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Resumen de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público | Notarios y Registradores
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Resumen de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Admin, 02/10/2016
MARÍA GARCÍA-VALDECASAS ALGÜACIL
Registradora de la propiedad de Barcelona
INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE LA LEY
Título II. Organización y Funcionamiento del Sector Público Institucional.
Temas concretos: delegación de competencias – encomienda de gestión – órganos colegiados – potestad sancionadora – responsabilidad patrimonial – funcionamiento electrónico – convenios – estructura ministerial – órganos territoriales – inventario de entidades – entidades públicas empresariales – sociedades mercantiles estatales – consorcios – fundaciones – adaptación de convenios – Agencia Tributaria – Ley del Gobierno – plan anual normativo – reforma concursal – patrimonio AAPP – subvenciones – contratos del sector público –
Incrementar la transparencia y establecer un funcionamiento más ágil de las Administraciones Públicas.
Mayor transparencia en los procedimientos de elaboración de las normas.
Simplificar el sector público institucional.
Y que haya una mejor cooperación y coordinación entre las distintas Administraciones Públicas.
Según la Disposición final decimoctava el régimen de la entrada en vigor de la ley será el siguiente:
Ley entrará en vigor el 2 de octubre de 2016, es decir, al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a excepción del:
– Punto cuatro de la disposición final quinta, de modificación de la Ley Concursal.
– De los puntos uno a once de la disposición final novena, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y
– La disposición final decimosegunda, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados que entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
– Y el punto doce de la misma disposición final novena, que lo hará a los seis meses de la citada publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
No obstante, entraron en vigor el 3 de octubre de 2015, es decir, al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»:
– La disposición final primera, de modificación de la Ley del Patrimonio Nacional.
– La disposición final segunda, de modificación del Real Decreto-Ley sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera.
-Los puntos uno a tres de la disposición final quinta, de modificación de la Concursal.
-La disposición final séptima, de modificación de la Ley General de Subvenciones.
-Y la disposición final undécima, de modificación de la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
La disposición final décima de modificación de la disposición adicional décima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de que los apartados Uno( primer y segundo párrafo); Dos; Tres (párrafos primero y segundo); Cuatro; Cinco, (párrafos primero a cuarto) y, Seis, surtirán efectos a partir del 1 de enero de 2013, y de lo dispuesto en el apartado Siete.
La ley cuenta con 158 artículos, estructurados en un título preliminar, tres títulos, 22 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, una derogatoria y 18 finales.
Se divide en seis capítulos:
Capítulo I. Disposiciones generales. Artículos 1 (Objeto) a 4 (Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desempeño de una actividad).
El artículo 1 establece el objeto de la ley que es establecer y regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.
El artículo 2 determina su ámbito Subjetivo, y por tanto se aplicará:
– Al sector público que comprende:
c) Las Entidades que integran la Administración Local y
– A su vez el sector público institucional se integra por:
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.
– Finalmente aclara que tienen la consideración de Administraciones Públicas: la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2.
El artículo 3 establece sus principios generales de los que podemos destacar los siguientes:
Asimismo, como novedad se establece que las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes a través de medios electrónicos.
Finalmente el artículo 4 dispone que las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que se produzcan diferencias de trato discriminatorias. También deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos.
Toma como base la Ley 30/1992, de 26 de septiembre introduciendo ciertas novedades.
De los órganos de las Administraciones Públicas. Dividido en cuatro secciones:
Sección primera. De los órganos administrativos. Artículos 5. Órganos administrativos a 7. Órganos consultivos.
Del artículo 5 se puede destacar que tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
Y además de la prohibición de que no podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos, se añade que la creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población.
El artículo 6 sobre Instrucciones y órdenes de servicio dispone que los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.
Y que cuando una disposición así lo establezca, o se estime conveniente se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Finalmente aclara que el incumplimiento de las instrucciones no afectará por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de su la responsabilidad disciplinaria.
El artículo 7 sobre los órganos consultivos que podrán articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa, o a través de los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica, en este caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ni recibir instrucciones o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales garantías de forma colegiada.
Sección 2. ª Competencia. Artículos 8. Competencia a 14. Decisiones sobre competencia.
En el artículo dedicado a la Delegación de competencias se añade que:
– En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante.
-Y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección.
– Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo Ministerio, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si pertenecen a diferentes Ministerios.
Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes, cuando sea conveniente para alcanzar sus fines y mejorar la eficacia de su gestión.
Finalmente se dispone que la delegación deberá ser previamente aprobada o aceptada según los casos.
En cuanto a la encomienda de gestión se establece como novedad que no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. Y que en tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.
También se dispone que la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión.
En lo relativo a la suplencia se añade que para su validez no será necesaria su publicación. Y que en el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá efectuarse:
a) En los reales decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales o en los estatutos de sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes.
b) Por el órgano competente para el nombramiento del titular, en el mismo acto de nombramiento o bien en otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia.
Finalmente se exige que en las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia.
En el último artículo de esta sección sobre decisiones sobre competencia el deber que tiene
el órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto de notificar esta circunstancia a los interesados.
Sección 3ª. Órganos colegiados de las distintas administraciones públicas.
Dividida en dos subsecciones:
Subsección 1. Funcionamiento. Artículos 15. Régimen a 18. Actas.
En el primer artículo dedicado al regimen juridico de los órganos colegiados se añade que el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran.
Y adicionalmente, las Administraciones podrán publicarlos en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento.
Cuando se trate de un órgano colegiado en que participen organizaciones representativas de intereses sociales así como los compuestos por representantes de distintas Administraciones Públicas la citada publicidad se realizará por la Administración a quien corresponda la Presidencia.
En esta Ley se prescinden de los artículos dedicados al Presidente de los órganos colegiados, sus miembros y la designación, cese y sustitución temporal del Secretario declarados contrarios al orden constitucional de competencias por Sentencia del Tribunal constitucional 50/1999, 6 de abril.
Se actualiza el régimen de Convocatorias y sesiones para lo que se dispone como novedad que:
– Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.
– En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.
-Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o las personas que les suplan, se podrán constituir válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros.
-Salvo imposibilidad, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.
– Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia.
– Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
– Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos, la que será expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía.
También se moderniza el artículo dedicado a las Actas; para ello se dispone que podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado y el fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.
El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en siguiente. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.
Y que cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.
Todas estas normas son de gran interés pues pueden servir como guía para la adopción de acuerdos válidos en los órganos colegiados de las sociedades mercantiles.
Subsección 2. ª De los órganos colegiados en la Administración General. Artículos 19. Régimen de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella a 22. Creación, modificación y supresión de órganos colegiados.
Su regulación supone una novedad en relación a la ley anterior disponiendo que los mismos se regiran por lo dispuesto en el artículo 19 y por las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley de Procedimiento administrativo Común.
-Se establecen las competencias de su presidente, las funciones de los miembros del órgano colegiado y de su Secretario.
-Para constituirlos se precisa que se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos.
Dicha constitución tiene como presupuesto indispensable la determinación en su norma de creación de los siguientes extremos:
El artículo 21 los clasifica por su composición en:
Finalmente el último artículo de la subsección regula el régimen de su creación, modificación y supresión.
Sección 4. Abstención y recusación. Artículos 23. Abstención y 24. Recusación.
La única novedad que nos encontramos en esta sección es establecer como motivo de abstención el tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable.
Capítulo III. Principios de la potestad sancionadora. Artículos 25. Principio de legalidad, a 31. Concurrencia de sanciones
Se incorporan a este título los principios ya clásicos de la potestad sancionadora como son los de legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones
Capítulo IV. De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Dividido en dos secciones.
Sección 2. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Artículos 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, y 37. Responsabilidad penal.
También se incorpora a este título los principios que rigen la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
En cuanto al principio de responsabilidad, se aclara que la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
Lo más novedoso son los cambios introducidos en la regulación de la denominada “responsabilidad patrimonial del Estado legislador” que surgirá en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos de lesión sufrida por un particular a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos o por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar y siempre que el daño sea efectivo:
a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 1.
b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.
En materia de Indemnización se añade que en los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
Capítulo V. Funcionamiento electrónico del sector público. Artículos 38. La sede electrónica a 46. Archivo electrónico de documentos.
Este capitulo se basa en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electónico de los ciudadanos a los servicios públicos, del que destacaremos lo siguiente:
En lo que respecta a las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.
Se añade un artículo dedicado al portal de internet entendido como el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
En relación a los Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas. Podrán hacerlo mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
También aclara que debe de entenderse por actuación administrativa automatizada, que será cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.
Y en estos casos se deberá de establecer previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.
En relación a la firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas se establece que cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo y a la Administración en la que presta sus servicios.
Por razones de seguridad pública los sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo el número de identificación profesional del empleado público.
Para el aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica las Administraciones Públicas podrán determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica.
Y que con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando una Administración utilice sistemas de firma electrónica distintos de los basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.
Finalmente en cuanto al archivo electrónico de documentos establece el deber de almacenarlos por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.
También se añade que los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que asegurará la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados.
CAPÍTULO VI De los convenios. Artículos 47. Definición y tipos de convenios, a 53. Remisión de convenios al Tribunal de Cuentas.
El título preliminar acaba regulando los convenios administrativos, en la línea prevista en el Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas, de 30 de noviembre, de 2010, que recomendaba sistematizar su marco legal y tipología, establecer los requisitos para su validez, e imponer la obligación de remitirlos al propio Tribunal.
Así, en la nueva ley se desarrolla un régimen completo de los convenios, que fija su concepto, régimen de validez y eficacia, su contenido mínimo, clases, duración, y extinción y asegura su control por el Tribunal de Cuentas mediante su remisión electrónica.
