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⭐Proyecto de Ley de Transportes Terrestres y Movilidad de las Islas Baleares. Índice
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Juan Antonio Márquez Serrano
1 Proyecto de Ley de Transportes Terrestres y Movilidad de las Islas Baleares Índice Título Preliminar: Disposiciones generales Capítulo I: Disposiciones generales Sección 1ª Objeto y principios generales Sección 2ª Competencias administrativas Título Primero: Transporte público de viajeros Capítulo I: Disposiciones generales Sección 1ª Concepto y objetivos Sección 2ª Planificación y gestión Sección 3ª Las personas usuarias y las personas prestadoras del servicio público. Derechos y deberes Capítulo II: Transporte público regular de viajeros por carretera Sección 1ª Clasificación y requisitos Sección 2ª Transporte público regular de viajeros de uso general Subsección 1ª Naturaleza y establecimiento de servicios Subsección 2ª Adjudicación del contrato y vigencia Sección 3ª Transporte público regular de viajeros de uso especial Sección 4ª Otros tipos de transporte Capítulo III: Transporte público urbano regular de viajeros Sección 1ª Definición y normativa aplicable Sección 2ª Servicio urbano de transporte regular Sección 3ª Coordinación de los servicios urbanos e interurbanos Sección 4ª Transporte público regular de uso especial y otros tipos de transporte Sección 5ª Transporte Metropolitano Sección 6ª Mini-trenes Sección 7ª Vehículos de menos de cuatro ruedas2 Capítulo IV: Transporte público urbano de viajeros en vehículos de turismo (auto-taxis) Sección 1ª Concepto, ámbito de aplicación y competencias Sección 2ª Títulos habilitantes para la prestación del servicio Sección 3ª Vehículos y régimen económico Sección 4ª Derechos y obligaciones de las personas usuarias Capítulo V: Transporte público discrecional de viajeros Sección 1ª Transporte público discrecional de viajeros en autobús Sección 2ª Transporte Turístico Sección 3ª Transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo Capítulo VI: Régimen sancionador y de control del transporte público de viajeros Sección 1ª De la inspección Sección 2ª De la responsabilidad Sección 3ª De las infracciones Subsección 1ª: tte. público regular de viajeros por carretera Subsección 2ª: tte. público urbano de viajeros Subsección 3ª: tte. en vehículos de menos de cuatro ruedas Subsección 4ª: tte. público urbano e interurbano de viajeros en minitrenes o trenes turísticos Subsección 5ª: tte. público urbano de viajeros en vehículos de turismo Subsección 6ª: tte. turístico Subsección 7ª: tte. público discrecional de viajeros en autobús y en vehículos de turismo Sección 4ª De las sanciones y del procedimiento sancionador Subsección 1ª: de las sanciones Subsección 2ª: del procedimiento sancionador Subsección 3ª: la prescripción y la caducidad Sección 5ª Reglas especiales para el régimen sancionador del transporte público urbano de viajeros en vehículos de turismo (auto-taxis) Subsección 1ª: sanciones y medidas de carácter accesorio Subsección 2ª: medidas correctoras y cautelares 23 Subsección 3ª: de la caducidad y de la revocación de la licencia municipal de auto-taxi y de la revocación del permiso municipal de taxista Sección 6ª Reglas especiales para el régimen sancionador del transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo. Subsección 1ª. Definiciones y personas responsables Subsección 2ª. Medidas cautelares, deposito del vehículo y actuaciones inspectoras. Titulo Segundo: Transporte Ferroviario Capítulo I: Transporte Ferroviario Sección 1ª Servicio Ferroviario Sección 2ª Establecimiento de nuevos servicios Sección 3ª Gestión indirecta Subsección 1ª: contrato de explotación Subsección 2ª: contrato de construcción y explotación conjunta Subsección 3ª: derechos y obligaciones Sección 4ª Limitaciones a la propiedad Sección 5ª Seguridad en el transporte ferroviario Sección 6ª El Personal Ferroviario Sección 7ª Derechos y deberes de las personas usuarias Sección 8ª Inspección y Régimen sancionador Capítulo II: Servicio Tranviario Sección 1ª Servicio tranviario Sección 2ª Modo de explotación combinado Capítulo III: Ferrocarril de Sóller Sección 1ª Definición y características Sección 2ª Adjudicación y prestación del servicio 34 Título Tercero: Ordenación de la movilidad Capítulo I: Principios Generales Capítulo II: Instrumentos de Planificación Sección 1ª Planes Insulares de Servicios de Transporte Regular de Viajeros por carretera Sección 2ª Planes de Movilidad Urbana Sostenible Capítulo III: Instrumentos de Evaluación y Mejora Sección 1ª Los Estudios de Movilidad de Grandes Centros Generadores de Movilidad Sección 2ª Los Estudios de Viabilidad de Grandes Infraestructuras de Transportes Disposiciones Adicionales.Primera. Principios generales.segunda. Modificación de las cuantías.tercera. Regímenes especiales de recogida de viajeros en vehículos de turismo.cuarta. Limitaciones