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Timestamp: 2019-08-25 05:24:48+00:00

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Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Benavente a inscribir una escritura de uso de poder testatorio. - Doctrina Administrativa - VLEX 474379958
HERENCIA: Conmutación de usufructo por pleno dominio de bienes y condición impuesta por el testador de no contraer segundas nupcias.
La escritura, antes de ser rectificada, fue presentada telemáticamente el día 12 de marzo de 2013, asiento de presentación 868 del Diario 112, siendo aportada copia autorizada en soporte papel el día 22 de abril de 2013 y fue calificada negativamente el día 6 de mayo de 2013 con la siguiente nota: «Antecedentes de hecho. El veintidós de abril de 2013, se aporta por el presentador expresado, copia en soporte papel de la escritura autorizada el 04/03/2013 por el Notario de Getxo, don Mariano Javier Gimeno Gómez-Lafuente, número 506/2013 de protocolo, relativa al acto o título inscribible idéntico a la copia electrónica recibida telemáticamente, que fue presentada en el Libro Diario el doce de marzo del año dos mil trece. Acreditada la autoliquidación del Impuesto. Fundamentos de Derecho I. Conforme al art. 18 de la Ley Hipotecaria los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro. II. Defectos que impiden la inscripción: 1.º En cuanto a la finca registral 2.500 del Ayuntamiento de Villaveza del Agua, hay que entender que es privativa de don D. J. V., pues la adquirió en estado de casado, por título de extinción de comunidad previa herencia y por ello no debe formal parte de los bienes integrantes de la herencia de la causante doña M. D. G. C. de conformidad con el art. 1346 C.C.. Lo anterior determina que no debe computarse su valor en la liquidación de la herencia, ni en la liquidación de los gananciales. 2.º Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, resulta que la descripción de la finca conforme resulta de la escritura no coincide en su situación, superficie y linderos con la descripción que consta en el Registro de la Propiedad, por lo que surgen dudas fundadas acerca de la identidad de la finca, de conformidad con lo que dispone el art. 298 RH. 3.º En cuanto a la misma finca, se dice que hoy existe construida una casa, sin que expresamente se solicite, en su caso, la inscripción de la declaración de Obra Nueva antigua de conformidad con lo que dispone el art. 52 RD 1093/1997 y se acredite la autoliquidación del impuesto de TPAJD en la oficina competente. 4.º En cuanto a las fincas señaladas con los n.º 26 y 27 de orden de la escritura, se adjudican al viudo "en pago del resto de su participación en la sociedad de gananciales, y de su haber como usufructuario de la herenciaˮ sin que se determine que bienes o que parte de los mismos se adjudican en uno u otro concepto, lo cual es necesario ya que según consta en el testamento de la causante se perderá el legado de usufructo si el viudo contrajera nuevas nupcias. Por tanto debe determinarse las adjudicaciones de bienes concretos que queden sujetas a esta condición de conformidad con lo que dispone el art. 51 RH. III. La presente nota de calificación se expide, por duplicado, para su notificación al presentador del documento, y al Notario o Funcionario autorizante, de conformidad con lo dispuesto en el art. 322 de la Ley Hipotecaria y arts. 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Parte dispositiva. Vistos los artículos citados y demás disposiciones de pertinente aplicación, doña Marta Polvorosa Mies, Registradora de la Propiedad de Benavente, acuerda: 1.º Calificar el documento presentado en los términos que resultan de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho reseñados. 2.º Suspender, en consecuencia, el despacho del documento presentado. 3.