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MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 17.
336 SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL. ____________ ____________ ________ SANTIAGO, 23 de abril de 2007
N° 130-355/
Honorable Cámara de Diputados: En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto introducir modificaciones a la ley N°17.336 sobre propiedad intelectual.
FUNDAMENTOS. 1. Los Tratados. La propiedad intelectual es reconocida a nivel internacional como una herramienta importante para estimular y proteger las creaciones artísticas y del intelecto humano. Dicho segmento partió a través del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886). Poste-
riormente, a través de la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (1961), se extendieron algunos de los derechos reconocidos a los autores a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, comúnmente conocidos como derechos conexos. Chile es miembro de estos tratados internacionales desde los años 1975 y 1974, respectivamente. Otros tratados internacionales han ratificado la importancia de la protección de estos derechos. Sin embargo, es a través del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (1994) de la Organización Mundial del Comercio, que se establecen de manera orgánica estándares mínimos de protección a la propiedad intelectual, adquiriendo estos derechos relevancia a nivel mundial debido a su vinculación con el comercio. Por su parte, la Declaración de Derechos Humanos, en su artículo 27, reconoce como un derecho humano, el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten; y a continuación, en su párrafo segundo, reconoce como un derecho humano el derecho a la protección de los intereses morales y materiales que correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que una persona sea autora. Lo anterior significa que la regulación de estos derechos debe siempre realizarse des-
de una doble perspectiva. Por un lado, se deben otorgar las condiciones que estimulen la actividad creativa y generadora de conocimiento, garantizando el derecho de propiedad sobre las creaciones intelectuales resultantes de éstas; y, por otro lado, la necesidad de asegurar el acceso de la población a estas creaciones artísticas-culturales y productos del conocimiento. En similar sentido, la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, recientemente ratificada por nuestro país y que se encuentra vigente desde marzo de 2007, junto con reconocer la doble dimensión económica y cultural de las actividades, bienes y servicios culturales, en tanto portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si sólo tuviesen un valor comercial, reconoce la importancia de los derechos de propiedad intelectual para sostener a quienes participan en la creatividad cultural. Chile, a través de los Acuerdos de Libre Comercio, ha incorporado estándares más precisos de propiedad intelectual acordes con los desafíos que nuestro nivel de desarrollo exige, dando cuenta al mismo tiempo de las nuevas formas de explotación que surgen como consecuencia natural de los avances tecnológicos. Entre otros tratados bilaterales que tratan estas materias, destacan los acuerdos suscritos con Estados Unidos, la Unión Europea y México. Simultáneamente, tanto a nivel bilateral como en los foros multilaterales, Chile ha reafirmado la necesidad de que el sistema de propiedad intelectual sea balanceado, de forma de equilibrar los intereses de los distintos actores y sectores involucrados. De esta forma, se busca conjugar una adecuada protección de los derechos de autor y conexos con el acceso legítimo por parte de la comunidad a las creaciones artísticas y del intelecto. Lo anterior se traduce en la incorporación en este
proyecto de ley de un número determinado de limitaciones y excepciones dentro del marco legal de protección a los derechos de autor y conexos, en beneficio de ciertos sectores de nuestra sociedad. 2. La Constitución. En nuestro ordenamiento jurídico los derechos de propiedad intelectual gozan del más amplio reconocimiento, constituyendo una de las garantías recogidas expresamente en la Constitución Política de la República. De esta forma, en el artículo diecinueve, numeral veinticinco, se garantiza a todos los creadores el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas, al mismo tiempo que se garantiza el derecho a todas las personas a crear y difundir las artes. Adicionalmente, la ley N° 17.336 reconoce también derechos conexos al derecho de autor, otorgando a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los radiodifusores facultades respecto de sus interpretaciones, ejecuciones y producciones y el derecho a percibir una retribución por su uso público. 3. Lucha contra la piratería. Sin embargo, los desarrollos tecnológicos de las últimas décadas imponen nuevos desafíos que obligan a adecuar la normativa existente a esta nueva realidad, pues sin desconocer los positivos efectos que las nuevas tecnologías han tenido en el mejoramiento
de las comunicaciones y en la difusión del conocimiento, es incuestionable que éstas han originado también nuevas formas de infracción a los derechos actualmente reconocidos por nuestro ordenamiento y nuevas formas piratería, estimulando el surgimiento de organizaciones criminales en torno a la producción y distribución ilícita de obras protegidas. Lo anterior adquiere especial relevancia, toda vez que la piratería y las demás prácticas ilegales constituyen no sólo una violación del derecho de propiedad intelectual sino que, además, distorsionan el funcionamiento normal del mercado, generando un grave perjuicio patrimonial a la industria, cuyo principal activo son los derechos de autor y derechos conexos, y adicionalmente, al Estado por la evasión tributaria que significa. Por ello, junto a la necesidad de adecuar nuestra normativa sobre derecho de autor y derechos conexos a los compromisos internacionales asumidos por Chile, se hace necesario modernizar las herramientas que permitan otorgar una mejor protección a los creadores y a la industria asociada a los productos que se derivan de la inteligencia y de la creación humana. Este esfuerzo implica la dictación de cuerpos legales modernos, acordes con el desarrollo de la sociedad actual, que recojan los intereses de los distintos actores del sistema de pro-
piedad intelectual y la necesidad de implementar las obligaciones asumidas por nuestro país en materia de propiedad intelectual, en los acuerdos de libre comercio. II. OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROYECTO. Mediante el presente proyecto, el Ejecutivo pretende actualizar la regulación vigente en materias de derechos de autor y conexos, contemplando los siguientes aspectos principales: 1. El establecimiento de medidas efectivas que garanticen un adecuado nivel de protección mediante acciones civiles y penales para la observancia de los derechos de autor y derechos conexos, ante las frecuentes infracciones calificadas comúnmente como piratería. 2. El establecimiento de un adecuado marco de excepciones y limitaciones al derecho de autor y derechos conexos que garanticen el acceso a bienes culturales y el ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadanía, tal como está reconocido en la mayor parte de las legislaciones internacionales y conforme a las flexibilidades permitidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio, reafirmadas por Chile en los distintos Acuerdos de Libre Comercio. 3. La regulación de la
responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet, limitando su responsabilidad por las infracciones a los derechos de autor y conexos que se cometan por usuarios de estos servicios a través de sus redes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por Chile, en el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos. Para la elaboración de este proyecto se han tenido en consideración, entre otros antecedentes, las opiniones de los distintos sectores interesados, expresadas durante la tramitación parlamentaria del anterior proyecto modificatorio de la ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, contenido en el Boletín N°3461-03. También se ha tenido a la vista legislación comparada, en especial aquellas de nuestros principales socios comerciales. III. CONTENIDO DEL PROYECTO. Tal como se ha señalado, el presente proyecto introduce a la ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual, los siguientes cuatro grupos de modificaciones que se refieren a continuación: La primera, modifica la estructura de la Ley, suprimiendo los actuales Párrafo III y IV del Capítulo V del Título I e incorpora un Título III nuevo sobre Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos. La segunda, sustituye el
Capitulo II del Título III de ley, referido a las infracciones, delitos y sanciones, por un nuevo capitulo, el que sistematiza y aumenta las penas y sanciones por infracciones a los derechos de propiedad intelectual y establece mecanismos especiales para su observancia. La tercera, incorpora un nuevo Capítulo III al Título IV de la ley, que establece un régimen de limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet. La cuarta, introduce una serie de modificaciones a diversas disposiciones de la ley. 1. Excepciones y limitaciones al derecho de autor. En primer lugar, entonces, el proyecto propone eliminar los actuales Párrafo III y IV del Capítulo V del Título I de la ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual, intercalando un nuevo Título III, pasando éste a ser Título IV, sobre Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos. En el nuevo Título se establece que las disposiciones sobre limitaciones y excepciones establecidas serán aplicables tanto respecto de los derechos de autor como de los derechos conexos, cuando sea procedente. El contenido de este nuevo Título es el siguiente:
1. Derecho de cita. En primer lugar, se amplía y precisa el ámbito de aplicación del derecho de cita ya reconocido en nuestra legislación, en el actual artículo 36, estableciéndose como criterio para su aplicación la finalidad del uso del fragmento de la obra. De esta manera, las citas de fragmentos de obras podrán utilizarse cuando se realicen con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación. De igual forma, se establece un derecho de cita especial para imágenes fijas y obras plásticas, a objeto de posibilitar el ejercicio del derecho de cita reconocido universalmente sobre cualquier tipo de obra, adaptándose a las particularidades de aquellas obras que -por su naturaleza- no pueden ser objeto de fragmentación. Así, se permite la reproducción unitaria de obras plásticas o fotográficas cuando se realice con fines de crítica, reseña, ilustración, enseñanza e investigación y sin interés comercial. En ambos casos, no se requerirá de autorización ni pago de remuneración al titular de los derechos, siempre y cuando la utilización sea realizada conforme a los fines indicados y se mencione la fuente, el título de la obra y el nombre de su autor. 2. Excepción para discapacitados. Enseguida, haciéndose eco de un anhelo histórico de
