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Timestamp: 2020-07-08 11:27:21+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 292, de 12/07/2017
cve: DSCD-12-CO-292
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 292
Sesión núm. 22 (extraordinaria)
- Del señor Bañón González, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia y presidente del Comité Científico Técnico del Consejo Médico Forense, para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia. (Número de expediente 212/000898) ... (Página2)
- Del señor Barbería Marcalain, subdirector del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña y Vocal y secretario del Consejo Médico Forense, para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia. (Número de expediente 212/000899) ... (Página2)
- Del señor Chacón Fuertes, vicepresidente primero del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia. (Número de expediente 219/000749) ... (Página11)
- Del señor Alcázar Ruiz, vocal de la Asociación Nacional de Trabajo Social Forense, para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia. (Número de expediente 219/000750) ... (Página18)
- De la señora Martín Torres, trabajadora social forense del Equipo Técnico Psicosocial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses adscrito a la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia del Instituto de Medicina Legal de Segovia y miembro de la Vocalía Laboral de la Asociación de Trabajadores Sociales Forenses, para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia. (Número de expediente 219/000751) ... (Página18)
Se abre la sesión a las tres y treinta minutos de la tarde.
- DEL SEÑOR BAÑÓN GONZÁLEZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE MURCIA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ CIENTÍFICO TÉCNICO DEL CONSEJO MÉDICO FORENSE, PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA. (Número de expediente 212/000898).
- DEL SEÑOR BARBERÍA MARCALAIN, SUBDIRECTOR DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE CATALUÑA Y VOCAL Y SECRETARIO DEL CONSEJO MÉDICO FORENSE, PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA. (Número de expediente 212/000899).
La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar la sesión señalada para hoy a las 15:30 horas, de celebración de las comparecencias para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia.
Hoy tenemos con nosotros a don Rafael Bañón González, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia y presidente del Comité Científico Técnico del Consejo Médico Forense, y a don Eneko Barbería Marcalain, subdirector del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña y vocal y secretario del Consejo Médico Forense. Les damos la bienvenida a los dos a esta subcomisión de Justicia y les agradecemos su presencia aquí. Teniendo en cuenta que estas sesiones son para que ustedes nos informen sobre su visión en aquellas materias que les afectan en su profesión, les daríamos a cada uno de ustedes diez minutos, luego los portavoces de cada uno de los grupos parlamentarios tienen cinco minutos para formular indistintamente a cualquiera de ustedes las preguntas y finalmente los comparecientes disponen de cinco minutos para contestar.
Don Rafael Bañón, tiene la palabra.
El señor BAÑÓN GONZÁLEZ (Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia y presidente del Comité Científico Técnico del Consejo Médico Forense): Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, quiero empezar agradeciendo -como no puede ser de otra forma- que esta Comisión tenga la iniciativa de contar con nuestra presencia y que haya considerado interesantes las aportaciones que nosotros podamos hacer. Como no hay demasiado tiempo, voy a pasar directamente a estructurar el tema siguiendo los ejes y las prioridades en los trabajos de la subcomisión que se nos han comunicado.
Empezando por la modernización, la medicina forense española se articula alrededor del cuerpo de médicos forenses, que es una institución que se crea a mediados del siglo XIX, que tiene más de 150 años de antigüedad, y cuyo hito desde el punto de vista de la modernización más importante se produce en el año 1985 con la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece la supresión del modelo de distribución en partidos judiciales y la creación de los institutos de medicina legal como órganos jerarquizados de trabajo en equipo y especializados, y que se estructuran en dos ejes de centralización y especialización. Desde el año 1985, la creación de los institutos de medicina legal ha sido lenta, progresiva y, en algunos casos, todavía no ha llegado a completarse. Por lo tanto, una de las primeras propuestas que nosotros hacemos de carácter estratégico para la modernización de la medicina forense es completar el mapa de implantación de los institutos de medicina legal allí donde no se han implantado, como es el caso de Madrid, porque creemos que treinta y dos años después ya es el momento de hacerlo. Y en donde sí existen, que se completen sus servicios, sus secciones, y se haga un inventario de instalaciones y de medios materiales, que son los medios adecuados para la realización de su función.
Desde el punto de vista más concreto, el acceso de la medicina forense al procedimiento electrónico se produce sin mayores problemas que los derivados -que ya hemos visto por otros estamentos- de la dispersión en comunidades autónomas, pues tenemos muchos sistemas informáticos. Pero, probablemente, nos encontramos en este momento con una situación de oportunidad derivada de que en algunas comunidades autónomas todavía no se dispone de un sistema informático de gestión de los institutos de medicina legal. Por lo tanto, una de las propuestas que hacemos es aprovechar el momento para que el sistema informático que el Ministerio de Justicia ha creado para sus comunidades autónomas pueda ser cedido o negociado para su implantación en aquellas comunidades que no disponen de un programa específico y que eso se pueda aprovechar para favorecer la normalización y la estandarización
del trabajo, y así avanzar en la interoperabilidad de los sistemas ya existentes. Por ejemplo, los inspectores del Ministerio de Justicia trabajamos con firma electrónica sin mayor problema, trabajamos en el entorno de LexNET, pero necesitamos avanzar en la interoperabilidad con los sistemas de gestión procesal y, sobre todo, con los sistemas de gestión de laboratorio como los que tiene el Instituto Nacional de Toxicología, que es con quien más nos entendemos en la práctica diaria.
Para completar el tema de la modernización, me gustaría señalar que las modificaciones que se hacen dentro de los textos procesales, que limitan el tiempo de gestión de los procedimientos, no deberían tener como excusa el retraso que pueda existir en la práctica de pruebas periciales. Ahora mismo, no hay ninguna prueba pericial que no se pueda hacer en un plazo razonable de dos o cuatro semanas, pruebas de ADN, pruebas de valoración psicológica, etcétera. Por tanto, creo que donde haya problemas de retraso -y los ha habido importantes- que pudieran condicionar la finalización de los procedimientos judiciales, sobre todo los penales, habría que estudiar por qué no se ha producido, si eso se debe a la existencia de alguna limitación en las pruebas periciales.
Con respecto al segundo eje, fortalecimiento de la independencia judicial. Nada tenemos que decir con respecto a la independencia del Ministerio Fiscal, esta no es nuestra materia. Pero sí tenemos que recordar que el texto que sirve de norma para nuestra actuación es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que también proviene de mediados del siglo XIX y que ahora mismo está estableciendo algunos límites a una modernización y actualización de nuestra actuación. Creemos que es el momento para aprovechar, si se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se modifiquen también los capítulos de la intervención de los peritos, los capítulos de valoración del cuerpo del delito, de la inspección ocular, etcétera, para introducir criterios de modernidad como, por ejemplo, las cuestiones relativas a la cadena de custodia, al control de calidad, a la acreditación de las técnicas, etcétera.
Uno de los elementos que mayor independencia puede suponer para la actuación de los institutos de medicina legal es su financiación. Se han hecho algunas modificaciones legislativas muy novedosas, como la aplicación de precios públicos para la valoración de las periciales de tráfico, y probablemente sería el momento de estudiar un modelo de financiación, quizá siguiendo el modelo del Instituto de Medicina Legal portugués, en el que el coste de las pericias oficiales se pueda repercutir en los responsables de los procedimientos, de manera que no sea el erario público el que soporte todo el gasto de estas pericias oficiales y puedan seguir siendo gratuitas para quien pueda necesitar acceder a ellas.
Desde el punto de vista de la profesionalización, el momento es especialmente crítico en lo que respecta a la profesión de la medicina forense. En estos momentos nos encontramos en la situación kafkiana de que, al modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, es necesario ser especialista en medicina forense para acceder al cuerpo de médicos forenses, pero no existe una vía de acceso para la obtención de este título de especialista. Hemos suprimido los sistemas de acceso por la vía de escuela, pero no se ha normalizado la inclusión de la especialidad de Medicina Forense dentro del resto de especialidades sanitarias y, a día de hoy, nadie discute que el mejor sistema para la formación de los especialistas médicos es el sistema de internado y residencia. El Ministerio de Justicia hizo un gran esfuerzo de negociación para la inclusión de la especialidad dentro del listado, pero las vicisitudes que ha sufrido el decreto de troncalidad -esto forma parte de la responsabilidad del Ministerio de Sanidad- hace que en la actualidad no tengamos un sistema de acceso. Uno de los documentos que quiero entregar a la Comisión es el informe que hizo el Consejo Médico Forense sobre la necesidad de establecer un sistema de formación por la vía de residencia de la medicina forense y un acceso a él a través del sistema MIR, como el resto de las especialidades.
Por último, siguiendo el eje de la justicia orientada a las personas -ya que la medicina forense nace y debe su existencia al auxilio de la justicia pero se ocupa de las personas, y probablemente con mayor interés de las víctimas, se convierte en un elemento de interpretación de las víctimas de primer orden-, en la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial se introducen dos importantes novedades que son dignas de mención y las voy a reseñar por este orden, la primera, la modificación de las pericias a solicitud de particulares, específicamente orientadas a la atención de los accidentados de tráfico; y la segunda, la modificación del personal que forma parte de los institutos de medicina legal para integrar otros profesionales como los psicólogos y los trabajadores sociales, que nos ha llevado incluso a modificar el nombre de institutos para ser también de ciencias forenses, y orientarlos a las víctimas de algunas situaciones de especial vulnerabilidad como son los menores, las mujeres víctimas de violencia o como son los discapacitados. En la primera cuestión, que se refiere a las pericias extrajudiciales, se abre un mecanismo por el cual la medicina forense se abre a los particulares; es decir, los particulares pueden
acceder a solicitar un informe pericial oficial sin necesidad de interponer una demanda judicial. Esto no es un sistema de mediación, que es otra cosa diferente, pero sí es una forma de solución extrajudicial de conflictos que creemos que es muy interesante y que se debería explorar para poder exportarla, si funciona adecuadamente, a la solución de otro tipo de conflictos que tienen también gran transcendencia social. Es pronto para evaluar el éxito que haya podido tener este sistema; en los institutos que conozco, de momento, se está utilizando con absoluta normalidad, y quizá sea una forma de acceso a la justicia material sin necesidad de poner en marcha toda la maquinaria procesal.
La segunda cuestión es la integración de los profesionales de la psicología y del trabajo social a los institutos de medicina legal, que viene condicionada, según la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, fundamentalmente por la existencia de las unidades de valoración forense integral. Esta es una cuestión que para nosotros tiene la máxima importancia y que, en la actualidad, se caracteriza por una cierta indefinición. No sabemos cómo tienen que ser estas unidades, no sabemos cómo se han estructurado en las diferentes comunidades autónomas, puesto que los psicólogos y trabajadores sociales son personal transferido y en cada comunidad tienen una consideración administrativa diferente, y creemos que es uno de los ejes de modernización en los que se debería incidir o poner atención para presentar una iniciativa que lleve a la normalización o, por lo menos, para contemplar con la máxima atención esta cuestión.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bañón, por sus aportaciones y por haberse ajustado al tiempo con total precisión.
Señor Barbería, cuando tiene la palabra.
El señor BARBERÍA MARCALAIN (Subdirector del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña y vocal y secretario del Consejo Médico Forense): Señora presidenta, señorías, en primer lugar, hago míos los agradecimientos del señor Bañón por la posibilidad de comparecer ante esta Comisión que estudia la estrategia nacional de justicia. Igual que él, también intentaré ceñir mi exposición dentro de los cuatro temas sobre los que se estructura el eje de la subcomisión.
