Source: http://politicaderecho.blogspot.com/2011/04/
Timestamp: 2018-09-20 14:57:06+00:00

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POLITICA Y DERECHO: abril 2011
En el tema de la Ley de Seguridad Nacional, la disyuntiva no es entre izquierda o derecha, sino entre democracia o autoritarismo. Algunos dirán que ha sido la realidad la que nos ha colocado entre la espada y la pared. Y tal vez tengan razón. Pero lo que proponen los diputados del PRI y del PAN equivale a ensartarse en la navaja. La reforma arroja dos bolas de fuego al corazón del constitucionalismo democrático: contradice frontalmente el sentido de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que esos mismos diputados acaban de votar (y que, para sumarle zozobra al desconcierto, está empantanada en las legislaturas de los estados) y constituye un paso hacia la perpetuación de la excepcionalidad militarizada en la que estamos viviendo. La violencia en el país es alarmante, ni duda cabe. Acabo de pasar una noche en Ciudad Victoria y, de regreso, en la playa, los amigos me sometieron a un anecdotario del horror acapulqueño. Ahora estoy atrapado en los brazos del insomnio. El drama de los padres que buscan a sus hijos desaparecidos es tristísimo. Y la certidumbre de que los de la fosa o los que buscan el cuerpo de un ser querido podríamos ser cualquiera de nosotros es aterradora. México, hoy, es una brasa ardiente. Y, ante esta realidad, resulta indiscutible la necesidad de adoptar medidas desde el Estado y desde la sociedad. El problema es que, con esta reforma, los diputados terminarán atizando las llamas del fogón en vez de apagarlo. Basta con leer —como bien sugirió Fernando Escalante— el devaneo conceptual con el que los legisladores intentan trazar la frontera entre la paz y la guerra para calibrar la canícula en que se encuentran. Un cantinfleo —no estamos en guerra, pero tampoco vivimos en paz— con el que intentan ofrecer fundamento constitucional a una propuesta que, además de estar inspirada en el miedo del presente, es incompatible con el constitucionalismo democrático. Esto último no es trivial. Más allá de las normas concretas de la Constitución que contradice, la propuesta de reforma, se opone frontalmente a la lógica y exigencias del paradigma democrático constitucional. Ni la figura de las declaratorias de las “afectaciones a la seguridad interior” a cargo del Presidente de la República; ni la reducción del Congreso de la Unión a una comisión bicameral de seis miembros; ni, sobre todo, las facultades de investigación e intervención que pretenden obsequiarse a las Fuerzas Armadas son compatibles con ese modelo de Estado. Dichas medidas responden a otro paradigma, a otro modelo constitucional inspirado en una lógica en la que el poder somete al derecho y no viceversa. O, en todo caso, responde a una lógica de guerra. Lo cual supone apostar por una estrategia en la que la violencia estatal se propone como única solución para la violencia delincuencial. Si aceptamos la premisa habremos caído en una trampa que vislumbró John Locke hace mucho tiempo: entraremos en las fauces del león para escapar de los zarpazos mortales de los gatos monteses. Por eso digo que la alternativa es entre autoritarismo y democracia. Una elección trágica, diría yo. El reto está en derrotar a la delincuencia sin abandonar el modelo democrático constitucional. Sólo así lograremos retomar el rumbo hacia una convivencia pacífica en la que los derechos sean la regla y el uso de la fuerza la excepción. En las democracias consolidadas las plazas están repletas de ciudadanos que conviven de forma armónica y no de tanquetas militares que vigilan amenazantes. La ruta para lograr que lo primero sea posible, en la coyuntura actual, puede parecer utópica e ingenua —políticas sociales, profesionalización de policías, justicia eficaz, cohesión ciudadana, derechos humanos—, pero es la única que existe. La experiencia internacional enseña. Ahí están la descomposición centroamericana o los “falsos positivos” colombianos como muestras ominosas de los peligros que conllevan las puertas falsas. Y no estamos lejos.
Finalmente, luego de más de un año de discusiones, el Senado aprobó modificaciones constitucionales en la llamada “reforma política”. A pesar de que el número de iniciativas en el Congreso para modernizar el régimen político había sido copiosa en la última década (al menos), el proceso que culminó ayer en su primera etapa en la Cámara Alta fue desatado por el decálogo que el presidente Calderón envió al Senado en diciembre de 2009 y que desencadenó que los grupos parlamentarios, así como por varios senadores, presentaran una decena de iniciativas adicionales en los meses siguientes. En su conjunto las propuestas específicas fueron más de 50 y constituyeron un abanico variado: desde la modificación al régimen de suspensión de garantías en el artículo 29 —incorporado en la reforma de derechos humanos que hoy se discute en los estados— hasta la autonomía del Ministerio Público, pasando por mecanismos de democracia directa, sistema electoral y controles recíprocos entre poder Legislativo y Ejecutivo. El proceso de negociación duró más de 12 meses y evidenció dos cosas. Por un lado, la existencia de consensos y disensos irreductibles (la minuta es resultado de los primeros y de algunos puntos que fueron matizados respecto de las propuestas originales, así como de algunos aspectos que implicaron un acercamiento entre las partes). Por otro lado, la fragilidad del tema ante los vaivenes cotidianos de la política. Pese a ser asuntos de una agenda que debería trascender el momento concreto, los eventos políticos gravitaron de manera importante en la negociación. Recuerdo que el senador Arturo Núñez afirmaba que “los temas calientes requieren de tiempos fríos”. Por eso es aplaudible que a pesar de que las épocas que corren no son las más propicias (las aguas de la política están agitadas), se haya hecho un esfuerzo para sacar adelante este paquete. Los temas que aborda la reforma son: la posibilidad de que un conjunto de ciudadanos presenten iniciativas de leyes o decretos; un mecanismo de consulta popular que, si tiene más de 40% de participación resulta vinculante para los órganos públicos y que contiene suficientes candados (como control de constitucionalidad previa por la SCJN) para evitar derivaciones plebiscitarias antidemocráticas; candidaturas independientes a todos los cargos de elección popular; iniciativas preferentes del Presidente que deberán tener prioridad en la discusión parlamentaria; la posibilidad expresa de que el Ejecutivo haga observaciones al Presupuesto; la reconducción de normas fiscales y gasto público para el año siguiente en la eventualidad de que las correspondientes no estén aprobadas en tiempo; un mecanismo de sustitución automática del Presidente en caso de falta absoluta en tanto el Congreso nombra Presidente interino o sustituto; ratificación por el Senado de los titulares de los órganos reguladores de competencia, energía y telecomunicaciones; encarecimiento de la cláusula de gobernabilidad en la ALDF; y reelección consecutiva acotada de los legisladores federales (y la posibilidad de que ello ocurra en los legislativos locales). Frente a la cantidad de propuestas presentadas, podría parecer que lo logrado es muy poco. Sin duda quedan muchos temas pendientes para concretar una reforma a fondo del Estado, como la autonomía plena del Ministerio Público o la plena democratización y apertura del sistema de partidos a nuevas alternativas, o la revisión integral del sistema de responsabilidades públicas. Pero también es cierto que los temas introducidos son de gran relevancia. Hay que asumir esta reforma como un paso consistente pero insuficiente en el proceso de transformación democrática del diseño del Estado, y en nosotros queda crear el contexto de exigencia para que el tema no se finiquite sino que siga teniendo prioridad. Debemos verla —y exigir que así sea— como un paquete de cambios desencadenante y no concluyente. El proceso legislativo acaba de iniciar. Falta que la Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos locales avalen. Muchos dicen que la Cámara Baja bloqueará los cambios atendiendo a intereses concretos. Sería algo inaceptable ceder a esas mezquindades y cortoplacismos. Queda a todos el impedir que ello ocurra.
LA REFORMA POLÍTICA: BALANCE A BOTEPRONTO
El Senado de la República aprobó modificaciones a la Constitución en materia política que ahora corresponde dictaminar a la Cámara de Diputados y, si ello ocurre, a los congresos locales. Sobresalen la reelección de legisladores federales, las consultas populares, la creación de mecanismos para la sustitución del presidente ante su ausencia definitiva, las candidaturas independientes, la iniciativa preferente, así como la previsión de que ante la falta de acuerdo en la ley de ingresos continúe vigente la última aprobada.
Este batería de cambios se ha llegado a criticar por su falta de profundidad, mas hay ocasiones en que la omisión puede resultar en un acierto. Es el caso, por ejemplo, de no tomar en cuenta las iniciativas para crear mayorías artificiales en el Congreso de la Unión, que han circulado en los últimos años. Ello hubiese implicado un retroceso en los avances que permiten la expresión de la pluralidad política real de la sociedad mexicana en el Poder Legislativo; habría supuesto, también, castigar a las minorías políticas, restándoles representación. En el mismo sentido apuntaban las propuestas dirigidas a reducir el número de legisladores y, en particular, la representación proporcional, que es la que permite un mejor equilibrio entre votos y escaños.
También es adecuado que no se avanzara por la ruta de la segunda vuelta electoral para la presidencia de la república haciéndola coincidir con la elección del Congreso. Lo anterior habría implicado una jornada de votación con sólo dos candidatos presidenciales que induciría al voto entre esas dos opciones partidistas al legislativo, de tal manera que se alimentaría por la vía de las normas un bipartidismo por el que los electores mexicanos no han optado.
Ahora bien, de lo que sí se aprobó, a los aciertos se suman la posibilidad de la reelección legislativa por tres periodos para los diputados y por dos para los senadores. Se ha llegado a decir que en México hay “políticos profesionales y legisladores amateurs” pues en cada nueva legislatura todos los parlamentarios son recién llegados a esa cámara. Profesionalizar al Congreso, darle continuidad a sus trabajos entre una y otra legislatura es una decisión más que pertinente.
De igual manera resulta adecuado que se pongan límites a la capacidad del Congreso para enviar “a la congeladora” las iniciativas del presidente. Con la iniciativa preferente, el legislativo está obligado a entrar al fondo y a dictaminar hasta dos iniciativas de cambio de ley sugeridas por el Ejecutivo en cada periodo de sesiones.
Se acierta, también, al establecer con claridad quién sustituirá al presidente en caso de su ausencia definitiva. No me convence, sin embargo, que un encargado de despacho —es decir, el secretario de gobernación, el de relaciones exteriores o el de hacienda— se convierta en el primer mandatario de la nación en automático sólo porque un presidente electo lo designó para otra función.
Era necesario especificar que, en caso de que no hubiese acuerdo sobre ley de ingresos, el país no se quedase en un limbo jurídico y el Estado careciera de soporte legal para cobrar impuestos. No obstante, en materia presupuestal, la capacidad del Ejecutivo para observar la ley de egresos, ante lo cual el Congreso sólo podría mantener su decisión original si suma más de dos terceras partes de los legisladores, no hace sino favorecer las potestades presidenciales en un contexto donde el Ejecutivo tiene, de por sí, demasiada manga ancha en materia de gasto frente a las disposiciones del Congreso.
Las candidaturas independientes son un obsequio a la galería, al discurso que quiere separar a “los políticos” de los “ciudadanos”, como si hubiese algún político que no fuera a la vez ciudadano o como si alguien que pide el voto no estuviera haciendo política. Va a resultar crucial que en esta materia la ley impida que por la puerta falsa de las candidaturas independientes se rompa el diseño de condiciones equitativas de la competencia en lo que se refiere a acceso y uso de recursos, acceso a los medios de comunicación y exhaustiva fiscalización del dinero que fluye hacia y desde la política.
Las consultas populares son un reclamo frecuente entre quienes defienden mayores dosis de democracia directa dentro del sistema representativo. Estas consultas podrán ser activadas cuando lo solicite el Presidente de la República; el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión o, los ciudadanos en un número equivalente al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores (como hay 75 millones de electores en la lista nominal, ello implica que habría que reunir a un millón y medio de ciudadanos para proponer una consulta popular). El texto aprobado señala que: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”. Era necesario hacer ese acotamiento pues en América Latina, con frecuencia, los mecanismos de democracia directa se han utilizado para debilitar al régimen democrático: es el caso de los referéndums para modificar constituciones y aprobar sin límite la reelección de los gobernantes, cosa que no podría ocurrir en México pues las disposiciones electorales —y por ello la posibilidad de reelección presidencial- no serán objeto de consultas.
Al parecer, una batería de modificaciones constitucionales será aprobada por el Senado. Se trata de una zona de convergencia entre las bancadas que fueron capaces de dejar a un lado los temas que las dividían. Sin embargo, para hacerse realidad tendrán que pasar por la Cámara de Diputados y los congresos locales y todo parece indicar que ello no sucederá en la presente temporada legislativa. El paquete va más allá de los tradicionales ajustes electorales que en los últimos 35 años han acaparado la atención del Congreso e incursiona en asuntos que tienen que ver con el régimen de gobierno.
Ejecutivo y Legislativo. Se permitiría la reelección inmediata de legisladores federales: por un periodo más (12 años) los senadores, y por dos periodos más los diputados (9 años). En un sistema competitivo, la reelección es una posibilidad sujeta a la sanción de los electores y no un trámite automático, y será útil para profesionalizar su labor. Hoy que el Congreso ha adquirido una enorme centralidad es bueno que no se dilapide la experiencia adquirida en la legislatura anterior.
Se establece además que la Cámara de senadores deberá ratificar las designaciones de los comisionados que el Ejecutivo realice en la Cofetel, Cofeco y Comisión Reguladora de Energía. En otro orden, pero que también impacta la relación entre poderes, el Ejecutivo podrá "observar" el Presupuesto y tendrá para ello 10 días hábiles, luego de lo cual la Cámara de Diputados tendrá otros 10 días hábiles para desahogarlo y se requerirá de 2/3 partes de los votos para confirmarlo y reenviarlo al Presidente para que lo publique.
El Presidente, por su parte, podrá remitir al inicio de cada periodo ordinario dos iniciativas preferentes que deberán ser desahogadas por cada una de las Cámaras en 30 días. Las iniciativas -que no podrán ser de reformas constitucionales- pueden ser modificadas pero no podrán congelarse. Es una buena medida que obligará al Presidente a establecer sus prioridades y al Congreso a dictaminarlas.
Se modificarán los criterios para la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Aunque parezca increíble en la capital se mantiene una mal llamada cláusula de gobernabilidad que convierte a una mayoría relativa de votos (30 por ciento) en mayoría absoluta de diputados. Ahora se requerirá de por lo menos el 40 por ciento de la votación para ello. No se entiende por qué no se le equipara a la Cámara de Diputados.
Lagunas. Ante la falta absoluta del Presidente, asumiría provisionalmente sus funciones el secretario de Gobernación, el de Hacienda o el de Relaciones Exteriores (en ese orden de prelación). Si esa falta se produjera durante los dos primeros años de su gestión, el Congreso nombraría un Presidente interino y se llamaría a una nueva elección para terminar el encargo; y si sucediera en los últimos cuatro, el Congreso elegiría un Presidente sustituto encargado de finalizar la gestión. Contar con una suplencia automática tiene sentido, como dicen las consideraciones del dictamen, porque México ha dejado atrás el formato de un partido hegemónico y hoy ninguna fuerza política tiene mayoría en el Congreso por lo que el nombramiento del interino o del sustituto podría llevar tiempo.
Una consideración similar puede hacerse en relación a la reconducción presupuestal. Se trata de una previsión que resultaba innecesaria en los tiempos en que el Ejecutivo tenía asegurada mayoría de votos en el Congreso. Si en los tiempos fijados no se aprueba la Ley de Ingresos, "se mantendrá vigente la del año anterior", y si sucediera lo mismo con el Presupuesto, "continuará vigente... el del año anterior... únicamente respecto de los gastos obligatorios que señale la Ley".
Ciudadanos. Los ciudadanos podrán presentar proyectos de ley cuando la iniciativa se encuentre respaldada por el 0.25% de firmantes en relación a la lista nominal de electores. Es decir, se requerirán como 175 mil adhesiones para que la iniciativa pueda ser considerada. Es un estímulo para la participación ciudadana y un puente entre el Congreso y ésta.
Se agrega la figura de la consulta popular como fórmula de "democracia semidirecta". La podrán solicitar el Presidente, el 33 por ciento de los legisladores de alguna de las Cámaras o el 2 por ciento de ciudadanos en relación a la lista de electores. En el caso de las dos primeras requerirán ser aprobadas por el Congreso. La o las preguntas tendrán que ser revisadas antes por la Corte. Sus resultados serán vinculantes si participa por lo menos el 40 por ciento más uno de los ciudadanos y se realizarán el día de la elección federal.
Se abre paso a las candidaturas independientes que tendrán que ser reguladas en el Cofipe. El dictamen apunta que dicha reglamentación deberá incluir temas como el de un respaldo mínimo de ciudadanos, derechos y prorrogativas, representantes y responsables, mecanismos de financiamiento y acceso a los medios y a la justicia electoral. Cuando se regulen tendremos nuevos partidos que no quieren reconocerse como tales.
PERÚ, VISITA INFRUCTUOSA
Hace exactamente 50 años que visité por primera vez esta capital. Era oscura, triste y con muy pocos atractivos. Los chilenos estaban embarcados en un sueño, hacer posible la realización de la Copa del Mundo de 1962. Lograron tener todo a tiempo y además tuvieron un relevante papel en la Copa, superior a lo hecho en Sudáfrica el año pasado. Volví en los tiempos de la dictadura y el escenario era todavía más triste. Los milicos en la calle, la gente callada y las condiciones de vida muy complicadas. Aunemos a eso, la recepción a un mexicano era fría, distante y muchas veces agresiva. México había cumplido con el presidente Allende un deber de humanidad y de amistad. Fueron 800 asilados que Gonzalo Martínez Corbalá envió a México, salvándolos de una muerte segura. En la tercera había vuelto a la democracia y tuve el privilegio de comer con Miguel Insulza, actual Secretario General de la OEA y saludar a Doña Tencha, que estaba ya de vuelta.
Ahora, un deber académico me hace estar en esta ciudad por unos días. Coincide con una reunión de cuatro mandatarios en Lima (Sebastián Piñera de Chile, Alan García de Perú, Juan Manuel Santos de Colombia. Por videoconferencia participó Ricardo Martinelli, presidente de Panamá, que se encuentra "sospechosamente" en Washington.
¿Qué hizo viajar a estos mandatarios a una reunión de un par de horas? La firma del acta de ratificación del "Acuerdo del Pacífico" supuestamente diseñado para fortalecer la integración económica y política entre los países firmantes. Hay dudas, después de la ceremonia en esta capital sobre este presunto lanzamiento del bloque del Pacífico, tanto por su contenido y su futuro como la oportunidad política. Sabido es que Perú ha tenido elecciones en las que quedaron dos candidatos para la segunda vuelta. Omanta Humala y Keiko Fujimori. Las elecciones se realizarán el 5 de junio y las encuestas el día de hoy dan un mínimo de 10 puntos de ventaja al candidato nacionalista. Merece destacarse que Humala descansa su apoyo principalmente en la clase media y baja; obviamente, Keiko, hija del dictador en cárcel, lleva amplia delantera en la clase alta. Es de pensarse que en la medida en que Humala modere su discurso y se distancie, por ahora, de Hugo Chávez, el triunfo será suyo. Ante este pronóstico y conocidas las presiones de los centros financieros internacionales la Bolsa de Lima va a la baja, así como las inversiones. Entre la población se oye que parte del financiamiento contra el amigo de Lula ha provenido de Estados Unidos.
Por otra parte, sabida la áspera relación que Perú y Chile mantienen, el presidente Piñera decidió hacer una visita relámpago y lo que se logró es simplemente un compromiso para actuar: "una hoja de ruta" que marca objetivos y metas para concretarse en los próximos años. Aun cuando los compromisos son de Estado, serán sólo el mandatario chileno y el colombiano los únicos que tendrán mando real dentro de un año. Aún más, el acto irrumpe en un momento de campaña del que Santiago quiere mantenerse al margen. Además, desde esta capital se ve con sospecha el que esta minoría de países del continente traten de iniciar un proceso de integración por una presunta vecindad geográfica -aunque México está mucho más lejos-, y más bien se ve como una respuesta a las iniciativas de Lula por integrar un bloque de países progresistas, tanto en el ámbito político, económico y militar.
Aquí se interpreta, el presidente Piñera lo confirma con su conducta, como un solapado esfuerzo de Washington por crear inútilmente un eje de países con gobiernos desprestigiados y ampliamente manipulados por Washington. Con sorna se dice que este acto es un giro del presidente Santos por salir del "aislamiento" regional de su predecesor. Colombia se lanza sin elementos suficientes, se dice, a la búsqueda de nuevos contactos en Europa, y a un prestigio disminuido que pretende recobrar en el Consejo de Seguridad. Este proyecto de liderazgo regional, sin fundamento, tiene una gran semejanza con las formas que se han adoptado en México en años recientes. Hemos perdido toda relevancia en el conjunto de las naciones latinoamericanas, lo mismo que ocurrió con Colombia, e ingenuamente ambas partes creen que con un documento, una visita y algunas fotografías, la situación cambiará. Pero desde Santiago podemos decir que ningún periódico de ayer jueves hace mención a la visita, ni siquiera los de la tarde, y las notas en televisión sacan solamente una referencia minúscula.
Agregamos también que fue beneficiado con la invitación el mandatario de este país para la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II y, pese a que el Pontífice se involucró en la mediación entre los dos países por los límites en el Canal de Beagle hasta lograr un Tratado de Paz y Amistad en 1984, no irá el Presidente, sino solamente su Ministro de Relaciones Exteriores.
De los dos extremos de la América Latina parecen surgir mensajes semejantes. Primero uno y luego otro Gobierno, México y Colombia, y el fulminado Alan García, intentan estérilmente y contra la historia una alianza finita.
P.D. Se ha revelado por un Cardenal que, antes del último Cónclave, a todos los participantes se les entregó una carta recomendando la inmediata beatificación de Juan Pablo II. Es decir, él mismo dejó la fórmula fast track para que la cumpliera en cinco años Benedicto XVI. (Continuará).
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 11:41 No hay comentarios:
UNA VEZ MÁS EL LLAMADO INTERAMERICANO
El escenario de los derechos humanos se puede dividir en dos, un escenario internacional y otro nacional. Dentro del escenario de los derechos humanos, a nivel internacional, se tiene al Sistema Universal de Derechos Humanos; al Sistema Interamericano y a los Organismo no Gubernamentales. Dentro del escenario nacional los derechos humanos están adquiriendo una mayor fuerza, expresión y complejidad, en la lucha por lograr que ocupen un espacio fortalecido de reconocimiento y respeto. El Estado mexicano soberanamente ha adquirido diversos compromisos internacionales en materia de derechos humanos a través de la ratificación o adhesión a ellos; a nivel interno ha creado un conjunto de normas e instituciones con el objetivo de combatir las violaciones a estos derechos. Pero a pesar de todo México sigue estando marcado por la desigualdad, la exclusión social y la injusticia. Lo cierto es que no ha servido para lograr el respeto de la dignidad de las personas y la justiciabilidad de sus derechos, somos un país de excluidos, marcados por la desgraciada realidad histórica de violación sistemática de derechos. Estos dos escenarios afectan, o al menos así debiera ser, la dinámica de la vida política de México; la forma de legislar y el contenido de las normas del sistema jurídico mexicano; las instituciones y la función ética de los servidores públicos.Tanto las instancias internacionales como nacionales, han colaborado con una cantidad importante de informes que muestran la situación de los derechos humanos en México. Los diagnósticos revelan la problemática existente en nuestro país, son ruinosos, reprochables moral y éticamente, para la conciencia de los que aún esperan la justicia. Es una tristeza y una vergüenza nacional que constantemente estemos siendo exhortados por violar derechos humanos, por violar sistemáticamente la dignidad de las personas. Qué desgracia para los mexicanos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya condenado a nuestro país “por el asesinato de 145 personas cuyos cuerpos han sido encontrados en días recientes en fosas clandestinas en el Estado de Tamaulipas, México.” La CIDH informó en el comunicado de prensa no. 34/11 sobre los cuerpos encontrados en el Municipio de San Fernando, Estado de Tamaulipas, el mismo lugar donde encontraron los cuerpos sin vida de 72 migrantes indocumentados que se dirigían a Estados Unidos en 2010. Una vez más el llamado interamericano para que el gobierno mexicano investigue y esclarezca los hechos, identifique victimas, juzgue y sancione a los responsables materiales e intelectuales —sin importar que se trate del crimen organizado o de agentes del Estado en colusión—, para que adopte con carácter de urgente medidas a fin de evitar que la violación a los derechos humanos se repita y se garantice el respeto “absoluto” a los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 2006 a la fecha ha elaborado un conjunto de informes especiales sobre violaciones de derechos humanos. En el Informe Especial Sobre Secuestro de Migrantes en México de la Comisión se señaló la violación de los derechos humanos de los migrantes en el país. El informe revela que en México se registraron 11 mil 333 secuestros de migrantes en tan solo seis meses, señalando a Tamaulipas como uno de los Estados con mayor número de víctimas, en el que se registró el caso emblemático de los 72 migrantes centroamericanos asesinados. La Comisión también señaló que en el periodo de 2008-2009 se registró un número mayor de secuestros, lo que indicó una tendencia al aumento de los secuestros. En una parte del informe mencionado se señala que “no han sido suficientes los esfuerzos gubernamentales por disminuir los índices de secuestro a los migrantes.” Los informes y las recomendaciones de la CNDH también son un indicador de la problemática que presentan los derechos humanos en nuestro país respecto de las violaciones, los problemas de protección y respeto de los derechos humanos y la latente discriminación a sectores y grupos sociales que viola todo principio de igualdad. El Estado de Derecho Democrático no es sólo un Estado en que el gobierno y la sociedad cumplen formalmente la ley, no es resumible simplemente en la legalidad; un Estado de Derecho Democrático es sin duda aquel que respeta los derechos humanos, que son la forma de traducir la justicia. Pero en nuestro país tenemos una deficiencia social grave. Existe no sólo el incumplimiento de la ley sino también una gran ineficacia con relación a los derechos humanos, por lo que podemos diagnosticar que estamos lejos del llamado Estado de Derecho. Hay deficiencias en el sistema jurídico nacional que aún no ha sido totalmente reformado para ser armónico y coherente con los instrumentos del sistema internacional de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México, dio a conocer en 2003 los resultados del “Diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México”. El objetivo de este diagnostico fue identificar las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, identificando que parte de los problemas estructurales que originan la violación de derechos humanos en nuestro país se deben a que el sistema internacional de protección de derechos humanos no ha sido incorporado plenamente en México. Hay ausencias tanto en el campo normativo como en el ámbito de los operadores jurídicos. Hace falta un marco normativo y protocolos que protejan efectivamente a los defensores de derechos humanos. Además, hay necesidad de fortalecer el sistema de los ombudsman en el país. No dejaremos de hablar de derechos humanos hasta que dejen de ser un tema pendiente en la agenda nacional de nuestro país, hasta que se tome como una obligación de Estado la cultura de derechos humanos que es escasa en nuestros días, y que se trata de una obligación incluyente, que abarca todos los poderes y todos los niveles de gobierno, que en gran parte están permeados por la corrupción, la mala formación de funcionarios, la inadecuada distribución de recursos y la ausencia de voluntad política. No podemos dejar de hablar de los derechos humanos porque son esenciales para la construcción del Estado de Derecho y complementarios de la democracia.
