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Timestamp: 2017-07-23 00:44:54+00:00

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Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (Ley 29/2011, de 22 de septiembre) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 486229955
Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (Ley 29/2011, de 22 de septiembre)
PREÁMBULO. I. II. TÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales - arts. 1 a 7
TÍTULO SEGUNDO. Actuaciones inmediatas tras un atentado terrorista para la protección de las víctimas - arts. 8 a 13
CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales - arts. 14 a 16
SECCIÓN 1ª. Daños personales - arts. 17 a 22.ter
SECCIÓN 2ª. Daños materiales - arts. 23 a 27
CAPÍTULO III. Procedimiento y competencia - arts. 28 a 30
CAPÍTULO PRIMERO. Asistencia sanitaria - arts. 31 y 32
CAPÍTULO SEGUNDO. Derechos laborales y de Seguridad Social - arts. 33 a 35
CAPÍTULO TERCERO. Ayudas extraordinarias a las víctimas del terrorismo - art. 36
CAPÍTULO CUARTO. Actuaciones en materia de vivienda - art. 37
CAPÍTULO QUINTO. Ayudas educativas - arts. 38 a 40
CAPÍTULO SEXTO. Derechos específicos de los extranjeros víctimas del terrorismo - art. 41
CAPÍTULO SÉPTIMO. Derechos de los afectados en el tratamiento de las informaciones correspondientes a las víctimas del terrorismo - arts. 42 a 47
CAPÍTULO ÚNICO. Principios rectores y derechos de la víctima de terrorismo ante los Tribunales españoles - arts. 48 a 51
TÍTULO SEXTO. Reconocimientos y condecoraciones - arts. 52 a 60
CAPÍTULO PRIMERO. Tutela institucional - arts. 61 a 63
CAPÍTULO SEGUNDO. Fomento del movimiento asociativo y fundacional - arts. 64 y 65
ANEXO I. Indemnizaciones por daños físicos y psicofísicos. Baremos
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Aplicación retroactiva a quienes ya hubieran obtenido ayudas e indemnizaciones
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Comisión de Análisis del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Plan de Empleo
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Medidas de empleo público
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Competencias autonómicas
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Actualización de las indemnizaciones por daños físicos y psicofísicos
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Desarrollo reglamentario
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Consideración de las asociaciones de víctimas como asociaciones de utilidad pública
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Consignación económico-presupuestaria de la Ley
Norma citada en: 277 sentencias, 30 artículos doctrinales, 3 temas prácticos, 3 resoluciones administrativas, 29 noticiasJUAN CARLOS I
Artículo citado en: 4 sentencias, un artículo doctrinalARTÍCULO 2
Valores y finalidad.
Esta Ley se fundamenta en los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad. Memoria, que salvaguarde y mantenga vivo su reconocimiento social y político. Dignidad, simbolizando en las víctimas la defensa del Estado democrático de Derecho frente a la amenaza terrorista. Justicia, para resarcir a las víctimas, evitar situaciones de desamparo y condenar a los terroristas. Verdad, al poner de manifiesto la violación de los derechos humanos que suponen las acciones terroristas.
Para el cumplimiento de estos valores la Ley articula un conjunto integral de medidas que corresponde impulsar e implantar a la Administración General del Estado y a las Administraciones Públicas competentes, encaminadas a conseguir los siguientes fines:
Artículo citado en: 24 sentencias, un artículo doctrinalARTÍCULO 3
Artículo citado en: 57 sentencias, 3 artículos doctrinales, un tema prácticoARTÍCULO 3 BIS
Requisitos para el reconocimiento de las ayudas y prestaciones previstas en la Ley.
Serán destinatarios de las ayudas y prestaciones reguladas en la presente ley aquellas personas en las que concurra alguno de los dos siguientes supuestos:
La concesión de las ayudas y prestaciones reconocidas en la presente ley se someterá a los principios que, para ser indemnizadas, se establecen en el Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos.
Artículo 3 bis, añadido por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de Junio de 2012.Artículo 3 bis, modificado, con efectos desde el 23 de septiembre de 2011, por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 28 de Diciembre de 2012.Artículo citado en: 30 sentencias, 2 artículos doctrinalesARTÍCULO 4
Titulares de los derechos y prestaciones.
Artículo 4, apartado 6, modificado por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.Artículo citado en: 26 sentencias, 3 artículos doctrinales, una resolución administrativaARTÍCULO 5
De los amenazados.
Artículo 5, modificado por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de Junio de 2012.Artículo citado en: 5 sentencias, un artículo doctrinalARTÍCULO 6
Los españoles víctimas de acciones terroristas cometidas fuera del territorio nacional, no comprendidos en los apartados precedentes, tendrán derecho a percibir exclusivamente la ayuda fijada en el artículo 22 de esta Ley.
Artículo citado en: 5 sentenciasARTÍCULO 7
