Source: https://registrocivildetodos.blogspot.com.es/2015/11/
Timestamp: 2018-04-22 08:32:11+00:00

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No hay forma de que hagan algo bien. Tras la aprobación de la regulación del pago de las tasas por expediente de nacionalidad y colgar el modelo en la página web del Ministerio de Justicia, y la aprobación del modelo oficial a utilizar en las solicitudes que se presenten de forma presencial, a la Dirección General de Registros y del Notariado le restaba, entre otras cosas, una instrucción para informar a los Registros Civiles sobre cómo debemos proceder. Y aquí la han vuelto a liar.
La Dirección General de Registros y del Notariado ha colgado en la aplicación INFOREG una nueva nota, dirigida a los Encargados de los Registros Civiles y los Letrados de la Administración de Justicia (se olvida, como siempre, del personal de los Registros Civiles que son los que realmente utilizan la aplicación), por la que nos informa sobre las publicaciones del BOE del pasado viernes, que las solicitudes no se pueden presentar a través de los Registros Civiles delegados, y que debe aplicarse en sus estrictos términos lo dispuesto en el art. 10.2 del Reglamento de Nacionalidad, que establece que si la solicitud o documentos presentados no reúnen los requisitos necesarios para la obtención de la nacionalidad española por residencia, se requerirá al interesado o su representante para que subsane la falta o acompañe, telemática o físicamente, para su cotejo los documentos que procedan, indicándole que en caso de que no se produzca la subsanación por el interesado en el plazo de tres meses desde que se le notificó el requerimiento, se le tendrá por desistido en su petición, lo que se acordará mediante la correspondiente resolución.
Las notas del Director General de Registros y del Notariado anteriores a la publicación del Reglamento establecían que los Registros Civiles debían recoger las solicitudes de nacionalidad que se presentasen y una vez publicado el Real Decreto por el que se aprobara el Reglamento requerir a los interesados para que paguen la tasa y aporten la documentación que les reste "en los términos que se establezcan". Y así lo han hecho hasta ahora los Registros Civiles: recoger la documentación (para evitar sobre todo la caducidad del certificado de antecedentes penales extranjero) y requerir (normalmente sine die) para que aporten el resto de la documentación, toda vez que ni estaba regulado el pago de la tasa ni es posible examinarse del idioma español antes de abril de 2016.
También así lo establece la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1004/2015, donde no se establece plazo para la presentación de la documentación que falte. Y si bien resulta razonable el establecimiento de un plazo para que se presente la documentación, dicho plazo no puede implantarse todavía porque en la actualidad no es posible acceder a uno de los requisitos para solicitar la nacionalidad española: la superación del examen DELE A2, de idioma español.
Y aquí es donde surge el problema, del que parece que no se ha enterado el Director General de Registros y del Notariado pese a las numerosas comunicaciones dirigidas por organizaciones sindicales y las notas informativas publicadas en webs dedicadas a extranjería: el primer examen de español no podrá realizarse hasta abril de 2016, para lo que faltan 5 meses. Y esto supone un grave problema, dado que inexplicablemente el Ministerio de Justicia se ha desentendido de cómo y cuándo se realizan las pruebas ahora obligatorias: si requerimos a los que ya han presentado su solicitud y que tengan que hacer el examen de español su solicitud les caducará; si requerimos a quienes presenten nuevas solicitudes en los tres meses siguientes para que justifiquen la superación del examen de castellano, la solicitud les caducará. Y que caduque la solicitud implica la necesidad de volver a obtener el certificado de antecedentes penales, traducirlo y legalizarlo. ¿Pero es que no hay nadie en el Ministerio que tenga algo de sensatez???
- La DGRN tiene que regular las condiciones en que los Registros Civiles podrán digitalizar los documentos, que imaginamos incluirá su indexación y medatación. Resultaría absurdo impedir que lo hagan los Registros Civiles pero que sí lo puedan hacer los abogados, procuradores, gestores, etc, previo pago por los servicios prestados.
- El Ministerio de Justicia tiene que dictar la Orden por la que se determinarán los requisitos y condiciones para suscribir los convenios con el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, el Consejo General de Procuradores de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y otros colegios profesionales, asociaciones y colectivos, para la presentación electrónica de documentos en representación de los interesados, que regulen los procedimientos y requisitos para la remisión telemática de la documentación, debidamente indexada y metadatada. Total, unos 200 € mínimos a sumar a los otros 200 ó 300 € que se tienen que gastar los extranjeros mayores de 18 años, eso sí, los primeros de forma optativa. Flaco favor se ha hecho a estos profesionales pues tras el pago de la tasa y los derechos de los exámenes pocos tendrán ganas de seguir gastando dinero en el procedimiento de nacionalidad ¿Sigue diciendo el Ministro eso de que "todo lo que hoy es gratis en el Registro Civil lo va a seguir siendo", que afirmó hace menos de un año?
