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La Responsabilidad Penal de Los Menores en Italia
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Naturaleza Juridica de La Responsabilidad Del Adolescente Cristian Hernandez Alarcon
SILABO CRIMNALIDAD
Burguenio Cuestiones Relativas a La Imputabilidad
Villavicencio Causas de Inimputabilidad
La mediación en el derecho penal de menores Carlos Eloy Ferreirós Marcos 23.pdf
Listo Hecho Foro Derecho Penal Privativo Militar
Van Weezel Alex El Delito
Universidad Cientifica Del Peru-culpabilidad
sol penal.docx
art 80.1 cp
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES EN ITALIA ∗
La realización del presente trabajo es fruto de un estancia, durante los meses de junio y julio de 2005,
en la Universidad de Ferrara (Italia), gracias a una ayuda que me fue concedida por la Generalitat
Parece constatarse que la justicia penal de menores se encuentra hoy en una
encrucijada -de la que tal vez no le sea fácil salir- en la que necesariamente se tienen
que conciliar castigo y educación. Por un lado, desde determinados sectores se
comprende y defiende un Derecho Penal juvenil cimentado sobre la idea de la
personalidad del autor del delito más que sobre la gravedad del hecho en sí, mientras
que otras instancias reclaman que sea el dato de la entidad delictiva el que se tome en
cuenta. La comisión por parte de menores de algunos delitos graves y la resonancia que
tales acontecimientos alcanzan en los medios de comunicación, con la consiguiente
alarma social, son, sin duda, factores que hacen que la segunda opción vaya ganando
adeptos. Así se viene dejando sentir en los países occidentales 1 entre los que Italia y
España no constituyen una excepción En el primero de ellos, pese a que los datos
estadísticos no parecen justificarlo, existen dos proyectos gubernamentales (C2501 y
C2517) sobre la materia, de marzo de 2002, que proponen modificaciones de Derecho
sustantivo y procesal en el sentido de una mayor severidad. En España, la situación no
es diferente, pues tras la aprobación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (en adelante, L.O.R.P.M.),
inspirada en una decidida orientación de prevención especial educativa, se han sucedido
una serie de reformas –algunas incluso durante el año de vacatio legis establecido en la
ley- de indisimulado carácter retribucionista, aparte de que está gestándose otra de
idéntico signo.
En este contexto, no es extraño que asistamos a una crisis de la justicia de
menores, cuya superación, entre otras medidas, reclama estudios interdisciplinares 2 –
tanto de las ciencias que analizan el comportamiento como de las ciencias jurídicas- que
ayuden a descubrir las deficiencias de los actuales sistemas, al tiempo que sean capaces
de mostrar las dimensiones reales de la delincuencia juvenil, sus causas, su
fenomenología y la mejor manera de tratarla.
Sobre la actual crisis de la justicia de menores vid: BASSIOUNI, M.C., Presentazione, en Processo
penale minorile:aggiornare il sistema, a cura di Luisella de CATALDO NEUBURGER, Cedam, Padova,
2004, págs.VII-X. El autor, entre otros aspectos, recuerda que las Juvenile court en USA no están
juzgando ahora desde la perspectiva de la rehabilitación y el mínimo de consecuencias negativas para los
menores; así como la nueva ley francesa sobre seguridad, de 3 de agosto de 2002, en cuyo título referido
a la reforma del Derecho Penal de menores, introduce un particular régimen de rigor, consagrando la
imputabilidad de menores entre 10 y 13 años que cometan un delito grave, aparte de otras previsiones que
agravan la situación jurídica y existencial del joven delincuente. SCIVOLETTO, C. (Sistema penale e
minori, Carocci, Roma, 2001, págs. 32 y ss.) insiste en la existencia en la política criminal de dos
tendencias, que demonima expansionista y minimalista.
Censura el aislamiento del derecho y su indiferencia y recelo hacia otros saberes DE CATALDO
NEUBURGER, L., L´evoluzione della criminalità minorile: aggiornare le conoscence per aggiornare il
sistema, en Processo penale minorile: aggiornare il sistema, cit., pág. 230. Advierte, con razón, que el
proceso de globalización ha afectado también el dominio del saber, de modo que ninguna disciplina
puede trabajar en una condición de espléndido aislamiento si no quiere correr el riesgo de equivocar el
blanco. Reclama también la interdisciplinariedad en los problemas de la justicia penal de menores:
CRISCENTI, A., Processi educativi, socializzazione, devianza: la formazione dei minori, en La giustizia
penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo, a cura de Angelo PENNISI, Giuffrè, Milano,
2004, pág. 1 y ss.
El caso es que la creciente alarma social, que desemboca en una petición de
reformas endurecedoras, no parece guardar correspondencia con los datos estadísticos.
Por lo menos en Italia la situación, en términos generales, es más favorable que en otros
países europeos 3, y, por lo que respecta a delitos graves, como el homicidio, las cifras
se mantienen sin estridencias. Existen trabajos, abarcando más o menos la última década
de siglo, que, si bien admiten un aumento –a excepción del año 2000- de la tasa de
menores denunciados respecto a los que se ha procedido judicialmente, la mayoría lo
han sido por delitos patrimoniales y muy pocos por delitos violentos 4.
En el ordenamiento español la norma que se ocupa de las acciones delictivas de
los menores es la L.O.R.P.M., que contiene la materia de orden sustantivo y procesal a
aplicar en los casos en que un menor, que haya cumplido los catorce, pero no los
dieciocho, lleve a cabo un hecho tipificado como delito o falta en el Código Penal o en
las leyes penales especiales. El desarrollo reglamentario de esta ley se llevó a cabo
mediante el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, en el que se regulan las siguientes
materias: la actuación del equipo técnico y de la policía judicial, las reglas para la
ejecución de las medidas cautelares y definitivas, así como el régimen disciplinario de
Respecto a Italia –que dispone de un orden normativo fundamentado, sobre todo,
en la idea de la resocialización del menor 5- la principal nota a destacar es que para
exigirles dicha responsabilidad cuenta con un procedimiento específico, que trae
consigo importantes implicaciones en el orden sustantivo. Se trata del D.P.R. de 22 de
septiembre de 1988, n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni), que se completa con unas normas de coordinación y transitorias, contenidas
en el D.L. de 28 de julio de 1989, n. 272. Ambas normas entraron en vigor, junto al
Codice di procedura penale (D.P.R. de 22 de septiembre de 1988, n. 447), el 24 de
octubre de 1989, cuya supletoriedad respecto a lo no previsto en el decreto n. 448 queda
Según datos de un instituto italiano –CENSIS- en este país los menores denunciados representaron en
2001 el 2.6% del total de las denuncias presentadas, frente al 23.9% del Reino Unido, el 21% de Francia,
el 12.9% de Alemania y el 5.4% de España. En la línea de no considerar –en base a un atento análisis de
la realidad y a los propios datos estadísticos- particularmente inquietante el problema de la delincuencia
de menores: MORO, A.C., Manuale di diritto minorile, 3ª ed., Zanichelli, Bologna, 2002, pág. 439 y ss.
Denuncias por la falta de coordinación y las contradicciones del sistema italiano pueden verse en:
PALERMO FABRIS, E., L’ascolto del minore e la giustizia penale, en L’Indice Penale, 2000, nº 3, págs.
1235 y ss. y SCIVOLETTO, C., Sistema penale e minori, cit., págs. 34 y ss.
Vid.: MERZAGORA BETSOS, I./CIPOLLA, S., Fenomenologia dell´omicidio minorile e risposte
istituzionali, en Processo penale minorile: aggiornare il sistema, cit., págs. 87 y ss. Estas autoras,
criminólogas en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Milán, tras presentar las cifras y
porcentajes, ponen de relieve un dato revelador: el sur y las islas acaparan casi el 80% de los homicidios
por parte de menores en este país, destacando, por este orden, las regiones de Campania, Sicilia, Puglia y
Calabria. Sin perder de vista la influencia de la criminalidad organizada en dichas zonas, su conclusión es
más que razonable: en estas situaciones el menor es víctima de la degradación social, económica y
cultural; víctima por el hecho de que el adulto, integrado en una organización criminal, lo utilice para sus
propios fines. Concretamente, el número de homicidios cometidos por menores en Italia durante la década
1992 y 2001 son los siguientes: 1992, 26; 1993, 27; 1994, 20; 1995, 32, 1996, 25; 1997, 15; 1998, 22;
1999, 26; 2000, 13; 2001, 27
Es de hacer notar que el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución italiana establece con carácter
general que la pena no puede consistir en tratamientos contrarios al sentido de humanidad y que debe
tender a la reeducación del condenado. Asimismo, el segundo párrafo del artículo 31 impone a la
República la protección de la maternidad, la infancia y la juventud, favoreciendo las instituciones
necesarias para tal fin. Cfr.: LARIZZA, S., I principi costituzionali della giustizia penale minorile, en La
giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo, cit. págs. 85 y ss.
establecida en el artículo 1 de este último texto. sustanciándose tal responsabilidad a través del proceso específico regulado en el D. en la medida en que son muchos y de gran importancia los pronunciamientos que desde tales instancias se han efectuado y que han resultado ser de indiscutible ayuda para ir depurando una materia especialmente sensible./448./447).P.P. como D. Al margen de la anterior normativa.R.R. concebida como sanción penal y con cierto carácter aflictivo. aunque vayan dirigidas especialmente a la adaptación del sujeto a la vida social. dada la estrechísima conexión entre ambos aspectos.L. D. Desde luego. las referencias al segundo serán constantes. no desatendiéndose la idea de que se trata de un sujeto a recuperar más que a castigar. sean sometidos a penas o a medidas de seguridad. pero. el Código Penal italiano (en adelante. pero no los dieciocho. mental e intelectual (artículo 4 de las Reglas de Beijing).P. caso de ser socialmente peligrosos.P. 4 . el italiano. habiendo cumplido los catorce. se podría empezar diciendo que ambas legislaciones parten de la inimputabilidad de los menores de catorce años. lo que explica las diferentes opciones legislativas que encontramos en el Derecho comparado.R. que contiene reacciones muy distantes de las que sufren los adultos. La consideración de las normas se complementará con el seguimiento de las resoluciones que sobre las mismas han vertido tanto la Corte constitucional como la de casación.R. en España. pero mientras que el orden punitivo español se desentiende de estos sujetos. A modo de esquema general. en el D./448 están presente constantemente las exigencias educativas del menor. de modo que el principal objetivo sería devolverlo a la sociedad en condiciones de madurez y responsabilidad./448. en tanto en cuanto no hay razones científicas que avalen tal elección. La criticable rigidez de la fórmula española viene compensada por la seguridad jurídica que supone frente a otros criterios ya ensayados históricamente. CPI) contiene particulares previsiones al respecto y admite la posibilidad de que los menores de dieciocho años respondan criminalmente y. respectivamente. el enfoque que pretendo darle a este trabajo es más bien de carácter sustantivo que procedimental. La dificultad que hay a la hora de establecer dicho límite queda reflejada también en los textos internacionales sobre la materia. Siendo como soy penalista./272 y D. que se convierten así en la finalidad preponderante. que tan sólo se atreven a sugerir que el comienzo de la mayoría de edad penal no deberá fijarse en una edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que acompañan a la madurez emocional. Como antes se ha dicho. (A partir de ahora se les citará. les aplica alguna medida de seguridad. mientras que los menores de dieciocho años nunca serán responsables con arreglo al Código Penal (en adelante CPE). Fijar en los catorce el límite de la imputabilidad es una decisión políticocriminal discutible. por tanto. aplicándoles normas de protección previstas en el Código Civil y otras disposiciones. se les declare también inimputables. se admite la posible responsabilidad penal de los mayores de catorce conforme a la LORPM. Esta misma previsión se extiende a los que. de orden procesal.
que no cabe considerar medidas de seguridad -pues el presupuesto de las mismas no es la peligrosidad del infractor. D.ni penas. etc. 4) de la policía judicial (art. De ahí. 5). pueden recaer sobre el menor delincuente en Italia son las mismas. inhabilitación absoluta. VI.P. de no estigmatización y del carácter de ultima ratio de la privación de libertad. tratamiento ambulatorio. P. dada la constante evolución existente en el desarrollo de su personalidad. La más grave de ellas –el internamiento en régimen cerrado. V. pues. responden a la idea de desjudicializar al máximo el derecho penal juvenil.P. familia o grupo educativo. para lo que se requiere una preparación ad hoc. Y esa es la idea que inspira multitud de previsiones a lo largo del articulado. o del derecho a obtenerlo./448. Roma. 2004. sin embargo. sino de los fiscales (art. 2005. Adelantemos que las consecuencias jurídicas que. vid. de 29 de noviembre de 1985. al sentar los principios generales del proceso de menores. como iremos comprobando. 2). Presidenta del Tribunal de menores de Milán. internamiento terapéutico. prestaciones en beneficio de la comunidad. Raccolta normativa e giurisprudenziale. Tal propósito queda meridianamente proclamado en el pórtico del D. inspiradas en las directrices y normas internacionales existentes en relación con el tema 6.. evitando siempre no afectar negativamente el proceso evolutivo en esa etapa tan decisiva para su plena integración social 7. con ciertas salvedades.También las dos legislaciones. Giuffrè/Milano. Il giudice e i diritti dei minori. 19). págs. permanencia de fin de semana. la necesidad de ofrecerles una respuesta penal distinta con un marcado carácter educativo.R. Esta especialidad del sistema de menores que en ambos países existe. así como la continuidad del proyecto rehabilitador incluso después de la eventual sanción que se le haya aplicado al menor. Il minore autore di reato.. convivencia con otra persona. tiene diferentes características y alcance.: POCAR. Las normas internacionales hacen hincapié. privación de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas. así como la especialización de los diferentes órganos (art. asistencia psicológica en todas las fases del procedimiento (art. ya que lejos de regirse por un estricto criterio de proporcionalidad en relación al delito cometido. libertad vigilada. las Reglas Mínimas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing). semiabierto y abierto. persiguen una función educadora o correctora de las actitudes del menor en orden a su integración social. amonestación. se parte del convencimiento de que la responsabilidad de los menores. 22 y ss. en los principios de mínima lesividad. no puede regularse en los mismos términos que la de los adultos./RONFANI. En la L. en principio. Codice della giustizia penale minorile.. El art. 10). 5 . como la inadmisibilidad de la acción civil (art. Sobre los derechos de los niños en las declaraciones internacionales. en la presentación del libro de VIGONI. 7 contiene un amplio catálogo de medidas: Internamiento en régimen cerrado. que las que se imponen a un adulto. que vienen a ser una especie de medidas sui generis. Es decir. 7 El valor fuertemente educativo del proceso. 12). se prevén unas respuestas específicas.O. aparte de en las exigencias educativas del menor. establece que tales disposiciones deben ser aplicadas de modo adecuado a la personalidad y a las exigencias educativas del menor. mediante mecanismos dirigidos a sacar al menor lo antes posible del ámbito sancionador y ocuparse de que reciba la atención necesaria para su integración total en la sociedad. Laterza.M. exigencia de que las medidas cautelares no interrumpan el proceso educativo del menor (art. es destacado por Livia Pomodoro.se cumple en centros específicos para menores 6 Entre otras. cuyo artículo 1. p.R. no sólo en los propios tribunales –donde se integran especialistas de las ciencias del comportamiento-. privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor.
según se trate de la primera o segunda franja de edad). 6 . que servirán para poner de relieve los aspectos en los que ambas legislaciones guardan cierto paralelismo y aquellos otros en los que difieren sustancialmente. concretamente su título IV. el perdón judicial o la extinción del delito por resultado positivo de la puesta a prueba. La normativa italiana. Tal cometido se lleva a cabo en dos apartados diferenciados dedicados.. en algunos casos. En relación con los mayores de dieciséis años. -que. como biólogos. presentan. por cierto. Otra particularidad de la ley española. por ejemplo. Entre dichas opciones –que analizaremos en dos bloques diferenciados. así como para evidenciar las diversas consecuencias que su aplicación práctica genera.cabría citar las siguientes: la sentencia de no dar lugar a proceder por irrelevancia del hecho. el tope máximo –reservado para la comisión de ilícitos con pena de prisión igual o superior a quince años. entremos acto seguido en el análisis de las principales instituciones italianas en la materia. a su vez. o a los mayores dieciséis que no hayan llegado a los dieciocho. lo que explica. Otra característica propia de este ordenamiento y digna de ser destacada es la relativa a la composición de los tribunales de menores -de los que forman parte profesionales ajenos al sector judicial. acoge varias posibilidades para renunciar a la aplicación de una sanción penal que. siendo así que se está sustanciando una responsabilidad netamente criminal. que en vez de proceso e imputado se hable de expediente e infractor. referido al reo y a la persona ofendida por el delito.R. En el primer caso. La imputabilidad El libro I del CPI está dedicado a los delitos en general. incrementándose hasta los cinco para los responsables de más de un delito. II.P. fundamentadas en la idea de recuperación del menor. un ámbito de aplicación mucho más amplio que el de las correlativas instituciones españolas. se fijan los límites máximos en los ocho y los diez años.LA RESPONSABILIDAD DE LOS MENORES EN EL CPI 1. en base al cual añadiré anotaciones de Derecho español.infractores y el límite máximo de su duración varía en función de que se imponga a mayores de catorce y menores de dieciséis. consagra el capítulo I a la imputabilidad (artículos 85-98). según reza la rúbrica del mismo.es el hecho de que el lenguaje utilizado evite el uso de palabras con connotaciones represivas. La medida de internamiento puede verse complementada con otra medida de libertad vigilada (hasta un máximo de tres o cinco años. mientras que a los terroristas siempre se les suma la inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre cuatro y quince años al de la duración de la medida de internamiento en régimen cerrado impuesta. Pues bien. respectivamente. psicólogos o pedagogos./448. alguno de los cuales sea de terrorismo sancionado con prisión igual o superior a quince años. para algunos constituye una gravísima hipocresía. por ejemplofacilitando así una aproximación a la personalidad del menor delincuente y la consiguiente elección de la respuesta punitiva que mejor se le adecue. Sentadas las anteriores directrices generales. respectivamente. de forma paralela a la anterior. al texto punitivo italiano y a la normativa que regula el proceso penal de menores.se sitúa en los cuatro años. las contenidas en el CPI y las previstas en D.
A. 7 . 1º. incluso. 501) califica de usual esta interpretación. tras sentar que nadie puede ser castigado por un hecho previsto en la ley como delito si en el momento en que lo ha llevado a cabo no era imputable. Si la amenaza de una sanción cumple una función general-preventiva. BERTOLINO. 20. pero las eximentes que se consideran supuestos de inimputabilidad (art. 11 Naturalmente la cuestión presenta especiales singularidades en relación a determinados delitos. 2003. Esta falta de concreción se deja notar en la praxis. La capacidad de entender se suele identificar con la aptitud para orientarse en el mundo externo conforme a una percepción no distorsionada de la realidad.. 2005. págs. De este modo. establece que es imputable quien tiene la capacidad de entender y de querer. Pese a que la categoría de la imputabilidad encuentra diversas justificaciones e. respectivamente. cit.. Bologna. 10 FIANDACA. es decir. al tiempo que sostiene que la definición de imputabilidad se comprende mejor si se consideran las causas que. p. al afirmar en el artículo 87 que la disposición de la primera parte del artículo 85 no se aplica a quien se ha puesto en estado de incapacidad de entender o de querer al objeto de cometer el delito. 4ª ed. G. vid. p.. al tiempo que. 8ª ed. Para PAGLIARO. En tanto que la capacidad de querer se asimila a la aptitud de escoger de forma consciente entre motivos antagonistas 10. El CP español no contiene un concepto de imputabilidad. siendo en general muy diferente el porcentaje de absolución por inmadurez en el norte y en el sur de Italia: en el bienio 1969-1970. p. 296-297. como los continuados.. Parte generale. Zanichelli editore. pues al tratarse de una fórmula tan genérica su concreción presenta dificultades. 190 y ss. 8 Por todos. RUSSO. Giuffrè. en Codice penale a cura di TULLIO PADOVANI. según el Código Penal. se sigue sosteniendo que su fundamento hay que encontrarlo en el terreno de las funciones de la pena. cit. Milano. o de prepararse una excusa. Parte Generale. el concepto tradicional de la misma atraviesa una gran crisis. (Principi di Diritto Penale. L. entendiéndose que en ello radica precisamente la esencia de esta categoría jurídica. 1981. M.Así. Parte generale. etc.: FIANDACA.. Diritto penale./MUSCO. el articulo 85.la imposibilidad de que el sujeto pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a dicha comprensión.) la capacidad de entender y de querer hay que referirla a un sujeto psíquicamente maduro y mentalmente sano. constituirá un presupuesto necesario que sus destinatarios estén en condiciones psicológicas de poder ser motivados por dicha amenaza. 2004. La crisi del concepto de imputalilità en Revista italiana de Diritto e procedura penale. G. de ahí que no falten voces reclamando unos nuevos presupuestos para el concepto de imputabilidad 8. no obstante el texto punitivo contiene una previsión en torno a la actio liber in causa. p. 502. ofrece un concepto de imputabilidad que no está exento de problemas interpretativos. p. 297. 2º y 3º) exigen –de forma expresa las dos primeras. Diritto penale. será exigible que éste sea psicológicamente capaz de asimilar el significado del tratamiento punitivo./MUSCO. L. en relación a la función preventivo-especial mediante la que se tiende a la reeducación del condenado. 638 y ss. Sobre el particular. La estimación de la capacidad de entender y de querer va referida al momento de realización del delito 11. Giuffrè/Milano. como la capacidad de comprender el significado del propio comportamiento y de evaluar posibles repercusiones positivas o negativas sobre terceros 9. o capacidad de autodeterminación del sujeto. E. (en Codice penale a cura di TULLIO PADOVANI. 32% y 8%. la excluyen o disminuyen. 9 Cfr. permanentes.: RUSSO. E. 3ª ed.
párrafo segundo). intoxicación crónica por alcohol o estupefacientes (art. 97) 13. De Nardo). sordomudez que no excluya la capacidad de entender o de querer (art. La concurrencia de cualquiera de ellas descarta la imposición de penas. dedicadas a regular las anomalías o alteraciones psíquicas y el trastorno mental transitorio no provocado por el sujeto (1º). Se acoge específicamente el supuesto –calificado por algunos de superfluo. primer párrafo) y ser menor de 14 años (art. por ejemplo. Entre las concretas causas de ausencia de imputabilidad están incluidas las siguientes: demencia (de “vicio total de mente” habla el enunciado del art. 93). pen. I. 9 de abril de 2003). el párrafo primero del artículo 92 señala que la embriaguez voluntaria o culposa no excluye ni disminuye la imputabilidad. 92. F. resolviéndose en el sentido de considerar responsable al que ha ocasionado el estado de incapacidad (art. párrafo primero). 91. 13 El concepto de enfermedad mental se interpreta en un sentido amplio.de que alguien determine en otro la incapacidad de entender o de querer a fin de que cometa un delito. en el artículo 94 se establece que tanto en los casos de embriaguez habitual –cuya definición nos la ofrece el segundo párrafo. 90). 93). 3ª ed. MANTOVANI. referida al que. 91. 96. Cedam/Padova. 1992. Tal sería el caso de sujetos que desde la infancia han vivido segregados de la sociedad y en una situación de aislamiento socio-cultural extrema 12. sez. disponiéndose para estos casos de semiimputabilidad.como en los de adición a drogas. incluyéndose. ya que la capacidad de querer y de entender podría quedar excluida por factores diversos a los legalmente determinados. 98).El resto de los artículos del capítulo se ocupan de regular ciertos supuestos que inciden en la imputabilidad. embriaguez plena derivada de caso fortuito o de fuerza mayor (art. pero no de medidas de seguridad. También nuestro texto legal prevé supuestos de exención incompleta. embriaguez accidental no plena (art. que dan lugar a una responsabilidad atenuada: demencia parcial (“vicio parcial de mente” es la expresión que emplea el art. Así. Junto a estos supuestos de exención de responsabilidad se regulan casos de imputabilidad disminuida. 20.. se determina expresamente que los estados emotivos o pasionales no excluyen ni disminuyen la imputabilidad (art. mientras que en su párrafo segundo se advierte que si la embriaguez es preordenada la pena es mayor. 8 . Parte generale. 669 y 670. sordomudez (art. la intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas o estupefacientes (2º). 95). de modo que no se exige necesariamente que la dolencia que sufre el sujeto esté encuadrada en la clasificación científica de las enfermedades mentales. por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia. primer párrafo). (ud. intoxicación accidental de estupefacientes (art. si bien se acepta la idea de que las causas de exclusión allí contenidas no tienen carácter taxativo. tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. comisión del hecho bajo la acción de sustancias estupefacientes (art. 89).. Diritto Penale. 24 de abril de 2003. casos de neurosis o psicopatías (Cass. págs. 96. y las alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia (3º). En el CPE –donde no existe capítulo alguno referido a la imputabilidadunánimemente se considera que tienen naturaleza de causas de inimputabilidad (dejando al margen la minoría de edad. embriaguez voluntaria o culposa (art. Asimismo. A su vez. 86). 88). ser menor de 18 años (art. En el CPE se considerarían comprendidos estos casos en la eximente del nº 3 del artículo 20. la pena será aumentada. que requiere sus matizaciones) las tres primeras eximentes del art.. aparte de la rebaja de la pena en uno o dos grados a la 12 Por todos. El capítulo dedicado a la imputabilidad se completa con otras previsiones sobre la embriaguez. segundo párrafo).
párrafo segundo CPI y 172.de los que ya han cumplido dicha edad pero no los dieciocho./447). 14 de octubre de 1987) 14. admite la posibilidad de que a los mayores de dieciocho y menores de veintiuno también se les puedan aplicar las disposiciones de la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores. según se señala en la disposición transitoria única de la Ley Orgánica 9/2002. sez. en tanto que a los comprendidos entre catorce y dieciocho les refiere una presunción relativa de imputabilidad. El tiempo de internamiento nunca podrá exceder de la duración de la pena prevista por el Código para el delito (art. 14. 7 de enero de 1999). En efecto. sez. 2244 (ud. 158 (ud. 68). sobre Sustracción de Menores. los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código. Ahora bien. n. de modo que se está a la hora 24 del día en que se cumplen los 18 años. ya que existe una moratoria que la hace inviable hasta 1 de enero de 2007. por ejemplo. la posibilidad de imponer medidas de seguridad.. cuyo primer párrafo sienta la imputabilidad –aunque se les disminuya la pena. se mantuvo en España en los códigos penales del siglo XIX y con el que acabó el CP de 1928. el cómputo -al contrario de lo que ocurre respecto a la mayoría de edad civil en que se incluye completo el 9 .R.O. respecto de los que se acepta su total inimputabilidad. pen. I. pen. de 10 de diciembre. según el primer párrafo del artículo 19 del CPE.al hecho de que quede acreditada su capacidad de entender y de querer.presenta innumerables problemas en su aplicación práctica. según numerosas sentencias. La regulación legal española sobre el particular sólo coincide con la italiana en excluir a los menores de catorce años de cualquier responsabilidad penal.40 del día en que cumple 18 años (Cass. donde se establece la inimputabilidad de quien en el momento de cometer el hecho. en coordinación con el artículo 69.P. tras haber sido objeto dicho criterio de severas críticas. En el Derecho italiano. Sin embargo. en el capítulo dedicado a regular la imputabilidad el CPI contiene dos preceptos referidos a menores: el artículo 97. parte de una presunción absoluta de incapacidad respecto de los menores de catorce. el sujeto que comete un delito en torno a las 23. O sea. de modificación del Código Penal. sin necesidad de específicas indagaciones técnicas a través de peritajes (Cass. La presunción relativa de imputabilidad respecto a los mayores de catorce y menores de dieciocho – establecida en el CPI.señalada por la ley (art. no haya cumplido los catorce años. 11 de febrero de 1999. n. pues la responsabilidad de quienes se encuentran en esa franja de edad está subordinada –como hemos visto.P.R. en los casos y con los requisitos que ésta disponga (tales condiciones están previstas en el artículo 4 de la L. el segundo párrafo del citado precepto. En Derecho español. siempre que tengan capacidad de entender y de querer. extremo que. 14 Un sistema similar.M.. 2.O. 104). y el artículo 98.4 D. considerándose menor. se puede deducir de la observación directa del comportamiento del imputado. I. esa posibilidad hoy no es real. y del Código Civil. si bien las que implican internamiento sólo son aplicables cuando la pena impuesta sea privativa de libertad. A partir de dicha edad y hasta que no cumplan los dieciocho años únicamente se ocupa de ellos la L. pero haciendo referencia al “discernimiento” del menor.R.M.).P. 23 de febrero de 1988. para computar si se ha alcanzado la plena imputabilidad penal no se toma en cuenta el día en que empieza a transcurrir el plazo (art. Expresa referencia a la minoría de edad A) Menores no imputables y menores imputables Como acabamos de ver.
devianza. y tratándose de una pena más grave. págs. pen. según algunos. que si se pretende para cualquier condenado. la hora en que se ha llevado a cabo el delito y aquella en que se produjo el nacimiento 15 La jurisprudencia. 2 febrero 1990. G. creando una clave de lectura de los hechos que se presta a utilizaciones muy amplias. IV. 19 de octubre de 1988 (ud. llevasen a cabo transgresiones más graves 16. I. Cfr. sus condiciones socio-ambientales y familiares. abusar de la fórmula de la absolución en base al artículo 98. Admitida en el párrafo primero del artículo 98. Leoncini 15. C. 22 CPI) no puede aplicarse al menor imputable conforme a la sentencia de la Corte Constitucional n. de hecho. Cass. de grados y dignidades académicas. 16 Críticamente. Vignali.. en La giustizia penale minorile: formazione. 11 de enero de 1988). diritto e processo. 23 y ss. La imposibilidad de dar al concepto de madurez una definición científica suficientemente rigurosa ha permitido.de madurez. cit. la capacidad de entender ciertos valores éticos. pen. 6 octubre 1986). sez. sez. el grado de instrucción y educación así como la naturaleza del delito cometido. la aptitud para distinguir el bien del mal. de elegir o ser elegido en cualquier comicio electoral. Se declara en esta resolución que la posibilidad de imponer esta pena al menor contrasta con la exigencia de recuperación. En sede casacional se anulan sentencias a veces. 28 del CPI. que da lugar a que la interpretación jurisprudencial sea oscilante y poco uniforme. se llega a afirmar que la imputabilidad de un mismo sujeto puede ser descartada para algunos delitos y sostenida para otros. 9 enero de 1990) Sacchi. Tradicionalmente el contenido de la capacidad de entender y de querer en el menor se viene identificando con el concepto de madurez. la fortaleza del carácter. Como concreción de esta línea argumental –y aplicando un criterio más estricto. según el art. Es más.que puedan llevar aparejadas las principales impuestas en la condena. Si estas últimas son una privativa de libertad inferior a cinco años o una pecuniaria.se efectúa de momento a momento. 107 y ss. 18 Esta pena. según prescribe el art. como el desarrollo intelectual. que de inmediato resultan rechazables. por tanto. al respecto: PANEBIANCO. 16 de abril 1987. pág. se prevé como accesoria la prohibición de los cargos públicos 18. desde luego resulta imprescindible para un sujeto en evolución. en consideración al mayor o menor grado de percepción del desvalor ético-social del delito (Cass. pen. Il minore reo.. el segundo párrafo de este precepto establece para estos sujetos 17 un trato favorable en orden a las penas accesorias –normalmente con idéntica duración que las principales. Sistema penale e minori. I. de condecoraciones y otras 10 . lo que podría incitar a que los jóvenes. Marcioni.La jurisprudencia insiste en la idea de que para la determinación de la capacidad de entender y de querer se deben tener en cuenta una multiplicidad de factores en relación a aspectos psicológicos y físicos de la evolución del menor. En el primer caso priva entre otros derechos.. en casos en que el juzgador de instancia considera imputable al menor en base a consideraciones abstractas en vez de tomar como referencia al propio sujeto (Cass. sez. 21 de marzo de 1989). 168 de 28 de abril de 1994. sez. ya que los primeros van contra las normas más elementales de conducta moral. deducible de factores tan etéreos. tomando en consideración. no traerán consigo accesoria alguna. 1510 (ud. 4808 (ud. puede ser perpetua o temporal. la responsabilidad con pena atenuada de los mayores de catorce y menores de dieciocho con capacidad de entender y de querer. 19 de mayo 1989 (ud. con una duración no superior a cinco día del nacimiento. 17 La pena de “ergastolo” (teóricamente una prisión perpetua.los tribunales sostienen que en el caso de delitos contra la persona y la propiedad es suficiente un grado de madurez menos destacado que el que se demanda respecto a otras conductas penalmente. n. de todo cargo público.: SCIVOLETTO. por defecto de motivación. I. de cualquier cargo referente a la tutela. lo lícito de lo ilícito o poder determinarse en la elección de lo uno o de lo otro (Cass. aprovechándose de la debilidad del Estado. ha sustituido y sobrepuesto el concepto –jurídico.. cit. n.de capacidad al – psicológico. pen.
al contrario que las medidas de policía. también cabe destacar que la noción de peligrosidad social en estos casos tiene un alcance mucho más estricto que el que se plasma en el artículo 203 CPI 22. que lleven a cabo hechos típicos. 19 Entre las medidas de seguridad personales que implican detención o encierro está precisamente el internamiento de menores en un reformatorio judicial contenida en el artículo 223. 228 y ss. I. títulos.R. No obstante. Pertenecen.P. durante el plazo de la prohibición./448 restringe la custodia cautelar en el caso de delitos no culposos para los que la ley establezca la pena de “ergastolo” o reclusión con un máximo no inferior a nueve años. tienen carácter administrativo 19.P. en el título VIII (arts. cuya duración se enmarca entre uno y cinco años. las cuales. 224 CPI prevé que el juez.años.) Por otro lado. no presuponen la comisión de un ilícito penal ni son aplicadas a través de un proceso penal. 3 L. aunque no sea imputable y merecedora de pena. cuando compruebe que el imputado es menor de catorce años. que anteriormente hemos enumerado. cuando es 11 . Por lo que respecta a las medidas de policía cabría citar la vigilancia especial o la prohibición de estancia. bajo el nombre de medidas administrativas de seguridad. a los menores de catorce años. la suspensión del ejercicio de la patria potestad. B) Medidas de seguridad aplicables Con carácter previo convendría aclarar que en el Derecho italiano las medidas de seguridad son sanciones penales que persiguen un fin de prevención general a través de la adaptación del sujeto a la vida social. respecto a la primera de ellas. 95-108). 23 D. CPI) y. 236 y ss. 224 CPI. pues se obtiene del apartado segundo del artículo 37 D. a que de inmediato pronuncie sentencia de no dar lugar a proceder por tratarse de persona no imputable.2 DPR/448 señala que sólo se aplicará en relación a los delitos previstos en el número 1 del art. /448 obliga al juez. hay otras de carácter patrimonial. de ahí que se apliquen a través de un proceso penal. en definitiva.de su libro I a regular las medidas de seguridad (arts. en España. En el caso de que sea temporal priva al condenado de la capacidad de acceder.R. aun teniendo carácter aflictivo. Estas últimas. aspiran no tanto a castigar al reo. finalmente. Existe alguna que no supone encierro. Vienen reguladas. es socialmente peligrosa la persona. cumpliéndose únicamente en la modalidad de internamiento en comunidad 21. así como de la capacidad de adquirirlos. Como hemos dicho. grados. diferenciándose de las penas porque.M. como la caución de buena conducta (arts. distinguiéndose también entre menores imputables y menores no imputables. 15 de noviembre de 1990). sez. A su vez. mientras que el primer párrafo del art./448. 36. Giannatempo). de ejercer o de disfrutar dichos derechos. pues. 22 Conforme al mismo. También el CPE dedica un título –el IV. en el que se insignias honoríficas. a los efectos de la ley penal.O.R. se les aplican medidas de carácter asistencial.P. según lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes (art. aunque si son socialmente peligrosos y conforme al art. En relación con el tema que nos ocupa nos encontramos con diversas opciones. CPI). como la libertad vigilada (arts.P. aparte de su finalidad preventiva. 21 El primer párrafo del art. ordene una de estas dos medidas. etc. Esta restricción obedece al objetivo de adecuar la medida de seguridad a las particulares exigencias psicológicas del menor y a la específica finalidad reeducativa (Cas. sino más bien a enmendarlo.. al Derecho Penal. que haya cometido un hecho previsto por la ley como delito. el juez puede aplicar la medida de seguridad de reformatorio judicial o de libertad vigilada. 199-237) del libro I CPI. y en los casos establecidos por la ley. teniendo especialmente en cuenta la gravedad del hecho y las condiciones morales de la familia del menor. 16 de enero de 1991 (ud. el art. etc. 20 El artículo 26 D. a los menores de catorce años no se les exige responsabilidad penal 20. 23. Pen.R.
de la gravedad del daño o del peligro. lugar.C.P. en todo o en parte. conforme al artículo 98. R. 225 CPI reconoce al juez la posibilidad de ordenar que. cabe imponerles una pena y una medida de seguridad. 200 y ss. establece unos criterios a tener en cuenta en orden a la gravedad del delito (deducida de la naturaleza. MORO.. pero no dieciocho. 2002. deduciéndose tal cualidad de las circunstancias indicadas en el art. Respecto a los menores imputables. págs. A. 3ª ed.: RICCIOTTI. Pues bien. afectando al CPI. Muy crítico. etc. 223 CPI./ 448 modificó el tradicional sistema de las medidas de seguridad. A. o bien que se trate de graves delitos de criminalidad organizada 23.exige que subsista el concreto peligro de que los menores cometan delitos con uso de armas o de otros medios de violencia personal o dirigidos contra la seguridad colectiva o el orden constitucional. Vemos así que a unos mismos sujetos. el principio de proporcionalidad. el primer párrafo del art. esta acumulación de consecuencias jurídicas es observada críticamente por la doctrina italiana. que previamente se la haya aplicado por falta de imputabilidad. 25 PAGLIARO. 133. y en orden a la capacidad de delinquir del culpable (deducida de los motivos para delinquir. en relación a menores una acepción diferenciada de peligrosidad social. salvo que el juez decida ordenar la asignación a una colonia agrícola o a una casa de trabajo. como es el caso de los condenados a pena disminuida por minoría de edad.R.de haber incorporado. que postula la aplicación de una sanción penal unitaria. referido al poder discrecional del juez en la aplicación de la pena. Según el último párrafo del art. reduce considerablemente los plazos previstos en el artículo 303 D. 2ª ed.. Existe. Zanichelli. después de la ejecución de la pena. estos sujetos sean ingresados en un reformatorio judicial 24 o puestos en libertad vigilada. aparte de que reserva la medida de custodia cautelar para graves hipótesis delictivas.R. Padova. si se hubiese reconocido como no imputable. de la acción. hasta el punto de que algún autor dedica un espacio en su obra para -confrontando ambos textosrelacionar las normas sustituidas y las que entiende que siguen en vigor. Este precepto.. antecedentes penales y judiciales del reo.P. en materia de medidas de seguridad.. Principi di Diritto Penale. 24 La amplitud de la reforma introducida por el D. así como sus condiciones de vida individual. 23 del D. en la medida en que sólo el peligro de comisión de hechos de cierta gravedad puede justificar el sacrificio de la libertad personal. en caso de tener que aplicarla después de que el cumpla los dieciocho años. pues. a la que se le atribuye el mérito –al margen de las objeciones de que es objeto. cit. familiar y social). establece que esta medida no podrá tener una duración inferior a un año y. 225 sienta la obligatoriedad de aplicar una de las citadas medidas al menor que sea condenado por delito durante la ejecución de una medida de seguridad. probable que cometa otros. 23 El art. El segundo párrafo del art. tiempo. págs.R. al regular específicamente el encierro de los menores en un reformatorio judicial. 224 CPI. en el momento en que ha cometido el hecho previsto por la ley como delito. tuviese ya catorce años./448. La giusticia penale minorile. Manuale di diritto minorile. Bologna. 714 y ss. 2001. 324 (gravedad del hecho y condiciones morales de la familia con la que el menor ha vivido). Cedam. Cfr.P. es decir. especie. con un mínimo prefijado y un máximo indeterminado. medios./448. respecto a la forma con que D. en relación a esta materia. no tuviese capacidad de entender y de querer. la anterior disposición se aplica también al menor de edad que.R.P.. teniendo en cuenta las circunstancias indicadas en la primera parte del art. deberá ser sustituida por la libertad vigilada. El art. su conducta contemporánea o subsiguiente al delito. pág. 480./447. 12 . de la intensidad del dolo o del grado de culpa). si bien con un techo preestablecido en la ley 25. se mantienen vigentes. propicia ciertas dudas acerca de si determinados preceptos del texto punitivo.
vid: PANEBIANCO. devianza.R. encontrándose en alguna de las condiciones indicadas. si bien presentan alguna 26 Téngase presente lo advertido previamente en el texto y en la nota 21. profesionales o por tendencia. 3. en La giustizia penale minorile: formazione. Por último. MUSACCHIO. 29 Más adelante veremos como el D. Il codice dei minori. resulta totalmente inoperante por las mismas razones que acabamos de apuntar.referida a menores delincuentes habituales. para los que se prevé la imposición de la medida de ingreso o encierro en reformatorio judicial 26 con una duración inferior a tres años. por lo que se refiere al tema objeto de estudio en este trabajo tan sólo cabe advertir que lo dispuesto en este último párrafo ha sido declarado constitucionalmente ilegítimo por sentencia de la Corte constitucional de 24 de julio de 1998. exigiéndose en cada caso una comprobación de la peligrosidad social 28. como la sentencia de no dar lugar a proceder por irrelevancia del hecho y la suspensión del procedimiento y puesta a prueba. 729. 222 CPI donde se prevé la medida de internamiento en un hospital psiquiátrico judicial en los casos de absolución por enfermedad psíquica. Esta misma resolución declara inconstitucional asimismo la posibilidad. 227 CPI.de que el beneficiario se abstendrá de cometer ulteriores delitos. G. Especialidades en relación con menores de las causas de inaplicación de la pena La suspensión condicional de la pena y el perdón judicial son dos institutos regulados en el CPI 29 que parten de un mismo presupuesto: la presunción -según el convencimiento del juez deducido de las circunstancias. su último párrafo señala que las disposiciones de este artículo se aplican también a los menores de catorce años o mayores de catorce y menores de dieciocho. 663. cit.. p. la simple existencia de los presupuestos requeridos por los artículos 102 y siguientes del CPI en la declaración de delincuencia habitual. de disponer el internamiento provisional respecto a menores en un hospital psiquiátrico judicial. Conforme a esta normativa. Al margen de que ciertos aspectos del precepto se cuestionan desde diversas ópticas.P. Tribuna. n. 2002./448. 158 y ss.. cit. así como las modificaciones llevadas a cabo en tema de peligrosidad social a través de la ley 10 de octubre de 1986. 27 13 . n. ambos tienen en común el efecto de extinguir el delito. Este tipo de cualificaciones subjetivas son criticadas por no resultar compatibles con la estructura psíquica y evolutiva del menor 27. diritto e processo. exentos de responsabilidad por razón de edad. 226 CPI. /448 contiene otras posibilidades beneficiosas para el menor. en Codice penale a cura di TULLIO PADOVANI. intoxicación crónica por alcohol o por sustancias estupefacientes o por sordomudez. indicadas en el artículo 133.. cabe hacer referencia al art. Piacenza.. Il minore reo. prevista en el art. 324. El precepto añade a continuación que a los que han cumplido veintiún años se les mandará a una colonia agrícola o a una casa de trabajo.. que acoge un supuesto de peligrosidad presunta. p. Sobre la aplicación a menores de las medidas no privativas de libertad.Existe. cuando hayan cometido un hecho previsto por la ley como delito. una norma –art. A su vez. 234 y 235 CPI. 1060. 28 RUSSO.R. V. profesional o por tendencia no son suficientes para aplicar medidas de seguridad. asimismo. 2ª ed. 206.P. aunque hay que tener presente que su ámbito de aplicación se ve ciertamente comprometido a la vista de la reformulación del cuadro de medidas para menores efectuada por el D. objetivas y subjetivas. el art. págs. contenidas en los artículos 233. Concretamente.L. que descartó la peligrosidad social presunta.
. teniendo en cuenta las circunstancias del art. V. sez. se establece jurisprudencialmente que en la elección entre la suspensión condicional y el perdón judicial.. sez. dada la personalidad del imputado. 6787 (ud. sez. 1968 (ud. 164 se establece textualmente que la suspensión condicional de la pena no puede ser concedida más de una vez. 163 CPI que se trate de una condena a pena privativa de libertad no superior a dos años o una pena pecuniaria que -sola o junto a la privativa de libertad y tras proceder a la operación prevista en el art. presuma que el culpable se abstendrá de cometer ulteriores delitos. 30 Entre otras muchas: Cass. 153 a 168 CPI) se suspende la ejecución de la condena por un cierto tiempo. IV. en numerosas sentencias de la Corte de casación se exige que el juez justifique con adecuada motivación la razón que le induce a aplicar el instituto menos ventajoso para el imputado 30. la Corte de casación no considera un defecto en la justificación decidirse por la suspensión condicional en base al argumento de que. págs. se extingue el delito y. Cass. 133. n. pen. Pese a que algunos autores se muestran partidarios de que se opte siempre por el perdón. de pena pecuniaria por un día de privación de libertad.que otra diferencia de notable importancia. se le pueden imponer al condenado). 4) que al culpable no se le haya concedido anteriormente la suspensión condicional por otro delito. 2) que el culpable no haya sido condenado previamente a pena privativa de libertad por delito. el juez debe tener en cuenta sobre todo la personalidad del imputado. 16 de enero de 1981). 17 de marzo de 1992. sez. con carácter general. Asimismo. Suspensión condicional de la pena Mediante la suspensión condicional de la pena (arts. está sujeto a condición y extingue el delito una vez transcurridos los términos requeridos (cinco años si la condena es por delito y dos si es por falta). (Como es lógico. no supere los límites establecidos en el art. por tanto. Bergamini. 10 de febrero de 1992). n. (ud. el perdón es irrevocable y extingue el delito en el momento en que no se pueda recurrir la sentencia que lo aplica. en base al favor minoris. Al inicio del último párrafo del art. entre otras. sin embargo acto seguido se admite la posibilidad de una segunda suspensión cuando la pena a imponer. i. Siendo el perdón judicial más beneficioso para el reo. 9 de marzo de 1981. ni sea delincuente o autor de faltas habitual o profesional. reforzar con una medida extrínseca (la posibilidad de revocar el beneficio) ejercería un efecto positivo en la determinación futura del reo y en el objetivo de su enmienda (Cas. también se regulan los efectos y la revocación de la suspensión. en Codice penale a cura de TULLIO PADOVANI. pen. Otras condiciones de la suspensión son: 1) que el juez. siempre que durante el plazo de suspensión el sujeto haya cumplido las obligaciones impuestas y no haya vuelto a delinquir En orden a las penas que pueden ser objeto de suspensión. n. 135 31.sea equivalente a una pena privativa de la libertad personal por un tiempo no superior a los dos años. Sobre este precepto. 3) que a la pena impuesta no deba añadírsele una medida de seguridad personal. 14 . A.: BERNARDI. 27 de junio de 1979). no se ejecuta la pena. conforme al cual el cómputo tiene lugar calculando 38 euros.. en su caso. Cas. transcurrido el cual. Ingrassia). exige el párrafo primero del art. cit.. pen. 17 de enero de 1980. 17 de febrero de 1978). 31 En este artículo se establece un parámetro general de comparación o conversión entre penas pecuniarias y privativas de libertad. o fracción de 38 euros. aunque haya procedido la rehabilitación. 163. así como las obligaciones que. vid. Garofalo). VI. pen. Geli. 494 (ud. acumulada con la impuesta en la precedente condena también por delito. pues mientras el primero es revocable. 742 y ss. 30 de mayo de 1978. I.
19 del R. El juez. ii. siempre que se den los siguientes requisitos: 1.M. 20 de julio de 1934. ha declarado la ilegitimidad inconstitucional del párrafo cuarto del artículo 169 en la medida en que excluye que pueda concederse un 15 . pensado para los que han cumplido dieciocho años.P. En tanto que el párrafo tercero. si las condiciones no se cumplen se levanta la suspensión y se procede a ejecutar la sentencia.si el tribunal de menores estima que se puede aplicar una pena privativa de libertad no superior a dos años. que viene a suponer una alternativa a la privación de libertad inspirada en la idea de prevención especial. además. regulado en el artículo 169 CPI y el art. Perdón judicial Otra de las especificidades en torno a la no aplicación de la pena es el perdón judicial para menores de dieciocho años. el juez de menores puede acordar motivadamente la suspensión de la ejecución del fallo contenido en la sentencia. En base a este último precepto. sez. que habiendo pruebas suficientes para condenar. Es decir. n. en la medida en que la suspensión. nº 1404. A través de este instituto –basado en el principio de la necesaria individualización de la pena e inspirado en claras exigencias de prevención especial. Específicamente para menores se acoge en el art. o una pena pecuniaria no superior a 1549 euros.R. Cass.o de pronunciar sentencia –si se concede en juiciopese a estar comprobada la responsabilidad del imputado. o una pena pecuniaria no superior a 1549 euros 32 .El segundo párrafo del art. Naturalmente. II. Con carácter general. absteniéndose de enviar a juicio -si se concede en la fase de instrucción. Se interpreta doctrinal y 32 En este sentido. cuando la medida impuesta no sea superior a dos años de duración. Dicha suspensión se somete a unas condiciones que giran en torno a no llevar a cabo hechos delictivos y a asumir el compromiso de querer reintegrarse a la sociedad. Mijalovic. como el hecho de no venir circunscrita a las medidas privativas de libertad. sitúa el límite de la pena a suspender en los dos años y seis meses. presenta rasgos diferenciadores. el CPE regula en los artículos 80 a 87 un instituto muy similar al italiano: la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. La Corte Constitucional. 40 de la L. el juez tiene la facultad de valorar la oportunidad de imponer la pena. a su vez. puede alcanzar a penas no superiores a tres años. aunque tiene contornos parecidos al anterior. pen. pero no han llegado a los veintiuno (así como a los que han cumplido los setenta). la llamada suspensión de la ejecución del fallo que. en las mismas condiciones anteriormente dichas. puede establecer la aplicación de un régimen de libertad vigilada o la obligación de realizar una actividad socio-educativa. Que el culpable no tuviese cumplidos los dieciocho años al tiempo de la comisión del delito 2. durante un tiempo determinado y hasta un máximo de dos años. 18 de febrero 1991. 2239 (ud. 163 contiene un trato deferente con los menores de dieciocho años.O.L. se le concede la posibilidad de recurrir al perdón judicial.. Que el culpable no hubiese gozado antes del perdón judicial y que la pena prevista para el delito cometido sea una pena privativa de libertad no superior a dos años. entre otras muchas.D. 17 de diciembre 1990).
R. dada la delimitación anteriormente fijada respecto al ámbito del presente trabajo. Así se señala en el artículo 1 de este decreto – que asimismo reclama que la aplicación de las disposiciones se haga de modo adecuado a la personalidad y a la exigencia educativa del menor. El perdón judicial no impide la aplicación de algunas medidas administrativas.P.PRINCIPALES PARTICULARIDADES DEL PROCESO PENAL DE MENORES Una vez esbozados los aspectos del CPI relacionados con los menores. E. etc. El Código de procedimiento penal tiene carácter subsidiario respecto a lo no regulado específicamente en D. 2004. 25 R. II. 448 con el que se quiso dar una actualizada respuesta a la importante demanda de especificidad de la justicia penal de menores...R. 23 de enero de 1989). 33 Por todas. 8 y ss. págs. La giustizia penale minorile. acumulada con la precedente.L. Juicio de probabilidad que. cit. 154).jurisprudencialmente que el juez a la hora de valorar la oportunidad de perdón debe tener en cuenta la pena que en concreto correspondería aplicarle al menor y no la que establece la ley en abstracto para el delito cometido. Vol. 1. III. Que el juez.. A. de algún modo. E./272.. Especialidad en la materia Como hemos adelantado. incidan en el aspecto sustantivo de la regulación. nº 1404). La misma relación existe en España entre la Ley de Enjuiciamiento nuevo perdón judicial en caso de delito cometido anteriormente a la primera sentencia de perdón con una pena que. y que no sea delincuente habitual o profesional. presuma que el culpable se abstendrá de cometer ulteriores delitos.. aunque haya procedido la rehabilitación. 709. que exista una prognosis de buena conducta. en SIRACUSANO. n. Que el menor no haya sido condenado previamente a una pena privativa de libertad por delito. p. colocarlo en una casa de reeducación o en un instituto médico-psico-pedagógico (art. su comportamiento contemporáneo y subsiguiente al delito. G.L.. 1934. no supere los límites para la aplicación del beneficio (sentencia de la Corte Constitucional de 7 de julio de 1976. Cass. es decir. TRANCHINA. 4. pen. ZAPPALÀ. D. de 22 de septiembre de 1988. Lauricella. n. según la jurisprudencia. el texto legal que sustancialmente se ocupa de esta materia es el D. como confiar al menor al servicio social de menores. 34 ZAPPALÀ. 26 de mayo de 1989 (ud. como la personalidad del sujeto. GALATI. Diritto processuale penale. tiene carácter discrecional 33. Giuffrè/Milano.P.. 2º. teniendo en cuenta las circunstancias del art. R. sino también de otros elementos.. sez. procede hacer referencia a ciertas particularidades del proceso mediante el cual se les exige responsabilidad penal.en coordinación con el artículo 1 D.D. por su propia naturaleza./448. 3. haciendo especial hincapié en aquellas que. 133. 16 . Tal apreciación implica necesariamente el examen no sólo de la gravedad del hecho y de su modalidad ejecutiva. tanto en orden a la existencia de un órgano judicial especializado como a la previsión de un sistema de consecuencias derivadas de la infracción cometida por el menor 34. Unas reflexiones críticas sobre esta normativa en RICCIOTTI.
de acuerdo con sus respectivas normas de organización. nº 354... que.. pág. E. Cedam.Criminal y la L. para lo no previsto expresamente en esta Ley Orgánica. siéndoles de aplicación la normativa general 36..P. y. cit. la razón en la que se fundamenta la referida especialidad radica en la singular situación de los jóvenes.: CARACENI. y en algunos casos impedir. dirección. se ajusta a las resoluciones y recomendaciones de ámbito internacional existentes en la materia. el Código Penal y las leyes penales especiales. En esencia. Cabría decir que. por ejemplo.subsidiariedad de las normas procesales de adultos y el principio de mínima lesividad. procurando sacarles en las mejores condiciones posibles del ámbito sancionador. la ley de 26 de julio de 1975. IV. Este es el fin que persiguen. Padova. como la conciliación o reparación. 1016-1017. ha ido adaptándose a las particulares exigencias de la personalidad de estos sujetos. 36 Concretamente. en la medida en que se hallan en una etapa de formación. Giuffrè. la Ley de Enjuiciamiento Criminal. estos principios son los que inspiran también la L.M.: PALERMO FABRIS. es recomendable que en las respuestas penales que sufran tenga primacía la idea resocializadora sobre la represora. 17 . en la que vienen reforzadas las distintas garantías procesales de los menores. S.. en particular lo dispuesto para los trámites del procedimiento abreviado regulado en el Título III del Libro IV de la misma. en las mejores condiciones posibles.R. de su madurez y de su proceso educativo. con referencias jurisprudenciales: GIAMBRUNO. al que se le ofrecen diversas posibilidades para que salga. Obviamente. L’ascolto del minore e la giustizia penale. Para una síntesis del tratamiento penitenciario de los menores. 1254 y ss. la creación. que. con carácter general. en el ámbito del procedimiento. en Derecho español la ejecución de las medidas es competencia de las Comunidades Autónomas. Al margen de que la fase ejecutiva no vaya a ser analizada. gracias a los esfuerzos de la Corte constitucional. Sobre la necesidad de una disciplina penitenciaria para los menores. Esta normativa. aunque con las modificaciones y las integraciones que resulten dispuestas en consideración a las exigencias que derivan de las particulares condiciones psicológicas del menor.P. cuya disposición final primera establece que tendrán el carácter de normas supletorias. Se pretende que el proceso se desenvuelva según los reglas generales del proceso penal. del ámbito sancionador. 2000.. 197 y ss. Milano. Il processo penale minorile.O. en la que la idea que prima es el superior interés del menor. Pese a que ha habido algún intento legislativo para crearles un específico derecho penitenciario. que contiene las normas sobre el ordenamiento penitenciario y sobre la ejecución de las medidas privativas y limitativas de la libertad. institutos como la puesta a prueba o la absolución por irrelevancia del hecho 35.. pues se trata de una normativa con una marcada orientación de prevención especial educativa.O. que deben llevar a cabo. págs.R. en el ámbito sustantivo. cfr. págs. 2001. 35 Cfr. Voz: Processo penale minorile en Enciclopedia del Diritto.M. el ingreso de los menores en el circuito penal para evitar que sufran sus negativas consecuencias. cabría sintetizar diciendo que sobre todo están presentes los principios de especialidad del sistema -buscando siempre la reeducación y la tutela de la frágil personalidad del menor. plasmado especialmente en las previsiones cuyo objetivo es limitar. En definitiva. éste no existe. entre las que cabría destacar las basadas en una justicia reparadora. L. sí que cabe destacar que en la misma también está presente el compromiso de tratar de alcanzar el objetivo de la recuperación de los menores.
También se prevén regímenes de semilibertad en relación a penas no superiores a seis meses (art. 18 . cit. Las especificidades en el tratamiento de menores en esta fase se aplican no sólo al que en el momento de la ejecución sea menor.M. siempre que se trate de penas de escasa duración (dos o tres años. b) Las medidas alternativas a la privación de libertad Habiendo sido impuesta una pena privativa de libertad no siempre su ejecución comporta la necesidad de internamiento en la cárcel.organización y gestión de los servicios. En tales casos y concurriendo unas determinadas circunstancias.. E. así como permisos de salida (art. 50). L´esecuzione penale e le misure alternative alla detenzione. 24 D.).. por ejemplo). 47) o cumplir la pena en su propio domicilio u otra residencia privada (art.y que el menor quede sujeto durante el resto de la pena a la libertad vigilada. 45 L. Órganos de la justicia penal de menores 37 Vid. 403 y ss. 44 se precisa que la ejecución se realiza bajo el control del Juez de Menores que haya dictado la sentencia correspondiente.D. las principales características que se destacan en relación a la normativa italiana son las siguientes: a) Ultractividad de la normativa especial para menores./448. 54) 37. debiéndose exigir según lo que se prescribe en los artículos 21 y 22 D. en lugar de la libertad vigilada. c) La libertad condicional Para facilitar la plena recuperación social del que haya cometido un delito mientras era menor. el condenado puede ser confiado en prueba al servicio social (art.R.: PENNISI.R. págs.está unida a dos condiciones: que se hayan satisfecho las obligaciones civiles derivadas del delito -o que se haya justificado la imposibilidad de hacerlo. Su concesión –atribuida actualmente al tribunal de menores en sede de vigilancia. le pueda ser aplicado el internamiento en un reformatorio judicial (sustituido posteriormente por internamiento en comunidad) o la asignación a una colonia agrícola o casa de trabajo si es mayor de veintiún años.P. devianza.O. cuando la ejecución tiene inicio después de cumplir los dieciocho (art.L. 30-ter) o reducciones de pena por participar en trabajos de reeducación (art.P.L. el ordenamiento prevé la posibilidad de anticipar su excarcelación en cualquier momento de la ejecución y cualquiera que sea la duración de la pena impuesta (art. El mencionado precepto prevé que al menor. equiparándosele así al Juez de Vigilancia Penitenciaria en materia de régimen de funcionamiento de centros de cumplimiento de penas privativas de libertad. sino a los que en el curso de la misma hayan cumplido los dieciocho años. En el art. 2. pues existen medidas alternativas. La regulación prevista supone que es el citado juez el que debe resolver cuantas incidencias puedan surgir en fase de ejecución. para lo que se le asignan una serie de funciones. diritto e processo. 47-ter). instituciones y programas adecuados para ello (art. A su vez. A. nº 1404 relativo a la institución y funcionamiento de los tribunales de menores). incluso. pero no los veintiuno./272). en La giustizia penale minorile: formazione. 21 R. 20 de julio de 1934.
La participación en los distintos tribunales de menores -incluidos los de apelación.R. cit.R. en Processo penale minorile: aggiornare il sistema. previéndose que en cada fiscalía de los tribunales de menores se instituya una sección especializada de policía judicial a las que se asigne personal dotado de específica aptitud y preparación (art. suspender el proceso con puesta a prueba (art. 53 y ss. así como de la existencia de un proyecto de ley de 8 de marzo de 2002 (C2501). el tribunal de menores. pero parece claro que con ello se pretende conseguir un mayor grado de conocimiento de la personalidad de los jóvenes al objeto de procurarle la respuesta sancionadora más adecuada./447 para la fase de indagaciones preliminares. en cualquier grado del procedimiento.R. etc. por ejemplo./448 38 refleja el principio de la especialización. el art.L. Giudice honorario e giusto processo. Estos servicios (ministeriales. de las providencias previstas en el D. Las funciones del ministerio público son atribuidas al fiscal del tribunal de menores y al fiscal de la cámara de apelaciones. a modo de juez instructor. 32 D.Precisamente. en la medida en que todos los allí relacionados requieren una preparación específica.P. 2 D. sino a un tribunal con composición reducida. pues puede decirse que son un referente necesario para la actividad judicial y juegan un papel fundamental en el desarrollo educativo del menor y su proceso de resocialización.P.P. beneméritas del auxilio social./448). págs. integrado por un magistrado profesional y dos expertos (también en este caso un hombre y una mujer).R. psiquiatría. Respecto a los órganos de juristas. de confirmar el arresto. de los entes locales y de la administración de justicia en particular) desempeñan una función francamente relevante en el proceso penal de menores.R. Este autor se hace eco de las críticas hacía estos jueces no togados. aplicar medidas cautelares. así como por los servicios de asistencia instituidos en los entes locales. Quizá lo que más llama la atención en los mismos es su composición: dos magistrados ordinarios y dos personas idóneas. la función jurisdiccional para la audiencia preliminar no es encargada a un juez unipersonal./448). extrañas a la magistratura y mayores de treinta años. en buena medida. dictar sentencia de no haber lugar a proceder por concesión de perdón judicial o por irrelevancia del hecho (art. a los que se responsabiliza. 102 de la Constitución italiana y se explica en base a distintas razones 39.. que les permita cumplir su misión con mayor garantía de éxito. E.P. un hombre y una mujer./448).. ocupándose. el artículo siguiente dispone que la autoridad judicial.P.P. entre sus competencias está: decretar juicio. elegidas entre cultivadores especialistas de biología.de estos profesionales ajenos al sector judicial está admitida en el art. etc.R. pedagogía o psicología. Como refuerzo de esa necesidad de conexión con los servicios de menores de la administración de justicia. para alcanzar el objetivo resocializador apuntado. 19 ./272. Los tribunales de menores se encargan. En cada tribunal de menores uno de los magistrados se encarga. el fiscal general de la corte de apelación./448 y 15 D. mediante el que se reduce su importancia en el proceso de menores. 38 Entre los órganos que se citan están: el fiscal del tribunal de menores. a los distintos sujetos implicados en la justicia de menores se les exige una preparación ad hoc. la sección de la corte de apelación para menores y el magistrado de vigilancia de menores. 28 D. el juez de los tribunales de menores para las indagaciones preliminares. del conocimiento de los delitos cometidos por estos y de vigilar la ejecución penal. También está prevista una cierta especialización de los abogados defensores en los artículos 11 D. se deje avalar por ellos. 39 Se pueden ver aludidas algunas de ellas en FORZA. antropología criminal. de que las resoluciones sean demasiado benevolentes. 5 D. entre otras funciones. Sin embargo.
también se pronuncia en el sentido de que.3). subsistiesen las dudas. el órgano jurisdiccional dispone que se efectúe la correspondiente prueba pericial y. el art. Comprobación y especial tutela de la personalidad del menor Un proceso como el citado 40. 16. que busca fundamentalmente a recuperación del menor es lógico que conceda especial interés al hecho de conocer a fondo la personalidad del menor infractor no sólo para comprobar la imputabilidad y su grado de responsabilidad. conforme a la que si no existe certeza sobre si el imputado tiene catorce o dieciocho años. familiares y educativas de los menores.R. 8 D.. Padova.P. 41 Esta fase. se declarará incompetente.P. págs. 2ª ed. La competencia se atribuye a un juez ordinario. que.O. Al Ministerio Fiscal le corresponde la instrucción de los procedimientos (art. es posible en momentos posteriores.R. (La magistratura de vigilancia desarrolla funciones en materia de aplicación de medidas sustitutivas. 2003. integrado por especialistas en ciencias del comportamiento. son competentes respecto de los delitos cometidos por menores de 18 años. de medidas de seguridad y de ejecución de la pena). Hasta que no cumplan los veinticinco años de edad las funciones de vigilancia de la ejecución penal están repartidas entre el tribunal de menores y el magistrado de vigilancia. G. sociales y ambientales del menor. 3.. de 18 de diciembre de 2000 -relativa a criterios de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000. que debe informar de las circunstancias psicológicas. caso de existir duda sobre la edad del menor. sin embargo.R./448 contiene una previsión de gran importancia práctica. sienta que el cómputo de la edad se efectúe de momento a momento). También en la L. Compendio di procedura penale. pronunciará una sentencia de no haber lugar a proceder por tratarse de una persona no imputable (art. Del mismo modo. Para que el logro de tales objetivos sea una realidad. 9 D. de 12 de enero./GREVI./448.R.1) y para concretar la situación del menor y la medida imponible existe un equipo técnico. la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2000. fiscales y abogados (disposición final 4ª). se resuelva de forma favorable a éste.Los tribunales de menores. la competencia para conocer de los delitos de terrorismo corresponde al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional (disposición adicional 4ª).R. información de 40 Una versión resumida del mismo puede verse en CONSO. aparte de que da lugar a que continúe el procedimiento. V. generalmente será el juez de menores del lugar donde se haya cometido el hecho delictivo (art. En el supuesto en que al tiempo de cometer el delito no tuviese catorce años. En caso de duda acerca de la edad. el juez dispone que se lleve a cabo una prueba pericial y si resultase que el sujeto ha cometido el delito después de cumplir dicha edad. 20 . Cedam. puede terminar con el archivo o con una sentencia de no haber lugar a proceder por irrelevancia del hecho. familiares./448). incluso. con categoría de magistrado y preferentemente especialista. El art./448 insta a que en las indagaciones preliminares 41 el ministerio público y el juez adquieran todos los conocimientos posibles acerca de las condiciones y los recursos personales. 2. se postula la especialización de jueces. se presumirá la minoría de edad. sino al objeto de valorar la relevancia social de hecho y poder imponerle la medida más conveniente. si tras ésta. 1013 y ss.P.M.P. por la que se regula la responsabilidad penal de los menores. 26 D. asumiendo. (En España. 3 D. a tenor del párrafo primero del art.P. asimismo.
la modificación o sustitución de la misma. Durante la instrucción del expediente el equipo técnico elaborará un informe 42 En contraste a esta permisividad.O. médica y física que requieran. aunque sin formalidad alguna 42. sexo y características individuales (art. Interés – añade. La norma no sólo se ocupa de que quede claramente determinada la personalidad del menor. 33. salvo el caso excepcional en que la vista oral se desarrolle a puerta abierta 43. y el tribunal lo considera oportuno en el exclusivo interés del imputado. mediante el máximo grado de individualización. la necesidad de tener en cuenta.P. cabe resaltar que la posibilidad de pericia sobre el carácter y la personalidad del imputado y en general la cualidad psíquica independientemente de causas patológicas está excluida. adopción de medidas cautelares. buena muestra. Su finalidad es clara: procurar. la tipología de las medidas cautelares (art. el superior interés del menor.R.R. 220 D. habida cuenta de su edad. sino que a lo largo de su articulado contiene una serie de disposiciones que tratan de preservarla frente a los ataques derivados del propio proceso penal. de la atención que el legislador presta a la personalidad del menor. tiene previsiones que dejan patente la preocupación del legislador español al respecto. así como la manera de aplicarlas. 17).que ha de ser valorado con criterios técnicos y no formalistas por equipos de profesionales especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas. queda prohibida la publicación y la divulgación. son también. 19 y ss. de ahí que tal cometido sea formulado como una verdadera obligación.2 la excepción puede darse si pide la audiencia pública un menor. También la L. no dejándolo a la discrecionalidad judicial. en el mismo artículo 1 establece que las disposiciones contenidas en el decreto se aplicarán de modo adecuado a la personalidad y a las exigencias educativa del menor.P. 13). protección y asistencia social. Este precepto posiblemente constituye. además de la gravedad del hecho y la edad. como las relativas a la elección de la medida adecuada. Otras manifestaciones que claramente evidencian tal preocupación las encontramos en las siguientes previsiones: en cualquier estado o grado del procedimiento. respecto a mayores en el art. Y en efecto.personas que hayan tenido relación con el menor o el parecer de expertos. de noticias o imágenes que permitan identificar al menor implicado en el proceso (art. aparte de estar en dependencias adecuadas y separadas de los mayores de edad. por cualquier medio. con la presencia de los padres o de otra persona que indique el menor. en gran medida. junto a otras muchas.). 43 A tenor del art./447. por ejemplo. entre los que se incluye. la respuesta procesal más idónea. 22). la asistencia afectiva y psicológica en cualquier estado y grado del procedimiento. salvo algún caso excepcional. si el juez de menores autoriza su presencia. la asistencia afectiva y psicológica está asegurada con la presencia de los padres o de otra persona idónea. la personalidad de menor a la hora de arrestarle en flagrante delito (art. 16). la base sobre la que pivota todo el proceso de menores. Desde el momento de la incoación del expediente se le reconocen al menor una serie de derechos (art. 12).M. etc. Como punto de partida. Respecto a su detención se prevén cautelas especiales y mientras dure la misma. el interés del menor es el criterio informador –al menos teóricamente. 21 . La propia exposición de motivos empieza sentando que en el Derecho penal de menores ha de primar. que haya cumplido los dieciséis años.de la mayoría de las decisiones importantes que deben tomar los jueces. como elemento determinante del procedimiento y de las medidas que se adopten. psicológica. como luego veremos. recibirán los cuidados. así como de los servicios para menores de la administración de justicia (art.
el art. La libertad personal del menor. Las medidas cautelares.M. familia o grupo educativo.R. que deberán tener en cuenta.. la edad y la personalidad del menor (art. que se fija en tres meses. así como sobre su entorno social. su repercusión y la alarma social producida. Medidas cautelares Parece evidente que la norma procura restringir los casos en los que la libertad personal del menor se pueda ver sujeta a limitaciones. regula la detención de los menores y. En Derecho español. en su defecto.R. 26).O. Las providencias que siguen a la detención o encierro – previstas en el art. Ese mismo equipo técnico podrá proponer una intervención socio-educativa sobre el menor. por ejemplo. por haber sido expresado suficientemente el reproche al mismo a través de los trámites ya practicados. en la detención en caso de delito flagrante. 17 L. El tiempo de cumplimiento de las mismas (sólo se establece un máximo de duración de la medida de internamiento. Idéntico carácter restrictivo se aprecia en la posibilidad de detención. educativa y familiar del menor. en otras causas que hayan tenido por objeto hechos anteriores a la adopción de aquéllas. dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos (art. prorrogables por otros tres) se abonará en su integridad para el cumplimiento de las medidas que se puedan imponer en la misma causa o. 28 L. Al contrario de lo que ocurre en Italia.sobre la situación psicológica. y en general. o por considerar inadecuada para el interés del menor cualquier intervención. El juez adopta las medidas cautelares para la custodia y defensa del menor expedientado.M. informar sobre la posibilidad de una actividad reparadora o de conciliación e. se parte de la publicidad de la audiencia. 23 consientan la medida de custodia cautelar. que queda reservada respecto de delito por el que pueda disponerse la medida de custodia cautelar y para el que la ley establezca una pena con un mínimo no inferior a dos años de reclusión (art. 4. cuya práctica. alude pormenorizadamente a la serie de derechos y garantías que les corresponden. que las sesiones no sean públicas. en interés de la persona imputada o de la víctima. 18. 17).son también una clara muestra del gran respeto a la personalidad del menor que inspira todas estas actuaciones. están pensadas para cuando existan indicios racionales de la comisión de un delito o el riesgo de eludir u obstruir la acción de la justicia por parte del menor.–que podrá ser complementado por entidades que conozcan al expedientado. conforme al art. la cuestión relativa a la regulación de las medidas cautelares es menos detallista. según el art. 35). si bien el juez puede acordar. tomando en especial consideración el interés del mismo. Para la adopción de la medida cautelar de internamiento se atenderá a la gravedad de los hechos.libertad vigilada y convivencia con otra persona. Pueden consistir en internamiento en centro -en el régimen adecuado. incluso. valorando siempre las circunstancias personales y sociales del menor. además. sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna de las medidas previstas en la ley. tras sentar que se deberá practicar en la forma que menos les perjudique. Así ocurre. 22 .O.P.se deja a la discrecionalidad de los órganos de la policía judicial. En ningún caso se permitirá que los medios de comunicación social obtengan o difundan imágenes del menor ni datos que permitan su identificación (art. aparte de que viene condicionada por la comisión de delitos muy graves –concretamente aquellos que. proponer la conveniencia de no continuar la tramitación del expediente en interés del menor. Por su parte. 16).P.
Permanencia en casa (art. que en caso de graves y repetidas violaciones de las prescripciones.P.. dado el escaso tiempo de duración. Manuale di diritto minorile. situación nada infrecuente en menores desviados.C. Ciertamente.P. por último. cit. en base a exigencias relacionadas con actividades de estudio o trabajo útiles para su educación. pero diverso. puede ordenar al menor específicas prescripciones relacionadas con actividades de estudio o trabajo u otra actividad útil para su educación. A. el juez puede disponer la medida de permanencia en casa. resulta lógico pensar que en modo alguno tenga capacidad para cumplir una seria finalidad educativa./448).P. de modo que si la medida impuesta no resulta adecuada al caso concreto. internamiento del menor en comunidad y la custodia cautelar (las dos primeras sólo son aplicables cuando se procede por delito para los cuales la ley tenga asignadas la pena de “ergastolo” o la reclusión con un máximo no inferior a cinco años). tras oír al que ejerce la potestad de los padres. 385 CPI. se destaca que el sometido a esta medida no es considerado en estado de detención y su eventual alejamiento del lugar de ejecución no integra el delito de evasión del art. al menor se le puede consentir que se aleje de la casa donde la cumple 45. así como respetar la exigencia de no interrumpir el proceso educativo en curso.R. En otras palabras. puede disponerse la siguiente más grave. Surio). Dada la particularidad de los sujetos que van a estar sometidas a las mismas. asimismo se prevé que aquéllos sean confiados a los servicios de menores de la administración de justicia. las medidas cautelares que se pueden imponer a los menores son las previstas en el capítulo II del D. se trata de una medida que presupone un ambiente idóneo para la recuperación del menor. Tales prescripciones tienen la eficacia máxima de dos meses. Al respecto cabría añadir que./447. el juez. Es similar al arresto domiciliario con la diferencia de que. 19 D. la aplicación de estas medidas viene concebida “en cascada” de manera gradual. Como se comprobará acto seguido. pág./448: la permanencia en casa. sez.. 20 D. 23 de febrero de 1996). Aparte de tal diferencia./448). En el caso de que no resulte necesario recurrir a otra medida cautelar. 498. 275 D. no tendría sentido imponerla en aquellos casos en que pudiera existir cierto desarraigo familiar.: Cass. la elección que haga el juez deberá tener presente los criterios de adecuación y proporcionalidad previstos en el art. El precepto prevé.R. aunque se pueden renovar una vez (art. A. así lo ha establecido (vid. Desde luego.En Italia.. Con razón se ha dicho de esta disposición que es un clásico ejemplo de confusión y ambigüedad legislativa entre medidas educativas y medidas cautelares 44. VI 30 de abril de 1996 (ud. estamos ante una previsión de carácter cautelar. puesto que cuando el legislador ha querido equiparar al delito de evasión un hecho análogo. 44 MORO. pues los padres o las personas con las que habita tienen que vigilar su comportamiento y consentir las intervenciones de apoyo y control por parte de los servicios de menores o de otros eventuales controles.R.P. pen.R. que desarrollarán una actividad de apoyo y control en colaboración con los servicios de asistencia instituidos en los entes locales (art. 45 23 . 21) Mediante esta medida el juez prescribe al menor que permanezca en la habitación familiar o en otro lugar de residencia privada. como lo demuestra el hecho de que se hable de “otra” medida cautelar y de que su renovación se haga depender de exigencias probatorias.
47 Cfr. según SCIVOLETTO. A saber: 1) Determinados delitos de hurto flagrante agravado (por recaer sobre armas. pen.. sez. previstos en el nº 2 del art. regula los supuestos de arresto obligatorio en caso de flagrante delito. se le da la posibilidad al juez de imponer la medida que comentamos acto seguido. 22) Esta medida tiene una regulación paralela a la anterior y consiste en que el juez dispone que el menor se aloje en una comunidad pública o autorizada (que reúnan unas determinadas características 47). en el caso de graves y repetidos quebrantamientos de las prescripciones impuestas. que la Corte Constitucional niega la posibilidad de aplicar a menores la pena de “ergastolo”. cit. B. 62-63) sería la concreta identificación de la comunidad a que hace referencia el artículo 22. no parece que ocurra así. Precisamente la inadecuación de las anteriores medidas. en el caso de que se proceda por un delito para el que está prevista la pena de reclusión con un máximo no inferior a cinco años 48. el juez puede disponer la medida de custodia cautelar. consumados o intentados. Sistema penale e minori.L. cit. municiones o explosivos. Custodia cautelar (art. (Sistema penale e minori. como vimos antes. el que la sufre es considerado en estado de custodia cautelar a los solos efectos del cómputo de la duración máxima de la medida. 22 y no sobre la base de los criterios generales contenidos en los artículos 276 y 299 D. por alguno de los delitos. Además. fue el argumento esgrimido para ampliar desde 1991 el ámbito de cobertura de la custodia cautelar. 10 D./272. Internamiento en comunidad (art. págs. 380 D. En este sentido: Cass.R. frente al incremento de la criminalidad de menores. Longuino. cit. imponiéndole eventuales prescripciones relacionadas con actividades de estudio o de trabajo u otras actividades útiles para su educación. 61. El problema central de la norma. 24 . C. pues originariamente el límite máximo de los delitos que justificaban su aplicación estaba fijado en los doce años. aparte de por la comisión de delitos no culposos para los que la ley establezca la pena de “ergastolo” o de reclusión con un máximo no inferior a 9 años.. Il codici dei minori.R. Cabe imponerla. 49 MUSACCHIO. V.La medida puede ser agravada con la imposición de limitaciones o prohibiciones a la facultad de comunicarse con personas distintas a aquellas con las que vive o es asistido 46. salvo que en este último caso los 46 Muestra su perplejidad ante esta cualificación SCIVOLETTO. pág.P. 4 de octubre de 2001 (ud. o por empleo de violencia sobre la cosa. pág. En el caso de que se produzcan graves y repetidas violaciones de las prescripciones impuestas o del alejamiento injustificado de la comunidad. V. 995. que. C. art.P. 26 de junio de 2001). C.. Sin embargo. 23) La custodia cautelar en cárcel es la medida más aflictiva. El responsable de la comunidad deberá colaborar con los servicios de menores de la administración de justicia. asimismo. así como el hecho de que el período de permanencia sea computado para la posterior pena. Recuérdese. por un período no superior a un mes. cuyo período de permanencia es computado para la posterior pena. 48 La agravación que supone recurrir a la medida de custodia cautelar sólo es posible dentro de los límites y si están presentes los presupuestos del nº 4 del art. en base a las cuales cabe que el juez le permita alejarse del lugar donde reside. las previsiones contenidas en el artículo precedente en relación a la consideración del sujeto en estado de custodia cautelar./447. siendo de aplicación./447. ya que resulta ser la más aplicada debido a la total inadecuación y pésima funcionalidad de las otras medidas cautelares 49.. asimismo. de ahí que los textos internacionales referidos a menores insisten en la idea de que debe considerarse como último recurso y de que su duración ha de ser la más breve posible.
3) delitos de ilegal fabricación.. de 26 de febrero de 1993. 5. 629 CPI). n.. el juez puede disponer la custodia cautelar: a) Si subsisten graves e inderogables exigencias atinentes a las indagaciones. Pese a que no entremos en el estudio detallado de las particularidades procedimentales que en Italia se presentan en relación a la exigencia de la responsabilidad de menores. 2) delito de robo. explosivos. 51 La Corte constitucional. 359 de 26 de julio de 2000. en relación a situaciones de concreto peligro para la adquisición o la legitimidad de la prueba. Como se comprueba. una medida cautelar del menor. establece que los plazos de duración máxima de la custodia cautelar. 17 de marzo de 1995). 25 . sean reducidos a la mitad para los menores de dieciocho años y dos tercios para los menores de dieciséis años. 380. b) Si el imputado se ha dado a la fuga o existe concreto peligro de que se fugue 51 . y extorsión (art. previsiones que 50 En concreto. sino que también hay que valorar que la medida elegida no venga a interrumpir el proceso educativo en el que se encuentre el menor (Cass. previstos para los adultos en el art. venta. 303 D. 23. etc. existe el concreto peligro de que cometa graves delitos con uso de armas o con otros medios de violencia personal o dirigidos contra el orden constitucional o delitos de criminalidad organizada o de la misma especie por los cuales se procede. I. ha declarado la ilegitimidad constitucional de esta letra. la regulación de esta medida está concebida en unos términos lo suficientemente estrictos como para evitar la tentación de recurrir a ella demasiado a menudo. en sentencia n.daños o el lucro fueran insignificantes) 50. pen. no obstante.P. Consecuentemente. sez. A tenor del número 2 del art. c) Si. 4) delitos relativos al tráfico de estupefacientes y psicotrópicos. El último párrafo del precepto. ha sido declarado inconstitucional por sentencia de la Corte constitucional nº 54. 28 de abril de 1995. En alguna resolución jurisprudencial se hace hincapié en la idea de que la aplicación de las medidas coercitivas personales no sólo se debe tener en cuenta la personalidad del menor y su contexto familiar y social. 628 CPI). cabe entender que dicha tipicidad no presenta la suficiente gravedad para que proceda. en esa misma línea. en relación con ella. Especialidades en orden a la paralización del proceso y a la exclusión de sanción. con empleo de violencia sobre la persona o amenaza para sustraer una cosa mueble o asegurar la impunidad tras la sustracción (art. en la medida en que prevé el arresto obligatorio por tal clase de hurto flagrante. u otras actividades de tráfico de armas de guerra.R. 1645 (ud. por la específica modalidad y circunstancias del hecho y por la personalidad del imputado. hacer referencia expresa a ciertas disposiciones del proceso que constituyen verdaderas especialidades en orden a la paralización del proceso o a no exigirles responsabilidad penal. 5) delito de violencia carnal . este segundo supuesto./447. conviene. introducción. por considerar que esta modalidad delictiva no denota la exigencia de tutela de la colectividad. contenido en la letra e) del citado art.
confiándolo a los 52 CARACENI. siempre que concurran los requisitos objetivos y subjetivo apuntados anteriormente.que se excluya en relación a determinados delitos graves (homicidio. Durante las indagaciones preliminares el ministerio público lo solicita al juez.. Supone. que declara ilegítimo el párrafo 4 del art. así como el interés por sacarle del circuito penal. en la inteligencia de que admitir la virtualidad de este instituto en una fase avanzada del proceso podría desplegar efectos positivos en el menor. en la medida en que puede propiciar una mejor individualización. en síntesis. nos referimos a la sentencia de no dar lugar a proceder por irrelevancia del hecho y a la suspensión del procedimiento y puesta a prueba. En otros momentos procesales posteriores. sin duda. 53 26 . Cass. sez. sez. L. que se consiente la terminación anticipada del proceso mediante un pronunciamiento basado en la valoración de los efectos positivos o negativos a que daría lugar la continuación del proceso. Así. 23 de febrero de 2004 (ud.. al que ejerza la potestad de los padres y a la persona ofendida. someterlo a prueba.cuando eran menores. V. 20 de enero de 2003).P. 27 D. de un instrumento decisivo para hacer valer la función educativa en el proceso de menores. quien resuelve tras oír al menor. La sospensione del processo con mezza alla prova dell´imputato minorenne.1) Este instituto demanda unos requisitos de orden objetivo. está inspirado principalmente en la idea de salvaguardar la personalidad de éstos y se relaciona de manera estrecha con el objetivo de recuperarles. el juez puede dictar de oficio sentencia de no dar lugar a proceder por irrelevancia del hecho. Mediante este instituto el juez. pen. 2003. Milano. Concretamente. VI.: LANZA. El que se deje a la discrecionalidad judicial la apreciación de la levedad del hecho resulta una elección positiva. Giuffrè. Mancinelli. etc. A. en consideración a las concretas características del hecho y del autor. El instituto ha sido fuertemente contestado desde ciertos sectores por entender que puede implicar la inadmisible impunidad para jóvenes que han llevado a cabo delitos muy graves. p. E. Se trata. que hayan llevado a cabo una infracción penal – independientemente de su gravedad. Pantano.. dispone la suspensión del proceso y. un sector doctrinal se muestra favorable a aceptar tal opción 52. violencia sexual.. de modo que se defiende por una parte de la doctrina –así como por algún proyecto legislativo. que se concretan en la levedad del hecho y en que el comportamiento sea ocasional. El juez tiene la posibilidad de adoptar esta decisión en distintos momentos. pen.. Cfr.R.encuentran su razón de ser en la importancia que la norma confiere a la educación de menor. Cass. oídas las partes. 1035. Esta posición se ha visto avalada por la sentencia nº 149 de 2003 de la Corte constitucional. a los efectos de valorar la personalidad del menor. a través de un tratamiento de reeducación 53. Aunque no se menciona de forma expresa el momento referido a la vista pública o juicio oral. sean o no menores en el momento de juicio. No faltan sentencias declarando su nulidad en casos en que el juez dispone la suspensión de proceso sin haber oído previamente a las partes o por no haberse elaborado el proyecto de intervención de los servicios de menores. 6 de febrero de 2003 (ud./448 precisamente por no contener referencia a la vista oral. B) Suspensión del procedimiento y puesta a prueba (artículos 28 y 29). voz: Proceso penale minorile.). cit. Sentencia de no dar lugar a proceder por irrelevancia del hecho (arts. que viene referido al efecto perjudicial sobre las exigencias educativas del menor que derivarían de seguir su curso el procedimiento. Es aplicable a todos los sujetos. y otro de carácter subjetivo. 15 de enero de 2004). 27 y 32. si bien concurriendo diversas exigencias.
. cit. págs. en Processo penale minorile: aggiornare il sistema. E. habrá que contar no sólo con el consenso o adhesión del menor. en colaboración con los servicios del territorio. La revocación de la medida sólo es posible si se producen repetidas y graves transgresiones de las prescripciones impuestas. sobre la base del análisis de la personalidad del menor y de sus recursos familiares y ambientales...la revocación. En definitiva. los servicios de menores de la administración de justicia. en la medida en que no se trata de una alternativa a la pena ni. como la primera. Estamos. las obligaciones específicas que le incumben. 725-726. 73 y ss. en los demás casos. así como la modalidad de participación en el programa de los operadores de justicia de menores o de la comunidad. como la segunda. cit. Si el desenlace de la puesta a prueba es positivo se consigue un doble resultado. sino con su propia participación. entra en juego tras una sentencia de condena. El hecho de que la comisión de un delito no determine –como ocurre. Por el contrario. La prova e la riparazione: comprensione della pena e progettazione di un percorso di “cura”. por pura lógica y aunque no se diga de forma expresa en el precepto.. Al final de dicho programa de recuperación social se alcanzará una conclusión sobre la evolución de la personalidad del sujeto. pues. SCIVOLETTO. cit.servicios de menores de la administración de justicia para que desarrollen. el juez declarará extinguido el delito mediante sentencia si. con la suspensión condicional de la pena. indica el grado de comprensión con que el legislador se ocupa de un sujeto en fase de evolución y la toma de conciencia de que necesita tiempo para superar la crisis. págs. en colaboración con los servicios locales. en su caso. teniendo en cuenta el comportamiento del menor y la evolución de su personalidad. en base a la que el juez dictará. por tanto. frente al modelo de diversión presenta la ventaja de 54 ZAPPALÀ. habrán preparado.. hablan algunos). sentencia declarando extinguido el delito. Sobre los modelos de probation y de justicia reparadora vid.. Sistema penale e minori. ni consiste. por ejemplo. págs. ob.: ROSSI. por ejemplo. En esa misma providencia el órgano judicial puede ordenar prescripciones directas destinadas a reparar las consecuencias del delito o a promover la conciliación del menor con la persona ofendida por el delito. se renuncia a continuar el proceso y a la consiguiente sentencia de condena. asimismo. el período de suspensión no puede superar los tres años. ante una especie de híbrido entre la probation anglosajona y la diversión (de probatio procesal.depende de la pena prevista para el delito cometido: si se trata del “ergastolo” o de una reclusión con un máximo no inferior a doce años. 271 y ss. En él deberá especificarse la modalidad de implicación del menor.. el tope establecido es un año. porque. L. las prescripciones positivas o negativas (de hacer o de no hacer) que debe respetar. El plazo por el que se suspende el proceso –durante el cual queda suspendido el curso de la prescripción. considera que la prueba ha tenido un resultado positivo. C.. La actividad de tratamiento y apoyo deben integrarse en un proyecto de intervención que. la oportuna actividad de observación. al tiempo que se devuelve a la sociedad un sujeto que ha demostrado que quiere emprender un nuevo camino de inserción social 54. a expensas de un programa de tratamiento y apoyo. 27 . tratamiento y apoyo. aun antes de ser ejercitada la acción penal. cfr. pues se evitan los daños derivados del ingreso en el circuito penal del joven en fase de formación. en cuyo caso continuará el proceso. en el que. Los partidarios de la puesta a prueba mantienen que en la misma se conjugan los aspectos positivos de estos dos institutos. en evitar que el menor tenga el mínimo contacto con el proceso judicial.
que ya de por sí implica una valoración negativa de la personalidad del menor. Presupuesto ineludible para que entre en juego este instituto es que la responsabilidad del menor haya quedado acreditada. ni de que se trate de un hecho leve y de un comportamiento ocasional. 469 y ss. 2) El sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima. incompatible con una prognosis de recuperación social 55.. que constituyen obstáculos para la aplicación del perdón judicial. algunos de sus detractores sostienen que la ausencia de parámetros legales de aplicación del instituto produce graves tensiones en el sistema penal y que tal grado de discrecionalidad no consiente que se desarrollen orientaciones jurisprudenciales. En alguna sentencia se sostiene que la fórmula del perdón judicial es más ventajosa que la suspensión del proceso con puesta a prueba. capaz de empañar la credibilidad de la justicia de menores 57. pues. lo que puede desembocar en una praxis irracional y arbitraria. 13 de noviembre 1992). del ámbito sancionador.O. Aggiornare il sistema penale minorile: adeguamento della “specialità” della giustizia minorile alla costituzione ed alle convenzioni internazionali ratificate en Processo penale minorile: aggiornare il sistema. el Ministerio 55 Por todas: Cass. quien debe únicamente dar una congrua y lógica motivación del ejercicio de tal facultad.. 29-30. una vez el sujeto haya sido condenado previamente.M. en las mejores condiciones.C. ya que no se hace depender de los antecedentes previos. 18).R. 4902 (ud. siempre que los hechos denunciados constituyan faltas o delitos menos graves sin violencia o intimidación en las personas y que el menor no hubiese cometido con anterioridad otros hechos de la misma naturaleza (art.P. sez. I. pen. Min. mientras que la suspensión se reserva para los caos en los cuales resulta necesaria la valoración del menor en el ámbito de un proyecto estructurado.que el menor está sujeto en todo momento al control de la autoridad judicial. si bien se excluye de esa posibilidad al de las indagaciones preliminares. no faltan los que censuran la que consideran escasa duración del período a prueba. y respecto a la probation. Claramente a favor de este tipo de esta modalidad de renuncia a la aplicación de sanción penal a los menores: MORO. A.P. pags. como se exige en el segundo supuesto. Del mismo modo. G. sus patrocinadores consideran como ventaja añadida la mayor discrecionalidad en su concesión 56. Manuale di diritto minorile. 28 . también existen reguladas una serie de opciones que permiten sacar al menor. sin que concurran. cit. 13 de mayo de 1993. Así: Cass.. Se admite que la suspensión pueda ser aplicada por el juez de la audiencia preliminar y por el de la vista oral. Sin embargo. Distintas sentencias tienen establecido que no se puede adoptar en fase de apelación. pen. 19. Respecto al perdón judicial y la no procedibilidad por irrelevancia del hecho. porque su ratio (limitar al máximo el contacto entre los menores y el sistema de la justicia penal) no tiene sentido cuando se ha dado una sentencia de condena. implica la inexistencia de los efectos estigmatizantes de la condena. Conforme al art. sez. IV. 57 SERGIO. 30 de marzo de 1990./448 está remitida a la discrecionalidad del juez. Cabría citar al respecto las siguientes: 1) La posibilidad que tiene el Ministerio Fiscal de desistir en la incoación del expediente por corrección en el ámbito educativo y familiar. causas de justificación o de exención de responsabilidad. el hecho de que la comisión de delitos muy graves no excluya la aplicación de este instituto es una de las principales críticas de que ha sido objeto.. entendiendo que resultan insuficientes los tres años previstos actualmente como límite máximo. págs. Ancona. 28 de febrero de 1995). Precisamente. pues en la primera el juicio de prognosis favorable de reinserción se hace en base a una observación directa y la resultante de los servicios sociales.. con obligaciones que cumplir y bajo el constante control de los servicios de menores y del juez y con la disposición de modificar sustancialmente el estilo de vida (Trib. 56 La suspensión del procedimiento y la puesta a prueba del artículo 28 D.R. En la L. n.
por entender que ha sido expresado suficientemente el reproche al menor a través de los trámites ya practicados o por considerar inadecuada para su interés cualquier intervención. En el caso de que el menor no cumpla la reparación o la actividad educativa acordada. el programa preparado para la resocialización del menor. nº 689 que modifica el sistema penal.4). para remitir el expediente al Juez. 475. o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico. el Ministerio Fiscal continúa la tramitación del expediente. La libertad controlada. 27. por ejemplo. pág. 3) La facultad del Ministerio Fiscal. teniendo en cuenta la personalidad y las exigencias de trabajo o de estudio del menor. 14. Precisamente. así como proceder a la suspensión de la ejecución del fallo (art. pues. nº 16). 51. atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor. El art./448 señala como límite para que entren en juego las sanciones sustitutivas que la pena privativa de libertad que en concreto se vaya a imponer no sea superior a dos años.C.. 53 y ss. 59. además de sus condiciones familiares. el menor reconozca el daño causado. o cuando una u otros no pudieran llevarse a efecto por causas ajenas a la voluntad del menor. el Ministerio Fiscal da por concluida la instrucción y solicita del Juez el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. el art. En la medida en se dé ese dato objetivo en la sentencia de condena el juez. 6.dejar sin efecto la medida o sustituirla por otra (arts. incluso más graves. Aparte de las anteriores opciones. 59 En este sentido.R. la materia se regula en lo arts. dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos. 40). a veces. se disculpe ante la víctima y ésta acepte sus disculpas) o cumplidos los compromisos de reparación asumidos con la víctima o perjudicado. La semidetención implica la obligación de pasar al menos dieciséis horas al día en un adecuado instituto de menores destinado a los que están en semilibertad y de seguir. de la ley 24 de noviembre de 1981. parece ser que las posibilidades de recurrir a las sanciones sustitutivas alcanza un margen mucho mayor. a su vez. y a la circunstancia de que además el menor se haya conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la víctima o al perjudicado por el delito. con propuesta de sobreseimiento. MORO. En base al juego de las atenuantes genéricas y de la específica de menor edad. en los que no debe haber concurrido violencia o intimidación grave (art.1 y 2). donde se contienen las condiciones subjetivas para la sustitución. el juez puede –bien de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor y previas ciertas audiencias. abarcaría penas que en abstracto tengan un mínimo de cuatro años o. 58 En relación a adultos. 29 .1. A. Sanciones sustitutivas También en materia en sanciones sustitutivas el trato que el ordenamiento italiano dispensa a los menores es diferente y más favorable que el establecido para adultos 58. ha sido declarado inconstitucional en lo que respecta a que no excluye que tales condiciones se extiendan a los menores (sentencia de la Corte Constitucional de 18 de febrero de 1998. de modo particular a la falta de violencia o intimidación graves en la comisión de los hechos (con exclusión de los delitos graves). Una vez producida la conciliación (es decir. sociales y ambientales.Fiscal también puede desistir de la continuación del expediente. cit. Manuale di diritto minorile. con lo que la pena privativa de libertad en el procedimiento de menores tiene un carácter residual 59. puede sustituir dicha pena por la semidetención o la libertad controlada. 30 D. durante la jornada. de acuerdo con el informe del equipo técnico. permite al menor permanecer en su ambiente de vida ordinario.P.
Ahora bien. lo que sí hace es consagrar una gran discrecionalidad judicial en orden a la elección de la medida. excepcionalmente. obligación de trabajar o de estudiar. 71. Ahora bien. 14. 53 de la ley 24 de noviembre de 1981.se prevé como sustitutivo la expulsión del país. siempre que la modificación redunde en el interés del menor y se exprese suficientemente a éste el reproche merecido por su conducta (art. A.O..2). cit. con carácter general y con idéntica salvedad y durante el mismo tiempo que en el anterior. Sin embargo. de modo que el juez de menores en cualquier momento (con alguna limitación recogida en la disposición adicional 4ª) tiene la posibilidad de dejar sin efecto la medida impuesta. hay prevista una sustitución especial para extranjeros no residentes legalmente en España. 472. etc.1 y 51. cabe recordar que la L. en ambos casos se exige que el culpable no sea reo habitual. si bien después de que haya cumplido en España las tres cuartas partes de la condena o alcance el tercer grado de tratamiento penitenciario (art. mediante la determinación de la pena inferior en grado. de dos.M.). 7. regula de forma particular algunos aspectos relativos a su ejecución respecto a menores. reducir su duración o sustituirla por otra. 88). por ejemplo. De esta opinión. 30 sólo se citan las dos penas anteriores. la expulsión. distinguiendo según que la pena privativa de libertad impuesta sea o no inferior a seis años. tiene que ser controlado y sostenido por el servicio social de menores. en base a lo previsto para los adultos en el art. la pena de prisión sólo puede ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad. proceda imponer una pena de prisión inferior a tres meses (art. en tanto en cuanto se desentiende de su recuperación 60. pag. En el primer caso –salvo excepciones. sin embargo. no participa algún autor con sólidos argumentos. 89). nº. Por lo que se refiere al ordenamiento español. Asimismo.. estableciéndose que cada día de prisión será sustituido por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo Tal sustitución es obligatoria en los casos en que. el CPE sí acoge la sustitución de las penas privativas de libertad por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad. en el caso de condenados por delitos relacionados con la violencia de género.P. Medidas de seguridad El D. Aparte de otros matices y requisitos.mientras que esta sujeto a un programa educativo en el que se establecen prescripciones negativas (referentes.R.1). en sentencia de 12 de febrero de 1999. la Corte de Casación. Pese a que en el art.C. al tiempo que se faculta también al juez para que imponga al penado la observancia de ciertas obligaciones o deberes (art. sin que existan posibles sustitutivos. favores a la víctima del delito. aunque mantiene intacto el perfil sustantivo de las medidas de seguridad. que se concreta en su expulsión del territorio nacional. mientras que la sustitución resulta potestativa para el juez en relación a penas de prisión que no excedan de un año y. también en el segundo supuesto se establece.R. a la libertad de movimientos o de frecuentar determinados sitios) o positivas (relacionadas con servicios sociales. 476. 30 . considera posible aplicar también la pena pecuniaria. Manuale di diritto minorile. destacando el hecho de que la pena pecuniaria no permite llevar a cabo la necesaria acción de control y apoyo del menor. contiene un amplio catálogo de medidas a imponer. prohibiéndole que regrese en un plazo de diez años.P. 60 MORO./448. Finalmente.
Esta medida presenta carácter facultativo y obligatorio. 229 CPI. mediante el internamiento en comunidad.2. esta medida o la de reformatorio judicial. La medida de seguridad de reformatorio judicial. es aplicada sólo en relación a los delitos previstos en el número 1 del art. el juez puede aplicar a los menores de catorce años. Según este último precepto. si se ha impuesto una pena de reclusión no inferior a diez años. por la específica modalidad y circunstancias del hecho y por la personalidad del imputado. 31 . es el único órgano competente para la aplicación definitiva de la medida de seguridad. 37. En el primer caso. 225 y 226.para otras hipótesis en los artículos 224. teniendo especialmente en cuenta la gravedad del hecho y las condiciones morales de la familia con la que el menor ha vivido. 36 prevé la aplicación de las medidas de libertad vigilada y reformatorio judicial. prevé la medida de reformatorio judicial –cuya duración no puede ser inferior a un año. o disponer tal aplicación. Es de imposición obligatoria. es decir. La sede propia para la adopción definitiva de una medida de seguridad es la de la vista oral. el juez de la audiencia preliminar. regulado en el art. sin embargo. no se ha iniciado el procedimiento del art. por lo que también cabe la posibilidad de imponer prescripciones en torno a la actividad de estudio o trabajo u otras actividades útiles para la educación. subsista el concreto peligro de que éste cometa delitos con uso de armas o de otros medios de violencia personal o dirigidos contra la seguridad colectiva o el orden constitucional o graves delitos de criminalidad organizada (art. si el condenado se encuentra en libertad condicional o si es delincuente habitual o profesional y comete nuevo delito. que. puede aplicar una medida provisional en el caso en que el menor haya sido absuelto por ausencia de imputabilidad. a través de la imposición de específicas prescripciones relacionadas con el estudio o trabajo u otras actividades útiles para la educación del menor) o mediante la permanencia en casa. 37 el tribunal de menores procede al juicio sobre la peligrosidad y decide mediante sentencia -después de oír al menor. se puede aplicar. a solicitud del ministerio público. cuya duración no pueda ser inferior a tres. En este caso. siempre que concurran 61 Recuérdese que. 23 62 y se exige en la forma prevista en el art. El legislador distingue según que la medida de seguridad se aplique a través de la sentencia de no dar lugar a proceder al final de la audiencia provisional o tras la conclusión de la vista oral. La primera dispone que se aplique en la forma prevista en los artículos 20 y 21 (o sea. 62 El CPI. según art. que resulte una nueva manifestación de habitualidad o profesionalidad (art. siempre que. el juez traspasa las actuaciones al tribunal de menores. 22. aparte de otros casos especiales. al margen de otros supuestos determinados por la ley. 38. Conforme al art. el procedimiento ante el tribunal de menores.El art.2) Tras la aplicación provisional de la medida. a la postre. en los casos previstos en el art. en el caso de condena a reclusión superior a un año y en aquellos en que el código autoriza una medida de seguridad por un hecho no previsto en la ley como delito. 36. el tribunal de menores puede disponer. si son socialmente peligrosos. dejando de tener efecto la medida si. es decir. 230 CPI) 61. conforme al art. 224 CPI. 37. transcurridos treinta días desde su pronunciamiento. al que ejerce la potestad de los padres y a los servicios de menoresconvalidar o revocar la medida aplicada provisionalmente.
2. a la que se ha añadido anotaciones de Derecho español. con el menor. 40). que sirvan de referencia. sin más. Su análisis me parece crucial.las condiciones del art. en el convencimiento de que el estudio y la confrontación de diferentes sistemas puede ser una buena manera de descubrir aspectos. abuso o abandono. de las previstas para los adultos y estar basados. necesariamente.he pretendido no sólo mostrar el perfil de los correspondientes textos legales. inspirada en las directrices y normas internacionales existentes en relación con el tema. como medida de prevención. pues responde a la idea de desjudicializar al máximo el derecho penal juvenil. profundizar en aquellas que presentan un especial interés. 39).no es la solución al problema y que el proyecto de formación y educación de los jóvenes.tienen que diferenciarse. de violencia. IV. sino la consideración que de los mismos tiene la doctrina. CONSIDERACIÓN FINAL Las anteriores páginas han tratado de ofrecer una visión panorámica de cómo se regula en Italia la responsabilidad penal de los menores. en un próximo trabajo. a su vez. en la sentencia de no dar lugar a proceder por irrelevancia del hecho. frente al menor delincuente –no pocas veces víctima. en que la represión. sobre todo. la suspensión del procedimiento y puesta a prueba o el perdón judicial. particularmente en ciertas especialidades en orden a la paralización del proceso y a la no exigencia de responsabilidad penal del menor. porque sigo pensando que las respuestas de cualquier orden –y sobre todo las penales. La competencia para la ejecución de la medida aplicada está atribuida al magistrado de vigilancia de los menores del lugar en el cual la medida debe ser cumplida. La idea de recuperar al joven delincuente y lograr su incardinación en la comunidad es un objetivo que sólo aparentemente entra en contradicción con una eficaz defensa social. quien tiene las siguientes prerrogativas: determinar la modalidad de ejecución de la misma y vigilar su ejecución mediante frecuentes contactos. parte de esa misma convicción. porque su realización constituye la mejor antítesis del crimen. 37. Habrá que insistir. la aplicación de alguna de las dos medidas en la sentencia de absolución por no imputabilidad o en la sentencia de condena (art. Habida cuenta de que son muchas y muy variadas las cuestiones pendientes de desarrollar. espero. en la idea de recuperación del joven delincuente. tanto positivos o negativos. ocupándose de que reciba la atención necesaria para su plena integración en la comunidad. mediante mecanismos dirigidos a sacar al menor lo antes posible del ámbito sancionador.constituyen el máximo exponente de la importancia que las normas confiere a la educación del menor. de nuevo. por ejemplo. en sus respectivos casos. para subsanar deficiencias o incorporar previsiones foráneas interesantes. sin formalidad alguna. Se constata fácilmente que la legislación italiana. 32 . así como la interpretación y aplicación que al respecto efectúa la jurisprudencia. con la persona a la cual eventualmente haya sido confiado el menor y con los servicios de menores (art. con el que ejerce la potestad de los padres. En el análisis efectuado –que ha de entenderse como una primera aproximación al Derecho Penal italiano de menores. así como la tendencia que hay por sacarle del circuito penal cuanto antes y en las mejores condiciones. Estas previsiones –que se concretan.
en la que todos. 33 .es una responsabilidad colectiva. absolutamente todos. debemos implicarnos.
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sui generis
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 artículo 87
 artículo 85
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 artículo 20
 artículo 19
 artículo 69
 artículo 97
 artículo 4
 artículo 98
 artículo 98
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 artículo 223
 artículo 37
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 artículo 98
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 artículo 169
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