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Timestamp: 2020-01-19 16:11:56+00:00

Document:
Labor parlamentaria de Renzo Trisotti Martínez
Total de participaciones 1.104
Total sesiones asociadas 399
Participaciones de Renzo Trisotti Martínez entre 1965 a 1973
Integración de Renzo Trisotti Martínez en Cámara de Diputados el 12 de marzo de 2014
Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena: señores David Sandoval, Renzo Trisotti, la señora Marisol Turres, el señor Alejandro Santana, la señorita Paulina Núñez, los señores Iván Fuentes, Juan Enrique Morano, Gabriel Silber, la señorita Jenny Álvarez, los señores Luis Rocafull, Daniel Farcas, la señora Marcela Hernando y el señor Gabriel Boric.
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con la diputada Marisol Turres y los diputados Juan Antonio Coloma, Renzo Trisotti, Arturo Squella, Cristián Monckeberg, Ricardo Rincón, Fuad Chahín, René Saffirio, Osvaldo Andrade, Leonardo Soto, Guillermo Ceroni, Jorge Insunza y Hugo Gutiérrez.
Proyecto de Resolución de Renzo Trisotti Martínez en Cámara de Diputados el 18 de marzo de 2014
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SANDOVAL, CHAHIN, GAHONA, HERNÁNDEZ, JARPA, LAVÍN, NORAMBUENA, PÉREZ, DON LEOPOLDO, Y TRISOTTI Y DE LA DIPUTADA SEÑORA PACHECO, QUE MODIFICA LA LEY N° 19.496, SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, CON EL OBJETO DE OBLIGAR AL PROVEEDOR A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE INDICA EN CASO DE REPARACIÓN GRATUITA DEL BIEN. (BOLETÍN N° 9282-03)
Moción de Renzo Trisotti Martínez en Cámara de Diputados el 01 de abril de 2014
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sandoval, Chahin,Gahona, Hernández, Jarpa, Lavín, Norambuena, Pérez, don Leopoldo, y Trisotti y de la diputada señora Pacheco, que modifica la ley N° 19.496, sobreprotección de los derechos de los consumidores, con el objeto de obligar al proveedor a proporcionar la información que indica en caso de reparación gratuita del bien. (boletín N° 9282-03).
1.- El tema de la protección al consumidor ha sido abordado hace varios años desde diferentes perspectivas por nuestro ordenamiento jurídico.
2.- Hasta 1990, la tendencia a la hora de regular esta materia fue la de establecer normas y organismos públicos tendientes a asegurar el acceso a ciertos estándares mínimos de ciertos bienes de consumo básico. Sin embargo esta normativa no garantizaba una adecuada protección y no fue concebida como una política pública enfocada en el resguardo de la “conmutatividad y equilibrio de las relaciones de consumo”
3.- Esta deficiencia fue suplida a través de la Ley N° 19.496, en cuyo mensaje se señalaba que ella se creaba con el objetivo de “aprovechar el verdadero potencial que tiene el mecanismo de mercado en la toma de decisiones económicas, respetando los derechos de las personas en su condición de consumidores, al mejorar las exigencias de calidad, seguridad y transparencia de los bienes y servicios que se comercian en el mercado”.
4.- Si bien, en materia de protección al consumidor se dio un importante paso a través de la dictación de esta ley y sus posteriores modificaciones (Ley 19.955 de 2004 y 20.555 sobre Sernac Financiero de 2011), ella no ha estado exenta de críticas, pues al parecer de algunos autores más que establecer una marco protector hacia el consumidor revelaba un espíritu sancionatorio hacia el proveedor.
a) La ley N° 19.496 protege al consumidor de las anomalías del producto, consagrando una serie de casos de deficiencias o fallas que dan lugar a responsabilidad, comúnmente denominada “garantía legal”. Sus normas disponen de dos supuestos que específicamente se relacionan con la incompetencia del producto: 1) Deficiencias que impiden que el producto sea enteramente apto para el uso o consumo al que está destinado o que hubiera sido señalado en la publicidad 2) los defectos o vicios ocultos que imposibiliten el uso a que habitualmente se destine.
b) Frente a estas deficiencias, la ley N° 19.496 reconoce en su artículo 20, dos derechos: 1) la indemnización por los daños que la inidoneidad del producto genere en el consumidor 2) el derecho del consumidor de optar por a) la reparación gratuita del bien, b) la reposición (sustitución del bien) o c) la devolución de la cantidad pagada (resolución).
