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Timestamp: 2020-01-17 16:37:12+00:00

Document:
Beneficencia de Cundinamarca vs. Banco Central Hipotecario y Fiduciaria Central S.A.
Julio 31 de 2000
En Santafé de Bogotá, el treinta y uno (31) de julio de dos mil (2000), a las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.), fecha y hora señaladas en auto de fecha 16 junio de 2000, se reunieron en la sede del tribunal ubicada en el Centro Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, los doctores Carlos Lleras de la Fuente, quien preside, Jorge Cubides Camacho y Jorge Suescún Melo, en su calidad de árbitros; los doctores Fernando Londoño Hoyos, quien exhibió la cédula de ciudadanía 17.113.333 expedida en Bogotá y la tarjeta profesional 3.299 del Consejo Superior de la Judicatura en su calidad de apoderado de la parte demandante Beneficencia de Cundinamarca; Álvaro Mendoza Ramírez, quien exhibió la cédula de ciudadanía 5.536.148 expedida en Bucaramanga y la tarjeta profesional 9.282 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, apoderado del demandado Banco Central Hipotecario; José Alberto Gaitán Martínez, quien exhibió la cédula de ciudadanía 11.430.520 expedida en Facatativá y la tarjeta profesional 37.216 del Consejo Superior de Judicatura, apoderado de la demandada Fiduciaria Central S.A.; y el doctor Carlos Gilberto Peláez Arango, en su calidad de secretario de este Tribunal de Arbitramento, con el fin de llevar a cabo la audiencia de fallo.
Abierta la audiencia, el presidente autorizó al secretario para dar lectura al laudo que pone fin al proceso, el cual se pronuncia en derecho y es acordado por unanimidad por los árbitros.
Santafé de Bogotá, treinta y uno (31) de julio de dos mil (2000).
Agotado el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el tribunal de arbitramento a dictar el laudo que finaliza el proceso arbitral convocado para dirimir las diferencias existentes entre la Beneficencia de Cundinamarca, por una parte, y por la otra, las entidades Banco Central Hipotecario y Fiduciaria Central S.A.
A. Pacto arbitral
En el contrato de fiducia mercantil celebrado entre la Beneficencia de Cundinamarca y el Banco Central Hipotecario, contenido en la escritura pública dos mil doscientos quince (2.215) del cinco (5) de junio de mil novecientos ochenta y siete (1987) de la notaría veintiuno (21) de esta ciudad, agregado al cuaderno de pruebas, se pactó en la cláusula decimocuarta lo siguiente: “Cláusula compromisoria. Las diferencias que surjan entre las partes y que éstas no puedan solucionar directamente, serán dirimidas por un tribunal compuesto por tres (3) árbitros abogados, que tendrá su sede en Bogotá y fallará en derecho. Los árbitros serán designados de común acuerdo por las partes o, a falta de acuerdo, por la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud del fiduciante y/o del fiduciario”.
El Banco Central Hipotecario cedió el citado contrato de fiducia mercantil a la Fiduciaria Central S.A., por medio de la escritura pública ocho mil seiscientos sesenta y ocho (8.668) del treinta (30) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992) de la Notaría Primera (1ª) del Círculo de Bogotá, cesión que fue aceptada por la beneficencia.
B. Tribunal de Arbitramento
Mediante escrito presentado el dieciocho (18) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999) ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá (el “centro de arbitraje”), la beneficencia, por intermedio de apoderado, presentó demanda para la convocatoria del tribunal de arbitramento para solucionar las controversias surgidas entre el banco y la fiduciaria en virtud del contrato de fiducia mercantil contenido en la escritura pública número dos mil doscientos quince (2.215) del cinco (5) de junio de mil novecientos ochenta y siete (1987) de la notaría veintiuno (21) de esta ciudad. La solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento fue admitida por el centro de arbitraje mediante providencia del veinte (20) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999), la cual ordenó correr traslado de la referida solicitud al banco y a la fiduciaria de conformidad con el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”) y reconoció personería al apoderado de la beneficencia.
Mediante escrito presentado el dieciséis (16) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999) ante el centro de arbitraje, el banco, por intermedio de su apoderado, presentó la contestación de la demanda instaurada por la beneficencia, proponiendo las excepciones de falta de legitimación en la causa por parte pasiva respecto del banco; la de prescripción o caducidad de la acción; y la excepción previa de falta de jurisdicción o falta de competencia del tribunal de arbitramento para tramitar el proceso arbitral.
Así mismo, mediante escrito presentado el veinte (20) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999) ante el centro de arbitraje, la fiduciaria, por intermedio de su apoderado, presentó la contestación de la demanda instaurada por la beneficencia, proponiendo las excepciones de cumplimiento de la totalidad de las prestaciones que para la Fiduciaria Central S.A. se derivaron del contrato celebrado inicialmente con el Banco Central Hipotecario y posteriormente cedido a la fiduciaria; la de liquidación de dicho contrato, convenida con la beneficencia y en la cual se dio finiquito a las prestaciones derivadas del mismo; la de falta de legitimación en la causa de la parte demandante; la de petición antes de tiempo y ausencia de perjuicio alguno para la beneficencia; la de prescripción de las pretensiones o de caducidad de las acciones de la contraparte; y la de mala fe sobreviviente de la Beneficencia de Cundinamarca.
Notificadas que fueran las partes y sus apoderados, el día veinticuatro (24) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) se celebró en el centro de arbitraje la audiencia de conciliación, en la cual se estableció la imposibilidad de llegar a un acuerdo en relación con las diferencias objeto del arbitramento.
Con fecha quince (15) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999), los apoderados de las partes, mediante escrito presentado ante el centro de conciliación y arbitraje, manifiestan que de común acuerdo designan a los doctores Jorge Cubides Camacho, Carlos Lleras de la Fuente y Jorge Suescún Melo, como magistrados del tribunal.
Posteriormente, en audiencia celebrada el veintisiete (27) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999), se procedió a la instalación del tribunal.
En el curso de la audiencia se nombró como presidente al doctor Carlos Lleras de la Fuente, quien aceptó, y como secretario al doctor Carlos Gilberto Peláez Arango, quien oportunamente manifestó su aceptación y tomó posesión de su cargo. Así mismo, se fijó como lugar de funcionamiento del tribunal el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicado en la carrera 9ª Nº 16-21 4º piso, que después se cambió a la sede norte del centro de arbitraje, ubicada en la calle 72 Nº 7-82 piso 8º de esta ciudad. También se determinó como lugar donde funcionaría la secretaría, la oficina 1416 de la carrera 10 Nº 16-39 de esta ciudad. Mediante auto proferido en la misma audiencia, se declaró legalmente instalado el Tribunal de Arbitramento y se fijaron las sumas correspondientes a los honorarios de los árbitros y del secretario y los gastos de administración del tribunal. También se ordenó informar a la Procuraduría General de la Nación de la constitución del tribunal, en los términos del artículo 45 del Decreto 2279 de 1989.
El veinticinco (25) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), el apoderado de la Beneficencia de Cundinamarca, presentó escrito de reforma de la demanda, integrando la totalidad de las pretensiones, modificando algunos hechos y solicitando nuevas pruebas.
El tres (3) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), los apoderados del Banco Central Hipotecario y la Fiduciaria Central S.A., presentaron los escritos contestando la reforma de la demanda en los que se remiten a sus respuestas anteriores, manteniendo las excepciones inicialmente propuestas.
C. Presupuestos procesales
Antes de entrar a decidir sobre el fondo se hace necesario establecer si en el presente proceso se reúnen a cabalidad los presupuestos procesales, o sea, los requisitos indispensables para la validez del proceso, para poder así proferir un laudo de mérito.
Las partes son personas jurídicas, regularmente constituidas y han acreditado en legal forma su existencia y representación.
