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C-454-06(7!06!06)Derecho de Las Victimas-fundament...
NOTA DE LA RELATORIA.
LA SENTENCIA C-454 DE 2006 FUE CORREGIDA EN LA ALUSION A LA CONDICION DE UN INTERVINIENTE MEDIANTE AUTO 248 DE 2006 Sentencia C-454/06
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA-Incompetencia de la Corte Constitucional DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Competencia de la Corte Constitucional OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Concepto DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Presupuestos para que prospere DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de pertinencia, claridad, certeza, especificidad y suficiencia INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-No cumplimiento de los requisitos de procedibilidad La Corte se inhibirá del estudio de los cargos dirigidos contra los artículos 11, 132, 133, 134, 136 y 137 de la misma ley por no responder en su formulación a las exigencias de procedibilidad que demanda una impugnación fundada en una omisión legislativa relativa, tal como quedó establecido en los apartes anteriores. Esta circunstancia conduce a declarar la ineptitud sustantiva de la demanda en relación con los cargos dirigidos contra estas últimas normas mencionadas. DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DELITOS-Jurisprudencia constitucional DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DELITOS-Fundamento constitucional Esta reconceptualización de los derechos de las víctimas, a partir de la Constitución, se funda en varios principios y preceptos constitucionales: (i) En el mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia (Art. 93 CP); (ii) en el hecho de que el Constituyente hubiese otorgado rango constitucional, a los derechos de las víctimas (Art. 250 num. 6 y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (Art. 2° CP); (iv) en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (Art.1° CP); (v) en el principio del Estado Social de Derecho que promueve la participación, de donde deviene que la intervención de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera preponderante del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias. DERECHO A LA VERDAD-Alcance DERECHO A LA VERDAD-Dimensión colectiva DERECHO A LA VERDAD-Dimensión individual DERECHO A LA JUSTICIA-Deberes de las autoridades El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad. Este derecho incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que pueden sistematizarse así: (i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso. DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DEL DAÑOAlcance DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DEL DAÑODimensión colectiva/DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO-Dimensión individual El derecho de reparación, conforme al derecho internacional contemporáneo también presenta una dimensión individual y otra
colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas. DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD JUSTICIA Y REPARACION-Relación de conexidad e interdependencia DERECHOS DE LAS VICTIMAS A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Evolución en el derecho internacional DECLARACION AMERICANA DE DERECHOS HOMBRE-Derecho a la tutela judicial efectiva DEL
DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOSDerecho a la tutela judicial efectiva DECLARACION SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE JUSTICIA PARA LAS VICTIMAS DE DELITOS Y DEL ABUSO DEL PODER-Acceso a los mecanismos de justicia y pronta reparación del daño CONVENCION AMERICANA SOBRE HUMANOS-Derecho a recurso judicial efectivo DERECHOS
ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONALDerechos de las víctimas ESTATUTOS DE LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES PARA RUANDA Y YUGOSLAVIA-Protección a las víctimas PENALES LA EX
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENALSuperación de la concepción que limitaba los derechos de las víctimas a una simple pretensión indemnizatoria DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENALPosibilidad de intervenir en todas las fases de la actuación/ DERECHOS DE LAS VICTIMAS A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Alcance Sobre la efectividad del derecho de las víctimas a un recurso judicial
29). y de manera prevalente. para destacar que las víctimas. se deriva la profundización de las relaciones entre el derecho constitucional y el derecho penal del Estado social de derecho.13).efectivo (CP. la igualdad ante los tribunales (Art. para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia. que promueve una concepción de la política criminal respetuosa de los derechos fundamentales de todos los sujetos e intervinientes en el proceso. sino también a la satisfacción de sus derechos a la justicia y a la verdad. de amplio reconocimiento internacional. tienen un derecho efectivo al proceso y a participar en él. Los intereses de la víctima. La determinación de una posición procesal de la víctima en el proceso penal conforme a esos paradigmas. o los perjudicados con el delito. elevados a rango constitucional se erigen así en factor determinante de los fines del proceso penal que debe apuntar hacia el restablecimiento de la paz social. 29 y 93 de la Carta. y con evidente acogida constitucional a través de los artículos 229. es así mismo coherente con los paradigmas de procuración de justicia provenientes del derecho internacional. Su intervención no sólo está orientada a garantizar la reparación patrimonial del daño inferido con el delito. artículos 29 y 229). la defensa en el proceso (Art. sino también. que han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corte tal como se dejó establecido en aparte anterior. la imparcialidad e . Esta consagración constitucional de la víctima como elemento constitutivo del sistema penal. aún en la fase de indagación preliminar. Este principio que se caracteriza por establecer un sistema de garantías de naturaleza bilateral. DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENALSistema penal de tendencia acusatoria VICTIMAS DE DELITOS-Consagración constitucional como elemento constitutivo del sistema penal/TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Carácter bilateral La explícita consagración constitucional de la víctima como sujeto que merece especial consideración en el conflicto penal. Bajo estas consideraciones la Corte constitucional estableció una doctrina en la que explícitamente abandonó una concepción reductora de los derechos de las víctimas. Ello implica que garantías como el acceso a la justicia (Art. ha establecido la jurisprudencia que su garantía depende de que éstas puedan intervenir en cualquier momento del proceso penal.229). fundada únicamente en el resarcimiento económico. debe establecerse tomando como punto de partida un sistema de garantías fundado en el principio de la tutela judicial efectiva. incluso la representación de las víctimas en el proceso penal tiene unos cometidos exclusivamente vinculados al goce efectivo de los derechos a la justicia y la reparación. con el fin de reivindicar no solamente intereses pecuniarios. En ocasiones.
2° y 228). sean predicables tanto del acusado como de la víctima. ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2002-Adoptó un sistema de tendencia acusatoria. desde sus primeros desarrollos. se predican de igual manera respecto de las víctimas y perjudicados. sin que pueda afirmarse que se trata de un sistema acusatorio puro SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Papel del juez SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIAImportancia de la garantía de los derechos fundamentales de quienes intervienen en el proceso. y (ii) acceso a la información acerca de las circunstancias en que se cometió el delito. La . limitada al momento en que ésta “intervenga” en la actuación penal.independencia de los tribunales. la efectividad de los derechos (Arts. que forma parte del derecho “a saber”. que involucra principio de legalidad. a través de una concepción recortada de la garantía de comunicación a la víctima. y el juez natural. Esta bilateralidad. No se precisa de una “intervención” en sentido procesal para que las autoridades de investigación asuman los deberes que impone la garantía de comunicación que se proyecta en dos ámbitos: (i) información acerca de los derechos que el orden jurídico establece para garantizar sus intereses en el proceso penal. con prescindencia de su designación de parte o sujeto procesal DERECHO DE DEFENSA EN INVESTIGACION PENALEjercicio desde antes de la imputación DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL– Garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados opera desde el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades/DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Acceso a la información sobre las circunstancias en que se cometió el delito/ DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Momento a partir del cual los órganos de investigación deben comunicarles sobre sus derechos /VICTIMAS DE DELITOS-Momento a partir del cual puede tener acceso a la información sobre las circunstancias en que se cometió el delito Se trunca el derecho de acceso a la justicia. debido proceso en sentido estricto. ha sido admitido por esta Corporación al señalar que el complejo del debido proceso. el cual se materializa con la posibilidad de acceso al expediente o a las diligencias. derecho de defensa y sus garantías.
229). así como a la concepción integral de los derechos de las víctimas derivada de los artículos 1°. a la justicia y a la reparación de que es titular.interconexión e interdependencia que existe entre los derechos a la verdad. se realizará desde el momento mismo en que ésta entre en contacto con las autoridades de investigación penal. Como consecuencia de esta constatación la Corte declarará la constitucionalidad condicionada del artículo 135 de la Ley 906 de 2004. y a la reparación exige que la garantía de comunicación se satisfaga desde el primer momento en que las víctimas entran en contacto con los órganos de investigación. los cuales han sido reivindicados por la jurisprudencia de esta Corporación. se genera una situación que privilegia de manera injustificada la pretensión indemnizatoria de la víctima. en contraste con los derechos de otros actores procesales.229). desvirtuándose así el carácter bilateral del derecho a una tutela judicial efectiva. Los derechos a la justicia y a la reparación pueden verse menguados si se obstruye a la víctima las posibilidades de acceso a la información desde el comienzo de la investigación a efecto de que puedan contribuir activamente con el aporte de pruebas e información relevante sobre los hechos. AUDIENCIA PREPARATORIA-Importancia . se extienda a las prerrogativas y potestades procesales que se derivan de los derechos a la verdad y a la justicia. y que la misma debe referirse a los derechos a la verdad. Las omisiones acusadas implican el incumplimiento de un deber constitucional del legislador. en el entendido que la garantía de comunicación a la víctima de sus derechos. a la justicia. exige que toda la fase de indagación e investigación esté amparada por la garantía de comunicación a las víctimas sobre sus derechos. un desequilibrio en cuanto restringe el alcance de los derechos de las víctimas en el proceso. DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL– Comunicación a la víctima sobre sus derechos debe extenderse también a las prerrogativas y potestades procesales que se derivan de los derechos a la verdad y a la justicia El derecho de acceso a la justicia (Art. Esta disección en la concepción de los derechos de las víctimas genera a su vez. quien está obligado a ajustar la configuración de los derechos de participación e intervención de las víctimas en el proceso penal a los principios de acceso al proceso (Arts. de todos los actores que participan en el conflicto penal. con sacrificio de los derechos de verdad y justicia de que es titular. y que la misma. en los términos establecidos en esta sentencia. Al estar desprovistas tales omisiones de una razón objetiva y suficiente. 2° y 93 de la Carta.
y el derecho a la reparación. en una fase posterior. a la justicia y a la reparación de las víctimas. y aún el ministerio público. Encuentra la Corte que efectivamente la norma demandada incurre en una omisión trascendente para el derecho de acceso de la víctima a la justicia (Art. DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL– Posibilidad de solicitar pruebas en audiencia preparatoria/OMISION LEGISLATIVA RELATIVAConfiguración Resulta inane que se contemple la posibilidad de asistencia de los representantes de las víctimas a la audiencia preparatoria y paralelamente se le excluya de la posibilidad de realizar solicitudes probatorias. a la justicia y a la reparación. y la coloca. formulen solicitudes probatorias. debería subsumirse dentro de ese presupuesto fáctico. La inconstitucionalidad de la omisión que se acusa deriva de la concurrencia de los siguientes presupuestos: (i) La norma efectivamente incurre en una omisión que excluye de su presupuesto fáctico a un sujeto que por encontrarse en una situación asimilable a los que la norma contempla. en una posición de desventaja en relación con otros actores e intervinientes procesales. En efecto. como son el derecho a acceder a la justicia. está inescindiblemente vinculado con la posibilidad de probar. con sus . se consolida a partir de la determinación de la responsabilidad por el hecho punible. El modelo procesal que la ley configura considera a la víctima como un “interviniente” (Título IV). en cuanto obstruye sus posibilidades de efectiva realización de sus derechos a la verdad. el derecho a la justicia resulta inconcebible al margen de una posibilidad real de incidir probatoriamente en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades. la defensa. en el que se inscriben los derechos a la verdad. El derecho a conocer la verdad sobre los hechos que entrañan el agravio a la víctima. al que se le deben garantizar todos los derechos que la Constitución le reconoce. tal como lo establece la norma demandada.DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD JUSTICIA Y REPARACION-Relación directa con el derecho a probar La efectividad del derecho a acceder a la justicia.229 CP). de manera injustificada.229 CP). (ii) No se vislumbra una razón objetiva y suficiente que justifique la exclusión del representante de las víctimas de la posibilidad de ejercer el derecho a formular solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria. mientras se prevé la posibilidad de que la fiscalía. se encuentra en una relación directa con el derecho a probar. (Art. cuando se ejerce en el proceso penal. se excluye al representante de las víctimas de esa misma posibilidad.
a quienes cobija por igual una concepción bilateral del derecho a la tutela judicial efectiva. a la justicia y a la reparación. 135. 134. 135. 132. 229 de la misma. Actor: Humberto Ardila Galindo Magistrado Ponente: Dr. 133. particularmente en la audiencia preparatoria. (iv) La omisión entraña el incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una verdadera “intervención” de la víctima en el proceso penal.. en especial las previstas en el artículo 241. 134. el ciudadano Humberto Ardila Galindo demandó la inexequibilidad de los artículos 11. 137 y 357 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. 136. 133.C. ANTECEDENTES: En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. (iii) Por carecer de una razón objetiva y suficiente. en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales. de la Constitución Política. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Bogotá. D. la omisión genera una desigualdad injustificada entre víctima y acusado.derivados de acceso a la verdad. a los que se integra de manera inescindible el derecho a probar. y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991. ha proferido la siguiente SENTENCIA I. Referencia: expediente D-5978 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11. en los términos que se lo impone el artículo 250. 136 y 357 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. . en concordancia con los artículos 29. numeral 4. La Sala Plena de la Corte Constitucional.6 de la Carta. siete ( 7) de junio de dos mil seis (2006). 132.
Mediante Auto del 15 de septiembre de 2005. la Corte admitió la demanda de la referencia. transcribiendo las normas que consideraba inconstitucionales. la demanda no cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad. En consecuencia. 229 y 250. Mediante auto del 24 de octubre de 2005. puesto que incurren en omisión legislativa en cuanto no prevén herramientas adecuadas para que las víctimas puedan intervenir en el proceso penal (…)”.658 del 1° de septiembre de 2004: "LEY No. En auto del 27 de septiembre de 2005. que establece como uno de los requisitos de la demanda el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales mediante su trascripción literal por cualquier medio o un ejemplar de su publicación oficial1. 906 DE 2004 (Agosto 31) Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal 1 En cumplimiento de esta condición la demanda transcribió los artículos 11.7 de la Constitución. TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas. . y autorizó la designación de un funcionario de ese despacho para este fin. conforme a la publicación efectuada en el Diario Oficial No. 29. la Corte inadmitió la demanda al constatar que el demandante no había cumplido con el requisito previsto en el numeral 2° artículo 2° del Decreto 2067 de 1991. No obstante en el desarrollo de los cargos incluía la censura de los artículos 132 y la integridad del 357. Se señaló en el auto de inadmisión que pese a que “el demandante considera que las normas mencionadas vulneran los artículos 13. el actor procedió a corregir la demanda. 135. 133. 137 y 357 (parcial) de la Ley 906 de 2004. se concedieron tres días al demandante para que corrigiera su libelo. En cumplimiento de lo dispuesto en el auto inadmisorio. para emitir concepto en el proceso de la referencia. 134.45. 136. II. la Sala Plena de la Corte Constitucional aceptó los impedimentos del Procurador General de la Nación y del Viceprocurador.
d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas. c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos. y a la de sus familiares y testigos a favor. en lo pertinente. y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento. durante todo el procedimiento. f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto. por un abogado que podrá ser designado de oficio. información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas. o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos”. a acudir. En desarrollo de lo anterior. en los términos establecidos en este código. a la garantía de su seguridad. j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia. h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral. un trato humano y digno. . si el interés de la justicia lo exigiere. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. las víctimas tendrán derecho: a) A recibir. cuando a ello hubiere lugar.El Congreso de Colombia DECRETA: (…) “ARTÍCULO 11. i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la ley. e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código. ante el juez de control de garantías. b) A la protección de su intimidad. a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código. g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal.
y de la disponibilidad que tiene de formular una pretensión indemnizatoria en el proceso por conducto del fiscal.(…) ARTÍCULO 132. 3. Igual solicitud podrán formular las víctimas. Las medidas de atención y protección a las víctimas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del imputado o de un juicio justo e imparcial. ni serán incompatibles con estos. DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN. durante el juicio oral y el incidente de reparación integral. 2. la garantía de su seguridad personal y familiar. las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto. Se entiende por víctimas. ARTÍCULO 135. la policía judicial y la Fiscalía General de la Nación le suministrarán información sobre: 1. La Fiscalía General de la Nación adoptará las medidas necesarias para la atención de las víctimas. Las víctimas. Organizaciones a las que puede dirigirse para obtener apoyo. y la protección frente a toda publicidad que implique un ataque indebido a su vida privada o dignidad. ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS. . ARTÍCULO 133. VÍCTIMAS. en garantía de su seguridad y el respeto a su intimidad. El tipo de apoyo o de servicios que puede recibir. ARTÍCULO 136. por sí mismas o por medio de su abogado. El lugar y el modo de presentar una denuncia o una querella. A quien demuestre sumariamente su calidad de víctima. GARANTÍA DE COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS. Los derechos reconocidos serán comunicados por el fiscal a la víctima desde el momento mismo en que esta intervenga. podrán por conducto del fiscal solicitar al juez de control de garantías las medidas indispensables para su atención y protección. MEDIDAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS. para efectos de este código. Igualmente se le informará sobre las facultades y derechos que puede ejercer por los perjuicios causados con el injusto. ARTÍCULO 134. o de manera directa en el incidente de reparación integral.
Las actuaciones subsiguientes a la denuncia y su papel respecto de aquellas. asistencia o asesoría sicológicas u otro tipo de asesoría. 8. . tienen el derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal. Las condiciones en que de modo gratuito puede acceder a asesoría o asistencia jurídicas. que se les informe sobre la puesta en libertad de la persona inculpada. cuando haya lugar a ello. 12. La sentencia del juez. 11. Los requisitos para acceder a una indemnización. La posibilidad de dar aplicación al principio de oportunidad y a ser escuchada tanto por la Fiscalía como por el juez de control de garantías. El trámite dado a su denuncia o querella. de acuerdo con las siguientes reglas: 1. INTERVENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA ACTUACIÓN PENAL. en caso de existir un riesgo para las víctimas que participen en la actuación. 15. en garantía de los derechos a la verdad. Los elementos pertinentes que le permitan. 14. El modo y las condiciones en que puede pedir protección. Los mecanismos de defensa que puede utilizar. La fecha y el lugar del juicio oral. Las víctimas del injusto. 13. Las víctimas podrán solicitar al fiscal en cualquier momento de la actuación medidas de protección frente a probables hostigamientos. la justicia y la reparación. También adoptará las medidas necesarias para garantizar. La fecha en que tendrá lugar la audiencia de dosificación de la pena y sentencia. amenazas o atentados en su contra o de sus familiares. 9. en caso de acusación o preclusión. seguir el desarrollo de la actuación. ARTÍCULO 137.4. 5. 7. El derecho que le asiste a promover el incidente de reparación integral. 10. 6.
el fiscal. LA DEMANDA . Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso. el fiscal determinará lo más conveniente y efectivo. 6. Excepcionalmente. El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba. agotadas las solicitudes probatorias de las partes. ARTÍCULO 357. decretar que durante su intervención el juicio se celebre a puerta cerrada. una vez establecida la responsabilidad penal del imputado”. derechos y dignidad. De no llegarse a un acuerdo. solicitará que estas designen hasta dos abogados que las represente. El interrogatorio de las víctimas debe realizarse con respeto de su situación personal. 4. Las víctimas podrán formular ante el juez de conocimiento el incidente de reparación integral. SOLICITUDES PROBATORIAS: Durante la Audiencia el juez dará la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión. si el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por éstas que pudiere tener esencial influencia en los resultados del juicio. la Fiscalía General de la Nación le designará uno de oficio. durante la investigación. En caso de existir pluralidad de víctimas. III. 3.2. El juez podrá en forma excepcional. 5. previa solicitud y comprobación sumaria de la necesidad. sin embargo. Para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las víctimas estén representadas por un abogado. 7. Si la víctima no contare con medios suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir. y con el fin de proteger a las víctimas. a partir de la audiencia preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas por un profesional del derecho o estudiante de consultorio jurídico de facultad de derecho debidamente aprobada. de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código. solicitará su práctica”.
134. no obstante su pertenencia a la rama jurisdiccional. Señala que el título IV del Libro I del Nuevo Código Procesal Penal. según el demandante. 136. 137 y 357 de la Ley 906 de 2004 por considerarlos violatorios de los artículos 13. establece que “(…) la Ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctima en el proceso penal”. Refiere que el artículo 135 prevé la facultad de “formular una pretensión indemnizatoria en el proceso por conducto del fiscal” lo cual no puede ser considerado como una intervención de la víctima. 250 numeral 7° de la Constitución. “para satisfacer la orden constitucional. incluye a la víctima como interviniente reduciendo su actividad a la de un “observador pasivo”. 4.L. y 4° transitorio del Acto Legislativo No. 132. Sostiene que el nuevo código de procedimiento penal deroga esas disposiciones del estatuto sustantivo. Cuestiona los artículos 132. prever la participación de la víctima como parte en el proceso penal con la plenitud de las facultades que esta calidad implica”. Afirma que la reglamentación que incorpora la Ley 906 de 2004 choca con el contenido de los artículos 94 a 100 del Código Penal. 03 de 2002 . 133 y 134 en cuanto se ocupan de actuaciones que no implican “facultades de parte”. Respecto del artículo 136 que contempla el derecho a recibir información. Adicionalmente la Constitución no redujo la potestad de intervención de la víctima a la obtención de una indemnización. Manifiesta que el numeral 7° del artículo 250 de la Constitución. despoja a la víctima de sus derechos a conocer la verdad y a que se haga justicia. que contempla el derecho de los perjudicados a ejercer la acción indemnizatoria dentro del proceso penal. 29. Esta disposición. 135. Solicita la inexequibilidad de los mencionados artículos fundamentando su petición en la tesis de que “El derecho a la víctima a intervenir en el proceso penal no puede cristalizarse por medio diferente al de darle la calidad de parte”. 5. en particular con lo previsto en el artículo 95 de este estatuto. 133. No. como tampoco de la facultad de intervención prevista . 2. 03 de 2002. manifiesta que no constituye un desarrollo del derecho de acceso a la justicia. Debió entonces el legislador. 3. 229. ni estableció que ella debiera procurarse por interpuesto sujeto procesal (el fiscal). a la vez que viola el derecho de acceso a la justicia de la víctima al establecer que ésta debe “pedir al fiscal que ejerza la acción indemnizatoria” funcionario que no desempeña funciones jurisdiccionales en el modelo acusatorio. 03 de 2002. Para la demostración de su tesis expone los siguientes argumentos: 1.L. modificado por el artículo 2° del A.El demandante acusa los artículos 11. sin que tal reforma hubiese sido autorizada por el A.
Sin embargo. verdad y justicia. lo limita. . en tanto que. así. puede concluirse que constituye una desviación de la precisa orden constitucional. Para señalar que la norma en lugar desarrollar el derecho de acceso a la justicia. En cuanto al artículo 137. Sostiene que la norma encubre la absoluta incapacidad procesal en que se coloca a la víctima y la falta de garantías procesales para el ejercicio de sus derechos de indemnización. Así en el numeral 1° establece una protección ante el hostigamiento.12) . Para cuestionar esta norma el demandante alude a otras disposiciones legales. así. se limita esta norma a establecer medidas encaminadas a “minimizar los efectos del delito”. lo que “no puede calificarse de intervención”.. resulta opuesto a tener facultades. el numeral 2° prevé el respeto por su condición personal al momento del interrogatorio. de la fecha del juicio (num. el daño mismo y la relación de causalidad entre el hecho y el daño.P. Para el demandante tales normas reducen “el cometido del proceso penal y. lo cual considera una facultad incompleta. 6. 15)…. el de la sociedad frente a la víctima a enterarla: del trámite dado a la denuncia (num9). pasivamente. se le da el uso de la palabra para que presente alegatos de conclusión en el juicio oral. de la sentencia(Num. manifiesta que su enunciado refiere a la regulación de “la intervención de la víctima en la actuación procesal” por lo que se esperaría una reglamentación de los derechos y facultades de este “sujeto procesal” dentro de la actuación. para señalar que conforme al primero la víctima podrá estar presente en la instalación de la audiencia preparatoria. como los artículos 355 y 443 del C. en contradicción con lo sostenido por esta Corporación de que el acceso a la justicia debe ser efectivo y cuando debería garantizarse la igualdad entre las partes. conforme al segundo. Esta imposibilidad constituye “la más grave y flagrante violación de los artículos 250 numeral 7° y 229 de la Constitución Política (…) porque reduce la intervención de las víctima a actuaciones secundarias. no demandadas. aspectos que no pueden acreditarse dentro de un incidente de reparación. en tanto que el numeral 6° prevé que por consideración a la víctima el juez podrá decretar que durante el juicio su intervención se lleve a cabo a puerta cerrada. a tener la iniciativa que corresponde a un sujeto procesal”. la que no existe cuando una de ellas no puede demostrar su derecho y sólo puede pedir su cuantificación”. ya que ser informado. Así se le priva de intervenir para probar el hecho generador del daño (el hecho punible).” Formula un reparo global a esta norma (conformada por 15 numerales) señalando que “visto en conjunto con las demás normas que conforman el capítulo. de P.en el numeral 7° del artículo 250 de la Carta.
no puede presentar la teoría del caso. Por último manifiesta que la única manera de garantizar efectivamente el derecho de la víctima a participar en el proceso penal es otorgándole la calidad de “parte”. IV.443). no puede pedir pruebas a tenor del artículo 357. excluyen lo esencial que es la “intervención de la víctima en el proceso penal” y no satisface el derecho de acceso a la justicia. 8. por cuanto. INTERVENCIONES 1. aunque según el literal d) del artículo 11 pueda aportar pruebas. los cuales aparecen dispersos en todo el código mediante normas que no son claras. por que pese a contener el catálogo de los derechos procesales de las víctimas. pero sí se le concede el uso de la palabra para presentar alegatos (Art. y no permiten por ende hacer efectivos sus derechos. sino en el de no poder aplicarse las restricciones que se le imponen”. señala que presenta una contradicción con lo previsto en el artículo 340 de la misma Ley.Cuestiona el numeral 3° del artículo 137 relacionado con el derecho de postulación de las víctimas. no en el sentido de no poderse aplicar las pocas facultades que se le conceden. En lo que atañe al numeral 7° del artículo 137 denuncia lo que considera “una grave contradicción entre dos disposiciones casi inmediatas” . sobre la manera de formular la pretensión indemnizatoria en el proceso. Concluye su cuestionamiento general a las facultades de la víctima y perjudicados en el proceso penal. tal disposición es contraria al inciso 2° del artículo 135. según su parecer. en cuanto no se sabe “cual es el criterio que se usó para establecer la diferencia” respecto del número de apoderados que podrían intervenir en representación de las víctimas. señalando que “no se garantiza el acceso a la administración de justicia cuando la parte civil. De la Fiscalía General de la Nación . 7. en el juicio. Es un acceso truncado por lo que resulta claramente inconstitucional tanto a la luz del artículo 250 como del 229 de la Carta. Frente al numeral 4° del artículo 137. En relación con artículo 11 afirma que no constituye un desarrollo del numeral 7° del artículo 250 de la Carta. señalando que en tal norma deberían estar concentrados los derechos de las víctimas.
250-7 y 4° transitorio (sic) de la Constitución Política. y no se aprecia una línea clara de argumentación. aportar elementos materiales de prueba e interponer recursos. Del Ministerio del Interior y de Justicia Solicita declarar la constitucionalidad de las disposiciones acusadas puesto que una interpretación armónica y sistemática de esa normatividad con los principios contenidos en el estatuto procesal del cual hacen parte.Solicita se profiera una decisión inhibitoria en razón a que el demandante no cumplió con la carga que le correspondía de precisar las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución. se encuentran ampliamente regulados y protegidos por la normatividad acusada. 29. interponer recursos. se debe declarar la exequibilidad de los artículos 11. ni se está ante una demanda sistemática e integral de las normas que contienen las presuntas violaciones a la Constitución. 229. La demanda se funda en interpretaciones aisladas del demandante que lo inducen a afirmaciones erróneas. señalar a la víctima en una serie de artículos de la ley demandada e igualmente precisar que su pretensión puede ser de verdad y justicia”. De la Academia colombiana de jurisprudencia Manifiesta que aunque los cargos formulados contra las normas acusadas carecen de claridad. reconociendo a las víctimas sus derechos a la verdad. La víctima debe ser entendida como un sujeto procesal en sentido pleno y no solo como un interviniente. Fundamenta esta última solicitud en que la Ley 906/04 presenta vacíos normativos en relación con el derecho de acceso de las víctimas a la justicia. solicitar medidas que garanticen la indemnización de perjuicios. lo cual le permite solicitar pruebas. Subsidiariamente solicita se considere de oficio la existencia de una omisión legislativa relativa y se declare la constitucionalidad de las normas demandadas condicionada a que a la víctima se le considere como sujeto procesal y que su intervención le permita solicitar pruebas. entre otras muchas actuaciones. Contrario a lo manifestado por el actor. 3. su privacidad y les permite acceder a programas de justicia restaurativa. facultándolas para intervenir en todas las etapas del proceso penal para recibir información. En tal sentido aduce que “omitió el legislado. 136 y 137 de la Ley 906 . 134. 2. controvertirlas. 133. permite afirmar que los derechos de las víctimas a la verdad. su seguridad personal y la de sus allegados. a la justicia y a la reparación. por lo que las disposiciones demandadas guardan armonía y concordancia con los artículos 13. el nuevo sistema cumple con los mandatos constitucionales. la justicia y la reparación. 135.
desde un comienzo y no sólo a partir del incidente de reparación. señala que la aplicación del principio de oportunidad debe sujetarse al establecimiento de la verdad y a que existan mecanismos para hacer justicia y garantizar la reparación de las víctimas. La expresión “una vez establecida la responsabilidad penal del imputado” implica que para establecer esa responsabilidad las víctimas fueron escuchadas. El artículo 137 numeral 7. 4. De la Comisión Colombiana de Juristas Solicita declarar la constitucionalidad condicionada de los artículos 135. en el entendido que las víctimas deberán ser informadas sobre sus derechos desde el comienzo del proceso. En atención a que este derecho es elemento esencial para la realización de los derechos a la verdad y a la justicia de los que es titular la víctima. El artículo 136. otorgan garantías. aportaron información. crean mecanismos de atención y de protección. con fundamento en: En cuanto al artículo 135. con plenas facultades.6.6 sería exequible bajo el entendido que durante todo el proceso las víctimas podrán contar con la asistencia de abogado de oficio. 136. No ocurre lo mismo respecto del artículo 357 demandado que excluye el derecho de las víctimas a solicitar pruebas. así como del derecho de acceso a la justicia.7. podrán participar en todas las actuaciones orientadas al esclarecimiento de los hechos con miras a una adecuada reparación. En cuanto al artículo 136 num. y 357 inciso 1°. lo que conduce a que sean respetuosas de los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad. 21 y 29 de la Constitución. 136. . conocieron el expediente desde el comienzo de la investigación y contaron con asistencia legal. 11. El artículo 136. Ello en razón a que las disposiciones demandadas reconocen derechos.4. se debe declarar su inexequibilidad por contravenir los mandatos de los artículos 1°.de 2004. 2°. 136. éstos no se limitan a la pretensión indemnizatoria. sería exequible si se garantiza la intervención de las víctimas. 137.11.4 sería exequible siempre y cuando se entienda que el papel de la víctima en las actuaciones posteriores a la denuncia le permite acceder al expediente. participar en todas las etapas procesales y aportar información para el esclarecimiento de la verdad.
137 y 357 de la Ley 906 de 2004 son inconstitucionales por violar los artículos 13. en tanto que el artículo 357 debe ser declarado exequible bajo el entendido que las víctimas también tienen derecho a solicitar pruebas en la audiencia preparatoria con base en el artículo 11. El artículo 250 de la Constitución. y 137 de la Ley 906 deben ser declarados incondicionalmente exequibles.El artículo 357. pero no la de intervenir en su representación en procura de la reparación integral. Fundamenta así su concepto: 1. 136. d). pues limita el número de abogados que asisten a las víctimas y atribuye indebidamente al fiscal la potestad de decidir por éstas. 133. No.L. 5. 135.03 de 2002. 134. pues la atención de las víctimas durante el proceso debe hacerse en todos los casos de manera incondicional.7 de la Constitución y el artículo 4° transitorio del A. en el cual se fundan los cargos de la demanda. 132. Este interviniente considera que el numeral 4° del artículo 137 debe ser declarado inconstitucional. 136. el legislador debió prever la participación de la víctima como parte en el proceso penal con la plenitud de las facultades que esta calidad implica. 133. 250. Señala que para satisfacer los referidos mandatos constitucionales. . 134. no tiene el alcance que le atribuye el actor. 229.1 sería exequible en el entendido que durante la audiencia preparatoria también se diera la palabra a las víctimas para que solicitaran pruebas. 135. puesto que de tal disposición no se deriva que el legislador deba otorgar a la víctima la condición de parte dentro del proceso penal. quien las apoyará durante el proceso. Igualmente considera que la expresión “si el interés de la justicia lo exigiere” contenida en el literal h) del artículo 11. De la ciudadana Nayid Abú Pager Sáenz Para esta interviniente los artículos 11. 29. Indica que conforme a la Carta corresponde a la Fiscalía la función de garantizar la protección de las víctimas en el proceso penal. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN En concepto de la Procuraduría General de la Nación los artículos 11. V. debe ser declarada inconstitucional.
. 337 y 340 de la Ley 906/04. 3. 4. de la Ley 906 de 2004. el cual está incluido en el deber judicial de facilitar a la víctima el aporte de pruebas. pues la participación de la víctima y del procesado no puede regirse por idénticos parámetros. En consecuencia. si bien no es protagónico en cuanto no es parte. El proceso penal de tendencia acusatoria. la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia. el artículo 250. y es la de pedir pruebas en la audiencia preparatoria. 327. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241. solicita su exequibilidad condicionada. Teniendo en cuenta las facultades que la ley 906/04 reconoce a la víctima dentro del proceso penal. 174.2. Competencia de la Corte 1. VI. numeral 7. establecer mecanismos idóneos para garantizar el acceso de las víctimas a la administración de justicia. 149. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN A. numeral 4o. sí tiene singular trascendencia. las cuales no se limitan a las contempladas en las normas demandadas. si decide hacer uso de las potestades que la ley le confiere. signado por el carácter público de la acción y el sistema de partes podría desfigurarse al permitir como partes del proceso a sujetos distintos al acusador y a la parte acusada. Su papel. 6. bajo el entendido que su aplicación es sin perjuicio del derecho de la víctima a solicitar pruebas en la audiencia preparatoria. 5. como quiera que su posición jurídica es muy diversa. Adicionalmente a las allí previstas subsisten las señaladas en los artículos 92. en este caso. Por el contrario. teniendo en cuenta tal circunstancia. confirió al legislador un amplio margen para “fijar los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal”. por lo que correspondía al legislador. de la Constitución Política. La igualdad en los precisos términos planteados por el demandante resulta constitucionalmente inexigible. pues las disposiciones acusadas forman parte de una ley de la República. En cuanto a la restricción que introduce el artículo 357 demandado señala que merece reparo en cuanto niega a la víctima una potestad cuyo ejercicio contribuye a materializar el derecho a que se descubra y conozca la verdad sobre la conducta punible de la cual fue víctima. 333. no puede afirmarse que sea un simple espectador como lo señala el demandante.
de la Ley 906 de 2004.Ya de manera particular. no configuran un desarrollo legislativo que responda al imperativo constitucional previsto en el numeral 7° del artículo 250 de la Constitución que establece que “la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal (…)”. 136 (numerales 1. determine la intervención en el juicio oral de un número de representantes igual al de defensores.B. 137 (numerales 1 al 7) y 11 (todos los listarles a. 133. vinculadas con los artículos 135. Así se observa que no fue demandado el artículo 92 que regula la intervención de la víctima en la adopción de medidas cautelares para garantizar el derecho a la indemnización de los perjuicios. 107 y 108. en criterio del demandante. al j ). en cual será obligatorio y automático. está condicionada a que se acompañe de las copias necesarias para la información de las demás partes e intervinientes. 1l. y 357 de la Ley parcialmente demandada. 105. 106. 104. que regula “La garantía de comunicación a las víctimas” vulnera su derecho a la verdad y a la justicia en cuanto reduce la garantía de comunicación a las víctimas en dos aspectos: limita la comunicación al 2 Se advierte que aunque la demanda plantea una crítica integral a la manera como está configurada en la ley la intervención de la víctima en el proceso penal no dirige su demanda contra todas las normas que concurren a desarrollar esa intervención. se realizará en audiencia especial en la que se preserva el derecho de la víctima para controvertir las pruebas aducidas por la Fiscalía para sustentar tal decisión. el derecho de acceso a la administración de justicia (228). Tampoco incluye el demandante en su demanda en contra del sistema legal de protección de los derechos de las víctimas los artículos 102. “con fines únicos de información”. el artículo 340 que establece que en la audiencia de formulación de acusación se determinará la calidad de víctima . Esta configuración legislativa que omite atribuir a la víctima la condición de parte o de sujeto procesal. En desarrollo de esta censura particular. el artículo 327 que regula el control judicial en la aplicación del principio de oportunidad. el artículo 174 que regula la comunicación de las peticiones escritas a las demás partes e intervinientes. 15). el artículo 337 que establece el contenido de la acusación . el artículo 149 sobre los derechos de la víctima frente a medida que limitan la publicidad de los procedimientos. 3. Sobre tal tesis hace cuestionamientos generales a los artículos 132. el debido proceso (29) y el principio de igualdad (13). que reglamentan el incidente de reparación integral de las víctimas. . en caso de que se constituya. fundada en que la única manera de garantizar con suficiencia una verdadera intervención de la víctima en el proceso penal es bajo el reconocimiento de su condición de parte o de sujeto procesal. el artículo 333 que regula el trámite de la preclusión. y el deber de la Fiscalía de entregar copia del escrito de acusación al acusado. que regulan algunos2 de los derechos y facultades de las víctimas y perjudicados en el proceso penal. El demandante considera que las normas impugnadas. 134. se reconocerá su representación legal. contemplando el derecho de la víctima para intervenir oponiéndose a la petición del fiscal. señala algunas omisiones en que habría incurrido el legislador. En desarrollo de la impugnación el demandante formula una crítica general a la reglamentación legal que acusa. y no de simple interviniente como lo prevé la ley parcialmente demandada. en virtud de esta disposición la admisión de una petición dirigida al “juez” que conoce de la actuación. 103. manifiesta que el artículo 135. ministerio público y víctimas. viola. Problema jurídico 2. y se faculta al juez para que en caso de que exista pluralidad de víctimas.
Por su parte. a la norma constitucional que se considera infringida (Art. 250. El primer asunto que debe ser estudiado es si el demandante ha formulado verdaderos cargos de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones acusadas. a diferencia de lo que ocurre con la Fiscalía y la defensa.7 de la Carta). (ii) en el evento de que este aspecto procesal resulte superado. Señala que el artículo 357 infringe el derecho de acceso a la justicia de la víctima. Algunos de los intervinientes consideran que la demanda no cumple con la carga argumentativa de demostrar por qué las normas acusadas violan la Constitución. 4. Corresponde en consecuencia a la Corte: (i) establecer si la demanda reúne los presupuestos de aptitud sustantiva. debe existir un pronunciamiento de fondo en el que se declare la inexequibilidad condicionada de algunas de las disposiciones acusadas. que habilite un pronunciamiento de fondo. son acordes con la Constitución. en tanto que otros consideran que la demanda se sustenta en la atribución. 6. se dirige a estructurar una supuesta omisión legislativa relativa en que habría incurrido el legislador y que considera inconstitucional. se le priva de la facultad de solicitar pruebas en el curso de la audiencia preparatoria. 29 y 229 de la Carta. derivada de la no inclusión de la víctima como sujeto procesal con facultades de parte. en particular con los artículos 250. A juicio de otros intervinientes. Procedencia (parcial) de fallo de fondo respecto de la demanda de la referencia. la Fiscalía General de la Nación solicita a la Corte que “se considere de oficio la existencia de una omisión legislativa relativa y se declare la constitucionalidad de las normas demandadas condicionada a que a la víctima se le considere como sujeto procesal y que su intervención le permita solicitar pruebas. A juicio del demandante la .7. de unos alcances que no tiene. Advierte la Corte que el planteamiento del demandante. aportar elementos materiales de prueba e interponer recursos”. 13. la Corte deberá determinar si las normas acusadas. Cuestión preliminar. en la ley 906 de 2004.momento en que la víctima interviene. en cuanto. en tanto que para otros la decisión de fondo debe ser de exequibilidad integral. de manera general. y reduce sus facultades y derechos a la posibilidad de perseguir los perjuicios ocasionados con el injusto. 5. C. que concurren a integrar (junto a otras no demandadas) el régimen de protección de los derechos de las víctimas en el proceso penal.
respecto de algunas de las disposiciones demandadas el actor puntualiza presuntas omisiones del legislador que. no satisface a cabalidad el imperativo constitucional previsto en el artículo 250. 13. a diferencia de lo que ocurre con la Fiscalía y la defensa. 133.7. los presupuestos que habilitan a la Corte para el estudio de una demanda que se funda en cargos de inconstitucionalidad derivada de omisión legislativa. se le priva de la facultad de solicitar pruebas en el curso de la audiencia preparatoria. 132.forma en que el legislador asumió la tarea de reglamentación de los derechos de las víctimas en el proceso penal. en cuanto. 134. en desarrollo de esta censura particular. 7. Sin embargo. La jurisprudencia vigente de esta Corte tiene establecido que en relación con demandas que plantean violación de la Constitución en virtud de omisiones del legislador. 29 y 229 de la Constitución. según su criterio. coloca a la víctima en una posición pasiva. que regula “La garantía de comunicación a las víctimas” vulnera su derecho a la verdad y a la justicia en cuanto reduce la garantía de comunicación a las víctimas en dos aspectos: limita la comunicación al momento en que la víctima interviene. con base en su jurisprudencia. Sobre esta base argumentativa considera inconstitucionales los artículos 11. Señala que el artículo 357 infringe el derecho de acceso a la justicia de la víctima. 136 y 137 de la Ley 906 de 2004. La inconstitucionalidad de una omisión legislativa relativa.7 de la Carta que establece que “La ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctima es en el proceso penal”. Así. y reduce sus facultades y derechos a la posibilidad de perseguir los perjuicios ocasionados con el injusto. manifiesta que el artículo 135. que no responde al derecho de “intervención” que la norma constitucional consagra en su favor. 8. En orden a establecer si concurren los presupuestos que permitan predicar la aptitud sustantiva de la demanda para provocar un pronunciamiento de fondo. 9. Señala que la regulación que los artículos impugnados introduce. procede la Corte a estudiar. sólo tiene competencia para pronunciarse respecto de aquellas que se basan en cargos por omisión . infringen los artículos 250. Encuentra la Corte que en este caso la omisión que el demandante acusa se vincula al contenido normativo de los incisos primero y segundo del artículo 135.
también llamada omisión del legisladorla Corte carece de competencia para tramitar el juzgamiento. Como la omisión absoluta es la que se deriva de la completa inactividad del legislador. la Corte ha entendido que para que el cargo sea pertinente es necesario que el demandante formule sus acusaciones contra los contenidos normativos específicamente vinculados con la omisión. 5 Sentencias C. Así entonces.041 de 2002. y señaló la imposibilidad de ejercer control de constitucionalidad sobre las denominadas omisiones absolutas. ya que lo que en rigor se reprocha es aquello de lo cual la norma carece. M. es necesario que se cumplan determinados requisitos. El desarrollo jurisprudencial que se ha producido en torno al control de constitucionalidad sobre las omisiones legislativas relativas. C-041 de 2002.540 de 1997. Así en sentencia C. C-420 de 2000.871 de 2002) se ha reiterado esta regla jurisprudencial.De acuerdo con esto. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.3 Una omisión es relativa.041 de 2001.” 4 Cfr. admitiendo este mecanismo de control únicamente respecto de las omisiones legislativas de naturaleza relativa. ha permitido la decantación de unos requisitos estructurales orientados a facilitar el juicio de constitucionalidad sobre estos objetos normativos. debería estar incluido en el sistema normativo de que se trata. el derecho a la igualdad o el derecho al debido proceso de los particulares. por razones lógicas o jurídicas –específicamente por razones constitucionales-. En posteriores pronunciamientos (C-427 de 2000. pero aquella se vuelve constitucionalmente reprochable si se predica de un elemento que. Manuel José Cepeda Espinosa.543 de 1996. Y un cargo de inconstitucionalidad por omisión es relativo cuando denuncia la ausencia de un elemento que la Ley debería incluir para garantizar. que se pueden sintetizar 3 En la sentencia C.427 de 2000. que la acusación emane del texto de la disposición acusada. desde un punto de vista estrictamente gramatical. por ejemplo.. Ahora bien. que presentan características particulares. la Corte estableció las clases de omisiones en que puede incurrir el legislador – absoluta y relativa . la Corte carece de referente normativo para hacer la confrontación con la Carta. no autoriza la fiscalización de lo que el legislador genéricamente ha omitido. . según la jurisprudencia.185 de 2001.relativa. C-185 de 2002. la Corte sólo tiene competencia para desatar demandas de inconstitucionalidad basadas en cargos por omisión en la ley. un cargo fundado en una omisión absoluta plantea una ausencia total de regulación. Por ello la jurisprudencia ha dicho que la acción de inconstitucionalidad “si bien permite realizar un control más o menos extenso de la labor legislativa. Con relación a las omisiones legislativas. dicha exigencia sólo puede cumplirse cuando la omisión a la cual hace referencia el demandante es una omisión relativa. de modo que su ausencia constituye una imperfección del régimen que lo hace inequitativo. como en tal evento no es posible demandar lo que la norma dice –sino lo que ella no dice -.P. siempre y cuando dicha omisión sea relativa. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional. así como en la sentencia C. cumpliendo así con el requisito de coherencia lógica que exige la jurisprudencia. inoperante o ineficiente”4. 6 Sentencias C.1009 de 2005. De este modo. criterio reiterado en la sentencia C-528 de 2003 del mismo Despacho. Sentencia C. C-1549 de 2000. conforme a las directrices constitucionales” Esta es la razón por la cual la Corte no tiene competencia para “conocer de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta”.6 10. Estas omisiones frecuentemente conducen a violaciones del derecho a la igualdad5 o el derecho al debido proceso. “cuando se vincula con un aspecto puntual dentro de una normatividad específica. C. ya que cuando la demanda se estructura sobre la base de una omisión absoluta . la sentencia C-528 de 2003 señaló lo siguiente: “(…) si el cargo se sustenta en una omisión legislativa (…) resulta imposible. dijo la Corte: “Esta Corporación ha definido que para que el cargo de inconstitucionalidad por omisión pueda prosperar. el demandante conecta el vacío normativo con la norma de la cual podría predicarse. C.
Eduardo Montealegre Lynett. MP: Vladimiro Naranjo Mesa. y en ningún caso de otro u otros que no hayan sido vinculados al proceso10”.1009 de 2005. MP Rodrigo Escobar Gil. Ver entre otras las sentencias C-185 de 2002 MP. Las Sentencias C-543/96 y C-1549/2001. d) que al carecer de una razón objetiva y suficiente. Manuel José Cepeda Espinosa. queda supeditada al hecho de que la omisión sea predicable directamente del dispositivo impugnado. a saber: (i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo. En este sentido.de la siguiente manera: a) que exista una norma sobre la cual se predica. MP: Marco Gerardo Monroy Cabra. c) que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente. En esta sentencia dijo la Corte: (…) “Para efectos de proceder al examen de constitucionalidad de una disposición jurídica.427 de 2000. la omisión produzca una desigualdad injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma y. la doctrina de esta Corporación ha definido también que sólo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa relativa. cuando el actor ha dirigido la acusación contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada. Vladimiro Naranjo Mesa. queda supeditada al hecho de que la omisión sea predicable directamente del dispositivo impugnado. Carlos Gaviria Díaz. por ser asimilables.. la doctrina de esta Corporación ha definido que sólo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa relativa. En este sentido. 7 La concurrencia de los anteriores presupuestos. b) que una omisión en tal norma excluya de sus consecuencias aquellos casos que. o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que. C-1549 de 2000 MP. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez. y en ningún caso de otro u otros que no hayan sido vinculados al proceso:8 “ (H)aciendo referencia a los requisitos de procedibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad. MP. e) que la omisión implique el incumplimiento de un deber constitucional del legislador”. 10 Sentencia C. MP. (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la . Rodrigo Escobar Gil. (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que. 9 Cfr. tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado.185 de 2002. la Corte ha considerado necesario el cumplimiento de ciertas condiciones. C-427 de 2000. tal como lo señala la jurisprudencia citada. deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico. la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir pronunciamiento de fondo. Sin embargo. C-543 de 1996. C-871de 2002 MP. (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente. MP. permiten al tribunal constitucional declarar constitucionalmente reprochable una omisión legislativa. cuando el actor ha dirigido la acusación contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada9. resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta. C-041 de 2002. C. por haber incurrido el Congreso en omisión legislativa relativa. de acuerdo con la Constitución. la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir pronunciamiento de fondo. 7 8 C. por ser asimilables.
certeza. 369 de la misma ley) que regulaba el instituto jurídico de la caución y que no fue demandado. A-104 de 2005 MP. De esta suerte. Humberto Antonio Sierra Porto.. Es decir. un pronunciamiento de fondo queda supeditada al hecho de que la omisión sea predicable directamente del dispositivo impugnado. A-178A de 2003. Marco Gerardo Monroy Cabra. sino que eran pregonables de otra norma (Art. la Corte se declaró inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en razón a que las imputaciones que contenía la demanda no surgían de las preceptivas acusadas (Arts. La misma sentencia transcrita aclara que la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir. A pesar de que esta decisión pareciera ir en el mismo sentido de la sentencia de la cual disiento en esta oportunidad. y a la que es posible imputar válidamente el contenido normativo que se echa de menos. Jaime Córdoba Triviño). Jaime Araújo Rentería. en estos eventos. o los que se dirigen a atacar normas de las cuales no emerge el precepto que el demandante echa de menos. tal como se reiteró en la sentencia C . no es así. y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador”. De tal manera que la admisibilidad de un cargo de inconstitucionalidad derivado de omisión legislativa relativa exige la determinación del objeto normativo sobre el cual recae la impugnación. 12 Cfr. Coherente con este último planteamiento en la aludida sentencia. Para complementar este análisis de admisibilidad. no resultan atendibles los cargos generales que se dirigen a atacar un conjunto indeterminado de normas11con el argumento de que omiten la regulación de un aspecto particular. En dichas oportunidades la Corte. 12. MP. A-032 de 2005. 365 y 366 de la Ley 600 de 2000).P. se orienta a garantizar un presupuesto elemental para el estudio del mérito de la demanda: el señalamiento del objeto normativo sobre el cual recae la impugnación.Esta exigencia de procedibilidad. resulta necesario que el actor acuse el contenido normativo específicamente vinculado con la omisión. al resolver el recurso de .” 11. 11 Ídem. pertinencia y suficiencia12. los Autos de Sala Plena 244 de 2001 (M. y en ningún caso de otro u otros que no hayan sido vinculados al proceso. lo cual se obtiene vinculando la omisión que se acusa a una norma específica contra la cual se dirige la demanda. MP. En este sentido ha señalado que un cargo de inconstitucionalidad se considera apto para propiciar un juicio de inexequibilidad si cumple con los requisitos de claridad. es necesario recordar que la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido también unas reglas generales sobre la aptitud de un cargo para propiciar un juicio de constitucionalidad. especificidad. entre varios. regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma. que el actor acuse el contenido normativo específicamente vinculado con la omisión.041 de 2002: “Para que una demanda de inconstitucionalidad contra una omisión legislativa relativa sea admisible.
Para ello tendrá en cuenta si la demanda cumple con el requisito específico de procedibilidad referido en apartes anteriores. abstractos y globales’ 13 que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. vagos. indirectos. y con los requisitos genéricos que determinan la aptitud de un cargo para propiciar un juicio de constitucionlaidad. La claridad de los argumentos exige la especificidad de los mismos.Un cargo de inconstitucionalidad satisface el requisito de la claridad si los argumentos que lo sustentan son inteligibles. Manuel José Cepeda Espinosa). 15 13. 15 Sentencia C-236/97. resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos ‘vagos. Sobre estos presupuestos doctrinarios procede la Corte a determinar si las omisiones que denuncia el demandante. de allí que no sean admisibles los cargos genéricos. o si se refiere “a aspectos meramente interpretativos de la ley”. Manuel José Cepeda Espinosa. estructuran verdaderos cargos que permitan a la Corte abordar un estudio de fondo de la demanda. indeterminados. confirmó los autos en los que se inadmitió la demanda por no presentar razones “específicas. claras.P. 14 Así se señaló en la sentencia C-1052 de 2001 M.P. han sido expuestos de manera ordenada y coherente y siguen un hilo conductor del cual puede inferirse -sin excesivo esfuerzo.P. Antonio Barrera Carbonell. pese a que en su solución pudiera verse involucrada la norma que se acusa. pertinentes y suficientes”. M. El cargo de inconstitucionalidad es suficiente si el argumento que lo sustenta contiene los elementos argumentativos de tipo jurídico necesarios para evidenciar una oposición –por lo menos preliminar. Tampoco es pertinente el cargo si pretende la declaratoria de inexequibilidad de la norma porque la misma sea inconveniente o superflua. es decir. Determinación de los cargos admisibles: súplica presentados por los actores. si existe una congruencia entre lo que la disposición dice y lo que de ella se dice. No es pertinente el reproche si recae sobre una norma diferente a la demandada. abiertos y gaseosos13.entre el texto legal que se demanda y el texto constitucional que lo confronta. consistente en la acusación de contenidos normativos específicos vinculados con la omisión que denuncia. si se dirige a controvertir una hipótesis no contemplada en la disposición o si se encamina a resolver un caso particular.” (Sentencia C-1052 de 2001 M. Dr.14 El cargo es pertinente si se desprende del texto normativo de la disposición acusada.la idea representada por el demandante. Dr. 13 Sobre este particular la Corte sostuvo:“El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política. .
afirma que no constituye un desarrollo del derecho de acceso a la justicia. y aún. Respecto de los artículos 132. ya que ser informado. Esto. excluye la consideración de sus derechos a conocer la verdad y a que se haga justicia. el daño mismo y la relación de causalidad entre hecho y daño. a tener la iniciativa que corresponde a un sujeto procesal”. num. puede concluirse que constituye una desviación de la precisa orden constitucional. En desarrollo de ese planteamiento manifiesta que la garantía de comunicación a las víctimas. 135. . la defensa. pero no el representante de las víctimas. el demandante acusa una omisión del legislador. al excluir a la víctima como sujeto o interviniente con facultades para solicitar pruebas en la audiencia preparatoria. verdad . Observa la Corte que el reparo fundamental que el demandante formula contra la normatividad acusada consiste en señalar que el legislador omitió asignar a la víctima facultades procesales. en criterio del demandante. la demanda se limita a señalar que tales normas se ocupan de actuaciones que no “implican facultades de parte”. En cuanto al artículo 136 que regula el derecho de la víctima a recibir información de parte de los órganos de investigación (Fiscalía y Policía Judicial). en términos similares a como lo hizo con la Fiscalía y el procesado. 133 y 134. prevista en el Art. configura una omisión legislativa violatoria del derecho de la víctima a acceder a la justicia. cosas a las que no está llamado el incidente de reparación integral”. sería violatoria de los derechos a la igualdad y al debido proceso de la víctima. 7° que establece que La ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal”. derivada de la imposibilidad de intervenir para probar el hecho generador del daño (el hecho punible). el Ministerio Público pueden solicitar pruebas. La Fiscalía. de manera residual. En este sentido señala que “debió entonces el legislador para satisfacer la orden constitucional16 prever la participación de la víctima como parte en el proceso penal con la plenitud de las facultades que esta facultad implica”. resulta opuesto a tener facultades. En relación con el artículo 357 impugnado. 15. 16. 17. Esta omisión legislativa. Y agrega que la norma “reduce la intervención de las 16 Se refiere al artículo 250. a quien se autoriza hacer presencia en tal acto conforme al artículo 355.14. pasivamente. y justicia. en tanto que reconduce esta prerrogativa únicamente a las facultades y derechos para la formulación de “una pretensión indemnizatoria”. así. por cuanto “encubre la absoluta incapacidad procesal de la víctima y la falta de garantías procesales a sus derechos de indemnización. Aduce que “visto en conjunto con las demás normas que conforman el capítulo.
En lo que concierne al artículo 137. y menciona los artículos 355. 32720. 19. en la que se preserva el derecho de la víctima para controvertir las pruebas aducidas por la Fiscalía para sustentar tal decisión. Lo que se esperaría de un planteamiento de tal naturaleza. la que no existe cuando una de ellas no puede demostrar su derecho y sólo puede pedir su cuantificación”. en contradicción con lo sostenido por esta Corporación de que el acceso a la justicia debe ser efectivo y cuando debería garantizarse la igualdad entre las partes. sería la impugnación de todas aquellas disposiciones a las cuales se pudiesen vincular válidamente las omisiones que el demandante acusa. en virtud de esta disposición la admisión de una petición dirigida al “juez” que conoce de la actuación. formula una crítica general a la manera como el legislador desarrolló el mandato constitucional del artículo 250. 133. 135. excluye lo esencial que es “la intervención de la víctima en el proceso penal”. lo que se advierte es que para la formulación de su impugnación el demandante selecciona algunas de las disposiciones de la ley (artículos 11. inciso 2°. 33321. como es el caso de los artículos 9217. está condicionada a que se acompañe de las copias necesarias para la información de las demás partes e intervinientes.7 de “fijar los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal”. 17 En este artículo se regula la intervención de la víctima en la adopción de medidas cautelares tendentes a garantizar el derecho a la indemnización de los perjuicios ocasionados con el delito. a las demás. 134. 18 En esta norma se establecen restricciones a la publicidad de los procedimientos por motivos de seguridad o respecto a las víctimas menores de edad. 17419. afirmando que la única forma de garantizar sus derechos es atribuyéndole condición de “parte”. 34022 y 102 a 12823. 340 y 135. sus reparos se enfocan fundamentalmente en las facultades procesales que el nuevo sistema penal establece en favor de las víctimas. 18. 136. 137. allí deberían estar concentrados todos los derechos y facultades de este sujeto procesal. 19 En esta norma se regula la comunicación de las peticiones escritas de alguna de las partes e intervinientes. Lo primero que observa la Sala es que el demandante. se realizará en audiencia especial. Sin embargo. los reparos de la demanda se orientan a señalar que en virtud del enunciado de la norma “Intervención de las víctimas en la actuación penal”. reconocimiento que omitió el legislador. Para la impugnación de esta norma el demandante aduce contradicciones de la norma acusada con otras disposiciones de la misma Ley. 357) que consagran los derechos de las víctimas en el proceso penal. . 20 Esta norma regula el control judicial en la aplicación del principio de oportunidad. el cual será obligatorio y automático.víctimas a actuaciones secundarias. 15118. dejando por fuera de su reclamo muchas otras que con mayor especificidad se orientan a la regulación de las facultades de intervención procesal. 433. Y en lo relativo al artículo 11. y sin embargo se limita a establecer medidas encaminadas a “minimizar los efectos del delito”. señala la demanda que pese a contener un catálogo de los derechos procesales de las víctimas. 20. 132.
22 Establece el contenido de la acusación. en razón a que el demandante no especifica una omisión cuyo contenido pueda adscribirse 21 Regula el trámite de la preclusión. 23 Estas normas introducen reglas sobre la procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral. encuentra la Corte. 21. 22. 133 y 134. y el deber de la Fiscalía de entregar copia del escrito de acusación al acusado. 23. La acusación que se formula en contra de estas normas no cumple así con la exigencia de procedibilidad. es claro que las omisiones que acusa el demandante deben estar vinculadas con los específicos contenidos normativos demandados. “con fines únicos de información”. por cuanto carece de coherencia una acusación al legislador consistente en haber omitido incluir unas facultades procesales. de los cuales surjan o emerjan claramente las omisiones denunciadas. en normas que tienen cometidos y finalidades distintas. en la que el demandante extraña la concentración en esta norma de todos los derechos y facultades de la víctima en el proceso penal. el trámite del mismo. . 355. que pueda derivar en exclusión de casos asimilables que deberían ser incluidos dentro de un mismo presupuesto fáctico. La impugnación contra el artículo 136 tampoco reúne las condiciones de admisibilidad que habiliten un estudio de fondo. consistente en vincular la omisión que se acusa con un contenido normativo específico. con el requisito de coherencia argumentativa de vincular a ese contenido normativo acusado. la decisión. en razón a que la misma se rotula “intervención de las víctimas en la actuación penal”. las pruebas y las alegaciones. 443 y 340) que no fueron objeto de impugnación. Tampoco resulta admisible la impugnación de inconstitucionalidad que por la vía de la omisión legislativa se pretende formular contra los artículos 132.Así las cosas. la caducidad. y que además no constituyen un referente válido de contraste para sustentar un cargo por inconstitucionalidad. También adolece de pertinencia en cuanto el demandante desarrolla su argumentación apelando a supuestas contradicciones entre la norma acusada y otras disposiciones de la misma Ley (Arts. No es admisible frente a esta forma de impugnación la pretensión de acusar genéricamente falencias de técnica legislativa. El demandante no cumple. una omisión en particular. la intervención del tercero civilmente responsable y del asegurador de la responsabilidad civil acaparada en virtud de contrato válidamente celebrado. contemplando el derecho de la víctima para intervenir oponiéndose a la petición del fiscal. en relación con este cargo. relacionada con las facultades procesales de la víctima en el proceso penal. como son los de regular medidas de protección y atención a las víctimas de los delitos. presuntamente inconstitucional. como ocurre con la acusación que se formula contra el artículo 137. ministerio público y víctimas. que tratándose de una impugnación fundada en la estructuración de una omisión legislativa relativa. al cual le es imputable el contenido omitido.
25. ni auspicia las posibilidades probatorias de la víctima respecto de los elementos que estructuran la responsabilidad civil.legítimamente a la materia regulada por la norma. No se respeta en la formulación de este cargo la regla de coherencia. especificidad. El cargo reviste así mismo condiciones mínimas de claridad y certeza. En efecto. en cuanto emerge de la impugnación que el demandante confronta el contenido de . su cometido es el de señalar el alcance del derecho a recibir información en el proceso. éste es justamente el cometido de esta norma ubicada dentro del título preliminar que consagra “los principios rectores y las garantías procesales”. al cual podría imputarse válidamente la materia omitida. consistente en la no inclusión en la consagración de la “Garantía de comunicación a las víctimas”. La norma reduce tal garantía a la pretensión indemnizatoria. La formulación del cargo es además genérica y global. que rigen la actuación penal. la omisión que se imputa al legislador respecto del artículo 11 no cumple con el presupuesto de admisibilidad que reclama la vinculación de la omisión a un contenido normativo específico en el cual debería incluirse la materia que extraña el demandante. según la cual se debe vincular el vacío legislativo que se acusa a un contenido normativo específico. por lo que no responde a los principios de especificidad y concreción que determinan la aptitud de un cargo. se acusa una omisión vinculada de manera específica al contenido normativo de esa disposición. Su reproche se centra en señalar que la norma no promueve la igualdad de partes. pues como lo señala el propio demandante la norma se limita a consagrar un catálogo de derechos a favor de las víctimas. pertinencia y suficiencia son los que se dirigen contra los artículos 135 y 357 de la Ley 906 de 2004. el daño y el nexo de causalidad. No puede pretenderse que en una disposición de tal naturaleza se establezcan de manera minuciosa las reglas de participación en el proceso. así como a los genéricos de claridad. certeza. encuentra la Sala que los únicos cargos que responden al presupuesto específico de admisibilidad de una impugnación fundada en una omisión legislativa relativa. como el hecho generador del daño. de los sujetos e intervinientes. En consecuencia. Similar situación de inadmisibilidad se presenta respecto del cargo formulado contra el artículo 11 acusado. en el cargo dirigido contra el artículo 135. 24. los aspectos relativos a las facultades y derechos que puede ejercer este interviniente en el proceso en lo relacionado con su pretensión de verdad y de justicia. Esa omisión que invoca el demandante no puede vincularse a una norma cuyo cometido no es el de regular las facultades de la víctima en materia probatoria. Tomando en consideración los requisitos exigidos. De tal circunstancia se derivan así mismo los atributos de pertinencia y especificidad.
D. cumpliendo así con el requisito de coherencia lógica que exige la jurisprudencia. como es la exclusión de los representantes de las víctimas de la posibilidad de solicitar pruebas en la audiencia preparatoria. específico. De ello se deriva un trato diferenciado con lo previsto en la misma disposición respecto de la fiscalía. Esta circunstancia conduce a declarar la ineptitud sustantiva de la demanda en relación con los cargos dirigidos contra estas últimas normas mencionadas. no obstante su formulación simple. tal como quedó establecido en los apartes anteriores. 26. únicamente en favor de los cargos formulados contra los artículos 135 y 357 de la Ley 906 de 2004. que concurren a integrar (junto a otras no demandadas) el régimen de protección de los derechos de las víctimas en el proceso penal. por encontrar que estructuran verdaderos cargos de inconstitucionalidad conforme a las reglas jurisprudenciales establecidas en materia de omisiones relativas del legislador. Así mismo. a pesar de su formulación lacónica y breve reúne condiciones suficientes para provocar un estudio de fondo. procede la Corte a realizar el estudio de fondo tendente a determinar si las normas acusadas. 29 y 229 de la Carta. que el legislador incumplió un deber impuesto por el Constituyente en materia de regulación de los derechos de las víctimas. en cuanto el demandante conecta el vacío normativo con la norma de la cual podría predicarse la regulación omitida.la norma con el alcance constitucional del derecho de acceso a la justicia de que son titulares las víctimas de los delitos.7. la defensa y aún el ministerio público. vinculada con el contenido normativo de la disposición. La omisión que se imputa al artículo acusado podría configurar un defecto de tipo constitucional. . se inhibirá del estudio de los cargos dirigidos contra los artículos 11. 13. en particular con los artículos 250. 132. a través del análisis de fondo. El demandante considera que dicha omisión vulnera el derecho a la igualdad y de acceso a la justicia. resulta así claro. son acordes con la Constitución. suficiente y pertinente. si se llega a establecer. El cargo. en cuanto acusa una omisión específica. 134. 133. Solución 28. Resuelta la cuestión preliminar sobre la aptitud de la demanda. Con fundamento en el anterior análisis de admisibilidad la Corte abordará el estudio de fondo de los cargos que se formulan en contra de los artículos 135 y 357 de la ley 906 de 2006. En cuanto al cargo dirigido contra el artículo 357. 136 y 137 de la misma ley por no responder en su formulación a las exigencias de procedibilidad que demanda una impugnación fundada en una omisión legislativa relativa. 27.
revisión de la Ley 742 de 2002. Con fundamento en la más autorizada doctrina y jurisprudencia internacional en derechos humanos. proferida con ocasión de la revisión de constitucionalidad del artículo 45 del Decreto 2700 de 1991 (oportunidad para la constitución de parte civil en el proceso penal). realizando un completo estudio de los derechos de las víctimas y los perjudicados con el delito. se reiteró la doctrina sobre la superación de la concepción puramente patrimonial de los derechos de las víctimas . En esta sentencia se pone el énfasis en las obligaciones correlativas de investigación seria que corresponden al Estado. justicia y reparación integral. En la sentencia C-04 de 2003. hasta la creación de fondos públicos y sistemas de aseguramiento del riesgo de daño proveniente de los delitos violentos.163 de 2000. En la sentencia C-578 de 2002.178 de 2002 . deber que adquiere particular relevancia cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos. con énfasis en las nuevas estrategias que se han desarrollado en el derecho comparado para garantizar el resarcimiento de los perjuicios que van desde el reconocimiento de la posibilidad de buscar la reparación de los daños a través del mismo proceso penal en países en que no estaba permitido.7 (requisitos de la demanda de parte civil). y el derecho a la participación activa en todo el proceso que de tal concepción se deriva. la Corte reiteró la doctrina de los derechos de las víctimas en el proceso. a .451 de 2003.228 de 2002 profundiza en la reconceptualización de la parte civil a partir de la Constitución de 1991. Desarrolla los derechos a la verdad y a la justicia a la luz de los principios de la Constitución. y la protección de este derecho por vía de tutela cuando resulte vulnerado o amenazado. particularmente del derecho a la tutela judicial efectiva. En la sentencia C. al estudiar la constitucionalidad de los artículos 45 (parcial). la Corte reiteró el alcance de los derechos de las víctimas en sus dimensiones de verdad. se destacan la efectividad de los derechos de las víctimas y el propósito de evitar la impunidad. se apoya igualmente en una referencia al derecho comparado. al efectuar el estudio de constitucionalidad del artículo 97 (indemnización por daños) de la Ley 599 de 2000. “por medio de la cual se crea el Estatuto de La Corte Penal Internacional”. declaró la inexequibilidad de los artículos 578 y 579 (parcial) de la Ley 522 de 1999. poniendo énfasis en que el interés de las víctimas y los perjudicados en participar en el proceso penal. Los derechos de las víctimas: una breve referencia a la jurisprudencia constitucional y al derecho internacional aplicable. en el sentido que la parte civil tiene derecho al resarcimiento. frente a los derechos de las víctimas no sólo a ser reparadas. señalando que éstos tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria. En la sentencia C. En esta decisión se declara exequible el inciso 1° del artículo 137 de la Ley 600 de 2002. 50 (rechazo de la demanda). examinó la responsabilidad civil derivada del hecho punible.556 de 2002. Esta doctrina fue reiterada en la C. a los procesos de competencia de la justicia penal militar. En la sentencia T. y 55 parcial (sentencia condenatoria y pronunciamiento sobre los perjuicios) del Decreto 2700 de 1991.875 de 2002. sobre los artículos 47. trasciende el campo meramente subjetivo o individual. que es la forma tradicional en que se ha resarcido a la víctima de un delito. con énfasis en la posibilidad de acceso a la justicia. (ii) la posición de la víctima en el nuevo sistema penal. 48 (parcial) y 137 (parcial) de la Ley 600 de 2000. La sentencia C. la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del numeral 3° (parcial) del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 sobre la procedencia de la acción de revisión. 108. Siguiendo esta misma tendencia la sentencia C. En la sentencia C-1149 de 2001 sobre los artículos 107. la Corte extendió la doctrina constitucional sobre los derechos de las víctimas. la Corte reiteró la finalidad de la parte civil en los términos establecidos en la sentencia C-228 de 2002.Para el desarrollo de este estudio conviene hacer una referencia a los siguientes aspectos: (i) Los derechos de las víctimas: breve referencia a la jurisprudencia constitucional y al derecho internacional aplicable. 24 Desde la sentencia C-293 de 1995. y del derecho internacional. al revisar la constitucionalidad del artículo 392 de la Ley 600 de 2000. la Corte dejó sentada la tesis acerca de la superación de la concepción meramente económica de la parte civil en el proceso penal. a la verdad y a la justicia. como razones políticas para declarar la exequibilidad de la Ley.3 y 305 (parcial) de la Ley 522 de 1999 (Código penal Militar). “por la cual se expide el código penal militar”. sino a saber qué ocurrió y a que se haga justicia. particularmente a conocer la verdad y a que se haga justicia. 29. En la sentencia C-805 de 2002. (iii) el análisis de constitucionalidad. la Corte Constitucional ha construido una sólida y consistente jurisprudencia sobre el alcance constitucional de los derechos de las víctimas y perjudicados con las conductas punibles24. La sentencia C916 de 2002. En la sentencia T-1267 de 2001.
En aplicación de las facultades de interpretación que se derivan del artículo 93 de la Carta. señalando que “en los casos de impunidad de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. la Corte realizó un pronunciamiento sobre la protección de las víctimas y los esquemas de justicia distributiva establecidos en el sistema procesal de tendencia acusatoria.694 de 2000 . condicionando la constitucionalidad a que tales decisiones fueran notificadas a las víctimas y al denunciante. la búsqueda de un orden justo y los derechos de las víctimas desplazan la protección de la seguridad jurídica y la garantía del non bis in idem. 192. destacó su valor como bienes cardinales de una sociedad que persiga un orden justo. En la sentencia C-047 de 2006. propósito del estudio de constitucionalidad del artículo 323 de la Ley 600 de 2000. y la interdependencia que existe entre ellos. se estudió la constitucionalidad de varias disposiciones de la Ley 600 de 2004. En la sentencia C.79) . a las víctimas de los delitos en general. En esta sentencia se destacó la relevancia de la explícita consagración del derecho de acceso a la administración de justicia (229) en la nueva conceptualización de los derechos de las víctimas. En la sentencia T. los derechos de las víctimas trascienden el campo puramente patrimonial”25. le confieren a la parte civil derechos y obligaciones similares a las de los demás sujetos procesales. 42. 25 Cfr. 57 (parcial) de la Ley 600 de 2000. la Corte hizo extensivo el concepto de víctima y el alcance constitucional de sus derechos a los afectados por las faltas disciplinarias. 48 (parcial). haciendo extensivos sus principios y concepciones básicas. respectivamente. Por ello. 55. la Corte declaró el derecho de las víctimas a participar con plenas garantías en la fase de investigación previa. esta Corporación ha acogido los desarrollos que el derecho y la doctrina internacionales han efectuado en relación con los derechos de las víctimas en los delitos graves conforme al derecho internacional. En las sentencias C-014 de 2004 y C-114 de 2004. 69). . se estudió la constitucionalidad de los artículos 176 (parcial) y 177 (parcial) de la Ley 906 de 2004. 52 (parcial).570 de 2003 la Corte realizó un estudio sobre las especiales prerrogativas que se derivan de la constitución de parte civil dentro del proceso penal. en punto a la determinación del alcance de los derechos conforme a estándares internacionales. así como el derecho a recurrir las decisiones que afecten sus intereses”. entre otras cosas “solicitar las pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento de la verdad o para demostrar la responsabilidad del sindicado. No es posible llegar a la reparación sin la justicia”. En la sentencias C-1154 de 2005 (MP: Manuel José Cepeda Espinosa) y C. En la sentencia C-998 de 2004. de manera que “no es posible lograr la justicia sin la verdad. En la sentencia C. 330 y 527 de la Ley 906 de 2004. Así ha señalado que. Sentencia C. e inadmisión de denuncia (Art. que desborda el campo de la simple reparación. que es relevante para interpretar el alcance de los derechos constitucionales (CP art.1177 de 2005. tal y como lo ha señalado con claridad la doctrina internacional en materia de derechos humanos. la Corte declaró la exequibilidad de algunas normas de la ley 600 de 2000. a que se haga justicia y a la reparación integral). justicia y reparación. 327. En la sentencia C. 93). en particular de su derecho al proceso penal. En la sentencia C-979 de 2005 a propósito de la demanda contra los artículos 78. “las víctimas de los delitos tienen un derecho a la verdad y a la justicia. prerrogativas que se derivan del plexo de derechos que a las víctimas de los delitos se han reconocido en el ámbito penal (a saber la verdad.L.899 de 2003 se efectuó el estudio de constitucionalidad sobre los artículos 38 (parcial). la Corte ratificó la legitimidad de la parte civil (Art.4. se destacó en esta sentencia la relevancia de los derechos de las víctimas dentro del modelo procesal con tendencia acusatoria instaurado mediante el A. La sentencia C-775 de 2003 estudió la constitucionalidad del artículo 21 de la ley 600 de 2000 sobre restablecimeinto del derecho. 03 de 2002. Reiterando la doctrina sobre la trilogía de derechos de que son titulares las víctimas: verdad. la Corte reiteró la doctrina referida a la tensión entre le derecho al non bis in idem y el debido proceso contenido en la sentencia C-04 de 2003 y C-979 de 2005. a fin de preservar sus derechos. la Corte enfatizó en que los derechos de participación y de acceso a la administración de justicia. sobre archivo de diligencias (Art.228 de 2002. en contraste con la reclamación mediante acciones de la jurisdicción civil.591 de 2005. 205 de la Ley 600 de 2000) para instaurar demanda de casación contra sentencia absolutoria. lo cual implica.
(ii) el deber de recordar. el alcance de los derechos de las víctimas de la criminalidad compleja de que se ocupa el derecho internacional. de acuerdo con informe E/CN. (iii) el derecho de las víctimas a saber. de donde deviene que la intervención de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario. y las judiciales en particular. a los derechos de las víctimas (Art. ha sido sistematizado así: a. del cual se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de los derechos y las obligaciones. así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias. En desarrollo de esos postulados. aplicables a las víctimas de los delitos en general. El primero. consiste en el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión como parte de 26 Esta sistematización se apoya en el “Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. E/CN. se funda en varios principios y preceptos constitucionales: (i) En el mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Art. presentado a la Comisión de Derechos Humanos.Anexo del Informe final del Relator Especial acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos. Presentado a la Comisión de Derechos Humanos en 1998. Esta reconceptualización de los derechos de las víctimas. (iii) en el deber de las autoridades en general.4/Sub2/1997/20/Rev. Estos principios fueron actualizados por la experta independiente Diane Orentlicher. (iv) en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué ocurrió. (vi) y de manera preponderante del derecho de acceso a la administración de justicia. (v) en el principio del Estado Social de Derecho que promueve la participación. 4/2005/102. y a que se haga justicia (Art. la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso.30. de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (Art. 31. El derecho a la verdad. .1° CP). 6 y 7 CP). El segundo. la resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas. a partir de la Constitución.1. 250 num. El conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad26 (principios 1° a 4) incorporan en este derecho las siguientes garantías: (i) el derecho inalienable a la verdad. 2° CP). comporta el derecho de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la perpetración de los crímenes. 93 CP). (ii) en el hecho de que el Constituyente hubiese otorgado rango constitucional.
y una dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito judicial. acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones. Proyectando estos principios en el ámbito nacional. MP. Esta participación se expresa en " que los familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán informados de las audiencias que se celebren.. 30 Cfr. . Eduardo Cifuentes Muñoz . a las que tendrán acceso. Este derecho incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades.293 de 1995 y C. La dignidad humana de una persona se ve afectada si se le priva de información que es vital para ella. independientemente de las acciones que las víctimas. b. la jurisprudencia constitucional ha determinado que el derecho de acceder a la verdad. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la justicia. determina que.228 de 20002. El acceso a la verdad aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto. tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte.412 de 1993. por cuanto el derecho al proceso en el estado democrático debe ser eminentemente participativo. MP. 31 Cfr. que pueden sistematizarse así: (i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos. Y el tercero.443 de 1994. 27 Principio 2 del Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. y por ello se deben adoptar medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al estado. 33. 29 Cfr.275 de 1994. Carlos Gaviria Díaz. y el derecho a participar en el proceso penal31. Entre otras las sentencias C. a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo. a la memoria y a la imagen de la víctima29. Alejandro Martínez Caballero. Eduardo Cifuentes Muñoz. tiene como uno de sus componentes naturales el derecho a que se haga justicia. El derecho a la verdad presenta así una dimensión colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a la memoria colectiva”27. Este derecho involucra un verdadero derecho constitucional al proceso penal30 . el derecho a que no haya impunidad. (iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso. Sentencias T. y en caso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que corrió la víctima. MP. Sentencia C. (ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo.293 de 1995. implica que las personas tienen derecho a conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso. MP. 28 Cfr. así como sus familiares o allegados puedan entablar ante la justicia. tiene el derecho imprescriptible a conocer la verdad.su patrimonio. es decir. C.28 32. Sentencia C.
33 Cfr. El derecho de reparación. que conforme al derecho internacional contemporáneo y a la jurisprudencia constitucional concurren a integrar el complejo de derechos de que son titulares las víctimas de los delitos. Jaime Araújo Rentaría. 34. (ii) indemnización.así como a toda información pertinente a la investigación y tendrán derecho a presentar otras pruebas"32 c. MP. No es posible llegar a la reparación sin la justicia. Citados en la sentencia C-293 de 1995. . Art. de manera tal que: No es posible lograr la justicia sin la verdad. 34 Cfr. Todos estos principios. presentan relaciones de conexidad e interdependencia. que se reconocen a las víctimas de los delitos graves según el derecho internacional. la justicia y la reparación se erigen como bienes cardinales de toda sociedad que se funde en un orden justo y de pacífica convivencia. 35. indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas. (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. mediante resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989. entre los cuales median relaciones de conexidad e interdependencia. 33 del Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. y ratificado por la Asamblea General. así lo ha reconocido esta Corporación: “Los principios adoptados por la comunidad internacional propenden por el respeto hacia los derechos a la verdad. arbitrarias o sumarias. y comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i) restitución. mediante resolución 1989/65 del 29 de mayo de 1989. conforme al derecho internacional contemporáneo también presenta una dimensión individual y otra colectiva. la justicia y la reparación.34” 32 Cfr.33 La integralidad de la reparación comporta la adopción de todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. El derecho a la reparación integral del daño que se ha ocasionado a la víctima o a los perjudicados con el delito. y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación. Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales. Desde su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima. En su dimensión colectiva. la verdad. aprobado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Sentencia 775 de 2003. involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar. En este sentido. (iii) rehabilitación.
L.G. XXX. res. el cual forma parte del derecho a la verdad y también del derecho a la justicia. una reseña condensada del desarrollo que sobre este aspecto se realiza en la sentencia C-228 de 2002. Así. 27. Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987.V/IL82 doc. A/810 p. Artículo XVIII. 17 (1992).6 rev. Convención Americana sobre Derechos Humanos). OAS Res. Serie A No. párrafo. ONU Doc. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.Esta interdependencia de derechos aparece manifiesta en el derecho de las víctimas a un recurso efectivo.2. Derecho de justicia. en perjuicio suyo. ante los tribunales nacionales competentes. Por su particular relevancia para el análisis de las normas impugnadas es conveniente efectuar una especial referencia a esta garantía en la perspectiva del derecho internacional. que establece que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. . sino también se garanticen sus derechos a la verdad y a la justicia. 24. 36 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 71 (1948). A. 217 A (III). reimprimido en Documentos Básicos Concernientes a los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana (1948). alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. 38 En igual sentido Corte Interamericana de Derechos Humanos. 38 Esa tendencia del derecho internacional también está presente en el sistema de Naciones Unidas. OEA/Ser. ha tenido la protección de los derechos de las víctimas.1 p. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo. particularmente el derecho a un recurso judicial efectivo. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen. como elemento fundamental de esa protección. marcan una tendencia en el derecho internacional por desarrollar instrumentos que garanticen el derecho de todas las personas a una tutela judicial efectiva de sus derechos. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso la "Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de 35 Se presenta. 37 Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 8. 25 y 8. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. El derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo 36. 9. a través de la cual no sólo obtengan reparación por el daño sufrido. Los más relevantes instrumentos internacionales consagran explícitamente este derecho35. la Corte ha examinado la evolución que en el derecho internacional. ha destacado la jurisprudencia que tanto la Declaración Americana de Derechos del Hombre36 como la Declaración Universal de Derechos Humanos37. 37. Con fundamento en el artículo 93 constitucional.
poder"39, según la cual las víctimas "tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido" y para ello es necesario que se permita "que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio de los del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente". 38. De otra parte, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre derechos humanos, consagran el derecho de todas las personas a acudir a los procesos judiciales para ser escuchadas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, para la determinación de sus derechos y obligaciones. De particular relevancia en relación con los derechos de las víctimas, es el artículo 25 de este instrumento que hace parte de la protección judicial a la cual está obligado el Estado. Esta norma consagra el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra violaciones de sus derechos fundamentales. Por su especial relevancia respecto de la decisión que debe adoptarse en este asunto, conviene citarlo:
Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen:
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985. Acceso a la justicia y trato justo. “4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. 5. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos. 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. 7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas.
a. ) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b.) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c.) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
En aplicación de esta norma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha protegido en forma reiterada y consistente el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, para intervenir en los procesos judiciales en los que se debate la autoría y responsabilidad de los presuntos perpetradores de las conductas punibles40. 39. A su turno, el Estatuto de la Corte Penal Internacional consagró de manera expresa los derechos de las víctimas a presentar observaciones sobre la competencia de la Corte o la admisibilidad de la causa, a que se haga una presentación completa de los hechos de la causa en interés de la justicia, a ser tratadas con dignidad, a que se proteja su seguridad e intimidad, a que se tengan en cuenta sus opiniones y observaciones, a ser reparadas materialmente y a apelar ciertas decisiones que afecten sus intereses.41 Los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda y la ex - Yugoslavia, también contienen disposiciones sobre la protección de las víctimas. 42
Entre otras, Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez, sentencia de julio 29 de 1988; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Páez, sentencia de noviembre 3 de 1997; Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de agosto 31 de 2001. 41 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional. A/CONF.183/9, 17 de julio de 1998, Artículos 19.3, 65.4, 68, 75 y 82.4. 42 Estatuto para el Tribunal Internacional para el Juzgamiento de personas responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia desde 1991, Artículo 20. Apertura y conducción del proceso. 1. La Cámara de Primera Instancia debe ocuparse de que el proceso sea imparcial y expedito y que la instancia se desarrolle de conformidad con las reglas de procedimiento y de prueba, que los derechos del acusado sean plenamente respectados y que la protección de las víctimas y de los testigos sea debidamente asegurada. Artículo 22. Protección de las víctimas y de los testigos. El Tribunal Internacional prevé en sus reglas de procedimiento y de prueba medidas de protección para las víctimas y los testigos. Las medidas de protección comprenden, como mínimo, las audiencias a puerta cerrada y la protección de su identidad. (se destaca). Estatuto del Tribunal Internacional de Rwanda. Artículo 14. Reglas de procedimiento y de pruebas. A los efectos de las actuaciones ante el Tribunal Internacional para Rwanda, los magistrados del Tribunal Internacional adoptarán las reglas de procedimiento y de pruebas aplicables a la etapa preliminar del proceso, al juicio propiamente dicho, a las apelaciones, a la admisión de pruebas, a la protección de las víctimas y testigos y a otros asuntos pertinentes del Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia, con las modificaciones que estimen necesarias. Artículo 19. Iniciación y tramitación del juicio. 1. La Sala de Primera Instancia deberá velar porque el procedimiento sea justo, expedito y que se tramite de conformidad con las normas de procedimiento y de pruebas, con pleno respeto de los derechos del acusado y con la consideración debida a la protección de las víctimas y los testigos. Artículo 21. Protección de las víctimas y de los testigos. El Tribunal Internacional para Rwanda, adoptará disposiciones, en sus reglas de procedimiento y de prueba medidas de protección para las víctimas y
40. En el orden interno colombiano, la Constitución Política, consagra en su artículos 29 y 229, el derecho de acceso a la justicia como un derecho fundamental, susceptible de ser amparado a través de la acción de tutela (Art. (86 C.P.), pero además como expresión medular del carácter democrático y participativo del Estado. En su ámbito se inscribe el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, del cual forman parte las garantías de comunicación e información, que posibilitan el agotamiento de las acciones y los recursos judiciales, los cuales se constituyen en los mecanismos más efectivos para proteger y garantizar eficazmente los derechos de quienes han sido víctimas de una conducta punible. Del deber del Estado de proteger ciertos bienes jurídicos a través de la tutela penal, emerge la obligación de garantizar la protección judicial efectiva de los mismos. 41. Sobre la efectividad del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo (CP, artículos 29 y 229), ha establecido la jurisprudencia que su garantía depende de que éstas puedan intervenir en cualquier momento del proceso penal, aún en la fase de indagación preliminar. Su intervención no sólo está orientada a garantizar la reparación patrimonial del daño inferido con el delito, sino también a la satisfacción de sus derechos a la justicia y a la verdad. En ocasiones, incluso la representación de las víctimas en el proceso penal tiene unos cometidos exclusivamente vinculados al goce efectivo de los derechos a la justicia y la reparación. Bajo estas consideraciones la Corte constitucional estableció una doctrina en la que explícitamente abandonó una concepción reductora de los derechos de las víctimas, fundada únicamente en el resarcimiento económico, para destacar que las víctimas, o los perjudicados con el delito, tienen un derecho efectivo al proceso y a participar en él, con el fin de reivindicar no solamente intereses pecuniarios, sino también, y de manera prevalente, para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia43. La posición de la víctima en el sistema procesal penal, instaurado por la Ley 906 de 2004. 42. El Acto Legislativo No. 03 de 2002 por el cual se reformó la Constitución Política para introducir un sistema de investigación y enjuiciamiento criminal de tendencia acusatoria, asignó a la Fiscalía General de la Nación unas específicas funciones en relación con las víctimas de los delitos. Así, en su artículo 2° que reformó el 250 de la
los testigos. Las medidas de protección comprenden, como mínimo, las audiencias a puerta cerrada y la protección de su identidad. (Se destaca). 43 Esta doctrina fue desarrollada tanto en el ámbito de la justicia penal militar, como de la justicia penal ordinaria. Cfr. Sentencias C-293 de 1995; C- 163 de 2000; C- 1149 de 2001; C-228 de 2002; C- 805 de 2002; C-916 de 2002.
los jurados. La determinación de una posición procesal de la víctima en el proceso penal conforme a esos paradigmas. que promueve una concepción de la política criminal respetuosa de los derechos fundamentales de todos los sujetos e intervinientes en el proceso. elevados a rango constitucional se erigen así en factor determinante de los fines del proceso penal que debe apuntar hacia el restablecimiento de la paz social. de amplio reconocimiento internacional46. se deriva la profundización de las relaciones entre el derecho constitucional y el derecho penal del Estado social de derecho. pero también del Derecho Internacional Humanitario y del emergente Derecho Penal Internacional. y con evidente acogida 44 Fundamentalmente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. debe establecerse tomando como punto de partida un sistema de garantías fundado en el principio de la tutela judicial efectiva45. es así mismo coherente con los paradigmas de procuración de justicia provenientes del derecho internacional44. “En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación deberá: (…) 6. 7. que han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corte tal como se dejó establecido en aparte anterior. la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa”. en materia de asistencia y de restablecimiento del derecho y reparación integral. y (ii) la ampliación de las competencias que la Constitución asigna a la Fiscalía en relación con las víctimas de los delitos. Velar por la protección de las víctimas. La explícita consagración constitucional de la víctima como sujeto que merece especial consideración en el conflicto penal. que ha permitido el ingreso de las fuentes internacionales que consagran esta garantía. lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. los testigos y demás intervinientes en el proceso penal. 43. Esta consagración constitucional de la víctima como elemento constitutivo del sistema penal. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas. encuentra ubicación constitucional en los artículos 229 y 29 de la Carta. sin perjuicio de su ampliación por la vía del artículo 93. Los intereses de la víctima.Constitución estableció que. . 46 Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 45 El principio de la tutela judicial efectiva. De esta consagración constitucional de los derechos de las víctimas se derivan dos fundamentos constitucionales relevantes: (i) la especial consideración que el texto constitucional confiere a la protección de las víctimas.
que involucra principio de legalidad. y adopte un perfil de tendencia acusatoria.L. 2° y 228). ha sido admitido por esta Corporación al señalar que el complejo del debido proceso. que con posterioridad al Acto Legislativo No. debe entenderse sustancialmente alterada la posición de la víctima en el proceso penal. debido proceso en sentido estricto. (…) Tal sucede con el sistema penal colombiano. Ha señalado la Corte que la reforma introducida por el A. la efectividad de los derechos (Arts. se extraen algunos aspectos que revisten relevancia para la decisión que habrá de adoptarse en el presente asunto: a. Sentencia T-1184 de 2001. derecho de defensa y sus garantías. y en el que desaparece el concepto formal de “parte civil”. . que abandone la tendencia mixta diseñada por el Constituyente de 1991. 03 de 2002. sean predicables tanto del acusado como de la víctima. instaurar un “nuevo sistema”. se predican de igual manera respecto de las víctimas y perjudicados. tomando algunos rasgos de este sistema. como el configurado en la ley 906 de 2004.13).229). Este principio que se caracteriza por establecer un sistema de garantías de naturaleza bilateral. sin que pueda afirmarse que se trata de un sistema acusatorio puro: “La reforma de los artículos 116. Esta bilateralidad. 2 de 2003.constitucional a través de los artículos 229. sin que ello signifique haber adoptado un esquema acusatorio puro. y el juez natural. adoptó varios de los rasgos propios del modelo acusatorio. así. pero al mismo tiempo mantuvo algunas de las 47 48 Artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 250 y 251 de la Constitución pretende. la igualdad ante los tribunales (Art. la imparcialidad e independencia de los tribunales47. 29 y 93 de la Carta. Para responder a este interrogante es conveniente hacer una referencia a los pronunciamientos que ha realizado esta Corporación caracterizando el sistema de procesamiento instaurado mediante la ley 906 de 2004. Ello implica que garantías como el acceso a la justicia (Art. El alcance de esta reforma y sus implicaciones serán desarrolladas por el legislador y precisadas por la jurisprudencia (…)”.29). 45. No. De los pronunciamientos que ha realizado la Corte sobre el modelo de enjuiciamiento con tendencia acusatoria. Lo que cabría preguntarse ahora es si en un modelo de investigación y enjuiciamiento que profundiza su tendencia acusatoria.48 44. adoptó un perfil de tendencia acusatoria. la defensa en el proceso (Art.
c. Sentencia C. la reforma se orienta hacia la adopción de un sistema acusatorio. El juez cumple un papel activo de garante de los derechos del imputado o acusado y de las víctimas: “El nuevo diseño no corresponde a un típico proceso adversarial entre dos partes procesales que se reputa se encuentran en igualdad de condiciones. También ha indicado la jurisprudencia de esta Corte que el nuevo sistema no se puede catalogar como un modelo típicamente adversarial. público.873 de 2003. quien busca demostrar su inocencia. a los cuales Colombia se ha comprometido a través de la suscripción y ratificación de los instrumentos internacionales que a ellos obligan. a otros sistemas acusatorios como el americano o el continental europeo”50. bien sea de control de garantías o de conocimiento. así como un juicio oral. va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas procesales. y la misión que corresponde desempeñar al juez. con una clara separación de las funciones de investigación. un acusado. Manuel José Cepeda Espinosa. en ser un guardián del respeto de los derechos 49 Cfr. entre otros. y por el otro. concentrado y contradictorio en el cual podrán participar jurados49. citadas anteriormente. simplemente aspira a colocarse al nivel de los estándares internacionales.591 de 2005. permiten advertir que se trata de un nuevo modelo que presenta características fundamentales especiales y propias.(Se destaca). En desarrollo de la investigación las partes no tienen las mismas potestades. MP. 50 Sentencia C. por un lado. prima facie. toda vez que ha sido adoptado por la Corte Penal Internacional. controversial o contradictorio. Ello se ve confirmado por lo dicho en el Informe de Ponencia para segundo debate en la segunda vuelta del proyecto de Acto Legislativo. mantiene su propia especificidad. la adopción el sistema que se pretende acoger con esta reforma. Clara Inés Vargas Hernández. quien pretende demostrar en juicio la solidez probatoria de unos cargos criminales. en los siguientes términos: “Los temas originales y centrales de la reforma tienen que ver con el cambio de funciones de la Fiscalía General de la Nación… El proyecto propone el ajuste del juzgamiento penal a los cánones internacionales de derechos humanos. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Pacto de San José de Costa Rica de 1969. . y sobre todo. sino en buscar la aplicación de una justicia material. que no permiten adscribirlo o asimilarlo. MP. un ente acusador. sin que se le pueda adscribir o asimilar un sistema acusatorio de tradición anglosajona o continental europea: “Las menciones generales sobre el nuevo sistema procesal penal.características del sistema mixto: en términos generales. Igualmente. acusación y juzgamiento. b. También ha señalado que si bien el nuevo sistema introduce rasgos del modelo acusatorio. recientemente acogido por nuestro país”. en donde el juez funge como árbitro entre dos partes que se enfrentan en igualdad de condiciones. que es un proceso de partes.
mas no en la dogmática. la Corte introdujo una regla de interpretación de particular relevancia para el estudio de la materia bajo examen. Se estructuró un nuevo modelo de tal manera.L. por la vía del artículo 93 de la Carta Política. 31 y 32. se limitó a modificar algunos artículos de la parte orgánica de la Constitución (116. en especial. Ib. 250 y 251). consistente en que el A. que sentó las bases constitucionales para la instauración del sistema de tendencia acusatoria. teniendo presentes los derechos de las víctimas. 29. con acento en la garantía de los derechos fundamentales del inculpado. guardándose el equilibrio entre la eficacia del procedimiento y los derechos del implicado mediante la ponderación de intereses. e. 03 de 2002. 28. de los derechos de ésta a conocer la verdad sobre lo ocurrido. d. con prescindencia de su designación de parte o sujeto procesal: “Se diseñó desde la Constitución un sistema procesal penal con tendencia acusatoria. e igualmente. De allí la necesidad de interpretar tales modificaciones a la luz de determinadas disposiciones constitucionales. 15. de 51 52 Ib. 30.(Se destaca). a acceder a la justicia y a obtener una reparación integral. pues un funcionario judicial debe autorizarla o convalidarla en el marco de las garantías constitucionales. que toda afectación de los derechos fundamentales del investigado por la actividad de la Fiscalía. desarrollado por la Ley 906 de 2004. . El sistema procesal penal configurado por la Ley 906 de 2004 pone el acento en la garantía de los derechos fundamentales de quienes intervienen en el proceso (inculpado o víctima). Finalmente. a fin de lograr la mínima afectación de derechos fundamentales”52. los artículos 6.fundamentales del indiciado o sindicado. de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad”51. queda decidida en sede jurisdiccional. así como de aquellos de la víctima. dejando intacta su parte dogmática. para la definición de la verdad y la realización efectiva de la justicia. conforme a la cual se debe analizar las nuevas instituciones procesales: “Cabe asimismo señalar que el Acto Legislativo 03 de 2002 introdujo únicamente cambios en ciertos artículos de la parte orgánica de la Constitución. en especial.
Estudio de los cargos de inconstitucionalidad por omisión 47. consistente en la no inclusión en la consagración de la “Garantía de comunicación a las víctimas”. En el cargo dirigido contra el artículo 135. deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico. La norma reduce tal garantía a la pretensión indemnizatoria. tienen que ver con dos 53 54 Ib. los aspectos relativos a las facultades y derechos que puede ejercer este interviniente en el proceso. se acusa una omisión del legislador vinculada de manera específica al contenido normativo de esa disposición. se establece que la omisión que se acusa en esta disposición. las fuentes internacionales acogidas por el orden interno y la jurisprudencia constitucional. en tanto que se trata de un proceso con sus propias especificidades. y del debate que se suscitó a partir de la participación de diversos intervinientes en el juicio de constitucionalidad. Sobre el anterior marco conceptual procede la Corte a analizar cada uno de los cargos que resultaron aptos para propiciar un pronunciamiento de fondo a fin de establecer si las omisiones que se acusan reúnen los requisitos que las conviertan en inconstitucionales. la omisión produzca una desigualdad injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma y. 54 Estudio de constitucionalidad del artículo 135 de la Ley 906 de 2004 48. así como los pronunciamientos que sobre la ley 906 de 2004 ha realizado la Corte. ( ii) que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente. que no depende del calificativo que se le atribuya (como parte o interviniente).427 de 2000. en el que los derechos de los sujetos que intervienen están predeterminados por los preceptos constitucionales. ellos son: (i) que la omisión excluya de sus consecuencias aquellos casos que. Cfr. C. (iii) que al carecer de una razón objetiva y suficiente. (iv) que la omisión implique el incumplimiento de un deber constitucional del legislador”. Tal como se indicó en el estudio preliminar de esta sentencia. los fundamentos constitucionales de los derechos de las víctimas. MP. por ser asimilables. Vladimiro Naranjo Mesa. en lo relacionado con su pretensión de verdad y de justicia. De la demanda. Así las cosas. El alcance de los derechos de las víctimas deben interpretarse dentro de este marco. . 46.conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos que prohíben su limitación en estados de excepción53”. permiten afirmar que la víctima ocupa un papel protagónico en el proceso.
y (ii) con el contenido y alcance de esa garantía de comunicación. que ya esta Corte ha admitido que tal información debe proporcionarse desde el primer momento en que las víctimas entren en contacto con las autoridades. Así se deriva de las sentencias C-1154 de 200555 y C . y 455 de la Ley 906 de 2004. de la querella y de la petición especial. 306 (parcial). 308 (parcial). o de manera directa en el incidente de reparación integral”. así como de la posibilidad de formular esa pretensión a través del fiscal. 177 (parcial). debe señalarse. la norma establece dos prerrogativas para las víctimas de los delitos. información que debe efectuarse “desde el momento mismo en que intervenga”. 50. 327 (parcial). En orden a satisfacer la garantía de comunicación. desde qué momento deben los órganos de investigación proporcionar información a la víctima sobre sus derechos. En particular se analizó la constitucionalidad de la inadmisión de las denuncias sin fundamento. El pronunciamiento a que se hace referencia en esta oportunidad se relaciona con la exequibilidad condicionada del artículo 79 relativo a las condiciones de archivo de las diligencias.1177 de 200556. en el proceso. 285. 383 (parcial). Igualmente se le informará sobre las facultades y derechos que puede ejercer por los perjuicios causados con el injusto. 79. Para determinar el alcance y naturaleza de las omisiones que se acusan conviene transcribir el texto de la norma impugnada: “ARTÍCULO 135. 56 En esta sentencia la Corte analizó cargos contra el artículo 69 (parcial) de la Ley 906 de 2004. En punto a determinar. sobre los requisitos de la denuncia. 288 (parcial). o directamente en el incidente de reparación integral. 337. Se censura la reducción del derecho de acceso a la justicia en esos dos ámbitos mencionados. e inadmisión de la 55 En esta sentencia se analizaron cargos contra los artículos 15 (parcial). 291.79) . Los derechos reconocidos serán comunicados por el fiscal a la víctima desde el momento mismo en que ésta intervenga. GARANTÍA DE COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS. y de la disponibilidad que tiene de formular una pretensión indemnizatoria en el proceso por conducto del fiscal. 16 (parcial). 284. 49.aspectos: (i) con el momento a partir del cual los órganos de investigación (fiscal y policía judicial) deben cumplir con la garantía de comunicación de sus derechos a las víctimas y perjudicados con el delito. en las que se dispuso la comunicación de decisiones de archivo de las diligencias (Art. y (ii) el fiscal debe informar a la víctima acerca de las facultades y derechos que puede ejercer para perseguir los perjuicios causados con el injusto. que a su vez involucran correlativos deberes del fiscal: (i) el fiscal debe informar a la víctima sobre los derechos que el orden jurídico le reconoce. . 435. 436. 274.
Se trunca el derecho de acceso a la justicia. dijo la Corte: “La decisión de archivo puede tener incidencia sobre los derechos de las víctimas. motivada. se debe resaltar que las víctimas tienen la posibilidad de solicitar la reanudación de la investigación y de aportar nuevos elementos probatorios para reabrir la investigación.1154 de 2005. respectivamente. (Se destaca). Para garantizar sus derechos la Corte encuentra que la orden del archivo de las diligencias debe estar sujeta a su efectiva comunicación a las víctimas. para el ejercicio de sus derechos. dado que se comprometen los derechos de las víctimas. como la decisión de archivo de una diligencia afecta de manera directa a las víctimas. por medio de la cual el órgano de investigación inadmite una demanda sin fundamento (Cfr. No se precisa de una “intervención” en sentido procesal58 para que las autoridades de investigación asuman los deberes que impone la garantía de comunicación que se proyecta en dos ámbitos: (i) información acerca de los derechos que el orden jurídico establece para garantizar sus 57 58 Sentencia C. . Similar exigencia se hace en relación con la comunicación al denunciante de la decisión. En este evento. no se excluye que las víctimas puedan acudir al juez de control de garantías”57. y que la solicitud sea denegada. Por lo tanto. Se debe aclarar que la Corte no está ordenando el control del juez de garantías para el archivo de las diligencias sino señalando que cuando exista una controversia sobre la reanudación de la investigación. Igualmente.denuncia (Art. de conformidad con el artículo 132 de este código.69). dicha decisión debe ser motivada para que éstas puedan expresar su inconformidad a partir de fundamentos objetivos y para que las víctimas puedan conocer dicha decisión. cabe la intervención del juez de garantías. Ante dicha solicitud es posible que exista una controversia entre la posición de la Fiscalía y la de las víctimas. C-1177 de 2005). En efecto. El artículo 340 de la ley 906 de 2004 establece que en la audiencia de formulación de acusación “se determinará la calidad de víctima. a las víctimas o denunciantes a pesar de que las normas no contemplaban de manera explícita tal exigencia. a través de una concepción recortada de la garantía de comunicación a la víctima. Al respecto. limitada al momento en que ésta “intervenga” en la actuación penal. Se reconocerá su representación legal en caso de que se constituya”. 51. a ellas les interesa que se adelante una investigación previa para que se esclarezca la verdad y se evite la impunidad.
desde sus primeros desarrollos. en el que el esquema de indagación 59 Sentencia C. puede llevar a conculcar definitivamente sus derechos a la verdad a la justicia y a la reparación. en especial de la providencia mediante la cual se decide no abrir formalmente la investigación”59. 53.228 de 2002. que restringía el acceso de la parte civil al proceso a partir del momento en que se produjera apertura formal de instrucción. . estuviesen presentes desde las diligencias preliminares. y a la reparación exige que la garantía de comunicación se satisfaga desde el primer momento en que las víctimas entran en contacto con los órganos de investigación. al respecto señaló: “(N)o permitirle a la parte civil – hoy representantes de las víctimas actuar durante esta etapa –fase preliminar – o exigir que el acceso al expediente sólo pueda hacerlo mediante un derecho de petición. (…) “En consecuencia. Los derechos a la justicia y a la reparación pueden verse menguados si se obstruye a la víctima las posibilidades de acceso a la información desde el comienzo de la investigación a efecto de que puedan contribuir activamente con el aporte de pruebas e información relevante sobre los hechos. a la justicia. la Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “a partir de la resolución de apertura de instrucción” contenida en el artículo 47 de la Ley 600 de 200º. y con el fin de proteger los derechos de la parte civil. En el marco de un sistema de investigación con un mayor componente inquisitivo (Ley 600 de 2000). el cual se materializa con la posibilidad de acceso al expediente o a las diligencias. Tales limitaciones por lo tanto.intereses en el proceso penal. declaró inexequible el artículo 47 de la Ley 600 de 2000. a la justicia y a la reparación económica dependen de que en esta etapa se le permita a la parte civil intervenir activamente aportando pruebas y cooperando con las autoridades judiciales y conociendo y controvirtiendo las decisiones que se adopten durante esta etapa. No desconoce la Sala que la norma objeto de revisión se inscribe en un modelo de investigación distinto. 52. La interconexión e interdependencia que existe entre los derechos a la verdad. constituyen una afectación grave del derecho de acceso a la justicia que tiene la víctima de un hecho punible”. como quiera que los derechos a la verdad. la Corte había declarado la necesidad de que las víctimas. y (ii) acceso a la información acerca de las circunstancias en que se cometió el delito. que forma parte del derecho “a saber”.
2° y 228) y el carácter bilateral del derecho del derecho a la tutela judicial efectiva.229). desde el comienzo de las indagaciones. a la justicia y a la reparación. es decir. la Corte declaró la constitucionalidad del artículo 8° que consagra el derecho defensa del imputado a partir de que adquiriera tal condición. En efecto. o expediente si existiere. La segunda omisión que se imputa a esta norma. eventos perfectamente compatibles con sus derechos a la verdad. tiene que ver con el carácter precario que la misma adscribe a la garantía de comunicación a las víctimas. sí se recaudan importantes elementos materiales de prueba relacionados con el hecho y la responsabilidad del imputado o acusado. la misma. que mantiene su imperio frente al nuevo modelo de procesamiento criminal. y los presupuestos que permitan sostener una imputación y posteriormente una acusación.29). Aunque en esta fase de indagación e investigación. Es evidente en consecuencia. si se produce sólo al momento en que se produce “su intervención”. para que sea plena. debe producirse desde el momento en que las víctimas entran en contacto con los órganos de investigación. lo que marca un umbral para la protección de los derechos de las víctimas a acceder a las diligencias. A propósito del afirmado carácter bilateral del derecho a la tutela judicial efectiva. observa la Corte que el inciso segundo de la norma acusada señala que “se le informará . 55.no se estructura sobre las etapas rígidas (preliminar y formal) que establecía el sistema anterior. la efectividad de los derechos (Arts. desde sus inicios. . que propugna por un acceso pleno de la víctima a las diligencias. desde el momento en que entren en contacto con las autoridades.a la víctima . Es conveniente señalar que el pronunciamiento anteriormente citado. En el sistema actual se establece una fase de indagación e investigación cuyo propósito es el de recaudar elementos materiales de prueba orientados a establecer la existencia de la conducta punible. 54. que exista un claro interés de las víctimas y perjudicados con la conducta investigada de acceder a la indagación desde sus inicios. La garantía de comunicación de los derechos de las víctimas no se satisface a plenitud. que deberán ser refrendados en la fase del juicio. conviene recordar que la Corte se pronunció sobre el derecho de la defensa a intervenir aún antes de la formulación de imputación60. es aplicable al actual régimen de investigación en tanto que el mismo se basa en postulados como el acceso a la justicia (Art. la defensa en el proceso (Art.13). la igualdad ante los tribunales (Art. y aún antes de que se hubiese formalizado una “intervención” en sentido jurídico – procesal. a efectos de contribuir positivamente al recaudo del material que dará soporte a la imputación y la acusación. no se practican “pruebas” en sentido formal. sin perjuicio del ejercicio de su derecho de defensa en la indagación e investigación anterior a la imputación.sobre las 60 En la sentencia C-799 de 2005.
