Source: http://puntocerohaciaelfuturo.blogspot.com.ar/2013_02_10_archive.html
Timestamp: 2017-06-27 00:01:34+00:00

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“Para #CFK no todos los árboles son sagrados... sino que explique porqué talaron tantas hectáreas para #tecnopolis”, twitteó la diputada nacional del PRO Gladys González y adjuntó la foto que compara el antes y el después de la construcción de la megamuestra de ciencia y tecnología.“Qué hipocresía! Viendo las imagenes de la tala de #tecnopolis, supongo que para #CFK los únicos arboles sagrados son los del Calafate...”, agregó González. Fuentes del PRO agregaron que el Gobierno nacional taló más de 500 árboles en Villa Martelli, en un bosque que solía albergar a aves peculiares como el Burrito Común (Laterallus melanophaius), la pareja de Carpintero Campestre y el Zorzal Colorado. (La Política OnLine).
La marcha atrás que dio el gobierno de Mauricio Macri para construir la estación Plaza Francia de la línea H del subte, motivó una danza de proyectos que comenzaron a aparecer en la somnolienta Legislatura porteña para definir por dónde se extenderá el trayecto que une Nueva Pompeya con Recoleta y Retiro.Acaso el proyecto más llamativo fue el que presentó un legislador de Proyecto Sur, Rafael Gentili. El proyecto de Gentili estipula que la línea H tendrá 17 estaciones y una longitud aproximada de 14 kilómetros. La estación terminal, desde el Sur, sería Nueva Pompeya y la del otro extremo sería la Terminal de Ómnibus de Retiro, donde se podría hacer combinación la Línea C que llega hasta Constitución.Pero lo más curioso del proyecto es la construcción de una estación en plena villa 31: la “Estación Padre Mujica”.“Es una buena alternativa que permite conectar a los más de 30 mil habitantes del Barrio 31 Carlos Mujica, con la Red de Subterráneo contribuyendo a la eliminación de barreras físicas (Vías del Ferrocarril, Av. Libertador) para una progresiva integración urbana”, aseguró Gentili.De acuerdo a los fundamentos del proyecto, “la modificación impulsada complementa y se armoniza con la propuesta de urbanización y radicación del Barrio 31 Carlos Mujica, elaborada de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 3.343, y originada en el proyecto dirigido por el Arq. Javier Fernández Castro”. Ese proyecto de urbanización de la villa 31 es el mismo que trabó el PRO durante los últimos dos años. En ese sentido, la medida ya tuvo algunas críticas en la Legislatura, sobre todo en el bloque oficialista. “No se baja ni Tony Montana en esa estación”, bromeó un legislador del PRO. (La Política OnLine).
Las obras en la avenida 9 de Julio para la puesta en marcha del Metrobus siguen generando polémica. Tras la orden judicial que paralizó la remoción de árboles, el subsecretario de Transporte porteño, Guillermo Dietrich, hizo un fuerte alegato a favor de la continuidad de los trabajos.En una columna de opinión publicada en el diario La Nación, titulada “Un paso hacia la modernidad”, el funcionario macrista comparó el proyecto con dos grandes obras realizadas en París.“Mal hablaría una ciudad de sí misma si no pudiera transformarse. De ser así, nunca se hubiera hecho la pirámide del Museo del Louvre, en 1989, un siglo más tarde de la creación de la Torre Eiffel en París, ambos proyectos polémicos en su nacimiento, pero que lograron imponerse como símbolos urbanos en esta ciudad”, escribió.Dietrich también se preguntó “¿qué hubiera pasado si en 1936 el proyecto de ampliación de la 9 de Julio no se hubiera concretado por no sacar los árboles que había en las veredas o, más aún, por no demoler cientos de edificios en pos de un proyecto que si bien era polémico, hoy es una realidad que benefició a nuestra ciudad?”.Más adelante, el funcionario aclaró que “no estamos destruyendo la 9 de Julio” sino que es la arteria la “que se está adaptando a las transformaciones que deben producirse en las grandes ciudades”.Además, resaltó los avances realizados por la ciudad en materia de transporte y movilidad, por lo que “comienza a ser reconocida internacionalmente”. “Buenos Aires comienza a ser un caso de estudio, técnicos del mundo se interesan por nosotros”, aseguró.Por último, Dietrich indicó que “de la mano del Metrobus se plantarán 550 árboles nuevos que permitirán aumentar de 1440 especímenes existentes en la actualidad a 1854 en todo el corredor”.
