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Timestamp: 2020-08-10 08:43:07+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 634, de 24/09/2014
cve: DSCD-10-CO-634
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 634
- Sobre medidas para impulsar la protección de los derechos del colectivo LGTB en Rusia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001924) ... (Página3)
- Sobre la cooperación con los gobiernos e instituciones públicas de los Estados que mantengan legislación o normas administrativas discriminatorias por orientación sexual o de género. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/002688) ... (Página3)
- Relativa al voto de los españoles residentes en el extranjero. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002213) ... (Página9)
- Relativa a la necesidad de impulsar una modificación urgente de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002899) ... (Página9)
- Sobre medidas para intensificar las relaciones entre España y Perú. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002100) ... (Página14)
- Sobre impulso de una red de comunicación entre instituciones y personas físicas galardonadas con el Premio Sájarov otorgado por el Parlamento Europeo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002579) ... (Página18)
- Sobre el proceso de paz en Colombia. Presentada por los grupos parlamentarios Popular en el Congreso; Socialista; Catalán (Convergència i Unió); de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; de Unión Progreso y Democracia; Vasco (EAJ-PNV) y Mixto. (Número de expediente 161/003026) ... (Página21)
- Sobre Guinea Ecuatorial. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003029) ... (Página26)
- Protocolo del Acuerdo de cooperación y de Unión Aduanera entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de San Marino, por otra, relativo a la participación de la República de Croacia como parte contratante a raíz de su adhesión a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de octubre de 2013. (Número de expediente 110/000127) ... (Página31)
- Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta, y su protocolo, firmados en Madrid el 22 de febrero de 1990, y memorando de entendimiento, hechos en Madrid el 14 de enero de 2013, así como las notas sobre subsanación de errores del protocolo y del memorando. (Número de expediente 110/000128) ... (Página31)
- Acuerdo interino por el que se establece un marco para un acuerdo de asociación económica entre los Estados del África Oriental y Meridional, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Grand Baie el 29 de agosto de 2009. (Número de expediente 110/000129) ... (Página31)
- Acuerdo de sede entre la Organización Mundial del Turismo y el Reino de España para la celebración de la 98ª reunión del consejo ejecutivo, hecho en Madrid el 24 de abril de 2014. (Número de expediente 110/000132) ... (Página32)
- Acuerdo entre el Reino de España y el Alto Representante en Bosnia y Herzegovina sobre protección de los intereses del Alto Representante en Bosnia y Herzegovina, su oficina y su personal, hecho en Madrid el 24 de junio de 2014. (Número de expediente 110/000133) ... (Página32)
- Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), relativo a la creación del "Centro Internacional sobre Reservas de la Biosfera Mediterráneas, dos orillas unidas por su cultura y su naturaleza", como centro de categoría 2 auspiciado por la Unesco, hecho en Barcelona el 5 de abril de 2014. (Número de expediente 110/000134) ... (Página32)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar la Comisión. (El señor Nuet Pujals: Presidente, para una cuestión de orden).
El señor NUET PUJALS: Hemos comprobado sorprendidos que en el orden del día de hoy no figura la proposición no de ley de nuestro grupo que de forma unánime los portavoces y la Mesa acordaron. Sabemos que no hay ninguna intencionalidad, pero sepan que vamos a pedir dos en la próxima sesión de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Lo lamento. No tengo conocimiento de lo que usted está explicando. Tendrá mi voto a favor de que tengan dos en la próxima Comisión.
Dicho esto, propongo acumular, en primer lugar, si no hay inconveniente por parte de ningún grupo parlamentario, los puntos 1.º y 5.º del orden del día, es decir: proposición no de ley sobre medidas para impulsar la protección de los derechos del colectivo LGTB en Rusia, del Grupo Parlamentario Socialista, y la proposición no de ley sobre la cooperación con los Gobiernos e instituciones públicas de los Estados que mantengan legislación o normas administrativas discriminatorias por orientación sexual o de género, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. A continuación, como segundo punto, propongo acumular el punto 3.º, relativo al voto de los españoles residentes en el extranjero, del Grupo Parlamentario Mixto, Coalición Canaria en particular, y el punto 6.º, relativo a la necesidad de impulsar una modificación urgente de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). ¿Existe algún problema por parte de los portavoces? (Denegaciones).
- SOBRE MEDIDAS PARA IMPULSAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL COLECTIVO LGTB EN RUSIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001924).
- SOBRE LA COOPERACIÓN CON LOS GOBIERNOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LOS ESTADOS QUE MANTENGAN LEGISLACIÓN O NORMAS ADMINISTRATIVAS DISCRIMINATORIAS POR ORIENTACIÓN SEXUAL O DE GÉNERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/002688).
El señor PRESIDENTE: Empezamos, por tanto, con los puntos 1.º y 5.º En primer lugar, tendrá la palabra el Grupo Socialista, después el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y a continuación el resto de los grupos por el orden correspondiente.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Tomo la palabra en nombre de mi grupo para defender esta PNL que se refiere a los derechos del colectivo LGTB en Rusia, en concreto. Esta PNL fue presentada exactamente hace un año, así que de principio voy a decir que queda excluido -nos hemos autoenmendado- el punto 4, que se refería a los Juegos de Invierno de Sochi que ya han pasado, pues es una PNL que se está viendo muy tarde.
La llamada Ley de propaganda homosexual en Rusia, que prohíbe cualquier actividad pública en defensa de los derechos del colectivo LGTB, ha tenido una trayectoria mucho más compleja que la de multas, que ya sería aberrante en sí mismo, o cualquier otra sanción contra las personas que componen este colectivo. La realidad es que ha habido atentados muy radicales por parte de grupos de extrema derecha y nacionalistas que han llevado a la muerte a miembros de este colectivo, entre otros, a adolescentes menores de edad. El año pasado asesinaron a tres muchachos que no llegaban a los diecisiete años. Estas leyes que son homófobas y que van contra cualquier revisión que hagamos de la Declaración de los Derechos Humanos tienen un agravante y el agravante es que se unen dos hechos muy preocupantes respecto a los derechos humanos: en primer lugar, que es un colectivo amplio, que debido solo a su orientación sexual, es perseguido, atacado y en muchos casos asesinado. En segundo lugar, que este tipo de leyes se están expandiendo por toda la región cercana a la Federación Rusa, como es Ucrania, Moldavia, Eslovaquia, Eslovenia, es decir, por todos los países que están muy cercanos a la Federación Rusa. Existe una retórica muy frecuente en la Federación Rusa que se refiere a los valores tradicionales y que, por tanto, ilegaliza la difusión de las llamadas relaciones sexuales no tradicionales. Habría que interpretar qué consideran las autoridades rusas relaciones sexuales no tradicionales. Es una vieja polémica en la Federación Rusa y de antes, la Unión Soviética, o sea, que no viene solamente desde la caída del muro de Berlín. Además, el factor de riesgo que se añade es el de los grupos neonazis y ultranacionalistas contra esta población, además en una región especialmente difícil y delicada en este momento por la situación por la que están pasando Ucrania y la Federación Rusa. En este Parlamento no existe una comisión de derechos humanos, como existe en casi todos los países de nuestro entorno. Que no exista una comisión de derechos humanos -es una vieja reivindicación del Grupo Socialista en toda esta legislatura- hace que la mayor parte de los temas relacionados con los derechos humanos vengan y se tengan que ver en esta Comisión y otros muchos en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Desde aquí voy a aprovechar para hacer hincapié en la necesidad absoluta de crear una comisión de derechos humanos.
Aunque suene muy ambicioso en una Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento español y tengamos la voz que tenemos -y no tenemos por qué fingir que no tenemos más voz que la que tenemos-, lo que mi grupo sí quiere dejar claro son dos cosas. En primer lugar, que en todos los ámbitos internacionales donde la Federación Rusa está presente, que desgraciadamente por el momento solo es en el Consejo de Europa, con voz pero sin voto, y en todos los organismos como Naciones Unidas se haga saber a la Federación Rusa que no se pueden tolerar estos atentados contra la integridad de personas solo por su orientación sexual. En segundo lugar, y es un punto muy importante, mi grupo parlamentario considera que el colectivo LGTB en otros países donde está perseguido, llegando a veces incluso al asesinato de miembros de este colectivo, debe estar contemplado en la Ley de Refugio y Asilo para que pueda solicitar el asilo por motivos de persecución por razones de orientación sexual dicho colectivo. En la etapa socialista se hizo una enmienda a la Ley de Refugio y Asilo introduciendo algo que fue importante por el desarrollo que luego ha tenido, que era aceptar el asilo de las mujeres que venían perseguidas por violencia de género. Solo se han concedido tres asilos por este motivo, pero al menos han sido tres. En el caso del colectivo LGTB, especialmente perseguido -como he dicho- en los países a los que antes me he referido y en concreto en la Federación Rusa, que es de lo que trata esta PNL, pero no solo en estos, sino también en muchos países de África, y lo sabemos -como de hecho la última PNL, la 5.º, a iniciativa del Grupo de UPyD, lo recordará-, que también vienen a España solicitando asilo, en ningún caso se ha aceptado ningún demandante por este motivo. Quiero dejar claro, porque hay enmiendas, que sin la aceptación de este punto mi grupo parlamentario no podría aceptar ninguna de ellas y adelanto que la votaríamos en nuestros propios términos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, también proponente del punto número 5.º, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: En relación con esta iniciativa que trae el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia hoy para su debate y, espero, aprobación en esta Cámara, lo que pretendemos es proteger a aquellas personas que sufren discriminación en sus respectivos países por su orientación sexual. Nos centramos en el caso de Uganda porque nos parece que ha sido un caso especialmente llamativo en los últimos tiempos, pero desde luego es ampliable y aplicable a numerosos países en África que, por distintos motivos, están aplicando legislación homófoba y también a aquellos países de religión musulmana en los que una aplicación estricta de la sharia también se vuelve, por desgracia, en contra del colectivo homosexual. Pensamos que defender a este colectivo es al final una cuestión de defensa de los derechos humanos y que debemos estar especialmente comprometidos con la defensa de aquellos derechos que ya existen y de los que ya disfrutamos en nuestro país, puesto que como decía Condorcet en la Revolución francesa, ningún hombre será totalmente libre hasta que todas las personas del mundo no disfruten de esa misma libertad. Nos parece que en este caso es así, y hasta que todos los homosexuales del mundo no vean que sus derechos humanos son respetados, no podemos decir que ninguno de nosotros disfrutará de esos derechos plenamente.
Como decía, en esta proposición no de ley nos centramos en el caso de Uganda. Por suerte, supimos en agosto que el Tribunal Constitucional había anulado -aunque por un defecto de forma- la llamada ley antigays. Sin embargo, el Gobierno de ese país anunció que iba a recurrir esta resolución del Constitucional y que, por tanto, iba a impulsar de nuevo esa legislación contraria a los homosexuales. Creemos que desde nuestro país es nuestra obligación llamar la atención a ese Gobierno para que detenga ese tipo de legislación antigay. En otros países, como Gambia, existe incluso cadena perpetua contra lo que se llama homosexualidad agravada. En Nigeria y Camerún se persigue también a los activistas en pro de los derechos homosexuales, como también ocurre en Rusia, que es el caso que acaba de relatar la portavoz socialista. Cuando se habla en las relaciones internacionales del deber de proteger, creemos que este es un concepto que debemos ampliar y utilizarlo no solamente para justificar intervenciones bélicas en determinados países donde la población está sufriendo por motivo de alguna guerra o por la represión gubernamental, sino que ese concepto del deber de proteger nos atañe a todos y también debe incluir la protección de personas que no tienen suficientemente garantizados sus derechos. Como país democrático es nuestra obligación contribuir a extender esos derechos. En esto creo que todos los portavoces estamos de acuerdo. Sin embargo, la discrepancia quizá surge en torno a cómo debemos actuar para proteger esos derechos.
Nosotros creemos que limitarnos a actos de condena y de repulsa, limitarnos a actos retóricos o a actos simbólicos no es la manera más eficaz de abordar problemas como este. Por eso, proponemos en
nuestra proposición no de ley que se utilice la ayuda directa a los Gobiernos, la cooperación, para presionar en el sentido de que esa ayuda a la cooperación, en primer lugar, no sea incondicional, y en el sentido de que los Gobiernos que propugnan esta legislación homófoba perciban el aislamiento internacional y que sus actos tienen consecuencias. Lo normal es incentivar aquellos comportamientos y a aquellos Gobiernos cuyas prácticas son lo más democráticas posible y desincentivar a aquellos que tienen prácticas antidemocráticas y contrarias a los derechos humanos, por una cuestión no solamente de principios y de justicia, sino porque esa es la manera en que conseguiremos que esos Gobiernos homófobos vayan evolucionando hacia posiciones más razonables. Precisamente, el argumento de que la ayuda no es incondicional es el que ha dado el Gobierno de Suecia para suspender una parte de su ayuda financiera a Uganda. Es también una suspensión que están estudiando otros países como Dinamarca o Noruega. Cito a Suecia, Dinamarca y Noruega no solo porque sean las democracias más avanzados del mundo, sino porque también es célebre el uso que ellos hacen de eso que llamamos su poder blando; y el uso que hacen los países nórdicos de su poder blando y utilizando la cooperación consiste, precisamente, en demostrar que aquellos países que respetan y cumplen las condiciones democráticas y que garantizan los derechos de su población podrán contar con la ayuda de estos países para seguir adelante con sus políticas y los que no, por el contrario, no contarán con ella.
Sabemos que es un debate complicado, que es un viejo debate. Es un debate que fue muy vivo a finales de los años ochenta y los primeros noventa en la Sudáfrica del apartheid, puesto que era una situación que en gran medida es equiparable, en la medida en que hablamos de discriminación practicada desde los propios Gobiernos y con las propias leyes dirigida contra unos segmentos muy específicos de la población. Creemos que, además de otros factores, indudablemente la lección fue que el aislamiento internacional, el condicionamiento de la ayuda e incluso las sanciones comerciales -que sería, por supuesto, tema de otra iniciativa-contribuyeron a acabar con el régimen del apartheid en Sudáfrica. En este caso, en el caso de estos países, estamos hablando de apartheid por motivos de orientación sexual, y creemos que es legítimo y razonable suscitar aquí el debate de utilizar la ayuda al desarrollo para condicionar a esos Gobiernos. Si renunciamos a presionar con una parte de esa ayuda financiera, creemos que nos queda demasiado poco ámbito para ejercer eso que llamamos poder blando, y si todo se limita a manifestaciones de condena y repulsa, pues será en gran medida papel mojado con el que empapelar los palacios de estos Gobiernos tiránicos que castigan a sus homosexuales, pero poco más.
Nos preocupa especialmente también el tema de la concesión de asilo a personas que sufren este tipo de persecución. Les pido disculpas por la manera en que está redactado en nuestra proposición no de ley, porque está contemplado ya en la legislación. Sin embargo, y así nos lo trasladan organizaciones que se dedican a proteger a esta población, como Acnur, están aumentando considerablemente las solicitudes de asilo, particularmente están aumentando en países de África y en países islámicos que aplican de una manera cada vez más estricta la sharia o ley islámica y, sin embargo, no está aumentando el número de concesiones, todo lo contrario; incluso, se están dando casos de inadmisión a trámite de solicitudes en la frontera y en los CIE, cosa que nos parece que es particularmente escandalosa.
Por todo ello, queremos agradecer las enmiendas que han presentado tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista a esta PNL. En estos momentos hemos redactado una transaccional tratando de incluir las visiones y las aportaciones de los dos grupos, y la presentaremos a la Mesa en los términos que finalmente negociemos y a la mayor brevedad posible.
El señor PRESIDENTE: A los puntos 1.º y 5.º que estamos discutiendo hay enmiendas del Grupo Socialista, que ha hecho ya uso de la palabra, y del Grupo Popular. Por el Grupo Popular tiene la palabra, dividiéndose el tiempo de intervención, en primer lugar, la señora Fernández-Ahuja.
La señora FERNÁNDEZ-AHUJA GARCÍA: Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tomo la palabra para anunciar la presentación de una enmienda de modificación a la proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre medidas para impulsar la protección de los derechos del colectivo LGTB en Rusia. Antes de proceder a la lectura del texto alternativo, sí conviene -a mi juicio- hacer las siguientes precisiones. En primer lugar, a estas alturas creo que a nadie de los que estamos aquí le cabe la menor duda de que la protección de los derechos humanos constituye un eje básico de nuestra política exterior. No puede ser de otro modo en un ordenamiento jurídico en un Estado que eleva la protección de los derechos fundamentales a la categoría de principio inspirador e interpretativo de toda su normativa. Esa protección de los derechos humanos, como eje básico de nuestra política exterior, se pone de manifiesto tanto a nivel bilateral como a nivel multilateral. A nivel bilateral denunciando y expresando nuestro malestar siempre ante normas o
comportamientos que, precisamente, pueden ser lesivos respecto al colectivo LGTB y, por supuesto, también a nivel multilateral, bien ante las Naciones Unidas bien en ámbitos más restringidos, como puede ser el de la Unión Europea. Recientemente, se han aprobado en este ámbito una serie de directrices precisamente para denunciar los ataques o agresiones contra el colectivo mencionado. También cabe recordar la sesión 16 del examen periódico universal a la Federación Rusa, donde precisamente España recomienda a este país que reconsidere la aprobación de normas que puedan afectar al colectivo LGTB. A estas alturas, queda claro que realmente estamos haciendo lo que ustedes nos vienen pidiendo, que es precisamente proteger los derechos humanos en este ámbito. En cuanto a la adopción internacional, que también es una de las leyes homofóbicas que ustedes mencionan en la proposición no de ley, a todos nos queda claro que en el ámbito del derecho internacional privado la ley que rige la adopción internacional es la ley del país de origen, en este caso la ley rusa, y ha quedado clarificado suficientemente que había unos ciento sesenta menores en situación de bloqueo con familiares ya asignados.
