Source: http://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/Reformas/63/Energetica/20140623.html
Timestamp: 2017-09-24 06:49:43+00:00

Document:
Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía, llevada a cabo el lunes 23 de junio de 2014
Exposición del subsecretario Miguel Messmacher Linartas
Juan Isidro del Bosque Márquez
El presidente diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Compañeras y compañeros diputados. Saludo al diputado Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión de Energía.
Esta Presidencia informa que debido a que la reunión de Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía, celebrada el pasado 16 de junio del presente año fue declarada como Permanente, se levanta el receso y se continúa con la misma.
Para dar cumplimiento al acuerdo de las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía, por el que se fija el método de las reuniones de trabajo para el análisis y dictamen de la iniciativa en materia energética y el correspondiente programa de trabajo, se da inicio a la presente reunión.
–A ver, a los asesores de los compañeros diputados, les pido por favor guardar silencio.
Buenos días, doctor Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sea también bienvenido el señor procurador fiscal de la federación, el doctor Javier Laynez.
Como es de todo sabido, el 30 de abril el titular del Poder Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión nueve iniciativas con proyecto de decreto, que comprenden modificaciones a 12 ordenamientos jurídicos y a la expedición de nueve leyes para reglamentar la reforma constitucional en materia energética, aprobada en diciembre de 2013.
La reforma energética da pie a una profunda transformación del sector energético e implica a su vez un cambio en el manejo y administración de los ingresos petroleros del sector público y un cambio en las relaciones y controles que mantiene el gobierno con sus empresas estatales en el sector, ya que está relacionada con las contribuciones e impuestos.
Se destaca la importancia de la riqueza generada por el aprovechamiento de los recursos naturales; se administra eficientemente, por lo que el Poder Constituyente dispuso la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, teniendo como funciones principales el servir como medio de recepción y ejecución de los pagos en los contratos y las asignaciones para la exploración y extracción de los hidrocarburos, así como administrar los ingresos del Estado mexicano provenientes de la explotación de hidrocarburos y canalizarlos a los destinos previstos por la propia Constitución.
La integración, funcionamiento y operación de este fondo se establecerá a través de un nuevo ordenamiento en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
Tres de estas iniciativas –por su naturaleza fiscal y presupuestaria– fueron turnadas para iniciar su proceso legislativo en la Cámara de Diputados como Cámara de origen. Tal es el caso de los proyectos de decreto que expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y las reformas a diversas disposiciones a las leyes federales de Derechos y de Coordinación Fiscal, que expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, turnadas a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Energía, y la que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, turnada a estas comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía.
Dentro de este bloque de proyectos se proponen modificaciones que por su impacto financiero requieren de una atención especial y seguimiento puntual, como es el tema del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y el destino a que los recursos de dicho fondo se dará.
Hoy nos corresponde analizar y debatir en la iniciativa de modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Cuenta Pública los siguientes aspectos:
Primero. El destino de los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo;
Segundo. El destino de los recursos del Fondo en caso de reducción significativa de los ingresos petroleros.
Tercero. La regularización del régimen presupuestario de las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias.
Cuarto. Las adecuaciones presupuestarias, y;
Quinto. Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.
Por lo que respecta a las modificaciones de la Ley Federal de Deuda se relaciona; primero, con los sujetos de la ley, adecuar el artículo 1o., con el fin de precisar que los financiamientos de las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias constituyen deuda pública. Y segundo, los montos de endeudamiento, esclarecer en el artículo 9o., que el nivel de endeudamiento público de un ejercicio fiscal no sea mayor a la suma del gasto de los programas y proyectos de inversión del gobierno federal, de las entidades paraestatales, así como de las empresas productivas del Estado.
Reconociendo la importancia y trascendencia de las reformas antes mencionadas, y para garantizar que el análisis de las iniciativas se desarrolle con la más amplia publicidad y transparencia, hemos invitado a altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que nos expliquen el contenido y alcance de la iniciativa y se dé respuesta a los planteamientos de las señoras y señores legisladores, integrantes de estas Comisiones Unidas.
Me permito presentar a ustedes a nuestros invitados. El doctor Miguel Messmacher Linartas, nació el 14 de enero de 1972. Estudió economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y posee un doctorado en Economía de la Universidad de Harvard. Fue nombrado subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 6 de diciembre de 2012.
Previamente ocupó los puestos de titular de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda Pública. Coordinador de asesores del subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Director de la Oficina de Relaciones con Inversionistas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Economista en el Instituto del Fondo Monetario Institucional e investigador económico de la Dirección General de Investigación Económica del Banco de México.
Asimismo, ha sido profesor de Macroeconomía Avanzada en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con varias publicaciones sobre temas de Macroeconomía.
El doctor Javier Lainez es originario de Torreón, Coahuila, licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana. Tiene maestría en Administración Fiscal y en Derecho Público por la Universidad de París, en donde también obtuvo doctorado en Derecho Público con mención honorífica.
Profesionalmente ha dedicado toda su carrera a la administración pública. Comenzando como abogado hacendario en la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la cual hoy es titular.
A lo largo de su carrera se ha desempeñado en distintos cargos y sectores, tales como director de Legislación y Normatividad de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto. Director de Normatividad en la Secretaría de Educación Pública. Consejero jurídico adjunto del Ejecutivo Federal, cargo que desempeñó durante más de 10 años.
Subprocurador jurídico de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República. Y como ya se mencionó, procurador fiscal de la federación desde el 2008 y ratificado por el presidente Enrique Peña Nieto en el 2012.
Como docente, ha sido catedrático en universidades de alto prestigio en el país, como la propia Universidad Regiomontana, el Colegio de México y el CIDE, donde actualmente imparte Derecho Administrativo a nivel licenciatura y maestría.
El presidente diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Siguiendo el orden del día, cedo la palabra, hasta por 10 minutos, al doctor Miguel Messmacher Linartas.
El subsecretario Miguel Messmacher Linartas: Muchísimas gracias, presidente. De nuevo, quisiera yo empezar agradeciendo la oportunidad de estar aquí con ustedes para revisar los distintos componentes de la iniciativa que se ha presentado y parte de la cual se ha turnado aquí, a la Cámara de Diputados, como corresponde, siendo temas de origen fiscal.
Ya en algunas reuniones anteriores platicamos de algunos otros temas de la iniciativa. Aquí me voy a estar enfocando en una breve introducción, pero obviamente, después, buscando atender cualquier duda y reflexión, en los temas estrictamente presupuestarios y de deuda pública.
Entonces, si nos permiten, señor presidente, pasaríamos a ver, rápidamente, una presentación. Si pasamos a la primer lámina. La primer lámina básicamente describe las nuevas disposiciones que van a estar siendo, desde el punto de vista de las empresas productivas del Estado, en el ámbito presupuestario. Donde como ustedes saben ya, desde la reforma constitucional que se aprueba se les está dando autonomía presupuestaria a las empresas productivas del Estado, en particular a Pemex y a CFE.
¿Qué implica eso? Que la Ley Federal de Presupuesto entonces se modifica, se crea un capítulo especial en la Ley Federal de Presupuesto para las empresas productivas del Estado y se establece que Pemex y CFE no van a estar necesitando aprobación de la Secretaría de Hacienda para conformar ni para ajustar su presupuesto. Solamente van a estar sujetos a dos restricciones: una meta de balance financiero y un techo de servicios personales que le propondrá la Secretaría de Hacienda al Congreso como parte de la Ley de Ingresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos de la Federación y donde el Congreso de la Unión decidirá si aprueba o no con las modificaciones que sean conducentes.
Eso tiene las implicaciones siguientes. En primer lugar, en la medida en que Pemex y que CFE o cualquier empresa productiva del Estado tenga ingresos excedentes, podrán gastarlo. Eso obviamente no va estar modificando su balance financiero, si tienen mayores ingresos pueden hacer un gasto equivalente a ese monto manteniendo exactamente el mismo balance financiero que les haya aprobado el Congreso de la Unión.
Van a poder asignar los recursos a los proyectos prioritarios que elijan sus consejos de administración, podrán hacer todas las reasignaciones que se requieran, podrán hacer reasignaciones de gasto entre todos los proyectos que gusten sin necesidad de ninguna aprobación por parte de la Secretaría de Hacienda y podrán también establecer condiciones de remuneraciones que les permitan estar compitiendo dentro de este ámbito de mayor competencia y participación de distintos agentes en el sector energético.
¿Cómo funcionará el proceso presupuestario? Desde el punto de vista de endeudamiento Pemex y CFE, después de la aprobación de su consejo de administración, harán una propuesta global de financiamiento –desde el punto de vista de deuda-, ése se enviará como parte de la Ley de Ingresos de la Federación al Congreso y el Congreso será quien tome la decisión de si lo aprueba o no con las modificaciones conducentes.
Al inicio de cada año –es la parte donde habrá interacción con la Secretaría de Hacienda al inicio del año- la Secretaría de Hacienda y las empresas productivas del Estado se sentarán en igualdad de condiciones bajo un proceso de coordinación, bajo las cuales van a establecer un calendario de financiamiento para el año y donde obviamente en la medida que se respete ese calendario que se haya establecido al inicio del año, no van a requerir ninguna autorización adicional por parte de la Secretaría de Hacienda, y donde esta coordinación sí es importante para que estemos asegurando que se salga a los mercados y a colocar bonos de una manera ordenada que no esté generando volatilidad en los mercados financieros ni presionando las tasas de interese en algunos mercados particulares. Es un elemento básico de coordinación lo que se está manteniendo desde el punto de vista de endeudamiento.
Las únicas dos autorizaciones o dos tipos de autorizaciones que pudiesen llegar a necesitar de la Secretaría de Hacienda ya en el ejercicio, en la ejecución de los recursos, es solamente si Pemex o CFE se quisieran desviar de la meta de balance financiero que les aprobó el Congreso. Siempre y cuando vayan a respetar esa meta de balance financiero que les estableció el Congreso, no necesitan absolutamente ninguna autorización por parte de la Secretaría de Hacienda para hacer los ajustes que consideren convenientes.
Es solamente si porque por ejemplo tuvieron un choque y alguna de las empresas va a tener ingresos más bajos, eso alteraría su meta de balance financiero. Solamente en esos casos es que se requeriría una autorización de Hacienda, siempre y cuando respeten el balance financiero y el techo de servicios personales que les apruebe el Congreso de la Unión, no van a necesitar autorización de Hacienda para hacer ningún tipo de ajuste presupuestario.
Desde el punto de vista de financiamiento, como mencionaba, se habrá acordado un calendario de financiamiento al inicio del año. Siempre y cuando se respete ese calendario de financiamiento que se estableció al inicio del año, no necesitan autorización de Hacienda para nada; solamente si quisieran desviarse de ese calendario acordado al inicio del año, requerirían de avisar a la Secretaría de Hacienda, la cual no va a poder vetar la operación, simplemente podría pedir que se retrasara un poco y donde además hay una afirmativa Ficta de 10 días. Es decir, si la Secretaría de Hacienda a los 10 días no ha dado respuesta, entonces la empresa productiva del Estado puede ir adelante con la operación financiera.
Pasando ahora a la decisión sobre los dividendos, que es un tema presupuestario relevante y ya la manera en que los distintos ingresos de las empresas van a estar entrando al Presupuesto.
Como ustedes saben, por primera vez se establece o se está proponiendo establecer la figura de dividendo estatal que de hecho es una figura que típicamente se utiliza en otros países para las empresas productivas del Estado. Se les cobra menos impuestos, se deja una mayor cantidad de recursos en las empresas y se mantiene la posibilidad de que se cobre después un dividendo estatal.
Hoy en la práctica el régimen de derechos en automático funciona como si todo los años, sin ningún tipo de discusión, Pemex nos estuviera teniendo que pagar un dividendo en automático. Es decir, nuestro régimen actual de derechos implica que no hay ninguna discusión de si tiene sentido estar reinvirtiendo más recursos en Pemex o no, y lo que se está buscando con la propuesta es que Pemex pague menos impuestos, le queden más recursos disponibles, y entonces haya una decisión de si tiene sentido reinvertir esos recursos o no.
El proceso que se está proponiendo para la determinación de ese dividendo es que el Consejo de Administración de la empresa productiva del Estado, esto va a aplicar tanto a CFE como a Pemex, aporta información sobre la rentabilidad de su inversión al gobierno federal.
En base a esa información, el gobierno federal hace un comparativo entre los posibles proyectos de inversión que hay en la empresa productiva del Estado con otros posibles usos para esos recursos, por ejemplo, inversión en infraestructura hace un comparativo de la rentabilidad social entre ambos, y en base a eso se determina una propuesta de dividendo, eso se incluiría en la Ley de Ingresos de la Federación porque esto va a ser un ingreso del gobierno federal, se incluye en la Ley de Ingresos de la Federación y ya después se aprueba por el Congreso de la Unión con las modificaciones que estime pertinentes.
Pasando ahora al resto de los ingresos distintos al dividendo. Como ustedes saben, el Fondo Mexicano del Petróleo debe de estar transfiriendo 4.7 por ciento del PIB para el presupuesto de cada año.
¿Cuál es la idea y cómo se va a estar determinando esas transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo? De lado izquierdo hay una columna de cuáles son las fuentes de ingresos petroleros. Bajo el nuevo régimen fiscal vamos a tener un ISR que van a estar pagando las empresas que estén participando en el sector, hoy en día no existe la figura del ISR para las empresas. Ese ISR, Pemex no paga; Pemex-Exploración y Producción, por ejemplo no paga impuesto sobre la renta, nos estamos moviendo hacia un régimen donde vayamos a tener impuesto sobre la renta, ése se le va a pagar directamente a la Tesorería no va al Fondo Mexicano del Petróleo.
