Source: https://www.redgaylatino.org/bolivia/
Timestamp: 2020-01-26 05:11:40+00:00

Document:
El Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra en el hemisferio sur del continente, al oeste del Meridiano de Greenwich. Limita el noreste con Brasil, al sur con Argentina y Paraguay (sureste) y al oeste con Perú y Chile (suroeste)
En el último Censo de Población y Vivienda de 2012, la cantidad de habitantes fue de 10,059.856 millones de habitantes. Para 2019, de acuerdo a las prospectivas demográficas, la cantidad poblacional es de 11 millones de habitantes. Para fines demográficos, la cantidad de varones (sin distinción de edad) es de 5.019.447 (49,90 %) y de mujeres 5.040.409 (50,10%).
El Artículo 4 de la Ley Nro. 342 de la Juventud de Bolivia, define el rango de edad de juventud de 16 a 28 años, en tal razón analizando los datos del Censo de 2012, la población joven sería de 2,902.285 (28.86%)
A partir de la información generada por el Censo de 2012, en Bolivia las actividades económicas más importantes corresponden a las siguientes: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos; industria manufacturera; construcción. La tasa de población económicamente activa asciende a 71,9 % y la tasa de desempleo es de 6,5 %, una de las más bajas de la región. La economía boliviana está focalizada principalmente en la extracción y exportación de materias primas. 42 % de la población se autoidentifica parte de una nación indígena originaria.
El estudio sobre la “Situación de las Poblaciones TLGB en Bolivia” que se llevó adelante el 2010, realizado por Conexión Fondo de Emancipación, establece entre sus datos más importantes que:
33 % de la población LGBT se identifica como perteneciente a un pueblo indígena;
65 % experimentó discriminación en el sistema educativo; 15% sufrió algún tipo de discriminación en el sistema de salud;
49 % de la población transexual y transgénero sufre mayor discriminación laboral;
69 % de personas LGBT fue discriminada por instituciones judiciales, policiales o fiscales;
69,2 % ha sufrido algún tipo de violencia; 15% de las personas LGBT considera que no accede a una vivienda;
60 % de las personas LGBT quisiera que se reconozca legalmente su derecho a la vida en pareja y protección a su familia;
75 % de las personas transexuales y transgéneros desearía poder acceder sin discriminación al cambio de nombre y sexo en su carnet de identidad;
Solo el 30 % de las personas LGBT tienen conocimiento de sus derechos
87 % siente que los partidos políticos o espacios políticos los discriminan.
La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, en su Artículo 14, parágrafo II, prohíbe y sanciona la discriminación por orientación sexual e identidad de género. En 2010 se aprobó la Ley Nro. 045 contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, la cual incorpora como delito penal, la discriminación en razón de orientación sexual e identidad de género. La discriminación se sanciona con privación de libertad de uno a cinco años, la cual es agravada en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo cuando a) El hecho sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública; b) El hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público; y c) El hecho sea cometido con violencia.
No existe ninguna legislación de proteja a las parejas del mismo sexo y sus familias, existiendo una desigualdad ante la ley, la Constitución Política y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
Las siguientes leyes y decretos reconocen y protegen a personas en su orientación sexual e identidad de género:
La Ley Nº 223 “Ley General para Personas con Discapacidad”, que determina en su Artículo 4. (Principios Generales): “La presente Ley, en concordancia con los Convenios Internacionales y la Constitución Política del Estado, se rige por los siguientes principios: e) Equidad de Género. Por el que se equiparan las diferencias en razón de género existentes entre hombres y mujeres con discapacidad, reconociendo la orientación sexual e identidad de género, en el marco del ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado”.
La Ley Nº 263 “Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas”, que establece en su Artículo 5. (Principios y Valores); “La presente Ley se rige por los siguientes principios y valores: 9. No Discriminación. El Estado garantiza la protección de todas las víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, y el goce de sus derechos fundamentales sin distinción de edad, sexo (…) orientación sexual, (…) y cualquier otra condición”.
La Ley Nro. 342 de la Juventud que determina en su Artículo 6° (Principios y valores), que dicha ley se rige por los principios y valores: “7. Igualdad de Género. Equiparación de roles, capacidades y oportunidades, entre mujeres jóvenes y hombres jóvenes, reconociendo y respetando la orientación sexual e identidad de género”. En su Artículo 9 (Derechos civiles), determina que “las jóvenes y los jóvenes tienen los siguientes derechos civiles: 7. A asociarse y reunirse de manera libre y voluntaria, con fines lícitos, a través de organizaciones o agrupaciones, de carácter estudiantil (…) orientación sexual, identidad de género (…) y otros”. En su Artículo 11 (Derechos sociales, económicos y culturales), determina que las jóvenes y los jóvenes tienen los siguientes derechos sociales, económicos y culturales: “6. A no sufrir discriminación laboral por su edad (…) orientación sexual e identidad de género”. En su Artículo 25 (Organización y agrupación de jóvenes) señala que: “I. Las jóvenes y los jóvenes podrán conformar organizaciones o agrupaciones de la juventud, de acuerdo a sus visiones y prácticas propias de índole estudiantil (…) orientación sexual, identidad de género (…) y otros, en el nivel central del Estado y en las entidades territoriales autónomas.”
La Ley Nº 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Señala en su Artículo 7 (Tipos de violencia contra las mujeres), que establece en su párrafo 16 “Violencia contra los derechos y la libertad sexual. Es toda acción u omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su libertad de elección sexual” .
La Ley Nº 341 de Participación y Control Social, en la cual en su Artículo 6. (Actores de la participación y control Social), establece “Son actores de la participación y control social, la sociedad civil organizada, sin ningún tipo de discriminación de sexo (…), orientación sexual, identidad de género (…)”.
La Ley Nº 548 “Código Niña, Niño y Adolescente” que en su Artículo 118. (Prohibición de Expulsión), determina “Se prohíbe a las autoridades del Sistema Educativo Plurinacional, rechazar o expulsar a las estudiantes embarazadas, sea cualquiera su estado civil, así como a la y el estudiante a causa de su orientación sexual (…). Deberán promoverse políticas de inclusión, protección e infraestructura para su permanencia que permitan el bienestar integral de la o el estudiante hasta la culminación de sus estudios”. Así mismo dicha norma en su Artículo 151 determina que “se consideran formas de violencia en el Sistema Educativo: “d. Discriminación en el Sistema Educativo. Conducta que consiste en toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, (…) orientación sexual e identidad de género (…) u otras, dentro del sistema educativo; e. Violencia en Razón de Género. Todo acto de violencia basado en la pertenencia a identidad de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para cualquier miembro de la comunidad educativa”.
El Decreto Supremo Nro. 0189, que declara el 28 de junio de cada año como “Día de los Derechos de la Población con Orientación Sexual Diversa en Bolivia”.
En julio de 2019, se promulga el Decreto Supremo Nro. 3978 que modifica el inciso d) del parágrafo I del Artículo 16 del Decreto Nro. 24547 de 1997, el cual prohibía donar sangre a homosexuales y bisexuales, porque los consideraba “promiscuos”. El nuevo decreto supremo retira a la población homosexual y bisexual, de la lista de personas permanentemente excluidas de donar sangre.
Bolivia no cuenta con la tipificación penal de crímenes de odio, lo cual es una gravísima situación respecto a la vida, seguridad ciudadana y acceso a la justicia para la población LGBT del país.
Bolivia tiene la Ley Nro. 3729 para la Prevención del VIH-SIDA, Protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria para las Personas que Viven con el VIH-SIDA. La norma vigente corresponde a 2007, razón por la cual está desactualizada y contiene inconsistencias con la Constitución Política del Estado de 2009, de manera que se necesita una nueva ley.
La Ley Nro. 3729 reconoce los derechos de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género, a recibir asistencia integral y multidisciplinaria respecto al VIH/Sida.
En el último informe de ONUSIDA, correspondiente a 2019, se revela que entre 2010 y 2018 la tasa de nuevos casos anuales a crecido en Bolivia, en 22%.
El reporte presupuestario de Bolivia a ONUSIDA en 2012, desglosa las siguientes fuentes de financiamiento en la respuesta al VIH-SIDA: Recursos privados ($ 2,112.301); Recursos Públicos del Estado ($ 4,786.726); Recursos del Fondo Mundial ($ 3,549.926) y otros fondos ($ 97,951, lo suma en total $ 11,768.762.

References: Artículo 4
 Artículo 14
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 9
 Artículo 11
 Artículo 25
 Artículo 7
 Artículo 6
 Artículo 118
 Artículo 151
 Artículo 16