cuantitativas.quinta. Trasmisión de las licencias de auto-taxi.sexta. Aplicación de la normativa tranviaria a otros sistemas de transportes.séptima. Régimen de uso provisional de edificaciones e instalaciones afectas al dominio ferroviario ubicadas en suelo rústico.octava. Estudios de viabilidad de grandes infraestructuras de transportes.novena. Instalaciones de recarga de vehículos eléctrico Disposiciones Transitorias Primera. Desarrollo reglamentario de las licencias de auto-taxis de siete plazas y cobro individual por asiento Segunda. Régimen específico para la isla de Ibiza en materia de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo para el año Tercera. Transporte turístico Cuarta. Procedimiento sancionador Quinta. Vigencia de las actuales concesiones de servicio público de viajeros 45 Disposición Derogatoria Única Disposiciones Finales Primera. Modificación del artículo 58.1 de la Ley 6/1999 Segunda. Modificación del Capítulo II del Título II de la Ley 6/1999 Tercera. Modificación del artículo 7 de la Ley 13/1998 Cuarta. Modificación del artículo 7 bis de la Ley 5/1990 Quinta. Modificación del artículo 14 de la Ley 5/1990 Sexta. Modificación de la Ley 8/2006, de 14 de junio, de Creación del Consorcio de Transportes de Mallorca. Séptima. Aplicación normativa Octava. Vigencia de la Ley 56 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I 1. El artículo 48 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, establece la potestad legislativa del Parlamento de las Islas Baleares; por otra parte el artículo 84.1 precisa que corresponde al Parlamento la potestad legislativa sobre las materias que sean de su competencia exclusiva. Sin embargo, hasta la fecha no se había iniciado el procedimiento para regular las actividades de los transportes terrestres en el ámbito territorial de nuestra Comunidad, que durante estos últimos años se han regido por la normativa estatal establecida en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), ahora modificada por la Ley 9/2013, de 4 de julio, por su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de setiembre, y por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en materia de transportes por carretera y por cable, limitándose a dictar disposiciones de carácter reglamentario o a desarrollar normas estatales reguladoras de las materias delegadas. 2. El artículo 30.5 del Estatuto de Autonomía otorga a nuestra Comunidad la competencia exclusiva en materia de transportes terrestres, en concordancia con el artículo ª de la Constitución Española, que precisa que será competencia de las comunidades autónomas los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable. A su vez, el artículo 30.3 del Estatuto recoge la competencia exclusiva de nuestra Comunidad Autónoma en materia de ordenación del territorio. La suma de ambas competencias otorga la capacidad de regular la movilidad de la población, entendida como el análisis de las necesidades de desplazamiento y la planificación de las ofertas que pueden ponerse al alcance de la ciudadanía, haciendo incidencia en fomentar el uso racional del transporte público minimizando los costes sociales y medioambientales, pero adecuando el servicio a la demanda real existente. 67 Pero la competencia en materia de transportes terrestres otorgada por el Estatuto no se limita a los transportes en ferrocarril o por carretera que discurran dentro de los límites de nuestra Comunidad, sino que establece la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de agencias de transportes y de alquiler de vehículos, recogida en el artículo 31.16, así como la competencia ejecutiva para la ordenación del transporte de viajeros y mercancías que, siendo de competencia estatal, tengan su origen y su destino dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la ejecución directa que de ellas se reserve la Administración General del Estado, recogida en el artículo 32.2 de dicho Estatuto. A su vez, el Estatuto de Autonomía establece en el artículo que la materia de Transportes Terrestres es competencia propia de los Consejos Insulares, y precisa en el artículo 72.1 que sobre las competencias que tengan atribuidas como propias, los Consejos Insulares ejercerán la potestad reglamentaria. Para arbitrar los distintos grados de competencias que en materia de transportes terrestres establece el Estatuto de Autonomía y distinguir en qué órgano o institución recae su ejercicio, hay que analizar el régimen jurídico establecido en la citada Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en materia de Transporte por carretera y por cable, que en su exposición de motivos pone de manifiesto que la delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas comprende la totalidad de las competencias estatales que por su naturaleza deban ser realizadas a nivel autonómico o local y está referida, no solamente a actuaciones gestoras, sino también normativas cuando éstas estén previstas en la