Source: http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc840.html
Timestamp: 2018-12-16 13:03:07+00:00

Document:
Proceso 840
Editorial La necesidad de un debate presidencial
Política Corrupción en La Asamblea Legislativa
Política Etica y política
Economía Situación de la pobreza
Sociedad El trabajo infantil en El Salvador
Derechos Humanos Avanza el monitoreo en las maquilas
La necesidad de un debate presidencial
Distintos grupos sociales —entre los que destacan gremiales empresariales, organizaciones comunales, universidades y medios de comunicación— han planteado la necesidad de realizar un debate entre los candidatos con mayores posibilidades de hacerse del ejecutivo en las próximas elecciones. Más aún, existe un clima de opinión generalizada acerca de la obligación que tienen los candidatos a la presidencia de exponer públicamente, con el mayor detalle posible, sus planes de gobierno. Pero, obviamente, la exigencia es que lo hagan simultáneamente, de modo tal que sea posible el contraste y la comparación entre sus respectivas plataformas programáticas.
De todos los candidatos, Francisco Flores es el único que ha evitado abiertamente participar en eventos públicos acompañado de los demás. Pareciera que la seguridad que tiene de ganar las elecciones lo lleva a ponderar, en términos de costo y beneficio, como mucho más favorable para sus aspiraciones no participar en debate alguno. "Si voy a ganar —ha de pensar Flores—, para qué correr el riesgo de desgastarme en un debate público, el cual seguramente va a servir para que mis rivales se promuevan y obtengan un perfil político que hasta el momento no tienen". Quizás movido por este razonamiento, Flores se ha atrevido a burlar a los organizadores de una serie de foros —la ASI figura entre los ellos—, quienes o no recibieron respuesta del candidato de ARENA o fueron dejados plantados por éste.
Así las cosas, no ha habido forma de hacer participar a Flores en un debate con los candidatos de los demás partidos. Ha puesto las condiciones más difíciles de cumplir, y cuando esas condiciones se han dado "Paquito" no ha dudado en echarse para atrás. Entre tanto, otros candidatos —los que tienen menos oportunidad de ganar según los sondeos de opinión más serios— han aprovechado todas las oportunidades para desafiar a Flores, a sabiendas de que un debate con él les dará un espaldarazo público que difícilmente podrán obtener por otros medios.
Los unos, pues, quieren debatir porque ven en ello la oportunidad de ocupar un espacio que no tienen; el otro ve en el debate una amenaza a su imagen. A todos les importan poco los intereses y las demandas sociales. Justamente de lo que aquí se trata es de plantear el tema de un debate presidencial no desde los beneficios que su realización o no puede dejar a los candidatos, sino desde los intereses de la sociedad. Y la sociedad —a través de diversos medios— se ha pronunciado por la necesidad de un debate presidencial, entendido no como una ocasión para la denigración recíproca, sino como una oportunidad para que los candidatos puedan exponer, con seriedad y profundidad, sus planes de gobierno. Esta es una exigencia de la sociedad a los políticos; la sociedad tiene el derecho de hacerla y los políticos tienen la obligación de responder a ella.
No se trata, entonces, de si a alguno de los candidatos le conviene o no participar en un debate público; no se trata tampoco de si quieren o no quieren hacerlo. Se trata de responder a una demanda que la sociedad, con absoluto derecho, plantea: obtener la información necesaria acerca de planes de gobierno y capacidad de toma de decisiones de quienes compiten por gobernar al país en los próximos cinco años. Este es el meollo del asunto y no otro. En consecuencia, los candidatos con mayores posibilidades de hacerse del ejecutivo en las próximas elecciones deben mostrar la mayor disposición para participar en el debate reclamado por la sociedad; deben prepararse para dar cuenta a la sociedad de lo que pueden y están dispuestos a hacer para enfrentar los problemas más graves de El Salvador en materia de seguridad pública, crisis del agro, deterioro ambiental, seguridad social y desarrollo económico.
El debate presidencial no debe ser visto como un espacio para batallas encarnizadas entre los candidatos, sino como un lugar para exponer lo que se piensa hacer desde el gobierno y los mecanismos que se planean emplear para conseguirlo. Visto así, no tienen razón de ser los temores de quien, como Flores, ve en peligro su imagen. Tampoco tienen razón de ser las alegrías de quienes crean que en el debate podrán dar rienda suelta a sus inquinas personales. No es esto lo que la sociedad quiere ni reclama. Un debate serio, que contribuya al avance de la democracia en nuestro país, tiene que tener un estilo distinto al debate político tradicional. Tiene que apuntar a generar, en su desarrollo, la mayor cantidad de información —debidamente cualificada— sobre la naturaleza del nuevo gobierno. Esta es una condición sine qua non para que la ciudadanía pueda emitir un voto maduro y razonado el días de las elecciones. En otras palabras, un debate presidencial debe verse como un esfuerzo de educación cívica, es decir, como un esfuerzo que ayude a vivir en democracia.
Los dos candidatos con mayores posibilidades —al igual que el resto de candidatos a la presidencia— defienden a capa y espada su credo democrático. Es hora de que demuestren que su compromiso con la democracia es, más que algo meramente discursivo, un asunto práctico. La participación seria y responsable en un debate presidencial es una buena oportunidad para ello. La sociedad, de la cual uno de los dos se convertirá en representante, se los exige.
Corrupción en La Asamblea Legislativa
En diciembre de 1998, La Prensa Gráfica publicó ciertas declaraciones del diputado de la Unión Social Cristiana (USC) Roberto Serrano, relativas a un hecho por todos conocido: que en la Asamblea Legislativa —como en los demás órganos del Estado salvadoreño— la corrupción se encuentra a la orden del día. Sostuvo Serrano, en aquella oportunidad, que tanto el PDC como el PCN se prestaban a la venta de votos al interior del pleno, favoreciendo o rechazando determinadas iniciativas de ley. Desde esa fecha, tales declaraciones han generado serias controversias.
El siguiente en manifestarse al respecto fue el diputado pecenista Dagoberto Marroquín, quien, con el objeto de responder a las acusaciones de su homólogo, expresó: "[en 1995] me ofrecieron 2 millones de colones para que levantara la mano a favor del IVA y no lo hice, por eso es que el PCN se llena la boca en decir que tiene diputados que no se venden". Además, el funcionario aseguró desconocer la procedencia del ofrecimiento y recordó, aludiendo a la declaración de Roberto Serrano, que su partido se abstuvo de votar a favor de las reformas a la ley del impuesto en cuestión, hace tres años.
Las palabras de Marroquín desencadenaron una serie más de declaraciones por parte de diputados y ex diputados, en torno al tema de los sobornos en el Organo Legislativo. De acuerdo a ellas, en 1995, un desconocido le ofreció 1 millón de colones a cada uno de los ocho diputados del entonces Partido de Renovación Social Cristiano (PRSC), a cambio de apoyar la polémica iniciativa de incrementar el IVA en tres puntos porcentuales.
Con relación a esto, Roberto Serrano volvió a hacer pública su voz manifestando que fue el ex técnico legislativo —ahora Inspector General Adjunto de la Policía Nacional Civil— Rudy Medina quien, a través de Alfredo Arbizú —en ese entonces diputado por el PRSC y actualmente segundo magistrado de la Corte de Cuentas—, les hizo llegar el ofrecimiento.
Esta denuncia fue confirmada por Miguel Espinal, ex jefe de fracción del PRSC y ahora Director Nacional y Presidente interino de la USC. "Lo recuerdo perfectamente —señaló el político—, porque me consta que no se aceptó [el soborno], pues estaban de por medio nuestras convicciones éticas. Lo extraño de todo es que después de eso los diputados Arbizú [y otros] renunciaron a las filas del PRSC y que posteriormente se pasaron a ARENA".
Diputados de otros partidos se sumaron a estas revelaciones. Así, Jorge Villacorta, de la Convergencia Democrática (CD), recordó que "cuando se aprobaron las reformas a la ley del IVA, hubo arreglos en los que participó el PCN, el PDC y ARENA, con negociaciones debajo de la mesa y poniendo en juego cuotas de poder, plazas, dádivas económicas y otros beneficios en forma amañada". Por su parte, Manuel Melgar, del FMLN, reiteró que "la compra de conciencias al interior de la Asamblea" fue denunciada en la evaluación de 1998, realizada por su partido. Señaló, además, la falta de una Ley de Etica que regule el desempeño de los funcionarios públicos y permita investigar y castigar a quienes ofrecen y reciben sobornos.
El partido oficial no se mantuvo al margen de las declaraciones. Aunque Gloria Salguero, ex presidenta de la Asamblea Legislativa, aseguró que durante el período de su administración no hubo ningún tipo de flujo de dinero, Walter Araujo, jefe de fracción del partido gobernante, exhortó a quienes hacen los señalamientos a abocarse a la Corte Suprema de Justicia y a otras instituciones del Estado para que las autoridades competentes realicen las investigaciones del caso. A este deseo de ARENA de entrar en detalles con respecto a conocidos hechos de corrupción en el Salón Azul se han sumado no sólo los demás institutos políticos, sino también grupos de la sociedad civil que han pedido a la Fiscalía iniciar formalmente las indagaciones.
Ahora bien, más allá de los comentarios que el tema de los sobornos puede suscitar entre los legisladores —citados aquí con el fin de ilustrar el desarrollo de esta nueva controversia—, algunas interrogantes salen a flote: ¿por qué casos concretos de corrupción en el pleno que ocurrieron tres años atrás vienen a ser sacados a la luz sólo hasta ahora? ¿Tendrá que ver tal tardanza con que nos encontramos en vísperas de las elecciones presidenciales? ¿O habrá que pensar que, últimamente, las posibilidades de denunciar las irregularidades en las instancias del gobierno se han ensanchado?
Para empezar, hay que decir que es bastante probable que los partidos hayan decidido lanzar a la luz pública las acusaciones de soborno con el proceso electoral como telón de fondo, con el fin de desprestigiar a los rivales políticos y ganar adeptos en los comicios. Tal vez eso explique que políticos de larga trayectoria hayan elegido justo este momento para iniciar sus denuncias, después de años de haber estado presenciando las irregularidades al interior del pleno.
Pero allende los motivos de los legisladores, importa resaltar lo novedoso del hecho de que sean los mismos políticos los que estén ahora iniciando lo que —desde una visión optimistas— podría llegar a convertirse en un movimiento anticorrupción. Recordemos que lo que los diputados están señalando no es ningún secreto para nadie. ¿Quién no sabe que muchas de las más determinantes decisiones que se toman en el pleno obedecen a componendas o a movimientos sucios entre los partidos y sus representantes?.
Lo que en esta coyuntura concreta se sale considerablemente de lo acostumbrado es el hecho de que sean los diputados mismos los que estén denunciando con nombres y apellidos a posibles corruptos de grandes vuelos. Como también lo es que ellos señalen la necesidad de una ley que regule el desenvolvimiento de los funcionarios públicos. Sería, no obstante, demasiado prematuro e ingenuo empezar a cantar victoria desde ahora en materia de combate a las prácticas corruptas. Es cierto que Roberto Serrano acudió a la Fiscalía presentando una serie de documentos para respaldar su declaración. Pero también lo es que, por ejemplo, el cargo del mismo Fiscal General se halla cuestionado, pues, al parecer, también el voto para designar a Manuel Córdova se logró de manera indebida.
Así las cosas, es claro que el camino que falta por recorrer en la lucha contra la corrupción será largo y difícil. Como se ha podido constatar en los últimos meses, cada vez es más evidente que las instituciones estatales, las que tienen que ver con la regulación y el control del desempeño del mismo Estado inclusive, refuerzan la continuidad de las prácticas corruptas, justamente porque son producto de ellas. Se trata de un círculo vicioso muy difícil de quebrar, por cuanto funcionarios públicos y mandatarios no han hecho más que solidificarlo en los últimos años.
Sin embargo, acontecimientos como el que aquí hemos relatado ponen de manifiesto que algo se ha avanzado en el proceso de la separación de poderes y, por consiguiente, algunos pasos se han dado hacia la democratización del país. No todos los días la prensa escrita hace un seguimiento —hasta cierto punto sistemático— de un caso de corrupción, ni los políticos se refieren a él en detalle. Sólo queda confiar en que el relativo optimismo que puede desatar el que ciertos casos se concreten en personas y hechos —logrando que la corrupción deje de ser un fenómeno abstracto del que sólo se conoce algo a través de rumores— incentive la búsqueda de los procesos legales necesarios para la investigación seria y la aplicación de penas contra los corruptos.
Este mes, como conclusión del proceso de Consulta Ciudadana de Bases para el Plan de Nación, fue presentado, con el optimista eslogan "Hagamos El Salvador ¡Como todos lo queremos!, Temas claves para el Plan de Nación, Consulta especializada, el cual "es producto del trabajo voluntario de 211 especialistas salvadoreños que...respondieron al llamado del país cuando se buscaban los nuevos caminos hacia el siglo XXI". Para sus redactores, el documento "encierra un valor cívico particularmente edificante y un significado histórico que con el tiempo irá revelando toda su amplitud".
En el capítulo X de Temas..., Etica en El Salvador, se parte de dos supuestos: a) la necesidad de un cambio de paradigma en la relación entre la naturaleza y la sociedad, y en la relación entre los individuos; un cambio que supere el consumismo y la visión excesivamente económica de la sociedad; b) el reconocimiento de la Etica como factor posibilitador de los cambios políticos, sociales y económicos necesarios para alcanzar el nuevo paradigma de sociedad y desarrollo. A partir de estos dos supuestos y reconociendo que en la actualidad existe una crisis de valores que pone en peligro la etapa de transición a la democracia, se propone como reto para el futuro "establecer un compromiso nacional en torno a la Etica".
Este compromiso cristalizaría en un "Sistema Nacional de Integridad y Transparencia", el cual consistiría en que lo actores nacionales actuaran de manera "ética, interdependiente, eficaz, eficiente y transparente para alcanzar el desarrollo sostenible". En Temas... se enfatiza que los actores políticos que deben integrar el Sistema son: las instituciones gubernamentales, la Asamblea Legislativa, el Organo Judicial, los organismo de control (Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Superintendencias), las municipalidades y el sistema político.
Luego de esto, el documento plantea una propuesta para que el Sistema cobre realidad en el país. Dentro de los lineamientos que se proponen para ello, llaman la atención los referidos al ámbito institucional. En resumen, como líneas de acción institucionales para alcanzar un desempeño ético pueden mencionarse: a) elaborar un Código de la Función Pública y crear un organismo que vigile el respeto de aquél por parte de los funcionarios gubernamentales; b) apuntalar la independencia y credibilidad de las instancias gubernamentales encargadas del control del sector público y privado; y c) aprobar una Ley de Partidos Políticos que los obligue a la transparencia y eticidad en todas sus actividades.
Hasta aquí el sueño. Paradójicamente, en el mismo mes en que son presentados los resultados del proceso que arrancó con Bases..., un documento con el que pocos actores sociales y políticos no comulgaron públicamente, han emergido a la luz una serie de hechos que han agravado la crisis de credibilidad en la que se encuentran algunas de las instituciones gubernamentales claves para la instauración de la democracia: la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte de Cuentas, entre otras.
Es en este contexto que las líneas de acción de Temas... adquieren sentido y vigor: la necesidad de que la ética cobre vida en la política para evitar un mayor retroceso en la instauración democrática es ahora más evidente que nunca. Sin embargo, por dondequiera que se mire, esto no deja de ser una perogrullada: que los políticos deben actuar éticamente, de acuerdo, pero ¿desde dónde insuflar el cambio cuando la clase política se protege a sí misma y es impermeable a las exigencias ciudadanas? Que un cambio de paradigma es algo con lo que ningún salvadoreño puede estar en desacuerdo —de ahí lo de "Hagamos El Salvador ¡Como todos queremos!"—, evidente, pero ¿cuántas generaciones de salvadoreños habrá que esperar para que la minoría realmente preocupada por el país se convierta en un "todos"? Apuntar demasiado alto es un problema cuando lo que se intenta modificar se arrastra por los suelos. Por ello, es importante que en las propuestas ciudadanas el entusiasmo no lleve al idealismo, sino más bien a soluciones plausibles y concretas, tal vez menos ambiciosas pero a la larga más cercanas a la realidad.
La medición de la pobreza es una de las principales herramientas para evaluar los resultados del crecimiento económico en la satisfacción de las necesidades básicas. En El Salvador, las cifras de pobreza han sido elevadas desde siempre, incluso en momentos en que las tasas de crecimiento eran mayores que en la actualidad.
Ateniéndose a los datos oficiales, la pobreza ha venido disminuyendo de forma sistemática prácticamente desde 1992 (Proceso, 802), coincidiendo con un incremento de las remesas familiares, la obtención de tasas de crecimiento arriba del 6% (hasta 1995) y la privatización de diversas empresas estatales.
Es difícil establecer cuáles son las posibles causas de la reciente reducción de la pobreza; sin embargo, existen importantes razones para pensar que ello no se debe al desempeño de la economía, sino más bien a las remesas y a la metodología de cálculo de la pobreza. Anteriormente se han hecho diversas críticas al cálculo de la pobreza, a raíz de la definición de la canasta básica (Proceso, 531) y de la inclusión de las remesas familiares dentro de los ingresos de las familias (Proceso, 635); para 1997 persisten aún dudas sobre el dato de la pobreza manejado por las instancias gubernamentales encargadas de estadísticas y censos.
Los niveles de pobreza extrema y de pobreza relativa se calculan definiendo el valor de la canasta de alimentos y la canasta básica ampliada como umbrales de pobreza, respectivamente; luego, estos valores se comparan con los ingresos de los hogares y se determina cuáles hogares no pasan el umbral. A pesar del carácter estratégico de estos umbrales, los valores asumidos por el gobierno para el cálculo de la pobreza resultan extremadamente bajos, incluso para los mismos datos de instancias gubernamentales.
