Source: http://www.libertadidioma.com/20200305.htm
Timestamp: 2020-04-07 22:32:53+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Jueves 5 Marzo 2020
Adoctrinamiento soviético
Carlos Dávila okdiario 5 Marzo 2020
Como en su opacidad sectaria el Gobierno no ha establecido para sus dos leyes aprobadas el martes, ninguna referencia de Derecho Comparado, tenemos que temernos que, tanto la Ley de Libertad Sexual, como la que establece una nueva Ley de Educación, son creaciones originales, sin parangón alguno, del Ejecutivo del Frente Popular, del dúo Sánchez-Iglesias. Ambas tienen, al decir de un acreditado penalista, y del máximo responsable de las escuelas cristianas, un indisimulable hedor intervencionista. Con la primera, se trata de volcar sobre el varón todas las culpabilidades posibles, tal parece que durante toda la Historia de la Humanidad no haya habido sobre la faz de la Tierra un solo hombre decente; todos hemos sido pérfidos, acosadores e incluso asesinos en serie. El penalista, magistrado del Supremo por más señas, manifestaba, apenas conocido el presunto bodrio, que la Ley olvida un principio básico del Derecho: no pueden existir presunciones en contra del reo. En un juicio penal, y de eso precisamente se trata, o se acredita con pruebas suficientes que un individuo o individua ha perpetrado un delito, o el tribunal no podrá fallar en su contra.
Todo esto importa poco a la factoría soviética de la ministra Montero, que se ha largado un texto en el que se acredita que o la mujer perjudicada ha consentido en realizar un acto sexual determinado, o el “partenair” irá directamente a la cárcel. “¿Qué es eso -decía el penalista- de “actos exteriores concluyentes e inequívocos”?” “¿cómo se come eso?” Pues parece que de ninguna manera porque la definición es tan imprecisa, tan ambigua que difícilmente podrá un juez convencerse de que el pretendido acusado ha sido un gañán que, incluso con “actos exteriores”, ha violentado la intimidad de una mujer. Aquí se trata no de defender a las muchas hembras que han sido agredidas (y que lo serán desgraciadamente) por sus machos criminales, sino de culpabilizar a cualquier hombre, en general, de cualquier maniobra sexual interpretable y discutible.
La alumbrada ley soviética roza en algunos episodios la chusca hilaridad. De pronto, estos progres de albañilería han encontrado para el piropo de toda la vida un título grandioso: “acoso callejero u ocasional”. Menos mal que Montero y su pléyade de leguleyos, no han articulado para el piropeador, más o menos galante, más o menos rudo, una pena de prisión; Montero se conforma por ahora con que estos sujetos sean condenados a ocuparse de servicios sociales. Un regalo para los hombres inquietos.
Esta Ley, sin precedentes, según afirman al cronista, divide a la sociedad en mujeres agredidas y hombres asesinos. Y, de verdad, las cosas no son así en la vida. No “To er mundo es güeno”, como proclamaba un eslogan de la antigüedad franquista, pero tampoco “to er mundo es malo”. Digamos que estamos al cincuenta por ciento. Pero esta ley rezuma más odio al hombre que protección a la mujer. A este paso, decía este pasado fin de semana un humorista del que no puede recordar la gracia: “Los hombres, que ahora somos una especie perseguida, seremos en poco tiempo una especie protegida”.
La “Ley Montero” es un horror y la “Ley Celáa” un atentado a la libertad. Celáa ya nos avisó que nuestros hijos no eran nuestros, que eran del Estado. Aquella amenaza se ha transformado en un libelo doctrinario. Celáa, en su enorme torpeza sectaria, se ha descubierto con sólo un término de su Ley: “Planificación”. Antes, incluso en tiempos socialistas, el Estado se reservaba para sí, y con mayor o menor intervencionismo, la “programación” educativa, ahora no; Celáa se la quita a los padres cargándose sin despeinarse lo que siempre se ha llamado demanda social, un concepto que ha permitido el estupendo éxito de la educación concertada, algo que naturalmente a una doctrinaria soviética le parece un exceso que debe ser eliminado de un plumazo. Y así se ha hecho. Entramos ya en una fase en que los gobernantes del Frente Popular han desenvainado y se va a dedicar no ya a realizar la tópica ingeniería social, sino a llevar a la realidad del país todos sus argumentos filocomunistas. Incluso a amenazar con la cárcel a los periodistas que se opongan a sus designios. Es curioso, pero los colegas están estos días más preocupados por atizar la badana a Alvarez de Toledo, que por denunciar el brutal ataque de Pablo Iglesias. ¿Somos tontos o qué? Esto no ha hecho más que empezar. Estamos en los inicios del sometimiento político, moral y cultural. Llegará rápidamente la esclavitud ideológica, el encarcelamiento de los disidentes que ya exige sin recato el estalinista Iglesias. El Frente Popular no se oculta; está proporcionando pistas evidentes, pero la mayoría de este país, alegre y confiado, aún no se ha dado cuenta. Luego vendrá el llanto y crujir de dientes.
Manuel Lucena Giraldo ABC 5 Marzo 2020
Si no existieran las ciudades habría que inventarlas. Como ha señalado Edward Glaeser, economista de la Universidad de Harvard, nos hacen «más ricos, más inteligentes, más ecológicos, más sanos y más felices». Cada mes, cinco millones de personas llegan a ellas desde el campo en busca de una vida mejor. Esta circunstancia no afecta un hecho cultural vinculado a su imagen. Tienen mala prensa. Cada vez peor, debido a la histeria ecologista, entre pop y desalmada, que disimula intereses creados y operaciones especulativas dedicadas a convertirlas en inaccesibles e intransitables. De manera literal, pues no hay quién acceda ni se desplace por sus calles, desprovistas de árboles y vegetación, antes llenas de vida. Existe en España una estirpe de políticos
populistas, dedicados a escribir y hablar mal, tanto de las ciudades como del campo. ¡Alto a todo lo que se mueva y produzca riqueza, poner más impuestos! parece su lema, proclamado en la trama tóxica de las infames «redes sociales».
Se trata de tipos urbanitas, privilegiados y subvencionados, carentes del mínimo conocimiento sobre aquello de lo que hablan. Instalados en suburbios de postín, viven muy bien de lo mal que están el campo y la ciudad por culpa del «capitalismo neoliberal». Esta circunstancia afecta en especial a Madrid, que posee características odiosas para ellos y sus socios. Tanto los representantes del nacionalismo periférico cateto, golpista y supremacista, como los intelectuales orgánicos que manejan con el mando a distancia un abrumador poder cultural y mediático en régimen de oligopolio, denigran a Madrid. Les molesta por española. Porque fue capital del imperio español. Porque es la capital de España. Todo son agravantes. Adquirió su condición en tiempos de Felipe II, personificación de la llamada «leyenda negra». Ha sido capaz de mantener su jerarquía simbólica europea y mundial durante siglos.