º Prorrogar el asiento de presentación de conformidad con el articulo 323 de la Ley Hipotecaria de forma automática por un plazo de sesenta días a contar desde la fecha de la última notificación, plazo durante el cual podrá solicitarse la anotación preventiva a que se refiere el artículo 42.9 de la Ley Hipotecaria. Contra el presente acuerdo (…) Benavente, seis de mayo del año dos mil trece. La registradora (firma ilegible), Fdo.: Marta Polvorosa Mies». El día 28 de mayo de 2013, se vuelve a aportar junto con la escritura de rectificación citada y vuelve a ser calificada negativamente con la siguiente nota: ‟Antecedentes de hecho I. El 12/3/2013 se presenta en este Registro copia de la escritura autorizada en Las Arenas, anteiglesia Getxo el 4/3/2013 por el Notario, don Mariano Javier Gimeno Gómez-Lafuente, número 506/2013 de protocolo. Calificada negativamente por mi el 6/5/2013. Prorrogada la vigencia del asiento. Devuelta el 28/5/2013 dentro del plazo de vigencia junto con la escritura de rectificación otorgada el 17/4/2013, ante el mismo Notario, número 797 de protocolo. Fundamentos de Derecho I. Conforme al art. 18 de la Ley Hipotecaria los registradores calificarán bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro. II. Defectos que impiden la práctica de los asientos solicitados: Reportada, conforme se ha dicho en los antecedentes, la escritura objeto de la presentación junto con la de rectificación igualmente relacionada, se observa que los defectos señalados con los números 2, 3 y 4 de la nota de calificación de fecha 6 de mayo de 2013 no han sido subsanados. III. La presente nota de calificación se expide, por duplicado, para su notificación al presentador del documento, y al Notario o Funcionario autorizante, de conformidad con lo dispuesto en el art. 322 de la Ley Hipotecaria y art. 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Parte dispositiva. Vistos los artículos citados y demás disposiciones de pertinente aplicación, doña Marta Polvorosa Mies, Registradora de la Propiedad de Benavente, acuerda: 1.º Calificar el documento presentado en los términos que resultan de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho reseñados 2.º Suspender, en consecuencia, el despacho del documento presentado. Contra el presente acuerdo (…) Benavente, a seis de junio del año dos mil trece. La registradora (firma ilegible), Fdo.: Marta Polvorosa Miesˮ».
Doña M. D. G. C., de vecindad civil vizcaína, en testamento otorgado el día 26 de marzo de 1979 lega a su cónyuge, don D. J. V. el usufructo universal de todos sus bienes; además, le confiere poder para que ocurrido su fallecimiento pueda disponer libremente de todos sus bienes, o parte de los mismos, por donación o testamento, en una o varias veces, a favor de sus hijos comunes o descendientes legítimos de éstos, con los apartamientos que tenga a bien establecer, perdiendo estas facultades y el legado de usufructo si contrae nuevas nupcias; por último, en cuanto a los demás bienes de que el cónyuge no hubiese dispuesto en uso de tal poder, instituye y nombra por sus únicos y universales herederos a sus hijos, y los que pudiese tener en lo sucesivo, con sustitución vulgar a favor de sus respectivos descendientes legítimos en caso de premoriencia o incapacidad.
Fallecida doña M. D. G. C., don D. J. V. en uso del poder testatorio dona a los hijos instituidos herederos una serie de bienes que aceptan; se adjudican bienes como consecuencia de la liquidación de la comunidad foral disuelta, y en pago del resto de su participación en la comunidad foral disuelta y de su haber como usufructuario de la herencia, se adjudica en pleno dominio una serie de bienes inmuebles. La adjudicación no se sujeta a condición alguna.
Varias son las cuestiones que suscita el supuesto de hecho planteado: 1.º) si puede el cónyuge sobreviviente en uso del poder testatorio conmutar el usufructo y adjudicarse los bienes en pleno dominio y libre de toda condición; 2.º) si no pudiendo hacerlo unilateralmente, es posible verificar tanto la conmutación como la atribución libre de toda condición con el consentimiento de los herederos instituidos; y, 3.º) Por último, si la mera comparecencia de los herederos para aceptar una donación implica su consentimiento a las operaciones contenidas en el título presentado.