c) Respecto al plazo para ejercer el derecho de reparación gratuita del bien, este debe verificarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se haya recibido el producto, siempre que el deterioro que motiva dicho ejercicio, no sea imputable al consumidor. El ejercicio de este derecho suspende el plazo de prescripción de la garantía legal durante el tiempo en que el bien está siendo reparado.
d) La regla general es que la garantía legal debe ejercerse contra el vendedor que contrató con el consumidor. Sin embargo, a diferencia de las otras opciones que otorga el artículo 20 el ejercicio del derecho a reparación, puede ejercerse indistintamente o conjuntamente contra el vendedor, fabricante o importador.
e) Respecto al plazo que tiene el proveedor (vendedor, fabricante o importador) para reparar el bien, la ley no establece ninguna norma que regule el tiempo que tiene el proveedor para reparar el producto.
f) La ausencia de este plazo ha generado en innumerables ocasiones largas esperas por parte de los consumidores quienes se enfrentan a una ausencia de certeza respecto a la reparación y entrega de los bienes que han adquirido lo que les impide ejercer de manera informada el derecho de opción que establece el artículo 20 en su beneficio.
g) Es por este motivo que se propone la incorporación a la Ley N° 19.496 de una obligación para el proveedor consistente en informar acerca del diagnóstico de la falla o deficiencia del producto, y en base a esta, la obligación del mismo de informar el plazo de reparación del bien.
CREA LA OBLIGACIÓN PARA EL PROVEEDOR DE INFORMAR EN
CASO DE REPARACIÓN GRATUITA DEL BIEN
Artículo único: Reemplácese en el inciso segundo del artículo 21 de la Ley N° 19.496 el punto seguido a la palabra “importador” por una coma y agréguese, a continuación, la siguiente frase.
“quienes, en un plazo no superior a siete días, deberán informar al consumidor la causa de la deficiencia del bien y el plazo estimado de reparación”.
REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE REGULACIÓN DE VOTO DE CIUDADANOS CHILENOS EN EL EXTRANJERO (Segundo trámite constitucional. Boletín N° 9069-07)
Intervención de Renzo Trisotti Martínez en Cámara de Diputados el 01 de abril de 2014
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
A continuación, corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera del país.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor René Saffirio.
-Proyecto del Senado, sesión 103ª de la legislatura 361ª, en 2 de diciembre de 2013. Documentos de la Cuenta N° 4.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 112ª de la legislatura 361ª, en 14 de enero de 20014. Documentos de la cuenta N° 6.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Renzo Trisotti.
El señor TRISOTTI.-
Señor Presidente, sin duda podemos estar muy de acuerdo con el sentir de muchos de nuestros compatriotas que hoy, por distintas razones, se encuentran fuera de nuestras fronteras.
Sin perjuicio de abordar la discusión de fondo, también es muy importante no olvidar una serie de temas procedimentales respecto de la forma como se va a ejecutar este derecho, toda vez que los vacíos son generalizados.
En primer lugar, hoy no sabemos en qué tipo de consulados se va a poder ejercer este derecho, es decir, si se podrá ejercer en los consulados oficiales o también en la enorme cantidad de consulados honorarios, que constan de un solo funcionario, con horarios absolutamente reducidos.
Hoy, tampoco sabemos si se trata de un voto presencial, si se podrá realizar por correo o si se establecerá algún plazo para hacerlo. Por eso, si bien comparto la intención final del proyecto, creo que también es muy necesario establecer la forma de implementarlo. La iniciativa señala que se hará a través de una ley orgánica constitucional. La idea es que esta materia no esté motivada solo por buenas intenciones, sino que se pueda plasmar y llevar a cabo de la mejor manera para que el proyecto sea aprobado por el Congreso Nacional.
Intervención Petición de oficio de Renzo Trisotti Martínez en Cámara de Diputados el 08 de abril de 2014
MEDIDAS EN FAVOR DE DAMNIFICADOS POR TERREMOTOS OCURRIDOS EN EL NORTE GRANDE (Oficios)
El señor TRISOTTI.- Señor Presidente , con anterioridad hice llegar todo mi apoyo, aliento y fuerza a los habitantes de la Región de Tarapacá, quienes tuvieron la entereza para soportar el embate de dos terremotos en veinticuatro horas; pero ahora es el momento de ponerse a trabajar en la urgente ayuda humanitaria que debe ser distribuida en todas las localidades de la región, puesto que hay muchas personas que están viviendo en carpas, frente a sus casas, y que requieren de una pronta solución habitacional.
