Source: http://www.portesnunez.com/42-00-ley-general-sobre-la-discapacidad-en-la-republica-dominicana/
Timestamp: 2019-11-13 23:45:01+00:00

Document:
Portes Nunez & Asociados » 42-00 Ley General sobre la Discapacidad en la República Dominicana
42-00 Ley General sobre la Discapacidad en la...
42-00 Ley General sobre la Discapacidad en la República Dominicana
Ley No.: 42-00
Título: Ley General sobre la Discapacidad en la República Dominicana
Fuente: G. O. No. 10049, del 30 de junio de 2000
CONSIDERANDO: Que la legislación positiva nacional se presupone en toda materia normativa, dirigida y pensada hacia el logro del disfrute igualitario de bienes y servicios por parte de toda la población, así como el respeto a los derechos de las personas, sin tomar en consideración otra cosa que su condición de ser humano;
CONSIDERANDO: Que el Estado Dominicano reconoce a las personas con discapacidad como sujetos con iguales derechos y deberes humanos, constitucionales y civiles que aquellas que no se encuentran en esta condición;
CONSIDERANDO: Que, esto es de tal suerte, y en el entendido de que esta población es objeto y sujeto de deberes, no es equitativo de que, por la vía de la exclusión, a algunas personas se les menoscaben la más elementales formas de ejercicio de sus prerrogativas, muy especialmente de aquellas que son la imagen de sus deberes esenciales;
CONSIDERANDO: Que las personas con discapacidad deben alcanzar los más altos niveles de igualdad, así como el reconocimiento en su condición de obligados frente a los deberes que les son correlativos e inherentes a la persona humana, sin procura de privilegios especiales, pero sí protegerles de todo acto o proceso discriminatorio;
CONSIDERANDO: Que la República Dominicana es signataria de diversos convenios internacionales y cartas sobre el tratamiento legal y social de las personas con discapacidades, por lo que procede su reafirmación mediante la legislación adjetiva.
VISTA la Constitución de la República Dominicana, del año 1994;
VISTA la Ley No.21-91, que reconoce los derechos y deberes de las personas con limitaciones físicas, sensoriales y/o mentales, de fecha 5 de septiembre de 1991;
VISTO el Decreto No.107-95, que establece que el Estado garantizará la igualdad de oportunidades y derechos laborales para las personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, de fecha 12 de mayo de 1995;
VISTA la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, del año 1948;
VISTA la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (Resolución No.2856, de la Vigésimo Sexta Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, del año 1971);
VISTA la Declaración de los Derechos de las Personas Incapacitadas (Resolución No.3447, de la Trigésima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del año 1975);
VISTA la Declaración de los Derechos de las Personas Sordas y Ciegas (Decisión 1979/24 del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas del año 1979);
VISTA la Recomendación 168, sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas, de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, del año 1983;
VISTA el Convenio 159, sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas, de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, del año 1983;
VISTA la Recomendación 99, sobre la Adaptación y la Readaptación Profesional de los Inválidos, de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, del año 1995;
VISTO el Artículo 18 del Protocolo de San Salvador sobre Protección a los Minusválidos, de la Organización de Estados Americanos, del año 1988;
VISTA la Declaración de Cartagena de Indias, sobre Políticas Integrales para las Personas con Discapacidad en el Area Iberoamericana, de la Conferencia Intergubernamental Iberoamericana sobre Políticas para Personas Ancianas y Personas Discapacitadas, del año 1992.
VISTAS las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (Resolución 48/96, de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del año 1993).
VISTA la Declaración de Managua, «crecer juntos en la vida comunitaria: seminario internacional hacia un nuevo modelo para el desarrollo de políticas sociales para niños, niñas y jóvenes con discapacidades y sus familias», del año 1993.
VISTA la Declaración de Salamanca de principios, política y práctica para las necesidades educativas especiales, de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, del año 1994.
VISTAS las conclusiones y recomendaciones de la reunión subregional para América Central, Panamá y República Dominicana de la Organización Internacional del Trabajo «hacia la igualdad de oportunidades en la integración socioeconómica de las personas con discapacidad», del año 1997.
VISTA la Declaración del Foro Internacional de Liderazgo de Mujeres con Discapacidades, del año 1997.
VISTO el Artículo 23 sobre los niños mental y físicamente impedidos, de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas, del año 1998.
VISTA las pautas éticas y de estilo para la comunicación social relativa a la discapacidad, del Real Patronato de Prevención y de atención a personas con minusvalía, del año 1998.
VISTA la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada en el 29 Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), de fecha 6 de junio de 1999.
LEY GENERAL SOBRE LA DISCAPACIDAD EN LA
Artículo 1.- Cualquier entidad, con o sin fines de lucro, cuyos objetos sociales linden con el ámbito de la discapacidad, o sea este su objeto principal, estará bajo las previsiones de la presente ley.
Artículo 2.- Las personas con discapacidad tendrán derecho a la protección de la familia en vínculo parental y colateral hasta el segundo grado, en lo referente a la educación, la capacitación, la inserción socioeconómica o la subvención mínima para su sobrevivencia.
Artículo 3.- Corresponde a la familia procurar a sus miembros con alguna discapacidad el acceso a los servicios de evaluación, diagnóstico y tratamientos; incluida su inserción en programas de estimulación temprana, encaminados a dotarlos de una formación socioeducativa, de los tratamientos terapéuticos y de los aditamentos adecuados que les permitan alcanzar un desempeño vital equiparable al resto de la ciudadanía.
e) De cualquier otra razón patológica.
PARRAFO I.- También habrá de contenerse en estos controles aquellos llevados en aplicación del Artículo 4 de la Ley No.14-94, que crea el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
PARRAFO II.- Para estos controles, se creará en el Organismo Rector un departamento encargado de la recopilación y procesamiento de las informaciones correspondientes, cuya remisión mensual es obligatoria por parte de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS).
PARRAFO.- Estas exenciones comprenderán los medios de transporte, adaptados o no a las necesidades de las personas con discapacidad y a sus instituciones representativas, para facilitar el acceso a la integración plena de las mismas, previo examen comprobatorio de los organismos fiscales correspondientes y la autorización del Organismo Rector.
Artículo 9.- El Estado, a través del Organismo Rector, garantizará la formación, especialización y actualización continua de los profesionales en las diferentes disciplinas, a nivel técnico y profesional, que aseguren la integración de las personas con discapacidad en plano de igualdad, a la sociedad.
Artículo 10.- El Estado asegurará la provisión de recursos económicos que faciliten a las personas con discapacidad el acceso a incorporarse de manera efectiva al sistema productivo nacional. Se observarán créditos públicos para aquellos casos en que el rendimiento profesional o laboral de las personas con discapacidad pueda eficientizarse con el proveimiento de aditamentos científicos-técnicos, colocados en el mercado; y para financiar proyectos empresariales, cuya viabilidad sea debidamente demostrada.
Artículo 12.- El Estado velará porque las personas con discapacidad puedan participar en las actividades culturales, deportivas, recreativas y religiosas en condiciones de igualdad. Asimismo, que se les ofrezcan los medios técnicos y educativos necesarios para que se desarrollen sus capacidades creativas, artísticas e intelectuales en sus diversas manifestaciones.
Artículo 13.- Tanto las organizaciones de servicios para las personas con discapacidad, como aquellas conformadas por personas con discapacidad que reciban fondos de personas física o morales de carácter privado, nacionales o internacionales, tendrán la obligación de presentar al organismo competente, un estado anual de sus ingresos y egresos que contengan las correspondientes asignaciones de fondos, conforme a las políticas y programas que ejecuten.
Artículo 14.- Se crea el Consejo Nacional sobre Discapacidad (CONADIS), como una institución autónoma del Estado, adscrita a la Presidencia de la República. Sus funciones son:
1.- Dictar, evaluar y velar por el cumplimiento de las políticas en las diferentes áreas de intervención de la presente ley;
2.- Velar por la aplicación y actualización de la presente ley;
3.- La observancia del respeto a los derechos de las personas con discapacidad;
4.- Procurar la eliminación de toda forma de discriminación hacia las personas con discapacidad;
5.- Planificar y supervisar la ejecución de programas dirigidos a alcanzar la plena integración de las personas con discapacidad a la sociedad.
Artículo 15.- El CONADIS funcionará a nivel nacional, bajo las siguientes estructuras:
– Directorio Nacional;
– Comisión Ejecutiva;
– Dirección Ejecutiva;
– Departamentos, divisiones y unidades técnicas y de apoyo necesarias.
– Un representante de la Presidencia, quien lo presidirá;
– El Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social o su representante;
– El Secretario de Estado de Educación y Cultura o su representante;
– El Director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) o su representante;
– El Secretario de Estado de Trabajo o su representante;
– El Director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales o su representante;
– El Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones o su representante;
– El Secretario de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación o su representante;
– El Secretario de Estado de Agricultura o su representante;
– Dos (2) representantes de instituciones de personas con discapacidad visual;
– Dos (2) representantes de instituciones de personas con discapacidad auditiva;
– Dos (2) representantes de instituciones de personas con discapacidad motora;
– Dos (2) representantes de instituciones de personas con discapacidad mental;
– Dos (2) representantes de instituciones de servicios a personas con discapacidad visual;
– Dos (2) representantes de instituciones de servicios a personas con discapacidad auditiva;
– Dos (2) representantes de instituciones de servicios a personas con discapacidad motora;
– Dos (2) representantes de instituciones de servicios a personas con retardo mental;
– El Director Ejecutivo, con voz pero sin voto.
Artículo 17.- Son funciones del Directorio Nacional;
2) Conocer los informes de ejecución y financieros anuales del Consejo de Directores;
Artículo 18.- El Comité Ejecutivo tendrá una duración de dos (2) años. Se reunirá cada dos (2) meses de manera ordinaria, y de manera extraordinaria, cuando sea necesario, previa convocatoria del Presidente. Estará conformado por:
– El representante de la Presidencia de la República, quien lo presidirá;
– Dos (2) representantes de instituciones estatales;
– Dos (2) representantes de instituciones de servicios a personas con discapacidad;
– Dos (2) representantes de instituciones de personas con discapacidad;
– El Director Ejecutivo, con voz, pero sin voto.
PARRAFO I.- Los representantes de instituciones en el Comité Ejecutivo se escogerán de entre los miembros del Directorio Nacional y serán cambiados al final de su período.
– Un (1) presidente;
– Un (1) vicepresidnete;
– Un (1) secretario;
– Un (1) vicesecretario;
– Un (1) tesorero;
– Un (1) vicetesorero;
– Un (1) vocal.
3) Elaborar los planes estratégicos y operativos para conocimiento y aprobación del directorio nacional;
4) Elaborar los informes de ejecución anual y financiero para conocimiento y aprobación del directorio nacional;
5) Elaborar los reglamentos para su conocimiento y aprobación por el directorio nacional;
6) Seleccionar y proponer al directorio nacional la terna para la contratación del director ejecutivo, según el reglamento establecido para tal fin;
7) Aprobar las contrataciones de los directores de departamentos y los resultados de los concursos para puestos técnicos presentados por la dirección;
1) Coordinar y supervisar la ejecución de los programas y proyectos de la institución;
3) Dar el seguimiento, junto a los encargados respectivos, a los planes y programas;
5) Elaborar propuestas de planes y presupuestos para su aprobación por las instancias correspondientes;
6) Otras funciones asignadas por los reglamentos establecidos para tales fines.
Artículo 25.- El Organismo Rector elaborará los planes y programas nacionales respectivos de cada área de intervención, junto a los organismos e instituciones correspondientes, prestando especial importancia, pero no limitándose, a los servicios de orientación y planificación familiar, consejo genético, atención prenatal y perinatal, detección y diagnóstico precoz y asistencia pediátrica, así como a la higiene y seguridad en el trabajo, a la seguridad en el tráfico vial, al control higiénico y sanitario de los alimentos y a la contaminación ambiental. Se contemplarán de modo específico las acciones destinadas a las zonas rurales.
a) Las partidas consignadas al organismo dentro del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos;