Los artículos 15 y siguientes de la Ley 32/1959, de 30 de julio, sobre Compilación de Derecho Civil Foral de Vizcaya y Álava, norma vigente en el momento de otorgamiento del testamento, regulaban para Vizcaya el testamento por comisario. En la actualidad la Ley 3/1992, de 1 julio, del Derecho Foral del País Vasco, determina su régimen jurídico en los artículos 32 y siguientes. Con independencia de las modificaciones de esta última norma, existe un denominador común y que estructura la institución: El comisario desempeñará su cargo conforme a lo establecido expresamente por el otorgante en el testamento y, en su defecto, tendrá las facultades que al testador corresponda según los preceptos de las mismas leyes citadas (cfr. artículos 17 de la Compilación y 35 de la Ley 3/1992). Así, este último precepto dispone con claridad que «el comisario desempeñará su cargo conforme a lo establecido expresamente por el comitente en el poder testatorio, y, en su defecto, tendrá las facultades que al causante corresponden según los preceptos de este Fuero». Y en este sentido el comisario podrá adjudicarse a sí mismo los bienes que le pudiese haber atribuido por testamento el causante, así como aquellos que le corresponderían en el caso de sucesión intestada o a falta de ejercicio del poder testatorio (cfr. artículo 38 de la citada Ley 3/1992).
En el Derecho común (de aplicación supletoria en este ámbito conforme a lo previsto en el artículo 3, apartado 1, de la Ley del Derecho Civil Foral del País Vasco), la conmutación de un legado de usufructo universal en bienes inmuebles no constituye una facultad estrictamente particional o divisoria. El contador-partidor no puede verificar la misma unilateralmente. Como señaló este Centro Directivo en su Resolución de 17 de mayo de 2002, «puesto que la atribución testamentaria al cónyuge viudo tiene el carácter de legado, el contador debe limitarse a entregarlo tal como ha sido configurado (cfr. artículos 506, 507 y 510 del Código Civil), si procede (cfr. artículos 885, 902, 1.025 y 1.027 del Código Civil), sin poder alterar su contenido, pues tal alteración trasciende claramente al cometido particional que se le confiere, en cuanto supone una manifestación de la personalísima facultad de testar (cfr. artículos 667, 668, 670 y 671 del Código Civil) que el albacea contador tiene que respetar (cfr. artículo 902.3 del Código Civil); en consecuencia, esa alteración sólo puede ser ya el resultado de un acuerdo entre el legatario y los herederos, sin que en tal negocio pueda prescindirse de la intervención de éstos por la actuación del albacea (artículos 902 y 1.259 del Código Civil)». Así resulta también de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que ha declarado nula de pleno derecho la partición que infringe lo dispuesto en el artículo 839 del Código Civil, «que determina las formas en que los herederos podrán satisfacer al cónyuge su parte en usufructo, sin que lógicamente puedan atribuirse para ello bienes en propiedad sin el consentimiento de todos los herederos».
La primera cuestión queda, pues, resuelta de modo claro. Tanto la atribución de bienes en pleno dominio, como la exclusión o liberación de la condición impuesta al cónyuge sobreviviente y comisario, exceden con claridad de las facultades atribuidas a éste, pues la Ley Foral 3/1992 impone como primer canon a que ha de sujetarse el desempeño del cargo de comisario «lo establecido expresamente por el comitente en el poder testatorio», remitiéndose tan sólo en defecto de disposición testamentaria a las facultades que al causante corresponden conforme a los preceptos de la citada Ley. Y en este sentido ha de recordarse que las facultades de interpretación del testamento por parte de contador o comisario, como ha señalado reiteradamente este Centro Directivo, lo son siempre que no se extralimiten del tenor del propio testamento (cfr. Resoluciones de 21 de marzo de 2005 y 29 de enero de 2013).
No discrepa de este planteamiento el recurrente, sino que entiende que estamos ante una partición contractual y no por comisario, y que en este sentido encuentra amparo en el artículo 1.058 del Código Civil, en cuya virtud, concurriendo al otorgamiento la totalidad de los herederos, mayores de edad y con plena libertad de para administrar y disponer de sus bienes, estos «podrán distribuir la herencia de la manera que tengan por conveniente».
