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Timestamp: 2017-06-28 20:54:29+00:00

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Bajo mi lenguaje: 2009
10 Diciembre: Día de los Derechos Humanos
"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. "Art 1 Declaración Universal de los Derechos Humanos
Textos de siempre
La ley de extranjería, una oportunidad perdida
CEAR, Cáritas y la Red Acoge lamentan la oportunidadperdida en la reforma de la LOEX aprobada hoyMadrid, 26 de noviembre de 2009.- CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Cáritas y la Red Acoge expresan su decepción ante el resultado final del proceso parlamentario de reforma de la Ley de Extranjería, que se ha aprobado hoy en el Congreso. El intenso trabajo de sensibilización y presentación de enmiendas que nuestras entidades han llevado a cabo desde que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley, con el apoyo decisivo de más de 500 organizaciones sociales de todo el Estado, ha permitido que se hayan incluido mejoras en la ley aprobada hoy. Este avance ha sido posible, también, gracias al papel activo de la sociedad civil organizada, que ha expresado ante esta reforma su opción inequívoca por el fortalecimiento de las políticas de integración y la defensa del principio de igualdad de trato y derechos, especialmente en tiempos de crisis. Cáritas, CEAR y Red Acoge reconocemos el esfuerzo de los grupos políticos para incorporar al proyecto aspectos positivos que han sido fruto de esta labor conjunta de incidencia y propuesta. Lamentamos, sin embargo, que en otros muchos temas prioritarios no se hayan logrado cambios significativos y, lo que resulta más grave, que en el último tramo parlamentario se hayan introducido elementos que se contradicen con una política de inmigración auténticamente orientada a la integración. Creemos que vincular la concesión de derechos al tiempo de residencia en nuestro país supone, de hecho, un cambio en la política migratoria y un retroceso hacia posiciones que vacían de contenido conceptos como la bidireccionalidad de la integración y el principio de igualdad de trato. Entre los aspectos más negativos de la reforma destacamos los siguientes:• Se ha introducido el concepto indeterminado del ‘esfuerzo de integración’, como si éste fuera un proceso unilateral de las personas inmigrantes, en la línea de las propuestas más reaccionarias que empezaron hace unos años reclamando la introducción de este tipo de ‘contratos’. • La tramitación parlamentaria ha introducido también una consideración de los menores no acompañados como inmigrantes irregulares, concediendo un margen de maniobra ambiguo a las Comunidades Autónomas para establecer acuerdos con los países de origen y la gestión de la tutela. • Se fragiliza el acceso a los derechos, ya que se dificulta el acceso al padrón municipal con la imposición de graves sanciones a quienes faciliten de forma desinteresada la inscripción en el mismo. • Además, y como hemos venido señalando públicamente durante todo el proceso legislativo, se mantienen los recortes en el derecho a la reagrupación y se somete a una situación de desamparo a las mujeres extranjeras en situación irregular víctimas de violencia de género, así como el incremento de las sanciones contra la población extranjera de forma desproporcionada, que pueden llevar a su detención, internamiento o expulsión y la ampliación del plazo de internamiento hasta 60 días. Nuestros legisladores han perdido una oportunidad inmejorable para prestar un verdadero servicio del bien común y a la causa de los derechos humanos. La reforma de la LOEX se cierra sin que haya sido posible definir un marco legal para la inmigración atento al amplio consenso social que ha venido expresándose a través de las organizaciones y movimientos ciudadanos. Cuando falta apenas un mes para que España asuma la Presidencia semestral de la Unión Europea, CEAR, Cáritas y Red Acoge llaman a la responsabilidad personal en la construcción de una sociedad más plural, más rica, que recupere aquellos valores que todos podemos aportar, para avanzar en el horizonte de la cohesión social y poder caminar hacia un cambio de valores y actitudes. Un modelo en el que las personas migrantes sean reconocidas como ciudadanas en una apuesta decidida por la integración social y la aplicación universal de los derechos humanos. Desde nuestras organizaciones queremos apelar a la responsabilidad de los grupos políticos, las organizaciones sociales y toda la ciudadanía en la creación de una sociedad que apuesta por la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales, y por una visión integradora de la migración. Fieles a este compromiso, nuestras organizaciones seguirán trabajando para evitar que la ley de extranjería aprobada hoy sirva para consolidar un tipo de sociedad que no queremos.
Comunicado de organizaciones
CEAR pide que no se abra expediente por estar en situación irregular a las mujeres que acudan a denunciar La nueva ley de extranjería desincentiva las denuncias por violencia de género CEAR lamenta que el gobierno no haya tenido en cuenta las recomendaciones de diversas organizaciones sociales para que la nueva ley de extranjería no ponga obstáculos a las mujeres extranjeras en situación irregular que quieran denunciar situaciones de violencia de género. De acuerdo al texto que se votará en el Congreso el próximo 26 de noviembre, cuando una mujer extranjera en situación irregular acuda a denunciar violencia contra ella, le será abierto expediente sancionador, que quedará en suspenso hasta que se resuelva el proceso por violencia de género. Para CEAR, esto desincentiva la presentación de denuncias -que de por sí son menos que el número de agresiones- por el miedo de las víctimas a ser sancionadas por su situación irregular. Abrir un expediente de expulsión a estas mujeres con la justificación de que si se demuestra la agresión contra ellas se cierra el proceso de expulsión, implica también desconocimiento de la realidad del maltrato, que muchas veces no es condenado por la falta de pruebas o porque algunas mujeres retiran la denuncia antes del fin del proceso. Igualmente, aducir que con esta medida se evitan los abusos (es decir, que las denuncias puedan ser usadas para conseguir el permiso de residencia), es no querer ver que ya la ley tiene suficientes mecanismos para evitar fraudes, sin necesidad de colocar a todas las mujeres que acudan a denunciar bajo sospecha. CEAR lamenta, por otro lado, que la ley de extranjería establezca expresamente la violencia de género como el único delito que al denunciarse conlleve la apertura de un expediente en caso de situación de irregularidad del denunciante. CEAR considera que sobre la ley de extranjería debería primar la protección de los derechos constitucionales a la integridad física y moral de la mujer, lo que pasa inevitablemente por la denuncia de cualquier forma de violencia que los menoscabe. Por lo tanto, cualquier obstáculo que impida o desincentive que la mujer víctima de violencia de género denuncie, debe ser eliminado. Información complementaria:Artículo 31 bis.2 del Proyecto de Ley Orgánica de la Ley de Extranjería que será votado en el Congreso el próximo 26 de noviembre: “si al denunciarse una situación de violencia de género contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situación irregular, el expediente administrativo sancionador incoado por infracción del art. 53.1.a) de esta Ley será suspendido por el instructor hasta la resolución del procedimiento penal.” Publicado por
La nueva ley de asilo: una oportunidad perdida
Amnistía internacional y CEAR creen que añade obstáculos a los solicitantesEl Congreso ratifica la nueva Ley de AsiloMadrid, 28 de octubre de 2009. Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, lamentan que tras la ratificación ayer en el Congreso de los Diputados, del Proyecto de Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria tras su paso por el Senado, se haya perdido una oportunidad para avanzar en el compromiso de proteger a personas que huyen de violaciones de derechos humanos, y que aumenten los obstáculos para poder acceder al asilo en España.El texto aprobado en sesión plenaria en el Congreso de los Diputados añade a la ley vigente un número importante de obstáculos que, no sólo son contrarios a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado, sino que impedirán que muchas personas que huyen de graves violaciones de derechos humanos puedan "acceder al ejercicio de su derecho a solicitar protección internacional", según AI.En el siguiente comunicado, ambas organizaciones explican sus argumentos:"Además, no se entiende que un país como España que cerraba el 2008, según los datos aportados por la Oficina de Asilo y Refugio, con unas 4.500 solicitudes y sólo 151 estatutos concedidos, muestre esta resistencia a garantizar la protección de las personas necesitadas de protección internacional.Así, entre los obstáculos que contempla la Ley, las organizaciones abajo firmantes queremos destacar:* La exclusión de los ciudadanos europeos comunitarios del derecho a solicitar asilo, contraria a la Convención de Ginebra por violar el carácter universal de dicho derecho y que a nuestro juicio entraría en contradicción con el artículo 13.4 de la Constitución española.* La desaparición del derecho a pedir asilo en las embajadas españolas. Si bien la ley establece un procedimiento donde se reconoce la posibilidad de promover el traslado a España, vía que necesitará de un posterior desarrollo reglamentario, a ambas organizaciones nos preocupa que la decisión quede bajo la discrecionalidad del embajador. La desaparición de la vía diplomática reconocida hasta ahora en la Ley, supone un retroceso injustificado y de especial gravedad ante los obstáculos ya existentes para acceder al procedimiento en territorio español.* El aumento de las causas de exclusión ante la posibilidad de una persona de pedir asilo, con fórmulas jurídicamente imprecisas como “constituir un peligro para la seguridad de España” o “constituir una amenaza para la Comunidad” que exceden claramente la letra de la Convención de Ginebra.* El concepto de “tercer país seguro” como causa de inadmisión de la solicitud que vulnera la obligación, contemplada en la Convención de Ginebra, de estudiar cada caso de forma individual, así como el principio de no discriminación por motivos de nacionalidad contemplado en el artículo 3 de la propia Convención.* La ampliación de los plazos de detención en frontera, hasta un máximo de 10 días, así como la desaparición de la garantía hoy existente de que se suspenda una devolución al país perseguidor si el ACNUR emite un informe favorable para que se admita una solicitud de asilo.* El establecimiento de diferentes procedimientos de tramitación de la solicitud de asilo. Esta diversidad contribuye a reducir las mismas garantías para los solicitantes de asilo en función del lugar donde soliciten protección. De este modo, por ejemplo, los posibles solicitantes de asilo en frontera tendrán mayores dificultades para poder optar a conseguir la condición de refugiado.