Hemos presentado una enmienda al texto alternativo para que entre todos podamos llegar a un consenso que consideramos positivo. Ustedes han hecho una autoenmienda en el apartado 4 con relación a los Juegos Olímpicos de Invierno, porque obviamente ya se han celebrado. En cuanto al apartado 7, le diré una cosa -y también se lo dije con anterioridad-, contamos en el ordenamiento interno en protección de esos derechos humanos que le comentaba, con una ley de 30 de octubre de 2009 reguladora del derecho de asilo que -y cito literalmente- establece en su artículo 7.1.e) que se concederá el derecho de asilo en función de las circunstancias imperantes en el país de origen precisamente a quienes son discriminados en ese país de origen por su pertenencia a un grupo social determinado; y se entiende por ese grupo social determinado o en ese concepto se incluye el grupo basado en una característica común de orientación sexual e identidad sexual. Lo que sí está claro -y eso también lo sabemos- es que la concesión del asilo se hace a título individual y previa tramitación del procedimiento establecido al efecto.
Sin más dilación, quisiera leerles íntegramente el texto alternativo que nosotros proponemos. (Varios señores diputados: Ya lo tenemos). De acuerdo. Pues me gustaría que pudiéramos llegar a un acuerdo en ese apartado 7. Doy por concluida mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para complementar el turno del Grupo Popular, la señora De Santa Ana.
La señora DE SANTA ANA FERNÁNDEZ: Paso a defender la posición de mi grupo parlamentario con motivo de la legislación homófoba publicada recientemente por el Parlamento ugandés. Lo primero que me gustaría decir es que no es la primera vez que debatimos sobre este asunto en el Congreso; que ya se hizo en junio del año 2013 en el ámbito de la Comisión de Igualdad, donde por parte de todos los grupos parlamentarios se condenaba este tipo de legislaciones homófobas, como no puede ser de otra manera.
Dicho esto, me gustaría señalar que la lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual y de identidad de género es una de las prioridades del Gobierno de España en materia de derechos humanos, tanto en su política interior como en su política exterior. Por ese motivo, el Gobierno viene impulsando acciones concretas en el ámbito internacional para contribuir a erradicar cualquier tipo de discriminación por estos motivos. De hecho, el Gobierno de España desempeñó un papel muy activo durante el proceso de elaboración de las directrices para la promoción y protección de los derechos humanos del colectivo LGTB en todo el mundo, adoptadas por el Consejo de la Unión Europea en junio de 2013. Celebró y apoyó el lanzamiento en julio de 2013 de la campaña Libres e iguales de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; participa activamente en el mecanismo de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos suscitando preguntas y recomendaciones a aquellos países en los que se detectan violaciones de los derechos humanos del colectivo LGTB y ha venido también expresando su condena ante las últimas medidas legislativas emprendidas en distintos países que penalizan las relaciones homosexuales consentidas entre adultos y criminalizan a las personas por su orientación sexual o por su identidad de género.
Me gustaría también señalar que en el último debate sobre el estado de la Nación, el Pleno del Congreso aprobó una resolución sobre la protección de los derechos humanos del colectivo LGTB, apoyando la declaración del año 2014 como año por el reconocimiento de los derechos humanos del colectivo LGTB y condenando las leyes homófobas en cualquier lugar del mundo; manteniendo el compromiso de defensa en la ONU de la aplicación efectiva de las normas de derechos humanos, en especial el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que, como todos ustedes conocen, establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos promoviendo
también, por supuesto, la promoción en todos los ámbitos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales; trabajando en el marco de la Unión Europea para promover la derogación de leyes que en numerosos países penalizan a personas homosexuales y transexuales, especialmente en los países del mundo donde todavía se permite la aplicación de la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales consentidas entre personas adultas, y buscando también las formas legales que permitan establecer un protocolo que garantice una especial atención a los procedimientos y solicitudes de asilo y refugio de las personas perseguidas por estas razones.
Creo que queda sobradamente puesto de manifiesto el firme compromiso del Gobierno de España para garantizar que todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan ejercer plenamente todos sus derechos con dignidad y con libertad. Ha comentado mi compañera que, efectivamente, ya existe una Ley reguladora del derecho de asilo, que por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico prevé esta circunstancia, la posibilidad de estar acogidos por razón de orientación sexual o de género. También quiero señalar que, como ella ha puesto de manifiesto, la concesión del derecho de asilo siempre tiene un carácter individualizado, estudiándose especialmente las circunstancias de cada ciudadano que así lo requiera. También quiero señalar -y en eso no coincido con la diputada proponente de esta iniciativa- que no estamos a favor ni de sanciones ni de suspender la cooperación internacional. Creemos que al final las personas que sufren y padecen la suspensión de la cooperación internacional es la población que muchas veces no tiene nada que ver con sus gobernantes.
Hemos presentado una enmienda que hemos hecho llegar a la Mesa, sobre la que por supuesto estamos dispuestos a hablar, a negociar y a trabajar para poder llegar a un acuerdo. Creo que es un tema importante, un tema en el que podemos llegar a muchos puntos de encuentro y espero que esa sea la filosofía del resto de portavoces de otros grupos parlamentarios. Simplemente, quiero comentar que la filosofía de nuestra enmienda es condenar la criminalización de las personas por su orientación sexual e identidad de género; reafirmar el compromiso en la defensa y en la promoción del ejercicio efectivo de los derechos humanos por parte del Gobierno de España; mostrar la repulsa a la ley promulgada por el Parlamento de Uganda contra la homosexualidad, pero también hacerlo con el resto de legislaciones que persiguen esta práctica sexual con la pena de muerte o con la prisión -porque efectivamente no es un tema que afecte solamente a Uganda, ocurre en muchos otros lugares del mundo-, instando también al Gobierno a impulsar en el marco de sus relaciones bilaterales y a través de su participación en las organizaciones internacionales la adopción en dichos países de legislaciones que prohíban la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, por supuesto conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Confío en que a lo largo de la tarde podamos llegar a ese texto conjunto, si así fuese posible.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: En nombre de Amaiur quiero expresar nuestro posicionamiento ante estas dos iniciativas. En primer lugar, desde nuestro rechazo a la violencia y nuestro compromiso activo con la defensa de los derechos humanos, lógicamente tenemos que estar a favor también de la defensa de los derechos humanos del colectivo LGTB. Además, estamos en contra de cualquier legislación homófoba que vaya en contra de los derechos humanos de estas personas. Desde ese punto de vista, estamos de acuerdo con la filosofía de las dos iniciativas que se han presentado, tanto por el Grupo Socialista como por el Grupo de UPyD. Vamos a esperar a ver la concreción de las enmiendas transaccionales diciendo de antemano que somos partidarios de votar a favor de dichas iniciativas, porque consideramos que es importante que esa defensa de los derechos humanos no se quede solo en un planteamiento teórico o retórico, sino que tiene que tener también medidas proactivas para hacer realidad que no es admisible en democracia ningún tipo de discriminación por razón de orientación sexual, de género, etcétera y de ningún otro tipo. Desde este punto de vista, quiero anunciar en principio nuestro voto positivo a las enmiendas transaccionales de estas dos iniciativas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Intervengo brevemente, señor presidente, para manifestar nuestro apoyo en general a las propuestas presentadas, aunque voy a hacer algún comentario concreto. Creo que son oportunas en el tiempo porque ayudan a aclarar la posición sobre algo que no se ha mencionado aquí, pero hablemos también claro, todos estos movimientos adelante y atrás que ha habido con respecto al
tema de las adopciones con Rusia. Al final, para que no se vea perjudicado el 100%, se ha visto perjudicada una parte que en el fondo tiene los mismos derechos -creo que todos los grupos de la Cámara lo reconocen- que el resto. Hemos tenido que funcionar como muchas veces se puede en política y en las relaciones internacionales, pero creo que es importante que la posición de la Cámara con respecto a la defensa de los derechos de esos colectivos quede afirmada. Por lo tanto, no tendremos ningún inconveniente en votar la propuesta socialista en su integridad. Si se hace alguna modificación, dependerá del Grupo Socialista. Con respecto a la iniciativa de UPyD, que también compartimos, no sé si la redacción del punto número 2 es la más adecuada, porque yo creo que es bastante dificultoso ser tan tajante en suspender la cooperación con los Gobiernos e instituciones públicas de Estados que mantengan normas discriminatorias como las citadas. También podríamos hacer esta raya con muchas otras violaciones de derechos humanos y la cooperación muchas veces es necesaria por encima de circunstancias que se puedan dar. Quizás se podría encontrar una redacción un poquito más abierta para ello. Por lo demás, quiero manifestar también nuestro apoyo.
El señor NUET PUJALS: Nuestro grupo va a votar favorablemente las dos proposiciones no de ley, tanto la del Grupo Socialista como la de Unión Progreso y Democracia.
El señor XUCLÀ I COSTA: Intervendré también brevemente. El día 30 de julio discutimos y aprobamos en esta Comisión de Asuntos Exteriores el convenio de adopciones con Rusia y en aquel momento algún portavoz intentó traer a colación el debate de los principios. Ustedes saben -y se ha apuntado por la portavoz del Grupo Popular- que la decisión sobre los criterios de adopción es unilateral de los Estados y teníamos que escoger el mal menor; seiscientas familias, de las cuales ciento sesenta tenían problemas y estaban pendientes de resolver la adopción, la podían resolver o no. En aquel momento, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió manifesté que nos encontrarían al lado de la defensa de los derechos LGTB en el momento en que se planteara en esta Comisión. Es por esto que vamos a votar favorablemente las iniciativas, considerando que forma parte -aquí sí- del corazón de los principios de igualdad, respeto y no discriminación que se contemplan en nuestro marco legislativo, en nuestra Constitución y en los convenios internacionales de los cuales España forma parte, entre otras, la Carta de Derechos Fundamentales del Consejo de Europa.
Permítanme que siga también las consideraciones del portavoz del Partido Nacionalista Vasco, el señor Esteban, sobre el punto 2 de la propuesta de UPyD. Suspender la cooperación al final daña a los ciudadanos de estos países ya castigados por Gobiernos tiránicos y no democráticos. Creo que sería más apropiado considerar la condicionalidad de esta cooperación a los progresos en materia de respeto a los derechos humanos. Como usted, señora Lozano, ha anunciado la redacción de una transaccional, ruego tome en consideración la posibilidad de modular su punto número 2. Además de los casos de Rusia o de Uganda, hoy mismo hemos conocido que Amnistía Internacional ha hecho pública también una nueva legislación en el Chad claramente homófoba, por lo que creo que, aunque solo sea para que conste en acta, también debemos reprobar esa situación de la legislación del Chad.
El señor PRESIDENTE: Los grupos proponentes saben que en el primer punto del orden del día, a iniciativa del Grupo Socialista, tienen una autoenmienda y una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. En relación con el punto 5.º, propuesto por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, también existe una enmienda del Grupo Socialista y del Grupo Popular. A los efectos de si quieren ahora pronunciarse sobre la admisión de enmiendas, la Presidencia rogaría, si fuese posible, que pudieran unificar en un solo texto los dos puntos del día; si no es así, votaríamos cada uno por separado. Quisiera que manifestaran si pueden o no aceptar o transaccionar enmiendas. A tales efectos, por si quieren ahora pronunciarse -si no antes de la votación-, tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Gracias a los grupos de esta Cámara que han anunciado el apoyo al primer punto del orden del día, sobre los derechos de los LGTB y cómo se ven amenazados en la Federación Rusa. Para nosotros es muy importante, y me dirijo a la portavoz del Grupo Popular, la señora
Fernández-Ahuja, incluir en la Ley de Asilo, no como grupo social determinado, que es completamente ambiguo, sino la referencia directa a la persecución de los colectivos, hombres y mujeres LGTB, por una razón, señora...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que se ciña a decir si admite o no la enmienda.
La señora BLANCO TERÁN: No, porque la enmienda no lo recoge en ese artículo.
El señor PRESIDENTE: Me parece muy bien. Muchas gracias.
La señora BLANCO TERÁN: Con respecto a la proposición número 5, de UPyD, en la que también tenemos una enmienda, no aceptamos las sanciones ni la cooperación condicionada. Quería recordarle, señoría, que la cooperación condicionada que se dio, por ejemplo, en la etapa del apartheid fue cooperación financiera, estrictamente financiera, no cooperación al desarrollo. Yo le pediría que hablase de cooperación financiera, porque, si no, lleva a una confusión clara de este tema.
La señora LOZANO DOMINGO: Señor presidente, no sabía bien si abríamos otra vez el debate o era solo para pronunciarnos.
El señor PRESIDENTE: Solo para que se pronuncien.
La señora LOZANO DOMINGO: Me parecía que abríamos el debate.
El señor PRESIDENTE: Tiene toda la razón.
La señora LOZANO DOMINGO: En todo caso, señora Blanco, les he ofrecido una enmienda transaccional a los dos grupos enmendantes para que a partir de ella negociemos. Es lo que claramente he dicho y es lo que creo que debemos hacer en este momento para pasárselo a la Mesa cuando tengamos la transacción terminada.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Lozano, por su colaboración.
- RELATIVA AL VOTO DE LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002213).
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE IMPULSAR UNA MODIFICACIÓN URGENTE DE LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002899).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de los puntos, de acuerdo con lo que antes quedamos con los portavoces y Mesa, 3.º y 6.º, es decir, proposición no de ley relativa al voto de los españoles residentes en el extranjero, del Grupo Mixto, concretamente de Coalición Canaria, y proposición no de ley sobre la necesidad de impulsar una modificación urgente de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, del Grupo Parlamentario Catalán. A tales efectos tiene la palabra en primer lugar la señora Oramas, del Grupo Parlamentario Mixto, Coalición Canaria.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Quisiera empezar mis palabras con un emotivo recuerdo a don Antonio Jiménez, consejero general de la Ciudadanía Española en el Exterior, presidente del Centro de Macuto en Vargas, miembro de la ejecutiva del PP en Venezuela, que ha fallecido hace unas horas, gran amigo mío y con el que además tuve la oportunidad justo la semana pasada de poder hablar sobre esta propuesta que hoy traemos. Ha sido un hombre referente en la emigración de este país y ha muerto en Venezuela, como digo, hace unas horas. Mi recuerdo y mi afecto a este luchador canario, palmero por más señas.
Hoy traemos esta proposición no de ley donde mezclamos varios asuntos. Unos podrían decir que no viene por esta Comisión, pero al final es una propuesta que traemos al Congreso. Ayer precisamente en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social varios diputados, los portavoces parlamentarios, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el con el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, donde las
reivindicaciones eran las mismas y donde nos decían que menos voluntad y menos palabras y más hechos. Nosotros traemos tres asuntos importantes. Primero, la modificación de la Loreg hizo que con la introducción del voto rogado desapareciera prácticamente el voto de los españoles en el exterior en la vida política española, sea cual sea el tipo de consulta, y, por otro lado, que desapareciera también el derecho al voto en las elecciones municipales, sobre lo que quiero recordar aquí que a instancia de Coalición Canaria, el Parlamento y el Gobierno de Canarias lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional y estamos a la espera de esa sentencia. El voto rogado fue un pacto PSOE-PP, al que nos opusimos en aquel momento Izquierda Unida y Coalición Canaria, y el tiempo ha demostrado que fue un error. Ese error ha sido reconocido por los representantes del PP y del Partido Socialista ante la emigración. Ha habido compromisos para analizar y buscar soluciones, entre ellos impulsar el voto en urna, poder hacer el voto electrónico y sobre todo la eliminación del voto rogado. Ha habido un compromiso ayer por última vez.
Hoy traigo esta proposición no de ley no para que se aprueben los puntos que contiene, sino para instar al Gobierno a iniciar el procedimiento para la modificación de la Loreg. Traigo también otra propuesta que es un clamor -el decir que no hay españoles de primera ni de segunda-, como son las condiciones de acceso a la nacionalidad de los cónyuges de los españoles que no viven en España, que pasan temporadas en España, pero que no pueden cumplir el requisito de los años de residencia permanente porque viven en el exterior, pero que desean la nacionalidad para sus compañeros, compañeras o esposos, como tienen el resto de los españoles y con las mismas condiciones que los residentes aquí, lo que se llama -lamentable término- españoles de origen. Esa ha sido una reivindicación histórica de más de un millón y medio de españoles que están en el exterior, por lo que ese cambio en la Ley de Nacionalidad parece prioritario. Ayer se produjo una voluntad manifiesta al respecto tanto de los portavoces del PSOE como del Partido Popular de analizar esa modificación, también en los temas que quedaron pendientes con la Ley de Memoria Histórica y que no están incluidos en esta proposición, pero que parece que hay voluntad política de iniciarlo. No pido que se vote que se les dé la nacionalidad. Lo que yo hoy solicito aquí es que se promueva la modificación legislativa por el Gobierno para permitir el acceso a la nacionalidad española a los cónyuges de los españoles que residen en el exterior.
Para finalizar, me referiré a un tema que se debatió en las anteriores legislaturas y que fue una lucha muy importante de Coalición Canaria, que ha ganado, como fue la apertura de dos nuevos consulados en Venezuela, por el tamaño y la dispersión que existe, por la problemática social tan importante y por una solicitud unánime de todos los centros españoles en Venezuela, no solo de los canarios. En aquel momento se planteaba Barquisimeto y Puerto de la Cruz; al final, tras una negociación, se aprobó la apertura del consulado en Valencia, pero ese consulado, que tantos años se ha tardado en conseguir, no se ha puesto en funcionamiento. La situación de Venezuela es muy difícil para los residentes españoles, ya que, como digo, la situación de dispersión y de concentración de la población hace imprescindible que ese consulado que se acordó se apruebe hoy.
Reflejo lo que fue el sentir de los participantes en la reunión que se produjo ayer en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con gente de toda América Latina y de toda Europa respecto de las reivindicaciones de estos españoles, por lo que creo que sería un buen paso que hoy se aprobase esta proposición no de ley por unanimidad, dando respuesta al compromiso alcanzado ayer por los portavoces. No estamos aprobando la nacionalidad, no estamos aprobando eliminar el voto rogado, estamos instando a que el Gobierno tramite estas modificaciones, como ayer se acordó, en el sentido de que se iba a estudiar por parte del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Como grupo proponente del punto 6.º, que se debate a la vez, tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, el día 22 de enero del año 2011 entró en vigor una reforma de la Ley Electoral General, una reforma que tuvo un paquete de medidas muy positivas después de más de dos años de trabajo por parte de una subcomisión de estudio, pero también se cometieron algunos errores. Creo que es bueno empezar, después de unos años de aplicación de esta ley, reconociendo los errores que les voy a ilustrar con algunos datos. Esta reforma de la Ley Electoral fue aprobada con los apoyos del PSOE, del PP, de CiU, del Partido Nacionalista Vasco y de algunos diputados del Grupo Mixto. El diputado Benegas fue uno de los ponentes de esta reforma electoral y operamos por el método de consenso. Si me permiten -entre paréntesis- la propuesta de la elección del alcalde por el 40% de los votos fue objeto de esta Comisión y, como no había consenso, se descartó en aquel momento, en que se trabajaba por consenso las materias electorales. Cierro paréntesis.
Señorías, en aquel momento había un sistema que era notablemente imperfecto respecto del voto de los españoles inscritos en el censo de residentes en el extranjeros, en el CERA, que era muy imperfecto porque había más centenarios en Argentina que en todos los residentes en España y porque no había una depuración de los censos en el extranjero, pero pasamos de un extremo al otro. El otro extremo es el voto rogado, cosa que, en la práctica y a la luz de los requisitos que se piden para la participación de los ciudadanos extranjeros en los distintos procesos electorales, ha supuesto una caída espectacular de la participación. Les voy a aportar simplemente dos o tres datos referidos a esta caída.
En las últimas elecciones generales del año 2011 respecto a las elecciones del año 2008, la participación cayó en 300.000 ciudadanos, lo cual supuso una abstensión del CERA del 95%. En las últimas elecciones europeas del 25 de mayo, solo participó del conjunto del censo un 1,48%. En las elecciones al Parlamento de Cataluña del año 2012 -que fueron unas elecciones altamente participadas, con más de un 70% de participación-, solo participó un 2,56% de los inscritos en el voto CERA, y en aquel caso, singularmente, con graves problemas logísticos para el traslado del voto en algunas partes del mundo más desarrollado. Ningún ciudadano catalán en Estados Unidos pudo votar porque no llegó el voto en su momento. Señorías, fue después de esta experiencia del año 2012 cuando quien les habla planteó una pregunta oral al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la sesión de control y el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación reconoció que este nuevo sistema no era un sistema óptimo y anunció un estudio de las problemáticas técnicas sobre la operatividad de los consulados y de las embajadas, que son los encargados de realizar las mesas para el voto del sistema CERA. Por esto, el primer punto de nuestra proposición no de ley, siguiendo el reconocimiento por parte del grupo de la mayoría y del Gobierno de estos problemas técnicos, insta al Gobierno a presentar -al Ministerio de Asuntos Exteriores concretamente a partir de la estructura consular- un balance de los problemas técnicos y de gestión que haya detectado y que sean consecuencia de la regulación de la normativa electoral vigente relativa a los electores que son residentes ausentes o residentes CERA. El segundo punto de nuestra proposición se refiere a la necesidad de que esta Comisión de Asuntos Exteriores, que tiene un contacto habitual con los residentes españoles en el extranjero, tome posición y haga una declaración de voluntad política a favor o en contra de la reforma de la Ley Electoral. Nosotros creemos que se tiene que afrontar dicha reforma y se lo dice el portavoz de un grupo que en su momento apoyó la reforma del año 2011, a la luz de cuyos resultados y estadísticas claramente creemos que se debe reformar.
Señorías, la señora Oramas se hacía eco del sentir muy mayoritario ayer del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Creo que deberíamos tomar nota de las demandas de los ciudadanos residentes en el exterior y también de que en esta legislatura se tomó en consideración -con el voto evidentemente indispensable por la aritmética de esta Cámara- una proposición de ley del Grupo Mixto, concretamente del Bloque Nacionalista Galego -que en estos momentos, en los plazos de enmiendas, está durmiendo ad calendas graecas-, sobre la modificación del régimen electoral precisamente para remover los obstáculos de la participación de los ciudadanos españoles en el extranjero. La experiencia es mala y, ante la mala conclusión de una nueva legislación, debemos afrontar una reforma global, lo que no quiere decir que haya que ir al modelo anterior al año 2011, sino que hay que ir a un modelo flexible, con garantías jurídicas, pero que a la vez facilite el voto de los ciudadanos en el extranjero.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la intervención de los grupos parlamentarios. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Larreina. (Denegación). Pasamos al Grupo Parlamentario UPyD, la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Solamente quiero anunciar que mi grupo votará favorablemente esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente esta iniciativa. Como muy bien decía la señora Oramas, ayer algunos portavoces tuvimos el honor de poder intervenir ante los consejeros reunidos en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y escuchamos de forma unánime las quejas repetidas de los españoles residentes en Argentina, en Bélgica, en Estados Unidos y en muchos otros lugares del mundo, que habían hecho el esfuerzo de desplazarse a Madrid en este encuentro anual que se celebra de forma regular. Evidentemente nosotros en su día votamos en contra de esta reforma que propició el Gobierno socialista y al cual le dio pleno apoyo el Partido Popular
y hoy evidentemente seguimos exigiendo una reforma de la Loreg adaptaba a los tiempos reales, no ya con un debate teórico como el que hicimos hace algunos años, sino con un debate -como muy bien recordaba el señor Xuclà- a la luz de los datos electorales de participación de los últimos años. El hecho de que esta reforma haya hundido la participación electoral de los españoles en el exterior, que más del 90% del voto de los españoles residentes en el exterior haya desaparecido ya es una razón suficientemente poderosa para instar a una reforma inmediata de esta ley.
El Partido Popular no se define, no acaba de decirnos si sí o si no, si no o si sí. Ha dado a entender -como ayer mismo el diputado ponente hacía ante este consejo- que la reforma va a seguir adelante, pero el Partido Popular solo tiene prisa en reformar la Ley Electoral para blindar a sus alcaldes, sobre lo cual no hay ninguna necesidad social, y en cambio no tiene ninguna prisa para reformar la Ley Electoral para permitir el voto de los españoles residentes en el exterior, que son también españoles de primera, igual que los que residen en España, no son españoles de segunda. Por tanto, los términos son perfectamente razonables y vamos a dar pleno apoyo a esta iniciativa. Debo recordar que en esta Comisión ya hemos discutido este tema y lo hemos votado, el PP votó en contra; en la Comisión Constitucional hemos votado también proposiciones no de ley en los mismos términos, el PP votó en contra, y estoy absolutamente esperanzado en que hoy el PP nos dé una muestra de racionalidad y que finalmente se convenza y vote a favor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cortizo.
El señor CORTIZO NIETO: Intervendré muy brevemente para anunciar que vamos a apoyar esta proposición por varios motivos, primero porque el Grupo Socialista tiene también presentada una proposición no de ley en la que, entre otras cosas, se recoge la supresión del voto rogado. No quisiera dejar de decir que, al margen del reconocimiento -a la vista de los resultados en cuanto a participación- de lo que claramente fue un error -estas cosas ocurren-, esta reforma se produjo -yo no era diputado pero soy conocedor del tema- en un momento de discusión y debate sobre el método del voto en el exterior y de las irregularidades -por decirlo de manera suave- que en torno al mismo se producían. Ese problema era real y seguirá siendo real si no se aborda. Otra cuestión es que el precepto del voto rogado haya hundido la participación a un extremo en el que a este paso no habría votantes en el exterior. Si el objetivo es mejorar la representación y la participación de la ciudadanía española en el exterior o comunidades transnacionales, como algunos han dado en llamar recientemente, aunque quizá quede mucho mejor lo que decía León Felipe de la España trasterrada, habrá que abordar por supuesto la eliminación del voto rogado -por eso vamos a votar a favor-, pero también habrá que abordar, más pronto que tarde y muy a fondo, la cuestión del voto en el exterior, no solo en cuanto a participación, que ya antes de esta disposición era muy escasa -ahora es prácticamente inexistente-, sino en cuanto a la representación, que, cuando menos, puede decirse que es difusa, porque los representantes españoles en el exterior votan en función de donde estén ubicados en el censo y esa ubicación es muy aleatoria; incluso en muchos casos de recientes adquisiciones la adjudicación a una determinada comunidad autónoma se produce por defecto. Por tanto, habrá que plantearse si el voto en las circunscripciones actuales es el adecuado o si necesita una circunscripción específica para el exterior, de forma que la representación se concrete de una manera real y no de la manera actual. En consecuencia, reconocido lo que fue obviamente un error en cuanto a hundir la participación de la ciudadanía española en el exterior en las elecciones, quiero recordar algún motivo por el que esta modificación se discutió y se aprobó, como el de las irregularidades en torno al voto en el exterior, sobre las cuales no me voy a extender, aunque les puedo asegurar que conozco algunas situaciones auténticamente intolerables desde el punto de vista del fraude democrático, pero no se resuelven de esta manera. Habrá que abordar y modificar el método. Estas iniciativas proponen una reforma que puede encajar perfectamente la ambición de ir más allá y de plantearse muy seriamente la cuestión del voto en el exterior, que es ni más ni menos el derecho de los ciudadanos, de la España trasterrada que decía León Felipe, al sufragio universal, que desde luego con el voto rogado deja de ser universal para ser más restrictivo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular va a haber dos intervenciones dividiéndose el tiempo. En primer lugar, la señora Alberto.
La señora ALBERTO PÉREZ: Con carácter previo me gustaría sumarme a las condolencias expresadas por la señora Oramas por el reciente fallecimiento de don Antonio Jiménez.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición en relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto relativa al voto de los españoles residentes en el extranjero y otras cuestiones. Entrando a valorar las peticiones expuestas y para una mayor claridad expositiva, me van a permitir que trate una a una las peticiones realizadas e invierta el orden de las mismas. En relación con la solicitud de impulsar la apertura de un segundo consulado español de carrera en Venezuela, me gustaría recordar que en el caso concreto de Venezuela la protección de los ciudadanos españoles es ejercida tanto por la Embajada como por el Consulado general de España en Caracas, contando con el apoyo además de una amplia red de consulados y viceconsulados honorarios que prestan la máxima atención a los problemas y desafíos que pueden afectar a nuestros conciudadanos. Todo ello no impide que de cara a un futuro no inmediato se valore la posibilidad de abrir un segundo consulado de carrera en Venezuela, si así se demandase, y siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
En cuanto a la petición de permitir el acceso a la nacionalidad española a los cónyuges de los españoles que residen en el exterior, parece oportuno concretar con más precisión lo solicitado en la proposición no de ley, ya que de su lectura podría interpretarse que a los cónyuges de los españoles que residen en el exterior no se les permite acceder a la nacionalidad española y eso no es cierto. En este sentido, debe indicarse que pueden acceder a la nacionalidad española con los mismos requisitos que los cónyuges extranjeros de los españoles que residen en España.
Centrándonos ahora en el primer punto solicitado por el Grupo Mixto sobre modificar el artículo 75 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General a fin de suprimir el voto rogado, tengo que trasladarles a los firmantes de esta iniciativa que actualmente se está trabajando en la modificación de esta ley. Prueba de ello es el voto afirmativo realizado por este grupo el pasado 11 de marzo de 2014 para la tramitación de la proposición de ley para modificar la Loreg, presentada por el Parlamento gallego. A la vista de las manifestaciones realizadas por algunos intervinientes, me gustaría recordar que la modificación que operó en el año 2011 se realizó con base en un informe del Consejo de Estado, que recomendaba que se realizasen las modificaciones en este sentido. Comoquiera que los datos de solicitud de voto y de votantes electorales desde la entrada en vigor de la reforma operada por la Ley de 2011 arrojan un descenso de la participación de nuestros nacionales en el exterior en los distintos comicios celebrados desde entonces, hemos manifestado ya nuestra intención de revisar la norma actual y buscar un consenso con las fuerzas políticas presentes en el ámbito parlamentario con el fin de mejorar y simplificar el procedimiento de votación de los españoles residentes en el exterior, pero siempre respetando el objetivo de dotar a este proceso de una mayor transparencia y seguridad jurídica. Para finalizar, antes de pasar la palabra al compañero que desarrollará nuestra posición en relación con la solicitud de modificación de la Ley Electoral y cuyas manifestaciones hago propias, en atención a todos los argumentos que he expuesto, les anuncio que nuestro voto será negativo.
El señor PRESIDENTE: Tiene efectivamente la palabra el señor Landaluce para complementar el turno del Grupo Popular.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Es un tema que afecta a muchísimos españoles. La señora Oramas ha dicho antes que eran más de un millón y medio y exactamente son 1.714.363 en el censo de españoles residentes ausentes, el CERA, el último del que disponemos. También decía el portavoz del Grupo Catalán que bajó mucho la participación en las elecciones autonómicas. De hecho, dando algún dato concreto más, en las elecciones autonómicas de mayo de 2011, el porcentaje de españoles que solicitaron participar fue del 83,23%, y el de votantes fue del 3,66%. En las generales de noviembre de 2011, a las que también se ha referido su señoría, la solicitud de voto fue del 9,31% y los votantes solo llegaron al 4,95%. Se debe entre otras cosas en gran medida a la dificultad sobre los problemas de distribución de documentación electoral por parte de los sistemas de correos y los plazos que establece nuestra ley.
¿Por qué vamos a votar en contra, señoría? Porque el Gobierno del Partido Popular abrió el pasado mes de marzo, concretamente el día 19, un proceso de diálogo con los grupos políticos en el Congreso en torno a medidas de regeneración democrática, entre ellas medidas relativas al sistema electoral, que quedaron incluidas en esta forma de diálogo de regeneración democrática. En este mes de septiembre se ha retomado esta negociación y se ha convocado a las fuerzas políticas a un gran pacto sobre regeneración. En la reunión que tuvo con el Grupo Socialista el 11 de septiembre se decidió seguir hablando de reformas electorales, pero trasladando el diálogo al ámbito de los partidos y extendiendo esta vía al resto de representación del arco parlamentario.
Por otro lado y para ir acabando, no olvidemos que desde la aprobación se han adoptado medidas dirigidas principalmente a mejorar la información que reciben los españoles residentes en el extranjero sobre el procedimiento y los plazos, así como para solicitar la mayor colaboración posible en los servicios postales de terceros países, según el Gobierno ya ha contestado en distintas ocasiones a distintos miembros del Congreso de los Diputados. Por ello, me parece fuera de lugar que, teniendo estas vías ya abiertas, se plantee esta proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), aun cuando algunas de sus peticiones pudieran ser asumidas, pero invitamos a dicho grupo a que presente sus propuestas en ese foro que acabamos de mencionar abierto por el Gobierno para que todas las propuestas sean discutidas por parte de los grupos en la mesa de partidos.
