Source: https://www.cccyl.es/en/extracto-doctrinal/xii-contratacion-administrativa/f-resolucion-contratos/1-cuestiones-generales/b-procedimiento
Timestamp: 2019-08-22 18:09:57+00:00

Document:
b) Procedimiento. - Consejo Consultivo de Castilla y León
> 1.- Cuestiones generales.
El procedimiento para el ejercicio de la facultad resolutoria se rige por la normativa vigente en el momento de su inicio. Así resulta a contrario sensu de lo establecido en la disposición transitoria segunda de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior”), norma de aplicación subsidiaria a los procedimientos en materia de contratación, según establece el apartado 1 de la disposición final octava de la LCSP y de la disposición final tercera del TRLCSP.
(Dictámenes 607/2014, de 21 de enero de 2015, y 21/2015, de 5 de febrero)
Preceptividad del dictamen del Consejo Consultivo:
Es preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de resolución de los contratos administrativos cuando se formule oposición por parte del contratista (artículo 211.3.a) del TRLCSP).
Por el contrario, el procedimiento de resolución del contrato no requiere dictamen preceptivo del Consejo Consultivo cuando no exista oposición del contratista, bien porque haya manifestado su aquiescencia a la resolución, bien porque no haya efectuado alegaciones en contra durante el procedimiento de resolución. Ello se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que pueda formularse consulta facultativa al amparo del artículo 6 de la Ley 1/2002, de 9 de abril.
(Dictamen 170/2014, de 8 de mayo)
Plazo máximo para dictar y notificar la resolución:
Como regla general, el plazo para dictar y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses, por aplicación subsidiaria de los artículos 42 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de acuerdo con el criterio sentado por el Tribunal Supremo desde las sentencia de 28 de junio de 2004 y ratificado por la de 2 de octubre de 2007 y otras posteriores. De acuerdo con ello, la falta de resolución en dicho plazo, cuando el procedimiento se haya iniciado de oficio, conllevará la caducidad de éste.
(Dictámenes 81/2013, de 20 de febrero, 366/2014, de 29 de agosto, y 7/2015, de 5 de febrero)
En el caso de que el procedimiento se haya iniciado a instancia del contratista, el silencio administrativo tendrá carácter desestimatorio. Así lo establece la disposición final tercera, apartado 2, del TRLCSP: “En todo caso, en los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la ejecución, consumación o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver”.
Como regla específica en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León, el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, establece un plazo especial para resolver estos procedimientos, en el caso de que se hayan iniciado de oficio. Dicha disposición señala lo siguiente: “En el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León el plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos de resolución de los contratos celebrados por aquellas, cuando se hayan iniciado de oficio, será de ocho meses contados desde la fecha del acuerdo de iniciación, transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se producirá la caducidad en los términos previstos en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 44