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Timestamp: 2020-01-20 23:31:02+00:00

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ARSENIO ORE GUARDIA. La Prision Preventiva en Las Primera Sentencia de Casacion Penal de La Corte Suprema | Ley procesal | Detención (encarcelamiento)
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LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LA PRIMERA SENTENCIA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA
Un nuevo Código Procesal Penal no puede ser concebido sólo como un conjunto o cuerpo de disposiciones debidamente estructuradas, sino esencialmente como una nueva forma de hacer los procesos. Se trata de un conjunto de disposiciones que refleja la asunción de un determinado modelo procesal, y, cada modelo tiene sus fines y características propias.
En el caso peruano, el modelo asumido por el nuevo Código Procesal Penal es el acusatorio que -como destaca TALAVERA ELGUERA 1 - se sustenta en la oralidad y el equilibrio entre garantía y eficacia. Este modelo, además, como señala SAN MARTÍN CASTRO 2 se caracteriza por el desdoblamiento y distribución de las funciones de investigación y decisión.
Ahora bien, la aplicación de este nuevo Código Procesal Penal debe hacerse respetando los fines, características y principios de modelo procesal del que es tributario. Ni el legislador como generador de la política procesal penal, ni los jueces como los encargados de interpretar y aplicar sus disposiciones, pueden ejercer sus respectivas funciones inobservando o distorsionando el nuevo modelo procesal; antes bien, es indispensable que lo apuntalen y perfilen para su correcta y puntual vigencia modélica.
La Corte Suprema de Justicia de la República -como corte de casación- tiene como principal tarea jurídica orientar en la interpretación de las disposiciones del nuevo Código Procesal Penal, atribuyendo el significado correspondiente a sus disposiciones, perfilando sus alcances y llenando los vacíos o aparentes contradicciones. De esta forma, la oralidad, el equilibrio entre garantía y eficacia, y los demás principios del modelo acusatorio que recoge la novísima normativa procesal se desarrollarán y tendrán vigencia efectiva en la medida que nuestro máximo tribunal de justicia, a través de sus sentencias de casación, así lo establezca.
1 TALAVERA ELGUERA, Pablo. Comentarios al nuevo Código Procesal Penal, editorial Grijley, Lima, 2005, p. 7. 2 SAN MARTÍN CASTRO, Cesar. Introducción general al estudio del nuevo Código Procesal Penal. En:
El nuevo proceso penal. Estudios fundamentales, editorial Palestra, Lima, 2005, página 20.
Atendiendo a lo anteriormente señalado, resulta de suma importancia el análisis de la primera sentencia de casación penal que -en aplicación del nuevo Código Procesal Penal- recientemente ha emitido la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, teniendo como magistrado ponente a César San Martín Castro, connotado profesor de Derecho procesal penal y coautor del nuevo Código. Esta sentencia se refiere, precisamente, a los alcances de la prisión preventiva, en especial, al carácter y ámbito de aplicación de esta figura, así como el desarrollo de la audiencia en la que tendrá que decidirse la aplicación de la citada medida.
La prisión preventiva, es sin duda, uno de los temas más importantes que regula el nuevo Código Procesal Penal, fundamentalmente por los efectos que dimanan de las decisiones judiciales para el esencial derecho a la libertad de los ciudadanos. Al respecto, señala ASENCIO MELLADO 3 , que la regulación normativa de las medidas cautelares en un Código Procesal Penal, particularmente, de la prisión preventiva, pondrá de relieve si un Estado es verdaderamente democrático y si responde a los principios y valores asumidos en su Constitución.
En la investigación preparatoria formalizada contra Jimmy Edinho Cavero Ramírez, por delito de secuestro y violación de menor, en agravio de R.K.R.O, y contra Margarita Ramírez Ramos y Anyela Cinthia Cavero Ramírez, por delito de falsedad en juicio en agravio del Estado, el señor Fiscal Provincial de Huaura solicitó se dicte prisión preventiva contra los citados imputados, al amparo de los artículos 268° y 271° del Código Procesal Penal. Es del caso indicar, que con anterioridad se había dictado detención preliminar contra Cavero Ramírez, sin que se hubiera efectivizado tal medida por cuanto el imputado se fugó al extranjero; mientras que el pedido de detención preliminar contra las otras imputadas fue rechazado por el Juez.
