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Timestamp: 2017-12-14 18:37:06+00:00

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Juicios Civiles En Chile | Abogado Juicio Civil Santiago Chile
Los juicios son disputas que comprenden materias de derecho civil, interpuestos ante los tribunales de justicia civiles, a través de una demanda o de una medida prejudicial. Demanda que busca el reconocimiento o declaración de un derecho a través de un proceso legal y tramitado ante un tribunal competente, es decir, ante el tribunal que conocerá del asunto controvertido. La competencia del tribunal será determinada por la materia de la demanda, la cuantía (valor jurídico o económico), el grado jurisdiccional y el territorio, y según estos componentes se determinará qué tribunal conocerá y resolverá el asunto.
Para que esta demanda sea acogida a tramitación debe contener los requisitos establecidos en el artículo 254 del código de procedimiento civil, de faltar los tres primeros requisitos establecidos en éste, el juez puede de oficio no dar curso a ésta, señalando los requisitos de que adolece. Debe contener además, los requisitos comunes a todo escrito y los relativos a la ley 18.120, esto es; ser patrocinada por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, de no ser patrocinada por abogado habilitado la demanda se tendrá por no presentada.
Una vez acogida a tramitación la demanda, comienza el desarrollo del procedimiento, dando lugar a la notificación del demandado, entendiéndose por tal la comunicación formal de una resolución emanada por el tribunal y dando a conocer al demandado de un proceso que se inicia en su contra. Notificación que se realiza para que el demandado tome conocimiento y adopte las medidas necesarias para su adecuada defensa.
Las notificaciones son realizadas por receptores judiciales que son auxiliares de la administración de justicia y que actúan como ministros de fe pública, por lo que pasa a ser un funcionario público perteneciente al Poder Judicial de Chile.
Que después de haber sido válidamente notificada la demanda empiezan a correr los plazos procesales para la contestación de ésta, plazo que se determinará si el demandado fue notificado dentro del territorio jurisdiccional del tribunal y en la comuna de asiento de éste. Estos plazos van desde los 15 días hábiles hasta los 18 días hábiles más tabla de emplazamiento, dependiendo de dónde se realizó la notificación. Cabe hacer mención que los plazos son fatales y que se entiende por días hábiles aquellos que no son feriados.
Hasta antes de la contestación de la demanda el demandado puede oponer excepciones dilatorias que son aquellas que se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida, y están enumeradas en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil. Y en la contestación de la demanda se pueden oponer excepciones perentorias, que son aquellas que tienen por objeto destruir el fundamento de la pretensión.
Cabe hacer mención que existen otros tipos de excepciones, tales como: excepciones mixtas y anómalas.
Una vez contestada la demanda y opuesta las excepciones si correspondiere, el demandante tiene un plazo de 6 días hábiles para responder a esta contestación, si lo hallare pertinente, esta respuesta recibe el nombre de Réplica.
La réplica también tiene una respuesta, respuesta que también tiene un plazo de 6 días hábiles y que se denomina Dúplica. Esta dúplica es la respuesta que realiza el demandado a la réplica que realizó el demandante.
Hasta esta etapa procesal se denomina etapa de discusión. Una vez terminada esta etapa el juez analiza los hechos y determina si existen fundamentos para recibir la causa a prueba, en caso contrario el juez llama a las partes a oír sentencia.
Si hay hechos sobre los cuales se deba rendir prueba, el juez debe llamar a las partes a conciliación. La conciliación es el medio para solucionar conflictos entre las personas con el objetivo de encontrar una solución. En esta etapa, las partes (demandado y demandante) pueden o no llegar a conciliación y dependiendo de esto es lo que el juez deberá resolver.
Si las partes llegan a conciliación el juez estimará el acta que se levante de éste como sentencia ejecutoriada. Esta sentencia es aquella que no admite recurso judicial alguno.
