Source: https://honduprensa.wordpress.com/2013/03/19/
Timestamp: 2016-07-25 02:18:41+00:00

Document:
19 | marzo | 2013 | Honduprensa
Reporters Without Borders Alerts Human Rights Authorities of Threats Against Itsmania Pineda Platero
Publicado por honduprensa en Honduras Weekly el 19 marzo, 2013 ear Minister/Dear Commissioner: Reporters Without Borders, an international organization that campaigns for freedom of information, urges you to take immediate action to ensure effective protection for the journalist and human rights activist Itsmania Erohyna Pineda Platero.
Note: This letter was sent to Honduras’ Minister of Justice and Human Rights Ana Pineda and Human Rights Commissioner Ramón Custodio.
Fuente: http://www.hondurasweekly.com/2013030616604/news/national/16604-reporter-without-borders-alerts-authorities-of-threats-against-itsmania-pineda-platero.html
Amenazas, Defensores de Derechos Humanos, periodistas
Pronunciamiento De La Red Nacional De Defensoras De Derechos Humanos De Honduras
Publicado por honduprensa en prensa internacional el 19 marzo, 2013 Source: MA Initiative/Honduran Network of WHRDs
Con motivo de la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 4 de marzo de 2013 del Informe de la visita a Honduras de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya.
La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos[1] junto a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras agradecen a la Relatora Especial el informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en Honduras.
La Relatora señala en su Informe que defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras están expuestos a “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, detención y privación de la libertad arbitrarias, amenazas de muerte, agresiones, vigilancia, hostigamiento, estigmatización, desplazamiento, y exilio forzado.”[2] La experiencia de las mujeres defensoras en Honduras confirma esta situación. Desde que se produjo el golpe de Estado en junio de 2009, la continua situación de violencia y asesinatos sistémicos de las/os defensoras/es de derechos humanos ha empeorado.
Coincidimos con la Relatora, al señalar que la situación es particularmente grave para las mujeres defensoras.[3] Además de los ataques ya señalados, las mujeres defensoras son particularmente vulnerables a la violación sexual. Estos casos de violencia sexual raras veces son denunciados por temor a represalias y debido a la impunidad generalizada en situaciones de violencia contra las mujeres a lo largo del país. También queremos alertar al Consejo de Derechos Humanos sobre el alarmante aumento del femicidio en el país. El femicidio aumentó un 257% entre 2002 y 2010. Asimismo, desde que el Señor Porfirio Lobo asumió el poder, las autoridades han incrementado la persecución y amenazas en contra de organizaciones feministas y de mujeres.
También nos parece de especial preocupación, la situación de las defensoras que se enfrentan a la imposición de megaproyectos y que denuncian los desalojos que se están produciendo en beneficio de empresas privadas y trasnacionales. El uso de la fuerza, la impunidad y la criminalización de estas defensoras en el Aguán y otras zonas de Honduras son actos de violación de las obligaciones de Honduras en virtud los de tratados internacionales de derechos humanos, en particular la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Coincidimos con la preocupación de la Relatora que desde 2009 apenas se ha avanzado en la investigación de los ataques contra defensoras y defensores. La gran mayoría de los responsables de estas violaciones, en gran parte imputables a fuerzas del orden, quedan impunes y las victimas no reciben reparación ni protección judicial adecuadas.[4]
Para terminar, agradecemos las recomendaciones de la Relatora que instan al gobierno de Honduras a investigar las violaciones cometidas contra defensoras y defensores, enjuiciar a los culpables y proporcionar reparaciones efectivas.[5]
[1]La Iniciativa es impulsada por seis organizaciones: Asociadas por lo Justo (JASS), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (México), la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador), y el Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM).
[2] Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, Consejo de Derechos Humanos, Misión a Honduras, 13 de diciembre de 2012, A/HRC/22/47/Add.1, párrafo 65.
[3]Ibid., párrafos 88 y 113.
[4]Ibid., párrafos 39 y 102.
[5]Ibid., párrafo 137.
Fuente: http://www.awid.org/esl/Las-Noticias-y-Analisis/Temas-y-Analisis/Pronunciamiento-de-la-Red-Nacional-de-Defensoras-de-Derechos-Humanos-de-Honduras
Plan para asesinar a dirigentes campesinos dispara las alertas en el MUCA
Publicado por honduprensa en defensores en linea el 19 marzo, 2013 Tuesday, 19 March 2013 16:02 Marvin Palacios
Nuevos testimonios brindados al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) por parte de los dirigentes del Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA), Yoni Rivas y Vitalino Alvarez revelan la existencia de un plan para asesinarlos.