Este título parte de la regulación contenida en la Ley 6/1997, de 14 de abril introduciendo ciertas mejoras.
Está dividido en cuatro capítulos:
Capítulo I. Organización administrativa. Artículos 54. Principios y competencias de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, a 56. Elementos organizativos básicos.
A diferencia de la ley del 97 se dispone que las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios, no atribuidas específicamente conforme a una Ley a ningún otro órgano de la Administración General del Estado, ni al Gobierno, corresponderán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En relación a la estructura de la Administración General del Estado se dispone que comprende:
b) La Organización Territorial y
También se puede destacar que:
– Los Ministros y Secretarios de Estado son nombrados de acuerdo con lo establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
– Sin perjuicio de lo previsto en la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, los titulares de los órganos superiores y directivos son nombrados, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, en la forma establecida en esta Ley, siendo de aplicación al desempeño de sus funciones:
Capítulo II. Los Ministerios y su estructura interna. Artículos 57. Los Ministerios, al 68. Reglas generales sobre los servicios comunes de los Ministerios.
Se integran en esta Ley funciones de los Ministros que, hasta ahora, estaban dispersas en otras normas o que eran inherentes al ejercicio de ciertas funciones, como:
– Celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios.
-Autorizar las modificaciones presupuestarias.
-Decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo.
-Rendir la cuenta del departamento ante el Tribunal de Cuentas.
– Y resolver los recursos administrativos presentados ante los órganos superiores y directivos del Departamento.
La Ley reordena parcialmente las competencias entre los órganos superiores, Ministros y Secretarios de Estado, y directivos, Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales de los Ministerios, atribuyendo a ciertos órganos como propias algunas funciones que hasta ahora habitualmente se delegaban en ellos.
En relación a los Secretarios de Estado se dispone que son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica.
Y que podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos Ministros la representación de estos en materias propias de su competencia, incluidas aquellas con proyección internacional, sin perjuicio de las normas que rigen las relaciones de España con otros Estados y con las Organizaciones internacionales.
Y como nuevas funciones destacamos:
– La autorización previa para contratar a los Organismos Autónomos adscritos a la Secretaría de Estado, por encima de una cuantía determinada, según lo previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
-Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para los altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado.
– Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de la Secretaría de Estado, con los límites establecidos por el titular del Departamento.
– Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Secretaría de Estado, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros.
A los Subsecretarios se les encomienda además:
-Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Subsecretaría, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros.
– Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Ministerio con los límites establecidos por el titular del Departamento.
– Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a cargo del Departamento.
– Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al resto de personal de libre designación y al personal eventual del Departamento.
– Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral.
– Convocar y resolver los concursos de personal funcionario.
– Ejercer la potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas graves o muy graves, salvo la separación del servicio.
– Adoptar e impulsar, bajo la dirección del Ministro, las medidas tendentes a la gestión centralizada de recursos humanos y medios materiales en el ámbito de su Departamento Ministerial.
– Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del Subsecretario.
– Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la representación ordinaria del mismo y las que les atribuyan la legislación en vigor.
Los nombramientos se harán entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
En relación a los Secretarios generales, su nombramiento se hará entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. Debiendo de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Los Secretarios generales técnicos se nombrarán entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1 e igualmente han de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado.
En relación al nombramiento de los Directores generales se dispone que:
Su nombramiento habrá de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, salvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional.
Y en todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Para acabar los Subdirectores generales se nombrarán entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Finalmente en relación a las reglas generales sobre los servicios comunes de los Ministerios destacamos que:
– Mediante Real Decreto podrá preverse la gestión compartida de algunos de los servicios comunes que podrá realizarse de las formas siguientes:
a) Mediante su coordinación directa por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo, que prestarán algunos de estos servicios comunes a otros Ministerios.
b) Mediante su coordinación directa por la Subsecretaría de cada Ministerio o por un organismo autónomo vinculado o dependiente de la misma que prestará algunos de estos servicios comunes a todo el Ministerio.
El Real Decreto que determine la gestión compartida de algunos de los servicios comunes concretará el régimen de dependencia orgánica y funcional del personal que viniera prestando el servicio respectivo en cada unidad.
Capítulo III. Órganos territoriales.
Sección 1. La organización territorial de la Administración General del Estado. Artículos 69. Las Delegaciones y las Subdelegaciones del Gobierno a 71. Los servicios territoriales.
Sobre la base de la regulación de la Administración Periférica contenida en la Ley 6/1997, la Ley regula los órganos de la Administración General del Estado de carácter territorial, los Delegados y Subdelegados del Gobierno.
En esta sección se determina que habrá una Delegación del Gobierno en cada CCAA.
-En las pluriprovinciales existirá en cada provincia un Subdelegado del Gobierno.
-En las uniprovinciales se podrá crear por Real Decreto Subdelegaciones del Gobierno cuando haya circunstancias que lo justifiquen.
En cuanto a los Directores Insulares de la Administración General del Estado se establece que reglamentariamente se determinará las Islas en las que existirá un Director Insular el cual:
-Serán nombrados por el delegado del Gobierno por procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del subgrupo A1.
-Dependen del Delegado del Gobierno o del Subdelegado cuando exista y ejercerán en su ámbito territorial las competencias atribuidas por esta Ley a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.
Finalmente el artículo 71 se refiere a los servicios territoriales de la administración General del Estado en las CCAA los que se podrán organizar para el mejor cumplimiento de sus fines en servicios integrados o no integrados en las Delegaciones del Gobierno.
Sección 2. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas. Artículos 72. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y 73. Competencias de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
Sección 3. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias. Artículos 74. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias, y 75. Competencias de los Subdelegados del Gobierno en las provincias.
Respecto de los Subdelegados del Gobierno, se concretan los requisitos de titulación para ser nombrado Subdelegado del Gobierno, de tal manera que ahora se indica el subgrupo funcionarial al que debe pertenecer que es el clasificado como A1.
En cuanto a sus competencias y como novedad más relevante, se le atribuye la de coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el ámbito territorial de su competencia.
Sección 4. La estructura de las delegaciones del gobierno. Artículos 76. Estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, y 77. Asistencia jurídica y control económico financiero de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno
En esta sección se recoge legalmente la existencia de un órgano que se ha revelado como fundamental en la gestión de las Delegaciones y Subdelegaciones, la Secretaría General, encargada de la llevanza de los servicios comunes y de la que dependerán los servicios integrados en la misma, así como otros que se determine en la relación de puestos de trabajo.
A nivel legal (antes reglamentario) se dispone que la asistencia jurídica y el control financiero de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno serán ejercidos por la Abogacía del Estado y por la Intervención General de la Administración del Estado respectivamente, de acuerdo con su normativa específica
Sección 5. Órganos colegiados. Artículos 78. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado, y 79. Los órganos colegiados de asistencia al Delegado y al Subdelegado del Gobierno
Esta última sección prevé expresamente la existencia de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, su misión será la de coordinar la actuación de la administración periférica del Estado Con los distintos Departamentos ministeriales.
Sus atribuciones, composición y funcionamiento serán objeto de regulación reglamentaria.
El artículo 79 se refiere a los órganos colegiados de asistencia al Delegado y al Subdelegado del Gobierno.
En las Comunidades Autónomas pluriprovinciales existirá una Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno, la que ejercerá las funciones determinadas en la ley y tendrá las siguientes características.
a) Estará presidida por el Delegado del Gobierno e integrada por los Subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas en el territorio de ésta.
b) A sus sesiones deberán asistir los titulares de los órganos y servicios territoriales.
En las Comunidades Autónomas uniprovinciales existirá una Comisión de asistencia al Delegado del Gobierno y en cada Subdelegación del Gobierno existirá una Comisión de asistencia al Subdelegado del Gobierno.
Capítulo IV. De la Administración General del Estado en el exterior. Artículo 80. El Servicio Exterior del Estado
Capítulo I. Este se ocupa del sector público institucional. Artículos 81. Principios generales de actuación, a 83. Inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local
El primer artículo establece los Principios generales a los que se ha de someter su actuación, entre los que podemos destacar los de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera así como al principio de transparencia en su gestión. Y en materia de personal, incluido el laboral se sujetarán a las limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales.
También se establece el deber de las Administraciones Públicas de establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción.
El artículo 82 crea El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local que se configura como un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica.
Su integración, gestión y publicación dependerá de la Intervención General de la Administración del Estado y la captación y el tratamiento de la información enviada por las Comunidades Autónomas y las Entidades locales para la formación y mantenimiento del inventario dependerá de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.
El Inventario, deberá de contener, al menos, información actualizada sobre la naturaleza, finalidad, fuentes de financiación, estructura de dominio, en su caso, la condición de medio propio, regímenes de contabilidad, presupuestario y de control así como la clasificación en términos de contabilidad nacional, de cada una de las entidades integrantes del sector público institucional.
También exige que la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, sea inscrita en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.
El último Artículo de este primer capítulo nos explica cómo se llevará a cabo la Inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, para ello el titular del máximo órgano de dirección de la entidad ha de notificar la información necesaria para la inscripción definitiva en el Inventario, en los términos previstos reglamentariamente, de los actos relativos a su creación, transformación, fusión o extinción, en el plazo de treinta días hábiles a contar desde que ocurra el acto inscribible. La notificación ha de acompañar la documentación justificativa que determina tal circunstancia.
