Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321443.html
Timestamp: 2019-03-26 15:16:41+00:00

Document:
as201321443
Auto Supremo: 443/2013
Expediente: LP-65-13-S
Partes: Fidel Roberto Méndez Martínez y otro FANENMAR S.R.L. c/ Javier
Handal Bendeck Empresa VHS Constructora.
Proceso: Cumplimiento de contratos y pago de obligación
VISTOS: El recurso de casación en el fondo cursante de fs. 562 a 563 y vlta., de obrados interpuesto por Fidel Roberto Méndez Martínez y Aurelio Zenón Méndez Martínez, contra el Auto de Vista Nº 70/2013 de fecha 18 de marzo 2013, cursante de fs. 557 a 558 y vlta., pronunciada por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso de cumplimiento de contratos y pago de obligación incoado por los recurrentes contra Javier Handal Bendeck representante de la Empresa VHS Constructora, los antecedentes procesales; y:
Que, por Sentencia Nº 491/2010 de fecha 24 de agosto 2010 cursante de fs. 455 a 458 y vlta. el Juez Catorceavo de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital, declaró en primer término improbada la excepción de prescripción extintiva deducida por la Empresa VHS Constructora Ltda. y probada la demanda de fs. 192 a 195 incoada por la Empresa FAMENMAR S.R.L.; disponiendo lo siguiente:
1.- El pago de la suma de $us.19.288.- por parte de la Empresa contratante VHS Constructora Ltda., de propiedad de Javier Handal Bendeck a favor de la Empresa FAMENMAR SRL representada por Fidel Méndez Martínez y Aurelio Zenón Méndez Martínez por realización de las obras impagas dentro de tercero día de la ejecutoria de la sentencia.
2.- El pago de daños y perjuicios a los demandantes por el incumplimiento en el pago del monto adeudado desde la fecha de su reclamo por nota de fecha 14 de septiembre 2006 de fs. 1 a 8 de obrados, lo que se liquidaran en ejecución de sentencia, conforme a la previsión del art. 414 del Código Civil.
Deducida la apelación por el representante del demandado, ésta fue remitida ante el Tribunal Ad quem, instancia que mediante Auto de Vista Nº 31/2012 de fecha 9 de febrero 2012 confirmó la sentencia apelada, habiendo la parte demandada recurrido de casación en la forma y en el fondo, mismo que fue resuelto por Auto Supremo Nº 268/2012 de fecha 20 de agosto 2012 por el que se resolvió anular el Auto de Vista Nº 31/2012, disponiendo que se pronuncie nueva resolución con arreglo a lo previsto en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil. A tal efecto, luego de presentada recusación en contra de Vocales suscribientes del Auto de Vista Nº 31/2012, la Sala Civil Tercera mediante Auto de Vista Nº 70/2013 de fecha 18 de marzo 2013, en aplicación al art. 237 parágrafo I núm. 4) del Código de Procedimiento Civil, resolvió anular obrados hasta fs. 454 vlta., inclusive disponiendo que el Juez de la causa pronuncie nueva sentencia observando a cabalidad los arts. 190 y 192 de la norma antes citada.
Que, los actores en conocimiento de la determinación adoptada por el Tribunal de Alzada, interpusieron recurso de casación en el fondo amparado en los arts. 250, 253, 255, 258, 271 y 274 del Código de Procedimiento Civil, mismo que se pasa a considerar y resolver.
1.- Refiere que el Tribunal de Alzada incumplió con el Auto Supremo Nº 268/2012 de fecha 20 de agosto 2012 que ordenó que sin espera de turno ni sorteo el Tribunal Departamental se pronuncie expresamente sobre todos los agravios alegados en el recurso de apelación de la Sentencia, confirmando en parte o revocando en parte la Sentencia y no eludiendo dicho pronunciamiento al disponer una nulidad que lo único que genera es negarles el acceso oportuno a la justicia, vulnerando el principio de celeridad en la administración de justicia y sin notar que la sentencia se halla debidamente fundamentada en base a la prueba producida, habiendo el Juez de la causa fallado sobre las pretensiones de las partes y de darse curso a la nulidad de obrados el A quo ratificará el pago de las retribuciones adeudadas y sólo modificará con relación a los daños y perjuicios; aspecto que pudo ser resuelto por Tribunal de Segunda Instancia y no trasladar dicho pronunciamiento al A quo.