Por lo tanto, pido que se oficie al intendente de Tarapacá para que nos informe respecto del catastro de las personas afectadas, de cómo se ha distribuido la ayuda de emergencia destinada a ellas y de si el acopio respectivo se realizó en el edificio de la intendencia regional, cuyas instalaciones se encuentran a escasos metros del mar, en zona de inundabilidad.
Sin duda, el proceso de reconstrucción será largo y complejo. Por eso, creo que es necesario que este sea liderado por una sola persona, con la finalidad de que haya un responsable con nombre y apellido, con el que podamos conversar, al que podamos exigir soluciones prontas y que tenga objetivos determinados, con plazos claros y acotados, quien, entre las medidas en favor de las personas afectadas, también considere soluciones reales para la clase media, que ha sido la más afectada.
Asimismo, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que nos dé a conocer el catastro de viviendas con subsidio que sufrieron daños graves o moderados a raíz de los terremotos, así como los plazos en que se entregarán subsidios de arriendo transitorio para los damnificados y se llevarán a cabo las obras de reconstrucción. Solicito que nos aclare de qué forma se entregará el subsidio señalado, si dicha medida favorecerá a todas las viviendas declaradas inhabitables, a cuánto ascenderá su monto y si se considerarán los valores de mercado en la Región de Tarapacá.
Además, solicito que se nos informe cuál será la política de ayuda para las familias afectadas que, en principio, eran propietarias de una casa que solo contaba con una caseta sanitaria, pero que, con el transcurso del tiempo, la ampliaron. Asimismo, pido que se nos señale si el Gobierno implementará una política para la clase media emergente, puesto que son cientos los casos de personas que perdieron sus casas como consecuencia de los terremotos y que hoy están viviendo en carpas instaladas en los faldeos de los cerros o en el antejardín de las viviendas. En ese sentido, solicito que se nos informe cuál será la política pública que se implementará para evitar la creación de nuevos campamentos.
Por último, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , con el propósito que nos haga llegar un catastro de la infraestructura dañada por los terremotos en la Región de Tarapacá y nos informe respecto del estado en que se encuentra la infraestructura sanitaria y el puerto de Iquique, así como de los plazos de recuperación de la ruta entre Iquique y Alto Hospicio .
En definitiva, los oficios solicitados tienen por finalidad que se nos den a conocer los objetivos determinados del plan de reconstrucción, los plazos claros y acotados para llevar a cabo las medidas y las obras respectivas, los presupuestos con que se cuenta para tal efecto, y para pedir que se consideren soluciones reales para la Región de Tarapacá, toda vez que ya tenemos malas experiencias a partir de lo que se ha hecho en materia de ayuda en favor de la localidad de Huara y la comuna de Tocopilla.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA RUBILAR, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES BROWNE, GODOY, JIMÉNEZ, MIROSEVIC, ORTIZ, PAULSEN Y TRISOTTI, QUE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN, CON EL OBJETO DE SANCIONAR EL ALZA DESMEDIDA DE PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS DE PRIMERA NECESIDAD Y LA SUSTRACCIÓN EN BIENES INMUEBLES. (BOLETÍN N° 9297-07)
Moción de Renzo Trisotti Martínez en Cámara de Diputados el 09 de abril de 2014
Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Rubilar, y de los diputados señores Browne, Godoy, Jiménez, Mirosevic, Ortiz, Paulsen y Trisotti Fundamentos:
-Frente a situaciones de catástrofe, el ordenamiento jurídico nacional establece una serie de mecanismos denominados “Estados de Excepción”, en los que las autoridades son dotadas de una serie de facultades esenciales para enfrentar calamidades públicas que afecten a una parte o a la totalidad del país.
-Los Estados de Excepción son definidos por el profesor Carlos Cruz Coke como “los mecanismos jurídicos destinados a enfrentar situaciones de anormalidad política o de catástrofe, con el fin de salvaguardar la estabilidad institucional y el orden público”
-Por su parte, el artículo 39 de la Constitución Política de la República, dispone que “el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo pueden ser afectados bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado”.
-De esta manera, la carta fundamental dispone para cada uno de estos casos un estado de excepción constitucional distinto que entrega facultades y atribuciones diferentes de acuerdo a la situación que se trate. Sin embargo, todos tienen un elemento en común: su declaración puede traer consigo una restricción en el ejercicio de los derechos y garantías asegurados por la Constitución.
-Los desastres naturales importan enormes pérdidas económicas y sociales en las regiones afectadas. Según el “Annual Disaster Statistical Review” (Recuento Estadístico Anual de Desastres), en un año las catástrofes naturales generan costos en el mundo por casi 75.000 millones de dólares, y afectan a más de 210.000.000 de personas en todo el orbe.
