Source: https://franco.scjn.gob.mx/votos/amparo-directo-212016
Timestamp: 2019-05-21 18:53:50+00:00

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Amparo Directo 21/2016 | José Fernando Franco González Salas
El Tribunal Pleno, por mayoría de seis votos, decidió declarar infundado el concepto de violación, sobre aplicación del delito de cohecho por el Tribunal Militar y reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado, para que se pronuncie sobre los restantes conceptos de violación.
Se analizó la resolución que en segunda instancia declaró al peticionario del amparo como penalmente responsable del delito de cohecho, previsto en el artículo 22, fracción I, del Código Penal Federal —vigente en la época de los hechos—; lo anterior, al habérsele atribuido que en los últimos días de julio y primeros de agosto de dos mil once, en su condición de Cabo Oficinista adscrito al 64/o Batallón de Infantería, con sede en Cancún, Quintana Roo, fungiendo como encargado de la Mesa del Servicio Militar Nacional, exigió a tres personas que prestaban dicho servicio activo, la entrega de diversas cantidades de dinero a fin de justificar sus inasistencias.
Respecto a los alcances del fuero militar, se retomó el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisado en la resolución de diecisiete de abril de dos mil quince, relativa a la supervisión de cumplimiento de las sentencias pronunciadas en los casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra vs. México.
Conforme a dicho pronunciamiento, a pesar de que el trece de junio de dos mil catorce fue reformado el artículo 57 del Código de Justicia Militar, el Tribunal Interamericano consideró que su texto actual impide “la determinación de la ‘estricta conexión’ del delito del fuero ordinario con el servicio castrense objetivamente valorado”.
Tomando en cuenta, el criterio de estricta conexión, la decisión mayoritaria adoptó el criterio de que el fuero militar es competente para conocer de los delitos y faltas que, por su propia naturaleza, atenten de manera directa contra la disciplina militar, cometidos por militares en activo, siempre y cuando se realicen en actos del servicio y no esté involucrado un civil o se trate de violaciones de derechos humanos.
En términos generales, se fijó como criterio que para la actualización de la competencia del fuero militar no basta el indicado aspecto personal —en el sentido de verificar que no esté involucrado un civil—, sino que es necesaria la afectación directa de la disciplina militar, lo cual exige una estricta conexión entre el hecho y el servicio castrense objetivamente valorado.
Se concluyó que los Tribunales Militares no son competentes para juzgar conductas punibles cometidas por militares en activo, cuando: a) esté involucrado un civil o se trate de violaciones a derechos humanos; y b) no atenten de manera directa contra la disciplina castrense.
También se incluyó el estudio del Sistema del Servicio Militar Nacional, y se afirma que las personas a las que se exigió el dinero para justificar sus inasistencias, prestaban el servicio militar en activo, esto es, en condición de conscriptos no exceptuados, y como tales, no sólo estaban sujetos a las leyes, reglamentos y ordenanzas militares, sino también tenían la obligación de prestarlo de manera personal, por lo cual resultaba contrario a derecho no acudir a éste sin causa justificada, así como también exigirles alguna remuneración para borrar de la lista correspondiente sus inasistencias, posteriormente se afirma que “no podría decirse que en el asunto estuvieron involucrados civiles, pues tanto el quejoso como los terceros interesados, al momento de los hechos, eran militares.
Comparto en general tanto el sentido como las consideraciones de la resolución. Sin embargo, estimo pertinente formular dos precisiones a manera de voto concurrente.
En dos mil doce, el Tribunal Pleno se pronunció sobre la interpretación del artículo 13 constitucional al resolver diversos amparos en revisión. En esa ocasión, este Tribunal ya había adoptado el criterio emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en seguimiento de lo establecido en la resolución del asunto Varios 912/2010. En el presente asunto se propone la resolución de un asunto vinculado con la aplicación de esos criterios, en atención a los pronunciamientos recientes de la Corte Interamericana respecto a la modificación al artículo 57 del Código de Justicia Militar.
En sesión de diez de septiembre de dos mil doce, manifesté que en esos asuntos se presenta una situación de excepción, que propició el criterio de la mayoría del Tribunal Pleno, en la que cual me encuentro. Por tanto, reiteré que lo que hicimos como Tribunal Constitucional cuando enfrentamos el problema de cómo íbamos a cumplir con una decisión, una resolución de un tribunal internacional a cuya jurisdicción se sujetó México como Estado, fue crear una regla de recepción de esa sentencia. Al respecto, no hay normas establecidas por el legislador a ese efecto, y la sentencia del asunto Varios 912/2010 no fue más que finalmente determinar cómo la Suprema Corte iba a cumplir con esa sentencia internacional.
De ahí que en estos asuntos, nos encontramos frente al cumplimiento directo de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en asuntos en los que el Estado mexicano fue parte, de manera que la decisión que adopte el Tribunal Pleno debe reflejar de manera íntegra el criterio del tribunal internacional, a fin de darle estricto cumplimiento.
En esta materia, resulta relevante que la propia Corte Interamericana emitió pronunciamiento respecto al cumplimiento que ha dado México a las sentencias en que se analizaron los artículos 13 Constitucional y 57 del Código de Justicia Militar, en relación con los criterios de actualización de esa jurisdicción especializada.
Así, el diecisiete de abril de dos mil quince, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el cumplimiento de las sentencias dictadas en tres casos, vinculados con la jurisdicción militar. Entre esos casos se encuentra el de Radilla Pacheco, el cual motivó la emisión del fallo del asunto Varios 912/2010.
En dicha resolución, la Corte Interamericana expresó con claridad los siguientes estándares jurisprudenciales:
a) La jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, aun cuando el sujeto activo y pasivo sean militares, y
b) En el fuero militar sólo se puede juzgar la comisión de delitos o faltas (cometidos por militares activos) que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.
Considero que el fallo debió regirse, y principalmente adoptar, de manera expresa y literal estos dos criterios, con la finalidad de dar cumplimiento al fallo del Tribunal internacional, pero sobre todo a efecto de orientar la jurisprudencia mexicana hacia el criterio interamericano.
Por otra parte, considero que debió analizarse en términos de los artículos 14 y 15 de la Ley del Servicio Militar, si los sujetos involucrados se encontraban en adiestramiento y si esa situación implicaba considerarlos en activo, por lo que se debió ahondar en el estudio sobre la calidad de quienes prestan el servicio militar. Estimo que no es exacta la afirmación de que los ciudadanos que están en adiestramiento tengan la calidad de militares en activo. Para justificar esa afirmación, debió profundizarse en el régimen de las diferentes modalidades en que se presta el servicio militar y dilucidar los alcances del adiestramiento.
Estas dos precisiones son las que motivan la emisión de este voto concurrente.

References: resolución 
 artículo 22
 resolución 
 artículo 57
 artículo 13
 resolución 
 resolución 
 artículo 57
 resolución