La inscripción definitiva de la creación de cualquier entidad integrante del sector público institucional se realizará de conformidad con las siguientes reglas:
a) El titular del máximo órgano de dirección de la entidad, notificará, electrónicamente a efectos de su inscripción, al Inventario de Entidades del Sector Público la norma o el acto jurídico de creación en el plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigor de la norma o del acto, según corresponda. Irá acompañada de la copia o enlace a la publicación electrónica del Boletín Oficial en el que se publicó la norma, o copia del acto jurídico de creación, así como el resto de documentación justificativa que proceda.
b) La inscripción se practicará dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción.
c) Para la asignación del Número de Identificación Fiscal definitivo y de la letra identificativa que corresponda a la entidad, por parte de la Administración Tributaria será necesaria la aportación de la certificación de la inscripción de la entidad en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.
Capítulo II. Organización y funcionamiento del sector público institucional estatal. Artículos 84. Composición y clasificación del sector público institucional estatal, a 87. Transformaciones de las entidades integrantes del sector público institucional estatal
El articulo 84 en el ámbito de la Administración General del Estado, hace una nueva clasificación del sector público estatal para los organismos y entidades que se creen a partir de la entrada en vigor de la Ley, más clara, ordenada y simple, pues quedan reducidos a los siguientes tipos: organismos públicos, que incluyen los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público y fondos sin personalidad jurídica.
El siguiente artículo establece dos tipos de controles de las entidades integrantes del sector público estatal:
-Una supervisión continua, desde su creación hasta su extinción, a cargo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que vigilará la concurrencia de los requisitos previstos en esta Ley.
-Y un control de eficacia, centrado en el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad de la entidad, que será ejercido anualmente por el Departamento al que esté adscrita la entidad u organismo público, sin perjuicio del control de la gestión económico financiera que se ejerza por la Intervención General de la Administración del Estado.
Con el artículo 86 se incorpora al contenido de la Ley la regulación de los medios propios y servicios técnicos de la Administración, de acuerdo con lo que en la actualidad se establece en la normativa de contratos del sector público.
Como novedad destacamos que la creación de un medio propio o su declaración como tal deberá ir precedida de una justificación, por medio de una memoria de la intervención general, de que la entidad resulta sostenible y eficaz, de acuerdo con los criterios de rentabilidad económica, y que resulta una opción más eficiente que la contratación pública para disponer del servicio o suministro cuya provisión le corresponda, o que concurren otras razones excepcionales que justifican su existencia, como la seguridad pública o la urgencia en la necesidad del servicio.
Estas entidades deberán estar identificadas a través de un acrónimo «MP», para mayor seguridad jurídica. Estos requisitos se aplicarán tanto a los medios propios que se creen en el futuro como a los ya existentes, estableciéndose un plazo de seis meses para su adaptación.
El último artículo regula Transformaciones de las entidades integrantes del sector público institucional estatal, por el que se establece que cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o fundación del sector público institucional estatal podrá transformarse y adoptar la naturaleza jurídica de cualquiera de las entidades citadas.
La transformación tendrá lugar por cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de la entidad transformada con sucesión universal de derechos y obligaciones.
Se llevará a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación.
Y cuando un organismo autónomo o entidad pública empresarial se transforme en una entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o en una fundación del sector público, el Real Decreto mediante el que se lleve a cabo la transformación deberá ir acompañado de la siguiente documentación:
a) Una memoria que incluya: una justificación de la transformación, un análisis de eficiencia y un análisis de la situación en la que quedará el personal.
b) Un informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado en el que se valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo.
Capítulo III. De los organismos públicos estatales.
Sección 1. Disposiciones generales. Artículos 88. Definición y actividades propias, a 97. Liquidación y extinción de organismos públicos estatales
El primer y segundo artículo los definen como aquéllos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente, bien a través de otro organismo público, cuyas características justifican su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia, y que son creados para la realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación, gestión de servicios públicos o producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación, así como actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas.
Tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines salvo la potestad expropiatoria.
El artículo 90 establece una estructura organizativa común en el ámbito del sector público estatal, articulada en órganos de gobierno, ejecutivos y de control de eficacia, correspondiendo al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la clasificación de las entidades, conforme a su naturaleza y a los criterios previstos en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.
El articulo 91 y 92 regula la creación de organismos públicos estatales. En general, se hace más exigente su creación al someterse a los siguientes requisitos:
-la elaboración de un plan de actuación con un contenido mínimo que incluye un análisis de eficiencia y las razones que fundamentan la creación; justificación de la forma jurídica propuesta; determinación de los objetivos a cumplir y los indicadores para medirlos; acreditación de la inexistencia de duplicidades, etc.
-Y un informe preceptivo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El 93 determina cual ha de ser el contenido de los estatutos, los que se aprobarán por Real Decreto del Consejo de Ministros y tanto esto como su publicación ha de tener lugar con carácter previo a la entrada en funcionamiento efectivo del organismo público.
El artículo 94 incluye, por primera vez para el sector público estatal un régimen además de transformaciones otro de fusiones de organismos públicos de la misma naturaleza jurídica, bien mediante su extinción e integración en un nuevo organismo público, o bien mediante su absorción por otro ya existente.
La fusión se llevará a cabo por una norma reglamentaria, aunque suponga modificación de la ley de creación.
Los siguientes artículos regulan, también en el ámbito estatal, la disolución, liquidación y extinción de organismos públicos. En este sentido, se detallan las causas de disolución, entre las que destaca la situación de desequilibrio financiero durante dos ejercicios presupuestarios consecutivos, circunstancia que no opera de modo automático, al poder corregirse mediante un plan elaborado al efecto.
El proceso de disolución es ágil, al bastar un acuerdo del Consejo de Ministros.
Deberá designarse un órgano administrativo o entidad del sector público institucional como liquidador, cuya responsabilidad será directamente asumida por la Administración que le designe, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra aquél cuando hubiera causa legal para ello.
Finalmente destacaremos en esta sección que tanto los organismos existentes en el sector público estatal como los de nueva creación deberán de aplicar una gestión compartida de los servicios comunes, salvo que la decisión de no hacerlo se justifique en la memoria que acompañe a la norma de creación por razones de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, seguridad nacional o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo.
Sección 2. Organismos autónomos estatales. Artículos 98. Definición, a 102 Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero.
El primer artículo los define como entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta.
Dependen de la Administración General del Estado a la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia.
Con independencia de su denominación, cuando un organismo público tenga la naturaleza jurídica de organismo autónomo deberá figurar en su denominación la indicación «organismo autónomo» o su abreviatura «O.A.».
En lo que respecta a su Régimen jurídico se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en su ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común.
El artículo 100 se dedica al Régimen jurídico del personal que será funcionario o laboral y de contratación que se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público. El titular del máximo órgano de dirección del organismo autónomo será el órgano de contratación.
Artículo 100 dedicado a su Régimen económico-financiero y patrimonial dispone que para el cumplimiento de sus fines, tendrán un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.
La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo a lo establecido para los organismos autónomos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
Sus recursos económicos podrán provenir de las siguientes fuentes:
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de la Administración o entidades públicas.
e) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares.
f) Cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir, según las disposiciones por las que se rijan o que pudieran serles atribuidos.
Finalmente el Artículo 102 dispone que su régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero será el establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
Se definen como entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación.
Dependen de la Administración General del Estado o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta, al que le corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia.
Y con independencia de su denominación, cuando un organismo público tenga naturaleza jurídica de entidad pública empresarial deberá figurar en su denominación la indicación de «entidad pública empresarial» o su abreviatura «E.P.E».
En lo que respecta a su régimen jurídico se regirán por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación.
Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que los estatutos se les asignen expresamente esta facultad.
No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de las entidades públicas empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración General del Estado, salvo las excepciones que, a determinados efectos se fijen, en cada caso, en sus estatutos.
El artículo 106 establece el Régimen jurídico del personal y de contratación.
El personal se rige por el Derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado, quienes se regirán por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos o por la normativa laboral.
También establece unas reglas de selección del personal laboral distinguiendo entre el personal directivo y el resto del personal.
La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo como del resto del personal, requerirán el informe conjunto, previo y favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos, conforme a los criterios previamente establecidos por los mismos.
La Ley de creación de cada entidad deberá determinar las condiciones conforme a las cuales, los funcionarios de la Administración del Estado, podrán cubrir destinos en la entidad, y establecerá, las competencias que a la misma correspondan sobre este personal que, en todo caso, serán las que tengan legalmente atribuidas los Organismos autónomos.
Y en lo que se refiere a la contratación se rige por las previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos del sector público.
A continuación se regula su Régimen económico-financiero y patrimonial para lo que se establece que las entidades públicas empresariales tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.
La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
Podrán financiarse con los ingresos que se deriven de sus operaciones, obtenidos como contraprestación de sus actividades comerciales, y con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes:
b) Los productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.
Excepcionalmente, cuando así lo prevea la Ley de creación, podrá financiarse con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes:
b) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o entidades públicas.
c) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares.
Y que las entidades público empresariales se financiarán mayoritariamente con ingresos de mercado.
Finalmente el artículo 108 establece que el régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero será el establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
Capítulo IV. Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal. Artículos 109. Definición, y 110. Régimen jurídico.
Este capítulo regula las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal que tendrán atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley.
Deberán de actuar con independencia de cualquier interés empresarial o comercial.
Y en su denominación en ella deberá de figurar en la indicación «autoridad administrativa independiente» o su abreviatura «A.A.I.».
Su régimen jurídico es especial rigiéndose en primer lugar por su Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión y, supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por lo dispuesto en esta Ley.
Capítulo V. De las sociedades mercantiles estatales. Artículos 111. Definición, a 117. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y de personal.