La globalización ha sentado bien a Madrid y el asimétrico Estado autonómico, contra todo pronóstico, la ha fortalecido. Se trata de un efecto paradójico vinculado a la «modernidad reflexiva», definida por los sociólogos Beck, Giddens y Lash. Lo que vino tras el igualador Estado centralista, que se desmontó desde 1978, ofreció posibilidades insospechadas. Algunos se frotaban las manos pensando que Madrid iba a languidecer. Por el contrario, a pesar de su retraso comparativo en imagen de marca e infraestructuras y la formidable -para algunos excesiva- contribución a la solidaridad de todos, sin fueros, deudas históricas inventadas o componendas caciquiles, posee en 2020 una sociedad civil emergente y se halla en el vértice de la globalización. Urbe de moda, un instante parece Miami en Europa, al siguiente Estocolmo y un segundo después recuerda a Shanghái. En ella todo se entrecruza. La imprevista conversión de Madrid en metrópoli global ha avanzado en la última década. En directa correspondencia con el lamentable declive autoelegido de la antes formidable Barcelona, traicionada por sus élites dirigentes (es un decir) y su clase política corrupta y neoperonista.
El problema de los populistas radicales antimadrileños y de quienes, de manera asombrosa, los votan en cualquier lugar de España, radica en que no conocen Madrid y a los madrileños más que a través de estereotipos e imágenes exóticas y colonialistas. Leyeron a los viajeros franceses del romanticismo, o vieron películas de Hollywood como las que perpetra el señor Spielberg y se las creyeron. Repasaron, si acaso, las notas de viaje, en sus palabras «peripecia» por España (breve calabozo incluido) del camarada bolchevique León Trotsky en 1916 y piensan que vio algo antes de salir corriendo para Nueva York. Acomodado junto a su familia, por supuesto, en un camarote de primera clase del vapor Montserrat. Propiedad de la Compañía Transatlántica, del patricio cántabro marqués de Comillas, que tuvo una estatua en Barcelona entre 1884 y 2018. Ironías de la historia. Sobre esa leyenda tóxica e importada de la capital española, los nacionalismos periféricos, catalán y vasco en primer término, crearon el mito del Madrid-vampiro, últimamente capital de «España nos roba». Como son inmunes a la razón, no aprenden de lo ocurrido. Madrid posee una «modernidad líquida».
Lleva en su ADN la flexibilidad y no la afecta la pesadez inmovilizante de las identidades obligatorias, que a ellos los conduce a la irrelevancia y a la miseria pública y privada. A sus vecinos les da igual si es en origen neolítica, romana, visigoda, árabe o se fundó ayer, porque Felipe II la estableció para mirar al futuro. No existen en ella graves conflictos étnicos ni lingüísticos, más allá de las multas de tráfico o constituir a veces el manifestódromo nacional. Madrid resume la cultura global de los Austrias españoles, con su corte itinerante y milagrera. No se pregunta a nadie por su pasado. Por si acaso. En una corte, todo el mundo tiene algo que ocultar. La genealogía, el origen, no es fundamental, pues importa hacia dónde vamos, no de dónde venimos.
A quienes niegan o no defienden la existencia de una nación española de ciudadanos libres e iguales y por tanto la democracia, les molesta Madrid. Porque evoca el éxito pasado, presente y también futuro de España. Esta es realidad, en lugar de mito falso y relato sesgado; razón, en vez de emoción tóxica; posibilidad, en vez de obligación; libertad y no esclavitud; esperanza, en fin, para tantos que huyen de persecuciones y muertes civiles y se refugian en sus calles y plazas. Se pueden hacer trampas en el solitario y cambiar leyes y códigos para dar satisfacción a los golpistas condenados, presentes y futuros. Se puede ceder al «se acata, pero no se cumple». O legitimar el premoderno ¿usted sabe quién soy yo? Mas la realidad es obstinada. En la guerra cultural que es la única forma de política global en la actualidad, Madrid representa un entrecruzamiento. Una puerta que lleva a cualquier parte.
La acusación habitual padecida por quienes defendemos tanto el éxito histórico de la nación española, como la calidad acogedora de Madrid, es que somos «españolistas». Lo somos, afortunadamente, en la medida en que serlo representa defender la democracia como única forma decente y deseable de gobierno. Entre la barbarie y el odio identitario por una parte y la supervivencia del Estado de derecho por el otro, no hay elección. Este debe prevalecer. Siempre. Por eso, es preciso dejar atrás complejos de inferioridad, explicaciones innecesarias o cheques al portador. No hay fondos, no queda tiempo. La globalización lo determina todo y quedará al margen todo aquello anegado, inmerso, en estos conflictos arcaicos. En el evento celebrado en el Teatro Real en junio de 2017 para inaugurar en Madrid la Fundación Norman Foster, «El futuro es ahora», el maestro de arquitectos y premio Príncipe de Asturias de las Artes 2009 señaló que halló en ella «un lugar para comenzar». Todavía es posible hacerlo.
Manuel Lucena Giraldo es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia
El Gobierno, a bofetadas
Editorial ABC 5 Marzo 2020
En lo único que no mintió Sánchez a los españoles fue en su preocupación por tener dos Gobiernos en uno si pactaba con Podemos porque ello le quitaría el sueño. Han transcurrido dos meses desde que se formó el Ejecutivo, y los ministros ya andan a bofetadas exhibiendo sus diferencias. Primero fue hace dos semanas a cuenta de la pretensión del PSOE de restringir el derecho de asilo y de mantener las expulsiones «en caliente» de inmigrantes, reguladas precisamente por lo que la izquierda denominó en su día como «ley mordaza del PP». Ahora, el PSOE no solo asume esa ley como propia, sino que además le está enfrentando a su socio de Gobierno. Lo mismo ha ocurrido con la denominada «ley de libertad sexual», una norma propagandística con la que Podemos quiere cubrir la vacuidad de sus ministerios a costa de Sánchez, y apropiándose de un concepto sectario, excluyente y anacrónico del feminismo. La ministra Irene Montero tenía la obsesión demagógica de que esa norma -cuya propia denominación invita a pensar en la sandez de que España se halla en una situación de esclavitud sexual- se aprobara antes del 8 de marzo, día internacional de la mujer. Para ello, su departamento, en los ratos libres que le deja la celebración de cumpleaños y festejos a mayor gloria de su ministra, ha diseñado una «no ley». La «normativa» es un compendio de generalidades, inconexiones gramaticales, ideas sin lógica, reiteraciones de normas ya vigentes y, sobre todo, imposiciones jurídicas probablemente inconstitucionales redactadas con una técnica legislativa infantil. Y cuando ministros del PSOE más duchos en la elaboración de leyes, y con bastante más sentido común que el analfabetismo legal demostrado por Podemos, han tratado de corregirla, han sido acusados de «machistas». Obsérvese además la contradicción de cómo la ministra Montero ha preferido no defenderse por sí misma, y dejar esa responsabilidad a Iglesias, que aúna la triple condición de vicepresidente, hombre, y pareja de Montero. Podemos está ganando la batalla por la imagen dentro del Gobierno. Basta con tildar de «machista» al ministro socialista de turno para lograr titulares y arrinconar a La Moncloa. Sánchez ya sabía que Podemos iba a ser tóxico dentro del Gobierno. Ahora, además, lo sufre.
De hecho, Iglesias parece mantener una agenda exterior paralela a la del propio Sánchez: dirigentes podemitas ofenden a Marruecos, coartan al PSOE respecto a Venezuela, se citan con dirigentes de Evo Morales para cuestionar al Gobierno de Bolivia… Incluso, Iglesias se permite marcar territorio propio en el CNI, o con la indemnización a la familia Couso. Podemos no es solo un partido de eslóganes cínicos y contrarios al elitista modo de vida de sus dirigentes. Es la semilla del comunismo en el seno de un Gobierno que está secuestrando Iglesias con leyes inútiles y tics autoritarios.
