Source: https://www.slideshare.net/jorgeopiac/auto-007-2009-entidades-territoriales
Timestamp: 2017-02-28 04:03:10+00:00

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by Kt-rin Zoothoo
REPUBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Segunda de Revisión AUTO N° 007 de 2009 Referencia: Sentencia T-025 de 2004 y Autos 177 de 2005, 218 y 266 de 2006 y 052 de 2008 Coordinación de la política pública de atención a la población desplazada con las entidades territoriales Magistrado Ponente: MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSABogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil nueve (2009)La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por losMagistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y RodrigoEscobar Gil CONSIDERANDO1. Que en la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró laexistencia de un estado de cosas inconstitucional en el campo deldesplazamiento forzado en el país.2. Que según lo ha reiterado esta Sala en los Autos de seguimiento alcumplimiento de la sentencia T-025 de 2004, entre ellos los Autos 177 y 178de 2005, 218 y 266 de 2006, de conformidad con el artículo 27 del Decreto2591 de 1991, “el juez (…) mantendrá la competencia hasta que estécompletamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de laamenaza.”1 La Sala Segunda de la Corte Constitucional, en el marco delproceso de seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la1 Sobre la competencia de la Corte Constitucional para dictar autos que aseguren que el cumplimiento de loordenado en una sentencia de tutela, siempre que ello sea necesario, ver, entre otros, los Autos 010 y 045 de2004, MP: Rodrigo Escobar Gil. Ver también la sentencia T-086 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa. 2.
2sentencia T-025 de 2004, ha mantenido su competencia para verificar que lasautoridades adopten las medidas necesarias para asegurar el goce efectivo delos derechos fundamentales de las personas desplazadas en el país.3. Que en la sentencia T-025 de 2004, numeral tercero de la parte resolutiva,la Corte impartió la siguiente orden: “COMUNICAR, por medio de laSecretaría General, el estado de cosas inconstitucional al Ministro delInterior y de la Justicia, para que promueva que los gobernadores y alcaldesa que se refiere el artículo 7º de la Ley 387 de 1997, adopten las decisionesnecesarias para asegurar que exista coherencia entre las obligaciones,constitucional y legalmente definidas, de atención a la población desplazadaa cargo de la respectiva entidad territorial y los recursos que debe destinarpara proteger efectivamente sus derechos constitucionales. En la adopción detales decisiones ofrecerán oportunidades suficientes de participación efectivaa las organizaciones que representen los intereses de la poblacióndesplazada. Las decisiones adoptadas serán comunicadas al ConsejoNacional a más tardar el 31 de marzo de 2004”.4. Que si bien en la sentencia T-025 de 2004 no se impartió ninguna ordenespecífica a algún alcalde municipal o gobernador departamental, esto nosignifica que no estén obligados a realizar acciones para garantizar el goceefectivo de los derechos de la población desplazada, pues como lo señaló laCorte en la citada sentencia: “(…) uno de los factores que ha generado lainsuficiencia de recursos es el bajo compromiso de las entidades territorialesen la destinación de recursos apropiados para atender a la poblacióndesplazada, ya sea porque carecen de recursos suficientes o porque no hancolocado como tema prioritario de la agenda política la atención de lapoblación desplazada. Por ello, es preciso que tales entidades adoptendecisiones que garanticen un mayor compromiso, como lo ordena el artículo7 de la Ley 387 de 1997 al señalar que las autoridades territorialesconvocarán los Comités de Atención a la Población Desplazada. Dichaconvocatoria es obligatoria en los municipios en donde se presentensituaciones de desplazamiento forzado, según el parágrafo 3 de dichoartículo. El gobierno nacional, por intermedio del Ministerio del Interior,debe promover su creación. Las autoridades territoriales competentesdeterminarán el volumen de recursos que destinarán a la atención de lapoblación desplazada y definirán los programas y componentes prioritariosde atención que asumirán. Para lograr una adecuada coordinación entre lasautoridades nacionales y las territoriales, los alcaldes y gobernadores dondeexistan asentamientos de desplazados es necesario que tales decisiones seanadoptadas en un plazo breve y que se informe al Consejo Nacional de lasdecisiones adoptadas, a más tardar el 31 de marzo de 2004, a fin de que talescompromisos puedan ser tenidos en cuenta por ese órgano”.5. Que en los considerandos 13 y 15 del Auto 177 del 29 de agosto de 2005,la Sala Tercera de Revisión declaró que “uno de los factores que haretrasado el avance hacia la superación de dicho estado de cosas es la 3.
3insuficiencia en la coordinación de los esfuerzos presupuestales de lasentidades territoriales y la precariedad de la capacidad institucionalnacional para efectuar seguimiento, adoptar correctivos, identificar avances,estancamientos o retrocesos y comparar los resultados alcanzados por lasdiversas entidades territoriales”, y señaló que las acciones realizadas por elMinisterio del Interior y de Justicia eran insuficientes y precarias por tresrazones principales: “(i) Porque tales acciones fueron diseñadas a partir deuna concepción excesivamente restringida de lo que significa “promover”,que no corresponde a la prioridad que tiene la superación del estado decosas inconstitucional de la situación en que se encuentra la poblacióndesplazada. (ii) Porque para sustentar que no es posible una mayorincidencia del gobierno nacional en las decisiones presupuestales de lasentidades territoriales, el Ministerio parte de una concepción de autonomíaterritorial que extiende a temas de interés nacional, criterios aplicablesexclusivamente a lo local y, además, traslada a los recursos transferidos oexógenos los parámetros aplicables a los recursos endógenos, lo cual no seajusta a la jurisprudencia constitucional sobre estas materias. (iii) Porquelas acciones adelantadas no son en sí mismas efectivamente conducentes.”Como consecuencia de lo anterior, la Sala Tercera de Revisión precisó que“las acciones efectuadas por el Ministro del Interior y de Justicia, con lasefectuadas por otras entidades del Consejo Nacional de Atención a laPoblación Desplazada que fueron destinatarios de órdenes específicas en lasentencia T-025 de 2004, se concluye que el cumplimiento de este Ministro esel más bajo y los resultados alcanzados son los más insuficientes.”6. Que en el Auto 218 de 2006, la Corte reiteró las falencias presentadas en lalabor del Ministerio del Interior y de Justicia, y precisó: “La CorteConstitucional estableció en el Auto 177 de 2005 órdenes puntuales y plazosrazonables para que el Ministerio del Interior y de Justicia diseñara,implementara y aplicara prontamente una estrategia de promoción y decoordinación de esfuerzos nacionales y territoriales que condujeraefectivamente a que las entidades territoriales asumieran un mayorcompromiso tanto presupuestal como administrativo para la atención a lapoblación desplazada y la garantía efectiva de sus derechos. Sin embargo,los informes presentados a la Corte no demuestran que los esfuerzos delMinistro del Interior y de Justicia hayan comprendido acciones idóneas paraavanzar adecuadamente en el cumplimiento de dicha orden.“Las principales falencias se presentan, según se deduce de los informes decumplimiento, en las siguientes áreas: (a) la interpretación que ha hecho elMinisterio de su rol como promotor y coordinador de los esfuerzosnacionales y territoriales para la atención integral de la poblacióndesplazada, que es restrictiva y desconoce la posición central que ha deocupar dicho Ministerio en los esfuerzos de coordinación, según se ordenó enel Auto 177 de 2005; (b) en particular, la referencia constante que se hahecho a la autonomía de las entidades territoriales en tanto factor queobstaculiza la adecuada coordinación de los esfuerzos emprendidos por tales 4.
4autoridades, desconociendo que se trata de un asunto de interés nacionalque, por lo mismo y de conformidad con la jurisprudencia constitucional(sentencia C-579 de 2001) justifica un mayor nivel de intervención por lasautoridades del nivel central; (c) el enfoque que se ha dado a la función decoordinación a cargo del Ministerio, que se ha centrado en el envío decomunicaciones y exhortos, la realización de discursos y conferencias, sinavanzar en acciones concretas de coordinación que den cumplimiento a loordenado; (d) el escaso análisis de la información aportada por las entidadesterritoriales respecto de su compromiso para la atención de la poblacióndesplazada; y (e) el retraso en la generación de indicadores que permitanevaluar tanto el avance de los entes territoriales en la superación del estadode cosas inconstitucional, como la efectividad de las labores de coordinaciónadelantadas por el Ministerio del Interior y de Justicia”.7. Que en el Auto 266 de 2006, la Corte le ordenó a Sandra Patricia DeviaRuiz, Directora de Asuntos Territoriales y Orden Público del Ministerio delInterior y de Justicia, que “(a) dentro del término perentorio de tres (3) díashábiles, remita a la Corte, de existir, un documento en el que conste laestrategia de coordinación de las acciones territoriales para la atención dela población desplazada; (b) dentro del mismo término de tres (3) díashábiles, provea las aclaraciones que se solicitan en el numeral 3.2. de laSección III de esta providencia sobre la creación de una Dirección Especialdentro del Ministerio del Interior a cargo de la coordinación de lasactuaciones de las entidades territoriales en esta área; y (c) dentro del mismotérmino de tres (3) días hábiles, indique si se han fijado plazos precisos paraque las autoridades territoriales lleven a cabo las actuaciones que se señalanen la parte resolutiva del Acuerdo 06 de 2006 del CNAIPD, y cuáles son talesplazos”.8. Que debido a que la información proveniente del Ministerio del Interior yde Justicia no revelaba cuál era la situación de la población desplazada en lasdiferentes entidades territoriales, la Corte, mediante Auto 052 de 2008 solicitóa los gobernadores departamentales y alcaldes municipales de todo el paísinformación sobre la situación de los desplazados en cada entidad territorial,las necesidades de diferente orden de las entidades territoriales para atender ala población desplazada y los resultados de las acciones emprendidas paragarantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada.9. Que la Corte Constitucional ha recibido los informes de algunas entidadesterritoriales en donde absuelven las preguntas formuladas en el Auto 052 de2008 y un informe elaborado por el Centro de Investigaciones Sociojurídicasde la Universidad de los Andes en el que se sistematizan las respuestas de lasentidades territoriales a dicho Auto, así como un análisis de los principalescaminos para lograr el compromiso de las entidades territoriales en asegurar elgoce efectivo de los derechos de los desplazados. Por lo tanto, remitirá estosdocumentos al Ministerio del Interior y de Justicia para que cumpla su funciónde ente coordinador de la política pública de atención a la población 5.
5desplazada con las entidades territoriales para que éstas asuman un mayorcompromiso, tanto presupuestal como administrativo, para la atención de lapoblación desplazada y la garantía del goce efectivo de sus derechos.No obstante, subraya la Corte que en la Ley 1190 de 2008, ante lacontinuación del estado de cosa inconstitucional, el Congreso de la Repúblicaefectuó trascendentales cambios en la coordinación de las entidadesterritoriales, en aplicación del principio de colaboración armónica entre lasramas del poder público. Debido a tales cambios, dicha coordinación ya no seencuentra exclusivamente en cabeza del Ministerio del Interior y de Justicia,por lo cual es necesario impartir órdenes adicionales que apliquen lasdecisiones del legislador en armonía con la Constitución interpretada en lasentencia T-025 de 2004.10. Que además de lo dicho en la sentencia T-025 de 2004 y los respectivosautos de seguimiento sobre el bajo compromiso de las entidades territorialesen la atención a la población desplazada, el legislador expidió la Ley 1190 de2008, “por medio de la cual el Congreso de la República de Colombia declarael 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personasdesplazadas por la violencia y se dictan otras disposiciones”. En dicha ley seefectuaron varios cambios significativos en punto al involucramiento de lasentidades territoriales en la superación del estado de cosas inconstitucional asícomo en la coordinación de las mismas. Dentro de estos cambios cabe resaltarlos siguientes: (i) las entidades territoriales adquieren obligaciones específicasrespecto de la población desplazada las cuales consisten en esencia enintroducir un elementos básicos comunes de racionalidad en el diseño,implementación y seguimiento a las políticas públicas relativas a proteger losderechos de los desplazados; (ii) el objetivo de dichas políticas a niveldepartamental, distrital y municipal ha de ser lograr el goce efectivo de losderechos de los desplazados, como lo ordenó la Corte Constitucional, “en susrespectivas jurisdicciones”; (iii) el Consejo Nacional para la Atención Integrala la Población Desplazada por la Violencia “Cnaipd”, tiene ahora laobligación clara y específica de coordinar “con los comités departamentales,municipales y distritales, las acciones dirigidas a garantizar el compromiso delos entes territoriales”, lo cual lo fortalece y permite que todos los miembrosde dicho Consejo ejerzan sus competencias para que esta coordinación no sequede en gestiones y procesos administrativos sino que se traduzcan enresultados tangibles en beneficio de los derechos de los desplazados y en lasuperación del estado de cosas inconstitucional; (iv) el Ministerio del Interiory de Justicia deja de tener la competencia principal como coordinador de lasentidades territoriales, sin perder todas sus responsabilidades en la materia, locual se traduce en cambios importantes, así: (v) el Ministro del Interior y deJusticia, como cabeza del ministerio, debe actuar en coordinación con laAgencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional yel Departamento Nacional de Planeación, DNP, para cumplir la obligación, dela cual son responsables las tres entidades, de determinar los mecanismos queaseguren que los comités municipales, departamentales y distritales formulen 6.
6e implementen los Planes Integrales Únicos, (PIU) y su articulación en losplanes de desarrollo y en los presupuestos locales, teniendo en cuenta lasdisposiciones contenidas en el artículo 2 de la citada ley y en otrasdisposiciones; (vi) en relación con el retorno o reasentamiento, al interior delSistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, Snaipd, sedividen las responsabilidades, de tal forma que (a) en cabeza del Ministro delInterior y de Justicia, queda la coordinación con los Alcaldes y Gobernadoresde las acciones que garanticen el goce efectivo de los derechos de laspoblaciones retornadas o reasentadas que se encuentren en sus respectivasjurisdicciones, y (b) en cabeza de los jefes y directores de las demás entidadesintegrantes del Snaipd, queda el acompañamiento en virtud a suscompetencias y en coordinación con la Agencia Presidencial para la AcciónSocial y la Cooperación Internacional en ejercicio de la secretaría técnica delsistema. Finalmente (vii) destaca la Corte que a partir de estos cambios laAgencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacionaladquiere responsabilidades directas de mayor alcance como coordinador delas entidades territoriales, y todas las entidades del Consejo y el Sistemaadquieren la obligación de ejercer sus competencias plenamente para lograr elcompromiso efectivo d e dichas entidades. Basta citar el artículo 2 para apreciar estas transformaciones importantes: “A partir de la vigencia de la presente ley el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia “Cnaipd”, coordinará con los comités departamentales, municipales y distritales, las acciones dirigidas a garantizar el compromiso de los entes territoriales en el cumplimiento y materialización de los derechos de la población desplazada por la violencia que se encuentren en sus respectivas jurisdicciones. PARÁGRAFO 1o. Para garantizar el cumplimiento del presente artículo, los gobernadores de departamento y alcaldes municipales y distritales deberán en el plazo máximo de cinco meses a partir de la fecha de expedición de la presente ley: 1. Diseñar, implementar y aplicar una estrategia que logre mayores compromisos presupuestales y administrativos a nivel municipal y departamental dirigida a personas en situación de desplazamiento. 2. Definir metas puntuales a corto, mediano y largo plazo para las estrategias de promoción y coordinación con cronograma que permita hacer seguimiento permanente de las acciones realizadas. 3. Diseñar un mecanismo de evaluación periódica que permita hacer los ajustes necesarios a las estrategias diseñadas, de tal manera que sea posible adoptar correctivos cuando se presenten retrocesos o rezagos en las metas definidas. 7.
7 4. Informar oportunamente de una manera adecuada, inteligible y accesible para la población desplazada sobre la forma como las entidades territoriales están trabajando en el mejoramiento de la atención a la población desplazada y de los avances logrados. 5. Adoptar y aplicar una estrategia que garantice la participación oportuna y efectiva de las organizaciones de población desplazada en el ámbito territorial, en los procesos de diseño, coordinación e implementación de las estrategias de promoción y coordinación que se adelanten. 6. Diseñar e implementar planes y programas con enfoques diferenciales dirigidos a las personas que en situación de desplazamiento, sean sujetos de especial protección constitucional o que se encuentren en mayor grado de vulnerabilidad. PARÁGRAFO 2o. El Ministro del Interior y de Justicia en coordinación con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y el Departamento Nacional de Planeación, DNP, determinarán los mecanismos que aseguren que los comités municipales, departamentales y distritales formulen e implementen los Planes Integrales Únicos, (PIU) y su articulación en los planes de desarrollo y en los presupuestos locales, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el presente artículo y en otras disposiciones. Para garantizar la articulación con los presupuestos del año 2008 se ordenan los procedimientos para adicionarlo en forma obligatoria. PARÁGRAFO 3o. El Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, Snaipd, en cabeza del Ministro del Interior y de Justicia, coordinará con los Alcaldes y Gobernadores acciones que garanticen el goce efectivo de los derechos de las poblaciones retornadas o reasentadas que se encuentren en sus respectivas jurisdicciones, las demás entidades integrantes del Snaipd, harán el acompañamiento en virtud a sus competencias y en coordinación con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional en ejercicio de la secretaría técnica del sistema”.11. Que así las cosas, la responsabilidad de las autoridades territoriales frentea la población desplazada se deriva clara y específicamente de lasobligaciones constitucionales y legales que han incorporado los principiosrectores sobre desplazamiento a nuestro ordenamiento, como lo resaltó laCorte en la sentencia T-025 de 2004. Advierte la Corte que la ley no exime ala Nación de sus competencias y deberes como principal responsable deasegurar el goce efectivo de los derechos de los desplazados en todo elterritorio nacional. La Ley 1190 de 2008 efectúa reformas importantes en lostemas mencionados, pero parte de la distribución de competencias ya existenteentre la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios. Dichadistribución de competencias es diferente según la materia de que se trate, locual es relevante para determinar qué debe hacer cada entidad territorialrespecto de cada uno de los derechos constitucionales de la población 8.
8desplazada y por la tanto cuáles son las obligaciones que debe cumplir. En laConstitución y la ley están los principios que deben aplicarse cuando lasobligaciones versen sobre una misma materia, así como cuando la entidadterritorial competente - según los informes que estas deben presentar, laspeticiones de las organizaciones de desplazados y las constataciones de lasentidades nacionales – no tengan la capacidad de hacer lo que les correspondepara asegurar el goce efectivo de los derechos de los desplazados.12. Que a pesar del tiempo transcurrido desde la expedición de la sentenciaT-025 de 2004 y de los múltiples requerimientos y órdenes al Ministerio delInterior y de Justicia para que cumpla sus funciones de coordinador de lapolítica pública de atención a la población desplazada, no se ha logradogarantizar el goce efectivo de los derechos de esta población y aún subsistendeficiencias en materia de coordinación con las entidades territoriales.Por lo tanto, sin perjuicio de los mecanismos de coordinación previstos en laLey 1190 de 2008 y de las competencias que constitucional y legalmente lecorresponden al Ministerio del Interior y de Justicia, con el fin de que elMinisterio cumpla efectivamente sus funciones relativas a la atención de lapoblación desplazada, de ahora en adelante el Ministro del Interior y deJusticia será el responsable de coordinar, dentro del nuevo esquema creado porla Ley 1190 de 2008, esta política con las entidades territoriales y no podrádelegar esta labor en ningún otro funcionario. En consecuencia, los informesque presente este Ministerio a la Corte Constitucional deberán ser presentadospor el propio Ministro del Interior y de Justicia, ya que es el responsabledirecto de las funciones que realiza este ente en materia de atención a lapoblación desplazada.13. Que de acuerdo al artículo 288 de la Constitución Política, “lascompetencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidasconforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad”.Esta Corporación ha precisado el alcance de estos principios, y en sentenciaC-1051 de 20012 señaló: “El artículo 288 de la Constitución establece que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, atendiendo a los lineamientos constitucionales y legales. El primer principio, indica que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (art. 209 C.P.), coordinación que debe darse, tanto entre las entidades territoriales, como entre éstas y la Nación. El principio de concurrencia implica un proceso de participación entre la Nación y las entidades territoriales, de modo que ellas intervengan en el "diseño y desarrollo de programas y proyectos dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, pues sólo así será2 M.P: Jaime Araujo Rentería. 9.
9 posible avanzar en la realización efectiva de principios también de rango constitucional, como por ejemplo el de descentralización y autonomía territorial."3 El principio de subsidiaridad consiste en que sólo cuando la entidad territorial no pueda ejercer determinadas funciones en forma independiente, puede apelar a niveles superiores (el departamento o la Nación), para que éstos asuman el ejercicio de esas competencias”.En el mismo sentido, la Corte ha señalado que de acuerdo al principio desubsidiariedad, “la Nación debe colaborar con las entidades territorialescuando quiera que éstas no puedan cumplir con sus funciones ycompetencias, es decir, la Nación debe apoyar siempre a las entidadesterritoriales más débiles”.414. Que de acuerdo al informe presentado por ACNUR, titulado “Balance dela política pública para la atención integral al desplazamiento forzado enColombia. Enero 2004- Abril 2007”, los principales municipios de expulsióncon tendencia creciente de desplazamiento son: Vistahermosa (Meta), Páez(Cauca), Dibulla (Guajira), Nariño (Antioquia), Barranco de Loba (Bolívar) yPatía (Cauca). De igual manera, los principales municipios que concentraronla expulsión de población desplazada en el año 2006 fueron: Buenaventura(Valle del Cauca), Vistahermosa (Meta), San Vicente del Caguán (Caquetá),San Andrés de Tumaco, (Nariño) y Valle del Guamuez (Putumayo).De otro lado, en la investigación5 “El desplazamiento forzoso en Colombia:un camino sin retorno hacia la pobreza”, se indica lo siguiente: “Al calcularla intensidad del desplazamiento, es decir, el porcentaje de personasdesplazadas respecto a la población total del municipio expulsor, seencuentra que algunos municipios han perdido más de la mitad de supoblación, debido a la migración forzada de sus habitantes. Algunos ejemploselocuentes son Bojayá (Chocó), con una intensidad del 94.7%; Cocorná(Antioquia), con el 93.8%; El Tarra (Norte de Santander), con el 82.4%;Peque (Antioquia), con el 77.5%, y Riosucio (Chocó), con el 76.1%”. Endicho estudio también se menciona la problemática de los municipiosreceptores de población desplazada, y se señala: “Los indicadores de presión,que calculan la llegada de población desplazada a un municipio frente a supoblación nativa, denotan asimismo la dificultad que están enfrentado lasciudades intermedias para absorber los grandes flujos migratorios. Lossiguientes indicadores de presión para ciertas capitales departamentalesdemuestran dicho impacto: Mocoa (Putumayo), 33,3%; Quibdó, (Chocó),26,4%; Sincelejo (Sucre), 24,6%; Florencia (Caquetá), 20,3% y San José(Guaviare), 18,5%. Todos estos municipios, con dificultades para atender asu población nativa, han recibido una persona por cada cinco personasnativas en los últimos años, lo cual es a todas luces una emergencia3 Sentencia C-201 de 1998, M.P: Fabio Morón Díaz.4 Sentencia C-1187 de 2000, M.P: Fabio Morón Díaz.5 Realizada por Ana María Ibáñez Londoño. 10.
10humanitaria que no se puede atender con los recursos usuales de unmunicipio”.15. Que es importante que el Ministerio del Interior y de Justicia identifiquecuáles son los municipios que requieren apoyo prioritario en materia deatención a la población desplazada, por lo que deberá informar a la CorteConstitucional, antes del 15 de febrero de 2008, cuáles son, a su juicio, estosmunicipios, y por qué resultan prioritarios en materia de desplazamientoforzado, a partir del informe que ya fue presentado a la Corte Constitucionalen la sesión del 11 de diciembre de 2008, sin que éste le impida efectuarmodificaciones.16. Que de acuerdo a los principios de coordinación, subsidiariedad yconcurrencia antes señalados, las entidades nacionales deben colaborar yapoyar a las entidades territoriales para que superen sus falencias en materiade atención a la población desplazada y se garantice el goce efectivo de susderechos. De igual manera, en aquellas entidades territoriales que por suprecaria capacidad presupuestal y administrativa no puedan atender a lapoblación desplazada, las entidades nacionales, según sus competenciasmateriales y dentro del nuevo esquema de coordinación creado por la ley, envirtud del principio de subsidiariedad, deberán realizar todas las acciones yadoptar todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de losderechos de la población desplazada, sin que para ello constituya un obstáculola autonomía de las entidades territoriales, que, como lo ha reiterado esta Sala,no se opone a que la Nación cumpla sus obligaciones respecto de los derechosde la población desplazada, ni puede ser invocada para disculpar lapermanencia de fallas claramente identificadas.17. Que para que los responsables a nivel nacional cumplan efectivamente sulabor de coordinar la política pública de atención a la población desplazada, espreciso que todos los gobernadores departamentales y alcaldes municipalescumplan cabalmente sus funciones, de conformidad con la distribución decompetencias material efectuada en las normas vigentes y la gravedad de lasituación en la respectiva jurisdicción, y colaboren decididamente con elGobierno Nacional en la definición y ejecución de mecanismos que permitanlograr el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, ya que,como lo han señalado diferentes organizaciones sociales en los informesenviados a la Corte Constitucional y en las audiencias públicas realizadas,existen serias disparidades entre las entidades territoriales en cuanto a lagravedad de la situación del desplazamiento forzado y la correspondienterespuesta de la entidad territorial.18. Que en el informe presentado por el Ministro del Interior y de Justicia enla sesión de información técnica del 11 de diciembre de 2008, el Gobiernomencionó lo que a su juicio son avances importantes en el involucramiento ycompromiso de las entidades territoriales: (i) la inclusión diferencial del temade atención a la población desplazada en los Planes de Desarrollo 11.
11Departamental en 29 departamentos; (ii) la existencia de mayores esfuerzospresupuestales por parte del 97 % de departamentos, 97 % de las ciudadescapitales y el 64% de los municipios “álgidos” (Universo de 318 municipios);6(iii) la creación y funcionamiento de los comités departamentales ymunicipales para la atención integral a la población desplazada en el 100% delos departamentos, 100% de las capitales y 39% de los municipios. (Universode 318 municipios); (iv) la formulación de Planes Integrales Únicos en el78.13 % de los departamentos, el 62.5% de las capitales, y el 41 % de losmunicipios. (Universo de 318 municipios). Igualmente señaló las entidadesterritoriales consideradas prioritarias: (i) las 21 ciudades capitales álgidas condoble dinámica de recepción y expulsión (Arauca, Bogotá, Bucaramanga,Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Medellín, Mocoa, Montería,Neiva, Pasto, Quibdó, Riohacha, San José del Guaviare, Santa Marta,Sincelejo, Valledupar, Villavicencio, Yopal); (ii) 5 ciudades capitales con altadinámica de recepción (Armenia, Barranquilla, Manizales, Pereira yPopayán); (iii) 17 departamentos álgidos en dinámica de desplazamiento(Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba,Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre,Tolima y Valle del Cauca, así como Bogotá); (iv) 255 municipios receptores yexpulsores (Antioquia 38, Arauca 4, Atlántico 3, Bolívar 19, Caldas 4,Caquetá 14, Casanare 1 Cauca 15 Cesar 14 Chocó 14 Córdoba 5Cundinamarca 5 Guaviare 4 Huila 5 La Guajira 4, Magdalena 12, Meta 14,Nariño 13, Norte de Santander 9, Putumayo 9, Quindío 1, Risaralda 4,Santander 8, Sucre 12, Tolima 15, Valle del Cauca 7, Vichada 1 y Bogotá 1);(v) los departamentos con población indígena en riesgo (Cauca, Guaviare,Guainía, Putumayo, Vaupés, Vichada) y (vi) las entidades con comunidadesafro colombianas en riesgo, (Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca).19. Que en el mismo informe, el Ministro del Interior y de Justicia señaló quese habían logrado avances positivos en los departamentos de Antioquia,Quindío, Risaralda, Caldas, Bogotá, Cundinamarca, Santander, Valle delCauca, los cuales tenían presupuesto diferencial, comités creados y enfuncionamiento, PIU formulados y articulados al Plan de DesarrolloDepartamental. También indicó que con Norte de Santander, Amazonas,Meta, Huila, Cesar, Magdalena y Sucre habían desarrollado un PIU aúnpendiente de aprobación, tenían comités en funcionamiento y presupuestodiferencial. Igualmente señaló que existían dificultades para avanzar en losdepartamentos de Nariño y Putumayo, los cuales a pesar de tener un PIUconstruido y comités creados y en funcionamiento, tenían muy baja capacidadpresupuestal e institucional, un bajo nivel de participación de autoridadesterritoriales y baja articulación municipal; en Atlántico, donde no se habíaconstruido aún un PIU y existía baja articulación municipal; en Chocó yBoyacá, donde contaban con PIU pero no habían ajustes presupuestales ypersistía una baja articulación municipal; en Bolívar, Vichada, Arauca,Córdoba, Cauca, Guajira, Guaviare, Guainía, Casanare, Caquetá, Tolima, y6 El esfuerzo presupuestal propio de las entidades territoriales se incrementó en el año 2008: pasó de $37.686.512.627 en el 2007 a $88.707.565.675 en el 2008. 12.