Empresarios de la industria textil y del calzado presentarán al gobierno argentino una propuesta parta mantener congelados, por seis meses, los precios de numerosos productos que fabrican. Así lo anticipó el presidente de la Fundación ProTejer, Marcos Meloni, quien informó que "a fines de este mes, mantendremos una reunión con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y le presentaremos precios sugeridos para la ropa y zapatillas. Si nos ponemos de acuerdo, queremos empezar en abril", sostuvo el directivo. Meloni aseguró que la propuesta ya fue consensuada con la Cámara de la Industria del Calzado. En diálogo con un matutino, el hombre de negocios consideró que los productos que estarían incluidos en el acuerdo son pantalones de gabardina, jeans, remeras, camisas, medias y zapatillas. "Hay que analizar los precios con Moreno", sostuvo el empresario, quien participó de las últimas misiones comerciales que impulsó el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner a través del mencionado funcionario, a países como los Emiratos Árabes, Indonesia y Vietnam. De concretarse el acuerdo con ropa y calzado, se sumará al que ya rige para alimentos y electrodomésticos, por 60 días. El sector textil ha logrado un crecimiento promedio del 7 por ciento anual en los últimos años, con una capacidad instalada de aproximadamente el 80 por ciento. Supermercadistas El acuerdo entre el gobierno argentino y los supermercados del país para mantener los precios inalterables hasta el 1 de abril causa polémicas, ya que en la víspera los comerciantes chinos, agrupados en la Cámara de Autoservicios y Supermercados Chinos, salieron a reclamar para que el convenio se haga extensivo a los proveedores. Además, pidieron que el acuerdo permanezca en el tiempo, ya que consideran que dos meses es un período muy breve como para dimensionar su efecto. (Empresas News).
Los prestadores de servicios de autotransporte de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires percibirán más de 816 millones de pesos en subsidios con el fin de evitar nuevos aumentos de tarifas. Así lo dispuso hoy el Ministerio de Interior y Transporte, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. Dicha repartición estatal, que conduce el ministro Florencio Randazzo, estableció que las empresas del sector tendrán tiempo hasta el primero de abril próximo para entregar un informe sobre costos y tarifas. Según el Ministerio, el cálculo de las compensaciones tiene como base los datos de la tarjeta SUBE correspondientes al mes que se liquida, por un monto global de 816.452.730 pesos para este año. El sistema de subsidios implementado por el gobierno para distintos sectores de la economía está cada vez más exigido como consecuencia de la inflación y el incremento de los costos laborales.Además, habrá una "compensación extraordinaria" para las liquidaciones realizadas entre octubre del 2012 y hasta junio próximo, para aquellos prestadores que cuenten con más de tres empleados por unidad como mínimo y un máximo de "hasta 50 por ciento del personal excedente". "La compensación extraordinaria por personal guarda relación con el propósito del Poder Ejecutivo Nacional de preservar las fuentes de empleo disponibles, para lo cual tanto las empresas beneficiarias como el propio Estado Nacional deben efectuar un esfuerzo compartido para la prosecución de dichos fines", indicó el texto oficial. La resolución dispuso también que los prestadores que "presenten una reducción en su parque móvil como consecuencia de la baja en el registro de las unidades modelo 1999 habilitadas al 31 de diciembre de 2012, percibirán un adicional". Puntualizó, además, que el monto de las compensaciones, a partir de enero último, se distribuyen entre los prestadores que operan en "el ámbito geográfico" de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y, por tanto, no abarcan el interior del país. La decisión oficial indicó, por último, que es necesario "lograr una mayor eficiencia en la distribución de las compensaciones tarifarias, teniendo en cuenta para ello una mayor sectorización de las empresas modelos sobre las que se liquidan estas compensaciones, según las características de cada una de ellas". (Empresas News).
El pronunciamiento fue dictado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en los autos “Pilar María Mercedes, Por Si y En Rep. De Sus Hijos Menores M. J. Y V. S. Pilar C/ Telecom Argentina S.A. S/ Indemn. Por Fallecimiento”, y tuvo los votos de los jueces Julio Vilela y Gloria M. Pasten de Ishihara. En el caso, el Sr. S. se había desvinculado de común acuerdo con la demandada, donde se había convenido que percibiría una gratificación extraordinaria de pago diferido, que sería reajustada en caso de producirse un aumento de las remuneraciones de las distintas categorías del CCT 497/02. Ocurrió que el Sr. S. falleció, pero en el acuerdo celebrado estaba previsto que, en caso de producirse tal contingencia, la empresa mantendría, a favor de sus derechohabientes, los beneficios pactados en el convenio, y les abonaría un importe equivalente a dieciséis veces la última gratificación extraordinaria de pago diferido que hubiera abonado, en concepto de seguro de vida.
“El administrador no propietario no está legitimado para plantear la nulidad de una asamblea ni puede impugnar su remoción, causada o incausada”, afirma el fallo, dándole razón a la demandada. Con relación a la ausencia del tema de la remoción en el orden del día, los jueces analizaron que fue el administrador quien “omitió deliberadamente” colocarlo. Ello, porque el propio actor fue quien convocó la asamblea y el que lo había hecho en tres ocasiones anteriores donde sí colocó su continuidad como tema a tratar en virtud del mandato provisorio que tenía. Así, los camaristas concluyeron: “No hay ilicitud –como califica el actor- en que la asamblea haya decidido tratarlo y no continuar con sus servicios. Asumió por sí las potestades que le son inherentes como órgano máximo del consorcio, su mandante”.
De esta manera, queda confirmada la sentencia dictada por el titular del Juzgado Civil N° 35, que rechazó la demanda con fundamentos que luego fueron recogidos por la Alzada. Para así decidir, el a quo siguió la doctrina fijada por Highton de Nolasco y concluyó que el administrador no está facultado para impugnar el acto de su separación, sea causado o incausado. En tanto que cualquier vicio que pudiera haber existido en la decisión de la asamblea hubiese sido saneado porque la eventual nulidad sería relativa y no hubo objeciones de los copropietarios. (Diario Judicial).
La Cámara Civil de Pergamino eximió de responsabilidad a un bingo por la muerte de un jugador a raíz de un infarto. Los jueces entendieron que las normas de seguridad que la ley le exige a los locales de apuestas “no compele a las empresas a contar con elementos y personal capacitado para atender idóneamente en forma inmediata, urgente, una dolencia como la experimentada” por la víctima. Con base en la literalidad de las obligaciones previstas en la ley 11.018, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino rechazó una demanda de una mujer contra un bingo de esa ciudad bonaerense por la muerte de su hijo, que falleció tras sufrir un infarto en momentos en que jugaba en esa casa de apuestas. Los jueces Hugo Levato y Graciela Scaraffia entendieron que sea que se encuadre el caso en un supuesto de responsabilidad aquiliana -artículo 1109 del Código Civil- o una responsabilidad objetiva en razón de una obligación contractual -artículo 1113 -, “en modo alguno la obligación tácita de seguridad que cabe endilgarle a la empresa explotadora de la sala de juego o "bingo", puede abarcar al supuesto que nos ocupa”. La reclamante demandó al bingo porque al momento de la indisposición de su hijo no había en el lugar desfibriladores y personal capacitado para atender idóneamente y en forma inmediata la urgencia médica acaecida. En tanto que también se quejó por la demora –unos veinte minutos- del servicio médico asistencial contratado por la empresa para arribar al lugar. Argumentó la accionante: "carece totalmente de sentido común y de justicia que, quien es propietario de un bingo, actividad que tiene un fin de lucro que podríamos catalogar de obsceno, se libera de su responsabilidad solamente cumpliendo con la obligación de contratar un servicio médico de urgencia y de llamarlo cuando ocurre el episodio". Sin embargo, los jueces analizaron la responsabilidad endilgada a la casa de juegos a la luz de los previsto en las obligaciones impuestas por la ley 11.018, que en su artículo 6 exige, para la habilitación de este tipo de locales, "guardar el debido confort y salubridad, así como cumplimentar las normas de seguridad vigentes para locales con asistencia masiva de público". En virtud de ello, los camaristas afirmaron que “no compele a las empresas a contar con elementos -verbigracia desfibriladores- y personal capacitado para atender idóneamente en forma inmediata, urgente, una dolencia como la experimentada por el hijo de la actora”. Ello en términos genéricos, en tanto que entrados en el análisis concreto del caso, los jueces consideraron que “en la especie no es posible siquiera sostener que si antes de la atención brindada al hijo de la demandante por la empresa de emergencias médicas convocada -que demoró aproximadamente veinte minutos en llegar-, se hubiera intentado una resucitación cardiopulmonar se hubiera podido evitar la "muerte súbita", dadas las características del fallecido "posiblemente con una enfermedad coronaria sin diagnóstico y con factores cardiovasculares positivos, obeso, con una condición predisponente a sufrir afecciones cardiovasculares como la necropcia revela sus arterias estaban enfermas". De esta manera, el fallo concluye que “no existe relación causal adecuada entre el hecho comprobado -ataque cardíaco brusco y repentino -en la sala de juegos- con "caída sin defensa con trauma de cráneo" que le produjo la denominada "muerte súbita"-, y la conducta u obligaciones a cargo de la demandada”. No obstante, y como prueba de que se trató de una resolución con estricto apego a la taxatividad de la normativa vigente, la resolución hizo eco de lo señalado por el perito médico actuante, que manifestó que sería conveniente que hacia el futuro se legisle sobre el tema traído a debate y que se exija a aquellos lugares de concurrencia masiva -casinos, estadios, shoppings, etc.- cuenten con equipos contra ataques cardíacos. (Diario Judicial).
En los autos “Mester Sergio Adrián y otro c/Mester Gastón y otro s/Sucesiones: acciones relacionadas y su acumulado Mester Sergio Adrián y otro c/Mester Gastón s/Colación”, la sentencia de primera instancia había determinado que los bienes heredados por parte de los accionantes debían permanecer indivisibles por el plazo de diez años de acorde a lo señalado por el difunto.Pero los beneficiarios de esos bienes se agraviaron por ello, aunque su recurso fue rechazado por los integrantes de la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, compuesta por Beatriz Areán, Carlos Bellucci y Carlos Carranza Casares. Los magistrados consignaron que no existía una situación de apremio que justificar la violación de la voluntad del hombre muerto.Los accionantes se quejaron porque entendieron que el acuerdo servía solo a los fines de la manutención de la mujer de su padre, quien ni siquiera utilizaba el establecimiento por el que se generó el litigio, que era una estancia.En primer lugar, los jueces afirmaron que “para ejecutar debidamente un testamento es forzoso interpretarlo, cualquiera sea su claridad y simplicidad, esa tarea corresponde al juez del sucesorio, ya que la ejecución del testamento es precisamente uno de los objetos de ese juicio, por lo que no puede ser sino él quien interprete la última voluntad del ausente”.En ese orden de ideas, los magistrados agregaron que se debe “escudriñar el testamento para extraer del mismo el verdadero último deseo del causante no siempre resulta sencillo, y es tarea de los jueces en definitiva determinar cuál fue el propósito que tuvo el testador para con sus bienes, a los fines de poder cumplir entonces con la voluntad de aquél. Para lograr una cabal y acertada interpretación de la última voluntad del causante debe estarse no sólo a la letra del testamento sino que deberá recurrirse a los hechos y circunstancias extrínsecas”.