Convocada la audiencia de prisión preventiva, no concurrieron a ésta los imputados, pero sí el Fiscal y los abogados de confianza de los investigados. En vista de ello, el fiscal solicitó al juez que realice la audiencia de prisión preventiva sin la presencia de los imputados. Esta solicitud fue declarada infundada por el juez.
Interpuesto el recurso de apelación por el Fiscal, la Sala Penal por mayoría revocó el auto apelado en cuanto declara infundada la petición del representante del Ministerio Público y reformándola la declaró improcedente, atendiendo a los siguientes argumentos: a) Que conforme al artículo 264° apartado uno del nuevo
3 ASENCIO MELLADO, José María. La regulación de la prisión preventiva en el Código Procesal Penal del Perú. En: El nuevo proceso penal. Estudios fundamentales, editorial Palestra, Lima, 2005, página 494.
Código Procesal Penal, el imputado debe encontrarse detenido –en flagrancia por la Policía, arresto ciudadano o preliminarmente por orden judicial- para que el Fiscal requiera prisión preventiva; b) Que, la audiencia de prisión preventiva debe celebrarse con la concurrencia obligatoria del fiscal, del imputado y de su defensor, siendo que la negativa a concurrir sólo la puede expresar quien se encuentra detenido; c) Que, si anteriormente se rechazó la medida de detención preliminar o no se solicitó medida alguna contra un imputado ya no se puede requerir prisión preventiva al no tener la condición de detenido, sólo puede instarse la medida de comparecencia restrictiva o impedimento de salida del país.
Contra la resolución de la Sala Penal Superior, la Fiscalía interpuso recurso de casación por los motivos siguientes: a) errónea interpretación de la ley penal, y b) defecto de logicidad. Se sostuvo que no es necesario para requerir prisión preventiva que antes se haya solicitado y obtenido mandato de detención preliminar; y que, los supuestos materiales del pedido de prisión preventiva no incorporan la necesidad de que el imputado esté presente o haya sido previamente detenido; y, que lo único consustancial a la audiencia de prisión preventiva es que se garantice el derecho de defensa.
La Corte Suprema declaró admisible el recurso de casación sólo por el motivo de inobservancia de la norma procesal, pese a que no había sido invocada, fundando su decisión en lo dispuesto en el apartado 4) del artículo 427° del Código Procesal Penal y en la concepción de la “voluntad impugnativa”. Se desestimó el motivo por defecto de logicidad.
III. Los fundamentos de la sentencia de casación
Mediante sentencia de veintiséis de julio del año en curso, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación por inobservancia del inciso 2) del artículo 429° del Código Procesal Penal, y, en consecuencia, nulo el auto de vista e insubsistente el auto de primera instancia, y ordenó que el Juez de la Investigación Preparatoria realice la audiencia de prisión preventiva y se pronuncie sobre el fondo del asunto. Las razones centrales de la sentencia de casación son las siguientes:
1. No constituye presupuesto material de dicha medida personal, como claramente fluye del artículo 268° del NCPP que el imputado se encuentre sujeto a la medida provisionalísima de detención, en cualquiera de sus modalidades. Sólo se exige la existencia de una investigación preparatoria formal, esto es, que se haya dictado la disposición de formalización y continuación No existe, ni puede configurarse pretoriana o judicialmente, presupuesto adicional, al que dicha norma prevé. Por consiguiente, el imputado contra quien se solicita mandato de prisión preventiva puede encontrarse en muy diversas situaciones procesales. Así, puede estar detenido
policialmente en los supuestos de flagrancia delictiva o por previo arresto ciudadano o detenido preliminarmente por orden judicial, conforme a los artículos 259°, 260° y 261° del NCPP. Asimismo, puede encontrarse, de facto, en la condición de no habido –sea que se hubiera fugado antes de ser capturado en flagrancia por la policía o que ésta, pese al mandato judicial de detención preliminar, no haya podido capturarlo- o sin medida coercitiva personal alguna porque el fiscal no la solicitó ante el Juez de la Investigación Preparatoria, sea por la razón que fuere (fundamento jurídico 4).