c) Los fondos provenientes de donaciones y convenios oficiales o con entidades privadas nacionales e internacionales;
Artículo 30.- Para los fines de la presente ley, la valorización de la discapacidad se regirá por la última versión en español de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, adoptada por la Organización Mundial de la Salud, o cualquier clasificación similar aceptada por este organismo internacional.
Artículo 31.- Una vez se detecte algún déficit o discapacidad en una persona deberá ser referida de inmediato a un centro de atención especializado, donde se realizará la valoración correspondiente y se determinará el nivel de intervención.
Artículo 32.- El Organismo Rector velará porque las instituciones públicas y privadas ejecuten, de manera efectiva, prevención primaria, secundaria y terciaria, ofreciendo los servicios de orientación y planificación familiar, consejo genético, atención prenatal y perinatal, detección y diagnóstico precoz, asistencia pediátrica y educativa, así como a la higiene y seguridad en el trabajo, a la seguridad en el tráfico vial, al control higiénico y sanitario de los alimentos y a la contaminación ambiental. Se contemplarán de modo específico las acciones destinadas a las zonas rurales.
Artículo 33.- Para que se cumplan las estipulaciones establecidas en el artículo anterior, el Organismo Rector aplicará las restricciones económicas, de apoyo o de cualquier otra índole, que considere necesarias a las instituciones responsables de la ejecución de los programas de prevención.
Artículo 34.- Las instancias correspondientes del Organismo Rector aplicarán los mecanismos de vigilancia y control necesarios que aseguren el cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad social y ocupacional, aplicable a personas con discapacidad.
Artículo 36.- El Estado asegurará, a través del Organismo Rector, el suministro de ayudas técnicas, que garanticen la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad, así como en las actividades de su vida diaria y participación social.
d) Inserción laboral y seguimiento.
Artículo 42.- La política de integración educativa para las personas con discapacidad tendrá, como finalidad primordial, asegurar una formación orientada al desarrollo integral de la persona en la sociedad, así como una participación efectiva en la misma, por lo que el Organismo Rector procurará que la educación de estas personas constituya parte de la planificación nacional de la enseñanza. Por tanto, en todas las comisiones o instancias que traten asuntos relativos a las personas mencionadas deberán contar con una representación del CONADIS.
PARRAFO.- Para asegurar la educación especial de niños y niñas con necesidades especiales se observarán las normativas establecidas en la Ordenanza 1-95 del Consejo Nacional de Educación.
Artículo 43.- Cuando las limitaciones de las personas con discapacidad sea de una severidad tal que imposibilite su incorporación a las escuelas comunes, el Estado creará los centros de educación especial para su capacitación hasta el máximo nivel posible de los educandos. Apoyará a los existentes en aspectos técnicos y financieros. También se crearán dichos centros si fuere necesario, de modo que esté debidamente asegurada la atención a las personas con discapacidades múltiples. El Organismo Rector vigilará, apoyará y supervisará el funcionamiento óptimo de estos centros, según los criterios de calidad de la enseñanza, establecidos en el reglamento correspondiente.
Artículo 48.- La política general de accesibilidad al entorno físico, el transporte y la información, tiene como finalidad asegurar a las personas con discapacidad el acceso efectivo a los espacios, al desplazamiento y al conocimiento. El Organismo Rector diligenciará, junto a las instancias correspondientes, la efectiva aplicación de las disposiciones legales existentes o por crearse, que fueren necesarias para lograr esto.
Artículo 49.- Para los fines de la presente ley, el Organismo Rector, junto a las instancias correspondientes, elaborará las propuestas de disposiciones necesarias que creen, completen, actualicen y complementen las disposiciones legales existentes en el ámbito del transporte y la información. Los mismos serán aplicados de manera obligatoria por todas las instancias públicas y privadas de carácter nacional o local, así como por todos los involucrados en los sectores del transporte y la información.
Artículo 50.- El Organismo Rector velará por la efectiva aplicación de las regulaciones establecidas en lo relativo a la construcción sin barreras, contenidas en el Reglamento M-007, de la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, el Reglamento sobre Normas de Higiene y Seguridad Industrial No.807, de la Dirección General de Normas y Sistemas, de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, así como las ordenanzas municipales relacionadas.
Artículo 52.- Las instituciones o empresas involucradas en la producción, distribución e intercambio de información de voz, video y data asegurarán el acceso a la información a las personas con deficiencias sensoriales, para lo cual deberán cumplir con los requerimientos de calidad establecidos por el Organismo Rector en el reglamento correspondiente.
Artículo 53.- La política general de los servicios de salud para las personas con discapacidad, tiene como finalidad el asegurar a las mismas el adecuado funcionamiento en términos físico y mental, que les permita una integración eficaz a la sociedad.
Artículo 54.- Los establecimientos del sistema nacional de salud deberán proveer la atención especializada a las personas con discapacidad cuando éstas lo requieran, y con la calidad debida. El Organismo Rector vigilará, junto a la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, las normas técnicas de servicio en lo relativo a la calidad y el acceso efectivo e igualitario al diagnóstico, atención, habilitación y rehabilitación.
Artículo 55.- La rehabilitación, en tanto como proceso que tiene por finalidad desarrollar al máximo las destrezas residuales de las personas con discapacidad, incluirá, pero no se limitará a los siguientes tipos de servicios:
c) Asesoriamiento y Asistencia sociales, psicológicos y de otro tipo;
d) Capacitación en actividades de autocuidado, incluidos los aspectos de la movilidad, la comunicación y las habilidades de la vida cotidiana, con las disposiciones especiales que se requieran;
g) Servicios de rehabilitación profesional, incluyendo orientación profesional e inclusión en empleo abierto o protegido;
Artículo 61.- A partir de la promulgación de la presente ley, queda derogada en su totalidad la Ley No.21-91, que reconoce los derechos y deberes de las personas con limitaciones físicas, sensoriales y/o mentales, del 5 de septiembre de 1991.
Artículo 63.- Se deroga en su totalidad el párrafo b) de la sección 11-a) del Reglamento 279, sobre Migración, del 12 de mayo de 1939, modificado por el Decreto No.3183, del 3 de diciembre de 1945, Gaceta Oficial No.6386.
Artículo 64.- En el Artículo 32, párrafo c), numeral 3, parte in fine, de la Ley No.241, de Tránsito de Vehículos, de fecha 28 de diciembre de 1967, se excluye del listado de inhabilitados para el manejo de vehículos de motor a los sordomudos, y a esta condición humana se le asimila el beneficio de las previsiones del Artículo 36 de la mencionada ley.
a) Todas las disposiciones de la Ley No.14-94, que crea el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, del 22 de abril de 1994;
b) El Reglamento M-007 de la Dirección General de Reglamentos y Sistemas, de la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones;
c) El Reglamento sobre Normas de Higiene y Seguridad Industrial No.807, de la Dirección General de Normas y Sistemas, de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio;
Artículo 69.- A partir de la fecha de la promulgación de la presente ley, se conformará en un plazo no mayor de sesenta (60) días el Directorio Nacional del CONADIS, quien a su vez tiene la responsabilidad de la elaboración de los reglamentos, en un plazo no mayor a los seis (6) meses después de conformado el Directorio Nacional.
DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes de abril del año dos mil, años 157 de la Independencia y 136 de la Restauración.
Secretaria Ad-Hoc. Secretario Ad-Hoc.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis (6) días del mes de junio del año dos mil, años 157 de la Independencia y 136 de la Restauración.
DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de junio del año dos mil, años 157 de la Independencia y 136 de la Restauración.
200-04 Ley General de Libre Acceso a la Información Pública Abogado Félix Portes acusa Ministerio Público de irrespetar la Ley en caso Sobeida ¿Se respeta “El Principio de Apoliticidad” que rige el Ministerio Público? 147-00 Sobre Reforma Tributaria

References: Artículo 18
 Artículo 23

Artículo 1
in fine

Artículo 2

Artículo 3
 Artículo 4

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 25

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 36

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 61

Artículo 63

Artículo 64
 Artículo 32
in fine
 Artículo 36

Artículo 69