- Dada la errática redacción de todo lo relativo a la eficacia de la resolución y el mantenimiento de la buena conducta cívica hasta el juramento del art. 12, de la forma en que llega al Registro Civil el conocimiento de que a una persona se le ha concedido la nacionalidad española, de la no necesidad de juramento de nacionalidad de los militares que ya lo han prestado pese a que el Código Civil no los excluye (¿y si tienen que renunciar a la nacionalidad de origen? ¿y qué pasa con la posibilidad de conservar los apellidos, o de la información de la posibilidad de que sus hijos opten por la nacionalidad española?, etc), de las dudas que suscita si debe seguir tramitándose en todo caso el expediente de autorización cuando el solicitante sea un menor de 14 años, de si tienen los menores que aportar o no su pasaporte a la vista de lo que informa la página web el Ministerio, etc, una instrucción de la DGRN se hace absolutamente necesaria.
* CCOO acusa al Gobierno de intentar vacíar las competencias de los Regsitros Civiles de manera velada con las distintas modificaciones legislativas, para poder retomar su objetivo de reducir los servicios que prestan y poder concentrarlos e incluso privatizarlos con bajo coste.
* CCOO ha presentado escritos dirigidos al Sr. Ministro de Justicia y al Sr. Director General de los Registros y del Notariado para que se regule de forme urgente las condiciones en que pueda realizarse la digitalizacion y remisión eletrónica de las solicitudes y documentos en los registros civiles.
CCOO comparte con la inmensa mayoría de la opinión pública que los órganos jurisdiccionales de nuestro país no atienden con la calidad ni con la eficacia suficientes las demandas ciudadanas y manifestamos que es solo el esfuerzo personal de los trabajadores y la trabajadoras de la Administración de Justicia lo que está permitiendo un mínimo funcionamiento de este servicio público abandonado a su suerte históricamente por los sucesivos gobiernos.
Adjuntamos enlace para firmar la petición Compromiso por el Registro civil.
Aparece publicado en el BOE de 7 de noviembre, por fin, el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Este nuevo procedimiento entró en vigor el pasado 15 de octubre, fecha de entrada en vigor de la Ley 19/2015, aunque por motivos ignorados el Gobierno ha tardado tres semanas desde la entrada en vigor de la citada Ley para desarrollarla, lo que ha originado que durante tres semanas los ciudadanos extranjeros no pudieran presentar sus solicitudes de adquisición de la nacionalidad española. Aunque visto lo que ahora se publica no se han perdido nada, porque el nuevo Reglamento más que simplificar lo lía más, y es tal el cúmulo de obstáculos que hay que superar hasta obtener la inscripción de la nacionalidad española en el Registro Civil que más bien parece que el Gobierno quiere reducir el número de extranjeros que accedan a la nacionalidad española.
El Real Decreto parte de una premisa falsa: afirma que el procedimiento vigente hasta el 15 de octubre tenía un carácter mixto entre el ámbito judicial, determinado por la atribución de una primera fase del procedimiento a los Registros Civiles, llevados actualmente por los Jueces-Encargados, y el ámbito administrativo, derivado de la esencia del procedimiento y de su resolución por un órgano de la Administración, y que este carácter mixto haya provocado que la media de tramitación de un expediente de nacionalidad por residencia sea excesivamente larga. En primer lugar, tal y como reconoce el Tribunal Constitucional, en materia de Registro Civil los Jueces no actúan investidos de potestad jurisdiccional, sino como un órgano administrativo más, por lo que todo el procedimiento era puramente administrativo si bien con dos fases de instrucción diferenciadas, una la realizada desde los registros civiles y otra la llevada a cabo por la DGRN. En segundo lugar, si bien es cierto que en la primera fase de instrucción, la realizada en los Registros Civiles, ha existido cierto o mucho retraso por la dificultad de atender a todos los ciudadanos extranjeros con falta de personal suficiente para ello, este problema no es generalizado a todos los Registros Civiles sino sólo a unos pocos; lo que sí es generalizado es el gran retraso que acumula la DGRN en la fase de instrucción que le correspondía, vengan de donde vengan los expedientes de nacionalidad, y en la resolución de los expedientes. Pues bien, al órgano que en todo caso es culpable del retraso no inferior a un año (a día de la fecha no inferior a dos años) en la resolución de los expedientes remitidos desde los Registros Civiles se le atribuyó por la Ley 19/2015 toda la instrucción de los Expedientes nacionalidad. Como diría un castizo, es como meter la zorra en el gallinero.
