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Timestamp: 2019-09-19 06:59:04+00:00

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﻿ SENTENCIA 115 DE NOVIEMBRE 11 DE 2004
SENTENCIA 115 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2004
CONTENIDO:IMPUGNACIÓN DE LEGITIMACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL. LOS HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA CADA PRETENSIÓN DEBEN ESTAR INDIVIDUALIZADOS. SIN EMBARGO, SI EL DEMANDANTE ALEGA QUE NO ES HIJO DE QUIEN LO LEGITIMÓ Y ESGRIME LAS RAZONES POR LAS CUALES CONSIDERA QUE OTRO ES SU PADRE, EXPLÍCITAMENTE EXPONE LOS HECHOS POR LOS CUALES NO HA PODIDO TENER POR PADRE AL LEGITIMANTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL, RECONOCIMIENTO DE LA FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL, LEGITIMACIÓN DE LA FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL
Sentencia 115 de noviembre 11 de 2004
Ref.: Expediente 115
1. El demandante en referencia convocó a proceso ordinario a los señalados demandados, para que se declarara que no era hijo legítimo de Jairo Borja, sino extramatrimonial de César Patiño Seade, por lo que se debía reconocer su vocación hereditaria para suceder a este y, en tal virtud, solicitó se declararan ineficaces los trabajos de partición y adjudicación de bienes que se adelantaron; se ordenará elaborar una nueva partición para adjudicarle al demandante la cuota que le corresponde; se condenará a los herederos y cónyuge supérstite del señor Patiño, a restituir la posesión material de los bienes que le fueran adjudicados, con sus frutos civiles y naturales, e igualmente, que se les condenara al pago de las indemnizaciones a que hubiere lugar por razón de la pérdida, deterioro o enajenación de los bienes relictos.
2. Las pretensiones se soportaron en los hechos que a continuación se sintetizan:
a) La señora Isabel Medina, madre del demandante, fue contratada a la edad de 14 años para laborar en el consultorio del médico César Patiño Seade, en la ciudad de Girardot, en labores de oficios varios. Este, hoy fallecido, sedujo a la menor para que iniciaran relaciones sexuales, y ella, mujer humilde con estudios de 3º primaria, las aceptó cuando tenía 16 años y corría el año 1951. Dichas relaciones sexuales se prolongaron hasta 1955, cuando ella quedó embarazada.
b) En el mes de junio de este último año, el señor Patiño le dijo a Isabel Medina, quien tenía 5 meses de embarazo, que se fuera para Tuluá donde una cuñada de una hermana, pues ya empezaba a ser notorio su embarazo y que por dinero no se preocupara que él corría con todos los gastos. Como producto de estas relaciones, nació en dicha ciudad, el 12 de octubre de 1955, un niño que fue registrado con el nombre de Hernesley Medina.
c) Al enterarse del nacimiento, María del Carmen Medina Quijano, hermana de Isabel Medina residente en Girardot, fue personalmente a comunicárselo a César Patiño, quien se puso muy contento y le envió a la madre dinero; además, sufragó, por iniciativa propia, los gastos para el traslado a Tuluá de Blanca Elvira Medina, con el fin de ayudar a Isabel durante la dieta.
d) A mediados de enero de 1956, cuando el menor tenía tres meses de edad, Isabel Medina viajó a Girardot con su hermana María del Carmen Medina, a quien envió con el niño Hernesley Medina al consultorio del doctor César Patiño S., para que lo conociera. Este se puso muy contento con su hijo, lo examinó todo, le dio unos tarros de leche y le mandó dinero a la madre. En ese mismo año, cuando el menor tenía 5 meses, Isabel Medina se trasladó nuevamente a Tuluá, donde el demandado la visitó en presencia de Genivera (Jenny) Borja de Balanta, cargó, besó, acarició al menor Hernesley y le dejó dinero a la madre.
e) Cuando el menor tenía 7 años, Isabel Medina se trasladó a Girardot para que su hijo hiciera allí sus estudios primarios; los costos de la actividad académica fueron cubiertos por el causante hasta el grado 5º de primaria, pero además, este le facilitaba al niño dinero para sus gastos de estudio, comida, etc., cuando lo iba a visitar a su consultorio de médico.
