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Timestamp: 2020-05-28 18:25:17+00:00

Document:
STS 817/2015, 22 de Diciembre de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 591477618
Número de Recurso: 665/2015
Número de Resolución: 817/2015
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. ABUSO DE RELACIONES PERSONALES. Percepción por parte del acusado de cantidades para construir viviendas conociendo de manera previa la imposibilidad de su construcción. Se elimina la agravante consistente en abuso de relaciones personales existentes entre la víctima y el defraudador por no haber suficientes datos que concreten qué relaciones existieron y durante cuánto tiempo, lo que hace inviable que una circunstancia tan excepcional en los delitos de estafa pueda ser apreciada. Se estima parcialmente el recurso de casación.
En el recurso de casación que ante Nos pende con el nº 665/2015 , interpuesto por la representación procesal de D. Bernardo , contra la sentencia dictada el 16 de Febrero de 2015 por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el Rollo de Sala Nº 29/2014 , correspondiente a las Diligencias Previas nº 59/2011 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Rubí, que condenó al recurrente, como autor responsable de un delito de estafa , habiendo sido parte en el presente procedimiento el condenado recurrente D. Bernardo , representado por la Procuradora Dª. Raquel Gracia Moneva; y como parte recurrida D. Gines y Josefa , representados por la Procuradora Dª Adela Cano Lantero, habiendo intervenido el Excmo. Sr. Fiscal, han dictado sentencia los Excmos. Sres. mencionados al margen, bajo ponencia de D. Francisco Monterde Ferrer que expresa el parecer de la Sala con arreglo a los siguientes:
- El Juzgado de Instrucción nº 4 de Rubí, incoó Diligencia Previas con el nº 59/2011 en cuya causa la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, tras celebrar juicio oral y público, dictó sentencia el 16 de Febrero de 2015 , que contenía el siguiente Fallo: "Que debemos condenar y condenamos a Bernardo como responsable en concepto de autor del referido delito continuado de estafa, ya definido, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de CUATRO AÑOS de prisión, con su accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, y multa de TRESCIENTOS DÍAS a razón de una cuota diaria de SEIS EUROS, con un día de responsabilidad personal subsidiaria por cada dos cuotas impagadas, así como al pago de las costas procesales; debiendo indemnizar a María Inmaculada con la cantidad de SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (66.121,45 ) a Teodosio y Gema con la de NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (90.151,82 ) y a Gines y Josefa con la de SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (78.131,57 ), indemnizaciones que devengarán el interés legalmente establecido en el art. 576 LEC ."
- En la citada sentencia se declararon probados los siguientes Hechos : "PRIMERO.- El acusado Bernardo , mayor de edad y sin antecedentes penales, en su condición de propietario y administrador único de la empresa COX y con clara intención de enriquecerse de forma ilícita, aprovechando la relación de confianza con María Inmaculada , ganada también gracias a su credibilidad empresarial, la convenció para suscribir un contrato fecha el 2 de febrero de 2005 en el que se comprometía a edificar una vivienda en dos parcelas sitas en el término municipal de El Pont de Vilomara, figurando como propietario de las mismas, al efecto de venderla posteriormente a la mencionada particular, de quién percibió en el mismo acto 72.121,45 , consciente que no llevaría a cabo la construcción, como así aconteció, adueñándose del dinero recibido del que únicamente restituyó, tras repetidas reclamaciones, 6.000 euros.
SEGUNDO.- Obrando con idéntico propósito de enriquecimiento y aprovechando también la relación de confianza y credibilidad empresarial, el acusado suscribió con Teodosio y Gema un contrato fecha el 14 de junio de 2005 por el que éstos aportaban la suma dineraria que se dirá a modo de inversión en el proyecto, a que se comprometía el acusado, de edificar viviendas en determinada parcela sita en el término municipal de El Pont de Vilomara, siendo que el acusado devolvería la suma y los intereses pactados en cuatro distintas remesas correspondientes a las distintas fases de ejecución del proyecto hasta la transmisión final a terceros compradores. Bernardo percibió en esa fecha la suma de 90.151,82 euros, sin dedicarlos al proyecto encomendado, siendo que con posterioridad dejó de ser el titular de la expresada finca.
A fin de llevar a cabo la inversión, Teodosio y Gema solicitaron y obtuvieron un préstamo con garantía hipotecaria de la Caixa d'Estavís de Terrassa.