Vayamos a los pormenores del reglamento.
Tras tres semanas de absoluto ridículo, finalmente hoy 6 de noviembre de 2015 el Consejo de Ministro de España ha aprobado el Reglamento que desarrolla la Disposición final séptima de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil sobre el nuevo Procedimiento para la obtención de la Nacionalidad Española por Residencia que había sido publicado por el Boletín Oficial del Estado el pasado día 14 de julio de 2015 y que entró en vigor el pasado 15 de octubre de 2015.
Así lo acaba de anunciar la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría en rueda de prensa, acompañado del Ministro de Justicia Rafael Catalá.
De esta forma se desbloquearán todas las solicitudes pendientes desde el 15 de octubre, pues no se sabía qué hacer, y se podrá informar adecuadamente a los ciudadanos extranjeros acerca de todos los trámites.
Una vez se publique el Real Decreto en el BOE haremos una evaluación sobre su contenido.
- Que los Registros Civiles sean punto de información de los trámites de nacionalidad para todos los ciudadanos y ciudadanas extranjeras que quieran iniciar los trámites para adquirir la nacionalidad española o informarse sobre el estado de su solicitud.
- Que se les permita matricular a las ciudadanas y ciudadanos extranjeros que así lo soliciten en las pruebas de idioma y CCSE , habilitando un acceso específico para ello, pues no todos los ciudadanos extranjeros tienen conocimiento o acceso a internet.
- Que se les permita completar los metadatos de las solicitudes presentadas a través de los Registros Civiles para su tramitación electrónica, con acceso a la plataforma electrónica de tramitación de las solicitudes.
- Que tengan capacidad de autenticación de los documentos que se acompañen a la solicitud tras su escaneo, evitando con ello la presentación de los originales una vez concedida la nacionalidad.
- Que se extienda la colaboración de los Registros Civiles en la tramitación de los expedientes de nacionalidad más allá del 30 de junio de 2015.
* CCOO denuncia que todavía no se ha aprobado el desarrollo reglamentario, habiendo entrado en vigor el nuevo procedimiento el pasado 15 de octubre.
* La Ley 19/2015 introduce una abusiva tasa de 100 € para la tramitación de los expedientes de nacionalidad por lo que CCOO exige que, dentro de la misma, se entiendan incluidos los derechos de los exámenes que obligan a realizar.
* CCOO reclama, y así se lo hará saber al Ministerio de Justicia, que los Registros Civiles sean parte esencial en la tramitación de los nuevos expedientes de nacionalidad, y no sólo puntos de presentación de las instancias.
La entrada en vigor, desde el 15 de octubre, del nuevo procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia establecido en la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, está siendo un auténtico despropósito. Por más cara amable que quiera presentar el Gobierno a través de los medios de comunicación con primeras personas extranjeras que han superado el primer examen sobre conocimiento de la Constitución Española y de la realidad social y cultural españolas (en adelante CCSE), la realidad es bien distinta: desde el 15 de octubre no se pueden tramitar los expedientes para adquirir la nacionalidad española por residencia.
El nuevo procedimiento de nacionalidad española por residencia fue introducido vía enmienda del PP en el Congreso al proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, relativo al registro de nacimiento y defunciones desde los hospitales, sin posibilidad alguna de debate parlamentario y sin informe del Consejo de Estado o cualquier otro organismo. Introducido como Disposición Final Séptima, modifica radicalmente los expedientes de nacionalidad atribuyendo su instrucción a la Dirección General de los Registros y del Notariado ( y no a los Registros Civiles, como sucedía hasta el 15 de octubre), establece el pago de una tasa de 100 € por presentar la solicitud (inicialmente se regulaba en la Ley de nacionalidad de los sefardíes y era de 75 €) e introduce la necesidad de superar con carácter general dos pruebas o exámenes: uno de idioma castellano (diploma español como lengua extranjera DELE de nivel A2 o superior) y otro de conocimiento de la Constitución Española y de la realidad social y cultural españolas (en adelante CCSE).
