabajadores".
Para solventar esta última cuestión, UGT ha reclamado la convocatoria de una oferta de empleo público con la posibilidad de negociar un concurso restringido como se han producido otros anteriormente.
El texto remitido por UGT recoge además otras reivindicaciones como fomentar la promoción interna facilitando los procesos selectivos, negociar una nueva orden de interinos, la modernización de la Administración de Justicia impulsado el expediente digital, un plan de igualdad para el sector y activar las políticas de prevención de riesgos.
El día.es, 03.10.2014
STAR continúa su lucha "por una justicia de calidad y eficiencia como servicio público" El Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (STAR) solicita al consejero de Presidencia y Justicia, Emilio del Río, y que éste "por extensión" transmita al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, "la problemática que se produce al entrar en vigor el Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento de la competitividad y la eficiencia, respecto al control de los registros civiles en todo el territorio español". Para STAR dichos registros "serian gestionados por personal ajeno a la Administración de Justicia, como en este caso son los Registradores Mercantiles". STAR considera que "se debe llevar a cabo una modificación de esta norma, revocando la privatización del Registro Civil, ya que esto supone por un lado la pérdida de un servicio público para los ciudadanos, y por otra parte, la consecuente pérdida de puestos de trabajo del personal interino que se encuentre en los mismos y el obligado traslado a otros puestos de los funcionarios titulares, desplazando a su vez nuevamente a los interinos que ocupen puestos dentro de los juzgados". Por otro lado STAR insta "a la revisión" del Anteproyecto de Ley de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que el con el establecimiento de los Tribunales Provinciales de Instancia, en La Rioja "desaparecerían o se verían reducidos en sus funciones los Juzgados de Haro y Calahorra". Esto supondría "la centralización de todos los juzgados en Logroño, quedándose sin este servicio la población del resto de la Comunidad Autónoma".
20minutos, 02.10.2014
CCOO sigue impulsando, y no va a parar, estas movilizaciones con objeto de que se retiren por el nuevo ministro de Justicia los proyectos de reforma de la LOPJ y de la privatización de los Registros Civiles. Pues es imprescindible lograr estos objetivos por lo mucho que está en juego: un servicio público indispensable y los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y de la ciudadanía.
CCOO, como ha informado estos días, ha reclamado ya por escrito al nuevo ministro de Justicia, nada más tomar posesión el pasado lunes 29 de septiembre, que no siga el camino de Gallardón que, sin escuchar el clamor de miles de personas, implantó la ley de tasas judiciales para seguir con reformas como la privatización de los Registros Civiles o el proyecto de reforma de la LOPJ que, junto a la modificación de la ley del aborto, le desautorizaron completamente ante la ciudadanía y el conjunto del personal de la Administración de Justicia. Y esta desautorización le llevó a la dimisión que no tuvo más remedio que presentar la semana pasada.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 real decreto 
 Real Decreto