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Timestamp: 2019-02-17 17:59:04+00:00

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Derecho a la neutralidad y acceso universal a Internet en la LOPDGDD | Iberley
Derecho a la neutralidad y acceso universal a Internet en la LO 3/2018 (LOPDGDD)
Conforme al mandato establecido en la Constitución Española, el Título X acomete la tarea de reconocer y garantizar un elenco de derechos digitales de los ciudadanos.
Los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en Internet. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de servicios de Internet contribuirán a garantizar su aplicación (artículo 79)
Según se explica en el Preámbulo de la Ley, "Internet, por otra parte, se ha convertido en una realidad omnipresente tanto en nuestra vida personal como colectiva. Una gran parte de nuestra actividad profesional, económica y privada se desarrolla en la Red y adquiere una importancia fundamental tanto para la comunicación humana como para el desarrollo de nuestra vida en sociedad”. En este contexto, “corresponde a los poderes públicos impulsar políticas que hagan efectivos los derechos de la ciudadanía en Internet promoviendo la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en los que se integran para hacer posible el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad digital. La transformación digital de nuestra sociedad es ya una realidad en nuestro desarrollo presente y futuro tanto a nivel social como económico. En este contexto, países de nuestro entorno ya han aprobado normativa que refuerza los derechos digitales de la ciudadanía.".
En concreto los artículos 80 y 81 de la LOPDGDD se encargan de regular el derecho a la neutralidad de Internet y el derecho de acceso universal a Internet, respectivamente.
Con respecto al derecho a la neutralidad de Internet por parte de los usuarios, la norma indica que los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos. Esto supone que todos los datos deberán ser tratados de la misma forma independientemente de su contenido, de modo que no se podrá dar prioridad por ejemplo a paquetes de datos de pago que podrían ser más rentables para las operadoras.
En cuanto al derecho de acceso universal a Internet, el Estado deberá garantizar que todos tengan este derecho con independencia de su condición personal, social, económica o geográfica. Además este acceso deberá ser universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población, superando la brecha de género tanto en el ámbito personal como laboral y la brecha generacional (mediante acciones dirigidas a la formación y acceso a las personas mayores).
Igualmente se atenderá a la realidad específica de los entornos rurales y se garantizarán condiciones de igualdad para las personas que cuenten con necesidades especiales en sus conexiones a Internet.
El contenido de este derecho debe entenderse complementado por mandato del artículo 97 de la LOPDGDD, en cuanto a las Políticas de impulso de los derechos digitales, que deberán llevar a cabo el Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, mediante la elaboración de un Plan de Acceso a Internet.
En palabras del Grupo de Trabajo sobre Derechos Digitales de los Ciudadanos, "La brecha digital entre países, o entre territorios dentro de un mismo país, crea asimetrías, impide una participación activa y global y aumenta aún más la brecha entre países ricos y pobres. Por eso es necesario un mayor grado de alfabetización digital de las personas, con mayor eficiencia y uso eficaz de los recursos disponibles. Es necesario, por tanto, romper las barreras económicas, técnicas, sociales y en su caso regulatorias para reducir la desigualdad y la pobreza. Eso significa, por un lado, facilitar el despliegue de las infraestructuras necesarias y, por otro, fomentar la capacitación digital de los ciudadanos. Se trata de una tarea compartida que requiere de un compromiso para alcanzar la plena inclusión de todos en el mundo digital. [...] Las sociedades experimentan cambios que exigen nuevos modos de hacer las cosas. Los roles que tradicionalmente han jugado empresas y gobiernos se entremezclan y difuminan, haciendo que las primeras deban incorporar a su cultura la garantía de los derechos y los segundos definir reglas del juego que doten de estabilidad y potencien la transformación digital. Este es un esfuerzo que requiere un compromiso estable de cooperación de todas las partes implicadas: el sector público, el sector privado y la sociedad civil, para tratar de alcanzar estándares universales seguros".
Recuérde que según lo establecido en el artículo 2º, todos los derechos recogidos en este Título X (salvo los artículos 89 a 94) quedan fuera del ámbito de competencia de la AEPD y deberán recaer bajo la competencia del organismo público que sea designado tras el correspondiente desarrollo normativo.
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Auto Constitucional Nº 157/2014, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 2131/2012, 28-05-2014
Orden: Constitucional Fecha: 28/05/2014 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 157/2014 Num. Recurso: Recurso de amparo 2131/2012
Sentencia Constitucional Nº 90/2017, TC, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 1638/2017, 05-07-2017
Orden: Constitucional Fecha: 05/07/2017 Tribunal: Tribunal Constitucional Ponente: Gonzalez-trevijano Sanchez, Pedro Jose Num. Sentencia: 90/2017 Num. Recurso: Recurso de inconstitucionalidad 1638/2017
Sentencia Supranacional Nº C-136/11, TJUE, 22-11-2012
Orden: Supranacional Fecha: 22/11/2012 Tribunal: Tribunal De Justicia De La Union Europea Ponente: Borg Barthet Num. Sentencia: C-136/11
Sentencia Civil Nº 78/2003, AP - Almeria, Sec. 1, Rec 247/2002, 13-03-2003
Orden: Civil Fecha: 13/03/2003 Tribunal: Ap - Almeria Ponente: Garcia Laraña, Rafael Num. Sentencia: 78/2003 Num. Recurso: 247/2002
Sentencia Civil Nº 298/2010, AP - Madrid, Sec. 14, Rec 148/2010, 12-05-2010
Orden: Civil Fecha: 12/05/2010 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Quecedo Aracil, Pablo Num. Sentencia: 298/2010 Num. Recurso: 148/2010
El derecho "constitucional" a la vivienda consagrado en el apdo. 1 del Art. 47 ,Constitución española ("Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias ...
Resolución de TEAC, 00/7329/2001, 26-05-2004
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 26/05/2004 Núm. Resolución: 00/7329/2001
Resolución No Vinculante de DGT, 2557-03, 30-12-2003
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 30/12/2003 Núm. Resolución: 2557-03
Resolución Vinculante de DGT, V0682-07, 04-04-2007
Órgano: Sg De Tributos Locales Fecha: 04/04/2007 Núm. Resolución: V0682-07
Resolución No Vinculante de DGT, 2244-01, 18-12-2001
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 18/12/2001 Núm. Resolución: 2244-01

References: artículo 97
 artículo 2

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