detención no es, en principio, una medida necesaria o imprescindible para
que se dicte, ulteriormente, mandato de prisión preventiva (fundamento jurídico 5). No siempre es del caso pedir detención preliminar en aras, luego,
instar la prisión preventiva; y menos, que si se intenta esa medida
provisionalísima y el Juez no la acepta, está vedado requerir la medida de prisión preventiva en una oportunidad posterior de incorporarse más elementos de investigación o de prueba en orden a los presupuestos que la condicionan -art. 255 apartado 2 del Código Procesal Penal- (fundamento jurídico 6).
particularmente importante, a todos los efectos, la regla incorporada en el
penúltimo extremo del apartado dos del examinado artículo 271 del NCPP:
“…Si el imputado se niega por cualquier motivo a estar presente en la
audiencia, será representado por su abogado o el defensor de oficio, según
el caso”. No es, pues, absoluta la necesidad de presencia del imputado en
la audiencia de prisión preventiva; es sí, necesaria, su debida citación en su domicilio real o procesal –si lo hubiere señalado-, o su conducción al Juzgado cuando esté efectivamente detenido (con ello se cumple el principio
contradicción, se hace efectiva la garantía de tutela jurisdiccional –en
cuanto acceso al proceso- y se afirma, a su vez, la garantía de defensa procesal). Si el imputado se niega a asistir sea porque huyó, porque no es
habido- lo que denota imposibilidad material del Juez para emplazarlo- o porque, sencillamente, no quiere hacerlo- en ejercicio de su derecho material
defensa, a su propia estrategia procesal o por simple ánimo de sustracción
entorpecimiento procesal-, la audiencia se lleva a cabo con la
representación técnica del abogado defensor, de confianza o de oficio (fundamento jurídico 7).
La prisión preventiva y su relación con la detención
Para ASENCIO MELLADO 4 la prisión preventiva o provisional constituye una medida cautelar, de carácter personal, que se resuelve en la privación de la
4 ASENCIO MELLADO, José María. Derecho Procesal Penal. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, página 203.
libertad de un sujeto imputado, y que se adopta por la autoridad judicial en el seno de un proceso penal a los efectos de garantizar aquellos fines que la Constitución y la Ley estiman adecuados. Sus notas configuradoras son: 1) Se resuelve en una privación de libertad que se cumple en un establecimiento penitenciario, pero sujeta a un régimen distinto al aplicable a los penados; 2) Es siempre jurisdiccional; 3) Tiene carácter provisional, pero se sujeta a unos plazos máximos; 4) Tiende a cumplir unos concretos fines, no siempre estrictamente cautelares, pero que han sido estimados como adecuados a la Constitución en tanto se consideran asegurativos del proceso o de cualquier finalidad legítimamente protegible.
La doctrina no es pacífica al señalar cuales son los fines de la prisión preventiva. Así, para un sector de la doctrina, la prisión preventiva sólo tiene fines cautelares, de aseguramiento del proceso; mientras que para otro sector dicha medida puede tener otros fines legítimos. Tales fines, según ASENCIO MELLADO 5 pueden ser: a) Evitar la frustración del proceso impidiendo la fuga del reo; b) Asegurar el éxito de la instrucción y evitar la ocultación o manipulación de futuros medios de prueba; c) Evitar la reiteración delictiva, y d) Satisfacer de manera inmediata las demandas sociales de seguridad. Sin embargo, aclara el referido autor que no puede asignarse a la prisión preventiva una naturaleza tal que la haga devenir en una medida de seguridad o, incluso, en una pena anticipada. Ni el proceso penal es un instrumento de política criminal, ni puede serlo tampoco cualquier tipo de resolución que en su seno se adopte.
En lo que respecta a nuestro ordenamiento, el nuevo Código Procesal Penal no define a la prisión preventiva, pero a partir de su texto es posible determinar cuáles son sus fines y sus presupuestos materiales y procesales.
En cuanto a sus fines, éstos no pueden ser otros que los previstos para las medidas de coerción procesal en general: para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva (art. 253°.3 del NCPP).