TERCERO.- Con idéntica finalidad de obtener un beneficio patrimonial, el acusado Bernardo en fecha de 8 de Julio de 2005 suscribió un contrato con Gines y Josefa , en el que se comprometía a edificar una vivienda en una parcela sita en el término municipal de El Pont de Vilomara, figurando en dicho documento como propietario de la misma cuando no era así, al efecto de venderla posteriormente a los mencionados particulares, de quienes percibió en el día 20 del mismo mes la suma de 78.131,57 euros, consciente que no llevaría a cabo la construcción, como así aconteció, adueñándose del dinero recibido."
- Notificada la sentencia a las partes, la representación del acusado D. Bernardo , anunció su propósito de interponer recurso de casación que se tuvo por preparado por auto de 20 de Marzo de 2015, emplazándose seguidamente a las partes para que hiciesen uso de su derecho ante esta Sala.
- Por medio de escrito, que tuvo entrada en la Secretaría de este Tribunal en 12 de Junio de 2015, la Procuradora Dña. Raquel Gracia Moneva, interpuso el anunciado recurso de casación articulado en los siguientes motivos:
Segundo.- Por infracción de ley, al amparo del art 849.1 LECr, por indebida aplicación de los arst 248 , 250.1.5 º y 6 º y 74 CP .
Tercero.- Por error de hecho en la apreciación de la prueba, al amparo del art 849.2 LECr . y al amparo del art. 852 LECr por infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia.
- El Ministerio Fiscal por medio de escrito fechado el 15 de Julio de 2015, y la Procuradora Dª Adela Cano Lantero, en representación de la parte recurrida, por escrito fechado el 2 de Julio de 2015, evacuando el trámite que se les confirió, y por las razones que adujeron, interesaron la inadmisión de todos los motivos del recurso que, subsidiariamente, impugnaron, si bien el Ministerio Fiscal apoyó en parte el motivo segundo del recurrente.
- Por providencia de 27 de Noviembre de 2015 se declaró el recurso admitido y concluso, señalándose para su deliberación y fallo el pasado día 15 de Diciembre de 2015 , en cuya fecha la Sala deliberó con el resultado decisorio que a continuación se expresa:
Se afirma por el recurrente que el incumplimiento contractual de la contraprestación que tenía que realizar el acusado a cambio del dinero que recibió, se debió a la crisis inmobiliaria. Y que no niega la ausencia de construcción alguna, habiendo destinado las sumas recibidas de los querellantes al pago de nóminas y gastos de su empresa inmobiliaria. Y que puesto que no consta de lo actuado que pueda desprenderse ánimo apropiatorio de la cantidad reclamada, es en el ámbito civil donde habrá de solventarse la solicitud de su cobro.
Así acotado el ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia, bien puede decirse que los Tribunales de apelación, esta Sala de Casación o incluso el Tribunal Constitucional en cuanto controlan la motivación fáctica de la sentencia sometida a su respectivo control, actúan verdaderamente como Tribunales de legitimación de la decisión adoptada en la instancia, en cuanto verificar la solidez y razonabilidad de las conclusiones alcanzadas, confirmándolas o rechazándolas - SSTS de 10 de junio de 2002 , 3 de julio de 2002 , 1 de diciembre de 2006 , 685/2009 de 3 de junio- y por tanto controlando la efectividad de la interdicción de toda decisión inmotivada o con motivación arbitraria.
Y como esta Sala ha dicho reiteradamente, en STS 738/2011, de 14.7 ; 581/2011, de 14.6 ; 347/2009, de 23-2 , entre otras muchas, corresponde a este Tribunal de Casación en su función de control sobre el respeto al derecho a la presunción de inocencia, comprobar la existencia de prueba de cargo que sea objetivamente lícita, practicada con observancia de los requisitos legales condicionantes de su validez procesal y bajo los principios de contradicción e inmediación, y de contenido incriminador como prueba de cargo. No alcanza en cambio a la posibilidad de hacer una nueva valoración de la prueba, que es facultad exclusiva y excluyente del Tribunal de instancia conforme al artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . En consecuencia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia debe desestimarse cuando se constate la existencia en el proceso de esa prueba de cargo, susceptible de proporcionar la base probatoria necesaria para un pronunciamiento de condena, es decir, cuando se da el presupuesto necesario para que la Sala de instancia pueda formar su convicción sobre lo acaecido. La ponderación del resultado probatorio obtenido, valorándolo y sopesando la credibilidad de las distintas pruebas contradictorias corresponde únicamente al Tribunal que presenció la prueba de cargo, a través del correspondiente juicio valorativo, del que en casación sólo cabe revisar su estructura racional, en lo que atañe a la observancia en él por parte del Tribunal de instancia de las reglas de la lógica, principios de experiencia o los conocimientos científicos. Fuera de esta racionalidad del juicio valorativo son ajenos al objeto de la casación los aspectos del mismo que dependen substancialmente de la inmediación, o sea de la percepción directa de las declaraciones prestadas en presencia del Tribunal.