f) Como la madre de Hernesley se devolvió para Tuluá, el menor Hernesley entró a estudiar en Girardot al grado 1º de bachillerato, donde se quedó viviendo en casa de la señora María Hermendina Bernal J., quien también tenía una hija del médico César Patiño, de nombre María Anyul Rivera.
g) Hernesley Medina fue legitimado por el matrimonio católico de su madre con Jairo Borja, ceremonia celebrada el 21 de enero de 1961, como consta en el registro civil de matrimonio, sin que este hecho fuera cierto, pues Jairo Borja no era su padre; por esta razón, en el registro civil que se aporta del actor figura como Hernesley Borja Medina, según acta eclesiástica que se adjunta, en donde aparece la nota de su legitimación.
h) Jairo Borja, padre del actor y cuya paternidad se investiga, falleció en la ciudad de Tuluá, Valle, el día 11 de mayo de 1984, dejando descendencia, un hijo legítimo habido en el matrimonio y tres hijos extramatrimoniales con diferentes mujeres.
3. Admitida la demanda por el Juzgado Primero de Familia de Bogotá, a ella se le dio contestación por los demandados Julio César y César Armando Patiño, e Inés Ochoa de Patiño, mediante escritos en los que se opusieron a la prosperidad de las pretensiones. Esta última propuso como excepciones las que denominó “Presunción de legitimidad”; “Inexistencia de los hechos en que se funda la demanda”; “Falta de capacidad del actor para ser parte demandante”; “Indebida integración del contradictorio”; “Caducidad”; “Prescripción”; “Indebida formulación de la demanda”; “Buena fe” y “Posesión notoria del estado civil de hijo de Jairo Borja”.
El curador ad litem designado a los herederos indeterminados de ambos causantes, le dio respuesta a la demanda para manifestar que se sujetaría a lo que fuera demostrado. La demandada Isabel Medina de Borja guardó silencio frente a las pretensiones.
4. El juzgado le puso fin a la primera instancia mediante sentencia de 10 de abril de 1997, en la cual se desestimaron las excepciones propuestas; se declaró que el demandante no era hijo legítimo de Jairo Borja, sino extramatrimonial de César Patiño Seade; se reconoció su vocación hereditaria respecto de este; se ordenó rehacer la partición y se negaron las demás pretensiones (fl. 323, cdno. 1).
5. Apelado el fallo de primer grado por la parte vencida, el Tribunal Superior del Distrito Judicial desató el alzamiento mediante sentencia dictada el 25 de noviembre de 1999, en la cual revocó la del juez a quo y, en su lugar, profirió decisión inhibitoria.
1. La garantía constitucional al debido proceso obliga a que las actuaciones judiciales, para que sean legítimas, se ajusten a ciertos requisitos de validez conocidos como presupuestos procesales, entre los que se cuenta el apellidado como demanda en forma, exigencia que no solo tiene especial relevancia para el ejercicio del derecho de defensa por parte del demandado, sino que resulta especialmente cara en materia civil, si se considera la prevalencia del principio dispositivo para la iniciación de los procesos.
Se trata de un presupuesto que, en adición, dibuja el entorno del litigio y moldea —por regla— el ámbito de la decisión judicial (principio de la congruencia), como quiera que además de señalar las partes del conflicto, precisa cuáles son las pretensiones y cuáles los fundamentos fácticos que las respaldan, lo que tiene incidencia para el ejercicio del derecho de defensa por parte del demandado, e igualmente en la decisión que el juez deba adoptar, puesto que, se sabe, la sentencia deberá estar en consonancia con tales hechos y súplicas, de modo que el juzgador, salvo norma expresa que lo autorice, no puede apartarse de ellas (CPC, art. 305).
