Source: http://www.dgr.gub.uy/general/normas/leyes/res_2014.htm
Timestamp: 2017-06-24 15:25:44+00:00

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resoluciones 2014 normas de interés registral - d | g | r | web - dirección general de registros inicio | resoluciones 62 / 14
Visto: estas actuaciones, por las cuales la Comisión Asesora Registral, plantea fijar un criterio de calificación vinculante para los Registradores, respecto a la pertinencia de la declaración jurada negativa de ser contribuyente del Banco de Previsión Social, prevista en el Decreto Nº 152/1991, de 12 de marzo de 1991, respecto a las sociedades comerciales. Resultando: I) Los Registradores de la Propiedad Inmobiliaria y Mobiliaria, Escs. Daniel Ramos y Fernando Echeverría plantearon la consulta a la Gerencia de Gestión de Cobros de dicho organismo, facilitando a esta Comisión copia de un mail remitido por la Esc. Susana Barreto, en el que expresa: a) Con anterioridad a la sanción de la Ley 16713, de 3 de setiembre de 1995, era admisible tal declaración jurada, pero a partir de su vigencia, se marcó una diferencia en los criterios de control. b) En efecto, el artículo 170 de dicha ley, dice que las remuneraciones de los directores, administradores y síndicos de sociedades anónimas, constituyen materia gravada y el artículo 171, cuando establece que estarán exentos, no dice que no sean contribuyentes, estableciendo mecanismos de prueba de exención ante el BPS, por lo que entienden que siempre necesitan realizar el trámite y obtener el certificado.
c) Respecto a las sociedades comerciales personales, básicamente las SRL y colectivas, ellas pueden probar que están inactivas mediante la declaración jurada de referencia, pero las sociedades anónimas y en comandita por acciones, deben realizar la prueba ante el BPS y su aportación quedará en estado inactivo y dejarán de cotizar recién a partir de la fecha de su presentación.
II) La Comisión Asesora consideró el tema, en sesión de fecha 14 de mayo de 2014, (dictamen Nº 22/2014, asentado en acta Nº 384) recibiéndose los siguientes aportes de sus integrantes: A) El Esc. Daniel Ramos expresa, a) que comparte los fundamentos de la Esc. Barreto; los directores y síndicos de sociedades anónimas podrán estar exentos de aportación a la institución, pero la sociedad es contribuyente y para probar la no existencia de adeudos deben justificarlo ante el organismo, que les expedirá un certificado acreditante. b) La Ley 16713 es una norma de mayor rango y de fecha posterior al Decreto Nº 152/1991, por lo que estaría derogando tácitamente la posibilidad de admitir registralmente, la declaración jurada negativa de parte de las sociedades anónimas. c) Recuerda además, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 667 de la Ley 16170, los Registros Públicos no inscribirán documentos sin dejar constancia del número de certificado correspondiente y el artículo 668 establece una responsabilidad solidaria de todos los intervinientes, profesionales y funcionarios públicos por las deudas del contribuyente omiso. B) El Dr. Ricardo Brum y el Esc. Carlos Milano, por su parte, destacan: a) la Ley 16713 dispone que las remuneraciones de los directores y síndicos de sociedades anónimas constituyen materia gravada y luego establece causales de exención, pero en ningún momento elimina la posibilidad de efectuar la declaración jurada negativa en los documentos registrables. b) El Decreto Nº 152/1991 es una norma de carácter especial, que regula la forma de controlar por parte de Escribanos y Registradores la situación de determinados otorgantes, frente al Banco de Previsión Social, admitiendo, respecto de toda persona, física o jurídica, sin excepción, la posibilidad de efectuar la declaración jurada de no ser contribuyente y ello inhibe de plano, la exigencia del certificado respectivo. c) Se trata de una norma que reglamenta uno de los aspectos básicos en la tarea del Registrador, la llamada calificación formal tributaria prevista en el artículo 65 numeral 3 de la Ley Orgánica Registral. Como norma especial, no puede considerarse derogada por una ley general posterior, cuya materia además, no regula en absoluto las formas de efectuar los controles de aportación al BPS a realizar por profesionales y oficinas públicas intervinientes. En efecto, la ley que regula las formas de contralor al instituto, es la Nº 16170, en sus artículos 662 y siguientes; esta ley fue reglamentada por el Decreto Nº 152/1991 y ni aquella ni éste fueron derogados en forma expresa. La derogación de una ley, según el artículo 10 del Código Civil tiene lugar “cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior”. Dicha disposición agrega, “La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley”. d) Si el Banco de Previsión Social entiende que no es suficiente la declaración jurada negativa en los documentos otorgados por sociedades anónimas y en comandita por acciones, debería obtener la sanción de un decreto modificativo del estudiado en este caso, norma de carácter especial que regula un aspecto de la actividad registral (la calificación formal tributaria) y que no puede ser modificado por una ley que no regula este aspecto, el cual integra la competencia y funciones propias del Registrador. C) Los Escs. Fernando Echeverría y Ana Laura González