El recurrente ha sido condenado como autor de un delito continuado de estafa recogido en los arts. 248 , 250.1 , 5 º y 6 º y 74 del Código Penal , a la pena de 4 años de prisión y Multa de 300 días a razón de 6 euros/día y a indemnizar a los perjudicados en sus respectivos quebrantos.
Los hechos probados recogen cómo el recurrente, en su condición de propietario y administrador único de la empresa COX y con clara intención de enriquecerse ilícitamente, y aprovechando la relación de confianza con María Inmaculada , ganada también gracias a su credibilidad empresarial, la convenció para suscribir un contrato fechado el 2/2/2005 en virtud del cual se comprometía a edificar una vivienda en la localidad de El Pont de Vilomara, de quien percibió la cantidad de 72.121,45 euros, consciente de que no llevaría a cabo la construcción , como así aconteció, adueñándose del dinero recibido del que únicamente restituyó 6000 euros. Con igual propósito de enriquecimiento realizó otros dos actos similares , consiguiendo las cantidades de 90.151,82 y 78.131,57 euros, respectivamente.
El recurrente, reconoce la deuda existente y la ausencia de construcción, pero sostiene que fueron las circunstancias económicas adversas las que le llevaron a no poder construir lo prometido y a no devolver el dinero recibido, que fue destinado al pago de nóminas y gastos de su empresa inmobiliaria. En definitiva, que nos encontraríamos ante un incumplimiento civil y no ante un delito continuado de estafa.
El tribunal a lo largo de la fundamentación jurídica, desgrana la prueba practicada de la que deducir el engaño previo, piedra angular del delito de estafa por el que ha sido condenado. No se discute ni la ausencia de construcción ni que el dinero aportado se haya devuelto y ello por expreso reconocimiento del recurrente.
El tribunal toma en consideración, la prueba documental practicada. Así, en primer lugar, se refiere al contrato concertado con Gines y Josefa , en le que se hacía constar que era el titular dominicial de la parcela, cuando ello no era así; en segundo lugar en el convenio suscrito con Teodosio y Gema , quienes tras advertir la falta de construcción, tienen conocimiento de que la finca en cuestión había cambiado de dueño, no figurando ya a nombre del recurrente .
Valoró igualmente la prueba testifical de las víctimas . Todos refirieron que la propuesta negocial partió del recurrente, haciéndoles creer tanto en los sustanciosos beneficios a obtener en el primer caso, como en las facilidades para la adquisición de las viviendas a construir en los dos restantes.
El dolo antecedente consistente en el engaño previo, lo deduce el tribunal de la prueba practicada, del modus operandi y de la falta de acreditación por parte del recurrente de las excusas alegadas para hacerse con el dinero ajeno.
Así, como ya hemos indicado, la inicial propuesta de negocio parte del recurrente. En los convenios suscritos figura el proyecto de construcción futura sin que en ninguno de ellos se llegara a iniciar trabajo alguno. A lo que hemos de añadir el hecho, también reseñado, de que la parcela en la que se iba a construir la vivienda de Gines y Josefa no figurara a su nombre al igual que pudieron comprobar Teodosio y Gema cuando advirtieron la pasividad en la construcción, que la finca en cuestión había dejado de ser propiedad del recurrente.
De todo lo anterior, deducir que el recurrente había pergeñado una puesta en escena previa para aparentar ante sus víctimas su intención de cumplir con las obligaciones contraídas, obteniendo así importantes cantidades de dinero de aquéllas, no resulta sino lógica y nada arbitraria.
Por otra parte, las alegaciones del recurrente de que los malos tiempos hicieron mella en su negocio y no sólo no pudo construir sino ni tan siquiera devolver el dinero recibido, carecen de la más mínima consistencia. Hubiera resultado fácil acreditar la insolvencia sobrevenida y más fácil aún acreditar el destino del dinero recibido , si como declara fue el pago de nóminas.
En definitiva, que el tribunal de instancia contó con prueba de cargo suficiente y lícita, llevando a cabo una valoración lógica y nada arbitraria, en orden a deducir el engaño previo por parte del recurrente.
Como segundo motivo se esgrime infracción de ley, al amparo del art 849.1 LECr , por indebida aplicación de los arts. 248 , 250.1.5 º y 6 º y 74 CP .
