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Timestamp: 2017-10-20 01:18:58+00:00

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Sentencia A.P. Almería 105/2010, de 26 de marzo. Asesinato. Alevosía. Acuchillamiento - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Almería 105/2010, de 26 de marzo
El acusado, esgrimiendo un arma idónea para producir la muerte, como incuestionablemente lo es un cuchillo con una hoja punzante de 20 centímetros de longitud, que fue prácticamente la longitud de la herida causada en el pulmón, guiado por un evidente ánimo de matar, asestó a su víctima quince puñaladas, las siete primeras por la espalda, aproximándose a la víctima por detrás de forma sorpresiva; debilitado por la heridas y sin capacidad de reacción y de defensa, le asestó varias cuchilladas en la zona anterior del tórax, una de las cuales le causó la muerte.
En la Ciudad de Almería a Veintiséis de Marzo de dos mil diez.
Vista en Juicio Oral y Público por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial la causa procedente del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Almería, seguida por delitos de asesinato y encubrimiento, contra los procesados: 1) Damaso, hijo de José y de Ángeles, nacido en Almería el día 2 de diciembre de 1953, titular del DNI n.º [...] con domicilio en Almería, calle [...], parcialmente solvente, sin antecedentes penales, privado cautelarmente de libertad por esta causa desde el día 6 de marzo de 2008, en cuya situación continúa, representado por la Procuradora D.ª Isabel Valverde Ruiz y defendido por el Letrado D. Enrique Francisco Ocaña Morales y 2) Zulima, hija de Francisco y Ángeles, nacida en Almería el 4 de abril de 1972, titular del DNI n.º [...], con domicilio en Almería, Avenida [...], cuya solvencia o insolvencia no consta, sin antecedentes penales, que estuvo privada cautelarmente de libertad por esta causa como detenida los días 6 y 7 de marzo de 2008, representada por la Procuradora D.ª Isabel Yáñez Fenoy y defendida por el Letrado D. Francisco Javier Bretones Alcaraz, y ejerciendo la acusación particular D. Juan Carlos, D.ª Milagros y D.ª María Teresa, representados por la Procuradora D.ª Lina Martínez Giménez y defendidos por el Letrado D. Isaac Redondo Miralles, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal y Ponente el Ilmo. Magistrado D. JESÚS MARTÍNEZ ABAD.
Primero.-La presente causa tiene su origen en el Sumario tramitado en el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Almería, con el número del margen, en virtud de diligencias de la Brigada Provincial de Policía Judicial, Grupo II-UDEV de la Comisaría Provincial de Policía de Almería, iniciadas el 26-6-2008 con el n.º 4337, en el que en fecha 11 de marzo de 2009 fue dictado por el Instructor auto de procesamiento contra Damaso y Zulima, como presuntos autores de los delitos de asesinato y encubrimiento, respectivamente, y seguido por todos sus trámites fue dictado auto de conclusión en fecha 12 de mayo de 2009, siendo emplazados los referidos procesados por término legal para su comparecencia ante esta Sala por medio de Procurador.
Segundo.-Formado el correspondiente Rollo y recibidas las actuaciones en esta Sala, cumplidos los trámites de instrucción y de calificación provisional por las partes, se señaló para juicio, acto que tuvo lugar el día 23 de marzo de 2010 a las 10.30 horas en forma oral y pública con la asistencia del Ministerio Fiscal, de la acusación particular, de los procesados y de sus defensores, practicándose la totalidad de las pruebas propuestas y admitidas, excepto las que fueron renunciadas por las partes, dándose cumplimiento a todas las formalidades legales.
Tercero.-El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificó los hechos procesales como constitutivos de A) un delito de asesinato del artículo 139.1.º del Código Penal y B) Un delito de encubrimiento del artículo 451.3.ºa) del Código Penal, siendo responsable del delito a) el procesado Damaso y del delito b) la procesada Zulima, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando que se imponga al procesado Damaso la pena de 17 años de prisión, accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y costas y a indemnizar a los descendientes del fallecido en 120.000 euros, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y solicitando para la procesada Zulima, la pena de un año de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas.
Cuarto.-La acusación particular, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos procesales como constitutivos de A) un delito de asesinato del artículo 139.1.º y 3.º en relación con el 140 del Código Penal y B) Un delito de encubrimiento del artículo 451.3.ºa) del Código Penal, siendo responsable del delito a) el procesado Damaso y del delito b) la procesada Zulima, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando que se imponga al procesado Damaso la pena de 23 años de prisión, accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y costas, incluidas las de la acusación particular, y a indemnizar a los descendientes del fallecido en 180.000 euros, por partes iguales, suma que devengará el interés establecido en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y solicitando para la procesada Zulima, la pena de dos años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas, incluidas las de la acusación particular.
Quinto.-La defensa del procesado Damaso en sus conclusiones, también definitivas, califico los hechos como constitutivos de un delito de homicidio del artículo 138 del Código Penal, con la concurrencia de la eximente de intoxicación etílica plena del art. 20.2.º del Código Penal, la atenuante de arrebato del art. 21.3.ª, la atenuante de confesión de la infracción del art. 21.4.ª y la eximente incompleta de legitima defensa del art. 21.1.º en relación con el 20.4.ª del CP o alternativamente la atenuante analógica de legítima defensa del art. 21.6.º en relación con el 21.1.º y el 20.4.º, solicitando su libre absolución, o alternativamente, se aprecien las circunstancias atenuantes de arrebato del art. 21.3.ª, la atenuante de confesión de la infracción del art. 21.4.ª y la eximente incompleta de legitima defensa del art. 21.1.º en relación con el 20.4.ª del CP o alternativamente la atenuante analógica de legítima defensa del art. 21.6.º en relación con el 21.1.º y el 20.4.º, solicitando que se imponga al procesado la pena de dos años y seis meses de prisión.
Sexto.-La defensa de la procesada Zulima, en sus conclusiones también definitivas, solicitó la libre absolución de su patrocinada.
HECHOS PROBADOSProbado y así se declara que en la madrugada del día 6 de marzo de 2008, los procesados Damaso y Zulima, ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, se encontraban en compañía de Teofilo, tomando unos vinos, en la vivienda de Damaso sita en la calle [...] de Almería.
En un momento dado, sobre las 3:15 horas, el procesado Damaso salió a la terraza a fumarse un cigarro y, al regresar al interior, observó que Teofilo se encontraba encima de Zulima en la cama del dormitorio en actitud de iniciar relaciones sexuales; circunstancia que indignó a Damaso y, sin mediar palabra, se dirigió a la cocina, donde cogió un cuchillo de 20 centímetros de hoja, regresando seguidamente al dormitorio, donde Teofilo continuaba encima de Zulima y, guiado por el propósito de acabar con su vida, Damaso se abalanzó por la espalda sobre él y le asestó varias puñaladas en la región torácica dorsal. A continuación, Teofilo logró girarse e intentó protegerse del arma interponiendo su mano izquierda, pero el procesado continuó clavándole el cuchillo repetidamente en el tórax. Damaso asestó a Teofilo un total de quince puñaladas, siete de ellas en la zona dorsal, cuatro en la mano izquierda y cuatro en la zona torácica anterior, una de las cuales, atravesó el cuarto espacio intercostal izquierdo entre la costilla cuarta y la quinta, seccionando esta ultima, y penetró en la cara externa del lóbulo superior pulmonar derecho, saliendo por la cara interna y atravesando la cara súperoexterna de lóbulo inferior para salir nuevamente por la cara interior del lóbulo inferior hasta el quinto espacio intercostal con una profundidad de 17 a 18 cms. provocándole una intensa hemorragia tanto externa como interna (hemotórax) así como un neumotórax por la entrada de aire en la pleura y el inmediato fallecimiento por shock hemorrágico.