comparten la opinión precedente y destacan además, que del artículo 170 de la Ley 16713, se desprende que la materia gravada la constituyen “las remuneraciones de los Directores, Administradores y Síndicos de Sociedad Anónimas”. El artículo 171 de la referida ley, establece que puede haber Directores, Administradores y Síndicos que no perciban remuneración, o que estén radicados en el extranjero o que la Sociedad Anónima sea únicamente propietaria de inmuebles destinadas a casa-habitación. Por lo tanto entienden, que si los directores se encuentran comprendidos en alguno de dichos supuestos, no hay materia gravada, y podría la sociedad, incluida en estos casos, declarar por medio de sus representantes y de acuerdo al Decreto 152/1991, su calidad de no contribuyentes al Banco de Previsión Social. D) A lo antes expuesto, el Escribano Daniel Ramos responde: la ley 16713 refiere a la materia gravada por las contribuciones al Banco de Previsión Social. En el artículo 171 habla de una situación de exención o exoneración, para lo cual, debemos aplicar la norma tributaria por la remisión que establece el artículo 18 del Código Civil que se transcribe: "las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las misma palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal". Y el significado legal que extraemos del Código Tributario está previsto conceptualmente en los artículos 17 (contribuyente) 24 (hecho generador) y 41 (exención o exoneración). Si hay materia gravada hay obligación tributaria y por consiguiente se configura el hecho generador. Por tal situación, el artículo 17 asociado a estas premisas prescribe expresamente que "es contribuyente la persona respecto de la cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria", pudiendo ser persona física o jurídica. Más adelante el artículo 41 expresa que"constituye exención o exoneración la liberación total o parcial de la obligación tributaria, establecida por la ley en favor de determinadas personas comprendidas en la definición del hecho generador". El acápite del artículo 171 de la ley 16.713 es terminante al expresar que "están exentos los Directores, administradores y Síndicos". O sea, si hay exención es porque existe una obligación y eso configura el hecho generador y como consecuencia es contribuyente la persona jurídica no obstante la exención. Continúa estableciendo la norma que si no perciben remuneración alguna (no realizan actividad) deberán "probar dicho extremo, mediante certificado notarial o contable", en concordancia con el artículo 41 del Código Tributario. En resumen, de acuerdo a las normas citadas no es ajustado a derecho y técnicamente no es correcto, sostener que se puede ser no contribuyente cuando hay exención, justamente porque existió la obligación tributaria y se configuró el hecho generador. Respecto al Decreto 152/91, entre otras cosas regula la situación de los no contribuyentes precisando la forma en que pueden acreditarlo. Pero este procedimiento reglamentario no puede ser contrario a la propia ley 16.170, debiendo entenderse en tal sentido que la regulación de los contribuyentes es materia reservada a la ley. Considerando: Que esta Dirección General se afiliará a lo informado por el Esc. Daniel Ramos en el dictamen de la Comisión Asesora Registral referido precedentemente. Al respecto, cabe recordar que conforme al artículo 65 numeral 3 de la ley 16871, de 28 de setiembre de 1997, el registrador es responsable del debido control fiscal y por tanto debe tener en cuenta el criterio interpretativo del organismo recaudador.
Atento: a lo dispuesto por los artículos 667 y 668 de la Ley 16170, de 28 de diciembre de 1990, artículo 170 de la Ley 16713, de 3 de setiembre de 1995, artículo 3 numerales 3 y 5 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, y a lo dictaminado por la Comisión Asesora Registral; El Encargado de la Dirección General de Registros,
R e s u e l v e : 1º) Establecer los siguientes criterios de calificación, con carácter vinculante para los Registradores, respecto a la pertinencia de la declaración jurada negativa de ser contribuyente del Banco de Previsión Social por parte de las sociedades comerciales:
1.1) En las sociedades comerciales personales, incluidas las sociedades de responsabilidad limitada, se admitirá la declaración negativa de referencia.
1.2) En las sociedades anónimas y en comandita por acciones, tal declaración no será admisible, debiendo controlarse el certificado respectivo del Banco de Previsión Social. 2º) Notifíquese a los Directores y Encargados de Registros y Oficinas técnicas, quienes harán lo propio con los funcionarios a su cargo.
3) Comuníquese a la Comisión Asesora Registral.
4) Insértese en la página web e intranet el texto de la presente, comunicándose a las direcciones de correo de los usuarios inscriptos en el sistema de novedades de la Dirección General de Registros. Cumplido, archívese.
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Visto: estas actuaciones, por las cuales la Esc. A se opone a la resolución Nº 121/2013 de la Dirección General de Registros, por la cual no se hizo lugar a la petición realizada en representación de “ B ”, de cancelación de las inscripciones números 11370 y 11371 del 21 de agosto de 2008 del Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Maldonado.
I) La solicitante fundamentaba su petición original en que su mandante, “ B ”, es la propietaria de los padrones números 1374, 1375, 1376 y 1377 del Balneario Santa Mónica, de dicho departamento, según escritura de compraventa – tradición de fecha 29 de setiembre de 1951, inscripta en el Registro Departamental de Traslaciones de Dominio de Maldonado con el número 1062, al folio 278 vuelto.
II) Sin embargo, con fecha 21 de agosto de 2008, se presentaron al Registro, dos cesiones de derechos posesorios autorizadas por el Escribano Carlos Enrique De León Montañés, las cuales fueron observadas en parte por falta del control de Contribución Inmobiliaria. Señalaba la peticionante que dichas cesiones son falsas, ya que la posesión efectiva de los bienes la tuvo y tiene su representada, pero lo que motivó su presentación es que tomó conocimiento que las inscripciones se transformaron en definitivas al día siguiente de presentadas, deduciendo que el levantamiento de las observaciones se realizó en virtud de certificaciones conteniendo información falsa respecto de estar al día con la Contribución Inmobiliaria. III) La Comisión Asesora estudió el caso en sesión de fecha 27 de febrero de 2014 asentada en Acta Nº 376, encontrando que, a la luz de los nuevos elementos aportados por la solicitante: a) Si bien el escrito presentado por la Esc. A no puede ser considerado un recurso administrativo al haberse presentado fuera de plazo, nada impide que el reclamo de “ B ” pueda ser considerado una petición formulada por el titular de un derecho o interés legítimo, al amparo de lo dispuesto por el artículo 318 de la Constitución, ya que fueron solucionados los problemas de legitimación observados oportunamente.
b) En cuanto al fondo del asunto, el Esc. Carlos Milano expresa que: 1) La calificación efectuada en oportunidad de considerar la solicitud de inscripción de las cesiones de derechos posesorios cuestionadas, debe asumirse como correcta, ya que –como expresa la peticionante– nada induce a pensar lo contrario, al surgir de los asientos respectivos que el técnico a cargo intervino con fecha 22 de agosto de 2008, levantando la observación. 2) Ello no obstante, la peticionante acreditó fehacientemente en estas actuaciones, que los inmuebles en cuestión no estaban (ni lo están hoy) al día con el pago del impuesto de Contribución Inmobiliaria, por lo tanto, dicha calificación, que buena parte de la doctrina considera la motivación del acto de registro (Cf. Biasco, Emilio; "Aspectos prácticos del Contencioso Registral", Rev. AEU, vol. 76, Nos. 1-6 y Milano, Carlos; “El Contencioso Registral y las últimas modificaciones legislativas”, Segunda Semana Académica del Instituto de Técnica Notarial de la Facultad de Derecho, Año 2001, págs. 45 y ss.), se encuentra viciada al no estar fundada en un documento fehaciente. 3) Al caer la calificación, por vía de consecuencia, cae también el acto de registro por ilegitimidad del motivo (Cf. Cajarville, J.P., "Invalidez de los actos administrativos" en “Dos estudios de Derecho Administrativo”, Montevideo, 2a. ed. 1995, pág. 79). 4) En consecuencia, frente a la petición planteada por el titular de una inscripción regular, de cancelar otras que no lo son, cabe proceder en consecuencia, pues la administración tiene la potestad de dejar sin efecto aquellos actos administrativos ilegítimos, claro que siempre dando vista a las personas potencialmente perjudicadas por dicha resolución, en este caso, quien figura como cesionario de los derechos posesorios en las inscripciones números 11370 y 11371 del 21 de agosto de 2008 del Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Maldonado.
III) Que según constancia de la Gerencia Administrativa de fecha 13 de mayo de 2014, se dio vista al cesionario de los derechos posesorios, Sr. C, mediante publicación en el Diario Oficial de fecha 24 de abril de 2014, quien no compareció en autos.
Considerando: Que esta Dirección General comparte lo informado por la Comisión Asesora Registral. Atento: a lo dispuesto en el artículo 318 de la Constitución de la República y artículo 3º de la Ley 16.871 de 28 de setiembre de 1997;
El Encargado de la Dirección General de Registros,
1°) Disponer la cancelación de las inscripciones números 11370 y 11371 del 21 de agosto de 2008 del Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Maldonado. 2°) Notifíquese a la solicitante.
3º) Pase para su cumplimientoal Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Maldonado y comuníquese a la Comisión Asesora Registral.
4º) Insértese el texto de la presente en el sitio web e intranet de la Dirección General de Registros, comunicándose a las direcciones de correo de los usuarios inscriptos en el Servicio de Novedades. Cumplido, archívese. Esc. Adolfo Orellano Cancela
Visto: estas actuaciones, por las cuales la Comisión Asesora Registral, plantea fijar un criterio de calificación vinculante para los Registradores, respecto a la exigencia de la inscripción en el RUT de las sociedades extranjeras para el otorgamiento de actos aislados, que acceden a la publicidad registral. Resultando:
I) La Registradora Esc. Ofelia Lancibidad, planteó a la Comisión Asesora su inquietud, si a la luz de la Ley 18930, de 17 de julio de 2012 y sus disposiciones reglamentarias, se mantiene vigente la Circular de la Dirección General de Registros número 8/2008, que en el caso de actos aislados otorgados por sociedades extranjeras, si se establece por declaración de parte o constancia notarial que no corresponde la inscripción en el RUT, ella no debe exigirse.
II) La Comisión Asesora consideró el tema, en sesión de fecha 7 de mayo de 2014, (dictamen Nº 21/2014, asentado en acta Nº 383) y concluyó que el RUT en las sociedades extranjeras debe exigirse dentro de los límites que fijados por el artículo 1º inciso penúltimo del Decreto Nº 247/2012, que establece: “Las entidades no residentes referidas precedentemente, en todos los casos, deberán inscribirse ante la Dirección General Impositiva” . Y las entidades que refirió precedentemente, no son otras que las referidas en el apartado anterior, es decir “Las entidades no residentes, sea cual sea su naturaleza jurídica, siempre que se encuentren comprendidas dentro de las previsiones del literal A) o del literal B) del inciso primero del artículo 2º de la Ley que se reglamenta”, la Ley 18930, o sea, aquellas que:
"A) Actúen en territorio nacional a través de un establecimiento permanente, de acuerdo a la definición establecida en el artículo 10 del Título 4 del Texto Ordenado 1996; B) Radiquen en territorio nacional su sede de dirección efectiva, para el desarrollo de actividades empresariales en el país o en el exterior. Se entenderá que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en territorio nacional cuando en él radique la dirección y control del conjunto de sus actividades. Asimismo, a efectos de la definición de las actividades empresariales comprendidas en el presente literal, será de aplicación la definición establecida en el numeral 1) literal B) del artículo 3º del Título referido precedentemente". Concluye en definitiva, que solo a ellas debería exigírseles citar su inscripción en el RUT. Y la Circular Nº 8/2008, debe controlarse dentro de ese marco normativo y solo respecto a dichas entidades”. Considerando: Que esta Dirección General se afilia a lo informado por la Comisión Asesora Registral. Atento: a lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley 18930, de 17 de julio de 2012, artículo 10 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, en la redacción dada por la Ley 18083, de 27 de diciembre de 2006, artículo 1º inciso penúltimo del Decreto Nº 247/2012 y artículo 3 numerales 3 y 5 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, y lo dictaminado por la Comisión Asesora Registral; El encargado de la Dirección General de Registros,
1º) Establecer los siguientes criterios de calificación, con carácter vinculante para los Registradores:
1.1) El control de inscripción en el RUT de las sociedades constituidas en el extranjero deberá exigirse siempre que se encuentren comprendidas dentro de las previsiones del literal A) o del literal B) del inciso primero del artículo 2º de la Ley 18930, de 17 de julio de 2012. 1.2) Por lo tanto, en el caso de no estar comprendidas, se admitirá la declaración de parte o la constancia notarial respectiva, no exigiéndose la referida inscripción. 2º) Notifíquese a los Directores y Encargados de Registros y Oficinas técnicas, quienes harán lo propio con los funcionarios a su cargo.
Visto: estas actuaciones, por las cuales la Comisión Asesora Registral, plantea fijar un criterio de calificación vinculante para los Registradores, respecto al alcance del artículo 228 de la ley 19.149, que deroga el numeral 7 del artículo 17 de la ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997.
Resultando: I) El Encargado de la Dirección del Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Montevideo, Esc. Daniel Ramos, plantea que: a) El artículo 228 de la ley 19.149 deroga el numeral 7 del artículo 17 de la ley 16.871 que establece como actos inscribibles "los instrumentos públicos de cesiones de derechos posesorios". b) Resulta claro que la voluntad del legislador fue impedir el ingreso de nuevos actos reflejados en instrumentos públicos en que se transfieran derechos posesorios. En tal sentido, entiende que no son inscribibles aquellos actos en los que exista una mutación subjetiva por un acto originario que determine un ingreso o cambio de la titularidad registral por acto entre vivos, pero se plantea una duda de interpretación de la normativa, respecto a las transmisiones por el modo sucesión, ya que podrían entenderse comprendidas en el numeral 1 del citado artículo 17. c) Consulta asimismo, si existiendo un antecedente inscripto a nombre de un cesionario, causante, heredero o legatario, antes del 1º de enero de 2014, corresponde o no admitir la solicitud de inscripción de actos declarativos (partición, negocios de fijación) o el embargo de derechos posesorios.
II) La Comisión Asesora consideró el tema, en sesión de fecha 19 de marzo de 2014, (dictamen Nº 12/2014, asentado en acta Nº 377) y concluyó: a) La disposición debe contextualizarse dentro del régimen de actos inscribibles previstos en la ley de Registros, pues lo único que dispone es la derogación del numeral 7 de su artículo 17 que preveía la inscripción de los “instrumentos públicos de cesiones de derechos posesorios”, es decir que únicamente derogó la inscripción de actos entre vivos por los cuales se trasmiten los referidos derechos. b) El numeral 1º del artículo 17 de la Ley 16871, prescribe la inscripción de todos aquellos actos en virtud de los cuales se transfieren o declaren derechos reales. Sin perjuicio de que pueda discutirse la naturaleza real de los derechos posesorios y por tanto si corresponde incluirlos o no en este numeral, debe tenerse en cuenta que el numeral 6 incluye a los “certificados de resultancias de autos sucesorios, con el contenido que determine el Decreto reglamentario” no surgiendo de este reglamento ninguna norma que contravenga su inscripción, cuando en la sucesión se incluyeron derechos posesorios. c) El artículo 415 del Código General del Proceso, por su parte, establece que “En todo caso será obligatorio incluir, al menos, los bienes cuyos actos de transferencia se inscriban en los Registros Públicos los que, en tal caso, procederán a inscribir dicho certificado”.. Desde el momento que la norma dice: al menos se incluirán los actos de transferencia (entre vivos) que se inscriben en los Registros, nada impide que también se incluyan en la sucesión, bienes o derechos cuya trasmisión entre vivos no sea registrable, pero que –de incluirse– pueda interesar inscribir el certificado de resultancias de autos respectivo. d) También corresponde inscribir aquellos actos declarativos (partición, negocios de fijación), demandas o el embargo que tengan por objeto derechos posesorios, al quedar comprendidos en los numerales 1º, 8 y 9 del artículo 17. e) Y por último, también corresponde la registración de todos aquellos actos modificativos de cesiones de derechos posesorios inscriptas con anterioridad a la vigencia de la Ley 19149, ya que ellos encajan en el supuesto previsto en el numeral 20 del artículo 17.
III) Sugiere, en consecuencia y a los efectos de asegurar un proceder uniforme en todos los Registros, el dictado de una resolución que recoja los criterios de calificación detallados, con carácter vinculante para los Registradores.
Considerando: Que esta Dirección General se afilia a lo dictaminado por la Comisión Asesora Registral. Atento: a lo dispuesto por los artículos 3 numerales 3 y 5 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, y lo dictaminado por la Comisión Asesora Registral; El Encargado de la Dirección General de Registros,
1) Establecer los siguientes criterios de calificación, con carácter vinculante para el Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria:
1.1) Corresponde la inscripción de aquellos certificados de resultancias de autos en los cuales se incluyan derechos posesorios respecto a inmuebles.
1.2) También corresponde inscribir aquellos actos declarativos (partición, negocios de fijación), demandas o el embargo que tengan por objeto derechos posesorios. 1.3) También corresponde la registración de todos aquellos actos modificativos de cesiones de derechos posesorios inscriptas con anterioridad a la vigencia de la Ley 19149. 2) Notifíquese a los Directores y Encargados de Registros y Oficinas técnicas, quienes harán lo propio con los funcionarios a su cargo.
Visto: estas actuaciones, por las cuales la Comisión Asesora Registral, plantea fijar un criterio de calificación e inscripción vinculante para los Registradores, respecto al supuesto previsto en el artículo 380.2 del Código General del Proceso, en la redacción dada por la Ley Nº 19090, de 14 de junio de 2013.
I) El Encargado de la Dirección del Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Montevideo, Esc. Daniel Ramos, expresa que: a) A partir de la modificación introducida por la Ley Nº 19090, el artículo 380.2 establece en su inciso final que “Cuando el ejecutante solicitare el embargo específico de bienes comprendidos en un embargo genérico, el nuevo embargo tendrá la fecha del embargo genérico”.
