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Timestamp: 2017-05-26 14:47:35+00:00

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Además califica al Tribunal de las Aguas como una institución admirable y extraña:Admirable por concurrir en él las características de una auténtica institución orgánica, social y, desde un punto de vista de su proceso, moderna (pues su proceso se basa en los principios de oralidad, concentración, rapidez, economía), lo que se traduce en una plena satisfacción del valor constitucional de la justicia y contrasta con la carestía y lentitud de las mayoría de los procesos judiciales. Además y quizá aquí estribe buena parte de su éxito, sigue gozando entre los justiciables de un enorme prestigio -auctoritas-, lo que se traduce en la mayoría de los casos en un acatamiento y cumplimiento de sus sentencias (es decir ejecutablidad inmediata y voluntaria de sus decisiones). '
Planta hasta nuestros días en la Sentencia de 28 de septiembre de 1992, incluidos los votos disidentes, muestran total unanimidad a la hora de admitir la Competencia de la Comunidad Valenciana sobre el Tribunal de las Aguas.En realidad lo que ha caracterizado históricamente al Tribunal de Aguas y explica su pervivencia actual ha sido el respeto que han tenido por él los distintos Derechos que ha habido a lo largo de su ya milenaria existencia. Incluso en la Exposición de Motivos de la Ley de Aguas de 1866, se le considera como modelo para la creación de lo que hoy son los actuales jurados de riego.
Permaneció Valencia también despreciada en tiempo del imperio godo. Pero introducidos los sarraceno s (o sarrahins) en España, no obstante hallarse en una guerra casi continuada, atendieron con particular cuidado el fomento de la agricultura. Ellos fueron los que trataron de sacar el máximo provecho a las hasta entonces desperdiciadas aguas del Turia y ejecutaron el vasto proyecto de sacar del mismo en las inmediaciones de Valencia siete acequias (después se construyó otra). Cuatro por el margen norte del río (Moncada, Tormos, Mestalla y Rascaña) y cuatro por el margen sur del río (lado en el que estaba ubicada la ciutat vella de Valencia en lo que es ['Harta Sur)(Cuart, Mislata, Favara y Na Rovella), dividiéndose en diversos ramales (brazos e hijuelas), y pasando a veces unas sobre otras, con el fin de proporcional también agua a los molinos y riego a otras heredades.
Ya antes del Siglo XI se había transformado en un delicioso jardín la campiña de Valencia, a beneficio de esta multitud de acequias, y admirable distribución de sus aguas».Así las cosas, El Rey Jaime I, el Conquistador, entendió conveniente conservar el entramado de acequias sin realizar reforma o modificación física alguna, y poco después de conquistar Valencia hizo donación a los habitantes de las acequias y de sus aguas y las dotó de un régimen jurídico (como queda constancia en todos lo privilegios que se adjuntan como anexo).
El precepto básico que legitima en el vigente Ordenamiento Jurídico español la existencia y funcionamiento del Tribunal de las Aguas se encuentra en el artículo 125 de la Constitución Española, según el cual «Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respeto a aquellos procesos penales que la Ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales» .El texto, que a efectos de determinación de naturaleza jurídica se encuentra ubicado en el Título VI, dedicado al «Poder Judicial» y es expresión del ejercicio directo de la justicia por los ciudadanos, trata de tres instituciones heterogéneas: la acción popular, el Jurado y los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
De las discusiones parlamentarias se deduce claramente la inclusión del Tribunal de las Aguas entre los Tribunales consuetudinarios y tradicionales, destacando la defensa que del Tribunal hizo en Cortes el ilustre jurista valenciano y entonces Diputado-Presidente Emilio Attard Alonso en la sesión de 8 de junio de 1978 (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados nº 84, págs. 3081 y ss.):«Entendemos que la unidad jurisdiccional, en estos tiempos de reconocimiento de la autonomías en función de los derechos históricos, entendemos -digo-, que el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia merece la consideración de una excepción, y que figure como excepción, y que figure como excepción de la unidad jurisdiccional que durante muchos años hemos también pretendido. Entendemos que esto puede tener una solución que generalice por extensión a los Tribunales consuetudinarios de este orden, porque jamás ha sido interrumpida, ni por los reaccionarios ni por la revolución, y cuando el 4 de mayo de 1814 es derogado en Valencia por Fernando VII a laConstitución de las Cortes de Cádiz, el Tribunal de las Aguas siguió perdurando. Durante nuestra reciente conflagración fraticida, el Tribunal de las Aguas continuó funcionando, y creemos que esta realidad histórica -anterior al derecho Constitucional- que ese fundamento lógico-jurídico no empece a la unidad jurisdiccional que nosotros hemos mantenido siempre.