Las reformas que los diputados priistas pretenden hacer a la minuta aprobada por el Senado a la Ley de Seguridad Nacional van más allá de la propuesta que envió el presidente Felipe Calderón. De manera que si dichas enmiendas se concretaran, la bancada tricolor estaría logrando lo que el mismo Calderón y el secretario de la Defensa Nacional no pudieron conseguir en el Senado. La propuesta de Calderón abarcaba básicamente las mismas disposiciones que hoy plantean los diputados, en lo referente a los términos para declarar una afectación a la seguridad interior y la persistencia del fuero militar para los miembros de las Fuerzas Armadas que cometan delitos en contra de civiles. Pero en varios aspectos los diputados tricolores la superan. La minuta que aprobaron los senadores el 23 de abril del 2010 dejaba claro que cuando los integrantes de las Fuerzas Armadas cometieran delitos que afectaran a civiles, éstos serían perseguidos y sancionados por las autoridades competentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 133 de la Constitución. El artículo 13 establece: “Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”. Así, en esos casos los militares serían juzgados por tribunales civiles, no por los militares, como hoy sucede. La propuesta de Calderón de reforma al Código de Justicia Militar excluía de la jurisdicción militar únicamente tres delitos, pero dejaba siempre en manos del Ministerio Público Militar la decisión de enviar los casos a la justicia civil o mantenerlos dentro del fuero militar. La propuesta de los diputados tricolores, de acuerdo con lo publicado por el periódico Reforma, señala que dichas conductas delictivas “serán perseguidas y sancionadas de conformidad con las normales legales que los rigen (es decir, el Código de Justicia Militar)”, con lo cual remiten a la iniciativa de Calderón. En cuanto al procedimiento para la declaratoria de la existencia de una afectación a la seguridad interior y, por lo tanto, para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas, el Senado había hecho tres modificaciones fundamentales a la iniciativa de Calderón, consistentes en: limitar la solicitud de la declaratoria al Ejecutivo o al Congreso; que el Senado o la Comisión Permanente revisaran la legalidad de una eventual declaratoria, y que la Fuerza Armada Permanente actuara en auxilio de la autoridad civil que lo hubiese solicitado, lo cual significa que las Fuerzas Armadas no serían las autoridades responsables, sino auxiliares. La propuesta de Calderón dejaba abierta la solicitud a “la autoridad competente que considere que existe una afectación”; dejaba a discreción del Consejo de Seguridad Nacional la propuesta de la institución que debería ser designada como responsable –es decir, podían ser las Fuerzas Armadas–; únicamente solicitaría la opinión de la Comisión Bicamaral y sería el presidente quien emitiría la declaratoria de existencia de afectación. Esto está en consonancia con lo que las versiones periodísticas atribuyen a la propuesta de los legisladores priistas. Incluso la definición que los legisladores hacen de lo que denominan “desafío”, que es “un obstáculo que afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado Mexicano”, es muy similar a lo que Calderón denominaba “riesgo”: “las circunstancias que puedan afectar, parcial o totalmente, la estabilidad o el desarrollo nacionales”. De este modo, al menos, en estos aspectos el dictamen aparentemente emanado de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, presidida por Rogelio Cerda, recoge las principales preocupaciones de Calderón, que habían sido atenuadas en el Senado. En otros puntos, como la propuesta de que podrá declararse la afectación a la seguridad interior cuando las acciones derivadas de conflictos laborales, políticos, sociales o electorales “constituyan un desafío”, los diputados priistas van incluso más allá de la propuesta de Calderón, pero todo indica que su intención es básicamente impedir la reforma, es decir, al hacer enmiendas a la minuta que envió el Senado, tiene que regresar a dicha cámara y, como ya adelantaron senadores priistas y perredistas, ellos las rechazarán. Ante la posibilidad de que en el futuro los militares sean juzgados por los delitos que han cometido contra civiles en la lucha contra el narcotráfico, ellos prefieren quedar siempre en manos de la justicia militar y no de los tribunales ordinarios, aunque la reforma propuesta regule con claridad el procedimiento para permitir su intervención en asuntos de seguridad interior, pues saben que ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que establece: “Es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública”. Todo indica que la estrategia de los diputados priistas, más que respaldar la propuesta de Calderón, aunque la retoman en varios de sus aspectos centrales, es evitar una reforma que elimine en las leyes ordinarias el fuero militar para los miembros de las Fuerzas Armadas que cometan delitos en contra de civiles, a pesar de que tal disposición ya se encuentra prevista en la Constitución y en diversos tratados internacionales que México ha suscrito, además de que inclusive fue motivo de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 12:08 No hay comentarios:
Con la nueva versión de la Ley de Seguridad Nacional, que se pretende incluir en la avalancha de dictámenes que aprobará en los próximos días la Cámara de Diputados, se busca abrir la puerta al franco establecimiento de un gobierno militar en el país. En lugar de escuchar el reclamo popular de “No + sangre” y empezar a construir una ruta para el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles y el establecimiento de un ejercicio de rendición de cuentas ante tribunales civiles, Felipe Calderón está empeñado en normalizar y ampliar el nuevo papel de los militares de control directo sobre la población. La verdadera nuez de esta reforma, que ha sido negociada en sigilo entre las Fuerzas Armadas, la Presidencia y algunos sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es la nueva definición de “paz” que incluye. El dictamen contiene joyas argumentativas como la siguiente: “La paz debe interpretarse como el estado contrario a la guerra, pero no como el estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro. La Constitución no señala expresamente que existen diversos ‘niveles o grados’ de paz, por lo que no se debe interpretar este concepto en ‘blanco y negro’. Existen las más variadas gamas de grises; la paz en todo lugar y momento es relativa”. Estos absurdos malabares, que de forma peligrosa plantean la existencia de una “paz conflictiva”, tienen el macabro objetivo de ignorar lo expresado en los artículos 29 y 129 de la Constitución. En el primero, la Carta Magna permite la declaración temporal de un estado de excepción únicamente frente a casos de “perturbación grave de la paz pública”. En el segundo, el texto constitucional señala tajantemente que, “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. La jurisprudencia en la materia (Tesis 38/2000) también es explícita al señalar que las fuerzas militares únicamente pueden trabajar en auxilio de las autoridades civiles, y nunca sustituirlas o suplir sus funciones constitucionales. Pero Calderón ya ha demostrado que no le presta demasiada atención a lo que dice la Constitución. Y tampoco cuenta con la legitimidad social y política requerida para lograr modificaciones a la Carta Magna. Así que, tal como ocurrió con la reforma petrolera, y más recientemente con la reforma laboral, el Partido Acción Nacional y el PRI se proponen empujar su agenda por la vía de una reforma capciosa a una ley secundaria que supuestamente permitiría una reinterpretación del texto constitucional. De manera preocupante, con la nueva Ley de Seguridad Nacional también se buscaría eliminar la posibilidad de enjuiciar en tribunales civiles a los militares que cometan delitos contra la población. En cumplimiento de una serie de fallos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la minuta aprobada por el Senado señalaba que “las conductas que (las Fuerzas Armadas) realicen y pudieran ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 (que se refiere a la competencia de las ‘autoridades civiles’) y 133 (que otorga a los tratados internacionales la calidad de ‘ley suprema’) constitucionales”. Sin embargo, el dictamen de los diputados señala que los delitos de los militares únicamente serán perseguidos y sancionados “de conformidad con las normas legales que los rigen”. En otras palabras, será el Código de Justicia Militar el único instrumento a ser aplicado. El dictamen que se discutirá en comisiones incluye disposiciones que permitirían a las Fuerzas Armadas liberarse de los mandos civiles para convertirse en “coordinadores responsables” ante “afectaciones a la seguridad nacional”. Así, los militares ya no serán solamente “auxiliares” sujetos a las órdenes de los mandos civiles, sino que estarían directamente a cargo de la “guerra” de Calderón. De esta manera, ya no serán Genaro García Luna ni Marisela Morales los encargados de informarnos sobre el estado de la seguridad de la nación, sino el general Guillermo Galván y el almirante Mariano Saynez, quienes directamente asumirían la conducción pública y política de la estrategia de seguridad pública. De aquí solamente faltaría un pequeño paso para que estos poderosos mandos militares puedan ocupar directamente el mando de todo el país desde Los Pinos. Otros detalles problemáticos del nuevo dictamen son la autorización a los militares para coadyuvar con la PGR en detenciones y cateos, realizar “operaciones de vigilancia y seguimiento” y establecer retenes de manera indiscriminada. También se autoriza a los militares dilatarse en la entrega a la PGR de los delincuentes detenidos “en flagrancia” con el fin de “proteger la integridad física de la autoridad”. Asimismo, el nuevo capítulo octavo de la ley amplía de manera radical las facultades del presidente de la República para utilizar unilateralmente a las Fuerzas Armadas cuando existan “amenazas provenientes del exterior”. Así que bastará con la participación de un par de narcos colombianos en algún acto de violencia para que Calderón realice su sueño de “disparar misiles” contra cualquiera que se le ponga en frente. Pero quizás el elemento más preocupante de la pretendida reforma es la autorización incluida en el artículo 74, VIII para la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión de “acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social” cuando constituyan un “desafío” o “amenaza” para el país. Estos términos se definen, respectivamente, como un “obstáculo” que “afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado mexicano” y uno que “atenta contra la permanencia o la existencia del Estado mexicano”. Al parecer, Calderón se ha inspirado en la respuesta violenta que el general Gadafi ha dado a los rebeldes libios. La paz no se debe matizar, negociar ni dejar al arbitrio de las fuerzas militares o de Calderón. Ojalá que los diputados actúen y defiendan las instituciones estatales y la Constitución antes de que el verdadero “peligro para México” se materialice por medio de un golpe militar.
