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Timestamp: 2020-04-07 23:27:27+00:00

Document:
201109-Sala Penal Segunda-2-244
Auto Supremo Nº 244 Sucre, 29 de septiembre de 2011
Expediente: Cochabamba 177/2006
Partes: Ministerio Público C/ Filemón Barrios Flores y Roberto Flores Terán.
Primer Relator: Ministro José Luis Baptista Morales
Segundo Relator: Ministro Ramiro José Guerrero Peñaranda
VISTOS: el recurso de casación de 11 de agosto de 2006 interpuesto mediante Defensora de Oficio por Filemón Barrios Flores y Roberto Flores Terán (fojas 542 a 544), impugnando el Auto de Vista de 25 de julio de 2006 pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba (fojas 540 a 541) en el proceso seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes por el delito de tráfico de sustancias controladas, previsto en el artículo 48, definido en el artículo 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
1.- Que en base a la acusación del Ministerio Público y el Auto de Apertura de Proceso de 8 de junio de 2000 cursante a fojas 290, finalizado el juicio oral, el Juzgado Segundo de Partido de Sustancias Controladas del Distrito Judicial de Cochabamba, emitió la sentencia el 11 de junio de 2004, mediante la cuál declaró: A Filemón Barrios Flores y Ramiro Flores Terán, autores del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto en el artículo 48 de la Ley 1008, con referencia al 33 inciso m) de la mencionada Ley, imponiéndoles a cada uno de ellos, la pena de diez años de presidio.
2.- La referida sentencia fue apelada por Filémon Barrios Flores (fojas 525), y Ramiro Flores Terán (fojas 529), y el Tribunal de Alzada a través del Auto de Vista de 25 de julio de 2006, confirmó en su integridad la sentencia apelada.
3.- En ese contexto e impugnando el citado Auto de Vista, la Defensora de Oficio opuso el recurso de casación a favor de sus defendidos Filémon Barrios Flores y Ramiro Flores Terán, con similares cuestionamientos del recurso de apelación interpuestos por ambos procesados, alegando lo siguiente:
Que el Auto de Vista recurrido no hubiera efectuado un adecuado análisis del proceso, que le dio validez a las Diligencias de Policía Judicial, sin considerar las pruebas de descargo, que al confirmar la sentencia apelada, incurrieron en una errónea interpretación, debido a que la sanción de la comercialización en demasía de productos (sustancias controladas), es diferente a la del delito de tráfico de sustancias controladas, de ese modo se habría conculcado el derecho al debido proceso, a una defensa amplia y ser juzgados de acuerdo a ley, que Filemón Barrios Flores está autorizado a comercializar dichos productos y que Ramiro Flores Terán por haber autorizado la comercialización de dichos productos, fue sentenciado indebidamente.
Sostiene que el Tribunal de Alzada infringió los artículos 16-I y II de la Constitución Política del Estado de 1967 y 2 del Pacto de San José de Costa Rica en lo relativo a aplicar el "In dubio pro reo", citando como jurisprudencia la página 105 de la Gaceta Judicial Nº 1284; continuó señalando, que cree que, no se habría demostrado el delito de tráfico de sustancias controladas, tampoco se hubiera valorado debidamente todas las pruebas, ni se calificó el hecho adecuadamente, puesto que la comercialización de diesel y de gasolina se encuentra permitida por el artículo 15 y siguientes de la Ley 1008.
CONSIDERANDO: que así expuestos los argumentos de la revisión detallada del proceso, se tiene lo siguiente:
Que el Tribunal de Alzada al confirmar la sentencia condenatoria, no ha incurrido en la vulneración de los artículos 16-I y II de la Constitución Política del Estado y 2 del Pacto de San José de Costa Rica, debido a que obró con criterio jurídico justo y con la facultad que le otorgan los artículos 135 y 290 del Código de Procedimiento Penal de 1972, toda vez que, se estableció la existencia de plena prueba que amerita la condena de los procesados, por el ilícito de tráfico de sustancias controladas.
Que a raíz de un informante, el 23 de septiembre de 1998, se conoció que en la zona del Chapare, en las localidades de Entre Ríos, Ivirgazama, Shinahota, Eterazama y Villa 14 de septiembre del Departamento de Cochabamba, se vendía indiscriminadamente diesel, gasolina y electrolitos, combustible que en gran parte, aprovisionaban las fábricas y pozas de maceración de droga, actividad en la cual estaban incluidos varias personas, entre ellos Filémon Barrios Flores; a raíz de dicha información, se procedió previamente a la investigación del hecho, y el 6 de noviembre de 1999, funcionarios de Investigación de Sustancias Químicas "G.I.S.U.Q" Cochabamba, con policías de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, constaron que Filemón Barrios Flores, vendía combustible, consistentes en diesel y gasolina a los vehículos y a los ciudadanos en bidones tanto de día como de noche, en la localidad de Eterazama-Chapare.
Continuando con la indagación, el 8 de enero de 1999, advirtieron que Filemón Barrios Flores, transportó con autorización 2.600 litros de diesel y 2.400 litros de gasolina, revisada dicha autorización se constató que era para comprar sólo 25 tambores de combustibles, sin embargo, él adquirió 50 tambores, el doble de lo permitido, lo que originó su detención y en la etapa del Plenario, no justificó el exceso de las cantidades de combustibles compradas y observadas; por su parte, el procesado Ramiro Flores Terán, en su condición de Supervisor Regional de Sustancias Controladas, dejó sin autorización pasar las compras en cantidades excesivas de combustibles, que realizaba Filémon Barrios Flores, a quién se le incautó 2.600 litros de diesel y 2.400 litros de gasolina, aspecto que se desprende de fojas 11.
Asimismo, de los medios probatorios judicializados se desprende que el procesado Filémon Barrios Flores, no tenía la Resolución Administrativa respectiva, extendida por la Dirección de la Sección de Archivos y Kardex de Inscripción y Registro de Sustancias Controladas, empero en la localidad de Eterazama, en un ambiente, vendía dichos combustibles, quién además sólo debía recibir un cupo al mes sobre los combustibles, sin embargo el procesado Ramiro Flores Terán, le concedió a Filémon Barrios Flores, cinco cupos en un mes, dejando de lado su trabajo de supervisar, con ese actuar, adquirió productos químicos controlados en grandes cantidades, facilitando de ese modo, que con una parte de dicho combustible, se elabore sustancias controladas.
De las Diligencias de Policía Judicial e informe en conclusiones, se desprende que los procesados Filémon Barrios Flores y Ramiro Flores Terán, internaron y comercializaron las referidas sustancias, para la actividad ilícita, elementos probatorios que condujeron al conocimiento de la verdad histórica del delito, de la responsabilidad y personalidad de cada uno de los procesados; consecuentemente, la conducta de Filemón Barrios Flores y Ramiro Flores Terán, se subsumen en la previsión del artículo 48 de la Ley 1008; y no así a lo alegado en el recurso, de comercialización de sustancias controladas en demasía, más aún, si los artículos 15 y siguientes de la Ley 1008, refieren que la producción, circulación y comercialización de la hoja de coca y no así a las sustancias químicas que fueron incautadas.
En lo concerniente a las supuestas denuncias de violación de los artículos 16-I y II de la Constitución Política del Estado y 2 del Pacto de San José de Costa Rica, no es cierta, debido a que todas las pruebas aportadas en la litis, demostraron la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; consecuentemente el Tribunal de Alzada, al pronunciar el referido Auto de Vista, lo hizo en aplicación de los artículos 242 y 243 del Código de Procedimiento Penal de 1972, previo el análisis de todos los datos procesales, que generaron convicción sobre la verdad histórica de los hechos atribuidos por el ilícito de tráfico de sustancias controladas.
A su vez la norma legal en el artículo 33 inciso m) de la Ley 1008, establece que: "Se entiende por tráfico ilícito de sustancias controladas, todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas".
POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones, con la participación del Ministro Jorge Monasterio Franco, Presidente de la Sala Penal Primera, de acuerdo con el requerimiento fiscal de fojas 449 a 451 y de conformidad a lo instituido en el artículo 307 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal de 1972, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto mediante Defensora de Oficio por Filémon Barrios Flores y Roberto Flores Terán, impugnando el Auto de Vista de 25 de julio de 2006 pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes por el delito de tráfico de sustancias controladas, previsto en el artículo 48, definido en el artículo 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
MINISTRO DISIDENTE Sucre, 29 de septiembre de 2011
VISTOS: el recurso de casación interpuesto mediante Defensora de Oficio por Filemón Barrios Flores y por Roberto Flores Terán (fojas 542 a 544), impugnando el Auto de Vista emitido el 25 de julio de 2006 por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba (fojas 540 a 541) en el proceso seguido contra los recurrentes por el Ministerio Público con imputación por comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias controladas.
1.- El 23 de septiembre de 1998 un informante presentó ante Agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico una lista de cinco personas que, en varios pueblos de las Provincias Chapare y Carrasco del Departamento de Cochabamba, se dedican a la venta de diesel, gasolina y electrolito a fabricantes de cocaína (fojas 1). El 7 de enero de 1999, el Agente encargado de tal caso informó a sus superiores que, después de haber efectuado la investigación respectiva en cinco diferentes pueblos, dedujo que el único de los comerciantes de combustibles que posiblemente se dedicaba a vender ese tipo de productos a los narcotraficantes era Filemón Barrios Flores con puesto de venta instalado en Eterasama (fojas 5). Efectuada sobre esa base una pesquisa en el puesto de venta de ese comerciante, se demostró que había adquirido cincuenta tambores de combustible pese a que la autorización que tenía para la respectiva comercialización era solamente con referencia a veinticinco (fojas 6 a 7). Suponiendo que tal hecho constituía un indicio de actividad delictiva, se produjo el 8 de enero la incautación del excedente (fojas 11).
2.- Filemón Barrios Flores, presentándose en Oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en la ciudad de Cochabamba, para pedir la devolución de los combustibles incautados, sostuvo que su actividad de comercialización de combustible es lícita, pues para ello obtuvo autorización del Supervisor Regional de Sustancias Controladas de la zona de Chapare, Ramiro Flores Terán (fojas 13 a 16), y, luego, planteó el mismo petitorio ante el Fiscal de Sustancias Controladas (fojas 17).
3.- Ramiro Flores Terán, ante la pregunta que le hicieron los investigadores de ese caso acerca de las razones por las cuales autorizó a Filemón Barrios Flores a adquirir para comercialización una cantidad de combustibles en mayor cantidad que la permitida, respondió señalando que, cada vez, después de haber comprobado que éste había vendido los combustibles que adquiría según los descargos que presentaba, se le concedía otra autorización para adquirir diesel y gasolina (fojas 22 a 26).
4.- Al término de la investigación respectiva, la Fiscal asignada a ese caso, mediante requerimiento de 1º de junio de 2000, planteó imputación formal contra Ramiro Flores Terán y contra Filemón Barrios Flores por comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias controladas, sobre la base de las siguientes apreciaciones: a) La venta de combustibles en el Chapare es restringida y sometida a estricto control porque esos productos se utilizan para la fabricación de cocaína; b) El documento para autorización de venta de combustibles que Filemón Barrios Flores presentó, firmado por Ramiro Flores Terán en su condición de Supervisor de Sustancias Controladas, fue percibido como ilegal, pues, según Informe de la Jefe de Archivos de la Dirección Departamental de Sustancias Controladas, no figura Filemón Barrios Flores como inscrito en esa Dirección; c) La licencia con que contaba Filemón Barrios Flores para ejercicio de la actividad comercial, estuvo limitada a la venta al por menor de alimentos, bebidas y tabacos, pero no de combustibles; d) La conducta de Filemón Barrios Flores y Ramiro Flores Terán corresponde a tráfico ilícito de sustancias controladas, según la descripción que al respecto hace la Ley 1008 en el Título correspondiente a los Delitos y a las Penas y en la Lista de Sustancias Químicas que se utilizan para fabricación de droga; e) Según el artículo 116 de la indicada Ley, las Diligencias de Policía Judicial tienen el carácter de prueba preconstituida, en concordancia con lo establecido respecto a documentos por el artículo 157 del Código de Procedimiento Penal de 1972 (fojas 286 a 288).
5.- Sustanciada la causa sobre esa base con sujeción a las reglas del sistema procesal anterior, las Jueces del Juzgado Segundo de Partido de Sustancias Controladas de la ciudad de Cochabamba, al término de la fase del Plenario, emitieron el respectivo pronunciamiento mediante sentencia de 11 de junio de 2004 que declaró a ambos procesados autores del delito que les fue atribuido y, por tal motivo, condenó a cada uno de ellos a la pena de diez años de presidio más multa (fojas 520 a 521).
6.- Ambos procesados, por separado, interpusieron recursos de apelación contra esa sentencia expresando que presentarían sus argumentos directamente ante el Tribunal de Alzada, lo cual no se produjo (fojas 525 a 529), en vez de lo cual solicitaron en conjunto la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso (fojas 538). Esos tres petitorios fueron resueltos mediante el Auto de Vista mencionado en el exordio que, declarando improcedente la solicitud de extinción de la acción penal, confirmó la sentencia apelada sobre la base de los siguientes criterios: a) Filemón Barrios Flores no demostró durante el juicio que el requerimiento normal del combustible justificaba las cantidades que fueron observadas; b) Ramiro Flores Terán, quien autorizó las entregas objetadas, afirmó que nunca había sobrepasado las cantidades superiores a las autorizadas aunque nunca sospechó que estuviera desviando el diesel o la gasolina; c) Los Jueces de la causa, basándose en las Diligencias de Policía Judicial, compulsaron debidamente los antecedentes procesales conforme exige el artículo 135 del Código de Procedimiento Penal de 1972, aplicando con corrección y equidad las normas que rigen el proceso penal.
7.- La Defensora de Oficio, Mildred Durán Parra, interpuso el recurso de casación que es motivo de autos con los siguientes argumentos: a) la comercialización en demasía de combustibles no implica comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias controladas; b) No se aplicó el principio expuesto en el aforismo latino "in dubio pro reo".
8.- Al respecto, la Fiscal asignada al caso, mediante requerimiento de 13 de noviembre de 2006, emitió criterio en sentido de que se declaren improcedentes los recursos de casación planteados por los procesados, por haber sido expuestos sin cumplimiento de los requisitos exigidos a ese efecto por el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal de 1972 (fojas 452 a 453).
CONSIDERANDO: que efectuado el examen pertinente, se llega a las siguientes conclusiones:
Primera.- En atención a que combustibles como la gasolina y el diesel se utilizan con la denominación de precursores en la fabricación de cocaína, comprensible que la venta de ese tipo de productos esté restringida y sometida a estricto control, razón por la cual en zonas del trópico de Cochabamba, en las Provincias Chapare y Carrasco, en que las Estaciones de Servicio existentes a ese efecto se encuentran instaladas a gran distancia unas de otras, los transportistas adquieren esos combustibles en recipientes en cada uno de los distintos pueblos mediante compra a comerciantes expresamente autorizados para el efecto, los cuales adquieren periódicamente esos productos en determinadas cantidades cada vez para posteriores adquisiciones previo descargo.
Segunda.- En la fecha en que se produjeron los hechos motivo de proceso, el Supervisor de Sustancias Química Controladas y Precursores en la zona de Chapare, dependiente de la Dirección General de Sustancias Controladas del Ministerio de Gobierno, era Ramiro Flores Terán, quien no pudo explicar el hecho de haber permitido que Filemón Barrios Flores adquiera periódicamente combustibles en cantidades muy superiores a las permitidas en cada entrega sin los descargos respectivos, en cada uno de los que debe constar, con detalle, el nombre del transportista que adquirió el producto con datos de su vehículo y dirección de domicilio.
Tercera.- Los Jueces del Tribunal de Primera Instancia, por la gran cantidad de combustibles vendidos sin que se sepa a quienes, coligieron que tales ventas sólo podían tener como destino las fábricas de cocaína existentes en esa zona, dando al Informe de Diligencia de Policía Judicial el carácter de prueba plena sobre la base de la regla contenida en el artículo 116 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, criterio que fue apreciado como convincente por el Tribunal de Alzada.
Cuarta.- La primera impresión que al respecto se tiene consiste en apreciar todo lo actuado durante la sustanciación de la causa solamente como prueba semiplena en mérito al principio de la duda razonable, pues el acusador no demostró que el excedente de combustible vendido sin descargos fue realmente adquirido por fabricantes de cocaína, pues pudo haber sido vendido a transportista sin comprobante. Pese a esa primera impresión, cabe señalar que el acusado tiene la carga de aportar al proceso los datos que sirvan para probar su irresponsabilidad a fin de convencer al Juzgador acerca de su inocencia, razonamiento que hace que, analizado el caso, ante la total falta de pruebas de descargo, se perciba como válido el criterio del Tribunal de Alzada que confirmó la sentencia de primera instancia, la cual basó su pronunciamiento en la prueba circunstancial a que hace referencia el artículo 144 del Código de Procedimiento Penal de 1972.
POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones, aplicando la regla contenida en el numeral 1) del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, de acuerdo con el requerimiento fiscal, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto mediante Defensora de Oficio por Filemón Barrios Flores y por Roberto Flores Terán impugnando el Auto de Vista emitido el 25 de julio de 2006 por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba en el proceso seguido por el Ministerio Público contra ellos con imputación por comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias controladas.
Presidente: José Luis Baptista Morales.
SALA PENAL SEGUNDA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

References: artículo 48
 artículo 33
 artículo 48
In dubio
 artículo 15
 Resolución 
 artículo 48
 artículo 33
 artículo 307
 artículo 48
 artículo 33
 artículo 116
 artículo 157
 artículo 135
in dubio
 artículo 301
 artículo 116
 artículo 144
 artículo 307