las organizaciones y agrupaciones de discapacitados, para facilitar el acceso a bienes culturales y subsanando una lamentable omisión de nuestra regulación, se establece una excepción en beneficio de discapacitados visuales, auditivos o de otra clase que, sin formatos especiales, no puedan acceder a una obra protegida. En ejercicio de esta excepción, se permite la reproducción, adaptación, distribución y comunicación al público, sin interés comercial y siempre dentro del ámbito de personas que sufran la respectiva discapacidad, de obras protegidas. A efectos de evitar usos indebidos que afecten los derechos de los titulares, se establece que los ejemplares o copias obtenidas en ejercicio de esta excepción no podrán ser cedidos ni distribuidos a terceros y deberán señalar claramente que han sido realizados en ejercicio de esta excepción y, por tanto, tienen una circulación restringida. 3. Ordenamiento y actualización de las excepciones existentes. Por otra parte, el proyecto que se somete a discusión adicionalmente mejora la sistematización de sus normas, reordenando y agrupando las excepciones contenidas entre los actuales artículos 40 y 45 de la ley -que pasan a los artículos 71 E a 71 I del proyectoconforme a su naturaleza y sentido. De este modo, sin alterar sustancialmente su
contenido, se sustituyen algunas expresiones anacrónicas, brindándoles además neutralidad tecnológica. Dichas excepciones son: 1. Excepciones para bibliotecas y archivos. Siguiendo un corriente universal, que reconoce el valor de las bibliotecas y archivos como centros de interacción de la cultura y la educación, el proyecto de ley establece un acotado número de excepciones en beneficio de bibliotecas y archivos, no contempladas en la legislación actual y que buscan otorgar seguridad jurídica al desarrollo de su quehacer cotidiano. En primer lugar, se establece que las bibliotecas y archivos que no tengan fines de lucro, podrán reproducir una obra protegida con alguna de las siguientes finalidades: i) para fines de preservación o sustitución de un ejemplar de su colección en caso de pérdida o deterioro; ii) para fines de sustitución de un ejemplar de otra biblioteca o archivo que se haya extraviado, destruido o inutilizado, siempre y cuando no se encuentre disponible en el mercado; y, iii) para incorporar un ejemplar a su colección cuando éste no se encuentre disponible en el mercado en los últimos 5 años. En segundo lugar, las bibliotecas y archivos abiertos al público y que no tengan fines de lucro, podrán efectuar copias de fragmentos de obras que se encuentren en sus colecciones, a solicitud de un
usuario de la biblioteca o archivo exclusivamente para su uso personal. Similar autorización legal tendrán para reproducir, comunicar o poner a disposición por medios digitales de obras de su colección para ser consultadas simultáneamente hasta por un número razonable de usuarios en instalaciones de la propia institución. En último caso, las bibliotecas y archivos abiertos al público y que no tengan fines de lucro, podrán efectuar la traducción de obras originalmente escritas en idioma extranjero, cuando al cumplirse un plazo de tres años contados desde la primera publicación, o de un año en caso de publicaciones periódicas, no haya sido publicada en Chile su traducción al castellano por el titular del derecho respectivo, conforme a las condiciones que establece el proyecto. En cada uno de estos casos, no se requerirá de autorización ni pago de remuneración al titular de los derechos, siempre y cuando la utilización sea realizada estrictamente conforme a los fines indicados y las condiciones estipuladas. Cabe destacar que estas disposiciones no son aplicables a cualquier biblioteca o archivo, pues sólo beneficia a aquellas instituciones que no tengan ánimo de lucro y que se encuentren abiertas a la comunidad, excluyéndose de estas excepciones a todas aquellas instituciones de acceso restringido o condi-
cionado. 2. Excepciones para fines educacionales. El proyecto establece dos excepciones específicas para fines educacionales. La primera dispone que en el caso de tratarse de bibliotecas de instituciones educacionales o que sirvan a éstas, se autoriza la reproducción, comunicación y puesta a disposición del público de obras cortas, artículos de publicaciones periódicas y partes razonables de obras extensas, siempre que sean para uso exclusivo de los alumnos, investigadores y docentes de dichas instituciones. Dicha utilización no podrá ser realizada con interés comercial y deberá cumplir con los demás requisitos que determine el Reglamento. En tanto, la segunda excepción dispone que será lícita, sin la autorización del titular ni pago de remuneración, la inclusión en una obra para fines educacionales de obras cortas, como poemas, artículos, ensayos o cuentos cortos. Deberá mencionarse en cada caso la fuente, el título y autor de la obra incluida y sólo operará respecto de la educación formal o autorizada por el Ministerio de Educación. Con todo, no se incluirán más de dos obras de un mismo autor, y dicha obra no podrá representar más del 7% del contenido de la nueva obra educacional. La norma dispone que en caso de distribuirse comercialmente la obra al público, el editor deberá pagar
a los respectivos titulares una remuneración equitativa por dicha utilización. En caso de desacuerdo, la remuneración será fijada por un tribunal civil, en procedimiento breve y sumario. 3. Excepciones relativas a programas computacionales. Recogiendo la actual excepción vigente en materia de programas computacionales, contenida en el inciso segundo del artículo 47 de la Ley, se incorporan, en cumplimiento de las obligaciones del Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos, dos nuevas excepciones. Dichas excepciones amparan, por una parte, las actividades de ingeniería inversa que se realicen sobre un programa computacional legalmente adquirido, con el propósito exclusivo de lograr la compatibilidad operativa entre programas computacionales o para fines de investigación y desarrollo. Por la otra, ampara las actividades que se realicen con el único propósito de probar, investigar o corregir el funcionamiento o la seguridad del computador sobre el que se aplica el programa computacional. 4. Excepción de copia temporal. Como contrapartida necesaria al reconocimiento expreso del derecho de reproducción temporal del proyecto, se establece una nueva excepción de reproducción temporal, sujeta al cumplimiento de determina-
das y específicas condiciones conforme al uso de que se trata y siempre en el marco de la aplicación de procesos tecnológicos. 5. Otras excepciones. Finalmente, como norma de cierre del nuevo Título III propuesto y a partir de lo dispuesto en el actual artículo 45 bis, que reproduce la denominada regla de los tres pasos establecida en el Convenio de Berna y en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC, se faculta la declaración de nuevas excepciones distintas a las expresamente contempladas en el Título, siempre y cuando se traten de casos especiales, que no atenten contra la explotación normal de la obra, de la interpretación o ejecución o del fonograma, ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos. 2. Infracciones, delitos, penas y procedimientos. El Ejecutivo comparte el diagnóstico realizado por diversos sectores de la sociedad, tanto del ámbito público como privado, el cual da cuenta de lo inadecuado del régimen vigente de sanciones civiles y penales a las infracciones de los derechos de autor y derechos conexos. De lo anterior deriva la necesidad de introducir modificaciones a la Ley, a fin de combatir de forma más severa la piratería y,
en general, los usos no autorizados de obras protegidas por esta clase de derechos, otorgando más y mejores instrumentos legales para la investigación de los delitos y la sanción de los mismos. En mérito de ello, el proyecto propone sustituir el actual Capítulo II del Título III de la Ley, por un nuevo Capítulo II, que establece un marco de sanciones civiles y penales a las infracciones a los derechos de autor y derechos conexos, además de establecer nuevos mecanismos y herramientas procesales aplicables a los casos de utilizaciones realizadas fuera del marco legal. a. Infracciones, delitos y penas. El proyecto propone reunir los diversos tipos penales actualmente dispersos en la ley, incorporándose nuevos tipos y graduándose las penas conforme al perjuicio causado, de acuerdo con la siguiente escala. i) Para las infracciones que causen un perjuicio menor a 4 unidades tributarias mensuales, se establece una pena de prisión en cualquier de sus grados o multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales. ii) En tanto, para las infracciones que causen un perjuicio igual o superior a 4 unidades tributarias mensuales e inferior a 40 unidades tributarias mensuales, se establece una pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de
50 a 500 unidades tributarias mensuales. iii) Finalmente, para las infracciones que causen un perjuicio igual o superior a 40 unidades tributarias mensuales, se establece una pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales. La graduación se establece en el entendido que no todas las infracciones al derecho de autor y derechos conexos son siempre de la misma entidad y que es necesario introducir elementos objetivos que permitan a los tribunales de justicia aplicar la sanción más justa y efectiva en cada caso. Por ello, hemos optado por la graduación de la pena en función del perjuicio causado. Las penas señaladas serán aplicables a las siguientes conductas que el proyecto califica como delitos: Cualquier utilización no autorizada de obras protegidas por derechos de autor y de interpretaciones, producciones y emisiones protegidas por derechos conexos. La falsificación de obras literarias, científicas o artísticas protegidas por la ley, de planillas de ejecución, del número de ejemplares vendidos efectivamente, de personería para autorizar el uso de derechos de autor o de licencias respecto de interpretaciones o ejecuciones o fonogramas de dominio privado.
