Source: http://justiciabol.blogspot.com/2016/
Timestamp: 2019-10-20 11:33:38+00:00

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Justicia en Bolivia: 2016
Fiscalía dispondrá turnos de 24 horas en lugares de paso del Dakar
Las fiscalías de Potosí, Oruro y La Paz destinarán fiscales con turnos de 24 horas a los sectores por los que pasará la competencia internacional del Dakar ante la posibilidad de accidentes, tanto de competidores como de espectadores y otros hechos que puedan configurar delitos, informó el fiscal General, Ramiro Guerreo.
Los fiscales de Materia asignados deben constituirse desde el 04 hasta el 10 de enero de 2017 a lo largo del desarrollo de la competencia. Los Fiscales Departamentales y la Dirección Administrativa Financiera deberán disponer la declaratoria en comisión de los fiscales, médicos forenses y peritos que se requieran, según un boletín institucional.
Como en las anteriores versiones, el Ministerio Público estará presente mucho antes del paso del Dakar y permanecerá hasta después del recorrido de esta competencia por Potosí, Oruro y La Paz. La instrucción también es para el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que deberá dar prioridad a la realización de todas las pericias consistentes en estudios científico técnico laboratoriales y estudios médicos forenses que sean requeridos durante una investigación. Los fiscales departamentales ejercerán la supervisión, control y seguimiento de las actuaciones de los fiscales de Materia comisionados, quienes deberán tomar las previsiones y acciones necesarias para preservar los derechos y garantías constitucionales de las personas.
Los fiscales, médicos forenses y peritos deberán tener encendidos sus celulares las 24 horas del día de manera ininterrumpida y remitir informe de las acciones realizadas.
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Elección judicial está fuera de la agenda legislativa
La Asamblea Legislativa no tiene en su agenda la futura convocatoria para la segunda elección por voto popular de las autoridades judiciales, que asumieron funciones en enero de 2012.
Así lo confirmó el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara del Senado, Miltón Barón (MAS), quien explicó que este tema todavía no ha sido puesto en consideración en la reunión de gabinete ni en la de la bancada del MAS.
Sin embargo, afirmó que hay tiempo para organizar el proceso porque los magistrados recién terminan su mandato en enero de 2018. Adelantó que el asunto será consultado con el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, y de Diputados, Gabriela Montaño.
Barón agregó que el hecho de que 2017 será un año electoral por la elección de autoridades judiciales, no será impedimiento para las aspiraciones del MAS de buscar alternativas legales a fin de habilitar al presidente Morales para que pugne en los comicios de 2019.
Similar criterio emitió el diputado del MAS, Henry Cabrera, quien aseguró que el cambio de autoridades judiciales no interfiere el objetivo del MAS.
Por su lado el senador opositor Óscar Ortiz (UD) dijo que hay susceptibilidad y cierto temor en la población porque en 2017 se renovará las autoridades judiciales y se teme que el MAS intente habilitar como postulantes a profesionales vinculados al partido oficialista, por lo que plantea que la etapa de selección sea delegada a un grupo de personalidades notables.
“Hay la desconfianza de que el MAS trate de imponer a sus autoridades en el Tribunal Constitucional Plurinacional para dar curso a otra re-reelección del presidente Morales”, dijo Ortiz, agregando que Demócratas plantea que la selección de aspirantes a fiscales departamentales sea con la participación de las asambleas legislativas departamentales, mientras que los aspirantes a los cargos judiciales electivos sean mediante la sociedad civil.
En ese marco, la propuesta de Demócratas denominada para la Reforma del Sistema de Administración de Justicia, establece que la comisión encargada esté conformada por tres representantes de la carrera de Derecho de las universidades públicas, otras dos personas de la Facultad de Derecho de las universidades privada; tres miembros del Colegio Nacional de Abogados, además que participe la Defensoría del Pueblo y un veedor del sistema interamericano de Protección de Derechos Humanos.
La primera elección de magistrados en el país por voto popular se celebró en octubre de 2011
Sala Plena determinará destitución definitiva del juez Oswaldo Aguilar
El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, informó el martes que la nueva Sala Plena, que será constituida en enero próximo, será la instancia que determine o no la destitución definitiva del juez Oswaldo Aguilar, que está detenido preventivamente en la carceleta de Camargo, Chuquisaca, por la supuesta comisión del delito de concusión.
“La Sala Plena, que será constituida, verá qué es lo que se va hacer con esa acefalía que se queda, vamos a ver, había una línea, generalmente de principio, era que jueces que han sido egresados del Instituto de la Judicatura (Escuela de Jueces) puedan ir a prestar sus servicios a las capitales de departamento”, explicó a los periodistas.
Sin embargo, Choque dijo que el Consejo de la Magistratura coadyuvará en todas las labores investigativas que corresponde en materia penal, asimismo, informó que la Sala Disciplinaria de esa institución realizará todas las gestiones para constatar el grado de responsabilidad de Aguilar, por los delitos que pesan en su contra.
“En materia disciplinaria, se harán las gestiones respectivas para ver si existe responsabilidad o no, y que eso terminaría, independiente de la renuncia, con la destitución”, sostuvo. ABI.
Esposa de León denunciará a OEA vulneración de derechos
Graciela Mendoza, esposa del abogado Eduardo León, que defendió a Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, informó que viajará a Washington (Estados Unidos) y sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar ante esta entidad internacional la vulneración de derechos humanos contra su esposo por parte del Estado.
León se encuentra con detención preventiva en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz acusado por presunta trata de menores y falsedad material e ideológica.
La esposa del jurista aseguró que solo espera la notificación oficial de la entidad internacional para viajar a Estados Unidos y presentar la denuncia.
“Espero una notificación formal del Alto Comisionado de la OEA, Enrique Reina para que nos señale día y hora parta dirigirme a Washington, y denunciar los atropellos a los derechos de mi esposo”, expresó
Uno de los argumentos que Mendoza citará ante la OEA es el derecho al debido proceso para que el asesor legal se defienda en libertad. Además pedirá que la entidad envíe un observador para que esté presente en todo el proceso contra León.
Entre rejas, así pasaron la Noche Buena los integrantes de la familia León Mendoza, quienes acompañaron al jurista la noche del sábado, hecho que la esposa agradece a las autoridades
“Agradezco a las autoridades de la cárcel de San Pedro porque permitieron que estemos justos en Navidad, lo mismo haremos en Año Nuevo”, manifestó.
Aseguró que no se siguió ningún trámite burocrático para que pasen las fiestas de fin de año junto al abogado León y que le permitieron estar hasta la 01.00 de la madrugada.
El mayo pasado el abogado León fue aprehendido en celdas judiciales. En principio esperaba su liberación porque la autoridad jurisdiccional asignada al caso determinó detención domiciliaria, días después, el jurista fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva acusado de supuesta falsificación de su libreta de servicio militar.
León formó parte querellante en el caso del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), casos malversación de fondos del exalcalde de El Alto Edgar Patana, el caso Zapata, entre otros que afectan al Gobierno y se considera ser preso político.
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Retardación de justicia En un solo día suspenden audiencias de tres casos
La retardación de justicia en Bolivia se evidencia cada día con las constantes suspensiones de audiencias. Tanto jueces, fiscales como abogados siempre tienen algún recursos o argumento para postergar y dilatar los casos. Solo como muestra, el jueves de la pasada semana, se suspendieron tres audiencias de los denominados “casos bullados”.
El caso Zapata volvió a juzgados luego de un par de meses de silencio. La audiencia de cesación a la detención preventiva de la expareja de Evo Morales, Gabriela Zapata, hoy recluida en el penal femenino de Miraflores, se suspendió porque faltó resolver una resolución de apelación.
El fallo lo determinó el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer tomando en cuenta una anterior apelación presentada por la defensa.
”Mientras no se resuelva el recurso de apelación planteada por la defensa de la señora Gabriela Zapata, se suspende la audiencia, ya que la autoridad jurisdiccional no podría ingresar en contradicción con sus resoluciones”, informó a ABI el fiscal Daniel Ayala.
Los abogados de Zapata plantearon que la exgerente de la empresa china Camc Eng. Co. sea liberada para asumir su defensa en el caso de enriquecimiento ilícito y otros.
Una segunda suspensión judicial se dio en la Sala Penal Tercera donde la audiencia de apelación fue retirada por la defensa del exdirector de Registro de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Gustavo Vargas Villegas, implicado en el caso LaMia.
“La Sala Penal Tercera suspendió la audiencia porque retiramos la apelación por estrategia jurídica de la defensa que presenta un recurso de cesación de detención preventiva para mi cliente y asuma defensa en libertad”, explicó el abogado de Vargas, Milton Andrade.
Vargas Villegas es señalado por el Gobierno de haber favorecido a la línea aérea LaMia de la cual es gerente Gustavo Vargas Gamboa, militar en retiro hoy detenido preventivo en Palmasola de Santa Cruz.
El Ministerio de Obras Públicas lanzó la campaña para responsabilizar del siniestro aéreo del 28 de noviembre pasado cerca de Medellín, a los ejecutivos de LaMia, el piloto que falleció en el accidente Miguel Quiroga, además de verificar las relaciones y el proceso de autorización de operaciones en la DGAC y AASANA.
Vargas Villegas volvió a reiterar que nunca tuvo potestad en aprobación administrativa alguna. La certificación a LaMaia no era su competencia, afirmó al defensa del sindicado.
Finalmente, la audiencia de amparo constitucional del caso FOCAS, en el cual el régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS) involucró al jefe opositor Samuel Doria Medina, también se suspendió por disidencia de votos de los vocales de la Sala Penal Primera de turno del Tribunal Departamental de Justicia (TSJ).
Al existir diferencia de criterios entre los vocales Sandra Molina y Hugo Córdoba, el caso pasó a conocimiento del vocal Natalio Tarifa, según explicó la propia representante de dicho juzgado.
La audiencia fue reprogramada hasta el 27 de diciembre, mientras el caso que radica en el Tribunal Supremo de Justicia de Sucre recién será retomado en enero luego dela vacación judicial colectiva.
A diferencia de los anteriores sindicados en los casos Zapata y LaMia, al líder de Unidad Nacional (UN) todavía no se le dictó detención preventiva en el penal de San Pedro, tal como pidió el Ministerio Público que lleva el caso por la derivación de 21 millones de dólares de la condonación de deuda bilateral con EEUU a una entidad privada FundaPro en 1992.
La prescripción de la causa y el pago de todos los recursos al Estado, incluidos los intereses, parecen insuficientes argumentos de defensa para la Fiscalía que aún no define la figura penal para atacar a Doria Medina y otras exautoridades.
La retardación procesal, con las contantes suspensiones de audiencias, sumada a la excesiva cantidad de detenidos preventivos en las cárceles del país, que ronda el 80 por ciento, son problemas que el sistema judicial boliviano no ha podido superar hasta la fecha pese a las “políticas estatales” y las “cumbres sociales” de los últimos años.
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Aprehenden a juez por cobrar $8 mil en juicio
El fiscal General, Ramiro Guerrero, informó ayer sobre otro caso de un juez que cobraba 8 mil dólares, en plena audiencia cautelar, a los acusados para enviarlos o no a la cárcel. Advirtió que procesará penalmente a jueces y fiscales corruptos que cobren y trafiquen con la justicia.
Hizo esta declaración luego de que fuera aprehendido el juez Oswaldo Aguilar, en Sucre, por cobrar 8 mil dólares para firmar una resolución judicial. Esta persona será imputada por la comisión del delito de concusión.
“Nosotros en el Ministerio Público hemos actuado con absoluta transparencia y objetividad, no vamos a tolerar ni jueces ni fiscales, absolutamente a nadie, que lucren, transen, extorsionen, cobren por sus actuaciones y por sus fallos”, expresó.
De acuerdo con Guerrero, al Ministerio Público le llamó profundamente la atención el modus operandi de este juez desde hace algún tiempo.
“En audiencias cautelares donde la Fiscalía hace un trabajo de investigación, extrañamente este juez y algunos hacen un cuarto intermedio de cinco o 10 minutos en sala, luego salen y dictan la resolución contraria a lo que está en el cuaderno de investigación”, señaló.
“Extrañamente cuando hay todos los elementos para una detención preventiva se da medidas sustitutivas y donde no hay elementos se da detención preventiva, prácticamente aprovechando, negociando el tema de la justicia”, agregó.
La máxima autoridad del Ministerio Público sostuvo que hoy se conoció públicamente una denuncia que dio cuenta que el juez Aguilar pidió 8 mil dólares para dictar la resolución de una forma.
También se ha indicado que en una anterior audiencia de medidas cautelares contra el señor Walter Arízaga hubiera cobrado también esa misma cantidad.
Adelantó que existen más implicados en el caso.
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El procurador del Estado, Héctor Arce, defendió la viabilidad de los mecanismos planteados por los sectores sociales afines al oficialismo para repostular al presidente Evo Morales en 2019, aunque expresó que se inclina por una reforma constitucional para incorporar también temas como la reforma judicial y la pena de cadena perpetua.
“En lo personal, como abogado constitucionalista, yo creo que la vía más idónea (para la repostulación), todas son idóneos, pero la vía más operativa, sería una reforma constitucional; hay muchas cosas que reformar en la Constitución, nadie puede negarse”, afirmó e insistió en una entrevista con la red ATB en que la normativa actual no impide llevar a referéndum un tema sobre el que ya se pronunció el soberano.
El congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS), reunido del 15 al 17 de diciembre, decidió repostular a Morales y planteó cuatro vías. La primera tiene que ver con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) mediante un referéndum que sería convocado por iniciativa ciudadana, vale decir previa recolección de firmas, y la segunda también contempla la reforma del mismo artículo, pero por acción de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ley de convocatoria aprobada por dos tercios de voto).
La tercera opción que baraja el oficialismo es acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional para que realice una interpretación respecto a la primacía de los derechos fundamentales respecto a los procedimientos constitucionales. La cuarta vía contempla la renuncia del Presidente seis meses antes del final de su mandato, lo que implicaría que en los hechos no cumplió con su gestión constitucional.
Arce consideró que “no es correcta” la oposición a la reforma constitucional cuando lo que se busca también es abarcar otros temas de interés ciudadano como la incorporación de una Inspectoría Judicial para que reemplace al Consejo de la Magistratura, sumida en una crisis debido a pugnas internas.
“Se ha planteado legítimamente en la Cumbre de Justicia que se aplique la pena de cadena perpetua revisable cada 10 años para casos de violación seguida de muerte pero tampoco podemos reformar la Constitución porque hay un grupo de políticos que por sus intereses personales no quieren…Eso es algo que no es correcto”, insistió.
La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) se sumó este martes al rechazo a una nueva repostulación y demandó a las autoridades del Ejecutivo y a los militantes del MAS respetar el veredicto del referéndum constitucional del 21 de febrero, que rechazó con el 51,3% de votos que el presidente vuelva a candidatear.
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Magistrado sobre reforma constitucional: El TCP no puede pronunciarse dos veces sobre el mismo tema
Ante una posible nueva reforma de la Constitución Política del Estado para viabilizar la repostulación del presidente Evo Morales, el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Rudy Flores, aclaró que el control constitucional no puede pronunciarse dos veces sobre un mismo tema.
“Los procedimientos son claros, se pueden presentar reformas a la Constitución pero no exactamente sobre elementos que ya han sido consultados o ya han sido tramitados como reforma a la Constitución”, sostuvo.
En octubre de 2015, el TCP declaró la constitucionalidad de la ley de reforma aprobada en la Asamblea Legislativa para ampliar de una a dos las repostulaciones continuas y habilitar una nueva candidatura de Evo Morales. El fallo dio paso al referéndum del 21 de febrero, que rechazó la repostulación.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) definió retomar la repostulación y perfiló cuatro opciones, entre ellas está, precisamente, la reforma parcial para modificar el artículo 168 de la Carta Magna.
Flores explicó que una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo delito y esa lógica, añadió, se aplica a la acción del control constitucional.
“No se puede plantear una reforma constitucional con el mismo contenido de algún proceso ya iniciado sobre reforma parcial a la Constitución”, aclaró.
Mamani sobre juicio: “No voy a hablar… están invadiendo mi espacio personal”
Luego de conocer que será sometida a un juicio de responsabilidades en la Cámara de Senadores, la magistrada del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, evitó hablar del tema y cuestionó a los periodistas por invadir su espacio personal.
"No voy a hablar, déjenme trabajar, están invadiendo mi espacio personal", dijo brevemente a los periodistas la consejera suspendida, quien junto a otras tres autoridades judiciales debe afrontar el juicio, reportó la ABI.
Mamani fue denunciada ante la Asamblea Legislativa por el abogado Eloy Felipe Toledo Yana, quien, pese a ser elegido en febrero 2012 por el Consejo de la Magistratura como juez de instrucción mixto de Ixiamas en La Paz, no fue posesionado en el cargo, presuntamente sin razón alguna.
En ese entonces, Mamani fungía como presidenta del Consejo de la Magistratura y tras una evaluación del caso, la comisión de Justicia Plural de Diputados decidió ampliar la denuncia a los consejeros Roger Triveño, Wilma Mamani y Freddy Sanabria.
Puede leer también: Cámara de Diputados suspende a cuatro consejeros de la Magistratura
En tanto, el presidente restituido del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, quien no está siendo procesado, informó hoy que los suplentes de los cuatro consejeros suspendidos en las últimas horas por la Cámara de Diputados serán convocados después de la vacación colectiva judicial.
"Hay que ver, en el marco de los procedimientos, quiénes podrían estar habilitados para asumir esas responsabilidades", dijo.
Según la conformación del Consejo de la Magistratura, los suplentes a ser convocados son Magdalena Alanoca, Roxana Orellana, Emilio Osvaldo Patiño y Juan Orlando Ríos.
Los consejeros suspendidos serán investigados por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución.
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Comisión aprueba acusación contra cuatro de los cinco miembros del Consejo de la Magistratura
En medio de la crisis al interior del Consejo de la Magistratura, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles un informe de acusación contra cuatro magistrados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
El presidente de la comisión legislativa, Lino Cárdenas, explicó que el caso se origina en una denuncia presentada en 2014 por vulneración de derechos de un ciudadano al que le negaron ejercer el cargo de juez sin una resolución respectiva.
“Le quitaron de forma arbitraria (el cargo). Ese ciudadano hizo su reclamo desde el 2012 y finalmente hemos llegado a las conclusiones”, señaló.
Detalló que en la denuncia que concluyó en una acusación se encuentran cuatro de los cinco miembros del Consejo de la Magistratura: Cristina Mamani, Wilma Mamani, Roger Treviño y Freddy Sanabria. Este último fue posesionado recientemente como presidente del ente judicial en lugar de Wilber Choque.
“La decisión de esta comisión es que se formule acusación contra los acusados; remitiremos ese informe en las próximas horas a la presidenta de la Cámara de Diputados para que sea el pleno que tome la decisión, también se debe disponer la suspensión de sus funciones de estas autoridades”, explicó.
De ser rechazado el informe, la denuncia quedaría sin efecto la denuncia y las autoridades continuarían ejerciendo sus cargos.
En caso de que los cuatro consejeros sean suspendidos de sus funciones, daría pie a que se habiliten a los suplentes puesto que solo quedaría un solo magistrado ejerciendo el cargo, en este caso, el destituido de la presidencia, Wilber Choque. (15/12/2016)
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Justicia envía a cárcel de Palmasola a juez de Puerto Suárez acusado de corrupción
El juez de Puerto Suárez, Ángel Sánchez Rivero, fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola en Santa Cruz, imputado por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, concusión, incumplimiento de deberes, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado por hechos de corrupción.
“En la audiencia de medidas cautelares desarrollada en el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de la ciudad de Santa cruz, el Ministerio Público fundamentó la imputación y demostró los riesgos procesales dando lugar a que la autoridad jurisdiccional determine la detención preventiva del imputado”, señaló la directora Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General, Fanny Alfaro .
Entre los riesgos procesales, se demostraron el peligro de fuga de Sánchez, además que en su calidad de juez puede obstruir la investigación, ya que tiene acceso al manejo de la documentación.
De acuerdo con el cuaderno de investigación, durante un proceso por Tráfico de Sustancias Controladas, el Ministerio Público requirió del juez la incautación de un bien inmueble, sin embargo luego de concluida la audiencia y tras haber pasado un tiempo se evidenció que el acta fue alterada, dejando sin efecto la solicitud de la Fiscalía.
También se evidenció que en un caso de violación, ante el pedido del abogado del imputado el juez accedió a modificar su resolución de detenido preventivo por cesación de detención.
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García Linera dice que caso terrorismo es el mayor ejemplo de retardación de justicia
El vicepresidente Álvaro García Linera dijo el martes, en Santa Cruz, que la demora en la resolución del denominado caso terrorismo, es el mayor ejemplo de retardación de justicia que existe en el país.
"El caso (terrorismo) comenzó desde el 2009 (...) y ya son ocho años; el caso más importante del Estado boliviano, donde están juzgando a quienes han querido dividir Bolivia y atentar contra la vida de las autoridades, ocho años que se dilata, imagínese esa barbaridad; es por eso que planteamos cambios de raíz de la justicia boliviana", explicó.
García Linera vertió esas declaraciones en el marco de la presentación del proyecto del nuevo Código del Sistema Penal.
La investigación del caso terrorismo se inició el 15 de abril de 2009 luego del atentado terrorista que se registró a la casa del Cardenal Julio Terrazas en el departamento de Santa Cruz.
En noviembre, el presidente del Tribunal Primero de Sentencia, Sixto Fernández, informó que el juicio oral contradictorio del caso Terrorismo se paralizará hasta el mes de enero del próximo año, por la vacación judicial en las ciudades de Santa Cruz y La Paz.
El juicio oral se encuentra en la etapa de recepción de pruebas testificales de cargo, que ofreció la comisión de fiscales que investigó los nexos de la célula terrorista que tenía afanes cesionistas en Bolivia, encabezada por el mercenario húngaro-boliviano, Eduardo Rozsa Flores.
De 39 personas vinculadas a la célula terrorista de Rózsa, abatido en abril de 2009, el caso tiene 14 procesados, de los cuales, 3 guardan detención preventiva en el centro penitenciario de Palmasola, 1 tiene detención domiciliaria, otros medidas sustitutivas a la detención preventiva y existen algunos prófugos.
Posted by AHM at 4:11 PM No comments:
Eduardo León enjuicia a autoridades judiciales
El abogado Eduardo León, detenido en San Pedro por el caso Zapata, inició procesos administrativos y penales contra la vocal Virginia Crespo y otras autoridades judiciales, a quienes acusa de vulnerar sus derechos al retener el proceso penal en su contra.
León está detenido en el penal de San Pedro porque enfrenta dos procesos penales por supuesta suplantación de un niño para hacerlo pasar como hijo del presidente Evo Morales y de Gabriela Zapata, y por presunta falsificación de su libreta militar.
León dijo que inició el proceso contra Virginia Crespo, los fiscales Ernesto Macuchapi, Emiliano Arias y la jueza Melina Lima. Los acusa de promover fallos contrarios a la ley y de retardación de justicia
El Ministerio Público secuestró dos aeronaves de la empresa aérea LaMia que están estacionadas en los hangares de mantenimiento de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) de la ciudad de Cochabamba hace dos años, informó la fiscal Jacqueline Ponce.
“Se ha realizado el secuestro de ambas aeronaves. Ese es el acto que hemos concluido”, manifestó a los periodistas, luego de efectuar el levantamiento de datos de los dos aviones y solicitar un inventario de los objetos que se hallan en su interior.
Según Ponce, el acto judicial se efectuó en calidad de cooperación y en respuesta a un pedido de una comisión de fiscales de Santa Cruz que inició una investigación por el caso del vuelo 933 de LaMia que se estrelló hace más de una semana en Antioquia, Colombia y dejó como saldo 71 muertos y seis heridos, entre los que estaban jugadores y cuerpo técnico del equipo brasileño de fútbol Chapecoense y una veintena de periodistas.
Sostuvo que el secuestro hará que los dos aviones estén a disposición del Ministerio Público en calidad de posibles elementos relacionados con un delito o como producto de su comisión, puesto que tienen “vinculación íntima” con el hecho que es investigado.
“Además, van a servir también para el pago de daños y perjuicios”, acotó.
La fiscal recordó que el caso es investigado por una querella penal planteada por Roberto Carlos Gironda Cervantes, Carlos Fernando Pizarro Alcázar y René José Ríos Benavidez en contra de Marco Antonio Rocha Benegas, Gustavo Vargas Gamboa y Celia Castedo Monasterios.
Los delitos denunciados son incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, desastres en medio de transporte, homicidio, homicidio culposo y lesiones gravísimas y lesiones culposas. (Cochabamba-ABI)
La Fiscalía convocó al jefe de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos para que declare en el caso de una supuesta amenaza contra la vida del presidente Evo Morales, anunció el martes el fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.
"Ya se ha convocado al jefe de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos, a la gente que hubiera recibido esto (el mensaje) y todos los que están involucrados, para conocer los hechos, investigar y dar con el autor o los autores de este mensaje", informó Guerrero.
La supuesta amenaza contra la integridad física de Morales fue denunciada el sábado último por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien detalló que una menor de edad inimputable, de 17 años, envió un mensaje electrónico, a través de su cuenta de la red social Facebook, a la Embajada, en la que afirma que está en condiciones de "asesinar al presidente Evo Morales", a cambio de asilo para ella y toda su familia.
Las primeras actuaciones para aclarar el tema tienen que ver con requerimientos a las empresas telefónicas Viva, Entel y Tigo, informó mientras tanto el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco. (07-12-2016)
Desde mañana el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz comienza su vacación, quedando 39 jueces y juzgados de turno para ver los procesos y su desarrollo y las causas nuevas hasta que todo se normalice, el 2 de enero de 2017, cuando se inicie el nuevo año judicial.
La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Dra. Teresa Lourdes Ardaya, aseguró que en Sala Plena se han tomada las medidas necesarias para que las vacaciones no influyan en los procesos que se están ventilando en diferentes juzgados y tampoco en los que se vayan a presentar durante el descanso.
Las personas que sean aprehendidas o detenidas durante el cumplimiento de la vacación judicial, deben ser remitidas ante el juzgado de Instrucción Penal de turno, tanto en capital como en provincias.
Las causas con detenidos preventivos que cursen en los juzgados de Instrucción Penal de la capital que gozarán de vacaciones judiciales deberán ser remitidas a los tribunales de Instrucción en lo Penal de turno.
Los juzgados de provincias que gocen de las vacaciones judiciales, deberán remitir las causas con detenidos preventivos y en las cuales se tenga señalada audiencia de cesación a la detención preventiva, al juzgado de turno de su respectiva zona.
Los mandamientos de detención preventiva de los juzgados en vacación, quedan suspendidos 48 horas antes del inicio de la misma, es decir, desde el miércoles 4 de diciembre y a partir de esa fecha hasta el viernes 30 de diciembre, inclusive quedan suspendidos los mandamientos dictados por los tribunales que no se encuentren de turno y que no hayan sido ejecutados oportunamente.
Posted by industry at 7:41 PM No comments:
La juez agroambiental de Cercado, Maritza Sánchez, informó que en el presente año se atendió 183 causas en el Juzgado Agroambiental, que están establecidas en la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, las cuales fueron cerradas y llegaron a una resolución.
“También hay causas que se atendieron de forma itinerante como la que se está haciendo ahora en la localidad de Chocloca, porque es la única que no cuenta con un juzgado agroambiental y nosotros hemos querido que la Justicia vaya hasta el lugar de los hechos”, dijo.
Sánchez mencionó que la Ley 447 Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras prevé que los juzgados agroambientales pueden atender causas en el área rural que tiene un procedimiento especial, diferente al proceso oral agrario que se realiza de acuerdo a la Ley 1715.
“Tenemos que trabajar en las acciones reales como la reivindicación, la mensura, las acciones personales que tienen que ver con el tema de contratos, nulidad anualidad, medidas preparatorias, y otros que hacen la justicia ordinaria”, añadió.
Asimismo, hizo conocer que la Judicatura Agroambiental de Cercado tiene una competencia territorial que abarca Cercado, Avilés y la primera sección de la provincia Arce.
“Trabajamos en todo lo que tiene que ver con los procesos agrarios en el área rural, la posesión y la propiedad en el ámbito del campo”, mencionó.
La jueza, manifestó que el Servicio Nacional de Reforma Agraria es una unidad del Órgano Judicial que tiene que ver con la actividad y posesión de la propiedad agraria.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Pastor Mamani Villca, informó que se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con el Tribunal Popular Supremo de la República de China (Tsrch), para el intercambio y cooperación en materia tecnología aplicada a la justicia.
“El convenio marco que se firmó entre el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia y el Tribunal Popular Supremo de la República de China, servirá para el intercambio y cooperación en materia judicial prioritariamente en cuanto a tecnología aplicada a la justicia”, sostuvo Pastor Mamani.
La autoridad también informó que el convenio abarca mecanismo de intercambio de experiencias y conocimientos, entre la Escuela de Jueces del Estado y el Colegio Nacional de Jueces de China.
“Al estar viviendo la era del internet, todos los países debemos usar esta tecnología para modernizar el Sistema de Administración de Justicia, otorgando a los jueces esta herramienta para que puedan resolver los casos en forma oportuna y transparente”, sostuvo.
Asímismo, la autoridad informó que del 16 al 24 de noviembre, por invitación del Tribunal Popular Supremo de la República Popular de China, participó de la tercera conferencia mundial “Foro sobre el Estado de Derecho en Ciberespacio — Tribunal Inteligente”.
“En este foro participaron las delegaciones de Rusia, Reino Unido, Samoa, Singapur, Vietnam, Corea, Kazajistán y Bolivia”, dijo.
La temática abordada estuvo referida a la Creación del Tribunal inteligente, que tiene como objetivo materializar los principios de acceso a la justicia, imparcialidad, transparencia, publicidad y eficiencia en la labor de impartir justicia.
Posted by industry at 5:23 AM No comments:
Los abogados voluntarios William Bascopé, Víctor Hugo Chávez y Luis Fernández defenderán al magistrado suspendido Gualberto Cusi, quien advirtió que luchará "ante el poder” para demostrar su inocencia, aunque considera que la Cámara de Senadores, que se constituye en Tribunal de Sentencia, ya tiene lista una condena en su contra.
El magistrado suspendido, vestido con poncho, una bufanda y llucho con diseños aymaras, llegó hasta el Senado, donde presentó al pleno a sus tres nuevos abogados, luego que quedó sin defensa. Inicialmente su abogado era Eduardo León, a quien le quitaron su título profesional y ahora está con detención preventiva en el penal de San Pedro.
Cusi es acusado de presuntamente cometer prevaricato, emitir resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y por incumplimiento de deberes al haber emitido un auto que suspendió la aplicación de la Ley del Notariado. Junto a Cusi fueron acusadas sus colegas Rosario Chanez y Ligia Velásquez.
En la audiencia, los nuevos abogados defensores de Cusi solicitaron 10 días para poder evaluar los 17 expedientes del caso y así asumir la defensa plena.
El artículo 104 del Código de Procedimiento Penal, que señala: "Cuando la renuncia o abandono se produzca antes o durante el juicio se podrá prorrogar su comienzo o suspenderse el iniciado, como máximo por 10 días calendario, siempre que lo solicite en nuevo defensor”.
El presidente del Tribunal de Sentencia, José Alberto Gonzales, aceptó y resolvió suspender el inicio del juicio hasta el lunes 12 de diciembre.
Según el exmagistrado, la acusación en su contra es falsa porque "el auto constitucional que hemos emitido es de acuerdo a la normativa y, por lo tanto, toda la acusación es falsa y soy inocente”.
Denunció que la Cámara de Senadores ya tiene definido la sentencia condenatoria; sin embargo, anticipó que apelará el fallo ante el mismo Senado.
Lino Cárdenas, presidente de la Comisión de Justicia Plural, que se constituye en Ministerio Público, en el juicio de responsabilidades, dijo que tiene todas las pruebas del daño que causó el auto que suspendió la aplicación de la Ley del Notariado.
"Nosotros tenemos nuestra estrategia definida y que la vamos a exponer para sostener nuestra acusación en el juicio”, manifestó en rueda de prensa.
Esdenka Udaeta España, presidenta de la Asociación de Notarios de Bolivia, quien planteó la denuncia, ratificó que los magistrados "cometieron prevaricato, eso implica que se han dictado resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y eso ha causado un daño”.
Notificación El magistrado suspendido, Gualberto Cusi, acusó a la Cámara Senadores de administrar de manera irregular el proceso porque no notificó a sus 40 testigos para demostrar su inocencia. No obstante, sus nuevos abogados señalaron que evaluarán los expedientes y decidirán si es conveniente convocar a los 40 testigos de descargo.
Antecedentes Willian Bascopé fue asesor de la expresidenta de Diputados y ahora disidente del MAS, Rebeca Delgado. Víctor Hugo Chávez es hermano del exministro de Gobierno y abogado de la china CAMC, Wilfredo Chávez. Luis Fernández es abogado en El Alto.
El módulo del sistema Sirej Magistratura implementa 180 sistemas de videograbación en los juzgados
El Consejo de la Magistratura inició la implementación del módulo “Video grabación de audiencias, que forma parte del Sistema Integrado de Registro Judicial (Sirej)”, en todo el país; la aplicación informática será instalada en 183 juzgados públicos en materia civil y familiar; informó la consejera Wilma Mamani Cruz.
El sistema permitirá la grabación de audio y video de audiencias, facilitando la simplificación del trabajo de transcripciones de las actas de audiencia, que serán digitalizadas, informó Mamani Cruz, a tiempo de indicar que las partes tendrán acceso al acta generada.
La autoridad resaltó que una de las bondades del sistema es la generación del acta de la audiencia, que es obtenida a través de un software, lo que resolverá el trabajo de transcripciones que se encontraba a cargo del secretario del juzgado y que ahora se encargará del registro de grabación, desde la preparación de la audiencia con los datos de las partes intervinientes, que serán recuperados del Sirej.
Una vez se produzca la grabación en audio y video el desarrollo de la audiencia, los datos principales serán indexados a planillas preestablecidas, lo que facilitará, de forma inmediata, tener el acta de audiencia y podrá ser entregado a las partes.
Mamani dijo que el Consejo de la Magistratura está realizando todos los esfuerzos para que de manera gradual pueda consolidarse el sistema oral, que se apoya fuertemente en el uso de la tecnología.
De acuerdo con el cronograma, la instalación del módulo de video grabación de audiencias, que forma parte del Sirej en los nueve distritos del país, será concluido hasta el 3 de diciembre; la funcionalidad del sistema está en manos de los impartidores de justicia que a través del personal de apoyo judicial, deberán poner en práctica y así ofrecer un mejor servicio al público litigante.
Procuraduría implementa el ROPE Cerca de 40 mil procesos judiciales del Estado serán sistematizados
La Procuraduría General presentó ayer, el programa de Registro Obligatorio de Procesos del Estado (ROPE), por el cual pretenden sistematizar, hasta el 20 de abril de 2017, cerca de 40 mil casos que el Estado tiene abiertos en vía penal, civil y fiscal, entre otros, según informó la subprocuradora Erika Chávez.
El ROPE es una plataforma web, en el cual se tendrán todos los procesos judiciales de la administración pública, en cuya base de datos, de forma permanente y actualizada, se podrá encontrar la información de los procesos en los que sea parte la administración del Estado, en todos los niveles de gobierno, con la identificación de instituciones, entidades, empresas públicas, abogados, cuantía y toda la información adicional, que sea requerida para la implementación y funcionamiento del sistema.
La presentación se la hizo en el Ministerio de Transparencia, junto a la viceministra, Heldy Cardenas, quien informó que el Ministerio de Transparencia Institucional fue la primera en registrarse en el sistema informático, con todos sus procesos judiciales, convirtiéndose así en la primera Entidad Pública que cumple con el ROPE, establecido en el D.S. N° 2739.
El ROPE es una herramienta de seguimiento y control de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de las entidades públicas, sobre la unidad jurídica, para supervisar la correcta defensa legal, además de proporcionar información estadística que sirva para la formulación de políticas públicas y toma de decisiones en favor del Estado.
Serán registrados en el ROPE los procesos judiciales: Civiles, Penales, Coactivos Fiscales, Laborales, Coactivos Sociales, Ejecutivos Sociales, Coactivos de la Seguridad Social, Contenciosos, Contenciosos Administrativos, Contenciosos Tributarios y Agroambientales con excepción de los procesos administrativos, arbitrales ni las acciones constitucionales.
Los procesos judiciales deberán ser registrados en el plazo de 15 días hábiles, desde la primera acción jurídica realizada y esta tendrá que ser actualizada cada seis meses a partir de la fecha de registro o ultima de actualización.
La información falsa que se registre ante el ROPE y que perjudique o impida el ejercicio de funciones de la Procuraduría puede generar responsabilidades.
Juicio de responsabilidades Magistrado Cusi se presentará sin abogados y sin pruebas de descargo
Gualberto Cusi, magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), informó que hoy se presentará al juicio de responsabilidades iniciado en su contra por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa, por haber dejado en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado, en marzo de 2014.
Anunció que se presentará sin abogados, pues afirmó que hasta ayer ningún jurista quería defenderlo, por temor a la persecución política por parte del Gobierno.
“¿Qué espero de este juicio (de responsabilidades)? Nada, simplemente ellos van a condenarme y estoy dispuesto a asumir el fallo”, afirmó Cusi.
El viernes, la Cámara de Senadores convocó para hoy, a las 09.00 horas, a hacerse presente en el salón del hemiciclo, ante “los senadores Salvatierra Adriana, Rivero Erwin (MAS) y Rodríguez Edwin (UD) (miembros del Tribunal de Sentencia), quienes conocerán y resolverán en la etapa de juicio, en única instancia, y en una sola audiencia, sobre la legalidad o ilegalidad de las excusas y recusaciones que pudieran ser planteadas en el juzgamiento de Gualberto Cusi”.
Cusi fue suspendido de sus funciones de magistrado del Tribunal Constitucional en octubre de 2014, sindicado por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y prevaricato; por haber dejado en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado con justificativos que puso ya de manifiesto.
BUSCA ABOGADO
“Me considero inocente y, por tanto, no tengo miedo de afrontar este juicio de responsabilidades, y lo afrontaré con orgullo, con hidalguía. Pero al mismo tiempo, me encuentro preocupado, porque no encuentro abogado que me pueda patrocinar y en ese sentido provechar, los medios de comunicación, para pedir sí algún colega, abogado, se anima hacerme el patrocinio”, afirmó ayer Cusi, en una improvisada conferencia de prensa.
Cusi afirmó que una de las razones por las que no cuenta con abogado defensor es el temor que le han expresado sentir sus colegas, por una posible persecución política por parte del Gobierno de asumir su defensa. “Se ha generado –dijo– una situación de terror y miedo para los abogados, en ese sentido estoy en una situación de indefensión, pero de todos modos igual asumiré la defensa”, aseveró.
Respecto de la instancia que lo juzga manifestó que no puede esperarse un fallo imparcial, independiente, porque es un Tribunal de carácter político, conformado, en mayoría por senadores del MAS.
“El MAS ha tomado una decisión de condenarme y en ese sentido la sentencia ya está hecha”, afirmó Cusi y señaló que de nada sirve argumentar aspectos legales sobre las irregularidades con las que se está planteado este juicio, pues al mismo tiempo “la mayoría que compone este Tribunal, ni siquiera sospecha lo que es el derecho”, remarcó.
Por otro lado, recordó que por la fecha en las que se inició el proceso, él se encontraba delicado de salud, por lo que en la etapa preparatoria, no logró generar pruebas de descargo.
“En esa desventaja voy a este proceso. Pero de todos modos, ellos presentaron el expediente de la acción de inconstitucional abstracta, donde está bastante claro cómo se procedió en este tema”, señaló Cusi.
El magistrado afirmó que suspendió la aplicación de la Ley de Notarios, sin ocasionar perjuicio alguno a los notarios de fe pública, como lo constatan los registros del Consejo de la Magistratura de los días de marzo de 2014, cuando entró en efecto la resolución firmada por él y las exmagistradas Zoraida Chánez y Ligia Velásquez.
Dos testigos son claves para Cusi, el expresidente Carlos Mesa y la consejera de la Magistratura, Cristina Mamani. En 2014, presentó una lista de testigos de al menos 50 personas, cuando inició el juicio de responsabilidades, que en su caso quedó suspenso por su delicado estado de salud.
“Ese es otro problema, en el pasado tenía unos 50 testigos en 2014. Ahora muchos han cambiado de celular, de domicilio, otros están en el exterior. Entonces, para mí es difícil encontrar a los testigos y yo personalmente tengo que notificar y esa debería ser su labor del tribunal”, manifestó.
Actualmente tiene una nómina de 35 personas. Plantea que el expresidente Carlos Mesa sea su testigo, aunque no quiere adelantar por qué sería un testigo clave.
“En materia de pruebas yo me he adherido a las pruebas de las exmagistradas (Soraida) Chánez y Ligia (Velásquez) y uno de ellos, que me parece interesante, es que Carlos Mesa sea mi testigo”, sostuvo.
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Fiscalía impidió que juez escuche las tres conversaciones Valda presenta audios y asegura ser inocente en caso “Consorcio Saravia”
El mayor de Policía Freddy Valda Revilla presentó audios de tres conversaciones telefónicas que mantuvo con los efectivos, que llevaron adelante un operativo solicitado por el exfiscal Ánghelo Saravia, y que se revirtió en su contra. Sin embargo, la comisión de fiscales evitó que los mismos sean escuchados por el juez, en la audiencia de medidas cautelares del pasado jueves, en la que se determinó enviar al exjefe anticorrupción de la Felcc a la cárcel de Patacamaya.
En audiencia cautelar, el mayor Valda explicó ante el juez segundo anticorrupción de El Alto, Omar Monasterios, que una manera de proceder por parte de efectivos de inteligencia en la Policía, es la grabación de las llamadas telefónicas, para que no existan suspicacias entre los mismos.
Es así que varios audios fueron entregados a los fiscales, y figuran en el cuaderno de investigaciones a la espera del desdoblamiento de las conversaciones y el correspondiente peritaje, según explicó el fiscal Ramiro Jarandilla.
Del contenido de dichos audios, a los que EL DIARIO tuvo acceso, se comprende que el mayor Valda sostiene la primera conversación con el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Felipe Almaraz, al cual le da parte sobre un primer contacto con Saravia, dando a conocer que el entonces fiscal denuncia ser víctima de una extorsión por parte de unos denunciantes, y que se debía proceder, antes de ser denunciados por incumplimiento de deberes.
En ese sentido, Almaraz autoriza a Valda instruir al responsable de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), capitán Felipe Vargas, para que intervenga con efectivos de inteligencia.
Pero, según se oye en el segundo audio, Valda no llama a Vargas, pero sí al director de Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE), mayor Freddy Pinto, a quien le formula el mismo argumento, y además señala que cuenta con la autorización de Almaraz, y al final de la llamada le dice que para mejor coordinación, le pasará el número del fiscal Ánghelo Saravia.
ERROR DE TÁCTICA
Por último, se tiene el audio en el que Valda y Pinto conversan sobre cómo el operativo que se dio, en el que intervinieron efectivos del GICE y DACI, se dio vuelta en contra de Saravia, y por el cual surge el indicio del consorcio.
Otro aspecto que Valda explicó al juez es que la denuncia para que el GICE se active y verifique la supuesta extorsión, de la cual era víctima Saravia, fue a denuncia de Leonardo Alberto, medio hermano de Saravia, que de manera paralela a las llamadas entre Valda, Almaraz y Pinto, se hacía presente en la Felcc de El Alto, para pedir ayuda a favor de su pariente.
Es de esa manera que, de forma separada, efectivos de inteligencia del GICE y DACI proceden al arresto de Melquiades Mamani, cliente de Saravia en 2014, cuando era abogado libre, y Herminio Pucho, amigo de éste, como los supuestos extorsionadores de la exautoridad.
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Procesada en caso consorcio Ganam – Mendoza Teniente Morales afirma que Saravia y Valda montaron casos
La teniente Mireya Morales, detenida dentro del caso Consorcio Ganam – Mendoza, declaró por otro caso de Consorcio referido al exfiscal Anghelo Saravia, señalando que éste y el mayor Frreddy Valda, director de la unidad anticorrupción de La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), “montaron varios casos”, según informó el fiscal de materia Rudy Terrazas.
NO SABEN CUÁNTOS
“En el fondo (Morales) señaló que estaban acostumbrados presuntamente, a planificar y hacer operativos de esta forma, sobre todo, el doctor Anghelo Saravia, como también, la gente que trabajaba en la dirección de delitos contra la corrupción, concretamente lo menciona al mayor Valda”, informó Terrazas ayer luego de la audiencia cautelar en la que el Ministerio Público logró la detención preventiva de Valda.
Sin embargo, según Terrazas, en esta declaración Morales no detalló cuáles fueron los casos que montaron y no tenía presente el número, por lo que se continuará indagando.
El 20 de julio, ante autoridad judicial, Saravia logró la detención preventiva en la cárcel de San Pedro de Oruro para la teniente Morales, sindicándola de formar parte del consorcio ilegal de abogados, en los que fueron imputados el jurista Milton Mendoza y el exvocal Fernando Ganam, ambos recluidos en San Pedro de La Paz.
Recodemos que por este caso, existen más de 10 detenidos, entre fiscales, jueces, funcionarios y representantes de la Cooperativa de Teléfonos (Cotel) La Paz, caso en el que Saravia contaba con total respaldo de todo el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, que hoy lo señalan como culpable de montar casos.
Al respecto, Valda manifestó a EL DIARIO que no tiene conocimiento de denuncia alguna hecha en su contra por parte de Morales, de quien observa que declare en este caso, donde se supone, no tiene nada que hacer.
Por otro lado, el fiscal señaló que en el caso de Valda, debió “representar” o rechazar la denuncia hecha por el exfiscal, debido a que el mayor reconoce no haber tenido facultades para recibir esta denuncia y transmitirla al GICE, como lo hizo, y que al contrario pudo haber comunicado a Saravia que él no tenía competencia para que esta supuesta víctima acudiera a la autoridad correspondiente.
Juan Carlos Escalante, abogado de Valda, afirmó que en la Fiscalía omite varios datos de la investigación a fin de perjudicar a su defendido y señaló como ejemplo, que en ninguna declaración de los efectivos de inteligencia tanto del GICE como del DACI, se menciona a Valda como director del operativo o como el que “ordena” que el mismo se ejecute.
Defensa asegura que juez no valoró documentos Mayor implicado con exfiscal Saravia fue enviado a cárcel de Patacamaya
El juez segundo anticorrupción de El Alto, Omar Monasterios, determinó ayer la detención preventiva, en el penal de Patacamaya, del mayor de Policía y director de la Dirección Especial de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), Freddy Valda Revilla, implicado en el caso de consorcio de jueces, abogados, fiscales y policías, que se abrió contra el exfiscal Anghelo Saravia.
Por su lado, Franklin Amaru, abogado de Valda, apeló la determinación, asegurando que el juez Monasterios no valoró la documentación presentada por su defendido, la cual afirma, desvirtúan los indicios sobre la probabilidad de autoría en el montaje de un operativo en contra de dos personas que denunciaron, también por extorsión, al exfiscal Saravia.
Amarú también observó que el juez, al momento de fundamentar su resolución sobre los riesgos procesales, entró en contradicción al señalar que Valda no cuenta con trabajo, pero lo calificó “como riesgo para la sociedad debido a que ocupa un importante puesto en la Policía.
El sábado 12 de noviembre, Valda recibió una llamada telefónica del entonces fiscal Saravia que denunció ser víctima de extorción de $us 5.000 por parte de Melquiades Mamani, su cliente en 2014 cuando era abogado libre y Herminio Pucho, amigo de este, para que levanten una denuncia, también de extorsión, que ellos hicieron ante el Fiscal General y el Ministerio de Gobierno.
Valda asegura que luego de recibir esta llamada, él, da parte al director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Felipe Almaraz, quien le indica que “proceda”, por lo que el mayor, realiza otro contacto, esta vez al director de Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE), capitán Freddy Pinto y le “transmite” la denuncia.
“No ordené ningún operativo, pero si no daba parte (a su superior) y llamaba al mayor Pinto, hubiera incumplido con mis deberes”, aseguró Valda a EL DIARIO.
Por otro lado, afirmó que al recibir la denuncia de Saravía, no tenía cómo comprobar que esta fuera falsa o no y la ejecución del operativo y el procedimiento, es responsabilidad única de los ejecutores, es decir los efectivos del GICE.
Negó cualquier contacto con el director de Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), capitán Felipe Vargas,
En audiencia, también afirmó estar dolido pues asegura que al lograr una calificación de 96,75 y contar con un historial limpio, ayer, debía asistir al acto de su ascenso a teniente coronel, pero está siendo truncado por una “imaginativa” versión de los fiscales.
Por este caso, están detenidos en el penal de San Pedro, desde el pasado 17 de noviembre, el exfiscal Saravia, su medio hermano (que hizo la denuncia ante la DACI) y el abogado William Quispe, que afirma Saravia fue quien lo llamó a el Aeropuerto para pedir el dinero en nombre de Mamani y Quispe.
Presidenta del TDJ de La Paz: Juez de Caranavi liberó a Elvis Alcázar porque fiscal emitió un “sobreseimiento”
El juez público de Instrucción Penal No. 1 de Caranavi ha informado que Elvis César Alcázar Divico –detenido preventivo en San Pedro hasta diciembre de 2014 por presunta complicidad en un caso de asesinato atribuido a otra persona– fue beneficiado por el fiscal de materia de ese distrito con una “resolución de sobreseimiento”, por lo que la libertad del imputado era procedente por ley.
La información fue brindada por la presidenta del Tribunal Departamental (TDJ) de Justicia de La Paz, Carmen del Río Quisbert. “El juez de Caranavi, Javier Vargas, ha remitido a esta Presidencia un informe detallado en el que asegura que ‘no ha vulnerado ni transgredido disposición legal alguna’, en la tramitación de dicho proceso, porque el mandamiento de libertad que emitió fue resultado legal de la resolución conclusiva del fiscal (Óscar Luís Campero Aranibar)”, señaló al precisar que, además, la parte denunciante no se apersonó al juzgado ni apeló la determinación judicial.
De acuerdo con los antecedentes contenidos en el informe del juez, el 30 de agosto de 2013, el fiscal presentó una imputación contra Alcazar Divico y otros siete menores de edad “por la presunta comisión de complicidad y encubrimiento de asesinato, cuyo autor principal de ese delito habría sido Edwin Mamani, quien fue quemado por la muerte de Ademar Jáuregui Jordán”.
La autoridad judicial de Caranavi aseguró haber conocido la causa en junio de 2014 y que el 4 de agosto del mismo año, el fiscal presentó requerimiento conclusivo de “sobreseimiento” (Resolución 001/2014) para las ocho personas sindicadas de “complicidad del delito de asesinato”, entre las que figura el nombre de Elvis Alcázar Divico.
“El 15 de diciembre de 2014 se trató la solicitud de cesación a la detención preventiva del imputado, Alcazar, disponiendo dicha cesación en atención a que ya cursaba en el cuaderno de control jurisdiccional, el requerimiento conclusivo de sobreseimiento del fiscal. Dos sentencias del TCP señalan que cuando un proceso con sobreseimiento es remitido a la fiscalía departamental, este debe ser resuelto a la brevedad”, señala una parte del informe del juez.
Asegura que Alcazar Divico salió en libertad, además, porque desvirtuó los riesgos procesales y demostró que “no tenía ningún otro antecedente penal o policial y menos existía en el cuaderno de control jurisdiccional, impugnación alguna contra el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento”.
En ese sentido, la presidenta del TDJ explicó que “la liberación de un detenido preventivo no obedece solo a la determinación exclusiva de un juzgador, sino que responde a un proceso en el que otras instancias, como la Fiscalía y la Policía juegan un rol determinante. La Policía investiga y colecta las pruebas y el fiscal hace conocer la existencia o no de riesgos procesales, y tiene la opción de emitir la imputación formal –si corresponde– o el sobreseimiento si encuentra elementos suficientes que prueben esa situación”.
“El juez valora los sustentos presentados por el Ministerio Público y resuelve con fundamento legal suficiente, si procede o no. En caso de cumplirse con todos los requisitos establecidos por ley, se concede la libertad, caso contrario se la rechaza. Pero, además, toda determinación del juez es apelable a otras instancias superiores, ya sea por el Ministerio Público y/o por la parte acusadora o la víctima”, dijo.
“En todo caso, los jueces del área penal están cumpliendo con sus responsabilidades asignadas por ley, verificando si las demandas de libertad cumplen con los requisitos técnico jurídicos tales como verificar los antecedentes del detenido, si han cumplido o no la sentencia, si tienen opciones de libertad extramuro, procedimiento abreviado o cesación a la detención preventiva, entre otras medidas”, señaló la Presidenta del tribunal de justicia al ser consultado por los medios.
Por tanto, Quisbert aseguró que no corresponde que algunos líderes de opinión, sin conocimiento de causa, se den a la tarea de satanizar a todos los jueces con acusaciones genéricas que, al final del día, solo dañan la imagen institucional de la justicia y, en consecuencia, afectan la seguridad jurídica del Estado boliviano.
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﻿60 fiscales han sido destituidos por faltas y corrupción
El Ministerio Público destituyó a 60 fiscales en lo que va de año por diversas faltas, incluidas denuncias de corrupción, informó ayer el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
"En lo que va del año unos 60 fiscales han sido destituidos en todo el país. Tenemos más de 200 procesos en curso. Algunos casos ameritan la suspensión por un tiempo, otros casos son multas o sanciones en porcentajes de su sueldo, dependiendo de la falta", dijo Guerrero a los medios en La Paz, según EFE.
Agregó que entre los fiscales destituidos hay funcionarios denunciados por supuesta corrupción, lo que, según Guerrero, muestra que la Fiscalía está "dando señales claras" y asumiendo acciones para "destituir a los corruptos" y "sacar a la gente que no está comprometida con un servicio a la sociedad".
ANTICORRUPCIÓN El caso más reciente fue el del ahora exfiscal anticorrupción Ánghelo Saravia Alberto, que fue enviado ayer a prisión por una denuncia de supuesta extorsión.
En una audiencia cautelar que concluyó ayer en la ciudad de El Alto, el juez Omar Monasterios determinó la detención preventiva de Saravia en la cárcel de San Pedro, en La Paz, informó el fiscal departamental, Edwin Blanco.
"Saravia ha sido imputado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y consorcio de jueces, fiscales y abogados, debido a que se colectaron pruebas respecto a que intentó implicar a sus dos denunciantes con un supuesto hecho de extorsión", explicó Blanco, según un comunicado de la Fiscalía.