Por un lado, la División de Información Social (DIS) de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) asume que para 1997 "el costo de la Canasta Básica Ampliada [es] de 2,498 colones para el área urbana y 1,947 colones para el área rural"; mientras que el "de la Canasta Básica Alimentaria en 1997 fue de 1,249 colones para el área urbana y 973 para el área rural". Paradójicamente, el mismo DIGESTYC presenta, en su publicación Indice de Precios al Consumidor (IPC), una cifra muy diferente a la citada en el párrafo anterior. De acuerdo al IPC, para diciembre de 1992 se estimaba que el gasto base estaba cercano a los 1,313.38 colones para el rubro de "Alimentos, bebidas y tabaco", y de 3,160.39 colones para el total de rubros del IPC que incluye, además de alimentos, vivienda, vestuario y servicios relacionados y misceláneos. Esto implica que, aun para 1992, los datos utilizados para calcular la pobreza en 1997 resultaban subestimados.
Si utilizamos los índices de precios calculados por la DIGESTYC para diciembre de 1997 y los aplicamos al gasto base recién reseñado, obtenemos cifras muy superiores a las utilizadas para calcular la pobreza. Para diciembre de 1997, el IPC se habría incrementado en un 48.8% en relación a diciembre de 1992 y ello indicaría que para adquirir la canasta ampliada se habrían necesitado un total de 4,701 colones. Los precios de los bienes del rubro alimentos, por otra parte, experimentaron un incremento de 59.47%, lo cual implica que se necesitan cerca de 2,094.4 colones para adquirir la canasta de alimentos.
Las diferencias entre las cifras utilizadas por el DIS y el IPC son abismales, aun al considerar el estimado más alto, es decir, el del área urbana. El precio de la canasta de alimentos calculado por el DIS representa sólo un 59.6% del presentado en el IPC, mientras que el de la canasta ampliada representa solamente un 53.1%. Así, los valores de las canastas utilizados para calcular la pobreza extrema y relativa estarían subvalorados entre un 40% y 47% e, inevitablemente, los niveles de pobreza entonces estarían subestimados en una muy considerable proporción, tal como lo demuestra hasta el ejercicio más sencillo.
Si asumimos que la canasta básica de alimentos para 1997 alcanzó un valor de 2,094 colones y aceptamos los datos de las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples del DIS, que señalan que por arriba de 2,000 colones de ingreso se encuentran un total de 654,161 hogares, los cuales serían los únicos que superaban el umbral de la pobreza extrema —siendo que el total de hogares fue de 1,265,365—, tendríamos un 51.7% de hogares que no están en pobreza extrema y un 48.3% que sí lo está.
La pobreza relativa es más difícil de calcular debido a que las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples tienen como tramo mayor de ingreso el rango de 3,000 colones y más, lo cual no permite discriminar aquellos hogares con ingresos menores a la canasta ampliada según el DIS (4,701 colones). Con todo, aun asumiendo que el costo de la canasta ampliada hubiera sido de sólo 3000 colones en 1997, es claro que los niveles de pobreza relativa fácilmente estarían arriba de un 65%. Si consideramos que los hogares con ingresos entre 2,000 (aproximadamente el valor de la canasta de alimentos) y 3,000 colones son 221,666, tendríamos que un 17.5% de los hogares estarían en situación de pobreza relativa. Evidentemente, este estimado podría ser mayor si se contara con el dato del número hogares con ingresos menores a los 4,701 colones.
Aun así, esto provoca un fuerte contraste entre las cifras de pobreza calculadas con dos diferentes datos de la misma institución gubernamental. De acuerdo a los datos obtenidos del IPC, puede establecerse que un 65.8% de los hogares de El Salvador es pobre y sólo un 34.2% de los hogares no lo es.
De cara a esta evidencia cabe reflexionar sobre la posibilidad de la subestimación del cálculo de la pobreza, especialmente frente a la contracción de la actividad del sector agropecuario, al estancamiento de los salarios mínimos y al mayor ritmo de crecimiento en los precios de los alimentos.
Las cifras de pobreza que presenta el gobierno no son confiables, pues subvaloran ampliamente los valores de las canastas ampliada y de alimentos. Por lo mismo, tampoco puede afirmarse que los resultados del funcionamiento económico son satisfactorios en tanto que continúan mostrando el sempiterno problema de la casi generalizada insatisfacción de las necesidades básicas en el país.
Pobreza y líneas de pobreza
(Total del país, colones y porcentajes)
Líneas de pobreza (¢)
* Calculado en base a datos de la DIS
** Calculado en base a datos del IPC
Fuente: Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples. Varios números.
No ha sido extraño en los últimos meses leer titulares de prensa referentes a la explotación infantil. Los arrestos de personas que se dedican a esta actividad han estado a la orden del día. Se trata, por ejemplo, de redes de traficantes de niños que los venden a personas que los emplean en el servicio doméstico, los utilizan para pedir dinero en las calles o los integran a centros de prostitución. Un caso reciente tuvo que ver con el arresto de una anciana de 61 años, acusada de obligar a pedir limosna en la calle a un niño de 11 años y una niña de 8, quienes se encontraban bajo su tutela.
Otro caso fue el rescate de 15 niños explotados, realizado el 20 de enero. Al parecer, estos menores de nacionalidad hondureña se encontraban bajo la potestad de "supuestas madres", las cuales no presentaron documentos para comprobar el parentesco. El Instituto Salvadoreño de Protección al Menor (ISPM) inició inmediatamente los trámites para la deportación de los niños, pues las mujeres no los reclamaron. Este hecho sacó a luz pública un red de explotación de 25 personas, 23 de origen hondureño y 2 nicaragüenses, que obligaba a menores a vender fruta o a pedir dinero en las calles y autobuses. Según las evidencias, los niños eran maltratados si no aportaban al menos 50 colones diarios.
Es importante aclarar que, aunque el trabajo infantil no siempre es explotación, en la mayoría de ocasiones ambos están relacionados. Ahora bien, la presencia del tema en el debate público es cada vez mayor. No se conocen con exactitud tendencias hacia la disminución o aumento de este fenómeno, pero, actualmente, en el mundo existen casi 300 millones de niños que trabajan, pobres casi en su totalidad. De estos, según estima la Organización Mundial del Trabajo (OIT), más de 20 millones se encuentran en América Latina.
Particularmente, en El Salvador el trabajo infantil es inocultable. Basta pasearse por las calles para presenciar la dura realidad que viven muchos niños y niñas salvadoreños. La Fundación de Estudios para la Ampliación del Derecho reveló que, en 1995, de 773,910 niños registrados, más de la mitad (479,689) eran económicamente activos, destacándose aquellos que oscilaban entre los 10 y los 12 años de edad, aunque se sabe que hay niños de menor edad laborando. Sin lugar a dudas, esta cifra ha aumentado considerablemente en la actualidad.
Y es que la dificultad de completar el presupuesto familiar se agudiza con el crecimiento de la pobreza. Es decir, cuando dentro de la familia el ingreso económico es insuficiente, todos o casi todos sus miembros deben trabajar, cargando así los hijos menores con la responsabilidad de aportar al sustento diario familiar. Esta es sólo una de varias razones por las que los menores se ven obligados a trabajar, pero también inciden otros factores. En no pocas ocasiones, los niños están bajo la autoridad de un familiar de segundo o tercer grado o de alguien que simplemente los tiene bajo su control, en base a amenazas y atropellos físicos y mentales, aprovechándose de ellos para obtener dinero.
Ya desde los 4 años de edad, miles de niños deben aprender un oficio o una forma de conseguir dinero: lavando carros, vendiendo periódicos, lanzando fuego, manufacturando productos, cargando bolsas en el supermercado, efectuando trabajos domésticos en casas ajenas o, en los peores casos, trabajando en la industria de la prostitución. La condición de los niños campesinos es, por diversas razones, distinta que la de los niños pobres de la ciudad. Sus labores nunca, o casi nunca, son remuneradas, pues generalmente trabajan para la familia y su esfuerzo se paga con techo y comida. Las niñas deben colaborar con las tareas domésticas y los niños con aquellas actividades relacionadas con la producción y obtención de alimentos.
Pero independientemente de la condición en la que se dé la explotación infantil, los resultados son los mismos: los niños no gozan plenamente de sus derechos como humanos y como menores. En esto radica, básicamente, la gravedad del problema. Un niño que trabaja difícilmente tiene la oportunidad de estudiar, de divertirse y de aprender habilidades distintas a las de la mera sobrevivencia. El trabajo los expone a peligros laborales y sociales, además de que acentúa la desnutrición, el analfabetismo y la propensión a sufrir enfermedades. Por otra parte, el trabajo infantil provoca que los niños sean altamente precoces. La infancia se les agota con mucha mayor rapidez, por lo que llegan a comportarse como pequeños adultos. Los niños trabajadores aprenden a defenderse de los peligros de la calle de una forma dura y realista. Su actitud ante los demás es casi siempre defensiva, para protegerse y proteger lo suyo. No pocos de estos niños se acomodan a este ritmo de vida, "prefiriéndolo" a otras alternativas menos duras de vida.
Anteriormente se mencionó que los motivos por los que los menores trabajan varían según la situación familiar y social en que se encuentran. Pero lo que no cambia es que ellos tienen escasas posibilidades de elegir una vida distinta, ya que, cuando no están abandonados a su suerte, están bajo el mando de unos padres, familiares o tutores que los someten, por lo que su situación difícilmente puede cambiar. Tomando en cuenta la gran cantidad de niños que trabaja, abolir esta situación es casi imposible, más aún si se toma en cuenta que para muchas familias pobres el aporte económico de los niños es necesario, pues complementa el ingreso familiar.
Por ahora, sólo puede aspirarse a cambiar las condiciones en las que el trabajo infantil se lleva a cabo. La Convención de los Derechos de la Niñez, en su artículo 32, expone que "los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra toda explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social".
Ciertamente, por todo lo que antes se expuso, esta normativa está lejos de ser aplicable en una país como El Salvador. No obstante, existen en la legislación salvadoreña artículos de diferentes leyes que regulan y establecen las relaciones entre los menores y el trabajo. Por ejemplo, el artículo 38, numeral 10 de la Constitución Política, dice que los niños menores de 14 años no pueden trabajar, salvo cuando se considere indispensable para la subsistencia de los mismos o de su familia. El artículo 378 del Código de Trabajo afirma que "el menor puede trabajar de forma independiente sin sujeción a una relación laboral sólo con la autorización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social".
En general, el Código de Trabajo contiene varios artículos referentes a atención médica, capacitación laboral, tipos de empleo respecto a las edades, labores peligrosas e insalubres, y jornadas laborales. Sin embargo, persisten aún importantes vacíos legales, pues las sanciones contra los explotadores de menores no están contempladas en la leyes penales del país. Una buena alternativa a este vacío es continuar con el rescate de los menores (especialmente de aquellos que se encuentran en la peores condiciones) y la investigación de los casos de explotación infantil, tal como en los últimos meses se ha hecho. Pero, ante todo, es necesario velar por el cuidado y la salud de estos niños. Para ello, las autoridades pertinentes (el Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño de Protección al menor, el Ministerio de Trabajo y Previsión social, entre otras) deben de jugar el rol decidido y efectivo que merece tan grave problema.
Avanza el monitoreo en las maquilas
Hace unos días se llevó a cabo en nuestro país un encuentro entre personas e instituciones del Caribe y Centroamérica que realizan esfuerzos, desde hace algunos años, para lograr más puestos de trabajo en condiciones dignas dentro de la maquila. Dos de las participaciones presentadas alrededor de las experiencias salvadoreña y nicaragüense, son las que a continuación ofrecemos para su conocimiento más amplio.
1. El monitoreo independiente en Mandarin International (El Salvador, 1998)
Este esfuerzo comenzó con la firma del acuerdo del 22 de marzo de 1996, mediante el cual la empresa accedió recontratar a los y las trabajadoras despedidas en 1995, empezando por la dirigencia sindical. Además, la fábrica se comprometió a aceptar y facilitar el monitoreo independiente por parte de varias instituciones sociales reunidas en el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES). El convenio se logró luego de una campaña desarrollada dentro y fuera del país, para involucrar a la firma GAP —que era la "cliente" más importante de la fábrica en ese momento— en la búsqueda de una solución justa a los problemas dentro de Mandarin.