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BIENVENIDA LA REFORMA POLÍTICA
En medio de una violencia sin tregua, de nuevos hallazgos macabros, balas y múltiples ya basta, en el Senado tiene lugar una deliberación cuya trascendencia está fuera de toda duda. En efecto, mientras la realidad de la delincuencia nos acosa, y la esgrima declarativa de algunos dirigentes políticos hace gala de bajo nivel, los senadores están por someter a votación un dictamen sobre lo que genéricamente se ha llamado reforma política y que modifica 16 artículos de la Constitución. Es una modificación de gran calado. Sin duda habrá críticas por lo que no contiene la reforma, las omisiones, los puntos que no pudieron ser consensuados, incluso por el tiempo que tardaron los legisladores en procesar sus acuerdos; pero si nos concentramos en lo que sí contiene el dictamen, me parece que habría que concluir que se trata de una reforma trascendente. Advierto cuatro grandes dimensiones. Por un lado, se ocupa de aclarar algunos vacíos constitucionales: qué ocurre en caso de ausencia definitiva del titular del Ejecutivo, qué ocurre si el Presupuesto de la Federación no es aprobado, qué atribuciones tiene el Presidente con el Pesupuesto que aprueban los diputados. Por otro lado, precisa nuevos términos de relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo: iniciativa preferente, reconducción presupuestal para el Ejecutivo, ratificación de nombramientos de los órganos reguladores en el caso del Legislativo. Adicionalmente introduce a la Constitución nuevas figuras que “empoderan” a los ciudadanos: el derecho a postularse como candidatos independientes, con lo que se rompe el monopolio que hasta hoy tenían en esa materia los partidos políticos; la posibilidad de iniciar leyes, al abrir una forma novedosa en la confección de la agenda legislativa; y el derecho de convocar consultas populares sobre temas de especial trascendencia nacional. Finalmente, me parece que el dictamen afectará provechosamente el funcionamiento del Poder Legislativo en su conjunto. No sólo porque se altera su conformación con la posibilidad de que lleguen legisladores no postulados por los partidos políticos, no nada más porque hay nuevos elementos para integrar la agenda parlamentaria sino, sobre todo, porque al introducir la posibilidad de reelección de los integrantes del Legislativo, presumiblemente la dinámica de trabajo se verá alterada. Habrá nuevos incentivos para el conjunto de los legisladores, aquellos que busquen su reelección deberán esgrimir sus argumentos más hacia sus electores y menos hacia sus dirigentes partidistas. Es decir, en estas cuatro dimensiones genéricas, es posible apreciar que la reforma política que se discute en el Senado tendrá efectos en la manera de hacer política en nuestro país. De nuevo, no se trata de una reforma superficial o intrascendente, sino de un conjunto de medidas que oxigenan la política. Sus efectos no serán inmediatos, pero en la medida que tanto los partidos como la ciudadanía se vayan apropiando de los nuevos instrumentos, el debate de lo público conocerá nuevos cauces. Por supuesto, todavía hace falta conocer los detalles, se trata de un dictamen con modificaciones puntuales al texto constitucional y no en pocos casos remite el desarrollo normativo a lo que establezca la ley en la materia. Es decir, todavía queda un trecho largo de trabajo legislativo para detallar los supuestos y alcances reglamentarios, pero sin duda se trata de un buen mapa de navegación que impone una agenda saludable. Bienvenido sea el dictamen de los senadores. Ojalá no se interrumpan los acuerdos.
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EN EL IFE NO SE GANAN ELECCIONES
El triunfo del partido “X” o la derrota del partido “Y” se explica, al menos desde 1991, por lo que ocurre allá afuera, en la calle, en las conversaciones, en los mensajes que llegan (o no llegan) por igual a todos los votantes; en las estrategias de campaña, spots, debates, aciertos, errores o atractivos de los candidatos. Humores públicos, formulación de temas y lemas que importan a los continentes de esa vasta masa informe que llamamos electorado. En 1994, por ejemplo, mediante un acuerdo político sin precedentes, los tres principales candidatos presidenciales (Zedillo, Fernández de Cevallos y Cárdenas) acordaron realizar un debate televisado nacionalmente. Dada la anémica cultura democrática de entonces, el hecho no podía sino volverse un espectáculo fundador, tanto, que hasta bien entrados los años 2000, el debate de 94 seguía siendo el programa más visto en la historia de la TV mexicana (40 millones de espectadores). Lo más importante, sin embargo, es que su efecto clarificó el curso de la elección, cambió preferencias y afinó percepciones de una gran parte de los ciudadanos sobre aquel dramático año político. El IFE no tuvo nada que ver en esos acomodos, y por el contrario, la celebración de debates entre candidatos se acreditó como un momento indispensable de la competencia política en México.En el año 2000, Vicente Fox se hizo bolas negociando su propio debate, con Francisco Labastida del PRI, en casa de Cuauhtémoc Cárdenas (otro candidato). La cosa se tornó un show de resbalones televisados, en directo, a cual más entretenido, pero dejó una gran interrogante sobre el ascenso del candidato panista, hecho que ya venían registrando las encuestas. La indiscutible terquedad de Fox, sin embargo, fue genialmente remontada por una operación publicitaria que metamorfoseó aquella necedad en un reclamo, el hartazgo compartido de los mexicanos (¡Hoy, hoy, hoy!) y con resultados que siguen sorprendiendo. Un ejemplo más: el 2006 fue el año en que la izquierda mexicana estuvo más cerca que nunca de conquistar la Presidencia de la República, catapultada por una torpe decisión judicial que se creyó con el poder de excluir a López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del DF, aún antes de comenzar el proceso electoral. De ese modo el tabasqueño tuvo todo para entrar a la campaña como víctima de una maquinación, lo que lo transformó en el contendiente más creíble ante los ojos de millones. Más atrás, en 1991, la popularidad del Presidente Salinas –justo en su cenit- fue el factor determinante de la última victoria rotunda y tricolor; y en 2006 fue la cruel escisión social de México, galvanizada por larguísimas campañas en las que ni tirios ni troyanos se ahorraron insultos, diatribas o injurias en las frecuencias de radio y televisión. Así nos fue. Lo que quiero decir es que la política, las decisiones, la estrategia y los personajes que galopan en campaña son los factores que determinan el ascenso, la caída y los jirones electorales en México. Por fortuna, la autoridad electoral, no tiene nada que ver en eso. Por el contrario, su primera tarea consiste en colocarse fuera de esa tramoya mercurial. Mientras las campañas transcurren, el IFE ha de preparar todos los elementos que en unos cuantos meses soportarán el flujo de la votación: la lista de electores, sus credenciales, entrenar a millones de vecinos para el momento crucial de la jornada electoral, generar todo el material necesario, tener listos los programas que darán los resultados, administrar los promocionales de partidos y autoridades en radio y televisión y un largo etcétera. Todas estas cosas y cada una de sus acciones, deben desplegarse, además, solicitando una y otra vez, el visto bueno de los partidos políticos. Por eso la estructura interna del IFE es una densa selva de consejos (general, locales y distritales), comisiones, comités, grupos de trabajo, a los que por ley, asisten los partidos políticos. Es en esos espacios de deliberación infinita, donde los consejeros electorales elaboran la aprobación explícita de todos los partidos a cada uno de los cientos de eslabones de la organización comicial. Es la chamba nodal de un consejero, rumbo al día de las votaciones, generar consensos una y otra vez, hacerse acompañar no de una parte, sino de todos los partidos gracias a sus razonamientos, la transparencia de los instrumentos que ofrece, las seguridades de imparcialidad, limpieza y de confianza. Y si he llegado hasta aquí con estas verdades de Perogrullo, es porque desde nuestro Congreso variopinto, he escuchado voces de legisladores que suponen lo contrario: en el IFE todavía es posible torcer el resultado, desde el Consejo General, se dice, es posible socorrer o complicar la trayectoria electoral. Se trata de un cálculo que ronda cabezas muy influyentes y que como una alucinación, se aparece en cada turno de negociación para nombrar a los tres Consejeros que le faltan al IFE. Por eso es preciso repetirlo: la colegialidad, la visibilidad y la permanente supervisión de ciudadanos, partidos, tribunales, medios, auditores y contralores, hacen del IFE una intrincada estructura de pesos y contrapesos de la que es imposible sorprender al público con truco alguno. Por el contrario: los partidos y los candidatos necesitan al IFE fuerte, del mayor nivel posible, para otra cosa aún más importante: para que su triunfo electoral, obtenido en la calle, sea inapelable frente a sus contrincantes o para que la aceptación de su derrota sea, civilizadamente, ineludible. Simplemente: de eso se trata la elección de consejeros.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 6:34 No hay comentarios:
La principal causa de muerte en México, para las personas de entre 15 y 49 años de edad, es el homicidio. Para esta amplia franja de la población es mayor la probabilidad de fallecer por un ataque violento que por un accidente o por cualquier enfermedad (datos del Instituto Nacional de Salud Pública). Por otra parte, los municipios que han visto crecer de manera exponencial la violencia son aquellos en los que mayor fue la destrucción de empleo formal a partir de la crisis económica de 2008, como Monterrey, Reynosa o Ciudad Juárez. Estos datos reveladores de nuestra realidad obligan a analizar con detenimiento el informe sobre el desarrollo mundial 2011, publicado la semana pasada por el Banco Mundial con el título “Conflicto, seguridad y desarrollo”. El informe permite documentar lo que debería de ser un diagnóstico extensamente compartido en México: que los temas de seguridad, buen gobierno y desarrollo son inseparables. Así lo subraya Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial: “Cuando las instituciones estatales no protegen adecuadamente a los ciudadanos, no los defienden de la corrupción ni les brindan acceso a la justicia, cuando los mercados no ofrecen oportunidades de empleo o cuando las comunidades han perdido su cohesión social, la probabilidad de conflictos violentos se incrementa”. El atraso económico genera violencia y la violencia alienta el rezago económico. Por ejemplo, un país o una zona al interior de una nación que ha vivido con violencia tiene una tasa de pobreza 21% superior a la de los espacios libres de ese problema. Ahí donde hay violencia es más alto el riesgo de que se padezca desnutrición, se triplica la inasistencia de los niños a la escuela y se duplica la probabilidad de que los niños menores de cinco años fallezcan o de que se carezca de acceso al agua potable. La presencia de la violencia es la cara actual del subdesarrollo. En América Latina, 35% de las empresas señalan a la violencia como uno de los grandes problemas para las actividades comerciales. La violencia delictiva involucra sobre todo a los jóvenes, que forman parte de las bandas; 96% de los detenidos y 90% de los desaparecidos son hombres, pero las mujeres y los niños sufren de forma desproporcionada los efectos indirectos de la violencia: ellos representan 80% de los refugiados y desplazados por la violencia. De acuerdo con el Banco Mundial, la violencia es resultado de un círculo vicioso alimentado por la dinámica imperante en la política, la seguridad y la economía. El desempleo juvenil es el principal motivo para incorporarse a las pandillas delictivas; contar con un empleo no sólo permite tener un ingreso, sino también reconocimiento y prestigio, lo que se asocia con la cohesión social. La inadecuada distribución de la riqueza es tierra fértil para la inseguridad: “la desigualdad entre los hogares más ricos y más pobres está estrechamente vinculada con una mayor probabilidad de criminalidad violenta”, dice el Banco Mundial. Por otra parte, la corrupción “tiene efectos doblemente perniciosos en los riesgos de violencia, ya que aumenta el agravio y reduce la eficacia de las instituciones nacionales y las normas sociales”. Entre los “factores de estrés” económicos asociados con la violencia que detecta el Banco Mundial se cuentan: los bajos ingresos de la población, el desempleo juvenil, la riqueza en recursos naturales —que pueden ser objeto de tráfico ilegal—, la fuerte corrupción y la rápida urbanización. Como se aprecia, todos ellos están presentes en el caso mexicano. El mensaje central del Banco Mundial es que para acabar con los ciclos de violencia “es imprescindible reforzar las instituciones y los sistemas de gobierno legítimos de manera que se pueda garantizar la seguridad ciudadana, la justicia y el empleo”. Siendo así, una estrategia para frenar la espiral violenta incluye la reducción de los altos niveles de corrupción y de abuso a los derechos humanos, de tal forma que se pueda recuperar la confianza en las instituciones. A la luz del informe del Banco Mundial, es oportuno reconocer, de una vez, que la generación de empleo para los jóvenes es un pilar central de la seguridad. Se requiere activar lo antes posible el crédito, la inversión en infraestructura, las oportunidades laborales. Contar con una enérgica estrategia en pos del crecimiento económico es ya sinónimo de tener una política integral contra la violencia. Claro, ello implicaría cambiar la orientación de la política económica vigente.
En los últimos meses, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha estado en el ojo del huracán por presumibles actos de corrupción. La agenda de la discusión ha girado en torno a posturas convenientemente ideológicas. Por un lado, las televisoras privadas han dado un gran despliegue a los errores, las ineficiencias y/o posibles conductas ilegales de servidores públicos del IFE. Por otro, la Secretaría Ejecutiva del instituto ha esgrimido que cualquier escrutinio sobre el buen funcionamiento del órgano electoral forma parte de un complot de los “poderes fácticos”, las televisoras y los “enemigos históricos” de las mejores causas de México. Es cuestionable el comportamiento de las televisoras, pero resulta inadmisible que con argumentos metajurídicos se pretenda crear causales de excepción en la aplicación de la ley para el IFE y su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina. Veamos el trasfondo en un caso concreto, de muchos otros potenciales. Primero. El IFE adquirió una propiedad en avenida Acoxpa de la Ciudad de México, a instancias del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina. Este hecho aislado no tendría por qué ser objeto de atención si no fuera por la existencia de un conjunto de datos que generan indicios razonables de que las andanzas del exrector de la UAM no se han ajustado aparentemente al cumplimiento estricto de la ley. En efecto, de entrada se optó por la adjudicación directa, sin contar con los elementos legales que fundaran y motivaran dicha decisión. No se analizó la modalidad del arrendamiento financiero, y se presenta una larga lista de inconsistencias en los datos de la propiedad adquirida. La escritura pública número 51,617 del Distrito Federal, de 2007, establece que el valor del inmueble era de 45 millones 100 mil pesos. No obstante, el avalúo conseguido por personal de Jacobo Molina fue de 262 millones 990 mil pesos. En otras palabras, se pagó 583% más de su valor. ¿Sería posible que alguien pudiera pensar que don Edmundo quisiera tener alguna ventaja o, por el contrario, habría tratado de ayudar a que hubiera menos desigualdad económica empezando con los propietarios del inmueble de Acoxpa? Segundo. Los datos duros no se quedan ahí. El avalúo del citado inmueble señaló que éste tenía una antigüedad de tres años. No obstante, la escritura pública 53761 del Distrito Federal, del 2 de diciembre de 2008, afirma que en esa fecha el edificio cumplía entre 29 y 33 años. Es decir, el inmueble tenía todavía un valor menor por la lógica depreciación que sufren las propiedades con el transcurso del tiempo. En 2008 ya el IFE había invertido 41 millones de pesos en remodelaciones y ampliaciones del edificio que no fueron descontados por el vendedor, y el IFE, a través de su Secretaría Ejecutiva, no dijo nada. Esto, además de ser un atentado al sentido común, violó el acuerdo JGE26/2008 del propio instituto, el cual establece límites para estos rubros. Por si lo anterior fuera poco, el avalúo estableció el inmueble como propiedad individual, pero la escritura citada lo tiene registrado como régimen en condominio, lo que reduce más su valor o aumenta el sobreprecio que se pagó por ese predio. Tercero. Para cerrar el círculo de eventos desafortunados o de actos posibles de corrupción, en un caso para Ripley, el notario público admitió que se omitiera información básica para un acto de compraventa de un bien inmueble –prevista en la ley para dar certeza sobre la propiedad–, como pagos al corriente de agua, predial, libertad de gravamen, entre otros. El notario, por supuesto, no lo hizo gratuitamente. Aceptó 12 millones de pesos como pago por derechos de la escritura de compraventa, sabiendo que tratándose de un bien inmueble de la Federación está exento del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, que equivale a más de 90% de la cantidad recibida por el fedatario público. Así, el IFE aceptó quedarse con un adeudo de más de 4 millones de pesos del impuesto predial del propietario anterior, consintió que se mantuviera la falta consistente en que sólo se había otorgado uso de suelo para la construcción de cuatro pisos cuando en realidad existen 10 niveles, y admitió adeudos de agua y de energía eléctrica. Don Edmundo deberá explicar al Consejo General y a la opinión pública por qué ha pasado esto con el IFE. No con tarjetas que aducen supuestos complots de las fuerzas del mal o conjuras a manera de argumentos. Deben ser explicaciones como aquellas a las que está obligado cualquier otro servidor público, con todas las prerrogativas que la ley le otorga, pero también con las responsabilidades que la ley le impone.
