Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-395-10.htm
Timestamp: 2019-05-26 09:58:06+00:00

Document:
Sentencia T-395/10
PROCESO PENAL EN AUSENCIA DEL IMPUTADO
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto fáctico como causal específica de procedencia
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR VIOLACION DEL DERECHO A LA DEFENSA TECNICA-Requisitos
CARACTERIZACION DE LA “DECISION SIN MOTIVACIÓN” COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD
DERECHOS A LA LIBERTAD PERSONAL, A LA PRESUNCION DE INOCENCIA Y AL BUEN NOMBRE-El perjuicio que en este caso se ocasionó al actor y a su grupo familiar con el desconocimiento abierto de las garantías constitucionales y al derecho de defensa
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Orden de adelantar la investigación correspondiente para determinar la plena identidad del autor del delito de homicidio
JUZGADO PENAL-Orden de disponer lo conducente en relación con la libertad del capturado, por haberse incurrido en las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
Referencia: expediente T-2.495.674
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside, Humberto Antonio Sierra Porto y Luís Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente.
En el proceso de revisión de la Sentencia dictada el 19 de noviembre de 2009 por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal, que confirmó la Sentencia del 7 de octubre del mismo año, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, que resolvió declarar improcedente la tutela incoada por Juan Carlos Cárdenas Castaño, obrando como apoderado del señor Manuel Mena contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó (Antioquia).
1.1.1.1. El 24 de julio de 1988, en un emplazamiento minero ubicado en el corregimiento de “El Tigre”, municipio de Vegachí –Antioquia-, una persona de tez morena identificada con el alias de “El Morenazo” le ocasionó la muerte al señor Jhon Jairo Cruz Cardona, quien, al igual que el homicida, se dedicaba a la actividad minera.
Con base en esta última declaración, el Juzgado Promiscuo Municipal de Vegachí –Antioquia-, despacho que adelantó la instrucción, solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil las tarjetas dactilares de las personas que respondieran al nombre de Manuel Mena, solicitud ante la cual, la Registraduría remitió las tarjetas de dos personas.
1.1.1.2. Señala el apoderado judicial del señor Mena que el día 6 de abril de 1989, el Juzgado 91 de Instrucción Criminal de Amalfi –Antioquia-, al definir la situación jurídica de una de las dos personas de las que la Registraduría remitió las tarjetas, concluyó sin motivación alguna que su prohijado era alias “El Morenazo”, pese a que no detenta ninguno de los rasgos físicos atribuidos por los testigos al verdadero autor del homicidio, y tampoco tuvo en cuenta que jamás ha visitado la zona donde ocurrieron los hechos.
En efecto, la presente acción de tutela tiene como fundamento: i) la ausencia de motivación de la sentencia condenatoria proferida contra el señor Mena; ii) el error fáctico por omisión en que incurrió el a- quo al sustraerse de la más mínima actividad probatoria, y iii) la violación al derecho de defensa técnica; consideraciones todas que si bien cuestionan el contenido de justicia de la sentencia condenatoria a la que se viene haciendo referencia y, por esa vía, su constitucionalidad, no se adecuan a los estrictos supuestos de la acción de Revisión.
1.1.2.4. Agrega, que aún en el caso de resultar procedente la interposición de la acción excepcional de revisión, en el caso sub iúdice nos enfrentamos ante el riesgo de consumación de un perjuicio irremediable, lo cual amerita que se conceda el recurso de amparo.
1.3.1. Poder debidamente autenticado que otorga el señor Manuel Mena al Doctor Juan Carlos Cárdenas Castaño para que ejerza la defensa de sus intereses en sede de Tutela (folio 33, cuaderno de pruebas No. 2).
1.3.2. Copia de las diligencias de vinculación al proceso, notificación personal, emplazamiento y declaración de persona ausente realizadas por el Juez Promiscuo Municipal de Vegachí – Antioquia (folios 88- 91, cuaderno No. 2)
1.3.3. Copia del Auto del 6 de abril de 1989, mediante el cual el Juzgado 91 de Instrucción Criminal de Amalfi- Antioquia, definió la situación jurídica del señor Mena (folios 35-40, cuaderno No. 2).
1.3.4. Copia de la Resolución de Acusación del 5 de mayo de 1994, proferida por el Fiscal Seccional de Yolombó, a través de la cual acusa al señor Mena de ser el autor del homicidio (folios 95 y 96, cuaderno No. 2).
1.3.5. Copia de la sentencia condenatoria proferida contra el señor Manuel Mena por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó (Antioquia), el 8 de octubre de 1994 (folios 42-55, cuaderno No. 2)
1.3.6. Copia de las tarjetas decadactilares, remitidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil de las personas inscritas con el nombre de Manuel Mena a las actuaciones (folios 57 y 58, cuaderno No. 2).
1.3.8. Copias de fotografías de cuerpo entero y de detalle tomadas al señor Mena en su lugar de reclusión (folios 61-67, cuaderno No. 2).
1.3.9. Copia del Auto proferido el 11 de junio de 2008 por el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Bogotá, en el que se niega la práctica de los exámenes médicos encaminados a demostrar que el señor Manuel Mena no comparte los rasgos físicos del autor de la conducta por la que se le condenó, prueba solicitada por el apoderado en sede de tutela (folio 69, cuaderno No. 2).
1.3.10. Diligencia de inspección judicial llevada a cabo por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia el día cinco (5) de octubre de dos mil nueve (2009) sobre el proceso penal adelantado en contra del señor Mena por la comisión del delito de homicidio y en la que se anexan las siguientes actuaciones (folios del cuaderno No.2):
.3.8.1. Declaración de Euclides de Jesús Echavarría Trujillo (folios 80-83).
.3.8.2. Declaración de Jorge Eliécer Torres Jaramillo (folios 83-85).
.3.8.3. Oficio No. 29790 proveniente de la Registraduría Nacional del Estado Civil (folio 86)
.3.8.4. Oficio No. 248 de la Subestación de Policía de Amalfi- Antioquia (folio 87)
.3.8.5. Oficio No. 557 procedente del Grupo de Policia Judicial Seccional Bolivar (folio 88).
.3.8.6. Edicto emplazatorio (folio 89).
.3.8.7. Declaración de persona ausente (folios 90 y 91)
.3.8.8. Definición de situación jurídica (folios 92-94).
.3.8.9. Resolución de Acusación, notificación personal y diligencia de posesión del defensor de oficio señor Fernando Masso Bejarano (folios 95-98).
.3.8.10. Copia de memorial presentado por la doctora Sancy Mosquera de Pérez al Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó (Antioquia) para que remita la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas de Bogotá (folio 99).
.3.8.11. Copia de memorial presentado por el doctor Freddy Mauricio García Robledo al Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó (Antioquia) para que remita la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas de Bogotá (folio 100).
Pruebas solicitadas por la Sala Séptima de Revisión[1]:
1.3.9. Dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el que mediante Oficio No. BOG-2010-008837 de 21 de abril de 2010, concluye: “El examinado MANUEL MENA, no presenta ni pudo haber presentado cicatrices relacionadas con quemaduras en el costado derecho de su rostro, ni en ninguno de los miembros superiores. Las estructuras dentales que se observan son naturales, sin tratamiento odontológico invasivo de operatorio dental, no ha tenido prótesis dentales superiores, ni ha habido ausencia ostensible de estructuras dentales en la línea de sonrisa, por lo tanto las estructuras dentales que se observan son las originales”.
Descendiendo al segundo problema jurídico planteado por el apoderado del accionante, manifiesta éste que con respecto al principio general de inmediatez, la Honorable Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente que existen excepciones, esto es, casos en los cuales, pese a haber transcurrido un lapso largo de tiempo entre el hecho vulnerador del derecho fundamental y la interposición de la acción de tutela, ésta resulta procedente, en atención a la teleología del citado requisito.
Al respecto, relaciona fragmentos de algunas sentencias de esta Corporación tales como T-101 de 2009, T- 519 de 2006, T- 158 de 2006 y T-055 de 2008.