Respecto al primero de ellos, el de la modernización, agilización y reorganización de la justicia, el primer punto que me gustaría abordar sería el de la reforma del reglamento de los institutos de medicina legal y ciencias forenses como ejes vertebradores de la medicina forense. La medicina forense ha sufrido unos cambios muy importantes en los últimos veinte años, hemos pasado de un sistema creado en el siglo XIX por el doctor Pere Mata i Fontanet, de una serie de médicos al auxilio de jueces vinculados en partidos judiciales de forma aislada, atomizada, a la novedad que supuso la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, donde se preveía la creación de los institutos de medicina legal, posteriormente reglamentada en el año 1996. Desde finales del siglo pasado y primera década de este siglo prácticamente se han desarrollado los institutos de medicina legal y hemos evolucionado de una medicina forense atomizada, dispersa e individualizada a una medicina forense en equipo, que se estructura territorialmente y que funcionalmente se organiza en servicios. Por lo tanto, esta etapa de transición ya ha pasado y convendría abordar la tercera etapa. ¿Por qué? Porque surgen nuevas realidades que requieren nuevas necesidades y respuestas diferentes. El ejemplo más claro -ya lo ha mencionado mi compañero Bañón- es el de la violencia de género, que desarrolla en el año 2004 la ley orgánica que crea las unidades de valoración forense integral vinculadas a los institutos de medicina legal, pero en una situación orgánica extraña por cuanto estaba reglamentado en el año 1996. Se han desarrollado, además, protocolos médico-forenses de valoración de este tipo de situaciones, del riesgo de violencia de género. Y este es uno de los ejemplos de necesidades que requiere esta nueva reglamentación. Por poner otro ejemplo, otro de los aspectos sería el de los menores de edad; por una parte, como víctimas indirectas y directas de la violencia de género y también nos encontramos, cada vez de forma más frecuente, con menores inmigrantes que vienen no acompañados y donde se requiere su identificación, su valoración, su distinción sobre si son efectivamente menores de edad o no, donde ha habido informes del Defensor del Pueblo en su momento abordando este tema, y por tanto son este tipo de necesidades las que lo justifican. De la misma manera, se han ido incorporando a esta esencia de médicos forenses, a este núcleo importante que formaban los institutos de medicina legal, nuevos profesionales como psicólogos y trabajadores sociales. Y todo ello tiene que tener, por tanto, este reflejo. Por último, la mayor novedad se ha producido en el año 2015, con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevé la posibilidad de estas pericias extrajudiciales como uno de los elementos de protección de las víctimas sin entrar en la ligitiosidad judicial.
Otro segundo gran punto de la modernización, que me gustaría resaltar de forma muy breve y que supone un cambio de cultura es el de la oficina sin papel. Se ha de impulsar y avanzar en el uso de estas nuevas tecnologías y de la interoperabilidad, tanto dentro de los propios sistemas, porque estamos vinculados a sistemas de gestión procesal, como con situaciones externas, bien sean de laboratorios o incluso a nivel de otras administraciones.
En cuanto al segundo punto, respecto al fortalecimiento de la independencia judicial y de la autonomía del Ministerio Fiscal, creo también que es un tema que toca más bien de forma tangencial a nuestro colectivo, pero me gustaría insistir en la doble dependencia que tenemos los médicos forenses, una dependencia orgánica del ministerio o de los departamentos de justicia de las comunidades autónomas a través de los institutos de medicina legal, y luego una dependencia funcional en la actuación a cargo de los jueces, fiscales y magistrados. Me gustaría resaltar una fortaleza que considero importante y que se ha de mantener en nuestro sistema, que implica una respuesta homogénea del sistema médico forense ante las situaciones que se le plantean. Si nos comparamos con otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que muchas veces se nos llena la cabeza con tantas películas, informaciones, donde todo parece muy reglamentado, la propia Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos, en el año 2009, decía que su propio sistema médico forense o médico legal de investigación, por ejemplo, de la muerte, era tal batiburrillo que impedía una respuesta de forma uniforme, estandarizada y de calidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, a nivel británico, donde hablan de la crisis del código postal, en unos distritos el coroner deriva un 10 % de las muertes y en otro deriva un 90 %. Esta autonomía vinculada a nuestro carácter funcionarial debiera mantenerse vinculado a las leyes procesales.
En cuanto al tercer punto, la profesionalización y justicia de calidad, que es un ámbito mucho más concreto de nuestro colectivo de médicos forenses, yo resaltaría cuatro puntos. El primero ya lo ha mencionado también el doctor Bañón y es la especialidad de la medicina legal y forense. El ministerio dio un paso muy importante reglamentando y regulando en la Ley Orgánica del Poder Judicial la necesidad de que su colectivo de funcionarios médicos al servicio de la Administración de Justicia tuviera como requisito esa formación tipo MIR, un sistema MIR que está acreditado, que es reconocido, con una adquisición progresiva de competencias, con una asunción de responsabilidades cada vez creciente y que además es un sistema copiado en el mundo y que podría trasladarse perfectamente. Sin embargo, debido a una sentencia del Tribunal Supremo del año 2016, ha quedado en tierra de nadie y creo que desde esta Comisión sería una oportunidad excelente para impulsar al resto de administraciones, sanitarias y de educación, para concretar todavía más este punto.
El segundo aspecto de la profesionalización sería la calidad de la pericia; es decir, se habría de impulsar el control de la calidad de la pericia. Clásicamente hemos hablado de calidad, o creemos que la calidad viene dada en los laboratorios por normas de calidad de las empresas acreditadoras, pero calidad también es dedicar los mejores profesionales, intervención de personas con especial cualificación cuando el asunto así lo requiere por su complejidad o dar una respuesta en tiempo a la petición de la pericia. Todo eso también requiere ese impulso al control de calidad.
En tercer lugar, una de las cuestiones que estaría relacionada, en cierto modo, sería el impulso a la carrera profesional. Está regulado en el artículo 495 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por tanto, en un colectivo médico forense donde otros colectivos médicos tienen regulada esa carrera profesional tendríamos profesionales mejor formados y más motivados, lo que a su vez implicaría una mayor calidad en la prestación del servicio.
Por último, respecto a la profesionalización, sería conveniente impulsar esa capacitación y expertización en aquellas áreas o temas que son prioritarios en nuestra función. Hay temas clásicos como la psiquiatría forense, como la patología forense, el estudio de los cadáveres, e incluso el propio laboratorio vinculado con el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses como laboratorio de referencia, pero hay otros temas emergentes como la violencia contra la mujer, la violencia sexual o la determinación de edad, que convendría impulsar.
Entrando en el último punto, el de la justicia orientada a las personas, ya ha hablado mi compañero el doctor Bañón de lo que han supuesto las pericias extrajudiciales, un servicio público sin necesidad de entrar en la litigiosidad judicial, en el contexto de unas víctimas de accidentes de tráfico. Convendría también como servicio público abordar la intervención, que es necesaria en el ámbito del registro civil, con aquella ley que está en una especie de vacatio legis y que ha quedado como suspendida pero cuyas funciones siguen siendo necesarias. Y luego, como dimensión social, me gustaría establecer que abordamos, por una parte, colectivos vulnerables, es decir, víctimas de cualquier tipo de delito, personas
privadas de libertad con los derechos humanos, menores de edad o personas vulnerables por razón de enfermedad; particularmente por razón de enfermedad mental y no necesariamente en el ámbito penal como personas que comenten delitos, sino personas en el ámbito civil que requieren incapacitación para proteger sus propios derechos.
En un último punto, me gustaría destacar la posición privilegiada de la medicina forense y de los institutos de medicina legal para aportar información muy valiosa sobre determinados problemas sociales como violencia de género, la muerte súbita, los suicidios, accidentes de tráfico, papel del consumo de drogas y alcohol o identificación de personas, que pueden ser de gran utilidad para otras administraciones y también para los colectivos.
Por último, y concluyo para ceñirme al tiempo, destacaría las fortalezas, es decir, el mantenimiento de esa respuesta homogénea del sistema médico forense como servicio esencial a la Administración de Justicia dentro de un cuerpo de funcionarios vinculados a áreas procesales. Y luego creo que esta subcomisión supone una oportunidad de reformar los reglamentos del Instituto de Medicina Legal atendiendo a esas nuevas realidades, una oportunidad para impulsar la especialidad de Medicina Legal, el control de calidad de la pericia, la carrera profesional y la expertización en específicas y, por último, una oportunidad para reforzar y reglamentar nuestra dimensión social, tanto de la medicina forense como de los institutos, ya que más allá de nuestro valioso auxilio a la Administración de Justicia, nuestro trabajo brinda una gran oportunidad a la sociedad y aporta información indispensable para reconocer determinados problemas sociales.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, don Eneko, por el esfuerzo de síntesis que ha hecho.
Pasamos a la intervención de los distintos portavoces. Pueden hacer las preguntas comunes a cualquiera de los dos doctores. Por el grupo parlamentario Ciudadanos, señor Gómez Balsera.
El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, presidenta. Gracias a ambos por la comparecencia y por las explicaciones que nos han trasladado esta tarde, de las que tomamos nota.
Les quería hacer un par de preguntas. Cuando se han referido ustedes a esta posibilidad de solicitar la pericia forense de manera particular, extrajudicial, si no consideran que este hecho, unido a la despenalización de las faltas de tráfico, no viene a suponer un traslado del coste de un servicio que antes era completamente público al ciudadano. Recordemos que el ciudadano ya sufraga el coste de la Administración de Justicia a través de sus impuestos, antes bastaba con poner su denuncia y acudía al reconocimiento médico forense y tenía su informe, y ahora, en cambio, no lo puede hacer de esta forma, tiene que acudir a un experto particular en valoración de medicina legal y forense, o bien solicitar esta pericia que ustedes han referido. Esa era la pregunta, si consideran que, de alguna forma, se ha trasladado el coste de un servicio que antes era público y gratuito a la ciudadanía. Por otra parte, si incluso no puede suponer cierta competencia desleal, en tanto en cuanto ustedes realizarían su trabajo y su labor con medios que son sufragados por el erario público, en contraposición a estos expertos de medicina legal y forense particulares que, como todos sabemos, tienen que costearse su instrumental, su despacho, sus materiales, etcétera.
Les quería preguntar también algo que no me ha quedado claro cuando se han referido a lexNET y a las nuevas tecnologías. Ustedes utilizan lexNET pero no me ha quedado claro si trabajan con programas de gestión que son los mismos con los que trabajan los funcionarios de cada comunidad autónoma que tiene transferida las competencias, o es otro programa de gestión independiente. Por ejemplo, si en Andalucía trabajan con Adriano o no tiene nada que ver esto y tienen un programa en paralelo para la gestión de sus expedientes, lo cual aún complicaría mucho más esa interoperabilidad de lo que ya es entre las comunidades autónomas y el territorio del ministerio.
Una última pregunta. Ustedes, en las comunidades autónomas y en estos institutos de medicina legal y forense comparten espacios con los psicólogos y con los trabajadores sociales, y quería preguntarle si consideran que es necesario definir el ámbito profesional y de competencias de cada uno de estos grupos por si existieran posibles conflictos de competencias entre ustedes.
Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Santos.
Únicamente quiero darles las gracias por la exposición, que creo que ha sido breve, concisa y, en cierta parte, bastante coincidente en el diagnóstico y las peticiones que se hacen. Alguna de las preguntas que le iba a hacer ya han sido formuladas, con lo cual lo que haré será ahorrar palabras para que ustedes puedan derrocharlas con nosotros lo mejor posible.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santos. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Hernanz.
La señora HERNANZ COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Es cierto que a lo largo de su intervención han aclarado varias de las dudas que teníamos y también alguna de mis preguntas ya ha sido ya formulada, pero desde el Grupo Parlamentario Socialista queríamos agradecer al señor Bañón y al señor Barbería su presencia, sus aportaciones y asegurarles que las tendremos en cuenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Hernanz.
El señor MOLINERO HOYOS: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Bañón, buenas tardes, señor Barbería. Quiero agradecerles la comparecencia de esta tarde y, sobre todo, la capacidad de síntesis que han tenido para explicar en tan corto periodo de tiempo el entramado de lo que es la medicina forense.
La verdad es que han tocado temas -aunque de pasada- muy importantes, como ha sido la selección de los médicos forenses, el tema del acceso, el Instituto de Medicina Legal, pero voy a remitirme a algunos para que me los aclaren un poco. Como muy bien han indicado, se han producido una serie de reformas por parte del ministerio en 2014 y en 2015. En particular, en 2015, la modificación del artículo 475.b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el cual se establecía la especialización dentro de él. Quisiera preguntarles, en primer lugar, qué opinión les merecen esas reformas que ha acometido en su momento el ministerio. En segundo lugar, ¿creen que debería desarrollarse más el artículo 479 de la Ley Orgánica del Poder Judicial? Y de ser así, ¿en qué sentido deberían abordarse esas reformas?