Se sostiene que la extensión de la pena a imponer debe ser debidamente fundamentada, atendiendo a criterios de proporcionalidad, gravedad, peligrosidad y demás circunstancias relevantes. De modo que en el caso no concurren las agravantes de los apartados 5º y 6º CP, así en cuanto al valor que se dice de lo defraudado, que no fue a su enriquecimiento ,sino a pagar las nominas de sus empleados ; y en cuanto al abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, porque ,que las partes hayan asistido a varias ceremonias religiosas, no provoca la aplicación de la agravante. Y se reclama la aplicación de las dilaciones indebidas del art. 21.6 CP , dada la paralización de cinco meses y 13 días en un primer momento; de 8 meses y 14 días en un segundo; y 21 meses y 12 días en un tercero.
Por ello, con harta reiteración en la practica procesal, al hacer uso del recurso de casación basado en el art. 849.1 LECr .1 se manifiesta el vicio o corruptela de no respetar el recurrente los hechos probados, proclamados por la convicción psicológica de la Sala de instancia, interpretando soberana y jurisdiccionalmente las pruebas, más que modificándolos radicalmente en su integridad, alterando su contenido parcialmente, lo condicionan o desvían su recto sentido con hermenéutica subjetiva e interesada, o interpolarse frases, alterando, modificando, sumando o restando a la narración fáctica extremos que no contiene o expresan intenciones inexistentes o deducen consecuencias que de consuno tratan de desvirtuar la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes.
Veamos los submotivos alegados:
Primero .- En lo que atañe a la circunstancia recogida en el apartado 5º del art. 250.1 señalar, en primer lugar, que la vía elegida exige un riguroso respeto a los hechos declarados probados y estos nos dicen que las cantidades ilícitamente apropiadas por el recurrente superan con mucho los 50.000 euros en cada uno de los hechos delictivos, por lo que poco recorrido ha de tener esta parte del motivo.
Segundo .- Respecto a la segunda cuestión planteada, esto es, sobre la concurrencia de la agravación de abuso de confianza , los hechos probados recogen en el apartado primero y respecto a la primera víctima, que "...aprovechando la relación de confianza con María Inmaculada , ganada también gracias a su credibilidad empresarial...", y recogen con respecto a la segunda que "... aprovechando también la relación de confianza y credibilidad empresarial...". Por su parte en los fundamentos jurídicos y una vez expuesta la doctrina jurisprudencial sobre la cuestión, se nos dice "que la relación de confianza y el prestigio del acusado entre los perjudicados había nacido con anterioridad a las negociaciones impregnadas de defraudación que llevó a cabo, surgiendo previamente en un ambiente de acentuado grado de intimidad (participación conjunta en numerosos actos religiosos)".
Entendemos que el submotivo esgrimido ha de ser admitido . Y ello, porque los hechos probados lejos de recoger aquellos datos objetivos de los que poder deducir en la fundamentación correspondiente la agravación impuesta, se limita a transcribir el contenido del tipo penal sin añadir o aportar dato alguno en que sustentar una agravación que sólo puede operar en casos especialísimos y cuando se revele con particular intensidad.
La confianza previa que exisitía entre el recurrente y cuatro de sus víctimas fue, al parecer, el único sustento en que se apoyó el engaño, luego hemos de partir de tal confianza para articular la estafa básica , confianza que es la que relaja los frenos inhibitorios y facilita el engaño que finalmente provoca en desplazamiento patrimonial, como acertadamente expone la STS de 17/6/2015, nº 371/15 .
En tal sentencia dijimos que la circunstancia recogida en el apartado 6º del art. 250.1 del Código Penal : "... está reservada par aquellos supuestos, ciertamente excepcionales en los que además de quebrantar una confianza generada, subyacente en todo lucro típico del delito de apropiación indebida y estafa, se realice la acción típica desde la situación de mayor confianza o mayor credibilidad que caracteriza determinadas relaciones, previas y ajenas, a la relación jurídica subyacente, en definitiva un plus que hace de mayor gravedad el quebranto de la confianza en estos delitos".
El relato fáctico no dice qué concretas relaciones existieron y durante cuanto tiempo. Lo que sí refleja en los fundamentos jurídicos es que al parecer participaban en actos religiosos, pero sin especificar de qué actos religiosos se trataba y con qué intensidad , lo que hace inviable que una circunstancia tan excepcional como la analizada en los delitos de estafa pueda ser apreciada, ante la escasez de datos recogidos en la Sentencia.