legislación estatal. Naturalmente, las competencias delegadas deberán ser, en todo caso, ejercidas con sujeción a las normas e instrucciones dictadas por el Estado. Así pues, la competencia propia hay que entenderla centrada en el transporte realizado en ferrocarril o por carretera con un itinerario preestablecido dentro de los límites de la Comunidad, o sea, en materia de servicios regulares de transporte público de viajeros, ya que ésta es una competencia, entre otras, que la Comunidad Autónoma ha asumido como exclusiva, siendo el resto de competencias en materia de transporte terrestre, en atención a las autorizaciones de ámbito nacional de que disponen dichos servicios, competencias concurrentes con el Estado, por lo que, en virtud del mencionado artículo del Estatuto antes citado, puede atribuirlas a 78 su vez a los Consejos Insulares, pero siempre en la misma categoría que las recibió del Estado, es decir, diferenciando las que ostenta como propias de aquellas que tiene como delegadas para así pasarlas, en tal condición, a los entes públicos insulares. II 1. La sentencia 118/1996, de 27 de junio, del Tribunal Constitucional, que declaró nulas las disposiciones relativas al transporte urbano contenidas en los artículos 113 a 118 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), determinó que la competencia para regular este tipo de transportes corresponde, en todo caso, a cada Comunidad Autónoma. Por ello, se hace necesario establecer un marco jurídico y administrativo que regule la prestación de los servicios de transporte público urbano de viajeros que se desarrollen íntegramente en los municipios del ámbito territorial de nuestra comunidad autónoma, que determine su coordinación con el transporte interurbano y que a su vez recoja las particularidades de nuestro territorio con unas dimensiones limitadas y una gran actividad turística pero sujeta a una estacionalidad cada vez más marcada. La redacción de esta normativa debe abarcar todo el transporte que se presta dentro de un mismo término municipal, como son los servicios públicos urbanos o metropolitanos de transporte regular de viajeros, ya sean prestados mediante contrato o gestión directa del servicio, los servicios discrecionales de viajeros tanto en vehículo de turismo (autotaxis) como en autocar, y aquellos que se presten, desde un punto de vista más turístico, en mini trenes u otro tipo de vehículos. Por otra parte, la aprobación del Reglamento Europeo 1370/2007, de 23 de octubre, sobre los Servicios Públicos de Transporte de Viajeros por Ferrocarril y Carretera, ha producido importantes cambios en el régimen de gestión de los transportes públicos regulares, por lo cual es importante adaptar la normativa a estas nuevas reglas, que si bien a nivel estatal se ha llevando a cabo en la modificación de la LOTT, a nivel de la nuestra Comunidad hemos de particularizar 89 en el ámbito territorial de las islas, regulando dentro del marco establecido, también los transportes a la demanda, los zonales y los regulares en condiciones especiales de prestación. 2. Como consecuencia de la distribución competencial establecida en el Estatuto de Autonomía, a los efectos de establecer un marco normativo homogéneo en toda la Comunidad Autónoma que prevea normas de general aplicación para los diversos tipos de transportes terrestres que se prestan en nuestras islas, y siempre dentro del más estricto respeto del ejercicio de las competencias de los Consejos Insulares, es necesario acudir a previsión establecida en el artículo 58.3 del Estatuto de Autonomía el cual establece que, en relación con las competencias que los Consejos Insulares hayan asumido como propias, el Gobierno de las Islas Baleares podrá establecer los principios generales sobre la materia, garantizando el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de éstos. Por todo ello es necesario que el Gobierno de las Islas Baleares pueda coordinar, mediante la aprobación de los principios generales la unificación de conceptos y criterios de aplicación en las relaciones del transporte terrestre con usuarios, empresas y administraciones públicas. III 1. La normativa, como no podía ser de otra manera, también debe regular el transporte discrecional que se presta en nuestra Comunidad ya sea mediante vehículos de turismo o en autocares, atendiendo al volumen de los desplazamientos que se producen, entre otros, por motivos turísticos y proceder al establecimiento de normas sancionadoras que protejan los transportes públicos frente a las infracciones que se cometan contra estos. Por ello, la regulación del transporte discrecional de viajeros en las Islas Baleares establecida en esta Ley se acomoda, además de a las modificaciones de la normativa estatal motivadas en gran medida por la normativa europea, a la demanda y a las particulares circunstancias de las islas, introduciendo novedades como es la posibilidad de crear autorizaciones de