Source: https://beta.e-justice.europa.eu/371/ES/service_of_documents_official_transmission_of_legal_documents?SLOVENIA&action=print&init=true
Timestamp: 2020-03-29 02:01:48+00:00

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En la práctica, la notificación de documentos significa la entrega de escritos y documentos a personas físicas o jurídicas que son partes del procedimiento y la composición de los documentos para los que se describe y confirma la entrega. Por un lado, esto quiere decir que se notifican al destinatario las actividades procesales de un órgano jurisdiccional o de una parte y, por otro, que el órgano jurisdiccional obtiene una confirmación fiable de que las partes han recibido los documentos. La confirmación de que los documentos han sido notificados de manera efectiva y correcta es una condición para la ejecución normal del procedimiento y, al mismo tiempo, la notificación correcta de las partes garantiza el respeto del principio del derecho de defensa. La notificación es, por tanto, una acción procesal de un órgano jurisdiccional, cuyo fin es notificar a una parte información sobre el procedimiento y las acciones procesales de la parte contraria y del propio órgano jurisdiccional, y que, al mismo tiempo, garantiza el derecho de réplica de dicha parte.
Se notificarán a las partes o participantes en el procedimiento todos los documentos judiciales, puesto que el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en lo sucesivo ZPP; Boletín Oficial de la República de Eslovenia [Uradni list RS], n.º 73/07 – texto oficial refundido, 45/08 – Ley sobre el arbitraje, 45/08, 111/08 – Resolución del Tribunal Constitucional, 57/09 – Resolución del Tribunal Constitucional, 12/10 – Resolución del Tribunal Constitucional, 50/10 – Resolución del Tribunal Constitucional, 107/10 – Resolución del Tribunal Constitucional, 75/12 – Resolución del Tribunal Constitucional, 40/13 – Resolución del Tribunal Constitucional, 92/13 – Resolución del Tribunal Constitucional, 10/14 – Resolución del Tribunal Constitucional, 48/15 – Resolución del Tribunal Constitucional, 6/17 – Resolución del Tribunal Constitucional 10/17) establece que las acciones y resoluciones judiciales contra las cuales cabe apelación, los recursos legales extraordinarios y los requerimientos de pago de tasas judiciales por presentación de demandas, demandas reconvencionales, demanda de divorcio de mutuo acuerdo, demanda que incluya una demanda de orden de pago, demanda de revisión, demanda de conservación de pruebas antes del proceso, demanda de acuerdo amistoso, demanda que anuncia un recurso de apelación, recurso de apelación, demanda de autorización de recurrir en revisión y recurso en revisión (revizija), así como las convocatorias de las partes a las audiencias de conciliación, o a las primeras vistas si no se ha previsto una audiencia de conciliación, serán notificadas a las partes en persona. Además, tanto la notificación física como la notificación por medios electrónicos seguros será considerada traslado físico de documentos, de conformidad con las disposiciones de la ZPP. Otros documentos solo se notifican en persona si así lo prescribe la ley o si el órgano jurisdiccional considera que es necesaria una precaución mayor debido a los documentos adjuntos o por alguna otra razón.
Los documentos son notificados por correo ordinario, correo electrónico seguro, mediante agente judicial, en el tribunal o de otra manera prevista por ley. A propuesta de la parte contraria, los órganos jurisdiccionales podrán ordenar que los documentos sean notificados por un detective o un agente judicial solicitado por la parte, siempre que la persona que lo propone sufrague dicho servicio (artículo 132, ZPP). Las partes podrán informar al tribunal de que desean que la notificación de documentos se realice electrónicamente de forma segura, a una dirección de correo electrónico segura o a la dirección de notificación inscrita en el registro del sistema de información judicial especificada en la solicitud. La dirección de correo electrónico segura especificada es equivalente al domicilio o a la sede social de la parte. Si una parte presenta documentos a través de medios electrónicos, se asume que desea también que la notificación de documentos se efectúe telemáticamente, a menos que indique lo contrario. El tribunal pueden notificar un documento a la parte por medios electrónicos seguros también en el caso de otros procedimientos si, sobre la base de la información de que disponga sobre la parte, puede demostrarse fehacientemente que esta ya ha registrado su dirección de correo electrónico segura o su dirección de notificación electrónica segura y ha informado previamente por escrito a la parte de que recibiría un documento por medios electrónicos seguros en el curso de dicho procedimiento, a menos que le comunicara lo contrario. Si el tribunal considera que la notificación electrónica segura de documentos no es posible, trasladará los documentos de manera física y especificará las razones de dicho traslado. Los órganos estatales, abogados, notarios, albaceas, síndicos y otras personas serán notificados siempre electrónicamente a una dirección de correo electrónico segura. Estas personas y entidades deben registrar su dirección de correo electrónico segura o su dirección de notificación por medios electrónicos seguros en el sistema de información judicial.