La sentencia de casación materia de comentario señala sobre el particular que la prisión preventiva persigue evitar un peligro de fuga o un riesgo de ocultación o destrucción de las fuentes de prueba, mientras que a la detención preliminar se le asigna el papel de poner fin a la ejecución de un delito o hacer cesar sus efectos lesivos inmediatos, entre otras finalidades (fundamento jurídico 5).
Para disponer la prisión preventiva, el Juez no sólo debe tener en cuenta la concurrencia de sus presupuestos materiales, sino también los de orden procedimental; ello se deriva sin duda de los preceptos generales de las medidas
5 ASENCIO MELLADO, José María. Derecho Procesal Penal, páginas 204-205.
de coerción procesal previstos en el Título I de la Sección III del nuevo Código Procesal Penal y de los artículos 268° a 271° del mismo código.
Los presupuestos materiales se encuentran previstos en el artículo 268° del NCPP, a saber: a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo; b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).
También constituye presupuesto material para dictar mandato de prisión preventiva, la existencia de razonables elementos de convicción acerca de la pertenencia del imputado a una organización delictiva o su reintegración a la misma, y sea del caso advertir que podrá utilizar los medios que ella le brinde para facilitar su fuga o la de otros imputados o para obstaculizar la averiguación de la verdad.
Por otro lado, los presupuestos procesales que establece el nuevo Código son: a) la existencia de una disposición de formalización de la investigación preparatoria, aún en los casos de acusación directa que contempla el inciso 4) del artículo 336° del NCPP; b) la solicitud del representante del Ministerio Público; c) la convocatoria a la audiencia de prisión preventiva; d) la concurrencia obligatoria a la audiencia del Fiscal, el imputado y su abogado, salvo los casos previstos en el nuevo Código; y, e) la expedición del auto de prisión preventiva debidamente motivado.
Si bien nos parece adecuado el razonamiento del tribunal de casación cuando afirma que no constituye presupuesto material de la prisión preventiva que el imputado se encuentre sujeto a la medida provisionalísima de detención, en cualquiera de sus modalidades, y que no pueden configurarse judicialmente presupuestos adicionales a los previstos en el artículo 268° del NCPP; consideramos conveniente aclarar que la Sala Penal Superior no hizo referencia a la detención preliminar como un presupuesto material, sino como un presupuesto o condición procesal, los mismos que si bien no han sido expresamente regulados, fluyen sin duda del texto legal, como bien refiere la Sala de Casación en el considerando 7 de sus sentencia.
Aun cuando la argumentación de la Sala Penal Superior no constituya un despropósito, sino una opción interpretativa que presenta cierta coherencia con
los fines del modelo acusatorio 6 ; sostener que la prisión preliminar – en todos los casos- es un requisito indispensable para la prisión preventiva, resulta una interpretación extensiva de las disposiciones sobre el particular que en la práctica no sólo inmovilizaría la acción de la justicia, sino que pondría en riesgo el derecho a la libertad de los imputados no detenidos respecto de los cuales el Fiscal requiera prisión preventiva. Por lo demás, las interpretaciones jurídicas no deben confundirse con finalidades de índole político criminal, en materia procesal, por más plausibles que éstas parezcan.
En determinados países, la detención judicial es el mecanismo previo para requerir la prisión preventiva, esto es, que sólo se puede acordar si el imputado se encuentra detenido. En otros países, la ley regula los supuestos de prisión preventiva para imputados detenidos y para los no detenidos, como es el caso del Código Procesal Penal de Nicaragua. Finalmente, existen países donde la ley exige la detención judicial como un requisito previo a la prisión preventiva, siendo que también puede acordarse directamente y de oficio. En estos casos, se realiza la comparencia o audiencia, luego de haberse detenido al imputado. Este tipo de regulación se encuentra prevista, por ejemplo, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España. Por otro lado, en países como Chile, se exige la presencia física del imputado para la validez de la audiencia de prisión preventiva.