Polémica con los sueldos, chapuza de Irene, abucheosa Pablo, ay...
Luis Ventoso ABC 5 Marzo 2020
Hay semanas en las que lo mejor es quedarse en pantuflas leyendo a Adorno y Chomsky y no salir de casa (sobre todo si posees un refugio confortable, por ejemplo un pazo serrano de casi un millón de euros). La ministerial pareja vive una semana aciaga. Un carrusel de sobresaltos está mostrando a los admirables Irene y Pablo como lo que probablemente son: un par de hábiles sofistas de asamblea universitaria, sin preparación para gestionar una partida de Monopoly y más preocupados por flotar que por servir al pueblo (antaño «La Gente»).
La semana fantástica comenzó el domingo. A Iglesias Turrión no se le ocurrió nada mejor que obligar a sus guiñoles del politburó a promover una reforma del Código Ético podemita, a fin de que el líder y su mujer puedan cobrar más. Aunque el partido es hoy el juguete de la pareja ministerial, la maniobra fue tan cutre y pesetera que algunas voces internas tuvieron la dignidad de ponerlos verdes.
La fiesta continuó el lunes. Irene quería estrenar algo chupi para el 8-M: una ley superfeminista de Libertades Sexuales, como si las mujeres españolas viviesen en el Irán que pagaba el programa televisivo de su pareja. Así que se reunió con su equipazo, el del famoso vídeo del cumple del bebé en el ministerio, y en alegre progresía y feliz vibración LGTBI se pusieron a redactar una ley. Resultó un truño de una burramia jurídica asombrosa (incluso para los estándares de Podemos). Carmen Calvo, que vive convencida de que el feminismo lo ha inventado ella, se ha tomado fatal que Irene quiera desbancarla como profeta del movimiento y la estaba esperando con la faca. Así que al ver la chapuza de la mujer de Iglesias ordenó al ministro de Justicia que la corrigiese. Había hasta errores ortográficos. Amén de que la gran Irene había incorporado 25 novedades legislativas revolucionarias... que ya estaban contenidas en reglamentos de leyes en vigor. La noche en Galapagar debió ser toledana, porque a la mañana siguiente, en cuanto tuvo un micro a la vista, un enfurruñado Pablo Manuel tachó de «machista frustrado» al ministro de Justicia (PSOE). Impera tal armonía en la Coalición Progresista que ya vemos a Pedro organizando pronto otra convivencia de ministros. Dado el nivel de madurez, propongo ir directamente a Eurodisney.
Tercera banderilla. Pablo Manuel, con una vicepresidencia florero y demasiado tiempo libre, salió ayer a entretener la tarde impartiendo una conferencia en la Facultad de Políticas de la Complutense sobre «reaccionarismo y fascismo». A priori jugaba en casa. Allí sembró el embrión de Podemos. Era el mismo auditorio donde en 2010 había capitaneado un lamentable boicot a Rosa Díez (por entonces los acosos le parecían «jarabe de democracia»). Un grupo de energúmenos, tan condenables como lo fue él hace diez años, lo interrumpieron gritándole «vendeobreros» y acusándolo de «chupar del bote». Querido Líder se mantuvo frío y hierático. Pero la mirada ardía de ira.
Los silencios de Casado dan voz (y votos) a Vox
EDITORIAL Libertad Digital 5 Marzo 2020
Bien está que Pablo Casado salga a la palestra para criticar la liberticida Ley de Educación de la ministra Celáa y para defender la libertad de elección de centro de los padres. No menos loable es que el líder del PP haya salido en defensa de la enseñanza "en castellano" en algunas asignaturas y de la "reforma de la alta inspección educativa para potenciar las competencias sancionadoras contra el adoctrinamiento", si bien hubiera estado mejor que aclarase si el PP es partidario de una inmersión bilingüe o trilingüe (como la que se impone en Galicia, Comunidad Valenciana o el País Vasco) o, por el contrario, de la plena libertad de elección de lengua vehicular por parte de los padres en aquellas comunidades en las que el castellano no sea la única lengua oficial.
No menos derecho tienen los españoles –empezando por los votantes del PP– a saber si el líder popular es partidario o no del llamado PIN parental en toda España, para que los padres puedan luchar directamente contra lo que consideren adoctrinamiento de sus hijos en los talleres y charlas extracurriculares que tan frecuentemente se dan en las escuelas. Eso, por no hablar del deber que tiene Casado de saber lo que opinan sus propios votantes al respecto, con independencia de lo poco que les pueda gustar a los partidos y medios de comunicación de izquierdas.
Pero más criticable que la falta de claridad de Casado en estos temas es el absoluto silencio que mantiene ante noticias tan sorprendentes como la de que el PP va asistir, aun con manifiesto propio, al aquelarre feminista radical que se celebrará este domingo en Madrid, lo que no hace más que recordar a muchos de sus votantes y exvotantes la ominosa complicidad del PP de Mariano Rajoy en el mayor atentado a la igualdad ante la ley que se haya perpetrado desde la aprobación de la Constitución: la Ley contra la Violencia de Género.
Con todo, mención aparte merece el clamoroso silencio el líder del PP ante el infame linchamiento que está sufriendo la portavoz de su partido, Cayetana Álvarez de Toledo, por haberse atrevido a criticar públicamente el sectarismo de La Sexta, cadena de televisión que, además de ofender a diario al propio PP y a sus votantes, se dedica a blanquear el comunismo podemita y el golpismo separatista.
El hecho de que ningún representante del PP haya salido siquiera a defender la libertad de expresión de su portavoz resulta un auténtico bochorno cuya guinda es el silencio de Casado. ¿Es de recibo que la única defensa que ha tenido Álvarez de Toledo en su crítica a la "dictadura progre" de La Sexta haya sido la del presidente de Vox, Santiago Abascal?
Ya resulta lamentable aquella vieja pretensión de los periodistas de no ser criticados por otros periodistas bajo la excusa de que "perro no come carne de perro"; pero el colmo es que los medios de comunicación, que dicen defender la libertad de expresión, no puedan ser criticados por cualquier ciudadano, incluidos los políticos que representan a millones de electores y que no tienen obligación alguna de guardar silencio ante los ataques de que son objeto.
Así las cosas, volvemos a concluir de la misma forma con que lo hicimos en el editorial de ayer: luego se quejarán en Génova de que los votantes se les vayan a la formación comandada por Abascal...
El desafinado coro de Moncloa
Editorial El Mundo 5 Marzo 2020
El pasado 20 de septiembre, Sánchez confesó que ni él ni el 95% de los españoles dormiría tranquilo con ministros de Podemos. Cinco meses y una coalición con ministros de Podemos después, cabe reconocer que Sánchez aquella vez decía la verdad. Precisamente para tranquilizar a ese 95% de españoles, cuando anunció su numeroso gabinete bicolor se apresuró a añadir: "El Gobierno tendrá varias voces pero una sola palabra". A lo largo de estos dos meses el coro gubernamental ha desafinado a menudo, pero la apariencia de unidad se salvaba al precio del silencio. Hasta que la ley Montero sobre libertad sexual ha terminado por hacer aflorar la división y la disparidad de criterios y hasta de tradiciones ideológicas que quitaba el sueño a Sánchez.
