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Timestamp: 2018-02-20 03:48:39+00:00

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CORRUPCION EN BOLIVIA: 2014
Video La funcionaria de YPFB, Alba Camacho, fue detenida por presuntos hechos de corrupción
Caso de corrupción en YPFB Revocan medidas a exfuncionario
El juez de la Sala Penal Primera, Ramiro López, revocó el lunes las medidas sustitutivas y dictó detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz para el exdirector de la Unidad de Comunicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ever Terán, acusado por actos de corrupción en la estatal petrolera.
"Se dispone revocar la resolución 40/2014 de fecha 5 de diciembre de 2014, por los riesgos de fuga, de obstaculización, de probabilidad y auditoría del señor Ever Terán. Con este razonamiento se dispone la detención preventiva en el recinto penitenciario de San Pedro", informó.
Anuncian amparo. La abogada del acusado, Mónica Irusta, dijo que presentará un amparo constitucional por la determinación del juez. "Nos ha extrañado que nos eche la culpa supuestamente de que la jueza haya emitido una mala resolución ", sustentó./ ABI.
Caso de red de corrupción: envían a cárcel a exdirector
El presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz, Fernando Ganam, determinó ayer la detención preventiva del exdirector de Comunicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ever T., imputado por el caso de la red de corrupción.
El juzgado revocó la resolución judicial 40/2014 del 5 de diciembre, que favoreció al acusado con detención domiciliaria. Tras la decisión judicial, Ever T. dijo que colaborará en las investigaciones para desarticular la red que se conformó en el interior de la petrolera estatal.
Terán afirmó que confía en la justicia y anunció que coadyuvará con las investigaciones para establecer la verdad de los hechos. "Lo único es que confío en la justicia boliviana y voy a ejercer mi defensa, en las condiciones que se me está imponiendo. Yo voy a coadyuvar a las investigaciones”, afirmó.
La nueva resolución argumenta que se acreditaron los riesgos de fuga y de obstaculización del proceso.
"Con este razonamiento se dispone la detención preventiva del señor Ever T. en el penal de San Pedro”, afirmó Ganam.
El juez detectó los riesgos de fuga y obstaculización en la investigación por parte del acusado.
Asimismo, el juez indicó que se debe llamar la atención a la jueza que brindó medidas sustitutivas al imputado "por haber omitido los riesgos procesales”. Terán se reservó comentarios al respecto.
El abogado de YPFB William Alave recordó que la Policía aún está buscando a otros implicados en la red de corrupción en la estatal petrolera para detenerlos. Entre ellos están la hermana del Selva C., Ana Belén, y Antonio A., quien supuestamente recibía pagos irregulares.
La abogada del acusado, Mónica Irusta, dijo que presentará un amparo constitucional por la determinación del juez para que su cliente se defienda en libertad de las acusaciones.
"Nos ha extrañado que nos eche la culpa supuestamente de que la jueza haya emitido una mala resolución, esa no es culpa nuestra. Es un hecho atribuible al poder judicial y se está vulnerando el artículo 6 de la Constitución Política del Estado, sustentó.
Reflejan nexos familiares de Arce y Villegas con burócratas
Declaraciones juradas registradas en la página web de la Contraloría de unos 5 servidores públicos confirman información que se comparte en redes sociales los últimos días, de supuesto nepotismo y tráfico de influencias de al menos dos altas autoridades de Gobierno.
Con las declaraciones de la exfuncionaria de YPFB Selva Camacho, sobre algunos vínculos del presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas y sus familiares, las redes sociales se activaron.
Camacho guarda detención preventiva por presunta corrupción en YPFB, pero con sus denuncias circuló también la lista con el nombre del ministro de Economía, Luis Arce, y sus hijos que trabajan con el Gobierno.
Se buscó sin éxito al contralor Gabriel Herbas y al ministro de Trabajo, Daniel Santalla, para conocer si había alguna investigación.
Camacho declaró la anterior semana que el ‘clan Villegas’ estaría conformado por la esposa, Iris Villegas, jefe de gabinete del Ministerio de Culturas; su sobrina, Noemi Villegas, presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC); Raquel Karina Montellano Villegas, quien firmó contratos con YPFB para el mantenimiento de vehículos entre 2012 y 2014, hija de su hermana Daysi Villegas, funcionaria de la Procuraduría.
Se envió un cuestionario el 22 de diciembre a YPFB, pero hasta el 26 Villegas no lo conocía. Se justificó que estaba “de reunión en reunión”.
El ministro de Culturas, Pablo Groux, habló por Iris Villegas y confirmó que trabaja desde enero de 2012. “Conozco sus antecedentes. No encontré injerencia del presidente de YPFB y no tengo dudas sobre el profesionalismo y su responsabilidad en mi despacho”, dijo.
En la ABC no respondieron un cuestionario enviado. En julio, la oposición mostró pruebas contra Montellano y su vínculo con YPFB.
En un comunicado, la Procuraduría explicó que Daysi Villegas trabaja en su Dirección Desconcentrada de La Paz y que asumió el cargo por mérito propio. “Villegas no tiene ninguna incompatibilidad legal para trabajar acá”, añade.
Se envió otro cuestionario al ministro de Economía Luis Arce y no fue contestado.
Se confirmó que el hijo de esta autoridad, Luis M. Arce M., es funcionario de YPFB residual (se cambió por YPB corporación) y Rafael E. Arce M. es Auxiliar de Soporte en la Agencia Nacional de Hidrocarburos y gana entre Bs 3.000 y 3.500.
Marcia del Carmen Villarroel, gerente del Banco Unión, aparece en una lista que la vincula como esposa de Arce.
Así como el ministro lo hizo el 2010, Villarroel desmintió el nexo. “No tengo ningún vínculo con el ministro. Tengo un hijo y familia y eso me preocupa. No sé de dónde sacan estas cosas. Soy viuda pero tengo una vida normal”, informó
Aduana profundizará lucha a la corrupción
La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, desde el 1 enero de 2015 habilitará un horario de atención al público cada 15 días para recibir las denuncias de irregularidades de manera directa tanto en el sector privado como público.
“A partir del próximo año, cada 15 días yo voy a abrir el despacho de la Presidencia (de la Aduana) para recibir quejas de corrupción, obviamente con la reserva que corresponde y lo mismo se hará en las (oficinas) regionales”, señaló.
En este marco, recordó que recientemente se firmó un acuerdo con el sector privado para evitar y erradicar los hechos de corrupción en la cadena del comercio exterior.
Según Ardaya, ahora el oficial aduanero que sea sorprendido en actos ilícitos no solo será replegado sino sometido a un proceso penal.
Asimismo, con la finalidad de acelerar el despacho de mercaderías en abandono en los depósitos aduaneros, la autoridad agregó que desde enero se establecerán plazos y horas, es decir, por ejemplo, que de 8.00 a 10.00 se atenderán las quejas de los propietarios de las mercancías, mientras que de 10.00 a 16.00 se dedicará a la tarea de verificar la documentación y otros procedimientos.
“A las cuatro (de la tarde) me voy a sentar en una oficina, con cámaras, con micrófonos, y con la mirada de los supervisores y administradores para ver que se solucionen los problemas”, manifestó Ardaya.
El Gobierno promulgó este mes las modificaciones a la Ley General de Aduanas y al Código Tributario, aspecto que permitirá acelerar el despacho de las mercaderías en los recintos aduaneros, además establece el derecho a reclamo de los bienes en abandono.
Villegas “La justicia establecerá la dimensión de la red de corrupción”
Villegas afirmó que el último caso de corrupción, que afecta a varios funcionarios de la Unidad de Comunicación, está en manos de los administradores de justicia, quienes deberán establecer "la verdadera dimensión de la red que hemos identificado al interior de YPFB”.
Agregó que cuando asumió la presidencia decidió desconcentrar la institución en 21 unidades, que son también responsables de los procesos de contratación, pero debido a lo ocurrido se ha visto obligado a una nueva concentración.
"Hemos creado una Gerencia Nacional de Comercialización en La Paz con ciertas unidades descentralizadas, ya no desconcentradas en las principales unidades que tenemos en el interior, pero el grueso de las contrataciones se va a llevar a cabo en La Paz. Hemos cambiado la filosofía y la metodología del proceso de contratación”, señaló.
Se ha afirmado que la fuente de corrupción es la contratación directa y la centralización no cambia ese método de contratación.
No hay contratación directa. En todos los procesos hay licitación, nacional o internacional. Lo que tal vez se mal entiende es la invitación directa para los procesos de licitación. Tenemos identificado el universo de ofertantes y lo que hacemos es enviar cartas a cada una de las empresas que ofertan un servicio o un bien para que participen, pero además ponemos la licitación en la página web, de tal manera que no la cerramos a las empresas invitadas. Muchas veces ha ocurrido que han llegado ofertas de más empresas nuevas que de las invitadas.
Los acusados dicen que todo pasaba por sus manos, que no podía pasar nada sin que usted no lo supiera…
Sí, yo sería el "hombre todo poderoso”… Los hechos de corrupción fundamentalmente se han dado en dos empresas subsidiarias. En esas empresas existen gerentes, existen mecanismos de contratación y quienes firman los contratos son los gerentes, no los firma Villegas. En la desconcentración, hay una delegación de responsabilidades. Yo delegué responsabilidades a funcionarios, a profesionales, que tienen a su cargo las 21 unidades de contratación y quienes firman son ellos. ¿En qué circunstancia firma el presidente de YPFB? Firma los contratos grandes. Yo firmo después de todo un proceso donde participan alrededor de 40 o 50 personas, pero donde se genera ese contrato es en la unidad solicitante, donde no está el presidente.
¿Y las acusaciones de acoso e intento de violación?
Me causan hilaridad, molestia, enojo. Si ustedes analizan esas declaraciones, verán que cada una de ellas se va cayendo en el camino. Yo inicié una demanda por difamación de tal manera que esta señora tiene que demostrar sus acusaciones y si hay pruebas, que vaya a la justicia y la justicia que investigue, pero que yo sepa no ha presentado ninguna prueba.
Se ha denunciado también dentro de este caso la existencia de un supuesto nepotismo de parte suya…
Entiendo el nepotismo como la presencia de familiares al interior de la empresa de la que soy el jefe. Nepotismo significa la convivencia de diferentes niveles familiares al interior de una institución. Eso es estrictamente, conceptualmente, nepotismo. Entonces, en YPFB no hay nepotismo.
Juicio por terrorismo entra en receso hasta el 5 de enero
Los problemas de salud que confrontan varios procesados por el caso terrorismo tendrán que hacerse ver durante el receso que ha declarado el tribunal desde hoy hasta el 5 de enero.
El presidente del tribunal, Sixto Fernández, instó a los acusados a realizar esfuerzos para evitar suspensiones de audiencias y demoras en el proceso considerando que lo que se busca es avanzar para no eternizar el juicio.
La mañana de ayer, durante la audiencia de declaración del acusado Adalberto Tórrez, el procesado Alcides Mendoza pidió un alto para ser atendido por un médico, pues dijo tener problemas del corazón, por lo que necesitaba ser visto por un especialista.
Sin embargo, el juez Fernández tras consultar el criterio de los otros jueces rechazó el pedido, indicando que habrá receso, tiempo que los acusados deben aprovechar para someterse a chequeos médicos. “Les pido por favor aguanten un poco, hagan ese esfuerzo para avanzar”, dijo.
Para la mañana de hoy se tiene prevista una audiencia para definir el pedido de cambio de las medidas sustitutivas planteadas por el general Gary Prado Salmón.
El procesado pidió que se le modifique el fallo para ejercer con mayor libertad sus ocupaciones en la docencia y otras actividades lícitas que le corresponde por derecho.
El juicio por el caso terrorismo, con al menos 39 personas involucradas, se encuentra en la etapa de declaraciones. El coronel de policía Adalberto Tórrez, que está favorecido con medidas sustitutivasa la detención, sigue declarando ante el tribunal. Tórrez responde a las preguntas de los fiscales y asesores del Ministerio de Gobierno
Villegas declara por caso YPFB y pide severa investigación
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, declaró hoy ante la comisión de fiscales que investiga el caso de corrupción al interior de la Unidad de Comunicación de la estatal petrolera y pidió una severa investigación, informó el fiscal Leopoldo Ramos.
"Prácticamente lo que hizo (Villegas) es ratificar los memoriales que ha presentado en la querella, todo eso. Bueno acusa al entorno de la red de corrupción y pide que se haga una investigación un poco más severa", explicó a los periodistas.
Por otra parte, Ramos anunció que el lunes y martes de la próxima semana otras personas involucradas en el caso de corrupción de YPFB declararán en calidad de testigos, porque fueron nombrados en la declaración de la propietaria de la empresa Colibrí, Erika Rojas.
Apuntó que entre las personas que declararán están: Yerson Camacho, Julia Gutiérrez, Katia Friderichs. El fiscal recordó que al momento son seis personas aprehendidas por actos de corrupción, entre ellos: el exdirector de la Unidad de Comunicación de YPFB, Ever Terán, quien guarda detención domiciliaria.
Anunció que se solicitará la revocatoria de las medidas sustitutivas para que Terán guarde detención preventiva.
"Hay suficientes elementos y todos los que están investigados están sujetos a él (Terán), que es parte de esta red de corrupción", añadió.
Caso Rózsa Tórrez niega haber falsificado documentos
El coronel Adalberto Tórrez, procesado en el caso Rózsa, niega enfáticamente haber falsificado documentación durante su función en la Policía Boliviana Departamental.
En la audiencia durante el juicio oral aseguró ante el Tribunal de Sentencia a la cabeza del juez Sixto Fernández, que su función en la institución policial fue transparentada en la honestidad.
"Trabajé treinta años ahí y jamás falsifiqué nada. Estoy seguro que jamás ninguno de mis camaradas conoce este tipo de documentos falsos que supuestamente salieron de ahí", manifestó el enjuiciado en la reinstalación de la audiencia.
Empresa privada. Tórrez es acusado de haber entrenado al supuesto grupo irregular de Eduardo Rózsa durante su estadía en la capital cruceña, a través de su empresa de vigilancia.
Sin embargo, ayer en sus declaraciones precisó que su empresa jamás manejó ningún tipo de armamento que no haya sido los "laques" y que solo trabajó en la Feria Exposición, durante los días de la muestra septembrina. Hoy proseguirá la audiencia en el Palacio de Justicia. /ECA.
Transparencia asegura que no recibió denuncia de Camacho
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, indicó que hasta el momento la defensa de Selva Camacho, que es acusada por supuesto daño económico al país por más de $us 600.000, no realizó una denuncia formal sobre los supuestos casos de corrupción que habría en otras instancias de Yacimientos.
Suxo sostuvo que cuando lleguen las denuncias el ministerio las investigará, pero aclaró que solo tomará en cuenta aquellos casos que tienen que ver con el actual proceso y no con otros que quieren dilatar el trabajo de la justicia, que busca castigar a los que daña a YPFB /
La ministra Suxo recomendó que los policías declaren su patrimonio cada año y no cada cuatro gestiones, donde buscan su ascenso. Además, sugirió que el personal civil ingrese al trabajo administrativo
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó el domingo que hasta el momento se concretaron 105 sentencias condenatorias por hechos de corrupción, a pesar de los obstáculos jurídicos que pusieron algunos fiscales y jueces.
“Tenemos hasta este momento, el día viernes salió una nueva sentencia, así que tenemos 105 sentencias ya por hechos de corrupción y creemos que es un buen resultado, pese a la adversidad que tenemos con jueces y fiscales”, informó en una entrevista con medios estatales.
Según Suxo, gran parte de las sentencias concretadas tuvieron, en algunos casos, una duración de hasta seis años, pero gracias a la “pelea” jurídica del Ministerio de Transparencia se lograron completar esos procesos.
“Ahí estamos peleando porque la justicia actúe, peleando porque la justicia de alguna manera dé una respuesta, porque todos sabemos que la justicia está en su peor momento y no dan muestras de querer cambiar”, dijo.
Por último, señaló que la otra investigación relacionada al sistema de salud encontró irregularidades referidas también a horarios de algunos médicos que no trabajar lo establecido en sus contratos.
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CORRUPCIÓN EN YPFB ÁVALOS SE DEFENDERÁ POR CASO YPFB
El concejal cruceño Saúl Ávalos, quien fue convocado a declarar por la comisión de fiscales que indaga el caso de la presunta red de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), asistirá la citación judicial señalada por el fiscal Lepoldo Ramos.
La autoridad recordó que solicitó a la estatal petrolera material publicitario para la maratón que se llevó a cabo el 22 de septiembre de 2013 y que recibió lo requerido de una implicada en una presunta red.
Selva Camacho “Corrupción en YPFB, hay en todos los niveles”
Ojos hinchados y con ojeras, un vestido largo de colores claros y el cabello negro recogido hacia atrás para formar un rodete, es la figura con que nos recibe en el pabellón 5 de la cárcel de Palmasola. Selva Camacho, que desde el jueves fue recluida en esta penitenciaría, comparte ese destino con otras 200 detenidas que descansan en el piso o en pequeñas camas tipo marineras. Antes de entrevistarla pide que caminemos...
Se la acusa de ser la cabecilla de un clan que causó un daño económico al país por $us 680.000 ¿Qué dice al respecto?
Que es una gran mentira. Me quieren hacer responsable de estas empresas que participaron de una licitación y en donde no tuve injerencia, ni poder de decisión.
¿Cómo es el mecanismo de contratación de servicios para publicidad o eventos?
Cada subsidiaria tiene un manual de contrataciones, en donde participan distintas unidades como la de transparencia, la legal y la que controla la corrupción. Se realiza una licitación y la empresa que gana la adjudicación debe estar inscrita legalmente y contar con todos los requisitos que se le solicite.
En este tipo de contratos ¿quién tiene la última palabra?
Si se trata de la casa matriz, nada pasa sin que don Carlos Villegas (titular de YPFB) se entere. Él está al tanto de todo y no firma nada que no esté en orden. Si son las subsidiarias, como ya dije, hay un manual de contrataciones que se tiene que respetar.
¿Cuál es su grado de relación con las empresas Bell Comunicaciones, Omnimedia, Bravo Servicios Integrales y Comunicación, Structura y Colibrí?
No tengo ninguna relación. No son mías, no soy su representante legal y no trabajo en ellas. Tampoco tengo un capital invertido en las mismas.
Pero algunas son de su hermana y una le pertenece a su hijo.
¿Eso sí lo sabe?
Claro que lo sé. Bell Comunicaciones y Structura pertenecen a mi hermana Belén Camacho, pero si encontraron algo irregular es a ella a la que deben indagar, ya es mayor de edad. De Omnimedia y Colibrí no sé nada.
La empresa Bravo Servicios Integrales es de mi hijo y ahí si de algo me tienen que acusar es de orientarlo y aconsejarle.
De acuerdo con los datos de YPFB Transporte, Bravo Servicios Integrales y Comunicación se hace cargo de un trabajo de vallas publicitarias por un valor de $us 484.000 ¿Cómo logró tal adjudicación?
La empresa de mi hijo participó en la feria de los proveedores que realiza YPFB, en la que desde una pequeña compañía hasta una grande pueden ofrecer a Yacimientos cualquier tipo de servicio. La de mi hijo está dedicada a la publicidad, por eso desde YPFB Transporte se contactaron, él se presentó y ganó la licitación para realizar 44 vallas de lonas por el valor que se indica.
La subsidiaria canceló un 50% apenas se firmó el contrato, luego cuando hubo un cambio de lona le dieron a mi hijo un 30% y al finalizar el contrato los restantes 20%. Hasta el momento han desembolsado unos $us 368.000.
Tengo un anticrético de $us 30.000, una camioneta Toyota modelo 2014, que saqué a crédito, voy por la cuota 10, eso es todo. No tengo cuentas en los bancos del exterior, no soy una millonaria que maneja YPFB, no tengo empresas de comunicación que facturen miles de dólares y se quede con todas las licitaciones de Yacimientos.
Se le acusa de que para tener alguna ventaja en la licitación contaban con el apoyo de Ever Terán, que hasta antes de tener detención domiciliaria era el jefe de la unidad de comunicación de YPFB.
Ever sabe muchas cosas, pero no se va a animar a contarlas. Además no conozco cómo era su actividad y si tenía algún contacto con las subsidiarias.
¿Desde cuándo conoce a Carlos Villegas?
Con don Carlos Villegas empecé a trabajar cuando era ministro de Planificación, allá en 2006, en un principio fue difícil entender el ritmo laboral de Villegas. Luego cuando lo trasladan a la presidencia de YPFB, también lo sigo y estoy hasta 2009 frente a la unidad. En esa época llegué a ser su apoyo y personal de confianza.
Se dice que también tuvieron algún tipo de romance ¿Es cierto?
Escuché este tipo de comentarios y no son ciertos. Con don Carlos siempre mantuvimos una relación laboral, que solo en dos ocasiones tuvieron un incidente del que prefiero no hablar.
¿Por qué cree que está en esta situación?
Pues porque Iris Villegas, que es esposa de don Carlos, está enferma de celos. Ella es quien tiene la caja chica de las subsidiarias de Yacimientos. Ella es la que está impulsando este calvario que vivo. Pero sé que llegará la justicia y solo espero y pido al Gobierno que no se deje llevar por estas falsas calumnias en donde solo se está apuntando a mi persona cuando el tema de la corrupción es grande.
¿Pues usted cree que solo hay irregularidades en una sola unidad de Yacimientos? Eso no es así, si de verdad quieren terminar con la corrupción por qué no investigan lo que sucede en YPFB Refinación o en YPFB Comercialización.
¿Tiene pruebas de lo que dice?
Claro que las tengo y por eso digo que en todos los niveles de YPFB hay corrupción y eso lo demostraré en una segunda instancia que vendrá
Acorralado por un proceso de extorsión, incumplimiento de deberes y a punto de ser detenido, el ex fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza Álvarez, fue protagonista el 11 de marzo, de una inesperada fuga a Brasil. Desconcertante fue también su reaparición y posteriores revelaciones en sentido de que el caso que investigaba, durante tres años, era un montaje del mismo Gobierno para derrocar a la oposición política asentada en Santa Cruz.
Semanas después de su huida, la Fiscalía aceleró los procesos para declararlo rebelde, pedir a la Interpol su detención y luego gestionar ante Brasil la extradición; intenciones que resultaron tardías porque la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de ese país le concedió -y amplió- refugio hasta el 2016.
Soza accedió a una entrevista en Brasilia, donde reconoció que la "Carta al Pueblo de Bolivia" firmada el día de su fuga, llevaba su puño y letra, por tanto, se ratificaba que durante la investigación corrieron sobornos, compra de testigos y presiones para incluir - sin pruebas- a líderes cruceños.
Esa carta motivó que la defensa de los acusados planteara un incidente pidiendo la nulidad del proceso, debido a que Soza admitió que el caso fue un montaje con pruebas inventadas. La comisión de fiscales dijo que la carta no tenía legalidad porque no fue validada por la Cancillería boliviana.
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz declaró improcedente el recurso, con lo cual se reinició el juicio, pese a que en una grabación filmada en Brasil, Soza dijo: "Yo la reconozco la carta, yo la firmé y yo la presenté ante la Policía Federal, la leí ante los medios de comunicación y esa es la carta que yo he firmado de puño y letra y no puedo retroceder en eso".
Incluso afirmó que los audios denunciados por la senadora opositora, Carmen Eva
Gonzales, hablando de redes de extorsión a favor de altas esferas gubernamentales y de un supuesto montaje, fueron grabados por funcionarios del Ministerio de Gobierno para defenestrarlo públicamente.
Relató que huyó de Bolivia porque su vida y libertad estaban en peligro y porque "no existe garantía judicial" y mostró de prueba los procesos que, según él, fueron armados por la Fiscalía.
Boris Villegas, director jurídico del Ministerio de Gobierno, cuando se produjo el caso terrorismo, aseguró que el mismo fue planificado por el "gabinete jurídico", sin tener pruebas para descabezar al expresidente del Comité Cívico Cruceño, Branko Marinkovic y otros líderes opositores al Gobierno.
El expolicía de seguridad del exfiscal Marcelo Soza, teniente José Juan Laguna Saavedra, reveló que el ex director nacional de Inteligencia de la Policía y ex comandante general de la Policía, Jorge Renato Santiesteban Claure, trajo desde España al húngaro boliviano, Eduardo Rózsa Flores para activar el plan de descabezamiento a la oposición cruceña.
"Michael fue sumariamente ejecutado por una sola bala al corazón en el Hotel Las Américas el 16 de abril de 2009", dijo Caroline Dwyer que el 13 de septiembre de 2014 llegó a Bolivia a pedir justicia por su hijo.
"Mientras yacía muerto o moribundo, recibió cuatro tiros más en su espalda. Le encontraron en su cama. Sólo llevada nada más que su bóxer color rojo", manifestó Dwyer al pedir una investigación internacional independiente y transparente con respecto al asesinato de su hijo.
“Estudio Académico”: Policía, justicia, salud y universidades presentan alarmantes niveles de corrupción
El “Estudio Académico”, elaborado por el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, reveló que instituciones estatales, como la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), el área de salud y justicia, además de la Policía, presentan alarmantes niveles de corrupción. El informe fue presentado ayer por la ministra Nardi Suxo en el marco de su informe de gestión.
La elaboración estuvo a cargo del Instituto Boliviano de Estudios en Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (IBEC), en el marco de la implementación de la Agenda de Investigación, ejecutó tres investigaciones en las áreas de Salud, Policía y Universidad, con el objetivo de proponer políticas públicas y acciones contra la corrupción, en base al conocimiento y evidencia empírica sobre transparencia y anticorrupción.
Las tres investigaciones fueron priorizadas como temas necesarios y urgentes realizados en 10 talleres de consulta con la participación de más de 350 representantes de entidades estatales, privadas y organizaciones sociales.
Según Suxo, estos son los resultados obtenidos luego de más de un año de trabajo. “Estas investigaciones son netamente académicas pero han desarrollado y demostrado, cuáles son los problemas y dónde están los focos de corrupción en estas áreas”, aclaró en un preámbulo a la presentación del informe.
El investigador Alfredo Balboa fue el encargado de realizar la investigación a la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA. “Hemos tenido el apoyo del rector Waldo Albarracín, nos ha abierto las puertas, las investigación no son de esta gestión, se tomó en cuenta períodos anteriores”, aclaró.
En la UMSA el objetivo fue determinar la relación entre el sistema universitario y potenciales prácticas de corrupción en la universidad pública.
Como eje central se encontró que existen grupos de poder, que sobresalen en la toma de decisiones. “Hemos constatado que hay más interés en lo político que en lo académico”, explicó.
En la unidad de trasparencia de la carrera de Derecho se tiene una serie de denuncias como la venta de exámenes, acoso sexual, cobro por trámites, entre otros. “Cuando quisimos procesar estos hechos nos chocamos con un muro porque hay protección a los docentes, funcionarios administrativos”, dijo.
Se ofrecen becas sólo a los amigos; se presentan sobornos y extorsión para la obtención de títulos; apropiación indebida de bienes y recursos en las facultades y admisión irregular de estudiantes, entre otra gran variedad de irregularidades.
Marlene Choque fue la investigadora en el caso del sistema de salud; el objetivo principal, analizar la cultura institucional del sistema de salud pública e identificar los puntos neurálgicos, zonas de riesgo donde no se aplican los contenidos de la transparencia o sean potencialmente susceptibles de actos de corrupción, para también proponer alternativas de solución o mitigación.
Entre los factores de riesgo, se identificó a la formulación de contratos relacionados a bienes y servicios. Conformación de las comisiones de calificación y recepción de bienes, decisiones en las comisiones de calificación, recepción provisional de bienes, seguimiento del cumplimiento de contratos, contratos de personal entre otros.
POLICÍA FELCC
“Disculpen, voy a tomar un trago de agua, porque esto es realmente terrible”, afirmó Suxo, antes de emitir el informe referido a la investigación hecha sobre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), cuya elaboración tomó tiempo debido a que varios profesionales desistieron de esta investigación por las amenazas y el peligro que supone destapar a la corrupción al interior de la Policía.
Bajo la metodología de estudio de caso, encuestas y entrevistas a uniformados policiales de diferentes rangos, para definir varios otros aspectos, se estableció que las prácticas más comunes de corrupción en la Felcc son:
Las prácticas más comunes de corrupción en la institución policial son cobros irregulares, incumplimiento de plazos procesales, extravío de documentos en investigaciones policiales, la modificación de las actas, la manipulación de las pruebas para manipular una condena, señaló entre lo más destacado la ministra Suxo.
El informe señala que las zonas de riesgo identificadas en la institución policial, además de la Felcc, son el Comando General, la Inspectoría General y la Dirección Nacional de Personal.
OBSERVACIÓN DE EMBAJADOR
Por otro lado, el embajador de Uruguay, Carlos Flanagan, invitado al evento, señaló que si bien no puede inmiscuirse en temas de Estado, preguntó a la ministra Suxo, el hecho de que las unidades transparencia, de las diferentes instituciones, no dependan del Ministerio de Transparencia, lo cual facilitaría la fiscalización.
Suxo respondió al embajador uruguayo afirmando que esto se debía a una resolución en la que se instruye a las diferentes instituciones, crear sus propias unidades, con recursos y personal adecuado a sus dimensiones y tipo de trabajo.
Fiscal: Testaferro recibía coimas para red de corrupción en YPFB
Marco Antonio Arguedas era el que recibía el dinero de las coimas que entregaban las empresas para adjudicarse contratos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dijo el fiscal que atiende el caso, Leopoldo Ramos.
Arguedas está prófugo y el Ministerio Público lo busca.
"En el caso de Arguedas, era la persona en la que depositaban el dinero, una especie de comisión de los funcionarios de Yacimientos, era el testaferro”, reveló Ramos.
Dijo que el presidente de YPFB, Carlos Villegas, dio ese dato.
"Lo que hicimos fue solicitar, a través del Ministerio de Transparencia y a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el movimiento particularmente de una cuenta de Marco Antonio Arguedas. En una reunión del 27 de agosto, me informaron que depositaron dinero a favor de él. La UIF nos envió una información que señala, con claridad, que hubo depósitos por un poco más de 34.000 dólares y también retiros”, dijo Villegas el martes.
Arguedas fue acusado de formar parte de la red de corrupción que operaba dentro de la petrolera estatal.
Hasta el momento, fueron detenidas seis personas. Ever Terán exjefe de la Unidad de Comunicación de la casa matriz, y Selva Camacho, quien trabajaba en YPFB Chaco, en Santa Cruz, son dos de los que recibieron medidas cautelares.
Terán tiene detención domiciliaria y Camacho recibió prisión preventiva en Palmasola, Santa Cruz. Además, fueron detenidas otras cuatro personas.
El fiscal agregó que la Policía aún no ha logrado aprehender a Arguedas ni a Ana Belén Camacho, hermana de Selva Camacho.
El fiscal Ramos afirmó que otras 10 personas fueron citadas a prestar declaraciones.
Cuatro de ellas, Gerson Camacho, Alba Chirinos, Julia Gutiérrez y una empleada de menor rango, trabajan en YPFB.
Las seis personas particulares restantes tendrían nexos con las cinco empresas que se favorecían con contratos de YPFB.
Mónica Irusta, abogada de Ever Terán, solicitó la declaración de Gerson Camacho, quien era el que firmaba los contratos y no así su defendido. Sin embargo, desestimó iniciar una acusación contra esta persona.
Sobre Chirinos, Villegas dijo que fue quien "digitó este contrato de 484 mil dólares” para que YPFB Transportes firmara a favor de la empresa Bravo.
Por esta razón, sostuvo que se presentó la denuncia por los delitos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y cohecho pasivo y activo.
Selva Camacho denunció al presidente de YPFB por acoso sexual, pero éste lo negó y presentó otra querella por difamación.
IBCE: Sector empresarial desafiliará a miembros que incurran en corrupción
Uno de los componentes del pacto firmado entre la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) señala que todo funcionario involucrado en actos ilícitos de corrupción será retirado de su entidad empresarial a la cual está afiliada.
El presidente del IBCE, José Luis Landivar Bowles, informó a Cambio que el principal alcance del “Pacto de Prevención y Lucha Contra la Corrupción en la Cadena Logística de Comercio Exterior”, firmado ayer en La Paz, desarrollará de forma consensuada un código de ética en un plazo de 120 días, tras la firma del convenio.
“A partir de la firma del convenio o pacto, se desarrollará este código de ética que va ser de cumplimiento obligatorio en todos los actores, tanto de funcionarios de la Aduana, como también de la cadena de los operadores del comercio exterior”, señaló.
Asimismo, la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, señaló que la suscripción de este pacto implicará una mayor transparencia en la actividad aduanera, logrando un mayor nivel de confianza para mejorar la imagen pública.
Según Ardaya, el problema de corrupción se puede dar tanto al interior, como al exterior de esta entidad o como también en distintas empresas privadas o públicas.
“Nosotros nos sentimos orgullosos de ser aduaneros y nos va a permitir de alguna manera entre todos trabajar en temas de corrupción. Esto implica que el sector público y privado se unan ante este fenómeno importante que es el de la corrupción”, remarcó.
En tanto, abogó por crear una conciencia ética en el sector público y privado para “extirpar y erradicar” los hechos de corrupción.
El foro realizado ayer por el IBCE, en su edición 55, aglutinó a 115 entidades que se adscribieron al acuerdo de forma voluntaria, además de marcar un nuevo récord de asistencia al contar con cerca de 250 asistentes, entre empresarios, funcionarios públicos y población.
Este evento fue el resultado de un trabajo sinérgico de preparación por varios meses, derivando en la suscripciónvoluntaria de un compromiso que busca acciones concretas como instaurar de manera consensuada y coordinada un Consejo Público-Privado para vigilar un sistema que permita atacar y denunciar actos de corrupción en el país, a lo largo de la cadena logística de comercio exterior, sostiene el IBCE.
Además, el Pacto de Prevención y Lucha Contra la Corrupción se orienta a adecuar y modificar los códigos de ética en las entidades privadas; designar una comisión mixta; generar planes de acción, investigación y difusión, para enfrentar el flagelo en el ámbito del comercio exterior.
Por su parte, la representante de la Organización Mundial de duanas (OMA), Norma Locatelli, indicó que Bolivia con el trabajo realizado, además del pacto, se convierte en el segundo país de Sudamérica y del mundo en firmar un acuerdo de ética y transparencia a nivel de la administración aduanera de la OMA.
Conclusiones y expresiones del Foro
Entre las principales expresiones y conclusiones destacan, por ejemplo: la felicitación y el apoyo a la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, y a toda la institución, por combatir la corrupción.
La prevención del delito es fundamental y se debe iniciar en la etapa escolar, sostiene el IBCE.
Las instituciones públicas y privadas deben participar en liberar al país de la corrupción, además, los participantes coincidieron que hacer negocios éticos no es imposible.
También se determinó que “poner en mesa los problemas” es la mejor forma de avanzar contra la corrupción.
Los participantes ponderaron que con la firma de este acuerdo público contra la corrupción, la Aduana Nacional abre las puertas a un verdadero cambio y se situó como un ejemplo a seguir, por los avances en la materia, a Uruguay.
Se valoró la gestión aduanera en los últimos 5 años.
Santos Ramírez: En YPFB se tapan hechos de corrupción
El expresidente de YPFB y preso en la cárcel de San Pedro, Santos Ramírez, afirmó ayer a Erbol que “los más grandes hechos de corrupción” en la estatal petrolera “se están tapando de manera sistemática”.
Aseguró que Gerson Rojas, exfuncionario de Yacimientos, sabe con precisión el sobreprecio en la planta Río Grande, puesto que hizo una auditoría. Lamentó que él esté “guardado” en la cárcel de Palmasola y no tenga derecho a hablar. Rojas fue gerente de la planta de separación de líquidos y fue detenido acusado de enriquecimiento ilícito.
Ramírez aseveró, además, que el fiscal Edward Mollinedo también sabe los “tejemanejes” de la corrupción en YPFB. Está detenido en Palmasola por el caso de la red de extorsión.
El exsenador por el MAS reiteró su denuncia de que hubo sobreprecio en la construcción de la planta de Río Grande.
Explicó que el contrato firmado por él, motivo por el cual fue encarcelado, disponía un costo de 86 millones de dólares y que con el nuevo contrato, hecho después de su salida, la planta costó 180 millones de dólares.
El fiscal a cargo de las investigaciones de la presunta nueva red de corrupción en YPFB, Leopoldo Ramos, dijo a ANF que se citará a cuatro funcionarios más por estar presuntamente vinculados con la red y se busca a dos personas particulares que se encontrarían prófugas.
Por su parte, el presidente en ejercicio, Álvaro García, dijo ayer sobre YPFB que “es la propia institución que tiene la capacidad de autoevaluarse, autocurarse y autodepurarse, y esta es una buena señal de una institución sana”.
Red de corrupción en YPFB exigía coimas de hasta 20% por contrato
Las coimas que cobraba la red de corrupción que operada desde la jefatura de Comunicación de YPFB, para adjudicar contratos de servicios de manera irregular, oscilaban entre el 5% y 20%. El dinero debía ser depositado en algunas cuentas del grupo para asegurar los trabajos.
La denuncia fue hecha la noche del martes por el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, en el programa A Todo Pulmón de Cadena A. En la entrevista señaló que se enteró de estas irregularidades el 27 de agosto, cuando se reunió con representantes de algunas empresas que prestaban servicios a la petrolera estatal, entre ellas Erika Rojas, gerente general de Colibrí; Wálter Ustárez, gerente de Sirenita; y Marti Méndez.
“Ellos vinieron fundamentalmente para expresar que YPFB tenía varias deudas pendientes con esas empresas. Y comenzando a entrar al detalle me dicen que además son objeto de extorsión, me dan nombres de la gente de YPFB. Me dicen: ‘Me extorsionan’ y me dieron números de cuenta donde ella (Erika Rojas) tiene que depositar obligadamente si el proceso de contratación iba a ser exitoso y además depositar para recibir su pago”, explicó el titular de YPFB.
Investigación. Desde esa fecha es que se empezó a investigar los contratos de servicios irregulares a través de la Unidad de Transparencia de la entidad, y en la búsqueda se descubrió —según Villegas— que de esta red eran parte el jefe de la Unidad de Comunicación de YPFB, Ever Terán Flores, y Selva Camacho, exjefa en ese cargo que luego fue a trabajar en YPFB Chaco. Añadió que estas personas, junto a amigos y familiares, conformaron cuatro empresas que luego se adjudicaron contratos. “Tuvieron un modus operandi que, desde la Dirección de Comunicación de YPFB, se adjudicaban esos contratos. Hasta el momento hemos descubierto seis procesos de contratación a favor de esas empresas”, acotó.
En los procesos para contratar servicios a YPFB, habían empresas que reunían características técnicas mejores que las que se adjudicaron los contratos, pero la red las descalificaba para beneficiarse, añadió. En la audiencia de medidas cautelares de Erika Rojas, ésta denunció también la extorsión que sufría de parte de esos funcionarios y algunas personas particulares. Entre éstos citó a Alba Chirinos (funcionaria de YPFB Transporte), Julia Gutiérrez, Selva Camacho Gonzales, Marco Arguedas y Ever Terán Flores.
El martes el fiscal asignado a este caso, Leopoldo Ramos, anunció que a raíz de las declaraciones de Rojas, la investigación por la adjudicación ilegal de contratos en YPFB se ampliará a diez personas más, cuatro de la petrolera estatal, otras seis particulares, y que las citaciones para que éstas declaren serán entregadas en los siguientes días. Complementó que a Rojas se le secuestró una computadora y documentos donde se muestran las acciones de esa red.
Las empresas conformadas por esta red eran Structura, de Ana Belén Camacho Gonzales (hermana de Selva); Omnimedia, de Guido Alarcón Terrazas (pareja de Ana Belén Camacho); Bell Comunicaciones, también de Ana Belén Camacho; y Bravo Servicios Integrales, de Yalile Bravo Espinoza, cuyo representante legal era Luis Alejandro Bell Camacho.
Pesquisa, apoyo y denuncias
El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, destacó ayer que YPFB haya denunciado los hechos de corrupción en la petrolera estatal, y que ahora la investigación esté en manos del Ministerio Público. Pidió mostrar las pruebas si hay denuncias en sentido contrario.
El titular de YPFB, Carlos Villegas, denunció que Ever Terán, como jefe de Comunicación, tenía mucho poder y generaba un ambiente de presión en los responsables de comunicación de otras subsidiarias.
Dictan orden de aprehensión contra 2 personas
El fiscal asignado al caso de corrupción en YPFB por contratos irregulares, Leopoldo Ramos, informó ayer que hay órdenes de aprehensión contra Ana Belén Camacho (hermana de Selva Camacho), responsable de Bell Comunicaciones, y Marco Arguedas, que trabajaba con Guido Alarcón (pareja de Ana Belén). Ambos están prófugos.
“Lo que hacía (Marco Arguedas) era recibir en su cuenta bancaria todas las coimas que le iban pagando a Ana Belén”, informó el fiscal. Añadió que para este jueves se llamó a declarar a cuatro funcionarios de la petrolera estatal debido a la ampliación de la investigación en este caso.
La noche del martes, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, indicó que Ana Belén Camacho se encuentra prófuga al igual que Alba Chirinos, funcionaria de YPFB Transporte. “Este señor Marco Arguedas es el que recibía el dinero que entregaban las empresas”, complementó la autoridad. Respecto de Guido Víctor Alarcón, Villegas señaló que éste es miembro de la Fuerza Aérea Boliviana y dijo que su pareja, Ana Belén Camacho, está prófuga y es persona clave en este proceso de investigación.
El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer desde Sucre que instruyó la conformación de una comisión para que investigue los hechos de corrupción en YPFB. “Lo que estamos haciendo es actuar en el marco de la objetividad de las atribuciones que tenemos como Ministerio Público”. Ante la consulta de si se investigará al presidente de YPFB, éste respondió: “Se va a investigar a todos los que estén involucrados en ese caso”. Sobre los contratos irregulares, Villegas indicó que estos hechos disminuirán la dinámica de trabajo en YPFB porque a los funcionarios les costará tomar decisiones.
Sustraen documentos de la Caja Nacional de Salud
La Ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció que funcionarios de la Caja Nacional de Salud sacaron documentación importante que serviría como prueba de la corrupción en esa institución.
"Lo que hemos podido verificar es que la noche del martes, personal de la Caja Nacional se ha dado la tarea de sacar documentación, incluyendo el director administrativo, pese a que el gerente de la Caja instruyó que no se dejara entrar a nadie", denunció la autoridad.
Afirmó que se hará la acusación formal por sustracción de documentos a los funcionarios que intentaron perjudicar la intervención. Garantizó que pese a este intento de obstaculizar la investigación, se continuará con la misma.
"No crean que porque se están llevando los documentos no vamos a hacer nada o no tenemos cómo trabajar. Vamos a denunciar porque hemos identificado a las personas. Estamos defendiendo los derechos de los asegurados", resaltó la Ministra.
Dentro de las irregularidades evidenciadas se encuentra la excesiva contratación de personal administrativo, la pérdida de 40 terrenos y la deficiente ejecución presupuestaria.
Ven a funcionarios de CNS sacando documentos
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, denunció ayer que el martes a las 22.00 vieron cómo funcionarios de la Caja Nacional de Salud (CNS) retiraban documentación, motivo por el que se iniciará las acciones legales respectivas.
La ministra Suxo informó a los medios que la institución ya tiene algunos resultados previos de la investigación sobre la intervención realizada a la principal institución aseguradora del país.
“Hemos podido verificar que anoche 22.00 (del martes) se evidenció que el personal de la CNS se dieron a la tarea de sacar documentación de la aseguradora social”, sostuvo.
A su vez, denunció que el funcionario responsable de la Dirección de Administración “retiró documentación de la Caja pese a que existe un instructivo de no sacar nada”.
Anticipó que por el hecho de sustracción de documentación se hará la denuncia correspondiente ante las autoridades del Ministerio Público. “Tenemos identificadas a las personas”, aseguró.
Aseguró que el objetivo principal de la intervención es defender los intereses de los asegurados de la Caja Nacional de Salud, en este entendido pidió a la población en general que de conocer hechos irregulares, los denuncien.
“Muchos ciudadanos, incluso personas que trabajan en la institución nos han estado demostrando con documentación las denuncias de irregularidades”, dijo.
Informó que los primeros resultados de esta intervención serán dados a conocer al público en los siguientes días. En tanto, la intervención continuará dentro de la instancia administrativa.
Desde el mes de julio se emprendió una investigación a la CNS, en la que se pudo constatar malos manejos de la infraestructura y equipos, además de irregularidades en los procesos de contratación del personal e insumos, entre muchos otros casos de corrupción y nepotismo.
En ese contexto, el pasado 28 de noviembre, el Gobierno a través del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción anunció la intervención a la CNS a solicitud de la Central Obrera Boliviana (COB), debido a que se verificó las irregularidades en las contrataciones y en el actuar de los funcionarios.
El 8 de diciembre, la CNS fue intervenida por personeros del ministerios de Salud y de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y dirigentes de la COB, que conformaron una comisión de investigación, luego de conocer varias irregularidades y quejas dentro del seguro social. Cinco fueron las unidades intervenidas: Transparencia, Contrataciones, Recursos Humanos, Compras y Adjudicaciones.
Luego de la intervención a la CNS salieron a la luz pública una serie de denuncias, en su mayoría por nepotismo.
Por ejemplo, en una de ellas estaría implicado el secretario de Seguridad Social de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan José Guzmán, quien supuestamente tiene parientes que trabajan al interior de la Caja.
El caso fue denunciado por funcionarios que decidieron mantener su nombre en reserva y se remite a que la esposa Y.O.P., el hermano N.G.H. y dos cuñadas del dirigente de la COB se encuentran trabajando al interior de la CNS.
Guzmán en declaraciones a este medio desestimó que hubieran esas irregularidades, sin embargo, acepto que su esposa sí estaría trabajando en la CNS.
SELVA CAMACHO EXFUNCIONARIA DE YPFB “VILLEGAS ME HIZO UN MONUMENTO EN LA CÁRCEL" TEMAS
Extrabajadora de YPFB, Selva Camacho, en una entrevista exclusiva, sindica a Carlos Villegas de darle la espalda para salvar su cargo y el de sus familiares a quienes beneficia.
¿Que más se puede conocer sobre el caso de presunta corrupción en YPFB?
Después de haber estado en una audiencia amañada, con una Juez vendida a la que presumo le ofrecieron mejorar su cargo y que violó mis derechos y el de mis hijos, puedo decir mucho, pero todo sera en su oportunidad.
¿Al parecer, Éricka R. R. conocía la supuesta red?
Según ella conocía a gerentes y otras personas. Dio nombres pero yo no tengo idea de quién es ella. En la audiencia, dijo que tenía un correo mío en el que supuestamente le pedía un monto y si tienen esas pruebas que las hagan públicas e investiguen a otros ejecutivos de YPFB.
¿Hay corrupción en YPFB?
La corrupción comienza por la cabeza, porque el corrupto más grande se llama Carlos Villegas Quiroga. Antes, en un inicio, era un profesional de primer nivel, pero fueron pasando los años y el hombre se fue empoderando y le comenzó a gustar la plata. Entonces, comenzó a hacer negociados con medio mundo y ahora resulta que lucha contra la corrupción.
¿Hay pruebas de su denuncia?
Sí. Una prueba es el documento que le mande a la ministra anticorrupción Nardi Suxo. Un ejemplo es de cómo un presidente de la empresa más importante de este país va a contratar a la empresa de su sobrina para realizar mantenimiento de más de 100 vehículos.
Creó la empresa y se fue a Santa Cruz. Al ser descubierto, anuló el contrato, pero instruyó el pago de todo lo adeudado hasta ese momento. Eso es corrupción.
¿Conocía de estos hechos el Presidente del Estado?
No. Pero deben saber que Carlos Villegas ya no es el hombre de 2006. Espero que el presidente el Estado, Evo Morales, a quien considero un hombre justo al igual que el Vicepresidente, revisen la imagen de Villegas, que es un peligro para el Estado y la propia sociedad.
¿Por qué dejó el cargo que tenía en 2009?
Porque Carlos Villegas me acosó en varias oportunidades y decidí irme. Todo comenzó después que nació mi hija. Comenzó la venganza en contra mía.
Mi última hija tiene tres meses y, en ese tiempo, Carlos Villegas me inició, al menos, cuatro procesos. Todos por enriquecimiento ilícito. Eso, ahora, deben demostrarlo con las investigaciones y solicitudes a la ASFI.
Pero, usted lo protegió...
Pero quien cree que lavaba la cara a Carlos Villegas. Cada error que cometía, estaba yo ahí. Decían que Villegas era corrupto y yo decía que metía las manos, no solo las manos, al fuego, sino todo porque sabía que no me iba a quemar.
Pero era el Carlos Villegas de 2006-2007. Yo era la persona de confianza. La persona más allegada que conocía todos los movimientos que hacía él.
Incluso, lo salve de que lo manden a la cárcel en varias oportunidades.
Uno de esos casos fue el de Gerson Rojas, exgerente nacional de las Plantas de Separación de Líquidos de YPFB, acusado de cometer actos de corrupción en la licitación de la planta de Río Grande.
Él, Villegas, paraba llorando y yo le daba ánimos y daba conferencias de prensa para limpiar su imagen.
¿Alguna vez fue reconocida por estos trabajos?
No, sólo tenía una frase célebre que me dijo “Selva te voy hacer un monumento, porque gracias a vos Evo, el presidente, me dio su respaldo nuevamente.
El monumento no sabía que me lo iban hacer en la cárcel. A donde me han enviado y destruido mi vida, mi familia.
"Hablar de 30.000 dólares es poco. la esposa de Villegas pide 40.000 y hasta 50.000 dólares en porcentajes por cada proceso de licitación".
El presidente de la empresa estatal YPFB no pudo atender el pedido de La Prensa y en sus oficinas se informó que la autoridad, que se hallaba abocado a sus labores cotidianas y que ya había ofrecido una conferencia de prensa sobre este caso.
Villegas declaró en conferencia de prensa, hace unos días que la presunta red familiar de corrupción, desbaratada la pasada semana, captó más de medio millón de dólares por contratos de publicidad y organización de eventos.
Además, el titular de la estatal de hidrocarburos desvirtuó las denuncias de acoso sexual en su contra y afirmó que son una especie de "cortina de humo", que pretende desviar las investigaciones y la responsabilidad de los sospechosos.
Defienden a la esposa de villegas
El presidente en ejercicio, Eugenio Rojas (MAS), justificó que Iris Villegas, esposa del presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Carlos Villegas, sea jefe de gabinete en el Ministerio de Cultura, porque a su criterio todos tienen derecho al trabajo.
En conferencia de prensa desde Palacio Quemado, Rojas reiteró que el Gobierno del presidente Evo Morales apoyan a Carlos Villegas porque consideran que es "un hombre trabajador y serio".
"Si trabaja en otro ministerio tiene derecho a trabajar, si estaría trabajando con el presidente Carlos Villegas en ese sentido estaríamos equivocados, estaría mal. Mi hijo tiene derecho a trabajar pero no en el Senado, mi esposa tiene derecho a trabajar pero no en el Senado, no podemos privar del trabajo, somos seres humanos, necesitamos trabajar", manifestó Rojas.
La exjefe de la unidad de comunicación de YPFB, Selva Camacho, denunció que existe una verdadera "red de corrupción" entre funcionarios de YPFB y la jefe de gabinete del Ministerio de Cultura, Iris Villegas, esposa del presidente Carlos Villegas. /
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Video Presidente de YPFB revela datos de la red de corrupción de un clan familiar en la empresa petrolera
Exfuncionaria de YPFB Selva Camacho califica de venganza la denuncia y juicio en su contra
La exjefa de la Unidad de Comunicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Selva Camacho, tras conocer la orden de detención preventiva ordenada por una juez cautelar, calificó de venganza la denuncia y juicio instaurado en su contra por haber mencionado un intento de acoso sexual.
Camacho será trasladada al centro penitenciario de Palmasola en Santa Cruz, donde cumplirá la orden judicial, mientras se desarrollen las investigaciones sobre las denuncias del presidente de YPFB, Carlos Villegas, de operar una red familiar de corrupción que se beneficiaban de contratos de servicios otorgado desde la Unidad de Comunicación de YPFB.
Sin embargo la ahora detenida preventiva, reiteró sus acusaciones en contra de Villegas y entregó a su abogado defensor un legajo de un proceso de contratación directa a la supuesta sobrina para la reparación de vehículos. "Aquí tengo las pruebas señores, el proceso completo contra Montellanos Villegas Raquel Karina, quieren saber quién es ella, ella es la sobrina.
Esta señora se adjudicó un contrato, aquí están todos los detalles. Entonces como la señora Nardi Suxo pedía pruebas de la corrupción que hay en Yacimientos, pues señora Nardi Suxo le voy a enviar", manifestó Camacho.
La exjefa de comunicación dijo que cuando se filtró documentación de esta denuncia, Villegas suspendió el contrato con su sobrina, pero antes había ordenado que se pague por el trabajo realizado, lo que a criterio de Camacho consuma el acto de corrupción que pide sea sancionado con el mismo trato que ella recibe actualmente.
El 2 de julio de este año los diputados de Convergencia Nacional (CN), Alex Orozco y Luis Felipe Dorado, denunciaron que la sobrina de Villegas, se habría beneficiado con una contratación directa para el mantenimiento de vehículos de la estatal petrolera por un monto de Bs 300.000.
En aquella ocasión los legisladores mostraron el contrato administrativo para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de YPFB Santa Cruz, firmado el 19 de febrero de 2014 entre la estatal petrolera con la empresa Auto Grace Service Center, de propiedad de Raquel Karina Montellano Villegas.
Según el contrato, la empresa Auto Grace debía hacer el mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones de YPFB, además del servicio y mantenimiento a los motorizados asignados a la Gerencia Nacional de la Planta Separadora de Líquidos.
Camacho reitera denuncia contra Villegas y su esposa
La exjefa de Unidad de Comunicación de YPFB, Selva Camacho, declaró ayer a los medios de prensa que hay nexos de “una verdadera red de corrupción” entre funcionarios de la estatal petrolera y la jefa de gabinete del Ministerio de Culturas, Iris Villegas, esposa del presidente de YPFB, Carlos Villegas.
Ya en mayo de 2013 se conoció que la esposa de Villegas trabajaba en Culturas. Al cumplir siete días de su detención en celdas judiciales, acusada de conformar una red de corrupción en YPFB, Camacho indicó que Iris Villegas y Gerson Camacho, director nacional de Seguimiento a la Gestión Empresarial de Subsidiarias de YPFB, escogen empresas y definen la contratación de publicidad, con el visto bueno de Carlos Villegas.
En conferencia de prensa, Villegas aseveró ayer que entre YPFB y Culturas existe sólo una relación “diáfana”, enmarcada en el convenio de cooperación recíproca firmado en 2012, del cual sólo se concretó una actividad por 9.700 bolivianos destinados a pagar los honorarios del artista boliviano Gastón Ugalde, por pintar un mural para el edificio de Redes de Gas de la estatal petrolera, en El Alto.
Villegas volvió a rechazar las acusaciones de acoso sexual, hechas por Camacho, y anunció que se determinó crear una Gerencia Nacional de Contrataciones, que se encargará de negociar y firmar los contratos de compra y prestación de servicios de YPFB para evitar hechos de corrupción, como el caso que se investiga.
Por su parte, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó ayer que el Gobierno “pone las manos al fuego” por Villegas, a quien considera una persona honesta y de gran compromiso con el actual Gobierno.
Una jueza manda a prisión a cuatro acusados de YPFB
Hay fugitivos e infiltrados en el caso 'clan YPFB'
Los abogados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el fiscal asignado al caso, Leopoldo Ramos, han revelado este martes que existen dos fugitivos y funcionarios infiltrados que trabajaron con el denominado 'clan'.
Durante la audiencia, la parte acusadora reveló que "fue una denuncia externa por estaba a una señora por 20.000 bolivianos la que inició con la investigación". Las indagaciones comenzaron oficialmente el 27 de agosto, según el presidente de la estatal, Carlos Villegas.
En otra de las explicaciones, la parte interesada sostuvo que "funcionarios infiltrados dieron información reservada al clan para que se adjudiquen los contratos sin problemas". El fiscal Leopoldo Ramos sostuvo que "se podría ampliar la causa a otros implicados que todavía trabajan en YPFB".
El investigador reveló además que "existen dos fugitivos, la señora Ana Belén Camacho y Marco Antonio Arguedas". La Fiscalía teme que ambos hayan salido del país, debido a que contaban con un importante patrimonio producto de los hechos de corrupción.
Sobre el traslado de Selva Camacho a la cárcel de Palamasola, Ramos explicó que "se vela por la menor, por eso solicitamos eso a la juez. Queremos evitar que la altura de La Paz afecte a la salud de la bebé", dijo en contacto con EL DEBER.
El fiscal también reveló que existe otra causa abierta contra Camacho, la misma data de 2013 en Santa Cruz y tiene que ver con un desfalco por la provisión de un servicio de catering. Se sostiene que el 'clan' operó tanto en La Paz como en la capital cruceña.
Desde la defensa de los imputados se denunció que "no existió orden de aprehensión hasta que se los trasladó de La Paz a Santa Cruz", según el abogado Ramiro Vega, que denunció además que se montaron pruebas en el caso.
Incomunicados entre sí
Tras más de seis horas de audiencia, una juez anticorrupción de La Paz definió la detención preventiva de los cuatro imputados en el proceso, todos enviados a cárceles distintas con el afán de evitar que intenten perjudicar las investigaciones.
Se decidió que Selva Camacho sea remitida a la cárcel de Palmasola; su hijo, Luis Alejandro Bell Camacho fue enviado a San Pedro; Ericka Rojas Rivera irá al centro de Orientación Femenina de Obrajes y Yadile Bravo Espinoza al de Miraflores, los tres últimos en La Paz.
Aduana y privados admiten corrupción
Este miércoles se suscribirá en la sede de Gobierno una carta de Entendimiento Anticorrupción entre diferentes entidades de la sociedad civil y la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) como una medida para enfrentar la corrupción en el ámbito del comercio exterior del país, informó Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
Para este cometido el IBCE juntamente con la Aduana Nacional organizan este miércoles en la ciudad de La Paz el Foro “Pacto de prevención y lucha contra la corrupción en la cadena logística de comercio exterior” en un céntrico hotel de la ciudad. En este evento será formalizada la firma de este acuerdo interinstitucional.
Rodríguez destacó el amplio respaldo al Foro expresado por diferentes entidades interesadas en avanzar junto con la ANB en contra de la corrupción, siendo ellas: la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional (CBT), Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas (CNDA), Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), entre otras.
Asimismo, Rodríguez indicó que importantes personalidades del sector empresarial de varios departamentos del país se trasladarán hasta la ciudad de La Paz para ser partícipes de este “inédito acuerdo público-privado”, como una contundente señal en contra quienes practican o inducen a la corrupción en el comercio exterior boliviano.
Presidente en ejercicio ve que funcionarios de 'bajo nivel’ de la Aduana incurren en corrupción
El presidente en ejercicio Eugenio Rojas consideró que los funcionarios de “bajo nivel” de la Aduana incurren en actos de corrupción aprovechando los trámites largos para el despacho de mercadería. La posición la expresó en el acto de promulgación de las modificaciones al Código Tributario y a la ley General de Aduanas para incorporar ajustes requeridos por una resolución del Tribunal Constitucional.
“Sabemos que los funcionarios de bajo nivel (en la Aduana) buscan de alguna u otra forma cobrar o corromperse de alguna forma tan fácilmente”, denunció y aseguró que escuchó de los propios comerciantes decir que optan por corromper a los funcionarios por la demora de los trámites para sacar la mercadería de los recintos aduaneros.
“También escuché: si en la Aduana está meses (la mercadería), me perjudica, y prefiero pagar a los que controlan e internarla. Hay que buscar condiciones para que los que importan y exportan tengan facilidad”, insistió en el acto de promulgación de las modificaciones al Código Tributario y a la ley General de Aduanas.
El ministro de Economía, Luis Arce, explicó en el acto que la norma recogió un fallo constitucional que observó la disposición de la mercadería abandonada a solo notificación en Secretaria sin llegar al propietario. Ahora, sostuvo, deberá ponerse a conocimiento del propietario este tipo de decisión que llega a beneficiar a instituciones de interés social.
Aquella mercadería abandonada o no reclamada por sus propietarios es entregada a orfanatos, asilos y a otras instituciones. En caso de no ser de utilidad para esos fines, la mercadería será rematada de acuerdo a los procedimientos establecidos, detalló.
También fue simplificado a 20 días los depósitos aduaneros para agilizar los despachos y entrega de mercadería.
Rojas promulgó la norma como presidente en ejercicio, tras el viaje al exterior del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García. Destacó la importancia de acelerar los trámites en la Aduana como un factor para luchar contra la corrupción.
Aíslan a detenida por el caso YPFB y piden 12 años de cárcel
Sin contacto con los medios de comunicación. S.C., una de las cuatro personas detenidas por la presunta corrupción al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fue trasladada a celdas judiciales de la ciudad de El Alto.
Solo familiares directos y su abogado tienen acceso a ella, que espera ser sometida hoy a una audiencia de medidas cautelares, luego de que un juez de La Paz negara la solicitud de libertad formalizada por la defensa.
"Es cierto, está incomunicada y no se puede entrar. De hecho, a mucha insistencia he podido ingresar yo, pero no, a nadie que no tenga una relación directa con ella, tampoco a la prensa.
Es un intento de acallarla", sostuvo en contacto con EL DEBER uno de sus abogados, Ramiro Vega.
Además, el jurista informó que la Defensoría de la Niñez intentó quitarle a su bebé, todavía lactante. Sin embargo, la presencia de su padre evitó aquello y garantizó que la tutela de la menor se mantenga en manos de la familia.
Al respecto, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, negó que el Gobierno ejerza presión a la justicia para amedrentar a la presunta implicada. Al contrario, temió que exista impunidad en el caso.
“Nosotros como Gobierno esperamos que los administradores de justicia hagan su trabajo. No hay ninguna razón para que ejerzamos presión (...) Ojalá no haya impunidad”, dijo la autoridad del Ejecutivo.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, exigió que se garanticen los derechos de los detenidos, sobre todo de S.C. por tener un bebé.
El fiscal asignado al caso, Leopoldo Ramos, adelantó que pedirán 12 años de cárcel para S.C., Y.B.E., L.A.B.C. y G. A. T., el último es el único del supuesto ‘clan’ remitido con detención preventiva a la cárcel de San Pedro en La Paz.
“Logramos 12 años para Santos Ramírez y este es como el caso Catler Uniservice II, por eso vamos a pedir la misma pena para los implicados. Es exactamente lo mismo”, dijo el investigador a EL DEBER.
El juez sexto de instrucción penal-cautelar, Fernando Rivadeneyra, rechazó en la víspera la solicitud de libertad de los detenidos y un juez de El Alto definirá hoy medidas cautelares. Se solicita detención
Investigan a dirigente de la COB por caso de nepotismo en la CNS
Luego de la intervención a la Caja Nacional de Salud (CNS), una serie de denuncias empezaron a surgir desde el seno de esta institución. Una de ellas tiene que ver con un caso de presunto nepotismo, en la que estaría implicado el secretario de Seguridad Social de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan José Guzmán, que supuestamente tiene parientes que trabajan aen la Caja.
No obstante, la versión sobre este caso de supuesto nepotismo fue confirmada por el secretario de Conflictos de la COB, Emigdio Izquierdo, quien dijo que se está llevando adelante una investigación a Guzmán por estas denuncias realizadas en su contra y que por este motivo este no es parte de la comisión que intervino la CNS.
"Claro, está siendo investigado Juan José, el compañero (Juan José Guzmán) no es solo producto de investigación, si se descubre algo hay que decirlo, pero hasta el momento no podemos adelantar prejuicios para afectar de ninguna manera, sino hay que esperar la investigación", informó Emigdio Izquierdo a la ANF.
El 8 de diciembre la CNS fue intervenida por los ministerios de Salud, de Transparencia y la COB, que conformaron una comisión, luego de registrar varias irregularidades y quejas dentro del seguro social. Cinco fueron las unidades intervenidas: Transparencia, Contrataciones, Recursos Humanos, Compras y Adjudicaciones.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, confirmó que Guzmán no forma parte de la comisión que intervino la CNS, dado que no puede ser juez y parte dentro de la investigación. Asimismo, dijo que sea quien sea la persona implicada en hechos ilícitos será denunciada ante las instancias correspondientes.
"Nosotros no hemos recibido una denuncia, hemos escuchado por la prensa, pero esa es una de las razones por las cuales hemos solicitado que ninguno de ellos sea parte de la comisión, ya que no puede ser juez y parte, pero si vemos que ha habido una irregularidad, vamos a presentar la denuncia", agregó Suxo
Posible nepotismo en CNS
Luego de la intervención a la Caja Nacional de Salud (CNS), una serie de denuncias empezaron a surgir desde el seno de esta institución. Una de ellas tiene que ver con un caso de presunto nepotismo, en la que estaría implicado el secretario de Seguridad Social de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan José Guzmán, quien supuestamente tiene parientes que trabajan al interior de la Caja.
El caso fue denunciado por funcionarios que decidieron mantener su nombre en reserva y se remite a que la esposa Y.O.P., el hermano N.G.H. y dos cuñadas del dirigente de la COB se encuentran trabajando al interior de la CNS. La ANF se comunicó con Guzmán, sin embargo éste no quiso hablar del tema y derivó las consultas a la comisión de la COB que intervino la Caja junto al Ministerio de Transparencia.
No obstante, la versión sobre este caso de supuesto nepotismo fue confirmado por el secretario de Conflictos de la COB, Emigdio Izquierdo, quien dijo que se está llevando adelante una investigación a Guzmán por estas denuncias realizadas en su contra y que por este motivo éste no es parte de la comisión que intervino la CNS.
El pasado 8 de diciembre la CNS fue intervenida por los Ministerios de Salud y de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y la COB, que conformaron una comisión, luego de registrar varias irregularidades y quejas dentro del seguro social. Cinco fueron las unidades intervenidas: Transparencia, Contrataciones, Recursos Humanos, Compras y Adjudicaciones.
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, confirmó que Juan José Guzmán no forma parte de la comisión que intervino la CNS, dado que no puede ser juez y parte dentro de la investigación. Asimismo, dijo que sea quien sea la persona implicada en hechos ilícitos en esta institución, será denunciada ante las instancias correspondientes.
Izquierdo precisó que los dirigentes de la COB que conforman la comisión de intervención a la CNS son: el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo; el secretario de Integración y Desarrollo Regional de la COB, José Luis Delgado, y otros cinco dirigentes de las otras organizaciones que conforman la entidad matriz de los trabajadores.
Imputación a Selva Camacho tiene datos de otro proceso
Ramiro Vega y Edwin Tapia denunciaron este fin de semana, que el fiscal Leopoldo Ramos presentó la imputación formal, en contra de Selva Camacho, por ser parte de una supuesta red de corrupción que operaba al interior de la estatal petrolera, pero que esta fue elaborada en oficinas del Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), “copiando y pegando” partes de la denuncia presentada en el caso Catler Uniservice, en el que se condenó a 12 años de cárcel a Santos Ramírez, expresidente de esta entidad.
Según los abogados, este error de “copiar y pegar”, demuestra que el documento presentado por el fiscal Ramos fue elaborado en oficinas de YPFB. En uno de los párrafos de la imputación se detalla parte de un informe sobre el proceso en contra de Santos Ramírez elaborado en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en el caso Catler Uniservice: “El Estado boliviano ha pagado como anticipo a través de fideicomiso a la firma Catler Uniservice la suma de $US13.206.752 dólares americanos”, dice parte del documento observado.
“El fiscal salió de Yacimientos con la imputación hecha por Yacimientos, prueba de eso es que han un ‘copia y pega’ donde han insertado en este documento otro proceso que no tiene nada que ver. Hay una prueba de que YPFB tiene influencia total sobre el Ministerio Público”, señaló el abogado Erwin Tapia a Erbol.
Tapia afirmó que el fiscal Ramos estuvo reunido con personeros de la estatal, en las mismas oficinas de YPFB.
Por su lado, Ramiro Vega anunció que se pedirá la anulación de la imputación para que su cliente pueda asumir su defensa en libertad.
El sábado pasado se debió realizar la audiencia de medidas cautelares contra los acusados por el caso de corrupción en YPFB, una noche antes de la audiencia, los acusados presentaron una Acción de Libertad, la cual fue denegada por el juez 6º de Instrucción en lo Penal, Fernando Rivadeneira, quien desestimó el pedido bajo el argumento de que no fue dirigido a un Juez Cautelar. Vega lamentó la decisión y aseguró que el documento cumplió con los requisitos legales.
Rivadeneira se excusó de llevar adelante la audiencia de medidas cautelares, la cual pasó a conocimiento del Juzgado Cuarto Cautelar de El Alto, en donde hoy lunes a las 10.00, los juristas plantearán la nulidad de la imputación.
RAMOS ADMITE ERROR
Según el Deber, en su página digital, el fiscal Ramos admitió su error en la formulación de la imputación, pero aseguró que eso no la invalida y que deberá ser considerada por un juez.
“Yo era parte de la comisión de fiscales en el caso Catler, miré correteando por aquí y por allá y se cometió ese error. Es un párrafo, se fue porque somos humanos y usamos plantillas”, afirmó Ramos.
Video Denuncian que imputación contra exfuncionarios de YPFB es una copia del caso contra Santos Ramírez
Denuncian errores en la imputación de YPFB
El juez sexto de instrucción en lo penal-cautelar, Fernando Rivadeneira, rechazó la acción de libertad presentada por los presuntos implicados en hechos de corrupción al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El proceso se derivó al distrito judicial de la ciudad de El Alto, mientras que el fiscal que lleva adelante el caso, Leopoldo Ramos, planteó la imputación incluyendo “por error” un párrafo de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre el caso Catler Uniservice, por el cual fue acusado Santos Ramírez.
Los tres detenidos con iniciales S.C.G., Y.B.E. y L.A.B.C. pasarán otra noche en celdas judiciales por determinación del juez. También se dispuso que la Defensoría de la Niñez evalúe la tutela de la bebé lactante que tiene una de las acusadas.
“No estamos hablando de quitársela ni mucho menos, simplemente se tiene que hacer una valoración (...) Lo más recomendable es que permanezca al lado de la madre. Ahora estoy excusado, pero se tendrá que hacer la valoración”, dijo Rivadeneira.
El fiscal Ramos admitió su error en la formulación de la imputación, pero aseguró que eso no la invalida y que deberá ser considerada por un juez.
“Yo era parte de la comisión de fiscales en el caso Catler, miré correteando por aquí y por allá y se cometió ese error. Es un párrafo, se fue porque somos humanos y usamos plantillas”, dijo a EL DEBER el investigador.
Piden anular la acusación
El abogado defensor, Edwin Tapia, solicitó la anulación de la imputación, debido a que la misma sería una copia de los documentos presentados por YPFB contra Santos Ramírez.
“Se lo dieron para que firme, es de un proceso de 2007, donde él nunca fue el fiscal. Esto no es una equivocación. El párrafo habla del caso Catler, no es posible que no haya revisado. Solo firmó lo que le dieron desde Yacimientos”, dijo.
El juez sexto no quiso referirse a los errores procedimentales que demoran el proceso y se limitó a señalar que con su excusa será un juez de turno de El Alto el que tenga que evaluar la imputación.
Según YPFB, S.C.G., Y.B.E. y L.A.B.C pertenecen a un ‘clan’ que se beneficiaba de cuantiosos contratos sin licitación. Ellos, junto a G. A. T., son acusados de asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
La funcionaria S.C. lamentó lo que sucede con el caso y anticipó que “toda la maquinaria de YPFB” quiere encarcelarla. “Pido la intervención de Evo Morales”, exclamó.
Caso YPFB Niegan libertad a coimputados
El Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal de La Paz, negó la acción de libertad interpuesta por la defensa de los coimputados Selva Camacho, Luis Alejandro Bell Camacho y Yalile Bravo, dentro de la querella que lleva adelante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por supuestos delitos relacionados a una presunta red de corrupción.
A puertas cerradas. Con más de dos horas de retraso, la audiencia se desarrolló con carácter reservado y en medio de fricciones entre policías y periodistas. Tres horas más tarde, el juez instructor Fernando Rivadeneira determinó rechazar la acción de libertad a favor de los procesados y excusarse del caso, por haberse pronunciado respecto al recurso, lo cual le inhabilitaría de conocer el fondo de la imputación.
Rivadeneira también determinó que el caso sea remitido a la jurisdicción del juez competente en la ciudad de El Alto y que se llame a la línea 156 de la Defensoría de la Niñez para que evalúe la situación de la bebé de tres meses de Selva Camacho. La aludida lamentó que el juez sugeriría que se la separe a su bebé lactante. "Todo está dirigido, yo ya no tengo palabras, ese es el tipo de justicia al que me tendré que enfrentar”, aseveró.
Descargo. YPFB a través de sus representantes legales Mónica Salvatierra y Williams Alave, afirmó tener suficientes elementos de juicio para demostrar que se armó una red de corrupción a la cabeza del exjefe de Comunicaciones, Ever Terán y la exfuncionaria de YPFB-Chaco, Selva Camacho, para favorecer al entorno familiar.
Luego de transcurrir la audiencia de acción de libertad de Selva Camacho, Yalile Bravo y Luis Bell -implicados en denuncias de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos-, el juez sexto de instrucción en lo penal, Fernando Rivadeneyra, se excusó del caso ayer, debido a que la defensa habría "errado” en activar primero el recurso de acción de libertad.
Al suceder esto, Rivadeneyra se constituyó en juez de garantías. Siendo juez de garantías, conociendo los antecedentes y habiendo vertido criterios como tal, no era posible constituirse ya como juez de instrucción en lo penal cautelar. Esto según el artículo 316 del Código de Procedimiento Penal.
"En previsión al artículo 316 en su numeral 2 (del Código) hay el deber de excusa y estos elementos han sido arribados a la brevedad posible para que el juez del distrito judicial de El Alto conozca los elementos y pueda dilucidar la situación procesal de los encausados”, aseveró Rivadeneyra.
El artículo mencionado señala lo siguiente en relación con motivos para excusa de jueces: "Haber manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso, que conste documentalmente”.
La defensa observó que los tres acusados está detenidos más de 50 horas sin imputación formal y que ello se constituye en una irregularidad, según el artículo 226 del Código mencionado.
El abogado defensor de Camacho, Erwin Tapia, aseveró que el juez Rivadeneyra no fue imparcial y que éste habría recomendado llevar a la hija de Camacho (aún lactante). "Dijo: inmediatamente quítensela a la hija de la señora, llamen a la Defensoría (de la niñez)”, explicó Tapia.
La aludida reclamó esta acción del juez. Dijo: "llamen a la Defensoría de la Niñez, que se lleven a la niña y la madre a celdas judiciales (…) todo está armado para que me metan a la cárcel”, comentó Camacho.
Sobre el particular, Rivadeneyra destacó que en previsión al Código Niño Niña y Adolescente se determinó que la línea 156 de la Defensoría pueda "hacer una valoración del bebé”. "No estamos hablando de quitársela ni mucho menos”, comentó Rivadeneyra.
La defensa esperará la determinación del juez de turno de El Alto, quien debe definir la fecha de la nueva audiencia.
Video La defensa de los acusados por el caso YPFB presentó una acción de libertad para sus defendidos
Feria de Transparencia concluye en La Paz
La Feria de Transparencia concluyó el viernes en La Paz después de recorrer 55 municipios del país, informó la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.
“A partir de este momento estamos concluyendo una gestión de ferias, todos y todas estamos comprometidos con tener una Bolivia transparente. Las ferias interinstitucionales se han llevado en todo el país durante todo este año, hemos estado en 55 municipios”, explicó a los periodistas
La última feria se realizó en la Plaza del Bicentenario, donde todas las instituciones públicas instalaron stands de información y sensibilización, entre ellas, la Aduana Nacional, la Autoridad de Juego, Boliviana de Aviación (BOA) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Con una masiva asistencia, la ciudadanía participó y satisfizo sus dudas, para el momento de presentar una denuncia de algún hecho de corrupción que ocurriese en entidades del Estado.
El acontecimiento fue organizado por el Ministerio de Transparencia del Gobierno, mediante sus funcionarios, quienes requirieron a su vez la presencia de unidades de transparencia de 22 instituciones del Estado, como la Policía, Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Administradora Boliviana de carreteras, entre otras.
El tema de denunciar hechos de corrupción y ejercer transparencia en la actividad pública estatal, captó la atención de la ciudadanía, que requirió información de los expositores de la feria. En todos los puntos de información se repartieron material comunicacional con la finalidad de orientarlos.
Envían a San Pedro a Guido Alarcón
El Juzgado Primero Anticorrupción y contra la Violencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remitió a Guido Víctor Alarcón Terrazas al penal de San Pedro, imputado por los supuestos delitos de uso indebido de influencias y enriquecimiento ilícito de ganancias, dentro del proceso que impulsa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en contra de una red de corrupción.
El primero en ser enviado a la cárcel. Alarcón fue aprehendido en Pando y trasladado a La Paz, sindicado de ser parte de una red de corrupción comandada por el exjefe de Comunicación Ever Terán y la exfuncionaria de YPFB-Chacho, Selva Camacho. El procesado figura como representante legal de la empresa Omnimedia, que se adjudicó un contrato por más de Bs 300.000 con YPFB con un capital de operaciones de solo Bs 12.000. La persona de contacto habría sido Yalile Bravo Espinoza, presunta novia de Luis Alejandro Bell Camacho, hijo de Selva Camacho.
En tanto los otros coimputados -excepto Selva Camacho- quien se encuentra en la clínica Copacabana con su bebé, se encuentran en celdas judiciales a la espera de ser sometidos a una audiencia de medidas cautelares para este sábado en horas de la tarde.
Otro caso de corrupción. En este marco, la estatal YPFB identificó un clan familiar que operaba a la cabeza del exjefe de Comunicación, Ever Terán y la exfuncionaria de YPFB-Chaco, Selva Camacho, para beneficiarse de contratos. Ambos fueron denunciados el año 2008 ante el entonces Viceministerio de Transparencia y a pesar de ello continuaron en cargos decisivos. La investigación podría incluir al menos a nueve personas.
El jefe de la Unidad de Transparencia Carlos Cadena, el jefe de Transparencia Ramiro Aguilera y el técnico legal William Sandy explicaron la articulación de la red y el rol que cumplía cada uno de sus miembros. Los delitos que se les imputa son uso indebido de influencias, asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito, entre otros. "Hubo la conformación de una red familiar que se adjudicó distintos procesos de contrataciones. El que fungía como jefe de la Unidad de Comunicación, Ever Terán, sugería a las empresas a cotizar los servicios para que estas participen de procesos licitatorios y luego una de estas se adjudicaba para prestar sus servicios, esa era la forma en que operaban", dijo.
Según los funcionarios de YPFB, Selva Camacho figura en el organigrama de la red como la persona clave de contacto que articulaba las contrataciones. Su hermana, Ana Belén Camacho, era la propietaria de la empresa Structura, registrada en Fundaempresa. Al momento, Ana Belén se encuentra prófuga.
ONU califica como “valiosa y valiente” la iniciativa de Transparencia de promover valores a través de juegos virtuales
La Organización de Naciones Unidas (ONU) calificó como “valiosa y valiente” la iniciativa del Ministerio de Transparencia de crear juegos virtuales que promocionen los valores de la integridad, la ética y la honestidad, y ponderó también que no se trata de una apuesta común, pues muchos estados miembro de la ONU apuestan a políticas de impacto inmediato, y no a las acciones preventivas cuyos resultados se verán recién a mediano plazo.
“No es un trabajo muy común, muchos estados parte de las Naciones Unidas prefieren invertir en otros programas que dan resultados inmediatos, pero los programas de prevención son los programas necesarios, absolutamente necesarios para poder hacer esta transformación de una cultura del secreto, de la corrupción, a la cultura de la integridad, de la honestidad, de la transparencia, de una ciudadanía responsable y del Estado de Derecho”, indicó el representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), Antonino de Leo.
La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, presentó ayer juegos virtuales de lucha contra la corrupción.
Asimismo, pidió a la población “cargar” en sus computadoras y teléfonos celulares la aplicación para descargar los juegos que están dirigidos a niños y jóvenes.
El capitán Guido Alarcón Terrazas, trabajando en Pando, firmó contratos publicitarios con YPFB como “representante legal”
El periodista John Arandia, director de la red televisiva Cadena A, confirmó el dato que obtuvo Sol de Pando en Cobija, respecto a la vinculación directa con las FF.AA. del “representante legal” de una de las empresas privadas publicitarias que, según se asegura en denuncias oficiales de YPFB, se habrían beneficiado con contratos dolosos para servicios de Publicidad y Comunicación en la corporación petrolera estatal. Se trata del capitán de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Guido Víctor Alarcón Terrazas, el “contacto” en Pando de una organización familiar de corruptela que es investigada por el Ministerio Público…
Este viernes, Guido Alarcón fue recluido en la cárcel de San Pedro por decisión del juez que dirige la investigación en La Paz, bajo los cargos de “enriquecimiento ilícito por particulares, afectación al Estado y asociación delictuosa”, informó la agencia estatal ABI.
Capitan AlarconComo “representante legal” de una de las cinco empresas manejadas por las hermanas Camacho, el capitán Alarcón Terrazas fue quien firmó los contratos de publicidad con la empresa estatal.
¿Cómo operaba Alarcón desde Pando para proveer sus servicios o productos publicitarios contratados por la empresa petrolera estatal? ¿Cómo compatibilizaba sus obligaciones militares con su actividad como “empresario comunicacional” para cumplir los contratos que firmó con YPFB?
Según los datos difundidos por la propia YPFB, Selva Camacho —quien alega haber sido parte del entorno íntimo del actual Presidente de la empresa petrolera, su principal acusador— habría organizado junto a su hermana y otros miembros de su familia, incluido un hijo, su novia y una comadre, un total de cinco empresas similares a la representada por Guido Alarcón para “hacer negocios” con YPFB disputándose entre sí suculentas licitaciones.
Estas empresas fueron creadas entre los años 2011 y 2014 con un simple trámite del NIT y con declaraciones falsas sobre sus patrimonios de capital ante Fundempresa, razón por la cual caen en la categoria de “empresas fantasmas”.
“Yadilile Bravo, supuesta enamorada de Alejandro Bell Camacho (hijo de Selva Camacho), conformó en marzo del 2014 la empresa Bravo con un patrimonio de 27 mil bolivianos y posteriormente se adjudica una licitación para el colocado de Vallas en la ciudad de Santa Cruz por aproximadamente medio millón de dólares”, afirma un boletín oficial de YPFB.
Terán tendría que reponder ante la Contraloría y ante la justicia ordinaria porqué viabilizó y firmó contratos publicitarios, a nombre de la empresa estatal, con un militar en ejercicio de la función castrense.
Aquellas cinco empresas organizadas por la familia Camacho y sus socios, según informó la ministra de Transparencia Nardy Suxo, obtuvieron un ingreso neto de dos millones y medio de bolivianos (Bs 2’500.000) que implican daño económico al Estado.
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
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 artículo 316
 artículo 316
 artículo 226