El plagio de obras protegidas por derechos de autor, cuando se suprima o cambie el nombre del autor o el título de la obra o se altere maliciosamente su texto. Con estas reformas, se mantienen las penas corporales vigentes; pero se aumentan considerablemente las penas de multas aplicables, equiparándose de esta manera a las multas establecidas en la Ley sobre Propiedad Industrial, recientemente aprobadas. Cabe destacar que, a diferencia de la anterior iniciativa del Ejecutivo, para la configuración de estos ilícitos no se contempla la exigencia del elemento subjetivo del tipo -“ánimo de lucro”. De esta forma se facilitará el procesamiento y sanción de este tipo de infracciones. 2. Delitos contra el dominio público y la gestión colectiva. Las obras en dominio público constituyen una de las bases esenciales para el desarrollo de la actividad creativa. Toda creación se basa en el conocimiento previamente existente. Por esta razón tan importante como la protección de los derechos de propiedad sobre obras protegidas, es la salvaguardia de aquellas creaciones que han pasado a formar parte del acervo cultural común. Para ello, se tipifican dos nuevos delito contra el dominio público, sancionando al que, a sabiendas, reproduzca, distribuya, ponga a dispo-
sición o comunique al público obras que estén en el dominio público bajo un nombre distinto al del autor; y al que reclame derechos patrimoniales sobre obras pertenecientes al dominio público. En ambos casos se sancionan con pena de multa de 25 a 500 unidades tributarias mensuales. 3. Delitos contra la gestión colectiva Aplicando las mismas sanciones anteriores, el proyecto califica como delito la conducta de aquel que estando obligado al pago de retribución por derecho de autor o conexos derivados de la ejecución de obras musicales, omitieren, con perjuicio de otro, la confección de las planillas de ejecución correspondiente, necesarias para la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual. Esta norma busca fortalecer la importante labor que realizan las entidades de gestión colectiva de derechos en la protección efectiva de los intereses de los creadores. 4. Delito de piratería. Un elemento central en las reformas que se presentan a discusión, se refiere a mejorar sustantivamente el marco legal aplicable a los individuos y organizaciones criminales dedicadas a la producción, distribución y comercialización ilícita de ciertos productos y creaciones que se derivan de la inteligencia y creación hu-
mana. Por ello, el proyecto propuesto establece una disposición penal específica aplicable a los actos de piratería de bienes protegidos por derechos de autor, aumentándose hasta en dos grados la pena máxima aplicable. La norma distingue entre la persona que comercializa copias ilícitas de obras protegidas de aquel que, con ánimo de lucro, fabrique, importe, tenga o adquiera para su distribución comercial o alquiler dichas copias ilícitas. En el primer caso, se sanciona al infractor con pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales. En tanto que en el segundo caso, se aumenta la actual pena vigente hasta en dos grados, pasando de la actual pena de presidio o reclusión menores en su grado mínimo a reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales. El proyecto establece, asimismo, que en caso de reincidencia en la comisión de cualquiera de los delitos descritos en la ley, se aplicarán las penas máximas contempladas para cada delito y la multa a aplicar no podrá ser inferior al doble de la anterior con un monto máximo que podrá ascender hasta las 2.000 unidades tributarias mensuales. Por otra parte, el proyecto hace aplicable expresamente
la figura de asociación ilícita del Código Penal, a los que se asociaren u organizaren con el objeto de cometer los delitos de piratería, quienes serán sancionados de conformidad a los artículos 293 y siguientes del Código Penal, aplicándose además una multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales en el caso del artículo 293 y de 50 a 500 unidades tributarias mensuales, en el caso del artículo 294 del Código Penal. 5. Reformas del año 2003. Enseguida, se mantienen en el nuevo capítulo, las disposiciones aprobadas en la reforma del año 2003 a la Ley, que fueron incorporadas en cumplimiento de las obligaciones específicas que sobre la materia contenía el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos. 6. Determinación de perjuicios. A continuación, se establece que la determinación de los perjuicios se realizará en base al valor legítimo de venta al detalle de los objetos protegidos, siguiendo de esta manera lo establecido en el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos. 7. Disposiciones comunes a los procedimientos civiles y penales. Junto con mejorar efectivamente las disposiciones penales, es opinión del Ejecutivo perfeccionar, además, los medios y mecanismos procesales que la Ley
establece. Para ello, se reúnen las disposiciones comunes a los procedimientos civiles y penales que se originen en ejecución de la ley. Bajo este acápite el incorpora las siguientes modificaciones: i. Acciones a disposición del titular. En primer lugar, se reconoce al titular de los derechos, acción para pedir el cese de la actividad ilícita, la indemnización de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados y la publicación de la parte resolutiva de la sentencia, mediante anuncio en un diario a elección del demandante, sin perjuicio de las demás acciones que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, pueda impetrar el afectado. ii. Destino de los bienes infractores. Adecuándose a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos, se establece que, a petición del titular, los bienes infractores sean destruidos o apartados del comercio. Asimismo, se señala que los ejemplares ilícitos sólo podrán ser destinados a beneficencia cuando se cuente con la autorización expresa del titular de los derechos correspondientes. De esta manera, se busca no afectar indebidamente los intereses de las diversas industrias culturales afectadas por la piratería, quienes junto con soportar el costo eco-
nómico directo de las infracciones, deben tolerar además la sustitución de la demanda que supone la entrega gratuita de materiales infractores a instituciones de beneficencia, contra su voluntad. iii. Medidas Precautorias. Con el fin de hacer cesar la actividad ilícita, el proyecto establece que el tribunal que conozca del asunto, en cualquier estado del juicio y a petición de parte, podrá decretar las siguientes medidas precautorias: 1) la suspensión inmediata de la venta, circulación, exhibición, ejecución, representación o cualquier otra forma de explotación presuntamente infractora; 2) la prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados, incluyendo la prohibición de publicitar o promover los productos o servicios motivo de la presunta infracción; 3) la retención de los ejemplares presuntamente ilícitos; 4) la retención o secuestro de los materiales, maquinarias e implementos que hayan sido destinados a la producción de ejemplares presuntamente ilícitos, o de la actividad presuntamente infractora, cuando sea necesario para prevenir nuevas infracciones; 5) la remoción o retiro de los aparatos que hayan sido utilizados en la comunicación pública no autorizada, a menos que el presunto infractor garantice suficientemente que no reanudará la actividad infractora; y, 6) el nombramiento de uno o más inter-
ventores. Estas medidas podrán asimismo solicitarse en carácter de prejudiciales siempre que: i) se acompañen antecedentes que permitan acreditar razonablemente la existencia del derecho que se reclama; ii) existan riesgo inminente de infracción, y iii) se rinda caución suficiente. Se siguen en este punto, las reglas generales del Código de Procedimiento Civil, cuyas normas serán supletorias a las propuestas, en lo no regulado expresamente. iv. Determinación de indemnizaciones. los perjuicios e
En lo que respecta al cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, el proyecto establece que el perjudicado podrá optar entre la remuneración que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia o las utilidades que dejó de percibir como consecuencia de la infracción. Adicionalmente, el Tribunal podrá condenar al infractor a pagar las ganancias que haya obtenido siempre que sean atribuibles a la infracción y no hayan sido consideradas al calcular los perjuicios. Para la determinación del perjuicio patrimonial, se considerará, entre otros factores, el valor legítimo de venta al detalle de los bienes infringidos. En tanto, respecto de la determinación del daño moral, el tribunal considerará las circunstancias de la infracción, la gravedad de la
lesión y el grado objetivo de difusión ilícita de la obra. En la misma línea, el tribunal podrá ordenar, al hacer efectiva la indemnización de perjuicios, a petición de parte y sin perjuicio de los derechos que puedan hacer valer terceros, la incautación y entrega al titular del derecho del producto de la recitación, representación, reproducción, ejecución o cualquier otra forma de explotación ilícita. v. Medidas especiales de investigación. Por su parte, conscientes que la proliferación de la piratería está fuertemente vinculada a la existencia de organizaciones criminales dedicadas a la producción, distribución y comercialización ilícita de productos y creaciones intelectuales, se estimó necesario establecer que, en el caso de investigarse la intervención de una asociación ilícita y concurriendo los requisitos legales, se faculta la utilización agentes encubiertos, reveladores e informantes, como medida especial de investigación, a requerimiento que haga Ministerio Público al tribunal competente. vi. Acción pública y presunción de derechos. Se mantiene el carácter de acción penal pública a la denuncia de los delitos sancionados en la ley. También, a fin de hacer más simple el ejercicio de estos derechos, se establece
