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Timestamp: 2019-03-22 01:49:16+00:00

Document:
Jueza tercera laboral del circuito de manizales contra la sala laboral del tribunal superior del distrito judicial de manizales
STL1738-2017
Radicación n.° 70835
Bogotá, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la JUEZA TERCERA LABORAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES, dentro de la acción de tutela que María Rocío Galeano promovió en su contra.
María Rocío Galeano, a través de apoderado judicial instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales, trámite al cual se vinculó de manera oficiosa a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y a la señora María del Socorro Rivera Jaramillo.
Refirió que, inició proceso ordinario laboral contra Colpensiones y la señora María del Socorro Rivera Jaramillo, en el que pretendió el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor José Jairo Marín Arcila, conocimiento que correspondió al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales.
Relató que el 9 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la audiencia de «pruebas y juzgamiento», agotándose para tal efecto la práctica de pruebas y los alegatos de conclusión, pero que, dentro de la diligencia en mención y con posterioridad a un receso, se realizó la lectura del fallo, en el que se negaron las pretensiones de la demanda.
Adujo que la jueza manifestó a las partes que «la decisión quedaba notificada en estrados», dando por terminada la audiencia a las 2:55 pm, omitiendo dar traslado a los sujetos procesales para interponer recurso de apelación contra la anterior decisión, en el evento de considerarlo pertinente.
Contó que, acto seguido, la funcionaria judicial ordenó apagar los equipos de grabación antes de que su apoderado judicial diera a conocer la intención de interponer recurso de apelación pero que una vez lo manifestó, la funcionaria judicial, en un «tono alto y descomedido» le expresó «usted no dijo nada, y ya apague los equipos»
Narró haberle insistido a la jueza que no le había dado la oportunidad para interponer el recurso y, que al solicitarle que se dejara constancia de lo sucedido, aquella se puso de pie y le expresó «bien pueda haga lo que quiera».
Con fundamento en lo expuesto, solicitó le fueran tutelados sus derechos fundamentales constitucionales al debido proceso, a la «defensa y contradicción» y, en consecuencia se ordenara al despacho accionado decretar la nulidad de la audiencia celebrada el 9 de noviembre de 2016, dentro del proceso ordinario laboral radicado N. º 2015-00266, a partir de la lectura del fallo, corriendo traslado a las partes con el fin de que interpusiesen los recursos pertinente
Mediante proveído de 25 de noviembre de 2016, el A quo admitió la demanda de amparo constitucional, corrió traslado a la accionadas y, ordenó vincular a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones y a la señora María del Socorro Rivera Jaramillo.
Al pronunciarse, la jueza accionada, mediante oficio indicó que no ha vulnerado los derechos de la accionante; frente a los hechos que motivaron la acción, señaló que una vez realizó la lectura del fallo, le dijo a las partes que la decisión quedaba notificada en estrados, guardando silencio y, a la espera que los apoderados judiciales exteriorizaran si iban hacer uso del recurso de alzada, pero que como nada dijeron, dio por terminada la audiencia, además, alegó que solo hasta ese momento y, estando apagados los quipos de grabación, la apoderada judicial de la demandante le informó que iba a interponer el recurso de apelación frente a lo que ella le respondió que ya había fenecido la oportunidad para ello, instante en el que el litigante le discutió que existía una vulneración al debido proceso de su representada, por lo que, como autoridad judicial le reiteró que la audiencia ya había terminado y, que «bien pudiera hacer lo que ella estimara conveniente» conjuntamente, citó el artículo 66 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para concluir que el recurso tantas veces mencionado debe interponerse en el acto de la notificación mediante la sustentación oral estrictamente necesaria, lo que a su concepto, no ocurrió pues al notificarse en estrados nada se dijo al respecto, por lo que advirtió que dentro de la normatividad procesal no se consagra como deber del juez el preguntar a los apoderados a cerca de la intención de interponer recursos y, que por el contrario es deber de los abogados litigantes estar atentos al devenir procesal de las audiencias, aludió también que en el artículo 133 del Código General del Proceso, no está consagrada como causal de nulidad la invocada por la tutelante; y finalmente citó pronunciamientos jurisprudenciales sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Dentro del término concedido, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, solicitó la desvinculación pues arguyó que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva, al encontrarse que las actuaciones vulneradoras del debido proceso son ajenas a la entidad. En el mismo sentido, anotó que la presente acción es improcedente para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes sin que se acrediten los requisitos de procedencia de la tutela contra providencia judicial.
