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Timestamp: 2019-09-20 12:24:20+00:00

Document:
Registro Oficial No 261 - Jueves 05 de Junio de 2014 Suplemento
Última modificación: Martes, 22 de julio de 2014 | 13:12
Jueves 05 de Junio 2014 - R. O. No. 261
003-2014-CNP Expídense lineamientos y directrices para la actualización y reporte de información de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
013-14-SIS-CC Niégase la acción de incumplimiento de la sentencia planteada por el señor Héctor Yovani Guamán Bravo
014-14-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección presentada por el economista Fabián Soriano Idrovo
015-14-SIS-CC Niégase la acción de incumplimiento de sentencia planteada por el señor Galo Patricio Nájera Andrade
038-14-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por la señora Lilia Cazar Cevallos
046-14-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por la señora Gina Bacigalupo Buenaventura y otros
060-14-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección presentada por el señor Fernando Antonio Mendoza Jiménez
070-14-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por la licenciada Myriam Susana Jurado Jaramillo
071-14-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el biólogo Edwin Iván Naula Gómez
074-14-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por el doctor José Alfonso Puente Viteri
075-14-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección propuesta por la señora Carlota Mónica Mera Segovia
076-14-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el economista Fabián Soriano Idrovo
Resolución No. 003-2014-CNP
Que, para la consecución del buen vivir, será deber general del Estado, dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo, conforme lo dispone el numeral 2 del artículo 277 de la Constitución de la República del Ecuador;
Que, el artículo 280 de la Carta Magna determina que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados;
Que, el artículo 34 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que el Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este código. Su observancia es obligatoria para el sector público e indicativa para los demás sectores;
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 20 en el numeral 2 establece que es objetivo del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa generar los mecanismos e instancias de coordinación de la planificación y de la política pública en todos los niveles de gobierno;
Que, el artículo 30 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que la información para la planificación, tendrá carácter oficial y público, deberá generarse y administrase en función de las necesidades establecidas en los instrumentos de planificación definidos en ese código. La Secretaría de Planificación y Desarrollo establecerá los mecanismos, metodologías y procedimientos aplicables a la generación y administración de la información para la planificación, así como sus estándares de calidad y pertenencia;
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 40 establece que el Consejo Nacional de Planificación aprobará los lineamientos y políticas que orientarán el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, los mismos que serán presentados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo al Consejo. Estos lineamientos y políticas serán de cumplimiento obligatorio para el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados e indicativos para las demás entidades del sector público y otros sectores;
Que, el artículo 50 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran;
Que, el artículo 51 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que con el fin de optimizar las intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del artículo 272 de la Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes;
Que, el artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece en el literal e) el principio de complementariedad en función del cual los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano;
Que, el artículo 299 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece que para el ejercicio del ordenamiento territorial, los gobiernos regionales y provinciales deberán observar los lineamientos y directrices técnicas de los planes de ordenamiento territorial de los cantones que pertenecen a su respectiva circunscripción territorial, particularmente el planeamiento físico, las categorías de uso y gestión del suelo, su tratamiento y regulación;
Que, el artículo 466 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece que corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos el control sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón, por lo cual los planes y políticas de ordenamiento territorial de este nivel racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados;
Que, el artículo 2 de la resolución del Consejo Nacional de Planificación No. CNP-002-2013, dispone que las instituciones del sector público, en los distintos niveles de gobierno, articulen la formulación de sus políticas, planificación institucional, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución presupuestaria; y, la inversión y asignación de recursos públicos, con los objetivos, políticas, lineamientos estratégicos, metas y Estrategia Territorial Nacional establecida en el Plan Nacional de Desarrollo denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 ? 2017, sin menoscabo de sus competencias y autonomía;
Que, la disposición transitoria segunda de la Resolución 0013-CNC-2011 dispone que el ente rector de la planificación desarrollará un sistema informático en línea para la captura de información necesaria para la aplicación de la metodología del criterio de cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de desarrollo de cada gobierno autónomo descentralizado; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 279 de la Constitución de la República del Ecuador y los artículos 23 y 24 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
EXPEDIR LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES
PARA LA ACTUALIZACIÓN Y REPORTE
DE INFORMACIÓN DE LOS PLANES
DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS
Art. 1.- De la prelación en la aprobación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos aprobarán sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, según corresponda, en el plazo máximo de 9 meses, contados desde la posesión de sus máximas autoridades.
