Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/93span/cap.IVe.htm
Timestamp: 2018-11-17 17:18:16+00:00

Document:
Informe Anual 1993 - Capitulo IVe
V. EL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO
La Convención Americana sobre Derechos Humanos --de la cual Nicaragua es Estado parte-- establece en su artículo 2 que, "si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades".
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó el artículo 2 de la Convención Americana a través de su Opinión Consultiva Nº 13, de la siguiente forma:
Son muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado internacional y, específicamente, la Convención. En este último caso, puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar las normas a que está obligado por el artículo 2. También, por supuesto, dictando disposiciones que no estén en conformidad con lo que de él exigen sus obligaciones dentro de la Convención. Si esas normas se han adoptado de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno o contra él, es indiferente para estos efectos.
En estas circunstancias, no debe existir ninguna duda de que la Comisión tiene a ese respecto las mismas facultades que tendría frente a cualquier otro tipo de violación y podría expresarse en las mismas oportunidades en que puede hacerlo en los demás casos. Dicho de otro modo, el hecho de que se trate de "leyes internas" y de que éstas hayan sido "adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución", nada significa si mediante ellas se violan cualesquiera de los derechos o libertades protegidos. Las atribuciones de la Comisión en este sentido no están de manera alguna restringidas por la forma como la Convención es violada.
En el ámbito internacional lo que interesa determinar es si una ley resulta violatoria de las obligaciones internacionales asumidas por un Estado en virtud de un tratado. Esto puede y debe hacerlo la Comisión a la hora de analizar las comunicaciones sometidas a su conocimiento sobre violaciones de derechos humanos y libertades protegidas por la Convención.[1]
Dentro de ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos --de acuerdo con las atribuciones que le confiere la Convención Americana-- ha venido recomendando al Gobierno de Nicaragua la urgente necesidad de reformar los Decretos 591 y 600, que regulan la jurisdicción penal militar. En efecto, la Comisión Interamericana en su Informe Anual de 1991, señaló lo siguiente:
También se ha señalado que afecta el ejercicio del derecho a la justicia la existencia del fuero militar que entiende en todas las causas en las cuales se vean involucradas miembros de las Fuerzas Armadas, con lo cual se dificulta de manera significativa el esclarecimiento de aquellas situaciones que afecten a ese personal.[2]
La Comisión Interamericana, asimismo, volvió a referirse al mismo asunto en el Informe Anual de 1992-1993:
Otro de los problemas que confronta el ejercicio del derecho a la justicia, es que sigue sin reformarse la Ley de Auditoría Militar, la que somete a los policías en la comisión de delitos comunes a la jurisdicción militar, e incluso le da facultades para procesar a los civiles que se encuentren involucrados en la comisión de un delito, con o en contra de un policía.[3]
Es pertinente indicar al respecto, que el Decreto No. 591, denominado "Ley de Organización de la Auditoría Militar y Procedimiento Penal Militar" y el Decreto No. 600, denominado "Ley Provisional de los Delitos Militares", fueron emitidos el 2 de mayo de 1980 por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y forman parte del orden jurídico vigente en Nicaragua. Ambos decretos regulan la tramitación de los procesos penales militares, los que estarán a cargo de la Auditoría General de las Fuerzas Armadas Sandinistas. La Auditoría General de las Fuerzas Armadas Sandinistas y las Auditorías Militares estarán integradas por el Auditor Militar, los Jueces, Fiscales Militares a él subordinados y los secretarios que se designen. Así, el nombramiento del Auditor General de las Fuerzas Armadas Sandinistas y del personal de dicha Auditoría será facultad privativa de la Comandancia General del Ejército Popular Sandinista, (artículos 1, 3, y 6).
La Comisión Interamericana considera oportuno exponer y analizar los siguientes artículos del Decreto No. 591, o "Ley de Organización de la Auditoría Militar":
Artículo 18.- Corresponde a las Auditorías Militares el conocimiento de los procesos penales por la comisión de todo hecho punible en que resulte indiciado un militar, aún cuando algunos de los participantes o la víctima sean civiles.
Artículo 52.- El Fiscal y el tribunal deberán apreciar las pruebas basándose en el examen completo y objetivo de todas las circunstancias concurrentes ajustándose a la ley y guiándose por la conciencia jurídica Sandinista.
Artículo 248.- La reapertura procesal es un procedimiento especial que tiende a subsanar errores judiciales o casos de injusticia notoria que puedan haberse cometido por acción u omisión durante la realización del proceso penal militar, encaminado a conseguir el predominio de la justicia popular sandinista, siempre y cuando en dichos procesos hubiere recaído sentencia firme.
Artículo 249.- Podrán promover este procedimiento las siguientes personas:
- el Comandante en Jefe y Jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular Sandinista.
Artículo 255.- Este procedimiento especial se realizará sin partes. Después de examinar la causa, el tribunal sólo ordenará las pruebas que estime estrictamente indispensables para llegar a la verdad, o aquellas que de existir, hubieren sido conocidas con posterioridad a la conclusión del proceso.