“En la actualidad, el derecho civil tiende a reaccionar contra la excesiva divisibilidad de los patrimonios. De ahí que los códigos más modernos contengan normas tendientes a evitar los graves perjuicios que puede traer aparejada la consagración de un principio tan amplio como el establecido por el artículo 3.452 del Código Civil, cuando faculta a cualquiera de los herederos o sus acreedores para pedir la partición de la herencia en cualquier momento, y por pequeña que sea la parte que les corresponda en la comunidad”, precisaron los camaristas.Los vocales de la Sala recordaron que “la ley faculta al testador para imponer a sus herederos, aun forzosos, es decir, legitimarios, la indivisión de los bienes hereditarios por un plazo no mayor de diez años. Sin embargo la propia norma prevé dos excepciones a dicho plazo”.“La primera lo amplía, ya que si se trata de un bien determinado, o de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o cualquier otro que constituya una unidad económica, la indivisión puede extenderse hasta que todos los herederos alcancen la mayoría de edad. Con ello, el plazo puede ir mucho más allá de los diez años, por lo que podría llegar a dieciocho años”, consignaron los integrantes de la Cámara.Por otra parte, los jueces agregaron que “la otra excepción, en cambio, no extiende el plazo sino que permite reducirlo, al facultar a la parte interesada a solicitar ante el Juez la división total o parcial, antes de transcurrido el impuesto por el testador, siempre que medien circunstancias graves o de manifiesta utilidad o interés legítimo de tercero”.Los magistrados destacaron que en el caso “se está ante una indivisión de la totalidad del acervo hereditario, comprensivo de los inmuebles y muebles, estos últimos, por cierto presumiblemente valiosos, atento la existencia de acciones societarias, cabezas de ganado, maquinarias, inversiones en divisas extranjeras, mobiliarios de varios inmuebles, tres automotores, etcétera”.Al respecto, los camaristas apuntaron que “es evidente que la intención del causante al testar, además de imponer la indivisión de toda la masa hereditaria, ha sido la de favorecer a su hijo Gastón, en detrimento de los derechos de sus otros dos descendientes, al tiempo que intentó asegurar la situación económica de la Sra. Martínez. En efecto, luego de fijar el plazo de la indivisión de sus bienes en diez años, aclaró que el objeto era: dar manutención para la habitación de la compañera de sus últimos años Graciela Ramona Martínez y mantener la explotación de dicho campo”.Citando juristas, remarcaron que “se entiende por unidad económica un conjunto de bienes materiales e inmateriales que, armonizados en función productora por el orden establecido por la dirección de un organizador, no podría continuar su función de producción o ésta disminuiría considerablemente, si soportase la separación de algunos de sus elementos. Por lo tanto, a los fines de la norma, no son unidades económicas, aquellas empresas que por su estructura económica o jurídica pueden soportar una división sin más consecuencia que una proporcional reducción de la producción”.Pero el caso no se presentaba en esta situación, dado que “la voluntad del causante ha sido la de imponer la indivisión a todos sus bienes, incluidas las acciones de que era titular en la sociedad anónima”. (DIario Judicial).
La Dirección de Vialidad Nacional y un hombre que causó un accidente mientras circulaba con su auto por la Autopista 9 de Julio y mató a un persona que circulaba por el contra carril de dicha arteria, deberán indemnizar solidariamente a los familiares de la víctima al considerarse que ambos incurrieron en una responsabilidad compartida que llevó a la fatalidad del accidente. La decisión fue tomada por la Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en el marco de los autos “Miraglia, Julia c/ Miranda, Domingo s/ daños y perjuicios” y lleva la firma de los jueces Víctor Liberman y José Luis Galmarini. El hecho ocurrió el 28 de marzo de 1998, cuando la víctima circulaba con su automóvil por el carril izquierdo de la Autopista 9 de Julio, en dirección hacia Avellaneda. Al llegar a la altura de la unión con el nuevo Puente Pueyrredón, el demando, que iba hacia Capital Federal, perdió el control de su Ford Escort y se cruzó de mano en forma violenta e intempestiva, embistiendo frontalmente al damnificado y provocándole la muerte. El demandado sostuvo que un camión que iba en su misma dirección lo tocó en su parte lateral trasera y que fue ello lo que le provocó la pérdida de control del vehículo. Sin embargo, los camaristas consideraron que ello no fue probado en