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Timestamp: 2019-08-17 17:18:14+00:00

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Todo lo que te gustaría saber sobre las cláusulas suelo y no sabías donde encontrar - jc chaverri
O que no saben lo que es una cláusula suelo. Pues es algo parecido a esto:
Lo que tenemos que tener muy claro, todo el mundo, es que esto ha cambiado. Por una vez la justicia se ha posicionado claramente del lado del consumidor hablando de las condiciones generales de contratación, de la forma de contratar con los consumidores y de los contratos de adhesión, en los que hay una parte fuerte (el banco) y una parte débil (el consumidor), y se ha establecido un derecho protector (y así lo ha querido la Unión Europea) hacía la parte más débil.
La sentencia 241/2013 del Tribunal Supremo en España, de 9 de mayo de 2013, declaró nulas, por falta de transparencia, la inmensa mayoría de las cláusulas suelo, recordando que “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado de forma reiterada que el sistema de protección que establece la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional (La entidad bancaria), en lo referido tanto a la capacidad de negociación como a nivel de información, situación que le lleva (en el caso de los préstamos hipotecarios) a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de estas”.
Y esta misma directiva europea, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, dispone que “los estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas”.
El estudio detallado de las cláusulas suelo lleva a concluir que “las cláusulas analizadas superan el control de transparencia a efectos de su inclusión como condición general en los contratos, pero no el de claridad exigible en las cláusulas -generales o particulares- de los contratos suscritos con consumidores”. Es decir, las cláusulas suelo son lícitas si son negociadas entre iguales, pero en un contrato entre un profesional (el banco) y un consumidor se necesita un doble control de transparencia, no solo que la cláusula sea clara, se vea perfectamente en el contrato o haya sido leída por un notario, sino que además el consumidor la entienda, sepa lo que significa esa cláusula o el impacto que supondría en su economía de llegar a tener que aplicarse esa cláusula en el futuro. Según el Tribunal Supremo no se cumplía la exigencia de transparencia material, en la medida en que las entidades bancarias no habían facilitado tal información a los consumidores en el momento de la celebración de los contratos de préstamo que contenían una cláusula suelo.
“El Tribunal Supremo declaró la nulidad de esas cláusulas suelo en razón de su falta de transparencia derivada de la insuficiente información facilitada a los prestatarios en cuanto a las consecuencias concretas de la aplicación de las mismas en la práctica”
También dice el TS que “lo elevado del suelo que se establecía hacía previsible para el prestamista (el banco) que las oscilaciones a la baja del índice de referencia no repercutirían de forma sensible en el coste del préstamo -recordemos que el BE indica que “estas cláusulas se calculaban para que no implicasen cambios significativos en dichas cuotas” -, de forma que el contrato de préstamo, teóricamente a interés variable, se convierte en un préstamo a interés fijo variable exclusivamente al alza”.
Evidentemente, si se firmaba una hipoteca a un 3,50 % de interés, con un suelo del 3% y un techo del 12 %, había poco margen de bajada y casi infinito de subida.
“En definitiva, las cláusulas analizadas no son transparentes ya que:
e) En el caso de las utilizadas en el BBVA (y podría ser extendido este criterio al resto de entidades), se ubican entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor”.
Sobre los requisitos de las cláusulas abusivas:
“Que una cláusula sea clara y comprensible no supone que sea equilibrada y que beneficie al consumidor”
“En particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor”
“Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato”. A su vez el artículo 82.1 TRLCU dispone que “se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.
El análisis de las normas transcritas permite concluir que constituyen requisitos para considerar abusivas las cláusulas no negociadas los siguientes requisitos:
Con respecto a la subsistencia de los contratos
“La nulidad de las cláusulas suelo no comporta la nulidad de los contratos en los que se insertan, ya que la declaración de nulidad de alguna de sus cláusulas no supone la imposibilidad de su subsistencia”.
“Lo razonado aboca a las siguientes conclusiones: a) Procede condenar a las demandadas a eliminar de sus contratos las cláusulas examinadas en la forma y modo en la que se utilizan. b) Igualmente procede condenar a las demandadas a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo en la forma y modo en la que se utilizan. c) Los contratos en vigor, seguirán siendo obligatorios para las partes en los mismos términos sin las cláusulas abusivas”
Finalmente la sentencia del Tribunal Supremo, con fundamento en el principio de seguridad jurídica, limitó la eficacia temporal de su sentencia y dispuso que esta solo surtirá efectos a partir de la fecha de su publicación, declarando que la nulidad de las cláusulas suelo controvertidas no afectaría a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados antes del 9 de mayo de 2013, de manera que tan solo deberían restituirse las cantidades indebidamente pagadas, sobre la base de tales cláusulas, con posterioridad a aquella fecha, y por lo tanto los efectos de la nulidad de la cláusula suelo solo deben aplicarse a partir de la fecha de la sentencia, es decir, el 9 de mayo de 2013.
Los bancos mueven ficha
Con este escenario, declarando el Tribunal Supremo que la cláusula suelo es abusiva pero no ilegal, y limitando la posibilidad de los ciudadanos de reclamar más allá del 9 de mayo de 2013, los departamentos jurídicos de los bancos, viendo la que se les venía encima, ya que al final la cláusula suelo era declarada nula, empezaron una carrera para limitar todavía más los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo, con dos tipos de acciones: por un lado empezaron a provisionar cada año un buen puñado de millones para cubrir los posibles efectos de las demandas judiciales que perdían en los juzgados, y por otro lado empezaron a llamar a miles y miles de sus clientes para conseguir acuerdos de novación de los préstamos, con pequeñas rebajas en la cláusula suelo a modo de caramelo para sus clientes, haciéndoles firmar acuerdos de novación e incluso, en una maniobra rocambolesca, hacerles firmar de su puño y letra que conocían de la existencia de la cláusula suelo y que les encantaba que se mantuviera en el contrato para siempre. Además, el acuerdo de novación incluía la renuncia a ejercitar cualquier tipo de reclamación o acción judicial. De esta manera miles de consumidores aceptaban una ligera mejora, algo es algo, y se tragaban la cláusula suelo para siempre. Un caramelo muy amargo.
Sin embargo, la cláusula suelo seguía siendo abusiva. El Art 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de la Ley General para la defensa de los Consumidores dice que “las claúsulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas”. Y si estas claúsulas se tienen por no puestas, nada se puede negociar sobre estas claúsulas: ni modificar, ni novar, ni confirmar, ni ampliar…nada. Su nulidad determina su inexistencia, y, por tanto, estos documentos de novación no tienen validez de ningún tipo. Y eso es lo que están diciendo los jueces en los juzgados, como en la sentencia 180/2016, del Juzgado de Primera Instancia nº 18 de Zaragoza, en un mantra que se viene repitiendo en un montón de sentencias: “La convalidación de una claúsula radicalmente nula por nulidad absoluta, no meramente anulable, no produce efecto alguno”.
En esos acuerdos de novación se ha venido produciendo un vicio en el consentimiento y ahora la Unión Europea ha desplazado la carga de la prueba a la entidad bancaria, es decir, no sirve que el consumidor escriba de su puño y letra en un papelito que sabe de la existencia de la cláusula suelo, sino que el banco debe demostrar que el consumidor entiende la cláusula suelo y conoce el impacto que puede suponer en su economía.
La Sentencia de 21/12/2016 del TJUE
Finalmente, en una suerte de tormenta perfecta para los consumidores, la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016 no declaró la nulidad de todas las cláusulas suelo, sino la retroactividad total de estas condiciones hipotecarias, corrigiendo al Tribunal Supremo al establecer que las cláusulas suelo nulas se revocan desde su origen, y no solo desde el 5 de mayo de 2013:
“El Tribunal de Justicia es el único que puede decidir acerca de las limitaciones en el tiempo que hayan de aplicarse a la interpretación que él mismo haya hecho de una norma del Derecho de la Unión”
“Pues bien, la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, equivale a privar con carácter general a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria sobre la base de la cláusula suelo durante el período anterior al 9 de mayo de 2013”.
“De lo anterior se deduce que una jurisprudencia nacional ―como la plasmada en la sentencia de 9 de mayo de 2013― relativa a la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual, en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, sólo permite garantizar una protección limitada a los consumidores que hayan celebrado un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula suelo con anterioridad a la fecha del pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró dicho carácter abusivo. Así pues, tal protección resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula”.
Pero la sentencia del TJUE no solo corregía la retroactividad, sino que dejaba sentados principios de gran valor:
“Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional”
“La Directiva 93/13 impone a los Estados miembros la obligación de prever medios adecuados y eficaces «para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. Para lograr tal fin, incumbe al juez nacional, pura y simplemente, dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultado para modificar el contenido de la misma“
“El juez nacional debe apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que exista entre el consumidor y el profesional, desde el momento en que disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto. La plena eficacia de la protección conferida por la Directiva 93/13 exige que el juez nacional que haya apreciado de oficio el carácter abusivo de una cláusula pueda deducir todas las consecuencias de esa apreciación, sin esperar a que el consumidor, informado de sus derechos, presente una declaración por la que solicite que se anule dicha cláusula”
“El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar, en principio, que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula”
“De lo anterior se deduce que la obligación del juez nacional de dejar sin aplicación una cláusula contractual abusiva que imponga el pago de importes que resulten ser cantidades indebidamente pagadas genera, en principio, el correspondiente efecto restitutorio en relación con tales importes”
“El Tribunal Supremo determinó que la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo controvertidas no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados antes de la fecha en que se dictó la propia sentencia y que, por consiguiente, en virtud del principio de seguridad jurídica, los efectos derivados de tal declaración ―especialmente el derecho del consumidor a la restitución― quedaban limitados a las cantidades indebidamente pagadas a partir de aquella fecha. El Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 93/13. De ello se deduce que el Tribunal Supremo podía declarar legítimamente, en la sentencia de 9 de mayo de 2013, que esta última no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales anteriores con fuerza de cosa juzgada”
A partir del 21 de diciembre los acontecimientos empiezan a desbordar a las entidades bancarias. Ven como los tribunales están anulando sus acuerdos de novación y como la Unión Europea dice que el daño no se puede limitar, y que si toca devolver cantidades debe ser desde el origen, desde la firma de la escritura. Empiezan a recibir goles por todos los lados y, como los niños malcriados, en vez de apechugar lo que les toca amenazan con llevarse el balón a casa y que no haya partido, es decir, vamos a destrozar el mercado hipotecario, tendremos que dar hipotecas más caras, o no darlas, o con unas condiciones mucho más restrictivas…Da igual, ya no están haciendo: cobran comisiones hasta por ver el saldo de la cuenta y no te dan una hipoteca si no firmas que mataste a Manolete y contratas un seguro de vida que tienes que seguir pagando aunque te mueras. Evidentemente este último párrafo es broma, pero la realidad es peor todavía…
Y entonces llega el gobierno español, que quiere regular las devoluciones… ¿Ahora? Empieza a negociar el decreto con las entidades bancarias ¿Y los consumidores? Y varias semanas después se publica el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. ¿Protección de consumidores?
El decreto del gobierno modifica el concepto de consumidor de la Ley General de la defensa de los consumidores y usuarios, afectando solo a las personas físicas, y dejando fuera a las personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro, que también son consumidores según la ley. Les da un mes de tregua para que las entidades articulen procedimientos ágiles que les permitan la rápida resolución de las reclamaciones e implanten un sistema de reclamación previa a la interposición de demandas judiciales (y para qué sirven entonces los servicios de atención al cliente que tienen todas las entidades bancarias por ley), obliga a que sea el consumidor el que dé el primer paso para solicitar la devolución (pues igual que ahora) y da un plazo de 3 meses para resolver extrajudicialmente la reclamación previa a la interposición de la demanda judicial (cuando hasta ahora tenían que responder en un plazo de 2 meses). Y así, ¿Cuál es la mejora para el consumidor con respecto a la situación anterior al decreto?
Seguimos. El art. 4 del decreto dice que solo si se obtiene una sentencia más favorable a la oferta recibida por la entidad se impondrá la condena en costas al banco. Habrá que ver lo que opinan los jueces. Y además es casi imposible de que se cumpla, salvo en el caso de que el banco ofrezca más de lo que tendría que devolver, y en ese caso sería el cliente el que sería tonto por ir a juicio, porque además lo que te ofrece el banco en la reclamación previa siempre será menos de lo que te de la sentencia unos meses después, siempre que la hipoteca siga viva. Si has pagado tres meses más de hipoteca con cláusula suelo, serán tres meses más de intereses pagados de más… Entonces, este artículo 4 se queda en una simple amenaza.
Después se estipula la posibilidad de medidas compensatorias distintas a la devolución del efectivo, y da un miedo tremendo que las entidades tengan este margen de maniobra, conociendo como han tratado a sus clientes hasta ahora. Además, en un entorno de tipos de interés al 0% amortizar hipoteca no es lo más recomendable, y ningún producto financiero que te ofrezca el banco será más rentable que el consumidor, con el dinero en efectivo en su cuenta, haga lo que le venga en gana, pues el dinero es suyo.
Y luego está el tratamiento fiscal a las devoluciones satisfechas de más, de las que ya nos hemos ocupado en otro post. La cuestión es desincentivar al consumidor: Para qué reclamar las cantidades si luego vas a tener que volver a tributar por ellas…
Entonces, si las entidades no están obligadas a comunicar a todos sus clientes que tienen cláusula suelo y cuál sería el importe que les debería corresponder, si pueden atender o no la solicitud si creen que si cláusula suelo es legal, si tienen tres meses para paralizar la interposición de una demanda judicial, si les dejan intentar convencer a los clientes de compensar con otros productos o servicios bancarios el dinero en efectivo que tendrían que devolver sin más, este decreto ¿Protege a los consumidores o a las entidades bancarias? No doy premio por una respuesta tan sencilla.
En la disposición adicional tercera se habla de la gratuidad del procedimiento extrajudicial y de la reducción de los aranceles en caso de firmar con la entidad un nuevo acuerdo en escritura pública. Es una manera de decirle al consumidor que no hace falta que contrate un abogado, que el procedimiento es gratis y que si hay que pagar una escritura no será muy cara. Ja.
Por favor, que nadie firme nada que le ofrezca un banco sin estar asesorado, que pida la oferta por escrito y que deje que alguien más revise el documento, ya sea un abogado o un cuñado, porque si piensas que tu banco va a devolverte todo tu dinero sin tratar de engañarte es porque todavía crees en los Reyes Magos.
Las bancos están ofreciendo cosas como estas: Eliminación temporal de la cláusula suelo durante un par de años; eliminación definitiva de la cláusula suelo a cambio de aumentar el diferencial del Euribor (si tenías Euribor + 1% pasa a Euribor + 2,5%); eliminación definitiva de la cláusula suelo si contratas un seguro de vida o un seguro de protección de pagos; conversión de la hipoteca de interés variable a interés fijo, pero tan alto que es como continuar de por vida con la cláusula suelo; eliminar la cláusula suelo sin avisar o sin notificar por escrito para que dentro de un par de años vuelva a aplicarse al no tener ningún acuerdo firmado; ofrecer por el importe que te tienen que devolver acciones del banco, etc…
La cláusula suelo es nula, por abusiva, y desde la firma de la escritura, aunque se hayan realizado acuerdos de novación, en todos los casos en los que el banco haya firmado un contrato de préstamo con un consumidor.
“Son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial”
Solo en el caso de las empresas mercantiles en el ámbito de su actividad, las personas que trabajan en entidades bancarias, o personas que por su actividad profesional puedan conocer de estos asuntos, o que la entidad bancaria pueda demostrar que conocían perfectamente el impacto jurídico económico que supone una cláusula suelo, pueden tener algún problema en los tribunales.