A casi tres años de iniciada esa experiencia, se han cumplido los dos primeros puntos del acuerdo. Las y los directivos sindicales que quisieron volver a Mandarin, lo hicieron; luego se recontrataron 75 personas despedidas en 1995. Se reactivó el Sindicato de Empresa Trabajadores Mandarin International (SETMI), que se encontraba "acéfalo"; además, no se han escuchado nuevas denuncias sobre incumplimientos a las leyes laborales del país o al código de conducta de GAP. Hasta junio de 1998, tal como lo manifiestan los y las trabajadoras en los sondeos de opinión realizados fuera de las instalaciones de la fábrica, el GMIES no ha detectado violaciones a lo establecido dentro de esas normas en lo relativo a edades del personal, inscripción en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y trato recibido.
En esas muestras, el personal entrevistado afirma que reciben los pagos de salario legalmente fijado, las horas extras no son obligatorias, el acceso a los baños no está restringido y no les niegan los permisos para ir a pasar consulta en el ISSS. El 74% sostiene que la situación en Mandarin es mejor que en otras empresas maquiladoras; el resto dijo que era igual, pero no se encontró un solo caso en el que se manifestara que era peor. Cabe decir, también, que se han logrado algunos acuerdos importantes con la empresa. Por ejemplo: ya no se exija la presentación de pruebas de embarazo a las trabajadoras para ingresar a laborar; de igual forma, se ha establecido un procedimiento para despidos de personal que permite al GMIES verificar el cumplimiento de la normativa legal y lo señalado en el documento de GAP.
Lo relativo a la libertad de organización sindical es, aún, uno de los pocos aspectos que deben mejorar en la empresa. Cerca del 20% del personal respondió en la encuesta que, a su criterio, podía ser amonestado o despedido por pertenecer a un sindicato; otro 20% ni siquiera quiso contestar a la pregunta que se planteó alrededor de este punto. Lógicamente, estos resultados indican claramente que todavía existe bastante temor a la participación organizada entre el personal de planta de Mandarin.
Después del conflicto y hasta ahora, en la fábrica coexisten dos sindicatos: la Asociación de Trabajadores de la Empresa Mandarin International (ATEMISA), formada a instancias de la empresa con trabajadoras que no fueron despedidas en 1995; ésta es la mayor agrupación. SETMI, por su parte, es el sindicato que descabezado en 1995; pese a que algunos de sus dirigentes y miembros retornaron a la fábrica en cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo de marzo de 1996, el número de sus afiliados es bastante menor que el de ATEMISA.
Durante el segundo semestre de 1998, en Mandarin International se inició una "reingeniería" para mejorar la calidad y la eficiencia productivas. Algunas de las medidas impulsadas generaron incertidumbre e inseguridad entre el personal; pero, tras varias reuniones entre las dirigencias de SETMI y ATEMISA con la gerencia de la empresa, se lograron acuerdos para solventar la situación. El GMIES vigiló de cerca este particular proceso y colaboró mediando entre las partes, a solicitud de las mismas.
Como ya se señaló, el trabajo que el GMIES ha realizado hasta la fecha busca alcanzar un objetivo fundamental: verificar que la empresa —en su relación con los y las trabajadoras— cumpla con lo establecido en la legislación nacional y en el código de conducta de GAP. Para ello, se realizan visitas a la fábrica, anunciadas o no; se hacen entrevistas y encuestas con las trabajadoras y lideres sindicales, así como con la gerencia; y se da seguimiento a los procesos y mecanismos de comunicación establecidos. En caso de ubicar anomalías o situaciones que puedan generarlas, éstas se reportan directamente a las partes involucradas para que se tomen las medidas del caso. De no corregirse, se transmiten a GAP para que tome cartas en el asunto; si no se logra ningún avance por esta vía, queda abierta la posibilidad de publicitarlas. A la fecha, desde el acuerdo de 1996, no se ha utilizado la última opción pues los inconvenientes surgidos se han resuelto antes.
El Grupo se manifiesta y es independiente de las partes involucradas directamente en el proceso; es decir: de los sindicatos, la gerencia y la compañía transnacional cuyo código se está verificando. Eso significa, en primer lugar, que sus decisiones y mecanismos de trabajo son definidos por el mismo GMIES; en segundo término, el Grupo tampoco tiene posibilidades de incidencia en las acciones que las partes decidan impulsar dentro del marco de la legal, los códigos de conducta y los acuerdos logrados.
Es importante destacar que el alcance de este esfuerzo está limitado al marco normativo tantas veces citado; sin embargo, el mejoramiento sustancial de ciertas condiciones de trabajo más allá de él. Así, pues, en ese terreno los avances dependen de las negociaciones y los acuerdos entre personal y gerencia; si bien el GMIES puede apoyar, mediar o facilitar dichos acuerdos, se reconoce que lo que se pueda hacer en este renglón está básicamente en manos de las partes. En resumen, el trabajo realizado desde la firma del acuerdo de marzo de 1996 puede calificarse como satisfactorio, en tanto que ha permitido verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Todo ello, ha arrojado un resultado global: la sensible mejora en las condiciones de trabajo dentro de la fábrica.
A la fecha, únicamente se ha logrado realizar monitoreo en una de las fábricas maquiladoras que operan en el país y no ha sido posible extenderse a otras. Básicamente, eso tiene que ver con la renuencia de las empresas; sin embargo, en la actualidad se está negociando la posibilidad de monitorear el funcionamiento de maquilas que cosen para Adidas y Liz Clairborne. No obstante, lo logrado es una clara muestra de que el monitoreo es un mecanismo que puede contribuir: a mejorar las condiciones de trabajo dentro de estas empresas, a generar más empleos y a garantizar la estabilidad para todos los actores involucrados desde sus distintos ámbitos específicos. Mandarin International es una empresa que se encuentra en mejor situación que sus vecinas y las dos organizaciones laborales a su interior son de los pocos esfuerzos en esa línea que existen dentro del mundo maquilero salvadoreño.
