Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-39259-de-abril-17-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_de97455b0f3f0064e0430a0101510064&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-16 08:07:44+00:00

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CONTENIDO:PRESUNCIÓN EN RELACIÓN LABORAL CON CONDUCTORES DE TAXI. SEGÚN EL ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, SE PRESUME QUE TODA RELACIÓN DE TRABAJO PERSONAL ESTÁ REGIDA POR UN CONTRATO LABORAL, SI SE ACREDITA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. SE PRESUME SUBORDINACIÓN EN LA RELACIÓN DE UN CONDUCTOR DE TAXI QUE DEBE ENTREGAR EL VEHÍCULO, LUEGO DE CUMPLIDO SU TURNO, LAVADO Y TANQUEADO, Y CUYA REMUNERACIÓN SEA EL EXCEDENTE QUE QUEDA DESPUÉS DE ENTREGAR AL PROPIETARIO UNA SUMA DIARIA ACORDADA. A JUICIO DEL ALTO TRIBUNAL, DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 15 DEL 1959 SE PRESUME QUE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL CONDUCTOR ES CON LA EMPRESA AFILIADORA Y QUE EXISTE SOLIDARIDAD ENTRE ESTA Y EL PROPIETARIO DEL TAXI. LO CUAL POR DEMÁS ESTÁ ACORDE CON EL TEXTO NORMATIVO, QUE ESTABLECE UNA PRESUNCIÓN LEGAL IURIS TANTUM QUE ADMITE PRUEBA EN CONTRARIO, RESPECTO DE LAS EMPRESAS QUE TIENEN AFILIADOS A LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, Y COMO LO DIJO LA COLEGIATURA ADICIONALMENTE PREVÉ QUE DICHAS EMPRESAS JUNTO CON LOS PROPIETARIOS DE LOS AUTOMOTORES SON LOS RESPONSABLES “PARA EFECTOS DEL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES”.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, CONTRATO DE TRABAJO PARA CONDUCTOR, TRABAJADOR, CONDUCTOR
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:499 DE JULIO DE 2013, PG.1141
EXTRACTOS: «V. Recursos de casación
Los demandados recurrentes interpusieron recurso extraordinario de casación, que fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte.
VI. Recurso demandada Taxis Valcali S.A.
Conforme lo expresó en el alcance de la impugnación, la sociedad demandada solicitó que se CASE la sentencia del Tribunal y en sede instancia, la Corte revoque el fallo de primer grado, declarando probadas a su favor las excepciones propuestas en la contestación de la demanda inicial.
Para tal fin invocó la causal primera de casación laboral, contemplada en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social artículo 87, modificado por el Decreto 528 de 1964 artículo 60, y formuló un cargo que no fue replicado, que se estudiará a continuación.
Acusó la sentencia recurrida por la vía indirecta, por violación de la ley sustancial, concretamente el “artículo 51 del Decreto 2651 de 1991”.
Adujo que la anterior trasgresión de la ley, se produjo por la “falta de apreciación de la prueba aportada a folio 70 del proceso en primera instancia y segunda instancia por parte de mi representada, esto es el contrato de vinculación, vehículo tipo taxi”.
Y como error de hecho relacionó el siguiente: “que al momento de realizarse las consideraciones de primera instancia y segunda instancia para el fallo no se revisó en la totalidad el contexto del contrato sobre las condiciones de relación laboral frente a los conductores contratados directamente por los propietarios de los vehículos tal como lo estipula el contrato de vinculación que se firma por las partes esto es entre la empresa y el propietario del vehículo al momento de realizar la vinculación formal a la empresa en su calidad de afiliación”.
Como demostración del cargo, el recurrente efectuó expresamente el siguiente planteamiento:
“(...) se hace por parte de la primera instancia una apreciación subjetiva sobre el producido de entrega diaria realizado por el conductor que no tiene ningún vinculo con la empresa afiliadora al dueño del vehículo y la destinación que se pueda dar sobre esa entrega, para en esta forma decir la honorable primera instancia que hubo un beneficio de mi representada para poder vincular solidaridad que con todo respeto honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, se ha hecho una confusión de lo que es una empresa de transporte de servicio publico en la modalidad, colectivo, mixto y transporte en general aplicando decreto (sic) 170 y 175, frente a una empresa afiladora del servicio publico en la modalidad de servicios taxis, cuya normatividad se rige por el Decreto 172 del 2001, que es el caso que nos ocupa frente a este recurso de casación respecto a mi demandada.