La detención como medida previa a la prisión preventiva es conocida –en la doctrina- como detención imputativa. Dicho concepto es empleado también por el profesor SAN MARTÍN CASTRO 7 en su trabajo “La privación de la libertad personal en el proceso penal y el derecho internacional de los derechos humanos”. Por su parte, HORVITZ - LÓPEZ 8 definen a la detención judicial imputativa como aquella detención ordenada por el juez, sin previa citación, y mediante la cual se pone formalmente a una persona a disposición del tribunal, en calidad de imputado, con la finalidad de asegurar su comparecencia a la audiencia destinada para formalizar la investigación o, eventualmente, para adoptar una medida cautelar de mayor intensidad, en su contra.
En toda investigación, la situación procesal personal de un imputado puede ser la de detenido o no detenido. Ahora bien, conforme al nuevo Código Procesal Penal, el imputado puede ser detenido bajo tres formas: a) detención policial (art. 259°), b) arresto ciudadano (art. 260°), y c) detención preliminar judicial (art. 261°). Así pues, sin duda, la detención -en sus diversas modalidades- está ligada a
6 Así lo sostiene REYES ALVARADO, Víctor Raúl. Las medidas de coerción procesal personal en el nuevo Código Procesal Penal del 2004. En: Revista Actualidad Jurídica Nº 163, editorial Gaceta Jurídica, página 182 y ss.
7 SAN MARTÍN CASTRO, Cesar. La privación de la libertad personal en el proceso penal y el derecho internacional de los derechos humanos”. En: Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano – Fundación Konrad Adenauer, Montevideo, 2004, página 619.
8 HORVITZ LENNON, María Inés y LÓPEZ MASLE, Julián. Derecho Procesal Penal chileno, editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2002; página 365.
la denominada investigación preliminar o primeras actuaciones antes de la formalización de la investigación preparatoria, por ello existen los plazos previstos en los artículos 264° (plazo ordinario de la detención) y 266° (plazo de la convalidación de la detención).
Empero, si bien, en las disposiciones antes citadas no se establece expresamente que la detención preliminar judicial constituye una medida previa –aplicable a las diversas situaciones jurídicas del imputado- para solicitar la prisión preventiva; no puede soslayarse como opción interpretativa que el inciso a) del artículo 261° no es taxativo en cuanto al supuesto de procedencia de la detención, pues sólo exige que existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga. A ello cabe sumar, que el inciso 4) del mismo dispositivo establece que las requisitorias por la detención caducan recién a los seis meses y las que se giren por los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas no caducan hasta la efectiva detención del requisitoriado; lo que puede conllevar a considerar que la ley se ha puesto en el caso que la detención no sólo sirve para fines de la investigación preliminar, sino para los fines asegurativos de la propia investigación preparatoria formalizada.
Respecto a los imputados no detenidos, es del caso señalar que éstos pueden hallarse en cualquiera de las siguientes situaciones: presente, contumaz o ausente. El imputado presente, es aquél que tiene conocimiento de la investigación y cuyo paradero o domicilio se conoce, por lo cual puede ser citado o emplazado. Por otro lado, el artículo 79° del NCPP define al contumaz como: a) aquél que tiene conocimiento de que es requerido y no se presenta voluntariamente a las actuaciones procesales, b) aquél que se ha fugado del establecimiento o lugar donde está detenido o preso; c) aquél que no obedece, pese a tener conocimiento de su emisión, una orden de detención o prisión; y d) aquél que se ausenta, sin autorización del Fiscal o del Juez, del lugar de su residencia o del asignado para residir. Finalmente, el ausente es aquel imputado cuyo paradero se ignora y no aparece en autos evidencia que estuviera conociendo del proceso.
Conforme a lo expuesto, en el caso de los imputados presentes, no tendría un fin práctico que el fiscal solicite una medida de detención preliminar judicial previo a requerir la prisión preventiva, ya que tales imputados pueden ser perfectamente convocados a la audiencia de prisión preventiva. Por ello, admitir la interpretación de la Sala Penal Superior de ejecutar siempre la detención de quien se va a pedir la prisión preventiva, no sólo generaría un gasto de logística, sino que pondría en mayor riesgo el derecho fundamental a la libertad de los imputados, pues no es seguro que en todos los casos se adopte la prisión preventiva, a lo que debe sumarse que un imputado se defiende mejor estando en libertad.