Señor Bañón, le he seguido en varias ocasiones y leí un artículo una vez que me preocupó. Me preocupó porque se preocupaba usted afirmando que faltaban médicos forenses y que había que buscar una solución sobre este particular, sobre todo en cuanto al acceso y selección de alumnos. Actualmente, el Ministerio de Justicia pretende mantener la especialización de la medicina legal incluyéndola por la vía de la residencia, lo que conocemos por el MIR, que parece ser la línea que usted marcaba en aquella entrevista que le leí. Mis preguntas se las formulo a los dos comparecientes porque creo que son criterios más o menos uniformes, ¿qué soluciones consideran ustedes que deberían tomarse para paliar estas deficiencias en cuanto a la falta de médicos forenses? ¿Qué papel debe jugar la universidad en el contexto de la medicina forense? Porque creo que es otro de los temas que parece que produce cierta discusión en ese aspecto. También me gustaría saber cómo se mejoraría la formación de los médicos en los institutos de medicina legal.
Hay otro tema que también ha mencionado, el de los institutos de medicina legal y, sobre todo, la falta de especialización y la concentración en determinados territorios, que en unos se ha desarrollado y en otros no. Precisamente en Madrid falta la creación del Instituto de Medicina Legal. Yo quisiera preguntarles qué medidas concretas en la formación del resto de los miembros que componen el Instituto de Medicina Legal considera que sería oportuno desarrollar, porque como todos sabemos el Instituto de Medicina Legal lo componen no solo los médicos forenses sino también profesores y otras personas que son ajenas al médico forense pero que, en definitiva, vienen a contribuir a esos dictámenes periciales tan extraordinarios como los que hacen ustedes.
Nos han hablado también de las nuevas competencias, en lo que a la resolución de conflictos extrajudiciales se refiere, por las cuales se les facultaba para emitir informes. Me gustaría saber qué les parece esa nueva competencia que les atribuyen.
Hay otro tema importante y es que si considera usted que en la actualidad hay suficientes médicos forenses especializados en el ámbito privado para cubrir adecuadamente las necesidades que demandan
los ciudadanos. Se lo digo, señor Bañón, por una cosa, porque en esa entrevista que hizo usted y que ha dicho hoy, usted dice que es partidario del sistema portugués. El sistema portugués es el sistema de precio privado, apartándose del precio público. Usted también explicaba muy acertadamente que había que tener en cuenta las demarcaciones territoriales y otras circunstancias y que era complejo ponerlo en España. ¿Usted cree que el sistema de precio privado, tal y como está configurada nuestra distribución territorial, nuestro derecho a la asistencia jurídica gratuita, podría implantarse en España? También me gustaría que nos dijera cómo daríamos respuesta a aquellos ciudadanos que, amparados por el beneficio de justicia gratuita, si se pone el precio privado, lógicamente, quedarían influidos por ello.
Para ir finalizando, me gustaría conocer su opinión respecto a las unidades de valoración forense integral y, sobre todo, si consideran conveniente la integración de profesionales no médicos forenses dentro de los institutos de medicina legal. Si creen ustedes que es adecuada esa multidisciplina que se enmarca dentro de los institutos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Molinero. Han surgido muchas cuestiones y van a tener que hacer un esfuerzo de síntesis.
Tiene la palabra el doctor Bañón. Siento tener que darles cinco minutos a cada uno, pero son las reglas que nos hemos dado.
El señor BAÑÓN GONZÁLEZ (Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia y presidente del Comité Científico Técnico del Consejo Médico Forense): Muchas gracias, señora presidenta.
Por seguir el orden de las intervenciones, en relación con las pericias extrajudiciales, yo creo que no supone que el ciudadano pague dos veces el que las pericias tengan un precio público, en el caso de que se solicite a los institutos de medicina legal. Yo lo miraría al contrario, es decir, hasta el momento en el que se implanta este sistema, la resolución de un conflicto que era entre particulares, que eran los accidentes de tráfico, que era un conflicto entre particulares y compañías de seguros, se resolvía a través de un artificio jurídico que era el auto de mayor cuantía y que se sustanciaba en el ámbito penal a través de los juicios de faltas, lo que suponía un impacto tremendo sobre los juzgados de instrucción con cargo al erario público. De esta forma, simplemente con un cambio legislativo, se han aliviado los juzgados de instrucción de la carga procesal que conllevaba toda la tramitación de los juicios de faltas; ahora existe la posibilidad de este acuerdo extrajudicial sin necesidad de sobrecargar la justicia civil, y, en ningún caso, tal y como está previsto en la legislación, el coste supone un incremento para el lesionado o para el ciudadano puesto que siempre, sea a solicitud del lesionado o a solicitud de la compañía de seguros, el coste se desembolsa por parte de la compañía de seguros. Esto es lógico porque, al fin y al cabo, la valoración del daño corporal es una actividad médica que tiene que ser retribuida como una más de todos los costes que tiene la resolución de un accidente de tráfico. Igual que el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, también existe la necesidad de valorar el daño para poder establecer un quantum indemnizatorio. No creo que haya una competencia desleal con los gabinetes periciales privados porque, cuando nosotros intervenimos, los informes ya están hechos; no venimos a sustituir el informe del gabinete pericial, sino que este ya lo ha hecho, y nosotros lo único que hacemos es ofrecer un informe que se puede hacer valer posteriormente en el caso de una demanda civil, con lo cual, normalmente, ahorra al ciudadano y a la compañía de seguros seguir litigando en el procedimiento judicial cuando ya existe un elemento muy objetivo para llegar a un acuerdo sin necesidad de recurrir a los tribunales.
Con respecto a los programas de gestión, nuestros programas son independientes de los programas de gestión procesal en el ámbito del Ministerio de Justicia, pero esto cambia según cada comunidad autónoma. En la comunidad de Canarias, los médicos forenses trabajan en el mismo sistema de gestión que en los juzgados, no tienen un sistema específico. Sí que existe un sistema para el Ministerio de Justicia, está ya desarrollado, y probablemente sería una oportunidad que se ofertara a las comunidades autónomas que no tienen todavía un programa específico para que pudieran implantarlo dentro de sus sistemas para poder normalizar la actuación. Otras comunidades tienen su propio sistema; en Valencia está el Melva, en Cataluña están desarrollando ahora el suyo, en el País Vasco hay otro... Lo que se trata es de aumentar o avanzar en la interoperabilidad con el resto de aplicaciones. Si me dieran a elegir, preferiría que fuera con las del toxicológico, que son con los que con mayor frecuencia tenemos que entendernos; sí trabajamos habitualmente con Lexnet. No creo que sea necesario que accedamos al sistema de gestión, pero sí que sería bueno que tuviéramos un visor de los expedientes judiciales para
poder acceder a la información del procedimiento que es relevante para nosotros cuando tenemos que hacer un informe. Se va a dar la curiosidad de que podamos acceder a las bases de datos de los sistemas sanitarios públicos para poder conocer los antecedentes de los lesionados o de los fallecidos y, en cambio, no podamos acceder a los antecedentes judiciales si los funcionarios no los han puesto previamente a nuestra disposición.
Con respecto a los psicólogos y a los trabajadores sociales, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial los incluye en el Instituto de Medicina Legal, forman parte de él en aquellas comunidades donde se ha decidido que sea así; en concreto, en las del Ministerio de Justicia. El problema de los psicólogos y trabajadores sociales es que, al formar parte del personal que se ha transferido -se transfirieron en un momento en el que no estaba definido su perfil profesional- nos encontramos con una enorme variedad de modelos; hay comunidades en las que los psicólogos son funcionarios de la comunidad autónoma y en otros son personal laboral sometido al convenio único. Por tanto, hay una enorme dispersión de modelos, con lo que algunos se integran dentro de los institutos de medicina legal y otros dentro de unidades paralelas. Creemos que, sea cual sea el modelo, lo que tenemos que hacer es trabajar coordinadamente; la respuesta tiene que ser coordinada, de forma que una víctima no tenga que venir más de una vez al instituto para tener la misma entrevista y responder a las mismas cuestiones. Tenemos que coordinarnos para que la respuesta sea realmente integral, sobre todo en cuestiones de violencia de género.
Con respecto a si faltan médicos forenses, ahora mismo no, pero faltarán. La edad media del cuerpo es muy alta, no sé las cifras exactas pero más de la mitad del cuerpo tiene más de cincuenta años; se va a producir una regeneración biológica en relativamente poco tiempo, y, por tanto, nos vamos a encontrar con un problema a corto o medio plazo puesto que hemos puesto un requisito que no se puede cumplir, o que es de difícil cumplimiento, por lo que la renovación de las plazas que quedarán vacantes es un objetivo estratégico que hay que contemplar. Para ello necesitamos, aparte de rehabilitar la especialidad y establecer el sistema de acceso a la misma, fomentar algunos elementos que hagan atractivo que podamos competir con otras especialidades médicas para reclutar profesionales competentes; esto implica establecer un sistema de carrera profesional y de promoción -como ha dicho mi compañero- pero también abrir posibilidades para la especialización de los médicos forenses que ya están trabajando, de los generalistas, e incluso abrir vías para que los profesionales especialistas clínicos de algunas especialidades estratégicas, como psiquiatría, anatomía patológica o radiología, puedan integrarse dentro de los cuerpos médicos forenses con el sistema que se determine. La respuesta que necesita la sociedad para algunas cuestiones es suficientemente compleja para necesitar una formación especializada.
¿Creo que es posible implantar el sistema portugués en España? Necesitaría unos cambios legislativos tremendos. El Instituto Nacional de Medicina Legal portugués es un instituto semipúblico que tiene autonomía financiera, tiene su propio presupuesto y se financia a través del coste de las pericias que le factura el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia paga por todas las pericias que realiza el instituto, pero luego lo repercute en los responsables civiles subsidiarios. Si el responsable civil subsidiario es una compañía de seguros, se repercute el coste a la compañía de seguros. Asegurar un sistema de financiación estable y suficiente es la mejor manera de asegurar que exista una posibilidad de realizar pericias gratuitas a quien tiene reconocido el derecho de justicia gratuita; el problema sería que no tuviéramos elementos materiales para realizar las pericias, porque entonces quien tiene justicia gratuita no podría acceder y solo podría acceder quien pudiera permitírselo.
Por último, la integración de los profesionales no médicos en los institutos de medicina legal, donde se ha producido, lo ha hecho con toda normalidad, dentro de las diferencias de actuación profesional que tiene cada estamento, porque, lógicamente, son diferentes y, en mi opinión, creo que es un camino que hay que seguir y en el que hay que profundizar pero en el que nos encontramos con los problemas que he dicho anteriormente de las diferencias de criterio. Creo que la formación continuada es una obligación, pero para eso tenemos el CEG y otros elementos de formación en las comunidades autónomas que hay que desarrollar y que hay que hacer funcionar. Como el tema de las unidades de valoración forense integral tiene mucha importancia con respecto a la integración de otros profesionales y creo que su participación es obligatoria y fundamental tanto en informe de menores como de mujeres víctimas de malos tratos, uno de los documentos que quiero hacer llegar a la Comisión es una ponencia que presenté en el último Observatorio de Violencia de Género, donde hago una disección, si me permiten la palabra desde el punto de vista anatómico, de la situación de las unidades de valoración forense integral en las comunidades autónomas actualmente.
Doctor Barbería, ¿quiere hacer alguna precisión o dar algún dato más de lo que ha dicho el doctor Bañón?
El señor BARBERÍA MARCALAIN (Subdirector del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña y vocal y secretario del Consejo Médico Forense): Esencialmente estoy de acuerdo con lo que ha manifestado mi compañero, pero respecto a las pericias forenses extrajudiciales, hay que decir que viene de una reforma del Código Penal. El Código Penal es el que elimina las faltas por imprudencia y se entiende que las víctimas, en cierto modo, quedan desprotegidas en algo que antiguamente sí que tenían ese derecho, esa posibilidad de entrada. Lo que se pretende con esa vía extrajudicial es dar una repuesta a aquellas víctimas que quedaban desamparadas. Precisamente por eso se establece un precio público, para que sea competitivo y no quede en otros profesionales que realicen su actividad en el ámbito privado, y, además, es un precio público que soportan las compañías de seguros; si luego esto repercute indirectamente en las primas es otro tema, pero, hoy por hoy, las que está soportando el coste del precio público son las compañías de seguros y no las víctimas.
