Source: https://issuu.com/minam_peru/docs/dl_757
Timestamp: 2018-04-22 21:21:34+00:00

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Dl 757 by Ministerio del Ambiente - issuu
Ley	Marco	para	el	crecimiento	de	la	Inversión	Privada	DECRETO	LEGISLATIVO	Nº	757	(*)	De	conformidad	con	el	Artículo	1	del	Decreto	Supremo	Nº	040-­‐92-­‐PCM,	publicado	el	03-­‐04-­‐92,	a	partir	del	13-­‐12-­‐91,	fecha	en	que	entró	en	vigencia	el	presente	Decreto	Legislativo,	los	pactos	o	convenios	no	pueden	contener	sistemas	de	reajuste	automático	en	función	a	índices	de	variación	de	precios	a	ser	pactados	o	referidos	a	moneda	extranjera	o	a	cualquier	otro	sistema	de	índole	similar.	(*)	De	conformidad	con	el	Artículo	1	del	Decreto	Ley	Nº	25541,	publicado	el	11-­‐06-­‐92,	se	precisa	que	las	normas,	pactos	o	cláusulas	de	reajuste	automático	de	remuneraciones	en	función	a	la	variación	de	precios,	al	valor	de	la	moneda	extranjera	y	además	de	similar	naturaleza,	concluyeron	en	su	aplicación	el	13-­‐12-­‐91,	fecha	en	que	entró	en	vigencia	el	presente	Decreto	Legislativo	(*)	De	conformidad	con	el	Artículo	1	del	Decreto	Ley	Nº	25876,	publicado	el	25-­‐11-­‐92,	que	sustituye	al	Artículo	1	del	D.L.	Nº	25541,	se	precisa	que	las	disposiciones	legales,	pactos	o	convenios	colectivos,	costumbre,	transacciones	o	pronunciamientos	judiciales	o	administrativos	que	establecen	sistemas	de	reajuste	automático	de	remuneraciones	de	aplicación	colectiva	en	función	a	la	variación	de	precios,	al	valor	de	moneda	extranjera,	remuneración	base	o	cualquier	otra	de	similar	naturaleza,	sea	cual	fuere	su	denominación,	expresión,	mecanismo,	procedimiento	y/o	metodología,	concluyeron	definitivamente	en	su	aplicación	el	13	de	diciembre	de	1991,	fecha	en	que	entró	en	vigencia	el	presente	Decreto	Legislativo.	(*)	De	conformidad	con	la	Novena	Disposición	Complementaria	del	Decreto	Legislativo	Nº	817,	publicado	el	23-­‐04-­‐96,	se
aclara	que	con	la	entrada	en	vigencia	del	presente	Decreto	Legislativo	quedó	prohibido	todo	sistema	de	reajuste	automático	de	pensiones	establecido	según	índice	de	variación	de	precios,	indexación	y	otros	de	similar	naturaleza,	cualquiera	sea	su	denominación	y	mecanismo	de	aplicación.	CONCORDANCIAS:	D.S.	Nº	094-­‐92-­‐PCM	(REGLAMENTO)	D.L.	Nº	25541	D.S.	Nº	162-­‐92-­‐EF	D.S.	Nº	189-­‐92-­‐EF	D.L.	Nº	25988	R.J.	Nº	112-­‐94-­‐INAP-­‐ DTSA	D.	Leg.	N°	839	L.	Nº	27342	D.U.	Nº	015-­‐2001	D.S.	Nº	051-­‐2001-­‐ PCM	Ley	N°	27909,	Art.	1	LEY	Nº	28852	(Promoción	de	la	inversión	privada	en	reforestación	y	agroforestería)	R.M.	Nº	507-­‐2007-­‐ VIVIENDA	(Aprueban	lineamientos	para	el	tratamiento	de	la	Inversión	Privada,	Nacional	o	Extranjera,	en	el	Sector	Vivienda,	Construcción	y	Saneamiento	y	designan	Comisionado	responsable	de	la	Promoción	de	la	Inversión	Privada	en	el	Sector)	DIRECTIVA	N°	001-­‐ 2008-­‐TRI-­‐INDECOPI	(Aprueban	Directiva	sobre	confidencialidad	de	la	información	en	los	Procedimientos	seguidos	por	los	Órganos	Funcionales	del	INDECOPI)	EL	PRESIDENTE	DE	LA	REPUBLICA	POR	CUANTO:	El	Congreso	de	la	República,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	por	el	artículo	188	de	la	Constitución	Política	del	Perú,	mediante	Ley	Nº	25327,	delegó	en	el	Poder
Ejecutivo,	entre	otras	la	facultad	de	dictar	Decretos	Legislativos	orientados	a	crear	las	condiciones	necesarias	para	la	inversión	privada	de	los	diferentes	sectores	productivos;	Que	es	necesario	consolidar	el	programa	de	Reformas	Estructurales	de	la	economía	que	ha	emprendido	el	Gobierno,	motivo	por	el	cual	resulta	pertinente	expedir	una	Ley	Marco	que	contenga	las	disposiciones	requeridas	para	el	crecimiento	de	la	inversión	privada	en	todos	los	sectores	de	la	economía;	Que	para	cumplir	con	dicha	finalidad	resulta	indispensable	eliminar	todas	las	trabas	y	distorsiones	legales	y	administrativas	que	entorpecen	el	desarrollo	de	las	actividades	económicas	y	restringen	la	libre	iniciativa	privada,	restando	competitividad	a	las	empresas	privadas,	la	que	es	esencial	para	una	exitosa	inserción	en	el	mercado	internacional;	Que,	asimismo,	es	necesario	dictar	disposiciones	que	otorguen	seguridad	jurídica	a	los	inversionistas	e	incentivar	un	modelo	de	desarrollo	que	armonice	la	inversión	productiva	con	la	conservación	del	medio	ambiente;	De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	inciso	10)	del	artículo	211	de	la	Constitución	Política	del	Perú;	y,	Con	el	voto	aprobatorio	del	Consejo	de	Ministros;	Ha	dado	el	Decreto	Legislativo	siguiente:	Ley	Marco	para	el	Crecimiento	de	la	Inversión	Privada	Título	I
De	los	Alcances	de	la	Ley	Artículo	1.-­‐	La	presente	Ley	tiene	por	objeto	garantizar	la	libre	iniciativa	y	las	inversiones	privadas,	efectuadas	o	por	efectuarse,	en	todos	los	sectores	de	la	actividad	económica	y	en	cualesquiera	de	las	formas	empresariales	o	contractuales	permitidas	por	la	Constitución	y	las	Leyes.	Establece	derechos,	garantías	y	obligaciones	que	son	de	aplicación	a	todas,	las	personas	naturales	o	jurídicas,	nacionales	o	extranjeras,	que	sean	titulares	de	inversiones	en	el	país.	Sus	normas	son	de	observancia	obligatoria	por	todos	los	organismos	del	Estado,	ya	sean	del	Gobierno	Central,	Gobiernos	Regionales,	o	Locales,	a	todo	nivel.	Título	II	De	la	Estabilidad	Jurídica	del	Régimen	Económico	CONCORDANCIAS:	D.S.	Nº	151-­‐94-­‐EF	L.	N°	26811	R.DEL	DIRECTORIO	DE	CONITE	Nº	002-­‐97-­‐EF-­‐35	Artículo	2.-­‐	El	Estado	garantiza	la	libre	iniciativa	privada.	La	Economía	Social	de	Mercado	se	desarrolla	sobre	la	base	de	la	libre	competencia	y	el	libre	acceso	a	la	actividad	económica.	Artículo	3.-­‐	Se	entiende	por	libre	iniciativa	privada	el	derecho	que	tiene	toda	persona	natural	o	jurídica	a	dedicarse	a	la	actividad	económica	de	su	preferencia,	que	comprende	la	producción	o	comercialización	de	bienes	o	la	prestación	de	servicios,	en	concordancia	con	lo	establecido	por	la	Constitución,	los	tratados	internacionales	suscritos	por	el	Perú	y	las	Leyes.	Artículo	4.-­‐	La	libre	competencia	implica	que	los	precios	en	la	economía
resultan	de	la	oferta	y	la	demanda,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	la	Constitución	y	las	Leyes.	Los	únicos	precios	que	pueden	fijarse	administrativamente	son	las	tarifas	de	los	servicios	públicos,	conforme	a	lo	que	se	disponga	expresamente	por	Ley	del	Congreso	de	la	República.	Artículo	5.-­‐	El	Estado	garantiza	el	pluralismo	económico.	Toda	empresa	tiene	el	derecho	de	organizarse	bajo	cualquier	forma	empresarial	en	la	legislación	nacional.	No	puede	limitarse	el	acceso	directo	o	indirecto	de	los	inversionistas	o	las	empresas	en	que	estos	participen	a	actividades	económicas	específicas,	en	función	a	la	forma	empresarial	que	adopten.	Están	exceptuados	de	esta	disposición	el	sistema	financiero	de	acuerdo	a	la	Ley	que	lo	regula,	y	las	excepciones	que	en	el	futuro	se	establezcan	por	Ley	del	Congreso.	Queda	derogada	toda	disposición	legal	que	contravenga	lo	dispuesto	en	el	presente	artículo.	En	los	casos	en	que	la	Ley	establezca	que	la	explotación	de	los	recursos	naturales	o	la	prestación	de	los	servicios	públicos	deba	realizarse	mediante	concesiones	u	otras	formas	de	otorgamiento	a	los	particulares,	se	respetará	lo	dispuesto	en	el	presente	Decreto	Legislativo	en	lo	que	no	contravenga	la	legislación	sectorial.	Artículo	6.-­‐	Queda	derogada	toda	reserva	en	favor	del	Estado,	ya	sea	parcial	o	total,	para	la	realización	de	actividades	económicas	o	la	explotación	de	recursos	naturales,	con	excepción	a	las	referidas	a	las	áreas	naturales	protegidas.	Tales	reservas	sólo	procederán	por	causa	de	interés	social	o	seguridad	nacional,	y	deberán	ser	dispuestas	expresamente	mediante	Ley	del	Congreso	de	la	República	o	conforme	a	lo	establecido	en
