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Timestamp: 2020-02-22 18:23:35+00:00

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Penal | Sesiones
Arraigo. El artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, que regula dicha figura procesal, es acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, se confirma la sentencia recurrida y se niega el amparo al quejoso.
Amparo directo en revisión 1250/2012, Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Penal
Arraigo. Se analiza si el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, que regula dicha figura procesal, resulta constitucional.
Arraigo. La arquitectura constitucional del juicio de amparo directo, interpretado a la luz de su teleología, no impide al quejoso plantear la irregularidad de la norma legal que sirve de fundamento para la aplicación del arraigo, dado que dicha medida cautelar presenta un potencial de irradiación de efectos procesales con la fuerza normativa suficiente para trascender al dictado de la sentencia.
Acción de inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 16, in fine, de la Ley relativa para el Distrito Federal, toda vez que la participación que otorga a la víctima en la audiencia ante el juez de ejecución se ciñe exclusivamente a los aspectos que refieren a la reparación del daño y respeta el principio de voluntariedad.
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez de los artículos 118, fracciones VI, VIII, IX, X, XI, XII y XVIII,119, 120, fracción III, 121, 122, 123, 124, 125, fracciones VII y VIII, y 127, fracciones II, V, VI, VII y X, de la Ley relativa para el Distrito Federal, toda vez que corresponde a la autoridad administrativa, y no a la jurisdiccional, imponer las medidas disciplinarias dentro de los centros de ejecución de las penas, sin menoscabo de que se satisfaga un procedimiento en el que se respete la garantía de audiencia del sentenciado.
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez de los artículos 136 y 137 de la Ley relativa para el Distrito Federal, toda vez que la incorporación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al Comité de Visita General no supone una violación a la autonomía de dicha Comisión.
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se sobresee respecto del artículo 31, fracción IX, de la Ley relativa para el Distrito Federal, el cual establece que el sentenciado, a fin de ser acreedor al beneficio de reclusión domiciliaria, debe cubrir el costo del dispositivo electrónico de monitoreo, al haberse alcanzado una mayoría no calificada en favor de su invalidez.
Acción de inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011, Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Distrito Federal, Penal, Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se sobresee respecto del artículo 31, fracción V, de la Ley relativa para el Distrito Federal, que establece como requisito para obtener el beneficio de reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia, acreditar estudios técnicos u obtener resultados favorables en estos, al existir un empate a cinco votos.
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 33 de la Ley relativa del Distrito Federal, que establece los delitos por los cuales no se otorgarán a los sentenciados beneficios penitenciarios, en su modalidad de tratamiento preliberacional y libertad preparatoria.
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se sobresee respecto del artículo 35, fracciones III y V, de la Ley relativa para el Distrito Federal, que establecen como requisitos para otorgar el tratamiento preliberacional, que el sentenciado acredite los estudios técnicos que le sean practicados por el Centro Penitenciario y haber participado en el tratamiento técnico progresivo a través de las actividades educativas, recreativas, culturales y deportivas organizadas por el Centro Penitenciario, al existir un empate a cinco votos.
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se sobresee respecto del artículo 37, fracción II, de la Ley relativa para el Distrito Federal, que establece como requisito para obtener la libertad preparatoria que el sentenciado que tenga sentencia ejecutoriada de privación de la libertad por más de tres años, haya acreditado plenamente, durante su estancia en prisión, los estudios técnicos que le sean practicados por el Centro Penitenciario, al existir un empate a cinco votos.
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se sobresee respecto del artículo 43, en la porción normativa que prescribe: “y en su caso acreditar el cumplimiento de las medidas de tratamiento propuestas”, en relación con las obligaciones de los sentenciados que reciben beneficios penitenciarios, al existir un empate a cinco votos.
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 65, en la porción que dice: “La Autoridad Ejecutora podrá suprimir el libre acceso a un derecho o prerrogativa de los sentenciados en los Centros Penitenciarios cuando su ejercicio tenga fines ilícitos”, de la Ley relativa para el Distrito Federal.
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 66, en la porción que dice: “la de modificar y neutralizar los factores que han influido en la conducta del individuo para delinquir”, la cual alude a la finalidad de las bases del sistema penitenciario, de la Ley relativa para el Distrito Federal.
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez 81, en la porción que dice: “y observación directa de su comportamiento; información que complementará a los estudios técnicos”, la cual alude a lo que se deberá considerar para la ubicación de los sentenciados en los Centros Penitenciarios, de la Ley relativa para el Distrito Federal.
