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Timestamp: 2018-05-22 15:59:30+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/1176/2005, 22-11-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1176/2005 de 22 de Noviembre de 2006
Núm. Resolución: 00/1176/2005
El interesado, funcionario del Cuerpo de Mecánicos Conductores, jubilado en 1994, en el año 2005 solicitó que se revisase su pensión y se reconociese, con arreglo a los haberes reguladores correspondientes al grupo D en lugar de al grupo E, a cuyo efecto acompaña resolución de la Comisión Interministerial de retribuciones. El Centro Gestor denegó la petición, en base a que la Ley 13/1996 que clasificó al Cuerpo de Mecánicos en el Grupo D, entró en vigor con posterioridad a su jubilación, y no tiene efectos retroactivos. Por tratarse de una petición de revisión del señalamiento de pensión, que es un acto firme, sólo puede recurrirse en vía administrativa a través del recurso ordinario de revisión del Real Decreto 5/1993, del recurso extraordinario de revisión del artículo 244 de la Ley 58/2003 o del artículo 14.6 del Texto Refundido de Clases Pasivas de 1987, ninguno de los cuales es posible en el caso concreto por no concurrir los requisitos en ellos exigidos, no siendo la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas el Centro Gestor competente para determinar si corresponde asignar a los servicios prestados por el reclamante el grupo D, sino la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa.
En la Villa de Madrid, a 22 de noviembre de 2006 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesta por D.ª ... en nombre y representación de D. ... y D.ª ..., esposa del anterior, con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 10 de febrero de 2005, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de 2 de diciembre de 2004, denegando la mejora de pensión ordinaria de jubilación por incapacidad permanente para el servicio.
PRIMERO: D. ..., nacido el ... de 1933, funcionario del Cuerpo de Mecánicos Conductores de la Defensa, fue jubilado por incapacidad permanente para el servicio por la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, quien le certificó -Documento CP1- con fecha ... de 1994, un total de 33 años, 11 meses y 14 días, con arreglo al siguiente desglose:
TOTAL 33 11 14 8
La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de ... de 1994 le reconoció pensión ordinaria de jubilación por incapacidad permanente con efectos de ... de 1994, primer día del mes siguiente al hecho causante, de cuantía íntegra mensual de 699,31 € (116.356 pts). En el cálculo de su pensión se consideran los siguientes servicios efectivos al Estado:
TOTAL 33 11 13
"Al no haberse acreditado el grupo o categoría de cotización correspondiente, se han considerado en el Grupo E los períodos de cotización siguientes: Desde 27-11-51 hasta 24-5-66. Los períodos reconocidos como "SP" también corresponden a cotizaciones a la Seguridad Social". No consta que el interesado recurriese el referido acuerdo, por lo que devino firme por consentido.
SEGUNDO: Posteriormente, por el interesado se solicitó que los períodos cotizados a la Seguridad Social se consideraran en el Grupo de cotización 8 y por ello con el índice de proporcionalidad 4, a efectos de Clases Pasivas, y la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de 8 de mayo de 1995, señaló nueva pensión de cuantía íntegra mensual de 891,94 € (148.407 pts), indicándosele como servicios efectivos al Estado:
TOTAL 30 6 16
"De conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley de Presupuestos para 1992, a efectos del cálculo de la pensión, se ha excluido el período de servicios reconocidos siguiente: 3 años, 8 meses del tiempo de servicios con índice de proporcionalidad 3". No consta que el interesado recurriese el referido acuerdo, por lo que devino firme por consentido.
