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Timestamp: 2016-07-28 05:37:30+00:00

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Pal 016 2010-c_(sostenibilidad_fiscal) “por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del estado social de derecho”
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. _________ “POR EL CUAL SE ESTABLECE EL DERECHO A LA SOSTENIBILIDAD FISCAL PARA ALCANZAR LOS FINES DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO” EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA:ARTÍCULO PRIMERO: El artículo 334 de la Constitución Política quedará así:“La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley,en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización yconsumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin deconseguir, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, ladistribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambientesano.El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, demanera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivoal conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y eldesarrollo armónico de las regiones.La sostenibilidad fiscal es indispensable para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho. Por lotanto, es un derecho de todos y es deber de todas las ramas y órganos del poder público colaborararmónicamente, dentro de sus competencias, para hacerla efectiva.El Congreso de la República, al determinar el alcance concreto de los derechos sociales y económicosconsagrados en esta Constitución, deberá hacerlo en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal con elfin de darles, en conjunto, continuidad y progresividad.ARTÍCULO SEGUNDO: El primer inciso del artículo 339 de la Constitución Política quedará así:“Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de lasentidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivosnacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias yorientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno.El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas yproyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para suejecución, dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal.” “HACIA UN MINISTERIO AGIL, ACERTADO Y CONFIABLE” Carrera 8 No. 6 – 64 Bogotá D.C. PBX 381 1700 www.minhacienda.gov.co
Página 2 de 19ARTÍCULO TERCERO: El primer inciso del artículo 346 de la Constitución Política quedará así:“El gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que será presentado alCongreso dentro de los primeros diez días de cada legislatura. El presupuesto de rentas y ley deapropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal ycorresponder al plan nacional de desarrollo.”ARTÍCULO CUARTO: Este Acto Legislativo rige desde su publicación.De los Honorables Congresistas,OSCAR IVÁN ZULUAGA ESCOBARMinistro de Hacienda y Crédito Público “HACIA UN MINISTERIO AGIL, ACERTADO Y CONFIABLE” Carrera 8 No. 6 – 64 Bogotá D.C. PBX 381 1700 www.minhacienda.gov.co
Página 3 de 19 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. _________ “Por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho”El Gobierno Nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 375 de la Constitución Política, somete aconsideración del Congreso de la República, el presente proyecto de Acto Legislativo, con base en lasrazones que se exponen en seguida.ANTECEDENTESI. El Estado Social de Derecho y la EconomíaLa sostenibilidad fiscal como condición para el desarrollo del Estado Social de DerechoEste proyecto de Acto Legislativo se enmarca dentro del propósito, ya evidente en la Constitución de 1991,de conseguir que el concepto abstracto de Estado Social de Derecho, se desarrolle en la realizaciónefectiva de varios derechos específicos. Esta vez, la propuesta que el Gobierno Nacional presenta aconsideración del Congreso de la República consiste en adoptar un derecho que contribuye a proteger atodos los demás y a darles continuidad bajo las diferentes condiciones que enfrente la economía paraatender sus deberes sociales. De este derecho se deriva el deber de todas las ramas y órganos del poderpúblico para que sus decisiones sean acordes con la sostenibilidad fiscal para realizar los propósitos delEstado Social de Derecho.La sostenibilidad fiscal es importante para el progreso económico y social de un país en la medida en queel sector público busca que, ante una determinada y limitada capacidad para recaudar ingresos y paraacceder a recursos de financiamiento, la política de gasto pueda mantenerse o sostenerse en el tiempo, demanera que en el mediano y en el largo plazo se logren importantes objetivos públicos, como la reducciónde la pobreza y la desigualdad y la equidad intergeneracional, y un crecimiento económico estable. Enotras palabras, el Gobierno protege la sostenibilidad fiscal cuando la senda de gasto que adopta en elpresente no socava su capacidad para seguir gastando en la promoción de los derechos sociales y en losdemás objetivos del Estado en el mediano plazo.Alcanzar y garantizar la sostenibilidad no es fácil y requiere de un gran compromiso y disciplina del sectorpúblico y del apoyo de la sociedad en la búsqueda de este objetivo. De no garantizarla, los riesgos y loscostos económicos y sociales pueden ser elevados. Eso no sólo lo ha demostrado la literatura económica “HACIA UN MINISTERIO AGIL, ACERTADO Y CONFIABLE” Carrera 8 No. 6 – 64 Bogotá D.C. PBX 381 1700 www.minhacienda.gov.co
Página 4 de 19sino también se ha evidenciado con la experiencia de muchos países en las últimas décadas, inclusive entiempos recientes.En efecto, incrementar significativamente los niveles de gasto en relación con el tamaño de la economía(es decir, como porcentaje del PIB) puede llevar a aumentos drásticos en las tasas de interés. Ello sucedepor el hecho de que el sector público y el privado compiten por recursos en los mercados financieroslocales y externos, el primero para financiar el exceso de gasto que no es sustentado con ingresostributarios y no tributarios y el segundo para financiar la actividad productiva de las empresas o la comprade activos, en el caso de los hogares. Los recursos financieros en el país son limitados y el monto queestán dispuestos a destinar los mercados financieros internacionales también son acotados. De maneraque una mayor presión por recursos por parte del sector público se reflejaría en un incremento de las tasasde interés. Elevadas tasas de interés inhiben la inversión y las mejoras en productividad, afectandonegativamente el crecimiento económico.Un crecimiento insostenible del gasto público también puede conllevar a ajustes macroeconómicosindeseables a través de incrementos en la inflación o movimientos bruscos de la tasa de cambio. Todos losagentes económicos (hogares, empresas y gobierno) mantienen balances entre activos y pasivos. Unaelevación inusitada de la inflación o una variación abrupta en la tasa de cambio pueden afectar losbalances de los diferentes agentes en la economía, descompensándolos, lo que puede derivar en quiebrasy pérdidas de riqueza, o