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Timestamp: 2018-05-26 06:17:29+00:00

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Infraccion cambiaria / prescripcion de la accion cambiaria se interrumpe con la notificación del acto administrativo definitivo sancionatorio dentro del término
INFRACCION CAMBIARIA / PRESCRIPCION DE LA ACCION CAMBIARIA - Se interrumpe con la notificación del acto administrativo definitivo sancionatorio dentro del término de 4 años / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO - El auto de apertura de investigación determina la aplicación de la Ley 33 de 1975 y no del Decreto 1746 de 1991
Sobre el punto de derecho relacionado con la prescripción de la acción sancionatoria por violación al régimen de control de cambios, la Sala adoptó desde el año de 1994 la posición jurisprudencial actualmente vigente y que aquí se reitera, tesis intermedia, consistente en que el término de prescripción se interrumpe si el acto administrativo que impone la sanción de manera definitiva se expide y notifica dentro del lapso de cuatro (4) años que prevén los artículos 1° y 2° de la Ley 33 de 1975 para el efecto, sin que se requiera la firmeza o ejecutoria del acto administrativo, actuación posterior que forma parte de la vía gubernativa. Esta tesis intermedia, que considera válido el ejercicio de la acción contravencional con la expedición y notificación del acto principal, ésto es el que impone la sanción, es la vigente; toda la actuación comprendida desde el momento en que se profirieron los autos de apertura de las investigaciones, hasta la fecha en que se ejecutorió el último acto administrativo en desarrollo de la vía gubernativa, se efectuó dentro del mencionado término. Luego es evidente la carencia total del fundamento del cargo de incompetencia por extemporaneidad. Se concluye entonces, que respecto de las aprehensiones de US$5.239.680 y 27.141,3 gramos de oro en barras y demás elementos, fueron hechos que quedaron gobernados por la Ley 33 de 1975, y que respecto de ellos no es aplicable el término previsto en el artículo 6 del Decreto 1746 de 1991, (vigente a partir del 1° de octubre de ese año), porque antes de su vigencia la entidad efectuó la correspondiente apertura de la investigación.
NOTA DE RELATORIA: Se reiteran las sentencias del 24/03/94 Expedientes 5033 y 5044 C.P. Dr. Jaime Abella Zárate y sentencia del 31/05/96 Exp. 7507 C.P. Dr. Delio Gómez Leyva, entre otras.
Santafé de Bogotá, D.C., septiembre (8) del año dos mil (2000)
Radicación número: 25000-23-24-000-1995-5976-02-10056
Actor: INMOBILIARIA EL ROSAL S.A. Y OTROS C/DIAN
Referencia: SANCION CAMBIARIA
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de las sociedades INMOBILIARIA EL ROSAL S.A. (antes INMOBILIARIA ANDINA S.A.) y GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A., contra la sentencia del 7 de octubre de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, desestimatoria de las súplicas de la demanda en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Control de Cambios les impuso una multa por infracciones al régimen de control de cambios.
Mediante actos administrativos fechados en 30 de octubre de 1991, 25 de febrero, 16 y 17 de julio y 2 de septiembre de 1991, la Superintendencia de Control de Cambios, dispuso la apertura de investigaciones respecto a los hechos que pudieran constituir infracción al régimen de control de cambios, en relación con la incautación de oro y divisas realizada en fechas comprendidas entre finales del año de 1989 y comienzos del año de 1990. Después de decretar la acumulación de las investigaciones, formuló el 21 de octubre de 1992 pliegos de cargos, contra las sociedades GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A. E INMOBILIARIA ANDINA S.A., y contra varias personas naturales, por presunta violación de los artículos 4, 37 y 41 del Decreto Ley 444 de 1967.
La Superintendencia de Control de Cambios, dictó la Resolución 00636 del 19 de mayo de 1993, mediante la cual “se define la situación jurídica cambiaria de los hechos investigados en el expediente N° 14.996.” y decidió entre otros, negar las peticiones formuladas por el apoderado de los herederos del señor JOSE GONZALO RODRIGUEZ GACHA; imponer a la sociedad INMOBILIARIA EL ROSAL S.A. una multa a favor del tesoro público por valor de $21.552.775.000.00. equivalente al 190% de $11.343.566.882. monto de la infracción cambiaria comprobada por violación a los artículos 4 y 37 del Decreto 444 de 1967, y a la sociedad GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A. por $12.574.549.000 equivalente al 190% de 6.618.179.000, monto de la infracción cambiaria comprobada por violación al artículo 4º del citado Decreto.
El anterior acto fue recurrido en reposición por parte de los apoderados de las sociedades y de los herederos del señor JOSE GONZALO RODRIGUEZ GACHA. Para decidirlo el Subdirector General de Impuestos y Aduanas Nacionales dictó la Resolución N° 6057 del 29 de diciembre de 1994, mediante la cual confirmó el acto recurrido. El 6 de febrero de 1995 fue dictada la Resolución 548 con el objeto de corregir un error aritmético incurrido en el valor de la multa impuesta a la sociedad GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A. y precisar otras determinaciones.
Ante la jurisdicción, acudieron en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho las sociedades INMOBILIARIA EL ROSAL S.A. y GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A. y el abogado Jesús Rodolfo Guzmán Castañeda, en su calidad de “apoderado judicial de los menores Douglas Gonzalo, José Fabián y Justo David Rodríguez Alvarez, herederos del causante José Gonzalo Rodríguez Gacha … representados por su madre, señora Gladys Edilma Alvarez Pimentel”, y solicitaron la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 00636 del 18 de mayo de 1993, expedida por la Superintendencia de Control de Cambios, 6057 del 29 de diciembre de 1994, de la Subdirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que decidió los recursos de reposición interpuestos y 0548 del 6 de febrero de 1995, que efectuó algunas correcciones a las anteriores.
