Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016/as201632025.html
Timestamp: 2019-03-23 16:46:20+00:00

Document:
as201632025
Auto Supremo Nº 25/2016.
Sucre, 4 de febrero de 2016.
Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.220/2015.
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 69 a 73, interpuesto por la empresa CABLEBOL S.A., representada por Pedro Huaycho Huaycho; contra el Auto de Vista Nº 138/2014 de 6 de junio de 2014, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 64 a 67), dentro del proceso coactivo social que sigue la Caja Nacional de Salud contra la empresa recurrente, el memorial de respuesta de fs. 81 a 82, el auto de fs. 83 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;
CONSIDERANDO I: Que, presentada la acción coactiva social, y emitido el auto de solvendo de fs. 12, la empresa coactivada opuso excepción de impersonería en el demandado, la que fue tramitada conforme a lo establecido en el art. 32.d) del Decreto Ley (DL) Nº 10173; dictando el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Nº 3 de Cochabamba, a la conclusión del término de prueba el Auto Interlocutorio Definitivo de 18 de octubre de 2011 (fs. 44 a 46), declarando improbadas las excepciones y las reclamaciones de la parte coactivada contenidas en su escrito de fs. 18 a 19 y de fs. 40 a 41, declarándose ejecutoriado el Auto Solvendo de 13 de julio de 2011 (fs. 12).
En grado de apelación de fs. 49 a 51, formulada por el representante de la empresa Bolivian Wire and Cable Company S.A., mediante Auto de Vista Nº 138/2014 de 6 de junio de 2014, (fs. 64 a 67), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba confirmó el Auto Motivado de 18 de octubre de 2011.
Contra el referido auto de vista, el representante legal de la empresa CABLEBOL S.A., interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo de fojas 69 a 73, en el que señala los siguientes argumentos:
En el recurso de casación en la forma, acusa vulneración al debido proceso (art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en su elemento de la debida motivación), en razón a la falta de pronunciamiento sobre la apelación a la resolución de la excepción de falta de personería en el demandante, respecto a la falta de orden judicial para extensión de la fotocopia legalizada del testimonio de poder Nº 125/2011.
Señala que denunció tanto en el memorial de fs. 18 a 19 como en el recuso de fs. 49 a 51, la invalidez de la copia legalizada del testimonio de poder Nº 125/2011 de fs. 1 a 3, por no cumplir con la exigencia establecida en el art. 1311.I del Código Civil (CC) respecto al franqueo de copias legalizadas con previa orden judicial; pero el auto de vista en ninguna parte de su tenor considerativo analizó la invalidez planteada, dejando a la empresa que representa en incógnita de cuál habría sido la decisión del Tribunal de Alzada si hubiera analizado dicho extremo, pues de haber sido declarado probado, el auto de vista habría revocado la sentencia, declarando probada la excepción de impersonería en el coactivante e improbada la demanda.
En el recurso de casación en el fondo, indica que la parte a la que representa dejó claro que la entidad coactivante dirigió equivocadamente su demanda contra una empresa con una razón social y denominación distinta a la empresa, no obstante de ello el Tribunal de apelación señaló que en materia de trabajo y seguridad social es aplicable el principio de primacía de la realidad, arguyendo que lo que importaba es la deuda, interpretando y aplicando erróneamente los arts. 633 del DL Nº 5315 y 327.3 del Código de Procedimiento Civil (CPC), pretendiendo convalidar el error del coactivante.
Acota que se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de la debida fundamentación, al argüir que en materia de seguridad social es aplicable el principio de primacía de la realidad, sin haber efectuado la cita del derecho que dispone tal aplicación, dado que así lo exige el art. 192.2 del CPC y la SCP Nº 0107/2015-S3.