empobrecimiento. Hay que recordar que la población más pobre y vulnerable es lamás afectada por los incrementos en la inflación.Para el Gobierno, un ajuste indeseado en variables económicas fundamentales se reflejará en laimposibilidad de sostener su política de gasto con consecuencias negativas en términos de proveer mayoracceso de la población a los bienes y servicios a los que tiene derecho, e inclusive incumplir el pago de susdeudas no sólo con sus acreedores en el exterior sino con quienes tiene pasivos y obligaciones en su país.Así mismo, aumentar los niveles de deuda pública como porcentaje del PIB implica una mayordependencia del financiamiento interno y externo, lo cual en el futuro significa que una mayor proporción delos ingresos y los gastos del sector público deben destinarse a pagar el servicio de la deuda pública. A suvez, ello se refleja en una carga para las generaciones futuras, que tendrán que pagar más impuestos paraque el Sector Público pueda atender su deuda. Mayores impuestos inhiben la inversión y el ahorro, y poresta vía el crecimiento y la generación de empleo futura.La dependencia del financiamiento interno y externo para financiar una parte del presupuesto del Gobiernodebe limitarse, para lo cual un manejo fiscal prudente y creíble resulta fundamental. Si ello no es así, enmomentos difíciles causados por fenómenos económicos internos y externos, cuando más se requiere definanciación para sostener los niveles de gasto, puede ocurrir que los mercados financieros cierren ladisponibilidad de crédito para el país o endurezcan sus condiciones financieras. La política fiscal pierde lacapacidad de jugar un papel estabilizador del ciclo económico, y al contrario puede convertirse en fuentede prociclicidad, ahondando la magnitud y la duración de la desaceleración económica y la crisis, con todoslos efectos económicos y sociales que ello puede acarrear. “HACIA UN MINISTERIO AGIL, ACERTADO Y CONFIABLE” Carrera 8 No. 6 – 64 Bogotá D.C. PBX 381 1700 www.minhacienda.gov.co
Página 5 de 19Así las cosas, las autoridades económicas deben estar comprometidas con el logro de los objetivos depolítica económica, inflación baja y estable y sostenibilidad fiscal, que permita la efectividad de las políticasde estabilización macroeconómica, al lograr minimizar las fluctuaciones del ciclo económico. Esta situaciónpromovería mejores perspectivas hacia el crecimiento económico en el mediano plazo favoreciendo así elmayor acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios a los que tienen derecho. De lo contrario, fuertesfluctuaciones del ciclo económico se reflejarían en desequilibrios económicos que se traducen en un mayordesempleo, alta inflación y alteraciones en los mercados financieros que obstaculizan la realización de losplanes de consumo e inversión por parte de los hogares y las empresas.Por esta razón, además de preservar el poder adquisitivo de la moneda, que por sí solo no garantiza elbienestar de la sociedad, los objetivos de la intervención del Estado en la economía, establecidos en laConstitución Política, y orientados especialmente a dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar elacceso de todas las personas a los bienes y servicios básicos, en particular por parte de las de menoresingresos, se fortalecen con un objetivo de política económica como la sostenibilidad fiscal.Por consiguiente, la materialización del Estado Social de Derecho requiere también de una economíapromovida por un dinamismo sostenible. En la medida en la que se asegure la sostenibilidad fiscal,mayores serán las posibilidades de hacer efectivos los derechos sociales, económicos y culturales, yaumentará igualmente el número de personas con acceso a los bienes y servicios básicos.De allí entonces la importancia de poder contar con un marco de sostenibilidad fiscal, que ofrezca a losagentes económicos -tanto públicos como privados- un ambiente propicio para la inversión y la generaciónde empleo. Ese es el marco de sostenibilidad fiscal que, desde la Constitución, debería servir deorientación a todas las autoridades del Estado, tal como propone el artículo primero de este proyecto deActo Legislativo.La sostenibilidad fiscal, un derecho que contribuye a proteger a todos los demás derechosEn efecto, una de las características de la Constitución Política de 1991 consiste en haber consagrado,junto a los derechos políticos, económicos y sociales que eran tradicionales en las democracias deoccidente y en nuestro medio, otros muchos, fruto de la nueva reflexión ius filosófica de la segunda mitaddel siglo XX.Fue así, como, en particular, la nueva Carta Política llevó a proclamar a Colombia como un Estado Socialde Derecho, y a preconizar, dentro de sus fines esenciales, los de “promover la prosperidad general ygarantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”Desde esa profunda perspectiva, el Título II, Capítulo 2, se ocupa de los derechos económicos, sociales yculturales también llamados por la doctrina como de “segunda generación”, y consagra una amplia yvariada lista de derechos que el Estado debe procurar hacer efectivos, tales como a la seguridad social, ala vivienda digna; a la educación y, como parte de ésta, el deporte y la recreación. “HACIA UN MINISTERIO AGIL, ACERTADO Y CONFIABLE” Carrera 8 No. 6 – 64 Bogotá D.C. PBX 381 1700 www.minhacienda.gov.co
Página 6 de 19Haciéndose eco de la misma preocupación humanística, el artículo 366 expresa que el bienestar social y elmejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado, y que será objetivofundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, desaneamiento ambiental y de agua potable. Y, en plena concordancia con esas ideas, el artículo 365 de laCarta Política señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y que esdeber suyo asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.Como puede observarse, se trata de un amplio y noble enunciado de derechos sociales y económicos, queel Estado tiene el deber de promover, proteger o hacer efectivos en el marco del Estado Social de Derecho.No es extraño, por ello, que para dar contenido práctico a ese postulado, el artículo 350 de la ConstituciónPolítica haya querido que una parte especial de la política fiscal se organice dentro del concepto de “gastopúblico social”, y que todo lo que con él se relaciona haya recibido prioridad sobre los demás gastos quereciben apropiaciones en el presupuesto público.Sin embargo, pese a la importancia del “gasto público social”, el compromiso de las autoridades con elEstado Social de Derecho no se agota, de ninguna manera, en el terreno de las apropiacionespresupuestales. Parte sustancial de ese compromiso consiste, también, en defender la capacidadadquisitiva de la moneda, para que el ingreso que los colombianos obtienen con su trabajo o por subsidiosde las autoridades, pueda servirles, efectivamente, para atender sus necesidades y lograr susaspiraciones. Es incompatible con el Estado Social de Derecho la tolerancia con una moneda que pierdavalor constantemente, que crea una ilusión temporal de bienestar destinada a