Ambas partes, entidades públicas, tienen capacidad para transigir sobre las materias objeto de la controversia y para someterlas a la decisión del tribunal de arbitramento, de conformidad con los artículos 68 a 71 de la Ley 80 de 1993 (compilados por los arts. 226 a 229 del D. 1818/98).
Por disposición de las partes expresada en el pacto arbitral, el laudo habrá de proferirse en derecho. Al no establecer las partes el término de duración del proceso, éste será de seis meses contados a partir de la primera audiencia de trámite, conforme a lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, sin perjuicio de la ampliación del mismo por parte de los árbitros, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 80 de 1993 (compilado por el art. 228 del D. 1818/98).
Las pretensiones formuladas por la parte demandante en la demanda y las cuales integró en su totalidad en el escrito de reforma de demanda, son susceptibles de transacción, por lo cual es procedente su conocimiento y decisión mediante proceso arbitral.
Por tratarse de un arbitramento en derecho, las partes comparecen al proceso arbitral representadas por abogados, según lo dispone el artículo 26 del Decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 119 de la Ley 446 de 1998. La beneficencia está representada por el doctor Fernando Londoño Hoyos, el banco, por el doctor Álvaro Mendoza Ramírez, y la fiduciaria por el doctor José Alberto Gaitán Martínez, según poderes especiales conferidos por las partes y que obran en el expediente.
Habiendo las partes consignado oportunamente el valor que les correspondió por concepto de honorarios de los árbitros y del secretario y de gastos del arbitramento, el tribunal asumió competencia mediante providencias proferidas en el curso de la primera audiencia de trámite que se celebró el veintiséis (26) de noviembre y culminó el catorce (14) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
El tribunal mediante providencia del catorce (14) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), respecto de las excepciones previas propuestas por el apoderado del Banco Central Hipotecario, las declaró improcedentes en los términos del artículo 141 del Decreto 1818 de 1998.
El tribunal decretó las pruebas en el proceso, incluyendo, además de las documentarias aportadas por la beneficencia con la demanda, dentro del término de traslado de las contestaciones y con la reforma de la demanda, y por el banco y la fiduciaria con las contestaciones de la demanda y su reforma, las siguientes:
De las solicitadas por la beneficencia en la demanda, la reforma de la demanda, el escrito de solicitud de pruebas adicionales y la solicitud en los términos del artículo 236 numeral 4º del Código de Procedimiento Civil: La inspección judicial con intervención de peritos expertos en el tema inmobiliario, sobre los predios que eran de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca; la inspección judicial con exhibición de documentos sobre los libros de contabilidad, estados financieros y papeles de comercio de la Beneficencia de Cundinamarca y con la intervención de peritos expertos en contabilidad; la inspección judicial con exhibición de documentos sobre los libros de contabilidad, estados financieros y papeles de comercio de la Fiduciaria Central S.A. y con la intervención de peritos expertos en contabilidad; el dictamen pericial con peritos expertos en economía; los testimonios de: Pedro Miguel Navas Sanz de Santamaría, Guillermo Durán García, Guillermo Gómez Estrada, Mario Calderón Rivera, Jaime Benítez Tobón, Camilo Verástegui, Enrique Liévano Cardemil y Peter Howard Burrowes. Además se ordenó librar los oficios a la Superintendencia Bancaria para que expidiera certificación actualizada sobre la tasa de interés y al DANE para que remitiera certificación sobre el índice de precios al consumidor.
De las solicitadas por el banco en la contestación de la demanda, en la contestación a la reforma de la demanda y la solicitud en los términos del artículo 236 numeral 4º del Código de Procedimiento Civil: La exhibición de documentos a la parte demandante la Beneficencia de Cundinamarca y de los libros de actas de la junta general de dicha entidad; el interrogatorio de parte al representante legal de la Beneficencia de Cundinamarca; los testimonios de: Antonio José Marulanda Rojas, Gustavo Bernal y Jaime Bogotá Marín; la inspección judicial con exhibición de documentos sobre los libros de contabilidad, estados financieros y papeles de comercio de la Beneficencia de Cundinamarca, con la intervención de peritos expertos en contabilidad. Además se ordenó librar los oficios a la Superintendencia Bancaria y a la Fiduciaria Central S.A., para que enviaran copias auténticas de la resolución mediante la cual la Superintendencia Bancaria, en los términos de la Ley 45 de 1990 autorizó el desmonte de la sección fiduciaria del Banco Central Hipotecario y el traslado de todos los negocios fiduciarios, a la filial Fiduciaria Central S.A.
De las solicitadas por la fiduciaria en la contestación de la demanda, en la contestación a la reforma de la demanda y la solicitud en los términos del artículo 236 numeral 4º del Código de Procedimiento Civil: El interrogatorio de parte al representante legal de la Beneficencia de Cundinamarca; los testimonios de: Sergio Mutis Caballero, Esperanza Durán de Gámez, Juan Antonio Pardo, Federico Salazar Mejía, Jorge Joaquín Robledo Quijano, José Eusebio Otálora Farfán y Álvaro José González; La exhibición de documentos de la Beneficencia de Cundinamarca respecto de los libros de actas de la junta general de dicha entidad, que fue decretada a solicitud del Banco Central Hipotecario, se extendió a la exhibición de dichas actas y a la correspondencia cruzada con el Banco Central Hipotecario, en las cuales aparezca el nombramiento de los delegados de la beneficencia ante la junta coordinadora del fideicomiso Ciudad Salitre, así como sus comunicaciones a la Fiduciaria Central S.A., desde 1982 y hasta 1997; los dictámenes periciales fueron decretados por solicitud de la beneficencia y los puntos correspondientes solicitados por la fiduciaria fueron incluidos en dichos dictámenes. Además se ordenó librar los oficios a la contraloría departamental de Cundinamarca para que remitiera los informes producidos por dicha entidad sobre la ejecución del contrato con el Banco Central Hipotecario y con la Fiduciaria Central S.A. para el desarrollo del Proyecto Ciudad Salitre, así como al manejo de la tesorería de la beneficencia, especialmente en lo relativo a sus inversiones, en virtud de las visitas de inspección practicadas a dicha entidad, entre 1992 y 1998; a la Superintendencia Bancaria para que remita copia auténtica de la resolución administrativa mediante la cual se autorizó el desmonte de la sección fiduciaria del Banco Central Hipotecario y la cesión de sus contratos a la filial; y a la Notaría Primera del Círculo de Bogotá, para que expidiera copia auténtica de la escritura pública 3051 del 30 de mayo de 1995, contentiva de la venta de Fiduciaria Central S.A. a Urbe Capital S.A.
El tribunal decretó las siguientes pruebas de oficio: Los testimonios de: Fernando Augusto Laserna Silva, Germán Enciso Uribe, Olga Lucía Chavarro Rozo, Luis Fernando Correa, Blanca Isabel Martínez Gaitán, Janeth Garzón Murillo, Yomaira Vásquez de Castellanos y Adriana María Rivera Páez.
1. Ordenó la entrega por parte de la Fiduciaria Central S.A. de los siguientes documentos: El oficio PCS-DE-232-95 aclarado por el oficio PCS-DE-002-96 de la coordinadora del Proyecto Ciudad Salitre, en que acepta la negociación del lote SM-II-2-M-1 y la opción de compra del lote SM-II-2-M-2 y de los planos de loteo, a color, correspondientes a los años 1995, 1996, 1997, que se utilizaban para las ventas.
2. El documento denominado Proyecto Ciudad Salitre Tienda Inmobiliaria Oferta y Venta mayo de 1997, entregado por el testigo Jaime Benítez Tobón.
