Source: https://www.scribd.com/document/87043313/Propuesta-del-PRO-sobre-transporte-metropolitano-Dictamen-de-Minoria
Timestamp: 2017-12-12 03:16:24+00:00

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Description: Dictamen de Minoría LEY DE DEFENSA DEL USUARIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO Y DE AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - Propuesta del PRO
Dictamen de Minoría LEY DE DEFENSA DEL USUARIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO Y DE AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - Propuesta del PRO
Honorable Cámara: Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Asuntos Municipales, Transportes y Presupuesto y Hacienda, han considerado el proyecto de ley en revisión del H. Senado de la Nación, por el cual se propicia "ratificar la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los servicios de transporte subterráneo y premetro", expediente 26-S-2012 y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente:
PROYECTO DE LEY El Senado y Cámara de Diputados,… LEY DE DEFENSA DEL USUARIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO Y DE AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Capítulo I Disposiciones generales Artículo 1°: Transfiérense a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las siguientes funciones, competencias y servicios: 1. Transporte público de subterráneos. 2. Transporte público de pasajeros, premetro y tranvía que opere dentro de la jurisdicción territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 3. Justicia nacional del Trabajo, Civil, Comercial, Correccional y Criminal. 4. Servicio Penitenciario Federal, en la medida necesaria para asistir a los fueros que se transfieren por el apartado anterior. 5. Superintendencia de Seguridad Metropolitana y Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina. 6. Registro de la Propiedad Inmueble. 7. Inspección General de Justicia.
8. Puerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 9. Inmuebles ferroviarios del Estado Nacional no afectados a concesión ferroviaria alguna y los que se desafectaren en el futuro, sitos en territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 10. Competencia exclusiva para la regulación, administración, explotación, control y fiscalización de los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, incluyendo la percepción de todos los producidos y la transferencia de las concesiones vigentes.
Artículo 2°: Todas las transferencias se realizarán y concretarán bajo las condiciones y el procedimiento establecidos en la presente ley y de acuerdo con lo previsto en el artículo 75, inciso 2°, de la Constitución Nacional. En consecuencia, previamente a la efectiva entrada en vigencia de las transferencias, el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán acordar las condiciones de las transferencias y acordar y concretar la reasignación y transferencia de los recursos necesarios para la adecuada prestación y sostenimiento de los servicios transferidos y la transferencia deberá ser aprobada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°: La estimación y liquidación de los importes respectivos, en los términos previstos por el artículo 8° de la ley 23.548, a fin de que la transferencia de competencias, servicios y funciones establecida en la presente ley sea realizada con la correspondiente reasignación de los recursos correspondientes (art. 75, inc. 2° de la Constitución Nacional), será efectuada en forma conjunta entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y el Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deberá contemplar la disminución del porcentaje de distribución primaria de coparticipación federal a favor del Estado Nacional y el equivalente aumento de la distribución secundaria en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa asignación de recursos no podrá implicar, en ningún caso, la disminución del porcentaje de coparticipación que corresponde a las provincias de acuerdo con lo previsto en la ley 23.548 y sus normas complementarias.
Artículo 4°: El Estado Nacional aportará el total de los recursos necesarios para la realización de las inversiones decididas y comprometidas mediante el decreto 1683, dictado por el Poder Ejecutivo nacional el 28 de diciembre de 2005.
Capítulo II Agencia Metropolitana de Transporte Artículo 5°: Créase la Agencia Metropolitana de Transporte (AMT), con capacidad de derecho público y privado, como organismo interjurisdiccional consultivo, de coordinación y planificación en materia de transporte e infraestructura de la Región Metropolitana.
Artículo 6°: La Agencia Metropolitana de Transporte (AMT) estará integrada por la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Artículo 7°: A los fines de la presente ley la Región Metropolitana de Buenos Aires, comprende el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los siguientes partidos de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Lobos, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Punta Indio, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, y Zárate.
Artículo 8°: La Agencia Metropolitana de Transporte tendrá competencias y funciones en forma exclusiva y excluyente en materia de planificación, regulación, fiscalización y control de la movilidad sustentable en el ámbito de la Región Metropolitana de Buenos Aires, y las que puedan asignársele en cualquier otra disposición legal y reglamentaria, a fin de que se posibilite la efectiva implementación de un sistema integrado de transporte.
Artículo 9°: Queda fuera del ámbito de competencia de la Agencia Metropolitana de Transporte, el transporte que desarrolle su actividad íntegramente en el ámbito de una única jurisdicción. No obstante ello, cada jurisdicción deberá coordinar sus políticas locales para su armonización con las regionales o podrá delegar en la
AMT la realización de acciones de planeamiento, regulación, fiscalización y control.
Artículo 10: La Agencia Metropolitana de Transporte será la autoridad de aplicación de todas las actividades relacionadas con el servicio de transporte público interjurisdiccional en la Región Metropolitana de Buenos Aires.
Artículo 11: Son objetivos de la Agencia Metropolitana de Transporte: 1. Definir, implementar y ejecutar las políticas comunes de ordenamiento, coordinación, planificación, regulación, control y fiscalización de las distintas modalidades del transporte, tendientes a alcanzar el equilibrio del sistema interjurisdiccional y la movilidad sustentable en materia de transporte. 2. Promover y facilitar el ejercicio coordinado de las potestades públicas por parte de todas las instituciones con competencia en materia de transporte, conciliando los diversos intereses que confluyen en el ámbito geográfico de la Región Metropolitana de Buenos Aires. 3. Fomentar e impulsar la coordinación de los servicios, redes y tarifas, y la puesta a disposición del usuario de una mejor oferta, con el fin de fomentar la información sobre los servicios públicos de transporte. 4. Promover la red de transporte de manera integral. 5. Impulsar medidas que propicien la obtención de un sistema de movilidad sustentable y la utilización del transporte de manera racional y eficiente mediante la integración plena de los aspectos sociales, medioambientales y económicos del desarrollo sustentable, propiciando la menor incidencia en el consumo energético por pasajero movilizado. 6. Inducir la optimización de los recursos públicos y privados como medio para estimular la interoperabilidad de los diferentes modos y medios de transporte.
Artículo 12: Son funciones de la Agencia Metropolitana de Transporte: 1. Realizar un relevamiento sobre la situación actual del transporte interjurisdiccional en las zonas delimitadas por el artículo 7° de la presente ley, con el objetivo de ordenar, coordinar y planificar políticas del sistema de transporte. 2. Elaborar la reglamentación de la presente ley en cuanto a su organización y funcionamiento dentro de los treinta (30) días de su constitución.
3. Elaborar o modificar las normas reguladoras del funcionamiento y control del sistema y proponer a las autoridades que correspondan las modificaciones que considere pertinentes a las normas de rango superior. 4. Determinar la conformación del directorio de la Agencia Metropolitana de Transporte en cuanto a la integración, funcionamiento y estructura interna, cuidando la debida y proporcional participación de todos los sectores comprometidos para su correcto funcionamiento. 5. Promover mecanismos de coordinación y asistencia con aquellos organismos o instituciones que, teniendo competencia en otras materias, puedan desarrollar actuaciones que incidan en el sector del transporte. 6. Desarrollar el banco de datos, tendiente a implementar un sistema estadístico del transporte metropolitano. 7. Fomentar la información sobre los servicios públicos de transporte. 8. Proponer los regímenes tarifarios y de subsidios al usuario, otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de los servicios públicos de transporte bajo jurisdicción de las partes que operen servicios en la región. 9. Dictaminar respecto de los proyectos, planes de obra o de desarrollo que interesen o afecten al sistema de transporte de la región, originados en cualquiera de los organismos dependientes de las partes. 10. Elaborar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos y elevarlo a los organismos competentes de la superioridad para su aprobación. Sus ejercicios financieros comenzarán el 1° de enero y finalizarán el 31 de diciembre de cada año. 11. Proponer ante la autoridad competente la gestión de créditos nacionales e internacionales con destino a estudios, proyectos y obras y servicios que hagan al cumplimiento de los objetivos de la Agencia Metropolitana de Transporte. 12. Celebrar convenios de cooperación, intercambio técnico y estudios con organismos nacionales y extranjeros. 13. Intervenir en forma previa mediante opinión fundada en toda aplicación de recursos que corresponda a inversiones en infraestructura de transporte y material rodante. 14. Fomentar la inversión privada en el servicio de transporte. 15. Elaborar el plan al que hace referencia el artículo siguiente de la presente ley, en los términos y con los alcances de los ítems precedentes y en el marco de lo establecido en el artículo 11. 16. Aprobar el reglamento de defensa de los derechos de los usuarios de servicios públicos de transporte de pasajeros en el área metropolitana Buenos Aires. Dicho reglamento deberá contemplar, como mínimo, el derecho de los usuarios, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económi-
cos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Asimismo deberá contemplar, en defensa de los usuarios, el cumplimiento de las pautas típicas del servicio público, en particular la continuidad y regularidad del servicio, la igualdad en las condiciones de prestación y la aplicación de tarifas justas y razonables.
Artículo 13: La Agencia Metropolitana de Transporte elaborará en el término de ciento veinte (120) días un plan maestro que será revisable en períodos bianuales. El plan definirá las políticas y las estratégicas públicas, y los proyectos de inversión y desarrollo a cumplir por las distintas jurisdicciones para alcanzar los objetivos y metas propuestos. El plan maestro será anualmente actualizado y tendrá, al menos, el siguiente contenido: 1. Planificación por zonas en función de las especificidades de cada sector de la Región con delimitación y justificación del ámbito geográfico establecido. 2. Análisis y diagnóstico de la demanda y oferta de transporte. 3. Objetivos, criterios y modelo de movilidad en la región metropolitana. 4. Directrices de ordenamiento, coordinación y planificación de los servicios, la infraestructura, el tráfico y las instalaciones afectadas al transporte. 5. Recomendaciones para la mejora de la satisfacción del usuario del transporte público. 6. Protocolos de calidad y seguridad para la prestación de los servicios de transporte. 7. Régimen tarifario de los servicios de transporte. La ejecución de obras, proyectos, actuaciones o cualquier otra acción que lleven a cabo las jurisdicciones que forman parte de la Agencia Metropolitana de Transporte (AMT), ya sea en forma conjunta o separada, deberán encontrarse adecuadas a los objetivos y criterios funcionales establecidos en el plan maestro. Los criterios básicos de la política de ordenamiento, coordinación y planificación del sistema del transporte contenidos en el plan serán expresamente tenidos en consideración para la planificación y programación de infraestructuras de transporte, del tráfico y, en general, la realización de actuaciones que incidan en el sistema de transporte metropolitano.
Artículo 14: La agencia será dirigida y administrada por un directorio compuesto
por seis (6) miembros nombrados de a dos (2) por el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo habrá un director, con voz pero sin voto, en representación de las asociaciones de defensa de usuarios del servicio de transporte público de pasajeros, elegido de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. Artículo 15: Los miembros del directorio deberán observar los mismos requisitos que para ser diputado nacional y ser personas de reconocida idoneidad, trayectoria o conocimiento en la materia, rigiendo las incompatibilidades vigentes para los funcionarios públicos.
Artículo 16: El directorio en pleno elegirá un presidente, quien ejercerá la representación legal del organismo y un vicepresidente que lo reemplazará en caso de ausencia o impedimento transitorio justificado. Durarán cuatro (4) años en sus funciones y podrán ser reelegidos por sólo un período de idéntica duración. La presidencia rotará anualmente entre un representante de cada una de las tres jurisdicciones integrantes de la agencia. El directorio tomará sus resoluciones por unanimidad. Las resoluciones del directorio agotan la vía administrativa y serán recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Artículo 17: Los miembros del directorio serán removidos de sus cargos cuando se operen causas justificadas y cuando se verifique: 1. Incumplimiento grave de los deberes y responsabilidades establecidas en el marco legal vigente y su reglamento interno. 2. Condena por la comisión de delitos dolosos. 3. Incompatibilidad sobreviniente.
Artículo 18: El directorio de la Agencia Metropolitana de Transporte será asistido por un comité ejecutivo, el que tendrá a su cargo la gestión administrativa de la agencia y estará integrado en forma permanente por dos representantes designados por la autoridad de aplicación en la materia en la Nación, en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 19: La Agencia Metropolitana de Transporte se financiará con los recursos provenientes de: 1. Los fondos aportados por cada una de las jurisdicciones que lo integran, en los términos que indique la reglamentación. 2. La aplicación de la tasa nacional de fiscalización del transporte. 3. Los subsidios, donaciones o legados que bajo cualquier título reciba y acepte sin cargo. 4. Otros recursos que le asignen la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5. Créditos nacionales o internacionales. 6. Cualquier otro ingreso que previeren las normas especiales dictadas al efecto.
Artículo 20: La Agencia Metropolitana de Transporte estará sometida a los siguientes controles: a) De auditoría y legalidad: a cargo de la Sindicatura General de la Nación, con arreglo a lo dispuesto en la ley 24.156, y sus funcionarios quedarán sometidos a las responsabilidades emergentes del cuerpo normativo aplicable a la Administración Nacional. b) De gestión y patrimonial: por parte de la Auditoría General de la Nación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la Constitución Nacional.
Artículo 21: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las funciones complementarias y aporta la infraestructura edilicia inherente a los servicios públicos que se transfieren por la presente ley y los siguientes recursos: 1. Los bienes muebles e inmuebles y demás patrimonio inherente a la prestación del servicio público de transporte transferido. 2. Los permisos, licencias y concesiones del transporte público ferroviario de pasajeros por subterráneo y premetro, sin perjuicio de los derechos adquiridos de los concesionarios. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá en su calidad de continuadora jurídica del contrato observar y respetar el mismo durante su vigencia en lo que resulte materia de transferencia por esta ley. 3. La titularidad de la cuenta fiduciaria de segundo grado denominada Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) en el fideicomiso constituido en el Banco de la Nación Argentina, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 14 y 15 de la
ley 26.028.
Artículo 22: Invítase a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que adhieran a la presente ley en lo referido a la creación de la Agencia Metropolitana de Transporte.
Artículo 23: Derógase la ley 25.031. Las leyes y reglamentos vigentes sobre los distintos medios de transporte se aplicarán en todo lo que no esté expresamente modificado la presente.
Capítulo III Transferencia de la Justicia Nacional Artículo 24: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1°, apartado 3, de la presente ley, la justicia nacional del fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia y continuará integrando el Poder Judicial de la Nación.
Artículo 25: Los tribunales que se transfieren a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprenden a los magistrados, funcionarios y empleados, bienes muebles e inmuebles, estructuras funcionales, elementos de uso y consumo cualquier otro elemento que haga a la función específica y normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales transferidos. Los magistrados, funcionarios y empleados transferidos conservarán el mismo nivel escalafonario, los derechos, beneficios, remuneración, antigüedad, régimen previsional y servicios sociales vigentes al momento de la transferencia. Hasta tanto la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dicte la legislación definitiva, se seguirán aplicando el reglamento para la Justicia Nacional, sus normas accesorias, complementarias y acordadas vigentes en todo aquello que fuere compatible con la presente ley.
Transferencia de la Policía Federal Artículo 26: La Policía Federal Argentina, en la parte no transferida por la presente ley, continuará cumpliendo las funciones de policía de seguridad y auxiliar de la justicia, previstas en el artículo 1° de su ley orgánica, respecto del fuero federal y dependerá orgánica y funcionalmente del Poder Ejecutivo nacional. La transferencia de las dos superintendencias previstas en el artículo 1°, apartado 5, de la presente, comprende también a las áreas científicas, de investigaciones criminales y las que ejercen el control del sistema ferroviario y de subterráneos dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, la transferencia comprenderá la totalidad de los bienes muebles e inmuebles, los elementos de uso y consumo, los equipos, materiales, concesiones, derechos, obligaciones, arrendamientos, convenios vigentes y personal de las superintendencias y áreas previstas en la presente ley, como también cualquier otro elemento que haga a la función específica de las áreas transferidas. El personal de la Policía Federal Argentina transferido será incorporado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mantendrá los actuales derechos, antigüedad, grado, cargo asignado, haber mensual, suplementos particulares y generales, viáticos e indemnizaciones, destino y situación, la percepción del haber de retiro para sí, la pensión para sus deudos, la asistencia médica y sanitaria y cualquier otro derecho no enunciado en la presente que sea inherente a su tarea.
Capítulo V Registros Artículo 27: Los agentes del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Inspección General de Justicia incluidos en la transferencia prevista en el artículo 1°, apartados 6 y 7, de la presente ley, conservarán el mismo nivel escalafonario, los derechos, beneficios, remuneración, antigüedad, régimen previsional y servicios sociales que tuvieren al momento de la transferencia. La transferencia de ambos organismos comprenderá la totalidad del patrimonio, incluyendo bienes muebles e inmuebles, elementos de uso y consumo, equipos y materiales, como cualquier otro elemento que haga a su función específica y normal funcionamiento.
Puerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 28: A los efectos de lo dispuesto por el artículo 1°, apartado 8, de la presente ley, no será de aplicación la condición fijada por el artículo 12 de la ley 24.093. De tal forma, esa transferencia operará de pleno derecho transcurrido el plazo improrrogable de ciento ochenta (180) días desde la promulgación de esta ley, siempre y cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubiere cumplido en ese término los recaudos legales y administrativos que permitan la administración del Puerto de Buenos Aires, y así lo hubiere comunicado al Estado Nacional.
Artículo 29: La transferencia del Puerto de Buenos Aires incluye la total cesión por parte del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las facultades y derechos que en forma enumerativa se indican a continuación: 1. Los derechos emergentes de las concesiones de uso y operación de los bienes públicos portuarios adjudicados por el Poder Ejecutivo Nacional a las empresas privadas que explotan las terminales uno a seis del Sector Puerto Nuevo del Puerto de Buenos Aires. 2. Las facultades y derechos que en esos contratos se otorgan actualmente a la Administración General de Puertos S.E. (AGP) como fuera establecido en los correspondientes pliegos de las licitaciones públicas o concesiones directas u otros tipos de cesiones. 3. Todo predio o área que actualmente se encuentre administrado por la Administración General de Puertos S.E. (AGP), en relación con la actividad logística y de transporte del Puerto de Buenos Aires. 4. Las facultades y derechos relativos a dichos predios de los que gozara la Administración General de Puertos S.E. (AGP), como fuera establecido en los correspondientes pliegos de las licitaciones públicas o concesiones directas u otros tipos de cesiones. 5. Toda otra zona portuaria relacionada con la logística del transporte de pasajeros o cargas, incluyendo aquellas que se encuentren actualmente bajo la jurisdicción del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONAB) y de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación. 6. Los recursos, sean éstos partidas presupuestarias, cánones, tarifas, derechos y tasas por servicios de cargas, cobrados por cuenta y orden de terceros y otros recursos tributarios de afectación específica, percibidos o afectados por el Estado Nacional o la Administración General de Puertos S.E. (AGP), relacionados con el Puerto de Buenos Aires.
Artículo 30: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires gozará, a partir de la promulgación de la presente ley, de las facultades, atribuciones y funciones propias de la administración del puerto y su explotación por sí o por medio de terceros, teniendo en cuenta la finalidad esencial del puerto como herramienta del comercio marítimo y fluvial internacional e interjurisdiccional, así como todas aquéllas concernientes a la autoridad portuaria del Puerto de Buenos Aires, emergentes de la normativa vigente.
Artículo 31: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires seleccionará, conforme al criterio de utilidad que ella fije, el personal de la Administración General de Puertos S.E. (AGP) que considere idóneo en relación con las facultades, atribuciones y obligaciones que se le ceden en materia portuaria por la presente ley y, en su caso, acordará con el Estado Nacional su transferencia.
Artículo 32: El territorio, aguas jurisdiccionales, infraestructura e instalaciones del Puerto de Buenos Aires estarán afectados a la prestación de los servicios portuarios a buques, cargas y pasajeros, con el carácter de puerto de uso público y destino comercial como lo establece la ley 24.093, pudiendo desarrollarse en el mismo otras actividades, siempre que a criterio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires éstas no sean incompatibles con la operación portuaria de buques y cargas, a la logística, al comercio local, interjurisdiccional o internacional o transporte de personas.
Artículo 33: La Administración General de Puertos S.E. (AGP) y el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONAB) deberán, en el plazo improrrogable de noventa (90) días a partir de la promulgación de la presente ley, efectuar sendos informes detallados de todas las concesiones, licencias y permisos de uso relativos al Puerto de Buenos Aires, así como remitir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todos los antecedentes y expedientes en trámite vinculados con el mismo objeto. En el mismo plazo, asimismo, la Administración General de Puertos S.E. (AGP) deberá confeccionar el programa de su liquidación y, fenecido dicho término, las competencias residuales de Administración General de Puertos S.E. (AGP) pasarán a la órbita de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación."
Capítulo VII Disposiciones finales Artículo 34: Encomiéndase a la comisión bicameral "Ciudad de Buenos Aires" el seguimiento del cumplimiento de la presente ley, de acuerdo con la competencia asignada por el artículo 15 de la ley 24.588.
Artículo 35: Todos los detalles de índole legal, administrativa y funcional que sea menester resolver para la efectiva entrada en vigencia de las transferencias dispuestas por la presente, deberán ser acordadas por el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la celebración de los convenios que resulten necesarios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6° de la ley 24.588.
Artículo 36: Deróganse los artículos 8° y 10 de la ley 24.588.
Honorable Cámara: El proyecto de ley bajo análisis llega a esta Cámara en revisión, luego de haber sido aprobado por el Senado de la Nación, de acuerdo con una iniciativa del Poder Ejecutivo (mensaje n° 341, del 8/3/2012). El objeto del proyecto es transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los servicios de transporte subterráneo y premetro más los servicios de transporte público automotor de pasajeros y de tranvía cuya prestación se realice dentro del ámbito territorial de la ciudad. De acuerdo con el propio mensaje del Poder Ejecutivo nacional, "la modificación propuesta tiene un sentido netamente federal al avanzar en reconocer a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la posibilidad de ejercer la jurisdicción y fiscalización sobre todos aquellos servicios públicos que sean prestados dentro del ámbito de su territorio" (página 8, segundo párrafo). Sin embargo, a pesar del expresado propósito, tan abarcativo y amplio, la iniciativa ha omitido incluir varios servicios que se prestan en el ámbito y territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que tienen indiscutible índole local, como lo prueba el hecho de que en el resto del país son prestados por las respectivas provincias. Se trata, básicamente, de servicios que no fueron transferidos a la jurisdicción local por aplicación de la ley 24.588 o de otras normas particulares. Compartimos plenamente el espíritu y el propósito del proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, pero también consideramos que la evolución institucional y el actual grado de desarrollo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reclaman una transferencia más amplia de servicios locales. Coincidimos, efectivamente, con el Poder Ejecutivo nacional cuando afirma que "los servicios de naturaleza y jurisdicción local son resorte de las autoridades locales" (página 1, tercer párrafo). Por lo anterior, adherimos a la loable iniciativa pero también proponemos ampliarla para que comprenda a todos y no sólo a algunos, de los servicios de índole local que el Estado Nacional aún ejerce y controla dentro del ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera tal que la proyectada ley sea, verdaderamente, "la última instancia de un proceso que guarda relación directa con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires", como certeramente se señala en el mensaje (página 8, tercer párrafo). Concretamente, proponemos incluir en la transferencia a todos los fueros del Poder Judicial de la Nación que carecen de competencia federal y ejercen, por lo tanto, una competencia estrictamente local; a las áreas de la Policía Federal Argentina que actúan como fuerza de seguridad de la ciudad; a las áreas del Servicio Penitenciario Federal vinculadas con los fueros a transferir; al Registro de la Propiedad Inmueble; a la Inspección General de Justicia; al puerto de la ciudad; a todos los
inmuebles ferroviarios no afectados a la prestación de servicios interjurisdiccionales; y también la potestad de regulación, administración, explotación y control de los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, junto con la transferencia de las concesiones vigentes en esta última materia. Análisis en particular de algunos de los artículos propuestos Artículo 1° La diferente índole de los servicios y funciones que serán transferidos, requerirá un tratamiento diferenciado para cumplir adecuadamente la previsión del artículo 75, inciso 2°, de la Constitución Nacional que, advertimos, no ha sido debidamente contemplado en el proyecto bajo análisis. Ese artículo de nuestra norma fundamental, es el que consagra el régimen de coparticipación federal de impuestos a fin de realizar la distribución de competencias y recursos entre la Nación y las provincias, incluyendo entre estas últimas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y como es sabido, incluye una previsión de acuerdo con la cual "no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso". La vigencia de la mencionada cláusula constitucional, del artículo 6° de la ley 24.588 y del artículo 2° de la ley 26.288, exigen la inclusión, en el proyecto, de dos artículos, que proponemos como 2° y 3°, a fin de que el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplan adecuadamente con las normas vigentes pero contemplando las particularidades y peculiaridades de cada uno de los servicios, funciones o competencias que se transfieren. Proponemos el siguiente texto: Artículo 3° En el caso de los organismos que se transfieren, la reasignación presupuestaria se presenta como sencilla de concretar, ya que se trata de determinar el monto actualmente asignado en el presupuesto general de la Nación para el pago de las remuneraciones del personal y para el gasto de funcionamiento, incluyendo en este último las amortizaciones y deudas que correspondan. Pero en el caso del transporte público de pasajeros, en cambio, esa determinación no resulta tan sencilla por la existencia de un complejo sistema de subsidios y de aportes establecido y controlado por el Estado Nacional, más los compromisos de inversión y mantenimiento que también tiene asumidos el mismo Estado Nacional. Además, dentro de este mismo rubro, no es igual la situación de los subterráneos que la del premetro, el tranvía o el transporte automotor de pasajeros. En el primer caso, existen inversiones comprometidas por el Estado Nacional (decreto 1683/2005) que resultan imprescindibles e impostergables a fin de asegurar un correcto y, sobre todo, seguro funcionamiento del servicio y que, indudable e
ineludiblemente, deberán ser soportadas por el mismo Estado Nacional, dada la magnitud de los recursos necesarios y el atraso en que ha incurrido la Nación en la concreción de las inversiones y obras por ella misma decididas y comprometidas. Para asegurar esas inversiones, proponemos el siguiente artículo: Artículo 4° En el caso del transporte automotor de pasajeros, en cambio, la situación es diferente, porque ese servicio no requiere de inversiones o de mantenimiento a cargo del poder concedente, sea éste nacional o local. Esta particularidad, podría llevar a suponer, ligeramente, que respecto de este caso no se torna necesario prever reasignación alguna de recursos. Sin embargo, la suposición está muy lejos de ser verdadera. Porque existe el ya mencionado complejo e intrincado sistema de subsidios dispuestos por el Estado Nacional que, en la práctica, implica cobrar por el servicio una tarifa notoriamente inferior a la que correspondería en caso de no existir las subvenciones estatales. Ese subsidio no puede desaparecer como consecuencia de la transferencia, porque conduciría directamente a un sensible incremento en el precio del boleto que pagan los pasajeros, lo cual generaría una evidente e insostenible situación de desigualdad con el costo del mismo servicio de transporte automotor de pasajeros, pero de carácter interjurisdiccional, que funciona dentro del territorio de la ciudad de Buenos Aires. La garantía del artículo 16 de la Constitución Nacional obsta a la concreción de semejante posibilidad. Es de toda evidencia y razonabilidad, que todos los servicios de transporte automotor de pasajeros que operan en la ciudad de Buenos Aires deben tener un costo igual y equitativo para todos los usuarios, con independencia de que sean interjurisdiccionales o no. Concretamente, en los casos de transferencia de servicios que cuenten con subsidios destinados a permitir el cobro del servicio a valores que no cubren los costos de explotación o provisión, el gobierno nacional y la ciudad deberán acordar el monto de una tarifa justa y razonable para los usuarios. La diferencia entre el costo de explotación o provisión del servicio y lo que se calcule de percepción de tarifas, se considerará como monto de los recursos a ser transferidos con el servicio. Ese monto, anualizado, deberá ser el equivalente a los puntos de coparticipación que la Nación deducirá de su distribución primaria y que la ciudad incrementará en su porcentual de distribución secundaria, sin afectar los recursos de las provincias. Por ello es tan necesario el ya aludido convenio que la Nación y la ciudad deberán celebrar, luego de sancionada la ley, en los términos del artículo 6° de la ley 24.588. Dentro de ese marco, ambas jurisdicciones involucradas deberán acordar el mantenimiento de un nivel igualitario de subsidios o, por el contrario, la eliminación lisa y llana de ese aporte estatal. De lo que no caben dudas, es de que la Nación, en caso de que decida mantener el sistema de subsidios y el abaratamiento que ello
implica en el costo que pagan los usuarios del transporte automotor, deberá mantenerlo tanto para el transporte interjurisdiccional, que no se transfiere y queda a su cargo, como para el transporte de índole local que se transfiere a la jurisdicción y competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ninguna solución luce más apropiada, para resolver las complejas cuestionadas enunciadas, que deferir al acuerdo entre las dos jurisdicciones la determinación de las reasignaciones presupuestarias que deberán producirse, de acuerdo con el ya mencionado artículo 75, inciso 2°, de la Constitución Nacional, el artículo 8° de la ley 23.548 y el artículo 6° de la ley 24.588. La transferencia, a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la competencia para regular y controlar el transporte público de pasajeros en el ámbito de su jurisdicción tendrá el efecto de sumar una nueva autoridad de control dentro de la denominada región metropolitana, constituida por la misma ciudad, el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y los municipios de esta última que existen dentro del área. Esa multiplicidad de jurisdicciones aconseja y requiere la creación de un ente interjurisdiccional que reemplace la multiplicidad de organismos con competencia en la materia para reemplazarlos por una nueva y única autoridad conformada por todas las jurisdicciones involucradas. Proponemos, mediante una propuesta superadora de una disputa política menor, la creación de ese ente en los artículos 5 a 20 del proyecto. Al respecto, es importante destacar que definimos al ente no solo por su función de proveer una gestión unificada e inteligente del transporte metropolitano de pasajeros, que abarca a más de nueve millones de argentinos, sino también por su caracterización como un organismo de defensa de los derechos de los usuarios de conformidad con lo previsto por el artículo 42 de la Constitución Nacional, lo que da título a nuestro proyecto de ley. Artículos 24 y siguientes A fin de resolver los múltiples aspectos vinculados a la trascendental transferencia que se propicia, se proponen distintos artículos que se agrupan en diferentes capítulos. Con esta iniciativa, que consideramos complementaria pero superadora de la enviada por el Poder Ejecutivo nacional, se podrá hacer efectivo, de manera cabal e integral, el propósito perseguido por nuestra más alta autoridad nacional de lograr que "los servicios de naturaleza y jurisdicción local" sean "resorte de las autoridades locales". Por lo expuesto y las razones que se expresarán en oportunidad de discutirse el proyecto, solicitamos su aprobación. Sala de las comisiones, 27 de marzo de 2012.
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Hipotesis presentada

References: Artículo 1

Artículo 2
 artículo 75

Artículo 3
 artículo 8

Artículo 4
 Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12
 artículo 7
 artículo 11

Artículo 13

Artículo 14
 Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20
 artículo 85

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23
 Artículo 24
 artículo 1

Artículo 25
 Artículo 26
 artículo 1
 artículo 1
 Artículo 27
 artículo 1
 Artículo 28
 artículo 1
 artículo 12

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33
 Artículo 34
 artículo 15

Artículo 35
 artículo 6

Artículo 36
 Artículo 1
 artículo 75
 artículo 6
 artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 artículo 16
 artículo 6
 artículo 75
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 42