Source: https://fr.scribd.com/document/379686803/Defensoras-y-Defensores-Comunitarios-de-Derechos-en-los-Territorios
Timestamp: 2019-12-11 02:18:31+00:00

Document:
Defensoras y Defensores Comunitarios de Derechos en los Territorios | Unión Europea | Derechos humanos
Defensoras/es comunitarios de derechos en sus territorios, ante permanentes agresiones y asesinatos, se articularon en una red de defensores de derechos humanos, de alcance nacional. Estos defensores/as indígenas y campesinos, ante la ausencia de un diagnóstico investigativo sobre la situación de defensores en y desde los territorios asediados, decidieron realizar una investigación participativa sobre el tema. Aquí, dejamos el resultado de dicho trabajo. No existió cooperación, ni ONG, detrás de la investigación. Cada defensor, defensora, aportó el monto de Q.3.00 (equivalente a $0.40) para financiar la sistematización y análisis del mismo
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comunitarios de derechos
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Protección a defensor@s
ILC-ALC
Red de Defensores de Derechos Humanos (REDEH)
7a. calle, 1-163. Zona 3.
Colonia el Compromiso, Mazatenango, Suchitepéquez
E-mail: redeh2014@gmail.com
Teléfonos: 7872-1545.
Protección a Defensor@s ILC-ALC
Sitio web: defensatierrayterritorio.com
E-mail: defensatierrayterritorio@defensatierrayterritorio.com
Comunidad Intercultural de Estudios Sociales, CIES
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10ª calle 5-39. Zona 2. Mazatenango, Suchitepéquez, Guatemala
Tel/fax: (+502) 78721545
E-mail: asociacioncodeca@gmail.com
Sitio web: www.asociacioncodeca.org
Iximulew / Guatemala, mayo 2018
Defensora en proceso de formación. Baja Verapaz.
Introducción- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Red de Defensores de Derechos Humanos (Redeh)- - - - - - - - - - - - - - - 9
Ficha técnica de la investigación - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Marco conceptual básico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Resultados de la investigación sobre la situación de Defensoras
y defensores comunitarios agredidos en los territorios
Resumen Ejecutivo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
I.	Edad de defensores comunitarios de derechos - - - - - - - - - - - 22
II.	Agresiones a defensores comunitarios y
su distribución por sexo- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
III.	Identidad cultural de defensores comunitarios de derechos- - - 24
IV.	Derechos vulnerados en los territorios- - - - - - - - - - - - - - - - - 25
V.	Derechos que defienden
defensores comunitarios de derechos - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
VI.	Agresiones sufridas
por defensores comunitarios de derechos - - - - - - - - - - - - - - 28
VII.	Delitos atribuidos a defensores comunitarios criminalizados - - 30
VIII.	Agresores de defensores comunitarios de derechos- - - - - - - - 32
IX.	Dónde o desde dónde agreden a
defensores comunitarios de derechos - - - - - - - - - - - - - - - - - 34
X.	Tiempo de duración de las agresiones- - - - - - - - - - - - - - - - - 36
XI.	Consecuencias de las agresiones - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37
XII.	Denuncias de las agresiones - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39
XIII.	Instancia donde denuncian las agresiones - - - - - - - - - - - - - - 41
Conclusiones - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42
Bibliografía referida - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45
Anexos- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47
Defensoras y defensores comunitarias de derechos en los territorios
Una situación que interpela Introducción
Defensoras y defensores comunitarios en manifestación pública. Guatemala.
El derecho a defender derechos es uno de los derechos en ejercicio más
antiguos de la humanidad. Gracias al ejercicio óptimo de este derecho
humano fundamental se consiguieron el reconocimiento y la legislación
de todos los derechos humanos (Stammers: 2007). Pero, este importante
derecho expresamente recién fue incorporado como parte de los contenidos
de los derechos humanos a finales del pasado siglo.
En las comunidades y territorios indígenas y campesinos en Guatemala,
al igual que en el resto de las comunidades y territorios en disputa, en la
región y en el planeta, el ejercicio del derecho a defender derechos se
ha constituido en una misión trascendental y peligrosa.1 La nueva ola de
la expansión/acumulación del capital por desposesión (Harvey: 2005) en
dichos territorios a despertado centenares de defensores comunitarios que
gastan sus vidas como verdaderos místicos en defensa de los derechos de
la Madre Tierra, y de los derechos humanos.
La gran mayoría de nosotros (defensoras y defensores comunitarios de
derechos en nuestros territorios) no siempre aparecemos en las estadísticas
o informes sobre situación de defensores de derechos.2 Muchas veces
porque no siempre nos autodenominamos como defensores de derechos,
ni las entidades de investigación o de registro de información nos consideran
como defensoras/es de derechos. (Velasco, 2016).
El presente trabajo de investigación es un esfuerzo que como defensores
comunitarios de derechos realizamos, para mostrar los riesgos de la
misión de la defensa de derechos en nuestras comunidades y territorios.
En especial, en aquellos lugares amenazados o agredidos por proyectos o
Estas estadísticas, si bien muestran, en números, la azarosa situación en
la que ejercemos nuestra tarea como defensores. Sin embargo, esconde
las dramáticas historias que se encuentran antes, durante y después de la
agresión que sufre la o el defensor, su familia y sus comunidades.3
1	La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre la situación de derechos
humanos en Guatemala, 2017, al referirse a la situación de defensores de derechos humanos indica:
“Durante la visita, la CIDH constató la grave situación que enfrentan las defensoras y los defensores
de derechos humanos en Guatemala. La Comisión fue informada de actos de violencia y agresiones a
los que están expuestos constantemente, que van desde asesinatos, amenazas, acoso, criminalización,
arrestos arbitrarios y hostigamientos. Otro importante motivo de preocupación en el país, fue la
estigmatización y difamación de defensores de derechos humanos, que socava su reputación en la
sociedad y resta legitimidad a la lucha social. La CIDH resalta la importancia de prevenir y sancionar
los ataques e intimidaciones contra las y los defensores de derechos humanos, en vista de la valiosa
labor que desempeñan y dado el impacto multiplicador que dichos ataques tienen en la vigencia de los
derechos humanos en el país.” (CIDH, 2017: párrafo 11)
2	Los diferentes procesos de resistencias comunitarias frente a los proyectos/actividades empresariales
están dinamizadas por decenas de miles de defensores indígenas y campesinos que ejercen el derecho
a defender derechos. Pero, las hegemónicas categorías de comprensión de la realidad únicamente
ven en ellas y ellos a víctimas necesitados de alguna defensora o defensor externo. Es decir, se los ve
como objetos sociales a defender. Casi nunca como sujetos, mucho menos como sujetos del derecho a
3	Pensadores clásicos como Maurice Halbwachs, Francois Simiand, entre otros, ya desde el siglo pasado, 7
nos advierten sobre los límites del recurso de la estadística en investigaciones sociales. Mas sin embargo,
mientras no encontremos otra herramienta mejor, aún recurrimos a esta herramienta para graficar
nuestra situación de defensores de derechos en los territorios.
La información la recogimos de defensoras y defensores que sufrieron
o sufren algún tipo de agresión por defender derechos al momento
de recabar la información. Esta investigación no registra a nuestras
compañeras y compañeros mártires asesinados por defender derechos,
porque el llenado de las boletas de información fue personal. Sin embargo,
dejamos constancia que durante el trabajo de investigación de campo, dos
defensores comunitarios de derechos fueron asesinados en el contexto del
ejercicio del derecho a la protesta,4 y los cuerpos de otros dos periodistas
fueron hallados sin vida dentro de los cultivos de caña en Costa Sur.5
Oacnudh, en su informe del 2017, indica el asesinato de dos defensores6 y 4
periodistas.7 (Oacnudh, 2018).
Entregamos esta investigación también como denuncia pública y
solidaridad con todas nuestras hermanas y hermanos difamados, detenidos,
procesados penalmente, por ejercer el derecho a defender derechos en
sus comunidades y territorios.
4	Antonio Cruz Jiménez fue asesinado en plena vía pública, mientras participaba en una manifestación
pacífica, en el Departamento de Jutiapa, el 15 de enero del 2018. Antonio Pérez, defensor de derechos
comunitarios, en el Catón Chuichop, Municipio de San Antonio Ilotenango, Departamento de Quiché, fue
asesinado en la comunidad, el día 7 de noviembre del 2017. Era el segundo día del paro nacional en el
que él y sus compañeros defensores participarían, pero ya no pudieron salir a la acción colectiva como
se había coordinado. Itzamná, O., (15/11/17). Está prohibido que indígenas y campesinos promuevan
el derecho a defender derechos. TeleSUR. Recuperado de https://www.telesurtv.net/bloggers/Esta-
prohibido-que-indigenas-y-campesinos-promuevan-el-derecho-a-defender-derechos--20171115-0009.
5	El 1 de enero del 2018, fueron encontrados los cuerpos sin vida de los periodistas Laurent Castillo,
corresponsal del periódico Nuestro Diario, y Alfredo de León radialista en una emisora, en Coatepeque.
Ambos cuerpos fueron encontrados con un disparo en la cabeza, con las manos atadas, dentro de los
monocultivos de caña en el Municipio de Santo Domingo, Suchitepéquez. Unesco (2018), Unesco y
Oacnudh condenan asesinato de periodistas en Suchitepéquez. Recuperado en https://twitter.com/
UNESCOgt/status/959249841309220864
6	Sebastián Alonso, asesinado en una manifestación pacífica en contra del proyecto hidroeléctrico PojomII,
en Ixquisis, Departamento de Huehuetenango, en el mes de enero. Y Carlos Maaz Coc, asesinado durante
una manifestación pacífica de pescadores en contra de la contaminación del lago Izabal, por la empresa
8 minera CGN, en El Estor, Izabal, en el mes de mayo.
7	El informe no indica nombres, únicamente refiere que es con información registrada en el Ministerio
Público, entre enero y octubre del 2017.
Red de Defensores de
Derechos Humanos (Redeh)
Defensor comunitario de derechos. Guatemala
Durante el gobierno inconcluso de Otto Pérez Molina, actualmente
encarcelado por actos de corrupción, el ejercicio de la defensa de derechos
en los territorios se convirtió en una de las tareas más peligrosas, en lo que
va de la etapa posconflicto armado en Guatemala.
