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Timestamp: 2018-11-13 01:19:46+00:00

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SENTENCIA SL598-2013 DE 14 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:ACCIDENTE DE TRABAJO. CON LA CONFESIÓN FICTA NO SIEMPRE SE PUEDE ESTRUCTURAR LA CULPA DEL EMPLEADOR, PUES LA CONFESIÓN GENÉRICA NO TIENE RELEVANCIA ALGUNA, TAL COMO SE ESTABLECIÓ EN SENTENCIA DE CASACIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2007 RADICADO 28347: “ESA ALUSIÓN GENERAL E IMPRECISA A LOS HECHOS SUSCEPTIBLES DE CONFESIÓN QUE PRETENDÍA DEMOSTRAR LA PARTE DEMANDANTE IMPIDE DETERMINAR CON CLARIDAD A CUÁLES HECHOS EN CONCRETO SE REFIRIÓ EL JUEZ DE LA CAUSA, CON LO QUE SE OMITIERON LOS REQUISITOS QUE EN TORNO A LA SANCIÓN JURÍDICA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 56 DEL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL HA FIJADO LA JURISPRUDENCIA DE ESTA SALA”.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, CONFESIÓN, CLASES DE CONFESIÓN, CONFESIÓN FICTA, INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO, INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO, VALORACIÓN DE LA CONFESIÓN JUDICIAL
Sentencia SL598-2013/38733 de agosto 14 de 2013
SL598-2013
Rad. 38.733
Se resuelve el recurso de casación interpuesto por DESIDERIO PALOMAR contra la sentencia dictada el 31 de julio de 2008 por el Tribunal Superior de Bogotá (Sala de Descongestión), en el proceso que promovió contra la sociedad LAS FLORES S.A.
Ante el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, Desiderio Palomar demandó a la sociedad Las Flores S.A., para que le pagara la indemnización plena de perjuicios proveniente de accidente de trabajo por lucro cesante y daño emergente moral y material, así como la indemnización por despido y la sanción moratoria a razón de un día de salario por cada día de mora en el pago.
Fundó sus pretensiones en que a partir del 4 de septiembre de 1995 trabajó para la accionada como como operario de Lombricultura II con un salario último mensual de $ 113.686.46, habiendo sufrido un accidente de trabajo al día siguiente, cuando manipulaba y descargaba materias primas para la empleadora, transportadas hasta las instalaciones de esta ubicadas en el kilómetro 12 de la carretera central del norte; que el insuceso ocurrió al arrancar el automotor de manera repentina, imprevista, violenta y brusca, cuando él lo descargaba, produciéndole una merma en su capacidad laboral del 80%; que la empresa no le tenía afiliado a la seguridad social y que informó del accidente catorce días después de su ocurrencia; que el contrato le fue terminado el 3 de mayo de 1996 y que solo hasta el 15 de mayo siguiente se lo liquidó sin cancelarle la indemnización general, el pago total del auxilio de cesantía y sus intereses, así como las prestaciones derivadas del accidente de trabajo.
La demandada acepto la existencia del contrato de trabajo, los extremos de duración y el salario citado pero aclarando que ese había sido el promedio con el cual se había hecho la liquidación final. Expresó que el contrato se había terminado por vencimiento de la labor para la cual se le había contratado. Los demás hechos o los negó o dijo que no lo eran. Se opuso a que se concedieran las pretensiones demandadas por ser temerarias y por carecer de fundamentos fácticos y legales. Propuso como excepciones las de falta de causa, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, pago, compensación y prescripción.
Fue proferida el 19 de marzo de 2004, y con ella el Juzgado absolvió a la demandada de todo lo pretendido en su contra, declaró probadas las excepciones de cobro de lo no debido e inexistencia de las obligaciones demandadas y dejó a cargo del actor las costas.
Por apelación del demandante, el proceso subió a conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá —Sala de Descongestión Laboral—, Corporación que mediante la sentencia recurrida en casación, confirmó la de primer grado, dejando a cargo del apelante las costas de la alzada.
El Tribunal trascribió el recurso de apelación del actor y motivó su decisión sobre tres aspectos: el relacionado con la culpa patronal, el que se refiere a la confesión ficta y al de la indemnización moratoria.
Sobre el primero, expresó que es al trabajador a quien incumbe la carga probatoria de la culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo. Luego, en torno a la confesión ficta, estimó que si bien se había configurado dicha confesión, a lo sumo lo que se podría demostrar de los hechos de la demanda es la existencia del accidente más no de la culpa patronal, en tanto la falta de afiliación al ISS, el reporte tardío del accidente y el no pago de la indemnización por despido, ningún nexo de causalidad tienen frente al accidente o la culpa del empleador, además de que el actor jamás negó “que el accidente ocurrió de forma imprevista cuando el vehículo en donde se encontraba arrancó repentinamente, en un acto imprudente del conductor, según lo expuso el a quo en la sentencia objeto de estudio”.
En ese orden, concluyó que el accidente estuvo totalmente desprovisto de culpa del empleador y que al trabajador se le había hecho la respectiva inducción de campo para que realizara bien su trabajo, pero que aun en el evento de que se hubiera probado la culpa, como el trabajador no había probado los perjuicios sufridos, también habría que mantener la decisión absolutoria.
Frente a la indemnización moratoria, consideró que no había lugar a ella, puesto que en el proceso no se reclamaban salarios o prestaciones sociales, conceptos que la causan de acuerdo con el artículo 65 del C.S.T.
En la demanda que lo sustenta —contentiva de dos cargos—, que fue replicada, el actor solicita que se case la sentencia impugnada, y constituida en sede de instancia, se revoque la del Juzgado y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda inicial.
Acusa la aplicación indebida indirecta de los artículos 10, 19, 216, 56, 57-2, 64, 65, 108-10, 249, 348 (modificado por el Decreto 13 de 1967) del C.S.T.; 1604, 1757, 2347, 2431 del Código Civil; 61 del C.P.T. y S.S.; 8º de la Ley 153 de 1887 y 53 de la C.P.
Anota que por haber apreciado equivocadamente el informe patronal de accidente de trabajo, la certificación expedida por la Secretaría de Tránsito y Transportes de la ciudad de Bogotá D.C., la confesión judicial ficta producida por el a quo en la segunda audiencia de trámite y la demanda y su contestación, el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:
“1. No dar por demostrado estándolo, que el informe patronal del accidente de trabajo, es la plena demostración de la culpa patronal, en el accidente de trabajo.
2. No dar por demostrado que el patrono omitió el facilitar al actor las dotaciones necesarias y suficientes para la realización de sus tareas, elementos de seguridad que hubieran servido de protección al actor, para preservar su integridad.
3. No dar por demostrado estándolo, que la Confesión Judicial, Ficta, es igualmente plena demostración de la culpabilidad del patrono en el Accidente de trabajo.
4. Dar por demostrado sin estarlo, que el patrono, demostró que su conducta se puede exonerar de responsabilidad.
5. Dar por demostrado sin estarlo, que el patrono tuvo la previsión, a efecto de prevenir los riesgos propios de la labor realizada”.
En el desarrollo expresó que del informe del accidente de tránsito se deducía claramente que el accidente había sucedido por “PRECAUSIÓN (sic) E IMPRUDENCIA”; que el vehículo accidentado era de propiedad de la sociedad demandada, la que lo utilizaba para transportar la materia prima, y que como el trabajador prestaba el servicio dentro del vehículo, le debieron dar los elementos y la dotación propios necesarios e indispensables para el desarrollo de su labor, lo que el empleador no tuvo la precaución y la prudencia necesaria que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios, es decir, se configuró la culpa leve que es la misma de que trata el artículo 216 del C.S.T.