En cuanto a las autoridades estatales, las personas jurídicas y los empresarios autónomos, los abogados y los notarios, los documentos se notifican entregándolos a una persona autorizada para aceptarlos o a un empleado de la oficina, los establecimientos mercantiles o la sede social, por un representante legal o un secretario judicial (artículo 133, ZPP). Los documentos destinados al personal militar y a los agentes de policía también podrán ser notificados a través de sus comandantes o superiores directos; si fuera necesario, también se les podrán notificar otros documentos de este modo (artículo 134, ZPP). Los reclusos serán notificados por la junta de administración de la prisión u otra institución en la que cumplan una condena de privación de libertad (artículo 136, ZPP).
Cuando una parte tenga un representante legal o un apoderado, los documentos serán notificados a dicho representante legal o apoderado, salvo disposición legal en contrario (artículo 137, ZPP).
La notificación en los Estados miembros se efectuará de conformidad con las normativas nacionales. En el artículo 143, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil se prevé la obligación del órgano jurisdiccional de obtener información sobre si la dirección en la que se intentó la notificación es la misma que la dirección declarada con arreglo a la ley que rige el registro de la dirección. Esto quiere decir que el órgano jurisdiccional, siempre que la notificación en una determinada dirección no tenga éxito (por cualquier razón), deberá comprobar la dirección del destinatario que figure en el registro central de población o la dirección del empleador del destinatario en el registro de la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad. A continuación, el órgano jurisdiccional notificará un documento a la dirección resultante del registro central de población si el servicio no se ha notificado en dicha dirección o en la dirección del empleador del destinatario. Si la notificación no fuera posible o no hubiera prosperado, el órgano jurisdiccional invitaría a la parte contraria a comunicar la dirección del nuevo domicilio del destinatario en un plazo determinado, si tuviese conocimiento de ello. Al mismo tiempo, el órgano jurisdiccional solicita que se establezca un procedimiento para determinar el domicilio actual de conformidad con la ley que rige el registro y la retirada del estatuto de residente permanente o temporal, o para investigar a los familiares, vecinos o al propietario de la última dirección conocida, los servicios sociales, el último empleador o arrendador, la policía o los hospitales. Sin embargo, el procedimiento judicial descrito no se aplica si el documento debe notificarse a una autoridad pública, autoridad local, persona jurídica, empresario, abogado o notario.
El órgano jurisdiccional procede de este modo tanto cuando el procedimiento tiene lugar en Eslovenia como cuando la notificación de documentos se efectúa a petición de un tribunal de otro Estado miembro (principio de la autonomía procesal nacional).
El órgano jurisdiccional realiza averiguaciones sobre el domicilio de una persona cuando recibe una solicitud de presentación de pruebas (véase asimismo la respuesta a la pregunta 4.1).