Saravia estuvo a cargo de las investigaciones de sonados casos de corrupción, incluidos el del fondo estatal para financiar proyectos para el desarrollo de los pueblos indígenas y el de la contratación de una empresa local para la construcción de puestos militares que no llegaron a ejecutarse.
Además del exfiscal, también fueron enviados a prisión su hermano, Leonardo Alberto Gonzales, y su abogado, Williams Quispe, acusados de los mismos delitos.
Saravia y Alberto armaron un operativo junto a dos unidades policiales para detener el pasado sábado a Melquiades Mamani y Herminio Pucho, quienes habían denunciado que el exfiscal les pidió dinero en 2014 para facilitar la liberación de una persona detenida.
Saravia actuó por cuenta propia, pues no informó a sus superiores sobre el operativo y no presentó un informe sobre sus acciones, por lo que la Fiscalía decidió imputarlo por incumplimiento de deberes.
Guerrero indicó que se han abierto cuatro procesos penales contra Saravia.
Gobierno afirma que el linchamiento es un delito y culpa a jueces por errores procedimentales
(ABI).- La ministra de Justicia, Virginia Velasco, aseguró el martes que "tomar la vida de una persona por mano propia" no es Justicia Comunitaria, y responsabilizó de dos linchamientos suscitados en las últimas 48 horas en el país, a los operadores de justicia que -dijo- cometen errores procedimentales y permiten la libertad de delincuentes.
"No se puede quitar la vida de nadie por ningún motivo, eso no es Justicia Comunitaria y lo que hay que reflexionar a la sociedad es que no cometan delitos, ni justicia con mano propia, no pueden quemar ni quitar la vida como lo hicieron en Reyes, para eso tenemos las instancias correspondientes", declaró a los periodistas.
A su juicio son los operadores de justicia los responsables de ese tipo de hechos debido a que cometen errores procedimentales que permiten la liberación de reos que cometen delitos gravísimos, aspecto que -menciono- debe ser sancionado.
"Lo que pasa es que los jueces están liberando a delincuentes que han cometido delitos gravísimos de una manera amplia, sin ver y analizar que son delitos gravísimos y desde luego estamos pidiendo el informe al Consejo de la Magistratura para ver cuáles han sido los motivos y cómo han desvirtuado los riesgos procesales en temas de delitos gravísimos", remarcó.
La Ministra de Justicia pidió al Consejo de la Magistratura que realice una auditoría a los jueces que liberaron a reos, que luego fueron linchados, para que sean sancionados de manera ejemplarizadora.
"El Consejo de la Magistratura debe realizar las auditorias correspondiente porque es su competencia sancionar a jueces que cometan este tipo de fallas procedimentales", reiteró.
El sábado, una turba de pobladores colgó a un supuesto violador, frente a la Subgobernación, después que fuera sacado de una celda policial tras ser aprehendido con fines investigativos en el municipio de Reyes, Beni.
Dos días después, se registró un brutal linchamiento de una persona acusada del robo de una motocicleta en el municipio de Entre Ríos, Cochabamba, quien fue quemada viva.
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Exfiscal imputa a implicados en “consorcio” Acusaciones sostienen que Saravia pagaba a los jueces
Durante una polémica y maratónica audiencia cautelar, Herminio Pucho y Melquiades Mamani aseguraron que en 2014, cuando era su abogado particular, entregaron al exfiscal Anghelo Saravia 15.000 dólares para pagar a jueces y vocales con la condición de no ser enviados a la cárcel.
Por su lado, el exfiscal anticorrupción asegura que tras su destitución y detención en la cárcel están los implicados en el denominado “Consorcio Ganam – Mendoza”.
Tras más de 12 horas de audiencia cautelar, que se inició el lunes a las 14.00 horas y finalizó a las 3.00 de la madrugada de ayer, el juez segundo anticorrupción, Omar Monasterios, determinó enviar al penal de San Pedro, con detención preventiva, al exfiscal Anghelo Saravia, a su medio hermano, Leonardo A. G. y al abogado William Q. V., imputados por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y “Consorcio de jueces, abogados, fiscales y policías”.
La aprehensión de estos se dio el sábado, luego de un operativo que fue solicitado por Saravia a la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y al Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE), a tiempo de denunciar que es víctima de extorsión por parte de Melquiades Mamani, su cliente en 2014, y el compañero de este, Herminio Pucho.
Según los informes de los efectivos de esos grupos de inteligencia de la Policía, a los que EL DIARIO tuvo acceso, además de lo aseverado por ambas partes en la audiencia cautelar, dicho operativo fue solicitado a las 13.00 horas del sábado por Leonardo A. G., denuncia que resultó ser falsa y por el que se procedió a la aprehensión de los tres.
El fiscal Ramiro Jarandilla explicó, en audiencia, que la supuesta extorsión pretendía ser justificada, tratando de entregar, por la fuerza, cinco mil dólares a Mamani y Pucho, quienes en una primera instancia resultaron arrestados y con ayuda de su actual abogado, Saúl Aranibar, aclararon el tema.
PAGOS A JUECES
En la audiencia, cerca de la 01.00 de ayer, el juez Monasterios concedió la palabra a Pucho, quien explicó que en un proceso por falsedad material abierto contra su compañero Mamani, en 2014, un día antes de una audiencia de apelación a las medidas sustitutivas, con las que contaba Mamani, Saravia recibió de ellos $us 5.000 para que los entonces Vocales de la Sala Penal Primera, Ricardo Chumacero y Ramiro López, les beneficien con una resolución favorable, pero fue todo lo contrario, y en este sentido, se le exigió devolver el dinero, pero se continuó con el proceso.
Con Mamani en la cárcel, Pucho afirma que se presentaron a varias audiencias, en las que se trató de desvirtuar riesgos procesales, pero que para estas, Saravia les pedía el pago de Bs 1.500 por la presentación de Sentencias Constitucionales y les pedía al menos Bs 500 para pagar al Gobernador del Penal, para que autoricen las salidas de Mamani a las audiencias y otros pagos para policías, “así que por cada audiencia pagábamos 4.500 bolivianos”, afirmó.
PAGO A JUEZ
En ese contexto, Saravia volvió a pedir 10.000 dólares, dinero que le fue entregado por medio de William Q. y llegó a manos de la secretaria del supuesto juez, pero no se dio el resultado esperado.
En ese sentido, tomaron un abogado, que su honorario alcanzaba a 2.000 dólares; “y ahí nos enteramos que no había que pagar al Gobernador, a los policías para que lo traigan a las audiencias a Melquiades (…), el doctor Saravia era bien convincente”, aseguró Pucho.
Sobre los $us 10.000, la versión de William Q. V., que resultó ser sobrino de Melquiades Mamani es que este dinero se le dio para ser administrado y pagar honorarios de Saravia y otros trámites, pero Pucho volvió a contradecirlo y dijo que este también estaba mintiendo.
Por su lado, en una detallada relación de nombres y fechas, Saravia hizo uso de su defensa y aseveró que los acontecimientos que desembocaron en su destitución y detención fueron promovidos por los implicados en el “caso Consorcio Ganam – Mendoza”.
Mostró documentos y afirmó que el abogado, en uno de los cinco procesos que Mamani tuvo en su contra, y promovió su detención, de la cual él logró sacarlo en una primera instancia, fue Milton Mendoza, y otros abogados “Juniors”, allegados al mismo jurista.
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Tras 12 horas de audiencia, juez envía a la cárcel de San Pedro al fiscal Saravia
El juez segundo anticorrupción de La Paz, Omar Monasterio, determinó después de 12 horas de audiencia la detención preventiva para el fiscal Ángelo Saravia en la cárcel de San Pedro.
La audiencia inició el lunes a las 14:00 horas y finalizó a las 2:00 de la madrugada con la determinación del juez.
Los delitos por los que está sindicado el fiscal son incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y delitos de consorcio de jueces y abogados.
La Fiscalía informó a ABI que en primera instancia se determinó la detención preventiva en el penal de Patacamaya, pero la decisión fue modificada ya que en ese penal se encuentran recluidos varios abogados del caso consorcio de abogados y jueces.
El fiscal fue aprehendido el pasado sábado cuando realizaba un operativo en la zona de Ventilla en el que intentaba detener a Melquiades Mamani y Herminio Pucho, quienes denunciaron un acto de corrupción en su contra consistente en pedir dinero para beneficiar supuestamente a un juez y permitir la detención domiciliaria a Mamani.
Saravia atendía casos polémicos como el exFondo Indígena, caso de consorcio de abogados, jueces y jueces, así como el bullado caso de los puestos militares.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, informó que solo en el mes de septiembre, autoridades judiciales liberaron a 134 reclusos del penal de San Pedro de La Paz, que tendrían un "amplio prontuario".
Agregó que "cada uno de estas 134 personas liberadas (que tienen) un montón de antecedentes, son delincuentes ya con amplio prontuario, que evidentemente hacen surgir la duda (su liberación)".
El Viceministro detalló que entre los liberados figuran 30 personas con antecedentes por robo, robo agravado, robo agravado en tentativa con lesiones; otras dos implicadas en hurtos; 14 en tentativa de homicidio; cinco en robo y organización criminal; 11 implicados en delitos de violación a menores; 12 por violencia familiar domestica con lesiones graves; cuatro, acusados por suministro de drogas; 10 por estafa, entre otros. (ANF)
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El vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y miembro del Tribunal de Apelación, Iván Sandoval, informó ayer, que se determinó ampliar la sentencia para los imputados del caso 24 de mayo de 2008, de seis años a siete años y seis meses.
Por un lado, en relación a los procesados Cristian Flores y Juan Carlos Zambrana, acusados por los delitos de lesiones graves y coacción, cumplirán una pena de privación de libertad de seis años y tres meses.
Mientras que la determinación para los otros implicados Jaime Barrón, Jhon Cava, Sabina Cuéllar, Fidel Herrera, Aydée Nava, Epifanía Terrazas, Jamil Pillco, Juan Antonio Jesús, Iván Ríos y Franz Quispe, acusados por los delitos asociación delictuosa, tenencia de explosivos, lesiones graves y coacción, estos deberán cumplir siete años y seis meses de cárcel, a cumplirse en el penal de San Roque de Sucre.
Los coimputados tienen un plazo de cinco días para apelar ante el Tribunal Supremo de Justicia.
El 2 de marzo de este año, el Tribunal de Sentencia de Padilla dictó la sentencia condenatoria de seis años de cárcel contra 13 acusados por instigación a la violencia y racismo, en el denominado caso 24 de mayo de 2008.
“Corresponde modificar el quantum de la pena impuesta en primer momento de seis años a siete años y seis meses, es lo que corresponde”, señaló.
Sandoval explicó que, una vez revisado el memorial del recurso de apelación restringida y las incidentales formuladas por las víctimas y por el Ministerio Público, se observó que el Tribunal de Sentencia de la jurisdicción de Padilla no habría tomado el concurso real de delitos, que está referida al quantum de la pena.
“La pena que impuso de seis años debió corresponder a un mayor quantum, en unos casos de más de siete años y en otros casos más de diez años, tomando en cuenta el máximo de la gravitad del delito”, sostuvo.
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Piden reunión interinstitucional Poder judicial espera lista de presos liberados
La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Carmen del Río Quisbert, informó que está aún a la espera de la supuesta lista de 70 delincuentes que fueron liberados de forma irregular, según la versión de los directores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y, al igual que los jefes policiales, pide una reunión interinstitucional.
En declaraciones vertidas a medios de comunicación por Quisbert, la pasada semana, esta solicitó de forma pública que la Policía le remita la supuesta lista de delincuentes, que de manera irregular fueron liberados por jueces de este distrito.
No obstante, de no tener información precisa sobre los juzgados y los tipos de delitos, Quisbert instruyó a nivel departamental se le remitan informes sobre las órdenes de libertad emitidas por juzgados, en las últimas semanas.
Dicho informe aún no es entregado por algunos juzgados, por lo que se determinó ampliar el plazo, señaló Quisbert.
En ese sentido, la presidenta del TDJ recordó que dentro de un proceso judicial, donde se trata la libertad o detención de un supuesto delincuente, existen responsabilidades compartidas, ya que en el marco de la ley, la Fiscalía está a cargo de la investigación de hechos, los cuales deben ser configurados en indicios y argumentos legales para impedir que delincuentes peligrosos continúen en libertad y generen inseguridad ciudadana.
En el caso de la Policía, esta también tiene responsabilidad en el relevamiento de evidencias, que deben ser enmarcadas en procedimientos, cuidando que no se generen vicios legales que permitan salidas jurídicas a los delincuentes.
Quisbert sostiene que velando por la seguridad ciudadana, ha solicitado una reunión interinstitucional para verificar los detalles de la denuncia.
Por su lado, el director nacional de la Felcc, coronel Felipe Almaraz, informó ayer que la Policía pedirá una audiencia con la presidenta del TDJ y con el fiscal departamental, Edwin Blanco, para analizar el porqué la liberación de 70 reos calificados de “muy peligrosos” del penal de San Pedro de La Paz.
“Vamos a pedir audiencia con la presidenta del Tribunal de Justicia, conjuntamente vamos a hablar con el señor Fiscal Departamental para ver dónde se encuentran las deficiencias, qué es lo que está pasando (con la liberación de delincuentes)”, indicó Almaraz.
El jefe policial dijo que los 70 reclusos liberados tienen antecedentes por robo y robo agravado, y al salir del penal vuelven a delinquir y la Policía nuevamente debe volverlos a capturar.
Mencionó los nombres de Víctor A. F. y Johnny A. B., encarcelados por robo agravado, ambos fueron liberados el 26 de septiembre de este año.
El coronel Almaraz señaló que cuenta ya con las listas y solamente resta cotejar algunos detalles. El documento será entregado a las autoridades correspondientes para que analicen y evalúen porqué se los liberó sospechosamente cerca de las fiestas de Todos Santos y Navidad.
Finalmente, adelantó que hasta la próxima semana también contará con las nóminas de “delincuentes liberados” en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Oruro.
Inicio de investigación Fiscal Saravia niega denuncia de extorsión
El fin de semana se dio a conocer un audio y las copias de una denuncia de extorsión en contra del fiscal anticorrupción, Ánghelo Saravia, quien ayer negó el hecho y asegura que solo estaba dando consejos a quien fue su cliente cuando era abogado particular.
La denuncia se dio a conocer mediante un memorial fechado el 26 de octubre y firmado por el vicepresidente del “Control Social Nacional del Órgano Judicial”, Germán Mancilla, en el que adjunta un audio como prueba, dirigido al fiscal general, Ramiro Guerrero.
“El fiscal Ángelo Saravia, a través de la grabación que presentamos a su autoridad, se lo escucha hablando con un procesado, en la cual el fiscal señala que le asignará un abogado de su confianza, que él hablará con el juez a efectos de controlar el caso, y de esa manera, le cancele a él la suma de dinero”, afirma Mancilla en su memorial.
NO ERA EXTORSIÓN
Ayer, el fiscal Saravia dio su versión, y negó que la persona con la cual fue grabado, conversando en su despacho, sea un procesado y menos que haya cometido un acto de extorsión, como se afirma en el memorial de Mancilla.
“Es un señor que era mi excliente, quien vino a esta oficina a pedirme pase profesional, yo le entregue su pase profesional al señor, tampoco se le ha cobrado dinero, tampoco se lo ha extorsionado al señor, sino él ha sido víctima de extorsiones; él estaba en la cárcel, ha entrado injustamente a la cárcel y una vez que ha logrado la detención domiciliaría ha pagado una fianza económica”, manifestó Saravia.
En el audio de algo más de 7 minutos, Saravia le dice a la supuesta víctima sobre la forma más rápida y económica de recuperar el dinero que había depositado como fianza, ante el Consejo de la Magistratura.
Saravia le explica a su exclietne que él ya no puede firmar los memoriales, por lo que le da el pase profesional, pero sí puede conversar con el juez de nombre “Miguel Ángel”.
En ese sentido, a insistencia de la supuesta víctima, Saravia accede a recomendar un abogado de su confianza al que la víctima debe pagar 500 bolivianos de adelanto y que luego de recuperado el dinero de la fianza, terminaría de cancelar el saldo que podría ascender hasta el 10 por ciento del total.
“Esto va demorar por lo menos 30 días, (…) tendrías que darle, para comenzar, 500 bolivianos. Y después, saliendo tendrías que pagarle lo demás, hasta el 10 por ciento te pueden cobrar (…) o sea, yo te puedo garantizar de que te lo caminen y yo puedo hablar con el juez”, le dice Saravia a su excliente, como se registra en parte del audio presentado a Guerrero como prueba.
“Yo le he recomendado a él (la víctima), para que no lo vuelvan a engañar”, aseguró Saravia, que detalló que su excliente fue encarcelado por una falsa denuncia y era de extracción humilde.
Por su lado, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó que ante esta denuncia, el Ministerio Público designó a un fiscal para que dé inicio a las investigaciones de este caso.
“Se ha presentado una denuncia contra el fiscal Ángelo Saravia, la cual ya ha sido procesada, está recién en etapa preliminar, pasó de la unidad de análisis al fiscal asignado e igual de la misma manera vamos a investigar seriamente”, señaló Blanco, que además afirmó que, por ahora, el fiscal Saravia continúa con los casos que investiga.
Indicó que aquellos fiscales que estén implicados en corrupción deben dar cuentas de lo que hacen. Blanco dijo que el caso está en etapa preliminar donde se vienen colectando los elementos de prueba.
Por último, Saravia no descartó iniciar un proceso penal por difamación contra las personas que hayan subido el audio y contra quienes dijeron que habría extorsionado a una persona, porque tal situación no se menciona en la grabación, según su versión.
El fiscal Saravia, al momento tiene a su cargo, la investigación de casos relevantes como el Fondo Indígena, las denuncias contra el actual comandante de las FFAA; el consorcio de abogados, fiscales y jueces, además que dentro del caso “puestos militares”, la pasada semana logró la detención preventiva del general Omar Salinas, excomandante de las FFAA.
“Caso Alexander” Tribunal Décimo de Sentencia conmina a Fiscalía por retraso
Ante la ausencia de un fiscal para dar continuidad a las audiencias del juicio por el “caso Bebé Alexander”, la presidente del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, informó que se ha emitido una conminatoria al Fiscal General, para que esta irregularidad sea subsanada.
“Se ha suspendido las audiencias por el caso bebé Alexander, por la inasistencia reiterada del fiscal Genaro Quenta, quien es suplente de la fiscal titular (Susana) Boyán”, informó ayer Patricia Pacajes, presidente del Tribunal Décimo.
Pacajes explicó que el fiscal Quenta presentó un memorial arguyendo que tiene otras audiencias en juicios orales, así como actuaciones en la Fiscalía, y que fue avisado o notificado de esas otras actividades con anticipación.
Quenta está en suplencia temporal de la fiscal Susana Boyán, quien cumple con sus vacaciones, luego de que le rechazaran la recusación que presentó contra los miembros del Tribunal, por carecer de fundamento legal.
SEIS SEMANAS SUSPENDIDO
Por su lado, Cristian Alanes, abogado del médico Jhiery F. S., principal acusado, observó que siendo esta la tercera semana que Quenta se rehúsa a que se lleve adelante la audiencia, recién ha presentado ayer, por primera vez, un justificativo documentado, aunque solo en fotocopias simples.
“Pero es inaudito que una inspección ocular o una toma de declaración (que fueron los argumentos de Quenta) estén por encima de la audiencia en un juicio oral, donde hay un detenido”, aseveró Alanes, en alusión a su cliente, quien es el único preso en este caso.
Sin embargo, según el registro periodístico, las audiencias de juicio están suspendidas desde hace seis semanas, debido que el 30 de septiembre Boyán presentó la recusación y desde esa fecha se suspendió el tratamiento del tema de fondo en este proceso.
La juez Pacajes explicó que si bien el fiscal presentó estos justificativos rigen otros principios legales y que la semana pasada, ante la falta de un justificativo legal, se conminó al fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, para que resuelva el tema de falta de un fiscal y nombre a otro titular para que el caso prosiga.
En ese sentido, la dilación del proceso está siendo atribuida al Ministerio Público.
El plazo para Blanco venció el pasado viernes, y ayer lunes, ante el incumplimiento de ambos, la juez Pacajes remitió el informe y envió la conminatoria al Fiscal General, quien deberá nombrar un nuevo fiscal para que el juicio oral continúe.
Nómina de juzgados y tribunales de turno serán publicados
La presidente del Tribunal Departamental de La Paz, Carmen del Río Quisbert, anunció que la próxima semana serán publicados los juzgados, tribunales y salas penales que se quedaran de turno del 6 al 30 de diciembre, cuando esta instancia ingrese a vacaciones judiciales colectivas.
El 13 de junio, la Cámara de Diputados sancionó la Ley 810 que repone el artículo 126 de la Ley del Órgano Judicial, por el cual se reasigna los 25 días calendario de vacación colectiva para todos los funcionarios judiciales en diciembre, a nivel nacional.
Quisbert señaló que la reposición de la vacación colectiva para magistrados, vocales, jueces y personal de apoyo jurisdiccional contribuirá a la celeridad en la atención de causas y evitará mayor mora procesal en el Órgano Judicial.
Detalló que en el caso de La Paz estarán de turno tres juzgados cautelares, uno anticorrupción, un tribunal de sentencia, un juzgado público en lo civil y una sala penal.
La lista oficial de estos juzgados será publicada la siguiente semana para el conocimiento de la población litigante.
Para evitar retraso en los procesos judiciales, sobre todo, con casos donde se tiene personas detenidas, informó que la Sala Plena elaboró un borrador de turnos para La Paz y El Alto, los cuales se cumplirán durante la vacación.
“La vacación individual ha sido una especie de óbice para el normal desarrollo de las funciones jurisdiccionales, toda vez que los funcionarios han ido pidiendo sus vacaciones individuales en forma alternada, ello daba como consecuencia la mora procesal”, que derivó en la retardación en la tramitación de las diferentes causas, señaló Quisbert en conferencia de prensa.
Vacaciones colectivas en el TSJ inicia el 6 de diciembre
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), informó que en cumplimiento de la Ley N° 810, se dispuso la vacación colectiva a partir del 6 de diciembre hasta el día viernes 30 de diciembre del presente año.
“La Ley N° 810 dispone que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, vocales, jueces de los Tribunales Departamentales de Justicia, gozarán de vacación anual colectiva de 25 días calendario en el mes de diciembre, con el propósito de evitar la mora procesal y retraso en la resolución de casos”, sostuvo el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani Villca.
La autoridad indicó que esto surgió a raíz de las necesidades prácticas en el desarrollo y resolución de casos.
“Las vacaciones individuales trajo dificultades; porque un juzgado no funcionaba, porque, resulta de que el Juez estaba de vacaciones y el mes siguiente estaba el secretario o la Sala, es decir que no existía quorum porque uno u otro estaba de vacación”, dijo Mamani.
Por su parte el magistrado Rómulo Calle manifestó que la vacación colectiva será el último mes del año y que habrá jueces de turno en los Tribunales Departamentales que brindaran atención en plataforma.
“Los Tribunales Departamentales en todo el país también se acogerán en la Ley N° 810, ingresaran también de vacaciones. Aclarar que existirá juzgados de turno y los plazos procesales durante la vacación quedan suspendidos”, dijo Rómulo Calle.
Calle destacó el trabajo de sus colegas magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por el compromiso de trabajo que realizan en cada una de las salas especializadas.
“Los magistrados no solo están atendiendo el trabajo de sus salas sino también están trabajando en cumplimiento a los compromisos interinstitucionales como para la implementación de nuevos códigos”, finalizó.
El juez Primero Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de la ciudad de El Alto, Ricardo Pinto Olmos, dispuso aplicar la medida cautelar de detención preventiva en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz, contra Vladimir Ever Sánchez Figueredo, exfiscal Asistente de la División Económico Financiero de la ciudad de El Alto, por los delitos de Cohecho Pasivo Propio, Extorsión, Uso Indebido de Influencias e Incumplimiento de Deberes, descritos en los artículos145, 333, 146 y 154 del Código Penal Modificado por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, según informa el Ministerio de Transparencia.
El caso se encuentra en etapa preparatoria y de acuerdo con los nuevos elementos de convicción generados, el Ministerio Público deberá continuar con la investigación, en ese marco el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra La Corrupción, se constituyó en condición de Coadyuvante, apersonándose al caso, en amparo del artículo 7, parágrafo II, de la Ley N° 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal.
La investigación se originó a causa de una denuncia que confirmaba que el imputado Vladimir Sánchez, supuestamente se habría comunicado con el denunciante en dos ocasiones, a solicitud de Yecid Enriquez Mercado, ex Fiscal de la División Económico Financiero, a fin de extorsionarlo, condicionando la realización de actos investigativos a la entrega de dinero y un vehículo.
Fiscal Guerrero: Se anotan bienes por temor a fuga
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, señaló que el empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, podría salir fácilmente del país o obstaculizar las investigaciones y es por eso que se tomó la decisión de anotar todos sus bienes.
“Se ha pedido la anotación de bienes y se ha expuesto ante el Órgano Judicial la posibilidad o el riesgo que pudiera existir sobre la facilidad que tiene (Samuel Doria Medina) de salir del país, o la facilidad para obstaculizar en algún momento el proceso”, indicó Guerrero.
Agregó que el Ministerio Público fundamentó los riesgos procesales que existen en el caso y será en audiencia donde se defina si es que los abogados del empresario logran desvirtuar estos riesgos o si las autoridades judiciales los ratifican.
La Fiscalía pidió la detención preventiva de Doria Medina y esa petición se resolverá en audiencia de medidas cautelares, el 3 de noviembre, en la que participará el empresario y otros implicados en el caso Focas.
Guerrero dijo que los fiscales revisaron exhaustivamente el caso y la defensa del empresario tiene derecho a presentar todos sus descargos.
“Se ha explicado los riesgos procesales que pudieran existir que seguramente pueden ser desvirtuados también por los abogados de la defensa y que serán en definitiva las autoridades del Órgano Judicial de la Sala Penal las que emitan una resolución”, reiteró. (ANF)
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Abren caso contra custodios y padre de Humberto Quispe
Dos custodios y Tomás Quispe, padre del exfiscal Humberto Quispe, fueron denunciados y ahora son investigados, por los delitos de incumplimiento de deberes y encubrimiento, luego de conocerse que la exautoridad fue sorprendida descansando en su domicilio de La Paz, el 15 de septiembre, después de ser trasladada a la cárcel de San Roque, en Sucre donde guarda detención preventiva.
En esa fecha, Humberto Quispe fue trasladado del penal de San Roque, en Sucre, a La Paz, a fin de que comparezca ante el juez primero anticorrupción, en horas de la tarde, por una denuncia de uso indebido de influencias.
Según el reporte preliminar, Quispe y dos custodios partieron vía terrestre el 14 y arribaron a La Paz el 15 por la mañana, pero sin conocer aún el porqué, en lugar de ser trasladado a celdas judiciales fue llevado a su casa en la avenida Zabaleta de la zona Miraflores, donde al mediodía, cuando departía con sus familiares, fue localizado y denunciado por vecinos.
Anoticiados de ello, miembros de la “Asociación de Víctimas”, entre las 12.00 y las 14.30 se constituyeron al lugar al igual que varios medios de comunicación, los cuales fueron agredidos y amenazados por los familiares de Quispe, que además negaron que él este al interior.
Además de tres varones jóvenes y varias mujeres, Tomás Quispe propinó varios golpes a los denunciantes que hacían declaraciones en cercanía del domicilio, entre ellos, los abogados Víctor Vargas, Boris Espinoza, Carminia Luna, Fernando Fernández y el comerciante Víctor Cuenca, entre otros.
Luego de varios incidentes, al creer que nadie los observaba, los dos custodios sacaron enmanillado a Quispe y lo trasladaron a juzgados donde con argumentos irregulares suspendieron la audiencia.
Sin embargo, este lunes pasado, la audiencia fue realizada y producto de las denuncias y el material audiovisual, la autoridad judicial señaló la apertura de investigaciones contra el Quispe, su padre y los dos custodios.
Hasta la fecha, Jorge López, director nacional de régimen penitenciario, no dio explicación al respecto de los dos custodios que permitieron todas esas irregularidades.
Posted by AHM at 7:22 AM No comments:
Se investiga a un policía Otra detención preventiva contra el exfiscal Quispe
MIEMBROS DE LA “ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS” DE HUMBERTO QUISPE CON LA PERSONERÍA JURÍDICA.
La juez primero anticorrupción de La Paz, Dra. Cynthia Delgadillo, dictó ayer la quinta detención preventiva en contra del exfiscal Humberto Quispe, dentro del caso abierto por Horacio Flores, por el delito de uso indebido de influencias, por el cual también se investiga a un teniente de policía, según informó el fiscal Oscar Campero.
De acuerdo a los datos del cuaderno de investigaciones, en 2014, Quispe junto a efectivos de una unidad de inteligencia, allanó el domicilio y negocio de Flores, de profesión comerciante, en la zona Eloy Salmón, bajo el argumento de la búsqueda de documentación que se presume fue planteada en medio del operativo.
Dicha acción fue respaldada por un juez, por lo que Flores estuvo a punto de ser remitido al penal de San Pedro; pero, con extorsiones de por medio, logró evitar su detención por un caso que no existía en registros oficiales, pero sufrió el descrédito de todo su entorno, además que le originó pérdidas económicas, pues estuvo en peligro de perder su negocio.
“En la audiencia, el imputado ha planteado incidentes contra la imputación. Sin embargo, la juez dispuso en forma correcta el rechazo de los incidentes y luego, en la audiencia cautelar que duró cerca de cuatro horas, determinó la detención preventiva de Humberto Quispe en el Penal de San Roque, en la ciudad de Sucre”, detalló Campero.
El representante del Ministerio Público también refirió que dentro del proceso “armado” contra Flores, se está investigando el grado de complicidad del teniente Franz Ch., que en esa fecha acompañó el operativo de allanamiento.
Asímismo, se tiene pendiente la declaración informativa de varias personas, y no se desestima que se amplíe la investigación contra más funcionarios policiales.
Durante la audiencia, se dijo que Humberto Quispe fue fiscal de materia entre 2012-2015, y que en ese tiempo actuó en varios casos de forma mediática, procediendo a allanamientos donde “volteaba” o se apropiaba de dinero, joyas, hasta vehículos, y haciendo declaraciones comprometedoras contra los aprehendidos a los que exponía ante las cámaras.
Se relató también que varios de esos casos fueron montados, en 2015 las víctimas de esas ilegalidades lograron reunir varias pruebas, como las resoluciones judiciales fraguadas, apertura de casos inexistentes y otros, y se articularon como una “Asociación de Víctimas”, la cual ha logrado presentar al menos 30 denuncias.
De esa cantidad, Quispe ya ha sido imputado en 10 procesos y jueces han dictado cinco detenciones preventivas en contra suya.
Pero en acto cuestionado, el pasado viernes la Gobernación de La Paz concedió la personería jurídica a dicha “Asociación de Víctimas”, la cual busca revertir en algo los daños ocasionados contra su credibilidad y su familia, ocasionados presuntamente por Quispe y sus cómplices.
Posted by AHM at 6:20 AM No comments:
Anuncian procesos disciplinarios y penales contra jueces que hayan favorecido a delincuentes
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, anunció que aquellos jueces que hayan incurrido en irregularidades para liberar a delincuentes, serán procesados disciplinariamente y en la vía penal para que reciban la sanción correspondiente.
El miércoles el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, y efectivos del Alto Mando Policial denunciaron que solo en septiembre, las autoridades judiciales dejaron en libertad al menos a 40 reos peligrosos de la cárcel de San Pedro implicados en robo agravado, asalto a mano armada, entre otros.
Mamani dijo que se dará "la máxima sanción a aquellos funcionarios que hayan cometido prevaricato o hayan sido favorecidos a algunos delincuentes" porque "aquí la ley es absolutamente para todos", de manera que "nosotros no podemos permitir que esta clase de hechos esté ocurriendo".
Agregó que la sanción contra estos jueces es competencia del Consejo de la Magistratura que tiene dos caminos: uno, darles proceso disciplinario para la destitución de su cargo; segundo, un proceso penal para que vayan a parar a la cárcel, "si realmente es comprobado el hecho y que la sentencia sea de culpabilidad".
Lamentó y repudió el accionar de algunos jueces que no estarían aplicando y respetando la normatividad y con esa actitud "hacen quedar mal" al conjunto de los jueces del país.
Mamani señaló que desde el Tribunal Departamental de Justicia se ha instruido a los Tribunales para que hagan seguimiento a los casos y sobre los jueces que resulten implicados se emitan informes.
En relación a aquellos jueces que están siendo procesados en instancias judiciales, mencionó que aguardarán la conclusión de los procesos para sancionarlos.
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 artículo 168
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