Source: http://oficiodeblasfemar.blogspot.com/2016/06/
Timestamp: 2017-10-17 02:08:25+00:00

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oficio de blasfemar: junio 2016
El gobierno viene anunciando desde diciembre que regulará la pauta oficial, pero hasta ahora no apareció ningún proyecto. Al contrario: la publicidad estatal volvió y lo hizo con discrecionalidad, en beneficio de un grupo de medios comerciales. Las voces de los medios sin fines del lucro reclaman que el reparto empiece a pensarse con otra lógica.
El 8 de abril, cuando el gobierno nacional tuvo que presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar explicaciones sobre los decretos que modificaron la ley de servicios de comunicación audiovisual, optó por esquivar el bulto y hablar de otros temas: “Aprovechamos el desarrollo de esta audiencia temática como una oportunidad para contarles el cambio profundo y trascendente que estamos emprendiendo”, afirmó en un discurso leído el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj. Sin inmutarse siguió: “La buena noticia es que la etapa de discrecionalidad en la distribución de la pauta oficial, la utilización política de los medios públicos y el abuso de las cadenas nacionales, así como la censura, son parte del pasado”.
La torta publicitaria del Estado nacional, que alcanzó los 2.598 millones de pesos en 2015, es sin duda uno de los asuntos destacados en la política de comunicación. Más allá de las normas que establecen las áreas encargadas y los aspectos impositivos, no existe ninguna ley que regule la llamada “pauta oficial” y establezca los criterios con los cuales se reparte. Un reclamo histórico, siempre planteado desde los sectores que ejercen la oposición y retaceado por los oficialismos, cualquiera sea su signo político.
La Alianza Cambiemos llegó al gobierno con una promesa de ordenar el reparto que hasta ahora no ha cumplido: después de dos meses sin pautar, ha vuelto a realizar campañas publicitarias, con criterios que favorecen a unos medios en detrimento de otros.
El ejemplo más claro es la prórroga a la posibilidad de que empresas mediáticas canjeen deudas impositivas y previsionales por servicios de publicidad, lo que equivale a pautar con medios deudores.
Toda una decisión política: como ningún medio autogestivo acumula ese tipo de pasivos, queda fuera de la distribución.
“El porcentaje de publicidad del Estado nacional al que accedían los medios comunitarios antes era pequeño, casi inexistente; ahora es inexistente”, sintetiza Mariela Pugliese, titular del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO). La misma situación plantea Nahuel Lag, presidente de la Asociación de Revistas Culturales Independientes (ARECIA) que nuclea a más de 200 publicaciones autogestivas de todo el país. Según el último censo realizado por esa entidad, el año pasado sólo un 17% de sus integrantes recibían recursos de la propaganda estatal: “En noviembre de 2015 recibimos pauta por última vez -relata Lag-. En diciembre ya no hubo. Desde que asumió el nuevo gobierno hemos tenido algunas charlas pero hoy ninguna revista recibe pauta oficial”.
La arbitrariedad del reparto realizado por el gobierno anterior es un punto de coincidencia de casi todos, inclusive entre referentes del kirchnerismo. La abogada Graciana Peñafort, coautora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su principal defensora ante la Corte Suprema en 2013, reconoce: “Hubo políticas desacertadas que no tuvieron que ver con la aplicación de esa ley, pero sí tuvieron consecuencias sobre los medios. Una deplorable administración de la pauta oficial generó medios que resultaron incapaces de generar contenidos viables para el gran público, que dependían necesariamente del aporte estatal. Cuando cambió la conducción del Estado, estos medios desaparecieron o están en vías de hacerlo”.
El declive de esas empresas dependientes de la pauta del gobierno anterior es la única novedad hasta ahora, si bien desde diciembre el macrismo promete una regulación. En la presentación realizada ante la CIDH, preocupado por mostrar medidas que no fueran los decretos que implicaron un retroceso respecto a los estándares interamericanos de derechos humanos, el oficialismo dijo: “Se detuvo la asignación arbitraria de recursos de publicidad oficial -aseguró Avruj-, siendo convocadas ante la Secretaría de Medios todas las organizaciones periodísticas para elaborar una regulación transparente e igualitaria de distribución de pauta”. Pugliese lo desmiente: “no se han acercado a ninguna red de medios comunitarios. No lo aclaro solo por FARCO: ninguna de las redes de medios que conformamos el espacio Interredes ha sido convocada, y tampoco la Coalición por una Comunicación Democrática”.
Según el informe que el gobierno presentó por escrito, los consultados fueron el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Fundación LED, cuya titular es Silvana Giúdici, una de las funcionarias que viajó a Washington a representar al gobierno. “Si la consulta se reduce a FOPEA y ADEPA para nosotros es absolutamente ilegítima -agrega Pugliese-. No solo porque dejan afuera una serie de medios, sino porque se trata precisamente de los representantes de los medios privados y concentrados. Si queremos que se respete el derecho a la comunicación, no tienen que ser ellos quienes pongan las pautas, ya sea de una ley de publicidad, de medios o de acceso a la información pública”.
No faltan ideas para regular la publicidad. El tema fue, por ejemplo, uno de los puntos de la plataforma lanzada por la Coalición por una Comunicación Democrática en su congreso del 3 de marzo, en el que participaron más de 300 organizaciones de todo el país, entre ellas ARECIA y FARCO. El octavo de los nuevos “21 puntos” establece que “es obligación del Estado poner en marcha las regulaciones necesarias para una distribución justa de la publicidad, tanto estatal como privada, para que contribuya a la existencia y desarrollo pleno de la pluralidad de medios en todos los formatos” y sugiere, entre otras cuestiones, que se establezcan “cuotas de distribución con carácter federal y hacia los medios comunitarios, de cooperativas, mutuales, sindicales, PyMEs con arraigo local, etcétera”.
Para combatir la arbitrariedad una ley debe establecer criterios, cuya formulación siempre es una definición política. El gobierno actual ha dejado trascender que su proyecto estará centrado en criterios de audiencia o circulación, lo cual plantea al menos dos problemas. El primero es quién medirá, porque hoy no existen números confiables, ni de ratings ni de tiradas, y mucho menos federales. El segundo es que esa lógica tiende a consolidar posiciones dominantes: más alcance, más recursos; más recursos, más alcance.
En Tierra del Fuego, donde la pauta se reguló por decreto en 2008, se estableció un sistema de puntajes que contemplaba varios items, como la antigüedad del medio o programa, la cantidad de trabajadores y la inclusión de producción local. También consideraba la tirada o audiencia, pero el propio decreto suspendía la aplicación de ese punto mientras no hubiera estadísticas creíbles.
“Hay que discutir hasta qué punto ese tipo de distribución asegura el funcionamiento democrático”, alerta Pugliese: “Desde FARCO planteamos que el criterio tiene que ser cualitativo, además de cuantitativo”.
Además del caso fueguino, existen otros antecedentes en ese sentido. En Morón, por ejemplo, una ordenanza de 2011 reserva como mínimo un 4% del presupuesto oficial de propaganda “para difundir las campañas publicitarias en los medios cuyos licenciatarios o editores sean organizaciones sociales sin fines de lucro”. Otro mecanismo de promoción que sirve como referencia es el que rige en la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los “medios vecinales”. “No es específicamente para medios sin fines de lucro, pero ahí hay una regulación de pauta y de acompañamiento a los medios”, destaca Pugliese sobre la ley sancionada en 2007 que se reglamentó y aplicó recién después de un recurso de amparo presentado por Frecuencia Zero, una radio comunitaria del barrio de Mataderos. “Hoy está vigente y se respeta, aunque es un pequeño porcentaje. Después hay una gran torta publicitaria oficial de la Ciudad que sigue siendo entregada discrecionalmente, y donde los medios comunitarios no reciben nada”.
A nivel nacional, la única posibilidad que medios sin fines de lucro tuvieron de acceder a la pauta fue tras arduas negociaciones, como la que llevó a cabo ARECIA en 2013, derivada del conflicto por el sistema de distribución de diarios y revistas, donde la acción del Estado frente al brutal proceso de concentración fue casi nula. “En ese momento, a partir del laburo colectivo, ARECIA logró negociar una pauta para todas aquellas revistas que estuvieran inscriptas como proveedores del Estado. Siempre estuvo claro que era una pauta compensatoria frente a la ausencia total de legislación para el sector, la falta de fomento, de políticas públicas. De hecho, llegamos a la negociación por medio del ministerio de Trabajo, a raíz del conflicto por la distribución”, cuenta Lag. En ese momento, 37 revistas accedieron a la publicidad estatal. En los años siguientes la Asociación pidió la inclusión de más revistas y la actualización de los montos, pero no tuvo éxito. Y en diciembre pasado, la pauta se cortó: “Las revistas del sector estaban y están en la misma situación que la mayoría de los medios: atadas a las reglas de la discrecionalidad”, resume el presidente de ARECIA.