En el caso de los contumaces, el riesgo de elusión de la acción de la justicia ya se ha efectivizado, y por lo tanto, lo adecuado es no sólo la aplicación de una medida cautelar intensa, sino también asumir que, ante tal situación, se puede válidamente inferir su desprecio por el cumplimiento de los emplazamientos judiciales y el propio ejercicio de su defensa material.
Tratándose de los imputados ausentes con disposición de formalización de la investigación preparatoria, la detención preliminar judicial puede ser empleada útilmente. La lógica del proceso penal acusatorio, como se verá en el momento de tratar sobre la audiencia de prisión preventiva, así lo exige. No se puede decidir el ingreso en prisión de una persona suponiendo que por su situación jurídica de ausente se da el supuesto legal de negativa a concurrir a la audiencia de prisión preventiva a que se refiere el artículo 271°.2. El hecho de desconocer el paradero del ausente no es justificación para darle el mismo trato que al contumaz, más aún si no existen elementos de juicio que permitan inferir que conoce de la investigación. Cabe agregar, además, que resulta ineficaz la conducción compulsiva para un ausente, ya que dicha medida -a diferencia de la detención- carece de una vigencia en el tiempo, al no haberse registrado como requisitoria.
V. La audiencia de prisión preventiva. Condiciones y carácter
El nuevo Código Procesal Penal asume una postura exigente respecto a la audiencia de prisión preventiva. En tal sentido, buscando preservar el derecho de defensa y el principio de contradicción en la audiencia, dispone la obligatoriedad de ésta y regula determinadas consecuencias jurídicas para aquellos sujetos procesales que incumplan sus obligaciones durante su desarrollo 9 .
El artículo 271°.1 del NCPP establece que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento del Ministerio Público, el Juez de la Investigación Preparatoria realizará la audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva. Dicha audiencia debe celebrarse con la concurrencia obligatoria del Fiscal, del imputado y su defensor. En caso que no asista el abogado del imputado, éste será reemplazado por un defensor de oficio.
No obstante, el nuevo Código Procesal Penal prevé también un único supuesto en el válidamente se puede realizar la audiencia de prisión preventiva sin contar con la presencia del imputado. Este supuesto se da cuando el imputado se niega por cualquier motivo a estar presente en la audiencia (art. 271°.2); en cuyo caso será representado por su abogado o el defensor de oficio 10 .
9 DEL RIO LABARTHE, Gonzalo. La prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal. Presupuestos, procedimiento y duración. En: Actualidad Jurídica Nº 160, página 165.
10 Este supuesto de excepción no fue contemplado originalmente en el Proyecto de Código Procesal Penal, publicado por el Ministerio de Justicia en noviembre de 2003. Se tiene información que el
Al respecto, resulta relevante señalar, que la negativa referida por el NCPP puede ser expresa o tácita, pero en ambos casos debe ser voluntaria. La negativa expresa se da cuando el imputado por escrito o verbalmente manifiesta su voluntad de no asistir a la audiencia, pese a haber sido citado, emplazado o intentado ser conducido a la misma. También es posible que dicha negativa sea expresada por otro medio directo, así por ejemplo, a través del abogado del imputado. La negativa tácita, por el contrario, se produce cuando la voluntad del imputado de no estar presente en la audiencia de prisión preventiva se infiere indubitablemente de una actitud o de circunstancias de comportamiento que revelan su existencia. Así, por ejemplo, en el caso del imputado detenido, se produciría una negativa tácita cuando éste se resiste a ser conducido a la audiencia de prisión preventiva, pese a no expresar de manera directa su negativa.
Por otro lado, si bien el NCPP hace referencia al imputado que se niega a asistir por cualquier motivo, consideramos que dicha regulación es atentatoria contra los derechos del imputado. Por tanto, en aquellos supuestos donde el imputado se niegue a asistir por razones de fuerza mayor, debidamente comprobadas, la defensa bien podría instar la nulidad de la resolución y de la audiencia.
Pues bien, sobre este tema en particular, la sentencia casatoria señaló que no es absoluta la necesidad de contar con la presencia del imputado en la audiencia de prisión preventiva, pero sí su debida citación en su domicilio real o procesal –si lo hubiera señalado-, o su conducción al juzgado cuando está detenido. La debida citación, a la que hace referencia la Corte Suprema, deberá interpretarse conforme a los alcances que sobre este tema ya ha dado el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia 11 . Así, se ha señalado que la debida citación consiste en la posibilidad que tiene el procesado de conocer el contenido de los pronunciamientos y diligencias judiciales, a efectos de ejercer el derecho de defensa que le asiste. Como se puede apreciar, esta exigencia no está condicionada a que el imputado haya señalado previamente su domicilio real o procesal, como erróneamente establece la Corte Suprema.
Por otro lado, a juicio de la Corte Suprema, no sería exigible –en la audiencia de prisión preventiva– la presencia de los imputados que se hallaran en tres situaciones específicas; a saber: a) aquellos imputados que hayan huido, b)
agregado “Si el imputado se niega por cualquier motivo a estar presente en la audiencia, será representado por su abogado o el defensor de oficio” fue incorporado por la Comisión de Alto Nivel, al advertirse la situación de aquél detenido que de manera deliberada se negaba a asistir a la audiencia de prisión preventiva, logrando con ello su frustración y el vencimiento de los plazos legales, para finalmente obtener su libertad. Ahora, sin embargo, la Corte Suprema -mediante la sentencia de casación en comento- ha ampliado los alcances de dicha excepción a diversos supuestos, incluyendo el caso de los imputados ausentes.
11 Véase al respecto, la sentencia recaída en el Expediente N° 7811-2006-PHC/TC. Fundamentos N° 5 y 6. Caso Rubén Galván Borja., publicada el 28 de febrero de 2007.
aquellos imputados que estén como no habidos y c) aquellos imputados que no quieran concurrir por estrategia procesal, de defensa o por entorpecimiento de la investigación. Al entender de la Corte Suprema, en todos estos supuestos habría una negativa de concurrir a la audiencia, por parte de los inculpados. Es del caso recalcar, que más adelante amplía este círculo para comprender también a aquellos imputados que hayan sido declarados contumaces y aquellos imputados que se hayan fugado.
Al respecto, debemos manifestar que el nuevo Código Procesal Penal no emplea las condiciones o situaciones del imputado que ha “huido”, ha “fugado” o el “no habido”, para regular aquellos casos en que el imputado se niega a asistir a la audiencia de prisión preventiva. Siendo ello así, la incorporación de estas nuevas figuras generan, más bien, mayores problemas. Así, el imputado que ha “huido”, se puede entender como aquél que se ha retirado del lugar donde se perpetró el hecho punible o del lugar de su residencia, siendo que en ambos casos puede tratarse de un ausente, si no hay evidencias que determinen que tiene conocimiento del proceso. Por otro lado, el imputado “no habido” puede tener la condición de contumaz o ausente, pues se trata del imputado cuyo paradero se ignora y por ello no puede ser aprehendido por la Policía Nacional, siendo que su condición de contumaz o ausente dependerá si tiene o no conocimiento de que es requerido por la justicia.
No es suficiente, pues, la simple constatación de que se trate de un imputado que ha “huido” o es “no habido” o que se ha “fugado”, sino que también es indispensable que haya realizado cualquiera de tales comportamientos teniendo conocimiento de que es requerido o investigado, aunque formalmente no hubiera sido declarado reo contumaz. Se infiere la voluntad de no comparecer a las actuaciones procesales, por ejemplo, cuando el imputado teniendo conocimiento de que es requerido o investigado huye del lugar de su residencia, cambia de domicilio, pese a permanecer en la localidad (no habido) o sale del país.
Ahora bien, un problema mayor significa el hecho que la Corte Suprema considere a los imputados ausentes como un supuesto de aquellos imputados que se niegan a asistir a la audiencia de prisión preventiva. Y es que el ausente es aquella persona, de quien se ignora su paradero y no aparece en autos evidencia que estuviera conociendo el proceso (art. 79°.2 del NCPP). Consecuentemente, si dicha persona no tiene conocimiento que está siendo objeto de una investigación preparatoria, mal podría inferirse que tácitamente se está negando a estar presente en la audiencia de prisión preventiva.
La figura del procesado ausente, al que hace referencia el Código Procesal Penal, no implica un comportamiento de sustracción voluntaria a la persecución penal, sino un estado en el cual el procesado ignora que está siendo requerido o investigado. Por ello, al ignorar que está siendo requerido o investigado, el
procesado ausente realmente se encuentra en una situación fáctica de indefensión, a la que no se puede sumar una “negativa tácita” que puede importar la aplicación de una medida coercitiva de gran intensidad, como es la prisión preventiva.
Por otro lado, sin lugar a dudas, notificar a imputados libres trae consigo un serio problema en cuanto a los plazos. Será difícil convocar a audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento fiscal de prisión preventiva, notificar y contar con los cargos de recepción –con mayor razón en el interior del país donde las distancias entre la sede del órgano jurisdiccional y el domicilio del imputado son mayores-. Por tanto, si se tiene en cuenta que el plazo previsto en el artículo 271° del NCPP no es bajo sanción de nulidad, nada obsta a que el juez considere el término de la distancia u otros factores de orden material a fin de realizar en forma la audiencia de prisión preventiva cuando se trata de imputado en libertad, y observar rigurosamente el plazo cuando se trate de imputado detenido. Por lo demás, en el caso que no tenga certeza que el imputado inasistente haya sido notificado para concurrir a la audiencia, la misma podrá frustrarse y señalarse nueva fecha.
En el caso concreto materia de la sentencia casatoria, el imputado pese a tener conocimiento de que se encontraba requerido por la justicia –habiendo incluso acreditado abogados de su elección en la investigación preparatoria- se fugó a la Argentina, con lo cual incurrió en los supuestos de contumacia del artículo 79° del NCPP. En tal virtud, el imputado con su comportamiento evidente de no presentarse voluntariamente a las actuaciones procesales, pese a tener conocimiento de estar requerido e investigado, permite inferir que se trata también de una negativa tácita a estar presente en la audiencia de prisión preventiva y por ende a ejercer su derecho a la defensa material en dicho acto procesal.
VI. Propuestas de lege ferenda
Pese a reconocer los esfuerzos de la Corte Suprema de Justicia de la República al emitir la primera sentencia de casación en materia penal; es del caso señalar, que el NCPP muestra ciertos defectos y deficiencias en materia de detención y prisión preventiva que es indispensable no sólo solventarlas con interpretaciones adecuadas, sino también con modificaciones legislativas que permitan de un lado cumplir con los fines de las medidas de coerción y de otro brindar seguridad jurídica a los justiciables. Entre los aspectos que estimamos convenientes reformar están:
Regular convenientemente la prisión preventiva en el caso de imputados detenidos y los no detenidos o libres.
2. Establecer la detención judicial para fines de prisión preventiva en el caso de los imputados que se encuentren en los supuestos de contumacia o ausencia que regula el artículo 79° del NCPP, y siempre que se cumplan con los requisitos exigidos por el inciso 1 a) del artículo 261° del NCPP.
3. En el caso del requerimiento de prisión preventiva contra imputados libres - que no tengan la condición de ausentes o contumaces- el plazo para la realización de la audiencia debe establecerse dentro de los cinco días de recibido el mismo.
4. Tratándose de imputados no detenidos, es necesario contemplar expresamente la posibilidad de extender el plazo para la realización de la audiencia cuando el imputado reside fuera de la localidad donde tiene su sede el órgano jurisdiccional.
5. Regular la utilización de la videoconferencia para la realización de la audiencia de prisión preventiva, siempre que haya condiciones para ello, cuando el imputado detenido se encuentre fuera de la localidad sede del órgano jurisdiccional ante quien se ha formulado el requerimiento de prisión preventiva.
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 artículo 429
 artículo 268
 artículo 271
 resolución 
 artículo 268
 artículo 336
 artículo 268
 artículo 261
 artículo 79
 artículo 271
 artículo 271
 resolución 
 artículo 271
 artículo 79
de lege ferenda
 artículo 79
 artículo 261