Si las partes no llegan a conciliación se debe pasar a la etapa de prueba. En esta etapa se establecen los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales recaerá la prueba. Los medios de prueba de que se pueden valer las partes están establecidos en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil y establece los siguientes:
Esta etapa, etapa de prueba, tiene una duración de 20 días hábiles. Una vez transcurrido este plazo se realizan las observaciones a la prueba que tiene por finalidad otorgar o negar credibilidad a la prueba entregada. Para las observaciones a la prueba hay un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del término de la etapa de prueba. Una vez vencido este plazo, la causa ingresa al estado de fallo, teniendo el juez un plazo de 60 días para dictar sentencia.
La sentencia es la resolución judicial dictada por el juez, con la que se pone fin a una instancia que dio lugar al juicio, por lo que se concluye o pone fin a un proceso o juicio.
Es aquel en que la parte o persona hace valer su derecho a resarcimiento por un daño causado por otra persona, ya sea por una responsabilidad contractual o extracontractual.
Es aquella que deriva por un incumplimiento de contrato, por el retardo en el cumplimiento de éste o porque su cumplimiento fue realizado de manera imperfecta.
Para que este tipo de indemnización pueda ser solicitada ante tribunales es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
1. Que exista un contrato válido entre las partes.
2. Que exista un daño o perjuicio.
3. Relación de causalidad entre el daño y el hecho; es decir, el daño debe ser consecuencia causado por la conducta.
4. Existencia de dolo o culpa; aquí la distinción es si hubo una intención de causar daño al otro o simplemente un actuar con negligencia pero sin intención de causar daño o perjuicio.
Es aquella que deriva de actividades realizadas por personas que crean riesgos a otros cometiendo hechos ilícitos.
Estos son interpuestos ante tribunales por deudas de arriendo, morosidad en los pagos, pudiendo interponerse con un mes de incumplimiento de pago de arriendo estipulado, solicitando si correspondiere el pago de los servicios básicos si también se adeudaren, o que su pago se realizare mientras dure el juicio. Tiene por objeto el pago de le adeudado, pero también se puede solicitar la entrega del inmueble.
Juicios Voluntarios
Más bien son procedimientos en que no se promueve contienda entre partes, sino que requiere de la intervención del juez para la autorización o legalización de un hecho, como por ejemplo: el cambio de nombre y/o apellido, declaración de interdicción, rectificación de partida de nacimiento entre otros.
La partición de los bienes hereditarios consiste en la división de éstos entre los herederos, la finalidad de éste es poner término a una comunidad y se realiza de común acuerdo entre los herederos o comuneros o por un juez partidor en caso de no haber acuerdo entre los herederos o comuneros. Para realizar la partición de bienes es necesario realizar la posesión efectiva, solo así los herederos pueden disponer de éstos. Este derecho puede ser solicitado por cualquier persona que sea parte de la comunidad de bienes y tenga interés en ponerle término a ésta. De encontrarse bienes raíces dentro de la herencia, deberá ser rematado y así con el producto de éste pagarse a los herederos.
Cabe hacer mención que existen tres formas de realizar el término de una comunidad de bienes, la primera es por testamento, donde se establecen los bienes que corresponderán a cada quien de los herederos, la segunda; de común acuerdo entre los herederos y la tercera mediante el juicio de partición.
Este es un derecho a ejercer por quien tiene la posesión de bienes que han sido embargados mediante un juicio ejecutivo al ejecutado y que se entiende como un tercero, toda vez que no es parte del juicio, pero que puede intervenir en él con el objeto de que se alce el embargo de dichos bienes. Esta se interpone en contra del ejecutante y ejecutado y tiene como plazo de interposición hasta antes de la fecha de remate, no se puede interponer una tercería sin antes existir una orden de embargo.
Para interponer esta tercería se deben presentar todos los medios de prueba que acrediten que los bienes que reclama son de su posesión, esto es; que se tenga la cosa con ánimo de señor o dueño, tal como lo establece el Código Civil en su artículo 700.

References: artículo 254
 resolución 
 artículo 303
 artículo 341
 resolución 
 artículo 700