Por ejemplo, un abogado que firma un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual puede eliminar su cláusula suelo como consumidor, pero si lo que adquiere es un despacho para su actividad profesional puede tener un revés judicial. La persona física que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional, que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos directa, ni indirectamente, a su actividad, es un consumidor. Así se dice en el Auto 83/2016, de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 6 de abril de 2016:
“Una persona física que ejerce la abogacía y celebra con un banco un contrato de crédito, sin que en él se precise el destino del crédito, puede considerarse «consumidor» con arreglo a la citada disposición cuando dicho contrato no esté vinculado a la actividad profesional del referido abogado”
Sin embargo, es posible que muchas personas jurídicas pueden ver como a lo largo de 2017 también se pronuncie el Tribunal Supremo o el TJUE a su favor, porque en las sentencias que han considerado abusivas las cláusulas suelo se hablaba solo de los consumidores, pero los motivos por los que las cláusulas suelo han sido declaradas nulas para los consumidores pueden ser también aplicables a las empresas, y de hecho ya hay bastantes sentencias fallando a favor de las sociedades mercantiles.
La situación actual es de un aluvión de demandas presentadas en los juzgados que van a colapsar los tribunales, impugnando casi 16 cláusulas diferentes de los préstamos hipotecarios, la cerrazón total de las entidades bancarias a devolver de una forma ágil y sencilla el dinero cobrado de más a sus clientes (salvo Bankia y BMN que son entidades nacionalizadas), y un variado ramillete de casuística jurídica pendiente de resolver en los tribunales.
¿Qué pasa en aquellos casos en los que el juez declaró la nulidad de la cláusula y la devolución de los intereses pagados de más desde el 9 de mayo de 2013? ¿Pueden pedir la devolución desde el origen? ¿Y tiene importancia si en la demanda se pidió solo desde el 9 de mayo de 2013 o si se pidieron las cantidades pagadas de más desde el origen del préstamo? ¿Y si se llegó a un acuerdo transaccional sin llegar a juicio? ¿Se puede ahora interponer una demanda por los gastos de formalización de la hipoteca después de haber ganado el juicio de las cláusulas suelo o ya no se puede interponer la demanda reclamando otra cláusula de la misma escritura?
En este sentido, el TJUE, en una sentencia muy reciente, de 26 de enero de 2017, declara:
Esto quiere decir que, si hemos discutido sobre cláusula suelo, con final feliz, podemos discutir en otro juicio sobre los gastos de formalización de la hipoteca, sobre los intereses de demora o sobre la cláusula de vencimiento anticipado de la misma escritura sobre la que hemos litigado por la cláusula suelo. Menudo bombazo.
Si has llegado hasta aquí realmente te interesa el asunto. Pero voy a enlazarte con un par de artículos y un video que merecen mucho la pena.
Para empezar el artículo Cláusula suelo: cómo y que reclamar, del abogado Juan Moreno Yague, que llevó a Rato al banquillo de los acusados y le disputó este fin de semana la secretaría general de Podemos al mismísimo Pablo Iglesias. El artículo no tiene desperdicio. Fue publicado en un blog el 19 de enero de 2017 y el propio autor anima a difundir el artículo: “Compartan que es importante que esto llegue a miles de personas, por favor”
Desde el otro lado de la barrera, de un abogado que defiende a la banca, el artículo Cláusulas suelo y cosa juzgada, de Ignacio Díez-Picazo, publicado en El Confidencial el 30/01/2017.
Y por último una joya. La conferencia coloquio que Enrique Sanjuán, el juez que llevó la cuestión de la retroactividad de las cláusulas suelo al Tribunal de Justicia de la UE, ofreció el pasado 3 de febrero de 2017 en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, donde da las claves de la situación actual del asunto y por donde piensan que van a ir las en el futuro.

References: artículo 82
 Real Decreto 
 artículo 6
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 artículo 4