3. El acuerdo celebrado entre la Beneficencia de Cundinamarca y Promotora Apotema S.A. con radicación septiembre 30 de 1999 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el resumen de dicho acuerdo que el testigo Enrique Liévano citó en su testimonio.
4. Ordenó que el testigo Peter Howard Burrowes entregara al tribunal copia de todos los documentos públicos y privados en que consten las condiciones del negocio de compraventa celebrado entre Comcel S.A. y Fiduciaria Alianza que verse sobre el inmueble de propiedad de Comcel en Ciudad Salitre.
5. La entrega por la Beneficencia de Cundinamarca de la escritura pública suscrita con la Nación, que la exonera del pago del impuesto predial por la antigua hacienda del Salitre.
6. Ordenó al testigo Juan Antonio Pardo entregara copia de las cartas con que se radicaron sus ofertas en la Fiduciaria Central S.A. para la adquisición del lote de Ciudad Salitre y copia de los documentos relacionados con los terrenos de la calle 90 con carrera 7A, fideicomiso celebrado con Fiduciaria Unión S.A.
7. Oficiar a la secretaría de hacienda distritos para que certifique si la Beneficencia de Cundinamarca en los últimos diez años, está o ha estado exenta en algún momento del pago de impuestos prediales o contribuciones de valorización por los terrenos de Ciudad Salitre y en caso negativo cuánto dinero ha pagado por año.
8. Ordenó al doctor Fernando Hinestrosa Forero, el reconocimiento de su concepto de fecha 3 de diciembre de 1997.
9. Ordenó la entrega de los siguientes documentos por parte de la Fiduciaria Central S.A.: a) Presentación de cada una de las firmas adquirentes de los lotes y su trayectoria; b) Ofertas para las compras de los lotes en mayo y junio de 1997; c) Documento con los cálculos y las proyecciones del flujo de negocios entre Fiduciaria Central S.A. y Colsanitas; d) El estudio que se elaboró para concluir que la Sociedad Vanguardia Inversiones es equivalente de algún modo de la firma Constructodo S.A., y e) Los estudios que se presentaron a planeación distrital para obtener la aprobación del cambio de destinación de los lotes a los que se refiere el acta 9 de mayo 1997 y la respuesta de planeación distrital.
10. Ordenó oficiar a la secretaría de hacienda distrital, para que certifique si la Beneficencia de Cundinamarca en los últimos quince años está o ha estado exenta en algún momento del pago de impuestos prediales o contribuciones de valorización por los terrenos de Ciudad Salitre y en caso negativo cuánto dinero ha pagado por año. Así mismo, para que acompañe copia auténtica de las resoluciones 31 de 1986 y 1811 de 1987.
11. Ordenó al testigo Federico Salazar Mejía, aportar copia de los contratos celebrados a partir de 1997, bajo modalidades similares a los negocios que han sido objeto de su declaración y los contratos que en próximos días celebrará sobre terrenos ubicados en Ciudad Salitre.
12. La copia del oficio 849 del 1º de junio de 1999, firmado por el señor Carlos Eduardo Arias Bretón, síndico gerente encargado de la Beneficencia de Cundinamarca, remitido a la doctora María José Martínez, presidente de la Fiduciaria Central S.A., con cuatro cuadros anexos.
13. Copia auténtica de la escritura pública 139 del 28 de febrero de 1997 de la Notaría Única de Tabio.
14. Ordenó oficiar a la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Santafé, para que remitiera copia auténtica del acuerdo 11 de 1988 emanado del concejo distrital.
15. Se ordenó que el señor Luis Fernando Correa Bahamón entregara copia de los documentos remitidos a la Fiduciaria Central S.A. y recibidos de esta entidad por la sociedad Luis Fernando Correa y asociados, relacionados con la adquisición de los predios en Ciudad Salitre durante 1997, así como los documentos donde conste la entrega de los estados financieros de su compañía a Fiduciaria Central S.A.
16. Ordenó que el señor Peter Howard Burrowes, presidente de Comcel S.A., entregara la certificación de la revisoría fiscal respecto de la contabilización de toda la operación por el predio adquirido en Ciudad Salitre.
17. El derecho de petición presentado el 21 de enero de 1999, por la doctora Yomaira Vásquez de Castellanos, al síndico gerente de la Beneficencia de Cundinamarca.
18. El oficio 0042 del 11 de febrero de 1999, remitido por el gerente general de la Beneficencia de Cundinamarca, a la doctora Yomaira Vásquez de Castellanos.
19. Ordenó oficiar a la Fiduciaria Central S.A. para que remita copia del concepto rendido por el doctor Laserna sobre el tema de los impuestos prediales de los lotes ubicados en Ciudad Salitre.
20. El acta 10 de fecha 27 de junio de 1991 de la junta general de la Beneficencia de Cundinamarca, y
21. La copia de la escritura pública 5119 del 11 de agosto de 1997 de la Notaría Primera del Círculo de Bogotá.
Las pruebas decretadas por el tribunal se practicaron, con excepción de la inspección judicial a la Fiduciaria Central S.A., de cuya práctica desistieron conjuntamente las partes, pero se practicó la exhibición de documentos con la intervención de peritos expertos en contabilidad sobre los libros de contabilidad, estados financieros y balances de la Fiduciaria Central S.A. Tampoco se recepcionaron los testimonios de Camilo Verástegui y Álvaro José González, de cuya práctica desistieron las partes conjuntamente.
Para la práctica de las pruebas periciales decretadas el tribunal nombró a: Guillermo Villaveces Medina y Jaime Ricaurte Junguito, como peritos expertos en economía; Bernardo Carreño Varela y Jorge Torres Lozano, Luis Carlos Neira Archila y Luis García Echevarría, como peritos contadores y Alfonso Dávila Ortiz y Juan Agustín Carrizosa Tobar, como peritos inmobiliarios.
Mediante providencia proferida por el tribunal en audiencia del nueve (9) de junio de dos mil (2000), habiéndose practicado la totalidad de las pruebas decretadas por el tribunal, con las salvedades atrás indicadas, se declaró el cierre de la etapa de pruebas en el presente proceso.
El nueve (9) y el dieciséis (16) de junio de dos mil (2000) se celebró una nueva audiencia de conciliación que el tribunal consideró procedente, y mediante providencia del dieciséis (16) de junio de dos mil (2000) el tribunal la declaró fracasada y señaló el veintiocho (28) de junio de dos mil (2000) como fecha para la audiencia de alegatos de conclusión, la cual se llevó a cabo en dicha fecha y en la cual los apoderados de las partes expusieron oralmente sus alegaciones y presentaron un resumen escrito de las mismas.
Así mismo, mediante el citado auto calendado el dieciséis (16) de junio de dos mil (2000) el tribunal, señaló como fecha para la audiencia de fallo el día treinta y uno (31) de julio de dos mil (2000) a las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.), providencia ésta que le fue notificada en estrados a los apoderados de las partes.
Habiéndose surtido en legal forma todas las etapas procesales del arbitramento, encuentra el tribunal que se halla dentro del término legal para proferir el presente laudo, habida cuenta de que el plazo de seis meses de que dispone para ello comenzó a correr en la fecha de la primera audiencia de trámite, celebrada el catorce (14) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), habiendo sido suspendidos los términos en varias oportunidades, así: Entre el 15 de diciembre de 1999 y el 19 de enero de 2000 (ambos inclusive); entre el 9 de marzo y el 4 de abril de 2000 (ambos inclusive); y entre el 10 de junio y el 15 de junio de 2000 (ambos inclusive), para un total de sesenta y nueve días comunes de suspensión de términos.

References: artículo 428
 artículo 45
 artículo 103
 artículo 70
 artículo 26
 artículo 119
 artículo 141
 artículo 236
 artículo 236
 resolución 
 artículo 236
 resolución