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Timestamp: 2019-12-07 06:29:19+00:00

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Unión Europea – Página 2 – Hay Derecho
Algo que hacer el día de San Beda el Venerable. Sobre Europa y las instituciones europeas
19 mayo, 2014 /25 Comentarios/en Unión Europea /por Jesús Casas
(Proyección de escaños del Parlamento a 05/05/14. Fuente: Parlamento Europeo)
Confieso que nunca llevo encima numeral porque no me resulta de utilidad ya que casi nunca realizo transacciones económicas, por suerte para mí, pero he pedido a mi hijo que me preste unas monedas unos minutos y he visto que se llaman “Euros”. He ido entonces a una cajita donde guardo las monedas que me traía el “Ratoncito Pérez” que eran nada menos que duros de plata de Franco, de esos de 100 pesetas, que supongo valen bastante en el mercado numismático (“nomisma” era el nombre de moneda bizantina, por cierto, un Imperio que mantuvo una unidad monetaria idéntica en oro durante 7 siglos, algo que Carlomagno y sus hijos ni hubieran soñado) pero que facialmente vale menos que la moneda que me habían prestado (y ya he devuelto). Esta semana estuve reunido con europeos de tres nacionalidades y no hablamos de Europa ni un minuto, pero trabajamos juntos. Por cierto el Rey de España en el siglo XV era Emperador de los europeos de esas nacionalidades y cobraba impuestos a todos ellos. Dándole vueltas a la idea he pensado que tal vez, aunque “¿Hay Derecho?” es una bitácora de nivel, sería conveniente escribir unas breves reflexiones en el día de Europa (escribo esto un 9 de mayo) sobre las elecciones que se nos avecinan. Sobre todo porque los comentaristas, glosadores y postglosadores, como siempre digo, harán unas aportaciones estupendas, de verdadera altura.
Lo primero que me viene al caletre es que el 28 de julio de 2014, o sea, hace tan sólo un siglo y tras una larga “Paz Armada”, estalló en Europa la Primera Guerra Mundial, bien llamada Gran Guerra, que conmovió los cimientos de toda la sociedad europea y no europea. El 1 de septiembre de 1939 se inició sobre el mismo solar la Segunda Guerra Mundial y, en total y en números redondos – aunque sólo redondear me parece una falta de respeto a cada víctima individual, que merecen memoria exclusiva y honor perpetuo como la que de las víctimas del Holocausto se conserva en el YadVashem – más de cien millones de muertos, sin incluir los del denominado Periodo de Entreguerras, entre los que debemos contar todos los de la Revolución de 1917 y los de nuestra Guerra Civil. Un efecto similar al de la Peste Negra en términos demográficos con el resultado de que, además, Europa se partió en dos mitades o “bloques”, el Occidental o “capitalista” y el Oriental o “comunista” que comienzan a recuperar lentamente la conciencia de tener unas similares tradiciones y raíces.
A día de hoy, de nuevo sobre el mismo solar, estamos asistiendo a una situación prebélica en Ucrania, con la misma pasividad individual y responsabilidad colectiva con la que asistimos a la guerra de lo que fue Yugoeslavia o en Chechenia, Osetia o cualquier otro rincón de nuestro Continente, con su Escuela de Beslán incluida, que tampoco se debería olvidar, ni siquiera por nuevas atrocidades como la de Nigeria.
No obstante todo lo anterior, entre el 22 y el 25 de este mes, todos los mayores de edad de entre 500 millones de ciudadanos de la Unión estamos convocados a la elecciones al Parlamento Europeo, que nos parecen mucho menos interesantes por estos lares el 24 de mayo en la capital portuguesa. Las primeras encuestas publicadas (el 9 de mayo, precisamente el desapercibido día de Europa) indican que sólo el 16,9% de los españoles saben qué día pueden ir a votar y se espera una abstención histórica, aunque el 67,8% de los encuestados considera que el Parlamento Europeo es importante en la vida de la Unión y el 80,9% cree que sus decisiones afectan mucho o bastante a los españoles. El 64,4% de los encuestados dicen que piensan ir a votar. Ya veremos.
Un vistazo a la historia de las elecciones europeas nos lleva a la conclusión de que, sobre un total (desde este año, tras la adhesión de Croacia, el Parlamento Europeo está compuesto nada menos que por 750+1 miembros (art.14 del Tratado de la Unión Europea, de los que los Españoles elegimos tan sólo a 54, si bien, ya que no se trata de una “cámara de representación territorial”, lo que importa a la postre es la influencia que los mismos tengan en los órganos internos y su nivel de actividad en la cámara, en los despachos y en los pasillos.
La función de este número ingente de eurodiputados de nuestro 18º Parlamento es triple: control de la Comisión, aprobación del enorme presupuesto comunitario e intervención en el proceso co-legislativo, tras las reformas de los Tratados de Ámsterdam y Niza ahora incorporadas el vigente de la Unión.
Para ello el Parlamento Europeo, conforme a su Estatuto, se organiza en Pleno y Comisiones ( a saber: Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad y Defensa, Desarrollo, Comercio Internacional, Presupuestos, Control Presupuestario, Asuntos Económicos y Monetarios, Empleo y Asuntos Sociales, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, Industria, Investigación y Energía, Mercado Interior y Protección del Consumidor, Transportes y Turismo, Desarrollo Regional, Agricultura y Desarrollo Rural, Pesca, Cultura y Educación, Asuntos Jurídicos, Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Asuntos Constitucionales, Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y Peticiones ).
Los procedimientos legislativos recogidos en el art. 289 del vigente Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Reglamento del Parlamento son los siguientes:
– De consulta: Aprobación, rechazo o enmienda de una propuesta legislativa del Consejo o de la Comisión, que se emplea en un número limitado de asuntos, aunque uno de ellos son los Tratados Internacionales que la propia Unión suscribe.
– De aprobación (antes llamado “de dictamen conforme”): Para la aceptación o veto de determinadas propuestas legislativas o no en ámbitos restringidos
– De iniciativa: Aunque la iniciativa legislativa en la Unión corresponde ordinariamente a la Comisión, el Parlamento puede solicitar que la Comisión presente una propuesta concreta, usualmente en el marco de su Programa de Trabajo que es, además, revisado por el propio Parlamento.
– Procedimientos especiales: relativos a moneda única, diálogo social, acuerdos voluntarios, codificación del Derecho comunitario, y revisión de actos delegados y disposiciones de ejecución de la Comisión.
Ya se pueden Uds. imaginar la importancia de la Secretaría General del Parlamento (¿saben Uds., sin mirarlo en Internet, quién es actualmente?) y de las distintas direcciones generales, más de 6.000 empleados y unos 1.800 millones de euros de gasto anual. Imagínense sólo lo que debe ser la oficina de interpretación de lenguas y los servicios de traducción. Sería más barato (y mejor) que aprendiésemos todos latín.
En fin, si quiere Ud. saber más, tiene documentación para leer durante más de un año sabático o incluso el resto de su vida, o bien se da una vuelta por la Web del propio Parlamento o se acérquese dando un paseíto Castellana 46 en Madrid o Paseo de Gracia 90 en Barcelona, a las oficinas d e la Delegación del “Europarlamento” en España, donde podrá Ud. sacar una preciosa foto a todas las banderas de nuestra Unión, la que gobierna la mayor parte del territorio y las gentes cuyos abuelos y tatarabuelos se mataban inmisericordemente.
Dicho cuanto antecede, uno tiende a creer que lo relevante es el juego de los Grupos Parlamentarios y de los partidos políticos europeos (Partido Popular Europeo, Partido Socialista Europeo, Alianza de los Demócratas y Liberales de Europa, Verdes, Alianza de Europeos Conservadores y Reformistas, Partido de la Izquierda Europea, Movimiento por la Europa de las Libertades y la Democracia, Partido Demócrata Europeo, Alianza Libre Europea, alianza Europea por la Libertad, Alianza Europea de Movimientos Nacionales, Movimiento Político Cristiano Europeo y Demócratas de la Unión Europea), pero no votaremos a ninguno de ellos sino a los partidos y coaliciones de cada Estado Miembro que, curiosamente, no presentan programas comunes para el Parlamento, sino programas nacionales, al albur de los debates políticos de cada País.
Quienes creemos que estas superestructuras europeas son mastodónticas y poco operativas, que a la Unión le falta ante todo y más que nada simplicidad y que el Derecho europeo no puede ser de peor calidad jurídica (no diré técnico-jurídica, porque técnico es muchísimo pero claro, nada), más cercanos al denominado “euroescepticismo”, haríamos bien en pensar también que Europa (Εὐρώπη), además de una fenicia raptada por Zeus en forma de toro blanco (ya se sabe que las jóvenes en edad de merecer cuentan algunas extrañas mentiras a sus madres cuando vuelven de madrugada), una Historia y unos valores, es también o tal vez sobre todo un proceso que está “haciéndose”, in fieri, que diría ese europeo de apellido Hegel. Como me decían dos colegas de la Asociación Española de Derecho Europeo : “- Aceptamos que Europa no funciona bien, pero sería peor no tenerla”.
Y nuestro voto del 25 supone nuestro granito de arena en ese proceso para realizar una idea, la de que es posible que los mismos que es posible construir hogaño con nuestros más feroces enemigos de antaño.
Aunque sólo sea por la lista de Premios Andréi Sajárov, y aunque solo sea por Malala Yousafzai, creo que merece la pena ejercer la responsabilidad como ciudadano, que incluye según creo la abstención meditada y fundamentada, el voto nulo voluntario y el voto en blanco, en vez de quedarse en lo que de verdad se comenta por estos lares, que tiene que ver con Europa pero ocurre el día 24.
(P.S.: Con agradecimiento a Carmen Plaza y su equipo de documentalistas del CEYDE de la Universidad Politécnica de Madrid).
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Jesús Casas https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Jesús Casas2014-05-19 00:11:362014-05-19 18:43:33Algo que hacer el día de San Beda el Venerable. Sobre Europa y las instituciones europeas
La maraña de los derechos fundamentales en Europa
12 marzo, 2014 /4 Comentarios/en Unión Europea /por Isaac Ibáñez Garcia
Han coincidido en el tiempo la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, de 13 de febrero de 2014 (Asunto Melloni), dictada tras elevar por primera vez en su historia una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); y el sesudo discurso, leído el 24 de febrero de 2014, en su recepción pública como Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación por el Profesor Ricardo Alonso García, bajo el sugerente título: “El juez nacional en la encrucijada europea de los Derechos fundamentales”.
Con su sentencia, el Tribunal Constitucional modifica su doctrina: hasta ahora, la extradición de los condenados en ausencia debía estar condicionada a la posibilidad de recurrir la condena ante las autoridades judiciales de su país con el fin de salvaguardar sus derechos de defensa y a un proceso con todas las garantías. A partir de ahora, no se impondrá esa condición previa, pues según el TJUE, “no se produce una vulneración del derecho a un proceso equitativo, aun si el interesado no ha comparecido en el juicio, cuando haya sido informado de la fecha y del lugar del juicio o haya sido defendido por un letrado al que haya conferido mandato a ese efecto”. La resolución cuenta con varios votos particulares concurrentes.
Bien dice el profesor Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, en la contestación al discurso del profesor Alonso García, cuando señala que “nos hemos metido, pues, en un buen lío, en el que, además, los ciudadanos europeos no tenemos nada que ganar y, en cambio, sí tenemos bastante que perder en términos de seguridad jurídica…”, pues, “la coexistencia de tres catálogos de derechos fundamentales en el seno de la Unión Europea, el de la Constitución de cada Estado miembro, el del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 del que todos ellos, pero no la Unión como tal, son parte y el de la Carta de Derechos Fundamentales que acaba de aparecer en escena, y sobre todo de tres Tribunales, el nacional respectivo, el de Estrasburgo y el de Luxemburgo garantes de cada uno de ellos, puede, en efecto, colocar a los jueces nacionales, no ya en una encrucijada sino ante un auténtico dilema porque o bien cumplen con el Derecho de la Unión eventualmente incompatible con el Convenio o con la propia Constitución nacional o bien dan preferencia a ésta o al Convenio y desatienden aquel Derecho”.
Por citar tan solo uno de los votos particulares concurrentes a la sentencia del TC, el de la Magistrada Adela Asua, en el mismo se dice que “con su respuesta a nuestra tercera cuestión prejudicial, el TJUE ha aclarado que el artículo 53 de la Carta no permite que España aplique un nivel de protección más alto que el de la Carta en esta materia –la orden europea de detención y entrega- en la que existen normas comunes europeas…” y reprocha el Fundamento Jurídico 3º de la STC, en cuanto cree “apreciar además una crítica velada a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, al recordarle la necesidad de “garantizar y salvaguardar de manera efectiva un alto nivel de protección de los derechos fundamentales contenidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” (énfasis añadido)”.
La crítica, no velada en este caso, la comparte Fernández Rodríguez, al decir que “a mí francamente me resulta difícil aceptar la jurisprudencia Melloni, que impide oponer el catálogo nacional de derechos fundamentales al Derecho de la Unión, aunque ofrezca un nivel de protección superior al de la Carta cuando ese Derecho no deja margen alguno de apreciación a las autoridades nacionales. Llevar a esos extremos la primacía del Derecho de la Unión no tiene, en mi opinión, el más mínimo fundamento en el terreno de los principios”.
Cabe recordar que algunas posiciones fundamentalistas en cuanto a la primacía incondicional del Derecho de la Unión trataban de negar virtualidad a Derechos fundamentales reconocidos en los Estados miembros. Como ejemplo, la Abogada General señora Kokott, en sus Conclusiones en los Asuntos acumulados C-387/02, C-391/02 y C-403/02 (Silvio Berlusconi y otros) sostuvo que “los tribunales de los Estados miembros están obligados a hacer cumplir las exigencias de una directiva, sin que sea necesario dirigirse previamente al Tribunal Constitucional nacional, dejando sin aplicar una ley penal más favorable, adoptada después de los hechos, en la medida en que dicha ley sea incompatible con la directiva”. Menos mal que el Tribunal de Justicia, en su Sentencia de 3 de mayo de 2005, dijo que “el principio de aplicación retroactiva de la pena más leve forma parte de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros”, por lo que “debe considerarse que este principio forma parte de los principios generales del Derecho comunitario que el juez nacional debe respetar al aplicar el Derecho nacional adoptado para la ejecución del Derecho comunitario y, en este caso, más concretamente, las Directivas sobre Derecho de sociedades”.
Y qué no decir de la más que cuestionable jurisprudencia del TJUE (asunto Azko, entre otros) que considera que los abogados internos de empresa no tienen el mismo grado de independencia que el abogado externo y, en base a esta apreciación, sustenta que las actuaciones del abogado interno no merecen quedar amparadas por el secreto profesional. Lo que, posteriormente, llevó a la Comisión Europea a defender también que los abogados internos no se les permitiera representar a su empresa ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La importante y recomendable obra del Profesor Alonso García toca todos los palos de este delicado y poliédrico asunto y es bastante premonitoria: “sigo encontrando dificultades en la lógica de un discurso de derechos fundamentales enmarcada en los parámetros de “la primacía, la unidad y la efectividad del Derecho de la Unión”, sobre todo si manejados éstos de manera en exceso estricta.
Es más, me atrevo a pronosticar una complicada digestión por los más Altos Tribunales nacionales de la doctrina implantada en Melloni y Akerberg si el Tribunal de Justicia no hace uso de la misma con esmero, evitando ningunear los catálogos internos de derechos fundamentales por mor de un entendimiento omnímodo de los estándares europeos de protección, incluso si configurados a la baja, amparado por la cobertura última del “efecto útil” del Derecho de la Unión”.
En este sentido, nuestro Tribunal Constitucional, en el FJ3 de la Sentencia Melloni, recuerda:
“No obstante lo anterior, este Tribunal igualmente consideró que “en el caso difícilmente concebible de que en la ulterior dinámica del Derecho de la Unión Europea llegase a resultar inconciliable este Derecho con la Constitución española, sin que los hipotéticos excesos del Derecho europeo respecto de la propia Constitución europea [léase hoy el propio Derecho Originario] fueran remediados por los ordinarios cauces previstos en ést[e], en última instancia la conservación de la soberanía del pueblo español y de la supremacía de la Constitución que éste se ha dado podrían llevar a este Tribunal a abordar los problemas que en tal caso se suscitaran, que desde la perspectiva actual se consideran inexistentes, a través de los procedimientos constitucionales pertinentes” (DTC 1/2004, de 13 de diciembre, FJ 4)”.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Isaac Ibáñez Garcia https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Isaac Ibáñez Garcia2014-03-12 00:50:462014-03-10 18:48:06La maraña de los derechos fundamentales en Europa
Derecho administrativo de la Unión europea ¿pura palabrería?
2 febrero, 2014 /2 Comentarios/en Unión Europea /por Isaac Ibáñez Garcia
Comparto la razonable opinión de Soledad Gallego Diaz («Adiós a la peor generación de directivos europeos», El País, 6 de octubre de 2013) sobre la clase política europea: “… las instituciones europeas han atravesado, en mitad de la peor crisis económica posible, la peor crisis de falta de protagonismo y de falta de capacidad política que se recuerda enla UE, ocupadas, para desgracia de los ciudadanos, por personajes sin carácter ni convicciones que han producido un daño considerable al proyecto europeo. Y que es urgente cambiar esa situación. Es urgente que los ciudadanos europeos nos vayamos fijando en los posibles candidatos porque ya sabemos, por las heridas que nos dejan en la piel, que quienes hacen política en Europa hacen política sobre nosotros, sobre nuestro futuro y nuestros derechos”.
La total falta de capacidad política de estos “directivos” se manifiesta de forma exacerbada en el (inexistente) Derecho Administrativo dela Unión Europea, que ha devenido en pura palabrería (según nuestro diccionario, “abundancia de palabras vanas y ociosas”).
El 15 de enero de 2013, el Parlamento Europeo aprobó su “Resolución con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea”.
En ella, puede leerse lo siguiente:
“B. Considerando que los ciudadanos deben poder esperar de la administración de la Unión Europea un alto grado de transparencia, eficiencia, rápida ejecución y capacidad de respuesta, tanto si presentan una reclamación formal como si ejercen su derecho de petición en virtud del Tratado, así como información sobre la posibilidad de llevar a cabo otras acciones”.
De esto que viene exigiendo el Parlamento Europeo desde hace algún tiempo y dedicando a ello algunos esfuerzos, nada de nada;la Comisiónlo quiere despachar, como se verá, con una insustancial “Comunicación”.
De hecho, en abril de 2011, el Parlamento Europeo y la Cátedrade Derecho Administrativo de la Universidadde León organizaron un Seminario sobre Derecho Administrativo en la Unión Europea, que reunió en León a profesores y catedráticos de distintas universidades europeas, magistrados y diputados europeos. De las distintas cuestiones abordadas, una de ellas fue la siguiente: “De la fragmentación al incremento de la coherencia. ¿Es necesaria una ley de procedimiento administrativo para las instituciones europeas, organismos y agencias?”. La respuesta fue claramente afirmativa y este evento fue germen de la referida Resolución.
Ya en el lejano año 2002, el Defensor del Pueblo Europeo señaló:
“Código Europeo de Buena Conducta Administrativa.
Para que el derecho a una buena administración se convierta en una realidad para los ciudadanos es preciso que éstos sepan cuáles son sus derechos respecto a la administración y que los funcionarios conozcan la actuación que se espera de ellos. Esto sólo es posible reflejando formalmente esos derechos y obligaciones en un texto escrito, ya sea por medio de un código, o bien a través de una ley.
Con este objetivo inicié una investigación de oficio en 1998. Como fruto de la misma mis servicios redactaron un proyecto de Código de buena conducta administrativa dirigido a las instituciones y órganos comunitarios. La resolución correspondiente que el Parlamento Europeo adoptó el 6 de septiembre de 2001, incluyó un Código basado en mi propuesta, y sus contenidos deberán ser respetados por las instituciones y órganos dela Unión, así como por sus funcionarios, en sus relaciones con los ciudadanos.
La resolución del Parlamento requiere del Defensor del Pueblo Europeo que aplique el Código a fin de comprobar si existe o no mala administración, dando con ello efecto al Artículo 41 dela Carta, que proclama el derecho de los ciudadanos a una buena administración.
La resolución también invita a la Comisión Europea a presentar una propuesta de reglamento, es decir, una ley europea, de buena conducta administrativa. Estas leyes existen en la mayor parte de Estados Miembros de la Unión.
En España, por ejemplo, la Ley de Procedimiento Administrativo modificada en 1999 regula el procedimiento de las administraciones públicas y contempla cómo deben comportarse la Administración pública y sus funcionarios en sus relaciones con sus ciudadanos.
A pesar de la opinión del Parlamento Europeo, y de mis propias recomendaciones, la Comisión Europea todavía no ha presentado ninguna propuesta sobre una tal ley administrativa europea”.
El último exhorto es el siguiente:
18.10.2013. Comisión de Peticiones. Proyecto de Opinión parala Comisiónde Asuntos Jurídicos, sobre el vigésimo noveno Informe Anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2011):
“16. Considera quela Comisióndebería proponer un reglamento relativo a las normas de los procedimientos de infracción y previos a la infracción; entiende que el desarrollo de estas normas debe pasar por un proceso de consulta previo a la fase decisoria legislativa”.
Y en la anterior Opinión de la Comisiónde Peticiones (del Parlamento Europeo) para la Comisiónde Asuntos Jurídicos, “sobre la Ley de procedimientos administrativos de la Unión Europea” (2012/2024(INI)), puede leerse quela Comisión de Peticiones solicitó a la de Asuntos Jurídicos que incorporara las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprobara:
11. Pide a la Comisiónque introduzca una disposición administrativa específica para el procedimiento de infracción basada en el artículo 258 del TFUE con objeto de prevenir cualquier posibilidad de abuso de poder y decisiones arbitrarias; considera que dicha disposición debe regular toda la relación entre la Comisión y los ciudadanos o empresas que presentan una denuncia que puede llevar a un procedimiento de infracción, reforzando de esta manera la posición del autor individual de la denuncia; considera particularmente aconsejable que se facilite ala Comisión de Peticiones información clara sobre las fases alcanzadas en los procedimientos de infracción cubiertos por una petición abierta, de modo que se pueda garantizar el control parlamentario del derecho fundamental de petición al Parlamento Europeo”.
Se observa claramente quela Comisión Europea no quiere sujetarse a procedimientos administrativos reglados, pues su última renuente posición, respecto al procedimiento de infracción es la siguiente (10 de enero de 2014):
“La Comisióntiene previsto adoptar una Comunicación sobre este tema en los próximos meses, en respuesta al informe de iniciativa del Parlamento Europeo…
Por su parte, el procedimiento de infracción está excluido del ámbito del artículo 298 del TFUE.La Comisiónactualizó el 2 de abril de 2012 su Comunicación sobre las relaciones con el denunciante en materia de infracciones del Derecho comunitario (COM (2012) 154 final), en cuya introducción se explica por quéla Comisióndispone de un poder de apreciación discrecional que descarta el derecho de un particular a exigirle que adopte una posición específica”.
Como señalara PERELMAN (“Le raisonnable et le déraisonnable en droit”. Recogido en “Etique et Droit”. Universidad de Bruselas, 1990) “Cada vez que un derecho o un poder cualquiera, incluso discrecional, es concedido a una autoridad o a una persona de derecho privado, este derecho o este poder será censurado si se ejerce de una manera irrazonable. Este uso inadmisible del derecho será calificado técnicamente de formas variadas como abuso de derecho, como exceso o desviación de poder, como iniquidad o mala fe, como aplicación ridícula o inapropiada de disposiciones legales, como contrario a los principios generales del Derecho comunes a todos los pueblos civilizados. Poco importan las categorías jurídicas invocadas. Lo que es esencial es que, en un Estado de Derecho, desde que un poder legítimo o un derecho cualquiera es sometido al control judicial, podrá ser censurado si se ejerce de una manera irrazonable y, por tanto, inaceptable… Ningún derecho puede ejercerse de una manera irrazonable, pues lo que es irrazonable no es Derecho”.
Y como acertadamente reclamara SORIANO GARCÍA, es urgente y absolutamente necesario “contar, de una vez por todas, con una Ley de Procedimiento Administrativo que vincule y sujete ala Comisión Europea, la cual, hasta ahora, gracias a constituirse en un poder “que siempre está ahí” y apoyado por una jurisprudencia absolutamente deferente para con el Gobierno comunitario, está dejando en lastimoso estado al pretendido Estado de Derecho dentro dela Unión Europea.
¿Vendrán nuevos “directivos” europeos que se dediquen seriamente a los derechos de los ciudadanos?
(Sobre este asunto puede verse con más detenimiento: http://www.ucm.es/data/cont/docs/595-2014-01-17-1.pdf)
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Isaac Ibáñez Garcia https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Isaac Ibáñez Garcia2014-02-02 00:08:592014-02-02 11:40:27Derecho administrativo de la Unión europea ¿pura palabrería?
7 julio, 2013 /43 Comentarios/en Fiscal, Marítimo, Unión Europea /por Javier Serra Callejo
El Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha generado una gran alarma social al afirmar que procede la devolución al Estado español de una enorme suma, casi 3.000 millones de euros, por parte de empresarios que se beneficiaron, con ocasión de la compra de buques, de ciertas ventajas fiscales.
El tema es complejo. Es muy difícil adivinar el efecto práctico de la medida con la que amenaza el Vicepresidente. Él sostiene que su propuesta no es tan dañina. El régimen fiscal en cuestión (el denominado tax lease) ha sido ya sustituido por otro que instauró la Ley 16/2012, con efectos 1 de enero de 2013, y que había sido sancionado como válido por la Comisión Europea mediante Decisión de 20 de noviembre de 2012 [si bien esta ha sido recurrida por un astillero holandés ante el Tribunal General de la UE… (para detalle, véase esta Newsletter)]. Lo que se debate por tanto no es el futuro, sino el pasado; en concreto, la devolución de ayudas recibidas desde 2005. Es más, el Sr. Almunia aduce que los propios astilleros “no tendrán que devolver ni un euro” (solo los navieros que compraron los buques o los inversores que financiaron su adquisición). También dice que propugna para España “exactamente el mismo tratamiento” que ha recibido Francia en un caso idéntico. Sin embargo, en nuestro país hay una rara unanimidad a la hora de temer lo contrario, esto es, que la decisión proyectada pudiera significar el fin de nuestra industria naval, probablemente porque se prevea la cancelación de contratos en curso de ejecución o la negativa de los navieros/inversores a volver por aquí, como consecuencia del maltrato recibido.
Yo no soy en experto ni en el sector ni en la materia. Pero, desde una perspectiva de generalista, sí quisiera compartir mi sorpresa ante cómo está manejando este asunto la Comisión. Me llama la atención la seguridad con la que el Vicepresidente Almunia se ha pronunciado sobre ciertas cuestiones jurídicas. Oyéndole, parece que estuviera diciendo perogrulladas, que solo pueden ser discutidas por personas ignorantes o interesadas, esto es, por quienes desconocen verdades técnicas elementales o pretenden eludir sus consecuencias. Sin embargo, no creo que las cosas sean tan evidentes como proclama el Sr. Almunia. En Derecho nada es sota, caballo y rey. En general, en el proceloso mar de los conceptos es harto difícil navegar y no digamos ya en las aguas de lo jurídico y máxime en el remolino del Derecho Comunitario, que no destaca precisamente por ser cristalino.
En particular, esas cuestiones son tres:
Primero, el tax lease de marras es una compleja construcción jurídico-fiscal en la que, junto al astillero que vende y el naviero que compra un buque, intervienen bancos y otros intermediarios financieros e inversores, que operan a través de una Agrupación de Interés Económico. Pues bien, el Vicepresidente afirma que aquí los receptores de las ayudas son los inversores y los navieros. Parece que deje a salvo los intermediarios y, en todo caso, perdona a los astilleros. Esto último me parece muy bien, en mi calidad de español y amante de esa rara especie, en peligro de extinción, que es la industria patria. También es esta la solución que se adoptó en un caso similar, referido a Francia, objeto de la Decisión de 26 de diciembre de 2006, a la que luego nos referiremos. Afortunadamente esa solución se debe respetar también ahora, por pura coherencia. Pero no era tan clara: evidentemente, seamos francos, si el comprador (el naviero) sale beneficiado, también obtiene una ventaja indirecta el vendedor (el astillero), que así coloca mejor sus productos.La Comisión no lo ha entendido así y me parece perfecto, pero lo ha hecho en uso de un margen de apreciación. Así pues, tal cosa existe, no todo es blanco o negro…
Segundo, a menudo en los contratos correspondientes los navieros e inversores han pactado que, si se vieran obligados a reembolsar, los astilleros deberían indemnizarles. Según el Sr. Almunia, esos pactos son nulos e inexistentes, por contravenir el Derecho Comunitario. No me parece tan obvio. Cuando menos, si los contratos están sujetos a ley y jurisdicción extranjera y extra-comunitaria, se plantea un delicado problema, que lanzo a los que sepan más Derecho Internacional: ¿aplicará el juez foráneo la sanción de nulidad como “norma imperativa de un tercer Estado” o preferirá proteger a su nacional, que proclama que el astillero asumió contractualmente el riesgo porque al fin y al cabo se beneficiaba de la operación?; y si la sentencia o laudo condena al astillero, ¿nos atreveremos a negar su reconocimiento y ejecución por contravenir el orden público?
Tercero, el Vicepresidente asegura que propone para España el mismo trato que recibió Francia en aquel caso resuelto en 2006: que se devuelvan las ayudas concedidas después de mediados de 2005, no antes. En efecto, en aquella ocasión, en atención al principio de seguridad jurídica, la Comisiónestimó no era justo pedir la devolución de los beneficios reconocidos antes de 15 de abril de 2005, fecha de publicación en el Diario Oficial del inicio del procedimiento formal de investigación contra Francia. A partir de aquí, dice Almunia, los franceses ya podían barruntar que su sistema era ilegal y lo mismo los españoles, porque nuestro tax lease era análogo al francés. No sería preciso por tanto esperar a que se publicara, el 21 de diciembre de 2011, la Decisión que abre la investigación contra España. Ahora bien, entre ambas fechas media un período considerable, más de 6 años. Si tan clara estaba la cosa, ¿por qué tarda tanto la Comisión en abrir el expediente? Al parecer hay indicios de que se retrasó porque no lo tenía tan claro: según el Ministro Soria, en 2009, ante una queja noruega, la entonces Comisaria de Competencia, Neelie Kroes, contesta por carta respaldando el sistema español. En cualquier caso, la Decisión de 2006 (la que exime a Francia de devolver) va más allá. Para ella, ni siquiera es necesario indagar demasiado en las razones de la demora: lo crucial es que, al retrasarse la Comisión en el ejercicio de sus poderes, ella misma condujo a los beneficiarios a creer erróneamente en la licitud del sistema; la propia Administración, con su inactividad, dio a entender que el sistema tenía un fumus bonis iuris y propaló este humo a los cuatro vientos, atrayendo así a los inversores.
Obsérvese además cómo, si se juntan todas las piezas del puzzle, luce esta hipótesis sobre lo que sucedió en 2006: resulta que se llevó el foco de atención, no a los astilleros sino a los inversores; que se advirtió, empero, que si se les castiga a estos, al final pueden resultar salpicados los industriales; y que, si se quiere salvar también a los inversores, el argumento de la seguridad jurídica viene al pelo, porque en ellos encuentra su espacio natural. Una decisión perfectamente armable, jurídicamente, y que encaja con el buen sentido político: al fin y al cabo, no se podía uno cargar a la industria francesa. El mismo trato merece ahora la española.
Afortunadamente, según las últimas noticias, el Vicepresidente Almunia, que es buen jurista y hombre inteligente, ya ha afirmado que ve margen para la flexibilidad, si se le proporcionan argumentos adecuados. Ahí tiene algunos, seguro que habrá otros mejores.
Y ahora viene lo importante, para mí, que es la referencia a los cuentos de hadas. Sigo empeñado en defender que aquellos contienen un mensaje epistemológico, en clave práctica: enseñan a interpretar los conceptos, pero con un planteamiento pragmático. Tienen fama de lo contrario, sin embargo. Pero esa es la interpretación literal, que se queda con el símbolo y deja de lado su espíritu. La acusación “eso es creer en cuentos de hadas” equivale a decir “se toma usted los cuentos de hadas al pie de la letra”. En general, esto es lo que se hace cuando se utiliza la técnica como valladar contra el sentido común y la lógica: la zapatilla de Cenicienta como argumento para entronizar a su hermanastra, solo porque se la ha calzado. Todo tecnicismo, si está bien construido, tiene que emplearse al servicio de la justicia y el bienestar. Lo contrario supone convertirnos en burócratas y leguleyos. Ese es el gran reto que afronta la Unión Europea y en especial el área de la normativa sobre las ayudas de Estado: no puede devenir el campo de batalla donde los europeos nos batimos a muerte con puñaladas legales mientras nuestra industria se hunde, en beneficio de otras. No estaría mal sacar una varita mágica, inventar un nuevo paradigma, un new order que nos permitiera sobrevivir.
Con frecuencia algunos manifiestan o manifestamos la admiración por algunos aspectos del sistema británico, con el riesgo de caer en la generalización, pues tienen también unos cuantos defectos. Y con el peligro por nuestra parte de caer en la depresión, pensando que nuestros males tienen un origen cuasi genético o histórico irremediable. Pues va a ser que no. Me temo que en más de una ocasión podría decirse (remedando la famosa frase de Clinton“Es la economía, estúpido”) que “es el derecho, buen hombre”. Para ilustrarlo vale de muestra la sentencia del pasado 22 de abril, de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Animal Defenders.
En el caso comentado se trataba de verificar si la prohibición impuesta por la legislación británica a la emisión de anuncios políticos en radio y televisión, en cualquier tiempo y no sólo en los de elecciones, es o no contraria a la libertad de expresión. La sentencia está llamada a la controversia, como refleja la propia división del Tribunal (9 votos frente a 8), de la que se hacen eco los votos particulares, concurrentes y disidentes. Por tan exiguo margen se resolverá que dicha limitación de la libertad de expresión es conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos. División que refleja en parte la de la cultura jurídica europea, pues no es lo mismo venir de siglos de democracia que de un reciente pasado de dictadura. Una resolución llena de matices que, como los buenos libros, es susceptible de múltiples lecturas. Me interesa destacar aquí la sentencia no tanto por su resultado, abierto sin duda al debate entre dos modelos tan diferentes como el de Estados Unidos y el europeo, como porque pone de manifiesto la vinculación de lo que percibimos como “virtudes” británicas y sus reglas jurídicas. No es, o desde luego no es sólo, educación, sino que –si se me permite la licencia- detrás “hay derecho”.
Comencemos por la conclusión del Tribunal de Estrasburgo, que avala la tradición británica de prohibir la publicidad política en los medios audiovisuales. Una regla que proviene de 1954 y que ha sido ratificada en una Ley de julio de 2003, promulgada tras largos debates y estudios de su Parlamento, iniciados nada menos que en 1999, e incluido el de su compatibilidad con el Convenio y la doctrina del TEDH. Tras ese debate, y por unanimidad de las fuerzas políticas se decidió, mantener una prohibición que se extiende no sólo a los partidos políticos sino a cualquier mensaje político, incluido el de las ONGs, como es el caso de la que acabará como demandante en Estrasburgo. Una limitación que se aplicaa todos los medios audiovisuales, ya sean públicos o privados –sí han leído bien, también a los privados-,y en todo tiempo y no sólo en período electoral (recuérdese que en España no se permiten los anuncios pagados en televisión, pero sí en las radios comerciales en periodo electoral).
La sentencia, tras constatar la existencia de una limitación del artículo 10 del Convenio (libertad de expresión), así como la falta de un consenso europeo sobre la materia (las respuestas son dispares en las legislaciones nacionales y no hay un estándar europeo), concluirá que dicha restricción es compatible con el Convenio, pues está justificada en el interés general y es proporcionada. El Tribunal presta especial atención a que la prohibición tiene por finalidad garantizar que el debate político democrático no sea perjudicado por la mayor capacidad de acceso a los anuncios de quienes tienen mayor capacidad financiera, protegiendo así el pluralismo político. Por otro lado, al ponderar su proporcionalidad, tiene en cuenta que la prohibición se aplica sólo a los medios audiovisuales, respecto de los que reconoce que,aunque puede haber hoy medios potencialmente más influyentes (caso de internet), mantienen una reforzada influencia como medio de entretenimiento de las familias en el ámbito de su intimidad, ya advertida en otras sentencias del TEDH.
En definitiva, el Tribunal avalará la limitación de la libertad de expresión como medio de garantizar el pluralismo político, frente al dictado de las reglas de la mera capacidad económica. Hasta aquí la paradoja. Pasemos ahora a las enseñanzas.
Del contenido de la sentencia surgen al menos tres elementos del derecho británico especialmente sugerentes. El primero, la referencia al Comité Neill, creado en 1998, para estudiar la financiación de los partidos políticos, y la recomendación de éste de mantener la prohibición de los anuncios, por los efectos adversos que su levantamiento podría tener sobre la financiación de los partidos políticos, tentados a buscar dinero a toda costa para sufragar sus campañas. Mejor evitar la tentación que luchar contra sus efectos.
La segunda cuestión que llama la atención forma parte de los razonamientos que llevan al fallo del Tribunal. La ONG recurrente alegó que los objetivos perseguidos por la norma podrían conseguirse mediante una regulación menos restrictiva: por ejemplo, aplicándola sólo a los partidos políticos o estableciendo un tope de gasto para este tipo de anuncios. Y la razón por la que el Reino Unido rechazó esas alternativas, y el Tribunal la considera aceptable, es garantizar que la norma se cumple. Es decir, no es que los británicos sean más respetuosos con sus normas, sino también que éstas se hacen pensando en que no sea sencillo burlarlas. Sin recato,tanto el Agente del Reino Unido al alegarlo, como el Tribunal al seguir su razonamiento, rechazarán ambas alternativas (párrafo 122), al considerar que con ellas sería sencillo para los partidos utilizar organizaciones paralelas para burlar la prohibición, o replicarlas con el fin de acumular a su favor anuncios, respetando formalmente el tope de gasto para cada una de ellas.
Una última curiosidad aparece en la referencia al derecho aplicable. Resulta que, conforme a la Ley británica de 2003, todos los medios televisivos y de radio, ya sean públicos o privados, están sometidos a una obligación de imparcialidad respecto de las cuestiones objeto de controversia política o industrial, o del debate político de cada momento. Si, también los privados. Esa obligación se plasma, entre otros deberes, en la exigencia de que el medio no pueda expresar sus puntos de vista u opiniones en ningún programa, y en la obligación de ser neutral, sin dar preeminencia en los programas a las opiniones de unas determinadas personas o grupos. En otras palabras, no a las líneas editoriales en los medios audiovisuales y si hay debates que sean plurales. Así se explican algunas virtudes que generalizadamente se ensalzan de la televisión británica, pero resulta que van a ser cuestión de reglas jurídicas y no sólo “de genética”.
¿Se imaginan el efecto de semejante norma en el conjunto de nuestra parrilla del TDT y de la radio? Y encima huérfanos de escuchar cada mañana quien avale, sin esforzarnos en reflexionar,nuestra visión de la realidad. Solos a la intemperie, teniendo que pensar y juzgar por nosotros mismos. ¡Qué raros estos británicos!
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Fernando Irurzun https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Fernando Irurzun2013-05-08 00:47:272013-05-08 23:21:46Limitar la libertad de expresión para proteger la democracia: paradojas y enseñanzas de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo en el asunto Animal Defenders International c.Reino Unido
4 abril, 2013 /6 Comentarios/en Administración de Justicia, Reales e hipotecario, Unión Europea /por Critilo
Pocas veces una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE ha tenido tanto impacto mediático, social, jurídico y económico. Nadie va a discutir sobre la importancia objetiva de la sentencia ni parece que éste sea el tema de debate. Sin embargo, se percibe bastante inseguridad respecto de un tema clave para muchos afectados por el drama de los deshaucios: la eficacia de la sentencia en el tiempo y, concretamente, sus efectos hacia el pasado.
En este mismo blog, Fernando Gomá se preguntaba acertadamente por esta cuestión y hacía un análisis muy razonable de los posibles efectos retroactivos de la sentencia. Aprovecho sus comentarios para aportar algunos datos que pueden ser de interés de cara al debate.
Sobre este punto conviene analizar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (en adelante “TJUE”), porque ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión en varias ocasiones y desde hace bastante tiempo.
En la sentencia Waterkeyn, de 14 de diciembre de 1982, el TJUE se refirió precisamente a los efectos en el tiempo de la interpretación del Derecho de la Unión realizada en sus sentencias. Su respuesta no pudo ser más clara:
“en caso de que el Tribunal de Justicia declare […] la incompatibilidad de la legislación de un Estado miembro con las obligaciones que se desprenden del Tratado, los órganos jurisdiccionales de dicho Estado están obligados […] a deducir las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia, bien entendido sin embargo que los derechos que corresponden a los particulares no derivan de esta sentencia sino de las disposiciones mismas del Derecho comunitario que tienen efecto directo en el ordenamiento jurídico interno” (cursiva añadida).
Por tanto, las sentencias de interpretación del Derecho de la Unión dictadas por el TJUE surten sus efectos interpretativos desde el momento en que se adopta la norma y no desde el momento de dictarse sentencia. Esto se refuerza aún más si se tiene en cuenta que el TJUE puede suspender los efectos de sus sentencias en el tiempo en virtud del artículo 264 TFUE, una facultad en principio prevista para los recursos de anulación, pero que la jurisprudencia ha extendido igualmente al procedimiento prejudicial. En el caso Aziz el TJUE no hizo uso de esta facultad, de modo que los efectos de la sentencia se retrotraen a la fecha de vencimiento del plazo de transposición de la Directiva 93/13 (31 de diciembre de 1994).
Sin embargo, la jurisprudencia del TJUE ha reconocido que el principio de seguridad jurídica, admitido como tal en el Derecho de la Unión, faculta a los Estados miembros para que garanticen la estabilidad de relaciones jurídicas consolidadas en el tiempo o de resoluciones judiciales y administrativas firmes (entre otras muchas, véanse las sentencias Kühne & Heitz, i-21 y Kapferer). La jurisprudencia en materia fiscal o aduanera así lo confirma, pero con un importantísimo caveat: tales limitaciones deben ser conformes con dos principios clásicos del Derecho de la Unión, los principios de efectividad y equivalencia.
Por resumir: la interpretación dada por el TJUE en el asunto Aziz se retrotrae al momento en el que venció el plazo de transposición de la Directiva 93/13 (31 de diciembre de 1994), pero el Derecho español puede introducir limitaciones al ejercicio de los derechos de aquellas personas que pudieron ampararse, con anterioridad a la sentencia, en la interpretación ahí dada. Sin embargo, como el TJUE analizará dichas limitaciones con lupa a la luz de los principios de efectividad y equivalencia, los deudores que se encuentren en una situación aún no consolidada podrán solicitar la inaplicación de cualesquiera normas españolas que dificulten el ejercicio de los derechos que le confiere la Directiva 93/13.
Por tanto, en estos momentos se abre una enorme incertidumbre jurídica que sólo podrá remediar el TJUE caso por caso, y a medida que los tribunales españoles le planteen nuevas cuestiones prejudiciales a instancias de quienes están en una situación “transitoria”.
Con esto llego a la conclusión de este post: es imprescindible que el legislador intervenga inmediatamente, pero no sólo para remediar prospectivamente un problema de nuestra legislación que el TJUE ha confirmado, sino también para dar una respuesta clara a quienes se encuentran en una situación transitoria. La jurisprudencia del TJUE demuestra que cuando un legislador nacional no ha dado respuesta a quienes se hallan atrapados en el tiempo, la litigiosidad ha aumentado, la inseguridad jurídica también, y todo ello con un enorme coste para los afectados y, en muchos casos, para el contribuyente también. No hay que olvidar que, a la postre, el Derecho de la Unión garantiza una acción de responsabilidad patrimonial del Estado por infracción de dicho ordenamiento. Por tanto, conviene que el legislador dé una respuesta rápida y ponderada a quienes ahora se ven en la incertidumbre, no vaya a ser que, al final, el descuido nos salga muy caro a todos.
Y una última observación: el principio de efectividad es anterior a la entrada en vigor del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde se recoge el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En estos momentos el TJUE parece muy contrariado por la convivencia de estas dos normas, y cada vez es más frecuente que asuntos tradicionalmente resueltos con el principio de efectividad ahora se resuelvan con arreglo al artículo 47 de la Carta (véase, por ejemplo, la sentencia DEB, donde el TJUE reformuló una cuestión prejudicial sobre efectividad en una cuestión sobre tutela judicial efectiva). Con esto quiero decir que la sentencia Aziz, que aplica expresamente el principio de efectividad pero subyace en ella la retórica de la tutela judicial efectiva, no ha abierto solamente una brecha en el Derecho de consumidores. La sentencia es un paso importante en la garantía de los derechos fundamentales, y confirma así que el Derecho de la UE no sólo es un sistema jurídico volcado en cuestiones de Derecho económico: es también un ordenamiento de garantía de derechos y libertades con un enorme potencial.
Que tome nota nuestro Tribunal Constitucional, y más aún después de la sentencia Akerberg Fransson, dictada hace pocas semanas, donde el TJUE ha extendido el ámbito de aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a prácticamente todos los ámbitos de influencia del Derecho de la Unión.
Pero esto es ya otro tema.
14 marzo, 2013 /53 Comentarios/en Administración de Justicia, Consumidores, Reales e hipotecario, Unión Europea /por Fernando Gomá Lanzón
13 marzo, 2013 /10 Comentarios/en Internacional, Unión Europea /por Ignacio García de Leániz Caprile
Nos enseñó Freud que cuando se abandona el principio de realidad lo que queda es el delirio que alivia en ajenos la conciencia de culpa que oprime al sujeto individual o colectivo. Y del delirio, bien lo sabemos, se sigue cualquier cosa. No por casualidad, por aquellos mismos años Ortega utilizará la expresión estar a las cosas como principio de salud vital y política , alertándonos, en consonancia con el médico vienes, de las patologías colectivas que aguardaban de no cumplir tal imperativo, como el tiempo le dio grave razón. Y es que pocas veces dos libros – El malestar de la cultura que Freud escribe en 1930 y su precedente orteguiano La rebelión de las masas de 1929- alumbrarán tanto la comprensión del reciente fenómeno electoral italiano en cuanto que preludio de movimientos político-sociales hasta ahora inéditos en Europa. Como tantas otras cosas que están sucediendo en esta hora histórica.
Y esa “cualquier cosa” que sigue automáticamente a la quiebra del principio de realidad es lo que simboliza el triunfo bifronte de Grillo (M5E, 25%) y Berlusconi (PDL, 29%)) en las pasadas elecciones transalpinas. La analogía con el esquema freudiano mostraría el irremediable antagonismo entre las tendencias pulsionales de la sociedad italiana y las exigencias normativas de aquello que dimos en llamar la Unión Europea. De modo que siguiendo la interpretación psicoanalítica, el fracasado proyecto de Monti visado por Berlín habría jugado el papel de Superyo– que recordemos que hace las veces de conciencia moral- con su correspondiente carga represora de unos instintos que, per definitionem, buscan su satisfacción frente a cualquier restricción.
Y dicha restricción viene simbolizada por el pago de la deuda exterior y el plan de estabilización impuesto por una intervención de facto de la Troika, tal que, no lo olvidemos, sucede en España. Recordemos, de paso, que para Freud el Superyo no goza de las simpatías, todo lo contrario, del Yo. Máxime cuando tal instancia superior te recuerda imperativamente que no “debes vivir de la deuda”, y más si es extranjera.
No extraña pues que frente a ello se alce airado de malestar un Yo colectivo inspirado mayormente por el principio de placer, tras varias décadas generacionales campando por sus fueros, más allá del bien y del mal, esto es, de la estructura misma de la realidad. Y dicha revuelta instintiva del Yo, “insolencia del Ego” la llamaba Freud, se desdobla en el caso italiano en dos proyecciones simbólicas -Grillo y Berlusconi- que coinciden en mencionar a Mario Monti precisamente con el apelativo de Rigor Monti: lo dionisiaco (Eros) descalificaría como cadavérica (Tánatos) a la política apolínea – y por tanto perfectamente previsible- del profesor de la Bocconi.
Así las cosas, resulta pues adecuado a la “lógica y astucia del Yo” que Berlusconi se mofara durante la campaña de la prima de riesgo como invención de Monti-Merkel y que Grillo advirtiera en su programa electoral de abandonar un Euro, cuyo centro emisor ya no está en Roma sino en un Fráncfort que impide la devaluación tan deseada por placentera, como nos acaba de recordar el M5S esta misma semana pidiendo un referéndum al respecto.
De este modo y a pesar de sus aparentes antagonismos, los símbolos de Grillo y Berlusconi ofrecerían sendas salidas negadoras del principio de realidad a un par de perfiles de votantes, más juvenil uno, más resentido el otro, más allá del rigorismo de Monti.
Por un lado, basta leer detenidamente el Ideario-o la falta del mismo- del M5S (http://www.movimentocinquestelle.it/) para entender el carácter pulsional que lo anima. El lema utilizado por Grillo -“ fa parte di un gioco grande”- niega la premisa mayor de la situación italiana entre el “Default” y el rescate. Precisamente porque en el juego (“gioco”) no rige la realidad, y las deudas son simbólicas y por tanto reversibles. La política lúdica- lo hemos padecido gravemente en España – se mueve en el perpetuo presente, incapaz de afrontar el pasado y de anticipar el futuro con sus consecuencias. Y toda deuda es una sombra del pasado que amortiza el futuro. Es una forma específica de delirio.
Por otra parte, Berlusconi representa como nadie en la Europa reciente el acceso al poder del “hombre-masa” predicho por Ortega. De hecho es su arquetipo más acabado, que cumple cabalmente el principio orteguiano de que sus ideas propulsoras no son sino “apetitos con palabras”. Los continuos escándalos inherentes a Berlusconi se siguen necesariamente de su narcisismo de “hombre-masa”, como advirtió Ortega en La rebelión… citada:
“No es que el hombre-masa menosprecie una moral anticuada en beneficio de otra emergente, sino que el centro de su régimen vital consiste precisamente en la aspiración a vivir sin supeditarse a moral ninguna.”
Pero recordemos también otro atributo consustancial a esta tipología humana: su profundo resentimiento contra la minoría selecta o el odio a los mejores. Así, El triunfo del PDL representa el “aburguesamiento chabacano” que Ortega no filiaba en una clase social concreta y que se guía por una “atroz trivialidad”, tal que Berlusconi mismo. El Yo instintivo representado por éste hiere así de muerte a la figura arquetípica del padre que encarna la seriedad montiana. Es, a su manera, otra forma del pensamiento delirante.
Así las cosas, lo sucedido en Italia no es sino una avanzadilla del combate que se va a dirimir en breve en el viejo campo de batalla europeo y que antes o después me temo que hará imposible la UE del euro: una Europa del Norte guiada por el principio de realidad frente a una Europa del Sur dominada por el principio de placer.
Coda final para España
Analizado en perspectiva, el caso italiano puede hacer las veces de una Casandra amiga para España en estos momentos críticos. Pues aquí, para quien quiera verlo, está aconteciendo el mismo fenómeno que se dio en los Noventa en Italia como fue el colapso irreversible de los dos partidos que fundamentaban la I República transalpina y que llevó a la súbita desaparición de la Democracia Cristiana (DC) y del Partido Socialista (PSI),
Y ese mismo escenario es en el que hay que trabajar ya para evitar la indeseada llegada al poder de un Forza Italia o de un movimiento como el de Grillo, que está en germen desde el 15-M. Así, ante la previsible descomposición del PSOE y PP y el deterioro generalizado que se avecina en este semestre, resulta necesario articular una tercera opción que en la escombrera nacional sea capaz de actuar ex novo bajo el principio de realidad y de las exigencias morales. Y al mismo tiempo – con imaginación creadora- capaz de ofrecer un proyecto sugestivo de vida en común. No es nada fácil el reto: un posible poder que desde el principio de realidad resultase también simpático a un cuerpo electoral nacional que está ahíto tanto de seriedad como de ilusión colectiva. Y mandar de paso a tantos hombres- masa rectores a su casa cuanto menos. No conviene desoír las anticipaciones que nos regala Casandra en esta nuestra Troya.
Las Políticas Fiscales en un entorno de crisis
22 octubre, 2012 /31 Comentarios/en Fiscal, Unión Europea /por Pilar Fernández Marín
La crisis según Einstein:
La crisis es la mayor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis tiene progresos”.
Partiendo de la difícil situación económica y financiera que atraviesan algunos países de la Unión Europea, vamos a analizar las medidas fiscales adoptadas por los Estados afectados así como el peso y la presión fiscal soportada hasta el momento por cada uno de ellos.
La crisis financiera está poniendo en cuestión el proyecto europeo. El entramado de Tratados, acuerdos, instituciones y voluntades se está tambaleando ante una crisis financiera, económica y social, que ha exigido a los países miembros un comportamiento común que no han sido capaces de articular, ni por consenso propio, ni por cumplimiento de normas previsoras que no existían. La Unión Monetaria se configuró con países en exceso heterogéneos, sin exigir el cumplimiento riguroso de las condiciones de entrada en el área monetaria y bajo el supuesto de que el éxito del euro era incuestionable y no era necesario tener previstas posibles salidas de la Unión monetaria.
En la actualidad nadie duda de la fragmentación, lo que nos hace diferenciar los países competitivos, los no competitivos como Italia y Bélgica y los ya rescatados como Grecia, Irlanda y Portugal que, además de no ser competitivos, han necesitado ayuda para hacer frente a las deudas contraídas, principalmente por las Administraciones Públicas. Mención especial requiere España, que estando dentro de los no competitivos y no habiendo sido rescatada sí va a recibir ayuda para la recapitalización de sus entidades financieras. Además, por primera vez en muchos meses, el Banco Central Europeo ha decidido hacer frente a la inestabilidad financiera que está sufriendo la Eurozona comprando bonos en el mercado secundario de los países con problemas. El propio Presidente del Banco Central, recientemente, se ha referido de forma explícita a la fórmula del rescate total y a la del rescate precautorio, aunque sin mencionar a ningún país. Descartada la primera opción, si España finalmente pide el rescate, la fórmula sería la del rescate precautorio, sujeto a condiciones.
La Unión Monetaria no ha tenido una acción común ante la crisis financiera, no la ha tenido ante la crisis económica y social que le ha seguido, ni ahora la está teniendo ante la crisis fiscal de los países no competitivos.
El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha anunciado que está preparando un informe junto a los presidentes de la Comisión Europea, el Banco Central y el Eurogrupo para rediseñar la arquitectura de la zona euro: “Centramos nuestros trabajos en construir cuatro bloques que están unidos inextricablemente: una unión bancaria para evitar que los contribuyentes paguen sistemáticamente las facturas de los errores de los bancos; una unión fiscal para evitar los déficits insostenibles; una unión económica para mejorar conjuntamente la competitividad en la eurozona; y una unión política más profunda para garantizar que las medidas son respaldadas por una legitimidad democrática fortalecida”
¿Cómo han reaccionado los Estados ante la crisis, qué medidas fiscales han ido adoptando?
En los países del entorno de la Unión Europea y por lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, medidas tendentes a incrementar la renta disponible para el consumo (en general, no reducción de tipos sino introducción de bonificaciones / deducciones) o subida de la fiscalidad en los tramos altos (United Kingdom of Great Britainadn Northern Ireland) – 50%, hasta 49%, Francia). Y en supuestos de rescate financiero, subida generalizada del IRPF. En el Impuesto sobre Sociedades, no hay subida de tipos impositivos (incluso algunos países bajan los tipos o establecen regímenes especiales para incentivar la economía). Hay un trato más favorable a las empresas de reducida dimensión. Y como medidas temporales (amortizaciones aceleradas, créditos fiscales). Incentivos generales en el área de I+D y medioambiente; en el Impuesto sobre el Valor Añadido, mejora del trato en algunos países para los artículos de primera necesidad (alimentos, energía, etc.) frente al incremento de los tipos generales en países con tipos por debajo de la media (Países del Este y España); e incremento general de los Impuestos Especiales (tabaco, hidrocarburos, bebidas, etc.).
En USA se ha experimentado un incremento en obligaciones de comunicación y registro de operaciones con finalidad fiscal, así como restricciones a la deducibilidad de intereses por préstamos con entidades vinculadas, reducción de tipos impositivos unido a la desaparición de ciertas ventajas fiscales.
Veamos en el siguiente cuadro, con más detalle y en particular las medidas adoptadas:
IRPF SOCIEDADES IVA IIEE
GRECIA Subida tipo bonus banca2% inmuebles valor superior 5 millones € Subida tipos impositivos Subida tipos impositivos
IRLANDA Reduce primer tramo escalaGanancias capital 25%Se eliminan exenciones Potencia I+DRepatriación capitales exterioresElimina incentivos Subida tipos impositivos Mejora energética
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN ADN NORTHERN IRELAND Aumento plazo compensación B.I. negativasRepatriación capitales exteriores Subida tipos impositivos
ALEMANIA Compensación B.I. negativas en reestructuraciones Bajada tipo impositivo del 19 al 7%
Exención 2/3 partes primer tramo escala del impuesto
Limita deducción primas admones
Devolución I+DRegularización patrimonios exteriores Devolución mensual
Sube fiscalidad ahorro
2013 eliminación deducción vivienda y
compensación fiscal de tal deducción
Subida tipo retención a profesionales
Incentivos I+DSubida pagos a cuenta I.S.Eliminada libertad de amortizaciónLimitación educción gastos financierosLimitación compensación BI negativasGravamen dividendos y rentas fuente extranjera Subida tipos impositivos
En España además, existen proyectos normativos que incidirán sobre la materia, Proyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, entre las medidas previstas podemos destacar:
a) Limitación al pago en efectivo por encima de un determinado importe, medida que existe ya en otros países de nuestro entorno. Con un marcado carácter preventivo la norma hará más difícil la disposición de dinero en metálico por quien lo pueda generar, así como la utilización de facturas falsas.
b) Obligación de informar sobre las cuentas, valores e inmuebles situados en el exterior, a cuyo incumplimiento se anudan importantes consecuencias, un severo régimen sancionador y el gravamen como ganancia de patrimonio no justificada de activos que no se hayan declarado.
c) IVA: se propone ampliar los supuestos de inversión del sujeto pasivo en determinadas operaciones inmobiliarias. Y así evitar que un contribuyente pueda generar un crédito contra la Hacienda Pública sin que, como contrapartida, otro ingrese el IVA repercutido en la misma operación.
d) Inversión del sujeto pasivo para corregir el fraude en la fase recaudatoria y la inclusión de un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria, por el que se hace responsable de las autoliquidaciones por retenciones o impuestos repercutidos a los administradores de aquellas compañías que sistemáticamente dejan de ingresar sus obligaciones corrientes con grave perjuicio no solo para la Hacienda Pública, sino para la propia competencia del mercado.
e) Corregir las disfunciones existentes entre el IVA y la normativa concursal , evitando, como ocurre en la actualidad, que en determinados supuestos la Agencia Tributaria tenga que devolver cuotas por IVA soportado a contribuyentes en concurso que, a su vez, son deudores por IVA a la Hacienda Pública.
f) Se refuerzan las actuaciones de embargo. En el ámbito de las cuentas bancarias se amplía la posibilidad de embargo, no sólo de las cuentas que posea un deudor en la sucursal determinada en la que se presenta la diligencia, sino en el banco en cuestión.
Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley Orgánica del Código Penal en materia de delito fiscal y contra la Seguridad Social. Agravando la pena máxima de prisión de dos a seis años en vez de uno a cinco, ampliando el plazo de prescripción (diez años) o el tipo agravado de delito fiscal que se aplicará cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros o cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal.
Y como último proyecto normativo, que ya ha tenido repercusión en prensa, limitación al 70% del importe de las amortizaciones (desaparecida ya la libertad de amortización), una nueva actualización de balances, tipos más reducidos microempresas….
Pero debemos preguntarnos ¿las medidas adoptadas por todos estos países son suficientes? Sin duda, son imprescindibles en el contexto económico pero insuficientes en el contexto internacional en donde prima la internacionalización de las empresas y la pugna por atraer inversión extranjera. La igualdad de moneda sin un mismo régimen fiscal es igual a la búsqueda del régimen fiscal más favorable.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Pilar Fernández Marín https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Pilar Fernández Marín2012-10-22 00:10:492012-10-22 08:59:36Las Políticas Fiscales en un entorno de crisis
Tribalismo posmoderno II: Derecho de la Unión Europea y Derecho español.
12 octubre, 2012 /7 Comentarios/en Teoría General del Derecho, Unión Europea /por Jesús Casas
2.- En breve: Derecho de la Unión Europea y otras organizaciones multilaterales.
La versión consolidada del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea están publicadas en el número C83 del DOUE, de fecha 30 de marzo de 2010. La palabra “autodeterminación” no aparece en el texto oficial en español de los Tratados. Al contrario, el art.4.2 establece que la Unión respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional.
En el mismo sentido, el art.4 del Tratado del Atlántico Norte, establece que las partes se consultarán cuando la integridad territorial de alguna de ellas fuese amenazada.
3.- Constitución española y Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Sabido es, aunque cada vez lo parezca menos, en todos los niveles de la actividad jurisdiccional y administrativa, que España tiene vigente una Constitución válidamente refrendada por sus Cámaras democráticamente elegidas y votada por amplia mayoría por el pueblo español. La legitimidad democrática de la Constitución y de las Instituciones nacidas de ella no puede ser puesta en duda,y no es puesta de hecho en duda en ningún organismo internacional.
La Nación española, única existente bajo esta Constitución (preámbulo, párrafo primero) proclama, en ella, que la soberanía nacional reside en el pueblo español (art.1.2) y que la Constitución se fundamente en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía (no autodeterminación) de las nacionalidades y regiones que la integran. El art.30 establece que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. El art.137 recoge el modo de organización territorial del Estado en municipios, provincias y comunidades autónomas. La autonomía permite la gestión no discriminatoria ni privilegiante (art.138) de los propios intereses, pero ello supone la autodeterminación por ninguna vía, por lo que, si una de ellas no cumple las obligaciones establecidas en la Constitución u otras leyes de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de tal comunidad autónoma de que se tratare y, si no lo atiende, por mayoría absoluta del Senado, podrá obligar al cumplimiento forzoso de tales obligaciones, tomando las medidas necesarias, dando para ello instrucciones directas a todas las autoridades de la comunidad autónoma en cuestión.
Además, también es de general y público conocimiento, el Gobierno puede también impugnar ante el Tribunal Constitucional o lo que sus magistrados han dejado de él (Sí, Señor Presidente del TC, por mucho que Ud. se queje de ello, Uds. son los responsables del desprestigio por la politización de su conducta y su falta reiterada de independencia y rectitud de criterio, no los ciudadanos de bien a los que Ud. acusa por quejarse de que Uds. no están a la altura de su cargo), por la vía del art.161.2 de la Constitución lo que produce la suspensión de la disposición o resolución recurrida, ex ipsaConstitutione, con lo que el TC no tendría que pronunciarse sobre la suspensión, sólo sobre su ratificación o levantamiento en un plazo de cinco meses. Al Tribunal Constitucional los plazos, por lo demás, como a casi todos los tribunales españoles, les parecen algo que deben respetar las partes, pero no ellos mismos y así lo declaran en su propia jurisprudencia contra-legem.
El Estatuto de Autonomía de Cataluña fue ampliamente reformado por la Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio. En este marco, sus artículos 1 a 5 establecen los principios fundamentales de la autonomía de la nacionalidad catalana basándose en esta declaración del Preámbulo:
“El autogobierno de Cataluña se fundamenta en la Constitución, así como en los derechos históricos del pueblo catalán que, en el marco de aquélla, dan origen en este Estatuto al reconocimiento de una posición singular de la Generalitat. Cataluña quiere desarrollar su personalidad política en el marco de un Estado que reconoce y respeta la diversidad de identidades de los pueblos de España.” (el énfasis vuelve a ser nuestro).
Como es sabido, se trata de una norma aprobada por el Parlamento de la autonomía catalana, por el Parlamento español, en referéndum del electorado catalán (con una exigua participación del 48,85% tras toda la parafernalia mediática),e interpretada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia núm. 31/2010 de 28 junio, de la que deben leerse ahora los votos discrepantes con singular cuidado.
Suponiendo que esta norma del Estado, con rango del Ley Orgánica haya periclitado en tan solo seis años, y que, además, los representantes legítimos de los Catalanes, por mayoría democrática, quieran de nuevo proponer su modificación, como el Presidente de la Generalitat está anunciando tras la Diada del 11 de septiembre de 2012, procede que se promueva la reforma del Estatuto de Autonomía para Cataluña por la vía del art.222 de su propio texto, obteniendo el voto del 2/3 de los parlamentarios catalanes, remisión a las Cortes Generales y, en caso de ratificación de la reforma por éstas (“si se declaran afectadas por la reforma”, vaya texto), debe entonces seguirse el procedimiento del art.223. Si las Cortes aprueban la reforma, todavía tiene que ser sometida a referéndum positivo de los electores de Cataluña. La autorización “del Estado” para que la Generalidad convoque dicho referéndum, no se comprende si “debe incluir” o se entiende tácitamente concedida con la aprobación de la reforma por las Cortes.
El art.168 de la Constitución exige que toda reforma constitucional de calado (Título Preliminar), y ya vemos que la autodeterminación o independencia de Cataluña o sería en todo caso, se produzca por mayoría de 2/3 de ambas Cámaras, disolución inmediata de las mismas, elecciones, nueva aprobación de la reforma por las nuevas cámaras por mayoría de 2/3 y referéndum de todos los electores españoles, claro. Tal modificación constitucional no procede en ninguno de los casos del art. 116 CE (alarma, excepción y sitio), que han sido decretados una sola vez en democracia, en el caso de los controladores aéreos.
La declaración de estos “estados” se regula en una norma del mismo rango que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Ley Orgánica a 4/1981, de 1 de junio. El art.32 prevé que el más grave de los tres, es decir, el estado de sitio, es el que corresponde para insurrecciones o actos de fuerza que afecten o amenacen afectar la integridad territorial, con intervención, si el Congreso así lo decide, de la Autoridad Militar bajo las órdenes del Gobierno.
Es, finalmente, sabido que lo que las Novelas han dejado del Código penal contiene la regulación del delito de rebelión en el Capítulo I del Título XXI del Libro II, de tal manera que quienes se alzan violenta y públicamente con el fin de declarar la independencia de una parte del territorio nacional son reos del mismo. Los actos preparatorios del delito de rebelión son punibles, incluso sin violencia, conforme al art.477 CP y cuando el que comente tales delitos “se hallase constituido en autoridad pública” quedará absolutamente inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público por un periodo de quince a vente años, es decir, el tiempo mínimo que una Nación necesita para restituir las heridas causadas por quienes, regando con impuestos durante casi cuatro décadas a sus amigos secesionistas, han ido meticulosa y pacientemente preparando el escenario de esta tragedia en varios actos.
No existe jurisprudencia post-constitucional sobre este precepto.
Este es un resumen, lo más escueto posible, el Derecho aplicable. Ese que determinados próceres envueltos en “esteladas” (¡qué horrible símbolo cubanizado y totalitario junto a una bandera histórica tan nuestra, de todos los españoles, como la señera!) han dicho que les trae al fresco, al pairo o sin cuidado
Es sumamente cierto que la situación histórica de España requiere paciencia, inteligencia, manejo de los tiempos, diplomacia, experiencia, sagacidad y liderazgo. Personalmente (ojalá me equivoque) no veo nada ni nadie por debajo de Su Majestad, salvo, de vez en cuando, el Príncipe de Asturias, que pueda echarnos una mano. Antes bien, veo ya a nuestros politicastros de todo signo tratando de que el azud lleve al agua a sus molinos. Su Majestad se disculpó con nosotros, aunque en abstracto (“me he equivocado y pido perdón” no “os pido perdón a vosotros, los ciudadanos españoles”) por nimiedades que los medios echaron al populacho como carnaza en el circo mediático. Está por tanto, el más alto Magistrado de esta Nación, en deuda con su pueblo.Me parece, desde el más profundo respeto, que tiene por delante un reto para estar a la altura de la Historia y ser recordado para siempre como el mejor Rey de España, que ayudó a sus buenos ciudadanos a salvar dos veces la Democracia. Mientras él hace su trabajo callado y el menos callado conforme al art.56.1 y 62.c) de nuestra norma normarum, el Gobierno y las Cortes Generales tienen cosas que hacer, no sea que todo lo hagan los que quieren quebrar las leyes vigentes.
Una de las músicas históricas catalanas y españolas es el “Cant de la Sibil-la”. Hermosísima. De cantos sibilinos llevamos ya décadas, y como las lealtades quebradas pueden llevar a exacerbaciones indeseables, de la parte traicionada, es la hora de la claridad. Es muy destacable que una de las primeras regiones de España contribuya a aumentar el caos existente en tiempos de tanta tribulación como los que vivimos, lanzando al pueblo contra el pueblo, estilo caudillo latinoamericano. Hagan lo que hagan los políticos y el Jefe del Estado, cada uno de nosotros tiene que hacer lo que crea debe en su conducta diaria, siempre en el marco del Derecho aplicable, no llevados por este subvencionado “tribalismo posmoderno”.
El Gobierno, por boca de su Vicepresidenta, ha dicho que tiene instrumentos jurídicos para actuar contra esta irresponsable vía que el egoísmo, la deslealtad y la falta de visión histórica de muy pocos abren ahora contra muchos, y que los usará llegado el caso. Aquí queda brevemente dicho con qué base jurídica puede y debe hacerse, sin necesidad de reformar (otra vez) el Código penal.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Jesús Casas https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Jesús Casas2012-10-12 14:00:252012-10-09 20:53:27Tribalismo posmoderno II: Derecho de la Unión Europea y Derecho español.

References: resolución 
 artículo 53
 resolución 
 resolución 
 Artículo 41
 resolución 
 Resolución 
 artículo 258
 artículo 298
 resolución 
 artículo 10
 artículo 264
 artículo 47
 artículo 47
 resolución