Cuestión distinta es la de si pueden los mismos interesados prescindir en la adjudicación de las condiciones impuestas por el causante, en este caso la de no contraer ulterior matrimonio. Tratándose de condiciones resolutorias impuestas al legatario de usufructo, el cumplimiento de la condición va a implicar que los bienes o derechos adjudicados acrezcan a la masa hereditaria (cfr. artículo 888 del Código Civil). Este acrecimiento tendrá carácter retroactivo a la apertura de la sucesión, puesto que el artículo 790 del Código Civil permite condicionar la disposición testamentaria y que su artículo 791 lleva, en tal supuesto, al régimen de los contratos para lo no previsto en la Sección de la que el precepto forma parte (cfr. artículos 790 y 791 del Código Civil y Sentencias del Tribunal Supremo 8 de julio de 1924 y 23 de febrero de 2002). Si todos los herederos, integrantes de la comunidad hereditaria prestan su conformidad junto con el legatario, no parece que pueda negarse esta posibilidad, toda vez que la atribución de los bienes libres de la condición supone la renuncia al derecho que les asiste a aquel potencial acrecimiento. Téngase en cuenta que al disolverse el matrimonio por fallecimiento de uno de los cónyuges, con hijos comunes, se consolida la comunidad foral y se transforma en comunidad de bienes entre el cónyuge viudo y los hijos y herederos sucesores del premuerto, hasta la división y adjudicación de los bienes (cfr. artículo 104 de la Ley 3/1992 de 1 julio, del Derecho Foral del País Vasco). Por otra parte, el cumplimiento de la condición va a implicar que quede sin efecto no sólo el legado de usufructo, sino también el mismo poder testatorio de tal manera que la institución de herederos, sustitutoria, supletoria o preventiva con arreglo al testamento, cobra pleno efecto. Distinto es el caso de que se trate de una disposición testamentaria sin beneficiario (v.gr. prohibición de disponer, de mantener indivisa la herencia); en estos casos no es posible prescindir de las mismas, toda vez que esa disposición integra el régimen jurídico de la atribución que se efectúe.
Resta por determinar, si del título presentado resulta con claridad tanto el negocio de conmutación de usufructo como la renuncia efectuada de los beneficiarios de la condición. La contestación no puede ser positiva. La escritura se califica de uso de poder testatorio; don D. J. V. haciendo uso parcial del poder testatorio y como comisario se adjudica los bienes en la forma antedicha; los hijos y herederos comparecen en la escritura sólo para aceptar la donación que a su favor se hace. De ello no puede inferirse el consentimiento de los mismos al negocio de conmutación del usufructo como pretende el recurrente, ni siquiera puede inferirse que ha habido una clara voluntad de exclusión de la condición o que esta exclusión se trata de un error. Por ello, todos estos extremos deben ser aclarados y, en consecuencia, el recurso no puede ser estimado. Recuérdese que en el ámbito del Registro de la Propiedad no caben los consentimientos tácitos o presuntos, y que el silencio (pues silencio hay en relación con los actos de conmutación y de liberación de la condición impuesta), como ha señalado este Centro Directivo en ocasión anterior, sólo puede ser admitido como declaración de voluntad tácita de conformidad cuando así lo establece la Ley o cuando la persona a la que se le comunica o tiene conocimiento de determinada decisión tiene obligación de contestar (vid. Resolución de 29 de enero de 2013). Esta proscripción de los consentimientos tácitos o presuntos en el ámbito del Registro de la Propiedad entronca con el hecho de que nuestro sistema registral, como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo (vid. por todas la citada Resolución de 29 de enero de 2013), se basa en los principios de presunción de exactitud y de fe pública registral, en virtud de los cuales, la inscripción se convierte en inatacable respecto a terceros que hayan confiado en el contenido de los asientos registrales si cumplen los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, lo que requiere indudablemente que exista la previa calificación registral de legalidad que comprende no sólo los actos claramente ilegales sino los que determinan dudas sobre su eficacia o sobre la fijación de los hechos que constituyen una condición, o uno de los elementos (tan esencial como el consentimiento) que integran el negocio que constituye el título material que se pretende inscribir.
Resolución de 18 de mayo de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la regi...
Resolución de 18 de octubre de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del reg...
STSJ Castilla-La Mancha 524/2007, 26 de Marzo de 2007

References: artículo 42
 artículo 38
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 902
 artículo 839
 artículo 1
 artículo 888
 artículo 790
 artículo 791
 artículo 104
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 34

Resolución 

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