Source: https://alanemiliomatosbarzola.wordpress.com/2014/07/11/ley-30225-ley-de-contrataciones-del-estado/
Timestamp: 2018-01-18 04:11:59+00:00

Document:
Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado – TRIBUTACION PERU Alan Emilio Matos Barzola
b) El Área Usuaria que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza
los requerimientos formulados por otras
dependencias, que colabora y participa en la
planiﬁ cación de las contrataciones, y realiza
la veriﬁ cación técnica de las contrataciones
efectuadas a su requerimiento, previas a su
c) El Órgano encargado de las contrataciones
que es aquel órgano o unidad orgánica que
realiza las actividades relativas a la gestión del
abastecimiento al interior de una Entidad, incluida
determinada contratación. Su composición y funciones se
determinan en el reglamento.
El Titular de la Entidad puede delegar, mediante
otorga. No pueden ser objeto de delegación, la
declaración de nulidad de oficio, las autorizaciones de
prestaciones adicionales de obra, la aprobación de las
contrataciones directas salvo aquellas que disponga
el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la
contratación, y los otros supuestos que se establezcan
El reglamento establece las acciones que las Entidades
deben adoptar en su Reglamento de Organización y
Funciones u otros instrumentos de organización y/o
Todas aquellas personas que intervengan en los
procesos de contratación por o a nombre de la Entidad,
con independencia del régimen jurídico que los vincule con
esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones
que realicen, de efectuar contrataciones de manera
eﬁ ciente, maximizando los recursos públicos invertidos y
bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y su
reglamento y los principios, sin perjuicio de los márgenes
de discrecionalidad que se otorgan.
régimen jurídico que los vincule con la Entidad, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que
La Entidad en todos sus niveles debe supervisar,
directamente o a través de terceros, todo el proceso de
contratación. El hecho de que la Entidad no supervise
los procesos, no exime al contratista de cumplir con
sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda
aplicable, están impedidos de ser participantes, postores
y/o contratistas, incluyendo las contrataciones a que se
reﬁ ere el literal a) del artículo 5:
doce (12) meses después de haber dejado el
cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la
República, los Congresistas de la República, los
Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales
de la Corte Suprema de Justicia de la República,
los titulares y los miembros del órgano
colegiado de los Organismos Constitucionales
b) En el ámbito regional, hasta doce (12) meses
después de haber dejado el cargo, los
Presidentes, Vicepresidentes y los Consejeros
c) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12)
meses después de haber dejado el cargo, los
Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los
d) En la Entidad a la que pertenecen, los titulares
de instituciones o de organismos públicos del
Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y
trabajadores de las empresas del Estado, los
funcionarios públicos, empleados de conﬁ anza
y servidores públicos, según la ley especial de
e) En el correspondiente proceso de contratación,
las personas naturales o jurídicas que tengan
intervención directa en la determinación de las
características técnicas y valor referencial o valor
estimado según corresponda, elaboración de
Bases, selección y evaluación de ofertas de un
de los contratos derivados de dicho proceso, salvo
en el caso de los contratos de supervisión.
f) En el ámbito y tiempo establecidos para las
el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad y segundo de
aﬁ nidad.
g) En el ámbito y tiempo establecidos para las
las personas jurídicas en las que aquellas
las personas jurídicas sin ﬁ nes de lucro en las
que aquellas participen o hayan participado
como asociados o miembros de sus consejos
directivos, dentro de los doce (12) meses
las personas jurídicas cuyos integrantes de
los órganos de administración, apoderados
señaladas en los literales precedentes. Idéntica
prohibición se extiende a las personas naturales
que tengan como apoderados o representantes
j) Las personas naturales o jurídicas que se
encuentren sancionadas administrativamente
procesos de selección y para contratar con
Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la
k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas,
participacionistas, titulares, integrantes de
los órganos de administración, apoderados o
representantes legales formen o hayan formado
parte, en los últimos doce (12) meses de
impuesta la sanción, de personas jurídicas que
con inhabilitación temporal o permanente
para participar en procesos de selección y
para contratar con el Estado; o que habiendo
actuado como personas naturales hayan sido
sancionadas por la misma infracción; conforme
reglamento. Para el caso de socios, accionistas,
participacionistas o titulares, este impedimento
se aplicará siempre y cuando la participación
sea superior al cinco por ciento (5%) del capital
l) Otros establecidos por Ley o por el reglamento
Las ofertas que contravengan lo dispuesto en el
presente artículo se tienen por no presentadas y conllevan
las consecuencias y responsabilidad establecidas en la
Artículo 12. Caliﬁ cación exigible a los
La Entidad caliﬁ ca a los proveedores utilizando los
procedimiento de selección deben prever los requisitos
que deben cumplir los proveedores a ﬁ n de acreditar su
caliﬁ cación.
En los procedimientos de selección pueden participar
varios proveedores agrupados en consorcio con la
ﬁ nalidad de ejecutar el contrato, con excepción de los
Los integrantes del consorcio son responsables
solidariamente ante la Entidad por las infracciones y
o conjunta durante el procedimiento de selección y la
Contrataciones del Estado veriﬁ que la existencia
procedimiento de selección, en los términos del
Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión
pertinente a la Comisión de Defensa de la
Libre Competencia del INDECOPI para que
este, de ser el caso, inicie el procedimiento
administrativo sancionador correspondiente
contra los presuntos responsables.
14.2 Cuando el OSCE advierta que un requisito
establecido en los documentos del
procedimiento de selección podría afectar la
competencia, contraviniendo los principios de
libertad de concurrencia y competencia, ordena
corresponda. Si, adicionalmente, el OSCE
advierte la existencia de indicios de colusión, en
los términos del artículo 384 del Código Penal,
debe remitir toda la información pertinente al
cuenta la etapa de formulación y programación
presupuestaria correspondiente al siguiente
año ﬁscal, cada Entidad debe programar en el
Cuadro de Necesidades los requerimientos de
bienes, servicios y obras necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos y actividades para
dicho año, los que deben encontrarse vinculados
al Plan Operativo Institucional, con la ﬁ nalidad de
elaborar el Plan Anual de Contrataciones. Dichos
requerimientos deben estar acompañados de
sus respectivas especiﬁ caciones técnicas y/o
El Plan Anual de Contrataciones que se
apruebe debe prever las contrataciones de
bienes, servicios y obras cubiertas con el
Presupuesto Institucional de Apertura y el
valor estimado de dichas contrataciones, con
independencia que se sujeten al ámbito de
aplicación de la presente Ley o no, y de la
El Plan Anual de Contrataciones se publica en
el Sistema Electrónico de Contrataciones del
El área usuaria debe requerir los bienes, servicios
las especiﬁ caciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, además de justiﬁ car
la ﬁ nalidad pública de la contratación. Los bienes,
Las especiﬁ caciones técnicas, términos de referencia
o expediente técnico deben formularse de forma objetiva
de igualdad al proceso de contratación y no tienen
por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen
previstas en el reglamento, en el requerimiento no se
hace referencia a una fabricación o una procedencia
determinada, o a un procedimiento concreto que
caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un
proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos,
ﬁ nalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores
y servicios que deban contratar las Entidades que se rijan
La Entidad debe establecer el valor estimado de las
contrataciones de bienes y servicios y el valor referencial
en el caso de consultorías y ejecución de obras, con
el ﬁ n de establecer la aplicación de la presente Ley
y el tipo de procedimiento de selección, en los casos
que corresponda, así como gestionar la asignación
de recursos presupuestales necesarios, siendo de su
No corresponde establecer valor estimado en los
Artículo 19. Certiﬁcación de crédito presupuestario
Es requisito para convocar un procedimiento de selección bajo sanción de nulidad, contar con la certiﬁcación de crédito presupuestario o la previsión presupuestal, conforme se señala en los literales siguientes:
a) En todo procedimiento de selección, la
certiﬁ cación de crédito presupuestario debe
mantenerse desde la convocatoria hasta la
suscripción del contrato, bajo responsabilidad
b) Tratándose de ejecuciones contractuales que
superen el año ﬁ scal se requiere, además de
la certiﬁ cación de crédito presupuestario, el
documento suscrito por el jefe de la Oﬁ cina
General de Administración y la Oﬁ cina de
Presupuesto, o el que haga sus veces en
la Entidad, que garantice la programación
de los recursos suﬁ cientes para atender el
pago de las obligaciones en los años ﬁ scales
c) En los procedimientos de selección, cuya
convocatoria se realice dentro del último
trimestre de un año ﬁ scal, y el otorgamiento
de la Buena Pro y suscripción del contrato se
realice en el siguiente año ﬁ scal, la Oﬁ cina de
Presupuesto de la Entidad o a la que haga sus
veces, otorgará una constancia respecto a la
previsión de recursos correspondientes al valor
estimado o referencial de dicha convocatoria.
La citada constancia debe señalar el monto
de los recursos programados para tal efecto
en el proyecto de ley de presupuesto del
sector público correspondiente al año ﬁ scal
siguiente, que presenta el Poder Ejecutivo al
Congreso de la República; asimismo, debe
señalar las metas previstas y la fuente de
ﬁ nanciamiento con cargo a la cual se atenderá
su ﬁ nanciamiento.
d) En los procedimientos de selección referidos
en el literal c), previo a otorgar la Buena Pro,
se debe contar con la certiﬁ cación de crédito
presupuestario emitida por la Oﬁ cina de
Presupuesto o la que haga sus veces, sobre la
existencia de crédito presupuestario suﬁ ciente,
orientado a la ejecución del gasto en el año
ﬁ scal en que se ejecutará el contrato, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad. Para
tal efecto, el comité de selección o la oﬁ cina a
cargo del procedimiento de selección, según
corresponda, antes de otorgar la Buena Pro,
debe solicitar a la Oﬁ cina de Presupuesto de la
Entidad o a la que haga sus veces, la referida
certiﬁ cación.
Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de
bienes, servicios u obras con la ﬁ nalidad de evitar el tipo
de procedimiento de selección que corresponda según la
necesidad anual, de dividir la contratación a través de la
realización de dos o más procedimientos de selección, de
evadir la aplicación de la presente Ley y su reglamento
para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a
ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o
compromisos internacionales que incluyan disposiciones
El reglamento establece los casos o supuestos
debidamente justiﬁ cados que no constituyen
Las disposiciones aplicables a los procedimientos de
selección son previstas en el reglamento.
La licitación pública se utiliza para la contratación de
bienes y obras; el concurso público para la contratación
de servicios. En ambos casos, se aplican a las
contrataciones cuyo valor estimado o valor referencial,
según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes
que establece la ley de presupuesto del sector público.
El reglamento establece las modalidades de licitación
Los actos públicos deben contar con la presencia de
notario público o juez de paz. Su actuación es desarrollada
Artículo 23. Adjudicación simpliﬁcada
La adjudicación simpliﬁ cada se utiliza para la
como para la ejecución de obras, cuyo valor estimado o
valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro
La selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de servicios de consultoría en los que no se necesita equipos de personal ni apoyo profesional adicional, y en tanto que la experiencia y las caliﬁcaciones de la persona natural que preste el servicio son los requisitos primordiales, conforme a lo que establece el reglamento, siempre que su valor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público.
La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o prestados siguiendo las especiﬁ caciones o
mercado, conforme a lo que señale el reglamento. El valor
estimado de dichas contrataciones debe ser inferior a la
décima parte del límite mínimo establecido por la ley de
presupuesto del sector público para la licitación pública y
el concurso público.
La subasta inversa electrónica se utiliza para la
contratación de bienes y servicios comunes que cuenten
con ﬁ cha técnica y se encuentren incluidos en el Listado
de Bienes y Servicios Comunes.
Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar
directamente con un determinado proveedor en los
a) Cuando se contrate con otra Entidad, siempre
que en razón de costos de oportunidad resulte
más eﬁ ciente y técnicamente viable para
satisfacer la necesidad, y no se contravenga
lo señalado en el artículo 60 de la Constitución
b) Ante una situación de emergencia derivada
de acontecimientos catastróﬁ cos, situaciones
que afecten la defensa o seguridad nacional,
situaciones que supongan el grave peligro de
o de una emergencia sanitaria declarada por el
c) Ante una situación de desabastecimiento
debidamente comprobada, que afecte o impida
a la Entidad cumplir con sus actividades u
d) Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional
del Perú y los organismos conformantes del
Sistema Nacional de Inteligencia requieran
efectuar contrataciones con carácter secreto,
secreto militar o por razones de orden interno,
que deban mantenerse en reserva conforme a
ley, previa opinión favorable de la Contraloría
e) Cuando los bienes y servicios solo puedan
obtenerse de un determinado proveedor o
un determinado proveedor posea derechos
exclusivos respecto de ellos.
f) Para los servicios personalísimos prestados por
personas naturales, que cuenten con la debida
g) Para los servicios de publicidad que prestan al
Estado los medios de comunicación televisiva,
radial, escrita o cualquier otro medio de
h) Para los servicios de consultoría, distintos a las
consultorías de obra, que son la continuación
y/o actualización de un trabajo previo ejecutado
por un consultor individual a conformidad
de la Entidad, siempre que este haya sido
seleccionado conforme al procedimiento de
selección individual de consultores.
i) Para los bienes y servicios con ﬁ nes de
investigación, experimentación o desarrollo
de carácter cientíﬁ co o tecnológico, cuyo
resultado pertenezca exclusivamente a la
Entidad para su utilización en el ejercicio de
j) Para el arrendamiento de bienes inmuebles y la
adquisición de bienes inmuebles existentes.
k) Para los servicios especializados de asesoría
legal para la defensa de funcionarios,
servidores o miembros de las fuerzas
armadas y policiales, a los que se reﬁ eren el
Decreto Supremo 018-2002-PCM, el Decreto
Supremo 022-2008-DE/SG y otras normas
sobre defensa de funcionarios, o normas que
los sustituyan.
l) Cuando exista la necesidad urgente de la
Entidad de continuar con la ejecución de las
prestaciones no ejecutadas derivadas de un
contrato resuelto o de un contrato declarado
nulo por las causales previstas en los literales
a) y b) del artículo 44, siempre que se haya
invitado a los demás postores que participaron
en el procedimiento de selección y no se hubiese
obtenido aceptación a dicha invitación.
m) Para contratar servicios educativos de
capacitación que cuenten con un procedimiento
ingreso o aceptación de las personas interesadas,
por parte de las entidades educativas que los
Se pueden efectuar compras corporativas mediante
Las contrataciones directas se aprueban mediante
del Consejo Regional o del Concejo Municipal, según
corresponda. Esta disposición no alcanza a aquellos
supuestos de contratación directa que el reglamento
caliﬁ ca como delegable.
El reglamento establece las condiciones para la
conﬁ guración de cada uno de estos supuestos, los
requisitos y formalidades para su aprobación y el
procedimiento de contratación directa.
Entidad puede rechazar toda oferta si determina
que, luego de haber solicitado por escrito o por
medios electrónicos al proveedor la descripción
a detalle de todos los elementos constitutivos de
su oferta, se susciten dudas razonables sobre
el cumplimiento del contrato. El rechazo de la
oferta debe encontrarse fundamentado.
oferta que supera la disponibilidad presupuestal
del procedimiento de selección, siempre que
haya realizado las gestiones para el incremento
de la disponibilidad presupuestal y esta no se
haya podido obtener.
28.2 En el caso de ejecución y consultoría de obras,
la Entidad rechaza las ofertas que se encuentren
por debajo del noventa por ciento (90%) del
valor referencial o que excedan este en más de
Los procedimientos de selección quedan desiertos
cuando no quede válida ninguna oferta. La declaración
de desierto en la contratación directa, la comparación de
precios y la subasta inversa electrónica, se rigen por lo
El reglamento establece el procedimiento de selección
a utilizar luego de una declaratoria de desierto.
Cuando se declare desierto un procedimiento de
selección cuyo objeto sea la contratación de un seguro
patrimonial, la Entidad puede utilizar el procedimiento
que determine el reglamento para los procedimientos
declarados desiertos o lo previsto en el literal f) del artículo
Tratándose de una segunda convocatoria declarada
desierta cuyo objeto sea la contratación de productos
farmacéuticos y dispositivos médicos, el Ministerio de
Salud y el Seguro Social de Salud a través de sus sedes
centrales competentes, pueden utilizar lo previsto en el
literal f) del artículo 5 de la presente Ley.
La Entidad puede cancelar el procedimiento de
de la Buena Pro, por razones de fuerza mayor o caso
fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o
cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado
sea insuﬁ ciente o tenga que destinarse a otros propósitos
de emergencia declarados expresamente, u otras
razones justiﬁ cadas, bajo su exclusiva responsabilidad,
La Entidad no incurre en responsabilidad respecto de
los proveedores que hayan presentado ofertas por el solo
hecho de actuar de conformidad con el presente artículo.
Las Entidades contratan, sin realizar procedimiento de
selección, los bienes y servicios que se incorporen en los
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como producto
de la formalización de Acuerdos Marco. El reglamento
establece los procedimientos para implementar o
El reglamento puede establecer otros métodos
El contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta a
de selección con las modiﬁ caciones aprobadas por la
Entidad durante el mismo.
Los contratos regulados por la presente norma incluyen
necesariamente y bajo responsabilidad las cláusulas
referidas a: a) Garantías, b) Solución de controversias y
c) Resolución de contrato por incumplimiento, conforme a
El reglamento establece el procedimiento, plazos y
requisitos para el perfeccionamiento del contrato, así
antes indicadas, sin perjuicio de su aplicación legal.
Las garantías que deben otorgar los postores
adjudicatarios y/o contratistas, según corresponda, son
las de ﬁ el cumplimiento del contrato y por los adelantos.
Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones
Las garantías que acepten las Entidades deben ser
incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización
automática en el país, al solo requerimiento de la
respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas
que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse
bajo la supervisión directa de la Superintendencia de
Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir
garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos
extranjeros de primera categoría que periódicamente
publica el Banco Central de Reserva del Perú.
En virtud de la realización automática, a primera
solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer
excusión alguna a la ejecución de las garantías debiendo
limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo
de tres (3) días. Toda demora genera responsabilidad
solidaria para el emisor de la garantía y para el postor
o contratista, y da lugar al pago de intereses legales en
Las entidades ﬁ nancieras que emitan garantías a las
que se reﬁ ere la presente Ley, facilitan el acceso de estas
a las Entidades públicas beneﬁ ciarias, debiendo para el
efecto implementar los mecanismos correspondientes
que permitan la aplicación de la presente disposición.
Artículo 34. Modiﬁ caciones al contrato
34.1 El contrato puede modiﬁ carse en los supuestos
contemplados en la Ley y el reglamento, por
orden de la Entidad o a solicitud del contratista,
para alcanzar la ﬁ nalidad del contrato de manera
oportuna y eﬁ ciente. En este último caso la
modiﬁ cación debe ser aprobada por la Entidad.
Dichas modiﬁ caciones no deben afectar el
equilibrio económico ﬁ nanciero del contrato;
en caso contrario, la parte beneﬁ ciada debe
compensar económicamente a la parte
perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en
atención al principio de equidad.
34.2 Excepcionalmente y previa sustentación por
el área usuaria de la contratación, la Entidad
puede ordenar y pagar directamente la ejecución
de prestaciones adicionales en caso de bienes,
servicios y consultorías hasta por el veinticinco
por ciento (25%) del monto del contrato original,
siempre que sean indispensables para alcanzar
la ﬁ nalidad del contrato. Asimismo, puede
reducir bienes, servicios u obras hasta por el
34.3 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales
pueden ser hasta por el quince por ciento (15%)
del monto total del contrato original, restándole
los presupuestos deductivos vinculados. Para
tal efecto, los pagos correspondientes son
aprobados por el Titular de la Entidad.
En el supuesto de que resulte indispensable la
realización de prestaciones adicionales de obra por
deﬁ ciencias del expediente técnico o situaciones
imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del
contrato, mayores a las establecidas en el párrafo
precedente y hasta un máximo de cincuenta por
ciento (50%) del monto originalmente contratado,
corresponder al proyectista, el Titular de la
Entidad puede decidir autorizarlas. Para ello se
requiere contar con la autorización del Titular de
la Entidad, debiendo para la ejecución y el pago
contar con la autorización previa de la Contraloría
General de la República y con la comprobación
de que se cuentan con los recursos necesarios.
En el caso de adicionales con carácter de
emergencia dicha autorización se emite previa
cuenta con un plazo máximo de quince (15) días
hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su
pronunciamiento. Dicha situación debe ponerse
en conocimiento de la Comisión de Presupuesto
de la República y del Ministerio de Economía y
Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de
la Entidad. Alternativamente, la Entidad puede
resolver el contrato, mediante comunicación
escrita al contratista.
en los casos distintos a los de adicionales de
obras, se produzcan variaciones en el plazo de
la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de
la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre
que impliquen prestaciones adicionales en la
supervisión que resulten indispensables para
el adecuado control de la obra, el Titular de la
Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas
condiciones del contrato original y hasta por un
monto máximo del quince por ciento (15%) del
monto contratado de la supervisión, considerando
para el cálculo todas las prestaciones adicionales
previamente aprobadas. Cuando se supere el
citado porcentaje, se requiere la autorización,
previa al pago, de la Contraloría General de la
prestaciones adicionales de supervisión que
deriven de prestaciones adicionales de obra,
siempre que resulten indispensables para el
adecuado control de la obra, bajo las mismas
condiciones del contrato original y/o precios
pactados, según corresponda. En este último
supuesto, el monto hasta por el cual se pueden
aprobar prestaciones adicionales de supervisión
debe ser proporcional al incremento del monto
de la obra, como máximo, no siendo aplicable
para este caso el límite establecido en el numeral
34.2 del presente artículo.
plazo pactado por atrasos y paralizaciones
ajenas a su voluntad debidamente comprobados
y que modiﬁ quen el plazo contractual de acuerdo
la ampliación de plazo debe reconocerse los
gastos y/o costos incurridos por el contratista,
siempre que se encuentren debidamente
El contratista puede subcontratar, previa autorización
de la Entidad, la ejecución de determinadas prestaciones
del contrato, salvo prohibición expresa contenida en los
Ningún contratista puede subcontratar la totalidad de
las prestaciones contenidas en el contrato. No se puede
subcontratar las prestaciones esenciales del contrato
vinculadas a los aspectos que determinaron la selección
Para ser subcontratista se requiere contar con
(RNP), no estar impedido ni inhabilitado para contratar
El contratista mantiene la responsabilidad por la
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato,
por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite
de manera deﬁ nitiva la continuación del contrato, o
por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo
establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato siempre que se encuentre
prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto
a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y
Artículo 37. Cesión de derechos y de posición
terceros. No procede la cesión de posición contractual
del contratista, salvo en los casos previstos en el
La Entidad puede entregar adelantos al contratista,
siempre que haya sido previsto en los documentos del
procedimiento de selección, con la ﬁ nalidad de otorgarle
ﬁ nanciamiento y/o liquidez para la ejecución del contrato.
El reglamento establece los tipos, condiciones y
monto de cada adelanto, así como la forma en que este
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva
prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta.
Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su
Los pagos por adelantado y a cuenta no constituyen
pagos ﬁ nales, por lo que el beneﬁ ciario de los pagos sigue
siendo responsable de los montos percibidos hasta que
se haya efectuado el pago ﬁ nal.
En caso de retraso en el pago por parte de la
mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, debiendo repetir contra los responsables
de la demora injustiﬁ cada. Igual derecho corresponde a la
Entidad en caso sea la acreedora.
El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de
las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido
en el contrato. En los contratos de ejecución de obra,
además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2)
y 3) del artículo 1774 del Código Civil.
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida
y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados
por un plazo no menor de un (1) año contado a partir
de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato
puede establecer excepciones para bienes fungibles y/o
perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no
se adecue a este plazo. En el caso de obras, el plazo
de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) años,
contado a partir de la conformidad de la recepción total o
parcial de la obra, según corresponda.
Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los
participantes o postores en un procedimiento de selección,
y las que surjan en los procedimientos para implementar
o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco,
solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso
A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos
dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta
antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo
que establezca el reglamento. No se pueden impugnar las
El recurso de apelación solo puede interponerse luego
de otorgada la Buena Pro. El reglamento establece el
procedimiento, requisitos y plazo para su presentación y
El recurso de apelación es conocido y resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando se trate de
procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor
referencial sea superior a sesenta y cinco (65) UIT y de
Electrónicos de Acuerdo Marco; en los demás casos corresponde dicha competencia al Titular de la Entidad.
Los actos que declaren la nulidad de oﬁ cio y otros
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la
continuidad del procedimiento de selección, distintos de
aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo
pueden impugnarse ante el Tribunal.
La garantía por interposición del recurso de apelación
debe otorgarse a favor del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE) y de la Entidad,
cuando corresponda. El monto de la garantía es de hasta
el 3% del valor estimado o valor referencial, según sea el
caso, del procedimiento de selección o del ítem que se
decida impugnar.
La resolución que resuelva el recurso de apelación
agota la vía administrativa. La interposición de la acción
contencioso-administrativa procede contra lo resuelto
en última instancia administrativa, sin suspender su
La presentación de los recursos interpuestos de
conformidad con lo establecido en el artículo precedente
deja en suspenso el procedimiento de selección hasta
que el recurso sea resuelto, conforme a lo establecido
en el reglamento, siendo nulos los actos posteriores
practicados hasta antes de la expedición de la respectiva
Artículo 43. Denegatoria fi cta
En el caso que la Entidad o el Tribunal de Contrataciones
del Estado, según corresponda, no resuelva y notifi que
sus resoluciones dentro del plazo que fi ja el reglamento,
los interesados deben considerar denegados sus recursos
de apelación, pudiendo interponer la acción contenciosoadministrativa
contra la denegatoria fi cta dentro del plazo
En estos casos, la Entidad o el Tribunal de
Contrataciones del Estado devuelve la garantía presentada
por los interesados al momento de interponer su recurso
El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los
El Titular de la Entidad declara de ofi cio la nulidad de
los actos del procedimiento de selección, por las mismas
recurso de apelación. La misma facultad la tiene el Titular
de la Central de Compras Públicas – Perú Compras, en
los procedimientos de implementación o mantenimiento
de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.
declarar la nulidad de ofi cio en los siguientes casos:
el artículo 11 de la presente Ley. Los contratos
tienen derecho a retribución alguna con cargo
al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad
de los funcionarios y servidores de la Entidad,
conjuntamente con los contratistas que
b) Cuando se verifi que la trasgresión del
y/o requisitos establecidos en la normativa a fi n
de la confi guración de alguno de los supuestos
que habilitan a la contratación directa.
previstos en la presente Ley, pese a que la
contratación se encontraba bajo su ámbito
que celebraron irregularmente el contrato.
f) En caso de contratarse bienes, servicios u
obras, sin el previo procedimiento de selección
Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal
sobre la ejecución, interpretación, resolución,
inexistencia, inefi cacia o invalidez del contrato
obras, de acuerdo al valor referencial y demás
condiciones previstas en el reglamento, siendo
puede establecer otros medios de solución de
General de la República de aprobar o no la
ejecución de prestaciones adicionales, no
puede ser sometida a conciliación, ni arbitraje
ni a la Junta de Resolución de Disputas. Las
o cualquier otra que se derive u origine en la
o de la aprobación parcial de estas, por parte
de la Entidad o de la Contraloría General de
la República, según corresponda, no pueden
ser sometidas a conciliación, arbitraje, ni a
establecidos en la presente Ley o el reglamento,
correspondiendo en su caso, ser conocidas por
45.2 Para los casos específi cos en los que la
materia en controversia se refi era a nulidad
de la prestación, valorizaciones o metrados,
liquidación del contrato, se debe iniciar el
el párrafo anterior, los medios de solución de
ser iniciados por la parte interesada en cualquier
momento anterior a la fecha del pago fi nal.
Luego del pago fi nal, las controversias solo
pueden estar referidas a vicios ocultos en
bienes, servicios u obras y a las obligaciones
con posterioridad al pago fi nal. En estos casos,
el medio de solución de controversias se debe
En los casos en que, de acuerdo al numeral
a esta todas las controversias que surjan durante
la ejecución de la obra hasta la recepción total
de la misma. Las decisiones emitidas por la
Junta de Resolución de Disputas solo pueden
ser sometidas a arbitraje dentro del plazo de
treinta (30) días hábiles de recibida la obra.
Las controversias que surjan con posterioridad
directamente a arbitraje dentro del plazo de
treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado
Todos los plazos antes señalados son de
de la presente Ley y su reglamento, así como
de las normas de derecho público y las de
derecho privado; manteniendo obligatoriamente
este orden de preferencia en la aplicación del
derecho. Esta disposición es de orden público.
previstos en este artículo se rigen especialmente
por lo establecido en la presente Ley y su
reglamento, sujetándose supletoriamente a lo
dispuesto en las leyes de la materia.
conciliación acreditado por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. El arbitraje
institucional se realiza en una institución arbitral
acreditada por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), conforme a
lo dispuesto en la directiva que se apruebe para
El reglamento establece los criterios, parámetros
y procedimientos para la toma de decisión de
único o tribunal arbitral integrado por tres
El árbitro único y el presidente del tribunal
arbitral deben ser necesariamente abogados,
que cuenten con especialización acreditada en
derecho administrativo, arbitraje y contrataciones
con el Estado. Los demás integrantes del tribunal
arbitral pueden ser expertos o profesionales en
otras materias, debiendo necesariamente tener
conocimiento en contrataciones con el Estado.
Asimismo, para desempeñarse como árbitro, se
de Árbitros administrado por el Organismo
(OSCE), conforme a los requisitos y condiciones
establecidos en la directiva que apruebe
dicha Entidad para tal efecto. El registro es de
aprobación automática, sujeto a fi scalización
45.7 Para desempeñarse como secretario arbitral se
de Secretarios Arbitrales administrado por el
y condiciones establecidos en la directiva que
45.8 El árbitro único o tribunal arbitral constituido
para resolver una controversia derivada de un
contrato regido por esta Ley resulta, en principio
y salvo el supuesto de excepción previsto en
el presente numeral, competente para conocer
En ese sentido, cuando exista un arbitraje en
curso y surja una nueva controversia derivada
del mismo contrato, cualquiera de las partes
debe solicitar a los árbitros la acumulación de
las pretensiones a dicho arbitraje, dentro del
plazo de caducidad previsto en el numeral 45.2
El árbitro único o el tribunal arbitral acumula
solicitadas antes de la conclusión de la etapa
probatoria. Excepcionalmente, el árbitro único
o el tribunal arbitral, mediante resolución
las nuevas pretensiones, el estado del proceso
arbitral y demás circunstancias que estime
En los casos en que se haya denegado
interesada puede iniciar otro arbitraje dentro del plazo de quince (15) días hábiles de notifi cada
la denegatoria de la acumulación, siendo éste
45.9 El laudo arbitral es inapelable, defi nitivo y
obligatorio para las partes desde el momento
de su notifi cación, debiéndose notifi car a
las partes en forma personal y a través del
Estado (SEACE) para efecto de su efi cacia.
La notifi cación se tiene por efectuada desde
ocurrido el último acto. Contra dicho laudo solo
cabe interponer recurso de anulación de acuerdo
a lo establecido en el Decreto Legislativo 1071,
Decreto Legislativo que norma el arbitraje o
Adicionalmente, el laudo puede ser anulado a
solicitud de parte si la composición del árbitro
único o del tribunal arbitral o si las actuaciones
arbitrales no se han ajustado a lo establecido
en la presente Ley y en su reglamento;
siempre que tal circunstancia haya sido objeto
de reclamo expreso en su momento ante el
árbitro único o tribunal arbitral por la parte
afectada y fue desestimado. En caso de que
dicha circunstancia haya constituido causal de
recusación, la anulación solo resulta procedente
administra, a los arbitrajes ad hoc y, de manera
supletoria, a los arbitrajes administrados por
una institución arbitral que no tenga aprobado
un Código de Ética o, que teniéndolo no
establezca la infracción cometida por el árbitro
Los árbitros deben ser y permanecer durante
imparciales. Asimismo, deben cumplir con la
obligación de informar oportunamente si existe
alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo
con independencia, imparcialidad y autonomía;
actuar con transparencia y observar la debida
conducta procedimental. El deber de informar se
El incumplimiento de las obligaciones señaladas
en el párrafo precedente constituyen infracción
transparencia y debida conducta procedimental
previstos en el Código de Ética para el Arbitraje
en Contrataciones del Estado, siendo pasible
de las siguientes sanciones éticas según su
b) Suspensión temporal de hasta cinco (5)
para el Arbitraje en Contrataciones del Estado.
del Estado es el Consejo de Ética, el cual
se encarga de determinar la comisión de
infracciones y de imponer las sanciones
respectivas. El Consejo de Ética se encuentra
integrado por tres (3) miembros de reconocida
solvencia ética y profesional, los cuales son
elegidos por la Presidencia del Consejo
de Ministros, el Ministerio de Economía
y Finanzas, y el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, respectivamente. El
cargo de miembro del Consejo es honorario.
La organización, estructura, atribuciones,
mecanismos de designación, funcionamiento y
los demás aspectos concernientes al Consejo
de Ética son establecidos en el reglamento.
45.11 El Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE) y supletoriamente por el
45.12 Los medios de solución de controversias a que
se refi ere la presente Ley o su reglamento, se
desarrollan en cumplimiento del Principio de
Las instituciones encargadas de la administración
de los medios de solución de controversias
deben cumplir con remitir la información que
establezca el reglamento y aquella que solicite el
Estado (OSCE), en relación a las controversias
derivadas de la aplicación de la presente Ley,
bajo responsabilidad de su titular o representante
Tratándose de arbitrajes ad hoc, el presidente
del tribunal arbitral o el árbitro único son
responsables de la custodia de las actuaciones
arbitrales por un plazo no menor de diez (10)
años desde la terminación de las mismas. En
el caso de los arbitrajes institucionales, la
respectiva institución arbitral es responsable
de la custodia del expediente por el plazo antes
señalado. Antes del vencimiento de dicho plazo,
(OSCE), bajo los requisitos y condiciones
previstos en el reglamento.
45.13 Las resoluciones sobre devolución de honorarios
de árbitros emitidas por el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (OSCE)
constituyen título ejecutivo.
46.1 El Registro Nacional de Proveedores (RNP)
es el sistema de información ofi cial único de
la Administración Pública que tiene por objeto
permanencia en el registro, la información general
y relevante de los proveedores interesados en
participar en las contrataciones que realiza el
Estado. En ningún caso el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) constituye una barrera de
subcontratista del Estado se requiere estar
(RNP). El Reglamento establece la organización,
funciones y los requisitos para el acceso,
permanencia y retiro del registro. En el caso de
los supuestos excluidos del ámbito de aplicación
de la Ley sujetos a supervisión, el Reglamento
establecerá las condiciones para su inscripción
ante dicho Registro así como sus excepciones.
La presentación de documentación falsa o
información inexacta ante el Registro Nacional
de Proveedores (RNP) habilita la declaración de
46.2 A los Proveedores del Estado inscritos como
Ejecutores de Obra ante el Registro Nacional
de Proveedores (RNP), se les asigna una
capacidad máxima de contratación que se
la que cuenten como ejecutores de obra,
quedando expresamente establecido que el
capital social suscrito y pagado de las personas
jurídicas inscritas como ejecutores de obra ante
puede ser inferior al 5% de su capacidad máxima
de contratación. Tratándose de sucursales de
personas jurídicas extranjeras en el Perú, dicho
cálculo se realiza en función de la asignación
del capital que se le depositó en una entidad
del sistema fi nanciero nacional. En el caso de
las personas jurídicas no domiciliadas, se debe acreditar haber depositado en una cuenta abierta
en una entidad del sistema fi nanciero nacional a
nombre de su representante legal en el país, el
monto en virtud del cual se calcula su capacidad
máxima de contratación.
Tanto en el caso de las sucursales de
personas jurídicas extranjeras en el Perú
como de personas jurídicas no domiciliadas,
señalados tengan validez frente al Registro
Nacional de Proveedores (RNP), éstos deben
haber sido aprobados por la Junta General de
Accionistas u órgano análogo de la Sociedad,
previamente a su depósito efectivo, de
acuerdo a los estatutos de cada empresa o a
hubiera constituido la matriz.
Las empresas extranjeras reciben el mismo
trato que las empresas peruanas reciben en su
país de origen en materia de contrataciones del
anteriores no se aplican a los proveedores
que provengan de países con los cuales la
disposiciones en materia de contrataciones
públicas; ni a las micro y pequeñas empresas
(MYPES) debidamente inscritas en el Registro
(REMYPE).
Las personas jurídicas extranjeras pueden
acreditar el requisito señalado en los párrafos
precedentes con la documentación que
demuestre los gastos realizados en sus
operaciones e inversiones en territorio nacional.
demás exigencias, son establecidos en la
46.3 Las Entidades están prohibidas de llevar
registros de proveedores. Solo están
facultadas para llevar y mantener un listado
interno de proveedores, consistente en una
base de datos que contenga la relación de
aquellos. Bajo ninguna circunstancia, la
incorporación en este listado es requisito
para la participación en los procedimientos
de selección que la Entidad realice. La
incorporación de proveedores en este listado
es discrecional y gratuita.
46.4 Bajo responsabilidad y de manera gratuita,
en el marco de la legislación vigente
sobre la materia, el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC), la
Públicos (SUNARP), el Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la
(INDECOPI), la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones (SBS), el Poder
Judicial, la Policía Nacional del Perú (PNP) y
otras Entidades de las que pueda requerirse
información, deben proporcionar el acceso a
salvaguardando las reservas previstas por Ley
con la finalidad de que el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) cuente con información
oportuna, confiable y actualizada. La Oficina
de Gobierno Electrónico de la Presidencia
del Consejo de Ministros, cautela y apoya el
46.5 En ningún caso, los documentos de los
procedimientos de selección exigen a los
proveedores la documentación que estos
hubieran presentado para su inscripción ante el
Artículo 47. Defi nición
Las Entidades están obligadas a utilizar el Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) en
las contrataciones que realicen, independientemente que
se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, su
cuantía o fuente de fi nanciamiento, conforme a la directiva
que dicte el Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE) para tal efecto.
Los procedimientos de subasta inversa y
Los criterios de incorporación gradual de las Entidades
al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE), considerando la infraestructura y condiciones
tecnológicas que estas posean o los medios disponibles
para estos efectos, se establecen en la citada directiva.
Artículo 49. Validez y efi cacia de los actos
Los actos realizados por medio del Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado (SEACE), incluidos
los efectuados por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) en el ejercicio de sus
funciones, que cumplan con las disposiciones vigentes
poseen la misma validez y efi cacia que los actos realizados
por medios manuales, pudiéndolos sustituir para todos los
efectos legales. Dichos actos se entienden notifi cados
el mismo día de su publicación, salvo lo dispuesto en el
numeral 45.9 del artículo 45 de la presente Ley.
Sin perjuicio de la obligación de utilizar el Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE),
adicionalmente a los métodos de notifi cación tradicionales,
las Entidades pueden utilizar medios electrónicos de
comunicación para el cumplimiento de los distintos actos
que se disponen en la presente Ley y su reglamento,
considerando los requisitos y parámetros establecidos en
las leyes pertinentes. En todos los casos, deben utilizar
las tecnologías necesarias que garanticen la identifi cación
de los proveedores y la confi dencialidad de las ofertas.
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado
sanciona a los proveedores, participantes,
postores y/o contratistas y en los casos a
que se refi ere el literal a) del artículo 5 de la
presente Ley, cuando incurran en las siguientes
a) Desistirse o retirar injustifi cadamente su
b) Incumplir injustifi cadamente con su
obligación de perfeccionar el contrato o de
formalizar Acuerdos Marco.
c) Contratar con el Estado estando en
cualquiera de los supuestos de impedimento
previstos en el artículo 11 de esta Ley.
d) Subcontratar prestaciones sin autorización
de la Entidad o en porcentaje mayor al
permitido por esta Ley y su reglamento o
cuando el subcontratista no cuente con
inscripción vigente en el Registro Nacional
de Proveedores (RNP), esté impedido o inhabilitado para contratar con el Estado.
e) Ocasionar que la Entidad resuelva el
contrato, siempre que dicha resolución
haya quedado consentida o fi rme en vía
conciliatoria o arbitral.
f) No proceder al saneamiento de los vicios
ocultos en la prestación a su cargo, según
haya sido reconocida por el contratista o
g) Negarse injustifi cadamente a cumplir las
obligaciones derivadas del contrato cuando
estas deban verifi carse con posterioridad
h) Presentar información inexacta a las
Entidades, al Tribunal de Contrataciones del
Estado o al Registro Nacional de Proveedores
(RNP), siempre que esté relacionada con
obtención de un benefi cio o ventaja para sí o
i) Presentar documentos falsos o adulterados a
las Entidades, al Tribunal de Contrataciones
del Estado o al Registro Nacional de
j) Se registren como participantes, presenten
propuestas o suscriban contrato o Acuerdos
Marco sin contar con inscripción vigente en
o suscriban contrato por montos mayores
a su capacidad libre de contratación, o en
especialidades distintas a las autorizadas
por el RNP.
k) Perfeccionar el contrato, luego de notifi cada
recomendación de nulidad o la nulidad del
proceso de contratación dispuesta por el
del Estado (OSCE) en el ejercicio de sus
Para los casos a que se refi ere el literal a) del
artículo 5 de la presente Ley, solo son aplicables
las infracciones previstas en los literales c) y j)
a) Multa: Es la obligación pecuniaria generada
para el infractor de pagar un monto
económico no menor del cinco por ciento
(5%) ni mayor al quince por ciento (15%)
de la propuesta económica o del contrato,
según corresponda, en favor del Organismo
(OSCE), por la comisión de las infracciones
establecidas en los literales a), b), d) y j). La
resolución que imponga la multa establece
como medida cautelar la suspensión
del derecho de participar en cualquier
procedimiento de selección, procedimientos
para implementar o mantener Catálogos
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar
con el Estado, en tanto no sea pagada por el
infractor, por un plazo no mayor a dieciocho
(18) meses. El periodo de suspensión
dispuesto por la medida cautelar a que se
hace referencia, no se considera para el
cómputo de la inhabilitación defi nitiva.
Esta sanción es también aplicable a las
Entidades cuando actúen como proveedores
conforme a Ley, por la comisión de cualquiera
de las infracciones previstas en el presente
Electrónicos de Acuerdo Marco y de
contratar con el Estado. Esta inhabilitación
es no menor de tres (3) meses ni mayor de
treinta y seis (36) meses ante la comisión de
las infracciones establecidas en los literales
c), e), f), g), h) y k); en el caso de la infracción
prevista en el literal i), esta inhabilitación es
no menor de treinta y seis (36) meses ni
mayor de sesenta (60) meses.
c) Inhabilitación defi nitiva: Consiste en
la privación permanente del ejercicio
del derecho a participar en cualquier
procedimiento de selección y procedimientos
contratar con el Estado. Esta sanción se
aplica al proveedor que en los últimos
cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto
más de dos (2) sanciones de inhabilitación
temporal que, en conjunto, sumen más de
treinta y seis (36) meses, o que reincida en
la infracción prevista en el literal i), en cuyo
caso la inhabilitación defi nitiva se aplica
La inhabilitación o multa que se imponga no
exime de la obligación de cumplir con los
contratos ya suscritos a la fecha en que la
sanción queda fi rme.
50.3 Las infracciones son leves, graves y muy
procedimiento sancionador, los mecanismos
de la imposición de la sanción y demás reglas
Ley para efectos de las sanciones prescriben
a los tres (3) años conforme a lo señalado en
el reglamento. Tratándose de documentación
falsa la sanción prescribe a los siete (7) años de
sea necesario contar, previamente, con decisión
judicial o arbitral, el plazo de prescripción se
suspende por el periodo que dure dicho proceso
jurisdiccional. Asimismo, el plazo de prescripción
se suspende cuando el Poder Judicial ordene la
suspensión del procedimiento sancionador.
El reglamento desarrolla otras causales de
50.6 Las sanciones se publican en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP). La publicación
de los sancionados incluye información de los
socios o titulares, y de los integrantes de los
órganos de administración, de conformidad con
Artículo 51. Defi nición
Estado (OSCE) es un organismo técnico especializado
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con
personería jurídica de derecho público, que constituye
pliego presupuestal y goza de autonomía técnica,
funcional, administrativa, económica y fi nanciera.
Cuenta con un órgano de defensa jurídica, sin perjuicio
de la defensa coadyuvante de la Procuraduría Pública
del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de
las normas que rigen el Sistema de Defensa Jurídica del
Estado (OSCE) tiene las siguientes funciones:
a) Velar y promover que las Entidades realicen
contrataciones efi cientes, bajo los parámetros de
la Ley, su reglamento y normas complementarias,
la maximización del valor de los fondos públicos
y la gestión por resultados.
b) Efectuar acciones de supervisión de ofi cio, de
forma aleatoria y/o selectiva, respecto de los métodos de contratación contemplados en
la Ley, salvo las excepciones previstas en el
reglamento. Esta facultad también alcanza a los
sujetos a supervisión en lo que corresponde a la
confi guración del supuesto de exclusión.
c) Efectuar acciones de supervisión a pedido de
parte, de acuerdo a lo dispuesto en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos y directivas
vigentes. Esta facultad también alcanza a los
d) Implementar actividades y mecanismos de
desarrollo de capacidades y competencias en
la gestión de las contrataciones del Estado, así
como de difusión en materia de contrataciones
e) Proponer las modifi caciones normativas que
considere necesarias en el marco de sus
f) Emitir directivas, documentos estandarizados
y documentos de orientación en materia de su
g) Resolver los asuntos de su competencia en
última instancia administrativa.
h) Administrar y operar el Registro Nacional de
i) Desarrollar, administrar y operar el Sistema
Electrónico de las Contrataciones del Estado
j) Administrar y operar el Registro Nacional de
Árbitros y el Registro Nacional de Secretarios
k) Acreditar a las instituciones arbitrales que presten
servicios de organización y administración
de arbitrajes en materia de contrataciones
del Estado y supervisarlas, de acuerdo a lo
l) Organizar y administrar arbitrajes de acuerdo a
lo previsto en el reglamento y de conformidad
con la directiva que se apruebe para tal efecto.
m) Designar árbitros y resolver las recusaciones
sobre los mismos en arbitrajes que no se
encuentren sometidos a una institución arbitral.
n) Resolver solicitudes de devolución de honorarios
de árbitros, conforme a lo señalado en el
o) Absolver consultas sobre el sentido y alcance
de la normativa de contrataciones del Estado,
formuladas por las Entidades, así como por el
sector privado y la sociedad civil. Las consultas
que le efectúen las Entidades son gratuitas.
p) Poner en conocimiento de la Contraloría General
de la República, de manera fundamentada, las
trasgresiones observadas en el ejercicio de sus
funciones cuando existan indicios razonables de
perjuicio económico al Estado o de comisión de
delito o de comisión de infracciones graves o
muy graves por responsabilidad administrativa
funcional de acuerdo al marco legal vigente.
q) Suspender procedimientos de selección, en los
que durante el procesamiento de la acción de
supervisión, de ofi cio o a pedido de parte, se
identifi que la necesidad de ejercer acciones
coercitivas para impedir que la Entidad continúe
r) Desconcentrar sus funciones en sus órganos
de alcance regional o local de acuerdo a lo que
establezca su Reglamento de Organización y
s) Realizar estudios conducentes a evaluar
el funcionamiento de los regímenes de
contratación del Estado, analizar y proponer
nuevos mecanismos idóneos de contratación
según mercados, así como proponer estrategias
destinadas al uso efi ciente de los recursos
establece la estructura orgánica del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (OSCE), sus funciones
generales y las específi cas de sus órganos.
a) Aquellos asignados por la Ley Anual de
c) Los generados por la venta de publicaciones y
d) Los generados por la ejecución de las garantías
por la interposición del recurso de apelación.
e) Los provenientes de la cooperación técnica
nacional o internacional; las donaciones,
transferencias y otros que se efectúen a su
favor de acuerdo con la normativa sobre las
f) Los provenientes de la imposición de sanciones
económicas y penalidades.
La administración y cobranza de los recursos y tributos
a que se refi eren los literales b), c), d) y f) del presente
artículo es competencia del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE), para lo cual tiene
facultad coactiva.
Artículo 54. Consejo Directivo y Presidencia
El Consejo Directivo es el máximo órgano del
(OSCE). Se encuentra integrado por tres (3) miembros
designados por un periodo de tres (3) años renovables
por un periodo adicional, mediante resolución suprema
El Presidente Ejecutivo del OSCE preside el Consejo
Directivo. Los miembros del Consejo Directivo perciben
dietas a excepción de su Presidente. Sus funciones se
encuentran asignadas en el Reglamento de Organización
y Funciones del OSCE.
El Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (OSCE) es la máxima
autoridad ejecutiva, titular del Pliego y representante legal
de la Entidad, es designado mediante resolución suprema
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas; su
cargo es remunerado. Sus funciones se encuentran
asignadas en el Reglamento de Organización y Funciones
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Para ser designado miembro del Consejo Directivo
o Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), se requiere:
a) Contar con reconocida solvencia e idoneidad
profesional. Este requisito se acredita
demostrando no menos de tres (3) años de
experiencia en un cargo de gestión ejecutiva; o,
no menos de cinco (5) años de experiencia en
temas afi nes a las materias reguladas en esta
c) No estar inhabilitado para ejercer la función
pública por sentencia judicial o resolución del
Congreso de la República; ni estar inmerso en
causal de impedimento para el ejercicio de la
función pública conforme a la normativa sobre la
d) No haber sido declarado insolvente o haber
ejercido cargos directos en personas jurídicas
declaradas en quiebra, durante por lo menos un
(1) año, previo a la declaración.
e) No haber sido inhabilitado para contratar con el
f) No tener participación en personas jurídicas que
contraten con el Estado.
a) Remoción por pérdida de confi anza.
La vacancia de los miembros del Consejo Directivo y
el Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) se formaliza mediante
Artículo 57. Notifi caciones
Estado (OSCE) notifi ca los actos que emite en el ejercicio
de sus funciones a través del Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE) y/u otros medios
electrónicos, los que poseen la misma validez y efi cacia
que los realizados por los medios manuales, en tanto se
ajusten a los parámetros y requisitos establecidos en la
En todos los casos, se debe utilizar las tecnologías
necesarias que garanticen la identifi cación de los
proveedores y la confi dencialidad de las ofertas.
Artículo 58. Consejo Multisectorial de Monitoreo
Créase el Consejo Multisectorial de Monitoreo de las
Contrataciones Públicas, adscrito al OSCE, con la misión
de analizar y poner en conocimiento de las autoridades
competentes, los presuntos casos de fraude, colusión
y corrupción en las contrataciones del Estado por parte
de funcionarios y servidores públicos y/o particulares.
Su conformación y funciones se establecen en el
resolutivo que forma parte de la estructura administrativa
(OSCE). Cuenta con plena autonomía e independencia
a) Resolver, de ser el caso, las controversias que
surjan entre las Entidades, los participantes y los
postores durante el procedimiento de selección y
los procedimientos para implementar o mantener
b) Aplicar las sanciones de multa, inhabilitación
temporal y defi nitiva a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas, según
corresponda para cada caso.
c) Aplicar multas a las Entidades cuando actúen
d) Las demás funciones que le otorga la
Su conformación y el número de salas son establecidos
mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de
Mediante acuerdos adoptados en Sala Plena, los cuales
constituyen precedentes de observancia obligatoria, el
Tribunal de Contrataciones del Estado interpreta de modo
expreso y con carácter general las normas establecidas
f) No haber sido declarado insolvente o haber
Culminado el periodo de designación, continúan en el
ejercicio de sus funciones en tanto se designa al nuevo o
los nuevos vocales.
El Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado
g) Vencimiento del periodo de designación, salvo
la continuación en el ejercicio de las funciones a
que se refi ere el artículo precedente.
La vacancia de los Vocales del Tribunal de
Contrataciones del Estado se formaliza mediante
resolución suprema refrendada por el Ministro de
Artículo 62. Notifi cación y publicidad de las
El Tribunal de Contrataciones del Estado notifi ca los
actos que emita en el ejercicio de sus funciones a través
de medios electrónicos y/o el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE), según corresponda.
sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de
derecho privado que le sean aplicables. Asimismo, son de
no resulte incompatible con las normas específi cas que
las regulan y sirvan para cubrir un vacío o defi ciencia de
conforme a la presente Ley, a su Reglamento así como
TERCERA. Mediante decreto supremo refrendado
por el Ministro de Economía y Finanzas, se aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
CUARTA. En aquellas contrataciones que
se encuentren bajo el ámbito de tratados u otros
compromisos internacionales, que impliquen la aplicación
de los principios de Trato Nacional y No Discriminación,
las Entidades deben conceder incondicionalmente a
los bienes, servicios y proveedores de la otra parte, un
trato similar o no menos favorable que el otorgado por la
normativa peruana a los bienes, servicios y proveedores
nacionales, de conformidad con las reglas, requisitos
y procedimientos establecidos en la presente Ley, su
reglamento y en la normativa de la materia.
QUINTA. La Contraloría General de la República
y el Ministerio de Economía y Finanzas tienen acceso
a la base de datos de la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
SEXTA. La facultad establecida para actuar
discrecionalmente se ejerce para optar por la decisión
administrativa debidamente sustentada que se considere
más conveniente, dentro del marco que establece la
Ley, teniendo en consideración los criterios establecidos
por la cuarta disposición fi nal complementaria de la Ley
29622, Ley que modifi ca la Ley 27785, Ley Orgánica del
SÉPTIMA. Los insumos directamente utilizados en
los procesos productivos por las empresas del Estado
que se dediquen a la producción de bienes o prestación
de servicios, pueden ser contratados a proveedores
nacionales o internacionales mediante el método de
contratación que especifi que el reglamento, a precios
de mercado, siempre que se verifi que una situación de
escasez acreditada por el Titular de la Entidad. No se
requiere la verifi cación de una situación de escasez en el
caso de empresas que por la naturaleza de su actividad
requieran un suministro periódico o continuo, incluyendo
la entrega en un solo acto de los insumos, bienes o
La lista de los insumos directamente vinculados en
los procesos productivos, que corresponden a cada
empresa, es establecida mediante resolución ministerial
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial
del Estado (FONAFE), y a la Contraloría General de la
República, bajo responsabilidad del Directorio.
contrataciones del Estado. La adjudicación de la Buena
Pro se realiza mediante acto público.
Los órganos de control institucional participan como
veedores en el método de contratación respectivo,
conforme a la normativa del Sistema Nacional de Control.
Todos los actos realizados dentro de los procedimientos
a que se refi ere la presente disposición se comunican
obligatoriamente al Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado (SEACE) en la oportunidad y forma que señale
la presente norma, el reglamento y las directivas que
emite el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Las contrataciones que se realicen de acuerdo a la
presente disposición no requieren de la constitución de la
garantía de fi el cumplimiento, siempre que la prestación
OCTAVA. La presente norma entra en vigencia a
los treinta (30) días calendario contados a partir de la
publicación de su reglamento, excepto la segunda y
tercera disposiciones complementarias fi nales, que entran
en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de
la presente Ley en el Diario Ofi cial El Peruano.
NOVENA. Dispónese que el Ministerio de Economía y
Finanzas remita anualmente al Congreso de la República
un informe sobre el impacto de la presente Ley en las
contrataciones públicas. Dicho informe será elaborado
sobre la base de la información remitida por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la
Central de Compras Públicas – Perú Compras.
vinculadas a los procesos a que se refi eren el Decreto
Legislativo 674, el Decreto Supremo 059-96-PCM, el
Decreto Legislativo 1012, y sus normas modifi catorias.
UNDÉCIMA. El OSCE establece las disposiciones
necesarias para la implementación de los métodos de
contratación por parte de las Entidades.
PRIMERA. En tanto culmine el proceso de
implementación al régimen del Servicio Civil, el personal
Estado (OSCE) continúa sujeto al régimen laboral de la
SEGUNDA. Los procedimientos de selección iniciados
antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se rigen
por las normas vigentes al momento de su convocatoria.
ÚNICA. Modifícase el artículo 2 del Decreto Legislativo
1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras
Públicas – Perú Compras, en los términos siguientes:
La Central de Compras Públicas – Perú Compras,
g) Promover la Subasta Inversa, determinando las
características técnicas de los bienes o servicios
que son provistos a través de esta modalidad
y establecer metas institucionales anuales
respecto al número de fi chas técnicas de los
bienes o servicios a ser contratados.
a) Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado y normas modifi catorias.
b) La primera y tercera disposiciones complementarias fi nales del Decreto Legislativo 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Públicas – Perú Compras.
En Lima a los ocho días del mes de julio de dos mil
del mes de julio del año dos mil catorce.
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References: artículo 5

Artículo 12
 artículo 384

Artículo 19

Artículo 23
 artículo 60
 artículo 44
 artículo 5
 Resolución 

Artículo 34
 resolución 

Artículo 37
 artículo 1774
 resolución 

Artículo 43
 artículo 11
 Resolución 
 Resolución 
 resolución

Artículo 47

Artículo 49
 artículo 45
 artículo 5
 artículo 11
 resolución

artículo 5

resolución 

Artículo 51

Artículo 54
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 57

Artículo 58

resolución 

Artículo 62
 resolución 
 artículo 2