ámbito autonómico e insular, tanto de 910 transporte público discrecional de viajeros en autobús como en vehículos de turismo. En relación con el transporte público discrecional de viajeros en autobús, se prevé, sujeto a desarrollo reglamentario, la contratación por plaza fuera de los supuestos ya contemplados por la normativa del Estado para dar cobertura con ello a una realidad existe en las islas como es la venta por plaza en los servicios de traslado de viajeros en puertos y aeropuerto. En lo que afecta al servicio de taxi, se crean las licencias municipales de auto-taxi y las autorizaciones de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo de carácter temporal, considerándolas, en este caso, como competencia exclusiva de cada ámbito insular que las desarrolle; se posibilita que los vehículos con los que se preste el servicio, tanto de carácter ordinario como de carácter temporal, tengan una capacidad de hasta siete plazas y que los vehículos adaptados para el transporte de personas con movilidad reducida, puedan ser de hasta de nueve plazas, si bien en todo caso deberán tener la clasificación de vehículo de turismo y no podrán transporta a más de siete personas, en todos los casos incluida la persona conductora; Asimismo se da cabida, fuera de los que constituye un área de prestación conjunta, a los regímenes de recogida de viajeros fuera de los municipios de residencia de la autorización de transporte publico discrecional de viajeros en vehículos de turismo. Se recoge en esta Ley, la intervención en la contratación de los transportes públicos de viajeros, de los intermediarios reconocidos por la legislación específica de turismo, introducida por la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres; y, se define lo que se entiende por transporte turístico en el ámbito de las islas Baleares, excluyéndose expresamente de esta definición los transportes discrecionales que tengan origen o destino en puertos o aeropuertos de las islas. Respecto al transporte privado complementario de viajeros y al arrendamiento de vehículos con conductor que, de conformidad a la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la ley 16/1987, de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres, constituye una modalidad de transporte de viajeros, no se ha 1011 considerado necesario desarrollarlas dado que ambas están suficientemente reguladas en la normativa Estatal. 2. En cuanto al transporte ferroviario, se debe tener en cuenta que la legislación nacional recogida en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, está enfocada para regular las infraestructuras y los servicios ferroviarios que forman parte de la red ferroviaria de interés general, entendida como aquella que comprende las infraestructuras que resultan esenciales para garantizar un sistema común de transporte ferroviario en todo el territorio del Estado, así como para conectar tráficos internacionales, enlaces entre diversas comunidades autónomas, y accesos a los principales núcleos de población y de transporte o a instalaciones esenciales para la economía o defensa nacional. Queda claro que la red ferroviaria instalada en la isla de Mallorca y explotada por la empresa pública Servicio Ferroviario de Mallorca (SFM) no reúne los requisitos necesarios para formar parte de la red nacional, y por ello es necesario aprobar una normativa que regule las particularidades de la infraestructura y servicios ferroviarios de nuestra comunidad, adaptada a las dimensiones geográficas de la isla, que sirva de instrumento regulador de la actividad ferroviaria, la seguridad en este tipo de transportes, el personal ferroviario y los derechos y deberes de las personas que utilizan dichos servicios. En relación con el servicio del Ferrocarril de Sóller, si bien se trata de una concesión administrativa de transporte público de viajeros, tiene sus propias particularidades como tren histórico y turístico, dada su adjudicación desde hace más de cien años, lo que lo convierte en un tren especial que sin dejar su carácter de servicio público cubre las necesidades de ocio de gran parte de la población y de los turistas que nos visitan durante todo el año. Por este motivo, es necesario aprobar una normativa que recogiendo sus características específicas, regule dicho servicio ferroviario para que pueda seguir manteniendo la singularidad que lo diferencia de otros servicios públicos de viajeros de dicho ámbito. También se ha aprovechado la redacción de esta Ley para establecer una normativa que regule, para la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el sistema tranviario 1112 y otros sistemas similares que puedan implantarse, ya que no existe una normativa que a nivel nacional ordene esta materia. IV Por otra parte, se establecen los preceptos sancionadores en relación a las distintas actividades que recoge la Ley tanto para el transporte por carretera como para el transporte por ferrocarril. En