una presunción de vigencia de los derechos de autor y conexos cuando la fecha de la primera publicación de una obra original sea inferior a setenta años, implementándose de esta manera una obligación específica del Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos. 8. Disposiciones aplicables al procedimiento civil Finalmente, se reúnen las disposiciones especiales aplicables sólo a los procedimientos civiles que se originen en ejecución de la ley. i. Entrega de información. Así, se establece que el tribunal podrá ordenar a él o los presuntos infractores de esta ley, la entrega de toda información que posean respecto a las demás personas involucradas en la infracción, así como todos los antecedentes relativos a los canales de producción y distribución de los ejemplares infractores. El tribunal podrá, para la consecución de este fin, aplicar multas de 5 a 50 unidades tributarias mensuales a quienes se nieguen a entregar dicha información. ii. Procedimientos breves y sumarios. Se mantiene la regla general vigente, que dispone que los procedimientos civiles a que de lugar esta ley, serán conocidos de manera breve y sumariamente. iii. Indemnización predeterminada. Finalmente, se incorpora
en nuestra legislación un sistema de indemnización predeterminada, conforme a la cual el titular de un derecho podrá, a su elección, solicitar una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que las indemnizaciones de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados sean sustituidas por una suma única compensatoria que será determinada por el tribunal en relación a la gravedad de la infracción, no pudiendo ser menor a 4 unidades tributarias mensuales ni mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales por infracción. Esta disposición también tiene su origen en el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos. 3. Régimen de limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de internet. Como ya se ha dicho, los positivos efectos que las nuevas tecnologías han tenido sobre las comunicaciones y sobre la difusión del conocimiento, han significado también nuevas formas de infracción para los derechos actualmente reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico. Para normar adecuadamente este tipo de infracciones, se establece un régimen de limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet. Para tal efecto, se propone la adaptación a nuestro sistema jurídico de la obligación contenida en el artículo 17.11.23 del Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos,
sobre limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de telecomunicaciones por infracciones a los derechos de autor y conexos que ocurran a través de sus redes y sistemas. a. Prestadores de servicios de internet. En primer lugar, el proyecto propone que se establezca una norma general en virtud de la cual se limita la responsabilidad pecuniaria de los prestadores de servicios de Internet por las infracciones a los derechos regulados por esta ley que se cometan por o a través de sus redes o sistemas. Para estos efectos, se establecen una serie de condiciones que deben cumplirse por los proveedores de servicios. Estas condiciones de-penderán de la calidad que el prestador de ser-vicios ostente, distinguiéndose entre quienes: 1) transmiten, enruten o proporcionen suministro de redes; 2) efectúen almacenamiento temporal (caching); 3) efectúen almacenamiento a petición de los usuarios de información en sistemas o redes hosting); y, 4) proporcionen herramientas de búsquedas de información. De esta forma, para el caso de los prestadores de servicios de transmisión de datos, enrutamiento o suministro de conexiones, para que opere esta limitación de responsabilidad es necesario que éstos no modifi-
quen ni seleccionen el contenido de la transmisión, no inicien la transmisión y no seleccionen a los destinatarios de la información. Por su parte, los prestadores de servicios de almacenamiento de datos de carácter temporal, que lleven a cabo su servicio mediante un proceso de almacenamiento automático, verán limitada su responsabilidad cuando respeten las reglas de acceso de usuario y de actualización fijadas por el sitio de origen, no interfieran en la tecnología del sitio de origen para obtener información sobre el uso del material, no modifiquen el contenido al momento de efectuar la transmisión y retiren o inhabiliten de forma expedita el acceso al material que, de acuerdo al proceso legal de notificación deba ser retirado o inhabilitado de su red. Similar disposición existe respecto de aquellos prestadores de servicios que efectúan almacenamiento, servicios de búsqueda, vinculación y/o referencia a un sitio en línea mediante herramientas de búsqueda de información, incluidos los hipervínculos y directorios, siempre que el prestador de estos servicios no tenga conocimiento del carácter ilícito del contenido, no reciba un beneficio económico directamente atribuible a la actividad infractora, designe públicamente a un representante para recibir las notificaciones de retiro o inhabilitación y retire o inhabi-
lite el acceso al material almacenado que, de acuerdo al proceso legal de notificación deba ser retirado o inhabilitado. Junto con cumplir con cada una de las condiciones específicas conforme a la naturaleza del servicio de que se trate, los prestadores de servicio deberán, además, cumplir con condiciones generales relativas a la adopción de políticas de término de contrato de aquellos usuarios infractores reincidentes, no deberán interferir en las medidas de protección e identificación de obras protegidas y no deberán haber iniciado la transmisión, ni haber seleccionado el material o a sus destinatarios, salvo las excepciones que la propia ley establece. 2. Prohibición de ejercer vigilancia o supervisión de los datos Sin perjuicio de lo anterior y a fin de dar cumplimiento a diversas garantías constitucionales, el proyecto establece claramente que los prestadores de servicios no tendrán obligación de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades supuestamente ilícitas ni de supervisar el contenido de los datos transmitidos, almacenados o referenciados. Se sigue de esta manera, las disposiciones vigentes que establecen que las compañías de telefonía no pueden supervisar ni controlar las llamadas que realicen sus abonados, por estar afectas a las normas constitucionales
sobre inviolabilidad de las comunicaciones privadas. 3. Medidas para el retiro, contenidos infractores inhabilitación o bloqueo de
Por su parte, con el propósito de establecer medidas efectivas que resguarden a los titulares de derechos de autor y conexos de las infracciones que se cometan en o a través de redes o sistemas digitales, se establece un procedimiento judicial expedito en el que se establecen medidas especiales que el juez podrá decretar a petición de parte. Estas medidas podrán consistir en la terminación de cuentas, retiro o bloqueo de materiales infractores de las redes o sistemas de un prestador de servicios de Internet. El tribunal competente para conocer de estas solicitudes, será el juzgado de letras en lo civil correspondiente al domicilio del prestador de servicios. Estas medidas podrán decretarse en carácter de prejudiciales o judiciales, previa notificación al prestador de servicios. Respecto del supuesto infractor, la notificación será facultativa y podrá decretarse sin necesidad de rendir caución previa cuando la medida sea solicitada como prejudicial. Para dar garantías suficientes a este procedimiento, sin afectar su eficacia, se establecen en la ley requisitos específicos adicionales a los generales contemplados en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 254 el Código de Procedimiento Civil.
Este procedimiento y los incidentes que puedan suceder durante su tramitación, se conocerán breve y sumariamente y las apelaciones se concederán en el solo efecto devolutivo, gozando de preferencia para su conocimiento y vista por el tribunal de alzada. Adicionalmente, se establece el derecho de los titulares a requerir, por vía judicial, la entrega de la información necesaria para la identificación del proveedor de contenidos infractores. Finalmente, con el objeto de evitar abusos en la utilización de este procedimiento, se establece una figura especial que hace responsable de los daños causados a quien proporcione información falsa, cuando en base a esa información falsa se inhabilite, retire o bloqueen datos por parte de un prestador de servicios de Internet. Asimismo, se establece una exención de responsabilidad respecto de ciertos actos – retiro, inhabilitación, bloqueo y restablecimiento – que los prestadores de servicios de Internet realicen, de buena fe, voluntariamente o a requerimiento de un tercero de acuerdo a las condiciones que se señalan el proyecto. 4. Otras modificaciones. a. Derogación de extensión subjetiva de la protección. El proyecto, por otra parte, propone reemplazar los actuales incisos primero y
segundo del artículo 10 de la Ley por un solo inciso, eliminando la hipótesis de extensión del plazo en favor de “hijas solteras o viudas o cuyo cónyuge se encuentre afectado por una imposibilidad definitiva para todo género de trabajo”, por estimarse como una norma discriminatoria en función del estado civil y género, y por estimarse que también afecta la certeza jurídica en cuanto dificulta la identificación del dominio público chileno. 2. Cesión legal de derechos en el caso de programas computacionales. Enseguida, con el objeto de perfeccionar y simplificar la disposición de cesión legal de derechos de autor en el caso de los programas computacionales producidos por encargo de un tercero, se elimina el requisito que sólo hacía titular del encargo al mandante en los casos de encargos que tuvieran fines comerciales posteriores. 3. Definición de prestador de servicios de Internet. A continuación y como una forma de otorgar certeza jurídica a la regulación de la limitación de la responsabilidad de los prestadores de servicios en Internet, se incorpora la definición de estos prestadores en la disposición donde se encuentran contenidas las definiciones de esta ley. 4. Reconocimiento del derecho de reproducción temporal. Con el objeto de hacer extensivo el derecho de reproducción al entorno digi-
