Source: https://es.scribd.com/doc/129358773/LA-ACCION-DE-AMPARO-EN-VENEZUELA-Y-SU-UNIVERSALIDAD
Timestamp: 2016-04-28 23:12:47+00:00

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sino alternativamente. Y en quinto lugar se precisó expresamente que “el ejercicio de este derecho no puede ser afectado. violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley”. la protección que puede otorgar el juez de amparo al goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. conforme a la propia Constitución. contra cualquier acto. 1. a los derechos protegidos y las causas de la lesión o amenaza de lesión de los mismos. en lugar de establecer sólo que debía ser “breve y sumario” como lo hacía la Constitución de 1961. También procede contra el hecho. En tercer lugar. acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional. se indica que debe ser “oral.
I. y agregando. culturales y educativos. en primer lugar. en modo alguno. solamente cuando ocupen posiciones de poder o ejerzan funciones públicas . en los tratados internacionales relativos a derechos humanos y aquellos inherentes a la persona humana así no estén enumerados en la Constitución o en dichos tratados). o de la existente en otros países en el sentido de limitar la acción contra particulares. LA UNIVERSALIDAD DEL AMPARO Y LAS CAUSAS DE LA LESIÓN O AMENAZA DE LESIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES La acción de amparo procede en Venezuela para la protección de todos los derechos constitucionales enumerados en los artículos 19 a 129 de la Constitución (civiles. sociales y de las familias. además. por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales”. Por tanto. y entre ellas. su universalidad. acto u omisión originados por ciudadanos. refiriéndonos. público. políticos. individuos o personas morales. Esto también contribuye a diferenciar la acción de amparo en Venezuela de la existente en otros sistemas. Por otra parte. y procede. Estadal o Municipal.por ejemplo. sino también frente a las perturbaciones que puedan provenir de particulares. que “todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto”. de los pueblos indígenas.sólo en la Constitución sino en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. que hayan violado. la cual analizaremos específicamente en estas páginas. gratuito y no sujeto a formalidad”. y en segundo lugar. sin la menor duda debe afirmarse
. De esta norma constitucional derivan las notas distintivas del derecho y acción de amparo en Venezuela. El amparo contra autoridades y contra particulares De acuerdo al artículo 2º de la Ley Orgánica. como concesionarios de servicios públicos. En esta materia. no sólo se reiteró la competencia del juez para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida. los cuales. tienen rango constitucional y prevalecen incluso sobre el orden interno si contienen regulaciones más favorables (artículo 23). además. económicos. en los cuales el recurso de amparo sólo se concibe frente a autoridades. sino que no hay actos. En cuarto lugar. la Constitución no distingue. personas jurídicas. a las formas de ejercicio de la acción de amparo. y ambientales). Por tanto. “La acción de amparo procede contra cualquier hecho. “o la situación que más se asemeje a ella”. por lo que la Ley Orgánica admite la acción de amparo frente a acciones que provienen de particulares. grupos u organizaciones privadas. en el caso de protección frente a perturbaciones provenientes de autoridades públicas. además. conforme se ha desarrollado por la jurisprudencia en aplicación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de 1988. hecho u omisión de autoridades o de particulares que viole derechos o garantías constitucionales o amenace violarlos. no sólo no hay derechos constitucionales que no sean justiciables mediante la acción de amparo. hechos u omisiones que escapen de la protección de la misma. breve. se plantea en el texto constitucional y en la Ley Orgánica no solo frente a actuaciones de autoridades públicas que puedan perturbar el goce y ejercicio de los derechos. en cuanto al procedimiento.
