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Timestamp: 2016-10-22 05:58:40+00:00

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LEY 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias	LEY 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias Mis Leyes
LEY 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias Estado	:
TÍTULO I. DE LA PESCA MARÍTIMA Y DEL MARISQUEO.
CAPÍTULO I. DE LA PESCA EN AGUAS INTERIORES.
Artículo 5. Autorización de la actividad.
Artículo 6. Ordenaciones específicas.
CAPÍTULO II. DEL MARISQUEO.
Artículo 8. Autorización de la actividad.
Artículo 9. Ordenaciones específicas.
Artículo 10. Concepto y clases.
Artículo 11. Declaración de zonas protegidas.
Artículo 12. Reservas marinas de interés pesquero.
Artículo 13. Zonas de acondicionamiento marino.
Artículo 14. Zonas de repoblación marina.
Artículo 15. Extracción de flora.
Artículo 16. Obras, instalaciones y demás actividades en la mar.
Artículo 17. Vertidos.
TÍTULO II. DE LA ACUICULTURA.
Artículo 20. Distribución de competencias.
Artículo 21. Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura.
Artículo 22. Establecimientos acuícolas.
Artículo 23. Especies.
Artículo 24. Del ejercicio de la actividad.
Artículo 25. Registro de Explotaciones Acuícolas.
CAPÍTULO II. DE LAS AUTORIZACIONES.
Artículo 26. Procedimiento de otorgamiento.
Artículo 28. Modificación.
CAPÍTULO III. DE LAS CONCESIONES.
Artículo 31. Principios.
Artículo 32. Condiciones esenciales.
Artículo 34. Modificación.
TÍTULO III. DE LA ORDENACIÓN DEL SECTOR PESQUERO.
CAPÍTULO I. DE LOS AGENTES DEL SECTOR PESQUERO.
SECCIÓN I. DE LAS COFRADÍAS DE PESCADORES.
Artículo 37. Concepto y régimen jurídico.
Artículo 39. Estatutos.
Artículo 40. Miembros de las cofradías.
Artículo 41. Creación, fusión y disolución de cofradías.
Artículo 42. Órganos rectores.
Artículo 43. Comisiones gestoras.
SECCIÓN II. DE LAS FEDERACIONES.
Artículo 44. Naturaleza jurídica.
Artículo 46. Creación y disolución.
Artículo 48. Órganos rectores.
SECCIÓN III. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL DE LAS COFRADÍAS Y FEDERACIONES.
Artículo 49. Presupuesto.
Artículo 50. Patrimonio y recursos.
Artículo 51. Régimen contable.
Artículo 52. Registro de cofradías y de federaciones.
SECCIÓN IV. DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES.
Artículo 55. Otorgamiento y retirada del reconocimiento.
SECCIÓN V. OTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR PESQUERO.
CAPÍTULO II. DE LA FORMACIÓN MARÍTIMO-PESQUERA.
Artículo 57. Ámbito y objetivos.
Artículo 58. Titulaciones.
TÍTULO IV. DE LA INVESTIGACIÓN PESQUERA.
TÍTULO V. DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.
Artículo 63. Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera.
Artículo 65. Control e inspección.
TÍTULO VI. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 66. Objeto y régimen jurídico.
Artículo 68. De los bienes aprehendidos, incautados y decomisados.
CAPÍTULO II. DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE PESCA MARÍTIMA EN AGUAS INTERIORES Y MARISQUEO.
CAPÍTULO III. DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE ACUICULTURA.
Artículo 75. Clases de sanciones en materia de pesca marítima en aguas interiores, marisqueo y acuicultura.
Artículo 76. Graduación de las sanciones en materia de pesca marítima en aguas interiores, marisqueo y acuicultura.
Artículo 77. Sanciones accesorias en materia de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo.
Artículo 78. Sanciones accesorias en materia de acuicultura.
Artículo 79. Competencia sancionadora.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Ordenación del sector pesquero y comercialización de los productos pesqueros.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Pruebas específicas de acceso al Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Régimen económico de los institutos de Formación Profesional Marítimo-Pesquero.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Colaboración en las funciones de inspección y vigilancia.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Adaptación de las zonas protegidas de interés pesquero establecidas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Funciones de los auxiliares de Inspección Pesquera.
El ecosistema marino canario tiene unas características geográficas, físicas y bionómicas que hacen que sus recursos marinos se caractericen por su diversidad, originalidad y fragilidad. Un factor que condiciona la estructura de este ecosistema es la fuerte pendiente de los fondos que hacen que las dimensiones de las plataformas sean escasas, lo cual limita la superficie habitable para las especies litorales. Si bien la longitud de costas de las islas es de 1.291 kilómetros, solamente tienen 2.256 kilómetros cuadrados de plataforma costera, que es la zona donde los productores primarios de fondo tienen sus condiciones vitales óptimas.
Se ha de tener en cuenta, asimismo, que las aguas canarias son de baja producción, lo que contribuye a determinar que la densidad de población de cada especie sea pequeña y, por tanto, la capacidad productiva global del ecosistema sea muy limitada.