* La desaparición del reexamen, cuando se ha denegado una petición y se obtienen nuevos elementos probatorios que permiten revisar la resolución, lo que no se compensa con la remisión de la nueva ley a la normativa general de procedimientoadministrativo.Aspectos positivosLa nueva ley amplía las referencias a los conceptos de refugiado y de persona merecedora de protección subsidiaria, incorporando la persecución por motivos de género y orientación sexual, así como una mención expresa a colectivos especialmente vulnerables como puedan ser los menores y las personas víctimas de trata.Asimismo, cabe destacar de forma positiva la inclusión de los programas de reasentamiento, así como una mejora sustancial del régimen de residencia en España de los beneficiarios. Cabe también destacar que los intensos trabajos en el Congreso fueron seguidos de propuestas de enmienda en el Senado que, en muchos casos suponían un avance importante en el compromiso del Estado español con el derecho de asilo de acuerdo con los estándares internacionales. Sin embargo, junto a algunos avances como las garantías sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita, CEAR y Amnistía Internacional lamentamos que otras muchas propuestas de mejora no hayan prosperado finalmente.CEAR y Amnistía Internacional consideran que con la Ley que se ha aprobado hoy, se ha perdido una oportunidad para liderar en Europa la defensa del Derecho de Asilo, un derecho en peligro de extinción y gravemente amenazado por las políticas de control migratorio. Estas políticas, que conllevan entre otras medidas, el cierre y la externalización de fronteras, están impidiendo el acceso a los procedimientos de asilo y la identificación como refugiadas de muchas personas que huyen de violaciones de derechos humanos.El compromiso de garantizar la protección internacional para las y los refugiados es una obligación legal y una responsabilidad política del Estado español frente a graves violaciones de los derechos humanos. Ambas organizaciones prestarán toda su atención al desarrollo reglamentario de la ley y, lo que es más relevante, a la práctica administrativa para que este derecho no se convierta en letra muerta." http://www.tribunalatina.com/es/notices/el_congreso_ratifica_la_nueva_ley_de_asilo_21369.php
Las fronteras asesinas de Europa
LAS FRONTERAS ASESINAS DE EUROPA.- Migreurop 14 de octubreInforme sobre las violaciones de los derechos humanos en las fronteras publicado por la red Migreurop 14 de octubre - Deportaciones ilegales en la frontera greco-turca - Oujda: zona tampón entre Marruecos y Argelia, cámara hacia Europa - Calais y el norte de Francia: zona de vagabundeo, puerta de Inglaterra - Lampedusa, isla centinela de Europa Para su primer Informe anual sobre las violaciones de los derechos humanos en las fronteras, Migreurop ha elegido retener cuatro polos emblemáticos de fechorías de la política llevada a cabo por la Unión Europea en materia de inmigración y de asilo. La frontera greco-turca, la región del Calais, al noroeste de Francia, la de Oujda, al este de Marruecos, y la isla de Lampedusa al extremo sur de Italia, son tantos altos, más o menos largos, a veces definitivos, en la odisea de millares de personas que, cada año, intentando alcanzar Europa, buscan a través del exilio elegido o forzado escapar a su suerte.El informe anual de Migreurop sobre las violaciones de los derechos humanos en las fronteras no es el producto de una misión de investigación de más o menos larga duración por observadores externos. Es el fruto de la doble dimensión que caracteriza la red Migreurop, compuesta por organizaciones de base que trabajan para la defensa de los derechos de los migrantes y de los refugiados, y por individuos que, en su actividad profesional o militante, estudian y analizan las políticas migratorias y sus consecuencias. Este informe desea favorecer, cada vez que sea posible, la palabra de los migrantes entrevistados o en las misiones ad hoc, o por las asociaciones miembros o colaboradoras de Migreurop que están presentes a diario en los lugares elegidos. Se propone también dar cuenta de la experiencia de estas asociaciones, cuyo cruce de los análisis constituye una de las riquezas de la red. Si los hechos relatados se sitúan en la actualidad del año 2009, el conocimiento de hace tiempo por las asociaciones de la realidad de la migración permite tratar el tema diferentemente que bajo el ángulo de acontecimientos puntuales, como es a menudo el caso. Los temas de trabajo de la red Migreurop sirvieron de hilo conductor para organizar este informe: en cada zona estudiada (salvo Lampedusa, ver infra), se retuvieron cuatro ejes. Los tres primeros caracterizan la política de inmigración y de asilo de la UE: controlar y bloquear; retener, encerrar; deshumanizar, matar. El cuarto - asistir, resistir - quiere reflejar tanto los movimientos de autoorganización de los migrantes como las manifestaciones de solidaridad de aquellos que les ayudan: el componente militante de la red Migreurop constituye, para este último aspecto, una fuente privilegiada de información sobre las luchas.Ver el Informe en francés: http://www.migreurop.org/IMG/pdf/Rapport-Migreurop-oct2009-def.pdfPronto en inglés, italiano y español.
AMNISTIA INTERNACIONAL Y CEAR ante la nueva ley de asilo
Madrid, 15 de octubre de 2009ESPAÑA / LEY DE ASILO: El Congreso ratifica una Ley que convierte el conseguir asilo en una carrera de obstáculosMadrid-. Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, lamentan que tras la ratificación hoy en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria tras su paso por el Senado, se haya perdido una oportunidad para avanzar en el compromiso de proteger a personas que huyen de violaciones de derechos humanos, y que aumenten los obstáculos para poder acceder al asilo en España.El texto aprobado hoy en sesión plenaria en el Congreso de los Diputados añade a la ley vigente un número importante de obstáculos que, no sólo son contrarios a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado sino que, lo más grave, impedirán que muchas personas que huyen de graves violaciones de derechos humanos puedan simplemente acceder al ejercicio de su derecho a solicitar protección internacional. Además, no se entiende que un país como España que cerraba el 2008, según los datos aportados por la Oficina de Asilo y Refugio, con unas 4.500 solicitudes y sólo 151 estatutos concedidos, muestre esta resistencia a garantizar la protección de las personas necesitadas de protección internacional.Así, entre los obstáculos que contempla la Ley, las organizaciones abajo firmantes queremos destacar:La exclusión de los ciudadanos europeos comunitarios del derecho a solicitar asilo, contraria a la Convención de Ginebra por violar el carácter universal de dicho derecho y que a nuestro juicio entraría en contradicción con el artículo 13.4 de la Constitución española.La desaparición del derecho a pedir asilo en las embajadas españolas. Si bien la ley establece un procedimiento donde se reconoce la posibilidad de promover el traslado a España, vía que necesitará de un posterior desarrollo reglamentario, a ambas organizaciones nos preocupa que la decisión quede bajo la discrecionalidad del embajador. La desaparición de la vía diplomática reconocida hasta ahora en la Ley, supone un retroceso injustificado y de especial gravedad ante los obstáculos ya existentes para acceder al procedimiento en territorio español.El aumento de las causas de exclusión ante la posibilidad de una persona de pedir asilo, con fórmulas jurídicamente imprecisas como “constituir un peligro para la seguridad de España” o “constituir una amenaza para la Comunidad” que exceden claramente la letra de la Convención de Ginebra.El concepto de “tercer país seguro” como causa de inadmisión de la solicitud que vulnera la obligación, contemplada en la Convención de Ginebra, de estudiar cada caso de forma individual, así como el principio de no discriminación por motivos de nacionalidad contemplado en el artículo 3 de la propia Convención.La ampliación de los plazos de detención en frontera, hasta un máximo de 10 días, así como la desaparición de la garantía hoy existente de que se suspenda una devolución al país perseguidor si el ACNUR emite un informe favorable para que se admita una solicitud de asilo.El establecimiento de diferentes procedimientos de tramitación de la solicitud de asilo. Esta diversidad contribuye a reducir las mismas garantías para los solicitantes de asilo en función del lugar donde soliciten protección. De este modo, por ejemplo, los posibles solicitantes de asilo en frontera tendrán mayores dificultades para poder optar a conseguir la condición de refugiado.La desaparición del reexamen, cuando se ha denegado una petición y se obtienen nuevos elementos probatorios que permiten revisar la resolución, lo que no se compensa con la remisión de la nueva ley a la normativa general de procedimiento administrativo.Los aspectos positivos para los derechos humanos en la leyLa nueva ley amplía las referencias a los conceptos de refugiado y de persona merecedora de protección subsidiaria, incorporando la persecución por motivos de género y orientación sexual, así como una mención expresa a colectivos especialmente vulnerables como puedan ser los menores y las personas víctimas de trata.Asimismo, cabe destacar de forma positiva la inclusión de los programas de reasentamiento, así como una mejora sustancial del régimen de residencia en España de los beneficiarios. Cabe también destacar que los intensos trabajos en el Congreso fueron seguidos de propuestas de enmienda en el Senado que, en muchos casos suponían un avance importante en el compromiso del Estado español con el derecho de asilo de acuerdo con los estándares internacionales. Sin embargo, junto a algunos avances como las garantías sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita, CEAR y Amnistía Internacional lamentamos que otras muchas propuestas de mejora no hayan prosperado finalmente.CEAR y Amnistía Internacional consideran que con la Ley que se ha aprobado hoy, se ha perdido una oportunidad para liderar en Europa la defensa del Derecho de Asilo, un derecho en peligro de extinción y gravemente amenazado por las políticas de control migratorio. Estas políticas, que conllevan entre otras medidas, el cierre y la externalización de fronteras, están impidiendo el acceso a los procedimientos de asilo y la identificación como refugiadas de muchas personas que huyen de violaciones de derechos humanos. El compromiso de garantizar la protección internacional para las y los refugiados es una obligación legal y una responsabilidad política del Estado español frente a graves violaciones de los derechos humanos. Ambas organizaciones prestarán toda su atención al desarrollo reglamentario de la ley y, lo que es más relevante, a la práctica administrativa para que este derecho no se convierta en letra muerta.FIN/// AMNISTIA INTERNACIONAL Y CEAR Publicado por
Llegan menos, pero mueren mas; ¡qué bien!
Según el Gobierno español estamos de enhorabuena. Suena a broma, pero lo dicen con la misma seriedad con que quisieron quitarnos del vino y del tabaco; con el mismo convencimiento con que negaron que hubiera crisis económica; con la misma certeza con que aseguran que se equivocan instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España, que -¡pobres ignorantes!- han expresado dudas sobre el futuro de la economía española.Sí, llegan menos inmigrantes clandestinos a bordo de cayucos. Pero mueren muchos más: a fines de agosto se contabilizaban treinta y dos muertes en las costas canarias (diez más que el año anterior por las mismas fechas). Lo importante, sin embargo, es la eficacia de nuestros controles fronterizos y el efecto disuasorio de esas muertes. ¡Qué bien!, ¿verdad? Y qué orgullo ser gobernados por estas dignas personalidades, émulas de Santa Teresa de Calcuta y dignas de asumir papeles estelares en películas de los Hermanos Marx (por su marxismo militante, se entiende).--Manuel Ferrer MuñozCoordinador general del Centro Europeo de Estudios sobre Flujos Migratorios
Reflexiones de terceros
El hambre y los interesesGUSTAVO DUCHEl próximo 16 de octubre llegamos a una de esas fechas señaladas desde las Naciones Unidas –el día Mundial de la Alimentación– que este año se presenta con un dato, mejor dicho, con una bofetada escandalosa: 1.020 millones de personas en el mundo sufren hambre y desnutrición. Más que nunca. Coincidiendo con la fecha aparecerán nuevos informes acompañados de recomendaciones y algunas promesas. “Oficialmente” se explicará el incremento de la cifra en 100 millones por la crisis financiera que hizo bajar las donaciones a los países más necesitados y por las condiciones climáticas cada vez más duras. Otros estamentos irán más allá y añadirán que estos niveles de pobreza tan graves son consecuencia de una falta de voluntad política, de un desentenderse de la situación. Pero no, digo yo que no, que todo lo contrario, que es claramente una realidad provocada por una voluntad política de mantener un mundo por encima de otro. De sostener un mundo aplastando los recursos de otros. Ahí están, como novedad en los análisis de este año, la especulación con los precios de los alimentos y la adquisición de tierras de cultivos alimenticios para otros usos, dos atropellos que argumentan mi postura.La crisis alimentaria iniciada en 2007 pareció despertar la preocupación de los estamentos internacionales y algunas iniciativas para afrontar la gobernanza de la alimentación y la agricultura a nivel global han aparecido en escena. Existe consenso en cuanto a la ineficacia de los mecanismos institucionales actuales, pero no respecto a cómo solventarla. Durante estos días se debate sobre las supuestas soluciones. Por un lado tenemos la propuesta del G-8 de crear una nueva “Alianza Global sobre la Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición”, mientras que algunos gobiernos y colectivos de la sociedad civil abogan por la renovación y el fortalecimiento del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO (la Agencia de la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas). No es una discusión baladí. Los defensores de las políticas económicas neoliberales defienden un espacio de coordinación donde se otorgue poder de decisión, además de a los gobiernos, al sector privado y a las instituciones financieras internacionales, es decir, a la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Encontrar en la mesa de coordinación a representantes de empresas como Monsanto o Nestlé –por nombrar un par– junto con los actores que han contribuido a la desregularización de la agricultura, no es desde luego aceptable para muchos gobiernos del Sur, que reclaman un papel de liderazgo para la FAO, una institución del sistema de Naciones Unidas, donde cada país tiene un voto de igual valor.Más allá del espacio de gobernanza, es clave conocer la estrategia a implementar y, otra vez, creo, deberíamos mirar hacia Ginebra –sede de las Naciones Unidas–, desarrollando políticas desde la perspectiva de los derechos humanos y no hacia Washington –sede del Banco Mundial, por ejemplo–, insistiendo en políticas neoliberales. El hambre no es un negocio que a veces sale bien y otras sale mal. Es la violación de un derecho, del Derecho a la Alimentación. Como tal se recoge en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se desarrolla en el artículo 11 de la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tomar como eje de acción el Derecho a la Alimentación es aceptar que los pueblos y sus poblaciones deben tener acceso permanente a la alimentación. Derecho a alimentarse, es decir, a producir sus alimentos accediendo a los recursos que los hacen posible: tierra, agua y semillas. Si se acepta este enfoque, los estados tienen entonces la obligación de “respetar, proteger y garantizar” el Derecho a la Alimentación desde sus responsabilidades territoriales y extraterritoriales.Y también supondría un despliegue legislativo que defendiera a tantas personas de la vulneración de su derecho a alimentarse. Al respecto quisiera citar dos ejemplos que ha documentado el Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Nutrición. El primero es el caso de la India, que, a pesar de un incremento significativo del PIB, presenta tendencias de aumento de la pobreza. El Gobierno de la India ha promovido el cultivo de agrocombustibles para reducir su dependencia energética y –dicen– incrementar puestos de trabajo agrícolas. Si el Gobierno hubiera seguido las directrices del Derecho a la Alimentación como prioridad frente a intereses de grandes corporaciones como Daimler Chrysler, no se hubieran generado los impactos provocados sobre las poblaciones campesinas locales: sustitución de cultivos de subsistencia, escasez de agua por la alta demanda de los cultivos energéticos, destrucción de tierras y bosques dedicadas al pastoreo y más dificultades para acceder a la madera como combustible.El segundo ejemplo es el caso de Zambia, donde las producciones de miel y leche generan alimentos, ingresos y empleos a muchas familias, pero su Derecho a la Alimentación se ve vulnerado esta vez por los acuerdos comerciales entre Zambia y la Unión Europea, que llevarán a competir a los productores locales con las grandes corporaciones europeas, fuertemente subsidiadas.Decía al principio que el hambre no es sólo un problema de negligencia, sino una cadena de intereses a favor de unos pocos. Contra esos intereses debe centrarse cualquier estrategia de lucha contra el hambre. El enfoque desde los derechos ha avanzado en los últimos años. Desde la sociedad civil se elaboraron las Directrices Voluntarias para la Realización del Derecho a la Alimentación que fueron aprobadas en noviembre de 2004 por el Consejo de la FAO. Ahora faltaría que dejaran de ser voluntarias.Gustavo Duch es ex director de Veterinarios sin Fronteras y colaborador de la Universidad Rural Paulo FreireIlustración de Iker AyestaranFuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/1602/el-hambre-y-los-intereses/ Publicado por
Italia quiere prohibir el burka
Los aliados de Berlusconi quieren penalizar el uso del burkaLa xenófoba Liga Norte presenta una propuesta de ley que castiga con hasta dos años de cárcel a quien vista la prenda afganaEFE - Roma - 06/10/2009 20:12La formación política de carácter xenófobo y ultraderechista Liga Norte, aliada en el Ejecutivo de Silvio Berlusconi, ha presentado una propuesta de ley que penaliza el uso del burqa en Italia, que podría ser castigado con penas de hasta dos mil euros y dos años de cárcel. El portavoz de la Liga en la Cámara de los Diputados, Roberto Cota presentó hoy esta propuesta de ley, con la que se quiere cancelar la vigente norma, emitida en 1975, y que prohíbe llevar en lugares públicos el casco o cualquier otro elemento que esconda el rostro, la acotación: "Sin un motivo justificado". La diputada de la Liga Carolina Lussana, señaló que la apostilla de "sin motivo justificado" ha provocado numerosos contenciosos en los últimos años entre los alcaldes de diferentes ciudades, que emitían ordenanzas para prohibir el uso del burka y que eran rechazadas por los gobernadores civiles. Prohibidos también los pañuelos y los pasamontañas En su propuesta de ley, la Liga mantiene las sanciones previstas por la norma de 1975, que penaliza con dos mil euros y hasta dos años de cárcel a quien no cumpla la reglamentación.Laussana, por su parte, señaló que se incluirán dentro de la prohibición tanto pañuelos como pasamontañas que cubran el rostro de las personas. "Es necesario un equilibrio entre la libertad religiosa, que nadie quiere poner en duda, y la tutela de la seguridad y del orden público", agregó. La propuesta de la Liga ha generado las críticas de la oposición, entre ellas las de la portavoz del Partido Demócrata (PD) en la comisión de Justicia de la Cámara de los Diputados, Donatella Ferranti, que tachó la iniciativa de " inconstitucional", a la vez que aseguró que pone en discusión la libertad religiosa.http://www.publico.es/internacional/258367/burka/italia/berlusconi/liga/norte/penalizar/carcel/bossi