En octubre del 2012, en el Departamento de Totonicapán, la policía militar
realizó la primera masacre de siete manifestantes mayas que protestaban
en las calles exigiendo, entre otros, la solución al problema de la energía
eléctrica.8 En agosto del 2014, en el Departamento de Alta Verapaz, se
ejecutó otra masacre, esta vez del pueblo maya q’eqchi, que también
exigía el cumplimiento del derecho de acceso a la energía eléctrica para
sus comunidades. En dicha acción sangrienta, asesinaron tres defensores
comunitarios mayas.9
Pérez Molina, específicamente al referirse al movimiento indígena y
campesina denominado Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), los
señaló de ser: “una organización criminal peligrosa que crecía en Guatemala
como un cáncer social”. Y, emprendió políticas estatales, para perseguir y
encarcelar a las y los defensores en este y otros movimientos sociales.
Fue durante el gobierno de Otto Pérez Molina que el Ministerio Público
emprendió procesos penales en contra de defensores comunitarios
de derechos en los territorios mayas del norte del Departamento de
Huehuetenango, en contra de defensoras y defensores organizados en
resistencia frente a las empresas mineras en los departamentos de Santa
Rosa, San Marcos, Guatemala, Izabal. Incluso intentó expulsar a defensores
internacionales de derechos humanos, legalmente acreditados en el país.
Con el objetivo de perseguir y frenar el legítimo ejercicio del derecho a
defender el derecho a la energía eléctrica creó la Fiscalía Especial contra el
Hurto de Fluidos Eléctricos. Aunque, hasta la fecha dicha dependencia del
Ministerio Público no ha logrado encarcelar a ninguno por el delito de hurto
de fluidos.10
En este contexto nacional de endurecimiento de las políticas estatales, y
acciones empresariales adversas, defensoras y defensores comunitarios
en nuestros territorios en resistencia decidimos articularnos y organizarnos
legalmente en la Red de Defensores de Derechos Humanos (Redeh).
8	Itzamná, O. (5/10/12). Guatemala de la vergüenza: Ejército masacra a indígenas en Totonicapán. SERVINDI.
Recuperado en http://www.servindi.org/actualidad/74049
9	Rivera, Nelton (4/01/2017). Van a juicio 19 policías por la masacre de 3 campesinos en Samococh, Alta
Verapaz. Prensa comunitaria. Recuperado en http://www.prensacomunitaria.org/van-a-juicio-19-
policias-por-la-masacre-de-3-campesinos-en-samococh-alta-verapaz/
10	Según Mario Braham, jefe de la unidad de la Fiscalía contra el Hurto de Fluidos Eléctricos, no ha
demandado a ningún usuario por el delito del hurto de fluidos eléctricos, porque el objetivo de la fiscalía
es perseguir a las personas que organizan a las comunidades en resistencia. (Entrevista, ciudad de
10 Guatemala, 2016). En todos los casos judicializados (revisados en el marco de esta investigación) sobre el
conflicto en la distribución y uso de la energía eléctrica, a nivel nacional, existe solo un caso de demanda
por hurto de fluidos, en el Juzgado de Paz de Poptum, Departamento de Petén. Allí, la sanción pecuniaria
fue de Q.150.00 para los defensores demandados.
¿Por qué y para qué nació Redeh?
Redeh nace con la finalidad de acompañarnos mutuamente como
defensores comunitarios, y ejercer conjuntamente el derecho a defender
derechos en nuestros territorios conflictuados por la presencia de
actividades o proyectos empresariales, “sin consentimiento nuestro”.
Somos defensoras y defensores comunitarios de derechos que hacemos
de nuestra vida cotidiana una permanente apuesta porque los derechos
humanos sean universales en su reconocimiento y en su cumplimiento, y
estamos distribuidos en 906 comunidades, en 18 departamentos del país.
Asumimos que los derechos no son monopolio exclusivo de los humanos.
La Madre Tierra, la hermana agua, el hermano bosque, y todos los seres
que conviven en nuestros territorios son sujetos de derechos, por tanto
tienen derechos. Por ello somos defensoras y defensores comunitarios
de derechos, y ejercemos nuestro derecho a defender derechos, en base
a la Resolución nº 53/144 (año 1998) de la Organización de las Naciones
Unidas, la Resolución nº 1671 (año 1999) de la Organización de los Estados
Americanos, y todas las normas legales internacionales y nacionales
vigentes sobre la defensa y promoción de los derechos.
Defensor comunitario de Derechos. Huehuetenango
Fecha de realización: septiembre, 2017, a marzo, 2018
Equipo de investigación: Red de Defensores de Derechos Humanos
Forma parte del esfuerzo que como Red de Defensores de Derechos
Humanos realizamos para abonar en la construcción de una Guatemala
intercultural donde los derechos humanos y de la Madre Tierra sean
universales y garantizados para todas y todos.
Anterior a esta construcción horizontal del conocimiento, como Redeh
hemos realizado una escuela de formación sistemática itinerante por
diferentes departamentos del país, por un lapso de 7 meses. En ese
período de formación en el ejercicio del derecho a defender derechos, se
evidenció la necesidad de sistematizar y mostrar las condiciones en las que
defendemos derechos en los territorios, y sus consecuencias.
Participaron como fuentes y sujetos de información, 6,201 defensoras
y defensores comunitarios, quienes en algún momento sufrieron algún
grado de agresión por ejercer el derecho a defender derechos. Se recogió
información de 906 comunidades, distribuidas en 18 departamentos.11
Especial atención se prestó a los territorios con alta conflictividad social por
la presencia de proyectos o actividades empresariales.
Constatar con datos estadísticos descriptivos multidimensionales la
peligrosa situación en la que defensoras y defensores comunitarios ejercen
su labor de defensores de derechos en sus territorios. Especialmente, en el
La coordinación central de la Red de Defensores de Derechos Humanos,
luego de haber sondeado con sus comunidades sobre la necesidad de
documentar los contextos de permanente riesgo en el que realizan sus
compromisos, en una asamblea nacional decidimos levantar información
para esta investigación, y delegamos a un equipo para la elaboración de
una propuesta de boleta para recojo de información.
Meses después, en una asamblea nacional de coordinación, debatimos y
aprobamos la boleta de investigación.
12 11	La cantidad de comunidades Departamento donde se recogió la información son las siguientes: 88 en
Alta Verapaz, 54 en Baja Verapaz, 2 en Chimaltenango, 18 en Escuintla, 71 en Huehuetenango, 46 en
Izabal, 103 en Jalapa, 77 en Jutiapa, 77 en Petén, 15 en Quetzaltenango, 77 en Quiché, 77 en Retalhuleu,
39 en Santa Rosa, 10 en San Marcos, 32 en Sololá, 83 en Suchitepéquez, 19 en Totonicapán, 18 en Zacapa
Luego, decidimos que las boletas fuesen entregadas y llenadas en las
comunidades y territorios en resistencia únicamente por defensoras y
defensores comunitarios que en algún momento hayan sufrido, o estén
sufriendo, algún tipo de agresión por ejercer el oficio de la defensa de
Nos propusimos dos meses de plazo para el recojo de información, pero
logramos reunir los 6,201 boletas llenadas en más de cuatro meses. Y luego
se prosiguió con la sistematización y análisis de los datos.
Defensoras y defensores comunitarios de derechos humanos
Organizaciones de protección a defensores de derechos humanos
Instituciones públicas promotoras y defensoras de derechos humanos
Centros de investigación sobre derechos humanos
Organizaciones campesinas y movimientos indígenas
Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, Huehuetenango,
Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, Santa
Rosa, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa
La parte coloreada en gris, representa el territorio donde se recogió la información.
Defensoras y defensores comunitarios en proceso de formación. Alta Verapaz
En Guatemala, al igual que en el resto de los países de la región
latinoamericana, la autodefinición de actores sociales como defensores
de derechos es bastante reciente. Incluso a finales del pasado siglo,
a defensoras y defensores profesionales/técnicos de derechos se los
nominaba aún como activistas.12
A inicios del presente siglo, motivados por la Resolución nº 53/144 de la
ONU, muchos actores (activistas) que cumplían o cumplen la noble misión
de promover la defensa de derechos humanos comenzaron a autodefinirse
como defensores de derechos.
Pero, incluso en esta etapa inicial de la defensoría de derechos humanos,
la nominación “defensores de derechos humanos” estuvo reservada para
referirse a defensores y defensoras técnicos o profesionales. Mas no así
para cuantos defienden derechos en las comunidades o territorios, sin el
respaldo de algún título académico u organización especializada. (Sauri,
En los últimos años, ante el sistemático desprestigio-criminalización de
defensores en los territorios en conflicto por parte de las empresas y el
Estado, mujeres y hombres que defienden derechos progresivamente
comenzaron a proclamarse y asumirse como defensoras y defensores
comunitarias de derechos.13
Incluso en las audiencias judiciales, indígenas y campesinos procesados,
se presentan y autodefinen ante el Juez como defensores de derechos
humanos en sus comunidades. Situación que no pocas veces incomoda
a la parte acusadora acostumbrada a ver en indígenas y campesinos todo,
menos a defensoras y defensores de derechos humanos.
El derecho a defender derechos es uno de los derechos más antiguos en la
historia de los derechos humanos, aunque es uno de los últimos derechos
en ser reconocidos e incorporado en el ordenamiento jurídico internacional.
Es antiguo porque el reconocimiento progresivo de cada uno de los
derechos humanos vigentes estuvo precedido y promovido por el ejercicio
del derecho a defender derechos que diferentes defensoras y defensores
desempeñaron en su momento. Incluso pagando por ello con sus propias
12	El concepto de activista tiene una fuerte carga ideológica para marcar la diferencia entre el actor empírico
y el sujeto reflexivo (portador de ciencia). En este sentido, las y los activistas serían como agentes
técnicos ejecutores de tareas, sin darle mayor sentido reflexivo a sus tareas. El concepto de defensor,
por el contrario, implica un estilo de vida centrado en la filosofía del ejercicio del derecho a defender
derechos. El ser defensora o defensor implicaría todo un proceso de subjetivación y constitución de una
identidad como tal. Mas no así el activista que únicamente ejecutaría las tareas de un oficio.
13	Itzamná, O., (2/11/17). Guatemala: cuando indígenas y campesinos se asumen defensores de derechos y
comunicadores comunitarios. TeleSUR. Recuperado de https://www.telesurtv.net/bloggers/Guatemala-
cuando-indigenas-y-campesinos-se-asumen-defensors-de-derechos-20170902-0001.html
Todos los derechos humanos vigentes está cimentado en el ejercicio del
derecho a defender derechos, y la universalización y garantía de los mismos
depende del ejercicio eficaz de este derecho. (Soto: 2011)
Este derecho es nuevo, en los ordenamientos jurídicos nacionales e
internacionales, puesto que, si bien ya en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948) aparece el derecho a la asociación, a la libre
emisión de pensamiento, etc., que están relacionados con el derecho a
defender derechos. Sin embargo, será recién en la Resolución nº 53/144 de
la ONU (1998) que se establecerá el derecho en mención de forma expresa.