Es verdad que gestionamos programas independientes dentro de los propios institutos de medicina legal, vinculados eso sí a los procedimientos o aplicaciones de gestión procesal, y en esta interoperabilidad conviene avanzar.
Respecto a que compartimos espacios, entiendo que profesionales, con otro tipo de psicólogos... Lógicamente, la creación de las unidades de valoración forense integral supuso esa respuesta que pretende ser integrada. Yo creo que el espíritu de todo ello lo que pretendía era evitar la victimización, en cierto modo, de las víctimas; es decir, que vinieran, repitieran exploraciones, que el paso a través de la justicia agravara todavía más las propias lesiones o las propias consecuencias de los hechos. En ese sentido, estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero.
En cuanto a la especialidad, a la que se refería el señor Molinero, lógicamente era una necesidad pulsada desde hace mucho tiempo, que podemos decir que casi es crónica. Tenemos un colectivo de médicos en la Administración formado de otra manera respecto a la gran mayoría de los profesionales médicos del resto del país y, por tanto, era algo unánime dentro del colectivo que tenía que intentar entrar la especialidad. Es verdad que nos hemos quedado en tierra de nadie, con una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial con un periodo de transición donde todavía hay personas opositando con el modelo antiguo que no se pueden quedar en la estacada, pero entendemos que desde esta Comisión sería una oportunidad extraordinaria para impulsar los ministerio de Educación y de Sanidad para acabar de concretar aquello.
Yo también opino que actualmente no hay falta de médicos forenses, pero en el año 2011 prácticamente el 33 % de la plantilla se encontraba entre 10 y 15 años vista de la jubilación. No es una cuestión exclusiva de los médicos forenses, es una cuestión que afecta al colectivo médico en general de este país, porque en los años ochenta hubo una gran entrada de profesionales al ámbito de la medicina y al ámbito de las administraciones y, por tanto, esto va a tener su reflejo, pero es verdad que en estos momentos no hay carencia de médicos forenses, aunque sí que entendemos que conviene ir avanzando desde ese gran médico forense generalista que todo lo sabe a médicos forenses que sí que son generalistas, pero también podemos buscar áreas de conocimiento específico en la que elaborar sus dictámenes, y, en definitiva, vinculados a la calidad.
Respecto al papel de la universidad que he mencionado, es una de las cuestiones crónicas del colectivo que se abordan y que tienen una resolución complicada. Somos funcionarios y como funcionarios estamos sometidos a la aplicación de una ley con unas incompatibilidades y, por tanto, no se pueden combinar dos plazas públicas a tiempo completo. Sí hay una vinculación a tiempo parcial asociada, pero en el ámbito actual de la legislación de función pública, creo que es difícil vincular -como en otros colectivos- una plaza de profesor en la universidad con una plaza de médico forense, que sería lo lógico, por otra parte, que el que está ejerciendo una función fuera el que enseñara a los alumnos. Si ustedes avanzaran en cualquier solución que pudiera ser jurídica lo agradeceríamos, pero lo vemos complicado. Quizá reformar los reglamentos de los institutos de medicina legal y vincular algunas plazas, no necesariamente funcionariales pero sí relacionadas con la universidad, podría ser una de las soluciones. Actualmente están las comisiones de docencia e investigación de los institutos, donde sí existe al frente de ellas un catedrático o profesor, pero entendemos que eso es insuficiente y que convendría avanzar en ello.
Yo creo que lo ha dicho todo mi compañero. Soy partidario de preservar la posibilidad de la intervención en casos de justicia gratuita, que no queden víctimas desamparadas, y valorar positivamente las pericias extrajudiciales, que creo que usted también lo preguntaba. Sobre si hay suficientes médicos forenses en el ámbito privado, yo entiendo un médico forense como funcionario, luego habrá otros profesionales de la medicina forense en el ámbito privado que podrán desempeñar las funciones.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a los dos comparecientes por la forma en que nos han ilustrado y el esfuerzo que han hecho de síntesis.
- DEL SEÑOR CHACÓN FUERTES, VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PSICÓLOGOS, PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA. (Número de expediente 219/000749).
La señora PRESIDENTA: Damos comienzo a la siguiente comparecencia. Tenemos con nosotros a don Fernando Chacón Fuertes, vicepresidente primero del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, que ha tenido la amabilidad de entregarnos copia de su intervención. La dejo encima de la mesa para cada uno de los grupos parlamentarios.
Le damos la bienvenida, señor Chacón, y le informamos que la dinámica de esta subcomisión es una exposición por su parte de diez minutos, a continuación los grupos parlamentarios formularán las preguntas y luego tendrá otros cinco minutos para contestar. Ya sé que es muy poco tiempo, pero somos bastante inflexibles en este tema porque hay muchos comparecientes.
Cuando quiera, tiene la palabra.
El señor CHACÓN FUERTES (Vicepresidente primero del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos): Muchas gracias.
Buenas tardes, señorías. Había preparado una intervención para quince minutos, que ya me parecía poco, pero como son diez, voy a intentar acortar. Como tienen ustedes copia de la comparecencia, la parte de contexto histórico previa me la voy a saltar para hacerlo lo más preciso posible y voy a pasar directamente a los aspectos fundamentales de lo que considero que es mi intervención.
En primer lugar, me gustaría hablarles sobre la necesidad de regular el estatuto jurídico profesional del psicólogo forense. Claro reflejo de la importancia de la labor de asesoramiento a los tribunales y fiscalías que hacen los psicólogos forenses en ámbitos como los juzgados de familia, discapacidad, menores, violencia sobre la mujer y la asistencia a víctimas, es la enorme demanda de informes periciales de psicólogos que se ha visto en los últimos años. Se ha consolidado, de esta manera, sobre todo por la diversidad de los ámbitos jurisdiccionales donde están los psicólogos forenses adscritos a la Administración de Justicia, en su vertiente de praxis forense como una verdadera especialidad absolutamente necesaria e imprescindible, pues garantiza en aquellas materias propias de su disciplina profesional el correcto funcionamiento de nuestra Administración de Justicia.
Señorías, tras la reforma de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, se establece como novedad que los institutos de medicina legal y ciencias forenses contaran con unidad de valoración forense integral para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las víctimas de violencia de género y doméstica, menores, familia y personas con discapacidad. Asimismo, señala la ley tras la reforma, que dentro de esos institutos podrán integrarse el resto de profesionales que componen los denominados equipos psicosociales, esto es, psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales que prestan servicio a la Administración de Justicia, incluyendo los equipos técnicos de menores.
Es indudable que con esta medida se refuerza y garantiza su actuación; sin embargo, a pesar de la importancia de su labor, lo cierto es que tras más de treinta y tres años al servicio de la Administración de Justicia la psicología forense sigue careciendo de la más mínima regulación sobre aspectos tan relevantes como los siguientes: su estatuto jurídico, la configuración de la psicología forense como especialidad, los requisitos de formación específica que deberían requerirse, la posibilidad de crear un consejo psicológico forense, el sistema de adscripción a las unidades de valoración de los institutos de medicina legal y ciencias forenses, sus normas de funcionamiento o el sistema de responsabilidades e incompatibilidades. Por este motivo, tanto el Consejo General de la Psicología como otros operadores jurídicos coinciden en
reclamar, como se hace de manera explícita en la propuesta que voy a hacer a continuación, que se adopten medidas que permitan paliar estas deficiencias en la regulación del estatuto jurídico profesional del psicólogo forense.
Por lo expuesto, respecto a este punto, me gustaría realizar las siguientes propuestas dirigidas a todos los grupos parlamentarios presentes en esta Comisión. En primer lugar, regular el estatuto jurídico profesional del psicólogo forense que presta sus servicios en la Administración de Justicia, estableciendo un adecuado procedimiento reglado que garantice los requisitos de su formación específica, así como un sistema de adscripción a las unidades de valoración de los IML que prevea su funcionamiento y delimite sus funciones y responsabilidades. En segundo lugar, implementar aquellos instrumentos legales que permitan ir configurando la psicología forense como especialidad, como se ha hecho también con la medicina forense, así como considerar la creación de un consejo psicológico forense.
Estas propuestas están en consonancia con la PNL 161/563, aprobada por unanimidad el pasado 20 de diciembre, que dice textualmente: El Congreso de los Diputados manifiesta al Gobierno la necesidad de estudiar la posibilidad de dotar a los equipos técnicos, conocidos como equipos psicosociales, de un marco jurídico que los regule en cuanto a su composición, funciones y responsabilidad.
El segundo aspecto sobre el que quería centrar mi intervención se refiere al acceso al empleo público de los psicólogos forenses. A pesar de que, con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración se atribuyen a funcionarios, y la excepción al personal laboral, lo cierto es que, tras más de treinta y tres años, la relación de los servicios profesionales por cuenta de la Administración de los psicólogos forenses se realiza empleando la figura del personal laboral y cuenta, además, con una alta tasa de interinidad. Por ejemplo, en los juzgados de violencia sobre la mujer de la Comunidad de Madrid la interinidad es de más del 80 %; es decir, duplica más que la media de los empleados públicos. En algunas comunidades autónomas se ha creado un cuerpo de funcionarios, mientras que en otras, en el llamado territorio ministerio, se mantienen dentro de la categoría de personal laboral. Aunque consideramos que lo más adecuado y ajustado al ordenamiento jurídico sería crear un cuerpo de funcionarios tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas, como ha ocurrido con los psicólogos del cuerpo superior de técnicos de instituciones penitenciarias, lo que resulta más preocupante y lo que influye directamente en los ciudadanos es que en muchas comunidades autónomas con competencias transferidas que no han creado un cuerpo de funcionarios, los psicólogos adscritos a la Administración de Justicia estén incluidos en la misma categoría laboral que los psicólogos de otras áreas como servicios sociales, educación, etcétera. Esto posibilita -les voy a contar un caso real- que mediante concurso de traslados un psicólogo sin formación específica en psicología forense y que lleva décadas trabajando en una residencia de la tercera edad pase a valorar imputabilidad o a realizar un informe de violencia de género de un día para otro sin ningún tipo de formación previa. Nos parece que este tipo de situaciones deben evitarse. Otro efecto de esta situación es que los psicólogos forenses no tienen posibilidad de carrera profesional ni complementos retributivos, desprofesionalizándolos al quedar al margen de un sistema adecuado de ponderación de mérito y capacidad y, además, incumpliendo los límites que la legislación establece para las administraciones públicas. Además, la inseguridad jurídica a la que se enfrenta el personal laboral ante despidos o situaciones de interinidad cubiertas a través del servicio público de empleo difícilmente casa con el estímulo de los empleados para el cumplimiento eficiente de sus funciones y responsabilidades.
Apreciando la general situación jurídica del personal laboral que no puede consolidar la fijeza en la plantilla con una adscripción definitiva, así como que esto permite en la práctica que se produzcan situaciones de privatización de los servicios públicos mediante externalización, como ocurre frecuentemente en el ámbito de familia, es necesario, buscando siempre el interés general, modificar el régimen de acceso al empleo público para que los psicólogos forenses que presten su servicio en la Administración de Justicia no lo sigan realizando como personal laboral sino como personal funcionario, o, cuando menos, como trabajadores fijos en plantilla con adscripción definitiva a su puesto de trabajo.