Artículo 261.- La Comandancia General del Ejército Popular Sandinista y la Dirección Superior del Ministerio del Interior en el ámbito de los respectivos organismos que dirigen, tienen amplias facultades para disponer todo lo concerniente a conseguir una mejor aplicación de la presente ley. De igual forma, podrán indultar a cualquier procesado o sancionado por la Justicia Penal Militar, que le esté subordinado, cuando razones de orden militar que tienden a preservar los altos intereses de la Revolución Popular Sandinista así lo exijan.
Asimismo, los artículos 4, 5, 7 y 16 del Decreto No. 600 (Ley Provisional de los Delitos Militares), complementan el Decreto No. 591 de la siguiente forma:
Artículo 4.- Tendrá lugar la sustitución de la exigencia de responsabilidad penal por la de responsabilidad disciplinaria, en los delitos en que se regule esa posibilidad, siempre que conduzcan los siguientes requisitos:
1) buena disciplina observada por el militar con anterioridad al hecho y los éxitos alcanzados en la preparación política y militar;
2) cuando el infractor hubiere incurrido en responsabilidad debido a la fatiga o agotamiento físico; originada como resultado de la prestación excesiva de servicios;
3) condicionamientos de su conducta por malestares o enfermedades físicas o psíquicas relevantes;
4) carencia de hábitos militares provocada por el poco tiempo en el servicio militar;
5) responder racionalmente ante provocaciones u ofensas del jefe o del superior o del subordinado o subalterno;
6) que la conducta ilegal del jefe o del superior o del subordinado o subalterno haya provocado la comisión del hecho;
7) cometer el hecho por influencia de otro militar más antiguo en el servicio;
8) que el hecho se hubiere debido a una interpretación errónea de los deberes funcionales o de los intereses del servicio;
9) otras circunstancias que el servicio militar, el estado político, moral y disciplinario de la unidad o la conciencia jurídica sandinista aconsejen apreciar.
La concurrencia de estas circunstancias especiales se determinará por los jefes correspondientes, o por los fiscales o los tribunales militares.
Artículo 5.- Estará exento de responsabilidad penal el militar que, encontrándose de centinela, patrulla o en cumplimiento de otros servicios de guardia, hiciere uso racional de las armas para repeler un ataque evidente contra las personas u objetivos que protege o custodia, así como el personal que conjuntamente forma parte del servicio que cumpla; y asimismo, cuando encontrándose en cumplimiento de estos servicios, no se obedezcan sus órdenes o voces preventivas, según lo establecido en los reglamentos militares u órdenes de la Comandancia General del Ejército Popular Sandinista o de la Dirección Superior del Ministerio del Interior.
Artículo 7.- Serán circunstancias atenuantes, para los militares, además de las señaladas en la Ley del Código Penal, las siguientes:
1) la buena conducta militar con anterioridad a la comisión del delito;
2) la ejecución de una acción heroica antes o después de la comisión del delito;
3) haber prestado relevantes servicios a la patria antes o después de la comisión del delito;
4) haber mostrado arrepentimiento sincero mediante la propia reprobación moral de su conducta delictiva.
Artículo 16.- La remisión de la sanción principal privativa de la libertad podrá extender sus efectos a todas o algunas de las sanciones accesorias impuestas. Los tribunales militares que harán uso moderado de esta facultad, podrán acordar la remisión condicional de la pena, a solicitud del jefe militar del colectivo o de la organización política o gremial a que pertenezca el sancionado, del fiscal o aún de oficio.
La exposición realizada permite considerar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la vigencia de los Decretos No. 591 y 600 crea condiciones para que se violen el derecho a la justicia, el debido proceso y la igualdad ante la ley, al dar márgenes amplios de discrecionalidad, y dejar librado al arbitrio de los altos mandos militares la sanción o impunidad de los afectados. Asimismo, del análisis de dichos decretos se desprende también que se han introducido una serie de criterios políticos en el tratamiento de la prueba, etapa fundamental en todo proceso. De esta forma, se ubica a los militares del Ejército Popular Sandinista en un plano diferente frente al resto de la sociedad nicaragüense, afectando negativamente los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera, asimismo, que la ampliación de la jurisdicción militar para juzgar delitos comunes por el solo hecho de haber sido ejecutados por militares, no ofrece las garantías de un tribunal independiente e imparcial establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese sentido, la doctrina de la Comisión Interamericana es muy clara al señalar al respecto lo siguiente:
La sustitución de los Tribunales ordinarios por la Justicia Militar ha significado normalmente, tanto por la subordinación de los jueces militares al Poder Político como por su menor preparación técnica, un gravísimo descaecimiento de las garantías de que deben gozar todos los procesados. Agréguese a ello que es corriente observar que, en la etapa sumarial, funcionarios militares o policiales suelen ser los únicos testigos que aparecen en muchos expedientes, y se deberá concluir que a esas apariencias de procesos les faltan muchas de las notas esenciales que caracterizan la normal acción de la justicia.[4]
Estas limitaciones derivadas de la estructura y composición de los tribunales militares, sólo pueden ser jurídicamente justificadas por la naturaleza verdaderamente excepcional de las situaciones en que estos tribunales deben actuar; la intervención generalizada y prácticamente rutinaria de los tribunales militares de tiempo de paz en la consideración de una amplia categoría de conductas constituye, necesariamente, una extralimitación de los fines para los cuales ellos son contemplados. Aún así, no sólo la existencia de situaciones excepcionales y limitadas en el tiempo y en el espacio justifican la intervención de esos tribunales; es necesario, además, que existan claras interrelaciones institucionales que permitan controlar tanto la elaboración normativa que tiende a asignarles jurisdicción, como el ejercicio de las potestades de las que se encuentran investidas.[5]
Debido a lo anteriormente expuesto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desea poner de manifiesto, una vez más, su preocupación debido a que Nicaragua, como Estado parte de la Convención Americana, no ha ajustado su legislación interna, concretamente los Decretos 591 y 600, para que sean compatibles con los requisitos establecidos por dicho instrumento internacional. Cabe señalar que los mencionados decretos tienen más de trece años de vigencia, ya que fueron emitidos el 2 de mayo de 1980. Nicaragua depositó el instrumento de ratificación de la Convención Americana el 25 de septiembre de 1979.