tal, de manera de reconocer expresamente a los titulares el derecho de reproducción temporal sobre sus obras, que es una utilización frecuente en los actuales procesos tecnológicos, se inserta en el literal u) del artículo 5º de la Ley, la frase “permanente o temporal” entre los vocablos ‘fijación’ y ‘de’. 5. Autorización de uso de símbolo Por otra parte, el proyecto propone agregar un nuevo inciso final al artículo 72° de la Ley, a fin de permitir al titular del derecho patrimonial la utilización del símbolo ©, anteponiéndolo al año de la primera publicación y a su nombre. Esta modificación da cuenta de una práctica comercial extendida, por parte de los titulares de derechos de autor y conexos, para comunicar que se está en presencia de una obra protegida o de la presencia de derechos conexos protegidos. 6. Tarifas de las Entidades de Gestión Colectiva de Derechos. Las modificaciones al artículo 100, referido a las tarifas que pueden cobrar las entidades de gestión por la utilización de su repertorio, están inspiradas en la Resolución N°513, de 1998, de la Comisión Resolutiva, órgano antecesor del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En efecto, dos materias destacan en esta resolución: a) la fijación de tarifas debe hacerse de acuerdo al uso efectivo de las obras; y,
b) deben originarse del acuerdo entre las partes interesadas o en su defecto mediante arbitraje. El presente proyecto se hace cargo de estas dos materias y agrega dos consideraciones también relacionadas con libre competencia. En primer lugar, se eliminan las tarifas especiales que permite la ley, debido a que dan origen a potenciales discriminaciones entre los usuarios, y se sustituyen por tarifas generales que pueden ser diferenciadas según categoría de usuarios, junto con planes tarifarios alternativos disponibles para todos los usuarios dentro cada categoría. En segundo lugar, la obligación de someter las tarifas a arbitraje, luego de no alcanzarse un acuerdo entre las partes, queda circunscrita a aquellas entidades de gestión que sean declaradas dominantes por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. De esta forma, se logra plenamente el objetivo de la modificación de este artículo, que es el equilibrio entre el derecho a cobrar por la utilización de obras y el control del abuso que pudiesen llegar a ejercer entidades de gestión con posición dominante en el mercado. 7. Autorizaciones concurrentes. De forma consistente con lo acordado en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, se clarifica
que en caso de ser necesaria la autorización del autor de una obra incorporada a un fonograma y la autorización del artista, intérprete o ejecutante y del productor del fonograma, ambas deberán concurrir conjuntamente sin que una excluya a la otra. 8. Artículos finales. El proyecto, por otra parte, deroga el artículo 12 de la ley N°19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, a fin de concordar sus disposiciones al nuevo texto de la ley. Enseguida, propone sustituir los actuales incisos segundo y tercero del artículo 11 de la ley N°19.227, por un nuevo inciso segundo concordante con las nuevas disposiciones de la ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual. IV. MENCIÓN ESPECIAL. Cabe destacar, finalmente, que el presente proyecto de ley recoge las diversas iniciativas parlamentarias que se han presentado a este respecto en el pasado. Una de ellas es la moción que fuera presentada en el año 1996 por los entonces Honorables Diputados Naranjo, Escalona, Estévez, Martínez, Schaulsohn, Allamand, Valenzuela, Ascencio, Bombal y Viera-Gallo. Asimismo, cabe destacar la moción ingresada durante el año 2002 por los también entonces Honorables
Diputados, señores Aníbal Pérez, Felipe Letelier, Patricio Hales y la Diputada Ximena Vidal y, la iniciativa presentada en el año 2003 por el entonces Honorable Senador Fernando Cordero. De esta forma, al Gobierno le parece oportuno efectuar un expreso reconocimiento al valioso aporte de quienes inicialmente plantearon estos temas en el parlamento, proponiendo un nuevo tratamiento para las infracciones contra la propiedad intelectual en Chile y, en definitiva, una modernización de la ley de propiedad intelectual a los nuevos desarrollos de la sociedad chilena. En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente:
“Artículo 1°.ley N° 17.336: forma:
Introdúcense las siguientes modificaciones a la 1) Modifícase el artículo 5° de la siguiente
a) Insértase en el literal u) del artículo 5º la frase “permanente o temporal” entre los vocablos “fijación” y “de”. b) Agrégase el siguiente literal, nuevo:
“y) Prestador de Servicio significa, para los efectos de lo dispuesto en el Capitulo IV del Titulo III de esta Ley, un proveedor de transmisión, enrutamiento o conexiones para comunicaciones digitales en línea, sin modificación de
su contenido, entre puntos especificados por el usuario del material que selecciona el usuario, o un proveedor u operador de instalaciones de servicios en línea o de acceso a redes.”. 2) Sustitúyese el actual inciso tercero del Artículo 8, por el siguiente: “Respecto de los programas computacionales producidos por encargo de un tercero, se reputaran cedidos a éste los derechos de su autor, salvo estipulación escrita en contrario.”. 3) Reemplázanse los actuales incisos primero y segundo del artículo 10, por los siguientes: “La protección otorgada por la presente ley dura por toda la vida del autor y se extiende hasta por 70 años más, contados desde la fecha de su fallecimiento. En caso que, al vencimiento de este plazo, existiere cónyuge sobreviviente este plazo se extenderá hasta la fecha de su fallecimiento. La protección establecida en el inciso anterior, tendrá efecto retroactivo respecto al cónyuge del autor.”. 4) Deróganse los actuales Párrafo III (art. 38 a 45 bis) y IV (art. 46 a 47) del Capítulo V del Título I. 5) tual artículo 65°: Agrégase el siguiente inciso tercero al ac-
“Cuando sea necesaria la autorización del autor de una obra incorporada a un fonograma y la autorización del artista, intérprete o ejecutante y del productor del fonograma, éstas deberán concurrir conjuntamente sin que una excluya a la otra.”. 6) Intercálase, como nuevo Título III, el siguiente, pasando el actual Título III a ser IV: “Título III Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos Artículo 71 A. Cuando sea procedente, las limitaciones y excepciones establecidas en este Título se aplicarán tanto a los derechos de autor como a los derechos conexos. Artículo 71 B. Es lícita, sin remunerar ni obtener autorización del titular, la reproducción de fragmentos de obras protegidas, que hayan sido lícitamente divulgadas, con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación, siempre que se mencione su fuente, título y autor. Artículo 71 C. Es lícita, sin remunerar ni
obtener autorización del titular, la reproducción sin interés comercial de una obra fotográfica o plástica lícitamente divulgada, con fines de crítica, reseña, ilustración, enseñanza e investigación, siempre que se mencione de manera legible su fuente, título y autor. Artículo 71 D. Es lícita, sin remunerar ni obtener autorización del titular, la reproducción, adaptación, distribución, comunicación al público y puesta a disposición, que se realice sin interés comercial, de una obra lícitamente publicada a fin de garantizar el acceso por parte de discapacitados visuales, auditivos o de otra clase que, sin formatos especiales, no podrían acceder a la obra. Los ejemplares o copias obtenidas en ejercicio de esta facultad tendrán por única finalidad su utilización por personas discapacitadas, no pudiendo ser cedidas ni distribuidas a terceros con fines comerciales. En estos ejemplares se señalará expresamente la circunstancia de ser realizados bajo la excepción de este articulo e indicando la restricción de su distribución y puesta a disposición a personas que tengan la respectiva discapacidad. Artículo 71 E. Las lecciones dictadas en instituciones de educación superior, colegios y escuelas, podrán ser anotadas o recogidas en cualquier forma por aquellos a quienes van dirigidas, pero no podrán ser publicadas, total o parcialmente, sin autorización de sus autores. En el caso de las conferencias y discursos, estos podrán ser publicados con fines de información, pero no en colección separada, completa o parcial, sin autorización del autor. Artículo 71 F. En los establecimientos comerciales en que se expongan y vendan instrumentos musicales, aparatos de radio o televisión o cualquier equipo que permita la reproducción de obras, éstas podrán utilizarse libremente y sin pago de remuneración, con el exclusivo objeto de efectuar demostraciones a la clientela, siempre que éstas se realicen dentro del propio local o de la sección del establecimiento destinada a este objeto y en condiciones que eviten su difusión al exterior. Artículo 71 G. La reproducción de obras de arquitectura por medio de la fotografía, el cine, la televisión y cualquier otro procedimiento análogo, así como la publicación de las correspondientes fotografías en diarios, revistas y textos escolares, es libre y no está sujeta a remuneración. Asimismo, la reproducción mediante la fotografía, el dibujo o cualquier otro procedimiento, de monumentos, estatuas y, en general, las obras artísticas que adornan plazas, avenidas y lugares públicos, es libre y no está sujeta a remuneración, siendo lícita la publicación y venta de las reproducciones.