Por regla general, los documentos se notifican por correo postal, aunque también pueden notificarse mediante medios electrónicos seguros o mediante un agente judicial, en el órgano jurisdiccional o de otro modo prescrito por ley, así como por un detective o un agente judicial solicitado por la parte.
usuarios que no tienen que presentar una prueba de identidad para utilizar el sistema de justicia electrónica (usuarios ordinarios),
usuarios que acceden al sistema de justicia electrónica utilizando un nombre de usuario y una contraseña (usuarios registrados) y
usuarios que acceden al sistema de justicia electrónica utilizando un nombre de usuario y una contraseña, y un certificado digital reconocido (usuarios habilitados).
usuarios habilitados internos (jueces y agentes judiciales del tribunal que están autorizados a realizar operaciones electrónicas para determinados tipos de procedimientos judiciales civiles), y
usuarios habilitados externos (notarios, abogados, albaceas, síndicos, oficina del Fiscal General del Estado, Fiscalía Nacional, empresas de propiedad inmobiliaria y oficinas de la fiscalía municipal, es decir, entidades que tienen la función de representante u órgano judicial en procedimientos judiciales civiles, y usuarios o partes, es decir, personas jurídicas, personas físicas o autoridades locales y nacionales que tengan la función de parte en procedimientos judiciales civiles).
En lo que respecta a la notificación ordinaria, debe intentarse en primer lugar la notificación alternativa. Esto significa que, en caso de que no se pueda encontrar a la persona a la que se deben notificar los documentos en su domicilio, los documentos se entregarán a cualquiera de los miembros adultos de la unidad familiar, que están obligados a aceptarlos (artículo 140, apartado 1, ZPP). Si el documento se notifica en el lugar de trabajo del destinatario pero este no está presente, o si se encuentra en ese momento en el lugar de trabajo al que el agente judicial no tiene acceso, el documento se notifica a la persona autorizada para recibir el correo o a otra persona que dé su consentimiento para ello. Si el destinatario reside en un edificio residencial (internado, residencia de estudiantes, casa unifamiliar, hospital) y no tiene un buzón independiente, el agente judicial debe entregar el documento a la persona autorizada para recibir el correo de los ocupantes del edificio. Solo en el caso de que dicha notificación no sea posible, la notificación a una persona física se efectuará mediante cuando el agente judicial deposite el documento en el buzón de su domicilio. En este caso, se considerará que la notificación ha tenido lugar el día de la presentación del documento en el buzón; el destinatario debe mencionarse expresamente en el documento.
Si el destinatario no tuviera buzón o si este no se encontrara en condiciones de uso, los documentos se entregarán al tribunal que ordenó la notificación o, en el caso de notificación por correo postal, a la oficina de correos del lugar donde esté domiciliado el destinatario, y se colocará un aviso de notificación de documentos en la puerta del destinatario, indicando dónde puede recoger los documentos (artículo 141, apartados 1 y 2, ZPP). Se considerará que la notificación ha tenido lugar el día en que se coloque el aviso en la puerta; el destinatario debe mencionarse expresamente en el documento. La oficina de correos conservará el documento durante 30 días. Si el destinatario no retira el documento dentro de este plazo, el documento se devuelve al órgano jurisdiccional. Del mismo modo, la notificación a las autoridades del Estado, a las autoridades locales, a las personas jurídicas, a los empresarios, a los abogados o a los notarios se efectuará también en los casos en que el agente judicial que entregue el documento no pueda notificarlo a la dirección indicada en el registro.
Por notificación personal se entiende la entrega de los documentos en persona a la parte interesada. De conformidad con el artículo 142 de la ZPP, se consideran documentos judiciales los siguientes: demandas, resoluciones judiciales contra las que cabe apelación, recursos judiciales extraordinarios y requerimientos de pago de tasas judiciales por solicitudes presentadas con arreglo al artículo 105 de la ZPP (demandas, contrademandas, propuestas de anulación amistosa, etc.) y convocatorias de las partes a las audiencias de conciliación, o a las primeras vistas si no se ha previsto una audiencia de conciliación. El resto de documentos solo se notifican en persona si así lo prescribe la ley o si el órgano jurisdiccional considera que es necesaria una precaución mayor debido a los documentos adjuntos o por alguna otra razón. También se considera la notificación en formato electrónico (artículo 141a de la ZPP), que puede realizarse mediante la notificación de una copia certificada del documento en formato físico o por medios electrónicos seguros. En el siguiente ejemplo, el sistema informático judicial envía automáticamente el documento a la dirección de notificación introducida en el registro del sistema informático judicial o en la dirección de correo electrónico segura por una persona física o jurídica autorizada que realiza la notificación del documento por medios electrónicos seguros como actividad registrada y ha obtenido la autorización del ministro de Justicia.
Si no se puede notificar al destinatario directamente, la notificación personal a una persona física se efectúa cuando el agente judicial entrega los documentos al órgano jurisdiccional que ordenó la notificación o, en el caso de notificación por correo postal, a la oficina de correos del lugar donde esté domiciliado el destinatario, o en la puerta del domicilio y deposita un aviso de notificación de documentos en el buzón de correos, indicando dónde puede recoger los documentos y el plazo de recogida de quince días. Si la notificación no es posible en formato electrónico, el documento se dejará en la dirección de notificación introducida en el sistema de información judicial o en una dirección de correo electrónico segura, mencionándose expresamente el destinatario en el documento.
Si el destinatario no recibe los documentos o alega el carácter inapropiado de la notificación, pueden subsanarse determinadas deficiencias o errores en la notificación de los documentos. Sin embargo, los destinatarios no podrán alegar una notificación inapropiada si resulta evidente a partir de su comportamiento que, a pesar de dicha notificación inapropiada, tuvieron conocimiento del contenido de los documentos de otro modo. Esto también es aplicable en el caso de que los documentos lleguen a estar efectivamente en posesión del destinatario (por ejemplo, si el destinatario recoge los documentos después de la expiración del plazo para su recogida). Esto también queda establecido en la ZPP, en la que se afirma que no puede alegarse un incumplimiento de las normas de notificación si el destinatario recoge los documentos a pesar del incumplimiento. En este caso se considerará que los documentos han sido notificados en el momento en que el destinatario recoge realmente los documentos (artículo 139, apartado 5, ZPP).
La eliminación o la corrección de errores en la notificación también pueden efectuarse aplicando el principio jurídico de restitutio in integrum, por el que es posible regresar a la situación anterior si la demora en la eliminación de un determinado acto procesal ha sido provocada por un suceso que la parte, a pesar de haber actuado con la diligencia debida, no puede predecir o impedir. Si una parte no comparece a una vista o incumple un plazo de una acción legal y, por tanto, pierde el derecho a llevar a cabo dicha acción, el órgano jurisdiccional le permitirá, previa petición, que lo haga más tarde si la parte no compareció o incumplió el plazo por una causa legítima. Si se permite la restitutio in integrum, la acción regresa a la situación en la que se encontraba antes del plazo, y todas las resoluciones pronunciadas por el órgano jurisdiccional debido a dicho plazo quedan anuladas (artículo 116, ZZP).
La petición debe presentarse en el plazo de quince días desde la fecha de terminación de la causa por la que la parte no compareció a la vista o incumplió el plazo; en el caso de que la parte tuviera conocimiento del retraso más tarde, desde la fecha en que tuvo conocimiento del mismo. No podrá solicitarse restitutio in integrum una vez transcurridos seis meses desde la fecha del retraso (artículo 117, ZPP). Tanto los plazos subjetivos como los objetivos son plazos legalmente preclusivos y no podrán ampliarse.
La notificación por correo postal, como método generalmente aceptado de notificación de documentos judiciales, no implica costes adicionales para las partes. La notificación de otro modo (por ejemplo, mediante un servicio especial que efectúa la notificación de documentos como actividad empresarial registrada) implica costes adicionales, de manera que el órgano jurisdiccional solo puede ordenarla a propuesta de una parte, la cual debe depositar una cantidad suficiente por adelantado para cubrir dichos costes. Tal como se especifica en las Normas especiales sobre las actividades de personas que efectúan la notificación de documentos en procedimientos penales y civiles, los agentes judiciales tendrán derecho a la compensación y al reembolso de los costes derivados de su trabajo, de conformidad con el acuerdo celebrado con el órgano jurisdiccional por el que este ordena la cantidad del pago y el reembolso de los costes.

References: artículo 142
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
 artículo 143
 artículo 142
 artículo 105