VI. LIBERTAD PERSONAL
En materia de libertad personal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue informada de que Silvio José Peña Rivas y Silvio René Vega Zúñiga continúan purgando condena por la muerte de Pedro Joaquín Chamorro, hechos ocurridos el 10 de enero de 1978. Con relación a los mencionados casos, la Comisión Interamericana considera oportuno reiterar lo señalado en su Informe Anual 1991:
La Comisión Interamericana ha recibido denuncias, igualmente, que dan cuenta que tales amnistías no han sido aplicadas a cabalidad pues quedan aún privadas de su libertad las personas que fueron condenadas por la muerte de Pedro Joaquín Chamorro, acaecida el 10 de enero de 1978, a pesar de los esfuerzos realizados por la señora Presidente de Nicaragua para que tales personas sean liberadas. Según la denuncia, la exclusión de los beneficios de la amnistía a estas personas resulta un acto discriminatorio pues la Ley No. 11 del 9 de mayo de 1990, dispone en su artículo 1 lo siguiente:
Otórgase amplia e incondicional amnistía por todos los delitos políticos o comunes conexos, cometidos por los nicaragüenses naturales hasta la fecha de publicación de la presente Ley. Esta amnistía cubre a los que estuviesen detenidos, procesados, condenados, pendientes de procesos, no capturados, y condenados que hubieren cumplido su condena, y a quienes han sido favorecidos por un simple indulto....[6]
La Comisión Interamericana debe manifestar su preocupación al respecto, ya que hasta la fecha han sido liberados todos los que fueron condenados inicialmente por la muerte de Pedro Joaquín Chamorro, menos Silvio José Peña y René Vega Zúñiga. Las mencionadas personas fueron condenadas a 30 años de prisión, de los cuales Silvio José Peña ha cumplido más de 15 años y René Vega Zúñiga 4 años. Según las informaciones proporcionadas por el Gobierno de Nicaragua, la amnistía promulgada el 10 de mayo de 1990 no puede ser aplicada a dichas personas, ya que fueron condenadas por delito común, y por consiguiente, no pueden ser consideradas como autores de delito político. Sin embargo, existen versiones que señalan que dicho delito debió ser tipificado como común conexo con lo político, ya que Pedro Joaquín Chamorro fue nombrado en reiteradas oportunidades como el "Mártir de las Libertades Públicas", por su constante lucha por la democracia y los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la esperanza de que el Gobierno de Nicaragua resuelva pronto la situación de las mencionadas personas.
VII. DERECHO A LA PROPIEDAD
Otro de los graves y complejos problemas que continúa afectando a los ciudadanos nicaragüenses y que incide directamente en la situación general de los derechos humanos en el país, es el relacionado al derecho a la propiedad. Según la información proporcionada durante el período cubierto por el presente Informe Anual, persiste la lentitud en el proceso de devolución y/o indemnización de ciertas propiedades que fueron confiscadas arbitrariamente por el Gobierno anterior. En ese sentido, la Comisión Interamericana ha venido señalando en informes pasados los diversos obstáculos que han impedido una solución al problema. Así, por ejemplo, se ha señalado como los principales factores las numerosas normas legales expedidas en diferentes períodos, las modalidades que asumieron la adjudicación de propiedades, sumadas a la resistencia ofrecida por los beneficiarios frente a las presiones de los legítimos propietarios y, por último, la renuencia de las autoridades policiales de hacer cumplir las órdenes emanadas de la primera Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones, debido a que sus resoluciones afectaban normalmente a personas ligadas al Gobierno anterior.
Para poder comprender la compleja situación existente, es necesario hacer un análisis global del problema. Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se referirá en los párrafos subsiguientes a la protección jurídica del derecho a la propiedad tanto en el ámbito nacional como en el internacional y a los diversos regímenes legales que han afectado ese derecho desde el mes de febrero de 1990.
A. PROTECCION JURIDICA DEL DERECHO A LA PROPIEDAD
Diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, tanto en la escala universal como regional, han reconocido el derecho de propiedad como un derecho fundamental de la persona humana. Entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aunque dichos instrumentos no son legalmente vinculantes, establecen normas universales y regionales que han pasado a convertirse en normas de derecho internacional consuetudinario y que, como tales, se consideran obligatorias en la doctrina y la práctica del derecho internacional.
Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 17 señala lo siguiente:
Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 23 estipula que:
Por otro lado, la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos es incuestionable hoy en día y dentro de ese contexto la importancia del derecho a la propiedad, como contribución a la consecución de la paz y desarrollo ecónomico y social de un Estado, es cada vez mayor. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a través de su experto independiente Luis Valencia Rodríguez, analizó este aspecto así:
Se ha observado una tendencia a considerar el derecho a la vida como un concepto más amplio y general, caracterizado no sólo por el hecho de ser el fundamento jurídico de todos los demás derechos, sino que forma también parte integrante de todos los derechos que son esenciales para garantizar el acceso de todos los seres humanos a todos los bienes, incluida la posesión legal de los mismos, necesarios para el desarrollo de su existencia material, moral y espiritual. Por otra parte, la privación de esta posesión legal, especialmente durante los conflictos armados, pone en peligro el derecho a la vida.
Si bien todos los derechos humanos son claramente indivisibles e interdependientes, el derecho a la vivienda es el derecho más estrechamente vinculado al derecho a la propiedad individual. Dado que el derecho a una vivienda adecuada puede ser una parte integrante e importante del derecho de propiedad, la falta del mismo puede considerarse como privación de otros derechos fundamentales como el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona.
La indivisibilidad de los derechos humanos y la interdependencia de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales forman parte de la civilización moderna. No sólo se viola la libertad de la persona cuando se la ataca física o moralmente sino también cuando se le priva de los medios de vivir con dignidad y se le niegan los requisitos materiales que le son indispensables para la plenitud de su existencia.[7]
La exposición realizada nos permite afirmar que el derecho de toda persona a la propiedad individual y colectiva es de especial importancia para fomentar el goce general de otros derechos humanos fundamentales. En ese orden de ideas, pasaremos ahora a analizar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento regional de carácter vinculante de la cual Nicaragua es Estado parte. Al tratar el derecho a la propiedad, la Convención lo hace de una manera más progresista, ya que reconoce el derecho a la propiedad privada, pero establece a la vez una limitación: el interés social. Sin embargo, la misma Convención establece tres elementos que deben caracterizar toda limitación del Estado al ejercicio del derecho a la propiedad privada: 1) el pago de una indemnización justa; 2) razones de utilidad pública; y 3) observancia de las formas establecidas por la ley.
Para una mejor comprensión del párrafo precedente es preciso citar el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
Si bien es cierto que la Convención Americana establece las razones de utilidad pública o interés social como único limitante al ejercicio del derecho a la propiedad privada, también es cierto que consagra ciertas garantías contra las arbitrariedades de un Estado a fin de evitar una expropiación sin indemnización o una incautación ilegal. Luis Valencia, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también analizó este asunto en su informe así:
En general se reconoce que un Estado tiene derecho a dictar las leyes que considere necesarias para regular el uso de la propiedad de conformidad con el interés general o garantizar el pago de impuestos u otras contribuciones o sanciones. Es importante que esas facultades reglamentarias del Estado no den lugar a la expropiación sin indemnización o a la incautación "arbitraria" o "ilegal".
La legislación de muchos Estados y las disposiciones de tratados internacionales disponen que nadie será privado de sus bienes salvo "por razones de utilidad pública" o "de interés público". Prescriben asimismo que el Estado sólo puede limitar estos derechos garantizados "con sujeción a las condiciones previstas por la ley", lo que constituye una garantía contra la arbitrariedad del Estado.
A este respecto, es importante señalar que el derecho internacional reconoce, como principio general del derecho a la propiedad individual, que el Estado debe indemnizar en todo caso a los nacionales o extranjeros cuando se les expropian sus bienes.[8]
Queda claro entonces que a la luz de los instrumentos antes citados se puede considerar el derecho a la propiedad como un derecho inalienable, en donde ningún Estado, grupo o persona debe emprender o desarrollar actividades tendientes a la supresión de los derechos consagrados en dichos instrumentos internacionales, incluso el derecho a la propiedad. De ahí que ningún Estado --especialmente si forma parte de un instrumento internacional vinculante-- puede expropiar un bien sin el pago de una justa indemnización, teniendo que existir, además, razones de utilidad pública o interés social y formas establecidas por la ley.
Ahora bien, dentro del ámbito interno de Nicaragua, existen diversos instrumentos legales que protegen el derecho de propiedad, pero que --según las informaciones proporcionadas-- no han servido en la práctica para una eficaz protección de dicho derecho. Así, en primer lugar, la Constitución Política de Nicaragua de 1987 recoge todos los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y los incorpora como parte del orden jurídico interno en su artículo 46:
Por su parte, el artículo 44 de la misma Constitución Política se refiere expresamente al derecho de propiedad privada de la siguiente forma:
Por otro lado, el Título II del Código Civil establece una serie de acciones de protección de la propiedad. Así, el artículo 615 define la propiedad como "el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla". De esta forma el propietario puede ejercer sus derechos frente a particulares o frente al Estado. Asimismo, el artículo 617 del mismo Código Civil complementa dicha disposición de la siguiente forma:
Nadie puede ser privado de la propiedad sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ésta. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por la ley o por sentencia fundada en ella; y no se verificará sin previa indemnización. En caso de guerra, no es indispensable que la indemnización sea previa.
Si no procedieran esos requisitos, los jueces ampararán, y en su caso, reintegrarán en la posesión al expropiado.
Tal como se puede observar, dicho artículo establece una serie de garantías contra la confiscación arbitraria, y obliga además al Estado a indemnizar en casos de expropiación por causas de utilidad pública. Dichas garantías radican fundamentalmente en que las expropiaciones por razones de utilidad pública deben ser demostradas legalmente, y con una indemnización previa, salvo en casos de guerra. Asimismo, el legislador se ha extendido aún mas en su labor de protección del derecho a la propiedad, al mandar a los jueces a amparar y reintegrar al expropiado los bienes que le fueron confiscados ilegalmente.
El Derecho Civil nicaragüense también contempla la Prescripción Adquisitiva de Dominio o "Usucapión", que en latín significa "Usucapio est adjectio dominii per continuationem possessionis temporis lege definiti" (adquisición del dominio por continuar en la posesión durante el tiempo determinado por la ley).[9] Dicha institución jurídica está definida en el artículo 868, como el "medio de adquirir un derecho o liberarse de una carga u obligacion, por el lapso y bajo las condiciones determinadas por la ley". La prescripción adquisitiva opera tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles. En casos de bienes inmuebles, se necesita una posesión de 10 años para adquirir la propiedad, siempre y cuando existan los siguientes requisitos: 1) Fundada en justo título; 2) De buena fé; 3) Pacífica; 4) Continua; y 5) Pública. Siempre dentro del rubro de bienes inmuebles, es pertinente señalar que la Prescripción puede operar en forma extraordinaria sin los requisitos antes mencionados, pero en un plazo de 30 años.[10]
En casos de bienes muebles, la prescripción procede en dos años, si la posesión es continua, pacífica, acompañada de buena fé y con justo título; y a falta de estos requisitos, en cinco años.[11]
Ahora bien, después de exponer las principales características de la Prescripción Adquisitiva de Dominio, se hace necesario puntualizar que el legislador ha previsto también un mecanismo de prevención, ya que dicha institución no procede jurídicamente cuando se trata de bienes confiscados. En efecto, el artículo 876 del Código Civil señala lo siguiente:
La legislación nicaragüense también contempla el Registro Público como otra de las formas de protección de la propiedad. Así, el Código Civil vigente de Nicaragua consagra en su Título XXV, Capítulo II, el Registro Público de la Propiedad. Una de las garantías más importantes que ofrece dicho registro, es el de la unicidad de cada cuenta registral, ya que obliga al registrador a no inscribir un nuevo Título si existe una inscripción anterior sobre el mismo inmueble. El texto del artículo 3954 C.C., confirma lo señalado así: "Inscrito un título traslativo de dominio de los inmuebles, no podrá inscribirse ninguno otro que contradiga el derecho inscrito". Debido a ello las inscripciones posteriores que no se basen en asientos ya existentes son nulas, ya que las mismas constituyen una cadena registral que no puede ser violada porque garantizan la legitimidad del derecho inscrito. Asimismo, el artículo 3955 C.C. complementa el artículo anterior generando un mecanismo de supervisión sobre la inscripción registral, "de toda inscripción que se haga en los otros registros relativa a un inmueble se tomará nota en la inscripción del Registro de Propiedad".
Una última norma del Código Civil que merece ser citada es la del artículo 19 del Reglamento del mismo registro --modificado por el Decreto No. 371-- que dispone: "La primera inscripción de todo inmueble será la del título de propiedad o del supletorio correspondiente, requisito sin el cual no podrá inscribirse otro título o derecho relativo al mismo inmueble".
A este amplio catálogo de normas que conforman el marco jurídico de protección del derecho a la propiedad se pueden agregar también las Querellas Posesorias o Interdictos (juicio posesorio de índole sumario), establecidas en el Título XXIII, artículos 1650 y siguientes del Código de Procedimientos Civiles.
Entre los recursos constitucionales, están la Acción de Amparo aplicable contra los actos de funcionarios que violen disposiciones constitucionales relativas al derecho a la propiedad. También dentro del campo del Derecho Penal de Nicaragua se sancionan los delitos cometidos contra la propiedad privada. Así, el Título IV del Código Penal vigente sanciona los delitos de Hurto, Robo, Abigeato, Usurpación, Penetración Ilegítima, etc.
Para que estos mecanismos jurídicos de protección del derecho a la propiedad funcionen adecuadamente, es fundamental que el Poder Judicial cumpla con su obligación de aplicar la ley, y si es necesario ordenar a la fuerza pública que cumpla con su parte, ejecutando sus resoluciones judiciales. Se ha señalado que el problema empezó a generarse cuando la fuerza pública se negaba abierta y sistemáticamente a obedecer las órdenes judiciales, debido esencialmente a que sus resoluciones afectaban a personas beneficiadas por el Gobierno anterior. Así, --según las informaciones proporcionadas-- la voluntad de hacer justicia se fue debilitando en el Poder Judicial, integrado en su mayoría por funcionarios afines a un partido político y con sometimiento vertical a las instrucciones e intereses de sus jefes.
De esta forma, --siempre según las informaciones recibidas-- las normas jurídicas y acciones procesales de protección del derecho a la propiedad se vieron afectadas paulatinamente, ya que fueron neutralizadas de hecho por las mismas autoridades que se negaban a acatar las resoluciones judiciales. También se ha manifestado que el Poder Judicial fue perdiendo credibilidad hasta el punto de reducirse considerablemente los litigios de propiedad entre particulares.
B. ANALISIS DE LOS DIFERENTES REGIMENES LEGALES QUE HAN AFECTADO EL DERECHO A LA PROPIEDAD EN NICARAGUA
Para poder comprender el origen de los diversos fenómenos que afectaron negativamente el derecho a la propiedad en Nicaragua, es necesario revisar rápidamente los diversos instrumentos jurídicos que se emitieron a partir de 1979. Así, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional emitió el 20 de julio de 1979 el Decreto No. 3, mediante el cual se facultó al Procurador General de Justicia para que procediera a la intervención, requisación, y confiscación de todos los bienes de la familia Somoza, y los de militares y funcionarios que hubiesen abandonado el país a partir del mes de diciembre de 1977. Este decreto fue complementado por el Decreto No. 38 del 8 de agosto de 1979 en el sentido de que "las facultades conferidas al Procurador General de Justicia comprenderán también las de congelar o intervenir preventivamente cualquier transacción, bien o empresa, de personas allegadas al somocismo, de quienes se haya recibido denuncia o que por informaciones de la misma Procuraduría, considere prudente el aseguramiento preventivo de los mismos. A estos efectos la Procuraduría podrá tomar las medidas que estime conducentes para que, sin menoscabar la productividad, se garanticen preventivamente las empresas congeladas o intervenidas".[12] Posteriormente, se promulgaron leyes que disponían la transferencia al Estado de los bienes de personas que se habían ausentado del país durante más de seis meses (Ley de Ausentes).
Dichos decretos --según las informaciones proporcionadas a la Comisión Interamericana-- permitieron al Gobierno anterior cometer diversos y graves abusos en materia de propiedad. Así, se ha señalado que se realizaron confiscaciones que abarcaron primero a la familia Somoza y sus allegados, concepto que fue aplicado indiscriminada y arbitrariamente a personas que no pertenecían a la familia Somoza ni nunca habían sido sus allegados.
Posteriormente, el 25 de febrero de 1987, la Asamblea Nacional derogó el Decreto 760 --"Apropiación por el Estado de los Bienes Abandonados"--, denominada también Ley de Ausencia. Sin embargo, el artículo 2 de la ley derogatoria señalaba que: "Se ratifican todas las actuaciones realizadas en base al Decreto No. 760".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue informada, asimismo, que el proceso de abusos contra la propiedad de muchos nicaragüenses se consumó cuando el Gobierno anterior perdió las elecciones. En efecto, según las informaciones recibidas, entre el 25 de febrero y el 25 de abril de 1990 la Asamblea Legislativa dictó las leyes 85, 86, y 88, mediante las cuales se transfirieron en forma masiva numerosas propiedades rurales y urbanas a miembros del Frente Sandinista.
Así, el artículo 1 de la Ley 85 señala que "el estado garantizará el Derecho de Propiedad de todo nicaragüense, que el 25 de febrero del corriente año, ocupaba por asignación, posesión, arriendo o cualquier otra forma de tenencia, casas de habitación propiedad del Estado y sus instituciones...". Se ha señalado que de esta forma se garantizó la propiedad a quien no la tenía legalmente. El artículo 3 de la misma ley complementa el artículo primero, ampliando, además, su campo de acción a los bienes de particulares, "para los efectos de la presente Ley, se entenderá que son propiedad del Estado o de las instituciones mencionadas en el artículo primero, no sólo los inmuebles que se encuentren en proceso de inscripción o pendientes de algún trámite o proceso administrativo, legal, judicial o en cualquier otra forma pendientes de legalización, así como los que el Estado administre con ánimo de dueño; estos últimos quedan expropiados por ministerio de la ley".
Por su parte, el artículo 4 dispone que "por la entrada en vigencia de la presente ley, se transfiere el derecho de propiedad a las personas, naturales o jurídicas que el 25 de febrero del corriente año, hubieren estado ocupando en los términos de la presente ley, las viviendas e inmuebles comprendidos en los artículos anteriores". Asimismo, el artículo 10 de la Ley 85 fue objeto de numerosas críticas, ya que "exonera del pago de impuestos fiscales o municipales que estos inmuebles pudiesen tener hasta la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley". De esta forma se coloca en una situación de privilegio a las personas que hayan obtenido estas propiedades del Estado. Por otro lado, el mismo artículo también establece otra situación de privilegio a favor de los beneficiados, al eximir a los Notarios de la obligación de tener a la vista las solvencias fiscales y otros documentos exigidos por la Ley para el otorgamiento de las Escrituras Públicas, afectando también en igual forma al fisco. Y por último, manda a cancelar de oficio cualquier hipoteca o gravamen que tengan los bienes inmuebles a que esta ley se refiere.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también fue informada de que la Ley 88, a la que se denomina "Ley de Protección a la Propiedad Agraria", confiere a los títulos agrarios --que antes sólo conferían al beneficiario el uso de la tierra-- la propiedad de la misma (artículo 2). También se establece que los Registradores Públicos de la Propiedad deberán inscribir sin trámites ni costos los Títulos de Reforma Agraria provisionales o definitivos y que la inscripción de los mismos se llevará a cabo en una nueva cuenta registral, denominados de la Propiedad Agraria. Se ha señalado al respecto que, al crearse un nuevo Registro que funciona paralelo al de la propiedad y cuyos asientos se anotan marginalmente en la cuenta registral legítima, da lugar a la existencia de una dualidad registral inadmisible en el derecho nicaragüense.
Cabe señalar que el 24 de marzo de 1993, la Corte Suprema de Justicia emitió un pronunciamiento sobre la vigencia de las leyes antes mencionadas, a raíz de una consulta formulada por la Dra. Martha Lorena Lacayo. El Tribunal Supremo manifestó que las leyes 85, 86, y 88 están vigentes y deben ser aplicadas, ya que los derechos adquiridos bajo el amparo de esas leyes siguen y seguirán teniendo plena validez. Asimismo, --siempre según las informaciones recibidas-- fundamenta su tesis en el efecto no retroactivo de las leyes y la disposición IV del Título Preliminar del Código Civil, "todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra..." para defender los títulos agrarios otorgados con anterioridad a la Ley No. 133, que --vetada parcialmente-- derogaba las leyes 85, 86, y 88. Finaliza la consulta la Corte Suprema señalando que el registrador de la Propiedad Inmueble debe inscribir los títulos de Reforma Agraria extendidos y adquiridos con dichas leyes y también inscribir las transacciones que hacen referencia a un título de Reforma Agraria.
La opinión de la Corte Suprema generó una serie opiniones contrarias por parte de especialistas en el tema. Así, se ha señalado que dicho tribunal no ha tenido en cuenta que existen derechos de propiedad que con plena legitimidad tienen la protección de la ley, ya que son derechos adquiridos con anterioridad a dichas leyes y a los que sí cabe aplicar, con plena rigurosidad jurídica, la disposición del Título Preliminar del Código Civil vigente. También se ha manifestado que la Corte Suprema tampoco tuvo la prudencia de analizar si los Títulos de Reforma Agraria fueron librados legalmente sobre inmuebles propios del Estado concedente o pertenecen a otras personas jurídicas particulares de cuyo patrimonio no puede disponer, salvo en caso de expropiación y mediando necesidad o interés público declarado, con la correspondiente justa indemnización.
Después de exponer el marco jurídico que predominó antes del Gobierno de Doña Violeta Barrios de Chamorro, pasaremos ahora a analizar las diferentes normas legales expedidas en el curso de su Gobierno. Uno de los primeros decretos emitidos por el nuevo Gobierno después de las elecciones de 1990 fue el Decreto 11-90, mediante el cual se creaba una instancia administrativa: la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones. Dicha Comisión tenía como funciones principales revisar las confiscaciones realizadas por el régimen sandinista, estimadas aproximadamente en 25,000 propiedades agrícolas y urbanas. Así, el primer Procurador de la República, don Duilio Baltodano, --quien también ejercía las funciones de Presidente de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones-- inició una revisión de los reclamos planteados y procedió a conceder las devoluciones que a su entender procedían en virtud de los criterios legales adoptados. Sin embargo, --según las informaciones proporcionadas-- la policía se negaba sistemáticamente a hacer cumplir las órdenes de la Comisión Nacional de Revisión, impidiendo, por lo tanto, una solución satisfactoria al problema.
Posteriormente, se interpuso un Recurso de Amparo contra el Decreto 11-90, y la Corte Suprema de Justicia resolvió dicho recurso el 27 de mayo de 1991, declarando parcialmente inconstitucional la Comisión Nacional de Revisión en lo referente a los casos en que involucraba intereses particulares contrarios, donde sólo al Poder Judicial le correspondía conocer. Se ha señalado que la sentencia de la Corte Suprema se aplicó retroactivamente, ya que muchas de las personas que recibieron las resoluciones en donde se ordenaba la devolución de sus propiedades, no se llevaron a cabo debido a la renuencia de la policía de acatar las órdenes de dicha Comisión de Revisión.
Fue en dichas circunstancias que en el mes de agosto de 1991, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley No. 133, mediante la cual ordenaba la expropiación de los bienes que habían sido adquiridos mediante las Leyes 85, 86, y 88, o que en su caso los bienes adquiridos por esas leyes fueran recuperados por el Estado para ser reintegrados a sus legítimos propietarios. Dicha ley también ordenaba anular todas las donaciones que se habían hecho de las empresas administradas por el Estado.
Los comentarios inmediatos que se generaron a raíz de la aprobación de dicha ley fueron de que demostraba la buena fe del Poder Legislativo, pero que no presentaba una solución al problema, ya que además de lo costoso, tenía el grave defecto de que al expropiar a los detentadores, les reconocería verdadera propiedad de lo usurpado y aunque no lo contemplara, de acuerdo con los principios generales del derecho, se hubiera visto luego en la obligación de indemnizar el valor de la propiedad a quien no es realmente titular legítimo de la misma. Finalmente, la Ley 133 fue vetada por el Poder Ejecutivo, que la regresó a la Asamblea Nacional señalando que violaba la Constitución.
Luego, el Poder Ejecutivo mediante Decreto 35-91 del 19 de agosto de 1991, creó la Oficina de Ordenamiento Territorial, como una dependencia del Ministerio de Finanzas, "cuyo objetivo principal será coadyuvar en el ordenamiento de la propiedad inmueble al tenor de las leyes vigentes" (artículo 1), teniendo a su cargo la revisión de las adquisiciones o traspasos de inmuebles efectuados al amparo de las leyes 85 y 86, "así como los casos de asignaciones con títulos de propiedad emitidos dentro del concepto de la Reforma Agraria, cuyos beneficiarios hubiesen entrado en posesión entre el 25 de febrero de 1990 y el 25 de abril de ese mismo año" (artículo 2). Es pertinente indicar, asimismo, que el Gobierno amplió las funciones de esta oficina, mediante el Decreto 48-92 del 9 de septiembre de 1992, a fin de que se revisen las asignaciones, titulación o posesión de tierras agrarias efectuadas entre febrero y abril de 1990.
Se ha señalado que el objetivo real de esta oficina es conferir legalidad o efectos de propiedad a la tenencia de los ocupantes de inmuebles ajenos, que hubieren cumplido con los requisitos que las leyes 85 y 86 (Piñata) señalaban. Es decir, asegurar el cumplimiento de esas leyes. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se había referido a este asunto en su Informe Anual 1992-1993, así:
...la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido información según la cual se sigue notando la tendencia de esta última oficina de legalizar situaciones jurídicas y de hecho de nuevos adjudicatarios de viviendas y predios urbanos, lo mismo que de propiedades agrarias repartidas masiva y arbitrariamente en el período de transición del Gobierno de la señora Chamorro; de esta forma se le da muy poca intervención a los propietarios originalmente afectados.
Efectivamente, durante el período cubierto por el presente Informe Anual, la Comisión Interamericana ha continuado recibiendo informaciones sobre los efectos negativos que están produciendo las resoluciones de la Oficina de Ordenamiento Territorial, ya que los ocupantes de hecho de los inmuebles se sienten verdaderos propietarios, generando con ello serios conflictos frente a los legítimos propietarios que habiendo adquirido sus bienes legalmente y de buena fe, tienen fundados motivos para defenderlos.
El 9 de septiembre de 1992 se volvió a restablecer la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones, a fin de continuar con la revisión de las confiscaciones realizadas y adoptar las decisiones correspondientes. En ese sentido, mediante el Decreto No. 51-92 se creó la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones (O.C.I.), bajo la dependencia del Ministerio de Finanzas, para determinar el valor de las propiedades que no pueden devolverse. Mediante dicha oficina se estiman también las obligaciones posibles que tenga el confiscado con el Estado. Sobre este aspecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido informaciones de que algunos de los que fueron confiscados por el Gobierno anterior, tuvieron que resignarse con la indemnización por medio de bonos ordenada por una segunda resolución de la Comisión Revisora, a pesar de que la devolución de sus propiedades fue ordenada inicialmente por la primera Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones. Dicha anomalía se produjo --según las informaciones proporcionadas-- debido a que las autoridades policiales no acataron en su momento las órdenes emanadas de dicha Comisión y también porque muchas de estas propiedades fueron transferidas a particulares a través de dependencias estatales.
Así, el Gobierno de Nicaragua emitió un nuevo decreto mediante el cual estableció un sistema de compensación por medio de bonos para indemnizar a aquellas personas expropiadas por el Gobierno anterior y que no se les pueda restituir sus antiguos bienes. El Decreto No. 56-92 fue dictado el 15 de octubre de 1992 y establece la compensación con bonos del Estado emitidos por el Ministerio de Finanzas, con un tres por ciento de interés anual, mantenimiento de valor con relación al dólar americano y veinte años de plazo, redimibles anticipadamente a) si se emplean en la compra de activos del Estado y sus instituciones, en mecanismos de privatización, b) si el Estado recibiere dinero de la privatización de las empresas que allí se determinan, y c) si la situación económica del Estado lo permite.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido informada que las pocas personas que han aceptado la compensación por medio de bonos están descontentas, ya que dichos títulos de valor no sirven para pagar impuestos y se están vendiendo al 30% de su valor nominal.
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva No. 13, pág. 8, "Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", 16 de julio de 1993.
[2] CIDH, Informe Anual 1991, Cap. IV, pág. 249, "Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua".
[3] CIDH, Informe Anual 1992-1993, Cap. IV, pág. 202, "Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua".
[4] Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, año 1973, pág. 28.
[5] Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile, 1985, pág. 200.
[6] CIDH, Infome Anual 1991, página 248.
[7] Naciones Unidas, "El derecho de toda persona a la propiedad individual y colectiva", Luis Valencia Rodríguez, E/CN.4/1993/15, 18.12.92, pág. 26 y 27.
[8] Naciones Unidas, "El derecho de toda persona a la propiedad individual y colectiva", "Informe definitivo presentado por el Sr. Luis Valencia Rodríguez, Experto independiente", E/CN.4/1993/15/, 18 de diciembre de 1992, pág. 69, 89.
[9] Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, G. Cabanellas, T. VIII, pág. 273-274.
[10] Código Civil de Nicaragua, 1904, Arts. 888 y 897, pág. 178-179.
[11] Código Civil de Nicaragua, Arts. 899, 900.
[12] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, 1981, pág. 32.

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 artículo 2
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