El señor PRESIDENTE: Damos por finalizado el debate sobre los puntos 3.º y 6.º del orden del día.
- SOBRE MEDIDAS PARA INTENSIFICAR LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y PERÚ. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002100).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2.º del orden del día, proposición no de ley sobre medidas para intensificar las relaciones entre España y Perú, del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra la señora Miguélez.
La señora MIGUÉLEZ PARIENTE: Mi grupo trae una proposición no de ley relativa al fortalecimiento de las relaciones entre España y Perú porque nos parece importante que dediquemos algún tiempo en esta Comisión a hablar de este país amigo que presenta un marco jurídico confiable y que manifiesta un favorable clima de inversión para las empresas españolas. Efectivamente, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se está trabajando en esta línea de cooperación con Perú como uno de los principales ejes que hay que reforzar y yo trataré de defender en mi exposición por qué consideramos que es importante que las relaciones con Perú se fortalezcan.
El marco principal en el que se trabaja es ese Plan renovado de asociación estratégica que se firmó el 24 enero de 2013 con ocasión de la visita del presidente del Gobierno al Perú, motivo entonces por el que pensamos que debíamos dedicar unos minutos de la Comisión a hablar de este país amigo. Este Plan renovado de asociación estratégica de 2013 da especial relevancia a la cooperación en los ámbitos de tecnología, inversión, desarrollo e innovación, y para situar el contexto en el que se mueven nuestras relaciones bilaterales creo que es importante saber que España es el principal inversor extranjero en Perú desde hace más de veinte años, con una inversión acumulada de más de 6.000 millones de dólares, especialmente en los ámbitos de telefonía, electricidad y energía, y también con una importante presencia en el sector financiero.
España es el principal emisor europeo de turistas, que no han cesado de aumentar en este país a pesar de la crisis, y es también la principal fuente europea de remesas de la emigración peruana y segunda en el mundo tras los Estados Unidos. España es asimismo uno de los principales actores en la cooperación internacional en Perú. El Plan director de cooperación española para el periodo 2013-2016, que como sabemos ha supuesto una concentración geográfica para aprovechar de manera más eficiente los recursos, sigue considerando sin embargo a Perú como un país prioritario para la cooperación española para ayuda no reembolsable entre los doce países de América Latina en que se seguirá actuando.
Las principales empresas españolas del Ibex 35 ya tienen presencia en Perú en un primer momento de inversión que podríamos llamar una primera ola de inversiones; después hubo otra segunda ola de medianas empresas que actuaron por efecto arrastre de estas grandes y ahora nos encontramos en la tercera ola que se centra en las pymes y que se van incorporando de manera creciente al mercado peruano. La oficina comercial de España en la embajada tiene registradas en estos momentos 296 empresas españolas que operan en el país, frente a las 112 del año 2008, de las que unas 240 aproximadamente serían pequeñas y medianas empresas.
El contexto económico de la economía peruana no puede ser mejor. Ha sido el país que más ha crecido en la región, en el año 2012 al 6,3%, en el año 2013 al 5,3%, y en ese mismo año las exportaciones españolas aumentaron casi un 11% respecto al año anterior llegando a 641 millones de euros. Para el año 2014 se prevé un crecimiento de aproximadamente el 4%, lo cual supone una desaceleración, pero que se explica porque se ha producido una importante caída en los productos básicos de la cesta exportadora peruana, como ha sido el cobre, y por una menor demanda de los principales clientes del país
como son Europa o China. El Gobierno peruano ha respondido a esta desaceleración promoviendo e incentivando sobre todo la inversión pública, realizando un esfuerzo por adjudicar obras en un régimen de partenariado, de asociación público-privada, superando el Gobierno actual del presidente Humala los 12.000 millones de dólares en concesiones. Según fuentes del propio Gobierno peruano, tienen un déficit de infraestructuras de más de 80.000 millones de dólares, con lo cual podemos imaginar las oportunidades que presenta para las empresas españolas europeas, y un déficit de cerca de 300.000 puestos de trabajo de mano de obra altamente cualificada en la industria, la construcción y también de investigadores científicos.
Se está tratando de impulsar igualmente inversiones en sectores claves como los hidrocarburos, la minería y las telecomunicaciones y no quisiera dejar de resaltar el esfuerzo que está realizando el Gobierno peruano en cuanto a la conflictividad social. Precisamente ha habido una iniciativa para dar un enfoque nuevo a la resolución de los conflictos sociales sobre la base del diálogo, especialmente en el caso de las empresas extractivas que se asientan en territorios sobre todo de los indígenas. El Gobierno ha creado la Oficina nacional para el diálogo sostenible, que depende de la presidencia del Consejo de Ministros, al frente de la cual está una persona que ha trabajado mucho tiempo en Naciones Unidas y que tiene gran experiencia en la resolución de conflictos, y lo que tratan es de establecer unos mecanismos de diálogo entre la población, las empresas y el Estado para prevenir y reconstruir la confianza entre los ciudadanos y las empresas y generar una estrategia de alguna forma que evite esa conflictividad social.
También el Gobierno de Perú está reduciendo los sobrecostes de su economía. Tienen una nueva ley de contratos del Estado para simplificar los trámites y para fomentar la competencia entre sector privado. Se trata sin duda del paquete de medidas, de incentivos y de reformas más importante lanzado hasta ahora por ese Gobierno, cuyo objetivo no es nada más que convertir a Perú en un país exportador. Es una estrategia comercial exterior integral que busca convertir a Perú en un país exportador. Precisamente por ello va a salir muy favorecido con el acuerdo comercial con la Unión Europea, que como sabemos se encuentra en aplicación provisional desde el 1 de marzo de 2013 y que fue ratificado por el Parlamento español el 8 de noviembre del mismo año. Precisamente esa ratificación fue lo que originó que el Grupo Popular presentara esta proposición no de ley y que trajéramos a esta Comisión esta PNL sobre Perú para hablar de la necesidad de fomentar estas relaciones bilaterales en este nuevo marco del acuerdo comercial con la Unión Europea. La importancia de este acuerdo para la economía peruana la podemos suponer, el 99% de los productos agrícolas peruanos y el cien por cien de los productos industriales van a ingresar en el mercado europeo libres de aranceles. Es un país cuyas exportaciones en un 18% por ciento se dirigen a países de la Unión Europea y sobre esta base va a resultar muy beneficiosa, no solamente en las relaciones comerciales sino también en las civiles, la iniciativa presentada por el Gobierno español, que es la supresión del visado Schengen de corta duración para que puedan entrar en Europa ciudadanos peruanos y que nos podemos imaginar que ha sido muy bien acogida por la sociedad civil peruana. Hay que decir que esta eliminación de visados Schengen ha avanzado mucho en los últimos meses. Se ha aprobado en el pleno del Parlamento Europeo y en el Consejo de la Unión Europea el reglamento 509/2014, que ha entrado en vigor el pasado 8 de junio, que por fin incluye a Perú en una lista positiva de países exentos de visados Schengen, y se espera que tras los últimos trámites la exención comience a aplicarse en el año 2015.
Otro ámbito en el que también se pueden intensificar nuestras relaciones con el país es sin duda el de la Alianza del Pacífico, formada como sus señorías saben por Chile, Colombia, México y Perú, en la que España ha sido el primer país europeo que entra como observador. España sigue con gran interés este proceso de integración entre estos países, estando en lista de espera Costa Rica y Panamá, porque en el ADN precisamente de la alianza figura la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras, cosa que se ha perdido ya en algunos otros países de América del Sur. Hay que decir que España tiene una inversión acumulada en los países de la Alianza del Pacífico de casi 45.000 millones de euros y no nos cabe duda de que servirá para fortalecer también en este nuevo ámbito las relaciones con este país. Quiero recordar que todos los países de la Alianza del Pacífico tienen firmados acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y con Estados Unidos y además Perú también lo tiene con China.
En este contexto que trato de explicar, la vicepresidenta de nuestro Gobierno visitó el país en su primer viaje oficial a Latinoamérica en julio de este año acompañada precisamente por varias empresas españolas que llevan importantes proyectos en el país, como el conocido de la ampliación del metro de Lima, el gasoducto sur peruano, que tiene una longitud de casi 1.000 kilómetros -están realizados por empresas españolas en consorcio con otros países europeos o con empresas peruanas-, el proyecto de
modernización de la refinería de Talara, en el norte del país, o el proyecto de la terminal portuaria general de San Martín en Pisco. La vicepresidenta del Gobierno se reunió con el presidente Humala para impulsar sobre todo la transferencia de tecnología, la movilización de talentos y la captación de personal y precisamente se puso de relieve en ese encuentro entre la vicepresidenta y el presidente del país el modelo de nuestra red de universidades y de nuestras escuelas de negocios, modelo que Perú podría seguir.
Se habló también de un tema pendiente, que es el de la homologación de títulos profesionales, ya que existen como sabemos gran cantidad de ingenieros y de arquitectos españoles que quieren trabajar en el país, pero que encuentran dificultades para que los colegios profesionales les convaliden sus estudios, dependiendo sobre todo del año en el que han terminado los estudios y de algunas universidades. En este sentido hay que mencionar una iniciativa conjunta denominada de movilidad de talentos que se firmó en abril del año 2013 cuando el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica visitó precisamente Perú. Desde la firma de esta iniciativa ha habido numerosos avances, lo cual ha hecho que hayan aumentado los doctorandos, los estudiantes y los médicos peruanos en España, y también ingenieros y arquitectos españoles han podido ejercer de manera profesional en Perú.
Respecto a la comunidad peruana en España, hay que cifrarla en casi 200.000 personas, teniendo en cuenta también los nacionalizados, muchos de ellos estudiantes universitarios becados por el Gobierno peruano. Quiero señalar que el Gobierno Humala centra uno de los pilares del desarrollo del país precisamente en la educación y en el esfuerzo que deben hacer para conseguir un modelo educativo que sea accesible a toda la población peruana. En cuanto a la colonia española en el país, actualmente el consulado tiene censados unos 25.000 españoles con carácter permanente y unos 1.300 de forma temporal. Es un país que va a celebrar elecciones municipales y regionales el día 5 octubre y los españoles residentes en Perú legalmente en los dos últimos años van a poder votar si se han inscrito en el registro de extranjeros de la embajada. Quiero señalar también que a la embajada española en Lima se ha incorporado un nuevo agregado de Defensa, una nueva funcionaria diplomática en un claro interés por impulsar nuestras relaciones bilaterales. Hay además importantes instituciones de nuestro país que están en Perú; aparte de la embajada, el consulado general y los cinco viceconsulados, hay un consejo de residentes españoles en Perú...
El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que vaya acabando, señora Miguélez.
La señora MIGUÉLEZ PARIENTE: ... la oficina comercial, la Agencia Española de Cooperación Internacional, etcétera.
Termino ya refiriéndome a la autoenmienda que ha presentado el Grupo Popular, que precisamente ha tenido por objeto completar y modificar el texto del petitum al Gobierno ya que había quedado, digamos, obsoleto después de un año de la presentación de la proposición no de ley. No sé si se entiende muy bien en el escrito que se ha presentado como enmienda de modificación y por eso quería aclarar a efectos de votación que siguen vigentes los puntos primero y tercero del petitum original, que se modifican los puntos segundo y cuarto, y que se introduce un nuevo punto quinto. No me voy a extender explicándolo porque ya me he pasado de tiempo, pero si alguien quiere que se lo aclare, lo haré con mucho gusto. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: No habiendo enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Simplemente quiero anunciar que nosotros no participaremos en la votación de este punto porque, como he señalado en otras ocasiones, nosotros aspiramos a que nuestro país tenga las relaciones directas con otros Estados.
El señor NUET PUJALS: Nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de esta proposición no de ley del Grupo Popular por diversos motivos.
En primer lugar, quiero dejar claro que evidentemente damos pleno apoyo al reforzamiento a todos los niveles de las relaciones entre España y Perú, y también de la Unión Europea y Perú, pero los marcos políticos en los que esta proposición no de ley nos sitúa no son de nuestro agrado. Por un lado, saben que nosotros somos muy críticos con lo que significa la experiencia de la Alianza por el Pacífico. Pensamos
que hay otras experiencias de integración latinoamericana que en este momento son mucho más positivas y que realmente son las que están ayudando a modular un continente más equilibrado, reduciendo la pobreza en los últimos doce o catorce años, así como los contrastes sociales, y no es precisamente el acuerdo de la Alianza por el Pacífico el que es cabecera -podríamos decirlo así- en este equilibrio dentro de los distintos países latinoamericanos. Y, en segundo lugar, evidentemente el Tratado de libre comercio entre la Unión Europea, Perú y Colombia no es un marco de oportunidades, sino precisamente un marco de oportunidades para sectores económicos y políticos muy determinados, no para las amplias mayorías sociales de peruanos y de peruanas. En su día ya hicimos en esta misma Comisión y en el Pleno una amplia crítica de lo que significa este Tratado de libre comercio, del olvido profundo que este tratado tiene sobre los derechos humanos. Recordemos que la sociedad peruana es una sociedad profundamente golpeada por conflictos armados y que aún mantiene elementos de violencia estructural muy profundos, y es evidente que no se puede abordar este tratado sin tener en cuenta el tema de los derechos humanos, como muy bien hemos señalado en el punto anterior. No podemos olvidarnos de ello.
Por estas razones y por otras que podríamos seguir comentando, vamos a votar en contra.
El señor PICÓ I AZANZA: La proposición no de ley que hoy nos trae el Grupo Parlamentario Popular sobre medidas para intensificar las relaciones entre España y Cuba entra en una dinámica a la que el grupo parlamentario mayoritario nos está acostumbrando en la Comisión. Recuerdo dos iniciativas, dos proposiciones no de ley relacionadas con intensificar las relaciones entre España y Brasil y entre España y México, a las cuales mi grupo parlamentario votó favorablemente. En los tres casos estamos hablando de países de renta media y de países con fuertes potencialidades económicas, algo que también debemos tener en cuenta.
Simplemente quiero manifestar un punto en el que la proposición no de ley o, mejor dicho, la autoenmienda que se formula el grupo parlamentario proponente entra y que está relacionado con el intercambio de profesionales. Debo decirle que se requiere un reconocimiento y una rehomologación de títulos y grados académicos mucho más estandarizada de lo que existe actualmente. El elevado flujo migratorio que existe entre España-Perú, Perú-España, afecta muy especialmente a personas altamente cualificadas. La portavoz del Grupo Parlamentario popular hablaba de 25.000 residentes permanentes y más de 2.000 temporales. Debo decirles que hace pocas semanas visité por primera vez Perú y tuve constancia de las fuertes relaciones económicas que existen con Perú y del gran número de españoles que están trabajando actualmente allí, personas que están trabajando con una alta cualificación y ello requiere que abundemos en este tema.
La señora RAMÓN UTRABO: Me gustaría iniciar mi intervención valorando muy positivamente el acuerdo entre la Unión Europea, Colombia y Perú. Este acuerdo comercial se empezó a negociar en enero del año 2009. El acuerdo con Perú entró en vigor el 1 de marzo de 2013 y se aplica provisionalmente hasta que se complete el proceso de ratificación por los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, las empresas pueden beneficiarse de todas las preferencias comerciales que figuran en el acuerdo desde el primer día de aplicación provisional. Son numerosas las ventajas que podríamos glosar de este acuerdo, pero creo que no es ni debe ser el objetivo de esta Comisión, puesto que ya vienen recogidas en el propio texto del acuerdo.
Tengo que decir que desde mi grupo no podemos oponernos a esta proposición no de ley, pero sí tenemos cosas que decir. En primer lugar, ustedes mismos han autoenmendado toda la parte dispositiva de esta proposición no de ley con el objetivo de introducir gran parte de autobombo a las políticas de su Gobierno. No entendemos por qué han obviado hacer mención alguna al Plan renovado de asociación estratégica firmado en 2013 y que sí mencionaban expresamente en la iniciativa original. Nos parece que este plan abarca temas muy significativos aparte de toda la innovación tecnológica, ya que introduce temas tan relevantes como la reducción de la desigualdad, el desarrollo con inclusión social, la promoción del empoderamiento de los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad y las poblaciones indígenas. Creo que esto refleja cuáles son las prioridades de su Gobierno, que se ve que no tiene entre las mismas los derechos sociales.