la causa y que por lo tanto no hubo culpa de un tercero constitutiva de la causa generadora del hecho dañoso que permita excluir la responsabilidad objetiva del art. 1113 del Código Civil. Así, refirieron que la maniobra del conductor constituyó “una infracción grave a las normas de tránsito y hace presumir negligencia o imprudencia”. “Por tanto, si a la responsabilidad objetiva se suma una subjetiva, las pruebas en contrario deben ser todavía más rotundas. La eximición de responsabilidad debe surgir con claridad. Nada de eso se puede concluir con las pruebas. Nadie pudo afirmar con exactitud si quien manejaba el Ford Escort había perdido el control de su auto previamente o como consecuencia de colisión con el camión”, dijeron los jueces. En cuanto a la responsabilidad de la Dirección Nacional de Vialidad, el fallo sostiene que desde ese organismo se incurrió en una omisión a los deberes de conservación y mejoramiento. “Ha habido una falta de servicio. Por su lado, el perito ingeniero indicó que, al momento del siniestro, el separador central sólo cumplía con dos funciones básicas: dividir la vía y separar carriles opuestos. Más adelante agregó que para vías con altos flujos vehiculares o de condiciones de inseguridad son utilizadas barreras centrales de contención. Este Puente Pueyrredón se encuentra dentro de esos supuestos”, señaló el fallo. Con ello, los camaristas concluyeron que el caso presenta dos causas fácticas distintas generadoras de la obligación resarcitoria: “Por un lado el obrar culposo del conductor (sumado a la responsabilidad legal objetiva) -que sería la principal causa-, y por otro, un elemento causal coadyuvante a la consumación del hecho dañoso: el incumplimiento por omisión del demandado Vialidad Nacional”. De esta manera, la sentencia consideró que se está ante un supuesto de responsabilidad solidaria prevista en el artículo 1109 CC, modificando en ese punto el fallo de primera instancia, que no lo entendido de esa manera. “Sin la participación de alguno de estos elementos, la colisión no habría ocurrido. Hay una causalidad concurrente, hay coautoría. Por acción en un caso, por omisión en el otro”, afirma la resolución. (Diario Judicial).
Con el voto de los jueces Jorge Luis Rimondi, Alfredo Barbarosch y Gustavo Bruzzone, la Sala I de la Cámara del Crimen resolvió confirmar una resolución, por la cual se concedió la exención de prisión a un imputado, bajo caución juratoria. La sentencia, que pertenece a los autos “Z., J. A.- Exención de prisión”, fue dictada luego de que se celebrara la audiencia prevista en el art. 454 del Código Procesal Penal de la Nación. La causa llegó a la instancia de Cámara luego de que el Fiscal de Instrucción apelara la resolución que posteriormente fuera confirmada.
Los jueces resolvieron de esa manera al entender en su momento, se había individualizado al imputado por unas fotografías y por los datos que brindó la que era su concubina al momento del hecho, pero no había sido aprehendido en esa oportunidad. Si bien tras ello no se pudo saber a ciencia cierta del paradero del acusado, “lo cierto es que no fue notificado de la formación del sumario en su contra, y la orden de detención librada a fs. 167 del principal se motivó en ese desconocimiento, a pesar de las medidas practicadas por la jurisdicción hasta ese momento”.
Por lo tanto, se consideró que la demandada “excedió el límite legítimo y regular del derecho a la libertad de expresión, el cual no es absoluto y no puede ejercerse abusivamente”, Por ese motivo, se concluyó que el diario "La Capital" obró con culpa, “en cuanto ha sido negligente en la difusión de las noticias”. Finalmente, se rechazó el agravio vertido por la demandada, referido a que se debía analizar el caso a la luz de la doctrina de la “real malicia”. Debido a que “el factor de atribución que exige dicha doctrina (dolo o negligencia, casi dolosa) no juega, como en el caso, se trata del reclamo de un ciudadano común que no es funcionario público ni figura pública y tampoco se hallan implicados asuntos de interés público”. Por ello, se decidió aplicar las reglas comunes de la responsabilidad civil, “según las cuales basta ‘la simple culpa del agente para comprometer la responsabilidad del órgano de prensa’”. (Diario Judicial).
La responsabilidad de los accidentes y hechos inesperados que ocurren en una institución médica tienen diferentes grados de responsabilidades para la Justicia. Los establecimientos demandados cargan con acusaciones de toda índole, donde también pueden ser incluidos profesionales a cargo. Pero las culpas deben ser establecidas de forma correcta.Así lo entendieron los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, en los autos “Sucesores de R., D. R. c/Sucesores de G. J. C. s/Daños y perjuicios”, donde manifestaron que la culpa por el accidente neurológico de una mujer no era del jefe de cirugía que tenía el caso a cargo, sino que correspondía al anestesista, dado que el problema surgió a raíz de la anestesia.Los actores precisaron que la mujer, quien era la esposa de uno de ellos y madre de los restantes, “sufrió un cuadro de ataxia (perturbación en el funcionamiento del sistema nervioso), quedando con un severo daño neurológico que hasta la actualidad le impide bastarse a si misma, no pudiendo llevar adelante funciones cotidianas”. En ese orden se determinó que la incapacidad sobreviniente era del 75%.En tanto, y luego de recordar los agravios y defensas de las partes demandadas, el cirujano afirmó que las complicaciones surgieron a los cinco minutos de haber empezado la operación, y que fueron advertidas por el anestesista. Al mismo tiempo, se desvinculó de la responsabilidad del hecho.Teniendo en consideración los argumentos de las distintas partes, el juez de primera instancia decidió rechazar las demandas contra el médico, la obra social y una empresa de medicina privada que alegó no ser titular del sanatorio donde atendieron a la mujer.Entre sus agravios, los actores expresaron “la no valoración de la acreditación del nexo de causalidad entre el daño y la antijuricidad del acto médico con la atribución de culpa de los demandados, que los daños no hayan sido probados, y que no se atribuya por culpa la responsabilidad de los demandados, al exigir la carga de la prueba solo al actor y que no se haya valorado que los galenos no hayan aportado probadamente el no haber tenido la culpa u omisión de aquellas diligencias exigidas por su arte y su profesión”.El juez de primera instancia precisó que los demandados que eximió de la condena “no resultarían responsables de los actos o negligencias médicas en el presente imputados toda vez que no se trata de un régimen cerrado de elección de médicos y establecimientos asistenciales sino de un sistema semi-abierto”.Los camaristas manifestaron entre sus argumentos, en primer lugar, que “es sabido que la obligación del médico (salvo excepciones) es de medios, es decir que solo se impone empeño y dedicación, como asimismo aptitud e idoneidad para adoptar y cumplimentar aquellas diligencias o medidas que habitualmente conducen a un resultado, pero sin asegurar la obtención del mismo”.Al mismo tiempo, los magistrados citaron a la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA) al afirmar que “la responsabilidad profesional es aquélla en la que se incurre al faltar a los deberes especiales que la actividad impone. Por lo tanto, para su configuración juegan los elementos comunes a cualquier responsabilidad civil. Ello quiere decir que se configura cuando el médico incurre en la omisión de las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación asistencial, ya sea por impericia, imprudencia o negligencia, falta a su obligación y se coloca en la posición de deudor culpable”.Citando jurisprudencia de esa misma sala, los jueces agregaron: “Para que se configure la responsabilidad profesional debe establecerse la conexión causal entre una acción u omisión y el daño. La jurisprudencia ha señalado que para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito o sea que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas”.Los vocales de la Sala determinaron que “en los casos en los cuales el cirujano jefe no puede realizar dicho control por tratarse de una prestación que requiere conocimientos especiales, y que quien la practica posee autonomía suficiente como para decidir el camino a seguir; la responsabilidad indirecta que tratamos no puede alcanzarlo”.“Es lo que sucede respecto al suministro de una anestesia, el cirujano podrá ser responsable en tanto y en cuanto haya podido supervisar al anestesista, así, por ejemplo, controlar que haya visitado previamente al paciente para realizar los exámenes de rigor, que esté presente durante toda la operación, que preste atención a su función, etcétera”, consignaron los jueces.Finalmente, los magistrados concluyeron que se trata de “tareas que el jefe de equipo puede controlar y dirigir. Pero pensamos que si la droga utilizada no era la correcta, en este caso no puede hablarse de dependencia porque se trata de una materia que escapa al control del cirujano jefe. En el caso la responsabilidad como regla general sólo puede alcanzar al anestesista”.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 1109
 resolución