Ámbito de aplicación temporal.
Artículo citado en: 5 sentenciasTÍTULO SEGUNDO
Las Administraciones Públicas competentes establecerán protocolos generales de actuación para situaciones derivadas de un atentado terrorista, con la finalidad de prever las acciones inmediatas a ejecutar y los servicios u organismos llamados a intervenir en estos casos. La Administración General del Estado establecerá los criterios para la elaboración de los citados protocolos.
Para conseguir la máxima eficacia en la ejecución de los protocolos, las Administraciones Públicas establecerán mecanismos específicos de coordinación y cooperación que comprenderán la creación de unidades o puestos de mando integrados por los responsables de los distintos servicios o intervinientes.
Corresponde al Ministerio del Interior, a través de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, y de la Dirección General responsable de la asistencia a las víctimas del terrorismo, impulsar y coordinar la elaboración, ejecución y difusión de los protocolos.
Artículo citado en: 5 sentenciasARTÍCULO 9
Asistencia psicológica y psiquiátrica inmediata.
Las personas afectadas por un atentado terrorista recibirán, con carácter inmediato y gratuito, la asistencia psicológica y psiquiátrica necesaria para cubrir sus necesidades de atención, durante todo el tiempo que precisen de acuerdo con los criterios médicos y buscando en todo caso su mejor y más pronta recuperación.
A tales efectos, la Administración General del Estado podrá establecer los oportunos conciertos con otras Administraciones Públicas o con entidades privadas para articular un sistema inmediato, coordinado y suficientemente organizado capaz de paliar, en el plano individual, los efectos de un atentado terrorista.
La asistencia sanitaria de urgencia será prestada por los órganos y entidades que componen el Sistema Nacional de Salud en las condiciones que establezcan sus normas de funcionamiento.
Las autoridades sanitarias y el personal de dirección de los establecimientos sanitarios adoptarán procedimientos específicos dirigidos a localizar e informar a los familiares de las víctimas sobre el estado de éstas. El Ministerio del Interior será el habilitado para recabar de las citadas autoridades y centros sanitarios cuanta información precise para la debida prestación de los servicios de atención a las víctimas del terrorismo y a sus familiares.
La asistencia a la que se refiere este artículo incluirá, en el régimen que reglamentariamente se determine, la asistencia psicológica y psiquiátrica que sea necesaria hasta que se adquiera este derecho de conformidad con lo que se indica en los artículos siguientes.
Artículo citado en: 7 sentenciasARTÍCULO 11
Información específica sobre ayudas, indemnizaciones y demás prestaciones.
Las Administraciones Públicas competentes establecerán, de forma coordinada, en sus respectivos ámbitos y competencias, los mecanismos de información que permitan conocer los procedimientos para obtener las ayudas, indemnizaciones y prestaciones que correspondan.
Dicha información será personalizada y adaptada a las características y a las situaciones que padecen las personas afectadas por un atentado terrorista, y estará orientada al reconocimiento del régimen previsto en esta Ley y al conjunto de prestaciones que se contienen en el Sistema Nacional de Salud.
Se articularán los medios necesarios para que las víctimas del terrorismo que, por sus circunstancias personales y sociales, puedan tener una mayor dificultad para acceder íntegramente a la información, tengan asegurado el ejercicio efectivo de este derecho. A tal efecto, se garantizará que las personas a las que la presente Ley es de aplicación, y que se encuentren en una situación de discapacidad, o desconocimiento del idioma, puedan obtener, de forma inteligible, información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes para cubrir sus necesidades.
Gastos de sepelio e inhumación.
Artículo citado en: una sentenciaARTÍCULO 13
Asistencia consular y diplomática.
Artículo citado en: 3 sentenciasTÍTULO TERCERO
Delimitación de los derechos y prestaciones.
Las personas comprendidas en el artículo 4, apartado primero, tendrán los derechos y las prestaciones establecidas en esta Ley por los daños personales que les hayan causado las acciones terroristas. Si como consecuencia de la actividad delictiva la víctima hubiese fallecido, los titulares serán las personas que se indican en el artículo 4 apartado segundo de la Ley.
Las personas comprendidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, tendrán, asimismo, derecho a que el Estado les abone la cantidad impuesta a los condenados en concepto de responsabilidad civil en virtud de sentencia firme por terrorismo, en los términos previstos en esta Ley.
Las personas comprendidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, tendrán derecho a obtener las prestaciones de los regímenes públicos de protección social con el alcance y régimen específico establecidos en la presente Ley.
Las personas comprendidas en el artículo 4, apartado 3, tendrán derecho a percibir las indemnizaciones por daños materiales previstas en esta Ley.
Las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas se regirán por las disposiciones específicas del Sistema de la Seguridad Social o del Régimen de Clases Pasivas del Estado que corresponda.
Artículo citado en: 4 sentencias, un artículo doctrinalARTÍCULO 15
Régimen jurídico de las ayudas.
Las ayudas e indemnizaciones establecidas en esta Ley son compatibles con las pensiones, ayudas y compensaciones que pudieran reconocerse en ella o en cualquier otra que pudieran dictar las Comunidades Autónomas.
Asimismo, son compatibles con la exigencia de responsabilidad patrimonial al Estado por el normal o anormal funcionamiento de la Administración, si bien aquéllas se imputarán a la indemnización que pudiera reconocerse por este concepto, detrayéndose de la misma.
Artículo citado en: 5 sentenciasARTÍCULO 16
Artículos 17 a 22.ter
Resarcimiento por fallecimiento.
En el caso de fallecimiento se abonarán las cantidades dispuestas en el anexo I.
Los titulares de este derecho, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, serán, por orden de preferencia, las siguientes personas:
En el caso de la concurrencia prevista en el apartado a), la ayuda se repartirá por mitades, correspondiendo una al cónyuge o conviviente y la otra a los hijos, distribuyéndose esta última entre ellos por partes iguales.
Artículo citado en: 5 sentencias, un artículo doctrinalARTÍCULO 18
Resarcimiento por daños personales.
Artículo citado en: 5 sentenciasARTÍCULO 19
Adecuación en función de las cargas familiares.
Artículo citado en: 6 sentencias, un artículo doctrinalARTÍCULO 20
Abono por el Estado de la responsabilidad civil fijada en sentencia
Carácter extraordinario del abono.
El Estado asumirá con carácter extraordinario el abono de las indemnizaciones correspondientes, impuestas en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil, por la comisión de alguno de los delitos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley.
Las indemnizaciones se extenderán únicamente a los daños físicos o psíquicos.
La indemnización se abonará a las víctimas de terrorismo o a las personas indicadas en el artículo 17 y, en defecto de ellas, a sus herederos o a quien se fije como destinatarios en la resolución judicial que se adopte.
La cantidad total a abonar por el Estado, en concepto de responsabilidad civil fijada en sentencia, no podrá exceder de las siguientes cuantías:
Cuando las personas a las que se refiere el apartado 3 hubieren percibido la ayuda por daños personales, conforme a lo previsto en el artículo 17 de esta Ley, la cuantía del abono extraordinario por parte del Estado se extenderá únicamente a la diferencia existente entre la cantidad fijada como responsabilidad civil en sentencia firme, con los límites del apartado anterior, y la cantidad percibida como ayuda por los daños personales.
En ningún caso el abono previsto en este artículo supone la asunción de responsabilidad civil subsidiaria por parte del Estado en los procesos penales.
Artículo 20, apartado 4, modificado por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de Junio de 2012.Artículo citado en: 14 sentencias, 2 artículos doctrinalesARTÍCULO 21
Subrogación del Estado por el abono de la responsabilidad civil.
El Estado se subrogará en la titularidad del derecho de crédito nacido de la sentencia que declare la responsabilidad civil derivada del delito hasta el límite de la indemnización satisfecha en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior. La repetición del importe satisfecho por el Estado contra el obligado civilmente por el hecho delictivo se realizará mediante el procedimiento administrativo de apremio previsto en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Los destinatarios de las indemnizaciones y prestaciones por terrorismo a quienes la sentencia judicial hubiera reconocido derechos de resarcimiento por un importe superior al recibido del Estado en aplicación de esta Ley, conservarán la acción civil para reclamar la diferencia a los responsables de la acción delictiva causante de los daños.
Artículo 21, modificado por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 26 de Diciembre de 2013.Artículo citado en: 8 sentencias, 2 artículos doctrinalesARTÍCULO 22
Ayudas excepcionales por daños sufridos en el extranjero.
Los españoles víctimas de atentados terroristas cometidos fuera del territorio nacional a los que se refiere el artículo 6.3 tendrán derecho a percibir, exclusivamente una ayuda económica, en los términos que a continuación se establecen:
En caso de concurrencia de ayudas o compensaciones, el Estado podrá abonar inicialmente el importe total calculado conforme al apartado 1 de este artículo, en calidad de pago a cuenta de la liquidación final correspondiente. En ésta se considerarán los ingresos percibidos por la víctima en el extranjero y se señalará, en su caso, la obligación de reintegro al Estado de la cantidad que proceda.
Artículo 22, apartado 1, modificado por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de Junio de 2012.Artículo citado en: 3 sentencias, un artículo doctrinalARTÍCULO 22 BIS
Resarcimiento por secuestro.
Artículo 22 bis, añadido por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de Junio de 2012.Artículo citado en: 2 sentenciasARTÍCULO 22 TER
Artículo 22 ter, añadido por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de Junio de 2012.SECCIÓN 2ª
Artículos 23 a 27
Alcance de la indemnización por daños materiales.
Los daños materiales causados como consecuencia o con ocasión de los delitos de terrorismo a quienes no fueren responsables de los mismos, serán resarcibles por la Administración General del Estado en los términos previstos en el presente artículo y los artículos siguientes.
La indemnización comprenderá los daños causados en la vivienda de las personas físicas, en establecimientos mercantiles, industriales o elementos productivos de las empresas, en las sedes de partidos políticos, sindicatos u organizaciones sociales y los producidos en vehículos.
Los resarcimientos por daños materiales tendrán carácter subsidiario respecto de los reconocidos por las Administraciones Públicas o derivados de contratos de seguro, reduciéndose en la cantidad recibida por estos conceptos.
Artículo citado en: 2 sentenciasARTÍCULO 24
Daños en las viviendas.
En las viviendas habituales de las personas físicas serán indemnizables los daños sufridos en la estructura, instalaciones y mobiliario que resulte necesario reponer para que recuperen las condiciones anteriores de habitabilidad, excluyendo los elementos suntuarios. En las viviendas que no tengan el carácter de residencia habitual, el resarcimiento comprenderá el cincuenta por ciento de los daños, con el límite por vivienda que se determine reglamentariamente.
La Administración General del Estado podrá contribuir a sufragar los gastos que origine el alojamiento provisional de aquellas personas que, como consecuencia de un atentado terrorista, tengan que abandonar temporalmente su vivienda y mientras se efectúan las obras de reparación. A estos efectos, podrá celebrar convenios o acuerdos con otras Administraciones Públicas o con organizaciones especializadas en el auxilio o asistencia a damnificados en situaciones de siniestro o catástrofe.
Artículo citado en: 2 sentenciasARTÍCULO 25
Daños en establecimientos mercantiles o industriales.
En el caso de establecimientos mercantiles o industriales, el resarcimiento comprenderá el valor de las reparaciones necesarias para poner nuevamente en funcionamiento dichos establecimientos, incluyendo el mobiliario y equipo siniestrado, con el límite de indemnización que se fije reglamentariamente.
Con independencia de ello, la Administración General del Estado podrá acordar, en supuestos excepcionales y, en particular, cuando como consecuencia del acto terrorista quedare interrumpida la actividad de una empresa, con riesgo de pérdida de sus puestos de trabajo, subsidiar la concesión de préstamos destinados a la reanudación de dicha actividad.
El subsidio consistirá en el abono a la entidad de crédito prestamista de la diferencia existente entre los pagos de amortización de capital e intereses al tipo de interés fijado por la entidad prestamista, y los que corresponderían al tipo de interés subsidiado, que se determinará en las normas de desarrollo.
Artículo citado en: una sentenciaARTÍCULO 26
Daños en sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.
En el caso de sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, el resarcimiento comprenderá el valor de las reparaciones necesarias para que recuperen sus condiciones anteriores de funcionamiento, incluyendo el mobiliario y el equipo siniestrado.
Se entenderán comprendidos como daños indemnizables de esta naturaleza, los producidos por actos terroristas en las sedes o lugares de culto pertenecientes a confesiones religiosas inscritas.
Artículo citado en: 2 sentencias, un artículo doctrinalARTÍCULO 27
Daños en vehículos.
Serán resarcibles los daños causados en vehículos particulares así como los sufridos por los destinados al transporte terrestre de personas o mercancías, salvo los de titularidad pública. Para que proceda la indemnización, será requisito indispensable disponer en el momento del siniestro de póliza vigente del seguro obligatorio del vehículo. Siempre que de acuerdo con la normativa específica sea exigible dicho seguro.
El resarcimiento comprenderá el importe de los gastos necesarios para su reparación. En caso de destrucción del vehículo, o cuando la reparación resulte superior a su valor venal, la indemnización será equivalente al importe de adquisición en el mercado de un vehículo de similares características técnicas y condiciones de uso al siniestrado, con el límite máximo que se establezca reglamentariamente.
Artículo citado en: una sentenciaCAPÍTULO III
Procedimiento para la indemnización por daños corporales o materiales.
El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la indemnización por los daños a que se refiere este Título será tramitado y resuelto por el Ministerio del Interior.
Para la calificación de las lesiones a efectos indemnizatorios será preceptivo el dictamen emitido por un equipo de valoración de incapacidades cuya composición se determinará reglamentariamente según el sistema sanitario del solicitante de la indemnización. En dichos equipos se integrará, en todo caso, un representante del Ministerio del Interior vinculado con la atención a las víctimas del terrorismo.
La tasación pericial de los daños materiales se realizará por los servicios competentes del Consorcio de Compensación de Seguros, al que se reintegrará el importe de los costes incurridos en la tasación de los bienes no cubiertos por contratos de seguros.
Las evaluaciones médicas de las lesiones y las tasaciones periciales de los daños materiales, cuando resulten determinantes para adoptar la resolución, suspenderán el procedimiento hasta su incorporación al expediente indemnizatorio.
El plazo máximo para la resolución del procedimiento es de 12 meses, entendiéndose estimada la petición en caso de haber transcurrido el citado plazo sin haberse dictado resolución expresa.
Artículo 28, apartado 1, modificado, con efectos desde el 23 de septiembre de 2011, por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 28 de Diciembre de 2012.Artículo citado en: 16 sentenciasARTÍCULO 29
Unificación de los órganos de instrucción.
En el Ministerio del Interior existirá un único órgano administrativo al que corresponderá la instrucción de todos los expedientes a que se refieren los artículos anteriores.
Los documentos de evaluación de lesiones que pueda realizar cualquier órgano de la Administración General del Estado vincularán, en lo que a dicha calificación se refiere, a cualquier otro que, conforme a esta Ley, venga obligado a efectuar dicha evaluación para el reconocimiento de una ayuda o prestación, y dispensan a los interesados de la obligación de someterse a nuevos reconocimientos médicos para acreditar dicha evaluación.
El citado órgano operará, además, como ventanilla única de cualquier otro procedimiento que pudieran iniciar los interesados ante la Administración General del Estado asumiendo la remisión al órgano competente de las peticiones deducidas y la relación con el interesado.
Artículo citado en: una sentenciaARTÍCULO 30
Relación con los tribunales.
Artículo citado en: un artículo doctrinalTÍTULO CUARTO
Artículos 31 a 47
Sensibilización y tratamiento especifico de las víctimas del terrorismo.
Las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promoverán e impulsarán la actuación de los profesionales sanitarios para la atención específica de las víctimas del terrorismo, y propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la atención a las mismas.
En particular, se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico, la asistencia coordinada y la rehabilitación de las víctimas del terrorismo.
En los Planes Nacionales de Salud que procedan, se contemplará un apartado de intervención integral y coordinada en los supuestos de las víctimas del terrorismo.
El Sistema Nacional de Salud deberá prever en el régimen específico al que se refieren los apartados anteriores la prestación de atención psicológica, psicopedagógica y, en su caso, psiquiátrica, a las personas comprendidas en el artículo 4, en sus apartados 1 y 2, sin que de ello se derive automáticamente derecho alguno en el ámbito de la reparación o de la compensación económica.
Ayudas para tratamientos médicos y asistencia sanitaria complementaria a la dispensada por el Sistema Nacional de Salud.
Las personas a que se refieren el artículo 4 en sus apartados 1 y 2 podrán recibir ayudas específicas destinadas a financiar tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas, siempre que se acreditare la necesidad actual de ellos, que tuviesen vinculación con el atentado terrorista y que no hubieran sido cubiertos bien por un sistema público o privado de aseguramiento, bien por el régimen público de resarcimientos o ayudas a las víctimas de actos terroristas.
Serán igualmente resarcibles los gastos por tratamientos médicos, en la cuantía no cubierta por cualquier sistema de previsión al que estas personas estuvieren acogidas.
Estas ayudas son complementarias y adicionales a las que se determinan en la presente Ley.
Artículo citado en: 2 sentenciasCAPÍTULO SEGUNDO
Las personas que hayan sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad durante al menos dos años anteriores y los hijos, tanto de los heridos como de los fallecidos, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores , a la reordenación de su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica.
Artículo 33, modificado por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 7 de Julio de 2012.ARTÍCULO 34
De las políticas activas de empleo.
Artículo 34, modificado por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 7 de Julio de 2012.Artículo citado en: 2 sentencias, un artículo doctrinalARTÍCULO 35
Derechos de los funcionarios y del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
Las personas a las que se refiere el artículo 4, en su apartado 1, que tuviesen la condición de funcionarios públicos tendrán derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica de centro de trabajo, en los términos que se determinen en su legislación específica.
En el caso de que se ejercite el derecho a la movilidad geográfica previsto en el apartado anterior, los cónyuges o personas vinculadas por análoga relación de afectividad con aquéllos, tendrán derecho preferente a ocupar un puesto de trabajo igual o similar al que vengan desempeñando, si hubiera plaza vacante en la misma localidad.