Artículo 71 H. En las obras de arquitectura, el autor no podrá impedir la introducción de modificaciones que el propietario decida realizar, pero podrá oponerse a la mención de su nombre como autor del proyecto. Artículo 71 I. No serán aplicables a las películas y fotografías publicitarias o propagandísticas las reglas que establece el artículo 30. Asimismo, lo dispuesto en el artículo 37 bis no será aplicable a los programas computacionales, cuando éstos no sean el objeto esencial del arrendamiento. Artículo 71 J. Las bibliotecas y archivos que no tengan fines de lucro podrán, sin que se requiera remunerar al titular ni obtener su autorización, reproducir una obra, en los siguientes casos: a) Cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente y ello sea necesario a los efectos de preservar dicho ejemplar y/o sustituirlo en caso de pérdida o deterioro, hasta un máximo de 3 copias simultáneas. b) Para sustituir un ejemplar de otra biblioteca o archivo que se haya extraviado, destruido o inutilizado y no esté disponible la obra en el mercado. c) Para incorporar un ejemplar a su colección cuando éste no se encuentre disponible en el mercado en los últimos 5 años. Artículo 71 K. Las bibliotecas y archivos abiertos al público y que no tengan fines de lucro podrán, sin que se requiera remunerar al titular ni obtener su autorización, efectuar copias de fragmentos de obras que se encuentren en sus colecciones, a solicitud de un usuario de la biblioteca o archivo exclusivamente para su uso personal. Artículo 71 L. Las bibliotecas y archivos abiertos al público y que no tengan fines de lucro podrán, sin que se requiera remunerar al titular ni obtener su autorización, efectuar la reproducción, comunicación o puesta a disposición por medios digitales de obras de su colección para ser consultadas simultáneamente hasta por un número razonable de usuarios en los términos que señale el Reglamento, sólo en terminales de uso local de la respectiva institución. Artículo 71 M. Las bibliotecas y archivos abiertos al público y que no tengan fines de lucro podrán, sin que se requiera remunerar al titular ni obtener su autorización, efectuar la traducción de obras originalmente escritas en idioma extranjero y legítimamente adquiridas, cuando al cumplirse un plazo de tres años contados desde la primera publicación, o de un año en caso de publicaciones periódicas, en Chile no haya sido publicadas su traducción al castellano por el titular del dere-
cho. La traducción deberá ser realizada a solicitud de un usuario y exclusivamente para uso personal, o para investigación o estudio por parte de los usuarios de dichas bibliotecas o archivos. Artículo 71 N. Las bibliotecas de instituciones educacionales o que sirvan a dichas instituciones, podrán, sin autorización ni pago de remuneración, reproducir, comunicar y/o poner a disposición por cualquier medio las reproducciones de obras cortas, artículos de publicaciones periódicas y partes razonables de obras extensas, para uso exclusivo de los alumnos, investigadores y docentes de dichas instituciones, conforme lo solicite el docente encargado de los respectivos cursos, siempre que dicha utilización de la obra se efectúe sin interés comercial y cumpliendo los demás requisitos que determine el Reglamento. Artículo 71 Ñ. Será lícita, sin la autorización del titular de los derechos de autor y conexos ni remuneración, la inclusión en una obra para fines educacionales, en el marco de la educación formal o autorizada por el Ministerio de Educación, de obras cortas, como poemas, artículos, ensayos o cuentos cortos. Deberá mencionarse en cada caso la fuente, el título y autor de la obra incluida. Al amparo de esta excepción no se incluirán más de dos obras del mismo autor, y dicha obra no representará más del 7% del contenido de la nueva obra educacional. En los casos en que la obra educacional sea total o parcialmente distribuida comercialmente al público, el editor deberá pagar a los titulares de derechos de las materias sujetas a derechos de autor o conexos utilizadas, una remuneración equitativa por dicha utilización en los ejemplares que sean distribuidos comercialmente al público. Dicha remuneración también se devengará en los casos que se exceda el uso permitido en los incisos primero y segundo de este artículo. A falta de acuerdo por las partes, dicha remuneración será fijada por el tribunal civil del domicilio del solicitante, en procedimiento breve y sumario, quien fallará conforme a la equidad. Lo dispuesto en los incisos anteriores, es sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 61 y 61 bis. Artículo 71 O. No se considera comunicación ni ejecución pública de la obra, inclusive tratándose de fonogramas, su utilización dentro del núcleo familiar, en establecimientos educacionales, de beneficencia, bibliotecas, archivos y museos, siempre que esta utilización se efectúe sin interés comercial. En estos casos no se requerirá remunerar al autor, ni obte-
ner su autorización. Artículo 71 P. Las siguientes actividades relativas a programas computacionales están permitidas, sin que se requiera remunerar al titular ni obtener su autorización: a) La adaptación o copia de un programa computacional efectuada por su tenedor o autorizada por su legítimo dueño, siempre que la adaptación o copia sea esencial para su uso en un computador determinado, o para fines de archivo o respaldo y no se utilice para otros fines. Las adaptaciones obtenidas en la forma señalada no podrán ser transferidas bajo ningún título, sin que medie autorización previa del titular del derecho de autor respectivo; igualmente, las copias obtenidas en la forma indicada no podrán ser transferidas bajo ningún título, salvo que lo sean conjuntamente con el programa computacional que les sirvió de matriz. b) Las actividades de ingeniería inversa sobre una copia obtenida legalmente de un programa computacional que se realicen con el único propósito de lograr la compatibilidad operativa entre programas computacionales o para fines de investigación y desarrollo. c) Las actividades que se realicen sobre una copia obtenida legalmente de un programa computacional, con el único propósito de probar, investigar o corregir su funcionamiento o la seguridad del computador sobre el que se aplica. Artículo 71 Q. Es lícita la reproducción temporal de una obra, incluido su almacenamiento temporal en forma electrónica, sin que se requiera remunerar al titular ni obtener su autorización. Esta reproducción temporal deberá ser transitoria o accesoria, no tener una significación económica independiente, formar parte integrante y esencial de un proceso tecnológico, y tener como única finalidad permitir una transmisión lícita en una red o permitir un uso lícito de una obra protegida. Artículo 71 R. Serán admisibles excepciones distintas a las prescritas precedentemente, siempre que se circunscriban a casos especiales, que no atenten contra la explotación normal de la obra, de la interpretación o ejecución y del fonograma, ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.”. 7) lo 72: “El titular de un derecho patrimonial podrá utilizar, sin perjuicio de los demás símbolos que reconozca el Reglamento, el símbolo © anteponiéndolo al año de la primera publicación y a su nombre.”. 8) Reemplázase el actual capítulo II del Título Agrégase el siguiente inciso final al artícu-
III, que pasó a ser Título IV, por el siguiente: “Capítulo II De las acciones y procedimientos Párrafo 1°. De las infracciones a las disposiciones de esta ley Artículo 78. Las infracciones a esta ley y su reglamento no contempladas expresamente en los artículos 79 y siguientes, serán sancionadas con multa de 5 a 50 unidades tributarias mensuales. Párrafo 2° De los delitos contra la propiedad intelectual Artículo 79. Comete delito contra la propiedad intelectual: a) El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice obras de dominio ajeno protegidas por esta ley, inéditas o publicadas, en cualquiera de las formas o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 18; b) El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice las interpretaciones, producciones y emisiones protegidas de los titulares de los derechos conexos, con cualquiera de los fines o por cualquiera de los medios establecidos en el Título II. c) El que falsifique obras protegidas por esta ley, o el que las edite, reproduzca o distribuya ostentando falsamente el nombre del editor autorizado, suprimiendo o cambiando el nombre del autor o el título de la obra, o alterando maliciosamente su texto; d) El que falsificare o adulterare una planilla de ejecución. e) El que falseare datos en las rendiciones de cuentas a que se refiere el artículo 50. f) El que, careciendo de autorización del titular de los derechos o de la ley, cobraré derechos u otorgase licencias respecto de interpretaciones o ejecuciones o fonogramas que se encontraren en el dominio privado. Las conductas señaladas serán sancionadas de la siguiente forma: 1. Cuando el monto del perjuicio causado sea inferior a las 4 unidades tributarias mensuales, la pena será de prisión en cualquiera de sus grados o multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales.
2. Cuando el monto del perjuicio causado sea igual o superior a 4 unidades tributarias mensuales y sea inferior a 40 unidades tributarias mensuales, la pena será de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 50 a 500 unidades tributarias mensuales. 3. Cuando el monto del perjuicio sea igual o superior a 40 unidades tributarias mensuales, la pena será de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales. Artículo 80. Comete delito contra la propiedad intelectual y será sancionado con pena de multa de 25 a 500 unidades tributarias mensuales: a) El que, a sabiendas, reproduzca, distribuya, ponga a disposición o comunique al público una obra perteneciente al dominio público o al patrimonio cultural común bajo un nombre que no sea el del verdadero autor. b) El que, con perjuicio a otro, reclamare derechos patrimoniales sobre obras de dominio público o del patrimonio cultural común. c) El que, obligado a obtener una autorización para la comunicación al público de obras musicales o fonogramas, omitieren, con perjuicio a otro, la confección de las planillas de ejecución correspondiente. Artículo 81. Comete delito contra la propiedad intelectual y será sancionado con pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales, el que con ánimo de lucro comercialice al público copias de obras, de interpretaciones, de fonogramas o videogramas, cualquiera sea su soporte, reproducidos en contravención a las disposiciones de esta ley. El que con ánimo de lucro fabrique, importe, tenga o adquiera para su distribución comercial o alquiler las copias a que se refiere el inciso anterior, será sancionado con las penas de reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales. Artículo 82. El que, dentro de los cinco años siguientes a la dictación de una sentencia condenatoria por infracción a los delitos prescritos en esta ley, reincida en la comisión de alguno de estos delitos, se le aplicarán las penas máximas contempladas para cada delito. En estos casos, la multa no podrá ser inferior al doble de la anterior y su monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales. Artículo 83. Los que se asociaren u organizaren con el objeto de cometer los delitos contemplados en el artículo 81, serán sancionados en conformidad a los artículos 293 y siguientes del Código Penal.
En el caso del artículo 293 del Código Penal, se aplicará además una multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales; y de 50 a 500 unidades tributarias mensuales en el caso del artículo 294 del Código Penal. Artículo 84. Incurrirá en responsabilidad civil el que, sin autorización del titular de los derechos o de la ley y, sabiendo o debiendo saber que inducirá, permitirá, facilitará u ocultará una infracción de cualquiera de los derechos de autor o derechos conexos, realice alguna de las siguientes conductas: a) Suprima o altere cualquier información sobre la gestión de derechos; o, b) Distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público copias de obras o fonogramas, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización. El que realice alguna de las conductas descritas en los literales precedentes, será sancionado con pena de multa de 25 a 150 unidades tributarias mensuales. Artículo 85. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, se entenderá que es información sobre la gestión de derechos: a) La información que identifica a la obra, a la interpretación o ejecución o al fonograma; al autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante, o al productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma; b) La información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, interpretación o ejecución o fonograma; y, c) Todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos estén adjuntos a un ejemplar de una obra, interpretación o ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de una obra, interpretación o ejecución o fonograma. Artículo 85 A. El monto de los perjuicios que se refieren en este Título se determinará en base al valor legítimo de venta al detalle de los objetos protegidos. Párrafo 3° De las normas aplicables al procedimiento civil y penal Artículo 85 B. El titular de los derechos reconocidos en esta ley tendrá, sin perjuicio de las otras acciones que le correspondan, acciones para pedir:
a) El cese de la actividad ilícita del infractor; b) La indemnización de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados; y, c) La publicación de la parte resolutiva de la sentencia, a costa del demandado, mediante anuncio en un diario a elección del demandante. Artículo 85 C. El tribunal, a solicitud del perjudicado, ordenará que los ejemplares infractores sean destruidos o apartados del comercio. Estos ejemplares sólo podrán ser destinados a beneficencia por el tribunal cuando cuente con autorización del titular de los derechos. En este caso, el tribunal podrá decretar las medidas necesarias para garantizar que no reingresen al comercio, ordenando el marcado de los ejemplares y decretando la prohibición de enajenarlos por parte del beneficiario. En el caso de procedimientos penales, estas medidas deberán ser decretadas por el Tribunal competente a petición del Ministerio Público u otro interviniente. Artículo 85 D. El tribunal podrá ordenar, en cualquier estado del juicio, de oficio o a petición de parte las siguientes medidas precautorias: a) La suspensión inmediata de la venta, circulación, exhibición, ejecución, representación o cualquier otra forma de explotación presuntamente infractora; b) La prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados, incluyendo la prohibición de publicitar o promover los productos o servicios motivo de la presunta infracción; c) La retención de los ejemplares presuntamente ilícitos; d) La retención o secuestro de los materiales, maquinarias e implementos que hayan sido destinados a la producción de ejemplares presuntamente ilícitos, o de la actividad presuntamente infractora, cuando ello sea necesario para prevenir futuras infracciones; e) La remoción o retiro de los aparatos que hayan sido utilizados en la comunicación pública no autorizada, a menos que el presunto infractor garantice suficientemente que no reanudará la actividad infractora; f) El nombramiento de uno o más interventores. En lo no regulado por el inciso precedente,
la dictación de estas medidas se regirá por las normas generales contenidas en el Título V del Libro II del Código de Procedimiento Civil. Las medidas establecidas en este artículo podrán solicitarse, sin perjuicio de las medidas prejudiciales de los Títulos IV y V del Libro II del Código de Procedimiento Civil, como medidas prejudiciales, siempre que se acompañen antecedentes que permitan acreditar razonablemente la existencia del derecho que se reclama, el riesgo de una inminente infracción y se rinda caución suficiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 279 del Código de Procedimiento Civil. Artículo 85 E. El perjudicado podrá optar, para efectos del cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios causados a sus derechos patrimoniales, entre la remuneración que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia o las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción. El tribunal, además, podrá condenar al infractor a pagar las ganancias que haya obtenido, que sean atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular los perjuicios. Al determinar el perjuicio, el tribunal considerará, entre otros factores, el valor legítimo de venta al detalle de los bienes infringidos. Para efectos de determinación del daño moral, el tribunal considerará las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión y el grado objetivo de difusión ilícita de la obra. Artículo 85 F. Al hacer efectiva la indemnización de perjuicios, el tribunal podrá ordenar, a petición de parte y sin perjuicio de los derechos que puedan hacer valer terceros, la incautación y entrega al titular del derecho del producto de la recitación, representación, reproducción, ejecución o cualquier otra forma de explotación ilícita. Artículo 85 G. En caso de investigarse la intervención de una asociación ilícita, y concurriendo los requisitos que la ley establece, el tribunal, a requerimiento del Ministerio Público, podrá autorizar la práctica de la medida especial de investigación contemplada en el artículo 25 de la ley Nº20.000. Artículo 85 H. Existirá acción pública para denunciar los delitos sancionados en esta ley. Artículo 85 I. Para efectos del conocimiento de presuntas infracciones a los derechos reconocidos por esta ley, se presumirá vigente el derecho de autor y los derechos co-
nexos sobre una obra original cuya primera fecha de publicación sea inferior a setenta años. Sin embargo, no será aplicable lo dispuesto en el inciso anterior respecto de aquellas obras y materias afines que hayan pasado al dominio público por expiración del plazo de protección de acuerdo a esta ley o a leyes anteriores. Párrafo 4° De las normas especiales aplicables al procedimiento civil Artículo 85 J. En los procedimientos civiles, el tribunal podrá ordenar a él o los presuntos infractores a esta ley, la entrega de toda información que posean respecto a las demás personas involucradas en la infracción, así como todos los antecedentes relativos a los canales de producción y distribución de los ejemplares infractores. El tribunal podrá aplicar multas de 5 a 50 unidades tributarias mensuales a aquellos que se nieguen a entregar dicha información. Artículo 85 K. El Juez de Letras en lo Civil que, de acuerdo a las reglas generales conozca de los juicios a que dé lugar la presente ley, lo hará breve y sumariamente. Artículo 85 L. El titular de un derecho podrá solicitar, una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que las indemnizaciones de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados sean sustituidas por una suma única compensatoria que será determinada por el tribunal en relación a la gravedad de la infracción, no pudiendo ser menor a 4 unidades tributarias mensuales ni mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales por infracción.”. 9) Agrégase en el actual Título III, que pasó a ser Título IV, el siguiente Capítulo III nuevo, pasando el actual Capítulo III a ser Capítulo IV. “Capítulo III Limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet Artículo 85 M. En el caso de infracciones a los derechos reconocidos por esta ley que ocurran a través de sistemas o redes controladas u operadas por personas naturales o jurídicas que presten algunos de los servicios señalados en los artículos siguientes, estas personas no serán condenadas judicialmente al pago de ningún tipo de indemnización, en la medida que cumplan con las condiciones específicas aplicables en cada caso conforme a la naturaleza del servicio prestado. En estos casos, los prestadores de servicios sólo podrán ser objeto de las medidas prejudiciales y judiciales que se refieren en el artículo 85 S. Estas limitaciones de responsabilidad opera-
rán aún cuando por aplicación de las normas generales de responsabilidad civil, los prestadores de servicios referidos en los artículos siguientes pudieran eventualmente ser condenados al pago de algún tipo de indemnización por infracción a los derechos de autor y conexos. Ninguna disposición de este Capítulo podrá ser interpretada como constitutiva de responsabilidad de los prestadores de servicios a que se refieren los artículos siguientes por infracciones a los derechos de autor y conexos cometidas por terceros a través de sus sistemas o redes. Artículo 85 N. Los prestadores de servicios de transmisión de datos, enrutamiento o suministro de conexiones no serán considerados responsables de los datos transmitidos a condición que el prestador: a) No modifique ni seleccione el contenido de la transmisión. Para estos efectos no se considerará modificación del contenido, la manipulación tecnológica del material necesaria para facilitar la transmisión a través de la red, como la división de paquetes; b) No inicie el mismo la transmisión; y, c) No seleccione a los destinatarios de la información. Esta limitación de responsabilidad comprende el almacenamiento automático o copia automática, provisional y temporal de los datos transmitidos, técnicamente necesarios para ejecutar la transmisión, siempre que este almacenamiento o copia automática no esté accesible al público en general y no se mantenga almacenado por más tiempo del razonablemente necesario para realizar la comunicación. Artículo 85 Ñ. Los prestadores de servicios de almacenamiento de datos de carácter temporal que se lleve a cabo mediante un proceso de almacenamiento automático, no serán considerados responsables de los datos almacenados a condición que el prestador: a) Respete las condiciones de acceso de usuarios y las reglas relativas a la actualización del material almacenado establecidas por el proveedor del sitio de origen, salvo que dichas reglas sean usadas por éste para prevenir o dificultar injustificadamente el almacenamiento temporal a que se refiere este artículo; b) No interfiera con la tecnología legal, compatible y estandarizada utilizada en el sitio de origen para obtener información sobre el uso en línea del material almacenado, cuando la utilización de dichas tecnologías se realice de conformidad con la ley y sean compatibles con estándares de la industria ampliamente aceptados que señalará el Reglamento;
c) No modifique su contenido en la transmisión a otros usuarios; y d) Retire o inhabilite en forma expedita el acceso a material almacenado que haya sido retirado o al que se haya inhabilitado el acceso en su sitio de origen, cuando reciba una notificación de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 85 R. Artículo 85 O. Los prestadores de servicios que a petición de un usuario almacenan, por sí o por intermedio de terceros, datos en su red o sistema, o que efectúan servicios de búsqueda, vinculación y/o referencia a un sitio en línea mediante herramientas de búsqueda de información, incluidos los hipervínculos y directorios, no serán considerados responsables de los datos almacenados o referidos a condición que el prestador: a) No tenga conocimiento efectivo del carácter ilícito de los datos; b) No reciba un beneficio económico directamente atribuible a la actividad infractora, en los casos en que tenga el derecho y la capacidad para controlar dicha actividad; c) Designe públicamente un representante para recibir las notificaciones judiciales a que se refiere el inciso final, de la forma que determine el Reglamento; y, d) Retire o inhabilite en forma expedita el acceso al material almacenado de conformidad a lo dispuesto en el inciso siguiente. Se entenderá que el prestador de servicios tiene un conocimiento efectivo cuando un Tribunal de Justicia competente, conforme al procedimiento establecido en el artículo 85 R, haya ordenado el retiro de los datos o el bloqueo del acceso a ellos y el prestador de servicios, estando notificado legalmente de dicha resolución, no cumpla de manera expedita con ella. Artículo 85 P. Para gozar de las limitaciones de responsabilidad establecidas en los artículos precedentes, los prestadores de servicios, además, deberán: a) Haber adoptado una política que establezca de forma general las condiciones de término de contrato de aquellos usuarios que sean sancionados como infractores reincidentes, debiéndose encontrar a disposición de los usuarios en su sistema o red; b) No interferir en las medidas tecnológicas de protección y de gestión de derechos de obras protegidas aprobadas de conformidad al procedimiento que establecerá el Reglamento. En la aprobación de estas medidas se tendrá especial cuidado para evitar imponer costos significativos a los prestadores de servicios y cargas significativas a sus sistemas o redes; y
