Source: https://www.scribd.com/doc/212344900/2011-08-03-ONU-Informe-Relator-Salud-SSR
Timestamp: 2017-03-29 15:23:53+00:00

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2011 08 03 ONU Informe Relator Salud (SSR)
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Distr. general 3 de agosto de 2011 Español Original: inglés
11-44361 (S) 260811 060911
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Informe provisional del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
En el presente informe, el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental examina la interacción entre las leyes penales y otras restricciones jurídicas relativas a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la salud. El derecho a la salud sexual y reproductiva es una parte fundamental del derecho a la salud. Por consiguiente, los Estados deben asegurar que este aspecto del derecho a la salud se haga plenamente efectivo. El Relator Especial examina los efectos de las restricciones jurídicas penales y de otra índole en el aborto; la conducta durante el embarazo; los métodos anticonceptivos y la planificación de la familia; y el acceso a la educación y la información en materia de salud sexual y reproductiva. Algunas de las restricciones jurídicas penales y de otra índole que se aplican en cada uno de esos ámbitos, a menudo discriminatorias, dificultan el acceso a bienes, servicios e información de calidad y, por consiguiente, vulneran el derecho a la salud. También atentan contra la dignidad humana al coartar las libertades dimanantes del derecho a la salud, en particular en lo que respecta a la adopción de decisiones y a la integridad física. Asimismo, la aplicación de esas leyes para obtener determinados resultados en el ámbito de la salud pública resulta a menudo ineficaz y desproporcionada. El ejercicio del derecho a la salud requiere la eliminación de las barreras que interfieren en la adopción de decisiones relacionadas con la salud y en el acceso a los servicios de salud, la educación y la información, en particular en lo que respecta a las afecciones que solo afectan a las mujeres y a las niñas. En los casos en que una barrera es producto de una ley penal o de restricciones jurídicas de otra índole, los Estados están obligados a eliminarla. La eliminación de esas leyes y restricciones no depende de la disponibilidad de recursos y, por consiguiente, no tiene por qué llevarse a cabo de manera progresiva. Por consiguiente, las barreras erigidas con arreglo a leyes penales y otras leyes y políticas que afectan a la salud sexual y reproductiva deben eliminarse inmediatamente a fin de asegurar el pleno ejercicio del derecho a la salud.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las normas internacionales de derechos humanos y el derecho a la salud sexual y reproductiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 4 5 6 9 22
V. . . . . . El derecho penal y otras restricciones jurídicas que afectan al derecho a la salud sexual y reproductiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A/66/254
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efectos de las leyes penales y otras restricciones jurídicas en la salud sexual y reproductiva. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. . . . . . . . . . .
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. . . . . . Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recomendaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
el Relator Especial ha llevado a cabo misiones a la República Árabe Siria en noviembre de 2010 (A/HRC/17/25/Add. la educación sexual y reproductiva y los métodos anticonceptivos y de planificación de la familia.A/66/254
I. en abril de 2011 convocó una consulta de expertos y una consulta pública sobre el derecho a la salud de las personas de edad. Europa Oriental (Budapest) y la Federación de Rusia y Asia Central (Moscú). El Relator Especial presentó los siguientes informes al Consejo de Derechos Humanos en su 17º período de sesiones. en calidad de orador principal. celebrado en junio de 2011: informe sobre el derecho a la salud y el desarrollo (A/HRC/17/25) e informe sobre la consulta de expertos sobre el acceso a los medicamentos como elemento fundamental del derecho a la salud (A/HRC/17/43). especialmente las mujeres. incluido el acceso a bienes. El Relator Especial.
. Dichas consultas le permitieron recabar información sobre la realización del derecho a la salud en esas regiones y difundir información sobre su mandato. y en el seminario del Centro Internacional de Política sobre las Drogas sobre la proporcionalidad de las penas impuestas por delitos relacionados con las drogas. En el presente informe se examina la tipificación como delito de determinados servicios de salud sexual y reproductiva. que sirvió de base para el informe presentado al Consejo en su 18º período de sesiones. Asimismo.3) y Ghana en mayo de 2011. Antecedentes
4. Se estudia asimismo el efecto de otras políticas y restricciones jurídicas que afectan a la conducta y la adopción de decisiones en el contexto de la salud sexual y reproductiva. la Tuberculosis y la Malaria. que se celebrará en septiembre de 2011. 3. presentó ponencias ante la Asamblea de Irlanda del Norte en septiembre de 2010 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Introducción
1. El Relator Especial ha participado en varias reuniones y conferencias sobre el derecho a la salud. y en la eficacia de las políticas de salud pública. En el informe se examina la aplicación de leyes penales y restricciones jurídicas de otra índole para regular el aborto. servicios e información. en las libertades y la dignidad de las personas afectadas. organizada por el Open Society Institute y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) en Nueva York en marzo de 2011. El Relator Especial también celebró consultas regionales con la sociedad civil relativas a África Oriental (celebradas en Nairobi). También se analiza el posible impacto negativo del derecho penal y de otro tipo de restricciones jurídicas en la atención de la salud. entre las que figuran la reunión sobre los derechos humanos y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA. especialmente los relacionados con las mujeres. y sus consecuencias para el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (en adelante el “derecho a la salud”). 2. y la conferencia sobre el respeto del derecho a la salud organizada por la Universidad de Europa Central en Budapest en junio de 2011.
II. la conducta durante el embarazo. Desde su informe anterior a la Asamblea General (A/65/255). celebrado en Londres en mayo de 2011.
Sociales y Culturales se afirma además que el derecho a la salud incluye la adopción de medidas para mejorar la salud infantil y materna. Las normas internacionales de derechos humanos y el derecho a la salud sexual y reproductiva
6. Sociales y Culturales. 11.
III. la atención anterior y posterior al parto. 29. Véase Fondo de Población de las Naciones Unidas. Sociales y Culturales pone de relieve algunos aspectos del derecho a la salud sexual y reproductiva. 7. el empleo y el acceso a la atención de la salud.12/BRA/CO/2. la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos. El artículo 12. párr. así como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a esa información (E/C. la Convención aboga por una comprensión adecuada de la maternidad como función social.12/2000/4.12/1/Add. Concretamente. desarrollar la educación y los
Véanse E/C.12/1/Add. párr.98. incluido el acceso a la planificación de la familia. 2010). Asimismo. 8.105 y Corr.2 a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos. párr. El Relator Especial decidió tratar estas cuestiones debido a que los Estados regulan la conducta y la adopción de decisiones en el ámbito del derecho a la salud sexual y reproductiva mediante leyes penales y restricciones jurídicas de otra índole que podrían vulnerar el derecho a la salud. En la Observación general núm. Asimismo. 43. 14). La Convención sobre los Derechos del Niño vela por la protección del derecho a la salud de los jóvenes menores de 18 años. 12. La Convención insta a los Estados a asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres. y E/C.A/66/254
5.1 y 16. E/C. 5. párr. el artículo 16. lo cual resulta especialmente oportuno habida cuenta de la importancia de la salud sexual y reproductiva en las vidas de las mujeres y hombres jóvenes 3.1 e) estipula que las mujeres deben disfrutar de los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información. los servicios de salud sexuales y genésicos. 14 del Comité de Derechos Económicos. E/C. los servicios obstétricos de urgencia y el acceso a la información. 21). incluidos la educación. Véanse en particular los artículos 5. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 2 insta a los Estados a adoptar medidas para que las mujeres disfruten de igualdad en todos los ámbitos. párr.1. El derecho a la salud sexual y reproductiva es un componente esencial del derecho a la salud.. Las recomendaciones del Comité siempre han apoyado este enfoque 1.12/COL/CO/5.
. El artículo 24 de la Convención afirma el derecho a la salud según se define en el Pacto Internacional de Derechos Económicos. el acceso a información sobre planificación de la familia y la eliminación de la discriminación contra la mujer en el matrimonio y las relaciones familiares. párrs. 10 h). educación e información. Eight Lives: Stories of Reproductive Health (Nueva York. en particular en la esfera de la salud sexual y reproductiva (ibid. 53 y 54. observa que el ejercicio del derecho de la mujer a la salud conlleva el deber de suprimir todas las barreras que impiden el acceso de la mujer a los servicios de salud.
Se pone especialmente de relieve la relación entre la mejora de la salud sexual y reproductiva para las mujeres y la reducción de la pobreza. 31. sin sufrir discriminación. El derecho penal y otras restricciones jurídicas que afectan al derecho a la salud sexual y reproductiva
11. por ejemplo. Sociales y Culturales desarrolla el concepto de salud reproductiva y afirma que la mujer y el hombre están en libertad para decidir si desean reproducirse y en qué momento. 2006). Essex.12/2000/4. El derecho a la salud reproductiva también ocupa un lugar destacado en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994. emocional. La salud sexual es un estado de bienestar físico.
. Universidad de Essex. párr.2). El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo afirma que la salud sexual incluye el derecho a una vida sexual satisfactoria y segura. así como a la libertad de decidir cuándo reproducirse y con qué frecuencia (A/CONF. The Rights to Sexual and Reproductive Health (Colchester.171/13.A/66/254
servicios en materia de planificación de la familia y abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños 4. peligrosas o dañinas para una o varias personas o para la sociedad. permitirán a la mujer pasar sin peligros las etapas de embarazo y parto (E/C. mental y social relacionado con la sexualidad. 10. exentas de coacción. a respetar su autonomía e integridad físicas y a decidir de forma libre todo lo relativo a su sexualidad y reproducción. El derecho penal castiga a quienes incurren en conductas prohibidas. disfunciones o enfermedades 6.7. véase también CRC/GC/2003/4. número de venta: S. la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. y no simplemente la ausencia de afecciones. Publicación de las Naciones Unidas. Treaty Series. artículo 24. Lamentablemente.
IV. asequibles y aceptables de su elección y a los servicios de atención de la salud pertinentes que. así como la posibilidad de gozar de experiencias sexuales agradables y seguras.I. y tienen el derecho de estar informados y tener acceso a métodos de planificación seguros. La Observación general núm. 7. La Plataforma de Acción de Beijing afirma que los Estados deberían considerar la posibilidad de eliminar las medidas punitivas relativas a la salud sexual y reproductiva. párr. eficaces. coerción o violencia. vol. discriminación y violencia.10. 14 del Comité de Derechos Económicos. el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2010 5 declara que el progreso en ámbitos indicativos como los embarazos adolescentes y el uso de anticonceptivos se ha estancado en algunas partes del mundo y que la ayuda para la planificación de la familia como porcentaje de la ayuda total para la salud disminuyó drásticamente entre 2000 y 2008. 27531. también tiene por objeto disuadir a otras
Naciones Unidas. Esas leyes constituyen la manifestación más clara del poder punitivo del Estado y se encuentran entre sus actos más intencionales. Afirma asimismo que la salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales. 1577. núm. Paul Hunt y Judith Bueno de Mesquita. que afirman el derecho de la mujer a controlar todos los aspectos de su salud. 9. nota 12). Los Estados promulgan leyes penales para regular conductas que se perciben como amenazadoras.
La dignidad exige que las personas sean libres para tomar decisiones personales sin la injerencia del Estado. párr. anticoncepción o embarazo forzados. 16. La aplicación de algunas leyes penales y otras restricciones jurídicas podría impedir el acceso a determinados bienes de salud sexual y reproductiva. muy condicionado por el género. se ha condenado desde hace tiempo como una forma injustificable de coerción sancionada por el Estado y una violación del derecho a la salud 7. incluso atentando contra la dignidad humana. para restringir o prohibir la disponibilidad de bienes. por lo general es más probable que se infrinja el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres 8. dada la fisiología de la reproducción humana y el contexto social. o prohibir el suministro de información sexual y reproductiva mediante programas educativos escolares o por otros medios. 15. La
Véanse CRC/C/15/Add. los amigos o familiares que ayudan a las mujeres que desean abortar.4/2004/49. CEDAW/C/CHN/CO/6. servicios e información relacionados con la salud sexual y reproductiva o el acceso a ellas. 25. El respeto de la dignidad es fundamental para el ejercicio de todos los derechos humanos. jurídico y económico en que se encuadran la sexualidad. como disposiciones civiles y administrativas. De igual modo. los profesionales que practican abortos. como el aborto. aborto. y E/CN. Con la excepción de los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. incapacitar y rehabilitar a los delincuentes y ofrecer reparación a las víctimas. 12. 13. los activistas de derechos humanos que defienden el derecho a la salud sexual y reproductiva. párr. especialmente en un ámbito tan importante e íntimo como la salud sexual y reproductiva. los docentes que imparten educación sexual. como en los casos de esterilización. 14. entre las que figuran las mujeres que desean abortar o utilizar métodos anticonceptivos. prohibir directamente un servicio determinado. como los métodos anticonceptivos. 32. en modo alguno pretende ignorar los problemas similares que afectan a los hombres y los niños.
. los empleados de instituciones establecidas para prestar servicios de planificación de la familia. véase A/HRC/14/20. los farmacéuticos que suministran métodos anticonceptivos. y los adolescentes que desean tener acceso a métodos anticonceptivos para mantener relaciones sexuales consentidas. estas disposiciones afectan a una gran variedad de personas. Las leyes penales y las restricciones de la salud sexual y reproductiva de otra índole podrían afectar negativamente al derecho a la salud en múltiples aspectos. la voluntad del Estado se impone por la fuerza. párr. Si bien el presente informe se ocupa predominantemente del modo en que estas leyes y restricciones jurídicas afectan a las mujeres y las niñas. anulando la del individuo. Los Estados imponen también otras restricciones jurídicas. El uso flagrante de la coacción física por el Estado u otros actores no estatales. Las leyes penales y las restricciones jurídicas de otra índole que afectan a la salud sexual y reproductiva podrían considerarse violaciones del derecho a la salud. el embarazo y la paternidad. la fertilidad. cuando se utiliza el derecho penal como instrumento para regular la conducta de una persona y sus decisiones en el contexto del derecho a la salud sexual y reproductiva.A/66/254
personas de conductas similares.268. No obstante. En la práctica. 46 e).
las mujeres. La moralidad pública no puede esgrimirse como pretexto para promulgar o aplicar leyes que puedan dar pie a violaciones de los derechos humanos. Muchas de esas normas se basan en la convicción de que la libertad de la mujer. limita la capacidad de las mujeres para hacer pleno uso de los bienes.A/66/254
persistencia de los estereotipos sobre el papel de la mujer en la sociedad y la familia establece y alimenta normas sociales. es decir. como si no las cumplen y se exponen a ser encarceladas.4/2002/83 y E/CN. servicios e información disponibles en materia de salud sexual y reproductiva. 99). a fin de asegurar el respeto de los derechos humanos. la penalización exacerba aún más el problema derivado de la falta de información disponible sobre algunos indicadores de salud importantes. La protección de los derechos de la mujer es esencial para mejorar los resultados en materia de salud para ambos sexos. párr. resulta imposible mejorar los resultados insatisfactorios en materia de
. incluidas las que tienen por objeto regular la conducta sexual y reproductiva y la adopción de decisiones. debe reducirse y controlarse (véase E/CN. ya que afectan desproporcionadamente a quienes más necesitan esos recursos.4/2004/49). Las leyes penales y las restricciones jurídicas de otra índole pueden impedir el empoderamiento de la mujer. especialmente en lo que respecta a su identidad sexual. les niega la plena participación en la sociedad y distorsiona las percepciones de los profesionales de la salud. No obstante. En consecuencia. facilitan y justifican el control del Estado sobre sus vidas. 19. con los consiguientes efectos adversos para su salud. las medidas adoptadas para lograrlo deben estar fundamentadas en pruebas y ser proporcionadas. lo que a su vez puede dificultar el acceso de las mujeres a los servicios de atención de la salud. muchos de los problemas de salud reproductiva y sexual no se denuncian. Los Estados suelen aludir a dos motivos para aplicar leyes penales o leyes restrictivas de otra índole que afectan al derecho a la salud sexual y reproductiva: la salud y la moralidad públicas. servicios e información relacionados con salud sexual y reproductiva. estas leyes también pueden tener un efecto discriminatorio. ya que violan el derecho a la salud de las personas afectadas y además son contrarias a los propios fines que las justifican. probablemente por múltiples razones de índole política. A consecuencia de ello.4/2002/83. 17. Al restringir el acceso a los bienes. Debido a su efecto inhibidor en el intercambio abierto de información y la reunión de datos. eso constituye una violación de su derecho a la salud. Las leyes penales y las restricciones jurídicas de otra índole que se examinan en el presente informe. Los Estados deberían abstenerse de emplear leyes penales y restricciones jurídicas para regular la salud pública que no están fundamentadas en pruebas ni sean proporcionadas. como las que fuerzan a las mujeres a llevar a término embarazos no deseados o no planeados. La relación de causalidad entre los estereotipos de género. y eso plantea graves dificultades. las mujeres y las niñas son castigadas tanto si cumplen las leyes en detrimento de su salud física y mental. la discriminación y la marginalización de las mujeres y las niñas y su disfrute del derecho a la salud sexual y reproductiva queda reflejada en muchos documentos (véanse E/CN. social y cultural. 18. La penalización genera y perpetúa el estigma. Cuando una mujer que reivindica su libertad sexual y reproductiva transgrede esas normas basadas en estereotipos suele sufrir severos castigos6. Si bien la obtención de determinados resultados en materia de salud pública es un objetivo legítimo del Estado. disuadiéndolas de adoptar medidas para proteger su salud a fin de evitar incurrir en responsabilidad penal o por miedo a la estigmatización.
y para la salud mental. Estas leyes atentan contra la dignidad y autonomía de la mujer al restringir gravemente su libertad para adoptar decisiones que afecten a su salud sexual y reproductiva. 337. especialmente las que prohíben y penalizan el aborto en todas las circunstancias (véase CEDAW/C/CH/CO/4. También ha confirmado que ese tipo de legislación no impide que las mujeres recurran a abortos ilegales practicados en condiciones peligrosas. párrs.1. y CAT/C/CR/32/5. Asimismo. párr. El Comité de Derechos Humanos llegó a la conclusión de que la igualdad entre hombres y mujeres exigía la igualdad de trato en el ámbito de la salud y la eliminación de la discriminación en el suministro de bienes y servicios. al ser causa de muertes evitables. Al Comité de los Derechos del Niño le preocupan también los efectos de las leyes que restringen severamente el aborto en el derecho a la salud de las niñas adolescentes 10. generan invariablemente efectos nocivos para la salud física.A/66/254
salud y se agravan las dificultades que experimenta la comunidad internacional para lograr los objetivos fundamentales de desarrollo. 228 y 393. párr. CAT/C/PER/CO/4. 22. morbilidad y mala salud. y CRC/C/URY/CO/2. proteger y hacer efectivo el derecho a la salud. párrs. párr.
Efectos de las leyes penales y otras restricciones jurídicas en la salud sexual y reproductiva
1.1. ya que solo se tienen en cuenta determinados datos de salud pública cuantificables y queda excluida la privación de dignidad y autonomía. El Comité contra la Tortura también ha afirmado que las leyes que penalizan el aborto deberían volver a evaluarse. La aplicación de esas leyes debe reconsiderarse inmediatamente. párr. y A/54/38/Rev. 20. primera parte. 55. entre otras cosas porque las mujeres afectadas se arriesgan a caer en el sistema de justicia penal. 30. La imposición de restricciones penales y de otra índole por los Estados para regular la salud sexual y reproductiva puede constituir una grave violación del derecho a la salud de las personas afectadas y carece de eficacia como intervención en el ámbito de la salud pública. párr.1/Add. por consiguiente. 7. deben eliminarse. 28 y 31). ya que dan lugar a violaciones del derecho de la mujer a no verse sometida a tratos inhumanos y degradantes 11. 56. párr. Su eliminación no debe ser progresiva ya que no constituye una carga pesada desde el punto de vista de los recursos. párr. El anterior Relator Especial
Véanse A/53/38/Rev. Las leyes penales que castigan y restringen el aborto inducido son el ejemplo paradigmático de las barreras inaceptables que impiden a las mujeres ejercer su derecho a la salud y. CAT/C/NIC/CO/1. párr. CRC/C/CHL/CO/3. e hizo hincapié en la necesidad de examinar la legislación relativa al aborto para evitar que se violasen los derechos de la mujer (véase CCPR/C/21/Rev. y ha calificado las leyes que restringen el aborto de violación de los derechos a la vida.10. 51. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha condenado enérgicamente las leyes que restringen el aborto. Además. 20. La promulgación o el mantenimiento de leyes que penalicen el aborto puede constituir una violación de la obligación de los Estados de respetar. 19). la salud y la información 9.
.107. los indicadores de desarrollo no reflejan plenamente los efectos de la penalización. 23. ni siquiera de minimis. Penalización del aborto y otras restricciones jurídicas conexas 21. CRC/C/15/Add. 16.
en los casos más extremos el aborto está penalizado sin excepción (situación que solo existe en unos pocos países). Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems (Ginebra. vol. Louise Finer y Judith Bueno de Mesquita. 2006).
. pág. págs. desplazadas y jóvenes a abortos sin riesgo y a la atención posterior al aborto. obligación de obtener la aprobación de más de un profesional de la salud. Preventing Unsafe Abortion and its Consequences: Priorities for Research and Action (Nueva York. 18. Existen restricciones jurídicas de otra índole que también dificultan el acceso al aborto legal. 67 a 89. y leyes que exigen a los profesionales de la salud denunciar los casos “sospechosos” de tratarse de abortos ilegales cuando una mujer acude a recibir atención después de un aborto. 24. “Second trimester abortion laws globally: actuality. si bien siguen fijándose límites en función de las semanas de gestación 12.4/2004/49. trends and recommendations”. Warriner e Iqbal H. en Ina K. a proporcionar información sobre procedimientos y a derivar a las interesadas a centros y proveedores de servicios alternativos 13. Shah. Se calcula que casi un 13% de las muertes derivadas de la maternidad registradas en todo el mundo obedece a abortos
R. editores. “Determinants of unsafe induced abortion in developing countries”. Estos regímenes restrictivos. No obstante. El porcentaje de abortos que se practican en condiciones peligrosas y la proporción entre abortos en condiciones peligrosas y abortos sin riesgo están directamente relacionados con el grado de restricción o punición de las leyes que rigen el aborto 16. págs. Conscientious Objection: Protecting Sexual and Reproductive Health Rights (Colchester. 25. Essex. 6ª ed. ya que permiten que los profesionales de la salud y el personal auxiliar. asesoramiento y plazos de espera obligatorios para las mujeres que desean interrumpir un embarazo. Dado que las restricciones jurídicas influyen considerablemente en las condiciones en que se practica un aborto 15. obligación de obtener el consentimiento paterno o conyugal. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que los motivos jurídicos determinan en gran medida la trayectoria de una mujer con un embarazo no deseado hacia un aborto en condiciones seguras o peligrosas 14. núm. (Ginebra. 2011). OMS. 2. Por último. 23. Cabe citar además las siguientes restricciones: leyes que prohíben la financiación pública del aborto. 30). Las leyes de objeción de conciencia levantan barreras que dificultan el acceso. Reproductive Health Matters. se nieguen a prestar servicios de aborto. Guttmacher Institute. contribuyen a reforzar el estigma del aborto como práctica objetable. párr. como la pobreza y el número de hijos. el aborto está totalmente despenalizado en 56 Estados. pág. Algunos regímenes menos restrictivos permiten el aborto por motivos de salud física y mental y por motivos socioeconómicos. que no tienen equivalente en otros ámbitos de la atención de la salud sexual y reproductiva. Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2008. como los recepcionistas y farmacéuticos. En los Estados en que está penalizado el aborto puede haber supuestos en que este no constituya delito. OMS. Boland.A/66/254
sobre el derecho a la salud pidió que se eliminaran las disposiciones que castigaban a las mujeres que abortaban (E/CN. Axel I. Mundigo. o solo se autoriza cuando la vida de la mujer corre peligro. Estas leyes dificultan el acceso de las mujeres pobres. Universidad de Essex. 2003). incluido un aborto espontáneo. 51 a 54. Aproximadamente el 25% de la población mundial vive en regímenes jurídicos que prohíben el aborto excepto en los casos de violación o incesto. es probable que en los regímenes más restrictivos se produzcan más abortos en condiciones peligrosas. y cuando es necesario para salvar la vida de la mujer. 2010). 86. 36 (2010).
Los Estados deben adoptar medidas para asegurar la disponibilidad y la accesibilidad de servicios de aborto legales. enfermedad inflamatoria de la pelvis y dolor pélvico crónico. D. No obstante.
. págs. los secuestros y los asesinatos perpetrados por actores no estatales (por motivos religiosos o de otra índole). 114 a 121. la despenalización del aborto no implica la disponibilidad inmediata de la posibilidad
Lori Ashford. peritonitis. Los Estados también deben adoptar medidas para proteger a quienes desean prestar servicios de aborto y conexos frente al acoso. En los Estados en que el aborto está prohibido no pueden existir reglamentaciones de salud y seguridad públicas relativas al aborto. Otros 5 millones de mujeres y niñas sufren lesiones a corto y largo plazo debidas a abortos practicados en condiciones peligrosas 17. Los Estados también están obligados a adoptar medidas de protección contra la vulneración del derecho a la salud por terceras partes. 2002).A/66/254
practicados en condiciones peligrosas14. Population Reference Bureau. 29. infecciones del sistema reproductor. independientemente de si el aborto se ha practicado de forma legal. La penalización del aborto es una clara expresión de la injerencia del Estado en la salud sexual y reproductiva de la mujer. Los Estados tienen la obligación de impedir que se niegue a las mujeres el acceso a servicios posteriores al aborto cuando lo necesiten. e ingestión de medicamentos recetados incorrectamente sin el debido seguimiento y sin información adicional 18.C. las mujeres pueden recibir legalmente los servicios y el tratamiento de profesionales de la salud en circunstancias seguras y adecuadas desde el punto de vista médico. útero y órganos abdominales. septicemias.. La despenalización del aborto.prb. 35. desgarros en el cuello del útero. la ingesta de una sustancia peligrosa o un masaje violento. 27. vol. Michael Vlassoff y otros. las agresiones. en particular en relación con cuándo y cómo pueden practicarse los abortos legales. como normas sobre capacitación y certificación de los profesionales de la salud. por lo que aumentan las posibilidades de que se practiquen abortos en condiciones peligrosas. International Perspectives on Sexual and Reproductive Health. 28. que provocan abortos autoinducidos en condiciones seguras y en una fase temprana del embarazo. “Estimates of health care system costs of unsafe abortion in Africa and Latin America”. conmoción e infertilidad. núm. Puede consultarse en: http://www. aborto provocado por la propia mujer o por un curandero mediante la inserción de un objeto en el útero. 3 (2009). La prohibición del aborto también obliga a las mujeres a llevar a término embarazos no deseados y a dar a luz cuando no desean hacerlo. “Hidden suffering: disabilities from pregnancy and childbirth in less developed countries” (Washington.org/pdf/HiddenSufferingEng. ya que restringe el control de la mujer sobre su cuerpo y podría exponerla a riesgos para la salud innecesarios. 26. Entre las circunstancias que llevan a que se practiquen abortos en condiciones peligrosas figuran las siguientes: acceso limitado a información. entre las que figuran hemorragias. abortos practicados por una persona no cualificada en condiciones insalubres o por un profesional de la salud sin los medios adecuados. seguros y de calidad. incluido el uso de píldoras abortivas. junto con una reglamentación adecuada y la prestación de servicios seguros y accesibles. traumatismos de vagina.pdf. La penalización del aborto crea y perpetúa estas condiciones inseguras. En los regímenes más liberales. es el método más expeditivo para proteger íntegramente el derecho a la salud contra posibles violaciones cometidas por terceras partes.
Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates.
OMS. 32. lo cual resta calidad a los abortos legales y reduce su disponibilidad. en algunos casos. En lugar de ello. la prestación de servicios de capacitación adicional para médicos y personal sanitario. 14 (véase la nota 16). OMS. Con frecuencia. las mujeres tienen derecho a acceder a bienes. pág. entre las que figuran el establecimiento de clínicas accesibles y asequibles. el aborto es uno de los procedimientos médicos más seguros 20. como cuando la vida de la mujer corre peligro. En esas circunstancias. no deberá depender de la posterior cooperación de la mujer en el enjuiciamiento penal. La penalización también impide a los profesionales tener acceso a información fidedigna y. el establecimiento de requisitos de certificación. las mujeres no conocen esas excepciones debido a que el estigma que rodea a la cuestión del aborto impide que una información tan necesaria como esa se difunda y reciba la debida consideración. Las mujeres tienen derecho a recibir del Estado una atención de la salud en pie de igualdad como parte de su derecho a la salud. y en ningún caso podrá utilizarse como prueba contra ella ni contra quienes hayan practicado el aborto. 31. 30. las mujeres pobres y marginadas solo pueden recurrir a abortos autoinducidos en condiciones peligrosas. la falta de normas estatales y profesionales que regulen la práctica médica conlleva la realización de abortos por personal no cualificado en condiciones insalubres para eludir la acción de la justicia 19. y la disponibilidad del equipo y los medicamentos más seguros y modernos. el personal sanitario que opta por practicar abortos en esas circunstancias puede estar insuficientemente informado y capacitado en relación con los procedimientos adecuados y la atención posterior al aborto. Independientemente de la condición jurídica del aborto. cuando es realizado por profesionales de la salud cualificados en condiciones adecuadas. a menos que los Estados creen las condiciones necesarias para ello. Por el contrario. En particular. La prohibición absoluta conforme al derecho penal priva a la mujer del acceso a procedimientos que. la penalización podría llegar a bloquear el acceso a la información sobre los servicios de aborto legales. Cuando el aborto solo está permitido en casos muy concretos. Incluso los abortos clandestinos practicados en entornos relativamente seguros e higiénicos podrían ser inasequibles para las mujeres más vulnerables. cuando la legislación contempla excepciones. podrían salvarles la vida. Esa atención debe ser incondicional.
. Safe Abortion: Technical and Policy Guidance. La mala calidad de los bienes y servicios de salud es uno de los problemas más graves derivados de los regímenes jurídicos que penalizan el aborto. La existencia de restricciones jurídicas que limitan la disponibilidad de información relativa al aborto también se debe a que las leyes penales a menudo contienen disposiciones que prohíben explícitamente la producción y distribución de esa información.A/66/254
de abortar en condiciones seguras. aun cuando el aborto conlleve sanciones penales. el efecto inhibidor generado por el estigma que acarrea el aborto puede disuadir al personal sanitario de solicitar información y capacitación al respecto. servicios e información relacionados con la salud sexual y reproductiva. tienen derecho a acceder a servicios de salud de calidad para tratar las complicaciones derivadas del aborto. La legislación no debe obligar al personal sanitario a denunciar a las autoridades policiales o judiciales a las mujeres que hayan recibido atención relacionada con el aborto. incluidos los practicados en condiciones peligrosas y los abortos espontáneos. Por consiguiente. 7 (véase la nota 14). pág.
pág. los profesionales de la salud han denegado a las mujeres el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva autorizados por la ley. pág. juzgadas y sancionadas dentro del sistema de justicia penal tiene considerables efectos negativos para la salud emocional y el bienestar de las mujeres que deciden abortar y de las que no lo hacen. lo que a su vez refuerza la continua penalización de esta práctica. La presión acumulada y el estigma asociado al aborto han llegado a empujar a algunas mujeres al suicidio 22. 78. e impide a quienes abortan solicitar tratamiento cuando se presentan complicaciones médicas. 35. El estigma resultante de la penalización crea un círculo vicioso. 34. la infertilidad de una mujer puede achacarse erróneamente a un aborto anterior.
OMS. o simplemente se han negado a tratar a mujeres que sufrían complicaciones derivadas de un aborto clandestino practicado en otro lugar.. por ejemplo. Por ejemplo. 52. en lugar de reconocerse que la infertilidad puede obedecer a varias afecciones inconexas. 36. La marginalización y la vulnerabilidad de las mujeres a consecuencia del estigma y la discriminación relacionados con el aborto perpetúan e intensifican las violaciones del derecho a la salud. Al optar por una de ellas. La necesidad de recurrir a servicios de salud ilegales y la intensa estigmatización del procedimiento del aborto y de las mujeres que se someten a él pueden tener efectos perniciosos para la salud mental de la mujer 21. Debido al estigma que pesa sobre el aborto. de una conducta delictiva. perpetúa la noción de que el aborto es una práctica inmoral y de que el procedimiento es intrínsecamente peligroso. los trabajadores del sector de la salud también han proporcionado información errónea a las mujeres. Mental Health Aspects of Women’s Reproductive Health (Ginebra. 2008). “Abortion and long-term mental health outcomes: a systematic review of the evidence”. pág. la amenaza general de ser investigadas. 436. Charles y otros. El estigma que acarrea el aborto impide a las mujeres recurrir al aborto. las mujeres y las niñas que han quedado embarazadas a consecuencia de una violación y desean interrumpir su embarazo se ven obligadas a llevarlo a término o a recurrir a un aborto ilegal. El estigma resultante de un aborto ilegal y. Ambas opciones pueden ocasionar una profunda angustia.
. núm. 54. En las jurisdicciones en que la violación no puede alegarse como motivo de interrupción de un embarazo. En ocasiones. La escasez de datos sobre el aborto (solo se tiene constancia de entre un 35% y un 60% de los abortos practicados) es uno de los indicadores de la magnitud del estigma asociado al aborto. Ibid.A/66/254
33. si bien se han estudiado ampliamente los efectos psicológicos de recurrir a un aborto ilegal o de llevar a término un embarazo no deseado. Asimismo. Vignetta E. no existen pruebas que demuestren que el aborto voluntario conlleve secuelas a largo plazo para la salud mental 23. Contraception. posiblemente en condiciones peligrosas. La tipificación como delito del aborto empuja a las mujeres a buscar abortos clandestinos. La penalización del aborto también afecta gravemente a la salud mental. Si bien son muchos los factores sociales y culturales que generan y agravan los estigmas. por consiguiente. vol. su penalización perpetúa la discriminación y genera nuevas formas de estigmatización. La “culpa” se atribuye así a la mujer. que a una mujer solo se le permite abortar legalmente una vez. 6 (diciembre de 2008). afirmando.
La salud materna. que puede constituir un motivo de pérdida de la patria potestad y la custodia del niño después del parto. Sociales y Culturales dispone que se deberá conceder especial protección a las madres. servicios e información o la falta de acceso a ellos no se consideran circunstancias eximentes ni atenuantes. el homicidio y el homicidio por negligencia.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos. no seguir las instrucciones del médico. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer reconoce también que las mujeres deberán disponer de servicios apropiados en relación con el embarazo. 40. Algunos Estados también han tipificado como delito la transmisión perinatal del VIH. al feto.A del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo se observa que la salud reproductiva comprende el acceso a servicios que permitan a las mujeres un embarazo y un parto seguros 24. En el capítulo VII. en el caso de las embarazadas. En algunos casos. 1249. la atención anterior y posterior al parto y el acceso a la información son componentes del derecho a la salud. En algunas jurisdicciones. o están autorizados a hacerlo si la mujer ha sido previamente notificada. núm. el intento de asesinato. 67). 14. el artículo 10. También se han aplicado leyes penales para enjuiciar a mujeres por otro tipo de conductas. En otras se ha promulgado legislación que autoriza el internamiento de las mujeres que hayan consumido drogas durante el embarazo. lo cual vulnera el derecho a la salud de las mujeres afectadas.2. 20378.
Control y penalización de la conducta durante el embarazo y el parto 37. como consumir alcohol durante el embarazo. algunos Estados han propuesto o promulgado leyes penales o restricciones jurídicas de otra índole que prohíben determinadas formas de conducta. dar a luz a bebés muertos o perder el feto por un aborto espontáneo (véase A/HRC/17/26/Add. 68). previéndose sanciones penales en caso contrario” (véase A/HRC/14/20. 38. Los profesionales de la salud también podrían ser obligados a comunicar al gobierno los resultados de una prueba de detección de drogas si estos han sido positivos. En algunas jurisdicciones han sido enjuiciadas mujeres embarazadas por varios tipos de conductas durante el embarazo. párr. Asimismo. la no disponibilidad de bienes. Treaty Series. no abstenerse de mantener relaciones sexuales durante el embarazo u ocultar el nacimiento de un bebé. Los estatutos de las
Naciones Unidas. como se explica en la Observación general núm. Por ejemplo. Pese a estas obligaciones positivas de prestar apoyo a las mujeres durante el embarazo y después del parto. Los resultados positivos de una prueba de toxicología practicada a una mujer embarazada o los síntomas de exposición a las drogas en recién nacidos pueden considerarse pruebas de abuso de menores o negligencia con arreglo a esos marcos legislativos. en una jurisdicción una persona infectada con el VIH (y consciente de ello) debe “tomar todos los recaudos y precauciones razonables para no transmitir el virus a otros. Algunos casos de consumo de drogas ilícitas por mujeres embarazadas se han enjuiciado con arreglo a leyes preexistentes relativas al abuso de menores. vol. párr.A/66/254
2. 39. la legislación civil relativa al bienestar del niño se ha ampliado para incluir sanciones contra la exposición a las drogas durante el embarazo.
. los profesionales de la salud están obligados a realizar pruebas a mujeres embarazadas o recién nacidos para detectar si han estado expuestos a drogas. y. En ese caso. artículo 12.
jurisdicciones que penalizan la transmisión del VIH en general también pueden aplicarse a la transmisión perinatal. 42. servicios e información que promuevan la salud durante el embarazo y el parto. Si bien los objetivos de salud pública pueden justificar un cierto grado de injerencia en las libertades personales. lo cual se logra mediante el uso de métodos anticonceptivos y el tratamiento de la infertilidad 26. OMS. algunas mujeres podrían no solicitar servicios de atención prenatal si se exponen a ser enjuiciadas por transmisión del VIH. son muchos los estudios que demuestran que la penalización no contribuye a lograr los objetivos de salud pública. 43. El uso de métodos de planificación de la familia es
National Advocates for Pregnant Women. Para lograr los objetivos de salud pública con eficacia y. párr. La OMS define la planificación de la familia como un proceso que permite a las personas lograr un número deseado de hijos y determinar la separación entre los embarazos. El Relator Especial ha señalado que “cuando no se garantiza el derecho a acceder a los debidos servicios de salud …. los Estados no deben penalizar este tipo de conductas durante el embarazo. Anticoncepción y planificación de la familia 44. La aplicación del derecho penal para regular conductas como el consumo de alcohol durante el embarazo es una respuesta desproporcionada y carece de eficacia como elemento de disuasión. Varias asociaciones médicas se oponen al uso del derecho penal como arma contra el consumo de drogas durante el embarazo debido a su ineficacia y desproporcionalidad 25. Por ejemplo. El temor a ser enjuiciadas por vía penal puede disuadir a algunas mujeres de solicitar servicios y atención en materia de salud o información sobre el embarazo. Algunos regímenes penales eximen al Estado de la responsabilidad de hacer efectivo el derecho a la salud e imponen esa carga a las mujeres. 41. párr. lo que vulnera el derecho a la salud de las mujeres embarazadas. por el contrario. 51). Dado que la disponibilidad de bienes y servicios de atención de la salud y el acceso a ellos son responsabilidad del Estado. nota descriptiva núm.
. Esto redunda en detrimento de los objetivos de salud pública relativos al VIH. es inaceptable que el derecho penal pueda castigar a las mujeres por la inoperancia del gobierno a ese respeto. 351 (abril de 2011). Por ejemplo. sino que. al mismo tiempo. sino facilitar el acceso a bienes. a menudo puede resultar contraproducente (véase A/HRC/14/20. lo que puede hacerlas pasibles de responsabilidad penal” (véase A/HRC/14/20. cuando una mujer que vive con el VIH debe adoptar todas las medidas y precauciones razonables para evitar la transmisión del virus al feto pero dispone de acceso limitado o nulo a servicios de atención de la salud y tratamientos antirretrovirales. castigándolas por la incapacidad del gobierno de proporcionar bienes. 3. lo que pone en peligro su salud y la salud del feto. Planificación familiar. promover el derecho de la mujer a la salud. La penalización de la conducta durante el embarazo dificulta el acceso a los bienes y servicios relacionados con la atención de la salud. las mujeres simplemente no pueden tomar las precauciones necesarias para evitar la transmisión. ya que algunas mujeres pueden negarse a someterse a pruebas por miedo a que se les apliquen sanciones penales por transmitir el virus. “What's wrong with making it a crime to be pregnant and to have a drug problem?” (9 de marzo de 2006). 66). el Estado incumple su obligación de proporcionarle lo que necesita para evitar ser enjuiciada. servicios y educación en materia de salud.
La planificación de la familia capacita a la mujer para adoptar decisiones autónomas y bien fundamentadas sobre su salud sexual y reproductiva y reduce la mortalidad materna al retrasar la edad en que las jóvenes se quedan embarazadas. 37.I. La insatisfecha necesidad mundial de planificación de la familia sigue constituyendo un obstáculo importante para el logro de los objetivos de desarrollo y los relacionados con derechos. pág. Objetivos de Desarrollo del Milenio – Informe 2010 (publicación de las Naciones Unidas.un. 26 (véase la nota 27). de no ser así. Algunos anticonceptivos también pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual. La planificación de la familia también reduce el número de abortos en condiciones peligrosas y la transmisión perinatal del VIH. el 24% de las mujeres en edad fértil de los países menos adelantados que estaban casadas o vivían en pareja expresaron su deseo de no tener más hijos o de postergar el nacimiento de su próximo hijo 28. el preservativo masculino previene los embarazos con una eficacia del 98%26. el porcentaje de mujeres que integran la fuerza de trabajo está directamente relacionado con los índices nacionales de natalidad 30.10. número de venta: S. el miedo o los efectos secundarios. 47. principalmente los consistentes en barreras físicas como los preservativos. A juzgar por los resultados de un estudio transnacional. pero no emplean ningún método anticonceptivo26. abril de 2007). La OMS calcula que unos 200 millones de parejas de los países en desarrollo desearían no tener más hijos o postergar la procreación.
.7). pág. Se ha demostrado que el acceso voluntario a la planificación de la familia puede reducir la mortalidad materna entre un 25% y un 40% 27. D. puede consultarse en: http://www.html. La utilización de preservativos se traduce en una menor incidencia de las enfermedades de transmisión sexual y. En 2009. la mala calidad de los servicios disponibles y las barreras basadas en el género.C. Existen otros métodos anticonceptivos. 46. lo que la convierte en un componente imprescindible del desarrollo y la plena participación de la mujer en la sociedad. World Contraceptive Use 2010 (POP/DB/CP/Rev2010). Nutrition and Population (Washington. y es casi cuatro veces mayor entre las mujeres de hogares más ricos que entre las mujeres de los hogares más pobres 29. La anticoncepción es un método de control de la fertilidad que afecta a la planificación de la familia. en
Banco Mundial. estarían expuestas a un mayor riesgo de fallecimiento o de padecer problemas de salud derivados de la procreación prematura. “Population issues in the 21st century: the role of the World Bank”. “Population issues”. pero no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. Banco Mundial. Entre los motivos por los que no se ha satisfecho esa necesidad mundial figuran el limitado acceso a los anticonceptivos y la escasa variedad de métodos disponibles. 45. En algunas zonas del África Subsahariana la utilización de métodos anticonceptivos es cuatro veces mayor entre las mujeres que han concluido sus estudios de educación secundaria que entre mujeres que no tienen estudios. La planificación de la familia permite a las mujeres decidir si desean procrear y cuándo desean hacerlo. Health. la oposición cultural o religiosa. cuando se usan de manera correcta y sistemática.org/esa/population/publications/wcu2010/Main. desde la esterilización quirúrgica hasta métodos farmacéuticos como la píldora anticonceptiva. También parece existir un estrecho vínculo entre el uso de anticonceptivos por las mujeres y las oportunidades de trabajar fuera del hogar..A/66/254
un componente integral del derecho a la salud.
No obstante. la discriminación y la violencia.who. 49. clínicos y normativos innecesarios que entorpecen el acceso a la información y a los servicios y métodos de planificación de la familia. algunos Estados tipifican como delito la distribución y el uso de métodos anticonceptivos de emergencia 32 y alegan para justificar esas leyes que se trata de métodos abortivos. las mujeres y los hombres (especialmente los pobres) carecen de acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces y se les niega la libertad de decidir si desean o no procrear. inclusive información. 20378. En esas jurisdicciones. nota descriptiva núm. Por ejemplo. incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia.html. 244. En el capítulo II. Employee Responsibility Rights . (revisada en octubre de 2005). los servicios de salud sexuales y genésicos. el Comité de Derechos Económicos. En el párrafo 96. Sociales y Culturales exhorta a los Estados a adoptar medidas para “mejorar la salud infantil y materna. 50. la Plataforma de Acción de Beijing declara que los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad. Se añade además que los gobiernos deberían eliminar los obstáculos jurídicos. vol. En su Observación general núm. Treaty Series. la OMS ha confirmado la validez de la anticoncepción de emergencia 33. incluidos los relacionados con la salud reproductiva. el acceso universal a los servicios de atención médica. y decidir libremente respecto de esas cuestiones. 37 a 54. Un embarazo no deseado llevado a término a
Naciones Unidas. incluido el acceso a la planificación de la familia (…) y el acceso a la información. Puede consultarse en http://www. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer exhorta a los Estados a garantizar el acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia. 14). incluida su salud sexual y reproductiva. Eileen Kelly. los ingresos medios de las mujeres que habían tenido entre uno y tres embarazos doblaban los de las mujeres que habían tenido más de siete30. que incluye la planificación de la familia y la salud sexual. págs. médicos.int/mediacentre/factsheets/fs244/es/index. Las leyes penales y las restricciones jurídicas de otra índole que reducen o deniegan el acceso a bienes y servicios relacionados con la planificación de la familia o a determinados métodos anticonceptivos modernos. párr. principio 8. 48. constituyen una violación del derecho a la salud. 14 b). en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. 1249. del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo se confirma que los Estados deberían adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar. en muchos Estados las leyes penales y otras restricciones jurídicas limitan gravemente el acceso a los bienes y servicios de planificación de la familia. así como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a esa información” (véase E/C. como los anticonceptivos de emergencia. núm. vol. prestación. artículos 10 h). “Crisis of conscience: pharmacist refusal to provide health care services on moral grounds”. 23. OMS.12/2000/4.
. No obstante. núm. 51. sin verse sujeta a la coerción. También se insiste en la importancia de la participación y se señala que los programas de planificación de la familia son más eficaces cuando las mujeres participan plenamente en el diseño. así como a servicios adecuados de atención médica. 1 (2011). gestión y evaluación de los servicios. 14. asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia 31. Levonorgestrel para anticoncepción de emergencia.A/66/254
53.A/66/254
consecuencia de esas leyes también puede tener efectos adversos para la salud física y mental 34. que se interpretan conjuntamente con las leyes que penalizan la violencia que provoca daños físicos permanentes. Las mujeres también tienen derecho a participar en todas las decisiones que afecten a su salud sexual y reproductiva en todo el proceso de adopción de decisiones. En virtud de estas leyes. se restringe el acceso de las mujeres a este método anticonceptivo. un proceso de esterilización femenina seguro y eficaz como la ligadura de trompas está prohibido por ley en algunos países. Mental Health. Por ejemplo. El 70% de la población afectada. dependían de los proveedores gubernamentales de servicios como la esterilización femenina. exponiéndose a los riesgos para la salud que estos conllevan.
. lo que generó considerables dificultades a las mujeres que deseaban acceder a métodos fiables de control de la natalidad (véase A/HRC/14/20/Add. y en algunos casos las farmacias.1). proporcionándole un método de control de la fertilidad y protegiendo su salud al evitar las enfermedades de transmisión sexual 35. por consiguiente. Otras jurisdicciones permiten que los farmacéuticos. Ghosea y otros. Entre las leyes de índole no penal que restringen el acceso a la planificación de la familia y a los métodos anticonceptivos cabe citar también el caso de una jurisdicción en que se prohibió de facto el uso de los llamados métodos anticonceptivos “artificiales” en una ciudad. lo que en potencia las pone en peligro de sufrir complicaciones y en la práctica niega el acceso a este procedimiento a las mujeres pobres que no se lo pueden permitir. La prohibición privó a muchos hombres y mujeres del acceso a servicios de planificación de la familia y a métodos anticonceptivos. se nieguen a dispensar anticonceptivos de emergencia permitidos por la ley. 55 (véase nota 21). las píldoras anticonceptivas. Se ha demostrado que la participación a nivel comunitario en relación con el uso de anticonceptivos refuerza la autonomía de la mujer y su capacidad para decidir libremente si desea utilizar preservativos. excepto en casos muy concretos en que el procedimiento se considera necesario desde el punto de vista terapéutico.). La restricción del acceso a métodos anticonceptivos quirúrgicos también contraviene la obligación del Estado de asegurar la disponibilidad y asequibilidad de servicios de calidad. Véase T. en su mayoría mujeres pobres y marginadas. los Estados obligan a las mujeres a obtener el consentimiento de sus esposos y a las adolescentes a obtener el consentimiento de sus padres antes de adquirir determinados medios anticonceptivos. Estas leyes infringen el derecho de las mujeres y las niñas a tomar decisiones libres y bien fundadas en lo que respecta a su salud sexual y reproductiva y responden a nociones discriminatorias del papel de la mujer en la familia y en la sociedad. los profesionales de la salud que llevan a cabo el procedimiento pueden incurrir en responsabilidad penal y. Las mujeres pueden someterse a procedimientos de ligadura de trompas en centros no certificados. las mujeres que carecen de acceso a métodos anticonceptivos de emergencia debido a la prohibición que pesa sobre ellos podrían a la larga verse obligadas a recurrir a abortos clandestinos. Por ejemplo. 54. Del mismo modo. en Calcuta (India). 52. los dispositivos intrauterinos y las inyecciones (ibid. el porcentaje de utilización de preservativos entre los trabajadores del sexo aumentó del 3% al 90% en siete años a consecuencia de una intervención estructural de base comunitaria conocida como “Proyecto Sonagachi”. En otros casos. pág.
India: the boundaries. La obligación de respetar el derecho a la salud exige que los Estados se abstengan de limitar el acceso a los anticonceptivos y otros métodos de protección de la salud sexual y reproductiva. La Observación general núm. párr. Por consiguiente. Social Science Medicine.12/1/Add.) y el acceso a la información” (véase E/CN. 224. el comportamiento sexual responsable. y los Estados deben eliminarlas (véase E/C. a fin de garantizar el acceso a bienes.. 311 a 320. párr. La obligación de proteger exige que los Estados eviten que terceras partes o prácticas sociales o tradicionales nocivas interfieran en el acceso a la atención prenatal y posterior al parto y a la planificación de la familia (véase E/C. 4. págs. 2008). vol.4/2004/49. 28.. las mujeres sufren sus efectos de manera desproporcionada. esta debe abarcar temas como los derechos reproductivos. párr. en particular. incluida la educación sexual y la información al respecto” (véase E/C. 14 hace especial hincapié en el acceso a la información porque se trata de un componente crítico del derecho a la salud (ibid. Véanse A/56/38. Véanse E/C. Educación e información sobre salud sexual y reproductiva 56. garantiza el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva. la salud sexual y reproductiva. sin embargo. incluido el VIH/SIDA. 14). 11). servicios e información en relación con la planificación de la familia y los métodos anticonceptivos. y CEDAW/C/PHI/CO/6. ocultar o desvirtuar intencionalmente la información relacionada con la salud. la obligación de cumplir exige la adopción y aplicación de una estrategia nacional de salud pública que incluya la prestación de “una amplia variedad de servicios de salud sexual y reproductiva. La disponibilidad de información y educación exhaustivas en materia de salud sexual y reproductiva también contribuye a reducir las diferencias de conocimientos entre hombres y mujeres sobre estas cuestiones 38. entre ellos el acceso a la planificación familiar (. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha recomendado que. como el derecho a la educación y al acceso a la información. y ha insistido en la urgente necesidad de poner en marcha campañas de educación para combatir algunas prácticas nocivas como la mutilación genital femenina 37.12/2000/4. Por último. los Estados deben eliminar las leyes penales y las restricciones jurídicas de otra índole. 39. párr. Estas barreras afectan tanto a las mujeres como a los hombres. párr.62. negotiation framework”. 31. párr.
“Mobilizing collective identity to reduce HIV risk among sex workers in Sonagachi. párr. Así pues.12/2000/4. Global Report on the AIDS Epidemic 2008 (Ginebra.
. La disponibilidad de educación e información exhaustivas en materia de salud sexual y reproductiva es un factor esencial para el ejercicio del derecho a la salud y de otros derechos. la prevención del embarazo en la adolescencia y la planificación de la familia 36. núm.A/66/254
55. párr. 349. nota 8) y. incluidas las leyes que exigen el consentimiento de los padres o la autorización de terceras partes. 67.12/1/Add. la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Los Estados tienen la obligación adicional de proporcionar los recursos necesarios y abstenerse de “censurar.78. 57. 2 (2008). A/53/38. párr. consciousness. ONUSIDA. y E/C. párr. las leyes penales y de otra índole que restringen el acceso a la educación y la información en materia de salud sexual y reproductiva son incompatibles con el ejercicio pleno del derecho a la salud. 303. A/56/38. 29). para que el contenido de la educación sexual y reproductiva sea exhaustivo. 35) o coarten el acceso a algunos métodos anticonceptivos o a todos ellos..12/2000/4.
25. 2009). 16 y 17. Las leyes que restringen la información sobre salud sexual y reproductiva y que censuran las deliberaciones sobre la homosexualidad en el aula agravan el estigma y la discriminación de las minorías vulnerables 40. Las Directrices Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. Human Rights Watch. la calidad y eficacia de esta pueden verse gravemente afectadas por las prescripciones normativas. El Relator Especial sobre el derecho a la educación ha insistido además en que un plan de estudios exhaustivo debe tener en cuenta la diversidad sexual e incorporar una perspectiva de género (véase A/65/162. Rights at Risk.
. 68 y 69. De igual modo.uk/news/world-latin-america-13554077. “Review of sex. 60. En otros casos. debido a su insistencia en la procreación. y BBC. las leyes y políticas que promueven la educación basada únicamente en la abstinencia reducen la educación sexual a imágenes y estereotipos de heteronormatividad. Croacia. Relationships and HIV/STI Education (París. relationships and HIV education in schools (2007)”. e incluya programas que proporcionen información precisa desde el punto de vista científico. debido a las políticas contra la obscenidad y centradas únicamente en la abstinencia. Aun en las jurisdicciones en que se permite impartir alguna modalidad de educación sexual y reproductiva. Véase Centro Internacional para la Protección Jurídica de los Derechos Humanos c. toda educación sexual y reproductiva exhaustiva debe ofrecer la oportunidad de explorar los propios valores y actitudes y reforzar las aptitudes en materia de adopción de decisiones. comunicación y reducción de riesgos en lo que respecta a todos los aspectos de la sexualidad39. UNESCO. resumen (2011).
UNESCO. 23). De igual modo. las campañas que exhortan a abstenerse de mantener relaciones sexuales como único medio para evitar las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados ofrecen una visión sesgada e incompleta en lugar de una perspectiva amplia. “Brazil sex education material suspended by President” (25 de mayo de 2011). 61. párrs. la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre educación sexual la definen como un enfoque amplio que resulte apropiado a la edad y tenga en cuenta las diferencias culturales.co. aíslan a los estudiantes de diferente orientación sexual e impiden a los estudiantes tomar decisiones bien fundamentadas sobre su salud sexual y reproductiva.3.A/66/254
58. tribunales y legisladores han prohibido a una organización de la sociedad civil celebrar reuniones en centros de enseñanza públicos. pág. lo que da pie a la proliferación de información contradictoria e inexacta 42. Algunos Estados han contribuido a difundir información errónea sobre el uso del preservativo. algunos distritos escolares.bbc. o no lo hacen en absoluto. ya sea distribuyendo material que contiene información equivocada o guardando silencio al respecto. Se han dado casos de profesores que han sido suspendidos temporalmente o han sido amenazados con demandas judiciales por debatir en el aula cuestiones sexuales “inapropiadas” con los alumnos cuando estudiaban el tema de la salud sexual y reproductiva. párr. Se ha demostrado que estos programas. Puede consultarse en http://www. Véase A/65/162. Algunos de estos programas incluso tienen contenidos explícitamente discriminatorios sobre género y orientación sexual 41. párr. realista y que no entrañe juicios de valor 39. Por ejemplo. 59. Estas leyes y políticas perpetúan estereotipos falsos y negativos en relación con la sexualidad. que a menudo carecen de información fidedigna y fundada en pruebas. International Guidelines on Sexuality Education: An Evidence Informed Approach to Effective Sex. apenas contribuyen a reducir el contagio de las enfermedades de transmisión sexual. págs. A/HRC/14/20/Add.
También se impone la necesidad de empoderar a la mujer mediante
ONUSIDA. conocer mejor las diferentes opciones de planificación de la familia. 2 (véase la nota 39). Las sanciones previstas comprenden desde multas hasta penas de prisión. mortalidad materna y contracción del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual 45. Global Report 2008. 63. la discriminación por motivos de género. A consecuencia de ello. En las jurisdicciones que penalizan algunos aspectos de la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo. que prohíben algunos materiales relacionados con la salud sexual y reproductiva 46. la violencia doméstica. 2010). la mutilación genital femenina. Se ha demostrado en múltiples ocasiones la eficacia de los conocimientos adecuados sobre salud sexual y reproductiva para reducir el índice de mortalidad materna.A/66/254
61. algunos códigos penales contienen disposiciones específicas que prohíben el suministro de información sobre la interrupción del embarazo o material que pudiera estar en discrepancia con determinadas nociones de moralidad o decencia. abortos en condiciones peligrosas.12/2000/4. UNESCO. Así pues. la disponibilidad y la accesibilidad de la información conexa está muy restringida. como las leyes contra la pornografía. Amnistía Internacional. retrasar el comienzo de las relaciones sexuales. párr. 98 (véase la nota 38). pág. 62. Las restricciones jurídicas que limitan el acceso a la información y la educación en materia de salud sexual y reproductiva llevan a la difusión de información errónea mediante fuentes oficiosas que a menudo son inexactas y pueden contribuir a reforzar los estereotipos de género negativos.
. Las restricciones de la información relativa a la salud también pueden derivarse no intencionadamente de algunas leyes relativas a otro tipo de información. prevenir los embarazos no deseados. Ibid. Según un estudio realizado por el ONUSIDA en 147 países. pág. como las campañas educativas dedicadas a la prevención del VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. más del 70% de los hombres jóvenes reconocían que los preservativos podían proteger contra el VIH. mientras que solo el 55% de las jóvenes sabía que los preservativos eran una estrategia eficaz de prevención del VIH 44. las jóvenes están menos preparadas para la vida sexual y reproductiva. ya que están expuestas a un riesgo más alto de contracción del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia (Londres. lo cual refuerza y acentúa las desigualdades entre los géneros. International Guidelines on Sexuality Education. el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. los abortos en condiciones peligrosas. 21). Se han realizado estudios que han demostrado que. y proteger contra la violencia basada en el género (véase E/C. por lo general las mujeres están aún menos informadas que los hombres. si bien son pocos los jóvenes que poseen conocimientos rigurosos sobre el VIH/SIDA 43. los abusos y la explotación. la diversidad sexual y la salud sexual y reproductiva en general. la planificación de la familia. Las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada por las restricciones jurídicas que pesan sobre la información y la educación en materia de salud sexual y reproductiva. lo que las hace vulnerables a la coerción. mortalidad materna y embarazos no deseados o no planificados. se prohíben a todos los efectos los programas y las actividades de salud pública y empoderamiento que se basan en esa información. Es muy probable que esta carencia de servicios y programas afecte en mayor medida a las mujeres y las niñas. y las expone a un mayor riesgo de embarazos no deseados. como demuestran esas cifras.
Al aplicar un enfoque basado en el derecho a la salud. editores o libreros. International Guidelines on Sexuality Education. los Estados deben llevar a cabo reformas encaminadas a desarrollar y aplicar políticas y programas relacionados con la salud sexual y reproductiva. servicios e información en relación con los métodos anticonceptivos y que estén disponibles y sean accesibles y de calidad. incumplen su obligación de respetar el derecho a la salud. En este contexto. 20 (véase la nota 39). lo que las hace desproporcionadamente vulnerables a la coerción. y suprimir el requisito del consentimiento de los padres o el cónyuge. contribuyendo así a socavar algunos sistemas patriarcales muy arraigados que perpetúan las violaciones de los derechos de la mujer. por ende.
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educación e información exhaustivas en materia de salud sexual y reproductiva. pág. accesibilidad y calidad de todos los métodos anticonceptivos. d) Adoptar medidas que garanticen la disponibilidad. párrs. incluido su derecho a la salud (véase A/65/162.
Véase UNESCO. tanto farmacéuticos como quirúrgicos. y promueve su participación en la sociedad en condiciones de igualdad. Los Estados que restringen el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva mediante leyes penales o de otra índole limitan activamente la información disponible y. Esas leyes y el estigma que generan también dan lugar a que terceras partes. 64. La educación y la información exhaustivas son un instrumento de empoderamiento y permiten examinar las desigualdades entre los géneros y los estereotipos con espíritu crítico. 7 a 9). como docentes. Recomendaciones
65. los abusos y la explotación 47. La obligación de los Estados de garantizar el derecho a la salud conlleva el deber de elaborar estrategias para que todo el mundo tenga acceso a educación e información exhaustivas en materia de salud sexual y reproductiva. especialmente las mujeres y las niñas.
V. dado que las jóvenes suelen tener menos poder o control en las relaciones. b) Elaborar políticas y programas amplios de planificación de la familia que proporcionen una amplia gama de bienes. el Relator Especial exhorta a los Estados a: a) Formular políticas y programas de salud pública que difundan información fundamentada en pruebas relativa a la salud sexual y reproductiva y a la prevención de la transmisión perinatal del VIH. Proporcionar a las mujeres conocimientos y aptitudes en materia de salud sexual y reproductiva y la educación e información conexas potencia su libertad para tomar decisiones fundamentadas en relación con su salud. denieguen a las mujeres y las niñas el acceso a material necesario relacionado con la salud sexual y reproductiva. c) Despenalizar el suministro y la utilización de todos los métodos anticonceptivos y la esterilización voluntaria para controlar la natalidad. de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
incluida la obligación jurídica impuesta a los profesionales de la salud de denunciar a las mujeres a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. las cuestiones de género y la sexualidad. incluido el aborto. como las conductas que afectan al feto. de conformidad con los protocolos de la OMS. h) Despenalizar el aborto y derogar las leyes conexas. m) Asegurar que el alcance de las exenciones por objeción de conciencia esté bien definido y su uso bien reglamentado. f) Formular políticas para evitar que las leyes penales en vigor. de conformidad con los protocolos de la OMS. principalmente el aborto espontáneo. como las relativas a la facilitación del aborto. n) Suspender o abolir la aplicación de las leyes penales en vigor a varios comportamientos durante el embarazo. l) Asegurar que la población disponga de información precisa y fundamentada en pruebas en relación con el aborto y con los supuestos en que la legislación lo permite. se apliquen con miras a restringir el acceso a la información y la educación en materia de salud sexual y reproductiva fundamentadas en pruebas o castigar a quienes suministran esa información o imparten esa educación. y garantizar la derivación de pacientes y la prestación de servicios alternativos cuando un profesional de la salud formule una objeción de conciencia. i) Como medida provisional.A/66/254
e) Despenalizar el suministro de información relacionada con la salud sexual y reproductiva. en particular en las jurisdicciones en que el aborto está penalizado. fiables y de calidad para tratar las complicaciones derivadas del aborto y prestar los cuidados posteriores. k) Establecer políticas y programas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de servicios seguros. y que los profesionales de la salud conozcan bien la legislación relativa al aborto y sus excepciones. como las relativas a la pornografía. incluida la educación sexual y reproductiva fundamentada en pruebas. considerar la posibilidad de que las autoridades competentes formulen políticas y protocolos que impongan una moratoria a la aplicación de las leyes penales relativas al aborto.
. j) Proporcionar servicios de salud seguros y de buena calidad. el consumo de alcohol y drogas y la transmisión del VIH. g) Adoptar medidas para normalizar los planes nacionales de estudios a fin de impartir una educación sexual y reproductiva amplia y fundamentada en pruebas que incluya información relativa a los derechos humanos.
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