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Timestamp: 2020-01-28 03:08:46+00:00

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Sentencia nulidad intereses WIZINK Osuna - ASESORITY ABOGADOS
18 septiembre , 2018|
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 1 DE OSUNA
C/ ALFAREROS Nº 35 POLIG. INDUS. EL EJIDO (CTRA. LANTEJUELA)
Tlf.: 954822205 Negociado SA/JA 954822204 Negociado MR. Fax: 954822206
Email: jmixto.1.Osuna.jus@juntadeandalucia.es
NIG: 4106842120180000201
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 85/2018. Negociado: MR
Sobre: NULIDAD CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
De: D/ña. MCP
Procurador/a Sr./a.: FRANCISCO JAVIER DIAZ ROMERO
Letrado/a Sr./a.: DAVID ALFAYA MASSO
Contra D/ña.: WIZINK BANK S.A.
Procurador/a Sr./a.: JOAQUIN MARIA JAÑEZ RAMOS
Letrado/a Sr./a.: MARIA JOSE COSMEA RODRIGUEZ
SENTENCIA Nº 70/18
En Osuna, a 3 de septiembre de 2018.
Vistos por mí, don Ignacio Carlos Rubio Herrera, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Osuna, los autos de Juicio Ordinario nº 85/2018, en la que es demandante doña MCP, representada por el Procurador de los Tribunales don Francisco Javier Díaz Romero y asistido por el letrado don David Alfaya Massó, y como demandada la entidad bancaria WIZINK BANK S.A, representada por el Procurador de los Tribunales don Joaquín María Jañez Ramos y asistida por los letrados doña María José Cosmea Rodríguez y don Joan Mercadé Ibañez, y se ha ejercitado la acción principal de nulidad por abusividad de las cláusulas de intereses y comisiones.
PRIMERO.- El presente procedimiento se inicio por demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Francisco Javier Díaz Romero en nombre y representación de doña MCP, contra la entidad bancaria WIZINK BANK S.A, siendo repartida a este Juzgado el día 22 de marzo de 2018, en cuyo suplico solicitaba que se dicte por ese Juzgado Sentencia en la que:
1.-Se declare que las condiciones generales incluidas en el Anexo del Reglamento (por remisión de la Cláusula 9) que regulan los intereses y comisiones, NO SUPERAN EL CONTROL DE TRANSPARENCIA, con lo que no deben tenerse por puesta ya que no se han incorporado válidamente al contrato.
Subsidiariamente, se declare que el interés remuneratorio impuesto al consumidor en el contrato de tarjeta Citibank es USURARIO, lo que determina la nulidad del contrato, de acuerdo con la Ley de Represión de la Usura de 23 de Julio de 1.908.
2.-Para cualquiera de las peticiones anteriores, la demandante estaría obligado a entregar a la entidad tan solo la suma recibida; esto es, tendría que devolver el importe del crédito no amortizado, aplicando los intereses pagados a la amortización capital. En este sentido, hay que tener en cuenta que, desde abril de 2012 y hasta la actualidad, el demandante realizó disposiciones por importe de 21.815,80 euros, mientras que efectuó pagos por valor de 17.568,63 euros. Por tanto, a fecha de presentación de la demanda, la actora estaría obligada a abonar a la demandada la cantidad de 4.247,17 euros, correspondientes al importe del crédito no amortizado. Cada que deberá minorarse con los pagos que efectúe la actora durante la tramitación del procedimiento hasta la sentencia. Y no debiendo los 7.034,35 euros, que mantiene la demanda.
3.-Se condene a la demandada al pago de las costas procesales.
SEGUNDO.- El día 10 de mayo de 2018 se dictó Decreto admitiendo a trámite la demanda y emplazando al demandado para que contestara en el plazo de 20 días. El día 15 de junio de 2’18 tuvo entrada en este Juzgado el escrito presentado por el Procurador de los Tribunales don Joaquín María Jañez Ramos, en nombre y representación de WIZINK BANK S.A contestando a la demanda y solicitando en el suplico que dicte sentencia desestimatoria, con expresa imposición de costas a la parte demandante.
TERCERO.- Por Decreto de 19 de junio de 2018 se acordó la celebración de la audiencia previa con todas las advertencias legales. El 12 de julio de 20’18 se declaró audiencia pública y se dio inicio a la audiencia previa no pudiendo llegar a un acuerdo las partes; a continuación se fijaron los hechos controvertidos, se propuso la prueba por las partes, toda ella documental, resolviéndose su admisión con el resultado que obra en el acta. Tras unas breves conclusiones, y de acuerdo con el art. 429.8 de la LEC, quedaron los autos vistos para Sentencia.
PRIMERO.- Las partes reconocen que el día 25 de abril de 2012 la demandante solicitó una tarjeta de crédito “Citi oro” a la entidad bancaria “Citibank” (documento nº 1 que acompaña a la demanda).
Es de público conocimiento que BANCO POPULAR cerró la compra de Citibank España en 2014 a través de su filiar de banca electrónica “Bancopopular-e”, que después renombró como “WIZINK BANK S.A”.
Las partes tampoco discuten que la demandante ha estado haciendo uso de la tarjeta de crédito, si bien discrepan en la posible cantidad adeudada, por el tema de la cláusula de intereses y comisiones.
La parte demandante sostiene que las condiciones generales del Anexo del Reglamento que regula tarjeta, por remisión de la cláusula 9º, relativas a los intereses y comisiones son nulas por abusividad, por lo que, tras hacer sus cálculos, sólo adeudarían la cantidad de 4.247,17 euros, y no de 7.034,35 euros. Subsidiariamente, y para el caso de que no se estimara la acción principal de nulidad por abusividad, se solicita la declaración de usurario del interés remuneratorio.
La parte demandada en cambio, sostiene que el contrato es completamente válido, que los intereses y comisiones son conformes a Derecho, así como su inclusión en el contrato. Asimismo, la entidad demandada reconoce el cobro de las siguientes comisiones: recobro de saldos impagados y por exceso de límite, considerándolas conforme a Derecho.
En cuanto a la petición de declaración de usurarios de los intereses remuneratorios, señalan que no concurrirían los requisitos para ello.
Hay que dejar claro que las partes no discuten que la demandante tenga la condición de consumidor conforme al art. 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante TRLGDCU)
SEGUNDO.- En presente caso nos encontramos ante un contrato de tarjeta de crédito tipo » revolving «, que se puede definir como un contrato de línea de crédito concedida por una entidad financiera a un cliente, con un límite establecido del que puede disponer durante un tiempo determinado a través de una tarjeta de crédito.
Sobre la nulidad de la cláusula de intereses se ha pronunciado de manera notable la Jurisprudencia. Así, se puede destacar la Sentencia nº 517/2017, de 28 de diciembre, dictada en el recurso 10844/2016 por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla (LA LEY 236836/2017).
En dicha Sentencia se hace constar “el criterio que subyace en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2.013 , confirmada por otras posteriores, sobre la llamada cláusula suelo, en el sentido de que, si bien es ésta perfectamente lícita y no abusivas en sí misma, dada la libertad que tiene el prestamista de fijar el precio del préstamo, sin embargo, al afectar al objeto principal del contrato, limitando el concepto de variabilidad de los intereses y definiendo la retribución que se obliga el prestatario a pagar a aquél, deja de serlo si no cumplen el requisito de su transparencia, debiendo someterse para ello, según dichas resoluciones, a un doble filtro o control de transparencia, el primero, que llaman » de inclusión o incorporación «, que se vincula a la superación de las exigencias previstas en el artículo 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, y el segundo, » de transparencia propiamente dicha «, que exige que la información suministrada permita que el consumidor perciba que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago, y tener un conocimiento real o razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato”.
El supuesto analizado por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla en dicha resolución judicial es muy similar al presente caso y llegaron a la conclusión de que la cláusula no era nula per sé, sino que debía realizarse el doble control de transparencia que fijó la Sala Primera del Tribunal Supremo en su famosa Sentencia de 9 de mayo de 2013 sobre la cláusula suelo, llegando al resultado de que en ese caso no se cumplían los requisitos de transparencia.
Si se examina la solicitud de la tarjeta de crédito aportada por la parte demandante, con fecha 1 de febrero de 2012, las condiciones generales de la contratación son prácticamente ilegible debido al tamaño de la letra, lo que resultaba imposible que la demandante hubiera podido leerlo sin una lupa, lo que supondría una clara y evidente infracción de los los requisitos enumerados en el art. 80.1.b) del TRLGDCU, sobre todo cuando se hace mención expresa a que en “ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio o el¡ insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura”.
A lo anterior hay que sumar que la cláusula de intereses no se encuentra destacada dentro del contenido de las condiciones generales de la contratación, a pesar de que es un elemento esencial del contrato; teniendo en cuenta la cantidad de información que tiene la carilla en la que se encuentra recogida las condiciones generales de la contratación difícilmente un consumidor medio podría haber tenido conocimiento de los intereses pactados.
En cuanto al Reglamento, el mismo sí tiene una letra adecuada y está suficientemente claro todos los elementos del contrato, de manera que la consumidora podría haber obtenido un conocimiento real de la cláusula de intereses; sin embargo, la parte demandante sostiene que dicho Reglamento no fue entregado hasta marzo de 2018, no habiendo probado la parte demandada que efectivamente lo hubiera entregado en el momento de la solicitud de la tarjeta de crédito, a pesar de la facilidad probatoria que habría tenido para ello.
Asimismo, la parte demandada tenía una gran facilidad para aportar el contrato de la tarjeta de crédito, en el que se hubiera podido ver la firma de la demandante, así como que la cláusula de intereses cumple con todos los requisitos TRLGDCU y de la Jurisprudencia para superar el doble control de transparencia, así como que se informó a la demandante/consumidora de manera clara, precisa y concreta, de acuerdo con su formación sobre la cláusula de intereses.
En relación a la cláusula de comisiones cobradas, poco más se puede añadir a lo ya dicho respecto a la cláusula de intereses, no habiendo podido este Juzgador encontrarla en las condiciones generales de la contratación por la letra de las mismas.
Todo ello lleva a este Juzgador a la conclusión de que no se supera el doble control de transparencia para incluir la cláusula de intereses y comisiones. La Sentencia de 9 de mayo de 2013 de la Sala Primera del Tribunal Supremo señala que las cláusulas abusivas son ineficaces para los consumidores “con el fin de reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE (LA LEY 4573/1993) del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, dispone que “los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas”. Lo que ha sido interpretado por la jurisprudencia del TJUE en el sentido de que se trata de una disposición imperativa que, tomando en consideración la inferioridad de una de las partes del contrato, trata de reemplazar el equilibrio formal que éste establece entre los derechos y obligaciones de las partes, por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas (…)”, citando inmediatamente abundante Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sostienen esta postura.
La propia Sala Primera del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 9 de mayo de 2013, indica que ello se produce porque en “este contexto, como declaramos en la STS 401/2010, de 1 de julio de 2010 (LA LEY 199007/2010), RC 1762/2010, las reglas del mercado se han revelado incapaces por sí solas para erradicar con carácter definitivo la utilización de cláusulas abusivas en la contratación con los consumidores. Por esta razón es preciso articular mecanismos para que las empresas desistan del uso de cláusulas abusivas, lo que nada más puede conseguirse si, como sostiene la Abogado General, en sus conclusiones de 28 de febrero 2013, Duarte Hueros, C-32/12, punto 46, a las empresas no les “trae cuenta” intentar utilizarlas, ya que “de lo contrario, al empresario le resultaría más atractivo usar cláusulas abusivas, con la esperanza de que el consumidor no fuera consciente de los derechos que le confiere la Directiva 1993/13 y no los invocara en un procedimiento, para lograr que al final, pese a todo, la cláusula abusiva prevaleciera””.
Por tanto, declarada la abusividad de la cláusula de intereses y comisiones, este Juzgador sólo puede declarar la nulidad de la misma y, en consecuencia, tenerla por no puesta.
No obstante, este Juzgador no se va a pronunciar sobre la cantidad concreta que deuda la demandante a la demandada, ya que no tiene elementos de juicio suficientes para ello, en especial para determinar que pagos ha realizado la demandante durante la vigencia del contrato y los intereses y comisiones abonados durante toda la vigencia del contrato, y corresponderá a las partes fijarla teniendo en cuenta el contenido de la presente Sentencia cuando sea firme, siendo una operación aritmética sencilla.
CUARTO.- Si bien era una petición subsidiaria, en relación al carácter usurario de los intereses remuneratorios, es necesario volver a destacar la Sentencia nº 517/2017, de 28 de diciembre, dictada en el recurso 10844/2016 por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla (LA LEY 236836/2017), en un caso similar al presente, declarando que “además, aprecia el tribunal motivos suficientes para estimar usurarios los intereses de que se trata y acordar du inaplicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la
Ley de la Represión de la Usura y la doctrina que, en interpretación de este precepto, estableció la sentencia del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2.015 , dictada con relación a un contrato de tarjeta de crédito del mismo tipo, que consideró usurarios unos intereses del 24,6 % TAE”.
En el presente caso, el TAE era de 26,82%. No obstante, al haberse estimado la petición principal, este Juzgador no va a pronunciar sobre el carácter usurario de los intereses remuneratorios.
QUINTO.- Al estimarse totalmente la pretensión ejercitada por la parte demandante, y en base al art. 394 de la LEC, se imponen las costas de esta instancia a WIZINK BANK S.A.
Que debo ESTIMAR la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Francisco Javier Díaz Moreno, en nombre y representación de doña MCP, CONDENANDO a WIZINK BANK S.A, representado por el Procurador de los Tribunales don Joaquín María Jañez Ramos, a los siguientes pronunciamientos:
1.- Declarar nula y por no puesta la cláusula de intereses y comisiones recogida en el contrato de tarjeta de crédito celebrado entre las partes y al que hace referencia esta resolución.
2.- Al pago de las costas de esta instancia.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe RECURSO DE APELACIÓN, que deberá interponerse con todos los requisitos legales ante este Juzgado en el plazo de 20 días desde su notificación, y que resolvería la Ilustrísima Audiencia Provincial de Sevilla.
Así lo acuerdo, mando y firmo, don Ignacio Carlos Rubio Herrera, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Osuna y su partido.
PUBLICACION.- En el día de su fecha y por el Sr. Juez que la ha dictado ha sido publicada la anterior sentencia, por ante mi el Secretario, de lo que doy fe.
FIRMADO POR IGNACIO CARLOS RUBIO HERRERA 04/09/2018 13:09:51 FECHA 05/09/2018
ALEJANDRO GARCIA SOLER 05/09/2018 09:45:47

References: Real Decreto 
 artículo 7
 resolución 
 artículo 6
 artículo 1
 resolución