En primer lugar, se nos da una definición de que debe de entenderse por sociedad mercantil estatal que es aquella sociedad mercantil sobre la que se ejerce control estatal:
a) Bien porque la participación directa, en su capital social de la Administración General del Estado o alguna de las entidades que integran el sector público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50 por 100.
b) Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
En su denominación deberá figurar necesariamente la indicación «sociedad mercantil estatal» o su abreviatura «S.M.E.».
Estas normas deberán ser tenidas muy en cuenta por los notarios y RRMM.
El Artículo 112 recoge sus principios rectores que son los de perseguir la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de dichas sociedades mercantiles, para lo que promoverán las buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad.
En cuanto a su Régimen jurídico se dispone que se regirán por lo previsto en esta Ley, por lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación.
En lo que se refiere a la creación de una sociedad mercantil estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida se establece que será autorizada mediante acuerdo del Consejo de Ministros que deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan de actuación con un contenido mínimo determinado.
Po lo que respecta a su liquidación, ésta recaerá en un órgano de la Administración General del Estado o en una entidad integrante del sector público institucional estatal.
Y la responsabilidad correspondiente al empleado público u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó.
La principal novedad la encontramos en el artículo 115 en lo relativo régimen de responsabilidad aplicable al empleado público como miembro de los consejos de administración de las sociedades mercantiles estatales designados por la Administración General del Estado que será directamente asumida por la Administración General del Estado que lo designó.
Lo anterior se ha de entender sin perjuicio de poder exigir de oficio al empleado público que designó como miembro del consejo de administración la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.
La Tutela, se regula de forma muy similar al régimen previsto en los artículos 176 y ss de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Finalmente, la ley dedica un artículo a su régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y de personal.
Capítulo VI. De los consorcios. Artículos 118. Definición y actividades propias, a 127. Disolución del consorcio.
El primer artículo define los consorcios como entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.
Entre sus actividades propias encontramos las de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes.
Podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos España en la materia y en su denominación deberá figurar la indicación «consorcio» o su abreviatura «C».
Régimen jurídico: se regirán por lo establecido en esta Ley, en la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos.
En lo no previsto en lo anterior, sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo dispuesto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97, y en su defecto, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
Finalmente se prevé que las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013, de 21 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre los Consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta Ley.
A continuación se regula su Régimen de adscripción, así los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará adscrito de conformidad con los criterios previstos en la ley.
Los consorcios que participen en entidades privadas, no tendrán ánimo de lucro y estarán adscritos a la Administración Pública que resulte de acuerdo con los criterios establecidos.
Y cualquier cambio de adscripción conllevará la modificación de los estatutos del consorcio.
El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder exclusivamente de las Administraciones participantes.
Excepcionalmente, cuando no sea posible contar con personal procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de sus funciones, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, u órgano competente, podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.
El artículo 122 determina su Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial.
La creación de consorcios en el que participe la Administración General del Estado ha de estar prevista en una ley e ir precedida de la autorización del Consejo de Ministros.
El consorcio se creará por convenio, al que habrán de acompañarse los estatutos con los aspectos previstos en la ley, un plan de actuación presupuestaria trienal y además el informe preceptivo favorable del departamento competente en la Hacienda Pública o la intervención general que corresponda.
Los artículos 125 y 126 regulan las causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcio así como los efectos de su ejercicio.
Merece especial consideración el último artículo dedicado a la disolución del consorcio, esta es automática mediante acuerdo del máximo órgano de gobierno del consorcio, que nombrará a un órgano o entidad como liquidador. La responsabilidad del empleado público que sea nombrado liquidador será asumida por la entidad o la Administración que lo designó, sin perjuicio de las acciones que esta pueda ejercer para, en su caso, repetir la responsabilidad que corresponda.
La principal causa de disolución será el cumplimiento de los fines que motivaron su creación.
Finalmente se dispone que las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los estatutos, o a falta de previsión estatutaria, por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos a otra entidad jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se liquida.
Capítulo VII. De las fundaciones del sector público estatal. Artículos 128. Definición y actividades propias, a 136. Fusión, disolución, liquidación y extinción.
Este capítulo establece el régimen jurídico de las fundaciones del sector público estatal, manteniendo las líneas fundamentales de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Su creación, o la adquisición de forma sobrevenida de esta forma jurídica, se efectuará por ley, previendo la posibilidad de que en el patrimonio de las fundaciones del sector público estatal pueda existir aportación del sector privado de forma no mayoritaria.
Como novedad, se establece con carácter básico el régimen de adscripción pública de las fundaciones y del protectorado.
Capítulo VIII. De los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal. Artículos 137. Creación y extinción, a 139. Régimen presupuestario, de contabilidad y de control económico-financiero.
Se regulan por último en este Título los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal, figura cuya frecuente utilización demandaba el establecimiento de un régimen jurídico.
y que deberán crearse por ley, esto no obstante, se extinguirán por norma de rango reglamentario.
En su denominación deberá figurar necesariamente la indicación «fondo carente de personalidad jurídica» o su abreviatura «F.C.P.J».
Se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en su norma de creación, y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación.
Finalmente se dispone que estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
Se divide en cuatro capítulos:
Capítulo I. Principios generales de las relaciones interadministrativas. Artículo 140. Principios de las relaciones interadministrativas
Este primer capítulo recoge los principios a los que se han de sujetar las administraciones Publicas en sus relaciones con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes entre los que podemos destacar la solidaridad interterritorial, la programación y evaluación de resultados y el respeto a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.
Capítulo II. Deber de colaboración. Artículos 141. Deber de colaboración entre las Administraciones Públicas y 142. Técnicas de colaboración.
Este segundo capítulo hace referencia al deber de colaboración entre las distintas Administraciones Públicas para lo que se establece una serie de deberes de las Administraciones Públicas.
Dicha asistencia y colaboración sólo podrá negarse cuando el organismo público o la entidad del que se solicita no esté facultado para prestarla, no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones o cuando la información solicitada tenga carácter confidencial o reservado. La que se comunicará motivadamente a la Administración solicitante.
También se establecen las técnicas a través de las cuales se deben de cumplir las obligaciones derivadas del deber de colaboración.
Capítulo III. Relaciones de cooperación. Dividido en dos secciones:
Sección 1. Técnicas de cooperación. Artículos 143. Cooperación entre Administraciones Públicas, y 144. Técnicas de Cooperación.
Sección 2. Técnicas orgánicas de cooperación. Artículo 145 Órganos de cooperación, a 154. Comisiones Territoriales de Coordinación.
La ley define y distingue dos principios clave de las relaciones entre Administraciones: la cooperación, que es voluntaria y la coordinación, que es obligatoria. Y sobre esta base se regulan los diferentes órganos y formas de cooperar y coordinar.
Se desarrollan ampliamente las técnicas de cooperación y en especial, las de naturaleza orgánica, entre las que destaca la Conferencia de Presidentes, que se regula por primera vez, las Conferencias Sectoriales y las Comisiones Bilaterales de Cooperación.
Dentro de las funciones de las Conferencias Sectoriales destaca como novedad la de ser informadas sobre anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de las otras Administraciones Públicas o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable, de este modo se pretende potenciar la planificación conjunta y evitar la aparición de duplicidades.
También se aclara que las Conferencias Sectoriales podrán adoptar recomendaciones, que implican el compromiso de quienes hayan votado a favor a orientar sus actuaciones en esa materia en el sentido acordado, con la obligación de motivar su no seguimiento; y acuerdos, que podrán adoptar la forma de planes conjuntos, que serán de obligado cumplimiento para todos los miembros no discrepantes, y que serán exigibles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el acuerdo será obligatorio para todas las Administraciones de la conferencia sectorial.
Dentro del deber de colaboración se acotan los supuestos en los que la asistencia y cooperación puede negarse por parte de la Administración requerida, y se concretan las técnicas de colaboración:
– la creación y mantenimiento de sistemas integrados de información y
– el deber de asistencia y auxilio para atender las solicitudes formuladas por otras Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias y cualquier otra prevista en la Ley.
No obstante, el deber de colaboración al que están sometidas las Administraciones Públicas se ejercerá con sometimiento a lo establecido en la normativa específica aplicable.
Capítulo IV. Relaciones electrónicas entre las Administraciones. Artículos 155. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas a 158. Transferencia de tecnología entre Administraciones.
El primer artículo hace referencia a las transmisiones de datos entre Administraciones Públicas, por lo que siempre de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder, estando limitada estrictamente a aquellos que son requeridos a los interesados por las restantes Administraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia.
Se establece el deber de las Administraciones Públicas de adoptar las medidas necesarias para posibilitar la interconexión de sus redes con el fin de crear una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información de las Administraciones Públicas y permita el intercambio de información y servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las instituciones de la Unión Europea y de otros Estados Miembros.
El siguiente artículo se refiere al Esquema Nacional de Interoperabilidad que comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.
Y también al Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada.
Finalmente se establece como se llevará a cabo la reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración, así como la transferencia de tecnología entre las Administraciones.
Por la que en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se entenderá por Administraciones Públicas las Diputaciones Forales y las Administraciones institucionales de ellas dependientes o vinculadas.
En las Ciudades de Ceuta y Melilla existirá un Delegado del Gobierno que representará al Gobierno de la Nación en su territorio.
Las disposiciones de la Ley sobre los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas se deberán entender también referidas a los Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
En las Ciudades de Ceuta y Melilla existirá una Comisión de asistencia al Delegado del Gobierno.
Lo dispuesto en esta Ley sobre las relaciones entre la Administración General del Estado y las de las Comunidades Autónomas será de aplicación a las relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla.
La adaptación a la ley deberá de tener lugar en el plazo de tres años a contar desde su entrada en vigor, rigiéndose hasta que se realice la adaptación por su normativa específica.