el	artículo	54	del	presente	Decreto	Legislativo.	De	conformidad	con	el	artículo	285	de	la	Constitución	Política,	la	fabricación	de	armas	de	guerra	podrá	realizarse	por	empresas	privadas	solamente	al	amparo	de	convenios	que	celebra	el	Estado	con	dicha	finalidad.	Artículo	7.-­‐	Cuando	una	misma	actividad	económica	es	realizada	por	el	Estado	y	por	empresas	privadas,	iguales	condiciones	son	aplicables	a	ambos.	En	ningún	caso	se	otorgará	a	las	empresas	del	Estado	atribuciones	de	imperio	o	propias	de	la	Administración	Pública	con	excepción	de	las	facultades	que	el	Estado	delegue	para	la	cobranza	coactiva	de	tributos.	Artículo	8.-­‐	El	Estado	garantiza	la	propiedad	privada	sin	más	límites	que	los	que	establece	la	Constitución	Política.	En	aplicación	del	artículo	131	de	la	Constitución	Política,	que	reconoce	la	libertad	empresarial,	y	en	concordancia	con	las	disposiciones	contempladas	en	el	presente	Capítulo,	el	Estado	no	expropiará	empresas	ni	acciones	o	participaciones	en	ellas,	salvo	los	casos	de	interés	nacional	debidamente	sustentados	mediante	Ley	del	Congreso	de	la	República.	Artículo	9.-­‐	De	conformidad	con	lo	prescrito	en	los	artículos	130	y	131	de	la	Constitución	Política,	toda	empresa	tiene	derecho	a	organizar	y	desarrollar	sus	actividades	en	la	forma	que	juzgue	conveniente.	Queda	derogada	toda	disposición	legal	que	fije	modalidades	de	producción	o	índices	de	productividad,	que	prohíba	u	obligue	a	la	utilización	de	insumos	o	procesos	tecnológicos	y,	en	general,	que	intervenga	en
los	procesos	productivos	de	las	empresas	en	función	al	tipo	de	actividad	económica	que	desarrollen,	su	capacidad	instalada,	o	cualquier	otro	factor	económico	similar,	salvo	las	disposiciones	legales	referidas	a	la	higiene	y	seguridad	industrial,	la	conservación	del	medio	ambiente	y	la	salud.	Artículo	10.-­‐	El	Estado	garantiza	el	derecho	a	las	empresas,	cualquiera	que	sea	la	forma	empresarial	que	adopten,	a	acordar	libremente	la	distribución	del	íntegro	de	las	utilidades	o	dividendos	que	generen	y	el	derecho	de	los	inversionistas	a	recibir	la	totalidad	de	los	que	les	correspondan,	inclusive	los	referidos	al	ejercicio	en	curso	de	acuerdo	a	balances	periódicos,	sin	perjuicio	de	las	obligaciones	concernientes	a	la	participación	de	los	trabajadores,	la	reserva	legal	y	las	responsabilidades	del	caso	conforme	a	lo	establecido	en	la	Ley	General	de	Sociedades,	siempre	que	se	cumplan	con	las	obligaciones	tributarias	pertinentes.	La	distribución	de	utilidades	de	las	empresas	del	sistema	financiero	se	rige	por	la	Ley	de	la	materia.	Artículo	11.-­‐	El	Estado	asegura	la	prestación	de	servicios	públicos	básicos	promoviendo	la	participación	del	sector	privado,	a	fin	de	mejorar	la	calidad	de	los	servicios.	Artículo	12.-­‐	El	Estado	no	establece	tratamientos	discriminatorios	ni	diferenciados	en	materia	cambiaria,	precios,	tarifas	o	derechos	no	arancelarios,	entre	los	inversionistas	y	las	empresas	en	que	éstos	participen	ni	basándose	en	sectores	o	tipo	de	actividad	económica	o	en	la	ubicación	geográfica	de	las	empresas.	Tampoco	podrá	establecernos	entre	las	personas	naturales	nacionales	o	extranjeras.	Ninguna	autoridad,	funcionario	o	empleado	del	Gobierno	Central,	Gobiernos	Regionales	o	Locales	en	cualesquiera	de	sus
niveles,	ni	empresas	del	Estado,	podrá	establecer	o	aplicar	tratamientos	discriminatorios	ni	diferenciados,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	presente	artículo,	bajo	responsabilidad.	CONCORDANCIAS:	D.S.	Nº	18-­‐94-­‐ITINCI	Artículo	13.-­‐	De	conformidad	con	lo	prescrito	en	el	último	párrafo	del	artículo	126	de	la	Constitución	Política,	declárase	de	necesidad	nacional	la	inversión	privada,	nacional	y	extranjera,	en	actividades	productivas	realizadas	o	por	realizarse	en	las	zonas	de	frontera	del	país.	En	consecuencia	las	personas	naturales	y	jurídicas	extranjeras	podrán	adquirir	concesiones	y	derechos	sobre	minas,	tierras,	bosques,	aguas,	combustibles,	fuentes	de	energía	y	otros	recursos	que	sean	necesarios	para	el	desarrollo	de	sus	actividades	productivas	dentro	de	cincuenta	kilómetros	de	las	frontera	del	país,	previa	autorización	otorgada	mediante	Resolución	Suprema	refrendada	por	el	Ministro	que	ejerza	la	Presidencia	del	Consejo	de	Ministros	y	el	Ministro	del	Sector	Correspondiente.	Dicha	Resolución	Suprema	podrá	establecer	las	condiciones	a	las	cuales	se	sujeta	a	la	adquisición	o	explotación.	Las	autoridades	sectoriales	competentes	otorgarán	las	concesiones	y	otras	formas	de	autorización	para	la	explotación	de	recursos	naturales	ubicados	dentro	de	cincuenta	kilómetros	de	las	fronteras	del	país	en	favor	de	las	personas	naturales	o	jurídicas	extranjeras	que	lo	soliciten,	previo	cumplimiento	de	las	disposiciones	legales	aplicables	y	luego	de	verificar	que	se	hayan	expedido	la	resolución	suprema	a	la	que	se	refiere	el	párrafo	anterior.	CONCORDANCIAS.	D.S.	N°	021-­‐2003-­‐EM	D.S.	N°	022-­‐2003-­‐EM	D.S.	N°	023-­‐2003-­‐EM
Título	III	De	la	Seguridad	Jurídica	de	las	Inversiones	en	Materia	Tributaria	Artículo	14.-­‐	El	principio	constitucional	de	la	legalidad	en	materia	tributaria	implica	que	la	creación,	modificación	y	supresión	de	tributos,	así	como	la	concesión	de	exoneraciones,	y	otros	beneficios	tributarios,	la	determinación	del	hecho	imponible,	de	los	sujetos	pasivos	del	tributo,	de	los	perceptores	y	retenedores,	de	las	alícuotas	correspondientes	y	de	la	base	imponible,	deben	ser	hechas	por	Ley	del	Congreso	de	la	República,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	presente	artículo.	El	principio	de	legalidad	también	se	cumple	en	los	siguientes	casos:	a)	Cuando	se	expiden	Decretos	Legislativos	al	amparo	y	dentro	de	los	límites	establecidos	por	una	Ley	de	delegación	de	facultades	legislativas,	la	misma	que	debe	determinar	expresamente	la	materia	tributaria	a	tratarse,	los	alcances	de	la	delegación	de	facultades	y	el	plazo	para	el	ejercicio	de	dicha	facultad;	b)	Cuando	los	Gobiernos	Regionales	crean,	modifican	o	suprimen	tributos,	o	exoneran	de	ellos,	al	amparo	de	las	facultades	que	se	les	delegan	por	Ley	del	Congreso	de	la	República,	siempre	que	la	Ley	de	delegación	de	facultades	cumpla	con	los	siguientes	requisitos:	1.	Que	determine	la	materia	específica	objeto	de	delegación,	los	alcances	de	la	misma	y	el	plazo	para	el	ejercicio	de	dicha	facultad;	y,	2.	En	caso	de	creación	de	tributos,	que	establezca	expresamente	la	materia	imponible,	el	hecho	generador	del	tributo,	los	sujetos	pasivos,	las	exoneraciones	y	las
alícuotas	correspondientes,	así	como	el	plazo	de	vigencia	de	tributo	que	se	autoriza	a	crear	y,	de	ser	el	caso,	los	agentes	perceptores	o	retenedores,	iguales,	requisitos	se	exigen	para	la	modificación	del	tributo,	en	cuanto	sean	aplicables.	En	uso	de	las	potestades	impositivas	a	que	se	refiere	el	presente	inciso,	los	tributos	creados	por	los	Gobiernos	Regionales	no	podrán	contravenir	las	disposiciones	de	la	legislación	nacional.	Los	Gobiernos	Regionales	no	pueden	crear	tributos	cuya	materia	imponible	esté	sujeta	a	imposición	nacional.	c)	Cuando	los	Gobiernos	Locales	crean,	modifican	o	suprimen	contribuciones,	arbitrios	o	derechos	o	exoneran	de	ellos,	al	amparo	de	las	facultades	que	se	les	delegan	por	Ley	del	Congreso	de	la	República,	siempre	que	la	Ley	de	delegación	de	facultades	cumpla	con	los	siguientes	requisitos:	1.	Que	determine	la	materia	específica	objeto	de	delegación,	los	alcances	de	la	misma	y	el	plazo	para	el	ejercicio	de	dicha	facultad;	y,	2.	En	caso	de	creación	de	las	contribuciones,	arbitrios	o	derechos,	que	establezca	expresamente	la	materia	imponible,	el	hecho	generador	del	tributo,	lo	sujetos	pasivos,	las	exoneraciones	y	las	alícuotas	correspondientes,	así	como	el	plazo	de	vigencia	del	tributo	que	se	autoriza	a	crear	y,	de	ser	el	caso,	los	agentes	perceptores	o	retenedores.	Iguales	requisitos	se	exigen	para	la	modificación	de	las	contribuciones	arbitrios	o	derechos,	en	cuanto	sean	aplicables.	Las	contribuciones,	arbitrios	y	derechos	se	aprueban	por	Edicto	Municipal,	conforme	a	lo	establecido	en	el	presente	inciso	y	dentro	de	los	siguientes	límites:
2.1.	Las	contribuciones	de	mejoras	son	los	pagos	obligatorios	que	deben	realizar	los	contribuyentes	a	las	Municipalidades	por	los	beneficios	individuales	comprobables	que	obtengan	de	la	realización	de	obras	públicas.	El	rendimiento	de	las	contribuciones	solamente	será	destinado	a	la	recuperación	de	la	inversión	realizada	en	dichas	obras	públicas	o	al	financiamiento	de	su	mantenimiento:	2.2.	Los	arbitrios	son	las	tasas	que	deben	pagar	obligatoriamente	el	contribuyente	a	la	Municipalidad	en	mérito	a	un	servicio	público	que	ésta	presta.	El	monto	que	se	cobre	por	este	concepto	no	excederá	del	costo	total	de	prestación	del	servicio	público	y	su	rendimiento	solamente	será	destinado	al	financiamiento	del	mismo;	2.3.	Los	derechos	son	las	tasas	que	debe	pagar	obligatoriamente	el	contribuyente	a	la	Municipalidad	en	mérito	a	un	servicio	administrativo	que	ésta	le	preste.	El	monto	que	se	cobre	por	este	concepto	no	excederá	del	costo	total	de	prestación	del	servicio	administrativo	y	su	rendimiento	solamente	será	destinado	al	financiamiento	del	mismo.	En	uso	de	las	potestades	impositivas	a	que	se	refiere	el	presente	inciso,	las	contribuciones,	arbitrios	y	derechos	creados	por	los	Gobiernos	Locales,	no	podrán	gravar	la	entrada,	salida	o	tránsito	de	bienes,	mercadería,	productos	y	animales,	los	derechos	de	peaje	o	pontazgo	que	establezcan	los	Gobiernos	Locales	solamente	podrán	gravar	el	uso	por	vehículo	de	la	vía	pública	o	de	puentes	construidos	por	el	Municipio	o	mantenidos	por	éste,	siempre	y	cuando	tales	vías	no	formen	parte	de	la	red	vial	nacional;	d)	Cuando	se	regulan	las	tarifas	arancelarias	por	Decreto	Supremo;	y,
e)	Cuando	se	modifica	la	cuantía	de	los	tributos	denominados	tasas	por	Decreto	Supremo.	Artículo	15.-­‐	El	principio	de	publicidad	en	materia	tributaria	supone	que	todas	las	normas	tributarias	deben	ser	publicadas	en	el	diario	oficial	con	una	anticipación	no	menor	de	cinco	(05)	días	calendario	al	vencimiento	de	la	fecha	en	que	las	obligaciones	tributarias	formales	o	sustanciales	sean	exigibles,	a	fin	de	permitir	el	cumplimiento	de	las	mismas	por	los	contribuyentes.	Tratándose	de	Decretos	Legislativos,	los	mismos	deberán	ser	publicados	dentro	del	plazo	previsto	para	el	ejercicio	de	las	facultades	delegadas	y	con	la	anticipación	indicada	en	el	párrafo	anterior.	Artículo	16.-­‐	Las	empresas	y	sus	inversionistas	tendrán	derecho	acceder	en	vía	de	impugnación	ante	el	Tribunal	Fiscal	o	el	Tribunal	de	Aduanas,	en	su	caso,	en	las	materias	relativas	a	los	impuestos,	contribuciones,	tasas,	arbitrios,	derechos	registrales,	aranceles,	tasas	y	otros	derechos	que	se	cobre	por	la	tramitación	de	procedimientos	administrativos,	debiendo	sujetarse	al	procedimiento	de	Ley.	El	Tribunal	Fiscal	o	el	Tribunal	de	Aduanas,	según	corresponda	constituye	la	última	instancia	administrativa.	Título	IV	De	la	Seguridad	Jurídica	de	las	Inversiones	en	Materia	Administrativa	Capítulo	I	Ambito	De	Aplicación	(*)
(*)	Derogado	por	el	numeral	3)	de	la	Sexta	Disposición	Complementaria	y	Final	de	la	Ley	Nº	27444	publicada	el	11-­‐04-­‐2001.	CONCORDANCIAS:	D.L.	Nº	25868	D.S.	Nº	094-­‐92-­‐PCM	(REGLAMENTO)	D.S.	Nº	084-­‐2001-­‐EF,	Art.	3	Artículo	17.-­‐	El	presente	Título	es	de	aplicación	para	todos	los	procedimientos	y	trámites	administrativos	que	sigan	las	empresas	e	inversiones	ante	las	autoridades	del	Estado.	Tales	procedimientos	deben	otorgar	certeza	en	cuanto	al	curso	de	las	solicitudes,	y	tendrán	como	características	la	simplicidad	y	la	transparencia	de	todos	los	trámites	y	sus	correspondientes	requisitos.	Artículo	18.-­‐	Con	la	finalidad	de	aliviar	las	cargas	y	obligaciones	que	se	imponen	a	las	empresas	e	inversionistas	en	su	relación	con	la	Administración	Pública	e	iniciar	un	efectivo	proceso	de	desburocratización	en	el	país,	solamente	podrán	establecerse	trámites	o	requisitos	administrativos	mediante	Decreto	Supremo,	Decreto	Ejecutivo	Regional	u	Ordenanza	Municipal,	según	se	trate	del	Gobierno	Central,	los	Gobiernos	Regionales	o	los	Gobiernos	Locales.	Artículo	19.-­‐	El	Decreto	Supremo	Nº	006-­‐67-­‐SC-­‐	Reglamento	de	Normas	Generales	de	Procedimientos	Administrativos	y	la	Ley	Nº	25035,	Ley	de	Simplificación	Administrativa,	rigen	en	todo	lo	que	no	se	oponga	a	lo	prescrito	en	este	Título.	Capítulo	II	De	la	Eliminación	de	las	Restricciones	Administrativas	Para	la	Inversión	Artículo	20.-­‐	Los	ministerios,	instituciones	y	organismos	públicos,	y	otras
entidades	de	la	Administración	Publica	de	cualquier	naturaleza,	ya	sean	dependientes	del	Gobierno	Central,	Gobiernos	Regionales	o	Locales,	están	obligadas	a	aprobar	normas	legales	destinadas	a	unificar,	reducir	y	simplificar	drásticamente	todos	los	procedimientos	y	trámites	administrativos	que	se	siguen	ante	la	respectiva	entidad,	conforme	a	lo	prescrito	en	el	presente	título.	CONCORDANCIAS:	R.J.	Nº	092-­‐92-­‐INAP-­‐ DTSA	D.S.	Nº	018-­‐2001-­‐ PCM	D.S.	Nº	051-­‐2001-­‐ PCM,	Art.	2	Artículo	21.-­‐	Las	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior	deberán	aprobar	su	correspondiente	Texto	Unico	de	Procedimientos	Administrativos	(TUPA),	en	el	cual	constará	obligatoriamente	lo	siguiente:	a)	Todos	los	procedimientos	administrativos	que	se	realicen	ante	la	entidad;	b)	Una	descripción	clara	y	detallada	de	los	requisitos	exigidos	para	la	realización	de	cada	procedimiento	administrativo;	c)	La	calificación	de	cada	trámite	según	se	trate	de:	1.	Si	es	de	aprobación	automática,	de	acuerdo	con	lo	prescrito	en	el	artículo	24	del	presente	Decreto	Legislativo;o	2.	Si	requiere	una	evaluación	previa	de	la	Administración	Pública,	en	este	caso,	también	deberá	determinarse	lo	siguiente:	2.1	Si	vencido	el	plazo	correspondiente	procede	el	silencio	administrativo	positivo	o	negativo,	conforme	a	lo	prescrito	en	los	artículos	25	y	26	del	presente	Decreto	Legislativo;	o,
2.2	Si	no	procede	la	aplicación	de	los	plazos	ni	opera	el	silencio	administrativo,	por	tratarse	de	los	procedimientos	administrativos	a	que	se	refiere	el	artículo	27	del	presente	Decreto	Legislativo;	d)	Los	casos	en	que	procede	el	pago	de	derechos	y	el	monto	de	los	mismos;	e)	La	dependencia	ante	la	cual	deben	presentarse	las	solicitudes;	f)	La	autoridad	competente	para	la	aprobación	de	cada	trámite;	y,	g)	Las	autoridades	o	entidades	competentes	para	resolver	los	recursos	impugnativos.	CONCORDANCIAS:	R.J.	Nº	092-­‐92-­‐INAP-­‐ DTSA	R.	DE	SUBCONTRALOR	Nº	016-­‐2001-­‐CG	Artículo	22.-­‐	Los	TUPA	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior	se	aprobarán	por	Decreto	Supremo	del	sector	correspondiente	en	el	caso	de	entidades	dependientes	del	Gobierno	Central;	por	Decreto	Ejecutivo	Regional	si	las	entidades	dependen	de	los	Gobiernos	Regionales,	y	por	Ordenanza	Municipal	en	el	caso	de	los	Gobiernos	Locales.	Las	normas	legales	a	que	se	refiere	el	primer	párrafo	del	presente	artículo	deberán	ser	aprobadas	y	publicadas	en	el	diario	oficial	antes	del	30	de	junio	de	1992,	bajo	responsabilidad	de	titular	del	sector	o	entidad	pertinente,	vencido	dicho	plazo,	no	podrán	ser	exigibles	a	los	interesados	para	la	realización	de	las	actividades	económicas	todos	los	procedimientos	administrativos,	sus	requisitos	y	el	pago	de	los	derechos	correspondientes	que	no	hayan	sido	incluidos	en	el	TUPA.	(1)(2)(3)
Toda	modificación	con	relación	a	los	procedimientos	administrativos	que	se	siguen	ante	las	entidades,	a	que	se	refiere	el	artículo	20	del	presente	Decreto	Legislativo,	que	implique	la	creación	de	nuevos	trámites,	su	evaluación	previa,	la	procedencia	del	silencio	administrativo	negativo	o	el	aumento	de	los	requisitos	exigidos,	deberá	referirse	al	correspondiente	TUPA	y	requerirá	ser	aprobada	por	Decreto	Supremo,	por	decreto	Ejecutivo	Regional	y	Ordenanza	Municipal	según	se	trate	de	entidades	dependientes	del	Gobierno	Central,	Gobiernos	Regionales	o	Locales,	respectivamente.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	párrafo	anterior,	las	disposiciones	concernientes	a	la	eliminación	de	trámites	o	requisitos	podrán	aprobarse	Resolución	Ministerial,	Resolución	Ejecutiva	Regional	o	Acuerdo	Municipal,	según	se	trate	de	entidades	dependientes	del	Gobierno	Central,	Gobiernos	Regionales	o	Locales,	respectivamente.	También	deberán	referirse	al	correspondiente	TUPA.	Los	TUPA	deben	actualizarse	anualmente	y	publicarse	en	el	diario	oficial	a	más	tardar	el	30	de	junio	de	cada	año,	bajo	responsabilidad	del	titular	del	sector	o	entidad	de	que	se	trate,	salvo	que	el	TUPA	vigente	no	haya	sufrido	modificaciones,	lo	cual	deberá	ser	dado	a	conocer	a	los	interesados	mediante	aviso	publicado	en	el	diario	oficial.	En	caso	contrario,	será	de	aplicación	lo	dispuesto	en	el	segundo	párrafo	del	presente	artículo.	(1)	Plazo	prorrogado	por	noventa	(90)	días	calendarios	por	el	Artículo	1	del	Decreto	Ley	Nº	25587,	publicado	el	28-­‐06-­‐92.	(2)	Plazo	prorrogado	hasta	el	31	de	abril	de	1993	por	el	Artículo	10	del	Decreto	Ley	Nº	26111,	publicado	el	30-­‐12-­‐92.