cuanto al primero, se dota de un marco legal adecuado al régimen sancionador relativo al transporte urbano público de viajeros en vehículos de turismo (autotaxis) con el fin de proporcionar a los ayuntamientos de un instrumento legal efectivo que pueda dar la debida cobertura a los futuros reglamentos y ordenanzas reguladoras del servicio, y que garantice el cumplimiento de la normativa vigente y las condiciones de competencia en este sector. Se establecen sanciones pecuniarias adaptadas a las circunstancias de los tiempos actuales, y también otras sanciones de carácter no pecuniario o medidas cautelares necesarias para conseguir una eficaz aplicación de la misma. En cuanto al transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo, se recoge el contenido del Decreto Ley 6/2012, de 8 de junio, modificado por el Decreto Ley 12/2012, de 14 de diciembre, para la aplicación del régimen sancionador específico con el que poder hacer frente a la situación de intrusismo que se viene dando en este sector. También se regulan las infracciones y el régimen sancionador del transporte interurbano de viajeros, ya sea en autobús o en vehículo de turismo, siempre con la finalidad de dotar a los entes administrativos competentes, de un instrumento válido para garantizar el correcto cumplimiento de la normativa vigente. En relación al transporte ferroviario también se regula su régimen sancionador, mediante el cual se concretan las actuaciones de control y defensa de las infraestructuras ferroviarias, se clasifican los distintos tipos de infracciones y se definen las sanciones aplicables a cada tipo y su correspondiente responsabilidad, 1213 determinándose el procedimiento para su aplicación, todo ello con la clara intención de de evitar cualquier supuesto de inseguridad jurídica mediante la predeterminación casuística de las consecuencias de las distintas conductas infractoras. V Por último pero no menos importante, se ha querido aprovechar la redacción de esta Ley para incluir una normativa reguladora de la movilidad de la población, entendida como el establecimiento de objetivos y principios que, de acuerdo con la normativa nacional en materia de economía sostenible, sienten las bases para alcanzar una mayor sostenibilidad en los desplazamientos de la población entre ciudades y núcleos de nuestra Comunidad. La regulación en el sector de transportes obedece a la necesidad de facilitar al ciudadano la movilidad; el transporte público es un derecho de la ciudadanía, por lo que hay que regular este sector planificando la movilidad poblacional con el objetivo de integrar los distintos modos de transporte a través de un sistema común, eficaz y operativo, atendiendo a los principios de desarrollo sostenible y de accesibilidad. La intervención administrativa en el sector del transporte se justifica mediante la creación, por una parte de Instrumentos de planificación, que se materializan en los planes de transporte insular y municipal incardinados en el Plan Director Sectorial de Movilidad de las Islas Baleares, y se establecen sus contenido mínimos y su tramitación, y por otra parte de los Instrumentos de evaluación y mejora, que se materializan en los estudios de movilidad de y a grandes centros, y los estudios de viabilidad para la creación de grandes infraestructuras del transporte. También, y con la finalidad de impulsar la movilidad sostenible y el desarrollo del vehículo eléctrico en las Illes Balears, se hace necesario definir la aplicación de la normativa de actividades a las instalaciones de recarga del vehículo eléctrico, así como el tratamiento de éstas en las modificaciones de las actividades existentes. 1314 VI Esta Ley consta de cuatro títulos y trece capítulos, ciento noventa y cinco artículos, nueve disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y ocho disposiciones finales, y durante su tramitación han sido consultadas las distintas Administraciones públicas, organismos y entidades públicas y privadas, así como los principales agentes sectoriales que resultarán afectados por su aplicación, ya que configura el marco normativo por el que se regula el transporte terrestre de viajeros y su movilidad en las Islas Baleares. 