Source: http://www.ibertalleres.com/guias/Alicante%20III%20-%20recursos/accesible/legislacion/PRESTACIONES.htm
Timestamp: 2014-08-31 02:27:34+00:00

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PRESTACIONES SOCIALES Prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad
Las prestaciones económicas de la Seguridad Social, pueden ser de dos tipos: contributivas y no contributivas. Las primeras tienen derecho a percibirlas aquellas personas que han cotizando a la Seguridad Social durante su etapa de actividad laboral. Las prestaciones no contributivas responden a una renta de compensación por no haber cotizado a la misma.
Las prestaciones de la modalidad contributiva se verifican en función de periodos previos de cotización, y se clasifican en subsidios o prestaciones económicas de carácter temporal -incapacidad temporal y desempleo- y en pensiones de jubilación, invalidez, viudedad y orfandad. ¿Dónde está regulada?
Según el art. 34 de la Ley de la Seguridad Social, es Invalidez o Incapacidad Permanente, "la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de valoración objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral".
Cuando la persona es mayor de 65 años no se le reconocerá pensión de invalidez, sino pensión de jubilación.
Tendrá también la consideración de invalidez permanente:
• La situación de invalidez provisional que subsista después de transcurridos 6 años. • La situación del trabajador que, agotado el período máximo de duración de la incapacidad laboral transitoria (18 meses), requiera la continuación de la asistencia sanitaria y se encuentre imposibilitado de reanudar su trabajo, previéndose que la invalidez va a tener carácter definitivo. Grados de incapacidad
Es aquélla que, sin alcanzar el grado total, ocasiona al trabajador una disminución a partir del 33% de su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.
• Estar afiliado y en alta, o en situación asimilada al alta en la Seguridad Social. • Tener un período de cotización de 1.800 días en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha de extinción de la incapacidad temporal de la que se derive la incapacidad permanente parcial. ¿A qué tenemos derecho?
A una indemnización a tanto alzado (redondeo al entero siguiente), equivalente a 24 mensualidades de la (*) base reguladora, que sirvió para el cálculo de la situación de incapacidad de la que derive.
Base reguladora (consiste en contabilizar los 168 meses anteriores divididos por 196, el resultado nos dará la pensión a cobrar).
Es aquélla que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión u oficio, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.
• Estar afiliado y en alta, o en situación asimilada al alta, en la Seguridad Social. • Tener un período de cotización de 1.800 días en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha de extinción de la incapacidad temporal de la que se derive la incapacidad permanente parcial. ¿A qué tenemos derecho?
A una pensión vitalicia del 55% de la base reguladora, incrementada por un 20% cuando el trabajador tenga o cumpla 55 años y/o se encuentre en situación de paro y se prevea que por su edad no pueda encontrar un trabajo distinto.
Dicha prestación pasa a denominarse pensión de jubilación al cumplir el beneficiario 65 años, sin que ello implique modificación de las condiciones de la prestación que venía percibiendo.
La pensión vitalicia que se cobre, será compatible con el salario que pueda llegar a percibir el trabajador en la misma empresa donde trabajaba o, en su caso, en otra distinta, con la obligación de comunicar dicha circunstancia al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social).
3.- Incapacidad Permanente Absoluta.
Es aquélla, por la que, el trabajador queda inhabilitado por completo para toda profesión u oficio.
• Estar afiliado y en alta, o en situación asimilada al alta, en la Seguridad Social. • Tener cubiertos los períodos de cotización siguientes:
- En el supuesto de que la incapacidad derivara de enfermedad común y el trabajador estuviera en alta y fuera menor de 26 años, la mitad del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió 16 años y la fecha del hecho causante. - En el supuesto de que la incapacidad derivara de enfermedad común y tuviera cumplidos los 26 años o mayor, un cuarto del tiempo transcurrido entre la fecha en que haya cumplido los 20 años y la del día en que se hubiera producido el hecho causante, con un mínimo de 5 años cotizados.
- Si la incapacidad derivara de enfermedad profesional o de accidente laboral, no se exige ningún período previo de cotización, si el trabajador está de alta en la Seguridad Social al tiempo del hecho causante.
- Si la incapacidad derivara de enfermedad común o accidente no laboral y el trabajador no está de alta en la Seguridad Social, o situación asimilada, se exige un período mínimo, que ha de estar comprendido dentro de los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se cause la pensión. ¿A qué tenemos derecho?
A una pensión vitalicia del 100% de la base reguladora. La prestación pasa a llamarse pensión de jubilación al cumplir el beneficiario 65 años, sin que ello implique modificación alguna de las condiciones de la prestación que venía percibiendo.
La pensión por incapacidad permanente absoluta no impide el desarrollo de actividades lucrativas o no, compatibles con el estado del sujeto afectado por la incapacidad, y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo.
Por otra parte, esta pensión es incompatible con la prestación por desempleo y con la pensión de jubilación.
Es aquélla por la que el trabajador se encuentra afectado de incapacidad permanente absoluta, y como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer y análogos.
El trabajador afectado por tal grado de incapacidad debe reunir los mismos requisitos y período de cotización que los exigidos en el apartado de la incapacidad permanente absoluta.
A una pensión vitalicia del 100% de la base reguladora, incrementada en un 50% destinado a la remuneración de la persona que ayuda o atiende al afectado.
Los beneficiarios de Pensión no Contributiva de Invalidez que inicien una actividad laboral por cuenta propia o ajena, recuperarán automáticamente el percibo de la pensión cuando cesen en la actividad, a cuyos efectos no se tendrán en cuenta, en el cómputo anual de sus rentas, las que hubieran percibido en virtud de su trabajo en el ejercicio en que se reponga el pago de la pensión.
Existe carencia cuando las rentas o ingresos de que se disponga, en cómputo anual para 2004, sean inferiores a 3.868,20 € anuales.
No obstante, si son inferiores a 3.868,20 € anuales y se convive con familiares, únicamente se cumple el requisito cuando la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su Unidad Económica de Convivencia, sean inferiores a las cuantías que se recogen en el siguiente cuadro, según caso: a. Convivencia sólo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado:
• Nº de convivientes = 2 (6.575,94 €/año)
• Nº de convivientes = 3 (9.283,68 €/año)
• Nº de convivientes = 4 (11.991,42 €/año)
• Nº de convivientes = 2 (16.439,85 €/año)
• Nº de convivientes = 3 (23.209,20 €/año)
• Nº de convivientes = 4 (29.978,55 €/año)
c. Minusvalía/Discapacidad: Grado igual o superior al 65%. El derecho a Pensión no Contributiva de Invalidez no impide el ejercicio de aquellas actividades laborales, sean o no lucrativas, compatibles con el estado de minusvalía o discapacidad del pensionista y que no representen un cambio en su capacidad real para el trabajo.
Actualización de las pensiones para 2004
La Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, establece la revalorización de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva y no contributiva para dicho año, así como la de otras prestaciones de protección social pública.
Las PNCs experimentan un incremento del 2,8% que incluye el 0,8% de desviación del IPC del año anterior, y su cuantía queda fijada en 3.868,20 € íntegros anuales, que se abona en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias al año, por lo que se mantiene íntegro el poder adquisitivo de estas pensiones en el año 2004 y se actualiza la cuantía de ingresos suficientes que limita el acceso y mantenimiento del derecho a las mismas.
Los pensionistas de PNC de invalidez cuyo grado de minusvalía/discapacidad sea igual o superior al 75% y acrediten la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida, percibirán además un complemento del 50% de los 3.868,20 € anuales, fijado en 1.934,10 € anuales.
3.868,20 €
Íntegra más
5.802,30 €
Cuando dentro de una misma familia conviva más de un beneficiario de pensión no contributiva, la cuantía máxima anual conjunta es la siguiente:
6.575,94 €
9.283,68 €
Prestación familiar no contributiva por hijo discapacitado a cargo Asignación económica que se reconoce por cada hijo a cargo del beneficiario, menor de 18 años o mayor afectado de una minusvalía en grado igual o superior al 65%, cualquiera que sea la naturaleza legal de su filiación.
Se considera "hijo a cargo" a aquél que viva con el beneficiario y a sus expensas, siempre que sea menor de 18 años o, siendo mayor de esa edad, esté afectado por una minusvalía igual o superior al 65%, cualquiera que sea la naturaleza legal de su filiación. No rompe la convivencia la separación transitoria motivada por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares.
Residir legalmente en territorio español. No tener derecho, ninguno de los padres, a la asignación económica por hijo a cargo en la modalidad contributiva. No tener derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social. No haber percibido (si se tiene a cargo hijos menores de 18 años no minusválidos) durante el ejercicio presupuestario anterior ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores al límite establecido.
Rentas o ingresos computables Cuando se trate de hijos menores de 18 años no minusválidos, el reconocimiento del derecho a la cuantía de la asignación está en función del nivel de ingresos. En los casos de hijos minusválidos, cualquiera que sea su edad, no afecta el nivel de ingresos para el reconocimiento del derecho.
En los supuestos de convivencia del padre y de la madre, cuando el hijo sea menor de 18 años no afectado por una minusvalía, los ingresos anuales de ambos se computan conjuntamente. Se presume que existe convivencia, salvo prueba en contrario, siempre que no medie separación judicial o divorcio.
Cuantías durante el año 2004
Hijos menores de 18 años no minusválidos:
291,00 euros anuales (24,25 euros mensuales), cuando los ingresos del beneficiario no rebasen el límite establecido de 8.264,28 euros anuales más un 15% por cada hijo a cargo a partir del segundo.
Cuantía inferior y variable, cuando los ingresos del beneficiario rebasen el límite establecido, pero sean inferiores a la cuantía que resulte de sumar a dicha cifra el producto de multiplicar el importe anual de la asignación por hijo por el número de hijos a cargo del beneficiario.
Dicha diferencia se distribuye entre los hijos a cargo y las mensualidades a que se tenga derecho a la prestación dentro de cada ejercicio económico.
No se reconocerá asignación económica por hijo a cargo, cuando la diferencia sea inferior a 24,25 euros anuales por cada hijo.
Hijos menores de 18 años que, además, estén afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33%: 581,64 euros anuales por hijo (48,47 euros mensuales). No se exige en estos casos límite de recursos económicos al tratarse de un minusválido.
Hijos con 18 ó más años afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 65%: 3.129,48 euros anuales por hijo (260,79 euros mensuales). No se exige en estos casos límite de recursos económicos al tratarse de un minusválido.
Hijos con 18 ó más años afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 75% y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesiten el concurso de otra persona para realizar los actos vitales más elementales como vestirse, desplazarse, comer o análogos:
4.694,28 euros anuales por hijo (391,19 euros mensuales). No se exige en estos casos límite de recursos económicos al tratarse de un minusválido.
Documentos que deben de acompañar a la solicitud
Documento Nacional de Identidad del solicitante. Si es extranjero, tarjeta de residencia o permiso de residencia en su caso.
Documento Nacional de Identidad del otro titular de la patria potestad o tutela.
Declaración de la renta del último ejercicio fiscal, siempre que la solicitud no se refiera exclusivamente a hijo/s minusválido/s, o declaración personal de no tener obligación de presentarla.
Documento Nacional de Identidad de los hijos a cargo mayores de 16 años.
Prestaciones sociales económicas de la Ley de Integración Social del minusválido (LISMI)
• Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). (BOE del 30 de abril)
• Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula el sistema especial de prestaciones sociales y económicas previsto en la Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos (BOE del 27 de febrero)
• Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que derogó (refundiendo) la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, de Pensiones no Contributivas (BOE del 29 de junio)
• Ley 3/1997, de 24 de marzo, sobre recuperación automática del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos (BOE del 25 de marzo)
• Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía (BOE del 26 de enero de 2000)
El sistema especial de prestaciones establecido en la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), desarrollado en el Real Decreto 383/84, establece un conjunto de prestaciones económicas, • Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos (SGIM) • Subsidio por Ayuda de Tercera Persona (SATP) • Subsidio de Movilidad y Compensación por Gastos de Transporte (SMGT) y de prestaciones técnicas.
• Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica (ASPF)
Destinados a la protección de las personas discapacitadas que por no desarrollar actividad laboral no están comprendidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social.
Los Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y por Ayuda de Tercera Persona quedaron suprimidos por la Disposición Transitoria Undécima del Real Decreto Legislativo 1/1994, manteniendo el derecho los beneficiarios que los tenían reconocidos, en los términos y condiciones previstos en la legislación específica que los regula. Es posible la opción entre ser titular de estos subsidios o perceptor de una Pensión no Contributiva de Invalidez, Jubilación o Hijo a Cargo Minusválido, siempre que se reúnan las condiciones exigidas para acceder a estas pensiones.
Pueden ser beneficiarios de estas prestaciones los ciudadanos españoles y nacionales de otros países, con residencia legal en España que cumplan los REQUISITOS que para cada prestación se citan a continuación, advirtiendo que estos Subsidios son compatibles entre sí e incompatibles con otras prestaciones públicas, siempre que sean de igual naturaleza y finalidad, y superior cuantía, cuando ésta sea inferior se abona la diferencia. Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica (ASPF)
• No estar comprendido en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social por no desarrollar actividad laboral. • No tener derecho como titular o beneficiario a estas prestaciones del sistema de Seguridad Social. • Minusvalía/Discapacidad: Grado igual o superior al 33%
• No estar comprendido en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social por no desarrollar actividad laboral. En el supuesto de que teniendo reconocido el derecho, se comience a trabajar por cuenta propia o ajena, se suspenderá el pago del subsidio, recuperándose automáticamente cuando finalice dicha actividad. • No ser beneficiario o no tener derecho, por edad o por cualesquiera otras circunstancias a prestación o ayuda de análoga naturaleza y finalidad y, en su caso, de igual o superior cuantía otorgada por otro organismo público. En caso de menor importe se abonará la diferencia entre ésta y el subsidio. • No superar el nivel de recursos económicos personales del 70%, en cómputo anual del salario mínimo interprofesional, vigente en cada momento. En el supuesto de que el beneficiario tenga personas a su cargo dicho importe se incrementará en un 10%, por cada miembro distinto del beneficiario hasta el tope máximo del 100% del citado salario. • Edad: Tener dieciocho o más años • Minusvalía/Discapacidad: Grado igual o superior al 65% y verse imposibilitado de obtener empleo adecuado por esta causa.
• No estar comprendido en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social por no desarrollar actividad laboral. • No ser beneficiario o no tener derecho, por edad o por cualesquiera otras circunstancias a prestación o ayuda de análoga naturaleza y finalidad y, en su caso, de igual o superior cuantía otorgada por otro organismo público. • No superar el nivel de recursos económicos personales del 70%, en cómputo anual del salario mínimo interprofesional, vigente en cada momento. En el supuesto de que el beneficiario tenga personas a su cargo, dicho importe se incrementará en un 10%, por cada miembro distinto del beneficiario hasta el tope máximo del 100% del citado salario. • Edad: Tener dieciocho o más años • Minusvalía/Discapacidad: Grado minusvalía igual o superior al 75% • Necesidad de asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida • No hallarse internado en centro.
• No estar comprendido en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social por no desarrollar actividad laboral. • No ser beneficiario o no tener derecho, por edad o por cualesquiera otras circunstancias a prestación o ayuda de análoga naturaleza y finalidad y, en su caso, de igual o superior cuantía otorgada por otro organismo público. • No superar el nivel de recursos económicos personales y/o familiares del 70%, en cómputo anual del salario mínimo interprofesional, vigente en cada momento. En el supuesto de que el beneficiario tenga personas a su cargo o dependa de una unidad familiar dicho importe se incrementará en un 10%, por cada miembro distinto del beneficiario hasta el tope máximo del 100% del citado salario. • Edad: Tener tres o más años • Minusvalía/Discapacidad: Grado igual o superior al 33% • Grave dificultad para utilizar transportes colectivos • No encontrarse imposibilitado para desplazarse fuera de casa. • Si está interno en centro, salir al menos diez fines de semana al año
Actualización de las prestaciones para 2004
La Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, no contempla la revalorización de los Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y por Ayuda de Tercera Persona ya que son prestaciones a extinguir.
El Subsidio de Movilidad y Compensación para Gastos de Transporte si se revaloriza de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos y experimenta un incremento del 2,8% que incluye el 0,8% de desviación del Indice de Precios al Consumo en el período noviembre/2002 a noviembre/2003.
CUANTIA ANUAL
CUANTIA MENSUAL
Vigencia de las prestaciones y obligaciones de los beneficiarios
El uso adecuado de los recursos públicos debe quedar garantizado, por ello los beneficiarios están obligados a:
• Observar las prescripciones de los facultativos sanitarios, así como las medidas rehabilitadoras que se establezcan y cooperar a la mayor eficacia de las mismas. • Aplicar las prestaciones económicas a la finalidad para la que hayan sido otorgadas. • No rechazar una oferta de empleo adecuada. • Comunicar, en el plazo máximo de quince días desde que se produzcan, las modificaciones sobrevenidas en su situación que pudieran tener repercusiones en relación con el derecho a las prestaciones o con el contenido de las mismas y, en general, proporcionar cuanta información les sea requerida a efectos de las prestaciones. • Presentar anualmente declaración de sus rentas o ingresos y de los de su unidad familiar de convivencia en impreso-formulario que a ese fin se le remita por el Organismo Gestor de sus subsidios.
A su vez, las Administraciones Públicas tienen el deber y el derecho de establecer los mecanismos de control oportunos para evitar cualquier utilización indebida de las prestaciones sociales; controles que se efectúan tanto con carácter previo al reconocimiento como con posterioridad periódica y anualmente.
El Registro de Prestaciones Sociales Públicas en el que se inscriben todas las pensiones públicas, incluidos estos subsidios, es un instrumento básico de la gestión pública de protección social al posibilitar el seguimiento y control permanente del derecho a las prestaciones y sus perceptores.
El derecho a seguir percibiendo los subsidios se extingue cuando se deja de reunir alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento, así como por el incumplimiento de las obligaciones citadas.
Fecha de disposición: 30/12/2003
Número de disposición: 23935
Páginas: 46784-46873
El Título IV se trata 'De las pensiones públicas' En materia de pensiones públicas y prestaciones asistenciales, se establecen las cuantías de las prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a cargo, de las pensiones asistenciales y subsidios económicos de la Ley 13/1982, de Integración social de Minusválidos, revalorización para el año 2004 de las prestaciones de gran invalidez del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de las Ayudas Sociales a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Puede consultar el BOE del 31/12/2003
Real Decreto 375/2003, de 28 marzo, aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo
Organismo emisor: Ministerio de Administraciones Públicas
Páginas: 14244
Establece las ayudas a trabajadores con hijos con minusvalía a cargo.
Puede consultar el BOE del 11/04/2003
Real Decreto 462/2002, de 24 mayo, de Indemnizaciones por razón del servicio
Organismo emisor: Ministerio de Presidencia
Páginas: 19212
Regula las indemnizaciones por gastos a personas que acompañan a personas con minusvalía.
Puede consultar el BOE del 30/05/2002
Orden de 11 diciembre 2003, regula y convoca ayudas en materia de servicios sociales en el sector de discapacitados para el año 2004 Fecha de publicación: 18/12/2003
Publicado en: Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
Número: 4653
Organismo emisor: Consellería de Bienestar Social
Páginas: 30340
Artículo 1. Ámbito y objeto.
Es objeto de esta Orden, regular y convocar ayudas y subvenciones en materia de servicios sociales en el sector de discapacitados psíquicos, físicos, sensoriales y enfermos mentales dirigidas a fomentar las siguientes prestaciones y servicios:
I) Centros.
II) Programas.
III) Prestaciones económicas individualizadas.
Organismo emisor: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Artículo. 8. Beneficiarios. 1. Serán beneficiarias de la prestación de rehabilitación médico-funcional aquellas personas que, además de las condiciones contenidas en los apartados c) y d) del artículo 2, reúnan las siguientes: A) Estar afectadas por una minusvalía en grado igual o superior al 33%. B) No tener derecho, sea como titulares o como beneficiarios, a los tratamientos previstos en el artículo 9, con cargo al Régimen General o a regímenes especiales de sistema de la Seguridad Social. C) Constituir su disminución un obstáculo para su adecuada integración educativa, laboral o social. Los minusválidos que reciban las prestaciones de recuperación profesional reguladas en los artículos anteriores tendrán derecho a percibir un subsidio cuando, para la ejecución del programa individual que les haya sido fijado, se vean obligados a realizar gastos adicionales de alojamiento, comedor o transporte. Número de disposición: 383/84
Orden de 2 enero 2003, modifica la Orden 28-12-2001 (LRM 2002/19), de la Consejería de Trabajo y Política Social, sobre ayudas periódicas para personas con discapacidad
Fecha de disposición: 02/01/2003
Número: 4 (suplemento)
«Que la renta per cápita de la unidad familiar no supere el 80% del SMI vigente, incluidos los ingresos de la persona beneficiaria. Cuando la unidad familiar esté formada por dos miembros el límite se elevará hasta el 100% del SMI y cuando esté constituida por un solo miembro alcanzará el 150% del SMI.
Excepcionalmente para la prestación permanente de servicios personales, cuando en la unidad familiar hubiera más de un miembro en el que concurran los requisitos establecidos en los artículos 3, 4 y 6.4 de la Orden de 28 de diciembre de 2001, el límite de la renta per cápita de la unidad familiar se incrementará en un 20% por cada uno de ellos».
Organismo emisor: Consejería de Trabajo y Política Social

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 

Artículo 1
 artículo 2
 artículo 9