Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2012/as201211111.htm
Timestamp: 2019-04-22 14:17:06+00:00

Document:
201205-Sala Penal Primera-1-111
AUTO SUPREMO Nº 111/2012
EXPEDIENTE: La Paz 58/2012 Sucre, 11 de mayo de 2012
PARTES: Ministerio Público contra Abraham Chambi Blanco
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Abraham Chambi Blanco (fs. 555 a 557), impugnando el Auto de Vista Nro. 999/2011 emitido el 14 de noviembre de 2011 (fs. 543 a 544) por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente por la presunta comisión del delito de transporte previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
CONSIDERANDO: Que recurso interpuesto tuvo origen en los siguientes antecedentes 1. Sustanciado el caso por el Tribunal de Sentencia Segundo de La Paz, dictó Sentencia Nro.15/2011 de 14 de junio de 2011, declarando al imputado autor del delito de transporte, condenándolo a cumplir la pena de ocho años de presidio (fs. 496 a 503); 2. Dicha Sentencia fue recurrida en apelación por el imputado, la que fue declarada improcedente por el Tribunal de Alzada (fs. 543 a 544), dando con ello lugar a la presentación del recurso que es caso de autos.
Que el recurrente acusó que el Tribunal de Alzada:a) No fundamentó adecuadamente la resolución, la que resulta escueta e insuficiente en cuanto a la argumentación y fundamentación jurídica; concluyó que en la apelación restringida, únicamente se habría observado el cumplimiento de los arts. 316 y 370 del Código de Procedimiento Penal respecto a la falta de notificación con la acusación y lo relativo a los defectos de la Sentencia; concluyó erróneamente que en ninguno de los casos citó precedente contradictorio que habilita la apelación restringida. El Auto de Vista impugnado va en contra todo razonamiento lógico jurídico, no existe fundamentación clara, pertinente; incumplió además su obligación de corregir o enmendar los defectos absolutos denunciados. Invocó como precedente contradictorio para ésta alegación el A.S. Nro. 169 de 5 de abril de 2008; b) No se pronunció sobre todos los motivos alegados en el recurso de alzada, incurriendo en vicio absoluto que atenta el derecho a la defensa y al debido proceso; citó al efecto los AA.SS. Nros. 176 de 26 de abril de 2011 y 657 de 6 de diciembre de 2007 en calidad de precedente contradictorio.Finalizó pidiendo que una vez admitido el recurso, se remitan antecedentes a las Salas Penales para que se inhiban de dictar Autos de Vista en los recursos que se debaten las mismas cuestiones de derecho, debiendo posteriormente establecer la doctrina legal aplicable.
CONSIDERANDO: Que el análisis del presente recurso de casación se circunscribe al Auto Supremo de admisión Nro. 85/2012 de 19 de abril de 2012, corresponde resolver el mismo conforme los límites y alcances ya establecidos en la citada resolución.
Que con la finalidad de resolver el caso de autos cuyas denuncias efectuadas por el recurrente se encuentran directamente vinculadas con la falta o deficiente fundamentación del Auto de Vista, impugnado en casación, lo que a entender del recurrente vicia de defecto absoluto a la resolución por vulnerar el debido proceso; es menester hacer las siguientes precisiones:
Respecto a las resoluciones judiciales, Couture las define señalando: "Acto que emana de los agentes de la jurisdicción y mediante el cual deciden la causa o puntos sometidos a su conocimiento", en el mismo sentido, Casarino define "Resolución judicial es todo acto que emana del tribunal destinada a sustanciar o a fallar la controversia materia del juicio".
Sin embargo, las resoluciones, para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de motivar adecuadamente las mismas; debiendo entenderse por motivación de resoluciones el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida. Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación "Motivación como argumentación jurídica especial", señala: "El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.
En ese entendido, la exigencia de fundamentación constituye la garantía constitucional de justicia, por ser el medio que informa a las partes las razones que tuvieron en cuenta los jueces y/o tribunales para pronunciar sus resoluciones, por lo que las justificaciones del fallo, si no son aceptadas servirán para fundar su impugnación por los medios que la ley concede, debiendo cumplir en consecuencia con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado. La motivación, responde también a otros fines, pues permiten el control del pueblo sobre la conducta de quienes imparten justicia, resguardando a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; consiguientemente es una garantía constitucional no sólo para las partes sino también para el Estado, en cuanto tiende a asegurar la recta administración de justicia.
El Código de Procedimiento Penal, en su art. 124 plasma esta exigencia, disponiendo que las resoluciones para ser válidas deben estar debidamente fundamentadas, razonamiento desarrollado por la abundante Jurisprudencia Constitucional, como ser la Sentencia Constitucional 1523/2004-R de 28 de septiembre de 2004, la que establece : "(..) Toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión (.. ) ".
De la doctrina y jurisprudencia citada y del análisis realizado precedentemente se infiere que la falta motivación en las resoluciones, atentan contra el debido proceso; así fue expresado por la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso "...exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión".
Respecto a la exigencia de motivación en las resoluciones de alzada (Auto de Vista), este Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado sentando que el Sistema Recursivo contenido en el Código de Procedimiento Penal, fue establecido para efectivizar la revisión del fallo dictado contra los intereses de los sujetos procesales que se consideren agraviados con el resultado de la Sentencia, efectivizándose así las garantías y derechos constitucionales contenidos en los arts. 109 y 115 de la Constitución Política del Estado relativos a los arts. 8.2 inciso h) de la Ley Nro. 1430 de 11 de febrero de 1993 (Pacto de San José de Costa Rica), y art. 14 nral. 5 de la Ley Nro. 2119 de 11 de septiembre de 2000 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). En concordancia con la normativa legal citada, la doctrina actual y la normativa procesal penal establecen que el recurso de apelación restringida constituye el único medio para impugnar la sentencia, debiendo los Autos de Vista que resuelvan las mismas, circunscribirse a las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal; así fue determinado por la doctrina legal aplicable en el Auto Supremo Nro. 12/2012 de 30 de enero de 2012 que señala: "Es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros mencionados y desarrollados supra (especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad); respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos, en cuyo caso, es necesario que en la fundamentación se vierta los criterios jurídicos del porque dicho acto se considera defecto absoluto y que principios, derechos o garantías constitucionales fueron afectados. Por lo que no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el o los procesados, lo cual constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el art. 124 del Código de Procedimiento Penal debido a que dicho precepto legal exige la fundamentación de las resoluciones y prohíbe que aquella fundamentación sea remplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimiento de las partes, debiendo los Tribunales de Alzada circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada, ello en estricto cumplimiento del art. 398 del citado Código de Procedimiento Penal. Por lo que la omisión de pronunciamiento de un aspecto reclamado se constituye en un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva".
En el caso de autos, el Tribunal de Apelación no dio cumplimiento a las exigencias anteriormente descritas, puesto que la resolución que emitió no se encuentra adecuadamente motivada y fundamentada, hecho que se infiere de los considerándoos I y II, en los que se limitó a un resumen de la Sentencia y de las denuncias hechas en la apelación restringida, identificando en ésta última, de manera incompleta, los agravios expresados por el recurrente, los que no fueron respondidos de manera expresa y fundamentada en el Auto de Vista, pues de la lectura del recurso de alzada, se verifica que el recurrente reclamó de manera expresa, puntual y motivada: 1) Falta de valoración de la prueba; 2) La inobservancia de la Ley y la errónea aplicación de la Ley adjetiva y sustantiva; 3) Que la Sentencia se basa en medios o elementos probatorios incorporados al juicio en violación a las normas del Título II del Código de Procedimiento Penal; 4) La inexistencia de fundamentación de la Sentencia o que esta es insuficiente, alegaciones que no merecieron pronunciamiento positivo o negativo por parte del Tribunal de Apelación, incurriendo así en el vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) desarrollado precedentemente, deviniendo en consecuencia en defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, dejando en estado de indefensión e indeterminación al recurrente.
Por otra parte, en el considerando IV, los Vocales recurridos, concluyen que el imputado, ahora recurrente, ha subsumido su conducta al delito de transporte de sustancias controladas, sobre la base de un resumen de los hechos supuestamente suscitados y la trascripción del art. 55 de la Ley Nro. 1008, sin ningún tipo de inferencia lógico jurídica que permita entender las razones o motivos de esa conclusión, olvidando además que como Tribunal de Alzada le corresponde verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación de la Sentencia se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano, analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica (lógica, experiencia común y la psicología), debiendo dirigir sus fundamentos a ese control. En el mismo considerando, en el numeral 2), señala que el imputado, a momento de fundar su recurso, solicitó anular obrados por la existencia de vicio procedimental, reclamo que tampoco mereció pronunciamiento por el Tribunal de Alzada. En el numeral 5) del mismo considerando, sin ninguna motivación concluye que el contenido de la Sentencia dio cumplimiento a los requisitos señalados en el art. 360 del Código de Procedimiento Penal omitiendo efectuar clara y precisa relación de los motivos de hecho y de derecho en que fundamentó esa conclusión; mencionando además de manera errónea: "(...)Sin que el apelante hubiese acompañado precedente alguno o hubiese anunciado su presentación para emitir el Auto de Vista (...)", de lo que se entiende que el Tribunal de Alzada considera como requisito para la emisión del Auto de Vista, que se acompañe o se anuncie acompañar precedente contradictorio, desconociendo que el cumplimiento de ese requisito habilita al apelante a una probable futura casación, cuyo efecto en la apelación restringida es de carácter considerativo, pero su incumplimiento no invalida la alzada. Consiguientemente, las denuncias formuladas en el recurso de casación se encuentran debidamente fundadas, resolución que contradice al Nro. 176 de 26 de abril de 2011, correspondiendo establecer doctrina legal aplicable al caso.
Respecto al el A.S. Nro. 169 de 5 de abril de 2008 invocado por el impetrante, es importante hacer hincapié en que la doctrina legal aplicable establecida en Autos Supremos que resuelven el fondo de la casación, dejando sin efecto Autos de Vista que resultan contradictorios a los precedentes invocados por las partes a momento de interponer el recurso, constituye la interpretación de la Ley realizada por este máximo Tribunal de Justicia, cuyo efecto es de carácter vinculante al tenor del art. 420 del Código de Procedimiento Penal consecuentemente, su aplicación es obligatoria para los Tribunales inferiores en grado; en el caso presente, el Auto de Vista citado no reviste esas características, por ser una resolución que resuelve la forma y no el fondo del recurso, consecuentemente no cumple con los requisitos de aplicabilidad, por lo que este máximo Tribunal de Justicia se ve imposibilitado de abrir su competencia y realizar la contratación respecto a esta invocación.
De lo expuesto, se evidencia la existencia de un fallo dictado sin la observancia de las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, que constituye un defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal, lo que amerita en aplicación del art. 419 del Código de Procedimiento Penal, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido.
Se vulnera la garantía del debido proceso, cuando se incumple la exigencia de motivación de las resoluciones, que es precisamente uno de sus componentes, pues la motivación constituye garantía para el justiciable frente a posibles arbitrariedades judiciales; en consecuencia, toda autoridad que emita una resolución resolviendo una situación jurídica, inexcusablemente debe hacerlo sobre la base de datos objetivos que proporcionan los antecedentes cursantes en obrados y el ordenamiento jurídico, por lo que la fundamentación debe ser expresa y puntual, exponiendo los motivos de hecho y derecho que sustentan su decisión, en sujeción de los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; no siendo exigible que la misma sea ampulosa o extensa, sino, que debe expresar de forma clara y precisa los razonamientos lógico-jurídicos base de su decisorio, en observancia del principio de la razón suficiente; lo contrario implica dejar en estado de incertidumbre y/o inseguridad a las partes respecto a su pretensión jurídica
Se vulnera el debido proceso, el derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las resoluciones, que obliga a los órganos judiciales a resolver las alegaciones de las partes de manera expresa cada una de ellas, cuando se emite una resolución sin atender todas las denuncias realizadas; por lo que las resoluciones deben responder emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado, caso contrario, genera indefensión en el recurrente.
Bajo esas consideraciones, se establece la falta de fundamentación en el Auto de Vista impugnado, cuando se evidencia que el Tribunal de Apelación, se limita a un resumen de la Sentencia y de los requerimientos plasmados en la apelación restringida, arriba a conclusiones sin expresar los fundamentos fácticos, lógicos y jurídicos que justifiquen su decisión, vulnerando así el Art. 124 del Código de Procedimiento Penal, la garantía al debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a la motivación, dejando al recurrente en estado de indeterminación frente a la resolución. De igual forma se vulnera el art. 124 del Código de Procedimiento Penal, además del art. 398 de la Ley precitada, así como las garantías y derechos señalados precedentemente, cuando el Tribunal de Apelación omite pronunciarse sobre todas las alegaciones realizadas en el recurso de alzada, incurriendo en el vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), que tiene como esencia, la infracción por parte del Tribunal del deber de atendimiento y resolución de aquellas alegaciones que se hayan traído al proceso de manera oportuna, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada, deviniendo en consecuencia en defecto absoluto inconvalidable.
Por otra parte, la invocación o anuncio de precedentes contradictorios, su presentación o no junto con el Auto de Vista, no incide en la admisión y mucho menos en la resolución de fondo de dicho recurso, pues éste requisito formal, habilita al impetrante a un probable futuro recurso de casación, razón por la que no se encuentra como requisito de admisibilidad para el recurso de apelación restringida (art. 408 Código de Procedimiento Penal), por lo que exigir su presentación en la Alzada vulnera la norma precitada, así como garantía del debido proceso y el principio de legalidad.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y art. 419 del Código de Procedimiento Penal, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista Nro. 999/2011 emitido el 14 de noviembre de 2011 (fs. 543 a 544) por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente por la presunta comisión del delito de transporte previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; ordenando que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronuncie nueva resolución conforme a la doctrina legal señalada precedentemente y las normas constitucionales y legales previstas para el caso concreto.
Dr. Jorge Isaac von Borries Méndez (Magistrado Relator)

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