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Timestamp: 2013-05-19 08:14:18+00:00

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Sentencia 17241 de 08-07-2010 II | Normatividad - actualicese.com
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En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante la Sala debe decidir sobre la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la DIAN modificó la declaración de renta de la actora por el año gravable de 1998. Para el efecto, analizará si los actos administrativos demandados y el requerimiento especial violaron el principio de congruencia y el debido proceso y si procede el costo de ventas declarado por la sociedad correspondiente a su actividad de transporte o si, como lo señala la Administración, los costos solicitados fueron reconocidos en la declaración de renta dentro de los ingresos declarados o si corresponden a otros costos que no están debidamente soportados. Principio de congruencia y debido proceso
- Los ingresos por intermediación en el servicio de transporte estaban depurados (margen neto de intermediación, producto de la diferencia entre los valores entregados a los transportadores por el costo del servicio, según consta en planilla de liquidación pagadas a los transportadores y elaboradas con base en los cumplidos del servicio prestado, y los valores facturados a los clientes) y los costos solicitados no fueron respaldados con documentos soportes que permitieran establecer el concepto pagado, el beneficiario del pago, el valor de retención en la fuente, ni la relación de causalidad y proporcionalidad con la actividad productora de renta. - Como las liquidaciones pagadas a los transportadores incluyen todos los conceptos por la prestación del servicio, la sociedad no podía nuevamente solicitar como costo, valores que sirvieron para la determinación del margen neto de intermediación declarado, pues esto daría lugar a un doble reconocimiento de costos.
- Y que, según lo informó al actora el concepto declarado como costo de ventas (renglón 40 – Total Costos), es el correspondiente a la elaboración de cemento y cal, lo cual no tiene ninguna causalidad con la actividad productora de renta de la empresa.
- Que la empresa no era una intermediaria de transporte. Que la circunstancia de haber registrado ingresos ya neteados por valor de $3.720.867.062 en la cuanta 414595 – Ingresos Operacionales – Transporte, por concepto del margen neto de intermediación, era una cifra ya depurada que no había lugar a afectarla con costos.
- Que los costos adicionales, según la explicación de la actora, no están probados, lo que revela es un manejo irregular de la contabilidad mediante conceptos de “Márgenes de intermediación negativos y positivos”, no considerados en las normas contables. Que la sociedad no aportó pruebas idóneas de comprobantes de origen interno y externo a los funcionarios comisionados en la Inspección Tributaria, como tampoco en la respuesta al requerimiento especial.
- Que la sociedad incurrió en gastos de operación, los cuales fueron registrados en la cuenta de gastos operacionales de ventas, tales como, “Servicios – Transporte, fletes y acarreos”, por valor de $1.973.814.074 (cuenta 523550); “Arrendamiento” – construcciones y edificaciones – por valor de $600.015.919 (cuenta 522010) y otros conceptos que son deducibles porque tendrían relación de causalidad con la actividad productora de renta.
- Que la información suministrada por la sociedad es inconsistente porque se incluyó como Costo de venta renglón 32 y Total Costos renglón 40 $4.557.668.587 por elaboración de cemento y cal (cuenta 612053 y Ajustes por inflación cuenta 613599), que no tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta de la empresa (servicio de transporte de carga).
De acuerdo con lo anterior, para la Sala no es cierto que se haya violado el derecho de defensa y el debido proceso o que hubiera falta de correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación de revisión. Por el contrario, en la liquidación de revisión se analizaron las tesis del contribuyente expuestas en la respuesta al requerimiento especial y se mantuvo el rechazo porque los ingresos ya estaban depurados y por deficiencia probatoria. En consecuencia, el hecho propuesto en el requerimiento y ratificado en la liquidación de revisión no varió (la improcedencia del costo de ventas). De otra parte, el hecho de que en la resolución que decidió el recurso de reconsideración se hubiere considerado que era irrelevante si la actora era intermediaria o no, para la Sala no es una cuestión que signifique la violación al debido proceso o al derecho de defensa, pues se advierte que tal argumento se debió a una cuestión planteada en el recurso, sobre lo cual se debe pronunciar el funcionario que lo decide conforme al artículo 59 del Código Contencioso Administrativo.