Los planes provinciales y parroquiales se aprobarán en el plazo máximo de 5 meses, contados desde la fecha de aprobación prevista para el nivel municipal o metropolitano; y observarán el contenido de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial municipales o metropolitanos de su circunscripción, en los términos establecidos en la ley.
Art. 2.- Del reporte del contenido e información de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados.- Los gobiernos autónomos descentralizados reportarán en el Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la información cartográfica digital, las bases de datos, y los contenidos resultantes de la actualización o formulación de sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, de conformidad con los instrumentos metodológicos y estándares dispuestos para este fi n por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.
Art. 3.- Del reporte de las metas e indicadores de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.- Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados deberán contener, al menos, los indicadores y las metas que les correspondan para contribuir al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, en el marco de sus competencias. Los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente el cumplimiento de sus metas al Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
PRIMERA.- Para el periodo de gobierno 2014-2019, los gobiernos autónomos descentralizados reportarán al Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados los contenidos de sus respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial hasta las siguientes fechas:
Propuesta y modelo
Provinciales y Parroquiales
SEGUNDA.- Mientras se culmina el proceso de actualización o formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, los gobiernos autónomos descentralizados utilizarán los planes de desarrollo y ordenamiento territorial vigentes para la formulación y aprobación de sus respectivos presupuestos.
Para constancia y en fe de lo deliberado y resuelto por el Consejo Nacional de Planificación, suscriben el Presidente y el Secretario.
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 12 de mayo de 2014.
f.) Pabel Muñoz López, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Presidente del Consejo Nacional de Planificación
f.) Andrés Arauz Galarza, Secretario del Consejo Nacional de Planificación
SENPLADES.- Es fi el copia del original.- Lo certifico.- f.) Ilegible.
Quito, D. M., 07 de mayo de 2014
SENTENCIA N.º 013-14-SIS-CC
CASO N.º 0056-10-IS
La presente acción ha sido propuesta el 30 de septiembre de 2010, por el señor Héctor Yovani Guamán Bravo, en calidad de procurador común de los profesionales accionantes, quienes sustentados en lo que establece el artículo 436 numeral 9 de la Constitución de la República, proponen acción de incumplimiento de una resolución constitucional en contra del Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP).
Según certificación del secretario general de la Corte Constitucional, para el período de transición, el 30 de septiembre de 2010, se indicó que la causa N.º 0056-10-IS tiene relación con los casos N.º 0029-09-IS, 0034-09-IS y 0038-09-IS resueltos y 0041-10-IS, el cual se encuentra en trámite.
Según oficio N.º 3021-CC-SG-2010 del 18 de octubre de 2010, la Secretaría General de la Corte Constitucional remite los expedientes al juez constitucional Patricio Pazmiño Freire la causa N.º 0056-10-IS, para que actúe como juez sustanciador.
El juez constitucional encargado, Freddy Donoso Páramo, el 28 de octubre de 2010, avocó conocimiento de la causa y solicitó que se emita un informe al presidente del CONESUP sobre las razones del incumplimiento de sentencia que se demanda, para lo cual concede el término de cinco días.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República, el 06 de noviembre de 2012, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional los jueces de la Primera Corte Constitucional del Ecuador.
Del sorteo de causas realizado por el Pleno de la Corte Constitucional, en sesión extraordinaria del 03 de enero de 2013, de conformidad con la disposición transitoria octava de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, correspondió al juez constitucional, Fabián Marcelo Jaramillo Villa, sustanciar la causa signada con el N.º 0056-10-IS.
Mediante memorando N.º 018-CCE-SG-SUS-2013 del 08 de enero de 2013, el secretario general de la Corte Constitucional, Jaime Pozo Chamorro, remitió el caso N.º 0056-10-IS al juez ponente.
