Source: http://salvemoslascostasdepanama.blogspot.com/2007/
Timestamp: 2019-01-17 09:01:42+00:00

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Salvemos las Islas y Costas de Panamá: 2007
Foto del Mes: Playa Wizard, Isla Bastimentos
Foto: ACD Panama. Dic. 2007
Así de fácil vendemos nuestras islas a extranjeros
Islas panameñas flecharon al empresario Michael Klein
La meta del estadounidense era inscribir las Islas Secas en una fundación, para así lograr su conservación a perpetuidad. La belleza natural del lugar lo atrajo desde el primer momento que llegó allí.
Se enamoró de la flora y fauna de Panamá en un abrir y cerrar de ojos.
En Islas Secas, ubicadas al sur de Veraguas, encontró lo que siempre soñó: ?un lugar paradisíaco de exuberante vegetación" para construir un alojamiento ecológico que fuera, por lo menos, autosostenible.
Se trata del estadounidense Michael Klein, quien desapareció junto a su hija y una amiga de ésta, cuando viajaban en una avioneta hacia Volcán, Chiriquí, el domingo pasado.
Klein, un luchador por la preservación del medio ambiente, es propietario de 16 islas inhabitadas de origen volcánico que, en su conjunto, conforman Islas Secas.
Este hombre de negocios conoció esta zona del país por un accidente del destino, como dijo a la revista electrónica "En Exclusiva", que lo entrevistó en el 2005.
Su hermana -conociendo su atracción por la naturaleza- lo invitó a vacacionar en Islas Secas luego de quedar fascinada con el lugar.
Klein fue recibido cordialmente por las ballenas jorobadas que con sus acrobacias aéreas terminaron de atraerlo.
Este exitoso empresario descubrió que Islas Secas estaba a la venta en el Registro Público de David, Chiriquí, cuando indagaba sobre un lote que su hermana estaba considerando comprar.
En declaraciones a la revista "En Exclusiva", Klein reveló que cuando se dirigió a la ciudad para tomar un avión de regreso a Estados Unidos, fue recibido sorpresivamente en el aeropuerto de Albrook por el entonces dueño de Islas Secas, a quien le informaron sobre la presencia de un norteamericano ?impresionado con sus islas?.
Este señor lo llevó al aeropuerto de Tocumen para hablarle de las islas y, en el trayecto de 45 minutos, logró convencerlo de comprar el pequeño archipiélago.
Entre ambos redactaron, a mano, un acuerdo de compra-venta, el cual firmaron al llegar a su destino.
"Cuando me monté al avión con los documentos en mano es cuando realmente me di cuenta de lo que acababa de ocurrir: "Islas Secas era mío"?, contó Klein a la revista, reviviendo la aventura.
Equipadas con paneles solares (que alimentan su calentador, sus luces, su nevera y abanicos), las pequeñas cabañas son para personas de alto nivel económico.
Aunque el hotel puede albergar 14 adultos (los niños no están bienvenidos, a menos que se alquile la mayoría o la totalidad de las habitaciones).
Este bajo número de invitados son atendidos por 20 personas que laboran en el Resort.
Etiquetas: Isla secas, islas, venta de islas y costas
22 metros de playa es lo único que nos pertenece
Gobernación trata de evitar estafas.
Alertan a inversionistas sobre compra de tierras
ESPECIAL PARA LA PRENSA/Alcibiades Cortés.
AVISO. La Gobernación hizo la advertencia.
El gobernador de la provincia de Los Santos, Héctor Cárdenas, alertó ayer a los inversionistas que tengan interés de ubicarse en el área costera de la provincia, que antes de comprar deben averiguar primero el estatus de los predios que van a adquirir para evitarse problemas legales después.
Cárdenas indicó que los interesados en comprar en esta área deben cerciorarse en la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales, las alcaldías y el Registro Público antes de adquirir estos lotes que están ubicados en la zona de 22 metros (servidumbre), porque esta área es propiedad del Estado que ningún particular puede vender, como ha ocurrido en otros casos.
El gobernador afirmó que también se ha dado la devastación de mangles y de dunas en el litoral por partes de personas que se ubican en esta zona, que luego de prepararla se la venden de forma ilegal a inversionistas extranjeros.
Desde el año 1999, cuando la zona toma interés, también han aparecido cercas de 22 metros levantadas ilegalmente en la zona costera por parte de aparente estafadores que preparan el terreno para luego venderlo de forma fraudulenta a los inversionistas extranjeros.
Las playas que en la actualidad están siendo más codiciadas por inversionistas extranjeros son: Oria, Venado, Lachón, Lagarto, Punta el Tigre, Destiladeros, Mariabé, El Rincón, El Toro, Las Comadres y La Garita, entre otras, que se caracterizan por contar con hermosos escenarios naturales.
Por otro lado, el pasado 11 de diciembre los magistrados del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Las Tablas, declararon no viable la acción de amparo de garantías constitucionales en contra de la resolución No. 15-07 de la Gobernación de Los Santos que ordena el desalojo de 17 personas en la playa de Oria, distrito de Pedasí.
