Source: https://tc.vlex.es/vid/contrabando-comunicaciones-secreto-137928
Timestamp: 2019-08-22 12:16:39+00:00

Document:
STC 299/2000, 11 de Diciembre de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 137928
Número de Recurso: 3290/1997
RECURSO DE AMPARO. SENTENCIA CONDENATORIA POR DELITO DE CONTRABANDO. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES. VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES. SECRETO DE COMUNICACIONES. Los Autos que autorizan las intervenciones telefónicas, no se encontraban suficientemente motivados, por lo que ha de entenderse que se ha vulnerado el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones telefónicas, siendo precisamente en la segunda de las intervenciones telefónicas en la que se obtuvo la información relevante para la adopción de las ulteriores medidas de investigación. Se estima el recurso de amparo.
Sentencia citada en: 1720 sentencias, 26 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas, 3 noticias
En el recurso de amparo núm. 3290/97, promovido por don Miguel M. M. y don Rafael José M. S., representados por el Procurador de los Tribunales don Antonio de Palma Villalón y asistidos por el Letrado don Manuel Montalvo Soriano, contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, de 4 de julio de 1997, recaída en el rollo de apelación núm. 93/97 contra la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Córdoba, de 2 de abril de 1997, en autos de procedimiento penal abreviado núm. 135/96 por delito de contrabando. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Constitucional el día 23 de julio de 1997, don Antonio de Palma Villalón, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Miguel M. M. y de don Rafael José M. S., interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, de 4 de julio de 1997, a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
En la demanda de amparo se expone la relación de antecedentes fácticos y la fundamentación jurídica que a continuación se extracta:
La Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba de 4 de julio de 1997 estimó en parte el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal y por el Abogado del Estado contra la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Córdoba de 2 de abril de 1997, que había absuelto a los demandantes de amparo —don Miguel M. M. y don Rafael José M. S.— y a otras personas del delito de contrabando del que habían sido acusados, y, en consecuencia, condenó a don Roberto E.V., don Miguel M. M. y don Rafael José M. S., como autores penalmente responsables de un delito de contrabando previsto en los arts. 1, 1.3, 2.1 y 3 de la Ley Orgánica 7/1982, de 13 de julio, concurriendo en el primero de los condenados la agravante de reincidencia, a las penas de seis años de prisión menor y multa de 356.983.400 pesetas, con arresto sustitutorio de 30 días en caso de impago, a don Roberto E.V., y a las de cuatro años de prisión menor e igual multa a don Miguel M. M. y a don Rafael José M. S., así como al pago de las tres séptimas partes de las costas procesales, absolviendo al resto de los acusados.
En la demanda de amparo se relata el contenido de las siguientes diligencias que dieron lugar al procedimiento penal abreviado:
En fecha 29 de septiembre de 1995 el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) remitió oficio al Juzgado de Instrucción núm. 3 de Córdoba, solicitando la intervención de los números de teléfono [...], cuyo titular es don Salvador H. P., y [...], cuya titular es doña Dolores U.J., pues, según el SVA, forman parte de una organización que se dedica a la introducción y venta de tabaco de contrabando (folios 2 y 3). El Juzgado de Instrucción núm. 3 de Córdoba, por Auto de 29 de septiembre de 1995, acordó la intervención de los números de teléfono reseñados en el oficio del SVA (folio 5).
En fecha 18 de octubre de 1995 el SVA libró oficio al Juzgado de Instrucción núm. 3 de Córdoba, solicitando la intervención del número de teléfono [...], con el objeto de investigar a don Miguel M. M., al ser posible que estuviera esperando una partida de tabaco (folio 79). El Juzgado de Instrucción núm. 3 de Córdoba dictó Auto de fecha 18 de octubre de 1995, accediendo a la intervención solicitada, en el que se da por reproducida la fundamentación jurídica del Auto de 29 de septiembre de 1995 (folios 80 y 81).
Sin embargo, el número de teléfono cuya intervención se autorizó en este segundo Auto —[...]— no fue objeto de intervención alguna, sino que lo fue el número de teléfono[...] (folios 136 y siguientes), por lo que este número ha estado intervenido careciendo de autorización judicial, habiendo sido obtenidas ilícitamente las transcripciones de las llamadas intervenidas en ese número de teléfono.
Consta en las actuaciones la transcripción de la llamada que da origen a la detención de los demandantes de amparo y de don Roberto E.V. el día 20 de octubre de 1995, estando intervenido el número de teléfono[...] (folio 137).
Con esa misma fecha el SVA levantó atestado, en el cual se hace constar por una información confidencial que el día 20 de octubre de 1995 don Miguel M. M. iba a introducir una partida de tabaco rubio, procediéndose a montar el correspondiente servicio de vigilancia, que da lugar a la detención antes referida (folios 85 y siguientes).
La representación procesal de los demandantes de amparo afirma que los Autos del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Córdoba de 29 de septiembre y de 18 de octubre de 1995 no cumplen los requisitos que la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo exige para que una resolución judicial sea válida y no vulnere los derechos constitucionales, cuando a través de la misma se permite la injerencia de las autoridades públicas en los derechos fundamentales de los ciudadanos, limitando éstos. Tales requisitos son los de proporcionalidad de la medida, motivación de la resolución jurisdiccional y control judicial en el desarrollo de aquélla.
Asimismo ambos Autos carecen de motivación y, por tanto, son nulos y ningún efecto puede tener, en consecuencia, la prueba obtenida de las intervenciones telefónicas, de acuerdo con una consolidada doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
Por su parte el Auto de 18 de octubre de 1995, por el que se intervino el teléfono que permitió grabar la conversación que dio lugar a la aprehensión del tabaco y a la detención de los demandantes de amparo, al igual que el anterior, carece de la más mínima motivación, pues se limita a fundar la decisión de intervenir el número de teléfono [...] en el oficio del SVA y en el estado de las actuaciones, remitiéndose a la fundamentación jurídica del Auto de 29 de septiembre de 1995. Además, en dicho Auto se autoriza la intervención del indicado número de teléfono, siendo sin embargo intervenido el número de teléfono[...], respecto al que, por lo tanto, no existía autorización judicial para su intervención. En definitiva, el mencionado Auto de 18 de octubre de 1995 es nulo, ya que se remite a una motivación anterior, es decir, la contenida en el Auto de 29 de septiembre de 1995, resolución a su vez que no está motivada, así como al oficio del SVA, que carece de toda clase de fundamentación y no explicita indicios, y, lo que resulta aún más grave, del contenido de las actuaciones se desprende que el Juez no procedió nunca a la audición de las cintas ya grabadas cuando se solicitó esa nueva intervención telefónica, por lo cual no pudo ponderar la situación.
Por último, tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como la del Tribunal Supremo establecen que es necesario e imprescindible un control judicial de la práctica de la intervención telefónica que se acuerde, lo que requiere el examen de las conversaciones grabadas en períodos razonables, para comprobar la progresión de la intervención, a fin de decidir o no sobre la necesidad de su continuación mediante prórrogas o la intervención de nuevos teléfonos. El Juez debe de proceder siempre al examen de las cintas en las que se graben las conversaciones en presencia del Secretario, quien habrá de efectuar la transcripción de las mismas.
No concurre, por lo tanto, ninguno de los tres requisitos esenciales para la validez de una resolución judicial que limite el ejercicio de los derechos fundamentales. Se ha vulnerado en este caso el principio de proporcionalidad, puesto que no es la intervención telefónica medida que se pueda adoptar en la investigación de un delito de contrabando, dado su escaso o nulo reproche social y tratarse de un delito menos grave para el que está prevista una pena menos grave. No se encuentran motivadas ninguna de las dos resoluciones en las que se acordaron las intervenciones telefónicas, siendo en la segunda intervención, cuando se graba la conversación que da lugar a la aprehensión, de modo que, aunque fuera acorde a Derecho el Auto de 29 de septiembre de 1995, el resultado sería el mismo, puesto que es nulo el Auto de 18 de octubre de 1995, en el que, además, se autorizó la intervención de un número que no fue intervenido y se intervino otro, para el que no existía autorización judicial. Finalmente el Juez Instructor no supo del contenido de las cintas en ningún momento y ese desconocimiento llega hasta el punto de que, habiendo sido él quien ordenó las intervenciones telefónicas, ni tan siquiera se le da cuenta de su resultado.
Bajo la rúbrica "Fundamentos de Derecho", en la demanda de amparo se hace referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las garantías para que la intervención de las comunicaciones telefónicas pueda entenderse constitucionalmente legítima y sobre la prohibición de valorar pruebas obtenidas mediando lesión de un derecho fundamental para enervar la presunción de inocencia, transcribiendo parcialmente algunas de sus resoluciones (SSTC 111/1984, 64/19986, 80/1991, 85/1994, 86/1995, 107/1995, 128/1995, 181/1995, 54/1996; ATC 344/1990).
A la luz de la mencionada doctrina constitucional los demandantes de amparo afirman que el Auto por el que se acordó la prórroga de la intervención telefónica no respetó las indicadas garantías, al carecer de la más mínima motivación, constituyendo la intervención telefónica llevada a cabo a partir de ese momento una injerencia ilegítima en el derecho al secreto de las comunicaciones, lo que ha de provocar la inconstitucionalidad de dicha medida. Asimismo sostienen que, según se desprende de la Sentencia de la Audiencia Provincial, la única prueba que se tomó en consideración para deducir su participación en los hechos fueron precisamente las conversaciones telefónicas interceptadas tras la prórroga judicial, en una de las cuales —19 de abril— uno de los condenados habló con la esposa de don Miguel M. M. y en otra —22 de abril de 1988 (sic)— aquél llamó a éste "citándole al lugar donde se encontraba la furgoneta que ... a fin de trasladarla a determinado local". Aparte de la referida grabación telefónica, no ha existido en el proceso una actividad probatoria que pueda estimarse suficiente para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia.
La Sección Cuarta de este Tribunal por providencia de 18 de marzo de 1998, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, acordó conceder a los demandantes de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que formulasen alegaciones, con las aportaciones documentales que tuvieran por convenientes, en relación con la posible carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda de amparo [art. 50.1.c) LOTC].
La Sección Cuarta de este Tribunal por providencia de 26 de octubre de 1998 acordó formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, otorgar un plazo común de tres días a la parte recurrente, al Abogado del Estado y al Ministerio Fiscal, para que alegasen lo que estimaren procedente sobre la suspensión solicitada.
La Sección Tercera de este Tribunal, por providencia de 18 de marzo de 1999, acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente, al Abogado del Estado y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que formulasen las alegaciones que tuvieran por conveniente.