Que la señora María del Socorro Rivera Jaramillo, pese a haber sido notificada mediante curadora ad litem, al no lograse comunicación alguna con ella, no rindió informe en los términos del Artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Surtido el trámite de rigor, la Sala cognoscente de este asunto constitucional en primer grado, mediante sentencia de 7 de diciembre de 2016, concedió la tutela instaurada y, declaró la nulidad de lo actuado en el proceso ordinario de primera instancia, desde el momento en que se dispuso la remisión del expediente en el grado jurisdiccional de consulta. En consecuencia, ordenó a la Juez Tercera Laboral del Circuito de Manizales, «que en un término perentorio de cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del expediente, que se encuentra ahora en esta Sala surtiéndose el grado de consulta, proceda a reanudar la actuación, concediéndose a las partes la oportunidad para interponer los recursos pertinentes, si a bien lo tiene, y obviamente sustentarlos».
II.IMPUGNACIÓN
Inconforme con la anterior decisión, la Jueza Tercera Laboral de Circuito de Manizales, la impugnó, reiterando los argumentos expuestos al momento de rendir informe dentro del trámite tutelar y, solicitó que sea revocado el fallo de tutela proferido el 7 de diciembre de 2016, por la Sala Laboral del Tribunal del Distrito Judicial de Manizales.
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Descendiendo al caso, objeto de estudio por parte de esta Sala en segunda instancia, se acompasa con la decisión dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y, en ese entendido se confirmará la tutela de los derechos constitucionales fundamentales, pues el defecto procedimental endilgado a la autoridad judicial accionada tiene un carácter decisivo en tanto que, se soslaya la oportunidad del apoderado judicial de la demandante dentro del proceso ordinario laboral para exponer los argumentos motivo de inconformidad contra la decisión emitida, que serían revisados por el Ad quem.
En concordancia, y, en aras de la primacía del derecho sustancial y del derecho a la doble instancia estipulados en la Carta Política, correspondía a la jueza, propiciar en tiempo la oportunidad para que el profesional del derecho, interpusiese el recurso de apelación pues como lo reseñó si tuvo la intención de hacerlo, solo que ante la orden de la jueza de notificar en estrados sin aguardar para que este pudiera gesticular, procedió a ordenar apagar los equipos de grabación a sabiendas, que en ese instante, si levantó su voz de protesta por la omisión para proceder a tramitar el recurso de apelación solicitado, so pena de incurrir en una evidente vulneración al debido proceso de la actora.
En primer término, indica esta Corporación, sobre el particular que la impugnación es un derecho reconocido por el ordenamiento superior, en virtud del cual, las partes que intervienen dentro del proceso, al sentirse desfavorecidas o insatisfechas con la decisión de primera instancia, encuentran la posibilidad de acudir ante el juez competente en procura de un nuevo examen de la situación planteada; igualmente se señala que el derecho a impugnar o contradecir el fallo que resulte desfavorable, tiene el carácter de fundamental.
En segundo término, el recurso de apelación, posee en sí mismo una estrecha vinculación con el desarrollo del principio de las dos instancias, por cuya virtud, el superior jerárquico habrá de decidir la inconformidad presentada por una de las partes contra una providencia judicial.
Por consiguiente, se precisa que en el presente caso está debidamente acreditado que la sentencia proferida era susceptible del recurso de apelación, igualmente está Sala manifiesta al respecto que, los jueces están estatuidos para administrar justicia, tal función se ejerce dentro de los lineamientos procesales que para tal efecto demarca la ley con el objetivo de no sacrificar el derecho sustancial en aras del respeto riguroso del derecho formal o procedimental.
