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Timestamp: 2017-11-20 05:46:36+00:00

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DEFENSORES - Profesionales de la Justicia! - TRIBUNAL ORAL DE SANTIAGO. CONDENA POR EL CARGO DE AMENAZA NO CONDICIONAL:
Inicio Jurisprudencia Jurisprudencia V.I.F TRIBUNAL ORAL DE SANTIAGO. CONDENA POR EL CARGO DE AMENAZA NO CONDICIONAL:
(Que respecto a la concesión de alguno de los beneficios alternativos al cumplimiento de la pena, ha de estarse a lo que se resuelva luego de determinar esta.
Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 1, 5, 13, 15Nº1, 18, 21, 24, 30, 50, 68, 296 Nº3 del Código Penal; 1, 45, 46, 47, 166, 259, 281 y siguientes, 295, 296, 297, 298, 325 y siguientes, 338 y siguientes, y 484 del Código Procesal Penal, se declara:
I Que se condena a J.E.F.M., ya individualizado, a la pena de quinientos cuarenta días de presidio menor en su grado mínimo, más las accesorias de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa, en su carácter de autor de los delitos de amenazas de muerte no condicionales en contra de G.F.E. y R.E.P. y L., cometidos en esta ciudad el día 29 de julio de 2005.
II Que el sentenciado deberán cumplir íntegramente la pena corporal impuesta, por no reunirse a su respecto ninguno de los requisitos de la Ley 18.216, en específico las letras c) de los artículos 4º y 8º referentes a la remisión condicional de la pena y la reclusión nocturna, por cuanto de los antecedentes allegados al juicio, se desprende que de la conducta anterior del acusado, esto es, su incumplimiento de medidas precautorias y malos tratos reiterados a las ofendidas, así como posterior, en el sentido del revanchismo y ánimo de venganza que ha señalado tener respecto de su cónyuge, estas modalidades alternativas no serán suficientes para disuadirlo de cometer nuevos ilícitos.
A su turno, el informe presentencial allegado por la fiscalía como antecedente para la determinación de pena, no recomienda la libertad vigilada respecto de F.M..
En consecuencia, la pena privativa de libertad se contará a su respecto desde el día veintinueve de julio de dos mil cinco, fecha en la cual fue detenido y desde la que se encuentra ininterrumpidamente privado de libertad según expresa el auto de apertura remitido a este tribunal.
Ejecutoriada la presente sentencia, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, en relación con lo señalado en el artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales” (considerando 20°)).
Santiago, siete de febrero de dos mil seis.
VISTO, OIDO Y CONSIDERANDO
Primero: Que con fecha miércoles primero y jueves dos de febrero pasado, ante esta sala del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, se llevó a efecto la audiencia de juicio relativa al Rol Interno 10-2005, para conocer la acusación formulada por el Ministerio Público, representado por los fiscales adjuntos de Macul-Peñalolen Carmen Gloria Guevara Mendoza y Rodrigo Mena, contra J.E.F.M., cédula de identidad 8.469.302-2, domiciliado en Pasaje Chinchorro 2499, Población Santa Julia, comuna de Macul; acusado como autor de Amenazas de muerte no condicionales, previsto y sancionado en el artículo 296 Nº 3 del Código Penal.
La defensa del acusado estuvo a cargo de los defensores penales públicos Mario Sentís Moreno y Francisco Javier Alvarado.
Segundo: Que los hechos de la acusación, según auto de apertura de juicio oral consisten en que: “el día 29 de julio de 2005, en horas de la tarde, J.E.F.M., ya individualizado, en el domicilio ubicado en Pasaje Chinchorro 2499, comuna de Macul, sin motivo ni provocación alguna, comenzó a insultar con distintas groserías a su hija G de las MFM, para luego comenzar a amenazarla señalándole que la mandaría violar, y que la violaría él también, que sufriría por su hijo. Aproximadamente a las 19:00 horas, con un arma blanca, específicamente un cuchillo, la amenazó, señalándole “que la mataría a ella y a su hijo”, el menor D.M.DF de 5 meses de edad en aquella época. Al aproximarse el acusado a G. y a su hijo, a quien la primera sostenía en sus brazos, G. se encerró en su dormitorio junto al niño. En el intertanto, mientras el acusado pateaba la puerta del dormitorio de G, y la seguía insultando y amenazando de muerte, llegó al domicilio R,E,P,L,, cónyuge del acusado y al preguntarle que sucedía éste comienza a insultarla y a amenazarla diciéndole que la mataría, que la degollaría, mostrándole el cuchillo para luego aproximarse a ella, momentos en que G. abrió la puerta de su dormitorio y tomando de un brazo a su madre la tiró hacia el interior de este para rescatarla. Luego de lo cual el acusado siguió profiriendo insultos, amenazas tales como que las degollaría, que mataría al hijo de G. En el dormitorio permanecieron la cónyuge, la hija y el nieto del acusado hasta que éste dejó de patear la puerta y gritar, aprovechando las víctimas el momento en que el acusado salió a una de las dependencias de la casa ubicada en el patio trasero, para estas salir a la calle, instantes en que concurrió carabineros”.
A juicio del Ministerio Público los hechos descritos precedentemente son constitutivos de dos delitos de amenazas de muerte, en concurso real o material, el primero de ellos en perjuicio de G.F.E. y su hijo D.D.F., en tanto el segundo afecta a R.E.P.L., ilícito previsto y sancionado en el artículo 296 Nº3 del Código Penal, asimismo expone que el grado de participación que ha correspondido al acusado es en calidad de autor en ambos ilícitos, según lo dispuesto en el artículo 15 Nº1 del mismo cuerpo legal y que el grado de desarrollo de aquéllos sería consumado.
Asimismo refiere que en su opinión, no concurren minorantes de responsabilidad respecto del acusado, perjudicando a su vez las circunstancias agravantes contenidas en los numerales 6, 18 y 20 del artículo 12 del Código Penal, así como la circunstancia especial contenida en el artículo 13 del cuerpo punitivo.
Por lo referido precedentemente, solicita se condene a F.M., a dos penas de 541 días de presidio menor en su grado medio, pidiendo cumplimiento efectivo, más accesorias legales y costas, como autor de los delitos de amenazas de muerte no condicionales, antes referidos.
Tercero: Que la defensa del acusado, sostuvo en su alegato de apertura que es carga del Ministerio Público probar más allá de toda duda razonable la ocurrencia de los hechos que motivan la acusación, así como la participación que imputa a su defendido. No obstante ello, sostiene que en el hecho las amenazas con arma blanca que nos ocupan son constitutivas sólo de un delito, existiendo en todo momento continuidad en el acto, haciendo presente además que fue efectuada por un sujeto enfermo que ha deambulado por cerca de 20 años por distintos hospitales siquiátricos presentando en más de alguna vez internaciones por dichos motivos. Concluye señalando que no concurren agravantes en este caso y que en el peor de los eventos, dadas las circunstancias del hecho se podría condenar al acusado a una pena de 60 días de prisión, en circunstancias que lleva privado de libertad aproximadamente 180 días
En su alegato de clausura sostuvo que de lo apreciado en la audiencia de juicio oral, su parte ha sido traída a juicio con el único fin de encerrar a su representado y de esa forma obtener protección para la víctima, argumenta en el sentido que testigos y peritos han coincidido en el hecho que J.E.F.M. es un sujeto enfermo que no controla impulsos cuando se encuentra sin medicamentos, situación que se exacerba cuando consume alcohol o drogas. En este sentido refiere que el testigo Vas Carrasco dijo que el acusado no sigue normas de conducta lo que constituye un rasgo de su personalidad, no siendo en definitiva un problema de albedrío, por otro lado concluyó al igual que los peritos presentados que tiene una personalidad anormal que no constituye enfermedad y por ello no es curable con medicamentos, siendo en consecuencia sólo posible tratar los síntomas. Concluye entonces que tal como lo señaló la perito Gutiérrez Pedreros, presentada por su parte, el control de los actos por parte del acusado deriva de si se encuentra en tratamiento con medicamentos o no, alejándose de las conclusiones de los otros peritos sólo en cuanto observó rasgos paranoicos en el acusado.
En conclusión, sufriendo su defendido un trastorno de personalidad, daño psicorgánico y adicción a sustancias, lo que constituye una base patógena de la disminución de voluntad, unido a la circunstancia que es incapaz de controlar sus impulsos sin medicamentos y que además no tiene conciencia de su enfermedad, no interviniendo en definitiva su voluntad en sus actos, es que procede absolver al acusado por caer en el presupuesto del artículo 10 Nº1 del Código Penal.
En segundo término, solicita que aún cuando se desestime la eximente, de todas maneras se absuelva a su parte por cuanto las amenazas que se le imputan no reúnen los elementos propios del tipo, cuales son ser serias y verosímiles, dado que no se
apreció dichos elementos de los dichos de las ofendidas ni tampoco se desprendió del ánimo del acusado, quien dada la cercanía que mantuvo en el momento de los hechos con su cónyuge, podría haber intentado agredirla con el cuchillo y no lo hizo, agregando además que al momento de la llegada de carabineros, J.E.F.M., aún sin percatarse de ella, no mantenía cuchillo alguno en sus manos, el que sólo fue entregado por la ofendida E. a los funcionarios policiales.
En subsidio a lo anterior pide la recalificación del tipo al de faltas contenido en el artículo 494 Nº 4 del Código Penal, dada la especificidad de su redacción y por no existir seriedad ni verosimilitud en las amenazas.
Por último en su réplica, la defensa retoma su teoría del caso original, en el sentido que estamos en presencia de un solo ilícito que se caracteriza sólo por que las amenazas vertidas en un momento, que luego cambian de dirección.
Cuarto: Que el Ministerio Público para efectos de acreditar los cargos hizo uso de prueba testimonial y documental, deponiendo Walter Vas Carrasco, médico siquiatra del Hospital Siquiátrico de Santiago, que se desempeña en el Servicio de Internación de pacientes hombres, del cual era jefe hasta hace ocho meses, desempeñándose hoy como médico clínico. Luego del juramento de rigor precisa que se desempeña en el área de la psiquiatría hace 30 años y de ellos, cerca de diez los ha servido en el hospital donde labora actualmente. Respecto de su citación al tribunal, dice que recibió petición de informar respecto de un paciente que estuvo en su sector el año 2004 con un tiempo de hospitalización de mes y medio a dos meses, agregando que ya había estado en el recinto en dos o tres oportunidades anteriores. En cada ingreso del paciente en cuestión, que corresponde al acusado, el diagnóstico que se consignaba en la ficha clínica era heteroagresividad – agresividad hacia terceros -, siendo siempre llevado por funcionarios policiales o familiares, recuerda que en una ocasión fue llevado al centro hospitalario por haber golpeado con un garrote a uno de sus hijos, haber amenazado con cuchillo a otro de ellos y haber amenazado de muerte a su mujer, agrega asimismo que presentó ingresos bajo la influencia de sustancias tales como alcohol y pasta base, presentándose como un sujeto frío, descalificador y lejano, presentando en algunas ocasiones conductas propias de un sicótico, rasgo que puede deberse a una condición endógena como el padecimiento de esquizofrenia, o por agentes externos tales como el alcohol y las drogas , no obstante aclara, que en atención de urgencia no es posible efectuar diagnóstico definitivo, sino sólo observar rasgos, lo que se condice con el estudio que se practica al acusado al día siguiente o subsiguiente de su ingreso pues al metabolizarse el agente exógeno, desaparece la conducta sicótica observada.
Acto seguido refiere respecto del acusado que presenta elementos de personalidad tales como ser manipulador, frío, distante, no se atiene a normas sociales de convivencia, agregando que presenta una suerte de anestesia moral, esto es, conoce hechos tales como el amor, pero no tiene vivencia de ellos. Continuando con su declaración expone que lo anterior no tiene nada que ver con su voluntad o su juicio, singulariza este último como el examen que el sujeto hace del ambiente a través de sus sentidos, el que es elaborado y permite emitir una respuesta concordante, ello también es conocido como juicio de realidad, en tato que la voluntad es el actuar en consecuencia, sin coacción, por ser la conducta aquella que parece mejor. Estos dos
factores básicos no se ven alterados en el acusado, así como tampoco se observan alteraciones de inteligencia.
Agrega que mientras el acusado estuvo hospitalizado tomaba medicamentos, sin tener posibilidad de negarse, dado que eran administrados por personal de enfermería y que luego de un tiempo, sus conductas impulsivas cedían, no obstante, siempre se observó la permanencia de la manipulación, señalando que era capaz de ofrecerse para realizar tareas en el recinto, pero sólo con un fin ganancial. Cuando era dado de alta concluye que no seguía tomando medicamentos, prueba de ello es que volvía al servicio, lo que lo lleva a concluir que no tiene conciencia de enfermedad, punto al que vuelve posteriormente en su declaración.
Cree categóricamente que el acusado es un sujeto peligroso y que cuando amenaza lo hace en serio.
Preguntado luego por la referencia que hizo al término “enfermedad”, el testigo expone que éstas presentan un curso natural, en cambio hay cuadros que presentan trastornos sin constituir enfermedad en si, son las llamadas Personalidades Anormales. Explica que para medir la normalidad se toma como parámetro un factor que denomina la “norma media”, que no coincide con el término “promedio”, que no es tan exacto. Al diagramar esta norma media en un gráfico, se observa que en el se dibuja una suerte de campana, cuyos extremos a ambos costados se van reduciendo, mientras más al extremo de la campana esté el individuo, más anormal es su personalidad, lo que en si mismo no debe revestirse de elementos negativos, dado que santos y ascetas también ocupan dicha ubicación dentro de la campana.
Respecto del acusado, se le suministran medicamentos, aún cuando no se busca curar una enfermedad en sí, sino tratar un síntoma, a objeto de controlar su impulsividad e irritabilidad. En estos términos es concluyente al afirmar que el acusado “no es enfermo”.
Contrainterrogado por la defensa señala que efectivamente tiene conocimiento personal del paciente, dado que le ha tocado tratarlo, expresa respecto al diagnóstico que efectuó el año 1998 de “Psicosis Psicógena o Reactiva” que esta puede deberse a factores internos como una histeria o también a elementos externos como drogas.
A su turno precisa que el trastorno de personalidad que presenta el acusado es una “forma del ser”, siendo un elemento que viene con la personalidad, existiendo a su vez elementos ambientales que hacen que el sujeto tome conocimiento de aquello que puede y no puede hacer. Presenta una personalidad anormal y si no toma medicamentos resurge su impulso porque el acusado tiene esa condición, lo anterior fue informado a la familia en las ocasiones en que se procedía al alta.
Contestando la pregunta efectuada por la defensa en el sentido de si es distinta la condición del acusado a la de un hipertenso o un diabético, el testigo expone que sí, porque en este caso existen conductas lesivas para el grupo social ante la falta de medicación, circunstancia que no se da en los dos casos propuestos.
Finalmente vuelve al punto de tener “conciencia de enfermedad”, relacionando esta con una “embriaguez patológica que presenta”, dado que sus grandes ingestas de alcohol han deteriorado su hígado, y el consumo de este, aún en pocas cantidades, pasa directamente al encéfalo, sin metabolizarse.
Declara la ofendida GM.F.E., hija del acusado, de 22 años, quien previamente advertida de los derechos que como familiar del acusado le asisten y debidamente juramentada, señaló que el 29 de julio su papá llegó tomado y volado a la casa y la insultó, ante lo cual ella no le hizo caso, es en esos momentos que la amenaza de muerte, ella lo vio agresivo y se fue a su dormitorio con su hijo de meses y se encerró con llave, luego su mamá se encontró en el pasillo con su papá y a ella le dio susto porque pensó que la podían apuñalar, por lo que se encerraron juntas y llamaron a carabineros. Cuando llegaron estos, ellas salen y su papá estaba en otra pieza.
Preguntada por fiscalía, expresa que cuando su papá llegó a la casa ella estaba en la cocina y es ahí donde la insulta, ella se puso nerviosa porque estaba agresivo y le dijo que la iba a matar, en esos momentos andaba con un cuchillo y también amenazó a su hijo de meses de edad, por eso se encerró. Acto seguido, describe el cuchillo, señalando que éste es uno con empuñadura café y hoja de sierra, que es ocupado en la cocina de la casa. Y se procede a la exhibición de un cuchillo de similares características ofrecido como prueba material por el Ministerio Público, el que es reconocido, sin embargo no se observa que presente su hoja con corte tipo sierra, posteriormente agrega que no recuerda en que mano tenía el cuchillo, el que si fue empuñado contra su madre, pero que cuando fue amenazada ella, su padre se encontraba pelando una papa.
Preguntada por fiscalía respecto a su sentir al momento del hecho, contesta, siempre sonriendo, lo que impresiona al tribunal, y señala que tuvo miedo porque en su casa siempre han sido maltratadas verbalmente, cuando eran chicos, el padre golpeaba a los hermanos por distintos motivos, recuerda en especial que su hermano Ismael un día 18 de septiembre fue golpeado con un puñal en la cabeza, razón por la que su padre estuvo detenido un día. Agrega también que han ido en varias ocasiones a tribunales que describe y corresponderían a los juzgados civiles de Santiago, los que han ordenado que su padre no ingrese a la casa, lo que aquél no ha cumplido.
Contra interrogada por la defensa aclara que cuando ella estaba en la cocina, su padre se puso a pelar una papa y también señala que cuando llegó su madre se encontró en el pasillo con su papá, a una distancia de cinco centímetros y que no fue lastimada por aquel.
Continúa señalando que escuchó la discusión entre sus padres porque su mamá preguntó por qué la estaba tratando mal a ella, a lo que su papá respondió con insultos, momentos en que sale de la pieza y toma a su madre del brazo y la mete a la pieza.
Sabe que su padre consume droga y alcohol, cuando lo llevaron al Hospital Siquiátrico le dijeron que no podía tomar, cuando toma en exceso se le olvida lo que hace y se pone violento.