Con el acostumbrado respeto absoluto me permito indicar a esta corte que el mismo error de hecho se cometió por parte de la honorable Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Cali, en las consideraciones invocadas al momento de fallar el recurso de apelación, pues en ningún aparte de la exposición dada por esta honorable sala, se toca a la sociedad que represento respecto a las implicaciones contractuales del contrato de vinculación, ni se menciona el cual se rige por nuestro Código de Comercio como norma de orden civil comercial en sus artículos 981, 982 y siguientes, para explicar en forma humilde a los honorables magistrados, que no se puede invocar una solidaridad sustentado en el hecho de no esclarecer a fondo la modalidad de transporte en la cual opera la empresa demandada a la cual yo represento y que como entidad afiladora realiza contratos de vinculación que están a disposición del proceso a folio 70 con los señores dueños de vehículos que como lo dice la misma sentencia de segunda instancia página 5 parágrafo último, es importante tener en cuenta que según la norma invocada, vigente el momento del fallecimiento del señor Delgado, cada vehículo que quiera prestar el servicio publico debe forzosamente afiliarse a sociedades como la demanda, como se puede observar es de carácter obligatorio realizar este tipo de afiliaciones para poder operar en el servicio publico de transporte como la sociedad demandada en el modalidad de vehículos tipo taxi, significa lo anterior que no hubo una apreciación de la prueba por parte de la segunda instancia frente al contrato de vinculación que se encuentra a folio 70 en el proceso para poder exonerar a mi poderdante de la responsabilidad solidaria que se le imputa en el fallo de segunda instancia, esto es que la prueba no fue valorada por la segunda instancia como apreciación total para emitirse el fallo respectivo”.
De otra parte, los decretos “170 y 175” y “172 del 2001” que se mencionan de manera genérica en el desarrollo del cargo, no es dable tenerlos en cuenta para integrar la proposición jurídica, ya que su vulneración se está atribuyendo al juez a quo, lo cual no resulta de recibo, en la medida que el ataque en el recurso extraordinario debe dirigirse en relación con la sentencia de segundo grado, y solamente será atacable la de primera instancia cuando se trate del recurso de casación per saltum, de conformidad con el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social artículo 89, que no es el caso que nos ocupa. Además, no se especificaron los artículos infringidos de tales decretos. Debe recordarse que en sentencias de la Corte Suprema de Justicia Laboral del 18 de octubre de 2000 Radicación 14039 y 16 de junio de 2010 Radicación 37258, al respecto se adoctrinó que “(…..) es un error de técnica, que igualmente no le permite a la Corte acometer el estudio del cargo, el señalar como infringidos por aplicación indebida, el Código Sustantivo del Trabajo y por falta de aplicación, la Ley 6ª de 1945 y el Decreto 2127 de 1945, ya que como se tiene dicho, aún desde tiempos del desaparecido Tribunal Supremo del Trabajo, cuyas palabras aún conservan vigencia: “No es admisible en casación el cargo por quebrantamiento de todo un código, toda una ley, o todo un decreto ejecutivo, sin que se exprese el artículo o la disposición del respectivo estatuto concretamente violado, pues si así pudiera hacerse resultaría interminable la labor del tribunal supremo en el examen de todas y cada una de las normas correspondientes, lo que a simple vista aparece también injurídico. Cuando se formula una acusación debe hacerse del modo más preciso y claro posible, pero peca contra la lógica misma que sea aceptable en forma general, vaga e incompleta”. (Sent. 11 de abril de 1947, M.P. Castor Jaramillo Arrubla, G. del T., tomo II, Nº 5 al 16, pág. 60)”.
Tampoco son suficientes para integrar la proposición jurídica, las otras preceptivas legales que también se mencionan en la sustentación del ataque, que corresponden a las del Código de Comercio articulos 981 y 982, que regulan lo referente al contrato de transporte, por cuanto para que sea procedente la acusación de normas de otros estatutos, es necesario que al mismo tiempo se señalen como transgredidas las respectivas disposiciones sustantivas de derecho del trabajo y de la seguridad social, que resulten igualmente violadas, pues el objeto de la casación laboral es la unificación de la jurisprudencia nacional en esta materia. A lo anterior se suma, que la solidaridad que en este asunto estableció el juez colegiado, lo fue, no con fundamento en los decretos referidos, sino en lo dispuesto en la Ley 15 de 1959 artículo 15, cuya violación no está denunciada por la sociedad recurrente.
En definitiva, la censura no cumplió con la exigencia del literal a) numeral 5º del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, falencia que por si sola se erige como suficiente para dar al traste con la acusación.
