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﻿ SENTENCIA 11514 DE SEPTIEMBRE 25 DE 1997
SENTENCIA 11514 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997
CONTENIDO:LLAMAMIENTO EN GARANTÍA: NO LO PUEDE HACER UN COAUTOR DEL DAÑO
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO, DAÑO, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, TRÁMITE DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
Sentencia 11514 de septiembre 25 de 1997
NO LO PUEDE HACER UN COAUTOR DEL DAÑO
EXTRACTOS: «Lo primero que advierte la Sala en el presente asunto es que por virtud de la conciliación verificada las pretensiones formuladas por la parte actora en contra de la Nación, esto es, la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y la condena por los daños causados a la víctima, fueron objeto de acuerdo entre demandante y demandado, lo cual, como se verá hace improcedente un pronunciamiento favorable respecto del llamamiento en garantía.
En efecto, habrá de precisarse que con arreglo al artículo 57 del C.P.C., la figura procesal de llamamiento en garantía, como su nombre lo indica, supone la titularidad en el llamante de un derecho legal o contractual por virtud del cual pueda, quien resulte condenado al pago de suma de dinero, exigir de un tercero, la efectividad de la garantía o el reembolso del pago que tuviere que hacer el demandado, como consecuencia de la sentencia de condena. En otras palabras, la característica esencial del llamamiento es la existencia de una garantía de derecho sustancial por virtud de la cual se le permite a la parte demandada que vincule al proceso a un tercero, para que, en caso de sobrevenir sentencia de condena, se haga efectiva la garantía y por lo mismo el tercero asuma sus obligaciones frente al llamante o reembolse el pago a que aquél resultare obligado. Así las cosas, el llamamiento supone la existencia de una relación jurídico-sustancial diferente a la que es objeto de las pretensiones contenidas en la demanda, aunque entre ambas exista una dependencia necesaria, pues claro resulta que solamente cuando se produzca una sentencia de condena habrá lugar a estudiar si el llamado debe asumir, por virtud de la existencia de la garantía, dichas obligaciones objeto de la condena.
En el caso presente el objeto de debate de conformidad con la demanda presentada se contrajo a la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado y la consecuente indemnización de perjuicios, por virtud de los daños causados el día 7 de octubre de 1992. Estas pretensiones, como se advirtió, fueron conciliadas entre demandante y demandado. Quiere ello decir que al haber sobrevenido la conciliación con el contenido a que se ha hecho mención, el proceso, respecto de la relación jurídica sustancial entre demandante y demandado, terminó de manera anormal sin que haya culminado la instancia con una sentencia de condena, pues adviértase que el auto probatorio de la conciliación, si bien comporta cosa juzgada material, no puede asimilarse a una sentencia de condena, providencia ésta que ha de producirse, cuando del llamamiento en garantía se trata, como condición sin la cual no es viable por parte del juez, descender al estudio de la relación jurídico-material que exista entre llamante y llamado.
En efecto, es presupuesto indispensable para poder hacer efectivos los derechos y las obligaciones objeto de la garantía por virtud de la cual se produjo el llamamiento del tercero garante, el que el llamante resulte condenado al pago de la obligación indemnizatoria originada por el daño antijurídico causado. Como se suele decir, la pretensión procesal contenida en el llamamiento en garantía, es una pretensión eventual, en el sentido de que su estudio y consideración por parte del juzgador está condicionado a que la sentencia con que culmina la instancia en el proceso donde se ha producido el llamamiento, imponga una condena al llamante, que a su vez es objeto de la garantía que lo vincula con el tercero llamado en garantía.
En este orden de ideas, en lo que hace al presupuesto sustancial contenido en el artículo 57 del C.P.C., requerido para la eficacia del llamamiento, claro resulta que en el presente proceso no se produjo sentencia de condena. Sin sentencia de esta naturaleza en contra del llamante, no puede haber lugar a la consideración de la relación jurídico material existente entre los sujetos procesales del llamamiento. Téngase en cuenta que, adicionalmente, en lo que al contenido respecta, la providencia aprobatoria de la conciliación no puede asimilarse a la sentencia de condena, presupuesto contenido en el artículo 57 del C.P.C. para la decisión objeto del llamamiento.
Adviértase que cuando entre demandante y demandado se produjo el acuerdo conciliatorio, se transigió la litis, al haberse ocupado las partes de las pretensiones formuladas en la demanda, pues ese es el efecto sustancial del acuerdo obtenido en la conciliación. El hecho de que la Nación como consecuencia de la conciliación haya asumido el pago de prestaciones patrimoniales en favor del demandante, no permite; ni por asomo, pretender exigir de la empresa llamada en garantía la asunción de tales obligaciones, pues los efectos vinculantes del acuerdo conciliatorio celebrado no se extienden per se al llamado.
