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Timestamp: 2020-05-29 03:04:33+00:00

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Criterios para diferenciar un documento público de un documento privado [Casación 1118-2016, Lambayeque] | LP
Inicio Jurisprudencia Casación Criterios para diferenciar un documento público de un documento privado
Sumilla: El documento –declaración jurada 1B–, tiene la característica de documento privado, pues las firmas y huellas digitales corresponden a cuatro individuos (particulares) y no a funcionarios. Se advierte la existencia de una motivación insuficiente, ya que la judicatura no logra desarrollar, de manera precisa, si el documento cuestionado es público o privado.
Casación 1118-2016, Lambayeque
Lima, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho
VISTOS: en audiencia pública, los recursos de casación concedidos por los motivos de errónea interpretación de la Ley Penal y falta o manifiesta ilogicidad en la motivación, interpuestos por las defensas técnicas de los encausados Alan Mychell Zurita Elera y Armando Arigo Benel Vidaurre, a fojas noventa y ciento cinco, respectivamente; contra la sentencia de vista del cuatro de octubre de dos mil dieciséis, que confirmó la sentencia de primera instancia del uno de julio de dos mil dieciséis; que condenó a dichos encausados como autores del delito contra la Fe Pública, en la modalidad de Falsedad Ideológica, previsto en el artículo 428, primer párrafo, del Código Penal, en perjuicio del Estado y de José Raúl Sánchez Vidaurre, y fijó cuatro años de pena privativa de libertad efectiva y ciento ochenta días multa, equivalente a mil doscientos setenta y cinco soles que deberán abonar a favor del Estado; e impuso la suma de treinta mil soles y cuatro mil soles, por concepto de reparación civil, que deberán abonar los referidos encausados en forma solidaria a favor del agraviado Sánchez Vidaurre y del Estado, respectivamente. Intervino como ponente el señor juez supremo Lecaros Cornejo.
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Primero. Según la acusación fiscal de fojas uno, se desprende que se imputa a los encausados Armando Arigo Benel y Alan Zurita Elera haber presentado documentación falsa con la finalidad de obtener de COFOPRI el título de propiedad a nombre de Armando Arigo Benel y lograr la posterior inscripción de dicho predio en los Registros Públicos de Chiclayo.
Segundo. El representante del Ministerio Público, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque, acusó a los encausados Armando Arigo Benel Vidaurre y Alan Mychell Zurita Elera, como coautores del delito de Falsedad Ideológica en agravio del Estado, representado por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) y de José Raúl Sánchez Vidaurre; posteriormente, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Lambayeque dictó el auto de enjuiciamiento de fojas trece, por lo que se dio inicio al juicio oral.
Tercero. Al término de las sesiones plenariales, el Juzgado Penal Unipersonal de Lambayeque, dictó la sentencia de fojas veintiocho, del uno de julio de dos mil diecisiete, por la que condenó a Armando Arigo Benel Vidaurre y Alan Mychell Zurita Elera como coautores del delito contra la Fe Pública, en su modalidad de Falsedad Ideológica tipificado en el artículo 428, primer párrafo, del Código Penal, en agravio del Estado y José Raúl Sánchez Vidaurre, e impuso a cada uno de ellos cuatro años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva, ciento ochenta días multa a razón del veinticinco por ciento de sus ingresos diarios, calculado sobre la remuneración mínima vital (veintiocho soles con treinta céntimos); es decir, el valor del día multa que asciende a siete soles con ocho céntimos; en consecuencia, la multa total a cancelar es de mil doscientos setenta y cinco soles, la misma que debió ser cancelada en el plazo de diez días de pronunciada la sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarenta y cuatro del Código Penal. Fijó en treinta mil soles el monto de la reparación civil que los condenados deberán abonar, en forma solidaria, a favor del agraviado José Sánchez Vidaurre y cuatro mil soles a favor de COFOPRI.
Cuarto. Posteriormente, las defensas técnicas de los encausados Alan Mychel Zurita Elera y Armando Arigo Benel Vidaurre, interpusieron recursos de apelación a fojas cuarenta y tres (fundamentado a fojas cuarenta y cinco) y cincuenta y nueve, respectivamente; los mismos que fueron concedidos por resolución de fojas cincuenta y siete y sesenta y siete, respectivamente.
Quinto. Luego, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante sentencia de fojas ochenta y cuatro, del cuatro de octubre de dos mil dieciséis, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, mencionada en el fundamento tercero.
Sexto. Las defensas técnicas de los encausados Alan Mychel Zurita Elera y Armando Arigo Benel Vidaurre, interpusieron recurso excepcional de casación a fojas noventa y ciento cinco, respectivamente. Recursos impugnatorios que fueron admitidos, por la Primera Sala Penal de Apelaciones, mediante la resolución de fojas ciento trece, del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. El Colegiado Superior advirtió que se había cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 405 del Código Procesal Penal. Los sentenciados interpusieron el recurso de casación en defensa de los derechos que consideraban que habían sido vulnerados con la resolución recurrida. Los recurrentes se encontraban debidamente facultados, dichos recursos han sido interpuestos dentro del plazo de ley, se fundamentó adecuadamente el perjuicio causado, así como se estableció la pretensión impugnatoria concreta con la finalidad de desarrollar la doctrina jurisprudencial respectiva.
Sétimo. Elevada la causa a este Supremo Tribunal y cumplido el trámite de correr traslado a las partes procesales por el término de ley, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, por Ejecutoria Suprema –Recurso de Casación N.° 01118-2016/LAMBAYEQUE, de fojas ciento veintiuno del cuadernillo, del treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete–, declararon bien concedidos los recursos de casación interpuestos por los sentenciados Alan Mychell Zurita Elera y Armando Arigo Benel Vidaurre, contra la sentencia de vista, del cuatro de octubre de dos mil dieciséis, que confirmó la sentencia de primera instancia del uno de julio de dos mil dieciséis.
Octavo. Instruido el expediente en Secretaría, por decreto de fojas ciento treinta y tres del cuadernillo, del ocho de enero de dos mil dieciocho, se señaló la audiencia de casación para el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, a las nueve horas. La misma que se realizó con la concurrencia de las partes procesales, por lo que corresponde expedir sentencia. Noveno. Deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, este Tribunal Supremo acordó pronunciar la presente sentencia de casación en los términos que se detallarán. Se señaló para su lectura el día de la fecha de la presente resolución.
Primero. La defensa técnica del encausado Alan Mychell Zurita Elera, en su escrito formalizado de fojas noventa, solicitó el desarrollo de doctrina jurisprudencial conforme con el artículo 427, inciso 4, del Código Procesal Penal, por las causales previstas en el artículo 429, incisos 1 y 3 de la citada norma procesal, garantía constitucional de la debida motivación de las resoluciones judiciales e indebida aplicación y errónea interpretación de la norma penal que emerge del tipo penal de falsedad ideológica (artículo 428 del Código Penal).
La defensa señaló que:
1.1. Armando Benel Vidaurre, en el año dos mil nueve, realizó las gestiones ante COFOPRI, en donde Alan Zurita Elera se desempeñaba como técnico de empadronamiento, quien lo atendió e indicó los requisitos que debía presentar para adquirir el título de propiedad del predio materia de litis, entre estos: la verificación del domicilio del posesionario, el documento Declaración jurada 1B en la que el solicitante debía declarar ser posesionario del inmueble, la declaración jurada de cuatro personas –con sus respectivas firmas y huellas–, luego de haber leído el documento.
1.2. El cuatro de marzo de dos mil diez, se hizo el empadronamiento, se recabaron las firmas y huellas de cuatro personas, y se declaró que el encausado Benel Vidaurre era posesionario, la misma que luego fue autorizada y tenida en cuenta por el empadronador Zurita Elera, conforme con el procedimiento.
1.3. Se registró la titularidad a nombre de Benel Vidaurre, por lo que José Raúl Sánchez Gálvez presentó una denuncia contra Benel Vidaurre, por considerarse propietario del predio materia de litis, el mismo que le fue vendido por Filomena Vidaurre Tuñoque.
1.4. En la sentencia de primera instancia se consignó que el encausado Zurita Elera insertó firmas auténticas de los testigos.
1.5. La defensa indica que se llegó a demostrar científicamente que las firmas y huellas les pertenecen a los declarantes, con lo cual quedó desvirtuado el delito, pues nunca se introdujeron declaraciones falsas, debido a que los firmantes eran conscientes de lo que suscribían.
1.6. Se sostiene que existen suficientes motivos y la necesidad de unificar criterios doctrinales respecto al alcance de la interpretación del delito de falsedad genérica y, específicamente, sobre el verdadero alcance del elemento “declaraciones falsas”.
1.7. Debe establecerse si para la configuración del delito de falsedad ideológica, “se puede considerar declaración falsa la declaración jurada (documento) prestada por personas con firma y huella dactilar, quienes posteriormente nieguen su autenticidad, pese a existir un examen pericial que reafirme que dichas firmas y huellas les pertenecen”.
1.8. No es posible convertir en falsa una declaración jurada cuando sus declarantes, en un primer momento han dado certeza sobre su contenido y alcances, y luego en un acto posterior nieguen lo que allí se expresa.
1.9. No se ha falsificado ni adulterado algún documento, tampoco se ha alterado ni manipulado el contenido.
1.10. Debe tenerse en cuenta que el documento tiene solo una página.
1.11. Resulta necesario el desarrollo de doctrina jurisprudencial respecto de si para la configuración del delito de falsedad ideológica es posible considerar “declaración falsa”, a efectos de configurar el mencionado delito, la declaración jurada (documento) prestada por personas con firma y huella dactilar, “quienes posteriormente nieguen su autenticidad, pese a existir examen pericial que reafirma que las suscripciones le pertenecen”.
Por lo expuesto, la defensa alega que no se configuró el delito de falsedad ideológica.
Segundo. La defensa técnica del encausado Armando Arigo Benel Vidaurre en su recurso formalizado de fojas ciento cinco, sostuvo que con la resolución objeto de casación se inobservaron las garantías constitucionales y se realizó una errónea interpretación de la ley, por lo que consideró necesario el desarrollo de doctrina jurisprudencial. Al respecto, señaló que:
2.1. No existe prueba suficiente que acredite su culpabilidad.
2.2. La Declaración Jurada 1B es un simple documento de trámite interno de COFOPRI; consecuentemente, no tiene la categoría de instrumento público porque no cumple con los requisitos que señala el artículo 235 del Código Procesal Civil.
2.3. No se acreditó el perjuicio sufrido por el agraviado. Por ello, solicitó se establezca jurisprudencia respecto al cumplimiento obligatorio de los requisitos que deben presentarse para sancionar penalmente a una persona por el delito de falsedad ideológica.
Tercero. Conforme con lo expuesto, por la sentencia de primera instancia de fojas veintiocho, se desprende que el Fiscal Superior presentó su teoría del caso, y atribuyó al encausado Armando Arigo Benel Vidaurre, que con la finalidad de obtener el título de propiedad presentó la Declaración Jurada 1B de COFOPRI, del cuatro de marzo de dos mil diez, en la cual las personas de Rosa María Chapoñana Pucce, Irma Sandoval Sandoval, Julia Mercedes Saavedra de Camacho y Juan Manuel Barrientos Benavides declararon bajo juramento que el encausado antes referido era posesionario de la manzana treinta y dos, lote siete, calle José Gálvez N.° 475 del Pueblo Tradicional de la ciudad de Lambayeque, documento que fue autorizado por el investigado Alan Zurita Elera, en su calidad de empadronador del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal. Del mismo modo, en la sentencia de vista de fojas ochenta y cuatro, considerando tercero, se establece que el Fiscal Superior señaló que los referidos sentenciados se pusieron de acuerdo para que el sentenciado Benel Vidaurre obtuviera el título de propiedad de un terreno, a sabiendas de que no era suyo. Para ello, ambos sentenciados acordaron que los documentos de COFOPRI, declaración jurada 1B, fuera llenado por el sentenciado Zurita Elera con información falsa, consistente en dar fe de que el sentenciado Benel Vidaurre estaba en posesión del mismo y los cuatro testigos antes señalados, pese a no conocer al sentenciado Benel Vidaurre ni constarles su posesión sobre el terreno, dieran fe de lo contrario. Por lo que, de lo vertido, se colige que el documento materia de cuestionamiento está referido a la Declaración Jurada 1B” adjunta en el cuadernillo a fojas ciento treinta y seis.
Cuarto. En la Ejecutoria Suprema correspondiente al Recurso de Casación N.° 01118- 2016/LAMBAYEQUE, de fojas ciento veintiuno del cuadernillo, del treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, se declararon bien concedidos los recursos de casación interpuestos por los sentenciados Alan Mychell Zurita Elera y Armando Arigo Benel Vidaurre, por los motivos de errónea interpretación de la ley penal e infracción de la garantía de motivación. Dicho Colegiado consideró lo siguiente:
Quinto. Bajo este tamiz, se aprecia un tema de marcado interés. Se expone la necesidad de establecer los alcances del artículo 428, del Código Penal (delito de falsedad ideológica), esto es, la conducta delictiva (insertar en instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento) y la naturaleza del objeto sobre el cual recae la acción penal (la calidad o no de documento público de la Declaración Jurada 1B). Ello, a su vez, amerita la verificación de las razones expresadas por las instancias de mérito para sustentar su decisión, pues se declaró probado el delito de falsedad ideológica a pesar de que se acreditó que los testigos firmaron sus respectivas declaraciones juradas.
Sexto. En suma, se cuestiona la errónea interpretación de una Ley penal –elementos objetivos del delito de falsedad ideológica– y, además, se controvierte la motivación de la sentencia en el ámbito de la determinación de la relevancia penal de los hechos imputados y una fundamentación de la probanza del elemento subjetivo del tipo penal. Ello permite que los dos motivos válidos, objeto de examen casacional, son los previstos por el artículo 429, incisos 3 y 4, del Código Procesal Penal. Para la aceptación de ambos motivos se aplica la doctrina de la voluntad impugnativa, que permite encuadrar los motivos invocados en el que legalmente correspondan. Se excluye, por tanto, la vulneración de garantías constitucionales, pues las afectaciones de la motivación de las resoluciones encuentran respaldo en el inciso 4, del artículo 429, del Código Adjetivo Penal.
Quinto. Si se tienen en cuenta los fundamentos quinto y sexto de la citada Ejecutoria, cabe precisar que la parte resolutiva al haber declarado bien concedidos los recursos de casación, están referidos a las causales previstas en los incisos 3 (errónea interpretación de la ley penal) y 4 (falta o manifiesta ilogicidad de la motivación), del artículo 429, del Código Procesal Penal; bajo ese tenor, en sede casacional, dichas misiones se establecen como fundamento esencial de la misma; en consecuencia, las normas que regulan el procedimiento del recurso de casación deben ser interpretadas bajo dicha dirección.
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References: artículo 428
 artículo 428
 resolución 
 resolución 
 artículo 405
 resolución 
 artículo 427
 artículo 429
 resolución 
 artículo 235
 artículo 428
 artículo 429
 artículo 429
 artículo 429