3. Las alegaciones que contiene el cargo, más que la sustentación de un recurso de casación, se traducen en un alegato de instancia que está prohibido por el artículo 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, sin observar que, como lo enseña la jurisprudencia, para su estudio de fondo, la acusación debe ser completa en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo pretendido (casación de abril 18 de 1969), lo cual, en el asunto que en esta oportunidad ocupa la atención a la Sala, no se acató.
Por lo expresado, dadas las limitaciones que presenta la formulación del cargo, éste se desestima.
Aseveró que la decisión impugnada soporta su estructura jurídica, en dos presunciones legales, la de carácter general del Código Sustantivo del Trabajo artículo 24 y la de índole especifica que está contemplada en el Decreto 172 de 2001. Que los juzgadores de instancia para su decisión, debieron basarse en la crítica de la prueba y en las circunstancias relevantes del proceso, como en la conducta procesal de las partes, lo cual no se cumplió en el examine, dado que de entrada el fallador de alzada “parte de la presunción de la existencia de un contrato de trabajo subordinado, y para el efecto, acondicionó las normas que respaldaran su interpretación”, al mencionar el Código Sustantivo del Trabajo artículo 22 pero omitiendo efectuar la “interpretación de su contenido”, lo mismo —dice— sucede con el artículo 23 ibídem del cual extrajo el elemento de la actividad personal del trabajador, a fin de darle plena vida jurídica a la presunción del artículo 24 ídem, cuyo entendimiento es ajeno al verdadero pensamiento de ese precepto legal. Además, “la misma norma le impone a la parte que habitualmente presta sus servicios, de carácter profesional o en desarrollo de un contrato civil o comercial, la obligación de probar la subordinación jurídica en los términos previstos en el literal (b) del artículo 1º de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo”.
La censura pretende con este cargo orientado por la vía directa, que se determine jurídicamente que el Tribunal se equivocó, cuando partió de la presunción general de la existencia de un contrato de trabajo subordinado contenida en el Código Sustantivo del Trabajo artículo 24, con la sola demostración de la actividad personal, y así mismo establecer una modalidad de remuneración con el dinero que toma el propio conductor del producido diario del vehículo; ello sin que la parte demandante hubiera cumplido con la obligación de probar la “subordinación jurídica” como le correspondía. Adicionalmente, se duele que se soporte la decisión censurada, igualmente en la presunción legal específica que en su decir la alzada hizo derivar del Decreto 172 del 2001, lo cual estima improcedente.
Conforme la parte motiva de la sentencia impugnada, el Tribunal, luego de dar por acreditada la prestación personal del servicio de parte del causante, como conductor del taxi de placas VBT 704 de propiedad del demandado John Jaiver Franco Vélez y afiliado a la empresa accionada Taxis Valcali S.A., en un turno de 5 de la tarde a 5 de la mañana, al igual que la remuneración bajo la modalidad a destajo, estableció el elemento de la subordinación con la presunción general del Código Sustantivo del Trabajo artículo 24. Esta, junto con la presunción legal específica contenida en la Ley 15 de 1959 artículo 15, que también estudió, no fueron desvirtuadas por la parte demandada, según lo que se desprendía del material probatorio recaudado, para con ello determinar que la relación laboral del trabajador fallecido efectivamente existió con ambos demandados, quienes eran solidarios en el pago de las acreencias laborales a favor de la demandante.
Primeramente cabe recordar, que para la configuración del contrato de trabajo se requiere que en la actuación procesal esté demostrada la actividad personal del trabajador a favor de la parte demandada, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de trabajo, no es menester su acreditación con la producción de la prueba apta, cuando se encuentra evidenciada esa prestación personal del servicio, ya que en este evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal prevista en el citado Código Sustantivo del Trabajo artículo 24, que para un caso como el que ocupa la atención de la Sala, sería en su versión posterior a la sentencia Corte Constitucional C-665 de 1998, que declaró inexequible su segundo inciso, esto es, en los términos vigentes para el momento de la ruptura del vínculo (1º de febrero de 2002) que consagró definitivamente que “Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”.
Sobre esta precisa temática, conviene traer a colación lo adoctrinado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Laboral del 1º de julio de 2009 Radicación 30437, reiterada en casación del 1º de noviembre de 2011 Radicación 40270, en la que se puntualizó:
“Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 1º de la norma demandada) implica un traslado de la carga de la prueba al empresario.
“El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el juez que en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la prestación de servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato correspondiente. Será el juez, con fundamento en el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales (C.P., art. 53), quien examine el conjunto de los hechos, por los diferentes medios probatorios, para verificar que ello es así y que, en consecuencia, queda desvirtuada la presunción.
“Se ve claro, por lo anterior, que el sentenciador entendió de manera correcta el aludido precepto legal, pues fijó su alcance en el sentido de que el hecho indicador o básico de la presunción lo constituye la prestación de un servicio personal, y que el indicado o presumido es el contrato de trabajo. O sea que si el demandante logra demostrar que prestó un servicio personal en provecho o beneficio de otra persona o entidad, debe entenderse que esa actividad se ejecutó en virtud de un vínculo de la expresada naturaleza. Pero advirtió también que la cuestionada regla tiene el carácter de presunción legal y que, por lo tanto, admite prueba en contrario y puede ser desvirtuada o destruida por el presunto patrono mediante la demostración de que el trabajo se realizó en forma independiente y no subordinada, bajo un nexo distinto del laboral. Dejó sentado, pues, -como lo tienen admitido la doctrina y la jurisprudencia- que la carga de la prueba del hecho que destruya la presunción corresponde a la parte beneficiaria de los servicios”.
Y se trae a la palestra el anterior criterio, porque en este asunto el Tribunal concluyó que la prueba testimonial que analizó “…ilustra la forma como el actor prestaba sus servicios a la demandada en el hospital infantil universitario de la Cruz Roja “Rafael Henao Toro” que lo hacen ver como que tales servicios se daban de una manera independiente y no subordinada…” de donde, en principio, podría concluirse que encontró elementos de juicio que permitirían considerar desvirtuada la presunción del artículo 24 en comento, de haber tenido en cuenta esa disposición.
Pero en verdad ello no es así porque previamente ese fallador había señalado, refiriéndose a los testigos, que “…ninguno de ellos arroja claridad sobre el tema de la subordinación, dado que se limitan a referir sobre los turnos de disponibilidad” y luego añadió que “…de la prueba testimonial referenciada y por la manera sui generis como prestaba los servicios el actor, no ve la Sala la subordinación a la accionada”; raciocinios que indican que se dio a la tarea de buscar la prueba de la subordinación, a pesar de que, estando probado que el actor prestó un servicio personal, debía tenerse ella por presumida. Todo lo cual corrobora que infringió directamente el precepto legal que consagra la presunción de existencia del contrato de trabajo.
De suerte que, al estar acreditada la prestación personal del servicio o la actividad desplegada por el trabajador fallecido, circunstancia que aflora de la realidad de los hechos y no es objeto de reproche en sede de casación, se tiene que en este asunto tal como lo determinó el Tribunal, era perfectamente dable presumir la subordinación en los términos del Código Sustantivo del Trabajo artículo 24, sin que la parte demandada conforme a las reglas de la carga de la prueba, haya logrado destruir dicha presunción de acuerdo con el análisis probatorio que se llevó a cabo y cuyo estudio no es factible abordar por la vía directa escogida. Todo ello, sumado a que el destajo es una modalidad posible de salario, según lo estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo artículo 132, subrogado por la Ley 50 de 1990 artículo 18, se concluye que el fallador de alzada interpretó correctamente las normas acusadas del Código Sustantivo de Trabajo.
En efecto, el ad quem llamó a operar el Decreto 172 del 2001 artículo 6º para definir o decir qué se debe entender por el “Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en vehículos taxi”, pero la presunción legal específica en comento, la hizo derivar de lo preceptuado en la Ley 15 de 1959 artículo 15, de cuyo texto coligió que dicha normativa no solo presume que la vinculación laboral del conductor se hizo “con la empresa respectiva”, sino que también “determina la solidaridad entre ésta y el propietario del vehículo”, lo cual por demás está acorde con el texto normativo, que establece una presunción legal iuris tantum que admite prueba en contrario, respecto de las empresas que tienen afiliados a los vehículos de transporte público, y como lo dijo la Colegiatura adicionalmente prevé que dichas empresas junto con los propietarios de los automotores son los responsables “para efectos del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones”.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2008, por Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso promovido por Adelaida Bermúdez Escobar contra John Jáiver Franco Vélez y la sociedad Taxis Valcali S.A.
Cópiese, notifíquese y publiquese».

References: ARTÍCULO 24
 ARTÍCULO 15
 artículo 87
 artículo 60
 artículo 89
 artículo 15
 artículo 90
 artículo 91
 artículo 24
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 15
 artículo 24
 artículo 24
sui generis
 artículo 24
 artículo 132
 artículo 18
 artículo 6
 artículo 15