La resolución lleva las firmas de los magistrados Ismael González, Manuel Batista y Roberto González y del secretario Luis Castillero, que declara no viable el amparo impuesto por Augusto López contra la mencionada resolución expedida por la Gobernación de la provincia de Los Santos.
Las personas que fueron objeto del desalojo ordenado por las autoridades tienen mucho tiempo de habitar estas tierras y en su mayoría se dedicaba a la agricultura.
Manglares del Golfo de Chiriquí
Foto: Christian Panama (www.flickr.com)
Tagged: Turismo Residencial
Pescadores defienden costas de David
Pescadores rechazan extracción de arena
CHIRIQUÍ. Los pescadores artesanales del corregimiento de Pedregal amenazan con tomar medidas de presión, si el Municipio de David aprueba la extracción de arena marina cerca de la isla Pipón, lo cual perjudicaría la vida marina de este sector.
El presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales, Osvaldo Grenald, señaló que hoy miércoles se presentarán ante el Consejo Municipal para protestar en contra de la extracción de arena marina que está solicitando el consorcio San José para venderla en Panamá.
El DP era algo con lo que tradicionalmente nos habíamos acostumbrado a convivir debido a la incapacidad crónica del Estado para titular a todo el mundo, careciendo entonces de un sistema catastro-registro actualizado y funcional. Para compensar esa debilidad, diversas administraciones trataron de darle algún reconocimiento legal al DP: a través del Código Civil; luego lo insertaron en el Código Agrario; y posteriormente mediante la Ley 63 de 1973 se crea la oficina de Catastro y se le asigna la función de dar títulos “en terrenos baldíos y fincas constituidas propiedad de la nación”. En el año 2003 cuando comenzaron a soplar vientos del boom turístico y se despertaron apetitos incontrolados por poseer tierras con potencial, apareció la Resolución No. 062 del MEF que trató de normar, mediante un largo y engorroso proceso, la transformación de DP en títulos de propiedad. Era un reconocimiento tácito del DP por parte del Estado. En el 2005, y tras una ejemplar lucha ciudadana en contra de un anteproyecto de ley que pretendía regular la concesión y venta de islas, y la concesión de costas, al menos se logró que se incluyera un parágrafo donde se obligaba al Estado a respetar los DP existentes en las islas y costas panameñas. Nació entonces la controvertida Ley 2 del 2006, único instrumento legal que aparentemente protege cualquier tipo de derecho posesorio, a pesar de que reconocidos constitucionalistas han insistido que a través de varios artículos de nuestra Carta Magna se insinúa la existencia plena de esa figura aunque no con ese mismo nombre.
Some Panama squatters losing homes in Bocas del Toro Islands
Some Panama squatters losing homes
Developers are pushing long-established coastal squatters from their picturesque homes.
Posted on Mon, Oct. 15, 2007
HOLLY PICKETT/FOR THE MIAMI HERALD
Rosendo Garcia Molina, right, stands in the ruins of his former home, which was destroyed in a fire in Bocas del Toro, Panama. Molina, who was in a land dispute over potential development, believes the fire was set intentionally.
ISLA CARENERO, PANAMA --
In the late 1980s, Nicasio Jiménez built two listing shacks with mangrove beams, a roof of scavenged tin, and rough floor planks that allowed Caribbean breezes and biting flies to flit through the cracks.
Jiménez, a 61-year-old retired banana pruner who earned $1 an hour, did not own the waterfront land. Like hundreds of other low-income people living in Bocas del Toro, a stunning archipelago once relegated to some of Panama's poorest residents, he instead relied on ''squatter rights'' written into the country's law.
Now, as foreign investment transforms these languid islands, Jiménez' family faces eviction from a Naples developer who claims he bought the property from a third party.
''Before, nobody wanted this land,'' said Feliciano Santos, Jiménez's 36-year-old son-in-law. ``You didn't need documents. This was a garbage disposal area. We are the ones who cut our feet and got dirty working the land.''
For centuries, this Caribbean island has been a beautiful place to be dirt poor. But in recent years, a booming real estate market has brought American entrepreneurs into direct conflict with Afro-Caribbean and indigenous Indians who occupy these once-isolated isles.
Now, developers have targeted an emerging demographic: retirees from America and Europe.
Although American expatriates have been a part of the funky vibe in Bocas since the 1990s, they remained a relatively minor note in the Caribbean town. But as development in Panama City boomed -- construction permits last year topped $1 billion -- investors pushed into more remote reaches of the country.
Now, critics say, the size of the new developments threaten to displace hundreds of low-income island residents, many of whom live on prime oceanfront real estate.
In the past year, the conflict has spiraled. Armed private security guards patrol disputed beaches. A powerful union of construction workers has leveled charges of ''colonialism'' against several developers. Homes have mysteriously burned and been torn to the ground.
''There is this tremendous lust for the coastline,'' said Osvaldo Jordan, executive director of the Alliance for Conservation and Development, a Panamanian nonprofit based in Panama City. ``Developers and speculators will use any means necessary to get the land from the people.''
THE ISLAND LAW
In an attempt to restore order last year, President Martín Torrijos signed the Island Law, which provides incentives for investors to develop large residential communities for foreigners, while also attempting to preserve the rights of locals who have lived and farmed the land for decades.
Specifically, the law sought to attract developments with home prices above $300,000 -- a fortune in a country with a median income of $5,000.
On the day of the law's signing, developers unveiled plans for more than $700 million in new projects in Bocas del Toro -- evidence, critics say, that the law will only further disenfranchise the island's poor.
'The government has said, `Let's open ourselves to the highest bidders,' '' said Linda Barrera, a former law clerk with the International Environmental Law Project at Lewis and Clark Law School in Portland, Ore., and a Panamanian citizen. ``A small indigenous family may not have the resources that the developers have to establish the title. It's an expensive process.''
As Panamanian officials attempt to sift through the competing land claims, activists for the poor have criticized the government's lack of transparency, and local offices have been plagued with accusations of bribery.
The land dispute has spilled into the American legal system, where the owners of the Red Frog Beach project sued two Texas men and a Delaware corporation in a dispute over a 25-acre beach. Both groups have plans to develop the beach, which serves as a critical nesting area for several species of sea turtles.
Attorneys for Red Frog -- a $400 million development with plans for 900 condos and villas, two marinas, a hotel and spa -- allege that a competing group, Cinco Cruces de Oro Holdings, bribed the local sheriff, which led to the jailing of a dozen Red Frog employees. Cinco Cruces denied any wrongdoing.
''Very strange and awful things have been happening here,'' said Michelle Slough, marketing director for Red Frog in Bocas. ``But little by little, we are trying to solve the land disputes and educate the community.''
As the case makes its way through the Texas legal system, a tense situation continues on the beach. On a hot afternoon this summer, security guards for both companies rested in the shade along the sandy shore, their camps located about 200 yards apart. Some carried automatic weapons. Others slept with shotguns at their sides.
''At first, we were very enthusiastic about these projects,'' said Rutilio Milton, 50, director of a small Ngobe Indian crafts cooperative along a bay where Red Frog plans to build a 250-boat marina. ``We thought the whole community would be part of this planning. But now this is so big we are afraid we will disappear.''
Some foreigners say they are only now realizing the difficulties of living in a town that, prior to the year 2000, did not have a paved road connecting it to the rest of Panama. On the islands, air travel, healthcare and even clean drinking water can be inconsistent.
''It's not too hard to blind people to how weak their investment is,'' said a British citizen who moved to the islands four years ago but asked not to be identified because she runs a small business. ``If you scratch beneath the surface, you can see the fault lines.''
Those lines are striking on Isla Carenero, where Jiménez built his tiny home with no running water or electricity.
One hundred yards down the beach, 57-year-old J. Stephen Crabtree, formerly of Naples, built three small casitas for tourists, and lined the paths of his Careening Cay Resort with native flowers. His wife, Joan, opened the Cosmic Crab Café, which sits on stilts above the waters of the Caribbean.
''I've put my life savings into making this the most beautiful place in Bocas,'' Crabtree said. ``This is ideally what the Panamanian government wants to see -- an entrepreneur bringing in money and hiring locals at a living wage.''
Crabtree said he paid more than $150,000 to buy the land from an Afro-Caribbean woman whose father once harvested mangrove trees on the property.
Jiménez and his family said they have never received any documents showing that Crabtree owns the land. Crabtree said his attorney continues to work through the legal process, even as the situation between the neighbors worsens.
''They have slandered me on television,'' said Crabtree, who also works as a real-estate agent in the islands. ``They put you in jail for that here.''
Panama, he insisted, should ''serve as a model for Central America'' for its efforts to protect the rights of property owners.
''If you have the documents in place, the courts are fair,'' Crabtree said, sitting with visitors on his dock above the Caribbean waters. ``The next move -- once we oust these people -- will be to clean up the bay where they have been going to the bathroom for 12 years. When I get done, the place next door is going to look just like this.''
Sigue negociado con costas en Colón
Escándalo por tierras en Portobelo
COLÓN. Un nuevo escándalo por la adjudicación de terrenos a borde de playa se ha destapado en Portobelo, al ser cercados unos 400 metros lineales a borde de la playa en el sector de Juan Gallegos, corregimiento de Isla Grande, sin haber pasado por las manos del Consejo Municipal de ese distrito y donde se menciona que unos de sus beneficiados es un destacado miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El área, que es un barranco en cuyo fondo existe un arrecife decoral y enormes rocas y que solo puede ser explotado rellenando laorilla de la playa, fue cedida a través de la figura del derecho posesorio a dos ciudadanos, uno extranjero y otro nacional, cuando se mantiene en vigencia disposiciones legales que autorizan a otras instancias en otorgar, mediante concesión, tierras que están a menos de 200 metros de la orilla de mar.
El hecho ha motivado que el Concejo de Portobelo convoque para el martes a los directores regionales de ANAM, MICI y PRONAT, para investigar si estas instituciones han dado permiso para la explotación de estos terrenos.
Emilia Tesis, presidenta de la comuna, reconoció que hay ciertas irregularidades en el otorgamiento de tierras que no han pasado por el Concejo, como personas que han procedido ha cercar con alambres de púas y ellos como gobierno local esperan conocer y que se aclare la situación.
Tesis dijo que las cosas deben hacerse como se establecen para que la cámara edilicia no quede involucrada en problemas que no conoce y donde son los últimos en enterarse.
La edil indicó que fueron informados de una concesión para talar 60 hectáreas en María Chiquita y que aparentemente fue otorgada por la ANAM sin conocimiento del Municipio de Portobelo.
En el caso de Juan Gallego, parte de los 400 metros lineales estaban a nombre de un poblador del área que posteriormente lo traspasa a un extranjero, mientras que el resto a un ex legislador perredista por San Miguelito.
Las tierras, que solo pueden desarrollarse rellenando los arrecifes de coral, fueron cercadas hace algunas semanas y por décadas estuvieron sin restricciones de acceso y solo se ha dejado, entre ambas, una distancia menor al medio metro de distancia.
Una fuente consultada por El Siglo manifestó que constantemente en las costas de Colón se presentan casos donde tierras que han sido vendidas a extranjeros con documentos falsos, posteriormente aparecen los dueños originales reclamando sus derechos.
La acción involucra en algunos casos a ex representantes de corregimiento que sirven de intermediario entre el comprador y los personajes que se dedican a validar la acción ilícita.
Categorías: Costas · Islas y Costas · Privatización de playas
Tag: Colón, Portobelo
Etiquetas: costas, privatización de playas, venta de islas y costas
Salvemos la Playa de Santa Clara
Felicitamos y damos la bienvenida a esta página que denuncia la apropiación indebida y destrucción de nuestras playas que son un bien público y de libre acceso.
Adelante amigos, con tenacidad se logrará detener a estos ladrones.
Etiquetas: costas, Santa Clara, venta de islas y costas
Una ley con urgencia notoria a casi dos años no se ha implementado
SIN CONTROL. El Artículo 37 de la Ley 2 del 7 de enero de 2006 –Ley insular– prevé la creación de la Sección de Propiedad Insular dentro del Registro Público para todos los títulos de esas tierras. A pesar de que pasó más de un año y medio, aún la dependencia no se creó por falta de fondos. En la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del MEF tampoco hay un registro que indique de quién son las islas. Allí también se quejan de la falta de recursos. ¿Y si le piden unos dólares prestados a José Nelson?
Para qué cliente de qué diputados era urgente esta ley que cedía nuestras islas y que impulsó el sr. Pedro Miguel Gonzalez en sus buenos momentos de Presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea!
Ley insular de Panamá sigue provocando robos de tierras a costeños y al país
Preocupa Ley No. 2 en costa arriba de Colón
La Ley No. 2 del 7 de enero de 2006 que regula las concesiones de tierras para la inversión turística en costas e islas genera inquietudes a los propietarios de tierras de Playa Colorada, costa arriba Colón, un centro de interés turístico.
Muchas de las tierras en el inventario estatal ya han sido otorgadas a residentes de diversas áreas del país a través de la reforma agraria y derechos posesorios. Sin embargo, muchas de estas jamás han sido tituladas.
Ante esto, el artículo 1 de la Ley No. 2 dice que los derechos posesorios existentes otorgados por los municipios y autoridades correspondientes no serán afectados, explica Pedro Vallarino, presidente de la Fundación para el desarrollo del Caribe (Fudetca).
El ministro de turismo, Rubén Blades, expresó interés por el desarrollo turístico de "800 hectáreas frente al mar, propiedad del Estado" en Playa Colorada, en una carta dirigida al entonces director de Catastro y Bienes Patrimoniales Benjamín Colamarco el 20 de septiembre de 2005. En esta, Blades explica el potencial turístico que poseen estas áreas, y pide reservar estas tierras hasta que "podamos verificar la posibilidad que las mismas puedan ser utilizadas para un desarrollo turístico".
Para los miembros de Fudecta que poseen tierras en Colón, estas declaraciones son preocupantes, ya que ellos compraron derechos posesorios en estas áreas de interés turístico para el Instituto Panameño del Turismo (Ipat). "Nosotros compramos estas tierras a los lugareños que las poseían desde hace décadas. Tenemos más de 10 años trabajando con las comunidades de Costa Arriba", mencionó Sonia Sandoval, integrante de Fudetca.
La preocupación se agravó el 22 de agosto cuando salió la Resolución 90 en Gaceta Oficial, la cual elimina la resolución 62 que regulaba la venta de bienes del Estado, tema que ha quedado inconcluso. El 23 de agosto de 2007 Fudetca envió una carta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin embargo, Vallarino dijo que no ha recibido respuesta.
"El propósito de la Ley No. 2, es promover el desarrollo turístico ordenado en el país", dijo Ricardo Ledezma, del Ipat. Esta ley regula el manejo de los territorios del Estado en costas e islas, ya que son de alto interés turístico.
Ledezma dijo que ellos no tienen jurisdicción sobre las tierras estatales, ya que su labor en la Ley 2 es otorgar las concesiones para desarrollos turísticos.
"Las tierras las maneja Catastro en el MEF" agregó.
Actualmente, el Programa Nacional de Tierras tiene una campaña de titulación masiva, donde los inversionistas de Colón esperan que se les reconozcan sus derechos posesorios. "Si estas son de interés turístico, las venderíamos con los respectivos permisos del Ipat", recalcó Vallarino.
Reglamentan las construcciones para proyectos turísticos en el Pacífico
En el acuerdo municipal queda prohibida la deforestación y movimiento de tierra en la zona.
El Consejo Municipal de Pedasí prohibió la construcción de infraestructura dentro de una franja de 200 metros ubicada a lo largo del litoral que se extiende desde donde llega la alta marea hacia tierra firme, hasta tanto se adopte el Plan Maestro de Desarrollo Turístico (PMDT) de la región.
El concejo tomó la medida mediante acuerdo Nº 17, donde establece una comisión de trabajo compuesta por todas las autoridades de la provincia para la elaboración del PMDT, que tiene como objetivo promover las inversiones de proyectos turísticos y residenciales protegiendo la biodiversidad existente.
En el acuerdo queda prohibida la deforestación, tala, movimiento de tierra, obstaculización de caminos, construcción de edificios, en la zona dentro de los 10 metros en las dunas de arena conocidas como Pablo Barrios y en los manglares, las servidumbres, carreteras, caminos y acceso público a las playas.
Esta prohibición se extiende a la zona de los 22 metros de la línea de alta marea hacia tierra firme, a las islas y rocas marinas, excepto que la persona cuente con una concesión administrativa otorgada por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas.
El concejo estableció que todo proyecto de desarrollo residencial, hotelero o similar que se vaya a realizar en ese distrito debe ser presentado por el inversionista ante la cámara edilicia para su conocimiento.
Los peticionarios de los proyectos deberán presentar copia autenticada del permiso de concesión otorgado por la autoridad competente.
Etiquetas: Azuero, Pedasi
Isla Viveros, presa de especuladores, pillos y trabajadores explotados
Isla Viveros está sitiada
El empresario Gustavo de la Cruz, de Grupo Viveros, dice que si Suntracs no sale de la zona habrá muertos.
ARMADOS. La Policía Nacional, el Servicio Marítimo y agentes de seguridad custodian la zona.
Desde que empezó el enfrentamiento entre los obreros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y los miembros del sindicato de la empresa Maqtec –que construye un millonario proyecto en Isla Viveros– por el reclamo de mejoras laborales, los habitantes de la vecina isla de San Miguel perdieron la calma.
Ahora la zona está custodiada por miembros de la Policía Nacional, personal del Servicio Marítimo Nacional y 45 agentes de seguridad contratados por el Grupo Viveros para que vigilen el área. Con este último grupo, el Suntracs ha rivalizado en los últimos días. Tanto así, que en un documento que reposa en la Corregiduría Municipal de Balboa, el empresario Gustavo de la Cruz, representante legal del proyecto turístico, advierte que si este sindicato no sale de la zona, "puede haber de 5 a 10 muertos".
Mientras, los trabajadores en huelga –en su mayoría residentes de San Miguel– alegan que todo se suscitó porque se "violaron" sus derechos laborales. Los moradores temen y las autoridades locales también. Paula Mendieta, alcaldesa del distrito de Balboa, dice que en 70 años de vivir en la isla, esta la primera vez que se da un incidente en el que hay armas de fuego.
ISLA VIVEROS.ALCALDESA DE BALBOA TEME POR LA SEGURIDAD DE LOS ISLEÑOS.
Enfrentamiento en el Pacífico
El sindicato de Maqtec abandonó Isla Viveros, pero 45 hombres custodian el área.
La Policía Nacional y el Servicio Marítimo Nacional vigilan la isla. Los moradores tienen miedo.
La vida de los moradores de San Miguel cambió con la presencia de hombres armados en la zona. Todos los grupos presentes en el área portan armas de fuego, dicen los moradores. 888353
Una vez se llega a Isla Viveros, agentes del Control de Multitudes de la Policía Nacional y agentes del Servicio Marítimo Nacional les solicitan los datos personales a los visitantes e incluso les preguntan el motivo de la visita. Allí se han instalado dos improvisados puestos policiales que hacen que el lugar parezca una isla penal.
Todo es a raíz del enfrentamiento entre los obreros afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y un grupo de al menos 45 hombres, contratados por el Grupo Viveros, a través de la empresa Inmobiliaria Monsol S.A., para que vigile sus bienes en el proyecto turístico que se construye en la Isla Viveros a un costo de 100 millones de dólares.
Inicialmente, el Suntracs se había enfrentado con el sindicato de obreros de la empresa Maqtec, quienes ya no están en la isla. En su reemplazo está el personal de seguridad.
Cada grupo tiene su propio lugar en la isla, separado por el bosque. Los dos lados se unen por una carretera de barro, en un recorrido que dura 30 minutos en carro.
"Hey friend, ustedes son de la prensa, escriban allí que le vamos a soltar bala". La frase la pronunció un joven, vestido de camiseta blanca, jean azul y botas, que se encontraba en el grupo contratado por Monsol. Al paso salió Jorge Luis Góndola, que en un tono conciliador dijo "vengan, que alguien los va a atender". "Friend, aquí está la prensa ¿quién puede hablar con ellos?", se dirigió Góndola a otro grupo de personas. Luego se acerco Yusniel Temprana, quien se identificó como el encargado del proyecto.
Ambos dijeron (Temprana y Góndola) que los responsables de los enfrentamientos son los miembros del Suntracs.
"Esa gente nos empezó a soltar bala cuando hacíamos un recorrido de vigilancia", asegura Góndola.
En el otro lado de la isla se respiraba, el pasado viernes, un aire de camaradería. Los miembros del Suntracs preparaban su almuerzo, (arroz con pescado asado e iguana guisada). A unos 50 metros reposaban varios cascos amarillos tirados y una improvisada barricada. Fue allí donde se dio el último incidente que, de acuerdo con las versiones de los miembros del Suntracs, los agentes de seguridad contratados por la empresa apedrearon y dispararon a los obreros. "Nosotros salimos a defendernos", dijeron los casi 50 trabajadores que se mantienen en huelga por reclamo a sus derechos laborales.
A Paula Mendieta, alcaldesa del distrito de Balboa, le preocupa lo que pasa en Isla Viveros. Dijo que en sus 70 años de vivir en San Miguel, corregimiento cabecera del distrito, nunca se habían dado incidentes con armas de fuego.
La preocupación de la máxima autoridad del distrito es compartida por el resto de los pobladores. Ignacia Cáceres, dueña del restaurante Cacería, alega que por la presencia de hombres armados en la zona, le da miedo caminar sola hasta su negocio en horas de la madrugada.
Para Rolando Gudí, quien labora en el proyecto y uno de los que se mantiene en huelga, el problema termina cuando saquen al personal de seguridad de la isla. "Aquí la gente se dedica a pescar langosta y nadie está para sacar un arma", dijo.
Jorge Martínez, otro de los obreros en huelga, dijo que todo empezó porque el sindicato de la empresa nunca se preocupó por el bienestar de los trabajadores. "Por eso fue que llamamos al Suntracs, para que defendiera los derechos laborales de los obreros que trabajan en el proyecto".
Las ballenas ‘jorobadas’ hacen escala en Panamá
La escena resulta familiar en estos días en las aguas templadas del Pacífico, específicamente a media distancia entre la ciudad de Panamá y la isla Contadora. Es en esta época que cientos de ballenas jorobadas se aparean en la bahía de Panamá. Los observadores de ballenas, como en este caso, a bordo de la lancha Bikini, suelen acercarse para ver el majestuoso espectáculo que ofrecen estos enormes mamíferos, que sin duda constituyen un valioso atractivo turístico para el país.
La Prensa, 29 de julio de 2007
Investigan venta de playas
Citan a antoneros por venta de tierras
ANTÓN. El próximo martes se citará a unas 42 personas que han sido señaladas por vender tierras que están ubicadas en los predios de las playas en Antón. La información fue confirmada con la corregiduría, en donde se lleva el informe de las personas que deben presentarse al despacho del corregidor de Antón, Rodolfo Centeno. Centeno dijo que son personas del distrito de Antón las que han incurrido en esta falta.
Las ventas promovidas son de terrenos nacionales que están sobre el área playera. La citación se dio a través de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales luego de que esta instancia detectara solicitudes en donde se pide la adjudicación de estos terrenos.
La Prensa, 21 de julio de 2007
Destruyen Isla Taborcillo por extracción de arena
Demandarán a empresas por extracción ilegal de arena
PANAMA AMERICA --
UNA DEMANDA colectiva contra las empresas que extraen arena de manera ilegal cerca de la llamada "isla de John Wayne", o Taborcillo, interpondrá el dueño y los 31 coopropietarios de la isla, indicó Martín Nikodemus, representante de Ralph Hüber, dueño del lugar.
El representante legal de la empresa, Arturo Illueca, confirmó que se estudia la posibilidad de interponer una demanda, ya que no han recibido el apoyo de las autoridades.
Durante los últimos siete años la isla ha perdido unos 22 mil metros cuadrados de terreno, por un valor aproximado de $3.3 millones.
Por su parte, el viceministro de Comercio Interior, Manuel José Paredes, indicó que no se han otorgado concesiones para la extracción de arena cerca a esa isla.
Hoy, ambas partes se reunirán para tratar el tema.
Etiquetas: extraccion de arena, Isla Taborcillo
Sí hubo daño ambiental en playas de Punta Chame
castro se explica.
Espino causó daño ambiental
Rodolfo Charro Espino, tío del presidente, Martín Torrijos, taló 16 mil árboles de mangle en Punta Chame. Así lo determinaron las inspecciones que ha realizado la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) como parte de las investigaciones que adelanta por la devastación de una zona costera sin Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Las inspecciones de la Anam también determinaron que otros mil 956 árboles de mangle ya habían sido tumbados mucho antes de la devastación que hizo Charro Espino. Todo está dentro de las 38 hectáreas de zona costera devastadas que cuantificó la entidad en las inspecciones.
Ligia Castro, administradora de la Anam, explicó ayer sus declaraciones ante la Asamblea Nacional sobre un permiso que le otorgó a Espino para talar pino prieto, manzanillo y rastrojo. Dijo que ese permiso era para realizar ese trabajo en otro terreno en Punta Chame, pero que no corresponde a la zona devastada que es objeto de la investigación administrativa.
“Reitero que el área devastada contenía manglar”, dijo al mostrar la imagen satelital antes de la devastación, que es parte del expediente que ya fue enviado a la fiscalía.
Esteban López, abogado de los hermanos Idania y Fernando Fontane –que reclaman el derecho posesorio de los terrenos– dijo que la Asamblea se ha inmiscuido en asuntos que no son de su competencia, al señalar que la compra de los terrenos fue legal.
Fuente: La Prensa, 24 de mayo de 2007.
Muros en las playas de Colón
PROYECTO TURÍSTICO EN MARÍA CHIQUITA.
Muro privado en la playa
La Autoridad Marítima de Panamá aún no ha otorgado la concesión para uso de mar y ribera marina.
pala mecánica. El pasado 16 de mayo una retroexcavadora hacía remoción de arena en Playa Blanca. 854051
La empresa Tropical Marina Inc., cuyo presidente es el danés Niels Sundel, comenzó la construcción de un muro de concreto reforzado y la remoción de arena en Playa Blanca, en el corregimiento de María Chiquita, en Colón, antes de que la Autoridad Marítima de Panamá le otorgara una concesión de uso de mar y ribera marina que pidió en julio de 2005 para construir un proyecto turístico que incluye una marina.
La edificación de la estructura incomodó al Consejo Municipal de Portobelo, que pidió el pasado 8 de abril a la Dirección de Catastro inspeccionar la obra para ver si cumple con los requisitos. Incluso el propio presidente del Consejo Municipal, Ramón Herrera, fue al lugar para verificar la construcción y ahora está en espera de la inspección que planea Catastro.
Andy Dinger, representante de la empresa, alega que cuenta con los permisos otorgados por el alcalde de Portobelo, Carlos Chavarría.
Por su parte, Chavarría alega que el permiso dado por ellos es solo para construir una cerca entre la propiedad y la calle, y no para edificar un muro.
La protesta en contra de la obra también llegó de un vecino del lugar. Silvino Simón Argudo se quejó ante la Autoridad Nacional del Ambiente por la destrucción de la playa. "Además de la playa, están destruyendo los pocos arrecifes que quedan en el lugar", dijo.
MARÍA CHIQUITA.la anam aprobó el estudio de impacto ambiental.
El muro que partió Playa Blanca
La empresa Tropical Marina construye un muro de contención sobre la playa.La Autoridad Marítima de Panamá aún no ha otorgado la concesión para uso de mar.
LA PRENSA/Víctor Arosemena.
AGUA SALADA. Trabajadores hasta la rodilla en agua del mar llenaban sacos de arena para construir un dique que sirva de contención para la construcción del muro.854048
Un muro de 2.50 metros de altura y 20 centímetros de ancho con concreto reforzado se construye sobre Playa Blanca, en la comunidad Mechi, en María Chiquita de Colón sin que haya una concesión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
La empresa Tropical Marine, que construye el muro como parte de la primera etapa de un proyecto turístico que incluye una marina, cuenta con un permiso del Municipio de Portobelo, pero el alcalde Carlos Chavarría alega que el aval que él otorgó es solo para construir una cerca frente a la calle y no en la playa.
Tropical Marine es presidida por el danés Niels Sundel. El proyecto originalmente consistía en cuatro cabañas, pero según uno de los representantes de la empresa, Andy Dinger, el diseño ha sido modificado y ahora construirán dos edificios para hotel con 52 habitaciones, y una marina.
"Tenemos todo aprobado, lo único que nos hace falta es que la AMP emita la resolución en donde se nos otorga la concesión". dijo Dinger.
La oficina de relaciones públicas de la AMP, por su parte, informó que en estos momentos está en trámite un permiso provisional que se otorga por un año para que el solicitante, en este caso Tropical Marina, pueda recibir los permisos de las demás instituciones. La concesión de uso de mar y ribera marina fue solicitada el 8 de julio de 2005 a la AMP.
El documento, que a juicio de Dinger valida la construcción del muro, es un permiso del Municipio de Portobelo emitido el 17 de julio de 2006 por el alcalde Chavarría y que tiene vigencia por un año. En una entrevista telefónica, Chavarría dijo a este diario que ese permiso es solo para la construcción de una cerca frontal que ya fue edificada.
El problema –se defiende Dinger– es que parte de los terrenos fue cubierta de arena de la playa y las personas consideran que es una playa pública, pero no lo es porque forma parte de una finca privada. "Nosotros estamos construyendo una servidumbre de 1.50 metro para permitirles a las personas bajar al área de mar y a la playa que está al lado del terreno, y que no será dada en concesión", dijo.
Como el terreno de la empresa está muy cerca del mar, se construye el muro para proteger los trabajos de construcción del hotel y también servirá de contención para el sótano de uno de los edificios, explicó.
Los argumentos de Dinger no convencen al presidente del Consejo Municipal de Portobelo, Ramón Herrera, quien el pasado 24 de abril hizo una inspección al lugar y pidió a la Dirección de Catastro de Colón empezar una investigación sobre la legalidad o no de ese muro.
"Ese muro se construye ilegalmente porque está impidiendo el acceso a la playa", dijo.
Osvaldo Chavarría, director de Catastro de Colón, confirmó la solicitud del Consejo y afirmó que para los próximos días tiene planeado hacer la inspección.
Lo cierto es que la empresa ya cuenta con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente para la primera etapa del proyecto. En estos momentos la Anam hace la evaluación del EIA para la segunda fase, que es la construcción de la marina.
El concejal Herrera y el director de Catastro, Chavarría, esperan a más tardar la otra semana para hacer la inspección y determinar la legalidad o no del muro.
Algunas cosas no están a la venta
OPINIÓN. Las playas y costas de Panamá valen mucho. De hecho, valen tanto que no tienen precio: la Constitución prohíbe su venta y garantiza que las costas sean de todos. Los manglares y pantanos costeros, así como las playas de arena y los arrecifes de coral son de importancia estratégica para la nación y las economías locales. Pero estos lugares están siendo usurpados y destruidos a lo largo del país, de maneras diferentes
.Los promotores de grandes proyectos y los especuladores conocen muy bien el alto valor de los terrenos costeros, y es normal que intenten privatizarlos. Por eso se supone que tenemos a las autoridades, que al tiempo que deben fomentar el desarrollo sano de nuestros activos nacionales, son responsables de protegerlos y de asegurar su carácter público. Desgraciadamente el caso de Playa Blanca, en Mechi, no es único en Panamá.
El auge inmobiliario que vivimos ha sobrepasado las normas actuales y la capacidad reguladora del Gobierno. Sumado a esto, las políticas gubernamentales van dirigidas a favorecer a empresas gigantes, en detrimento de los pobladores locales y de pequeños emprendedores, que son precisamente los únicos que pueden asegurar la conservación de nuestras costas ante la actual vorágine saqueadora.
El autor es biólogo y editor de Almanaque Azul
Etiquetas: costas, Portobelo, privatización de playas
Denuncias de extracción masiva de arena de las playas de Panamá
Los siguientes corrientes denuncian la destrucción de una hermosa playa por el boom inmobiliario en Panamá:
Por más que he tratado de que se le dé importancia al tema de la procedencia de la arena utilizada en todos los proyectos turísticos desde Costa del Este hasta playa blanca nadie parece interesarle el tema.
La punta de punta chame está devastada por la extracción masiva de arena para todos esos rellenos de los que ustedes se están quejando.
Los residentes nos hemos quedado sin playa señores. La arena blanca de la punta no existe. Solo fango. En esa arena también habitaban cangrejitos, animalitos, etc. Y habitamos nosotros los que vamos a las playas públicas de Punta Chame. El restaurante tiene fango por delante donde antes habia arena blanca.
Las barcazas de extracción están siempre dañando la punta sin que nadie pueda hacer nada. Anam me dice que eso le compete a Autoridad de Recursos Acuáticos Marinos Costeros pero no encuentro el teléfono de ese lugar en ningún lado.
Coral de la Guardia de Caballero
Residente de la punta de Punta Chame
Comité tratando de salvar su arena de la playa para beneficio del habitat de todos
Estoy notando todos los medios enfocados en el tema del tío de Martín, solo porque es el tío de Martin. Pero quisiera que le dieran también importancia al tema que se usa la arena de la playa de Punta Chame original, dañando la playa pública a benefico de la construcción de una playa privada.
Las playas para el resto del mundo han sido despojadas de su capa de arena blanca para llevarla a las contrucciones de costa del este, isla grande y ahora para estos proyectos. Esta situación no es justa para los residentes de la punta de Punta Chame.
En esa arena en la punta también habitan animales.
Propietaria de casa en Punta Chame
Mi más cordial saludo. Antes el área del club de Punta Chame hacia la punta tenía la más hermosa arena blanca. Era como la nieve.
Ahora en cambio es un subsuelo mojado, gris y feo. La capa de arena sigue siendo lavada por la acción natural del mar tratando de equilibrar la extracción de arena que no para y no va a parar por la creciente demanda comercial.
A los propietarios solo nos queda el recuerdo de una arena blanca y hermosa. Este fin de semana descendí casi un metro al bajar a la playa cuando el nivel de la playa era plano.
Siguen las barcasas "cuaco", Takarcuna y otra más extrayendo arena aun cuando sus permisos expiraron en enero del 2006.
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 Artículo 37
 artículo 1
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