A pesar de estos condicionantes, la actividad pesquera en las islas ha tenido históricamente una gran importancia en la economía de Canarias. Actualmente, una serie de circunstancias, tales como la modernización de las embarcaciones y el alto crecimiento demográfico, han determinado que el esfuerzo pesquero haya aumentado de forma considerable sobre los recursos de los fondos litorales y se haya llegado a una situación de sobrepesca, que se ha visto acentuada por el desarrollo intenso de la pesca recreativa como actividad de ocio y empresarial.
Esta Ley asume como objetivo prioritario el establecimiento de las bases para una adecuada explotación y gestión de los recursos marinos vivos, compatibilizando la actividad extractiva eficaz con el mantenimiento y conservación del ecosistema marino de Canarias, el cual es fácilmente vulnerable debido al bajo número de individuos representantes de numerosas especies y a las complejas interrelaciones entre las mismas.
La existencia actualmente de un conjunto normativo disperso relativo a la pesca marítima, al marisqueo, a la acuicultura y a la ordenación del proceso económico del sector pesquero, con disposiciones procedentes de la Unión Europea, del Estado y de la propia Comunidad Autónoma justifica la necesidad de disponer de una norma de referencia del máximo rango en todas las materias, en función de las competencias autonómicas.
La voluntad de regulación de la actividad y del sector pesquero por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias encuentra como límite la distribución de las competencias sobre este ámbito entre el Estado y la Comunidad Autónoma.
La Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 148.1.11 de la Constitución española, en relación con el artículo 30.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, establece que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura.
Así, el artículo 149.1.19 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de pesca marítima, sin perjuicio de las que en la ordenación del sector se atribuyan a las comunidades autónomas, siendo el artículo 32.16 del Estatuto de Autonomía de Canarias el que establece que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución de la normativa básica del Estado en materia de ordenación del sector pesquero.
Por su parte, el artículo 149.1.13 de la Constitución señala como competencia exclusiva del Estado la normativa básica sobre la comercialización de los productos de la pesca, correspondiendo a las comunidades autónomas el desarrollo y ejecución de la misma en su ámbito territorial, con el fin de lograr un mercado de productos de la pesca transparente, dinámico, competitivo, y con información veraz a los consumidores.
La distribución de competencias transcrita determina el objeto de la presente Ley, contando con un mayor desarrollo aquellos títulos sobre los que la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia exclusiva, estableciendo, en aquellos casos en que la legislación básica corresponde al Estado, determinadas precisiones encaminadas a completar dicha legislación.
La Ley consta de seis títulos, cuatro disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y tres finales.
El título preliminar acomete su objeto, sus fines y su ámbito de aplicación, graduando, en este último caso, la distinta extensión territorial de la competencia en cada materia regulada.
La pesca marítima y el marisqueo son tratados en el Título I, dedicando a cada uno un capítulo y repitiendo en ambos la misma estructura con tres artículos: clases de pesca y marisqueo y sus conceptos, autorización de dichas actividades y ordenaciones específicas, artículo este último en el que se procede a una remisión reglamentaria de aquellos aspectos en que, tanto por no existir reserva de ley como por ser más susceptibles de variaciones, se ha visto en el reglamento la norma jurídica adecuada para su regulación.
El capítulo tercero de este título trata de fijar las medidas a adoptar para la conservación de los recursos pesqueros, y una de ellas es regular específicamente las zonas que necesitan de una protección singular por su especial interés para la preservación y regeneración de los recursos en aguas interiores del litoral marítimo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En el Título II se regula una de las materias sobre la que la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia exclusiva, la acuicultura, en la que, además, concurre un considerable vacío normativo. Destaca en este título la inclusión del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura, que se configura como un instrumento de planeamiento pero con un alto contenido normativo, a los efectos de lograr que el desarrollo legislativo necesario para la eficaz gestión de la acuicultura en Canarias se concentre en un único documento. Destaca, asimismo, la regulación de la concesión acuícola como concesión de actividad, distinta, por tanto, de la concesión demanial que, en función de la porción de dominio público afectado, será también necesaria en algunos casos, supliéndose, en otros, por un informe previo del ministerio competente. La reserva de la actividad al sector público, cuando ésta se vaya a desarrollar en el dominio público marítimo-terrestre atiende a objetivos específicos que reflejan su interés general, como la conservación de los recursos pesqueros y la continuidad de las explotaciones acuícolas, así como las garantías de compatibilidad con la pesca y el marisqueo, el turismo y los deportes náuticos.
En el Título III, se establecen algunas precisiones en materia de formación náutica y marítimo-pesquera, en desarrollo de la normativa básica estatal. Procediéndose también a la regulación de los agentes del sector pesquero especialmente de las cofradías de pescadores.
El Título IV es dedicado a la investigación pesquera, fijándose su ámbito y fines, con referencia expresa al aprovechamiento racional y a la conservación de los recursos marinos y con previsión de un marco organizativo que propicie relaciones de cooperación con las instituciones del Estado o de otras entidades públicas dedicadas a la investigación oceanográfica o pesquera, mediante el cual se puedan aprovechar los recursos preexistentes y se complementen y refuercen las acciones programadas y emprendidas con objetivos comunes o compartidos.
La inspección y vigilancia se regula en el Título V, que determina que las funciones de control de las actividades previstas en la Ley se lleven a cabo por los funcionarios adscritos al Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera, de nueva creación, regulándose en capítulos aparte las funciones, las condiciones de ingreso y el ámbito de la actividad de los mismos.
Por último, el Título VI aborda la tipificación de las infracciones y sanciones, que necesariamente son establecidas para asegurar el cumplimiento de la presente regulación.
La presente Ley tiene por objeto la regulación, en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, así como la formación marítimo-pesquera y la ordenación del sector pesquero.
La actuación de las administraciones públicas canarias con competencias en las materias objeto de esta Ley, estará sometida, en todo caso, al cumplimiento de los siguientes fines:
La protección, conservación y regeneración de los recursos marinos y sus ecosistemas, así como de las aguas y fondos marinos sobre los que los mismos se sustentan.
La explotación racional de los recursos marinos existentes y de los cultivos acuícolas.
La potenciación de la cualificación profesional del sector pesquero.
El fomento del asociacionismo en el sector pesquero.
La renovación, modernización y racionalización de las estructuras pesqueras y acuícolas en función de los recursos existentes.
La mejora de las condiciones de comercialización y transformación de los productos de la pesca, del marisqueo y de la acuicultura.
La potenciación de la investigación y del desarrollo tecnológico pesquero y acuícola.
La vertebración del sector pesquero canario.
La ordenación de la pesca marítima, profesional y de recreo.
Las disposiciones de la presente Ley, atendiendo a las materias concretas objeto de su regulación, tendrán el ámbito territorial de aplicación que se determina seguidamente:
Las relativas a la pesca, comprensivas de la regulación, gestión y protección de los recursos marinos, así como de las características y condiciones de la actividad extractiva pesquera, serán de aplicación en las aguas marítimas interiores.
Las del marisqueo se aplicarán en la zona marítimo-terrestre, en las aguas marítimas interiores, en el mar territorial y en la zona económica exclusiva.
Las reguladoras de la acuicultura serán aplicables a todas las actividades de esta naturaleza realizadas en tierra, en la zona marítimo-terrestre, en las aguas marítimas interiores, en el mar territorial y en la zona económica exclusiva.
Las reguladoras de la investigación pesquera y las de desarrollo de las bases estatales en materia de formación profesional marítimo-pesquera y de ordenación del sector pesquero, extienden su aplicación a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
DE LA PESCA MARÍTIMA Y DEL MARISQUEO.
DE LA PESCA EN AGUAS INTERIORES.
El procedimiento y las condiciones para el otorgamiento de las autorizaciones previstas en el artículo anterior, así como su vigencia que, en todo caso, estará limitada en el tiempo. Para el ejercicio de la pesca profesional, la obtención de la autorización requerirá que la embarcación tenga su base en puertos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Las modalidades y artes de la pesca profesional y de recreo en aguas interiores de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como las condiciones generales y específicas para el ejercicio de las mismas.
Las especies cuya captura esté prohibida.
Los períodos de veda para las distintas modalidades de pesca.
Las tallas mínimas de las especies permitidas y, en su caso, el volumen máximo de capturas de éstas.
El acotamiento de zonas de pesca, estableciendo sus normas específicas.
DEL MARISQUEO.
El procedimiento y las condiciones para el otorgamiento de las autorizaciones previstas en el artículo anterior, así como su vigencia que, en todo caso, estará limitada en el tiempo. Para el ejercicio del marisqueo profesional desde embarcación, la obtención de la autorización requerirá que aquélla tenga su base en puertos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Las modalidades y artes de marisqueo profesional y de recreo, así como las condiciones generales y específicas para su ejercicio.
Los períodos de veda para las distintas modalidades de marisqueo.
Las tallas mínimas de las permitidas y, en su caso, el volumen máximo de capturas de éstas.
El acotamiento de zonas de marisqueo, estableciendo sus normas específicas.
Delimitación geográfica del área protegida.
Justificación de la declaración y del contenido del régimen de protección aplicable.
Vigencia y revisión temporal de la declaración.
Prohibiciones y limitaciones de la actividad pesquera y marisquera, de carácter temporal o permanente, total o parcial, así como de otras actividades que puedan incidir sobre la zona protegida.
Artículo 17. Vertidos. Sin perjuicio de las competencias de la consejería competente en materia de protección del medio ambiente, la autorización administrativa para toda clase de vertidos en las aguas interiores requerirá informe preceptivo de la consejería competente en materia de pesca, a los efectos de valorar su incidencia sobre los recursos pesqueros. El informe se emitirá en el plazo máximo de un mes; de no emitirse en este plazo se entenderá que no hay afección negativa sobre dichos recursos.
Con carácter general, el ejercicio de la potestad reglamentaria.
La tramitación y aprobación del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura, que incluirá, entre otras determinaciones, las zonas y especies de interés para los cultivos marinos, las zonas y especies prohibidas y las características técnicas y las condiciones de las explotaciones.
Otorgar las concesiones y autorizaciones administrativas para el ejercicio de la actividad acuícola.
La propuesta de ordenación insular del Plan Regional.
La inspección y control de las explotaciones, tanto en relación con sus instalaciones como en sus métodos, condiciones técnico-sanitarias y de producción.
División del dominio público marítimo-terrestre por zonas, clasificándolas en prohibidas, aptas y de interés acuícola.
Localización de las explotaciones acuícolas existentes.
Determinación de las especies prohibidas y de las de interés acuícola, de forma general o para determinadas zonas.
Fijación de los tipos de establecimientos acuícolas, de sus características técnicas y de las condiciones de las explotaciones, pudiendo establecer especificaciones para zonas o especies concretas.
Jaula marina: artefacto flotante en el mar, a medias aguas o de fondo, en el que por medio de red, rejilla o cualquier otro sistema similar se desarrolla un cultivo de especies marinas, en cualquiera de sus fases de preengorde y engorde.
Piscifactoría: instalación fija situada en la zona marítimo-terrestre o terrestre en la que se desarrolla un cultivo acuícola en cualquiera de sus fases.
Vivero: artefacto flotante, a medias aguas, de fondo o de armazón fijo de fondo, en el que se efectúa el cultivo de cualquier especie marina por medio de cuerdas, cajas o similares, sujetas a dicho artefacto.
Criadero: instalación en la que, por medios técnicos y científicos, se obtiene la reproducción de cualquier especie y se favorece su desarrollo en el inicio del ciclo vital.
Centros de investigación: instalaciones destinadas al desarrollo de la investigación en materia de acuicultura.
El procedimiento se iniciará mediante solicitud del interesado a la que se acompañará el proyecto técnico de la explotación, que comprenderá, en todo caso, una memoria descriptiva de la actividad y se adecuará a la planificación acuícola.
En la tramitación del procedimiento se exigirá, en todo caso, informe técnico favorable.
Se dará trámite de audiencia a los interesados, además de en los supuestos previstos en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, cuando la propuesta de resolución difiera de lo inicialmente solicitado.
El plazo máximo de resolución será de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido el mencionado plazo, se entenderá otorgada la autorización interesada.
Asimismo, cuando se trate de autorizaciones para ejercicio de la actividad acuícola para fines de formación o investigación, en el dominio público marítimo-terrestre, se exigirá además el informe previsto en el artículo 33.4 de la presente Ley.
Revocación por incumplimiento de las condiciones esenciales que con tal carácter se recojan en el título.
Caducidad por el cese o no inicio de la actividad durante el plazo de dos años, salvo supuestos debidamente justificados.
Vencimiento del plazo en las autorizaciones sujetas a término.
Costes directos e indirectos de la actividad.
Gastos necesarios para garantizar el desarrollo razonable de la actividad.
Dominio público afectado.
Las condiciones que en relación con el uso del dominio público hayan sido impuestas por la Administración del Estado en el informe previo.
Condiciones medioambientales y sanitarias.
1. Cuando la modificación afecte a cualquiera de las condiciones esenciales enumeradas en los apartados a, b y c del artículo 32, así como a la enumerada en el apartado f, cuando el incremento de la capacidad productiva que se pretenda sea igual o superior a un tercio, será necesario el otorgamiento de una nueva concesión, previa tramitación del procedimiento expuesto en el artículo 33.
2. Para la modificación de las condiciones esenciales de los apartados d y e del citado artículo 32, se tendrá que tramitar un nuevo procedimiento de otorgamiento de la concesión sin trámite de concurso de proyectos.
Rescate de la concesión por razones de interés público.
Expiración del plazo de la concesión o renuncia de su titular.
Caducidad, por el cese o no inicio de la actividad durante un plazo de dos años sin causa justificada.
Resolución, por el incumplimiento de las condiciones esenciales previstas como tales en el título concesional.
DE LA ORDENACIÓN DEL SECTOR PESQUERO.
DE LOS AGENTES DEL SECTOR PESQUERO.
Participar en la preparación, elaboración y aplicación de normas que afecten al interés general pesquero de los sectores y actividades representados, realizando estudios y emitiendo informes a requerimiento de las administraciones públicas competentes.
Elevar a las administraciones públicas propuestas de actuación en materias de interés pesquero y, en particular, en aquellas acciones tendentes a la mejora de las condiciones técnicas, económicas y sociales de la actividad pesquera, especialmente en los sectores de la pesca artesanal, de bajura y de litoral.
Participar en la ordenación y organización del proceso de comercialización de los productos de la pesca, marisqueo y acuicultura, incluido el fomento del consumo, la transformación y la conservación de los productos de la pesca, marisqueo y acuicultura.
Administrar y gestionar los recursos propios y su patrimonio, así como todos aquellos bienes patrimoniales que le sean cedidos, bajo cualquier título jurídico, por cualquiera de las administraciones públicas para el cumplimiento de sus fines.
Promover actividades de formación de los profesionales del sector pesquero en materias específicas de su profesión.
Promover la creación de servicios sociales, recreativos, culturales o análogos para sus miembros, así como los servicios de depósito de materiales y pertrechos para el ejercicio de sus actividades profesionales.
Asesorar y orientar a sus miembros acerca del contenido de la normativa pesquera y, en particular, sobre ayudas, subvenciones y programas establecidos por las distintas administraciones públicas.
Aquellas otras funciones que le encomiende la Administración en atención a su condición de órganos de colaboración y consulta, así como las que en su caso, se determinen reglamentariamente.
Denominación, que no podrá inducir a confusión con otras ya existentes.
Ámbito territorial, debidamente delimitado en los términos en los que se establezca reglamentariamente.
Ámbito profesional de los afiliados.
Órganos rectores y sus funciones y régimen de funcionamiento.
Estructura organizativa con las secciones y agrupaciones que, en su caso, se establezcan.
Normas para la elección de sus órganos representativos y para la sustitución de las bajas que pudieren producirse en el seno de los mismos.
Patrimonio y recursos previstos.
Causas de disolución y destino de su patrimonio.
Responsabilidad de cada uno de sus órganos rectores.
1. La creación de nuevas cofradías de pescadores requerirá el acuerdo, al menos, del 55 % de los profesionales legalmente habilitados en el ámbito territorial que se pretenda establecer, en ningún caso inferior a quince, así como la presentación de un proyecto de estatutos. Una vez formalizado el acuerdo, la consejería competente en materia de pesca resolverá lo procedente, mediante la oportuna orden, previa consulta a las cofradías limítrofes.
Coordinar, gestionar y representar los intereses socioeconómicos de las cofradías que la forman.
Servir de vínculo entre las diferentes administraciones y las cofradías asociadas, canalizando las demandas de sus componentes.
Elaborar y proponer planes globales de acción para el fomento, promoción, comercialización, transformación, manipulación y consumo de los productos de la pesca capturados por sus flotas pesqueras, conservación de los recursos, normas de ordenación, regulación y explotación de recursos y programas de infraestructura.
Informar a las cofradías que la componen de todo cuanto sea de interés para las actividades de los profesionales de la pesca, promoviendo acciones para que tanto la federación como sus asociados puedan acceder y beneficiarse de los programas de ayudas y subvenciones públicas elaborados en interés del sector pesquero.
Todas las previstas para las cofradías en esta Ley, así como las que se recojan en sus estatutos.
Las cuotas o derramas que se establezcan.
Los rendimientos derivados de los bienes y derechos que integran su patrimonio.
Las cantidades recaudadas como consecuencia de la prestación de algún servicio.
Las transferencias de cualquier clase recibidas de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la Administración del Estado o de cualquier otra institución.
Las donaciones, legados o cualquier atribución de bienes a título gratuito realizados a su favor, una vez que hubiesen sido aceptados por el órgano de gobierno correspondiente.
Cualesquiera otros recursos que, con arreglo a la legislación o a sus propios estatutos, le pudiesen ser atribuidos.
La concesión y retirada del reconocimiento de las organizaciones de productores cuya producción pertenezca principalmente a la Comunidad Autónoma de Canarias, en los porcentajes y términos establecidos en la normativa básica estatal.
La supervisión de las actividades de estas organizaciones y, en particular, el control de las actividades que conlleven la aplicación de cualquier reglamento comunitario del que se deriven ayudas y subvenciones para la intervención y regulación del mercado de los productos de la pesca, marisqueo y acuicultura.
Resolver, previos los informes técnicos preceptivos, la concesión o denegación del reconocimiento de las organizaciones de productores.
Revocar el reconocimiento a aquellas organizaciones de productores que dejasen de cumplir los requisitos que determinaron su reconocimiento o incumplan lo reglamentado en cuanto a su funcionamiento.
DE LA FORMACIÓN MARÍTIMO-PESQUERA.
La planificación, programación, ejecución y seguimiento de las enseñanzas de formación profesional marítimo-pesquera, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, dentro de la ordenación general del sistema educativo y en coordinación con otros organismos competentes en la materia.
La planificación, programación, ejecución y seguimiento de la formación pesquera y de los cursos de reciclaje y de los de seguridad e higiene en el trabajo de los profesionales del sector.
La dirección y supervisión de los centros de enseñanzas.
La realización de otras actividades formativas, en coordinación y colaboración con otras instituciones públicas y privadas.
DE LA INVESTIGACIÓN PESQUERA.
El progreso del conocimiento de las condiciones del medio marino y de sus relaciones con los recursos pesqueros.
La conservación y mejora de los recursos marinos, facilitando un aprovechamiento óptimo de los mismos.
La evaluación del impacto generado en el medio por las actividades humanas en general y, particularmente, por la actividad pesquera.
La búsqueda de nuevos recursos pesqueros de interés, susceptibles de aprovechamiento.
La transferencia al sector pesquero de los resultados científicos obtenidos en el desarrollo de las funciones de investigación e innovación.
El desarrollo y fortalecimiento de la capacidad competitiva del sector pesquero, tanto extractivo como comercializador, así como de la industria pesquera.
El desarrollo de la acuicultura y, en particular, la que se realice en el medio marino.
La formación de personal investigador sobre el medio marino y sus recursos vivos.
La divulgación de los conocimientos generales sobre el medio marino, sus recursos y medios de conservación y mejora del mismo.
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.
El control de las actividades reguladas en la presente Ley corresponde a la consejería competente en materia de pesca y será ejercido por el personal del Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera, que se crea en esta Ley, cuyos miembros tendrán la consideración de agentes de la autoridad en el desempeño de la actividad inspectora.
1. Se crea, de conformidad con lo establecido en la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública canaria, el Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera, que queda englobado en el Grupo C de la clasificación establecida en la disposición adicional primera de la citada Ley, exigiéndose para su ingreso el título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente, así como contar con el título que habilite para el manejo de embarcaciones y permiso de conducción de la clase B.
2. El ingreso en dicho cuerpo se realizará por el sistema de oposición.
Las funciones del Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera serán las siguientes:
Formular las denuncias y levantar las correspondientes actas de infracción que procedan.
Investigar las prácticas ilícitas dentro del ámbito de sus funciones.
Trasladar aquellas denuncias que reciban o les sean formuladas por las cofradías y federaciones de pescadores y particulares, realizando las comprobaciones que sean oportunas.
Informar y orientar a los pescadores y ciudadanos en general en relación con la normativa pesquera vigente.
Cualesquiera otras que se determinen en relación con las competencias en materia de pesca, marisqueo, acuicultura, ordenación del sector pesquero y comercialización.
1. Los referidos funcionarios tendrán acceso, en el ejercicio de sus funciones inspectoras, sin necesidad de autorización previa, a todo tipo de embarcaciones de pesca profesional o de recreo que se encuentren en aguas o en puertos de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como a toda clase de dependencias e instalaciones pesqueras en tierra, registros y documentos relacionados con la actividad pesquera o con las capturas obtenidas, su almacenamiento, conservación, tenencia, distribución, comercialización y consumo de las mismas, dejando constancia de todo ello en acta, en la que reflejarán las circunstancias y el resultado de sus actuaciones.
2. Todas las personas afectadas por una inspección deberán prestar su colaboración a la realización de la misma, constituyendo su omisión u obstrucción una falta sancionable conforme a lo previsto en el Título VI de esta Ley.
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE PESCA MARÍTIMA EN AGUAS INTERIORES Y MARISQUEO.
El ejercicio recreativo de la actividad pesquera o marisquera, sin disponer de la preceptiva autorización.
El ejercicio de la actividad pesquera o marisquera sin llevar consigo la preceptiva licencia acompañada de documento acreditativo de la identidad.
El ejercicio de la actividad pesquera o marisquera fuera de los días y horarios autorizados o establecidos reglamentariamente.
El ejercicio de la actividad pesquera o marisquera en las zonas del litoral debidamente delimitadas por la autoridad competente para la práctica del baño o cualquier otro deporte náutico, cuando no ponga en peligro la integridad de las personas o bienes.
La utilización en el ejercicio recreativo de la actividad pesquera o marisquera de más útiles de pesca de los autorizados.
La falta de señalización reglamentaria en el ejercicio de la actividad pesquera o marisquera.
La captura de una cantidad de pesca por persona, en su ejercicio recreativo, superior al límite máximo diario permitido sin exceder al doble del mismo.
La falta de colaboración en las labores de inspección, sin llegar a impedir su ejercicio.
Las acciones u omisiones en que incurran los particulares que impliquen el incumplimiento de la obligación legal de información, comunicación o comparecencia, cuando sean requeridos por los agentes de la autoridad.
La captura de carnada sin contar con la preceptiva autorización administrativa.
Las acciones u omisiones que supongan el incumplimiento de lo establecido en la legislación vigente en materia de pesca marítima o marisqueo y que no constituyan infracción grave o muy grave.
Las acciones u omisiones en que incurran los particulares que obstruyan o impidan el control e inspección.
La eliminación o alteración de pruebas que impidan el conocimiento de la comisión de una infracción.
El ejercicio profesional de la actividad pesquera o marisquera, sin disponer de la correspondiente autorización.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones para el ejercicio de la actividad pesquera o marisquera.
El incumplimiento de las normas vigentes sobre modalidades de pesca o marisqueo.
El ejercicio de la pesca o el marisqueo profesional en fondos prohibidos, en caladeros o períodos de tiempo no autorizados o en zonas de veda.
El incumplimiento de la obligación de respetar las distancias mínimas establecidas en la normativa vigente para buques y artes de pesca, entorpeciendo con ello el ejercicio de la actividad pesquera o marisquera.
El incumplimiento de la obligación de llevar visible en la forma prevista por la legislación vigente, el folio y la matrícula de la embarcación o cualquier otro distintivo, impedir su visualización o manipular dicha matrícula cuando dificulte el ejercicio de la actividad inspectora.
El ejercicio de la pesca o marisqueo recreativos en zonas protegidas o vedadas.
La pesca en las zonas del litoral debidamente delimitadas por la autoridad competente para la práctica del baño o cualquier otro deporte náutico, cuando pueda poner en peligro la integridad de las personas o los bienes.
El ejercicio de la pesca en aguas interiores estando en posesión de la autorización para la pesca en aguas exteriores, incumpliendo las limitaciones establecidas para la pesca profesional en aguas interiores.
En lo relativo a los recursos marinos:
La realización de actividades subacuáticas sin disponer de autorización en aquellas zonas en las que sea exigible conforme a la normativa vigente.
La captura y tenencia, antes de su primera venta, de especies protegidas o prohibidas.
La captura y tenencia, antes de su primera venta, de especies de talla o peso inferior a la reglamentaria o, en su caso, cuando se superen los márgenes permitidos para determinadas especies en la normativa vigente.
La captura de una cantidad de pesca por persona, en la modalidad de pesca recreativa, superior al doble del límite máximo diario.
La repoblación con especies autóctonas o la introducción de simientes o crías sin la correspondiente autorización o cuando se incumplan las condiciones establecidas en la misma.
La suelta en el mar de especies foráneas.
La instalación de arrecifes artificiales o el hundimiento de buques con tal finalidad sin autorización o en condiciones distintas a las autorizadas.
La realización de cualquier actividad que perjudique la gestión y conservación de los recursos marinos vivos.
La utilización o tenencia a bordo de artes o aparejos prohibidos, no autorizados o antirreglamentarios.
La utilización o tenencia en la embarcación de artes en mayor número del autorizado reglamentariamente.
La utilización de un determinado arte en las zonas en las que esté prohibido el uso del mismo.
La utilización de dispositivos que reduzcan la selectividad de las artes o aparejos.
La utilización de equipos de buceo autónomo o semiautónomo y de elementos no autorizados en la práctica de la pesca submarina o el marisqueo, o su simple tenencia a bordo de la embarcación durante la realización de la actividad.
La utilización del fusil de pesca submarina en zonas portuarias o en la proximidad de pescadores de superficie, playas, lugares de baño o zonas concurridas.
La utilización o tenencia por pescadores deportivos de artes, aparejos u otros medios cuyo uso no les esté autorizado.
La realización de actividades profesionales de pesca marítima en buques o embarcaciones que no cuenten con la correspondiente autorización.
La realización de actividades no permitidas en zonas protegidas de interés pesquero.
La obtención de las autorizaciones, ayudas o subvenciones para la pesca con base en documentos o información falsos.
La utilización de explosivos, armas, sustancias tóxicas, venenosas, paralizantes, narcóticas o corrosivas.
El empleo en faenas de pesca o marisqueo de artes o métodos de arrastre.
La realización de actividades que causen o que por sus características puedan causar daños graves a los recursos marinos en las zonas declaradas protegidas.
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE ACUICULTURA.
El deterioro de las balizas de señalización nocturnas de los establecimientos de acuicultura.
Las acciones u omisiones que supongan el incumplimiento de lo establecido en la legislación vigente en materia de acuicultura no tipificado como infracción grave o muy grave.
La eliminación o alteración de pruebas que pudieran dar lugar al conocimiento de la comisión de una infracción.
La explotación de la actividad de acuicultura con especies diferentes a las permitidas en la concesión o autorización o el cambio de dichas especies sin la debida autorización.
La ausencia de las balizas de señalización nocturnas en los establecimientos de acuicultura.
El aumento de la producción de los establecimientos de acuicultura sin autorización.
La introducción en los establecimientos de acuicultura de especies no permitidas reglamentariamente.
El incumplimiento de las condiciones medioambientales establecidas en la concesión o autorización.
El incumplimiento de las condiciones técnico-sanitarias establecidas en el título concesional o en la normativa vigente.
La utilización de productos o sustancias no autorizadas en la alimentación o tratamiento de las especies.
La carencia de una póliza de seguros que cubra daños que puedan experimentar las instalaciones acuícolas, los recursos naturales y el medio ambiente, así como la responsabilidad de daños a terceros.
El incumplimiento de las normas de control de la producción obtenida en los establecimientos acuícolas.
Toda omisión o falseamiento grave de datos sobre la producción obtenida en el desarrollo de la actividad de acuicultura, cuando sea obligada su presentación ante la consejería competente en materia de pesca.
La ampliación de las instalaciones de acuicultura sin autorización.
Cualquier otro incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización.
La instalación o explotación de establecimientos acuícolas sin contar con la debida concesión o autorización.
La transmisión de la concesión sin autorización de la consejería competente en materia de pesca.
Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras, marisqueras o acuícolas.
Incautación de artes, aparejos o útiles prohibidos o que infrinjan la normativa vigente.
Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones o concesiones.
Incapacitación para la obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas durante un plazo no superior a cinco años.
3. Con independencia de las que puedan corresponder en concepto de sanción, el órgano sancionador podrá acordar la imposición de multas coercitivas con arreglo a lo dispuesto en la legislación de procedimiento administrativo común, a los efectos de hacer cumplir las obligaciones impuestas en los actos administrativos dictados en el procedimiento sancionador, una vez transcurridos los plazos para el cumplimiento voluntario o ante el incumplimiento de una obligación de no hacer. La cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20 % de la multa fijada por la infracción correspondiente.
Las infracciones leves con apercibimiento o multa de 60 a 300 euros.
Las infracciones graves con multa de 301 a 60.000 euros.
Las infracciones muy graves con multa de 60.001 a 300.000 euros.
En los supuestos de la infracciones previstas en los apartados 1, 2, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.g, 3.h, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d y 5.e, con inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras o marisqueras durante un período no superior a tres años.
En los supuestos de las infracciones previstas en los apartados 4.a, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.f y 5.g, con la incautación de artes, aparejos o útiles de pesca.
En los supuestos de las infracciones previstas en los apartados 3.a, 3.b, 3.d, 3.f, 3.g, 3.h, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.f y 5.g, con el decomiso de los productos o bienes obtenidos.
En los supuestos de las infracciones previstas en los apartados 3.b, 3.c, 4.b, 4.c, 4.f y 5.e, con la suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones durante un período no superior a tres años.
En los supuestos de las infracciones previstas en las letras a, b, c, d, e y f, con la inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras durante un período no superior a cinco años ni inferior a tres.
En los supuestos de las infracciones previstas en las letras a, b y e, con la incautación de artes, aparejos o útiles de pesca.
En los supuestos de las infracciones previstas en las letras a, b, d y e, con el decomiso de los productos o bienes obtenidos.
En los supuestos de las infracciones previstas en las letras b, c, d, e y f, con la suspensión, retirada o no renovación de autorizaciones para el ejercicio de la pesca durante un período no superior a cinco años.
En los supuestos de las infracciones previstas en las letras a, b, c, d, e y f, con la incapacitación para la obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas durante el plazo máximo de cinco años.
En el supuesto de la infracción prevista en la letra a, con la incautación del buque.
Queda derogado el Capítulo IV, Sección II, de la Ley 2/2002, de 27 de marzo, de Establecimiento de normas tributarias y de medidas en materia de organización administrativa, de gestión, relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador.
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de abril de 2003.
Artículos 4 (apdo. 3), 16 (apdo. 1) y 17:
Redacción según Ley 6/2007, de 13 de abril, de modificación de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias. Todas las referencias hechas a los Cabildos Insulares en materia de acuicultura, en relación con las materias que serán objeto de transferencia, se entenderán hechas a la Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de pesca, hasta el momento en que la transferencia de competencias a los Cabildos en esta materia se haga efectiva, por Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias.
Véase Resolución de 22 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado de Organización Territorial del Estado, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con las Leyes de Canarias 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias y 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias y Resolución de 21 de enero de 2004, de la Secretaría de Estado de Organización Territorial del Estado, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con las Leyes 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias, y 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias.
LEY 2/2002, de 27 de marzo, de Establecimiento de Normas Tributarias y de Medidas en Materia de Organización Administrativa y de Gestión, relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionadorLEY 2/2004, de 28 de mayo, de Medidas Fiscales y TributariasLEY 6/2007, de 13 de abril, de modificación de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de pesca de CanariasORDEN de 29 de octubre de 2007, por la que se acotan, en las aguas interiores de Canarias, las zonas para el ejercicio de la pesca marítima de recreo submarinaORDEN de 5 de abril de 2007, por la que se aprueba el documento de referencia para elaborar el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROA)ORDEN de 14 de abril de 2008, por la que se regula temporalmente el marisqueo profesional a pie, para la recolección de lapasORDEN de 9 de marzo de 2009, por la que se convocan, para el año 2009, las subvenciones a conceder a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar para sus gastos corrientes y se aprueban las bases que rigen dicha convocatoriaORDEN de 17 de marzo de 2009, por la que se convocan para el año 2009 las subvenciones a conceder a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar para inversiones en equipamiento y se aprueban las bases que rigen dicha convocatoriaResolución de 30 de abril de 2009, por la que se corrige error en la Resolución de 16 de abril de 2009, relativa a la aprobación definitiva del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria (Fuerteventura) (B.O.C. nº 78, de 24.4.09)ORDEN de 10 de noviembre de 2009, por la que se crea el registro de establecimientos que desarrollan actividades comerciales en destino de almacenamiento, manipulación, transformación, envasado, exposición, puesta en venta y venta al por mayor en mercados mayoristas de productos de la pesca y de la acuiculturaORDEN de 22 de arbil de 2010, por la que se levanta temporal y parcialmente la veda para el marisqueo profesional a pie de determinadas especies de lapas en la costa de la isla de FuerteventuraORDEN de 30 de abril de 2010, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del mar destinadas a inversiones en equipamiento y/o gastos corrientesORDEN de 3 de junio de 2010, por la que se levanta temporal y parcialmente la veda para el marisqueo a pie de la lapa blanca o de pie blanco (Patella ulyssiponensis aspera) en la costa de la isla de FuerteventuraORDEN de 5 de julio de 2010, por la que se regula temporalmente el marisqueo profesional a pie, para la recolección de lapasOrden de 17 de febrero de 2011, por la que se declara la caducidad del procedimiento de formulación del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC) y se acuerda la reproducción de la iniciativa para la formulación del mismoORDEN de 2 de mayo de 2011, por la que se fijan determinados aspectos del marisqueo a pie para la recolección de algunas especies de mariscos de CanariasORDEN de 18 de mayo de 2011, por la que se modifica puntualmente la Orden de 2 de mayo de 2011, que fija determinados aspectos del marisqueo a pie para la recolección de algunas especies de mariscos de Canarias (BOC nº 93, de 11.5.11)ORDEN de 21 de junio de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera (Grupo C, Subgrupo C1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de CanariasORDEN de 4 de noviembre de 2011, por la que se prohíben todas las modalidades y artes de la pesca profesional y de recreo en la rada de Arrieta, isla de Lanzarote, para la protección del arrecife artificial y su área de influencia	Cerrar PDF
LEY 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias	Trámites

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 artículo 30
 artículo 149
 artículo 32
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 artículo 84
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