(3)	Plazo	prorrogado	hasta	el	30	de	julio	de	1993	por	el	Artículo	1	del	Decreto	Supremo	Extraordinario	N°	062-­‐93-­‐PCM,	publicado	el	01-­‐06-­‐93.	CONCORDANCIAS:	R.J.	Nº	092-­‐92-­‐INAP-­‐ DTSA	Artículo	23.-­‐	Solamente	podrá	exigirse	a	los	interesados	el	cumplimiento	de	los	procedimientos	administrativos,	no	podrán	requerirse	otra	información,	documentación	o	pago	que	no	conste	en	los	mismos,	bajo	responsabilidad	del	funcionario	que	lo	exija.	Artículo	24.-­‐	Las	solicitudes	presentadas	ante	las	distintas	entidades	de	la	Administración	Pública	a	que	se	refiere	el	artículo	20	del	presente	Decreto	Legislativo,	se	considerarán	automáticamente	aprobadas	el	mismo	día	de	la	presentación	del	recurso	o	formato	correspondiente,	siempre	que	se	cumpla	con	los	requisitos	y	se	entregue	la	documentación	completa	exigidos	por	el	TUPA	para	cada	caso.	Para	efectos	de	lo	dispuesto	en	el	párrafo	anterior,	bastará	como	constancia	de	la	aprobación	automática	de	la	solicitud,	la	copia	del	recurso	o	formato	que	haya	presentado	el	interesado,	que	contenga	el	sello	oficial	de	recepción.	CONCORDANCIAS:	R.D.	Nº	002-­‐92-­‐INAP-­‐ DTSA	Artículo	25.-­‐	En	casos	excepcionales,	podrá	establecerse	que	los	procedimientos	administrativos	requerirán	de	evaluación	previa,	lo	que	se	deberá	expresar	en	el	TUPA.	En	estos	casos,	la	entidad	pertinente	contará	con	un	plazo	máximo	de	30	días	calendario	para	emitir	el	pronunciamiento	correspondiente,	contados	a	partir	de	la	fecha	de	la	presentación	de	la	solicitud	o	formato.	Transcurrido	dicho	plazo	sin	que
medie	pronunciamiento	definitivo,	el	trámite	se	considerará	aprobado.	Artículo	26.-­‐	Solamente	en	casos	debidamente	calificados	se	podrá	establecer	que	la	solicitud	o	formato	se	considerará	denegada	una	vez	transcurrido	el	plazo	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior,	a	efectos	de	que	el	interesado	interponga	los	recursos	administrativos	pertinentes,	lo	que	deberá	figurar	en	el	TUPA.	Artículo	27.-­‐	No	son	de	aplicación	obligatoria	a	los	procedimientos	tributarios,	a	los	procedimientos	administrativos	que	resuelvan	cuestiones	contenciosas	entre	dos	o	más	particulares,	a	los	procedimientos	para	la	enajenación	o	adquisición	de	bienes	y	servicios	por	o	para	el	Estado,	ni	a	aquellos	referidos	al	otorgamiento	de	concesiones	para	obras	de	infraestructura,	las	disposiciones	contenidas	en	los	artículos	24,	25,	26,	28	y	32	del	presente	Decreto	Legislativo.	Artículo	28.-­‐	Las	solicitudes	o	formatos	para	la	realización	de	procedimientos	administrativos	que	se	siguen	ante	las	distintas	entidades	de	la	Administración	Pública	que	se	presenten	sin	cumplir	con	los	correspondientes	requisitos,	deberán	recibirse	bajo	condición	de	ser	subsanado	el	defecto	u	omisión	en	el	término	de	48	horas,	anotándose	en	el	escrito	y	en	la	copia	dicha	circunstancia.	Transcurrido	el	referido	plazo	sin	que	el	defecto	u	omisión	fuera	subsanado,	el	documento	se	tendrá	por	no	presentado	y	se	devolverá	al	interesado.	Artículo	29.-­‐	Todo	documento,	solicitud	o	información	que	se	presente	a	las	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	22	del	presente	Decreto	Legislativo	para	la	realización	de	procedimientos	administrativos,	tendrá	carácter	de	declaración	jurada	y	deberá	estar	refrendado	por	el	interesado	o	su	representante,
quienes	serán	responsables	de	la	veracidad	de	las	informaciones	y	la	autenticidad	de	los	documentos	presentados,	bajo	pena	de	incurrir	en	los	delitos	contra	la	fe	pública	tipificados	en	el	Título	XIX	del	Código	Penal,	según	corresponda,	y	sin	perjuicio	de	la	fiscalización	posterior	de	carácter	administrativo.	Artículo	30.-­‐	Las	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	22	del	presente	Decreto	Legislativo	sólo	podrán	cobrar	los	derechos	que	consten	en	el	TUPA	por	la	realización	de	los	procedimientos	administrativos.	El	cobro	de	estos	derechos	procederá	únicamente	cuando	dichos	procedimientos	sean	seguidos	a	solicitud	de	parte,	y	siempre	que	la	tramitación	correspondiente	implique	para	la	entidad	la	prestación	de	un	servicio	inherente	a	dicho	trámite.	El	monto	de	los	derechos	no	podrá	exceder	del	costo	real	del	servicio,	sustentado	por	la	oficina	de	administración	de	la	entidad	competente,	bajo	responsabilidad.	Cuando	el	TUPA	exija	la	presentación	de	formularios	o	formatos,	la	Administración	Pública	aceptará	la	presentación	de	copias	simples	de	los	formatos	correspondientes	en	reemplazo	de	los	originales,	salvo	que	estos	últimos	sean	de	distribución	gratuita	y	estén	a	disposición	de	los	interesados.	CONCORDANCIAS:	R.J.	Nº	087-­‐95-­‐INAP-­‐ DTSA	D.S.	N°	002-­‐94-­‐JUS,	Art.	9	Artículo	31.-­‐	Las	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	20	del	presente	Decreto	Legislativo	podrán	solicitar	las	copias	de	documentos	que	hayan	sido	expedidos	por	la	misma	entidad,	ni	documentación	que	haya	sido	presentada	con	anterioridad	por	el	interesado	ante	dicha	entidad	que	no	haya	perdido	su	validez	o	vigencia,	según	esté	establecida	en	el	mismo	documento.
