Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/5296
Timestamp: 2020-02-29 10:46:24+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 36/2005
SENTENCIA 36/2005, de 17 de febrero
ECLI:ES:TC:2005:36
1. El día 1 de octubre de 2002, el Letrado del Gobierno de Aragón, en representación de su Consejo de Gobierno, presentó en este Tribunal un escrito mediante el cual plantea recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, en cuanto que da nueva redacción a los arts. 19.3, 23.5 c), 23.bis.6 c) y 23.ter.3 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
a) El representante procesal del Gobierno de Aragón comienza su alegato haciendo referencia a los antecedentes que considera relevantes para el presente proceso. Así, alude, en primer lugar, a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, cuyo título III, capítulo IV, contenía el régimen jurídico de los parques nacionales, atribuyendo al Estado la gestión de los mismos.
Con posterioridad, la Ley 15/2002, objeto de este recurso de inconstitucionalidad ha llevado a cabo, a través de su disposición adicional cuarta, una nueva modificación de la Ley 4/1989 que afecta a aspectos puntuales y concretos de determinados artículos de esta última, modificación que limita más aún la competencia autonómica y restringe su participación en el sistema de cogestión. Por tanto, a los efectos de este recurso, deben darse por reproducidos los argumentos que en su día se expusieron respecto de la Ley 41/1997 (recurso núm. 469/98).
b) Los preceptos recurridos han excedido del ámbito de las competencias del Estado, que se limitan al establecimiento de las bases medioambientales (art. 149.1.23 CE), competencia que no puede imponerse a las de Aragón, que se extienden a la normativa de desarrollo y a la ejecución en la materia de medio ambiente, siendo de carácter exclusivo en la materia de "espacios naturales protegidos". Este marco competencial ha sido reconocido por la STC 102/1995.
c) El primero de los preceptos impugnados es el art. 19.3, que atribuye al Gobierno la aprobación del Plan rector de uso y gestión cuando, transcurrido un año desde que el mismo fuere acordado por la Comisión Mixta de Gestión, no se hubiere aprobado efectivamente por la Comunidad Autónoma.
2. Mediante providencia de la Sección Primera de 29 de octubre de 2002 se admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad y se acordó dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme dispone el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno de la Nación, al objeto de que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular alegaciones. Por último, también se acordó publicar la incoación del recurso en el "Boletín Oficial del Estado".
3. Mediante escrito de 6 de noviembre de 2002, el Abogado del Estado se persona en el proceso y solicita el Tribunal una prórroga de ocho días hábiles para presentar sus alegaciones.
4. La Sección Primera, por providencia de 12 de noviembre de 2002, tiene por personado al Abogado del Estado y le concede la prórroga solicitada.
5. Mediante escrito registrado el día 15 de noviembre de 2002, la Presidenta del Congreso de los Diputados comunica al Tribunal que la Cámara no se persona en el proceso y se pone a su disposición.
6. El día 21 de noviembre de 2002, el Letrado de las Cortes-jefe de la Asesoría jurídica del Senado, en representación de la Cámara, se persona en el proceso y presenta sus alegaciones, que seguidamente se sintetizan:
a) Tras señalar que no formula ningún reproche a la legitimación de los recurrentes para interponer el recurso ni al plazo de presentación del mismo, reproduce los preceptos de la Ley 15/2002 que han sido recurridos y alude a los preceptos constitucionales y estatutarios que la demanda considera vulnerados y que se concretan en el art. 149.1.23 CE y en los arts. 15.1.7 y 13.7 EAA. Tras ello, considera necesario analizar la distribución competencial en materia de medio ambiente.
b) La actuación del legislador estatal tiene dos límites: el respeto a las facultades ejecutivas de las Comunidades Autónomas en materia de medio ambiente y el correlativo a sus competencias exclusivas sobre espacios naturales protegidos.
c) La doctrina constitucional contenida en la STC 149/1991, sobre la Ley de costas, permite derivar una especie de principio proambiental sobre el conjunto de la actuación de los poderes públicos correlacionado con la categoría de derecho subjetivo al medio ambiente, lo que conduce a la apreciación de la existencia de un interés general que le permite al Estado actuar no sólo en las materias de su competencia exclusiva, sino también en las que han sido atribuidas a la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
d) Tampoco puede merecer reproche este precepto desde la perspectiva de la supraterritorialidad, pues en estos supuestos el Estado puede adoptar medidas de coordinación que permitan superar la disgregación (STC 329/1993). La atribución de la competencia ejecutiva al Estado es la única medida posible para respetar el principio de que una Comunidad Autónoma no puede adoptar medidas que tenga eficacia directa en el territorio de otra Comunidad, y ello sin perjuicio de que después sean las Comunidades afectadas las que establezcan los mecanismos de coordinación que sean necesarios, y se relaciona, asimismo, con el alcance que tiene la cooperación en la jurisprudencia constitucional.
Las mismas consideraciones amparan al art. 23.ter.3, pues la integración del Director- Conservador en la estructura administrativa estatal responde a la idea de la cooperación interadministrativa, al igual que ocurre con otros órganos (Patronatos y sus Presidentes).
7. Con fecha 26 de noviembre de 2002, el Abogado del Estado presenta sus alegaciones, que se exponen, resumidamente, a continuación:
a) Comienza su escrito indicando que resultaría ocioso repetir o resumir lo ya alegado en el recurso de inconstitucionalidad núm. 460/98, acumulado a los núms. 469/98 y 483/98, bastando con remitirse a ello. A continuación señala que el tenor literal del fundamento jurídico 22 de la STC 102/1995 indica expresamente que los parques nacionales constituyen uno de los supuestos excepcionales (así lo expresa el inciso "aunque uno sea este"), en que se justifica la gestión compartida, habiéndose omitido por la demanda la reproducción de este inciso en el planteamiento que realiza.
b) Entrando ya a la defensa de los preceptos recurridos, El Abogado del Estado incide, en primer lugar, en el art. 19.3.
8. Por providencia de 15 de febrero de 2005 se señaló para deliberación y fallo del presente recurso de inconstitucionalidad el día 17 del mismo mes y año.
1. El Gobierno de Aragón ha planteado recurso de inconstitucionalidad exclusivamente contra los arts. 19.3, 23.5 c), 23.bis.6 c) y 23.ter.3 de la Ley 4/1989, de 29 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, en la redacción que a dichos preceptos les otorga la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.
2. Planteado el recurso de inconstitucionalidad en los términos expuestos, hay que señalar que la controversia competencial que se suscita, una vez examinada, debe reputarse resuelta por la doctrina que este Tribunal ha establecido en la STC 194/2004, de 4 de noviembre.
a) El art. 19.3 de la Ley 4/1989 dispone, en la redacción dada por la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2002, lo siguiente:
b) El art. 23.5 c) establece como función propia de las Comisiones Mixtas de Gestión, la siguiente:
c) El art. 23.bis.6 c) dispone:
d) El art. 23.ter.3 dispone:
3. Debemos también en este caso fijar el alcance de nuestro fallo, procediendo "igual que en la STC 195/1998, de 1 de octubre, en cuyo fundamento jurídico 5 señalamos también que la inmediata nulidad de los preceptos declarados inconstitucionales podría provocar una desprotección medioambiental de la zona con graves perjuicios y perturbaciones a los intereses generales en juego y con afectación de situaciones y actuaciones jurídicas consolidadas, de manera que la declaración de inconstitucionalidad de algunos preceptos no lleva aparejada su inmediata declaración de nulidad, la cual se difiere hasta el momento en el que las Comunidades Autónomas regulen las modalidades de gestión de los parques nacionales de su competencia" (STC 194/2004, FJ 24).
1º Declarar que son inconstitucionales, con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 3, los arts. 19.3, salvo su inciso "los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques Nacionales serán aprobados por la Comunidad Autónoma correspondiente"; 23.5 c); 23.bis.6 c) en su inciso "que le proponga la Comisión Mixta de Gestión"; y 23.ter.3, todos ellos de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, en la redacción dada por dicha disposición adicional cuarta de la Ley 15/2002.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez sobre la Sentencia del pleno de 17 de febrero de 2005, dictada en el recurso de inconstitucionalidad 5990-2002 contra determinadas disposiciones de la Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional marítimo terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
1.- Mi discrepancia con la Sentencia mayoritaria ha surgido por la muy escueta remisión que se efectúa en ella a los fundamentos jurídicos de la STC 194/2004, de 4 de noviembre, sin detenerse en la circunstancia de que hemos enjuiciado en este caso la Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.
Cierto es que el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Aragón se ha ceñido a impugnar la disposición adicional cuarta de esta Ley, que da nueva redacción a preceptos generales de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre, sin una referencia específica a dicho Parque Nacional marítimo-terrestre ni a la organización del mismo que establece su Ley (Así lo precisa la palabra exclusivamente en el fundamento jurídico 1 de la Sentencia). Incluso señala el Gobierno de Aragón que no impugna el art. 22.quáter.3 de la Ley, que se refiere ya a los parques nacionales marítimo- terrestres, porque Aragón carece de municipios costeros (antecedente de hecho 1.a in fine) y, por ello, de legitimación para hacerlo (según la doctrina del FJ 2.a de la STC 194/2004).
2.- Si atiendo al Real Decreto 2510/1997, de 5 de agosto, sobre trazado de líneas de base rectas para la delimitación de las aguas jurisdiccionales españolas, resulta que la línea que baja desde el cabo Corrubedo hasta el cabo Silleiro, pasando al este de la isla de Sálvora toca el islote de Faro en el archipiélago de las islas Cíes (anexo de la Ley 15/2002). Dicha línea determina el límite exterior del mar territorial. Si así es, el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas podría constituir un tercer supuesto de parque nacional, en la medida en que se extienda sobre el mar territorial, que es competencia del Estado. Así me lo confirma el Decreto de la Xunta de Galicia de 103/2004, de 13 de mayo, por el que se regula el ejercicio de las competencias de pesca, marisqueo y acuicultura en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. En el preámbulo de dicho Decreto se especifica que el espacio físico que comprende el parque nacional marítimo-terrestre que nos ocupa incluye no sólo el espacio terrestre de las islas, sino también el espacio marítimo, aguas interiores y mar territorial que rodea dichas islas por cuya razón -prosigue- van a confluir Estado y Comunidad Autónoma gallega en el ejercicio de competencias en materia de medio ambiente y espacios naturales protegidos, así como en materia de pesca, marisqueo y acuicultura. El Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia se extiende, pues, sobre el territorio de la Comunidad Autónoma, las aguas interiores y también el mar territorial. Habría que estar, entonces, a la doctrina que sentamos en la STC 38/2002, de 14 de febrero (FFJJ 6 y 7), en el aspecto que se refiere al mar territorial como límite de la competencia autonómica.
3.- A la vista de estos datos me parece evidente que la inconstitucionalidad del régimen de cogestión Estado-Comunidad Autónoma declarado en la STC 194/2004 se refiere a casos distintos al de las Islas Atlánticas de Galicia y que nuestra doctrina debería ser modulada para casos como éste de parques que afecten al mar territorial. No creo oportuno pronunciarme sobre ese régimen de supracomunitariedad (del que se trata en los fundamentos jurídicos 15 a 17 de las STC 194/2004) en el que una Comunidad Autónoma comparte con el Estado ámbitos territoriales de competencia porque no se ha deliberado sobre él en el Pleno. He creído, sin embargo, que por razones de seguridad jurídica la Sentencia mayoritaria debió hacer alguna declaración o salvedad, para aclarar que nuestra doctrina de la STC 194/2004 no contempló casos de parques nacionales marítimo-terrestres como el que nos ocupa.
Página: 1 Abogado, falta 195
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 5590-2002
Fecha de resolución 17/02/2005
Promovido por el Gobierno de Aragón contra la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, en cuanto que da nueva redacción a los arts. 19.3, 23.5 c), 23.bis.6 c) y 23.ter.3 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
Aplica la doctrina de la STC 194/2004 sobre la aprobación de los planes rectores de uso y gestión de los parques naturales; funciones de las comisiones mixtas de gestión y del Patronato; nombramiento y adscripción del Director-conservador; y alcance de la declaración de inconstitucionalidad [FFJJ 2, 3].
La actuación subsidiaria del Gobierno, no puede alcanzar a las Comunidades Autónomas que sean competentes para formular o aprobar determinadas propuestas de planificación, ya que se trata de una forma de control sustitutivo que no ha sido previsto por la Constitución en las relaciones ordinarias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (SSTC 227/1988 y 118/1996) [FJ 2].
Artículo 19.3 (redactado por la Ley 15/2002, de 1 de julio) (declara inconstitucional)
Artículo 23 bis apartado 6 c) (redactado por la Ley 15/2002, de 1 de julio) (declara inconstitucional)
Artículo 23 ter, apartado 3 (redactado por la Ley 15/2002, de 1 de julio) (declara inconstitucional)
Artículo 23.5 c) (redactado por la Ley 15/2002, de 1 de julio) (declara inconstitucional)
Ley 15/2002, de 1 de julio. Declaración de Parque nacional marítimo-terrestre de las islas atlánticas de Galicia
Disposición adicional cuarta (declara inconstitucional)
Artículo 35.1.5, f. 1
Artículo 19.3 (redactado por la Ley 15/2002, de 1 de julio), ff. 1, 2
Artículo 22 quater, apartado 3 (redactado por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre), VP
Artículo 23 bis, apartado 6 c) (redactado por la Ley 15/2002, de 1 de julio), ff. 1, 2
Artículo 23 ter, apartado 3 (redactado por la Ley 15/2002, de 1 de julio), ff. 1, 2
Artículo 23.5 c) (redactado por la Ley 15/2002, de 1 de julio), ff. 1, 2
Disposición adicional cuarta, f. 1, VP
Anexo, VP
Alcance del fallo en recurso de inconstitucionalidadAlcance del fallo en recurso de inconstitucionalidad, f. 3
Estructura organizativa de los parques nacionalesEstructura organizativa de los parques nacionales, f. 2
Gestión de parques nacionalesGestión de parques nacionales, f. 2
Instrumentos de planificación de los parques nacionalesInstrumentos de planificación de los parques nacionales, f. 2
Parques nacionalesParques nacionales, f. 2
Parques nacionales marítimo terrestresParques nacionales marítimo terrestres, VP

References: in fine
 Real Decreto 
 resolución 

Artículo 19

Artículo 23

Artículo 23

Artículo 23

Artículo 35

Artículo 19

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 23

Artículo 23