Empero, a esa destacada función que cumplen los presupuestos valorativos del proceso, no le sigue que los jueces, con el pretexto de preservarlos, puedan hacer a un lado el cumplimiento del primerísimo y capital deber que les impone la función de administrar justicia, cual es el de resolver los litigios sometidos a su conocimiento, cometido que los obliga, si ello fuere necesario, a interpretar la demanda cuando ella ofrezca oscuridad o se haya redactado en forma tal que a primera lectura se ofrezca vaga, confusa, intrincada o, en general, se haga difícil conocer el planteamiento del demandante. De allí que el numeral 4º del artículo 37 del Código de Procedimiento Civil les imponga como fundado deber, emplear los poderes que esa codificación les confiere para evitar providencias inhibitorias, desde luego que no es este un simple propósito legislativo, sino un verdadero dictado de comportamiento judicial, con todo lo que ello apareja, toda vez que, en línea de principio, la sentencia inhibitoria es pronunciamiento que repulsa el ordenamiento jurídico, el que la Corte no puede prohijar como alternativa habitual de decisión, y proveído que los jueces, en su cotidiana labor de brindar solución a los conflictos jurídicos de que conocen, deben evitar considerar como fallo posible, pues “cuando al tiempo de fallar se encuentre el sentenciador frente a una demanda oscura, bien sea en la forma como se hayan concebido las súplicas, ora en la exposición de los hechos, ora en los fundamentos de derecho, o ya en las unas o en los otros, está en la obligación de interpretarla para desentrañar la verdadera intención del demandante y como ineludible deber a fin de no sacrificar el derecho cuya tutela busca el actor” (G.J. t. CXXXVI, pág. 82).
Desde luego que esa labor de interpretación no puede llegar al extremo de suplir la voluntad del peticionario, sea reformulando las pretensiones o elaborando un planteamiento fáctico no propuesto por aquel, pues ello quebrantaría el principio según el cual “los procesos solo podrán iniciarse por demanda de parte” (CPC, art. 2º). Por ello, única y exclusivamente “cuando la demanda sea tan vaga que... no permita indagación de su real sentido, lo que corresponde es que se la desestime como inepta” (G.J. t. CLXXXVIII, pág. 169).
Sin embargo, es claro que cuando el juez, al momento de dictar sentencia, observe que la demanda presenta defectos de orden formal, debe hacer acopio de toda la capacidad interpretativa que le reconoce la ley para elucidar las pretensiones o los hechos que las sustentan, de modo que de ese laborío pueda brotar la verdadera intención del libelista. No se trata, por supuesto, de rediseñar la demanda o de sustituir al demandante en el planteamiento de los extremos del litigio, sino de descubrir “el caso” plasmado en ella, con abstracción —en la medida de lo posible— de los problemas de claridad y precisión que se adviertan en las súplicas, o de la precariedad en la exposición de los hechos, o en la referencia genérica a ciertos tópicos del conflicto, e incluso, de las dificultades de orden lingüístico o semántico que, en no pocos casos, eclipsan el entendimiento de la demanda.
Y ello debe ser así porque la sentencia inhibitoria, por regla, es un pronunciamiento que desdibuja el ejercicio de la función judicial, en cuyas actuaciones, por cierto, debe prevalecer el derecho sustancial (C.P., art. 228 y CPC, art. 4º). Aunque formalmente es un fallo, la inhibición, en lo material, es la negación del esperado pronunciamiento que debe ponerle fin al conflicto jurídico. Por eso la sentencia inhibitoria, antes que un acto de paz, rectamente entendido —pues no otra cosa es la sentencia judicial—, es un acto que deja latente la controversia, porque nada resuelve; ninguna certidumbre otorga a los derechos disputados y, menos aún, genera confianza de los asociados en las instituciones judiciales, quienes acuden a ellas en procura de una resolución de fondo y no de una frustrante inhibición, con todo lo que ese pronunciamiento envuelve.
Es por ello que el legislador “ha hecho patente su desagrado ante un tipo de resoluciones que, tras inmenso derroche jurisdiccional, dejan intactos los conflictos que suscitaron el litigio. En ese mismo sentido se ha orientado la jurisprudencia desde tiempo atrás, realizando ingentes esfuerzos para impedir, hasta donde ello es posible, tan costosa y desestabilizadora indecisión”, tanto más si se considera que “todo el proceso judicial está organizado para que el juzgador adopte una decisión que dirima la controversia planteada, pues esa y no otra constituye su razón de ser, su justificación, de manera que puede calificarse como un verdadero fracaso el trámite que culmina con una resolución de carácter inhibitorio” (Cas. Civil, feb. 5/2001; Exp. 5663).
2. Expresado lo que antecede, cumple anotar ahora que tratándose de una demanda en la que se impugne la legitimación y, además, se persiga el reconocimiento de la filiación extramatrimonial, los hechos en que cada una de dichas pretensiones se fundamenta, deben tener su propia individualidad y entidad, vinculada a la causal que le sirve de soporte a una y a otra. En el primer caso, los hechos deben presentarle al juzgador las razones por las que, en la hipótesis del numeral 1º del artículo 248 del Código Civil, “el legitimado no ha podido tener por padre al legitimante”, y en el segundo, los motivos específicos que dan lugar a cualquiera de las causales previstas en el artículo 6º de la Ley 75 de 1968.
Pero es igualmente claro que si en una demanda se alega que el demandante no es hijo de quien lo legitimó y, al propio tiempo, se esgrimen las razones por las cuales aquel considera que otro es su progenitor, en forma explícita se están exponiendo los hechos por los cuales “el legitimado no ha podido tener por padre al legitimante”. Con otras palabras, la persona que, en una misma demanda, impugna su legitimación e investiga su verdadera paternidad, al hacer el recuento de los hechos que dan lugar a una o varias de las presunciones de paternidad que reconoce la Ley 75 de 1968, por vía de ejemplo, que entre la madre y el presunto padre existió trato carnal para la época de la concepción del demandante, no hace cosa distinta que justificar, desde el punto de vista fáctico, la pretensión que pretende derruir la legitimación, toda vez que, a la postre, está esgrimiendo que quien pasa por su padre, no lo es en realidad.
Bajo este entendimiento, aunque es cierto que la demanda que le dio origen a este proceso, tiene algunas deficiencias en la presentación de los hechos, fundamentalmente porque no distingue —como era de esperarse en ese orden— entre las varias pretensiones acumuladas, no lo es menos que si el tribunal hubiese hecho una lectura más apropiada y omnicomprensiva de los hechos en ella planteados, en cumplimiento del acerado deber de interpretar la demanda, habría podido colegir, sin dificultad y, claro está, sin suplir al demandante o sin distorsionar lo que en ella se expresó, que el libelista sí esgrimió los fundamentos fácticos tanto de la impugnación de la legitimación, como de la investigación de la paternidad, por lo que no era posible concluir que el fallo debía ser inhibitorio, so pretexto de una deficiencia insuperable en el presupuesto procesal demanda en forma, argumento de suyo extremo y muy excepcional, como se acotó.
En efecto, para fundamentar las pretensiones dirigidas a establecer que “Hernesley Borja Medina no es hijo... legitimado de... Jairo Borja”, sino “extramatrimonial... de César Patiño Seade” (fl. 16, cdno. 1), aquel esgrimió, en capítulo destinado a los “fundamentos de hecho”, que la legitimación se hizo “por el matrimonio católico de su madre con Jairo Borja..., sin que este hecho fuere cierto, pues Jairo Borja no era su padre” (hecho 12, fl. 15, cdno. 1), toda vez que “César Patiño Seade (es el) padre del actor” (hecho 16, fl. 15, ibíd.). Agregó, además, que el señor Patiño, desde 1951, sostuvo “relaciones sexuales en forma regular con Isabel Medina, quien en esa época era soltera, las que se prolongaron hasta febrero del año de 1955” (hechos 2º y 3º, fl. 14, ibíd.), y que “como producto de estas relaciones, nació en la ciudad de Tuluá (Valle) el día octubre 12 de 1955, un hijo de sexo masculino que fue registrado con el nombre de Hernesley Medina” (hecho 5º, fl. 14, ibíd.), nombre del demandante hasta que fue legitimado.
Resulta claro, entonces, que el demandante, en últimas, afirmó que no podía tener como padre al legitimante Jairo Borja, porque fue concebido por César Patiño e Isabel Medina, en el marco de las relaciones sexuales que estos sostuvieron entre 1951 y 1955, período que comprende el de la época probable de la concepción. Por eso el tribunal no podía concluir, sin incurrir en evidente error de hecho, que el peticionario no había expuesto “hecho alguno relacionado con la impugnación de la paternidad” (fl. 51, cdno. 6), pues la demanda, por el contrario, sí pone de presente las circunstancias por las cuales el señor Jairo Borja no podía ser el padre de aquel, que no son otras que aquellas que, al mismo tiempo, exponen por qué la paternidad se predica del señor Patiño.
Desde luego que no se podía exigir que el demandante, para brindarle soporte fáctico a la primera de las súplicas en comento, tenía que reproducir los hechos que de manera concreta aluden a la paternidad extramatrimonial, pues todos ellos hacen común denominador a las dos pretensiones acumuladas. Afirmar lo contrario, en la hora de ahora, es incurrir en un exceso de formalismo, con sacrificio del derecho sustancial, que no puede dejar de prevalecer en las actuaciones judiciales, cuando las fisuras que presente el presupuesto procesal demanda en forma, sean superables con una recta y panorámica interpretación del libelo.
3. Es cierto que esta Sala, en ocasión anterior, se abstuvo de casar un fallo inhibitorio proferido en un caso similar, porque “la afirmación de paternidad natural no envuelve, per se, una afirmación de impugnación” (Cas. Civil, feb. 5/2001; Exp. 5663). Sin embargo, se trata de un evento distinto del que ahora ocupa la atención de la Corte, pues allí se cuestionaba, en principio, la paternidad legítima —que hunde sus raíces en el vínculo matrimonial y en el deber de fidelidad que tienen los cónyuges—, a diferencia de lo que aquí acontece, toda vez que el demandante lo que impugna es su legitimación, específicamente la voluntaria, que tiene fisonomía y gobierno propios, particularmente en cuanto al acto que da lugar a ella y a las acciones para rebatirla.
4. Puestas de este modo las cosas, se concluye que el tribunal incurrió en el error de hecho que se le atribuye, razón por la cual el cargo prospera.
5. Situada la Corte en sede de instancia, juzga necesario decretar una prueba de oficio, como quiera que en el trámite del proceso no se pudo practicar la prueba genética que, en la actualidad, dispone la Ley 721 de 2001. Por eso, antes de dictar la sentencia sustitutiva, se dispondrá lo conducente para que sea recaudada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas y, antes de dictar el fallo sustitutivo, dispone la siguiente prueba de oficio:
Ordénase la práctica de una prueba genética, referida al DNA y con el uso de marcadores genéticos, con el fin de establecer el índice de probabilidad de paternidad acumulada del señor César Patiño Seade, respecto de Hernesley Borja Medina. Ofíciese a la señora Isabel Medina, a fin de que preste la colaboración necesaria.
Como en el proceso la parte demandante ha expresado su disponibilidad para que sea practicada por laboratorios privados, se designa, para tal efecto, al Laboratorio de Genética del doctor Emilio Yunes Turbay. Ofíciese. Dicho laboratorio citará a las referidas personas para la práctica de los exámenes pertinentes.
Decrétase la exhumación del cadáver del señor Patiño, diligencia para la cual se comisiona al magistrado que fungió como ponente del fallo en el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia. Según lo dispone el parágrafo del artículo 2º de la Ley 721 de 2001, el señor magistrado deberá disponer lo pertinente para la intervención de quienes han de participar en la diligencia, entre ellos, el organismo oficial que llevará a cabo el procedimiento de exhumación y el técnico del laboratorio que seleccionará las muestras necesarias para la realización de la prueba. El señor magistrado deberá adoptar todas las medidas necesarias para controlar la debida iniciación de la cadena de custodia. Líbrese despacho comisorio.
Ofíciese al comandante de la Policía de Bogotá, así como al administrador del cementerio donde hubiere sido inhumado el cadáver del señor Patiño, para que de forma inmediata adopten las medidas de vigilancia y seguridad que fueren necesarias para preservar la integridad de la tumba, en la que se practicará la referida diligencia judicial. La parte demandada deberá informar el cementerio donde se encuentran los restos del señor Patiño, en el término de ejecutoria de este fallo. Requiérasele.
El dictamen respectivo, deberá dar cuenta de los requisitos establecidos en el parágrafo 3º del artículo 1º de la ley mencionada.
Ambas partes deberán prestar su colaboración para la práctica de esta prueba.

References: artículo 37
 resolución 
 resolución 
 artículo 248
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 1