A título de restablecimiento del derecho, solicitaron de manera principal, declarar que las sociedades demandantes no están obligadas a pagar la sanción impuesta y condenar a la Nación “a devolver o reintegrar en favor de la sucesión ilíquida de JOSE GONZALO RODRIGUEZ GACHA que cursa en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá el valor de los bienes incautados, actualizado conforme al artículo 178 del C.C.A., y con sus rendimientos, o sea que se condene a pagar el interés técnico legal, desde la conversión en moneda legal y traspaso al Tesoro Público, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia”. Subsidiariamente, “devolver o reintegrar a las sociedades sancionadas INMOBILIARIA EL ROSAL S.A. antes INMOBILIARIA ANDINA S.A -INASA- y GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A. el valor de los bienes incautados, actualizado, conforme al artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y con sus rendimientos….”, así como otras declaraciones respecto al cumplimiento de la sentencia.
En su demanda ante la jurisdicción, el apoderado de las actoras señaló en el acápite de “hechos” los que se resumen a continuación:
1º Las sociedades Inmobiliaria el Rosal S.A. (antes Inmobiliaria Andina S.A.) y Ganadería de Cría y Levante S.A., se encuentran debidamente constituidas, inscritas y representadas, conforme a los documentos que relaciona.
2º El señor José Gonzalo Rodríguez Gacha falleció en Tolú (Sucre) el día 15 de diciembre de 1989. El proceso de sucesión se tramita en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá, el que reconoció como herederos a Douglas Gonzalo, José Fabián y Justo David Rodríguez Alvarez.
3º Las Fuerzas Militares de Colombia - Ejército Nacional -, mediante operativos realizados a finales de 1989 y principios de 1990, incautaron los siguientes BIENES Y DIVISAS:
“A)En la Hacienda SANTA ROSA del Municipio de Pacho-Cundinamarca-, la suma de SEIS MILLOMES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES (US$6.997.950), el día 13 de febrero de 1990”
“B)En la Hacienda MI MAZATLAN del Municipio de Pacho-Cundinamarca-, la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DOLARES (US$4.924.600), EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 1990”.
“C)En la Hacienda SANTA ROSA del Municipio de Pacho-Cundinamarca-,, la suma de OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES (US$8.353.475), y la cantidad de VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO COMA TRES (27.141,3 grs) GRAMOS DE ORO EN BARRAS, un HEXAEDRO DE ORO, una MONEDA DE SURAFRICA EN ORO, una PLACA DE ORO y una BOLSA PLASTICA que contiene LIMADURA O VIRUTA DE ORO, los días 12 y 13 de febrero de 1990”.
“D)En la Hacienda CUERNAVACA del Municipio de Pacho-Cundinamarca-, la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA DOLARES (US$4.884.180), el día 13 de febrero de 1990”.
“E)En la Hacienda CUERNAVACA del Municipio de Pacho-Cundinamarca-, la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA DOLARES (US$5.239.680), el día 13 de noviembre de 1989”.
4° “Las DIVISAS y el ORO incautados fueron de propiedad, posesión y tenencia de JOSE GONZALO RODRIGUEZ GACHA, hoy de la sucesión ilíquida, toda vez que fueron declarados y amnistiados según consta en declaraciones de renta de 1990 y 1991, obrante a folios 680 a 682 del expediente administrativo”.
5º “Los bienes incautados DIVISAS Y ORO fueron puestos a ordenes de los juzgados de Instrucción Penal Militar, quienes a su vez dispusieron su custodia en el Banco de la República, previa expedición a favor del Consejo Nacional de Estupefacientes, de los siguientes TITULOS VALORES en custodia...". Dicho Consejo Nacional, destinó en forma provisional los bienes incautados al FONDO DE SEGURIDAD DE LA RAMA JURISDICCIONAL.
6º La Superintendencia de Control de Cambios, mediante actos administrativos dispuso la apertura de investigación por hechos que pudieran constituir infracciones al Régimen de Cambios Internacionales, así:
El 30 de octubre de 1990, contra JORGE VELASQUEZ por la suma de US$6.997.950, incautados en la Hacienda Santa Rosa del Municipio de Pacho.
El 25 de febrero de 1991, contra la sociedad GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A. por la suma de US$4.924.600, incautados en la Hacienda Mi Mazatlán.
El 16 de julio de 1991, contra la sociedad INMOBILIARIA ANDINA S.A. por la suma de US$8.353.475, incautados en la Hacienda Santa Rosa.
El 17 de julio de 1991 contra las sociedades INMOBILIARIA ANDINA S.A. y GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A. por la suma de US$4.884.180, incautados en la Hacienda Cuernavaca.
El 2 de septiembre de 1991 contra la sociedad INMOBILIARIA ANDINA S.A., por los valores que fueron incautados en la Hacienda Santa Rosa en el Municipio de Pacho, relacionados con los Títulos B-22983 y B-222969 del 21 y 22 de febrero de 1990.
7º La Superintendencia de Control de Cambios dispuso mediante acto del 15 de octubre de 1991, acumular al expediente 14.996 las investigaciones radicadas bajo los números 15.068, 15.069, 15.334 y 84.009, y tener como fecha de apertura de la investigación el 30 de octubre de 1990.
8º La Superintendencia de Control de Cambios no abrió investigación respecto a la incautación de las suma de US$5.239.680 (Hacienda Cuernavaca el 13 de noviembre de 1989) y 27.141.3 gramos de oro en barras y demás elementos en la Hacienda Santa Rosa el 12 de febrero de 1990.
9º La citada Superintendencia formuló pliego de cargos contra las sociedades GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A. e INMOBILIARIA ANDINA S.A. y contra los señores JUAN MARTINEZ, JORGE VELASQUEZ, JOSE EUGENIO CASTRO y JOSE DE JESUS GUTIERREZ por posible violación de los artículos 4, 37 y 41 del Decreto 444 de 1967, quienes dieron respuesta a los pliegos.
10º El 4 de noviembre de 1992, el apoderado de los herederos del causante JOSE GONZALO RODRIGUEZ GACHA dirigió un escrito a la Superintendencia en el que solicitó ordenar la finalización de la actuación administrativa por fallecimiento del infractor cambiario y poner a disposición del Proceso de Sucesión los bienes incautados.