1415 Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación TITULO PRELIMINAR CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES Sección 1ª Objeto y Principios Generales La ley de Transportes Terrestres y Movilidad tiene por objeto regular el transporte público de viajeros y la ordenación de la movilidad que, en el marco de las competencias establecidas en el artículo de la Constitución Española, en el artículo 30, apartados 3 y 5 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares y en las demás normas que fueran de aplicación, corresponden a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Artículo 2 Principios Generales Las Administraciones públicas promoverán la adecuada satisfacción de las necesidades de transporte de la ciudadanía y favorecerán su movilidad, de acuerdo con los siguientes principios básicos: a) El de libre acceso a los bienes y servicios en condiciones de movilidad adecuada, accesible según los términos establecidos en la normativa de aplicación, y segura, procurando el mínimo impacto ambiental y social posible. b) El de eficacia y de racionalidad en el empleo de los medios y recursos disponibles, impulsando la movilidad sostenible y aplicando criterios de racionalización del uso del espacio viario en la planificación e implantación de infraestructuras y servicios de transportes. c) El de priorizar los medios de transporte de menor coste social y ambiental, fomentando el desarrollo urbano sostenible y el uso racional del territorio. d) El de la asunción, en función de la existencia de medios, de las necesidades de servicio público en términos de disponibilidad temporal o espacial, de atención a colectivos determinados o del logro de niveles medios de calidad. e) El de la adecuada distribución de los costes de implantación y gestión del transporte. 1516 f) El de la subsidiariedad del establecimiento de nuevos servicios de transporte a la existencia de un volumen de demanda acorde con los costes de inversión y mantenimiento, teniendo en cuenta la existencia de modos alternativos de transporte, su precio, calidad, seguridad y los resultados de su evaluación ambiental. Artículo 3 Finalidades La presente Ley tiene como finalidad, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares: a) Regular el transporte público de viajeros, tanto de carácter urbano como interurbano. b) Regular el servicio ferroviario y tranviario. c) Regular la ordenación de la Movilidad mediante instrumentos de planificación que faciliten la implantación de formas de desplazamiento más sostenible. d) Fijar los objetivos y contenido del Plan Director Sectorial de Movilidad de las Islas Baleares así como de los planes insulares de servicios de transporte regular de viajeros por carretera y de los planes de movilidad urbana sostenible. Artículo 4 Competencias Sección 2ª Competencias administrativas En el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el ejercicio de las competencias en materia de transportes terrestres atribuidas conforme a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, se ejercerá por: El Govern de les Illes Balears Los consejos insulares Los ayuntamientos 1617 Artículo 5 Competencias del Govern de les Illes Balears Corresponde al Govern de les Illes Balears, en su condición de órgano colegiado que ejerce funciones ejecutivas y administrativas y que dirige la política general, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, el ejercicio de las siguientes competencias: a) Planificación y ordenación de los transportes terrestres y de las actividades auxiliares y complementarias del transporte, así como de las infraestructuras de transporte que sean de interés autonómico. b) Planificación y ordenación de la política de movilidad de las Islas Baleares. c) Elaboración del Plan Director Sectorial de Movilidad de las Islas Baleares. d) Potestad normativa de ejecución o desarrollo de las normas estatales, de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en la Comunidades Autónomas en materia de transportes por carretera y por cable. e) Participación de la Comunidad Autónoma en los órganos de representación de ámbito nacional o europeo para el debate, coordinación y asesoramiento. f) Gestión de la actividad de fomento para conseguir mayor calidad, competitividad y eficiencia en el transporte público. g) Dirección y coordinación del Consejo Balear de Transportes Terrestres. h) Coordinación de las competencias de los Consejos Insulares. i) Coordinación de la alta inspección. j) El ejercicio de aquellas otras competencias que le atribuyan el Estatuto de Autonomía y la legislación estatal o autonómica en materia de transporte terrestre. Artículo 6 Competencias de los Consejos Insulares Corresponde a los consejos insulares, en su condición de institución de gobierno de cada isla y en función de lo dispuesto en el artículo 70 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, el ejercicio de las siguientes competencias: 1718 a) Ejercer, como propias, todas las competencias ejecutivas y de gestión en materia de transporte público regular de viajeros por carretera y sus actividades auxiliares y complementarias que se realicen dentro de su ámbito insular, de acuerdo con la normativa que sea de aplicación. b) Ejercer, como propias, todas las competencias ejecutivas y de gestión en materia de transporte de viajeros por ferrocarril. c) El ejercicio de la potestad reglamentaria sobre las materias de los apartados a) y b) anteriores. d) Creación de la organización administrativa necesaria que haga efectiva la integración insular del transporte público regular de viajeros, sin perjuicio de la participación en la misma de otras