Tercero .- Finalmente, el recurrente denuncia la inaplicación indebida de la circunstancia contemplada en el art. 21.6 como muy cualificada, al haber sufrido el procedimiento las paralizaciones que reseña en su escrito de recurso. Entendemos que tal circunstancia concurre pero como simple, para lo cual analizaremos el procedimiento paso a paso.
En primer lugar, convendría analizar el procedimiento desde dos perspectivas. Una primera que abarcaría aquel periodo en que el ahora recurrente estuvo ausente del mismo al no ser localizado en el domicilio facilitado por los querellaos, y otro el que transcurre desde que es detenido en el Aeropuerto de Barcelona cuando regresaba de Tel Aviv (Israel), y observaremos que si bien el primer periodo podríamos tacharlo de deficiente, ello no le produjo al ahora recurrente gravamen alguno al desconocer, al parecer, la existencia del procedimiento seguido contra él.
Efectivamente, la causa se inicia mediante querella en fecha 15/3/06, dictándose la primera resolución por parte del Juzgado el 6/5/2006 (folio 54), procediéndose a la citación del querellado mediante providencia de 21/09/06 (folio 58) para que compareciera el 27/11/06; el domicilio es facilitado por los querellantes. Con fecha 30/11/06 se recibió en el Juzgado de Rubí el exhorto de Tarrasa, poniendo de manifiesto el resultado negativo de la citación -folio 57-, no siendo hasta la providencia de 27/4/2007 -folio 115- cuando el Juzgado decide librar oficio a los Mossos d'Escuadra para que averigüen el domicilio del Sr. Bernardo . Al folio 119 obra tal oficio, que no consta fuera recibido, pues ninguna contestación a tal petición obra en autos. Con fecha 14 de mayo de 2008 -folio 135- el Juzgado dicta auto de sobreseimiento provisional de la causa al no haberse podido citar a los querellados.
Pues bien, esta primera fase procesal duró dos años , con escaso interés por parte del Juzgado en averiguar el paradero del Sr. Bernardo .
La segunda fase del procedimiento se inicia con la comparecencia efectuada el 11/2/2009 ante el Juzgado por la también querellada, Dª Marí Trini - folio 143- manifestando comparecer en su propio nombre y en el del Sr. Bernardo , informando que al no tener domicilio conocido aporta un número de teléfono para poder localizar a ambos, comparecencia que aprovecha el Juzgado para citarles para el día 17 de marzo de 2009 a las 11 horas. Por providencia de 17/3/2009 -folio 154- se hace constar que por motivos de la agenda del Juez se cambia la comparecencia de Doña. Marí Trini para el 23/3/09 a las 10 horas, no haciendo constar nada respecto al Sr. Bernardo . Con fecha 23/3/09 Doña. Marí Trini declara en calidad de imputada, sin que podamos saber que ha sucedido con la citación al Sr. Bernardo .
Con fecha 20 de agosto de 2010 -folio 179- se dicta providencia acordando librar oficio a los Mossos d'Escuadra para que averigüen el domicilio del Sr. Bernardo , es decir más de un año después de que no compareciera a la citación judicial que le fue cursada a través de Marí Trini .
Con fecha 23/11/2010 -folio 198- el Juzgado dicta un nuevo auto de sobreseimiento provisional hasta que sea hallado el Sr. Bernardo .
Paralelamente a las diligencias previas nº 648/2006 ya expuestas, el propio Juzgado nº 4 de Rubí instruía las diligencias 1034/2006 incoadas a raíz de la inhibición acordada por el Juzgado de Tarrasa respecto a la querella interpuesta por D. Gines y Josefa contra el Sr. Bernardo y por hechos similares, reproduciéndose las mismas actuaciones, como por ejemplo la comparecencia de Dª Marí Trini (folio 401). En estas previas sí se hace constar que el Sr. Bernardo no comparece a la citación y es inviable volverle a citar dado que el teléfono facilitado por la Sra. Marí Trini no corresponde a ningún abonado. Pues bien, en tal providencia que lleva fecha de 24/9/2009 -folio 447- se acuerda dar traslado al Fiscal, traslado que no se le da efectivamente hasta el 28/5/2010 -folio 450-. Por auto de 2/11/2010 se acuerda el sobreseimiento provisional de la causa.
Con fecha 18 de Mayo de 2011 es detenido el Sr. Bernardo cuando regresaba de Tel Aviv (Israel) y puesto en libertad después de citarle para que comparecencia en el Juzgado el día 14/7/2011. El día 14/7/2011 el Sr. Bernardo declaró finalmente -folio 251-.
Con tal fecha, 14/7/2011, el Juzgado de Rubí dicta auto de acumulación de las diligencias 1034/2006 a las 648/2006.
Con fecha 16/8/2011 de dicta Auto de incoación de procedimiento abreviado -folio 502-; con fecha 12/9/2011 presenta el Fiscal escrito de acusación.
Con fecha 27/10/2011 el Juzgado concedió el plazo de 10 días a las acusaciones particulares para que formularan escrito de acusación -folio 521-. Con fecha 29/11/2012 -folio 586- el Juzgado ordena reiterar la providencia de 27/10/2011, procediendo a calificar una de las acusaciones con fecha 20/12/2012 -folio 588-. Por providencia de 23/1/2013, se acuerda dar traslado para calificar a otra de las acusaciones -folio 592-, procediendo a cumplir el trámite con fecha 22/2/2013 - folio 605-. En este trámite la causa estuvo paralizada más de un año sin causa justificada.
Con fecha 24 de septiembre de 2013 -folio 608-, es decir 7 meses después, la representación legal de Gines -acusación particular- interesa el impulso procesal de la causa. Con fecha 14/10/2013, el Juzgado dicta Auto de apertura de juicio oral contra D. Bernardo , quien comparece al llamamiento judicial, solicitando el nombramiento de abogado y procurador de oficio, presentando escrito de defensa con fecha 11 de febrero de 2014. El Juzgado de instrucción remite erróneamente la causa al Juzgado de lo Penal de Tarrasa que le es devuelta, para finalmente con fecha 13 de marzo de 2014 remitirla a la Audiencia Provincial quien la recibe el 27 de junio de 2014 y señala Juicio para el 12 de febrero de 2015.
En conclusión que una causa sin dificultad alguna que se inició en el año 2006 sólo ha obtenido respuesta 9 años después. Si bien un largo periodo de tiempo el Sr. Bernardo no fue hallado, lo cierto es que en su búsqueda hubo importantes deficiencias. Una vez hallado, el Sr. Bernardo compareció siempre que fue llamado, lo que no impidió que desde que fue detenido en Mayo de 2011 la causa se haya prolongado hasta el año 2015 en que se señaló el Juicio, máxime si tenemos en cuenta la escasa complejidad del procedimiento.
Por tanto, hemos de discrepar de la justificación del tribunal de instancia para no apreciar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. En primer lugar, la causa no se ha dilatado por el proceder del Sr. Bernardo , en tanto en cuanto el mismo ha estado ausente del procedimiento, hemos de aceptar, que por desconocimiento de que contra él se siguiera procedimiento alguno. El domicilio para su localización lo facilitaron los querellantes, que al resultar infructuoso, nada hizo el Juzgado durante casi dos años para activar su búsqueda. Por lo que respecta a la doble comparecencia de Dª Marí Trini en dos diligencias previas que se llevaban en el mismo juzgado y sobre hechos conexos, hay que hacer constar que nada se le preguntó respecto a tal representación que decía ostentar ni tan siquiera si conocía el paradero actual de aquel. Finalmente, el Sr. Bernardo fue detenido en el aeropuerto de Barcelona no cuando salía del país, como parece insinuar el Tribunal de instancia, sino cuando regresaba de Israel, siendo puesto en libertad por orden judicial, fijando un domicilio y donde ha sido citado en varias ocasiones sin que haya habido problema alguno.
Por todo ello entendemos que debe estimarse el submotivo planteado en el sentido de apreciar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como simple.
Todo ello determinará el señalamiento de las penas correspondientes en segunda sentencia.
Como tercero de los motivos se esgrime error de hecho en la apreciación de la prueba, al amparo del art. 849.2 LECr , y al amparo del art. 852 LECr por infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia.
Como apoyo de este motivo se alega que los contratos fechados en 2 de febrero, 8 y 14 de junio de 2005 no son prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia. El incumplimiento de dichos contratos, no son suficientes para integrar el delito de estafa, constituyendo un mero incumplimiento civil, que debe ventilarse ante la jurisdicción de este orden.
Debemos recordar, por ejemplo con la STS 27-6-2012, nº 569/2012 , que por la vía del art. 849.2 LECr ., se circunscribe el motivo al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza por si hubieran tenido lugar o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron. En todo caso, el error a que atiende este motivo de casación se predica sobre aspectos o extremos de naturaleza fáctica, nunca respecto a los pronunciamientos de orden jurídico que son la materia propia del motivo que por "error iuris" se contempla en el primer apartado del precepto procesal, motivo éste, art. 849.1 LECr . que, a su vez, obliga a respetar el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados que han de ser los fijados al efecto por el Tribunal de instancia salvo que hayan sido previamente corregidos por estimación de algún motivo fundado en el art. 849.2 LECr . o en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
Por tanto -se dice en las STS 765/2001 de 19-7 - el motivo de casación alegado no permite una nueva valoración de la prueba documental en su conjunto sino que exclusivamente autoriza la rectificación del relato de hechos probados para incluir en él un hecho que el tribunal omitió erróneamente declarar probado, cuando su existencia resulta incuestionable del particular del documento designado, o bien para excluir de dicho relato unos hechos que el tribunal declaró probados erróneamente, ya que su inexistencia resulta de la misma forma incuestionable del particular del documento que el recurrente designa. Además, como se ha dicho, es preciso que sobre el particular cuestionado no existan otros elementos de prueba, ya que en esos casos, lo que estaría bajo discusión, sería la racionalidad del proceso valorativo por la vía de la presunción de inocencia en caso de sentencias condenatorias o de la interdicción de la arbitrariedad, en todo caso, aunque sus efectos de su estimación fueran distintos, el referido vicio de error en la valoración probatoria presupone la autarquía demostrativa del documento que ha de serlo desde dos planos:
Y esta trascendencia o relevancia, en definitiva se proyecta sobre la nota de la finalidad impugnativa. El motivo ha de tender bien a anular una aserción del relato histórico de la sentencia o a integrarlo con un dato fáctico no recogido en él, de manera que en cualquiera de ambos casos la subsunción de la sentencia sometida a recurso quede privada del necesario soporte fáctico
El motivo, formulado erróneamente en su primera parte, ha de ser inadmitido. No señala documento alguno del que deducirse el error del Juzgador. Se limita a cuestionar la valoración de la prueba, denunciando la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, cuestión ésta a la que ya se ha dado respuesta en el motivo 1º.
En efecto, la sentencia de instancia en su fundamento jurídico segundo, tuvo en cuenta los documentos invocados por el recurrente, de los que no se deduce el error en los hechos que insinúa el mismo y que consistiría en la consciencia de que no llevaría a cabo la construcción a que se comprometió, percibiendo el dinero repetidamente con ánimo de enriquecerse. Dice el tribunal a quo que: "Así, con sustento en esa documental quedan cabalmente justificados los siguientes extremos, en sucesión temporal ordenada, por otra parte no discutidos: a) contrato de 2 de febrero de 2005 celebrado entre el acusado y María Inmaculada , en el que se confiesa como recibido en el mismo acto la suma de 72.121,45 euros (folios 159 y ss. al tomo I); b) contrato de 14 de junio de 2005 suscrito por el acusado y Teodosio y Gema en el que expresamente se consigna como percibida a su firma la suma de 90.151,82 euros (folios 27 y ss. al tomo I); c) contrato de 8 de julio de 2005 celebrado entre el acusado y Gines y Josefa (folios 271 y ss. al tomo I), en el que si bien se indica una suma de 90.151,82 euros como entregada en el acto, la propia representación procesal de los mencionados incorporó, a estos autos el Anexo de 20 del mismo mes (folio 297 al tomo II) en el que se significa que la suma entregada es de 78.131,57 euros, precisamente aquella que reclama dicha parte procesal en concepto de responsabilidad civil."
Y explica la sentencia que: "...el necesario dolo antecedente, que es el típicamente relevante, vendría referido a la siguiente trama: el acusado convence a distintos particulares haciendo valer la consideración personal que le profesan (en especial quienes figuran los dos primeros ordinales de la resultancia) para suscribir sendos contratos, uno de inversión y los otros dos de compraventa, que en todo caso coincidían en la obligación principal de llevar a cabo sendos proyectos de edificación para, con la previamente decidida voluntad de no llevar a cabo ninguna clase de construcción, obtener importantes beneficios patrimoniales."
Y añaden los jueces a quibus que: "La cabal acreditación del decidido propósito de beneficiarse de la prestación ajena, eludiendo el cumplimento de la propia, se infiere en primer término de la identidad de "modus operandi". En todos los convenios suscritos figura el proyecto de construcción futura sin que en ninguno de ellos se lleve a cabo la mínima edificación, como ha referido los perjudicados en juicio, comprobación que efectúan tras la demora de noticias acerca del desarrollo del proyecto. La sucesión cronológica de los hechos, todos con su correspondiente inyección de capital, no deja de ser extremo valorable. Como tampoco puede restarse poder de convicción sobre el propósito realmente perseguido por el acusado al hecho, como figura expresamente en el redactado del contrato concertado con Gines y Josefa , que era el titular dominical de la parcela cuando no era así, o en el convenio suscrito con Teodosio y Gema quienes, tras advertir absoluta pasividad en el cumplimiento de la prestación, tienen conocimiento que la finca en cuestión había dejado de ser de su propiedad.
