Source: https://www.scribd.com/doc/125646292/Vida-Libre-de-Violencia-a-Las-Mujeres
Timestamp: 2017-03-29 12:29:45+00:00

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Vida Libre de Violencia a Las Mujeres
BrowseInterestsStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinEXPOSICIÓN DE MOTIVOS ¿POR QUÉ UNA LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA A LAS MUJERES? Artículo 1: …por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. (Declaración para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 48/104 de la Asamblea General de la ONU, 20 de diciembre de 1993). El Estado Plurinacional de Bolivia es signatario de Tratados y Convenciones Internacionales para la garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres y están plasmados en la Constitución Política del Estado (7 de febrero de 2009) en un decálogo de derechos constitucionalizados para las mujeres. Se señala en su artículo 15, inciso II que “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad” y, en su Inciso III, el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Firmes con la convicción del compromiso asumido por el Estado Plurinacional de Bolivia de dar cumplimiento a través de leyes, políticas públicas y programas para la prevención, eliminación y sanción a la violencia contra las mujeres de todo el país, urbanas y rurales, de cualquier edad proponemos la LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA A LAS MUJERES como una ley que proteja los derechos humanos de las mujeres y que garantice una vida sin violencia como parte de las políticas del VIVIR BIEN. Por lo tanto, se aplicará en todo el Estado sin discriminación alguna, en todos los ámbitos de la vida social, económica y política. Estando basada en la Constitución Política del Estado, ésta es de orden público, de interés social y de observancia en todo el Estado Plurinacional y su aplicación es preferente con relación a cualquier otra norma, eso significa que esta ley es de carácter especial. La Ley Integral para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres propone medidas de prevención, atención, protección, tipificación de delitos y sanción a los mismos y reparaciones para las mujeres en situación de violencia. Propone al mismo tiempo la modificación y derogación de artículos violatorios a los derechos humanos de las mujeres en nuestra normativa actual, así como incorporar en el Código Penal la tipificación del Feminicidio como delito penal. Da respuesta a la existencia de una problemática histórica, estructural y política en nuestra sociedad cuyas víctimas principales son las mujeres de todas las edades, clase social, nación o pueblo indígena originario campesino, manifestándose de diversas formas y en diferentes ámbitos. Es una Ley Integral que para efectivizarse debe contar con el compromiso político, social e institucional de los y las tomadoras de decisiones de todos los niveles del Estado Plurinacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Sus ámbitos de aplicación están referidos al familiar, al educativo, al laboral, al de publicidad y medios de comunicación, al de salud, a la institucionalidad pública y la comunidad en general. En el ámbito familiar está dirigida a la violencia doméstica, de pareja e intrafamiliar que se manifiesta física, psicológica, sexual, patrimonial y económica contra las mujeres en el marco de relaciones de parentesco, consanguinidad o afinidad, matrimonio, concubinato, mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. En el sistema educativo, se aplica a aquellas conductas que dañan la autoestima de todas las mujeres en el sistema educativo con actos de discriminación por razón de género que infringen maestros y maestras, estudiantes y otras autoridades. O actos de violencia, acoso y hostigamiento sexual a las mujeres que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad.
En el ámbito laboral, el uso de la violencia contra las mujeres expresadas en la negativa de contratar o ascender en el escalafón laboral, desigual salario por igual trabajo respecto a los hombres, a la obligatoriedad para hacerse pruebas de embarazo antes de contratarlas, descalificación del trabajo realizado, amenazas, intimidación, humillaciones, explotación, acceso restringido o inoportuno a la información y al acoso y hostigamiento sexual. En los medios de comunicación, publicidad y difusión que refuerzan estereotipos sexistas que atentan contra los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres. En el sistema de salud referida a los actos de desvalorización, discriminación, humillación, malos tratos, negativa para el registro de casos de violencia y lesiones, negativa de denuncia de los casos atendidos por violencia en pareja, doméstica e intrafamiliar, falta de respeto a normas y procedimientos propios de las mujeres de naciones y pueblos indígena originario campesinos. Se aplica a actos u omisiones realizados por autoridades y operadores del sistema de salud en los tres niveles de gobierno. En la gestión pública, comprende todos los actos u omisiones de los servidores públicos de los tres órganos del Estado y en los gobiernos autonómicos departamental y municipal, que discriminen y/o dilaten, obstaculicen o impidan el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres o negándoles el acceso a los servicios públicos destinados a prevenir, atender, investigar, sancionar, reparar y erradicar los diferentes tipos de violencia. En la comunidad, comprende los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión del ámbito público o privado. Los datos oficiales señalan que 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia en sus hogares (Dato obtenido del Informe Nacional sobre Violencia de Género contra las Mujeres, 1994-1998, Bolivia; 1999 Campaña de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos de las Mujeres) Un 75% de mujeres en situación de violencia reincidente no denuncian. Del total de mujeres que declararon haber sufrido violencia en sus hogares, el 53% no tomo ninguna acción y sólo poco más de un 17% realizaron denuncia El INE señala que de 5.610 casos por violencia física y sexual atendidos en el sistema de salud público en la gestión 2007 a nivel nacional, 4.582 correspondía a mujeres. En el informe presentado en noviembre del 2010 entre INE y Viceministerio de Igualdad de Oportunidades se hace referencia a una relación al registro de 10 casos, 9 correspondían a denuncias realizadas por mujeres, por otro lado, señalan que de 10 hechos violentos en Bolivia sólo 3 son denunciados. El Sistema para la Vigilancia Ciudadana desde una Perspectiva de Género SIVICIGE-CIDEM señala que en las 9 ciudades capitales y la ciudad de El Alto:
El 2007 en 12 meses se han registrado en 10 diferentes instancias de denuncia un total de 68.777 casos, lo que significa 188 diarios, para la misma gestión se han registrado un total de 433 feminicidios o mujeres en riesgo, es decir, más de una muerte o mujer en riesgo por día (intento de asesinato, amenaza, etc.). El 2008 se han registrado en las mismas instancias un total de 80.942 casos de violencia, es decir 221 denuncias por día. Y, sólo el 9,66% corresponden a denuncias realizadas por los hombres, en general denuncias relacionadas a casos de niños, adolescentes y de tercera edad. Por otro lado, el mismo año se ha registrado un total de 637 denuncias por feminicidios o mujeres en riesgo de muerte, lo que significa 1,74 denuncias diarias por muerte, intento o amenaza de asesinato.
El 2009 se ha registrado un total de 81.008 casos de violencia, es decir 222 denuncias por día. y sólo el 6,66% corresponden a denuncias realizadas por los hombres, en general denuncias relacionadas a casos de niños, adolescentes y de tercera edad. Por otro lado, el mismo año se ha registrado un total de 773 denuncias por feminicidios o mujeres en riesgo de muerte, lo que significa 2,11 casos diarios por muerte, intento o amenaza de asesinato.
En la gestión 2010 el Observatorio “Manuela” Violencia, Feminicidio y Mujeres en Riesgo del CIDEM ha registrado, a través del monitoreo de prensa a nivel nacional en 24 medios escritos, digitales y agencias noticiosas, un total de 145 asesinatos de mujeres. De este total 89 casos son feminicidios y 56 están referidos a asesinatos por inseguridad ciudadana o sin determinar por encontrarse en proceso de investigación. De los 89 feminicidios, el 52,81% de las mujeres han muerto en manos de sus parejas (feminicidio Íntimo Conyugal); 22,47% han sido víctimas de feminicidio después de haber sido violadas; 20,22% casos corresponden a Feminicidio Infantil, entre los datos más importantes.
En la gestión 2011, entre enero y agosto, se ha registrado un total de 104 asesinatos, 39 son asesinatos por inseguridad ciudadana y no determinados y 65 corresponden a feminicidios. El 50.77% corresponden a feminicidios íntimos o conyugales, es decir, las mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas. El feminicidio sexual representa 24,62% y el feminicidio infantil un 15,38%.
En consecuencia, la presente Ley efectiviza el derecho fundamental a una vida libre de violencia de las mujeres en el marco de la Constitución Política del Estado.