Aunque es importante indicar que en 1993, aparece este derecho en los
contenidos de la Declaración y Programa de Acción de Viena, pero en
relación a la organización y funcionamiento de los ombudsman nacionales
(Defensores o procuradores de derechos en los estados).
Desde entonces, organizaciones internacionales como la Unión Europea
(UE),14 la Organización de los Estados Americanos (OEA),15 y la misma ONU,16
incorporaron dicho derecho, en sus normas jurídicas.
Países como México,17 Honduras,18 Canadá,19 cuentan con leyes especiales
para la protección y promoción de defensores de derechos humanos.
Otros, como Guatemala,20 Perú,21 Colombia,22 etc., aunque no tienen una
Ley interna específica, tienen instituciones dedicadas al acompañamiento
y protección a defensoras y defensores de derechos humanos. En marzo
pasado, 24 países de América Latina aprobaron un acuerdo regional sobre
14	UE. (2008). Directrices de la Unión Europea sobre defensores de los derechos humanos. Recuperado en
15	OEA. (1999). Defensores de los derechos humanos en las américas, apoyo a las tareas que desarrollan
las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos
humanos en las américas. (AG/RES. 1671). Recuperado en https://www.oas.org/es/cidh/defensores/
docs/pdf/AGRes1671.pdf
16	ONU. (1998). Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones
de promover y proteger los derechos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. (A/
RES/53/144). Recuperado en http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/
declaration_sp.pdf
17	Asamblea legislativa del Distrito Federal (2015). Ley para la protección integral de personas defensoras de
derechos humanos y periodistas del Distrito Federal. Recuperado en http://aldf.gob.mx/archivo-74ea2ed8
0b1e8b8607ca0e3c8e566ac8.pdf
18	Poder Legislativo. (2015). Ley de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas,
comunicadores sociales y operadores de justicia. (Decreto nº 34-2015). Recuperado en https://www.tsc.
gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/619-ley-de-proteccion-para-las-y-los-defensores-de-derechos-
humanos-periodistas-comunicadores-sociales-y-operadores-de-justicia
19	Asuntos mundiales de Canadá (2017). Lineamientos de Canadá sobre cómo apoyar a las y los defensores
de derechos humanos. Recuperado en http://publications.gc.ca/collections/collection_2017/amc-gac/
FR5-110-2017-spa.pdf
20	Congreso de la República de Guatemala (1986). Ley de la comisión de los derechos humanos del congreso
de la república y del procurador de los derechos humanos. (Decreto 54-86 y 32-87). Recuperado en https://
archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1842/12.pdf
21	Presidencia de la República. (2018). Plan nacional de derechos humanos. (nº 002-2028-jus). Recuperado
en http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-plan-nacional-de-derechos-humanos-
2018-2021-decreto-supremo-n-002-2018-jus-1612558-4/
22	Ministerio de defensa nacional. (2003). Directiva nº 009 del ministerio de defensa nacional. (Directiva nº 09
Mddhh-725). Recuperado en http://historico.derechoshumanos.gov.co/Programa/Documents/2010/
legislacion/Directiva009de2003-Mindefensa.pdf
asuntos ambientales, que contiene el reconocimiento y compromiso
expreso con el ejercicio del derecho a defender derechos.23
En el caso de Guatemala, aunque sí existen instituciones públicas como
la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la Comisión Presidencial
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos
(Copredeh), pero el país aún carece de una Ley especial para la protección
de defensores de derechos humanos. Mucho menos existe una política
integral para la promoción y protección a defensores de derechos. Más por
el contrario, como evidencian las permanentes resoluciones o sentencias
de instancias internacionales, el Estado de Guatemala es uno de los
principales responsables de la vulneración de derechos, en particular del
derecho a defender derechos.24 El desprestigio y criminalización, en contra
de defensores individuales o comunitarios, es prácticamente una constante
en la historia del bicentenario Estado de Guatemala.
De los contenidos de la Resolución Nº 53/144 de la ONU, específicamente
del Artículo 1º, se puede extraer que este derecho consiste en la acción
individual o colectiva, permanente o esporádica, que las personas realizan
para la promoción y protección de los derechos humanos, pero siempre por
vías pacíficas.25
Defensor/a de derechos humanos
Según la Resolución nº 53/144 de la ONU, así como las directrices de la Unión
Europea y Canadá, como las pautas emanadas de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, el o la defensora de derechos es toda persona que
de manera individual u organizada defiende y promueve derechos por vías
pacíficas.26
23	Cepal (2018).Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la
justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. (LC/CNP10.9/5). Recuperado en https://
ia601504.us.archive.org/32/items/AcuerdoVinculante/acuerdo_%20vinculante.pdf
24	La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre situación de los derechos
humanos en Guatemala, al referirse de la ausencia de una política pública para protección de defensores
de derechos, indica: “El Estado de Guatemala no cuenta, a la fecha de aprobación de este informe, con
una Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, lo cual requiere que
el Estado tenga que coordinar distintas instancias de gobierno que están obligadas a otorgar protección
a defensores y defensoras de derechos humanos, con la participación de las diversas organizaciones
de la sociedad civil y expertos. Según la información recibida, a pesar del marco normativo que se ha
establecido para crear órganos encargados de la protección defensores y defensoras de los derechos
humanos, no existe actualmente ningún enfoque sistemático o coordinado por parte de estas autoridades
en cuanto a la violencia que sufren las defensoras y defensores de derechos humanos.” (CIDH, 2017:
párrafo: 181).
25	En lo que va del presente milenio, diferentes investigadores comienzan a abordar sobre el significado, la
naturaleza y los alcances del derecho a defender derechos. Gerardo Sauri Suárez, entre otros, define este
derecho en los siguientes términos: “Es el derecho que tienen las personas para que en forma individual,
grupal e institucional desarrollen todo tipo de acciones para promover y proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales desde cualquier ámbito –ya sea de manera eventual, sistemática,
profesional o espontánea- mediante la vía pacífica, a menos que actúen en defensa de su propia vida e
integridad” (Sauri, 2014)
26	El Relator Especial sobre situación de defensores de derechos humanos, en su informe anual del 2018,
ante la Asamblea General de las Nacionales Unidas, define al defensor de derechos humanos en los
siguientes términos: La expresión “defensores de los derechos humanos” se refiere a personas o grupos
que, a título personal o profesional y de manera pacífica, tratan de proteger y promover los derechos 17
humanos. Los defensores se distinguen ante todo por su labor, en concreto por sus acciones destinadas
a proteger los derechos humanos. Su derecho a ejercer esos derechos y libertades fundamentales, así
como los derechos a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, a la participación en los asuntos
Este concepto, por su amplitud, no exige ninguna acreditación o
reconocimiento a las y los sujetos para ejercer y/o autodefinirse como
defensores de derechos humanos. Es más, establece y motiva a que todas
las personas nos constituyamos en defensoras y defensores de derechos
humanos.27
Esta Resolución no incorpora nuevos derechos, recalca los derechos ya
existentes en convenios internacionales como: derecho a la libre asociación,
a la manifestación, a la información, a la petición, entre otros, siempre con la
finalidad de ejercer en libertad el derecho de la defensa de derechos.
El Relator Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst,
en su informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2017, indica
lo siguiente sobre la definición de defensores de derechos humanos:
El Relator Especial adopta una definición amplia e inclusiva de los
defensores que trabajan en el ámbito de las empresas y los derechos
humanos, incluidas las comunidades y personas afectadas, los
miembros de los medios de comunicación, los abogados, los jueces
y los académicos. Los defensores que trabajan en el ámbito de las
empresas y los derechos humanos también pueden ser funcionarios
públicos y gubernamentales o miembros del sector privado, incluidos
trabajadores de empresas como sindicalistas y denunciantes de
irregularidades. Los defensores de los derechos humanos a menudo
son personas comunes que viven en zonas remotas y que quizá
no sean conscientes de que están actuando como defensores de
los derechos humanos (A/71/281, párr. 8). Lo que tienen en común
los miembros de este grupo amplio y diverso es el ejercicio de
actividades pacíficas para hacer frente a las consecuencias negativas
en los derechos humanos relacionadas con las empresas y solicitar
reparación. (Oacnud, 2017: párrafo 13).
Defensor/a comunitaria de derechos
Ante la persistente expansión del capital financiero hacia los territorios
habitados por pueblos indígenas y comunidades campesinas, las y los
afectados, sin mayores recursos económicos, comenzaron a organizarse
y emprender procesos de “resistencia pacífica” ante la presencia violenta y
sin licencia social de las empresas económicas.
En estos procesos de resistencia, muchos indígenas y campesinos en
resistencia se autodenominaron defensores comunitarios de derechos
de la sociedad y a la libertad de opinión y de expresión, están firmemente establecidos en el sistema
internacional de derechos humanos. En la Carta Internacional de Derechos Humanos no se hace ninguna
distinción con respecto a esos derechos por motivos de nacionalidad o lugar de nacimiento. ONU. (2018),
Informe del relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. (A/HRC737/51).
Recuperado en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/008/54/PDF/G1800854.
18 27	La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (Oacnudh), en su
informe del 2004, estableció que: “para que una persona sea reconocida como defensora de derechos
humanos, no es necesario que los argumentos esgrimidos sean correctos, sino que sus preocupaciones
y actos de defensa apunten claramente a un derecho humano” (Oacnudh: 2004).
humanos en los territorios.28 En muchos casos, lo hacen como estrategia
para mitigar los procesos mediáticos de desprestigio donde se los calumnia
de ser “dirigentes comunistas”, “guerrilleros”, “desestabilizadores sociales”,
“enemigos internos del Estado y del desarrollo”.
Son varios los elementos que caracterizan a la defensora/or comunitario de
derechos humanos, aparte de los elementos ya indicados para defensoras/
es de derechos humanos.
Las y los defensores comunitarios de derechos humanos viven y ejercen el
rol de defensores en sus propios territorios, casi siempre con sus propios
recursos. Enfrentan dificultades específicas con las autoridades del Estado
y poderosos actores que no pertenecen al Estado.29
Regularmente proceden a ejercer dicho rol luego de un proceso de
consensos asamblearios en las comunidades. En este sentido, son
comunitarios porque expresan el sentir de la comunidad, y están sujetos
a la búsqueda del restablecimiento del bienestar de la comunidad (De Los
Santos: 2007).
Se autodefinen como defensores comunitarios de derechos porque se
asumen, ante todo, como sujetos comunitarios, antes que actores individuos
En este sentido, la misión de la defensa de derechos pasa necesariamente
por la articulación o el fortalecimiento de estructuras organizativas
comunitarias. Para ellas y ellos, defender derechos implica necesariamente
organizar a la comunidad alrededor de los derechos amenazados o
violentados. Mientras, la o el defensor de derechos (técnico/profesional) se
concentra más en los medios legales o técnicos, no así, por lo regular, en
el fortalecimiento organizativo de defensores comunitarios. Pero al actuar
de manera coordinada, tanto técnicos como defensores comunitarios,
tienen más eficacia en sus misiones como defensores, porque se crean
e implementan mecanismos y estrategias complementarias e integrales
El asumirse como defensores comunitarios de derechos impulsa a dejar el
rol pasivo de víctimas, objetos de caridad, y convierte a las y los violentados
28	Para Miguel Ángel de los Santos, fundador y asesor de la Red de Defensores Comunitarios por los
Derechos Humanos (Red de Defensores Comunitarios), en Chiapas, México, la defensa comunitaria de
derechos es una nueva táctica en la defensa que incluye a las víctimas. Las comunidades afectadas
eligen a sus propias defensoras y defensores en asambleas comunitarias y trabajan en conjunto. De los
Santos indica entre las premisas comunitarias: “a) la participación activa e informada de las víctimas o de
sus familiares en el proceso de la defensa, b) limitar la actividad asistencialista que se tiende generar por
parte de los organismo civiles o de abogados que atienden los casos, y c) generar conciencia entre los
familiares sobre la necesidad de defender derechos humanos” (De Los Santos, 2007: 110-111).
29	La Coalición Internacional por la Tierra (ILC), en una nota informativa sobre defensores del derecho
al acceso a tierra, especifica que campesinos e indígenas que defienden el derecho a la tierra son
defensores de derechos humanos, en situaciones completamente vulnerables. ILC. (2012). Mecanismos 19
internacionales para la protección de los defensores de los derechos humanos en riesgo por su trabajo en
derechos sobre la tierra. Recuperado en http://www.landcoalition.org/sites/default/files/documents/
resources/DefensoresDerechosHumanosNotaInformativa.pdf)
en sujetos colectivos de sus historias para su autodeterminación integral.30
(Casañas, 2008).
Todos los derechos humanos, incluido el derecho a defender derechos,
por sus raíces liberales, estaban y están centrados en el individuo como
sujeto de derechos. Las y los defensores comunitarios, desde sus prácticas
comunitarias, están abonando al equilibrio entre derechos individuales
y derechos colectivos en la historia del derecho a defender derechos.
Pero, además, desde sus místicas y espiritualidades holísticas, defensoras
y defensores comunitarios en sus territorios desafían los enfoques
antropocéntricos hegemónicos sobre los derechos humanos.
Las y los defensores comunitarios promueven y defienden derechos en
espacios y tiempos determinados donde se fecunda, se cultiva y se entreteje
la vida en sus diferentes formas. A esa dimensión donde interactúan lo
humano con la comunidad cósmica denominan territorio.
Por eso, cuando defienden derechos en los territorios no únicamente se
refieren a los derechos humanos, sino también a los derechos que asiste
a la Madre Tierra, a las cuencas de agua, a las montañas, a las playas, a la
mega diversidad biológica, etc. (Surrallés y García, 2004).
En este sentido, las y los defensores en los territorios no únicamente son
defensoras y defensores de derechos humanos, sino, por su sentido de
pertenencia al territorio, en la cotidianidad son defensoras y defensores
de los derechos de la Madre Tierra en sus territorios, y dentro de dichos
derechos se encuentran los derechos humanos.
Defensoras y defensores en proceso de formación. Izabal
30	Los movimientos sociales indígenas y campesinos actuales, en América Latina, aún no se han asumido
20 expresamente como defensores de derechos. Tanto en Bolivia, como en Ecuador, las y los indígenas y
campesinos aún se asumen como socios o afiliados a sus organizaciones, más no como defensores.
El asumirse como defensores de derechos es un potente dispositivo para contrarrestar los estigmas y
prejuicios creados sobre los movimientos sociales.
de Defensoras y defensores
comunitarios agredidos
Defesoras y defesnores en proceso de formación. Sololá
I. Edad de defensores
Del universo de defensoras y defensores violentadas o agredidos en sus
derechos, el 57 % se encuentran en edad adulta, entre 30 y 60 años. El otro
27 % de defensores son de la tercera edad. Y apenas un 12 % se encuentran
en el rango de edad juvenil.31
Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la
distribución demográfica por edad, la población guatemalteca entre 15 y 34
años representaba el 37.8 %. Las personas entre 35 y 59 años, el 19 %. Y las
personas mayores de 59 años, el 6.1 %. (INE, 2015).
Según datos del gráfico 1, se constata que las y los defensores adultos,
y adultos mayores, son los más vulnerables, y agredidos, por ejercer el
derecho a defender derechos. La juventud, si bien es demográficamente
mayoritaria, representa menor porcentaje en el rango de agresiones por
ejercer la tarea de defensores y defensoras.
31	Como ya se indicó en la parte metodológica de esta investigación. En total fueron 6,201 defensoras y
defensores comunitarios que en algún momento sufrieron2 o sufren algún tipo de agresión por defender
derechos en sus comunidades. La organización no gubernamental Unidad de Protección a Defensoras
y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua), entre enero a junio del 2017, registró 234
22 casos de agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos. Udefegua. (2017). Informe
sobre situación de defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala. Un reflejo del deterioro de
los derechos humanos en el país, enero a junio de 2017. Recuperado de http://udefegua.org/wp-content/
uploads/2017/10/201709-Sit-Defensores-DH-SEMESTRAL.FIN_.pdf
II. Agresiones a defensores comunitarios
y su distribución por sexo
Género de los defensoras/es
Masculino Femenino No Respondió
De las 6,201 boletas de investigación recogidas, en los territorios de los 18
departamentos del país, 45 % provenían de mujeres defensoras comunitarias
de derechos que sufrieron algún tipo de agresión como consecuencia del
ejercicio de la defensa de derechos que realizan.
Este porcentaje indica la feminización de la violencia contra defensores
comunitarios de derechos en los territorios, puesto que por tradición la
participación de la mujer en asuntos de derechos casi siempre fue y es
mínima en las comunidades campesinas y pueblos indígenas.
En el marco de esta investigación, en las visitas a las asambleas comunitarias
realizadas en los territorios, casi siempre se ha registrado el predominio de
la presencia masculina con una participación entre 60 a 70 % de varones del
total de defensores.
III. Identidad cultural de defensores
Ladino Xinca Garífuna Maya Mestizo No. Respondió
Según la última publicación del Instituto Nacional de Estadística (INE),
para el 2014, el 42 % de la población de Guatemala era indígena (INE,
2015). Aunque organizaciones nacionales e internacionales asumen que la
población indígena supera el 60 % en relación a la población total nacional.
En muchos de los territorios indígenas, casi la totalidad de la población es
genética y culturalmente indígena, y en condiciones altas de vulneración
de derechos.32
Según el gráfico 3 de la presente investigación, el 89 % de las y los defensores
encuestados se asumen como indígenas (maya o xinka), y solo el 10 % dice
ser mestizo.
Incluso considerando que las encuestas se realizaron, en su gran
mayoría, en el área rural (indígenas y campesinos), el resultado global de
la autoidentificación de defensores agredidos, en relación con los datos
oficiales sobre demografía indígena nacional, proporcionalmente son
En este sentido, la agresión ya no es únicamente por ser defensoras o
defensores de derechos, sino que dichos ataques son más pronunciados si
el o la defensora es indígena. Así la violencia que sufren las y los defensores
de derechos en los territorios cobra un rostro indígena.
32	Según el último informe de la Oacnudh sobre los derechos humanos en Guatemala, “el país tiene un
24 coeficiente Ginni de 0.63 (uno de los peores del mundo), y alrededor del 60 % de su población sigue
viviendo en la pobreza (el porcentaje llega al 76.1 % en las zonas rurales, al 79.2 % entre los pueblos
indígenas y al 69.2 % entre niños y niñas menores de 15 años)… El 61.2 % de niños indígenas sufre
desnutrición crómica”. (Oacnudh, 2018: 4).
IV. Derechos vulnerados en los territorios
Derechos vulnerados en los
Civiles y políticos Económicos, Derechos de los Otros
sociales y culturales pueblos
Para comprender mejor los derechos que defienden las y los defensores
comunitarios en los territorios, se incorporó en la boleta de investigación
sobre el tipo de derechos violentados en dichos lugares. Y el resultado fue
como muestra el gráfico 4.
El 34 % de encuestados indica que los derechos laborales, acceso a los
servicios básicos, a la organización y protesta, son los derechos más
incumplidos y/o violentados en sus territorios.
35 % de defensores indica que el derecho a tierra y territorio, a la consulta
previa, libre e informada, a la autodeterminación, y a la identidad, son
algunos de los derechos colectivos de los pueblos vulnerados.33
33	La CIDH, en su informe Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales:
protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo,
al referirse a los territorios indígenas y empresas extractivas, indica: “Mediante la implementación de sus
mecanismos de monitoreo, la CIDH ha recibido de forma consistente información que ilustra los efectos
humanos, sociales, de salud, culturales y ambientales de estos proyectos en los pueblos indígenas
y las comunidades afrodescendientes. Muchas de las actividades extractivas y de desarrollo en el
hemisferio son implementadas en los territorios ocupados históricamente por los pueblos indígenas y
las comunidades afrodescendientes, los cuales coinciden de forma frecuente con aéreas que albergan
una gran cantidad de recursos naturales. Asimismo, la CIDH ha recibido información, indicando que
estos proyectos y actividades aún no son supervisados de forma frecuente por los Estados receptores
y los Estados de origen, la escasez de mecanismos para prevenir violaciones de derechos humanos, y
barreras significativas enfrentadas por las víctimas, los pueblos y las comunidades para tener un debido 25
acceso a la justicia cuando ocurren violaciones de sus derechos humanos. Estos desafíos, así como
la implementación frecuente de estos proyectos en las Américas, impulsaron la preparación de este
informe” (CIDH, 2015: párrafo 2).
Los derechos colectivos, en comparación con los derechos individuales,
son los más vulnerados en los territorios.34 Esto explicaría en alguna medida
el ejercicio del derecho a defender derechos que realizan, de manera
comunitaria y organizada, indígenas y campesinos en dichos lugares.
Defensor de derechos comunitarios. Huehuetenango
34	La CIDH, en su informe titulado Hacia una política integral de protección a personas defensoras de
derechos humanos, del 2017, indica que los derechos colectivos, en comparación con los derechos
individuales, son los más vulnerados: “En el informe de 2015 sobre la Situación de Derechos Humanos en
Guatemala: Desigualdad y Exclusión, la Comisión subrayó que la situación de defensoras y defensores de
derechos humanos en Guatemala, había sido materia de constante preocupación para la CIDH, teniendo
en cuenta los niveles importantes de peligro y hostigamiento a los que estaban expuestos. La Comisión
destacó que estos ataques violentos se dirigían principalmente a defensores que trabajan para corregir
los problemas más graves de derechos humanos del país, como aquellos que defienden los derechos
de comunidades indígenas, derechos sobre la tierra y el medioambiente, los derechos de las víctimas
del conflicto armado interno y líderes sindicales. De hecho, la Comisión señaló que en los últimos años
se ha visto un aumento en los ataques a defensores que trabajan en derechos de pueblos indígenas
26 y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los cuales “representan un 90 % [de los
ataques], mientras que los derechos civiles y políticos representan el 5 % de los ataques”.156 Asimismo,
los miembros de comunidades indígenas y defensores de los derechos a la tierra representarían el 60 %
de los casos de criminalización de personas defensoras de derechos humanos” (CIDH, 2015: párrafo 90).
V. Derechos que defienden defensores
Derechos que defienden
Serv. Consulta Tierra y Electricidad Salud y Agua Comunic. y Laborales
públicos territorio ambiente org.
El gráfico 5 muestra que el 25 % de defensoras y defensores comunitarias
encuestadas indica defender el derecho a tierra y territorio. Sin embargo,
un cálculo global muestra que el 43 % de defensores defienden derechos
económicos, sociales y culturales. Dentro de estos derechos se encuentra
el acceso al servicio de energía eléctrica.
Derecho a la consulta previa, tierra y territorio y el acceso al agua, son
derechos defendidos por el 49 % de defensores y defensoras encuestadas
Estos datos coinciden con la conflictividad social creciente y permanente que
subyace en las diferentes regiones del país. Las resistencias espontáneas
a las presencias de proyectos empresariales, sin licencia social, en los
territorios son predominantes en el área rural de Guatemala. De igual
manera, la conflictividad social ocasionada por la deficiente distribución de
la energía eléctrica a los domicilios se constata en el área rural del país.
La defensa de los derechos laborales es importante para defensores
comunitarios porque, según diversas investigaciones, y evidencias
cotidianas, se constata que las condiciones laborales en las fincas agrícolas
de Guatemala son profundamente violatorias de los derechos laborales. Por
eso el 15 % de defensores encuestados indica defender derechos laborales.
VI. Agresiones sufridas por defensores
pa es a
Del total de las y los defensores consultados en la presente investigación,
el 32 % indica haber sufrido, o estar sufriendo algún tipo de amenazas. La
mayoría de las amenazas son verbales, por teléfono y anónimas. Otros,
indican ser amenazados mediante mensajes de texto por teléfono.
En el caso de las y los defensores del derecho a la energía eléctrica,
la mayoría indica ser amenazado, mediante llamadas telefónicas y
documentos escritos, por personal de la empresa distribuidora de dicho
servicio (Energuate).
El 13 % de defensores indica sufrir algún tipo de intimidación. Sea mediante
visitas y/o discursos de integrantes de los consejos comunitarios de
desarrollo (Cocode), autoridades de gobiernos municipales, agentes de
iglesias (sacerdotes, pastores, etc.), agentes de la Policía Nacional Civil,
comunicadores en los medios tradicionales o desde las redes sociales.
El 16 % indica sufrir difamación de algún tipo por el oficio de defender
derechos humanos. Otro 16 % expresa ser objeto de discriminación (por
pertenecer a un pueblo indígena, por ser mujer, o por ser campesino). Entre
ambos suman 32 % de defensores encuestados que fueron o son víctimas
de este tipo de agresiones con la finalidad de anularlos como interlocutores
El 9 % de defensores encuestados indica que sufrieron ataques a sus bienes
patrimoniales en diferentes grados. Desde el robo de equipos móviles
(teléfonos celulares), pasando por ataques a sus vehículos de transporte
(motocicletas, bicicletas, carros), hasta allanamientos violentos e ilegales
de sus viviendas. La finalidad de este tipo de ataques, según testimonios de
las víctimas, es para intimidarlos.
El 5 % de defensores comunitarios indica que sufrió o sufre agresiones
físicas en algún grado por ejercer el oficio de defensor de derechos en
sus territorios. Estas agresiones contra defensores van desde ataques
violentos en los senderos silenciosos en los territorios, hasta embestidas
con motorizados en espacios públicos en contra de defensores en ejercicio
del derecho a la protesta.35
El 4 % de defensores encuestados en los territorios indica que fueron
denunciados y/o procesados penalmente por ejercer el derecho a defender
derechos.36
El 2 %, indica que fueron objeto de detenciones ilegales, incluso por agentes
particulares.37 Y otros 2 %, señala que fueron o son víctimas de persecución
35	Durante el mes de noviembre del 2017, cuando se realizaba el trabajo de campo con esta investigación,
en la periferia de la cabecera municipal de Nebaj, Quiché, el defensor maya ixil, Jacinto Brito, coordinador
regional del Comité Desarrollo Campesino (Codeca), fue golpeado y dejado en estado de coma, luego
de salir de una reunión con autoridades públicas sobre el conflicto de energía eléctrica. En el mismo
mes, el defensor campesino, Vicente Calderón, en el Departamento de Izabal, fue arrollado con un carro
conducido por un empresario del lugar, cuando aquel protestaba y participaba de un paro nacional.
36	La CIDH, en su informe 2017, al referirse al mal uso del derecho penal en Guatemala para procesar
a defensores de derechos indica: “Durante su visita al país, la Comisión observó que defensoras y
defensores de derechos humanos se encuentran en una situación de constante de riesgo debido a las
represalias y obstaculizaciones a las que están sujetos por la labor que realizan, mediante la utilización
del sistema penal en su contra. La información recibida por la CIDH señala el uso indebido de tipos
penales como instigación a delinquir o plagio y secuestro, procesos judiciales y medidas sustitutivas
prolongados, órdenes de captura sin fundamento, detenciones arbitrarias y prisión preventiva con el
objeto de criminalizar sus actividades de defensa de los derechos humanos. Organizaciones de la
sociedad civil, asimismo, refirieron a la CIDH sobre el mal uso del sistema de justicia penal en Guatemala
mediante la apertura de procesos judiciales infundados como una forma de intimidar y desgastar a
defensores y defensoras de derechos humanos”. (CIDH, 2017: párrafo 166).
37	El 26 junio del 2014, dos defensores principales del movimiento Codeca, junto a otro defensor comunitario,
en el Municipio de Chiantla, Departamento de Huehuetenango, fueron secuestrados y detenidos sin
una orden judicial, nada menos que por agentes privados de la empresa distribuidora de electricidad
Energuate. Fueron encarcelados por más de tres meses, y ligados a proceso penal. En este caso, el
grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas resolvió exigiendo al Estado
de Guatemala el correspondiente resarcimiento, y garantías de no repetición, porque se cometió una
detención arbitraria. ONU. (2016). Opiniones aprobadas por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias
en su 75º período de sesiones (18 al 27 de abril de 2016). (A/HRC/WGAD/2016). Recuperado en http://
www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session75/Opinion_2016_19_Guatemala.pdf
El 10 de marzo del 2013, tres defensores comunitarios del Municipio de Morales, Izabal, fueron detenidos
nada menos que por agentes privados de la familia Mendoza (actualmente procesado por lavado de 29
activos), y entregados al sistema judicial, y ligados a proceso. Quispe, J. (18/3/14). Guatemala: empresa
británica Energuate agrede a campesinos con grupos armados. Servindi. Recuperado en https://www.
servindi.org/actualidad/103135
VII. Delitos atribuidos a defensores
comunitarios criminalizados
Instigación a Activiades Atentados Plagio o Organización otros
delinquir contra la contra los secuestro criminal
seguridad servicios de
interna de la utilidad pública
En el gráfico 6 se mostró que del total de defensoras y defensores
comunitarios encuestados, el 4 % indicó que fue denunciado y/o procesado
penalmente por sus actividades relacionadas con la defensa de derechos.38
Ese porcentaje, en números reales, significa un total 248 defensoras y
defensores criminalizados.39 La organización no gubernamental Unidad
de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de
Guatemala (Udefegua), en su publicación titulada: Informe Criminalización
en Guatemala, análisis de Situación 2012-2017, registra un total de 909
38	La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe
2017, al referirse a la persistente criminalización contra defensores de derechos humanos indica: “Sigue
siendo motivo de preocupación el uso indebido de procesos penales contra defensores y defensoras
de los derechos humanos para impedir o sancionar su labor. Esto con frecuencia involucra a defensores
y defensoras de derechos humanos cuyo trabajo podría afectar intereses económicos de entidades
privadas. El Acnudh documentó irregularidades en los procesos penales contra defensores y defensoras,
incluida la emisión de órdenes de captura sin suficiente evidencia, la falta de verificación de testimonios,
el uso excesivo de la prisión preventiva y el incumplimiento de normas y estándares del debido proceso.
(…)” (Oacnudh, 2017: párrafo 40).
39	Utilizamos el término criminalización para referirnos al uso indebido que el Estado realiza del Derecho
Penal para castigar a defensores de derechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
en su informe sobre Criminalización de la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos,
del año 2015, define la criminalización en los siguientes términos: “La criminalización de las defensoras y
defensores a través del uso indebido del derecho penal consiste en la manipulación del poder punitivo
del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el objetivo de controlar, castigar o impedir el
ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. Esta puede tomar lugar, por ejemplo, mediante
la presentación de denuncias infundadas o basadas en tipos penales no conformes con el principio
de legalidad, o en tipos penales que no cumplen con los estándares interamericanos atendiendo a las
conductas que castigan. También puede darse a través de la sujeción a procesos penales prolongados
y mediante la aplicación de medidas cautelares con fines no procesales. La manipulación del derecho
penal en perjuicio de las defensoras y los defensores se ha convertido en un obstáculo que amerita la
30 atención prioritaria por parte de los Estados, pues tiene por efecto amedrentar la labor de defensa y
protección de los derechos humanos, y paralizar el trabajo de las defensoras y defensores, dado que
su tiempo, recursos (financieros y demás) y energías deben dedicarse a su propia defensa” (CIDH, 2015,
párrafo 12).
actos de criminalización contra defensores, de los cuales 443 actos son de
difamación.40
El gráfico 7 indica que de esos 248 defensores criminalizados, el 32 % fueron
denunciados o acusados ante jueces o tribunales por el delito de instigación
a delinquir. El 30 %, por el delito de actividades contra la seguridad interna
de la nación. El 17 %, por el delito de atentado contra los servicios de utilidad
pública. Y el 10 %, por plagio o secuestro.41
De estos defensores criminalizados, muchos fueron ligados a proceso. Y, la
gran mayoría se sujetó a procedimientos abreviados, en el que reconocían
“su grado de culpabilidad”, y salían “libres” con medidas sustitutivas.
Pero, las sanciones estipuladas para estos delitos en el Derecho Penal de
Guatemala van desde un año de cárcel, hasta un máximo de 50 años de
En el caso de defensores comunitarios criminalizados que renunciaron al
procedimiento abreviado, la causa penal abierta en su contra se dilata por
años. En ese tiempo, el o la defensora procesada generalmente no puede
salir de la jurisdicción territorial donde habita, o ejercer con libertad su labor
como defensora o defensor de derechos.
40	Udefegua define la criminalización más allá del indebido uso del derecho penal, y la fórmula en los
siguientes términos: “La criminalización es un proceso en el que se señala a una persona como
delincuente o trasgresora como consecuencia de su labor como defensora de derechos humanos o por
su ejercicio de una libertad fundamental con el objeto de detener el trabajo que hace la persona y su
organización y/o enviar mensajes a la ciudadanía sobre los límites al ejercicio de sus derechos”. Es decir,
todo acto tendiente a limitar el ejercicio del derecho a defender derechos. Udefegua. (2017). Informe
Criminalización en Guatemala, análisis de situación 2012-2017. Recuperado de http://udefegua.org/wp-
content/uploads/2017/12/Informe-Criminalizacio%CC%81n-Guatemala-2012-2017-FINAL3.pdf
41	Sobre uso intencional de tipos penales (que no gozan de medidas sustitutivas) en contra de defensores
de derechos, la CIDH indica: “Por otro lado, la Comisión recibió información sobre el uso injustificado
de tipificaciones penales como el delito de “secuestro” o de “asociación ilícita”, los cuales no gozan de
medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Asimismo, la Comisión recibió información de varios casos de 31
denuncias penales que han sido desestimados por falta de mérito o por sentencias absolutorias, después
de la detención de los defensores por largos períodos de tiempo con base en estos tipos penales” (CIDH,
2017: párrafo 175).
VIII. Agresores de defensores
Agresores de defensores comunitarios
Empresas Estado Cocode, vecinos Iglesias Medios de Otros
privadas comunicación
Se constató que la conflictividad social en las comunidades y territorios ocurre
por la presencia inconsulta de proyectos o actividades empresariales, y por
las consecuencias o impactos de las mismas. En el caso de la conflictividad
por la distribución de servicios públicos, como la energía eléctrica, ocurre
por los excesivos cobros y malos servicios.
El gráfico 8 indica que el 60 % de defensores comunitarios fueron o son
agredidos por las empresas privadas. Y si se suma el 6 % de las agresiones
efectuadas desde los medios de comunicación, que en Guatemala casi
en su totalidad son comerciales (empresariales), entonces, la agresión por
parte de las empresas privadas contra defensores comunitarios alcanza
casi el 70 % del total.42
Las empresas privadas, en especial las mineras, hidroeléctricas, fincas
agrícolas, distribuidoras de electricidad, entre otras, no siempre actúan
solas para amenazar, difamar, intimidar, detener o criminalizar a defensores.
Regularmente operan en complicidad con líderes locales (miembros de
consejos comunitarios de desarrollo), alcaldes municipales, agentes de
iglesias y de la Policía Nacional Civil, fiscales y jueces (en los casos de
judicialización).
42	La CIDH, en su informe sobre derechos humanos en Guatemala, 2017, al referirse a la participación de
las empresas privadas en las agresiones contra defensores indica: “Por otra parte, la CIDH observa con
preocupación las denuncias sobre la participación de empresas privadas en los procesos y campañas
de estigmatización y deslegitimación de defensoras y defensores de derechos humanos. En este
sentido, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que algunas empresas hacen uso de medios
32 de comunicación de carácter corporativo y las redes sociales para divulgar la imagen de un defensor o
defensora con mensajes que desacreditan y descalifican su liderazgo y laceran su dignidad. Según las
organizaciones, los calificativos que se suelen utilizar son “guerrillero/a”, “terrorista”, “maleante”, “criminal”,
estafador/a”, entre otros” (CIDH, 2017: 60)
En los casos de criminalización contra defensores, la responsabilidad
principal es del Estado, a través de sus operadores de justicia. Si bien, casi
en la totalidad de los casos revisados las empresas privadas actúan como
querellantes adhesivos, sin embargo, no existiría criminalización sin fiscales
o jueces que conocen y prosiguen con los casos, incluso cuando estos a
todas luces carecen de mérito.43
El gráfico 8 indica que los vecinos de la comunidad son responsables del
6 % del total de agresiones contra defensores comunitarios. En buena
medida, esto ocurre porque las empresas privadas agresoras, a través
de sus promotores sociales, promueven en las comunidades estructuras
organizativas paralelas o simplemente instalan información falsa sobre
defensores en el imaginario de la comunidad. Hasta convertirlos en los
“enemigos internos del desarrollo comunitario”, para luego pasar de la
agresión moral o psicológica (amenazas, intimidación, difamación) a la
agresión física o penal.44
El 6 % de las agresiones proviene desde las iglesias. Ello ocurre porque en el
área rural, los agentes de iglesias aún concentran el poder de la formación
de la opinión pública, sobre todo para “discernir” entre lo incorrecto y lo
Muchos defensores, por ejercer el derecho de la resistencia (Art. 45 de la
Constitución Política de Guatemala) para defender derechos en los territorios
son tachados desde las iglesias como desobedientes, conflictivos. Y en
consecuencia, en la opinión pública comunitaria defensoras y defensores
son catalogados como quebrantadores de la paz social.
43	Ante esta responsabilidad reiterada del Estado de Guatemala en la criminalización de las y los defensores
de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Defensor de derechos
humanos y otros Vs. Guatemala, Sentencia de 28 de agosto de 2014, Serie C Nº 283, sentenció y recomendó
al Estado: “que el Estado debe implementar, en un plazo razonable, una política pública para la protección
de las defensoras y los defensores de derechos humanos, tomando en cuenta, al menos, los siguientes
requisitos: a) la participación de defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y
expertos en la elaboración de las normas que puedan regular un programa de protección al colectivo en
cuestión; b) el programa de protección debe abordar de forma integral e interinstitucional la problemática
de acuerdo con el riesgo de cada situación y adoptar medidas de atención inmediata frente a denuncias
de defensores y defensoras; c) la creación de un modelo de análisis de riesgo que permita determinar
adecuadamente el riesgo y las necesidades de protección de cada defensor o grupo; d) la creación de
un sistema de gestión de la información sobre la situación de prevención y protección de los defensores
de derechos humanos; e) el diseño de planes de protección que respondan al riesgo particular de cada
defensor y defensora y a las características de su trabajo; f) la promoción de una cultura de legitimación
y protección de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, y g) la dotación de los
recursos humanos y financieros suficientes que responda a las necesidades reales de protección de las
defensoras y los defensores de derechos humanos” (CIDH, 2014: párrafo 263).
44	Al abordar la ecuación directa entre difamación mediática reiterada y las probabilidades de la agresión
física contra la o el defensor difamado, la CIDH indica: “La CIDH considera que las declaraciones
estigmatizantes en contra de defensoras y defensores pueden llegar a lesionar tanto el derecho a la
integridad personal, el derecho a la honra y dignidad y el principio de presunción de inocencia (…) Por
otra parte, la Comisión ha indicado que la repetición de declaraciones estigmatizantes puede contribuir
a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo que
pudiera acarrear una afectación a la vida e integridad personal del defensor o defensora, aumentando
su vulnerabilidad, ya que funcionarios públicos o sectores de la sociedad podrían interpretarlas como 33
instrucciones, instigaciones, autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos contra su vida, seguridad
personal, u otros derechos” (CIDH, 2017, párrafo, 164).
IX. Dónde o desde dónde agreden a
defensores comunitarios de derechos
Lugar donde ocurre la agresión
Casa Espacios Vía pública Trabajo Medios de
comunitarios comunicación
Según el gráfico 9, el 30 % de defensores indica haber sido agredido en
o desde los medios de comunicación. Estas agresiones consisten en
difamaciones, calumnias, hasta comentarios jocosos relacionados a la
función de defensores que ejercen.
Los medios más comunes que se utiliza para agredir a defensores son los
aparatos de telefonía celular. Mensajes de texto o audio con amenazas,
insultos, acusaciones, etc., son los más recurrentes.
Luego, están las radios, los periódicos y redes sociales en internet desde
donde se difama, calumnia, sin mostrar prueba alguna contra defensores
comunitarios.45 Estas acciones son más pronunciadas cuando defensores
organizados realizan paros o acciones colectivas de protesta.
La intencionalidad negativa de dichas publicaciones se evidencia, cuando,
por ejemplo, defensores son detenidos o procesados judicialmente, y los
medios de información los presentan como delincuentes. Pero cuando
dichos defensores criminalizados son absueltos de los delitos imputados,
los medios no publican o se niegan a publicar dichos resultados.
45	El informe sobre situación de derechos humanos en Guatemala de la CIDH, al referirse a las campañas
de difamación en las redes sociales, constata: “La CIDH advirtió el constante uso de las redes sociales y
otros medios de información para difundir mensajes estigmatizantes y deslegitimadores hacia personas
defensoras. Por ejemplo, organizaciones de sociedad civil indicaron que las personas defensoras
de derechos humanos son señaladas como “alborotadores profesionales”, “bandoleros”, “matones
profesionales”, “chusma fratricida fracasada”, “ONG de izquierda otrora organizaciones terroristas” o que
la “defensa de los derechos humanos se ha convertido en un negocio en este país centroamericano, pero
34 un negocio exclusivo de los exguerrilleros-terroristas”260. De acuerdo a las organizaciones, se trataría
de un lenguaje omnipresente que busca estigmatizar a las y los líderes comunitarios y organizaciones
defensoras de derechos humanos” (CIDH, 2017: párrafo 54).
El 40 % de defensores indica que en la casa y en los espacios comunitarios
son agredidos por ser defensores. Ocurre porque las empresas contratan y
envían promotores sociales a las comunidades y viviendas para persuadir
o desacreditar a defensores y sus familiares. Los espacios comunitarios
van desde asambleas comunitarias, celebraciones religiosas, centros
educativos, hasta los mercados.
El lugar del trabajo es otro de los lugares donde se consuma la agresión
para el 15 % de defensores consultados. Y no únicamente en el trabajo
agrícola, sino también en trabajos en áreas urbanas.
Defensoras y defensores movilizados. Guatemala
X. Tiempo de duración de las agresiones
Duración de las agresiones
A diferencia de las agresiones físicas, la agresión moral o psicológica, según
el trabajo de campo realizado, tiene un carácter de continuidad en el tiempo.
El gráfico 10 indica que el 92 % de defensoras y defensores comunitarios en
los territorios soporta agresión psicológica o moral permanente por años.
Las calumnias, difamaciones y difusión de estereotipos en contra de
defensores son recurrentes, desde los medios de información. Esta es una
de las explicaciones del por qué en algunas comunidades son las mismas
víctimas de las empresas que terminan agrediendo a los defensores
Una falacia o calumnia colocada desde los medios masivos, y desde
instituciones religiosas, y mantenerlo en el tiempo, regularmente tiende a
instalarse como una verdad incuestionable en la audiencia.
Y una vez convertida la mentira en verdad, la o el defensor es catalogado
y rechazado como enemigo del desarrollo de la comunidad, y de allí a la
agresión la distancia es mínima. Y mucho más cuando dichas agresiones
quedan impunes, entonces, violentar a defensores comunitarios
prácticamente se constituye casi en una virtud.
Pero lo que sorprende, con estos datos, es la capacidad de resiliencia
individual y organizacional cultivada por defensores agredidos. Ellas y ellos,
por lo general, no abandonan su misión de defensores. Más por el contrario,
al parecer, la violencia sufrida les aquilata y les reafirma en sus convicciones.
XI. Consecuencias de las agresiones
Debilitamiento Debilitamiento Daño psicológico Menos oportunidad Limitación en el
organizacional familiar laboral ejercicio de
Las consecuencias de las agresiones que sufren las y los defensores
comunitarios de derechos, especialmente en sociedades o países donde el
racismo, el clasismo, el machismo, son los determinantes de las relaciones
sociales, son mucho más dolorosas que la misma agresión consumada y
repercuten en el desenvolvimiento social y familiar de las víctimas.
El 25 % de defensores consultados indica que producto de la agresión
sintió limitado sus derechos fundamentales. Luego de los desprestigios
mediáticos, o en las instancias comunitarias, las y los defensores no pueden
ejercer sus derechos con total libertad porque sus oportunidades se
merman. Peor aún cuando por orden judicial no pueden ejercer su función
de defensores, visitando y organizando comunidades, mientras corre el
lento tiempo judicial.
El 25 % indica que disminuyó sus oportunidades laborales como
consecuencia del desprestigio y/o la criminalización. Esta situación se da,
en buena medida, porque los agresores de defensores simultáneamente
estigmatizan y desprestigian a la organización a la que pertenece el
defensor. Por tanto, pertenecer a una organización social desprestigiada no
siempre es un buen referente en el mercado laboral. Y la disminución de
oportunidades laborales está directamente relacionada con las condiciones
socioeconómicas sumergidas de los hogares de defensores comunitarios.
Otro de los impactos de la agresión contra defensores es el debilitamiento
de las dinámicas y fuerzas organizativas en los espacios a donde pertenece
la víctima, porque dichas organizaciones deben invertir tiempo y dinero
extra en su propia defensa. El gráfico 11 indica que el 25 % de defensores 37
agredidos vio afectada negativamente la dinámica de su organización,
como consecuencia de la agresión. Las agresiones contra defensoras y
defensores principales de las organizaciones, muchas veces, se comenten
buscando escarmentar/intimidar e inmovilizar a la organización.46
El 20 % indica que la agresión sufrida le ocasionó daños psicológicos.
Inestabilidad emocional, inseguridad, miedo, complejo de inferioridad, etc.,
son algunos de los daños psicológicos que padecen defensores víctimas.
El deterioro de las relaciones y convivencia intrafamiliar es otro de los
efectos de la difamación o criminalización que sufren defensores.
Existen casos en los que la agresión cohesiona a la familia del defensor
víctima. Pero, también están los casos en los que la agresión fragmenta, y
hasta confronta entre sí a integrantes de la misma familia.
Defensoras y defensores comunitarios en procesión al cementerio. Jutiapa
46	Al abordar el carácter performativo de los actos de criminalización contra defensores de derechos y
de sus organizaciones, la CIDH indica: “(…) La CIDH ha señalado anteriormente que cuando las órdenes
de detención son utilizadas de esta manera, se genera un efecto disuasivo en la actividad de defensa
de las y los defensores toda vez que las defensoras y defensores podrían dejar de realizar sus labores
38 por miedo a exponerse a detenciones.284 Asimismo, esta práctica tiende a debilitar y desarticular los
movimientos que van perdiendo integrantes, bien sea por su detención, o porque se deben dedicar a su
propia defensa, recursos que en otras circunstancias destinarían al trabajo de promoción de derechos
humanos” (CIDH, 2017, párrafo 172).
XII. Denuncias de las agresiones
¿Ha denunciado los ataques ante el
Ministerio Público u otra instancia?
Del total de defensores comunitarios agredidos, solo el 6 % indica haber
realizado la correspondiente denuncia. El 91 % de defensores comunitarios
agredidos no denuncia.
Este alto porcentaje de víctimas que no denuncian la agresión sufrida
expresa el déficit de la “cultura de denuncia” latente en Guatemala.47
Las víctimas, sean defensoras o no, por varias razones no denuncia la
agresión que sufren. Y esto coloca siempre en situación de vulnerabilidad a
cualquier sociedad, por más intentos que se haga por la democratización, o
universalización de derecho humanos.
Al mismo tiempo, la tendencia a la resignación convierte a las víctimas en
“violentos pasivos” porque con su indiferencia, en buena medida, premian
la conducta del agresor, y la agresión se normaliza. La tendencia a la no
denuncia también encubre la violencia sistemática, mostrando una realidad
“normal”, y evitando la priorización de políticas públicas que promuevan y/o
protejan a defensores.
Si apenas el 6 % de defensores agredidos denuncia ante las instancias
públicas, ello muestra también la mínima confianza, o la máxima desconfían
en las instituciones públicas llamadas por Ley para garantizar el cumplimiento
47	La costumbre socialmente compartida de resignación ante las violencias o amenazas sufridas es a lo que 39
en el lenguaje coloquial se denomina cultura de la no denuncia. Parte de esta tendencia a la resignación
por parte de las víctimas tendría su origen en la represión militar sufrida durante el conflicto armado
de los derechos humanos. Una de las razones del por qué no denuncian las
agresiones, según testimonios recogidos en el trabajo de campo, es que las
autoridades no dan seguimiento a los casos denunciados.
Pero en el fondo, más que la inoperancia de las entidades, es la desconfianza
en estas y otras instituciones públicas lo que inhibe que defensores agredidos
denuncien. No pocas veces se ha visto al personal de la Procuraduría de
Derechos Humanos, del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil,
acompañando el ingreso de agentes de las empresas privadas rechazadas
en los territorios para proseguir con los proyectos extractivos.
Defensores comunitarios de derechos en asamblea. Suchitepéquez
XIII. Instancia donde denuncian
¿En qué instancia hizo la denuncia?
PDH MP PNC otra
Del total de las pocas denuncias hechas por defensores agredidos, el 75 %
se dirigió a las oficinas de la Policía Nacional Civil (PNC). El 10 %, al Ministerio
Público (MP). Los otros 10 %, a las dependencias de la Procuraduría de
La Procuraduría de Derechos Humanos fue creada como la autoridad
máxima para la defensa y protección de derechos humanos y de defensoras
y defensores. Pero esta institución, al igual que el Ministerio Público, no goza
de óptima aceptación en las comunidades. Mucho más si son comunidades
o territorios en resistencia frente a la presencia de proyectos empresariales.
Defensoras y defensores comunitarios en conversatorio público. Guatemala
nn Cuando nos aproximamos a los territorios y comunidades en
resistencia (ante la presencia inconsulta de empresas privadas
y/o públicas), y observamos dichos procesos bajo la categoría
de defensa de derechos, entonces, donde tradicionalmente se
veían campesinos e indígenas víctimas, encontramos defensoras y
defensores comunitarios de derechos decididos a frenar la violación
de derechos casi naturalizada en dichos territorios.
nn La gran mayoría de defensoras y defensores comunitarios sufren
agresiones por defender derechos. En la presente investigación se
ha encontrado 6,201 casos de defensoras y defensores agredidos
por defender derechos.
nn Del total de defensores comunitarios agredidos por defender
derechos, solo el 12 % se encuentra en el rango de edad juvenil. El 82
% son adultos o adultos mayores. El 45 % son mujeres. Y, el 89 % se
autoidentifica como indígena (maya y xinka).
nn El 57 % de defensores fueron agredidos por defender los derechos
a tierra y territorio, consulta previa, libre e informada, acceso al
agua, y ambiente saludable. El resto de defensores fue agredido
por defender servicios públicos, derechos laborales y el derecho a
la comunicación. Las principales agresiones consisten en amenazas,
difamaciones, intimidaciones, discriminación y daños a la propiedad
de defensores. 70 % de defensores agredidos señala que son las
empresas privadas los responsables.
nn De los 6,201 defensores agredidos, 248 defensores fueron
denunciados ante el Ministerio Público y/o procesados en algún
juzgado. En los casos de los procesados, los delitos más recurrentes
que se les imputó o imputa son: instigación a delinquir, actividades
contra la seguridad interna de la nación, atentado contra los servicios
de utilidad pública y plagio o secuestro. Delitos que en su mayoría
no gozan de medidas sustitutivas.
nn Entre las consecuencias socioeconómicas más significativas, en
porcentajes, de las agresiones sufridas por defensores comunitarios
está: para el 25 %, significó la agresión menos oportunidad laboral
(por la estigmatización del defensor agredido). Esto implica mayor
afianzamiento de la condición de pobreza en las familias indígenas y
campesinos. Otro 25 % indica que como consecuencia de la agresión
su organización comunitaria se debilita. Lo cual implica debilitamiento
de la incipiente cultura participativa (democrática) en el área rural
del país. La limitación en el ejercicio del resto de derechos también
es considerado como consecuencia de la agresión sufrida para otro
25 % de defensores consultados.
nn Del total de 6,201 defensoras y defensores comunitarios de derechos
agredidos en sus territorios, apenas 248 (el 6 % del total) hicieron la
denuncia correspondiente. De este mínimo porcentaje de denuncias,
el 75 % fue en las instancias de la Policía Nacional Civil. Este dato
significa que las agresiones contra defensores en los territorios no
son denunciados, y que las entidades públicas como el Ministerio
Público o la Procuraduría de Derechos Humanos no son una fuente
primordial para la elaboración de informes sobre situación de
defensores de derechos.
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Defensores-DH-SEMESTRAL.FIN_.pdf
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Recuperado de http://udefegua.org/wp-content/uploads/2017/12/
Informe-Criminalizacio%CC%81n-Guatemala-2012-2017-FINAL3.pdf
1.	Resolución nº 53/144 de la ONU sobre el derecho y el
NACIONES A
53/144. Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y
Tomando nota de la resolución 1998/7 de la Comisión de Derechos Humanos, de 3 de abril de 19981,
por la cual la Comisión aprobó el texto del proyecto de declaración sobre el derecho y el deber de los
fundamentales universalmente reconocidos,
Tomando nota asimismo de la resolución 1998/33 del Consejo Económico y Social, de 30 de julio
de 1998, por la cual el Consejo recomendó a la Asamblea General que aprobara el proyecto de
Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1998, Suplemento No. 3 (E/1998/23),
99-77092 /...
Consciente de la importancia de la aprobación del proyecto de declaración en el contexto del
cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos2,
1. Aprueba la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente
reconocidos que figura en el anexo de la presente resolución;
2. Invita a los gobiernos, a los organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que intensifiquen sus esfuerzos por
difundir la Declaración, promover el respeto universal hacia ella y su comprensión, y pide al Secretario
General que incluya el texto de la Declaración en la próxima edición de Derechos humanos: Recopilación
de instrumentos internacionales.
Reafirmando la importancia que tiene la observancia de los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas para la promoción y la protección de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de todos los seres humanos en todos los países del mundo,
Reafirmando también la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos2 y de los
Pactos internacionales de derechos humanos 3 como elementos fundamentales de los esfuerzos
internacionales para promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, así como la importancia de los demás instrumentos de derechos humanos
adoptados en el marco del sistema de las Naciones Unidas y a nivel regional,
Destacando que todos los miembros de la comunidad internacional deben cumplir, conjunta y
separadamente, su obligación solemne de promover y fomentar el respeto de los derechos humanos y las
económica, nacimiento o cualquier otra condición social, y reafirmando la importancia particular de lograr
la cooperación internacional para el cumplimiento de esta obligación, de conformidad con la Carta,
Reconociendo el papel importante que desempeña la cooperación internacional y la valiosa labor que
o amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional o la integridad territorial, y de la negativa a
Reconociendo la relación entre la paz y la seguridad internacionales y el disfrute de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, y consciente de que la ausencia de paz y seguridad
internacionales no excusa la inobservancia de esos derechos,
Reiterando que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son universalmente
indivisibles e interdependientes y que están relacionados entre sí, debiéndose promover y aplicar de una
manera justa y equitativa, sin perjuicio de la aplicación de cada uno de esos derechos y libertades,
Destacando que la responsabilidad primordial y el deber de promover y proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales incumbe al Estado,
respeto y el conocimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el plano nacional
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y
realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.
1. Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer
efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las
medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como
las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o
colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades.
2. Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
necesarias para asegurar que los derechos y libertades a que se hace referencia en la presente Declaración
estén efectivamente garantizados.
Artículo 3 Anexos
El derecho interno, en cuanto concuerda con la Carta de las Naciones Unidas y otras obligaciones
internacionales del Estado en la esfera de los derechos humanos y las libertades fundamentales, es el
marco jurídico en el cual se deben materializar y ejercer los derechos humanos y las libertades
fundamentales y en el cual deben llevarse a cabo todas las actividades a que se hace referencia en la
presente Declaración para la promoción, protección y realización efectiva de esos derechos y libertades.
Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscabe o
contradiga los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas ni de que limite las disposiciones
de la Declaración Universal de Derechos Humanos2, de los Pactos internacionales de derechos humanos3
o de otros instrumentos y compromisos internacionales aplicables en esta esfera, o constituya excepción
b) A formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a
a) A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se da
efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos;
b) Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos
internacionales aplicables, a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones
y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;
c) A estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley
como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención
del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados.
nuevos relacionados con los derechos humanos, y a preconizar su aceptación.
1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a tener la oportunidad efectiva, sobre
una base no discriminatoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos.
2. Ese derecho comprende, entre otras cosas, el que tiene toda persona, individual o colectivamente,
a presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos
públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento, y a llamar la atención sobre cualquier
aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los
1. En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la promoción
y la protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona tiene
derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a ser protegida en caso de
violación de esos derechos.
2. A tales efectos, toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido presuntamente violados tiene
el derecho, bien por sí misma o por conducto de un representante legalmente autorizado, a presentar una
denuncia ante una autoridad judicial independiente, imparcial y competente o cualquier otra autoridad
establecida por la ley y a que esa denuncia sea examinada rápidamente en audiencia pública, y a obtener
de esa autoridad una decisión, de conformidad con la ley, que disponga la reparación, incluida la
indemnización que corresponda, cuando se hayan violado los derechos o libertades de esa persona, así
como a obtener la ejecución de la eventual decisión y sentencia, todo ello sin demora indebida.
a) Denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos gubernamentales en relación
con violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante peticiones u otros
medios adecuados ante las autoridades judiciales, administrativas o legislativas internas o ante cualquier
otra autoridad competente prevista en el sistema jurídico del Estado, las cuales deben emitir su decisión
sobre la denuncia sin demora indebida;
b) Asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión
sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones y los compromisos internacionales
c) Ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para
defender los derechos humanos y las libertades fundamentales.
4. A los mismos efectos, toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, de conformidad
con los instrumentos y procedimientos internacionales aplicables, a dirigirse sin trabas a los organismos Anexos
5. El Estado realizará una investigación rápida e imparcial o adoptará las medidas necesarias para
que se lleve a cabo una indagación cuando existan motivos razonables para creer que se ha producido una
violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier territorio sometido a su
derechos humanos y las libertades fundamentales, y nadie será castigado ni perseguido por negarse a
Toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho al legítimo ejercicio de su ocupación o
profesión. Toda persona que, a causa de su profesión, pueda afectar a la dignidad humana, los derechos
humanos y las libertades fundamentales de otras personas deberá respetar esos derechos y libertades y
cumplir las normas nacionales e internacionales de conducta o ética profesional u ocupacional que sean
1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas
contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de
mencionados en la presente Declaración.
3. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz
de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión
de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten
el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con
el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades
fundamentales, en concordancia con el artículo 3 de la presente Declaración.
1. Incumbe al Estado la responsabilidad de adoptar medidas legislativas, judiciales, administrativas
o de otra índole apropiadas para promover en todas las personas sometidas a su jurisdicción la
comprensión de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
b) El pleno acceso en condiciones de igualdad a los documentos internacionales en la esfera de los
derechos humanos, incluso los informes periódicos del Estado a los órganos establecidos por los tratados
internacionales sobre derechos humanos en los que sea Parte, así como las actas resumidas de los debates
3. El Estado garantizará y apoyará, cuando corresponda, la creación y el desarrollo de otras
instituciones nacionales independientes destinadas a la promoción y la protección de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en todo el territorio sometido a su jurisdicción, como, por ejemplo,
mediadores, comisiones de derechos humanos o cualquier otro tipo de instituciones nacionales.
Incumbe al Estado la responsabilidad de promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en todos los niveles de la educación, y de garantizar que los que tienen a
su cargo la formación de abogados, funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, personal de las
fuerzas armadas y funcionarios públicos incluyan en sus programas de formación elementos apropiados
Los particulares, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones pertinentes tienen la
importante misión de contribuir a sensibilizar al público sobre las cuestiones relativas a todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales mediante actividades de enseñanza, capacitación e investigación
en esas esferas con el objeto de fortalecer, entre otras cosas, la comprensión, la tolerancia, la paz y las
relaciones de amistad entre las naciones y entre todos los grupos raciales y religiosos, teniendo en cuenta
las diferentes mentalidades de las sociedades y comunidades en las que llevan a cabo sus actividades.
individual o colectivamente, estará sujeta a más limitaciones que las que se impongan de conformidad con
las obligaciones y compromisos internacionales aplicables y determine la ley, con el solo objeto de
garantizar el debido reconocimiento y respeto de los derechos y libertades ajenos y responder a las justas
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática.
1. Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad y dentro de ella, puesto que sólo en ella
puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Anexos
corresponde una importante función y una responsabilidad en la protección de la democracia, la promoción
3. Análogamente, les corresponde el importante papel y responsabilidad de contribuir, como sea
pertinente, a la promoción del derecho de toda persona a un orden social e internacional en el que los
derechos y libertades enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos
de derechos humanos puedan tener una aplicación plena.
Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiera a un
individuo, grupo u órgano de la sociedad o a cualquier Estado el derecho a desarrollar actividades o
realizar actos que tengan por objeto suprimir los derechos y libertades enunciados en la presente
Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que permita a los
Estados apoyar y promover actividades de individuos, grupos de individuos, instituciones u organizaciones
no gubernamentales, que estén en contradicción con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
2.	Resolución nº 1671 de la OEA sobre defensores de los
derechos humanos en las américas, apoyo a las tareas
que desarrollan las personas, grupos y organizaciones
de la sociedad civil para la promoción y protección
de los derechos humanos en las américas.
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3.	Acuerdo regional de Cepal sobre el acceso a la
información, la participación pública y el acceso a la
justicia en asuntos ambientales en América Latina y el
1.	Cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las
personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden
los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin
amenazas, restricciones e inseguridad.
2.	Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer,
proteger y promover todos los derechos de los defensores de los
derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a
la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho
de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así
como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo
en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el
ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y
los elementos básicos de su sistema jurídico.
3.	Cada parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para
prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones
que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales
puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el
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 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 1
 Resolución 
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	Resolución 
	Resolución 
	Resolución 
 resolución 
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Artículo 3
 artículo 3
	Resolución