Mediante auto del 04 de octubre de 2013, el juez constitucional, Fabián Marcelo Jaramillo Villa, avocó conocimiento de la causa determinó su competencia para conocer la acción de incumplimiento de sentencia constitucional, y dispuso al Presidente del Consejo de Educación Superior CES emita un informe debidamente argumentado sobre el cumplimiento de la resolución objeto de la presente acción y convocó a las partes a la audiencia para el 10 de octubre de 2013.
Sentencia cuyo cumplimiento se demanda
Los accionantes señalan que se ha incumplido la resolución de la Corte Constitucional, para el período de transición, N.º 0023-2008-TC del 16 de enero de 2009, que dispuso:
?RESUELVE:
1. Declarar la inconstitucionalidad, por el fondo, de la Resolución RCP.S9.No. 119.06 expedida por el Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP, en sesión No. 09 del 27 de julio de 2006.
2. En consecuencia, se dispone que el Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP, proceda al registro de los títulos de doctor en Filosofía y doctor en Jurisprudencia, obtenidos en universidades legalmente autorizadas y reconocidas, antes de la vigencia de la actual Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial Nro. 77 de 15 de mayo de 2000, que se hayan otorgado y de los que se otorgaren, al amparo del inciso segundo de la disposición transitoria vigésima segunda de esta misma Ley, como títulos de cuarto nivel, sin que esto signifique, en ningún caso, que dichos títulos sean equivalentes a los títulos de doctorado denominado ?PhD?, otorgados de acuerdo con las normas y parámetros internacionales (Convenio de Bolonia).
3. Lo establecido en el numeral anterior no es aplicable a los títulos expedidos por universidades que se encuentren en procesos de intervención o investigación por parte del CONESUP, hasta tanto se defina su situación, de conformidad con la Constitución y la Ley.
4. Disponer la publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial.- Notifíquese?.
La presente acción de incumplimiento tiene como antecedentes los siguientes:
Los señores Mario Guillermo Leguízamo Torres y otros, presentan demanda de inconstitucionalidad por el fondo de la Resolución RCP.S9. N.º 119.06, adoptada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), en sesión N.º 09 del 27 de julio de 2006.
La Corte Constitucional, para el período de transición, el 16 de enero de 2009, mediante Resolución N.º 0023- 2008-TC, declaró la inconstitucionalidad por el fondo de la Resolución RCP.S9. N.º 119.06, expedida por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), y en consecuencia dispuso el registro de títulos de doctor en Filosofía y Jurisprudencia, obtenidos en universidades legalmente autorizadas y reconocidas, como títulos de cuarto nivel sin que estos sean equivalentes a los títulos de doctorado denominado PhD.
Posteriormente, los señores Mario Leguízamo Torres, Ruth Enriqueta Páez Granja, Rafael Antonio Suárez Garrido presentaron acción de incumplimiento de sentencia constitucional en contra del Consejo de Educación Superior (CONESUP), estimando que este organismo incumple la sentencia contenida en la resolución N.º 0023-2008-TC del 16 de enero de 2009.
Mediante sentencia N.º 001-10-SIS-CC del 13 de enero de 2010 la Corte Constitucional, para el período de transición, aceptó la demanda propuesta y declaró el incumplimiento por parte del Consejo de Educación Superior (CONESUP) de la sentencia expedida por la Corte Constitucional, para el período de transición, en el caso N.º 0023-2008-TC y dispuso que el CONESUP ?[?] proceda al registro de los títulos de Doctor otorgados por las Facultades de Filosofía y de Jurisprudencia, como de cuarto nivel, de acuerdo a los registros que constan en el CONESUP y que sirvieron de base para su inscripción como de tercer nivel, observando las siguientes reglas: a) Los títulos registrados como de tercer nivel, serán registrados automáticamente como de cuarto nivel. b) Para aquellos títulos que no tengan registro en el CONESUP, se deberá tramitar la inscripción como de cuarto nivel previa solicitud y justificación documental [?]?.