12Vaupés, en donde el PIU estaba en etapa de caracterización, tenían bajacapacidad presupuestal y baja participación de autoridades territoriales.20. Que el Ministro del Interior y de Justicia también mencionó comomecanismos diseñados para mejorar la coordinación con las entidadesterritoriales (i) la puesta en marcha del Sistema de Información para laCoordinación Territorial a través de la cual se elaborarán informes trimestralespara orientar al Sistema Nacional de Atención Integral a la PoblaciónDesplazada y al Consejo Nacional Integral para la Atención a la PoblaciónDesplazada; (ii) la actualización del programa de capacitación a las entidadesterritoriales en lo referente al fortalecimiento de los Comités, la activación demesas territoriales, formulación del Plan Integral Único, la implementación dela ley 1190 de 2008 y demás instrumentos que son de obligatoriocumplimiento en los entes territoriales en materia de atención a poblacióndesplazada; y (iii) la aplicación de una batería de indicadores de gestión yseguimiento a los entes territoriales. No obstante solicitó a la CorteConstitucional requerir “judicialmente y de manera directa a losgobernadores y alcaldes, que no han dado respuesta a los requerimientos delMinisterio.”21. Que en su informe del 30 de octubre de 2008, la Contraloría General de laRepública señaló que en materia presupuestal existía (i) subestimación en lasproyecciones presupuestales efectuadas por el gobierno y en la determinaciónde los costos reales de los programas de atención a la población desplazada;(ii) deficiencias en los sistemas de seguimiento y control de los montosejecutados; (iii) incumplimiento de la obligación de tener un presupuestodiferenciado para la población desplazada ordenado por el Auto 176 de 2005;y (iv) baja capacidad institucional para el manejo de los recursos asignados.Durante la sesión técnica del 11 de diciembre de 2008 la Contraloría Generalde la República reiteró la necesidad de que el presupuesto para la poblacióndesplazada fuera desagregado por entidad tanto a nivel nacional comoterritorial, especificando cuentas, ejecutores y sus respectivos conceptosdescriptivos. Con el fin de facilitar el seguimiento al compromiso presupuestalde las entidades territoriales por parte de la Contraloría General de laRepública, se solicitará al Consejo Nacional de Atención Integral a laPoblación Desplazada, y en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 2 de laLey 1190 de 2008, que al solicitar la información presupuestal a las entidadesterritoriales establezca un procedimiento que permita hacer un seguimientofiscal desagregado de los presupuestos locales destinados a los programas deatención de la población desplazada por secciones, cuentas, y ejecutores, talcomo lo deben hacer las entidades del orden nacional.22. Que la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobreDesplazamiento Forzado en su IX informe de verificación, propuso extenderlos requisitos mínimos de racionalidad, ya desarrollados por la CorteConstitucional, para cada uno de los componentes de la política pública sobredesplazamiento. Además, sugirió adicionar como criterio de racionalidad, la 13.
13implementación de una reglamentación objetiva de la corresponsabilidadnacional y territorial en el desarrollo de las políticas públicas sobre eldesplazamiento forzado, de tal manera que se contrarresten las desigualdadesque existen en la capacidad y respuesta institucional en las diferentes regionesdel país. La Comisión señala que esta reglamentación debe respetar, al menos,los siguientes criterios: “1) La afirmación de la responsabilidad principal de la política pública de atención a la población desplazada en cabeza del Gobierno Nacional, por tratarse de un tema estrechamente relacionado con el conflicto armado interno y los derechos humanos. 2) La afirmación objetiva de la corresponsabilidad de las autoridades territoriales en relación con las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a los derechos de la población desplazada, con el señalamiento de las consecuencias institucionales y disciplinarias en casos de omisión o incumplimiento. 3) La protección de la persona desplazada y de sus derechos frente a las situaciones de descoordinación interinstitucional. 4) La protección de la autonomía territorial y los desarrollos del proceso de descentralización política, fiscal y administrativa. 5) El desarrollo de los principios de subsidiariedad, concurrencia, coordinación y complementariedad de tal manera que la acción de los diferentes niveles de gobierno garanticen objetivamente el acceso a los derechos de la población desplazada. 6) La participación de las entidades territoriales en la formación de este reglamento, a nivel de las federaciones de entidades y de autoridades territoriales o con participación directa de gobernadores, alcaldes y autoridades tradicionales, según las diferentes categorías. 7) La diversidad de las relaciones intergubernamentales según sectores de la política pública. 8) La distribución de los recursos nacionales de la política pública, según la diversa capacidad fiscal e institucional de las entidades territoriales. 9) El impacto diferenciado del desplazamiento sobre la vida de los municipios y especialmente en las condiciones institucionales. 10) El desarrollo de convenios y demás figuras interadministrativas que articulen la acción de la Nación, los Departamentos, los Municipios y las entidades territoriales indígenas. 11) La definición de la capacidad disciplinaria del Ministerio Público en casos de incumplimiento por parte de los diferentes niveles de autoridad. 14.
14 12) La presencia territorial de los grupos y personas con derechos especialmente protegidos por razones de etnia, género, pertenencia etárea y discapacidad”.23. Que si bien el Gobierno Nacional es autónomo para diseñar e implementaruna política que comprometa e involucre a las entidades territoriales en lagarantía y goce efectivo de los derechos de la población desplazada, deberátener en cuenta en su diseño los anteriores elementos propuestos por laComisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado.En todo caso, después del respectivo estudio que realice el Gobierno paraformular una política que garantice el compromiso e involucramiento de lasentidades territoriales en la atención de la población desplazada, deberáformalizar su contenido en un acto administrativo que reglamente las leyesvigentes y, además, de cumplimiento a lo ordenado en la sentencia T-025 de2004 y los autos pertinentes.24. Que en virtud de los principios de coordinación, concurrencia ysubsidiariedad (artículo 288 de la Constitución Política) y lo ordenado en elartículo 2 de la Ley 1190 de 2008, cada uno de los alcaldes y gobernadores delos municipios y departamentos que el Gobierno considera prioritarios enmateria de atención a la población desplazada, deberá presentar un informe alConsejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por laViolencia – Cnaipd - el 15 de abril de 2009, y luego cada año, en el queindique qué compromisos puede asumir para garantizar el goce efectivo de losderechos de la población desplazada y, en caso de que no tenga la capacidadpresupuestal o administrativa, señale las falencias que se presentan paraatender a la población desplazada, teniendo en cuenta los autos deseguimiento de la sentencia T-025 de 2004 y los temas enunciados en elartículo 4 de la Ley 1190 de 20087, es decir: “1. Identificación y caracterización de la población en situación de desplazamiento ubicada en el departamento, el municipio y/o el distrito con indicación de los factores de riesgos que pudieran incrementarlo. 2. Información del nivel de atención actual a la población desplazada ya identificada, indicando el número de población atendida, la evolución del presupuesto asignado y ejecutado para la atención a la población desplazada durante los dos últimos años, discriminando lo destinado según componentes y programas. 3. Determinar cuáles son las prioridades de atención y los recursos físicos, humanos, logísticos, económicos y técnicos con que cuenta cada entidad territorial para atender a la población desplazada.7 En artículo 4 de la Ley 1190 de 2008 ordena a los gobernadores departamentales y alcaldes municipales queen desarrollo del PIU presenten un informe detallado a Acción Social sobre las acciones adelantadas paraatender a la población desplazada, teniendo en cuenta los temas enunciados en el numeral 23 de estaprovidencia. 15.
15 4. Identificar los factores que han incidido en el compromiso presupuestal y administrativo efectivo de cada entidad territorial”.Esto con el fin de que en la audiencia de rendición de cuentas, fijada en elparágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1190 de 20088, en la que el GobiernoNacional deberá presentar los avances en materia de goce efectivo de losderechos de la población desplazada a más tardar el 30 de abril de 2009 y apartir de entonces de manera anual hasta que se supere el estado de cosasinconstitucional, se incluya el tema del compromiso e involucramiento de lasentidades territoriales en la atención a la población desplazada de maneraespecífica y detallada.25. Que teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 1190 de 2008, artículo 2, y apartir de los informes enviados por las entidades territoriales señalados en lamencionada Ley y los informes enunciados en el considerando anterior, elConsejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por laViolencia deberá usar las herramientas legales al alcance de cualquiera de lasentidades que conforman dicho Consejo para asegurar el compromiso de lasentidades territoriales con la adopción de decisiones orientadas a asegurar elgoce efectivo de los derechos de la población desplazada en el respectivoámbito territorial.26. Que sin perjuicio de las herramientas legales con que ya cuentan lasentidades que conforman el Consejo Nacional para la Atención Integral a laPoblación Desplazada por la Violencia, para efectos exclusivos de lasuperación del estado de cosas inconstitucional, el Cnaipd deberá adoptar unproceso de certificación de cada una de las entidades territoriales prioritariasque le permita expedir un certificado de contribución suficiente a lasuperación del estado de cosas inconstitucional y al goce efectivo de losderechos de los desplazados a partir del 1 de abril del 2010. Este certificadopermitirá hacer visibles los niveles de cumplimiento y cooperación de lasdistintas entidades territoriales que se consideran prioritarias. Mediante estemecanismo el Cnaipd podrá certificar a aquellas entidades territoriales cuyasacciones contribuyan al avance en el goce efectivo de los derechos de lapoblación desplazada y a la superación de las falencias en la capacidadinstitucional y el esfuerzo presupuestal, e igualmente, podrá descertificar aaquellas que se retrazan injustificadamente en el cumplimiento de susresponsabilidades en desmedro del goce efectivo de los derechos de lapoblación desplazada. Dicho certificado (i) deberá fundamentarse en criterios8 ARTÍCULO 3o. Para garantizar la disminución y la superación de los graves efectos del desplazamientoforzado, el Gobierno Nacional deberá, entre otras acciones:(…)PARÁGRAFO 2o. Para efectos del presente artículo, el Gobierno Nacional tendrá a partir de la vigencia de lapresente ley, 6 meses para la presentación de la evaluación, 2 meses más para la presentación del plan deacción y 4 meses adicionales para realizar una audiencia de rendición de cuentas en la cual se presentarán losavances en materia de goce efectivo de los derechos de la población desplazada por la violencia, y en la cual,también se presentarán los avances del plan de acción al que se refiere el presente artículo. La audiencia derendición de cuentas deberá ser transmitida por radio y televisión y se realizará cada año hasta superar elEstado de Cosas Inconstitucional. 16.
16objetivos previamente comunicados a las entidades territoriales prioritarias,(ii) será de conocimiento público, (iii) señalará las condiciones que debenreunir la respectiva entidad territorial para continuar recibiendo recursos y engeneral apoyo del gobierno en temas relativos al goce efectivo de los derechosde la población desplazada y (iv) deberá expedirse con la periodicidad que elpropio Consejo determine.27. La complementación de lo ordenado en la sentencia T-025 de 2004mediante la Ley 1190 de 2008, hace necesario que los informes que enadelante presente el director de la Agencia Presidencial para la Acción Socialy la Cooperación Internacional a la Corte Constitucional y a la ciudadaníasobre la aplicación de los indicadores de goce efectivo de derechos de losdesplazados deberá contener un capítulo donde se presente la informacióndistinguiendo territorialmente la situación en que se encuentra el goce efectivode derechos. RESUELVEPrimero.- ORDENAR que por Secretaría General se remitan al Ministeriodel Interior y de Justicia tanto los informes enviados por las diferentesentidades territoriales a esta Corporación, en respuesta al Auto 052 de 2008,como el “Informe de análisis respuestas de las entidades territoriales al auto052 de 2008”, elaborado por el Centro de Investigaciones Sociojurídicas de laUniversidad de los Andes, con el fin de que el Ministerio del Interior y deJusticia, en ejercicio de sus funciones, coordine efectivamente la política deatención a la población desplazada con las distintas entidades territoriales, sinperjuicio de las competencias de coordinación que en virtud de la Ley 1190de 2008 le corresponden a la Agencia Presidencial para la Acción Social y laCooperación Internacional y al Departamento Nacional de Planeación asícomo al Consejo Nacional para la Atención Integral a la PoblaciónDesplazada por la Violencia “Cnaipd.Segundo.- DETERMINAR que sin perjuicio del mecanismo de coordinaciónestablecido en la Ley 1190 de 2008, en adelante el Ministro del Interior y deJusticia deberá ejercer directamente, en lo que le corresponde según lasreformas introducidas por dicha ley, la coordinación entre el GobiernoNacional y las entidades territoriales y las demás funciones que tiene este enteen materia de desplazamiento forzado, bajo su responsabilidad.Tercero.- ORDENAR al Consejo Nacional para la Atención Integral a laPoblación Desplazada por la Violencia “Cnaipd y, por ende, a las cabezas delas entidades públicas que lo integran que, en aplicación de las normasvigentes sobre distribución material de competencias y lo ordenado por lasentencia T-025 de 2004 y los autos de seguimiento, colabore y apoye a lasentidades territoriales para que se atienda eficiente y eficazmente a lapoblación desplazada. En aquellos municipios que por su precaria capacidad 17.
17institucional no puedan atender a la población desplazada, las entidades quecomponen dicho Consejo deberán aplicar el principio constitucional desubsidiariedad para garantizar el goce efectivo de los derechos de la poblacióndesplazada.Cuarto.- ORDENAR al Ministro del Interior y de Justicia que (i) ordene quese comunique inmediatamente el presente Auto a todas las entidadesterritoriales por los medios que tenga a su alcance y, posteriormente, (ii)remita a la Corte Constitucional, antes del 02 de marzo de 2009, undocumento en el que se señalen los municipios que requieren más apoyo paraatender eficiente y eficazmente a la población desplazada indicando por quéresultan prioritarios en materia de desplazamiento forzado.Quinto.- ORDENAR a todos los gobernadores departamentales y alcaldesdistritales y municipales que, en ejercicio de sus competencias materiales,dentro de la respectiva jurisdicción cumplan cabalmente sus funciones enmateria de atención a la población desplazada y colaboren decididamente conel Gobierno Nacional en la definición y ejecución de mecanismos quepermitan lograr el goce efectivo de los derechos de la población desplazada ysuperar el estado de cosas inconstitucional.Sexto.- ORDENAR a los alcaldes y gobernadores que el Ministro del Interiory de Justicia haya considerado prioritarios en materia de atención a lapoblación desplazada que, a más tardar el 15 de abril de 2009, y luego cadaaño, presenten un informe al Consejo Nacional para la Atención Integral a laPoblación Desplazada por la Violencia en el que indiquen qué compromisospueden asumir para garantizar el goce efectivo de los derechos de lapoblación desplazada y en caso de que no tengan la capacidad presupuestal oadministrativa, señalen las falencias que presentan para atender a la poblacióndesplazada, teniendo en cuenta los autos de seguimiento de la sentencia T-025de 2004 y los temas enunciados en el artículo 4 de la Ley 1190 de 2008.Séptimo.- ORDENAR al Consejo Nacional para la Atención Integral a laPoblación Desplazada por la Violencia que, antes del 1 de junio de 2009,diseñe una política que permita involucrar y comprometer efectivamente a lasentidades territoriales en la superación del estado de cosas inconstitucional yen el aseguramiento del goce efectivo de los derechos de la poblacióndesplazada. Dicha política deberá ser formalizada mediante un actoadministrativo.Octavo.- ORDENAR a las autoridades responsables que incluyan el tema delinvolucramiento y compromiso de las entidades territoriales en la atención ala población desplazada en la audiencia de rendición de cuentas, prevista en elparágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1190 de 2008, en la que se presentarán losavances en materia de goce efectivo de los derechos de la poblacióndesplazada. Para esto deberán tener en cuenta los informes ordenados en elnumeral anterior. 18.
18Noveno.- ORDENAR al Consejo Nacional para la Atención Integral a laPoblación Desplazada por la Violencia que, a partir de los informes enviadospor las entidades territoriales señalados en la Ley 1190 de 2008 y los informesordenados en el numeral séptimo de la parte resolutiva de la presenteprovidencia, use las herramientas legales al alcance de cualquiera de lasentidades que conforman dicho Consejo para asegurar el compromiso de lasentidades territoriales con la adopción de decisiones orientadas a asegurar elgoce efectivo de los derechos de la población desplazada en el respectivoámbito territorial.Décimo.- ORDENAR al Consejo Nacional para la Atención Integral a laPoblación Desplazada por la Violencia que a partir del 1 de abril del 2010,expida, respecto de cada entidad territorial prioritaria, un certificado relativo ala suficiencia o insuficiencia de la contribución de cada una a la superacióndel estado de cosas inconstitucional. Mediante este mecanismo el Cnaipdpodrá certificar a aquellas entidades territoriales cuyas acciones contribuyan alavance en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada y a lasuperación de las falencias en la capacidad institucional y el esfuerzopresupuestal, e igualmente, podrá descertificar a aquellas que se retrasaninjustificadamente en el cumplimiento de sus responsabilidades. Dichocertificado (i) deberá fundamentarse en criterios objetivos previamentecomunicados a las entidades territoriales prioritarias, (ii) será de conocimientopúblico, (iii) señalará las condiciones que deben reunir la respectiva entidadterritorial para continuar recibiendo recursos y en general apoyo del gobiernoen temas relativos al goce efectivo de los derechos de la población desplazaday (iv) deberá expedirse con la periodicidad que el propio Consejo determine.Décimo primero.- ORDENAR al Consejo Nacional de Atención Integral a laPoblación Desplazada, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 2 de laLey 1190 de 2008, que al solicitar la información presupuestal a las entidadesterritoriales establezca un procedimiento que permita hacer un seguimientofiscal de los presupuestos locales destinados a los programas de atención de lapoblación desplazada, desagregado por secciones, cuentas, y ejecutores, talcomo lo deben hacer las entidades del orden nacional.Décimo segundo.- ORDENAR al director de la Agencia Presidencial para laAcción Social y la Cooperación Internacional a la Corte Constitucional sobrela aplicación de los indicadores de goce efectivo de derechos de losdesplazados deberá contener un capítulo donde se presente la informacióndistinguiendo territorialmente la situación en que se encuentra el goce efectivode derechos.Décimo tercero.- COMUNICAR la presente providencia al ConsejoNoruego para Refugiados con el fin de que adopte las decisiones que estimepertinentes para hacer el seguimiento al cumplimiento de este auto.Comuníquese y cúmplase. 19.
19 MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA Magistrado JAIME CORDOBA TRIVIÑO Magistrado RODRIGO ESCOBAR GIL MagistradoMARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ Secretaria General Recommended
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References: artículo 27
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 artículo 2
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 artículo 288
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 artículo 4
 artículo 3
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