Cuando tu vicepresidente segundo llama "machista frustrado" a tu ministro de Justicia, resulta complicado seguir vendiendo armonía progresista y unidad de acción. Cuando Pablo Echenique insiste en camuflar la indigencia jurídica de su partido bajo la acusación infantil de ver "machotes" donde solo hay juristas, resulta muy difícil trasladar una imagen de solvencia. Sánchez e Iglesias se abrazaron por interés, no por convicción. Era inevitable que populismo y socialismo terminaran chocando. Y lo han hecho en vísperas del Día de la Mujer por una de las banderas más importantes en la batalla cultural que libra la izquierda, a falta de alternativas materiales viables al capitalismo: el feminismo.
La primera víctima de esa pelea interna fue Carmen Calvo. La vicepresidenta primera, que sigue ostentado la secretaría de Igualdad del PSOE y lideró las políticas feministas en la pasada legislatura, hubo de sacrificar esa cartera ante Irene Montero por imposición de Iglesias. Lo que no se puede sacrificar es el mínimo rigor jurídico cuando se trata de hacer leyes. Calvo y el ministro Juan Carlos Campo, juez de profesión, llevaron el chapucero borrador presentado por Montero a los servicios técnicos del Ministerio de Justicia y su dictamen fue desolador. Todavía no sabemos el tenor literal del anteproyecto aprobado el martes: el Gobierno no ha querido darlo a conocer, lo que alimenta la sospecha de que a ese Consejo de Ministros entraron borradores distintos y de que su armonización fue más complicada de lo que nos han contado, si es que está conseguida. Algo difícil de creer cuando desde Podemos se sigue afirmando que la Justicia española "tiene un sesgo patriarcal", afirmación que solo sacan a pasear cuando la pulsión sectaria de su voluntarismo topa con los fundamentos democráticos del derecho, pero no cuando esa misma Justicia española condena a 38 años de cárcel a los jugadores de la Arandina.
El Código Penal es un asunto serio. De su articulado depende la libertad o la condena de los hombres. Un Gobierno también es asunto serio. De su coherencia interna depende el respeto que le profesen los ciudadanos.
¿Dónde está la cultura española?
Agapito Maestre Libertad Digital 5 Marzo 2020
El otro día hablaba con una ilustre editora sobre la ausencia de España en la llamada (in)cultura de nuestro tiempo. Coincidíamos plenamente en la queja y algo menos en la solución. Nos lamentábamos con ironía y rabia sobre la desaparición sistemática y, a veces, casi programada de la cultura española de la vida pública. Recordábamos cuándo empezó la cosa, como sin querer, en los tiempos de la Transición. Comentábamos cuándo y cómo hacía su aparición impetuosa la expresión "hechos diferenciales", que cuestionaba con resentida intención la cultura común de todos los españoles. Fijábamos, allá por el comienzo de los años ochenta, con la liquidación de la Editora Nacional a manos de los socialistas, que contaron con el consentimiento y aprobación de muchos intelectuales, el comienzo del fin de la cultura española…
Mi amiga editora y yo fuimos llenando de anécdotas nuestra conversación sobre el declive de la cultura española y, finalmente, nos manifestábamos con contundencia: España no existe como categoría ni en los ámbitos académicos ni en los populares. La cultura española tampoco es bien recibida en la industria cultural y en la empresa universitaria. Libros, periódicos, revistas, espectáculos galerías de arte, universidades, casas de cultura y bibliotecas, en fin, todo eso que asociamos al nombre cultura conspira para que las generaciones presentes y futuras se desenvuelvan al margen e independientemente de la realidad española.
Espiritual y moralmente, España nada dice. Es como si España no existiese para nuestros escritores y artistas. Ni el pasado ni el presente de España son materia de atención de nuestras universidades. Los políticos rara vez prestan atención a alguna gesta relevante de nuestra historia. Nuestra geografía, nuestros paisajes, nuestras costumbres, nuestra literatura no están en parte alguna. Nadie quiere saber historia de España. El caos espiritual sobre la nación, España, es absoluto. Los villanos se ríen de la situación y los estultos no entienden de lo que hablamos.
Pero mientras las nuevas generaciones no tengan una mínima noción, una cultura histórica común, de la nación española, España seguirá al margen de Europa, al borde del precipicio político y cultural. O revalorizamos nuestra historia, es decir, incrementamos nuestra común cultura, o el capital humano, los españoles, quedará reducido cada vez más a ser la mano de obra barata de Europa. O damos a la cultura española la importancia que tiene en el conjunto de las culturas universales o esto se parecerá cada vez más a una sociedad de siervos. O ponemos las manos en este caos moral sobre España o las generaciones venideras persistirán en odiar la palabra Patria y, por supuesto, seguirán despreciando nuestra historia, nuestras ciudades y paisajes.
Nadie en este proceso de negación de la cultura española está libre de responsabilidades. Aquí todos tenemos una parte de culpa. Para comenzar a valorar nuestras tradiciones culturales, en mi opinión, bastaría con que cada uno de nosotros reconociese su parte de culpa en la negación de la cultura española. Mi amiga estaba tan de acuerdo conmigo que pidió perdón por no haberse atrevido a publicar en el pasado varios libros sobre este asunto; en especial, mencionó dos que estaban dedicados a dos hombres importantes de la cultura española de la primera mitad del siglo XX, el primero inventó el periodismo moderno y la universidad privada en el siglo XX, y el otro, aún hoy, sigue siendo el filósofo más importante de España. Pero de eso hablamos otro día.
Atresmedia y los marqueses
Pablo Planas Libertad Digital 5 Marzo 2020
La Sexta hace negocio con la erosión de la democracia en España. Lo ha dicho la portavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo y la jauría periodística del grupo Atresmedia ha salido en tromba contra ella. Pocas veces se tiene la oportunidad de contemplar con tanta claridad y precisión la descarnada y feroz cacería de un personaje orquestada por un grupo mediático. En los informativos de la cadena supuestamente destinada a las familias, esa especie de teletienda en la que de tanto en cuanto emiten series y noticias y que responde al nombre de Antena 3, se ha llegado a calificar a Álvarez de Toledo de "marquesa ultra del PP". Todo un alarde de objetividad, rigor y ética periodística a la altura de un Gran Wyoming o un Follonero. Sólo en TV3 se han atrevido a tanto, pero ha sido en esos programas supuestamente humorísticos que son las fatuas de la televisión nacionalista catalana.
La animadversión y la crueldad con la que se trata y ataca a la dirigente popular en medios de capital conservador sería digna de mejores causas, pero en ese grupo son más partidarios de hacerles masajitos a Pablo Iglesias o a Oriol Junqueras que auténticas entrevistas periodísticas. Es lo que hay y están en su derecho. Son una empresa privada y nadie tiene que decirles a quién deben entrevistar o cómo deben enfocar sus informativos. Faltaría más. Ahora bien, del trato tan cercano con gentes como los antecitados Iglesias y Junqueras no cabía inferir que los prebostes del grupo tuvieran la piel tan fina. A fin de cuentas, Álvarez de Toledo se ha expresado en términos muy suaves y moderados, casi mojigatos.
