Source: http://www.perezcalzadilla.com/publicaciones/2016-04-08-interpretacion-evolutiva-de-la-normativa-constitucional-1-21-117-299-y-301.aspx
Timestamp: 2017-12-11 19:15:05+00:00

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ARGUMENTOS QUE SOPORTAN UNA INTERPRETACION CONSTITUCIONAL DE DIVERSAS NORMATIVAS CONSTITUCIONALES, A LOS FINES DE LOGRAR UNA SOLUCIÓN JURÍDICA ANTE LA CRISIS QUE VIVE EL SECTOR SALUD EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la República es un Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la justicia, la igualdad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, entre los cuales se encuentran primordialmente los derechos de la salud de la población venezolana.
El sector salud, es una actividad muy sui generis y no puede ser objeto de estandarización, pues debe ser valorada con una óptica y contexto muy particular dado su componente de interés colectivo superior (Derecho a la salud), por lo cual los costos reales deben ser tomados en cuenta, de forma que los precios que se establezcan sobre los servicios médicos de orden privado sean los más justos, con una visión de correspondencia proporcional, entre la erogación efectuada por el paciente por la prestación del servicio médico y el sostenimiento económico por autogestión de la institución privada asumiendo, ésta última, el principio de renta o utilidad justa.
Que la orientación de las diversas soluciones se propone para mantener la operatividad a las Clínicas Privadas, que ha de validarse e implementarse el cobro en divisa extranjera por la prestación de los servicios médicos a pacientes extranjeros no residentes en el territorio venezolano.
Esta modalidad de cobro es perfectamente viable y ha tenido otros antecedentes por lo cual es posible traspolar soluciones -ya implementadas de un sector a otro sector- como es el caso del convenio cambiario 36, publicado en la Gaceta Oficial N° 40, donde autoriza a los hoteles nacionales con categoría 4 estrellas y los pertenecientes a la red de Venezolana de Turismo (Venetur) a cobrar en divisas por el hospedaje y por los servicios complementarios en sus instalaciones a los turistas internacionales a partir del 11/04/2016, y también es el caso de la actividad de venta de autos a precios fijados en dólares por parte de Ford Motor Co. Mecanismo implementado en Venezuela por vía de convenios especiales, todo ello como una alternativa para reactivar sus operaciones paralizadas por falta de insumos, en consecuencia existe viabilidad legal para la ejecución por parte de las clínicas privadas de transacciones por la prestación del servicio de salud en moneda extranjera a extranjeros no residentes, con las excepciones a que hubiere lugar, contribuyendo, a la generación de divisas alternativas a la renta petrolera, pudiendo convertir a este sector, a su vez, en un motor productivo para la salud y la vida.
Como se indicó los artículos 335 y 336 de la Constitución atribuyen al Tribunal Supremo de Justicia la cualidad de máximo y último interprete de nuestra Constitución, correspondiéndole conocer de la interpretación de normas y principios que integran el sistema constitucional.
Dentro de ese sistema constitucional podemos desentrañar un mecanismo interpretativo con sentido evolutivo o progresista, con tendencia a fijar el alcance de los dispositivos normativos contenidos en los artí­culos 1, 21, 117, 299 y 301 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relacionados entre sí. Estos dispositivos, si bien constituyen una unidad normativa indivisible, sistemática, y vinculadas a un mismo fin, como es la preservación del derecho a la salud y el cual pueden ser adminiculados al sagrado derecho de la igualdad respecto a los pacientes nacionales en referencia a los pacientes extranjeros no residentes en el territorio Venezolano.
La interpretación que aspiramos de una parte del sistema configurado por el conjunto normativo de rango constitucional que configuran el tejido de garantía dentro de los postulados fundamentales que otorga nuestra Constitución al establecer que la República es un Estado democrático y social de Derecho y Justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la justicia, la igualdad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, entre los cuales se encuentran los derechos de igualdad y a la salud de la población, por lo cual se requiere determinar el CONTENIDO VIGENTE y alcance de normas constitucionales, ante una situación que hoy en día no tiene desarrollo legislativo particular como lo es la implementación de la facturación en moneda extranjera por la prestación del servicio médico a pacientes extranjeros no residentes en el país, todo ello, con la finalidad de que sus disposiciones de garantía a la salud no queden en suspenso indefinido. Por lo cual los textos constitucionales requieren de aclaratoria proactiva.
En nuestra Constitución venezolana de 1999, se consagra expresamente la supremacía constitucional (Art. 7°), y como consecuencia, se prevé el derecho – garantía Fiel de la obligación de cumplir con los principios constitucionales (artículos 3° y 131) y el principio de la aplicación directa de las normas Constitucionales en materia de derechos fundamentales (artículos 21, 22, y 27).
El artículo 117 de nuestra constitución nos impone el deber de mantener unos servicios de calidad y el Estado a tenor del artículo 299, conjuntamente con la iniciativa privada debe promover el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional y elevar el nivel de vida de la población.
Dentro de este nuevo esquema -aún sin desarrollo legislativo- de allí la petición determinar el contenido y alcance de normas constitucionales, (decisión N° 1077/2000, caso: Servio Tulio León), se impondría la obligación a las clínicas de vender - a través de su operador cambiario autorizado- las divisas que obtengan al Banco Central de Venezuela (BCV) por la prestación del servicio médico, este porcentaje se destinaría también a alimentar la estructura del SIMADI o a los sistemas de Divisas de cambio protegido denominado hoy en día Dipro, considerando las vigentes referencias normativas que regula BANCOEX.
En consecuencia, por vía analógica podríamos equiparar el producto exportable del microempresario, al servicio médico prestado por las clínicas dentro del territorio nacional al paciente foráneo, dentro del llamado Turismo Médico.
1.-Articulo 1
3.-Articulo 117
4.- Articulo 299.
b) Un ventaja económica ostentada por el turista médico, es decir, por el paciente extranjero no residente, es que utiliza el servicio de salud, con mayor poder adquisitivo al efectuar la conversión de su moneda extranjera a la moneda nacional a través del sistema cambiario SIMADI u otro, lo que a todas luces es una ventaja infranqueable respecto al paciente nacional.
Nuestra petición de justicia tiene como propósito lograr la preservación de la garantía al derecho a la salud, no solo de los pacientes nacionales, sino de todo aquel que pretenda el servicio, obsérvese la marcada desigualdad o ventajismo del paciente extranjero no residente respecto a los pacientes nacionales, todo ello incide negativamente sobre los derechos de igualdad que consagra nuestra carta magna.
Al equilibrar los efectos jurídicos de estas normativas, las mismas se hacen operativas mediante una mecanismo de interpretación veraz que conduzca a la operatividad práctica de la consecuencias jurídicas de la interacción de las normas y a la erradicación de las desigualdades presentes, lográndose restituir bajo un contexto histórico actual, el verdadero alcance de los artí­culos 1, 21, 117, 299 y 301 de la CNRBV, su prí­stino y armonioso sentido dentro del marco progresista o evolutivo.
Según el evolucionista Lavagna (Citado por Pérez Luño, 1995: 275), se debe aplicar la CONSTITUCIÓN VIVIENTE, construida en cada momento, en base al texto normativo, integrado por sus contextos sociales. De esta manera el sentido de la Constitución contendría los intereses del "status quo" presente al momento de su promulgación y así mismo las metas sociopolíticas actuales.
El artículo 1: de la Constitución en efecto dispone: Son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad. La soberaní­a, la inmunidad, la integración territorial y la autodeterminación nacional.
1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
2. La ley garantizara las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad, ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas posibles a favor de las personas o grupos que `puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionara los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
3. Solo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las formulas diplomáticas.
No se puede seguir permitiendo la situación fáctica a personas, organismos o empresas extranjeras que estén en condiciones de supremacía, respecto a los nacionales en la aplicación de las leyes y de la jurisdicción venezolanas, constituye dar al extranjero el otorgamiento de un obvio privilegio en contradicción flagrante con el citado artí­culo 301 de la Constitución, así­ como como el irrenunciable valor de igualdad consagrado en el artículo 21 de nuestra carta magna.
Por lo tanto, es nuestro parecer que la interpretación evolutiva, progresiva, conjunta, interrelacionada y conciliada de los artículos 1 de la Constitución, y 21 (derecho a la igualdad), en concordancia con los artículos 117 y 299 y muy especialmente en conexidad con el artículo 301 eiusdem, conduce a que los primeros deban ser considerados como principios rectores que integran los Principios Fundamentales, mientras que el artí­culo 301, en desarrollo complementario del principio de igualdad también consagrado como Disposición Fundamental, impide admitir que personas, empresas u organizaciones extranjeras puedan equidistarse con un beneficio económico respecto a los nacionales, en la prestación del servicio médico, por lo cual toda desigualdad a de corregirse dentro de la interpretación normativa con óptica progresista.
Para encontrar este mecanismo excepcional en resguardo a la integridad plena y absoluta subordinación al cauce constitucional como hemos expuesto ha de efectuar una interpretación evolutiva-progresiva, ya que el contexto del derecho constitucional -el cual está en movimiento- alcanza un nivel meta-procesal porque se fusiona a su vez con la finalidad de la protección y resguardo absoluto de cualquiera de los valores básicos de la existencia individual, de la convivencia social y de los derechos humanos, positivizados o implícitos, de manera que, el derecho aplicable (derecho de igualdad y derecho a la salud), no es el que se corresponde a su sentido estricto (dura lex, sed lex), sino al derecho justo, real e históricamente actualizado, que se ubica entre el derecho natural (válido per se) y la norma jurídica concreta (internamente fundada), inclusive, se encuentra como legítimo, invocar el imperativo categórico (la ética), en apoyo de esta vía extraordinaria de mecanismo constitucional, ya que el ámbito invocado de protección (Derechos Humanos) pertenece incluso a la esfera supra-constitucional.
Es por ello, que nos orientamos hacia el pensamiento sistémico, como herramienta para el desarrollo de mejores tácticas en el planteo de posiciones y defensa de intereses, es un elemento idóneo para obtener de la interpretación del derecho, la visión más correcta y cercana a la justicia, por lo cual en la visión sistémica, TODO SISTEMA AUN EL NORMATIVO TIENE PROPIEDADES EMERGENTES, QUE NO POSEEN CADA UNA DE LAS NORMAS QUE LO INTEGRAN DE FORMA INDIVIDUAL, PRECISAMENTE PORQUE LA IDEA EN ESTA TEORÍA ES QUE EL TODO ES MÁS QUE LA SUMA DE SUS PARTES, DESDE UN PUNTO DE VISTA CUALITATIVO. ASÍ, UN CONJUNTO DE NORMAS JURÍDICAS SE INTERRELACIONAN Y COMPLEMENTAN SEGÚN EL CASO, PARA DAR UNA RESPUESTA QUE CONDUCE AL LOGRO DEL OBJETIVO PREVISTO.
2) La Salud, es indisociable del reconocimiento de magna garantía del Estado Venezolano, y esta última lleva consigo el desconocimiento de toda forma de desmejora al nacional o mejora al extranjero respecto al primero, esta protección busca un equilibrio, y es el deber inmediato de correspondencia del Estado respecto a la protección de sus todos sus nacionales, no sólo como de su atributo fundamental, la soberaní­a. También significa la afirmación de la integridad del Estado respecto al cumplimiento de sus fines.
3) En virtud de que el citado artí­culo 301 de la Constitución prohí­be otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros regí­menes -de cualquier naturaleza- más beneficiosa que los establecidos para los venezolanos, en ninguna forma se puede permitir un desequilibrio económico que inclina la balanza respecto a los pagos de la prestación de los servicios médicos (moneda fuerte a un convertible).
4) La Interpretación progresista ha de materializar la consecuencia de forma que los extranjeros no residentes con una moneda dura contribuyan al servicio médico, no erosionándolo, de forma que al preservar este, el paciente nacional pueda utilizarlo en condiciones de igualdad, de no tener esta visión progresista constituiría una flagrante violación no solo al principio de igualdad consagrado como garantía fundamental en nuestra Carta Magna sino al supremo deber del Estado Venezolano de proteger de cualquier forma a sus nacionales. La igualdad aquí explicada es desde la óptica económica de la conversión y valor real de la moneda que ostenta el extranjero respecto a la moneda en bolívares que tiene el paciente nacional para el pago del servicio de salud.
5) La interpretación constitucional, es en aras del bien del ejercicio de los derechos fundamentales y del bien para el mantenimiento del orden público, la paz social y la salud del pueblo Venezolano en los términos expresados en este escrito, es decir, sobre el contenido y alcance normativo de la viabilidad del MECANISMO DE FACTURACION EN DIVISA EXTRANJERA A LOS PACIENTES EXTRANJEROS NO RESIDENTES EN EL PAIS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO, otorgándose la debida seguridad jurídica.
Por: PEDRO LUIS PEREZ BURELLI y ADOLFO CALZADILLA.

References: sui generis
 artículo 117
 artículo 299
 artículo 1
 artículo 21
 artículo 301