Conforme la Disposición Final Séptima de la Ley 19/2015 (publicada en el BOE 14/07/2015) el Gobierno debía desarrollar reglamentariamente el procedimiento de adquisición (apartado 1), qué documentos y pruebas deben aportarse y practicarse para acreditar el cumplimiento de los requisitos para obtener la nacionalidad española (apartado 3), el diseño de las dos pruebas o exámenes (apartado 3) y la regulación del pago de la tasa (apartado 4 de la DF 7ª). Pues bien, pasados más de 15 días desde la entrada en vigor de la Ley 19/2015 CCOO denuncia que el Gobierno no ha aprobado todavía dicho desarrollo reglamentario, lo que en la práctica supone que no se puede tramitar ningún expediente de nacionalidad. Además el Instituto Cervantes ya ha empezado a realizar las pruebes del CCSE sin aprobarse por el Gobierno el diseño de dicha prueba. Resulta absolutamente injustificado que con una vacatio legis de 3 meses el Gobierno haya sido incapaz de desarrollar reglamentariamente los preceptos de la Ley 19/2015, lo que está causando un grave deterioro al servicio público, y al buen funcionamiento de los Registros Civiles al no poder informar cómo debe procederse para tramitar los expedientes, viéndose obligados numerosos Registros Civiles a suspender la recogida de las solicitudes de nacionalidad por falta de instrucciones sobre qué documentación tiene que aportarse lo que provoca un gran desconcierto, y un grave perjuicio, para las personas extranjeras que no saben a que atenerse.
Ante tamaño dislate, la Dirección General de Registros y del Notariado ha instruido a los Registros Civiles para que recojan las solicitudes de nacionalidad cuales quieran que sean los documentos que se presenten, y que luego se requerirá a las y los solicitantes para que aporten la documentación que reglamentariamente se establezca. Sin embargo, la propia página web del Ministerio de Justicia establece que antes de presentar la solicitud las y los ciudadanos extranjeros deben superar las pruebas del Instituto Cervantes.
CCOO denuncia además cómo se van a realizar estas pruebas:
- La solicitud para el examen CCSE sólo se puede hacer por Internet. Por tanto las personas extranjeras que no tengan acceso a internet o no sepan manejarse con los ordenadores no van a poder matricularse por ellas mismas
- El examen CCSE, en la actualidad, no se oferta en todas las provincias, ni siquiera en todas las comunidades autónomas, y su coste es de 85 €.
- El examen DELE A2, de idioma castellano, tampoco podrá realizarse en todas las provincias. Su coste dependerá del centro en que se realice, con un mínimo de 124 € que es la tarifa que cobra el Instituto Cervantes.
- El primer examen de DELE A2 no podrá realizarse hasta abril de 2016.
A la vista de lo anterior, CCOO reitera su rechazo al cobro de cualquier tasa o tarifa para poder acceder a la nacionalidad española, pero una vez establecida en la Ley 19/2015 exigimos cuanto menos que las tasas para poder realizar estos exámenes se entiendan incluidas dentro de los 100 € de tramitación de los expedientes de nacionalidad. Asimismo exigimos que las personas extranjeras puedan realizar las pruebas en todas las provincias de España y que se oferten convocatorias con una frecuencia no superior a 2 meses.
Pero, además, para CCOO es imprescindible que el Gobierno regule de manera clara cuál va a ser la función de los Registros Civiles en la tramitación de los expedientes de nacionalidad, pues el Ministerio de Justicia simplemente ha avanzado que, conforme una de las Disposiciones del Real Decreto que tiene que aprobar, los Registros Civiles seguirán siendo competentes para recoger los expedientes de nacionalidad hasta junio de 2017, como si de cualquier otro registro administrativo se tratara.
CCOO exige que los Registros Civiles no sólo sean punto de presentación de las solicitudes de nacionalidad, sino que se les permita completar los metadatos de las mismas para su tramitación electrónica, que se les permita el acceso a la plataforma electrónica mediante la cual debe realizarse su tramitación, que tengan capacidad de certificación de la veracidad de los documentos tras su escaneo, que se les permita matricular a las y los ciudadanos extranjeros que así lo soliciten para la realización de los dos exámenes, y que cualquier acto de instrucción del expediente que no vaya a ser realizado directamente por la Dirección General de Registros y del Notariado se realice por los Registros Civiles, y no por vía encomienda por los Registradores de la Propiedad u otros.
A tal efecto CCOO va a presentar una carta al Ministro de Justicia y al Director General de Registros y del Notariado para que a la mayor brevedad posible se apruebe y publique el desarrollo reglamentario de la Disposición Final Séptima de la Ley 19/2015; y para que dicho Real Decreto y las Instrucciones complementarias que se dicten al efecto incluyan las propuestas que ahora se realizan, a fin de que la adquisición de la ciudadanía española por aquellas personas que cumplen los requisitos legalmente establecidos pueda realizarse de forma accesible, sencilla y barata, y que el personal de los Registros Civiles, que al fin y al cabo son los que han estado tramitando estos expedientes desde siempre, puedan colaborar en su tramitación dotándoles con las herramientas precisas para ello.
CCOO, 02.11.2015

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 resolución 
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