Source: https://beta.e-justice.europa.eu/34/ES/how_to_bring_a_case_to_court?LITHUANIA&init=true&member=1
Timestamp: 2019-08-26 09:23:53+00:00

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La legislación de la República de Lituania ofrece varias opciones alternativas de resolución de litigios. En 2012, entró en vigor en Lituania la Ley de Arbitraje Comercial refundida (Komercinio arbitražo įstatymas). Esta Ley se aplica a los procedimientos de arbitraje que se celebran en el territorio de la República de Lituania, independientemente de la ciudadanía o nacionalidad de las partes en el litigio, tanto si son personas físicas como jurídicas, y tanto si el procedimiento de arbitraje se celebra ante un órgano de arbitraje permanente como si se hace de forma específica, según cada caso. El arbitraje es una alternativa equivalente a los órganos jurisdiccionales nacionales. Ofrece una opción para resolver rápida y cómodamente la mayoría de los litigios comerciales sometiéndolos a aquellas personas independientes, fidedignas y con prestigio que ambas partes acuerden en lugar de los jueces. Las partes en el arbitraje pueden acordar las reglas que van a regir el procedimiento de arbitraje de forma más libre. El tribunal de arbitraje puede reunirse en cualquier lugar adecuado para las partes en el litigio y elegir libremente la lengua del procedimiento, la forma de la resolución, etc. Los laudos arbitrales electrónicos se reconocen como acuerdos escritos.
En 2008 se adoptó la Ley de Mediación Conciliatoria en Litigios Civiles (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas). La mediación conciliatoria en litigios civiles (también denominada mediación) es un procedimiento de resolución amistosa de litigios en el que interviene un tercero intermediario, conciliador e imparcial (mediador). La legislación dispone que la mediación se puede emplear para resolver litigios civiles (por ejemplo, litigios sobre asuntos de familia y otros) de los que puede conocer un órgano jurisdiccional en los procedimientos civiles. Las partes pueden utilizar esta opción para resolver su litigio tanto antes de someterlo a los tribunales (mediación extrajudicial) como después de que se haya iniciado el procedimiento judicial (mediación judicial). Debe tenerse en cuenta que el inicio de la mediación suspende el plazo de una demanda. Por lo tanto, aun si no prospera la resolución amistosa de un litigio, las partes conservan su derecho a recurrir a los tribunales. La mediación judicial es gratuita. Además, si se opta por resolver el litigio en un asunto civil a través de la mediación judicial, se ahorrará una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo en comparación con el procedimiento judicial, así como dinero, ya que, en caso de que el procedimiento de mediación termine con un acuerdo amistoso, se reembolsará el 75 % de las costas judiciales pagadas. Resolver un litigio con la mediación judicial garantiza la confidencialidad, y cualquier parte puede retirarse de la mediación judicial sin alegar los motivos.
La resolución extrajudicial de los litigios derivados de contratos de consumidores se rige por la Ley de Protección de los Consumidores (Vartotojų teisių apsaugos įstatymas), que entró en vigor en 2007 y constituye una alternativa al procedimiento judicial, incluidas sus reglas de procedimiento y la estructura institucional. Los órganos que intervienen en la resolución alternativa de litigios en Lituania son el Servicio Nacional de Protección del Consumidor (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba), el Servicio Regulador de las Comunicaciones (Ryšių reguliavimo tarnyba) y otros organismos encargados de los litigios en sectores específicos [el Servicio Regulador de las Comunicaciones conoce de los litigios en el ámbito de la comunicación electrónica y los servicios postales y de mensajería, el Banco de Lituania (Lietuvos bankas) se encarga de los litigios de los consumidores con los proveedores de servicios financieros, etc.]. Los consumidores pueden recurrir a la asistencia jurídica durante la resolución alternativa de litigios, pero los gastos de esta no se reembolsan. Se ofrece asistencia jurídica primaria y secundaria, garantizada por el Estado, a aquellos consumidores que cumplan los requisitos establecidos en la legislación. La demanda presentada ante un órgano de resolución alternativa de litigios no tiene normalmente un efecto suspensivo del plazo. Por consiguiente, dados los plazos relativamente largos para la resolución de los litigios de consumidores y los plazos breves de las demandas en algunos casos, existe un riesgo grave de sobrepasar el plazo.
El plazo general es de diez años.
La legislación lituana establece plazos más cortos para algunos tipos de demandas particulares.
Se aplica un plazo más corto, de un mes, a las demandas derivadas de los resultados de procedimientos de licitación.
Se aplica un plazo más corto, de tres meses, a las demandas de nulidad de resoluciones de los órganos de personas jurídicas.
Se aplica un plazo más corto, de seis meses, a las:
demandas relativas a la ejecución por incumplimiento (sanciones, intereses de demora);
demandas relativas a los defectos de artículos vendidos.
Se aplica un plazo más corto, de seis meses, a las demandas derivadas de las relaciones entre las empresas de transporte y sus clientes respecto a envíos dentro de Lituania, aplicándose un plazo de un año a los envíos al extranjero.
Se aplica un plazo más corto, de un año, a las reclamaciones de seguros.
Se aplica un plazo más corto, de tres años, a las demandas por daños y perjuicios, incluidas las reclamaciones por daños derivados de la calidad defectuosa de productos.
Se aplica un plazo más corto, de cinco años, a las demandas de ejecución de pagos de intereses y otros pagos periódicos.
Las demandas relativas a los defectos de obras realizadas están sujetas a plazos más cortos.
Las demandas derivadas del transporte de mercancías, pasajeros y equipajes están sujetas a los plazos establecidos en los códigos (leyes) aplicables a los modos de transporte específicos.
Los litigios relativos a las obligaciones contractuales se regulan mediante la ley elegida por acuerdo entre las partes interesadas; si las partes eligen la legislación de la República de Lituania, pueden defender sus intereses legítimos ante los tribunales lituanos. Dicho acuerdo entre las partes puede establecerse en el contrato o bien de conformidad con las circunstancias de hecho del caso. Las partes pueden acordar que la legislación de un determinado Estado rija todo el contrato, o una o varias partes determinadas de este. Si las partes deciden que debe aplicarse la legislación de un Estado extranjero a un contrato, esta decisión no se podrá utilizar como fundamento para la exención de las normas obligatorias aplicables en la República de Lituania o en cualquier otro Estado que no se puedan cambiar ni eximir por acuerdo entre las partes.
Si las partes no indican qué legislación debe regir el contrato, se aplicará la del Estado a la que esté asociada más estrechamente la obligación contractual. Existe la presunción de que la obligación contractual está más estrechamente asociada al Estado en cuyo territorio:
la parte vinculada por la obligación más característica del contrato tiene su residencia permanente o administración central; si la obligación está más estrechamente asociada a la legislación del Estado en el que se encuentra el centro de actividad de la parte obligada, se aplicará la legislación de ese Estado;
se encuentran los bienes inmuebles, si el objeto del contrato son derechos reales o el derecho a su uso;
se encontraba el lugar principal de actividad en el momento de celebrar un contrato de transporte, siempre y cuando el Estado del lugar principal de la actividad del transportista sea el mismo que aquel en el que se cargó la mercancía, o se encuentra el domicilio social del expedidor o el lugar desde el que se envió la mercancía.
Los laudos arbitrales se rigen por la ley aplicable al contrato principal. Si el contrato principal no es válido, se aplicará la legislación del lugar en el que se dictó el laudo arbitral; si este no se puede identificar, se aplicará la legislación del Estado de arbitraje.
Los derechos y obligaciones de los partes resultantes de un daño se rigen, a elección de la parte interesada, bien por la legislación del Estado en el que se cometió el acto causante o donde se encuentre cualquier otra circunstancia que tenga como resultado el daño, o bien por la legislación del Estado en el que se sufrió el daño.
El régimen jurídico que rige las capitulaciones matrimoniales se determina por la legislación del Estado de residencia permanente de los cónyuges. Cuando la residencia permanente de los cónyuges se encuentre en Estados diferentes, la ley aplicable será la del Estado de la nacionalidad de ambos cónyuges. Cuando los cónyuges sean nacionales de diferentes Estados y nunca hayan tenido un lugar común de residencia, la ley aplicable será la del Estado en el que se celebró el matrimonio. El régimen jurídico que rige las capitulaciones matrimoniales definidas por contrato es la ley del Estado elegido por los cónyuges en su contrato. En este caso, los cónyuges pueden elegir la ley del Estado en el que tienen o tendrán su residencia permanente, la ley del Estado en el que se celebró el matrimonio o la ley del Estado de la nacionalidad de uno de los cónyuges. El acuerdo de los cónyuges sobre la ley aplicable será válido mientras cumpla los requisitos de la legislación del Estado elegido o del Estado en el que se celebró el contrato.
Las normas de competencia se establecen en los artículos 29 y 30 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Civilinio proceso kodeksas). Puede interponerse una demanda ante un órgano jurisdiccional de conformidad con el lugar de residencia del demandado. Una demanda contra una persona jurídica debe interponerse de conformidad con el domicilio social de la persona jurídica, tal y como conste en el registro de sociedades. Si el demandado es el Estado o un municipio, la demanda debe interponerse de conformidad con el domicilio social del órgano que representa al Estado o el municipio.
Una demanda contra un demandado cuyo lugar de residencia se desconoce, puede interponerse según la ubicación de sus bienes o su último lugar conocido de residencia. Una demanda contra un demandado que no tenga su lugar de residencia en la República de Lituania puede interponerse de conformidad con la ubicación de sus bienes o su último lugar de residencia conocido en la República de Lituania. Una demanda relativa a las actividades de una sucursal de una persona jurídica también puede interponerse según el domicilio social de la sucursal.
Una demanda de pensión alimenticia y de determinación de la paternidad también puede interponerse según el lugar de residencia del demandante. Una demanda de indemnización por daños personales, incluido el fallecimiento, puede interponerse según el lugar de residencia del demandante o el lugar en el que se sufrió el daño. Una demanda de indemnización por daños materiales a los bienes de una persona puede interponerse según el lugar de residencia del demandante (domicilio social) o el lugar en el que se cometió el daño.
Una demanda relativa a un contrato o acuerdo que especifique el lugar de ejecución también puede interponerse según el lugar de ejecución indicado en el contrato o acuerdo.
Una demanda para actuar en calidad de tutor, custodio o administrador de bienes también debe interponerse según el lugar de residencia (domicilio social) del tutor, custodio o administrador de los bienes.
Una demanda relativa a los contratos de los consumidores también puede interponerse según el lugar de residencia del consumidor.
El demandante tiene derecho a elegir entre varios órganos jurisdiccionales competentes para conocer del asunto.
Las demandas por derechos reales, el uso de bienes inmuebles, excepto las demandas relativas a la liquidación de bienes matrimoniales en los asuntos de divorcio, y la nulidad de embargos de bienes inmuebles son competencia del órgano jurisdiccional del lugar del bien inmueble o de la parte principal del mismo.
Las demandas de acreedores de una sucesión presentadas antes de que los herederos la hayan aceptado, así como la herencia, son competencia del órgano jurisdiccional del lugar de la herencia o de la mayor parte de esta.
Los tribunales de distrito, como tribunales de primera instancia, conocen de todos los asuntos civiles, excepto los asuntos de los que conocen los tribunales regionales o el Tribunal Regional de Vilna.
Los tribunales regionales conocen de los siguientes asuntos civiles en primera instancia:
desde el 4 de abril de 2013, las demandas superiores a 150 000 LTL, excepto los asuntos de familia y relaciones laborales, así como los asuntos relativos a la indemnización por daños no materiales;
asuntos relativos a las relaciones jurídicas por derechos de autor no patrimoniales;
asuntos relativos a las relaciones jurídicas en licitaciones públicas;
asuntos relativos a quiebras o reestructuraciones, excepto los asuntos relativos a las quiebras de personas físicas;
asuntos en los que una de las partes es un Estado extranjero;
asuntos relativos a demandas relativas a la venta obligatoria de acciones (participaciones e intereses);
asuntos relativos a demandas relativas a la investigación de las actividades de una persona jurídica;
asuntos relativos a la indemnización por daños materiales y no materiales derivados de la infracción de derechos adquiridos de pacientes;
otros asuntos civiles de los que deben conocer los tribunales regionales como tribunales de primera instancia con arreglo a leyes específicas.
Los siguientes asuntos son competencia exclusiva del Tribunal Regional de Vilna, como tribunal de primera instancia:
asuntos relativos a los litigios mencionados en la Ley de Patentes (Lietuvos Respublikos patentų įstatymas);
asuntos relativos a los litigios mencionados en la Ley de Marcas Comerciales (Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas);
asuntos relativos a la adopción de un ciudadano lituano residente en la República de Lituania solicitada por nacionales de otros Estados;
otros asuntos civiles que son competencia exclusiva del Tribunal Regional de Vilna como tribunal de primera instancia con arreglo a leyes específicas.
Las personas pueden interponer una demanda judicial por sí solas o a través de sus representantes. La participación de una persona en una vista no la priva del derecho a contar con un representante en el procedimiento. Se considera adecuado que un representante asista a una vista en nombre de la persona a la que representa, a menos que el órgano jurisdiccional considere necesario que la persona representada esté presente.
Una persona debe tener un abogado en los procedimientos relativos a los asuntos especificados en la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Código Civil (Civilinis kodeksas): p. ej., si el órgano jurisdiccional conoce de un asunto sobre la declaración de incapacidad jurídica de una persona, esta debe estar representada por un abogado.
Las personas que deseen remitir documentos a un órgano jurisdiccional u obtener documentos de este deben ponerse en contacto con la secretaría judicial, que les explicará el procedimiento para remitir, obtener o devolver documentos. Puntos de contacto de los tribunales
Desde el lanzamiento del portal de servicios electrónicos e.teismas.lt, el 1 de julio de 2013, es posible presentar la documentación del asunto, realizar un seguimiento del procedimiento, pagar las costas judiciales y obtener otros servicios en línea.
Con vistas a garantizar que los asuntos se tramiten de forma unificada, se ha establecido mediante resolución que, desde el 1 de enero de 2014, los asuntos tramitados electrónicamente por los tribunales inferiores y remitidos a los tribunales de apelación y casación también deben tramitarse electrónicamente.
Las partes en un asunto deben proporcionar copias originales de los documentos procesales. Además, el órgano jurisdiccional debe recibir una cantidad de copias suficiente de los documentos procesales impresos: una copia para cada parte contraria (en los asuntos con varios demandados o demandantes, una copia para cada uno de ellos, o si se ha nombrado a un representante o persona autorizada para recibir los documentos procesales relativos al asunto, una copia para ese representante o persona autorizada) y para los terceros, excepto cuando el documento procesal se presente mediante comunicación electrónica. Todos los anexos de los documentos procesales deben remitirse en la misma cantidad de copias que los documentos principales, excepto cuando se presenten mediante comunicación electrónica o si el órgano jurisdiccional autoriza que los anexos no se entreguen a las partes porque son muy numerosos.
Todos los documentos procesales y sus anexos deben remitirse al órgano jurisdiccional en la lengua nacional. Cuando las partes en el procedimiento a las que deben dirigirse los documentos procesales no hablen la lengua nacional, el órgano jurisdiccional deberá recibir las traducciones de los documentos en una lengua que entiendan. Cuando los documentos suministrados deban traducirse a una lengua extranjera, las partes deberán proporcionar traducciones debidamente certificadas.
Puede interponerse una demanda electrónicamente a través del portal de servicios electrónicos de los tribunales lituanos https://e.teismas.lt/lt/public/home/, al que se puede acceder desde el sitio web de la Administración de los Tribunales Nacionales (Teismų administracija): http://www.teismai.lt/.
Puede cumplimentarse un formulario de demanda electrónico en el portal de servicios electrónicos de los tribunales lituanos https://e.teismas.lt/lt/public/home/.
Cualquier demanda que se presente al órgano jurisdiccional debe cumplir los requisitos generales aplicables al contenido de los documentos procesales. (Artículo 111 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.) Los documentos procesales deben remitirse al órgano jurisdiccional por escrito. Cada documento procesal de una parte en el procedimiento debe especificar:
el nombre del órgano jurisdiccional ante el que se presenta el documento procesal;
el estatuto procesal; los nombres, apellidos, número de identificación personal (si se conocen) y lugares de residencia de las partes en el procedimiento; las direcciones de otras partes en el procedimiento para remitirles los documentos procesales que conozca el demandante; cuando las partes en el procedimiento o una de ellas sean una persona jurídica, el nombre completo, el domicilio social y cualquier otra dirección de otras partes en el procedimiento para remitirles los documentos procesales que conozca el demandante; los códigos, números de cuentas actuales (si se conocen) y datos de las entidades de crédito (si se conocen);
el método que debe emplearse para remitir los documentos procesales a las partes y el código postal para la correspondencia, si es diferente del lugar de residencia o de celebración del juicio;
la naturaleza y objeto del documento procesal;
las circunstancias en las que se fundamenta el objeto del documento procesal y cualquier prueba que las confirme;
los anexos deben adjuntarse al documento procesal presentado;
la firma de la persona que presenta el documento procesal y la fecha en que se formalizó.
Una persona que sea parte en el procedimiento y que fundamente un documento procesal en una norma de interpretación adoptada por un órgano jurisdiccional internacional o un órgano jurisdiccional de un Estado extranjero debe proporcionar una copia de la resolución judicial en la que conste tal norma y una traducción debidamente certificada de la resolución en la lengua nacional.
Un documento procesal presentando ante el órgano jurisdiccional por un representante debe contener la información sobre este especificada en los puntos 2 y 3 anteriores y debe ir acompañado de un documento que acredite los derechos y obligaciones del representante, siempre y cuando dicho documento aún no se haya presentado o haya expirado el plazo de validez de la autorización incluida en el expediente.
Una persona autorizada por una parte en el procedimiento que no pueda firmar el documento procesal deberá firmarlo en nombre de esta, indicando el motivo por el que la parte no puede firmar por sí sola el documento remitido.
El artículo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil especifica que el escrito de demanda debe contener la información siguiente:
importe de la demanda, cuando deba determinarse una cuantía para la demanda;
circunstancias en la que el demandante fundamenta su demanda (fundamentos de hecho de la demanda);
pruebas que acrediten las circunstancias indicadas por el demandante, los lugares de residencia de los testigos y la ubicación de otras pruebas;
pretensiones del demandante (el objeto del escrito de demanda);
opinión del demandante acerca de la posibilidad de que se dicte una sentencia en rebeldía si no hay respuesta a la demanda o documento procesal preliminar;
información sobre si el asunto se resolverá con intervención de abogados. En caso afirmativo, debe proporcionarse el nombre, el apellido y la dirección del despacho del abogado;
opinión del demandante sobre la posibilidad de celebrar un acuerdo de conciliación, si el demandante desea facilitar su opinión.
El escrito de demanda debe ir acompañado de documentos u otras pruebas en las que el demandante fundamente su demanda, comprobantes de pago de las costas judiciales y cualquier solicitud de obtención de pruebas que el demandante no pueda remitir, indicando el motivo de ello.
El escrito de demanda debe ir acompañado de todos los documentos que fundamenten las pretensiones y del comprobante de pago de las tasas judiciales. Las tasas judiciales para las demandas no pecuniarias son de 100 LTL. En los litigios pecuniarios, las tasas judiciales equivalen a un porcentaje de la cantidad reclamada, tal y como se especifica en la legislación específica: el 3 % y al menos 50 LTL para las demandas de hasta 100 000 LTL; 3 000 LTL más el 2 % de la cantidad reclamada para las demandas superiores a 100 000 LTL y hasta 300 000 LTL, y 7 000 LTL más el 1 % de la cantidad reclamada para las demandas superiores a 300 000 LTL. Las tasas judiciales totales en los litigios pecuniarios no pueden ser superiores a 30 000 LTL.
Las leyes específicas establecen los casos en los que los demandantes están exentos del pago de tasas judiciales. El órgano jurisdiccional está asimismo facultado para conceder la exención parcial o aplazar el pago de las tasas judiciales hasta que se adopte una resolución, teniendo en cuenta la situación financiera de la persona. Cualquier solicitud de exención o aplazamiento del pago de las tasas judiciales deberá estar justificada e ir acompañada de la prueba de la situación financiera precaria de la persona.
En los procedimientos documentales, las tasas judiciales que se deben pagar son la mitad de las tasas de la demanda, pero no inferiores a 20 LTL.
No se pagan tasas judiciales por los recursos, excepto para los recursos por los que se inste la adopción de medidas cautelares, para las que se deben pagar unas tasas judiciales de 100 LTL.
Cuando los escritos procesales o sus anexos se presenten ante el órgano jurisdiccional mediante comunicación electrónica únicamente, las tasas judiciales equivalen al 75 % de las tasas judiciales que deben pagarse por el escrito procesal en cuestión, con una tasa mínima de 10 LTL.
Los clientes deben acordar la prestación de servicios jurídicos con su abogado o asociación profesional de abogados mediante un contrato. La parte debe pagar las tarifas acordadas por los servicios jurídicos prestados. Las partes pueden acordar libremente el plazo de pago que deseen.
La Ley de asistencia jurídica prestada por el Estado (Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas) garantiza la prestación de asistencia jurídica primaria y secundaria de conformidad con los acuerdos celebrados.
La asistencia jurídica primaria se presta a los nacionales de la República de Lituania y otros Estados miembros de la UE, a las personas residentes legalmente en la República de Lituania u otros Estados miembros de la UE y a las personas con derecho a tal asistencia con arreglo a acuerdos internacionales en los que sea parte la República de Lituania. La asistencia primaria debe prestarse inmediatamente. Si no es posible, se notificará de aceptación, a más tardar 5 días después de la fecha de la solicitud. Los funcionarios y empleados municipales, así como los abogados o peritos de organismos públicos con los que el municipio haya celebrado un contrato, prestarán asesoramiento personal sobre la resolución extrajudicial del litigio, proporcionarán información sobre el régimen jurídico, las leyes y demás normas, y ayudarán en la redacción de un acuerdo de resolución o de la solicitud de asistencia secundaria. La asistencia jurídica primaria podrá denegarse cuando la demanda no esté claramente justificada, cuando el demandante haya recibido ya un amplio asesoramiento sobre la misma cuestión, cuando esté claro que la persona puede obtener asesoramiento de un abogado sin la asistencia jurídica prestada por el Estado de acuerdo con la legislación o cuando la solicitud no esté relacionada con los propios derechos e intereses legítimos de la persona, excepto en los casos de representación especificados en la legislación.
Los mismos destinatarios podrán recibir asistencia jurídica secundaria, pero tal prestación estará también sujeta al nivel de sus ingresos totales.
La asistencia jurídica secundaria puede prestarse a cualquier persona residente en la República de Lituania cuyos activos e ingresos anuales no superen los niveles de admisibilidad establecidos por el Gobierno respecto a la prestación de asistencia jurídica. Los activos e ingresos se clasifican en los niveles I y II: para el nivel I, el Estado cubre el 100 % de los costes de la asistencia jurídica secundaria, mientras que para el nivel II el Estado cubre el 50 % de los costes de la asistencia jurídica secundaria (el 50 % restante debe asumirlo el interesado).
Las siguientes personas están autorizadas a recibir asistencia jurídica secundaria gratuita independientemente de sus activos o ingresos anuales: los sospechosos, acusados o condenados en asuntos penales cuando sea obligatoria la participación de un abogado; las víctimas en asuntos relativos a indemnizaciones por daños y perjuicios derivadas de un delito, incluidos los asuntos en los que el objeto de la indemnización deba decidirse en un procedimiento penal; los perceptores de prestaciones sociales; las personas ingresadas en centros de servicios sociales residenciales; las personas con discapacidad grave confirmada o reconocidas como incapacitadas para el trabajo; las personas que hayan alcanzado la edad de jubilación y se considere que tienen un alto nivel de necesidades especiales; los tutores (custodios) de dichas personas, cuando la asistencia jurídica sea obligatoria para representar y proteger los derechos e intereses de las personas bajo tutela (custodia); las personas que hayan demostrado (orden de embargo de bienes, etc.) que no son capaces por motivos objetivos de usar sus bienes y fondos y, como resultado de ello, sus bienes e ingresos anuales, que podrían usar como desearan, no superen el nivel de admisibilidad establecido por el Gobierno respecto a la prestación de la asistencia jurídica secundaria; las personas con enfermedades mentales graves, cuando se trate de su hospitalización o tratamiento obligatorios; los tutores (custodios) de dichas personas, cuando la asistencia jurídica sea obligatoria para representar y proteger los derechos e intereses de tales personas; los deudores, cuando se interponga una demanda contra ellos en su último lugar de residencia en el que viven actualmente; los padres y otros representantes legales de un menor, cuando se cuestione la entrega de la custodia del menor; los menores que no estén casados o a los que un órgano jurisdiccional haya declarado con capacidad jurídica plena y recurran a los tribunales por derecho propio en los casos especificados en leyes específicas; las personas que deseen ser declaradas legalmente incapaces en los asuntos relativos a la declaración de incapacitación legal de una persona física, y las personas que deseen registrar un nacimiento y otros casos establecidos en acuerdos internacionales en los que sea parte la República de Lituania.
Un órgano jurisdiccional decidirá la admisibilidad mediante la adopción de una resolución. Este procedimiento se considera el inicio del procedimiento civil. Si existen deficiencias y una persona que es parte en el procedimiento o que ha presentado una demanda o escrito procesal subsana esa deficiencia de conformidad con los requisitos y plazos fijados por el órgano jurisdiccional, la demanda o escrito se considerará presentados en la fecha de su entrega al órgano jurisdiccional. De lo contrario, se considerará que no se ha presentado y se devolverá al demandante, junto con los anexos, por orden del juez como máximo cinco días laborables después del plazo fijado para la subsanación de las deficiencias.
El demandante tiene derecho a retirar su demanda siempre y cuando el órgano jurisdiccional no haya enviado una copia de la misma al demandado. La demanda puede retirarse posteriormente solo si el demandado acepta y la demanda se retira antes de que el órgano jurisdiccional de primera instancia adopte una resolución.
Se comunica a las partes en el procedimiento la fecha y el lugar de la vista o las medidas procesales individuales mediante una citación o notificación judicial. El calendario de las vistas también están disponible en Internet a través del Sistema de Información de los Tribunales lituanos al que se puede acceder desde el sitio web de la Administración de los Tribunales Nacionales. http://liteko.teismai.lt/tvarkarasciai/

References: resolución 
 resolución 
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 resolución 
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 artículo 135
 resolución 
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