Quién escribe la nueva Ley de Medios
Publicada en Nuestras Voces
Pasaron más de 100 días desde la creación de la comisión encargada de escribir una “Ley de Comunicaciones Convergentes” y se corrió el velo: flexibilización laboral, orientación comercial y convergencia de negocios es lo que se viene. Mc Kinsey, la consultora que asesoró en la privatización de YPF en los ’90, ayuda en las sombras al gobierno en la redacción a cambio de casi un millón de dólares.
El decreto con el que Mauricio Macri inauguró el 2016 modificó aspectos fundamentales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aunque se anunció como un “régimen de transición”, generó de facto una nueva norma, al establecer otra institucionalidad, suprimir límites a la concentración, extender licencias o quitarle a la televisión por cable la regulación como servicio audiovisual. También creó una “Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes Nros. 26.522 y 27.078”. Es decir, para gestar una ley ómnibus que abarcara tanto a la comunicación audiovisual como a las telecomunicaciones, con la excusa de la convergencia. En esa comisión queda claro que de ahora en más mandará el mercado, que no hay lugar para la participación ciudadana.
La citación al gobierno a una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar explicaciones por los decretos, apuró acciones para decir que la legislación de facto es “transitoria”, tal como repitieron en el encuentro de Washington frente a las críticas del CELS y organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática. En la primera semana de marzo, cuando se conoció la convocatoria de la CIDH, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad anunció la formación de la “Comisión Redactora para la Nueva Ley de Comunicaciones”.
La resolución ministerial recién estuvo publicada el 15 de abril, al regresar del encuentro con la CIDH: eso permitió a los funcionarios que viajaron esquivar las críticas citando una resolución inexistente. No sería la primera vez que inventaban la fecha de una decisión: el cuestionado decreto de enero también se publicó con fecha fraguada, para eludir el fallo de un juez que había ordenado al gobierno abstenerse de modificar la ley audiovisual por esa vía.
Con fecha del 1º de marzo, la resolución 9 del Ministerio de Comunicaciones designó a los integrantes de la comisión, estableció las pautas básicas del proyecto cuya escritura encomienda y fijó un plazo de 180 días. Transcurrida más de la mitad de ese tiempo, hubo cinco “reuniones participativas” que perfilaron el proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes.
Los convocados para la redacción del proyecto dicen mucho. La coordinación recayó sobre Silvana Giudici, artífice de la ausencia de un buen grupo diputados opositores en el debate de la ley aprobada en 2009. Otro intgrante es Alejandro Pereyra, quien sufrió en carne propia el proceso de revisión de antecedentes que la ley preveía para integrar la AFSCA. En su momento, cuando la oposición lo propuso como director, varias organizaciones presentaron objeciones. Pereyra había trabajado con el viejo COMFER, cuando todavía regía el decreto de la dictadura. En 2001, al presentarse a un concurso para el cargo de director general de Asuntos Legales y Normativa, falsificó algunos antecedentes académicos. FARCO cuestionó además que tenía “conflicto de intereses” por haber sido abogado de medios audiovisuales. Por su parte, el CELS recordó que en diciembre de 2001 Pereyra elaboró desde el COMFER una circular intimidatoria que se basaba en los artículos más retrógrados del decreto de Videla. La comisión parlamentaria tuvo que retirar el nombre y propuso otro candidato, pero ahora el macrismo lo “premió” al incorporarlo a la Comisión
El 5 de enero de este año, el presidente Mauricio Macri designó a Pereyra como director del nuevo ente creado por decreto, que no prevé ningún tipo de consulta ni revisión de antecedentes.
La consigna es sepultar el pasado. Este mes, en una de las reuniones de la comisión, Pereyra contestó la queja de un empresario entrerriano por las políticas previas parafraseando la sumisión de Prat Gay frente a empresarios españoles:
-De la misma manera que un ministro hoy pidió disculpas, uno tiene que hacerse cargo; hay que pedir disculpas, pero es difícil resolver todo en cuatro meses.
También integran la Comisión otros dos funcionarios del Ministerio de Comunicaciones: el secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Héctor María Huici y el vicepresidente de ARSAT Enoch Domingo Aguiar. No es la primera vez que participan del Ejecutivo nacional: Huici trabajó en Telecomunicaciones durante los años de Menem; mientras que Enoch Aguiar fue secretario del área durante la presidencia de Fernando De la Rúa.
Para completar el perfil pro corporaciones de la comisión está el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, uno de los que defendió la postura del grupo Clarín en las audiencias convocadas en 2013 por la Corte Suprema de la Nación, que terminó reconociendo la plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por último, la comisión se completa con un “intelectual comodín” del PRO: Santiago Kovadloff, vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, un título cuya honorabilidad no resiste una sencilla búsqueda en Internet. Los sitiales ocupados por los miembros de esa Academia consideran a Pedro Eugenio Aramburu “un prócer”. La institución está integrada, entre otros, por el empresario azucarero Carlos Pedro Blaquier, el dueño del diario La Nueva Provincia Vicente Massot y el ex fiscal Alberto Rodríguez Varela, los tres acusados de gravísimos delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (Rodríguez Varela como partícipe de los interrogatorios que sufrió durante su secuestro el periodista Jacobo Timerman).
Otro miembro de la comisión es el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, uno de los que defendió la postura del grupo Clarín en las audiencias convocadas en 2013 por la Corte Suprema de la Nación.
La comisión, anunciada por Aguad el 9 de marzo, se encuentra semanalmente. Tiene dos tipos de reuniones. Las de “elaboración” del proyecto de ley son internas y todavía no se conoce ni una línea del borrador. Las de “participación” se difunden en la web del ENACOM y son una buena pista para imaginar lo que se viene. Sólo Andrés Gil Dominguez y Enoch Aguiar han tenido asistencia perfecta a los encuentros. Santiago Kovadloff, por su parte, estuvo ausente en todos.
Los encuentros quincenales con la sociedad civil son la contracara de los foros federales que discutieron el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, cuando se recogieron unas 15 mil opiniones, comentarios y sugerencias sobre el texto que proponía el Poder Ejecutivo. Estas reuniones se realizan en Buenos Aires, se llega a ellas “por invitación” y no hay ninguna propuesta en debate: las organizaciones o personas convocadas, que hasta ahora suman dieciocho, exponen sus posturas.
Hasta ahora participaron diez cámaras empresarias, tres organizaciones de la sociedad civil (dos de género y una de profesionales), dos sindicatos, una sociedad gestora de derechos (SADAIC), una entidad internacional (UNICEF) y un funcionario de la Alianza Cambiemos, el ex relator de la CIDH y actual secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires Santiago Cantón.
Cantón fue el primero de todos, y se dedicó a reseñar los principios de la Resolución 9, la feliz promesa que el Gobierno llevó a la audiencia en Washington para evitar hablar del carácter regresivo de sus propios decretos. En la presentación, Giudici intentó resignificar el sentido de ese viaje: “Venimos de un ejercicio muy interesante, como es una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por eso era muy importante que esta primera reunión contara con la presencia de Santiago Cantón”, uno de los encargados de defender al Ejecutivo en la CIDH.
Hasta ahora, ninguna de las organizaciones de la sociedad civil que pidieron aquella audiencia estuvo en estas reuniones. Sólo puede anotarse la participación de Damián Loreti -abogado especializado y secretario del CELS- y Martín Becerra -investigador de CONICET-, dos de los integrantes de la comitiva que viajó a Washington, en una charla organizada por la cátedra de Gil Dominguez en la Facultad de Derecho de la UBA y considerada el “primer debate académico” promovido por la comisión.
Hasta ahora han participado diez cámaras empresarias, tres organizaciones de la sociedad civil (dos de género y una de profesionales), dos sindicatos, una sociedad gestora de derechos (SADAIC), una entidad internacional (UNICEF) y un funcionario de la Alianza Cambiemos.
Cantón planteó la necesidad de que el organismo de aplicación y control fuera independiente del Poder Ejecutivo, un criterio que el decreto en vigencia no cumple. A la hora de las preguntas, el actual funcionario de ENACOM Alejandro Pereyra señaló como problema las “contradicciones que hay entre la normativa de derechos humanos y la de otros órganos de Naciones Unidas como OMC, CIADI, UIT, que casualmente tienen una mirada diferente a la que usted plantea”. En esa pregunta está una de las razones que separan la legislación audiovisual y la de telecomunicaciones: la primera se piensa desde los derechos humanos, la segunda desde el mercado. El nudo de la cuestión es qué principio se impondrá en una ley “convergente”. Y eso depende de las voces que se escuchen…
Tras la apertura de Cantón, llegó la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), la cámara que concentra a los principales canales de televisión abierta. La cancha quedó marcada: desde entonces, la mayoría de las voces escuchadas fueron del sector empresario. De los pocas asociaciones civiles convocadas, predominan las que trabajan temas de género, acaso el aspecto en el que los redactores se permitirán una legislación progresista. Y donde los miembros de la comisión tenían algún antecedente para lucir: Giudici, la única mujer, fue una de las promotoras de la Ley de Identidad de Género en 2011 cuando era diputada de la UCR. Gil Dominguez asesoró a la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, “donde tuvimos especial preocupación porque (la redacción) fuera no sexista”, según afirmó en la reunión en la que participaron la Red Par y la Asociación Comunicación por la Igualdad. A su vez, la comisión encontró en ellas un sector que considera “necesaria la actualización” de la legislación vigente, con un argumento distinto a la tan machacada convergencia.
Hasta ahora, sólo la Red Par y la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (COSITMECOS) reivindicaron los principios de la Coalición por una Comunicación Democrática. La COSITMECOS llevó la agenda más completa desde la perspectiva de los derechos humanos: habló de los estándares sobre diversidad y pluralismo, reclamó “la defensa explícita, concreta y efectiva de la producción nacional y local”, reivindicó las cuotas de pantalla y recordó la necesidad de controlar la concentración.
Desde la vereda de enfrente, las voces empresarias no dudaron en atacar a la autogestión, pedir límites para los medios comunitarios y reclamar la vuelta de los medios públicos a un modelo subsidiario.
En síntesis, esta fue la letra sugerida para la próxima ley:
-El empresario entrerriano Eduardo Basso dijo que era necesario “un artículo que prohíba a las ONG, a las radios comunitarias, la venta de publicidad”, porque “no pagan impuestos”. “Necesitamos que esto quede expresamente redactado y que quede impreso”, insistió.
-Matías Detry, de ATA, cargó contra las cuotas de pantalla para producción local, programas infantiles y cine nacional. “Varias de estas normas entendemos que contradicen el espíritu de libertad de expresión, porque se termina de alguna manera incidiendo en la programación, que debe ser netamente voluntad de los canales. Por ello no creemos que las cuotas de pantallas sean correctas y que deban ser legisladas”.
-La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) fustigó la promoción de la música independiente. “Todo el enmarañado de leyes que se fueron generando a través de la ley de servicios audiovisuales lo que genera es esto: proponer un modelo de un artista autogestionado”, planteó Analía Donnarumma: “Esto del artista autogestionado está también impulsado por la Unión de Músicos, donde supuestamente se genera un banco de artistas independientes del cual las radios deberían nutrirse, y dejan fuera al productor”.
-ATA y la Asociación Patagónica de Radiodifusores FM hablaron contra los canales públicos (nacionales, provinciales, universitarios, escolares): “No es que estamos en contra de su existencia; sí creemos que debe ser legislado de una forma que no perjudique a los canales privados de televisión”, dijo Detry. El patagónico Héctor R. Huarte mencionó la idea de que “el Estado debe estar donde el privado no está”, es decir, el criterio subsidiario que establecía el viejo decreto de la dictadura.
-Aprovechando el espacio de la comisión, ATA también se quejó de los convenios colectivos de trabajo que rigen desde 1975. En eso coincidió con la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA): “Los sindicatos se niegan, pero nosotros creemos que reabriendo los convenios va a haber más lugar de trabajo para los comunicadores”, planteó Edmundo Rebora. De manual: no hay encuentro con el Estado en que el empresariado argentino olvide pedir flexibilización laboral con la promesa de más empleo.