Por todo lo anterior, desde el Consejo General de la Psicología nos gustaría realizar ante esta Comisión, en lo referido a este aspecto, las siguientes propuestas. En primer lugar, modificar el régimen de acceso al empleo público para los psicólogos forenses estableciendo un adecuado procedimiento reglado que garantice la selección y la carrera sobre criterios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. En segundo lugar, establecer los instrumentos legales que faculten a las diferentes administraciones para la planificación, ordenación de sus efectivos y la utilización más eficiente de los mismos, garantizando una retribución acorde a la responsabilidad, importancia y complejidad del trabajo que desempeñan los
psicólogos forenses. Y, en tercer lugar, considerar la creación del cuerpo de psicólogos forenses; mientras tanto, dadas las peculiaridades de la actividad que realizan los equipos técnicos, acordar un convenio específico del Ministerio de Justicia para estos profesionales, tal como ocurre en otros ministerios.
Me gustaría señalar un aspecto bien distinto, porque los psicólogos forenses no son solo los que trabajan en la Administración de Justicia, sino que se trata también de los psicólogos privados que emiten informes a petición de los jueces y magistrados o de las partes, actividad que debe estar también regulada. Me gustaría exponerles la necesidad de crear un registro oficial de peritos, en concreto de psicólogos forenses, y que la inscripción en el mismo de quienes cuenten con la habilitación y cualificación sea requisito necesario para la actuación de estos profesionales ante la Administración de Justicia. Anteriormente, esta cualificación estaba garantizada porque eran los propios colegios oficiales los que establecían unos criterios para la inclusión de los profesionales en las listas de peritos que se remitían a los juzgados, pero esta práctica fue considerada como restrictiva de la competencia por un informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que consideró que los criterios de selección, en todo caso, deberían estar establecidos por la Administración, con lo cual podemos estar totalmente de acuerdo, con lo que no estamos de acuerdo es en que no haya ninguno.
El Consejo General de la Psicología de España apuesta por la profesionalidad y calidad de los operadores que realizan su labor en torno a la Administración de Justicia, por ello coincidimos plenamente con la PNL 61/2019, aprobada por la Comisión de Justicia en su sesión de 17 de diciembre de 2013, relativa al establecimiento de unos requisitos mínimos en la formación de psicólogos forenses y otros peritos judiciales.
Aunque es difícil recopilar datos fiables sobre la situación actual de los psicólogos forenses debido a la dispersión producida tras asumir las comunidades autónomas las competencias en Justicia, me he permitido aportarles en la documentación algunos datos recogidos por la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia en un estudio realizado en 2013, donde aparece la tabla de psicólogos forenses por comunidades autónomas y por jurisdicciones, así como la tasa de psicólogos forenses por habitante. Se ha diferenciado por colores, señalizando en amarillo las comunidades con competencias en Justicia transferidas y en azul claro las no transferidas. Como son de 2013 hay algunos desajustes, como, por ejemplo, los psicólogos que aparecen adscritos a familia, y los que aparecen en la categoría de generales deben estar actualmente incorporados a los institutos de medicina legal y ciencias forenses.
Del análisis de estas tablas se pueden extraer dos grandes conclusiones. En primer lugar, existen enormes diferencias en las tasas, y, por ende, en la atención a las demandas existentes, incluso en las comunidades autónomas cuyas competencias siguen siendo detentadas por el Ministerio de Justicia. En segundo lugar, el número de psicólogos forenses públicos es insuficiente para atender la demanda. Este hecho, junto con la negativa del Ministerio de Hacienda y Función Pública de convocar plazas o cubrir vacantes hasta este año, debido lógicamente a las restricciones económicas, el ministerio debió suscribir un convenio con el Consejo General de la Psicología para elaborar el informe como refuerzo a los solicitados a los institutos de medicina legal y ciencias forenses; convenio que estaba dotado con 225 000 euros. A fecha de hoy estamos a punto de agotar esa partida, lo cual es un indicador del volumen de demanda que están recibiendo estos profesionales. Tengamos en cuenta que estos informes se piden cuando los IML ya están desbordados, o sea, estamos hablando de desborde sobre desborde. Puede destacarse, además, que en el ámbito de familia es donde más ha crecido la demanda últimamente por el crecimiento que ha habido en las peticiones de informe debido a las custodias compartidas, lo que ha originado que se hayan producido situaciones de sobrecarga y de demora en las respuestas y dilaciones, probablemente demasiado largas en la emisión de estos informes y, por tanto, en las sentencias que deben dictarse al respecto. Esta situación hace que desde el consejo propongamos aumentar las ratios de psicólogos para atender las demandas de periciales psicológicas solicitadas por los órganos judiciales, lo que está de acuerdo con la segunda parte de la PNL 161/563 anteriormente citada, que dice textualmente que en el marco del estudio que debe realizarse se acuerde realizar y, en su caso, mejorar las dotaciones de personal, infraestructuras y medios materiales necesarios para que estos equipos técnicos puedan llevar a efecto sus funciones. No podemos estar más de acuerdo con esta propuesta. Además, habría que ampliar en todo el territorio nacional la adscripción de los psicólogos a los distintos órganos jurisdiccionales porque, como pueden ver ustedes en la tabla, hay comunidades autónomas donde los psicólogos están en casi todos los órganos jurisdiccionales, pero en otras están escasamente en familia y en alguno más. Por ejemplo, puedo decir que en el caso de vigilancia penitenciaria solo están
en Madrid, León y Asturias. Parece lógico que haya una cierta homogeneidad y que si se considera necesario que haya psicólogos forenses en un determinado órgano jurisdiccional lo haya en todas las comunidades, no en unas sí y en otras no, por lo menos en los del ámbito territorial del ministerio.
Permítame que recuerde aquí además, casi finalizando, algunas de las propuestas que presentamos en la subcomisión del pacto de Estado en materia de violencia de género el pasado 25 de abril relativas a las actuaciones de psicólogos forenses en los juzgados de violencia sobre la mujer. Actualmente, solo en un pequeño porcentaje de las denuncias que llegan a estos juzgados se realiza una adecuada valoración pericial de riesgo, por lo que los jueces tienen que tomar decisiones sobre las medidas de protección sin contar con toda la información, porque, como mucho, tienen la información procedente de los cuerpos de seguridad por procedimiento del BioCen. Por ello, es necesario modificar y ampliar los protocolos de valoración de riesgo actualmente en vigor. En primer lugar, sería necesario que todos los profesionales realizasen guardias en estos juzgados, actualmente solo las realizan los médicos, incluyendo así a los psicólogos y a los trabajadores sociales, como es lógico, en la citada valoración y de la que actualmente están excluidos, porque el protocolo que existe es protocolo de valoración médico-forense, y creemos que esto es una limitación. En segundo lugar, habría que mejorar los sistemas de detección de las situaciones de alto riesgo, porque según datos de los autores de los instrumentos utilizados en la actualidad, estos no detectan a más del 50 % de los casos graves y muy graves, por lo que se propone un procedimiento en dos fases, una de cribado y la siguiente de un análisis en profundidad de cada caso en el que se detecte que el riesgo es grave o muy grave.
Termino. Resulta incuestionable que hoy en día la psicología al servicio de la Administración de Justicia aporta un importante y necesario elemento en la toma de decisiones judiciales. Resulta indudable, además, que existen disfunciones que conviene resolver si queremos contar con una justicia de calidad y garantizar a los ciudadanos que acceden a ella una mayor seguridad jurídica, única forma de conseguir que la tutela judicial efectiva sea una realidad. Soy consciente de que son muchas las mejoras que están pendientes y que hay mucho por hacer. Por ello, solo puedo dar las gracias a todos ustedes por su interés y por ofrecer la mano de esta subcomisión de la Comisión de Justicia para colaborar con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos en todo aquello que suponga un impulso para la psicología forense. Que hayan solicitado esta comparecencia es una buena prueba de ello.
Muchas gracias y estoy a disposición para todas las preguntas. Espero haberme ajustado.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Chacón.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Legarda. (Pausa). No hay preguntas.
Gracias, señor Chacón, por su intervención, tomamos buena nota acerca de sus recomendaciones, en particular de esa necesidad de regular el estatuto jurídico de los psicólogos forenses y de modificar el régimen de acceso a la profesión.
Quería formularle alguna pregunta, en particular, si cree usted que al estar ahora adscritos dentro de los institutos de Medicina Legal y Forense, se produce algún conflicto de competencias y sería necesario delimitar mejor el ámbito profesional de cada cuerpo, de los médicos forenses y de los psicólogos, para evitar estos posibles conflictos, utilizando el ejemplo que usted ha puesto, el de los protocolos de violencia de género en los que no tienen intervención.
También le querría preguntar su opinión acerca de la externalización de determinados servicios relacionados con la justicia como son los puntos de encuentro familiar y los servicios de asistencia a las víctimas de delitos violentos que, en muchas comunidades autónomas, salen a concurso, a licitación, y son prestados por asociaciones o empresas particulares. Si cree usted que, de alguna manera, una vez que se regulara el estatuto de su profesión, deberían ser asumidos o tener una participación más directa en estos servicios.
Finalmente, se lo digo sin acritud y vaya por delante la disculpa, leí una noticia el otro día a cerca de que el Defensor del Pueblo andaluz iba a investigar acerca del funcionamiento de los equipos psicosociales de familia porque había un gran número de denuncias que se habían puesto por su proceder. La pregunta sería, ¿qué podemos hacer desde esta Comisión para evitar este grado de descontento que tiene la ciudadanía con el devenir o el funcionamiento de los equipos psicosociales?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gómez Balsera. Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Carreño.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Muchísimas gracias al compareciente por las explicaciones que nos ha dado, han sido muy completas, y estudiaremos sus propuestas con profundidad.
Desde el Grupo Parlamentario Confederal, creemos que, efectivamente, como usted ha dicho, la labor de los psicólogos es sumamente importante, especialmente en procesos de familia, y consideramos que el número existente a día de hoy no es suficiente y que debería de aumentarse y dotar, obviamente, en los Presupuestos Generales del Estado una cantidad adecuada para que haya más equipos psicosociales. Creemos además también que es fundamental, como ha dicho, en los casos de violencia de género o en todos los casos en los que están involucrados menores. Por tanto, acogemos sus propuestas e intentaremos defenderlas.
Querría preguntarle cuál es su opinión sobre la importancia de realizar soluciones alternativas en resolución de conflictos por parte de los psicólogos, cómo se podría intervenir, porque, como sabe, estamos apostando más por la mediación que por otro tipo de soluciones. Y también, cómo cree usted que se podría establecer un control deontológico con relación al consentimiento informado u otros similares, en el caso de los psicólogos.
Sin más, le diré que también nos ha preocupado el hecho que ha expuesto usted sobre la falta de regulación y que intentaremos abordar este tema con urgencia.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Campo.
Señor Chacón, muy buenas tardes. En nombre de Grupo Socialista, le doy las gracias por ampliarnos esta importante información. Hemos tenido ocasión de departir sobre la necesidad y la importancia de la psicología en relación con la justicia y, efectivamente, todavía existen una serie de fisuras o de elementos que no están conformados. A algunos ha hecho referencia en su intervención, pero me gustaría, aprovechando la dinámica de esta Comisión, que si tiene a bien en los minutos finales pudiera matizarnos un poco, no sé si en la documentación que nos ha presentado, porque no he tenido oportunidad de verla, se refiere a ello, son cuestiones muy concretas pero creo que de amplia necesidad el regularlas bien para evitar derivas no deseadas. Por ejemplo, la regulación de las bolsas. Ha hablado del conflicto con Competencia y me parece que es un tema importante, ¿cuál es la propuesta que se hace desde el colegio oficial en orden a cuál sería el mejor modelo para la conformación, entrada y selección de esas bolsas?
Después, un tema que siempre es preocupante, que es el de la carrera profesional. Creo que es compatible que la psicología entra, quizá con retraso, pero se sitúa en un primer escalón de importancia. Enquistarse en esa estructura consolidada, incluso centenaria, de la forensía, con el juego de las nuevas especialidades y, sobre todo, en los ámbitos que todos tenemos en mente como la violencia de género o, ¿por qué no?, en cualquier testimonio de menores, cualquier credibilidad de testimonio, etcétera. Por tanto, el campo es bastante inabarcable y me preocupa cómo podemos concretar esa legítima aspiración de la carrera profesional. Esto, evidentemente, unido a los conceptos retributivos. Una RPT que estableciera funciones, cargos y estructuras debería venir acompañada de eso, pero ahora más me preocupa el diseño en abstracto que en sí mismo eso.