El Secretario General del Muca, Yoni Rivas dijo a defensoresenlinea.com que la situación sigue siendo muy preocupante en el bajo Aguán considerando que existe un monitoreo permanente de parte de policías, militares y sicarios que siguen de cerca las diligencias de trabajo que emprenden los dirigentes campesinos y que desarrollan en varias ciudades del país.
Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2496:plan-para-asesinar-a-dirigentes-campesinos-dispara-las-alertas-en-el-muca&catid=54:den&Itemid=171
Amenazas, Bajo Aguán
Con apoyo de EEUU, gobierno lanza “Fuerza de Tarea de Crímenes Mayores”
Publicado por honduprensa en Uncategorized el 19 marzo, 2013 15:26, 18 Marzo 2013
Tegucigalpa – El gobierno de Honduras con el apoyo de su homólogo de Estados Unidos lanzó este lunes la Fuerza de Tarea de Crímenes Mayores, que contará con la participación de investigadores y fiscales, especialmente entrenados para combatir y detener a quienes protagonicen mayúsculos delitos, incluyendo aquellos que eligen a la población más vulnerable de este país centroamericano.
– El gobierno hondureño agota sus últimos cartuchos y anuncia la nueva fuerza para combatir delitos mayores.
– Una nueva organización investigará crímenes en Honduras, tras el anuncio hace dos semanas de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA).
La nueva fuerza fue anunciada por la designada presidencial María Antonieta Guillén, aprovechando la visita de del Secretario Adjunto de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, William Brownfield.
Brownfield quien llegó el domingo a Honduras en una gira de dos días, se reunió con la designada Guillén, para suscribir un convenio en el que el gobierno estadounidense se compromete a desembolsar 16.3 millones de dólares para programas de prevención y combate al narcotráfico a través de la Iniciativa Regional de Seguridad Centroamericana (CARSI por sus siglas en inglés).
De esa ayuda, seis millones de dólares son para apoyo y entrenamiento en el marco de la iniciativa, mientras que 10.3 millones de dólares serán destinados para apoyar a los asesores, entrenamiento y equipamiento para fuerzas de tarea de policías y fiscales que se enfocan en el combate a la violencia y lavado de dinero, permitir la programación anti maras para jóvenes en riesgo e investigaciones de pandillas criminales, avanzar en el entrenamiento para el cumplimiento de la ley, incluyendo la Policía Comunitaria e investigación de la escena del crimen y para brindar mentores para la Policía hondureña para mejorar la seguridad fronteriza.
En la firma del convenio también participaron, el canciller Arturo Corrales y la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Lisa Kubiske.
Luego de suscribir el convenio en Casa Presidencial Brownfield recordó que hace tres años cuando se comenzó una relación entre el gobierno del presidente Porfirio Lobo y de su colega Barack Obama, para afectar de una manera positiva el tema de seguridad.
“Tratamos de atacar, tres amenazas distintas, pero relacionadas, la delincuencia, la violencia y la droga ilícita y cada amenaza es distinta, pero conectada con las otras dos”, añadió.
Paso importante en la investigación
Recordó que desde hace un año, el presidente Lobo fue claro con Estados Unidos, en el sentido que quería establecer una capacidad de investigación criminal en Honduras y con la firma del acuerdo se ha dado un paso importante en esa dirección.
Explicó que mediante ese acuerdo, se ha decidido combinar varias unidades especiales y de confianza de la Policía en una sola unidad, lo que tendrá un impacto inmediato en términos de la capacidad investigativa en el país.
Agregó que su gobierno ha hecho un compromiso para apoyar a esa institución por lo menos, durante los próximos cuatro años y si al final de ese período, los dos gobiernos establecen que vale la pena seguir colaborando en ese esfuerzo “estamos listos y preparados para seguir con esa colaboración el futuro”.
“Con esta nueva organización policial, no hemos resuelto el problema fundamental de la investigación criminal judicial, pero les recuerdo que en mi propio país, la organización de investigación criminal más famosa en Estados Unidos, el FBI, también no tenía su carácter actual hace 90 años cuando se inició”, expresó el zar estadounidense de las drogas.
Brownfield aludió la frase del pensador chino Lao-Tsé: “Todo viaje, por largo que sea, empieza por un solo paso” y en ese sentido, expresó que “hoy comenzamos más progreso en nuestros esfuerzos conjuntos para las reformas y profesionalización de la Policía y de las instituciones policiales en la República de Honduras; hoy iniciamos un proceso de ofrecer mejor justicia y más seguridad para el pueblo hondureño”.
Por su parte, la designada presidencial María Antonieta Guillén, quien representó al presidente Lobo, calificó el convenio como de mucha importancia para el país, un área neurálgica que ha sido una preocupación para el gobernante hondureño.