La gestión compartida tendrá lugar salvo que la decisión de no compartirlos se justifique, en una memoria elaborada al efecto y que se dirigirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en términos de eficiencia, en razones de seguridad nacional, o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo público.
A continuación se establecen las distintas formas en las que se podrá realizar la organización y gestión compartida de los servicios comunes.
Por la que las entidades y organismos públicos que a la entrada en vigor de la
Ley tengan la condición de medio propio en el ámbito estatal deberán adaptarse a lo previsto en esta Ley en el plazo de seis meses a contar desde su entrada en vigor.
Disposición adicional séptima. Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación. Se crea un Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación, con efecto constitutivo, de forma que pueda ser de general conocimiento, de forma fiable, la información relativa a los órganos de cooperación y coordinación en los que participa la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes, y qué convenios hay en vigor en cada momento.
Se llevará a cabo en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley.
No obstante, será automática, en lo que se refiere al plazo de vigencia del convenio, para los convenios que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran establecida una prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento de la entrada en vigor la Ley. En estos casos el plazo de vigencia del convenio será de cuatro años a contar desde la entrada en vigor.
Se establece que todos los organismos y entidades, vinculados o dependientes de cualquier Administración Pública y deberán estar inscritos en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local en el plazo de tres meses a contar desde dicha entrada en vigor.
Se define como un órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales en materia de administración electrónica.
Disposición adicional décima. Sobre las Aportaciones a los consorcios.
Por la que se dispone que los conflictos positivos o negativos de atribuciones entre órganos de un mismo Ministerio serán resueltos por el superior jerárquico común en el plazo de diez días, sin que quepa recurso alguno.
Las cuales se regirán por su legislación específica, por las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, que les sean de aplicación y, supletoriamente, por lo establecido en esta Ley.
Les será de aplicación las previsiones de esta Ley relativas a los organismos autónomos, salvo lo relativo a el régimen de personal, económico-financiero, patrimonial, presupuestario y contable, de participación en la gestión, así como la asistencia jurídica, será el establecido por su legislación específica, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en las materias que sea de aplicación, y supletoriamente por esta Ley.
Disposición adicional decimocuarta. La organización militar que se rige por su legislación específica y por las bases establecidas en la ley Orgánica de la Defensa Nacional.
Y las Delegaciones de Defensa permanecerán integradas en el Ministerio de Defensa y se regirán por su normativa específica.
A los anteriores les será de aplicación las referencias que en la ley se realizan a los funcionarios de carrera pertenecientes al Subgrupo A1.
Disposición adicional decimosexta. Servicios territoriales integrados en las Delegaciones del Gobierno a la entrada en vigor de esta Ley, continuarán en esta situación, siendo aplicable a los mismos lo previsto en la presente Ley.
Se regirá por su legislación específica y únicamente de forma supletoria y en tanto resulte compatible con su legislación específica por lo previsto en esta Ley.
El acceso, la cesión o la comunicación de información de naturaleza tributaria por su legislación específica.
Se regirá por lo previsto en su normativa específica y en lo no previsto en ella, en cuanto sea compatible, por lo dispuesto en la presente Ley.
Se regirá, en primer término, por lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013 y la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España.
En lo no previsto y en cuanto sea compatible con su naturaleza y funciones la presente Ley.
Disposición adicional vigésima. Régimen jurídico del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el que tendrá la consideración de autoridad administrativa independiente de conformidad con lo previsto en esta Ley.
Disposición adicional vigesimoprimera. Órganos Colegiados de Gobierno a los que no les será de aplicación las disposiciones de la Ley relativas a los órganos colegiados.
Disposición adicional vigesimosegunda. Actuación administrativa de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos se regirá por lo previsto en su normativa específica, en el marco de los principios que inspiran la actuación administrativa de acuerdo con esta Ley.
Disposición transitoria primera. Composición y clasificación del sector público institucional se aplicará únicamente a los organismos públicos y las entidades integrantes del sector público institucional estatal que se creen tras la entrada en vigor de la Ley y a los que se hayan adaptado de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta.
Disposición transitoria segunda. Entidades y organismos públicos existentes continuarán rigiéndose por su normativa específica, incluida la normativa presupuestaria, hasta su adaptación a lo dispuesto en la Ley de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta.
Con alguna salvedad referida a los organismos públicos, sociedades mercantiles estatales, los consorcios, fundaciones y fondos sin personalidad en tanto no resulte contrario a su normativa específica.
Disposición transitoria tercera. Los Procedimientos de elaboración de normas en la Administración General del Estado que se hallaren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley se sustanciarán de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en el momento en que se iniciaron.
Lo dispuesto en la disposición final novena será de aplicación a los expedientes de contratación iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de dicha disposición.
a) El artículo 87 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
d) Los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Fundaciones.
f) Los artículos 12, 13, 14 y 15 y disposición adicional sexta de la Ley de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.
Y Hasta que, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta, concluya el plazo de adaptación de las agencias existentes en el sector público estatal, se mantendrá en vigor la Ley 28/2006, de 18 de julio.
Se modifica el apartado uno del artículo octavo por el que se dispone que el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional estará constituido por su Presidente, el Gerente y por un número de Vocales no superior a trece, los cuales deberán ser profesionales de reconocido prestigio.
Al Presidente y al Gerente les será de aplicación lo establecido en el artículo 2 de la Ley reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, debiendo realizarse su nombramiento entre funcionarios de carrera pertenecientes a cuerpos clasificados en el Subgrupo A1.
Dos de los Vocales, deberán de provenir de instituciones museísticas y culturales. Igualmente, en dos de los Vocales, habrá de concurrir la condición de Alcaldes de Ayuntamientos en cuyo término municipal radiquen bienes inmuebles históricos del Patrimonio Nacional.
Los miembros del Consejo de Administración serán nombrados mediante Real Decreto, previa deliberación del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno.
Se añade un nuevo apartado tres a la disposición adicional sexta, reenumerándose los apartados tres a seis como cuatro a siete.
El apartado tres se dispone que el Instituto de Crédito Oficial estará regido por un Consejo General que estará formado por el Presidente de la entidad, que lo será también del Consejo, y diez Vocales, y estará asistido por el Secretario y, en su caso, el Vicesecretario del mismo.
Todos los integrantes del Consejo actuarán siempre en interés del Instituto de Crédito Oficial.
El nombramiento y cese de los Vocales corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, que los designará entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actividad del Instituto de Crédito Oficial.
Cuatro de los diez Vocales serán independientes entendido como no sea personal al servicio del Sector Público y su mandato será de tres años, tras el cual cabrá una sola reelección.
Cada uno de los Vocales independientes dispondrá de dos votos exclusivamente para la adopción de acuerdos relativos a operaciones financieras de activo y pasivo propias del negocio del Instituto.
Se añade una nueva disposición transitoria, la quinta. Operaciones y atribuciones vigentes, por la que se establece que las modificaciones anteriores, no afectarán al régimen de las operaciones del Instituto de Crédito Oficial actualmente en vigor.
Los Consejeros que, a la entrada en vigor de la disposición final segunda de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, formasen parte del Consejo General del Instituto de Crédito Oficial continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que se nombre a quienes hubieran de sucederles.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno lo que supone una serie de novedades trascendentes que veremos a continuación:
El artículo 4 apartado segundo por el que se establece que en caso de que existan Ministros sin cartera, por Real Decreto se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo.
Al artículo 5 relativo al Consejo de Ministros, se añade al apartado segundo por el que a las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir además de los Secretarios de Estado, excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello.
Al artículo 6 relativo a las Comisiones Delegadas del Gobierno a su apartado dos sobre lo que debe especificar el Real Decreto de creación de una Comisión Delegada añade:
– El régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias.
A el apartado segundo del artículo 7 relativo a los Secretarios de Estado se suprime el hecho de que puedan ostentar por delegación exprese de sus respectivos Ministros la representación de éstos en materias propias de su competencia, incluidas aquellas con proyección internacional, sin perjuicio de las normas que rigen las relaciones de España con otros Estados y con las Organizaciones internacionales.
Al artículo 8 sobre la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios se añade que a la misma asistirá igualmente el Abogado General del Estado y aquellos altos cargos con rango de Secretario de Estado o Subsecretario que sean convocados por el Presidente por razón de la materia de que se trate.
Y que en caso de ausencia del Presidente de la Comisión, la presidencia recaerá en el Ministro que corresponda según el orden de precedencia de los Departamentos ministeriales. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria en la asistencia a la reunión de la Comisión. En ese caso, las funciones que pudieran corresponder al Presidente serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente, de conformidad con el orden de precedencia de los distintos Departamentos ministeriales.
El artículo 9 sobre los Secretariado del Gobierno.
En primer lugar se le atribuye una nueva función por la que velaran por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas por el Gobierno.
Y a continuación se añaden a éste artículo tres apartados más que disponen:
El artículo 10 sobre los Gabinetes se establece en relación a sus miembros que además de realizar tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella, pueden de su asistir o pertenecer a órganos colegiados que adopten decisiones administrativas. Asimismo, los directores de los gabinetes podrán dictar los actos administrativos propios de la jefatura de la unidad que dirigen.
Y al apartado segundo después de disponer que los Directores de Gabinete tendrán el nivel orgánico que se determine reglamentariamente se establece que el resto de miembros del Gabinete tendrán la situación y grado administrativo que les corresponda en virtud de la legislación correspondiente.