11° Señaló la demanda, como “notorio” y “reconocido por las Fuerzas Militares”, que “el real propietario de los bienes incautados, oro y divisas, eran de JOSE GONZALO RODRIGUEZ GACHA” y que las sociedades demandantes son propietarias de la Hacienda Cuernavaca, así mismo, que la sociedad GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A. es propietaria de la HACIENDA MI MAZATLAN y que la sociedad INMOBILIARIA EL ROSAL es propietaria de La HACIENDA SANTA ROSA.
En el acápite correspondiente a las disposiciones violadas y el concepto de la infracción, acusó a la Superintendencia de Control de Cambios de haber violado los artículos 29 de la Constitución Política, 14, 28, 34, 35, 52, 56 y 84 del C.C.A., 2 de la Ley 33 de 1975, 6 y 27 del Decreto 1746 de 1991, 5 del Decreto 2187 de 1990, 40 de la Ley 153 de l887, 4 y 37 del Decreto Ley 444 de 1967, 7 de la Ley 9ª de 1991 en concordancia con el 1 de la Resolución 4 de 1991 de la Junta Monetaria, 5 y 6 de la Ley 58 de 1982, disposiciones sobre las cuales estructuró y desarrolló extensamente los siguientes cargos, a saber:
Se refirió a las fechas de incautación del oro y las divisas y a las de los autos de apertura de la investigación, y con cita de los artículos 2 de la Ley 33 de 1975 y 6 y 27 del Decreto 1746 de 1991, adujo la caducidad de la acción contravencional “respecto de toda la actuación administrativa”, puesto que la administración “no falló dentro de los términos de que da cuenta el artículo 2 de la Ley 33 de 1975, ésto es dentro de los cuatro (4) años siguientes contados a partir del 30 de octubre de 1990, fecha en que se profirió el auto de APERTURA DE INVESTIGACION”. Señaló que las providencias que agotaron la vía gubernativa fueron notificadas, la Resolución 6057 del 29 de diciembre de 1994, los días 7 y 15 de febrero de 1995 y la Resolución 0548 del 6 de febrero de 1995, los días 14 y 15 del mismo mes y año, habiendo quedado ejecutoriados los actos anteriores el 21 de febrero de 1995.
De otra aparte, afirmó que no se dictó auto de apertura de la investigación respecto de la incautación de US$5.239.680 y de 27.141,3 gramos de oro en barras y demás elementos, y por ende, también existió prescripción de la acción, por haber transcurrido más de 4 años desde la incautación.
Así mismo, señaló que respecto de las divisas y el oro antes referidos, también operó la caducidad, por cuanto para este evento es aplicable el término previsto en el artículo 6 del Decreto 1746 de 1991, (vigente a partir del 1° de octubre de ese año), que debía observarse, porque antes de su vigencia la entidad no había efectuado apertura de la investigación y no fue notificado el ACTO DE FORMULACION DE CARGOS, dentro de los dos años siguientes a la incautación ocurrida los días 13 de noviembre de 1989 (divisas) y 12 de febrero de 1990 (oro y demás elementos).
En el segundo cargo señaló la violación del artículo 29 de la Constitución por aplicación retroactiva del artículo 5 del Decreto 2187 de 1990, que establece una presunción legal de responsabilidad para el propietario, poseedor o tenedor del bien inmueble en el que sean incautadas las divisas o el oro, norma que es posterior a los hechos ocurridos en noviembre 13 de 1989 y febrero 12 de 1990 y que sin embargo fue tomada como sustento en la actuación administrativa.
Como tercero y cuarto cargos, esgrimió la violación del artículo 29 de la Constitución, por cuanto ha debido aplicarse la norma permisiva o favorable, que lo eran los artículos 7y 13 de la Ley 9ª de 1991 en concordancia con la Resolución 4 de 1991 de la Junta Monetaria, toda vez que con su expedición dejó de constituir infracción al régimen de cambios la tenencia de oro y de divisas. Consideró que al inaplicarse dicho principio se vulneró la norma Constitucional y al imponer las sanciones, la demandada actuó sin competencia.
Los siguientes tres cargos de la demanda estuvieron dirigidos a acusar la violación del debido proceso, los derechos de defensa y audiencia, por cuanto no se citó ni fueron oídos los herederos del extinto JOSE GONZALO RODRIGUEZ GACHA, a pesar de tener interés directo en las resultas del proceso y en las decisiones que se adoptaran.
En el cargo octavo, acusó la violación al artículo 29 de la Constitución Política y los artículos 4 y 37 del Decreto Ley 444 de 1967, normas que se refieren a la posesión y negociación de oro y divisas, imponiéndose la sanción con fundamento en la presunción legal de tenedoras de las sociedades actoras, consagrada en el artículo 5 del Decreto 2187 de 1990, conducta que ninguna norma cambiaria reglamenta o prohibe, violando el debido proceso al ser juzgadas con norma inexistente para el acto que se les imputó.
Finalmente en el noveno cargo, señaló infringido el artículo 58 de la Constitución Política por cuanto la Administración desconoció el derecho a la propiedad de los bienes incautados y se negó a reconocer como parte a los herederos del real propietario.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las súplicas de la demanda al considerar imprósperos los cargos propuestos por el actor, los que por razones de metodología y unidad de materia agrupó para decidirlos conjuntamente así:
Caducidad de la acción administrativa. Al respecto observó que la Superintendencia de Control de Cambios abrió las investigaciones, mediante autos del 30 de octubre de 1990 contra el señor Jorge Velásquez, del 25 de febrero de 1991 contra la sociedad GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A., el 16 de julio y 2 de septiembre de 1991 contra la INMOBILIARIA ANDINA S.A. (hoy INMOBILIARIA EL ROSAL) y por otro lado, contra las dos actoras mediante el auto del 17 de julio de 1991. Así mismo, que mediante auto del 15 de octubre de 1991, la entidad decidió acumular las investigaciones mencionadas y “tener como fecha de apertura de investigación octubre 30 de 1990” .
Advirtió, que la decisión tiene respaldo en el artículo 29 del C.C.A.; que conforme al artículo 159 del C.P.C. al decretarse la acumulación, el proceso más antiguo se suspende hasta que los otros se encuentren en el mismo estado. Precisó que la fecha del 30 de octubre de 1990, como de apertura de la investigación es equívoca, tanto que puede catalogarse como un lapsus, pues no es dable retrotraer la actuación surtida en los procesos iniciados con posterioridad y tener tal calenda como de inicio de la investigación, so pena de reducir el término de caducidad. Para el Tribunal aparece claro que la intención de la demandada fue tomar como fecha de apertura aquélla posterior a todas las investigaciones, como lo sería la subsiguiente a la del auto que ordenó la acumulación del 15 de octubre de 1991, de modo que a partir de la reanudación del trámite, ésto es el 30 de octubre de 1991, pudieran continuarse todas bajo la misma cuerda y un mismo punto de partida. De no ser así, necesariamente deberá tenerse como tal la del auto de apertura de cada una de las investigaciones.
En orden a verificar si entre la fecha de apertura de la investigación y aquélla en la que quedó ejecutoriada la Resolución que impuso la sanción, operó la caducidad de la acción, conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley 33 de 1975, tuvo en cuenta que como el auto que ordenó la acumulación de los procesos se profirió el 15 de octubre de 1991, el término de caducidad corría hasta el 15 de octubre de 1995 y la Resolución 0636 del 19 de mayo de 1993, a través de la cual se impuso la sanción, quedó ejecutoriada el 21 de febrero de 1995, la actuación fue oportuna. Agregó, que a la misma conclusión se llega de tomarse independientemente cada uno de los autos de apertura de investigación, conforme al cotejo que efectuó y atendiendo al hecho de que la persona contra la que fue expedido el auto del 30 de octubre de 1990, fue absuelta de los cargos formulados.
En lo atinente a la alegada inexistencia de autos de apertura respecto a la incautación de US$5.239.680 y 27.141,3 gramos de oro, advirtió que en los autos dictados claramente se establece que se abrió investigación por “la totalidad de los hechos que pueden constituir infracciones al régimen de cambios internacionales”, ésto es, que abarcaban todos los elementos aprehendidos, incluidas las mencionadas incautaciones, hechos por los que se formuló pliego de cargos a las sociedades demandantes el día 21 de octubre de 1992 y sin que exista duda de que la norma aplicable era la Ley 33 de 1975, por disposición expresa del artículo 27 del Decreto 1746 de 1991.
De otra parte, respecto al cargo de aplicación irretroactiva de la Ley, previa transcripción del artículo 5 del Decreto 2187 de 1990, precisó que allí se establece una presunción de responsabilidad por tenencia ilegal de divisas, que no es contraria al ordenamiento jurídico que regía en aras de la protección del orden público económico y social fundamento de la expedición de la norma, al consagrar una presunción sobre la calidad de tenedor que tiene el propietario, poseedor o tenedor del bien en el que se incauten oro, platino, divisas o títulos representativos de éstas, con el fin de adelantar la investigación correspondiente para determinar eventuales violaciones al régimen de cambios.
Concluyó el punto señalando que a las actoras se les sancionó por violación al régimen de cambios establecido en el Decreto Ley 444 de 1967 y no por violación al Decreto 2817 de 1990, pues éste es de carácter procesal y aquél es el que establece las conductas infractoras y las sanciones.
Respecto a cargo de violación del artículo 29 de la Constitución al no aplicar de manera favorable el artículo 7 de la Ley 9 de 1991 y otras normas, con cita de la sentencia N° C-599 del 10 de diciembre de 1992 y de jurisprudencia de esta Corporación, observó que no es viable el pedimento, por cuanto la materia regulada en estas normas no puede aplicarse retroactivamente en aras de aplicar el principio de favorabilidad, al no ser de índole penal, pues después de la reforma de 1991, las infracciones cambiaras se despenalizaron al haberse modificado la política trazada en tal sentido por el Decreto 444 de 1967, parcialmente derogado. Que al ser estas normas de naturaleza administrativas no resulta aplicable el principio de favorabilidad ni otros que rigen el derecho penal, sin perjuicio de los principios constitucionales aplicables a toda materia independientemente de su naturaleza.
Así mismo que la ley no señaló expresamente que las investigaciones en curso acordes con la ley que regía, dejaran de adelantarse, además de acuerdo con los actos acusados las actoras no pudieron demostrar la legal procedencia de las divisas y el oro incautados.
Desechó los cargos de violación planteados respecto a la desestimación administrativa a la intervención de los herederos del señor José Gonzalo Rodríguez Gacha, básicamente por cuanto el Decreto 2187 de 1990 al que se refirió en el punto anterior, consagró una presunción legal sobre tenencia de bienes y valores relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico, para efecto de la sanción por infracción al régimen cambiario, por lo que no era necesario citar a dichas personas, pues los tenedores fueron las sociedades actoras propietarias de los inmuebles en donde ocurrieron las incautaciones. Además la intervención de los herederos apuntó a demostrar la propiedad del “de cujus” sobre los bienes incautados y las pruebas resultaban inconducentes respecto al hecho investigado, sin que fuera la entidad administrativa la llamada a definir la propiedad real de los bienes. No obstante, las demandadas, en aras de garantizar el derecho de petición, resolvieron algunas solicitudes formuladas por el apoderado de los citados herederos.
Finalmente, que si bien los artículos 4 y 37 del Decreto 444 de 1967, no utilizaron el término “tenencia”, en estos eventos no se puede dar aplicación a la definición de “posesión” contenida en el Código Civil, debiendo observarse la que corresponde al sentido natural y obvio de la expresión.
Consecuencialmente desestimó las pretensiones de la demanda.
Contra la anterior decisión interpusieron recurso de apelación los apoderados de la parte actora. El recurso únicamente fue sustentado por el apoderado de las sociedades INMOBILIARIA EL ROSAL S.A. y GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A., declarándose desierto el interpuesto por el apoderado de la representante judicial de los herederos.
