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Timestamp: 2020-07-09 13:31:06+00:00

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Sentencia nº 76001-23-31-000-2005-02461-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Septiembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 658121261
ACCION DE REPARACION DIRECTA - CondenaSINTESIS DEL CASO: El 23 de enero de 2003 fue capturado el señor Francisco Javier Soto Blandón como autor del delito de acceso carnal violento en el grado de tentativa, le fue proferida resolución de acusación la cual fue revocada y se precluyó la investigación porque el delito no existió.COMPETENCIA DE LA SECCION TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - Para conocer de acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia sin tener en cuenta la cuantía del procesoLa Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso. NOTA DE RELATORIA: Al respecto consultar, Sala Plena Contenciosa, auto de 9 de septiembre de 2008, rad. 2008-00009CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA EN EJERCICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA - Término. Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION EN EVENTOS DE PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Término. CómputoDe conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos , la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En los eventos en los que se alega la privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable, esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o queda ejecutoriada la providencia absolutoria -lo último que ocurra-. En este caso, la providencia por medio de la cual se precluyó la investigación a favor Francisco Javier Soto Blandón, en sede de segunda instancia, quedó ejecutoriada el día en que se suscribió, esto es, el 18 de junio de 2003 (folio 64 del cuaderno 1); así las cosas, se observa que, para el momento en que los demandantes presentaron la demanda -16 de junio de 2005- la acción no había caducado.PRELACION DE FALLO - Decisión anticipada sin sujeción al turno en razón a la especial situación fáctica y jurídica a resolver / PRELACION DE FALLO - Procedente por tratarse de un proceso cuya decisión definitiva es objeto de privación injusta de la libertad / PRELACION DE FALLO POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Jurisprudencia consolidada y reiteradaEn la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho. No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”. En el presente caso, el objeto de debate se refiere a la privación injusta de la libertad de Francisco José Soto Blandón, tema respecto del cual la Sección... (ver resumen completo)
Consejero p onente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 76001-23-31-000-2005-02461-01(43970)
Actor: L.A.S.M. Y OTROS
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.
1. El 16 de junio de 2005, F.J.S.B. y otros, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios que, afirman, les fueron irrogados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto F.J.S.B..
Solicitaron que, en consecuencia, se condenara a las demandadas a pagar, por perjuicios morales, 500 SMLMV para F.J.S.B., 200 SMLMV para cada uno de los señores L.A.S.M. y A.N.B.C., 150 SMLMV para cada uno de los señores J.A. y G.E.S.B. y 100 SMLMV para cada una de las señoras M.A., L.M. y Y.S.M.. Por perjuicios materiales para el directamente afectado, en la modalidad de lucro cesante, pidieron $6.621.150 y, por daño emergente, $11.000.000.
Como fundamento fáctico de la demanda se señaló que, el 19 de febrero de 2002, M.G. presentó una denuncia, ante la Inspección Municipal de Restrepo (Valle), contra F.J.S.B., acusándolo de cometer el delito de acceso carnal violento en el grado de tentativa.
Por lo anterior y en cumplimiento de la orden de captura librada por la Fiscalía Única Seccional de Buga, F.J.S.B. fue capturado el 15 de enero de 2003 en la finca “La Esperanza”, ubicada en el municipio de Restrepo (Valle).
El 29 de enero de 2003, la Fiscalía Segunda Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Guadalajara de Buga impuso a F.J.S.B. medida de aseguramiento de detención preventiva, como autor del delito de acceso carnal violento en el grado de tentativa. Esta decisión fue confirmada el 24 de febrero del mismo año por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Guadalajara de Buga.
El 20 de mayo de 2003, la Fiscalía Segunda Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Guadalajara de Buga profirió resolución de acusación contra el señor S.B..
El 18 de junio de 2003, la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Guadalajara de Buga revocó la anterior decisión y, en su lugar, precluyó la investigación penal a favor de F.J.S.B., por considerar que la conducta punible no existió y que el sindicado no la cometió; por consiguiente, el 19 de junio de 2003 la Fiscalía Segunda Seccional de Guadalajara de Buga libró la orden de libertad.
Se indicó en la demanda que F.J.S.B. estuvo privado de su libertad desde el 15 de enero hasta el 19 de junio de 2003 (5 meses y 4 días).
2. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto del 13 de julio de 2005 , providencia que se notificó en debida forma a la parte demandada y al Ministerio Público.
C on ocasión de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos, el Tribunal remitió el proceso a los Juzgados Administrativos del Circuito de Buga (reparto).
El 23 de agosto de 2006, el Juzgado Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga avocó el conocimiento del asunto y fijó en lista el proceso .
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo PSAA06-3805 de 2006 , el 29 de enero de 2007, el Juzgado Segundo Administrativo de Buga avocó el conocimiento del proceso.
El 22 de febrero de 2008, el Juzgado Segundo Administrativo de Buga dio apertura al período probatorio y decretó las pruebas solicitadas por las partes .
El 12 de mayo de 2009, el Juzgado declaró su falta de competencia y ordenó la remisión del proceso al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , con fundamento en la pro videncia del 9 de septiembre de 2008 del Consejo de Esta do , según la cual el conocimiento de los procesos de reparación directa que se promuevan por la privación injusta de la libertad corresponde a los Tribunales Administrativos en primera instancia .
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto del 27 de agosto de 2009, avocó el conocimiento del asunto y continuó con el trámite del proceso .
3. Vencido el período probatorio, el 1 de diciembre de 2009 el Tribunal corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio de Público, para que rindiera concepto.
La Fiscalía General de la Nación manifestó que “las hipótesis de privación injusta de la libertad previstas por el artículo 414 del anterior C.P.P., (sic) no pueden mirarse desde la perspectiva de la responsabilidad objetiva del Estado, sino que debe (sic) analizarse, en cada caso específico, a la luz de los principios y criterios que informan la falla del servicio …”.
Señaló que desde el inicio de la investigación averiguó tanto lo favorable como lo desfavorable para el imputado y que su decisión de imponer la medida de aseguramiento estaba debidamente motivada y sustentada, “con una valoración de los hechos y de las pruebas completamente razonable y valedera, sin que se perciba una actuación caprichosa o flagrantemente violatoria de la Constitución y la ley”.
Afirmó que la medida de aseguramiento se profirió porque habían pruebas e indicios graves que comprometían la responsabilidad del señor S.B..
Dijo que como la preclusión de la investigación se dio “con ocasión del uso del recurso de apelación, (sic) y, (sic) como quiera que lo que se aprecia es una valoración diferente de los hechos y de las pruebas, situación igualmente consagrada en la Constitución Política, (sic) en su artículo 228 que trata sobre la autonomía funcional, mal podría señalarse que estamos ante una detención `injusta' o ante un error jurisdiccional”.
Sostuvo que no podía atribuírsele el daño, por cuanto su actuación estuvo acorde con la normatividad constitucional y legal y sus decisiones estaban ajustadas a derecho. Añadió que, para proferir la medida de aseguramiento, el ordenamiento jurídico exigía un requisito mínimo (artículo 346 del anterior C. de P.P.), el cual estaba satisfecho en este caso, sin que se requiriera en ese momento procesal certeza sobre la responsabilidad del sindicado.
Indicó que el daño que pudo haber sufrido el señor S.B. no era antijurídico y, por ello, tenía el deber de soportar las consecuencias de la actividad judicial, máxime cuando existían indicios graves de responsabilidad en su contra.
La parte demandante señaló que, de conformidad con el artículo 414 del anterior C. de P.P., la demandada debía responder por los perjuicios causados, pues F.J.S.B. recobró su libertad, debido a que “la conducta de violación en grado de tentativa no existió y el sindicado no la cometió”.
Manifestó que los perjuicios morales sufridos por el señor S.B. y su núcleo familiar eran más severos, en consideración al delito que se le imputó a aquél.
Mediante sentencia del 28 de octubre de 2011, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda, con el argumento de que los actores no demostraron el daño, toda vez que los documentos que allegaron carecían de valor probatorio, ya que fueron aportados en copia simple; al respecto, indicó (se transcribe como obra en el expediente):
“Fueron aportados al proceso documentos, con el propósito de ser valorados como prueba, que no cumplen con los requisitos legalmente exigidos para tal efecto al ser allegados en copia simple, circunstancia que imposibilita la elaboración de un juicio de valor respecto de los hechos de la demanda como lo pretende el actor.
“A folio 92 del cuaderno principal se encuentra, como lo afirma el apoderado de la parte actora, que se anexó al escrito de demanda, `Copia de la Resoluciòn No. 102 del 18 de junio de 2003, emanadade la Fiscalìa III Delegada ante el Honorable Tribunal de Guadalajara de Buga', dando lugar a una deficiencia probatoria.
“Sumado a esto se tiene que este documento tampoco se solicitó como prueba por parte del demandante, a quien le corresponde la carga de la prueba de demostrar lo que alega.
“Es así como luego de revisar el expediente se concluye que no obra copia auténtica de la decisión mediante la cual el señor F.J.S.B., fue absuelto de los cargos que le fueron imputados en el proceso penal que se adelantó en su contra.
“Una vez analizada la idoneidad de la documentación que obra en el expediente se concluye que no existe prueba del daño antijurídico en virtud del cual se pretende indemnización. La parte actora, en cabeza de quien se encuentra la carga de probar aquello que alega, desconoció claramente la disposición contenida en el artículo 177 del C.P.C. que establece que `Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen …'
“Al no existir prueba de los elementos configurativos de la responsabilidad patrimonial de la administración pública se impone a la Sala resolver desfavorablemente las súplicas de la demanda”.
Inconforme con la decisión anterior y dentro del término legal, la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el cual señaló que , si bien no se allegó copia auténtica de la providencia por medio de la cual se precluyó la investigación a favor del señor S.B., lo cierto era que la decisión del Tribunal desconocía las normas constitucionales sobre el acceso a la administración de justicia, el debido proceso, el...

References: resolución 
 artículo 73
 artículo 136
 artículo 18
 artículo 16
 resolución 
 artículo 414
 artículo 228
 artículo 414
 artículo 177