Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/SL-2015/as20153L025.html
Timestamp: 2019-04-22 14:37:12+00:00

Document:
as20153L025
Auto Supremo Nº 25/2015-L.
Expediente: LP.263/2011.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 130 a 132, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto Regional La Paz (SENASIR) representada por Diego Alejandro Mark Baldivieso, contra el Auto de Vista Nº 157/11 de 12 de mayo de 2011 de fs. 128, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso de reclamación por renta única de viudedad tramitado en liquidación, que sigue Justina Agustina Quellca Mamani como derecho habiente de Alfredo Quispe Condori, contra la institución recurrente, el auto de fs. 134 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;
CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso administrativo, la Comisión de Calificación de Rentas del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), mediante Resolución Nº 004023 de 8 de mayo de 2006 de fs. 11, dio curso al pago de renta única de viudedad a favor de Justina Agustina Quellca Mamani como derecho habiente de Alfredo Quispe Condori; posteriormente a denuncia de parte la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR mediante Resolución Nº 009786 de 15 de noviembre de 2006 de fs. 43 a 44, determinó: 1) suspender definitivamente la renta única de viudedad otorgada, 2) determinar lo indebidamente cobrado y 3) procederse a la recuperación de ese importe, por haber constado que la beneficiaria tenía doble vínculo matrimonial y estar concubinada con una tercera persona.
Interpuesto el recurso de reclamación de fs. 48 a 49 por Justina Agustina Quellca, la Comisión de Reclamación del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), pronunció la Resolución Nº 154/07 de 29 de enero de 2007 de fs. 53 a 55, confirmando la Resolución Nº 009786 de fs. 43 a 44, por considerar que se encontraba acorde a las normas vigentes que regulan la materia.
Posteriormente, por memorial de fs. 66 a 67, la asegurada interpuso recurso de apelación, resuelto mediante Auto de Vista Nº 128/10 de 6 de mayo de 2010 de fs. 103 pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz que revocó en parte la Resolución Nº 154/07 y por consiguiente revocó en parte la Resolución Nº 009786 en los puntos "segundo y tercero" relativos a la determinación y recuperación de la renta percibida por la apelante.
Como consecuencia de lo anterior, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto interpuso recurso de casación de fs. 111 a 113, resuelto mediante Auto Supremo Nº 119 de 28 de marzo de 2011 (fs. 121 a 123), emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que anuló obrados hasta el sello de sorteo de fs. 102 vta., disponiendo que el tribunal de alzada pronuncie nuevo auto de vista con la debida pertinencia y en base a la normativa que rige la materia.
En cumplimiento del auto supremo señalado en el párrafo anterior la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 157/11 de 12 de mayo de 2011, de fs. 128, por el que confirmó en parte la Resolución Nº 154/07 de 29 de enero de 2007 de fs. 53 a 55, disponiendo que el SENASIR otorgue un Pago Global equivalente a 3 anualidades a la derecho habiente Justina Quelca Mamani de la renta de Bs.880,72.- mensual haciendo un total de Bs.31.705,92.- (treinta y un mil setecientos cinco 92/100 bolivianos).
Este auto de vista, motivó el recurso de casación en el fondo interpuesto por el SENASIR de fs. 130 a 132, bajo los siguientes argumentos:
La institución demandada recurre de casación en el fondo, al amparo de los arts. 250, 253.1) y 2), 155 y 257 del Código de Procedimiento Civil concordante con el art. 14 del Manual de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado mediante Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
Acusó que el tribunal de alzada al confirmar en parte la Resolución Nº 154/07 de 29 de enero y disponer el pago global equivalente a 3 anualidades a la derecho habiente Quelca Mamani Justina, aplicó indebidamente y transgredió los arts. 106 del Reglamento al Código de Seguridad Social y 36 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado mediante Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
Denunció el SENASIR que el tribunal ad quem no efectuó una fundamentación correcta de la normativa existente, provocando violación de las formas esenciales del proceso y los requisitos que una resolución definitiva debe reunir; asimismo denunció que la asegurada debió hacer conocer su segundo matrimonio conforme lo establecido en el art. 106 del Reglamento al Código de Seguridad Social y al no haberlo hecho no procede el pago global establecido en el auto de vista, implicando dicho fallo un perjuicio económico al Estado.
Concluyó solicitando que se conceda el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para que deliberando en el fondo dicte auto supremo casando el Auto de Vista Nº 157/11 de 12 de mayo de 2011.
Con referencia al recurso de casación en el fondo, se debe tener presente que el mismo se funda en errores in judicando, es decir que tiene relación con la infracción de normas sustantivas incumplidas o mal aplicadas en el desarrollo del proceso, especificadas en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que el recurrente en su memorial de fs. 130 a 132 indicó referencialmente sin cumplir con el deber procesal de especificar y demostrar la infracción o vulneración en que hubiera incurrido el tribunal de apelación al emitir el auto de vista; es decir, que el recurrente imperativamente debe exponer en su recurso la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, si ésta contuviere disposiciones contradictorias, o que en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, debiendo este último evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador.
Asimismo el recurso no establece el nexo causal que necesariamente debe darse entre los hechos que se produjeron y el derecho invocado; el memorial en análisis tiene contenido discursivo, con muchas argumentaciones, pero carente en absoluto de fundamentación, sin siquiera mencionar la supuesta infracción en la que hubiera incurrido el tribunal de alzada, que motivará la interposición del recurso de casación.
Que, de conformidad con la amplia jurisprudencia nacional, que ha sido desarrollada sobre la base de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, respecto del recurso extraordinario de casación y la doctrina, éste constituye una nueva demanda de puro derecho, que debe contener los requisitos descritos por el art. 258 del Código Adjetivo Civil que claramente señala: “Deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.” (las negrillas son añadidas); deben fundamentarse de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación, ya sea en la forma, en el fondo o en ambos casos, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino demostrar en qué consiste la infracción que se acusa.
A mayor abundamiento, también la jurisprudencia enseña que en casación se plantean cuestiones de derecho y que a ese efecto, el recurrente se encuentra obligado a examinar e impugnar todos y cada uno de los fundamentos de la decisión recurrida, demostrando en forma concreta y precisa, cómo, por qué y en qué forma hubieran sido violadas. Asimismo, tratándose de cuestiones de derecho, el memorial a través del cual se plantea el recurso de casación en el fondo o en la forma, debe efectuar una crítica legal de la resolución impugnada, no siendo suficiente la relación de hechos ocurridos en la tramitación del proceso, aun cuando ésta incluyera cita de disposiciones legales, consecuentemente, dados los defectos señalados en la interposición del recurso, no es posible abrir la competencia de este Supremo Tribunal de Justicia a objeto de ingresar al fondo y resolver la causa.
Que, a este efecto y de la revisión del recurso en análisis, se establece que el recurrente no cumplió con los requisitos señalados en el art. 258 del Código Adjetivo Civil, por lo que en el marco legal referido, el recurso de fs. 130 a 132 es insuficiente, haciendo inviable su consideración, pues impide a este Supremo Tribunal abrir su competencia, correspondiendo en consecuencia resolver en la forma prevista por el inciso 2) del art. 272 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por disposición de los arts. 630 y 633 del Decreto Reglamentario al Código de Seguridad Social.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara IMPROCEDENTE el recurso deducido de fs. 130 a 132. Sin costas por disposición de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 (Ley SAFCO) de 20 de julio de 1990 y 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de junio de 1992.

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