Asevera que de acuerdo con la sentencia del 26 de mayo de 1999, “...en el accidente de trabajo, existe Culpa del Empleador cuando no se dota al trabajador de elementos de protección”. Dice que está probado que el señor PALOMAR había sido contratado como trabajador de campo y cuando sufrió el accidente estaba “DESCARGANDO SUSTRATO”, que estaba subido en el carro y este arrancó para descargar en otro lado y fue cuando él se cayó. Que esa labor se la había asignado su jefe inmediato y este encarna al empleador.
Explica que el artículo 210 del C.P.C., aplicable al proceso laboral por el principio de integración, muestra la presunción que recae sobre el empleador, tal como lo manifestó el mismo juzgado cuando dijo “toda vez que el representante legal de la demandada no justificó su inasistencia al Despacho lo declara confeso de los hechos susceptibles de esta prueba”. Además, que el Tribunal había dicho que los hechos 4 y 5, en razón a esa declaración, se presumían ciertos y en ellos se hablaba de la ocurrencia del accidente de trabajo y de la forma como había sucedido, es decir, se presume la culpa del empleador en su ocurrencia.
Afirma que la sola abstención en el cumplimiento de la diligencia y el cuidado es responsabilidad del empleador y por tanto no se puede decir que este no es responsable del accidente de trabajo. Que el empleador tiene el deber de protección y seguridad para con los trabajadores.
Finalmente, reprochó al Tribunal por deducir de la declaración de un testigo la existencia de diligencia y cuidado por parte del empleador, lo cual no era correcto porque había evidencia contraria a su dicho, como lo era el propio informe del accidente de trabajo que era una confesión. Que la causa eficiente o relación de causalidad quedó demostrada pues la misma se deriva de la responsabilidad de la empresa por el hecho de sus agentes o trabajadores.
Sostiene que la sentencia está ajustada a derecho, ya que no hay desatino fáctico alguno en su contenido.
Las pruebas denunciadas por la censura, objetivamente muestran lo siguiente:
El informe de accidente de trabajo que aparece en el expediente a folios 3, registra que fue elaborado el 14 de septiembre de 1995, y sobre el accidente se hace una narración así: “El trabajador se encontraba subido en el carro retirando sustrato, luego el carro arrancó para descargar en otro lado y fue cuando el señor se cayó”. Y como causa del accidente describe la “precaución e imprudencia”. Este informe, a lo sumo, hace plena demostración de la existencia del accidente; sin embargo, no es posible deducir de su contenido la culpa suficientemente comprobada del empleador.
La certificación de la Oficina de Tránsito, que obra al folio 7, lo único que acredita es que el vehículo en el que el actor sufrió el accidente, es de propiedad de la empresa. Pero tampoco sirve como elemento demostrativo de la culpa suficientemente comprobada del empleador en el accidente de trabajo.
En cuanto a la confesión ficta, pese a que el Tribunal hizo mención a dos hechos de la demanda, lo cierto es que sobre la misma no puede estructurarse la culpa del empleador que aquí se ventila, pues la disposición del juzgado en ese punto, fue de manera genérica al declarar confeso a la demandada “de los hechos susceptibles de esta prueba”, conforme se lee en el acta de audiencia del 21 de marzo de 2001, visible al folio 91. Así se dice por cuanto esta Sala tiene definido que esa confesión genérica no tiene relevancia alguna, pues en sentencia de casación del 11 de septiembre de 2007 radicado 28347, señaló que: “Esa alusión general e imprecisa a los hechos susceptibles de confesión que pretendía demostrar la parte demandante impide determinar con claridad a cuáles hechos en concreto se refirió el juez de la causa, con lo que se omitieron los requisitos que en torno a la sanción jurídica consagrada en el artículo 56 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social ha fijado la jurisprudencia de esta Sala…”.
La demanda inicial del proceso y su contestación no contienen confesión alguna en los términos del artículo 195 del C. de P. C. En la primera, el actor expone sus hechos y en la segunda la empresa se opone a ellos, especialmente en lo que tienen que ver con la ocurrencia del accidente y la culpa que se le imputa.