A esta sentencia, el 28 de enero de 2010, se presentó por parte del legitimado pasivo, Gustavo Vega, presidente del CONESUP, un pedido de ?ampliación o interpretación? de la sentencia. Frente a este pedido, mediante auto expedido el 11 de marzo de 2010 a las 11h45, el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, determinó que ?[?] el escrito mediante el cual solicita la ampliación o interpretación el legitimado pasivo es presentado extemporáneamente y además el pedido de interpretación es impertinente y carente de sustento jurídico, por lo cual se lo rechaza por improcedente. No obstante, se puntualiza que la sentencia dispone en forma clara y precisa que se registre los títulos de doctor otorgados por las Facultades de Filosofía y Jurisprudencia como de cuarto nivel. Por lo expuesto y del análisis efectuado se evidencia que el CONESUP no ha cumplido en su integralidad con lo resuelto por esta Corte, ya que la sentencia no fue expedida con el carácter inter partes sino inter pares [?]?.
El 30 de septiembre de 2010, Héctor Yovani Guamán Bravo, conjuntamente con 167 profesionales, graduados de doctores en Ciencias de la Educación, doctores en Psicología Educativa, doctores en Psicología Infantil, titulados en varias instituciones de educación superior del país, presentaron ante la Corte Constitucional la acción de incumplimiento de sentencia en contra del CONESUP, porque según su criterio se ha incumplido la Resolución N.º 0023-2008-TC.
El legitimado activo, en calidad de procurador común de los profesionales accionantes, en lo principal, manifiesta:
?El 16 de enero de 2009, el Pleno de la Corte Constitucional expidió la Resolución Nro. 0023-08-TC, mediante la cual declaró la inconstitucionalidad, por el fondo de la Resolución Nro. RCP.S.9 Nro. 119.06, expedida por el CONESUP en sesión de fecha 27 de julio del 2.006, por la cual dejó sin efecto la Resolución Nro. RCP.S.17 Nro. 338.04, emitida por el mismo organismo en sesión Nro. 17 del 27 de octubre del 2.004, en la que el CONESUP, reconoció como de cuarto nivel, los títulos de doctor otorgados por las facultades de Jurisprudencia y de Filosofía de las Universidades legalmente reconocidas por el CONESUP, exceptuando las que se encuentren en procesos de intervención o investigación.
En el considerando SEXTO de esta resolución se expresa: ?En el presente caso, conforme queda señalado en la Resolución Nro. RCP.S17. Nro. 388.04, emitida por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) en sesión Nro. 17 de 27 de octubre del 2.004, este organismo reconoció como de cuarto nivel los títulos de Doctor obtenido por los profesionales egresados de las facultades de Filosofía y Jurisprudencia de las Universidades legalmente reconocidas por el anterior CONUEP antes de la expedición de la Ley de Educación Superior, es decir antes del 13 de abril del 2.000. Ello tiene una explicación lógica, pues varias universidades del país, entre ellas la Universidad Central del Ecuador, ofertaban carreras como licenciados en Ciencias de la Educación (Facultad de Filosofía), que constituía título terminal de la carrera y facultaba para el ejercicio profesional de la docencia en el magisterio nacional; muchos licenciados en Ciencias de la Educación continuaron sus estudios en la misma facultad de Filosofía, optando por el Título de Doctor en varias modalidades: Piscología Educativa, Psicología Clínica, Estadística, Investigación Educativa, Administración Educativa, Historia del Ecuador, Pedagogía, Educación Superior, etc., TÍTULOS QUE INDUDABLEMENTE CORRESPONDEN A LA CATEGORÍA DE CUARTO NIVEL, como lo reconoció el CONESUP al emitir la Resolución RCP.S.17. No. 388.04 en sesión No. 17 de 27 de octubre de 2004.
Las Universidades del País antes de la vigencia de la Ley de Educación Superior, publicada en el Registro Ofi cial de fecha 15 de abril del 2.000, ofertaban estudios superiores de pregrado, para optar por el título de doctores en Ciencias de la Educación, en distintas especialidades, buscando perfeccionar nuestra formación académica, antes de la vigencia de esta ley nos inscribimos y realizamos estos estudios superiores, aprobamos todas las exigencias académicas y obtuvimos el título de doctores en Ciencias de la Educación, en consecuencia, cualquier reforma a la Ley de Educación Superior, después de iniciados nuestros estudios para optar por un doctorado, no puede alterar el nivel del título ofertado.