TERCERO: Con fecha 27 de octubre de 2005, D.ª ..., en nombre y representación de D. ..., dirigió escrito a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas en el que solicitaba: "que se proceda a la revisión de la pensión que viene cobrando D. ..., para adecuarla al grupo de clasificación D, con efectos retroactivos, y con todas las consecuencias legales y económicas que ello conlleve; debiéndole abonar de igual forma los intereses legales que correspondan a los atrasos adeudados". Para fundar sus pretensiones se apoyaba en los siguientes argumentos: "1°.- Don ... fue nombrado funcionario del Cuerpo de Mecánicos Conductores, por Resolución de fecha ... de 1975 (BOD núm.: ...). 2.- Que en fecha de ... de 1994, se le concede el Haber Pasivo de 116.356 Ptas. (699.31 €). Al efectuar el cómputo de tiempo cotizado en la Seguridad Social fue clasificado en el grupo "E", aplicándose el índice de proporcionalidad 3. Acompaño como documentos número 2 y 3 los títulos de pensionista del año 1994/1995. 3.- Que al hallarse el Sr. ... en posesión del certificado de estudios Primarios, se le debía haber clasificado en el "Grupo D" de conformidad con lo establecido en el Art. 25 de la Ley 30/1984 de 2 de Agosto, y la OM de 4 de febrero de 1986. 4.- Que se procedió a solicitar dicha revisión de su pensión, habiéndose dictado por la Comisión Interministerial de Retribuciones, la resolución de fecha ... del 2004, copia de la cual acompaño al presente, como documento número 4".
CUARTO: La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de 2 de diciembre de 2004, denegó la revisión solicitada en base a los siguientes fundamentos de derecho: "2. Por Decreto 907/1967, de 20 de abril, se asignó coeficiente multiplicador 1'5 al Cuerpo de Mecánicos Conductores de Defensa, coeficiente que, en virtud de lo establecido en la disposición final primera del Real Decreto-Ley 22/1977, de 30 de marzo, se corresponde con el índice de proporcionalidad 3, equivalente a su vez al Grupo E. 3. Según lo establecido en el artículo 120, apartado 1, de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, el mencionado Cuerpo de Mecánicos Conductores de Defensa quedó clasificado en el Grupo D, de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Sin embargo, en el apartado 3, del citado artículo se dispone expresamente que los trienios que se hubieran perfeccionado en dicho Cuerpo con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada Ley (1 de enero de 1997), continuarán valorándose a efectos retributivos, tanto activos como pasivos, de acuerdo con el grupo de clasificación que le correspondía en el momento del perfeccionamiento de los trienios. 4.
Puesto que D. ... fue declarado jubilado por incapacidad permanente como funcionario del Cuerpo de Mecánicos ... el ... de 1994, con anterioridad por tanto a la entrada en vigor de la citada Ley 13/1996, los servicios prestados en el mencionado Cuerpo deben ser valorados en el grupo de clasificación que le correspondía en ese momento, Grupo E, y así fue acreditado en la certificación de servicios expedida a su nombre por el órgano de jubilación competente que sirvió de base para tramitar la correspondiente pensión de jubilación a su favor".
QUINTO: Contra el anterior acuerdo el interesado interpuso recurso de reposición, que fue desestimado por resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 10 de febrero de 2005, fundándose en los fundamentos de derecho de la Sentencia de ... de 2001, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº ... de los de ..., que transcribe, y contra esta resolución, cuya notificación no consta acreditada en el expediente, D.ª ..., en nombre y representación de D. ..., interpone la presente reclamación mediante escrito presentado el 15 de enero de 2005, en la que solicitaba: "que se proceda a la revisión de la pensión que viene cobrando Don ..., para adecuarla al grupo de clasificación D, con efectos retroactivos, y con todas las consecuencias legales y económicas que ello conlleve; debiéndole abonar de igual formar los intereses legales que correspondan a los atrasos adeudados". Justifica su petición en los siguientes fundamentos de derecho: "A.- Situaciones similares a la que está viviendo el recurrente, ya han sido planteadas y resueltas por los Tribunales de Justicia, en concreto en Sentencias como la dictada por el TSJ de Madrid, el 20 de enero de 1999 y 2 de marzo de 1998, entre otras muchas; ó las SS. del Tribunal Supremo de 15 de enero de 1996, que recoge la doctrina del Excmo. Tribunal en estos asuntos. Así el Tribunal Supremo afirma que la titulación exigida al recurrente para su ingreso en el Cuerpo Especial de Mecánicos conductores que fue la de "certificado de Estudios Primarios" había ya desaparecido cuando entró en vigor la O. M. de 4 de Febrero de 1986, puesto que la Ley 14/1970 de 4 de Agosto (General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa) ya no preveía dicha titulación, sino la de menor rango o nivel de "certificado de escolaridad". Por otra parte, la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 26 de Noviembre de 1975 sobre equivalencia de títulos académicos y profesionales, no contenía previsión alguna en relación al "Certificado de Estudios Primarios". Ello no obstante, una Orden posterior del mismo Departamento (la de 4 de febrero de 1986) subsanó la omisión. B.