En su sustentación el apoderado de las sociedades actoras, contrajo y concretó su inconformidad en los siguientes tres “argumentos”:
1º “errores de procedimiento administrativo y aplicación indebida de las normas”. Al efecto recordó que con el fin de aplicar el Decreto 444 de 1967 y la Ley 33 de 1975, la Superintendencia de Control de Cambios ordenó la apertura de las investigaciones, en varias fechas: 30 de octubre de 1990 para US$6.997.950 incautados en la Hacienda Santa Rosa supuestamente de propiedad y posesión del señor Jorge Velásquez, el 25 de febrero de 1991 para US$4.924.600 incautándose en la Hacienda Mazatlán de la sociedad GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A., el 16 de julio de 1991 para US$48.353.475 incautas en la Hacienda Santa Rosa, el 17 de julio de 1991, por US$4.884.180 incautados en la Hacienda Cuernavaca en cabeza de las dos actoras y el 2 de septiembre de 1991 por los valores incautados en la Hacienda Santa Rosa de INMOBILIARIA ANDINA S.A. (hoy INMOBILIARIA EL ROSAL).
Insistió en que en el expediente obra prueba de las aperturas de investigación, EXCEPTO del auto de apertura respecto a la incautación de US$5.239.680 y 27.141,3 gramos de oro, siendo de obligatorio cumplimiento la aplicación del Decreto 4447 de 1967 en concordancia con la Ley 33 de 1975, también para estas partidas. Solicitó “revisar con sumo cuidado cada uno de los cuadernos administrativos” para establecer la alegada inexistencia de autos de apertura y comprobar, que existió prescripción a favor de las sociedades por la ausencia de trámite administrativo ajustado a la ley y violación del artículo 29 de la Constitución, por indebida aplicación de las citadas normas, pues para interrumpir la prescripción se han debido dictar en cada uno de los casos autos de apertura, significando que a partir de esa fecha empezaba a correr el término para imponer la sanción o para absolver.
Acusó que para la citada cantidad incautada el 13 de noviembre de 1989 y para los 27.141.3 gramos de oro, un hexaedro de oro, limadura de oro, una moneda surafricana de oro, incautados el 12 de febrero de 1990, a la fecha de presentación del actual recurso, se puede comprobar que no hubo auto de apertura de investigación, habiendo transcurrido más de diez años, operando la prescripción en favor de las sociedades reclamantes.
2º “Error judicial por indebida interpretación de la ley y omisión en tener en cuenta los elementos probatorios”. Al respecto indicó que el Tribunal en “su acucioso estudio de interpretación de los autos de apertura” decidió corregir las decisiones de la Superintendencia, sin que sea de su competencia realizar este tipo de interpretaciones acomodaticias con el fin de justificar su decisión, modificando las fechas de los autos y teniendo en cuenta otras diferentes.
Señaló que “conforme a cada uno de los autos de apertura de investigación y el de acumulación, la fecha de notificación de cada una de las resoluciones impugnadas, debe concluirse que efectivamente hubo prescripción” por haber transcurrido más de cuatro años para tomar las decisiones y notificar a las partes oportunamente.
3º “Violación del Derecho de Defensa, del debido Proceso”. Sostuvo que de acuerdo con el artículo 29 de la Carta, toda persona debe ser oída y vencida en juicio de acuerdo los procedimientos establecidos en la Carta, en las Leyes y en los reglamentos que contemplan la materia, “como en este caso, todos los aspectos de orden disciplinario”. Que toda actuación debe estar ajustada a un procedimiento previsto en la ley y toda multa presidida de un procedimiento conforme a las leyes sustantivas y procesales preexistentes. Que en el caso presente el Tribunal procedió a dictar una sentencia aportándose de la realidad procesal y normativa “como se puede comprobar sin tantas interpretaciones”.
Finalmente, para corroborar lo anterior solicitó realizar la comparación de cada uno de los documentos y elementos de juicio que obran en el expediente.
Descorrió traslado para alegar de conclusión el apoderado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien señaló que la Superintendencia de Control de Cambios adelantó la investigación para indagar la totalidad de los hechos que pudieran constituir infracciones al régimen de cambios internacionales, atribuibles no sólo a las personas que se citan en la decisión, sino a las demás personas naturales o jurídicas que resultasen involucradas en los hechos.
Que la acumulación de investigaciones realizada en octubre 15 de 1991, se efectuó siguiendo los lineamientos de remisión de normas en armonía con el artículo 159 inciso 5 del C.P.C., y que los procesos administrativos que cursaban a tal fecha contaron una suspensión aplicable al más adelantado hasta que los otros se encuentren en el mismo estado. Por tanto, el término previsto en la Ley 33 de 1975, sólo puede contarse a partir del 2 de septiembre de 1991, ésto es, desde la fecha de apertura del proceso administrativo más reciente.
A su juicio lo anterior demuestra que además de no haberse producido la caducidad de la acción administrativa, los hechos referentes a las incautaciones sobre las que se alega no existió auto de apertura, al haber ocurrido con anterioridad al auto de apertura de investigación del 30 de octubre de 1990, quedaron incorporados en razón de su conexidad material y procesal.
Respecto al segundo argumento de la apelación, señaló que los supuestos de hecho aducidos por el recurrente, además de apartarse de la probada legalidad de la actuación administrativa, pretenden desconocer las facultades del juez, el que efectuó un esmerado examen del caso y oportuno acatamiento a lo dispuesto en el artículo 37-8 del C.P.C., norma concordante con la facultad del juez de proveer sobre todos los asuntos planteados en la demanda (art. 137-2 C.C.A.) y además porque de acuerdo con la nueva Carta (Título VIII, Capítulo I), la actuación del juez no puede limitarse a lo que digan las partes, sino a buscar la verdad, para lo cual deberá desplegar su facultad oficiosa.
Finalmente, sostuvo que el cargo de violación del derecho de defensa, es infundado, por cuanto en la investigación administrativa obra plena prueba del respeto dado al ejercicio del citado derecho. Diferente resulta que la parte acuda invocando unos derechos de los que carece.
El Ministerio Público, representado en esta oportunidad por la señora Procuradora Sexta Delegada, con fundamento en un profundo y extenso análisis de la litis, solicitó confirmar la sentencia apelada. Al efecto y en lo atinente a los cargos objeto del recurso de apelación, expresó que contrariamente a lo que sostiene la demanda, no se produjo la prescripción de la acción porque la sanción fue impuesta a las dos sociedades por la Resolución N° 0636 del 19 de mayo de 1993, la que fue notificada al apoderado de las actoras el 22 de junio del mismo año, antes de que se venciera el término para ejercer la facultad sancionatoria, término que según la demanda se completó el 30 de octubre de 1994.
