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Timestamp: 2017-03-27 21:18:31+00:00

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RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de San Pedro de Alcántara-Marbella don Manuel Andrino Hernández contra la negativa del registrador de la propiedad nº 2, de Estepona, a inscribir una escritura de compraventa
RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de San Pedro de Alcántara-Marbella don Manuel Andrino Hernández contra la negativa del registrador de la propiedad nº 2, de Estepona, a inscribir una escritura de compraventa Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de San Pedro de Alcántara-Marbella don Manuel Andrino Hernández contra la negativa del registrador de la propiedad nº 2, de Estepona, a inscribir una escritura de compraventa Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de San Pedro de Alcántara-Marbella don Manuel Andrino Hernández contra la negativa del registrador de la propiedad n° 2, de Estepona, a inscribir una escritura de compraventa.
Resolución en el recurso interpuesto por el Notario de San Pedro de Alcántara-Marbella don Manuel Andrino Hernández contra la negativa del Registrador de la Propiedad n.° 2 de Estepona, don Javier de Angulo Rodríguez, a inscribir una escritura de compraventa.
El día 30 de junio de 2004 don Manuel Andrino Hernández, Notario de San Pedro de Alcántara-Marbella, autorizó una escritura de compraventa por virtud de la cual Don José C. O. en nombre y representación de don Luis María A. L., doña María del Pilar Z. G., don Juan Luis A.Z., doña Teresa A.Z. y de don Ignacio A.Z. venden una finca a don Francisco José A. G. y doña Alejandra C. A.
En dicha escritura de compraventa se expresa que «Intervienen, ..., Don José C. O., en nombre y representación de: los cónyuges don Luis María A. L. y doña María del Pilar Z. G	don Juan Luis A.Z	y doña Teresa A. Z Legitimación para este acto.-Ostenta la representación, en virtud de escritura de poder, autorizada por el notario de San Sebastián don Miguel Ángel Segura Zurbano el 4 de junio de 2004, número 2074 de Protocolo, en las que se contienen facultades a mi juicio suficientes para vender la finca objeto de la presente. Así resulta de copia autorizada de dicha escritura que me exhiben y devuelvo. Me asegura el citado apoderado, bajo su responsabilidad, de la vigencia del poder y facultades ostentados, los cuales no le han sido revocados ni suspendidos en forma alguna.
Y don Ignacio A. Z	Legitimación para este acto.-Ostenta la representación, en virtud de escritura de poder, autorizada por el Notario de Pontevedra, don Eduardo Méndez Apénela, el día 7 de junio de 2004, número 2.677, de Protocolo, en las que se contienen facultades a mi juicio suficientes, para vender la finca objeto de la presente. Así resulta de copia autorizada de la dicha escritura que me exhiben y le devuelvo. Me asegura el citado apoderado, bajo su responsabilidad, de la vigencia del poder y facultades ostentados, los cuales no le han sido revocados ni suspendidos en forma alguna.»
El título se presentó el 19 de julio de 2004, causando el asiento de presentación 966, del Diario 32, y siendo objeto de la siguiente calificación «Fundamentos de Derecho: 1. Los documentos de todas clases, susceptibles de inscripción, se hallan sujetos a calificación por el registrador, quien, bajo su responsabilidad, ha de resolver acerca de la legalidad de sus formas extrínsecas, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos contenidos en los mismos, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley Hipotecaria y 98 y 100 del Reglamento para su ejecución.
II. En relación a las circunstancias reseñadas en el hecho segundo anterior, debe tenerse en consideración:
1.° La circunstancia referida en el punto primero se considera defecto subsanable de conformidad con el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, que consagra el principio de tracto sucesivo.
2.° La circunstancia referida en el punto segundo se considera defecto subsanable de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley Hipotecaria, Resolución de la DGRN de fecha 12 de abril de 2002 y Sentencia 61/03 de 23 de enero de 2003 del Juzgado de la Instancia N° 1 de Valladolid.
III. De conformidad con la regla contenida en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria, el registrador debe proceder a la notificación de la calificación negativa del documento presentado. En dicho caso, queda automáticamente prorrogado el asiento de presentación correspondiente durante un plazo de sesenta días desde la práctica de la última de las notificaciones que deban ser realizadas. Prórroga durante la cuál, por aplicación del principio hipotecaria de prioridad contenido en los artículos 17, 24 y 25 de la Ley Hipotecaria, no pueden ser despachados los títulos posteriores relativos a la misma finca, cuyos asientos de presentación, por tanto, han de entenderse igualmente prorrogados hasta el término de la vigencia, automáticamente prorrogada, del asiento anterior.