2.- Que, se debe considerar que la Sala Civil Tercera pronunció en dos años tres Autos de Vista sin que hasta ahora exista un pronunciamiento sobre el fondo de la causa, habiendo esperado siete meses para el sorteo del Vocal Relator en esta última vez y que al darse curso al Auto de Vista ahora recurrido, se estaría anulando obrados para convertir dicha determinación en instrumento para favorecer la estrategia legal del demandado y seguir dilatando el proceso.
3.- Refieren también que, no existe error de hecho en la apreciación de las pruebas, ya que pretenden que la declaración de la testigo María Luisa Sandoval sea considerado como peritaje contable, cuando ésta no fue ofrecida como perito y sin tomar en cuenta que en obrados cursan certificaciones bancarias de la falta de respaldo a los pagos que aduce el demandado y un cuestionamiento a los comprobantes de pago que alega.
Finalmente, refieren que con relación a la prescripción que reiteradamente alega el recurrente, se debe considerar que la relación contractual entre las partes fue continuada, permanente e ininterrumpida desde el año 2000 y que conforme consta en carta notariada de 14 de septiembre 2006, de fs. 23 a 26 más la demanda de reconocimiento de firmas de fecha 17 de enero 2007 se interrumpió el cómputo de la prescripción conforme señala el art. 1503 del Código Civil.
Por lo anterior solicitan que el Tribunal Supremo case el Auto de Vista recurrido en aplicación al art. 274 del Adjetivo Civil y se pronuncie sobre lo principal del litigio.
Que, si bien los recurrentes refieren en el recurso de casación que se basan en lo previsto en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil; sin embargo de los primeros puntos señalados en dicho recurso se puede advertir que el reclamo que fundamentan se refiere específicamente a aspectos de forma; señalando que el Ad quem no pudo haber determinado la nulidad de obrados hasta que se dicte nueva sentencia por existir en la misma incongruencia, vulnerando el principio de celeridad en la administración de justicia y provocando que el proceso demore mucho más, claro ejemplo que para conocer el resultado del último Auto de Vista emitido tuvieron que esperar más de siete meses, nulidad que lo único que genera es negarles el acceso oportuno a la justicia. Aspecto que al presente se hace necesario dar respuesta en la forma en la que los recurrentes fundamentan de inicio.
En ese sentido, es necesario que se puntualicen los siguientes antecedentes y por otra parte se determinen los siguientes criterios respecto al principio de congruencia frente al derecho a una justicia pronta y oportuna:
1.- De los antecedentes del proceso:
1.1.- Los propietarios de la Empresa FAMENMAR S.R.L., Fidel Roberto y Aurelio Zenón, ambos de apellidos Méndez Martínez incoaron demanda de cumplimiento de contrato de obra en contra de Javier Handal Bendeck en junio 2007.
1.2.- Sustanciado el proceso se dictó sentencia en agosto del año 2010, en la que se declara improbada la excepción de prescripción extintiva y probada la demanda interpuesta por los actores, disponiendo que el demandado proceda al pago de $us.19.288.- así como al pago de daños y perjuicios ocasionados a los demandantes por el incumplimiento de pago del monto adeudado desde la fecha de su reclamo por nota de fecha 14 de septiembre 2006, los que se liquidaran en ejecución de sentencia conforme a lo previsto en el art. 414 del Código Civil; resolución que fue apelada por el apoderado del Sr. Handal Bendeck.
1.3.- Mediante Auto de Vista Nº 64/2011 de 21 de marzo 2011 el Ad quem anuló obrados hasta el Auto de concesión de Alzada de fs. 473 de fecha 17 de septiembre 2010, disponiendo que el Juez A quo pronuncie nuevo Auto de concesión de Alzada observando a cabalidad el art. 25-II de la ley Nº 1760.
1.4.- Una vez cumplido el A quo con lo determinado por el Tribunal de Alzada mediante Auto de 28 de julio 2011, tanto la apelación a la sentencia como la Resolución Nº 430/2008 interpuesta en el efecto diferido, éstas son remitidas nuevamente ante el Tribunal Ad quem, mismo que mediante Auto de Vista Nº 31/2012 de fecha 9 de febrero 2012 confirmó el Auto Nº 430/2008 y la sentencia de fs. 455-458 de obrados.
1.5.- Ante la determinación adoptada por el Ad quem, el apoderado del demandado interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, mismo que fue resuelto mediante Auto Supremo Nº 268/2012 de fecha 20 de agosto 2012 disponiendo la nulidad del Auto de Vista Nº 31/2012 en razón a que el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de primer grado con fundamento de apelación en efecto diferido y omitió pronunciarse sobre la apelación de la Sentencia en los cuatro agravios manifestados, disponiendo el Tribunal Supremo que sin espera de turno y previo sorteo pronuncie nueva Resolución con arreglo a lo previsto en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.
1.6.- Es así que conforme consta de fs. 557 a 558 y vlta; por Auto de Vista Nº 70/2013 de 18 de marzo 2013, el Ad quem pronuncia nueva resolución y respondiendo a las apelaciones tanto de la sentencia como del Auto recurrido en apelación diferida, resuelve anular obrados hasta fs. 454 inclusive, disponiendo que el Juez A quo dicte nueva sentencia en razón a que la misma es incongruente al haber dispuesto el pago de daños y perjuicios ocasionados a los demandantes por incumplimiento del demandado en el pago del monto adeudado, evento jurídico que no fue demandado y que al actuarse ultra petita y ser incongruente la sentencia, anuló obrados.
2.- De los criterios respecto al principio de congruencia y del derecho a una administración de justicia pronta y oportuna.
Con relación al Principio de Congruencia, Devis Echandia la define como: “El principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas…”
Por su parte, la SCP-0469/2013 de abril 2013 que hace referencia a la SC-0486/2010-R de 5 de julio refieren que “… la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de in congruencia «ultra petita» en la que se incurre si el Tribunal concede «extra petita» para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; «citra petita», conocido como por «omisión» en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc. '(Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de congruencia como Manifestación del principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).” “…El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia””
Finalmente señalar, que de conformidad a lo previsto por el art. 190 del Código de Procedimiento Civil el Juez de primera instancia emitirá sentencia con la que pondrá fin al litigio en primera instancia, conteniendo dicha determinación decisiones expresas, positivas, precisas y recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas, normativa que también prevé se respete el principio de congruencia.
Ahora, con relación al derecho que tiene toda persona a una justicia pronta y oportuna, a través de Sentencias Constitucionales se ha señalado que este derecho al igual que el principio de congruencia están relacionados de manera directa con el debido proceso; es así que el art. 178 parágrafo I de la Constitución Política del Estado establece que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”. En concordancia con esta disposición, el art. 180 parágrafo I del mismo cuerpo legal, establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez” (las negrillas nos pertenecen).
Por su parte la SCP 0110/2012 de 27 de abril, señalo que: “En el nuevo y vigente orden constitucional, el art. 115 de la Constitución Política del Estado determina la protección oportuna y efectiva de las partes por el órgano jurisdiccional en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, así como garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; precepto constitucional que se sustenta, conforme se anotó, en el principio de celeridad, previsto por el art. 180 parágrafo I de la norma citada cuando señala: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez'; en consecuencia, la celeridad, es entre otros requisitos, la exigencia esencial de la administración de justicia y, es por ello, que la Ley del Órgano Judicial, en su art. 3 núm. 7 adopta este principio el cual 'comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia”.
En el caso de Autos y conforme se tiene en antecedentes, la demanda tiene inicio en junio del año 2007, habiéndose dictado sentencia, resoluciones de segunda instancia e inclusive un Auto Supremo por el que se determinó la nulidad del Auto de Vista Nº 31/2012 disponiendo se dicte nueva resolución de segunda instancia en el que en sujeción al art. 236 del Código de procedimiento Civil se responda a todos y cada uno de los agravios expuestos en apelación por la parte apelante, siendo uno de ellos justamente el reclamo respecto a la determinación del A quo del pago de daños y perjuicios ocasionados a los demandantes por el incumplimiento de pago del monto adeudado desde la fecha de su reclamo por nota de fecha 14 de septiembre 2006, y que se liquidarían en ejecución de sentencia; es decir que el Ad quem conociendo los antecedentes, advertido además de lo señalado en el Auto Supremo Nº 268/2012, tenía la obligación de compulsar lo más conveniente para las partes a fin de contar con un resultado para ambos, si era efectivo el anular obrados hasta dictar nueva sentencia que
sea la misma congruente o en su caso resolver los agravios del demandado como se dispuso en el Auto Supremo antes citado, entre ellos el referido a la determinación ultra petita adoptada por el A quo e ingresando en el fondo resolver en segunda instancia lo apelado y reclamado o sin afectar la garantía del derecho al debido proceso y a una justicia oportuna y sin dilaciones establecida en el art. 115 parágrafo II de la norma Constitucional, sin obviar el principio de congruencia al mismo tiempo corregir el error el que había incurrido el A quo a través de la resolución de segunda instancia que responde el agravio referido justamente a la sentencia incongruente que resolvió de manera ultra petita.
