Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S201712801297307.HTML
Timestamp: 2019-05-24 19:14:04+00:00

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CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 1280/2017
«El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines solicita audiencia a efectos de analizar la situación en virtud del cumplimiento de los 25 años de la Ley de Puertos (Ley n.º 16246).
Informe de la Caja de Profesionales, de fecha 16 de mayo, relacionado con el grupo de Analistas Programadores Plan 74 de la Facultad de Ingeniería de la UdelaR.
La Cámara de Representantes remite la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor representante nacional Jaime Trobo, en sesión del 16 de mayo del corriente año, referidas al reclamo al Estado venezolano por el cumplimiento de sus obligaciones con jubilados y pensionistas».
(Ingresan a sala representantes de la Asociación de Bancarios del Uruguay).
–La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado tiene mucho gusto en recibir a la delegación de la Asociación de Bancarios del Uruguay –AEBU–, integrada por los señores Elbio Monegal, José Iglesias y Juan Fernández. Esta citación responde a una inquietud del señor senador Mieres, quien solicitó la concurrencia del sindicato bancario y de la directiva de la Cooperativa ACAC. Lamentablemente, me comunican que el señor senador Mieres falta hoy con aviso y por lo tanto, sin más –porque, en definitiva, nosotros no fuimos quienes convocamos a esta delegación–, cedemos el uso de la palabra a sus representantes a efectos de que hagan su exposición.
SEÑOR MONEGAL.- Agradecemos a la comisión por habernos invitado para dar nuestra versión de lo ocurrido durante un conflicto que ha sido muy largo y duro, y que hoy tiene como víctimas a diecinueve familias que han pagado con sus puestos de trabajo por los hechos acontecidos.
Voy a hacer una pequeña reseña que tiene que ver con lo siguiente. En diciembre de 2013, el sindicato acordó con la Cooperativa ACAC una partida que quedó simplemente redactada en el convenio pero que no tenía un valor, porque esa institución estaba en una situación compleja desde el punto de vista económico-financiero. Entonces, resolvimos que quedara esa partida en el convenio y que en algún momento, cuando mejoraran las condiciones de la cooperativa, pudiéramos ponerle un precio y que los trabajadores empezáramos a cobrarla.
Pasaron dos años y en diciembre de 2015, cuando firmamos el nuevo convenio, resolvimos pedir a la cooperativa –dado que había pasado un tiempo considerable– que se pusiera un precio a esa partida y que se empezara a pagar.
La cooperativa siguió aduciendo problemas económico-financieros y nosotros, entendiendo esa realidad, acordamos una partida de $ 1600. Es insignificante, pero además para cobrarla tiene ciertos requisitos; en parte es un presentismo –por tanto, los trabajadores tienen que llegar en hora, cumplir determinadas metas–, es decir, no era que la cobraran todos los meses sino que había que pasar por determinadas cuestiones para poder hacerse acreedor a esa partida.
En diciembre de 2015 se acordó que en marzo de 2016 esa partida se empezaba a hacer efectiva. Como dije, es una partida insignificante, mucho más teniendo en cuenta los montos que se pagan en el sistema financiero, pero en aras de que la cooperativa pudiera seguir funcionando, priorizando siempre –como ha sido característica histórica de AEBU– los puestos de trabajo, fue que aceptamos el valor de dicha partida. En marzo de 2016 se empezaba a hacer efectiva, pero en febrero, antes de que los trabajadores cobraran un solo peso, la cooperativa aumenta un 42 % el salario de los jefes, por fuera de la negociación colectiva, de los acuerdos, en un acto absolutamente desproporcionado, que no tenía que ver con lo que argumentaban en el sentido de que no tenían posibilidades económicas. Hicimos un gran desgaste porque hubo que convencer a la gente de que no era oportuno cobrar esa partida, que había que priorizar el empleo por la situación de la cooperativa, pero los trabajadores terminaron siendo embaucados porque un grupo de ellos –concretamente, cinco– cobraron un 42 % de aumento, un mes antes de que la partida –que había sido acordada dos años antes– se empezara a pagar.
A raíz de esta situación el sindicato convocó inmediatamente a la cooperativa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es decir, en la Dinatra, donde se pasó por las instancias de conciliación que establece el convenio colectivo y las normas. Tuvimos no menos de diez reuniones de conciliación en la Dinatra, pero la cooperativa aducía que no podía pagar la partida y así fue que en junio se inició un conflicto típicamente sindical, con movilizaciones, paros, pintadas. La cooperativa empezó a presionar a los trabajadores para que no tomaran las medidas gremiales. Los trabajadores realmente fueron muy consecuentes con el sindicato, se mantuvieron firmes con las medidas que ellos mismos habían resuelto, porque en una asamblea que se hizo en el mes de octubre se votó respaldar el accionar de la comisión representativa local de ACAC y el consejo del sector financiero privado. En esa oportunidad no hubo un solo voto en contra y solo cuatro abstenciones. Es decir que hubo un respaldo total de los trabajadores al sindicato que venía desarrollando estas movilizaciones.
Se mantuvieron las movilizaciones y en determinado momento la cooperativa adujo que los bancos no le iban a prestar más dinero, responsabilizándonos de haberle cortado esos fondos. Esto es parcialmente cierto. Tenemos una historia de 75 años de relacionamiento con los bancos y estos conocen bien cuáles son las reglas de juego. Ustedes saben que es muy raro que en la banca privada tengamos conflicto con los bancos: existe la negociación colectiva, ámbitos de discusión, mesas de intercambio. Es decir que hay una larga historia de negociación colectiva con los bancos y estos saben que cuando vamos a un conflicto es porque agotamos todas las instancias de conciliación. Omití decir que dentro de esas instancias de conciliación el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, doctor Nelson Loustaunau, nos convocó y se ofreció para mediar en el conflicto, lo que agradecimos eternamente, pero no hubo posibilidades porque la cooperativa se mantenía en esa situación de intransigencia en cuanto a no moverse de lo que había resuelto la comisión directiva. Los bancos saben que cuando AEBU va a un conflicto es porque agotó todas las instancias de negociación, y cuando accionamos somos duros; esa es la realidad. La empresa venía dando números en rojo previo al conflicto, y por ello los bancos dejaron de prestarle, ya que al día de hoy la cooperativa no tendría cómo respaldar y devolver ese dinero, salvo si tocara el patrimonio de los socios. Esto es parcialmente cierto porque fue producto del conflicto, pero no porque AEBU haya planteado a los bancos que no le prestara dinero a la cooperativa; los bancos toman sus decisiones políticas, no son empresas filantrópicas y, por lo tanto, si uno no tiene capacidad de crédito no se lo dan y se terminó la historia. Trabajamos dentro de los bancos y sabemos cómo funciona. La cooperativa aduce eso porque empieza a mandar trabajadores al seguro de paro; pero hay que decir que los afectados son los trabajadores que venían sosteniendo el conflicto. Todos sabemos que en los sindicatos los compañeros están afiliados por igual, pero hay algunos que por su impronta y por sus características son los que sostienen el conflicto, y a todos ellos la cooperativa los mandó al seguro de paro y una vez que los seguros de paro vencieron los destituyeron. Creo que al día de hoy son 19 los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo. En este marco del conflicto la cooperativa ha incrementado su política de discriminación sindical, es decir, ha perseguido a trabajadores. Los únicos que han sido despedidos son los afiliados al sindicato. Había una trabajadora que era tercerizada que fue despedida y la tomaron nuevamente. Es decir que mantienen trabajadores tercerizados mientras despiden a los de la plantilla. Esta es una actitud que nunca habíamos visto dentro del sistema financiero. Llevo 12 años como presidente del sector y muchos más como dirigente de AEBU, y nunca había visto una política tan dura y tan antisindical dentro del sistema como la que viene aplicando la cooperativa ACAC. En fin, esta cooperativa continúa persiguiendo a los trabajadores, los amenaza en el sentido de que si no se desafilian los van a echar; hay muchos que no han aguantado y están certificados porque la presión es tremenda y a otros que se han desafiliado, de un día para otro la cooperativa los pasó a tratar en forma espectacular, es decir que tuvo un cambio radical de actitud con ellos.
Cuando planteamos esto se nos dijo que la discriminación no era una política de la cooperativa, pero permite que sus jefes intermedios lo hagan. Se lo hemos dicho, lo hemos demostrado y hemos dado nombres y, sin embargo, la cooperativa hace caso omiso a las denuncias que hemos hecho.
Por lo tanto, este es un conflicto que no se termina porque sigue habiendo 19 compañeros despedidos y para nosotros es absolutamente imprescindible que estos trabajadores sean retomados para poder sentarnos a discutir y a negociar otras cosas que hoy ya no son el centro de la discusión, como sí lo es la política de discriminación sindical que la cooperativa han venido desarrollando.
Por otro lado, la cooperativa ha dicho en todos los ámbitos que ha podido que el sindicato la ha llevado a una situación límite, extrema y quiero decir que esto es falso. La situación de la cooperativa era mala previa al conflicto; como ya les dije, desde el año 2013 estábamos tratando de negociar esa partida y ellos aducían que no estaban en condiciones económico-financieras y era verdad, porque los balances estaban en rojo. En los hechos, en este conflicto han venido escudando una pésima gestión en lo que hace a las políticas comerciales, pues han sido todas erráticas, todas les han salido mal. Además, tienen el problema de que el consejo directivo y la gerencia están integrados por gente muy poco profesional. Estamos inmersos en un sistema financiero absolutamente profesional y competitivo, lo que se suma a que las cooperativas –hablo de todas– son las únicas empresas dirigidas por socios, que se postulan pero no conocen el sistema. ¿Por qué se postulan? Entre otras cosas, porque ganan un salario importante. El presidente percibe $170.000, por ir solamente una vez por semana. Y así todos los cargos.
Este consejo directivo, además, fue electo en una elección absolutamente legítima, pero por cien votos –que es el número de integrantes de la lista– y es respaldado por una asamblea que prevé el propio estatuto. Este es, por cierto, absolutamente leonino, porque la asamblea es representativa, o sea que no está integrada por todos los socios, sino por los que integran la lista. Por tanto, nadie va a ir a la asamblea a votar en contra de quien lo puso en la lista, porque se queda sin participar. Así y todo, en asambleas de noventa personas, ha habido más de treinta votos en contra. Señalo este punto porque no es menor. Si bien reconocemos la legitimidad del consejo directivo, tenemos la firma de quinientos socios que, en quince días, la comisión representativa logró juntar en apoyo del sindicato y en contra del accionar del consejo directivo. Digo esto porque legitima al sindicato, que no es una organización de loquitos que al segundo día de tener problemas sale a quemar la pradera, sino que es muy paciente y ha agotado todas las instancias. Cada vez que se nos ha invitado a negociar, aunque sabemos que la contraparte no tiene ninguna voluntad, nos presentamos. En el acta de la última instancia en la Dinatra consta que el negociador por el ministerio, el presidente del Grupo 14, doctor Nelson Díaz, deja como comentario que en función de la actitud de la cooperativa era muy difícil que él pudiera hacer su trabajo.
De modo que aquí hay una actitud clara de persecución política que se viene dilatando en el tiempo y que refleja que usan este conflicto para disimular la mala gestión, elemento que a mi entender están utilizando para cambiar el sistema de la cooperativa. Esto es, presentarse ante los socios con el tema absolutamente resuelto por la vía de los hechos: cerrar agencias, abrir puntos de venta con terceros –es decir, en supermercados, en redes de pagos y cobranzas–, a efectos de cerrar las agencias propias de la cooperativa. Esto iría contra la voluntad de los socios porque la mayoría no quieren que les cierren las sucursales, porque es allí donde se sienten cómodos y donde pueden tratar con los trabajadores. Dicho de otro modo, no son los directivos ni la gerencia general quienes los atienden y les resuelven sus problemas, sino los trabajadores, que se ocupan de encontrar la solución en el caso de que no pueda acceder a un crédito.
Por todo lo expuesto, nos parece importante que la comisión conozca nuestra versión.
Por último, quisiera mencionar que la cooperativa ha dicho por ahí que la presión de AEBU pone en riesgo sistémico al sistema financiero como producto de la presión que hemos realizado. Me animo a afirmar que esto es algo absolutamente poco creíble; está claro que cuando hablamos de riesgo sistémico y de corrida, los señores senadores saben que se trata de corrida de depósitos. Esto es lo que ha ocurrido en todas las corridas que se han dado en la historia; son corridas de depósitos.
Además, esta es una cooperativa de capitalización que no puede tomar ahorros y si lo hace, estaría actuando, como el cambio Nelson, por fuera de las normas. En definitiva, no toma ahorros y nadie se va a ir de una cooperativa si no tiene ahorros allí. Solamente presta dinero y el stock de créditos que ellos tienen es muy bajo, ya que no llega al 1 % de lo que es el sistema financiero. En consecuencia, la desaparición de la cooperativa no complicaría al sistema financiero en lo más mínimo. En caso de que pase algo, los perjudicados van a ser los socios y los trabajadores de la institución. Digo esto porque sé que han intentado asustar con el tema de que podría haber un riesgo sistémico, pero nosotros somos los más preocupados por que el sistema financiero funcione correctamente, ya que hemos vivido crisis muy duras y sabemos de qué se trata.
No quiero abundar en más detalles. Muchas gracias.
SEÑOR IGLESIAS.- Quisiera remarcar el hecho de que al día de hoy existen veinte trabajadores afiliados al sindicato que fueron despedidos por la empresa; hay tres más que están en el seguro de desempleo y son afiliados al sindicato, y que todo esto significa persecución sindical. Es un acto claro de persecución sindical por parte de la empresa, pero esto no empieza ahora sino que ese el desenlace de una política que ha establecido la empresa durante un tiempo bastante largo.
Como decía el señor Monegal, a partir de diciembre de 2013 se acordó con la empresa hacer una negociación durante 2014 que tenía que ver con una determinada partida, condiciones de trabajo, remuneración, etcétera. Sin embargo, durante todo el año 2014 y parte de 2015 la empresa incumplió el acuerdo que había firmado tratando de no negociar con el sindicato. A pesar de esto, por la voluntad negociadora de AEBU se llegó a un acuerdo en diciembre de 2015, pero en dicho acuerdo la empresa actuó de mala fe –¡lo hizo de mala fe!– y negoció sabiendo perfectamente que en febrero de 2016 le iba a dar aumento a cinco jefes. La empresa planteó que tenía necesidad de recursos financieros y un problema económico financiero complicado, pero sabía perfectamente que en febrero le iba a dar aumento a los jefes. En definitiva, solo logramos $ 1.600 en una negociación colectiva sobre la base del planteo de la cooperativa, mientras que los aumentos que se otorgaron a los jefes fueron de mucho más, fueron una suma bastante importante: el 42 % del sueldo.
Más allá de los números, esto implica una forma de negociar, una manera de plantarse frente al sindicato, desconocerlo y siempre tratar de negociar mal. Cuando el conflicto arranca, en 2016, el planteo de la cooperativa era nuevamente desestabilizar al sindicato. No hay otro planteo que ese: la desestabilización del sindicato y por eso se plantea el cierre de las agencias, porque saben perfectamente que ahí hay trabajadores afiliados. Esto que hacen hoy de despedir a los trabajadores es persecución sindical y es simplemente el desenlace de la historia que teníamos.
Además, me gustaría remarcar el hecho de que AEBU negocia dentro del sistema financiero con todos los actores, tanto con el Estado como con todas las empresas. En casi todas las empresas del sistema financiero AEBU tiene acuerdos de convenios colectivos bipartitos. Estamos terminando una ronda de consejo de salarios; en todos los grupos hemos hecho acuerdos con distintos actores sociales y quiero remarcar que el caso de las cooperativas no es la excepción. La semana pasada hicimos un acuerdo innovador con la cámara uruguaya de cooperativas –dentro del consejo de salarios–, y digo innovador porque incluye ciertas cosas que no están en otros acuerdos de consejo de salarios. Esto lo hemos logrado acordando con las cooperativas. Entonces, que quede claro que el problema no es con las cooperativas.
SEÑOR FERNÁNDEZ.- Simplemente quiero abundar en lo que señalaba el compañero Iglesias con respecto al acuerdo que suscribimos el 26 de mayo en los consejos de salarios con la Cámara Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cucac, de la cual ACAC es miembro.
Afortunadamente lo que sucede en este conflicto es muy puntual y está focalizado en una sola empresa, ya que en la cámara hemos logrado cosas que no hemos podido incorporar en otros convenios colectivos de trabajo, que de alguna manera hablan del espíritu y del relacionamiento del sindicato con el movimiento cooperativo de ahorro y crédito.
Los conceptos como acoso laboral –difícil de demostrar–, que es una temática muy vigente en el mundo, hoy forman parte de un acuerdo suscrito con la supervisión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; se trata de un protocolo de cómo proceder, una pauta salarial que ni siquiera alcanzamos en el grupo de los bancos, por ejemplo, con quienes tenemos más trayectoria de relacionamiento. La pauta salarial que hemos aprobado para estos dieciocho meses en la quinta o sexta ronda de consejo de salarios supera inclusive muchas pautas que hemos conseguido para otros grupos, que también hemos tenido el gusto de representar.
Con respecto a la capacitación demandada por los trabajadores, la cámara fue sensible en recoger y comprometerse a realizar no menos de una capacitación anual de cargo de la cooperativa, no solo contratando al formador o capacitador, sino también en el pago de horas extras para cuando esas jornadas de trabajo se extiendan del horario habitual. Esto mismo sucede en paralelo con la situación de ACAC y quería hacer esta referencia porque entiendo que es una muestra fiel de cuál es la importancia que para nosotros tiene el cooperativismo de ahorro y crédito en el sistema financiero uruguayo.
No hace más de un mes que una comisión de asuntos cooperativos de la Cámara de Representantes nos convocó para saber cómo visualizaba el sindicato el impacto de la ley de inclusión financiera sobre el sistema cooperativo. Concurrimos allí –como lo hacemos hoy– a brindar nuestro punto de vista y, de alguna manera, como por parte del legislador había habido una determinada sensibilidad para proteger el cooperativismo de consumo, entendimos pertinente que esa misma sensibilidad también llegara al cooperativismo de ahorro y crédito, en tanto creemos que es protagonista –en una proporción pequeña, pero protagonista al fin– y tiene la siguiente particularidad: cuando campean tiempos de crisis, a las cooperativas pocas veces se las ha visto recortar las líneas de crédito y dejar de asistir a sus socios. Por ese rol social que uno tiene muy presente cuando sale de una crisis o cuando la está viviendo, y entendiendo que el Uruguay ya atraviesa un muy buen período de buenos números y una economía al menos sana, pensamos que valía la pena recordar momentos de crisis para poder colocar en su justo lugar al cooperativismo de ahorro y crédito y no olvidarlos al momento de legislar. Ese es el espíritu que desde los últimos años tiene el sindicato bancario, el sindicato de los trabajadores del sistema financiero sobre el tema cooperativo. Entendemos que es una fiel muestra de cuál es nuestra predisposición para ese sector.
Confiamos en que la versión taquigráfica llegará al senador que tuvo la iniciativa de llamarnos. Sería muy importante que el senador Mieres estuviera aquí escuchándonos; obviamente, estamos a las órdenes para ilustrarlo sobre lo que él entienda pertinente. Sin ser dueños de la verdad, creemos que hay muchos elementos tangibles, como el que acabamos de mencionar, que evidencian claramente que acá no hay una predisposición por nadie y que estamos muy preocupados por esos noventa puestos de trabajo del mismo que lo estaríamos por uno solo, de modo que mucho nos preocupa esta situación.
SEÑORA TOURNÉ.- La bancada del Frente Amplio solicita que la versión taquigráfica de lo expuesto en esta parte de la reunión sea enviada a AEBU y ACAC.
SEÑOR PRESIDENTE.- Así procederemos. La cooperativa ACAC estaba invitada para el día de hoy pero no puede asistir.
Agradecemos a la delegación de AEBU su comparecencia en la tarde de hoy. Estaremos en contacto y a las órdenes.
(Se retiran de sala los representantes de AEBU).
(Ingresan a sala los representantes del Automóvil Club del Uruguay).
–Damos la bienvenida a la delegación del Automóvil Club del Uruguay integrada por los señores Jorge Tomasi y Daniel Ordoqui, así como también por el doctor Juan Martín Olivera.
SEÑOR TOMASI.- Agradecemos que nos hayan recibido en la tarde de hoy.
El motivo de nuestra visita es ponerlos en conocimiento de una situación por la que está atravesando el Automóvil Club del Uruguay desde hace más o menos cinco años, y que ha tenido un agravamiento sustancial en el último año y medio, a raíz de una serie de acciones que lleva adelante el Banco de Seguros del Estado en materia de dominio del mercado, en el marco de lo que consideramos una competencia desleal.
Antes de exponer los detalles de lo que ha acontecido y cuál es la situación actual, me gustaría hacer un breve racconto de lo que es Automóvil Club del Uruguay.
Se trata de una institución prácticamente centenaria, ya que en 2018 estará cumpliendo cien años. Hablamos de una asociación civil sin fines de lucro, dirigida por una comisión directiva honoraria electa entre sus asociados. A su vez, es una muy importante fuente de trabajo; en la actualidad son 380 las familias que directamente tienen que ver con la actividad del Automóvil Club del Uruguay y son nuestros colaboradores.
A lo largo de los años, nuestra institución ha cumplido y cumple un importante rol en lo que tiene que ver con la sociedad uruguaya, brindando al automovilista no solamente el servicio de auxilio mecánico –uno de los aspectos medulares que lleva adelante– sino también otros, muy diversos, como por ejemplo, asesoramiento jurídico, agencia de turismo, escuela de conducción –con la última tecnología que existe en la materia– y otras diferentes actividades. Cumple un importante rol desde el punto de vista social, llevando adelante también acciones de responsabilidad social en lo que tiene que ver con la seguridad vial.
El Automóvil Club del Uruguay es miembro de la Federación Internacional del Automóvil –FIA–, organismo mundial que, por un lado, nuclea en todo el mundo a cien millones de miembros, está compuesto por 240 instituciones –entre automóviles clubes y federaciones– y rige el deporte del automovilismo, y, por otro, tiene importante actividad en lo que respecta a la movilidad de las personas.
Uno de los aspectos importantes que lleva adelante esa Federación Internacional y que aplica a través de sus clubes miembros, se relaciona con el tema de la seguridad vial. El Automóvil Club lleva adelante campañas de seguridad vial y colabora muy estrechamente con la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Unasev. Creemos que, desde ese punto de vista, hace un importante aporte a la sociedad, más allá de la campaña «Ruedas solidarias» –esto el doctor Carámbula lo conoce directamente– que hace en asociación con Rotary desde hace 14 años. Es un programa de asistencia social mediante el cual, con el aporte de empresas e instituciones, se hace llegar a los más necesitados, a lo ancho y largo de todo el país, alimentos no perecederos, ropa y también becas de estudio. Este último es uno de los aspectos medulares, pues se distribuyen cincuenta becas de estudio de carreras universitarias –los clubes Rotary de todo el país eligen a quiénes van a ser destinadas–, cursos técnicos de ADM y de UNIT, lo que en muchos casos facilita la incorporación de los jóvenes, sobre todo del interior del país, al mundo del trabajo.
Este último año se ha integrado el programa «Antel Integra», mediante el cual ese organismo recicla equipos de computación de empresas públicas o privadas que, de otra manera, caerían en desuso y provocarían contaminación del medio ambiente. Antel recicla esos equipos y el Automóvil Club, junto con Rotary, los distribuye en escuelas rurales de todo el país. En esta etapa estamos distribuyendo casi quinientos equipos para instalar centros de enseñanza de computación en las escuelas rurales.
Eso es, a grandes rasgos, el Automóvil Club del Uruguay, una institución que desde hace muchísimos años ocupa un importante rol en la sociedad uruguaya.
Pensamos que este preámbulo es de utilidad para que la comisión tenga una visión panorámica de lo que es la actividad del Automóvil Club del Uruguay.
SEÑOR OLIVERA.- Soy abogado asesor del Automóvil Club del Uruguay. Hemos venido asesorando a la empresa en todo este camino que ha debido transitar frente a lo que entiende ha sido una serie de prácticas abusivas de parte del Banco de Seguros del Estado.
La génesis de este problema data del año 2011, cuando el BSE realizó un llamado a precio –no una licitación pública– para incorporar dentro de aquellas pólizas que daban una cobertura total a sus asegurados –el denominado Plan Global–, el servicio de auxilio. En aquel momento, a pesar de que el Automóvil Club tenía reparos sobre la forma cómo se estaba llevando a cabo ese llamado, dada la potencial incidencia que ese contrato podía tener en la actividad de la institución, resolvió presentarse como un oferente más. Luego de lanzada esa oferta el Automóvil Club siguió cuestionando ese procedimiento, aun después de que se adjudicó a Uruguay Asistencia S.A, una empresa que pertenece al Grupo Mapfre y que en 2015 discontinuó la prestación de esos servicios. Lo importante es que frente a esa situación, el Automóvil Club entendía que era un abuso de la posición de dominio. Así, en febrero de 2012 presentó una denuncia ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, argumentando básicamente que el Banco de Seguros del Estado abusaba de su posición de dominio en el mercado de seguros –abarca un cincuenta por ciento del mismo– para trasladar ese poder de dominio a un mercado distinto, como el del auxilio mecánico, incorporándolo a la venta de sus pólizas. Esto, en la jerga de la materia defensa de la competencia se denomina «ventas atadas», una práctica prohibida por el artículo 2.º de la Ley n.º 18.159. En aquel momento la comisión tomó la denuncia y decidió abrir un proceso de investigación, al cabo del cual concluyó que en las condiciones en las que el Banco de Seguros del Estado estaba ofreciendo o incorporando a sus pólizas ese servicio de auxilio, no veía que existiera una práctica anticompetitiva en la medida en que solo se lo ofrecía a los asegurados que tuvieran un Plan Global y con un límite máximo de tres servicios o usos anuales.
La resolución n. º 101/012, de 13 de diciembre de 2012, es clave, porque de alguna manera fijó un límite a la actividad del Banco de Seguros. Dice: «no se configuran en el caso en estudio prácticas ilegales que ameriten prohibición o sanción alguna, siempre que el alcance del servicio a brindar se ajuste a las explicaciones brindadas por el Banco de Seguros del Estado». Las explicaciones vertidas, que constan en el expediente, señalan que el servicio se ofrecía únicamente a las pólizas de seguro global y con un máximo de tres asistencias anuales por asegurado.
Luego, en oportunidad de tener que aprobar el gasto para la contratación de Uruguay Asistencia S.A. en aquel primer llamado, el Tribunal de Cuentas se encargó de advertir al Banco de Seguros del Estado que en cualquier actuación debía delimitar adecuadamente las prestaciones incluidas en la póliza y, además, evitar de alguna manera incurrir en prácticas anticompetitivas, haciendo expresa mención a la ley de defensa de la competencia. Esa era la situación en la que nos encontrábamos en diciembre de 2012. Dicho sea de paso, el Automóvil Club impugnó esa resolución de la comisión, que ahora está a consideración del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para resolver la demanda de nulidad.
¿Cuál es la situación actual, que preocupa al Automóvil Club? Al amparo de aquella resolución de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, el Banco de Seguros del Estado continuó prestando el servicio y, a fines del 2015, cuando discontinuó el servicio de Uruguay Asistencia, cambió radicalmente el perfil de la práctica que venía realizando. Al finalizar el contrato en cuestión, el Banco de Seguros contrató los servicios de CAR.UP, empresa que actualmente presta el servicio en condiciones muy distintas a las que teníamos en el año 2012. Con respecto a esto, quiero mencionar algunos puntos clave.
En primer lugar, para la contratación de CAR.UP no se llevó a cabo ningún tipo de procedimiento competitivo, sino que se hizo por contratación directa, incluso en condiciones que el Banco de Seguros ha insistido –a nuestro juicio– en ocultar, a pesar de los reiterados intentos realizados por conocerlas.
En segundo término, ya no se ofrece a aquel Plan Global, que originalmente alcanzaba a aproximadamente 90.500 vehículos, sino que se extiende a todas las pólizas de seguros, con excepción del SOA común. Esto implica alcanzar 250.000 vehículos, lo que representa el 50% del parque automotor.
En tercer lugar, se amplía sustancialmente el número de asistencias anuales, e inclusive en algunos casos son ilimitadas.
Y, en cuarto término, se incorpora una serie de servicios de mecánica ligera que no estaban incluidos originalmente y que forman parte del giro del Automóvil Club del Uruguay.
Frente a esta situación, el 22 de diciembre de 2016 el Automóvil Club del Uruguay presentó una nueva denuncia ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, y si bien esta, de alguna manera, ya se había pronunciado sobre un tema similar, tomó el caso y entendió que había mérito suficiente para lanzar un nuevo procedimiento de investigación –que actualmente está en curso–, dado que habían cambiado sustancialmente las condiciones.
La denuncia del Automóvil Club del Uruguay se centró en varios puntos, que paso a mencionar.
Ante todo, el hecho de no haberse puesto un límite a la actuación y a la práctica del Banco de Seguros del Estado en su momento por parte de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, derivó en que hoy nos encontremos ante una situación con hechos consumados, con un alcance mayor y efectos distorsivos muchos más profundos, lo que es más difícil de manejar.
En segundo término, el Banco de Seguros del Estado tiene, sin duda, posición de dominio en el mercado de seguros. Vale aclarar que para tener tal posición no es necesario abarcar la totalidad o casi la totalidad del mercado, sino que, dependiendo de cómo éste se estructure, puede bastar con un 20% o un 30%. En el caso del Banco de Seguros del Estado, tiene un 50%, y el siguiente competidor apenas una participación del entorno del 17%.
Por otro lado, el centro del cuestionamiento está en que el Banco de Seguros incluye en sus pólizas el servicio de auxilio mecánico con una empresa determinada, bajo un régimen de exclusividad –es prestado únicamente por CAR.UP–, utilizando el poder que tiene en el mercado de seguros para trasladarlo al de auxilio mecánico por la vía del atado de ventas. Esta práctica ha sido calificada como anticompetitiva y distorsiona el mercado de auxilio por la lógica razón de que quien hoy contrata una cobertura de seguro con el Banco de Seguros del Estado no va a pagar dos veces por ese servicio. En definitiva, el Banco de Seguros obliga a sus clientes a contratar el servicio de auxilio con una empresa determinada, sin que exista la posibilidad de que el consumidor pueda elegir entre otros operadores.
En todo este camino el Banco de Seguros del Estado ha esbozado, de alguna manera, cuestionamientos o defensas que pasan por desacreditar los planteos del Automóvil Club del Uruguay señalando que, en definitiva, se está quejando por haber quedado fuera de un procedimiento competitivo en 2011-2012. Ese no es el caso; hay una práctica competitiva y distorsiva y, además, estamos ante una conducta que tiene características muy diversas con respecto a la de 2011.
El Banco de Seguros del Estado también ha dicho: «Se trata de un beneficio que estoy dando gratis a mis clientes. No estoy haciendo daño a nadie». En realidad, como se suele decir, no hay almuerzo gratis. Es falso decir que el beneficio es gratuito genuinamente, porque el precio que CAR.UP cobra al Banco de Seguros del Estado está incorporado en la estructura de costos de dicho banco y este lo traslada, sin dudas, a la póliza que cobra a sus asegurados.
Por otra parte, el hecho de que no esté discriminado en la póliza qué se cobra por auxilio y por seguro, no significa que no lo esté cobrando en definitiva en el precio total que pasa.
El Banco de Seguros del Estado también ha dicho que no se obliga al asegurado a contratar con CAR.UP u otra aseguradora. Eso también es equivocado, porque la realidad es que el Banco de Seguros del Estado impone al asegurado la obligación de contratar solamente con CAR.UP o con la empresa que esta designe. Hasta 2015 fue Uruguay Asistencia, hoy es CAR.UP, pero en el día de mañana puede ser el propio Banco de Seguros del Estado en la medida en que logre o consiga el objetivo de consolidarse nuevamente con poder de dominio sobre este segundo mercado, es decir, el de auxilio.
Finalmente, también ha dicho a todas las demás aseguradoras que lo están prestando: «Yo estoy compitiendo, tengo que poder prestarlo». Creemos que este también es un argumento efectista, falso y que no salva, de alguna manera, los cuestionamientos de violación de normas de defensa de la competencia que entendemos hay en el fondo. El hecho de que una conducta sea generalizada no la vuelve lícita. Además, la diferencia que existe entre el Banco de Seguros del Estado y las demás aseguradoras es que, precisamente, tiene posición de dominio. ¿Puede competir? Sí, pero tiene que hacerlo bajo los límites que le marca la ley y definitivamente no abusando de esa posición de dominio para atraer, de una manera si se quiere artificial, clientes que de otro modo no podría obtener en un mercado distinto en el que no se encuentra.
Además, es importante tener en cuenta que lo que se está cuestionando acá no es que cualquier asegurado o cualquiera que tenga un vehículo acceda a un servicio de auxilio, sino la forma en que el Banco de Seguros del Estado ha estructurado este proceso de contratación de empresas de auxilio y cómo lo ofrece en definitiva a los asegurados.
Todo esto no puede hacer perder de vista tres ideas que nos parecen claves.
En primer lugar hay que insistir en que, a nuestro entender, existe una violación de normas de defensa de la competencia, un abuso de posición dominante.
En segundo término, se debe tener presente que el Banco de Seguros del Estado incumplió los límites que le fijó oportunamente la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en aquella resolución del año 2012, excediéndose no solamente en el alcance, sino también en los efectos distorsivos que esto genera.
El tercer punto a considerar es que la práctica del Banco de Seguros del Estado tiene un efecto absolutamente devastador en el mercado de auxilio mecánico y, en particular, para el Automóvil Club del Uruguay. Sus directivos podrán abundar en este punto, pero, ciertamente, durante la campaña llevada adelante por el Banco de Seguros del Estado, solo durante el año 2016, el Automóvil Club del Uruguay dejó de incorporar socios, disminuyó la recaudación en más de 30.000 cuotas y perdió más de 4000 socios, lo que para una entidad de estas características genera una presión y un efecto en la actividad, así como un daño patrimonial, enormes.
En definitiva, hay otras opciones además de las utilizadas por el Banco de Seguros del Estado, que son menos distorsivas y no generan una violación de normas de defensa de la competencia. Si el Banco de Seguros del Estado implementara un régimen de contratación abierto, transparente, y fomentara la competencia entre los actores del mercado de auxilio mecánico, creo que no se generarían los efectos distorsivos que está teniendo esta práctica denunciada.
SEÑOR ORDOQUI.- Por mi parte, trataré de ser muy breve y de complementar la información que se ha dado hasta el momento, a los efectos de que la comisión entienda un poco más lo relativo al mercado de auxilio mecánico.
En el año 1996 cae el monopolio del Banco de Seguros y entran las compañías privadas, la mayoría de las cuales brinda el servicio de auxilio mecánico. La única empresa que no dio auxilio mecánico fue el Banco de Seguros, hasta el año 2011. En el 2002 hubo un intento fallido, a través de una licitación púbica; se presentó una denuncia de corrupción y el tema quedó en la nada. Después, en el 2009, hicieron un llamado a precios, pero todo les pareció caro. En el 2011, con la incorporación del literal U) del artículo 33 del Tocaf que habilita a las empresas en competencia a hacer contrataciones directas –pequeña diferencia con las situaciones anteriores, que no eran licitaciones públicas–, hace un llamado a precios con la intención de hacer una contratación. Lo primero que le dijimos al banco –aclaro que ya se había conversado de este tema no solo con ese directorio, sino también con el anterior– fue que se aseguraran de respetar el mercado de auxilio mecánico, que está regulado por el consejo de salarios. El grupo 8, subgrupo 5, Capítulo II del consejo de salarios está integrado por las «Empresas de Auxilio Mecánico Automotriz». Allí se determinan muchas condiciones que refieren no solo a los laudos, sino también a pautas laborales que tienen costos. Todos los beneficios que se logran en la negociación con la Untmra terminan en costos. Pues bien, lo primero que hace el Banco de Seguros en 2011 es decir que en el pliego se tiene que cumplir con el consejo de salarios, pero le faltó un pedazo a lo que puso en el pliego, y le adjudicó esto a un call center. La empresa Uruguay Asistencia es un call center, y es subsidiaria del grupo Mapfre que, con el concepto de cadena de proveedores, junta gruitas individuales por ahí, que podrán cumplir o no con lo que está en el subgrupo. Ninguno de esos aparece en el consejo de salarios; hoy en día somos la única empresa que está. Uruguay Asistencia nunca apareció.
En esa situación, reitero, el Banco de Seguros le da esto a un call center, que muchas veces atendía en Panamá, o en Zonamérica. ¿Cómo vamos a competir con eso? Ya no se trata solo de pedir el recibito de la persona que está en la grúa, a la que capaz se le cumple con el laudo, sino también de otras cosas; ni qué hablar del laudo de la telefonista que atendió. Eso lo hemos hablado junto con otras empresas de auxilio en la inspección de trabajo, pero nunca logramos que se implemente una revisión profunda de estas situaciones. También lo conversamos en el 2013, cuando junto con la Untmra concurrimos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el 2015 fuimos nuevamente y sobre fines del año pasado volvimos a hablar de esta situación, también junto con la Untmra, con el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ustedes sabrán mejor que nosotros las limitaciones que hay en esos aspectos.
En el año 2011 nos encontramos con la situación de que el 60 % de nuestros clientes eran los mismos que los del banco, porque desde 1996 a 2011 el mercado se fue depurando en empresas privadas que daban el servicio de auxilio y el único que no lo daba era el Banco de Seguros del Estado, obviamente la coincidencia mayor la teníamos con dicha institución, compartíamos clientes. Ahora, eso no es culpa ni del banco ni del Automóvil Club del Uruguay, esos son datos de la realidad que obviamente agravan la situación, porque si desde 2011 lo que nosotros vendemos el otro dice que lo va a regalar, pequeño problema tenemos. Todo lo que comentó Jorge Tomasi es la gama de actividades que hacemos, pero vivimos del auxilio mecánico. El 70 % de nuestro personal está directamente vinculado al auxilio mecánico; tenemos 115 auxiliadores, 120 móviles –porque algunos los tenemos en el interior– y una infraestructura dedicada al mantenimiento. Es complicado reconvertir de un día para el otro y decir: «Ahora ya no vivo más de esto, voy a vivir de la escuela de conducción». Y además, ¿por qué deberíamos hacerlo? ¿Será porque a alguien se le ocurrió que había que contratar un call center y usar la cadena de proveedores que andaban por ahí? Como al principio el servicio era precario, porque eran solamente tres, nos pegó pero pudimos seguir compitiendo; ahora es distinto, porque lo que pasó en diciembre de 2015 fue muy grave, ya que dijeron: «Hacemos muy pocos servicios: 14.000; estamos con dificultades para sostener esta cadena de proveedores, ya que cuando le mandamos servicios no nos dan corte porque el volumen es chico, ampliémoslo». Entonces, en vez de brindar el servicio a 100.000, que son la póliza global, démoslo a 200.000 o a 250.000, y en lugar de tres servicios demos ilimitado para los cero kilómetros, 10 para el plan global y así vamos bajando hasta llegar prácticamente a los que contratan el SOA. Por lo tanto, la mitad del parque automotor que anda en la vuelta desaparece; no podemos competir con eso. Si hoy seguimos navegando con esta institución es porque realmente hacemos nuestro máximo esfuerzo por dar un buen servicio y por mantener una imagen de una marca que está muy arraigada en la sociedad, pero todo tiene un límite, porque cuando la gente se acostumbra a que algo se le regala no lo quiere pagar más.
SEÑOR TOMASI.- Esto recién comienza, porque durante 2016 tuvimos 4.000 socios menos que fueron disminuyendo a lo largo del año.
SEÑOR CARÁMBULA.- ¿Cuál es el volumen total de socios?
SEÑOR TOMASI.- El año pasado comenzamos con 80.000 y hoy estamos en 76.000, de esos hay 13.000 que son vitalicios, no pagan la cuota, porque una vez que se llega a los 30 años de socio se deja de pagar la cuota. Decía que estos 4.000 se fueron durante el año 2016, pero ya impactan en el 100 % en 2017, más los que se van a agregar a lo largo del corriente, y así sucesivamente. Por lo tanto, si esto continúa sin cambios vamos a ver pasar el féretro del Automóvil Club del Uruguay por las calles de nuestra ciudad.
SEÑOR ORDOQUI.- Esto es lo que le pasaría al Banco de Seguros o a cualquier mutualista, lo que sustenta a este tipo de instituciones es un sistema mutual: el que no lo usa financia al que lo usa. Si se le saca al Banco de Seguros los clientes que no tienen siniestro y le deja solamente los que tienen siniestro no va a durar mucho y a nosotros nos pasó eso. Es decir, si nos sacan aquellos usuarios que se visualizan como que no van a utilizar mucho el servicio porque, además, tienen ya otra cobertura, ¿quién nos queda? Se reducirá mucho la actividad y, por ende, la fuente de trabajo.
Más aún; da la impresión de que cuesta mucho hacer una cuenta desde otro lugar. ¿Alguien hizo la cuenta de lo que recauda el Gobierno central por concepto de impuestos a la DGI y aportes al BPS? Parece que se quisiera ahorrar algunos miles en un sector y, entonces, para que salga más barato usamos la cadena proveedora así, pero nadie hace la cuenta desde otro ángulo.
Otro aspecto que considero atendible es el siguiente. El Banco de Seguros tiene todo el derecho a prestar el servicio de auxilio, pero como se dijo antes en determinadas condiciones, porque el banco tiene su tamaño. Es más, hay una ley, pero parece también que a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia le cuesta bastante poder analizar el tema desde una óptica más objetiva. Da la impresión de que hay tal horizontalidad que, como se trata de una empresa pública, algunas cosas no se ven. Sin embargo, la posición de dominio del Banco de Seguros en dicho mercado es clarísima y la está transfiriendo al mercado de auxilio mecánico. Repito: este es un mercado regulado, pero hoy en día el principal actor del servicio de auxilio es el Banco de Seguros con la empresa CAR. UP.
Esperaremos a ver si aparece en la próxima negociación, porque la mitad del mercado es atendido por ellos y, por lo que tengo entendido, esta empresa tiene solamente 14 auxiliadores, supongo que el resto debe estar todo tercerizado. El banco asume un riesgo que al parecer la superintendencia todavía no lo ha advertido.
SEÑOR OLIVERA.- Voy a hacer tres comentarios adicionales.
En primer lugar, cuando se tiene que evaluar el efecto de una conducta competitiva y determinar si es distorsiva o no de determinado mercado, se debe medir también cuál es el impacto para los consumidores, entre otros actores. En definitiva, el poder lo tiene el Banco de Seguros del Estado. El consumidor no tiene posibilidad de elegir entre diferentes opciones y ese es un efecto distorsivo o por lo menos le quita a la práctica del Banco de Seguros la oportunidad de redimir su conducta. Eso no existe.
Por otra parte, pone al banco en la posición de abusar del poder de monopsonio, o sea, del poder como único comprador de los servicios de auxilio. De este modo, puede poner condiciones u obtener condiciones extraordinarias de parte de los prestadores, cosa que si no estuviera en esa posición de dominio no podría hacer.
Finalmente, acerca del impacto que todo esto tiene en el Automóvil Club del Uruguay, por cómo funciona este tipo de servicio de red, hay una serie de externalidades que inciden. O sea, la distorsión o el efecto dañino que genera en nuestra actividad no es lineal, no es que vaya muriendo de a poco, sino que en un momento que el efecto es mucho más pronunciado cuando llega a ciertos niveles de cobertura como los que podemos brindar. Quiero decir que el efecto no es lineal y no llega a una meseta, sino que, desde el punto de vista económico, tiene la tendencia a destruir la actividad de la empresa.
SEÑOR TOMASI.- Señor presidente: entendemos que lo que hemos venido a plantear ya lo hemos hecho, nos parece que hemos puesto sobre la mesa elementos suficientes como para que la comisión pueda tener un panorama de cuál es la gravedad de esta situación y quedamos a las órdenes por si surge alguna consulta que quieran realizar.
SEÑOR DELGADO.- Ante todo quiero pedir disculpas porque me encontraba en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca con las gremiales lecheras y no pude llegar antes.
Quisiera preguntar algo que tal vez ya dijeron en la introducción, pero no lo escuché. ¿Hay alguna acción en curso en la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia?
SEÑOR TOMASI.- Así es, señor senador.
SEÑOR DELGADO.- Y por otro lado, ¿cuándo vence el convenio del subgrupo vinculado a los auxilios mecánicos en la Untmra que corresponde a todo esto?
SEÑOR ORDOQUI.- A mitad de año.
SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de la delegación del Automóvil Club del Uruguay, ya que toda la información nos servirá para las deliberaciones de la comisión.
(Se retira la delegación del Automóvil Club del Uruguay).
(Son las 16:22).

References: in fine
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 33