PROYECTO DE LEY LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA A LAS MUJERES
Título Preliminar CAPITULO I Disposiciones Preliminares Artículo 1 (Marco constitucional) Articulo 2 (Objeto) Artículo 3 (Principios) Artículo 4 (Ámbito de aplicación y alcance de la ley) CAPÍTULO II FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Artículo 5 (Definiciones de las formas de violencia) Artículo 6 (Formas de Violencia contra las mujeres) CAPÍTULO III DERECHOS Artículo 7 (Derechos de las mujeres en situación de violencia) Artículo 8 (Colisión de derechos) TITULO I MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA COTNRA LAS MUJERES CAPÍTULO I DE LA PREVENCIÓN Artículo 9 (Prevención) Articulo 10 (Plan Nacional Integral para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres) Artículo 11 (Líneas Estratégicas) Artículo 12 (Control Social) Artículo 13 (Carácter vinculante) Artículo 14 (Políticas Públicas y Programas) Artículo 15 (Mecanismos de coordinación) CAPÍTULO II ÁMBITO EDUCATIVO Artículo 16 (Atribuciones) Artículo 17 (Incorporación Inmediata) Artículo 18 (Participación en instancias de decisión).CAPÍTULO III ÁMBITO DE SALUD Artículo 19 (Atribuciones) Artículo 20 (Obligación de denuncia) CAPÍTULO IV ÁMBITO DE PUBLICIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN Artículo 21 (Atribuciones) Artículo 22 (Regulación) Articulo 23 (Acciones de cesación y rectificación) Artículo 24 (Obligaciones de los medios de comunicación) Artículo 25 (Objetividad en la información) Artículo 26 (Programas de prevención en medios de difusión masiva) Artículo 27 (Comisión Nacional de Ética de Publicidad no Sexista y Medios de Comunicación) CAPÍTULO V ÁMBITO LABORAL Artículo 28 (Atribuciones) Artículo 29 (Garantía y Ejercicio de Derechos)
CAPÍTULO VI DISTRIBUCIÓN DE ATRIBUCIONES ENTRE ORGANOS DEL ESTADO Y NIVELES AUTONÓMICOS Artículo 30 (Responsabilidad compartida) Artículo 31 (Órgano Ejecutivo y Coordinación intersectorial) Artículo 32 (Unidades de prevención, atención y tratamiento de la violencia contra las mujeres) Artículo 33 (Atribuciones del Instituto Nacional de Estadística) Artículo 34 (Atribuciones de los Gobiernos Autónomos Departamentales) Artículo 35 (Atribuciones de los Gobiernos Autónomos Municipales) Artículo 36 (Atribuciones de los Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos) TITULO II TUTELA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL CAPITULO I ENTE RECTOR CON NIVEL MINISTERIAL Artículo 37 (Ente Rector) Artículo 38 (Atribuciones) Articulo 39 (Responsabilidad estatal y gubernamental) CAPITULO II ADJUNTA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Artículo 40 (Naturaleza) Artículo 41 (Sede) Artículo 42 (Atribuciones) Artículo 43 (Control Institucional) TITULO III INSTITUCIONES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA CAPÍTULO I SERVICIOS DE ATENCION LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES PARA LAS MUJERES Artículo 44 (Definición) Artículo 45 (Creación y fortalecimiento de Servicios de Atención Legales Integrales Municipales para las Mujeres) Artículo 46 (Atribuciones) Artículo 47 (Integrantes) Artículo 48 (Capacitación) Artículo 49 (Obligación de denuncia) Artículo 50 (Responsabilidad) CAPITULO II CASAS DE ACOGIDA TEMPORAL Artículo 51 (Definición) Artículo 52 (Creación) Artículo 53 (Personal) Artículo 54 (Funciones y servicios mínimos) Artículo 55 (Reserva) Artículo 56 (Permanencia) CAPITULO III CENTROS DE FORTALECIMIENTO PARA MUJERES Artículo 57 (Definición) Artículo 58 (Creación) Artículo 59 (Funciones y servicios mínimos) Articulo 60 (Reserva de la información) CAPITULO IV CENTROS DE REHABILITACION PARA AGRESORES Artículo 61 (Definición) Artículo 62 (Creación) Artículo 63 (Lugar de Funcionamiento) Artículo 64 (Obligatoriedad) Artículo 65 (Funciones y Servicios Mínimos) CAPITULO V UNIDAD DE ATENCION Y PROTECCION LEGAL INTEGRAL PARA
MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA Artículo 66 (Definición) Artículo 67 (Atribuciones) Artículo 68 (Requisitos) Artículo 69 (Negligencia) TITULO IV TUTELA JUDICIAL CAPITULO I JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Artículo 70 (Competencias de Juzgados de Materia de violencia contra las mujeres en los ámbitos público y privado) Articulo 71 (Composición) Artículo 72 (Requisitos) Artículo 73 (Atribuciones) Artículo 74 (Conflicto de Competencia) CAPITULO II EQUIPO INTERDISCIPLINARIO Y SERVICIOS AUXILIARES Artículo 75 (Equipo Interdisciplinario) Articulo 76 (Atribuciones) Artículo 77 (Servicios Auxiliares) CAPITULO III CAPACITACION Y ESPECIALIZACIÓN Artículo 78 (Formación y Sensibilización) Artículo 79 (Entidad responsable) Artículo 80 (Seguimiento y evaluación) CAPITULO IV GARANTIAS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Artículo 81 (Principios procesales) Artículo 82 (Directrices del Procedimiento en casos de Violencia con las Mujeres) Articulo 83 (Inobservancia a requisitos formales) Articulo 84 (Denuncia) Artículo 85 (Carga de la prueba) Artículo 86 (Prueba documental) Artículo 87 (Prueba Testifical) Artículo 88 (Certificados médicos) Artículo 89 (Informes Psicológicos) Artículo 90 (Apreciación de la Prueba) Artículo 91 (Aplicación preferente) Artículo 92 (Fueros) Articulo 93 (Amicus Curiae) Artículo 94 (Requisitos) Articulo 95 (Atribuciones) CAPITULO V MEDIDAS DE PROTECCIÓN Artículo 96 (Medidas de protección) Artículo 97 (Medidas de Protección en Materia Familiar) Artículo 98 (Medidas de protección en Materia Civil) Artículo 99 (Medidas de Protección en Materia Laboral) Artículo 100 (Medidas de Protección en Materia Penal) TITULO V ORGANOS DE INVESTIGACIÓN CAPITULO I MINISTERIO PÚBLICO Artículo 101 (Fiscalías Especializadas en violencia contra las Mujeres) Artículo 102 (Requisitos) Artículo 103 (Responsabilidad) Artículo 104 (Atribuciones) Artículo 105 (Especialidad y Capacitación)
CAPITULO II INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES Artículo 106 (Instituto de Investigaciones Forenses con enfoque de género) Artículo 107 (Protocolos de Atención) Articulo 108 (Certificados Médicos Forenses) Artículo 109 (Requisitos) CAPITULO III FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN DIVISIÓN DE ATENCION A MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA Artículo 110 (División de Atención a Mujeres en situación de violencia) Artículo 111 (Atribuciones) Artículo 112 (Protocolos de Atención) Artículo 113 (Especialidad y Capacitación) TITULO VI TUTELA PENAL CAPITULO I DELITOS Artículo 115 (Modificaciones) Artículo 116 (Abrogaciones) CAPITULO II RESPONSABILIDAD CIVIL Y COSTAS PROCESALES Artículo 117 (Responsabilidad Civil) Articulo 118 (Daño Material) Articulo 119 (Daño inmaterial) Articulo 120 (Medidas de satisfacción y no repetición) Artículo 121 (Costas Procesales) DISPOSICIONES FINALES
PROYECTO DE LEY LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA A LAS MUJERES TÍTULO PRELIMINAR CAPITULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES Artículo 1 (Marco constitucional).- En el marco de la Constitución Política el Estado se reconoce que todas las personas en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad, adoptando las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico en el ámbito público como privado. Artículo 2 (Objeto).- La presente Ley tiene por objeto contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres que, como manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder se ejerce sobre ellas, a través del establecimiento de medidas de protección integral a fin de prevenir, sancionar y reparar los hechos de violencia. Artículo 3 (Principios).- La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes principios: 1. Igualdad real y efectiva. Corresponde al Estado diseñar, implementar y evaluar políticas públicas para lograr el acceso de las mujeres a los servicios y el cumplimiento real de sus derechos. 2. Corresponsabilidad. El Estado es responsable de garantizar, prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y la sociedad es responsable de respetar los derechos de las mujeres y de contribuir a la eliminación de la violencia contra ellas. 3. Integralidad. El Estado en todos sus niveles garantizará a las mujeres en situación de violencia la atención, información, prevención, orientación, protección, sanción, reparación e indemnización 4. Autonomía. El Estado reconoce y protege la independencia de las mujeres para tomar sus propias decisiones sin interferencias. 5. No Discriminación. Todas las mujeres con independencia de sus circunstancias personales, sociales o económicas tales como edad, pueblo indígena originario campesino, orientación sexual, procedencia rural o urbana, religión entre otras, tendrán garantizados los derechos establecidos en esta ley a través una previsión de estándares mínimos en todo el territorio nacional. 6. Atención Diferenciada. El Estado garantiza la atención a las necesidades y circunstancias específicas de mujeres en riesgo, de tal manera que se asegure su acceso efectivo a los derechos consagrados en la presente ley. 7. Verdad Material.- Es el fallo de un tribunal, jueza o juez, sobre el fondo de un asunto pese a defectos procesales de forma. Articulo 4 (Ámbito de aplicación y alcance de la ley).- Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en todo el Estado Plurinacional de Bolivia, su aplicación es preferente en relación a cualquier otra norma. CAPITULO II FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Artículo 5 (Definiciones de las formas de violencia).- A efectos de la presente ley se entenderá por:
Violencia contra las mujeres.- Es cualquier acción u omisión abierta o encubierta que cause muerte, sufrimiento o daño físico, sexual, psicológico, patrimonial, económico, laboral u otro análogo. Mujer en situación de violencia.- Es aquella mujer que haya sufrido, que se encuentre o hubiere salido de una situación de violencia.
Sistema Patriarcal.- Es la construcción histórica y social de identidades femeninas y masculinas que reproduce relaciones jerárquicas, asimétricas y desiguales de poder entre mujeres y hombres. Acción Afirmativa.- Son medidas o acciones concretas dirigidas a reparar situaciones de desigualdad, para superar los obstáculos y alcanzar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres. Misoginia.- Son conductas de odio, abiertas o encubiertas, que se manifiestan en actos violentos y crueles contra las mujeres por el hecho de serlo.
6. Celotipia.- Son conductas de celos obsesivos, irracionales, infundados, que coartan la libertad y los derechos de
las mujeres que causan daños irreversibles.
7. Empoderamiento de las mujeres.- Es el proceso por el cual las mujeres ejercen control, poder,
autodeterminación y autonomía que se manifiesta en el ejercicio pleno de sus derechos y garantías.
8. Lenguaje no sexista.- Es aquel lenguaje visual, simbólico y verbal que no oculta, no subordina, no infravalora,
no discrimina y no excluye a las mujeres.
9. Equidad de Género.- Es asignar de manera equitativa y justa la distribución de recursos, espacios de poder,
decisiones, participación plena y efectiva, tomando en cuenta las diferencias de mujeres y hombres.
10. Identidad Cultural.- Es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que
funcionan como elemento cohesionador de un grupo social y que da sentido de pertenencia.
11. Reparación.- Es la responsabilidad civil y la indemnización del daño material e inmaterial al que tiene derecho
toda mujer que haya sufrido violencia. Artículo 6 (Formas de Violencia contra las Mujeres).- Son formas de violencia:
1. Violencia Física.- Es toda acción que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar lesiones físicas, internas,
externas o ambas, que afecte la integridad física de las mujeres.
2. Violencia Feminicida.- Es la forma extrema de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujer, fundada
en la misoginia y que culmina con su muerte.
3. Violencia Psicológica.- Es la acción dirigida a desvalorar, intimidar, controlar acciones, comportamientos,
decisiones de las mujeres y otros, que tienen como consecuencia la disminución de la autoestima, depresión, inestabilidad psicológica e incluso el suicidio.
4. Violencia Mediática.- Es la acción de exponer o exhibir a niñas, adolescentes y mujeres a través de cualquier
medio de difusión público o privado que directa o indirectamente humille, discrimine, o realice comparaciones peyorativas afectando la dignidad de las mujeres o que reproduzca una imagen estereotipada y discriminatoria.
5. Violencia Simbólica y/o encubierta.- Son los mensajes, valores, símbolos, iconos, signos e imposiciones
sociales, culturales y religiosas, que de manera velada, consciente o inconscientemente, transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.
6. Violencia por Discriminación Racial.- Es todo hecho de violencia contra las mujeres basado en motivos de raza,
color o identidad indígena originaria campesina y afroboliviana.
7. Violencia Sexual.- Es toda acción que ponga en riesgo o vulnere la autonomía y autodeterminación sexual,
lesionando la libertad de decidir y el desarrollo psicosexual de las mujeres.
8. Acoso Sexual.- Es todo acto, comentario reiterado o conducta con connotación sexual, sexista u homofóbica contra las mujeres que perjudique su desempeño laboral, educativo, militar, policial, político, religioso, sindical u otros.
9. Violencia a los derechos sexuales.- Es toda acción u omisión que impida o restrinja a las mujeres el ejercicio de
su derecho a disfrutar de una vida sexual libre, segura afectiva y plena.
10. Violencia a los derechos reproductivos.- Es la acción u omisión que impide, limite o vulnere el derecho de las
mujeres a la información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo, parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijas/os; ejercer su maternidad segura; elegir métodos anticonceptivos seguros y atención de abortos incompletos y otros análogos.
11. Violencia Obstétrica.- Es la conducta discriminadora, deshumanizada, humillante y desinformada que el
personal de salud da a las mujeres durante el embarazo o sus complicaciones, parto, puerperio y lactancia.
12. Violencia por Esterilización Forzada.- Es aquella acción medico quirúrgica o utilización de sustancias de
cualquier tipo, que tengan como resultado la esterilización, reducción o privación de la capacidad reproductiva de la mujer, sea de forma permanente o temporal sin su consentimiento o justificación terapéutica.
