Source: https://www.derechoynormas.com/2007/08/
Timestamp: 2018-08-17 13:54:49+00:00

Document:
Con anterioridad he sido crítico con la propuesta de modificación de la LPI (pdf) presentada por la Asamblea de Extremadura.
Uno de los postulados esenciales del texto remitido, y admitido a trámite por el Congreso, pone de relieve la importancia del dominio público, solicitando como modificación del artículo 17 la posibilidad de que la obra entre en el dominio público por la voluntad del autor.
Siendo la única de las partes de la reforma propuesta con la que no estoy en absoluto desacuerdo, la misma resulta claramente insuficiente para los fines propuestos.
Por un lado se circunscribe al ámbito digital exclusivamente, excluyendo las obras que se encuentren en soportes físicos como el papel, etc.
Y por otro lado porque esa simple referencia del artículo 17 es insuficiente pues no resuelve los problemas que una medida como el permitir la entrada en el dominio público anticipado de las obras por la voluntad de su autor.
Dado que es bueno criticar, pero también es bueno no solo aportar argumentos para la crítica, sino aportar las soluciones al problema planteado me gustaría lanzar desde este humilde sitio una propuesta de reforma de la LPI que permita la entrada de las obras en el Dominio Público si así lo decide su autor.
Invito a todo aquel interesado en que los autores puedan tener la posibilidad de poner sus obras en el Dominio Público a participar en este debate, así como a difundir la propuesta lo máximo posible.
La propuesta que transcribo a continuación, con certeza, es incompleta, en primer lugar por las limitaciones derivadas de mi desconocimiento en algunos aspectos, pero también por mi voluntad de dejar un espacio a la opinión de terceras personas en la creencia de que esos “olvidos” animarán a algunos de los grandes pensadores sobre copyleft, dominio público y propiedad intelectual de este país a participar en el debate.
Mi ilusión es que esta sea un propuesta de todos aquellos a los que nos interesa el dominio público y otras formas de entender la gestión de la propiedad intelectual. En ningún caso creo que esto deba ser patrimonio exclusivo de una sola persona, o grupo de personas, pues las ideas que se aporten serán de todos y por lo tanto así lo será el resultado, esa es también la razón de no presentar una propuesta cerrada y personal, acertada o no.
Una de las necesidades que seguro tendrá el trabajo en la propuesta será el de disponer de una herramienta colaborativa en la que trabajar y exponer públicamente el contenido de la misma según se avance en ella, sometido al escrutinio y crítica pública. Un wiki puede ser la herramienta adecuada, y sobre esto también me gustaría recibir opiniones.
Otro de los aspectos que me interesa de este proyecto es calibrar la posibilidad de que las instituciones, en particular las que tienen la potestad legislativa, se abran a valorar iniciativas ciudadanas como esta y puedan abrir las leyes que a todos nos afectan, con una elaboración plural y pública. No se pretende sustituir la voluntad de los paralmentarios por la opinión de unos ciudadanos, sino simplemente de que los primeros reciban una opinión razonada y meditada sobre una cuestión y resuelvan sobre ella.
En este sentido sería una especie de democracia 2.0.
La Asamblea de Extremadura, visto el contenido de su propuesta en su parte dispositiva, ha demostrado un apreciable interés por la posibilidad de introducir el Dominio Público anticipado. Creo que una propuesta elaborada con las aportaciones de aquellos que llevan mucho tiempo enseñándonos en estos temas puede ser interesante a los efectos de subsanar los errores detectados en la actual y conseguir los objetivos propuestos.
Si todo se desarrolla con normalidad el documento resultante podría presentarse a los miembros de la Asamblea de Extremadura en el plazo de un 2 meses, es decir el 1 de noviembre de 2007 con la firma de todos los intervinientes.
Confluyen pues en este momento varios factores que me animan a presentaros este documento (un ente con capacidad de instar la modificación legislativa necesaria, voluntad para sacar adelante esa reforma y los instrumentos necesarios para coordinar el trabajo de varias personas) pero me falta lo más importante vuestras aportaciones y opiniones.
Texto inicial de trabajo.
En un principio la propuesta va destinada a solventar los problemas derivados de permitir el dominio público anticipado en España, con las correspondientes modificaciones legislativas.
También se proponen algunas otras cuestiones que tienen enfoque o incidencia en el ámbito del copyleft y en el de las licencias/contratos libres, pero son aspectos no esenciales de las mismas, pues su principio básico, la voluntad del autor ya encuentra respaldo legal en el artículo 17.
Creo que abordar otras cuestiones en este momento puede despistarnos del objetivo básico sobre el que hay consenso en la mayor parte de las personas que valoran nuevas formas de entender la propiedad intelectual.
Una propuesta de reforma de la LPI desde el copyleft y por el dominio público.
- El Dominio Público voluntario:
El dominio público en materia de propiedad intelectual es la contrapartida que desde el estado se ofrece a los autores a cambio de que su obra sea puesta en circulación y protegida con carácter exclusivo y el reconocimiento de una serie de derechos sobre la misma. En España se regula en el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI). La redacción actual es la siguiente:
Las obras de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra, en los términos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 14.
Sería conveniente que se introdujese un nuevo párrafo, tras el primero en el que se admitiese el paso de las obras al dominio público por la voluntad expresa de su autor. Quedando el artículo 41 con la siguiente redacción.
La voluntad expresa del autor, o fallecido este de sus herederos, determinará desde el mismo momento de su declaración la entrada en el dominio público de las obras a las que haga referencia.
Problemas de la propuesta:
-Momento de la declaración-
El problema que se plantea es la constancia de la entrada en dominio público de la obra, teniendo en cuenta que la misma se hace depender del momento de la declaración, algo que puede generar inseguridad jurídica si se produce una retirada de la declaración en un momento posterior o no queda constancia de la voluntad del autor de manera fehaciente.
La solución podría plantearse mediante el registro de la voluntad en los Registros de la Propiedad Intelectual competentes, así como un listado actualizado automáticamente dependiente de los propios registros de las obras incluidas y sus copias digitales accesibles.
El mecanismo propuesto debe ir acompañado de herramientas adecuadas al medio en el que se produce de tal manera que no supongan una molestia para el autor ni para el registrador. Esto es particularmente importante para la creación digital y a la vez no parece muy complicado de implementar mediante sistemas “rss” o similares.
-Paso al dominio público de obras futuras-
En relación con lo antedicho la decisión de pasar la obra al dominio público debe poder realizarse de manera coetánea con la propia creación dado que no sería correcto permitir el paso a dominio público de las obras no creadas pues limitaría la capacidad del autor para decidir en cada momento que hacer con cada una de ellas. Habrá unas que le interese pasen al dominio público y otras que no.
Además rompería la lógica de disponer de aquello que no se tiene, pues todavía no se ha creado.
Por lo tanto en coordinación con los Registros de Propiedad Intelectual se puede establecer un sistema informático para la comunicación a este en el que se acompañe automáticamente a la obra de una firma electrónica reconocida y la declaración de voluntad del autor de que la misma pase a dominio público, quedando registradas electrónicamente tanto la fecha de creación de la obra como la declaración de voluntad y automáticamente accesibles a todo el mundo. (Ver modificaciones al régimen de los Registros de Propiedad Intelectual).
-Derechos irrenunciables del autor-
Esta propuesta en nada modifica el régimen de los derechos irrenunciables del autor en relación al dominio público ya que se mantiene la necesidad de respetar la autoría de la obra así como de la integridad de la misma.
La entrada de la obra en el dominio público, como hasta ahora se ha venido entendiendo, supone también el agotamiento de los derechos irrenunciables del autor excepto los expresamente previstos en el artículo 41, de tal modo que puede articularse el dominio público voluntario no como una renuncia a estos derechos sino como una forma más de entrada en el dominio público, de tal manera que no interfiera con el contenido irrenunciable o no de estos.
En este sentido puede apreciarse lo que dispone el artículo 55 LPI, que ya da entrada a la posibilidad de que la propia norma introduzca un régimen diferente.
Artículo 55: Beneficios irrenunciables.
De todas formas, en el caso de generar problemas esta solución siempre podría incluirse un artículo 41 bis que recoja la siguiente redacción:
Artículo 41.bis: De la renuncia a los derechos a favor del dominio público
Cuando el autor de una obra protegida, o fallecido este sus herederos, expresamente manifieste su voluntad de que la misma pase al dominio público de manera anticipada no regirán las limitaciones de disponer en forma de derechos irrenunciables previstos en esta norma, salvo los propios del régimen específico del Dominio Público.
-La declaración de voluntad de los herederos-
Puede ser que los herederos de un autor ya fallecido deseen que la obra de este pase a Dominio Público, renunciando a los derechos, fundamentalmente económicos que puedan corresponderle por la obra del autor.
Estos heredan no sólo los derechos económicos, artículo 42 sino la legitimación para el ejercicio de una serie de derechos morales, artículo 15.
Los derechos del artículo 15.1 son los mismos que los del régimen del Dominio Público, artículos 14.3 y 4, y el derecho del artículo 15.2 se limita a reconocer al heredero el derecho a decidir la divulgación de la obra vigentes los derechos de explotación, algo que en nada interfiere con una posible declaración de la entrada de la obra en dominio público.
Por lo tanto nada parece oponerse a que sean los propios herederos quienes dispongan la entrada anticipada de la obra en el Dominio Público.
- Los derechos irrenunciables del autor:
La Ley de propiedad intelectual prevé que una serie de derechos que concede a favor del autor tengan un carácter irrenunciable para él, de tal manera que quiera o no será titular de los mismos, lo que no supone que necesariamente tenga que ejercitarlos.
Se identifican como derechos irrenunciables del autor los derechos morales, así como una serie de derechos de contenido económico, a los que hay que añadir los beneficios en forma de presunciones o ámbitos de protección sobre la transmisión ínter vivos de derechos que se recoge en el citado artículo 55.
Si bien con la reforma legal propuesta en el apartado anterior se solucionan los posibles problemas relacionados con el Domino Público, estadio último del copyleft, hay toda una serie de opciones “intermedias” que también son enmarcables dentro del denominado movimiento copyleft.
Los derechos irrenunciables del autor han supuesto un problema ya que generalmente el autor que se acoge a este tipo de propuestas lo que pretende es precisamente renunciar a todos o varios de sus derechos sobre la obra y se ha encontrado con límites en este sentido, con derechos reconocidos pero que no tiene ninguna voluntad de ejercer.
Respecto de los derechos morales del artículo 14, el más problemático es el derecho a retirar la obra del comercio, si bien este presenta al autor el riesgo de indemnizar los perjuicios ocasionados a terceros por esa retirada.
-Remuneración compensatoria-
Dado que no existe perjuicio que compensar si un autor utiliza una licencia copyleft, ya que por definición todas incluyen la autorización para la realización de reproducciones por parte de personas físicas, ninguna precisión debe hacerse a este respecto.
Si que sería necesario asegurarse por parte del ministerio de cultura de que el importe total de la remuneración, o el porcentaje a aplicar sobre los medios o soportes tenga en consideración el volumen total de obras que se reproducen y que están licenciadas con licencias que autorizan la reproducción por personas físicas.
Aunque puede entenderse que esta cuestión entra dentro del contenido del artículo 25.6.1, no sería un exceso considerarla expresamente:
1.Con carácter bienal, a partir de la última revisión administrativa, los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio publicarán en el Boletín Oficial del Estado y comunicarán a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y a las asociaciones sectoriales, identificadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que representen mayoritariamente a los deudores a los que se refiere el apartado 4, el inicio del procedimiento para la determinación de los equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago por la compensación equitativa por copia privada, así como para la determinación, en su caso, de las cantidades que los deudores deberán abonar por este concepto a los acreedores.
Entre las cuestiones a tener en cuenta en la determinación de la cuantía, expresamente deberá señalarse los estudios sobre las reproducciones de las obras licenciadas de tal manera que permitan la reproducción a las personas físicas y su impacto en el volumen total de obras reproducidas, a los efectos de minorar el importe total de las cantidades.
Esto es así porque gran parte de las obras que actualmente se reproducen mediante impresoras conectadas a ordenadores por personas físicas son páginas de internet o creaciones propias de su autor, sin que haya constancia de que estos cálculos se apliquen a la determinación del importe sobre estos medios, pro ejemplo.
-Derecho de participación-
El derecho de participación, artículo 24, no presenta problemas, toda vez que se refiere únicamente a obras plásticas y por la venta del soporte de la obra, no de la cesión de los derechos, equivalente al 3% del precio marcado en la subasta.
Por lo tanto en nada afecta a una obra licenciada, incluso cuando la misma se haya declarado en el dominio público, toda vez que afecta al soporte de la obra concreta y no a las reproducciones de la misma y los derechos cedidos.
Símbolos o indicaciones y reserva de derechos
El artículo 146 de la LPI es el más claro exponente del modelo tradicional de derechos y permite que la mera mención un símbolo signifique la reserva de derechos total.
Podría considerarse adecuado adaptar su contenido a las nuevas circunstancias de tal manera que algunos de los símbolos uniformemente reconocidos en el entorno copyleft sean también admitidos como por ejemplo la c invertida.
Así podría quedar un artículo 146 como sigue:
También será admisible la colocación del símbolo (ɔ), o la leyenda copyleft, que informe que se ceden determinados derechos a terceros por el titular o cesionario en exclusiva.
- Registros de Propiedad Intelectual-
Sin ninguna duda los registros de la propiedad intelectual deben adaptar su funcionamiento actual y constituirse en un elemento esencial de la propiedad intelectual, el copyleft en general y el dominio público en particular.
Tras la necesaria reforma y supresión de la necesidad de registrar la obras para el reconocimiento de la autoría y los derechos que lleva aparejada los registros de propiedad intelectual han visto disminuir de una manera considerable su actuación.
Sin embargo los problemas que los formatos presentan y la atención puesta por los ciudadanos en el dominio público pueden hacer que los registros cumplan una interesante función en este sentido.
-Objeto del Registro-
El Real Decreto 281/2003, artículo 1.2, establece como objeto del Registro:
La inscripción o anotación de los actos y contratos de constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos reales y de cualesquiera otros hechos, actos y títulos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a los indicados derechos inscribibles.
Esto de por sí ya es suficiente para que se inscriban las cesiones que tengan causa en una licencia/contrato copyleft por ejemplo.
Por lo tanto existe habilitación legal suficiente para que los autores inscriban sus obras y sus licencias en los Registros de manera que quede constancia registral de tales cesiones, protegiéndose la seguridad jurídica de los receptores de obras copyleft pues sabrán que su uso está registrado.
Falta para facilitar y agilizar la inscripción que se incorporen medidas de remisión de las obras automáticamente como feeds “rss”. En esta línea son interesantes las previsiones de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
-Funciones del Registro-
Las funciones tanto de los registros territoriales como del central son muy similares, pero debería añadirse a su catálogo algunas previsiones
Por ejemplo incluir entre sus funciones al de no solo archivo y custodia de los materiales depositados sino la inmediata puesta a disposición interactiva de las obras que hayan entrado en el dominio público bien por el paso del tiempo bien por la voluntad de su autor con independencia de que las mismas sean depositadas o no.
Así por ejemplo que pueda requerir a instituciones y museos para que aporten reproducciones de calidad de las obras que alberguen que se encuentren en dominio público de manera que sean accesibles para todos.
e) El archivo y la custodia de los documentos y materiales depositados. El archivo y la custodia deberá hacerse además de en el formato original en que se entregue la obra en un formato que permita que la misma sea accesible con independencia de aplicaciones y soportes, para lo que se utilizarán formatos cuyas especificaciones sean libres y públicas y siempre que sean adecuados al tipo de obra.
f) El mantenimiento de un sitio de libre acceso en internet con las obras que hayan entrado en Dominio Público según la Ley de Propiedad Intelectual.
-La inscripción de las cesiones de terceros-
El artículo 10 del reglamento establece que:
Formalización de determinados actos y contratos.
1. Las solicitudes de inscripción de transmisión ínter vivos de la titularidad de los derechos de explotación deben acompañarse de alguno de los siguientes documentos:
El sentido de la inscripción de estas cesiones ha sido proteger a los terceros sobre los gravámenes que existían sobre las obras.
Considerando que las cesiones bajo copyleft son un gravamen en los términos tradicionales de la explotación económica de la obra y que no son incompatibles con una cesión a un tercero las mismas pueden ser inscritas sin problemas.
Dado el carácter indeterminado de las licencias/contratos, como ofrecimiento disponible en cualquier instante podría plantearse que se contenga un nuevo apartado que prevea este hecho y se admitan como válidas a los efectos de constar en el registro, así quedaría un artículo 10 con este contenido:
c) Documento de transmisión de los derechos cuando la cesión sea indeterminada y general en la persona del cesionario.
Hasta aquí mis aportaciones iniciales que creo suponen un buen punto de partida y espero sean completadas con vuestras opiniones a los efectos de conseguir que el Dominio Público anticipado sea posible en España.
Publicado por David Maeztu a las 20:50 1 comentarios Vínculos
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Publicado por David Maeztu a las 14:10 0 comentarios Vínculos
Teniendo en cuenta los calores y a los efectos de recuperar el pulso de este sitio por aquello del descanso veraniego, a continuación reproduciré como el legislador ha protegido penalmente la propiedad intelectual en España.
En ocasiones determinados sectores se quejan de la desprotección en la que se encuentra la "cultura" y lo poco que hace el legislador por la salvaguarda de sus derechos. Sin embargo, como veremos, la protección penal de la propiedad intelectual en España, tras la codificación del siglo XVIII, ha sido una constante en nuestro ordenamiento penal.
El siglo XVIII se convierte en el punto de partida del moderno régimen de propiedad intelectual del que derivan los actuales, los derechos de autor y el copyright.
En España se promulga la Real Orden de 22 de marzo de 1763 que concede el primer derecho "en exclusiva" en favor de un autor y cuyo objetivo era:
«deseando fomentar y adelantar el comercio de los libros en estos Reynos de cuya libertad resulta tanto beneficio y utilidad a las ciencias y a las artes: mando que de aquí adelante no se conceda a nadie privilegio exclusivo para imprimir ningún libro, sino al mismo autor que lo haya compuesto»
Esta Real Orden fue completada, a su vez, con otra de 1764 de 20 de octubre que estableció el caracter hereditario de los derechos de los autores.
Logicamente al establecer un derecho el legislador debe prever la protección del mismo, y ello nos lleva a las medidas de índole penal adoptadas en nuestros códigos penales.
Así en el Código Penal de 185o encontramos en el artículo 457 la primera referencia:
«Incurrirán asimismo en las penas señaladas en el art. 455, los que cometieren alguna defraudación de la propiedad literaria ó industrial.
Los ejemplares, máquinas ú objetos contrahechos, introducidos ó expendidos fraudulentamente, se aplicarán al perju­dicado; y también las láminas ó utensilios empleados para la ejecución del fraude, cuando sólo pudieren usarse para cometerle.
Si no pudiere tener efecto esta disposición, se impondrá al culpable la multa del duplo del valor de la defraudación, que se aplicará al perjudicado. »
El artículo 455 al que se remite el artículo castigaba a quienes fingieran ser dueño de cosa ajena y la enajenaran, vendieran, gravaran o empeñaran. Un tipo de estafa y otros engaños en la terminología de los títulos del Código, sede del tipo penal que se mantuvo hasta el Código Penal de 1995 en que se le dio entidad independiente, con un capítulo propio. Como vemos la preocupación de la protección era, sobre todo, acerca de la atribución de la autoría por un tercero o plagio.
La conducta infractora se castigaba con una pena de multa del tanto al triple del daño causado, sin penas de privación de libertad.
El posterior Código de 1870 continuó protegiendo la propiedad de los autores y agravó la pena para las conductas defraudatorias de la propiedad intelectual, pasando a ser pena de arresto mayor en sus grados mínimo y medio y multa del tanto al triple del perjuicio causado. Como se ve se incrementa la pena al contemplarse la privación de libertad y la multa.
La propiedad intelectual abordó su primera gran compilación con la Ley de 10 de enero de 1879, en la que se unificaron los distintos instrumentos jurídicos en materia de propiedad intelectual. Esta ley daba un giro al enfoque, en sentido contrario al del siglo XVIII pues ahora se vuelven a otorgar importantes prerrogativas a editores y empresarios en general. Así por ejemplo se permite que sea considerado autor, atribuyéndole los derechos que eso supone, una persona jurídica.
El Código Penal de 1928 se ocupa de estos delitos en el artículo 725.17, estableciendo la pena correspondiente en función de la cantidad total defraudada.
Así para las defraudaciones de entre 100 y 1000 pesetas, o inferiores a 100 pesetas pero siendo reincidente el autor por delito de hurto, robo o estafa, la pena era de 3 meses a 1 año de reclusión.
Si la cuantía era de entre 1000 y 25000 pesetas, prisión de 6 meses a 6 años.
Si lo defraudado estaba entre 25000 y 250000, prisión de 6 a 12 años.
Y finalmente prisión de 12 a 20 años si la cuantía supera esas 250000, y si sobrepasaba el millón la misma pena en su mitad superior.
Esta penalidad por tramos en función de la cuantía es el aspecto más destacable junto con la enormidad de la pena de prisión para los casos más graves. Por poner un ejemplo actual, y sin que nos entre la risa con los cálculos mediáticos, al responsable del Todo en Uno podrían caerle hasta 20 años de prisión.
Lo bueno de este mecanismo es la posibilidad de enjuiciar las conductas y su penalidad desde un elemento objetivo como es la cuantía.
El Código Penal de 1932, que en muchos aspectos suponía una vuelta al de 1870, recogía en su artículo 527 que se castigarían con pena de arresto mayor en grado mínimo y medio y multa del tanto al triple de la cantidad defraudada. Su literal es exactamente el mismo que el de 1870, y por lo tanto sólo se preocupa de las defraudaciones literarias, prácticamente las únicas posibles en el siglo XIX pero no en el año 1932, lo que se debió seguramente a algún error y las prisas en su redacción.
«Incurrirán asimismo en las penas señaladas en el artículo 525 los que cometieren alguna defraudación de la propiedad literaria o industrial.»
El Código Penal de 1944 agravó el castigo a la conducta castigándose con pena de arresto mayor y multa del tanto al triple del daño irrogado (Artículo 533) y ya sí refiriéndose a la propiedad intelectual y no solo a la literaria.
El tratamiento que daba el Código Penal de 1973 a estos delitos era muy similar, y se castigaban en el artículo 534,
«El que infringiere intencionadamente los derechos de autor será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 10.000 a 100.000 pesetas, independientemente de las sanciones determinadas en las leyes especiales. (Multa que tras la reforma de la 16 LO 3/1989 de 21 junio pasó a ser de 100.000 a 2000000 de pesetas)»
La Ley de 1879 de Propiedad Intelectual estuvo vigente hasta el año 1987 en que se promulgó la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, que volvió a incorporar en único cuerpo legal la legislación dispersa aparecida al albor de los avances técnicos, fundamentalmente en el campo de la reproducción y manifestación de nuevas formas de expresión. (Cine, fonogramas, etc.) Y que supuso un cambio sustancial respecto de los derechos de los autores que ganaron en independencia, desapareciendo tanto la necesidad de inscripción registral para el nacimiento del derecho como la posibilidad de que la autoría fuese atribuida a una persona jurídica, entre otros importantes cambios. Supuso una vuelta a un derecho más protector del autor frente a las empresas editoras, si bien en el periodo de más de un siglo transcurrido los tratados internacionales habían ampliado notablemente el número de beneficiarios de derechos de propiedad intelectual.
Con la reforma de 1995 se separan los delitos contra la propiedad intelectual e industrial en un capítulo propio, el XI, dentro del Título XII, sobre los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Lo que supone un avance en su reconocimiento como materia objeto de protección, dada la importancia cada vez mayor que los derechos de propiedad intelectual e industrial tienen en las sociedades modernas. Recordar que hasta ese momento se encontraban en el capítulo de las defraudaciones.
De tal forma que el Código Penal de 1995 recogió este tipo de delitos en su artículo 270 y siguientes recogiendo además un tipo agravado.
«Artículo 270: Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o de multa de seis a veinticuatro meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.
Artículo 271: Se impondrá la pena de prisión de un año a cuatro años, multa de ocho a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Artículo 272: 1. La extensión de la responsabilidad civil derivada de los delitos tipificados en los dos artículos anteriores se regirá por las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual relativas al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios.
2. En el supuesto de sentencia condenatoria, el Juez o Tribunal podrá decretar la publicación de ésta, a costa del infractor, en un periódico oficial. »
En el año 1996, se aprueba el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que supuso la última gran reforma de la regulación de la propiedad intelectual en España. Con posterioridad se han introducido cambios en la norma, incorporando nuevas modalidades de explotación de las obras, como la puesta a disposición y otras novedades de interés como la consideración de las medidas tecnológicas de protección, derivadas en gran parte de la necesidad de trasponer al ordenamiento jurídico español (Ley 23/2006, de 7 de julio) algunas Directivas Europeas (Directiva 29/2001/CE) que tienen gran incidencia en la materia, llegando a convertirse prácticamente la propiedad intelectual en un asunto de competencia comunitaria.
La última reforma del Código Penal que afectó a estos artículos se produjo mediante la LO 15/2003 que agravó las penas e incrementó el número de conductas punibles.
Así por ejemplo el artículo 270 la sanción mínima pasó de una simple multa a una pena de prisión más multa, quedando en su redacción actual como sigue:
Fruto de este agravamiento, que ha dejado a los jueces sin margen de maniobra para imponer penas meramente económicas para las conductas socialmente menos reprochables o graves, como el "top manta", son las resoluciones que liberan a los "manteros" amparados en un principio de intervención penal mínima, que no comparto (y sobre el que algo escribiré), pero cuyo objetivo es evitar que por la venta de un sólo CD en la calle, o incluso sin haberlo llegado a vender pues el delito se consuma por la mera oferta, una persona tenga una pena de prisión.
Lo que sin duda debe hacernos reflexionar sobre la naturaleza y usos del sistema represor penal.
Creo que este artículo demuestra que los lamentos que en ocasiones se escuchan de que el legislador se olvida de los autores y de los creadores quedan desmontados, pues la propiedad intelectual ha gozado en España de una intensa protección en el ámbito más reservado como es el derecho penal.
Publicado por David Maeztu a las 19:55 0 comentarios Vínculos
Etiquetas: Delitos, Derecho, leyes, Normas, Propiedad Intelectual
Me sumo al mensaje y llamamiento de mi estimado Pedro J. Canut, que reproduzco a continuación, así como a aquellos que al otro lado del Atlántico ( y en este) lo están pasando mal por los recientes acontecimientos naturales.
Publicado por David Maeztu a las 10:33 1 comentarios Vínculos
Etiquetas: Blogs, Campañas, ética
Publicado por David Maeztu a las 12:45 14 comentarios Vínculos

References: artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 41
 Real Decreto 
 artículo 14
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 55

Artículo 55
 artículo 41

Artículo 41
 artículo 42
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 55
 artículo 14
 artículo 25
 artículo 24
 artículo 146
 artículo 146
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 457
 artículo 455
 artículo 725
 artículo 527
 artículo 525
 artículo 534
 artículo 270

Artículo 271

Artículo 272
 Real Decreto 
 artículo 270