Cuando concurrimos a registrar estos títulos, el CONESUP desacatando la resolución de la Corte Constitucional, los inscribe como de TERCER NIVEL, obligándonos a recurrir a esta acción constitucional, para que la H. Corte Constitucional, ordene el cumplimiento de la resolución.
Esta decisión del CONESUP, es un acto discriminatorio, que violenta el Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la República, así mismo quebranta el Art. 82 de la carta política es decir nuestro derecho a la seguridad jurídica?.
Los accionantes, expresamente, solicitan que la Corte Constitucional:
?(?) proponemos la siguiente acción de cumplimiento de sentencia constitucional y le solicitamos que la Corte Constitucional disponga que el Consejo Nacional de Educación Superior CONESUP, representado por su Presidente Dr. Gustavo Vega Delgado, cumpla sin dilaciones la Resolución Nro. 0023-08TC, expedida por el Pleno de la Corte Constitucional y proceda a registrar nuestros títulos de doctores en ciencias de la Educación con su equivalencia de Cuarto Nivel, que en caso de renuencia y de persistir en su negativa, se proceda a ordenar la destitución del Presidente del CONESUP por desacato, a quien además se condenará a pagar los daños y perjuicios que esto nos ocasiona?.
Argumentos presentados de la parte accionada
El economista René Ramírez Gallegos, en su calidad de presidente del Consejo de Educación Superior, mediante escrito del 10 de octubre de 2013 expuso lo siguiente:
?La Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 166 establece que: ?El Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público que tiene por objetivo la planificación, regulación y coordinación interna del Sistema de Educación Superior.
El artículo 129 ibídem indica: ?Todas las instituciones de educación superior notificarán a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación la nómina de los graduados y las especificaciones de los títulos que expida?.
Por otro lado, el literal e) del artículo 183 ibídem establece ?serán funciones de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación: (?) Diseñar, implementar, administrar y coordinar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (?)?.
A su vez, el artículo 19 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior determina que: ?Las instituciones de educación superior notificarán obligatoriamente a la SENESCYT la nómina de los graduados y las especificaciones de los títulos que expida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la fecha de graduación.? (?).
Si bien se establece en el Régimen de Transición de la LOES en su disposición segunda que el CES, reemplaza al entonces CONESUP, la misma norma legal establece con claridad que únicamente las competencias para el registro de títulos en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador de títulos (sic), es exclusiva de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, en razón de lo expuesto este Consejo de Estado no puede ser considerado como legítimo contradictor en el presente caso, pues este Consejo de Estado no puede ser considerado como legítimo contradictor en el presente caso, pues este Consejo de Estado, no está en capacidad jurídica de registrar título alguno.
A pesar de no ser el legítimo contradictor en la presente causa, tal como se ha señalado en líneas anteriores, es necesario establecer algunos aspectos.
La Corte Constitucional en el ámbito de sus competencias declaró la inconstitucionalidad de la Resolución No. RCP. S09.No. 119.06 de 27 de julio de 2006, expedida por el EX ? CONESUP, a través de la Resolución 0023-2008-TC, de 19 de enero de 2009, la misma que se solicita se cumpla a través de la presente acción de incumplimiento, en la misma se manifestó:
?2.- En consecuencia, se dispone que el Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP, proceda al registro de los títulos de doctor en Filosofía y doctor en Jurisprudencia, obtenidos en universidades legalmente autorizadas y reconocidas, antes de la vigencia de la actual Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial Nro. 77 de 15 de mayo de 2000, que se hayan otorgado y de los que se otorgaren, al amparo del inciso segundo de la disposición transitoria vigésima segunda de esta misma Ley, como títulos de cuarto nivel, sin que esto signifique, en ningún caso, que dichos títulos sean equivalentes a los títulos de doctorado denominado ?PhD?, otorgados de acuerdo con las normas y parámetros internacionales (Convenio de Bolonia)?.