“Nos complace mucho por dos motivos; uno porque estamos abordando un área donde si no tenemos una buena investigación derivamos en impunidad y el otro que me parece muy importante, es esa visión de la colaboración y la ratificación del apoyo y respaldo del gobierno de Estados Unidos en los temas de seguridad, coincidiendo con la prioridad que el presidente Lobo le ha dado al tema”, expresó la funcionaria.
Agregó que el convenio significa que se asume una responsabilidad compartida y diferenciada y el apoyo que se da a través de la fuerza de tarea es muy importante sobre todo buscando armonizar el esfuerzo de los distintos operadores de justicia.
Antes de reunirse con Guillén Brownfield, llegó a la colonia San Miguel de la capital hondureña, para constatar los avances del programa Educación y Entrenamiento en Resistencia a Pandillas (GREAT por sus siglas en inglés) el que está enfocado a la prevención para que niños y adolescentes se involucren en las pandillas.
En ese sentido, el año pasado, dos mil 500 adolescentes completaron sus clases bajo el programa GREAT con el liderazgo de oficiales de la Policía Comunitaria y este año, el programa busca entrenar unos 20 mil estudiantes más por toda Honduras.
Fuente: http://www.proceso.hn/2013/03/18/Nacionales/Con.apoyo.de/65835.html
Estados Unidos contribuirá con $16.3 millones adicionales a Honduras para lucha contra el narcotráfico
Publicado por honduprensa en Uncategorized el 19 marzo, 2013 12:31, 18 Marzo 2013
Tegucigalpa – Los gobiernos de Estados Unidos y Honduras, suscribirán un convenio, mediante el cual, la administración del presidente Barack Obama, otorgará al país centroamericano, 16.3 millones de dólares (326 millones de lempiras) adicionales para reforzar los programas contra el narcotráfico.
El convenio que será suscrito por el subsecretario Adjunto de Estado de la Oficina Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley de Estados Unidos, William Brownfield y la designada presidencial, María Antonieta Guillén.
Ambos funcionarios, firmarán la décimo quinta modificación a la carta convenio sobre la Iniciativa Regional de Seguridad Centroamericana (CARSI por sus siglas en inglés), suscrito el 9 de enero de 2009 por los gobiernos de ambos países.
Asimismo, el gobierno de Estados Unidos está proveyendo fondos adicionales por seis millones de dólares para los proyectos que incluye el convenio suscrito en el marco de la iniciativa CARSI.
Específicamente, el financiamiento será utilizado para fortalecer la capacidad de los actores del sector seguridad y justicia, incluyendo el apoyo a la Fuerza de Tarea de Crímenes Mayores para la Investigación Criminal.
Antes de reunirse con la vicepresidenta hondureña en Casa Presidencial, Brownfield, visitó las instalaciones del instituto Juan Ramón Molina, localizado en la colonia San Miguel al este de la capital hondureña.
En ese lugar, el zar antidroga de Estados Unidos, constató los avances en el programa “Educación y Entrenamiento en Resistencia a Pandillas (GREAT por sus siglas en inglés) el cual está enfocado a la prevención para que los jóvenes ingresen a las maras.
Sumado a los 6 millones de dólares anteriormente descritos, también hay otra cantidad de 10.3 millones de dólares para apoyar la asesoría, entrenamiento y equipamiento para fuerzas de tarea de policías y fiscales que se enfocan en el combate de la violencia y lavado de dinero.
Además se pretende permitir la programación antimaras para jóvenes en riesgo e investigaciones a pandillas criminales, avanzar en el entrenamiento para el cumplimiento de la ley incluyendo la Policía Comunitaria y de Investigación en la escena del crimen y brindando mentores para la Policía hondureña a fin de mejorar la seguridad fronteriza.
Fuente: http://www.proceso.hn/2013/03/18/Nacionales/Estados.Unidos.contribuir/65819.html
Empecinados en impulsar Ley de Conatel ante creciente rechazo nacional e internacional
Publicado por honduprensa en Uncategorized el 19 marzo, 2013 23:25, 18. Marzo 2013
Tegucigalpa – Las intenciones de continuar adelante con la Ley de Telecomunicaciones no cesan en Honduras. Paradójicamente, lleva la batuta en el tema la recién creada secretaria de Derechos Humanos.
Luego de un mes de conversaciones con diversos sectores que tomaron 15 horas de labor gubernamental, la propuesta para las nuevas reformas a Ley de Telecomunicaciones no logra el consenso deseado por el presidente Lobo Sosa, al mantener por parte de su gobierno la decisión de fijar las figuras de censura previa, la censura directa, la ley de expropiación forzosa, la confiscación de frecuencias y equipos, nuevos impuestos para la prensa, pero ante todo, el deseo de controlar la opinión pública, no solo la de los medios de comunicación y la prensa crítica, sino que el de la sociedad en general.
