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Timestamp: 2019-07-18 20:08:45+00:00

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C-042 de 2018
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030034976CC-SENTENCIAC042201816/05/2018CC-SENTENCIA_C_042__2018_16/05/2018300349752018LA CORTE CONSTITUCIONAL DETERMINÓ QUE ANTE LA AUSENCIA DEL JUEZ DE CONOCIMIENTO, EL CONTROL JUDICIAL DE LA CAPTURA DEBE REALIZARSE POR EL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS, EL CUAL RESOLVERÁ SOBRE LA SITUACIÓN DE LA CAPTURA DEL CONDENADO
CONSTITUCIONALIDADGloria Stella Ortiz DelgadoD-11862Identificadores20030154732true1251700original30144516Identificadores
LA CORTE CONSTITUCIONAL DETERMINÓ QUE ANTE LA AUSENCIA DEL JUEZ DE CONOCIMIENTO, EL CONTROL JUDICIAL DE LA CAPTURA DEBE REALIZARSE POR EL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS, EL CUAL RESOLVERÁ SOBRE LA SITUACIÓN DE LA CAPTURA DEL CONDENADO
PARÁGRAFO. La persona capturada en cumplimiento de orden judicial será puesta a disposición de un Juez de Control de Garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido.Lo aquí dispuesto no se aplicará en los casos en que el capturado es aprehendido para el cumplimiento de la sentencia, caso en el cual será dispuesto (sic) a disposición del juez de conocimiento que profirió la sentencia.
El ciudadano Eudoro Echeverri Quintana intervino en el trámite para “avalar” la demanda y solicitó que se declare la EXEQUIBILIDADCONDICIONADA de la norma acusada, en el entendido de que, si la sentencia no está ejecutoriada, la persona capturada será puesta a disposición del juez de conocimiento o, en su defecto, del juez de control de garantías en el término de 36 horas.
El Instituto Colombiano de Derecho Procesal solicitó que se declare la EXEQUIBILIDADCONDICIONADA de la norma acusada, en el entendido de que, en los casos en los que la captura tiene como fundamento el cumplimiento de una sentencia condenatoria, se debe acudir ante el juez de conocimiento en un término máximo de treinta y seis (36) horas siguientes a la captura para la legalización respectiva y sólo en el caso de que ese funcionario no esté disponible la legalización se adelante ante el juez de control de garantías.
Conforme al numeral 4º del artículo 241 de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 56 (parcial) de la Ley 1453 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”, que modificó el artículo 298 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, por tratarse de una disposición jurídica que hace parte de una ley de la República.
La intervención de la Defensoría del Pueblo y el concepto inicial del Procurador General de la Nación implica para la Sala Plena la necesidad de pronunciarse, antes del análisis de las acusaciones de inconstitucionalidad, sobre la aptitud de la demanda. Una vez se haya verificado lo anterior, y de ser procedente, la Corte abordará el estudio de fondo de la demanda de la referencia.
Los demandantes consideraron que el artículo 56 (parcial) de la Ley 1453 de 2011, es inconstitucional por desconocer los artículos 28 y 93 de la Carta. Los ciudadanos sustentaron el cargo admitido por esta Corporación en que la norma demandada no contempla el control judicial de la captura con ocasión del cumplimiento de la sentencia penal ante el juez de control de garantías y tampoco un término preciso para su ejercicio. Consideran que dicha disposición jurídica es inconstitucional, porque una persona capturada para cumplir la pena podría permanecer aprehendida por un lapso indeterminado sin que pueda ser destinataria de una revisión judicial efectiva para proteger su derecho a la libertad, es decir, no establece su presentación ante el juez de control de garantías en un término concreto[9].
La Defensoría del Pueblo solicitó la declaratoria de inhibición con fundamento en que uno de los actores había presentado previamente una demanda en contra de la misma norma acusada en esta oportunidad, la cual fue rechazada por la falta de acreditación de los requisitos para estructurar un cargo de inconstitucionalidad. Dicho libelo se sustentó en argumentos subjetivos relacionados con los efectos particulares de la disposición censurada, adolecía de falta de claridad y se basó en razones generales que no lograron demostrar la contradicción con los preceptos superiores invocados. En igual sentido, el Procurador General de la Nación sostuvo que, a pesar de que reconoce que la interpretación que hacen los ciudadanos de la norma demandada es plausible, la demanda no contiene un cargo cierto, aunque no solicitó a la Corte la declaratoria de inhibición, como tal.
Al respecto, este Tribunal recuerda que su jurisprudencia ha sostenido reiteradamente[10] que la acción pública de inconstitucionalidad constituye una manifestación del derecho fundamental a la participación ciudadana y configura un instrumento jurídico valioso, que le permite a las personas defender el poder normativo de la Carta y manifestarse democráticamente frente a la facultad de configuración que ostenta el Legislador (artículos 150 y 114 CP)[11].
Desde esta perspectiva, si bien es cierto que en virtud de lo preceptuado por el principiopro actione, las dudas de la demanda deben interpretarse en favor del accionante[16] y la Corte debe preferir una decisión de fondo antes que una inhibitoria[17], también es cierto que este Tribunal no puede corregir ni aclarar los aspectos confusos o ambiguos que surjan de las demandas ciudadanas[18] "so pretexto de aplicar el principio pro actione, pues, se corre el riesgo de transformar una acción eminentemente rogada, en un mecanismo oficioso"[19], circunstancia que desborda el sentido del control de constitucionalidad por vía de acción que le compete.
El artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, fija las condiciones o requisitos mínimos de procedibilidad de las demandas de inconstitucionalidad, exigiéndole a los ciudadanos en la presentación de las mismas, que (i) señalen las disposiciones legales contra las que dirigen la acusación; (ii) delimiten las preceptivas superiores que consideran violadas y (iii) expliquen las razones o motivos por los cuales estiman que tales normas de la Carta han sido desconocidas.
En ese orden de ideas, para la jurisprudencia de esta Corporación[23] el concepto de la violación requiere que los argumentos de inconstitucionalidad contra las normas acusadas sean: i) claros, es decir, que exista un hilo conductor en la argumentación que permita comprender el contenido de la demanda y las justificaciones que la sustentan; ii) ciertos, la demanda habrá de recaer sobre una proposición jurídica real y existente; iii) específicos, en la medida que se precise la manera en que la norma acusada vulnera un precepto o preceptos de la Constitución, con argumentos de oposición objetivos y verificables entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, lo que hace inadmisibles los argumentos vagos, indeterminados, abstractos y globales; iv) pertinentes, el reproche debe ser de naturaleza constitucional pues no se aceptan reproches legales y/o doctrinarios; y, v) suficientes, debe exponer todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio y que despierten duda mínima sobre la constitucionalidad de la disposición acusada.
Expuesto lo anterior, la Corte procede a verificar si la demanda cumple con todos los requisitos de aptitud relacionados con el concepto de violación.
Para establecer la aptitud de la demanda de la referencia, la Sala considera que debe analizarse el alcance de la disposición acusada, para luego proceder al estudio de aptitud de las acusaciones invocadas por los ciudadanos, pues sólo de esa manera puede verificarse si el cargo es cierto y si la interpretación que hacen los demandantes de la disposición acusada es posible y no proviene de un entendimiento subjetivo de la misma.
Analizados en conjunto los elementos argumentativos del concepto de violación, la Corte considera que, contrario a lo expresado por el Ministerio Público, la demanda es cierta pues recae sobre una proposición jurídica real y existente como es el parágrafo (parcial) del artículo 298 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 56 de la Ley 1453 de 2011, que contiene una norma jurídica explícita que permite entender la exclusión de la aplicación de lo establecido en la primera parte de esa disposición, específicamente en relación con el examen de legalidad de la captura realizado por el juez de control de garantías en un plazo máximo de treinta y seis (36) horas.
“PARÁGRAFO. La persona capturada en cumplimiento de orden judicial será puesta a disposición de un Juez de Control de Garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido.Lo aquí dispuesto no se aplicará en los casos en que el capturado es aprehendido para el cumplimiento de la sentencia, caso en el cual será dispuesto a disposición del juez de conocimiento que profirió la sentencia.”
Los demandantes consideraron que la norma contiene una regulación especial en materia de control judicial de la captura de aquellas personas que se realice con ocasión del cumplimiento de la sentencia, contenida en parágrafo del artículo 298 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 56 de la Ley 1453 de 2011. A su juicio, quienes son aprehendidos para hacer efectiva la sentencia no cuentan con la revisión de legalidad realizada por el juez de control de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la retención. Manifestaron que esta situación desconoce el derecho a la libertad, por lo que pretenden que la Corte declare la inexequibilidad del aparte demandado.
La mayoría de intervinientes[27] solicitaron la exequibilidad condicionada del fragmento con base en que desconoció el término de treinta y seis (36) horas previsto en el artículo 28 de la Constitución para que las personas capturadas sean puestas a disposición judicial, pues consideran que este plazo aplica para toda clase de capturas.
En consecuencia, los problemas jurídicos que debe abordar la Corte son los siguientes:
¿El artículo 56 (parcial) de la Ley 1453 de 2011, que modificó el artículo 298 de la Ley 906 de 2004, que consagra el control judicial de la captura con ocasión del cumplimiento de una sentencia, por parte del juez de conocimiento, desconoce el artículo 28 de la Constitución porque, i) permite un entendimiento según el cual esta modalidad de captura no exige el cumplimiento del término de las treinta y seis (36) horas para que el detenido se ponga a disposición del mencionado funcionario judicial para que realice el control de legalidad y de constitucionalidad de la aprehensión
¿La norma objeto de control desconoce el artículo 28 Superior porque, a pesar de que tal excepción pudiera referirse únicamente al juzgador que debe efectuar la revisión judicial de la detención y no a la inaplicación del plazo, la garantía se torna nugatoria debido a que el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales no es continua y se ve afectada por la organización del servicio de la administración judicial
Para abordar los problemas jurídicos enunciados, la Corte analizará los siguientes aspectos: i) el derecho penal y su impacto constitucional, la libertad de configuración del Legislador en esta materia y sus límites; ii) la interpretación sistemática e integral del artículo 28 Superior y el sistema de garantías del derecho fundamental a la libertad frente al ejercicio del ius puniendi del Estado, especialmente, el control judicial de la captura dentro de un plazo determinado y el ejercicio del habeas corpus; iii) la prestación de servicios judiciales en el marco del proceso penal acusatorio, en especial las funciones de control de garantías y de conocimiento y, iv) finalmente examinará la constitucionalidad de la disposición impugnada.
El ius puniendi aparece como uno de los instrumentos que configuran el monopolio de la fuerza en cabeza del Estado constitucional para reaccionar ante el fenómeno criminal. Se trata del brazo fuerte de la ley[29] que le permite al Estado intervenir legítimamente y de manera intensa sobre determinados bienes jurídicos como la libertad, frente a comportamientos considerados por la sociedad como reprochables y que merecen una sanción punible, de ahí que su utilización deba hacerse como ultima ratio y bajo estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad.
El derecho penal tiene una innegable trascendencia constitucional, porque es un escenario en el que se debaten bienes jurídicos superiores y tiene la potencialidad de afectar y limitar derechos fundamentales como la libertad.
El conjunto de garantías que rodean el derecho penal está constituido por las siguientes[36]:
Sustanciales: entre las que se encuentran los principios de legalidad o de taxatividad, de culpabilidad, de necesidad y de proporcionalidad, entre otras.
Procesales y orgánicas: aplicables al proceso y que aseguran los principios de contradicción, de igualdad de armas, de presunción de inocencia, de publicidad, de independencia e imparcialidad del juez, entre otras.
Ejecución de la sanción: las cuales deben ser observadas durante la ejecución de la pena contenida en la sentencia con la cual finalizó el proceso y se refieren a la afectación del derecho fundamental a la libertad, la especial situación de sujeción del interno frente al Estado y el respeto a la dignidad humana.
Previamente se advirtió que el derecho penal es la expresión de la política criminal del Estado, cuya definición con base en el principio democrático y en la soberanía popular (artículos 1º y 3º C.P.), le corresponde de manera exclusiva al Legislador[38]. A su vez, los artículos 114 y 150 de la Carta, le otorgan al Congreso de la República la función de “hacer las leyes” y de expedir y reformar los códigos en todas las ramas de la legislación.
En el ámbito penal, el Legislador goza de un amplio margen para determinar el contenido concreto del derecho punitivo. De tal suerte que en ejercicio de esta competencia le corresponde regular: i) las conductas punibles; ii) el quantum de las penas correspondientes; iii) las circunstancias que las disminuyen o aumentan[39]; iv) las modalidades de privación de la libertad; y v) la forma en que se ejecutará la sentencia, entre otras. En ese orden de ideas, la Corte ha establecido que:
No obstante, dichas facultades no son absolutas, pues encuentran como límites la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos[41], lo que hace que el margen de configuración del Legislador esté sometido al contenido material de los derechos fundamentales consagrados en la Carta y en los instrumentos internacionales ratificados por Colombia[42].
Principio de necesidad de la intervención penal relacionado a su vez con el carácter subsidiario, fragmentario y de ultima ratio del derecho penal: Para esta Corporación, el derecho penal se enmarca dentro del principio de mínima intervención, conforme al cual el ius puniendi debe operar solamente cuando las demás alternativas de control han fallado. No existe obligación para el Estado de sancionar penalmente todas las conductas reprochables, de tal suerte que:
Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos: es decir, de valores esenciales de la sociedad[45]. El derecho penal implica valoración social de aquellos bienes jurídicos que ameriten protección, las conductas reprochables que puedan lesionar tales intereses, los elementos para atribuir responsabilidad al sujeto activo y el quantum de la sanción aplicable.
Principio de legalidad: El deber de observar el principio de legalidad tiene 3 dimensiones: i) reserva de ley en sentido material, puesto que la creación de los tipos penales es una competencia exclusiva del Legislador; ii) la definición de la conducta punible y su sanción de manera clara, precisa e inequívoca; y iii) la irretroactividad de las leyes penales, salvo su aplicación favorable[46].
Principio de culpabilidad: Conforme al artículo 29 Superior, el derecho penal en Colombia es de acto y no de autor, lo que implica que de acuerdo con el postulado del Estado Social de Derecho y el respeto de la dignidad de la persona humana “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa.”.
Principios de razonabilidad y proporcionalidad en materia penal: de acuerdo con los cuales deben ponderarse las finalidades de prevención y represión del delito con los derechos fundamentales de las personas como la libertad y el debido proceso[47]. En ese orden de ideas, la Corte ha manifestado que, si bien existe un margen amplio de configuración normativa del Legislador, la misma se encuentra limitada particularmente por los principios de racionalidad y proporcionalidad. En ese sentido:
Bloque de constitucionalidad y otras normas constitucionales: Las cuales deben ser observadas al momento de la redacción de las normas penales, especialmente, las reglas que contienen garantías para los derechos fundamentales y que la jurisprudencia de la Corte ha establecido en su labor de interpretación del texto Superior, puesto que:
En conclusión, el Legislador cuenta con un amplio margen de libertad de configuración normativa en materia penal, así como la forma en que se puede privar de la libertad y la manera en que se ejecutan las sanciones impuestas mediante sentencia. Sin embargo, su facultad no es absoluta, pues encuentra límites constitucionales como los principios de necesidad, de la exclusiva protección de bienes jurídicos, de legalidad, de culpabilidad, de razonabilidad y de proporcionalidad, así como los valores, los principios y las reglas superiores y aquellas que integran el bloque de constitucionalidad, entre otros.
La intervención del Estado mediante la aplicación legítima de la fuerza derivada del derecho penal como reacción a los comportamientos típicos, está limitada por una serie de disposiciones superiores, que garantizan entre otras, la efectividad del derecho fundamental a la libertad.
El artículo 28 de la Carta contiene la cláusula general del derecho a la libertad personal, en el que se reconoce que “Toda persona es libre”. En efecto, el tenor literal de la mencionada disposición es el siguiente:
Ahora bien, esta Corporación ha considerado que la libertad no es un derecho absoluto, puesto que en algunas ocasiones puede privarse o restringirse, como sería el caso de la captura o de la imposición de una sanción en ejercicio del poder punitivo por parte del Estado[57].
En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se han consagrado las garantías de protección de la libertad en los siguientes instrumentos:
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968, establece en su artículo 9º que: " Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta (...)", de igual forma, consagra que:
La Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972, precisó en su artículo 7º que:
En la sentencia C-176 de 2007[59], esta Corporación expresó que el constituyente diseñó un conjunto de instrumentos fundamentales que tienen como finalidad la protección a la libertad física de las personas, que configuran garantías superiores autónomas, independientes e indispensables para su defensa en casos de restricción. Entre las mismas se encuentran los derechos a ser informado sobre los motivos de la detención, a ser detenido por motivos previamente fijados por el Legislador y en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, entre otras.
De esta manera, el sistema constitucional de protección descrito se identifica por ser un conjunto organizado con cierta estructura interna[61] y no un simple agregado de normas, caracterizado por sus pretensiones de completitud, de coherencia y de independencia[62].
El artículo 28 de la Constitución contiene la garantía del control judicial de la captura en los siguientes términos:
No obstante, la Corte considera que el ejercicio hermenéutico para la identificación del núcleo esencial de la garantía Superior del control judicial de la captura, no puede restringirse al tenor semántico de la norma objeto de análisis, pues dicha metodología si bien no está proscrita por el ordenamiento constitucional, no es suficiente para fijar el alcance de la protección del derecho fundamental a la libertad personal.
De acuerdo a lo anterior, esta Corte debe determinar el alcance de la garantía del control judicial y sin demora y además, si aquella se limita únicamente a las detenciones preventivas o si por el contrario, se extiende a cualquier modalidad de captura.
La identificación de los contenidos esenciales del derecho fundamental de la libertad personal necesariamente conduce a la caracterización de las garantías dispuestas por el ordenamiento constitucional y convencional para su protección. De acuerdo con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras expresó que:
Para esta Corporación, la privación es el límite más severo al derecho fundamental a la libertad, se trata de un concepto genérico para referirse a uno de los instrumentos de reacción estatal legítimo ante la comisión de un hecho punible, bien cuando se produce previamente a la condena penal o cuando tiene como causa una sentencia producida al término del respectivo proceso. En todo caso, “(…) se impone la cabal observancia de las garantías previstas en las normas superiores cuyo contenido protector, por ende, cobija la detención preventiva que, como medida cautelar, es ordenada por el juez antes de la sentencia y así mismo la privación de la libertad que surge de esta.”[71] (Negrillas fuera de texto)
Conforme a lo expuesto, la intervención judicial para el examen de legalidad y de constitucionalidad de la captura, independientemente de si se realiza para cumplir una sentencia o para imponer una medida de aseguramiento, configura una garantía de la libertad en el sentido de que el juez debe velar por el cumplimiento y la efectividad de los mandatos constitucionales y legales de cada forma de privación[83]. De manera que “La libertad encuentra así solo en la ley su posible límite y en el juez su legítimo garante”[84].
Los instrumentos internacionales han establecido como garantía del derecho a la libertad y a la seguridad personal que la persona detenida debe ser presentada sin demora [86] ante un juez o una autoridad judicial, para que realice un control efectivo a la restricción de su libertad sin distinción alguna.
Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Herrera Espinosa y otros vs Ecuador, el control judicial sin demora previsto en el artículo 7.5 de la Convención tiene como finalidad evitar que:
En sentencia C-163 de 2008[91], esta Corte expresó que la supervisión judicial tiene dos componentes inescindibles: i) de una parte, como ya se anotó, debe hacerse por un órgano jurisdiccional idóneo para la protección de los derechos fundamentales en el marco del proceso penal; y, ii) debe realizarse dentro de un límite temporal.
De acuerdo a lo expuesto, para la Corte una interpretación sistemática e integral del artículo 28 Superior, en la que se integran contextos normativos y desarrollos jurisprudenciales a nivel constitucional y convencional, permite identificar su contenido esencial en un sentido amplio y garantista, que se materializa en el mandato que proscribe cualquier prolongación indefinida para el control judicial de la restricción de la libertad sin distinción en atención a su modalidad o su finalidad, sin control judicial, pues dicha comprensión estableció un parámetro temporal cierto y concreto para que se realice dicha diligencia.
De esta suerte, una interpretación derivada del carácter restrictivo de las disposiciones que contemplan afectaciones a la libertad y de hermenéutica sistemática e integral de los postulados superiores pro libertate[96], concluye que es inadmisible en términos ius fundamentales y superiores una privación de la libertad cualquiera que sea su naturaleza, que no cuente con la definición de un plazo para el respectivo control de su legalidad[97] y de su constitucionalidad.
Otra de las garantías que integran el sistema de protección del derecho fundamental de la libertad es el habeas corpus, consagrado en el artículo 30 Superior de la siguiente manera:
El ejercicio del habeas corpus, conforme al artículo 1º de la Ley Estatutaria 1095 de 2006, surge cuando alguien es privado de aquella con desconocimiento de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Adicionalmente, el numeral 2º artículo 4º de la citada ley consagró como uno de los requisitos de la petición, la expresión de las razones por las cuales se considera que la privación de la libertad es ilegal o arbitraria.
En suma, el habeas corpus es uno de los instrumentos más importantes en materia de protección de la libertad y se inserta en el sistema de garantías que la Carta ha dispuesto para tal fin. Tiene una naturaleza doble, puesto que de una parte es un derecho fundamental y de otra se trata de una acción constitucional para la defensa del derecho a la libertad, pues su ejercicio está previsto cuando una persona es aprehendida y creyere que estarlo ilegal o arbitrariamente.
El artículo 228 de la Constitución establece que la administración de justicia es función pública. De igual manera, el artículo 1º de la Ley 270 de 1996, consagra que se trata de una función pública que cumple el Estado y que tiene la finalidad constitucional y legal de hacer efectivos los derechos, las obligaciones, las garantías y las libertades, con el objeto de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional.
Ahora bien, en atención a la dinámica del sistema penal acusatorio vigente en el país, la prestación del servicio se hace a través de actuaciones surtidas ante el juez de control de garantías o el juez de conocimiento.
Conforme a lo anterior, el ejercicio de las funciones del juez de control de garantías y del juez de conocimiento están diferenciadas no solo por la naturaleza de sus competencias, sino por la forma en que se realizan las actuaciones por cada funcionario. En efecto, la función de control de garantías se ejerce bajo la premisa legal de que todos los días y las horas son hábiles, lo que permite identificar la prestación de dicho servicio de manera continua e ininterrumpida.
La disposición bajo estudio de la Corte se encuentra ubicada en el artículo 56 de la Ley 1453 de 2011 que modificó el artículo 298 de la Ley 906 de 2004, que regula el contenido y la vigencia de la orden de captura y las reglas para su aplicación, en el marco del procedimiento penal acusatorio.
La interpretación de la norma por parte de los actores: se trata de la exclusión de la aplicación de al menos dos elementos del control judicial de la captura: i) su ejercicio dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la aprehensión; y, ii) su realización por parte del juez de control de garantías. Este último aspecto, en el sentido de que el ejercicio del control judicial de la captura por parte del juez de conocimiento torna inidónea la garantía, pues aquel no presta el servicio de manera continua, el cual se ve interrumpido en días feriados y de vacancia.
El alcance de la disposición acusada por parte del Ministerio Público: bajo el entendido de que solo se inaplica el control realizado por el juez de control de garantías, pues aquel será ejercido por el juez de conocimiento, por lo demás, se debe observar el término de las treinta y seis (36) horas para su práctica.
Tal y como se expuso precedentemente, el Legislador cuenta con una amplia libertad de configuración normativa para regular aspectos de derecho penal y penitenciario. Sin embargo, dicha facultad no es absoluta, pues encuentra límites constitucionales, específicamente en los valores, los principios y las reglas contenidas en el texto Superior.
Como se advirtió previamente, esta Corporación ha establecido que una de las reglas constitucionales que garantiza el derecho fundamental de la libertad es que la persona detenida, bajo cualquier modalidad, será puesta a disposición del juez competente sin demora, es decir dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la aprehensión para que aquel adopte la decisión correspondiente[120].
Se trata de la exclusión de la aplicación de al menos dos elementos del control judicial de la captura: i) su ejercicio dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la aprehensión; y, ii) su realización por parte del juez de control de garantías. Este último aspecto, en el sentido de que el ejercicio del control judicial de la captura por parte del juez de conocimiento genera un déficit en la garantía, pues aquel no presta el servicio de manera continua, el cual se ve interrumpido en días feriados y de vacancia.
Solo se inaplica el control realizado por el juez de control de garantías, pues aquel será ejercido por el juez de conocimiento, por lo demás, se debe observar el término de las treinta y seis (36) horas para su práctica.
En este punto, corresponde a la Corte establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las interpretaciones que surgen de la disposición acusada. Por tal razón, la Sala advierte que se trata de una confrontación entre normas que tienen estructura de regla, puesto que de una parte, la jurisprudencia de la Corte ha deducido del artículo 28 Superior, la regla de protección del control judicial sin demora, es decir, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes al acto de aprehensión para cualquier forma de captura; y de otra, la disposición objeto de censura, que permite dos interpretaciones posibles y que además, tienen estructura de regla.
Ahora bien, el ejercicio de control abstracto de constitucionalidad de las leyes que realiza esta Corte, se basa en un juicio de confrontación normativa entre la disposición acusada y el Texto Superior.
Conforme a lo expuesto, la Sala realizará el juicio de confrontación entre el artículo 28 de la Constitución y cada una de las posibles interpretaciones derivadas de la disposición acusada en sede de control abstracto.
La interpretación de la norma que configura la inaplicación del término de treinta y seis (36) horas para el control judicial de la captura con ocasión del cumplimiento de la sentencia es inconstitucional porque impide el cumplimiento pleno de la garantía de control judicial sin demora de cualquier forma de aprehensión que afecte el derecho fundamental a la libertad consagrada en el artículo 28 de la Carta, bajo el entendido que la indeterminación en el plazo para la intervención del juez, genera una prolongación temporal de la privación de la libertad indefinida, arbitraria e inaceptable en términos ius fundamentales.
Con fundamento en los argumentos que anteceden y a partir de una lectura armónica de los artículos 28 y 30 Superiores, se concluye que la Carta dispuso un complejo sistema de garantías para la eficacia material del derecho a la libertad, el cual se encuentra estructurado en un modelo de estándares mínimos de protección y con instrumentos independientes y autónomos que interactúan con base en relaciones de coordinación y de complementariedad, mas no de exclusión o de sustitución, por lo que la alteración de cualquiera de ellos generaría un déficit de amparo intolerable en términos constitucionales.
La interpretación que permite entender la norma acusada como una excepción de que el juez de garantías ejerza el control judicial de la captura, pues aquel lo realiza el juez de conocimiento, pero no del término para efectuarlo también es inconstitucional.
En suma, la norma objeto de censura contiene dos interpretaciones que son inconstitucionales porque: de una parte, el entendimiento que se refiere a la exclusión del término para realizar el examen de legalidad de la captura, desconoce la regla del control judicial sin demora contenida en el artículo 28 Superior. Dicha exclusión no puede sustentarse en la fractura del principio de presunción de inocencia del aprehendido, puesto que esa garantía no está condicionada a la declaratoria judicial de responsabilidad, sino que hace parte del sistema de protección del derecho a la libertad dispuesto por la Carta.
Conforme a lo expuesto, las interpretaciones de la expresión acusada del parágrafo 1º del artículo 298 de la Ley 906 de 2004, modificada por el artículo 56 de la Ley 1453 de 2011, propuestas por los demandantes y por el Ministerio Público, son inconstitucionales por desconocer la regla constitucional contenida en el artículo 28 Superior.
De acuerdo a lo expuesto, la Corte considera que existe una interpretación adicional de la norma que resulta compatible con la Constitución y que efectiviza el principio de conservación del derecho.
En ese sentido, la Corte declarará la constitucionalidad del aparte “Lo aquí dispuesto no se aplicará en los casos en que el capturado es aprehendido para el cumplimiento de la sentencia, caso en el cual será dispuesto a disposición del juez de conocimiento que profirió la sentencia”, contenido en el parágrafo 1º del artículo 298 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 56 de la Ley 1453 de 2011, únicamente por el cargo analizado en esta oportunidad, relacionado con el desconocimiento del artículo 28 Superior, bajo el entendido que el capturado deberá ponerse a disposición del juez de conocimiento o en su defecto ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la privación de la libertad. En caso de que el control judicial de la aprehensión se surta ante el juez de control de garantías, ese funcionario resolverá sobre la situación de la captura de la persona aprehendida, adoptará las medidas provisionales de protección a las que haya lugar y ordenará la presentación de la persona junto con las diligencias adelantadas ante el juez de conocimiento que profirió la sentencia, al día hábil siguiente, con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de contradicción del detenido, así como el principio del juez natural.
El aparte demandado contenido en el parágrafo 1º del artículo 56 de la Ley 1453 de 2011, podía entenderse de las siguientes maneras:
Se trata de la exclusión de la aplicación de al menos dos elementos del control judicial de la captura: i) su ejercicio dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la aprehensión; y, ii) su realización por parte del juez de control de garantías. Este último aspecto, en el sentido de que el ejercicio del control judicial de la captura por parte del juez de conocimiento genera déficit en la garantía, pues aquel no presta el servicio de manera continua, el cual se ve interrumpido en días feriados y de vacancia.
Solo se inaplica el control realizado por el juez de control de garantías, pues aquel será ejercido por el juez de conocimiento, por lo demás, se debe observar el termino de las treinta y seis (36) horas para su práctica.
la Corte adoptará una decisión de exequibilidad condicionada con la finalidad de salvaguardar la garantía del control judicial de cualquier forma de captura consagrada en el artículo 28 de la Constitución y de maximizar en la mayor posibilidad el principio de conservación del derecho. De esta suerte, la norma acusada es constitucional en el sentido que el capturado deberá ponerse a disposición del juez de conocimiento o en su defecto ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la privación de la libertad. En caso de que el control judicial de la aprehensión se surta ante el juez de control de garantías, ese funcionario resolverá sobre la situación de la captura del condenado, adoptará las medidas provisionales de protección a las que haya lugar y ordenará la presentación de la persona junto con las diligencias adelantadas ante el juez de conocimiento que profirió la sentencia, al día hábil siguiente, con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de contradicción del detenido, así como el principio de juez natural.
De igual forma, este fallo estará circunscrito únicamente al cargo analizado en esta oportunidad.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE la expresión “Lo aquí dispuesto no se aplicará en los casos en que el capturado es aprehendido para el cumplimiento de la sentencia, caso en el cual será dispuesto a disposición del juez de conocimiento que profirió la sentencia”, contenida en el parágrafo 1º del artículo 298 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 56 de la Ley 1453 de 2011, únicamente por el cargo analizado en esta oportunidad, EN EL ENTENDIDO de que el capturado deberá ponerse a disposición del juez de conocimiento o en su ausencia ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la privación de la libertad. En caso de que el control judicial de la aprehensión se surta ante el juez de control de garantías, ese funcionario resolverá sobre la situación de la captura del condenado, adoptará las medidas provisionales de protección a las que haya lugar y ordenará la presentación de la persona junto con las diligencias adelantadas ante el juez de conocimiento que profirió la sentencia, al día hábil siguiente, con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de contradicción del detenido, así como el principio de juez natural.
Exequible en el entendido ... (parágrafo 1 expresión “Lo aquí dispuesto no se aplicará en los casos en que el capturado es aprehendido para el cumplimiento de la sentencia, caso en el cual será dispuesto a disposición del juez de conocimiento que profirió la sentencia”, ) Artículo 298 LEY_906_2004_31/08/2004
[98]Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 8º. 9º.:
[100]Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica-, aprobada mediante la ley 16 de 1972, artículo 7º:
[106]Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

References: artículo 241
 artículo 56
 artículo 298
 artículo 56
 artículo 2
 artículo 298
 artículo 56
 artículo 298
 artículo 56
 artículo 28
 artículo 56
 artículo 298
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 28
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 28
 artículo 7
 artículo 28
 artículo 30
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 228
 artículo 1
 artículo 56
 artículo 298
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 298
 artículo 56
 artículo 28
 artículo 298
 artículo 56
 artículo 28
 artículo 56
 artículo 28
 artículo 298
 artículo 56
 Artículo 298
 artículo 7