Pero, si bien no va al Fondo Mexicano del Petróleo porque es un impuesto, la lógica es que de todas maneras eso entre en la cuenta para determinar el 4.7 por ciento del PIB. Entonces, desde el punto de vista de ingresos vamos a tener un ISR petrolero y después los ingresos de contraprestaciones por contratos y los derechos petroleros, eso sí todos pasan por el Fondo Mexicano del Petróleo.
Esos, ambos, se van a sumar para determinar el total de ingresos petroleros. Todo el ISR petrolero va a contar para el 4.7 por ciento del PIB, lo que falte para llegar al 4.7 por ciento del PIB es lo que va a tener que venir del Fondo Mexicano del Petróleo y lo que esté por arriba del 4.7 por ciento del PIB se va a quedar para el ahorro de largo plazo en el Fondo Mexicano del Petróleo.
Entonces, aquí realmente lo importante es que si bien el ISR petrolero va a entrar a Tesofe, no al fondo, sí se va a estar tomando en cuenta para determinar y llegar y al 4.7 por ciento del PIB y el fondo va a tener que transferir sólo lo que falte por arriba de lo que ya va a estar entrando por el lado de ISR petrolero.
Hay varios destinos específicos que hoy en día existen asociados a los derechos petroleros y esos están establecidos ya sea en disposiciones de derechos o en la Ley Federal de Presupuesto. Aquí lo que se está proponiendo es que se modifique cómo se calculan estos destinos específicos.
Un problema que tenemos hoy es que, como muchos de esos destinos específicos dependen de derechos que van a perder su viabilidad bajo el nuevo régimen fiscal y que además son muy variables por la volatilidad de precios o de producción, lo que se está proponiendo es que, como todos los años se va a estar recibiendo un 4.7 por ciento del PIB como transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo, entonces que estos derechos específicos pasen a ser calculados como un porcentaje de ése 4.7 por ciento del PIB.
Todos los cálculos de los porcentajes de ingresos es básicamente para mantener montos similares para todos estos destinos específicos que incluyen recursos que van a la Auditoría Superior de la Federación, a Ciencia y Tecnología, a Fondos de Estabilización y a las entidades federativas en general, y también a entidades federativas y municipios con actividad petrolera.
Pasando al tema de recursos que reciben las entidades federativas, de hecho en la propuesta se está proponiendo incrementar ligeramente el Fex y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, que son recursos que reciben los estados, donde hay actividad petrolera.
Históricamente ese fondo ha sido equivalente a punto 5 por ciento de los ingresos petroleros; se está proponiendo que se incremente a punto 65 por ciento de los ingresos petroleros, es decir, un incremento de 30 por ciento.
Las participaciones se están calculando para que se mantengan iguales con respecto al régimen de derechos y de hecho se está proponiendo un coeficiente algo más alto para el régimen de contratos.
Históricamente lo que hemos visto es que si sumamos todos los derechos petroleros que se pagan y cuánto de eso entra en la recaudación federal participable, es solamente equivalente a 73 por ciento. Nunca ha sido del 100 por ciento.
Con respecto a los derechos vinculados a Asignaciones, se está manteniendo el mismo porcentaje y de hecho para los contratos se está proponiendo un porcentaje incluso más alto.
Entonces la ida es que las entidades federativas estén recibiendo exactamente las mismas participaciones vinculados a los derechos por asignaciones y que de hecho reciben un poco más en los ingresos vinculados a derechos, entonces de hecho se está protegiendo y se están asegurando los recursos para las entidades federativas.
En el caso del Feyef, ese, hay un derecho que va al Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas. Hoy en día como funciona es que ese derecho va en ceros en el Presupuesto de Egresos de la Federación. ¿Por qué? Porque depende y solamente se materializa cuando el precio del petróleo está por arriba del precio del Presupuesto.
Se está modificando también esa asignación y se está proponiendo ya que de saque vaya una cantidad de recursos destinados al Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas, lo cual va a asegurar que todos los años ya con certidumbre las entidades federativas estén recibiendo un monto de recursos para su Fondo de Estabilización. Entonces ese es un cambio también bastante importante.
Pasando a los últimos cambios que se establecen en la iniciativa con respecto a los fondos de estabilización, esos son los fondos que ya existen y que son distintos al Fondo Mexicano del Petróleo.
Se está proponiendo que en primer lugar cambie la distribución de los ingresos excedentes, eso aplica tanto a los excedentes petroleros como tributarios que entran a los fondos de estabilización y que el fondo del gobierno federal ahora reciba 65 por ciento de los ingresos excedentes, el de los estados se mantiene en, el Fondo de Estabilización de los Estados se mantiene en 25 por ciento y los estados siguen pudiendo destinar 10 por ciento de los excedentes a su inversión.
Y por otro lados se está proponiendo que una vez que se llenen esos fondos de estabilización los recursos que fueron al fondo del gobierno federal se puedan destinar a amortizar pasivos o a inversión en infraestructura y en el caso de los estados cuando se llene su fondo de estabilización que los recursos se puedan destinar también a reportar sus sistemas de pensiones o a disminuir pasivos de los gobiernos estatales.
Y el último cambio principal es que se está proponiendo que esos mismos fondos de estabilización se incrementen de manera importante.
Si ustedes recuerdan en 2009 de hecho tuvimos una crisis económica profunda, vinculado a la crisis financiera internacional; se hizo uso de los fondos de estabilización pero los recursos en los fondos de estabilización no fueron suficientes para hacerle frente a una crisis de esa magnitud y es en ese contexto que se está proponiendo incrementar el monto de los fondos de estabilización donde poco más que se duplicaría el Fondo de Estabilización de los Estados con un incremento de 44 mil millones de pesos a 100 mil millones de pesos y el del gobierno federal de 88 mil millones de pesos a 200 mil millones de pesos.
Un cambio adicional que se hace es que hoy en día esos fondos solamente se calculaban en base a la plataforma de exportación y a los ingresos petroleros, lo cual consideramos que es incorrecto porque a los fondos le entran tanto excedentes petroleros como tributarios y nos sirve para compensar caídas tanto de ingresos petroleros como de ingresos tributarios y en ese sentido se está proponiendo que los cálculos de estos límites nuevos ya más bien sean en función de la suma de ingresos tributarios y de ingresos petroleros, dado que le entran recursos de las dos fuentes y se pueden utilizar para cubrir faltantes de esas dos fuentes también.
Estos son los que consideramos los elementos principales de la reforma desde el punto de vista de la Ley Federal de Presupuesto y la Ley General de Deuda y estamos a su disposición para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias.
El presidente diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Muchas gracias, señor subsecretario. También debo darle la bienvenida al licenciado Alfredo Mier y Terán López Sánchez, director general adjunto de Análisis de Políticas Públicas, en representación del doctor Ernesto Revilla. Sea usted bienvenido, licenciado.
El presidente diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Tenemos para esta ronda cuatro diputados y le doy el uso de la palabra a la diputada Norma Ponce Orozco, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Norma Ponce Orozco: Muy buenos días a todos. Gracias, diputado presidente. Bienvenido, doctor Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de Ingresos de la secretaría de hacienda.
Desde el comienzo de esta legislatura se emprendió una agenda de reformas que buscan la transformación política y económica del país. Así fue la ya aprobada reforma fiscal que pretende disipar la dependencia petrolera de las finanzas públicas.
Las diversas iniciativas en materia energética mantienen el espíritu transformador y contemplan cambios significativos a los límites máximos de los fondos de estabilización, es decir, a los límites del fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas y del fondo de estabilización de los ingresos petroleros.
Asimismo, se propone cambiar el método de cálculo de estos límites, desvinculando su cálculo del valor de la plataforma petrolera y estableciendo ahora como referencia los ingresos petroleros y tributarios.
Lo anterior no es un tema menor, ya que estos fondos históricamente han servido para responder ante choques adversos a las finanzas públicas. A qué obedece este cambio en el método de cálculo de los límites y, más relevante aún, qué implican estos cambios en los límites en términos monetarios. Agradecería mucho su respuesta.
El presidente diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Muchas gracias, diputada.
El presidente diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Le doy el uso de la palabra al diputado Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Muy buenos días, compañeras y compañeros. Señor subsecretario, procurador fiscal, bienvenidos.
Quiero pedirles sus comentarios sobre cuatro aspectos primordiales que se amplían en las preguntas que les vamos a entregar por escrito. El primer tema, que es el riesgo de un desfalco con el nuevo modelo de captura de la renta petrolera.
El nuevo modelo de captura de la renta petrolera que ustedes proponen se supone que busca ser innovador o pretende ser innovador, con un régimen fiscal –eso es lo que proponen– a favor de las empresas contratistas y sobre todo con flexibilidad para cada tipo de inversión.
Pero advertimos que eso implica riesgos graves y vinculados entre sí. Destaca la discrecionalidad de la secretaría de hacienda en las definiciones contractuales. El peligro de la corrupción y el hecho de que las empresas petroleras van a buscar todos los mecanismos legales o no para obtener ventajas sobre la renta petrolera. Por ejemplo, si las empresas logran inflar un costo, ampliar una deducción, si evaden responsabilidades ambientales y sociales o si los contratos quedan con lagunas, ganarían dinero adicional, ya sea en la operación de los contratos o recurriendo a juicios internacionales.
Advertimos que la flexibilidad del modelo puede llevar al país a un período de grandes desfalcos. Esas empresas vienen por negocios multimillonarios y tienen la capacidad... para concretar lo que ustedes han dicho y lo que usted ha dicho aquí, que es lograr que las empresas no tengan manera de quedarse con la renta petrolera.
Queremos saber si están dispuestos a reducir los riesgos de corrupción, los márgenes de discrecionalidad, proteger el interés del Estado e inhibir los peligros que implica la flexibilización.
El segundo tema es desde el punto de vista fiscal y de las entidades federativas. Con la propuesta el origen de los ingresos serían dos, cada uno con un beneficio distinto para el país y obligaciones diferentes entre Pemex y las empresas contratistas, por una parte tendríamos los contratos suscritos por las empresas, lo que incluye el pago de contraprestaciones y el impuesto sobre la renta; y, por otra parte, las asignaciones que tendrán temporalmente Pemex y CFE, lo que incluiría impuestos y destaco derechos.
El gobierno federal ofrece que en este esquema las entidades federativas no se verán afectadas. Nosotros tenemos importantes dudas y reservas. Para decirlo con precisión, la recaudación federal participable está en riesgo y ustedes no están presentando cifras ni calículos detallados que generen certeza.
Los diputados debemos poner atención en un hecho clave, las empresas petroleras no van a pagar la parte de los ingresos que se conforma con los derechos. Eso incluye el derecho ordinario sobre hidrocarburos, el derecho especial sobre hidrocarburos o el derecho adicional sobre hidrocarburos. Esto significa que habrá menos recursos disponibles y que la recaudación federal participable puede ir a la baja, si consideramos que un tercio del RFP es de origen petrolero.
Además Pemex tiene todos los incentivos para migrar sus asignaciones a contratos a partir del 2015, por lo cual en el corto plazo dejará de pagar los derechos que hoy paga. Así, el peligro que corre la recaudación federal participable, por el hecho concreto de que los contratistas de entrada pagaran menos que Pemex, se incrementará cuando Pemex deje el modelo de asignación para migrar a contratos de un plazo breve.
Por si fuera poco, la exposición de motivos señala que los ingresos por contratos petroleros no son contribuciones y proponen establecer un coeficiente para que estos ingresos sean participables en un 79.73 por ciento y, con ello, se minimice el impacto sobre el monto que se transfiere a las entidades federativas.
Es decir, existe un diseño intencional para que la federación no pierda recursos y que, si algo sale mal, quienes pierdan sean las entidades. Nosotros no coincidimos con ese impacto para las entidades federativas.
Les preguntamos: ¿Por qué no plantear un esquema gradual, en el que el impacto a las entidades disminuya y la recaudación federal participable se vea fortalecida? De dónde sacaron la brillante idea de que las entidades sean afectadas por este factor del 79.73 por ciento y cómo lo estimaron.
Invitamos a todos los diputados a reflexionar por qué si los impuestos son participables al 100 por ciento entonces el impuesto sobre la renta de los contratos petroleros no lo deben ser, por qué no evolucionar gradualmente para hacerlo participable, por qué no mejorar –y a los señores del gobierno les planteamos– la Ley de Coordinación Fiscal ante este riesgo.
¿Estarían de acuerdo, señor subsecretario? Estarían de acuerdo en incorporar un esquema de compensación para garantizar que si la recaudación federal participable fuera menor a la del ejercicio actual, entonces fuera garantizada por la federación.
Pero para avanzar con claridad en este tema es indispensable ver las cifras y los cálculos detallados. Consideramos que quien debe presentar una opinión es el Indepec, su naturaleza y objeto es precisamente el que estamos señalando. Y les proponemos a todos hacer la consulta antes de tomar una decisión que pudiera ser contraproducente.
Por otra parte, al analizar el destino de los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo se ignora la proporcionalidad del reparto respecto del crecimiento del PIB.
De acuerdo con la propuesta de ustedes, señor subsecretario, habrá un incremento de por lo menos un punto del PIB. Eso significa en términos nominales 164 mil millones de pesos adicionales.
La pregunta es, si ante las carencias en el desarrollo de las entidades, en especial la necesidad de infraestructura de gran impacto, ¿es correcto que a los estados y municipios les digamos que aunque el país tenga un incremento del PIB ellos tendrán el gran beneficio de quedarse exactamente igual? ¿Acaso la reforma no debe tener elementos redistributivos? Nosotros sostenemos que este es el momento de incluir un esquema para detonar la inversión en infraestructura en los estados y municipios con menor índice de desarrollo.
¿Están ustedes dispuestos a revisar la propuesta para ampliar la inversión en las zonas de mayores carencias, o van a decir que otra vez el desarrollo de infraestructura y condiciones de competencia en las zonas más rezagadas tienen que volver a quedar postergado?
El tercer tema es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y lo relativo a los pasivos de las pensiones estatales. Ustedes reformulan el fondo de estabilización, que se fija como un porcentaje de los ingresos petroleros con un nuevo factor del 0.0064. Pero lo importante no es que el techo del fondo sea superior, lo importante es que el fondo se acumule y en efecto existan recursos disponibles.
Nos queda duda sobre este tema. ¿Cuán es la estimación de los recursos transferidos a este fondo? ¿Conforme a cuál calendario se alimentará el fondo de estabilización?
Por otra parte, la propuesta de ustedes de Ley Federal de Presupuesto señala que los recursos excedentes se destinarán a la amortización de pasivos –luego viene una– y al fondeo de sistemas de pensiones de las entidades federativas. Amortización de pasivos y al Fondo del Sistema de Pensiones de las Entidades Federativas.
La redacción debe ser más clara, señor subsecretario, para especificar que se refiere a pasivos de origen estatal y señalar que una condición del fondeo de los sistemas de pensiones es su reestructuración. De lo contrario, puede darse el caso que usted muy bien conoce, como ocurrió con el FART, ese famoso fondo para las reestructuraciones de las pensiones de las entidades federativas, que se ocupó para muchas cosas, para cualquier cosa, pero menos para lo que estaba destinado.
El recurso del FART fue utilizado por la Secretaría de Hacienda para cubrir pasivos ajenos a los de las entidades. Y también sería equivocado asignar por iguales recursos a las entidades que no han reestructurado sus sistemas de pensiones, que a las entidades que sí lo han hecho.
¿Estarían de acuerdo en una modificación que especifique el destino del fondo de estabilización a pasivos estatales, y al fondeo de la reestructuración del sistema de pensiones?
El último tema. El cuarto tema es la incongruencia entre los requerimientos ambientales y de desarrollo tecnológico y los límites de los recursos que el gobierno propone en su proyecto. Existe el riesgo de tener una simulación y caer en actos de demagogia legislativa.
La propuesta de ustedes para la Ley Federal de Presupuesto establece un límite de cinco mil millones de pesos para la ciencia, el desarrollo de recursos humanos y el cumplimiento de los compromisos ambientales.
¿Realmente –usted que es un gran conocedor, subsecretario– considera que ese límite es correcto? Si el gobierno no invertirá los recursos necesarios y tampoco el sector privado realizará contribuciones específicas que sirvan para financiera ciencia y tecnología; entonces, ¿cómo se va a financiar el desarrollo?
Aun asumiendo que existiera un problema para el uso eficiente de los recursos destinados a ciencia, ¿por qué razón se limita el recurso, en vez de pensar en nuevas reglas que hagan más eficiente el uso y la aplicación de los montos asignados?
De acuerdo con la Estrategia Nacional de Energía, que aprobó el Congreso a propuesta del Ejecutivo, México está comprometido a que el 35 por ciento de la energía emigre a energías limpias. Eso significa un costo muy importante. Se trata de dejar de usar combustibles fósiles para generar electricidad. Es un problema enorme y destinarle solo mil millones de pesos es ridículo.
¿Con cuánto considera usted que se pueda utilizar para cumplir con la transición energética? Ese monto se cumple con mil millones de pesos al año. En conclusión, señor subsecretario y funcionarios de la Secretaría de Hacienda, la propuesta de ustedes no parece sólida en términos de evitar que una parte de la renta petrolera termina en manos privadas. A pesar de lo que usted y otros funcionarios han afirmado, la discrecionalidad y la flexibilidad pueden generar nuevos y graves casos de corrupción a favor de las empresas extranjeras que pueden desfalcar al país.
La formulación de dos esquemas fiscales para Pemex y los nuevos contratistas pueden significar un riesgo para la recaudación federal participable y queremos que la Secretaría de Hacienda presente todos los datos del modelo para que nos demuestre que hay certeza para las entidades y se necesita la opinión del Indetec al respecto.
No hay un esquema que garantice que en el crecimiento del PIB también se reflejen inversiones concretas para las zonas más atrasadas del país. Y eso es una grave carencia. Hay irresponsabilidad con el desarrollo nacional.
Finalmente, los compromisos ambientales y de desarrollo tecnológico no están garantizados con el proyecto. Por todas estas razones es que requerimos, señor subsecretario, sus comentarios y respuestas, pero sobre todo, la apertura para corregir estos vacíos y omisiones en las iniciativas, muchas gracias.
El presidente diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Muchas gracias, diputado Carol Altamirano.
El presidente diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Tiene el uso de la palabra, por tres minutos, la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Laura Ximena Martel Cantú: Muchas gracias, presidente. Le reitero la bienvenida al doctor Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al doctor Javier Lainez, procurador fiscal de la Federación.
Nos encontramos una vez más reunidos para dar continuidad a estas sesiones de trabajo, sin duda provechosas y fundamentales para analizar a profundidad y adecuar las normas secundarias que habrán de dar viabilidad a una nueva etapa para México en materia de hidrocarburos. Etapa en la que el fin último es potenciar el desarrollo en beneficio de la economía nacional y de la economía familiar para todos los mexicanos.
Las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se relacionan y pretenden dar vida al artículo 27 de la Ley Fundamental y a los Artículos décimo cuarto y vigésimo primero transitorios de la reforma constitucional en materia energética, aprobada en diciembre del año pasado.
Resulta claro que el objetivo de la propuesta en comento es establecer en la ley las normas relativas a los diferentes destinos que se darán a los recursos que forman parte del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, así como el nuevo régimen que en dichas materias le será aplicable a Pemex y a CFE en su nueva faceta como empresas productivas del Estado.
En suma, pretende regular las transferencias ordinarias y extraordinarias del Fondo y se define el destino, el método de cálculo y la calendarización de los pagos asociados a ésta, así como el régimen presupuestario y de deuda especial para las empresas productivas del Estado.
La ley particularmente en aspectos de vital relevancia como el que nos ocupa, debe estar libre de vacíos, lagunas y cualquier otro vicio que dé paso a la discrecionalidad y a las dobles interpretaciones.
Es decir, la precisión, la claridad, la oportunidad y la viabilidad son también principios rectores que se suman hoy a los tradicionales principios para la construcción de la norma jurídica.
Bajo el anterior orden de ideas, es menester señalar que no queda claro el método de cálculo de la transferencia que hará el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, como complemento a las transferencias a fondos con destinos específicos.
Usted ya hizo mención al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Me gustaría se refiriera a los demás fondos especificados en la ley para que los ingresos petroleros del gobierno federal alcancen un nivel del cuatro por ciento del PIB. En razón de lo anterior, me gustaría pedirle nos explique con puntualidad dicho método de cálculo.
En un segundo orden de ideas, es de señalar que la autonomía presupuestal de las empresas productivas del Estado genera incertidumbre tanto a la opinión pública como a algunos compañeros legisladores. De ahí que le pido pudiera precisarnos en qué consiste esta autonomía, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus posibles riesgos.
Finalmente, y considerando que estas reuniones están siendo transmitidas por el Canal del Congreso con el objetivo de mantener informados a los ciudadanos, le solicito pudiera explicarnos qué significa exactamente que los financiamientos que contraten las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, serán considerados para todos los efectos legales, como deuda pública. Es decir, ¿cuáles son las ventajas de esto y cuáles serían las implicaciones para nuestro país? Por su atención y sus respuestas, muchas gracias.
El presidente diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Le doy el uso de la palabra al diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias. En primer término quisiera solicitarle al presidente de la Comisión de Energía, el diputado Marco Antonio Bernal, al diputado Pedro Pablo Treviño, presidente de la Comisión de Presupuesto y, aunque no esté aquí, también al presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Trejo, plantear formalmente que en estas reuniones de trabajo, además de los subsecretarios, del procurador Fiscal y otros funcionarios –que mucho valoramos-, plantear formalmente que pueda asistir el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.
Porque nos parece que el cúmulo de funciones y atribuciones que le corresponderán con la reforma energética a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, demandarían la presencia del titular para que explique algunos temas que entendemos, no obstante el alto rango en la administración pública que tienen los funcionarios aquí presentes, son de responsabilidad directa del titular del despacho de la Secretaría de Hacienda, sobre todo porque prácticamente la mano de Hacienda está metida en todo.
En la fiscalización de los recursos, en el manejo del Fondo del Petróleo, en todo el tema presupuestal de las empresas productivas del Estado y nosotros sí queremos que nos pueda aclarar. Si fue a la escuela de cuadros del PRI a dar una conferencia, pues yo no veo por qué no pueda venir a la Cámara de Diputados el Secretario de Hacienda y Crédito Público para que pueda particularizar como se han esfumado por arte de magia las metas de crecimiento económico del país, y cómo fue que hemos pasado de lo que se llamó el momento de México al tormento de México, porque realmente vivimos un estancamiento grave.
Nosotros sí queremos, como grupo parlamentario, plantear que así como fue a la escuela de cuadros del PRI, que asista a las reuniones de trabajo de las Comisiones de Hacienda, de Presupuesto y de Energía para que se puedan dilucidar algunos temas.
Por otro lado, plantear que nosotros sí vemos claramente que hay una línea para insistir en el desmantelamiento paulatino de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Se siguen manteniendo altas cargas fiscales para estas empresas que ahorita me voy a referir, pero nosotros consideramos que se siguen metiendo candados y limitaciones presupuestales que impedirán a estas empresas competir con los grandes consorcios internacionales en la materia.
Vemos claramente que el gobierno federal le apuesta a reducir la participación de estas empresas en el mercado energético para que paulatinamente sean los privados quienes utilicen la renta petrolera y las ganancias derivadas de esta actividad.
Como todos sabemos, en septiembre la Secretaría de Energía tendrá que definir los yacimientos que le corresponderá explotar a Petróleos Mexicanos a raíz de la Ronda Cero, y nos parece que es grave que primero aprobemos la reforma y luego no tengamos claridad de lo que le va a corresponder a Pemex. Me parece que una vez aprobadas las reformas, podría venir que finalmente a Pemex le toca muy poco, aunque ahorita no haya absolutamente ninguna claridad.
Por otro lado, a la Comisión Federal de Electricidad le están dejando prácticamente los clientes domésticos y los grandes clientes, los grandes usuarios de electricidad van a ser ahora de las empresas privadas, como ya lo es el 40 por ciento de los proveedores independientes en la industria eléctrica. Por eso vemos que Iberdrola ya se frota las manos con las jugosas utilidades que le esperan.
Esperamos, señor subsecretario, que del 10 de junio a la fecha, ya nos puedan clarificar qué porcentaje específico ingresará al país, a las arcas nacionales, producto de la renta petrolera que exploten los particulares. La pregunta concreta que volvemos a insistir, cuántos dólares por barril por cada uno que exploten los privados.
Hubo una contradicción. Usted nos dio una cifra que no fue muy clara la pasada ocasión, y la subsecretaria de Hidrocarburos dijo que el 100 por ciento de la renta petrolera. Nosotros cuestionamos incluso, que había que elegir un monumento a las trasnacionales por su filantropía, porque es absurdo que pensemos que van a entregar toda su utilidad al fisco nacional. Entonces, por eso nos gustaría, ya que pasaron varios días, si ahora sí nos puede clarificar cuánto ingresara por cada barril explotado por los privados.
En cuanto al tema específico de su intervención. Nosotros vemos que el problema sigue siendo que Pemex y Comisión Federal de Electricidad siguen limitados porque no pueden rebasar su límite de balance financiero; es decir, Hacienda sigue controlando el monto total de financiamiento que pueden tomar, es decir, siguen sujetos en los hechos al control de la Secretaría de Hacienda.
De facto se sigue considerando que sus proyectos de inversión son parte del gasto público y como tales sujetos a un techo financiero. No se reconoce en la práctica que estos proyectos pueden ser altamente rentables y que generan sus propios recursos para su propio repago y para amortizar las inversiones. Hacienda sigue poniendo el tope con la meta del balance financiero.
Sobre los dividendos Hacienda siempre podrá decir que la rentabilidad social de algunos programas es mayor que los proyectos de inversión que pueda tener Pemex y Comisión Federal de Electricidad para hacer algo nuevo, explotar un nuevo yacimiento, hacer un nuevo pozo, invertir en alguna refinería, y para Hacienda siempre podrá decretar que el dividendo de Pemex es igual al total de su utilidad, dejándolo sin capacidad para invertir.
Habiendo tantas necesidades presupuestales del gobierno, ahora que gran parte de las actividades se están financiando con deuda y con déficit, como es público, ¿cómo sabemos que no van a expropiarle toda su utilidad a Pemex vía el dividendo, dejándolo sin capacidad de inversión?
La restricción del balance financiero, insistimos, la sigue poniendo Hacienda. Así como Hacienda controla el fondo del petróleo, que lo preside y que nombra el auditor, va a seguir controlando vía el balance financiero la operación de estas empresas del Estado. Ustedes prefieren en los hechos que sean los privados los que inviertan en la actividad de los hidrocarburos y que se queden con la renta petrolera.
¿Cómo sabemos que no van a fijar un balance financiero muy bajo para que Pemex y CFE no puedan invertir? Esa sería la pregunta. Y por último –diputado, allá voy, no coma ansias–. El tema del contenido nacional nos parece gravísimo.
En Brasil se determina hasta un 60 por ciento de contenido nacional y en la Ley de Hidrocarburos se está estableciendo un 25 por ciento progresivo hasta el 2025 con total falta de claridad de cómo va a ir este incremento. Entonces nos parece que no solamente van a llevarse nuestras riquezas las transnacionales, no solamente Haciende carece de capacidad de fiscalización, no solamente Hacienda va a seguir poniendo un techo presupuestal a estas empresas del Estado, sino que también no va a haber la anhelada integración a la economía nacional, a la proveeduría nacional, y finalmente se van a convertir en empresas extractivas que no van a generar esa derrama para la economía local.
Y lo último es el tema que advertimos de la problemática social tan grave que se viene con el tema de la servidumbre de hidrocarburos que establece el capítulo tercero y cuarto de la Ley de Hidrocarburos donde prácticamente por la vía administrativa se están generando expropiaciones de facto por causas de utilidad privada, generando adicionalmente una problemática social que nosotros de antemano pedimos a los legisladores de todos los grupos parlamentarios que se pueda modificar esto porque es estar jugando con fuego el tema de la estabilidad social del país, poniendo en riesgo la propiedad no solamente de las comunidades, de los ejidatarios, de la parte social, sino incluso también de particulares que legítimamente tienen algún bien de carácter inmueble. Es cuanto, muchas gracias.
El presidente diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Muchas gracias, diputado Mejía Berdeja. Tomaremos en cuenta sus consideraciones.
El presidente diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Le doy el uso de la palabra a los funcionarios invitados, al doctor Miguel Messmacher y al doctor Javier Laynez, para poder dar respuesta puntual a las preguntas realizadas por las señoras y los señores legisladores.
El subsecretario Miguel Messmacher Linartas: Muchas gracias y con su venia, presidente. En primer lugar creo que hay una gran coincidencia de espíritu en muchos de los comentarios que se están vertiendo en esta mesa. Creo que todos coincidimos en que la... mexicano debemos de tener una serie de instituciones y una serie de marcos que nos aseguren minimizar cualquier problema de corrupción, cualquier posible problema de abuso y en ese sentido de manera muy genérica, como respuesta a la pregunta del diputado Altamirano, si bien ahorita voy a entrar a los detalles; él me preguntaba si nosotros veríamos bien. Nosotros vemos muy bien todo lo que fortalezca la iniciativa en ese sentido, obviamente nosotros ya no estamos en una etapa de decisión ni de discusión. Realmente las decisiones las tendrán que tomar ustedes dado que las iniciativas ya están aquí.
Pero en ese sentido creo que nosotros y creo que todos en la mesa coincidimos en los objetivos de maximizar la renta petrolera, asegurar que la renta petrolera se mantenga del Estado y evitar cualquier tipo de problema de corrupción y cualquier tipo de problema de abusos.
Obviamente nuestra percepción es que la iniciativa viene sólida en ese sentido, pero eso no quiere decir que no haya temas perfectibles y que dependerán de la discusión que se vaya dando entre los distintos grupos parlamentarios con las intervenciones que sean relevantes de los distintos diputados. Creo que justamente ese es el objetivo de la democracia y de la discusión y el que tengan que pasar por la aprobación del Congreso de la Unión, que es elemental.
Entonces eso a manera muy general de respuesta; pero claramente a nosotros no nos toca ya ahorita realizar ninguna modificación.
Pasando ya a comentarios específicos, con respecto a las preguntas de la diputada Ponce Orozco sobre los fondos de estabilización.
Como mencionaba yo, el problema que tenemos en los fondos de estabilización hoy en día es que solamente estaban referenciados a variables petroleras, no estaban referenciados a los ingresos en su conjunto y en particular a los ingresos petroleros más tributarios.
La verdad es que eso probablemente era un error. ¿En qué sentido? Los fondos de estabilización reciben tantos recursos excedentes del petróleo como excedentes de ingresos tributarios no petroleros y nos sirven para cubrir caídas de ingresos petroleros y también caídas de ingresos tributarios no petroleros.
Entonces probablemente era insuficiente el que estuvieran referenciados solamente a los ingresos petroleros. En ese sentido se reconoce que dado que el fin de los fondos de estabilización es cubrir caídas de ingresos petroleros y tributarios, probablemente debe de calcularse su tamaño en función de esas dos fuentes posibles de recursos y por eso se hace la modificación del cálculo, en primer lugar.
En segundo lugar se incrementa de manera muy importante el monto de los fondos y se propone incrementar de manera muy importante el monto de los fondos porque la crisis de 2009 nos dejó muy claro que no ... tan fuerte de ingresos tanto petroleros como tributarios no petroleros que tuvimos durante 2009, claramente el monto de recursos –y eso que los fondos de estabilización estaban llenos, tanto el del gobierno federal como el de los estados–, frente a la crisis del 2009 por suerte teníamos los fondos llenos; con todo y que estaban llenos, los recursos no fueron suficientes dada la caída de ingresos tan fuerte que tuvimos ese año. Eso tanto el del gobierno federal como el de los estados. A los estados tampoco les alcanzaron los recursos que estaban en su fondo de estabilización para hacerle frente a la caída en participaciones que sufrieron en 2009.
Lo que se está proponiendo es más que duplicar, que el monto de recursos del fondo de estabilización de los estados, de las entidades federativas, pase de 44 a 100 mil millones de pesos y que el del gobierno federal aumente de 88 a 200 mil millones de pesos, aproximadamente. Con eso asegurar que tengamos los recursos suficientes para poderle hacer frente a un choque como el de la crisis de 2009, no porque estemos previendo que la vayamos a tener, pero claramente de manera preventiva que contemos con recursos para que si algún día se presenta un choque de esa magnitud tengamos los recursos para hacerle frente.
Pasando a las preguntas del diputado Altamirano. Como hemos platicado, en realidad lo que estamos buscando y lo que va a ser muy importante es que los procesos de licitación mediante los cuales se asignen los contratos, que es donde se va terminar determinando la carga fiscal contrato por contrato y campo por campo, que esos procesos sean abiertos, públicos y competitivos.
Hay total coincidencia en el interés de asegurar que así sea. En la iniciativa se incluyen distintas disposiciones en ese sentido de que los procesos deberán ser públicos, se deberán de estar dando a conocer todos los elementos de las bases de licitación, después los resultados de la licitación y que todos los resultados de los contratos sean públicos, es decir, que no exista secreto fiscal desde el punto de vista de las operaciones de los contratos.
Lo que se está buscando es asegurar la mayor transparencia y rendición de cuentas. De hecho, en ese sentido México se convertirá en referencia mundial desde el punto de vista de transparencia, o se está proponiendo en la iniciativa. Esperamos que les parezca correcto y que se mantenga ese espíritu de transparencia.
Pero obviamente cualquier sugerencia adicional en términos de contribuciones adicionales de transparencia y de rendición de cuentas para reforzarlo es algo que para todos debería de ser aceptable.
Claramente en la iniciativa ya se contienen mejores prácticas internacionales desde el punto de vista de procesos y de transparencia y de rendición de cuentas para asegurar que no se presenten los problemas que usted está mencionando. Esos son problemas reales y en ese sentido el marco institucional tiene que estar muy bien armado.
Justamente para evitar que tengamos problemas como los que usted menciona de sobre costos, etcétera, se incluyen varias disposiciones como límites de costos en los contratos, total transparencia, total rendición de cuentas, pero obviamente si hay aportaciones adicionales se deben de considerar.
Desde el punto de vista de las entidades federativas, como mencionaba, hoy en día si vemos cuánto es lo que entra de los ingresos petroleros en la recaudación federal participable, no es el 100 por ciento, es el 73 por ciento.
En ese sentido obviamente ha habido cierta discusión de: por qué es que es menos de 100 por ciento. Hoy en día es menos de 100 por ciento, así es como está. Si uno ve todos los ingresos petroleros que llegan al gobierno federal, hay toda una serie de derechos que no son participables. Por eso es que, como porcentaje de los ingresos totales, lo que entra en la recaudación federal participable es menos del 100 por ciento.
Como mencionábamos, de hecho lo que se está proponiendo es que para efectos de lo vinculado a las asignaciones se mantenga ese mismo porcentaje de 73 por ciento para el caso de los contratos, porque el 73 por ciento es lo que vemos hoy como porcentaje de los ingresos petroleros totales.
Lo que ha generado cierta confusión, si vemos solamente lo que hoy sí entra en la RFP, el coeficiente puede ser más alto en algunos casos, pero el problema es que eso no incluye a todos los ingresos petroleros porque hay muchos ingresos petroleros que no entran en la recaudación federal participable.
Entonces el tema y las bases son distintas, lo que estamos haciendo ahora es decir: a ver, vamos a tomar todos los ingresos petroleros y que todos los ingresos petroleros ahora sí entren en la recaudación federal participable, y de ahí es de donde salen estos coeficientes, y de hecho se propone un coeficiente más alto para los contratos.
Entonces, de hecho hay un fortalecimiento y se está proponiendo un 79 por ciento que es mayor al 73 por ciento que hoy reciben las entidades federativas como porcentaje de los ingresos petroleros totales.
Con respecto a su comentario del Indetec, obviamente, pues eso es decisión de ustedes. En ese sentido lo a que a mí sí me gustaría insistir es: esa es decisión de ustedes. Nosotros no tenemos ningún problema y no tenemos ningún problema en que haya grupos técnicos nuestros, de ustedes, y con participación del Indetec donde nos sentemos y revisemos todo el detalle de estos números.
En ese sentido hay total disponibilidad. Sí le puedo asegurar que todos los cálculos están hechos para que si el régimen aplicase hoy, estuvieran recibiendo las entidades federativas lo mismo o más de lo que recibían antes.
Obviamente también qué es lo que esperamos y dónde vemos el gran beneficio hacia adelante, y hace un poco lo platicábamos en la reunión que tuvimos previamente. El gran reto desde el punto de vista de finanzas públicas, y ése no es un reto solamente para las entidades, es un reto también para el gobierno federal, es decir, es un reto conjunto.
¿Cuál es el reto más importante? Que la plataforma de producción está declinando. A ver, hay un poquito más para las entidades federativas, un poquito más para gobierno federal, el reto que estamos enfrentando de manera conjunta como sector público federal y local es: qué hacemos para detener la declinación de la plataforma de producción.
En años anteriores habíamos tenido la ventaja que los incrementos en precios internacionales nos había permitido compensar parte de esta declinación, pero en un entorno donde los precios han estado más estables, estamos sintiendo y estamos resintiendo de manera más fuerte la caída en la plataforma de producción que todavía continúa, es menos pronunciada que de 2004 a 2009, pero la plataforma sigue disminuyendo.
Entonces, ¿qué necesitamos y qué estamos buscando? Que con la reforma logremos que se estabilice la plataforma de producción, y de hecho dé la vuelta y eso va a ser el gran beneficio desde el punto de vista de finanzas públicas a nivel de gobierno federal y a nivel de entidades federativas.
El que nosotros logremos evitar esa caída en la plataforma de producción, y al revés, logremos que la plataforma de producción dé la vuelta, empiece a subir y eso nos va a permitir mayores recursos para el gobierno federal y también para las entidades federativas, ése será el gran beneficio.
Desde el punto de vista del FEIEF y las pensiones estatales, digamos, éstas precisiones les corresponderá realizarlas a ustedes, obviamente yo creo que la lógica de la iniciativa sí es hablar de pasivos estatales en cuanto al, digamos, los recursos que van al fondo de la estabilización de las entidades federativas son, y hay que tratarlos, que son de las entidades federativas y si en ese sentido se considera que es necesario alguna clarificación para dejar claro que, lo que se derrame una vez lleno el fondo de estabilización de las entidades federativas pueda destinarse a cubrir pasivos de entidades federativas, o creo que esa es una corrección que procede, si es necesaria esa clarificación. Esa siempre ha sido la lógica.
Desde el punto de vista de pasivos, pues un poco será una reflexión que les tocará a ustedes si quieren permitir acceso a los recursos de manera general o si quieren imponer alguna restricción desde el punto de vista de pasivos solamente reestructurados. La otra alternativa es que se proponga para transición, es decir, aquí hay varias alternativas y les corresponderá a ustedes hacer el análisis y, en su caso, las modificaciones que consideren convenientes.
Yo creo que no necesariamente está mal realizar alguna modificación en este sentido, pero obviamente será necesario que platiquen con todas las entidades federativas. Tú puedes tener, por ejemplo, algunos casos de sistemas de pensiones que no estén reformados pero que de todas maneras sean sostenibles y que no necesiten una reforma.
Entonces yo creo que eso va a ser algo, un análisis cuidadoso que tendrán que realizar ustedes si en ese sentido quieren que nosotros les ayudemos con cierta información, etcétera, encantados, pero lo único en lo que habría que tener cuidado, desde el punto de vista de la propuesta es que, puedes tener sistemas no reformas que sean sostenibles y yo creo ahí sería justo que sí recibieran también los recursos.
Entonces, a lo mejor limitarlo a que tengan que ser solamente sistemas reformados es algo que hay que reflexionar, y habría que hacer un análisis en conjunto, de los distintos sistemas de pasivos estatales y cuál es la situación de los mismos en base a eso, antes de imponer cualquier tipo de restricción.
Con respecto a los temas de recursos para medio ambiente y ciencia y tecnología, lo que se está estableciendo, yo creo que aquí hay dos clarificaciones relevantes. En primer lugar, lo que se está estableciendo, usted mencionaba, son techos al revés, estos son pisos. O sea, lo que estamos asegurando es que cuando menos ese porcentaje de los ingresos petroleros se va a estar yendo a estos distintos destinos.
Entonces, de hecho, eso lo que está fijando son pisos. Obviamente, hay muchos más componentes de recursos que van, por ejemplo, actividades medioambientales, que son recursos del Conacyt o de la Semarnat. Y hay otros recursos que se están yendo a ciencia y tecnología, vinculados a los recursos que van para educación o los recursos que van por Conacyt.
Entonces, obviamente, estos no son techos, estos son pisos que después se pueden complementar con todos los recursos adicionales que se establecen en el presupuesto para estos distintos destinos, y donde obviamente, la decisión final en el presupuesto terminará siendo de ustedes.
Digamos, obviamente, pues ustedes recibirán una propuesta por parte del gobierno federal, pero la decisión final acerca de cuáles son los recursos que se destinan a estas actividades, ésa terminará siendo, de hecho, de la Cámara de Diputados.
Entonces, realmente estos hay que verlos como pisos. Son los montos mínimos, que no quiere decir que necesariamente sean suficientes. Puede ser que obviamente sean necesarios mayores recursos y donde claramente eso se determinará en la discusión presupuestaria, considerando todos los usos posibles alternativos, desde el punto de vista de recursos públicos, pero donde obviamente podrá ser la decisión de la Cámara de Diputados el que quieren estar destinando recursos adicionales importantes a los que ya están en estos fondos, y además, los que ya vienen en programas gubernamentales adicionales ya prestablecidos, ya sea a través de Conacyt o de Semarnat o de la SEP, entre otras dependencias.
Y algunas de las preguntas sobre autonomía presupuestaria y corrupción, se las voy a pedir que las conteste el procurador en un segundo. Ahorita, en cuanto termine, sobre las preguntas de la diputada Martel Cantú. Un poco la lógica por cómo se está planteando el proceso presupuestario, que obviamente es muy importante para la Cámara de Diputados con respecto a lo que va a transferir el Fondo Mexicano del Petróleo.
Lo que se plantea es que ése 4.7 por ciento del PIB, de recursos que van a tener que entrar al presupuesto, eso se calcule en base a los criterios generales de política económica, que es el documento que ustedes conocen, se prepara y se entrega al Congreso de la Unión como parte del paquete económico cada año.
Entonces, en base a los supuestos sobre crecimiento del PIB y sobre el deflactor del PIB, que son los componentes que permitirán calcular el valor del PIB para el año siguiente que se vaya a presupuestar, se estará haciendo el cálculo de cuánto es ese 4.7 por ciento del PIB.
Además, se harán estimaciones de, bueno, cuánto es lo que se espera estar recaudando por ISR asociado a la actividad petrolera y cuánto se estima que va a haber de ingresos en el Fondo Mexicano del Petróleo.
Se toma entonces el 4.7 por ciento del PIB, se le va a restar lo que haya de impuesto sobre la renta petrolera y lo que falte es lo que va a tener que transf4erir el Fondo Mexicano del Petróleo para el presupuesto. Entonces, ése va a ser básicamente el procedimiento.
Con respecto a sus preguntas de autonomía presupuestal y de las implicaciones de que la deuda sea deuda pública, le voy a pedir en un segundo al procurador que las conteste. Pasando a las preguntas del diputado Ricardo Mejía. De nuevo, con respecto al tema de la renta petrolera, no podemos asignar un coeficiente específico por contratos, porque de nuevo, cada contrato y el porcentaje que termine obteniendo el estado de cada contrato va a ser resultado de una licitación. Pero donde, como platicábamos, justamente la idea va a ser que esas licitaciones sean abiertas, sean competitivas y a través de esos procesos –como ha hecho en otros países– aseguremos que el 100 por ciento de la renta lo esté recibiendo el Estado mexicano.
Obviamente los montos van a ser distintos por tipo de yacimiento, ¿por qué? Porque obviamente el monto específico de la renta es mucho más alto en yacimientos en aguas someras, que son los que típicamente tienen la renta más alta. Eso va a ser más alto que el monto de renta vinculado a aguas profundas, donde los costos de extracción son más altos o que a campos de gas no asociado, donde los precios son más bajos.
El monto exacto de cuánto va a haber de renta petrolera asociado a cada actividad va a variar por el tipo de campo. Así sucede en todos los lugares del mundo, pero justamente lo que se quiere asegurar es que precisamente a través del proceso de licitación estemos asegurando que se reconozcan estas diferencias, pero que estemos recibiendo el 100 por ciento de la renta.
Con respecto al límite del balance financiero y de los dividendos, yo creo que algo muy importante es que la última palabra en todo momento va a ser del Congreso de la Unión. En ese sentido se está preservando el espíritu de pesos y contrapesos justamente con la idea de que si el Congreso de la Unión estima que el límite de balance financiero o la propuesta de dividendo no son adecuados, pueda realizar todas las modificaciones que considere que sean conducentes.
Simplemente una reflexión con respecto a los proyectos de inversión de Pemex. Hoy en día de hecho ya Pemex tiene niveles de inversión. Si usted ve los niveles de inversión ya aprobados en el Presupuesto 2014 para Pemex, estamos hablando de que son montos de aproximadamente unos 27 mil millones de dólares. Esos montos son comparables con el de ya muchas empresas trasnacionales o estatales grandes.
Por ejemplo, ese monto de 27 mil millones de dólares de inversión de Pemex hoy, es ya aproximadamente ocho veces el último resultado de inversión de British Petroleum –por ejemplo–. Es similar al monto de inversión de total. Es cerca de cinco veces la inversión realizada por Ecopetrol. Se encuentra relativamente cerca de los niveles de inversión de Chevron o de Exon, por ejemplo.
En ese sentido, los niveles de inversión que ya tiene hoy Pemex, son niveles ya relativamente competitivos, lo cual no quiere decir que no pueda haber una decisión de que se quiera incrementar el monto de inversión.
En ese sentido justamente lo que sí se quiere con la iniciativa, es que Pemex pueda contar con una mayor cantidad de recursos y pueda ya tener niveles incluso más altos de éstos que de por sí ya son niveles competitivos a nivel internacional, y donde justamente sí la idea es que en la discusión acerca del balance financiero y de los dividendos, sí efectivamente lleve a una mayor disponibilidad de recursos para Pemex.
La lógica es que eso venga desde la iniciativa que presente y mande el Ejecutivo al Congreso de la Unión, pero donde obviamente el Congreso de la Unión podrá realizar todas las modificaciones que estime pertinentes en ese respecto. –Con eso le cedería la palabra al procurador–. Gracias.
El procurador Javier Laynez Potisek: Muchas gracias. Diputado, para referirme a esa cuestión de los contratos, la publicidad y sobre todo de brindarlos, decía usted que no nos estén llevando a litigios interminables sobre todo en el extranjero, dos cosas muy importantes.
Primero. Si bien la iniciativa, bueno, desde la Constitución, pero las iniciativas están permitiendo la participación de empresas extranjeras en estos contratos, es muy importante señalar –lo van a ver ustedes- que tanto en la Ley Petrolera como en la Ley de la Industria eléctrica, se está exigiendo que se constituya una sociedad; o sea que el contratista sea una persona moral constituida en México y conforme a las leyes mexicanas. Eso en primer lugar. No quisiera yo que se quedaran con la idea que Sener va a poder estar celebrando un contrato con Petrobras y que va a aplicar la legislación brasileña o que vamos a estar litigando en el extranjero.
En segundo lugar –este punto es bien importante–, se recogió en las iniciativas la recisión administrativa como figura unilateral –que ya tenemos hoy en día previsto tanto en la Ley de Adquisiciones como de Obra Pública–, como ustedes saben no aplican a las empresas públicas productivas, no aplican esas leyes, pero estamos proponiendo un régimen especial en las iniciativas, pero sí se recoge la figura de recisión administrativa, conforme a la cual y con hipótesis muy establecidas en la iniciativa el Estado puede rescindir administrativamente sin requerir la voluntad del contratista que podrá defenderse, pero finalmente la autoridad interviene y rescinde administrativamente.
Y déjenme sólo darle algunas de las hipótesis que vienen en la iniciativa: cuando no se cumple con el compromiso mínimo de trabajo, cuando ceda los derechos sin autorización, cuando haya un accidente grave causado por culpa o dolo del contratista que ocasiones daños a instalaciones, fatalidad, o sea, pérdidas de vidas, pérdida de la producción, o sea, que el Estado mexicano tenga la posibilidad de retomar el contrato y, desde luego, cuando omita de manera injustificada dar toda la información, los reportes lo haga de manera falsa, lo haga de manera incompleta, respecto de producción, los costos de producción o cualquier otro aspecto relevante del contrato, desde luego cuando no entregue los pagos en los plazos establecidos y cuando no entregue la producción de hidrocarburos a que está obligado. Son algunas de las causales de rescisión administrativa que trae la iniciativa. Insisto, no se dejó todo al derecho privado ni a las causales que se pacten en el contrato.
Respecto a autonomía, diputada, la autonomía presupuestal. Le agradezco mucho esta pregunta, porque sí es muy importante a la hora de analizar las iniciativas que sepamos todos en qué consiste esta autonomía presupuestaria. Está en el artículo vigésimo transitorio de la reforma energética y, diría, son dos vertientes, diputada.
La primera nos dice que ustedes, o sea, el Congreso de la Unión tiene que modificar el marco jurídico para establecer –primer punto– que cuenten con autonomía presupuestaria y estén sujetos sólo a el balance financiero y el techo de servicios personales. Ése es un primer aspecto de la autonomía.
Es decir, fuera de estos dos aspectos la administración pública, digamos, el Ejecutivo, no puede meterse en ningún otro aspecto en lo presupuestario de deuda respecto de las empresas públicas productivas, ya lo dijo el subsecretario Messmacher, pero además el balance y el techo lo van a fijar ustedes, no es Hacienda, ni siquiera el techo de servicios personales.
El segundo aspecto, les pido, en el artículo vigésimo, fracción VI, dice: cuenten en términos de lo establecido en las leyes correspondientes con un régimen especial en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, presupuestario, deuda pública y responsabilidades administrativas. Eso es lo que ustedes tienen que establecer en estas leyes.
Por eso se está proponiendo al Congreso el capítulo quinto bis en la ley de Presupuesto, donde el Congreso le fija un régimen especial para estas empresas públicas productivas, donde estamos sugiriendo o proponiendo en la iniciativa que ustedes les fijen las normas mínimas para que planeen las inversiones, para que tengan como evaluar las inversiones, reglas mínimas para la constitución de fideicomisos, qué hacer con sus excedentes, ya se mencionó que sea para gasto de inversión o pago de pasivos, las reglas para remuneraciones, las reglas para creación de plazas.
Pero, por favor, esto es bien importante, diputadas y diputados, esto no lo va a aplicar Hacienda, ni lo aplica ni lo supervisa ni lo fiscaliza. Estas reglas las aplican las empresas públicas productivas ellas mismas y las fiscalizarán ustedes, en el Congreso, y señaladamente la Auditoría Superior.
No es, como luego nos han dicho, hay un capítulo para que se meta Hacienda por otras partes, por la parte trasera. No. Este capítulo lo establecen ustedes y desde luego se trata de enriquecerlo, de perfeccionarlo, pero no son reglas que aplica la Secretaría de Hacienda; no las aplica el Ejecutivo y desaparecemos este capítulo y decimos sólo el techo de balance y el techo salarial.
¿Cuál es el parámetro para que se evalúe a una empresa pública productiva? ¿Cómo sabemos si creó en exceso plazas, si hubo un exceso en remuneraciones? Tiene que haber reglas, pero insisto, la diferencia es que hoy en día Hacienda, para todas las demás entidades y organismos, porque ella las aplica, ella las supervisa, ella autoriza, en este caso no.
Ésos son los dos componentes de la autonomía presupuestaria: El balance y el techo, y un capítulo especial que ustedes tendrán que crear en la Ley de Presupuesto en el que Hacienda o el Ejecutivo no interviene.
Por último, diputado, lo de la expropiación es de facto, que sí me preocupó mucho. Mire, el capítulo para cómo se debe de utilizar la utilización de la tierra, déjeme decirle que es un capítulo que buscó traer la experiencia, primero, tanto en materia minera, buena experiencia pero también las malas experiencias que se tienen en materia minera.
Después qué hace Pemex... hoy en día, y también se tuvo contactos con el Tribunal Agrario para poder captar todo el problema en su conjunto. Si hay algo en la redacción –de verdad– o de fondo, desde luego que podamos discutir, con todo gusto, porque no es la intención.
La expropiación como tal está en la ley y ésta no se puede suprimir, está desde la Constitución. Pero precisamente, diputado, lo que se buscó, créame que sí hubo la tentación no de nuestra parte, pero sí de que dijeran: bueno, me voy a la expropiación de inmediato y le quita la tierra al pequeño propietario, la ejidatario, al comunero, para que pueda ser utilizada en un contrato.
No. Lo que se hace –si ustedes ven este capítulo– es precisamente crear un procedimiento, primero, transparente, con igualdad entre las partes donde en una primera fase primero va a haber una declaratoria como de impacto social previa a la adjudicación que va a hacer la Secretaría de Energía en qué casos, por ejemplo. Si son tierras donde hay comunidades indígenas, la Constitución y los tratados nos obligan a la consulta.
Primero tiene que haber un análisis de cómo está la situación antes de cualquier procedimiento de licitación. Cuando el procedimiento de licitación ya se lleva a cabo, entonces se abre todo un procedimiento homogéneo. Esto es lo más importante. Hoy en día ustedes lo saben en minas se negocia de una manera, en otra mina de otra. No hay transparencia.
Aquí lo que se quiere es, primero, una etapa abierta entre el contratista y el propietario o poseedor de las tierras, pero fíjense cómo desde aquí se está poniendo ya, y no diría por primera vez, porque en la Ley de... ya hay algo de esto, pero que pueda tomarse en cuenta, diputadas diputados, no el precio ni siquiera el valor comercial de la tierra como tal –porque puede ser mínimo aunque sea comercial–, sino que pueda presentarse un avalúo que refleje cuánto puede costar esta tierra si hay una explotación que incremente su valor. La plusvalía pero también los daños ocasionados y todos los actos de molestia que pueda llevar a cabo el propietario y que eso forme parte de los avalúos que se tomen en cuenta.
Luego se abre –si no hay un acuerdo ahí– una segunda etapa donde entra una autoridad como árbitro y donde pueda hacerse la propuesta. Pero insisto, no tiene que ser de adquisición de la tierra –si no quiere vender el propietario, si no es necesario vender– sino de ocupación superficial.
También se está proponiendo -yo diría por primera vez- que vengan las formas que puedan pactar entre ellos. O sea un porcentaje de los ingresos que pueda ser en especie, que pueda ser en efectivo, que pueda de cualquier forma –dice la iniciativa- que no sea contraria a derecho y que se pueda pactar para que pueda utilizar esta tierra. No es, creo así, una expropiación de facto. Hay todo un procedimiento de negociación. Creemos que está balanceado, pero desde luego está a su consideración. Muchas gracias.
El presidente diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Muchas gracias, señor subsecretario, señor procurador.
Damos inicio a la segunda parte de esta reunión y le doy el uso de la palabra al diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
El diputado Juan Isidro del Bosque Márquez: Buenos días. Gracias, señor presidente Pedro Pablo Treviño. Señor subsecretario Miguel Messmacher, bienvenido nuevamente. Doctor Javier Laynez también bienvenido. Muy interesante su contestación. A ver si nos pudiera dar en cortito –como decimos– una mejor visión de lo que nos está hablando, que es lo que está levantando mucha duda entre los ciudadanos.
Les iba a dar por escrito mi cuestionamiento, pero como no le van a entender a mi letra, mejor se los leo y seré breve.
Subsecretario, en su presentación menciona que se le está dando completa flexibilidad a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para definir su política de endeudamiento. Nos comenta que únicamente deberá coordinarse con la secretaría de hacienda para –en palabras coloquiales– no estorbarse.
Sin embargo, vemos que en dado caso hacienda podría intervenir en las decisiones de Petróleos Mexicanos y ordenarle que no salga al mercado de deuda. A qué responde esta atribución de la secretaría y cómo podemos estar seguros de que ello no resultará en que hacienda constantemente esté prohibiéndole a Pemex acudir a los mercados de deuda. Es todo. Gracias.
El presidente diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Tiene el uso de la palabra la diputada Socorro Ceseñas, del Partido de la Revolución Democrática. Tres minutos.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Buenos días, bienvenidos a esta reunión de comisiones unidas. Inicio mi intervención haciendo un extrañamiento al titular de la secretaría de hacienda, el doctor Luis Videgaray, quien este sábado llamó a los jóvenes del PRI a defender con argumento las reformas emprendidas por el presidente Enrique Peña Nieto y sin embargo no se encuentra presente en este Congreso para argumentar y compartir sus opiniones con quienes tenemos la responsabilidad de aprobar, modificar o rechazar dicha propuesta.
Por otro lado, no demeritamos la presencia de usted, doctor Miguel, de usted, doctor Javier; sin embargo, en la parte donde usted estaba expresando ahorita que interpreta como un piso con relación al fondo para ciencia y tecnología, nada más decirle que en el artículo 88 al que hace referencia a las transferencias de ese fondo ahí dice “hasta cinco mil” y esa interpretación, desde nuestro punto de vista, es un techo. Tendría que hacerse la revisión y discrepamos de esa posición. Esa interpretación nos parece que no está correcta.
El doctor Videgaray no puntualiza cómo las reformas solicitadas incrementarán la raquítica tasa de crecimiento del 2.7 por ciento de nuestra economía ni cuál es la garantía de que así ocurrirá; por el contrario, se escuda diciendo que las reformas no son magia.
Asegura que en el mundo se habla de México en forma extraordinaria por la manera en que en tan poco tiempo ha hecho cambios importantes y se ubica como una de las naciones más promisorias hacia el futuro.
Quizá no se ha enterado el doctor Videgaray de las aseveraciones de la OCDE que preside un exsecretario de hacienda –que por cierto debe de estar por acá– quien afirmó en días recientes que los trabajadores más pobres de México cobran 30.5 veces menos que los más ricos o que México se coloca como la economía con un nivel de pobreza más alto, que es el 21.4 por ciento, frente al 11.5 de media del conjunto de la organización o que, por la falta de personal, recursos y experiencia técnica en los órganos reguladores, así como la deficiente infraestructura y la inseguridad que enfrenta México, la reforma energética podrá tardar más tiempo en implementarse, tal y como lo advirtió Duncan Wood, director del Instituto Mexicano del Woodrow Wilson Center, con sede en Washington.
Una de nuestras preocupaciones sustantivas y diferencia por las iniciativas presentadas, además de compartir la renta petrolera, son las excesivas atribuciones de la Secretaría de Hacienda que nulifican pretender la autonomía de las empresas productivas del Estado y que de manera reiterativa ustedes han estado señalando que habrá esa autonomía, lo cual no lo vemos reflejado en ninguna de las partes de las iniciativas presentadas y que exceden obviamente sus facultades legales.
Hoy ¿podría responderme usted, doctor, de qué manera van a determinar las contraprestaciones por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos y de gas? ¿De qué manera van a determinar las condiciones económicas en los contratos, asignaciones o la migración de las asignaciones a contratos? ¿Qué garantía existe de que en los hechos no ocurra lo mismo que con las tarifas eléctricas, las cuales debieran de ser determinadas por la Comisión Reguladora de Energía, pero Hacienda es realmente quien decide? ¿Por qué pretenden realizar funciones de supervisión administrativa y supervisión de contratos y para ello en lugar de delegar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos la responsabilidad, pregunto: ¿le solicitarán su apoyo técnico?
Ustedes carecen de capital humano con habilidades técnicas especializadas para realizar estas funciones. Mi pregunta al respecto es: ¿Acaso ven en la reforma nichos de oportunidad para negocios con objetivos políticos en el futuro o peor aún, no confían en su propia iniciativa y por ello harán lo imposible porque alguien más lo maneje?
Podrían dilucidarnos cómo entienden las declaraciones del diputado Beltrones, quien nuevamente con su pirotecnia verbal señala que el compromiso de su bancada es desterrar las prácticas de corrupción y que, por ello, asegurarán que las leyes secundarias de la reforma energética sea la rendición de cuentas y la transparencia parte fundamental, con lo cual estamos totalmente de acuerdo, pero al mismo tiempo en el párrafo segundo del artículo 35 dela Ley de Hidrocarburos se afirma que no procederá recurso administrativo o judicial en contra de sus determinaciones, y entonces sólo podrá ser cuestionada en la forma y términos que señalen los contratos.
¿No les parece demasiada manga ancha la cuantiosa discrecionalidad y nada de responsabilidad? Pues desde nuestro punto de vista decimos pues qué bonita manera de ver, de combatir la corrupción. Y qué decir del tema de lo tan llamado y demandado, la expropiación de facto. Usted dice: no, no se da de facto. No, no se da de facto, pero sí será 10 días después, cuando la autoridad o la última instancia así lo determine. ¿Eso no es de facto?
Pensaron ya de qué forma resolverán el pasivo laboral y las implicaciones de la reforma que traerá a los trabajadores del sector. ¿Ya platicaron con todos los involucrados y con todas las involucradas? ¿Y han aceptado propuestas? ¿O sólo escuchan q los representantes sindicales?, a los cuales se les acreditó daño patrimonial y hoy gozan de fuero.
Y una última pregunta, para lo cual les solicito especial atención de parte de ustedes. Este país lleva décadas aplicando reformas, modificaciones y cambios en su política económica y social, por recomendaciones de organismos internacionales y agencias calificadoras, mismas que no han funcionado, siguen en el mismo discurso de hace más de tres décadas, que nos va a ir muy bien, y eso se repite ene número de veces, sexenio tras sexenio, y el sexenio actual no es la excepción.
¿Qué vemos, como resultados? Una población con hambre, con pobreza, con pobreza extrema, y la brecha de desigualdad es cada día más grandes, los niveles de corrupción –otra cosa que vemos– son de los más altos y no lo decimos solamente nosotros, son las calificaciones que se hacen de las autoridades a nivel internacional, existe el más alto grado de corrupción en el mundo, los prestadores de bienes y servicios son de mala calidad y con costos mayúsculos.
Ahora ustedes, a pesar de la situación patética actual y responsables de dictar los criterios generales de la política económica, ¿qué es lo que están pensando al respecto, si vemos que no ha habido ningún cambio pero, sin embargo, apoyan, respaldan, el compartir nuestra renta petrolera? La pregunta es, ¿y si no les sale el cálculo?
No me respondan que será exitosa la reforma, mi pregunta es, si fallan –como hasta ahora– en sus pronósticos, sean por circunstancias nacionales, internacionales, de volatilidad o crisis financiera, ¿qué le quedaría a este país para no perder la certeza en sus finanzas?
Pregunto, porque no podemos resignarnos a ser optimistas profesionales. Las respuestas deben ser puntuales, concretas y con apego a la realidad. Los promotores de las propuestas en materia energética tienen la obligación de responderles a las y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias y en espera de respuestas a las preguntas antes planteadas.
El presidente diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Le doy el uso de la palabra a la diputada Laura Ximena Martel, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Laura Ximena Martel Cantú: Nuevamente muchas gracias, presidente, les agradezco sus respuestas. Los diputados estamos conscientes de que la labor legislativa que estamos desempeñando implica una alta responsabilidad y compromiso con cada uno de los mexicanos que representamos. De ahí la importancia de que estos temas sean analizados y discutidos a la luz pública, ya que los ciudadanos merecen conocer las diferentes posturas de cada uno de los partidos, pues habrá temas en los que coincidamos y otros en los que difiramos. Pero lo que es un hecho es que todos buscamos el beneficio del pueblo mexicano.
Ahora bien, en esta ocasión me quisiera referir nuevamente a la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo, a los fondos de Estabilización y destinos específicos, pero particularmente en lo relativo al fondo sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos y Secretaría de Energía-Sustentabilidad.
¿Cuál es el sustento para establecer desde la propia ley que dicha transferencia será de hasta cinco mil millones de pesos? Asimismo, ¿podría precisarnos qué criterios y elementos serán tomados en cuenta para actualizar dicha suma anualmente en términos reales?
Sabemos que durante muchos años ha existido un monopolio en las áreas estratégicas del sector energético. De aprobarse las leyes secundarias que hoy analizamos, existe la preocupación sobre qué medidas implementará el gobierno para satisfacer las exigencias de capital humano que se generarán con la implementación del nuevo régimen de las empresas productivas del Estado, de la nueva estructura institucional en materia energética y de los requerimientos del sector privado, que invertirá en el país.
Al respecto, me gustaría saber, ¿qué opinión le merece que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria destine hasta un máximo de 5 por ciento de la formación de recursos humanos especializados? ¿Lo considera suficiente para que de ser aprobada las leyes secundarias estas se puedan implementar de manera exitosa?
Por último, en materia de energías limpias y renovables, quisiera pedirle nos hablara respecto a los incentivos fiscales que contienen las propuestas hechas por el Ejecutivo, a fin de incrementar el uso de estrategias y preguntarles si contemplan las propuestas una reforma verde en materia energética. Nuevamente agradeciendo sus respuestas.
El presidente diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Muchas gracias, diputada Martel.
El presidente diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Le doy el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Partido Movimiento Ciudadano.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Hay algunas situaciones que nos preocupan y quiero hacerle algunas preguntas que realmente harían los ciudadanos.
Al ciudadano realmente no le va a interesar ver todas las leyes y posiblemente no las alcance a leer. Sin embargo, algunas de estas propuestas en algunos artículos me recuerdan algunas escenas, que ojalá no vaya a ser así. Pero me recuerdan algunas escenas de la película de La Ley de Herodes, en donde con la autonomía el régimen especial en materia de servicios personales, los funcionarios se puedan establecer sus salarios más altos que los que tienen los magistrados y posiblemente porque como están trabajando en áreas de riesgo tengamos que pagarles cuando terminen de trabajar, una pensión vitalicia mucho más alta que la que se están pagando los magistrados. Yo creo que ahí debíamos regular con anticipación qué va a suceder en esos temas.
Por otra parte, una pregunta sería, contamos con un esquema técnico para fiscalizar la explotación de nuestros productos en cada uno de los contratos, ejemplo, en aguas profundas. Cómo vamos a fiscalizar cuánta explotación real están sacando y no por un medio externo puedan sacar más producto del que estamos realmente pensando que existe en el contrato. Y aguas profundas, pregunto, si contamos con el equipo técnico para poder ir a fiscalizar.
En el otro punto, me parece que es sumamente inequitativo en el tema de la explotación, de la participación en los ejidatarios, veamos un caso, si fuera un ejidatario el que decide vender o decide participar en el porcentaje de la explotación. Este ejidatario no cuenta ni con el capital suficiente para contratar un experto que lo pueda asesorar, ni tampoco con la capacitación o la preparación suficiente para poder determinar con qué porcentaje puede participar en la explotación de un pozo petrolero o de una minera.
Pero, si fuera en caso dado de que ocurriera un incidente en la explotación, también si es responsable en la ganancia también sería responsable en la pérdida. Y obviamente, no se compara la capacidad económica que él va a tener para poder responder a esta explotación.
Por otra parte, un ciudadano preguntaría, con todas estas reformas cuánto voy a pagar el litro de la gasolina y el gas y en cuánto tiempo lo voy a ver reflejado en mi bolsillo, la disminución de estos precios. Porque desde que se planteó esa serie de reformas hubo diputados que garantizaron que en un año tendríamos ya la reducción de la gasolina. Después que serían dos. Ahora que sería hasta el 2018. Pero la pregunta sería, ¿tenemos alguna garantía de que no vaya a ser hasta el 2025 cuando tengamos la baja del precio de la gasolina?
Y de acuerdo a las propuestas que se están haciendo, ¿qué porcentaje del ingreso que van a tener las entidades federativas, comparativamente con el porcentaje anterior, cuánto van a tener de beneficio a partir de esta reforma, cuánto se calcula que tendrían de beneficio en porcentaje, en aumento de ese porcentaje con la renta petrolera? Es decir, ¿cuánto les va a beneficiar a las entidades federativas?
Y la otra, tenemos conocimiento de que hay empresas extranjeras que ya están haciendo su arribo a Canadá para poder tener el beneficio del Tratado de Libre Comercio. Esto les da un beneficio y obviamente, lo que viene sería el cambio del capital. Es decir, si tienen un capital estando en Alemania, en Francia, etcétera, en algún otro país, llegan a Canadá, reducen su capital y obviamente, se establecen en México y obviamente, también reducen su capital.
Si tuviésemos una catástrofe en un pozo donde nos destrozara todo nuestro recurso natural, nuestro entorno natural, cómo podría considerar que lo va a pagar si solamente nos va a dejar como capital lo que registre en México o lo que registre en Canadá.
Y qué garantía tenemos de que estos contratos puedan tener también una defensa en las instancias internacionales y que no nos vayan a dejar, solamente, con el capital que tienen en el país, porque obviamente, van a registrar menor capital.
Y por último, quiero insistir en que en estos temas que implican a la Secretaría de Hacienda, debe venir el secretario de Hacienda a estar con nosotros en las mesas de trabajo, o cuando menos en una mesa de trabajo para que pueda explicar muchos de estos temas que vamos a tener presentes. Muchas gracias.
El presidente diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Le doy el uso de la palabra al subsecretario de Ingresos, el doctor Miguel Messmacher.
El subsecretario Miguel Messmacher Linartas: Con su venia, presidente. De nuevo agradeciendo las preguntas. Yo creo que las preguntas son muy buenas y son temas bien relevantes que en primer lugar debemos de clarificar aquí cómo vienen en la iniciativa, y obviamente les tocará a ustedes analizar, si es que es necesario, realizar alguna modificación o perfeccionamiento.
De nuevo enfatizando –yo creo– la coincidencia que hay desde el punto de vista del espíritu de asegurar que el nuevo modelo de contratos funcione bien, que no hayan problemas, que estemos asegurando que se mantiene la renta, que va a haber en caso de afectaciones recursos suficientes, etcétera. Ahorita pasaría yo al detalle.
De nuevo agradeciendo la calidad de las preguntas, son temas muy importantes y yo veo mucha coincidencia desde el punto de vista de los objetivos y donde obviamente esta discusión yo creo que va a ser muy relevante para cualquier perfeccionamiento que se identifique que se tuviese que hacer a las iniciativas.
Empezando por las preguntas del diputado del Bosque con respecto a la política de endeudamiento, aquí quizá valga la pena un poco ver dónde estamos y hacia dónde nos estamos moviendo porque algo que no vimos y que quizá faltó de las presentaciones, es cómo estamos hoy en día de hecho.
Hoy en día, de hecho la Secretaría de Hacienda le da instrucciones durante todo el año a Pemex y en cualquier condición y donde además la Secretaría de Hacienda tiene superioridad sobre Pemex con respecto a decisiones de endeudamiento y de financiamiento. Ésa es la situación el día de hoy.
¿Qué se está proponiendo con la iniciativa? Que, en igualdad de circunstancias, ya una vez que el Congreso de la Unión haya aprobado los financiamientos al gobierno federal y a Pemex -pero donde claramente esa decisión va a ser y una autorización por parte del Congreso de la Unión, no es una aprobación de la Secretaría de Hacienda-, partiendo de lo que el Congreso de la Unión apruebe desde el punto de vista de operaciones de financiamiento al gobierno federal y a Pemex, al inicio del año tienen que sentarse en igualdad de condiciones. A diferencia de hoy en día, donde realmente Hacienda tiene supremacía sobre Pemex con respecto a todas las decisiones de financiamiento.
Como mencionaba muy bien de manera coloquial el diputado del Bosque, la expresión que usó era para que no se haga bolas ahí el engrudo y no presionemos de manera excesiva a mercados financieros y tengamos desorden desde el punto de vista de las operaciones de financiamiento.
Ya una vez que al inicio del año se acuerda un calendario financiero coordinado entre gobierno federal, Pemex y CFE, pero donde es coordinación en igualdad de circunstancias, una vez que eso se aprueba, siempre y cuando Pemex y CFE salgan a hacer sus operaciones de financiamiento como viene en el calendario, ahí no necesitan ninguna autorización adicional por parte de la Secretaría de Hacienda.
La única autorización que requerirían es si se quisieran ya, a lo largo del año, desviar de ese calendario preacordado -pero donde Hacienda no les puede prohibir la operación-, cuando mucho les puede pedir que se retrase temporalmente pero sin prohibir el que eventualmente se vaya a llevar a cabo la operación durante ese ejercicio fiscal y donde además se establece una afirmativa Ficta de 10 días que asegure que todas esas operaciones se vayan a estar decidiendo de manera muy rápida y muy eficiente. El contraste. Hoy en día Hacienda tiene opiniones todo el tiempo y Hacienda sí puede prohibirle operaciones a Pemex. Entonces sí hay un cambio cualitativo muy significativo.
Pasando a las preguntas de la diputada Ceseñas, tiene razón en que la redacción es y dice: hasta cinco mil millones de pesos con respecto a ese mecanismo de entrada de recursos al fondo, pero eso no quiere decir que en el proceso presupuestario ustedes no puedan decidir asignarle recursos adicionales, provenientes de otras fuentes, a ese fondo; o que destinen recursos adicionales a otros programas y proyectos vinculados a actividades de medio ambiente o de capacitación, o de ciencia y tecnología.
En ese sentido, ustedes tienen razón en la reflexión con respecto a ese canal específico de entrada de recursos y de fuente de recursos para el fondo, tienen toda la razón. Pero mi comentario iba un poco en el sentido de que realmente esos recursos se pueden estar complementando en todo el proceso presupuestario con recursos adicionales que ustedes decidan asignar a este tipo de fines, y que de hecho ya entran a los distintos sectores como parte de muchos otros programas que hoy ya existen, pero la precisión que ustedes hacen es correcta.
Con respecto a las excesivas atribuciones de la Secretaría de Hacienda, y yo creo que aquí de nuevo es relevante ver de dónde estamos partiendo y cómo está quedando la situación y la propuesta, e incluso, a lo mejor yendo un poco más allá de lo que son las puras leyes, la pura Ley Federal de Presupuesto.
Se ha hablado, por ejemplo que, el hecho de que el secretario de Hacienda esté en el Consejo de Pemex pueda implicar un tema de injerencia. Hoy en día de hecho, le comento, la Secretaría de Hacienda ya tiene dos consejeros presentes en el Consejo de Administración de Pemex, entonces de hecho esto implica que pasa de tener dos consejeros a tener un consejero y donde además, como finalmente el manejo de las empresas productivas del Estado tiene que ver con un manejo patrimonial del Estado mexicano, es considerado buena práctica que de hecho esté presente el secretario de Hacienda en los consejos de administración, las empresas productivas del Estado y de hecho la práctica en muchos países es que, incluso, el secretario de Hacienda sea el presidente.
Aquí de hecho se está proponiendo que el presidente sea el secretario de Energía, pero usted observa en muchos países donde de hecho el presidente del Consejo de Administración justamente con una interpretación de que es el representante del accionista y el accionista es el Estado mexicano, en muchos casos de hecho es el secretario de Hacienda el que preside el Consejo de Administración, no estamos llegando a proponer eso para el caso mexicano.
En segundo lugar, desde el punto de vista presupuestario, hoy en día para decisiones de inversión se requiere de una autorización y una evaluación de hacienda para ajustes presupuestarios se requiere de una aprobación de Hacienda durante el ejercicio; tercero, Hacienda revisa todo el presupuesto de las empresas productivas del Estado antes de que se incorpore al proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Ya no se va a estar aplicando nada de eso, simplemente habrá una meta de balance financiero y un techo de servicios personales, y la lógica es que ya al interior de esa meta de balance financiero y de ese techo de servicios personales, la empresa productiva del Estado va a decidir cuál va a ser la composición del gasto si necesitara aprobación de Hacienda.
Es decir la empresa productiva del estado nos mandara su propuesta, Hacienda lo engrapa, lo manda así en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y ya después, durante el ejercicio va a poder hacer todas las modificaciones que quiera la empresa productiva del Estado, sin requerir de autorizaciones de Hacienda siempre y cuando no se desvíe de la meta de balance financiero ni de la meta de servicios personales.
Aquí un elemento, y simplemente un poco repitiendo algo que ya mencionó el procurador, en el capítulo especial que se está proponiendo en la Ley Federal de Presupuesto, sí se establecen unos lineamientos básicos de procesos que las empresas deben de seguir para, por ejemplo sus proyectos de inversión y lo que se dice es: las empresas deberán de seguir procedimientos para evaluar la rentabilidad de sus proyectos de inversión, pero eso lo vemos como una práctica de buen gobierno corporativo y donde de nuevo, quien luego va a revisar si la empresa productiva del Estado está siguiendo de manera adecuada ese procedimiento, es la Auditoría Superior de la Federación que depende del Congreso de la Unión.
Ya no lo va a estar aplicando la Secretaría de Hacienda, en contraste con el día de hoy donde ese procedimiento se revisa por la Unidad de Inversiones, en Hacienda, y Hacienda es la que puede decirle “no, este proyecto no me gusta y este proyecto no se lleva en el procedimiento”.
Lo que se está estableciendo es que la empresa productiva del Estado va a tener que establecer un procedimiento, que ya después ustedes van a evaluar. No vamos a ser a través de obviamente la auditoría superior de la Federación, no va a ser Hacienda como es hoy en día.
Mencionaba usted el tema de servicios personales. En el tema de servicios personales, bueno, en primera instancia en parte es por esa inquietud que se establece un techo agregado de servicios personales y se mantiene ese como una de las dos restricciones que se establecen en la Constitución y en las propuestas legislativas que les hemos enviado.
Obviamente hay un segundo tema que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido sí es muy importante que, digamos, así como Hacienda está sacando las manos desde el punto de vista presupuestario de las empresas productivas del Estado, es muy importante que haya total transparencia y rendición de cuentas porque a fin de cuentas en la medida en que Hacienda se vaya a salir de estos procedimientos, quien va a tener que entrar a hacer la revisión va a ser en buena medida la Auditoría Superior de la Federación, la sociedad y los legisladores, y en ese sentido sí necesitamos que haya una sustitución efectiva por parte del legislativo, de la Auditoría Superior de la Federación y de la sociedad civil, de alguna de las labores que hoy en día lleva Hacienda y que ya no va a estar llevando a futuro, por el hecho de que a Hacienda se le van quitando varias facultades en este sentido.
Entonces en ese sentido sí es muy importante que haya un fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas justamente para que se puedan evitar problemas como los que menciona usted, diputada y donde obviamente creo que cualquier tipo de propuestas desde el punto de vista de fortalecimiento y de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, creo que todos lo debemos de ver como bienvenido.
Con respecto a las contraprestaciones y las condiciones económicas de los contratos, obviamente un tema que va a ser muy importante y eso también va en línea de una de las preguntas del diputado Jorrín, desde el punto de vista de fiscalización de la producción efectiva o de los programas de trabajo para poder controlar un manejo adecuado de los contratos.
Sí se prevé que de hecho tanto Hacienda como el SAT dentro de la distinta fiscalización que tendrá que hacer Hacienda con respecto a los contratos y el SAT con respecto al ISR, sí puedan solicitar la asistencia técnica en todo momento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, justamente reconociendo que la especialidad acerca de, si los proyectos están bien llevados o no, si los costos en que se incurrió son los correctos o son excesivos, va a ser una experiencia técnica que va a depender de los problemas específicos que se estén observando en los campos y justamente lo que se prevé es estar haciendo uso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con las tecnologías que de hecho ya tiene y que han venido reforzando para ir supervisando y auditando a Pemex, ya en distintos tipos de gas hasta aguas someras, hasta aguas profundas.
Entonces en ese sentido el comentario que ustedes hacen es correcto. Hoy en día en Hacienda no tenemos las capacidades técnicas de revisar si un proyecto está bien o no; no tiene sentido duplicar esas capacidades y crear burocracia adicional, entonces justamente lo que se va a buscar es complementar Hacienda con asistencia técnica permanente por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para poder estar realizando esas labores de seguimiento y de fiscalización.
De nuevo como platicábamos, la manera en que vamos a estar buscando asegurar la renta y donde tenemos que asegurar que haya transparencia, competencia y total publicidad, es en los procesos de licitación de asignación de los distintos contratos.
Ahí claramente debemos de asegurar que haya una participación amplia, que haya una participación con amplia competencia donde nosotros podamos incluso poner condiciones de descuentos máximos desde el punto de vista de costos, incluso montos mínimos de utilidades o de participación para el Estado y que en ese sentido estemos blindando y estemos asegurando que la renta petrolera la esté recibiendo el Estado.
Desde el punto de vista del pasivo laboral –es una pregunta adicional que tenía la diputada Ceseñas– este tema es de contrato colectivo de trabajo. No es algo que se pueda proponer cambiar en legislación porque obviamente cualquier modificación al contrato colectivo de trabajo, ya fuese de Pemex o de CFE, sería inconstitucional.
El tema del pasivo laboral es uno que está establecido en el contrato colectivo de trabajo de cada una de las dos empresas y no hubiese sido correcto que hubiéramos intentado hacer alguna modificación a las condiciones laborales de las empresas a través de la legislación.
Nosotros vemos el tema de pasivo laboral como algo que tiene que platicar la empresa con los trabajadores, no es algo que nos competa intentar estar modificando y no procedería que estuviéramos intentando modificar el contrato colectivo de trabajo a través de legislación y por eso es que no se contiene nada en la propuesta.
Con respecto al tema de crecimiento económico –y esa de nuevo es una percepción no solamente de nosotros, sino que es una percepción de terceros–, hay las estimaciones y las afirmaciones de que, a través de la agenda de reformas que se ha venido trabajando hacia adelante, reformas donde de hecho hemos trabajado de manera conjunta gobierno federal con el Poder Legislativo y donde en muchas de las reformas ha habido una amplia participación política, no nada más ha sido gobierno federal o algún partico en específico, sino que ha habido distintas reformas donde ha habido coincidencias muy importantes con algunas de los distintos partidos y fuerzas políticas representadas, se ha trabajado de manera muy fuerte y además el Congreso de la Unión ha estado realizando un trabajo loable desde el punto de vista de avanzar en muchos temas, donde ha habido muchas coincidencias: fortalecer la competencia económica, reformar telecomunicaciones, reformar educación, etcétera, la reforma fiscal, es decir, ha habido toda una serie de reformas. En algunos casos habrá habido algún partido al que no le habrá gustado alguna de las reformas, pero ha habido otros casos en los que sí se ha venido trabajando muy bien de manera conjunta hacia adelante.
Creo que hay una fuerte coincidencia de que es una serie de cambios muy importantes que se necesitan para aumentar la competitividad económica y con eso garantizar un crecimiento acelerado más fuerte.
Pasando a las preguntas de la diputada Martel, habíamos platicado ya un poquito en la respuesta a los comentarios del diputado Altamirano y de la diputada Ceseñas sobre lo de los fondos Conacyt para ciencia y tecnología.
Aquí la idea es que hay una aportación de cinco mil millones de pesos proveniente de lo que se maneje como ingresos petroleros, es decir, de este 4.7 por ciento del PIB, que no quiere decir que no se puedan estar realizando aportaciones adicionales.
Como referencia, el promedio de lo que hemos estado observando, lo que se destina a este fondo en los últimos años son tres mil millones de pesos. Los cinco mil millones de pesos implican un incremento sustancial con respecto a lo que habíamos visto en años anteriores y la idea es que además se esté actualizando con la inflación todos los años. No quiere decir que a través del proceso presupuestario no se puedan estar destinando recursos adicionales.
Lo mismo ocurre con respecto a los recursos que van directamente a Conacyt como aportaciones para educación y donde además se está estableciendo que el Fondo Mexicano del Petróleo, una vez que haya acumulado cuando menos 3 por ciento del PIB, podrá empezar a destinar recursos adicionales para becas y formación de capital humano.
Con respecto al tema verde, vale la pena resaltar algunos y algunos que incluso ya se aprobaron con anterioridad. Seguramente usted recuerda, diputada, que en la reforma hacendaria de año pasado se estableció una deducibilidad inmediata de 100 por ciento para todo lo que tenga que ver con generación de energías limpias
Esa es una deducción muy importante y es un estímulo muy importante, que de hecho se establece desde la reforma hacendaria que se aprobó.
Y algo que vale la pena aquí enfatizar es que en la reforma de electricidad probablemente como el componente más importante se está estableciendo los certificados de generación con energías limpias, que van a estar privilegiando toda la generación de nuevo que se vaya a estar haciendo, generación de electricidad en particular que se vaya a estar haciendo con energías limpias y con energías renovables. Entonces, sí se están conteniendo distintos elementos con énfasis verde.
Con respecto a los temas de las preguntas y comentarios del diputado Jorrín, usted mencionaba el tema de los salarios, ya lo platicamos hace un segundo, justamente por eso se mantiene en parte el techo agregado y donde además deberá haber un esfuerzo de mayor transparencia, de rendición de cuentas, hay que asegurar que eso esté ahí, y donde –digamos– efectivamente aseguramos que dado que Hacienda ya se va a estar saliendo de muchas de estas labores de supervisión y revisión pues creemos y aseguremos que efectivamente tanto la sociedad, la Auditoría Superior de la Federación, etcétera, los organismos de anticorrupción que ustedes determinen, y ya después hablará un poco más sobre el tema de corrupción el procurador, que aseguremos que toda esa parte esté bien.
Y se incluyen muchas disposiciones ya en la iniciativa, pero eso no quiere decir que no pueda haber algunas cosas que se puedan complementar, platicábamos ya del tema de la CNH y la fiscalización.
Con respecto a la ocupación superficial se lo voy a dejar también al procurador. Con respecto a precisos de gasolina y de gas le agradezco la pregunta porque eso me va a permitir explicar algo que creo que no se ha entendido o quizá no explicado del todo bien.
Con respecto a los precios del gas ahí obviamente lo que esperaríamos es que, en la medida en que se completen gasoductos relativamente pronto y que aumente la producción de gas en el país como resultado de la reforma, hubiese una disminución en precios relativamente rápido.
En el caso de las gasolinas usted tiene razón en el sentido de que se está planteando una transición más larga desde el punto de vista del precio de las gasolinas. Ahora, algo que creo que es muy importante enfatizar es que hoy en día no tenemos competencia efectiva en el sector de gasolinas.
¿Qué sucede? Hoy realmente tenemos un monopolio o un cuasi monopolio. Desde el punto de vista de gasolinas no tenemos suficientes terminales de almacenamiento, no tenemos suficientes terminales de importación, no tenemos suficientes refinerías, no tenemos suficientes estaciones de servicio.
Entonces, obviamente, si el precio de las gasolinas se liberalizase hoy en día eso implicaría muy probablemente que terminaríamos con un incremento en precios, porque el gasolinero que tiene su gasolinera y es la única en un cierto pueblo o localidad podría estar abusando de cierto poder de mercado que tuviese.
Entonces, claramente lo que se está proponiendo es que tú mantienes un precio máximo para evitar que pudiese haber cualquier tipo de abusos de que alguien con poder de mercado buscase un incremento en precios, pero al ser un precio máximo tú estás liberalizando el precio a la baja.
Entonces, lo que se está proponiendo es que a partir de 2015 tú puedas efectivamente tener competencia a la baja en los precios y ya dependerá de que se vaya gestando esta competencia a través de mayor número de estaciones de servicio, mayor número de transportistas y competencia entre los mismos, mayores terminales de almacenamiento, etcétera, que vayan bajando los precios con respecto a ese techo máximo que se vaya estableciendo.
No es posible establecer una fecha precisa, porque va a depender justamente de las condiciones de competencia que se vayan generando. Pero sí lo que se está haciendo es que sí se está abriendo de inmediato la propuesta, si es que a partir del 2015 se abre el que podamos empezar a tener competencia a la baja en cuanto al precio de las gasolinas. Estemos cuidando el que no puedan haber abusos y tengamos brincos a la alza desmedidos desde el punto de vista del precio de gasolinas y diesel.
Con respecto a los beneficios para las entidades federativas lo que nosotros esperamos es que se vayan a beneficiar de la misma manera que nosotros. Es decir, de nuevo, todos los cálculos que están hechos aquí, y con los cuales se incluyeron los coeficientes a la Ley Federal de Presupuesto, es para –dadas las condiciones de producción y de precios de hoy– dejarlos exactamente igual a como estarían hoy bajo esas condiciones de precios y de producción.
La lógica es que en la medida en que recuperemos esa producción y logremos darle la vuelta, eso nos beneficie de la misma manera a gobierno federal y a entidades federativas. Entonces, aquí no se está proponiendo absolutamente ninguna discriminación, sino que los beneficios sean equitativos, tanto para el gobierno federal como para las entidades.
Y de nuevo nos ponemos a sus órdenes para ya sea con el Indetec o de manera individual o de manera conjunta podamos revisar esos números con ustedes.
Desde el punto de vista de problemas en pozos, le voy a dejar también al procurador, por si quiere hacer algún comentario complementario. Pero sí estamos buscando asegurarnos y no limitar las responsabilidades que tengan la subsidiaria, que por ejemplo una empresa internacional pudiese establecer en México y la lógica es que eso se establezca en los contratos y en el marco legal. Y que en todo momento cualquier problema se vaya a estar resolviendo de acuerdo a leyes mexicanas.
Con eso estamos buscando asegurar justamente que no vayamos a tener problemas como los que usted menciona. Si bien el procurador entrará en un poco más detalle en un segundo. Gracias.
El procurador Javier Laynez Potisek: Diputado, nada más para redondear la parte de servicios personales. Como bien lo dijo el subsecretario, la decisión desde la reforma constitucional es que el Ejecutivo, fundamentalmente a través de Hacienda se retirara de muchas de las facultades que tiene hoy en día para autorizar varias de las reglas que en esta materia y en otras sí autorizamos respecto a las demás entidades paraestatales.
Solamente déjeme decirle una cosa. En el capítulo –por eso es bien importante el capítulo que ustedes en su caso habrán de revisar, enriquecer y aprobar– viene aquí que el presupuesto de estas empresas debe incluir un capítulo específico de servicios personales con la remuneración ordinaria, extraordinaria, previsiones salariales económicas para cubrir, en caso de ser aprobados, los incrementos salariales, la creación de plaza y las demás medidas de índole laboral.
Fracción II. Una vez aprobada la asignación de servicios personales para las empresas, en el Presupuesto de Egresos esta no podrá incrementarse.
Son sólo unos ejemplos. No debe de pasar lo que usted acertadamente señala. La autonomía que se dio no es una autonomía que llegue al nivel de un organismo constitucional autónomo, como el INE, la CNDH, y mucho menos de los poderes constituidos, como lo son ustedes. Eso debe quedar muy claro.
En materia de corrupción, diputada, le agradezco mucho la pregunta, porque esto nos da posibilidad de poder aclarar este punto. He estado viendo que en las últimas semanas ha salido en la prensa reiteradamente este aspecto de que se dejó totalmente a un lado la parte de corrupción, que no va a aplicar, no aplican responsabilidades y todo.
Déjeme decirle, diputada, eso es totalmente inexacto. Está en el artículo 94 de la Ley de Pemex; está en el artículo 97 de la de la Comisión Federal de Electricidad expresamente. Expresamente dicen estos artículos que ambas empresas están sujetas a las leyes aplicables en materia de transparencia y acceso a la información; por lo tanto, aplica la reforma del IFAI con toda la Ley de Transparencia, constitucional y reglamentaria. Fiscalización. Toda la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, presente y futuro.
¿A qué me refiero con esto? Aplica el sistema que hoy está vigente, como la Ley Federal de Anticorrupción en contrataciones públicas. Está diciendo que aplica expresamente esa ley.
¿Y por qué digo futuras? Digo futuras porque está pendiente cuál va a ser el régimen que el Congreso de la Unión va a decidir para el sistema anticorrupción. Lo que debe quedar muy claro es que estas empresas les van a explicar. No hay ningún precepto al que se le desprenda que estamos excluyendo, que no aplique.
Todo el sistema de lucha anticorrupción, como esta ley, y mucho menos, diputado, el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Siguen siendo servidores públicos y está ahí que les aplica exactamente el régimen de responsabilidades.
Solo una precisión, como se está adaptando por mandato constitucional lo que es el gobierno corporativo, ahora se pretende que sí existan verdaderos consejeros independientes. A esos consejeros independientes, lo que se está haciendo es traer a la ley de Pemex y de CFE, idénticas responsabilidades y obligaciones que están hoy en día para las empresas que cotizan en bolsa y que trajimos o proponemos que se retomen, idénticas de la Ley del Mercado de Valores. Por tanto, ellos tienen, no solo requisitos para acceso al cargo sino tienen responsabilidades específicas, incluido el conflicto de interés y el pago de daños y perjuicios por las malas decisiones tomadas.
Entonces, sí hay un régimen de gobierno corporativo para los consejeros, o sea, los miembros del Consejo de Administración. Todo el resto del personal tiene la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en ese aspecto no hay absolutamente ninguna excepción y mucho menos al régimen de corrupción, insisto, presente y futuro por lo que se llegue a votar en este Congreso.
Yo sé que ha sido reiterativo el tema de la utilización superficial. Me decían aquí los diputados y yo creo que sí me faltó. En esa parte lo que nosotros estamos proponiendo es que se lleve a ley lo que hoy en día Pemex y CFE hacen en su negociación, que es la ocupación superficial.
De verdad, no es la idea que la expropiación sea la solución y la panacea para que se puedan llevar a cabo las explotaciones. Al contrario, la expropiación está en la Constitución y tiene su ley. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero precisamente, lo que se está privilegiando aquí no es la expropiación sino estos contratos de ocupación que, otra vez, no son nuevos. Son lo que hace Pemex y CFE hoy en día con los ejidatarios, con los comuneros, en donde se pacta, inclusive, una renta mensual, según la ocupación que se requiera.
Por ejemplo, si es una explotación de gas, igual esa explotación de gas Shell en el norte no va a durar 40 años. Entonces, solo es un, déjenme decirlo coloquialmente, solo es un agujero. Igual no requiere que se prive de toda la propiedad a un propietario, sino únicamente una servidumbre de paso y de explotación de gas Shell, que no es lo mismo una explotación petrolera completa.
Eso es lo que se está privilegiando, que se le pague una renta por el tiempo que dure, incluso, o renta, o regalía o efectivo en especie o lo que se pueda pactar. Y no tenemos que llegar a la explotación.
Diputadas y diputados, ni al propio contratista le conviene estarse haciendo de tierras ni al propio Estado mexicano va a estar expropiando, para estarse haciendo de tierras que después no va a encontrar qué hacer con ellas.
Entonces, no es la expropiación lo que se privilegia en este esquema, eso se los puedo asegurar. Si hay que modificar, corregir o se ha entendido mal el esquema, estamos dispuestos a checarlo con ustedes, pero no es el objetivo que se expropie. Gracias.
El presidente diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Muchas gracias, señor subsecretario, señor procurador. Cualquier pregunta que tengan los legisladores, que le quieran hacer a los señores funcionarios les pido que nos las hagan por escrito para hacérselas llegar.
Quiero agradecerle a los funcionarios del gobierno federal que hoy nos acompañan, al señor subsecretario, al señor procurador fiscal el tiempo que le han invertido a esta reunión permanente de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía, en donde los diputados libremente han expresado sus puntos de vista, han externado sus cuestionamientos muy puntuales y ustedes, a su vez, han dado respuesta puntual a cada uno de ellos. Les agradezco mucho su tiempo, su presencia.
Declaro un receso y, de conformidad con el calendario de reuniones de trabajo contenido en el plan de trabajo, se cita para mañana martes 24 de junio del presente año, para la reunión que se celebrará con funcionarios de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad a las 9:00 horas, en el Salón Legisladores de la República del edificio A de este recinto legislativo. Por su presencia muchas gracias.

References: artículo 1
 artículo 9
 artículo 27
 artículo 88
 artículo 35
 artículo 94
 artículo 97