Agregó que las Resoluciones 6057 del 29 de diciembre de 1994 y 0548 del 6 de febrero de 1995, no le impusieron ninguna sanción a las sociedades, son actos que apenas confirman (Resolución 6057) y modifican (Resolución 0548) a la Resolución 0636 que es el acto que realmente impuso la sanción.
De otra parte, advirtió que la Superintendencia ordenó abrir investigaciones contra la sociedad GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A. por medio de acto del 25 de febrero de 1991, contra la sociedad INMOBILIARIA EL ROSAL por autos del 16 de julio y 2 de septiembre de 1991 y contra las dos, por auto del 17 de julio, “por la totalidad de los hechos que puedan constituir infracciones al régimen de cambios internacionales”, expresión que indica que los autos se refieren a la incautación en la Hacienda Cuernavaca de US$5.239.680 y en la Hacienda Santa Rosa de 27.141,3 gramos de oro y otros elementos, y a la incautación en estos dos inmuebles y en la Hacienda Mazatlán de otros bienes.
A su juicio, es indudable que en el supuesto de que fuera aplicable el Decreto 1746 de 1991, no se presentaría violación del artículo 6, porque no hubo omisión del auto de apertura de investigación, y porque la norma aplicable es la Ley 33 de 1975.
Preciso así mismo, que respecto a las sociedades INMOBILIARIA EL ROSAL y GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A., la fecha de apertura de la investigación no es el 30 de octubre de 1990, que fue la que contrariando la realidad, señaló la Superintendencia en el auto del 15 de octubre de 1991.
Es claro, que en relación con estos hechos tampoco se configuró la prescripción de la acción cambiaria.
Luego de analizar la totalidad de los cargos de la demanda, solicitó confirmar la sentencia apelada.
La litis en la instancia se contrae a establecer si le asiste la razón a la parte recurrente, en las inconformidades que plantea respecto a la sentencia de primer grado y que hacen relación a la prescripción de la acción sancionatoria a la luz de la Ley 33 de 1975, a la ausencia de auto de apertura de investigación respecto a unas divisas, oro y otros elementos incautados y a la violación del derecho de defensa y debido proceso.
En relación con la falta de competencia de la Superintendencia de Control de Cambios para imponer la multa, por cuanto había ocurrido la prescripción de la acción cambiaria y en relación con la inexistencia de autos de apertura respecto a la incautación de US$5.239.680 y 27.141,3 gramos de oro, se considera:
El Decreto 1746 de 1991, vigente desde el 1° de octubre ese año, estableció un procedimiento administrativo cambiario sustitutivo del previsto en el Decreto Ley 444 de 1967, habiendo estipulado en su artículo 27, que si al 1° de octubre de 1991 se hubiere proferido auto de apertura de investigación, el proceso continuará tramitándose de acuerdo con la Ley 33 de 1975, normatividad esta última que el recurrente considera infringida.
Insiste el apelante en la caducidad de la acción contravencional, como quiera que “la Administración ha debido dictar en cada uno de los casos, auto de apertura de la investigación”, por cuanto a partir de la fecha de cada uno de ellos, empezaba a correr el término de prescripción de cuatro (4) años para imponer la sanción o absolver a cada una de las personas naturales o jurídicas, en el entendido que con estas decisiones o resoluciones ”se debía agotar la vía gubernativa”.
Igualmente, en que obran en el expediente los respectivos autos de apertura de la investigación, excepto el correspondiente a la incautación de US$5.5.239.680 y de 27.141,3 gramos de oro en barras y demás elementos, por lo que frente a éstos existió prescripción de la acción, al no demostrarse por parte de la demandada que abrió investigación al respecto.
Disponen los artículos 1º y 2º de la Ley 33 de 1975:
“Artículo 1°. La acción en las contravenciones al régimen de cambios internacionales y de comercio exterior prescribirá en cuatro (4) años, y la sanción en ocho.
“Artículo 2°. La prescripción de la acción contravencional al régimen de cambios internacionales y de comercio exterior se interrumpirá por el auto de apertura de la investigación, y principiará a correr de nuevo por el mismo término de cuatro (4) años, desde el día de tal interrupción”.
El punto de derecho relacionado con la prescripción de la acción sancionatoria por violación al régimen de control de cambios, ha sido objeto de análisis en repetidas oportunidades en la Corporación, y si bien es cierto que de la redacción de los artículos 1° y 2° de la Ley 33 de 1975 surgieron varias interpretaciones al respecto, en las que se discurría si ésta se concretaba por el hecho de dictarse la Resolución, o si ello ocurría con su notificación, o si era necesario que la misma quedara ejecutoriada antes de vencerse el mencionado plazo, la Sala adoptó desde el año de 1994 la posición jurisprudencial actualmente vigente y que aquí se reitera, tesis intermedia, consistente en que el término de prescripción se interrumpe si el acto administrativo que impone la sanción de manera definitiva se expide y notifica dentro del lapso de cuatro (4) años que prevén los artículos 1° y 2° de la Ley 33 de 1975 para el efecto, sin que se requiera la firmeza o ejecutoria del acto administrativo, actuación posterior que forma parte de la vía gubernativa.
Esta tesis intermedia, que considera válido el ejercicio de la acción contravencional con la expedición y notificación del acto principal, ésto es el que impone la sanción, es la vigente; ha sido avalada y ratificada por la jurisdicción y permanecido inmodificable desde las sentencias del 24 de marzo de 1994, expedientes números 5044, actor: Club Deportivo Los Millonarios y 5033, actor: Distribuidora Química Holanda*; tesis mayoritaria que ha venido sosteniendo esta Sección desde tiempo atrás, que hoy se reitera y que vino a ser confirmada con el Decreto 1746 de 1991, que desligó del término de caducidad de la acción lo atinente al recurso gubernativo y el acto correspondiente que lo decide, al establecer que “la vía gubernativa se regirá por las disposiciones del Código Contencioso Administrativo”. ( cfr. art. 6 Ib.).
Sin embargo en el sub lite no es necesario ahondar en este tema, como quiera que aún atendiendo a la posición que expone la actora en el sentido de que es necesario que la Resolución sancionatoria no sólo sea notificada, sino que debe quedar ejecutoriada dentro del término de los 4 años previstos en la Ley 33 de 1975, toda la actuación comprendida desde el momento en que se profirieron los autos de apertura de las investigaciones, hasta la fecha en que se ejecutorió el último acto administrativo en desarrollo de la vía gubernativa, se efectuó dentro del mencionado término.
En efecto, vista en su totalidad la actuación administrativa, se observa que la Superintendencia de Control de Cambios, inició la investigación administrativa mediante autos del 30 de octubre de 1990 contra el señor Jorge Velásquez; (fl. 4. c. de a. N° 5). El 25 de febrero de 1991 contra la sociedad GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A. (fls. 5 y 6 íb). El 16 de julio de 1991 contra INMOBILIARIA ANDINA S.A. (hoy INMOBILIARIA EL ROSAL) (fl 7 íb). El 2 de septiembre de 1991 contra la misma sociedad (fl. 9 íb) y por otro lado, el 17 de julio de 1991 contra las sociedades GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A. e INMOBILIARIA ANDINA S.A. (INANSA) (hoy INMOBILIARIA EL ROSAL S.A.).
Esto es, que en el asunto bajo examen, observa la Sala que los actos de apertura de investigación administrativa en contra de las sociedades actoras, fueron dictados por la Superintendencia de Control de Cambios los días 25 de febrero de 1991, contra la sociedad GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A., los días 16 de julio y 2 de septiembre de 1991 contra INMOBILIARIA ANDINA S.A., actualmente INMOBILIARIA EL ROSAL S.A. y el 17 de julio contra las dos sociedades; que se les formularon pliegos de cargos a las actoras y a otras personas naturales, el 21 de octubre de 1992, por lo que el término de prescripción debió completarse, atendidas las fechas de apertura de las investigaciones, los días 25 de febrero, 16 y 17 de julio y 2 de septiembre, todos del año de 1995.
El acto que impuso la sanción, fue dictado por la Superintendencia de Control de Cambios el 19 de mayo de 1993, consistente en la Resolución 000636, mediante la cual “se define la situación jurídica cambiaria de los hechos investigados, expediente 14.996 INMOBILIARIA ANDINA Y OTROS” (fls. 4 a 77 c.p.) que decidió imponer a la sociedad INMOBILIARIA EL ROSAL S.A. (antes INMOBILIARIA ANDINA S.A.), una multa a favor del tesoro público por valor de $21.552.775.000.00. equivalente al 190% de $11.343.566.882. por violación a los artículos 4 y 37 del Decreto 444 de 1967, y a la sociedad GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A. $12.574.549.000 equivalente al 190% de 6.618.179.000, por violación al artículo 4º del citado Decreto y determinó absolver a los demás investigados, notificado personalmente a los apoderados de las sociedades el 22 de junio de 1993.
Para decidir el recurso de reposición interpuesto, el Subdirector General de Impuestos y Aduanas Nacionales dictó la Resolución N° 6057 del 29 de diciembre de 1994, cuya notificación aducen las actoras se produjo los días 7 y 15 de febrero de 1995). Posteriormente el 6 de febrero de 1995 fue dictada la Resolución 0548 con el objeto de aclarar que el valor de la multa impuesta a la sociedad GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A. es de $12.574.540.100. y en el sentido de confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución N° 00636. Según certificación obrante al folio 926 del cuaderno N° 4 de antecedentes, las Resoluciones quedaron ejecutoriadas y en firme el 21 de febrero de 1995, luego es evidente la carencia total del fundamento del cargo de incompetencia por extemporaneidad.
En lo que respecta a la alegada inexistencia de autos de apertura de investigación por los hechos referidos a la incautación de US$5.239.680 y 27.141,3 gramos de oro en barras, y otros elementos, ocurrida los días 13 de noviembre de 1989, en la Hacienda Cuernavaca y 12 de febrero de 1990, en la Hacienda Santa Rosa de propiedad de las dos sociedades actoras, nuevamente se recuerda que la Superintendencia de Control de Cambios ordenó abrir investigación los días 25 de febrero de 1991, contra la sociedad GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A., los días 16 de julio y 2 de septiembre de 1991 contra INMOBILIARIA ANDINA S.A., actualmente INMOBILIARIA EL ROSAL S.A. y el 17 de julio contra las dos sociedades; “por la totalidad de los hechos que puedan constituir infracciones al régimen de cambios internacionales” .
De manera que como lo advirtieron en su oportunidad, la demandada, el Tribunal y la Procuraduría, los autos dictados tuvieron como propósito, según se observa en cada uno de sus textos, que resolvió respecto de cada una de las actoras, o de las dos, como el del 17 de julio de 1991, “Abrir investigación de carácter administrativo a las sociedades ……… y a las demás personas naturales o jurídicas que resultaren involucradas en la totalidad de los hechos que pueden constituir infracciones al régimen de cambios internacionales”, ésto es, que la investigación abierta tuvo como finalidad establecer la responsabilidad por los hechos irregulares imputables a las sociedades GANADERIA DE CRIA Y LEVANTE S.A. e INMOBILIARIA EL ROSAL, personas señaladas como investigadas y por la totalidad de los elementos aprehendidos, incluidas las mencionadas incautaciones, ocurridas con anterioridad a la expedición de los citados autos.
Se concluye entonces, que respecto de las aprehensiones de US$5.239.680 y 27.141,3 gramos de oro en barras y demás elementos, fueron hechos que quedaron gobernados por la Ley 33 de 1975, y que respecto de ellos no es aplicable el término previsto en el artículo 6 del Decreto 1746 de 1991, (vigente a partir del 1° de octubre de ese año), porque antes de su vigencia la entidad efectuó la correspondiente apertura de la investigación.
De otra parte y en lo que atañe al segundo motivo de inconformidad, estima el censor que el Tribunal erró al interpretar los autos de apertura de la investigación y el auto de acumulación y decidió corregir cada una de estas decisiones, sin que mediara el procedimiento legal, por lo que reclama que se cotejen tales fechas con las de los actos impugnados, para que se concluya que efectivamente existió prescripción, en cargo íntimamente ligado con el anterior, aspecto este último que acaba de resolverse, debiéndose agregar lo siguiente:
Del artículo 29 del C.C.A., se colige que la Administración goza de facultad para acumular actuaciones que tengan el mismo trámite o el mismo objeto, con el fin de evitar decisiones contradictorias y también acatar los principios de economía y celeridad. Así, la norma establece que “cuando hubieren documentos relacionados con una misma actuación o con actuaciones que tengan el mismo efecto, se formará con ellos un mismo expediente, al cual se acumularán de oficio o a solicitud del interesado, otros que tengan relación íntima con él para evitar decisiones contradictorias”.
En aplicación de tal preceptiva y del artículo 3 del C.C.A., normas que citó, la Administración mediante auto del 15 de octubre de 1991, decidió “acumular al expediente N° 14966, las investigaciones radicadas bajo los números 15.068, 15.069, 15.334 y 84.009”, con la consiguiente incorporación de los documentos al expediente 14.966. Igualmente tener como fecha de apertura de investigación octubre 30 de 1990.
Sobre este último aspecto, debe tenerse en cuenta que las investigaciones por posible infracción al régimen de cambios debían iniciarse previa “expedición del auto de apertura de investigación” y que en verdad no se habían dictado los autos del 25 de febrero de 1991, 16 y 17 de julio y 2 de septiembre de 1991, los que tuvieron el propósito de iniciar las respectivas investigaciones, considera la Sección que tomar la fecha del 30 de octubre de 1990, como de apertura de las mismas, no solamente se aparta de la realidad procesal, sino que recorta indebidamente el término de prescripción de la sanción consagrado en la norma.
Por lo dicho y como lo reclama el recurrente, deberá observarse como fecha de apertura de las investigaciones la que ostenta cada uno de los respectivos autos, que es la que conforme a la ley, tiene la virtualidad de interrumpir el término de prescripción de la acción para sancionar.
Como se advirtió en el cargo anterior, los mencionados autos de apertura por todas las incautaciones y respecto a las dos actoras, fueron dictados en fechas comprendidas entre el 25 de febrero y el 2 de septiembre, todas del año de 1991, comenzando a correr nuevamente el término y completándose en las mismas fechas del año de 1995.
El acto sancionatorio del 19 de mayo de 1993, no sólo se expidió sino que surtió sus efectos legales vinculantes al notificarlo el 22 de julio del mismo año, ésto es, dentro del término previsto por la ley vigente al momento de la comisión del hecho infractor, Ley 33 de 1975, artículos 1° y 2° y aún en el supuesto de tenerse en cuenta la tesis extrema, ejecutoria del acto sancionatorio, ésta ocurrió el 21 de febrero de 1995.
Se concluye entonces nuevamente, que la alegada prescripción no se presentó y consecuencialmente no prospera el cargo.
Finalmente, acerca del que la parte recurrente, denomina argumento N° 3, violación del debido proceso, precisa la Sala que los planteamientos que allí se efectúan, por su vaguedad e imprecisión respecto a la inconformidad, en sí mismos no constituyen un cargo, no obstante, como se analizó a lo largo de esta providencia, la Administración observó las disposiciones aplicables, no había perdido la competencia sancionatoria en razón del tiempo, toda vez que la ejerció dentro del término previsto en la Ley 33 de 1975. Así mismo, no hubo violación del artículo 29 de la Constitución Política, porque entendido el debido proceso como la garantía que tienen los interesados para controvertir los cargos que se les formulan y solicitar la práctica de las pruebas, es claro que las actoras ejercieron en cada oportunidad a plenitud sus derechos de defensa, contradicción e impugnación.
Finalmente, se observa que las actoras, en esencia, no han controvertido la no ocurrencia de los hechos sancionados, que la sanción fue impuesta de acuerdo con la normatividad aplicable, y que el recurso de apelación no tuvo la virtualidad de desvirtuar los fundamentos fácticos y jurídicos de los actos acusados, cuya legalidad fue acertadamente declarada por el Tribunal de primera instancia, por lo que forzosamente se concluye que la sentencia en cuanto denegó las suplicas de la demanda, merece su confirmación, y así se declarará.
RECONOCESE PERSONERIA al Dr. ANTONIO GRANADOS CARDONA para representar a la Nación.
DANIEL MANRIQUE GUZMAN GERMAN AYALA MANTILLA
JULIO E. CORREA RESTREPO DELIO GOMEZ LEYVA
* Crf. sentencias del 15 de julio de 1994, actor: Banco Colombo Americano; 11 de noviembre de 1994, exp. N° 5751, actor: Pablo Salazar de Heredia, Consejero Ponente Dr. Jaime Abella Z.; reiterada en las providencias de 10 de marzo de 1995, exp. N° 5933, actor: Mauricio Herrera Forero; de 24 de marzo de 1995, exp. 6003, actor: Juan Antonio Donado Levy, 31 de marzo de 1995, exp. 5537, actor: Banco de Occidente; mayo 26 de 1995, exp. 5034, actor: Banco Santander; mayo 26 de 1995, exp. N° 6082, actor: Carlos J. Peña y Cia. y mayo 31 de 1996, exp. 7507, actor:, BANPRIVADA A.N, C.P. Dr. Delio Gómez Leyva, y más recientemente, en junio 19 de 1998, actor: GONCHECOL LTDA., entre otras.

References: artículo 6
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 178
 artículo 178
 Resolución 
 artículo 2
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 artículo 6
 artículo 29
 artículo 5
 artículo 29
 Resolución 
 artículo 29
 artículo 5
 artículo 58
 artículo 29
 artículo 159
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 27
 artículo 5
 artículo 29
 artículo 7
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 159
 artículo 37
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 artículo 6
 artículo 27
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 artículo 4
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 artículo 3
 artículo 29