esfumarse en un alza deprecios, escasez o desempleo.Y hay otros aspectos de nuestra Constitución Política, que hacen relación al comportamiento de laeconomía en vista de las finalidades del Estado Social de Derecho, en punto a la satisfacción de lasnecesidades básicas de la población colombiana y a la materialización de sus derechos sociales. Se haráen seguida mención de ellos, para subrayar, luego, la importancia de complementarlos con la consagracióndel derecho a que todos las ramas y órganos del poder público adopten sus decisiones y tomen accionesacordes con la sostenibilidad fiscal para realizar los propósitos del Estado Social de DerechoEl Estado Social de Derecho; la Economía de Mercado y la Intervención en la economía.En efecto, nuestra Constitución Política define los principios fundamentales de la actividad económica parapermitir el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho, acogiendo muchas de las reglas querigen el funcionamiento de las economías de mercado, por oposición al de las economías centralmenteplanificadas o socialistas.Las economías de mercado descansan sobre unos pilares fundamentales, dentro de los cuales sedestacan el respeto a la propiedad privada y la libertad económica, dentro de los límites del bien común, laempresa como base del desarrollo, la protección de la libre competencia económica, y la posibilidad de quelos servicios públicos sean prestados no sólo por el Estado sino también por los particulares y por lascomunidades organizadas. “HACIA UN MINISTERIO AGIL, ACERTADO Y CONFIABLE” Carrera 8 No. 6 – 64 Bogotá D.C. PBX 381 1700 www.minhacienda.gov.co
Página 7 de 19Dentro de este marco, y habida consideración de los fallos e imperfecciones que suelen presentarse en elfuncionamiento del mercado, el Estado se reserva para sí la dirección general de la economía. Así, elartículo 334 de la Constitución Política, mantuvo con algunas modificaciones el esquema básico deintervención del Estado en la economía, que se había introducido dentro de nuestro ordenamientoconstitucional desde el año 1936.De acuerdo con el mencionado precepto, el Estado está llamado a intervenir, por mandato de la ley, en lasdistintas manifestaciones de la actividad económica (explotación de los recursos naturales, uso del suelo,producción, distribución, utilización y consumo de bienes, servicios públicos y privados), para racionalizarla,y para lograr ciertos objetivos superiores o finales, a saber: - el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes; - la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo; - la preservación de un ambiente sano.Según el mismo texto constitucional, la intervención del Estado en la economía debe orientarse de maneraespecial a: (1) dar pleno empleo a los recursos humanos y (2) asegurar el acceso de todas las personas alos bienes y servicios básicos, en particular de las de menores ingresos.Finalmente, el precepto superior señala que son también objetivos de la intervención del Estado en laeconomía promover: (1) la productividad, (2) la competitividad y (3) el desarrollo armónico de las regiones.Estos objetivos, valga señalarlo, tienen un carácter eminentemente instrumental, vale decir, no son fines ensí mismos, sino medios o requisitos para el logro de los fines últimos de la intervención, que terminan enbuena medida siendo los mismos que propone, en términos más generales, el Estado Social de Derecho.Lo dispuesto en el artículo 334 respecto de la dirección general de la economía por parte del Estado, secomplementa y refuerza a través de otras disposiciones constitucionales, dentro de las cuales importadestacar, por un lado, la del artículo 339, relativa al Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollode las entidades territoriales, y, por el otro, la muy importante norma que en buena hora adoptó elConstituyente de 1991, en lo que concierne a la obligación que tiene el Estado de velar, por intermedio delBanco de la República, por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda (artículo 373).Ausencia de norma constitucional expresa sobre la sostenibilidad fiscalSin embargo, como puede apreciarse, el artículo 334 de la Constitución Política, al definir los objetivos dela intervención del Estado en la economía, no hace referencia expresa a la sostenibilidad fiscal.Esta omisión no alcanza a suplirse por lo dispuesto en el artículo 373 de la misma, respecto de laresponsabilidad que tiene el Banco de la República de velar por el poder adquisitivo de la moneda, variableésta sin lugar a dudas indispensable para alcanzar el objetivo social de la estabilidad de precios, peroinsuficiente, por sí sola, para asegurar una sostenibilidad fiscal general. “HACIA UN MINISTERIO AGIL, ACERTADO Y CONFIABLE” Carrera 8 No. 6 – 64 Bogotá D.C. PBX 381 1700 www.minhacienda.gov.co
Página 8 de 19La existencia de la jurisprudencia que adelante se detalla, además de instrumentos legislativos deracionalidad fiscal, como el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Principios de coherencia macroeconómica yHomeóstasis Presupuestal) y en especial la ley 819 de 2003, pese a su importancia, carecen de unajerarquía y rango suficientes para dar a las personas en Colombia una garantía homogénea, estable yexigible a todos los órganos del Estado, de que se mantendrán las condiciones de sostenibilidad fiscalnecesarias para asegurar la efectividad de los derechos económicos y sociales.Es necesario tener una disposición constitucional expresa que contenga un derecho de todos que garanticeque el Estado tendrá las condiciones, dentro de sus propias limitaciones de recursos, de garantizar laprestación y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, y por ende una realizaciónsostenible y eficiente del Estado Social de Derecho, al tiempo que imponga un deber a las ramas y órganosdel poder público de proteger con sus decisiones y actuaciones el mencionado derecho.No existe una disposición constitucional que consagre en forma directa y clara dicho principio, con unalcance general, formulado de tal manera que tenga en cuenta las diversas circunstancias derivadas delos ciclos económicos domésticos o de la dinámica de la economía mundial. Esas crisis y la evolución dela tecnología y los cambios en las circunstancias sociales o económicas pueden afectar la prestación y elcontenido de algunos de los derechos, pero, pese a ello, no puede renunciarse a la progresividad de losmismos en su conjunto, y la sostenibilidad fiscal es el instrumento para asegurar esa progresividad en elconjunto.El Gobierno Nacional, pretende que estas omisiones puedan superarse con la aprobación del proyecto deActo Legislativo que ahora se pone a consideración del congreso.II. Jurisprudencia Constitucional. Sostenibilidad Fiscal, Estabilidad Macroeconómica yProgresividad de los Derechos.Sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica como supuestos necesarios para el reconocimiento yejercicio de los derechosEl propósito del Acto Legislativo que ahora se presenta, es señalar al Congreso, así como a los demásórganos del Estado en todos los niveles, y según sus competencias, el deber de buscar, en formadeliberada, que sus diferentes decisiones faciliten el logro de una sostenibilidad fiscal, como instrumento deprotección de los derechos sociales de los colombianos, y como tal, de la realización de los fines delEstado Social de Derecho.De manera preliminar, puede resaltarse que la Corte Constitucional ha señalado, en un ámbito particular,la necesidad de coordinación que debe existir entre la función asignada al banco central en el sentido develar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda y los propósitos de la políticaeconómica general, redundando en el logro de los objetivos del estado social de derecho. “HACIA UN MINISTERIO AGIL, ACERTADO Y CONFIABLE” Carrera 8 No. 6 – 64 Bogotá D.C. PBX 381 1700 www.minhacienda.gov.co
Página 9 de 19Es decir, hay precedentes jurisprudenciales, al menos en un ámbito particular, que se refieren a lainterrelación entre inflación, estabilidad macroeconómica y sostenibilidad fiscal, en particular se pronuncióen la sentencia C-481 de 1999 sobre la exequibilidad del artículo 2 de la ley 31 de 1992, disposición legalque ordenaba al Banco de la República a establecer siempre metas de inflación decrecientes en el tiempo.Vale la pena transcribir textualmente las siguientes consideraciones de la Corte: Por ende, en la medida en que (i) las decisiones de la Junta del Banco tienen impactos indudables sobre el empleo y el crecimiento, y (ii) esta institución es una autoridad estatal cuyas funciones (iii) además deben ejercerse “en coordinación con la política económica general”, resulta indudable que la Junta del Banco de la República, si bien tiene como finalidad básica preservar el poder adquisitivo de la moneda (CP art 373), no puede sin embargo ser indiferente a los resultados de sus decisiones sobre el empleo y el crecimiento, que explícitamente debe tomar en consideración. Esto significa que la autonomía del Banco de la República para tomar decisiones dirigidas a velar por la estabilidad de precios también se encuentra limitada por el deber de dar cumplimiento a las finalidades constitucionales de la intervención del Estado en la economía (C.P. arts 54 y 334). Una interpretación sistemática de la Carta impone entonces la armonización de los artículos 334 y 373 superiores, como quiera que la salvaguarda de la capacidad adquisitiva de la moneda no es un fin en si mismo sino que es un instrumento para hacer efectivos los fines del Estado. Por ende, para la Corte es claro que nuestra Constitución no es neutra frente a variables económicas que pueden resultar comprometidas negativamente con determinadas políticas monetarias, tales como el empleo y el crecimiento, pues de acuerdo con el artículo 334 de la Constitución, estos son fines de la intervención estatal en la economía que comprometen a todos los integrantes del Estado en todo momento histórico.Pero, quizás el pronunciamiento más importante de la Corte Constitucional, que puede citarse comoantecedente de la propuesta que ahora se hace al Congreso, se produjo al examinar la constitucionalidadde las principales disposiciones de la ley 617 de 2000, por medio de la cual se impusieron ciertos límites yrestricciones a los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales.La Corte encontró que carecía de fundamento el argumento de que las normas acusadas quebrantaban laautonomía de las entidades territoriales, toda vez que en este caso se trataba de una intervención delLegislador orientada precisamente a conjurar, mediante medidas conducentes, proporcionadas yrazonables, una crisis estructural de las finanzas territoriales, que estaba amenazando seriamente lasostenibilidad fiscal y por lo tanto la estabilidad macroeconómica nacional.En la sentencia C-579 de 2001, razonó así el tribunal constitucional: (iii) La mayor potestad del legislador nacional en materia económica, y la correlativa reducción del alcance del núcleo esencial de la autonomía territorial en materia presupuestal, se ejemplifican claramente en el poder que asiste al titular de la función legislativa para intervenir en las finanzas territoriales, siempre que se encuentre de por medio la preservación de la estabilidad macroeconómica nacional. En estos casos, podrá intervenir no sólo sobre los recursos territoriales de fuente exógena, esto es, los provenientes de las arcas nacionales -lo cual es la regla general-, sino también sobre los recursos de fuente endógena; ello, se reitera, únicamente cuando esté de por medio la preservación de la estabilidad macroeconómica del país, y sin desconocer el núcleo esencial de la autonomía “HACIA UN MINISTERIO AGIL, ACERTADO Y CONFIABLE” Carrera 8 No. 6 – 64 Bogotá D.C. PBX 381 1700 www.minhacienda.gov.co
Página 10 de 19 territorial, lo cual habrá de definirse, en cada caso concreto, por la proporcionalidad y razonabilidad de la intervención. (Se ha subrayado)En el mismo fallo la Corte categóricamente señala que: [L]a estabilidad económica de la nación constituye un interés de alcance eminentemente nacional, llamado a ser objeto de una regulación expedida por el órgano nacional competente para ello. En consecuencia, la autonomía de los entes territoriales se encuentra limitada por la mayor potestad de intervención del Legislador nacional en asuntos económicos, puesto que así lo exige la delicada tarea a él encomendada, para cuyo apto (y razonable) ejercicio debe contar con herramientas lo suficientemente eficaces. (Se ha subrayado)De otra parte, el Acto Legislativo 1 de 2005, el cual modificó el artículo 48 de la Constitución Política, seocupó, entre otros aspectos, en la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social enPensiones como un presupuesto esencial, de orden superior, para garantizar el derecho de todos losciudadanos a obtener una pensión de jubilación dando prevalencia al interés general frente a los privilegiosde algunos beneficiarios de regímenes exceptuados. En tal sentido se pronunció la Corte Constitucional, enlos siguientes términos: “Las reformas a los regímenes pensionales, en particular, garantizan la sostenibilidad financiera del sistema pensional y la financiabilidad de otros potenciales pensionados. Estas finalidades constitucionalmente relevantes obligan a la ponderación entre sacrificios individuales y beneficios al sistema (artículo 48 CP, adicionado por el Acto Legislativo No. 1 de 2005). Ello explica que esta Corte haya puesto de presente que el Legislador no está obligado a sostener en el tiempo las expectativas que tienen las personas, conforme a las Leyes vigentes, en un momento determinado. Su potestad de configuración legislativa le habilita a modificar los regímenes jurídicos en función de nuevas variables, razones de oportunidad o conveniencia, y a otros intereses y circunstancias contingentes que deba priorizar para lograr los fines del Estado Social de Derecho, desde luego, consultando parámetros de justicia y equidad, y con sujeción a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.”1 (Se ha subrayado)En otra oportunidad, y en el mismo sentido, la Corte Constitucional “Ahora bien, tal reconocimiento legal no se trata de un mero acto de liberalidad del Legislador, pues la jurisprudencia constitucional ha sostenido que se trata de la materialización de diversos preceptos de rango constitucional, los cuales configuran realmente un derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional. Este derecho, además de estar consagrado expresamente en el artículo 53 de la Carta Política de 1991, puede derivarse de una interpretación sistemática de distintos enunciados normativos constitucionales. Así, por una parte, el artículo 48 constitucional contiene una clara previsión al respecto cuando establece que “[l]a ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”. Este precepto, aunque por su indeterminación normativa tiene la típica1 Sentencia C-242 de 2009. MP. Mauricio González Cuervo. “HACIA UN MINISTERIO AGIL, ACERTADO Y CONFIABLE” Carrera 8 No. 6 – 64 Bogotá D.C. PBX 381 1700 www.minhacienda.gov.co
Página 11 de 19 estructura de principio, señala explícitamente un deber constitucional en cabeza del Congreso de la República y por lo tanto sirve de parámetro de control de las medidas adoptadas por el poder legislativo en la materia. El artículo en comento fue adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual introdujo el deber adicional en cabeza del Estado colombiano de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, sin embargo, este añadido no desvirtúa el mandato cuya realización incumbe al Legislador, de definir los medios para mantener el poder adquisitivo constante de los recursos destinados a pensiones, simplemente señala expresamente un factor que ha de ser ponderado por la ley, cuya importancia por otra parte ha sido puesta de relieve por la jurisprudencia constitucional de tiempo atrás.”2 (Se ha subrayado)La conclusión que se deriva de los anteriores pronunciamientos de la Corte Constitucional, es que lasostenibilidad financiera es un principio sobre el cual se soporta la plena realización de los derechos de laspersonas dentro de un Estado Social de Derecho, teniendo en cuenta el hecho esencial de que todasociedad dispone de una cantidad limitada de recursos con los cuales debe atender múltiples necesidadesde las personas.Progresividad en el conjunto de los derechos y disponibilidad de recursos para el efectoLa jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha sido amplía en cuanto a la obligación que tiene el Estadode hacer efectivos los derechos económicos y sociales, y satisfacer las necesidades básicas de laspersonas, lo cual ha de cumplirse de manera progresiva, y no siempre en forma inmediata.A modo de ilustración, en seguida se transcriben algunos apartes de pronunciamientos de la CorteConstitucional en donde se aprecia cómo, al tiempo que se respeta la libertad de configuración legal que elCongreso tiene al desarrollar la Constitución, la Corte delimita el ámbito dentro del cual pueden obrar elCongreso y el Gobierno Nacional. Veamos la C-1489 de 2000: “4- Conforme a la Carta, el Legislador juega un papel esencial en el desarrollo y configuración del régimen de seguridad social en salud, pues tal y como esta Corte lo ha destacado, “es al legislador a quien compete regular el servicio público de salud y determinar cuáles entidades del sector público o privado pueden prestarlo, el régimen a que deben sujetarse y todos los demás aspectos atinentes al mismo”3. Los derechos a la salud y a la seguridad social son entonces derechos de amplia configuración legal, pues la Constitución ha conferido al Congreso una gran libertad para que defina el alcance de estos derechos y concrete los mecanismos institucionales y los procedimientos para su realización efectiva. Al respecto ha señalado esta Corte: “Tal como lo entendieron el Constituyente y el Legislador, la Corte considera en principio, el derecho a la seguridad social como un derecho asistencial o prestacional que la Carta sitúa en su capítulo 2o. del título II, de los derechos sociales, económicos y culturales. Se trata de un derecho calificado por el tenor literal de la Carta como de la Segunda Generación; tiene además por su contenido material una naturaleza asistencial o prestacional que no permite su eficacia con la sola existencia de la persona titular, sino que, requiere una reglamentación que lo organice y una agencia pública o privada autorizada que le suministre los bienes y servicios que lo hacen2 Sentencia C-802 de 2006. MP Humberto Sierra Porto3 Sentencia C-033 de 1999. MP Carlos Gaviria Díaz. “HACIA UN MINISTERIO AGIL, ACERTADO Y CONFIABLE” Carrera 8 No. 6 – 64 Bogotá D.C. PBX 381 1700 www.minhacienda.gov.co
Página 12 de 19 realidad. Adicionalmente, un aspecto relacionado con la capacidad fiscal o financiera del ente encargado de la asistencia o prestación, le da a este derecho a la seguridad social un carácter temporo-espacial, reconocido por el constituyente, que en proyecciones sentadas por la propia Carta (art. 48), lo viene a diseñar con una cobertura progresiva que comprenda todos los servicios que, como parte de él, determine la ley”4. (Se ha subrayado)De igual manera, los instrumentos internacionales en materia de Derechos Económicos, Sociales yCulturales han entendido que la progresividad en el reconocimiento, en conjunto, de estos derechos es unanota esencial de los mismos y depende de la cantidad de recursos de que el Estado disponga para talefecto; se reconoce, también, que los recursos deben ser empleados de la manera más eficiente posible.Es así como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en laObservación No. 3 “La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 delPacto)”5, en el párrafo 9 expresó: “La principal obligación en lo que atañe a resultados que se refleja en el párrafo 1 del artículo 2 es la de adoptar medidas "para lograr progresivamente... la plena efectividad de los derechos reconocidos [en el Pacto]". La expresión "progresiva efectividad" se usa con frecuencia para describir la intención de esta frase. El concepto de progresiva efectividad constituye un reconocimiento del hecho de que la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales en general no podrá lograrse en un breve período de tiempo. En este sentido, la obligación difiere de manera importante de la que figura en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e incorpora una obligación inmediata de respetar y garantizar todos los derechos pertinentes. Sin embargo, el hecho de que la efectividad a lo largo del tiempo, o en otras palabras progresivamente, se prevea en relación con el Pacto no se ha de interpretar equivocadamente como que priva a la obligación de todo contenido significativo. Por una parte, se requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo real y las dificultades que implica para cada país el asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Por otra parte, la frase debe interpretarse a la luz del objetivo general, en realidad la razón de ser, del Pacto, que es establecer claras obligaciones para los Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata. Este impone así una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con miras a lograr ese objetivo. Además, todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga.”Sobre el particular, la Corte Constitucional se ha pronunciado siguiendo los lineamientos del Comité deDerechos Económicos, Sociales y Culturales. El tribunal ha reconocido las limitaciones económicas quesubyacen a la realización de estos derechos y dispone como principal obligación del Gobierno laimplementación de las medidas necesarias para avanzar en ese sentido: “(…) En este pronunciamiento el Comité hace especial hincapié en una obligación de contenido específico que brota del principio de progresividad, según la cual los Estados firmantes del tratado no pueden adoptar medidas que impliquen un retroceso en la senda de protección que haya avanzado el4 Sentencia C-408 de 1994. MP Fabio Morón Díaz.5 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales “HACIA UN MINISTERIO AGIL, ACERTADO Y CONFIABLE” Carrera 8 No. 6 – 64 Bogotá D.C. PBX 381 1700 www.minhacienda.gov.co