El Abogado del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Constitucional el día 15 de abril de 1999, que a continuación, en lo sustancial, se extracta:
Tras resaltar la evidente conexión de este recurso de amparo con el registrado con el núm. 3286/97, considera, en primer lugar, que carece de toda consistencia la denunciada lesión del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), cuya infracción se pretende basar en la circunstancia de que al ser detenidos y tomárseles declaración no se les informó a los demandantes de amparo de que se habían intervenido ciertos teléfonos y registrado determinadas conversaciones. No existe norma constitucional u ordinaria que imponga ese deber como garantía del imputado, habiendo tenido las defensas pleno acceso a la cintas y sus transcripciones sobre cuya validez o invalidez han podido alegar cuanto han querido.
A continuación, el Abogado del Estado analiza la supuesta infracción del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), no compartiendo las razones que se esgrimen en la demanda de amparo para atacar la validez de las intervenciones telefónicas.
De otra parte, el Abogado del Estado califica de constitucionalmente suficiente la motivación de los Autos de 29 de septiembre y de 18 de octubre de 1995. Tras reproducir la doctrina constitucional establecida al respecto en la STC 49/1996, de 26 de marzo (FJ 3), que reitera la STC 54/1996, de 26 de marzo (FJ 8), considera que, aun siendo aquellos Autos de fecha anterior a dichas Sentencias, en ellos se determinan directamente o por remisión al informe del SVA mediante el que se solicita la intervención el número o números de teléfono respecto a los que se dispone la intervención, con un lapsus o errata salvable y salvada, carente de toda trascendencia constitucional, en el segundo Auto en el que se dice [...] en vez de[...], así como su ubicación; los titulares de los teléfonos y, en su caso, las personas que los utilizan (caso de don Miguel M. M. respecto al teléfono[...]) y sobre las cuales recaen sólidos indicios de su posible participación en la actividad delictiva de contrabando que se investiga, expuestos tales indicios precisa y concretamente en los informes del SVA a los que se remiten los Autos en sus hechos y fundamentos ("atendiendo a los razonamientos alegados"); el tiempo de duración de la intervención (treinta días); quiénes deben llevarla a cabo (delegado provincial de telefónica y oficina policial en que se hallan los dispositivos de escucha y grabación); y, en fin, las prescripciones de control judicial (comunicación de fechas de conexión y desconexión, entrega de las cintas grabadas al Juzgado). Ninguno de los límites impuestos por la resolución judicial fue traspasado por los agentes del SVA.
Frente a los argumentos expuestos en la demanda de amparo, entiende que no puede darse importancia alguna a la indicada errata o lapsus relativa al número de teléfono. El teléfono que se quería realmente intervenir y que se intervino era el que figuraba a nombre de don Pedro Vacas Arroyo, cuyo número era el[...]. La comisión de una clara equivocación en la última cifra del número (en el párrafo final del oficio del SVA y luego en el Auto) no constituye defecto de motivación, ni existe una especie de derecho fundamental a la inexistencia de erratas o errores materiales. La intervención telefónica carente de cobertura constitucional se habría producido si, por absurdo literalismo, se hubieran practicado escuchas inútiles para la investigación en marcha en el número teléfono [...]. Todos quienes participaron en la intervención (SVA, Telefónica, Juzgado) no tuvieron duda alguna, pese al error, respecto al teléfono cuya intervención había quedado judicialmente autorizada. De otra parte, no puede considerarse constitucionalmente prohibida la motivación de la resolución judicial por remisión al informe policial previo, en el que constan con toda concreción los indicios que llevan a pedir la intervención de ciertos teléfonos (folios 3 y 79), reproduciendo en este sentido el Abogado del Estado la doctrina de la STC 123/1997, de 1 de julio (FJ 5).
En cuanto al control judicial de las intervenciones telefónicas, consta en las actuaciones que la cinta y la transcripción concernientes a los demandantes de amparo fueron remitidas por el SVA al Juzgado el día 2 de noviembre de 1995 (folio 136), dando cumplimiento a la medida de control judicial dispuesta en la resolución jurisdiccional de autorización, así como que el Secretario del Juzgado ante el que se seguían las diligencias procedió en fecha 6 de noviembre de 1995 a la escucha de las cintas magnetofónicas aportadas por el SVA para comprobación de voces y transcripciones, con levísimos e intrascendentes cambios como resultado de tal diligencia (folio 224). De manera que la intervención telefónica se había ceñido totalmente a los límites de la autorización judicial.
El Abogado del Estado tampoco considera que se haya infringido el derecho a la presunción de inocencia, pues contra los demandantes de amparo había suficiente prueba de cargo, válida y jurídicamente independiente de las escuchas telefónicas. Estas respetaron el art. 18.3 CE y podían servir como prueba de cargo. No obstante, aunque hubieran sido deficientemente incorporadas a las actuaciones, no por ello impedirían apreciar la declaración de los agentes del SVA y la aprehensión del cuerpo del delito como base más que suficiente para condenar a los recurrentes.
Aún más, suponiendo inconstitucional la intervención telefónica, no cabe considerar que respecto a los demandantes de amparo la aprehensión del alijo y las declaraciones testificales de los agentes del SVA sean pruebas jurídicamente dependientes de la intervención telefónica, de acuerdo con la doctrina establecida en la STC 81/1998, de 2 de abril (FJ 4), reiterada en la STC 151/1998, de 13 de julio (FJ 3). La conversación telefónica entre un hombre de identidad desconocida (don Roberto E.V.) y don Miguel M. M. es absolutamente inexpresiva. Ofrece simplemente el dato neutro de que ambos se van a reunir a "tomar un café" en una gasolinera enfrente de una fábrica muy grande de aceite, y estos fueron los términos que repitió don Miguel M. M. en el juicio oral (folio 573). Fueron el seguimiento del automóvil Mercedes de don Miguel M. M. y la rápida y decidida actuación de los funcionarios del SVA (atestado al folio 15) lo que llevó a la aprehensión del alijo y a la identificación y detención de don Roberto E.V. y de los demandantes de amparo. Por otro lado, no puede decirse que negar la conexión de antijuricidad entre la intervención telefónica y las posteriores pruebas (aprehensión del alijo, declaraciones de los agentes del SVA) favorezcan las infracciones dolosas o gravemente culposas del derecho al secreto de las comunicaciones.
Finalmente, los demandantes de amparo han sido condenados en virtud de la "implícita confesión" de don Rafael José M. S. prestada en el juicio oral (folio 537), como expresamente señala la Audiencia Provincial en su Sentencia (FJ 9), extremo sobre el que nada se aduce en la demanda de amparo. Tal declaración da, obviamente, base para su propia condena, pero asimismo justifica la del otro demandante de amparo, pues, según una reiterada doctrina constitucional, la declaración de un coimputado, mínimamente corroborada por otros datos (en ese caso, autoinculpación del confesante, noviazgo con la hija mayor de don Miguel M. M., la propia declaración de éste en el juicio oral —folios 537 y 538—, la huida de uno y otro cuando se percataron de la intervención del SVA), basta para enervar la presunción de inocencia y justificar la condena (SSTC 153/1997, FJ 6; 48/1998, FJ 5; 115/1998, FJ 5), sin que corresponda a esta jurisdicción pronunciarse sobre la mayor o menor credibilidad de aquella declaración. Es manifiesta la independencia de la confesión, en el juicio oral, del coacusado don Rafael José M. S. respecto a la intervención telefónica, resultando así demostrada la corrección constitucional de la condena de ambos demandantes.
La representación procesal de los demandantes de amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido por escrito registrado en fecha 19 de abril de 1999, en el que da por reproducidas las alegaciones efectuadas en la demanda.
El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Constitucional el día 28 de abril de 1999, en el que interesó se dictase Sentencia desestimando la demanda de amparo.
Comienza por referirse a los antecedentes del recurso de amparo, para señalar a continuación que con posterioridad a su interposición ha sido revisada la condena de los demandantes, imponiéndoles como nueva pena la de 8 de meses de prisión a cada uno, así como que les han sido concedidos los beneficios de la condena condicional, y poner de manifiesto la conexión de este recurso de amparo con el registrado con el núm. 3286/97, adoptando el Ministerio Fiscal la misma postura en ambos.
Al analizar la cuestión de fondo suscitada, destaca algunos aspectos de la demanda de amparo que, en su opinión, resultan contradichos por lo actuado. Así, el dato sumamente relevante atinente a la intervención de teléfonos no autorizados o a la no intervención de los autorizados entiende que obedece a errores o lapsus mecanográficos. De errores hay que hablar y no de actuación dolosa al mecanografiarse los teléfonos 278586 y 278526 (folios 24, 29 y 30), cuando en realidad el teléfono intervenido de doña Dolores U.es el (...), lo que se confirma con la transcripción de las cintas (folios 17 a 65), que viene referida en su inicio a dicho número de teléfono, es decir, al (...). Asimismo se detecta un error en el oficio policial en el que se solicita la intervención del teléfono de don Pedro Vacas Arroyo, que es el[...], interesándose a continuación en el mismo oficio que se acuerde intervenir el número de teléfono [...] (folio 79). Se puede comprobar que el correcto es el primero en la providencia de 25 de octubre de 1995, en la que se ordena la desconexión de los tres teléfonos intervenidos, refiriéndose al de don Pedro Vacas Arroyo como el[...] (y no 65), así como en la remisión de la transcripción de las cintas por el Servicio de Vigilancia Aduanera (folio 136) en la que también consta el[...] (y no 65).
La proporcionalidad en cuanto a la intervención telefónica no puede medirse únicamente por la cuantía de la pena señalada al tipo delictivo, si bien marca una pauta para la adopción de la medida, no pudiendo erigirse en criterio único. No hay ninguna norma que señale la correspondencia entre pena asignada al delito e intervención telefónica. El criterio en supuestos no extremadamente graves, pero sí trascendentes criminalmente que pudieran ser castigados, como éste, con penas de hasta seis años, habrá que referirlo no sólo a desvalores generales de reprochabilidad, como puede ser el impacto social, económico y recaudatorio del contrabando de tabaco que destaca la exposición de motivos de la Ley 12/1995, de 12 de diciembre, sino a las circunstancias atinentes al caso concreto, como el que nos ocupa, en el que ya desde el inicio de las actuaciones se destaca el montante de la operación que supone la introducción de 30.000 cajetillas de tabaco diarias en la ciudad de Córdoba y el alijo decomisado que asciende a más de medio millón de paquetes con un coste superior a los 178 millones de pesetas (folio 3).
La motivación judicial discutida es, a juicio del Ministerio Fiscal, suficiente, pues ambos Autos van precedidos de un informe policial exhaustivo sobre las razones en que se apoyan las solicitudes de intervención, especifican los teléfonos y se da cuenta de por qué es útil conocer el contenido de las conversaciones. Por ello dichos Autos, apoyados en la información de los correspondientes oficios en cuanto al soporte fáctico y en el precepto de la Constitución amparador de la intervención, no pueden considerarse carentes de fundamento, dictándose el segundo de ellos con base en lo ya conocido por las intervenciones telefónicas transcritas en los folios 17 y 18. Las garantías adicionales en revelación de la posible conducta delictiva del divulgador de informaciones y las referentes, como en el primero, a la comunicación de fechas de conexión y desconexión prestan a los Autos la condición global de racionalidad y explicación de la medida limitadora del derecho fundamental.
El control judicial no se puede combatir por el hecho de la intervención de dos Juzgados, cuando el primero de ellos lo haga bajo la rúbrica de "diligencias indeterminadas". Si se atendiera a un criterio puramente formalista y no garantista desde el punto de vista material, se descalificarían sin más las intervenciones acordadas por un Juez y recibidas después por otro por el mecanismo procesal de la inhibición. Sin embargo, lo trascendente debe ser a estos efectos, no el nomen iuris, sino las garantías. En este sentido, descartado el sistema de diligencias o intervenciones prospectivas tomadas al margen de un procedimiento con el único fin de descubrir un inespecificado delito no conocido, no existe razón por la que, acordadas unas intervenciones telefónicas con todas las garantías en el curso de la averiguación de un concreto hecho ilícito, respecto del cual se ofrecen a la autoridad judicial en servicio de guardia unos datos muy específicos sobre circunstancias de personas, tiempo y lugar, puedan quedar inutilizadas por la circunstancia de que sean aprovechadas como material instructorio por el Juez que a la postre resulta competente. Así pues, existiendo un control judicial en cuanto al tiempo de intervención, teléfonos intervenidos, recepción de cintas originales, audición de las mismas con corrección de errores, desconexión, etc., una dualidad provisional de órganos instructores no puede provocar la inutilización del procedimiento y derivadamente la de las pruebas.
Una vez depurada la constitucionalidad de las intervenciones telefónicas por las que se descubre la cita para la entrega del alijo de contrabando, el derecho a la presunción de inocencia ha de decaer, así como la aplicación pretendida del art. 11.1 LOPJ. A aquéllas hay que unir las pruebas válidamente practicadas en el acto del juicio oral, es decir, la testifical de los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, la propia aprehensión de la carga y la detención de los recurrentes in situ y en poder de la misma. La presunción de inocencia de los demandantes de amparo ha quedado enervada, pues, por las antedichas pruebas.
Por providencia de 7 de diciembre de 2000, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 11 de diciembre siguiente.
La presente demanda de amparo tiene por objeto la impugnación de la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, de 4 de julio de 1997, que revocó la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Córdoba de 2 de abril de 1997, la cual había absuelto, entre otros, a los demandantes de amparo del delito de contrabando del que venían siendo acusados. La Sentencia recurrida condenó a éstos y a don Roberto E.V. como autores penalmente responsables de un delito de contrabando previsto y penado en los arts. 1, 2.1 y 3 de la Ley Orgánica 7/1982, de 13 de julio, consistente en la introducción en el territorio nacional de 594.979 cajetillas de tabaco rubio, de procedencia extracomunitaria y desprovistas de los correspondientes precintos reglamentarios de venta en España, cuyo valor alcanza las 178.941.700 pesetas.
Delimitado el objeto del proceso, hemos de seguir en nuestro análisis el propio orden de las alegaciones de los recurrentes, comenzando por las relativas a la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. En cuanto a ella, y según ha quedado expuesto [antecedente 2 c)], se cuestiona la proporcionalidad de la medida por la escasa entidad del delito para cuya investigación se acordó la intervención de las comunicaciones. En este sentido aducen que, para que una medida de intervención telefónica respete el principio de proporcionalidad, debe adoptarse al objeto de investigar un delito muy grave y que al mismo tiempo cause reproche o alarma social grave. Lo que, en su opinión, no acontece en el presente supuesto, ya que, de un lado, el delito de contrabando es un delito penológicamente leve, como permite apreciar la pena de prisión menor señalada para el mismo en el art. 2 de la Ley Orgánica 7/1982, de 13 de junio, que el Código Penal de 1995 considera como menos grave (art. 33.3 CP), por lo que es indiscutible que se trata de un delito menos grave; y, de otro lado, es un delito con una transcendencia o reproche social muy escasos.
La segunda de las fundamentaciones de la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, consiste, según ya quedó dicho [antecedente 2 d)], en la falta de adecuada motivación de los Autos del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Córdoba que autorizaron la intervención de las comunicaciones telefónicas cuestionadas, que, por ello, a juicio de los recurrentes, son nulos, por lo que ningún efecto puede tener, en consecuencia, la prueba obtenida de dichas intervenciones.
Sobre el particular hemos de descartar que se hubiera intervenido el teléfono del que es usuario el recurrente en amparo don Miguel M. M. y titular don Pedro Vacas Arroyo sin autorización judicial, como se llega a afirmar en la demanda de amparo. Tal alegato pretende en realidad convertir en falta de autorización judicial el error en el que se incurrió en el Auto de 18 de octubre de 1995, al transcribir la última cifra del número de teléfono, cuya intervención se había solicitado por el Servicio de Vigilancia Aduanera, y que se autorizó por la mencionada resolución judicial. Tanto en el oficio de solicitud del Servicio de Vigilancia Aduanera, como en el Auto de 29 de septiembre de 1995, aparecen perfectamente identificados el usuario y el titular, así como el domicilio al que correspondía la línea telefónica que se solicitó y autorizó intervenir, por lo que en modo alguno cabe atribuir a aquel error de transcripción, en el que no incurre la providencia por la que se acordó la desconexión, el significado que se le confiere en la demanda de amparo, al resultar claramente identificada la línea telefónica, cuya intervención se pretendía y se autorizó.
Al ser la intervención de las comunicaciones telefónicas una limitación del derecho fundamental del secreto de las mismas, exigida por un interés constitucionalmente legítimo, es inexcusable una adecuada motivación de las resoluciones judiciales por las que se acuerda, que tiene que ver con la necesidad de justificar la existencia del presupuesto legal habilitante de la intervención y la de hacer posible su control posterior en aras del respeto del derecho de defensa del sujeto pasivo de la medida, habida cuenta que, por la propia finalidad de ésta, dicha defensa no puede tener lugar en el momento de la adopción de la medida.
Tales precisiones son indispensables, habida cuenta que el juicio sobre la legitimidad constitucional de la medida exige verificar si la decisión judicial apreció razonadamente la conexión entre el sujeto o sujetos que iban a verse afectados por la medida y el delito investigado (existencia del presupuesto habilitante), para analizar después si el Juez tuvo en cuenta tanto la gravedad de la intromisión como su idoneidad e imprescindibilidad para asegurar la defensa del interés público, pues "la conexión entre la causa justificativa de la limitación pretendida —la averiguación de un delito— y el sujeto afectado por ésta —aquél de quien se presume que pueda resultar autor o partícipe del delito investigado o pueda hallarse relacionado con él— es un prius lógico del juicio de proporcionalidad" (STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 8, doctrina que reiteran las SSTC 166/1999, de 27 de septiembre, FJ 8; 171/1999, de 27 de septiembre, FJ 8).
La relación entre la persona investigada y el delito se manifiesta en las sospechas que, como tiene declarado este Tribunal Constitucional, no son tan sólo circunstancias meramente anímicas, sino que "precisan, para que puedan entenderse fundadas, hallarse apoyadas en datos objetivos que han de serlo en un doble sentido. En primer lugar, en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control. Y, en segundo lugar, en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona. Esta mínima exigencia resulta indispensable desde la perspectiva del derecho fundamental, pues si el secreto pudiera alzarse sobre la base de meras hipótesis subjetivas, el derecho al secreto de las comunicaciones, tal y como la CE lo configura, quedaría materialmente vacío de contenido" (STC 49/1999, FJ 8). Esas sospechas han de fundarse en "datos fácticos o indicios que permitan suponer que alguien intenta cometer , está cometiendo o ha cometido una infracción grave", o "en buenas razones o fuertes presunciones de que las infracciones están a punto de cometerse" (Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de septiembre de 1978 —caso Klass— y de 5 de junio de 1992 —caso Lüdi) o, en los términos en los que se expresa el actual art. 579 LECrim, en "indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa" (art. 579.1 LECrim) o "indicios de responsabilidad criminal" (art. 579.3 LECrim) (SSTC 49/1999, FJ 8; 166/1999, FJ 8; 171/1999, FJ 8).
Aplicando la doctrina expuesta al enjuiciamiento de las concretas resoluciones cuestionadas, se trata de determinar si en el momento de pedir y adoptar la medida de intervención se pusieron de manifiesto ante el Juez, y se tomaron en consideración por éste, elementos de convicción que constituyesen algo más que meras suposiciones o conjeturas de la existencia del delito o de su posible comisión, así como datos objetivos que permitieran precisar que las líneas de teléfono a intervenir eran utilizadas por personas sospechosas de su comisión o por quienes con ella se relacionaban.
"En Córdoba siendo las diez horas del día veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, EL JEFE DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA por medio de la presente hace constar:
Que por investigaciones propias de este Servicio se tiene conocimiento de que en la ciudad de Córdoba se están introduciendo unas treinta mil cajetillas (30.000.-) diarias de tabaco rubio americano de procedencia presuntamente ilícita a través de una organización de la localidad de Santaella (Córdoba), liderada por José MERINO MUÑOZ con D.N.I.: 80.127.305 con domicilio en c/ Villagallegos, 26 de Santaella, utilizando como intermediario para la distribución del citado género a Salvador HUERTAS PINA con D.N.I.: 30.030.513 con Domicilio en la calle Manuel de Falla, 2 de Córdoba, así como a Dolores UCEDA JIMENEZ con D.N.I.: 29.974.883 con domicilio en Poeta Miguel Hernández, 15 bajo esquina c/Antonio Machado.
Utilizan como medio de contacto para la distribución del género los teléfonos nº 957.27.45.26 cuyo titular es Salvador HUERTAS PINA, y nº 957.27.85.76 cuyo titular es Dolores UCEDA JIMENEZ (viuda de Miguel DIEZ JUSTO, con numerosos antecedentes por contrabando de tabaco en este Servicio).
Los individuos arriba citados tienen antecedentes por contrabando de tabaco en el S.V.A.
Con el fin de poder continuar las investigaciones que está llevando a cabo funcionarios de este Servicio adscritos a la Jefatura Provincial de Córdoba, tendentes a desmantelar la organización arriba señalada, se solicita, si su Señoría lo estima oportuno la observación telefónica de los teléfonos 27.45.26 y 27.85.76".
"I HECHOS.- Primero.- Se ha recibido oficio de la Unidad de Vigilancia Aduanera de esta capital, oficio en el que se interesa la intervención de los teléfonos 27 45 26 y 27 85 76 de los que son titulares Salvador H. P. y Dolores U.J., con domicilio en C/ Manuel de Falla núm. 2 y Poeta Miguel Hernández 15-bajo de Córdoba respectivamente por tener fundadas sospechas de que pudieran estar traficando con tabaco rubio de contrabando, por lo que se solicita la intervención de dicho teléfono a fin de realizar las escuchas pertinentes".
"II FUNDAMENTOS JURIDICOS.- Primero.- Garantizado por el artículo 18, núm. 3 de la Constitución Española el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial, procede atendiendo a los razonamientos alegados, y con el fin de investigar el posible delito a que se alude, decretar la intervención del teléfono 27 45 26 y 27 85 76 del que es titular Salvador Huerta P. y Dolores U.J. a fin de que desde los dispositivos existentes en la Unidad de Vigilancia Aduanera de esta capital se realicen las escuchas necesarias, durante el plazo que se determinará".
Por lo que se refiere al segundo de los Autos cuestionados, el de 18 de octubre de 1995, por el que se amplían las intervenciones telefónicas, es consecuente a solicitud policial de 18 de octubre de 1995, que es del siguiente tenor literal:
"A raíz de las escuchas que se vienen efectuando en esta Jefatura al teléfono 27.85.76 titular Dolores UCEDA JIMENEZ, se tiene conocimiento que el titular del mismo pudiera estar esperando una partida de tabaco rubio americano presuntamente de contrabando, en unión con Miguel MUÑOZ MONDEJAR D.N.I.: 30.022.143. Con el citado individuo ha contactado en diversas ocasiones en el teléfono 25.06.62 cuyo titular es Pedro VACAS ARROYO con domicilio en c/ Joaquín Benjumea, 53 de esta capital.
Por lo anteriormente expuesto es por lo que se solicita la observación telefónica del nº 25.06.65 titular Pedro VACAS ARROYO y con domicilio en C/ Joaquín Benjumea, 53 de Córdoba, si Vd. lo estima oportuno".
No consideramos ajustada a la realidad y a la corrección constitucional de la misma la afirmación de la Sentencia recurrida, cuando, abundando en la argumentación transcrita, afirma en el fundamento siguiente al referido (en el quinto), tras la cita y transcripción selectiva de la STC 174/1985, de 17 de diciembre, que "aquí los indicios existen, son reales y fundados. Los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera que sirven de apoyatura a los autos son elocuentes, viniendo a poner de manifiesto con ‘pelos y señales’ que determinadas personas, conocidas en el Servicio por tener numerosos antecedentes administrativos por contrabando de tabaco, están introduciendo esta mercancía ilegalmente en nuestro territorio, utilizando para ello contactos a través de concretos teléfonos, aseverándose en uno de sus informes la planificación por Miguel M. Mondejar de una importante partida de tabaco rubio americano".
Lo que en la Sentencia se califica, con castiza expresividad, de "pelos y señales", no pasa de ser en el primero de los Autos la pura y simple afirmación de la existencia del presunto delito a investigar y de la participación en él de las personas respecto de las que se solicita la intervención de los teléfonos; pero está ausente, según ya se ha dejado razonado, cualquier referencia a los datos objetivos, a las circunstancias de hecho que puedan funcionar como fuentes del conocimiento del presunto delito, cuya existencia se afirma. En cuanto a la referencia a la planificación por Miguel M. Mondejar de una importante partida de tabaco rubio americano, la Sentencia omite que el conocimiento de ese dato proviene de una anterior escucha telefónica, cuya justificación constitucional está en entredicho.
Pero además del defecto de motivación, de por sí suficiente para evidenciar la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, es apreciable también, como causa concurrente de la vulneración de ese mismo derecho, la falta de control judicial de la medida de intervención autorizada. El control judicial de la intervención telefónica autorizada es un requisito de su validez constitucional que este Tribunal viene proclamando con reiteración.
El segundo de los derechos fundamentales, cuya vulneración se alega, es, según se dejó enunciado antes, el del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) [antecedente 2 f)]. Cifran los recurrentes tal vulneración en el hecho de que, cuando fueron detenidos, no se les informó de las intervenciones telefónicas y del contenido de las cintas, pese a que ninguno de los dos Juzgados de Instrucción intervinientes había declarado secretas las diligencias. La alegación no es aceptable, pues en la primera declaración de los recurrentes ante el Juzgado, en la que estaban asistidos de Letrado, consta la información de sus derechos, pudiendo en su condición de imputados tomar conocimiento de las actuaciones; sin que, como dice el Abogado del Estado, exista precepto legal que obligue al Juzgado a informarles de las diligencias de investigación incorporadas a las actuaciones.
El tercero de los derechos fundamentales que los demandantes consideran violado es el de presunción de inocencia (art. 24.2 CE), por haberse utilizado como de cargo pruebas derivadas directa o indirectamente de las intervenciones telefónicas que se practicaron con vulneración de derechos fundamentales, no existiendo, a su juicio, ni una sola prueba totalmente autónoma de las conversaciones grabadas, de modo que sin el conocimiento de éstas los miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera nunca hubieran procedido a realizar la actuación que llevaron a cabo, cuestionando especialmente la eficacia de las declaraciones de los Agentes de Vigilancia Aduanera.
La Sentencia de la Audiencia Provincial es tajante al afirmar en su fundamento jurídico 9 que, a efectos meramente dialécticos, aun declarando nulas por contravenir la Constitución las intervenciones telefónicas, existen pruebas de cargo, no contaminadas por la supuesta ineficacia y validez de aquéllas, para enervar la presunción de inocencia de los demandantes de amparo y de don Roberto E.V.. Como tales menciona la declaración testifical de los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera que participaron en su detención y en la interceptación del tabaco aprehendido y la "implícita confesión" del coimputado y demandante de amparo don Rafael José M. S. y la propia ocupación del alijo de tabaco. Se razona al respecto en la Sentencia de la Audiencia Provincial que "aun cuando la información se obtuviera de las intervenciones telefónicas y éstas fueran —insistimos a efectos meramente dialécticos— absolutamente nulas, lo que no puede relegarse al plano de lo irreal es el hermoso alijo de tabaco que a la vista de los funcionarios transportaban en concreto los tres acusados antes indicados".
Excluidas las intervenciones telefónicas, de las restantes pruebas consideradas por la Audiencia Provincial como de cargo y con eficacia para enervar la presunción de inocencia de los demandantes de amparo, únicamente de las declaraciones testificales en el acto del juicio de los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera que detuvieron a las tres personas condenadas e interceptaron el tabaco cabe predicar la condición de prueba derivada de otra constitucionalmente ilegítima, pues dicha actuación, como se recoge en los antecedentes de hecho de la Audiencia Provincial, se produjo en "virtud de la información obtenida a través de las intervenciones telefónicas" (antecedente de hecho primero). Ha de analizarse, pues, en primer lugar, si esta prueba resulta o no jurídicamente independiente de las intervenciones telefónicas aquejadas de ilicitud constitucional o si entre ellas existe la conexión de antijuridicidad que transmite a las derivadas la ilicitud constitucional de los antecedentes.
Mas ocurre que desde el punto de vista del resultado, es decir, del conocimiento obtenido a través de la injerencia practicada inconstitucionalmente, la Sentencia de la Audiencia Provincial, al igual que la del Juzgado de lo Penal, declara como hecho probado que la aprehensión del tabaco y la detención de los demandantes de amparo y de don Roberto E.V. se produjo "a raíz de la información obtenida a través de las intervenciones telefónicas". Lo que permite corroborar tanto la lectura de la transcripción de las conversaciones grabadas (en especial, folios 137, 138, 200 y 208) como la declaración testifical en el acto del juicio oral de los miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera, uno de los cuales llegó a calificar de imprescindibles las intervenciones telefónicas para la actuación llevada a cabo. La información obtenida a partir de éstas no resulta en el presente supuesto, a diferencia de los que fueron objeto de las SSTC 81/1998, de 2 de abril, y 171/1999, de 27 de septiembre, neutral e irrelevante, sino que, por el contrario, ofreció a quienes las practicaron datos ciertos sobre el lugar, fecha y hora de una posible entrega de alijo de tabaco, que resultó finalmente aprehendido. De modo que el conocimiento derivado de la injerencia en el derecho fundamental contrario a la Constitución se presenta en este caso como indispensable o determinante de la ocupación del tabaco, sin que conste en las actuaciones ni en la declaración testifical de los Agentes del Servicio Aduanero dato o elemento alguno que permita razonablemente inferir que esa ocupación se hubiera obtenido sin la intervención de las conversaciones telefónicas.
En cuanto a lo que en la Sentencia recurrida se califica de "confesión implícita" del coimputado y demandante de amparo don Rafael José M. S. en el acto del juicio oral (folio 537), ante todo es obligado señalar que la referencia a una "confesión implícita" da ya idea de que no nos hallamos ante una propia confesión, sino ante una inferencia de la Sala sentenciadora, a partir de lo que es en sentido propio la confesión real; esto es, estaríamos ante una prueba indiciaria, que, para valer como tal, precisaría de la exposición por parte del órgano sentenciador del proceso lógico conducente al hecho presumido, sin lo cual dicha hipotética prueba no puede alcanzar eficacia para desvirtuar la presunción de inocencia. Frente a la irrazonada afirmación de la Sentencia sobre el particular, debe significarse que la lectura de dicha declaración no permite por sí sola llegar a la evidencia que en la Sentencia se da por existente, pues el demandante de amparo aludido en ningún momento reconoce su participación ni la del otro recurrente en amparo en los hechos, ni que tuvieran conocimiento del alijo de tabaco que se transportaba en el camión, limitándose a reconocer la relación que le unía con la hija de don Miguel M. M., que ese día se había encontrado con éste, quien lo llevó a Carbonell, que subió al camión y se acercó al camionero con la intención de buscar mercancía para descargarla porque necesitaba dinero, ya que se encontraba en el paro, y que salió corriendo del camión, porque se asustó al oír las sirenas y los tiros, datos estos que sin otro aporte no permiten llegar a la conclusión probatoria que en la Sentencia se afirma.
Razonada la procedencia de estimar el presente recurso de amparo, sólo nos queda determinar, en cumplimiento del art. 55.1 c) LOTC, cuál es la medida que corresponde adoptar para restablecer a los demandantes en la integridad de sus derechos. A tal fin, es obligado partir de la consideración de que la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, además de condenar a los solicitantes de amparo, condena a una tercera persona. Debe, por ello, estimarse que la medida adecuada para restablecer a los demandantes de amparo en sus derechos fundamentales es la de acordar la nulidad de dicha Sentencia en cuanto a ellos se refiere.
Declarar vulnerados los derechos de los recurrentes al secreto de las comunicaciones y a la presunción de inocencia.
Restablecerles en su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, de 4 de julio de 1997, en lo que se refiere a los recurrentes.
SAP Valencia, 27 de Mayo de 2008

References: resolución 
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 artículo 18
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