Quiero también resaltar que este plan renovado contempla la implementación efectiva del actual sistema del reconocimiento mutuo de estudios, títulos, diplomas y grados académicos, entre otros, que sí se recogen en la autoenmienda. Al igual que sucedió con una iniciativa similar en relación con el acuerdo Unión Europea-Colombia que el Partido Popular trajo a esta Comisión, es necesario llamar la atención porque entendemos que este tipo de iniciativas, una proposición no de ley, y máxime cuando viene del partido político que sustenta al Gobierno, debe pedir o instar al Gobierno o a alguno de sus miembros a realizar una acción concreta. También puede mostrar públicamente una opinión mayoritaria o general sobre un tema, pero no debe dirigirse a glosar obviedades. Por último, y no menos importante, una iniciativa de esta índole también puede dirigirse a sentar las bases o principios con respecto a algunas actuaciones de la Administración pública. Ninguno de estos tres supuestos se da en esta iniciativa que, lejos de ir dirigida a controlar e impulsar la acción del Gobierno, en este caso en política exterior, va glosando dicha acción. Además, como he dicho anteriormente, ustedes se autoenmiendan para autobombo. No nos parece serio. ¿Que el Gobierno firma un acuerdo comercial con Colombia? El Grupo Parlamentario Popular registra una PNL sobre el acuerdo. Ahora nos toca Perú y priorizando una vez más los aspectos económicos y provocando una excesiva mercantilización de la acción exterior. La política exterior no puede conformarse con esto, no puede conformarse y centrarse solo en los aspectos comerciales y económicos. Los principales agentes de la acción exterior no pueden ser las empresas y en especial las grandes multinacionales de energía o telecomunicaciones. Esto es especialmente visible en América Latina, genera un importante rechazo en la población de estos países y ocasiona conflictos que trascienden a las propias empresas españolas, como ha ocurrido con el canal de Panamá y con YPF en Argentina. No podemos limitarnos a glosar la actividad exterior del Gobierno y a relatar obviedades, sino que debemos impulsar actuaciones concretas con compromisos concretos, que no se contemplan en esta iniciativa. No podemos votar en contra de esta iniciativa, pero sí nos parece relevante destacar estas cuestiones que hacen que nos parezca que está vacía de contenido, peca de ser excesivamente genérica, de falta de concreción y, en definitiva, de falta de ambición.
- SOBRE IMPULSO DE UNA RED DE COMUNICACIÓN ENTRE INSTITUCIONES Y PERSONAS FÍSICAS GALARDONADAS CON EL PREMIO SÁJAROV OTORGADO POR EL PARLAMENTO EUROPEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002579).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º del orden del día. Previamente quiero decirles que no habrá votaciones antes de las siete y media. El punto 4.º es la proposición no de ley sobre impulso de una red de comunicación entre instituciones y personas físicas galardonadas con el Premio Sájarov, otorgado por el Parlamento Europeo. Está presentada por el Grupo Parlamentario Popular y, para su defensa, tiene la palabra el señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Tomo la palabra para defender la proposición no de ley que se encuentra en debate presentada por el Grupo Parlamentario Popular y que una vez más intenta desde esta Cámara remarcar nuestra posición en política exterior en pro de la defensa de los derechos humanos y las libertades allí donde, por desgracia, no se encuentran asentadas en la convivencia de las respectivas sociedades. (El señor vicepresidente, Landaluce Calleja, ocupa la Presidencia). Los antecedentes más inmediatos de la proposición no de ley que me ocupa están en el propio Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo desde su constitución tiene un firme y continuado compromiso con las libertades y los derechos humanos. Tanto es así que en 1984 creó el Comité de Asuntos Políticos, que pretende impulsar acciones en defensa de los derechos humanos y las libertades en cualquier parte del mundo y, como consecuencia de la administración de las competencias que le asignan a este comité, se otorgan los premios Sájarov. Los premios Sájarov han cumplido hace poco veinticinco años de existencia y son premios que reconocen las especiales dificultades que tienen muchos activistas que defienden los principios de la democracia generalmente en situaciones muy adversas y complicadas en países donde la dictadura prevalece sobre cualquier criterio de sociedad democrática. Como parte de los antecedentes diré también que es muy conveniente trabajar para perfeccionar ese mecanismo que el Parlamento Europeo creó y para conseguir que ese premio que se otorga una vez al año tenga un efecto multiplicador sobre el trabajo de estos activistas a los que califico no solo de coherentes, sino también de muy valientes por las condiciones en las que tienen que desarrollar su trabajo. También como antecedente está claro que todos los grupos parlamentarios que tienen asiento en esta Cámara participan de los principios de
defensa de los derechos humanos y libertades y que muchos de los grupos parlamentarios que participan en el debate han tenido la ocasión en esta legislatura de conocer a varios premios Sájarov que han visitado la sede del Congreso de los Diputados aquí en Madrid.
Esos eran los antecedentes, pero quiero hacer un desarrollo basado en una circunstancia muy puntual. Supongo que a nadie va a sorprender que utilice un ejemplo relacionado con la República de Cuba y la Unión Europea. Durante esta legislatura, en los últimos tres años, han visitado la Cámara y han mantenido reuniones con distintas fuerzas del arco parlamentario destacados miembros de la disidencia de la República de Cuba; es decir, opositores al régimen de los dictadores de Cuba que llevan trabajando muchos años para imponer los principios de defensa de los derechos y las libertades en aquella isla. Entre el conjunto de personas que han tenido oportunidad de visitarnos y reunirse con todos los grupos que han querido participar -así lo he impulsado y hemos mantenido reuniones pluricolores- hay dos premios Sájarov, el señor Fariñas y doña Berta Soler en representación de las Damas de Blanco. Como ya se ha manifestado en la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con el acuerdo que hoy estudia la Unión Europea y la República de Cuba, todos ellos han demostrado que los avances en estos dos parámetros son muy escasos en aquella república. Hoy sabemos, por los contactos que mantenemos habitualmente desde mi grupo parlamentario con las personas que allí trabajan día a día en beneficio de la democracia, que si en el año 2013 hubo 6.400 detenciones injustificadas, en el año 2014 y solo hasta el mes de agoto se superan las 7.000 detenciones. Hoy siguen produciéndose en el conjunto de la isla de Cuba represiones y detenciones arbitrarias, mítines de repudio. Muy recientemente un disidente significado, el señor Risco, que iba a viajar a Ginebra para mantener un encuentro en el ámbito del destacamento, digamos, de la ONU en materia de derechos humanos en aquella ciudad, le fue negado el permiso de salida precisamente porque -él puede suponer- lo que iba a comunicar al grupo de derechos humanos en Ginebra de la ONU no iba a satisfacer al Gobierno de los hermanos Castro. Justo esta mañana he tenido conocimiento de que al señor Cuesta Morúa, debido a un intento de organizar una conferencia paralela a la última sesión de la Celac celebrada en La Habana, se le ha retirado el permiso de salida, luego eso quiere decir que el Gobierno de la República de Cuba sigue actuando de forma coercitiva sobre la libertad de circulación y movimiento de sus ciudadanos hacia el exterior. Esta es la circunstancia en la que hoy vive el pueblo de Cuba, esta es la circunstancia según la cual hoy se respetan los principios de la democracia y la libertad en la República de Cuba, luego la República de Cuba hoy sigue sin respetar las cláusulas democráticas que Europa demanda a cualquier país que vaya a negociar un acuerdo como el que está negociando hoy la República de Cuba. Creo que es muy importante que nosotros colaboremos desde aquí para perfeccionar el sistema de información, sistema de información que puede llegar a los que están negociando en nombre de la Unión Europea con la República de Cuba.
La Comisión sabe que es mi objetivo no monopolizar este discurso desde las filas del Partido Popular, sino abrirlo a otras fuerzas políticas. He visto que no hay enmiendas presentadas a la proposición no de ley, luego supongo que va a tener la simpatía o el apoyo de otras fuerzas que puedan participar en el debate. La Comisión sabe -porque lo he hecho ver así en varias intervenciones- que nuestro objetivo es promover medidas, actuaciones, posiciones políticas para apoyar y proteger a las personas que trabajan por la libertad dentro de aquella isla y en este caso que hoy traemos a la Comisión de Exteriores también es nuestro objetivo que sirva para que la información veraz y en tiempo real llegue al equipo negociador. Por eso, la proposición no de ley que hoy proponemos en primer lugar quiere reconocer por parte de la Comisión de Exteriores las dificultades y el esfuerzo de todos aquellos que trabajan por la libertad y los derechos humanos en unos ámbitos adversos, en algunas ocasiones con gran riesgo para su integridad física, y, en segundo lugar, queremos que desde esta Comisión del Congreso de los Diputados se dé un mandato al Gobierno para que ante las instancias comunitarias impulse medidas que favorezcan el fluir de información desde dentro de la isla por la red de premiados Sájarov hacia la Unión Europea, para que en la Unión Europea se conozca cuál es la situación real de represión en los distintos países donde existen premios Sájarov. Me comprometo, y la Comisión lo sabe -lo dije en la última ocasión que tuve que intervenir respecto a la República de Cuba-, a promover una visita para transmitir a la Unión Europea la posición que había marcado la Comisión en relación con el acuerdo de cooperación política, social y económica con la República de Cuba. Ese impulso del viaje de la delegación está en marcha y creo que si esta proposición no de ley que hemos presentado recibe el apoyo de la Comisión también podríamos incorporarlo entre aquellos asuntos a tratar con las autoridades en materia de Exteriores de la Unión Europea. Creo que todo esto es favorable para el futuro del pueblo cubano, que esto ayuda a convertir ese acuerdo en conversaciones de reconciliación del pueblo de Cuba y que todo
ello ayuda a que nosotros podamos acompañar al pueblo cubano en su camino hacia la libertad. Merece la pena que hagamos el esfuerzo y, desde luego, el Grupo Popular seguirá trabajando en esta línea durante todo el tiempo que sea necesario.
El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): A continuación, tiene la palabra el Grupo Mixto. (Denegaciones). ¿El Grupo Vasco? (Denegaciones). ¿Grupo de la Izquierda Plural? (Denegaciones). En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Intervendré muy brevemente, no solo por cortesía parlamentaria, que la tenemos todos los portavoces, sino porque este es un asunto que nos ha ocupado largamente, señor De Luis, y desgraciadamente aún nos ocupa mucho, y no solamente referido a los presos políticos y a los defensores de los derechos humanos, sino a la lucha de los opositores democráticos durante veinticinco años para el retorno de la democracia a Cuba, porque justo este año se celebran los veinticinco años del Premio Sájarov del Parlamento Europeo. Usted ha hecho referencia a dos premios Sájarov, a las Damas de Blanco, a doña Berta Soler, que estuvo en esta casa y que recibimos una delegación de parlamentarios, y también al opositor democrático Fariñas.
No hay ninguna enmienda de sustitución porque creo que esta iniciativa ha generado un gran consenso, pero esperamos que sea efectiva en cuanto a la constitución de esta red de defensores de los derechos humanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz.
La señora POZUELO MEÑO: Señoría, tengo que reconocer mi sorpresa y cierto desconcierto al ver una propuesta como la que trae el Grupo Popular a esta Comisión de Exteriores esta tarde. Mi sorpresa porque más allá de manifestar nuestro reconocimiento y respeto a todas las personas e instituciones a las que el Parlamento Europeo ha concedido el Premio Sájarov, más allá de congratularnos por la existencia de un premio de esta naturaleza con el que el Parlamento Europeo desde 1988 distingue y rinde homenaje a todas aquellas personas y organizaciones que se han destacado por su defensa de los derechos humanos y de las libertades, que han trabajado ejemplarmente hacia las personas y los grupos sociales, no puedo comprender el sentido ni la oportunidad de esta iniciativa. Muestro mi sorpresa, como decía, pero también mi desconcierto al ver el contenido de una propuesta en la que se pretende que el Parlamento español pida al Gobierno de la nación que se dirija a instituciones europeas sin especificar -no sabemos muy bien a cuáles se refiere- para que adopten medidas que establezcan redes de colaboración entre los galardonados y esas instituciones europeas para una puesta en común de las experiencias de los premiados. Ya me gustaría a mí saber qué opinión les puede merecer a los galardonados y al propio Parlamento Europeo una iniciativa de esta naturaleza, sobre todo, señorías, porque la red de comunicaciones que ustedes proponen aquí existe ya, está creada desde hace varios años.
Esperaba sinceramente que la intervención del proponente del Grupo Popular nos alumbrara un poco más sobre el contenido de esta propuesta tan exótica en la que el Parlamento español le pide a su Gobierno que adopte decisiones sobre un asunto que es competencia exclusiva del Parlamento Europeo, pero el ponente de la propuesta ya nos lo ha clarificado todo: no se trata del Premio Sájarov, no se trata de crear redes de cooperación y de difusión de los trabajos de los galardonados y de la relación con las instituciones, sino que se trata de establecer una vía más de actuación, de iniciativa política para intentar evitar que Europa modifique la posición en relación con Cuba, sobre la posición común que Europa mantiene con Cuba, porque lo único que ha hecho usted para clarificar el sentido de esta propuesta ha sido considerar que la evolución democrática en Cuba no avanza correctamente. Por lo tanto, este es, parece ser, el fondo de un contenido tan difuso, tan ambiguo y tan extemporáneo como el que contempla esta proposición no de ley. Porque supongo que lo que pretenden ustedes es que el Gobierno se dirija al Parlamento Europeo, que es el que tiene la competencia en este sentido, para que desarrolle la propuesta que ustedes están planteando en esta iniciativa. Señorías, precisamente estos días el Parlamento Europeo está trabajando en la selección de los candidatos para otorgar el Premio Sájarov de este año y, como les decía, el Parlamento Europeo ya tiene creada una red de coordinación y difusión sobre el Premio Sájarov y las iniciativas de sus premiados, red que ha prestado un gran servicio y desarrollado importantes actividades desde su creación y que no voy a enumerar porque todos podemos consultarlas en la página web del Parlamento Europeo. La red funciona desde el año 2008 y está copresidida por el presidente del
Parlamento Europeo y por el último galardonado. Su objetivo es proporcionar un canal oficial de comunicación entre los galardonados y el Parlamento Europeo y establecer una red que conecte a los eurodiputados con los galardonados y con la sociedad civil para que se facilite este intercambio de conocimiento, de cooperación, así como ofrecer respuestas rápidas ante situaciones delicadas de violación de derechos humanos que puedan producirse en sus respectivos países. Señorías, si quieren ustedes realmente hacer algo positivo en este sentido, si creen que deben mejorar algo la concesión y la gestión de los premios Sájarov, lo tienen muy fácil, diríjanse a sus parlamentarios europeos y que ellos se dediquen a trabajar dentro del Parlamento Europeo para modificar, bien las normas de concesión, bien la gestión posterior y la comunicación que se establece en estas redes ya constituidas desde el año 2008.
Señorías, sinceramente esta iniciativa me parece un sinsentido y la única bondad que tiene es el recordatorio en esta Comisión -precisamente en este momento en que se está procediendo a la selección del posible premiado o premiada para este año 2014- de la existencia de este Premio Sájarov, un gran acierto del Parlamento Europeo creado sobre una de las grandes personalidades del siglo XX, un científico que revolucionó el mundo con sus trabajos, que fue capaz de desarrollar la bomba de hidrógeno, que regresó a la investigación básica y que se centró en la década de los sesenta en la cosmología y en el campo de la física de partículas introduciendo dos universos unidos entre sí por el Big Bang. Un científico y un humanista que tras un largo proceso de reflexión abandonó la bomba de hidrógeno y luchó contra la proliferación de armas nucleares, consiguiendo que se firmara en 1963 el Tratado de Prohibición de Pruebas Atmosféricas, Espaciales y Submarinas. Su lucha contra la carrera armamentística y sus ensayos literarios sobre la coexistencia pacífica y la libertad intelectual le valieron la degradación, la persecución y el exilio por parte del Gobierno de la URSS, hasta el punto de que no le permitieron recoger el Premio Nobel de la Paz que se le otorgó en el año 1975. El discurso que leyó su mujer en la entrega del premio al recogerlo en su nombre no fue solo una elevada defensa de los derechos humanos, sino una denuncia de las grandes amenazas que acechan a la humanidad: el hambre, la contaminación, el expolio de los recursos naturales, la superpoblación, la deshumanización. Señoría, esto ocurría, como les decía, en el año 1975, pero pareciera que estuviéramos hablando del presente, de nuestro presente. Por eso, manifestamos nuestro apoyo a los premios Sájarov, a los valores que defendió y por los que luchó este gran personaje del siglo XX, a la difusión de sus trabajos. Queremos mostrar nuestro reconocimiento a los premiados a lo largo de todos estos años y nuestro empeño en la defensa de los derechos humanos y el trabajo contra la intolerancia y la discriminación. Pero, señorías, por todo lo dicho no pueden contar con nuestro voto favorable en una propuesta sinsentido, como les decía al principio. Es más, yo le pediría, señor diputado, que retirara una propuesta como esta y que se dediquen a presentar en la Comisión de Asuntos Exteriores asuntos de su competencia, de la competencia de nuestro Parlamento y no asuntos de competencia exclusiva del Parlamento Europeo. (El señor De Luis Rodríguez pide la palabra).
El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Adelante.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Quería responder porque me ha preguntado si retiro la iniciativa. La ponente socialista ha dejado sobre la mesa la petición de que retire la iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Brevemente. ¿La retira usted?
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: No, por supuesto que no la retiro, porque la Cámara tiene facultades suficientes para mandatar al Gobierno que desarrolle cualquier tipo de acción. Por tanto, el argumento de no competencia no es en absoluto válido.