Seguidamente Damaso escondió el cuchillo detrás de unas garrafas de plástico junto a la puerta de la vivienda, y Zulima realizó una llamada telefónica al servicio de emergencia 112 solicitando asistencia sanitaria. Momentos después, acudieron al lugar dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que descubrieron el cuerpo sin vida de Teofilo y a los que la procesada Zulima, en un primer momento manifestó que había salido de la vivienda junto a Damaso a comprar vino y que al regresar, habían observado a un individuo de nacionalidad rumana salir corriendo de la casa, pese a lo cual y a la vista de las numerosas manchas de sangre, procedieron a la detención de ambos procesado, no dando el menor crédito a su versión exculpatoria, y ya en las dependencias policiales, antes de iniciarse su interrogatorio, de forma voluntaria y espontánea, los dos procesados explicaron la verdad de lo ocurrido, admitiendo Damaso haber dado muerte a Teofilo, e indicando el lugar en que había ocultado el cuchillo que fue recuperado por la Policía.
Primero.-Los hechos que se declaran probados y de los que se acusa al procesado Damaso son legalmente constitutivos de un delito de asesinato cualificado por la alevosía, previsto y penado en el artículo 139.1.º del Código Penal, al concurrir elementos que integran el tipo cuales son: a) la destrucción o extinción de la vida humana, mediante la actividad del sujeto activo del delito, capaz de producir la muerte, b) la existencia de una relación causal entre la conducta del sujeto activo del ilícito penal y su resultado, c) la presencia de un dolo, tanto directo, determinado o indeterminado, como eventual, según el criterio que aprecia la concurrencia de este último con la aceptación del resultado previsto, pues el castigo o punición, se reclama tanto para el que realiza la acción y persigue el efecto o consecuencia de la misma como para el que realiza la acción sabiendo que puede ocasionarse, aunque no busque directamente el efecto producido, aceptando sus consecuencias y d) la concurrencia en la comisión de la acción de alguna o algunas de las agravantes específicas que en el artículo 139 se establecen, y más concretamente, por lo que al presente caso concierne, la alevosía.
Con respecto a los tres primeros elementos del delito indicado no existe duda alguna sobre su acreditación, máxime cuando el propio Letrado defensor del referido acusado, en trámite de conclusiones definitivas, consideró los hechos constitutivos de un delito de homicidio, que comparte plenamente con el de asesinato los tres primeros requisitos anteriormente apuntados. Así está plenamente probado, conforme a las pruebas obrantes en autos y en especial por las manifestaciones de los propios coacusados y por el informe médico forense de autopsia, ratificado por sus autores en la vista oral, la muerte violenta por arma blanca (cuchillo) de Teofilo, muerte de etiología inequívocamente homicida, como pusieron de manifiesto los forenses, de manera que el autor de la agresión actuó guiado por el ánimo de matar, como dolo directo, exteriorizado y materializado en las quince cuchilladas asestadas a la víctima, una de las cuales, localizada en el espacio intercostal izquierdo entre la cuarta y la quinta costillas penetraron en el pulmón, provocando una hemorragia en cavidad torácica que desembocó en una insuficiencia respiratoria por colapso del pulmón y un shock hemorrágico que ocasionó la muerte de Teofilo, datos todos ellos explicitados por los citados peritos sin que, por otro lado, haya sido objeto de discusión la concurrencia de ese "animus necandi" por Acusaciones y Defensa de Damaso.
Segundo.-En cuanto a la existencia de alevosía, esta circunstancia, que cualifica el asesinato (n.º 1 del art. 139 CP), ha sido uno de los puntos de discrepancia entre Ministerio Fiscal y Acusación Particular, de una parte, y Defensa, de otra, sosteniendo ésta la inexistencia de un comportamiento propiamente alevoso, y calificando, en consecuencia, la muerte de Teofilo producida por el acusado, como constitutiva de un delito de homicidio del art. 138 CP. Según la Jurisprudencia más tradicional y reiterada del Tribunal Supremo, la alevosía, circunstancia que califica el asesinato, exige la concurrencia de un primer elemento normativo que se cumplirá si se acompaña a cualquiera de los delitos contra las personas; de un segundo elemento instrumental que consiste en que la conducta del agente debe enmarcarse en un actuar que asegure el resultado sin riesgo para su persona y que puede consistir en los modos o formas de alevosía proditoria o traicionera, sorpresiva o por desvalimiento; y, por último, un elemento culpabilístico consistente en el ánimo de conseguir el resultado sin ofrecer a la víctima posibilidad alguna de defensa (ss. TS, entre otras muchas, de 09/07/99 y 21/10/2003). Igualmente, la doctrina señala que la naturaleza súbita o repentina del ataque que desplaza cualquier atisbo de defensa por parte de la víctima, constituye en esencia el "modus operandi" propio de la ejecución alevosa, siendo constante la Jurisprudencia que entiende que ello también concurre cuando se trata de personas indefensas o en nítida situación de inferioridad, junto a las formas traicioneras, súbitas o sorpresivas o cuando la indefensión es provocada por el propio agresor (además de las citadas, SSTS de 15/03 y 01/10/99, 04/02 y 13/03/00, 20/06/01, 11/06/02 y 30/09/03).
La alevosía es una circunstancia esencialmente objetiva caracterizada por la especial facilidad de la comisión del delito mediante el empleo en su ejecución de medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido (artículo 22.1 CP), de forma que el elemento subjetivo a que se refiere la Jurisprudencia existirá siempre que la acción se ejecute conscientemente no siendo desde luego exigible un ánimo específico o duplicado del propósito del agresor, es decir, la acción alevosa realizada conscientemente implica ya el ánimo de conseguir el resultado sin riesgo para su autor.
Dichos elementos claramente concurren en el caso que se está enjuiciando, pues como se desprende del relato fáctico, el acusado esgrimiendo un arma idónea para producir la muerte, como incuestionablemente lo es un cuchillo con una hoja punzante de 20 centímetros de longitud, que es prácticamente la profundidad de la herida en el pulmón, y guiado por un evidente o manifiesto ánimo de matar o "animus necandi", asestó a su víctima quince cuchilladas, que le causaron la muerte, siete de ellas en la espalda que son las primeras que le infirió el procesado aproximándose a la víctima por detrás en forma sorpresiva y, debilitado por las heridas recibidas y sin capacidad de reacción y de defensa, le asestó varias cuchilladas en la zona anterior del tórax, una de las cuales, que interesó al pulmón izquierdo, le causó la muerte.
Así pues, existe prueba directa, habida cuenta del reconocimiento por la propia defensa del acusado de la autoría de las cuchilladas que costaron la vida a su oponente, lo que concuerda plenamente con las explicaciones de los dos procesados que admitieron que Damaso apuñaló por la espalda a Teofilo en varias ocasiones. La pericial forense puso de manifiesto el modo de producirse las lesiones, instrumento utilizado, morfología y trayectoria de las cuchilladas y causa de la muerte (herida penetrante en el pulmón que ocasiona un shock hemorrágico mortal de necesidad). Es evidente, por tanto, que la forma de llevar a cabo el ataque a la víctima fue sorpresiva y súbita, eliminando toda posibilidad de reacción y defensa de la misma lo que entra plenamente en aquella actuación que la jurisprudencia conceptúa como alevosa y que lleva a ubicar tal conducta en el expresado tipo penal que la define.
Tercero.-Por contra no cabe apreciar la concurrencia del ensañamiento (circunstancia 3.ª del art. 139) asimismo alegado por la acusación particular. El ensañamiento, definido en el art. 22.5.ª CP, hace referencia a una forma de actuar en la que el autor, en el curso de la ejecución del hecho, además de perseguir el resultado propio del delito, causa, de forma deliberada, otros males que exceden de los necesariamente unidos a su acción típica, por lo tanto innecesarios objetivamente para alcanzar el resultado, buscando la provocación de un sufrimiento añadido a la víctima. Se requieren, pues, dos elementos: uno objetivo, constituido por la causación de males objetivamente innecesarios para alcanzar el resultado típico, que aumentan el dolor o sufrimiento de la víctima. Y otro subjetivo, consistente en que el autor debe ejecutar, de modo consciente y deliberado, unos actos que ya no están dirigidos de modo directo a la consumación del delito, sino al aumento del sufrimiento de la víctima o, como señala la doctrina jurisprudencial (STS de 21 de noviembre de 2002) "no sólo la presencia de una reiteración de acciones lesivas, sino también un propósito subyacente de potenciar el sufrimiento". Es precisamente en la complacencia en el incremento del dolor físico y moral, donde radica la esencia del ensañamiento (ss.TS de 24 de septiembre de 1997 y 5 de marzo de 1999).
Pues bien, la jurisprudencia del Tribunal Supremo manifiesta que no se aprecia cuando "las numerosas heridas que recibe la víctima no son el producto de un ánimo subjetivo perverso y calculado para elevar el sufrimiento de la agredida, sino la expresión de su propósito homicida que ejecuta de forma violenta e incontenida", afirmándose que resulta secundaria la consideración exclusivamente numérica de los golpes inferidos a la víctima (ss. TS 11-6-1991 y 26-12-2001). Del mismo modo, la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1999 señala que la circunstancia de ensañamiento se caracteriza por la presencia de la complacencia en el sufrimiento causado a la víctima, elemento subjetivo que entraña el íntimo propósito de satisfacer instintos de perversidad provocando, con conciencia y voluntad decidida, los elementos objetivos que le son propios consistentes en males innecesarios y máximo dolor o sufrimiento al ofendido.
En el presente caso, la pluralidad de cuchilladas asestadas a la victima, no constituye "per se" elemento suficiente para apreciar ensañamiento en la agresión inferida en la medida en que, siendo el propósito del agresor acabar con su vida, la reiteración de las mismas responde a la intención homicida que presidía su comportamiento pues de las quince cuchilladas una sola era mortal de necesidad, de manera que, con arreglo a la doctrina jurisprudencial expuesta, más que el íntimo propósito de satisfacer instintos de perversidad provocando, con conciencia y voluntad decidida, males innecesarios y máximo dolor o sufrimiento al ofendido, lo que existe es su propósito homicida que ejecuta de forma violenta e incontenida.
Cuarto.-Del referido delito es penalmente responsable, en concepto de autor, el procesado Damaso, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 27 y 28, párrafo primero del Código Penal, al haber realizado material, directa y voluntariamente la conducta integradora de dicha infracción, como ha quedado acreditado, a juicio del Tribunal, a través de la prueba practicada, valorada en conciencia y en su conjunto.
En este sentido han de tenerse en cuenta las concordes manifestaciones tanto de la procesada Zulima, que no ha sido acusada de este delito, como la del propio Damaso, que reconoció en el acto del juicio, como ya lo había hecho en su anteriores declaraciones sumariales, que acuchilló y dio muerte a la victima, todo lo cual crea en el Tribunal, tras su valoración en conciencia del conjunto de pruebas practicadas, conforme preceptúa el art. 741 de la LECrim. la convicción precisa para dictar un pronunciamiento de condena.
Quinto.-En la ejecución del expresado delito no es de apreciar la concurrencia de la eximente incompleta de intoxicación alcohólica plena alegada por la defensa del procesado al amparo del art. 20.2.º del C.P. o, en su defecto, como eximente incompleta del art. 21.1.ª en relación con el 20.2.º del C.P ni tampoco eximente incompleta de trastorno mental transitorio a causa de la ingesta de alcohol del art. 21.1.ª en relación con el 20.1.º del C.P
Para que pudiera apreciarse la embriaguez como eximente completa o incompleta, se requiere que no sea habitual, ni provocada con el propósito de delinquir y siempre que los efectos producidos por la ingestión de bebidas alcohólicas hayan sido especialmente intensos, incidiendo en la mente del agente, hasta el punto de producirse una sensible disminución de sus facultades intelectivas o volitivas, no pudiendo considerarse como muy cualificada si no superó la euforia característica de la primera fase de la embriaguez, ni cuando no existe referencia al grado, intensidad, alteraciones sensoriales, físicas o psíquicas que afectaran a la intensidad del recurrente, ni cuando la dinámica comisiva pone de relieve que el mismo conservó el suficiente raciocinio y capacidad de querer, porque se requiere una intensidad superior en los efectos a lo normal (ss. TS.17-7-1997 y 28-1-2002).
En el presente caso, más allá de las propias e interesadas declaraciones de los coacusados no existe en la causa un solo dato objetivo (parte facultativo, testimonio de terceros) que avale semejante aserto lo que impide constatar que el procesado tuviese, siquiera de forma leve, afectadas sus facultades por la ingestión de alcohol. Antes al contrario, los policías que se entrevistaron con él mismo escenario de los hechos, a los pocos minutos de perpetrar el asesinato manifestaron en el juicio que estaba plenamente lúcido (declaración del policía n.º NUM005 que fue el primero en llegar al lugar) y que aun cuando tenia síntomas de estar bebido, se expresaba con claridad y estaba perfectamente orientado (policía n.º NUM006, instructor del atestado que se personó minutos después que su compañero). Del mismo modo el funcionario n.º NUM007 que habló con el detenido en Comisaría un par de horas después, manifestó que su impresión es que estaba lúcido, hasta el punto de indicar con precisión el sitio en que había arrojado el cuchillo que utilizó como arma homicida, sin que pueda extrapolarse, como pretende la defensa, el grado de impregnación alcohólica que presentaba la victima (3'31 gr. de etanol por litro de sangre, según el informe analítico del Instituto Nacional de Toxicología unido a los folios 181 y ss. de la causa) con el que hipotéticamente tenía el procesado, del que, por las razones expuestas, no existe prueba alguna.
Sexto.-Tampoco cabe apreciar las circunstancias atenuantes de arrebato (art. 21.3.ª CP) o de legítima defensa, esta última en su doble modalidad de eximente incompleta (art. 21.1.ª en relación con el 20.4.ª) o atenuante analógica (art. 21.6.ª en relación con el 21.1.ª y el 20.4.ª) que alega el Letrado defensor del procesado sobre la base de la creencia de que la víctima estaba agrediendo sexualmente a Zulima y para evitar que consumara sus propósitos y, en un estado de gran ofuscación, cogió el cuchillo y mató al presunto agresor.
En este sentido, la atenuante de arrebato del art. 21.3.ª CP viene configurada, a la luz de la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal (ss. 19-12-2007, 4-6-2008), por dos elementos (causa y efecto):
1.º Ha de existir una causa o estímulo, que ha se ser importante de modo que permita explicar (no justificar) la reacción delictiva que se produjo. Ha de haber cierta proporcionalidad entre el estímulo y la reacción (STS. 27.2.92). Ha de proceder del comportamiento precedente de tal víctima (STS. 20.12.96). El motivo desencadenante no ha de ser repudiable desde el punto de vista socio-cultural (STS. 14.3.94).
2.º Tal causa o estímulo ha de producir un efecto consistente en una alteración en el estado de ánimo del sujeto, de modo que quede disminuida su imputabilidad, no tanto que llegue a integrar un trastorno mental transitorio constitutivo de una eximente completa o incompleta, ni tampoco que no exceda de una mera reacción colérica o de acaloramiento o leve aturdimiento que suele acompañar a algunas figuras delictivas y ha de considerarse irrelevante (STS. 2.4.90). Arrebato se dice cuando la reacción es momentánea y fulgurante, inmediata al estímulo, mientras que la obcecación tiene una mayor duración y permite el transcurso de un mayor lapso de tiempo respecto del estímulo. En todo caso el transcurso de un tiempo excesivo excluye la atenuante (S. 14.4.92).
Lo cierto es que, con arreglo a la citada jurisprudencia, se excluye el arrebato en los supuestos de simples reacciones coléricas y en los casos de simple acaloramiento o aturdimiento que acompaña a la comisión de algunas figuras delictivas, no siendo de aplicación tampoco la legitima defensa en ninguna de las dos formas invocadas por la defensa (como eximente incompleta y como atenuante analógica) pues, de las distintas declaraciones prestadas por el procesado tanto en fase sumarial como en el plenario, no se desprende en modo alguno que el mismo tuviera la conciencia, basada en un conocimiento genuino o desfigurado de la realidad, de que su amiga estaba siendo forzada sexualmente por la víctima o, por contra, el contacto sexual era consentido. Así, en la primera declaración que presta Damaso en Comisaría en calidad de detenido y, por tanto, gozando de asistencia letrada, manifestó sobre este particular (folios 23 y 24) que al ver a Teofilo en su dormitorio y en su cama encima de Zulima, ésta con los pantalones bajados y aquél no, se indignó y se dirigió a la cocina a coger el cuchillo porque le dio mucha rabia ver a Teofilo abusando de la mujer sin que haga mención a la existencia de gritos pidiendo ayuda por parte de Zulima. Posteriormente en la declaración que, en idéntica condición procesal, prestó al día siguiente en el Juzgado de Instrucción (folios 36 a 38) manifestó que "estaban los dos en su cama, voluntariamente ambos, que no se esperaba eso de ella, ya que está casada y conoce a su familia" y que no recuerda si oyó gritos, puntualizando que no sabe si se acostaron voluntariamente y mas tarde a preguntas de su letrado indicó que actuó así porque creyó que estaba abusando de ella. Es en la declaración indagatoria subsiguiente al procesamiento (folio 208) la primera vez que afirma que escuchó gritos y que acudió en auxilio de Zulima porque estaba chillando y añade que el fallecido y la mujer "no tenían que haber hecho eso en su casa"y que se indignó "porque estaban en su cama, ella es una mujer casada y conoce a su familia", lo que aleja la percepción del procesado de socorrer a una persona que está siendo víctima de un intento de violación y lo sitúa más cerca de una reacción airada que, como hemos visto, la jurisprudencia no conceptúa como arrebato, fruto de la indignación que le produjo el que sus dos amigos mantuvieran a sus espaldas relaciones sexuales en su casa y en su cama, sobre todo tratándose de una mujer casada. En el acto del juicio poco aclaró al respecto, limitándose a decir que no sabe si Teofilo estaba forzando a Zulima, todo lo cual excluye asimismo la legítima defensa, aun putativa, que requiere una conciencia clara de agresión ilegitima, en este caso a una tercera persona, que ni por asomo concurre en el supuesto enjuiciado.
Séptimo.-Por contra, sí es de apreciar la atenuante del art. 21.4.º CP por haber confesado la infracción a las autoridades, cooperando de motu propio al esclarecimiento de los hechos, al reconocer los hachos a los pocos minutos de su detención, antes incluso del interrogatorio policial e incluso indicó a los agentes el lugar en que había ocultado el cuchillo homicida, que no había sido hallado en la primera inspección ocular.
En este sentido, el Tribunal Supremo tiene declarado (ss. 22-5-2000, 6-5-2004 y 3-2-2005) que el fundamento de la mencionada atenuante consiste en la conducta post-delictiva del sujeto que tiende a reparar el orden jurídico quebrantado, haciendo a las autoridades un relato veraz de los hechos que facilite la investigación; conducta ésta que mitiga el reproche penal.
Octavo.-Por tanto y de conformidad con lo dispuesto en el art. 66.1.1.ª del Código Penal y la doctrina del Tribunal Supremo (ss. 21-6-99, 5-10-00, 27-11-00, 24-1-01, 14-3-01), procede imponer al procesado la pena de quince años de prisión que es la mínima legalmente prevista para el delito de asesinato, de conformidad con el 139 del CP, sin que, pese a lo alegado por la defensa en su informe, proceda rebajar la pena en dos grados, dadas las circunstancias fácticas concurrentes, expuestas en la narración de hechos probados de esta resolución, especialmente la virulencia de la agresión. Dicha pena, por ministerio del art. 55 del Código Penal, lleva aparejada la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.
Noveno.-En cuanto al delito de encubrimiento del art. 451.3.º a) del Código Penal, que las partes acusadoras imputan a la procesada Zulima, el citado precepto exige como requisitos para la apreciación del delito de encubrimiento, aparte de que el delito al que la actuación del sujeto supuestamente encubridor se refiere sea, en este caso, el de asesinato, los siguientes: a) el conocimiento por quien fuera encubridor, del hecho concreto al que colabora a encubrir con posterioridad a su comisión y la conducta de quien luego encubre, b) que no haya participado en él como autor o cómplice y c) que la intervención consista en ayudar al presunto responsable a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura. Como señala el Tribunal Supremo en sentencias, entre otras, de 21-3-2003 y 30-12-2009, el bien jurídico protegido con este delito es la lesión que se produce a la Administración de justicia en cuanto que el delito se articula por una serie de actos tendentes a lograr la impunidad o eludir la acción de la justicia.
Pues bien, en el presente caso, la conducta de la procesada al relatar a los policías que se personaron en el lugar de los hechos a raíz de la llamada que ella misma realizó a los servicios de emergencia, cómo había visto salir del inmueble a un individuo rumano cuando ella y el otro procesado volvían tras haber comprado más vino, no tuvo ninguna repercusión en la investigación policial que desde el primer momento se centró en los procesados que fueron detenidos inmediatamente dada la inverosimilitud de su relato y las numerosas manchas de sangre que presentaba José Jesús Piedra, tal y como manifestó en el juicio el instructor del atestado, a lo que hay que agregar que cuando ambos fueron conducidos a Comisaría confesaron espontáneamente la verdad de lo ocurrido, descartando la participación de cualquier otra persona. En esta situación estimamos que la falsa información inicialmente proporcionada por la procesada a la Policía no cubre las exigencias del tipo porque no cuestiona en absoluto la investigación y careció de toda aptitud para obstaculizarla.
En consecuencia, debe ser absuelta del delito del que fue acusada
Décimo.-- Toda persona responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente (art.116.1 del C.P.) y, además, debe ser condenado al pago de las costas procesales (artículos 123 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
En el presente caso el procesado Damaso indemnizará a los hijos de la víctima, en la cantidad conjunta de 120.000 euros solicitada por el Ministerio Fiscal y que se considera adecuada para paliar mínimamente el terrible e irreparable daño causado.
En cuanto a las costas, se imponen el procesado condenado la mitad de las causadas, incluidas las derivadas de la intervención de la acusación particular, declarándose de oficio la otra mitad dada la absolución de la coacusada.
VISTOS además de los citados, los artículos 1, 2, 3, 5, 10, 116 y 123 del Código Penal vigente y 14, 141, 142, 239, 240, 741, 742 y siguientes de la LECrim.
1.º) Que DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS al procesado Damaso como autor penalmente responsable de un delito de asesinato, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de colaboración con la justicia del art. 21.4.º del Código Penal, a la pena de QUINCE AÑOS de prisión con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; así como al pago de la mitad de las costas procesales incluidas las de la acusación particular, debiendo indemnizar conjuntamente a los hijos del fallecido Teofilo en la suma de CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €) más intereses legales al pago de dichas cantidades.
Al procesado le será de abono el tiempo que haya estado privado de libertad por esta causa, de no haberle servido para extinguir otras responsabilidades lo que se acreditará en ejecución de sentencia.
2.º) Que DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a la procesada Zulima del delito de encubrimiento de que se le acusaba en la presente causa, declarando de oficio la otra mitad de las costas del proceso.
Aprobamos por sus propios fundamentos, y con las reservas que contiene, el auto de insolvencia parcial acordado y remitido por el Juez instructor.
Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando y de la que se unirá certificación a la causa de su razón, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Publicación.-Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia, por el Ilmo. Magistrado Ponente, en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública; de lo que doy fe.

References: artículo 139
 artículo 451
 artículo 576
 artículo 139
 artículo 451
 artículo 576
 artículo 138
 artículo 139
 artículo 139