Estos derechos, en la medida en que resulte compatible con su propio régimen jurídico, serán aplicables, igualmente y en los términos que establezca su legislación específica, al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
Artículo citado en: una sentenciaCAPÍTULO TERCERO
Ayudas extraordinarias a las víctimas del terrorismo.
Tratamiento específico en materia de vivienda pública.
Las Administraciones Públicas procurarán que las personas incluidas en el artículo 4 de esta Ley tengan una consideración preferente en la adjudicación de viviendas de protección pública, especialmente, cuando las secuelas del acto terrorista obliguen al cambio de aquélla en la que vivían.
Las Administraciones Públicas velarán por el establecimiento de un régimen preferente para que también puedan ocupar viviendas de alquiler cuando sean gestionadas mediante sistemas u organizaciones públicas.
Las Administraciones Públicas establecerán ayudas para la adaptación de las viviendas de aquellas víctimas que lo requieran debido a las secuelas devenidas de actos terroristas.
Exención de tasas académicas.
Artículo 38, modificado por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de Junio de 2012.ARTÍCULO 39
Concesión de ayudas al estudio.
Las normas de desarrollo de la presente disposición determinarán las modalidades de las ayudas, sus cuantías y las condiciones para su percepción, estableciendo, en todo caso, su incompatibilidad con las percibidas, por el mismo concepto, de otras Administraciones Públicas.
Régimen específico de asistencia a las víctimas en el sistema educativo.
Las Administraciones Públicas con competencia en materia educativa podrán establecer un sistema de atención específica a las víctimas del terrorismo a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, en sus apartados 1 y 2, mediante la designación de tutores u otros sistemas que permitan la atención individualizada y faciliten la continuación de los estudios que estaban realizando o que pudiesen realizar.
Asimismo, las citadas autoridades, en colaboración con los directores y responsables de los centros docentes, procurarán, si fuera preciso, adaptar el régimen docente a sus condiciones físico-psíquicas.
Concesión de la nacionalidad.
De la protección de datos y las limitaciones a la publicidad.
Acciones de cesación y rectificación.
Principios aplicables a la información sobre las víctimas del terrorismo.
Los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la imagen de las víctimas del terrorismo, evitando cualquier utilización inadecuada y desproporcionada de ella.
La difusión de informaciones relativas a las víctimas del terrorismo tendrá en cuenta el respeto a los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mismas y de sus familias. En particular, se tendrá especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.
A fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo anterior, las Administraciones Públicas promoverán acuerdos de autorregulación dotados de mecanismos de control preventivo y de resolución extrajudicial de controversias eficaces que contribuyan al cumplimiento de la legislación publicitaria.
Para conseguir la mejor realización de los fines indicados en este artículo y en los precedentes, las Administraciones Públicas competentes podrán promover campañas de sensibilización y formación continuada de los profesionales de la información.
Artículos 48 a 51
Las víctimas del terrorismo a que se refiere el artículo 4.1 y 2, tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en todos los procesos judiciales y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la situación que provoca la citada condición, con independencia de sus recursos económicos, en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. En estos supuestos, una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima. Este derecho asistirá también a las personas a que se refiere el artículo 4 en caso de fallecimiento de la víctima.
En todo caso, se garantizará la asistencia jurídica gratuita de forma inmediata a todas las víctimas del terrorismo que lo soliciten. El derecho de justicia gratuita se perderá si con posterioridad no se les reconoce la condición de víctima o si se dicta sentencia absolutoria firme o archivo firme, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.
Artículo 48, modificado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.ARTÍCULO 49
Mínima lesividad en la participación en el proceso.
Las Administraciones Públicas con competencia en materia de medios materiales sobre la Justicia, en colaboración con los órganos de gobierno del Poder Judicial, establecerán los mecanismos de información personalizada que permitan a las personas señaladas en el artículo 4 de la presente Ley conocer el estado de los procedimientos en los que son parte y, en su caso, de las acciones judiciales que pueden iniciar en defensa de sus derechos.
Los citados mecanismos de información pueden consistir en la creación de oficinas específicas, en la presentación telemática de informaciones y en cualquier otro que permita obtener la información que deseen aminorando la dificultad de obtener la misma.
Las personas que presten la citada información y atención deberán tener la cualificación suficiente para evitar la duplicidad de trámites y las personaciones innecesarias ante los correspondientes órganos jurisdiccionales.
Artículo citado en: un artículo doctrinalARTÍCULO 51
Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo.
Artículo citado en: 2 artículos doctrinales, una resolución administrativaTÍTULO SEXTO
Artículos 52 a 60
La Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo configura la acción honorífica específica del Estado con el fin de honrar a las víctimas del terrorismo.
Esta acción honorífica se otorga con el grado de Gran Cruz, a título póstumo, a los fallecidos en actos terroristas; con el grado de Encomienda, a los heridos y secuestrados en actos terroristas; y con el grado de Insignia, a los que tengan la condición de amenazados, a los ilesos en atentado terrorista, así como al cónyuge del fallecido o persona ligada con él por análoga relación de afectividad, los padres y los hijos, los abuelos, los hermanos y los nietos de los fallecidos, así como a los familiares de los heridos que hayan sufrido lesiones incapacitantes en sus distintos grados hasta el segundo grado de consanguinidad.
El procedimiento para su reconocimiento es el previsto en el artículo 54 de esta Ley.
Artículo 52, apartado 2, modificado por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 26 de Diciembre de 2013.Artículo 52, apartado 2, modificado por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.Artículo citado en: 11 sentencias, una resolución administrativa, una noticiaARTÍCULO 53
Titulares de las condecoraciones.
Las víctimas del terrorismo a que se refiere el artículo 4, apartados 1 y 2 de esta Ley podrán ser titulares de las condecoraciones con el grado de Gran Cruz y Encomienda, en los términos previstos en el artículo anterior.
Las condecoraciones en ningún caso podrán ser concedidas a quienes, en su trayectoria personal o profesional, hayan mostrado comportamientos contrarios a los valores representados en la Constitución y en la presente Ley y a los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales.
Artículo 53, apartado 1, modificado por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de Junio de 2012.Artículo 53, apartado 1, modificado por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 26 de Diciembre de 2013.Artículo citado en: un artículo doctrinalARTÍCULO 54
Procedimiento para la concesión de condecoraciones.
Corresponderá al Ministerio del Interior la tramitación de los procedimientos de concesión de las condecoraciones. Dichos expedientes podrán ser iniciados a instancia de alguna de las personas a que se refiere el artículo anterior, de las personas que hubiesen sufrido el delito aunque no estuviesen comprendidas dentro de las indicadas en los apartados anteriores, o bien de oficio, previa consulta con los destinatarios, por la Dirección General responsable de la asistencia a las víctimas del terrorismo del citado Ministerio cuando tuviese conocimiento de situaciones que pudieran dar lugar al reconocimiento del derecho.
El plazo para la solicitud o para la iniciación de oficio será de cinco años.
El plazo máximo para notificar la resolución de las solicitudes será de doce meses desde la fecha de entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. En aquellos procedimientos en los que no recaiga resolución dentro del plazo señalado, las solicitudes se entenderán estimadas.
La resolución estimatoria o desestimatoria pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo.
La concesión de una condecoración no comportará por sí misma derecho a las indemnizaciones previstas en esta Ley.
Artículo 54, apartado 1, modificado por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de Junio de 2012.Artículo 54, apartado 1, modificado por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 26 de Diciembre de 2013.Artículo citado en: una resolución administrativaARTÍCULO 55
Reconocimiento de la condición de víctima del terrorismo en la actividad honorífica del Estado.
Artículo citado en: una sentenciaARTÍCULO 56
Reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo.
Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.
Reconocimiento institucional de la presencia de las víctimas.
Educación para la defensa de la libertad, la democracia y la paz.
Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo.
Artículos 61 a 63
Defensa del honor y la dignidad de las víctimas.
El Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas.
Las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas y sus familiares puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y dignidad.
Asimismo prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas.
Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los apartados anteriores, por parte de las Corporaciones Locales, a los efectos de su reclamación de oficio ante los Tribunales de justicia que sean competentes.
Artículo citado en: 7 sentenciasARTÍCULO 62
Tutela institucional a las víctimas del terrorismo.
El Ministerio del Interior designará un órgano de la Administración General del Estado que tendrá por finalidad ser un instrumento de relación, ayuda y orientación a las personas y familiares que sufran la acción del terrorismo.
Asimismo, este órgano actuará en la formulación de propuestas de reformas normativas u organizativas que optimicen el régimen de asistencia y prestaciones establecido o que pueda establecerse para favorecer su situación.
Informes sobre la situación de las víctimas del terrorismo.
El Ministerio del Interior, en el ejercicio de sus funciones de asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaborará informes y realizará estudios, así como propuestas de actuación en materia de asistencia a las víctimas del terrorismo.
Dichos informes sobre la situación de las víctimas del terrorismo destacarán, asimismo, las necesidades de reforma legal al objeto de garantizar que la aplicación de las medidas de protección adoptadas puedan asegurar el máximo nivel de tutela para las víctimas del terrorismo. Anualmente, el Ministerio del Interior remitirá al Parlamento un informe sobre la situación del colectivo de víctimas del terrorismo y, en su caso, propuestas de actuación.
Para la elaboración de estos estudios e informes se procurará, en todo caso, la participación de las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los agentes sociales y las asociaciones de víctimas.
Artículos 64 y 65
Reconocimiento del papel y la relevancia del movimiento asociativo.
Artículo citado en: una sentenciaARTÍCULO 65
Actividad subvencional.
Artículo 65, modificado por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de Junio de 2012.Artículo citado en: un artículo doctrinalANEXO I
Concepto Euros Fallecimiento 250.000,00 Gran Invalidez 500.000,00 Incapacidad Permanente Absoluta 180.000,00 Incapacidad Permanente Total 100.000,00 Incapacidad Permanente Parcial 75.000,00 Tabla II. Indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes
Concepto Indemnizaciones Incapacidad temporal IPREM/día x 2, hasta el límite de 18 mensualidades. Secuestro IPREM/día x 3, hasta el límite de lo establecido en este anexo para la Incapacidad Permanente Parcial. DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Disposición citada en: 73 sentencias, un artículo doctrinalDISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituirá, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, una Comisión de Análisis del tratamiento de las víctimas del terrorismo que apoye técnicamente y oriente la planificación de las medidas sanitarias contempladas en esta Ley, evalúe y proponga las necesarias para la aplicación del protocolo sanitario y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya a la atención especializada en este ámbito.
La Comisión de Tratamiento de las Víctimas del Terrorismo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estará compuesta por representantes de las Comunidades Autónomas.
La Comisión emitirá un informe anual que será remitido al Pleno del Consejo Interterritorial.
En el marco del Plan de Empleo del Reino de España, se incluirá un programa de acción específico para las personas previstas en el artículo 4, apartado 1 de esta Ley y que consten inscritas como demandantes de empleo.
Disposición citada en: una sentenciaDISPOSICIÓN TRANSITORIA
Disposición Transitoria añadida por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de Junio de 2012.DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
El Gobierno, en el plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, a propuesta conjunta de los Ministerios de Justicia, Economía y Hacienda, del Interior y de Trabajo e Inmigración, desarrollará reglamentariamente lo dispuesto en la misma.
En el plazo de 1 año, la Administración General del Estado establecerá los criterios esenciales para la elaboración de los protocolos de actuación para situaciones derivadas de un atentado terrorista. Igualmente, en dicho plazo, impulsará y coordinará la elaboración, ejecución y difusión de esos protocolos de actuación por parte del conjunto de Administraciones Públicas competentes en la materia.
Disposición citada en: una sentenciaDISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
El Gobierno elevará a las Cortes Generales un proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario para financiar los pagos previsibles a partir de la entrada en vigor de la Ley.
Las necesidades presupuestarias ordinarias se consignarán en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Disposición citada en: una sentenciaDISPOSICIÓN FINAL QUINTA
Orden de 25 de enero de 2010, de la consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, sobre ayudas no periódicas de inserción y protección soci...
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo....

References: Artículo 3

Artículo 4
 resolución 

Artículo 5
 artículo 22
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 17
 resolución 
 artículo 17

Artículo 20
 Real Decreto 

Artículo 21
 artículo 6

Artículo 22

Artículo 22

Artículo 22
 resolución 
 resolución 

Artículo 28
 artículo 4
 artículo 4

Artículo 33

Artículo 34
 artículo 4
 artículo 4

Artículo 38
 artículo 4
 resolución 
 artículo 4
 artículo 4

Artículo 48
 artículo 4
 resolución 
 artículo 54

Artículo 52
 resolución 
 artículo 4

Artículo 53
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 54
 resolución 

Artículo 65
 artículo 4