Que los patronos del Wyoming, Ferreras y Follonero, esos ídolos de la izquierda, campeones de la progresía y titanes del entretenimiento, hayan puesto el grito en el cielo y en el punto de mira de sus secuaces a la portavoz popular no deja de ser la degeneración inevitable de un grupo que se pretende conservador y se ha dedicado a financiar la destrucción de España y de la derecha en España forrando a los antecitados personajes, dándoles pábulo y espacio, medios y recursos para implantar un discurso informativo que no sólo erosiona la democracia sino que blanquea a quienes propugnan las democracias bolivariana y separatista.
El problema con Álvarez de Toledo es que ha subrayado el gran papel del grupo Atresmedia en el ascenso y consolidación en el poder de los enemigos de España, que ha retratado a los genios a los mandos de la empresa, a esos fenómenos del marianismo y las tinieblas cuya última jugada maestra es que en un rótulo de Antena 3 se llame "marquesa ultra" a la portavoz popular mientras en el papel, La Razón, se redacta que la centralita del PP está colapsada por barones que piden su cabeza. Cualquier cosa y lo que haga falta para enmascarar la contribución del grupo al poderío de otros marqueses, los de Galapagar, la tontiloca historia de cómo una derecha mediática está al servicio de una izquierda separatista.
Vox duplica su número de afiliados en un año y vuelve a Vistalegre triunfal
A.I.M. esdiario 5 Marzo 2020
El partido celebra este fin de semana su Asamblea General Ordinaria, la de la reelección de Abascal. Hace un año tenía 12 cargos públicos, sus 12 diputados andaluces; ahora son 661.
Vox se hace mayor. El partido celebra este fin de semana su Asamblea General Ordinaria en el Palacio de Vistalegre (su talismán), la de la reelección de Santiago Abascal, habiendo pegado un estirón en el último año sin precedentes.
En estos doce meses la formación verde ha pasado de tener 12 diputados autonómicos, los del Parlamento de Andalucía, a sumar: 52 diputados nacionales, tres senadores, cuatro eurodiputados, 55 diputados repartidos por los parlamentos regionales (12 de ellos en la Asamblea de Madrid), 537 concejales y diez diputados provinciales. Es decir, ha multiplicado su número de cargos públicos por 55 (ahora son 661).
Ésas son algunas de las cifras que el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, exhibirá el sábado ante decenas de cargos públicos y militantes. Y una más: en el último año, el número de afiliados casi se ha duplicado. En concreto, ha crecido en 25.000 personas, hasta alcanzar los 57.544.
No obstante no todo han sido días de vino y rosas: la formación ha tenido que enfrentarse a no pocas turbulencias y tensiones internas territoriales, con expulsiones y dimisiones por toda España. En Andalucía, donde empezó todo, las estructuras han saltado por los aires en seis de las ocho provincias, dando paso a gestoras.
Ahora ya no son un partido minoritario sino uno de masas (tuvo más de 3,6 millones de votos en las elecciones generales de noviembre), y es por eso que por primera vez Vox ha decidido abrir su Asamblea General al público y convertirla en un acto multitudiario.
Al menos en la segunda jornada, la del discurso de Abascal, que será reelegido presidente para cuatro años más. También lo será su núcleo duro, el Comité Ejecutivo Nacional, en el que habrá algunos cambios.
Destaca la salida de la eurodiputada Mazaly Aguilar, hasta ahora una de los tres vicepresidentes, y el ascenso de Jorge Buxadé, el portavoz de Vox en el Parlamento europeo, que pasa de vocal a ocupar una de las vicepresidencias. Abascal también ha decidido situar en la cúpula del partido a Enrique Cabanas, hombre de confianza pero hasta ahora a la sombra, y a la diputada Rocío de Mer.
Abascal intervendrá ante unas 10.000 personas y con una cuidada puesta en escena. Fuentes de la dirección confían en que este cónclave dé al partido el empujón definitivo para obtener unos buenos resultados en las elecciones vascas y gallegas.
Las mismas fuentes recuerdan que el primer acto celebrado en Vistalegre, allá por octubre de 2018, no solo los situó en el mapa político, sino que fue "clave" para la campanada que dieron en las elecciones andaluzas que se celebraron apenas dos meses después.
El partido de Abascal confía en sacar un escaño por Álava -se lo arrebataría al PP y las últimas encuestas auguran que es posible-, tal vez otro en Vizcaya y al menos uno en las gallegas para poder influir en la política de Alberto Núñez Feijóo. Si es que éste no alcanza la mayoría absoluta y sí suma con Vox.
El sábado la Asamblea General será más íntima, en una sala anexa al escenario central de Vistalegre. Allí la militancia aprobará, entre otras cuestiones, la renovación del Comité de Garantías, el presupuesto y los nuevos Estatutos, sin apenas cambios.
Se espera que la candidatura de Abascal, toda vez que es la única que ha conseguido los avales necesarios (el 10% de la militancia), obtenga un amplísimo respaldo.
Los Franco acusan a España ante el Tribunal de Estrasburgo de «expropiar el cadáver»
Presentan la demanda en el TEDH y piden que se les reconozca el «derecho a decidir dónde enterrarle y, en consecuencia, que se condene al Estado»
Andrés Bartolomé larazon 5 Marzo 2020
El último recurso legal que le quedaba a los nietos de Franco contra el procedimiento que culminó con la exhumación de su abuelo acaba de abrirse en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de los Martínez- Bordiú Franco, presentó ayer la demanda mediante correo certificado administrativo ante la Secretaría del TEDH.
Ya antes de que el Gobierno decidiera la inhumación en El Pardo, la familia advirtió de que agotaría «todos los recursos» para cambiar el que –si no hay pronunciamiento en contra– será destino definitivo de los restos de Franco. Una vez culminada la exhumación, ese fue el objetivo que se marcaron también desde la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), expectante ante este último cartucho judicial.
La demanda se basa en la vulneración que, a juicio del letrado del Despacho JY Hernández Canut Abogados, se ha llevado a cabo de los principios de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), y el objetivo es que se reconozca a sus deudos «el derecho a decidir dónde enterrar a su abuelo».
Los nietos dijeron que llegarían hasta el final «por dignidad», y este paso lo certifica. Al no tener una «respuesta razonable por parte de los tribunales españoles», su esperanza es que «llamarse Franco en Europa no suponga estar contaminado políticamente como en España», donde el Gobierno «ha violado los derechos humanos de los familiares», afirma Utrera-Molina, y eso es «lo que quieren que declare Estrasburgo y, en consecuencia, que condene al Estado español».
El escrito sostiene que la exhumación se basó en «una ley de caso único» que no tenía otro fin que sacar los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos, obviando que otras 191 personas allí enterradas no fallecieron tampoco «a causa de la Guerra Civil», y con los que, según la norma, tendría que haberse seguido idéntico procedimiento, explica el letrado y portavoz de los Martínez-Bordiú Franco.
La demanda, adelantada en exclusiva por LA RAZÓN, se dirige contra el Estado español por entender que, tanto los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo de 2019 como la Sentencia número 1279/2019, de 30 de septiembre de 2019 del Tribunal Supremo, que confirma dichos acuerdos, y el auto de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, de 17 de octubre de 2019, que denegó el recurso de amparo solicitado, vulneran cuatro apartados de la Convención Europea de Derechos Humanos, de la que España es parte.
