Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500236.html
Timestamp: 2019-03-22 14:18:49+00:00

Document:
se201500236
SENTENCIA: 236/2015.
EXPEDIENTE Nº: 362/2009.
PARTES: Alcaldía Municipal de la Sección Capital Sucre, actual Gobierno Autónomo Municipal de Sucre contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
Pronunciada en el proceso contencioso-administrativo seguido por la H. Alcaldía Municipal de la Sección Capital Sucre, actual Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en el que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0151/2019 de 30 de abril de 2009, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda de fojas 138 a 141, la contestación de fojas 163 a 167 y los antecedentes de emisión de la resolución impugnada.
CONSIDERANDO I: Que la entidad demandante señala que la demanda tiene origen en la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0151/2009 que agotó la vía administrativa de impugnación de la ilegal y arbitraria Resolución Sancionatoria PE-229/08 de 4 de julio de 2008, emitida por la Administración Tributaria, con la que sancionó a la entidad con multa de 5.000 UFV por no haber presentado la información en el software RV-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención por el periodo fiscal agosto/2006.
Al efecto indica que como emergencia de las notificaciones por cédula, que fueron practicadas al Gobierno Municipal de Sucre, tanto con el Auto Inicial de Sumario Contravencional como con la Resolución Sancionatoria PE-229/08, recurrió de alzada ante la Superintendencia Tributaria Regional de Chuquisaca, argumentando que dichos actuados procesales fueron practicados sin la intervención del testigo de actuación, requisito sine quanon establecido por ley, pues si bien es cierto que el art. 83-2) del Código Tributario prevé la notificación por cédula, ésta debe regirse al procedimiento dispuesto por el art. 58. III de la misma disposición legal; es decir, con la intervención de un testigo de actuación que debe firmar la diligencia, porque la notificación es un actuado procesal fundamental que tiene como finalidad garantizar la efectividad del derecho a la defensa, como componente del debido proceso.
Agrega que habiéndose omitido dicha intervención, los presupuestos de imparcialidad e independencia no han existido; en consecuencia, fueron vulneradas las normas constitucionales de los arts. 16. II CPE 1967 y 115 de la actual, así como el propio art. 68 del Código Tributario, que en su numeral 6) garantiza el derecho al debido proceso en la tramitación de todo procedimiento tributario, en consecuencia, toda actuación que no se enmarque en la ley y vulnere derechos fundamentales, es nula conforme señala el art. 83. II del Código Tributario, así como el art. 35. I de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Añade que la autoridad demandada, admitió la inexistencia de actuación del testigo de actuación que podía dar lugar a la nulidad de obrados, consideró que el Gobierno Municipal de Sucre, conoció todos los actuados y asumió defensa, presentando descargos fuera de plazo, los que de todas maneras fueron valorados por la Administración Tributaria, e impugnó en plazo la Resolución Sancionatoria, pidiendo además complementación de la misma, concluyendo que la notificación logró su finalidad y el contribuyente no estuvo en indefensión; de esa forma, la instancia jerárquica pretendió soslayar el cumplimiento del mandato de la ley, bajo el nefasto argumento de que el Gobierno Municipal de Sucre, tuvo conocimiento de las actuaciones y asumió defensa, sin referir que la defensa estaba fundada en la observancia y cumplimiento de la ley.
Continuando con el análisis de la resolución que impugna en el presente proceso, apunta que en los antecedentes de hecho, se relacionó que las pruebas de descargo fueron presentadas el 3 de julio de 2008 y que, el 4 de julio del mismo año, la Administración Tributaria emitió la nota GDCH-DF-PE-446/2008, en la que consideró que los descargos presentados no eran suficientes, debido a que fueron presentados fuera de término. Agrega que en el apartado v, se establece que el 30 de junio de 2008 (debió decir 30 de julio de 2008), la Administración Tributaria emitió el Informe GDH/DF/AI/OV/623/2008, en el que se hizo constar el rechazo de los descargos, concluyéndose que la Resolución Sancionatoria PE-229-08 de 4 de julio de 2008, fue pronunciada sin que se hubiera cumplido con la obligación legal de compulsar todas las pruebas presentadas, tal cual impone el art. 168. II del Código Tributario y en franca violación de lo dispuesto por el art. 68 num. 6) de la misma disposición legal, pues, el informe es de fecha posterior a la resolución sancionatoria o en su defecto, se puede concluir que ésta fue pronunciada fuera del término señalado en la disposición legal antes citada, demostrándose que la resolución impugnada es omisiva y hasta contradictoria, lo que implica que no existió una decisión expresa, positiva y precisa tal como lo prevé el art. 211. I del CTb, cuando señaló que la prueba aportada fue valorada.
Añade que con relación al cumplimiento de lo dispuesto por el art. 68 num. 1) de la Ley Nº 2492, transcribiendo el apartado XVI, señalando que la autoridad demandada, en la fundamentación técnico-jurídica, se limitó a señalar que no correspondía emitir pronunciamiento al no haberse planteado ese agravio en alzada, determinación lesiva y atentatoria de los intereses del Gobierno Municipal de Sucre, y que constituye una omisión respecto a una cuestión expresamente planteada.
Apunta que la resolución impugnada, no fue fundamentada y que por ello vulneró el derecho al debido proceso en su componente del derecho a la defensa y a la seguridad jurídica, al ingresar en contradicción incongruencia, omisión y falta de exhaustividad.
Concluye solicitando se declare probada la demanda; se revoque la resolución impugnada y se deje sin efecto la resolución sancionatoria
CONSIDERANDO II: Que la Autoridad General de Impugnación Tributaria se apersona al proceso y responde negativamente a la demanda, señalando que no obstante la claridad y fundamentación técnico-jurídica de la resolución pronunciada, resulta necesario precisar que el 4 y 5 de junio de 2008, el funcionario actuante de la Administración Tributaria, en oportunidad de notificar tanto con el Auto Inicial de Sumario Contravencional a la Alcaldesa Municipal, quien no pudo ser encontrada en ambas oportunidades, motivo por el cual se dejaron dos avisos de visita a funcionarios de la entidad municipal. Posteriormente, con la autorización debida, se notificó mediante cédula que fue recibida por el Asesor Jurídico de la Alcaldía, quien firmó en constancia, sin que se evidencie la presencia de testigo de actuación.
El 3 de julio de 2008, la representante legal del Gobierno Municipal, presentó memorial de descargo en el que reconoce haber sido notificada con dicho acto administrativo tributario, y solicitó se consideren sus pruebas, consistentes en documentación proporcionada por la Jefatura de Recursos Humanos del Municipio. Que la prueba aportada concierne a los doce autos de sumario contravencional emitidos contra el Municipio, por lo que la Administración Tributaria en respuesta emitió la nota GDCH-DF-PE-446/2008 refiriéndose al incumplimiento en el envío de información del software RC-IVA Da Vinci-Agente de Retención de los periodos enero a diciembre de 2006 y asimismo, rechazó los descargos presentados, debido a que se encuentran fuera del plazo de veinte días establecido en el art. 168 del Código Tributario, no obstante valoró la prueba aportada, cuando indica que el uso del software Da Vinci fue ampliamente difundido en varios cursos de capacitación y observa que la nota JEF. RR.HH. Nº 414/08 el sujeto pasivo reconocer la falta de envío de dicha información a la Administración Tributaria.
Añade que de igual manera se procedió con la notificación de la Resolución Sancionatoria, a cuyo efecto se dejó primer y segundo aviso de visita a una funcionaria del Municipio y posteriormente se notificó mediante cédula que fue recibida por el Asesor Jurídico sin que tampoco conste firma del testigo actuante; sin embargo, al día siguiente de la notificación, el sujeto pasivo presentó memorial pidiendo explicación y complementación, lo que demuestra que tuvo conocimiento de la resolución.
Señala que si bien es evidente que ambas actuaciones fueron notificadas mediante cédula, sin consignar la intervención del testigo, lo cual implicaría una nulidad de obrados, sin embargo, el Gobierno Municipal ciertamente tuvo conocimiento de todas y cada una de las actuaciones emitidas, como reconoció en su recurso de alzada, asumiendo su defensa, cuando presentó los descargos que conciernen a los doce autos iniciales de sumario contravencional, que aún fuera de plazo fueron valorados por la Administración Tributaria, considerándose también que éstos fueron valorados aun fuera de plazo, y también, impugnó el plazo la resolución sancionatoria, lo que permite concluir que la notificación logró su finalidad y el contribuyente no se encontró en indefensión.
Finalmente, señala que respecto a la observancia del art. 68 num. 1 de la Ley Nº 2492, que impone a la Administración Tributaria la obligación de informar y asistir al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones, como es la presentación de la información del software Da Vinci, no corresponde pronunciamiento alguno ya que dicho argumento no fue formulado en el recurso de alzada.
Concluye su argumentación solicitando se declare improbada la demanda, manteniéndose firme y subsistente la resolución impugnada al no existir agravio ni lesión de derechos de la entidad demandante.
CONSIDERANDO III: Que la presente controversia se refiere a determinar si es evidente, como afirma la entidad demandante, que fue vulnerado su derecho al debido proceso y consiguientemente, es nula; asimismo, que la resolución impugnada es omisiva y hasta contradictoria, lo que implica que no existió una decisión expresa, positiva y precisa tal como lo prevé el art. 211. I del CTb, cuando señaló que la prueba aportada fue valorada. Finalmente, que existió omisión en la resolución impugnada en el presente proceso, porque no se emitió pronunciamiento respecto al incumplimiento del precepto contenido en el art. 68 num. 1) de la Ley Nº 2492.
Es un hecho no discutido, que las diligencias de notificación por cédula, tanto con el Auto Inicial de Sumario Contravencional como la Resolución Sancionatoria, no consignan la participación ni la firma de un testigo de actuación y así se evidencia a fs. 88 y 112 de la carpeta de antecedentes administrativos, hecho que según la entidad demandante, amerita la nulidad de obrados, por tratarse de un requisito sine quanon establecido por ley, al tratarse de un actuado procesal fundamental que tiene como finalidad garantizar la efectividad del derecho a la defensa, como componente del debido proceso.
Sobre el particular, es evidente que el art. 85. III del Código Tributario boliviano, al permitir la notificación por cédula, establece las formalidades que deben cumplirse para practicarla, entre ellas, la intervención del testigo de actuación que también firmará la diligencia, tanto en el caso de fijarse la cédula en la puerta o de ser entregada a persona mayor de 18 años, como ocurrió en el caso presente en que la cédula con los actuados consistentes en el Auto Inicial de Sumario Contravencional y en su momento, la Resolución Sancionatoria fueron entregados a dos funcionarios del Municipio, específicamente, al Asesor Jurídico y en el segundo caso, al Jefe Jurídico.
Se considera también que el testigo de actuación, es una tercera persona que da fe de lo que ha visto en los casos en que el acto físico de la notificación mediante cédula, sea controvertido, cosa que no ocurrió en autos, cuando la entidad demandante reclama únicamente que en las diligencias sentadas, no existe firma de testigo de actuación, impugnación que únicamente se refiere a la forma y no a la existencia o inexistencia de la comunicación de los actuados administrativo-tributarios.
Es pertinente señalar que corresponde verificar si las notificaciones cumplieron su finalidad; es decir, si cumpliendo con el principio de publicidad que debe preceder todas las actuaciones judiciales o administrativas, pudieron ser controvertidas a través de los recursos establecidos por la ley, por quienes resulten afectados con la decisión en resguardo además del debido proceso y del derecho a impugnar que es también, expresión del derecho a la defensa material. En ese marco, la revisión de los actuados cumplidos en la Administración Tributaria que cursan de fs. 79 a 121, dan cuenta que:
La Administración Tributaria, mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional de 13 de mayo de 2008, hizo conocer al Gobierno Municipal de Sucre, que había incumplido con la presentación de la información del software RC-IVA Agentes de Retención correspondiente al mes de agosto/2006 y que por ello, la sanción por incumplimiento al deber formal reconocido por el art. 162 del Código Tributario boliviano, ascendía a la suma de 5.000 UFV (fs. 83). La notificación por cédula fue practicada el 6 de junio de 2008 (fs. 88).
Como emergencia de dicha comunicación, el mismo día 6 de junio el Director Jurídico de la entidad demandante, mediante Informe Jurídico Nº 264/08, comunicó a la máxima autoridad ejecutiva, la existencia de doce autos iniciales de sumario contravencional por los periodos enero a diciembre de la gestión 2006, y señaló también cuáles eran las acciones a seguir para asumir defensa, entre ellas que el Departamento de Habilitación de la Jefatura de Recursos Humanos, presente descargos, el cual mediante nota Jef. RR.HH Nº 414/08 de 25 junio, emitió el informe correspondiente (fs. 92). Ambos informes, fueron adjuntos al memorial de fs. 94, con el que el 3 de julio de 2008, la Alcaldesa Municipal de Sucre presentó descargos.
Finalmente se emitió la Resolución Sancionatoria-PE-229/08 de 4 de julio de 2008, sancionar con la multa especificada precedentemente. En la misma fecha, el Gerente Distrital suscribió la nota GDCH-DF-PE-446/2008 de 4 de julio de 2008 y señaló que el descargo había sido ofrecido fuera de plazo.
Emitida la resolución sancionatoria, la entidad demandante con el memorial que cursa a fs. 114, solicitó explicación y complementación y posteriormente, recurrió en alzada y finalmente en recurso jerárquico.
Se concluye entonces que la Administración Tributaria, observando el principio de publicidad, notificó al entonces denominado Gobierno Municipal de Sucre, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, a través del cual, conoció el cargo imputado asumiendo defensa, aunque presentara sus descargos de forma extemporánea y siendo la Resolución Sancionatoria –PE-235/08 contraria a sus intereses impugnó la misma a través de los recursos franqueados por el Código Tributario, resultando absolutamente evidente que su derecho a la defensa estuvo garantizado, consecuentemente, el agravio expuesto, en el que no se ha fundamentado en qué consistió la vulneración efectiva del derecho a la defensa, porque como se tiene relacionado no existió, habiéndose planteado un reclamo con base únicamente, en el cumplimiento de la forma, motivo por el cual, si bien es evidente que existe un defecto formal en la notificación, no existe motivo para determinar la nulidad de lo obrado en sede administrativa tributaria, porque no existe perjuicio cierto ni vulneración del debido proceso en su vertiente derecho a la defensa, que así lo justifique.
Continuando con el análisis de la resolución que impugna en el presente proceso, la demandante afirma que la Resolución Sancionatoria PE-229-08 de 4 de julio de 2008, fue pronunciada sin que se hubiera cumplido con la obligación legal de compulsar todas las pruebas presentadas, porque el informe es de fecha posterior a la resolución sancionatoria o en su defecto, se puede concluir que ésta fue pronunciada fuera del término señalado en la disposición legal antes citada. Además añade que la resolución impugnada es omisiva y hasta contradictoria, lo que implica que no existió una decisión expresa, positiva y precisa tal como lo prevé el art. 211. I del CTb, cuando señala que la prueba aportada fue valorada.
Sobre esta afirmación, se tiene que no fue objeto de discusión en sede administrativa, por no haber sido planteada en el recurso de alzada, consiguientemente, no corresponde a esta instancia jurisdiccional pronunciarse al respecto, a más de que lo expresado no es evidente, teniendo en cuenta que el Informe Final GDCH/DF/AI/OV/623/2008 es de 30 de junio, mientras que la Resolución Sancionatoria PE-229-08 fue dictada el 4 de julio de 2008. Se tiene también, que la nota GDCH-DF-PE-446/2008 con la que la Administración Tributaria, informó al Municipio de Sucre, que sus descargos fueron ofrecidos fuera de término es de la misma fecha que la resolución sancionatoria (4 de julio de 2008).
Se concluye también, que la decisión de la autoridad demandada, relativa a no considerar dicho argumento por no haber sido objeto del recurso de alzada, fue correcta.
Respecto al último argumento, relativo a que la resolución impugnada, no fue fundamentada y “sobre el principio de no contradicción y congruencia” y que por ello, vulneró el derecho al debido proceso en su componente del derecho a la defensa y a la seguridad jurídica, al ingresar en contradicción incongruencia, omisión y falta de exhaustividad, la entidad demandante no ha fundamentado su agravio expresando en qué consistieron dichas vulneraciones, motivo por el cual, no se puede emitir ningún pronunciamiento.
El análisis precedente permite concluir que la decisión de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en sus dos instancias, ha sido acertada y así se declara.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA demanda y en su mérito, se mantiene firme y subsistente la AGIT-RJ-0151/2019 de 30 de abril de 2009, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

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