13. Violencia por Interrupción forzada del embarazo.- Se refiere a la presión que ejerce la pareja, la familia, la
comunidad o terceras personas sobre la mujer embarazada para que bajo temor, intimidación o violencia física se interrumpa el embarazo.
14. Violencia Económica.- Es toda acción que afecta la vida económica de las mujeres para controlar, monopolizar,
limitar, negar y restringir el ingreso económico.
15. Violencia Patrimonial.- Es toda acción que ocasiona daño o menoscabo en el patrimonio de la mujer o la familia
que se traduce en la transformación, transferencia, enajenación, venta, sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento, distracción o retención de objetos, documentos de bienes, valores o derechos patrimoniales, acceso a la titularidad y propiedad de la tierra, territorio y el sistema de aprovechamiento de sus recursos.
16. Violencia Laboral.- Es toda acción que se comete en contra de las mujeres en el ámbito laboral que se expresa
con la discriminación, humillación, amenazas e intimidación en los centros de trabajo, públicos o privados, que obstaculiza o supedita su acceso, permanencia y ascenso en el empleo a través de la exigencia de requisitos sobre estado civil, edad, apariencia física, exigencia de exámenes de no gravidez, condicionamiento del ejercicio de la maternidad, negación o limitación de beneficios, derechos y precarización de las condiciones generales de trabajo, pago de salario menor que a los hombres por trabajo de igual valor, explotación o prolongación de horas de trabajo, acoso sexual y exigencia del uso de vestimenta que vulnera su identidad cultural.
17. Violencia en los ámbitos educativos.- Cualquier manifestación de agresión física, sexual, verbal, psicológica o
acoso sexual contra las mujeres en la comunidad educativa, entre estudiantes, docentes y estudiantes, docentes, padres y madres con docentes, docentes y administrativos.
18. Violencia Política.- Son las acciones, conductas y/o agresiones que causen daño físico, psicológico o sexual en
contra de mujeres candidatas, electas o en ejercicio de la representación política pública, representación social y sindical para impedir, restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, sus principios y de la ley cometida por una persona, o grupo de personas directamente o a través de terceros.
19. Violencia Institucional.- Son las acciones u omisiones de autoridades públicas o privadas de cualquier nivel
jerárquico o no, profesional, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución, que tengan como fin o efecto retardar, obstaculizar, menoscabar o impedir a las mujeres el goce y ejercicio de sus derechos, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
20. Cualquier otra forma análoga que dañe la dignidad humana, integridad o libertad de las mujeres.
CAPITULO II DERECHOS Artículo 7 (Derechos de las mujeres en situación de violencia).- Toda mujer en situación de violencia tiene derecho a:
1. Acceso a la justicia de manera real y efectiva. 2. Al debido proceso, a ser oída, con las debidas garantías y dentro un plazo razonable. 3. A la inversión de la prueba en los hechos que atenten contra la integridad física, psicológica y sexual de las
mujeres. 4. A un fallo justo, en un caso particular, que modifique las desigualdades sociales y de género. 5. A recibir protección inmediata, oportuna y especializada por parte de las autoridades Judiciales, Policiales, Ministerio Público, Instituto de Investigaciones Forenses, Administrativas, Autoridades de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y Afrobolivianos, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades mencionadas. 6. A la orientación y asistencia jurídica inmediata gratuita y especializada. 7. Recibir atención con calidad y calidez, apoyo, acogida y recuperación integral, a través de servicios multidisciplinarios y especializados. 8. A la información clara, completa, veraz y oportuna sobre las actuaciones, judiciales, policiales y otras en relación con sus derechos, los mecanismos y procedimientos contemplados en la presente ley y demás normas concordantes. 9. A la protección de la dignidad e integridad de las mujeres impidiendo la revictimización por cualquier autoridad que intervenga en el hecho. 10. A la verdad, la justicia, reparación del daño y garantías de no repetición frente a los hechos de violencia. 11. A la flexibilidad del horario laboral a las mujeres en situación de violencia, sin que esto afecte sus derechos laborales. 12. A que los seguros de salud públicos o privados incluyan dentro de sus prestaciones la atención de hechos de violencia contra las mujeres. Artículo 8 (Colisión de derechos).- En caso de conflicto o colisión entre derechos individuales o colectivos se dará preferencia a los derechos esenciales para la dignidad de las mujeres reconocidos en la Constitución Política del Estado y en la presente ley. TÍTULO I MEDIDAS PARA LA PREVENCION Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CAPITULO I DE LA PREVENCION Artículo 9 (Prevención).- A los efectos de aplicación de la presente Ley, el Estado adoptará las medidas de prevención que sean necesarias para modificar los comportamientos individuales y sociales de tolerancia y reproducción de violencia, en tres niveles de acción: I. Prevención estructural.- Comprende todas aquellas medidas de carácter integral destinadas a modificar las actitudes, prácticas, reacciones, acciones y omisiones que tienen como efecto y consecuencia la violencia contra las mujeres, así como su sustitución por otras actitudes en el comportamiento individual, de pareja, familiar, comunitario, social y estatal a través de la sensibilización y educación en el seno de la familia, en la escuela y otros niveles académicos, en el trabajo, los centros de atención de la salud, las comunidades indígenas originario campesinas y afrobolivianas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y cualquier otro ámbito de interacción social.
II. Prevención individual.- Se refiere a las medidas destinadas a promover en cada mujer la habilidad de identificar
toda posible manifestación de violencia o agresión hacia ella, con el propósito de adelantarse a su expresión o concreción y evitar que se produzca.
III. Prevención colectiva.- Se refiere a las medidas destinadas a promover el respeto a los derechos humanos de
las mujeres pertenecientes a las naciones y los pueblos indígena originario campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas en el marco de su identidad cultural. Artículo 10 (Plan Nacional Integral para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres).- Es responsabilidad del Estado, con carácter intersectorial y presidido por el ente rector, adoptar, desarrollar y ejecutar, con participación de organizaciones e instituciones de la sociedad civil, el Plan Nacional Integral para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que contenga medidas suficientes y oportunas en el orden individual, estructural y colectivo para prevenir, erradicar, y modificar los comportamientos sociales de la violencia contra las mujeres, y promover en su lugar acciones que les garanticen su seguridad, respeto y el pleno ejercicio de sus derechos. Artículo 11 (Líneas estratégicas).- El Plan Nacional Integral para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres deberá contemplar las siguientes:
1. Elaboración del Plan de manera articulada y en consulta con organizaciones y movimientos de mujeres y las 2. 3. 4. 5. 6.
pertenecientes a las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, garantizando su plena y efectiva participación. Protocolos de atención especializada para mujeres en situación de violencia Mecanismos de atención, reeducación integral especializada para los agresores así como otras medidas destinadas a modificar su comportamiento. Asignación y dotación de recursos económicos en el Presupuesto General del Estado, en sus diferentes niveles de gobierno para la ejecución del Plan Nacional que se adopte en el marco de esta Ley. Determinación de responsabilidades claras y específicas de las entidades e instituciones públicas y privadas que prestan servicios, para la ejecución del Plan Nacional. Integración y conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Artículo 12 (Control Social).- Las organizaciones sociales y de mujeres de la sociedad civil ejercerán control social a la gestión y calidad de los servicios especializados de atención a mujeres en situación de violencia en todos los niveles del Estado. Artículo 13 (Carácter vinculante).- Las disposiciones legales de esta ley y las políticas públicas que se adopten para su cumplimiento tienen carácter vinculante para todos los órganos del Estado, bajo responsabilidad para cada uno de servidoras y servidores públicos en sus respectivos ámbitos de competencia. Artículo 14 (Políticas Públicas y Programas).- El Plan Nacional Integral para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres constituirá el marco sobre el que deberán desarrollarse políticas públicas específicas para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y establecer un nuevo marco social para garantizar el respeto, una vida digna y libre de violencia, para cuyo efecto se establecen con carácter indicativo, no excluyente de otros que pudieran adoptarse, los siguientes programas:
1. De prevención en los ámbitos estructural, individual y colectivo que consolide una nueva cultura de respeto a las
mujeres, a su dignidad y derechos.
2. De formación, especialización, sensibilización y capacitación de todas aquellas personas que realicen la
atención a mujeres en situación de violencia.
3. De orientación e información a las mujeres para su revalorización como sujetas de derechos.
4. De acogida para apoyar a las mujeres en situación de violencia, así como a los integrantes de su familia. 5. De comunicación para deconstruir los estereotipos sexistas y los roles asignados socialmente a las mujeres
promoviendo la autorregulación de los medios de comunicación en cuanto a la publicidad que emiten el uso irrespetuoso y comercial de la imagen de las mujeres.
6. De orientación, atención y rehabilitación a los agresores para promover los valores que adopta esta ley y lograr
cambios de comportamiento para el respeto efectivo de los derechos de las mujeres. Artículo 15 (Mecanismos de coordinación).- El ente rector ejecutara el Plan Nacional Integral para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres conjuntamente con los Órganos públicos para garantizar la coordinación en la prevención, atención y sanción de los actos de violencia contra las mujeres, que deberán incluir los Servicios de Salud, la Administración de Justicia, las instancias policiales, el Ministerio Público y los Servicios Legales Integrales Municipales. CAPÍTULO II ÁMBITO EDUCATIVO Artículo 16 (Atribuciones).- El Estado Plurinacional en su nivel central, autonómicos y descentralizados tendrán, además de las ya establecidas en la Constitución Política del Estado y las leyes, las siguientes atribuciones:
Incorporar el enfoque de género y los principios de igualdad y equidad de género; interculturalidad, no discriminación entre mujeres y hombres; y, el respeto pleno a los derechos humanos en la currícula educativa en todos los niveles, incluidas las escuelas superiores de formación docente y universidades. Implementar acciones y mecanismos que aseguren el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a la alfabetización, al acceso, permanencia y culminación de estudios en todos los niveles educativos. Crear protocolos para la prevención, detección y denuncia de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes en los diferentes niveles educativos, con prioridad en delitos de violencia sexual. Se deberá incorporar sanciones de destitución del cargo o suspensión definitiva en los reglamentos para docentes que tengan denuncia como agresores y/o acosadores sexuales, con el fin de garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Promover la presencia igualitaria y equitativa de mujeres y hombres en los órganos de dirección, participación y toma de decisiones del Sistema Educativo. Y todas las acciones necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Artículo 17 (Incorporación Inmediata).- En todo el sistema educativo a nivel nacional se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el traspaso inmediato a unidades educativas de las hijas y los hijos de mujeres en situación de violencia o por el cambio de domicilio. Artículo 18 (Participación en instancias de decisión).- El Ministerio de Educación deberá conformar una instancia de representación y coordinación con la participación del ente rector y de las organizaciones de mujeres para el diseño de políticas públicas en el Sistema Educativo que asegure la real y efectiva equidad e igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. CAPÍTULO III ÁMBITO DE SALUD Artículo 20 (Atribuciones).- El Estado Plurinacional en su nivel central, autonómicos y descentralizados tendrán además de las ya establecidas en la Constitución Política del Estado y las leyes, las siguientes Atribuciones:
1. Diseñar y ejecutar planes de capacitación, información y sensibilización sobre violencia contra las mujeres
con enfoque intercultural e integral para que todo el personal de salud pública y privada actúe oportuna y adecuadamente en la detección, prevención, atención y protección.
2. Promover que el sistema de salud responda con atención médica de emergencia o tratamiento inmediato y
gratuito para el restablecimiento de la salud física y emocional de mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia.
3. Elaborar y ejecutar programas, protocolos, modelos de atención y prevención y acciones de capacitación
permanente para identificar y disminuir los factores de riesgo que afectan la salud de las mujeres dirigidas al personal médico, auxiliar y administrativo de salud.
4. Reglamentar y supervisar que las instituciones de salud pública y privada deriven a las mujeres en situación
de violencia o riesgo inminente a las instituciones o casas de acogida especializadas para su protección.
5. Generar y difundir información permanente y actualizada sobre los derechos sexuales y reproductivos;
prevención de las infecciones de transmisión sexual; VIH/ Sida, atención de hemorragias del primer trimestre de embarazo, embarazo no planificado o cualquier otra forma de violencia sexual.
6. Reglamentar y supervisar la obligatoriedad de la atención a las mujeres en situación de violencia en todas
las cajas de salud y cuanto seguro de salud universal exista; debiendo extender en todos los casos su correspondiente certificado médico y/o informe gratuito, en caso de incumplimiento los profesionales serán pasibles a proceso administrativo. 7. Adoptar normas, políticas y programas de capacitación dirigidos a prevenir y sancionar la violencia obstétrica 8. Y todas las acciones necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Artículo 20 (Obligación de denuncia).- Los diferentes niveles del sistema de salud públicos y privados que detecten y/o atiendan a mujeres en situación de violencia deberán denunciar y referir obligatoriamente una copia firmada del registro del caso a la Brigada de Protección a la Familia o a la Policía, Juez de Instrucción o Servicios Legales Integrales Municipales u otra organización especializada en el tema de violencia, dentro de las 48 horas de conocidos los hechos. CAPÍTULO IV ÁMBITO DE PUBLICIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN Artículo 21 (Atribuciones).- El Estado Plurinacional en su nivel central, autonómicos y descentralizados tendrán además de las ya establecidas en la Constitución Política del Estado y las leyes, las siguientes Atribuciones: I. Los medios de comunicación social en su totalidad, velaran por la transmisión plural y no estereotipada de mujeres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la difusión del principio de equidad de género.
II. Se considera publicidad sexista, directa, subliminal o encubierta, aquella que utilice la imagen de las
mujeres de forma vejatoria y discriminatoria, utilizando su cuerpo o partes del mismo como objeto del producto que se pretende promocionar o su imagen asociada a comportamientos estereotipados sexistas que tienden a perpetuar la cultura de violencia contra las mujeres. Artículo 22 (Regulación).- La Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte, deberá regular, velar y ejecutar que los medios de comunicación audiovisual, escrita, oral y electrónica adopten las medidas necesarias para evitar la publicidad, programas y artículos con contenido sexista, que vulneren los principios y derechos establecidos en la presente ley. Articulo 23 (Acciones de cesación y rectificación).- Toda persona individual o colectiva esta facultada para ejercer en la vía administrativa y judicial la acción de cesación y rectificación de la publicidad sexista. Artículo 24 (Obligaciones de los medios de comunicación).- Los medios de comunicación prohibirán y sancionaran toda acción de discriminación, racismo, desigualdad, estereotipos sexistas, expresiones o imágenes que implique o naturalice cualquier forma de violencia contra las mujeres.
Artículo 25 (Objetividad en la información).- La difusión de informaciones relativas a la violencia contra las mujeres se realizara con objetividad informativa, precautelando la defensa de su libertad, dignidad y los derechos fundamentales de las mismas, de sus hijas e hijos y se tendrá especial cuidado en evitar la exposición gráfica de las informaciones y cualquier difusión que constituya humillación, exposición pública y/o degradante de las mujeres.
Artículo 26 (Programas de prevención en medios de difusión masiva).-
I. Todos los medios de comunicación tienen la obligación de incluir en sus respectivas programaciones y
publicaciones mensajes, programas, reportajes para prevenir y desmontar estereotipos sexistas para eliminar la violencia contra las mujeres.
II. A tal efecto, las emisoras radiales, televisivas, escritas y electrónicas destinarán un espacio mínimo gratuito
para la difusión de mensajes que promuevan los valores establecidos en la presente ley. Artículo 27 (Comisión Nacional de Ética de Publicidad no Sexista y Medios de Comunicación).-
Se creará la Comisión Nacional de Ética de Publicidad no Sexista y Medios de Comunicación dependiente del Ministerio de Comunicación, para implementar un Código de Ética, que supervise, regule y sancione la difusión, publicidad, información y toda expresión visual, oral, escrita y electrónica que contenga imágenes, alusiones o estereotipos sexistas, con carácter vejatorio, discriminatorio, racista, humillante o degradante hacia las mujeres.
II. Esta Comisión Nacional estará conformada por representantes de: Ministerio de Comunicación, Adjunta para
los derechos de las mujeres de la Defensoría del Pueblo, Ente Rector, Organizaciones de periodistas, medios de comunicación y organizaciones públicas y privadas de defensa de los derechos de las mujeres. CAPÍTULO V ÁMBITO LABORAL Artículo 28 (Atribuciones).- El Estado Plurinacional en su nivel central, autonómicos y descentralizados tendrán además de las ya establecidas en la Constitución Política del Estado y las leyes, las siguientes Atribuciones:
1. Establecer legislación y políticas públicas que garanticen el ejercicio de los derechos laborales de las
mujeres y el acceso al trabajo digno, asegurando la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como privado. 2. Regular y sancionar el despido injustificado de las mujeres por su estado civil, situación de violencia, de embarazo, edad, condiciones físicas, numero de hijas o hijos, y toda forma de acoso sexual u hostigamiento laboral que se constituya en violencia contra las mujeres. 3. Sensibilizar, fortalecer y capacitar, a partir de una política de formación permanente, al personal de Inspección del Trabajo y operadoras/es y administradoras/es de justicia para la investigación, atención, proceso administrativo o judicial de las denuncias de acoso sexual u hostigamiento laboral. 4. El Ministerio de Trabajo en coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes promoverán la atención médica y psicológica especializada, oportuna y gratuita en el Régimen de Seguridad Social a toda mujer que hubiera sido acosada sexualmente en el ámbito laboral. 5. Y todas las acciones necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Artículo 29 (Garantía y Ejercicio de Derechos).- En caso de impedimento para el ejercicio de estos derechos, la mujer en situación de acoso sexual o violencia laboral podrá recurrir a las instancias administrativa o judicial que la ley le confiere para la reparación del daño, las sanciones que correspondan al agresor y a los responsables que impidieron o vulneraron sus derechos. CAPÍTULO VI
DISTRIBUCIÓN DE ATRIBUCIONES ENTRE ORGANOS DEL ESTADO Y NIVELES AUTONÓMICOS Artículo 30 (Responsabilidad compartida).- Cada uno de los órganos del Estado en el marco de sus respectivas Atribuciones y funciones, y las entidades territoriales autónomas descentralizadas, coadyuvarán para el cumplimiento de esta ley, asignando cada año los recursos económicos y humanos suficientes. Artículo 31 (Órgano Ejecutivo y Coordinación intersectorial).- El ente rector coordinará intersectorialmente la modificación y/o adecuación de sus normativas y políticas públicas, estableciendo medidas de información, capacitación, prevención, atención, procedimientos y sanciones para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Artículo 32 (Unidades de prevención, atención y tratamiento de la violencia contra las mujeres).- El ente rector promoverá la creación en cada instancia del sector publico unidades especializadas de prevención, orientación, atención y tratamiento para las mujeres en situación de violencia y cooperarán con los órganos jurisdiccionales para el seguimiento y control de las medidas que les sean impuestas a los agresores. Artículo 33 (Atribuciones del Instituto Nacional de Estadística).- El Instituto Nacional de Estadística, conjuntamente el ente rector coordinará con los entidades de los Órganos Públicos, los censos, estadísticas y cualquier otro estudio, que permitan recoger datos desagregados por sexo, edad, nación, pueblo indígena originario campesino y afroboliviana sobre las formas de violencia y periódicamente se revisarán los indicadores para la evaluación del impacto de la violencia contra las mujeres. Artículo 34 (Atribuciones de los Gobiernos Autónomos Departamentales).- Los Gobiernos Autónomos Departamentales conforme a las disposiciones de esta ley y las normas que regulan la descentralización y las autonomías deben:
1. Instrumentar y articular las políticas públicas en concordancia con el Plan Nacional Integral para la Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres para prevenir, atender, sancionar y erradicar toda forma de violencia.
2. Incorporar en los Estatutos Autonómicos Departamentales políticas, recursos humanos, presupuestarios y
materiales para la aplicación de la presente ley. 3. Asignar recursos económicos y humanos para la creación y funcionamiento de casas de acogida, centros de apoyo y centros de rehabilitación para agresores. 4. Crear centros de rehabilitación para agresores. 5. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres en la ejecución de las políticas públicas. 6. Crear sistemas de información departamentales estandarizadas que generen reportes anuales hacia el ente rector. 7. Y, las demás aplicables a la materia, que les conceda la ley. Artículo 35 (Atribuciones de los Gobiernos Autónomos Municipales).- Los Gobiernos Autónomos Municipales, conforme a las disposiciones de esta ley y las normas que regulan la descentralización y las autonomías deben:
1. Elaborar y coordinar en concordancia con la política nacional y departamental, la política municipal orientada a
la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
2. Coadyuvar con los Gobiernos Autónomos Departamentales la ejecución y cumplimiento del Plan Nacional
Integral para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 3. Incorporar en las cartas orgánicas, políticas, recursos humanos, presupuestarios y materiales para la aplicación de la presente ley. 4. Promover programas de sensibilización, atención y capacitación a las y los prestadores de servicios a mujeres en situación de violencia. 5. Apoyar la creación de programas de rehabilitación integral para los agresores. 6. Asignar recursos económicos y humanos para la creación y funcionamiento de casas de acogida, centros de apoyo, servicios de atención legales integrales para mujeres en situación de violencia y centros de rehabilitación para agresores.
7. Crear políticas de información y difusión masiva sobre las causas y consecuencia de la violencia contra las
8. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos
humanos de las mujeres, en la ejecución de las políticas municipales. 9. Crear sistemas de información municipales que generen reportes anuales hacia el ente rector. 10. Y, las demás aplicables a la materia, que les conceda la ley. Artículo 36 (Atribuciones de los Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos).- Los Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos conforme a las disposiciones de esta ley y las normas que regulan la descentralización y las autonomías deben:
1. Desmontar prejuicios, mitos y naturalización de la violencia contra las mujeres de las naciones y pueblos
2. Proteger, defender, regular, administrar justicia y sancionar a los agresores en el marco de sus normas y 3. 4. 5.
procedimientos, en casos de reincidencia y delitos penales remitir a éstos a la Justicia Ordinaria. Coordinar con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales la atención inmediata y gratuita, remisión a servicios legales integrales, centros de acogida, centros de apoyo para mujeres indígenas en situación de violencia y agresores a los centros de rehabilitación. Crear Mecanismos de Información que generen reportes anuales hacia el ente rector. Y, las demás aplicables a la materia, que les conceda la ley. TITULO II TUTELA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL CAPITULO I ENTE RECTOR CON NIVEL MINISTERIAL Artículo 37 (Ente Rector).- El ente rector es el responsable de adoptar todas las medidas necesarias para la aplicación de la presente Ley, así como formular políticas públicas, en coordinación intersectorial y con las entidades autónomas territoriales descentralizadas para la erradicación de la violencia contra las mujeres y transversalizar el enfoque de género. Artículo 38 (Atribuciones).- Además de las ya establecidas, el ente rector tiene las siguientes atribuciones:
1. Elaborar, ejecutar, dirigir y concertar el Plan Nacional Integral para la Erradicación de la Violencia contra las 2. 3. 4. 5.
Mujeres así como políticas, planes, programas y normas que promuevan la equidad de género entre mujeres y hombres. Coordinar con las instancias respectivas del Estado Plurinacional la asignación de recursos económicos que permitan la ejecución de políticas, planes y programas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Diseñar políticas de capacitación, formación especializada y sensibilización sostenidos a operadoras/es y administradora/es de justicia en enfoque de género y en atención de casos de violencia contra las mujeres. Diseñar la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres, en lugares que se detecte un índice alarmante de casos. Crear una base de datos para la recopilación y sistematización de la información sobre los casos registrados de violencia contra las mujeres, remitida de los niveles nacional, departamental, municipal, naciones y pueblos indígena originaria campesina e instituciones públicas y privadas. Emitirá anualmente un informe de la situación de los derechos humanos de las mujeres. Y, las demás aplicables a la materia, que les conceda la ley.
Artículo 39 (Responsabilidad estatal y gubernamental).- El Gobierno Nacional y las autoridades de las entidades autónomas territoriales descentralizadas serán responsables de ejecutar y cumplir con lo determinado en la presente ley y estarán sujetos a mecanismos de control social.
CAPITULO II ADJUNTA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Artículo 40 (Naturaleza).- La Adjunta de los Derechos de las Mujeres, es una instancia descentralizada funcional de la Defensoría del Pueblo, vela por la promoción, vigencia, divulgación, defensa, control, exigibilidad y garantía del ejercicio de los derechos de las mujeres, y coordinara la aplicación de la presente ley. Artículo 41 (Sede).- Tendrá como sede nacional la ciudad de La Paz y su ámbito de competencia abarca a todo el territorio nacional pudiendo establecer oficinas en cualquier lugar del país de acuerdo a su reglamento interno. Artículo 42 (Atribuciones).- Las atribuciones de la Adjunta, además de las ya señaladas por la Ley de la Defensoría del Pueblo son: 1. Intervenir de oficio ante cualquier vulneración de derechos de las mujeres, en la administración pública, gobiernos autónomos departamentales, municipales e indígena originario campesinos, y todo organismo del Estado, cual fuera su naturaleza jurídica. 2. Asesorar al Defensor del Pueblo para que en sus intervenciones y acciones incorpore la transversalización del enfoque género. 3. Proponer a la Defensoría del Pueblo que se interpongan procesos constitucionales para la protección de los derechos de las mujeres. 4. Investigar y denunciar de oficio o como consecuencia de una queja, los actos u omisiones que impliquen violación a los derechos y garantías de las mujeres. 5. Diseñar un modelo de vigilancia y control para la calidad de atención en servicios a mujeres en situación de violencia; 6. Hacer seguimiento a la ejecución del Plan Nacional Integral de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como las medidas y políticas públicas. 7. Promover y exigir en sus actuaciones la observancia a las Convenciones y Tratados Internacionales relativos a los derechos de las mujeres. Artículo 43 (Control institucional).- La Adjunta establecerá políticas de observación, seguimiento y evaluación al desempeño de las instituciones públicas responsables de la aplicación de esta ley, especialmente en educación, salud, oficinas públicas en entidades autónomas territoriales nacional, departamental y municipal y autoridades indígena originaria campesina. TITULO III INSTITUCIONES PARA LA ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA CAPÍTULO I SERVICIOS DE ATENCION LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES PARA LAS MUJERES Articulo 44 (Definición).- Son servicios municipales permanentes, gratuitos, de defensa psico-socio-legal dependiente de cada Gobierno Autónomo Municipal para garantizar la vigencia y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Artículo 45 (Creación y fortalecimiento de Servicios de Atención Legales Integrales Municipales para las Mujeres).- Cada Gobierno Autónomo Municipal está obligado a crear y/o fortalecer los Servicios de Atención Legales Integrales Municipales para las mujeres en situación de violencia, que funcionaran de forma permanente y con asignación presupuestaria, recursos humanos especializados e infraestructura. Artículo 46 (Atribuciones).- Los Servicios de Atención Legales Integrales Municipales para las Mujeres tendrán las siguientes responsabilidades: 1. Dar atención psico-socio-legal a las mujeres en situación de violencia. 2. Brindar terapia psicológica especializada con enfoque de género.
3. Orientar, atender y patrocinar a las mujeres en instancias administrativas, policiales y judiciales en las materias:
penal, familiar, laboral, civil, niñez y adolescencia, siempre que su situación sea resultado de un hecho de violencia. 4. Intervenir de manera inmediata ante los hechos de violencia contra las mujeres. 5. Promover la difusión y defensa de los derechos de las mujeres con la participación activa de las y los ciudadanos. 6. Desarrollar acciones de prevención de la violencia contra las mujeres en coordinación con instituciones públicas, privadas y organizaciones de mujeres. 7. Solicitar medidas de protección social coordinando con instituciones de acogida, de apoyo y atención en salud para las mujeres en situación de violencia. 8. Derivar a la autoridad judicial los casos que constituyan delito contra la integridad de las mujeres que han dejado de ser de su competencia. 9. Promover acuerdos de asistencia familiar y su homologación por autoridad competente 10. Las o los abogados de estos servicios deberán seguir de oficio los procesos judiciales de delitos de violencia contra las mujeres. 11. Realizar informes psicológicos y sociales a requerimiento de la interesada y/o de la autoridad judicial que conozca el hecho de violencia y fiscales. 12. Y cuanta acción necesaria para la defensa y protección de las mujeres en situación de violencia. Artículo 47 (Integrantes).- Estos servicios estarán compuestos por profesionales especializados con enfoque de género y amplio conocimiento en la temática. Artículo 48 (Capacitación).- Los Gobiernos Autónomos Municipales propiciaran una permanente capacitación para todo el personal de estos servicios. Artículo 49 (Obligación de denuncia).- Toda persona que tenga conocimiento del menoscabo, violación, amenaza o negación de los derechos de las mujeres, deberá denunciar estos hechos ante estos servicios en su respectiva jurisdicción. Artículo 50 (Responsabilidad).- El personal de estos servicios tendrá responsabilidad administrativa, penal y civil, por las acciones que realice y la negligencia en el ejercicio de sus funciones. CAPITULO II CASAS DE ACOGIDA TEMPORAL Articulo 51 (Definición).- Es un servicio social de protección y promoción de la mujer en situación de violencia, cuya finalidad es acogerla temporalmente con sus hijas/os. Artículo 52 (Creación).- Las autoridades de las entidades territoriales autónomas descentraliza-das, tendrán la responsabilidad de crear casas de acogida temporal en las áreas urbana y rural brindando un servicio de atención permanente las 24 horas del día y todo el año. Asimismo podrán contar con casas de refugio y albergues temporales la Policía Nacional, sociedad civil e instituciones privadas sin fines de lucro. Artículo 53 (Personal).- Estas casas deberán contar con un equipo multidisciplinario especializado y capacitado en la materia, con enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad. Artículo 54 (Funciones y servicios mínimos).- Estas casas tendrán las siguientes funciones y servicios mínimos: 1. Dar acogida temporal y gratuita a las mujeres y sus hijas/os en situación de violencia. 2. Estimular y promover en las mujeres en situación de violencia el empoderamiento facilitando su acceso a la educación, capacitación laboral y trabajo. 3. Velar por la seguridad de las mujeres y sus hijas/os bajo su cobijo, cuidado y protección. 4. Brindar el hospedaje y alimentación gratuita. 5. Coordinar con centros de salud pública y privada cercanos a estas casas la atención médica.
Articulo 55 (Reserva).- Estas casas deberán constituirse en refugio seguro para las mujeres en situación de violencia, por tanto su localización no podrá ser revelada a los agresores, familiares y o abogadas/os. Artículo 56 (Permanencia).- Las mujeres que recurran a estas casas no podrán permanecer en ellas más de tres meses, a menos que por la gravedad de la violencia sufrida o debido a condiciones especiales así lo justifiquen o por persistir una situación de riesgo. CAPITULO III CENTROS DE FORTALECIMIENTO PARA MUJERES Artículo 57 (Definición).- Estos centros son un servicio multidisciplinario especializado con enfoques de género, de derechos humanos e interculturalidad para mujeres que han salido del ciclo de violencia para su recuperación integral. Articulo 58 (Creación).- Las autoridades de las entidades territoriales autónomas descentralizadas tendrán la responsabilidad de crear en las áreas urbana y rural estos centros. Artículo 59 (Funciones y servicios mínimos).- Estos centros tendrán las siguientes funciones y servicios mínimos:
1. Brindar una atención multidisciplinaria especializada para mujeres que han salido del ciclo de violencia para la
recuperación de su salud integral.
2. Empoderar a las mujeres que han salido del ciclo de la violencia y facilitar su acceso a la educación,
capacitación laboral y trabajo; y, promover su participación plena en la vida pública, social y privada.
3. Elaborar protocolos de atención médica, social, psicológica y jurídica.
Articulo 60 (Reserva de la información).- Los informes psicológico y social emitidos por estos centros tendrán carácter estrictamente confidencial, solo podrán ser conocidos por la interesada. CAPITULO IV CENTROS PARA AGRESORES Articulo 61 (Definición).- Estos centros son servicios especializados cuya finalidad es brindar ayuda profesional especializada para promover cambios en su conducta agresiva. La terapia por ningún motivo sustituirá la sanción impuesta por los hechos de violencia. Articulo 62 (Creación).- Las autoridades de las entidades territoriales autónomas descentralizadas tendrán la responsabilidad de crear en las áreas urbana y rural estos centros. Artículo 63 (Lugar de Funcionamiento).- Estos centros deben funcionar en lugares distantes a las casas de acogida temporal y los centros de fortalecimiento para mujeres. Articulo 64 (Obligatoriedad).- Los agresores tienen la obligación de asistir a dichos centros derivados por orden judicial o fiscal. Artículo 65 (Funciones y Servicios Mínimos).- Estos centros tendrán las siguientes funciones y servicios mínimos: 1. Aplicar el programa psico-educativo para que los agresores controlen su conducta agresiva y se reinserten a la vida social. 2. Informar a la Autoridad Jurisdiccional sobre el cumplimiento o incumplimiento del programa o terapia por parte de los agresores. 3. Brindar tratamiento psicológico, terapéutico y orientación jurídica a los agresores sobre las consecuencias legales de sus actos. CAPITULO V UNIDAD DE ATENCION Y PROTECCION LEGAL INTEGRAL PARA MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA
Artículo 66 (Definición).- Es la defensa legal que otorga el Ministerio de Justicia como servicio público asumiendo el patrocinio de las mujeres en situación de violencia que no tengan abogada/o patrocinante o recursos para tenerlo. Artículo 67 (Atribuciones).- Son las siguientes: 1. Brindar orientación e información sobre los derechos y garantías que tiene la mujer en situación de violencia. 2. Asumir patrocinio legal en materia civil, penal, laboral y familiar de las mujeres en situación de violencia, sin necesidad de poder expreso. 3. Realizar denuncias, querellas, acusaciones, memoriales, solicitudes administrativas o judiciales para sancionar el delito y reparar el daño causado. 4. Solicitar medidas de protección para la mujer en situación de violencia. 5. Y cuanta acción necesaria para la restitución del derecho vulnerado o daño ocasionado. Artículo 68 (Requisitos).- Serán requisitos para ser abogada/o de esta unidad: 1. No tener antecedentes de incumplimiento de deberes familiares y ejercicio de cualquier tipo de violencia contra su pareja, hijas/os. 2. Haber realizado cursos de especialización en género, derechos humanos y derechos de las mujeres. Articulo 69 (Negligencia).- La negligencia en el ejercicio de sus funciones y/o el abandono del patrocinio a la mujer en situación de violencia, constituye falta grave a los efectos de responsabilidad penal y disciplinaria que corresponda, debiendo ser removido inmediatamente del cargo. TITULO IV TUTELA JUDICIAL CAPITULO I JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Modifíquese el artículo 72 de la ley del Órgano judicial quedando así: Artículo 70. (Competencia de Juzgados Públicos en Materia de violencia en la familia y contra la mujer en el ámbito público y privado).- Las juezas y jueces en materia de Violencia en la familia y contra la mujer en el ámbito público y privado, tienen competencia para: Conocer y resolver todos los hechos de violencia contra la mujer. 1. Aplicar las sanciones establecidas de acuerdo a ley y velar por su cumplimiento. 2. Garantizar la aplicación de medidas que permitan a las mujeres en situación de violencia, su acceso a centros de acogida, separación temporal o definitiva del agresor. 3. Disponer de oficio las medidas de protección necesarias, cuando se trate de hechos flagrantes de violencia o cuando sea evidente la repetición del hecho. 4. Otras establecidas por la ley. Articulo 71 (Composición).- Estos juzgados estarán constituidos por jueza o juez, por una secretaria/o abogada/o, una o un auxiliar, una o un oficial de diligencias y un equipo interdisciplinario de apoyo. Articulo 72 (Requisitos).- Para ser jueza o juez de estos juzgados independientemente de los requisitos establecidos en la Ley del Órgano Judicial, deberá: 1. No tener antecedentes de incumplimiento de deberes familiares y ejercicio de cualquier tipo de violencia contra su pareja, hijas/os. 2. Haber realizado cursos de especialización en género, derechos humanos y derechos de las mujeres. Artículo 73 (Atribuciones).- Además de aquellas establecidas en la Ley del Órgano Judicial, tendrán las siguientes atribuciones: 1. Recibida la causa, la jueza o el juez emitirá medidas de protección de manera pronta y eficaz para las mujeres en situación de violencia o en riesgo con la finalidad de salvaguardar su integridad física, psíquica, sexual, patrimonial y laboral. 2. Adoptar medidas que tiendan a disminuir los efectos de cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
Adoptar medidas para evitar la violencia institucional contra las mujeres. Emitir resoluciones, sentencias, autos y providencias, con enfoque de género. Recurrir a la sana critica con el único fin de disminuir las brechas legales de desigualdad de las mujeres. Durante la vacación o receso judicial se designara un juzgado de turno especializado de violencia contra las mujeres, el mismo que conocerá las causas de violencia en todas las materias, concluida la vacación o receso judicial las causas serán remitidas al juzgado especializado que corresponda.
Artículo 74 (Conflicto de Competencia).- En caso de conflicto de competencia, la jueza o juez especializado podrá remitir el proceso ante juzgado competente, cuando la causa no constituya expresión de violencia contra las mujeres; esta decisión deberá ser fundamentada con una resolución respaldada por un peritaje técnico; la mujer demandante podrá recurrir contra esta decisión. CAPITULO II EQUIPO INTERDISCIPLINARIO Y SERVICIOS AUXILIARES Artículo 75 (Equipo Interdisciplinario).- Cada Juzgado Especializado de Violencia contra las Mujeres, contara de manera permanente con un equipo interdisciplinario de las áreas social y psicológica especializados en derechos humanos, derechos de las mujeres sensibilizados en la problemática de violencia. Artículo 76 (Atribuciones).- Sus Atribuciones son: 1. Intervenir como especialistas independientes e imparciales en los procesos judiciales, realizando peritajes técnicos de carácter integral. 2. Implementar el Protocolo de Atención para testimonios y declaraciones de niños, niñas y adolescentes según su edad y grado de madurez, de mujeres jóvenes y adultas en situación de violencia a fin de no alterar su proceso de recuperación mediante interrogatorios innecesarios que revictimizan. 3. Controlar el cumplimiento de terapias a víctimas, agresores y/o familiares dispuestas por Jueza o Juez, informando el avance, abandono o cumplimiento de las mismas. Articulo 77 (Servicios Auxiliares).- Cuando el caso lo requiera, la Jueza o el Juez podrá ordenar peritajes y otros servicios de asistencia técnica en otras materias, como medicina, educación, derecho, criminología, antropología, sociología u otras profesiones que coadyuven a su labor. CAPITULO III CAPACITACION Y ESPECIALIZACIÓN Artículo 78 (Formación y Sensibilización).- I. Las y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Miembros del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunales Departamentales de Justicia, Tribunales de Sentencia, juezas y jueces de todos los ámbitos de competencia tienen la obligación de asistir a Postgrados especializados en violencia, derechos humanos y derechos de las mujeres. II. Las y los operadores, funcionarios judiciales de todos los niveles y personal subalterno, tienen la obligación de asistir a cursos de capacitación, de sensibilización y actualización permanente en violencia, derechos humanos y derechos de las mujeres. Artículo 79 (Entidad responsable).- El Instituto de la Magistratura, como responsable de la capacitación técnica deberá coordinar con instituciones especializadas nacionales e internacionales en género, derechos humanos, derechos de las mujeres con énfasis en violencia contra las mujeres. Las y los funcionarios judiciales que participen en estos procesos de formación serán declarados en comisión con goce de haberes. Artículo 80 (Seguimiento y evaluación).- El Consejo de la Magistratura deberá realizar seguimiento y evaluaciones a las y los funcionarios judiciales sobre la aplicación práctica en su actuación judicial de la especialización realizada. CAPITULO IV GARANTIAS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA
Artículo 81 (Principios procesales).- En las causas de hechos de violencia contra las mujeres las juezas y jueces en todas las materias, deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad: Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, timbres, legalizaciones, testimonios, certificaciones y otros costos, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad: Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento de aplicar la medida administrativa que corresponda a quien haya recibido la denuncia, 3. Oralidad: Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales para lograr la celeridad y el impulso procesal. 4. Legitimación de la prueba: Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5. Publicidad: Todas las audiencias sobre hechos de violencia contra las mujeres serán públicas, salvo que la mujer denunciante solicite reserva. 6. Inmediatez y continuidad: Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7. Protección: Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictaran medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, y derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8. Economía Procesal: La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial. 9. Ética: La jueza, juez y funcionarias/os que tengan relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguineidad, relaciones de amistad o compadrazgo deberán excusarse de participar de la causa, debiendo ser remitido inmediatamente al juzgado de siguiente grado de su jurisdicción. 10. Retroactividad: Tendrán valor jurídico hechos anteriores, hubieran o no sido reportados o denunciados, que contribuyan a prevenir, esclarecer, procesar y sancionar casos de violencia contra las mujeres. Artículo 82 (Directrices de Procedimiento en casos de Violencia contra las Mujeres).- En todos los procedimientos administrativos y judiciales previstos se aplicaran las siguientes directrices: 1. La prohibición de procedimientos de mediación o conciliación, por no existir igualdad en la relación de sometimiento entre el agresor y la mujer agredida. 2. Disponer medidas de protección para salvaguardar a mujeres en situación de violencia. 3. Sancionar todos los hechos que constituyan violencia contra las mujeres. 4. Disponer terapias de rehabilitación para el agresor, con el fin de eliminar estereotipos sexistas, en ningún caso las mismas sustituirán la sanción. 5. Disponer terapias de fortalecimiento para mujeres que estén saliendo del ciclo de la violencia. 6. Solicitar informes de cumplimiento de sanciones y terapias dispuestas por jueza o juez. Articulo 83 (Inobservancia a requisitos formales).- La falta de requisitos formales o materiales en la denuncia o procedimiento no impedirá el proceso de restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. Articulo 84 (Denuncia).- Las denuncias tramitadas y sancionadas ante los juzgados especializa-dos de violencia contra las mujeres, según la materia que corresponda serán realizadas por: 1. La mujer en situación de violencia, la Adjunta Especializada de la Defensoría del Pueblo, instituciones públicas y privadas que trabajan con la temática de violencia contra las mujeres, organizaciones de mujeres y mixtas. 2. La denuncia podrá ser oral o escrita. 3. El formulario de denuncia deberá consignar lesiones visibles de la violencia y el estado emocional y en lo posible la declaración de la mujer en situación de violencia. Artículo 85 (Carga de la prueba).- En todos los hechos de violencia contra las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al agresor denunciado o demandado, a excepción de materia penal. Artículo 86 (Prueba documental).- Se admitirán como prueba documental cualquiera de las siguientes: 1. Certificado médico expedido por cualquier institución de salud pública o privada. 2. Informe psicológico y/o de trabajo social, expedidos por profesionales que trabajen en instituciones públicas o privadas especializadas en la temática y reconocidas legalmente. 3. Documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles en originales o fotocopias.
4. Minutas o documentos privados. 5. Cartas, mensajes, e-mail, u otros obtenidos lícitamente. 6. Todo documento que conduzca al conocimiento de la verdad. Articulo 87 (Prueba Testifical).- Se admitirán como pruebas testificales cualquiera de las siguientes: 1. La declaración de la mujer en situación de violencia, evitando toda forma de revictimización. 2. Las declaraciones de los parientes de la denunciante o demandante. 3. Las declaraciones de niños, niñas y adolescentes serán recibidas en audiencia reservada con supervisión del profesional en el marco del Código Niño, Niña y Adolescente; 4. Las declaraciones de las y los funcionarios o autoridades que hayan conocido el hecho de violencia. 5. La declaración de los profesionales que hayan intervenido en la atención a mujeres en situación de violencia. Artículo 88 (Certificados médicos).- I. Para fines de acreditar el estado físico de la mujer que hubiera sufrido agresión física o sexual, cualquier profesional de salud que preste servicios en instituciones públicas o privadas, deberá extender un certificado médico gratuito y en papel corriente. II. En procesos penales el certificado medico expedido bajo las condiciones del parágrafo anterior deberá ser confirmado por un experto o una experta forense, evitando la duplicación de la auscultación medica, salvo la necesidad fundada e ineludible que debe ser justificada. Artículo 89 (Informes Psicológicos).- Con el fin de acreditar el daño psicológico y el estado emocional de la mujer en situación de violencia, cualquier profesional que preste servicios en instituciones públicas o privadas podrá extender informe psicológico. Artículo 90 (Apreciación de la Prueba).- I. Las pruebas pueden ser presentadas junto a la denuncia, contestación, audiencia o antes de emitirse la resolución, la falta de prueba a tiempo de plantear la denuncia o demanda, no impedirá la admisión de la misma. II. En caso de duda en la apreciación de la prueba, la jueza o juez estará a lo más favorable para la mujer en situación de violencia. Artículo 91 (Aplicación preferente).- En todos los hechos de violencia contra las mujeres se aplicara con preferencia las disposiciones de la presente ley, en aquello que no estuviere previsto se aplicarán los procedimientos ordinarios en cada materia. Artículo 92 (Fueros).- Conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado, no se reconocen fueros ni privilegios de ninguna clase, por tanto cualquier acto de agresión ejercido contra una mujer podrá ser denunciado y procesado en las instancias competentes, sin que sean aplicables a estos casos el fuero especial contemplado en las leyes militares, ni las prerrogativas de inmunidad parlamentaria establecida para asambleístas nacionales, ni aquellas previstas para el enjuiciamiento de autoridades de los órganos públicos. Articulo 93 (Amicus Curiae).- En las causas que generen un interés social y se proyecte sobre derechos humanos que afecten a mas de una mujer o que pueda tener responsabilidad institucional, se autoriza recibir la intervención del Amicus Curiae, un tercero ajeno a las partes, que cuente con reconocida competencia sobre la cuestión debatida y que demuestre un interés inequívoco en la resolución final del caso, a fin de que ofrezcan argumentos especializados de trascendencia para la decisión del asunto; de ninguna manera constituye un perjuicio para alguna de las partes, ya que si bien puede favorecer la opinión de una de ellas nada impide la presentación de opiniones en sentido contrario. Artículo 94 (Requisitos).- Para su presentación se requiere: 1. Ser una persona física o jurídica con reconocida competencia en la cuestión debatida. 2. Fundamentar el interés para participar de la causa. 3. Expedirse a favor de la defensa de un interés público. Articulo 95 (Atribuciones).- Tendrá las siguientes atribuciones: 1. La actuación del Amicus Curiae se limita al agregado de la opinión al expediente.
2. Deberá presentarse dentro de los 5 días hábiles del decreto de autos para sentencia y en materia penal durante el juicio oral antes de dictar sentencia. 3. Limitar su exposición a 20 carillas tamaño oficio. 4. Los Amicus Curiae no tienen calidad de parte ni derecho a cobrar honorarios. CAPITULO V MEDIDAS DE PROTECCIÓN Artículo 96 (Medidas de protección).- I. Tienen como finalidad prevenir, interrumpir e impedir la consumación de un hecho de violencia contra las mujeres en materia civil, familiar, laboral y penal. II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata que impone la autoridad competente, para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y sus dependientes. Artículo 97 (Medidas de Protección en Materia Familiar).- Estas son: 1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble. 2. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles. 3. Disponer la asistencia familiar a favor de hijas/os y la mujer. 4. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo, estudios, domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro espacio que frecuente la mujer en situación de violencia. 5. Restituir a la mujer al domicilio del cual hubiera sido alejada con violencia, con las garantías suficientes para proteger su vida. 6. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas a la mujer en situación de violencia así como a cualquier integrante de su familia. 7. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia. 8. Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos. 9. Realizar el Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los instrumentos de trabajo de la mujer. 10. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijas e hijos o dependientes. 11. Retener los documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles mientras se decide la repartición. 12. Disponer la tolerancia o reducción del horario de trabajo de la mujer en situación de violencia, sin que se vean afectados sus derechos laborales y salariales. 13. Y todas las que garanticen la integridad física, psicológica, sexual y sus derechos patrimoniales, económicos y laborales. Artículo 98 (Medidas de protección en Materia Civil).- Estas son: 1. Ordenar el Inventario de los bienes muebles e inmuebles de los cónyuges o concubinos. 2. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles. 3. Ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, así como el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar. 4. En casos de derecho sucesorio se dispondrá la posesión inmediata de la mujer sobre la parte que le corresponda de la sucesión. 5. Y todas las que garanticen los derechos personales, patrimoniales y económicos. Artículo 99 (Medidas de Protección en Materia Laboral).- Estas son: 1. Disponer la remoción del agresor de acoso sexual en el medio laboral. 2. Disponer la tolerancia o reducción del horario de trabajo de la mujer en situación de violencia, sin que se vean afectados sus derechos laborales y salariales. 3. Disponer medidas para evitar la discriminación en la selección, calificación, permanencia y ascenso en su fuente laboral. 4. Restringir en caso de acoso sexual todo contacto del agresor con la mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer.
5. Y todas las que garanticen la integridad física, psicológica, sexual y sus derechos laborales. Artículo 100 (Medidas de Protección en Materia Penal).- Estas son: 1. Ordenar la retención y guarda de armas blancas, de fuego, punzocortantes, punzo contundentes y otras. 2. Disponer medidas cautelares de protección a las mujeres en situación de violencia en concordancia con el Código de Procedimiento Penal. 3. Prohibir y sancionar cualquier procedimiento de revictimización de la mujer en situación de violencia. 4. Y todas las que garanticen la integridad de las mujeres en situación de violencia TITULO V ÓRGANOS DE INVESTIGACIÓN CAPITULO I MINISTERIO PÚBLICO Artículo 101 (Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres).- I. Desempeñan funciones en los asientos donde están localizados los juzgados especializados para las Mujeres. II. En el área rural, cumplirán estas funciones las Fiscalías de materia, las cuales tendrán las mismas obligaciones y Atribuciones que las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres. Artículo 102 (Requisitos).- Para ser Fiscal de estas instancias independientemente de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público, deberá: 1. No tener antecedentes de incumplimiento de deberes familiares y el ejercicio de violencia con su pareja e hijas/os. 2. Haber realizado cursos de especialización en género, derechos humanos y derechos de las mujeres. Artículo 103 (Responsabilidad).- I. Es responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y las Fiscalías de Distrito de cada Asiento Judicial asegurar la formación y especialización de las y los fiscales especializados en violencia contra las mujeres, personal técnico y administrativo dependiente del Ministerio Publico en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres. II. Proporcionar al ente rector la información, referencias y datos necesarios, desagregados por sexo y edad sobre los casos investigados, proseguidos ante la jurisdicción ordinaria y los resultados obtenidos por materia de competencia. Artículo 104 (Atribuciones).- Además de las señaladas en la Ley Orgánica del Ministerio Publico tendrán las siguientes Atribuciones: 1. Investigar los hechos de violencia contra las mujeres constituidos en delitos penales. 2. Evitar la revictimización de la mujer en situación de violencia durante la etapa de investigación y juicio oral. 3. Evitar en la etapa de investigación de recolección de pruebas, la reconstrucción y careo con él o los agresores. 4. Informar y orientar desde el inicio del proceso penal todos los pasos procedimentales, así como sus derechos y garantías establecidos por ley. 5. Determinar las medidas necesarias para que las mujeres en situación de violencia ejerzan la acción penal sin temor a represalia. 6. Solicitar al juez jurisdiccional las medidas cautelares de protección necesarias para garantizar la presencia de la mujer en situación de violencia. 7. Disponer acciones de atención medica gratuita de emergencia, en caso de riesgo de vida de las mujeres. 8. En las resoluciones de imputación, acusación y extinción de la acción penal debe evitarse el lenguaje sexista y/o sesgado. 9. Y todas las acciones necesarias para la prosecución penal de los hechos de violencia contra las mujeres. Artículo 105 (Especialidad y Capacitación).- Las y los fiscales especializados de violencia contra las mujeres, tienen la obligación de capacitarse de forma permanente y continua en género, derechos humanos, derechos de las mujeres con énfasis en violencia contra las mujeres, a fin de asegurar que su actuación se rija bajo los principios y valores de la presente ley.
CAPITULO II INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES Artículo 106 (Instituto de Investigaciones Forenses con enfoque de género).- Contara con profesionales forenses especializados en enfoque de género para la atención en exámenes físicos, psicológicos y de agresión sexual a mujeres en situación de violencia, evitando toda forma de revictimización y acciones con sesgo de género. Artículo 107 (Protocolos de Atención).- Deberá contener e incluir en las unidades de valoración forense protocolos de atención integral con calidad, calidez, protegiendo la dignidad, intimidad, y derechos de las mujeres. Articulo 108 (Certificados Médicos Forenses).- Los certificados e informes médico forenses deben ser completos y oportunos debiendo evitar revisiones reiteradas e innecesarias que revictimicen a las mujeres debiendo regirse a protocolos de atención integral. . Artículo 109 (Requisitos).- Los profesionales médicos psicólogos forenses y otros, deberán cumplir además de los establecidos, los siguientes requisitos: 1. No tener antecedentes de incumplimiento de deberes familiares y el ejercicio de violencia con su pareja e hijas/os. 2. Haber realizado cursos de especialización en género, derechos humanos y derechos de las mujeres. CAPITULO III FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN DIVISIÓN DE ATENCION A MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA Artículo 110 (División de Atención a Mujeres en situación de violencia).- En la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se creara esta División y estará encargada de ejercer funciones de policía judicial en la investigación de los delitos de violencia contra las mujeres, debiendo recepcionar, analizar y resguardar las pruebas de toda actuación bajo la dirección del Ministerio Público. Artículo 111 (Atribuciones).- Sus Atribuciones son: 1. Recepcionar las denuncias de delitos de violencia contra las mujeres sean orales o escritas y ponerlas en conocimiento del Ministerio Público. 2. Realizar investigaciones preliminares de un hecho delictivo de violencia contra la mujer. 3. Identificar y aprehender a los presuntos responsables de un hecho delictivo de violencia contra las mujeres. 4. Identificar y auxiliar a las mujeres en situación de violencia. 5. Acumular, analizar y asegurar las pruebas y toda actuación dispuesta por el Fiscal. 6. Informar a la mujer en situación de violencia sobre todos los actuados de su caso. 7. Informar de acuerdo a los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal al Fiscal sobre el avance de la investigación de los delitos de violencia contra las mujeres. 8. Realizar acciones de coordinación con juzgados, fiscalías, Instituto de Investigaciones Forenses y sector salud para el cumplimiento efectivo de las investigaciones. 9. Ingresar a los domicilios en caso de delito in fraganti sin necesidad de orden judicial, con el fin de impedir y/o salvaguardar la vida de las mujeres en situación de violencia. 10. Proteger la dignidad, intimidad y respeto a los derechos de las mujeres en situación de violencia. Artículo 112 (Protocolos de Atención).- Las/los miembros de esta División deberán seguir su accionar en base al Protocolo de Atención Integral, con el fin de evitar cualquier tipo de revictimización hacia las mujeres. Articulo 113 (Especialidad y Capacitación).- Las/los miembros de esta División, recibirán formación técnica especializada en derechos humanos, derechos de las mujeres, violencia contra las mujeres y enfoque de género, a fin de asegurar que sus actuaciones se realicen bajo los principios y valores de la presente ley. TITULO VI TUTELA PENAL
CAPITULO I DELITOS Artículo 115 (Modificaciones).- Modificase los artículos 120, 256, 270 y 271 de la Ley Nº 1768 de 11 de marzo de 1997 del Código Penal, e incorpórense los artículos 120 bis, 120 ter, 120 quáter, 252 bis, 271 bis, 271 ter y 271 quáter, los cuales quedarán redactados de la siguiente forma: Artículo 252 Bis (Feminicidio).- Será sancionado con treinta 30) años de privación de libertad sin derecho a indulto, quien diere muerte violenta a una mujer por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de enamoramiento, pareja o de intimidad con la víctima utilizando chantaje, manipulación, amenazas o acoso. 2. Mantener o haber mantenido con la víctima relaciones familiares de consanguinidad o de afinidad; conyugales o ex conyugales, de convivencia o ex convivencia, de intimidad, de enamoramiento, amistad, compañerismo, relación laboral, o que hubiere procreado hijos o hijas en común, aunque no hubieren convivido. 3. Haber ejercido violencia contra la víctima con anterioridad al hecho. 4. Resultado de ritos o desafíos grupales se matare a una mujer, usando o no armas. 5. Haya sido la víctima utilizada para satisfacción sexual, y/o actos de mutilación sexual u otro tipo de mutilación. 6. Cuando se cometa por misoginia u odio a las mujeres. Artículo 256 (Homicidio – suicidio).- Se aplicará la sanción de seis (6) a diez (10) años cuando la persona se suicide a causa de la violencia ejercida por su agresor. Artículo 270.- (Lesiones Gravísimas).- Incurrirá el autor o autora en la pena de privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años, cuando de la lesión resultare cualquiera de las siguientes consecuencias: a) Una enfermedad mental o corporal, b) un daño psicológico permanente, cierta o probablemente incurable. c) La debilitación permanente de la salud o la pérdida o uso total o parcial de un sentido, de un miembro, de un órgano o de una función, d) La incapacidad permanente para el trabajo o la que sobrepase de noventa (90) días e) La marca indeleble o la deformación permanente del rostro. f) El peligro inminente de perder la vida. Artículo 271 (Lesiones Graves).- Quien de cualquier modo ocasionare a otro un daño físico o psicológico, no comprendido en los casos del artículo anterior, del cual derivare incapacidad para el trabajo de treinta (30) a noventa (90) días, será sancionado con reclusión de uno (2) a seis (6) años. Artículo 271 Bis (Lesiones Leves).- Quien de cualquier modo ocasionare a otro un daño físico o psicológico, del cual derivare incapacidad para el trabajo hasta veintinueve (29) días, se impondrá al autor reclusión de seis (6) meses a dos (2) años o prestación de trabajo hasta el máximo. Artículo 271 ter (Violencia familiar o doméstica).- Será agravada la sanción hasta dos tercios cuando los delitos descritos en los artículos 270, 271, 271 bis, sean cometidos por: 1. Cónyuge o conviviente. 2. Ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado. 3. Ex cónyuge, ex conviviente o a la persona con la que hubiere procreado hijos o hijas en común, aunque no hubieren convivido. 4. Persona con la que mantuviere o mantuvo relaciones de enamoramiento o de intimidad. ARTÍCULO 271 quater (Esterilización Forzosa).- Quien, sin el consentimiento de la persona o su representante legal, en caso de incapacidad mental severa que le impidiese manifestarla, fuese privada de su función reproductiva de manera permanente, será sancionado con la pena de cuatro (4) a ocho (8) años El delito se agrava en un tercio cuando el delito sea cometido contra una mujer.
Artículo 120 (Violación).- Será sancionado con pena privativa de libertad de (10) diez a (20) veinte años a quien realice actos sexuales no consentidos con persona de uno u otro sexo mediante violencia física o psicológica, consistentes en: 1. Acceso carnal o penetración del miembro viril o de cualquier otra parte del cuerpo u objeto por vía vaginal, anal u oral. 2. Contactos sexuales distintos del acceso carnal. El que bajo las mismas circunstancias del párrafo anterior, aunque no mediaría violencia física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental, grave perturbación de la conciencia o grave insuficiencia de la inteligencia de la víctima, o que estuviere incapacitada por cualquier otra causa para resistir, incurrirá en privación de libertad de 15 a 20 años Abrogación del artículo 312 del Código Penal. Artículo 120 bis (Conductas sexuales abusivas).- Será sancionado con privación de libertad de cuatro a seis años, quien obligue a su cónyuge, conviviente o con quien mantenga relaciones de enamoramiento a soportar durante la relación sexual actos que le causen dolor, humillación u obligada a ver actos de exhibicionismo y ver o escuchar material pornográfico contra su voluntad. Articulo 120 ter (Acoso Sexual).- El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue, condicione o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en privación de libertad de (4) cuatro a (8) ocho años. Artículo 120 quater (Agravantes).- En los casos de delito contra la libertad sexual la sanción será agravada de quince (15) a veinte (20) años cuando: 1. La victima sea mayor a sesenta años. 2. La víctima esté embarazada.. 3. El agresor o agresora sea el o la cónyuge, conviviente o mantuviere relación de enamoramiento. 4. El agresor o agresora sea su ex cónyuge, ex conviviente o a la persona con la que hubiere procreado hijos o hijas en común, aunque no hubieren convivido. 5. El agresor o agresora sea la persona con la que mantuviere o mantuvo relaciones de enamoramiento. 6. En la comisión del delito concurran más de dos personas. 7. Se le hubiere puesto en estado de inconsciencia a la victima para ese fin. 8. Producto de la violación se produjere lesiones. 9. Sea ascendiente, descendiente, hermanos, hermanas, parientes en línea directa y colateral o por afinidad. 10. El autor o autora estuviere encargado de su educación o la victima estuviere en situación de dependencia o subordinación de cualquier tipo. 11. Cuando producto de la violación la victima resulte embarazada o con alguna infección de transmisión sexual o VIH. 12. Cuando el autor o autora utilice armas u otros medios susceptibles de producir la muerte de la víctima. 13. Cuando el autor o autora hubiere sometido a condiciones vejatorias y humillantes. 14. Cuando se produjere trauma o daño psicológico en la victima. 15. Cuando fuere realizada por autoridades religiosas, educativas, profesionales, docentes, militares, policías o cualquier miembro de la fuerza pública o seguridad privada, prevaleciéndose del ejercicio de su cargo, función o condición. 16. Si la víctima fuere una persona arrestada o detenida, siempre que el culpable resulte estar a cargo de su guarda o custodia. Artículo 116 (Abrogaciones).- Abrogase el artículo 312 de la Ley 1768 de 11 de marzo de 1997 970, del Código Penal. CAPITULO II RESPONSABILIDAD CIVIL Y COSTAS PROCESALES Artículo 117 (Responsabilidad Civil).- Todo agresor de un hecho de violencia contra las mujeres se constituye en responsable civil por los daños y perjuicios ocasionados, estos se constituyen en: 1. La reparación del daño material ocasionado.
2. La indemnización como compensación de los perjuicios o daños inmateriales ocasionados. Articulo 118 (Daño material).- Es la pérdida o detrimento de los ingresos de las mujeres que sufrieron violencia y en su caso de sus familiares, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso, este se divide en: 1. Daño Emergente.- Es la disminución o detrimento en el patrimonio de las mujeres en situación de violencia o de sus familiares en que hayan incurrido como consecuencia directa del hecho de violencia sufrido; incluye gastos relacionados con el tratamiento medico, psicológico, gastos extraordinarios realizados para impulsar el proceso, traslados a las oficinas publicas para hacer avanzar las investigaciones, cualquier gasto como consecuencia del daño causado.
2. Lucro Cesante.- Es el perjuicio económico sufrido como consecuencia directa del hecho de violencia, es decir,
el lucro perdido o reducción patrimonial futura. Articulo 119 (Daño inmaterial).- I- Es aquel que no tiene carácter económico patrimonial, se refiere a las consecuencias psicológicas nocivas sufridas por las mujeres en situación de violencia o sus familiares, comprenden los siguientes aspectos 1. Sufrimientos. 2. Aflicciones. 3. Menoscabo de valores significativos para las mujeres. 4. Alteraciones de carácter no pecuniario. II. No obstante se presume el daño inmaterial sufrido por la mujer en situación de violencia, por lo que no requiere pruebas. Articulo 120 (Medidas de satisfacción y no repetición).- En los municipios, zonas o comunidades indígena originario campesinas donde se presenten altos porcentajes de violencia contra las mujeres, el Estado en sus diferentes niveles de gobierno deberá realizar acciones y obras de alcance y repercusión pública para garantizar la no repetición del hecho de violencia. Artículo 121 (Costas Procesales).- Las costas procesales son los gastos ocasionados en las actuaciones judiciales, el juez, la jueza o tribunal ordenará la elaboración de la planilla de costas en el plazo de veinticuatro horas de ejecutoriada la resolución, estas comprenden:
Los gastos originados durante la tramitación del proceso y otros que correspondan por la actuación judicial. Los honorarios de los abogados/as, peritos/as, consultores/as técnicos/as, traductores/as. En el caso de delitos penales, la remuneración de los jueces ciudadanos será imputada a favor del Estado. DISPOSICIONES FINALES
Primera.- El Presupuesto General de la Nación asignará en la gestión inmediatamente posterior a la promulgación de la presente ley, los recursos suficientes para su aplicación integral, debiendo asignar a cada institución responsable los montos que le correspondan para el cumplimiento de las atribuciones que se asignan. Segunda.- Para asegurar el funcionamiento y correcta aplicación de esta ley se creará un Fondo Especial al que podrán acceder los Gobiernos Departamentales, Municipales y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, para la implementación de las políticas públicas adoptadas bajo los principios de esta Ley. Tercera.- El Consejo de la Magistratura adoptará las medidas necesarias para la implementación de los Juzgados Especializados de Violencia Contra las Mujeres para que se haga efectiva dentro de los seis meses a partir de la promulgación de la presente Ley. Cuarta.- La Fiscalía General del Estado, adoptara las medidas necesarias para la creación de las Fiscalías Especializadas de la Mujer, para que funcionen dentro de los seis meses a partir de la promulgación de la presente Ley.
Quinta.- El gobierno central, los gobiernos autónomos departamentales, municipales, naciones y pueblos indígena originario campesinos adoptarán las medidas necesarias para la creación, adaptación y funcionamiento de la institucionalidad prevista por esta ley, en el plazo de seis meses a partir de su promulgación. Sexta.- La promulgación y publicación oficial de la presente Ley, así como las publicaciones sucesivas, oficiales o privadas deberán incluir preámbulo o exposición de motivos. Séptima.- En todos los procedimientos administrativos y judiciales previstos para la denuncia y sanción de la violencia contra las mujeres se aplicaran con preferencia las disposiciones de esta ley. Octava.- Las naciones y pueblos indígena originario campesinos en la Ley de Deslinde Jurisdiccional, garantizan el ejercicio de los derechos de las mujeres, su participación, decisión, presencia y permanencia, tanto en el acceso igualitario y justo a los cargos como en el control, decisión y participación en la administración de justicia. Asimismo, prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las mujeres siendo ilegal cualquier forma de conciliación.
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