Los recurrentes consideran que la exhumación se realizó «con fundamento en una ley que no cumple los requisitos de generalidad y claridad» exigidos por el artículo 8 de la CEDH, y que la reforma de la Ley de Memoria Histórica «no tenía otro objetivo» que el de «proceder exclusivamente a la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco». Por consiguiente, argumentan que se trata de «una ley singular o de caso único» que «altera el contenido y las garantías del derecho a la vida privada y familiar de los demandantes en su vertiente de derecho a disponer de los restos mortales de los familiares fallecidos». En consecuencia, «no satisface el requisito de generalidad de la ley exigido por el TEDH» y tampoco responde a ninguno de los motivos que «pueden justificar una limitación del derecho a la vida privada y familiar como la que se ha producido en este caso».
Según la demanda, los acuerdos del Consejo de Ministros ignoraron la designación por los familiares del lugar de reinhumación y fijaron «arbitrariamente un lugar de titularidad estatal» contra su «expresa voluntad». Para justificar esta actitud, el Gobierno aportó argumentos «que nada tienen que ver con los previstos en la ley», y pretextando que el lugar de titularidad privada indicado por los familiares «no era viable» –la catedral de la Almudena–, decidió la reinhumación en la cripta del cementerio de El Pardo, de titularidad estatal, a la que sus familiares «no tienen libre acceso, viéndose obligados a solicitar autorización cada vez que quieren visitar la tumba de sus abuelos». El Consejo de Ministros, que para los demandantes ha «expropiado de hecho» el cadáver de Francisco Franco, «vulnera así el derecho de las personas a decidir sobre el destino de los restos mortales de sus familiares».
El recurso sostiene que la aplicación que se ha hecho de la ley resulta «gravemente discriminatoria», ya que pese a que la norma declaraba «de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e interés social», la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales de todos los inhumados en el Valle de los Caídos que no hubieran fallecido a resultas de la Guerra Civil, «solo se ha producido la exhumación –con carácter urgente, además– de los restos mortales de D. Francisco Franco, sin que, a la luz de las declaraciones públicas de los miembros del Gobierno, la ley vaya a tener otra aplicación».
Este trato diferenciado se correspondería con uno de los motivos de discriminación prohibidos por el artículo 14 del CEDH, que son «las opiniones políticas u otras».
Un proceso que puede alargarse hasta 3 años
La primera de las opciones en Estrasburgo con la demanda es que se considere que no cumple los requisitos y se inadmita, lo que puede saberse en 5 o 6 meses. Otro supuesto es que se estime por ser un caso no repetitivo y con poca jurisprudencia, por lo que se ocuparía un tribunal de tres jueces. Otra posibilidad es que se vea como novedoso, y lo estudie una sala de 7 letrados. Si se admitiera, se daría traslado al Gobierno. El procedimiento se alargaría entonces 2 o 3 años.
La demanda sostiene que las resoluciones judiciales del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han dañado gravemente el derecho de los recurrentes a un proceso equitativo (artículo 6 del CEDH) pues «adolecen de graves defectos de motivación, incluida la incongruencia y la falta de respeto al principio de distribución de la carga de la prueba en los casos de discriminación, recurren a formalismos excesivos y desconocen la reiterada jurisprudencia aplicable en materia de suspensión de la ejecución de los actos administrativos».
Por último, los nietos de Franco sostienen que el Supremo faltó a la verdad al afirmar que «habían dejado transcurrir el plazo asignado para elegir un lugar alternativo de inhumación», ya que habían solicitado la suspensión cautelar de todos los acuerdos del Consejo de Ministros (incluido el referido plazo) antes de la expiración de ese plazo «y el propio Tribunal Supremo concedió dicha suspensión mediante el auto de 4 de junio de 2019 teniendo dicha resolución efecto retroactivo». En definitiva, «que se ha hurtado a los familiares el derecho a designar un lugar alternativo de inhumación».
Nota del Editor 5 Marzo 2020
El TEDH ha demostrado que su parecido con una merienda de negros, con todo respeto a los negros, es total.
Siempre ha tumbado la balanza al lado de los peores. Un país moderno no tendría que depender de tal engendro arbitrario, las gentes tienen que estar desesperadas para confiar que el TEDH dicte alguna sentencia decente. Y en el inesperado caso de que atendiese a la demanda de la familia Franco, si sigue el Dr Cum Fraude y sus quates de los cien millones de asesinatos, se lo pasarían por el arco de triunfo.
Fernando de Rosa esdiario 5 Marzo 2020
Constitucionalistas vs. Rasputines
Beatriz Fanjul okdiario 5 Marzo 2020
Vivimos tiempos oscuros. Y son oscuros porque a la izquierda no le interesa ir de cara. Este Gobierno no se compone de ministros, sino de numerosísimos títeres. Y todos ellos son dirigidos, con suma eficiencia, por un maestro de ceremonias, la persona sobre la que debiéramos centrar el foco público para traer algo de luz y de claridad a la política: Iván Redondo.
Desde el Palacio de la Moncloa, este Rasputín que opera entre tinieblas se ha propuesto conseguir con subterfugios lo que sería imposible que el frente popular que okupa el poder lograra si actuara de frente. Desde que sus números sumaron (y la división de la derecha dejara huérfana de ilusión -y de Gobierno- a millones de personas, porque no podemos olvidar que somos más, pero estamos desorganizados y divididos), el dúo dinámico monclovita ha impulsado un vaciamiento del texto constitucional para que, cuando todos sus atropellos hayan pasado de parecernos una excentricidad a la normalidad democráticamente ejercida, llegado el momento de impulsar su reforma, nadie proteste y nadie se alarme.
Pero, ¿por qué hablo de vaciamiento constitucional? Voy a pasar a explicárselo. En todo caso, para justificar esta afirmación y disipar las dudas que puedan surgir en torno a ella basta con tener presente el primer artículo de la Carta Magna e identificar, letra a letra, el abismo que existe entre sus postulados y el contexto del nuevo Gobierno: “1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”.
Primero ninguneó al Rey. Desde Moncloa fueron anunciando (filtrando) a cuenta gotas su variopinta colección de títeres-ministros, dejando prácticamente sin efecto la oportuna comunicación que exige la Constitución al Rey para que realice el nombramiento. Cuando queramos darnos cuenta, estaremos tan acostumbrados a oír del aparato mediático socialista que nuestro Jefe del Estado cobra por hacer nada. Primer aviso.
Después, vació de poder a su Consejo de Ministros para otorgárselo a su Rasputín y al Comité de Dirección de la Presidencia del Gobierno que éste se ha inventado. Se trata de un organismo paralelo al auténtico Gobierno. Para que nos entendamos: hablamos de un gobierno dentro del Gobierno que tiene por misión ejecutar las tareas de gobierno, que no van a dejar poner en marcha a quienes ostentan las competencias de gobierno. Es decir, Pedro e Iván han dejado a los ministerios sin competencias; han creado direcciones generales fantasma, como la de políticas palanca; y han establecido variopintas vicepresidencias que al final no valen para nada. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque todo depende de una persona a la que nadie, salvo Pedro Sánchez, ha elegido. Una persona que decide lo que dice o hace y puede decir o hacer cada integrante del gobierno. Nada sale de ningún ministerio sin su aprobación y nadie, salvo Pedro, puede controlarle.