En la propuesta de ley que se pretende sea conocida en el Congreso Nacional, se indica que el gobierno no solo pretende regular el espectro radioeléctrico de las telecomunicaciones como un bien natural del Estado, lo cual es correcto.
La propuesta en su primer artículo contempla aspectos que van más allá de la regulación del espectro radioeléctrico, al señalar que la ley regulará “en todo el territorio nacional” la transmisión no solo de señales sino que “escritos, imágenes fijas, imágenes en movimiento, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por medio de transmisión eléctrica por hilos radioelectricidad, medios ópticos, combinación de ellos o cualesquiera otros sistemas electromagnéticos, así como las responsabilidades en la difusión y recepción de los mensajes que sean transmitidos a través de los servicios de radiodifusión de libre recepción y demás medios electrónicos, a fin de garantizar los derechos de las personas, especialmente de la niñez y la juventud, el respeto al honor y a la intimidad y la protección de los principios éticos y valores culturales de la sociedad en sus diferentes expresiones”.
Significa que a partir de ese artículo se engloba no solo el derechos de los medios de comunicación y los periodistas a ejercer la libertad de expresión, sino que también el derecho que tiene la gente a hablar, opinar, pensar, proponer, cuestionar, es decir su derecho “al pataleo” como se conoce en el lenguaje popular.
De aprobarse esa ley como está siendo enviada al Congreso por el Ejecutivo, el gobierno actual o cualquier otro le dirá al hondureño común que gusta hablar a los programas de radio o televisión para expresar sus inquietudes, que ya no lo puede hacer más. Ya no podrá cuestionar porque si lo hace no sólo habrá un aparato de espionaje para grabar sus opiniones y llevarlo a cárcel si comete injuria o calumnia, sino que será el órgano censor que contempla la ley quien determinará si lo que dijo o escribió un ciudadano es ético o no, si es moral o inmoral, si ofende o no al funcionario que es al final a quien busca proteger el gobierno con este instrumento legal.
La figura de la censura previa
Redactado como está el artículo 1 de la propuesta de reforma de la ley, devela en el fondo un interés por conculcar a los hondureños el derecho de la libertad de expresión. Este artículo establece así la figura de censura previa.
Benjamín Bográn, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, dijo en medios de prensa que “eso no es una escalada contra los medios de comunicación, es una escalada contra la libertad de expresión de todos los hondureños, porque la Ley en esas disposiciones de censura no tiene un carácter particular, que dice que es para el dueño de un medio de comunicación en particular, o es exclusivamente para un periodista, esa censura es para ustedes, es para mí, es para la señora que está en la pulpería, es para todo el que camina en la calle, todos, al líder patronal, al líder indígena, al líder de derechos humanos, en fin todos aquellos que tengan algo que opinar”.
“Están atentando contra el segundo derecho humano, el primer derecho humano es la vida, el segundo es la libertad de expresión, todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos derecho a quejarnos, todos tenemos derecho a expresar nuestros puntos de vista, esa es una libertad de todos los hondureños, pero tal como está planteado en este anteproyecto de Ley, se le está poniendo una mordaza a los periodistas, a los líderes comunales, a los líderes sociales o a cualquier hondureño común y corriente que quiera expresar su acuerdo, o su desacuerdo sobre cualquier tema, en ese sentido es un grave atentado contra la libertad de expresión”.
Pero también la propuesta en su artículo 2 dice que es potestad del gobierno por medio de Conatel no solo regular los servicios de telecomunicaciones, sino que también “fiscalizar a las personas naturales y jurídicas que, habiendo cumplido los requisitos de ley, se dediquen a la explotación y operación de las telecomunicaciones en la República de Honduras”, dándole así potestades atinentes a los órganos de control de justicia y a la Dirección Ejecutiva de Ingresos.
El peligroso “archivo” audiovisual
En el artículo 11 se establece la figura del “tasón” para los medios de comunicación que desglosa más adelante en otro artículo al señalar que deberán dar cada tres meses un cinco por ciento de sus ingresos brutos para crear un fondo de desarrollo cuyos recursos quedarán a discrecionalidad del Presidente de la República. Bajo este concepto entran todo los medios de comunicación sin excepción.
Contempla la creación de un archivo audiovisual y sonoro de carácter público de mensajes difundidos a través de los servicios de radio y televisión, además de certificar y copiar los documentos y registros audiovisuales y sonoros que cursen en sus archivos, señala el artículo 14 en su numeral 15.
Expertos advierten que este archivo es un arma de doble filo porque no sólo servirá para “registrar” a quienes hacen noticias, sino también a las fuentes y a la gente común que llama para expresarse, aparte que se puede convertir en una especie de espionaje para perseguir críticos y opositores al gobierno, como sucedió en Colombia.
En el artículo 27 nuevamente aparece la figura de la censura previa y en el artículo 38A se habla de la regulación de los contenidos que transmiten los medios de comunicación en programación y noticias, ahí dejan entrever que será el gobierno por medio de Conatel el que dirá al país qué es y qué no es noticia o información pública. Este artículo muestra la trampa que garantiza la libertad de expresión en sus primeros encabezados, pero posteriormente fija las reglas del juego de “qué libertad de expresión” habla el gobierno. En el artículo 38B aparece la figura del “tasón” para los medios.
En el artículo 41, 43 y 46 aparecen las figuras de confiscación y expropiación forzosa, y en el 49 menciona la retroactividad de la ley, la cual solo es retroactiva en materia penal y para beneficiar al reo.
El presidente Porfirio Lobo ha reiterado que busca “democratizar” el espectro radioeléctrico del país, aunque otros sectores de la hondureñidad lo califican como una “Ley Mordaza” dirigida a ciertos medios críticos del gobierno.
Lobo dijo incluso en el conversatorio con los sectores sociales y de algunos medios de prensa que si el Congreso no aprueba las reformas a Conatel como las envía o las engaveta, hará uso del derecho que le otorga la ley para convocar a una cuarta urna y llevar el tema a un plebiscito.
Periodista Durán: mayor rigor para regular espacio radioeléctrico
Uno de los participantes en los conversatorios convocados por Casa Presidencial, el periodista y formador de comunicadores, Juan Ramón Durán, le manifestó a Proceso Digital que “el conversatorio de estas cuatro semanas ha evidenciado una gran tendencia del señor presidente de la República para promover una legislación a través de Conatel tendiente a regular con mayor rigor el espacio radioeléctrico del país”.
La legislación tiene disposiciones muy drásticas, según Durán, al tiempo que criticó que “una persona o empresa no pueda transferir una frecuencia de radio o un canal de televisión a su familia u otras personas durante el tiempo que ha sido asignada ya revela un dato preocupante, igualmente el hecho que ninguna persona o empresa podrá tener más de una frecuencia”.
El comunicador relató que “en los conversatorios el presidente Lobo fue muy categórico y habló de una confrontación personal con el señor Jorge Canahuati, así como con el grupo de Emisora Unidas y Televicentro. Yo miré al presidente muy firme en su posición, él siente que hay desequilibrio en el manejo de la información, en la concentración de los medios y que eso debe ser corregido”.
Además, narró que varios de los asistentes a los conversatorios le hicieron ver al mandatario hondureño lo importante que es promulgar una regulación moderna, pero sin afectar la libertad de prensa y de empresa en el país.
Durán reiteró que “lo veo muy firme en esa tesis y esta situación, según él (Lobo), data desde 1999 cuando ya era fuertemente criticado por estos medios. Además si agregamos el tema de las exoneraciones y las exenciones a las empresas turísticas y medios de comunicación, se puede ver que hay un escenario de confrontación. Como profesional del periodismo veo con preocupación esta situación que no abona al desarrollo del país”.
Asimismo, se propone la creación de la Comisión Reguladora de Programación a través de la cual se aplicarán normas y procedimientos de regulación de mensajes difundidos por los servicios de radio y televisión de libre recepción. Aquí el gobierno tiene mayoría y control y contraviene la doctrina en libertad de expresión que indica que ninguna comisión censora con participación gubernamental garantiza la libertad de expresión, al contrario, es una tendencia de regímenes autoritarios.
En cuanto a las concesiones se establece que éstas se extinguirán por las siguientes causas: vencimiento del plazo, renuncia del titular, muerte del titular ante lo cual sus herederos podrán optar por el otorgamiento de un nuevo título, caducidad por no operar el servicio dentro del plazo previsto, entre otras.
El comisionado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Mauricio Aguilar, expresó que la propuesta de ley contempla aspectos importantes como la democratización del espectro, el fortalecimiento de Conatel, el combate a las prácticas del acaparamiento, fortalecimiento de la producción audiovisual y la armonización de la legislación.
Añadió que también falta un consenso respecto al tema de la libertad de expresión que debe ser bien discutido para el futuro del país y “tengo la impresión que se quiere hacer algo muy rápido y a la carrera”.
Crece rechazo entre diputados
Tanto la bancada Liberal como algunos diputados del oficialista del Partido Nacional han expresado que no apoyarán las reformas a la Ley Marco de las Telecomunicaciones, aunque este extremo está por verse en el momento que lleve la iniciativa de ley al seno Legislativo.