Comparece R.A.E.P.L., cónyuge del acusado, 47 años, analfabeta, quien luego de formuladas las mismas advertencias ya referidas y de ser legalmente juramentada, expone que lleva junto al acusado 28 años, actualmente viven en una casa con seis piezas y el grupo familiar lo forman los hijos del matrimonio G., de 22 años, I., de 24 años, J. de 26 años y D., de 33 años. Actualmente en la casa viven sólo sus hijos Juan, David, Gladys, un hijo de esta última, aún lactante D. y también su suegro. Expone que su marido quiso matarla el día 29 de julio junto a su hija G. y su nieto, al referir esto, se corta con el llanto y pide disculpas, ante lo cual se toma unos minutos para tranquilizarse y continúa, aquél día, en horas de la tarde llegaba de su trabajo en la feria, habitualmente lo hace como a las 17:00 horas, no obstante ese día se atrasó porque tuvo un accidente con las ruedas del triciclo que ocupa para su trabajo, en eso, cuando se aproxima a la casa, escucha como su marido insultaba a su hija, por lo que hace ingreso al domicilio y le pregunta a aquel que pasa, ante lo cual comienza a ser insultada y amenazada de muerte, puntualmente con ser degollada, con un cuchillo que el acusado empuñaba por sobre su hombro derecho, según mostró al tribunal. A su hija en tanto le gritó que la iba a hacer violar y que la violaría también él y que la mataría, en esos momentos, su hija abre la puerta de su dormitorio, la toma y la mete a la pieza, volviendo a encerrarse con llave, es entonces que llaman a carabineros desde un celular de su hija y sólo salen de la habitación cuando sienten las motos de los funcionarios policiales.
Cuando llegó carabineros, su marido estaba en una pieza del fondo y seguía gritando que las iba a matar, al tiempo que las insultaba y que no le saldría ni por curado, porque tiene carnet de loco, sólo entonces, cuando va hacia el frente del domicilio se percata de la presencia de carabineros y cambia inmediatamente su actitud quedando como “perrito manso”. Posteriormente en la comisaría siguieron los insultos.
Expresa que el cuchillo que su marido empuñaba era con mango café o negro y también refiere que aquél ha estado en el Hospital Siquiátrico, porque según el está loco, pero en el establecimiento siempre lo han tomado como violencia intrafamiliar. Agrega que hace tres años atrás le dio puñaladas en la espalda a su hijo Ismael, que el año 2004 le volvió a pegar a aquel con un puñal en la cabeza y sólo entonces lo llevaron al Hospital Siquiátrico y lo dejaron internado.
Dice que su marido siempre ha sido agresivo, no obstante ello, dentro de sus posibilidades siempre lo ha ayudado trabajando en distintos oficios, expone que el año 1996 se decidió a abandonarlo y lo hizo, aburrida por el maltrato, regresando a su lado el año 1997 cuando fue internado en el referido hospital, lo hizo preocupada por su hijo D., que no quiso seguirla y que se quedó en compañía de su padre y siendo menor de edad lo acompañaba a fiestas y se inició en el consumo de alcohol, neoprén y marihuana. En esa ocasión la tranquilidad duró sólo dos semanas, siendo nuevamente agredida, ante lo cual nuevamente se va, esta vez a casa de sus padres, donde continuó teniendo problemas, porque el acusado la siguió, cortó los cables del teléfono y desde el techo de la casa roció parafina a fin de incendiarla, ello motivó que sus hermanos la echaran a la calle con sus cuatro hijos, luego concurrió a Peñalolen, donde otro hermano que la albergó un tiempo, pero también la echa por los escándalos de su marido. Posteriormente consiguió un par de piezas en una junta de vecinos, las que formaban parte de instalaciones comunitarias junto a una multicancha, de la que también debió irse porque su marido intentó incendiarla, hasta que finalmente llegó a una casa que su suegro mantenía en la población Pablo de Rocka, a la cual el acusado hizo ingreso en noviembre de 1997 golpeándola tanto a ella como a su hija Gladys, situación que no saben sus otros hijos.
Nuevamente, la testigo no aguanta las lágrimas y agradece al tribunal el que se le escuche, es la primera vez que ello ocurre, ya que ni su familia la ha escuchado, refiere que en varias ocasiones concurrió a los juzgados civiles donde no se le dio solución alguna, de la cantidad de veces que fue citado, refiere que su marido sólo concurrió una vez, ocasión en la cual fue agredida porque aquel intentó botarla por las escalas, debiendo ser sacado por la guardia y ella escoltada hasta la locomoción. Por más que se le impuso la obligación de abandonar el domicilio, no lo ha cumplido, a pesar de haber prometido que se iría al sur para no saber más de ella.
Contra interrogada por la defensa señala que cuando se casó con el acusado era una persona buena y trabajadora, tomaba y se drogaba, pero no en exceso. Respecto a lo sucedido el día de los hechos, señaló que intervino preguntando a su marido qué pasaba, porque aquél golpeaba y pateaba la puerta del dormitorio donde estaba su hija y su nieto, a la vez que insultaba, y agrega que también tenía un cuchillo en su mano y que se le acercó mucho, como si hubiera querido degollarla, lo que ella estima que habría hecho, es en ese momento que su hija abre la puerta y la introduce a su pieza. En cuanto a si ha denunciado los hechos de violencia anteriormente, señala que en un principio carabineros no le dio importancia diciendo que eran problemas familiares, posteriormente concurrió a los tribunales por violencia intrafamiliar.
Finalmente, reconoce el hecho de estar cansada de esta situación y ante la pregunta de la defensa de si sería solución para ella que se encierre a su marido, respondió afirmativamente; para concluir, señaló que hoy su casa tiene protecciones en puertas y ventanas, las que fueron puestas por la señora fiscal.
Declara la testigo experto Ximena Saldías Mieres, sicóloga que labora en COSAM Macul, en el área de violencia intrafamiliar, quien previamente juramentada expuso que se le encargó por parte de la fiscalía la evaluación del daño asociado que presentan ambas ofendidas producto de las amenazas de que fueron víctimas, al respecto señaló que doña R.E. presenta una angustia tremenda, manifestada en un miedo constante a ser atacada por el marido, presentando también ideas suicidas y otros síntomas somáticos asociados, tales como palpitaciones y pesadillas. Dice además que habló con hermanos de aquella y que se encuentran preocupados por la situación de maltrato por parte del marido, quien además ha agredido a cuanto ha tratado de brindarle protección. Grafica este caso como el más duro que ha conocido en materia de violencia intrafamiliar, con una mujer que ha sido víctima por 28 años de aquella y que presenta disminuciones típicas de quien sufre este tipo de violencia. Respecto de G.F., si bien es cierto que presenta también niveles importantes de angustia, es particular en ella su disociación afectiva, dado que presenta ansiedad, siente que su casa no es un lugar seguro, piensa que puede ser muerta tanto ella como su hijo por el acusado.
Contra interrogada por la defensa, señala que de la observación clínica de Rosa Encina, aparece que su relato presenta altas posibilidades de ser cierto, a continuación se le pregunta respecto de si tiene conocimiento que la pareja se casó joven y que la ofendida es dos años mayor que el acusado, lo que responde
afirmativamente, pero no puede contestar si en esas circunstancias fue aquella quien dirigió el matrimonio los primeros años.
Expone además, respecto a las ideas suicidas que es efectivo que pueden deberse a otros factores que puedan generar cierta predisposición, como el hecho que la madre de aquélla se hubiere suicidado, lo que en todo caso sería manejable, concluye en cambio que en una situación de violencia constante, lo más probable es que sea aquella condición la que determine dicha idea, lo que para la deponente es evidente.
Preguntada por el tribunal respecto al significado del término “Disociación Afectiva”, señala que es característico cuando se produce un efecto incongruente con el relato, agregando a modo de ejemplo que una cosa dramática puede producir risa, a su turno, continúa diciendo que se presenta una separación de los afectos de lo racional, por ejemplo, respecto de la situación del padre, Gladys siente pena, pero a la vez rabia, por la situación que le ha tocado a ella vivir.
Declara el testigo Danilo Catalán Martínez, funcionario de carabineros, quien previamente juramentado expone que se desempeña como motorista del cuadrante 188 de la comuna de Macul, que el día de los hechos, no recuerda su fecha con precisión, detuvo junto a otro colega, por amenaza con arma blanca en perjuicio de dos mujeres y un lactante a un sujeto, procedimiento al que concurrió alertado por CENCO.
Dice que fue el primer funcionario policial en llegar al lugar, donde toma contacto con las ofendidas, que lloraban en forma histérica; la hija señaló que su padre tomó un arma blanca y la amenazó de muerte tanto a ella como al niño, por lo que se encerró, minutos después llegó su madre, la que también fue amenazada ante lo cual se encerraron juntas.
Cuando él estaba en el lugar, pudo observar que el detenido caminaba hacia el sector donde él y las víctimas permanecían, lo que hacía desde una pieza con candado, el sujeto amenazaba de muerte e insultaba a las mujeres, actitud que cesó cuando se percató de su presencia, cambiando inmediatamente a una persona cordial.
Refiere que el acusado portaba un banano negro en cuyo interior tenía un cuchillo, ello le consta, no obstante haber sido otro funcionario el que procedió al registro, y que la cónyuge del detenido le pasó un segundo cuchillo con el cual habrían sido amenazadas.
Señaló que cuando llegó al lugar, inmediatamente pidió apoyo, dado que se denunció un hecho en el que el partícipe podía estar armado.
Se procede a la exhibición de la prueba material ofrecida por el Ministerio Público, consistente en dos cuchillos, uno con mango de madera café y el segundo negro, y un banano color azul marino, los que reconoce como el cuchillo que fue sacado del interior del banano – el de empuñadura negra -; como el banano que el acusado portaba al cinto y al que se refirió como de color negro, y por último, como el cuchillo que le entregó la cónyuge del acusado, el que fue encontrado por aquella en el antejardín, a la entrada de la casa.- el de empuñadura café -.
Señaló que nunca había concurrido antes al domicilio, pero sabe que colegas si lo habían hecho por amenazas y desacatos ante medidas de protección, por parte del acusado.
Finalmente reconoce a éste como el sujeto al cual detuvo y al que hace referencia en su declaración.
Contrainterrogado por la defensa señala que él llegó primero al lugar y que dos minutos después lo hizo una patrulla y que conoció de los hechos por los dichos de las víctimas. Asimismo expone que al ver salir al acusado, éste no portaba cuchillo en sus manos. Finalmente reconoce que el banano que se le exhibió es azul y no negro.
Comparece Pablo Cesar Carreño Maldonado, subteniente de carabineros, quien luego del juramento de rigor, señaló que el día 29 de julio último, a esos de las 19:00 horas, estaba de servicio, cuando la Central de Comunicaciones le deriva un procedimiento y le señala que en un domicilio un individuo intentaba agredir a su cónyuge con un cuchillo. Al apersonarse en el lugar, ya había un motorista y ve a una mujer con su hija y un menor, que estaban muy asustadas, inmediatamente notó que se trataba de un caso grave, tomando conocimiento de ellas mismas que el jefe de hogar las intentó agredir con arma blanca; cuando conversaban con las víctimas ve a un sujeto alterado que se calmó inmediatamente cuando los vio, prosiguiendo el procedimiento. Ya en la unidad conversó con el detenido para tratar de entender que había pasado, donde aquél le dijo que sufría problemas sicológicos y que en el tribunal iba a pasar por demente, así como que en el hospital siquiátrico ya lo conocían, que siempre había pasado lo mismo.
Contrainterrogado por la defensa señala que debe haber llegado medio minuto tras el primer carabinero y que se formó la impresión de lo que pasaba aún antes de hablar con las mujeres, bastándole para ello ver el estado en que se encontraban. No vio al acusado cometer el ilícito que se le imputa, pero si presenció cuando éste se refería a las mujeres con groserías y en un estado alterado, el que cambió inmediatamente cuando se da cuenta que están en el lugar, finalmente cree que el sujeto no estaba bebido, al menos no lo notó y que al momento de su detención no portaba cuchillo alguno en sus manos.
Se presenta José Miguel Meza Vásquez, funcionario de carabineros, quien debidamente juramentado refirió desempeñarse en el cuadrante 187 de Macul y haber concurrido en dicha calidad en reiteradas ocasiones a un domicilio en Pasaje Chinchorro, de la Población Santa Julia, ello porque había medidas de protección adoptadas a favor de una señora y su hija respecto del cónyuge y padre de estas respectivamente. Este sujeto corresponde al acusado, el que es agresivo y alcohólico y le consta que no acataba las órdenes judiciales, lo que sabe por las continuas llamadas desde el lugar.
Contrainterrogado por la defensa señaló que no concurrió al referido domicilio el 29 de julio último.
Declara Emilia López Moscoso, asistente social, funcionaria de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Oriente, quien luego del juramento de rigor señaló
que la Unidad en la que labora atiende casos de gravedad, en los que existen víctimas vulnerables , previo a lo cual se realizan evaluaciones de riesgo, expresa que con fecha 1º de agosto pasado, se le derivó el caso de dos mujeres que habían sido víctimas de amenazas de muerte en su domicilio, por parte del cónyuge y padre de aquellas, respectivamente, acercándose a ellas y analizando la posibilidad de adoptar medidas de protección, para lo cual realizó visita domiciliaria y luego entrevistas.
Sobre el hecho, le llamó fundamentalmente la atención que las amenazas, que en esta ocasión fueron de muerte y con arma blanca, contra dos mujeres y un lactante fueron aumentando de gravedad, partiendo de simples insultos, a promesas de muerte y violación. En su opinión, dichas amenazas fueron graves, porque ambas víctimas estaban convencidas que se harían efectivas; en dicho contexto, G. señala que desde la infancia han sido hijos violentados por el padre, refiriendo que en una ocasión intentó ahorcarla con los cordones de unas zapatillas y en otra procedió a apuñalar a un hermano. Respecto a Rosa, dice que desde 1978 a hoy es maltratada y que las agresiones en su contra han sido graves revistiendo diversa entidad, amenazas, encierros, violencia sexual y también física. Continúa señalando que cuando estos problemas fueron denunciados, recibió como respuesta por parte de carabineros que era un problema familiar y privado y luego, cuando los hechos son conocidos por el 7º y 11º Juzgado Civil de Santiago, ello a partir de 1996, se dictaron medidas de protección a su respecto, las que sin embargo no han sido cumplidas. Refiere además que desde dicha fecha, Rosa y sus hijos han abandonado en tres ocasiones el hogar, siendo en todas ellas hostigada por el acusado.
Evaluados los antecedentes, y teniendo en consideración que el acusado se encontraba con medida cautelar y que en cualquier momento podía recobrar la libertad, solicitó a su Unidad la adopción de medidas de seguridad, consistentes en protección de ingresos al domicilio, a fin de permitir que se llamase a carabineros si era requerido. Argumenta señalando que estamos en presencia de violencia intrafamiliar crónica de carácter unilateral en las cuales las amenazas se dan en forma cíclica y debiendo considerar además que estamos frente a una víctima que ha manifestado intenciones suicidas. Hay una marcada escalada de violencia, siendo el temor consecuente, cada vez menos manejable, en este caso se observa la inexistencia de redes de apoyo, por parte de hijos, los que incluso han amenazado a R.E. con matarse si no se desiste de la denuncia interpuesta contra su padre, presiones que ella misma constató al presenciar que sus hijos le decían que el destino de su padre dependía de su declaración. Concluye que esta mujer está convencida que en algún momento será muerta por su cónyuge y agrega que no pueden estar en el mismo techo.
Contra interrogada por la defensa reconoce no haber presenciado los hechos por ella descritos, pero haber tomado conocimiento de aquéllos por el relato de las víctimas y por la documentación que llegó a sus manos, fundamentalmente causas por violencia intrafamiliar, desconoce la versión del acusado, porque su unidad no tiene acceso a él. A su vez explicó que evaluó presencia de indicadores y antecedentes objetivos de violencia intrafamiliar en las ofendidas y por otro lado expone que por regla general, en este tipo de hechos, no hay otros antecedentes que la propia familia.
Preguntada por uno de los jueces que integra el tribunal, aclaró que estos “indicadores objetivos” a los que hace referencia están respaldados por la ciencia y surgen de la observación de diversos casos y experiencias, los que luego son sistematizados.
Finalmente la fiscalía se valió de la testimonial de la perito Amelia Andrea Correa Parra, Médico Psiquiatra, perito del Servicio Médico Legal, manifiesta que se le solicitó que evaluara las facultades mentales de J.E.F.M. y la evaluación psiquiátrica se realizó el 5 de septiembre del año 2005 en dependencias del Servicio Médico Legal. Se trata de un hombre de 45 años de edad, casado, con primero de enseñanza media, recolector de cartones, hijo único de la relación de sus padres, habría crecido en un hogar bastante disfuncional, marcado por la violencia y alcoholismo de parte del padre y se habría criado con ellos hasta los siete años, luego se fue a vivir con su padre y su madrastra, a quien describe también como una persona alcohólica. Se casa a los quince años con R.E. y tuvieron cuatro hijos. Manifiesta que al pedírsele que precise características de su relación con su señora, el evaluado se muestra bastante molesto e irritable, inicialmente niega la existencia de violencia intrafamiliar, luego reconoce haberla golpeado, por celos ante posibles infidelidades de ella y reconoce haber golpeado a su hija en una oportunidad.
En cuanto a su antecedentes delictuales, refiere a lo menos ocho detenciones por violencia intrafamiliar y lesiones.
En cuanto a sus antecedentes psiquiátricos refiere haber tenido varias hospitalizaciones, no precisa el número, una de ellas en el Hospital Siquiátrico, por conducta impulsiva, violenta, por consumo de alcohol y drogas y también por un intento suicida con insecticida. En cuanto a la acusación de amenazas, niega enfáticamente las imputaciones, manifiesta que sería un invento de R. para apropiarse de la casa que habitan que es de propiedad de su padre; para él R. es la culpable de su situación procesal actual y al referirse a ello se muestra muy irritable, como lo estuvo durante toda la entrevista, señalando que se cobrará algún tipo de venganza.
Al examen mental se presenta un hombre adulto, de constitución normal, con vestimentas acordes a la época del año, con una seguridad propia de la condición de reo, no se solicitó que se liberara de las esposas porque desde el comienzo de la entrevista se mostró bastante irritable, parcialmente aseado y arreglado. El evaluado conoce el objetivo de la evaluación, se ajusta escasamente a la situación de entrevista, no mantiene distancia social, se refiere a las evaluadoras con los términos de “lolita” y “preciosa”, tiene una actitud irritable, inquieta y en ocasiones abiertamente agresiva, especialmente cuando se refiere a su vida matrimonial, a los hechos de la causa, ante la confrontación y cuando se le pregunta sobre las contradicciones de su relato.
El evaluado está consciente durante la entrevista y orientado en tiempo espacio y persona, no tiene alteraciones en la sicomotricidad, excepto la inquietud. Tendría una mímica bastante expresiva, de gestualidad acentuada, en cuanto a su ánimo no se observan elementos ansiosos ni depresivos, sí se observa un grado de incontinencia afectiva, en la cual el evaluado presenta episodios de llanto de inicio brusco, de duración breve, en concordancia con momentos del relato que lo ameritan pero de una
cuantía mayor de lo esperado, también mostraría la incontinencia afectiva en la escasa modulación de la irritabilidad que muestra a lo largo de la entrevista.