7 de octubre, Jornada Mundial de Acción por el Trabajo Decente.La crisis no puede ser la coartada para la violación de derechos laborales de los refugiados e inmigrantesEn la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, CEAR hace un llamamiento para que los responsables políticos y los empresarios no usen la crisis como excusa para recortar los derechos laborales y sociales de refugiados e inmigrantes. El precio de la crisis económica que atraviesa España lo están pagando sobre todo los trabajadores, sean autóctonos o extranjeros, como denuncian hoy los sindicatos. Y por eso deben ser respetados y protegidos los derechos laborales y sociales de todos los trabajadores, sea cual sea su procedencia, como es propio de un Estado de derecho. Pero la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) constata diariamente que los trabajadores refugiados e inmigrantes están sufriendo especialmente el recorte de derechos. La crisis económica está siendo la coartada para el endurecimiento de la ley de extranjería, para el aumento de abusos laborales, y para la disminución de fondos para la integración sociolaboral de los trabajadores extranjeros y sus familias. Así, a la falta de ofertas de empleo en los sectores más ocupados por refugiados e inmigrantes (construcción, hostelería y otras áreas del sector servicios), se suman los aumentos de despidos de trabajadores extranjeros, que se han incorporado más tarde al mercado laboral y tienen un mayor índice de temporalidad, en empleos con poca cualificación y sin que se tenga en cuenta el bagaje formativo y laboral previo. Los trabajadores refugiados e inmigrantes encuentran cada vez más difícil obtener contratos con suficiente duración como para poder renovar las autorizaciones de residencia y trabajo, así como para optar a la regularización por arraigo, lo que ha hecho aumentar el número de personas que se quedan en situación irregular. Por otro lado, aumentan las dificultades para acceder a recursos formativos, fundamentales para una inserción sociolaboral duradera y digna, y se endurece, en el proyecto de la nueva ley de extranjería, su derecho a la reagrupación familiar. Pero estas situaciones no son consecuencia natural de la crisis, sino que tienen que ver con decisiones políticas que han apostado por restringir derechos y por hacer la vista gorda ante abusos laborales. Decisiones que parecen guiarse bajo la premisa de “los de aquí primero, los de fuera después”, que va calando en los discursos públicos y nos aleja no ya del trabajo decente, sino de la sociedad decente. Por eso CEAR pide que las únicas respuestas no sean incentivar el retorno a los países de origen de los trabajadores extranjeros, medida irreal en tiempos de crisis global. Ni recortar derechos (o presupuesto para la integración) a determinados ciudadanos según la coyuntura económica, porque eso no es más que discriminación. CEAR cree que es necesario un cambio en las políticas migratorias, que comience por la ratificación de la Convención de la ONU sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias que el gobierno español ha decidido no firmar. Asimismo, es necesario que en estos tiempos de crisis se flexibilicen los criterios exigidos de cotización a la Seguridad Social para la renovación de las autorizaciones de trabajo y residencia: que se suprima la exigencia de contar con una oferta de trabajo por un año y a jornada completa para el arraigo social, por desproporcionada y por no responder a nuestro mercado de trabajo, caracterizado por la eventualidad. Que la situación administrativa no sea determinante para percibir la prestación por desempleo, de acceder a la formación ocupacional y de inscribirse en los servicios públicos de empleo. O que las administraciones públicas establezcan medidas concretas para prevenir la discriminación de las personas refugiadas, solicitantes de asilo e inmigrantes en el ámbito laboral. En definitiva, CEAR cree que tomar en serio los derechos exige reforzar sus garantías sobre todo en el caso de los sujetos más vulnerables y aún más cuando se ven particularmente amenazados. Los derechos de los trabajadores inmigrantes y refugiados no son mercancías que entran de rebajas en tiempos de vacas flacas. No es cuestión de caridad o generosidad que se permite el nuevo rico y que desaparece cuando se viene a menos. Son una exigencia de igualdad, de justicia, de respeto a la ley, al Derecho.
Desmantelar las barreras a la inmigración
PNUD pide "desmantelar las barreras" a la inmigración(AFP) – 05 10 09 PARÍS — El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pidió este lunes "desmantelar las barreras" a la inmigración porque ésta aumenta la libertad de las personas y mejora la vida de millones de habitantes del mundo entero, en el cual 1.000 millones son migrantes. "Permitir la inmigración, tanto entre países como en su interior, tiene el potencial de aumentar la libertad de las personas y mejorar la vida de millones de habitantes" de todo el mundo, afirmó el PNUD en su informe titulado 'Superando barreras: movilidad y desarrollo humanos' difundido este lunes. Una de cada siete o lo que es igual, 1.000 millones de personas de todo el mundo, son migrantes, afirma el PNUD, para el cual "la migración puede mejorar el desarrollo humano de quienes se desplazan, de las comunidades de destino y de quienes permanecen en su lugar de origen". El documento, publicado en momentos en que las economías más desarrolladas empiezan a mostrar señales de recuperación tras la crisis financiera y económica, considera que "la recesión debe tomarse como una oportunidad para instaurar un nuevo trato hacia los inmigrantes que beneficie a los trabajadores en el lugar de origen y en el extranjero". Pero que "al mismo tiempo los resguarde contra una reacción proteccionista", consideró Jeni Klugman, una de las principales autoras del informe, efectuado con datos de 182 países miembros de la ONU. "Con la recuperación, volverán a aparecer muchas de las mismas tendencias básicas que han estado impulsando el desplazamiento durante los últimos 50 años e incentivarán a más gente a trasladarse", dice el texto. La crisis también afectó a las remesas que los inmigrantes envían a sus familias en sus países de origen y que en muchos casos, superan la ayuda oficial al desarrollo. Según el PNUD, las remesas a los países en desarrollo bajarán de 308.000 millones de dólares en 2008 a 293.000 millones en 2009. Por ejemplo, en 2007, América Latina y el Caribe recibieron 63.408 millones de dólares en remesas, indica el PNUD. El informe propone un "entorno normativo" que permita aprovechar los beneficios de la inmigración, pero también quiere corregir algunos "conceptos erróneos" y "estereotipos negativos" sobre este fenómeno como aquel de que los migrantes "nos quitan el empleo" o "viven a costa de nuestros impuestos" que "abundan en los medios de comunicación". "La mayoría de los inmigrantes no atraviesa fronteras nacionales, sino más bien se desplaza dentro de su propio país: 740 millones de personas son migrantes internos y casi cuadruplican la cifra de migrantes internacionales", dice el informe. Cada año cinco millones de personas cruzan las fronteras internacionales poara ir a vivir a un país desarrollado, dice el informe. Según el PNUD, en 2010 habrá 188 millones de migrantes internacionales, es decir el 2,8% de la población mundial. En 1960, esa cifra era de 74,1 millones, equivalente al 2,7% del total de habitantes de entonces. Sostiene que "contrariamente" a las opiniones imperantes "lo migrantes suelen aumentar el producto económico y dan más de lo que reciben". El informe destaca que los países del sur de América Latina "se encuentran en proceso de crear zonas de libre movimiento para promover un intercambio más autónomo y al mismo tiempo incrementar los beneficios de la migración". "Los amplios mercados laborales creados en estas regiones pueden traducirse en considerables beneficios para los migrantes, su familia y su comunidad", afirma. El informe "no sugiere una liberalización generalizada" de la migración pero "sostiene que existen muchos argumentos a favor de aumentar el acceso en sectores de gran demanda laboral, incluido para trabajadores con bajas calificaciones". También menciona el caso de los países de origen que restringen y "controlan rigurosamente" la salida de sus habitantes, como Cuba. En cambio saluda los acuerdos "supranacionales" que pueden "influir de manera considerable en los flujos migratorios" como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), cuyos efectos entre los países firmantes "han sido considerables". Entre las reformas que propone el PNUD destacan: abrir los canales de entrada disponibles para mas trabajadores; reducir los costos de transacción de la migración; facilitar la migración interna; incorporar la migración a las estrategias de desarrollo de los países de origen y garantizar los derechos humanos básicos para los migrantes. Para la responsable del PNUD, Helen Clark, "muchas de estas reformas son más viables de lo que se pensaba (...) no obstante requieren bastante voluntad política".
Una ley injusta e innecesaria
Desconcierto, estupor, desacuerdo, vergüenza… son algunos de los sentimientos que expresan dirigentes socialistas cuando se les pregunta por la reforma de la Ley de Extranjería que ha llevado al Congreso el Gobierno al que sustentan. “No sé qué hacemos apoyando esto”, confiesa un dirigente del grupo parlamentario mayoritario. “Voy a tener que estudiarlo, porque no paro de recibir mensajes alarmantes de las ONG”, admite otra relevante socialista. La norma se ha ganado la crítica unánime de la izquierda y el desprecio de cuantas organizaciones trabajan en la integración de los inmigrantes. La razón es sencilla: endurece las condiciones actuales para vivir y trabajar legalmente en España, trata a los inmigrantes como mera mano de obra en lugar de verlos como personas y establece cuantas barreras exigen quienes sostienen el discurso xenófobo de que los de fuera vienen a quitarnos el pan de la boca. Entonces, ¿por qué apoya la reforma el Grupo Socialista? La respuesta es tan simple como descorazonadora: los diputados cumplen siempre con la disciplina de voto, ni se plantean oponerse a una propuesta de su Gobierno. Pero, ¿por qué la promueve el Gobierno? Para entenderlo hay que volver a principios de 2008, cuando el PP incluyó en su programa electoral la propuesta de exigir un “contrato de integración” para conceder la residencia a los extranjeros. El PSOE, alarmado por los primeros indicios de una crisis económica que no quiso reconocer y agobiado por amarrar esos votos indocumentados en los que suelen prender los mensajes populistas, se subió al carro de la xenofobia conservadora y empezó a perpetrar el endurecimiento legal que ahora está en trámite. Pasaron las elecciones. Arreció la crisis. Los inmigrantes dejaron de venir a un país en el que ya no encuentran trabajo… pero la burocracia siguió su curso y la estrechez de miras impidió al Gobierno aparcar el proyecto con el que el ministro Celestino Corbacho sustituyó al peligroso Jesús Caldera, aquel ministro que cometió la atrocidad de sacar a un medio millón de personas de la economía sumergida y hacer que empezaran a cotizar a la Seguridad Social. La reforma de la Ley de Extranjería es de todo menos socialdemócrata. Pero tiene otros defectos más prosaicos: es innecesaria, injusta e incoherente. Innecesaria porque en 2009 ha caído estrepitosamente la llegada de extranjeros a causa de la crisis (el verdadero efecto llamada, no nos engañemos, es la bonanza económica) y crece el número de ciudadanos que retornan a sus países. Es injusta porque trata al inmigrante como un delincuente potencial (permite alargar su internamiento sin cargo penal alguno) y multa a quien le dé cobijo como a un cómplice. Y es incoherente con las políticas de integración y de ampliación de derechos de las que el Gobierno socialista ha hecho bandera desde 2004. Repugna a todos, menos al PP, que en su escalada populista aún la encuentra blanda. Ya ha recibido 500 enmiendas, muchas de ellas del propio PSOE. Ojalá el trámite parlamentario la deje irreconocible, aunque sea a costa de malgastar el tiempo de los diputados en una batalla que podría haberse evitado. Salomé García http://blogs.publico.es/sinfiltro/43/una-ley-injusta-e-innecesaria/
Inmigración: desmontando tópicosNacho CarreteroRebelión Hay pocas cosas que tengan tópicos tan arraigados e incrustados como es el fenómeno de la inmigración en España. Ciertas ideas se han enquistado con tanta fuerza en el subconsciente de nuestra sociedad, que es realmente difícil extirparlas. Y todas ellas nos están convirtiendo, a pasos agigantados, en una sociedad xenófoba. Son muy pocos los que admiten ser xenófobos pero muchos (cada día más) los que, lo sepan o no, lo son. Esto se demuestra en un artículo de ‘elconfidencial.com’ publicado hace sólo unos meses: cinco de cada diez españoles (la mitad, ojo) opina que debería tener el derecho de elegir colegio para sus hijos por delante de un extranjero residente legalmente en España. Cuatro de cada diez también opinan que deberían tener también preferencia a la hora de acceder a la sanidad pública. El artículo se basa en un estudio realizado recientemente por el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia, en el que se refiere a inmigrantes legales: con trabajo, cotizando y con derechos adquiridos. Es decir, según este estudio, la mitad de los españoles creen que deberían tener más derechos que sus conciudadanos extranjeros por el hecho de ser españoles. ¿Cómo se explica que la mitad de la sociedad española considere que tiene más derechos que sus vecinos por el único hecho de haber nacido en este suelo? La respuesta está en los mencionados tópicos sobre la inmigración. Tópico uno: Nos invaden. Walter Actis, sociólogo miembro del Colectivo Ioé, explica en 'El País' que “el mensaje que nos están transmitiendo los medios es falso y alarmante: nos invaden cientos de pateras. No es cierto. Pese a la desproporcionada atención que prestan los medios de comunicación, el peso estadístico de los inmigrantes que llegan en pateras o cayucos es casi despreciable (representan menos del 1% del total). La mayoría llegan en avión, seguidos de los que usan carretera”. Además, la inmigración explica el 77% del crecimiento de la población total de España entre 1998 y 2007. Su incidencia en el incremento demográfico español se sitúa por encima del 80%. Sin este crecimiento no hubiera crecido nuestro PIB como lo ha hecho ni nuestra economía sería lo que es. Y eso que ni de lejos somos el país con más inmigrantes: somos el décimo y, curiosamente, somos el primero en número de trabajadores extranjeros, lo que da buena cuenta de a qué vienen aquí los extranjeros y qué es lo que quieren hacer: trabajar. Tópico dos: Con la llegada de inmigrantes, España es un país más inseguro. Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, el número de delitos por habitante en España ha descendido un 22,7% entre 2002 y 2006, años en los que la inmigración ha crecido un 86,5%. La dinámica real no coincide con las percepciones sociales. Las estadísticas de presos extranjeros incluyen a los preventivos (sin sentencia dictada) y a los turistas y extranjeros de paso. Sin contar ambos grupos, la proporción de inmigrantes detenidos se reduce más de la mitad y alcanza una tasa muy próxima a su peso poblacional. Tópico tres: Delinquen por necesidad. Llegan sin nada y roban. Un macroestudio reciente del INE explica que el 75% de los inmigrantes estaba trabajando en su país de origen antes de decidir venir a España. Esto destruye el tópico de que vienen porque no tienen nada en su país. “No se trata de vagos, delincuentes o desempleados, para empezar porque estos grupos no podrían pagarse el viaje”, explica el Catedrático de Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid, David Reher. “El 25% restante, probablemente, sean hijos menores de edad, por lo que no estaban trabajando antes”, añade. Además, el estudio del INE señala que los inmigrantes tienen un nivel educativo similar al de la población española. Un 59% han acabado los estudios de secundaria y un 20% tienen titulación superior. En el grupo con peor cualificación, los africanos, el 75% han acabado la primaria. “El problema”, explica la historiadora Blanca Sánchez Alonso, “es que falta agilidad administrativa para homologar sus títulos. Por esa lentitud burocrática se da la situación de profesionales no reconocidos. Una cosa es que trabajen en empleos de baja cualificación y otra que su formación o estudios lo sean”. Tópico cuatro: Nos quitan el trabajo. No sólo es falso, sino que pujan por empleos inferiores a su preparación en más de la mitad de los casos. Además, si el discurso era que se necesitaba mano de obra extranjera para que el español pudiese dejar de ensuciarse las manos, ¿por qué ahora son ellos el primer objetivo a culpar cuando llega la crisis? Ni antes se necesitaba explotarlos como se explotaron, ni ahora sobran. Forman parte del sistema, de la maquinaria, para lo bueno y para lo malo, y tienen los mismos deberes y derechos que el resto de conciudadanos, nacidos aquí o fuera. Lo explica mejor la asociación SOS Racismo: “En un ambiente de crisis, los ciudadanos de origen extranjero son tomados como chivo expiatorio del peligro que corre el actual Estado del bienestar, a pesar de que ello suponga una legitimación de la xenofobia. Los trabajadores inmigrados aportan a las arcas de la Seguridad Social como el resto, y por tanto deben tener los mismos derechos y prestaciones”. Tópico cinco: Tienen más ayudas. La discriminación positiva para con los sectores más desfavorecidos es criticable, pero no por cuestiones de nacionalidad, al menos a mi entender. Facilitar el acceso a una vivienda o a un trabajo a un inmigrante es una manera de ayudar a su integración, ergo a su implicación, ergo a ausencia de problemas sociales. Tópico seis: Saturan los servicios sociales. De dónde salió esta creencia, no se sabe. Pero el hecho es que desde hace tiempo, se oye que la llegada de inmigrantes ha saturado la sanidad pública. Que la sanidad pública, efectivamente, esté saturada, no lo voy a poner en duda. Que sea culpa (una vez más) de la llegada de inmigración, sí. En realidad no expongo yo la duda razonable, lo hace Enrique Regidor, del Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid, quien hace unos meses explicó que “en líneas generales, la población inmigrante en España utiliza los servicios sanitarios con menor frecuencia que la autóctona, al igual que ocurre en otros países”. Toda la verdad sea dicha. Según explica este mismo profesor, los inmigrantes de América Central y Sudamérica utilizan algo más las Urgencias aunque mucho menos los médicos especialistas. ¿Pero que estos inmigrantes utilicen más las Urgencias es motivo para que se sature la Sanidad Pública y, sobre todo, para que se culpe a los inmigrantes de este hecho? ¿No sería más lógico ser crítico con nuestra infraestructura sanitaria insuficiente para absorber la demanda o educar a la población para que sepa cuándo hay que ir a urgencias y cuando no? (Invito a ir a ugencias una mañana cualquiera, para comprobar qué clase de elementos se acercan por ahí y medir cuántos se podrían quedar tranquilamente en su casa). Los inmigrantes, como insinuó algún político socialista, no se agolpan ante los hospitales maravillados porque les atienden gratis, cuando en sus países les cuesta dinero, ya que, como explica Regidor, “la condición de inmigrante influye más que el lugar de procedencia en el uso que se hace de los servicios sanitarios: los inmigrantes de los países ricos muestran un comportamiento similar a los inmigrantes procedentes de los países pobres”. Si la sanidad también está mal, que se culpe a quien se tiene que culpar, no a los de siempre. Tópico siete. Los españoles emigrábamos, pero con contrato y trabajo. Mentira. Y una vez más no lo digo yo, lo dice la profesora de la Universidad CEU San Pablo, Blanca Sánchez Alonso, quien no sólo desmiente esta creencia, sino que afirma que sólo la mitad de los emigrantes españoles de los años 60 y 70 eran ‘legales’. Lo explicó en el Seminario Lucas Beltrán de la citada Universidad: “Sólo la mitad de los emigrados españoles –comenta- lo hicieron a través de la vía establecida por el gobierno, de lo que cabe deducir que la otra mitad emigró sin contrato y de manera ilegal”. Tópico ocho. El tratamiento de los medios de comunicación y el mensaje de los políticos. Más que un tópico, es una costumbre. Los medios dan poco o ningún eco a datos como los tópicos antes expuestos (aunque los conocen, y perfectamente) y mucho a otras caras de la migración. No discuto que la llegada de una patera sea un hecho más noticioso que la graduación en ingeniería aeronáutica de un ecuatoriano, pero sí pongo en cuestión el trato mediático que recibe la llegada de inmigrantes. A mí juicio es sesgado e intencionado, y alimenta la percepción social negativa del fenómeno. Voluntaria o involuntariamente, pero lo hace. Un buen ejemplo lo encontramos con la llegada, la pasada primavera, del ‘supercayuco’, que arribó a las costas de Canarias con 239 inmigrantes a bordo. De nuevo titulares de ‘oleada’ (que hace unos meses sustituyó a la que debieron pensar excesiva y poco correcta políticamente, ‘avalancha’). El portavoz de SOS Racismo nos invita a fijarnos cómo la cifra de inmigrantes que lleguen en una patera no importa; siempre va precedida de la palabra oleada: Nueva oleada de inmigrantes: Llega una patera con 13, 25, 80, 100 (no importa la cifra), inmigrantes. Es bastante curioso fijarse en ello. Por desgracia, esto es sólo la punta del iceberg. Para muestra, dos botones. ‘El Mundo’, un día después de la llegada de los 239 inmigrantes, titulaba que los centros de internamiento de inmigrantes en Canarias estaban colapsados. Míralo. Este titular, directamente, es mentira. Los centros de internamiento no están saturados ni mucho menos colapsados. Ni siquiera tienen una ocupación alta. En concreto, ese mismo día, los tres centros que existen en la islas estaban acogiendo a 1.419 personas, por las 2.637 plazas de las que disponen. Más aún: el centro de Hoya Fría fue el que acogió a la ‘oleada’ de 239, haciendo aumentar la cifra de los que retiene a 349, cuando su capacidad es de 1.200. Es decir, la llegada del mayor cayuco de la historia a Canarias es una insignificancia para estos centros, y ya ni hablemos de los que supone para un país. Eso sí, que no falte la palabra ‘oleada’ y el titular de colapso en los centros para que quede bien mascadito el mensaje de que nos invaden. “Lo que se saturó fue la comisaría ayer al identificarlos, como se satura cuando hay una manifestación y detienen a 20”, explica Juan Antonio Corujo, coordinador de Cruz Roja en Canarias. Entonces, ¿por qué tituló así ‘El Mundo’? Buena pregunta. Tal vez se refiriera al centro de menores que, sin estar saturado, tiene alta ocupación porque (todavía) es ilegal repatriarlos. Pero no debía caberle este matiz en el titular y lo explicó sólo en un párrafo del interior del texto. Para completar la noticia, ‘El Mundo’ señala que la llegada de pateras se ha disparado en septiembre, pero no especifica que el crecimiento es sólo con respecto a agosto porque han llegado un 7% menos de pateras este septiembre que el pasado y un 57% menos que hace dos, ni que esto ocurre todos los años ya que es el mes más propicio por el clima para que los cayucos salgan al mar. ‘El País’ tampoco se libra. El mismo día titulaba con esto: ‘Miles de 'sin papeles' esperan en Nuadibú para saltar a Canarias’. Nuadibú es una ciudad costera al norte de Mauritania desde donde parten la mayoría de los cayucos que llegan a Canarias. No pongo en duda que así sea. De hecho, es verdad que muchos senegaleses y guineanos emigran ilegalmente primero a Mauritania, donde malviven en los barrios de Nuadibú, para después coger un cayuco que les lleve a España. Esos días TVE emitió un reportaje sobre la situación de estas personas, recorriendo algunos barrios de la ciudad y entrevistándolos. Sin embargo, la noticia de ‘El País’ basa su argumentación en el primer párrafo: “El centro de retención de Nuadibú, donde son recluidos los inmigrantes irregulares que las autoridades de Mauritania capturan en redadas y controles realizados en las calles y en el puerto pesquero, alberga actualmente a 620 internos, más del doble de los habituales”. Mentira. Ese día concreto, el centro de retención de inmigrantes de Nuadibú tenía retenidas, atención, a dos personas en su centro. Y el día anterior había retenido a seis. Ni siquiera la cifra de 620 se corresponde a los inmigrantes totales retenidos en septiembre, ya que fueron muchos menos. 620, según me cuenta por teléfono la coordinadora española de este centro de la Cruz Roja, son los inmigrantes retenidos durante todo agosto. “Una cifra más alta de la habitual”, me cuenta, pero que no supuso ninguna ‘oleada’ de cayucos entonces. “Se habrá equivocado tu compañero de ‘El País’, me dice. “Espero”, respondo. Además, Cruz Roja explica que no esperan ninguna llegada masiva de cayucos ni están en alarma ni nada parecido, algo que no puede leerse por ninguna parte de la noticia. ‘El País’nos ofrece una ciudad rebosante de ‘sinpapeles’ donde los centros no dan abasto y donde se cuece una avalancha inminente de pateras. ¿Por qué? Buena pregunta, de nuevo. El otro factor que alimenta las creencias populares es el de los políticos. El Gobierno propone reactivar y motivar la economía de Mauritania para evitar que sus gentes tengan la necesidad de salir del país. Si embargo, paralelamente, modifican la Ley de Extranjería para limitar hasta el extremo la llegada de extranjeros y refuerzan la vigilancia en las fronteras haciendo que las vidas que el mar se traga crezcan sin parar. Hasta la fecha el gobierno estima en 329 los muertos en las travesías, pero la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía cifra los desaparecidos en más de 3.500. Además, David Reher, catedrático de Ciencias Sociales, explica que reactivar la economía de Mauritania no sólo no solucionará nada, sino que hará que aumente el número de cayucos. “Las personas que se lanzan al mar en patera son de clase media, con ahorros, ya que el pasaje les cuesta entre 600 y 1.000 euros. Más caro que ir en avión. Reactivar la economía de Mauritania permitirá a más jóvenes mauritanos optar a un cayucos y dejará igual a los senegaleses, guineanos o malíes, que son mayoría en las embarcaciones”. “Por otra parte –me explican desde SOS Racismo- si a la vez se refuerza la vigilancia en el mar, las mafias completarán recorridos más arriesgados y llenarán más las embarcaciones, provocando más muertes”. Los datos expuestos demuestran que la inmigración es un fenómeno que, de momento, está siendo positivo para la sociedad española. Sin embargo la percepción social hacia la inmigración es la opuesta. ¿Por qué? Javier A, sociólogo de la Universidad San Pablo CEU, propone una respuesta: “Lo que asusta a la gente es el cambio de paisaje urbano, ver tu barrio con otras culturas. La multiculturalidad sigue siendo una gran desconocida en España, algo folclórico de lo que de momento no estamos sacando verdadero provecho. Y es verdad que no todas las comunidades se integran igual y que muchas de ellas resultan raras y poco atractivas para nosotros. Pero de ahí a considerar que tienen menos derechos, media un abismo”. El sociólogo Walter Actis ofrece otra posible explicación al creciente rechazo hacia la inmigración: “Es más fácil describirles como desarrapados y muertos de hambre que nos quitan el trabajo. ¿Por qué no es noticia un inmigrante cualificado y que ha progresado y sí lo es conflictos como Roquetas del Mar o llegada de inmigrantes en patera? Constantemente y sin fundamentos, se lanza el mensaje desde prensa y política de que lo mejor es que los inmigrantes se vuelvan a casa.” Y yo me pregunto después de lo expuesto. ¿Realmente lo es? Porque la mitad de España, de verdad, ya lo cree. Nacho carrtero es autor del blog www.sinanimodenada.blogspot.com
Top Manta, no delito
La plataforma Mbolo Moye Doole pide que el «top manta» deje de ser delitoGara30-09-2009Tras la decisión de la Junta de Magistrados de la Audiencia de Bizkaia que recientemente ha acordado unilateralmente no condenar a penas de cárcel a los detenidos por «top manta», la plataforma Mbolo Moye Doole recordó ayer el caso de Alaji, una persona que lleva 3 meses en la prisión de Basauri y sobre el que pende una orden de expulsión. La plataforma por los derechos de las personas migrantes denunció que han pasado dos meses sin que el juez haya dado respuesta al recurso presentado por la defensa contra la condena de 6 meses de prisión, multa de 900 euros y más de 650 euros de indemnización a la SGAE. Fue el 20 de julio pasado cuando se interpuso un recurso contra la decisión del juez, alegando que no existía riesgo de fuga, ya que Alaji acudía a firmar cada 15 días al juzgado y no había variado su domicilio. Además, desde Mbolo Moye Doole inciden en que tampoco se ha respondido a la petición del abogado de Alaji de suspensión mientras se resuelva la petición de indulto presentada ante el Ministerio español de Justicia. Ante este panorama, conscientes de la importancia de la decisión de los magistrados de la Audiencia vizcaina, insisten en su petición para que se reforme el Código Penal español, el indulto de todas las personas condenadas por venta ambulante – que son 118 en cárceles vascas y españolas – , «y una mayor atención al derecho a la libertad para todas las personas, incluidas las personas inmigrantes en situación irregular». El llamamiento lo extienden a los policías, para que así cesen en el «acoso» a los vendedores ambulantes que pueblan las calles de Hego Euskal Herria. Fuente:http://www.ikuspegi.org/es/prensa/detalle_noticia.php?id=45180
España aún vende armas a países en guerra
Varias ONG denuncian esta situación aunque valoran la decisión de poner fin a la fabricación de bombas de racimo Un estudio elaborado por Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermon Oxfam y Fundación per la Pau denuncia que España continúa vendiendo material militar a países inmersos en conflictos militares, en contra de la ley en sentido contrario que aprobó en 2007. Es el caso de Israel (2,3 millones de euros), Colombia (31 millones de euros) y Sri Lanka (4 millones de euros). El informe exige al Gobierno que aclare los criterios para estas transacciones. También critica que se haya vendido material de caza por valor de 15 millones de euros en los últimos cinco años a Ghana, ya que "el Gobierno ha reconocido que parte de este material se reexporta a Nigeria", explica Mabel Bustelo, de Greenpeace. Además, las ONG piden "una garantía de que este material no será desviado a países del entorno con situación de conflicto o post-conflicto en las que puede ser utilizado indebidamente". Mejoría en la información Las cuatro organizaciones valoran que las estadísticas anuales incorporen los datos sobre las transferencias de armas de caza y tiro deportivo, sometidas a control por primera vez en 2008. También, califica como "positivo" la decisión del Ejecutivo y el Parlamento español de poner fin a la fabricación y a la exportación de bombas de racimo. Por último, las ONG presentaron un decálogo de propuestas dirigidas a mejorar el grado de transparencia de las actuaciones del Ejecutivo en este campo. En este decálogo se insta al Gobierno a desempeñar un papel activo en el proceso de elaboración de un Tratado sobre Comercio de Armas (TCA). Fuente: http://www.publico.es/espana/256323/espana/aun/vende/armas/paises/guerra
Mas de 500 entidades sociales en España apoyan las iniciativas en torno a la Reforma de Extranjería
MÁS DE 500 ENTIDADES DE TODO EL ESTADO APOYAN LAS CRÍTICAS DE CEAR, CÁRITASY RED ACOGE A LA REFORMA DE LA LOEX Madrid, 28 de septiembre de 2009.- Más de 500 organizaciones de todo el Estado se han adherido a las propuestas presentadas por Cáritas, CEAR (Comisión Española de Ayuda al refugiado) y la Red Acoge ante la reforma de la Ley de Extranjería (LOEX), y comparten las objeciones a un proyecto que, como se señaló públicamente el pasado 16 de septiembre durante un encuentro con los medios de comunicación, “nos afecta a todos, ya que pone en riesgo el futuro de inclusión que perseguimos, limita seriamente los derechos fundamentales de los migrantes y supone un retroceso en la construcción de un verdadero espacio de libertad, justicia y convivencia”. Hasta la fecha, han confirmado sus adhesiones la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes en España (FERINE), de la que forman parte 52 organizaciones; la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), que integra a más de 400 entidades de toda España; el Servicio Jesuita a Migrantes–España, del que forman parte 10 entidades de ámbito estatal; la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, formada por 25 organizaciones catalanas; la Xarxa Per la Inclusió Social-EAPN Illes Balears; y la Red Navarra de la EAPN (European AntiPoverty Network), que integra a 23 entidades de la Comunidad foral. Asimismo, se han sumado a la propuesta la Unión Sindical Obrera (USO), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), IEPALA, Save the Children, la Asociación Martín Fierro de Valencia y la Asociación Semilla. Las objeciones de CEAR, Acoge y Cáritas a la reforma se detallan en un amplio argumentario que, bajo el título “Con esta LOEX perdemos todos: nuestra sociedad retrocede y también los derechos de los inmigrantes”, se presentó el 16 de septiembre en Madrid, la víspera del debate en el Congreso del proyecto de reforma aprobado por el Consejo de Ministros del 26 de junio. En ese documento, además de recordar las recomendaciones aportadas por estas tres instituciones a los poderes públicos en el proceso de puesta a punto de esta reforma, se identifican serias objeciones al proyecto. CEAR, Acoge y Cáritas alertan, junto a las más de 500 plataformas y organizaciones que apoyan su posicionamiento, sobre “los riesgos de que se realicen lecturas inadecuadas de una reforma dirigidas a vincular de manera simplista, y peligrosa, crisis e inmigración”. Para todas estas entidades, el Proyecto de reforma supone un retroceso legal en toda regla por cuatro motivos fundamentales: la política de inmigración se regula respondiendo a la crisis, se cambia la normativa a la baja en cuanto a garantía de derechos, refuerza la percepción del inmigrante como mercancía y, por tanto, se dificulta la integración y alimenta una percepción que estigmatiza al inmigrante, en especial al que está en situación administrativa irregular. El inmigrante no es un delincuente “No existe delito alguno, ni el migrante es un delincuente” se asegura en el documento de propuestas liderado por CEAR, Acoge y Cáritas, que abogan por una reforma entendida como una oportunidad para alcanzar tres objetivos prioritarios: construir una mejor sociedad de acogida en una coyuntura de especial dificultad, que propicie un consenso social orientado a alcanzar un Pacto de Estado sobre el hecho migratorio y que permita asentar las bases para un nuevo modelo de sociedad abierta a los valores de la diversidad, la solidaridad, la participación y la integración. Para las organizaciones que secundan el documento, la reforma, en vez de optar por un modelo restrictivo de derechos, debería servir para transmitir a toda la sociedad “un mensaje positivo y coherente con los principios del Estado de Derecho, de la extensión universal de los derechos, de la integración y la cohesión plural”. Publicado por
Manifiesto en respuesta a la reforma de la Ley de Extranjería
EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES. El pasado 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros del Estado Español aprueba el proyecto de ley para la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España y su integración social. Asimismo, en el presente mes de septiembre y por el trámite de urgencia, con la celebración del primer pleno en el Parlamento Español el día 17 se pretende comenzar las deliberaciones y la toma de decisiones necesarias para su aprobación antes de final de año. Es significativo que, por cuarta vez en el periodo de nueve años, el Gobierno acometa una nueva reforma de la Ley de Extranjería. Sucesivos cambios que sólo reflejan la ausencia de un modelo integral de gestión de la inmigración y su integración en España, amparándose en el necesario ajuste de la normativa española a la legislación emanada en el seno de la Unión Europea y en la adaptación de las sentencias 236/2007 y 259/2007 del Tribunal Constitucional que resuelve sendos recursos de inconstitucionalidad sobre aspectos relevantes del texto actual. Lo que, con el enfoque adecuado, podría significar una oportunidad para corregir los defectos de la legislación actual, se convierte en un mecanismo que nuevamente profundiza en los intereses estatales en perjuicio de los derechos de las personas migrantes. En este sentido, una reforma de este calado deviene claramente inoportuna, dado el contexto socioeconómico actual, provocando una importante fractura entre los trabajadores de origen extranjero y los autóctonos. Por otro lado, una reforma que profundiza en la visión puramente economicista de las migraciones cosifica a las personas inmigrantes, tratándolas, no como sujetos de derechos, sino como mera mano de obra. La reforma, por tanto, viene caracterizada por el recorte de derechos basado en la realidad del mercado de trabajo. Especialmente paradójicas resultan las manifestaciones recogidas en la Exposición de Motivos del proyecto de ley, en la que, por un lado, expresa como objetivos el establecimiento de “un marco de derechos y libertades de los extranjeros que garantice a todos el pleno ejercicio de los derechos fundamentales”, así como el refuerzo de “la integración como uno de los ejes centrales de la política de inmigración”; y, por otro, enuncia el objetivo de “perfeccionar el sistema de canalización legal y ordenada de los flujos migratorios laborales, reforzando la vinculación de la capacidad de acogida de trabajadores inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo”. Por tanto, si bien la reforma propuesta introduce elementos de avance, ésta no puede ocultar el endurecimiento de la regulación. Estamos ante un paso más en la regresión, en cuanto a derechos se refiere, en las políticas migratorias que se están llevando en la Unión Europea y, en concreto, en España. En primer lugar, considerando, como no puede ser de otro modo, conveniente y preceptiva la adaptación de las sentencias del Tribunal Constitucional, en virtud de la cual se reconoce a las personas extranjeras los derechos fundamentales de reunión, asociación, sindicación y huelga, sin más requisito que el hallarse en España sin que puedan ser negados por una simple irregularidad administrativa como el carecer de autorización de residencia, constatamos que el catálogo de derechos y libertades queda notablemente ampliado. Sin embargo, en algunos casos la adaptación es incorrecta e inadecuada. En relación al derecho a la tutela judicial efectiva, se obstaculiza la asistencia jurídica gratuita al introducir el requisito de la ratificación de la voluntad de recurrir ante los tribunales, elemento que en el caso de los expulsados sería de muy difícil cumplimiento provocando una mayor indefensión. Se fragiliza el derecho a la asistencia sanitaria, endureciendo el acceso al padrón municipal, a través de la exigencia sutil de nuevos requisitos o con la imposición de graves sanciones a quienes faciliten de forma desinteresada la inscripción en el mismo. En relación al derecho a la educación, afirmando el Tribunal Constitucional que constituye un derecho fundamental de las personas, sean o no titulares de una autorización de residencia, la redacción dada en el proyecto de reforma impide el acceso de las personas extranjeras mayores de 18 años a las etapas educativas postobligatorias si no disponen de residencia. Esto supone la vulneración del contenido del derecho a la educación en un estado social que el propio Tribunal Constitucional reconoce. Se restringe el derecho básico a vivir en familia al limitarse la reagrupación familiar de ascendientes a los mayores de 65 años, excepto por razones humanitarias, primando por tanto un criterio puramente economicista en la articulación de un aspecto vital como lo es éste. Del mismo modo, como aspecto positivo señalar la consideración de las parejas de hecho como supuesto análogo al matrimonio y la expedición a las personas reagrupadas de la autorización de trabajo simultáneamente a la de residencia. El régimen sancionador se endurece de forma significativa. Por un lado, se propone el aumento del periodo de internamiento en los CIEs hasta los 60 días, con la única excusa de la adaptación de la tristemente célebre “Directiva de Retorno”. Es claro que nos hallamos ante una nueva criminalización de las personas migrantes por la mera comisión de una infracción administrativa como es la irregularidad de su residencia en España. Esta ampliación del plazo de internamiento no se justifica ante la actual realidad migratoria en España. Además, se penaliza adicionalmente a las personas solicitantes de asilo internadas que podrían estar hasta 14 días más de privación de libertad cuando su propósito sea acogerse a los mecanismos de protección internacional que le permiten pedir refugio en nuestro país. Un valor de tanta trascendencia para la convivencia entre las personas como la solidaridad aparece criminalizado al ser objeto de persecución la hospitalidad. Si la reforma en sus actuales términos prospera, los nacionales que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su estancia en España más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. En los casos de mujeres víctimas de violencia de género valoramos positivamente que la reforma propuesta posibilite que la mujer reagrupada que sea víctima de esta violencia pueda obtener una autorización de residencia sin necesidad de acreditar medios de vida. No obstante consideramos negativo que el proyecto de reforma mantenga la práctica de someter a las víctimas de violencia de género sin documentación a un expediente sancionador de expulsión en el momento en que proceden a denunciar su situación (aunque el procedimiento sancionador se archive al dictar una orden de protección) ya que ello impedirá de hecho a muchas mujeres acudir a las comisarías en busca de amparo. La situación de los menores extranjeros no acompañados empeora ostensiblemente. Valorando el avance de contemplar la defensa jurídica independiente y la posibilidad de nombrar defensor judicial, el texto de la reforma sustituye el concepto de “menor en desamparo” por el de “inmigrante extranjero”, obviando las normas internacionales y nacionales en relación a los menores, cuya consideración como tales está por encima de cualquier otra. El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino en devolver a éste a su país de origen. Sólo así puede entenderse ese interés en promover acuerdos de colaboración que contemplen “integradamente, la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados”. La única vez que se cita el interés superior del menor es para decir que se respetará el mismo cuando se repatríe al menor, bien a su familia, bien a los servicios de protección de menores del país de origen, cuando lo lógico y razonable es que dicho interés superior sea el que determine la repatriación o no. Por todos estos motivos, las organizaciones y personas abajo firmantes, consideramos que:Es responsabilidad de los poderes públicos promover un modelo de integración ilustrado por la igualdad entre las personas y la justicia social. La reforma de la Ley de Extranjería planteada profundiza en la exclusión de las personas migrantes en situación administrativa irregular, así como en la limitación del contenido de derechos fundamentales. Asistimos a un proceso de criminalización y estigmatización de las migraciones, a la definición de la persona extranjera como mera herramienta de trabajo. Nuevamente, se pierde la oportunidad de adoptar una perspectiva más global sobre las migraciones que tenga en cuenta los motivos, las causas de las mismas, las situaciones de los países de origen, el tránsito, la acogida en los países de destino, se olvida todo esto para cerrarse, más si cabe, en una normativa que trata básicamente sobre el control de fronteras y restricción de derechos sobre la lógica de emergencia de la actual crisis que soporta el llamado mundo desarrollado. El enfoque y la prioridad de las políticas migratorias deberían orientarse hacia la integración social, así como hacia el escrupuloso respeto de los derechos humanos, y no limitarse a medidas de control y represión. Asimismo:Reclamamos que el Gobierno y el Parlamento español retiren un proyecto de ley eminentemente restrictivo y lesivo para los derechos de las personas extranjeras. La única reforma admisible es la encaminada a crear una sociedad más integrada, en igualdad de derechos y deberes. Demandamos que los grupos parlamentarios acojan el conjunto de propuestas elaborado por las organizaciones sociales, de inmigrantes y refugiados, con el objetivo de avanzar en el reconocimiento de derechos de las personas migrantes y en un tratamiento global del fenómeno de las migraciones. Pedimos al Gobierno de Canarias y al resto de instituciones públicas de nuestra Comunidad Autónoma una posición activa reclamando legislaciones integradoras para todos los ciudadanos. Animamos al conjunto de la ciudadanía canaria a apoyar activamente las iniciativas de respuesta y a mostrar su rechazo a propuestas como esta reforma de la Ley de Extranjería que criminaliza a las personas migrantes, restringe sus derechos y su plena integración en nuestra sociedad. Publicado por Plataforma Canaria contra la reforma de la LOEX en 11:10 Firmado por un conjunto de organizaciones sociales canarias Fuente:http://plataformacanariacontrareformaloex.blogspot.com/2009/09/manifiesto-en-respuesta-la-reforma-de.html
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