Página 13 de 19 Estado para procurar el amparo de estos derechos. Las medidas que sean adoptadas en tal sentido deberán estar plenamente justificadas, para lo cual el Estado debe considerar como marco de referencia los siguientes parámetros: (i) el panorama que surge de la consideración de la totalidad de derechos consagrados en el Pacto Internacional y, en segundo lugar, (ii) el deber de aprovechamiento pleno del máximo de recursos con los que cuenta la organización estatal”6. (Subrayas fuera del texto)Se resalta entonces, cómo la jurisprudencia constitucional ha reconocido la importancia que tiene en elámbito internacional la progresividad en el otorgamiento de los derechos económicos, sociales y culturalesentendidos en su conjunto y que el cumplimiento de dichos postulados se soporta en el aprovechamientomáximo de los recursos con que cuenta el Estado, lo cual justifica constitucionalmente la modificaciónsuperior que se propone, puesto que sólo dentro de un ambiente de sostenibilidad fiscal, es posible larealización plena del Estado Social de Derecho privilegiando el interés general sobre el particular, tal comoya exige el artículo 1 de nuestra Constitución.La anterior afirmación encuentra, además, soporte en un aparte de otra sentencia más reciente en la cualla Corte Constitucional reconoció la superioridad que tiene la protección general de los derechos frente a laprestación de derechos particulares. Al referirse a la no regresividad en los derechos de segundageneración, dijo: “En consecuencia, el legislador puede realizar cambios normativos, siempre y cuando exista una clara justificación superior para la excepcional disminución, en la general protección de los derechos sociales y de acuerdo con el principio de proporcionalidad…”7 (Se ha subrayado)Finalmente, no sobra destacar que la jurisprudencia resalta la importancia que se le da a la preservaciónde la estabilidad macroeconómica. Es importante aclarar que para alcanzarla es requisito necesario, masno suficiente, la sostenibilidad fiscal.A modo de conclusión, tenemos que la sostenibilidad fiscal es un requisito para garantizar la prestación delos derechos económicos, sociales y culturales como parte esencial del Estado Social de Derecho y que lamisma facilita la progresividad en la atención del conjunto de los derechos, teniendo como marco ladisponibilidad de recursos destinados para ello, encontrando como fundamento superior la prevalencia delinterés general y atendiendo las prioridades de gasto de acuerdo con las disposiciones constitucionales taly como lo prevé, por ejemplo, el artículo 350 de la Constitución.De esta manera, un elemento crucial de las políticas públicas es la velocidad que se pueda dar a la"progresiva efectividad" del conjunto de derechos económicos y sociales y a la satisfacción de lasnecesidades básicas de las personas, a las que se refieren las Naciones Unidas y la jurisprudencia de laCorte.Un ingrediente clave de esa velocidad es la sostenibilidad fiscal. Sobre este punto la historia económica ylos eventos económicos recientes en muchos países del mundo presentan amplia evidencia:6 Sentencia T-580 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto.7 Sentencia C-556 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. “HACIA UN MINISTERIO AGIL, ACERTADO Y CONFIABLE” Carrera 8 No. 6 – 64 Bogotá D.C. PBX 381 1700 www.minhacienda.gov.co
Página 14 de 19 i. La ausencia de sostenibilidad fiscal crea, tanto en Colombia como a lo largo de las economías desarrolladas y emergentes, situaciones de crisis económica que aumentan la pobreza (por ejemplo entre 1987-2000 en Colombia, y actualmente en los países mediterráneos de Europa y en los Estados Unidos). Las crisis fiscales y cambiarias no solo detienen el desarrollo, sino que generan retrocesos en la provisión de las necesidades de los individuos y familias. ii. El exceso de deuda pública resultante de sendas insostenibles de gasto público aumenta los intereses financieros, y desvía recursos escasos de su función social y económica. Por esto es fundamental tener un nivel "óptimo" de deuda y dirigir la política fiscal a acercar la deuda pública a dicho nivel; ese será el espíritu de la Regla Fiscal que ha venido socializando el Gobierno Nacional. iii. La prontitud con la cual se logren esos objetivos depende, entre otros factores, de la capacidad de creación de riqueza de la sociedad, la cual a su vez requiere de un ambiente propicio para los emprendimientos económicos. Un ambiente de estabilidad y sostenibilidad fiscal es un prerrequisito para dicho ambiente de prosperidad. iv. El costo del capital en una sociedad, y con él el volumen de inversiones y emprendimientos, dependen de la tasa de interés. Sólo un ambiente de sostenibilidad fiscal promueve bajas tasas de interés. v. La estabilidad cambiaria tiene, como una precondición, que el Estado, que es el mayor prestatario de un país, tenga finanzas sostenibles. La insostenibilidad crea presiones en los mercados internos y externos que conduce a crisis cambiarias, y a pérdidas de ingreso y riqueza de las familias, en especial las más pobres, que carecen de mecanismos económicos para defenderse de tales crisis.III. Política Fiscal, Sostenibilidad Fiscal y cumplimiento de las finalidades del Estado social dederechoDentro de los diversos factores que gravitan sobre la estabilidad macroeconómica de un país, la políticafiscal juega un papel determinante. En efecto, un manejo prudente de los tributos y del gasto y el créditopúblico contribuyen a la estabilidad de las demás variables macroeconómicas.Por el contrario, los desórdenes fiscales originados por el gasto público excesivo y la tributacióninadecuada, son a menudo la causa eficiente de graves desequilibrios macroeconómicos que, como se dijoatrás, terminan convirtiéndose en un serio obstáculo para el empleo y los demás aspectos del desarrolloeconómico y social. “HACIA UN MINISTERIO AGIL, ACERTADO Y CONFIABLE” Carrera 8 No. 6 – 64 Bogotá D.C. PBX 381 1700 www.minhacienda.gov.co
Página 15 de 19En este orden de ideas, importa detenerse a examinar dos aspectos fundamentales de la manera en que elEstado está llamado a cumplir su deber constitucional de hacer efectivos, en su conjunto, los derechoseconómicos y sociales.Dichos aspectos pueden resumirse de la siguiente manera: (1) Las limitaciones fiscales, vale decir, la escasez de recursos para financiar el gasto público social, hace necesario que el Estado diseñe unas políticas públicas que permitan un avance sostenido en el cumplimiento de los derechos sociales, teniendo en consideración las posibilidades fiscales. Lo anterior, por supuesto, es requisito indispensable para alcanzar la estabilidad macroeconómica. (2) Desde el punto de vista de la distribución de competencias en el Estado, corresponde ante todo al legislador, en coordinación con el ejecutivo, definir el contenido y alcance concretos de los derechos sociales y económicos, sin dejar de tener en cuenta la situación fiscal y de la política económica general. Dicho alcance deberá, en cada caso particular e incluso en ocasiones de manera general, ser aplicado por los jueces, lo cual resalta la importancia de la colaboración de todas las ramas y órganos del poder público de alcanzar una sostenibilidad fiscal que garantice, de manera efectiva la prestación y el goce de los derechos, dentro de las garantías y limitaciones impuestas al Estado.Lo anterior, en concordancia con la jurisprudencia que antes se detalló, nos muestra la importancia decontar con un ambiente de sostenibilidad fiscal que garantice la realización del Estado Social de Derecho,entendiendo por tal, garantizar de manera progresiva la prestación y el goce de los derechos económicos,sociales y culturales en su conjunto, puesto que sólo en la medida en que se cuente con recursos para ellose podrán hacer efectivos los mismos.IV. Responsabilidad de los Distintos Órganos del Poder Público en Aras de la Sostenibilidad Fiscal.Siendo la sostenibilidad fiscal un asunto que incumbe al interés público y a la prosperidad general,conviene destacar la importancia que reviste la acción coordinada por parte de las distintas autoridadesque, al interior del Estado, ejercen funciones que inciden de manera preponderante sobre la misma. Nosreferimos específicamente al Legislador, al Ejecutivo, a los jueces, al propio Banco de la República y a lasdiversas autoridades territoriales.Al respecto, no sobra recordar el precepto general que contiene el artículo 113, inciso tercero, de la CartaPolítica, conforme al cual “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboranarmónicamente para la realización de sus fines.” El Acto Legislativo invita, explícitamente, a considerar quepara realizar tales fines es indispensable lograr la sostenibilidad fiscal para la realización del Estado Socialde Derecho. “HACIA UN MINISTERIO AGIL, ACERTADO Y CONFIABLE” Carrera 8 No. 6 – 64 Bogotá D.C. PBX 381 1700 www.minhacienda.gov.co
Página 16 de 19En segundo lugar, y en lo que atañe específicamente a la materia económica, el artículo 371 superior, aldefinir las funciones básicas del Banco de la República, señala en su inciso segundo que “Todas ellas seejercerán en coordinación con la política económica general”.La Corte Constitucional, en la sentencia C-481 de 1999, refiriéndose al sentido y alcance del mencionadomandato, expresó: “16- El explícito texto del artículo 371 de la Carta, así como el examen de los debates constituyentes de esta disposición permiten entonces concluir que ese mandato de coordinación representa uno de los elementos esenciales del diseño constitucional del Banco de la República, a tal punto que tiene la misma importancia que la consagración de la autonomía de esa entidad. Es más, el anterior estudio demuestra que la Asamblea Constituyente, para mantener la estabilidad en los precios, estableció un Banco de la República autónomo, pero siempre y cuando existiera también la obligación de que hubiera una coordinación entre las decisiones monetarias, crediticias y cambiarias, a cargo del Banco, con la política económica general, cuya orientación corresponde a los órganos políticos. 17- Este mandato de coordinación es fundamental pues significa que el Banco de la República no puede desarrollar una política monetaria, crediticia y cambiaria que sea indiferente respecto del manejo de otras directrices y tareas a cargo de otras autoridades económicas, y en especial del Gobierno. En efecto, el fundamento teórico para que se haya incorporado la exigencia de coordinación es la alta interrelación de los sistemas económicos, que explica que el manejo de una variable económica puede afectar sensiblemente a otras, de manera negativa o positiva. Así, las decisiones monetarias, que corresponden al Banco, pueden tener efectos muy importantes sobre el empleo y el crecimiento económico, en especial en el corto plazo, mientras que, la política fiscal, que corresponde esencialmente al Gobierno, puede a su vez tener una gran influencia sobre la estabilidad en los precios. A su vez, la tasa de cambio, que se encuentra fuertemente influida por las decisiones del Banco, como autoridad cambiaria que es, constituye una variable estratégica, no sólo en relación con los fenómenos monetarios y la inflación, sino que tiene también un influjo decisivo sobre las estrategias de desarrollo, y en especial sobre la evolución de la balanza comercial y de la dinámica de endeudamiento externo. Así, una sobrevaluación de la moneda disminuye la competitividad de las exportaciones, estimula las importaciones y favorece a quienes se encuentran endeudados en divisas, mientras que las devaluaciones tienen el efecto contrario: favorecen las exportaciones, desestimulan las importaciones y hacen más gravosa las deudas en divisas. Finalmente, el nivel de la tasa de interés, que se ve fuertemente condicionado por las decisiones de la Junta del Banco de la República, tiene también efectos muy importantes sobre las dinámicas de inversión, por lo cual su impacto sobre el crecimiento y el empleo es también considerable.”Es interesante observar que en el mismo fallo, la Corte Constitucional explica cómo este mandato decoordinación no implica una subordinación del Banco Central frente al Ejecutivo y al Legislador, sino unacolaboración de doble-vía, lo cual implica que también éstos últimos deben tener en consideración laspolíticas fijadas por el primero en materia monetaria, cambiaria y crediticia. En general, la coordinaciónentre los diversos órganos del poder público no es, nunca, subordinación sino búsqueda de resultadosefectivos en el ejercicio de las propias funciones. Dice así la Corte: 18- Como es obvio, el mandato de coordinación con la política económica general que recae sobre el “HACIA UN MINISTERIO AGIL, ACERTADO Y CONFIABLE” Carrera 8 No. 6 – 64 Bogotá D.C. PBX 381 1700 www.minhacienda.gov.co
Página 17 de 19 Banco del República tiene una contrapartida, y es la siguiente: las otras autoridades económicas, y en especial el gobierno, en ejercicio de sus funciones, tampoco pueden ser indiferentes frente a la defensa del poder adquisitivo de la moneda. En efecto, la Carta radica primariamente la función de conservar la estabilidad en los precios en el Banco de la República, pero no se trata de una responsabilidad exclusiva de esa entidad sino que corresponde a todo el Estado (CP art. 373). En otras palabras, el deber de mantener la capacidad adquisitiva de la moneda no sólo se predica de la autoridad monetaria, crediticia y cambiaria, esto es de la Junta del Banco de la República, sino también de quienes tienen responsabilidades en la formulación y ejecución de la política económica general del país. Por lo tanto, la coordinación de las funciones a cargo del Ejecutivo y del Banco, no debe entenderse como la imposición de una colaboración con determinada política económica de un gobierno, sino como la búsqueda de coherencia y cooperación entre las autoridades económicas en el desarrollo de la política económica del Estado, tal y como lo indicaron con precisión los Constituyentes. Así, el informe de ponencia respectivo explica que esta coordinación entre la política fiscal y la monetaria no significa que la primera esté subordinada a la segunda, ni viceversa “sino que ambas deben orientarse en forma armónica a regular la actividad económica del país con una misma finalidad. El Banco debe tomar en cuenta la política fiscal y el Gobierno debe tener en cuenta la política monetaria.8”Ausencia de otras normas constitucionales explícitas sobre la coordinación de políticas para alcanzar lasostenibilidad fiscalAhora bien, aparte de los preceptos arriba reseñados, no se encuentran en el texto de la ConstituciónPolítica otras normas que explícitamente se refieran, de manera general, a la colaboración armónica quedebe reinar entre las distintas ramas del poder público, incluido por supuesto el Banco de la República, conmiras a procurar la estabilidad macroeconómica. Como tampoco alguna que se refiera, en particular, a lacoordinación que debería haber entre la política fiscal, por una parte, y la política monetaria, cambiaria ycrediticia del Banco de la República. Finalmente, como ya se expresó arriba, no hay norma expresa queordene al Congreso legislar en armonía con dichas políticas, cuando quiera que vaya a determinar elalcance de los derechos sociales y económicos.El acto legislativo que se propone, prevé en su artículo primero, añadir al artículo 334 de la Constitución unnuevo precepto que ordene a todas las ramas y órganos del poder público, colaborar armónicamente enprocura de la sostenibilidad fiscal del país.V. A modo de conclusión: importancia de fortalecer los preceptos constitucionales relativos a lapreservación de la sostenibilidad fiscal8 Ponencia para primer debate en plenaria. Gaceta Constitucional 73 página 10. “HACIA UN MINISTERIO AGIL, ACERTADO Y CONFIABLE” Carrera 8 No. 6 – 64 Bogotá D.C. PBX 381 1700 www.minhacienda.gov.co
Página 18 de 19Como bien se ha dicho, las constituciones políticas deben consagrar los principios y reglas fundamentalesque gobiernan la estructura y orientación del Estado. No deben caer, por tanto, en reglamentacionesexcesivas, ni en lo casuístico, ni pretender solucionar problemas meramente coyunturales.En este orden de ideas, se ha dado en llamar “constitución económica” al conjunto de normasconstitucionales que definen los principios fundamentales sobre los cuales descansa la actividadeconómica del Estado y de los particulares.La propuesta de Acto Legislativo que aquí se sustenta, tiene por objeto proteger la efectividad de losderechos propios del Estado Social de Derecho ante los diversos avatares del ciclo económico nacional einternacional, incorporando en la “Constitución económica” el derecho a la sostenibilidad fiscal, así como eldeber de las ramas y órganos del Estado de protegerlo, y como consecuencia contribuir a la continuidad ya la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, en su conjunto.Por estas razones, el Gobierno Nacional considera necesaria una iniciativa que otorgue, en forma expresa,jerarquía constitucional a la preservación y protección de la sostenibilidad fiscal, reconociendo el decisivopapel que ésta cumple como condición necesaria, que no suficiente, para el cumplimiento de los deberessociales del Estado y la garantía de la efectividad de los derechos a través del crecimiento sostenido de laeconomía.Igualmente, al consagrar que la sostenibilidad fiscal no sólo es un deber del Estado, sino también underecho de todos, se espera que este precepto constitucional contribuya a crear conciencia ciudadana, asentar las bases para que el Legislador adopte en los planes de desarrollo y en las normas presupuestaleslas reglas que estime pertinentes con el fin de proteger, desde el frente fiscal, la sostenibilidad fiscal de laNación y a definir los responsables del cumplimiento de dichas reglas.TEXTO DE LA PROPUESTA DE ACTO LEGISLATIVOEl presente Acto Legislativo, cuenta con cuatro artículos (incluido el de la vigencia). El primero de ellospretende modificar el artículo 334 de la Constitución Política, a través de la inclusión del concepto desostenibilidad fiscal. Pero más importante aún, es considerar tal concepto como un derecho de todos,puesto que es necesario para que cada persona, y todas, puedan beneficiarse en forma efectiva del EstadoSocial de Derecho, dado lo que anteriormente se expuso, y en la medida en que dependa del Estadogarantizarlo dentro de su órbita de competencias.Siendo coherente con lo dispuesto en la Constitución, el artículo propuesto manda a las diferentes ramas yórganos del poder público a colaborar armónicamente para el cumplimiento del nuevo postuladoconstitucional, así como le impone al Congreso de la República el deber de velar por el cumplimiento deeste derecho al momento de legislar sobre el alcance y contenido de los Derechos Económicos y Sociales,con el propósito de brindarles, en su conjunto, una garantía de progresividad. “HACIA UN MINISTERIO AGIL, ACERTADO Y CONFIABLE” Carrera 8 No. 6 – 64 Bogotá D.C. PBX 381 1700 www.minhacienda.gov.co
Página 19 de 19Finalmente, los artículos segundo y tercero, ajustan las normas constitucionales sobre el Plan Nacional deDesarrollo y el Presupuesto Anual y la Ley de Apropiaciones en el sentido de determinar que los mismosdeberán darse dentro de un marco que asegure la sostenibilidad fiscal.Con la reforma propuesta, Colombia creará un modelo institucional original, en donde se concibe lacolaboración obligatoria de todos los órganos del poder público en alcanzar sostenibilidad fiscal, comoinstrumento para realizar, de manera sostenible, el conjunto de derechos propios de un Estado Social deDerecho.De los Honorables Congresistas, atentamente,OSCAR IVÁN ZULUAGA ESCOBARMinistro de Hacienda y Crédito Público “HACIA UN MINISTERIO AGIL, ACERTADO Y CONFIABLE” Carrera 8 No. 6 – 64 Bogotá D.C. PBX 381 1700 www.minhacienda.gov.co

References: artículo 334
 artículo 339
 artículo 346
 artículo 375
 artículo 366
 artículo 365
 artículo 350
 artículo 334
 artículo 339
 artículo 334
 artículo 373
 artículo 2
 artículo 334
 artículo 48
 artículo 53
 artículo 48
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 350
 artículo 113
 artículo 371
 artículo 371
 artículo 334
 artículo 334