Y precisamente del Control va el tercer atropello a la Constitución cometido en un par de meses por nuestro presidente del Gobierno. Decidido a detentar todo el poder, ha sometido al Congreso a su voluntad. ¿Cómo lo ha hecho para que no se diga nada? Bueno, el aparato mediático que controlan hace de nuevo acto de presencia en este asunto, y la mayoría en la mesa conseguida gracias a los independentistas y nacionalistas, también ayuda. Pero no, lo ha logrado silenciando a la oposición. Así de simple. El Rasputín se sacó de la manga un cambio de día a las reuniones del Consejo de Ministros (que dejaron los viernes, para celebrarse el martes) y así dejó con el pie cambiado a toda la oposición, que se vio impedida a preguntar cuestiones de rigurosa actualidad los miércoles en la sesión de control. Y el impedimento lo mantuvo la Mesa del Congreso al impedir modificar el calendario de presentación y calificación de las preguntas. Es decir, que al pasarlo al martes, no solo consiguen un fin de semana tranquilo, sino que para entrar a preguntar sobre las medidas aprobadas en el último Consejo de Ministros, los diputados tengan que hacer malabares para poder colar los asuntos en sus réplicas.
No pretendo extenderme mucho más, sólo quisiera resaltar cómo su persecución a otros poderes del Estado no conoce límite alguno. Después de cesar a Edmundo Bal como abogado del Estado encargado del procés (por defender la aplicación del delito de rebelión al caso), hemos conocido cómo optaron por colocar a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado (difícil de olvidar la célebre frase de “la Fiscalía de quien depende… pues eso” que tanto recuerda a la célebre frase representativa del absolutismo monárquico más despiadado del Rey sol francés, Luis XIV: “el estado soy yo”); o recientemente cesar a la Abogado del Estado del Ministerio de Hacienda que denunció un delito de malversación en el procés catalán. La honorabilidad del Gobierno a los pies de unos golpistas y solo por mantener unos votos.
Vivimos tiempos convulsos. Tiempos en los que, por desgracia, podemos caer en la tentación de recurrir a una terrible expresión, como es la de “ellos y nosotros”. Ellos que batallan sigilosamente por condenar nuestro texto constitucional y, nosotros, que caemos día tras día en sus distracciones. Ellos que no encuentran contestación mediática a sus atrocidades, mientras nosotros tenemos a sus plataformas mediáticas siempre dispuestas a sacarnos los colores. Ellos que ni sienten ni padecen mientras ejecutan su plan, y nosotros que no damos la voz de alarma y salimos desarmados a prestar batalla.
No esperemos más. Rearmemos nuestras fuerzas. Denunciemos sus atropellos. Presentémonos a la batalla. Será dura. Será intensa. Pero es necesaria. Sánchez, con tal de permanecer un mes más en la Moncloa, es capaz de cualquier cosa. No se lo pongamos fácil.
La próxima campaña se presenta en el País Vasco. Allí Sánchez ya ha comprometido el abandono del Estado y el sometimiento de la sociedad vasca al nacionalismo. No lo permitamos.
Julio Murillo cronicaglobal 5 Marzo 2020
El pasado miércoles, día 26 de febrero, se reunieron en la villa renacentista de La Moncloa quince políticos a la carrera; es decir, quince políticos --algunos de ellos verdaderos papanatas, porque aquí somos muy dados a aceptar pulpo como político de compañía-- huyendo del Coronavirus co-chino, y, sobre todo, huyendo de otros virus que les acosan de modo particular cual plaga bíblica.
Sin duda alguna recordarán ustedes el Decamerón, célebre obra clásica escrita por Giovanni Boccaccio, entre 1351 y 1353, en la que diez jóvenes encuentran refugio en una quinta en las afueras de Florencia, buscando ponerse a salvo de la peste negra, y que deciden matar el aburrimiento de la inevitable cuarentena contándose historias, que dividen por categorías y que narran a lo largo de diez jornadas.
Los afortunados jóvenes renacentistas, retozando al sol y sin mascarilla, hablaron el primer día de aquellas cosas que más le gustaban a cada uno; el segundo, sobre cómo superar infortunios personales, revertir el destino y llegar a buen puerto; y emplearon el tercero en narrar de qué modo, a base de inteligencia y cautela, se puede obtener lo que durante largo tiempo se ha anhelado.
Regocíjense ahora imaginando lo que dijeron, y también lo mucho que silenciaron --bajo siete llaves en su fuero interno-- los políticos reunidos en Villa La Moncloa, empezando por aquéllos que basaron sus lacrimógenos relatos en agravios viejos y en demandas no satisfechas.
Ahí estaba el President de la Generalitat, Quim Torra, 'sátrapa en funciones' a las órdenes del 'califa de Waterloo'; colorado como un tomate, cabizbajo y rehuyendo, como siempre, el encontronazo de las miradas con su mirar abyecto; disimulando a duras penas la incomodidad que le suponía esa “mesa de diálogo”, que por mandato de Puigdemont hubiera deseado poder hacer saltar por los aires a base de nitroglicerina --«¡El relator, el relator; observadores y taquígrafos de la ONU y de Amnistía Internacional!»--, para joder a los ñordos bien jodidos y, de paso, a sus odiosos socios de ERC. El President habló de lo único que desea y le importa --«¡Derecho de autodeterminación, referéndum, libertad y amnistía presus pulitics!»--, y tras soltar eso seguramente permaneció con cara de convidado de piedra, esperando irse a Portugal a inaugurar una nueva embajada sediciosa.
El vicepresidente Pere Aragonés, por su parte, siguiendo los dictados del 'abate Oriol «Faria» Junqueras' desde su celda en el presidio de Lledoners, en la isla de If, aguantó el tipo cual jugador de póquer. Reclamó lo que debía reclamar --«¡Nosotros lo mismo que Torra, pero sin agitar y con pragmatismo!»-- y calló las historias que debía callar; es decir, el sempiterno y consabido cuento que reza: «Con el tiempo y una caña, lo volveremos a hacer», «Andando se hace camino, y se amplía la base social» Y también aquello tan socorrido y tan catalán de «¡Ni olvido ni perdón!».
Alfred Bosch, consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia del Gobierno de Cataluña, a caballo entre las consignas de ERC y el exceso verborreico de Torra, mantenía que «Lo que defendemos está apoyado por el 80% de los ciudadanos de Cataluña y permite que el 100% lo vote». Hay que ver cuánto da de sí la patraña del 80%.
Y todo eso para mayor refocile de Pedro Sánchez, que debió relamerse durante horas, escuchándoles a todos --incluyendo a la maleducada Elsa Artadi, que interrumpía al MHP cuando le venía en gana-- con impostado interés, con su imperturbable semblante de maniquí de sastrería de barrio de capital de provincias; alternando su atención con la revisión impúdica de su impecable manicura o con la toma de una nota rápida en la agenda, e interrumpiendo en los momentos culminantes con sus archiconocidos bálsamos de Fierabrás: «¡Sobre todo reencuentro, amigos; sutura y diálogo y más diálogo, empezando por lo que nos une (que es el dinero y el poder)!»