En principio, nada más. Muchas gracias por su intervención.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campo. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Moro.
Buenas tardes, señor Chacón. Como mis compañeros, le agradezco su comparecencia y su intervención con todo aquello que nos aporta y la colaboración con usted, con el Colegio de Madrid y con el Consejo General, y ello es imprescindible porque usted, en parte, lo ha puesto de manifiesto, y por otra parte simplemente hay que seguir las demandas que la propia sociedad nos hace llegar ante la Comisión de Justicia y cómo la complejidad, los nuevos retos, nos llevan a que distintos profesionales deban ocuparse, y entre ellos los psicólogos, y además, con ese grado de especialización que usted viene demandando. Por tanto, creo que no tenemos más que agradecerle y seguir demandando su colaboración para que los pasos que vayamos dando sean los más acertados.
Creo que ha tocado muchos temas y que, indudablemente, estarán desarrollados y tendremos ocasión de verlo en el documento que nos entrega. Es evidente que a nosotros nos ha preocupado, y usted ha citado en varias ocasiones una iniciativa que fue suscrita por todos los grupos, aunque fuera propuesta desde el nuestro, pero no porque fuera una ocurrencia sino porque la demanda venía de ustedes, los profesionales. Creemos en la importancia de los equipos, se llamen como se llamen, en la intervención multidisplicinar, con las delimitaciones que haya que hacer de competencias, con la coordinación que deba acentuarse y en la que ustedes nos están ayudando con sus propuestas, pero, indudablemente, cada vez más se nos demanda esa atención particular, porque nadie tiene un conocimiento enciclopédico, los casos son muy diferentes y, por tanto, los profesionales que deben enjuiciar e informar en el ámbito de la justicia deben estar suficientemente asesorados.
En ese ámbito, usted, en nombre del colectivo, viene planteando como reivindicación la cuestión relativa al acceso, los requisitos y la especialización del psicólogo forense. Lo acabamos de ver también con los médicos forenses, ya no cabe hablar del médico forense generalista y los propios médicos forenses nos demandan la especialización. Me gustaría, aunque sea poco tiempo y lo tengamos por escrito, que usted detallara un poco más aquellos requisitos básicos que cree necesarios para que se haga bien la definición profesional del psicólogo forense, cuáles serían esas bases de formación necesarias para el acceso a esa profesión, y cuáles serían las vías correctas para trabajar en la especialización y la formación continuada de esos especialistas.
En segundo lugar, me gustaría que nos diera su opinión sobre si a ustedes les parece conveniente la integración en los institutos de Medicina Legal, tanto de los equipos técnicos de menores como de las unidades de valoración integrales. Son ámbitos que pueden compartir protocolos, problemas y actuaciones, pero también tienen sus especificidades. Si es mejor que mantengan su identidad o que hagamos un trabajo de coordinación dentro de los institutos.
En tercer lugar, me gustaría que nos indicara -y antes lo ha manifestado usted- si, a la hora de mejorar muchas de las cuestiones que nos ha planteado, le parece más importante la planificación frente a números. Siempre queremos más, más profesionales y más datos, pero usted ha dicho que hay ámbitos como el penitenciario donde nos encontramos con que tenemos solo en algunos lugares la presencia de los psicólogos, y no en los demás, cuando las problemáticas son semejantes a la hora de la actuación y de los informes que tengan que requerirles. Pues, con ese ejemplo, yo le planteo si sería bueno establecer esa planificación que permita, en primer término, cubrir el que siempre haya una atención en todos los ámbitos, en todas aquellas unidades donde es imprescindible en un momento u otro el asesoramiento, el informe por parte del psicólogo, frente a una relación de puestos de trabajo que se incrementa de manera lineal y de manera general.
La señora PRESIDENTA: Señor Chacón, han salido muchas cuestiones, le rogaría el esfuerzo de que contestara en cinco minutos.
El señor CHACÓN FUERTES (Vicepresidente primero del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos): No me da ni medio para cada una, pero lo voy a intentar. He agrupado algunas, porque se han hecho varias preguntas con respecto a la integración de los IML. Así, en genérico, si me preguntan si somos partidarios, sí, somos partidarios de la intervención, pero, como en todo, no es tanto el qué sino el cómo. Creemos que es imprescindible que haya unidades o secciones de psicología dentro de los IML porque, efectivamente, quien coordine y quien encargue los trabajos a los distintos profesionales dentro de los IML tiene que saber muy bien la complejidad de cada caso y de cada intervención. Un informe de familia de una pareja que vive sola con un hijo, a lo mejor no es lo mismo que con cuatro, digo en cuanto a tiempo o a las pruebas a realizar. Nos preocupa que la adjudicación se haga directamente por una persona que no tenga conocimientos propiamente psicológicos y que eso pueda crear distorsiones, como ya lo está causando en algunos casos. Consideraríamos imprescindible, primero, que hubiera unidades o secciones de psicología y, segundo, por lo menos en las grandes comunidades, que haya distinción entre civil y penal. Se me preguntaba por ello y contesto que son bastante diferentes los informes entre el ámbito civil y el ámbito penal, y creemos que lo ideal sería diferenciarlos en aquellos ámbitos en que tuvieran suficiente dimensión, Entendemos que, a lo mejor, en una provincia muy pequeña, en la que apenas hay un psicólogo, no nos vamos a partir por la mitad pero, en la medida de lo posible, siempre que sea factible se debería hacer.
Luego se ha hecho referencia al punto de encuentro familiar. A nosotros nos preocupa mucho porque, precisamente, es un ejemplo de privatización claro cuando es un instrumento cada vez más utilizado. Consideramos que tiene que haber una regulación de los puntos de encuentro. Y no voy a decir que sean públicos, pero, por lo menos, que haya una supervisión pública mucho más estrecha. No pueden seguir saliendo a concurso y con subvenciones teniendo el precio como elemento fundamental de adjudicación. Ya sé que esto ahorra mucho gasto, pero yo no me voy a cansar de decirlo: en todos los servicios en que se atienda a personas el criterio no puede ser el precio, porque si yo tengo precio lo que tendré será a alumnos de psicología recién terminados sin ninguna experiencia, pero que cumplen el requisito de serlo, cuando se están enfrentando a los casos más complejos, porque los casos que llegan a los puntos de encuentro son los más complejos en cuanto a conflictividad familiar. ¿Qué ocurre? La rotación es enorme, la gente utiliza esto como un principio y acaba yéndose y, si además depende de las ONG o similar, es un problema muy serio que necesita una regulación urgente.
Ha hecho referencia a lo del Defensor del Pueblo de Andalucía. Debería conocer mejor las denuncias sobre los equipos psicosociales, pero hace referencia a esa necesidad de regulación. Como ustedes saben, en el ámbito de familia es donde más litigiosidad se da respecto a los equipos psicosociales, no en otros ámbitos. ¿Por qué? Porque alguna de las partes puede sentirse perjudicada por los informes de los equipos, cosa que no ocurre en otros ámbitos. Con lo cual, la presión litigiosa es enorme, y no hace falta que les hable de los grupos de interés a los que les interesa desprestigiar ese trabajo. Creo que todos somos conocedores del sector. ¿Qué ocurre? No sé si tiene que ver, pero Andalucía -si no estoy mal informado- es una de las comunidades autónomas que ha externalizado los informes de familia, a 200 euros el informe para la empresa. Que se puede hacer, pero que no me extraña que haya entonces problemas, porque los va a haber, seguro. Pero, precisamente por eso, la primera petición que hemos hecho es la necesidad de regular, porque creemos que no se debe privatizar.
A lo mejor esto estaba algo relacionado con el control deontológico, que ha dicho el grupo de Podemos. Tuve ocasión de extenderme algo más sobre este tema en la comparecencia sobre violencia de género. ¿Qué ocurre? La actual normativa que tenemos sobre atención a menores sin autorización de los dos padres, cubre solo a las oficinas de atención a víctimas, no cubre al resto de los dispositivos. La oficina de atención a víctimas sí, simplemente si denuncias y la mujer pide que atiendan a su hijo, está cubierto jurídicamente, pero no el resto de dispositivos, ni los psicólogos privados ni siquiera los de la red. ¿Qué pasa? Que estamos chocando contra una norma del Código Civil, y ahí proponía que tenía que buscarse una solución a eso, porque, le puedo asegurar que más de la mitad de los casos deontológicos que llegan al colegio son, precisamente, por intervención psicológica sin autorización de los dos progenitores. Con lo cual, creemos que es una situación que hay que intentar abordar.
Debido al tiempo no he hecho referencia a lo de la mediación, pero, por supuesto, somos no solo defensores sino impulsores. Y he de decir también que sufragado totalmente por los colegiados de Madrid, porque no tienen ningún tipo de ayuda ni de subvención, hemos iniciado dos programas de mediación aparte de mediación familiar, uno en Alcalá y otro en Plaza de Castilla, y además en un ámbito de la mediación especialmente delicado como es la mediación penal. Si estamos dispuestos a invertir en promocionar eso, nos parece fundamental, y nos gustaría que hubiera más apoyo, porque a mí no me basta que la Administración me diga que es importante la mediación. Yo conozco más Madrid, pero en el Madrid que conozco entre las subvenciones que puede haber con cargo al IRPF no conozco ningún programa que se haya sufragado con fondos públicos.
Un tema muy importante, y agradezco especialmente la pregunta del señor Campos, es el relativo a las bolsas. Quizá, cuando los médicos hablamos de especialización y cuando los psicólogos hablamos de especialización estamos hablando de cosas distintas. Ellos ya tienen la especialización de medicina forense, con lo cual están hablando de especialización sobre especialización. No llegamos a eso. Lo que queremos es que los psicólogos que lleguen a la Administración de Justicia tengan una formación en psicología forense, que es el primer paso. Cuando hablamos de especialización nosotros nos estamos refiriendo a eso. He de decir una cosa de base, yo estoy totalmente de acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de la Competencia, no tienen por qué ser los colegios los que pongan las restricciones. Tiene que ser esta casa, porque además tiene que ser con una norma con rango de ley la que establezca que una determinada actividad se tiene que realizar con unos determinados criterios. Estoy totalmente de acuerdo con esa normativa porque, en definitiva, son los que tienen que regular la profesión. Ahora, ¿qué criterios poner? Yo creo que se tiene que exigir una formación específica en psicología forense. ¿Cómo? Ahí es donde podemos debatir. Se puede optar por un modelo como el que existe en psicología sanitaria,
es decir, una especialidad para los que trabajan en el ámbito público y un máster universitario para los que trabajan en el ámbito privado. Puede ser que en el registro, al estilo del registro de mediación, se exija unos determinados criterios formativos, como ya existen en mediación. Eso se puede dialogar. Lo único que diría es que, si es verdad que se hace a través de máster, y yo soy de universitario, con lo cual conozco muchas de las críticas que se hacen a los máster, yo les exigiría que hubiera unas prácticas con rotación por cada uno de los órganos jurisdiccionales, me parecería esencial. Tendría que haber una conexión enorme. No puedo extenderme mucho más, pero me gustaría.
Respecto al tema de la carrera profesional, a lo mejor no soy la persona más adecuada para contestar, pero a mí me parece esencial. Perdonen que llegue otra vez a la anécdota. Recientemente quedó vacante el puesto de psicólogo en la Audiencia Provincial de Madrid, un puesto delicado y complicado. Como no tiene ningún tipo de complemento, cobra lo mismo que los que trabajan en Primera Instancia. El presidente de la audiencia pidió por favor que se le enviara a alguien con experiencia, pero, ¿quién querría ir para meterse en casos más complejos si van a cobrar lo mismo? Directamente fue ocupado por alguien procedente del servicio de empleo. Eso es lo que creemos que hay que evitar. Lógicamente tiene que haber una carrera profesional, y es verdad que la dificultad de los informes no es la misma, ¿cómo vamos a valorar igual un informe de peligrosidad en un juzgado de vigilancia penitenciaria, y no digamos ahora con la prisión permanente revisable, donde habrá muchas más competencias, con otros ámbitos? No existe esa diferencia y hace falta un reconocimiento de esas complejidades.
Creo que la última pregunta -espero no haberme olvidado de ninguna, al menos que sea importante- era sobre la planificación o la ampliación. Eso es como elegir entre papá y mamá. A lo mejor en la PNL, que se aprobó por unanimidad en diciembre, está la base. Habrá que hacer un estudio previo y analizarlo. Si a mí se me pide prioridad, yo diría que primero vamos a organizar bien los recursos que tenemos, pero sabiendo que estos recursos son insuficientes. Pero, evidentemente, vamos a planificar primero lo que conocemos.
La señora PRESIDENTA: Señor Chacón, muchas gracias por el esfuerzo de síntesis que ha hecho, se lo agradecemos mucho. (El señor vicepresidente, Matos Mascareño, ocupa la Presidencia).
- DEL SEÑOR ALCÁZAR RUIZ, VOCAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL FORENSE, PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA. (Número de expediente 219/000750).
- DE LA SEÑORA MARTÍN TORRES, TRABAJADORA SOCIAL FORENSE DEL EQUIPO TÉCNICO PSICOSOCIAL DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES ADSCRITO A LA UNIDAD DE VALORACIÓN FORENSE INTEGRAL DE VIOLENCIA DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE SEGOVIA Y MIEMBRO DE LA VOCALÍA LABORAL DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES SOCIALES FORENSES, PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 219/000751).
El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Vamos a pasar a la última de las comparecencias en el día de hoy, puesto que la establecida en el orden del día como punto 5º, de doña Mónica Martín Torres, ha disculpado su asistencia en la tarde de hoy. Y lo hacemos dándole la bienvenida a don Rafael Alcázar Ruiz, vocal de la Asociación Nacional de Trabajo Social Forense, para informar sobre el objeto de esta comparecencia, que son los temas relacionados con la estrategia nacional de la justicia. Tiene la palabra.
El señor ALCÁZAR RUIZ (Vocal de la Asociación Nacional de Trabajo Social Forense): Muchas gracias a todos ustedes. Quería darles especialmente las gracias por dar voz al trabajo social forense y poder participar de este modo en el diseño de esa estrategia de modernización de la Administración de Justicia. Voy a centrar mi intervención en hablar de cuatro de los pilares que han señalado ustedes y donde creo que el trabajo social tiene cosas que aportar: el pilar social, el pilar de servicio público, el pilar de la dimensión institucional y profesional.
En lo que respecta al pilar social, me gustaría decir que tiene que ver con intentar acercar la Administración próxima a los propios ciudadanos. Nosotros estamos comprometidos con este objetivo. El trabajo social es una disciplina que está inserta en el sistema de bienestar social. Lo está en todos los servicios, sobre todo en los servicios sociales, pero también en educación, en sanidad y en justicia, donde
llevamos más de veinticinco años prestando servicio. Este intento de hacer una Administración de Justicia que se pueda entender y que sea próxima a los ciudadanos lo llevamos a cabo desde dos dimensiones diferentes, una asistencial y otra técnica, pericial. Desde la dimensión de asistencia técnica, en las oficinas de atención a víctimas se orienta e informa a los ciudadanos, especialmente a las víctimas, y se ponen a su disposición los servicios que existen en esa comunidad. Desde la perspectiva pericial, hacemos el estudio de un determinado problema y ponemos esa información a disposición del tribunal. En cualquiera de las dos facetas tratamos de servir a este pilar social.
El pilar de servicio público está orientado más bien a la reducción de la litigiosidad, a la mediación. Los trabajadores sociales forenses están capacitados para orientar a todas las personas que están en un conflicto de una manera organizada hacia la solución del mismo. Si lo que se pretende es modernizar la Administración de Justicia, podemos aprender de las cosas que hemos hecho bien a lo largo de estos años en materia de mediación. La mediación, por ejemplo, ya existe en los juzgados de familia. La realizan los colegios profesionales de abogados una vez que se ha iniciado el procedimiento. Nosotros hemos observado, en nuestra experiencia como técnicos, que en muchos casos, aunque no hacemos mediación desde el equipo técnico de familia, se llega a un acuerdo antes de la vista. Lo que realizan los equipos técnicos no es realmente una mediación, pero sí que reduce la litigiosidad en un porcentaje importante de casos. También hay programas de mediación muy interesantes y con resultados muy buenos en los juzgados de Menores, especialmente en casos de violencia filioparental. Podemos aprender de esa experiencia y, por eso, proponemos trasladar esa mediación a los juzgados donde se llevan las incapacidades, porque ahí hay conflictos como, por ejemplo, el nombramiento de tutor, que pueden encauzarse desde esta perspectiva de la mediación. Esa mediación también podría aplicarse a los juzgados de Instrucción o en materia penal en casos de delitos leves. El trabajo social es una disciplina que conoce bien el contexto en el que se produce un determinado problema, por lo que podríamos desempeñar un rol en esos juzgados de Instrucción. En materia penal, en instituciones penitenciarias, desempeñan ese papel, pero más orientado hacia la reinserción social una vez que ya hay una sentencia. Otra posibilidad que hemos visto en los últimos años, son los delitos que han estado muy vinculados a una determinada coyuntura económica. Son delitos que tienen que ver también con la esfera familiar, por incumplimiento de sentencias, y que pueden llegar a un desahucio. En estos casos, un estudio de la vulnerabilidad económica podría ayudar al tribunal o podrían también resolverse de esta otra manera. Estas son las aportaciones que podemos hacer en la dimensión de servicio público, atendiendo también a lo que se ha hecho en el pasado y se ha hecho bien.
En el pilar institucional que ustedes han señalado, hemos observado que existen a veces conflictos que tienen muchas ramificaciones. Un mismo conflicto tiene muchas ramificaciones. Esto se da especialmente en los juzgados de familia, donde existen problemas con ejecuciones, si se va a instrucción, si existen cuestiones en lo civil. Esto no es funcional ni para la Administración de Justicia ni para el ciudadano, que se pierde en el laberinto de procedimientos que tiene un solo conflicto. A lo mejor es muy pretencioso por parte de la asociación que represento, pero pensamos que se podría crear algo que pudiera unificar este tipo de procedimientos.
En los juzgados de incapacidades, como he señalado antes, también se podría llevar a cabo una mediación o se podrían hacer informes periciales, especialmente en casos de violencia o de nombramiento de tutor. En los juzgados de guardia hay veces en las que los magistrados o magistradas tienen que resolver de una forma rápida y no tienen suficientes elementos de juicio. Quizás sería interesante que en ese servicio de guardias el trabajo social pudiera asistir al propio tribunal. En este pilar, la última cuestión sería la posibilidad de acceder a bases de datos, tener alguna autorización, porque dentro de nuestra esfera particular, para emitir un informe, tenemos que verificar lo que las partes nos dicen y el acceso a bases de datos, como VioGén, sería importante, porque a veces, en algunos tribunales tenemos autorización para antecedentes penales, pero otras veces tenemos más problemas. Esa es una cuestión que puede ser fácilmente resuelta.
Por último, en la dimensión profesional, el proceso de transferencia de la Administración de Justicia a las comunidades autónomas ha traído muchos beneficios, porque ha traído una Administración más próxima a los ciudadanos y ha sido más eficaz, pero también ha traído algunos problemas, problemas que en el caso del colectivo al que represento se plasman en tres. En la práctica profesional, por ejemplo, observamos un desorden. Nos encontramos con legislación diferente, con normativas diferentes e incluso con estatutos diferentes: unos somos funcionarios y otros son personal laboral, en algunos casos nos solicitan intervención para la evaluación de custodia y en otros casos no, en unos casos se nos solicita
para abuso sexual y en otros no. Para organizar esto, proponemos la posibilidad de crear un cuerpo único, aunque estemos transferidos, o de crear un organismo único que unifique esas prácticas, porque, si no, hay mucho desorden. También necesitamos un protocolo de actuación; si no, hay bastante desorden. Proponemos una organización a nivel genérico, pero también una diferenciación a nivel más específico. Una vez que estamos en los juzgados, queremos unas unidades de trabajo social específicas. Estamos trabajando en un equipo interdisciplinar, y un equipo interdisciplinar significa estar trabajando con el médico, con el psicólogo o con el trabajador social, pero en unidades diferenciadas y no jerarquizadas.
En la práctica, los problemas son esos, pero se están produciendo otros muy similares a nivel formativo. Existen muchos institutos, como el IVAP, en Valencia, o el INAP, aquí, a nivel estatal. Cada comunidad autónoma tiene su propio instituto. Nos ofrecen cursos que están muy bien, pero no son específicos para lo que nosotros necesitamos. Si se está haciendo una legislación sobre custodia compartida, si se está haciendo una legislación sobre protección a las víctimas, nos interesan cursos de esa naturaleza, a pesar de que nos pueda gustar hacer otro tipo de formación. La formación específica no está unificada. Proponemos la creación de un consejo que aglutine estas demandas, que las organice para los trabajadores sociales en este campo e incluso sugerimos la posibilidad de realizar estudios -tenemos una fuente de datos muy buena- y ponerlos a disposición del Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial. Es algo que, de alguna manera, estamos haciendo ahora, pero que no se canaliza de ninguna manera.
Por último, quiero señalar otro problema que tenemos, que es nuestra clasificación de puestos de trabajo, una clasificación, ya sea en materia laboral ya sea en materia funcionarial, que está alejada del ámbito académico. En la propia Administración, es otro grupo profesional, en una situación de inferioridad. Por otra parte, los puestos de mayor responsabilidad nos están vedados, no podemos acceder a puestos de coordinador ni de jefatura. Tenemos una cierta invisibilidad, porque no tenemos representación directa con la Administración. En este sentido, planteamos que se haga una organización más racional, más moderna, acorde al ámbito universitario y con las unidades específicas de trabajo social forense.
Eso es todo lo que quería exponerles. Muchas gracias por escuchar la voz del trabajo social, esta vez sin intermediarios, y muchas gracias también por invitarnos a participar y por ayudarnos a hacer lo que sabemos hacer en la Administración de Justicia, que es asistir a los tribunales.
El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Todo lo contrario, señor Alcázar, muchas gracias a ustedes por comparecer en esta Comisión.
Pasamos al turno de los grupos parlamentarios. Señor Legarda, ¿va a intervenir? (Denegación).
El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señor presidente. Gracias, señor Alcázar, don Rafael, por su intervención. Tomamos nota de sus recomendaciones.
Quiero hacerle alguna pregunta. Hace un rato, al principio de la tarde, los médicos forenses nos han dicho que no hay pericia que dure más de dos o cuatro semanas. Somos conscientes de que, por el contrario, la realización de su trabajo requiere mucha más dedicación y mucho más tiempo, sobre todo en el seguimiento de las cualidades, de las aptitudes de una familia. Este tiempo de dos o cuatro semanas parece aquí un poco idílico. La pregunta es si cree usted que es posible una mejor regulación de la solicitud de las pruebas periciales, de manera que se concreten mejor los objetivos de la prueba en cada caso para que no sea necesario hacer unos informes tan extensos y que requieran tanta dedicación, permitiendo así acortar los tiempos de realización de los mismos.
Usted se ha referido a la necesidad de regular de alguna forma el estatuto profesional de los trabajadores sociales del ámbito forense. Quiero ponerlo en relación con su opinión acerca de la externalización de determinados servicios, como los puntos de encuentro familiar o los servicios de asistencia a las víctimas de violencia. Una vez creado ese cuerpo nacional o estatal de trabajadores sociales adscrito a los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, deberían ser ustedes los que asumieran esos servicios, que ya no serían subcontratados a empresas o asociaciones.
Le quería preguntar -es una pregunta que he hecho también al compareciente anterior, al representante del Colegio de Psicólogos- por las denuncias que se producen ante instituciones como los defensores del Pueblo de las comunidades autónomas acerca del funcionamiento de los equipos sociales. Hay cierto grado de descontento entre la ciudadanía por el funcionamiento de estos equipos psicosociales y de su trabajo en ellos. ¿Qué cree que podría hacer esta Comisión para mejorar esa percepción que tiene la ciudadanía? Esto entronca con la última pregunta. Me preocupa también su seguridad. Me consta que
ustedes a veces sufren cierto acoso laboral e incluso agresiones físicas en su desempeño profesional. En ese sentido, quiero preguntarle si puede sugerirnos alguna mejora legislativa que se pudiera introducir para facilitar y mejorar su desempeño profesional.
Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Carreño.
La señora CARREÑO VALERO: Muchas gracias.
Su comparecencia ha sido muy completa. Nos ha dado usted excelentes datos. Creo que la labor de los trabajadores sociales es esencial en general, pero precisamente en el ámbito de la justicia, donde el ciudadano o ciudadana se puede sentir más vulnerable, es muy necesario que exista un cuerpo de trabajadores sociales, como usted ha dicho, con prácticas unificadas, que sea un organismo único. En este sentido, recogemos su propuesta y trabajaremos por ella.
A nosotros nos preocupa lo que llaman externalización, es decir, la privatización de los servicios. Creemos que tienen que ser plazas públicas, porque se están tutelando derechos fundamentales. Se está trabajando en el momento en el que se está optando por regular la custodia compartida de manera preferente, y creemos muy necesario que haya un cuerpo importante de trabajadores sociales que velen en las situaciones de conflicto familiar por el interés superior del menor.
Es muy interesante lo que ha dicho sobre la mediación. Creemos que los trabajadores sociales deben estar involucrados en los distintos casos que ha dicho. Nosotros apostamos por la mediación, ya sea civil o penal, como sistema de solución de conflictos y esperamos que se vaya implementando. Por supuesto, para esto es necesario un aumento de los recursos públicos, de los Presupuestos Generales del Estado en materia de justicia, recursos destinados a trabajadores sociales, a equipos psicosociales, etcétera, y seguiremos peleando por que esto sea así.
No tengo ninguna pregunta, porque su exposición ha sido muy completa. Simplemente quería darle las gracias por lo que ha comentado y pedirle, si acaso, su opinión en estos temas.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor Campo Moreno.
El señor CAMPO MORENO: Muchas gracias, señor presidente. Intervendré muy brevemente.
Primero, quiero dar las gracias, en nombre de mi grupo parlamentario, al compareciente, porque creo que ha arrojado luz sobre un tema que realmente nos preocupa y nos ocupa.
No necesariamente mi grupo parlamentario participa de todos los matices que hemos oído aquí, sobre todo de los representantes de los grupos parlamentarios. Por eso, me gustaría exprimir un poco más -si me permiten la expresión coloquial- la intervención de alguien cualificado. Mi grupo hace una apuesta clara por la incardinación de una manera estable -y eso significa acceso, carrera profesional, retribución en función de distintos puestos- de los equipos en todas esas áreas disciplinares que venimos conociendo. Sin embargo, al igual que la sociedad y la vida se hacen cada vez más complejas, tampoco podemos pedir que la Administración de Justicia tenga todos los profesionales que de manera más o menos directa están permanentemente ahí. Creo que el papel genuino de los trabajadores sociales en los equipos está bastante definido -me gustaría conocer su opinión al respecto- y ahí es donde hay que ahondar, pero no en cubrir otro paquete de medidas -llamémosles- satélites de las que se ha hablado aquí, como puntos de encuentro o mediación, porque exigen unas habilidades que, primero, distraerían el potencial de sus tareas genuinas, y segundo, no podrían desarrollar. Al comienzo, el médico forense se decía que era un médico generalista y después hemos ido buscando el forense psiquiatra, el forense experto en otras áreas, etcétera. Me da la sensación de que podemos recorrer el camino inverso con la amplitud de las áreas de conocimiento puestas en muy pocos profesionales. Por eso, me gustaría saber si le parece oportuno que, bien medido, bien regulado y con todas las prerrogativas del ámbito público, el trabajador social se ciña a los cometidos actuales y los potencie o si debería ampliar ese abanico de posibilidades.
El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Muchas gracias, señor Campo.
Don Rafael, muchas gracias por comparecer ante esta subcomisión y por la luz que está aportando, que sin duda se manifestará en las conclusiones finales que de ella saquemos.
Es conocido el compromiso que tiene el Grupo Parlamentario Popular con los equipos psicosociales, compuestos por trabajadores sociales y psicólogos. De ahí que en diciembre de 2016 presentáramos una proposición no de ley para garantizar un marco jurídico que regulase la composición, funcionamiento y responsabilidad de los equipos psicosociales adscritos a los juzgados de Familia. Mucho se ha hablado hoy en esta Comisión sobre la dispersión existente en diferentes normativas. Hay partes en las que los equipos psicosociales están transferidos a las comunidades autónomas y otras partes, aquellas en las que tiene la competencia el Estado, pertenecen al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por eso se cambió la nomenclatura, porque entraban los trabajadores sociales y los psicólogos. La modificación del artículo 479 de la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta que en el territorio del ministerio los equipos psicosociales estén inscritos en esta unidad de evaluación integral. Mi pregunta es si cree que sería necesario un desarrollo reglamentario específico para cada ámbito profesional que integran los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Por otro lado, según su experiencia, ¿cómo se puede evitar la revictimización de manera más adecuada? ¿Qué opinión tiene usted, por su experiencia profesional, que me consta, sobre las salas amigables? ¿Ve usted obligatoria la mediación intrajudicial, hacerla preceptiva para todos los procedimientos judiciales como forma de resolución de conflictos?
Usted ha hablado sobre la formación. Ha dicho que los trabajadores sociales deben tener una formación específica. Yo le iba a preguntar cómo puede ayudar la implantación de las nuevas tecnologías al desarrollo de sus funciones, pero usted ya me ha hablado de la necesidad de la interconectividad para conocer antecedentes penales y demás.
Es verdad que se están externalizando determinados servicios en algunas comunidades autónomas, ya lo ha comentado mi compañero del Grupo Ciudadanos, que me ha precedido en el uso de la palabra. Tanto él como yo somos de Andalucía. Es verdad que hay una sobrecarga de trabajo por el tema de las custodias compartidas, porque cada vez son más los informes que se necesitan de los equipos psicosociales, pero lo que me preocupa es que normalmente estos equipos están adscritos a cabeceras de comarca o a partidos judiciales grandes y eso puede hacer que haya una justicia de primera y de segunda categoría, porque hay juzgados en pueblos que no tienen esos equipos psicosociales. ¿De qué forma podríamos salvar esa diferencia entre un juzgado mixto en Ronda, que es una población, que trate temas de familia, y un juzgado especializado, como pueden ser los números Cinco, Seis o Dieciséis de Málaga, que sí tienen esos equipos psicosociales.
Vuelvo a agradecerle su presencia ante esta Comisión. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Muchas gracias, señor De Barrionuevo.
Para contestar a las cuestiones que se le han planteado, tiene la palabra el señor Alcázar.
El señor ALCÁZAR RUIZ (Vocal de la Asociación Nacional de Trabajo Social Forense): Voy a intentar responder a todas sus preguntas. Voy a intentar ir por orden.
Una de las cuestiones que han planteado varios de ustedes ha sido la externalización de los servicios. No se trata de una posición ideológica. En principio, todo el colectivo opina que es mejor prestar un servicio público dentro de las posibilidades que tenemos. Siempre vamos a estar a favor de hacerlo dentro de la propia Administración, pero también es cierto lo que han apuntado algunos de ustedes. En los juzgados de Familia, en materia de divorcios, los equipos técnicos antes no éramos conocidos, pero ahora sí que lo somos y ahora se piden en todos los sitios y se han externalizado. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que estamos observando? Pues que se está dando diferente trato al ciudadano. Cuando se realiza un informe pericial en sede judicial se hace un informe psicosocial completo. A lo mejor tarda más, es verdad, pero se realiza de la manera más completa posible. Cuando se hace de forma externa, se elabora un informe única y exclusivamente psicológico o única y exclusivamente social o como buenamente se puede. Esa es la realidad. Para los propios ciudadanos no es lo mismo. En ese sentido, se está dando una diferenciación en la atención del servicio público. Si el trabajo se puede realizar desde la propia Administración, la respuesta es: servicio público mejor; pero si no hay otro remedio, habrá que hacerlo, pero de una manera más o menos organizada, que en nuestra opinión no se está haciendo, porque no son iguales los informes de custodia cuando se hacen en un juzgado especializado de familia de un partido judicial que cuando se hacen en otro.
También se ha apuntado aquí la necesidad de un desarrollo reglamentario. Es absolutamente necesario hacer un desarrollo reglamentario de los equipos técnicos diferenciando las funciones. Por ejemplo, cuando la Ley de custodia compartida define los criterios para la evaluación de la custodia compartida les sirve muy bien a los jueces y juezas, pero también a los técnicos, porque de esa manera hay un reparto de trabajo entre nosotros, porque hay unas variables que poder definir. Es un trabajo más interdisciplinar el que se puede hacer. El desarrollo reglamentario para definir las funciones va a redundar en la mejora de nuestro trabajo.
También se ha hablado de la posición sobre la revictimización. Respecto a esto, qué es lo que puede hacer el trabajo social. Creo que la mejor forma para evitar esto es una intervención completa en sede judicial y que el menor, la víctima, acuda en una única ocasión. Respecto a lo de las salas, es una demanda de todos los tribunales. Lo estamos haciendo mal. Bueno, no mal, se hace como buenamente se puede. Se está haciendo en salas con el ministerio fiscal, con el magistrado, con las partes. No es el lugar adecuado. Hay que habilitar esas salas. A mi modo de ver faltan cosas por hacer, pero se está en camino, se intenta.
Respecto a la mediación, hemos hecho cosas y las hemos hecho bien. Aprendamos de eso e intentémoslo en otros ámbitos porque puede salir bien, porque ya tenemos esa experiencia con los mismos profesionales y nos va a ayudar a nosotros mismos como colectivo de trabajo social.
También me preguntaban por el tema de los tiempos y que había un cierto malestar por ello. Lo de los tiempos se puede corregir. En primer lugar, lo de los tiempos y el malestar están relacionados. Me estoy refiriendo a las quejas que hacen sobre el funcionamiento de los equipos técnicos, las quejas al Sindic de Greuges o al Defensor del Pueblo que puedan hacer sobre nosotros. Trabajamos con situaciones de familia, hay divorcios que se resuelven bien y otros que no tanto. Cuando tú realizas un informe y tienes que exponer esa situación conflictiva, a veces a la gente no le gusta y realmente hay un segmento de población que no está bien, que tiene problemas y a veces se producen agresiones. Yo mismo he sido víctima de esa situación.
¿Qué se puede hacer en esas situaciones? Estar protegidos. Y también, tener un estatuto jurídico. Yo tuve protección policial o protección en la Administración sin que hubiera una reglamentación específica porque no estaba previsto, pero estamos sujetos a una situación de cierta peligrosidad porque tratamos con mucha población. Hay mucha población que está bien, pero hay un segmento de la población que no está bien y estamos tratando temas delicados.
Disculpen que me haya ido al tema de la peligrosidad y no haya respondido al tema de los tiempos. En cuanto a la forma de hacer los informes, hay dos tipos de informes. Se podrían hacer informes más breves. Se podría hacer un informe para responder de forma inmediata al propio tribunal y otro informe más completo, cuando sea necesario, más dilatado en el tiempo. Lógicamente, si lo que se nos solicita es un informe pericial de libro, está sujeto a unos cánones y necesitamos un tiempo. Eso también depende del sitio. Algunos juzgados van más rápidos que otros y en algunos hay un plazo de demora. Somos pocos los equipos técnicos y mucha la demanda en algunos sitios. No sé si respondo realmente a la situación, pero creo que una alternativa sería analizar entre nosotros, los propios profesionales, cómo podemos responder de una manera eficaz al propio tribunal realizando un informe en dos tiempos o un informe de una u otra manera.
Yo creo que he respondido a todo. Si hay algo que me he dejado sin contestar, me lo vuelven a repetir. Disculpen.
El señor VICEPRESIDENTE (Matos Mascareño): Muchas gracias, señor Alcázar. Le reiteramos la importancia que para nosotros tiene la presencia de todos los técnicos ante esta Comisión.

References: artículo 495
 artículo 475
 artículo 479
 resolución 
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 artículo 479
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