Opone a ello el acusado, en su exculpación y sin llegar a negar lo evidente de la ausencia de construcción, que fueron severas circunstancias económicas que llevaron a la ruina a su empresa. Nada de ello ha acreditado siquiera mínimamente y, más en concreto, a qué destinaba las sumas recibidas (cabe resaltar aquí que así se compromete en la rescisión contractual de 2/12/2012 -en especial a inicio del folio 251- sin llegar a hacerlo tampoco) o si instó el cauce concursal correspondiente."
Conforme a lo expuesto, ha lugar a la estimación parcial del recurso interpuesto por infracción de preceptos constitucionales y por infracción de ley, por la representación de D. Bernardo , declarando de oficio las costas de su recurso, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 901 de la LECr .
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS la estimación parcial del recurso interpuesto por infracción de preceptos constitucionales y por infracción de ley, por la representación de D. Bernardo , y en su virtud casamos y anulamos dicha Sentencia, con declaración de las costas de este recurso de oficio.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamosD. Andres Martinez Arrieta D. Jose Manuel Maza Martin D. Francisco Monterde Ferrer D. Andres Palomo Del Arco D. Carlos Granados Perez
En la causa correspondiente al Procedimiento Abreviado nº 29/14 incoado por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Rubí fue dictada por la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, sentencia de fecha 16 de Febrero de 2015 , acordando condenar al acusado D. Bernardo como autor de un delito continuado de estafa , ya definido, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de CUATRO AÑOS de prisión, con su accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, y multa de TRESCIENTOS DÍAS a razón de una cuota diaria de SEIS EUROS con un día de responsabilidad personal subsidiaria por cada dos cuotas impagadas, así como al pago de las costas procesales; debiendo indemnizar a María Inmaculada con la cantidad de SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (66.121,45 ), a Teodosio y Gema con la de NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (90.151,82 ) y a Gines y Josefa con la de SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (78.131,57 ), indemnizaciones que devengarán el interés legalmente establecido en el art. 576 L.E.C .
Dicha resolución ha sido parcialment e casada y anulada por la dictada con esta misma fecha por esta Sala, por lo que los mismos Magistrados que la compusieron, y bajo la misma Ponencia, proceden a dictar segunda Sentencia con arreglo a los siguientes
El recurrente fue condenado como autor de un delito continuado de estafa, comprendido en los arts 248 , 250.1 , 5 º y 6 º y 74 CP , sin la concurrencia de circunstancias genéricas modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 4 años de prisión y multa de 300 días, a razón de una cuota de seis euros, con un día de responsabilidad personal subsidiaria por cada dos cuotas impagadas.
En su virtud, conforme se argumentó en el fundamento de derecho segundo de nuestra sentencia rescindente, procede eliminar el supuesto agravado, previsto en el nº 6º del art. 250 CP , consistente en abuso de relaciones personales existentes entre víctima y defraudador. Y en cambio, se estima concurrente la circunstancia genérica de atenuación en su consideración ordinaria de dilaciones indebidas , comprendida en el art. 21.6ª CP . Por ello, extendiéndose la pena a imponer entre uno y seis años de prisión, en el límite inferior de su mitad superior, de acuerdo con lo dispuesto en los art 74 y 66, 1ª CP , procede imponer al condenado la pena de tres años y seis meses de prisión.
Y se mantiene en su integridad el resto de los pronunciamientos de la resolución de instancia, incluidas la pena de multa, penas accesorias, responsabilidad personal subsidiaria, responsabilidades civiles y costas .
Se elimina el supuesto agravado, consistente en abuso de relaciones personales existentes entre víctima y defraudador. Y en cambio, se estima concurrente la circunstancia genérica de atenuación, en su consideración ordinaria, de dilaciones indebidas, procediendo imponer al condenado la pena de tres años y seis meses de prisión.
Y, se mantiene en su integridad el resto de los pronunciamientos de la resolución de instancia, incluidas la pena de multa, penas accesorias, responsabilidad personal subsidiaria, responsabilidades civiles y costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Andres Martinez Arrieta D. Jose Manuel Maza Martin D. Francisco Monterde Ferrer D. Andres Palomo Del Arco D. Carlos Granados Perez

References: artículo 741
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