En marzo, cuando Aguad anunció la comisión redactora, dijo también que iban a convocar “especialistas internacionales”. Ejemplificó con dos nombres: el economista dedicado a la defensa de la competencia Carlos Winograd y el ex ministro del presidente Santos en Colombia, Diego Molano -que en la errónea información oficial fue “Molana” y ex ministro de Uribe-, aunque sabían bien por qué lo invitaban: tuvo cargos importantes en BellSouth y Telefónica de España
El primero fue uno de los expositores convocados al “Primer Seminario Internacional sobre la nueva Ley de Comunicaciones” organizado a principios de mes. La comisión prevé también este tipo de actividades académicas, que hasta ahora fueron poco difundidas, tuvieron un público acotado y, a diferencia de las “reuniones participativas”, no están disponibles las versiones taquigráficas. Y aunque el auto-reglamento establece que se hagan en universidades nacionales, ésta se realizó en el subsuelo del ex edificio de SOMISA, donde funciona la Jefatura de Gabinete.
Para cumplir el rol de experto extranjero, Winograd fue presentado en su carácter de profesor de la Escuela Económica de París-ENS. En el camino quedaron dos datos significativos de su curriculum: uno, que fue secretario de Estado durante el gobierno de la Alianza; dos, que asesoró como perito de parte en la fusión de Cablevisión y Multicanal.
Completaban la mesa en la que participó Winograd -coordinada por el otro ex funcionario delarruista, Enoch Aguiar- Daphne Keller, ex gerenta general de temas legales en Google, y Miquel Peguera Poch, profesor de Derecho Mercantil en la Universitat Oberta de Catalunya. Con especialistas locales o extranjeros, todo indica que la comisión piensa la comunicación como un asunto de mercado, en el que las reglas de “defensa de la competencia” serían más que suficientes.
El otro experto anunciado en marzo por Aguad todavía no apareció en escena, pero todo indica que su participación será bastante más onerosa. El colombiano Diego Molano es parte de la consultora Mc Kinsey, que según reveló Página/12 asesora al gobierno de manera reservada en la elaboración de la nueva ley. Cobrará por eso 875.000 dólares, es decir, casi 13 millones de pesos.
En esa consultora de origen norteamericano se formaron dos altos funcionarios del gobierno: Gustavo Lopetegui, ex CEO de LAN y hoy una suerte de coordinador del equipo económico, y Mario Quintana, ex CEO de Shell y actual Vicejefe de Gabinete.
Mc Kinsey -que también presta servicios a empresas interesadas en el tema, como Telefónica y Claro- ya tiene una trayectoria en Argentina. Los 25 años que celebra en su web tienen como punto de partida su asesoramiento en el proceso de privatización de YPF, contratada por empresarios que apoyaron al gobierno de Menem a través de la Fundación para la Modernización del Estado. A más de 100 días de formalizado el encargo de una nueva ley, cuando todavía no se conoce ningún borrador, la historia de sus autores no hace difícil imaginar su enfoque.
Juntarse a tomar mate con dos grossos como Mariela Pugliese (FARCO) y Sergio Ciancaglini (lavaca) siempre es un placer. Esta vez, además, había un micrófono y dijimos MU.
Sobre las restituciones de los Selk´man
Llevamos diez años hablando de este tema, que arrancamos allá lejos y hace tiempo con esta nota de La Pulseada. En abril, el Museo de La Plata devolvió a la comunidad Selk´man de Tierra del Fuego los restos de cuatro personas que eran parte de sus “colecciones” formadas durante las campañas de exterminio del siglo XIX. Es una etnia que la antropología daba por desaparecida, comenzó a reorganizarse tres décadas atrás, logró reconocimiento y ahora tiene 36.000 hectáreas propias.
Escribí nuevamente sobre el tema, dos notas. En La Pulseada, la historia de los selk´man y cómo se llegó a esta reparación, en un articulo titulado "La extinción de un modelo científico".
Además, en un Dossier especial de la revista Aletehia que compartí recién, sale una crónica de la restitución de restos a la comunidad Selk´man.

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