Porque como se demostró por parte de la accionante y, admitido por la accionada, no se puede desconocer que el recurso de apelación existe y, que fue presentado dentro del escenario procesal para hacerlo, -aunque en destiempo según lo considerado por la juez, circunstancia que lleva a determinar que efectivamente con la decisión adoptada se lesionaron los derechos fundamentales al debido proceso y a la «defensa y contradicción», por lo cual el Tribunal concede la tutela interpuesta y ordena en consecuencia, se dicte providencia que dé tramite al recurso de apelación interpuesto dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción del expediente.
En tal virtud, con el fin de garantizar el derecho fundamental al debido proceso ha de preferirse como sustancial, la simple manifestación de desacuerdo, pues se presentó en forma instantánea antes de la orden de dar por terminada la audiencia, pues de ésta manera, se logran los propósitos del Estado Social de Derecho que propone la Constitución de garantizar cabalmente este derecho permitiendo que jueces de mayor jerarquía conozcan del asunto en comento.
Por esta razón, la administración de justicia, como expresamente lo declara el artículo 229 de la Constitución, debe cumplirse con estricta sujeción a la ley, porque el artículo 121 de la misma Constitución establece que "Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley."
Para la Sala es claro que, cuando la juez impide dar trámite al recurso de apelación, a pesar de haberse manifestado la intención de formularlo, cerró la posibilidad y el derecho a la segunda instancia e incurrió en una vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada es procedente la acción de tutela, tal como lo decidió la primera instancia de esta acción constitucional.
La vía de hecho en el presente caso, consiste en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en el pertinente ordenamiento legal, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que adoptó el juez, atendiendo exclusivamente al ritualismo que sacrifica a la forma, los valores de fondo, y desatendiendo los requisitos que la propia ley exige para su procedencia, excluyendo de antemano toda posibilidad de controversia a favor de una de las partes, que bien podrían resultar esenciales para su causa, la decisión judicial las ignora completamente. Tal irregularidad implica violación del debido proceso (artículo 29 C.P.) e impide que la parte afectada acceda materialmente a la administración de justicia (artículo 229 C.P.), luego, lo que se tiene entonces es un acto judicial arbitrario, que hace procedente la acción de tutela de la referencia.
Esta Sala considera que la decisión adoptada por la Juez Tercera Laboral del Circuito de Manizales, se revela defectuosa en grado absoluto, razón por la que se le exhorta para que en lo sucesivo y, en virtud de su calidad como directora del proceso, adopte las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite, dando aplicación al mandato del artículo 48 del CPL, modificado por el artículo 7 de la Ley 1149.
De ahí que, el articulo 133 numeral 6 del Código General del proceso, establece como causal de nulidad que «cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer traslado» Subrayado por fuera del texto original. Por lo anterior, se avala que el Tribunal Superior de Manizales al tutelar haya declarado al nulidad de lo actuado en el proceso ordinario promovido desde el momento en que se dispuso la remisión del expediente en el grado jurisdiccional de consulta, por lo que no resultan de recibo los argumentos expuestos por la funcionaria judicial accionada, al aducir que la causal no está consagrada en el ordenamiento jurídico, pues basta una lectura de la norma para así constatarlo.
Para reforzar el amparo de los derechos constitucionales fundamentales de la tutelante, se advierte que revisado el compact disc –CD- a folio 220 contentivo de la audiencia de trámite y juzgamiento celebrada, quedo soportado en el medio audiovisual que la jueza accionada no dio la oportunidad para interponer el recurso de apelación anhelado, por el contrario, antes de dar por terminada la audiencia, notificó en estrados, trascurrió un segundo como se puede verificar en la línea de tiempo de grabación, de lo que se infiere que ni siquiera les permitió a las partes pronunciarse, menos aún, que se entendiera que ese era el momento procesal para la interposición de los recursos.
En suma, sin que se hagan necesarias más consideraciones, se confirmará en su integridad la decisión de primera instancia.
PRIMERO: Confirmar, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, el fallo impugnado.
SEGUNDO: Notificar a las partes o intervinientes, por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: Enviar a la Corte Constitucional para su revisión.

References: artículo 66
 artículo 133
 Artículo 19
 artículo 86
 artículo 229
 artículo 121
 artículo 48
 artículo 7