1.4.3. Decisión de segunda instancia
Mediante sentencia proferida el 19 de noviembre de 2009, en Sala de Decisión de Tutelas No. 2, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la providencia apelada bajo los mismos argumentos sobre falta de inmediatez y no agotamiento de mecanismos defensivos ordinarios dispuestos por el legislador al interior de la actuación judicial.
Adicionalmente, sostuvo que al accionante no le era desconocida la existencia de la investigación en su contra, por cuanto, de la prueba testimonial incorporada al proceso es coincidente en indicar que luego de perpetrar el homicidio en la finca “La Macarena” del corregimiento “El Tigre” del municipio de Vegachi- Antioquia, huyó de la región.
2.3. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Ha sido constante en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sostener que si bien es cierto la sentencia C-543 de 1992[2] declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991 que disponían la procedencia de la acción de tutela contra sentencias ejecutoriadas, no lo es menos que esa misma providencia expresó que, de forma excepcional, esta acción constitucional procede contra decisiones judiciales que, aunque en apariencia estuvieran revestidas de la forma jurídica de una sentencia, en realidad implicaran una vía de hecho.
Con base en tales premisas, a partir de las sentencias T-079[3] y T-158 de 1993[4], esta Corporación desarrolló el concepto de vía de hecho. Inicialmente, fue entendido como la decisión “arbitraria y caprichosa” del juez que resuelve un asunto sometido a su consideración, por lo que la providencia resulta manifiesta y evidentemente contraria a las normas que rigen el caso concreto o las pruebas que se encontraban en el expediente. La sentencia T-231 de 1994[5] señaló cuatro defectos protuberantes que, analizado el caso concreto, permitirían estimar que una providencia judicial es realmente una vía de hecho, a saber:
Después de varios años de decantar el concepto de vía de hecho, la Corte Constitucional consideró necesario replantearlo y ampliarlo a las “causales genéricas de procedibilidad de la acción”. Así, en la Sentencia C-590 de 2005[6], la Sala Plena de esta Corporación declaró inexequible la expresión “ni acción”, que hacía parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 porque restringía el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio del recurso extraordinario de casación en materia penal. En esta oportunidad, se dejó claro que la tutela procede contra todas las providencias judiciales ejecutoriadas cuando se cumplen con los requisitos generales de la tutela y se prueba alguna de las causales específicas de procedibilidad de esta acción constitucional contra sentencias.
2.4.1. Respecto del defecto fáctico, la Corte[7] ha sido clara en orientar y limitar su procedibilidad a la manifiesta actuación arbitraria o abusiva del funcionario judicial, descartando cualquier tipo de reconocimiento frente a la eventual discrepancia interpretativa que pueda surgir al interior del debate jurídico y probatorio. No es factible alegar la ocurrencia de una vía de hecho, cuando la providencia judicial encuentra fundamento en un determinado criterio jurídico o en una razonable interpretación de las normas que son aplicables al caso, ya que tal situación afectaría de manera grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial que, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley y para fijarle en concreto su verdadero sentido y alcance.
La doctrina constitucional sobre la procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales por haberse incurrido en defecto fáctico es sumamente clara, exige que “se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”[8].
Así, desde los primeros pronunciamientos de esta Corte se determinó que la existencia de un defecto fáctico que convierte una decisión judicial en una vía de hecho, se presenta cuando se constata que “el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado.”[9].
Por tanto, si bien el juzgador goza de un amplio margen para valorar el material probatorio en el cual ha de fundar su decisión y formar libremente su convencimiento[10], “inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (Arts. 187 CPC y 61 CPL)”[11], dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria. La evaluación del acervo probatorio por el juez implica, necesariamente, “la adopción de criterios objetivos[12], no simplemente supuestos por el juez, racionales[13], es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos[14], esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas.”[15]
2.4.2. En desarrollo de lo explicado, la jurisprudencia de la Corte ha fijado el alcance del defecto fáctico como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, señalando que éste se presenta cuando resulta evidente que se omitió decretar pruebas que eran necesarias o la valoración de las existentes, o su evaluación fue realizada de manera caprichosa o arbitraria[16].
"En otras palabras, se presenta defecto fáctico por omisión cuando el juzgador se abstiene de decretar pruebas. Lo anterior trae como consecuencia 'impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido'. Existe defecto fáctico por no valoración del acervo probatorio, cuando el juzgador omite considerar pruebas que obran en el expediente bien sea porque 'no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente.' Hay lugar al defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio cuando o bien 'el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva' dando paso a un defecto fáctico por no excluir o valorar una prueba obtenida de manera ilícita"[17].
Como se observa, la Corte ha identificado dos dimensiones en las que se presentan defectos fácticos: i) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa[18] u omite su valoración[19] y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.[20] Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez[21]. ii) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución.[22]
Esta hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido[23].
En el caso de la sentencia T-526 de 2001[24], igualmente la Corte constató un evidente defecto fáctico en las providencias judiciales objeto de acción de tutela. En este caso la conducta de los funcionarios judiciales impidió la correcta identificación del autor material de un hecho punible en perjuicio de un tercero que fue procesado como reo ausente y posteriormente privado de su libertad. En esta ocasión, el defecto fáctico se presentó ante la no recepción de los testimonios de las personas que podían identificar plenamente al autor material de la conducta punible, la no apreciación de ciertos hechos, como la diferencia de edad entre el responsable del hecho (22 años) y el erróneamente sindicado (35 años), la diferencia del lugar de la residencia del erróneamente sindicado (norte de Bogotá), con el lugar en que se capturó al responsable el día de los hechos (sur de Bogotá) y, la no apreciación de la prueba documental que acreditaba la buena conducta del erróneamente sindicado[25]. En esta oportunidad consideró la Corte:
En el presente caso existe un evidente defecto fáctico, pues no existe prueba alguna de la que razonablemente se pueda deducir que el sujeto aprehendido al momento de la comisión del ilícito, es el mismo que fue capturado y se encuentra privado de la libertad.”(Negrillas de la Sala)
En la sentencia T-488 de 1999[26], la Corte consideró que la omisión en la práctica de la prueba antropoheredobiológica en un proceso de filiación, por la especial importancia de este medio probatorio, constituía un típico defecto fáctico con capacidad de afectar los derechos fundamentales de las partes. Afirmó la Corte:
Debe la Sala reiterar a propósito de lo antes expresado en las consideraciones generales, que la autoridad judicial que se niegue sin justificación razonable y objetiva, a apreciar y valorar una prueba en la que obtiene apoyo esencial en forma específica y necesaria para formar su juicio sin justificación, incurre en una vía de hecho y contra su decisión procede la acción de tutela, toda vez que desconoce varios principios y derechos de rango superior para quien la ha solicitado, como son la igualdad procesal y de acceso a la administración de justicia, el debido proceso y defensa y el deber de imparcialidad del juez para el trámite del mismo.” (Negrillas fuera de texto)
Otras de las hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial, a pesar de que en el proceso existan elementos probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente[27].
En la sentencia T-814 de 1999[28], la Corte resolvió un caso en el cual los jueces de lo contencioso administrativo no advirtieron ni valoraron, para efectos de tomar la decisión del caso (acción de cumplimiento contra la Alcaldía de Cali, con ocasión de la construcción del metro ligero), el material probatorio debidamente allegado al proceso. Esta situación a juicio de la Corte, constituyó una vía de hecho por defecto fáctico. Sobre el punto consideró la Corte:
Considera la Sala, en consecuencia, que se estructura la vía de hecho por defecto fáctico, porque ni el Tribunal ni el Consejo al decidir sobre las pretensiones de la acción de cumplimiento, valoraron la prueba antes referenciada, y omitieron decretar y practicar las pruebas conducentes y tendientes a establecer la existencia o no del incumplimiento de la autoridad demandada.” (Negrillas de la Sala)
Tal situación se advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva[29].
Ello se presenta en hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, como en el caso de la sentencia T-450 de 2001[30], en el que un juez de familia en un proceso de aumento de cuota alimentaria, en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro, decidió aumentarle la cuota alimentaria al demandado. Afirmó la Corte:
“En el expediente no existen pruebas o indicios que avalen la posibilidad de aumentar la cuota alimentaria de la manera como lo hizo el juez competente, y si bien tras su determinación existe una clara intención encaminada a proteger los derechos de la niña, reprochando a su vez la indisposición que demostró el padre durante el trámite del proceso, estas no son razones suficientes para justificar la decisión, pues aquí también está en juego el respeto al debido proceso que se predica de toda actuación judicial. Por eso, tiene razón el juez de instancia a quien le correspondió conocer de la tutela, cuando afirma que: “a pesar de que se adopte la tesis que el juez en algunas materias de familia puede fallar más allá de lo pedido o por fuera de lo pedido, lo que si no puede hacer es más allá o por fuera de lo probado, ya que en tal caso la decisión sólo responde a su propio arbitrio, contradiciendo el deber de motivación o fundamentación de la providencia, lo cual vulnera ostensiblemente el debido proceso”. Por estas razones el fallo de instancia será confirmado.” (Negrillas fuera de texto)
Esta modalidad de defecto fáctico también opera cuando no se aplica la regla de exclusión de la prueba ilícita y con base en esta, el juez de la causa decide el asunto jurídico debatido. Este punto fue ampliamente estudiado en el caso que se resolvió con la sentencia SU-159 de 2002[31], en el cual se examinó el hecho de que la prueba obtenida ilícitamente (grabación ilícita de comunicaciones) comunicara su vicio a las demás pruebas del proceso. Consideró la Corte:
En concordancia con lo anterior, y tal como lo ha advertido la Corte, sólo es factible fundar una acción de tutela frente a una vía de hecho por defecto fáctico cuando se observa que la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”[32].
2.5. CARACTERIZACIÓN DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA
La Corte[33] ha precisado el concepto de defensa técnica como el derecho del sindicado a escoger su propio defensor y, de no ser ello posible, a ser representado por uno de oficio designado por el Estado, quien a su vez debe contar con un nivel básico de formación jurídica, sin perjuicio de que el procesado pueda adelantar actuaciones en su propia defensa en los términos que señala la ley. Igualmente esa defensa debe ser ininterrumpida tanto en la etapa de la investigación como en la del juzgamiento[34].
El derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, lo integran el conjunto de facultades y garantías previstas en el ordenamiento jurídico, cuyo objetivo básico es brindar protección al individuo sometido a cualquier proceso, de manera que durante el trámite se puedan hacer valer sus derechos sustanciales y se logre el respeto de las formalidades propias del juicio, asegurando con ello una recta y cumplida administración de justicia.[35] El debido proceso, en sentido abstracto, ha sido entendido como el derecho que tienen las partes de hacer uso del conjunto de facultades y garantías que el ordenamiento jurídico les otorga, para efecto de hacer valer sus derechos sustanciales, dentro de un procedimiento judicial o administrativo. Así, el contenido y los alcances del debido proceso están determinados por este conjunto de garantías y facultades, las cuales, a su vez, están establecidos en función de los derechos, valores e intereses que estén en juego en el procedimiento, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad[36].
Siguiendo este criterio, el inciso 4° del artículo 29 Superior prevé, entre las garantías que hacen parte integral del debido proceso penal, el derecho de los sindicados a una defensa técnica, es decir, el derecho a ser asistidos por un abogado durante todo el proceso, esto es, tanto en su etapa de investigación como en la de juzgamiento. Esto significa que el conjunto de facultades y garantías que componen el derecho al debido proceso penal debe ser adecuada y suficientemente más amplio que el de un procedimiento en el cual no están de por medio, por una parte, el derecho a la libertad individual y por la otra, la seguridad jurídica, la eficacia del sistema de justicia y la convivencia ciudadana.[37] Tal garantía puede materializarse a través del nombramiento de un abogado por parte del sindicado –defensor de confianza-, mediante la asignación de un defensor público – función encargada a la Defensoría del Pueblo -, o, cuando no hay defensores públicos disponibles en el lugar donde se surte el proceso, a través del nombramiento de un defensor de oficio.
La defensa técnica del procesado, en cuya virtud quien lo apodere en el plano jurídico debe tener un mínimo de formación, conocimiento y experiencia, asegurar que el proceso se adelante con arreglo a las normas fundamentales y en los términos de la ley, con la necesaria imparcialidad de los acusadores y los jueces y por motivos nítida y previamente definidos por el legislador, no es posible si no se busca con eficacia al procesado o si el abogado de oficio -en el caso del reo ausente- elude sus más elementales responsabilidades en la tarea de la defensa[38].
"...encuentra la Corte que el inciso tercero del artículo 29 de la Constitución Nacional en forma precisa establece que "Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento..."; al respecto, se considera que es voluntad expresa del Constituyente de 1991, la de asegurar a todas las personas, en el específico ámbito de los elementos que configuran el concepto de debido proceso penal y de derecho de defensa también en el ámbito penal, el respeto pleno al derecho constitucional fundamental a la defensa técnica y dicha voluntad compromete, con carácter imperativo y general, al legislador, a la ley y a los jueces.
Esto significa, que dichas funciones de defensa del sindicado en las etapas de investigación y juzgamiento no pueden ser adelantadas por una persona que no se encuentre científica y técnicamente habilitada como profesional del derecho, so pena de la configuración de una situación de anulabilidad de lo actuado en el estrado judicial por razones constitucionales, o de inconstitucionalidad de la disposición legal o reglamentaria que lo permita. Además, dicha defensa técnica comprende la absoluta confianza del defendido o la presunción legal de la misma confianza en el caso del reo ausente; en este sentido es claro que el legislador debe asegurar que las labores del defensor sean técnicamente independientes y absolutamente basadas en la idoneidad profesional y personal del defensor". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-592 del 9 de diciembre de 1993. M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz)
Por otra parte, nuestro sistema de procedimiento penal acepta que se procese penalmente a un sindicado en su ausencia, posibilidad que, como ya lo ha establecido esta Corporación, encuentra plena aceptación a la luz del ordenamiento constitucional.[39] Ello requiere, empero, que dentro del proceso, los derechos e intereses de la persona ausente estén representados por un abogado defensor que, en la medida en que ello sea exigible, aporte y controvierta pruebas e impugne las decisiones judiciales. El ejercicio de la función de defensoría de oficio de una persona ausente presenta ciertas dificultades, pues la inasistencia del sindicado al proceso, además de imposibilitar la defensa material, limita las posibilidades de llevar a cabo una adecuada defensa técnica. Por lo tanto, la ausencia del reo obliga al abogado de oficio a actuar con suma diligencia, para subsanar las deficiencias de la defensa y asegurar los derechos del sindicado. Así, la responsabilidad sobre la defensa del reo ausente recaerá totalmente sobre el defensor de oficio. Esto implica que, en estos casos, los defensores de oficio, -abogados titulados-, deben ser particularmente diligentes y por lo tanto, responden hasta por culpa levísima, correspondiente al nivel de experto, pues están representando los intereses de personas que, además de ver comprometida su libertad individual, no tienen la posibilidad de ejercer por sí mismos sus derechos[40].
Esto implica que efectivamente se presenten fallas en la defensa que, desde ninguna perspectiva posible, puedan encuadrarse dentro del margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa adecuada. A este respecto, la jurisprudencia ha puesto de presente que las fallas de la defensa no pueden estar referidas a aspectos que se encuentren por dentro de la estrategia del abogado para proteger los intereses del sindicado. En efecto, el defensor cuenta con un amplio margen de discrecionalidad en el ejercicio de su cargo. Por tal motivo, para comprobar la vulneración del núcleo esencial del derecho a la defensa técnica, es necesario que haya una ausencia evidente de estrategia por parte del defensor. En palabras de la Corte: “Para que pueda solicitarse el amparo constitucional mediante la mencionada acción será necesario, adicionalmente, demostrar los siguientes cuatro elementos: (1) que efectivamente existieron fallas en la defensa que, desde ninguna perspectiva posible, pueden ser amparadas bajo el amplio margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa adecuada”[41]. Ello implica que, para que se pueda alegar una vulneración del derecho a la defensa técnica, debe ser evidente que el defensor cumplió un papel meramente formal, carente de cualquier asomo de estrategia.
Habrá de distinguirse en estos casos, entre quienes no se presentan al proceso penal porque se ocultan y quienes no lo hacen porque les fue imposible conocer su existencia. Así, sin perjuicio de que el reo ausente cuente con las acciones y recursos pertinentes, no puede éste válidamente alegar deficiencias en la defensa técnica, en sede de tutela, cuando ellas han sido efecto de su intención de evadir los efectos de la respectiva decisión judicial. Ello se debe a que, en este caso, su interés, al ser antijurídico, dejaría, lógicamente, de estar protegido por el ordenamiento. En tal situación se encuentran, entre otras, quienes, conociendo la existencia de un proceso penal en su contra, no se presentan ante la justicia con el fin de evitar su responsabilidad. Al respecto la Corte ha afirmado que: “Para que pueda solicitarse el amparo constitucional mediante la mencionada acción será necesario, adicionalmente, demostrar (…) (2) que las mencionadas deficiencias no le son imputables al procesado”[42]. A su vez, en otra ocasión, distinguiendo entre quienes no se presentan al proceso penal porque se ocultan y quienes no lo hacen porque les fue imposible conocer su existencia, dijo:
“En el caso del procesado ausente, debe distinguirse entre el procesado que se oculta y el sindicado que no tiene oportunidad de enterarse de la existencia del proceso, para efectos de determinar los derechos que les asiste. Así, cuando la persona se oculta, está renunciando al ejercicio personal de su defensa y delegándola en forma plena en el defensor libremente designado por él o en el que le nombre el despacho judicial del conocimiento. No obstante, conserva la facultad de hacerse presente en el proceso en cualquier momento e intervenir personalmente en todas las actuaciones a que haya lugar de acuerdo con la etapa procesal respectiva; pero no puede pretender que se repitan las actuaciones ya cumplidas, aunque sí solicitar la declaración de nulidad por falta de defensa técnica.” Sentencia C-488 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
Si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o no aparejan una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra la respectiva decisión judicial.[43]
La sentencia C-949 de 2003[44], en los intentos iniciales de esta Corte por sistematizar las causales genéricas de procedibilidad, habló por primera vez de la ‘decisión sin motivación’ como una categoría independiente. No obstante, en varias ocasiones esta causal ha sido confundida o subsumida dentro de la causal conocida como ‘defecto sustancial’[45]. A pesar de ello, dadas sus características, la ‘decisión sin motivación’, como causal específica de procedibilidad tiene la entidad suficiente para ser considerada de manera individual, como bien se precisó en la sentencia C-590 de 2005, en la que se reiteró que esta causal se configura con “el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.”
En un estado democrático de derecho, como garantía ciudadana, la obligación de sustentar y motivar de las decisiones judiciales, resulta vital en el ejercicio de la función jurisdiccional. La necesidad de justificar las decisiones judiciales, salvo aquellas en las cuales expresamente la ley ha prescindido de este deber, garantiza que sea la voluntad de la ley y no la del juez la que defina el conflicto jurídico. En este sentido, la motivación de los actos jurisdiccionales, puede ser vista como un componente que refuerza el contenido mínimo del debido proceso, dado que constituye una barrera a la arbitrariedad judicial y contribuye a garantizar la sujeción del juez al ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad de la providencia[46].
“(…) la motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del principio de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte reconoce que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad”. (Subraya fuera de texto).
Por último, es importante tener en cuenta que en análisis al que se acaba de hacer referencia, no le corresponde al juez de tutela establecer cual debía haber sido la conclusión del juez después de un pormenorizado análisis de todos los anteriores elementos, “pero sí es su obligación señalar que sin dicho análisis la providencia atacada presenta un grave déficit de motivación que la deslegitima como tal”[47].
2.7.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El asunto no sólo se refiere a las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa (Art. 29 C.P.) sino que preponderantemente está encaminado a resolver la presunta vulneración del derecho a la libertad personal de una persona (Art. 28 Superior), al buen nombre (Art. 15 de la Carta) y a la presunción de inocencia (Art. 29, inciso 4°), todos ellos, por supuesto, de rango constitucional pero además hallan protección en Tratados Internacionales de Derechos Humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad (Art. 93 Superior)[48].
“Artículo 192 (Código de Procedimiento Penal – Ley 906 de 2004) Procedencia. La acción de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:
7. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad.”
Incluso la causal consagrada en el numeral 3° arriba citado, que podría, en principio, generar ciertas dudas sobre su aplicabilidad en este caso, se advierte que en el presente asunto no se está alegando la existencia de hechos nuevos o el surgimiento de pruebas no conocidas al tiempo de los debates, pues en el curso del proceso penal ya podía comprobarse si a quien se estaba sindicando se trataba efectivamente del autor del homicidio. La captura del señor Manuel Mena no es en sí misma un hecho nuevo y menos aún es prueba nueva la verificación de que sus características físicas no sean coincidentes con las de alias “El Morenazo”, pues con esta información podía contarse en el momento de la condena aunque el juez de conocimiento haya omitido la realización de pruebas tendientes a la plena identificación de autor y que no surgieron con la captura del señor Mena sino que, existiendo, no fueron tenidas en cuenta o, mejor, no fueron practicadas o decretadas.
2.7.1.3. Se cumplió el requisito de la inmediatez[49].
Así, teniendo en cuenta la situación especial del actor, esta Sala considera que el requisito de inmediatez debe entenderse cumplido para efectos de la procedencia de la acción de tutela en revisión. La Corte ha entendido que la razonabilidad del tiempo para interponer una acción de tutela debe evaluarse en cada caso concreto sin que pueda determinarse a priori[50]. De tal manera, ha considerado cumplido el requisito de inmediatez en eventos en que se prueba la imposibilidad real del actor de interponer con anterioridad la acción de tutela.
En sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte se refirió por primera vez a la razonabilidad del término de interposición de la acción de tutela, señalando:
Las consecuencias de la premisa inicial, según la cual la tutela puede interponerse en cualquier tiempo, se limitan al aspecto procedimental de la acción, en particular a su admisibilidad, sin afectar en lo absoluto el sentido que se le deba dar a la sentencia. Todo fallo está determinado por los hechos, y dentro de estos puede ser fundamental el momento en el cual se interponga la acción, como puede que sea irrelevante (…)
Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.” (Negrillas de la Sala)
Posteriormente, en sentencia T-684 del 8 de agosto de 2003[51] se fijaron reglas para la determinación del cumplimiento del requisito de inmediatez:
En tal sentido, en sentencia T- 1140 del 10 de noviembre de 2005[52] la Corte consideró lo siguiente:
“En efecto, el juez en cada caso debe sopesar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el hecho que dio origen a la acción y la presentación de la misma y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Así mismo, debe existir una proporcionalidad entre el medio y el fin perseguido. En otras palabras, que la acción de tutela (medio) pueda ser utilizada en cualquier tiempo no significa que la misma no requiera de un término razonable para hacerlo, en cuanto el fin perseguido es la protección integral y eficaz de los derechos vulnerados. De tal manera no le es dable al accionante esperar en forma prolongada el transcurso del tiempo para ejercer la acción cuando desde el mismo momento de la acción u omisión de la autoridad o particular contra quien dirige su tutela sentía desconocidos sus derechos, pues si lo pretendido es que la protección sea eficaz, lo lógico sería que se presentara lo antes posible.”
Igualmente la Corte ha establecido que cuando se trata de la presentación de acciones de tutela contra providencias judiciales, el término de interposición debe ser más estricto. Así, en la citada sentencia T- 1140 de 2005 consideró la Corte lo siguiente:
“De lo anterior, puede inferirse que la razonabilidad del término de interposición de la acción de tutela debe estudiarse en cada caso concreto. Sin embargo, tratándose de procesos judiciales y de providencias ejecutoriadas, el juicio sobre la razonabilidad del término ha de ser riguroso en comparación con los otros casos que se llevan ante la justicia constitucional. En efecto, en este caso debe analizarse las posibilidades de defensa en el mismo proceso judicial, la diligencia del accionante en el mismo, y los posibles derechos de terceros que se han generado por el paso del tiempo.”
Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008[53], estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo razonable.
Al estudiar el asunto bajo revisión, observa esta Sala que (i) la inactividad del actor se justifica al estar recluido en un centro carcelario sin haber contado con asistencia jurídica previa, teniendo en cuenta su precaria situación económica y, al no haber cursado un solo grado de instrucción académica, no tenía conocimiento sobre la posibilidad de ejercer la presente acción; (ii) la anterior descripción ubica al señor Manuel Mena en una situación de especial indefensión; y (iii) dos años –bajo estas circunstancias- no puede considerarse un plazo irrazonable pues, sin haber mediado asistencia legal anterior, una vez tomado el caso por el “proyecto inocencia” se procedió a la interposición de la acción de tutela.
2.7.1.5. La simple lectura de los antecedentes de esta sentencia muestran que la solicitud de tutela identifica plenamente tanto los hechos que generaron la supuesta vulneración como los derechos que considera vulnerados: el derecho al debido proceso, a la defensa técnca y a la libertad personal del señor Manuel Mena. De esta forma, también se cumple este requisito de procedencia de la acción de tutela.
2.7.2. Cumplimiento de los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela
i) El 29 de julio de 1988 el Juzgado Promiscuo Municipal de Vegachí (Antioquia) declaró la apertura de la investigación por el homicidio del señor John Jairo Cruz Cardona y dispuso la práctica de pruebas. Recibió los testimonios a los que se hizo referencia líneas arriba y, tras tomar testimonio del señor Euclides de Jesús Echavarría Trujillo que afirmó haber escuchado en alguna oportunidad que la cédula de ciudadanía que portaba alias “El Morenazo” tenía el nombre de Manuel Mena, oriundo del Chocó, solicitó las tarjetas dactilares de las personas que se llamaran de esa manera a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Luego de recibir la información de la identidad de dos personas con el mismo nombre, consideró que se trataba del hoy accionante y ordenó su captura. Por resultar infructuosa la captura, se procedió al emplazamiento y el 26 de enero de 1989 se declaró persona ausente (folios 80 a 91 del cuaderno de pruebas No. 2).
ii) El 13 de abril de 1989, asumida la competencia por el Juzgado 91 de Instrucción Criminal de Amalfi (Antioquia), se nombró defensor de oficio al implicado y se resolvió situación jurídica, dictándole medida de aseguramiento (folios 35 a 40 del cuaderno de pruebas No. 2).
iii) EL 5 de mayo de 1994, la Fiscalía Seccional de Yolombó, ante la ejecutoria del cierre de investigación, calificó el mérito del sumario y acusó al señor Manuel Mena ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó por el homicidio del señor John Jairo Cruz Cardona (folios 95 y 96 del cuaderno de pruebas No. 2).
iv) El 8 de octubre de 1994, el Juez Promiscuo del Circuito de Yolombó condenó al señor Manuel Mena a la pena principal de dieciséis años de prisión como autor responsable de homicidio agravado contra el señor John Jairo Cruz Cardona (folios 42 a 55 del cuaderno de pruebas No. 2). La anterior decisión fue tomada por el Juzgado sólo teniendo en cuenta las pruebas aportadas por el Juez Promiscuo Municipal de Vegachí y con base en lo señalado por el defensor de oficio quien afirmó que “el móvil del hecho y la contumacia se convierten en pilares para su condena”. El Juez no verificó la identidad del autor del homicidio, no decretó o practicó nuevas pruebas para el efecto.
La sentencia T-902 de 2005[54] define este tipo de defecto fáctico así: “se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto o práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido”. Cuando este tipo de defecto ocurre en el curso de un proceso penal, adquiere una gravedad mayor por tratarse de la determinación del ejercicio del derecho a la libertad personal, al buen nombre y a la presunción de inocencia.
Si bien es cierto, no cabe duda como lo adujeron en su momento tanto el juez de instrucción como el de conocimiento, de la materialidad del hecho punible, sí existían serias dudas en relación con la persona que se estaba sindicando como autor del mismo, pues lo único que aparece probado en el proceso es que según todos los testigos la persona que le ocasionó la muerte al señor Cruz Cardona respondía al apodo de “El Morenazo”, según algunos, su nombre era Luis, quien no tenía dentadura en su maxilar superior y presentaba una cicatriz por quemadura en el costado derecho de su cuerpo desde su cara hasta la mano de ese costado. Sólo un testigo manifestó que a algunas personas les había escuchado haber visto su cédula y que su nombre verdadero era Manuel Mena, oriundo del Chocó. Con ese dato se solicitó informe a la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que envió la cartilla decadactilar de dos personas con ese nombre de los cuales el Juez Promiscuo Municipal de Vegachí escogió al accionante al observar que su cédula tenía como observaciones “Cic.Cara Med. Der. Anular iz.”, ordenó su vinculación a través de captura y el Juez 91 de Instrucción Criminal de Amalfi al resolver situación jurídica ordenó medida de aseguramiento. Finalmente, el Juez Promiscuo del Circuito de Yolombó lo condenó sin ninguna otra consideración.
Luego de que la mayoría de los testigos afirmaron conocer a alias “El Morenazo” con el nombre de Luis, solamente con fundamento en el nombre dado por un testigo que había oído que algunos de sus compañeros mineros habían visto la cédula de ciudadanía del “Morenazo” y que registraba el nombre de Manuel Mena, con las tarjetas Idactilares remitidas por la Registraduría, el Juez Promiscuo Municipal de Vegachí decidió vincular al hoy accionante, sin ser ello controvertido por el juez de conocimiento. A pesar de la coincidencia, debió el juez tener en cuenta que no existía absoluta seguridad sobre el verdadero nombre de alias “El Morenazo” razón por la cual ha debido reunir a los testigos del homicidio y compañeros de trabajo del homicida para verificar que la persona que aparecía en la Registraduría como Manuel Mena fuera efectivamente el homicida. Ello porque podrían presentarse múltiples hipótesis como que el Morenazo portara una cédula robada o que también se llamara de esa manera, o que se hubiera equivocado el único testigo que afirmó haber oído que la cédula de “El Morenazo” registraba el nombre Manuel Mena o que incluso a quienes oyó sostenerlo hayan mentido o errado en su afirmación. Una simple citación a los mismos testigos hubiera bastado para comprobar si se trataba de la misma persona que habían visto cometer el homicidio.
El artículo 180 del Código de Procedimiento Penal vigente para la fecha en que fue expedida la sentencia condenatoria (Decreto 2700 de 1991) establece que toda sentencia contendrá “...2º) La identidad o individualización del procesado”. El artículo 127 del Código de Procedimiento Penal actual (Ley 906 de 2004) señala que “la Fiscalía General de la Nación estará obligada a verificar la correcta identificación o individualización del imputado, a fin de prevenir errores judiciales.” Aspecto que hace parte de la esencia misma del proceso penal[55] y, que como se vio, en el que se adelantó en contra del señor Manuel Mena no se cumplió. La pregunta que surge es ¿debe el señor Manuel Mena permanecer privado de su libertad a sabiendas de que se profirió una sentencia que incumplió con lo dispuesto en las disposiciones citadas?
La respuesta a este interrogante es negativa. Los fines del Estado según lo dispone el artículo 2 de la Carta, son garantizar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, así como la de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, y, los funcionarios encargados de administrar justicia deben propender con mayor ahínco por el cumplimiento de esos fines.
En un asunto que guarda bastante similitud con el que ahora ocupa la atención de la Corte en cuanto no se identificó de manera efectiva al presunto autor del delito -esa vez por homonimia- se expresó “...es apenas elemental que se les exija identificar a la persona cuyos derechos y garantías afectan al ordenar su vinculación a un proceso penal; particular relevancia deben darle estos funcionarios a la labor de individualizar plenamente a la persona investigada, en casos como el que dio origen a la tutela que acá se revisa, en el que no sólo se impuso una medida de aseguramiento, sino que se procedió en contra de una persona ausente, sin prueba de que esta se ocultara. Al ocuparse la Corte Constitucional de decidir, en la sentencia C-488 de 1996, sobre la exequibilidad del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal, consideró los especiales requisitos de la declaración de persona ausente, en los siguientes términos:
1) Sólo se puede declarar persona ausente a quien esté debidamente identificado. Es decir, no basta solamente conocer el nombre del procesado sino que es necesario establecer su individualidad, son datos tales como edad, filiación, documento de identidad, lugar de origen y residencia, historia escolar, laboral, etc. que también se exigen respecto del indagado (art. 359 C. de P.P.), con lo cual se busca amparar no sólo al sindicado, sino a terceros que eventualmente puedan verse comprometidos en una acción penal por razones de homonimia...”[56].
En efecto, se hubiera llegado a una decisión distinta si en aquella época se hubieran confrontado las características físicas particulares de alias “El Morenazo” de quien todos los testigos coincidieron en afirmar que presenta cicatriz por quemadura en el lado derecho de su cara, extendida por el brazo y la mano de ese costado, con las del señor Manuel Mena, cuya cédula sólo indica un “cic. Cara med. Der. Anular iz.” pero que no ineludiblemente se trata de la descripción de una quemadura que, por lo demás, según los testigos, es bastante notoria y que se presenta únicamente en el costado derecho del cuerpo. Todos estos datos conducen a la existencia de una duda razonable sobre la identidad del autor, por lo cual, en virtud de la presunción de inocencia, era indispensable la realización de pruebas adicionales que condujeran a una decisión plenamente fundamentada sobre la autoría del homicidio, y que garantizaran los derechos fundamentales del sindicado al buen nombre, a la presunción de inocencia y a la libertad personal.
En este orden de ideas, esta Sala, en aras de suplir la omisión de la prueba de verificación de que “El Morenazo” y Manuel Mena fueran la misma persona, solicitó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que estableciera “si las características físicas del señor Manuel Mena presentan o pudieron haber presentado en algún tiempo una cicatriz por quemadura en el costado derecho del rostro que se extienda por el brazo y hasta la mano de ese mismo costado, e igualmente, (…) si su dentadura en el maxilar superior es la original.” Esta autoridad informó a esta Sala que:
En relación con el derecho a la presunción de inocencia, según lo ha identificado la Corte[57], presenta al menos tres manifestaciones, a saber:
i) El primer aspecto, que es en el que se circunscribe la situación del señor Manuel Mena, hace referencia al modo como se establece la responsabilidad penal y, más concretamente, a la forma como opera la carga de la prueba[58]. No es el acusado quien debe probar su inocencia, pues él se presume inocente hasta tanto el Estado no pruebe lo contrario, a saber, que es culpable.
En esa misma oportunidad la Corte hizo referencia al caso Raquel de Mejía contra Perú conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que analizó la caracterización de la presunción de inocencia con base en lo señalado por el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[59]. La señora Raquel Martín de Mejía fue violada y torturada al parecer por fuerzas gubernamentales quienes la acusaban a ella y a su marido de favorecer a grupos de izquierda como Sendero Luminoso y le indilgaban el cargo de terrorismo. Su marido fue secuestrado y muerto. Ella fue sentenciada de terrorismo en un proceso en desarrollo del cual se vulneró su derecho al debido proceso y se infringió, en concreto, su derecho a la presunción de inocencia.
Frente al caso de Raquel Martín de Mejía, dijo la Comisión que el principio de inocencia configura una presunción en favor del "acusado de un delito, según la cual éste es considerado inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad penal mediante una sentencia firme[60]." En este evento, es al Estado a quien corresponde determinar la responsabilidad penal del sindicado; es el Estado quien "debe probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable[61]." Según la Comisión Interamericana, la presunción de inocencia guarda relación con "el ánimo y la actitud del juez que debe conocer de la acusación penal[62]." El juez debe examinar el caso sin prejuicios y bajo ninguna circunstancia puede partir de que el acusado es culpable. La tarea del juez consiste en "construir la responsabilidad penal de un imputado a partir de la valoración de los elementos de prueba con los que cuenta[63]."
La conclusión a la que llega la Comisión Interamericana en el caso Martín de Mejía es que el juez ordenó la detención de la imputada, formuló acusación e inició un proceso penal con fundamento en una mera denuncia. El juez no analizó si realmente existían los suficientes elementos de prueba para justificar la acusación y, al obrar de ese modo, invirtió el orden de la presunción pues desplazó la carga de la prueba en cabeza del acusado. La Comisión encontró que esa inversión del onus probandi vulneraba el artículo 8 de la Convención Interamericana y, más concretamente, la presunción de inocencia y el derecho a ser oído por una instancia imparcial y el derecho a un juicio justo[64].
En igual sentido, La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al respecto al manifestar que: “(…) Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda la sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan resultar los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral.”[65] Asimismo aquel tribunal internacional ha sostenido que: “el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables”[66], agregando también que “el concepto de derechos y libertades y, por ende, el de sus garantías, es también inseparable del sistema de valores y principios que lo inspira. En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros”[67].
Y, refiriéndose a la Sentencia C-491 de 1996[68], afirmó: “Si esto no fuera así, y la resolución de acusación se entendiera como un acto definitivo, imposible de modificar - aún cuando en el curso del juicio se demostrara que ella se ha configurado sobre una base precaria y deleznable -” entonces, ha dicho la Corte Constitucional, “la resolución de acusación carecería del más elemental sentido de justicia.”
En relación con la presunción de inocencia del sindicado, ha dicho la Corte que “No debe perderse de vista que esa estructura básica de acusación y juzgamiento se halla inescindiblemente vinculada a los principios que en el proceso penal orientan la actividad probatoria, fundamentalmente al principio de presunción de inocencia y al principio que exonera al penalmente investigado de declarar en contra de sí mismo o de sus más próximos allegados - Artículos 29 y 33 de la Carta -.
En cuanto a la presunción de inocencia del sindicado, hay que indicar que se trata de un punto de referencia ineludible, explicable por los profundos contenidos de violencia implícitos en el poder punitivo del Estado y concebido como una garantía para que sólo haya lugar a la imposición de la pena cuando se tenga absoluta certeza sobre la responsabilidad del procesado. La vigencia de esa presunción le marca al proceso penal un derrotero particular en materia probatoria pues se parte de una presunción que hay que desvirtuar plenamente ya que aún en caso de duda se mantiene su efecto vinculante. Ello es así en cuanto a la racionalidad del Estado constitucional, como Estado de justicia, le repugna la sola posibilidad de condenar a un inocente”[69].
2.8.2.2. Defecto procedimental por violación del derecho a la defensa técnica
Como se afirmó en las consideraciones de la presente Sentencia, la acción de tutela contra providencias judiciales procede únicamente cuando en ellas se presentan las causales generales y específicas de procedencia. A su vez, no toda deficiencia en la defensa técnica configura una vía de hecho judicial. Para que ello sea así, se requiere demostrar además, como ya se indicó en precedencia, que: (i) la falla no haya estado amparada por una estrategia de defensa, (ii) que sea determinante del sentido de la decisión judicial, (iii) que no sea imputable al procesado o de su propósito de evadir la acción de la justicia y (iv) que aparezca la vulneración de los derechos fundamentales[70].
i) En cuanto a las deficiencias en la defensa técnica por la inactividad del defensor de oficio, del estudio del expediente contentivo del proceso penal se pudo constar que, efectivamente, el defensor de oficio del señor Manuel Mena, no ejerció las funciones que le correspondían, pues no impugnó ninguna de las providencias emitidas por el ente acusador, no solicitó una sola prueba, ni controvirtió las allegadas dentro de la etapa de instrucción. Tampoco aportó memorial alguno una vez proferida la resolución que decretó el cierre de la etapa de instrucción. Sucedió lo mismo durante la etapa del juicio, en la cual limitó su participación a intervenir en la audiencia pública de juzgamiento y sólo para afirmar que su defendido era culpable, señalando que “aunque no aparezca o aparentemente no están los requisitos para dictar sentencia condenatoria contra su patrocinado, por no haber testigos directos, sí existen testigos de oídas que merecen credibilidad en razón a que entre otras cosas los deponentes eran compañeros del occiso y del sindicado y conocían aspectos personales. El móvil del hecho y la contumacia, se convierten en pilares para la condena, el único autor de la muerte causada a John Jairo fue mi defendido de oficio”[71]. Tampoco impugnó la Sentencia condenatoria.
ii) Se observa en la sentencia condenatoria (folios 42 a 55 del cuaderno de pruebas No. 2) que el Juez Promiscuo del Circuito de Yolombó esgrimió como uno de los fundamentos de la condena, la posición del defensor de oficio, para argumentar que incluso él mismo coincidió en la culpabilidad del acusado. Además, si el defensor hubiere actuado diligentemente como la naturaleza de su profesión ordena, hubiera solicitado la práctica de pruebas tendientes a la plena identificación del autor, provocando seguramente una decisión distinta.
iii) Con la información obrante en el expediente es claro que el señor Manuel Mena ni siquiera tuvo conocimiento del proceso penal que cursaba en su contra, con lo cual se desvirtúa la posibilidad de que la ausencia de defensa técnica se tratara de una estrategida del mismo para eludir la justicia.
Recuérdese que, como ya se explicaba[72], la Corte Constitucional ha establecido que “nuestro sistema de procedimiento penal acepta que se procese penalmente a un sindicado en su ausencia, posibilidad que, como ya lo ha establecido esta Corporación, encuentra plena aceptación a la luz del ordenamiento constitucional.[73] Ello requiere, empero, que dentro del proceso, los derechos e intereses de la persona ausente estén representados por un abogado defensor que, en la medida en que ello sea exigible, aporte y controvierta pruebas e impugne las decisiones judiciales. El ejercicio de la función de defensoría de oficio de una persona ausente presenta ciertas dificultades, pues la inasistencia del sindicado al proceso, además de imposibilitar la defensa material, limita las posibilidades de llevar a cabo una adecuada defensa técnica. Por lo tanto, la ausencia del reo obliga al abogado de oficio a actuar con suma diligencia, para subsanar las deficiencias de la defensa y asegurar los derechos del sindicado. Así, la responsabilidad sobre la defensa del reo ausente recaerá totalmente sobre el defensor de oficio. Esto implica que, en estos casos, los defensores de oficio, -abogados titulados-, deben ser particularmente diligentes y por lo tanto, responden hasta por culpa levísima, correspondiente al nivel de experto, pues están representando los intereses de personas que, además de ver comprometida su libertad individual, no tienen la posibilidad de ejercer por sí mismos sus derechos”[74].
Como ya se explicaba líneas arriba, la ausencia de motivación como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales sólo se configura cuando “en que la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado”[75].
2.8.3. Conclusión
La libertad personal, principio y derecho fundante del Estado Social de Derecho, comprende “la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios, como la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente”.[76]
El derecho a la libertad personal, no obstante ser reconocido como elemento esencial del Estado de Derecho, no alcanza dentro del mismo ordenamiento jurídico un carácter absoluto e ilimitado. Ha precisado esta Corte: “Los derechos fundamentales, no obstante su consagración constitucional y su importancia, no son absolutos y, por lo tanto, necesariamente deben armonizarse entre sí y con los demás bienes y valores protegidos por la Carta, pues, de lo contrario, ausente esa indispensable relativización, la convivencia social y la vida institucional no serían posibles...”[77].
El artículo 28 de la Carta Política, representa la cláusula general de tutela y reconocimiento del derecho a la libertad personal, ya que consagra de manera precisa, clara y expresa que: Toda persona es libre, al mismo tiempo, establece los fundamentos jurídicos mediante los cuales se admite su restricción, al disponer que: “Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado..”, salvo que concurran tres requisitos, a saber: 1) mandamiento escrito de autoridad judicial competente, 2) que se expida con la observancia de las formalidades legales y 3) por la existencia de motivos previamente definidos en la ley.
Igualmente, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho a la libertad personal así: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. En el mismo sentido, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”.
Lo anterior además infringió el derecho al buen nombre del señor Mena y de su familia. En sentencia T-949 de 2003[78] en el que se presentó un caso de homonimia y se condenó injustamente a una persona que no era el autor del homicidio, la Corte consideró que se habían vulnerado sus derechos al buen nombre y al habeas data. En el presente caso, si bien no se trata de un caso de homonimia, la falta de identificación plena del autor se tradujo también en la violación del derecho al buen nombre.
La Constitución Política consagra el buen nombre en tanto derecho fundamental en su artículo 15, y establece para el Estado el deber de respetarlo y hacerlo respetar. La consagración constitucional de estos derechos encuentra múltiples correlatos al nivel de los instrumentos internacionales de derechos humanos que vinculan al país, en particular la Declaración Americana e Derechos y Deberes del Hombre (artículo 5)[79], la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12[80]) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17[81]) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11[82] y artículo 14[83]), que consagran el derecho de las personas a recibir la protección de las autoridades frente a los ataques contra su honra y su reputación. Se trata de un derecho que, como ha reconocido la jurisprudencia constitucional, “por estar ligado al respeto de la dignidad humana, principio fundamental del Estado Social de Derecho (art. 2 C.P.), y valor fundamental de la Comunidad internacional[84]”[85], es objeto de protección constitucional expresa.
El derecho al buen nombre ha sido definido como “la buena opinión o fama adquirida por un individuo en razón a la virtud y al mérito, como consecuencia necesaria de las acciones protagonizadas por él”[86]. Como se expresó en la sentencia T-494 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), “este derecho está atado a todos los actos o hechos que una persona realice y por las cuales la sociedad hace un juicio de valor sobre sus virtudes y defectos”. Igualmente, la Corte Constitucional elaboró sobre esta definición en la sentencia C-489 de 2002 en los siguientes términos:
Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha establecido que sólo se entiende lesionado el derecho fundamental al buen nombre en casos como el que nos ocupa, cuando quiera que se difunden afirmaciones, informaciones o imputaciones falsas o erróneas respecto de las personas, que no tienen fundamento en su propia conducta pública y que afectan su renombre e imagen ante la sociedad: “el derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”[87]. La sentencia T-494 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)[88] reiteró esta regla al establecer que “son atentados al derecho al buen nombre todas aquellas informaciones contrarias a la verdad, que, sin justificación alguna, distorsionen el prestigio social que tiene una persona”. En el mismo sentido, la sentencia T-228 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo)[89] precisó que “se atenta contra este derecho cuando, sin justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público -bien en forma directa y personal, ya a través de los medios de comunicación de masas- informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen”.
Primero: REVOCAR la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2009 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la sentencia adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia el 7 de octubre de 2009, en cuanto negaron la acción de tutela interpuesta por Manuel Mena en contra del Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó. En su lugar, CONCEDER el amparo de sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la libertad personal y al buen nombre, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: DEJAR SIN EFECTO la actuación surtida en el proceso penal que dio origen a la presente acción de tutela desde la vinculación del accionante y ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación adelantar la investigación correspondiente para determinar la plena identidad del autor del delito de homicido perpetrado en la persona de John Jairo Cruz Cardona.
Tercero: ORDENAR al Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó, donde se encuentra el expediente contentivo del proceso penal seguido contra Manuel Mena, disponer dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la copia de esta providencia librada por la Secretaría de la Corte, lo conducente en relación con la libertad del capturado Manuel Mena, por haberse incurrido en las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales a que se refiere la parte motiva de esta providencia.
Cuarto: Por Secretaría envíese de manera inmediata copia de esta sentencia al Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó para los efectos señalados en el numeral anterior.
[1] Auto de decreto de pruebas del 15 de abril de 2010.
[7] Ver entre otras la Sentencia T-1068 de 2006 y Sentencia T-266 del 3 de abril de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[8] Sentencia T-266 del 3 de abril de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[9] Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial que la convierte en una vía de hecho, pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-231 del 13 de mayo de 1994 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-567 del 7 de octubre de 1998 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[10] Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[11] Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell.
[12] Cfr. sentencia SU-1300 del 6 de diciembre de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”.
[13] Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell.
[14] Cfr. sentencia T-538 del 29 de noviembre 1994 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal.
[15] Sentencia SU-159 del 5 de marzo de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
[16] Sentencias T-814 del 19 de octubre de 1999 M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-450 del 4 de mayo de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa SU-159 del 5 de marzo de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa T- 462 del 5 de junio de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T- 1065 del 7 de diciembre de 2006 M.P. Humberto Sierra Porto; T-458 del 7 de junio de 2007 M.P. Àlvaro Tafur Galvis, T-831 de agosto 22 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo
[17] Sentencia T- 1065 del 7 de diciembre de 2006 M.P. Humberto Sierra Porto
[18] Ibíd. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell. Se dijo en esa oportunidad: “Se aprecia más la arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios, derechos y valores constitucionales”.
[19] Cfr. sentencia T-239 del 30 de mayo de 1996 MP. José Gregorio Hernández Galindo. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.
[20] Cfr. sentencia T-576 del 10 de diciembre de 1993 MP. Jorge Arango Mejía.
[21] Cfr., por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994.
[22] Cfr. la ya citada sentencia T-538 de 1994.
[23] Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[24] M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[25] Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[26] M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
[27] Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[28] M.P. Antonio Barrera Carbonell
[29] Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[32] Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell.
[33] Cfr. T-831 de agosto 22 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo
[34] Sentencia T-610 del 7 de junio de 2001 M.P Jaime Araujo Rentería
[35] Sentencia T-001 del 12 de enero de 1993, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.
[36] Cfr. Sentencia T-546 del 15 de mayo de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[38] Cfr. Sentencia SU-960 del 1 de diciembre de 1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[39] Sentencia C-488 del 26 de septiembre de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[40] Cfr. Sentencia T-106 del 10 de febrero de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[41] Sentencia T-654 del 11 de noviembre de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[43] En este sentido se ha manifestado la Corporación, por ejemplo, al negar el amparo en un caso en el cual el juez había valorado una prueba obtenida al margen del debido proceso, sin que el sindicado hubiera tenido oportunidad de defenderse. En esta oportunidad la Corporación entendió que sólo procedía la acción de tutela si la mencionada prueba constituía un elemento central de manera tal que, sin ella, la decisión judicial hubiese sido, necesariamente, diversa. Como en el caso existían otros elementos que podían justificar la mencionada decisión la Corte no concedió la respectiva anulación. Sentencia T-008 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[44] M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[45] Por ejemplo en la sentencia T-233 del 29 de marzo de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, se dijo “Respecto del defecto sustantivo referido, que la jurisprudencia de la Corte denomina falta de motivación de la decisión judicial (…)”, o en la T-114 del 21 de febrero de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, la Corte consideró que en ese caso el tribunal demandado incurrió en “vía de hecho por defecto sustantivo” por dos razones, siendo la primera de ellas la “insuficiente argumentación” o en las sentencias T-200, T-684, T-688 y T-1237 de 2004 (En todas M.P. Clara Inés Vargas Hernández) , al momento de citar el precedente que ilustra el uso de la ‘decisión sin motivación’ como causal específica, se estableció en la nota de pie de página: “[s]obre defecto sustantivo, pueden consultarse las sentencias: T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02”. (subraya fuera de texto).
[46] Cfr. Sentencia T-302 del 3 de abril de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[47] Cfr. T-247 del 28 de marzo de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil)
[48] Artículos 9, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 7, 8 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[49]Sobre las razones para exigir la inmediatez como un requisito de procedencia de la tutela contra sentencias cabe recordar lo expuesto por la Sala Sexta de Revisión en sentencia T-095 de 19 de febrero de 2009 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[50] Cfr. Sentencia T-265 del 3 de abril de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[51] M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[52] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[53] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[54] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[55] Sentencia T-749 del 7 de octubre de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[56] Sentencia T-361 del 5 de agosto de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz
[57] Sentencia C-827 del 10 de agosto de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[58] Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Derecho internacional de los derechos humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, Bogotá, 2004, p. 397.
[59] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso 10.970. Informe No. 5/96. Raquel Martín de Mejía (Perú). Consultar en. www.cidh.org
[60] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso 10.970. Informe No. 5/96.
[64] En el caso de Raquel de Mejía, la Comisión concluyó que la aplicación del artículo 13 del Decreto Ley 25.475 “al omitir garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho a gozar de un proceso justo consagrado en el artículo 8 de la Convención, resulta per se incompatible con la obligación consagrada en el artículo 1.1 de la misma.” (...) “La aplicación de esta ley en el trámite de su proceso, en el concepto de la Comisión, constituye una violación de su derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial y a ser presumida inocente. En efecto, según surge de las pruebas aportadas, una vez presentada la denuncia por la presunta comisión del delito de terrorismo, el juez de instrucción abrió el proceso y dictó orden de captura. Vencido el plazo de instrucción, se remitió el expediente al Fiscal Provincial de Leima, quien no obstante determinar que en el caso de Raquel de Mejía ‘... los indicios que dieron mérito a la formulación de la denuncia no han logrado ser sustentadas hasta el momento ...’, remitió el proceso a la corte Superior. Ésta procedió a nombrar Fiscal Supremo quien, en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 13 del Decreto 25.475, acusó a Raquel Mejía por el delito de terrorismo y solicitó la pena de 20 años de prisión, sin considerar siquiera que no existía evidencia alguna de responsabilidad penal de ésta.” Consultar más detalles de este caso en: Informe de la Comisión de Derechos Humanos No 5/96 Raquel Martín de Mejía (Perú) en: www.cidh.org.
[65] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 30 de mayo de 1999 Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Párrafo 204
[66] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-8/87, del 30 de enero de 1987, párrafo 24.
[67] Ídem, párrafo 26.
[68] M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[69] Sentencia C-156 del 5 de marzo de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[70] Cfr. Sentencias T-654 del 11 de noviembre de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-784 del 24 de junio de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-028 del 20 de enero de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-066 del 28 de enero de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-068 del 28 de enero de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[71] Folios 50 y 51 del cuaderno de pruebas No. 2.
[72] Ver página 27 de esta providencia.
[73] Sentencia C-488 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[74] Cfr. Sentencia T-106 del 10 de febrero de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[75] Sentencia T-233 del 29 de marzo de 2007 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[76] Sentencia C - 301 del 2 de agosto de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En igual sentido, sentencia C - 634 del 31 de mayo de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[77] Sentencia C - 578 del 4 de diciembre de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[78] M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[79] Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.
[80] Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia su domicilio y su correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias y ataques.”
[81] Artículo 17 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
[82] Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3.Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques
[83] Artículo 14. “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. (…)”
[84] Ver Sentencia C-410 del 25 de abril de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[85] Sentencia C-392 del 22 de mayo de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[86] Sentencia T-411 del 13 de septiembre de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[87] Sentencia C-489 del 26 de junio de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[88] En este caso la Corte estudió la situación de un particular cuya reputación personal y profesional había sido afectada por el envío, por parte de otro particular, de cartas a personas que lo conocían, en las que se hacían afirmaciones denigrantes sobre su conducta.
[89] En esta providencia la Corte estudió el caso de ciertos residentes de un conjunto habitacional que interpusieron tutela contra la administración del conjunto, dado que ésta publicaba en una cartelera pública los nombres de quienes estaban incursos en mora en el pago de los gastos comunes.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 185
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 180
 artículo 127
 artículo 2
 artículo 356
 artículo 8
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 28
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 15
 artículo 14
 resolución 
 artículo 13
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 13
 Artículo 5
 Artículo 12
 Artículo 17
 Artículo 11
 Artículo 14