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Timestamp: 2019-12-11 16:10:58+00:00

Document:
BOCG. Senado, apartado I, núm. 197-1439, de 31/05/2013
cve: BOCG_D_10_197_1439
A la Excma. Sra. Presidenta de la Comisión de Educación y Deporte.
La Ponencia designada para estudiar el Proyecto de Ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, integrada por D. Ramón Alturo Lloan (GPCIU), D. Emilio Álvarez Villazán (GPS), D. Francisco José Fernández Pérez (GPP), D. Andrés Gil García, (GPS), D.ª Rut Martínez Muñoz (GPV), D.ª Coloma Francisca Mendiola Olarte (GPP), D.ª Amalur Mendizábal Azurmendi (GPMX) y D.ª María Jesús Sequera García (GPEPC), tiene el honor de elevar a la Comisión de Educación y Deporte el siguiente:
La Ponencia, por unanimidad, acuerda incorporar al texto remitido por el Congreso de los Diputados las enmiendas números 66 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y 58 y 59 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y, por mayoría, la enmienda número 60 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Asimismo, se acuerda aceptar por unanimidad las siguientes propuestas de modificación de carácter técnico:
Añadir la letra l) en el artículo 23.1 apartado a).
Añadir la letra l) en el artículo 25.1 apartado a).
Añadir la letra l) en el artículo 26.1 apartado a).
Añadir la letra k) en el artículo 25.1 apartado b).
Añadir la letra k) en el artículo 26.1 apartado b).
La Ponencia acuerda, por mayoría, realizar las siguientes correcciones de carácter técnico-legislativo:
En el artículo 17.2 párrafo 2.º se hace referencia a «la persona que reglamentariamente se designe», pues se entiende que la adición del término «reglamentariamente» aporta mayor claridad al texto.
En el artículo 37.4 se hace referencia a la «presunta infracción», pues se entiende que la adición del término «presunta» viene exigida por razones de presunción de inocencia.
En el artículo 49 se modifica la rúbrica, quedando redactada de la siguiente manera:
«Artículo 49. Tarjeta de salud del deportista».
Finalmente la Ponencia resuelve, por mayoría, llevar a cabo una serie de correcciones de carácter terminológico y gramatical a lo largo de todo el texto del proyecto de ley.
Palacio del Senado, 28 de mayo de 2013.—Ramón Alturo Lloan, Emilio Álvarez Villazán, Francisco José Fernández Pérez, Andrés Gil García, Rut Martínez Muñoz, Coloma Francisca Mendiola Olarte, Amalur Mendizábal Azurmendi y María Jesús Sequera García.
De esta manera, el presente texto contempla una nueva regulación íntegra del marco jurídico aplicable a la protección de la salud y a la lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, haciendo hincapié en la importancia de establecer un acabado sistema de protección de la salud que beneficie, desde todos los
puntos de vista, a los principales receptores de la presente norma, que son las personas que desarrollan cualquier actividad deportiva.
La Sección 2.ª incluye novedades significativas. En primer lugar, recogiendo la experiencia acumulada en los últimos años, se adapta la exigencia de que los controles de dopaje se realicen bajo la responsabilidad
de un médico, por éste mismo, o por otro tipo de personal sanitario debidamente habilitado, para limitarla a los casos en que su presencia se considere imprescindible por la existencia de determinados tipos de actos médicos, como serían los controles de dopaje que consistan en la extracción de sangre del deportista. No quedarán sujetos a la misma obligación, por tanto, los controles que consistan simplemente en la toma de muestras de orina de los deportistas. La propia naturaleza del acto en cuestión no exige la presencia de este tipo de personas y, por tanto, podrá ser realizada por personal debidamente habilitado aunque no tenga la condición antes expuesta. No obstante, con la finalidad de que todo el personal habilitado esté sujeto al mismo tipo de obligaciones profesionales, en lo que se refiere al deber de guardar sigilo de cualquier información o dato que pudieran conocer en el ejercicio de sus funciones, se establece una obligación específica de guardar el secreto de dichas informaciones y un régimen sancionador para los casos de infracción de esta obligación.
Por otro lado, teniendo en cuenta las exigencias derivadas de la eficacia de la lucha contra el dopaje, la Ley contiene también disposiciones relativas a la imposición de sanciones pecuniarias y a la anulación de resultados. En este último punto se incluye la posibilidad de anular los resultados de las competiciones, incluso en los supuestos en que la conducta descrita en el tipo infractor no vaya a llevar aparejada la correspondiente sanción, pues se considera que la realización de la conducta ha podido influir en el
resultado de las competiciones. Se trata de una medida de justicia, ajena a cualquier tipo de sanción y que trata de velar por la pureza del resultado de las competiciones deportivas.
Por otro lado, para conseguir el efecto exigido por el Código Mundial Antidopaje, se establece que la condena por la comisión del delito establecido en el artículo 361 bis del Código Penal supondrá de forma
automática, como consecuencia asociada al delito, la imposibilidad de ejercer los derechos derivados de la licencia federativa, por un periodo equivalente al que resultaría si lo que se hubiera cometido fuera una simple infracción administrativa.
El Capítulo IV recoge medidas específicas de protección de los datos sensibles que puedan quedar afectados por las actuaciones en materia de protección de la salud y de dopaje. No se contienen excesivas
novedades con respecto a lo establecido en las normas anteriores, aunque sí tiene lugar una mejora técnica en la redacción.
El Consejo Superior de Deportes establecerá formas adicionales de información y de consulta de la lista de sustancias y métodos prohibidos mediante su inserción en páginas digitales de instituciones y de
entidades relacionadas con el deporte, así como por cualquier otro medio o soporte que facilite el conocimiento, la difusión y la accesibilidad de la misma.
1. El ámbito subjetivo de aplicación de este Capítulo y del Capítulo II del presente Título se extiende a deportistas que se encuentren en posesión, lo hubieran estado con carácter previo, o hayan solicitado
la licencia federativa estatal o autonómica homologada, en el ámbito objetivo establecido en el apartado siguiente. También se extenderá a las personas y entidades mencionadas en los artículos 24, 25 y 26 de esta Ley así como a los deportistas extranjeros que, al amparo de lo dispuesto en la presente Ley, pueden ser sometidos a controles fuera de competición.
2. La obligación de someterse a los controles alcanza, igualmente, a los deportistas que hayan sido suspendidos en su licencia deportiva por haber incurrido en una infracción de dopaje, mientras se encuentren cumpliendo la sanción y, en todo caso, con carácter previo a la rehabilitación de la licencia deportiva.
1. Los deportistas incluidos en el ámbito de aplicación del Capítulo I del Título II deberán mantener una conducta activa de lucha contra el dopaje y la utilización de métodos prohibidos en el deporte y deben asegurarse de que ninguna sustancia prohibida se introduzca en su organismo, siendo responsables cuando se produzca la detección de su presencia en el mismo en los términos establecidos en esta Ley.
3. Además de lo previsto en los dos apartados anteriores, serán anulados todos los demás resultados obtenidos en las competiciones celebradas desde la fecha en que se produjo el control de dopaje del que se derive la sanción o desde la fecha en la que se produjeron los hechos constitutivos de infracción hasta que recaiga la sanción o la suspensión provisional, aplicando todas las consecuencias que se deriven de tal anulación salvo que la decisión sobre la suspensión provisional o la sanción se hubiera demorado por causas no imputables al deportista, y los resultados obtenidos en esas competiciones no estén influidos por la infracción cometida. Dicha anulación supondrá la pérdida de todas las medallas, puntos, premios y todas aquellas consecuencias necesarias para eliminar cualquier resultado obtenido en dicho acontecimiento deportivo.
4. En los deportes de equipo, siempre y cuando dos o más de sus miembros hayan cometido una infracción en materia de dopaje durante el periodo de celebración de una competición, y con independencia de las sanciones que puedan corresponder en virtud de lo dispuesto por los artículos 23 y siguientes de la presente Ley, los órganos disciplinarios deberán pronunciarse sobre la procedencia de alterar, en su caso, el resultado de los encuentros, pruebas, competiciones o campeonatos. Para ello ponderarán las
circunstancias concurrentes y, en todo caso, la participación decisiva en el resultado del encuentro, prueba o competición de quienes hayan cometido infracciones en materia de dopaje y la implicación de menores de edad en las referidas conductas.
2. En caso de que el deportista sancionado se retire de la competición y no se someta al control previsto en el apartado anterior, para obtener su rehabilitación deberá comunicarlo a la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte y someterse a controles fuera de competición durante un tiempo
igual al que mediase desde la comunicación de su retirada hasta el cumplimiento total de la sanción de suspensión.
5. La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte podrá solicitar que le sean remitidas aquellas diligencias de instrucción practicadas que sean necesarias para la continuación de los procedimientos sancionadores. Dicha petición será resuelta por el Juez de instrucción, previa audiencia de los interesados, en el plazo de 20 días. En dicha audiencia los interesados podrán solicitar que sean también remitidos los documentos que les puedan beneficiar. La resolución del Juez será plenamente respetuosa con el principio de proporcionalidad, entregando a la Administración, mediante resolución motivada, únicamente las diligencias que la aplicación de tal principio autorice.
4. Cualquier parte del periodo de suspensión podrá ser reintegrada, si el deportista u otra persona no proporciona finalmente la ayuda sustancial recogida en los apartados anteriores. A estos efectos, el
plazo de prescripción de las sanciones se entenderá suspendido hasta que el órgano competente se pronuncie sobre la existencia de los ilícitos mencionados en el apartado primero de este artículo.
4. En el procedimiento sancionador en materia de dopaje la Administración y la persona afectada por aquél podrán servirse de todos los medios de prueba admisibles en derecho, incluido el pasaporte biológico si existiesen datos sobre el mismo. Dichas pruebas deberán valorarse de modo conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
a) Un resultado analítico adverso en un control de dopaje constituirá prueba de cargo o suficiente a los efectos de considerar existentes las infracciones tipificadas en el artículo 22.1 a) y b) de esta Ley. A estos efectos se considerará prueba suficiente la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: que en el análisis de la muestra A del deportista se detecte la presencia de una sustancia
prohibida o de sus metabolitos o marcadores, si el deportista renuncia al análisis de la muestra B y ésta no se analiza; que el análisis de la muestra B confirme la presencia de la sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores detectados en el análisis de la muestra A del deportista.
Sin perjuicio de lo anterior, si el sujeto afectado admite los hechos constitutivos de infracción desde el momento de la comunicación de la resolución de incoación por el órgano competente, y en todo caso antes de haber vuelto a competir, el cómputo del periodo de suspensión podrá comenzar desde la fecha del control de dopaje o de producción de los hechos, si bien en todo caso, al menos la mitad del periodo de suspensión deberá cumplirse desde la fecha de la resolución del procedimiento por la que se impone la sanción.
En caso de que se adopte la suspensión provisional prevista en el artículo 38 de esta Ley, la duración de la misma se deducirá del plazo total de suspensión finalmente impuesto, siempre y cuando se respete dicha suspensión. No tendrá ningún efecto sobre el plazo final a cumplir el hecho de que el
deportista u otra persona hayan dejado voluntariamente de competir o haya sido suspendido por su propio equipo.
1. En el marco de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, las actividades de protección que la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, confiere a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuando a dichas entidades pudiera corresponder la cobertura de deportistas profesionales, deberán contemplar el desarrollo de programas específicos orientados a proteger la salud y prevenir los riesgos de accidentes de naturaleza laboral a los que dicho colectivo pueda estar expuesto, así como la realización de actuaciones puntuales dirigidas a la recuperación de aquellas lesiones o patologías que pudieran derivarse de la propia practica deportiva.

References: artículo 23
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 17
 artículo 37
 artículo 49
 artículo 361
 resolución 
 resolución 
 artículo 22
 resolución 
 resolución 
 artículo 38
 Real Decreto