Que la sociedad debió reconocerles a los propietarios de vehículos de carga un valor mínimo por carga transportada conforme a la resolución 1020 de 1 de abril de 1998 del Ministerio de transporte, so pena de una sanción. Que Dichos valores no podían trasladarse a los usuarios del servicio, pero se reconoció con cargo al patrimonio de la sociedad demandante en la cuenta PUC 6145, denominada “COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE”. Por lo tanto, si lo pagado a los propietarios de los vehículos fue inferior a lo recibido del cliente, esta diferencia favorable quedaba reflejada en la contabilidad en la cuenta de Ingresos (margen positivo) y, por el contrario, si el valor pagado a los propietarios de los vehículos fue superior respecto del valor recibido del cliente, esta diferencia desfavorable para la empresa se registró en la contabilidad en la cuenta de Costos (margen negativo).
Pues bien, en primer término advierte la Sala que, como se señaló en el cargo anterior, las razones básicas por las cuales la DIAN rechazó el costo de ventas declarado por la sociedad fueron porque, los costos por la actividad de transporte ya habían afectado los ingresos y, por lo tanto, sobre ese resultado no podía solicitar nuevamente costos. Porque la actora declaró sobre el margen neto de intermediación, que, según ella misma lo explicó, correspondió a la diferencia entre los valores entregados a los transportadores por el costo del servicio, según consta en planilla de liquidación pagadas a los transportadores y elaboradas con base en los cumplidos del servicio prestado, y los valores facturados a los clientes. Además, porque no fueron respaldados con documentos soportes que permitieran establecer el concepto pagado, el beneficiario del pago, el valor de retención en la fuente, ni la relación de causalidad y proporcionalidad con la actividad productora de renta. Y, adicionalmente, porque la sociedad no podía aducir que, por la naturaleza de la pérdida en la actividad de intermediación, el único renglón del formulario de la declaración de renta del año gravable 1998 posible de reflejar los costos de intermediación era el 32.
Y dentro de las conclusiones expresa el dictamen: “j) Los márgenes positivos y negativos no participan de la naturaleza del ingreso ni de los costos o gastos, motivo por el cual, no se les puede dar el mismo tratamiento de aquellos, como tampoco se pueden exigir los requisitos de identificación, concepto, causalidad y proporcionalidad. En el presente caso, los “márgenes negativos” representan una disminución de la utilidad contable y del patrimonio de la sociedad” (folio 124 c.ppal.).
De acuerdo con lo anterior, el dictamen no permite concluir que el mencionado “margen negativo” a que se refiere la actora se pueda considerar como costo de ventas y que esté debidamente soportado. Si bien señala el dictamen que estos márgenes negativos fueron pagados a los propietarios de los vehículos, no señala claramente el concepto, y por el contrario, indica que no se le puede tratar como costo y a su vez exigir que se indique el nombre del beneficiario, NIT y la retención en la fuente, como lo ha pretendido la DIAN. Según la respuesta al requerimiento especial y así lo ha señalado la actora, el “margen negativo” corresponde a unos valores que por disposición del Ministerio de Transporte (resolución 1020 de 1998) tuvo que cancelar a los propietarios de los vehículos sobre la base del peso de la carga y que no pudo trasladar a los clientes. Es decir, que fue un mayor valor del flete. Adicionalmente en la respuesta al requerimiento señaló que lo que pudo haber contribuido para que la empresa arrojara un resultado financiero negativo en la actividad de intermediación, fue la situación de orden público en los lugares de destino de los productos transportados o en los trayectos que debía recorrer. Esto condujo a que la actora incurriera en costos adicionales con el fin de prestar el servicio de transporte contratado por sus usuarios, sin poderle trasladar esas erogaciones a ellos.
Finalmente, el dictamen pericial practicado ante el Tribunal presenta las siguientes respuestas: “Revisado el movimiento debito y crédito a los Fletes facturados correspondiente al año de 1998 de la sociedad se encontró:
Que se debitaron valores correspondientes por los márgenes positivos a favor de la sociedad (quiere esto decir que recibieron ingresos por concepto de servicio de intermediación). De lo anteriormente estudiado, verificado y analizado se concluye que la Sociedad TRANSPORTE DIAMANTE Ltda. EN LIQUIDACIÓN efectuó el registro contable y tributario a los fletes facturados llevándolos como “Ingresos recibidos para terceros” con su registro en las cuentas del PUC con el código 2815 para el año de 1998 en debida forma tal y como ordenan las normas legales y reglamentarias…”
Por las anteriores razones, la Sala procederá a confirmar la decisión de primera instancia. En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República,
HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS WILLIAM GIRALDO GIRALDO
julio 8, 2010 — Sentencia 17241 de 08-07-2010
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