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se sobresee respecto del artículo 82, fracción II, de la Ley relativa del Distrito Federal, el cual señala los indicadores que tendrá el progreso del tratamiento, al existir un empate a cinco votos.
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 85 de la Ley relativa del Distrito Federal, el cual define las características del sistema de reinserción social.
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 86 de la Ley relativa del Distrito Federal, el cual establece que durante el período de estudio y diagnóstico, el personal técnico del Centro Penitenciario realizará el estudio de personalidad del sentenciado para determinar la ubicación y el tratamiento que le corresponda y la forma en que se desarrollará.
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez de los artículos 87, 88 y 89 de la Ley relativa del Distrito Federal, los cuales establecen en qué estudios se funda el tratamiento aplicable a cada sentenciado, cuáles son las medidas en las que éste se sujeta y qué duración tendrá.
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 94, fracción V, de la Ley relativa del Distrito Federal, el cual se refiere a que los sentenciados que tuvieren una profesión, calificación pedagógica o grado técnico que les permita contribuir con el régimen educacional dentro del centro, podrán participar como docentes o auxiliares.
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez de los artículos 95 y 97, incisos a) y b), fracción V, de la Ley relativa del Distrito Federal, que establecen las bases para la organización del trabajo que podrán realizar los sentenciados.
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 109 de la Ley relativa del Distrito Federal, el cual establece que el tratamiento psicológico se fundará en los resultados de los estudios técnicos que se practiquen al sentenciado.
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 110 de la Ley relativa del Distrito Federal, el cual establece el objeto de que el área de psicología apoye, auxilie y asesore a la autoridad de los Centros Penitenciarios en todo lo concerniente a su especialidad.
Ejecución de sanciones penales y reinserción social. Se reconoce la validez del artículo 111 de la Ley relativa del Distrito Federal, el cual establece que las áreas médicas, psicológicas y psiquiátricas deberán presentar los informes que les sean requeridos por las autoridades competentes y, en su caso, proporcionar a éstas los elementos técnicos especializados en los casos que así lo solicite la autoridad judicial.
Ejecución de sanciones penales y reinserción Social. Análisis de la Ley relativa para el Distrito Federal, tomando en cuenta si la Constitución Federal permite la calificación del grado de peligrosidad de una persona a la luz del principio de reinserción social; si la reinserción social permite la aplicación de un tratamiento técnico para el sentenciado, y qué efectos puede tener este tratamiento para la obtención o no de beneficios penitenciarios.
Acción de inconstitucionalidad 21/2013
Delincuencia organizada. Se desestima la propuesta consistente en extender la declaración de invalidez de la porción normativa respectiva del artículo 171 del Código Procesal Penal de Nuevo León, a las correspondientes porciones de los artículos 3º, fracción IV, 182 Bis 8 y 326 Bis del Código de Procedimientos Penales, 5º de la Ley de Ejecución de Sanciones
Acción de inconstitucionalidad 21/2013, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Nuevo León, Penal, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Delincuencia organizada. Análisis de la propuesta consistente en extender la declaración de invalidez de la porción normativa respectiva del artículo 171 del Código Procesal Penal de Nuevo León, a las correspondientes porciones de los artículos 3º, fracción IV, 182 Bis 8 y 326 Bis del Código de Procedimientos Penales, 5º de la Ley de Ejecución de Sanciones.
Secuestro y trata de personas. Se declara la invalidez de las porciones normativas que hacen referencia a Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, previstas en los artículos 26 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y 171 del Código Procesal Penal, ambos ordenamientos del Estado de Nuevo León, ya que las entidades federativas carecen de competencia para legislar en relación con las medidas de prisión preventiva y de restricción de comunicaciones con terceros, que ya se encuentran previstas en dichas leyes generales.
Delincuencia organizada. El Congreso del Estado de Nuevo León carece de competencia para legislar en la materia, por lo que al establecer que la prisión preventiva se impondrá de oficio en el caso de ese delito vulneró el artículo 73, fracción XXI, constitucional que establece que el único facultado para legislar al respecto es el Congreso de la Unión.

References: artículo 133
 artículo 133
 artículo 16
in fine
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 33
 artículo 35
 artículo 37
 artículo 43
 artículo 65
 artículo 66
 artículo 82
 artículo 85
 artículo 86
 artículo 94
 artículo 109
 artículo 110
 artículo 111
 artículo 171
 artículo 171
 artículo 73