Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2000/A102-00.htm
Timestamp: 2017-11-21 17:23:22+00:00

Document:
A102-00
Auto 102/00
Referencia: I.C.C. 130. Conflicto de competencia entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) y el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca
Acción de tutela instaurada por Ismenia Ravelo Alarcón
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre dos mil (2000).
Ismenia Ravelo Alarcón, quien labora como docente en la Escuela "El Páramo" del Municipio de Tutazá (Boyacá), instauró acción de tutela ante el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo contra la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública, por considerar que al no haber agotado del incremento salarial para el año 2000, se le había vulnerado su derecho a la remuneración vital y móvil, consagrada en el artículo 53 C.P.
Mediante providencia del 2 de agosto del año en curso, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión Civil - Familia, resolvió enviar las diligencias al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar que éste era el competente para asumir el conocimiento de la acción en referencia en cuanto se atacaban decretos del Ejecutivo nacional que señalaron la política de aumento de salarios en el sector oficial.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en providencia del 14 de agosto de 2000, señaló que, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1382 del año en curso, la competencia para conocer del presente proceso corresponde al Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, por lo cual resolvió remitir el expediente a la Corte Constitucional para que ésta decidiera el conflicto negativo de competencia.
Debe anotarse que, como cabeza de la jurisdicción constitucional, corresponde a la Corte Constitucional, en los términos del artículo 241, numeral 9, de la Carta, la función de revisar las decisiones judiciales relacionadas con las acciones de tutela de los derechos constitucionales, entre ellas precisamente las relativas a conflictos de competencia que le corresponde entonces definir, en los términos que ya ha precisado la jurisprudencia.
Sobre el particular, en una de sus providencias, esta Corporación señaló:
De otra parte, hay que anotar que los conflictos de competencia entre jueces o tribunales de una misma jurisdicción, se siguen tramitando de acuerdo con las normas vigentes. Y para estos efectos, los jueces o tribunales tales como los civiles, penales, laborales, agrarios, comerciales especializados y de familia, hacen parte de una misma jurisdicción, la ordinaria, según el artículo 234 y siguientes de la Constitución.(Cfr. Corte Constitucional. Auto 016 de 1994. M.P. Dr. Jorge Arango Mejía).
La Corte Constitucional ha establecido que ella solo resuelve conflictos de competencia cuando éstos se suscitan entre jueces o tribunales que no tienen un superior común, pues de existir, a éste le corresponderá definir esa controversia.
De conformidad con estos criterios jurisprudenciales y teniendo en cuenta que el conflicto negativo de competencias ha surgido entre un Tribunal Superior de Distrito Judicial y un Tribunal Contencioso Administrativo, entre los cuales no existe un superior común, es claro que debe ser la Corte Constitucional la que dirima el presente conflicto, como se hará a continuación.
En primer lugar, la Corte inaplicará las disposiciones del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, por cuanto el Gobierno, so pretexto de ejercer su potestad reglamentaria, introdujo modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, restringiendo de esta manera el ámbito de la acción de tutela consagrado en el artículo 86 C.P. Además, la regulación de la acción de tutela debe ser objeto de una ley estatutaria tal como lo dispone el artículo 152 C.P.:
En reciente providencia esta Corporación señaló:
Si ya el Decreto 2591 de 1991, expedido en virtud de las facultades extraordinarias que le concedió al Presidente de la República el artículo 5 transitorio de la Constitución, había establecido en el artículo 37, la competencia a prevención de los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivó la presentación de la solicitud de tutela, es a esta norma a la que debe ceñirse la competencia en este tipo de acciones.
Por ello, la Sala considera que si se trata de acciones de tutela contra actuaciones del Gobierno Nacional, como es el caso del Decreto mediante el cual se determinaron los ajustes salariales para el año 2000, cualquier juez o tribunal de la República es competente para conocer de ellas, dada la cobertura nacional y general de este tipo de disposiciones. Así las cosas, en el caso sub examine, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) es competente para asumir el estudio de la tutela de la referencia.
Primero.- Inaplicar el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, por ser manifiestamente contrario a las disposiciones constitucionales.
Segundo.- Dirimir el conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) y el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, respecto de la acción de tutela incoada por Ismenia Ravelo Alarcon contra la Nación, los Ministerios de Hacienda y Educación y el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el sentido de que su conocimiento corresponde al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), al cual se remitirá el expediente.

References: artículo 53
 artículo 241
 artículo 234
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 86
 artículo 152
 artículo 5
 artículo 37
 artículo 1
e contrario