Desde que en 1977 se inauguró el ciclo de la reforma política, ésta siempre ha carecido de un consenso generalizado. Nunca satisface a todos y, más bien, con nadie queda bien. Recuerdo que, desde la izquierda, la de 1977 fue calificada despectivamente como una reforma electorera . Todas las reformas han sido incompletas o limitadas . Debería entenderse que en un régimen constitucional de normal funcionamiento no hay reforma que pueda ser completa. Sólo un Congreso Constituyente es capaz y, por cierto, no siempre, de dar una reforma total del Estado. Finalmente, los partidos representados en el Senado se han puesto de acuerdo, después de un año de negociaciones, en un proyecto que ya ha sido aprobado en comisiones y que se llevará al pleno, según se ha dicho, antes de que termine el mes de abril. Lo notable de este nuevo intento radica en el hecho de una virtual unanimidad de los consensos. Se trata de un acuerdo que tuvo como base varias iniciativas (incluida una de Calderón que fue rechazada en buena parte). Los puntos esenciales de la misma no son muchos (apenas ocho) ni representan un gran avance en la reforma del Estado. Me detendré luego en algunos de ellos. Son los siguientes: se aprueban las candidaturas independientes; se establece el principio de la consulta popular; se acepta el derecho de los ciudadanos a iniciar leyes; se permitirá la reelección legislativa limitada; se impone la llamada iniciativa presidencial preferente; el Ejecutivo podrá vetar el presupuesto y el veto sólo se podrá superar por las dos terceras partes de los legisladores; se establece un sistema muy limitado de ratificación de funcionarios por parte del Senado, y se especifican los casos en que el presidente faltante puede ser sustituido automáticamente por algunos servidores públicos. Calderón propuso otras modificaciones que no pasaron. Los senadores no quisieron meterse con asuntos como la reelección de presidentes municipales; reducción de las cámaras de Diputados (a 400 miembros) y de Senadores (a 96); segunda vuelta en la elección presidencial; aumentar de 2 a 4 por ciento la votación para que los partidos mantengan su registro; respaldo de la iniciativa ciudadana con el 0.1 por ciento del padrón electoral y de las candidaturas independientes con el aval de 1 por ciento, y la facultad de iniciativa de la Suprema Corte. En todo lo demás, la iniciativa presidencial fue aceptada. Ya esta última era limitadísima; pues el consenso de los senadores lo es mucho más. Me interesa comentar algunas de esas reformas. Sobre la reelección de legisladores, en realidad, hay que decir que siempre ha existido, con sus limitaciones. Yo he conocido legisladores que toda la vida lo han sido, como diputados, con el obligado intermedio de tres años, o como senadores. El senador Carlos Jiménez Macías, de San Luis Potosí, fue diputado conmigo en la 52 Legislatura (1982-1985) y no ha dejado de ser o diputado o senador; mi admirado y gran amigo José Luis Lamadrid Sauza también fue diputado conmigo (se alcanzó la puntada de organizar su rica biblioteca jurídica por secciones que hacían referencia a las diferentes comisiones legislativas). También en mi Legislatura, tuve a dos panistas, Gerardo Medina y Juan José Hinojosa, que estaban cumpliendo entonces su cuarto periodo legislativo. Lo único que cambia es que los diputados y los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente por doce años consecutivos los primeros y por nueve los segundos. Es un avance que haya una forma limitadísima de consulta popular (que será obligatoria según el nuevo propuesto artículo 36 constitucional) y la iniciativa popular (artículo 35). Las restricciones a la primera son casi totales; en la segunda es un exceso que se fije como número de iniciantes el 0.25 por ciento de la lista nominal, pues cualquier grupo de ciudadanos, claro, de cierta entidad, debería poder iniciar leyes. Las candidaturas independientes sólo se justifican por el hecho de representar una opción ciudadana; pero tiene más problemas de lo que suele imaginarse. Se podrían presentar, literalmente, cientos de miles de candidatos independientes y, en caso de tener una mediana viabilidad, como dijera en su momento José Woldenberg, habría algo así como un partido sin registro en torno suyo. Eso, por decir lo menos. Es bueno, desde mi punto de vista, que se establezca el veto presidencial al presupuesto. El titular del Ejecutivo debe hacer ver al Legislativo en qué considera que su proyecto no ha sido entendido o ha sido atropellado. Según el proyecto del Senado, en diez días naturales deberá hacer esas observaciones. Lo que me parece excesivo es que se requiera de una mayoría calificada para pasar por sobre el veto del presidente. En ese caso, no habrá modificación presupuestal formulada por el Legislativo que pueda atajar un veto presidencial y el presidente estará siempre en condiciones de burlar la voluntad del Legislativo. Se trata del 74 constitucional y se recurre al 72. El tema más polémico se presenta con la propuesta llamada de iniciativa preferente. Exceptuando la reforma de la Constitución que se excluye expresamente, se dice que el Ejecutivo podrá presentar dos iniciativas o volver a presentar otras dos que no hayan sido dictaminadas y que deberán ser aprobadas o rechazadas en cada periodo de sesiones del Legislativo. Aparte el hecho de que no se justifica ningún tipo de sumisiones del Legislativo al Ejecutivo, queda siempre el hecho de que en un régimen democrático, la labor legislativa implica siempre negociación y, si se quiere, hasta cabildeo por parte del Ejecutivo para que se aprueben sus iniciativas. No puede aceptarse que la labor del Legislativo esté subordinada a ningún principio de urgencia o de máxima necesidad ajena a su soberanía pues, en todo caso, corresponde al mismo Legislativo determinar lo que es urgente o necesario. El presidente puede proponer lo que le venga en gana, pero es el Legislativo el que debe determinar cómo y cuándo se aprueba o se desecha una iniciativa. El Ejecutivo es siempre el encargado natural de formular iniciativas de reformas legales, porque es el poder que gobierna a la nación; pero es, también de modo natural, el Legislativo el que debe decidir en cada caso. El tema de la sustitución del presidente por falta definitiva, en realidad, es un asunto de poca monta. Se trata sólo de fijar quién debe sustituir al presidente, porque, luego, es el Congreso el que debe decidir cómo se sustituye definitivamente al presidente faltante. Que sean los secretarios de Gobernación o de Haciendo o de Relaciones Exteriores me parece una fruslería. Sobre la ratificación de funcionarios, la verdad es que se avanza muy poco. Se había propuesto que el Senado ratificara a todos los funcionarios de alto nivel que nombre el presidente; pero sólo se hace referencia a embajadores, integrantes de los órganos de regulación de telecomunicaciones, energía y competencia económica, así como a oficiales superiores de las fuerzas armadas. Lo que se necesita es que todos los funcionarios de cierto nivel del Ejecutivo sean ratificados por el Legislativo y sean responsables de sus actos ante el mismo.
El experimento consistía en que el alumno tenía que memorizar ciertas pala- bras y el maestro le aplicaba electroshocks cada vez que se equivocaba. Con cada error que cometía el alumno, el voluntario le tenía que incrementar el shock en 15 voltios. La máquina para aplicar los electroshocks clasificaba la intensidad de los shocks: de 15 a 60 "shock suave", 375-420 "shock severo" y 435 a 450 volts "shock en extremo peligroso". El papel del alumno era cometer errores. Evidentemente la máquina no daba electroshocks pero ello no lo sabía el voluntario. El alumno tenía que fingir que temía por su vida y comenzaba a gritar y agitarse. Cuando ello desconcertaba al voluntario, un técnico del laboratorio le decía con cierta autoridad: "el experimento requiere continuar".
La pregunta que quería responder Mil- gram era qué porcen- taje de voluntarios es- taba dispuesto a aplicarle electroshocks al alumno hasta el tope de la máquina, es decir, hasta los 450 voltios. Los hallazgos fueron sorprendentes en todos sentidos: 6 de cada 10 voluntarios llegaron hasta los 450 voltios, no hubo diferencias entre hombres y mujeres y los resultados fueron iguales en Estados Unidos, Holanda, España, Australia, Sudáfrica y Alemania. Ello quiere decir que 6 de cada 10 personas con las que nos topamos en la calle estarían dispuestas a electrocutarnos si hay un técnico de laboratorio, con cierta autoridad, que les ordena continuar. ¿Por qué? ¿Qué explica este patrón?
Esta teoría de la disonancia cognosci- tiva me parece que se puede aplicar espléndidamente a las resistencias al cambio de los operadores del sistema judicial. Los jueces, los ministerios públicos, los defensores pierden la capacidad de criticar y evaluar su desempeño pues llevan comportándose de determinada manera muchos años. Les es casi imposible ver las tremendas injusticias que la maquinaria produce todos los días.
LA CARA TORVA DEL PUEBLO
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 8:21 No hay comentarios:
Una de las peores cosas que han pasado en México en los últimos años es que nos hemos ido acostumbrando poco a poco a ver tragedias de una magnitud humana imposible de describir.Cuando aparecieron los primeros descabezados o los primeros colgados en los puentes sentimos una profunda angustia y se hizo un pequeño escándalo en los medios de comunicación. Actualmente casi nada nos impresiona. Escuchamos la cifra de ejecutados del día anterior como si fuera parte de nuestra dieta. Ha sido tanto el dolor que hemos visto por todos los medios de información y que han pasado tantos millones de familias mexicanas, que buscamos protegernos un poco a través del conformismo o la resignación. Pero con todo y esa dosis de anestesia social, es imposible no conmoverse con el descubrimiento de las fosas comunes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Los datos que fluyeron en los días pasados con cuentagotas permiten trazar un mapa del horror más absoluto y de la violencia más abyecta. Varios de los cadáveres encontrados en las distintas fosas comunes de Tamaulipas presentaban hundimiento de cráneo, lo que —según los forenses que los analizaron— significa que los habían matado a mazazos. Es difícil contener la rabia y la desesperación cuando uno imagina la escena del verdugo, despojado por completo de cualquier rastro de humanidad, dejando caer el mazo encima de una cabeza y luego de otra, hasta completar su macabra serie de homicidios. Duele también ver la angustia en los rostros de las personas que acuden a preguntar si los cadáveres encontrados son de sus hijos o hermanos. Ya no guardan mayores esperanzas, pero buscan al menos el consuelo de poder darles sepultura, de tener un lugar al que acudir a rezarles o a depositarles unas flores. No quieren más que acompañar sus huesos hacia su última morada, para que no queden por siempre enterrados junto a sus compañeros de desgracia, en una fosa común que lo mismo podría haber alojado restos de animales o cualquier otro despojo. ¿Qué hemos hecho mal como sociedad para permitir que ese horror se haya producido? ¿Qué tipo de educación le estamos dando a nuestros jóvenes para que, en el límite del terror y la desesperanza, hayan decidido tener destinos como el del Pozolero o como los asesinos de Tamaulipas? Podríamos caer en el simplismo de pensar que la culpa la tiene el gobierno (así en general, para no entrar en detalles sobre si la principal responsabilidad es de la Federación o de los estados y municipios), pero estaríamos obviando la evidente responsabilidad que recae en todos nosotros. Cuando una sociedad es capaz de permitir que en su interior se reproduzcan conductas que encarnan el mal absoluto, la culpa no puede quedar restringida al gobierno. Es como si los alemanes dijeran que toda la responsabilidad por el Holocausto la tuvo personalmente Hitler, cuando lo cierto es que muchos de ellos participaron —por acción o por omisión— en el suceso más estremecedor y lamentable del siglo XX, sólo equiparable a las dos bombas atómicas que Estados Unidos tiró sobre territorio japonés en Hiroshima y Nagasaki. No me pasa por alto que no estamos ni siquiera cerca del número de muertos que se produjeron durante la locura nazista, pero lo que me preocupa es el salvajismo, la maldad con la que nos estamos viendo obligados a convivir.Quienes tengan hijos menores de edad compartirán seguramente conmigo la vergüenza de tener que explicarles lo que significan esas horribles noticias de las que se enteran a través de los medios de comunicación. ¿Qué pensarán ellos al enterarse de que sus mayores han permitido un estado de degradación tan grande e incomprensible de su país? ¿Qué esperanzas pueden albergar en el futuro de una nación que permite el asesinato masivo a golpes de mazo o que no sabe impedir que a centenares de personas se les disuelva en ácido para desaparecer sus restos?Estamos viendo lo que espero que sean los años más duros de un proceso de degradación social e institucional muy grave y profundo. Ojalá tengamos la entereza de rescatar a nuestro gran país, que no merece que sus niños crezcan viendo tantas tragedias, que no merece que tantas madres y padres hayan visto morir a sus hijos, que no merece tanta sangre regada en nuestras calles. Debemos rescatar a México del horror absoluto que nos envuelve y que amenaza la viabilidad de toda la nación. No hay espacio para ningún tipo de claudicación ni duda. México será en el futuro lo que nosotros comencemos a construir desde hoy mismo. Por eso no debemos demorarnos más.
ESTO NO ES UNA NARCOMANTA
Comúnmente se habla de los efectos de los medios como si fuese algo inmediato, medible y observable. En los estudios sobre el tema aparece el concepto de habituación. Ésta no solo refiere a la manera en la cual incorporamos en nuestra rutina cotidianas cosas antes ajenas o extrañas sino que, además, da cuenta de la manera en la cual construimos nuestra propia idea de normalidad. Los medios, además, legitiman a quienes emiten un mensaje a través de ellos. Desde el director técnico que explica el último resultado de su equipo hasta el Presidente de la República que expresa su evaluación sobre un tema determinado. Estas opiniones contextualizan la información que, a la larga, otorga a dichos personajes la legitimidad para expresar un punto de vista determinado.
En no pocas ocasiones sus declaraciones constituyen la nota misma. Un disparate, improperio u ocurrencia marciana llegan con gran facilidad a la primera plana de la prensa nacional. Aquí la habituación es nociva pues abona el argumento de que la política es una porquería. Una concepción difícil de cuestionar y que, sin embargo, simplifica la realidad y desconoce todas aquellas cosas que la política si logra hacer (p.ej. conciliar diferencias en torno a temas que hoy proveen de un andamiaje institucional perfectible pero hasta cierto punto funcional).
El otro ejemplo de esta habituación es todavía más riesgoso. Me percaté de ello en una de mis clases en la Facultad de Psicología de la UNAM en donde abordamos el complejo entramado de los efectos de los medios de comunicación. Preguntaba a mis alumnos sobre cuál creían ellos que fuera la justificación editorial de los medios mexicanos para difundir imágenes de narcomantas colocadas a propósito en la escena de algún crimen. Para mí no son más que palabras podridas que acompañan la descomposición de los cuerpos que yacen a su lado. Un macabro pie de foto a actos bestialmente deshumanizados. Frases que, en todo caso, carecen de valor periodístico o informativo. No hay una sola de estas cartulinas, lonas o mantas que me haya transmitido otra cosa que la complacencia de los medios que las publican para legitimar la voz de quienes violan nuestras leyes y degradan a nuestra sociedad.
Reservando mis opiniones en ese momento, escuché atónito sus respuestas. Que los narcos son más confiables para informar que las instituciones del Estado, que lo que ellos digan puede aclararnos mejor lo que sucede en realidad entre las bandas criminales, que su presencia en los medios es justificada por el poder que estos tienen. En pocas palabras que los criminales que redactan estos “mensajes” tienen no solo el derecho de salir en los medios sino la autoridad moral para expresar su visión del mundo.
Le reivindicación de los redactores de estos mensajes como personas que tuvieran algo que decirle a la sociedad me espeluznó. No creo que, fuera de mi salón de clase, las opiniones sean muy distintas. Marchando hace unas semanas en la convocatoria surgida en torno al asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia, escuchaba las iracundas voces que dirigían su odio a Felipe Calderón ignorando en sus consignas a quienes son parte central del problema, las bandas del crimen organizado. Es tanto el enojo y frustración de la sociedad contra las autoridades encargadas de procurar justicia que parecería que el crimen organizado es una víctima más. Un actor agraviado por la virulenta incompetencia del gobierno que se ha visto obligado a escalar el uso de la violencia dentro de su operación comercial.
Pero qué nos puede decir una narcomanta sobre la realidad nacional. ¿Que los medios son voceros voluntariosos de las organizaciones criminales? ¿Que a fuerza de verlos y leerlos todos los días nos hemos habituado a compartir el espacio público con ellos? ¿Que hoy los sentimos parte de nuestro entorno y que los medios han tenido una gran responsabilidad en construir esta aceptación? Personalmente no me convence ninguno de los argumentos “periodísticos” para justificar la publicación de estos mensajes. A largo plazo creo que los medios nos han acostumbrado a considerar al crimen organizado como un elemento de poder legítimo, capaz de modificar percepciones y ganar simpatías para su causa. Y esa sería la más infortunada de las derrotas. Legitimar su existencia, pasarles el micrófono, darles la palabra. El idioma es el mismo pero el lenguaje de la violencia no construye al mundo, lo disuelve.
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References: artículo 29
 artículo 40
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 74
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 ARTÍCULO 14