Resultaba inútil entonces, luego de verificada la conciliación con los alcances expuestos, continuar con el trámite del proceso entre demandado y llamado en garantía, para los efectos de dirimir las relaciones jurídicas entre estos sujetos, pues se reitera, desde el mismo momento en que la Nación dispuso del derecho en litigio de la totalidad de las pretensiones contenidas en la demanda, hacíase inútil la continuación del trámite, por sustracción de materia. En efecto, sin que se hubiese de producir una sentencia de condena, precisamente porque la litis fue conciliada, no puede haber pronunciamiento alguno respecto del objeto del llamamiento en garantía. No puede perderse de vista que si bien la parte demandada tuvo a bien conciliar toda la litis en lo que hace a la relación jurídico material que la vinculaba con la parte demandante, de ello no se seguía que al llamado en garantía pudiera oponérsele el contenido obligacional del acuerdo conciliatorio, toda vez que dicho sujeto procesal no asumió prestaciones patrimoniales, en la audiencia de conciliación.
El llamado tiene interés directo en el proceso, en la medida en que de la suerte del debate planteado entre demandante y demandado, depende que la relación jurídica material que lo vincula con el llamante resulte afectada. Así las cosas, en el mismo momento en que se realizó la conciliación y se dispuso sobre el derecho en litigio mediante celebración de acuerdo conciliatorio, cuyos efectos vinculantes cobijan a demandante y a demandado, se dejó sin piso ni fundamento alguno el llamamiento en garantía. Esa relación jurídico sustancial, esto es, la existente entre llamante y llamado, ha debido ser objeto de consideración en el acuerdo conciliatorio, si a lo que se aspira con la formulación del mismo, era vincular al tercero, a las resultas del proceso.
La Sala observa, analizado el objeto del llamamiento y su fundamento, que a la Nación-Ministerio de Defensa no asistía derecho legal o contractual para exigir de la empresa Copetran, el pago o el reembolso de una eventual condena en su contra. En efecto, invocó la Nación como fundamento normativo de su llamamiento la aplicación de las normas que disciplinan el contrato de transporte terrestre, cual si en el presente proceso, la existencia de un contrato de tal naturaleza, entre la empresa llamada en garantía y los pasajeros que se transportaban el día 7 de octubre de 1992 en un bus bajo la guarda de aquella, habilitara a un tercero, ajeno por completo a esa relación negocial, a ejercer derechos de naturaleza contractual. En efecto, la Nación no fue parte negocial en el contrato de transporte terrestre que ejecutaba la empresa Copetran para el día de los hechos. Por esta razón no podía invocar como fundamento del llamamiento el supuesto incumplimiento de las obligaciones de resultado que incumben al transportador terrestre de llevar sanos y salvos a destino a los pasajeros. No pudiendo beneficiarse por su condición de tercero respecto del contrato de transporte terrestre, de los efectos de este negocio jurídico, el pretendido derecho que invocó la Nación como fundamento del llamamiento no existe y por este aspecto, tampoco se abrirían paso las aspiraciones buscadas por la parte demandada con el llamamiento en garantía realizado.
La Sala estima conveniente precisar que la Nación-Ministerio de Defensa, no deriva derecho de rango legal del artículo 2.344 del Código Civil para verificar el llamamiento en garantía, en el caso presente.
En efecto, el demandado sostuvo en el recurso de apelación contra la sentencia desestimatoria del llamamiento, que el daño padecido por la parte demandante, habría sido resultado de la concurrencia de causas, imputables a la participación de los miembros del ejército, a la de los subversivos y también, a la conducta negligente y descuidada de la empresa transportadora, quien habría permitido que personas armadas viajaran en el bus el día de los hechos. Bajo esta consideración la parte demandada invocó como fuente normativa de donde derivaría el derecho a efectuar el llamamiento, el artículo 2.344 del C.C., norma ésta que al establecer la responsabilidad solidaria para los varios coautores del daño, haría viable tal llamamiento.
La Sala considera que esa interpretación es equivocada de acuerdo con el contenido normativo de tal precepto. En efecto, la pluralidad de causantes de un mismo daño antijurídico, genera, a manera de garantía para la víctima el beneficio de la solidaridad en la condena que se profiera en contra de los varios responsables del perjuicio.
Esa la ratio iuris del precepto. En otros términos: cuando quiera que el daño padecido por la víctima pueda ser imputado en su ocurrencia a la autoría de dos o más personas, la sentencia que resuelva sobre la declaración de responsabilidad y que imponga como condena el pago de perjuicios, establecerá la solidaridad para la obligación indemnizatoria y por ende, esta calidad, le permitirá al acreedor, perseguir el pago del total de la deuda, frente a todos o algunos de los varios obligados solidariamente. De lo cual se sigue, que el artículo 2.344 del C.C., otorga un derecho a la víctima para obtener condena solidaria y por lo mismo es ella quien podrá enderezar sus pretensiones indemnizatorias en contra de los varios autores del daño.
Ahora bien: ¿Cuál el derecho que otorga tal precepto a quien es demandado en juicio de responsabilidad? ¿La participación plural en la causación del daño implica que la persona demandada pueda llamar en garantía a los demás coautores del daño no demandados?.
Ante todo, la Sala sostiene que la solidaridad nace con la condena, antes no se ha declarado la existencia de la responsabilidad y por ende no está debidamente determinada la estructura de la obligación indemnizatoria, ni en cuanto a su objeto y contenido, mucho menos en cuanto a los sujetos del vínculo obligatorio. De otra parte, en tanto no se demande la declaración de responsabilidad frente a los varios coautores del daño, la solidaridad no podrá declararse, pues dicha calidad de las obligaciones supone pluralidad de sujetos bien por activa o por pasiva y para ello es necesario que la víctima vincule a los varios autores del daño. Así las cosas, para que la solidaridad tenga ocurrencia y se obtenga su declaración en la providencia judicial, se reclama que los varios coautores del daño sean demandados simultáneamente, y a ese resultado se llega, exclusivamente, por la iniciativa del demandante, único titular de la acción en contra de los varios responsables.
En este orden de ideas, se tiene que en punto que los sujetos de la obligación solidaria cuya fuente es el daño antijurídico causado por varios coautores, lo serán, de un lado la víctima reclamante, acreedora de la obligación indemnizatoria y del otro, los varios coautores demandados, obligados solidariamente frente a aquélla. El artículo 2.344 del C.C. no otorga entonces, derecho al “coautor” demandado de vincular a los terceros no demandados, por la vía del llamamiento, toda vez que la titularidad de la pretensión indemnizatoria, está radicada en la víctima.
De otra parte, ¿Cuál derecho otorga ese precepto a quien se imputa la responsabilidad? ¿La Nación, como parte demandada, podrá exigir de los terceros no demandados, el reembolso de la suma que tenga que pagar por perjuicios?. La respuesta negativa se impone. En efecto, bien cierto que con arreglo al artículo 1.579 del C.C., entre los codeudores solidarios existe subrogación en las acciones del acreedor, cuando uno de los varios deudores, extingue la obligación solidaria, por pago o por un medio equivalente a éste y, por lo mismo, en su condición de subrogatario del acreedor, puede perseguir a los demás obligados solidarios por la parte o cuota que a cada uno corresponde en la deuda solidaria. Mas sin embargo, es preciso distinguir los alcances de las relaciones internas entre los codeudores solidarios, de las llamadas relaciones externas del grupo deudor para con el acreedor común. Es condición indispensable para poder exigir a un codeudor solidario por parte de otro su parte o cuota en la deuda, el que previamente exista la solidaridad. Esta sola razón pone de presente que en tanto la demanda de responsabilidad no se dirija contra los varios coautores del daño no se podrá imponer la condena de manera solidaria. Si no fueron demandados los varios coautores del daño ello no habilita a uno de los demandados a vincular al proceso, por la vía del llamamiento en garantía, a los demás coautores. Y se sostiene que no es procedente por cuanto el tercero no demandado no tiene la calidad de deudor solidario. Esta calidad sólo se obtendrá cuando la sentencia declare la responsabilidad e imponga como condena la solidaridad en la obligación indemnizatoria.
De lo dicho anteriormente resulta fácil concluir que mientras no se produzca una declaración en tal sentido por parte del juez de la responsabilidad, no existe derecho de naturaleza legal en cabeza de uno de los varios autores del daño para llamar en garantía a los demás.
Es por estas razones que la Sala se separa del criterio expuesto por el Ministerio Público, cuando en el curso de la primera instancia sostuvo:
“El Ministerio Público considera que la eventual fuente de la responsabilidad que se invoca en el llamamiento no es otra que la de naturaleza extracontractual o aquiliana de que se ocupa el artículo 2.344 del C.C., en cuanto dispone que si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una, de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvo las excepciones de los artículos 2350 y 2355; solidaridad que a su vez permite al deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido subrogarse en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades a voces del artículo 1579 de la obra en cita.
Bajo estas precisiones normativas queda claro entonces que en el caso en estudio el derecho de la nación para convocar al tercero tiene procedencia legal, en la medida que le permite cobrar al llamado, total o parcialmente, la suma que el auto aprobatorio de la conciliación lo obliga a pagar, desde luego previa demostración de su intervención en el episodio dañino como que sólo de comprobarse su participación sería posible deducir la responsabilidad que frente al hecho le compete. (Cfr. fis. 228 y 229 del expediente).
Para la Sala, tal como queda expuesto, en el caso presente, no asistía derecho legal para llamar en garantía, mucho menos se puede sostener que el monto que pudiera solicitarse del “codeudor”, lo es el valor de la conciliación, pues ya se observó igualmente que los efectos jurídico materiales de tal acuerdo conciliatorio en lo que hace a su contenido obligacional, solamente vincularon a demandante y demandado.
Por último y en relación con la figura procesal del llamamiento ha de tenerse presente que quien lo realiza dentro del proceso debe formular adecuadamente las pretensiones objeto del mismo cuya declaración se solicita, con la relación fáctica de los hechos en que encuentran sustento. Estos aspectos se echan de menos en el escrito del llamamiento, toda vez que la Nación no formuló ningún
tipo de pretensión en concreto en contra de la empresa
transportadora».
(Sentencia de septiembre 25 de 1997. Expediente 11.514. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

References: artículo 57
 artículo 57
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 artículo 2
 artículo 2
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 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1579