El derecho a conocer la verdad. que se entendía superada.facultades y derechos que puede ejercer por los perjuicios causados con el injusto. 58. y respecto de todos los derechos ( no solamente la . En cuanto a su contenido sustancial por que restringe. como en su contenido sustancial. o de manera directa en el incidente de reparación integral”. En su ámbito temporal por que la limita al momento en que la víctima “interviene” en el proceso. 56. y que incluso ha sido incorporada en algunas disposiciones de la nueva ley procedimental. pero ha entrado en contacto con las autoridades de investigación. que ha sido construida por la jurisprudencia con apoyo en el derecho y la jurisprudencia internacional. Encuentra así la Corte que las omisiones que se acusan. omite la “garantía de comunicación a la víctima” en lo que concierne a las facultades y poderes procesales que se derivan de su derecho a conocer la verdad y a que se haga justicia. y de la disponibilidad que tiene de formular una pretensión indemnizatoria en el proceso por conducto del fiscal. en efecto plantean un retorno a una concepción de los derechos de las víctimas. sino como expresión de su derecho a una tutela judicial efectiva que exige el establecimiento de mecanismos adecuados para que las víctimas puedan obtener el goce efectivo de sus derechos a la justicia y a la reparación integral. La norma impugnada en efecto. son inconstitucionales en cuanto: (i) La norma excluye de sus consecuencias situaciones fácticas que deberían estar amparadas por el contenido normativo acusado. que incorpora el derecho a saber. en cuanto reduce la garantía de comunicación a la víctima tanto en su ámbito temporal. no solamente como tributo a su dignidad que exige una elemental consideración al incremento del dolor que genera la incertidumbre sobre lo acontecido. como son la aplicación de la garantía de comunicación a fases previas a una “intervención” formal. Las omisiones que se imputan al contenido normativo acusado. Resulta palmario que el legislador reduce la “Garantía de comunicación a las víctimas” a los derechos y facultades que puede ejercer para satisfacer su pretensión indemnizatoria. lo habilita para un acceso pleno a la investigación desde sus inicios. la garantía de comunicación a la pretensión indemnizatoria. Esta manera de concebir la garantía de comunicación a la víctima acerca de sus derechos. excluyendo tal garantía de momentos previos en que la víctima no ha consolidado una intervención formal. es evidentemente reductora de la concepción constitucional de los derechos de las víctimas y perjudicados con los delitos. 57. pero excluida de la norma objeto de revisión.
un desequilibrio en cuanto restringe el alcance de los derechos de las víctimas en el proceso.reparación) de que son titulares las víctimas de los delitos. Esta disección en la concepción de los derechos de las víctimas genera a su vez. en contraste con los derechos de otros actores procesales. se extienda a las prerrogativas y potestades procesales que se derivan de los derechos a la verdad y a la justicia. el momento a partir del cual opera la garantía de comunicación a la víctima y el ámbito de los derechos que ésta garantía cobija. con sacrificio de los derechos de verdad y justicia de que es titular.229). y que la misma debe referirse a los derechos a la verdad. 59. se genera una situación que privilegia de manera injustificada la pretensión indemnizatoria de la víctima. quien está obligado a ajustar la configuración de los derechos de participación e intervención de las víctimas en el proceso penal a los principios de acceso al proceso (Arts. exige que toda la fase de indagación e investigación esté amparada por la garantía de comunicación a las víctimas sobre sus derechos. (iv) Las omisiones acusadas implican el incumplimiento de un deber constitucional del legislador. 229). desvirtuándose así el carácter bilateral del derecho a una tutela judicial efectiva. (iii) Al estar desprovistas tales omisiones de una razón objetiva y suficiente. de la garantía de comunicación que la norma consagra. 2° y 93 de la Carta. en los términos establecidos en esta sentencia. ( ii) No se aprecia una justificación objetiva y suficiente para la exclusión de fases previas a una intervención formal. y que la misma. se realizará desde el momento mismo en que ésta entre en contacto con las autoridades de investigación penal. vale decir. así como a la concepción integral de los derechos de las víctimas derivada de los artículos 1°. los cuales han sido reivindicados por la jurisprudencia de esta Corporación. que la norma fue analizada única y exclusivamente en lo que concierne a los cargos por omisión relativos a los dos aspectos aquí señalados. de todos los actores que participan en el conflicto penal. o de los derechos a la verdad y a la justicia. Por el contrario. Como consecuencia de esta constatación la Corte declarará la constitucionalidad condicionada del artículo 135 de la Ley 906 de 2004. en el entendido que la garantía de comunicación a la víctima de sus derechos. 60. el derecho de acceso a la justicia (Art. Quiere la Corte dejar en claro. sin que la declaración de exequibilidad alcance otros aspectos de la norma que fueron . a la justicia y a la reparación de que es titular.
involucrados en la demanda. para establecer el alcance de esta norma. consistente en la exclusión de los representantes de las víctimas de la posibilidad de solicitar pruebas en la audiencia preparatoria. Durante la audiencia el juez dará la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión. pero respecto de los cuales no se estructuró cargo alguno. dentro del nuevo sistema. De ello se deriva un trato diferenciado. de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código. Estudio de constitucionalidad del artículo 357 de la Ley 906 de 2004 61. . el acto procesal por excelencia para el trámite de las solicitudes de pruebas que habrán de practicarse en el juicio oral. Lo primero que debe precisarse. agotadas las solicitudes probatorias de las partes. El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba. 62. Excepcionalmente. en cuanto la misma disposición contempla la potestad para la fiscalía. se contrae a acusar una omisión legislativa específica. que permitan establecer la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe de esos hechos. El cargo dirigido contra el artículo 357. El demandante considera que dicha omisión vulnera el derecho a la igualdad y de acceso a la justicia. de realizar solicitudes probatorias en el señalado acto procesal. más allá de toda duda razonable. es que la audiencia preparatoria constituye. si el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por éstas que pudiere tener esencial influencia en los resultados del juicio. 63. SOLICITUDES PROBATORIAS. Procede la Corte a transcribir la norma demandada a efecto de determinar el alcance y naturaleza de las omisiones denunciadas: “ARTÍCULO 357. Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso. 61 Con los eventos excepcionalísimos de la prueba anticipada y las facultades también excepcionales que se atribuyen al Ministerio Público en materia probatoria conforme al inciso final del artículo 357. los hechos y circunstancias materia del juicio. solicitará su práctica”. la defensa y aún el ministerio público. que el actor vincula con el contenido normativo de la disposición demandada. Es la oportunidad procesal61para solicitar las pruebas orientadas a llevar al conocimiento del juez.
” . se encuentra en una relación directa con el derecho a probar. Excepcionalmente. El decreto de pruebas solicitadas está condicionado a que éstas se refieran a los hechos de la acusación. está inescindiblemente vinculado con la posibilidad de probar. 62 “Artículos 374. Los medios de prueba a los que pueden acudir “las partes” para acreditar sus pretensiones deben ser lícitos y debidamente aducidos al proceso. 65. salvo lo dispuesto en el inciso final del artículos 357. el derecho a la justicia resulta inconcebible al margen de una posibilidad real de incidir probatoriamente en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades. Esas reglas son: a. De estas reglas surge con claridad que el legislador omitió incluir al representante de las víctimas dentro de las partes o intervinientes con facultad para realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria. “agotadas las solicitudes probatorias de las partes”. se consolida a partir de la determinación de la responsabilidad por el hecho punible. La efectividad del derecho a acceder a la justicia. tal como lo prevé el artículo 37462. de la cual tuviere conocimiento y que pudiere tener esencial influencia en los resultados del juicio. y se adecuen a las reglas de pertinencia y admisibilidad. y se practicará en el momento correspondiente del juicio oral y público.64. cuando se ejerce en el proceso penal. El derecho a conocer la verdad sobre los hechos que entrañan el agravio a la víctima. se constituye en una omisión legislativa de naturaleza inconstitucional. Su carácter excepcional deriva de que se trata de la única solicitud probatoria que puede ser tramitada con posterioridad a la audiencia preparatoria. d. c. b. Oportunidad de pruebas. Corresponde entonces establecer si esa omisión encuentra una justificación constitucionalmente admisible. a la justicia y a la reparación de las víctimas. y el derecho a la reparación. La norma establece las reglas que debe observar el juez respecto de las solicitudes probatorias que se realizan en la audiencia preparatoria. el Ministerio Público podrá solicitar la práctica de una prueba no pedida. en el que se inscriben los derechos a la verdad. Toda prueba deberá ser solicitada o presentada en la audiencia preparatoria. o sí por el contrario como lo afirma el demandante. algunos intervinientes y el Procurador General de la Nación. Se establece una regla general conforme a la cual los únicos actores procesales que pueden solicitar pruebas en esta audiencia son el fiscal y la defensa.
que se exija que en esa diligencia deba estar asistida por un profesional del derecho o estudiante de consultorio jurídico (Art. 68. La interdependencia de estos derechos conlleva a que el derecho a aportar y solicitar pruebas en torno al hecho mismo. Art. Resulta inane que se contemple la posibilidad de asistencia de los representantes de las víctimas a la audiencia preparatoria (Art. son muy distintos a los intereses que agencia el representante de las víctimas. encuentra la Corte que efectivamente la norma demandada incurre en una omisión trascendente para el derecho de acceso de la víctima a la justicia (Art. a la justicia y a la reparación. la determinación de los autores o partícipes. las circunstancias. 109 CPP ). y la magnitud del daño.6 CP). de manera injustificada.229 CP). y paralelamente se le excluya de la posibilidad de realizar solicitudes probatorias. La inconstitucionalidad de la omisión que se acusa deriva de la concurrencia de los siguientes presupuestos: . 69. y que pudiere tener esencial incidencia en los resultados del juicio. La naturaleza bilateral del derecho a la tutela judicial efectiva. Así las cosas.66.3 CPP). 67. con la facultad excepcional que el inciso final de la disposición acusada confiere al Ministerio Público para solicitar. en una posición de desventaja en relación con otros actores e intervinientes procesales. a que se haga justicia en su caso. 70. y la coloca. opta por agenciar por su cuenta ( a través de su representante) sus intereses dentro del proceso penal. en el juicio. tal como lo establece la norma demandada. 250. la práctica de una prueba no solicitada en la audiencia preparatoria. en cuanto obstruye sus posibilidades de efectiva realización de sus derechos a la verdad. el patrimonio público. o los derechos y garantías fundamentales. Los intereses que defiende el Ministerio Público en el proceso penal (el orden jurídico. y a obtener reparación. No pretende desconocer la Corte las especificidades del nuevo sistema en el que se asignan a la Fiscalía unas competencias que propugnan por el restablecimiento del derecho y la reparación integral de la víctima (Art. sin embargo ellas no tienen la virtualidad de desplazar a la víctima. se constituya en un presupuesto inexcusable del derecho de las víctimas a acceder efectivamente a la justicia. englobados en los derechos a conocer la verdad. cuando en un ejercicio soberano de su derecho de acceso a la justicia. impone que se reconozcan a la víctima garantías de acceso a la justicia similares a las que se reconocen al imputado o acusado. 137. Tampoco se suple la exclusión de los representantes de las víctimas de la posibilidad de efectuar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria. 355 CPP).
formulen solicitudes probatorias. particularmente entre víctima y acusado. No se vislumbra una razón objetiva y suficiente que justifique la exclusión del representante de las víctimas de la posibilidad de ejercer el derecho a formular solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria. (ii) (iii) (iv) Por las consideraciones expuestas la Corte declarará la constitucionalidad condicionada del artículo 357 de la Ley 906 de 2004. al que se le deben garantizar todos los derechos que la Constitución le reconoce. y aún el ministerio público. en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía. (Art. en una fase posterior. En efecto. particularmente en la audiencia preparatoria. en concordancia con los artículos 29. con sus derivados de acceso a la verdad. La omisión entraña el incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una verdadera “intervención” de la víctima en el proceso penal. en el entendido que los representantes de las víctimas. debería subsumirse dentro de ese presupuesto fáctico.229 CP). administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. Por carecer de una razón objetiva y suficiente. .6 de la Carta. pueden hacer solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria. en los términos que se lo impone el artículo 250. la Sala Plena de la Corte Constitucional. a la justicia y a la reparación. VII. El modelo procesal que la ley configura considera a la víctima como un “interviniente” (Título IV). 229 de la misma. como son el derecho a acceder a la justicia. la defensa. se excluye al representante de las víctimas de esa misma posibilidad. DECISIÓN Con fundamento en las precedentes motivaciones.(i) La norma efectivamente incurre en una omisión que excluye de su presupuesto fáctico a un sujeto que por encontrarse en una situación asimilable a los que la norma contempla. mientras se prevé la posibilidad de que la fiscalía. la omisión genera una desigualdad injustificada entre los diferentes actores del proceso. a quienes cobija por igual una concepción bilateral del derecho a la tutela judicial efectiva. a los que se integra de manera inescindible el derecho a probar.
el artículo 135 de la Ley 906 de 2004. 133. pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria. 136 y 137 de la Ley 906 de 2004. 132. Tercero: Declarar EXEQUIBLE. en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía. en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades. en relación con los cargos estudiados. notifíquese. Cópiese. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. 134. por ineptitud sustantiva de la demanda. en el entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal. comuníquese. la justicia y la reparación.RESUELVE: Primero: Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre los artículos 11. y se refiere a los derechos a la verdad. Segundo: Declarar EXEQUIBLE. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Presidente JAIME ARAÚJO RENTERÍA Magistrado ALFREDO BELTRÁN SIERRA Magistrado MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Magistrado RODRIGO ESCOBAR GIL . en relación con los cargos estudiados. cúmplase y archívese el expediente. el artículo 357 de la Ley 906 de 2004.
Magistrado AUSENTE EN COMISION MARCO GERARDO MONROY CABRA Magistrado HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO Magistrado ALVARO TAFUR GALVIS Magistrado CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ Magistrada AUSENTE EN COMISION MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General .
79.. CONSIDERANDO: Primero. manifiesta que su condición es la de un ciudadano. y para corroborar su información adjunta fotocopia de su cédula de ciudadanía No. en el capítulo IV relativo a las intervenciones se reseñó lo siguiente: “5. RESUELVE: CORREGIR la sentencia C-454 de 2006 en el sentido que la Corte en el capítulo IV. 10) de la mencionada sentencia.808 de Bogotá . seis (6) de septiembre de dos mil seis (2006). Que en la Sentencia C. Nayid Abú Fager Sáenz. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO . Magistrado Ponente: Dr. 5 (Fol. identificado con la cédula de ciudadanía No.79. del género masculino. Tercero.De la ciudadana Nayid Abú Pager Sáenz.808 de Bogotá.454 de junio 7 de 2006. Para esta interviniente (…)” . notifíquese y cúmplase.Auto 248/06 Referencia: expediente D-5978 Corrección de la Sentencia C-454 del 7 de Junio de 2006. D. proferida por la Sala Plena de esta Corporación. Que mediante escrito radicado en agosto 25 de 2006. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Bogotá.965. Comuníquese. Segundo.965. se refiere a la intervención del ciudadano Nayid Abú Fager Sáenz. Que se hace necesario corregir la advertida imprecisión. La Sala Plena de la Corte.C. cuyo nombre es Nayid Abú Fager Sáenz.
Presidente JAIME ARAÚJO RENTERÍA Magistrado MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Magistrado RODRIGO ESCOBAR GIL Magistrado MARCO GERARDO MONROY CABRA Magistrado NILSON PINILLA PINILLA Magistrado HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO Magistrado ALVARO TAFUR GALVIS Magistrado CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ Magistrada MARTA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General .
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