2. Situación en la Zona Franca nicaragüense (Por Bayardo Izabá Soliz, CENIDH)
En las empresas maquiladoras de la Zona Franca, el 30% de trabajadores son mujeres. Por la alta concentración de personas que se da en las instalaciones de estas empresas, éstas se han convertido en centros donde los trabajadores debaten sobre sus propias condiciones laborales, la explotación a la que se les somete y la violación a sus derechos laborales y humanos.
La organización Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas "María Elena Cuadra" se ha destacado en la labor de concientización entre las trabajadoras, logrando desarrollar importantes actividades de capacitación y promocionando la participación de las mujeres en la lucha sindical en defensa de sus derechos y en la búsqueda de posiciones de liderazgo. Fue por la presión de este movimiento que el 23 de enero el ministro del Trabajo firmó una resolución acerca del trabajo de las mujeres en las empresas de la Zona Franca. La resolución, en realidad, no les reconoce nuevos derechos y sólo retoma algunos artículos del Código del Trabajo que ya las protegían. La aprobación de tal resolución podría interpretarse como una aceptación de que se violentan los derechos laborales de las mujeres en esas zonas y podría servir de instrumento de presión en favor de las mismas.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) considera que, en relación a años anteriores, en 1998 hubo mayor estabilidad socio-laboral en la Zona Franca. Sólo conocimos de la huelga de Chentex y de paros de pocas horas en algunas líneas de ensamblaje, en esta misma empresa y en algunas otras. Sin embargo, y a pesar de la resolución del Ministerio de Trabajo (MITRAB), se mantienen con mucha frecuencia los despidos de trabajadoras embarazadas, autorizados por la Inspectoría del Trabajo, y ya se volvió rutina que estas empresas paguen en cuotas la indemnización por años de servicio a las trabajadoras despedidas o que renuncian.
Una huelga muy beligerante y sin precedentes en el país fue la que realizaron en dos ocasiones este año el 100% de los 1,800 trabajadores de la empresa maquiladora Chentex, en reclamo por el despido de 90 trabajadores que habían promovido la organización de un sindicato en la empresa. Se confirmó extraoficialmente que "funcionarios" del MITRAB hablan pasado a la empresa la lista de trabajadores sindicalizados para que fueran despedidos. El CENIDH fue informado de que cuatro ex-inspectores de la oficina del MITRAB en la Zona Franca fueron contratados por empresas de la Zona.
El CENIDH estuvo presente en las negociaciones que, apresuradamente, propició el Inspector General del Trabajo, quien asumió en la práctica la representación de los empleadores, llegando al extremo de pretender sorprender a los dirigentes sindicales para que firmaran un documento en el que admitían que la huelga era "ilegal".
Se calcula que en Nicaragua operan 30 maquiladoras: 23 en Managua, 1 en León, 1 en Granada y varias procesadoras de tabaco en Estelí. Laboran en total en estas empresas más de 20 mil trabajadores, cifra que se incrementará en el futuro con la apertura de zonas francas en Chinandega, Corinto y Los Brasiles, lugares elegidos por su accesibilidad y cercanía a puertos para la exportación de la producción. El gobierno esperaba que en 1998 el volumen de exportación de las empresas maquiladoras significara más de 200 millones de dólares. Al cierre de este informe existían en las maquiladoras 8 sindicatos, 3 de ellos afiliados a la Central de Trabajadores de Nicaragua autónoma (en las empresas Chentex, Nieh Sing y Shi Sing), 4 afiliados a la Federación Textil de la Confederación Sandinista (en las empresas Chentex, Fortex, Jem III y un sindicato de hecho en ECCO), y 1 sindicato afiliado a la Confederación CAUS en la empresa Fortex. En dos de estas empresas se suscribieron convenios colectivos y se está negociando uno en la Nieh Sing. Los últimos sindicatos que fueron reprimidos y desaparecidos de estas empresas, fueron los de la Cupido Foundation y el de la empresa Mil Colores.
El salario mínimo en las empresas de la Zona Franca es de 700 córdobas (62 dólares), a lo que se suma el incentivo por antigüedad y por producción. Los trabajadores que laboran 32 horas extras quincenales llegan a ganar 2,600 córdobas mensuales, con lo que logran adquirir más del 100% de la canasta básica. Los sindicalistas consideran que el trabajo de la oficina de la Inspectoría del Trabajo en la Zona Franca ha mejorado, aunque existen cuestionamientos sobre la actitud de la funcionaria Martha Sánchez, quien ha manifestado que no quiere saber nada de sindicatos.
INVESTIGACIONES. Luego de un año y medio de investigaciones sin mayor resultado, la Fiscalía General de la República pidió, el 20.01, a la Policía Nacional Civil que reinicie las investigaciones en el caso de los secuestros de Andrés Suster, y Alberto Hill, entre otros. Según el Fiscal General, Manuel Córdoba Castellanos, "no hay pruebas suficientes" en el proceso actual. Asimismo, explicó que los sobreseimientos son provisionales, por lo que si hay nuevos elementos de prueba se retomará la acusación contra los sospechosos. Ante esta situación, el Ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, y el Director de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Avila, dijeron que la Fiscalía no ha mostrado voluntad para resolver el caso. Barrera argumentó que la policía "hizo un trabajo serio" en la investigación, por lo que culpó a la Fiscalía y al juez Primero de Instrucción, David Vidaurreta, de no dar seguimiento a las investigaciones. "Hay una gran cantidad de elementos que no han sido investigados adecuadamente", dijo (LPG 21.01 p.6).
CANDIDATOS. La última encuesta de La Prensa Gráfica-UNIMER reveló, el 24.01, que ARENA cuenta con 39.3% de preferencias por su candidato, Francisco Flores, contra un 17.3% del candidato del FMLN, Facundo Guardado. Diferentes han sido los resultados del simulacro de votación realizado, el 20.01, por la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo Gallup Latinoamérica, que reflejó que el candidato de ARENA cuenta con el 36% de preferencias, mientras que el FMLN cuenta con el 14%. Un punto en el que las encuestas coinciden es que más del 75% de la población quiere que se lleve a cabo un debate entre ambos candidatos, en el que se aborden los temas de desempleo y delincuencia. Al respecto, Francisco Flores ha puesto varias condiciones para asistir a un debate: concluir la presentación de su Plan de Gobierno, que la segunda fuerza haga lo mismo y que se defina la segunda fuerza, pues, según sus palabras, no pretende gastar energías con partidos que no tiene probabilidades reales de ganar. Por su parte, Facundo Guardado dijo que estar dispuesto a debatir con Flores en cualquier momento. "Ahora él tiene la solución para todo. Para los problemas de la niñez, la salud, la educación, la delincuencia, el agua, para todo tiene solución, pero ellos [el partido ARENA] han gobernado durante 10 años", cuestionó Guardado (EDH 21.01 p.2 ; LPG 25.01 p16 y 19).
SOBORNOS. Ante la presunta existencia de sobornos dentro de la Asamblea Legislativa para comprar votos y aprobar algunas leyes, el Fiscal General la República, Manuel Córdoba Castellanos, pidió a los diputados y demás funcionarios que presenten pruebas contundentes cuando sean citados a declarar en el Ministerio Público. Las investigaciones en torno a los supuestos sobornos iniciaron el pasado diciembre, cuando los diputados Dagoberto Marroquín y Roberto Serrano afirmaron que en el Congreso se ofrecía dinero a cambio de votos. Córdoba pidió a los diputados que cuando comparezcan ante la Fiscalía sean claros y concisos en sus declaraciones, dando los nombres de los diputados sobornados y las sumas que les ofrecieron. Además informó que el primer diputado en declarar fue Roberto Serrano, de la Unión Social Cristiana (USC), quien compareció, el 22.01, ante la Unidad Jurídica de la Fiscalía. En la reunión, Serrano presentó documentos y recortes que, al parecer, prueban que en 1995 se "compraron voluntades" para lograr aprobar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). No obstante, se rehusó a especificar nombres y demás información del caso. "He cumplido con mi obligación de ciudadano de declarar lo que conozco", afirmó. Los siguientes citados a declarar serán Marroquín y el magistrado de la Corte de Cuentas de la República, Alfredo Arbizú Mata (DH 23.01 p.14).
OFERTAS. El FMLN presentó, el 24.01, su oferta electoral al sector campesino. La fórmula presidencial del partido firmó un acuerdo de 15 puntos con organizaciones indígenas y campesinas. Entre otras cosas, el candidato presidencial, Facundo Guardado, les ofreció apoyo crediticio a través de una banca de desarrollo. "Los fondos del Estado no estarán colocados en la banca privada, sino que buscarán impulsar la banca de desarrollo del país", explicó Guardado. Por su parte, los candidatos del PCN también expusieron su "Plan de Bienestar" a los pobladores de Cojutepeque. "El PCN propone desarrollar un Plan de Bienestar para todos que incluye el combate a la delincuencia, la reactivación del agro, el combate a la corrupción, atención a la educación y a la salud", dijo el candidato vicepresidencial del partido, Julio Moreno Niños. "Los pecenistas sólo hacemos promesas que podemos cumplir", aseguró. La campaña proselitista del PCN ha sido bastante pobre. De hecho, según dijo Julio Menjívar, gerente de campaña, el PCN espera invertir no más de nueve millones de colones en ella. Al parecer, parte del dinero destinado a la publicidad será donado a los damnificados del huracán "Mitch". Menjívar explicó que la reducción del presupuesto publicitario es responsable de la pequeña presencia de su partido en los medios masivos de comunicación (DH 22.01 p.8 y LPG 25.01 p.16).
CA-4. Luego de que el gobierno de Guatemala decidiera, el 20.01, mantener las restricciones migratorias al documento conocido como CA-4 (este permite el ingreso y libre movilidad por el istmo de ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua sin necesidad de pasaporte), el canciller salvadoreño, Ramón González Giner, sentenció que "se pagará con la misma moneda a la actitud unilateral de limitar el ingreso al país". Agregó que El Salvador desea arreglar el problema por medio del dialogo, pero, de fracasar este recurso, se restringirá el ingreso de guatemaltecos a El Salvador. El Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Eduardo Stein, ha dicho que "de momento no se tienen intenciones de eliminar la medida". El día 23, los presidentes de Nicaragua y El Salvador, Arnoldo Alemán y Armando Calderón Sol, respectivamente, coincidieron en la necesidad de reunirse con su homólogo de Guatemala para poner fin a las restricciones migratorias. "Lo vemos como un retroceso a la integración, lo hemos lamentado", dijo Calderón Sol. Al parecer, la situación ha llevado a que los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa realicen una visita a los congresos de Honduras y Guatemala para obtener una posición común. Luego, según informaron, se reunirán con el parlamento guatemalteco para llegar a un acuerdo sobre el tema (DH 22.01 p.6; 24.01 p.10; 26.01 p.10).
CNJ. Los diputados de la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa dijeron, el 25.01, tener listo el proyecto de ley que permitirá otorgar independencia al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Con ello el CNJ podrá actuar con independencia de las decisiones del poder judicial, convirtiéndose así en una persona jurídica con todas las atribuciones y con presupuesto propio. Algunos de los cambios que el Consejo experimentará será la reducción del número de consejeros de 11 a 7 miembros; y que el gremio de jueces contará con un solo representante. Entre las atribuciones que competen al Consejo están la de presentar las ternas para los puestos judiciales y de magistrados de segunda instancia. Asimismo, el CNJ presentará a la Asamblea candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otras cosas. Para llegar a estos acuerdos, la Asamblea consultó a las instituciones relacionadas con la administración judicial. Según dijo el diputado Abraham Rodríguez, esta "es una ley totalmente consultada". No obstante, un grupo de jueces introdujo en la Asamblea una pieza de correspondencia que mostraba su descontento respecto a la decisión de tener un solo representante. Ellos solicitan 3 plazas dentro del Consejo, aduciendo que ellos "conocen mejor las necesidades de la administración de justicia" (DH 26.01 p.8).

References: artículo 32
 artículo 38
 artículo 378
 resolución 
 resolución 
 resolución