Debemos tomar en cuenta en el caso presente, que si bien es cierto que el administrador de justicia está obligado a emitir toda sentencia y resolución de manera congruente, no es menos evidente que el Tribunal de Segunda Instancia tenía el deber de responder a los agravios reclamados y como se señaló de manera precedente, ingresando al fondo de la litis resolver justamente si correspondía o no el pago de daños y perjuicios a los actores y prevenir disponer la nulidad de obrados hasta que se dicte nueva sentencia de manera congruente; más aun tomando en cuenta que las nulidades procesales por aspectos formales, han sido desplazadas por la determinación de la nulidad procesal cuando el Juez o Tribunal de instancia evidencie que dentro la sustanciación de la litis se ha vulnerado el debido proceso y el derecho a la defensa de alguna de las partes o de ambas; sólo en esos casos podrá ser justificado que los jueces determinen anular obrados, toda vez que resulta contraproducente para los intereses de las partes, se tenga que retrotraer el mismo, con la incertidumbre de un resultado que parece nunca llegar y que en definitiva, se encuentra en manos del juzgador, que está obligado, bajo los principios de eficiencia, eficacia y celeridad producir una solución oportuna, concluyendo que si bien las nulidades procesales atañen a la ineficacia de los actos jurídicos procesales.
Su finalidad, debe ser la protección del proceso con todas las garantías, constituyéndose al presente en una medida que debe aplicarse como última alternativa.
En ese entendido, el Auto Supremo Nº 268/2012 estaba orientado justamente a que el Ad quem resuelva todos los agravios señalados por el demandado, entre los que se encontraba específicamente el reclamo respecto a la incongruencia de la sentencia por haber resuelto el A quo de manera ultra petita y con la facultad conferida por los arts. 236 y 237 del Código de Procedimiento Civil resolver conforme corresponde reorientando el pronunciamiento del de primera instancia si encontraba cierto el agravio señalado; pero de manera alguna poner en riesgo las nuevas postulaciones, garantías y derechos constitucionales, sin tomar en cuenta que administrar justicia significa no solamente la aplicación de la ley en la resolución de casos, sino resolver en un tiempo razonable que debe estar establecido por el Juez en base a la normativa vigente, considerando el tipo de proceso, la duración del procedimiento, las circunstancias de la causa, la complejidad del mismo, la conducta de los litigantes a tiempo de efectuar sus reclamos, el hacer uso de sus facultades para enmendar lo reclamado por las partes cuando el Juez de primera instancia incurra en yerro y obviamente las consecuencias que genera la demora judicial.
Por lo señalado anteriormente y en resguardo al derecho a la tutela judicial efectiva en lo que corresponde al derecho de contar con una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, corresponderá que este Tribunal, en sujeción a lo previsto en el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, anule nuevamente el Auto de Vista recurrido a fin de que el Ad quem conforme a los fundamentos antes esgrimidos emita nueva resolución conforme dispone los principios y garantías dispuestas en los arts. 115 parágrafo II, 178 parágrafo I, 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, concordante con el art. 30 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 3), 275 y 252 del Código de Procedimiento Civil ANULA el Auto de Vista Nº 70/2013 de fecha 18 de marzo 2013, disponiendo que el Tribunal Ad quem dicte nueva Resolución conforme el fundamento expuesto, a ser resuelto sin espera de turno y previo sorteo de la causa.
En virtud a lo previsto en el art. 17 paragrafo IV del Ley del Organo Judicial remitase copia de la presente Resolucion al Consejo de la Magistratura para fines consiguientes de ley.

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