fue precisada y desarrollada por la jurisprudencia. por ejemplo. la acción de amparo procede contra toda actuación de la Administración.también que tal como lo regula el artículo 27 de la Constitución y la Ley Orgánica.. incluso. es decir. Nº 661) En sentencia de 13 de febrero de 1992. o grupo u organizaciones privadas. contra las omisiones. aun cuando no configure un acto administrativo y no abra la vía contencioso administrativa. la decisión del 4– 12–90. contra toda forma de actuación de la Administración e. tanto de la antigua Corte Suprema como de la Corte Primera de la Contencioso Administrativo. Así lo señaló la Corte Primera de la Contencioso Administrativo en sentencia de 11 de noviembre de 1993 (Caso: Aura Loreto Rangel): “La lectura del artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo evidencia que no hay prácticamente ningún tipo de conducta. por otra parte. independientemente de su naturaleza o carácter. tanto en la concepción constitucional como en su desarrollo legislativo. no como una forma de control jurisdiccional de la inconstitucionalidad de los actos estatales capaz de declarar su nulidad. si bien es incuestionable lo extenso del ámbito de los derechos y garantías susceptibles de ser protegidos y restablecidos mediante esta vía procesal. tampoco puede limitarse a que la lesión sea producto de determinados actos solamente. En decisión del 31 de enero de 1991 (Caso: Anselmo Natale. procede. por lo cual hace extensiva la protección que por tal medio otorga. contra las actuaciones materiales de la Administración. ya sean desde el punto de vista material u orgánico. contra sus vías de hecho. en fin.. así como de los sujetos de los cuales provenga. cuando alguna persona natural o jurídica. debe igualmente permitirse que cualquier acto lesivo –ya sea un acto. en relación a la amplitud de los derechos fundamentales amparables. es su universalidad. sino –como se ha dicho– un remedio de protección de las libertades públicas cuyo objeto es restablecer su goce y disfrute. e incluso aquéllos que sin estar expresamente previstos en el texto fundamental. por supuesto. por lo demás. a todos los sujetos (personas físicas o morales que se encuentran en el territorio de la nación) así como a todos los derechos constitucionalmente garantizados. Esta universalidad del amparo. hecho u omisión– de derechos y garantías constitucionales sea posible de cuestionar mediante este medio procesal. del cual pueda predicarse que está excluido per se de su revisión por los jueces de amparo. precisó: “Observa esta Corte que la característica esencial del régimen de amparo. En efecto. La jurisprudencia de esta Sala ha sido consecuente con ambos principios. esta protección procede frente a toda actuación pública. siendo el objetivo de la acción de amparo la protección de cualquier norma que consagre uno de los llamados derechos subjetivos de rango constitucional. cuando no puedan ser impugnados por la vía contencioso administrativa. contra la abstención en actuar o cumplir una obligación. ya que. registrada bajo el número 22) se señaló que “no puede existir ningún acto estatal que no sea susceptible de ser revisado por vía de amparo. amenace vulnerarlas o las vulneren efectivamente” (véase además. no puede sostenerse que esa protección es viable sólo en los casos en que el acto perturbador reúna determinadas características. caso: Mariela Morales de Jiménez. 5°). a los efectos de determinar si vulnera o no algún derecho o garantía constitucional” El mismo criterio lo precisó la Sala Político Administrativa de la antigua Corte Suprema en sentencia de 24 de mayo de 1993. contra determinados actos como los de trámite. la Corte Primera.
. así: “Son muy amplios los términos en que la acción de amparo está consagrada en el artículo 49 del Texto Fundamental. frente a todos los actos estatales y ante los actos materiales y vías de hecho de las autoridades públicas (art. Por tanto. Así. es decir. entendiendo ésta.
agregando un tercer sistema de control (además de los métodos concentrado y difuso).
. particularmente por la necesidad de conciliar el ejercicio de la acción de amparo con el ejercicio de las vías de impugnación de dichos actos. entendiendo ésta. Los únicos supuestos excluidos de su esfera son aquéllos que expresamente señala el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y. conforme a la Constitución de 1961. A continuación haremos especial mención a los casos de acciones de amparo contra los actos jurídicos del Estado. están siempre vinculadas con el orden público y con el interés social” Por tanto. como se sabe. sino como se ha dicho. un medio de protección de las libertades públicas cuyo objeto es restablecer su goce o disfrute. En este caso. Por ello. El amparo contra leyes y demás actos normativos De acuerdo al artículo 3º de la Ley Orgánica: “También es procedente la acción de amparo cuando la violación o amenaza de violación deriven de una norma que colida con la Constitución. pudiendo intentarse la acción de amparo contra vías de hecho de la Administración. no como una forma de control jurisdiccional de la constitucionalidad de los actos estatales capaz de declarar su nulidad. el amparo contra la misma es de tal amplitud que se acuerda contra todos los actos. Por supuesto. ninguna actuación u omisión escapa al amparo. contra actos administrativos y contra sentencias y providencias judiciales. las decisiones de los Cuerpos Legislativos adoptados en uso de sus atribuciones privativas y que conforme al artículo 159 de dicha Constitución no eran susceptibles de veto. conforme se estableció en el artículo 6. Este es el punto de partida para entender el ámbito del amparo constitucional. desde el punto de vista sustantivo. “los actos de la Corte Suprema de Justicia”. omisiones y vías de hecho. Ello fue resuelto expresamente por la antigua Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa en sentencia de 31 de enero de 1991 (Caso: Anselmo Natale). amenace vulnerarlas o las vulneren efectivamente”.6 de la ley Orgánica. en especial contra los actos legislativos. habiendo solo quedando excluidos de la acción. 2. administrativos y judiciales (sentencias). regula expresamente el amparo contra leyes. el cual en ciertos aspectos se puede asimilar al denominado en México “amparo contra leyes”. La Ley Orgánica.son inherentes a la persona humana. cuando alguna persona natural o jurídica. no existía la posibilidad de intentar acción o recurso alguno contra las decisiones de la la más alta autoridad judicial del país. en virtud de que como lo había previsto el artículo 211 de la Constitución de 1961. de gobierno. en la cual señaló que “no puede existir ningún acto estatal que no sea susceptible de ser revisado por vía de amparo. Respecto a la Administración. la providencia judicial que resuelva la acción interpuesta deberá apreciar inaplicación de la norma impugnada y el Juez informará a la Corte Suprema de Justicia acerca de la respectiva decisión”. examen o control de los otros Poderes del Estado. Esta es. en este sentido. sin hacer exclusión alguna de determinadas materias de su competencia que. una de las instituciones más novedosas que incorporó la Ley Orgánica referida al denominado “amparo contra normas” que vino a perfeccionar y completar el sistema de control de la constitucionalidad de las leyes. quizás. no hay limitaciones respecto a derechos o garantías específicas. incluso. si se trata de amparo contra actuaciones de la Administración no es necesario que se trate de un acto administrativo el que cause la lesión. o grupos u organizaciones privadas. las mismas podían ser objeto de acción de amparo.
que la Ley Orgánica. es decir. sino como objeto directo de una acción de amparo. en todo caso. a pesar de la claridad del artículo 3º de la Ley Orgánica de Amparo. en cuyo caso. Ahora bien. habiendo reducido su potestad de suspensión de efectos en juicio. tiene efectos inter partes. contrariamente a lo que había sido la tradición jurisprudencial. si lo estima procedente para la protección constitucional. y no requiere de la emisión de actos de ejecución de la misma. Se trata de un control difuso pues permite a todo juez de amparo pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una ley por violación de derechos y garantías constitucionales. En estos casos de amparo contra normas. puede ocasionar una lesión particular de los derechos y garantías constitucionales de una persona determinada
. por otra parte. y es directo pues la cuestión constitucional no se plantea en un juicio en forma incidental. el mismo artículo 3º de la Ley Orgánica establece lo siguiente: “La acción de amparo también podrá ejercerse conjuntamente con la acción popular de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos estatales normativos. la decisión del juez no es anulatoria. mientras dure el juicio de nulidad. es la acción de amparo contra los actos de ejecución de la norma. es decir. en cuanto a la acción autónoma de amparo contra normas previstas en el artículo 3º de la Ley Orgánica. su inaplicabilidad al accionante. en estos casos la Ley Orgánica ha establecido una innovación fundamental consistente en permitir a la Sala. hemos sostenido que se trata de una vía directa de control difuso de la constitucionalidad de las leyes. la Corte Suprema de Justicia. en este caso equivale a la suspensión de efectos de la ley respecto del accionante. el cual en definitiva es el que. podrá suspender la aplicación de la norma respecto de la situación jurídica concreta cuya violación se alega. teniendo la decisión. sin embargo. respecto de los actos administrativos de efectos particulares. en el caso concreto. el suspender los efectos de la ley o acto normativo impugnado respecto de su aplicabilidad al accionante. que viene a completar el control difuso incidental que establece el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil. la propia antigua Corte Suprema. que por ello. realmente. la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa de la antigua Corte Suprema impuso el criterio de que no procede la acción de amparo directamente contra normas. como una decisión de protección. y que lo que procede. Sin embargo. que serían los actos lesivos. no establece límite alguno respecto de la procedencia de la acción de amparo contra normas. además de prever el amparo contra normas. cuando lo juzgue necesario para la protección constitucional. Como se observa. o más propiamente la pretensión de amparo. permite ejercer la acción de amparo. se permite el ejercicio del control de la constitucionalidad de las leyes por los jueces cuando conozcan de una acción de amparo ejercida contra una ley o un acto normativo que en forma directa e inmediata viole o amenace violar un derecho fundamental. la antigua Corte Suprema había negado sistemáticamente la posibilidad de suspender los efectos de los actos normativos. En efecto. cuando se faculta al juez de amparo para resolver de inmediato “restablecer la situación jurídica infringida”. De acuerdo al artículo 3 de la Ley. sino que sólo debe apreciar la inaplicación de la norma respecto de la cual se solicita amparo. Hasta la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo en los juicios de nulidad de los actos estatales. en Sala Político Administrativa había considerado como obvio que “el mencionado artículo de la Ley Orgánica de Amparo no consagra la posibilidad de interponer esta acción de protección constitucional contra una ley u otro acto normativo sino contra el acto de aplicación o ejecución de ésta. incluso. y que por tanto. En sentencia de 24 de mayo de 1993. colida con la Constitución.Este caso. Pero en relación al control de la constitucionalidad de las leyes. mientras dure el juicio de nulidad”. conjuntamente con la acción popular de inconstitucionalidad de las leyes ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. efectos inter partes. La Ley venezolana. en relación al accionante.
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