- El recurrente fue nombrado funcionario del Cuerpo de Mecánicos Conductores por Resolución de fecha ... de 1975 (DO núm. ...). Este nombramiento, reconocido por la propia Administración, nos permite deducir que si la Ley de Creación del Cuerpo exigía ese título como mínimo, en los concursos y oposiciones convocados con posterioridad, se exigiese, en su momento, por la misma Administración, al actor, la posesión del mismo, pues de otra forma se hubiera infringido la Ley y el artículo 22 de la Ley 30/1984 que siempre pide a los funcionarios la titulación exigida, lo cual no consta en modo alguno y de otro lado hay que partir de la presunción de validez del acto administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la LRJAP, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que se dictó el acto administrativo. C.- En cuanto a la aplicación del artículo 120 de la Ley 13/1996 de 30 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que según la resolución recurrida no resulta aplicable al caso que nos ocupa por haber sido declarado jubilado por incapacidad permanente el 4 de abril de 1994, hemos de volver a traer a colación lo resuelto por la Jurisprudencia referida en los apartados anteriores. Así la STSJ de Madrid, (Sección Sexta) de fecha 20/01/1999.
SEXTO: Fallecido D. ... el ..., el Abogado del Estado-Secretario de este Tribunal Central advirtió a D.ª ..., representante legal del difunto, que se tenía por llamada a los efectos del artículo 39 de la Ley 58/2003 General Tributaria, y con fecha 22 de septiembre de 2006, la referida representación presentó copia de los siguientes documentos: 1°.- Copia del certificado de Ultimas Voluntades, donde consta que Don ... falleció habiendo otorgado testamento abierto en ... 2°.- Copia del testamento de Don ..., mediante el cual se acredita que Doña ... es su viuda. 3°.- Copia de los poderes generales para pleitos que acreditan la representación de la referida letrada.
PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que la cuestión planteada consiste en determinar si procede asignar a los servicios prestados por el reclamante en el Cuerpo de Mecánicos ... el Grupo D.
SEGUNDO: Por acuerdos del Centro Gestor de ... de 1994 y ... de 1995, descritos en los antecedentes de hecho primero y segundo, se fijó la pensión de jubilación de D. ..., quien no recurrió ninguno de los referidos acuerdos, por lo que son firmes por consentidos. Teniendo en cuenta la legislación vigente en la actualidad, los actos firmes sólo pueden recurrirse en vía administrativa de tres maneras: a) Por recurso ordinario de revisión, contemplado en el Real Decreto 5/1993, de 8 de enero, sobre revalorización y complementos de Clases Pasivas para 1993 y otras normas en materia de Clases Pasivas, cuya resolución compete a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas; b) Por recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, cuya resolución compete a este Tribunal Central, y c) A través del artículo 14.6 del Texto Refundido de Clases Pasivas, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, que señala en que casos las solicitudes de los interesados no deben considerarse recursos.
TERCERO: El Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, distingue claramente en su artículo 13 entre el reconocimiento de servicios y el cálculo de la pensión correspondiente, indicando para cada supuesto de los posibles el órgano competente, según el personal de que se trate. Y así, de acuerdo con el artículo 13.1b, es competente para el reconocimiento de los servicios prestados por el interesado, la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa que con fecha 8 de abril de 1994 consignó los periodos de servicio tenidos en cuenta en el cálculo de la pensión en el modelo normalizado CP1 de "Iniciación de oficio del procedimiento de reconocimiento de pensión de jubilación del régimen de Clases Pasivas del Estado". Y en base a ese reconocimiento la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, primeramente, por acuerdo de ... de 1994 y luego, por acuerdo de ... de 1995 efectuó el cálculo de la pensión, de conformidad con el artículo 13.3 del Texto Refundido citado, al estar su competencia limitada por esa norma al cálculo de la prestación de Clases Pasivas correspondiente, a la vista de los servicios reconocidos por el órgano citado, sin que la competencia pueda extenderse en modo alguno a la pretendida modificación de periodos de servicio reconocidos a efectos pasivos.