Por esta razón, porque ha perdurado y porque debe estar constitucionalizada la vigencia del Tribunal de las Aguas, que reúne los principios que más recientemente ha defendido Klein sobre la «adecuación» y la «practicidad»; que, además, realiza la justicia con la máxima economía procesal, y que es reconocido por propios y extraños, debe ser reconocido, por nosotros mismos de algún modo».En esa misma sesión, el diputado valenciano Sr. Ruiz Mendoza, argumentó que si la justicia emana del pueblo, nunca más ningún Tribunal en nuestra Patria se ha sentado sobre este principio.
El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, como hemos tenido ocasión de comprobar, tradicionalmente y desde la primera ley de Aguas de 1866, ha quedado excluido de la regulación normativa, si bien ha inspirado figuras como los «Jurados de Riego».La Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985 (modificada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre) no sólo repite en su Preámbulo los elogios al Tribunal de las Aguas, sino que también en su artículo 77 dispone que «Los aprovechamientos colectivos que hasta ahora hayan tenido un régimen consignado en Ordenanzas debidamente aprobadas, continuarán sujetos a las mismas mientas los usuarios no decidan su modificación de acuerdo con ellas. Del mismo modo, allí donde existan jurados o Tribunales de riego, cualquiera que sea su denominación peculiar, continuarán con su organización tradicional».
Así, pues, la vigente Ley de Aguas de 1985 deja fuera de la misma al Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, si bien lo toma como modelo, especialmente en lo que refiere a los jurados de riego.Respecto de estos últimos, el artículo 76-6 del referido cuerpo legal reza así: «Al jurado corresponde conocer en las cuestiones de hecho que se susciten entre los usuarios de la comunidad en el ámbito de las ordenanzas e imponer a los infractores las sanciones reglamentarias, así como fijar las indemnizaciones que deban satisfacer a los perjudicados y las obligaciones de hacer que puedan derivarse de la infracción. Los procedimientos serán públicos y verbales en la forma en que determine la costumbre y el Reglamento. Sus fallos serán ejecutivos».
Además, el mismo artículo 76-6 dice en el último párrafo; que sus fallos (los de los Jurados de Riego) serán ejecutivos. Ello sólo es posible si existe una fundamentación jurídica. De hecho, en el caso del Tribunal de las Aguas la fundamentación jurídica está implícita en la Sentencia y, de hecho, se debate en público, pero en voz baja, por los Jueces-Síndicos antes de que el Presidente o Vicepresidente emita el fallo en voz alta.Otro defecto que Fairén resalta del artículo 76-6 LA es la referencia a «las obligaciones de hacer que puedan derivarse de la infracción» y el consiguiente olvido de las obligaciones de no hacer o de deshacer, que son abundantísimas en el Tribunal de las Aguas. Así, por ejemplo, la S. de 5 de junio de 1975 condenó al demandado por abrir unos desagües sin permiso de la comunidad. Así, aparte de la indemnización de daños y perjuicios y de la condena en costas se le obligaba a deshacer la obra a su costa y a no volver a construir o la Sentencia de misma fecha (Acequia de Tormos, Brazo de Carabina) se condenó a una cooperativa por hacer un colector en la acequia sin autorización). (Existe una completa recopilación de casos en FAIRÉN GULLÉN, v., El Tribunal de las Aguas y su proceso, op. cit., págs. 29 a 47).
El artículo 76-6, párrafo segundo, LA, de otra parte, señala que los fallos de los Jurados de Riego, entre los que, repetimos, no se halla el Tribunal de las Aguas, «serán ejecutivos» (ídem. Art. 221-1 del Reglamento). Así, las Sentencia del Tribunal de las Aguas no son susceptibles de recurso alguno de tipo administrativo, ni tampoco contencioso-administrativo. Argumenta FAIRÉN que no se ha previsto recurso alguno contra las misma, incluso por la sencilla razón procesal del que el expediente administrativo que justificase la infracción alegada en vía contenciosa, y que demostrase la cometida por el Tribunal, no existe como tal, pues es puramente oral, y de ella no queda más traza escrita que una minuta que sirve de título ejecutivo.Por último, la Disposición Final Cuarta de la Ley del Agua admite la validez de las Ordenanzas si se adecuan a los principios constitucionales. Pero las Ordenanzas de las Comunidades que integran el Tribunal de las Aguas no pueden ser más representativas y democráticas, y así se ha reconocido expresamente por el constituyente. Además, las ordenanzas de las acequias tienen el carácter de “Reales”, lo que es tanto como decir que equivalían a Leyes en el Siglo XVIII.
Todo ello se completa con Subsíndicos, que actúan en ausencia de los Jueces-Síndicos, Electos, Veedores (cuya principal función es la de perito del Tribunal), Atandadores y Partidores (encargados de dirigir los tandeos o turnos), Acequieros, Alguacil, Cobradores, Guarda, Secretario y el Abogado (Vid. FAIRÉN GULLÉN, v., El Tribunal de las Aguas y su proceso, op. cit., págs. 259 y ss.).El Síndico es el Administrador supremo de la acequia y de los fondos de la comunidad. Se encarga de la distribución del agua en época de sequía. Como juez se encarga de la instrucción, deliberación y toma de decisiones, siendo miembro de pleno derecho del Tribunal.