administraciones. e) Ejercer como delegadas, en su ámbito insular, todas las competencias ejecutivas y de gestión en materia de transportes por carretera y actividades auxiliares y complementarias, siempre que sean de titularidad estatal delegada en la comunidad autónoma. f) Constitución de la Junta Arbitral en su ámbito insular y ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo establecido en la normativa nacional reguladora de los transportes terrestres. g) Elaboración y ejecución del Plan Insular de Servicios de transporte regular de viajeros por carretera, de acuerdo con las directrices recogidas en el Plan Director Sectorial de Movilidad de las Islas Baleares. h) Inspección, control y vigilancia de los servicios de transportes y de sus actividades auxiliares y complementarias, que se desarrollen en el ámbito insular de su competencia. i) Incoación, tramitación y resolución de los expedientes sancionadores, respecto de las infracciones que se cometan con ocasión de la prestación de los servicios que se desarrollen en su ámbito territorial. j) Todas aquellas competencias que en materia de transportes terrestres les atribuye la normativa de transportes terrestres, tanto estatal como de la comunidad autónoma. Artículo 7 Competencias de los Municipios Corresponde a los municipios, respecto a los medios de transporte que discurren íntegramente dentro de su término municipal, en su condición de entidad local 1819 básica de la organización territorial de las Islas Baleares, el ejercicio de las siguientes competencias: a) Ordenación y gestión de los transportes públicos y privados de viajeros. b) Otorgamiento de autorizaciones de transporte público de viajeros de ámbito municipal, tanto de carácter regular como discrecional, así como el ejercicio de las funciones de control, inspección, vigilancia y sanción relacionadas con los mismos. c) Incoación, tramitación y resolución de los expedientes sancionadores, respecto de las infracciones que se cometan con ocasión de la prestación de los servicios que se desarrollen en su ámbito municipal. d) Colaboración con las administraciones competentes en materia de transportes interurbanos en la inspección y vigilancia de los servicios cuando transcurran por zonas urbanas. e) Emisión de informes preceptivos en relación con paradas urbanas de los servicios regulares interurbanos de viajeros. f) Participación en las organizaciones administrativas que integran el transporte público regular insular, de acuerdo con el grado de implicación del transporte urbano de su competencia. g) Elaboración y aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, así como adecuación de las infraestructuras de los transportes urbanos a las necesidades previstas en dicho plan. h) Todas aquellas competencias que en materia de transporte por carretera le atribuye como propia la legislación de régimen local. Las competencias municipales sobre los transportes de viajeros se ejercerán con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y a la normativa estatal que sea de aplicación. Artículo 8 Competencias de Formentera En la isla de Formentera, las competencias a que se refieren los artículos 6 y 7 se ejercerán teniendo en cuenta su singularidad jurídico-administrativa. 1920 TÍTULO I TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS Capítulo I Disposiciones generales Sección 1ª Concepto y objetivos Artículo 9 Concepto Los transportes públicos de viajeros son servicios de interés colectivo ofrecidos a las personas usuarias sin discriminación y de forma continuada. Dichos servicios se prestan por cuenta ajena, mediante remuneración económica, en vehículos construidos y acondicionados para tal fin. Los viajeros que utilicen estos servicios también podrán transportar sus equipajes, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca. Artículo 10 Clasificación de los transportes públicos 1. Los transporte públicos de viajeros pueden ser urbanos e interurbanos, teniendo la consideración de transporte urbano los que se prestan íntegramente dentro del mismo término municipal; son transportes interurbanos aquellos que transcurren por dos o más términos municipales. 2. Los transportes urbanos y los interurbanos pueden ser regulares o discrecionales. De acuerdo con lo anterior: a) Son transportes regulares los que se realizan dentro de un itinerario preestablecido, de acuerdo con un calendario y un horario fijado con anterioridad. b) Son transportes discrecionales los que se realizan sin sujeción a itinerario, calendario y horario preestablecido. 20 Mostrar más
Fascículo 150 - Sec. I. - Pág. 29968 Sección I. Disposiciones generales PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS 11719 Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Más detalles LEY DE ORDENACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRANSPORTES URBANOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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