Artículo	32.-­‐	Las	copias	de	documentos,	estén	o	no	certificadas	por	notarios,	funcionarios	o	servidores	públicos	en	el	ejercicio	de	sus	funciones,	tendrán	el	mismo	valor	que	los	originales	para	el	cumplimiento	de	los	requisitos	correspondientes	a	los	procedimientos	administrativos	seguidos	ante	cualquier	entidad	de	la	Administración	Pública	a	que	se	refiere	el	artículo	20	del	presente	Decreto	Legislativo.	Dichas	entidades	no	exigirán	la	presentación	de	traducciones	oficiales,	bastando	que	se	presente	traducción	simple	bajo	responsabilidad	solidaria	del	traductor	y	el	interesado.	Artículo	33.-­‐	La	presentación	de	documentos	o	recursos,	el	retiro	de	notificaciones,	certificados,	pronunciamientos	o	documentos,	el	requerimiento	de	información	por	los	interesados,	así	como	cualquier	otra	gestión	de	carácter	administrativo,	deberá	realizarse	durante	el	horario	de	atención	pública.	Por	ningún	motivo	las	entidades	de	la	Administración	Pública	fraccionarán	su	horario	de	atención	para	dedicar	una	parte	del	tiempo	a	atender	sólo	determinados	asuntos.	Artículo	34.-­‐	Las	entidades	de	la	Administración	Pública	a	que	se	refiere	el	artículo	20	del	presente	Decreto	Legislativo	deberán	establecer	una	sola	oficina	de	trámite	documentario,	a	través	de	la	cual	los	interesados	realizarán	todas	las	gestiones	y	obtendrán	la	información	que	requieran	para	la	realización	de	los	procedimientos	administrativos.	Capítulo	III	De	la	Transparencia	en	la	Tramitación	de	Procedimientos	Administrativos	Artículo	35.-­‐	Los	documentos,	antecedentes,	estudios,	dictámenes,
opiniones,	datos	estadísticos	y	toda	otra	información	que	las	entidades	del	sector	público	tengan	en	su	poder,	debe	ser	suministrados	a	los	particulares	que	así	lo	soliciten.	En	caso	de	ser	necesaria	la	expedición	de	copias,	los	interesados	deberán	sufragar	los	correspondientes	gastos.	Quedan	exceptuadas	la	documentación	e	información	que	puedan	afectar	a	la	seguridad	nacional	y	las	relaciones	exteriores,	las	que	tengan	alcances	y	circulación	meramente	internos	de	la	administración	pública,	y	las	correspondientes	a	los	particulares	que	tengan	carácter	reservado	conforme	a	los	dispositivos	legales	vigentes	o	que	se	refieran	a	secretos	comerciales	o	tecnológicos.	Artículo	36.-­‐	Los	funcionarios	y	servidores	públicos	que	incumplan	las	disposiciones	contenidas	en	el	artículo	24	del	presente	Decreto	Legislativo,	incurrirán	en	falta	disciplinaria	sancionable	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	26	del	Decreto	Legislativo	Nº	276.	Los	interesados	podrán	interponer,	indistinta	o	conjuntamente,	el	recurso	de	queja	a	que	se	refiere	el	artículo	108	del	Decreto	Supremo	Nº	006-­‐67-­‐SC,	dirigirse	al	órgano	de	control	interno	de	la	entidad	respectiva,	o	interponer	el	recurso	de	queja	ante	el	Fiscal	de	la	Nación	a	que	se	refiere	el	artículo	67	del	Decreto	Legislativo	Nº	52,	sin	perjuicio	de	las	acciones	civiles	o	penales	a	que	hubiera	lugar.	Artículo	37.-­‐	Las	personas	a	quienes	los	funcionarios	o	servidores	públicos	soliciten	un	donativo,	una	promesa	o	cualquier	ventaja	indebida	para	favorecer,	realizar	u	omitir	un	trámite,	ya	sea	en	cumplimiento	o	en	violación	de	sus	funciones	podrán	denunciar	tales	hechos,	indistinta	o	conjuntamente,	al	órgano	de	control	interno	de	la	entidad	respectiva	o	al	Ministerio	Público	conforme	a	lo	dispuesto	en	los	artículos	11,	12	y	13	del	Decreto	Legislativo
Nº	52,	sin	perjuicio	de	las	acciones	civiles	o	penales	a	que	hubiera	lugar.	(*)	(*)	Título	IV	derogado	por	el	numeral	3)	de	la	Sexta	Disposición	Complementaria	y	Final	de	la	Ley	Nº	27444	publicada	el	11-­‐04-­‐2001.	TITULO	V	De	la	Estabilidad	Jurídica	de	las	Inversiones	Capítulo	Primero	De	los	Convenios	de	Estabilidad	Jurídica	Artículo	38.-­‐	El	presente	Capítulo	otorga	a	los	inversionistas	nacionales	y	a	las	empresas	en	que	éstos	participan,	un	tratamiento	igual	al	establecido	en	el	título	II	del	Decreto	Legislativo	Nº	662,	de	manera	tal	que	las	indicadas	disposiciones	y	las	contenidas	en	este	Capítulo	son	aplicables	en	la	misma	medida	a	los	inversionistas	nacionales	y	extranjeros	y	a	las	empresas	en	que	éstos	participan.	(*)	(*)	Artículo	sustituido	por	el	Artículo	2	del	Decreto	Legislativo	N°	1011,	publicado	el	11	mayo	2008,	cuyo	texto	es	el	siguiente:	“Artículo	38.-­‐	El	presente	capítulo	otorga	a	los	inversionistas	nacionales	y	a	las	empresas	en	que	éstos	participan,	un	tratamiento	igual	al	establecido	en	el	título	II	del	Decreto	Legislativo	Nº	662,	de	manera	tal	que	las	indicadas	disposiciones	y	las	contenidas	en	este	capítulo	son	aplicables	en	la	misma	medida	a	los	inversionistas	nacionales	y	extranjeros	y	a	las	empresas	en	que	éstos	participan.	En	tal	sentido,	tanto	los	inversionistas	nacionales	como	extranjeros	podrán	celebrar	con	anterioridad	o	dentro	de	los	doce	(12)	meses	siguientes	a	la	obtención	del	título	habilitante,	los	convenios	referidos	en	el	título	II	del	Decreto	Legislativo	Nº	662”.	CONCORDANCIAS:	D.S.	Nº	148-­‐2008-­‐EF,	Art.	2	(Reglamento	del	Decreto	Legislativo	Nº
1011	que	Modifica	el	Artículo	10	del	Decreto	Legislativo	Nº	662	y	el	Artículo	38	del	Decreto	Legislativo	Nº	757,	e	incorpora	el	supuesto	de	suscripción	de	Convenios	de	Estabilidad	Jurídica	con	posterioridad	a	la	obtención	del	Título	Habilitante)	Artículo	39.-­‐	Los	convenios	de	estabilidad	jurídica	se	celebran	al	amparo	del	artículo	1357	del	Código	Civil	y	tienen	la	calidad	de	contratos	con	fuerza	de	Ley,	de	manera	que	no	pueden	ser	modificados	o	dejados	sin	efecto	unilateralmente	por	el	Estado.	Tales	contratos	tienen	carácter	civil	y	no	administrativo,	y	sólo	podrán	modificarse	o	dejarse	sin	efecto	por	acuerdo	entre	las	partes.	Artículo	40.-­‐	Los	convenios	que	se	celebren	al	amparo	del	artículo	12	del	Decreto	Legislativo	Nº	662	pueden	tener	por	objeto	también	garantizar	la	estabilidad	del	régimen	tributario	aplicable	a	las	empresas	receptoras	de	la	inversión,	exclusivamente	en	cuanto	a	los	impuestos	cuya	materia	imponible	esté	constituida	por	la	renta	de	las	empresas,	siempre	y	cuando	el	monto	total	de	las	nuevas	inversiones,	recibidas	por	la	empresa	sea	mayor	al	50%	de	su	capital	y	reservas	y	esté	destinado	a	la	ampliación	de	la	capacidad	productiva	o	al	mejoramiento	tecnológico.	Asimismo,	se	podrá	celebrar	tales	convenios	cuando	se	trate	de	la	transferencia	de	más	del	50%	de	las	acciones	de	las	empresas	comprendidas	en	la	actividad	empresarial	del	Estado.(*)	(*)	Confrontar	con	la	Ley	27342,	publicada	el	06	septiembre	2000.	Artículo	41.-­‐	Los	Convenios	de	Estabilidad	que	se	celebren	al	amparo	del	Título	II	del	Decreto	Legislativo	Nº	662	pueden	tener	por	objeto	también	garantizar	la	estabilidad	del	régimen	tributario	aplicable	a	los	contratos	de	arrendamiento	financiero,
siempre	que	el	valor	de	los	bienes	objeto	del	contrato	no	sea	inferior	a	US$	2,000.000;	o,	siendo	menor,	con	un	límite	no	inferior	a	US$	500,000,	la	adquisición	de	los	bienes	determine	la	generación	directa	o	indirecta	de	más	de	veinte	puestos	de	trabajo	permanentes	o	no	menos	de	US$	2,000.000	de	ingreso	de	divisas	por	concepto	de	exportaciones	durante	los	tres	años	siguientes	a	la	suscripción	del	convenio,	sin	que	exista	obligación	de	aporte	de	capital	o	plazo	mínimos.	Artículo	42.-­‐	El	Estado	podrá	aprobar	la	cesión	de	posición	contractual	realizada	por	un	inversionista	en	favor	de	otro	inversionista	con	respecto	al	convenio	de	estabilidad	jurídica	que	hubiera	celebrado.	Artículo	43.-­‐	Todos	los	trámites	y	procedimientos	relativos	a	los	convenios	de	estabilidad	jurídica	que	sigan	los	inversionistas	nacionales,	se	realizarán	ante	la	dependencia	que	designe	el	Ministerio	del	Sector	correspondiente.	Artículo	44.-­‐	Los	Gobiernos	Regionales	y	Locales	podrán	celebrar	convenios	de	estabilidad	jurídica	con	los	inversionistas	que	efectúen	inversiones	en	sus	respectivas	jurisdicciones,	y	con	las	empresas	establecidas	o	que	se	establezcan	en	ellas,	exclusivamente	con	respecto	a	las	materias	de	su	competencia.	Artículo	45.-­‐	Los	derechos,	garantías	y	seguridades	contempladas	en	el	presente	Capítulo	no	limitan	en	forma	alguna	la	facultad	de	los	inversionistas	o	empresas	de	acogerse	también	a	regímenes	previstos	en	otros	dispositivos	legales.	Capítulo	Segundo	De	los	Seguros	de	la	Inversión	Privada
Artículo	46.-­‐	Todo	inversionista	está	facultado	para	contratar,	dentro	y	fuera	del	país,	seguros	que	cubran	sus	inversiones	contra	riesgos	comerciales	y	no	comerciales.	Artículo	47.-­‐	El	Estado	facilita	a	los	inversionistas	la	cobertura	de	sus	inversiones	por	la	Agencia	Multilateral	de	Garantía	de	Inversiones	(MIGA)	del	Banco	Mundial,	u	otras	entidades	similares	de	las	cuales	el	Perú	forme	parte.	En	consecuencia,	el	Estado	tomará	las	acciones	y	presentará	los	documentos	requeridos	para	tal	efecto,	en	el	caso	de	los	inversionistas	extranjeros,	el	Estado	presta	su	conformidad	a	la	cobertura	solicitada	por	los	inversionistas.	Capítulo	Tercero	De	la	Solución	de	Controversias	Relativas	a	la	Inversión	Artículo	48.-­‐	En	sus	relaciones	con	particulares	el	Estado,	sus	dependencias,	el	Gobierno	Central,	los	Gobiernos	Regionales	y	Municipales	y	otras	personas	de	derecho	público,	así	como	las	empresas	comprendidas	en	la	actividad	empresarial	del	Estado,	podrán	someter	a	arbitraje	nacional	o	internacional,	de	acuerdo	a	la	legislación	nacional	o	tratados	internacionales,	de	los	cuales	el	Perú	es	parte,	toda	controversia	referida	a	sus	bienes	y	obligaciones,	siempre	que	deriven	de	una	relación	jurídica	patrimonial	de	derecho	privado	o	de	naturaleza	contractual.	Título	VI	De	la	Seguridad	Jurídica	en	la	conservación	del	medio	Ambiente	Artículo	49.-­‐	El	Estado	estimula	el	equilibrio	racional	entre	el	desarrollo	socio-­‐ económico,	la	conservación	del	ambiente	y	el	uso	sostenido	de	los	recursos	naturales,
garantizando	la	debida	seguridad	jurídica	a	los	inversionistas	mediante	el	establecimiento	de	normas	claras	de	protección	del	medio	ambiente.	En	consecuencia,	el	Estado	promueve	la	participación	de	empresas	o	instituciones	privadas	en	las	actividades	destinadas	a	la	protección	del	medio	ambiente	y	la	reducción	de	la	contaminación	ambiental.	Artículo	50.-­‐	Las	autoridades	sectoriales	competentes	para	conocer	sobre	los	asuntos	relacionados	con	la	aplicación	de	las	disposiciones	del	Código	del	Medio	Ambiente	y	los	Recursos	Naturales	son	los	Ministerios	de	los	sectores	correspondientes	a	las	actividades	que	desarrollan	las	empresas,	sin	perjuicio	de	las	atribuciones	que	correspondan	a	los	Gobiernos	Regionales	y	Locales	conforme	a	lo	dispuesto	en	la	Constitución	Política.	(*)	(*)	Primer	párrafo	modificado	por	la	Novena	Disposición	Complementaria	de	la	Ley	Nº	26734,	publicada	el	31-­‐12-­‐96,	cuyo	texto	es	el	siguiente:	"Artículo	50.-­‐	Las	autoridades	sectoriales	competentes	para	conocer	sobre	los	asuntos	relacionados	con	la	aplicación	de	las	disposiciones	del	Código	del	Medio	Ambiente	y	los	Recursos	Naturales	son	los	Ministerios	o	los	organismos	fiscalizadores,	según	sea	el	caso,	de	los	sectores	correspondientes	a	las	actividades	que	desarrollan	las	empresas	sin	perjuicio	de	las	atribuciones	que	correspondan	a	los	Gobiernos	Regionales	y	Locales	conforme	a	lo	dispuesto	en	la	Constitución	Política".	En	caso	de	que	la	empresa	desarrollara	dos	o	más	actividades	de	competencia	de	distintos	sectores,	será	la	autoridad	sectorial	competente	la	que	corresponda	a	la	actividad	de	la	empresa	por
la	que	se	generen	mayores	ingresos	brutos	anuales.	CONCORDANCIAS:	D.S.	Nº	005-­‐2001-­‐PE	Artículo	51.-­‐	La	autoridad	sectorial	competente	determinará	las	actividades	que	por	su	riesgo	ambiental	pudieran	exceder	de	los	niveles	o	estándares	tolerables	de	contaminación	o	deterioro	del	medio	ambiente,	de	tal	modo	que	requerirán	necesariamente	la	elaboración	de	estudios	de	impacto	ambiental	previos	al	desarrollo	de	dichas	actividades.	Los	estudios	de	impacto	ambiental	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior	deberán	asegurar	que	las	actividades	que	desarrolle	o	pretenda	desarrollar	la	empresa	no	exceden	los	niveles	o	estándares	a	que	se	contrae	el	párrafo	anterior.	Dichos	estudios	serán	presentados	ante	la	autoridad	sectorial	competente	para	el	registro	correspondiente,	siendo	de	cargo	de	los	titulares	de	las	actividades	para	cuyo	desarrollo	se	requieren.	Los	estudios	de	impacto	ambiental	serán	realizados	por	empresas	o	instituciones	públicas	o	privadas	que	se	encuentren	debidamente	calificados	y	registradas	en	el	registro	que	dará	el	efecto	abrirá	la	autoridad	sectorial	competente,	la	que	establecerá	los	requisitos	que	deberán	cumplirse	para	el	efecto.	(*)	(*)	Artículo	modificado	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	Nº	26786,	publicada	el	13-­‐05-­‐97,	cuyo	texto	es	el	siguiente:	"Artículo	51.-­‐	La	Autoridad	Sectorial	Competente	comunicará	al	Consejo	Nacional	del	Ambiente	-­‐	CONAM,	sobre	las	actividades	a	desarrollarse	en	su	sector,	que	por	su	riesgo	ambiental,	pudieran	exceder	los	niveles	o	estándares	tolerables	de	contaminación	o	deterioro	del	ambiente,	las	que	obligatoriamente	deberán	presentar
estudios	de	impacto	ambiental	previos	a	su	ejecución	y,	sobre	los	limites	máximos	permisibles	del	impacto	ambiental	acumulado.	Asimismo,	propondrá	al	Consejo	Nacional	del	Ambiente	-­‐CONAM:	a)	Los	requisitos	para	la	elaboración	de	los	Estudios	de	Impacto	Ambiental	y	Programas	de	Adecuación	del	Manejo	Ambiental;	b)	El	trámite	para	la	aprobación	de	dichos	estudios,	así	como	la	supervisión	correspondiente;	y,	c)	Las	demás	normas	referentes	al	Impacto	Ambiental.	Con	opinión	favorable	del	CONAM,	las	actividades	y	limites	máximos	permisibles	del	Impacto	Ambiental	acumulado,	así	como	las	propuestas	mencionadas	en	el	párrafo	precedente	serán	aprobados	por	el	Consejo	de	Ministros,	mediante	Decreto	Supremo.	Los	Estudios	de	Impacto	Ambiental	y	Programas	de	Adecuación	del	Manejo	Ambiental	serán	realizados	por	empresas	o	instituciones	que	se	encuentren	debidamente	calificadas	e	inscritas	en	el	registro	que	para	el	efecto	abrirá	la	Autoridad	Sectorial	Competente."	CONCORDANCIAS:	R.D.	Nº	080-­‐92-­‐ICTI-­‐ DGI	R.M.	Nº	143-­‐92-­‐EM-­‐ VMM	R.M.	Nº	170-­‐94-­‐TCC-­‐ 15.03	R.M.	Nº	0369-­‐94-­‐AG	R.J.	Nº	163-­‐94-­‐ INRENA	R.J.	Nº	021-­‐95-­‐ INRENA	R.M.	Nª	0498-­‐2005-­‐ AG
Ley	N°	28611,	Art.	25	Impacto	ambiental	(Ley	General	del	Ambiente)	R.M.	N°	167-­‐2006-­‐ MINSA	(Crean	el	Registro	de	Entidades	Autorizadas	para	la	Elaboración	de	Estudios	de	Impacto	Ambiental-­‐EIA-­‐	y	otros	instrumentos	de	Gestión	Ambiental)	Artículo	52.-­‐	En	los	casos	de	peligro	grave	o	inminente	para	el	medio	ambiente,	la	autoridad	sectorial	competente	podrá	disponer	la	adopción	de	una	de	las	siguiente	medidas	de	seguridad	por	parte	del	titular	de	la	actividad:	(*)	(*)	Párrafo	modificado	por	el	Artículo	2	de	la	Ley	Nº	26786,	publicada	el	13-­‐05-­‐97,	cuyo	texto	es	el	siguiente:	"Artículo	52.-­‐	En	los	casos	de	peligro	grave	o	inminente	para	el	medio	ambiente,	la	Autoridad	Sectorial	Competente,	con	conocimiento	del	CONAM,	podrá	disponer	la	adopción	de	una	de	las	siguientes	medidas	de	seguridad	por	parte	del	titular	de	la	actividad:"	a)	Procedimientos	que	hagan	desaparecer	el	riesgo	o	lo	disminuyan	a	niveles	permisibles,	estableciendo	para	el	efecto	los	plazos	adecuados	en	función	a	su	gravedad	e	inminencia;	o,	b)	Medidas	que	limiten	el	desarrollo	de	las	actividades	que	generan	peligro	grave	e	inminente	para	el	medio	ambiente.	En	caso	de	que	el	desarrollo	de	la	actividad	fuera	capaz	de	causar	un	daño	irreversible	con	peligro	grave	para	el	medio	ambiente,	la	vida	o	la	salud	de	la	población,	la	autoridad	sectorial	competente	podrá	suspender	los	permisos,	licencias	o	autorizaciones	que	hubiera	otorgado	para	el	efecto.
Artículo	53.-­‐	Las	empresas	que	presten	servicios	de	abastecimiento	de	agua	potable	y	alcantarillado	deberán	contar	con	la	correspondiente	certificación	de	que	cumplen	con	las	normas	de	calidad	físico-­‐ química	y	bacteriológica	del	agua	potable	y	las	condiciones	de	tratamiento	de	desagüe	para	su	disposición	final.	Los	directores	de	dichas	empresas,	en	caso	de	que	las	mismas	no	cuenten	con	los	certificados	de	calidad	con	la	periodicidad	requerida	por	el	Ministerio	de	Salud,	incurrirán	en	el	delito	previsto	en	el	artículo	305	del	Código	Penal.	El	control	de	calidad	del	agua	para	consumo	humano	estará	a	cargo	de	empresas	o	instituciones	públicas	o	privadas	especializadas	en	saneamiento	ambiental,	que	serán	debidamente	calificadas	y	registradas	en	un	Registro	Especial	que	para	el	efecto	abrirá	el	Ministerio	de	Salud,	el	que	establecerá	los	requisitos	que	deberán	cumplirse	para	el	efecto	y	supervisará	las	actividades	de	las	referidas	empresas	o	instituciones.	Artículo	54.-­‐	La	calidad	de	área	natural	protegida	solamente	puede	otorgarse	por	Decreto	Supremo	que	cumple	con	el	voto	aprobatorio	del	Consejo	de	Ministros.	Las	áreas	naturales	protegidas	pueden	ser	nacionales,	regionales	o	locales,	según	el	Gobierno	que	las	administre,	lo	que	será	determinado	en	el	Decreto	de	su	creación.	Las	políticas	de	manejo	de	dichas	áreas	las	fijará	el	Gobierno	Nacional.	El	establecimiento	de	áreas	naturales	protegidas	no	tiene	efectos	retroactivos	ni	afecta	los	derechos	adquiridos	con	anterioridad	a	la	creación	de	las	mismas.	Artículo	55.-­‐	Está	prohibido	internar	al	territorio	nacional	residuos	o	desechos,	cualquiera	sea	su	origen	o	estado	material,	que	por	su	naturaleza,	uso	o	fines,	resultare	peligrosos	o	radiactivos.	Por	Decreto	Supremo	que	cuente	con	el	voto	aprobatorio
del	Consejo	de	Ministros	se	establecerá	la	relación	de	dichos	bienes.	El	internamiento	de	cualquier	otro	tipo	de	residuos	o	desechos	sólo	podrá	estar	destinado	a	su	reciclaje,	reutilización	o	transformación.	Artículo	56.-­‐	El	Estado	puede	adjudicar	tierras	con	fines	de	ecoturismo	a	particulares,	en	propiedad	o	en	uso,	previa	presentación	del	denuncio	correspondiente.	DISPOSICIONES	COMPLEMENTARIAS	PRIMERA.-­‐	Las	medidas	excepcionales	de	interés	nacional	que	deben	adoptarse	en	vías	de	reconversión	empresarial	para	adecuar	la	situación	de	las	empresas	a	los	cambios	en	el	entorno	mundial	y	las	acciones	conducentes	para	lograr	la	competitividad	de	los	sectores	productivos	nacionales	frente	a	los	productores	internacionales	y,	en	especial,	como	consecuencia	de	los	acuerdos	internacionales	en	el	ámbito	latinoamericano	y	de	los	países	integrantes	del	Pacto	Andino,	se	rigen	por	los	siguientes	principios:	-­‐	Los	fundamentos	del	régimen	económico	de	la	República,	previstos	en	el	Artículo	110	de	la	Constitución	Política;	-­‐	Las	exigencias	para	la	actividad	empresarial	contenidas	en	el	Artículo	130	de	la	Constitución	Política;	-­‐	El	cumplimiento	de	los	tratados,	en	particular	los	relativos	a	la	integración	a	que	se	refieren	los	artículos	100,	101	y	106	de	la	Constitución	Política;	y,	-­‐	El	deber	de	todos	los	peruanos	de	contribuir	al	bien	común.	SEGUNDA.-­‐	Los	incrementos	en	precios	y	tarifas	o	las	mejoras	remunerativas	se	sujetarán	a	las	siguientes	reglas:
a)	Los	precios	y	tarifas	que	por	mandato	legal	sean	fijados	administrativamente	se	reajustarán	teniendo	en	consideración	factores	económicos	y	no	sistemas	o	métodos	de	reajuste	automáticos	basados	en	índices	de	variación	de	precios;	y,	CONCORDANCIAS:	D.S.	Nº	044-­‐2005-­‐ VIVIENDA	b)	Los	pactos	o	convenios	colectivos	de	trabajo	no	podrán	contener	sistemas	de	reajuste	automático	de	remuneraciones	fijados	en	función	a	índices	de	variación	de	precios,	o	ser	pactados	o	referidos	a	moneda	extranjera.	Conforme	al	artículo	1355	del	Código	Civil,	las	empresas	y	los	trabajadores	del	régimen	de	la	actividad	privada	que	se	rijan	total	o	parcialmente	por	normas,	pactos	o	cláusulas	de	dicha	índole,	los	sustituirán	por	sistemas	de	fijación	de	remuneraciones	que	atiendan	al	incremento	de	la	producción	y	la	productividad	de	cada	empresa.	(*)	(*)	Párrafo	sustituido	por	el	Artículo	2	del	Decreto	Ley	Nº	25541,	publicada	el	11-­‐06-­‐92,	cuyo	texto	es	el	siguiente:	"Los	trabajadores	del	régimen	de	la	actividad	privada	regidos	total	o	parcialmente	por	normas,	pactos	o	cláusulas	de	dicha	índole,	tienen	derecho	a	solicitar	el	reajuste	de	sus	remuneraciones	y	la	mejora	de	las	condiciones	de	trabajo	a	través	del	procedimiento	de	la	negociación	colectiva,	al	igual	que	los	demás	trabajadores	del	régimen	común	de	la	actividad	privada,	debiendo	considerarse,	entre	otros	factores,	el	incremento	de	la	producción	y	la	productividad".	TERCERA.-­‐	Con	el	objeto	de	promover	las	inversiones	privadas	en	los	sistemas	de	administración	de	fondos	colectivos	y	de	garantizar	su	adecuado	funcionamiento,	créase	el	Registro	de	Bienes
Muebles	de	los	Sistemas	de	Administración	de	Fondos	Colectivos,	el	que	estará	a	cargo	de	la	Comisión	Nacional	Supervisora	de	Empresas	y	Valores.	Por	Decreto	Supremo,	refrendado	por	el	Ministro	de	Economía	y	Finanzas,	deberá	aprobarse	el	Reglamento	de	Registro	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior	en	un	plazo	que	no	excederá	de	60	días	calendario.	Para	efectos	del	cálculo	de	los	derechos	a	que	se	refiere	el	artículo	4	del	Decreto	Ley	Nº	23186,	no	se	tomará	en	cuenta	las	cuotas	capitales	de	las	empresas	administradoras	de	fondos	colectivos,	por	cuanto	no	constituyen	ingresos	efectivos	de	las	mismas.	CUARTA.-­‐	En	las	asociaciones	civiles,	para	la	inscripción	en	el	registro	pertinente	de	los	integrantes	del	Consejo	Directivo,	bastará	la	presentación	de	copia	del	acta	de	la	Asamblea	General	de	Asociados	en	la	que	conste	dicho	acuerdo.	Igualmente,	en	el	caso	de	gerentes	y	demás	apoderados,	bastará	la	presentación	de	la	copia	del	acta	del	órgano	competente.	Esta	disposición	rige	para	todas	las	inscripciones	que	se	realicen	a	partir	de	la	fecha	de	vigencia	del	presente	Decreto	Legislativo,	aunque	los	acuerdos	o	nombramientos	se	hubieran	producido	anteriormente.	QUINTA.-­‐	Precísase	que	las	entidades	del	extranjero	pueden	realizar	negocios	en	el	país	mediante	apoderados	con	facultades	especiales	o	generales,	para	lo	cual	pueden	contratar	personal	y	obtener	los	registros	laborales	y	de	otra	índole	que	sean	necesarios	para	el	desarrollo	de	sus	actividades.	El	nombramiento	de	los	apoderados	de	dichas	entidades	se	inscriben	en	el	Registro	Mercantil,	para	lo	cual	se	abrirá	partidas	especiales	en	cada	caso.	SEXTA.-­‐	Entiéndase	que	a	toda	mención	a	"sueldos	mínimos	vitales
mensuales"	hecha	en	los	artículos	1623,	1624	y	1625	del	Código	Civil,	se	entenderá	referida	a	Unidades	Impositivas	Tributarias	(UIT).	SETIMA.-­‐	Sustitúyase	el	inciso	3)	del	artículo	359	de	la	Ley	General	de	Sociedades,	cuyo	Texto	Unico	Ordenado	ha	sido	aprobado	por	el	Decreto	Supremo	Nº	003-­‐85-­‐JUS,	por	el	siguiente:	"3.	Pérdidas	que,	al	cierre	del	ejercicio	social,	reduzcan	el	patrimonio	social	a	cantidad	inferior	a	la	tercera	parte	del	capital,	salvo	que	se	reintegre	o	se	reduzca,	o	que	los	accionistas	directamente	o	por	intermedios	de	terceros	otorguen	garantía	en	beneficio	de	los	acreedores	de	la	sociedad,	que	cuente	con	la	aceptación	de	estos,	por	un	monto	equivalente	al	de	la	reducción	del	patrimonio	social".(*)	(*)	Confrontar	esta	norma	con	la	Tercera	Disposición	Final	de	la	Ley	Nº	26887	publicada	el	09-­‐12-­‐97.	OCTAVA.-­‐	Agréguese	al	Artículo	8	de	la	Ley	Nº	23323	el	siguiente	párrafo:	"En	ningún	caso	el	monto	a	pagar	al	Fondo	Mutual	por	un	contrato	excederá	de	5	Unidades	Impositivas	Tributarias	(UIT)".(*)	(*)	Disposición	derogada	por	el	Inciso	a)	del	Artículo	2	del	Decreto	Ley	Nº	26092,	publicada	el	28-­‐12-­‐92.	NOVENA.-­‐	Toda	mención	hecha	en	el	Decreto	Legislativo	Nº	613	Código	del	Medio	Ambiente	y	los	Recursos	Naturales	a	"autoridades",	"autoridad	competente"	o	"autoridad	ambiental"	se	entenderá	referida	a	la	autoridad	sectorial	competente,	es	decir,	al	Ministerio	del	Sector	correspondiente	a	la	actividad	que	se	desarrolla.	Asimismo,	toda	prohibición	hecha	en	dicha	norma	legal	de	contaminar	el	medio	ambiente,	se	entenderá	referida	a	la	que
exceda	los	niveles	tolerables	de	contaminación	establecidos	para	cada	efluente	por	la	autoridad	sectorial	competente,	tomando	en	consideración	la	degradación	acumulativa.	DECIMA.-­‐	Sustitúyase	el	artículo	137	del	Decreto	Legislativo	Nº	613	por	el	siguiente:	"Artículo	137.-­‐	Las	acciones	interpuestas	en	defensa	del	medio	ambiente	o	cuya	materia	principal	tiene	dicho	propósito,	son	ejercidas	ante	el	juez	del	lugar	donde	se	afectó	el	derecho	o	donde	tiene	su	domicilio	el	demandado".	DECIMA	PRIMERA.-­‐	Quien	inicie	una	acción	ante	el	Poder	Judicial	al	amparo	de	lo	dispuesto	en	el	segundo	párrafo	del	artículo	III	del	Título	Preliminar	del	Decreto	Legislativo	Nº	613	que	sea	desestimada,	será	responsable	por	los	daños	y	perjuicios	que	hubiera	causado.	DECIMA	SEGUNDA.-­‐	Quedan	exceptuadas	del	plazo	dispuesto	en	el	artículo	15	del	presente	Decreto	Legislativo,	las	normas	legales	por	medio	de	las	cuales	se	fija	el	Impuesto	Selectivo	al	Consumo	que	afecta	a	los	combustibles.	DECIMO	TERCERA.-­‐	La	publicidad	comercial	producida	o	elaborada	en	el	extranjero	que	se	transmita	por	cualquier	medio	de	comunicación	en	el	país,	deberá	cumplir	previamente	con	el	pago	de	los	tributos	correspondientes.	Para	los	efectos	de	la	valorización	y	de	la	aplicación	de	las	tarifas	arancelarias,	tal	publicidad	tendrá	el	tratamiento	de	las	películas	cinematográficas	a	ser	exhibidas	en	el	Perú	en	cuanto	resulte	aplicable.	Los	medios	de	comunicación	que	transmitan	publicidad	comercial	producida	o	elaborada	en	el	extranjero	exigirán	la
acreditación	del	pago	de	los	tributos	correspondientes.	DISPOSICIONES	TRANSITORIAS	PRIMERA.-­‐	La	Autoridad	de	Salud	supervigilará	la	inspección	y	control	de	los	productos	farmacéuticos,	los	mismos	que	deberán	responder	en	sus	análisis	cualitativos	y	cuantitativos	a	la	fórmula	declarada	por	el	fabricante.	La	inspección	y	control	de	los	productos	farmacéuticos	estará	a	cargo	de	empresas	o	instituciones	públicas	o	privadas	especializadas	debidamente	calificadas	y	registradas	por	el	Ministerio	de	Salud.	Queda	prohibida	la	fabricación,	importación,	tenencia	y	transferencia	a	cualquier	título	de	productos	farmacéuticos	contaminados,	adulterados,	falsificados	o	alterados.	El	presente	artículo	mantendrá	su	vigencia	en	tanto	se	dicten	por	Decretos	Supremos	las	nuevas	disposiciones	que	regulen	dichas	materias,	las	mismas	que	no	podrán	establecer	mayores	condicionamientos	que	los	contemplados	en	el	artículo	12	del	Decreto	Legislativo	Nº	668.	(*)	(*)	De	conformidad	con	la	Segunda	Disposición	Final	del	Decreto	Ley	Nº	25596,	publicado	el	04-­‐07-­‐92,	a	la	entrada	en	vigencia	de	dicho	Decreto	Ley	dejará	de	tener	vigencia	esta	Disposición	Transitoria.	SEGUNDA.-­‐	Suspéndase	hasta	el	31	de	Diciembre	de	1993	la	vigencia	de	lo	dispuesto	en	el	último	párrafo	del	artículo	169	y	en	el	segundo	párrafo,	del	artículo	222	de	la	Ley	General	de	Sociedades,	cuyo	texto	único	fue	aprobado	por	Decreto	Supremo	Nº	003-­‐85-­‐JUS.	(*)
(*)	Disposición	sustituida	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	Nº	26245,	publicada	el	20-­‐11-­‐93,	cuyo	texto	es	el	siguiente:	"SEGUNDA.-­‐	Suspéndase	hasta	el	31	de	diciembre	de	1994	la	vigencia	de	lo	dispuesto	en	el	último	párrafo	del	artículo	169,	en	el	segundo	párrafo	del	artículo	222	y	en	el	inciso	3)	del	artículo	359	de	la	Ley	General	de	Sociedades,	cuyo	texto	único	ordenado	fue	aprobado	por	el	Decreto	Supremo	Nº	003-­‐85	JUS".	(*)	(*)	Disposición	sustituida	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	Nº	26395,	publicada	el	22-­‐11-­‐94,	cuyo	texto	es	el	siguiente:	"SEGUNDA.-­‐	Suspéndase	hasta	el	31	de	diciembre	de	1995	la	vigencia	de	lo	dispuesto	en	el	último	párrafo	del	Artículo	169	en	el	2	párrafo	del	Artículo	222,	y	en	el	inciso	3	del	Artículo	359	del	Texto	Unico	Ordenado	del	la	Ley	General	de	Sociedades	aprobada	por	Decreto	Supremo	Nº	003-­‐	85-­‐ JUS."	(*)	(*)	Disposición	sustituída	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	Nº	26555,	publicada	el	19-­‐12-­‐95,	cuyo	texto	es	el	siguiente:	"SEGUNDA.-­‐	Suspéndase	hasta	el	31	de	diciembre	de	1996,	lo	dispuesto	en	el	último	párrafo	del	Artículo	169,	en	el	segundo	párrafo	del	Artículo	222	y	en	el	inciso	3)	del	Artículo	359	del	Texto	Unico	Ordenado	de	la	Ley	General	de	Sociedades,	aprobado	por	D.S.	Nº	003-­‐85-­‐JUS".(*)	(*)	Disposición	sustituída	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	Nº	26724,	publicada	el	29-­‐12-­‐96,	cuyo	texto	es	el	siguiente:	"SEGUNDA.-­‐	Suspéndase	hasta	el	31	de	diciembre	de	1997,	lo	dispuesto	en	el	último	párrafo	del	Artículo	169,	en	el	segundo	párrafo	del	Artículo	222	y	en	el	inciso	3)	del	Artículo	359	del	Texto	Unico	Ordenado	de	la	Ley	General	de	Sociedades,
aprobados	por	Decreto	Supremo	Nº	003-­‐85-­‐ JUS."	TERCERA.-­‐	Las	disposiciones	contenidas	en	Leyes	y	Decretos	Legislativos	que	establezcan	o	regulen	sistemas	para	la	fijación	de	tarifas	públicas,	que	se	encuentren	vigentes	a	la	fecha	de	entrada	en	vigor	del	presente	Decreto	Legislativo,	subsistirán	hasta	que	por	Decreto	Supremo	se	adecúen	a	lo	prescrito	en	el	primer	párrafo	del	artículo	4	de	esta	norma	legal.	CUARTA.-­‐	En	tanto	no	sea	aprobado	el	respectivo	TUPA	a	que	se	refiere	el	Capítulo	II	del	Título	IV	del	presente	Decreto	Legislativo,	las	dependencias	de	la	Administración	Pública,	sean	del	Gobierno	Central,	los	Gobiernos	Regionales	o	Locales,	no	podrán	elevar	los	derechos	por	la	realización	de	procedimientos	administrativos	vigentes	a	la	fecha	de	entrada	en	vigor	de	este	Decreto	Legislativo.	QUINTA.-­‐	Precísase	que	las	disposiciones	contenidas	en	los	artículos	5	y	29	del	Decreto	Legislativo	Nº	662	implican	que	los	derechos,	tasas	o	aranceles	administrativos	cobrados	a	inversionistas	extranjeros	deben	ser	reducidos	a	los	niveles	de	los	cobrados	a	los	nacionales	al	momento	de	la	entrada	en	vigencia	del	Decreto	Legislativo	Nº	662.	DISPOSICIONES	FINALES	PRIMERA.-­‐	Deróguese	las	siguientes	disposiciones	legales:	a)	El	artículo	V	del	Título	Preliminar,	los	artículos	8,	17,	18,	56,	57,	58,	89,	107,	y	115	y	los	Capítulos	XXI	y	XXII	del	Decreto	Legislativo	Nº	613;	(*)	(*)	Literal	derogado	por	la	Cuarta	Disposición	Transitoria,	Complementaria	y	Final	de	la	Ley	N°	28611,	publicada	el	15	Octubre	2005.
b)	La	Ley	Nº	25200,	el	artículo	19	de	la	Ley	Nº	25185	y	el	Decreto	Supremo	Nº	014-­‐89-­‐PE;	c)	El	inciso	1)	del	artículo	1599	y	el	inciso	2)	del	artículo	1913	del	Código	Civil;	d)	Los	Decretos	Supremos	Nº	020-­‐90-­‐ TR,	021-­‐90-­‐TR	y	el	inciso	c)	del	artículo	1	del	Decreto	Supremo	Nº	034-­‐90-­‐TR;	e)	Los	Decretos	Supremos	Nº	399-­‐86-­‐ EF,	400-­‐86-­‐EF,	226-­‐90-­‐EF,	254-­‐90-­‐EF	y	demás	disposiciones	complementarias,	modificatorias	y	reglamentarias;	y,	f)	Toda	otra	norma	legal	que	se	oponga	a	lo	dispuesto	en	el	presente	Decreto	Legislativo.	SEGUNDA.-­‐	Manténgase	la	vigencia	de	lo	dispuesto	en	los	Décima	Quinta	Disposición	Complementaria	del	Decreto	Legislativo	Nº	653.	Lo	establecido	en	el	artículo	12	del	presente	Decreto	Legislativo	no	comprende	las	disposiciones	vigentes	en	defensa	del	productor	agrario,	incluyendo	los	derechos	específicos,	sobretasas	y	cláusulas	de	salvaguardia.	TERCERA.-­‐	El	presente	Decreto	Legislativo	entrará	en	vigencia	treinta	días	después	de	su	publicación	en	diario	oficial	"El	Peruano".	POR	TANTO:	Mando	se	publique	y	cumpla,	dando	cuenta	al	Congreso.	Dado	en	la	Casa	de	Gobierno,	en	Lima,	a	los	ocho	días	del	mes	de	Noviembre	de	mil	novecientos	noventa	y	uno.	ALBERTO	FUJIMORI	FUJIMORI,	Presidente	Constitucional	de	la	República.
CARLOS	BOLOÑA	BEHR,	Ministro	de	Economía	y	Finanzas.	JAIME	JOSHIYAMA	TANAKA,	Ministro	de	Energía	y	Minas.	ALFONSO	DE	LOS	HEROS	PEREZ-­‐ ALBELA,	Presidente	del	Consejo	de	Ministros	y	Ministro	de	Trabajo	y	Promoción	Social.	VICTOR	JOY	WAY	ROJAS	ROSAS,	Ministro	de	Industria,	Comercio	Interior,	Turismo	e	Integración.	ENRIQUE	ROSSL	LINK,	Ministro	de	Agricultura.	ALFREDO	ROSS	ANTEZANA,	Ministro	de	Transportes	y	Comunicaciones.

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