Como puede observarse de la propia transcripción de lo resuelto por la Corte Constitucional, se ordena al EX ? CONSEUP, el registro de dos clases de títulos, estos son los de Doctor en Filosofía y los de Doctor en Derecho, ningún otro doctorado en otra rama de las ciencias, se establece en esta sentencia constitucional [?]. Nuevamente el máximo Órgano de Control Constitucional, estableció en su Resolución por Incumplimiento de Sentencia dentro del caso No. 0038-09-IS, que se inscriban los títulos de Doctor otorgados por las Facultades de Filosofía y de Jurisprudencia, más no de otras facultades, tal como se pretende a través de esta acción.
Pero para que no quede duda alguna de aplicación de la sentencia que conoció la Corte Constitucional, este organismo dictó con fecha 11 de marzo de 2010 un auto aclaratorio señalando: ?Cuarto.- La sentencia contiene claramente la obligación de proceder al registro de los títulos de Doctor otorgados por las facultades de Filosofía y Jurisprudencia como de cuarto nivel de acuerdo a los registros que consten en el CONESUP (?) la sentencia no fue expedida con el carácter inter partes, sino inter pares (?)? (lo subrayado es mío).
De lo argumentado en líneas anteriores, lo resuelto y ordenado por la Corte Constitucional, tanto en la misma resolución de inconstitucionalidad dentro del caso No. 0023- 08-T de 19 de enero de 2009, así como en la Resolución No. 0038-09-IS de 13 de enero de 2010 y su posterior Auto Aclaratorio de 11 de marzo de 2010, es claro y no deja lugar a duda al manifestar que debe registrarse los títulos de doctor en dos áreas de estudio (Filosofía y Derecho) [?].
Respecto a un supuesto incumplimiento, debo manifestar que respecto al Legitimado Activo de nombre GUAMÁN BRAVO HÉCTOR YOVANI, que se encuentra con el No. 126 de la demanda, su título de Doctor en Jurisprudencia, se encuentra debidamente registrado tal como consta en la página del sistema de Consulta de Títulos que mantiene la SENESCYT, como Cuarto Nivel con la observación: ?No equivalente al título de doctorado PHD según Resolución No. 0023-2008-TC del Tribunal Constitucional? [?].
En relación a los otros Legitimados Activos (Doctores en Educación y en Psicología), los mismos no entran en la categorización que la misma Corte Constitucional realizó a través de sus pronunciamientos, tanto de la resolución que se impugna su incumplimiento a través de esta acción constitucional (0023-08-TC), así como los demás pronunciamientos de orden constitucional que se han desprendido de la resolución antes mencionada (0038-09- IS y auto de 11 de marzo de 2010).
La Resolución dentro de la Acción por Incumplimiento de Sentencia dentro del caso No. 0038-09-IS, y sobre todo el auto aclaratorio dentro de este proceso estableció de manera precisa que la Resolución emanada dentro de este proceso tenía la característica de INTER PARES [?].
Como puede observarse señores Jueces Constitucionales, por una parte se ha demostrado que no ha existido incumplimiento alguno por parte del CES o de la SENESCYT, respecto a la Resolución No. 0023-08- TC de 19 de enero de 2009, pues quienes mantienen los doctorados en las áreas de DERECHO Y FILOSOFÍA, constan en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIESE que mantiene la SENESCYT como cuarto nivel con su debida observación ordenada por la Corte Constitucional, tal como se evidencia del señor HÉCTOR YOVANI GUAMÁN BRAVO, quien aparece como procurador común en la presente acción [?].
Por todos los argumentos expuestos y una vez que se ha demostrado la no existencia de incumplimiento de la sentencia No. 0023-08-TC, dictada por la Corte Constitucional para el período de transición, de 19 de Enero de 2009, solicitamos se RECHACE por improcedente la presente Acción de Incumplimiento por cuanto no reúne lo dispuesto en los artículos 162 y 164 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional [?]?.
Terceros interesados en la causa

References: Resolución 
 artículo 277
 artículo 280
 artículo 34
 artículo 20
 artículo 30
 artículo 40
 artículo 50
 artículo 51
 artículo 272
 artículo 3
 artículo 299
 artículo 466
 artículo 2
 resolución 
 Resolución 
 artículo 279
 artículo 436
 resolución 
 resolución 
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 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 166
 artículo 129
 artículo 183
 artículo 19
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