Mediante un comunicado, la bancada del Partido Liberal reiteró que no apoyarán las reformas a la Ley de Telecomunicaciones ya que consideran que es violatoria a la libertad de expresión, de prensa y de pensamiento en Honduras.
Asimismo, varios diputados oficialistas, se pronunciaron en contra de las reformas a la Ley que promueve el presidente Porfirio Lobo.
El veterano diputado Oswaldo Ramos Soto señaló que “el Partido Nacional no va a prestarse a una situación para violentar los derechos a la libre expresión y pensamiento”.
La bancada del Partido de Innovación y Unidad (PINU- SD) también ha expresado su rechazo a la iniciativa y dicen que la misma es violatoria de la libertad de expresión.
Diputados de la Democracia Cristiana (DC), como Augusto Cruz Ascencio, es uno de los principales abanderados parlamentarios en la defensa de la libertad de prensa y de expresión.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió este lunes una resolución sobre lo que denominó la “democratización” de los medios de comunicación en Honduras, al exhortar a la cámara legislativa a debatir un proyecto en base a criterios de carácter eminentemente técnicos y de razonabilidad, no bajo una visión política y “disciplinaria” como se vislumbra en la actual propuesta que enviará el poder Ejecutivo, la cual, asegura riñe con los principios internacionales en materia de libertad de expresión.
La SIP anuncia el pronto envío a Honduras de una misión especial para dar seguimiento a todo este proceso y reunirse con los legisladores y actores claves para abordar este tema que ha generado una polémica en el país en vista que crece la oposición a lo que se considera una “ley mordaza” que el gobierno quiere imponer para controlar a los medios de comunicación y la prensa crítica e independiente. Este es el comunicado emitido por la SIP como parte de los mandatos de su reciente asamblea de medio año efectuada recientemente en Puebla, México.
La propuesta gubernamental que es impulsada por instancias civiles como el Comité por la Libre Expresión y la Secretaría de Derechos Humanos de momento no tiene respaldo ciudadano ni en sectores sociales y políticos, pero el presidente Lobo parece querer llevar el tema a las últimas consecuencias y en medio de esa postura, los hondureños en general, medios, periodistas y gente común, podrían estar frente a la pérdida del principal derecho en donde descansan otras libertades universales: el de expresarse y opinar.
Fuente: http://www.proceso.hn/2013/03/18/Term%C3%B3metro/Empecinados.en.impulsar/65855.html
Allanan camino para la reelección de la rectora
Publicado por honduprensa en El Tiempo el 19 marzo, 2013 Lunes, 18 Marzo 2013 23:46
Legislativo conoce documento
El estudiante José Carlos Cardona entrega los libros de las firmas a la secretaria del Legislativo, Gladis Aurora López.
Un proyecto de ley, bajo la modalidad de iniciativa de participación ciudadana, fue presentado ayer al Congreso Nacional, y en el se pide reformar la Ley Orgánica del Alma Máter, para abrir el camino a la reelección de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos.
La presentación del proyecto, que como cualquier correspondencia se entrega en la secretaría del Legislativo, rompió ayer el protocolo y tradicionalismo, ya que los diputados fueron convocados a las 9:00 de la mañana para recibirlo, aunque la mayoría no llegó.
La iniciativa ciudadana descansa en el artículo cinco de la Constitución que contempla las figuras del plebiscito y referéndum, que fueron creadas en 2011 mediante una reforma a la Carta Magna, que fue ratificada el año anterior y publicada en el decreto 190-2012, gel 13 de marzo del año anterior.
El proyecto fue entregado con más de 20 mil firmas por la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y secretaria del Consejo Universitario de la UNAH, Belinda Flores, estudiantes de excelencia académica y otras personas que fueron presentadas como miembros de varias organizaciones civiles.
Contrario a lo que se esperaba, la iniciativa no arrancó el aplauso de todos los diputados nacionalistas ya que muchos no están de acuerdo con esa idea, dijo el diputado Oswaldo Ramos Soto, quien sigue sosteniendo que la reelección de Castellanos choca con la Constitución.
Sin entrar en profundos detalles, Flores dijo que se trata de modificar seis artículos que no solo buscan permitir la reelección, sino agilizar el nombramiento de otras autoridades. Flores señaló que las reformas corregirán una serie de situaciones que impiden a las autoridades tomar decisiones y aplicar la ley vigente, especialmente por falta de órganos de gobierno que no están integrados.
De acuerdo al decreto, una vez que el Congreso Nacional recibe el proyecto las firmas son enviadas al Registro Nacional de las Personas (RNP) para verificar su autenticidad.
Si las firmas son auténticas, el Congreso Nacional le da el ingreso al proyecto y nombra una comisión especial para que este sea dictaminado. Una vez que el dictamen concluya, este se somete a debate con la particularidad que en este caso se permitirá en el hemiciclo a diez personas que apoyan el proyecto para que participen en la discusión, solamente con derecho a voz.
La directora del Centro Universitario del Litoral Atlántico (CURLA), María Antonia Navarro, dijo que las iniciativas ciudadanas permiten la participación de las mayorías y crean espacios a la tolerancia y complejidad ideológica que representa la academia.
VOZ ESCUCHADA
En representación de los alumnos de excelencia académica, habló José Carlos Cardona, estudiante de la carrera de Historia, quien expresó que la iniciativa ciudadana permite que su voz sea escuchada y que el Congreso le ceda espacios a todos los sectores de la sociedad.
El presidente del Legislativo, Juan Orlando Hernández, destacó que es la primera vez que se presenta un proyecto de ley, sin necesidad de que sea propuesto por un diputado, un ministro la Corte Suprema de Justicia (CSJ) u otra dependencia con iniciativa de ley.
1.- Que un rector o rectora tenga derecho a la reelección bajo el principio de equidad, ya que el resto de funcionarios en la UNAH, pueden optar a la ratificación en sus puestos.
2.- Que permitan al Consejo Universitario, con los miembros que tiene actualmente, designar a los integrantes de la Junta de Dirección Universitaria.
3.- Que la secretaria o secretario general sea nombrado de forma directa por el rector de la UNAH y no por la Junta de Dirección.
4.- Regularizar la secretaría ejecutiva de proyectos de inversión que existe en teoría, pero que no está consignada en la ley orgánica.
5. Permitir la apertura de más secretarías ejecutivas.
6.- Interpretar el artículo ocho de la ley orgánica que se refiere al nombramiento de los estudiantes en los órganos de gobierno. Hace cinco años no hay representación de los estudiantes.
Fuente: http://www.tiempo.hn/portada/noticias/allanan-camino-para-la-reeleccion-de-la-rectora
Derechos civiles, Julieta Castellanos, UNAH
Entregan al Congreso Ley del Juicio Político
Publicado por honduprensa en El Heraldo el 19 marzo, 2013 Lunes 18 de marzo de 2013
10:37 pm – Héctor Cálix
Cualquier ciudadano puede denunciar a funcionarios para proceder a su destitución.
La Comisión de Dictamen la integran diputados de todas las bancadas. (El Heraldo)
El Congreso Nacional conoció el proyecto de Ley Especial del Juicio Político, elaborado por una comisión especial dirigida por el diputado Luis Javier Menocal, y de inmediato fue turnada a dictamen.
Con la ley del juicio político se abre la puerta a cualquier ciudadano en el seno del Congreso Nacional para que pueda hacer uso de su derecho de solicitar la destitución de los servidores públicos, establecidos en el artículo 234 de la Constitución de la República, por supuesto, llenando los requerimientos que la ley estipula, dice la exposición de motivos.
La Ley Especial del Juicio Político establece que se nombre una comisión especial de investigación, integrada por un miembro de cada una de las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, con el propósito de evitar riesgo de manipulación en contra del servidor público denunciado.
El procedimiento consta de dos etapas: la investigativa, que durará lo que el pleno del Congreso Nacional determine, y la etapa de discusión y votación, que durará hasta cinco (5) días, contados desde la presentación del informe al pleno por parte de la comisión especial.
El juicio político, conceptualmente, es una denuncia que realiza un ciudadano sobre un servidor público cuando este incurre en una grave infracción que afecta los intereses del Estado en el ejercicio de sus funciones.
Su objetivo principal consiste en separar a dicho funcionario del cargo que ocupa.
Asimismo, este procedimiento reviste garantías para el denunciado, al cual se le debe permitir ser escuchado en el seno del Congreso.
Menocal explicó que el juicio político representa una salida institucional para situaciones de grave conmoción social o política.
Además indicó que refuerza la noción del control político propio del sistema democrático, “reduciendo así la posibilidad de salidas próximas a la ruptura del orden constitucional”.
El proyecto de ley consta de 22 artículos y fue trasladado a una comisión especial encargada de elaborar el dictamen, la que está integrada por los diputados Mario Pérez, Agapito Rodríguez, Orle Solís, Olban Maldonado, Claudio Perdomo, Erick Rodríguez, Edwin Pavón y German Leitzelar.
La ley especial reglamenta el artículo 234 constitucional, según la cual “procede el juicio político contra el presidente de la República y designados presidenciales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, corporaciones municipales, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional, cuando en su contra exista denuncia grave en el desempeño en su cargo, por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo”.
Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal, la destitución del cargo será la única consecuencia derivada de la responsabilidad decretada mediante un juicio político.
Cuando la denuncia fuere contra el Presidente de la República, la tramitación del proceso de enjuiciamiento y su destitución debe ser aprobada por las tres cuartas partes de la totalidad de los diputados; en los demás casos será por dos tercios de la cámara.
El presidente de la República solo puede ser destituido de su cargo por el Congreso Nacional mediante juicio político, según la reforma.
La implementación del juicio político y sus efectos no son sujetos de control jurisdiccional y el decreto que al efecto se emita no requiere sanción del Poder Ejecutivo, establece el artículo que será reglamentado.
Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Entregan-al-Congreso-Ley-del-Juicio-Politico
La “ Ley Mordaza” fue chepeada de Ecuador
Publicado por honduprensa en La Prensa el 19 marzo, 2013 Lunes 18 de marzo de 2013
09:36 pm – Redacción: redaccion@laprensa.hn
Las mismas similitudes en iniciativas de Ecuador y Honduras que buscan controlar la información.
Ley para censurar los medios de comunicación es violatoria a la lib…
El proyecto de reforma a la Ley de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) es una copia exacta de las flagrantes violaciones a la libertad de expresión y prensa contenidas en la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones aprobada en Ecuador.
Ambas propuestas establecen, entre otras cosas, una “democratización de frecuencias” en radio y televisión, mecanismos de censura previa y procesos arbitrarios de suspensiones de concesiones, según la revisión hecha a los documentos.
La propuesta de Conatel, en su artículo 9, es igual a la de Ecuador: 33% para los servicios comunitarios, 33% para servicios comerciales y 34% para satisfacer las necesidades comunicacionales del Estado.
Los dos proyectos establecen lapsos de 15 años como límite de duración de una concesión.
La intransferibilidad de las concesiones está consignada en la propuesta de Ecuador y de la misa forma en la iniciativa hondureña, según su artículo 29, al indicar que las concesiones “no podrán cederse o enajenarse ni se adquieren o transmiten por sucesión, por efecto de los contratos, de la fusión de compañías o por prescripción”.
Igualmente, cuando se traspase una frecuencia, la concesión de la misma quedará revocada, dicen las dos proposiciones.
Los dos diseños de leyes prohíben, también, lo que denominan “concentración de frecuencias”.
La pretendida reforma de Honduras ordena que las frecuencias que no hayan sido utilizadas en la fecha de entrada en vigencia de las mismas el Estado procederá a su “recuperación”.
Tanto en el proyecto de Ecuador como en el de Honduras se crean organismos que tendrán injerencia en el contenido informativo.
El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación se llama la entidad reguladora de la propuesta ecuatoriana y Comisión Reguladora de Programación se llama a la dependencia moralizadora en el caso hondureño.
“Ana Pineda debe renunciar por dignidad”
Juan Ramón Martínez, analista político, dijo que Ana Pineda, ministra de Justicia y Derechos Humanos, debería renunciar por dignidad.
La funcionaria ha defendido la “ley mordaza” que pretende aprobar el Congreso Nacional.
“Su responsabilidad es defendernos ante cualquier hecho del Gobierno, sin embargo, veo que ella en vez de defendernos está respaldando al Gobierno, lo que me hace creer que ella no está cumpliendo con sus responsabilidades. Y esto lo lamento porque la historia la a va a juzgar muy mal en el futuro”, dijo Martínez. En el caso de que su criterio público sea producto de una imposición del Gobierno “si ese fuera el caso, lo que está obligada es a presentar su renuncia porque si no está de acuerdo con el jefe y sabe que el jefe está haciendo algo indebido en contra de los principios personales y de las personas que está llamada ella a defender, su obligación cívica es la de interponer su renuncia inmediatamente”.
Según Martínez, da la impresión que a Pineda más le interesa la “chamba”. “Ella, si no está de acuerdo, y yo lo dudo, mientras no interponga su renuncia debe demostrarle a la opinión pública que no está de acuerdo con una medida que está violando sus derechos humanos fundamentales de los hondureños”. La susodicha funcionaria “debe prevenir al Presidente u oponerse a la medida y si no la escucha interponer su renuncia”.
Fuente: http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/La-Ley-Mordaza-fue-chepeada-de-Ecuador
Publicado por honduprensa en defensores en linea el 19 marzo, 2013 Monday, 18 March 2013 14:37 Administrador
Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2494:honduras-amenazado-desde-hace-un-ano-un-periodista-suspende-su-programa-de-radio&catid=54:den&Itemid=171
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