El artículo 11 sobre los requisitos de acceso al cargo para ser miembro del Gobierno se añade que deberán reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
El artículo 12 sobre nombramiento y cese se añade que los Vicepresidentes y Ministros serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno. El nombramiento conllevará el cese en el puesto que, en su caso, se estuviera desempeñando, salvo cuando en el caso de los Vicepresidentes, se designe como tal a un Ministro que conserve la titularidad del Departamento. Cuando el cese en el anterior cargo correspondiera al Consejo de Ministros, se dejará constancia de esta circunstancia en el nombramiento del nuevo titular. La separación de los Ministros sin cartera llevará aparejada la extinción de dichos órganos.
Y que Por Real Decreto se regulará el estatuto que fuera aplicable a los Presidentes del Gobierno tras su cese.
Al artículo 13 sobre la suplencia se le añade un nuevo apartado que dispone que no se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la reunión de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del gobierno durante esa situación serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente.
El artículo 20 sobre la delegación y avocación de competencias, establece como novedad que los Ministros podrán delegar el ejercicio de competencias propias en favor de los Subsecretarios dependientes de ellos.
También, que las funciones administrativas del Consejo de Ministros se podrán delegar en las Comisiones Delegadas del Gobierno a propuesta del Presidente del Gobierno.
Y finalmente se añade un nuevo apartado que dice que el Consejo de Ministros podrá avocar para sí, a propuesta del Presidente del Gobierno, el conocimiento de un asunto cuya decisión corresponda a las Comisiones Delegadas del Gobierno.
La ley da una nueva redacción al Título V de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno que resumiremos en los siguientes términos:
El Artículo 22. Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno se adapta a la nueva regulación relativa a las Administraciones Públicas disponiendo que el Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los principios y reglas establecidos en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el presente Título.
El Artículo 23 sobre Disposiciones de entrada en vigor se establece que sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación.
Esto no será de aplicación a los reales decretos-leyes, ni cuando el cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas así lo aconsejen, debiendo quedar este hecho debidamente acreditado en la respectiva Memoria.
a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes.
b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno.
c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros.
d) Acuerdos del Consejo de Ministros.
e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno.
f) Órdenes Ministeriales.
º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros.
º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
Artículo 25. Plan Anual Normativo. Por el que se establece que:
Identificará, las normas que habrán de someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación.
Cuando se eleve para su aprobación una propuesta normativa que no figurara en el Plan Anual Normativo será necesario justificar este hecho en la correspondiente Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
El Plan estará coordinado por el Ministerio de la Presidencia. Y el Ministro de la Presidencia elevará el Plan al Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril.
Su redacción estará precedida de los y consultas se estimen convenientes para garantizar su acierto y la legalidad.
Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del departamento competente, con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se recabará opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas acerca de diversas cuestiones.
Se podrá prescindir de este trámite en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. También podrá prescindirse de este trámite de consulta en el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas. La concurrencia de estas razones, se justificarán en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
La consulta se realizará de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a quince días naturales.
a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas.
b) Contenido y análisis jurídico.
d) Impacto económico y presupuestario.
e) Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a soportarlas.
f) Impacto por razón de género.
También incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente.
Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley o un proyecto de real decreto legislativo, cumplidos los trámites anteriores, el titular del Departamento proponente lo elevarán al Consejo de Ministros, a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de su realización.
Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, y cumplidos los trámites de carácter preceptivo, el Consejo de Ministros podrá prescindir de este y acordar la aprobación del anteproyecto de ley o proyecto de real decreto legislativo y su remisión, en su caso, al Congreso de los Diputados o al Senado.
A lo largo del procedimiento de elaboración, el centro directivo recabará además de los informes y dictámenes que resulten preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto.
En todo caso, deberán ser informados por la Secretaría General Técnica del Ministerio o Ministerios proponentes. Cuando la propuesta normativa afectara a la organización administrativa de la Administración General del Estado, a su régimen de personal, a los procedimientos y a la inspección de los servicios, será necesario recabar la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
También será necesario informe previo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuando la norma pudiera afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Sin perjuicio de la consulta previa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.
El plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de 15 días hábiles, y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen. De ello se dejará constancia en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
El trámite de audiencia e información pública sólo podrá omitirse cuando existan graves razones de interés público y no será de aplicación a las disposiciones presupuestarias o que regulen los órganos, cargos y autoridades del Gobierno o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas.
Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación y, en caso de proyectos de ley, su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
El Ministerio de la Presidencia analizará los siguientes aspectos:
b) La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos Ministerios o que vayan a hacerlo.
d) El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
f) El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción de cargas administrativas o buena regulación que se hayan aprobado.
Artículo 27. Tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la Administración General del Estado que en síntesis dispone que el Consejo de Ministro, podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y de reales decretos, en alguno de los siguientes casos:
a) Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición de directivas comunitarias.
b) Cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que exijan la aprobación urgente de la norma.
a) Los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración, establecidos en ésta o en otra norma, se reducirán a la mitad de su duración.
b) No será preciso el trámite de consulta pública previsto en el artículo 26.2, sin perjuicio de la realización de los trámites de audiencia pública o de información pública sobre el texto cuyo plazo de realización será de siete días.
Finalmente el artículo 28. Se refiere a el Informe anual de evaluación por el que el Consejo de Ministros aprobará, antes del 30 de abril de cada año, un informe anual en el que se refleje el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior, las iniciativas adoptadas que no estaban inicialmente incluidas en el citado Plan, así como las incluidas en anteriores informes de evaluación con objetivos plurianuales que hayan producido al menos parte de sus efectos en el año que se evalúa.
a) La eficacia de la norma.
b) La eficiencia de la norma.
También podrá contener recomendaciones específicas de modificación y, en su caso, derogación de las normas evaluadas, cuando así lo aconsejase el resultado del análisis.
Se extrae del título V el artículo dedicado al control del Gobierno y pasa a constituir uno específico, el Título VI, con este exclusivo contenido:
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. Se de una nueva redacción al apartado 2 del artículo 34 relativo a el Protectorado por el que se dispone que las funciones de Protectorado respecto de las fundaciones de competencia estatal serán ejercidas por la Administración General del Estado a través de un único órgano administrativo, en la forma que reglamentariamente se determine.
Se trata de una modificación importante, así, en apartado 1 del artículo 3 añade como legitimados para solicitar la solicitar la declaración de concurso el mediador concursal cuando se trate del procedimiento regulado en el Título X de esta Ley.
El Artículo 34 ter sobre el Régimen de la cuenta de garantía arancelaria que dispone que
El Ministerio de Justicia gestionará la cuenta de garantía arancelaria ya sea directamente o a través de terceros.
La gestión de la cuenta y el control de los ingresos y los cargos se realizará a través de la aplicación informática que determine el Ministerio de Justicia..
En los casos de falta de medios informáticos adecuados o imposibilidad técnica sobrevenida, se podrán emitir mandamientos de pago u órdenes de transferencia de forma manual utilizando los impresos normalizados.
La cuenta de garantía arancelaria permitirá el control de las aportaciones que corresponden a los administradores concursales.
El apartado 2 del artículo 34 quáter de la Ley Concursal quedará con la siguiente redacción:
Antes de la presentación del informe de rendición de cuentas, la administración concursal deberá ingresar en la cuenta de garantía arancelaria las aportaciones obligatorias establecidas en el apartado anterior, calculadas sobre las cantidades efectivamente percibidas. Simultáneamente, la administración concursal deberá dar cuenta al secretario judicial del juzgado donde se tramita el concurso del importe ingresado.
En el punto 6.º del apartado 1, del artículo 90 relativo a créditos con privilegio especial se añade que los créditos garantizados con prenda constituida sobre créditos futuros sólo gozarán de privilegio especial cuando concurran los siguientes requisitos antes de la declaración de concurso:
c) Que, en el caso de créditos derivados de la resolución de contratos de concesión de obras o de gestión de servicios públicos, cumplan, además, con lo exigido en el artículo 261.3 del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
El apartado 1 del artículo 166 sobre el ámbito de aplicación del título dedicado al Patrimonio Empresarial de las Administraciones Públicas se nos dice que bebe de entenderse por sociedades mercantiles estatales, que son aquellas sobre la que se ejerce control estatal:
º Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
El apartado segundo del artículo 167 sobre el régimen patrimonial de las sociedades mercantiles estatales disponiendo que ajustarán la gestión de su patrimonio al Derecho privado, sin perjuicio de las disposiciones de esta ley que les resulten expresamente de aplicación.
Se modifica el artículo 10 relativo a los Órganos competentes para la concesión de subvenciones añadiendo que cualquiera que sea el régimen jurídico a que hayan de sujetar su actuación, serán competentes para conceder subvenciones los Ministros y los Secretarios de Estado en la Administración General del Estado y los presidentes o directores de los organismos y las entidades públicas vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, en sus respectivos ámbitos y previa consignación presupuestaria para este fin.
También que en el caso de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, la autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el párrafo anterior deberá obtenerse antes de la aprobación de la convocatoria cuya cuantía supere el citado límite.
Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional decimosexta relativo a las fundaciones del sector público disponiendo que éstas únicamente podrán conceder subvenciones cuando así se autorice a la correspondiente fundación de forma expresa mediante acuerdo del Ministerio de adscripción u órgano equivalente de la Administración a la que la fundación esté adscrita.
Se introduce una nueva disposición transitoria tercera relativa a las Convocatorias iniciadas y subvenciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones incluida en la disposición final séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que se regirán por su normativa anterior.
Se introduce una nueva disposición adicional vigésima quinta relativa a el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea que dispone que:
El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude coordinará las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude y dar cumplimiento al artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al artículo 3.4 del Reglamento (UE, Euratom) n.° 883/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
a) Dirigir la creación y puesta en marcha de las estrategias nacionales y promover los cambios legislativos y administrativos para proteger los intereses financieros de la Unión Europea.
Ejercerá sus competencias con plena independencia y deberá ser dotado con los medios adecuados para atender los contenidos y requerimientos establecidos por la OLAF.
Estará asistido por un Consejo Asesor presidido por el Interventor General de la Administración del Estado e integrado por representantes de los ministerios, organismos y demás instituciones nacionales que tengan competencias en la gestión, control, prevención y lucha contra el fraude en relación con los intereses financieros de la Unión Europea.
Su composición y funcionamiento se determinarán por Real Decreto.
Las autoridades, los titulares de los órganos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así como los jefes o directores de oficinas públicas, organismos y otros entes públicos y quienes, en general, ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades deberán prestar la debida colaboración y apoyo al Servicio. El Servicio tendrá las mismas facultades que la OLAF para acceder a la información pertinente en relación con los hechos que se estén investigando.
El Servicio podrá concertar convenios con la OLAF para la transmisión de la información y para la realización de investigaciones.
Se modifica el artículo 2 sobre el Sector público estatal disponiendo que:
A los efectos de esta Ley forman parte del sector público estatal:
Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades:
Se modifica el artículo 3 sobre el Sector público administrativo, empresarial y fundacional añadiendo que forman parte del sector público administrativo, las autoridades administrativas independientes, las universidades públicas no transferidas y los centros mancomunados de las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Se modifica el artículo 60 añadiendo ciertas Prohibiciones de contratar como:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.
b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional, de falseamiento de la competencia, o de extranjería
c) En el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad.
d) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
e) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.
La novedad radica en extender la prohibición además de se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, y descendientes, a los ascendientes, a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero.
Y como circunstancias que impiden a los empresarios contratar con las entidades comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley, se añaden las siguientes:
-Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el artículo 156.3 por causa imputable al adjudicatario.
– Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley.
El nuevo artículo mantiene la distinción entre prohibiciones de contratar directamente apreciables por los órganos de contratación y causas de prohibición que precisan una declaración previa.
Entre las prohibiciones directamente apreciables por el órgano de contratación siguen recogiéndose: la declaración de concurso voluntario, el no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social, o la prohibición derivada de condena mediante sentencia firme cuando la sentencia se pronuncie sobre el alcance y duración de la prohibición. Y se añaden aquéllas en las que la prohibición resulte de resolución sancionadora firme siempre que la propia resolución administrativa se hubiera pronunciado expresamente sobre el alcance y duración de la prohibición.
En el resto de causas de prohibiciones de contratar, la prohibición y su alcance deberán determinarse mediante procedimiento instruido al efecto.
La competencia para declarar estas prohibiciones corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, u órganos equivalentes en las Comunidades Autónomas, o al propio órgano de contratación en función de la concreta causa de que se trate.
Se introduce un artículo 61 bis sobre los efectos de la declaración de prohibición de contratar por el que todas las prohibiciones previstas en el apartado 2 del artículo 60 por retirada indebida de la oferta, no formalización del contrato, incumplimiento de cláusulas esenciales, resolución culpable de contrato, así como la prohibición del apartado e) del artículo 60.1 por falsedad en la declaración responsable o en los datos relativos a la capacidad y solvencia, afectarán en principio solo al ámbito del órgano de contratación competente para su declaración.
Estas prohibiciones podrán extenderse al sector público en el que se integre el órgano de contratación por decisión del Ministerio de Hacienda, en el caso de la Administración del Estado, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. Solo excepcionalmente podrán extenderse los efectos a todo el sector público (estatal, autonómico y local).
Las prohibiciones de contratar que deba declarar el Ministro de Hacienda producen efectos en todo el sector público.
En lo que respecta a la duración de la prohibición se dispone que los casos en que la sentencia penal firme no se pronuncie expresamente sobre la duración de la prohibición, esta no podrá exceder los cinco años y para el resto de supuestos, el plazo de duración no podrá exceder de tres años.
Finalmente dispone la inscripción de todas las prohibiciones de contratar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, excepto las relativas a la declaración de concurso, no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social, y régimen de incompatibilidades o conflictos de intereses.
Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 150 sobre criterios de valoración de las ofertas que cuando en los contratos de concesión de obra pública o gestión de servicios públicos se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la construcción o explotación así como cualquier tipo de garantías, avales u otro tipo de ayudas a la empresa, en todo caso figurará como un criterio de adjudicación evaluable de forma automática la cuantía de la reducción que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente de contratación.
Se modifica el artículo 254 sobre las Aportaciones públicas a la construcción y garantías a la financiación disponiendo como novedad que su importe será fijado por los licitadores en sus ofertas dentro de la cuantía máxima que establezcan los pliegos de condiciones.
Que todas las aportaciones públicas han de estar previstas en el pliego de condiciones determinándose su cuantía en el procedimiento de adjudicación y no podrán incrementarse con posterioridad a la adjudicación del contrato.
Y que el mismo régimen establecido para las aportaciones será aplicable a cualquier tipo de garantía, avales y otras medidas de apoyo a la financiación del concesionario que, en todo caso, tendrán que estar previstas en los pliegos.
El artículo 256 sobre Aportaciones públicas a la explotación estableciendo que en todo caso, tendrán que estar previstas en el pliego de condiciones y no podrán incrementarse con posterioridad a la adjudicación del contrato, sin perjuicio del reequilibrio previsto en el artículo 258, incluyendo entre las ayudas todo tipo de garantías.
Se añade un nuevo apartado a el artículo 261 relativo al Objeto de la hipoteca de la concesión y pignoración de derechos que dispone que los derechos derivados de la resolución de un contrato de concesión de obra o de gestión de servicio público, a que se refieren los primeros apartados de los artículos 271 y 288, así como los derivados de las aportaciones públicas y de la ejecución de garantías establecidos en los artículos 254 y 256, sólo podrán pignorarse en garantía de deudas que guarden relación con la concesión o el contrato, previa autorización del órgano de contratación, que deberá publicarse en el “Boletín Oficial del Estado” o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales.
Los apartados 1 y 3 del artículo 271 sobre efectos de la resolución.
En primer lugar se distinguen los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración o si ésta se produzca por causas no imputables a la Administración, regulando sus distintos efectos.
Y en segundo lugar que en los supuestos de rescate, supresión de la explotación o imposibilidad del artículo 269, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la Administración concedente indemnizará al concesionario por los daños y perjuicios que se le irroguen. Para determinar la cuantía de la indemnización se tendrán en cuenta:
b) la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de ser entregadas a aquélla, considerando su grado de amortización.
Se añade un nuevo artículo 271 bis sobre Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración.
En el supuesto de resolución por causas no imputables a la Administración, el órgano de contratación deberá licitar nuevamente la concesión, siendo el tipo de licitación el que resulte del artículo siguiente. La licitación se realizará mediante subasta al alza siendo el único criterio de adjudicación el precio.
Si quedara desierta la primera licitación, se convocará una nueva en el plazo máximo de un mes, siendo el tipo de licitación el 50 % de la primera.
El adjudicatario deberá abonar el importe de ésta en el plazo de dos meses desde que se haya adjudicado la concesión. En caso contrario la adjudicación quedará sin efecto, adjudicándose al siguiente licitador por orden o, en el caso de no haber más licitadores, declarando la licitación desierta.
El valor de la concesión, será el que resulte de la adjudicación de las licitaciones a las que se refiere el apartado anterior.
El contrato resultante de la licitación referida en el apartado 1 tendrá la naturaleza de contrato de concesión de obra pública, siendo las condiciones del mismo las establecidas en el contrato primitivo, incluyendo el plazo de duración.
Se añade un nuevo artículo 271 ter sobre Determinación del tipo de licitación de la concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración.
Para la fijación del tipo de la primera licitación se seguirán las siguientes reglas:
a) El tipo se determinará en función de los flujos futuros de caja que se prevea obtener por la sociedad concesionaria, por la explotación de la concesión.
e) Si la resolución del contrato se produjera antes de la terminación de la construcción de la infraestructura, el tipo de la licitación será el 70 % del importe equivalente a la inversión ejecutada. A estos efectos se entenderá por inversión ejecutada el importe que figure en las últimas cuentas anuales aprobadas incrementadas en la cantidad resultante de las certificaciones cursadas desde el cierre del ejercicio de las últimas cuentas aprobadas hasta el momento de la resolución. De dicho importe se deducirá el correspondiente a las subvenciones de capital percibidas por el beneficiario, cuya finalidad no se haya cumplido.
El apartado 1 del artículo 288 relativo a los efectos de la resolución distingue, cuando la resolución es por causa imputable a la Administración, esta abonará al concesionario el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la concesión, atendiendo a su grado de amortización. Al efecto, se aplicará un criterio de amortización lineal de la inversión.
Y cuando la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración, el importe a abonar a éste por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras y adquisición de bienes que deban revertir a la Administración será el que resulte de la valoración de la concesión, determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 271 bis.
En todo caso, se entenderá que no es imputable a la Administración la resolución del contrato cuando ésta obedezca a alguna de las causas establecidas en las letras a) y b) del artículo 223 de esta Ley, esto es, por muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista y en los casos de declaración de concurso o declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
Se incorpora una nueva disposición adicional la trigésimo sexta sobre La Oficina Nacional de Evaluación.
Tendrá la finalidad de analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios públicos.
Mediante Orden Ministerial se determinará su composición, organización y funcionamiento.
La Oficina, con carácter previo a la licitación de los contratos de concesión de obras y de gestión de servicios públicos a celebrar por los poderes adjudicadores dependientes de la Administración General del Estado y de las Corporaciones Locales, evacuará informe preceptivo en los siguientes casos:
-Asimismo informará de los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato, respecto de las concesiones de obras y servicios públicos que hayan sido informadas previamente de conformidad con las letras a) y b) anteriores o que, sin haber sido informadas, supongan la incorporación en el contrato de alguno de los elementos previstos en éstas.
-Cada Comunidad Autónoma podrá adherirse a la Oficina Nacional de Evaluación para que realice dichos informes o si hubiera creado un órgano equivalente solicitará estos informes preceptivos al mismo cuando afecte a sus contratos de concesión.
Reglamentariamente se fijarán las directrices para que la elaboración de los informes se realice con criterios suficientemente homogéneos.
Los informes anteriores, evaluarán si la rentabilidad del proyecto obtenida en función del valor de la inversión, las ayudas otorgadas, los flujos de caja esperados y la tasa de descuento establecida es razonable en atención al riesgo de demanda que asuma el concesionario.
En los contratos de concesión de obra en los que el abono de la tarifa concesional se realice por el poder adjudicador la oficina evaluará la transferencia del riesgo de demanda al concesionario. Si éste no asume dicho riesgo, el informe evaluará la razonabilidad de la rentabilidad en los términos previstos en el párrafo anterior.
Los informes serán evacuados, a solicitud del poder adjudicador contratante, en el plazo de treinta días desde la petición o nueva aportación de información al que se refiere el párrafo siguiente. Este plazo podrá reducirse a la mitad siempre que se justifique en la solicitud las razones de urgencia. Estos informes serán publicados a través de la central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y estarán disponibles para su consulta por el público a través de medios electrónicos.
El poder adjudicador que formule la petición remitirá la información necesaria a la Oficina, quien evacuará su informe sobre la base de la información recibida. Si dicha Oficina considera que la información remitida no es suficiente, se dirigirá al poder adjudicador peticionario para que le facilite la información requerida dentro del plazo que ésta señale al efecto. La información que reciba la Oficina deberá ser tratada respetando los límites que rigen el acceso a la información confidencial.
Si la Administración destinataria del informe se apartara de las recomendaciones contenidas en un informe preceptivo de la Oficina, deberá motivarlo en un informe que se incorporará al expediente del correspondiente contrato y que será objeto de publicación. En el caso de la Administración General del Estado esta publicación se hará a través de la central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas.
La Oficina publicará anualmente una memoria de actividad.
Se incorpora una nueva Disposición transitoria décima. Prohibición de contratar por incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
La prohibición de contratar relativa al incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con discapacidad no será efectiva en tanto no se desarrolle reglamentariamente y se establezca qué ha de entenderse por el cumplimiento de dicho requisito y cómo se acreditará el mismo, que, en todo caso, será bien mediante certificación del órgano administrativo correspondiente o bien mediante certificación del correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo.
Hasta su desarrollo reglamentario, los órganos de contratación ponderarán en los supuestos que ello sea obligatorio, que los licitadores cumplen lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en relación con la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas correspondientes.
Se modifica la disposición adicional décima tercera relativa a las Subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
Se modifica el apartado 2 de la disposición final vigésima primera disponiendo que no obstante su entrada en vigor el 1 de enero de 2016 la disposición transitoria decimotercera y la disposición adicional decimosexta entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación. Las disposiciones transitorias cuarta y décima entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2015. La disposición final novena entrará en vigor el 1 de julio de 2016. La disposición final duodécima entrará en vigor al día siguiente de la publicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Disposición final duodécima. Sobre restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939, así como la tramitación y resolución de los procedimientos iniciados al amparo de dicha Ley, seguirán suspendidos hasta que se verifiquen las condiciones que permitan atender las prestaciones que la Ley reconoce sin menoscabo de la financiación de otras actuaciones públicas prioritarias.
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre las bases régimen jurídico de las Administraciones Públicas, el artículo 149.1.13.ª, relativo a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y del artículo 149.1.14.ª, relativo a la Hacienda Pública general.
No tiene carácter básico y se aplica exclusivamente a la Administración General del Estado y al sector público estatal lo previsto en relación a:
a) los órganos colegiados de la Administración General del Estado.
c) Lo relativo a la organización y funcionamiento del sector público institucional estatal, los organismos públicos estatales, las Autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, los Consorcios, las fundaciones del sector público estatal y e los fondos carentes de personalidad jurídica.
d) Lo previsto en las disposiciones adicionales sobre:
– adaptación de entidades y organismos estatales,
-gestión compartida de servicios comunes en organismos públicos estatales,
– medios propios,
el registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación,
conflictos de atribuciones intraministeriales,
Autoridades Portuarias y Puertos del Estado,
las entidades de la Seguridad Social,
sobre la organización militar,
el personal militar,
Servicios territoriales integrados en las Delegaciones del Gobierno,
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la decimoctava relativa al Centro Nacional de Inteligencia,
El Banco de España y
la relativa al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
Se faculta al Consejo de Ministros y a los Ministros de Presidencia y de Hacienda y Administraciones Públicas, para dictar las disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la Ley, así como para acordar las medidas para garantizar la ejecución e implantación de las previsiones de esta Ley.
Disposición final decimosexta. Precedencias en actos oficiales que se determinarán
por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.
Disposición final decimoséptima. Adaptación normativa, que ha de tener lugar en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley.
Disposición final decimoctava. Entrada en vigor, vista al comienzo de nuestra exposición.
1. Recurso de inconstitucionalidad nº 3774-2016, contra los artículos 39; 49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde “teniendo en cuenta” hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición adicional octava, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, último párrafo, y por conexión con los citados preceptos, la disposición final decimocuarta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, promovido por el Gobierno de Cataluña contra los artículos indicados más arriba de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y que tratan de lo siguiente:
-39: define el Portal de internet.
-49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1: reglas de vigencia para los convenios entre las Administraciones y las Universidades públicas.
-52.2 desde «teniendo en cuenta» hasta el final del apartado: efectos derivados de la resolución de convenios en los que existan compromisos financieros.
-81.3: Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración autonómica y local se regirán por las disposiciones básicas de esta ley que les resulten de aplicación, y en particular, por lo dispuesto en los Capítulos I y VI y en los artículos 129 y 134, así como por la normativa propia de la Administración a la que se adscriban.
-83.2.c y, por conexión, la disposición adicional octava, 2: asignación del NIF al crear cualquier entidad integrante del sector público institucional para su inclusión en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local y la inscripción de todas en dicho Inventario.
-120.2,121, 122 y 126. Todos relacionados con los consorcios: criterios para que un consorcio se adscriba a una Administración Pública; régimen de personal, presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial de los consorcios, y efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio.
-129.2: criterios para que una fundación se adscriba a una Administración Pública.
-157.3, último párrafo: antes de adquirir o desarrollar una aplicación informática, las Administraciones han de acudir a un directorio nacional y, de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las Administraciones Públicas estarán obligadas a su uso, salvo que la decisión de no reutilizarla se justifique en términos de eficiencia.
Y la disposición final decimocuarta, dedicada a determinar el título competencial, impugnándose en todo los relacionado con los anteriores artículos.
2. Recurso de inconstitucionalidad nº 3903-2016, contra los artículos 50.2 d), 48.8 y disposiciones adicionales séptima y octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El segundo recurso contra la misma ley, que ha admitido Pleno del Tribunal Constitucional, está promovido por el Gobierno de Canarias. Afecta a los siguientes artículos:
-50.2 d): efectos derivados de la resolución de convenios en los que existan compromisos financieros, en lo que afecta a convenios plurianuales.
-48.8. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes. Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal.
Disposición adicional séptima: Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.
Disposición adicional octava: Adaptación de los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública e inscripción de organismos y entidades en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.
TEXTO CONSOLIDADO BOE
REFORMA LEY CONTRATOS SECTOR PÚBLICO. Susana Bootello y Gabriel López Samanes
Estación de Francia en Barcelona.
adaptación de convenios, consorcios, contratos del sector público, convenios, de 1 de octubre, delegación de competencias, encomienda de gestión, entidades públicas empresariales, estructura ministerial, fundaciones publicas, inventario de entidades publicas, Ley 40/2015, Ley del Gobierno, ley del sector público, María García Valdecasas, órganos colegiados, órganos territoriales, patrimonio AAPP, plan anual normativo, potestad sancionadora, reforma concursal, responsabilidad patrimonial, sector publico, sociedades mercantiles estatales, subvenciones

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 resolución 
 artículo 19
 artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 76
 Real Decreto 
 artículo 76
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 71
 artículo 79
 Artículo 80
 artículo 82
 artículo 86
 Real Decreto 
 artículo 90
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 94
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 100

Artículo 100
 Artículo 102
 Real Decreto 
 artículo 106
 artículo 108
 artículo 4
 Artículo 112
 artículo 115
 artículo 97
 Real Decreto 
 artículo 122
 Artículo 140
 Artículo 145
 resolución 
e contrario
 artículo 87
 artículo 2
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 20
 Artículo 22
 Artículo 23
 artículo 2
 Real Decreto 

Artículo 25
 real decreto 
 real decreto 

Artículo 27
 artículo 26
 artículo 28
 artículo 34
 artículo 3
 Artículo 34
 artículo 34
 artículo 90
 resolución 
 artículo 261
 artículo 166
 artículo 4
 artículo 167
 artículo 10
 artículo 325
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 60
 artículo 3
 artículo 156
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 artículo 61
 artículo 60
 resolución 
 artículo 60
 artículo 150
 artículo 254
 artículo 256
 artículo 258
 artículo 261
 resolución 
 artículo 271
 resolución 
 artículo 269
 artículo 271
 resolución 
 resolución 
 artículo 271
 resolución 
 resolución 
 artículo 288
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 271
 resolución 
 artículo 223
 resolución 
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución