Source: http://www.libertadidioma.com/2010/20100711.htm
Timestamp: 2020-04-05 23:26:18+00:00

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Recortes de Prensa Domingo 11 Julio 2010
Los españoles hemos vuelto a nuestros peores hábitos y mucho me temo que esta sentencia no haga más que azuzarlos
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 11 Julio 2010
ignacio camacho ABC 11 Julio 2010
Editoriales ABC 11 Julio 2010
Es notorio que ayer se sumaron a la manifestación múltiples entidades que configuran la parte del tejido social catalán que vive de subvenciones públicas y paga en especie la deuda contraída con los partidos que controlan las instituciones. Muchos miles de personas respondieron en las calles de Barcelona al llamamiento del tripartito; pero también muchos otros miles han preferido disfrutar del fin de semana y aguardan con ilusión la final del Mundial, dejando al margen a unos líderes partidistas a quienes se reprocha —con razón— que actúan con impostura. Una vez que se ha pronunciado el supremo intérprete de la Constitución, la sentencia debe ser acatada por todos. Por tanto, no valen los atajos ni las artimañas jurídicas para eludir los principios esenciales confirmados por el TC. El presidente del Gobierno puso en marcha un proceso de reforma constitucional encubierta que ahora deja secuelas en forma de actitudes radicales y deterioro de las instituciones.
En todo caso, hay que cumplir las reglas del juego y nada justifica una protesta, por ruidosa que fuera, para reclamar el incumplimiento de una sentencia y deslegitimar al Tribunal Constitucional.
Cuando la irresponsabilidad azuza el independentismo
EDITORIAL EL MUNDO 11 Julio 2010
LA MULTITUDINARIA manifestación de ayer en Barcelona contra el fallo del Tribunal Constitucional sirvió, como era de prever, de megáfono y trampolín para el nacionalismo radical. La escenografía, con abrumadora presencia de banderas independentistas, y la profusión de lemas contra España borran del mapa cualquier otro matiz que pretendiese dársele al acto.
El error de Montilla al convocar y calentar la marcha le convierte en cómplice de lo ocurrido. El presidente de la Generalitat jamás debió abanderar la protesta contra el Tribunal. Al hacerlo, azuzó irresponsablemente el enfrentamiento entre la sociedad catalana y las instituciones del Estado, de las que él mismo forma parte y recibe legitimidad. Pero además, resulta esperpéntico ver a un miembro del Comité Federal de un partido que se define «Español» al frente de una marcha contra España, la más numerosa de nuestra historia. No cabe mayor deslealtad.
Sería una equivocación taparse los oídos y cerrar los ojos a lo ocurrido ayer en la calle, tanto como no analizar las causas que han llevado a este punto. De entrada, resulta paradójico que cuando Cataluña lleva tres décadas gobernada de facto por el nacionalismo, cuando tiene mayores cotas de autogobierno que nunca y goza de una autonomía que ni siquiera alcanzan a soñar comunidades históricas de otros Estados de nuestro entorno, el sentimiento que existe en buena parte de la sociedad catalana y de sus dirigentes es el de ser un pueblo sojuzgado.
Desde esa perspectiva se explica, por ejemplo, que el grueso de los partidos catalanes haya arremetido y calificado de «provocadores» a los mismos magistrados que han hecho lo imposible por validar la mayoría de artículos de un Estatuto radicalmente inconstitucional y que han acabado salvando el 95% del texto. Bien puede decirse que no encontrarán otro Tribunal más condescendiente con sus aspiraciones.
Si en realidad Cataluña quiere alumbrar una soberanía política propia, distinta de la española; si pretende que su definición como nación tenga un sentido jurídico; y si busca que sus instituciones mantengan una relación de bilateralidad y al mismo nivel con las del Estado -y todo ello se consignaba en el Estatuto-, lo que deberían hacer sus representantes políticos es plantear una reforma de la Constitución.
Bien es cierto que podrían aducir que el propio Zapatero prometió que aceptaría el Estatuto que aprobara el Parlamento de Cataluña. La metedura de pata del presidente del Gobierno, que dio alas a reivindicaciones maximalistas, ha contribuido a este desenlace. Ahí tiene el fruto de su operación oportunista de sumar a la izquierda con el nacionalismo, cuando son opciones que encarnan valores antitéticos.
La verdad es que Zapatero se propuso acabar con los debates y las tensiones en torno al modelo de Estado y ayer pudo ver con toda crudeza el fracaso de su propósito. Las enormes pancartas exhibidas en favor del Estat Català recordaban dramáticamente a la proclamación unilateral realizada en octubre de 1934 por Companys.
Al Gobierno y al PSOE se les ha vuelto en contra el Estatut como un bumerán. No pueden arremeter contra el Constitucional, porque hacerlo sería asumir que el Tribunal ha mutilado el texto que ellos han defendido como plenamente legal. Pero tampoco quieren pararle los pies a Montilla, con el PSC a las puertas de las elecciones.
Es ridículo acusar al PP de estimular el independentismo -como interesada y machaconamente defienden los nacionalistas y la izquierda- y luego ver a Montilla al frente de la grey soberanista, como un pelele en sus manos. Al final, la imagen del molt honorable siendo perseguido por los radicales al grito de «botifler» (traidor) y teniendo que refugiarse a toda prisa en un edificio oficial es el triste colofón a tanto despropósito y la prueba evidente de que la situación le ha acabado estallando en las manos.
P.J. RAMÍREZ – EL MUNDO 11 Julio 2010
El que Montilla haya quedado retratado ayer en compañía de esta tropa, precisamente en el momento en que más embarazoso e inconveniente podía resultar para él, es un acto de justicia poética. El muy impostor tenía preparados el discurso de repudio y la convocatoria de la manifestación antes de conocer cuál era la sentencia del Constitucional, pero no contó con el calendario del Mundial. De ahí que hasta el último momento tratara de buscar un pretexto para echarse atrás a cuenta de la pancarta y la consigna. Al final sus socios y compañeros de viaje le cerraron toda escapatoria al acceder a que los lemas Som una nació y Nosaltres decidim -equivalente al que ETA impuso a Zapatero en el proceso de paz- no figuraran en el centro sino en los laterales de la pancarta. Ha sido una manera de ponerle aún más en evidencia: Montilla quería encabezar una manifestación soberanista, pero sin que se notara que lo era. Y, claro, como dijo Oriol Pujol, «cuando uno hace una cosa que no se acaba de creer, termina metiéndose en un problema».
Es una lástima que en el tira y afloja sobre la pancarta de la cabecera no se incluyera también la música de la manifestación, pues el resto de los convocantes podrían haber cedido en todo a cambio de que al paso de Montilla siempre sonara L'Opportuniste del gran Jacques Dutronc. Bastaría cambiar la mención del «comunismo» por la del nacionalismo para que su primera estrofa quedara perfecta: «Je suis pour le nationalisme/ Je suis pour le socialisme/ Et pour le capitalisme/ Parce que je suis opportuniste».
Declara que el castellano «no puede dejar de ser lengua vehicular»
PALOMA CERVILLA / MADRID ABC 11 Julio 2010
El Tribunal Constitucional ha querido dejar muy claro cuál es la importancia del castellano en Cataluña, tumbando el artículo 6.1 que obliga a usar el catalán como lengua de uso preferente de las Administraciones Públicas. Así, justifica su rechazo con el argumento de que «toda lengua española es de uso normal por y ante el poder público» y que, en consecuencia, lo es el castellano por y ante las Administraciones Públicas catalanas que, como el poder público estatal en Cataluña, no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales».
Junto a la inconstitucionalidad de este artículo, la sentencia reinterpreta otros como los relativos al catalán en la enseñanza (35.1 y 2) el catalán como lengua propia y deber de conocer (6.2), los derechos lingüísticos de consumidores (34), el uso del catalán ante el TC y tribunales estatales (33.5) y el uso obligatorio en lasAdministraciones Públicas (50.5). Así, señala que conocer el catalán no es jurídicamente exigible.
En relación a la obligatoriedad en el sistema educativo, el TC deja claro que «el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza». En este sentido, aunque reconoce que «el catalán debe ser lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza», no es la «única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano».
Sobre la relación con las administraciones públicas, señala que «el deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas».
EDITORIAL Libertad Digital 11 Julio 2010
«El pacto del Tinell con el que Zapatero sentó las bases que le han sostenido en el poder prueba su sectaria concepción de la política, que ha querido sustituir la confrontación democrática por la deslegitimación del adversario»
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 11 Julio 2010
Para alguien que lleva más de seis años gobernando a salto de crisis, lo que está ocurriendo a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional parecería a primera vista más de lo mismo: la continuación de ese modo divisivo de entender la política en el que Rodríguez Zapatero cree brillar; la permanente recreación del enemigo -el PP- como argumento cohesivo de esa suma de minorías que hasta ahora han otorgado al PSOE su ventaja electoral.
En esa tendencia irrefrenable a la fabricación de crisis, Rodríguez Zapatero ha exhibido su profundo desdén hacia los consensos fundacionales del sistema constitucional. El apóstol del talante y el diálogo ha demostrado ser un fiel continuador de la peor tradición política española de exclusión del adversario. Y si el abuelo fusilado pasa por ser su conexión emocional con la República, su parentesco político y su gusto instintivo por aquélla radica en la sectaria reinterpretación azañista del régimen republicano que Rodríguez Zapatero ha querido importar al sistema de la Constitución del 78.
La operación estatutaria catalana, promovida a dúo por Maragall y Rodríguez Zapatero, condensa bien todos estos elementos con los que el presidente del Gobierno amuebla su política. Pero expresa también los límites de esa estrategia de exclusión, tantas veces intentada. Aquel «apoyaré lo que apruebe el Parlamento de Cataluña» señaló el comienzo de lo que podríamos denominar el 'zapaterismo' y puede marcar su final. El pacto del Tinell con el que Rodríguez Zapatero sentó las bases que le han sostenido en el poder se ha convertido en la prueba de cargo de su sectaria concepción de la política, que ha pretendido sustituir la confrontación democrática por la deslegitimación del adversario.
El desenlace de la operación estatutaria en Cataluña parece marcar el final de la escapada para Zapatero por dos razones fundamentales. La primera, porque el Estatuto catalán ha quedado en evidencia como una mera operación de poder del socialismo español -PSC y PSOE-, revestida con la retórica de la 'España plural'.
La segunda, porque esa operación se basaba en un presupuesto indigerible para el sistema democrático como es la exclusión del primer partido de la oposición.
Las dos audiencias a las que se dirigía Zapatero se ven de nuevo defraudadas. La catalanista se encuentra con que el Estatuto es algo así como un título político 'subprime' que compró confiando en el aval de solvencia que el propio presidente del Gobierno le había concedido. Y la del resto de España, que puede preguntarse qué pasó con aquellas garantías según las cuales el Estatuto catalán haría posible, por fin, el 'encaje de Cataluña en el Estado'. La consecuencia es que los socialistas se han quedado manifiestamente solos cuando pretendían encabezar de nuevo un ataque concertado contra el PP para esconder el efecto de la sentencia. Un fiasco no menos visible que el de Montilla, que no ha encontrado solución mejor que taparse con la 'senyera' y salir a la calle para manifestarse contra una sentencia que sus compañeros en Madrid afirman que avala plenamente el Estatuto.
Está claro que el pueril triunfalismo del Gobierno al proclamarse vencedor en la sentencia y declarar la derrota del Partido Popular no ha convencido a casi nadie. Tampoco a Montilla.
Lo que se puede concluir del fallo es que, si bien la amputación del Estatuto ha sido limitada, con la reinterpretación de 27 artículos y la declaración de ineficacia del Preámbulo, el Tribunal ha practicado una significativa esterilización química del texto. La sentencia no es modélica, pero tampoco inocua. Con todas sus carencias, y aun siendo manifiestamente mejorable, fija límites y define elementos estructurales del Estado autonómico que habían llegado a considerarse disponibles para los estatutos.
La respuesta de Rodríguez Zapatero ha sido la de ofrecer mecanismos para eludir el fallo del Tribunal. Es decir, el presidente del Gobierno, en vez de favorecer la asimilación de un fallo que debería estabilizar el modelo autonómico, se ha comprometido a lo contrario, a fomentar la conflictividad, a continuar con la precariedad, a no dar tregua en este tejer y destejer institucional. De nuevo, la crisis como instrumento de gobierno.
En términos de réditos electorales, no hay duda de que el Estatut ha sido rentable para los socialistas. El PSOE ha hipotecado su discurso a la estrategia en Cataluña consciente de la importancia decisiva de esos votos. El problema para Zapatero es que debe mantener muy alta la rentabilidad electoral de su apuesta radical-catalanista para que el PSOE siga aceptando sin tensiones insuperables esa hipoteca.
Pero las cosas no apuntan en dirección al éxito electoral de los socialistas en Cataluña, sino todo lo contrario. Si se confirma lo ya probable, que los socialistas pierden la Generalitat en las elecciones autonómicas de otoño, esos comicios pueden dirimir algo más que el Gobierno catalán. Ése será el momento en que muchos socialistas dirán que tienen que replantearse algunas cosas importantes, y abogarán por que el péndulo nacional del socialismo se disponga a oscilar. Todo el socialismo sufrirá los efectos de esa derrota, que será vista como la imagen en negativo de aquella otra en la que Zapatero, saludando desde el balcón del Palacio de la Generalitat, abría su apuesta de poder, ahora ya sin apenas capital político que la sostenga.
JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA La Opinión 11 Julio 2010
Comencé esta columna conociendo el borrador publicado por El Periódico gracias a una filtración que, entre nosotros, parecen formar parte del contenido esencial del derecho a recibir información veraz. Hoy, conocida ya la sentencia se comprueba que el borrador nos contó ya lo principal del asunto y que, en efecto, la filtración nos había proporcionado información veraz. Queda por saber lo que al respecto hará el Tribunal Constitucional que, apuesto, será nada.
El asunto está bastante claro, aunque habrá que esperar a leer con detenimiento la sentencia completa y los votos particulares, alguno de los cuales sostendrán no ya una opinión distinta sino una muy diferente concepción del Estado de las autonomías. La mayoría del TC, dejando a un lado el enredo sin sentido sobre el preámbulo que no merecía tanto énfasis y algunas cuestiones cuya inconstitucionalidad era evidente como la del Sindic des greuges o las que afectan al poder judicial, lo cierto es que ha sido partidaria de la interpretación más favorable a la descentralización, al aumento de competencias de las Comunidades, a su libre expansión. Por eso interpretan muchos artículos del Estatut con las técnicas con las que se argumentan en favor de la causa que se apoya. Es lo que han hecho los magistrados de la mayoría.
Defienden que los contenidos de un Estatuto de Autonomía pueden llegar a ser amplísimos, no limitándose a, como dice el artículo 147 de la Constitución, fijar la denominación y el territorio de la Comunidad Autónoma, sus instituciones y competencias. Un Estatuto puede contener derechos, definir el alcance de las competencias estatales, perfilar el poder del Estado y el ámbito de sus normas. No son Constitución, pero casi. El TC es el único que puede declarar la inconstitucionalidad del Estatuto y lo hace en contadas ocasiones y cuando no le queda más remedio. Para no llegar a eso el TC ensaya interpretaciones, muy forzadas para unos, correctas para otros.
Un sencillo ejemplo: cuando leemos que Cataluña tiene símbolos nacionales, o sea, de nación en el lenguaje común y político, el TC dice que no se refiere a los de la nación porque Nación no hay más que una, sino a los de Cataluña como la nacionalidad que es. Podía rechazar el término pero no, el TC lo admite y le cambia el significado. En otras ocasiones el TC se vale de los recursos propios del lenguaje jurídico para decantarse a favor del Estatuto. Por ejemplo, cuando un artículo atribuye una competencia o una facultad a Cataluña y añade la coletilla elusiva de "en los términos que la ley establezca", el TC acepta la técnica y dice que hay que esperar a lo que esa ley diga en su momento.