Expresa que se interpretó erróneamente el art. 2.I del Decreto Supremo (DS) Nº 288, al señalar que el único documento que permitiría desvirtuar la personería del demandado es el registro obligatorio de empleadores, razonamiento con el que estarían tasando la prueba y afirmando tácitamente que toda la prueba de falta de personería en los demandados no tendría ningún valor probatorio, por lo que con este razonamiento violaron el art. 180.I de la CPE, que consagró como principio para la actividad de la jurisdicción ordinaria el de la verdad material que importa el hecho de que las autoridades deberán verificar plenamente los hechos que sirvan de motivo a sus decisiones, sin que sea permisible omitir dicha obligación tasando prueba y desechando documentos que aun teniendo calidad de públicos, las autoridades decidan sustraerles valor que les asigna la ley, y, la prueba de fs. 37 debió ser valorada de conformidad a los arts. 27, 31, 133 del Código de Comercio (CCom), art. 9.f) del DS Nº 26215 y 1296.I del CC.
Afirma que no es aplicable al caso el enunciado de que “no es posible mantener formalidades rigurosas en franco desconocimiento a la finalidad de la Seguridad Social”, utilizado por el Tribunal de apelación como fundamento para confirmar el rechazo a la excepción de impersonería, pues el art. 327 del CPC no describe formalidades rigurosas, sino formalidades consideradas mínimas para la correcta integración de la litis, para que el demandado pueda ejercer debidamente su derecho a la defensa y para que la decisión dictada surta los efectos jurídicos contra las partes que la ley le dio.
En relación a la afirmación que efectuó el Tribunal de que la empresa no cumplió con su obligación de presentar a la administración el aviso de novedades al empleador a los efectos de su registro, indica que la empresa en ningún momento tuvo cambio o modificación en su denominación o razón social para que pueda considerársela obligada a registrar tal cambio, advirtiéndose la negligencia, desorden y falta de certidumbre con las que la Caja Nacional de Salud administra sus registros, la que como único documento de certidumbre sobre la personalidad jurídica de la empresa con la que la entidad coactivante cuenta es una copia fotográfica que desconoce y que cursa a fs. 30 de obrados.
Acusa violación del art. 192.2 del CPC y la SCP Nº 0107/2015-S3 al no expresar el Tribunal de Apelación las disposiciones legales o jurisprudenciales en que fundaron el razonamiento de que el convenio cursante a fs. 24 tiene calidad de documento público aun cuando no se encuentre reconocido y que Bolivian Wire and Cable Company S.A. y Cablebol Bolivian Wire Cableco S.A. eran la misma persona colectiva.
Señala que el Tribunal de apelación al confirmar el rechazo a la excepción de impersonería en el demandado, indican que en materia de Seguridad Social se aplica supletoriamente el Código Procesal del Trabajo, al ser disciplinas jurídicas que van intrínsecamente juntas, sin tomar en cuenta el DS Nº 5313 que reglamenta la aplicación del Código de Seguridad Social (CSS), el cual en su art. 633 dispuso que en el proceso coactivo social a falta de disposiciones expresas se aplicarían las del procedimiento civil, debiendo tenerse presente que la remisión a una norma supletoria ya se encuentra dispuesta, por lo que constituye una violación y desconocimiento de la ley el hecho de que se pretenda aplicar una norma supletoria cuando esa supletoriedad ya fue dispuesta en la Ley, por lo que la Caja Nacional de Salud debió dirigir su pretensión en la forma que prevé el art. 327 del CPC, indicando correctamente el nombre de la empresa y de su representante legal.
Acota errónea interpretación, aplicación y violación de la ley para resolver la apelación contra la resolución de la excepción de impersoneria en el demandante, porque tanto en el escrito de fs. 18 a 19 como en el recurso de fs. 49 a 51 expusieron las razones de orden legal que viciaban la personería del representante legal de la entidad demandante, por cuanto se trata de un funcionario que tenía el carácter de interino, indicándose sin fundamento jurídico alguno que la cuestión de jurisdicción y competencia del demandante debía sustanciarse en otro proceso, y sin razón jurídica alguna señaló que el asunto de la personería del coactivante, al estar correctamente acreditada dicha personería, no requería ser debatido aplicando normas que corresponden a otras materias. Por lo que, por el principio jurídico de la unidad del derecho, sin importar la materia de las normas, cuando de la lectura de su tenor es evidente que regulan las mismas conductas o hechos, corresponde sean interpretadas y aplicadas por las autoridades judiciales.
Afirma errónea aplicación de la ley en la apreciación de los requisitos que debía contener a Nota de Cargo, pues debía contener además un texto dirigido al girado que disponga el pago y el plazo para realizarlo, conforme el máximo Tribunal de Justicia interpretó el art. 222 del CSS en el AS Nº 98 de 23 de abril de 2001; habiendo el Tribunal de Alzada aplicado indebidamente los arts. 115 del CSS y 19 del DL Nº 11477.
Concluye solicitando que conforme al recurso de casación en la forma, se anule el auto de vista de fs. 64 a 67 y se disponga que el ad quem se pronuncie sobre la cuestión indicada. Y alternativamente, deliberando en el fondo, se case el auto de vista recurrido, declarando probadas las excepciones de impersonería en el demandado y de inhabilidad de título y consiguientemente improbada la demanda. Y, en el caso de ser desestimdas las anteriores opciones, pide con relación al recurso de casación en el fondo, respecto al punto ii.2, se anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta fs. 16 hasta que el proceso sea tramitado por una persona con jurisdicción y competencia que emane de la ley.
CONSIDERANDO II: Que, expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo, se coligen los siguientes aspectos para su resolución.
Respecto al recurso de casación en la forma, es preciso puntualizar que la observación efectuada resulta inconsistente e imprecisa, debido a que la parte recurrente no la enmarcó con certeza dentro de una de las causales previstas en el art. 254 del CPC, relacionadas esencialmente a “errores in procedendo”, ni fundamentó conforme dispone el art. 258.2) del código adjetivo mencionado.
Sin embargo, considerando la acusación de vulneración al debido proceso (art. 115.II de la CPE, en su elemento de la debida motivación), en razón a la falta de pronunciamiento sobre la apelación a la resolución de la excepción de falta de personería en el demandante, respecto a la falta de orden judicial para extensión de la fotocopia legalizada del testimonio de poder Nº 125/2011 de fs. 1 a 3, por no cumplir con la exigencia establecida en el art. 1311.I del CC, respecto al franqueo de copias legalizadas con previa orden judicial, no habiendo el auto de vista analizado la invalidez planteada; cabe señalar que de la revisión minuciosa del Auto de Vista Nº 138/2014 recurrido, se advierte que fue pronunciado con la pertinencia dispuesta en el art. 236 del CPC, resolviendo precisamente los agravios esgrimidos en el recurso de apelación de fs. 49 a 51, con la debida motivación y fundamentación exigida por ley, pronunciándose respecto a lo extrañado por el recurrente, en el punto 2 del Segundo Considerando expresando que en mérito al Poder Nº 0125/2011, José Saúl Peredo Ledezma en calidad de Gerente General a.i. de la CNS, confirió el Poder especial y suficiente, a favor del Administrador Regional de Cochabamba, Luis Bazán Arteaga, para que asuma la representación y administración de los negocios de dicha Regional ante cualquier persona jurídica o natural, otorgando facultades de asumir la legal representación y personería de la sociedad en forma plena e irrestricta las funciones específicas inherentes al cargo.
Respecto al documento cuestionado, el tribunal ad quem acertadamente señala: “…el referido, fue debidamente legalizado y contiene la transcripción de la Resolución Ministerial No. 0332 de 01.04/2011. En consecuencia, se establece que la excepción de impersonería en la parte coactivante que opuso la parte demandada, carece de sustento válido, habiendo actuado con certeza el a quo al declararla improbada en el auto motivado apelado.”. Por lo que la aseveración realizada en el recurso de casación en la forma, de omisión de pronunciamiento resulta no ser evidente, pues se verifica que el Tribunal de apelación motivó y fundamento adecuadamente al respecto, no encontrándose vulneración al derecho al debido proceso.
Resolviendo el recurso de casación en el fondo: respecto a la aseveración que la entidad coactivante dirigió equivocadamente su demanda contra una empresa con una razón social y denominación distinta a la empresa que representa, no obstante de ello el Tribunal de apelación señaló que en materia de trabajo y seguridad social es aplicable el principio de primacía de la realidad, arguyendo que lo que importaba es la deuda, interpretando y aplicando erróneamente los arts. 633 del DL Nº 5315 y 327.3 del CPC, pretendiendo convalidar el error del coactivante; debe tenerse presente que el art. 633 del DL Nº 5315, Reglamento al Código de Seguridad Social (RCSS) dispone: “A falta de disposiciones expresas, se aplicarán las del Procedimiento Civil.”, norma que no guarda relación con los aspectos vertidos por el recurrente, pues los reclamos alegados van dirigidos a observar el hecho de que la empresa coactivada considera que la entidad coactivante dirigió equivocadamente su demanda contra una empresa con una razón social y denominación distinta a la empresa que representa. En cuanto al núm. 3 del art. 327 del CPC, relativo al contenido de la demanda que dispone: “3) El nombre, domicilio y generales del demandante o del representante legal si se tratare de persona jurídica”, aspecto que de ninguna manera pudo haber sido interpretado y aplicado erróneamente por el tribunal ad quem, por cuanto, a tiempo de presentar la demanda coactivo social, el representante legal de la Caja Nacional de Salud individualizó sus generales de ley y el cargo que ejercía como Administrador Regional, desprendiéndose que la acusación al respecto no resulta evidente.
En referencia a la acusación de que se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de la debida fundamentación, al argüir que en materia de seguridad social es aplicable el principio de primacía de la realidad, sin haber efectuado la cita del derecho que dispone tal aplicación, dado que así lo exige el art. 192.2 del CPC y la SCP Nº 0107/2015-S3; al respecto, es menester considerar que dichos aspectos debieron ser reclamados dentro del recurso de casación en la forma, y no en el fondo como erradamente pretende el recurrente, quien confunde totalmente la naturaleza jurídica y finalidad del recurso de casación en el fondo, por lo que este Supremo Tribunal se encuentra imposibilitado de resolver al respecto.
Igual razonamiento se vierte en relación a la acusada violación del art. 192.2 del CPC, al no expresar el Tribunal de Apelación las disposiciones legales o jurisprudenciales en que fundaron el razonamiento de que el convenio cursante a fs. 24 tiene calidad de documento público aun cuando no se encuentre reconocido y que Bolivian Wire and Cable Company S.A. y Cablebol Bolivian Wire Cableco S.A. eran la misma persona colectiva.
En efecto, los recursos de “casación en el fondo” y “casación en la forma - nulidad”, si bien aparecen hermanados, son dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica. El primero se relaciona con el error “in judicando” que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales, más claro cuando se violan leyes sustantivas. El segundo, con el error “in procedendo” que es atinente a la procedencia del recurso de nulidad en la forma, es decir, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, errores de procedimiento y vicios deslizados que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público. En ambos recursos el Código de Procedimiento Civil, señala taxativamente los casos en que proceden. Así, corresponde señalar que cuando se plantea el recurso de casación en el fondo se deben circunscribir los hechos denunciados a las causales de procedencia establecidas por el art. 253 del citado procedimiento. Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De acuerdo a lo establecido por el art. 253.1), 2) y 3) del CPC, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cual la interpretación debida, 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias, y 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado art. 253 en sus tres ordinales. En tanto que, si se plantea en la forma, debe adecuarse la acción a las previsiones del art. 254 (recurso de casación en la forma) del adjetivo civil citado, aspectos que no fueron considerados por la empresa recurrente.
En relación a la acusación de interpretación errónea del art. 2.I del DS Nº 288, al señalar el auto de vista que el único documento que permitiría desvirtuar la personería del demandado es el registro obligatorio de empleadores, razonamiento con el que estarían tasando la prueba y afirmando tácitamente que toda la prueba de falta de personería en los demandados no tendría ningún valor probatorio, por lo que con este razonamiento violaron el art. 180.I de la CPE, que consagró como principio para la actividad de la jurisdicción ordinaria el de la verdad material que importa el hecho de que las autoridades deberán verificar plenamente los hechos que sirvan de motivo a sus decisiones, sin que sea permisible omitir dicha obligación tasando prueba y desechando documentos que aun teniendo calidad de públicos, las autoridades decidan sustraerles valor que les asigna la ley, y, la prueba de fs. 37 debió ser valorada de conformidad a los arts. 27, 31, 133 del CCom, art. 9.f) del DS Nº 26215 y 1296.I del CC. De lo expresado, se hace imperioso indicar que no es evidente la violación del art. 180.I de la CPE, ni la interpretación errónea que acusa el recurrente del art. 2.I del DS Nº 288 de 9 de septiembre de 2009, pues efectivamente el mismo expresa: “2°.- (Registro) I. El Registro Obligatorio de Empleadores se constituye en el único Registro Público de información socio-laboral de carácter oficial.” Por lo que al aplicar esta normativa, no significa que los Tribunales de primera y segunda instancia hubieran sustraído el valor que le otorga la ley a los demás documentos y pruebas presentadas; advirtiéndose de la revisión y lectura del auto Interlocutorio y el auto de vista, que se realizó un amplio análisis de la normativa aplicable al caso y de las pruebas aportadas, no pudiendo en esta instancia efectuarse una nueva valoración y compulsa de las pruebas acumuladas en el expediente respecto a la impersonería tanto en el demandante como en el demandado y la falta de fuerza ejecutiva de la Nota de Cargo Nº 234-039/2011, siendo preciso aclarar que ésta facultad valorativa es una atribución privativa de los juzgadores de instancia e incensurable en casación, a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho en la apreciación de las prueba que se da cuando se considera que no hay prueba suficiente sobre un hecho determinado, o que se hubiere cometido error de derecho que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le hubieran asignado un valor distinto, lo que en la litis no aconteció, incumpliendo la parte recurrente con lo establecido en el art. 258.2) en relación a lo previsto en el art. 253.3) ambos del CPC, debiendo tenerse presente además que en el auto de vista recurrido no se advierte que el tribunal ad quem hubiese desestimado las pruebas ofrecidas al señalar que el único registro público que puede desvirtuar la impersonería del demandado es el Registro Obligatorio de Empleadores.
Respecto a la aseveración de que la empresa en ningún momento tuvo cambio o modificación en su denominación o razón social para que pueda considerársela obligada a registrar tal cambio, -como afirma el Tribunal de Apelación- advirtiéndose la negligencia, desorden y falta de certidumbre con las que la Caja Nacional de Salud administra sus registros, la que como único documento de certidumbre sobre la personalidad jurídica de la empresa con la que la entidad coactivante cuenta es una copia fotográfica que desconoce y que cursa a fs. 30 de obrados; debe tener presente el recurrente que no concierne a la litis las inculpaciones vertidas respecto a la organización interna de la institución coactivante, sin embargo, el Tribunal de Apelación baso la aseveración indicada en mérito a lo expresado por el representante de la Caja Nacional de Salud quien acompañó dicha prueba a tiempo de fundamentar para resolución.
De la acusación de violación de la SCP Nº 0107/2015-S3, debe tenerse presente que el Auto de Vista Nº 138/2014 recurrido, fue emitido por el tribunal ad quem el 6 de junio de 2014 y la Sentencia Constitucional (SCP) Nº 0107/2015-S3 data de 19 de febrero de 2015, es decir su pronunciación fue un año posterior a la emisión del auto de vista, por lo que no podría haber el Tribunal de apelación violado una sentencia que no nació a la vida jurídica para esa entonces.