b)Dicho inciso plantea dudas a efectos de calcular la caducidad del específico (para reinscribir o caducar), ya que ahora la fecha a tomar en cuenta en esos casos, es la del genérico. La redacción de la norma es novedosa, ya que el CGP original solo preveía la sustitución del embargo a solicitud del ejecutado, mientras que la disposición comentada, refiere a una inscripción de un acto, que la ley le atribuye los efectos de otro acto, pero sin sustituirlo y a solicitud del ejecutante, manteniendo el instituto de la sustitución de embargo en el artículo 380.4. Se trata entonces, de dos escenarios completamente diferentes. c) El Esc. Ramos refiere que la situación sería fácil si el oficio expresara que deberá tenerse presente la vigencia del genérico, en cuyo caso el Registro deberá tener en cuenta la fecha de inscripción de éste, como asimismo, de existir reinscripciones del genérico, para calcular hasta cuándo puede reinscribirse, pero puede suceder que el oficio nada diga y en la realidad sí existe un embargo genérico trabado por el mismo ejecutante. d) Plantea también, que el procedimiento para controlar la vigencia del genérico no está definido, preguntándose si corresponde exigir la agregación de un certificado del Registro Nacional de Actos Personales acreditando la vigencia del embargo genérico o simplemente debe estarse a lo que diga el Juez, ya que no hay norma reglamentaria que regule el punto. e) Por último, consulta si deben controlarse las reinscripciones del genérico para las reinscripciones del específico. II) La Comisión Asesora consideró el tema, en sesión de fecha 19 de marzo de 2014, dictaminando que deben distinguirse las siguientes situaciones: a) Si el oficio que comunica el embargo específico nada dice del genérico, el Registro competente debe inscribirlo normalmente y la fecha a tener en cuenta para el cómputo de la caducidad solo puede ser la de su inscripción actual, ya que no existe una comunicación informática que permita al Registrador saber si ese embargo específico tuvo un precedente genérico en el Registro Nacional de Actos Personales. b) Si el oficio que comunica el embargo específico establece que debe tenerse presente la vigencia del genérico, solo cabe acatar la orden judicial, pero corresponde exigir que el mismo determine el número y fecha de inscripción que debe tenerse en cuenta. c) En dicho supuesto, la Comisión Asesora entiende que sería altamente recomendable –a los efectos de tener bien determinada la fecha a tomar en cuenta para fijar las caducidades– exigir la presentación de un certificado de vigencia, del Registro Nacional de Actos Personales. Se concluye que ello no contraviene la disposición legal, en la medida que no existe disposición legal ni reglamentaria que lo impida y entra dentro de la competencia de la Dirección General de Registros de dictar instrucciones generales con carácter vinculante para los Registradores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º inciso 3 de la Ley 16871, de 28 de setiembre de 1997. d) Dados todos estos supuestos, el Registrador deberá dejar constancia en el asiento respectivo, que la fecha a tomar en cuenta para las reinscripciones y en su caso la caducidad, es la de la registración del embargo genérico, citando número y fecha de ésta. e) No corresponde controlar las sucesivas reinscripciones del embargo genérico, ya que por disposición del artículo 380.2 in fine, “el nuevo embargo tendrá la fecha del embargo genérico” con lo cual, lo que está haciendo la ley es algo así como trasladar la vida que tenía el embargo genérico en el Registro Nacional de Actos Personales, al embargo específico que se inscribe ahora, por ejemplo, en el Registro de la Propiedad. Aunque el embargo genérico no se cancele en el Registro Nacional de Actos Personales –porque no lo preceptúa la ley– es evidente que se quiso trasladar su eficacia, con el mismo alcance en cuanto a la oponibilidad y prioridad que aquel tenía, al Registro que inscribe el embargo específico. III) Sugiere, en consecuencia y a los efectos de asegurar un proceder uniforme en todos los Registros, el dictado de una resolución que recoja los criterios de calificación e inscripción detallados, con carácter vinculante para los Registradores.
1) Establecer como criterio con carácter vinculante para todos los Registradores que, en caso de solicitarse la inscripción de embargos específicos en los diferentes Registros competentes, se procederá del siguiente modo:
1.1) Si el oficio que comunica el embargo específico nada dice del genérico, el Registro debe inscribirlo normalmente y la fecha a tener en cuenta para el cómputo de la caducidad será la de su inscripción actual. 1.2) Si el oficio que comunica el embargo específico establece que debe tenerse presente la vigencia del genérico (situación prevista en el artículo 380.2 inciso final del CGP), se controlará: 1.2.1) Que el mismo determine el número y fecha de la inscripción del embargo genérico.
1.2.2) La presentación de un certificado de vigencia, del Registro Nacional de Actos Personales, el que se archivará junto al ejemplar que queda en la oficina,
1.2.3) El Registrador deberá dejar constancia en el asiento respectivo, que la fecha a tomar en cuenta para las reinscripciones y en su caso la caducidad, es la de la registración del embargo genérico, citando número y fecha de ésta.
1.2.4) No corresponde controlar las sucesivas reinscripciones del embargo genérico, ya que por disposición del artículo 380.2 in fine, “el nuevo embargo tendrá la fecha del embargo genérico” y esta fecha se tomará en cuenta para reinscribir el específico o considerarlo caduco.
2) Notifíquese a los Directores y Encargados de Registros y Oficinas técnicas, quienes harán lo propio con los funcionarios a su cargo.
Visto: la propuesta del Encargado de la Dirección del Registro de la Propiedad Sección Mobiliaria de Montevideo, Esc. Fernando Echeverría de revisar el criterio de calificación resultante de las resoluciones números 248/2007 y 32/2009.
Resultando: I) Que dichas resoluciones disponen, en el caso de trasmisiones de patrimonios a título universal entre entidades financieras inscriptas en el Registro Nacional de Comercio, la necesidad de inscribir una declaratoria o certificado notarial relacionando los bienes y derechos comprendidos en dicha trasmisión.
II) El solicitante fundamenta su iniciativa en lo dispuesto por el artículo 58 numeral 5º de la Ley 16871, de 28 de setiembre de 19997, que establece como norma de excepción al contralor del tracto sucesivo, los casos en los que “el acto inmediato anterior constituya la trasmisión de una universalidad inscripta en el Registro competente”, recordando que dicha excepción es pacíficamente admitida para los casos de cesiones de derechos hereditarios o cesión de derechos a los bienes que se mantengan pro indiviso de la disuelta sociedad conyugal, que se inscriben en el Registro Nacional de Actos Personales.
III) Que la Comisión Asesora Registral, trató el asunto en dictámenes 31 y 36/2012 y 44/2014, análizándose si la excepción también alcanza al Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria, llegándose a la conclusión que la misma no es aplicable, en virtud de que el artículo 50 del Decreto - Ley 14057 (disposición de carácter especial), expresamente establece que: “Las fusiones, adquisiciones, absorciones o transferencias aprobadas por los poderes públicos, implican trasmisión de patrimonios a título universal y a los efectos de su publicidad, además de su inscripción en el Registro Público y General de Comercio, se otorgará declaratoria que se inscribirá en el Registro de Traslaciones de Dominio, si existieran inmuebles”. Como ley especial, no resulta alcanzada por las disposiciones de la Ley 16871, que regula con carácter general el contralor del tracto sucesivo y sus diferentes excepciones, pero dicha excepción sí alcanzaría las trasmisiones a título universal que comprendan bienes o derechos registrables en el Registro de la Propiedad Sección Mobiliaria.
IV) Aconseja –en definitiva– modificar las resoluciones números 246/2007 y 32/2009 a efectos de aclarar que sus disposiciones no alcanzan al Registro de la Propiedad Sección Mobiliaria.
Considerando: Que esta Dirección General comparte lo informado por la Comisión Asesora Registral.
Atento: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en el artículo 3º numeral 3 de la Ley 16.871, de 28 de setiembre de 1997 y a lo dictaminado por la Comisión Asesora Registral.
1º) Excepcionar al Registro de la Propiedad Sección Mobiliaria de los criterios de calificación establecidos en las resoluciones números 246/2007 y 32/2009, declarando a su respecto la plena vigencia de la excepción al tracto establecida en el artículo 58 numeral 5º de la Ley 16871, de 28 de setiembre de 1997.
2º) Notifíquese a los Directores y Encargados de Registros y Oficinas técnicas, quienes harán lo propio con los funcionarios a su cargo.
4º) Insértese en la página web y remítase el texto de la presente, vía correo electrónico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el Servicio de Novedades de la Dirección General de Registros. Cumplido, archívese.-
Visto: lo dispuesto por el artículo 228 de la Ley Nº 19149, de 24 de octubre de 2013.
I) Que dicha disposición derogó del numeral 7º del artículo 17 de la Ley Nº 16871, de 28 de setiembre de 1997, que disponía la inscripción de la cesión de derechos posesorios en el Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria.
II) Que el Señor Encargado de la Asesoría Técnica Registral, Esc. Carlos Milano planteó a la Comisión Asesora Registral la necesidad de rever el criterio de calificación dispuesto por la Resolución número 57/2008, de 15 de febrero de 2008, que había considerado registrables las cesiones de derechos posesorios relativas a vehículos automotores.
III) La Comisión Asesora trató el asunto en dictamen número 45/2014, asentado en Acta Nº 375, de fecha 14 de febrero de 2014, estudiando el argumento recogido en dicha resolución, de considerar la cesión de derechos posesorios una trasmisión de derechos reales comprendida en el apartado A) del artículo 25, llegando a las siguientes conclusiones: a) si la Ley 16871 previó en el numeral 7º de su artículo 17, como un acto independiente la cesión de derechos posesorios inmobiliarios y por tanto no incluido en el numeral 1º que también refería genéricamente la inscripción de actos en los que “se constituya, reconozca, modifique, transfiera, declare o extinga el dominio”, entonces tampoco cabe considerarla comprendida en el apartado A) del artículo 25. b) Existe una coherencia en la regulación que la ley registral realiza, de los actos inscribibles aplicables a las Secciones Inmobiliaria y Mobiliaria y si la Ley 19149 no quiso mantener la inscripción de las cesiones de derechos posesorios de inmuebles, no parece lógico conservarlo para los vehículos automotores, que normalmente tienen un valor económico inferior. En conclusión, recomienda dejar sin efecto la Resolución Nº 57/2008, de 15 de febrero de 2008.
1º) Dejar sin efecto la Resolución No. 57/2008, de 15 de febrero de 2008. 2º) Notifíquese a los Registros y oficinas técnicas, quienes harán lo propio con los funcionarios a su cargo.
4º) Insértese en la página web y remítase el texto de la presente, vía correo electrónico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el Servicio de Novedades de la Dirección General de Registros. Cumplido, archívese.
Visto: la conveniencia de ajustar la redacción de la Resolución Nº 2/11, de 3 de enero de 2011. Resultando: I) Que la Dirección General de Registros ha recibido diversas consultas e informes de registradores acerca del alcance e interpretación de los criterios vinculantes establecidos en la Resolución mencionada.
II) Que el Señor Encargado de la Dirección del Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Montevideo, Esc. Daniel Ramos, plantea: a) que la interpretación literal del acto administrativo en cuestión, determina, en primer lugar la necesidad de elevar a consideración de la Dirección General de Registros, todas aquellas peticiones de los interesados que refieran a inscripciones posteriores a la entrada en vigencia de la Ley Nº 16871, tomando en consideración si se cumplió con lo establecido en los artículos 57 y 58 de dicha Ley; b) que en los casos de errores materiales y de concepto, si bien los artículos 67 a 69 lo establecen como competencia del Registrador, la Resolución 2/11 preceptúa que deben resolverse por la Dirección General.
III) Que la Comisión Asesora Registral, por Acta Nº 337, de fecha 13 de octubre de 2011, aconseja modificar la resolución de referencia a efectos de clarificar su interpretación y alcance, proponiendo un texto sustitutivo.
Considerando: a) Que la Resolución Nº 2/11 es modificativa de la Resolución Nº 354/08, la cual se refería a inscripciones realizadas sin correspondencia con el tracto sucesivo. b) Que en ese contexto, no corresponde incluir las hipótesis comprendidas en los artículos 67 a 69 de la Ley Nº 16871, que refieren a situaciones de errores materiales y de concepto en los asientos registrales y tienen una precisa regulación normativa.
1º) Establecer los siguientes criterios de calificación registral con carácter vinculante:
a) No corresponde la modificación del asiento registral, como consecuencia de peticiones en tal sentido, fundadas en la falta de control del tracto sucesivo, relativas a inscripciones anteriores a la entrada en vigencia de la Ley Nº 16.871, al no ser de aplicación dicho principio registral en ese momento.
b) Las solicitudes de rectificación de aquellos asientos registrales posteriores a la entrada en vigencia de la Ley Nº 16.871, en los cuales no se haya cumplido con el tracto sucesivo, se resolverán caso a caso por esta Dirección General, tomando en consideración si se observó lo establecido en los artículos 57 y 58 de dicha ley, debiendo brindarse las garantías legales y reglamentarias correspondientes (Art. 75 Decreto 500/991).
c) La resolución de la Dirección General de Registros que afecte o altere la situación registral existente, se materializará por medio de un asiento registral que vinculará las inscripciones afectadas. Sin embargo, y conforme a la excepción recogida en el inciso 1º del artículo 57 in fine de la Ley Nº 16.871, corresponde inscribir los negocios jurídicos aún cuando no coincida el disponente del derecho con el último titular inscripto, siempre que aquél estuviera legitimado. En este caso, el registrador dejará constancia en el asiento registral, de la aplicación de la citada norma.
2º) Dejar sin efecto la Resolución No. 2/11, de 3 de enero de 2011 y la Resolución Nº 354/08 de 20 de octubre de 2008, en lo que refiere exclusivamente a los criterios de calificación incluidos en la misma.
3º) Notifíquese a los Directores y Encargados de Registros y Oficinas técnicas, quienes harán lo propio con los funcionarios a su cargo.
5º) insértese en la página web y remítase el texto de la presente, vía correo electrónico, a las direcciones de los usuarios inscriptos en el Servicio de Novedades de la Dirección General de Registros. Cumplido, archívese.-
(Fdo.) Esc. Adolfo Orellano Cancela Encargado de la Dirección General de Registros
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References: artículo 170
 artículo 171
 artículo 667
 artículo 668
 artículo 65
 artículo 10
 artículo 170
 artículo 171
 artículo 171
 artículo 18
 artículo 17
 artículo 41
 artículo 171
 artículo 41
 artículo 65
 artículo 170
 artículo 3
 resolución 
 artículo 318
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 artículo 3
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 228
 artículo 17
 artículo 228
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 415
 artículo 17
 artículo 17
 resolución 
 artículo 380
 artículo 380
 artículo 380
 artículo 3
 artículo 380
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 resolución 
 artículo 380
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 artículo 58
 artículo 50
 artículo 3
 artículo 58
 artículo 228
 artículo 17
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 artículo 25
 artículo 17
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 artículo 57
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