El lenguaje que emplea es notificativo, es decir tiene interés de hacerse entender, no tiene alteración del curso formal del pensamiento, no tiene ideas delirantes, no presenta alteraciones senso-perceptivas observables a lo largo de la entrevista. Se expresa con un lenguaje con escasos recursos gramaticales, con amplio uso de groserías y garabatos que no modifica a pesar de la corrección que se efectúa de ello. El evaluado da cuenta de sí y de los datos de su biografía con superficialidad, con escasa cooperación, con tendencia a la auto justificación, minimización y la hetero-culpabilización, esto es culpar a otros, especialmente respecto a las conductas violentas y el consumo de alcohol y drogas. Se observó una escasa o nula conciencia de la enfermedad respecto al consumo de alcohol y drogas y dichos actos violentos.
Indica además que el evaluado presentaría un pensamiento concreto y una escasa autocrítica.
Por otra parte señala que la memoria no se evalúa por la escasa cooperación que él presta; la evaluación clínica del nivel intelectual se encuentra en rangos normales, se observan signos leves de deterioro psicorgánico, presenta el juicio de realidad conservado
Los rasgos principales que presenta en su personalidad son rasgos de tipo impulsivo y de tipo disocial.
Señala que a la conclusión a la cual llegaron la perito psiquiatra Sandra Baeza y ella es que el evaluado presentaría un trastorno de personalidad de tipo mixto, de tipo impulsivo y disocial, antecedentes de consumo abusivo de alcohol y dependencia de anfetaminas y marihuana. Presentaría también un deterioro psicorgánico en grado leve. También estimaron que lo anterior no tiene implicancias médico legales, tampoco permite confirmar ni descartar su participación en los hechos, dado que él niega su participación en ellos.
Requiere de tratamiento siquiátrico en una institución especializada. Estimaron que dado la patología encontrada en el evaluado no le correspondería una disminución de su imputabilidad, si no que la imputabilidad está conservada, porque mantiene la capacidad de discriminar entre las conductas socialmente aceptadas y las rechazadas y de ajustar su conducta a ellas, esto se refleja en el hecho en que el paciente presenta un trastorno de la personalidad y consumo abusivo de alcohol y de dependencia a la droga, los cuales se reflejan en todos las manifestaciones sociales. Sin embargo los antecedentes de conducta disruptiva se reservan solamente al ámbito privado, de la vida familiar, no incurriendo el evaluado en otro tipo de conductas ilícitas a nivel social.
Interrogada por el ministerio Público señala que se efectuaron dos entrevistas, la primera de ellas estuvo a cargo de la siquiatra Sandra Baeza, quien realizó una evaluación de dos horas de duración y la segunda la efectuaron ella y la misma siquiatra mencionada y tuvo una duración de aproximadamente dos horas, que tuvo por objeto profundizar respecto de los hallazgos psicopatológicos encontrados en la
primera entrevista. Las evaluaciones se efectuaron el 5 de septiembre del año 2005 y la última vez que vio al evaluado fue el 27 de enero de 2006, en el contexto de la reunión clínica que se realiza en el Servicio Médico Legal. Es decir que ésta se realizó después del peritaje, porque es de manejo interno del Servicio y se realiza con todos los casos que van a juicio oral.
De acuerdo con esta última evaluación clínica, se pudo observar un cambio en el evaluado, bastante adecuado a la entrevista y cooperador durante el transcurso de ella y luego de la discusión diagnóstica se confirman los diagnósticos a los que se concluyó en la entrevista del mes de septiembre y se observó favorablemente que el valuado después de meses de estar en tratamiento psiquiátrico mejoraba bastante su capacidad de adaptación social, sin perjuicio que se mantengan los mismos diagnósticos.
Preguntada por la Fiscalía respecto a sí la sugerencia del tratamiento siquiátrico, se debe necesariamente a una enfermedad mental, responde que en el concepto clásico de la psiquiatría hay patologías que no se definen como enfermedad mental pero son susceptibles de un tratamiento siquiátrico, como lo serían ciertos trastornos de la personalidad que se favorecerían con ello. En el caso del evaluado se sugirió que se realice ese tratamiento siquiátrico pero que además sea supervisado por un tercero, por su nula adherencia a los tratamientos previos iniciados y además porque el evaluado no manifiesta conciencia de la enfermedad y porque presentaría antecedentes de auto-agresiones y hetero-agresiones, para que así se mantenga la mejoría observada.
Interrogada por la Fiscalía si su diagnóstico no corresponde a una enfermedad, explica que el evaluado tiene cuatro diagnósticos, el diagnóstico de trastorno de personalidad es una alteración siquiátrica pero dentro de la definición clásica no corresponde a una enfermedad mental propiamente tal en el sentido de que su existencia no está supeditada a una alteración corporal como causante. Agrega que la dependencia de marihuana y anfetaminas sí es considerada una enfermedad, ya que desde la alteración corporal que producen esas sustancias exógenas ocasionan una alteración en el cuerpo, con manifestaciones psiquiátricas y el deterioro psicorgánico, también corresponderían a una patología mental, en el sentido de que a raíz de una alteración somática también se observan alteraciones de tipo siquiátrico.
Reitera que se estimó que al acusado no le corresponde una disminución en su imputabilidad, porque la imputabilidad la estiman no sólo derivada del trastorno siquiátrico, sino como ese trastorno siquiátrico se relaciona cono los hechos que se le imputan al evaluado, en este caso en el delito de amenazas consideraron que el evaluado es capaz de comprender la ilicitud de ese acto y de así quererlo podía ajustar su conducta.
Contra interrogada por la Defensa se le solicita que aclare el concepto de trastorno de personalidad de tipo mixto, ante lo cual explica que dentro de los trastornos de personalidad, cuando más de un rasgo es el que está exacerbado y se observa que está presente de una forma rígida, inflexible y causando alguna desadaptación en el individuo, se puede catalogar como un trastorno de personalidad de tipo mixto.
Respecto del cambio de actitud que presentó el acusado en las dos entrevistas, manifiesta que efectivamente en la segunda entrevista su actitud era tranquila y era seudo cooperadora, en el sentido que colaboraba con la entrevista, pero en la entrega de datos persistía el escamoteo, la minimización y la auto justificación.
Al consultársele si este cambio de actitud observado en las entrevistas se puede atribuir a que en la primera ocasión, que se efectuó los primeros días de septiembre, estaba todavía sin tratamiento médico y su organismo mantenía residuos de alcohol y drogas y en la segunda oportunidad el imputado llevaba seis meses en prisión preventiva bajo el control de enfermería de Gendarmería con medicamentos y sin alcohol y sin drogas, indica que la impresión de las peritos es que la abstinencia de alcohol y drogas en el paciente y la medicación con fármacos ha sido el responsable que se observe más tranquilo y más adecuado, sin embargo, si bien se está tratando la dependencia de marihuana y anfetaminas y el abuso de alcohol, en cuanto a su trastorno de personalidad, persisten los rasgos fundamentales de ello.
Respecto a la posibilidad que con el diagnóstico entregado le correspondería al acusado una disminución de su imputabilidad, responde que él tiene un deterioro psicorgánico, es decir tiene capacidad, pero está disminuida en grado leve, y considerando el trastorno de personalidad que se observa en el evaluado, más el consumo de sustancias, más este deterioro, se estimó que no le correspondería una disminución de su imputabilidad, porque no disminuyen su capacidad de discriminar entre lo aprobado socialmente y lo rechazado y tampoco la modificaría, ya que aún en los períodos de mayor consumo él ha sido capaz de ajustar su conducta en otros ámbitos, que no es el intrafamiliar.
Además de la testimonial referida, el Ministerio Público agregó como prueba documental, fotocopias autorizadas de causas tramitadas ante el 7º y 11º Juzgados Civiles de Santiago, ambas caratuladas “E.R. con F. J.”, roles 705-2004 y 196-1996 respectivamente. La primera de ellas se inicia por denuncia en diciembre del año 2004 y existe constatación de lesiones en noviembre del mismo año por el médico de urgencia que señala corresponden a : “hematoma rodilla derecha, de carácter leve”, a su turno, en el comparendo de rigor, la ofendida hizo referencia a cuatro denuncias anteriores y refiere agresiones en términos similares a lo que relató en estrados, finalmente en enero de 2005, se dicta a su favor la medida precautoria de salida inmediata del denunciado J.E.F.M. del domicilio donde actualmente habita, notificada a éste último con fecha 26 de enero de 2005, mediante oficio tramitado por carabineros. A su turno, la segunda de las causas acompañadas, que data de 1996, también iniciada por denuncia de la ofendida Encina, refiere maltrato físico y de palabra, y también expone las salidas del hogar a que hizo referencia la ofendida en su declaración y cómo siempre era hostigada por su cónyuge, dictándose numerosos apercibimientos a este para que cesase con las agresiones, amenazas, consumo de alcohol y drogas y tentativas de incendio al hogar del padre de la denunciante, ello según se lee, con fecha 23 de septiembre de 1996; en octubre del mismo año, consta que en audiencia celebrada en el tribunal, el denunciado señaló que se iría lo antes posible al sur, lejos de su familia y acto seguido, el 19 de marzo de 1997, la denunciante señala que el denunciado no sólo no cumplió lo anterior, sino que hizo que sus padres la hicieran salir de su domicilio y que en ese momento se encontraba
viviendo en unas piezas aledañas a una cancha, donde también era molestada por el denunciado.
Además se aportó la evidencia material, consistente en un banano de color azul marino y dos cuchillos, ambos de hoja sin cierra de aproximadamente siete centímetros de largo, uno de empuñadura de madera café, en tanto que el segundo la presenta de plástico y color negro, los que fueron exhibidos en audiencia.
Quinto: Que la defensa del acusado se valió del contra interrogatorio de los testigos y peritos presentados por la fiscalía y , además, presentó a la perito María Soledad Gutiérrez Pedreros, médico cirujano con veinticinco años de profesión, quien describe la pericia realizada al acusado, refiriendo que a la entrevistase con J.E.F.M. (quien se encontraba privado de libertad), este último se presentó aparentemente bajo los efectos de medicamentos, lo que le consta porque así se lo manifestó aquel y por un leve temblor, agregando que el trato fue adecuado y que fue vago en las respuestas y no muy asible. Reconoció haber efectuado amenazas y episodios de violencia intrafamiliar de carácter verbal, sin culparse el mismo, sino a la droga y alcohol, refiriendo haber tenido internaciones y tratamientos, los que abandonaba al ser dado de alta. Le impresiona, luego del examen mental como un sujeto lúcido, que no siente culpa y le pareció que presenta una adicción a sustancias sicoactivas y consumo abusivo de alcohol. Presenta rasgos mixtos de trastorno de personalidad con conductas antisociales y explosivas, observando a su turno rasgos paranoideos, pudiendo variar su comportamiento dependiendo de si se encuentra con tratamiento médico o no. Finalmente, y fundado en estas dos circunstancias habría una disminución de imputabilidad.
Preguntada por la defensa, señala en síntesis que el acusado no es capaz de controlar a voluntad ciertos impulsos.
Contra interrogada por la fiscalía expone que el acusado presenta un deterioro psicorgánico, pero que su nivel intelectual es normal, que posee rasgos manipuladores, los que no obstante se observan burdos pues no lograba convencer, señala además que el acusado estando libre o privado de libertad, es un peligro para la seguridad de la sociedad en el evento de no tener tratamiento médico. Prosigue luego señalando que el acusado no es demente en términos jurídicos y que sus rasgos de personalidad se agravan por el consumo de alcohol y drogas, no obstante, cuando actúa impulsivamente está privado de razón. Para concluir, y luego de ser preguntada por el tribunal, argumenta que el acusado distingue lo correcto, pero a veces no puede controlar su actuar, pudiendo ser normal en otros ámbitos fuera del familiar, respecto de los rasgos paranoideos aclara que pueden ser efecto de la privación de libertad y que respecto a su capacidad de manipulación, puede ser efectiva en personas de nivel más concreto.
Sexto: Que el acusado J.E.F.M. , debida y legalmente informado de sus derechos, decidió guardar silencio durante toda la audiencia.
Séptimo: Que las declaraciones de los testigos presentados por la fiscalía provienen de las víctimas, los funcionarios que se hicieron cargo del procedimiento policial, y testigos expertos y peritos que ilustraron al tribunal respecto del contexto en el que se
da la situación denunciada, y en sus dichos y opiniones están contestes en la forma en que ocurrieron los hechos, siendo capaces de percibirlos y apreciarlos por sus sentidos, lo que está refrendado por la evidencia material y documental acompañada e incorporada al juicio, la que no ha sido desvirtuada por otra prueba en contrario.
En efecto, a partir de los dichos de la ofendida R.E., se desprende que con fecha 29 de julio pasado, tanto ella como su hija G. F. fueron víctimas de amenazas de muerte, proferidas por el acusado, quien tiene la calidad de cónyuge y padre de aquéllas, respectivamente, el que sin mediar provocación y portando un cuchillo, insulta en primer término a su hija G., señalando que la haría violar por terceros y que además la violaría el mismo, así como, que sufriría por la suerte de su hijo aún lactante, ante lo cual aquélla se encierra en su dormitorio, momento en el que la deponente hace ingreso al domicilio, siendo también agredida verbalmente y amenazada de muerte con un cuchillo, siendo retirada del lugar por su hija, quien abre la puerta del dormitorio, la toma de un brazo y ambas proceden a encerrarse junto al menor y llamar a carabineros, los que concurren aproximadamente a los cinco minutos; relató también la testigo que se encuentra aterrada por las amenazas efectuadas por el acusado, a quien cree capaz de cumplirlas toda vez que durante los veintiocho años de matrimonio ha sido víctima de maltratos de palabra y físicos por parte de aquél, situación que grafica señalando aspectos de su vida en común con J.E.F.M.. Lo anterior se encuentra en concordancia con lo señalado por la ofendida G. F. quien también refiere haber sido víctima de amenazas por parte de su padre, las que señala fueron verbales, dejando sí en claro, que aquéllas hacían referencia a que la mataría junto a su hijo, agregando además que aquél portaba un cuchillo en su mano, dándose la particularidad, que durante su breve relato, la deponente sonreía y minimizaba la situación. Ambos dichos son validados por la opinión de la psicóloga Ximena Saldías, quien atendió profesionalmente a ambas ofendidas señalando que Rosa Encina se encuentra inserta en una situación de angustia tremenda, caracterizada por el miedo a ataques por parte del marido, e ideas suicidas, producto de agresiones reiteradas, en un caso que califica como el más duro en materia de violencia intrafamiliar que le ha tocado conocer, a su turno, respecto de la ofendida G.F., expone que también presenta temor a ser muerta por el padre y un cuadro de ansiedad, siendo característica en ella su disociación afectiva respecto a la situación de este último, dado que siente pena respecto de aquel, pero además rabia por la situación que le ha tocado vivir, en este punto explicó también como reacción normal en esta afectada el presentarse ante situaciones dramáticas como minimizándolas y reaccionando de forma no normal a ellas, como por ejemplo con risa. En los mismos términos se pronuncia Emilia López, asistente social, de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la fiscalía, que refirió la historia de agresiones de la cual ambas mujeres han sido víctimas a través de los años y la dinámica de violencia intrafamiliar que se da en este grupo, elementos que observó al trabajar con las víctimas y luego de tomar conocimiento de antecedentes escritos como las causas tramitadas ante Juzgados Civiles.
Los dichos de ambas ofendidas fueron también validados por los de los funcionarios policiales Danilo Catalán y Pablo Carreño quienes concurrieron el día de los hechos al domicilio de aquéllas, encontrándolas histéricas y presenciando que el acusado proseguía con las amenazas e insultos hasta el momento de percatarse de su presencia. En este punto importa esta última circunstancia, por cuanto demuestra que
el acusado es capaz de controlar a su voluntad su conducta, y más bien a su conveniencia, toda vez que bastó ver la presencia de la autoridad para que aquel se tornara en un sujeto tranquilo e incluso afable. A su turno, el funcionario José Meza manifestó haber concurrido al mismo domicilio en más de una oportunidad producto de las denuncias que mantenía la señora Encina respecto de los malos tratos de que era víctima ella y sus hijos por parte de su cónyuge, y el incumplimiento reiterado por parte de éste mismo, de las medidas de protección adoptadas por tribunales civiles a favor de las ofendidas.
Todo lo anterior es apoyado por los dichos del testigo experto Walter Vas Carrasco quien se desempeña en el Hospital Siquiátrico, servicio de internación de pacientes y expone que el acusado estuvo en dos o tres ocasiones en el establecimiento, siendo siempre llevado por la policía o parientes y presentando diagnóstico de heteroagresividad y también abuso de sustancias como alcohol y pasta base. Refirió en síntesis que el acusado J.E.F.M. no es enfermo mental, no obstante presentar un trastorno de personalidad que no altera en lo sustancial su voluntad ni su juicio, calificándolo en definitiva como un sujeto peligroso y dispuesto a cumplir sus amenazas, pronunciándose en términos muy similares la perito psiquiatra forense Amelia Parra que concluyó que el acusado presenta trastorno de personalidad mixto, una inteligencia normal y un juicio racional conservado lo que no alcanza relevancia médico legal ni implica una disminución de imputabilidad, toda vez que el sujeto es capaz de discriminar sus conductas y adaptarse a nivel social, produciéndose su agresividad dentro de la esfera familiar, haciendo presente que a su vez, no se ve en él arrepentimiento y que tiende a culpar a terceros de su situación y manifestar intención de revancha contra su cónyuge por lo que actualmente está viviendo.
Finalmente la evidencia material acompañada por la fiscalía consistente en dos cuchillos y un banano, así como la documental referida a las actuaciones efectuadas en causas rol 196-96 del 11º Juzgado Civil de Santiago y 705-2004 del 7º Juzgado Civil de Santiago, son coincidentes con los dichos de testigos y peritos e ilustran de buen modo al Tribunal respecto de las circunstancias en las cuales se dan las amenazas.
En este sentido, no afecta la credibilidad del testigo Catalán el hecho que haya confundido el color del referido banano – de azul marino a negro - , dado que es una circunstancia menor, que en nada altera el relato que prestó, de la misma forma que no obsta a lo concluido, la circunstancia que el acusado no hubiere portado cuchillo en sus manos al momento de ser detenido y que éste en definitiva halla sido entregado por la misma ofendida Encina, quien lo recogiera del ingreso a su domicilio, pues como ha quedado asentado, ambas víctimas refirieron que el acusado portaba un arma blanca, lo que no fue desconocido por la defensa, dándole una de ellas - Gladys Flores-, connotaciones casi de normalidad, al referir que su padre con aquel pelaba una papa mientras le gritaba, circunstancia esta última que el tribunal sólo entiende por el hecho de presentar la antedicha testigo disociación afectiva, en los términos expuestos por la sicóloga Ximena Saldías, pues, si la situación hubiere sido como la refirió, no se explica su histerismo al momento de ser socorrida por carabineros, ni la circunstancia que se hubiere encerrado con su hijo y el haber sentido la necesidad de salir del encierro para salvar a su madre cuando esta era amenazada por su padre. Por último, la circunstancia que se refirió antes, respecto de tener la hoja del cuchillo
un corte diverso al tipo sierra señalado por la ofendida Encina, puede deberse simplemente a un error de apreciación de la antedicha testigo, dada la situación vivida.
Con lo señalado precedentemente y valorando la prueba rendida, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, el tribunal ha alcanzado más allá de toda duda razonable, la convicción de que se encuentra acreditado el siguiente hecho: “Que el día 29 de julio de 2005 en horas de la tarde, un sujeto, procedió sin motivo ni provocación alguna a insultar a su hija G.F.E. al interior de su domicilio, señalándole que la mandaría a violar, que la violaría el también y que la mataría tanto a ella como a su hijo de cinco meses, todo ello mientras portaba un cuchillo, ante lo cual la ofendida se encerró en su dormitorio junto al niño, llegando en esos momentos R.E.P. y L., cónyuge del acusado, quien al preguntar a éste que sucedía, fue también insultada y amenazada de muerte mostrándole el cuchillo, momento en el cual, desde el dormitorio de su hija, ésta la toma por el brazo y la tira hacia el interior procediendo a encerrarse juntas y llamar a carabineros”
Octavo: Que el hecho antes descrito es constitutivo de dos delitos de amenazas de muerte no condicionales, en perjuicio de G.M.F.E. y R.E.P.L, ambos previstos y sancionados en el artículo 296 Nº 3 del Código Penal. De esta forma se logró acreditar la existencia de amenazas serias de causar un daño constitutivo de delito a la persona de ambas ofendidas, siendo verosímil la consumación de aquel, dada la historia de vida de acusado y víctimas, amenazas que a su vez no revisten el carácter de condicionales, dado que no dependen del acaso de un hecho por parte de las ofendidas o de una abstención de éstas, elementos todos propios del tipo por el cual se dedujo acusación y por el que se condena.
Por otro lado, y luego de haber dado la palabra al Ministerio Público, y haber precisado que no se dedujo acusación respecto de amenazas al menor D.M.D.F., como a primera lectura se desprendía del auto apertura, es que se entiende que su mención se enmarca dentro del tipo de amenaza, pero al hacer referencia al objeto de estas, respecto de su madre, dado que puede ser la persona del propio ofendido el destinatario de estas o un miembro de su familia en su persona, honra o propiedad. Ello porque no se vislumbra que un lactante pueda ser sujeto pasivo de un delito como el presente, toda vez que dada su condición, no se afecta mediante una amenaza, por más seria y verosímil que aquella pueda ser, su libertad de acción ni tampoco su seguridad personal, hipótesis propia de una amenaza no condicional.
Finalmente, si bien es cierto, el tribunal, comparte la calificación jurídica que realizó el Ministerio Público del hecho que sustenta en su acusación, y considera que aquél es constitutivo de dos ilícitos diversos, dado el peligro de lesión del bien jurídico personalísimo protegido, se aleja de ella en lo tocante a sostener que estamos en presencia de un concurso material de delitos, toda vez, que como ya se resolvió, el hecho que se encuentra acreditado es uno solo, existiendo unidad de acción y de tiempo, debiendo considerar que aún se amenazaba a la ofendida F.s, cuando su madre interviene y es a su vez amenazada, hecho que culmina en un mismo momento, con la llegada de carabineros, existiendo además una unidad de propósito por parte del acusado respecto de afectar a ambas víctimas. Como puede apreciarse entonces, hay una sola actuación por parte de J.E.F.M., la que lesiona un mismo bien jurídico, que sin embargo constituye dos ilícitos diversos respecto de cada una de las
ofendidas, dada la particularísima calidad de aquél, la seguridad personal. Esta situación, es similar a la que se da cuando con una única expresión calumniosa se afecta la honra de más de una persona, debiendo concluir que estamos en presencia de un concurso ideal homogéneo de delitos, con normas particulares para su punición. De esta forma descartamos la posibilidad de estar en presencia de un delito continuo, esbozado por la defensa, toda vez que este requiere de diversos hechos independientes entre si, que se toman como uno en atención a su fin último, ejemplo de ello es el hurto de piezas de un tablero de ajedrez en diversas épocas, que vistos en su contexto no son varios hurtos pequeños, sino el hurto del juego completo.
Noveno: Que en este punto corresponde desechar dos de las alegaciones efectuadas por la defensa; respecto a la primera de ellas, esto es, la absolución por falta de elementos del tipo, tales como la seriedad y verosimilitud de las amenazas, no se dará lugar a ella toda vez que como ya se determinó, estas cumplieron suficientemente con ambas exigencias típicas, dada la situación personal de las ofendidas, dos mujeres violentadas y angustiadas, con escasa preparación y por ende manipulables según expresó la propia perito de la defensa, dado su nivel “concreto” y un sujeto violento, que no refiere arrepentimiento, y capaz de cumplir sus amenazas, según también expuso latamente tanto el siquiatra Vas, como la perito Correa, ello inserto en un ámbito de años de violencia intrafamiliar, durante el cual especialmente la ofendida Encina ha sido violentada física y sicológicamente.
En segundo término y respecto a la solicitud de recalificar la conducta a la falta del artículo 494 Nº4 del Código Penal por considerar que lo único que se habría acreditado son amenazas con arma blanca, el tribunal considera que dicha figura sólo tiene el carácter de residual y procede en la medida que las amenazas no revistan el carácter de serias y verosímiles, y en la medida que se den las circunstancias descritas en dicho numeral, dado lo anterior, tampoco es pertinente acoger dicha alegación, por cuanto como ya se ha señalado, las amenazas fueron serias y verosímiles, dirigidas concretamente hacia la cónyuge y la hija del acusad, con la promesa de atentar contra la vida de la primera y contra la vida, libertad sexual y el hijo de la segunda.
Décimo: Que a su turno, la participación del acusado como autor en los términos del artículo 15 Nº1 del Código Penal, de los delitos de amenazas de muerte no condicionales, se estableció con la prueba de cargo rendida por el Ministerio Público, principalmente con los dichos de las ofendidas, quienes señalan las circunstancias del hecho, y el tenor de las amenazas proferidas por el acusado y con los dichos de los funcionarios de carabineros que participaron en la detención, quienes relataron haber sorprendido a J.E.F.M. en su propio domicilio en momentos en los cuales profería insultos y amenazas a su cónyuge e hija, actitud que depuso inmediatamente de notada la presencia policial en el lugar.
Undécimo: Que respecto a la alegación de la defensa en el sentido que en esta causa corresponde absolver a su representado por darse en el caso la eximente prevista en el artículo 10 Nº1 del Código Penal, fundado en el hecho que sería incapaz de controlar sus impulsos cuando no está con tratamiento médico, ésta también ha de ser rechazada, no sólo porque ninguna de las dos peritos que declararon en estrados – ni la traída por la fiscalía, ni la de la defensa -, ni tampoco el testigo experto, que es
siquiatra y fue tratante del acusado, han aventurado siquiera la posibilidad que este último sea loco o demente en los términos del código punitivo, todo lo contrario, refieren tanto los doctores Vas como Correa que no presenta dicha condición, pronunciándose esta última al respecto señalando que no hay siquiera disminución de imputabilidad, quedando además claro al tribunal, que el acusado es capaz de controlar sus impulsos incluso en momentos en los cuales no se encuentra con medicación, no sólo por lo señalado por los profesionales en el sentido que tiene conciencia de su actuar, sino por lo señalado en estrados por los funcionarios policiales que concurrieron al lugar el día de los hechos y que narraron con asombro el cambio inmediato en la conducta del acusado al percatarse que se encontraban presentes, lo que también puede deducir el tribunal de la circunstancia de conocer hechos de violencia, sólo al interior de su hogar y no en otros aspectos de su vida, lo que implica un control volitivo. Ello por cuanto el acusado presentaría un trastorno de personalidad, que es una característica de su ser, como puede serlo el ser irascible o incluso magnánimo en determinadas circunstancias cuando ello no es una conducta presente en la media, lo que en consecuencia no reviste el carácter de enfermedad. Respecto del padecimiento de embriaguez patológica, el que sí reviste el carácter de enfermedad, según texto de la ley no disminuye imputabilidad por tratarse al menos en su inicio de una actio liberae in causa.
Duodécimo: Que luego de dada a conocer la decisión condenatoria, el tribunal llamó a alegar respecto de las circunstancias que las partes estimaran concurren para la determinación de la pena. En este sentido la fiscalía señaló que no concurren atenuantes y si lo hacen en tanto las agravantes contenidas en los numerales 6, 18 y 20 del artículo 12 del Código Penal, así como la circunstancia mixta del artículo 13 del mismo cuerpo legal, concluyendo que han de aplicarse dos penas diversas al acusado según lo previsto en el artículo 74 del código punitivo y que no procede la concesión de beneficios alternativos al cumplimiento efectivo de la pena.
A su turno, la defensa contra argumentó la procedencia de las agravantes y expuso que en su entender concurren las atenuantes del artículo 11 Nº1 en relación al 10 Nº1 del Código Penal, así como la de los numerales 5 y 6 del antedicho artículo 11, pidiendo que en el evento de condenar a su defendido, lo sea a dos penas de 61 días de Presidio Menor en su grado mínimo y que se conceda el beneficio de la remisión condicional de la pena.
Todas estas alegaciones serán resueltas en considerándos separados.
Décimo tercero: Que respecto de la circunstancia mixta del artículo 13 del Código Penal y su concurrencia como agravante, según la fiscalía procede, toda vez que mediante convenciones probatorias, se tiene por acreditado que R.E.P. y L. es cónyuge del acusado, desde el 15 de Noviembre de 1979, que G.F.E. es hija de ambos y nació el 20 de mayo de 1983, y finalmente que el menor D.D.F. es hijo de esta última y nació el 10 de febrero de 2005, lo que implica, que por producirse la situación ilícita al interior del alero familiar, donde el acusado es llamado a proteger y no violentar, y dado el bien jurídico que se afecta, es que existe un mayor disvalor en la conducta.
Al respecto, la defensa sostuvo que la línea divisoria entre atenuante y agravante es tenue, debiendo tener en consideración que sólo es pertinente aplicar el agravante en dos delitos el homicidio y las lesiones.
Décimo Cuarto: Que el tribunal estima que en el hecho, la seguridad personal de las afectadas como bien lesionado, y el deber de auxilio y cuidado recíproco que las relaciones de familia imponen, hace que concurra la antedicha circunstancia como agravante, debiendo observar que, respecto a la alegación de la defensa referente a que procede como modificatoria del homicidio, esta no es sostenible, dada la existencia de tipos especiales que per se aumentan la sanción, tales como el parricidio, siendo en consecuencia imposible de aplicar dicha circunstancia en virtud del principio de non bis in idem, por existir una doble agravación.
Décimo Quinto: Que respecto a las agravantes invocadas por la fiscalía de “abusar el delincuente de la superioridad de su sexo, o de sus fuerzas, en términos que el defendido no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa”, “ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, autoridad, edad, o sexo mereciere el ofendido”, refiriendo puntualmente que el acusado desconoció y despreció las calidades de cónyuge e hija de las ofendidas y haberse representado al momento de cometer el hecho la situación de existir un menor de edad, y por último, “ejecutarlo portando armas de fuego o de aquellas referidas en el artículo 132 –del Código Penal-“ , contenidas en los numerales 6, 18 y 20 del Nº 12 del Código Penal, la defensa las controvierte señalando que la superioridad física no fue decisiva para la perpetración del delito; que las ofendidas no se encuentran constituidas en dignidad, y que el empleo de arma blanca no está contenido en el agravante invocado, por cuanto hoy no es posible sostener que alguien pueda participar en una sublevación portando un cuchillo.
Décimo Sexto: Que no obstante lo alegado por la defensa, el tribunal estima que ninguna de las antedichas agravantes concurre en la especie, ello dado el tenor del delito que se acreditó, esto es, amenazas no condicionales, debiendo tener en consideración que tanto el uso del arma blanca, como la superioridad física son elementos que aportan a la seriedad de la amenaza, que en definitiva, han de considerarse parte del hecho por el que se condena, en tanto que la fundamentación del agravante del numeral 18 ya señalado, hace referencia al desprecio que dio el acusado a las calidades de cónyuge e hija de las ofendidas, elementos que ya fueron considerados al momento de determinar la procedencia como agravante de la circunstancia mixta del artículo 13 del Código Penal.
Décimo Séptimo: Que según convención probatoria acordada por las partes, el extracto de filiación y antecedentes del acusado se encuentra exento de anotaciones penales, circunstancia que no obstante no haber sido discutida, merece consideración aparte.
En efecto, las circunstancias que hacen referencia al autor de un hecho que reviste caracteres de delito, ya sea su irreprochable conducta o las diversas hipótesis de reincidencia, han de ser consideradas en el marco de un derecho penal de hechos y no de autor, sólo en el sentido de si permiten por si mismas aumentar o disminuir la peligrosidad y reproche del hecho; en este sentido, y aún cuando el acusado no
registra anotaciones pretéritas, dado que como se constató de la prueba documental, ni siquiera se dictó sentencia en las causas seguidas en su contra por violencia intrafamiliar, hay elementos más que suficientes, allegados a este tribunal, para determinar que su actuar pasado reviste un alto grado de reproche y más aún, contextualiza una situación que permite determinar que el hecho por el cual se le acusa hoy reviste una mayor peligrosidad que la que tendría en abstracto, razón por la cual, no se dará lugar a la concesión de la minorante del artículo 11 Nº 6 del Código Penal.
Décimo Octavo: Que en lo tocante a las otras atenuantes invocadas por la defensa, imputabilidad disminuida del artículo 11 Nº1 del Código Penal y haber actuado el acusado por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido rabia u obcecación, contenida en el numeral 5 del mismo artículo, fundadas en el caso de la primera, en el hecho que el acusado es enfermo, con trastorno de personalidad e incapaz de controlar sus impulsos, en tanto que la segunda lo es en la circunstancia que el sujeto al no tomar sus medicamentos no fue capaz de controlarse.
El tribunal, luego de oír al Ministerio Público respecto de ambas modificatorias y en concordancia con lo expuesto en la motivación undécima de este fallo, considera que ha quedado suficientemente claro que el acusado no padece enfermedad mental alguna, sólo un trastorno de personalidad mixto, que no reviste dicha calidad y que su embriaguez patológica por grandes ingestas de alcohol, que ha producido deterioros en su hígado y hace que este pase a su encéfalo sin metabolizarse, no es suficiente para atenuar su responsabilidad. En estos términos, la perito doctora Amelia Correa informó que no existe condición en el acusado de relevancia médico legal suficiente para atenuar su imputabilidad, sin ser suficiente para este sentenciador la circunstancia hipotética determinada por la médico cirujano presentada como perito por la defensa, doctora Gutiérrez Pedreros quien señaló que procedería una disminución de imputabilidad respecto de J.E.F.M., por cuanto, no dio suficiente razón de sus dichos, principalmente en lo relativo a los rasgos paranoides que presentaría el antedicho, circunstancia en la que basa su conclusión, y a la metodología que empleo para su determinación, dado que ello fue a su vez descartado por el doctor Vas, siquiatra que trató en varios períodos al acusado, y teniendo además en consideración que todos los profesionales concluyen que no presenta alteraciones en su inteligencia o percepción de lo lícito o ilícito en su actuar, circunstancia esta última que fue graficada por los funcionarios de carabineros que procedieron a su detención y que ha sido expuesta latamente.
Finalmente, respecto del actuar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido rabia u obcecación, el tribunal comparte la alegación de la fiscalía en el sentido que esta es una atenuante de las llamadas en doctrina “pasionales”, que para concurrir requieren de la existencia de factores externos y no internos del acusado, como es su inobservancia de tratamientos médicos, los que además, está en condiciones de discernir respecto de seguirlos o no y las consecuencias de ello.
Por esto se desechan ambas atenuantes invocadas.
Décimo Noveno Que el delito de amenazas no condicionales apareja una pena de presidio menor en su grado mínimo, y así las cosas, tratándose en la especie de un
concurso ideal de delitos, esto es, un hecho que es constitutivo de dos ilícitos, como quedó determinado en el considerando octavo de este fallo, es que se ha de dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 75 del Código Penal, debiendo en definitiva imponer al acusado sólo la pena mayor asignada al delito más grave, teniendo siempre presente que le perjudica una agravante y no lo beneficia atenuante alguna.
Vigésimo: Que respecto a la concesión de alguno de los beneficios alternativos al cumplimiento de la pena, ha de estarse a lo que se resuelva luego de determinar esta.
I Que se condena a J.E.F.M., ya individualizado, a la pena de quinientos cuarenta días de presidio menor en su grado mínimo, más las accesorias de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa, en su carácter de autor de los delitos de amenazas de muerte no condicionales en contra de G.F.E. y R.E.P.L., cometidos en esta ciudad el día 29 de julio de 2005.
A su turno, el informe presentencial allegado por la fiscalía como antecedente para la determinación de pena, no recomienda la libertad vigilada respecto de J.E.F.M..
Ejecutoriada la presente sentencia, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, en relación con lo señalado en el artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales.
Devuélvase la evidencia material y documental a los intervinientes.
Redacción del Juez José Héctor Marinello Federici.
Regístrese, comuníquese en su oportunidad al Juzgado de Garantía de Santiago que remite para su cumplimiento, hecho archívese.
RUC: 0500326334-9
RIT: 10-2005
Dictada por los jueces doña Bernardita González Figari, presidente, doña Olga Ortega Melo, y don José Héctor Marinello Federici.
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References: artículo 468
 artículo 113
 artículo 296
 artículo 296
 artículo 15
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 10
 artículo 494
 artículo 297
 artículo 296
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 artículo 12
 artículo 13
 artículo 74
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 132
 artículo 13
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 75
 artículo 468
 artículo 113