También la duración de cargos es distinta según la acequia de que se trate, pero el cargo suele durar dos o tres años, con posibilidad de reelección.El Tribunal elige por votación al Presidente (que dirige los debates pero no tiene voto cualificado) y al Vicepresidente (sin plazo de caducidad para su mandato) y los remueve. Consuetudinariamente el presidente es uno de los jueces de la margen derecha o sur y el Vicepresidente lo es del margen izquierdo o norte, debido a que esta zona está más favorecida por el caudal de aguas y tiene una representación menor en el seno del Tribunal. Y cuando en un concreto asunto el denunciado lo es de una de las acequias del margen derecho del río, el Vicepresidente asume la presidencia para evitar cualquier sospecha de imparcialidad.
Mestalla, Favara, Rascaña y Na Rovella. Exponen, en valenciano, denunciante primero y denunciado después sus alegaciones, admitiéndose la reconvención.La fase de prueba, que existe, se confunde por su inmediatez con las alegaciones. Así los documentos se presentan en el acto y los testigos también se personan inmediatamente, coexistiendo tanto el sistema de prueba tasada o legal como el de libre apreciación de las pruebas, y una vez terminado el debate propiamente dicho, los jueces, que reciben el trato de señoría, pasan a dictar sentencia, si bien pueden ordenar ampliación de las actuaciones.La sentencia se elabora en público. El Presidente, o el vicepresidente en su caso, toma la deliberación de cada uno de los Jueces-Síndicos, excepto el de la Comunidad interesada, en voz baja, y hecho esto, profiere el fallo en voz alto y siempre en valenciano (salvo que alguna de las partes haya alegado no conocer esta lengua)
En ningún caso se expone la fundamentación en este momento.Terminada la sesión, el guarda correspondiente, y las partes, se presentan ante el Secretario, el cual no ha estado presente en el juicio oral. Y allí el gruada le comunica los hechos y el fallo.El Secretario rellena un formulario de Sentencia donde consta. Nombre de la Acequia; brazal; nombre del denunciante y legitimación; nombre del denunciado; hechos y sentencia completa con fecha y firma del Secretario.Las Sentencias de condena contienen una estricta fundamentación, mientras que las absolutorias expresan la ratio decidendi de forma sucinta.La sentencia es inapelable y ejecutiva por mor de los Privilegios de los Reyes Jaime I y Il, lo que le diferencia de los Jurados de Riego cuyas decisiones son recurribles ante la jurisdicción contenciosa.Es el Síndico de cada Acequia el encargado de velar por la correcta ejecución de la sentencia, contando para ello con la famosa «quita de agua al deudor» lo que rarísima vez llega a producirse, ya que las sentencias del Tribunal de las Aguas suelen cumplirse de modo voluntario.
Ahora bien, si se trata de una sentencia de contenido dinerario, como las de indemnización de daños y perjuicios, son los veedores los encargados de peritarlo en una primera “visura”.Así, una vez dictada la sentencia, y a no ser que el propio Tribunal la haya dictado ya líquida, el Síndico-ejecutor acudirá de nuevo a los “veedores” de su propia acequia para que ratifiquen o modifiquen su anterior visura.
En la histórica SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1992, publicada en BOE de 29 de octubre () por el Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de la Nación en relación con los arts. 2, párrafo segundo; último inciso del arto 3.2; arto 9 y Disposición Transitoria de la Ley 6/1986, de 15-12-1986, de las Cortes Valencianas, de regulación de los Arrendall1ientos Históricos Valencianos: y en la que el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales el artículo 2, párrafo segundo, y el inciso final (la resolución recaída podrá también ser objeto de impugnación en vía administrativa) del arto 3.2 de la mencionada Ley, y rechaza el recurso en lo demás; con lo que se interpreta el artículo 149-1-8 CE en el sentido de que Valencia tiene derecho foral sobre aquellas materias que no sean contrarias a la Constitución y estén vigentes en forma de costumbre en el momento de entrada en Vigor de la Constitución y, en consecuencia, la Generalitat Valenciana es competente sobre ese Derecho para modificado y desarrollado.«No queda suficientemente claro, decidido con nitidez, el problema de la referencia a «los Derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan»; es decir, cuál es el contenido, lo existente de ese Derecho Civil, aquella materia sobre la que la Comunidad Autónoma puede actuar legislativamente, conservando, modificando o desarrollando la misma.El problema es menor en los supuestos de Comunidades Autónomas dotadas de compilaciones de Derecho civil propio, especial o foral (artículo 149.1, regla 8ª,CE).