Formas de subsanación: 1. Presentación del título previo. 2. Acreditar la representación alegada».
La calificación es de 29 de septiembre de 2004, y se notificó al notario mediante correo certificado con acuse de recibo el día 2 de octubre de 2004. No consta en el expediente remitido por el registrador dicho acuse de recibo. Debe recordarse la necesidad de que el expediente administrativo se remita íntegro a este Centro Directivo. El notario interpone recurso exclusivamente frente al segundo defecto el 28 de octubre de 2004.
El informe del registrador es de 2 de noviembre de 2004, elevando el expediente a esta Dirección General para su resolución.
Vistos los artículos 1259, del Código Civil; 18, 19 bis, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 18.2 del Código de Comercio; 17 bis de la Ley del Notariado; 98 y 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante, de 28 de abril de 2004 y de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003, 30 de enero y 18 de marzo de 2004 y las Resoluciones de 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre de 2004.
El Registrador de la Propiedad calificó del modo expuesto en el hecho segundo el título presentado interponiendo el Notario recurso frente a dicha calificación con base en los siguientes argumentos: primero, que el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27de diciembre, tan sólo exige al Notario que reseñe los datos del documento auténtico del que surgen las facultades representativas y que incluya un juicio de suficiencia acerca de esas facultades y, segundo y último, que ese juicio sea congruente con el negocio jurídico documentado en la escritura en la que se actúan tales facultades representativas, añadiendo que ambos requisitos se cumplen en el presente caso.
Por ello, en las Resoluciones de este Centro Directivo de 23 de enero, 8 de febrero, 17 de noviembre de 2003, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre de 2004, se manifestaba que el contenido del informe del registrador debía reducirse a cuestiones de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que quepa adicionar argumento alguno y, aún menos, incluir una suerte de contestación al recurso interpuesto. Cuando este Centro Directivo se está refiriendo a cuestiones de mero trámite, quiere expresar que en dicho informe habrán de incluirse aspectos tales como: fecha de presentación del título calificado y las incidencias que hayan podido existir: por ejemplo, que dicho título se retiró para ser subsanado o para pago de los impuestos que gravan el acto o negocio jurídico sujeto a inscripción; fecha de calificación del título y de notificación a los interesados en éste, etc.
En este sentido, debe recordarse al funcionario calificador su obligación de acatar el contenido de las resoluciones de este Centro Directivo -artículo 327 de la Ley Hipotecaria-, en lo relativo al objeto del informe que debe elevar cuando se recurre su calificación. A tal efecto, y como se ha expuesto anteriormente, existían tres resoluciones de la Dirección General del año 2003 -muy anteriores, por tanto, a la fecha de su informeque delimitaban el contenido de dicho informe. En consecuencia, se hace esta manifestación a los efectos oportunos.
De hecho, sosteníamos en el fundamento de derecho quinto de las Resoluciones de este Centro Directivo de 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre de 2004 y hemos reiterado en las de 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre de 2004 que «para que pueda entenderse válidamente cumplido el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio, una calificación si se prefiere, acerca de la suficiencia de las facultades contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación a aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Obviamente, las facultades representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han acreditado al notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación que deberá comprender, al menos, el nombre o denominación social del poderdante y del apoderado, el nombre del notario autorizante, la fecha del documento, el número de protocolo y su vigencia.
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente los documentos de los que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que los mismos son dos poderes conferidos, mediante escritura pública, autorizada por dos Notarios que se identifican, añadiendo la fecha del poder, el número de protocolo y que el mismo, según manifiesta el otorgante está vigente. Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de las reseñas.
Respecto del juicio de suficiencia se afirma en el título, y en dos ocasiones, respecto de la parte vendedora que en dichas escrituras de poder «se contienen facultades a mi juicio suficientes para vender la finca objeto de la presente».
Resulte evidente que los juicios de suficiencia son congruentes y coherentes con el negocio jurídico documentado en el título y con el mismo contenido de éste, pues se trata de una compraventa.
Madrid, 3 de febrero de 2005.-La Directora General, Pilar Blanco Morales Limones.
Sr. Registrador de la Propiedad n° 2 de Estepona.

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RESOLUCIÓN 
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 Artículo 18
 Resolución 
 artículo 322
 artículo 98
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