Source: https://www.patrulleros.com/foro/index.php?topic=5806.2000
Timestamp: 2020-01-20 09:57:22+00:00

Document:
Autor Tema: De los mandos policiales (Leído 236212 veces)
Mensajes: 177706
« Respuesta #2000 en: 06 de Diciembre de 2019, 06:25:04 am »
La Audiencia Nacional avala la decisión de Interior de cesar al jefe de la UCO
El mando denunció al Ministerio y pedía ser restituido, pero el juez ve motivada su destitución por haber enviado un correo con información sobre fondos reservados que terminó en la prensa
El coronel de la Guardia Civil Sánchez Corbí EFE
Publicado 06.12.2019 - 05:15
La Audiencia Nacional avala la decisión del Ministerio del Interior de cesar al exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí. El Juzgado central de lo Contencioso Administrativo número 3 ha rechazado el recurso que presentó el mando contra la decisión adoptada por el Departamento que dirige Fernando Grande Marlaska.
Corbí, un veterano en la lucha antiterrorista que en los últimos años había desarrollado su carrera en la lucha contra la corrupción y la resolución de sucesos como el de Diana Quer, fue cesado de su cargo en el verano de 2018 por pérdida de confianza. El detonante fue la orden a sus subordinados de suspender temporalmente sus actividades debido a que se había agotado la caja de fondos reservados que gestiona la Secretaría de Estado de Seguridad.
El mando cesado recurrió la decisión ante la Justicia ordinaria, pedía ser restituido en su cargo y que se condenase al Ministerio a dar la misma difusión que se le dio a su cese. Denunció haber sufrido “indefensión absoluta” al no haberse tramitado siquiera un expediente. Sostiene que no fue él quien comprometió el éxito de operaciones policiales, sino las autoridades políticas responsables de los pagos de los fondos reservados a los que acusa de desidia.
Motivos personales, políticos o ideológicos
En sus argumentos, acusaba a los responsables de su cese de haber confundido la confianza profesional con la confianza personal, política o ideológica. No lo ve así la sentencia de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso Vozpópuli. El juez Adolfo Serrano recuerda que no se trata de una sanción, sino de un cese por pérdida de confianza, que en este caso está motivada en un correo remitido por Sánchez Corbí ordenando la suspensión de actividades.
“Los destinos de libre designación pueden ser revocados libremente”, afirma la sentencia. A juicio de la Audiencia Nacional, la resolución impugnada “no está relacionada con las simpatías o antipatías de ninguno de los intervinientes, sino con la desaparición de la confianza relativa a una actuación documental y a una remisión de un correo electrónico sin la previa autorización”.
"Lo cierto es que el procedimiento de comunicación que el demandante (Corbí) falló y eso es un dato verdadero", sostiene el juez en referencia a que la orden acabó publicada en la prensa. "Tampoco puede olvidarse -añade- que muy poco tiempo después de esa instrucción del interesado acerca de la situación financiera y las actividades vinculadas, llegasen los fondos asignados para el funcionamiento adecuado de la Unidad, lo cual, se dice ahora, no para restar trascendencia a esa difusión, sino para entender la duración de esa 'negligencia' o desidia".
Contra esta sentencia, dictada este martes, todavía cabe la posibilidad de presentar recurso de apelación ante la sala jurisdiccional.
« Respuesta #2001 en: 09 de Diciembre de 2019, 12:35:30 pm »
CASO POLICÍA PATRIÓTICA »
El comisario Gómez Gordo, imputado por el espionaje ilegal a Bárcenas, asumirá en los próximos días la jefatura de una comisaría de la capital
AndrEs GOmez Gordo
Andrés Gómez Gordo, junto a María Dolores de Cospedal, en su etapa de asesor de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha. EFE
Madrid 5 DIC 2019 - 08:32 CET
El comisario de policía Andrés Gómez Gordo, imputado en el caso Villarejo por su presunta participación en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, ocupará en los próximos días la jefatura de una comisaría de distrito de Madrid. Señalado también como el supuesto autor del informe Pisa —acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima— contra el líder de Podemos, este mando policial recibirá en su nuevo puesto un incentivo de 13.000 euros anuales. Gómez Gordo participó en actividades de la denominada brigada patriótica cuando aún era asesor de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. La brigada patriótica era un grupo de policías surgido durante la etapa del popular Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior supuestamente para actuar contra rivales políticos.
Dos mandos de la ‘policía patriótica’ del PP serán juzgados en junio en el primer juicio del caso
El juez mantiene en la cárcel a Villarejo
El comisario Gómez Gordo, destinado hasta ahora en la comisaría de Alicante como jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, se presentó en noviembre al concurso de méritos convocado por la Dirección General de la Policía para cubrir 37 vacantes de comisario en diferentes plantillas de España. El presunto integrante de policía patriótica obtuvo la sexta mejor puntuación entre los candidatos y el pasado lunes su nombre apareció en la Orden General de la Policía entre los 12 adjudicatarios de una de las plazas. Otras 25 quedaron vacantes. Fuentes del Ministerio del Interior confirman a EL PAÍS el nombramiento, aunque no concretan qué comisaría pasará a dirigir.
Estas mismas fuentes reconocen que el nombramiento de Gómez Gordo ha provocado malestar en el Ministerio —cuyo titular, Fernando Grande-Marlaska, dio en abril por desmanteladas las llamadas cloacas del Estado—, pero admiten que se ajusta a la legalidad. Interior ya estudió hace meses suspender de funciones tanto a Gómez Gordo como al resto de agentes en activo imputados en el caso Villarejo, aunque la laxa normativa interna de la Policía Nacional impidió hacerlo pese a que, tras declarar en enero, el juez Manuel García-Castellón le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España.
Una situación similar se había producido al poco de llegar Grande-Marlaska al Ministerio en 2018. Entonces se hizo efectivo el ascenso de Gómez Gordo a comisario que había conseguido durante la etapa del popular Juan Ignacio Zoido al frente de Interior. Los nuevos responsables de la Policía Nacional descubrieron la imposibilidad legal de evitar el ascenso, aunque dejaron abierta la puerta a revocárselo si finalmente era condenado. Interior también estudió retirarle la medalla pensionada que, como otros supuestos integrantes de la policía patriótica, recibió durante el Gobierno del PP. Por esta condecoración, Gómez Gordo ve incrementada su nómina en 1.800 euros al año de modo vitalicio.
La imputación de Gómez Gordo en el caso Villarejo se produjo después de que Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y también imputado, lo señalara como la persona que lo captó como confidente de la llamada Operación Kitchen, cuyo objetivo era sustraer al extesorero del PP la información comprometedora para el partido que pudiera poseer. Entonces, Gómez Gordo —que anteriormente había trabajado para Francisco Granados en la Comunidad de Madrid— aún era asesor de María Dolores de Cospedal en el Ejecutivo de Castilla-La Mancha.
Este puesto lo abandonó poco antes de que, en 2015, Cospedal perdiera el Gobierno, tras lo que se reincorporó con el rango de inspector jefe a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, responsable de la lucha contra la corrupción. Más tarde, fue destinado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), la estructura que albergó la brigada patriótica entre 2012 y 2016. El pasado octubre, otro policía imputado en el caso Villarejo, el comisario Enrique García Castaño, señaló a Gómez Gordo como el autor del informe que la policía elaboró en 2016 contra el líder de Podemos, cuyo contenido se demostró falso.
« Respuesta #2002 en: 09 de Diciembre de 2019, 15:33:57 pm »
Siendo comisario es mucho más fácil tener un puesto de mando que no tenerlo.
Lo venden como si fuese un puesto de la hostia, pero para un comisario, ser jefe de un distrito es de lo más bajo que hay.
« Respuesta #2003 en: 11 de Diciembre de 2019, 07:13:07 am »
La Guardia Civil halla conversaciones del empresario y el mando policial entre el material incautado a Javier López Madrid cuando fue detenido en el caso Lezo
"Queda poco de secreto de sumario y toca tirar de paciencia en esta última vuelta", escribe el entonces inspector jefe de Policía Alberto Carba al yerno de Villar Mir
El informe de Carba motivó el archivo de la causa contra López Madrid y enterró los indicios contra Villarejo, pero la Audiencia reabrió la causa cuestionando su trabajo
10/12/2019 - 21:49h
El caso que reúne las denuncias cruzadas por acoso entre la doctora Elisa Pinto y el empresario Javier López Madrid experimenta un nuevo giro. Unos mensajes incautados al yerno de Juan Miguel Villar Mir cuando fue detenido en el marco del caso Lezo revelan la relación de proximidad que mantenía con el mando policial que supuestamente trataba de esclarecer las acusaciones entre él y la dermatóloga, ambos imputados en distintos juzgados.
En uno de esos mensajes, a los que ha tenido acceso eldiario.es, el entonces inspector jefe Alberto Carba une los intereses de la investigación a los del poderoso empresario y le escribe: "Buenos días javier. Solo quería transmitirte que el informe que queríamos es muy bueno para nuestra investigación. Paciencia en este último cuarto que este partido lo vamos a ganar".
El Confidencial publicó una información el pasado lunes acerca del oficio de la Guardia Civil y estos mensajes bajo el título: "La UCO halla correos de López Madrid con el policía que investigó el acoso sexual de Pinto".
La Guardia Civil remitió el pasado 23 de julio un oficio al juez Manuel García-Castellón dando cuenta de los mensajes hallados en su investigación del caso Lezo, la trama que llevó hasta el expresidente madrileño Ignacio González por enriquecerse presuntamente a través de la empresa pública del agua Canal de Isabel II. Esas pesquisas derivaron en el caso de la presunta financiación irregular del PP madrileño y es ahí donde aparece Javier López Madrid, investigado por entregar dinero negro del Grupo Villar Mir a la formación política y quedarse, según las pesquisas, con una parte que se habría repartido con Francisco Granados y David Marjaliza.
El 21 de abril de 2017, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuvieron a Javier López Madrid y registraron, por orden del juez, su domicilio y sus despachos, incautándose de teléfonos y otros dispositivos móviles. Entre todo ese material aparecieron los mensajes de teléfono y correos electrónicos que llamaron la atención de los investigadores pese a no tener relación con la causa y que "se encontrarían relacionados con una investigación llevada a cabo con motivo de una denuncia presentada por la doctora Elisa Pinto Romero contra Javier López Madrid por un supuesto delito de acoso, agresión y amenazas", traslada la Guardia Civil en el oficio remitido el pasado verano al juzgado y que ha sido incorporado al sumario de Lezo.
El primero de esos mensajes data del 16 de octubre de 2015. Carba se presenta al empresario y le explica su misión en la investigación, casi dos años después de que la doctora acudiera por primera vez a comisaría a denunciar amenazas y agresiones. Un mes después de dirigirse por primera vez al empresario, el 19 de noviembre de 2015, López Madrid escribe al policía: "Alberto de verdad mil gracias por tu amabilidad y cariño, dándome confianza (…) Es uno de los tres iMessage incorporados al oficio de la Guardia Civil y que fueron recuperados de una tablet.
El policía se deshace en atenciones en su trato con el empresario imputado por acoso y delitos de corrupción. Si éste le avisa que llegará tarde a una cita que habían previsto, el mando responde: "Por supuesto javier. No te preocupes. Tenemos toda la mañana". Si López Madrid le llama y no le localiza, después le contesta: "Buenas noches javier. Acabo de aterrizar que venía de profesor en un curso de la Ertzaintza. Querías algo?"
El informe que elaboró a la postre Alberto Carba sirvió para que, a petición de la Fiscalía de Madrid, la titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid archivara la investigación contra López Madrid. En esos informes, Carba concluía que la doctora se había inventado el acoso y que ella era la presunta responsable de otros mensajes amenazantes recibidos por el empresario. La defensa de la mujer denunció un montaje policial, recurrió la decisión y la Audiencia de Madrid terminó por corregir a la magistrada Belén Sánchez. La instancia superior ordenó a la jueza reabrir la causa y volver a imputar a López Madrid, en un auto en el que cuestionaba el método seguido por Carba para señalar a la mujer y exculpar a López Madrid.
Elisa Pinto había denunciado en trece ocasiones en la comisaría madrileña de Chamartín dos agresiones con arma blanca, así como amenazas telefónicas, sin que la Policía hiciera nada. La mujer optó por escribir a la Secretaría de Estado de Seguridad pidiendo auxilio. En esa época, Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior; Francisco Martínez, ahora al borde de la imputación por el espionaje a Bárcenas, su secretario de Estado; Ignacio Cosidó, director general de la Policía; y de número dos del Cuerpo estaba Eugenio Pino, artífice de la brigada política y jefe operativo de la Policía.
El comisario Villarejo, también beneficiado
Cuando Alberto Carba recibió la orden de investigar el caso de la doctora Pinto, el caso ya había saltado a los medios y había entrado en una nueva dimensión: la mujer había reconocido fotográficamente al comisario Villarejo como el hombre que la había pinchado en el costado en abril de 2014 mientras le decía: "López Madrid quiere que cierres la boca". La jueza había citado en dos ocasiones a Villarejo para una rueda de reconocimiento y la Dirección de la Policía le había disculpado asegurando que estaba en misiones en el extranjero.
Antes de que llegara la fecha de la tercera citación, Carba presentó su informe exculpatorio para López Madrid y su compañero Villarejo. El comisario hoy en prisión estaba entonces destinado en la Dirección Adjunta Operativa de Pino y guardaba todos los secretos de la guerra sucia contra la oposición que se desarrolló entre 2012 y 2016 y en la que participó activamente. El comisario que organizó el reconocimiento fotográfico de la mujer a Villarejo acabó defenestrado por aquella Dirección de la Policía.
En otro de los mensajes descubiertos por la Guardia Civil, del 23 de noviembre de 2015, el inspector jefe Alberto Carba escribe a López Madrid. El investigador revela al investigado que esa mañana ha estado reunido con la jueza que le mantiene imputado y con la magistrada que hace lo propio con la mujer. Pero ahí no acaban las confidencias del agente, que actúa como "policía judicial". El inspector jefe le adelanta que le queda poco para acabar su "trabajo". “De aquí al próximo lunes, salvo requerimientos”, le precisa. Y añade: "Queda muy poco de secreto de sumario y toca como hemos dicho tirar de paciencia en esta última vuelta". Efectivamente, la jueza dictó el levantamiento del secreto de sumario el 9 de diciembre siguiente, dos semanas después. eldiario.es se ha puesto en contacto con el hoy comisario Carba, quien declinó hacer declaraciones alegando que necesita un permiso expreso de sus superiores.
La "estrecha relación" de López Madrid con policías
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hizo un volcado del teléfono de López Madrid a requerimiento de la jueza que investiga a la doctora Pinto y extrajo una serie de mensajes, pese al borrado intenso al que unos especialistas habían sometido al terminal antes por requerimiento de su propietario. Algunos de esos mensajes fueron objeto de un informe por parte de la UCO ya que evidenciaban, según los agentes, las "estrechas relaciones" entre el investigado López Madrid y un grupo de mandos policiales.
Entre esos mandos estaba José Manuel Villarejo Pérez, quien asegura que un amigo le puso en contacto con el comisario y que se limitó a aconsejarle que denunciara. López Madrid también trató con el comisario Enrique García Castaño, mando de la lucha antiterrorista ya jubilado e imputado en el caso Villarejo, quien niega gestiones a favor del empresario. López Madrid acabó denunciando el supuesto acoso de la doctora ante el Grupo V de Homicidios, pese a no investigarse ningún crimen. El empresario negó en un principio esas relaciones con mandos policiales ante la jueza, pero ante las evidencias tuvo que desdecirse y reconocerlos. Según afirmó, estaba desesperado ante la injusticia que sufría.
Los especialistas de la Guardia Civil recuperaron otros mensajes que fueron incorporados por la jueza al sumario y que recogían el apoyo de los reyes de España al empresario al poco de conocerse los gastos de las tarjetas black de Caja Madrid, por los que el empresario fue condenado con posterioridad.
Al frente de la comisaría más grande de Madrid
Alberto Carba González tomó posesión como comisario el 20 de diciembre de 2018. Licenciado en Ciencias Policiales y Derecho, su destino en la Sección de Secuestros y Extorsiones hizo que se prodigara en intervenciones en los medios de comunicación. Apenas ha estado unos meses en su primer destino como comisario, en la localidad valenciana de Alzira.
Bien relacionado con la cúpula policial, la Dirección del Cuerpo hizo uso de un mecanismo extraordinario para que Carba regresara rápidamente a Madrid, nada menos que como jefe de la comisaría del distrito Centro, la más grande de la capítal. El comisario Carba está al mando de medio millar de agentes desde agosto y es frecuente verle en recepciones de embajadas o rodeado de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, como en la copa que se celebró en este último con motivo del Día de la Policía el pasado octubre.
El policía tuvo que reconocer ante la jueza errores en su investigación del caso Pinto. Carba, por ejemplo, había concluido que no había pruebas de que la doctora estuviera en el lugar de la agresión con arma blanca de abril de 2014, por la que está imputado hoy Villarejo. Unas imágenes de cámaras de seguridad atestiguan lo contrario, según tuvo que reconocer después en sede judicial. Sus conclusiones sobre la supuesta culpabilidad de la doctora Pinto incluyen un informe de la unidad de Análisis de la Conducta de la Policía, que elaboró un retrato de la mujer sin haberla siquiera entrevistado. La autora de ese informe es la esposa de Alberto Carba.
« Respuesta #2004 en: 23 de Diciembre de 2019, 21:12:44 pm »
El inspector jefe de Atestados de Oviedo, investigado por «abandono de servicio»
La Policía abre diligencias contra el mando tras un anónimo que lo sitúa viendo «en un partido de fútbol de su hijo» en Grado estando de servicio
A. A.OVIEDO.
Lunes, 23 diciembre 2019, 05:52
La imagen no es del todo alentadora. El inspector jefe de Atestados de la Policía Local de Oviedo está siendo investigado por sus compañeros de la unidad de la Policía Judicial por un posible caso de «abandono del servicio» en el que, según ha podido conocer este diario, el agente habría dejado a un lado sus obligaciones para asistir a un partido de fútbol de su hijo en Grado.
Los hechos se remontan al pasado 22 de septiembre, cuando un anónimo jocoso -al que ha tenido acceso EL COMERCIO- enviado al edificio de Seguridad Ciudadana, denunciaba que el inspector, el mismo que comandaba la fallida investigación del atropello de Rafa García en Muñoz Degraín, había sido visto en el estadio Marqués Vega de Anzo, en Grado, durante su jornada de trabajo. Era domingo, día de plus en el sueldo.
En el escrito anónimo, el autor se presenta irónicamente como un colaborador del programa televisivo de misterios y esoterismo Cuarto Milenio llamado «Ambrosio del Falo Grande» y afirma que el motivo de la carta se debe a una investigación sobre «un posible caso de bilocación en la Policía Local de Oviedo». Sarcasmo a parte, el escrito firmado por el imaginado colaborador televisivo detalla las horas a las que habría sido visto el mando policial en el campo de fútbol del Mosconia ese día de septiembre (entre las 17.30 y las 19.30 horas) y añade un enlace a una fotografía en la que efectivamente se le puede ver en la grada del campo contemplando el partido. En el sobre que contenía la anónima denuncia, también se incluyó un pendrive con un archivo de vídeo en el que el jefe de Atestados vuelve a aparecer saliendo del estadio a eso de las siete y media de la tarde.
Esta denuncia de «Ambrosio del Falo Grande», se ve confirmada en el informe posterior de la Policía Judicial. La investigación interna verifica que «el hijo del inspector» era uno de los jugadores de «la alineación del C. D. Mosconia» aquel día, y explica que el mando «figuraba de servicio» en la hoja del turno de la tarde como jefe de la sección de Atestados «sin que se conozca que tuviese un permiso que justificase su presencia en el municipio de Grado».
El texto prosigue, y además de enumerar los datos contenidos en la irónica carta y el rastro digital para dar con las imágenes en las que aparece el inspector en el campo (a través de una web dedicada al fútbol asturiano), hace énfasis en que, tras realizar averiguaciones «discretas» entre los efectivos de aquel domingo, los agentes preguntados respondieron que el mando «había estado al inicio del servicio y luego se incorporó a última hora, sin que pudieran precisar dónde estuvo en su ausencia».
Por lo pronto, desde el Cuerpo Municipal de Policía no se han tomado medidas disciplinarias contra el inspector y, a falta de una posible depuración de responsabilidades, desde la sección sindical de Sipla (Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias) manifestaron «el derecho del mando a la presunción de inocencia». Además, solicitaron calma a la espera «del resultado de la investigación para poder valorar si cabe sanción disciplinaria por los hechos relatados. Hay que dejar trabajar a los instructores del procedimiento y que, en su caso, se abra», aseveguraron.
Si se abre, porque la Policía Local tiene un curioso e irregular sistema de control horario del personal: no ficha.
« Respuesta #2005 en: 24 de Diciembre de 2019, 23:19:10 pm »
Esto huele a venganza . . .
« Respuesta #2006 en: 14 de Enero de 2020, 07:15:33 am »
El comisario principal denuncia en la demanda contra su cese que se le generó una situación de indefensión. Asegura que los «falsarios» motivos alegados por el Ayuntamiento para justificar su remoción no solo resultan «enfermizos» sino que son «integradores de desviación de poder»
El tribunal de honor era una institución castrense que se creó en el siglo XIX para juzgar si un individuo era digno de pertenecer al cuerpo militar. Luego se extendió a la administración civil a principios del siglo XX y aunque fueron abolidos con la II República, Franco los restituyó tras la Guerra Civil. En la actualidad está prohibido por la constitución española. El exjefe de la Policía Local, Carlos Saavedra Brichis, asegura en el escrito de denuncia contra su cese en el cargo, presentado en el juzgado de lo contencioso administrativo 5 de la capital, que el Ayuntamiento le aplicó un tribunal de honor.
«Se violaron sus derechos constitucionales», explica su abogado, Alberto Hawach, «pues fue sometido a un tribunal de honor prohibido por el artículo 26 de la Constitución».
De esta circunstancia acusa también a la jefa de Personal por aceptar el informe del concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, en el que se justifica el cese, sin haber seguido un procedimiento de remoción reglado. «Prefirió someter a mi patrocinado a un tribunal de honor, proscrito por el artículo 26 de la Constitución, ya que optó torticeramente por forma parte de la farsa del cese, pues el motivo real (el de los informes negativos de la gran cabalgata del carnaval 2019 por total falta de personal y seguridad, y el impago de las horas extra a los policías capitalinos) impedían su volcado en una resolución de cese», prosigue la defensa letrada.
El comisario entiende que el concejal fue puesto en alerta por sus antecesores en este área y, por tanto, el grupo de gobierno actuó con prejuicios para cesarlo. «Nos encontramos ante una autoridad administrativa, el señor concejal de Seguridad, prevenida, contaminada y parcial en sus juicios técnicos (derrapados desde que fue nombrado como concejal hacia juicios de valor subjetivos) sobre el señor Saavedra Brichis», expone el abogado.
Además, se denuncia la información que, sobre el exjefe, le fue traspasada al concejal antes de que iniciara su relación con el Ayuntamiento, tal y como este mismo reconoce en su informe de propuesta de remoción. «¿Cómo es posible que antes del inicio de la relación de este concejal de Seguridad con el Ayuntamiento haya tenido acceso de fraudulenta forma a datos, informaciones y expedientes fantasma (que jamás se han incoado) relativos al señor Saavedra Brichis?», pregunta Alberto Hawach al juez en su escrito de demanda.
Considera el comisario principal que esta transmisión de información, previa a la toma de posesión de la concejalía, vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los Derechos Digitales, pero también el propio Código Penal. «Pues no concurría en él -se refiere alconcejal de Seguridad- el estatus de autoridad pública cuando conoció esas informaciones (...) que además condicionan severamente su informe propuesta de cese», apunta.
Para apuntalar el argumento de la resolución prejuiciosa, el escrito de demanda analiza los treinta días hábiles de relación que mantuvieron el concejal -desde su nombramiento- y el comisario principal de la Policía Local. «Es de una palmaria claridad que 30 días son claramente insuficientes para saber si el señor Saavedra es leal o no es leal, y denotan el mayor peso para el informe destructivo de las informaciones previas que le transmitieron al señor Íñiguez los anteriores responsables políticos (sin expedientes disciplinarios ni informativos incoados al efecto), pues son falsas de toda falsedad tales aseveraciones».
« Respuesta #2007 en: 15 de Enero de 2020, 10:08:40 am »
M.R. 0 COMENTARIOS 13/01/2020 - 20:14
« Respuesta #2008 en: 16 de Enero de 2020, 14:25:49 pm »
El juez envía al banquillo al ex jefe de la Policía Local de Calvià por corrupción
Considera que existen indicios de que Navarro y otros cuatro agentes habrían cobrado de negocios de la noche a cambio de trato de favor. Los agentes negaron las acusaciones.
José Antonio Navarro saliendo de la cárcel de Palma en octubre de 2014.
El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma da otro paso para enviar a juicio una de las presuntas tramas de corrupción policial investigadas desde hace años en la macrocausa impulsada por la Fiscalía balear.
Se trata para más señas de la parte del sumario que investigó a cinco agentes policiales del municipio de Calvià por presunto cobro de sobornos y otros delitos relacionados con sus funciones, como el de extorsión a determinados locales de ocio nocturno de Magaluf. Entre los investigados, además de dos empresarios de la noche, se encuentran dos agentes que eran mandos policiales en la época de la que datan los hechos investigados, hace ya más de cinco años. Se trata del ex jefe de la Policía municipal calvianera, Jose Antonio Navarro, y del ex agente y luego responsable de la Policía Local de Marratxí, Antonio Ledesma.
El juez instructor Enrique Morell, a instancias de la Fiscalía, ha dictado un auto donde resume los indicios de delito y centra los cargos por los que considera que deben ser juzgados. Acusaciones que los ex policías han negado y que de momento siguen sin haber sido juzgadas.
En su resolución, el juez instructor concluye que "de lo actuado en la causa, se desprenden muy serios indicios de que existen intereses negociales por parte de policías locales que trabajaban o habían trabajado en Calvià en materias concurrentes con el desempeño de sus funciones y en las que intervenían por razón de su cargo". Es decir, que habrían estado cobrando de negocios de la noche por servicios particulares como seguridad privada o servicios de gestoría, lo que, apunta el juez, "no cabe ninguna duda de que implica 'per se' un acto de intimidación, coacción o en su caso de extorsión". No en vano, "difícilmente un empresario a quien le sugieren la conveniencia u oportunidad de contratar uno u otro, va a poder escoger libremente si acepta o no el mismo cuando se da la circunstancia que el agente ofertante o algunos de sus compañeros son precisamente los que en un futuro pueden someterlo a una inspección, y levantar en su caso un acta sancionadora".
Concretamente, Navarro y Ledesma, señala la resolución judicial dictada hoy, "de forma conjunta intervenían en contrataciones laborales y llevanza de nóminas de los trabajadores de establecimientos" de grupos dedicados a ocio nocturno. "En definitiva, se habrían creado claras conexiones directas entre intereses económico y empresariales (no sometimiento a inspecciones, inspecciones viciadas, falseadas, e injustificadas, preaviso de su realización, etc.), en perjuicio de las exigencias de la Ley, de la lucha contra la corrupción, la libertad de mercado, y de la igualdad de los ciudadanos". A cambio "de entregas de dinero periódicas", y siempre presuntamente, recibían un trato de favor en las denuncias y chivatazos en las inspecciones.
El juez, siguiendo el criterio de la Fiscalía, cierra de esta forma la fase de investigación judicial y considera que existen indicios para que sean sometidos a juicio por cohecho, prevaricación, extorsión, amenazas, coacciones, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, omisión del deber de perseguir delitos, y delito contra la salud pública. Todavía falta por conocer los informes acusatorios.
Cabe recordar que Navarro llegó a estar encarcelado de forma preventiva por estos hechos pero su situación fue revocada por la Audiencia Provincial, que ordenó su puesta en libertad mientras no hubiera juicio.
« Respuesta #2009 en: 19 de Enero de 2020, 07:51:29 am »
Los tres comisarios al frente del Cuerpo con González, Aznar y Rajoy declaran por las cartas que enviaron al instructor elogiando al policía y la utilidad de sus empresas
El jefe operativo con Aznar describe el trabajo de Villarejo como "eficaz, reiterado y satisfactorio" y dice que sus empresas no cobraron por colaborar en investigaciones
Eugenio Pino, jefe de la brigada política durante la primera legislatura de Mariano Rajoy: "El jefe del CNI me pidió en dos ocasiones que cesara a Villarejo"
18/01/2020 - 21:11h
En enero de 2018, dos meses después de su detención, el comisario Villarejo no estaba solo. Tres destacados nombres de la Policía Nacional, máximos responsables operativos del Cuerpo en los Gobiernos de González, Aznar y Rajoy remitieron por separado una carta al entonces juez del caso describiendo al policía encarcelado como un "agente encubierto" que había puesto su entramado empresarial al servicio de importantes servicios contra el terrorismo y la corrupción. Dos años después llega el momento de que los comisarios Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado y Eugenio Pino expliquen ante el juez sus cartas en defensa del comisario Villarejo.
Los tres comisarios principales, jubilados, declaran entre el lunes y el jueves en el marco de cuatro piezas de las 25 que integran por ahora el caso Villarejo. El interés que tenga lo que cuenten será repartido por toda la causa. Esas cuatro piezas que sirven para la citación no están bajo secreto de sumario, así que los comisarios tendrán en frente, además del juez y los dos fiscales Anticorrupción, a los abogados personados en la causa, incluidos los de la acusación popular, que ejerce Podemos.
Linares y Díaz-Pintado tendrán obligación de responder a todos porque comparecen como testigos. Eugenio Pino, sin embargo, se podrá acoger a su derecho a no declarar al figurar como investigado, condición que pesa sobre él en el marco de la pieza 7, el espionaje a Luis Bárcenas en beneficio del PP y con cargo a los fondos reservados.
Agustín Linares, subdirector operativo 1986-1994
El primer testimonio, previsto para las 16:00 de este lunes, es el de Agustín Linares y permitirá viajar en el tiempo 25 años atrás. Linares fue el jefe de la Policía durante buena parte del "felipismo", entre 1986 y 1994. Villarejo estuvo en excedencia una década, de 1983 a 1993. Es la época en la que él asegura que construyó su fortuna con negocios privados que además ponía al servicio de la Policía como tapadera para investigaciones imposibles de realizar sin aquella cobertura. Se trató, según escribió Linares al juez el 2 de enero de 2018, de "servicios y gestiones informativas de interés policial sin solicitar ni recibir por ello retribución alguna".
El juez y la Fiscalía Anticorrupción creen que Villarejo se sirvió de su condición de funcionario para acceder a información confidencial que luego utilizaba en los trabajos que sus empresas vendían a clientes de la élite empresarial del país a precios millonarios. El 29 de junio de 1993, por tanto, se produjo un hecho que afecta al devenir de la investigación. Ese días se produjo el regreso al servicio activo del entonces inspector jefe José Manuel Villarejo Pérez. Desde ese momento, y según Linares, el policía "siguió realizando actividades policiales de carácter informativo sin que, por razón de la naturaleza de su trabajo, estuviera sometido a control de horarios".
Los tres policías que redactan las cartas dicen hacerlo a petición del abogado que representaba a Villarejo en ese momento, Ernesto Díaz-Bastien, histórico letrado del policía que ya trabajó para él en el caso que juzgó un turbio encargo de la Iglesia de la Cienciología a finales de los ochenta y que a punto estuvo de costarle una condena en firme [en el punto 9 de este artículo está explicado].
Pedro Díaz-Pintado, subdirector operativo 1996-2004
Pedro Díaz-Pintado fue el máximo responsable operativo de la Policía durante los dos gobiernos de José María Aznar, la mayor parte del tiempo a las órdenes de Juan Cotino y los dos últimos años bajo Agustín Díaz de Mera. Es por tanto el comisario al frente de la Policía cuando se produjeron los atentados del 11-M.
En su carta al juez, Díaz-Pintado dice que Villarejo "actuó con toda regularidad y eficacia" durante aquellos ocho años "como agente policial encubierto". Antes de que llegara Díaz-Pintado, Villarejo fue apartado a labores secundarias por su participación en la Operación Veritas, una maniobra para situar al policía Enrique García Castaño -ahora imputado junto a Villarejo en la Audiencia Nacional- en el centro de una red de corrupción policial y crimen organizado con la que se vinculaba también a Baltasar Garzón [punto 2].
Con Díaz-Pintado, Villarejo fue rehabilitado y realizó "un trabajo eficaz, reiterado y satisfactorio", insiste el antiguo subdirector operativo. El jefe jubilado pone como ejemplo "la localización en el extranjero de un conocido traficante de drogas español que se hallaba fugado del país, lo que permitió su detención, repatriación y puesta a disposición de la justicia española". Pedro Díaz-Pintado se refiere a la detención en Grecia de Laureano Oubiña en el año 2000, una operación facilitada por Villarejo, que tenía como uno de sus principales confidentes al traficante de armas Monzer Al Kassar, quien le entregó al narcotraficante gallego [punto 6].
Díaz-Pintado asegura que casi nadie en la Policía sabía de la labor de Villarejo con el fin de preservar su éxito. "Las empresas de Villarejo nunca recibieron emolumento o cantidad alguna por la DGP sino más bien al contrario sirvieron a los intereses de la Policía sin percibir contraprestación por ello", añade el antiguo responsable policial.
Eugenio Pino, director adjunto operativo 2012-2016
Entre los mandatos de Díaz-Pintado y Eugenio Pino está el periodo de Miguel Ángel Fernández Chico, al frente de la Policía durante los dos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Fernández Chico falleció en 2012. Mientras fue director adjunto operativo, Villarejo fue ascendido a comisario y condecorado con al menos una medalla pensionada. Villarejo tenía trato directo y continuo con Miguel Ángel Fernández Chico, como atestiguan las grabaciones que constan en el sumario.
Según testimonios de mandos policiales de la época, el comisario Villarejo intervino en las grandes operaciones anticorrupción de la época, colaborando con el jefe de la UDEF José Luis Olivera, su gran apoyo en la Policía, en casos como Gürtel, Astapa o Malaya. Una hija de Fernández Chico trabajaba en las empresas de Villarejo intervenidas en la operación de noviembre de 2017.
En 2012, con el regreso del PP al poder, Eugenio Pino se convirtió en director adjunto operativo, una denominación para el cargo que había estrenado su predecesor. Pino es el artífice de la brigada política que actuó durante su mandato contra la oposición política, ya fuera en Catalunya o Podemos. En su misiva, Pino introduce una cuestión que marcó el declive del comisario Villarejo: su enfrentamiento con el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, muy activo en los encargos "políticos" de aquella época, y con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Pino asegura que Félix Sanz Roldán le pidió su cese "en dos ocasiones".
La pieza principal del caso Villarejo aborda el encargo de unos familiares de Obiang enfrentados a otra parte de la familia. Pino no pierde oportunidad en su carta al juez para introducir este tema y descargar de culpabilidad a Villarejo. En tercera persona, Pino dice de si mismo que "recuerda, vagamente, que le comentó que le había surgido la posibilidad de contactar con el Gobierno de Guinea y que de ello había informado al CNI, lo que le pareció oportuno, por ser materia de su competencia".
Otro de los párrafos introduce el modus operandi de la brigada política que dirigió Pino y que él defiende como algo absolutamente legal y regular: "Que tanto en el ámbito de la corrupción política como del terrorismo, (Villarejo) ha realizado significativos informes de inteligencia que después de judicializarse han permitido destacadas operaciones policiales".
Las investigaciones prospectivas contra los adversarios políticos sin control judicial se blanqueaban después a través de la UDEF para intentar ser judicializadas, si bien la mayoría de ellas solo servían para elaborar informes sin firma ni sello que publicaban determinados medios de comunicación cuando más convenía para dañar al soberanismo catalán o a Podemos.
Pino también asegura que durante su periodo se investigó la actividad empresarial de Villarejo, por orden de Jorge Fernández Díaz, "con ocasión de ser revelada públicamente su identidad y doble condición", y que aquella concluyó "positivamente" para el comisario hoy encarcelado. Pino se refiere a las revelaciones periodísticas sobre los presuntos delitos de Villarejo y a una investigación interna que él encargó a otro destacado miembro de la policía política, José Ángel Fuentes Gago, que por su actividad en aquella época está imputado junto al propio Eugenio Pino y Villarejo en el caso que investiga la Audiencia Nacional.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 26
 artículo 26
 resolución 
 resolución 
 resolución