Mayor y más grave la duda en el caso que nos ocupa. Se trata de que la Comunidad Autónoma Valenciana no posee Derecho civil propio, según se reconoce y admite por todos. Salvo en materia de riegos (huerta de Valencia) y su jurisdicción especial (Tribunal de Aguas), la Comunidad Autónoma Valenciana no tiene legislación civil desde los Decretos de Nueva Planta de 1707.No es legislación civil valenciana, eso es obvio, la legislación civil que hoy se aplica en el territorio de la Comunidad. Es también cierto que no se conserva Derecho propio escrito, ni legislativo antiguo y preconstitucional, ni siquiera consuetudinario recopilado.¿Cuáles son, pues, las normas civiles de ámbito regional o local y de formación consuetudinaria preexistente, a las que se alude en la Sentencia (fundamento jurídico 1.0)?Parece que la Sentencia se refiere únicamente al Derecho consuetudinario que, tras la abolición de los Fueros, subsistiera en el territorio hasta nuestros días, y así lo dice en el mismo fundamento. No puede ser de otra manera y en esto la Sentencia es lógica y correcta. Mi discrepancia de ella, sin embargo, tiene otro sentido.Lo que ocurre, en mi opinión, es que esta corrección y claridad es sólo aparente. Quizá, y ésta es mi duda, esta apariencia y ligereza argumentativa sea la justa. No lo sé.Pero tengo el temor de que con ello, se ha abierto o peligrosamente la tapa de la caja de Pandora.
Veamos: Se da como probada la existencia de esa costumbre referida a la subsistencia forzosa del vínculo contractual entre propietario y arrendatario (o colono, enfiteuta, poseedor útil), y se considera existente una relación arrendaticia con prórroga indefinida y forzosa. No hay un modo de saber con certeza si ello constituía, en el uso histórico, un contrato de arrendamiento o otra figura bien distinta y más parecida a los censos o foros.La Ley valenciana impugnada sí establece un vínculo contractual indefinido, lo que contraviene el sentido, fundamento y finalidad del típico contrato de arrendamiento, de suyo temporal o bien prorrogable por el legislador en situaciones sociales determinadas, como es el caso de la legislación de arrendamientos rústicos común (en particular desde 1935) y general en toda España.La pregunta es: ¿esta determinación de la Ley valenciana es «conservación» o creación, regulación ex novo?Sin negar a la Comunidad Valenciana la posibilidad y la potestad legislativa, sí, en cambio, me pregunto si esa potencialidad alcanza o puede llegar a recrear o resucitar una figura contractual, dándola previamente por probada, o bien -como se hace en la Ley- dejando su prueba a la autoridad gubernativa. ¿No supondría ello la posibilidad de establecer por vía indirecta (circumventio) un Derecho civil inexistente e incluso la de legalizar costumbres contra legemCierto que no va este Tribunal Constitucional a someter a prueba la existencia de esa costumbre, que ahora la Comunidad Valenciana legaliza. Pero sí le cabe o compete examinar la constitucionalidad de ese resultado legislativo.Este examen, aparte de lo ya expuesto sobre el ámbito o subsistencia del Derecho civil existente (¿qué se puede desarrollar?), abarca también otro aspecto, tal el relativo a la otra competencia que el arto 149.1.8.° reserva en exclusiva al Estado es decir, las «bases de las obligaciones contractuales». ¿No constituye una de las bases del sistema contractual español la autonomía o libertad contractual -libre consentimiento- en general y la de la temporalidad en los contratos arrendaticios en particular? Naturalmente que ello no impide que el legislador competente pueda, Por exigencias de una sociedad justa y democrática, establecer de otro modo el régimen de explotación del recurso agrícola, pero sí, como concluyo de todo lo expuesto, que dicho legislador autonómico pueda recrear, confiriéndola categoría contractual -de contrato normado, forzoso- a una situación de hecho dudosa y de vigencia limitadísima, según se afirma por las partes. No parece que sea el método más adecuado el seguido por esta Ley, que roza, en mi opinión, la corrección constitucional, dañándola.
Pues bien, en esa histórica sentencia existe un voto particular discrepante, que formula el Magistrado D. Carlos de la Vega Benayas, en el que textualmente se decía lo siguiente:Lo más significativo de este voto particular es que si bien su autor se muestra reacio a admitir el Fallo del TC según el cual la expresión «allí donde exista» del artículo 149.1.8 incluye también las instituciones de derecho foral que han sobrevivido hasta la entrada en vigor de la Constitución en forma de costumbre, admite la existencia de un Derecho Civil propio de la Comunidad valenciana en materia de riego así como la competencia de la Comunidad Valenciana sobre el Tribunal de las Aguas.
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References: artículo 125
 artículo 77
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 2
 resolución 
 artículo 149
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