- SOBRE EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO; SOCIALISTA; CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ); DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL; DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA; VASCO (EAJ-PNV) Y MIXTO. (Número de expediente 161/003026).
El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Iniciamos el debate del 7.º punto del orden del día, sobre el proceso de paz de Colombia. En primer lugar, por el Grupo Popular tiene la palabra su portavoz, don Daniel Serrano.
El señor SERRANO CORONADO: Señorías, la verdad es que no deben de haber sido muchas las proposiciones no de ley presentadas conjuntamente en esta Comisión de Asuntos Exteriores en la
presente legislatura. Por tanto, si con este tema del proceso de paz en Colombia ha sido posible, significa dos cosas: una, que España y sus grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, independientemente de nuestros posicionamientos ideológicos, apoyan al Gobierno colombiano y al presidente Santos en este difícil reto del proceso de paz y, dos, que además deseamos que este proceso de paz concluya de forma satisfactoria, de forma que la sociedad colombiana pueda vivir para siempre sin esta lacra del terrorismo que tanta sangre de inocentes ha derramado.
En breve se van a cumplir dos años desde el inicio de las negaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC, dos años no exentos de interrogantes, de temores, de obstáculos, incluso de atentados terroristas por parte de las FARC, pese a los cuales el diálogo ha seguido avanzando. En medio de todo ello, unas elecciones presidenciales que supusieron la reelección del presidente Santos y la garantía, por tanto, de que el proceso de paz continuaba adelante. Con las últimas negociaciones entre el Gobierno del presidente Santos y la guerrilla terrorista de las FARC -que se fundamentan en un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera- quedan atrás cincuenta años de confrontación y diversos procesos de negociación, como los diálogos de Caguán, entre 1998 y 2002, o el proceso de paz que condujo a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia; importantes lecciones que parecen servir de base para un nuevo acercamiento entre las guerrillas y el Gobierno que permita avanzar definitivamente hacia la paz en Colombia. El objetivo es la finalización del conflicto y alcanzar la paz con justicia mediante el diálogo entre las partes y con la sociedad, objetivo que nos gustaría que se hiciera realidad, evidentemente dentro del escrupuloso respeto a la soberanía nacional colombiana.
Como bien saben sus señorías, en noviembre de 2012, el Gobierno de Colombia y las FARC iniciaron conversaciones de paz en La Habana. La apuesta del presidente Santos intentó desde el inicio diferenciarse de los anteriores procesos de negociación, estableciendo algunas pautas. Entre ellas están la limitación del número de actores invitados a la mesa de diálogo, participando exclusivamente las comisiones de negociación, y con solo dos países que han intervenido como mediadores de forma activa en el proceso. Asimismo, se creó un marco legal anticipándose a posibles problemas legales para implementación de lo que se acordase; con ese fin se impulsó el marco para la paz, que aseguraba una base legal para la negociación. Con anterioridad a todo ello, en junio de 2011, quiero destacar la aprobación de la Ley de víctimas y restitución de tierras, que reconoce y regula el derecho a la verdad y reparación de las más de 5 millones de víctimas del conflicto. A diferencia de negociaciones anteriores, las víctimas están ahora en el centro del proceso de paz, algo que nuestro grupo parlamentario valora muy positivamente.
No cabe duda que los avances de las negociaciones han sido significativos, aunque todavía queden importantes temas pendientes. Se han alcanzado acuerdos parciales relevantes en puntos como el desarrollo agrario, el narcotráfico o la participación de las FARC como movimiento político capaz de canalizar demandas sociales, estando en curso de negociación los derechos de las víctimas y la forma en que se llevará a cabo la reparación a las mismas. El punto sobre el fin del conflicto también sigue pendiente. Son temas que siguen estando encima de la mesa y a los que se les debe encontrar una solución y un punto de acuerdo que lleve a la culminación del proceso. No obstante, la cláusula introducida por el Gobierno colombiano de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, se convirtió en toda una garantía del proceso, algo que nuestro grupo parlamentario también ve con buenos ojos. Por otra parte, un entorno político favorable para poder afrontar los desafíos que deriven de la implementación de los compromisos y, por supuesto, el respaldo internacional al proceso, son precisos para que Colombia y sus ciudadanos puedan construir definitivamente su futuro en paz. Por este motivo, nuestro grupo parlamentario también apoya esta proposición no de ley y la presenta conjuntamente con el resto de los grupos, y nos congratulamos que esto sea así. Nosotros la respaldamos porque está en consonancia con la política exterior española, de apoyo al progreso y estabilidad de una región tan importante para nosotros como es Iberoamérica, pero la respaldamos también porque queremos la paz para un pueblo amigo, como lo es el pueblo colombiano, porque su democracia no puede seguir desangrándose por el terrorismo y porque en la búsqueda de esa paz las víctimas, insisto, están en el centro del proceso para el Gobierno colombiano.
Somos plenamente conscientes de las condicionantes todavía expresadas por los terroristas de las FARC y, lo que es peor aún, siguen sin arrepentirse de sus actos terroristas cometidos durante los últimos cincuenta años en Colombia. Pero se ha conseguido que las víctimas sean escuchadas en la mesa de negociación, lo que puede suponer el reconocimiento no solo de las víctimas, sino también el reconocimiento del enorme daño causado y de su reparación. En este aspecto, pequeños y escasos pasos de los terroristas, pero al menos son pasos que pueden conducir -confiemos en ello- a llegar a
un acuerdo con las FARC, que tendrá que ser refrendado por el pueblo colombiano; un acuerdo final en el las FARC reconozcan, insisto, la sinrazón del terrorismo como forma de acción política y, por tanto, el reconocimiento también del irreparable daño causado a las víctimas y a la democracia colombiana.
El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor González Cabaña.
El señor GONZÁLEZ CABAÑA: El conflicto colombiano no es algo del pasado, es un conflicto armado que está bien presente en el día a día y en la vida actual de los ciudadanos de ese país, pero es un conflicto que hunde sus raíces en razones de tipo histórico, de tipo político, de tipo económico y de tipo social y es difícil hacer la síntesis de todas esas razones aunque, como ya sabemos, se ha iniciado un proceso de negociación para la paz y el conflicto tiene menos virulencia en los dos últimos años sobre todo, aunque lógicamente no puede darse a día de hoy ni mucho menos por finalizado.
Según datos de la Unidad de Víctimas, en los últimos treinta años se encuentran registradas 6.043.000 víctimas en el conflicto colombiano. La mayor parte de ellas son desplazados forzosos, más de 5 millones de personas. Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica colombiano, aun reconociendo las dificultades de cuantificar los efectos de un conflicto larvado y oculto como este, ha cifrado en 218.000 personas las víctimas mortales de ese conflicto entre 1958 y 2012, y de ellos el 81% fueron civiles o no combatientes. También se han documentado 1.982 masacres que costaron la vida a 11.700 personas, la mayor parte de ellas llevadas a cabo por los llamados grupos de autodefensa. A esa cifra habría que sumar hasta 2012 las víctimas por desapariciones forzadas, más de 25.000 desde 1985; secuestros, más de 27.000 desde 1970, o las más de 1.700 víctimas de violencia sexual, fundamentalmente mujeres y niñas pero también hombres y niños desde 1985; casi 6.000 desplazados desde 1975 y más de 5.000 reclutados forzosos. Pocos conflictos armados presentan cifras tan escalofriantes como estas. A estos daños tangibles hay que sumar las heridas que el conflicto ha causado en la sociedad colombiana en su integración, heridas que en ocasiones son mucho más difíciles de cerrar. No se puede encarar la solución de un conflicto de esta naturaleza sin afrontar la realidad del mismo, sin conocer los hechos, sin asumir responsabilidades, pero tampoco se debe olvidar que el proceso debe alumbrar un país nuevo, un país abierto y un país socialmente pacífico.
Como antecedentes ineludibles a este proceso de paz hay que mencionar la aprobación de la Ley 1448, de víctimas y de restitución de tierras, de junio del año 2011. El denominado proceso de paz en Colombia se logra con apoyo en el Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y se inicia formalmente el 18 de octubre de 2012 con conversaciones entre el Gobierno de Colombia y representantes de las FARC, primero en Oslo y luego en La Habana. Ese acuerdo establece las pautas que tienen que presidir todo el proceso, un proceso que se va a dividir en cuatro fases: las conversaciones exploratorias secretas entre las partes, la concreción de los acuerdos, la refrendación de esos acuerdos y su implementación, y que va abordar en conversaciones directas e ininterrumpidas áreas temáticas concretas.
Hay que valorar positivamente que la negociación se produzca de forma directa entre las partes de un conflicto que, como hemos dicho, presenta cifras escalofriantes. Además, es importante destacar que en el propio acuerdo se glosan los principios que han de regir la negociación: respeto de los derechos humanos, desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente, equidad y bienestar, entre otros. Para eso, se acuerda negociar en torno a ciertas áreas temáticas, todas ellas fundamentales para ese correcto desenvolvimiento del proceso de paz. A mí me gustaría destacar una, los derechos humanos y la situación de las víctimas del conflicto colombiano. El punto 5.º del acuerdo alude a las víctimas del conflicto y se reconoce la necesidad de enfrentar la situación de esas víctimas y su derecho a conocer la verdad. En este ámbito es necesario que el tema de los derechos humanos centre la agencia negociadora. Aún persisten dificultades evidentes en esta materia. Los grupos paramilitares siguen actuando y atacando a la población civil y a los defensores de los derechos humanos, los sindicalistas, los líderes indígenas y campesinos.
El Gobierno se desvincula de ellos ahora y los trata como delincuentes comunes, pero su forma de actuar coincide sospechosamente con la forma de actuar de los grupos que existían antes de la desmovilización y muchos de sus líderes coinciden. Existe el peligro de que estas dificultades se acentúen en el escenario del posconflicto. Es cierto que ya en diciembre de 2012 el Congreso colombiano reformó la Constitución para permitir que los tribunales militares tuvieran mayor control sobre las investigaciones penales en las que estaban implicados miembros de las fuerzas de seguridad, pero también es verdad
que la Corte Constitucional declaró inconstitucional esta reforma por motivos de procedimiento, frenando dicha posibilidad. Y también es cierto que la ONU y el sistema interamericano de derechos humanos desempeñan un papel central en la mejora de la situación de los derechos humanos en Colombia. Se avanza en esta materia pero sigue sin ser suficiente. Los derechos humanos y el fin de la impunidad deben estar en el centro del proceso de paz con dos asuntos claves: la protección de la población civil y el respeto del derecho a la verdad, la justicia y sobre todo la reparación de las víctimas de abuso contra los derechos humanos.
En definitiva se ha establecido un mecanismo de negociación y los temas sobre los que hay que negociar, un proceso que la propia sociedad colombiana parece haber refrendado en estas últimas elecciones presidenciales en las que fue reelegido el presidente Santos, uno de los principales promotores de este proceso de paz. Debe alcanzar su objetivo, el proceso de construir una paz justa y al mismo tiempo duradera para Colombia, y es necesario reiterar el apoyo desde España y además -como parece lo vamos a hacer aquí- fuertemente consensuado. Cerca de ochenta países han mostrado su apoyo a estas conversaciones de paz y en este sentido es posible citar la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que en abril de 2013 completó un informe sobre los avances del Estado colombiano en la promoción y protección de los derechos humanos y mostró de forma mayoritaria su apoyo a los diálogos de paz en La Habana. Estados Unidos y el propio Vaticano han mostrado también su apoyo a este proceso de paz. No obstante, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU ha reconocido también que queda camino por recorrer para normalizar la situación de los derechos humanos en Colombia. En el mismo sentido, en varias ocasiones la Unión Europea ha mostrado su apoyo al proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC y en la Cumbre Celac-Unión Europea de enero de 2013 el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, y el de la Comisión Europea, Durao Barroso, mostraron su apoyo a las conversaciones de paz con las FARC. Y más recientemente, con motivo de la toma de posesión del presidente Santos, en agosto de este mismo año, el presidente del Consejo Europeo reiteró este apoyo de la Unión Europea a las negociaciones.
De nuevo es necesario mencionar aquí la cuestión de los derechos humanos y reiterar, de la mano de Amnistía Internacional, que el proceso de paz en Colombia brinda a la comunidad internacional la oportunidad de hacer hincapié ante el Gobierno en que el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, es un requisito ineludible, no negociable para una paz duradera y efectiva en este país. Todo ello merece el apoyo del Gobierno de España y del pueblo español. Es necesario mostrar desde España -que no es un país garante o facilitador del proceso, como lo son Noruega, Cuba, Venezuela y Chile- que mantiene su implicación y apoyo al proceso de paz en Colombia, sobre todo deberá hacerlo una vez finalicen las negociaciones, apoyando los acuerdos que en su caso se alcancen, por ejemplo, participando en la verificación del alto el fuego o en la entrega de las armas o en el asesoramiento para programas sociales. En definitiva, como señala el propio acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, la construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere la participación de todos sin distinción, incluida España, que ha demostrado su apoyo y compromiso a un proceso que debe acabar bien y no dejar que esta nueva oportunidad para la paz fracase.
El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): A continuación, en nombre del Grupo Catalán, el señor Picó tiene la palabra.
El señor PICÓ I AZANZA: Tras diversos intentos anteriores, el reiterado acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmada en agosto de 2012 permitió abrir una ventana a la esperanza para conseguir la finalización del conflicto que este país vive y alcanzar la paz con justicia mediante el diálogo entre las partes y con la sociedad. Los trabajos de la mesa de conversaciones han seguido una agenda predeterminada en materias tan importantes como política de desarrollo agrario integral, de participación política, de solución al problema de las drogas ilícitas, de víctimas, entre otros temas. Quiero llamar la atención en que esta vez, a diferencia de otras negociaciones anteriores, las víctimas están ahora en ese diálogo, en el centro de ese proceso de paz. Ya en junio de 2011, con la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se reconoce y regula el derecho a la verdad y la reparación de las más de 5 millones de víctimas del conflicto, y se reconoce también a las víctimas entre los agentes del Estado.
La sociedad colombiana reclama a sus líderes encontrar una solución a la situación de conflicto y alcanzar un punto de acuerdo que lleve a la culminación del proceso iniciado, y esta es la responsabilidad
que tienen los dirigentes colombianos, una gran responsabilidad que desde mi perspectiva se refleja en el acuerdo general que antes citaba, que contempla, por ejemplo, que la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto y que requiere la participación de todos, o que deben respetarse los derechos humanos en todo el territorio colombiano, que el desarrollo económico con justicia social es garantía de paz y progreso y que el desarrollo social con equidad y bienestar permite crecer como país, entre otros aspectos. A nosotros estas declaraciones nos parecen importantes, pero esta declaración también contiene una apelación a la comunidad internacional para acompañar al pueblo de Colombia en este proceso, y esta proposición no de ley, que hemos suscrito todos los grupos parlamentarios -también mi grupo- y que apoyaremos, como no puede ser de otra forma, responde a esa apelación, a ese respaldo internacional al proceso para que Colombia pueda construir su futuro en paz.
Los dirigentes y el pueblo de Colombia tienen una gran responsabilidad y también una gran oportunidad para poner las bases de una paz estable y duradera, especialmente el presidente Santos, ante los ciudadanos y ante la sociedad colombiana. Nosotros queremos dar nuestro apoyo a este proceso porque creemos en la posibilidad de que Colombia viva en paz y, por ello, votaremos a favor de la iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): A continuación, en nombre de La Izquierda Plural, tiene la palabra el diputado señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento al Gobierno de Noruega y al Gobierno de la República de Cuba que se han convertido en verdaderos garantes en estos momentos de una mediación que evidentemente avanza a un ritmo de éxito y esperamos que en los próximos meses puedan traernos la buena noticia de una resolución negociada del conflicto. Evidentemente, vivimos un momento histórico. Estamos ante el conflicto armado más antiguo de toda América Latina y por primera vez, después de muchos decenios de enfrentamiento, tiene los visos reales de ser resuelto. Nosotros, evidentemente, no apoyamos al Gobierno de Colombia, apoyamos el diálogo entre el Gobierno de Colombia y las organizaciones armadas que están en estos momentos negociando en La Habana, y por eso hemos firmado la proposición no de ley que hoy traemos a esta Comisión.
A ello sin duda ha ayudado la división de la oligarquía colombiana más importante de los últimos decenios, como ha expresado el enfrentamiento profundo de dos modelos de sociedad, entre el presidente Santos y el expresidente Uribe, este expresidente cada día más cerca de sentarse en el banquillo por su vinculación a los grupos paramilitares y al narcotráfico colombiano. Por tanto, ha sido sin duda esa profunda división la que ha permitido que se inicie realmente un diálogo con los grupos armados con perspectiva de solución del conflicto.
Evidentemente, este diálogo está basado en varios aspectos que me gustaría destacar; en primer lugar, la plena participación política en Colombia, en estos momentos no garantizada. A lo largo de decenios, sindicalistas, activistas políticos, defensores de derechos humanos, campesinos han sido masacrados y asesinados por un poder paramilitar que en muchas ocasiones ha tenido vínculos profundos con la policía y con el ejército colombiano y, por tanto, no ha podido expresar de forma libre su opinión política. Sin duda esta participación política debe ser garantizada para aquellos grupos y sectores colombianos que hasta ahora no han podido desarrollarla.
Por supuesto, la reparación de las víctimas. Se ha avanzado. Antes se ha citado ya -no voy a repetirlo- la Ley de reparación sobre las víctimas, que por su número es una de las cifras que nos sorprenden. Finalmente todo el tema de la restitución de tierras y los desplazados, millones y millones de personas desplazadas en el marco de Colombia. Es un tema importante.
El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Por el Grupo Vasco, el señor Esteban tiene la palabra.
El señor ESTEBAN BRAVO: No voy a entrar en ninguna disquisición sobre quién ha hecho qué y cómo y las culpas y méritos de unos y otros en una historia muy complicada como es la de Colombia. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Creo que nuestra posición está muy bien resumida en los antecedentes que aparecen en la proposición firmada por todos los grupos, también el nuestro, y que hay que aprovechar y acompañar este momento quizá histórico pero en el que más cerca que nunca se
vislumbra una consecución posible de la paz en ese país. Esperemos que todo ello se desarrolle según todos confiamos y esperamos y que salga bien.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: En nombre de mi grupo expreso mi satisfacción por que se pueda aprobar este texto en la actualidad, entre otras cosas porque nuestro grupo presentó hace ya dos años una proposición no de ley en esta Comisión, que todavía no ha sido tramitada, en los mismos términos prácticamente que se establecen aquí. La presentábamos al inicio de aquellos diálogos porque pensábamos que necesitaban un apoyo internacional importante para que llegasen a buen fin. Hoy llega por fin este pronunciamiento, nunca es tarde si la dicha llega, y nos alegramos de ello, entre otras cosas por haber tenido personalmente un conocimiento muy directo de las consecuencias trágicas de ese conflicto, que no voy a repetir porque el compañero socialista ha dado un buen elenco de ellas. Pienso que es importante este apoyo internacional, un apoyo internacional al diálogo, a la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas de ese conflicto sin excepción: las víctimas que proceden de las actuaciones de las FARC, las víctimas que proceden de los grupos de autodefensa, las víctimas que proceden de la narcopolítica, muy vinculada al Gobierno anterior de Colombia, las víctimas que son consecuencia de todos esos grupos paramilitares que también han tenido connivencias con las propias estructuras del Estado colombiano con anterioridad.
Quiero indicar que este apoyo al diálogo precisamente para buscar una solución definitiva que permita al pueblo colombiano vivir en paz, este apoyo en estos tiempos de esperanza para el pueblo colombiano, creo que es importante. También lo es porque es reconocer que se está optando por el diálogo para resolver un problema que tiene raíces políticas, económicas y sociales y para resolver un problema sobre una base que es imprescindible, que es el compromiso con la defensa de los derechos humanos y el rechazo a la utilización de la violencia. Por eso consideramos que es positivo.
Al mismo tiempo tengo que señalar que sobre el apoyo de esta Cámara al proceso de diálogo para la paz de Colombia sobrevuela una sombra negativa que se podría resumir en ese refrán castellano que dice: consejos vendo, pero para mí no tengo. En el caso del conflicto político que tantas tragedias ha traído en el Estado español y que ha afectado a Euskal Herria, al País Vasco, muchos hemos reclamado la necesidad del diálogo; del diálogo para buscar soluciones definitivas, del diálogo para conseguir la paz entre todos, para buscar la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas sin excepciones, como se está haciendo en Colombia. Ahí nos encontramos con que, estando en una situación infinitamente mejor que la de Colombia, porque la violencia de ETA ha desaparecido definitivamente ya desde hace unos cuantos años, desde la voluntad de la sociedad vasca para buscar soluciones y para buscar esa verdad, justicia y reparación de todas las víctimas y desde la voluntad de la mayoría social, política y sindical vasca para buscar acuerdos definitivos que garanticen la libertad para todos los ciudadanos y ciudadanas vascas, por parte del Gobierno español se ponen pegas continuamente: inmovilismo frente a ese diálogo.
Por eso repito -vuelvo al comienzo de mi intervención y con esto acabo, señor Presidente- que está muy bien este apoyo al diálogo de la paz en Colombia, pero también hay que pensar que tenemos que quitar esa sombra, que los colombianos no nos puedan decir: lo que a nosotros nos proponen ustedes en su casa no lo están haciendo.
- SOBRE GUINEA ECUATORIAL. PRSENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003029).
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate sobre el punto 7.º del orden del día, pasamos al punto 8.º Si no tienen inconveniente los portavoces, vamos a corregir la hora de votación, la adelantamos un cuarto de hora, a las siete y cuarto. ¿Hay algún problema? (Denegaciones).
Para la defensa de la proposición no de ley sobe Guinea Ecuatorial tiene la palabra la señora Jiménez.
La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Tomo la palabra para defender la proposición no de ley de mi grupo parlamentario sobre la situación política en Guinea Ecuatorial. En ella solicitamos al Gobierno que impulse el proceso de diálogo nacional en ese país, promoviendo una evolución rápida y, sobre todo, estable hacia una democracia pluralista y plenamente respetuosa con los derechos humanos.
Como conocen bien todos los diputados de esta comisión, Guinea Ecuatorial tiene una gran importancia para España. Desde su independencia en 1968, se han producido visitas bilaterales al más alto nivel entre
los dos países sin ánimo exhaustivo. Tanto el rey Juan Carlos como los presidentes del Gobierno Calvo-Sotelo, Felipe González o el presidente Rajoy han visitado el país africano. También los distintos ministros de Asuntos Exteriores. Yo misma tuve ocasión de viajar a Guinea Ecuatorial en el año 2011 para participar en una cumbre de la Unión Africana y también para inaugurar nuestra embajada allí. Por otro lado, en el ámbito parlamentario hubo una delegación encabezada por el anterior presidente del Congreso de los Diputados, don José Bono, con presencia de otros grupos políticos. Asimismo, Guinea siempre ha sido un objetivo importante de nuestra política de cooperación al desarrollo desde que ambos países firmaron en 1980 el Tratado de Amistad y Cooperación. No podemos desconocer el enorme esfuerzo que desde hace años ha venido realizando la cooperación española, sobre todo en el ámbito educativo y sanitario. También hay que reconocer la apuesta decidida por mantener el español como lengua mayoritaria en el país. Crear una sólida relación bilateral con Guinea Ecuatorial debería ser una aspiración para cualquier gobierno, no solo por los vínculos históricos, culturales y lingüísticos que tenemos sino por la importancia de consolidar la dimensión africana de nuestra política exterior. Es evidente que ello no se logra solo a través de Guinea, pero también es cierto que puede felicitar la misma. África es un continente emergente con gran potencial de crecimiento y desarrollo donde se están consolidando procesos de democratización y estabilidad política, y ahora es el momento de fortalecer nuestros vínculos con la región, ayudar en dichos procesos y ampliar los horizontes de nuestras relaciones. Ni más ni menos que como ya vienen haciendo otros grandes países de hace algunos años. Por no citar el caso de China, de Rusia o de Brasil.
Es evidente que las relaciones bilaterales entre la ex colonia y España han sufrido altibajos, que no ha sido una relación exenta de fricciones y de enfrentamiento, pero nuestro pasado reciente nos obliga a no desentendernos de su futuro y mucho menos no desentendernos en un eventual proceso hacia una plena democratización de este país africano. Durante los últimos años, la oposición democrática en Guinea Ecuatorial ha venido denunciando la inexistencia de pluralismo político, violaciones de derechos humanos, ausencia de derechos y libertades públicas que son comunes en cualquier democracia. Por ello, el hecho de que estos mismos partidos, siempre críticos con el presidente Obiang, hayan decidido apostar por el diálogo con el régimen para lograr sus objetivos, nos mueve a presentar esta proposición de ley con el ánimo de servir de apoyo a las legítimas aspiraciones de los partidos representados en la mesa para el diálogo nacional. La oposición política a Obiang llevaba tiempo buscando un cauce de diálogo con el Gobierno que les permitiera afrontar una verdadera reforma política hacia la democracia. El principal partido de la oposición, el legado CPDS, ya solicitó a principios de este año audiencia al presidente para trasladarle la petición de creación de una mesa de diálogo nacional que agrupara a todos los partidos de la oposición. En el mismo sentido, en el pasado mes de marzo la práctica totalidad de estos grupos de la oposición guineana dieron luz al Manifiesto de Madrid, que demanda un diálogo nacional incluyente, supervisado por una misión de observación internacional, que habría de estar acompañado de medidas tales como la promulgación de una ley de reconciliación nacional que promueva indultos generales para los delitos políticos, la liberación de presos de conciencia, la legalización de medios de comunicación, la eliminación de cualquier forma de censura... Pues bien, el Gobierno guineano ha decidido atender esta petición y el 29 de agosto, en el palacio África de Bata, el presidente anunció formalmente la convocatoria de la mesa de diálogo nacional. Los trabajos de la misma se van a iniciar en la primera quincena de noviembre y se ha invitado a los partidos políticos de la oposición, que aún no lo estuvieran, a instar su legalización y a participar en el proceso. La novedad es que, por primera vez, la oposición parece confiar en el proceso de diálogo iniciado y se ha puesto a trabajar en ello. El CPDS, único partido, además del gobernante, con presencia en las dos cámaras guineanas, a través de su secretario general Andrés Esono Ondó, calificó la convocatoria de buena y reconoció que respondía a lo que su partido venía exigiendo desde hace tiempo. Esta valoración está bastante extendida entre el resto de partidos de la oposición y parece que, esta vez sí, la oposición confía en que el Gobierno de Obiang puede tener una voluntad de apertura e incluso de cerrar heridas en relación con aquellos opositores que, o bien se encuentran exiliados o bien tienen causas abiertas con la justicia y a los que el propio Gobierno permite ahora la solicitud de indulto. En este sentido, el pasado 10 de septiembre, algunos partidos políticos le recordaron al Gobierno guineano que una verdadera mesa de diálogo nacional pasa primero por la promulgación de una ley de amnistía general.
Queremos que nuestro país contribuya, en la medida de sus posibilidades, tanto en el ámbito de las relaciones bilaterales como en el ámbito de la Unión Europea, al buen desarrollo de este proceso. En este sentido, incluso podríamos actuar como garantes, como observadores en el mismo. El Gobierno de España ha saludado, en el único comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre
esta cuestión, la creación de la mesa de diálogo nacional anunciada por Teodoro Obiang. Tras constatar el Gobierno español la buena acogida que la iniciativa ha tenido entre los partidos de la oposición en Guinea, ha reiterado su compromiso con el desarrollo político, económico y social del pueblo de Guinea Ecuatorial. En coherencia, el grupo mayoritario ha comunicado a nuestro grupo que va a votar a favor de esta proposición no de ley y por supuesto aceptamos la enmienda técnica que ha presentado en este sentido.
Yo pido a todos los grupos de la Cámara que apoyen la iniciativa que hoy traemos a esta Comisión. Creo que es una iniciativa que solo pretende contribuir a impulsar y sobre todo a consolidar la evolución en un país amigo, un país hermano con el que nos unen muchos lazos históricos; ayudar a consolidar un proceso hacia la democracia y la paz creo que es una buena iniciativa. Además de aceptar la modificación que propone el Grupo Popular, queremos manifestar que aceptamos la enmienda de adición que propone el Grupo Vasco. En relación con la enmienda de Convergència i Unió -ya se lo hemos comunicado a sus portavoces-, estimamos que, en aras de centrar esta proposición de no de ley en un tema específico de apoyo a la mesa de diálogo nacional, preferimos que la enmienda sobre un tema particular que presenta en relación con Guinea lo dejemos para otra ocasión para centrar esta proposición no de ley exclusivamente en este ámbito tan importante como es la oportunidad para un proceso de democratización y de reconciliación de todas las fuerzas políticas en Guinea Ecuatorial.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Vasco, tiene la palabra su portavor, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Como ha señalado la representante de la iniciativa, nosotros también coincidimos en que es una situación que no se había dado desde hace mucho tiempo en Guinea -yo diría que es inédita incluso-; la situación que se está viviendo en estos momentos y que seguramente se vivirá con más profundidad durante todo el mes de octubre. Por primera vez hay un proceso abierto por el propio régimen en el que se acepta discutir sobre las bases de la legislación del propio Estado. Parece ser que hay una disposición a que la oposición pueda registrar partidos políticos con libertad, a que puedan regresar los exiliados al país y a que aquellas personas que tengan penas de tipo político vean, a través de una ley de amnistía, eliminadas las dificultades que tenían para volver al país. Que se pueda proceder a abrir un diálogo, que tendrá sus dificultades obviamente, sin ninguna restricción, con la participación de todos, es una situación inédita y muy importante. España no puede estar de espaldas al desarrollo de ese proceso y además debería tener un papel de ayudante en los momentos en que puedan surgir dificultades que hagan encallar o desviar ese proceso, Por eso solicitamos a través de nuestra enmienda, complementando lo que propone el Grupo Parlamentario Socialista, que España haga un seguimiento permanente del proceso y apoye de la manera que estamos diciendo o de cualquier otra, intentando eliminar las dificultades que vayan surgiendo, que se pueda llegar a buen puerto. Vamos a ver qué es lo que da de sí, si verdaderamente todos los agentes implicados están en esa mesa de diálogo del 30 de octubre. Serán unas sesiones largas a las que habrá que hacer un seguimiento. Cuando digo el Estado español, cuando digo España, también quiero decir la Unión Europea de la que formemos parte. Para que el 30 de octubre pueda ser verdaderamente un punto de partida que reúna a todos, es importante, creo yo, que señalemos que deben ser legalizados todos los partidos más allá de la opción política que estos puedan representar o del ámbito territorial que representen. Y por supuesto hay que hacer hincapié de manera especial en el respeto a los derechos humanos durante todo este proceso.
Es un momento de esperanza que no estará exento de dificultades y vamos a ver cómo se desarrolla, pero yo entiendo que sería un importante impulso que se aprobara esta proposición no de ley por parte de la Comisión. Agradezco a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que acepte nuestra enmienda y que esté de acuerdo con los matices que hemos incluido y considero fundamental, como creo que lo va a considerar también el Partido Popular por lo que se me ha transmitido, que España tome ese papel de seguimiento de todo este proceso de manera directa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, que tiene otra enmienda, tiene la palabra el señor Márquez.
El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Quiero decir, en primer lugar, que acogemos favorablemente tanto la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista como las intervenciones que me han precedido, tanto la de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista como la del portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco. Estamos básicamente de acuerdo en el fondo de la proposición que aquí se presenta, aun cuando hemos presentado una enmienda de carácter técnico que, como ya ha dicho la portavoz socialista, se nos va a aceptar.
Estamos de acuerdo con el fondo del asunto porque entendemos, y permítanme que en esta intervención lo deje muy claro, que el Grupo Parlamentario Popular ahora y siempre ha apoyado que el fomento de los valores democráticos o la defensa de los derechos humanos es una cuestión prioritaria para nuestro grupo. También lo es para el Gobierno de España, que en este momento ha marcado explícitamente como una de sus máximas prioridades en Guinea Ecuatorial y para el África subsahariana en su conjunto el fomento de los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos. Con la administración de Guinea Ecuatorial se llevan a cabo desde hace muchísimo tiempo acciones puntuales de refuerzo institucional en sectores cuyo fortalecimiento va a redundar en la mejora de la calidad de vida de dicho país. Esta cooperación continuará y debe continuar así cuando ello redunde en el avance de la democracia y de los derechos humanos, así como en la mejora de las condiciones de vida de la población de Guinea Ecuatorial. Las actividades de la cooperación española son muchas y muy variadas, todas ellas definidas por los acuerdos alcanzados en la XI Comisión Mixta. Los sectores en los cuales se está trabajando con Guinea Ecuatorial tienen un impacto directo en el avance de los derechos humanos y en la mejora -como he dicho- de las condiciones de vida de la población ecuatoguineana. El Gobierno de España y el Grupo Popular que le apoya afirman que España plantea su política exterior de derechos humanos desde el respeto y el diálogo en el marco de los derechos universalmente reconocidos y aceptados. España ha ratificado la inmensa mayoría de los convenios universales en esta materia y va a seguir haciendo honor a los mismos.
A raíz de las intervenciones que me han precedido, creo que estamos de acuerdo en que algo se está moviendo y España debe apoyarlo; algo se está moviendo y el Grupo Parlamentario Popular está dispuesto a impulsarlo y a seguir instando al Gobierno a que dé apoyo a los nuevos movimientos que se producen en la política guineana. Algunas cosas ya se han comentado. En el primer semestre de 2011 se aprobó una propuesta de reforma de la Constitución que después fue ratificada en noviembre de ese mismo año y promulgada en el año 2012. Este año hemos vivido movimientos muy interesantes en la política guineana a propuesta de los partidos de la oposición legalizados, que después han desembocado en esa aceptación por parte del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial de la convocatoria de la mesa de diálogo; una mesa de diálogo en la que tenemos puestas muchas esperanzas. Creemos que es un proyecto ilusionante e inédito. El presidente del Gobierno, en su única visita a Guinea Ecuatorial en junio de 2014, tuvo oportunidad de trasladarlo a la comunidad internacional allí reunida, cuando decía que para España la democracia y el pleno respeto a los derechos humanos se convertían en puntos cardinales en una etapa de renacimiento para África en la cual España quería participar.
En cuanto a esta nueva iniciativa, la mesa de diálogo, apoyada por el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, también se ha pronunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores hace solo veinte días, el día 3 de septiembre, en una nota que indicaba cómo el Gobierno de España saludaba esa convocatoria y constataba la buena acogida que había tenido entre la oposición guineoecuatoriana. España confía en que la mesa de diálogo revitalice ese diálogo político y suponga un proceso amplio e inclusivo que facilite y desarrolle la participación de todos los actores políticos y sociales de Guinea Ecuatorial en la gobernanza democrática del país. El diálogo entre las distintas sensibilidades es el camino para alcanzar los consensos necesarios para afianzar el desarrollo integral de Guinea Ecuatorial y el Gobierno de España reiteraba en ese comunicado su compromiso con ese desarrollo en los ámbitos político, económico y social que redundara en mejoras para la calidad de vida del pueblo de Guinea.
En ese sentido, hemos presentado una enmienda técnica porque todo lo anterior quiere decir que el Gobierno de España ya se ha movido y realizado actuaciones para impulsar esta nueva etapa, este cambio de rumbo en la política guineana. Eso es lo que queríamos introducir en la proposición que ahora se debate. Observamos favorablemente el texto de la enmienda que presenta el Grupo Vasco en el sentido de que realmente creemos que es necesario apoyar esos nuevos movimientos e instar al Gobierno para que siga apoyándolos. España, como ha comentado la portavoz socialista, puede y debe jugar un papel relevante en este proceso. Hagámoslo desde la prudencia y desde el respeto. Si aprobamos esta proposición en este momento, debemos dejar que el Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores sean los que, de alguna forma, encuentren los procedimientos, prudentes todos ellos, en un proceso que sin duda será delicado y que necesitará de discreción, de prudencia y de muchas dosis de diálogo y de tiempo. Por tanto, votaremos favorablemente la proposición presentada.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, parece que algo se mueve en el diálogo entre el régimen de Guinea Ecuatorial y la oposición, básicamente la oposición en el exilio, en la historia de un país que desde su independencia, el 12 de octubre del año 1968 -por cierto, independencia concedida en nombre del Reino de España por parte de don Manuel Fraga-, hasta el día de hoy no ha sido una historia de consolidación democrática pacífica, sino de regímenes en situaciones violentas, pero parece ser, como decía, que algo se mueve cuando el día 22 de marzo se reunieron en Madrid prácticamente la totalidad de los grupos opositores, básicamente los grupos opositores en el exilio, para constituir esta mesa de diálogo y para trasladar a las autoridades ecuatoguineanas la voluntad de establecer un diálogo que permita progresar en el ámbito de la consolidación democrática. El 29 de agosto, el presidente de Guinea Ecuatorial manifestó su voluntad de llegar a explorar vías de acuerdo y se ha fijado, como bien reconoce la exposición de motivos de esta proposición no de ley, el 31 de octubre como fecha límite para la legalización de nuevos partidos políticos en Guinea Ecuatorial, con vistas a iniciar a partir de principios de noviembre un diálogo que permita una consolidación democrática, algo diferente y algo distinto a lo que existe en estos momentos. Les quiero recordar que actualmente existe un parlamento de cien miembros, con noventa y nueve miembros del partido de la mayoría y uno del partido de la oposición, que pasó de dos representantes a uno solo. Evidentemente, en la viabilidad de este Manifiesto de Madrid, que contempla públicamente, entre otras cosas, impulsar el derecho de reunión, de manifestación e incluso de financiación de los partidos políticos de la oposición, tiene que tener un protagonismo España como expotencia colonial, pero también los otros actores emergentes en África. No es necesario hacerles una relación de aquellos países al este y al oeste de Europa que en estos momentos tienen un papel muy relevante en África en el presente y en el futuro en relación directa con Guinea Ecuatorial.
Me gustaría, señorías, destacar un aspecto de la enmienda del Partido Nacionalista Vasco que me parece especialmente relevante y cuya aceptación ha sido anunciada por parte del grupo proponente, el Grupo Socialista. Aquella que hace referencia al apoyo a la legalización de todos los partidos, con independencia de su opción política o ámbito territorial. Ustedes saben que la composición étnica de Guinea Ecuatorial también informa muchas veces la formación de partidos políticos y es muy relevante que en el futuro en esa mesa de diálogo se pueda establecer la formación de partidos políticos, cuya exigencia no requiera la conformación de todo el ámbito de Guinea Ecuatorial.
Señorías, nosotros hemos presentado una enmienda, una vieja reivindicación del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Si me permiten la expresión, nos parece bastante lamentable que PP y PSOE, PSOE y PP, desde hace muchos años, desde el año 1995, cuando han estado en la oposición, han apoyado no solo la creación de un censo de residentes españoles en Guinea Ecuatorial y la compensación económica de lo que fue una mala resolución de la descolonización, sino también este censo elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores; sin embargo, unos y otros, PP y PSOE, PSOE y PP, cuando han asumido responsabilidades de Gobierno han sido incoherentes respecto a lo que habían apoyado desde la oposición. Sirva, pues, esta enmienda como recordatorio de esta vieja y creo que justa reivindicación del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
En todo caso, señor presidente, atendiendo a la petición de la diputada proponente, doña Trinidad Jiménez, en aras de encontrar una mayor coherencia y por la gravedad e importancia de este asunto, doy por retirada la enmienda de mi grupo.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: En primer lugar, quiero anunciar que vamos a votar favorablemente la enmienda transaccional que van a proponer los distintos grupos que han presentado enmiendas porque consideramos que se ha enriquecido y perfeccionado la proposición original. Es importante que haya este pronunciamiento por parte de esta Cámara en el caso de Guinea Ecuatorial ya que el Estado español tiene una responsabilidad importante en todo lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir. Así como en el inicio de su independencia Guinea copia el modelo dictatorial del Estado del que se había separado, cuando el Estado del que se había separado avanza hacia la democracia, Guinea no sigue ese camino, no vuelve a imitar al Estado inicial del que había partido. Pero también es cierto que durante todos estos años por parte de las distintas instituciones del Estado no se ha hecho nada para forzar realmente a que Guinea Ecuatorial avanzase por el camino de la democracia. Nos encontramos con
un país en el que la dictadura es una realidad, en el que los derechos humanos son vulnerados continuamente, tanto los de los propios guineanos como los de los extranjeros. Tenemos testimonios de muchos ciudadanos y ciudadanas del Estado español que se han visto sometidos a la vulneración de los derechos humanos en dicho Estado, e incluso han tenido que dejar el país, abandonando todas sus inversiones, etcétera, precisamente por la presión de un Gobierno dictatorial, corrupto y que vulneraba los derechos humanos de forma constante.
Es muy importante también la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco, porque Guinea Ecuatorial, siendo un país no muy grande, es un país muy complejo y con muchas diferencias. Es importante también que se reconozca el derecho que tienen distintas zonas de Guinea Ecuatorial a formar sus propios partidos políticos, como puede ser, por ejemplo, el caso de Bioko, la antigua isla de Fernando Poo, que se ha visto durante todo este proceso sometida en muchos casos a situaciones que pueden calificarse como auténtico genocidio de uno de los pueblos que allí residen. Por eso es importante este acuerdo y que el Estado y el Gobierno español tomen una posición activa para proteger los derechos humanos de todas esas personas que están en la oposición, la mayoría de ellas en el exilio y en el Estado español, y que además comparten la doble ciudadanía, son también ciudadanos del Estado español, por lo que el Estado tiene una especial responsabilidad a la hora de garantizar su seguridad, que puedan participar en esa mesa de diálogo con libertad y que estén garantizados todos los derechos humanos, de reunión y de participación política. Por eso vamos a dar nuestro voto positivo y nos alegramos de que este proceso pueda llegar a buen término.
El señor NUET PUJALS: Nuestro grupo va a votar favorablemente esta oportuna iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Quiero recordar que la independencia de Guinea Ecuatorial no se produce de la monarquía parlamentaria, sino que se produce de la España gobernada por la dictadura franquista. El régimen guineano copió desde el inicio algunas de las peores características que en su momento tenía la metrópoli. Coincidimos en que se abren ventanas de oportunidad de cambio político en Guinea Ecuatorial y que hay que aprovecharlas. Por eso es oportuno el debate y la aprobación de esta proposición no de ley. Además, hay circunstancias geopolíticas, culturales e históricas que permiten que España pueda jugar el papel de un seguimiento más concreto y de una implicación más importante en la resolución del conflicto político en Guinea Ecuatorial. Es importante que España se implique en la resolución de este conflicto, en el diálogo, y que de alguna forma ayude a que este diálogo prospere de forma exitosa. Por todo ello, vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley.
- PROTOCOLO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN Y DE UNIÓN ADUANERA ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE SAN MARINO, POR OTRA, RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CROACIA COMO PARTE CONTRATANTE A RAÍZ DE SU ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 29 DE OCTUBRE DE 2013. (Número de expediente 110/000127).
- PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL RESPECTO DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, Y SU PROTOCOLO, FIRMADOS EN MADRID EL 22 DE FEBRERO DE 1990, Y MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO, HECHO EN MADRID EL 14 DE ENERO DE 2013, ASÍ COMO LAS NOTAS COBRE SUBSANACIÓN DE ERRORES DEL PROTOCOLO Y DEL MEMORANDO. (Número de expediente 110/000128).
- ACUERDO INTERINO POR EL QUE SE ESTABLECE UN MARCO PARA UN ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LOS ESTADOS DEL ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, HECHO EN GRAND BAIE EL 20 DE AGOSTO DE 2009. (Número de expediente 110/000129).
- ACUERDO DE SEDE ENTRE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO Y EL REINO DE ESPAÑA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 98ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO, HECHO EN MADRID EL 24 DE ABRIL DE 2014. (Número de expediente 110/000132).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ALTO REPRESENTANTE EN BOSNIA Y HERZEGOVINA SOBRE PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL ALTO REPRESENTANTE EN BOSNIA Y HERZEGOVINA, SU OFICINA Y SU PERSONAL. HECHO EN MADRID EL 24 DE JUNIO DE 2014. (Número de expediente 110/000133).
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) RELATIVO A LA CREACIÓN DEL "CENTRO INTERNACIONAL SOBRE RESERVAS DE LA BIOSFERA MEDITERRÁNEAS, DOS ORILLAS UNIDAS POR SU CULTURA Y SU NATURALEZA" COMO CENTRO DE CATEGORÍA 2 AUSPICIADO POR LA UNESCO. HECHO EN BARCELONA EL 5 DE ABRIL DE 2014. (Número de expediente 110/000134).
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate sobre las proposiciones no de ley, vamos a abrir un turno de palabra para quien quiera utilizarlo en torno al resto de puntos del orden del día: dictámenes, protocolos o acuerdos. De momento tengo solicitada la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Popular. ¿Algún otro grupo parlamentario quiere hacer uso de la palabra? (Pausa).
Señor Larreina, del Grupo Mixto.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Intervengo para anunciar el sentido de nuestra participación en la votación, que va a ser no participar en la misma por lo que he expuesto al principio. En el tema de los tratados internacionales no participamos porque aspiramos a tener en su día la posibilidad de realizarlos nosotros mismos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Jiménez.
La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Solamente quería hacer una mención especial al protocolo que modifica el convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. Este es un protocolo que tiene la máxima importancia y creo que tenemos que destacarlo así. Cuando este convenio sea llevado a su ratificación por el Pleno del Congreso de los Diputados haremos una intervención más exhaustiva, pero creemos que es importante poner de manifiesto la importancia de traer este protocolo hoy aquí y que sea visto por la Cámara, por el Pleno del Congreso de los Diputados, antes de la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Simplemente para ello queríamos hacer uso de la palabra.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Señorías, los seis convenios que hoy debatimos son de gran importancia para nosotros y por supuesto su aprobación es fundamental para nuestras relaciones bilaterales. El Protocolo de acuerdo de cooperación y de unión aduanera entre la Comunidad Europea y los Estados miembros, por una parte, y la República de San Marino, por otra, relativo a la participación de la República de Croacia como parte contratante a raíz de la adhesión a la Unión Europea; el Acuerdo de asociación económica entre los Estados de África oriental y meridional, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros; el Acuerdo de sede entre la Organización Mundial de Turismo y el Reino de España para la celebración de la 98ª reunión del Consejo Ejecutivo; la protección de los intereses del alto representante en Bosnia y Herzegovina y su personal o el relativo a la creación de un centro internacional sobre reservas de la biosfera mediterráneas, dos orillas unidas por su cultura y su naturaleza, donde en Algeciras acabamos de inaugurar el inicio de un observatorio importante en esa observación de las reservas de la biosfera mediterráneas. Como bien decía la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta, es un protocolo que actualiza los artículos del convenio para adaptarlo tanto a las necesidades derivadas de las relevantes relaciones económicas entre España y Estados Unidos como a los sucesivos cambios que ha experimentado el modelo de convenio de la OCDE para evitar la doble imposición con la expectativa de
que su entrada en vigor contribuya al fomento de la inversión recíproca entre ambos países. Entendemos que su aprobación es fundamental, ya que reforzará nuestras relaciones bilaterales con Estados Unidos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones. Les ruego que tomen asiento para poder identificar el número de diputados o diputadas miembros de la Comisión a efectos del voto.
Empezamos por el punto 1.º del orden del día: proposición no de ley sobre medidas para impulsar la protección de los derechos del colectivo LGTB en Rusia. Existía una autoenmienda socialista y una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Asimismo, la Mesa tiene conocimiento -si no, les ruego que me rectifiquen- de que el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho una transacción con el Grupo Popular. Consecuentemente se sometería a votación esa transacción, que es conocida por el resto de grupos parlamentarios. (La señora Blanco Terán pide la palabra).
Señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Así es, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Votamos entonces el punto 1.º del orden del día, iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista con la transacción con el Grupo Parlamentario Popular.
Votamos ahora el punto 2.º, sobre medidas para intensificar las relaciones entre España y Perú, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, con una autoenmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, 1; abstenciones, 1.
Votamos el punto 3.º del orden del día. Proposición no de ley relativa al voto de los españoles residentes en el extranjero, del Grupo Parlamentario Mixto, donde no hay presentada ninguna enmienda. Es una iniciativa del Grupo Mixto, Coalición Canaria, señora Oramas.
Vamos a votar el punto 4.º del orden del día. Proposición no de ley sobre impulso de una red de comunicación entre instituciones y personas físicas galardonadas con el Premio Sájarov otorgado por el Parlamento Europeo. No existen enmiendas.
Punto 5.º del orden del día, sobre la cooperación con los Gobiernos e instituciones públicas de los Estados que mantengan legislación o normas administrativas discriminatorias por orientación sexual o de género, donde existen enmiendas del Grupo Socialista y del PP y donde existe una transacción de los tres grupos parlamentarios. La proposición es del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y las enmiendas transaccionadas son del Grupo Socialista y del Grupo Popular. Votamos la enmienda transaccional.
Vamos a votar el punto 6.º del orden del día, relativo a la necesidad de impulsar una modificación urgente de la Ley orgánica del régimen electoral general, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, donde no hay ninguna enmienda presentada.
Proseguimos con el punto 7.º del orden del día, sobre el proceso de paz en Colombia.
Punto 8.º del orden del día, proposición no de ley sobre Guinea Ecuatorial, presentada por el Grupo Socialista, donde existen tres enmiendas. La Presidencia tiene indicación, a no ser que esté en un error, de que se ha transaccionado con el PNV y el PP y no se admite la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán. Por tanto, sometemos a votación el texto...
El señor XUCLÀ I COSTA: No se ha rechazado, sino que la hemos reitrado.
El señor ESTEBAN BRAVO: No hay una transacción, simplemente se admiten las dos enmiendas, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Creo que es una transacción, pero no creo conveniente a estas horas discutir el término parlamentario. Se somete a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista más las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Vasco.
¿Alguien desea, respecto a los dictámenes de protocolos o acuerdos, alguna votación separada? (El señor Nuet Pujals pide la palabra). Señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Por favor, pedimos que el punto 10.º, Protocolo con Estados Unidos, se vote por separado.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, en primer lugar, el punto 10.º: Protocolo que modifica el convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América.
Votamos conjuntamente el resto de puntos del orden del día, es decir, el resto de dictámenes sobre protocolos o acuerdos, puntos 9.º, 11.º, 12.º, 13.º y 14.º del orden del día.

References: resolución 
 artículo 7
 resolución 
 artículo 1
 artículo 75
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución