Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2016/as201610810.html
Timestamp: 2019-03-22 14:43:37+00:00

Document:
as201610810
AUTO SUPREMO Nº 810/2016-RRC
Por memorial presentado el 23 de febrero de 2015, cursante de fs. 96 a 99, José Ramiro Quiroga Adriazola, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 2 de febrero de 2015 de fs. 90 a 91 vta., pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, integrada por los Vocales Germán A. Miranda Guerrero y Ponciano Ruiz Quispe, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias del Servicio Departamental de Caminos representada legalmente por Alfredo Méndez Orellana contra la parte recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Peculado e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados por los arts. 142 y 154 del Código Penal (CP), respectivamente.
a) Por Sentencia 2/2014 de 17 de febrero (fs. 17 a 27 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró al imputado José Ramiro Quiroga Adriazola, autor del delito de Peculado, previsto y sancionado por el art. 142 del CP, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión; asimismo, le absolvió por la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, tipificado por el art. 154 del CP, con costas, pago de daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia.
b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado José Ramiro Quiroga Adriazola, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 35 a 37), resuelto por Auto de Vista de 14 de julio de 2014 (fs. 60 a 61 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 642/2014-RRC de 13 de noviembre (fs. 79 a 85 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dictó el Auto de Vista de 2 de febrero de 2015 (fs. 90 a 91 vta.), que declaró su improcedencia y confirmó totalmente la Sentencia apelada. Interpuesto el recurso de casación se emitió el Auto Supremo 253/2015-RA de 10 de abril (fs. 106 a 107 vta.), que fue dejado sin efecto por la Sentencia Constitucional Plurinacional 1320/2015-S2 de 16 de diciembre; en cumplimiento a dicho fallo constitucional, se emitió el Auto Supremo 666/2016-RA de 6 de septiembre que declaró la admisión del recurso formulado por el imputado para su análisis de fondo.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 666/2016-RA de 6 de septiembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
El recurrente señala: i) Que el Auto de Vista debió dar cumplimiento al Auto Supremo 642/2014 RRC de 13 de noviembre, el cual dispone en su contenido en el “Prg. III” la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, en estrecha relación a la Sentencia Constitucional 129/2004-R de 28 de enero; sin embargo, no fundamentó el agravio contenido en su alzada restringida sobre una errónea aplicación de la ley; por cuanto, no precisó si se trata de Peculado e Incumplimiento de Deberes, ni el por qué se da aplicación a estos tipos penales sin haber sido funcionario público; ii) Al haberse dispuesto un nuevo sorteo para la emisión del nuevo Auto de Vista, afirma que debió un nuevo Tribunal de alzada el que resuelva su alzada y no la misma “Sala Penal Segunda” que ya emitió criterio; por lo que, considera que se incurrió en nulidad absoluta del Auto de Vista impugnado; puesto que, los miembros del Tribunal debieron haber formulado su excusa; iii) Discrepa con la afirmación contenida en el Auto de Vista impugnado sobre la inexistencia de ilegalidad y que pudo haber formulado reclamación en su oportunidad; por cuanto considera, previa cita de los arts. 122 y 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), que estas normas “no pueden ni siquiera convalidarse conforme lo establece el art. 169 inc. 3)” (sic) del CPP, afirmando que estos extremos deben ser revisados de oficio por los Tribunales Superiores; añadiendo que la Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal entró en vigor el 30 de octubre de 2014 y su trámite es anterior; no obstante de ello ofreció prueba respecto a la actividad procesal defectuosa sin que se haya procedido a su saneamiento ante la inexistencia de audiencia conclusiva; y, iv) Finalmente alude a una incorrecta valoración de la prueba refiriéndose a la prueba testifical de cargo, declaración del funcionario policial investigador, a la que se le otorgó valor sobre un proceso iniciado por el recurrente y que habría mutado a un auto robo en el que no existe sentencia. En similar sentido, cuestiona que la prueba testifical de descargo fue valorada incorrectamente, al considerar erróneamente falsas las declaraciones, resaltando que en cuanto a la declaración de Raquel Ecuari Castro, fue tergiversada y evaluada de forma “antojadiza” (sic).
El recurrente solicita: “se determine la existencia de contradicciones con los antecedentes citados, la errónea aplicación de la ley, en virtud a lo dispuesto por el art. 419 del CPP, disponiéndose la nulidad de obrados” (sic).
Mediante Auto Supremo 666/2016-RA de 6 de septiembre, cursante de fs. 130 a 132, este Tribunal admitió el recurso formulado por José Ramiro Quiroga Adriazola, para su análisis de fondo.
Por Sentencia 2/2014 de 17 de febrero, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró al imputado José Ramiro Quiroga Adriazola, autor del delito de Peculado, previsto y sancionado por el art. 142 del CP, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión; asimismo, le absolvió por la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, tipificado por el art. 154 del CP, distinguiendo dos hipótesis sobre la verdad histórica de los hechos:
La primera relatada por el acusado desde el día que recibió el cheque el 15 de diciembre de 2009 hasta el día en que sufrió el supuesto robo (16 de diciembre), indicando que cuando ingresó a su casa y vio las cosas desorganizadas llamó al Director del SEDCAM, para que llame a la Policía, sentada la denuncia en contra de autores o autores, que luego de las averiguaciones en su trabajo, sospecha que el autor del robo era Jesús Carlos Rossel Lavadenz manifestando ello a los policías, ofreciendo dos testigos uno de sexo masculino y otra se sexo femenino María Romero Rodríguez quien era su testigo clave.
La segunda vertida por el Ministerio Público y el acusador particular, que en un principio corrobora lo señalado, añadiendo que se inició un proceso de robo a denuncia de José Ramiro Quiroga Adriazola en contra del autor y autores, individualizando posteriormente a Jesús Carlos Rossel Lavadenz, quien no se encontraba en la ciudad y daba pensar en su supuesta autoría; empero, la testigo ofrecida por José Ramiro Quiroga Adriazola de nombre de María Romero Rodríguez, luego de agotarse esfuerzos por ubicarla presta su declaración e involucra al ahora acusado José Ramiro Quiroga Adriazola, al afirmar que éste la presionaba para que declare en contra de Jesús Carlos Rossel Lavadenz, recibiendo algunos regalos.
Es así, que el acusado Juan Carlos Rossel Lavadenz, prestó su declaración informativa quien señaló que se encontraba en el momento del hecho con tres personas, Alfonso Meo Chupinaguam, Julian Barroso Viera y Carlos Alberto Siani Gutiérrez, quienes declararon que estaban en compañía de Rossel por inmediaciones del “Cristo” (sic), descartándose la participación de éste y volcándose la investigación al delito de Peculado en contra de José Ramiro Quiroga Adirazola, por lo que el Tribunal a quo otorga valor a la versión del Ministerio Publico y acusador particular, al considerar que se le notó algunas contradicciones; asimismo, alega haber firmado un acuerdo transaccional de compromiso de pago de deuda porque sus principios y su educación lo hacen responsable de ese dinero por más que no lo tenga él, incluso ofrece una garantía real del inmueble de un tercero; empero, advierten que nadie en su sano juicio estaría dispuesto a pagar una suma de Bs. 241.875.- (doscientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y cinco bolivianos) sin ser autor del hecho. Adicionalmente, observan que en su declaración indica que no tiene ni casa y que se encontraría a la fecha en estado de pobreza inminente, pero extrañamente se hace responsable de una enorme deuda, aspectos que les dio a entender que tiene la seguridad de poder pagar el dinero, que conoce donde estaba el dinero faltante, empero alega poder cubrir la suma con sus beneficios sociales; por otro lado, el acusado José Ramiro Quiroga Adriazola no prosiguió ni insistió con la investigación del supuesto robo que sufrió y si aquel robo hubiere sido cierto el acusado debía haber hecho hasta lo imposible para aclarar esa situación, demostrar su inocencia y tratar de hallar al verdadero responsable y hallar el dinero, más aún si conocía al supuesto autor; empero, una vez volcada la investigación el acusado consintió la misma hasta llegar al presente juicio donde ese Tribunal señala que no advirtió la suficiente credibilidad en la versión del acusado.
II.2.De la apelación restringida del acusado.
José Ramiro Quiroga Adriazola, interpuso recurso de apelación restringida, advirtiendo que: i) No existe la resolución de la audiencia conclusiva lo cual considera no puede pasar por alto puesto que el art. 325 del CPP, constituye una norma de orden público y de carácter obligatorio aduciendo que la no celebración de dicha audiencia genera un vicio absoluto al proceso, ya que en dicha fase procesal de saneamiento se introducen las pruebas de forma legal y al no existir este acto todas las pruebas en juicio puede ser consideradas ilegales, en consecuencia al haber sido emitida la sentencia con actos judiciales que no emanan de la ley quedó invalidada, ya que la constitución es la ley suprema del ordenamiento jurídico boliviano y tiene primacía sobre cualquier normativa legal. ii) Asimismo afirma al amparo del inc. 6) del art. 370 del CPP, que habría demostrado que fue procesado incorrectamente, afirmando que los ilícitos por los cuales se le pretende condenar pese a ser atípicos, derivan en que la sentencia apelada exista errónea aplicación de la ley, ya que su persona no es funcionario público y los delitos de Peculado e Incumplimiento de Deberes, contenidos en los arts. 142 y 154 del CP, establecen como elemento restrictivo ser servidor público, haciendo alusión a ciertos hechos fácticos en merito a su posición como miembro del Estado Mayor Naval; y, iii) En cuanto a la incorrecta valoración de la prueba hace referencia a la prueba testifical de cargo y descargo, concluyendo que la declaración de su testigo de descargo fue tergiversada y evaluada de forma antojadiza y no de acuerdo a la sana critica.
La Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emitió el Auto de Vista 6/2013 de 14 de julio, que declaró procedente el recurso de apelación restringida anulando la sentencia impugnada con la reposición del juicio por el Tribunal Primero de Sentencia, quien debía remitir antecedentes al Juzgado Cautelar Segundo para que se haga el saneamiento de la prueba, fallo que recurrido de casación fue dejado sin efecto por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia mediante el Auto Supremo 642/2014-RRC de 13 de noviembre, que ordenó que la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo auto de vista, de acuerdo a la doctrina establecida en esa resolución.
Es así que la Sala Penal y Administrativa de Pando del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emitió el Auto de Vista de 2 de febrero de 2015, que declaró la improcedencia de la apelación y confirmó totalmente la resolución apelada, señalando entre sus conclusiones que respecto a los agravios primero y segundo, extraña el planteamiento de un incidente sobre falta de saneamiento de las pruebas o la falta de pronunciamiento en la audiencia conclusiva; en consecuencia, expresa que el acusado omitió presentar incidentes sobre este punto en la audiencia conclusiva y al inicio de la sustanciación del juicio oral de acuerdo al art. 345 del CPP, para hacer prevalecer su pretensión en ejercicio de su defensa según la citada norma legal y el art. 325 de CPP; asimismo, a momento de llevarse a cabo las exclusiones probatorias, observa que la defensa tampoco planteó ningún incidente, es más manifestó su acuerdo con su introducción. También, respecto al tercer agravio sobre la valoración de la prueba, señala que el Tribunal ad quo hizo uso de las facultades previstas por la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal en base a los principios de la sana critica, libre valoración de la prueba, la lógica, llegando a la conclusión de que la conducta del acusado se subsume al ilícito penal previsto en el art. 142 del CP (Peculado), que en base a los mismos principios establece que el delito de Incumplimiento de Deberes previsto en el art. 154 del CP, no corresponde aplicar; por lo que, es declarado absuelto de ese delito, por consiguiente considera -el Tribunal ad quem- que el A quo tomó en cuenta las pruebas de cargo y descargo ofrecidas; y, producidas en el juicio oral, observando las circunstancias en que pudo haberse suscitado el ilícito, que el Tribunal a quo hizo compulsa de la prueba documental, testifical de cargo y descargo, otorgando valor a cada uno de los instrumentos probatorios en conformidad al art. 173 del CPP; por lo que, advierte que la sentencia se encuentra de acuerdo a las reglas del Código de Procedimiento Penal respecto a la valoración de las pruebas.
Este Tribunal admitió el recurso interpuesto por el recurrente José Ramiro Quiroga Adriazola, en cumplimiento a la Sentencia Constitucional 1320/2015 de 16 de diciembre, abriendo su competencia a objeto de verificar la posible existencia de defectos absolutos en el Auto de Vista impugnado, en cuyo mérito siendo cuatro las problemáticas planteadas corresponde su análisis en forma separada.
III.1. En cuanto al agravio alegado en apelación de errónea aplicación de la ley.
En el primer motivo, el recurrente señala que el Auto de Vista debió dar cumplimiento al Auto Supremo 642/2014 RRC de 13 de noviembre, que resoluciones judiciales, en estrecha relación a la Sentencia Constitucional 129/2004-R de 28 de enero; sin embargo, denuncia que el Tribunal de alzada no fundamentó el agravio contenido en su apelación restringida sobre una errónea aplicación de la ley; por cuanto, no precisó si se trata de Peculado e Incumplimiento de Deberes, ni por qué se dio aplicación a estos tipos penales sin haber sido funcionario público.
Sobre esta temática en principio corresponde dejar sentado que el Auto Supremo 642/2014-RRC de 13 de noviembre, emitido con anterioridad en la presente causa, dejó sin efecto el anterior Auto de Vista de 14 de julio de 2014, porque disponía la nulidad de la sentencia, sin que se haya evidenciado violaciones a los derechos fundamentales, en relación a la realización de la audiencia conclusiva que fue objeto de saneamiento; sin embargo, a raíz del pronunciamiento del nuevo Auto de Vista ahora recurrido en el presente recurso de casación, se efectúa una nueva denuncia como es la falta de fundamentación en el Auto de Vista recurrido, respecto al agravio referido a la existencia de una errónea aplicación de la ley, en relación a que los delitos por los cuales fue procesado el imputado previstos en los arts. 142 y 154 del CP resultarían atípicos, debido a que el imputado niega su condición de funcionario público; al respecto, destaca de los antecedentes, que dicho aspecto fue alegado por el imputado en su recurso de apelación restringida, empero el Tribunal de alzada al precisar el ámbito de análisis de apelación omitió considerando conforme fluye del acápite destinado al “RESULTANDO” del Auto de Vista impugnado, en el que identifica tres motivos relativos los dos primeros a la audiencia conclusiva y el último a la valoración de la prueba, sin percatarse que el imputado en el contenido de su apelación planteó tres problemáticas estando destinada la segunda a cuestionar el hecho de que no es ni fue funcionario público, destacando que las dos figuras penales atribuidas tienen como elemento restrictivo y excluyente ser servidora o servidor público, detallando la documentación que respaldaría su posición para denunciar la existencia de errónea aplicación de la ley; y, como consecuencia de una falta de delimitación del recurso, el Tribunal de alzada finalmente omitió un pronunciamiento precisó sobre ese reclamo; aspecto que, denota que el Tribunal de alzada no efectuó análisis alguno sobre estos argumentos expuestos por el imputado en apelación; estableciéndose así que el Tribunal ad quem al pronunciar el Auto de Vista impugnado de casación, incurrió en el vicio de incongruencia omisiva (ex silentio - infra petita), en inobservancia de las exigencias contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP, quebrantando de esa forma los derechos del recurrente a recurrir, a la defensa y tutela judicial efectiva, así como al debido proceso, establecidos en los arts. 115 y 119.I de la CPE, más cuando este último deriva del principio de legalidad penal en su vertiente procesal y que figura como directriz de administración de justicia en el art. 180 de la CPE, deviniendo este reclamo en fundado.
III.2. Respecto a la nulidad pretendida por el sorteo en el mismo Tribunal de alzada.
El recurrente alega que al haberse dispuesto un nuevo sorteo para la emisión del nuevo Auto de Vista, correspondía que sea un nuevo Tribunal de alzada el que resuelva su apelación y no la misma “Sala Penal Segunda” que ya emitió criterio; por lo que, considera que se incurrió en nulidad absoluta del Auto de Vista impugnado; puesto que, los miembros del Tribunal debieron haber formulado su excusa.
En cuanto a este cuestionamiento del recurrente, se debe tener en cuenta que de acuerdo al principio constitucional de celeridad, los Tribunales y Jueces inferiores, están obligados a cumplir en forma inexcusable con la doctrina legal establecida por este Tribunal Supremo de Justicia de acuerdo al art. 181 de la CPE; por lo que, debe ser cumplida en forma obligatoria, pues su inobservancia por un lado afecta al fortalecimiento institucional y la naturaleza, finalidad y efectos obligatorios del Auto Supremo más aun en materia penal, adicionalmente su inobservancia acudiendo a la formulación de excusas ilegales o apartándose de procedimiento, provoca dilaciones innecesarias generando a las partes incertidumbre respecto a la resolución de sus causas; por consiguiente, ningún juez o tribunal inferior puede sustraerse de su cumplimiento en conformidad al art. 420 del CPP, en ese entendido no es aceptable la observación planteada por el recurrente en que necesariamente debió ser otro el Tribunal de alzada el que emita el nuevo Auto de Vista en cumplimiento al Auto Supremo 642/2014-RRC de 13 de noviembre.
Debe añadirse que si el basamento de la observación del recurrente está vinculada a la imparcialidad del Tribunal y entiende que cuenta con el respaldo fáctico y jurídico, el sistema procesal reconoce a las partes mecanismos como la recusación para pretender la separación del juez o tribunal del conocimiento de la causa, sin que los argumentos del recurrente ameriten la nulidad absoluta del Auto de Vista como pretende; es más, en la lógica del recurrente, esta Sala Penal tampoco hubiese estado habilitada para emitir el Auto Supremo 666/2016-RA de 6 de septiembre y esta resolución, lo que ciertamente resulta insostenible.
III.3. Sobre los reclamos relativos a la alegada inexistencia de audiencia conclusiva.
El recurrente en este tercer motivo de casación, discrepa con la afirmación contenida en el Auto de Vista impugnado, sobre la inexistencia de ilegalidad y que pudo haber formulado reclamación en su oportunidad; por cuanto, considera previa cita de los arts. 122 y 123 de la CPE, que estas normas “no pueden ni siquiera convalidarse conforme lo establece el art. 169 inc. 3)” (sic) del CPP, afirmando que estos extremos deben ser revisados de oficio por los Tribunales Superiores, añadiendo que la Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, entró en vigor el 30 de octubre de 2014 y su trámite es anterior, no obstante de ello ofreció prueba respecto a la actividad procesal defectuosa sin que se haya procedido a su saneamiento ante la inexistencia de audiencia conclusiva.
En cuanto a este aspecto planteado nuevamente por el recurrente, no puede soslayarse que fue analizado y resuelto por esta Sala Penal, a través del Auto Supremo 642/2014-RRC de 13 de noviembre, teniendo en cuenta que el Ministerio Público en lo sustancial alegó en aquel recurso de casación que el Tribunal de alzada al emitir el anterior Auto de Vista realizó una incorrecta valoración e interpretación de la normativa jurídica y con una fundamentación escasa dispuso la reposición del juicio, en razón a que en la audiencia conclusiva se habría incumplido con la previsión del art. 328 del CPP, sin el saneamiento de pruebas y desconociéndose si se plantearon incidentes, situación que no constituían defectos con relevancia constitucional, ya que los mismos pudieron ser reclamados y subsanados en la audiencia de juicio oral con el planteamiento de incidente de nulidad; al respecto, esta Sala previa referencia a los principios doctrinales relativos a la actividad procesal defectuosa, a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales e identificación de los precedentes invocados, efectuó el siguiente análisis: “De la revisión del Auto de Vista impugnado de casación, se advierte que el Tribunal de apelación resolvió anular la sentencia pronunciada en el presente proceso, con el argumento de que en la audiencia conclusiva se incumplió con el art. 328 del CPP, en el entendido de que el juez cautelar no habría dictado una resolución fundamentada, sin el debido saneamiento de las pruebas, desconociéndose si se plantearon incidentes o excepciones; sin embargo, de la revisión del acta de audiencia de juicio oral, a fs. 2 y vta., se evidencia que el abogado de la defensa presentó un incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa en la audiencia conclusiva, argumentando la existencia de una resolución administrativa que determinó tratar el hecho en el ámbito administrativo y no penal, suscribiéndose un documento privado transaccional que debía ser ejecutado por la vía civil; alegó la vulneración de sus derechos, en especial al de la defensa; asimismo, manifestó que debió proceder la extinción de la acción por vencimiento del plazo arguyendo que pasaron más de cuatro años hasta llegar a juicio oral.
Previa lectura de la contestación del Ministerio Público y del acusador particular, el Tribunal de Sentencia resolvió rechazar el incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa, conforme los fundamentos que se encuentran en la sentencia de fs. 18 a 19, manifestando que la existencia de un proceso en la vía administrativa no es causal para dejar sin efecto la vía penal que persigue un ilícito penal, siendo obligación de la institución elevar antecedentes una vez dictada la resolución determinativa, por lo cual no dio lugar a lo solicitado; por otro lado señaló que, nunca se vulneraron los derechos del acusado, en especial al de la defensa, en razón a que estuvo protegido desde el momento que se le instauró el proceso administrativo que originó el inicio del proceso penal; respecto al incidente de extinción de la acción, la misma ya habría sido resuelta denegándose la misma, resolución que fue apelada y confirmada por la Sala Penal y, conforme el art. 315 del CPP, no correspondía ser planteado nuevamente aun cuando el abogado los plantease con otros términos, determinando no haber lugar a la extinción de la acción por duración máxima del proceso.
Con estos antecedentes, se advierte que el recurrente, conforme la previsión del art. 345 del CPP, planteó incidente de actividad procesal defectuosa al iniciarse la audiencia de juicio oral, alegando la existencia de un proceso administrativo y la suscripción de un documento transaccional; la vulneración de derechos, en especial del derecho a la defensa y la ´prescripción´ o ´vencimiento del plazo´, cuando ya en audiencia conclusiva presentó el incidente de la extinción de la acción por duración máxima del proceso; sin embargo, no se evidencia la interposición de algún incidente sobre falta de saneamiento de las pruebas o la falta de pronunciamiento en la audiencia conclusiva, coligiéndose que el acusado omitió presentar incidentes sobre este punto en la audiencia conclusiva y al inicio de la sustanciación del juicio oral, conforme prevé el art. 345 de CPP, momentos procesales en los cuales correspondía alegarlos para ser escuchado y ejercer ampliamente su derecho a la defensa y las facultades que expresamente le están reconocidas por los arts. 325 y 345 del CPP, a través del planteamiento de incidentes pertinentes a su estrategia de defensa; sin embargo, no lo hizo.
También se evidencia que posteriormente pretendió, a través del recurso de apelación restringida, salvar su omisión y negligencia bajo el argumento de que no existiría la resolución de la audiencia conclusiva y que: ´la no celebración de dicha audiencia le otorga un vicio absoluto al proceso, pues en dicha fase procesal de saneamiento se introducen todas las pruebas de forma legal, y al no existir este extremo todas las pruebas producidas en juicio pueden ser consideradas ilegales…´ (sic.), agravio que fue acogido por el Tribunal de alzada bajo el argumento de que: ´(…) No obstante, el Tribunal de Sentencia, al advertir dicho defecto debió ordenar que se subsane previamente dicho defecto antes de proseguir con el juicio, pese a existir dicho reclamo por parte de la defensa se prosiguió con el juicio…´ (sic); sobre el particular, a fs. 13 del acta de juicio oral, se constata que el Presidente del Tribunal de Sentencia manifestó que en la audiencia conclusiva de 18 de febrero de 2013, no se habrían saneado las pruebas de cargo, cediendo la palabra al Ministerio Público, a la defensa y al acusador particular, oportunidad en la cual el abogado defensor manifestó que en la mencionada audiencia no se llegó a sanear las pruebas, pues sólo se debatió la aplicación de la Ley 004, determinando su inaplicabilidad, que se presentó un incidente de extinción del proceso que fue resuelto y que formuló un recurso de apelación; mientras que el acusador particular solicitó el saneamiento de las pruebas en audiencia de juicio, en observancia del principio de celeridad a fin de evitar retrotraer momentos procesales; con la exposición argumentativa de las partes, el Tribunal de sentencia, mediante Auto de 12 de febrero de 2014 que corre a fs. 14 vta., determinó proceder al saneamiento de las pruebas de cargo con la debida exclusión probatoria, por ser un defecto subsanable, a cuyo efecto el abogado de la defensa argumentó que se trataría de defectos absolutos inconvalidables, además que se presentaron tres incidentes de actividad procesal defectuosa, que fueron resueltos en sentencia (fs. 311 a 312); al respecto, el Presidente del Tribunal señaló que la defensa tenía la facultad de objetar dicha situación pero no lo hizo, consintiendo la actuación del Juez cautelar, de otro lado señaló que tenía el derecho de apelar contra la citada resolución que saneaba las pruebas, manifestando la defensa su reserva de apelar. No obstante de esta reserva de apelación contra el Auto que resolvió el saneamiento procesal, de la revisión de antecedentes no se advierte su formulación; de igual manera, al momento de llevarse adelante las exclusiones probatorias, la defensa tampoco planteó ningún incidente e incluso expresó su acuerdo con su introducción por su lectura parcial (fs. 13 vta.), resultando incongruente su argumentación en apelación restringida al manifestar: ´la no celebración de dicha audiencia le otorga un vicio absoluto al proceso, pues en dicha fase procesal de saneamiento se introducen todas las pruebas de forma legal, y al no existir este extremo todas las pruebas producidas en juicio pueden ser consideradas ilegales…´ (sic.).
De lo precedentemente referido, se concluye que el recurrente omitió hacer uso de los recursos que la ley faculta a las partes para impugnar decisiones que consideren vulneratorias a sus derechos, como es el caso de apelar contra el Auto de 12 de febrero de 2014, que resolvió sanear las pruebas de cargo a través de la formulación de exclusiones probatorias, labor omitida por el juez cautelar en la audiencia conclusiva; infiriéndose la inexistencia de violación a derechos y garantías constitucionales del imputado, quien en todo momento estaba facultado para hacer valer sus derechos a través de los medios de impugnación previstos por ley; es necesario señalar, que si bien de conformidad al art. 325 del CPP, durante la celebración de la audiencia conclusiva, las partes pueden deducir excepciones e incidentes cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos; esto no significa que las partes no puedan plantear incidentes y excepciones durante el desarrollo de la audiencia de juicio que pueden ser resueltas en un solo acto, o bien ser diferidas en resolución hasta el pronunciamiento de sentencia, de acuerdo a las previsiones del art. 345 del CPP, que se mantiene vigente y no ha sufrido modificación alguna por la Ley 007, cómo sucedió en el caso de la Litis”.
Posteriormente previa glosa parcial de la Sentencia Constitucional 1711/2014 de 1 de septiembre, concluyó: “(…) este Tribunal considera que el Auto de Vista impugnado es contradictorio con la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 257 de 1 de agosto de 2006, que estableció la procedencia de la nulidad cuando se evidencien violaciones a los derechos fundamentales y en el juicio de reenvío exista la posibilidad de una solución diferente a la establecida en sentencia; situación inexistente en el caso de autos, en razón a que la denuncia contenida en la apelación restringida formulada por el imputado, en sentido de que no se habría llevado a cabo la audiencia conclusiva de saneamiento procesal resulta incorrecta, en razón a que dicha falencia procesal fue subsanada en audiencia de juicio oral mediante Auto de 12 de febrero de 2014, resolución que no fue apelada por la parte acusada pese a haber señalado su reserva de apelación, advirtiéndose la subsanación del acto procesal defectuoso y su convalidación por parte del acusado; en cuyo mérito, corresponde dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado a fin del pronunciamiento de uno nuevo, teniendo en cuenta los criterios precedentemente detallados, que además comprenda el resto de los motivos alegados en apelación, respecto a los cuales no hubo un pronunciamiento de fondo, emergente de la conclusión errónea de haberse vulnerado las reglas del debido proceso”.
Por lo señalado, considerando que esta Sala Penal con base al análisis destacado precedentemente, al haber declarado fundado el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, dejó sin efecto el Auto de Vista de 14 de julio de 2014, se concluye que la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emitió la resolución impugnada observando la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 642/2014-RRC de 13 de noviembre, que conforme la disposición del art. 420 del CPP, es de cumplimiento obligatorio, sin que resulte posible que este Tribunal vuelva a analizar una problemática ya resuelta con anterioridad en el mismo proceso.
III.4. Con relación a la denuncia de incorrecta valoración probatoria.
Finalmente, el recurrente alude a una incorrecta valoración de la prueba refiriéndose a la prueba testifical de cargo, específicamente a la declaración del funcionario policial investigador, a la que se le otorgó valor sobre un proceso iniciado por el recurrente y que habría mutado a un auto robo en el que no existe sentencia. En similar sentido, cuestiona que la prueba testifical de descargo fue valorada incorrectamente, al considerar erróneamente falsas las declaraciones, resaltando que en cuanto a la declaración de Raquel Ecuari Castro, fue tergiversada y evaluada de forma “antojadiza” (sic).
Ahora bien, revisado el contenido del recurso de apelación restringida se advierte que el imputado denuncia que la prueba testifical fue valorada de forma incorrecta centrando sus reclamos en los siguientes aspectos: a) se otorga un inusitado valor al testimonio del investigador a cargo del caso; b) se tomó a sus testigos como todos falsos a pesar de que todos ellos concuerdan; c) se tergiversó y se evaluó de forma antojadiza la declaración de la testigo Raquel Ecuari Castro, desarrollando el recurrente los argumentos para sostener dichos cuestionamientos; sin embargo, el Auto de Vista impugnado si bien considera que la valoración efectuada por el A quo se ciñó a las reglas de la sana critica, asume una conclusión genérica omitiendo otorgar una respuesta sea positiva o negativa a cada una de las tres cuestionantes detalladas por el recurrente en su apelación; consecuentemente, sobre este punto se evidencia una falta de fundamentación a momento de resolver el motivo apelado, por la ausencia de razonamientos de hecho y de derecho, que apoyen la decisión del Tribunal de alzada de desestimar el reclamo y finalmente declarar la improcedencia del recurso, sin precautelar el debido proceso en sus elementos de la debida fundamentación y de la defensa; por lo que, incurrió en vulneración de los arts. 124 y 398 del CPP; consecuentemente, este motivo de casación también resulta fundado.
En consecuencia, verificado que el fallo impugnado fue dictado inobservando las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales mencionadas al resolver los puntos denunciados por el recurrente en recurso de apelación restringida, conforme el análisis efectuado en los motivos primero y cuarto del recurso de casación, generando la concurrencia de un defecto absoluto inconvalidable previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, en aplicación del art. 419 del CPP, corresponde dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, para que las omisiones observadas, sean subsanadas por el Tribunal de apelación a través del pronunciamiento de una nueva resolución y sea con la celeridad debida considerando que es la segunda vez que la causa es remitida a este Tribunal Supremo.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por José Ramiro Quiroga Adriazola y DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista de 2 de febrero de 2015, cursante de fs. 90 a 91 vta., disponiendo que el Tribunal de alzada, previo sorteo, sin espera de turno y de manera inmediata de devueltos los antecedentes bajo responsabilidad de sus integrantes, pronuncie nueva resolución, observando la doctrina legal establecida en la presente Resolución.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución