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Timestamp: 2019-05-21 03:39:04+00:00

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Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito
Publicado en DOUEL núm. 287 de 29 de Octubre de 2013
CAPÍTULO II. Cooperación y funciones
Artículo 4 Funciones atribuidas al BCE
Artículo 5 Funciones e instrumentos macroprudenciales
Artículo 6 Cooperación dentro del MUS
Artículo 7 Cooperación estrecha con las autoridades competentes de los Estados miembros participantes cuya moneda no es el euro
Artículo 8 Relaciones internacionales
CAPÍTULO III. Competencias del BCE
Artículo 9 Competencias de supervisión e investigación
SECCIÓN 1. Competencias de investigación
Artículo 11 Investigaciones generales
Artículo 12 Inspecciones in situ
Artículo 13 Autorización judicial
SECCIÓN 2. Competencias de supervisión específicas
Artículo 15 Evaluación de las adquisiciones de participaciones cualificadas
Artículo 16 Competencias de supervisión
Artículo 17 Competencias de las autoridades de acogida y cooperación en la supervisión en base consolidada
CAPÍTULO IV. Principios organizativos
Artículo 19 Independencia
Artículo 20 Rendición de cuentas e información
Artículo 21 Parlamentos nacionales
Artículo 22 Respeto de las garantías procesales en relación con la adopción de decisiones de supervisión
Artículo 23 Denuncia de las infracciones
Artículo 24 Comité Administrativo de Revisión
Artículo 25 Separación de la función de política monetaria
Artículo 26 Consejo de Supervisión
Artículo 27 Secreto profesional e intercambio de información
Artículo 29 Presupuesto y cuentas anuales
Artículo 30 Tasas de supervisión
Artículo 31 Personal e intercambio de personal
Artículo 32 Revisión
Visto el dictamen del Parlamento Europeo, Visto el dictamen del Banco Central Europeo,
(1) Durante los últimos decenios, la Unión ha registrado avances considerables en la creación de un mercado interior de servicios bancarios. En consecuencia, en muchos Estados miembros los grupos bancarios cuya sede está establecida en otro Estado miembro tienen una cuota de mercado significativa y las entidades de crédito han diversificado geográficamente sus actividades, tanto en la zona del euro como fuera de la misma.
(2) La crisis financiera y económica actual ha puesto de manifiesto que la fragmentación del sector financiero puede suponer una amenaza para la integridad de la moneda única y del mercado interior. Por tal motivo, es fundamental intensificar la integración de la supervisión del sector bancario a fin de reforzar la Unión, restablecer la estabilidad financiera y sentar las bases para la recuperación económica.
(3) Mantener y profundizar el mercado interior de los servicios bancarios resulta esencial para impulsar el crecimiento económico de la Unión y una financiación adecuada de la economía real. Se trata, no obstante, de una tarea cada vez más complicada. Los datos muestran que la integración de los mercados bancarios de la Unión se está deteniendo.
(4) Al mismo tiempo, además de adoptar un marco regulador reforzado de la Unión, los supervisores deben intensificar sus controles para tener en cuenta las lecciones aprendidas de la crisis financiera de estos últimos años y poder supervisar entidades y mercados sumamente complejos e interconectados.
(5) La supervisión de las diferentes entidades de crédito de la Unión sigue siendo en gran medida una competencia nacional. La coordinación entre los supervisores resulta fundamental, pero la crisis ha demostrado que la coordinación por sí sola no basta, en particular en el contexto de una moneda única. En consecuencia, para preservar la estabilidad financiera en la Unión y aumentar los efectos positivos de la integración de los mercados sobre el crecimiento y el bienestar, debe reforzarse la integración de las responsabilidades de supervisión. Esto es especialmente importante si se quiere garantizar una supervisión fluida y sólida de todo un grupo bancario y su salud general, y permitiría reducir el riesgo de interpretaciones divergentes y decisiones contradictorias en el plano de cada entidad.
(6) La estabilidad de las entidades de crédito sigue en muchos casos estrechamente relacionada con el Estado miembro en que están establecidas. Las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública, sobre las perspectivas de crecimiento económico y sobre la viabilidad de las entidades de crédito han creado en el mercado tendencias negativas que se refuerzan mutuamente. Ello puede implicar riesgos para la viabilidad de algunas entidades de crédito y para la estabilidad del sistema financiero en la zona del euro y en el conjunto de la Unión, y puede imponer una pesada carga sobre las finanzas públicas de los Estados miembros afectados, sometidas ya fuertes tensiones.
(7) La Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) (ABE), establecida en 2011 mediante el Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) (1) , y el Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF), establecido mediante el artículo 2 de dicho Reglamento y el artículo 2 del Reglamento (UE) nº 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) (2) (AESPJ), y el artículo 2 del Reglamento (UE) nº 1095/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (3) (AEVM), han mejorado notablemente la cooperación entre los supervisores bancarios de la Unión. La ABE está contribuyendo de forma importante a la creación de un código normativo único para los servicios financieros de la Unión y ha desempeñado un papel decisivo a la hora de aplicar de forma coherente la recapitalización de importantes entidades de crédito de la Unión, acordada por el Consejo Europeo el 26 de octubre de 2011, en consonancia con las directrices y requisitos sobre ayudas públicas adoptados por la Comisión.
(8) El Parlamento Europeo ha reclamado en diversas ocasiones la creación de un organismo europeo directamente responsable de determinadas funciones de supervisión de las entidades financieras, empezando por sus Resoluciones de 13 de abril de 2000 sobre la Comunicación de la Comisión «Aplicación del marco para los mercados financieros: Plan de Acción» (4) , de 21 de noviembre de 2002, sobre las normas de supervisión prudencial en la Unión (5) .
(9) En las conclusiones del Consejo Europeo de 29 de junio de 2012 se invitó al presidente del Consejo Europeo a que elaborase una hoja de ruta para la consecución de una auténtica unión económica y monetaria. Ese mismo día, en la Cumbre del euro se señaló que cuando se estableciera un mecanismo único y efectivo de supervisión de los bancos de la zona del euro, en el que participase el Banco Central Europeo (BCE), el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) podría, siguiendo sus procedimientos normales de decisión, tener la posibilidad de recapitalizar directamente los bancos, sobre la base de la condicionalidad adecuada, incluido el cumplimiento de las normas sobre ayudas públicas.
(10) El Consejo Europeo de 19 de octubre de 2012 consideró que el proceso hacia una mayor unión económica y monetaria debe basarse en el marco institucional y jurídico de la Unión y, además, debe caracterizarse por condiciones de apertura y transparencia para los Estados miembros cuya moneda no es el euro y por el respeto a la integridad del mercado interior. El marco financiero integrado contará con un mecanismo único de supervisión (MUS) con la máxima apertura posible a todos los Estados miembros que deseen participar.
(11) Por consiguiente, debe crearse una unión bancaria en la Unión, sustentada por un código normativo único, integral y detallado para los servicios financieros del conjunto del mercado interior y que comprenda un MUS y nuevos marcos de garantía de depósitos y de resolución. Habida cuenta de las estrechas interrelaciones e interacciones que existen entre los Estados miembros cuya moneda es el euro, la unión bancaria debe aplicarse como mínimo a todos los Estados miembros de la zona del euro. Con vistas a mantener y profundizar el mercado interior, y en la medida en que sea posible desde el punto de vista institucional, la unión bancaria debe abrirse también a la participación de otros Estados miembros.
(12) Como primer paso hacia esta unión bancaria, un MUS debe velar por que las medidas de la Unión en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito se apliquen de manera coherente y eficaz, por que el código normativo único de los servicios financieros se aplique de manera homogénea a las entidades de crédito de todos los Estados miembros afectados y por que estas entidades de crédito sean objeto de una supervisión de la máxima calidad, no obstaculizada por otras consideraciones de índole no prudencial. En particular, el MUS debe ser coherente con el funcionamiento del mercado interior de servicios financieros y con la libre circulación de capitales. El mecanismo único de supervisión es la base de las próximas etapas hacia la unión bancaria. Ello refleja el principio de que el MEDE, siguiendo sus procedimientos normales de decisión, tendrá la posibilidad de recapitalizar directamente a los bancos cuando se establezca un MUS efectivo. En sus conclusiones de 13 y 14 de diciembre de 2012, el Consejo Europeo observó que «en una situación en que la supervisión bancaria se haya transferido efectivamente a un mecanismo único de supervisión, hará falta un mecanismo único de resolución, con los poderes necesarios para que pueda llevar a cabo, con los instrumentos adecuados, la resolución de cualquier banco establecido en los Estados miembros participantes», y que «el mecanismo único de resolución deberá basarse en las contribuciones del propio sector financiero y contener disposiciones de respaldo adecuadas y eficaces».
(13) Como banco central de la zona del euro con amplia experiencia en cuestiones macroeconómicas y de estabilidad financiera, el BCE está en una posición adecuada para desempeñar funciones de supervisión claramente definidas, con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema financiero de la Unión. De hecho, en muchos Estados miembros los bancos centrales ya son responsables de la supervisión bancaria. Así pues, deben encomendarse al BCE tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión de las entidades de crédito en los Estados miembros participantes.
(14) Es conveniente que el BCE y las autoridades competentes de los Estados miembros no participantes celebren un memorando de acuerdo en el que se describa en términos generales el modo en que cooperarán entre sí en el ejercicio de sus funciones de supervisión con arreglo al Derecho de la Unión en lo que atañe a las entidades financieras contempladas en el presente Reglamento. Entre otras cosas, el memorando de acuerdo clarificaría la consulta relativa a decisiones del BCE con efectos en filiales o sucursales establecidas en el Estado miembro no participante cuya empresa matriz esté establecida en un Estado miembro participante, y la cooperación en situaciones de emergencia, incluidos mecanismos de alerta temprana de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación pertinente de la Unión. El memorando debe revisarse periódicamente.
(15) Deben encomendarse al BCE aquellas tareas de supervisión específicas que sean cruciales para garantizar una aplicación coherente y eficaz de las políticas de la Unión en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito, dejando las demás tareas a cargo de las autoridades nacionales. El BCE debe tener entre sus tareas la adopción de medidas en pro de la estabilidad macroprudencial, a reserva de las disposiciones específicas que reflejen la función de las autoridades nacionales.
(16) La seguridad y la solidez de las grandes entidades de crédito son esenciales para garantizar la estabilidad del sistema financiero. La experiencia reciente muestra, no obstante, que las entidades de crédito más pequeñas también pueden suponer una amenaza para la estabilidad financiera. Por ello, el BCE debe poder ejercer funciones de supervisión en relación con todas las entidades de crédito autorizadas y las sucursales establecidas en los Estados miembros participantes.
(17) Al desempeñar las tareas que se le atribuyen, y sin perjuicio del objetivo de garantizar la seguridad y la solidez de las entidades de crédito, el BCE debe tener debidamente en cuenta la diversidad de tales entidades y sus diferentes tamaños y modelos de negocio, así como las ventajas sistémicas de la diversidad dentro del sector bancario de la Unión.
(18) El ejercicio de las tareas del BCE debe contribuir, en particular, a garantizar que las entidades de crédito internalicen plenamente todos los costes derivados de sus actividades, con objeto de evitar el riesgo moral y la asunción de riesgos excesivos que de él pueda derivarse. Esta actuación deberá tener en cuenta plenamente las condiciones macroeconómicas pertinentes vigentes en los Estados miembros, y en particular la estabilidad de la oferta de crédito y la facilitación de las actividades productivas para el conjunto de la economía.
(19) Ningún elemento del presente Reglamento debe interpretarse en el sentido de que modifica el marco contable aplicable en virtud de otros actos de la legislación de la Unión y de la legislación nacional.
(20) La autorización previa para el acceso a la actividad de las entidades de crédito es una técnica prudencial básica a fin de garantizar que solo lleven a cabo esta actividad los operadores que dispongan de una sólida base económica, una organización capaz de afrontar los riesgos específicos inherentes a la recepción de depósitos y la concesión de créditos, y unos directivos adecuados. El BCE debe tener, por tanto, entre sus tareas la autorización de las entidades de crédito que se establezcan en los Estados miembros participantes y la revocación de las autorizaciones, a reserva de las disposiciones específicas que reflejen la función de las autoridades nacionales.
(21) Además de las condiciones establecidas en el Derecho de la Unión para la autorización de las entidades de crédito y para la revocación de dichas autorizaciones, los Estados miembros pueden establecer actualmente otras condiciones de autorización y otros supuestos de revocación de la autorización. El BCE debe, por tanto, cumplir su misión de autorización de las entidades de crédito y de revocación de la autorización en caso de incumplimiento de la legislación nacional a propuesta de la autoridad nacional competente pertinente, que supervisará el cumplimiento de las condiciones aplicables establecidas en el Derecho nacional.
(22) La evaluación de la idoneidad de cualquier nuevo propietario de una entidad de crédito, con anterioridad a la adquisición de una participación importante en la misma, es una herramienta indispensable para asegurar el mantenimiento de la idoneidad y la solidez financiera de los propietarios de las entidades de crédito. El BCE, como institución de la Unión, está en una posición adecuada para realizar esta evaluación sin imponer restricciones excesivas al mercado interior. El BCE debe tener entre sus tareas la evaluación de la adquisición y venta de participaciones significativas en entidades de crédito, salvo en el contexto de la resolución de entidades bancarias.
(23) El cumplimiento de las normas de la Unión que imponen a las entidades de crédito la obligación de poseer determinados niveles de capital para cubrir los riesgos inherentes a la actividad de estas entidades, de limitar el tamaño de las exposiciones frente a cada contraparte, de publicar información sobre su situación financiera, de disponer de activos líquidos suficientes para soportar situaciones de tensión de los mercados, y de limitar el apalancamiento, es una condición previa para la solidez prudencial de las entidades de crédito. El BCE debe tener entre sus tareas velar por el cumplimiento de esas normas, con inclusión, en particular, de la concesión de autorizaciones, permisos, excepciones o exenciones previstas a los fines de tales normas.
(24) La constitución de colchones de capital adicionales, en particular un colchón de conservación de capital y un colchón de capital anticíclico que garanticen que durante los períodos de crecimiento económico las entidades de crédito acumulen una base de capital suficiente para absorber las pérdidas en los períodos de tensión, colchones globales y otros colchones de entidades sistémicas, así como otras medidas destinadas a la absorción del riesgo sistémico o macroprudencial, constituyen herramientas prudenciales esenciales. Para garantizar la plena coordinación, en caso de que las autoridades nacionales competentes o designadas impongan tales medidas, han de notificarlo debidamente al BCE. Además, en caso de que sea necesario, el BCE debe poder aplicar requisitos más rigurosos y medidas más estrictas, que sean objeto de estrecha coordinación con las autoridades nacionales. Las disposiciones del presente Reglamento relativas a medidas destinadas a hacer frente al riesgo sistémico o macroprudencial se entienden sin perjuicio de los procedimientos de coordinación previstos en otros actos del Derecho de la Unión. Las autoridades nacionales competentes o designadas y el BCE actuarán respetando en su caso los procedimientos de coordinación que prevean tales actos, tras haber seguido los procedimientos previstos en el presente Reglamento.
(25) La seguridad y la solidez de las entidades de crédito dependen también de la asignación de capital interno adecuado, teniendo en cuenta los riesgos a que pueden verse expuestas, y de la existencia de estructuras de organización interna y de disposiciones de gobierno corporativo adecuadas. Por consiguiente, el BCE debe tener entre sus tareas la aplicación de requisitos que garanticen que las entidades de crédito de los Estados miembros participantes disponen de estructuras, procesos y mecanismos sólidos de gobernanza, incluidos estrategias y procesos destinados a evaluar y mantener la adecuación de su capital interno. En caso de deficiencias, el BCE debe también encargarse de imponer medidas adecuadas, entre ellas requisitos específicos de fondos propios adicionales, requisitos específicos de divulgación y requisitos específicos de liquidez.
(26) Los riesgos para la seguridad y la solidez de una entidad de crédito pueden surgir tanto a nivel de una entidad de crédito como de un grupo bancario o de un conglomerado financiero. Disponer de unos mecanismos de supervisión específicos, destinados a mitigar tales riesgos, es importante para garantizar la seguridad y la solidez de las entidades de crédito. Además de la supervisión de las entidades de crédito a nivel individual, el BCE debe tener entre sus tareas la supervisión en base consolidada, la supervisión adicional, la supervisión de las sociedades financieras de cartera y la supervisión de las sociedades financieras mixtas de cartera, con exclusión de la supervisión de las empresas de seguros.
(27) A fin de preservar la estabilidad financiera, es preciso corregir precozmente el deterioro de la situación económica y financiera de una entidad. El BCE debe tener entre sus tareas la puesta en marcha de medidas de intervención temprana, establecidas en la correspondiente legislación de la Unión. No obstante, debe coordinar estas medidas con las autoridades encargadas de la resolución. Mientras las autoridades nacionales sigan siendo competentes respecto de la resolución de entidades de crédito, el BCE debe coordinarse además de manera adecuada con las autoridades nacionales implicadas, a fin de acordar sus responsabilidades respectivas en caso de crisis, en particular en el contexto de los grupos de gestión de crisis transfronterizas y los futuros colegios de autoridades de resolución que se establezcan al efecto.
(28) Las funciones de supervisión no atribuidas al BCE deben seguir siendo competencia de las autoridades nacionales. Entre estas funciones deben figurar la facultad de recibir notificaciones de las entidades de crédito en relación con el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios, de supervisar a los organismos que no están incluidos en la definición de entidades de crédito de conformidad con el Derecho de la Unión pero que son supervisados como entidades de crédito de conformidad con la legislación nacional, de supervisar a las entidades de crédito de terceros países que establecen una sucursal o prestan servicios transfronterizos en la Unión, de supervisar los servicios de pago, de llevar a cabo las verificaciones diarias de las entidades de crédito, y de desempeñar la función de autoridad competente para las entidades de crédito en relación con los mercados de instrumentos financieros, con la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y con la protección del consumidor.
(29) El BCE debe cooperar plenamente, según resulte oportuno, con las autoridades nacionales que sean competentes para garantizar un nivel elevado de protección del consumidor y la lucha contra el blanqueo de capitales.
(30) El BCE debe desempeñar las tareas que se le atribuyen con vistas a garantizar la seguridad y la solidez de las entidades de crédito, la estabilidad del sistema financiero de la Unión y de los sistemas financieros de cada uno de los Estados miembros participantes, y la unidad e integridad del mercado interior, garantizando también de esta forma la protección de los depositantes y mejorando el funcionamiento del mercado interior, de conformidad con el código normativo único de los servicios financieros de la Unión. En particular, el BCE debe tener debidamente en cuenta los principios de igualdad y no discriminación.
(31) La atribución de funciones de supervisión al BCE debe ser coherente con el marco del SESF y su objetivo subyacente de elaborar un código normativo único y reforzar la convergencia de las prácticas de supervisión en toda la Unión. La cooperación entre los supervisores bancarios y los supervisores de los mercados de seguros y valores es importante para abordar cuestiones de interés común y garantizar la supervisión adecuada de las entidades de crédito que también operan en los mercados de seguros y valores. Por consiguiente, debe obligarse al BCE a cooperar estrechamente con la ABE, con la AEVM, con la AESPJ y con la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y otras autoridades que forman parte del SESF. El BCE debe llevar a cabo sus tareas de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento y sin perjuicio de la competencia y de las funciones de los demás participantes en el marco del SESF. Debe exigírsele también que coopere con las autoridades de resolución pertinentes y con los mecanismos establecidos para la financiación de la asistencia financiera pública, ya sea directa o indirecta.
(32) El BCE debe desempeñar sus funciones de conformidad con la legislación pertinente de la Unión, incluido todo el Derecho primario y derivado de la Unión, las decisiones de la Comisión en materia de ayudas estatales, normas de competencia y control de las concentraciones, y el código normativo único aplicable a todos los Estados miembros. A la ABE se le ha asignado el cometido de elaborar proyectos de normas técnicas y de formular directrices y recomendaciones, a fin de garantizar la convergencia y coherencia de los resultados de la supervisión en la Unión. El BCE no debe sustituir a la ABE en el desempeño de estas funciones y debe, por tanto, ejercer las competencias de adoptar reglamentos de conformidad con el artículo 132 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en cumplimiento de los actos de la Unión adoptados por la Comisión a partir de los proyectos elaborados por la ABE y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.
(33) En caso necesario, el BCE debe celebrar memorandos de acuerdo con las autoridades competentes responsables de los mercados de instrumentos financieros en los que se describa en términos generales el modo en que cooperarán estrechamente entre sí en el ejercicio de sus respectivas funciones de supervisión con arreglo al Derecho de la Unión en lo que atañe a las entidades financieras definidas en el presente Reglamento. Dichos memorandos deben ponerse a disposición del Parlamento Europeo, del Consejo y de las autoridades competentes de todos los Estados miembros.
(34) Para el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus competencias de supervisión, el BCE deberá aplicar las normas sustantivas relativas a la supervisión prudencial de las entidades de crédito. Dichas normas estarán formadas a partir de la legislación correspondiente de la Unión, en particular los reglamentos directamente aplicables o las directivas, como las relativas a los requisitos de capital para las entidades de crédito y a los conglomerados financieros. Cuando las normas sustantivas relativas a la supervisión prudencial de las entidades de crédito estén establecidas en Directivas, el BCE deberá aplicar la legislación nacional que incorpore dichas Directivas. Cuando la legislación aplicable de la Unión esté compuesta por reglamentos y en los ámbitos en que dichos reglamentos, en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, otorguen expresamente opciones a los Estados miembros, el BCE debe aplicar también la legislación nacional que incorpore dichas opciones al ordenamiento jurídico nacional. Se entenderá que dichas opciones excluyen las opciones que únicamente son accesibles para las autoridades competentes o designadas. Esto se entiende sin perjuicio del principio de la primacía del Derecho de la Unión. De ello se deduce que el BCE, al adoptar directrices o recomendaciones o al tomar decisiones, debe basarse en el Derecho vinculante de la Unión que corresponda y actuar de conformidad con el mismo.
(35) En el ámbito de las funciones atribuidas al BCE, la legislación nacional otorga a las autoridades nacionales competentes ciertas competencias que el Derecho de la Unión no exige en la actualidad, en particular competencias de intervención temprana y competencias cautelares. El BCE debe poder exigir a las autoridades nacionales de los Estados miembros participantes que hagan uso de esas competencias a fin de garantizar el ejercicio de una supervisión cabal y eficaz en el marco del MUS.
(36) A fin de velar por que las entidades de crédito, las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera apliquen las decisiones y normas en materia de supervisión, conviene imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento. De conformidad con el artículo 132, apartado 3, del TFUE y con el Reglamento (CE) nº 2532/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, sobre las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones (6) , el BCE puede imponer multas o pagos periódicos coercitivos a las empresas que incumplan las obligaciones que les imponen los reglamentos y decisiones pertinentes del BCE. Por otra parte, para que pueda ejercer con eficacia sus funciones en lo que respecta a la aplicación efectiva de las normas de supervisión establecidas en el Derecho de la Unión directamente aplicable, el BCE debe estar facultado para imponer sanciones pecuniarias a las entidades de crédito, las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera que incumplan dichas normas. Las autoridades nacionales deben seguir teniendo la posibilidad de aplicar sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación nacional por la que se transponen directivas de la Unión. Cuando, para el desempeño de sus funciones, el BCE estime oportuna la aplicación de una sanción por incumplimiento, debe poder remitir el asunto a las autoridades nacionales competentes con ese fin.
(37) Los supervisores nacionales han acumulado una experiencia importante en lo que respecta a la supervisión de las entidades de crédito de su territorio y a sus particularidades económicas, organizativas y culturales. Han constituido a tal fin un nutrido cuerpo de personal especializado y altamente cualificado. Por consiguiente, a fin de garantizar una supervisión de calidad a nivel de la Unión, debe asignarse a las autoridades nacionales competentes la responsabilidad de prestar asistencia al BCE en la preparación y aplicación de todos los actos relativos al ejercicio de las funciones de supervisión del BCE. Ello debe incluir en particular la evaluación diaria y permanente de la situación de las entidades de crédito y las correspondientes verificaciones in situ.
(38) Los criterios establecidos en el presente Reglamento que definen el alcance de las entidades menos significativas deben aplicarse al nivel más alto de consolidación dentro de los Estados miembros participantes con arreglo a datos consolidados. Cuando el BCE desempeñe las funciones que le confiere el presente Reglamento respecto de un grupo de entidades de crédito que no sea menos significativo en base consolidada, debe desempeñar dichas funciones en base consolidada respecto del grupo de entidades de crédito y en base individual respecto de las filiales y sucursales bancarias de dicho grupo establecidas en los Estados miembros participantes.
(39) Dichos criterios deben especificarse mediante un marco establecido y publicado por el BCE, en consulta con las autoridades nacionales competentes. Partiendo de esa base, incumbe al BCE la aplicación de esos criterios y verificar, de acuerdo con sus propios cálculos, si dichos criterios se cumplen. La solicitud de información por parte del BCE con objeto de efectuar su cálculo no debe imponer a las entidades la obligación de aplicar marcos contables distintos de los que se les apliquen a tenor de otros actos del Derecho de la Unión y nacional.
(40) Cuando se haya considerado que una entidad de crédito es significativa o menos significativa, en general no debe modificarse esa evaluación con frecuencia superior a una vez cada doce meses, salvo que se hayan producido cambios estructurales en los grupos bancarios, como fusiones o enajenaciones.
(41) A la hora de decidir, previa notificación por su autoridad nacional competente, si una entidad tiene importancia significativa para la economía nacional y por consiguiente, debe ser supervisada por el BCE, el BCE debe tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes, incluidas las consideraciones de igualdad de condiciones de competencia.
(42) En lo que respecta a la supervisión de las entidades de crédito transfronterizas que operan tanto fuera como dentro de la zona del euro, el BCE debe cooperar estrechamente con las autoridades competentes de los Estados miembros no participantes. Como autoridad competente, el BCE debe estar sujeto a las obligaciones conexas de cooperación e intercambio de información de conformidad con el Derecho de la Unión y debe participar plenamente en los colegios de supervisores. Además, puesto que el ejercicio de las funciones de supervisión por una institución de la Unión aporta evidentes beneficios en términos de estabilidad financiera e integración sostenible de los mercados, los Estados miembros cuya moneda no es el euro deben tener también la posibilidad de participar en el MUS. No obstante, es condición previa necesaria para el ejercicio efectivo de las funciones de supervisión que las decisiones en este ámbito se apliquen plenamente y sin demora. Por consiguiente, los Estados miembros que deseen participar en el MUS deben comprometerse a que sus autoridades nacionales competentes cumplan y adopten todas las medidas relativas a las entidades de crédito que solicite el BCE. El BCE debe poder establecer una cooperación estrecha con las autoridades competentes de los Estados miembros cuya moneda no es el euro. Debe estar obligado a establecer la cooperación cuando se cumplan las condiciones previstas en el presente Reglamento.
(43) Teniendo en cuenta que los Estados miembros participantes cuya moneda no es el euro no están presentes en el Consejo de Gobierno mientras no hayan adoptado el euro de conformidad con el TFUE, y que no se pueden beneficiar plenamente de otros mecanismos establecidos para los Estados miembros cuya moneda es el euro, se disponen en el presente Reglamento garantías adicionales en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, es preciso utilizar dichas garantías, en particular la posibilidad para los Estados miembros participantes cuya moneda no es el euro de solicitar la terminación inmediata de la estrecha cooperación después de haber informado el Consejo de Gobierno de su desacuerdo motivado con un proyecto de decisión del Consejo de Supervisión, únicamente en casos excepcionales y debidamente justificados. Deben utilizarse solamente mientras estén vigentes esas circunstancias concretas. Las garantías obedecen a las circunstancias concretas en que se encuentran los Estados miembros participantes cuya moneda no es el euro en virtud del presente Reglamento, por el hecho de no estar presentes en el Consejo de Gobierno y de no poder beneficiarse plenamente de otros mecanismos previstos para los Estados miembros cuya moneda es el euro. Por consiguiente, no pueden ni deben considerarse estas garantías como un precedente para otros ámbitos de actuación de la Unión.
(44) Nada en el presente Reglamento debe alterar en modo alguno el actual marco que regula el cambio de forma jurídica de filiales o sucursales ni la aplicación de dicho marco, ni puede entenderse ni aplicarse en el sentido de proporcionar incentivos a favor o en contra de dicho cambio. A este respecto, las funciones de las autoridades competentes de los Estados miembros no participantes debe respetarse plenamente, con el fin de que dichas autoridades sigan teniendo a su disposición suficientes instrumentos y competencias de supervisión de las entidades de crédito que operen en su territorio, para estar en condiciones de cumplir sus funciones y salvaguardar de forma efectiva la estabilidad financiera y el interés público. Por otra parte, para asistir a las autoridades competentes en el desempeño de sus funciones, debe ofrecerse oportunamente información sobre el cambio de forma jurídica de filiales o sucursales a los depositantes y a las autoridades competentes.
(45) Para el desempeño de sus funciones, el BCE debe disponer de las competencias de supervisión adecuadas. El Derecho de la Unión en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito prevé la atribución de determinadas facultades a las autoridades competentes designadas por los Estados miembros con ese fin. En la medida en que dichas facultades estén comprendidas en el ámbito de las funciones de supervisión atribuidas al BCE, el BCE debe ser considerado la autoridad competente de los Estados miembros participantes y disponer de las facultades atribuidas a las autoridades competentes en virtud del Derecho de la Unión. Entre ellas se encuentran las facultades atribuidas en virtud del Derecho de la Unión a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida y del Estado miembro de origen y las facultades atribuidas a las autoridades designadas.
(46) El BCE debe tener capacidad supervisora para destituir a un miembro de un órgano de gestión de acuerdo con el presente Reglamento.
(47) Para desempeñar sus funciones con eficacia, el BCE debe estar facultado para requerir toda la información necesaria y para llevar a cabo investigaciones e inspecciones in situ, en su caso, en cooperación con las autoridades competentes nacionales. El BCE y las autoridades nacionales competentes deben tener acceso a la misma información, sin que las entidades de crédito se vean obligadas a presentar el doble de informes.
(48) La prerrogativa de secreto profesional en la relación cliente-abogado es un principio fundamental del Derecho de la Unión, que protege la confidencialidad de las comunicaciones entre las personas físicas o jurídicas y sus abogados, de conformidad con las condiciones establecidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
(49) Cuando el BCE necesite requerir información a una persona establecida en un Estado miembro no participante pero que pertenezca a una entidad de crédito, sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera establecida en un Estado miembro, o a la que dicha entidad de crédito, sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera haya encargado funciones o actividades operativas, y cuando dichos requerimientos no se apliquen ni tengan carácter ejecutivo en el Estado miembro no participante de que se trate, el BCE debe coordinarse con la autoridad competente en el Estado miembro no participante afectado.
(50) El presente Reglamento no afecta a la aplicación de las disposiciones establecidas en virtud de los artículos 34 y 42 del Protocolo nº 4 sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, anejo al Tratado de la Unión Europea (TUE) y al TFUE («Estatutos del SEBC y del BCE»). Los actos adoptados por el BCE con arreglo al presente Reglamento no deben crear derechos ni imponer obligaciones a los Estados miembros no participantes, salvo cuanto, con arreglo a la legislación pertinente de la Unión, dichos actos sean conformes al Protocolo nº 4 y al Protocolo nº 15 sobre determinadas disposiciones relativas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, anejo al TUE y al TFUE.
(51) Cuando las entidades de crédito ejercen su derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios en otros Estados miembros, o cuando varias entidades de un grupo están establecidas en diferentes Estados miembros, el Derecho de la Unión dispone procedimientos específicos y la atribución de competencias entre los Estados miembros afectados. En la medida en que el BCE asuma determinadas funciones de supervisión con respecto a todos los Estados miembros participantes, dichos procedimientos y atribuciones no deben aplicarse al ejercicio del derecho de establecimiento o de la libre prestación de servicios en otro Estado miembro participante.
(52) Al ejercer las funciones que le atribuye el presente Reglamento y al pedir asistencia a las autoridades nacionales competentes, el BCE debe tener debidamente en cuenta la necesidad de mantener un equilibrio adecuado entre la intervención de todas las autoridades nacionales competentes involucradas, en consonancia con las responsabilidades establecidas en el Derecho de la Unión para la supervisión individual y para la supervisión subconsolidada y consolidada.
(53) No debe interpretarse ninguna disposición del presente Reglamento en el sentido de que habilita al BCE para imponer sanciones a personas físicas o jurídicas que no sean entidades de crédito, sociedades financieras de cartera o sociedades financieras mixtas de cartera, sin perjuicio de la competencia del BCE para exigir a las autoridades nacionales competentes que actúen con objeto de garantizar que se imponen las sanciones adecuadas.
(54) Tal y como se establece en los Tratados, el BCE es una institución del conjunto de la Unión. En sus procedimientos de toma de decisiones, debe estar sujeto a las normas y principios generales de la Unión sobre garantías procesales y transparencia. Debe respetarse plenamente el derecho de los destinatarios de las decisiones del BCE a defenderse al igual que su derecho a solicitar un examen de las decisiones del BCE de conformidad con las normas establecidas en el presente Reglamento.
(55) La atribución de funciones de supervisión implica para el BCE la gran responsabilidad de defender la estabilidad financiera de la Unión y de hacer uso de sus facultades de supervisión de la forma más eficaz y proporcionada. Cualquier traspaso de competencias de supervisión de los Estados miembros a la Unión debe verse contrarrestado con unos requisitos de transparencia y rendición de cuentas adecuados. Así pues, el BCE debe rendir cuentas del ejercicio de estas funciones ante el Parlamento Europeo y el Consejo, como instituciones con legitimidad democrática de representación de los ciudadanos de la Unión y de los Estados miembros. La rendición de cuentas debe incluir la elaboración de informes periódicos y la respuesta a las preguntas que le dirijan el Parlamento Europeo de conformidad con su reglamento interno, y el Eurogrupo de acuerdo con los procedimientos del Eurogrupo. Las obligaciones de elaboración de informes deben estar sujetas a las obligaciones de secreto profesional aplicables.
(56) El BCE debe remitir los informes que dirige al Parlamento Europeo y al Consejo también a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros participantes. Los parlamentos nacionales de los Estados miembros participantes deben poder dirigir al BCE cualquier observación o pregunta referente al ejercicio por este de sus funciones de supervisión; el BCE puede responder a esas observaciones o preguntas. Las normas internas de dichos parlamentos nacionales deben tener en cuenta los pormenores de los procedimientos y las disposiciones aplicables a la hora de dirigir esas observaciones y preguntas al BCE. En este contexto, debe prestarse especial atención a las observaciones o preguntas relativas a la revocación de autorizaciones de entidades de crédito respecto de las cuales las autoridades nacionales hayan tomado medidas necesarias a efectos de resolución o con fines de mantenimiento de la estabilidad financiera de conformidad con el procedimiento establecido en el presente Reglamento. El Parlamento nacional de un Estado miembro participante debe también poder invitar al presidente o a un representante del Consejo de Supervisión a participar, junto con un representante de la autoridad nacional competente, en un cambio de impresiones en relación con la supervisión de las entidades de crédito en ese Estado miembro. Este cometido de los parlamentos nacionales resulta adecuado, dado el impacto potencial que las medidas de supervisión pueden tener en las finanzas públicas, las entidades de crédito, sus clientes y empleados, y en los mercados de los Estados miembros participantes. Cuando las autoridades nacionales competentes adopten medidas en el marco del presente Reglamento, deben seguir aplicándose las disposiciones en materia de rendición de cuentas previstos en el Derecho nacional.
(57) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio del derecho del Parlamento Europeo a constituir una comisión temporal de investigación para examinar alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión, conforme al artículo 226 del TFUE, ni del ejercicio de sus funciones de control político según se establecen en los Tratados, y que incluyen el derecho del Parlamento Europeo a adoptar una posición o una resolución sobre los aspectos que estime oportunos.
(58) En su actuación, el BCE se atendrá a los principios de respeto de las garantías procesales y de transparencia.
(59) La normativa a que se refiere el artículo 15, apartado 3, del TFUE debe contener disposiciones específicas sobre el acceso a los documentos que obren en poder del BCE y se deriven del desempeño de sus funciones de supervisión, de conformidad con el TFUE.
(60) En virtud del artículo 263 del TFUE, el TJUE debe controlar la legalidad de los actos del BCE —entre otras instituciones— que no sean recomendaciones o dictámenes, destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.
(61) De conformidad con el artículo 340 del TFUE, el BCE debe reparar los daños causados por él o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones, con arreglo a los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. Esto debe entenderse sin perjuicio de la obligación de las autoridades nacionales competentes de reparar los daños causados por ellas o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones de conformidad con el Derecho nacional.
(62) En virtud del artículo 342 del TFUE, el Reglamento nº 1 del Consejo (7) , por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea, se aplica al BCE.
(63) Al determinar si debe limitarse el derecho de acceso de los interesados al expediente, el BCE deberá respetar los derechos fundamentales y observar los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
(64) El BCE debe ofrecer a las personas físicas y jurídicas la posibilidad de solicitar el examen de las decisiones tomadas en virtud de las competencias que le atribuye el presente Reglamento y a ellas dirigidas, o que les conciernen directa e individualmente. El alcance del examen deberá ceñirse a la conformidad procedimental y material de esas decisiones con el presente Reglamento, sin dejar de respetar el margen de discrecionalidad que posee el BCE para decidir de la conveniencia de adoptar tales decisiones. Para ello, y en aras de la economía procesal, el BCE debe crear un comité administrativo de revisión para llevar a cabo dicho examen interno. Para la composición de la comisión, el Consejo de Gobierno del BCE debe nombrar a personas de gran prestigio. Al tomar su decisión, el Consejo de Gobierno debe, en la medida de lo posible, garantizar el adecuado equilibrio geográfico y entre hombres y mujeres de todos los Estados miembros. El procedimiento establecido para el examen debe prever la posibilidad de que el Consejo de Supervisión reconsidere su anterior proyecto de decisión, según proceda.
(65) El BCE es competente para ejercer funciones de política monetaria con vistas al mantenimiento de la estabilidad de los precios, de conformidad con el artículo 127, apartado 1, del TFUE. El ejercicio de las funciones de supervisión tiene como objetivo proteger la seguridad y la solidez de las entidades de crédito y la estabilidad del sistema financiero. Por lo tanto, dichas funciones deben desempeñarse de manera totalmente independiente, a fin de evitar conflictos de intereses y de velar por que cada función se ejerza de conformidad con los objetivos correspondientes. El BCE debe garantizar que en el funcionamiento del Consejo de Gobierno estén completamente diferenciadas las funciones monetarias y las de supervisión. Dicha diferenciación debe suponer, como mínimo, reuniones y órdenes del día estrictamente separados.
(66) Debe aplicarse la separación organizativa del personal en todos los servicios en que se requiera a efectos de la independencia de la política monetaria, y en esta separación debe velarse por que el ejercicio de las funciones atribuidas por el presente Reglamento se atenga plenamente a la rendición de cuentas y supervisión democráticas que contempla el presente Reglamento. El personal que participe en el desempeño de las funciones que el presente Reglamento atribuye al BCE debe depender del presidente del Consejo de Supervisión.
(67) En particular, conviene establecer en el BCE un Consejo de Supervisión encargado de elaborar las decisiones relativas a las cuestiones de supervisión y que aglutine la experiencia específica de los supervisores nacionales. Por consiguiente, este consejo debe estar presidido por un presidente y un vicepresidente e incluir entre sus miembros a representantes del BCE y de las autoridades nacionales competentes. Los nombramientos para el Consejo de Supervisión con arreglo al presente Reglamento deben respetar los principios de equilibrio entre los sexos, experiencia y cualificación. Todos los miembros del Consejo de Supervisión deben ser oportuna y plenamente informados de los puntos incluidos en los órdenes del día de sus reuniones, de modo que se facilite la eficacia del debate y el proceso de redacción de los proyectos de decisión.
(68) En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Supervisión debe tener en cuenta todos los hechos y las circunstancias pertinentes en los Estados miembros participantes, y desempeñar sus misiones en interés de la Unión en su conjunto.
(69) Dentro del pleno respeto de las disposiciones institucionales y de las reglas de votación establecidas por los Tratados, el Consejo de Supervisión debe constituir un organismo esencial en el ejercicio de las funciones de supervisión asumidas por el BCE, funciones que hasta ahora habían incumbido siempre a las autoridades nacionales competentes. Por tal motivo, debe facultarse al Consejo para adoptar una decisión de ejecución por la que se nombre al presidente y al vicepresidente del Consejo de Supervisión. Después de oír al Consejo de Supervisión, el BCE debe presentar al Parlamento Europeo una propuesta relativa al nombramiento del presidente y del vicepresidente, para recabar su aprobación. Tras la aprobación de esta propuesta, el Consejo debe adoptar esa decisión de ejecución. El presidente se elegirá mediante un procedimiento de selección abierto, del cual se informará cumplidamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
(70) A fin de permitir una rotación adecuada, garantizando a la vez la plena independencia del presidente, el mandato del presidente no debe exceder de cinco años ni ser renovable. A fin de garantizar la plena coordinación con las actividades de la ABE y con las políticas prudenciales de la Unión, el Consejo de Supervisión debe estar facultado para invitar a la ABE y a la Comisión a participar en sus trabajos en calidad de observadores. Una vez que se establezca la Autoridad Europea de Resolución, el presidente de esta debe participar como observador en las reuniones del Consejo de Supervisión.
(71) El Consejo de Supervisión debe estar asistido por un comité director, de composición más limitada. El comité director debe preparar las reuniones del Consejo de Supervisión y desempeñar sus funciones exclusivamente en interés de la Unión en su conjunto, y debe trabajar con total transparencia con el Consejo de Supervisión.
(72) El Consejo de Gobierno del BCE debe invitar a los representantes de los Estados miembros participantes cuya moneda no es el euro siempre que tenga intención de presentar objeciones a un proyecto de decisión elaborado por el Consejo de Supervisión o siempre que las autoridades nacionales competentes le informen de su desacuerdo motivado con un proyecto de decisión del Consejo de Supervisión, cuando dicha decisión esté dirigida a las autoridades nacionales y se refiera a entidades de crédito de Estados miembros participantes cuya moneda no es el euro.
(73) Con objeto de garantizar la separación de las funciones de política monetaria y de supervisión, debe exigirse al BCE que cree una comisión de mediación. La creación de esta comisión, y en especial su composición, deben garantizar que resuelva las diferencias de opinión de manera equilibrada, atendiendo al interés del conjunto de la Unión.
(74) El Consejo de Supervisión, el comité director y el personal del BCE que realice misiones de supervisión deben estar sujetos al secreto profesional. El intercambio de información con el personal del BCE que no participe en las actividades de supervisión debe estar sujeto a la misma obligación. Ello no debe ser óbice para que el BCE intercambie información, dentro de los límites y en las condiciones que dispongan los actos legislativos pertinentes de la Unión, en particular con la Comisión a efectos de las funciones contempladas en los artículos 107 y 108 del TFUE y en el Derecho de la Unión sobre supervisión económica y presupuestaria reforzada.
(75) A fin de desempeñar sus funciones de supervisión con eficacia, el BCE debe ejercer las funciones de supervisión que se le atribuyen con total independencia, sin influencias políticas indebidas ni interferencias de sectores interesados que puedan afectar a su independencia funcional.
(76) El recurso a períodos de incompatibilidad por parte de las autoridades de supervisión es importante para garantizar la eficacia y la independencia de la supervisión ejercida por dichas autoridades. A tal efecto, y sin perjuicio de la aplicación de normas nacionales más rigurosas, el BCE deberá establecer y mantener procedimientos generales y formales, que incluyan plazos de examen proporcionados, para determinar de antemano y prevenir posibles conflictos con los intereses legítimos del MUS y el BCE en caso de que un antiguo miembro del Consejo de Supervisión comience a trabajar en el sector bancario que anteriormente supervisaba.
(77) A fin de desempeñar sus funciones de supervisión con eficacia, el BCE debe disponer de los recursos adecuados. Dichos recursos deben obtenerse de una forma que garantice la independencia del BCE frente a influencias indebidas de las autoridades nacionales competentes y de los participantes en el mercado, así como la separación entre las funciones de supervisión y las relacionadas con la política monetaria. Los costes de la supervisión deben ser soportados por las entidades que sean objeto de la misma. El ejercicio de las funciones de supervisión del BCE debe financiarse, por tanto, mediante tasas anuales cobradas a las entidades de crédito establecidas en los Estados miembros participantes. Debería, asimismo, poder cobrar tasas a las sucursales establecidas en un Estado miembro participante por una entidad de crédito establecida en un Estado miembro no participante para sufragar los gastos realizados por el BCE al desempeñar respecto de dichas sucursales sus funciones de supervisor de acogida. En caso de que una entidad de crédito o una sucursal sea supervisada en base consolidada, la tasa deberá cobrarse en el nivel más alto de una entidad de crédito dentro del grupo de que se trate con establecimiento en los Estados miembros participantes. El cálculo de las tasas deberá excluir las sucursales establecidas en Estados miembros no participantes.
(78) Cuando una entidad de crédito esté incluida en una supervisión consolidada, la tasa deberá calcularse en el nivel más elevado de consolidación dentro de los Estados miembros participantes y deberá asignarse a las entidades de crédito establecidas en un Estado miembro participante e incluirse en la supervisión consolidada, con arreglo a criterios objetivos relacionados con la importancia y el perfil de riesgo, incluidos los activos ponderados por riesgo.
(79) Para llevar a cabo con eficacia la supervisión, es indispensable contar con personal imparcial, con la formación adecuada y altamente motivado. A fin de crear un mecanismo de supervisión realmente integrado, conviene prever la posibilidad de intercambios de personal y comisiones de servicio entre todas las autoridades nacionales competentes y el BCE. Con objeto de garantizar un control por homólogos de manera permanente, sobre todo en la supervisión de grandes entidades de crédito, el BCE debe estar facultado para solicitar que en los equipos nacionales de supervisión participe también personal de las autoridades competentes de otros Estados miembros participantes, posibilitando la formación de equipos de supervisión de diversa procedencia geográfica con experiencia y un perfil específicos. El intercambio y el envío de personal en comisión de servicio deben establecer una cultura de supervisión común. El BCE debe informar periódicamente del número de miembros del personal de las autoridades nacionales competentes que se envía en comisión de servicio al BCE a efectos del funcionamiento del MUS.
(80) Teniendo en cuenta la globalización de los servicios bancarios y la importancia creciente de las normas internacionales, el BCE debe llevar a cabo sus funciones respetando las normas internacionales y dialogando y cooperando estrechamente con los supervisores de terceros países, sin duplicar el papel internacional de la ABE. Se debe habilitar al BCE para que establezca contactos y alcance acuerdos administrativos con las autoridades de supervisión y las administraciones de terceros países y con las organizaciones internacionales, en coordinación con la ABE y respetando plenamente al mismo tiempo las funciones actuales y las competencias respectivas de los Estados miembros y de las instituciones de la Unión.
(81) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (8) , y el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (9) , son plenamente aplicables al tratamiento de los datos personales por el BCE a efectos del presente Reglamento.
(82) El Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (10) , es aplicable al BCE. El BCE adoptó la Decisión BCE/2004/11 (11) , relativa a las condiciones que rigen las investigaciones que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude efectúe en el Banco Central Europeo en materia de lucha contra el fraude.
(83) A fin de velar por que las entidades de crédito sean objeto de una supervisión de la máxima calidad en la que no interfieran consideraciones de índole no prudencial, y por que se aborden de manera eficaz y oportuna los efectos negativos que una evolución adversa del mercado puede tener en las entidades de crédito y los Estados miembros, teniendo en cuenta que dichos efectos se refuerzan mutuamente, el BCE debe empezar a ejercer sus funciones de supervisión lo antes posible. Sin embargo, la transferencia de las funciones de supervisión de los supervisores nacionales al BCE requiere cierta preparación. Así pues, debe preverse un período adecuado de implantación progresiva.
(84) A la hora de adoptar las disposiciones operativas detalladas para la ejecución de las funciones que le confiere el presente Reglamento, el BCE debe contemplar disposiciones transitorias que garanticen la conclusión de los procedimientos de supervisión en curso, con inclusión de cualquier decisión o medida adoptada o cualquier investigación iniciada antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.
(85) En su comunicación de 28 de noviembre de 2012 relativa a un Plan director para una unión económica y monetaria profunda y auténtica, la Comisión puntualizaba que «el artículo 127, apartado 6, del TFUE podría modificarse para hacer que sea de aplicación el procedimiento legislativo ordinario y eliminar algunas de las restricciones jurídicas que se aplican actualmente al diseño del MUS (por ejemplo, incorporar una opción de participación directa e irrevocable de los Estados miembros cuya moneda no es el euro en el MUS, más allá del modelo de "estrecha cooperación", conceder a los Estados miembros cuya moneda no es el euro que participen en el MUS la plena igualdad de derechos en el proceso decisorio del BCE, e ir todavía más allá en la separación interna del proceso decisorio en materia de política monetaria y de supervisión)». Asimismo, la Comisión señalaba que «un punto específico que debería abordarse sería el refuerzo de la responsabilidad democrática en el BCE en la medida en que actúa como supervisor bancario». Se recuerda que el TUE establece que el Gobierno de cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo o la Comisión podrán presentar proyectos de revisión de los Tratados que podrán referirse a cualquier aspecto contemplado en estos últimos.
(86) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a la protección de datos de carácter personal, a la libertad de empresa, a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, y debe aplicarse de conformidad con tales derechos y principios.
(87) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, establecer un marco eficiente y efectivo para el ejercicio, por parte de una institución de la Unión, de funciones de supervisión específicas de las entidades de crédito y garantizar la aplicación coherente del código normativo único a dichas entidades, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, a nivel individual, y, por consiguiente, en razón de la estructura paneuropea del mercado bancario y de las repercusiones en otros Estados miembros de las quiebras de las entidades de crédito, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
Las entidades contempladas en el artículo 2, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión (12) , quedan excluidas de las funciones de supervisión atribuidas al BCE de conformidad con el artículo 4 del presente Reglamento. El ámbito de aplicación de las funciones de supervisión del BCE se limita a la supervisión prudencial de las entidades de crédito de conformidad con el presente Reglamento. El presente Reglamento no otorga al BCE ninguna otra función de supervisión, como funciones relativas a la supervisión prudencial de contrapartes centrales.
2) «autoridad nacional competente»: toda autoridad nacional competente designada por los Estados miembros participantes, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión (13) , y con la Directiva 2013/36/UE;
3) «entidad de crédito»: una entidad de crédito según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) nº 575/2013;
4) «sociedad financiera de cartera»: una sociedad financiera de cartera según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 20, del Reglamento (UE) nº 575/2013;
5) «sociedad financiera mixta de cartera»: una sociedad financiera mixta de cartera según la definición del artículo 2, punto 15, de la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero (14) ;
8) «participación cualificada»: una participación cualificada según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 36, del Reglamento (UE) nº 575/2013;
2. A los efectos del presente Reglamento, el BCE participará en la Junta de Supervisores de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), en las condiciones establecidas en el artículo 40 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.
a) autorizar a las entidades de crédito y revocar la autorización de las entidades de crédito a reserva de lo dispuesto en el artículo 14;
b) llevar a cabo las funciones que corresponderían a la autoridad competente del Estado miembro de origen según el Derecho aplicable de la Unión, en relación con las entidades de crédito establecidas en un Estado miembro participante que deseen establecer una sucursal o prestar servicios transfronterizos en un Estado miembro no participante;
c) evaluar las notificaciones de adquisición y de venta de participaciones cualificadas en entidades de crédito, salvo en caso de resolución de una entidad bancaria, y a reserva de lo dispuesto en el artículo 15;
d) velar por el cumplimiento de los actos a los que hace referencia en el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, que imponen requisitos prudenciales a las entidades de crédito en materia de fondos propios, titulización, limitación de grandes exposiciones, liquidez, apalancamiento, y notificación y publicación de información sobre estas cuestiones;
Véase Decisión (UE) 2019/322 del Banco Central Europeo, de 31 de enero de 2019, sobre la delegación de la facultad de adoptar decisiones relativas a las competencias de supervisión conferidas por el derecho nacional (BCE/2019/4) («D.O.U.E.L.» 25 febrero).
Véase Decisión (UE) 2018/546 del Banco Central Europeo, de 15 de marzo de 2018, sobre la delegación de la facultad de adoptar decisiones de fondos propios (BCE/2018/10) («D.O.U.E.L.» 6 abril).
Véase Decisión BCE/2015/4 del Banco Central Europeo, de 4 de febrero de 2015, sobre las condiciones con sujeción a las cuales las entidades de crédito pueden incluir los beneficios provisionales o de cierre de ejercicio en su capital de nivel 1 ordinario de acuerdo con el artículo 26, apartado 2, del Reglamento (UE) n° 575/2013 («D.O.U.E.L.» 25 abril).
e) garantizar el cumplimiento de los actos mencionados en el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, que imponen a las entidades de crédito requisitos de implantación de estructuras sólidas de gobernanza, incluidos requisitos de idoneidad de las personas responsables de la gestión de las entidades de crédito, procesos de gestión de riesgos, mecanismos internos de control, y políticas y prácticas de remuneración, y procesos internos eficaces de evaluación de la adecuación del capital, en particular modelos basados en calificaciones internas;
Véase Decisión (UE) 2017/935 del Banco Central Europeo, de 16 de noviembre de 2016, sobre la delegación de la facultad de adoptar decisiones de idoneidad y sobre la evaluación del cumplimiento de los requisitos de idoneidad (BCE/2016/42) («D.O.U.E.L.» 1 junio 2017).
f) llevar a cabo revisiones supervisoras —que incluyan, si procede en coordinación con la ABE, la realización de pruebas de resistencia y la posible publicación de sus resultados— para determinar si las estructuras, estrategias, procesos y mecanismos establecidos por las entidades de crédito y los fondos propios de dichas entidades garantizan una gestión y cobertura adecuadas de sus riesgos, y, sobre la base de ese proceso de revisión supervisora, imponer a las entidades de crédito requisitos específicos de fondos propios adicionales, requisitos específicos de publicación, requisitos específicos de liquidez y otras medidas en los casos en que el Derecho aplicable de la Unión permita expresamente a las autoridades competentes intervenir en ese sentido;
g) proceder a la supervisión en base consolidada de las empresas matrices de entidades de crédito establecidas en uno de los Estados miembros participantes, incluidas las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera, y participar en la supervisión en base consolidada, en particular en los colegios de supervisores, sin perjuicio de la participación en dichos colegios, en calidad de observadores, de las autoridades nacionales competentes, en relación con las empresas matrices no establecidas en uno de los Estados miembros participantes;
h) participar en la supervisión adicional de los conglomerados financieros en relación con las entidades de crédito que formen parte de ellos y asumir la función de coordinador cuando el BCE sea nombrado coordinador para un conglomerado financiero, de conformidad con los criterios establecidos en el Derecho aplicable de la Unión;
i) realizar funciones de supervisión en relación con los planes de recuperación y la intervención temprana cuando una entidad de crédito o un grupo respecto del cual el BCE sea el supervisor en base consolidada incumpla o vaya a incumplir probablemente los requisitos prudenciales aplicables, y, únicamente en los casos en que el Derecho aplicable de la Unión estipule explícitamente la intervención de las autoridades competentes, en relación con los cambios estructurales que han de introducir las entidades de crédito para evitar dificultades financieras o impagos, con exclusión de toda atribución en materia de resolución.
Véase Reglamento (UE) 2015/534 del Banco Central Europeo, de 17 de marzo de 2015, sobre la presentación de información financiera con fines de supervisión (BCE/2015/13) («D.O.U.E.L.» 31 marzo).
A tal fin, el BCE adoptará directrices y recomendaciones, y tomará decisiones a reserva y en cumplimiento del Derecho aplicable de la Unión, incluidos los actos legislativos y no legislativos, en particular los contemplados en los artículos 290 y 291 del TFUE. Estará sujeto, en particular, a las normas técnicas de regulación y de ejecución de carácter obligatorio elaboradas por la ABE y adoptadas por la Comisión de conformidad con los artículos 10 a 15 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, al artículo 16 de dicho Reglamento, así como a las disposiciones de dicho Reglamento sobre el manual de supervisión europeo elaborado por la ABE de conformidad con el presente Reglamento. El BCE también podrá adoptar reglamentos, pero solo en la medida necesaria para organizar o especificar las modalidades de ejecución de las funciones encomendadas por el presente Reglamento. Véase Decisión BCE/2015/7 del Banco Central Europeo, de 11 de febrero de 2015, sobre la metodología y procedimientos para la determinación y recopilación de datos relativos a los factores de la tasa utilizados para calcular la tasa de supervisión anuales («D.O.U.E.L.» 28 marzo). Véase Reglamento (UE) nº 1163/2014 del Banco Central Europeo, de 22 de octubre de 2014, sobre las tasas de supervisión (BCE/2014/41) («D.O.U.E.L.» 31 octubre).
Cuando sea necesario, el BCE contribuirá en cualquier calidad participativa a la elaboración de proyectos de normas técnicas de regulación o de normas técnicas de ejecución por la ABE de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1093/2010, o señalará a la ABE la posible necesidad de presentar a la Comisión proyectos de normas que modifiquen las normas técnicas de regulación o de ejecución existentes.
Véase Reglamento (UE) 2018/1845 del Banco Central Europeo, de 21 de noviembre de 2018, sobre el ejercicio de la facultad conferida en el artículo 178, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de definir el umbral de importancia de las obligaciones crediticias en mora (BCE/2018/26) («D.O.U.E.L.» 26 noviembre).
Véase Recomendación 2017/C 120/02 del Banco Central Europeo, de 4 de abril de 2017, sobre las condiciones comunes para el ejercicio por las autoridades nacionales competentes de ciertas opciones y facultades que ofrece el derecho de la Unión respecto de las entidades menos significativas (BCE/2017/10) («D.O.U.E.C.» 13 abril).
Véase Orientación (UE) 2016/1993 del Banco Central Europeo, de 4 de noviembre de 2016, por la que se establecen los principios para la coordinación de la evaluación en virtud del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, y el seguimiento de los sistemas institucionales de protección incluidas las entidades significativas y menos significativas (BCE/2016/37) («D.O.U.E.L.» 15 noviembre).
Véase Reglamento (UE) 2016/445 del Banco Central Europeo, de 14 de marzo de 2016, sobre el ejercicio de las opciones y facultades que ofrece el derecho de la Unión (BCE/2016/4) («D.O.U.E.L.» 24 marzo).
Véase Recomendación del Banco Central Europeo, de 17 de diciembre de 2015, sobre las políticas de reparto de dividendos (BCE/2015/49)(«D.O.U.E.C.» 30 diciembre).
Véase Decisión (UE) 2015/2218 del Banco Central Europeo, de 20 de noviembre de 2015, sobre el procedimiento para excluir a empleados de la presunción de que sus actividades tienen una incidencia importante en el perfil de riesgo de la entidad de crédito supervisada (BCE/2015/38) («D.O.U.E.L.» 1 diciembre).
Véase Recomendación BCE/2015/2 del Banco Central Europeo, de 28 de enero de 2015, sobre las políticas de reparto de dividendos («D.O.U.E.C.» 13 febrero).
Véase Reglamento (UE) nº 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS) (BCE/2014/17) («D.O.U.E.L.» 14 mayo).
1. Siempre que se considere oportuno o necesario, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, las autoridades nacionales competentes o designadas de los Estados miembros participantes impondrán requisitos en lo que se refiere a los colchones de capital que hayan de mantener las entidades de crédito, además de los requisitos de fondos propios a que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra d), del presente Reglamento, incluidos los porcentajes de los colchones anticíclicos, y tomarán cualquier otra medida destinada a subsanar riesgos sistémicos o macroprudenciales que esté contemplada en el Reglamento (UE) nº 575/2013 y en la Directiva 2013/36/UE, en lo que atañe a las entidades de crédito, en los casos expresamente previstos en los actos pertinentes del Derecho de la Unión. Diez días hábiles antes de tomar una decisión de este tipo, la autoridad de que se trate notificará debidamente su intención al BCE. En caso de que el BCE se oponga, deberá exponer sus razones por escrito dentro de un plazo de cinco días hábiles. La autoridad de que se trate deberá considerar debidamente las razones del BCE antes de proceder con la decisión según resulte oportuno.
2. El BCE podrá, si lo considera necesario, en lugar de las autoridades nacionales competentes o designadas del Estado miembro participante, imponer requisitos más elevados que los aplicados por las autoridades nacionales competentes o designadas de los Estados miembros participantes en lo que respecta a los colchones de capital que han de mantener las entidades de crédito, de conformidad con el Derecho de la Unión pertinente, además de los requisitos de fondos propios a que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra d), del presente Reglamento, incluidos los porcentajes de los colchones anticíclicos, a reserva de las condiciones establecidas en los apartados 4 y 5 del presente artículo, y aplicar medidas más rigurosas para subsanar riesgos sistémicos o macroprudenciales a nivel de las entidades de crédito en los casos expresamente previstos en la legislación pertinente de la Unión, y supeditados a los procedimientos previstos en el Reglamento (UE) nº 575/2013 y en la Directiva 2013/36/UE.
Véase Orientación (UE) 2017/697 del Banco Central Europeo, de 4 de abril de 2017, sobre el ejercicio por las autoridades nacionales competentes de las opciones y facultades que ofrece el derecho de la Unión respecto de las entidades menos significativas (BCE/2017/9) («D.O.U.E.L.» 13 abril).
Véase Decisión (UE) 2017/274 del Banco Central Europeo, de 10 de febrero de 2017, por la que se establecen los principios aplicables a la evaluación del rendimiento de los subcoordinadores de las autoridades nacionales competentes y se deroga la Decisión (UE) 2016/3 (BCE/2017/6) («D.O.U.E.L.» 17 febrero).
Véase Orientación (UE) 2016/1994 del Banco Central Europeo, de 4 de noviembre de 2016, sobre el enfoque para el reconocimiento de sistemas institucionales de protección a efectos prudenciales por las autoridades nacionales competentes de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (BCE/2016/38) («D.O.U.E.L.» 15 noviembre).
Véase Decisión (UE) 2016/188 del Banco Central Europeo, de 11 de diciembre de 2015, sobre el acceso del Banco Central Europeo y de las autoridades nacionales competentes del Mecanismo Único de Supervisión a los sistemas, aplicaciones, plataformas y servicios electrónicos del MUS y su utilización (BCE/2015/47) («D.O.U.E.L.» 12 febrero 2016).
Véase Decisión (UE) 2015/811 del Banco Central Europeo, de 27 de marzo de 2015, sobre el acceso público a documentos del Banco Central Europeo en poder de las autoridades nacionales competentes (BCE/2015/16) («D.O.U.E.L.» 23 mayo).
Véase Decisión (UE) 2017/1198 del Banco Central Europeo, de 27 de junio de 2017, sobre la presentación por las autoridades nacionales competentes al Banco Central Europeo de los planes de financiación de las entidades de crédito (BCE/2017/21) («D.O.U.E.L.» 5 julio).
Véase Decisión BCE/2014/29 del Banco Central Europeo, de 2 de julio de 2014, sobre la presentación al Banco Central Europeo de los datos de supervisión transmitidos a las autoridades nacionales competentes por las entidades supervisadas conforme al Reglamento de Ejecución (UE) nº 680/2014 de la Comisión («D.O.U.E.L.» 19 julio).
— aquellas que sean menos significativas en base consolidada, con el mayor nivel de consolidación existente dentro de los Estados miembros participantes, o individualmente en el caso específico de las sucursales, que estén establecidas en Estados miembros participantes, de las entidades de crédito establecidas en Estados miembros no participantes. El carácter significativo se evaluará basándose en los siguientes criterios:
i) tamaño,
ii) importancia para la economía de la Unión o de cualquier Estado miembro participante,
iii) carácter significativo de las actividades transfronterizas.
i) que el valor total de sus activos supere los 30 000 000 000 EUR,
ii) que la ratio de sus activos totales respecto del PIB del Estado miembro participante de establecimiento supere el 20 %, a menos que el valor total de sus activos sea inferior a 5 000 000 000 EUR,
iii) que, previa notificación por su autoridad nacional competente en el sentido de que considera que esa entidad tiene importancia significativa para la economía nacional, el BCE tome una decisión por la que confirma dicho carácter significativo tras haber realizado una evaluación global, incluida una evaluación del balance, de dicha entidad financiera.
a) el BCE emitirá, a la atención de las autoridades nacionales competentes, reglamentos, directrices o instrucciones generales, de conformidad con las cuales las autoridades nacionales competentes ejercerán las funciones definidas en el artículo 4, apartado 1, con excepción de sus letras a) y c), y adoptarán las decisiones de supervisión correspondientes.
b) cuando sea necesario para garantizar una aplicación coherente de normas de supervisión estrictas, el BCE podrá decidir en cualquier momento, por iniciativa propia previa consulta de las autoridades nacionales competentes o a instancia de una autoridad nacional competente, ejercer por sí mismo directamente todos los poderes pertinentes por lo que respecta a una o varias de las entidades de crédito a que se refiere el artículo 4, incluso en el caso en que se haya solicitado o recibido indirectamente asistencia financiera de la FEEF o del MEDE;
c) el BCE ejercerá la vigilancia del funcionamiento del sistema, basada en las competencias y procedimientos establecidos en el presente artículo, y, en particular, en su apartado 7, letra c);
d) el BCE podrá hacer uso en cualquier momento de los poderes contemplados en los artículos 10 a 13; Véase Reglamento (UE) 2015/534 del Banco Central Europeo, de 17 de marzo de 2015, sobre la presentación de información financiera con fines de supervisión (BCE/2015/13) («D.O.U.E.L.» 31 marzo).
e) el BCE también podrá pedir a las autoridades nacionales competentes, con carácter ocasional o permanente, información sobre el ejercicio de las funciones que desempeñen en virtud del presente artículo.
a) el método concreto de evaluación de los criterios a que se refiere el apartado 4, párrafos primero, segundo y tercero, y los criterios según los cuales el apartado 4, párrafo cuarto, deja de aplicarse a una entidad financiera específica y las modalidades resultantes a efectos de la aplicación de los apartados 5 y 6. Estas modalidades y el método para evaluar los criterios a que se refiere el apartado 4, párrafos primero, segundo y tercero, se revisarán para reflejar en ellas cualquier cambio de importancia, y velarán por que, cuando se haya considerado que una entidad de crédito es significativa o menos significativa, solo pueda modificarse esa evaluación en caso de modificación sustancial y no transitoria de las circunstancias, especialmente de las circunstancias relativas a la situación de la entidad de crédito que sean pertinentes respecto de tal evaluación;
b) la definición de los procedimientos, incluidos los plazos, y la posibilidad de elaborar proyectos de decisiones que se hayan de someter a la consideración del BCE, correspondientes a la relación entre el BCE y las autoridades nacionales competentes respecto de la supervisión de entidades de crédito que no se consideren menos significativas de conformidad con el apartado 4;
c) la definición de los procedimientos, incluidos los plazos, correspondientes a la relación entre el BCE y las autoridades nacionales competentes respecto de la supervisión de entidades de crédito que se consideren menos significativas de conformidad con el apartado 4. En función de los casos definidos en las disposiciones marco, dichos procedimientos exigirán, en particular, a las autoridades nacionales competentes:
i) que notifiquen al BCE todo procedimiento de supervisión material,
ii) que evalúen ulteriormente, a petición del BCE, aspectos concretos del procedimiento,
iii) que transmitan al BCE todo proyecto de decisión de supervisión sustantiva sobre la que el BCE pueda manifestar su opinión.
Véase Reglamento (UE) 2016/445 del Banco Central Europeo, de 14 de marzo de 2016, sobre el ejercicio de las opciones y facultades que ofrece el derecho de la Unión (BCE/2016/4) («D.O.U.E.L.» 24 marzo). Véase Reglamento (UE) nº 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS) (BCE/2014/17) («D.O.U.E.L.» 14 mayo).
a) que el Estado miembro de que se trate notifique a los demás Estados miembros, a la Comisión, al BCE y a la ABE su deseo de establecer una cooperación estrecha con el BCE en relación con el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 4 y 5 con respecto a todas las entidades de crédito establecidas en el Estado miembro de que se trate, de conformidad con el artículo 6;
b) que en la notificación el Estado miembro de que se trate se comprometa a:
— velar por que su autoridad nacional competente o su autoridad nacional designada acate todas las orientaciones o solicitudes formuladas por el BCE, y
— proporcionar toda la información sobre las entidades de crédito establecidas en su territorio que el BCE pueda requerir para llevar a cabo una evaluación global de dichas entidades;
c) que el Estado miembro de que se trate haya adoptado la legislación nacional pertinente que garantice que su autoridad nacional competente está obligada a adoptar, en relación con las entidades de crédito, cualquier medida que le solicite el BCE, de conformidad con el apartado 4.
a) cuando, a juicio del BCE, el Estado miembro de que se trate deje de cumplir las condiciones establecidas en el apartado 2, letras a) a c), o
b) cuando, a juicio del BCE, la autoridad nacional competente de un Estado miembro no actúe de conformidad con la obligación contemplada en el apartado 2, letra c).
a) si la ausencia de dicha suspensión o cese puede poner en peligro la integridad del mecanismo único de supervisión o tener consecuencias adversas significativas respecto a las responsabilidades presupuestarias de los Estados miembros;
b) si la suspensión o cese puede tener consecuencias adversas significativas respecto a las responsabilidades presupuestarias en el Estado miembro que haya notificado su desacuerdo motivado de conformidad con el artículo 26, apartado 8;
c) si tiene o no la certeza de que la autoridad nacional competente de que se trate ha adoptado medidas que, en opinión del BCE:
— garantizan que las entidades de crédito del Estado miembro que notificó su desacuerdo motivado con arreglo al párrafo anterior no son objeto de un trato más favorable que las entidades de crédito de los demás Estados miembros participantes, y
— tienen la misma eficacia que la decisión del Consejo de Gobierno contemplada en el párrafo segundo del presente apartado en lo que se refiere a la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 1 y a la garantía de cumplimiento del Derecho aplicable de la Unión.
Véase Decisión BCE/2014/5 del Banco Central Europeo, de 31 de enero de 2014, sobre la cooperación estrecha con las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros participantes cuya moneda no sea el euro («D.O.U.E.L.» 5 julio).
a) entidades de crédito establecidas en los Estados miembros participantes;
b) sociedades financieras de cartera establecidas en los Estados miembros participantes;
c) sociedades financieras mixtas de cartera establecidas en los Estados miembros participantes;
d) sociedades mixtas de cartera establecidas en los Estados miembros participantes;
e) personas pertenecientes a las entidades contempladas en las letras a) a d);
f) terceros a los que las entidades contempladas en las letras a) a d) hayan subcontratado funciones o actividades.
b) examinar los libros y registros de las personas contempladas en el artículo 10, apartado 1, y obtener copias o extractos de dichos libros y registros;
c) obtener explicaciones escritas o verbales de cualquier persona contemplada en el artículo 10, apartado 1, o de sus representantes o personal;
d) entrevistar a cualquier otra persona que acepte ser entrevistada a fin de recabar información relacionada con el objeto de una investigación.
a) si la entidad de crédito no cumple los requisitos establecidos en los actos a que se refiere el artículo 4, apartado 3, párrafo primero;
b) si el BCE tiene pruebas de que es probable que la entidad de crédito incumpla dentro de los doce meses siguientes los requisitos establecidos en los actos a que se refiere el artículo 4, apartado 3, párrafo primero;
c) si se determina, en el marco de una revisión supervisora de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra f), que las estructuras, estrategias, procesos y mecanismos establecidos por la entidad de crédito y los fondos propios y la liquidez que posee la entidad no garantizan una gestión y cobertura adecuadas de sus riesgos.
a) exigir a las entidades que mantengan fondos propios superiores a los requisitos de capital establecidos en los actos a que se refiere el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, en relación con riesgos y elementos de riesgo no cubiertos por los actos pertinentes de la Unión;
b) exigir que se refuercen las estructuras, procesos, mecanismos y estrategias;
c) exigir a las entidades que presenten un plan para restablecer el cumplimiento de los requisitos de supervisión en virtud de los actos a que se refiere el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, fijando un plazo para su ejecución, y que introduzcan en el plan las mejoras necesarias en lo que atañe a su alcance y al plazo de ejecución;
d) exigir que las entidades apliquen una política específica de dotación de provisiones o un determinado tratamiento de los activos en cuanto a requisitos de fondos propios;
e) restringir o limitar la actividad, las operaciones o la red de entidades o solicitar el abandono de actividades que planteen riesgos excesivos para la solidez de una entidad;
f) exigir la reducción del riesgo inherente a las actividades, productos y sistemas de las entidades;
g) exigir a las entidades que limiten la remuneración variable, establecida como porcentaje de los ingresos netos, cuando resulte incompatible con el mantenimiento de una base sólida de capital;
h) exigir a las entidades que utilicen los beneficios netos para reforzar los fondos propios;
i) prohibir o restringir la distribución por la entidad de dividendos a accionistas, socios o titulares de instrumentos de capital adicional de nivel 1, siempre y cuando la prohibición no constituya un supuesto de impago de la entidad;
j) imponer requisitos de información adicionales o más frecuentes, incluida la información sobre posiciones de capital y de liquidez;
k) imponer requisitos específicos de liquidez, incluidas restricciones de los desfases de vencimiento entre activos y pasivos;
l) exigir la comunicación de información complementaria;
m) destituir en cualquier momento a los miembros del órgano de gestión de las entidades de crédito que incumplan los requisitos establecidos en los actos a que se refiere el artículo 4, apartado 3, párrafo primero.
4. El BCE aplicará el presente artículo de conformidad con los actos a que se refiere el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del presente Reglamento, incluidos los procedimientos que se establecen en el Reglamento (CE) nº 2532/98, según corresponda.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 6, a efectos del ejercicio de las funciones que le atribuye el presente Reglamento, el BCE podrá imponer sanciones en caso de incumplimiento de sus reglamentos o decisiones, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 2532/98.
Véase Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo relativo a las normas prácticas de ejecución de la rendición de cuentas democrática y de la supervisión del ejercicio de las tareas encomendadas al Banco Central Europeo en el marco del mecanismo único de supervisión («D.O.U.E.L.» 30 noviembre).
Véase Decisión BCE/2014/16 del Banco Central Europeo, de 14 de abril de 2014, sobre el establecimiento del Comité Administrativo de Revisión y sus normas de funcionamiento («D.O.U.E.L.» 14 junio).
Véase Reglamento (UE) nº 673/2014 del Banco Central Europeo de 2 de junio de 2014 sobre el establecimiento de la Comisión de mediación y su reglamento interno -BCE/2014/26- («D.O.U.E.L.» 19 junio).
Véase Decisión BCE/2014/39 del Banco Central Europeo, de 17 de septiembre de 2014, sobre la aplicación de la separación entre las funciones de política monetaria y supervisión del Banco Central Europeo («D.O.U.E.L.» 18 octubre).
Véase Decisión (UE) 2017/933 del Banco Central Europeo, de 16 de noviembre de 2016, sobre el régimen general de delegación de facultades de decisión respecto de instrumentos jurídicos relativos a las funciones de supervisión (BCE/2016/40) («D.O.U.E.L.» 1 junio 2017).
7. No obstante lo dispuesto en el apartado 6 del presente artículo, el Consejo de Supervisión adoptará las decisiones relativas al artículo 4, apartado 3, por mayoría cualificada de sus miembros, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 4, del TUE y en el artículo 3 del Protocolo nº 36 sobre las disposiciones transitorias, anejo al TUE y al TFUE, por lo que respecta a los miembros que representen a las autoridades de los Estados miembros participantes. Cada uno de los cuatro representantes del BCE designados por el Consejo de Gobierno dispondrá de un voto igual a la mediana de los votos de los demás miembros.
Véase Reglamento interno del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo («D.O.U.E.L.» 21 junio).
Véase Decisión BCE/2015/17 del Banco Central Europeo, de 10 de abril de 2015, sobre el importe total de las tasas anuales de supervisión para el primer período de la tasa y para 2015. («D.O.U.E.L.» 6 mayo).
Véase Decisión (UE) 2018/667 del Banco Central Europeo, de 19 de abril de 2018, sobre el importe total de las tasas anuales de supervisión para 2018 (BCE/2018/12) («D.O.U.E.L.» 2 mayo).
Véase Decisión BCE/2015/7 del Banco Central Europeo, de 11 de febrero de 2015, sobre la metodología y procedimientos para la determinación y recopilación de datos relativos a los factores de la tasa utilizados para calcular la tasa de supervisión anuales («D.O.U.E.L.» 28 marzo). Véase Reglamento (UE) nº 1163/2014 del Banco Central Europeo, de 22 de octubre de 2014, sobre las tasas de supervisión (BCE/2014/41) («D.O.U.E.L.» 31 octubre).
a) el funcionamiento del MUS dentro del SESF y la repercusión de las actividades de supervisión del BCE en los intereses del conjunto de la Unión, así como en la coherencia e integridad del mercado interior de servicios financieros, incluida su posible repercusión en las estructuras de los sistemas bancarios nacionales dentro de la Unión, y en lo que respecta a la eficacia de los mecanismos de cooperación y puesta en común de información entre el MUS y las autoridades competentes de los Estados miembros no participantes;
b) la división de tareas entre el BCE y las autoridades nacionales competentes dentro del MUS, la eficacia de las modalidades prácticas de organización adoptadas por el BCE, y la incidencia del MUS en el funcionamiento de los colegios de supervisores restantes;
c) la eficacia de los poderes de supervisión y de sanción del BCE y la conveniencia de atribuir al BCE nuevos poderes sancionadores, también en relación con personas distintas de las entidades de crédito, las sociedades financieras de cartera o las sociedades financieras mixtas de cartera;
d) la adecuación de las disposiciones establecidas, respectivamente, para las funciones e instrumentos macroprudenciales en virtud del artículo 5, y para la concesión y revocación de autorizaciones en virtud del artículo 14;
e) la eficacia de las disposiciones en materia de independencia y rendición de cuentas;
f) la interacción entre el BCE y la ABE;
g) la idoneidad de la estructura de gobernanza, incluida la composición y las modalidades de votación del Consejo de Supervisión y sus relaciones con el Consejo de Gobierno, así como la colaboración en el Consejo de Supervisión entre los Estados miembros cuya moneda es el euro y los demás Estados miembros participantes en el MUS;
h) la interacción entre el BCE y las autoridades competentes de Estados miembros no participantes y los efectos del MUS en esos Estados miembros;
i) la eficacia del mecanismo de recurso contra las decisiones del BCE;
j) la relación coste-eficacia del MUS;
k) las posibles consecuencias de la aplicación del artículo 7, apartados 6, 7 y 8, sobre el funcionamiento y la integridad del MUS;
l) la eficacia de la separación entre la función de supervisión y la de política monetaria dentro del BCE, así como de la separación de los recursos financieros asignados a las funciones de supervisión del presupuesto del BCE, teniendo en cuenta las posibles modificaciones de las disposiciones jurídicas pertinentes, inclusive en el marco del Derecho primario;
m) las repercusiones presupuestarias que puedan tener las decisiones de supervisión del MUS en los Estados miembros participantes, y el impacto de cualquier evolución relacionada con los mecanismos de financiación de la resolución de incumplimientos;
n) las posibilidades de seguir desarrollando el MUS, atendiendo a las posibles modificaciones de las disposiciones pertinentes, inclusive en el marco del Derecho primario, y teniendo en cuenta la posibilidad de que deje de estar vigente la justificación de las disposiciones institucionales del presente Reglamento, incluida la posibilidad de la plena armonización de los derechos y obligaciones de los Estados miembros cuya moneda es el euro y de los demás Estados miembros participantes.
Véase Decisión BCE/2015/7 del Banco Central Europeo, de 11 de febrero de 2015, sobre la metodología y procedimientos para la determinación y recopilación de datos relativos a los factores de la tasa utilizados para calcular la tasa de supervisión anuales («D.O.U.E.L.» 28 marzo).
DO L 331 de 15.12.2010, p. 48.
DO C 40 de 7.2.2001, p. 453.
DO C 25 E de 29.1.2004, p. 394.
DO L 318 de 27.11.1998, p. 4.
DO 17 de 6.10.1958, p. 385.
Decisión BCE/2004/11 del Banco Central Europeo, de 3 de junio de 2004, relativa a las condiciones que rigen las investigaciones que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude efectúe en el Banco Central Europeo en materia de lucha contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y por la que se modifican las Condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo (DO L 230 de 30.6.2004, p. 56).
DO L 35 de 11.2.2003, p. 1.

References: Artículo 4

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