Source: http://www.bagb.es/new-papers-advocacy/suspension_de_plazos_procesales_y_administrativos_durante_el_estado_de_alarma-4-2995
Timestamp: 2020-04-03 01:33:07+00:00

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| Suspensión de plazos procesales y administrativos durante el estado de alarma
24	de Marzo de 2020	 Noticias
Suspensión de plazos procesales y administrativos durante el estado de alarma
En el B.O.E. del 14 de marzo de 2020, se ha publicado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
Este Real Decreto se ampara en lo previsto en el artículo 116.2 de la Constitución y en el artículo 4º.b) de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, para los supuestos de crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
La gravedad de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, elevada por la Organización Mundial de la Salud el día 11 de marzo de 2020 a pandemia internacional y la rapidez en la evolución a escala nacional e internacional, ha determinado la adopción por el Gobierno del Estado de medidas para hacer frente a esta coyuntura que se concretan en el articulado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el posterior de 17 de marzo.
Entre estas medidas se incluyen las siguientes de orden procesal y de procedimiento administrativo, así como civil, ligadas a la situación de emergencia que se trata de combatir:
En relación a los plazos procesales (todas las jurisdicciones)
Esta regulación comporta la suspensión y, en su caso, interrupción general de los términos y plazos procesales, tanto previos al inicio de los procedimientos como los que estén abiertos una vez iniciados, sea cual sea la regulación al respecto que se contenga en las respectivas leyes procesales o reguladoras de las distintas jurisdicciones (Civil, Penal, Contencioso-Administrativa y Social).
Debe entenderse que se produce la misma situación que durante las vacaciones judiciales con la llegada del mes de agosto, que comporta que el cómputo de todos aquellos términos y plazos no vencidos a 31 de julio queda interrumpido, y se reanuda el primer día hábil del mes de septiembre.
En todo caso, debe tenerse en cuenta que el Real Decreto concreta una serie de excepciones a la regla general sobre suspensión e interrupción de plazos, algunas ya contempladas en las respectivas leyes jurisdiccionales en procedimientos considerados como prioritarios, y por las mismas causas:
En el orden penal, los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.
Además, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente puede acordar la práctica de actuaciones inaplazables, por su carácter urgente.
En el orden contencioso-administrativo, el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley.
En el orden social, exclusivamente los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
En el orden civil, el procedimiento para la autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y la adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil.
En todo caso, se ha introducido una cláusula de salvaguarda genérica en estos últimos órdenes, que permite al juez o tribunal de lo civil, administrativo, mercantil o social acordar la práctica de las actuaciones judiciales “que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso”.
En relación a los plazos administrativos.
(El apartado 4 ha sido modificado y los apartados 5 y 6 han sido añadidos por el art. único.4 del Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo).
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo introduce con carácter excepcional una verdadera novedad en el procedimiento administrativo, pues establece un régimen de suspensión de los términos y plazos de los procedimientos administrativos con carácter general durante su vigencia, idéntico al de los plazos procesales, inédito en la Administración Pública (que, como sabemos, no tiene un período vacacional como sucede en los procedimientos judiciales durante el mes de agosto).
Se contempla, pues, como regla general, la suspensión e interrupción de plazos administrativos, tanto para la tramitación de expedientes por parte de la Administración (con las excepciones a que nos referiremos a continuación) y siempre que el interesado preste su consentimiento en determinados casos o lo solicite, así como para la interposición de recursos por los administrados.
Las excepciones a que nos referíamos son las siguientes:
Procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
Procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social.
Plazos tributarios, sujetos a normativa especial, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
Suspensión de los plazos de prescripción y caducidad (en todos los ámbitos)
Esta previsión se refiere a todas aquellas normas que establecen derechos sujetos a plazos de prescripción o caducidad, tanto de orden privado, como administrativo y judicial.
Debe entenderse que la suspensión de los plazos de prescripción comporta su reanudación, de acuerdo con las normas generales de la misma; la suspensión de los plazos de caducidad significa que el cómputo queda “paralizado” (el entrecomillado es nuestro, para distinguirlo de la interrupción estricta) con la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, pero que se reanudará cuando finalice el estado de alarma.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 116
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 763
 artículo 158
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto