Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/3212
Timestamp: 2020-05-30 01:15:37+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 160/1996
SENTENCIA 160/1996, de 15 de octubre
ECLI:ES:TC:1996:160
En el recurso de amparo núm. 28/95, interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Requena (Valencia), representado por el Procurador de los Tribunales don Juan Luis Pérez-Mulet y Suárez, asistido del Letrado don Juan Antonio Ferrero Mora, contra el Auto de la Sala Tercera, Sección Segunda, del Tribunal Supremo, de 28 de noviembre de 1994, que inadmite el recurso de casación núm. 684/94 promovido contra la Sentencia de 14 de mayo de 1992 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y don Enrique Jorda García, representado por el Procurador don Luis Estrugo Muñoz, asistido del Letrado don Luis Bolas Alfonso, siendo Ponente el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado de entrada en este Tribunal el día 5 de enero de 1995, don Juan Luis Pérez-Mulet y Suárez, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Requena (Valencia), interpone recurso de amparo contra el Auto de la Sala Tercera, Sección Segunda, del Tribunal Supremo, de 28 de noviembre de 1994, que inadmite el recurso de casación núm. 684/94 promovido contra la Sentencia de 14 de mayo de 1992 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
5. Mediante providencia de 17 de julio de 1995 la Sección Primera acordó tener por recibido el precedente oficio de la Sala Tercera del Tribunal Supremo así como admitir a trámite la demanda de amparo promovida por el Excmo. Ayuntamiento de Requena. Acordó, asimismo, al amparo del art. 51 LOTC, librar atenta comunicación a la Sala Tercera del Tribunal Supremo y a la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, a fin de que, en el término de diez días, remitieran, respectivamente, testimonio del recurso de casación núm. 684/94 y del recurso contencioso-administrativo núm. 1.254/90, interesándose al propio tiempo el emplazamiento de cuantos hubieran sido parte en el procedimiento judicial, excepto del solicitante de amparo, para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer si así lo deseaban. En la misma providencia decidió también la Sección Primera formar la oportuna pieza separada de suspensión. Los citados requerimientos fueron atendidos mediante oficios del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que fueron registrados de entrada en este Tribunal, respectivamente, los días 1 de agosto de 1995 y 25 de septiembre de 1995.
8. Mediante providencia de 9 de octubre de 1995 la Sección Segunda acordó tener por recibidas las actuaciones remitidas por el Tribunal Supremo y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tener por personado y parte al Procurador don Luis Estrugo Muñoz en nombre de don Enrique Jorda García, así como, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones recibidas y todas las demás actuaciones del recurso de amparo por un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a los Procuradores Pérez-Mulet y Suárez y Estrugo Muñoz, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieran.
11. La representación procesal de don Enrique Jorda García, que fue parte en el procedimiento judicial cuestionado, presentó escrito de alegaciones que fue registrado de entrada en este Tribunal el día 6 de noviembre de 1995. Tras recordar las normas [arts. 95, 99.1 y 102, letras b) y c), todos ellos de la L.J.C.A.] y los pronunciamientos del Tribunal Supremo que destacan la necesidad de especificar en el escrito de interposi- ción del recurso de casación los motivos en que se funda, señala que de la simple lectura de los escritos obrantes en autos resulta palmario que la Entidad municipal recurrente no ha cumplido este requisito. Tampoco se habría cumplido, a su juicio, con el deber de citar las normas o la jurisprudencia que se considere infringidas, dado que sólo en algunos de los apartados del referido escrito de interposición se hace una alusión breve y concisa de los preceptos pretendidamente vulnerados y la cita de jurisprudencia que se contiene en el mismo es excesivamente genérica. En definitiva, no se habrían respetado, tal y como exige constante jurisprudencia del Alto Tribunal, los presupuestos, requisitos y límites que las normas procesales establecen para el acceso a los recursos, incumplimiento este que, evidentemente, no es subsanable en el trámite de audiencia que establece el art. 100.2c) L.J.C.A. Para concluir, se recuerda, con abundante cita de Sentencias de este Tribunal y del Tribunal Supremo, que el derecho a la tutela judicial efectiva también se satisface con una resolución de inadmisión, siempre que, como en este caso, se dicte en aplicación razonada de una norma legal, y que, el derecho de acceso a la jurisdicción y el de acceso a los recursos legalmente establecidos tienen un diferente relieve constitucional, lo que deriva en la distinta intensidad con que debe operar el principio hermenéutico pro actione en uno y otro caso.
Frente a la pretensión del recurrente se alza la del Ministerio Fiscal, que interesa que este Tribunal dicte Senten- cia denegando el amparo al no resultar del proceso la lesión del derecho fundamental que sirve de apoyo a la demanda, dado que la inadmisión del recurso de casación se acordó por un claro incumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 99.1 L.J.C.A.; advierte también el Ministerio Público de la inopor- tunidad del trámite de audiencia para subsanar los defectos del escrito de interposición del recurso de casación y recuerda, a mayor abundamiento, que, conforme a reciente doctrina de este Tribunal, el principio pro actione opera con dispar rigor según se esté ante el acceso a la jurisdicción o, como en este caso, a los recursos legalmente establecidos.
En la misma dirección, la representación procesal de uno de los actores en el recurso contencioso-administrativo, que se ha personado como coadyuvante en el proceso constitucional, tras destacar que la alusión breve, concisa y genérica que el escrito de interposición del recurso de casación hace de los motivos en que se funda y de los preceptos y la jurisprudencia que se consideran vulnerados, no cumple las exigencias del art. 99.1 L.J.C.A., insiste en la inadecuación del trámite de audiencia para corregir la citada irregularidad procesal y recuerda, asimismo, el menor relieve constitucional del principio favor actione en el ámbito de los recursos.
2. La resolución del presente recurso de amparo debe partir de la constatación de que el Auto cuestionado no impide el acceso al proceso, esto es, a una decisión sobre la pretensión planteada de un órgano judicial -decisión razonada y razonable que ya se obtuvo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana-, sino que impide un segundo pronunciamiento judicial al inadmitir un recurso (el de casación) por una causa legalmente prevista (la que se prevé en el art. 100.2 b) L.J.C.A.).
4. Ahora bien, una vez aceptada en abstracto la interpretación que el Tribunal Supremo hace del motivo de inadmisión previsto en el art. 100.2 b) L.J.C.A. y de la eficacia que, cuando se aprecie la posible concurrencia del mismo, debe otorgarse al trámite de audiencia que pudiera concederse al interesado, debemos descender al caso concreto examinando los motivos y argumentos en que se funda la decisión judicial impugnada. Y ello, evidentemente, no para suplantar la función del órgano judicial (STC 63/1990), competente, como hemos dicho, en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas a los casos controvertidos (art. 117.3 C.E.), sino para comprobar la razonabilidad constitucional de los motivos tenidos en cuenta para dictar la resolución inadmisoria, reparando, en su caso, en esta vía de amparo, no sólo la toma en consideración de una causa que no tenga ninguna cobertura legal, sino también, aun existiendo ésta, la aplicación que sea arbitraria o infundada, o que resulte de un error patente cometido por el órgano judicial que tenga relevancia constitucional (SSTC 68/1983, 201/1987, 36/1988, 63/1990, 101/1992, 192/1992, 55/1993, 107/1994, 5/1995) a menos que sean imputables a la negligencia de la parte, y que produzca efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano (SSTC 172/1985, 190/1990 y 101/1992), pues, de ser así, se estaría causando una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 107/1987, 190/1990).
En efecto, de lo autos se deduce claramente que el documento en el que el Tribunal Supremo ha basado el fallo de inadmisión no es el escrito de interposición del recurso de casación, en el que siempre ha de expresarse «razonadamente el motivo o motivos en que se ampare, citando las normas o la jurisprudencia que considere infringidas» (art. 99.1 L.J.C.A.), sino el de preparación del mismo, en el que sólo debe manifestarse «la intención de interponer el recurso con sucinta exposición de la concurrencia de los requisitos exigidos» (art. 96.1 L.J.C.A.).
Esta conclusión, deriva de dos datos inequívocos. En primer lugar, la descripción que el Auto impugnado hace del escrito de interposición del recurso no coincide con las características de éste, sino con las del escrito de preparación de aquél ante el mismo órgano que dictó la resolución recurrida. De este modo, el Fundamento de Derecho Primero del citado Auto señala que en el escrito formulado «no se contiene la cita de los preceptos infringidos ni se expresa cuál sea la interpretación que de ellos se considera correcta». Sin embargo, basta con un somero examen del escrito de interposición del recurso para constatar que no sólo se aducen los motivos en las que se fundamenta, sino también las normas y la jurisprudencia que se consideran conculcadas. Así se desprende de la lectura de los motivos primero [en el que se alega vulneración de los arts. 95.1.3.º L.J.C.A., en relación con el 359 L.E.C., y 82 f) .L.J.C.A., en conexión con los arts. 52 y 58.1 de la misma Ley], segundo (que denuncia la infracción de los arts. 28 y 95.1.3.º de la L.J.C.A., en relación con el 359 L.E.C., y de la jurisprudencia contenida en la Sentencia del T.S. de 17-7-1989, que cita otras de 20-112-1979, 20-10-1980, 19-6-1981, 5-10-1981 y 5-1-1983), tercero (que invoca la contradicción con la jurisprudencia enumerada en el motivo segundo) y quinto (que destaca la infracción de la doctrina jurisprudencial sobre la invalidez de los actos administrativos). La representación procesal del actor en la instancia, comparecida en este proceso constitucional, advierte también, frente a lo que afirma el Tribunal Supremo, que el escrito de interposición del recurso hace alusión a las normas y la jurisprudencia que se estiman vulneradas; no se habría cumplido, sin embargo, a su juicio, con las exigencias del art. 99.1 L.J.C.A., porque la cita de los preceptos sería demasiado breve y concisa, y la de la jurisprudencia excesivamente genérica. No corresponde, sin embargo, a este Tribunal decidir sobre la suficiencia o no de dichas referencias, labor que es privativa del Tribunal sentenciador, sino simplemente constatar que éstas existen a los efectos de detectar la existencia de un error inequívoco que vulnere el art. 24.1. C.E.
Hay, además, un segundo dato que da fe de la existencia de un error claro del órgano judicial que, de no haberse producido, podría haberle llevado a un diferente fallo. Así es, reprocha el Tribunal Supremo al recurrente «que haya aprovechado el trámite de audiencia que le fue concedido para alegar lo que estimare pertinente acerca de la referida inadmisibilidad para intentar su subsanación, puesto que el escrito de interposición del recurso de casación ha de presentarse en el plazo concedido para la personación ante esta Sala y no se permite la subsanación de los defectos de que adoleciere, una vez transcurrido dicho plazo». Conforme a la dicción del Auto recurrido, pues, el demandante habría utilizado el trámite de audiencia que se le otorgó -es decir, el escrito de alegaciones que presentó a raíz de la Providencia de 20-6-1994- para, inoportunamente, alegar en el mismo aquellos extremos que debió expresar en la formulación del recurso de casación: el motivo o motivos en que se amparaba y, sobre todo, la jurisprudencia y las normas que se consideraban infringidas por la Sentencia impugnada. Sin embargo, del mencionado escrito de alegaciones se desprende claramente que el demandante se limitó a transcribir en el mismo, sin innovación alguna, aquellos párrafos del escrito de preparación del recurso de casación en los que aparecían los preceptos y la jurisprudencia cuya existencia negaba el órgano judicial. De lo que se deduce, una vez más, que el Tribunal Supremo fundamentó la inadmisión en la lectura del escrito de preparación y no en el de interposición del recurso de casación.
Así, pues,no cabe duda alguna de que el Tribunal Supremo ha incurrido en un error patente; y tampoco es dudoso que éste tenga relevancia constitucional, lo cual sucede siempre que, como en este caso, la equivocación manifiesta sea determinante de la decisión adoptada, en cuanto «soporte único o básico de la resolución, de modo que, constatada su existencia, la fundamentación jurídica pierda el sentido y alcance que la justificaba y no pueda conocerse cuál hubiese sido el sentido de la resolución de no haberse incurrido en el mismo» (STC 124/1993, fundamento jurídico tercero). En fin, el rechazo a limine por el órgano judicial del recurso interpuesto por el recurrente, que quedó privado, sin causa legal suficiente, de una resolución judicial sobre el fondo del asunto, lesionó, por tanto, su derecho a la tutela judicial efectiva en su manifestación de acceso a la instancia legalmente prestablecida.
1.º Reconocer el derecho a la tutela judicial efectiva de la Corporación municipal recurrente.
2.º Anular el Auto de la Sala Tercera, Sección Segunda, del Tribunal Supremo, de 28 de noviembre de 1994 que inadmitió el recurso de casación núm. 684/94.
3.º Retrotraer las actuaciones judiciales al momento anterior a dicho Auto, para que dicte la resolución que proceda.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 28-1995
Contra Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo inadmitiendo recurso de casación promovido contra Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del T.S.J. de la Comunidad Valenciana.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: inadmisión de recurso debida a error judicial.
Como viene señalando este Tribunal, el acceso a los recursos tiene una distinta relevancia constitucional que el acceso a la jurisdicción. Mientras que el derecho a la obtención de una resolución judicial razonada y fundada goza de una protección jurisdiccional en el art. 24.1, el derecho a la revisión de esta resolución es, en principio, un derecho de configuración legal. El sistema de recursos, en efecto, se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le otorga cada una de las leyes reguladoras de los diversos órdenes jurisdiccionales. Como consecuencia de lo anterior, «el principio hermenéutico " pro actione" no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas, una vez que se obtiene una primera respuesta judicial a la pretensión» (SSTC 37/1995, 58/1995, 138/1995 y 149/1995). En definitiva, la diferencia entre el acceso a la jurisdicción y el acceso a los recursos, «se proyecta necesariamente en la función de control que corresponde a este Tribunal respecto de las resoluciones judiciales que impidan de una u otra forma el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva» (STC 138/1995). [F.J. 2]
Una vez aceptada en abstracto la interpretación que el Tribunal Supremo hace del motivo de inadmisión previsto en el art. 100.2b) L.J.C.A. y de la eficacia que, cuando se aprecie la posible concurrencia del mismo, debe otorgarse al trámite de audiencia que pudiera concederse al interesado, debemos descender al caso concreto examinando los motivos y argumentos en que se funda la decisión judicial impugnada. Y ello, evidentemente, no para suplantar la función del órgano judicial (STC 63/1990), competente, como hemos dicho, en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas a los casos controvertidos ( art. 117.3 C.E.), sino para comprobar la razonabilidad constitucional de los motivos tenidos en cuenta para dictar la resolución inadmisoria, reparando, en su caso, en esta vía de amparo, no sólo la toma en consideración de una causa que no tenga ninguna cobertura legal, sino también, aun existiendo ésta, la aplicación que sea arbitraria o infundada, o que resulte de un error patente cometido por el órgano judicial que tenga relevancia constitucional (SSTC 68/1983, 201/1987, 36/1988, 63/1990, 101/1992, 192/1992, 55/1993, 107/1994, 5/1995) a menos que sean imputables a la negligencia de la parte, y que produzca efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano (SSTC 172/1985, 190/1990 y 101/1992), pues, de ser así, se estaría causando una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 107/1987, 190/1990). [F.J. 4]
No cabe duda alguna de que en el presente supuesto, el Tribunal Supremo ha incurrido en un error patente; y tampoco es dudoso que éste tenga relevancia constitucional, lo cual sucede siempre que, como en este caso, la equivocación manifiesta sea determinante de la decisión adoptada, en cuanto «soporte único o básico de la resolución, de modo que, constatada su existencia, la fundamentación jurídica pierda el sentido y alcance que la justificaba y no pueda conocerse cuál hubiese sido el sentido de la resolución de no haberse incurrido en el mismo» (STC 124/1993, fundamento jurídico 3.). En fin, el rechazo «a limine» por el órgano judicial del recurso interpuesto por el recurrente, que quedó privado, sin causa legal suficiente, de una resolución judicial sobre el fondo del asunto, lesionó, por tanto, su derecho a la tutela judicial efectiva en su manifestación de acceso a la instancia legalmente prestablecida. [F.J. 4]
Artículo 82 f), f. 5
Artículo 95.1.3, f. 5
Artículo 99.1, ff. 1, 5
Artículo 100.2 b), ff. 2 a 4
Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1994
Inadmisión fundada en error manifiestoInadmisión fundada en error manifiesto, f. 3

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 82

Artículo 95

Artículo 99

Artículo 100