c) No haber iniciado la transmisión, ni haber seleccionado el material o a sus destinatarios. Se exceptúa de esta obligación a los proveedores de servicios de búsqueda, vinculación y/o referencia a un sitio en línea mediante herramientas de búsqueda de información. Artículo 85 Q. Los prestadores de servicios referidos en los artículos precedentes no tendrán la obligación de supervisar los datos que transmitan, almacenen o referencien ni la obligación de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas. Lo establecido en el inciso anterior se comprenderá sin perjuicio de cualquier actividad de supervisión que los tribunales ordinarios de justicia decreten para prevenir, investigar, detectar y perseguir delitos o prácticas constitutivas de ejercicios abusivos de los derechos de autor o conexos reconocidos por esta ley. Artículo 85 R. Para las infracciones a los derechos reconocidos por esta ley cometidas en o por medio de redes o sistemas controlados u operados por o para prestadores de servicios, el titular de los respectivos derechos o su representante podrán solicitar como medida prejudicial o judicial las que se señalan en el artículo 85 S. Cuando las medidas se soliciten en carácter de prejudicial serán decretadas sin necesidad de notificación previa al supuesto infractor y sin necesidad de rendir caución. Esta solicitud será conocida por el Juez de Letras en lo Civil del domicilio del prestador de servicios. Para estos efectos, la solicitud, además de cumplir con los requisitos de los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, deberá indicar claramente: a) Los derechos supuestamente infringidos, con indicación precisa de la titularidad de éstos y la modalidad de la infracción. b) El material infractor; y, c) La localización del material infractor en las redes o sistemas del prestador de servicios respectivo. Cumplido lo dispuesto en el inciso anterior, el tribunal decretará, sin más trámite y dentro del plazo de 48 horas contados desde el ingreso de la solicitud al tribunal, el retiro o bloqueo de los contenidos infractores. Dicha resolución se notificará por cédula al prestador de servicios respectivo y por el estado diario al solicitante. El proveedor de contenido afectado podrá, sin perjuicio de otros derechos, requerir al Tribunal que decretó la orden que se deje sin efecto la medida de restricción de acceso o retiro de material. Para ello deberá presentar una solicitud que
cumpla con los mismos requisitos señalados en el inciso segundo y deberá acompañar todo antecedente adicional que fundamente esta petición e implicará su aceptación expresa de la competencia del tribunal que está conociendo del asunto. Este procedimiento y los incidentes que puedan suscitarse se tramitarán breve y sumariamente, y las apelaciones se concederán en el solo efecto devolutivo, gozando de preferencia para su conocimiento y vista por el tribunal de alzada. Artículo 85 S. En los casos en que se hayan cumplido los requisitos generales del artículo 85 P y los requisitos establecidos en el artículo 85 N respecto de las funciones de transmisión, enrutamiento o suministro, el tribunal sólo podrá disponer como medidas prejudiciales o judiciales las siguientes: a) La terminación de cuentas determinadas de dicho prestador de servicio que sea claramente identificada por el solicitante de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo precedente; y, b) La adopción de medidas razonables para bloquear el acceso a un determinado sitio en línea que sea claramente identificado por el solicitante de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo precedente. En los casos en que se hayan cumplido los requisitos generales del artículo 85 P y los requisitos especiales establecidos en el artículo 85 Ñ y 85 O respecto de las funciones mencionadas en dichos artículos, el tribunal sólo podrá disponer como medidas prejudiciales o judiciales las siguientes: a) El retiro o inhabilitación del acceso al material infractor que sea claramente identificado por el solicitante de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 86 septies; b) La terminación de cuentas de usuarios determinadas de dicho prestador de servicio, que sean claramente identificadas por el solicitante de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 85 R, y cuyo titular esté usando el sistema o red para realizar una actividad infractora a los derechos de autor y conexos; y. c) Otras medidas que el Tribunal pueda considerar como necesarias para corregir la situación reclamada por el solicitante, a condición que estas medidas sean lo menos gravosas para el prestador de servicio, para los usuarios y para los suscriptores, comparadas con otras formas de reparación efectiva. Todas estas medidas se dictarán con la debida consideración de la carga relativa para el prestador de servicios, para los usuarios y para los suscriptores, del eventual daño al titular del derecho de autor o conexos, de la factibili-
dad técnica y eficacia de la medida, y de la existencia de otras formas de observancia menos gravosas para asegurar el respeto del derecho que se reclama. Estas medidas se decretarán previa notificación al prestador de servicios, de conformidad con los incisos tres y cuatro del artículo 85 R, con la excepción de los mandamientos judiciales que busquen asegurar la preservación de la evidencia o cuando se trate de otros mandamientos judiciales que se estime no tendrán un efecto real en la operación del sistema o red del prestador de servicios. Artículo 85 T. Los titulares de derechos o sus representantes legales que hayan iniciado el procedimiento establecido en el artículo precedente, podrán requerir, por intermedio del tribunal competente, que el prestador de servicios respectivo entregue toda la información que posea que permita identificar al supuesto infractor, con observancia de lo dispuesto en la ley N°19.628 de protección de datos de carácter personal. Artículo 85 U. El que, a sabiendas, proporcione información falsa relativa a supuestas infracciones a los derechos reconocidos en esta ley, deberá indemnizar los daños causados a cualquier parte interesada, si estos daños son resultado de acciones que el proveedor de servicios de red tome en base a dicha información. El prestador de servicio que voluntariamente o ante un requerimiento, de buena fe, retira, inhabilita o bloquea el acceso a material, basándose en una infracción aparente o presunta, estará exento de responsabilidad ante cualquier reclamo por esas acciones en la medida que, tratándose de material alojado en sus sistema o red, notifique sin demora al proveedor del material, que se ha retirado, inhabilitado o bloqueado el acceso a éste; o, en el caso en que ante un requerimiento, el prestador de servicio notifique al requirente su negativa a retirar, inhabilitar o bloquear el acceso al material indicando su sometimiento a la jurisdicción del tribunal competente de su domicilio a menos que el requirente presente demanda ante el tribunal competente dentro de un plazo razonable.”. 10) Reemplázanse los incisos cuarto y siguientes del artículo 100°, por los siguientes: “Las tarifas generales podrán ser diferenciadas según categoría de usuario, pudiendo fijarse, además, planes tarifarios alternativos, a los cuales podrá optar cualquier usuario dentro de la categoría en que dichos planes sean ofrecidos. Las tarifas correspondientes a usuarios con obligación de confeccionar planillas de ejecución deberán estructurarse de modo que el cobro de derechos guarde relación con la utilización de obras, interpretaciones o fonogramas, pertenecientes a titulares representados por la entidad de gestión colecti-
va respectiva. No obstante lo establecido en el inciso tercero, los usuarios que consideren excesivas las tarifas que les son aplicables por esa entidad, y no hayan alcanzado un acuerdo con aquélla mediante negociación, podrán someter la controversia a un arbitraje forzoso, conforme lo señale el Reglamento. Sólo procederá el arbitraje forzoso en caso que la entidad de gestión colectiva haya sido declarada dominante por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Para resolver el arbitraje deberán considerarse, entre otros criterios, la categoría del usuario, el beneficio pecuniario obtenido por los usuarios de esa categoría en la explotación del repertorio de la entidad cuyas tarifas fueron controvertidas, la importancia del repertorio en el desarrollo de la actividad de los usuarios de esa categoría y tarifas anteriores convenidas por las partes o resueltas por un arbitraje forzoso conforme a este artículo. El fallo arbitral deberá fijar una nueva tarifa que será obligatoria para quienes fueron parte en el arbitraje y constituirá una plan tarifario opcional para quienes dentro de la categoría no participaron en el litigio. Dicha tarifa no podrá volver a ser revisada en un plazo de un año, bajo el procedimiento arbitral a que se refiere este artículo. El Árbitro deberá dictar su fallo, que será en única instancia, dentro de un plazo de 60 días contado desde su constitución. El costo del arbitraje será soportado por las partes. Durante el proceso de arbitraje, el usuario podrá utilizar el repertorio de la sociedad de gestión colectiva cuyas tarifas fueron controvertidas, a cambio del pago de una tarifa provisional que deberá ser fijada por el árbitro dentro los 10 días siguientes a su designación. La diferencia que resulte entre la tarifa provisional y la definitiva dará origen a reliquidaciones que serán determinadas en el fallo arbitral. Las demás características del procedimiento de arbitraje serán determinadas por Reglamento.”. Artículo 2°.Derógase el artículo 12 de la ley N°19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura.
Artículo 3°.Sustitúyense los actuales incisos segundo y tercero del artículo 11 de la ley N°19.227, por el siguiente inciso segundo: “Igualmente, se castigará conforme a las penas establecidas en el artículo 79 de la ley N° 17.336 al que utilice procedimientos engañosos o fraudulentos para acceder indebidamente a los beneficios que otorga esta ley.”.”.
MICHELLE BACHELET JERIA Presidenta de la República
BELISARIO VELASCO BARAONA Ministro del Interior
ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO Ministro de Relaciones Exteriores
YASNA PROVOSTE CAMPILLAY Ministra de Educación
CARLOS MALDONADO CURTI Ministro de Justicia
PAULINA URRUTIA FERNÁNDEZ Ministra del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
RENÉ CORTÁZAR SANZ Ministro de Transportes y Telecomunicaciones
ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción
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 artículo 294
 artículo 17
 artículo 254
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 artículo 100
 Resolución 
 artículo 12
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 artículo 5
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 Artículo 8
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 Artículo 78
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 artículo 18
 artículo 50
 Artículo 80
 Artículo 81
 Artículo 82
 Artículo 83
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 artículo 86
 artículo 85
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 Artículo 85
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 Artículo 2
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Artículo 3
 artículo 11
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