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Timestamp: 2018-06-22 10:36:32+00:00

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Description: DECLARACION DE LIBERTAD POR FALTA DE MÉRITO Y MEDIDA SUSTITUTIVA SIMULTÁNEAMENTE
DECLARACION DE LIBERTAD POR FALTA DE MÉRITO Y MEDIDA SUSTITUTIVA SIMULTÁNEAMENTE
1. Declaración de Libertad por Falta de Mérito y Medida Sustitutiva Simultáneamente. Lic. Sergio Federico Morales Supervisor Instituto de la Defensa Pública Penal
6. Reflexiones sobre la Casación en
Guatemala. Sr. Steven E. Hendrix Coordinador del Programa de Justicia de la Agencia para el Desarrollo Internacional del 2000
7. Resumen Estadístico de los casos
2. Las Excesivas Prorrogas del Plazo de Prisión Preventiva Porras Licda. Gloria Patricia Porras Escobar Coordinadora Unidad de Capacitación Instituto de la Defensa Pública Penal
atendidos por el Instituto de la Defensa Pública Penal, durante el período de julio 2001 a junio del 2002. Lic. Rudín René González Leiva Consultor en Estadística Evaluación Unidad de Planificación – Programa IDPP/BID Prog. 1120 OC-GU
3. Polémica sobre la Oportunidad para Constituirse en Querellante Adhesivo y las Exigencias para Permanecer como tal. Lic. Oscar Alfredo Poroj Subuyuj Público Defensor Público de Planta Ciudad, Capital
4. Desnaturalización de la Diligencia de Anticipo de Prueba en el Proceso Penal Lic. Oscar Rafael Aguirre Molina Coordinador Depto. De Huehuetenango Instituto de la Defensa Pública Penal
5. El Silogismo Indiciario Lic. José Gustavo Girón Palles Coordinador Depto. de El Quiche Instituto de la Defensa Pública Penal 1
de mérito sin medida de coerción, tienen por finalidad asegurar la presencia del imputado al proceso o evitar que obstaculice la investigación. 1 De las resoluciones que puede emitir el juez, en este artículo solo analizaré la declaración de falta de mérito la medida sustitutiva y la aplicación de las dos medidas en una resolución. ¿Qué es una resolución por falta de mérito?
Lic. Sergio Federico Morales Supervisor Instituto de la Defensa Pública Penal
INTRODUCCIÓN: Cuando una persona es privada de su libertad debe ser puesta a disposición del juez que controla la investigación y dársele la oportunidad para que declare. También tiene el derecho de ser juzgada en un plazo razonable o ser puesta en libertad mientras espera su proceso, mediante las medidas necesarias para asegurar que el sindicado se presentará al juicio. El juez cuenta con varias opciones para resolver la situación legal de un sindicado que se encuentra detenido o se ha presentado voluntariamente a declarar. Dependiendo de las circunstancias que revele la investigación y de la seriedad de la información, el juez puede: a) declarar falta de mérito, con o sin medida sustitutiva. (Con medida sustitutiva: Norma permisiva, pero no en forma extensiva, en aplicación del principio In dubio pro reo, lo cual es motivo del presente artículo) b) ordenar el internamiento del imputado en establecimiento asistencial, cuando entre otros sufra graves alteraciones o insuficiencia mental que lo hagan peligroso y exista peligro de fuga, c) ordenar la prisión preventiva, si se dan los presupuestos legales, d) ordenar su libertad bajo simple promesa de someterse al procedimiento, e) imponerle una o varias de las medidas sustitutivas previstas en la ley. En caso de resolver prisión provisional o una medida sustitutiva, el juez debe dictar inmediatamente el auto de procesamiento. Cualquiera de estas decisiones, exceptuando la falta
Es aquella mediante la cual el Juez ordena la libertad del detenido, por establecer que la información contenida en la prevención policial o consignación, es insuficiente para considerar que el hecho denunciado es constitutivo de delito en ese momento o bien por no existir motivos razonables suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o ha participado en él. Consecuentemente no se podrá ordenar la prisión preventiva o cualquier otra medida de coerción y tampoco se podrá ordenar el sobreseimiento. El auto que la declare deberá contener una clara y precisa fundamentación de la decisión del Juez. La resolución por falta de mérito excluye todos los requisitos para dictar una medida de coerción, contenidos en el artículo 13 de la Constitución Política, 259, 260, 26l, 262, 263, 264, 264 BIS, 265 del Código Procesal Penal. Es una resolución independiente, autónoma, y suficiente para interpretarse a través de los principios de la lógica común. Esta resolución procede únicamente al inicio del proceso, cuando no se cuenta con información sobre la existencia de un hecho punible o no existan motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. Significa que no existen pruebas ni razones fundadas que puedan servir al juez para ordenar la prisión y procesamiento.2 Definición que complementa nuestra posición, por cuanto la misma no admite ninguna medida de coerción simultáneamente. MEDIDA SUSTITUTIVA:
El Juicio Oral en Guatemala. Técnicas para el debate. Rosales Barrientos, Moisés Efraín. Pag. 58 2 Rosales Barrientos. Op. Cit. Pág. 58
En los asuntos en que el encarcelamiento no es la única medida adecuada para garantizar la presencia del imputado o para evitar la obstaculización de la investigación, el juez podrá aplicar medidas sustitutivas. Estas representan un beneficio para el procesado y se encuentran íntimamente ligadas a la presunción de inocencia con su corolario de ser tratado como inocente. Por ello, un imputado gozará, en la medida de lo posible, de su libertad que es el principal derecho vinculado a la presunción de inocencia. Así, la medida de coerción personal es de carácter cautelar y provisional. Sin embargo, no debe pasarse por alto que se trata de una persona sometida a proceso y, en tal virtud, el Estado puede condicionar su libertad, imponiéndole ciertas restricciones para asegurar los fines del proceso. En ese sentido, la medida sustitutiva constituye una libertad limitada o condicionada. 3 Estas medidas atienden a circunstancias específicas, que deben reunir ciertos requisitos particulares para su otorgamiento. Se excluyen expresamente algunos delitos contemplados en el Código Penal y otras leyes especiales como el caso de la Ley contra la Narcoactividad. En estos casos el Juez esta legalmente impedido para otorgar medida sustitutiva, solo la puede otorgar cuando el peligro de fuga o de obstaculización de la verdad pueda ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos grave para el imputado, sin necesidad de prisión preventiva. 4 Paralelamente el legislador también prevé se dicte el auto de procesamiento inmediatamente después de haberla dictado (Artículo 320 C.P.P.) El legislador no vincula el Auto de Procesamiento con la Falta de Mérito, por ser excluyentes. RESOLUCION DE FALTA DE MERITO Y MEDIDA SUSTITUTIVA SIMULTÁNEAMENTE.
Para ilustrar este tema, transcribo a los lectores la parte resolutiva de una decisión judicial, del año dos mil uno, del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, y Delitos contra el ambiente de la ciudad de Guatemala: “al resolver: DECLARA: I) LA FALTA DE MERITO a favor de Martín Pérez Poca Plata, por el delito de POSESIÓN PARA EL CONSUMO: II) Otorga al sindicado la medida sustitutiva de Arresto Domiciliario en su propio domicilio y sin vigilancia; III) Siendo que el sindicado se encuentra guardando prisión en el centro Preventivo para hombres de la zona dieciocho, Líbrese orden de libertad previa acta de promesa; IV) Notifíquese”. Cabe mencionar en este espacio, que la fracción de la resolución que se cita, se tomó al azar, de algunos expedientes concluídos con declaración de Falta de Mérito, del juzgado mencionado, sin embargo existen resoluciones similares de otros juzgados de la misma jerarquía que contienen la misma decisión. En este caso, el razonamiento consiste en considerar que existía peligro de fuga y obstaculización de la investigación. Se incumple con la obligación que impone al juez el artículo 11 BIS del Código Procesal Penal, pues la misma carece de fundamento para suponer que existía peligro de fuga y de obstaculización de la investigación. Sin embargo, su fundamento legal para resolver así la situación del imputado (falta de mérito y medida sustitutiva de arresto domiciliario) fue el artículo mencionado.
ANALISIS DEL FUNDAMENTO LEGAL DE LA DECISIÓN JUDICIAL El artículo 272 del Código Procesal Penal establece: “Falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual sólo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de substitución de prisión preventiva". Los dos supuestos contenidos en la norma transcrita, son los siguientes:
Rosales Barrientos. Op. Cit. Pág. 61 Artículo 264 del Código Procesal Penal
1. Declarar la libertad por falta de mérito sin ninguna medida de coerción. Este supuesto debe interpretarse conforme a su texto según el sentido propio de las palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. 5 No admite otra interpretación. El detenido debe quedar libre en forma lisa y llana, como lo denominaba el Código Procesal Penal anterior al vigente: "Libertad Simple" sin restricción alguna, sin promesa de comparecer al Juzgado. No existen elementos que al Juez le puedan decir que es necesario ligarlo al proceso. En consecuencia, el juzgador al declarar la libertad por falta de mérito no debe imponer ninguna medida de coerción. Si su decisión se fundamenta en la inexistencia de motivos para dejar detenido al mismo, por lógica está imposibilitado para actuar coercitivamente en cuanto a su libertad, porque en ese momento no tiene ningún elemento para ligar al proceso al imputado; aunque sus temores le hagan suponer que existe peligro de fuga u obstáculo para la investigación. En tanto que el otro supuesto es el siguiente. 2. Si existe peligro de fuga u obstaculización a la investigación sólo podrá ordenar una medida sustitutiva a la prisión; aún así la redacción es enfática al mencionar: “..caso en el cual SOLO PODRÁ ORDENAR ALGUNA DE LAS MEDIDAS PREVISTAS....” Es decir sólo en este caso sustituye al adverbio “solamente” dando la connotación de que no se puede resolver de manera distinta, en consecuencia no se puede ordenar la libertad por falta de mérito, si se dispone la aplicación de una medida sustitutiva a la prisión. Ambas formas de resolver no pueden coexistir. Por una razón fundamental el adverbio de modo salvo (que según la gramática tradicional es un adverbio de excepción, similares a excepto y menos), modifica la significación de los verbos “declarará” y “aplicará” contenidos en el artículo 272 ya citado, excluye la aplicación de las medidas sustitutivas de tal manera que análogamente, los supuestos contenidos en la
norma ya referida, deben interpretarse de la siguiente manera: a) Declarará falta de mérito, sin medida de coerción. b) Aplicará una medida sustitutiva, sin falta de mérito, porque la salvedad gramaticalmente exceptúa al primer supuesto jurídico contenido en la norma. Una situación similar en cuanto a excepciones, o salvedad la encontramos en el artículo 261 del Código Procesal Penal que establece: “En delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, SALVO (excepto) –la palabra en mayúscula y la encerrada en paréntesis es obra del autor del artículo- que exista presunción razonable de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad” Para este caso, también deja dos posibilidades: Medida sustitutiva otra forma de resolver la libertad del imputado o dictar auto de prisión preventiva. En ningún caso dos resoluciones excluyentes. Cabe destacar aquí que quienes redactaron el artículo 272 del Código Procesal Penal, debieron escribir un punto antes de la palabra SALVO, contenida en el artículo ya referido, pues de esa manera, sería mucho mas práctica su interpretación, y no una coma como lo hicieron, lo cual ha inducido a error a los jueces para decidir en forma arbitraria, su aplicación. Sin embargo los operadores de justicia, como intérpretes de la ley y en aplicación de garantías constitucionales y procesales debemos ser cuidadosos en la interpretación adecuada de artículos como el que ahora se cuestiona, para evitar violación al Debido Proceso.
CONCLUSIONES. ¿CÓMO PODEMOS CALIFICAR RESOLUCION ANALIZADA? ¿ILEGAL, ARBITRARIA, IMPROCEDENTE? ILEGAL LA
Artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial
a) por cuanto el artículo 272 no faculta al juez para declarar la libertad del imputado por falta de mérito y a la vez imponer una medida sustitutiva en la misma resolución. b) por cuanto todo juzgador al resolver la situación legal de un imputado, aplicando una medida sustitutiva de las que contiene el Código Procesal Penal en el Artículo 264, debe inmediatamente dictar auto de procesamiento, de conformidad con el artículo 320 del Código citado. c) en el caso de referencia, se agrega la ilegalidad de conceder una Medida Sustitutivo en un delito que no la admite de conformidad con el penúltimo párrafo del Artículo 264. ARBITRARIA: a) Porque el juez resuelve a su prudente arbitrio, ignorando la integración de la ley. Debió considerar la Constitución Política de la República de Guatemala, La ley del Organismo Judicial, el Código Procesal Penal y la Ley contra la Narcoactividad; y los Tratados sobre Derechos Humanos en observancia de normas aplicables al caso concreto. IMPROCEDENTE: a) Porque viola el debido proceso al dejar ligado al imputado, por tiempo indefinido, al omitir el auto de procesamiento que fija un plazo a la investigación. b) Porque aunque el artículo 272 del CPP podría ser el fundamento para ordenar la libertad por falta de mérito y aplicación de medida sustitutiva, el artículo 14 del Código Procesal Penal, en su segundo párrafo establece que “las disposiciones de esta ley (CPP), que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas RESTRICTIVAMENTE; en esta materia, la interpretación EXTENSIVA Y LA ANALOGIA quedan prohibidas, mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades”, en consecuencia, el juez tiene prohibido coartar la libertad por falta de mérito con alguna medida de coerción, aun fuese el arresto domiciliario u otra, por contravenir principios fundamentales que restringen la libertad del imputado, aunque ya no esté en prisión. Reconocer también que el mismo en su
redacción contiene errores gramaticales que no pueden ignorarse, en tanto no se proponga por quien o quienes corresponda una reforma o modificación al artículo en cuestión RECOMENDACIONES Aunque se conceda un beneficio al imputado, lo recomendable es impugnarla, a través del recurso de reposición. (artículo 402 del Código Procesal Penal). 1. Plantear una subsanación del procedimiento, contenida en el artículo 282 del Código Procesal Penal, invocando la violación a normas que se relacionan con el debido proceso. En caso de ser rechazado, plantear recurso de reposición, y al ser denegado también, plantear acción de amparo invocando violación a normas relacionadas al debido proceso, contenidas en el artículo 12 de la Constitución Política, cuya acción permitiría a quien corresponde, enmendar los errores de procedimiento cometidos por Jueces de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente al resolver arbitrariamente. 2. Acción de inconstitucionalidad en caso concreto. Sólo interpretando legalmente las normas de nuestro ordenamiento jurídico estaremos seguros de la observancia del Debido Proceso y estaremos asumiendo cada uno de los administradores de Justicia la responsabilidad que nos corresponde desempeñar, profesionalmente, sin actuar arbitrariamente, ilegal o en forma caprichosa, ya que la misma ley nos proporciona la forma de su interpretación, quedando en nosotros solamente recurrir a esas normas para evitar una interpretación personal, violando el Debido Proceso.
LAS EXCESIVAS PRORROGAS DEL PLAZO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA.
Licda. Gloria Patricia Porras Escobar Coordiandora Unidad de Capacitación Instituto de la Defensa Pública Penal
La convención americana sobre derechos humanos y el pacto internacional de derechos civiles y políticos establecen que toda persona detenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad…… y para la determinación del plazo es necesario precisar que el mismo debe contarse a partir del momento en que se dicta un auto de prisión preventiva el cual obviamente solo se puede dictar si se llenan los requisitos establecidos en la ley.
Justicia, de oficio o a pedido del tribunal o del Ministerio Público, podrá autorizar que los plazos anteriores se prorroguen cuantas veces sea necesario, fijando el tiempo concreto de las prórrogas, en este caso, podrá indicar las medidas necesarias para acelerar el trámite del procedimiento y quedará a su cargo el examen de la prisión.” La Corte Suprema de Justicia es el órgano facultado por esta norma para que de oficio prorrogue los plazos. Con ello la convierte en juez y parte, porque tanto el Juez de Primera Instancia como los Magistrados de las Salas que son quienes solicitan las prórrogas pertenecen al mismo órgano del Estado. ¿Cómo entonces podría negarse así mismo? Además las escuetas resoluciones que la Corte Suprema de Justicia emite al autorizar la prórroga de la prisión preventiva, no hace razonamiento alguno que indique los motivos por los cuales ésta es indispensable. Veamos el modelo de resolución que se transcribe: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA PENAL. Guatemala, treinta y uno de octubre de dos mil uno.------------------------------------------------------------------------------I. Con base en el análisis de las actuaciones y dándose los presupuestos legales correspondientes, como lo solicita el Presidente del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente, del departamento de Guatemala, se autoriza la prórroga del plazo de privación de libertad del procesado SADRACH AVERNEGO RENDÓN HERNÁNDEZ por cuatro meses, II) al examinarse la prisión del procesado en referencia, se determina que la misma debe mantenerse. Artículos : 151, 259, 268,290,323 y 324 del Código Procesal Penal; 76 y 141 de la ley del Organismo Judicial.----------------------------------------------------------Aparecen las firmas de ley. El objeto de estudio, análisis y discusión de un punto de derecho que ha sido objeto de crítica desde la entrada en vigencia del código procesal penal, ha sido precisamente el de la prórroga de la prisión. En efecto, la norma (Art. 268 (3) CPP)
Uno de los problemas de la prisión preventiva surge debido a la prórroga que autoriza la Corte Suprema de Justicia desde el momento en que los operadores asumen roles que contradicen las funciones que les han sido otorgadas a través de la Constitución El artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, regula que la justicia se imparte de conformidad con la constitución y las leyes de la república y que corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. El artículo 251 del mismo cuerpo establece que: El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales, con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Ambos artículos son complementarios en virtud de que por un lado el primer artículo regula las funciones del organismo judicial como parte del Estado y el segundo las funciones que como entidad autónoma tiene el Ministerio Público y que en razón de esa separación de funciones es el encargado del ejercicio de la acción penal. Analicemos ahora el contenido del Artículo 268 párrafo tercero del código procesal penal: “La Corte Suprema de
establece un plazo para la duración de la prisión provisional, pero por otra parte, permite que ésta se prorrogue cuantas veces sea necesario, lo que afecta normas constitucionales que contienen garantías y principios que se deben respetar: Plazo razonable y presunción de inocencia. En tal sentido, podemos calificar de inconstitucional el tercer párrafo del artículo 268, ya que constituye una vía legal para la prolongación de la prisión, irrespetando el principio de plazo razonable y con ello, la presunción de inocencia. Además en el mismo CPP, se regula la prisión preventiva con criterios de excepcionalidad y como último recurso para garantizar los fines del proceso. Ello es contrario a toda la legislación moderna y al proceso penal democrático, que se cuida de no convertir la prisión preventiva en pena anticipada. La norma citada contiene una violación de los artículos 203 y 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pues permite violentar el principio de excepcionalidad de la medida cautelar y quiebra el esquema predominantemente acusatorio del proceso. En efecto, al autorizar que la petición de prórroga la formule el juez, cuando por esencia, es una función que corresponde al órgano acusador, convierte al juez en persecutor y juzgador (juez y parte), que es propio del sistema inquisitivo. En el sistema procesal acusatorio el peticionante de una medida que limita el derecho a la libertad es el Ministerio Público, pues a éste corresponde el ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, al asumir esta función el órgano judicial encargado de juzgar y promover la ejecución de lo Juzgado, efectivamente se da una violación constitucional. El artículo 12 de la constitución política de la república de Guatemala, establece en forma imperativa el derecho a un PROCESO LEGAL. Ello significa que cada uno de los sujetos procesales debe desempeñar el rol que le corresponde de acuerdo a lo establecido en la misma. Así, dicho proceso legal se vulnera con la norma de referencia, toda vez que no establece con
claridad, ni determina el tiempo específico que ha de durar la prisión, ya que la misma puede ser prorrogada cuantas veces lo decida la Corte Suprema de Justicia; sin fundamentar, como ya se dijo, su necesidad procesal. Veamos los siguientes ejemplos en los cuales se ha irrespetado absolutamente el Derecho a la libertad: a) Caso Moreno, este fue detenido en septiembre de 1996, acusado de delitos que gozan de la aplicación de medidas substitutivas, recuperó su libertad hasta diciembre del año 2001, precisamente con el pago de una caución económica. Permaneció cinco años en prisión, sin que se le dictara sentencia. Caso Aguilar, fue detenido en l997 por el delito de estafa, resolvió su situación jurídica en procedimiento abreviado, recuperó su libertad 4 años después. La base legal para resolver las prórrogas de prisión Artículo 268 párrafo 3º.
Este problema ya ha sido superado en varios países latinoamericanos, pues la prisión provisional o preventiva es la excepción, y debe tener un plazo razonable que debe ser regulado por la misma ley. La libertad es la regla general. La razonabilidad de la prisión consiste en hacer un análisis íntegro del proceso y la persona, sobre la base que se juzga personas no expedientes. Por lo tanto, se debe prestar atención a una fijación clara del tiempo que podría durar la prisión llamada preventiva, pues aún y cuando pueda pedirse la prórroga, esta debería estar limitada, a un término razonable de duración. Si el tiempo transcurre y no se realiza ninguna actividad de investigación para esclarecer los hechos objeto del proceso; no se justifica prorrogar la prisión. Lo que debe hacerse es, limitarla, si con ella no se logran alcanzar los fines del proceso penal, convirtiéndola así en pena anticipada. Con ello se contradicen los llamados principios o garantías constitucionales.
LEGISLACIÓN COMPARADA En lo relativo a la legislación comparada, tenemos que en la República de Costa Rica, en los artículos 243, 257, 258 y 259 del código procesal penal se fija la prisión preventiva, dentro de un plazo máximo y los casos en que debe cesar en lo que nos interesa en aquella legislación se establece que: 1) Cuando su duración exceda de doce meses. Claramente refiere dicha normativa que a Pedido del Ministerio Público el plazo anterior podrá prorrogarlo el tribunal superior de casación penal, hasta por un año más, siempre que fije el tiempo concreto de la prórroga. Además, deberá indicar las medidas necesarias para acelerar el trámite del procedimiento. Si se ha dictado sentencia condenatoria, podrá prorrogarse por seis meses más. Vencido dicho plazo, no se podrá acordar una nueva ampliación del tiempo de prisión preventiva, salvo para asegurar la realización del debate o de un acto particular, comprobar la sospecha de fuga o impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad o la reincidencia, casos en los que la privación de la libertad no podrá exceder del tiempo absolutamente indispensable necesario para cumplir con la finalidad de la disposición, y podrá prorrogarse hasta por seis meses más cuando se disponga el reenvío a nuevo juicio el cual excepcionalmente y de oficio autorizará la sala o tribunal de casación penal. El último prevé que los plazos previstos en el anterior se suspenderán en los siguientes casos: 1) Si el procedimiento se suspende a causa de interposición de recurso o acción ante la sala constitucional. 2) El tiempo en el cual el debate se encuentre suspendido o se aplace su iniciación por impedimento o inasistencia del imputado o su defensor, o a solicitud de estos, siempre que la suspensión o el aplazamiento no se haya dispuesto por necesidades relacionadas con la
adquisición de la prueba o a consecuencia de términos para la defensa, y 3) Cuando el proceso deba prolongarse ante gestiones o incidencias evidentemente dilatoria formuladas por el imputado o sus defensores, según resolución motivada del tribunal. En la República de Honduras, el artículo 181 del código procesal penal regula que la prisión preventiva podrá durar, como regla general. Hasta un año; cuando la pena aplicable al delito sea superior a los seis años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos años. Excepcionalmente, habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, podrá ampliar hasta por seis meses los plazos a los que este artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. En ningún caso, la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito. Una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. Si el máximo así determinado excediere del ordinario establecido en este artículo, el tribunal, siempre que lo solicite alguna de las partes, oídas las demás, lo acordará por auto motivado. Dentro de dicho plazo, no se contará el tiempo que haya durado las demoras producidas por las gestiones de la defensa que hayan sido declaradas sin lugar, si vencido el plazo no ha llegado a su fin el proceso, el imputado será puesto en libertad sometido a cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 173, sin perjuicio de la continuación del proceso, hasta que la sentencia adquiera carácter firme. Por lo tanto luego del análisis de legislación comparada, queda clara tendencia a fijarle un plazo máximo a duración de la prisión preventiva, aún la la la y
cuando el proceso continúe en contra del imputado ya que es imperativo ponerle en libertad, con la opción de sustituirla por otra medida cautelar o de no permitir ninguna de ellas una vez expirado el plazo máximo. Podemos llegar entonces a la conclusión que: en el ejercicio de la defensa técnica hay suficientes y abundantes argumentos para oponernos a la prórroga de prisión preventiva. Como está redactado el artículo 268 relacionado, constituye violación al debido proceso y a la presunción de inocencia que es un principio universal contemplado en la mayoría las constituciones incluyendo la nuestra. El artículo 46 de nuestra constitución establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones internacionales tienen preeminencia sobre el derecho interno situación que ha generado polémica en nuestro país, pues algunos juristas son de la opinión que ningún tratado o convención internacional es superior a la Constitución, pero el principio de inocencia escapa a esta polémica pues su importancia es tal que no puede dejarse de reconocer que encarcelar a una persona inocente constituye una incorrecta aplicación del sistema judicial penal y una violación al derecho a la libertad del individuo. Respetar el principio de inocencia es indispensable para que exista racionalidad jurídica y verdadera justicia. Como se encuentra actualmente la norma viola el principio del debido proceso y el derecho de defensa, porque la Corte Suprema de Justicia, en ningún momento debe actuar de oficio. La prórroga de la prisión preventiva realizada por la Corte Suprema de Justicia, ha devenido hasta hoy en un mero trámite, ya que omite hacer las consideraciones por las cuales otorga tales prórrogas, muchas veces concedidas en casos de encarcelamientos ilegales desde su inicio, contraviene garantías y principios constitucionales de carácter procesal, pues no cumple con el deber de fundamentación
que impone al artículo 11 Bis del Código Procesal Penal. Decidir la prórroga de la prisión preventiva, sin invadir la función persecutorio que es propia del Ministerio Público, ya que es el único ente encargado de la acción penal pública y por consiguiente, obligado a velar por que las personas que son posibles partícipes de hechos ilícitos se mantengan dentro de la prisión. Es a ellos a quienes les compete funcionalmente la facultad de pedir la prórroga de la prisión en los casos en los cuales se considere oportuno tal petición. La interpretación debe hacerse en forma extensiva a manera de procurar la adecuada protección de los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de las garantías y defensas del orden constitucional, y estando legitimados en el ejercicio de la defensa técnica podemos plantear acciones de inconstitucionalidad..
POLEMICA SOBRE LA OPORTUNIDAD PARA CONSTITUIRSE EN QUERELLANTE ADHESIVO Y LAS EXIGENCIAS PARA PERMANECER COMO TAL
Lic. Oscar Alfredo Poroj Subuyuj Defensor Público de Planta
como los terceros a los que se haya irrogado algún daño. 8 “En el procedimiento penal, la acción civil sólo puede ser ejercitada: 1) Por quien, según la ley respectiva esté legitimado para reclamar por los daños y perjuicios ocasionados por el hecho punible. 2) Por sus herederos. (Art. 129 del Código Procesal Penal). De su admisión dentro del Proceso.
En mi función de defensor estatal, he tenido la oportunidad de observar el cumplimiento y requerimiento que se hace de la siguiente petición: petición: “...En mi calidad de Querellante Adhesivo y Actor Civil, comparezco y
solicito SE PERMITA MI PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL SEÑALADA, PARA DECIDIR LA PROCEDENCIA DE LA APERTURA A JUICIO, en las calidades que ostento...”.
Ambas instituciones precisan de un momento específico para solicitar su participación dentro del proceso y la misma se hace ante el Juez que controla la investigación en la etapa preparatoria o de investigación. En el caso del Querellante Adhesivo “La solicitud de acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes de que el Ministerio Público requiera la apertura del juicio o sobreseimiento. Vencida esta oportunidad, el juez la rechazará sin más trámite. (Art. 118 del CPP) “El juez que controla la investigación dará intervención provisional al querellante que lo solicite, o la rechazará si no la encuentra arreglada a la ley, notificando de ello al Ministerio Público, para que le otorgue la intervención correspondiente. (Art. 121 del CPP). Esta admisión provisional puede ser objetada a través de las excepciones establecidas en el artículo 294 del mismo código, las que abren el camino para poder seguir discutiendo dicha oposición a través de apelación genérica según el artículo 404 numeral 12; e incluso llegar hasta la Corte Suprema de Justicia a través del recurso de Casación, siempre en la discusión de alguna excepción planteada, de conformidad con el artículo 437 numeral 4. Por el contrario, si la persona que desea ser admitido como querellante adhesivo no es admitida provisionalmente, puede volver a renovar su solicitud para ser aceptado, siempre dentro del plazo establecido en el artículo 118 ya relacionado. Esto según el último párrafo del artículo 121 de la normativa procesal penal, que establece: “La admisión o el rechazo será definitivo cuando no exista oposición o
El querellante Adhesivo y el Actor Civil. El querellante adhesivo, es la persona que inicia y sostiene una querella, como parte acusadora en el proceso penal. 6 Puede constituirse como tal la persona que se considera ofendida o damnificada por el delito mismo(o sus representantes legales), y con el interés de mostrarse como parte acusadora en el procedimiento, a efectos de intervenir en la investigación y de obtener la condena del culpable. Según el art. 16 del Código Procesal Penal, puede ser querellante adhesivo el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces, o la administración tributaria en materia de su competencia, así como cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieren violado directamente derechos humanos en el ejercicio de su función, o con ocasión de ella... El actor civil es la parte acusadora eventual que ejercita exclusivamente la pretensión de resarcimiento que comprende la restitución, la reparación del daño causado y la indemnización de perjuicios materiales y morales. 7 Puede constituirse en actor civil el agraviado o perjudicado por la infracción, sus familiares y herederos o subrogados, así
6 Osorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires 1981. Pág. 632. 7 De Liaño González, Fernando Gómez. El Proceso Penal. Edit. Forum pág. 78
De Liaño González, Fernando Gómez. Op. Cit. Pág. 78
no se renueve la solicitud durante el procedimiento intermedio.” Es dable entonces volver a pedirle al juez contralor de la investigación, el deseo de ser admitido como tal, pero al ser aceptado provisionalmente según el artículo 121, el querellante “deberá” renovar su solicitud durante el procedimiento intermedio. “La acción civil deberá ser ejercitada antes que el Ministerio Público requiera la apertura del juicio o el sobreseimiento. Vencida esta oportunidad, el juez la rechazará sin más trámite. (Art. 131 del CPP) Si dicha solicitud llena los requisitos de ley, el juez contralor deberá resolver conforme al artículo 133. Este establece que “ Si el juez que controla la investigación admite la solicitud dará intervención provisional al actor civil, notificando de ello al Ministerio Público para que le otorgue la intervención correspondiente. Contra dicha intervención provisional otorgada por el juez contralor de la investigación se establece en el artículo 133 segundo párrafo que “...Cualquiera de las partes podrá oponerse, interponiendo las excepciones correspondientes, durante el procedimiento preparatorio y en el procedimiento intermedio conforme a este Código”. Dichas excepciones también se refieren a las establecidas en el artículo 294 del código Procesal Penal (No obstante considero que podría utilizarse excepciones innominadas por su naturaleza). La resolución que no acoge la excepción puede ser impugnada mediante el recurso de apelación genérica según el artículo 404 numeral 12. No obstante, en esta materia no es factible llegar al recurso de casación por discusión de una excepción, porque el artículo 437 numeral 4) del código Procesal Penal establece que puede interponerse contra ... Los recursos de apelación contra las resoluciones de los jueces de primera instancia ... que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal (no contempla la persecución civil).
De la misma forma, que con el querellante adhesivo, si el solicitante no fuese aceptado como Actor Civil en forma provisional, puede volver a renovar la solicitud hasta el plazo fijado en el artículo 131, y obligatoriamente debe de renovarse la solicitud durante la audiencia de etapa intermedia, tal y como lo preceptúa el artículo 133 tercer párrafo. Se entiende entonces que la admisión provisional es definitiva, cuando no exista oposición; y el rechazo será definitivo cuando no se renueve la solicitud antes de que se presente acusación y/o sobreseimiento, o cuando ha sido aceptado provisionalmente y no se renueva la solicitud de ser admitido como Actor civil en forma definitiva, en la audiencia de etapa intermedia. El artículo 127 numeral 2) establece: “El actor civil podrá desistir de su demanda en cualquier estado del procedimiento. Se considerará abandonada la demanda cuando el actor civil, regularmente citado: 1)...2) No concrete su pretensión en la oportunidad fijada por este Código;...” y esta oportunidad la fija el artículo 338 del mismo cuerpo legal. En efecto En la audiencia, las partes civiles deberán concretar detalladamente los daños emergentes del delito cuya reparación pretenden. Indicarán también, cuando sea posible, el importe aproximado de la indemnización o la forma de establecerla. La falta de cumplimiento de este precepto se considerará como desistimiento de la acción. Se desprende de este artículo que debe de renovarse la solicitud de ser admitido como actor civil en forma definitiva en la audiencia del procedimiento intermedio. La exigencia de una solicitud para participar en la audiencia de etapa intermedia, ¿Legal o ilegal? A pesar de existir la normativa anteriormente comentada, en la práctica tribunalicia, se exige que el Querellante adhesivo y el Actor Civil (que pueden ser uno a la vez), presenten un memorial dirigido al juez contralor de la investigación, a efecto de que les autorice o permita estar
presente en la audiencia de etapa intermedia, en la que se discutirá sobre la procedencia o no de abrir a juicio penal. Ello se ha venido haciendo tomando como base el artículo 340 segundo párrafo del código procesal penal el cual dice: “Para permitir la participación del querellante y las partes civiles en el proceso, éstos deberán manifestar por escrito al juez, antes de la celebración de la audiencia, su deseo de ser admitidos como tales”. Al leer este párrafo, da la idea de que tanto el querellante adhesivo y/o el actor civil, deben de pedir permiso al juez contralor para estar presentes en la audiencia de etapa intermedia. Ello no obstante ser partes en el proceso, haber cumplido con hacer su solicitud en tiempo según el artículo 118 y 131, y haber sido aceptados provisionalmente de conformidad con los artículos 121 y 133 respectivamente, sin dejar de lado que no ha existido oposición a esa admisión, por alguna de las partes. Lo anteriormente dicho, es práctica tribunalicia, insisto, aunque el artículo 118 del código procesal penal, ha fijado término para solicitar la intervención provisional, antes de que el Ministerio Público requiera la apertura del juicio o el sobreseimiento. Si el juez de Instancia Penal ha dado intervención provisional según el artículo 121 y 133 ya comentados, tanto el querellante adhesivo como el actor civil, tienen por ley el derecho de participar dentro del proceso. El artículo 4 constitucional establece la igualdad dentro del proceso, y no puede pretenderse imponer un requisito extra, para poder participar como parte procesal, ya que en realidad ya han cumplido con la ley. Lo que en realidad ocurre es que el segundo párrafo del artículo 340 del código procesal penal (a pesar de ser un artículo que determina como debe fijarse la audiencia de etapa intermedia, y no de requisitos a llenar por las partes) es entendido de forma incorrecta tanto por defensores, querellantes y jueces. En realidad el segundo párrafo del artículo 340 lo que dice es que “... Para permitir la participación del querellante y las partes civiles en el proceso, (no dice en la audiencia), estos deberán manifestar por escrito al juez, antes de la celebración de la audiencia, su
deseo de ser admitidos como tales...” Ello no hace más que repetir o remarcar que para ser querellante adhesivo o actor civil debe de haberse pedido antes de la celebración de la audiencia de apertura a juicio y/o sobreseimiento; y esta audiencia según el artículo 340 ya citado, debe señalarse al día siguiente de recibida la acusación o solicitud de sobreseimiento. Por lo mismo, no puede pretenderse crear una obligación para el querellante basada en este párrafo, porque en realidad al leerlo detenidamente, lo que hace es reiterar la oportunidad descrita en el artículo 118 y 131 del código procesal penal, los cuales son claros en establecer el tiempo para ser admitidos como querellante adhesivo y Actor civil. El artículo en mención no establece ningún requisito más a llenar, previo a la audiencia de etapa intermedia, en la cual ambos deben obligatoriamente estar para concretar sus pretensiones, y obviamente al estar en dicha audiencia y concretarlas, son tenidos como partes acusadoras en forma definitiva y ya no provisional como venía siendo hasta ese momento. De tal manera que el segundo párrafo del artículo 340 en análisis, no constituye la obligación de presentar un memorial para poder participar en la audiencia de apertura a juicio o de sobreseimiento; porque el segundo párrafo citado no dice que para participar en la audiencia, sino que en el proceso.
La supuesta oportunidad de intervención en la audiencia de apertura a juicio, de quien sin éxito pretendió ser querellante adhesivo. Según el artículo 335 del código procesal penal, una vez admitida la acusación “El juez ordenará la notificación del requerimiento del Ministerio Público al acusado y a las demás partes, entregándoles copia del escrito. Las actuaciones quedarán en el juzgado para su consulta por el plazo de seis días comunes. Asimismo el artículo 340 también preceptúa que: “Al día siguiente de recibida la acusación del Ministerio Público, el juez señalará día y hora para la celebración de una audiencia oral, la cual deberá llevarse
a cabo en un plazo no menor de diez días ni mayor de quince, con el objeto de decidir la procedencia de la apertura del juicio. Para el efecto, el juez entregará a las partes que así lo soliciten en el juzgado, copia de la acusación y dejará a su disposición en el despacho, las actuaciones y medios de investigación aportados por el Ministerio Público para que puedan ser examinados...”. El día de la audiencia de etapa intermedia para decidir si se abre a juicio penal o no, el juez debe conceder el tiempo necesario para que cada parte fundamente sus pretensiones, o bien para objetar la pretensión del órgano fiscal, de abrir a juicio oral; ello lo podemos encontrar en los artículos 336 al 339 del código analizado. Y es en el artículo 337 primer párrafo en donde aparece la siguiente frase: “Actitud del querellante. En la audiencia, el querellante o quien sin éxito haya pretendido serlo, podrá: ... *. Ello genera una contradicción dentro de la propia ley procesal penal, en virtud de que desde el momento en que no se haya cumplido con solicitar ser querellante adhesivo en la oportunidad prevista en el artículo 118 tantas veces mencionado, o si por el contrario, habiendo solicitado ser admitido como tal, y se le deniega, bien pudo haber reiterado su solicitud tal y como lo establece el artículo 121 también comentado, o bien pudo haber apelado dicha decisión según el artículo 404 numeral 3 de la ley. No obstante he escuchado criterios de que el agraviado puede estar presente en la audiencia de apertura a juicio y pedir la intervención aunque no haya sido aceptado provisionalmente de conformidad con el artículo 121 citado 9. Ello no lo comparto, por considerar que se estaría creando inestabilidad jurídica en el momento en que la ley da un plazo improrrogable para solicitar ser querellante adhesivo y no obstante no haber cumplido con él, los jueces estarían en la obligación de dejar intervenir a la persona que haya querido serlo y no lo logró, intervención que de darse sólo podría hacerse en la forma establecida en el artículo 337 citado el cual permite lo siguiente: “...1) Adherirse a la acusación del
El subrayado es del autor del artículo. Conferencia sobre la Convención de los Derechos del Niño, Dr. Alejandro Rodríguez, UNICEF, julio 2002.
Ministerio Público, exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará; 2) Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección; 3) Objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o corrección....”. Ello es obvio que no podría darse porque solo podría adherirse a la acusación si se tuviere intervención provisional y podría manifestar sus propios fundamentos, solo si se le hubiese dado intervención por un juez, para poder investigar y aportar medios de investigación. Tampoco podría requerir corrección del escrito de acusación, ni mucho menos exigir que se ampliara o corrigiera la acusación, porque para ello se necesitaría tener el respaldo legal para poder intervenir en la audiencia de etapa intermedia y ello consiste en haber sido aceptado provisionalmente como querellante adhesivo provisional de conformidad con el artículo 121 ya citado. Conclusiones • En cuanto a la posición que se mantiene con respecto a exigir del querellante adhesivo y del actor civil la presentación de un memorial para ser aceptado para participar en la audiencia de etapa intermedia considero que es una interpretación errónea y no legal, contraviene el derecho a la igualdad y varía las formas del proceso, por exigirse requisitos a quien ya es parte en el mismo y está legitimado para actuar en forma provisional en la etapa preparatoria y audiencia de etapa intermedia. • La declaración de abandono cumplimiento de una o inexistente, o debe impugnarse lugar a través del recurso de genérica, aduciendo que dicha existe en la ley. por el no obligación en primer Apelación figura no
• Si se cumplen los requisitos de tiempo y forma para ser aceptados como Querellante Adhesivo y Actor Civil, y ya se aceptó provisionalmente en alguna de las dos
calidades, debe mantenerse dicha resolución, hasta la audiencia de etapa intermedia, en donde es obligatorio que Querellante adhesivo y actor civil concreten sus pretensiones. (artículos 119 numeral 2 y 337 para el Querellante Adhesivo; para el caso del Actor civil, artículos 127 numeral 2 y 338). • De no encontrar eco en una sala de apelaciones, considero que es un acto que produce en forma definitiva una violación al Principio constitucional de igualdad y por lo tanto al no poder impugnarse dicha resolución a través de otro medio posterior a la apelación genérica, recomendaría el planteamiento de una acción de Amparo como medio de protección de ese principio constitucional. • En lo que concierne a darle intervención en la audiencia de apertura a juicio oral a una persona que fallidamente intentó ser querellante adhesivo, y no lo logró, no debe permitirse. En primer lugar porque solo pueden intervenir en una audiencia, las partes procésales; en segundo lugar, se estaría creando una contradicción entre los artículos 118 (oportunidad para constituirse como querellante adhesivo), el 121 (la resolución como respuesta a la solicitud de darle intervención provisional al que llene los requisitos) y el artículo 337 (Actitud del querellante), toda vez que al aplicarse la ley debe atenderse la primacía de los artículos específicos que son el 118 y el 121 y por ende toda la sección tercera del capitulo III del título II referido a Sujetos y auxiliares Procesales del código guatemalteco. • En tercer lugar, si se utiliza el primer párrafo del artículo 337 del código procesal penal para darle intervención a una persona, se estaría ampliando el plazo para poder ser aceptados como Querellante Adhesivo y Actor Civil. Por ello considero que no es lo mismo que se le permita al agraviado estar como público en una audiencia (basado en el principio de publicidad), a que se le de intervención como parte en la audiencia para decidir sobre la apertura o no a juicio oral.-
DESNATURALIZACION DE LA DILIGENCIA DE ANTICIPO DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL.
Lic. Oscar Rafael Aguirre Molina Coordinador Depto. Huehuetenango Instituto de la Defensa Pública Penal
A. MATERIAL: IRREPETIBILIDAD DEL HECHO. La característica común a todos los actos de prueba, tanto la anticipada como la preconstituida es su irrepetibilidad y adecuado trámite normal de su práctica, que, como se ha dicho, ha de suceder en el juicio oral. Se trata, pues, de actos que, por la fugacidad del objeto sobre el que recaen, no han de poder ser reproducidos el día de la celebración del juicio oral. B- SUBJETIVO: INDEPENDENCIA Y CONTRADICCION. Los actos de prueba en la investigación requieren, de un lado, la intervención del juez contralor de la investigación y, de otro, la posibilidad de contradicción. La necesidad de la concurrencia del primer requisito es evidente, si se tiene en cuenta que la prueba exige siempre la inmediación de un órgano dotado de imparcialidad e independencia, lo que plenamente tan solo acontece con la autoridad Judicial. En cuanto al segundo, hay que recordar que la prueba exige la contradicción e igualdad de armas. C- FORMAL: LA DOCUMENTOS. LECTURA DE
Aseguramiento Anticipada.
“En materia probatoria, la regla general es que el Tribunal tan solo puede fundamentar su sentencia en la prueba practicada bajo su inmediación en el juicio oral. En pocas ocasiones, debido a la circunstancia de que existen hechos que no pueden ser trasladados al momento de la celebración del debate oral y publico, deviene imposible practicar la prueba sobre los mismos en el juicio bajo la inmediación del Tribunal decisor. En tales supuestos, en los que la fugacidad de los hechos impide su producción en el ulterior juicio oral, se hace necesario que el fiscal proceda al aseguramiento de la prueba para poder trasladarla en su día al órgano jurisdiccional de enjuiciamiento (Tribunal de Sentencia) Tales actos, aún cuando se practiquen dentro del período de investigación, se diferencian claramente de los actos de investigación, porque se manifiestan aptos para desvirtuar la presunción de inocencia, o, lo que es lo mismo, porque permiten al Tribunal decisor extender a ellos su conocimiento para fundamentar una sentencia de condena. Son pues, auténticos actos de prueba. Ahora bien, como se ha adelantado, para que tales actos de aportación fáctica se conviertan en actos de prueba, es preciso que cumplan escrupulosamente con todo un conjunto de requisitos y de garantías, que se exponen a continuación.
La prueba anticipada y la preconstituida han de ser introducidas en el juicio oral a través del trámite de la lectura de documentos, sin que puedan las partes acudir a la fórmula de tener por reproducida, dicha prueba documental, ni el órgano jurisdiccional decisor acudir a su examen de oficio. La finalidad de dicha lectura consiste, de un lado, en posibilitar la contradicción por las propias partes y, de otro, impedir que, a través del principio de examen de oficio de la prueba documental, pueda introducirse, en calidad de prueba, todos los actos de investigación que naturalmente quedan plasmados en las oportunas actas”. ANTICIPO DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL EN GUATEMALA. Nuestro Código Procesal Penal en sus artículos 317, 318 y 348 regula todo lo relativo al Anticipo de Prueba y exige que
para que pueda llevarse a cabo la diligencia se cumpla con los siguientes requisitos: En la etapa preparatoria puede solicitarse por escrito o verbalmente por el Ministerio Público y las demás partes solamente por escrito. En la etapa de preparación para el debate, tanto el Ministerio Público como las partes, pueden solicitar la diligencia al Tribunal de Sentencia, pero deben hacerlo por escrito. Tanto en la fase preparatoria como en la fase de juicio, el Anticipo de Prueba puede practicarse de oficio. La diligencia debe recaer sobre ACTOS DEFINITIVOS O QUE NO SE PUEDAN REPRODUCIR o como cuándo deba declarar un órgano de prueba, QUE POR ALGUN OBSTÁCULO DIFÍCIL DE SUPERAR se presuma que no podrá hacerlo durante el debate. Exige que sea el Juez quien realice el acto (principio de Inmediación). Debe citarse a las partes, quienes tendrán las mismas facultades previstas respecto de su intervención en el debate. ( Principios de igualdad y contradicción), Prohíbe que se realice la diligencia para la formación de un expediente de instrucción sumaria. CASOS DE EXCEPCION. En el artículo 318 del Código Procesal Penal se establecen los casos de excepción, en los cuales se puede realizar la diligencia sin cumplir con todos los requisitos ya indicados, debiendo cumplirse únicamente con los siguientes: Cuando la diligencia sea de extrema urgencia, únicamente el Ministerio Público puede solicitarla. La solicitud la puede hacer hasta en forma verbal.
No se cita a las partes. El juez debe designar a un defensor de oficio para que controle el acto. En el artículo 317 del Código Procesal Penal, se le advierte al juez, que no puede permitir que se realice la diligencia de Anticipo de Prueba, cuando se pretenda con ella la formación de un expediente de instrucción sumaria que desnaturalice el proceso acusatorio. Los jueces constantemente desnaturalizan la diligencia de ANTICIPO DE PRUEBA, porque el Ministerio Público sin ninguna justificación solicita la practica del Anticipo de Prueba y los jueces aprueban la diligencia, sin hacer un análisis serio, para determinar si se cumple con el requisito que sean ACTOS DEFINITIVOS Y QUE NO SE PUEDAN REPRODUCIR EN EL DEBATE O QUE EXISTA UN OBSTACULO DIFICIL DE SUPERAR que imposibilite su reproducción en el debate. Los jueces para ordenar la diligencia de Anticipo de Prueba deben ser muy cuidadosos y deben exigirle al Ministerio Público o a la parte que solicite la diligencia, que demuestren que la misma, reúne los requisitos de los actos definitivos e irreproducibles, o sea, cuales son las razones por las cuales no podrá el órgano de prueba producirse en el debate. En este último caso, por ejemplo, si se afirma que el testigo o perito no podrá comparecer al debate porque está gravemente enfermo y su vida corre peligro, debe probarse con certificación médica u otro medio su estado de salud. No es suficiente que el fiscal afirme que está gravemente enfermo. Lo mismo sucede cuando el juez ordena de Oficio el Anticipo de Prueba, debe fundamentar la necesidad de su realización. ACTITUD DE LOS DEFENSORES DE LAS PARTES EN LA ETAPA PREPARATORIA.
Corresponde a los abogados defensores ser contralores del Anticipo de Prueba y exigir que la petición y el diligenciamiento se realicen cumpliéndose con todos los requisitos que estipula el Código Procesal Penal en los artículos 317 y 318. Cuando no se cumpla con los presupuestos de los Actos definitivos e irreproducibles, y estos no estén fundamentados en la resolución, debe interponerse recurso de Reposición con fundamento en el artículo 402 del Código Procesal Penal, el cual debe ser por escrito, dentro de un plazo de tres días, contados a partir del día siguiente de la notificación, para que el juez examine nuevamente la resolución y deje sin efecto la diligencia. Si el Recurso de Reposición es declarado sin lugar, el día y hora señalados para la práctica de la diligencia, el defensor debe oponerse a que se realice la diligencia, manteniendo el mismo argumento del Recurso de Reposición y como en la mayoría de casos los defensores no logramos que se suspenda la diligencia, cuando se nos dé intervención en el acta debe dejar asentada nuestra protesta con fundamento en el artículo 282 del Código Procesal Penal. ACTITUD DE LOS DEFENSORES EN LA FASE DE JUICIO. Cuando el Tribunal de Sentencia admita la prueba propuesta por el Ministerio Público, en la audiencia de ocho días, el defensor debe interponer en la forma y dentro del plazo ya indicado, Recurso de Reposición en contra del auto de admisibilidad de la prueba, manteniendo su mismo alegato que en la etapa preparatoria. ACTITUD DE LOS DEFENSORES EN EL DESARROLLO DEL DEBATE. El Código Procesal Penal en su artículo 364 estipula que el Tribunal podrá ordenar, aún de oficio la lectura de dictámenes periciales o declaraciones de testigos, siempre que se haya cumplido conforme a las reglas de los actos definitivos e irreproducibles.
En el debate, en la etapa de Incorporación de Documentos por su lectura, los defensores deben oponerse a la lectura del acta que contiene la diligencia de anticipo de Prueba, con fundamento en a citada norma y si se declara sin lugar la oposición, deben interponer Recurso de Reposición en contra de la decisión del Tribunal, para que éste examine nuevamente la resolución. ACTITUD DE LOS DEFENSORES EN EL MOMENTO DE EMITIR SUS CONCLUSIONES. Si el Tribunal de Sentencia declaró sin lugar el Recurso de Reposición, al emitir sus conclusiones, los defensores deben solicitar al Tribunal de Sentencia que no se le dé ningun valor probatoria a la diligencia de Anticipo de Prueba, porque en ella no se cumplió con las reglas de los Actos definitivos e irreproducibles CASO PRÁCTICO: Para ilustrar como el Ministerio Público y los jueces no cumplen con los requisitos de los Actos Definitivos y que no se pueden reproducir, citaré un caso de Parricidio que se tramitó en el Departamento de Huehuetenango, en el cual el fiscal del municipio de Santa Eulalia, solicitó al juez que se llevara a cabo la diligencia de anticipo de Prueba para recibir las declaraciones de las menores de edad EULALIA PEDRO JUAN SEBASTIAN Y MARIA FRANCISCA JUAN SEBASTIAN, justificando la diligencia porque la fiscalía teme que las menores sean influenciadas por personas mayores de edad, además por la inexperiencia de las menores y su desarrollo psicológico puede resultar imposible llevarlas a una audiencia oral y pública, por lo que se teme perder el elemento probatorio, y también por lo mismo resulta irreproducible. El juez resuelve que de conformidad con la parte expositiva del memorial, se autoriza con carácter de Anticipo de Prueba, la declaraciones de las menores
identificadas, y señala la audiencia respectiva. El defensor público interpuso Recurso de Reposición en contra de la resolución que aprobó la diligencia, argumentando que no se podía realizar la misma, porque el Ministerio Público no demostró que existiera un obstáculo difícil de superar, sin embargo, el recurso fue declarado sin lugar, fundamentándose el juez en el mismo argumento de la fiscalía. El defensor previamente a iniciarse la diligencia, se opuso, pero no fue aceptada su oposición y al finalizar la misma, cuando se le dio intervención en el acta respectiva dejó asentada su protesta. El Ministerio Público, ante el Tribunal de Sentencia, ofreció como prueba el Acta, en donde declararon las menores como Anticipo de Prueba, y el Tribunal admitió la prueba. El Defensor ya no impugnó la resolución de admisión de la prueba, y en el momento de su incorporación por su lectura se opuso a la misma, pero el Tribunal de Sentencia declaró sin lugar la oposición, no interpuso Recurso de Reposición, pero al emitir sus conclusiones, solicitó al Tribunal que no se le diera ningún valor probatorio al Anticipo de Prueba, porque en ella no se había cumplido con los requisitos de los actos definitivos e irreproducibles que estipula el Código Procesal Penal. El tribunal de Sentencia no le dió ningún valor probatorio al anticipo de prueba y lo desestimo. Con base en otras pruebas el sindicado fue condenado por el delito de Parricidio y se le impuso la pena mínima de veinticinco años de prisión
EL SILOGISMO INDICIARIO
Lic. José Gustavo Girón Palles. Defensor Publico de Planta Santa Cruz de El Quiché.
formar el silogismo indiciario se propone la siguiente fórmula: A. Premisa mayor (formado por una regla de la experiencia, o un dato científico) B. Premisa menor (el hecho conocido o indiciario obtenido de una prueba y otro material del proceso). C. La conclusión (obtenida por medio del razonamiento, y es la inferencia de la relación que tengan las premisas entre si). Utilizando esta estructura y con la creatividad del defensor se pueden formar silogismos para cada caso concreto, con la información que posea, desde la prevención policial hasta en el debate cuando emite sus conclusiones. Este artículo no pretende ser un curso de lógica formal, sino una propuesta para que en la presentación de alegatos se propongan razonamientos que tienen como función que el juzgador o tribunal tengan información para elaborar resoluciones motivadas y razonadas, y no se diga únicamente la frase “por lógica”, que además de trillada, no tiene ninguna consistencia. FUERZA PROBATORIA La fuerza probatoria del silogismo indiciario, reside en el grado de relación que existe entre la regla de la experiencia y el hecho conocido, en el contexto de lo que se pretende probar. Este silogismo también lo puede utilizar el fiscal, y sobre todo los jueces en sus resoluciones. BASE LEGAL La base legal de la prueba indiciaria lo constituye el principio de libertad probatoria, desarrollada en el artículo 182 del Código Procesal Penal, en
A la prueba indiciaria también se le conoce como prueba indirecta porque se produce de la prueba directa que fue producida en el juicio. Sin embargo hay casos en donde no hay prueba para la defensa, y solo nos queda analizar y rebatir la prueba con la que se pretende probar la hipótesis acusatoria. En todos los casos pero particularmente en esos estos, es de suma importancia conocer y utilizar la prueba indiciaria. El defensor puede utilizar la prueba indiciaria en todas las etapas del proceso, desde la primera declaración hasta las conclusiones, en donde adquiere su mayor importancia, la valoración de la prueba. En el derecho procesal penal, la prueba indiciaria no necesita ser ofrecida como en el derecho civil, sino se utiliza y se aporta por medio del silogismo indiciario, es decir por medio de un razonamiento lógico en donde la premisa mayor será una máxima de la experiencia, o una regla técnico científica o una ley natural o social. La premisa menor el hecho conocido o indiciario, y la conclusión que es el juicio inferido o razonamiento que contiene el significado obtenido.10 Y de esta forma en los alegatos no es suficiente decir la frase “por lógica” sino realizar razonamientos utilizando esta dinámica. ESTRUCTURA DEL SILOGISMO INDICIARIO El silogismo indiciario es una forma de ordenar el razonamiento, y está integrado de dos premisas y una conclusión. Para
10 Mixán Maas, Florencio. Prueba Indiciaria, Doctrina Internacional, Revista Judicial. Año III, Costa Ricaa 1995. Página 42.
consonancia con la valoración de la prueba mediante el sistema de la sana crítica razonada (artículos 186 y 385 del CPP) El sistema de la sana crítica razonada permite al Juez libertad en la valoración de la prueba, pero razonando, fundamentando y motivando sus resoluciones, es decir explicando en palabras sencillas los motivos por lo que arribaron a sus decisiones, para que el pueblo comprenda sus fallos o resoluciones. “La libre convicción se caracteriza, entonces por la posibilidad de que el magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa, valorando la eficacia conviccional de la prueba con total libertad, pero respetando, al hacerlo los principio de la recta razón , es decir, las normas de la lógica (constituida por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación, por los principios lógicos de identidad, de no contradicción, de tercero excluido, y de razón suficiente), los principios incontrastables de las ciencias ( no solo de la psicología, utilizable para la valoración de los dichos y actitudes) y la experiencia común (constituida por conocimientos vulgares indiscutibles por su raíz científica). 11
En ese mismo orden de ideas, Vélez Mariconde, citado por el Doctor Julio Arango Escobar, se refiere a que la sana crítica razonada “deja al juzgador en libertad de admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad (en principio todo se puede probar por cualquier medio), y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común”12. Teniendo noción de los elementos que integran la sana crítica razonada, como sistema de valoración de la prueba (reglas de la lógica, la psicología y la experiencia común ), para los efectos de comprender el silogismo indiciario, me referiré únicamente a la experiencia común, conocida también como máximas de la experiencia. LAS MAXIMAS DE LA EXPERIENCIA Las máximas de la experiencia constituye uno de los elementos del sistema de valoración de la prueba de la sana crítica razonada, y en esencia se refiere al conocimiento o vivencia general que tenemos todas las personas sobre el mundo exterior, que se convierten en “ generalizaciones y estas a su vez conforman el conocimiento humano en general”13. Por ejemplo: Llueve en invierno. En la noche hay oscuridad. La madre tiende a proteger a su hijo. Los jóvenes que conforman maras provienen de hogares desintegrados. Las máximas de la experiencia son experiencias sociales y no solo del juez, cuando se convierten en conocimiento
11 Cafferata Nores, José Ignacio. La prueba en el Proceso Penal. Editorial Desalma, Buenos Aires, Argentina #a edición 1998. Página 46.
12 Arango Escobar, Julio Eduardo. Valoración de la prueba en el Proceso Penal. Compilación de Valoración de la Pureba, realizada por la fundación Mirna Mack. Litografía Arte Color y Forma. Guatemala 2001. Página 108 13 Pérez Ruiz, Yolanda Auxiliadora. Para leer valoración de la prueba. Fundación Mirna Mack. Litografía Arte, Color y Texto, S. A. Guatemala 2001. Página 51.
privado del juez pierden su calidad de reglas de la experiencia común. EL INDICIO “Es aquel dato real cierto concreto, indubitable probado, inequívoco indivisible” y con aptitud significativa para conducir hacia otro dato aún por descubrir y vinculado con el thema probandum”. 14 Los indicios son datos conocidos que se obtienen de la escena del crimen, del informe de prevención policial, de la primera declaración, de los medios de investigación en la etapa preparatoria, de las pruebas durante el debate. LIMITACIONES DE LA PRUEBA INDICIARIA No obstante el principio de libertad de prueba, existen limitaciones para la prueba indiciaria, siendo las principales: a) La imposición de la pena de muerte basada en presunciones(artículo 18 Constitución Política de la República de Guatemala). Por la gravedad de la pena, no se puede fundamentar en prueba indirecta (indiciaria) una sentencia condenatoria. b) El estado civil de las personas que solo se puede probar con los atestados extendidos por los registradores civiles. c) “El rumor público (Púbblica fama). Aquellas noticias incontroladas e incontrolables sin origen ni consistencia precisa que se transforman de boca en boca.”. 15 Noticias conocidas en nuestro medio como chismes y que en la práctica dan origen a detenciones ilegales.
COMO ELABORAR INDICIARIO
Tomaremos como ejemplo la información del proceso número 12-2002 oficial 2 del Tribunal de Sentencia del departamento de El Quiché, en donde se juzgó a un joven por el delito de homicidio. El sindicado es un joven de 24 años con el título de perito contador con especialidad en computación, en el debate declararon sus padres datos acerca de sus estudios en la ciudad capital y como se graduó. Se incorporó mediante su lectura la fotocopia autenticada del título de educación media extendida por el Ministerio de Educación. Los hechos conocidos consisten en que el sindicado posee educación media acreditada con el titulo correspondiente, y que proviene de un hogar integrado, que vive y trabaja con sus padres. La vinculación con el tema probatorio, lo constituye el hecho que en la hipótesis acusatoria el Ministerio Público propone que el sindicado encabezando una mara de quince jóvenes, atacó al occiso, disparando con pistola causándole la muerte. Con esta información construiremos varios silogismos indiciarios. Este tipo de razonamiento o silogismo , esta basado en la lógica formal , por lo que no hay que confundirlo con las reglas de la lógica como elemento de la sana crítica razonada, en donde son indispensables las leyes de la coherencia y la derivación, como de sus principios antes enumerados. Para ilustrar el ejemplo del silogismo utilizaremos las letras A para identificar a la premisa mayor, la B para la premisa menor, y la C para la conclusión.
Ibid. Pág. 51 Op cit (1) Página 43
a. Premisa mayor, (una regla de la experiencia común). Regularmente los integrantes de las maras provienen de hogares desintegrados y son jóvenes que no trabajan ni estudian. 16 b. Premisa menor (el hecho conocido o indicio) . El sindicado es un profesional de educación media, posee su título extendido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo, y proviene de un hogar integrado. c. Conclusión. El sindicado no pertenece, ni encabeza algún grupo denominado maras, sino que es un estudiante y trabajador. Otro ejemplo: En un juicio se acusa a dos personas de dar muerte a una mujer a las 22 horas en una aldea lejana, en donde no hay energía eléctrica. Los sindicados llegaron a esa hora a la casa de la occisa y con engaño la sacaron de su hogar diciendo que tenía una llamada telefónica de su esposo, ella salió se fue con ellos al teléfono comunitario, y como a cuarenta metros dispararon con una arma de fuego causándole la muerte. Durante el debate se recibe la declaración del hermano de la víctima que vive a cinco metros del cuarto de la occisa, e indico que escuchó los disparos. A preguntas de la defensa indicó que regularmente su hermana siempre le avisaba cuando salía a hacer un mandado,
y además no oyó ruidos únicamente los disparos. En un reconocimiento de lugar, se determinó que para llegar al lugar en donde presuntamente mataron a la víctima, se tenía que pasar enfrente de la casa del testigo. Silogismo: a) En las comunidades lejanas, y cuando viven personas contiguas, siempre se avisan entre sí cuando alguna de ellas salen por la noche. b) El testigo declaró que esa noche su hermana ( la occisa ) no aviso que iba a salir a las 22 horas a atender una llamada telefónica. c) Lo declarado por el testigo es inverosímil, y por lo tanto no se le puede otorgar valor probatorio. Silogismo a. En las comunidades rurales a las veintidós horas hay mucho silencio, y se pueden escuchar ruidos como pasos de gentes especialmente sin son varias personas. b. En el reconocimiento de lugar se determinó efectivamente que la residencia del testigo hermano de la víctima estaba a cinco metros de su casa, y que por ahí tenían que pasar la víctima y los acusados en dirección a la escena del crimen. c. Es imposible que el testigo no haya escuchados los pasos y demás ruidos de los acusados y la occisa cuando pasaron caminando frene a su residencia, y por lo tanto miente, ya que solo indica que escuchó los disparos. Por lo tanto
16 En este ejemplo de reglas de la experiencia común, no se puede ser categórico y es por ello que se utiliza la palabra “regularmente” , pues si decimos que todos los integrantes de la mara provienen de hogares desintegrados y son jóvenes que no trabajan ni estudian, tendremos un error de razonamiento que se denomina generalización imperfecta.
no se le puede dar valor probatorio a su declaración. De manera que utilizando esta estructura: A. Premisa mayor (formado por una máxima de la experiencia, o un dato científico) B. Premisa menor (el hecho conocido o indiciario obtenido de una prueba u otro material del proceso). C. Conclusión, obtenida por medio del razonamiento utilizando el silogismo indiciario. Finalmente deseo que el presente artículo sirva como una motivación para conocer mas sobre el tema de la prueba indirecta y la lógica formal, para utilizarla en el derecho de acción, defensa penal, o para fundamentar resoluciones judiciales. Bibliografía: • Cafferata Nores, José Ignacio. La Prueba en el Proceso Penal. Editorial Depalma. Buenos Aires, Argentina 1994. Pérez Ruiz, Yolanda Auxiliadora. Para Leer Valoración de la Prueba. Fundación Miirna Mack. Litografía Arte, Color y Texto. S.A. Guatemala 2001. Stein Friedrich. El Conocimiento Privado del Juez. Editorial Universidad de Navarra. Madrid, 1973. Compilación de separatas que contienen temas sobre Valoración de la Prueba. Fundación Mirna Mack. Litografía Arte, Color y Forma S.A. Guatemala 2000.
Revista Judicial, Costa Rica, Año III, marzo 1979.
Presentación con el Programa de Justicia. Reunión con el Instituto de Defensa Pública Penal Viernes 31 de marzo de 2000 Club Español, Calzada Roosevelt
REFLEXIONES SOBRE LA CASACIÓN EN GUATEMALA Steven E. Hendrix17 Un litigante insatisfecho con los resultados de una apelación puede pedir un recurso a través de un tribunal más alto, en teoría, para corregir la aplicación de la ley y no de los hechos de un caso particular. Unos países siguen el modelo francés de “cassation” mientras otras jurisdicciones prefieren el sistema alemán de “revisión” (típico de Austria, Suiza y Alemania). La Casación tiene aspectos únicos, principalmente por razones históricas. En Francia, el artículo 5 del Código Procesal Penal estableció una Corte de Casación cuyo deber era la interpretación de la ley y su aplicación en casos concretos. La Corte fungía como representante de la legislatura. En ese sentido, se decía que sus interpretaciones eran “autenticas”. La corte garantiza una estricta obediencia a la ley en nombre del Organismo Judicial en su totalidad. La Corte aseguraba que los juzgados inferiores se mantuvieran dentro de sus límites. Los Tribunales de Casación no pronunciaban reglas generales sino una ley aplicada al caso. (Mary Ann Glendon et
17 Abogado en los Estados Unidos (Wisconsin, Pennsylvania, District Of Columbia) y la República de Bolivia, e incorporado en la Universidad de San Carlos. Señor Research Fellow – Internacional Human Raights Law Institute, Collage of Law – DePaul University, y Coordinador del Programa de Justicia de la Agencia para el Desarrollo Internacional.
al., Comparative Legal Traditions, 1991, pág´s 97-98; Fernando de la Rua. Recurso de Casación, Argentina, 1968, pág´s 35-39). De hecho, la “Cour de Cassation” en Francia era parte del ramo legislativo no del ramo judicial, y representaba un intento de controlar los juzgados después de una revolución en la cual nadie tuvo confianza en los jueces. Es una experiencia más estadounidense poner como última instancia una Corte Suprema con alto poder. (Erika Fairchild, Comparative Criminal Justice Systems, 1993, Pág. 170). El recurso de casación tiene por objeto mantener la aplicación de la ley fiel, correcta y uniforme, tanto de fondo como de forma. La intervención que este recurso determina, en el caso de que el tribunal de alzada otorga su procedencia, se resuelve en la anulación del proceso desde el acto citado, con sanción de inadmisibilidad, caducidad o anulación, con la consiguiente devolución del mismo a su punto de origen para que se tramite de nuevo con ajuste a derecho. Estos defectos no son sino el resultado de la inobservancia del proceso penal. Por otro lado, cuando el defecto de la errónea aplicación de la ley es de fondo, el recurso determina la anulación de la resolución que, fundada en esos vicios, tenga poder extintivo del proceso. (Jorge R. Moras Mon, Manual de Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, 1993, Pág. 383-4). El artículo 437 del Código Procesal Penal permite la casación contra las sentencias o autos dictados por una sala de apelación. Según el Artículo 439, la Casación es de forma cuando hay alegación de violación esencial de proceso. Es de fondo si es una violación de la ley que influyó decisivamente en la resolución. En una petición para el recurso, bajo el artículo 443, hay que dejar bien claro los fundamentos legales. Este Artículo 443, obliga a expresar “los artículos e incisos que autoricen el recurso,
indicando si es por motivo de forma o de fondo. Asimismo, los artículos e incisos que se consideren violados de las leyes respectivas”. Obviamente, esta cláusula implica hacer referencia al artículo 439 como parte del fundamento legal. Pero el texto del artículo 439 sólo permite el recurso de casación en casos de forma, “cuando verse sobre violaciones esenciales” o si es de fondo, cuando las infracciones “influyeron decisivamente en la parte resolutiva”. Entonces, la interposición del recurso requiere más allá de una simple citación de leyes, una alegación de violación, la cual debe ser “esencial” en el caso de una casación de forma, o “decisiva” en una casación de fondo. El solicitante lleva la carga de la prueba para demostrar en la interposición misma, que el recurso responde a una “violación esencial” o “decisiva” según el caso. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, debe rechazar la interposición si no llena el requisito (art. 445). Un rechazo podría ser fatal para el solicitante, dado que tiene un plazo de sólo quince días a partir de la notificación de la resolución q ue lo motiva, para pedir el recurso adicional (art. 443). Después de un rechazo, es posible que no quede más tiempo para reformular la solicitud. Es mejor hacerla correctamente fundada desde la primera vez. Vale preguntar ¿Qué quiere decir “decisiva”?. En Chile, hay omisión “decisiva” cuando existe olvido o ignorancia de valoración de una prueba legítimamente incorporada al proceso y su decisión debe ser tal que su evaluación haría interpretar y resolver el pleito en forma contraria. (J.M., No. 39, Segunda Serie, pág 113, citada en Raúl Washington Abalos, Derecho Procesal Penal, Tomo III, 1993, Chile, Pág. 468-9). De forma similar, debemos preguntarnos, ¿Qué quiere decir “esencial”?. Puede ser que sea difícil o
peligroso definir el concepto, pues el carácter esencial de una cuestión en el litigio dependerá de las variadas circunstancias que rodean el proceso. Cuando el recurso de casación se funda en que la Cámara ha omitido el tratamiento de prueba fundamental, el recurrente debe evidenciar en qué forma aquellas omisiones hubieran tenido incidencia relevante en la correcta solución del caso, privando al Tribunal de elementos sustanciales de juicio, con virtualidad para influir decisivamente en el resultado de la causa. (Washington Abalos, op cit., Pág. 468). Es interesante que un proceso acusatorio implica un derecho de oponer acciones en su contra, y no dejar que un tribunal desinformado dicte opinión al respecto. Por el contrario, es deber del Abogado asegurarse que el Tribunal tenga una opinión informada antes de tomar una acción. Ahora bien, el Código Procesal Penal guatemalteco, establece el recurso de casación y el derecho de pedirlo, pero no de oponerlo. Tampoco prohíbe su oposición por escrito. El artículo 444 dice: “Si el escrito de interposición del recurso contuviere todos los requisitos mencionados, la Corte Suprema de Justicia declarará la admisibilidad, pedirá los autos y señalará día y hora para la vista”. Eso no quiere decir que la parte no solictante deba guardar silencio. El Tribunal Máximo está a punto de permitir que sea reconsiderada la victoria a nivel inferior. ¡No se duerman! No dejen que la Corte funcione de una forma inquisitiva, como investigador y juzgador. Si el escrito no menciona en lenguaje “claro y preciso” (art. 443) que una violación fue “esencial” o “decisiva”, el litigante inteligente presentaría un escrito a la Corte alegando que el escrito de interposición no cumple con los requisitos, oponiéndose al recurso, y haciendo notar que la Corte no tiene la capacidad de declarar la admisibilidad del recurso salvo que el escrito tuviese todos los requisitos
mencionados. La Corte tiene que rechazar el recurso, respaldándose en el Art. 445. Tanto en Francia, como en Guatemala, la Cour de Cassation está obligada a recibir un recurso de casación penal debidamente presentado. Por el contrario, no existe la misma obligación de dar trámite a los casos civiles. (Erika Fairchild, Comparative Criminal Justice Systems, 1993, Pág. 169). Tómese en cuenta que el recurso de casación en casos de pena de muerte es de muy baja formalidad (art. 452). Incluso, el Código dice que el recurso podrá interponerse “sin formalidad alguna”. El tribunal “queda obligado a analizar la sentencia recurrida en cualquiera de los casos en que el recurso es admisible”. Los defensores públicos no sólo deben aprovechar este mecanismo, sino tienen como una obligación de carácter ético, representar a su clientes en su máximo potencial. Si su cliente escribe una nota en el papel sanitario de la cárcel, debe representarlo en la Corte y expresar que su cliente demanda una audiencia bajo el Artículo 452. Vale repetir que el recurso puede interponerse “sin formalidad alguna”. Un recurso de casación está destinado a corregir errores, y no se trata simplemente de un recurso para solicitar otra oportunidad para evitar un castigo no deseado. En este sentido, hay que subrayar que es considerado un recurso extraordinario, especialmente en el sentido que significa una última oportunidad de juicio, y su concesión es limitada. Así, luego de agotados todos los demás recursos ordinarios, es concedido. (Enrique Vescovi, “Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en Iberoamérica, Argentina, 1988, Pág. 241). La Ley Judicial (“Judiciary Act”) de los Estados Unidos influyó en lo que es el concepto de un “recurso extraordinario” en
la doctrina, y aún más y de manera particular, en la casación argentina. (Narciso J. Lugones y Sergio O. Dugo, Casación Penal y Recurso Extraordinario, Argentina 1993, Pág. 5). En los Estados Unidos, la tasa de éxito en los casos aceptados por una casación es baja. Sólo entre el diez y el veinte por ciento de los casos han cambiado a este nivel. Contrariamente, la mayoría son confirmados. La queja o error alegado más comúnmente es la admisión de prueba, de evidencias obtenidas en violación a la Carta Magna. Dicha objeción también tiene más éxito que cualquier otra alegación en la casación. Con menor frecuencia y menor éxito, se presentan: la insuficiencia de la prueba, la incompetencia del abogado, violaciones constitucionales en la identificación del acusado por fila y protestas a la admisibilidad de una confesión por parte del acusado hecha a la policía. Los tribunales distritales federales reciben alrededor de 9,000 aplicaciones al año, alegando violación de derechos constitucionales por juzgados estatales. Únicamente el cuatro por ciento tiene éxito en lograr un cambio, y normalmente el cambio es sólo el requerimiento de otra audiencia. (Yale Kamisar et al., Modern Criminal Procedure, 1988, Pág. 20). Ahora bien, como hemos visto anteriormente, una casación depende directamente de dos factores: La ley y los hechos. Desde la perspectiva formalista, podríamos determinar la presentación ahora. La ley es objetiva y clara. No hay ambigüedad. De igual manera, los hechos se presentan. Pero como Defensores, si todo es tan claro y objetivo perderían sus casos. Para lanzar una casación exitosa, es necesario crear una duda referente a la aplicación de ley o de los hechos. Echemos otro vistazo hacia estos dos factores en la práctica.
LA LEY: En cuanto a la ley: ¿Es siempre clara?. La perspectiva formalista insiste en que la ley es objetiva. En un silogismo, la norma es la premisa mayor. La premisa mayor tiene que ser clara y objetiva. Eso implica una técnica autoritativa para la determinación de qué norma se debe aplicar a un caso. Si no es así, el silogismo no funciona. Los protagonistas de esta perspectiva son los positivistas o los llamados formalistas, personas como Kelsen. En un sistema jurídico bien ordenado, la legislatura hace la ley futura, mientras los tribunales aplican la ley. Una decisión jurisdiccional no crea una nueva ley. Es una pura deducción, un silogismo, un razonamiento silogístico. Bajo este contexto, asumimos que las normas tienen el poder de restringir a la gente. Una norma es simplemente una abstracción para clasificar un conjunto de actividades como permisibles o no. El uso de palabras en sí es una abstracción de la norma, que permite la generalización por conceptos. En teoría, la norma publicada, informa al público de los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Crea una certeza en la conducta humana. Tanto las personas buenas como las malas prefieren evitar problemas con la ley. Ahora bien, supongamos que tenemos una ley penal que prohíbe dormir en un parque. Es clara ¿no?. Todos entendemos la norma ¿cierto?. Entonces nuestra premisa es que es prohibido dormir en el parque. Vamos a ver que en la práctica, los jueces deciden casos por procesos no puramente silogísticos. No están limitados necesariamente por la ley o por su deducción. Hacen selecciones. Supongamos ahora que tenemos dos hombres acusados de infracción de la norma. El primero es un comerciante vestido de corbata, con celular y todo.
Durante su hora de almuerzo fue al parque para disfrutar de la naturaleza a la sombra de los árboles. Se sintió como si estuviera en un barco, y por lo mala suerte, después de haber tenido una mañana de mucho estrés, se quedó dormido por diez minutos, aún estando sentado. El segundo hombre es un vagabundo que vive en el parque. Los vecinos dicen que es un bolo y roba niños. A la medianoche, la policía lo encuentra acostado en una banca, en estado de ebriedad, pero despierto ¿Cuál de los dos hombre violó la ley? ¿El negociante que sí durmió un rato o el vagabundo que vive en el parque? ¿Podemos “deducir” una solución?. Tendremos que estudiar y redefinir una norma que considerábamos claro en lo abstracto, hasta que nos fueron presentados los dos casos concretos. La interpretación de una norma puede tomar en consideración el propósito del Congreso, es decir, la interpretación “autentica”. En los casos mencionados, obviamente, el Congreso tuvo interés en prohibir que el parque sea utilizado como dormitorio o lugar de residencia. El congreso, con interés en reducir la delincuencia, tomó una medida para fomentar la seguridad ciudadana. El comerciante no representa ningún riesgo al público y su conducta no fue ofensiva. Al contrario, el diabólico bolo representa un mal en el parque, una amenaza al público con su conducta antisocial. Una interpretación “autentica” podría castigar al ebrio y dejar libre al comerciante. Fallar contrario sería un resultado absurdo y un irrespeto al Congreso de la República. El congreso no querría castigar al comerciante. De hecho, la Corte tiene el poder de racionalizar la norma par que el resultado sea el más conveniente o razonable. La Corte hace uso de una “interpretación racional” de la norma. Por el contrario, buscar el interés o pretensión del Congreso es una práctica
especulativa. ¿Podemos hacer efectivo un interés imaginario del congreso? Se puede argumentar que la mejor prueba de qué quiso decir el Congreso, es lo que dice la norma por su simple lectura. Olvidémonos de lo que los hablantes u oyentes entienden y fijémonos solamente en una lectura objetiva. La norma prohíbe DORMIR en el parque. ¡El bolo no dormía! Punto. Es inocente. Por el contrario, el negociante durmió. Es culpable. Punto. Quizás “dormir” es un acto físico. A penas quiere decir “pasar la noche”. Normalmente, según la doctrina, si las palabras de la norma son claras, no utilizamos la pretensión del Congreso para aclarar la norma. Juzgar estos casos requiere algo más que una simple lectura o el recurrir a un diccionario para lograr una deducción formalista. Existe una tensión entre el “espíritu de la ley” y el texto de la ley en sí. Dado que la ley es siempre una abstracción, y dado que la Corte siempre tiene que aplicar la abstracción a un caso concreto, se requiere una interpretación de la norma. En esto, siempre hay ambigüedad, la cual abre la puerta a una duda referente a la precisión de la norma. Otro ejemplo: En el caso de McBoyle contra los Estados Unidos (Corte Suprema 1931), el fiscal alegó violación de una norma penal de transportar un “vehículo motorizado robado”, sabiendo que es robado, tras una frontera estatal. El acusado robó un avión y en él voló a otro estado. En primera instancia y en apelación, lo encontraron culpable. En el equivalente a una Casación, la Corte Suprema tomó su caso. El Magistrado Oliver Wendell Holmes escribió la opinión de la Corte. Empezó con la ley como una premisa mayor: Es ilegal transportar un vehículo motorizado robado, sabiendo que es robado, tras una frontera estatal. Como
premisa menor, Holmes hizo notar que no hay cuestión alguna en las pruebas, que el acusado sabía que el avión era robado, y que lo transportó tras una frontera. Holmes llegó a la conclusión que no es culpable. La dificultad con la norma es la expresión “vehículo motirzado”. Implícitamente, Holmes agrega otra premisa, que un avión no es un “vehículo motirzado”. Holmes hace una interpretación. De hecho, establece y define una ley. Tuvo la opción de expandir la ley o reducirla. En su opinión, Holmes concede que etimológicamente un avión es un “vehículo” y tiene “motor”. Pero el Magistrado pone a un lado una lectura directa. Dice que no hay una definición única. Hay duda. En el uso común de la expresión, se refiere a vehículos sobre la tierra. Pero ¡Con qué derecho decide usar una manera de interpretación – el uso común de la expresión – en vez de otra manera de interpretación .- como la de una simple lectura?. Holmes creó una ambigüedad en una norma y eso liberó para interpretarla a su gusto. En el hecho de rechazar una definición etimológica en lugar su “significado de uso común”, Holmes busca interpretar la norma. Por analogía, podemos preguntarnos: ¿A quién fue dirigida la norma? Holmes considera que fue dirigida a potenciales delincuentes. Su interpretación daría una noticia pública a ellos. Sin embargo, los criminales no leen estatutos ni el Diario de Centro América. Su propio sentido de la moralidad podría darles la pauta de que no es aceptable transportar bienes robados. Incluso un tonto – ignorante moral no sabría nada de la norma, pero podría decir que la conducta no es la correcta. El argumento de una noticia pública no es profundo o convincente. Quizás la verdadera audiencia del Congreso era la policía. La
selección de la audiencia no debe ser caprichosa, sino debe hacerse en un contexto. En el caso que nos ocupa, la norma no se refiera a aviones. Existían aviones cuando se produjo la norma. ¿Asumimos que su “exclusión” fue intencional? ¿Es posible tener una intención si sólo la abstracción del texto está sujeto al voto y no un caso concreto?. Si asumimos que la norma fue aprobada antes de la invención del avión, ¿cambiaríamos nuestra opinión? ¿Interpretaríamos la norma y su exégesis para construir la inclusión o exclusión de un avión como un “vehículo robado”? Obviamente, las políticas detrás de la norma siguen en vigencia aunque los legisladores jamás pensaron en un avión. No podemos esperar que el Congreso cambie la ley con cada nueva invención. El lenguaje amplio puede aceptar la inclusión de aviones. Puede ser que, a fin de cuentas, en ciertos casos, una búsqueda para el propósito de una norma es un proceso de racionalización moral. En una casación exitosa, los solicitantes deben intentar buscar una nueva definición de la norma o una ambigüedad en su expresión, para abrir la puerta al recurso. LOS HECHOS: Por otro lado, podemos cuestionar la “autoridad de hechos”. Desde la perspectiva formalista, los hechos conforman un elemento clave del silogismo. Las normas aplican a los hechos sin referencia a valores, perspectiva o referencias personales. Pero ¿Cómo se definen los hechos?. Se puede contrastar los hechos con su opuesto para definirlos. Como ejemplos, podemos citar la diferencia entre un hecho y la ficción, la verdad y una falsedad, un hecho vrs. la ley, hechos vrs. opinión, hechos vrs. indiferencia, y hechos vrs. probabilidad. También, debemos preguntarnos si es
posible definir hechos independientemente de otros juicios o valores. Por ejemplo, si sabemos lo que la norma aplica, ¿cambiaría nuestra definición de los hechos? Un ejemplo: Un abogado defensor habla con su cliente acusado de un homicidio. La víctima murió por un ataque con una navaja. El Defensor no tiene claro el elemento de premeditación. El abogado le pregunta a su cliente si normalmente lleva una navaja consigo. El cliente le responde ¿Por qué me lo pregunta?. Una vez que el abogado responde, puede ser que tenga un impacto inmediato en la caracterización de los “hechos”. De igual manera, el proceso judicial con sus normas y reglas afecta la identificación de los “hechos”. Tenemos otras dudas referente al proceso de determinar los hechos. ¿Cuáles son los atributos claves de los hechos? ¿Cómo debemos determinar si algo es un hecho? La verdad es un factor o atributo. Pero, ¿Cuál es la prueba de una hecho? ¿Cuál es el criterio para probar un hecho? ¿Cómo caracterizamos hechos en términos de generalizaciones? ¿Cuál es el nivel de detalle apropiado o necesario? El jurista Jerome Frank se define a sí mismo como un “escéptico de hechos”. Se auto denomina un “realista jurídico”. Según Frank, los testigos perciben “hechos” con selectividad y más tarde cuentan sus observaciones de una manera selectiva. De manera parecida, los jueces seleccionan qué es lo que van a creer entre todos los testimonios y los “hechos” presentados. Hay grandes problemas de uso de preferencias personales en el proceso de definición de “hechos”. ¿Qué pasa si el juez no entiende bien los hechos y eso favorece a su cliente? El defensor tiene una obligación hacia su cliente. Si el juzgado tiene una opinión equivocada de los hechos y por eso deja libre o exonerado a su cliente, muchos
defensores no dirían nada. Una Comunicación privilegiada entre un abogado y su cliente demanda que el defensor no revele nada. Obviamente, el proceso de litigo tiene valores a veces más importantes que la verdad. Con tan sólo que el sistema perciba un grado de error en un litigio, es suficiente para dejar libre a un culpable para evitar que un inocente vaya a la cárcel. En la práctica de litigio, la gran mayoría de “hechos” dependen de percepciones del intento o de la causación. En un sistema acusatorio, dejamos a los interesados o litigantes, probar los hechos. Levan la carga de la prueba. Dejamos que “cuenten su historia” con sus propias palabras. ¿Sirve esto para definir los hechos de una manera más informada, o sólo sirve para darles a los actores la impresión de un proceso objetivo jurídico?. La respuesta es que permitimos un grado de error en los hechos. Si nos equivocamos en la definición de una norma, entonces tendrá un enorme impacto futuro. Pero si cometemos un error de definición de los hechos en un caso concreto, no afecta en nada la conducta futura de otros. Por esó ¿Estamos justificados para hacer menos caso a los hechos? CONCLUSIÓN: Con este breve análisis, puede verse que hay oportunidades para crear duda tanto referente a la norma aplicada como a la determinación de los hechos. Un recurso de Casación busca corregir errores en los juzgados inferiores. Un buen defensor debe aprovechar la ambigüedad de las normas y de los hechos para formular le mejor recurso posible en beneficio de su cliente. Espero haber mencionado los puntos prácticos para realizarlo.
RESUMEN ESTADISTICO DE LOS CASOS ATENDIDOS POR EL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO DEL AÑO 2001 A JUNIO DEL AÑO 2002
Lic. Rudín René González Leiva Unidad de Planificación, Consultor en Estadística y Evaluación
adultas (incluyendo los casos atendidos por los Defensores Étnicos) y 3,606 (30%) a menores de edad. Es importante mencionar también que, 112,156 (92%) correspondieron al sexo masculino y 938 (8%) al sexo femenino. Al hacer un análisis de los 12,094 casos que fueron atendidos por los defensores de planta, en función a los tipos de delitos o faltas que fueron imputados a las personas, puede observarse que 11,365 casos (94%) correspondieron a delitos y tan solo 729 (6%) a faltas, las cuales son cometidas principalmente por menores de edad. Entre los delitos reportados, los que muestran una mayor recurrencia son: los Delitos Contra el Patrimonio, los Delitos Contra la Vida e Integridad de las Personas y los Delitos de Narcoactividad, los cuales registran 5,482 casos, 2,251 y 1,434 respectivamente. En conjunto estos 3 tipos de delitos constituyen el 80% del total de casos atendidos por delitos. Entre los casos atendidos por faltas, sobresalen los casos registrados por Faltas Contra las Personas con 430 y la Faltas contra las Buenas costumbres con 156 casos. Cabe destacar, que al analizar los tipos de delitos o faltas registradas por las personas en función a su edad o sexo, se mantiene el mismo comportamiento descrito anteriormente. (Ver cuadro No. 2 y las gráficas respectivas) NUMERO DE RESOLUCIONES O SENTENCIAS EMITIDAS, EN CASOS ATENDIDOS POR LOS DEFENSORES DE ADULTOS: Derivado de los casos atendidos por los Defensores que cubren a personas adultas, durante el período comprendido del 1 de julio del año 2001 al 30 de junio del año 2002 las instancias correspondientes emitieron 14,929 resoluciones o sentencias, correspondientes tanto a casos de este período, como aquellos que los Defensores
NUMERO DE CASOS NUEVOS ATENDIDOS A NIVEL NACIONAL, POR REGION Y DEPARTAMENTO: De conformidad con las cifras que se presentan en el cuadro No. 1, durante el período comprendido de 1 de julio del año 2001 al 30 e junio del año 2002, el Instituto de la Defensa Pública Penal, atendió 27,193 casos nuevos a nivel nacional. Al analizar los casos cubiertos regionalmente, puede observarse que la mayor atención se dio en la Región Metropolitana (integrada por el departamento de Guatemala), en la cual se registraron 15,606 casos, lo cual constituye el 57% del total a nivel nacional. En orden de importancia, pueden citarse las Regiones Sur-Occidental, Central, y Nor-Oriental, donde se atendieron 3334, 2804 y 1624 casos respectivamente. En cuanto a la atención de casos a nivel departamental destacan: Guatemala con 15,606 casos, Escuintla con 1638, Quetzaltenango con 1414 y Peten con 920, concentrándose en estos 4 departamentos el 72% de los casos atendidos a nivel nacional. NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR LOS DEFENSORES DE PLANTA, SEGÚN TIPO DE DELITO O FALTA, POR EDAD Y SEXO: De los 12,904 casos que fueron atendidos por los Defensores de Planta, 8488 (70%) correspondieron a personas
tenían vigentes, correspondientes períodos anteriores.
Dentro de las resoluciones emitidas sobresalen: 3,960 casos de personas que en su momento quedaron en prisión preventiva, 3,094 medidas sustitutivas, 2,081 sobreseimientos, 1,538 clausuras provisionales 1,399 faltas de mérito y 989 medidas desjudicializadoras. Es importante mencionar también, que durante el período aludido se emitieron 751 sentencias, de las cuales 258 fueron absolutorias, 291 condenatorias con prisión , 162 condenatorias con suspensión de la pena y 40 condenatorias conmutables (ver cuadro No. 3 y la gráfica respectiva) RECURSOS Y ACCIONES PRESENTADOS POR EL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL: Como resultado de la Sentencias emitidas en los casos atendidos por los defensores de planta, así como derivado de violaciones al debido proceso, el Instituto de la Defensa Pública Penal, durante el período comprendido del 1 de julio del año 2001 al 30 de junio del año 2002, interpuso 874 recursos, destacando los siguientes: 386 Apelaciones, 96 Exhibiciones Personales, 81 Reposiciones, 56 Amparos, 50 Casaciones, 24 Revisiones y 3 Insconstitucionalidades. (ver cuadro No. 4 y la gráfica respectiva.
CUADRO No.1 CASOS ATENDIDOS POR EL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL, POR DEPARTAMENTO, PERIODO: JULIO 2,001 - JUNIO 2,002 CASOS ATENDIDOS REGION Y DEPARTAMENTO DEFENSORES DEFENSORES DEFENSORES DEFENSORES DEFENSORES DE SEDES TOTAL DE ETNICOS (*) DE DE POLICIALES OFICIO (**) ADULTOS MENORES (***) 27,193 15,606 15,606 12,449 1,356 1,565 236 624 372 252 1,624 204 417 499 504 1,139 216 313 610 2,804 510 656 1,638 1,129 509 8,307 1,875 1,875 1,516 192 113 54 353 118 235 1,282 177 417 209 479 456 107 224 125 955 310 92 553 250 303 3,606 2,018 2,018 1,805 213 0 0 0 0 0 290 0 0 290 0 314 0 0 314 484 0 296 188 188 0 181 0 0 0 0 0 0 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,277 9,891 9,891 8,289 504 916 182 169 152 17 52 27 0 0 25 369 109 89 171 1,365 200 268 897 691 206 1,822 1,822 1,822 839 447 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL REPUBLICA I. REGION METROPOLITANA 1. GUATEMALA - MUNICIPIO DE GUATEMALA - MUNICIPIO DE MIXCO - MUNICIPIO DE VILLA NUEVA - MUNICIPIO DE AMATITLAN II. REGION NORTE 2. ALTA VERAPAZ 3 . BAJA VERAPAZ III. REGION NOR-ORIENTAL 4. EL PROGRESO 5. IZABAL 6. ZACAPA 7. CHIQUIMULA IV. REGION SUR-ORIENTAL 8. SANTA ROSA 9. JALAPA 10 .JUTIAPA V. REGION CENTRAL 11 .SACATEPEQUEZ 12. CHIMALTENANGO 13. ESCUINTLA - MUNICIPIO DE ESCUINTLA - MUNICIPIO DE STA. LUCIA
VI. REGION SUR-OCCIDENTAL 14. SOLOLA 15. TOTONICAPAN 16. QUETZALTENANGO -MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO - MUNICIPIO DE COATEPEQUE 17. SUCHITEPEQUEZ 18. RETALHULEU 19. SAN MARCOS - MUNICIPIO DE SAN MARCOS - MUNICIPIO DE MALACATAN VII. REGION NOR-OCCIDENTAL 20. HUEHUETENANGO - MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO - MUNICIPIO DE STA. EULALIA 21. QUICHE - MUNICIPIO DE STA. CRUZ QUICHE - MUNICIPIO DE NEBAJ VIII. REGION PETEN 22. PETEN - MUNICIPIO DE SAN BENITO - MUNICIPIO DE POPTUN
3,334 371 203 1,414 1,015 399 460 467 419 267 152 1,142 721 569 152 421 240 181 920 920 789 131
1,788 218 198 519 448 71 255 263 335 190 145 952 586 434 152 366 188 178 646 646 515 131
234 0 0 234 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 266 266 0
27 0 0 27 27 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 52 52 0 0 0 0 0
1,285 153 5 634 306 328 205 204 84 77 7 138 135 135 0 3 0 3 8 8 8 0
(*) LA DEFENSORIA ETNICA, INICIO SUS ACTIVIDADES EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2001, CON UN PLAN PILOTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, QUETZALTENANGO Y QUICHE, SIN EMBARGO, COMENZARON A ATENDER CASOS, HASTA EL MES DE DICIEMBRE. (**) ATIENDEN A PERSONAS ADULTAS SINDICADAS DE DELITOS LEVES O FALTAS.
(***) LA DEFENSORIA DE SEDES POLICIALES, INICIO SUS ACTIVIDADES EN EL MES DE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2001. CON UN PLAN PILOTO EN LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, MIXCO Y VILLA NUEVA, LOS CASOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2,001 FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL, CON BASE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA UNIDAD DE ASIGNACIONESY LOS DEFENSORES PUBLICOS.
GUATEMALA ALTA VERAPAZ BAJA VERAPAZ EL PROGRESO IZABAL ZACAPA CHIQUIMULA SANTA ROSA JALAPA JUTIAPA SACATEPEQUEZ CHIMALTENANGO ESCUINTLA
1 372 252 204 417 499 504 216 313 610 510 656 1,638 371 203 1,414 460 467 419 721 421 920
SOLOLA TOTONICAPAN QUETZALTENANGO SUCHITEPEQUEZ RETALHULEU SAN MARCOS HUEHUETENANGO QUICHE PETEN
GRAFICA No.1 CASOS NUEVOS ATENDIDOS POR DEPARTAMENTO
CASOS ATENDIDOS POR LOS DEFENSORES DE ADULTOS Y MENORES, DEL INSTITUTO DE LA PERIODO: JULIO 2,001 A JUNIO 2,002
CASOS ATENDIDOS (*)
DEFENSA PUBLICA PENAL, SEGÚN TIPO DE DELITO O FALTA, POR SEXO
TIPO DE DELITOS O FALTAS
I. TIPIFICACION DE LOS DELITOS
5,482 2,251 1,434 519 469 372 235 332 230 458 516 3 11 40 5 1,319 115 2,091 160 1,783 969 349 310 307 235
3,625 1,699 887 347 305 277 230
268 84 82 2 5 30 5
1,589 468 465 170 159 65 0
1,439 392 432 169 153 55 0
150 76 33 1 6 10 0
- CONTRA LA VIDA E INT. DE LAS PERSONAS
- DE NARCOACTIVIDAD
-CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUAL
- TENENCIA Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS
- CONTRA LA LIBERTAD Y LAS SEG. DE LAS PERSONAS
- CONTRA EL ORDEN JURIDICO FAMILIAR
- CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
165 84 354 322 32 314 289 25 40 33 81 3 69 68 1 15 13 2 7
- CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA
430 83 156 60 49 11 25 24 139 17 7 7 69 14 2 2 0 0 1
370 81 149 35
285 67 132 25
85 14 17 10
- CONTRA LA PROPIEDAD
- CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES
(*) INCLUYE SOLO DEFENSORES DE PLANTA
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL.
GRAFICA No.2 CASOS ATENDIDOS, SEGUN TIPO DE DELITO, POR EDAD
1,783 1,589
468 465 349 170
314 165 0 69 15 40
O SO O RC R PE DE NA S LA O NI S NA AD ID IV CT A SE Y BE LI LA CO RA NT AD RT U G L SE D DA RI A XU AS DE IL RT IA NC TE NE Y PO N IO AC AL EG AR M Y M . UN RS PE DE AD ID Y AD LA CO RA NT RT BE LI UR G SE S LA NA O S M FA JU EN RD O NT CO RA EL CO DI RI R IA IL N IO AC TR IS IN DM RA NT CO LA A DE JU IA IC ST A IV CT LE CO AD ID UR RA NT CO LA G SE S O TR O TO LI DE S
EL E IN D T. E
IM TR PA
RA NT CO DA VI
CUADRO No. 3 NUMERO DE RESOLUCIONES O SENTENCIAS EMITIDAS POR MES, EN LOS CASOS ATENDIDOS POR LOS DEFENSORES DE ADULTOS PERIODO: JULIO 2,001 - JUNIO 2,002
RESOLUCIONES O SENTENCIAS EMITIDAS SOBRE CASOS NUEVOS Y CASOS VIGENTES AL INICIO DE MES
1,390 1,202 1,340 1,145 928
1,227 1,237 1,071
1,459 1,305 14,929
Prisión preventiva 307 138 136 90 168 156 84 113 226 135 122 104 153 144 81 94 171 247 252 242
307 207 70 77 67 106
374 276 108 93 69 123
330 270 136 99 81 183
277 206 101 127 79 130
359 257 134 148 86 174
396 264 178 157 81 186
305 263 141 115 86 246
3,960 3,094 1,538 1,399 989 2,081 39
Falta de mérito Medidas desjudializadoras
TIPO DE RESOLUCIONES O SENTENCIAS
13 17 27 22 39 15 291 24 29 27 24 25 31 18 15 24 23
14 10 1 23 20 0 2 10 0 0 48 29 4 5 26 22 4 6 53 12 13 2 38 56 3 5 5 2 2 3 1 4 1 4 0 1 2 9 27 17 7 7 38 17 30 27 27 19 22 19 4 4 5 1 2 1
16 5 24 12 2 2 46
162 40 324 243 26 34 490
Sentencia absolutoria Sentencia condenatoria con prisión Sentencia condenatoria con suspensión de la pena Sentencia condenatoria conmutable
Sentencias no firmes
Casos de rebeldía
Otras 31 39 38 31 38 21 48 46 51 Fuente: Elaboración del departamento de Estadística de la Unidad de Planificación, con base a los informes recibidos de los defensores públicos.
GRAFICA No. 3 CASOS ATENDIDOS POR LOS DEFENSORES DE ADULTOS , SEGUN TIPO DE RESOLUCIONES O SENTENCIAS EMITIDAS
3,500 3,094
2,500 2,081
CASOS 1,538 1,399
1,500 989
1,000 490 291 258 243 162 40
A IV UT IT ST SU IE M O PR A LT FA S VI DE IO SO C EI ES BR A UR US LA M AS ID ED A S O NT O IT ER M CI I UD SJ DE L NA S RA O AD IZ AL N CO A RI O AT EN ND CO CI EN NT SE A I IS PR N O LA N DE NA PE A RI TO LU O S AB NM CO A CI EN NT E A CI EN NT SE IA OR AT EN ND CO CI EN NT SE A N CO S SO SI EN SP SU L AB UT E O AD IV CH AR S SO CA O S S NE
V TI EN EV PR A ID ED
IO IS PR
O CI LU SO RE
CUADRO No. 4 RECURSOS PRESENTADOS POR EL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL, A NIVEL NACIONAL, POR MES
PERIODO: JULIO 2,001 - JUNIO 2,002 RECURSOS PRESENTADOS POR MES
EXHIBICION PERSONAL 13 11 13 5
INCONSTITUCI ONALIDADES 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
RECURSOS DE GRACIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS (*) 19 12 (*) Dentro de estos incluyen: recursos de incidentes y excepciones
Fuente: Elaboración del departamento de Estadística de la Unidad de Planificación, con base a los informes recibidos de los defensores públicos.
G R AFIC A N o. 4 R E C U R S O S PR ES EN TAD O S PO R EL IN ST ITU T O D E LA D EFEN SA PU B LIC A PE N AL
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L NA S O N IO C SA CA R PA AM N O SI VI RE CI TU TI NS CO IN ES AD N O ID AL O TR O S
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IO AC EL AP IC IB N IO
alexreyn3213426

References: resolución 
In dubio
 resolución 
 artículo 13
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 272
 Artículo 264
 artículo 272
 artículo 261
 artículo 272

Artículo 10
 artículo 272
 Artículo 264
 artículo 320
 Artículo 264
 artículo 272
 artículo 14
 artículo 282
 artículo 12
 resolución 
 artículo 203
 artículo 251
 Artículo 268
 artículo 268
 artículo 12
 Artículo 268
 resolución 
 artículo 181
 resolución 
 artículo 173
 artículo 268
 artículo 46
 artículo 11
 artículo 294
 artículo 404
 artículo 437
 artículo 118
 artículo 121
 artículo 121
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 294
 resolución 
 artículo 404
 artículo 437
 artículo 131
 artículo 133
 artículo 127
 artículo 338
 artículo 340
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 121
 artículo 4
 artículo 340
 artículo 340
 artículo 340
 artículo 118
 artículo 340
 artículo 335
 artículo 340
 artículo 337
 artículo 118
 artículo 121
 artículo 404
 artículo 121
 artículo 337
 artículo 121
 resolución 
 resolución 
 artículo 337
 artículo 337
 artículo 318
 artículo 317
 artículo 402
 resolución 
 artículo 282
 artículo 364
 resolución 
 resolución 
 artículo 182
 artículo 5
 resolución 
 artículo 437
 Artículo 439
 artículo 443
 Artículo 443
 artículo 439
 artículo 439
 resolución 
 artículo 444
 Artículo 452