-Con ocasión de catástrofes naturales, el orden social a menudo se rompe y las personas recurren a la delincuencia en su desesperación. Por ejemplo, a raíz del terremoto del año 2010 en nuestro país, se produjo un estallido social en las zonas afectadas por el sismo, que derivó en escenas de vandalismo y saqueo de propiedad pública y privada. Estos incidentes duraron por largas horas, y particularmente en la zona cercana al epicentro, sólo lograron ser controlados mediante el establecimiento de estados de excepción constitucional.
-El fenómeno delictivo puede ser explicado por la teoría económica del crimen, en virtud de la cual una persona comete o no un delito, luego de un análisis costo—beneficio. En ese orden de cosas, un individuo se decide a ingresar a un inmueble y apropiarse lo que ahí encuentre, si su utilidad esperada por cometer este tipo de delito supera los costos a los que se enfrenta en el evento de ser capturado. Por ende, para desalentar el actuar delictual en condiciones post catástrofe, se deben crear figuras penales especiales que agraven las conductas típicas en atención a las especiales condiciones en que tiene lugar la conducta.
-Otro de los problemas que trae consigo una catástrofe, dice relación con la especulación o alza desmedida de precios; particularmente tratándose de bienes de primera necesidad. Esto ha sido largamente tratado por países como Estados Unidos, que al igual que Chile, está constantemente expuesto a desastres naturales.
-La sanción a la manipulación de precios en este orden de cosas, a menudo se define en función de tres criterios:
-Período de emergencia: La mayoría de las leyes se aplican sólo a los cambios de precios en un momento de desastre.
-Elementos necesarios: La mayoría de las leyes se aplican exclusivamente a los elementos que son esenciales para la supervivencia.
-Precios máximos: La ley limita el precio máximo que se puede cobrar por los bienes de primera necesidad.
-En Estados Unidos, las leyes contra la manipulación de los precios han representado una herramienta útil para la policía con miras a mantener el orden público durante una emergencia.
En efecto, a partir del año 2008 y en el marco de las reformas que se implementaron con ocasión del huracán Katrina, las leyes contra la especulación de precios han sido promulgadas en 34 estados del país del norte.
-Caso especial es el del estado de Florida, constantemente azotado por Huracanes de gran intensidad. La ley de dicho estado prohíbe el cobro de precios excesivos por bienes y servicios que son vitales y necesarios para la salud, la seguridad y bienestar de los consumidores durante cualquier interrupción anormal del mercado causada por huelgas, apagones, escasez grave u otras circunstancias extraordinarias.
-La presente moción busca sancionar de manera especial las dos figuras antes señaladas, esto es, la invasión de inmueble para apropiarse lo que ahí se encuentre; y el alza desmedida de precios de bienes de primera necesidad con ocasión de estados de excepción. Con relación a esta última, se establece el concepto de “alza desmedida”, y se permite eximir de responsabilidad al comerciante o vendedor cuando este logré acreditar que el mayor valor se justifica en razón del aumento de los costos de suministro, transporte o almacenamiento.
Se trata de una figura agravada en comparación con la dispuesta en los artículos 285 y 286 del Código Penal.
Artículo único: Modifícase la ley 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, en el siguiente sentido:
1) Agrégase un artículo 15 bis del siguiente tenor:
“Artículo 15 bis.- Tratándose de bienes y servicios de primera necesidad, declarado el estado de sitio, asamblea, o emergencia; o producida la calamidad pública que de origen al estado de catástrofe, quedará prohibida toda alza desmedida de precios respecto de estos.
Se entenderá que un alza de precio es desmedida, cuando supere en un 20% el valor promedio de dicho producto durante los 30 días anteriores a la declaratoria, a menos que el vendedor pueda justificar el mayor valor en razón del aumento de los costos de suministro, transporte o almacenamiento.
El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero, será sancionado con presidio menor en su grado medio y multa de 5 a 15 unidades tributarias mensuales, junto con el comiso de las mercaderías.”
2) Agrégase un artículo 15 ter del siguiente tenor:
“Artículo 15 ter.- Serán sancionados con presidio mayor en su grado mínimo a medio, quienes luego de declarado un estado de excepción constitucional o de ocurridos los fenómenos naturales que den origen al estado de catástrofe; invadieren inmueble ajeno valiéndose del caos o de la multitud, con el objeto de sustraer lo que ahí se encuentre.”

References: Resolución 
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 39
 artículo 15
 artículo 15