De la observación que efectúa el recurrente respecto a la aserción del Tribunal de apelación respecto a que materia de Seguridad Social se aplica supletoriamente el Código Procesal del Trabajo, al ser disciplinas jurídicas que van intrínsecamente juntas, sin tomar en cuenta el DS Nº 5313 que reglamenta la aplicación del Código de Seguridad Social, en cual en su art. 633 dispuso que en el proceso coactivo social a falta de disposiciones expresas se aplicarían las del Procedimiento Civil; cabe expresar que la empresa coactivada omite transcribir en su recurso el texto completo de lo señalado por el tribunal ad quem en el auto de vista a tiempo de tratar sobre el régimen supletorio establecido en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), el mismo que además indica: “Disposición legal que se aplica a materia de seguridad social porque no hay seguridad social si no hay relación de trabajo y ambas disciplinas jurídicas van intrínsecamente juntas. Además, el procedimiento de la seguridad social también es protector y exime en su aplicación ciertas formalidades, siendo en razón a su sencillez de puro derecho, ya que el objeto de la tutela lo constituyen elementos preestablecidos en la ley, es decir, el juez del trabajo es aquel que restituye el principio de legalidad porque en sus manos está el control de legalidad.”. Razonamiento lógico deducido por el Tribunal de segunda instancia, pues conforme el art. 1 del CPT se establece: “El Código Procesal del Trabajo regulará los modos y las formas de tramitación y resolución de todos los asuntos relativos a las cuestiones laborales, cuyo conocimiento corresponde a la Judicatura del Trabajo y de Seguridad Social” (las negrillas son añadidas); norma que guarda relación con los arts. 2, 4, 5, 6, 8 y 9 del CPT.
En relación a la afirmación de que oportunamente expusieron las razones de orden legal que viciaban la personería del representante legal de la entidad demandante, por cuanto se trata de un funcionario que tenía el carácter de interino, indicándose sin fundamento jurídico alguno que la cuestión de jurisdicción y competencia del demandante debía sustanciarse en otro proceso; resulta correcto lo afirmado por el tribunal ad quem en sentido de que José Saúl Peredo Ledezma, Gerene General a.i. de la Caja Nacional de Salud en mérito al poder Nº 0125/2011 confirió el poder especial y suficiente a favor de Luis Bazan Arteaga, quien fungía como Administrador Regional de Cochabamba de la Caja Nacional de Salud, documento debidamente legalizado y que contiene la transcripción de la Resolución Ministerial Nº 0332 de 1 de abril de 2011, justificando de esta manera la personería del coactivante, encontrando en consecuencia carente de sustento valido la excepción de impersonería en la parte coactivante.
Por último, en relación a la controversia de que Bolivian Wire and Cable Company S.A. y Cablebol Bolivian Wire Cableco S.A. son la misma persona colectiva. Si bien el recurrente expresa que conforme el Registro de fs. 37, la empresa que representa responde a la razón social de “Bolivian Wire and Cable Company S.A.” y que sería una empresa distinta a la que se demanda, sin embargo, tanto el Juez de primera instancia como el Tribunal de apelación acertadamente concluyeron luego de analizada la prueba, que se trata de una sola empresa, confirmándose dicho aspecto además de la lectura de los memoriales presentados por el representante de la empresa coactivada, quien a tiempo de formular recurso de apelación lo hace en representación de Bolivian Wire and Cable Company S.A., y al plantear recurso de casación conforme se evidencia del memorial de fs. 69 a 79, lo hace en representación de “CABLEBOL S.A.”, denotándose que es el mismo representante quien se contradice cuando plantea excepciones y recurre de apelación y casación pretendiendo justificar aspectos que fueron completamente determinados por los Tribunales de instancia, por lo que, se establece que el tribunal ad quem al confirmar el Auto Motivado de 18 de octubre de 2011, actuó con acierto valorando adecuadamente los antecedentes del proceso y aplicando correctamente las normas que rigen la materia.
Consiguientemente, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 69 a 73, estas devienen en infundadas, correspondiendo resolver de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables en la materia con la facultad remisiva de los arts. 630 y 633 del RCSS.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 69 a 73, sin costas.

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