CUARTO: Conforme al artículo 14 -Revisión de actos administrativos en vía de recurso-, número 6, del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas: "No se reputarán en ningún caso como recursos las solicitudes de reconocimiento o modificación de derechos pasivos que se basen en haber desaparecido la incompatibilidad o concurrencia de percepciones o situaciones que hubieran servido de fundamento a una resolución denegatoria o limitativa de los mismos, o en la existencia de hechos o derechos que no se tuvieron en cuenta o no existían al dictar el acuerdo primitivo, sin perjuicio de las reglas que sobre caducidad de los efectos de esos derechos se contienen en este texto". En el presente caso no se han presentado documentos nuevos emitidos por el Ministerio de Defensa que sustituyan a la certificación de servicios CP1, de fecha ... de 1994, y, por ello, no hay hechos nuevos que no se tuvieron en cuenta o no existían al declarar los señalamientos de ... de 1994 y de ... de 1995, sin que la alegación que se hace, en el antecedente de hecho tercero, a una resolución de la Comisión Interministerial de Retribuciones, de 6 de octubre de 2004, tenga consecuencias a efectos de Derechos Pasivos, toda vez que el Centro Gestor debe atenerse a lo que certifique el órgano de jubilación (Ministerio de Defensa) y este no se ha pronunciado al respecto.
QUINTO: Conforme al citado Real Decreto 5/1993, artículo 13 -Revisión de actos administrativos en materia de Clases Pasivas: "1. Los actos que indebidamente hubieran denegado la titularidad de una pensión o que reconociendo tal derecho asignaran a la misma una cuantía inferior a la que legal o reglamentariamente corresponda, serán revisables por medio de resolución motivada, adoptada de oficio o a solicitud del interesado, con la finalidad de corregir las contradicciones existentes entre dichos actos y la normativa aplicable. En tales casos los efectos económicos de las revisiones que se efectúen tendrán como máximo una retroactividad de cinco años contados desde el primer día del mes siguiente a aquél en que se instó la revisión por el interesado o se adopte de oficio el acuerdo de modificación correspondiente. 2.- Será también procedente la revisión en aquellos casos en los que con posterioridad a la resolución del expediente se aporten a la Administración, por cualquier medio, nuevos documentos o elementos probatorios que acrediten hechos ignorados o insuficientemente justificados en el momento de dicha resolución. En este supuesto, si las nuevas pruebas se aportaran dentro de los cinco años siguientes al nacimiento del derecho, se acordará la modificación del inicial acuerdo que tendrá efectos económicos a contar desde el referido momento. Si la presentación se efectuara con posterioridad a los indicados cinco años, la modificación que se acuerde producirá efectos desde el día primero del mes siguiente al de la solicitud de la revisión". En el presente caso no se dan las condiciones exigidas en el número 1 del citado artículo, pues no hay contradicción entre la normativa aplicable y los acuerdos que reconocieron pensión de jubilación al interesado, ni tampoco concurren las condiciones del número 2, pues no se han aportado nuevos documentos o elementos probatorios que acrediten hechos ignorados o insuficientemente justificados en el momento de los referidos acuerdos, ya que, como se ha advertido, solamente un nuevo CP1 o documento J, o documento normalizado similar emitido por el órgano de jubilación (Ministerio de Defensa) podría sustituir al que, en su día, se tuvo en cuenta.
SEXTO: Conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículo 244, recurso extraordinario de revisión: "1. El recurso extraordinario de revisión podrá interponerse por los interesados contra los actos firmes de la Administración tributaria y contra las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto que fueran posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el error cometido. b) Que al dictar el acto o la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resolución. c) Que el acto o la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. 2. La legitimación para interponer este recurso será la prevista en el apartado 3 del artículo 241. 3. Se declarará la inadmisibilidad del recurso cuando se aleguen circunstancias distintas a las previstas en el apartado anterior. 4. Será competente para resolver el recurso extraordinario de revisión el Tribunal Económico-Administrativo Central. Para declarar la inadmisibilidad el tribunal podrá actuar de forma unipersonal. 5. El recurso se interpondrá en el plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que quedó firme la sentencia judicial. 6. En la resolución del recurso extraordinario de revisión será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 240 de esta ley ". Conforme se ha indicado en los fundamentos precedentes, no han aparecido documentos nuevos de valor esencial posteriores a los señalamientos impugnados o de imposible aportación al tiempo de dictarse los mismos. El informe de 6 de octubre de 2004 de la Comisión Interministerial de Retribuciones, que el interesado invoca, solo puede tener efectividad para el Centro Gestor si, como se ha indicado, el Ministerio de Defensa expide un nuevo documento en el que los servicios de activo del interesado en el Grupo E como funcionario del Cuerpo de Mecánicos Conductores, se reclasifiquen como prestados en el Grupo D, según pretende.
SÉPTIMO: Por lo expuesto, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas no debió asumir la competencia para pronunciarse sobre la petición del reclamante, que debe dirigirla a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, a quien compete pronunciarse sobre la petición concreta y contra sus resoluciones, en esta materia, pueden los interesados dirigirse a la vía contencioso administrativa. Por otra parte, este Tribunal es competente para resolver las reclamaciones deducidas contra los actos de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas en materia de reconocimiento y pago de toda clase de pensiones y derechos pasivos, pero carece absolutamente de aquélla para resolver cualquier cuestión que se plantee en relación con las competencias de otras administraciones públicas, por lo que, al igual que la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, no puede modificar la certificación de servicios emitida por el órgano de jubilación.
OCTAVO: En sentido similar al de esta resolución ya se ha pronunciado este Tribunal Central en: a) resolución de 28 de octubre de 2004, interesado D. ..., R.G. 1122/04; b) resolución de 11 de noviembre de 2004, interesado D. ..., R.G. 1123/04; resolución de 11 de noviembre de 2004, interesado D. ..., R.G. 1124/04.
NOVENO: Por lo expuesto, procede confirmar la resolución denegatoria del Centro Gestor pero no por las razones expuestas por este, en cuyo análisis no se entra, pues no debió asumir competencias no atribuidas, sino porque corresponde al Ministerio de Defensa determinar los servicios prestados por el interesado y el grupo de clasificación al que se adscriben expidiendo, en su caso, un nuevo Documento CP1, Documento J, o denominación similar, debiéndose atener al mismo el Centro Gestor, a la hora de determinar los derechos pasivos del interesado, como hizo en su momento en los acuerdos de ... de 1994 y ... de 1995, y en tanto no se expida el referido documento, no procede la reclasificación del interesado en el Grupo D, como pretende.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, ACUERDA: Desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta en nombre y representación de D. ... y D.ª..., contra resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 10 de febrero de 2005, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de 2 de diciembre de 2004, denegando la mejora de pensión ordinaria de jubilación por incapacidad permanente para el servicio, que se confirman por las razones de la presente.
Sentencia Administrativo Nº 233/2014, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 299/2012, 31-03-2014
Orden: Administrativo Fecha: 31/03/2014 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Abelleira Rodríguez, María Num. Sentencia: 233/2014 Num. Recurso: 299/2012
Sentencia Administrativo Nº 10187/2010, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 6, Rec 440/2007, 25-02-2010
Orden: Administrativo Fecha: 25/02/2010 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Alvarez Theurer, Carmen Num. Sentencia: 10187/2010 Num. Recurso: 440/2007
Sentencia Administrativo Nº 1046/2007, TSJ Madrid, Rec 402/2005, 13-12-2007
Orden: Administrativo Fecha: 13/12/2007 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Estevez Pendas, Rafael Maria Num. Sentencia: 1046/2007 Num. Recurso: 402/2005
Sentencia Administrativo Nº 807/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 1193/2005, 15-10-2009
Orden: Administrativo Fecha: 15/10/2009 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Abelleira Rodríguez, María Num. Sentencia: 807/2009 Num. Recurso: 1193/2005
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 160/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 224/2016, 07-03-2017
Orden: Administrativo Fecha: 07/03/2017 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Borrell Mestre, Joaquín Num. Sentencia: 160/2017 Num. Recurso: 224/2016
Resolución de TEAC, 00/940/2001, 13-09-2001

References: Resolución 
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 artículo 244
 artículo 14
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 artículo 52
 Resolución 
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 artículo 120
 artículo 25
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 artículo 22
 artículo 57
 artículo 120
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 artículo 39
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 artículo 14
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 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 14
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 artículo 13
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 artículo 244
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 artículo 241
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 artículo 240
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