De otro lado, no controvirtió la censura la apreciación que hizo el Tribunal del testimonio de Luis Arturo Cabra Ladino y que igualmente le sirvió para ratificar su convicción sobre la ausencia de culpa patronal en el accidente de trabajo que sufrió el actor. Es decir que dejó intacto uno de los soportes de la sentencia recurrida.
No prospera entonces el cargo.
Igualmente acusa la aplicación indebida indirecta de los artículos 14, 21, 65, 145 y 249 del C.S.T.; 61 del C.P.L., la Ley 50 de 1990 y el Decreto 2310 de 1995.
Afirmó que por haber apreciado indebidamente la demanda y su contestación, así como por haber dejado de apreciar la liquidación del contrato de trabajo, el Tribunal cometió los siguientes errores de hecho:
“1. No dar por demostrado estándolo, que la demandada omitió cancelar al actor el Auxilio definitivo de cesantía por todo el tiempo laborado, a la finalización del contrato de trabajo.
2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el patrono cumplió con su obligación de pagar al actor, a la finalización del contrato de trabajo, el Auxilio definitivo de Cesantía, por todo el tiempo laborado.
3. Dar por demostrado, sin estarlo que, el patrono actuó de buena fe, a pesar de no haber cancelado el auxilio de cesantías por el período correspondiente al año 1995”.
Para sustentar el cargo criticó al Tribunal por haber mostrado extrañeza por no encontrar en la demanda solicitud alguna sobre el pago de prestaciones sociales, cuando el ordinal 3º de las pretensiones alude a ello, lo que está ratificado en el hecho 10, al cual respondió la demandada que no era cierto sin explicar la razón de esa expresión como lo exige el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
También reprocha al Tribunal por haber encontrado de buena fe a la demandada, cuando ninguna prueba acredita esa circunstancia, culminando su planteamiento con las consideraciones que para el fallo de instancia debe observar la Corte.
Reitera en los mismos términos la crítica que hizo al anterior cargo, pues no hay error fáctico en el fallo atacado.
El Tribunal reprodujo los motivos de inconformidad que expuso el actor en el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado. En el numeral 3º, según el sentenciador, el apelante dijo: “Motivo de inconformidad lo es igualmente el hecho de no condenar al Patrono, al pago de la Indemnización Moratoria (sic), como quiera que se demostró que el patrono no pagaba el salario mínimo vigente durante la relación contractual, en razón a que la que recibía el trabajador era inferior a la legal, así como que sus prestaciones entonces le fueron reconocidas con el mismo”.
Al revisar la demanda inicial, no aparece que el demandante hubiera alegado un pago deficitario del salario mínimo legal mensual vigente, sino que simplemente alegó que solo hasta el 15 de mayo de 1996, le fue liquidado su contrato de trabajo, “echando de menos, la indemnización General, o, común por despido ilegal, e injusto, al igual que el pago total del auxilio de Cesantía, y sus intereses, así como las indemnizaciones provenientes del ACCIDENTE DE TRABAJO, de que da cuenta ésta”.
En ese orden, la alegación del demandante en el recurso de alzada, se constituyó en un medio nuevo, que no podía ser abordado por el Tribunal, sin que esté de más advertir que de todos modos cuando el sentenciador consideró que no había reclamación por concepto de salarios o prestaciones insolutos sin explicarse la causa de ello, no incurrió en error ostensible de apreciación capaz de desquiciar su sentencia.
Por lo anterior tampoco prospera este cargo.
Costas en casación a cargo de la parte recurrente, dado que hubo réplica a la demanda extraordinaria. En su liquidación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de tres millones de pesos ($ 3´000.000).
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia dictada el 31 de julio de 2008 por el Tribunal Superior de Bogotá (Sala de Descongestión), en el proceso que DESIDERIO PALOMAR promovió contra la sociedad LAS FLORES S.A.
Magistrado: Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Carlos Ernesto Molina Monsalve.

References: ARTÍCULO 56
 artículo 65
 artículo 216
 artículo 210
 artículo 56
 artículo 195
 artículo 31