No se sabe mucho acerca de lo que pudieron aportar o no en esa primera jornada de cuentos y narraciones José Luis Ábalos, que aguantó impertérrito cual portero de discoteca, seguramente más preocupado por cómo huir de su personal “peste negra de Barajas”, ni Carmen Calvo, que sorprendentemente acudió al encuentro vestida y no en bragas, como afirma hacer cuando mantiene conversaciones telefónicas con gente importante, y que ha calificado lo vivido como «un éxito rotundo de la convivencia».
El que seguramente hubiera dicho mucho en esa jornada inaugural pero no dijo nada fue Pablo Iglesias, porque no hay nada como una buena amigdalitis para acabar con la verborrea plurinacional marxista de un plumazo.
Y tras prometerse repetir la jornada tantas jornadas como sea menester, y cantar juntos, si se tercia, “Desde Santurce a Bilbao”, cada uno se marchó por su lado. Al día siguiente a Pedrito le aprobaron el techo de gasto en el Congreso; primer paso para poder sacar adelante los PGE 2020, con la abstención anunciada de ERC y el sorpresivo voto en contra de JxCat, con el consiguiente cabreo de los republicanos, que no olvidan que las autonómicas catalanas están en el horizonte y que de sus socios del 3% solo pueden esperar puñaladas traperas en el bajo vientre.
Nuevo triunfo, por tanto, de Pedro Sánchez. Pero también de todos ellos. Porque todos huyen como alma que lleva el diablo del virus del tiempo, que todo lo devora y lo consume; tiempo que todos necesitan más que el aire que respiran... Sánchez “el pacificador”, y los socialistos, para mantenerse en el poder y asegurar su presidencia un mínimo de ocho añitos; los otros, los nacionalistas sediciosillos, para seguir engañando a su electorado, echándole la culpa del fracaso de la “republiqueta” de pipa y nabo al otro, y para situarse en posición ventajosa en la carrera por el poder autonómico cuando se produzca el pistoletazo de salida.
Todos saben que la «Mesa de Diálogo» es un paripé, una impostura, un brindis al sol, puro marketing electoralista para consumo de sus fieles parroquianos, de la que nada saldrá, más allá de modificaciones en el Código Penal que pongan lo antes posible en la calle a ese puñado de fanáticos inconscientes que han arruinado nuestra paz social para siempre.
No obstante, los grandes derrotados, los excluidos, los que no estuvieron ni en esa primera jornada ni en las que vendrán, son la mitad, o más, de la ciudadanía. La mitad de los españoles no cuenta ni para Pedro Sánchez ni para Quim Torra. Nada. Cero a la izquierda. Víctimas colaterales. Carne de cañón.
Y precisamente en esa flagrante y clamorosa ausencia estriba la vergonzosa inmoralidad del Decamerón de La Moncloa.
El artículo 100.2, el "coladero" para excarcelar a los golpistas del 1-O ahora y a los etarras después
Miguel Ángel Pérez Libertad Digital 5 Marzo 2020
El artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario se ha convertido en un "coladero" para excarcelar a los golpistas catalanes condenados por el 1-O en la actualidad y a medio plazo, a los etarras. Se trata de una actuación penitenciaria que se sitúa al margen del ámbito jurisdiccional del Tribunal Supremo. Cataluña tiene transferidas las competencias de Prisiones y el Gobierno se las entregará previsiblemente al País Vasco en esta legislatura.
En el juicio del 1-O celebrado en el Supremo, la Fiscalía solicitó en su escrito de conclusiones definitivas que el tribunal impidiera que se concediera el tercer grado a los presos golpistas hasta la mitad del cumplimiento de la pena, aplicando el artículo 36.2 del Código Penal. El Supremo lo rechazó y de esta manera, el Ministerio Fiscal podría recurrir la clasificación en tercer grado penitenciario (régimen de semilibertad) de los golpistas ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y en segunda instancia, ante el propio Tribunal Supremo.
Sin embargo, los Servicios Penitenciarios de la Generalidad de Cataluña sabedores de que el Supremo les tumbaría la clasificación directa de los condenados en tercer grado penitenciario, optaron por la aplicación del artículo 100.2, el llamado "coladero" penitenciario, que deja al Supremo fuera de juego. Este artículo otorga beneficios del tercer grado a los reos clasificados en segundo grado. De esta forma, los penados pueden salir varias horas y/o días a la semana para trabajar, cuidar de un familiar o hacer voluntariado.
A diferencia de la clasificación del grado penitenciario, la aplicación del artículo 100.2 se puede recurrir por la Fiscalía ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y en segunda instancia sólo ante la Audiencia Provincial respectiva. Es decir, el Supremo no puede evitar la excarcelación de los golpistas gracias al 100.2, ni la hubiera podido evitar antes, aunque hubieran sido condenados por un delito de rebelión a más años de cárcel.
El artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario establece que "con el fin de hacer el sistema más flexible, el Equipo Técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado. Esta medida excepcional necesitará de la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia correspondiente, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad".
La Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners acordaba la semana pasada aplicar el artículo 100.2 al exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras y al exconsejero, Raül Romeva. Previamente, lo habían obtenido los también exconsejeros Joaquim Forn y Dolors Bassa; el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez; la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Sólo quedan por beneficiarse de la aplicación del citado artículo los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull.
"Lo más grave está por llegar en el País Vasco"
Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, el Gobierno vasco de Iñigo Urkullu previsiblemente "copiará el modelo catalán para excarcelar a etarras con la aplicación del artículo 100.2". Todo ello, después de que el Gobierno del PSOE y Podemos entregue las competencias de Prisiones al País Vasco tras haber pactado la legislatura con el PNV.
Las mismas fuentes sostienen que la aplicación del artículo 100.2 "se ha pervertido", ya que se debe tener en cuenta el "tratamiento individualizado" de cada preso. En el caso de los golpistas catalanes, ya se ha aplicado a 7 de los 9 condenados. Es decir, se está aplicando masivamente.
"La Generalidad de Cataluña es la responsable de convertir el 100.2 en un coladero y todas los actores penitenciarios que intervienen en dicha concesión están al servicio de los golpistas. En los últimos dos años en Cataluña, se han concedido muchos 100.2 para dar aspecto de normalidad y de que es una medida habitual. Todo se estaba preparando de cara a los condenados por el 1-O", añaden.
Respecto al caso del País Vasco, afirman: "Lo más grave está por llegar. Se aplicará el 100.2 a los etarras condenados". "El PNV nunca ha querido reclamar las competencias de Prisiones porque no querían ser los carceleros, sin embargo, ahora las solicitan para copiar el modelo catalán y excarcelar a los etarras", apuntan.
Recordamos que la gestión de los centros penitenciarios en el País Vasco, una competencia que aparece recogida en el artículo 10.14 del Estatuto de Guernica: "La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva (…) en la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria". El Gobierno de Sánchez podría entregar la competencia de Prisiones al Gobierno vasco a finales de año o principios del siguiente.

References: artículo 8
 artículo 14
 resolución 
 artículo 100
 artículo 100
 artículo 36
 artículo 100
 artículo 100
 artículo 100
 artículo 100
 artículo 100
 artículo 100
 artículo 10