De esa forma mucho de lo que el Estatuto dice queda, de momento, en pura hojarasca, pero queda en el Estatuto y veremos que pasa más adelante. Es lo que sucede con bastantes derechos que reiteran los de la Constitución. Nada añaden pero ahí quedan y en el futuro, ya se verá. O lo que ocurre con la llamada disponibilidad lingüística que obliga a un comerciante a atender a un cliente en la lengua en que este pida ser atendido, en los términos que diga la ley. El TC lo deja estar, pero queda en el Estatuto para cuando llegue el momento. Muy arriesgado. Como cuando sobrevuela sobre muchas cuestiones lingüísticas.
En otros casos, materia judicial, por ejemplo, la inconstitucionalidad deriva de que eso debe decirlo una ley estatal, de modo que en cuanto esta se cambie, Cataluña tendrá un órgano similar al Consejo General del Poder Judicial. Sí, Cataluña ha consolidado tras la sentencia del TC, tras sus interpretaciones en gran medida, un paso importante en la dirección marcada por el nacionalismo de nación o de nacionalidad. Quien no desee dar ese paso, mejor que apruebe un Estatuto distinto.
¿Que «vosaltres decidiu»? ¿Dónde está escrito?
Roberto Blanco Valdés La Voz 11 Julio 2010
Blanco y negro (Black and White) se titulaba un maravilloso musical que vi en Broadway en mi primer viaje a Nueva York. Blanco y negro es también lo que sobre la sentencia del Estatut afirman PSOE y PSC, dos partidos hermanos, que eligen una dirección federal común, tienen el mismo secretario general y forman, desde hace un cuarto de siglo, un único grupo parlamentario en el Congreso
¿Es verdad, como sostiene el Gobierno, que la sentencia resulta plenamente favorable al Estatut? Y, si eso es cierto, ¿puede serlo, al propio tiempo, lo contrario? Es decir, lo que proclama el PSC: que ¡la misma sentencia! desnaturaliza la norma, ofende a Cataluña y justifica que miles de personas, con Montilla a la cabeza, se manifiesten contra ella. Pues bien, la pura verdad es que en este asunto el Gobierno miente y miente el PSC.
El Ejecutivo lo hace, a diario, a través del ministro de Justicia. En realidad, no hay que conocer al personaje para saber que Caamaño habla más por vanidad profesional que por ser útil al Gobierno. Y ello porque -no como ministro, sino como valedor en su día de la plena constitucionalidad del bodrio estatutario-, Caamaño, que debería estar rojo de vergüenza, se resiste a la evidencia: que el TCE le ha quitado la razón cuando afirmó una y mil veces que ¡todo! el Estatuto era constitucional. Lejos de ello, El TCE ha declarado inconstitucionales partes del Estatuto que algunos sostuvimos que lo eran mientras Caamaño lo negaba. Esa es la verdad, aunque él se empeñe en lo contrario.
¿Justifica tal declaración la marcha de ayer en Barcelona? Desde luego que no, sobre todo vistos los esfuerzos del TCE para, contradiciendo su jurisprudencia y su forma de razonar en la sentencia, declarar conformes con la Constitución un buen número de artículos que a todas luces no lo son.
Pero los organizadores de la marcha no lo ven porque parten del descabellado principio que figuraba en su pancarta: «Nosaltres decidim» (nosotros decidimos). Animados en esa inaceptable doctrina por lo que proclamó hace años Zapatero («Lo que se apruebe en Cataluña lo apoyaremos en las Cortes» o, lo que es igual, «vosotros decidís»), el nacionalismo catalán, con el PSC de comparsa, sienta así un principio que destruye el equilibrio de poderes de cualquier Estado, unitario o federal: según él, Cataluña puede decidir sin control alguno, político y jurídico, ulterior. Que postule tal cosa el independentismo forma parte de un guión ya conocido. Que lo haga el Partido Socialista, con el representante ordinario del Estado en Cataluña a la cabeza, demuestra la terrible deriva de una fuerza política que fue un día, no hace tanto, una de las columnas vertebrales del Estado autonómico español. Una tragedia.
El Tribunal Constitucional ha dictado, por fin, el fallo en el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Partido Popular contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Alfonso Villagómez. www.gaceta.es 11 Julio 2010
Una sentencia que llega así , tarde, mal y a rastras, puesto que cuando ha llegado la hora de resolver quizá el caso más importante de su historia reciente, el actual Tribunal fue durante demasiado tiempo incapaz de emitir un juicio de constitucionalidad. Sus magistrados, por tanto, no estaban cumpliendo con la principal obligación que justifica el cargo que ocupan.
En Derecho se utiliza la expresión non liquet (literalmente, “no está claro”) cuando un órgano jurisdiccional no puede responder a la cuestión controvertida por no encontrar solución para el caso, o bien por no haber norma directamente aplicable. La fórmula era empleada, con estos fines, por los juristas romanos para permitir que una cuestión permaneciese imprejuzgada de manera indefinida. Pero hoy en día no es posible: la mayoría de los ordenamientos jurídicos actuales prohíben que el juez se niegue a dar solución al caso que se le plantea. Y así ocurre en el sistema español, en el que nuestro Código Civil, en su artículo 1.7, prescribe que los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Se parte del dogma que dice que el ordenamiento jurídico es pleno por lo que, utilizando las herramientas interpretativas adecuadas, el juzgador ordinario o constitucional siempre tiene que poder encontrar una solución necesaria y urgente, cuando lo que está en juego son los principios y valores que asientan el modelo de convivencia.
Sin duda, ha sido intensa la presión externa que el Tribunal ha tenido que sufrir en relación con este asunto del Estatut. Pero también sus actuales componentes han demostrado una disposición interna a entrar en todas las batallas que afuera se estaban dilucidando. Hasta el punto de que hoy en día es un ejercicio imposible para los ciudadanos percibir que las resoluciones del Constitucional responden a criterios jurídicos de normatividad y no a criterios de pura oportunidad política. El daño a la autoridad funcional de la institución parece así irreversible. La existencia del Tribunal Constitucional se justifica porque sus decisiones son incondicionalmente aceptadas por todos sus principales destinatarios, es decir, el poder judicial, los partidos políticos, el Gobierno y las comunidades autónomas. Pero es que, además, el mal ejemplo que el Constitucional ha dado a raíz de este caso del Estatut se extiende como si fuera una mancha de aceite sobre todo lo jurisdiccional, sobre todos los tribunales y juzgados.
A estas alturas, por mucho que sigamos insistiendo en que el Tribunal Constitucional no forma parte de nuestro sistema de Justicia, a la opinión pública no se le puede exigir que diferencie nítidamente entre el Constitucional y los demás órganos jurisdiccionales de este país cuando se habla de la politización de la Justicia. Un mal que ante los ojos de los ciudadanos contamina todas las instancias judiciales, cuando el foco de putrefacción está perfectamente localizado y sólo hace falta que se pongan en acción los operarios que pueden y deben acabar con la infección. Mientras tanto, los miles de jueces de este país que día a día cumplen con su trabajo deberán seguir con las mascarillas puestas al servicio de la Ley y el Derecho, que han de aplicar, precisamente de conformidad con los principios que derivan de las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Si la renovación es siempre conveniente y saludable en todos los aspectos de la vida, es todavía más necesaria cuando se trata de la vida de las instituciones. Y es que así lo quiso el legislador constituyente, y su voluntad no puede continuar violentada un minuto mas: es hora de renovar ya el Tribunal Constitucional.
El Partido Socialista y el Partido Popular tienen ahora la gran oportunidad de congraciarse con una ciudadanía que cada vez desconfía más de la clase política, y demostrar que disponen de “sentido de Estado” para encontrar a los juristas que reemplacen a los que han de salir ya del Tribunal. Además, una vez superado el obstáculo que para ello suponía la resolución pendiente sobre el Estatut, saldada con la solución de “compromiso” por todos conocida, no hay, por tanto, excusa para que no se proceda a la renovación inmediata de los cuatro magistrados que han de ser votados en el Senado.
Ha llegado la hora de renovarse. Por supuesto el Tribunal Constitucional, pero también los dos grandes partidos de este país en sus planteamientos y propuestas. Los responsables de los mismos no pueden seguir incumpliendo la obligación que tienen pendiente para acercar las posturas, que todavía los alejan, superar los obstáculos del proceso y favorecer el consenso necesario que haga finalmente posible la renovación del Alto Tribunal.
*Alfonso Villagómez es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y ex letrado del Tribunal Constitucional.
www.gaceta.es 11 Julio 2010
Tres presidentes de la Generalitat y tres presidentes del Parlament formaron ayer la cabecera de la manifestación en Barcelona contra el Tribunal Constitucional.
Una manifestación marcada por el independentismo convocada justo el día después de conocerse la integridad de la sentencia sobre el Estatut, y en la que participaron más de un millón de personas, según la Guardia Urbana.
Abriendo la marcha, tras una senyera de 250 metros cuadrados, estaban el presidente de la Generalitat, José Montilla, el del Parlament, Ernest Benach, y junto a ellos sus predecesores en estos cargos: Jordi Pujol y Pasqual Maragall; y Heribert Barrera y Joan Rigol. Tras ellos, la pancarta de la polémica con el lema soberanista Som una nació. Nosaltres decidim (Somos una nación. Nosotros decidimos).
Tras esta pancarta, la mayoría de líderes políticos. Estaban Josep Antoni Duran Lleida (UDC), Artur Mas (CDC), Joan Herrera (ICV), Joan Puigcercós (ERC), Jordi Miralles (EUiA), junto a la presidenta de Òmnium Cultural, entidad organizadora, Muriel Casals.
También había una amplia representación de las más de 1.500 instituciones y asociaciones catalanas que se han sumado a la marcha: los secretarios regionales de UGT y CC OO, Josep Maria Álvarez y Joan Carles Gallego; y el presidente de la patronal Pimec, Josep González, entre otros. El abad de Montserrat, Josep Maria Soler, animó a los catalanes a salir a la calle.
La marcha, convocada para las 18.00 horas, comenzó con retraso. La anécdota fue el intento de agresión a José Montilla por un joven con una estelada. Pese al sol y al fuerte calor, cientos de miles de personas llenaban la práctica totalidad del paseo de Gracia. Los accesos desde el metro quedaron colapsados.
Cuatripartito roto
La marcha contó con el apoyo de los cuatro partidos que en su día aprobaron el Estatut (PSC, CiU, ERC e ICV). Pero hasta ayer mismo demostraron desuniones. Joan Puigcercós acusó a CiU y PSC de buscar una manifestación “de baja intensidad”. Puigcercós echó en cara a Montilla y Mas la discusión por el lema. No se pudo leer, por falta de consenso, un manifiesto final, aunque hubo proclamas soberanistas y en favor de la autodeterminación de los actores Lluís Soler y Txe Arana.
La marcha finalizó con el canto de Els Segadors por el Orfeó Català, en la plaza Tetuán. Con la cabecera en este punto, aún mucha gente estaba en el punto del inicio, en la confluencia de Diagonal con paseo de Gracia y no pudo completar el recorrido. Los manifestantes portaban miles de senyeras, muchas esteladas (independentistas) y pancartas en favor de la independencia y la autodeterminación. Los convocantes se mostraron también independentistas. Ernest Maragall (PSC) dijo que la manifestación demuestra que las aspiraciones de Cataluña no caben en la Constitución; Artur Mas destacó que habrá un antes y después; y Joan Puigcercós dijo que es el primer paso hacia la independencia.
Los dos partidos parlamentarios que no apoyaban la manifestación se mostraron muy críticos con el tripartito y CiU. La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, recordó que la manifestación era “partidista y electoralista” y no defendía la unidad de Cataluña, sino la independencia de Cataluña de España. Para la líder del PP catalán, esta manifestación intenta tapar “las incompetencias y el fracaso” del tripartito y algunos aspectos “no del todo claros” de CiU. Calificó de irresponsable a Montilla por encabezar una manifestación independentista y señaló que Artur Mas ha mostrado su verdadera cata. Albert Rivera (C’s) aseguró que fue una manifestación de “los incompetentes y subvencionados”.
La independencia de Cataluña se cimenta sobre dos mitos falseados. El sentimiento de agravio que cultiva la Generalitat es un invento de finales del siglo XIX.
El semanario Alba publica en su última edición un reportaje sobre los mitos, mentiras y manipulaciones que ha utilizado el nacionalismo catalán para reescribir la historia de Cataluña. El reportaje es prolijo en detalles y se remonta a los orígenes del movimiento, allá por el siglo XVIII.
El 11 de septiembre de 1714 en Barcelona se produjo una revuelta popular. El Consejo de Ciento decidió resistir hasta la muerte a las tropas de Felipe de Anjou que comandaba el general Berwick. Los barceloneses no querían la nueva dinastía borbónica, preferían al archiduque Carlos de Austria, al que tenían en alta estima y en cuyo bando habían peleado durante la ya terminada Guerra de Sucesión. Pero éste ya no estaba interesado en ser rey, ni de España ni de Cataluña.
E. Montañés | I. Zamora | b. bergareche | d. álvarez | n. villanueva / MADRID ABC 11 Julio 2010
Lo que sí salva el Constitucional
El derecho a morir con dignidad, la creación de una Agencia Tributaria catalana o la inversión del Estado en infraestructuras son algunos de los puntos que el TC mantiene intactos
m. j. cañizares / barcelona ABC 11 Julio 2010
El Tribunal Constitucional dio a conocer ayer los 881 folios de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña (consulta aquí el PDF completo), cuyo fallo hizo público el pasado 28 de junio. De los 14 artículos declarados inconstitucionales y 27 sometidos a interpretación estos son los puntos que el Constitucional sí salva de la «purga» al Estatut:
El Tribunal Constitucional respeta el artículo 20, donde se regula el derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte. Durante su tramitación parlamentaria, los populares advirtieron de que este párrafo podría suponer una «eutanasia encubierta». También se salva el artículo 21, en el que se establece que la enseñanza en las escuelas de titularidad pública es laica.
La competencia estatal en el ámbito de las «relaciones internacionales» no impide que las comunidades autónomas realicen actividades en el exterior que sean proyección de sus competencias materiales, siempre que no perturben o condicionen la competencia estatal». Quedan avaladas, por tanto, las polémicas —y costosas— «embajadas» catalanas en el exterior.
La sentencia del Tribunal Constitucional ha rechazado la mayoría de impugnaciones al artículo 120 del Estatuto relativo a cajas de ahorro, al entender que la norma catalana recoge competencias recogidas en la Constitución y prevé la competencia compartida, aunque anula un inciso concreto que acota la participación del Estado sobre la actividad financiera.
El fallo respeta el apartado donde se contempla la creación de la Agencia Tributaria Catalana, con la que la Generalitat aspiraba a implantar una administración tributaria única. Se trata de la disposición adicional segunda, recurrida por el PP. Ningún problema de constitucionalidad suscitan las potestades autonómicas de gestión tributaria enunciadas en el art. 204.1.ia
Los magistrados avalan los artículos del Estatut en los que se recoge el derecho de realizar referendos a nivel autonómico para la reforma estatutaria al entender que son consultas que sólo requieren el pronunciamiento del electorado de una comunidad autónoma. Defiende que un presidente autonómico tiene potestad para convocar estos referendos ya que lo hace en nombre del Rey.
La sentencia califica como «una medida adecuada y no desproporcionada» el que se prevea paliar el déficit histórico de inversiones en infraestructuras en Cataluña. Así valora el Constitucional la disposición adicional tercera —apartado 1— del Estatuto de Cataluña sobre inversiones del Estado en infraestructuras en esta comunidad.
El TC da también por válidos los apartados del artículo 210 recurridos por el PP, referidos a la bilateralidad Cataluña-Estado a la hora de negociar el sistema de financiación, puesto que entiende que no excluye los mecanismos «multilaterales» del Estado. También avala los apartados sobre la cesión de tributos.
José Cavero Periodista Digital 11 Julio 2010
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 11 Julio 2010

References: artículo 6
 artículo 147
 artículo 1
 resolución 
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 120
 artículo 210