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Timestamp: 2020-02-18 02:55:19+00:00

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El juez Carlos Chanamé Chumán, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva presentado por el abogado defensor del empresario Edwin Oviedo Picchotito, en la investigación que se le sigue por el presunto delito de asociación ilícita - caso "Los Wachiturros de Tumán".
El magistrado señaló en su resolución que la medida de prisión preventiva mantiene el carácter proporcional, en tanto supera el análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
De acuerdo a lo señalado por el juez, "existe peligro procesal", por lo que se señala que ninguno de los tres presupuestos por los que se dictó la prisión preventiva por 18 meses contra Oviedo Picchotito, el 6 de diciembre del 2018, se ha modificado.
Edwin Oviedo fue enviado bajo mandato coercitivo sindicado por la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, a cargo del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, como cabecilla de la organización denominada “Los Wachiturros de Tumán”, atribuyéndole una serie de ilícitos, entre ellos ser autor mediato de los asesinatos de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Vitte.
El mandato de prisión preventiva fue ratificado en segunda instancia por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque el 31 de diciembre del 2018 y contra esa decisión la defensa legal del empresario interpuso el recurso extraordinario de casación, el mismo que fue declarado infundado el 14 de junio del año pasado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República.
PEDIDO DE CESE
La defensa de Oviedo Picchotito argumentó ante el juez Chanamé Chumán, para solicitar el cese de la prisión preventiva, que habían variado los presupuestos por los cuales se adoptó la medida restrictiva de la libertad. Los presupuestos que se analizaron para dictar la prisión contra el empresario fueron: prueba suficiente, pena probable, peligro procesal o proporcionalidad.
Para la defensa, el peligro de obstaculización había desaparecido, debido a que los testigos y sus familiares rindieron su manifestación ante la fiscalía y el juez, permitiendo que la FECOR formule los requerimientos acusatorios por las muestres de Rimarachín Cascos y Farro Vitte, y se programe el auto de enjuiciamiento.
Incluso, se sustentó que el colaborador eficaz 12-2015 y los testigos presentaron por la fiscalía formularon sus declaraciones en audiencia de prueba anticipada.
En relación al peligro de fuga, la defensa señaló que Oviedo Picchotito sí tiene arraigo laboral al ser locador – director de la Empresa Agroindustrial Pomalca y ofreció una caución real de 300 mil soles.
ANÁLISIS DEL JUEZ
En su resolución, el juez Chanamé Chumán explica que “la defensa técnica del procesado Edwin Oviedo Picchotito ha sustentado la mayor parte de la argumentación relacionada a lo no existencia del peligro de obstaculización y del peligro de fuga en los criterios desarrollados por la Corte Suprema de la República en el Acuerdo Plenario 1-2019-/CIJ-116, de fecha 10 de setiembre del 2019. Al respecto La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República en la Casación N° 35-2018, ha sostenido que: "Los Acuerdos Plenarios les dan un sentido interpretativo a las disposiciones legales. Los criterios fijados son lineamientos hermenéuticos que los jueces tienen que invocar como sustento al resolver un caso en el que deben aplicar una disposición legal interpretada plenariamente. Por tanto, es impropio hablar de su aplicación retroactiva, pues por su naturaleza jurídica. Los Acuerdos Plenarios no crean normas, sino que consolidan el sentido correcto de las leyes".
Anota que si bien el acuerdo plenario desarrolla criterios que deben observar todos los jueces de la república al momento de resolver un pedido de cese de prisión preventiva, también lo es que parte de sus fundamentos hacen referencia a la vigencia o permanencia de la medida.
El magistrado considera que el peligro de obstaculización no ha desaparecido, pues si bien tanto el colaborador eficaz como los testigos ya rindieron sus manifestaciones, cuando se confirmó la prisión preventiva la sala no se refirió a que se podía influenciar sobre estos, sino sobre testigos en general, sin especificar nombres.
“En el caso asignado con el N° de expediente 9204-2018, relacionado al homicidio de Percy Farro Vitte, se ha programado audiencia de juicio oral para el día 06 de marzo del 2020, donde deberán acudir los testigos admitidos por parte del Ministerio Público y que no han declarado de manera anticipada, situación que hace prever que ordenarse el cese de la prisión preventiva e inmediata libertad del procesado Edwin Oviedo Picchotito, puede materializarse el peligro de obstaculización advertido por la Sala Superior”, señala el juez.
Por otro lado, Chanamé Chumán indicó que el arraigo laboral presentado no supera la disminución del peligro de fuga, por cuanto Edwin Oviedo es director y al mismo tiempo locador de servicios en la azucarera Pomalca, pero además porque tiene un contrato sujeto a suspensión.
Diez médicos conforman el primer equipo del Sistema de Atención Móvil de Urgencia – SAMU Lambayeque.
El SAMU trabaja articuladamente con la Policía Nacional del Perú – PNP, y el Cuerpo General de Bomberos.
El 23 de noviembre del 2011, con el Decreto Supremo Nº 017-2011-SA, el gobierno creó el programa nacional del Sistema de Atención Móvil de Urgencia – SAMU, con el fin de gestionar la atención oportuna de emergencias y urgencias prehospitalarias, prioritariamente en las zonas urbanas con mayor exposición a eventos de riesgo y en zonas rurales con alta dispersión de la oferta de establecimientos de salud.
En Lambayeque, tras una breve experiencia en el 2016, el SAMU se desactivó hasta el 15 de diciembre del año pasado en que nuevamente volvió a activarse la central al mando de la coordinadora regional Carolina Montes Sueldo, cuya base se encuentra en las instalaciones del Hospital Regional de Lambayeque. Desde entonces, según refiere Jhons Silva Linares, médico de atención prehospitalaria del SAMU, el servicio atendió 27 emergencias y cerca de 60 urgencias en menos de un mes.
“Hemos atendido desde urgencias como simples febrículas y malestares estomacales hasta accidentes de tránsito, caídas, apuñalamientos, víctimas de robos, asaltos, etc.”, refiere.
El galeno explica que la diferencia entre una urgencia y una emergencia radica básicamente en que en la primera no está riesgo la vida del paciente, a diferencia de la segunda en la que se requiere de una atención inmediata para salvaguardar su salud.
Apunta que cuando ingresa una llamada al 106 (número de la línea móvil del SAMU) es un técnico en enfermería capacitado en atención prehospitalaria quien recepciona la llamada y la depara posteriormente al médico que está de turno en la central. Es este profesional el que se encarga de determinar si se trata de una emergencia o de una urgencia. Si se tratarse de la segunda, la resolución puede hacerse vía telefónica.
“La gran mayoría de urgencias pueden resolverse por vía telefónica. El médico de turno le explica al paciente o a su familiar cómo debe tratarse su dolencia. Sin embargo, si el galeno considera que se trata de una emergencia, se llama al médico de atención prehospitalaria para que vaya en la ambulancia con la enfermera para atender el caso. Una vez que se le estabiliza se coordina con la central para ver a qué hospital se traslada al paciente. Este puede ser del Ministerio de Salud, de Essalud y hasta una clínica particular”, sostiene.
Afirma que en un día de mucho movimiento pueden darse abasto para atender de cinco a siete urgencias, mientras que en el caso de emergencias han llegado hasta cinco diarias.
“Estamos haciendo campañas constantes y periódicas de difusión para que la población conozca que puede llamar gratuitamente al 106 y recibir atención ante una urgencia o emergencia. En el 2016 ya estuvo el servicio por un tiempo, pero lamentablemente se desactivó. Confiamos en que poco a poco la gente se familiarice nuevamente con nosotros”, asevera.
Silva Linares resalta que el equipo de SAMU cuenta con una ambulancia del nivel III cedida por el Hospital Regional, la cual cuenta con el material necesario para invadir al paciente si es que así lo requiriese. Refiere que el vehículo viene equipado con una tabla rígida, estabilizadores cervicales, estabilizadores laterales, collarines, balones de oxígeno, un desfibrilador automático externo, paletas para colocar tubos endotraqueales, medicamentos, entre otros implementos.
“Los galenos son médicos generales, pero están capacitados en atención prehospitalaria y reanimación cardiopulmonar avanzada”, sostiene.
Por su parte, Mara Dávila Gaitán, médico del SAMU, menciona que el servicio está conformado por 25 personas: diez médicos generales, cinco enfermeros, cinco técnicos y cinco pilotos (conductores), todos capacitados para atender una urgencia o emergencia.
Silva Linares precisa que ya tienen coordinaciones con el Cuerpo General de Bomberos de Lambayeque, con el que trabajan en equipo para la atención de emergencias como accidentes de tránsito. “En los accidentes de tránsito muchas veces hay heridos que terminan atrapados entre los fierros de los vehículos. Nosotros no contamos con equipos de liberación, pero los bomberos sí, entonces trabajamos en conjunto para poder liberar al paciente y posteriormente nosotros estabilizarlo”, menciona.
Indica que por ahora el SAMU tiene como ámbito de intervención a Chiclayo y sus distritos, por lo que cuando reciben una llamada de una emergencia que está fuera de la jurisdicción, se encargan de transferirlos al 116, línea de los bomberos, quienes sí cuentan con estaciones en los distritos.
Agrega que con la Policía Nacional también mantienen coordinaciones para que les brinden seguridad durante las intervenciones, así como para que les abran las calles cuando hay mucho tráfico y poder trasladar de forma más rápida al paciente cuando la emergencia lo amerita.
Además, añade que articulan con el Centro de Operación Emergencia Regional – COER, para intervenir ante cualquier emergencia que pueda originarse producto de las lluvias.
Por otro lado, el galeno comenta que el SAMU también realiza capacitaciones a los puestos de salud de los diferentes distritos, incluso de aquellos que no pertenecen a Chiclayo, todo con la finalidad de “manejar un mismo lenguaje” en la atención de emergencias.
“Hemos capacitado al personal de los centros de salud de Olmos, Pucalá, Pimentel, Mocupe, Motupe, José Leonardo Ortiz y sectores como El Bosque en La Victoria. Ellos tienen sus propias ambulancias, pero muchas veces no saben utilizar una tablilla rígida, y para eso está el SAMU, para enseñarles”, sostiene.
Explica que la tablilla rígida se utiliza para estabilizar al paciente que sufre un accidente de tránsito. Anota que se hace una evaluación para determinar que no existan hemorragias ni fracturas y poder trasladar al herido a un centro de salud de mayor complejidad.
A su turno, Dávila Gaitán menciona que personal de algunos centros de salud como el de Pimentel ha asistido a las capacitaciones acompañado del personal de serenazgo de la municipalidad, lo cual aporta a la intención del SAMU de trabajar con todos los involucrados en la atención de urgencias y emergencias.
“El objetivo no es solo atender emergencias y transportar pacientes, sino facilitar la comunicación entre todos los centros de atención primaria y nosotros como atención prehospitalaria. Debe organizarse todo el sistema en su conjunto para lograr la integración en beneficio de la población”, asevera.
Asegura que como SAMU buscan llegar también a aquellas zonas en las que las postas médicas no cuentan con ambulancia ni personal capacitado, para lo cual en un futuro esperan contar con otra unidad móvil totalmente equipada como la que tienen ahora.
“Queremos el apoyo de la Gerencia Regional de Salud y el mismo Gobierno Regional de Lambayeque para poder contar más adelante con un local propio con computadoras y espacios más cómodos. En Trujillo, Chachapoyas y Piura el SAMU ha tenido buenos resultados. Recientemente en Piura se logró salvar la vida de una gestante y su bebé gracias a la rápida intervención del SAMU, que trasladó a la paciente con el diagnóstico de preeclampsia. A eso apuntamos, a brindar un servicio totalmente gratuito para la población, independientemente de que cuente o no con seguro”, sentencia.
Actualmente el SAMU se encuentra a nivel nacional en Lima, Amazonas, Áncash, Loreto, Tacna, Ica, Tumbes, Ucayali, Piura, Callao, Huánuco, Junín, Huancavelica y La Libertad. Según estadísticas del Ministerio de Salud, el servicio atiende un promedio de mil 600 llamadas diarias, de las cuales solo la quinta parte termina concretándose en una emergencia o urgencia. En Lambayeque hasta el momento solo se ha reportado una llamada falsa.
La línea 106 del SAMU es gratuita y está disponible las 24 horas del día de lunes a domingo.
La Defensoría del Pueblo advierte que las instituciones educativas públicas no pueden cobrar cuota de ingreso.
El pago a la Asociación de Padres de Familia – APAFA, es opcional y bajo ningún criterio puede condicionar la matrícula.
Tras la publicación del Decreto de Urgencia Nº 002-2020, mediante el cual el Poder Ejecutivo establece que los colegios privados deberán devolver en forma proporcional la cuota de ingreso de los estudiantes en caso de traslado de matrícula o retiro voluntario, la Defensoría del Pueblo ha puesto énfasis en los distintos puntos que vulneran el acceso y la permanencia a la educación, sobre todo en aquellos relacionados a cobros ilegales.
En ese sentido, el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, refiere que en el caso de los colegios privados son tres los puntos que deben salvaguardarse: que la institución educativa brinde información adecuada al padre de familia, que la contraprestación del servicio educativo sea acorde con el pago que se realiza y que haya claridad respecto a las cuotas del pago de pensiones; es decir, que no haya variación en la escala de precios que genere incremento del mismo durante el año.
En cuanto a los colegios públicos, Hidalgo Reyes manifiesta que la Defensoría cautela el que no haya ningún condicionamiento para el acceso de los estudiantes al servicio educativo, que sea el director de la institución como máxima autoridad quien se encargue de velar por esto y que las Asociaciones de Padres de Familia – APAFA, no se entrometan dentro del proceso de matrícula.
Al respecto, Erika Alcántara García, especialista en Educación de la Defensoría del Pueblo, advierte que según la norma técnica sobre orientaciones para el desarrollo del año escolar 2020, aprobada mediante la Resolución Viceministerial Nº 220-2019-MINEDU, del 28 de agosto del año pasado, el pago por concepto de APAFA que realizan los padres de familia no debe exceder el 1.5 % de la Unidad Impositivia – Tributaria, es decir, 64.5 soles.
Además, la funcionaria menciona que este debe ser un pago único (solo se realiza a inicios de año) y en un plazo de 45 días después de terminado el proceso de matrícula, para lo cual la APAFA – previo establecimiento de la cuota - debe haber presentado a la dirección del colegio su plan operativo anual, el mismo que debe establecer un cuadro de necesidades en las que se va a invertir el dinero recaudado.
Asimismo, observa que el pago a la APAFA es opcional, toda vez que como asociación privada no puede obligar a que los padres que no deseen asociarse efectúen el mismo, sin que esto vaya en detrimento del servicio educativo que reciben sus hijos.
“El padre ingresante puede decidir si quiere asociarse a la APAFA o no. Si lo hace obviamente está subsumiéndose a las obligaciones que eso implica y que la Ley General de Educación regula. Sin embargo, si no se asocia no tiene por qué pagar y eso no debe ser condicionamiento tampoco para la matrícula”, sostiene.
Del mismo modo, Alcántara García comenta que si el padre no tuviese el dinero en efectivo para cancelar la cuota de APAFA, puede prestar un servicio a modo de contraprestación como el pintado de algún aula o la reparación del mobiliario, por ejemplo.
De igual forma, Alcántara García menciona que la cuota de ingreso está prohibida en los colegios nacionales, mientras que en los particulares esta debe ser proporcional con el servicio brindado. Advierte, además, que la forma de pago (si es uno solo o puede hacerse en cuotas durante el año) la determina la misma institución educativa.
Sobre el Decreto de Urgencia Nº 002-2020, menciona que este obedece a la lógica de que el colegio no puede quedarse con una cuota por el concepto de un servicio que no se recibe. Apunta que el año pasado tuvieron la denuncia de unos padres de nacionalidad venezolana, quienes habían pagado 50 soles a la APAFA por concepto de vacante y tras retirar a su hija de la institución esta se negó a devolver el dinero, por lo cual debieron intervenir.
“En un colegio primario también se reportó el caso de un padre de familia que había pagado 400 soles por su hija recién ingresante, la cual a los dos días de ser matriculada tuvo que retirarse, pero el colegio se negó a devolver el dinero en su totalidad. Hicimos varias visitas, pero el director se mantuvo renuente a hacer la devolución, alegado que era la APAFA la que había realizado el cobro. Sin embargo, él como máxima autoridad debía establecer los lineamientos del accionar de la APAFA. Al final logramos, con apoyo de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chiclayo, que se cumpliera con la devolución”, asevera.
La funcionaria afirma que si no se logra una solución ante una denuncia de este tipo, la Defensoría del Pueblo está facultada para recurrir al fiscal de Prevención del Delito o al fiscal de Familia de turno, dada la contravención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.
Sostiene que otra institución de la que han tenido denuncias por cuota de ingreso es la I.E. Nuestra Señora del Rosario, sobre la cual el año pasado se registraron pagos de 700 soles a la APAFA. Para este año, refiere, se han ofertado 280 vacantes para alumnas ingresantes al primer grado de secundaria.
“En aras de prevenir que nos lleguen denuncias de este tipo es que hemos intervenido de oficio en el colegio Rosario y encontramos que aproximadamente cien padres nuevos habían suscrito un acta en la cual señalaban que el monto de la cuota de ingreso era de mil 500 soles. En principio se les ha informado que esa acta es inválida porque no se ha seguido el procedimiento de ley debido, además que no está permitido el cobro de dicha cuota. En reunión con representantes de la Gerencia Regional de Educación, la UGEL y la Fiscalía, se le ha recomendado a los padres que se realice una segunda asamblea y se convoque a la Defensoría del Pueblo en su calidad de veedor para que se le informe a la comunidad que la cuota de ingreso como tal no existe y que en todo caso el cobro de la de APAFA no debe superar el 1.5 % de la UIT”, expresa.
A su turno, Hidalgo Reyes exhorta a los padres a que colaboren denunciando estos hechos, pues si acceden al pago de las cuotas de ingreso contribuyen también a que se sistematice el abuso. “Por lo general es en los colegios de la ciudad con alta demanda en los que se encuentran estos casos. Sabemos que las instituciones necesitan presupuesto para su mantenimiento, pero no hay justificación para que se restrinja la permanencia o el ingreso del niño al servicio educativo, eso sería discriminatorio”, asegura.
DEUDAS Y EXIGENCIAS
Por otro lado, Alcántara García asegura que los colegios privados están obligados a entregar la ficha de matrícula para el caso de traslados o retiros de los estudiantes, aun cuando estos mantengan una deuda con la institución. Lo único que el colegio puede abstenerse de entregar hasta que se haga efectivo el pago de la deuda son los certificados de estudios en físico. No obstante, sí están obligados a decir cuáles son las notas que han obtenido los menores.
Asimismo, señala que si bien no han tenido denuncias sobre condicionamiento de la compra de útiles escolares de una determinada marca, sí se reportó un caso de un colegio en Jayanca en el que se les exigía a los alumnos que vayan con determinado uniforme escolar, ante lo cual intervinieron, puesto que su uso no es obligatorio.
“Aunque no se debe exigir un uniforme escolar, sí es responsabilidad del padre de familia enviar a su hijo correctamente vestido para recibir clases. Puede ser en buzo e incluso ropa de calle, pero siempre prendas adecuadas”, sostiene.
Además, recuerda que tampoco puede dejársele a los estudiantes sin rendir exámenes o fuera de clases por sostener deudas con la institución educativa. Al respecto, anota una intervención que realizaron el año pasado a un conocido colegio de Chiclayo por haber dejado fuera del aula a un niño, cuyos padres estaban atrasados en las pensiones.
Por otro lado, la especialista señala que los colegios tampoco pueden fijarse criterios que priven del servicio educativo a algún estudiante por no cumplirlo en el proceso de matrícula. Señala que incluso los exámenes de admisión están prohibidos en los colegios nacionales.
Sobre los niños con habilidades diferentes, sostiene que la institución debe reservar por lo menos dos vacantes por cada sección para ellos, las cuales solo en caso de no ser cubiertas y 15 días después de culminado el proceso de matrícula, pueden ser ofertadas a otros estudiantes.
Señala que la diferencia del ingreso de un niño a un Centro de Educación Básica Especial – CEBE, y a un colegio de la educación básica regular, depende del nivel de especialización que requiera el estudiante.
“Lamentablemente en la mayoría de colegios no hay especialistas que puedan atenderlos, para eso están los CEBE, que tienen por lo general a nueve o diez niños por aula. En el caso de la básica regular es el Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales – SANEE, el que se encarga de brindar el soporte”, manifiesta.
Advierte que el año pasado se registró la denuncia de una madre de familia del Colegio Karl Weiss, quien solicitaba que su hija con retraso en el aprendizaje sea trasladado a un aula que cuente con una docente especialista en este tipo de gestión pedagógica. Al final, indica, la niña fue trasladada a la sección solicitada por la progenitora.
En cuanto a la accesibilidad, la funcionaria manifiesta que el año pasado intervinieron en un colegio en Lagunas por no contar con rampas de acceso al ras del piso, lo mismo que en otra institución, debido a la imposibilidad de unas niñas con discapacidad motora temporal de subir a su salón de clases ubicado en el segundo piso.
“En ese caso le requerimos al director que pueda cambiar la sección a un aula del primer piso, a fin de asegurar la accesibilidad del estudiante. Si un colegio no cuenta con ascensores ni con rampas de acceso tiene que ver la forma de adecuarse a las necesidades del niño. La institución debe ser accesible desde la puerta de ingreso”, sentencia.
Único participante apto tiene a un integrante sancionado.
Municipalidad podría realizar contratación directa para ejecutar el saldo de obra ascendente a más de cinco millones de soles.
Preocupante. Luego de que la empresa Murgisa Servicios Generales SRL decidiera abandonar la ejecución de los trabajos de pavimentación en las calles del casco urbano de la ciudad de Ferreñafe, la gestión de la alcaldesa Violeta Muro Mesones decidió acogerse a la normatividad vigente respecto a la Reconstrucción con Cambios – Ley N° 30556 y su reglamento, como así también al cuerpo legislativo de las contrataciones del Estado – Ley 30225 y su reglamento, vinculante a la Ley específica promulgada para la reconstrucción, para reiniciar dichos trabajos que desde hace varios meses se encuentran paralizados.
En ese sentido, es que en aplicación de los artículos de la reglamentación de las normas precitadas, la comuna liquidó los trabajos realizados por el renunciante contratista y valorizó las partidas pendientes por ejecutar, estableciendo de esta manera un saldo por ejecutar aproximado del 40 %, quedando un saldo pendiente por ejecutar de más de cinco millones de soles y bajo estas condiciones tratar de consensuar con el participante que cumpla con las formalidades legales y manifieste su interés de ejecutar el saldo de obra en las condiciones propuestas.
EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO
Como quiera que tan solo fueron admitidas, evaluadas y calificadas las ofertas de las empresa Murgisa Servicios Generales SRL, 3F Constructora EIRL y el Consorcio Ferreñafe, quienes obtuvieron el mismo puntaje ofertando el 90 % del valor referencial establecido, ellos tuvieron que dilucidar su ubicación en el proceso mediante el sorteo que para estos casos la normatividad prevé, resultando ganador de la buena pro Murgisa Servicios Generales, ocupando el segundo lugar la empresa 3F Constructora EIRL, quedando en el tercer puesto el Consorcio Ferreñafe.
Luego de la adjudicación y el resultado del orden de prelación, mediante una denuncia ciudadana tramitada a través del Órgano de Control Institucional -OCI, de la comuna, se puso en conocimiento de la autoridad edil la irregular evaluación por parte del Comité de Selección de la oferta de uno de los tres postores habilitados, en este caso la empresa 3F Constructora EIRL, en cuanto en la misma incluyó, para acreditar su capacidad legal, una vigencia de poder que no le correspondía, condición que ha derivado que su oferta no haya sido convalidada y, por ende, no haya sido invitado para ser considerado como posible ejecutor en cuanto muestre su interés en continuar con los trabajos que hasta hoy en día se encuentran inconclusos.
En ese extremo, el jefe de Abastecimiento de la comuna, Segundo Monje Fernández, cursó la invitación correspondiente al Consorcio Ferreñafe que ocupó el tercer lugar en el proceso, otorgándole un plazo de cinco días – como la norma lo establece – para que por escrito manifieste su interés en continuar con la ejecución del proyecto, plazo que venció el 4 de los corrientes sin que el postor invitado acepte oficialmente continuar con los trabajos pendientes, decisión que al fin y al cabo el consorcio no puede oficializar, por cuanto a la fecha uno de sus integrantes, en este caso la empresa Constructora Erwi S.A.C., se encuentra con una sanción vigente impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado – TCE.
El tribunal, mediante la Resolución N° 1582-2019-TCE-S2, del 12 de junio del 2019, decidió inhabilitar a dicha empresa por el lapso de 42 meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, condición que ineludiblemente le impide al Consorcio Ferreñafe asumir la ejecución del saldo de obra.
En ese escenario, Expresión dialogó con el Jefe de Abastecimientos de la comuna ferreñafana, manifestando su preocupación y a la vez confirmando que por escrito solicitará a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios se impartan instrucciones respecto a los procedimientos posteriores a lo ocurrido que deben ser realizados, ya que al no contar con un postor formalmente habilitado, el articulado de la norma y su reglamentación implícita para estos procedimientos no considera taxativamente los pasos a seguir bajo estas circunstancias, lo que en buena cuenta, vencido los plazos y los hechos ocurridos, es necesario acudir al ente jurisdiccional (ARCC), para que sea este quien dilucide este hecho y lograr al más breve plazo y de manera formal, eficiente y eficaz que se reinicien los trabajos hasta su culminación.
El artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado - Contrataciones Directas – vinculante para este caso – precisa que: “Excepcionalmente, las entidades pueden contratar con un determinado proveedor en los siguientes supuestos, entre ellos el que se explica en el literal (l, el cual refiere lo siguiente: Cuando exista la necesidad urgente de la entidad de continuar con la ejecución de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un contrato declarado nulo, siempre que se haya invitado a los demás postores que participaron en el procedimiento de selección y no se hubiese obtenido aceptación a dicha invitación.
En este sentido, bajo los fundamentos legales establecidos en la norma supletoria (Ley 30225), correspondería desarrollar una contratación directa, esto es previamente, de ser el caso, adecuando el expediente técnico al estado actual de los trabajos y la actualización de los costos correspondientes con la finalidad de establecer un valor referencial real por el saldo de la obra”.
A tres años de las lluvias del Fenómeno El Niño Costero, Lambayeque aún no tiene las obras que necesita en materia de prevención.
Obras de descolmatación en el cauce de los ríos han sido observadas por la Contraloría.
Según el balance del Centro de Operación Emergencia Nacional – COEN, el Fenómeno El Niño Costero – FEN, del 2017, dejó a su paso en Lambayeque 41 mil 237 personas damnificados, 93 mil 486 afectadas, tres fallecidos y dos heridos. En cuanto a daños materiales, ocasionó que cuatro mil 483 viviendas resulten colapsadas, cuatro mil 585 inhabitables y 19 mil 736 afectadas.
Pese a que han transcurrido tres años desde que ocurrieron las fuertes precipitaciones, dos especialistas consultados por este medio coinciden en señalar que el avance en materia de prevención ha sido muy poco, toda vez que no se han hecho las principales obras para evitar el desborde de las cuencas de los ríos y la inundación en las zonas urbanas y rurales del departamento.
En cuanto a la Reconstrucción Con Cambios, de los más de tres mil 300 millones destinados para Lambayeque, la transferencia acumulada hasta diciembre pasado fue de 245 millones, producto de 507 intervenciones atendidas que dejaron un saldo de siete mil 514 viviendas culminadas y obras menores.
Al respecto, el exjefe del Instituto de Defensa Civil – INDECI Lambayeque, y del Centro de Operación Emergencia Regional – COER, Carlos Balarezo Mesones, refiere que a nivel de las cinco cuencas hidrográficas (Zaña, La Leche, Motupe, Olmos y Chancay), donde se produjeron desbordes y la mayor cantidad de damnificados, “prácticamente no se ha hecho nada”.
“Se realizaron algunas actividades de descolmatación, todas observadas por la Contraloría. Es decir, no hay garantía que ante un incremento del caudal de los ríos estos no vuelvan a desbordarse. Se hizo una obra por cerca de tres millones a la altura de la Huaca Las Ventanas, que iba a proteger también el patrimonio arqueológico, principalmente de esa zona y de la Huaca El Oro, pero fue apuntada por Contraloría”, sostiene.
Balarezo Mesones señala que para asegurar un verdadero avance en materia de gestión de riesgo de desastres es necesario que la Contraloría, además de los controles concurrentes y simultáneos que realiza, ponga su foco de atención en el tema preventivo, a fin de que no haya un perjuicio económico para el Estado.
A su turno, Manuel Yerrén Callacna, secretario técnico de la plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, explica que otro problema es el retraso en la culminación de la construcción de viviendas definitivas que fueron perjudicadas por el FEN, las cuales en Lambayeque sumaban un promedio de 18 mil, pero no se ha llegado ni al 30 %.
Indica que de estas viviendas solo un 10 % se encontraba en una zona de riesgo no mitigable (aquellas que ponen en peligro la vida de los pobladores), pues la mayoría resultó dañada por su antigüedad o porque sus condiciones de construcción eran inadecuadas.
POBLACIÓN IMPRUDENTE
Yerrén Callacna señala que tampoco se ha podido controlar las actividades que desarrollan los pobladores en las inmediaciones de los ríos como ocurren en Chancay y Reque, donde – afirma - incluso tienen títulos de propiedad brindados por el Organismo de Formalización de la Propiedad Privada – COFOPRI, lo cual los expone a un mayor estado de vulnerabilidad.
“Las personas no respetan que incluso en el río La Leche ya está delimitada la faja marginal, pero aun así desarrollan sus actividades”, asevera.
Afirma que algunas de los puntos en los que sí se ha avanzado es en el control de los ríos, pues tanto Chancay, Olmos y La Leche ya cuentan con un sistema destinado para este fin. “En el caso de La Leche ya sabemos cuánto es el caudal del agua que llega y cuánto puede repartirse a otros canales para evitar inundaciones. Por ejemplo, si llegase una cantidad de agua que el río no soporta, se puede derivar a Tinajones, Lambayeque o el Taymi”, sostiene.
Por su parte, Balarezo Mesones refiere que en la quebrada Juana Ríos la población comete actos de imprudencia, pues inclusive en la parte alta se han instalado cultivos, lo cual ha acortado el cauce, imposibilitando el flujo de agua.
Además, explica que a veces las personas no esperan que el agua descienda de nivel y utilizan el badén para pasar con sus vehículos, corriendo el riesgo de que la fuerza de la quebrada voltee los automóviles.
“Al ser un afluente del río Chancay, lo que debe hacerse es mantener un control estricto sobre el paso de los transeúntes y los vehículos, a fin de evitar accidentes, al menos mientras no se construya el puente”, indica.
Por su parte, Yerrén Callacna indica que a nivel urbano Chiclayo ha crecido de forma desordenada, producto de la informalidad, lo cual ha hecho que se vuelva más vulnerable ante las lluvias. Apunta que incluso son las mismas constructoras las que muchas veces edifican en zonas de riesgo, por lo que urge la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano, pero velando que se respeten los lineamientos del crecimiento de la urbe.
Al respecto, Balarezo Mesones señala que el drenaje pluvial de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria sigue siendo una obra desatendida y que se erige como única solución para evitar la inundación de las zonas bajas de la ciudad.
“Chiclayo no necesita una lluvia que llegue a los 30 milímetros para inundarse. En el 2017 la precipitación máxima alcanzó los 37 y ocasionó muchos estragos. Al ser una ciudad topográficamente muy plana, bastan 10 o 15 para tener problemas. Lo único que queda mientras no se haga realidad el drenaje pluvial es tener listas las motobombas para responder ante la emergencia. Se ha debido capacitar en su uso a las Fuerzas Armadas, la Policía y las brigadas de las municipalidades”, asevera.
Añade que son muy pocos los municipios que han adquirido equipos para dar respuesta a la emergencia, pero que pese a ello el COER cuenta con los suficientes para socorrer la emergencia.
En tanto, Yerrén Callacna resalta que mientras no se realice el drenaje pluvial la tarea debe estar enfocada en mantener limpios los tres canales que cruzan Chiclayo (Cois, Pulén y Yortuque). No obstante, subraya que la población tampoco colabora, pues no solo no saca la basura en los horarios de recojo, sino que la arroja a las acequias, lo cual genera el riesgo de que estas se desborden con las lluvias.
Por otro lado, Balarezo Mesones refiere que desde el gobierno central deben hacerse esfuerzos por simplificar el proceso burocrático para acceder al Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales – FONDES, pues el año pasado solamente Mórrope pudo acceder a estos recursos en el marco de la contaminación del agua de los pozos con arsénico.
“Para hacer efectivo el desembolso se demoraron cerca de tres meses. Si un municipio recién empieza con las gestiones, probablemente reciba en abril el fondo y para esas fechas el período de lluvias ya culminó. También ha dicho el ministro de Defensa que los ayuntamientos pueden usar hasta el 10 % de su Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, pero es complicado ejecutar ese porcentaje solo en enero y febrero. Desde el gobierno central deben agilizarse los procesos. Hablar ahora de prevención sería una irresponsabilidad, porque las lluvias ya están encima, lo que debe trabajarse es la respuesta”, asevera.
Asimismo, Balarezo Mesones considera que se debe hacer una revisión de la Ley Nº 29664 - Ley Que Crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la cual fue aprobada en el 2011 y desde entonces no ha sido sujeto de observaciones.
“Me parece que falta liderazgo claro tanto a nivel nacional como subnacional. En Lambayeque el llamado a liderar la gestión de riesgo de desastres no es el COER ni el INDECI, es el mismo gobernador regional y en las provincias y distritos los alcaldes. A veces las autoridades se desligan de la fiscalización de los proyectos argumentando que los realiza el gobierno nacional, pero son los entes subnacionales los llamados a supervisar”, reflexiona.
Finalmente, Yerrén Callacna exhorta a la población a limpiar sus techos, principalmente si son de calamina, a fin de resanarlas y alinearlas para prevenir desastres. “Defensa Civil es tarea de todos y eso incluye a la población que juega un rol muy importante en la prevención”, sostiene.
NORBIL VEGA OROZCO: “NO NECESITAMOS UN CONGRESO QUE POLARICE AL PAÍS”
Candidato del PPC, con el N° 1 por Lambayeque, señala que el próximo parlamento debe mejorar y continuar la reforma política y judicial.
El aspirante a la representación por Lambayeque, quien se desempeñó como Director Regional de Energía y Minas, refiere que es necesario advertir y prevenir un clima de convulsión social como el que se vivió hace meses en Chile, justamente por el crecimiento de la brecha social y económica.
Vega Orozco comenta que lo referido a la reforma judicial también es fundamental, pues existen casos complejos que han revelado las debilidades que tienen aún las instituciones encargadas de administrar judicial en el país.
“La defensa de la autonomía de las instituciones es un compromiso que todos debemos asumir y, en ese sentido, desde el Congreso debe realizarse un trabajo legislativo diligente que permita fortalecerlas, no solo para que dispongan de recursos suficientes para que cumplan una buena función, sino también para que no existan interferencias de ningún tipo en su desempeño”, señala.
Detalla que entre las propuestas del Partido Popular Cristiano se tiene la de incrementar el número de integrantes del Tribunal Constitucional a 11 o 15 miembros. Actualmente el máximo intérprete de la constitución tiene siete integrantes.
“La razón de esta propuesta radica en que es necesario dotar al Tribunal Constitucional de mayor pluralidad y evitar que se generen situaciones de polarización entre sus integrantes. Lógicamente, también es necesario mejorar el mecanismo actual de elección de los magistrados del TC, de tal manera que pueda garantizarse un procedimiento transparente y sin que los partidos políticos pongan cuotas de postulantes, como se vio en el Congreso disuelto, lo que finalmente desencadenó en la severa crisis política que vivimos a fines de septiembre pasado”, explica.
Respecto al Tribunal Constitucional, Norbil Vega comenta que otro de los planteamientos del PPC es que sea este el encargado de evaluar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, a fin de zanjar la discusión generada hace meses respecto a si deben o no ser los propios congresistas quienes revisen estos pedidos.
“Hemos visto en el Congreso disuelto cómo de manera grosera se hizo blindaje de personajes a los que debía levantarse la inmunidad parlamentaria para facilitar el accionar de la justicia y eso es algo que no se debe permitir, como tampoco ir al extremo de eliminar esa prerrogativa constitucional que protege el ejercicio de fiscalización que tiene el legislador. A fin de establecer un equilibrio a la discusión, nuestro partido propone que sea el Tribunal Constitucional quien califique si corresponde o no el levantamiento de la inmunidad cuando lo requiera la justicia”, detalla.
Por otro lado, Norbil Vega sostiene que uno de los tópicos en los que le gustaría hacer incidencia legislativa es en el relacionado a la salud materno – infantil, principalmente para generar un marco normativo que ayude a fiscalizar el correcto funcionamiento de los programas nutricionales que tiene el Estado a fin de combatir, con mayor efectividad, la anemia y la desnutrición crónica.
MÉDICOS Y PERSONAL ASISTENCIAL SIN PAGOS: DEUDAS EN HOSPITALES DEL MINSA SUPERAN LOS CINCO MILLONES DE SOLES
Gobernador regional de Lambayeque ha oficiado al Ministerio de Salud – MINSA, y al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, pidiendo los recursos para cancelar los adeudos con los locadores del sector Salud.
El decreto de la universalización de la salud no ha caído del todo bien en el despacho del gobernador regional de Lambayeque. Anselmo Lozano Centurión cuestiona que el Ejecutivo haya dispuesto el acceso de toda la población al Seguro Integral de Salud – SIS, sin antes haber corregido las limitaciones presupuestales, de equipamiento, personal e infraestructura que tiene el sector.
A fines de diciembre pasado, Lozano Centurión se dirigió, con el Oficio N° 001235-2019-GR.LAMB/GR, a la ministra de Salud, María Hinostroza Pereyra, y con el Oficio N° 001236-2019-GR.LAMB/GR, a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi, solicitando el presupuesto para el pago de locadores de los hospitales de Lambayeque, correspondiente al 2019.
Los documentos elevados por la autoridad regional se sustentan en el Oficio N° 3506, que la gerente de Salud, María Collantes Santisteban, dirigió a su despacho reiterando el pedido de apoyo para encontrar una solución a la deuda generada por el no pago al personal de salud por Servicios No Personales (locadores).
De acuerdo al detallado adjuntado a ambos ministerios, en el Hospital Las Mercedes existen 234 prestadores de servicio a la espera del pago de sus remuneraciones, cuyo total suma un millón 500 mil 400 soles; en el Hospital Belén los perjudicados son 132 profesionales, con una deuda total de un millón 18 mil 120 soles; en el Hospital Regional la deuda suma dos millones 300 mil soles afectando a 230 locadores, en tanto bajo responsabilidad de la Gerencia Regional de Salud hay en total 105 locadores a los que se les debe 700 mil soles.
En total, la deuda generada por la falta de disponibilidad presupuestal en el sector Salud suma cinco millones 518 mil 520 soles.
“Solicitamos la asignación de presupuesto para el pago del citado recursos humano, entre ellos médicos, enfermeros, obstetras, tecnólogos médicos, técnicos en enfermería y demás, que han contribuido a la atención de la salud de los pacientes que diariamente acuden a los mencionados establecimientos hospitalarios y a quienes se les debe tres, cuatro y hasta cinco meses de sus remuneraciones”, señala Lozano Centurión en sus oficios.
NO MÁS CONTRATACIONES
La autoridad hace mención que si bien cada una de las unidades ejecutoras, por necesidad, tuvo que contratar al personal, “también es verdad la demanda de atención en salud a fin de dar continuidad a los servicios de salud en dichos hospitales a los pacientes asegurados a través del SIS, así como a los ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana”.
“Tal como expresé en el décimo segundo GORE Ejecutivo, si el Ministerio de Salud no transfiere a los recursos para efectuar los concursos para la contratación del personal en la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, no sería posible contar con dicho personal este año, ya que no sería retribuidos oportunamente por sus servicios. Por ello, con el debido respeto y en aras de deslindar cualquier responsabilidad, hago de conocimiento que dichos hospitales dejarán de contratar a personal en la modalidad de Locación de Servicios. En consecuencia, no será posible atender a un gran porcentaje de compatriotas que cada día acuden a buscar atención para aliviar las enfermedades que adolecen”, advirtió la autoridad.
Lozano Centurión ha sido enfático en informar a la ministra de Salud que no se volverá a contratar bajo la modalidad de Servicios No Personales en los centros hospitalarios hasta que no se analice una solución definitiva respecto de los adeudos con el Ministerio de Economía y Finanzas y sé atención a la compra de equipos quirúrgicos y mejoramiento de la infraestructura de los hospitales Las Mercedes y Chiclayo.
“No es posible que tengamos el Hospital Regional de Lambayeque con infraestructura moderna pero que no cuenta con recursos para pagar a su personal locador, tal vez cuenta con algunos equipos en buen estado, pero la mayoría están inoperativos, entonces de qué atención de calidad hablamos si cuando un paciente de un de salud es transferido a un hospital para que sea atendido por personal especializado no encuentra consulta y si la encuentra debe esperar tres o cuatro meses para los exámenes. Eso debe terminar”, aseveró el gobernador.
SIN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL
Expresión conversó con Lozano Centurión, quien comentó que los problemas de adeudos en el pliego regional no solo se limitan al sector salud. En la misma sede – dijo – como herencia de la gestión anterior, se mantienen deudas por servicios de limpieza y otros, que no fueron cumplidos en su momento.
“Se hicieron contrataciones sin certificación presupuestal, por eso le hemos dicho a las ministras que nos den el dinero para convocar a concursos CAS. No se puede vulnerar los derechos de los trabajadores como se ha venido haciendo. Ellos tienen derecho a que cumplido el mes se les pague. A la ministra de Salud yo le he dicho: ‘¿Usted puede esperar cuatro o cinco meses sin pago?, ¿Sabe a qué terreno se ha metido?’. Nos han aumentado el número de asegurados con un decreto legislativo, no tenemos los aparatos quirúrgicos, infraestructura tampoco tenemos y nos falta personal, ¿cómo vamos a atender? El aseguramiento universal es populismo, porque si no nos dan los recursos, ¿cómo vamos a atender?”, remarca.
Lozano Centurión afirma que el Gobierno Regional de Lambayeque es el primero que ha salido al frente para demandar tanto al MINSA como al MEF el cumplimiento de los pagos.
“Vamos a pagarles a los trabajadores nombrados, contrataremos lo que podamos con CAS y no habrá un solo contratado por locación. Habrá miles de personas que se queden sin atención y como nos corresponde le haremos conocer del problema tanto a las ministras como al Ministerio Público, porque son ellas las responsables. Aquí me respetan. En Lambayeque hemos estado acostumbrados a que nos den migajas y nos quedábamos tranquilos y, en el colmo, antes se ha devuelto las migajas”, enfatiza.
A ello se suma una compleja situación legal, pues refirió que la Procuraduría Pública Regional tiene aproximadamente siete mil casos por atender.
“Uno de ellos es la demanda que ha realizado un empresario que fue desalojado de unos terrenos en Eten por la anterior gestión y ahora está demandando al Gobierno Regional de Lambayeque por tres millones 600 mil de soles por concepto de daños y perjuicios. Hubo un absoluto desorden en el tema de los pagos y todavía sufrimos esas consecuencias”, manifiesta Anselmo Lozano.
Añade que existen demandas laborales, por incumplimiento de pagos y contratos, así como por otros conceptos.
“Supuestamente fumigaron los jardines del Hospital Regional, se deben 900 mil por jardinería, vigilancia, limpieza de las oficinas. Es un caos. Hay un desorden total. A ello hay que añadir los arbitrajes, como el de la hermosa Avenida Chiclayo por vicios ocultos, cuando el contratista envió una serie de cartas a la gestión del señor Acuña advirtiéndole que el expediente técnico estaba mal hecho y que se debía reformular. ¿Qué le respondían? Que continúe. Dios ha sido bueno con Lambayeque y gracias a él la destrucción de El Niño 2017 no fue mayor, porque sino, imagínense cómo estuviéramos. En Santa Rosa hicieron una avenida que, de acuerdo al expediente, debía durar 15 años. La Contraloría ha confirmado que a los tres meses se malogró”, manifiesta.
Para este año, el Gobierno Regional de Lambayeque tiene 75 millones de soles como presupuesto para proyectos de inversión, monto que según la autoridad no fue posible incrementar porque el Ministerio de Economía y Finanzas evaluó el desempeño de gasto del 2018, último año de la gestión de Humberto Acuña Peralta.
“Vamos a intensificar las gestiones para que se nos asignen partidas adicionales y sacar el máximo provecho al proceso de reconstrucción. Estamos priorizando la construcción de la carretera asfaltada Mayascón – Incahuasi. Además, por el mecanismo Gobierno – Gobierno se ejecutarán obras de salud, colegios y saneamiento básico”, indica.
Sobre las elecciones congresales del próximo 26 de enero, la autoridad regional dijo confiar en que la ciudadanía elegirá a los mejores representantes.
“Esperamos que el próximo Congreso sea mucho mejor, que se atiendan problemas urgentes como salud y educación, y que no se concentre en temas superficiales”, anota.
CARLOS PEÑA RELUZ SOBRE LAS AZUCARERAS: “LAS ADMINISTRACIONES JUDICIALES NO HAN FUNCIONADO”
El candidato de Podemos Perú asegura que se reunirá en el Congreso con los dirigentes azucareros para hallar soluciones a la problemática a la industria.
El dirigente agrario advierte que las riquezas de las azucareras deben ser repartidas equitativamente entre trabajadores y empresarios.
Carlos Peña Reluz nació en la azucarera Pomalca. Desde los 11 años ingresó a trabajar en la entonces hacienda y lo hizo por más de 40 años. Con la autoridad que le brinda le experiencia adquirida por el paso de los años, el hoy candidato al Congreso de a República por Podemos Perú para completar el período 2016-2021, reflexiona sobre la situación de la industria azucarera y asegura que las administraciones judiciales que ingresaron a tomar el control de los ingenios no han dado solución a la grave crisis por la que atraviesan.
“Las administraciones judiciales no son una solución. El Poder Judicial nombró administraciones a efecto de que las empresas azucareras puedan pagar las acreencias que tienen para luego devolverlas a los trabajadores, pero no ha sido así. Al contrario, bajo su administración nunca han podido pagarse las deudas, toda vez que estas han incrementado. Ellos mismos se venden, compran, garantizan su capital y los perjudicados siguen siendo los trabajadores azucareros. Hago un llamado a mis hermanos a nivel nacional, especialmente a los de Pomalca, Pucalá, Tumán y Cayaltí, a fin de coordinar ideas para darle una solución a este problema tan álgido”, sostiene.
Al respecto, Peña Reluz hace un recuento de la historia de la industria. Explica que en un inicio estas fueron haciendas que estaban dirigidas por terratenientes como los De la Piedra en Pomalca. Apunta que luego, precisamente en 1969, a través del Decreto Ley Nº 17716 – Ley de Reforma Agraria, del 24 de junio de ese año, pasaron a convertirse en cooperativas, dándoseles la propiedad de las azucareras a los trabajadores.
Finalmente, refiere, en 1996, a través del Decreto Legislativo Nº 802 y del Decreto Supremo Nº 005, se cambió el modelo cooperativo por el de empresa agroindustrial, convirtiéndose las acreencias laborales acumuladas durante la época cooperativa en acciones, bajo el esquema de sociedades anónimas.
“Recuerdo que en 1969 cuando nos entregaron Pomalca, esta producía 12 mil bolsas de azúcar por día. Tenemos que hacer un mea culpa porque no estuvimos preparados para manejar empresas tan grandes. Sin embargo, el cambio de modelo de cooperativa a empresa agroindustrial no estuvo bien garantizado porque se apropiaron de nuestros beneficios sociales”, asevera.
Explica que, bajo el pretexto de sanear las deudas que se habían contraído con el Estado, deudas a las que denomina como “fantasmas”, se les hizo pagar por servicios que nunca se les brindó, tales como el de la seguridad social.
“En el tema de salud no se nos había atendido durante muchos años porque no se pagaba oportunamente. Sin embargo, a la hora de la liquidación se le canceló al Estado por ese servicio que no se nos había prestado. Todo ello motivó a que se le dé un valor a la empresa azucarera y nosotros, que habíamos tenido la propiedad de la misma, tengamos que volver a comprarla con el pago de nuestros adeudos laborales y beneficios sociales. Eso fue un engaño, un atropello contra nuestros derechos”, asegura.
El candidato refiere que la situación descrita ha motivado que actualmente los trabajadores de la Agroindustrial Cayaltí no cobren sus remuneraciones desde hace nueve meses y que Pucalá ya sume 26 personas fallecidas producto de las disputas al interior de la azucarera.
“Tumán antes era un ejemplo de azucarera en Lambayeque, en Cayaltí se molía caña y ahora solamente se siembra. En cuanto a Pucalá es una pena lo que sucede, ahora los enfrentamientos ya ni siquiera son entre hermanos azucareros, sino con gente que viene de otros lugares y tiene intereses personales y económicos. Pomalca es la empresa que sí aparece con una relativa paz social que esperamos se conserve”, manifiesta.
Por ello, Peña Reluz propone que de llegar al Parlamento se reunirá con todos los dirigentes azucareros para plantear una solución inmediata a la problemática de las azucareras, cuya deuda con el Estado considera “impagable”.
“Nosotros también formamos parte del Estado Peruano, por eso buscamos que esa deuda se capitalice en acciones y sea entregada a los trabajadores, a fin de tener un paquete especial de capital que nos permita buscar un socio estratégico que podrían ser los mismos empresarios con quienes se debe sostener ele diálogo. Respetamos la inversión privada, pero debe ir de la mano con el trabajador. Nosotros entregamos la mano de obra y ellos el capital, juntos debemos trabajar para desarrollar las empresas azucareras, de modo tal que las riquezas sean distribuidas de forma equitativa”, indica.
Sobre la situación del agricultor, el candidato afirma que en la Comisión Agraria del Congreso, cuyo último presidente fue Federico Pariona Galindo, no se designó a las personas idóneas y que conozcan la realidad de agro desde adentro, motivo por el cual no se plantearon leyes necesarias para su desarrollo.
Peña Reluz, quien fue presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos del Riego, resalta que como agricultores han recurrido a dicha comisión, pero no han tenido la posibilidad de hablar “el mismo idioma”, porque los parlamentarios que la conforman desconocen la realidad del agro, pese a que el Artículo 88 de la Constitución señala que los gobiernos de turno deben velar por el desarrollo del sector.
“Nos vemos frustrados con esta comisión porque no hemos tenido proyectos de ley que permitan favorecer a los pequeños agricultores que tantas necesidades tienen. En mi calidad de presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos del Riego representé a más de dos millones 600 mil agricultores de todo el país y con mucha pena noté que no hay un equipo polivalente, netamente agrario, que nos permita desarrollar las propuestas para trabajar en mejores condiciones. Espero que en este nuevo Congreso se elija al hombre para el cargo y no el cargo para el hombre y que cada parlamentario se desarrolle en el sector que conoce”, refiere.
Peña Reluz comenta que son 124 juntas de usuarios de agua en todo el Perú, mil 580 comisiones de regantes y más de dos millones 600 mil agricultores los que ven desatendidos sus derechos básicos, por lo cual retomará el proyecto de ley para brindar una pensión de jubilación al agricultor, el mismo que presentó en el gobierno de Ollanta Humala Tasso, y que tuvo una aceptación preliminar de 80 parlamentarios que lo suscribieron, pero que no llegó a debatirse en el pleno del Parlamento, toda vez que se quedó en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y en la Comisión Agraria.
“La lista de Podemos Perú comparte mis ideales respecto al agro y la industria azucarera porque son de interés general. La pensión del agricultor no solo beneficia a Lambayeque, sino a todos los peruanos. Hay distintas problemáticas. Por ejemplo, trabajé para la junta de usuarios que nos cobraba el 20 % de las inversiones que se hacían en ellas y no debíamos pagar ese monto porque la infraestructura de riesgo es del Estado, además de que pagamos por el servicio de agua que llega a nuestros campos”, asevera.
Por otro lado, el candidato refiere que tiene un proyecto de ley sobre el canon que llega a los gobiernos regionales y locales. Al respecto, menciona que a los agricultores no les llegan dichos recursos, por lo que su iniciativa legislativa buscará que un porcentaje sea destinado para los hombres del campo.
“De esta manera priorizaré que se desarrollen proyectos de infraestructura, riego tecnificado y una política de comercialización del cultivo”, asevera.

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 27
 Artículo 88