Source: http://underconstitucional.blogspot.com/2017/08/
Timestamp: 2018-06-24 21:55:49+00:00

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UNDER CONSTITUCIONAL: agosto 2017
La Cámara Federal de Apelaciones ordena investigar la discriminación contra Andrés Gil Domínguez por parte de las autoridades de la Facultad de Derecho (UBA) y el sistema de concursos
Poder Judicial de la Nación CÄMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2 CFP 17762/2016/CA1 CCCF- Sala II CFP 17762/2016/CA1 “Domínguez Gil, Andrés s/archivo” Juzg. Fed. n°1 - Sec. n° 1 Buenos Aires, 31 de agosto de 2017. VISTOS Y CONSIDERANDO: I. Llegan estas actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el querellante, contra el auto de fs.42/45 vta., en el que se resolvió archivar la presente causa por inexistencia de delito (art. 195, último párrafo del Código Procesal Penal de la Nación). II. Se inician estas actuaciones a raíz de la denuncia efectuada por Andrés Gil Domínguez, contra la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Dra. Mónica Pinto y contra el director del Departamento de Derecho público de dicha facultad, Dr. Alberto Dalla Vía y todo aquel que haya incurrido en el delito previsto en el art. 3, segundo párrafo de la ley 23.592 y delitos conexos. El nombrado relató en su denuncia una serie actos que lo perjudicaron académicamente y que él interpreta como un castigo discriminatorio, por su actuación como consejero docente por la minoría política del período 2006-2010 y también por haber asumido la defensa profesional de un integrante de la agrupación estudiantil opositora “La Nuevo Derecho”, ante una situación de discriminación por motivos políticos ejercida por las autoridades de la Facultad de Derecho de la UBA, que originó un proceso ante la Justicia penal, contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A fs. 17/21 vta., el Sr. Fiscal solicitó la desestimación de la denuncia por inexistencia de delito. El sustento de tal aserto radica en un análisis dogmático sobre la figura del art. 3 de la ley 23.592, que conlleva a descartar la subsunción de los hechos en esa norma, por ausencia de ciertos elementos típicos allí exigidos. Por su parte, la magistrada basándose en una estructura similar de razonamiento, concluyó que los hechos denunciados son atípicos y decidió archivar la causa por inexistencia de delito. III. El criterio sentado en el auto apelado resulta prematuro, por eso debe ser revocado. En efecto, sin adentrarse en la corrección o no del análisis normativo efectuado sobre el tipo penal en cuestión, lo cierto es que no se han corroborado mínimamente los aspectos fácticos de la denuncia, en aras de acreditar la materialidad de los hechos, como presupuesto necesario para -con esa base-, analizar las posibles calificaciones jurídicas -no sólo respecto del art. 3 de la ley 23.592, sino eventualmente respecto de otros tipos penales mencionados por el querellante- (ver fs.33/40 vta.). En este sentido, nótese que el Fiscal señaló en referencia a la denuncia, que “…la redacción de la presentación da por supuesto conocimientos de dicho ámbito interno que, conocidos por el declarante, no aplica para quienes no estamos relacionados con las actividades propias del recinto académico” (ver fs. citadas). Desde esta óptica, a título de ejemplo, no se ha investigado la circunstancia aludida por Gil Domínguez relativa al establecimiento de un “nuevo régimen de designación de profesores a cargo de cátedra sin tener en cuenta parámetros objetivos” -que se habría aplicado retroactivamente en perjuicio del nombrado- y su compatibilidad con la normativa universitaria correspondiente; ni se ha constatado la existencia de las actuaciones que menciona el querellante haber promovido ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y ante el Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ni lo que se desprende del expediente que tramita ante el Juzgado Federal N° 8 (CFP 12201/2015), que se alega como demostrativo de irregularidades en los concursos. A la luz de las consideraciones expuestas, corresponde revocar la resolución puesta en crisis, debiendo la Juez de grado proceder -conforme lo indicado- a disponer las medidas que considere pertinentes para determinar los hechos denunciados, para luego y a partir de ello, evaluar su posible encuadre legal. Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución apelada en todo cuanto decide y ha sido materia de recurso, DEBIENDO la magistrada instructora proceder con arreglo a lo indicado en la presente resolución. Regístrese, hágase saber y devuélvase. Conste.
Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi). PABLO J. HERBON, Secretario de Cámara.
El Dr. Cattani no firma por encontrarse en uso de licencia.
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La Cámara Nacional Electoral y el caso "Menem". Capítulo 2
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Fallo "Defensor del Pueblo y FALGBT", Sala I CAYT-CABA- Gestación por sustitución
CAMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA I SECRETARÍA UNICA
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y OTROS CONTRA GCBA y otros SOBRE AMPARO -OTROS
Número: EXP A1861/2017-0
Ciudad de Buenos Aires, de agosto de 2017.
Estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por los coactores Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y María Rachid, en su carácter de Secretaria General de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) a fs. 98/108, contra la sentencia obrante a fs. 82/84 vta., a través de la cual la magistrada de grado rechazó in limine la acción de amparo deducida.
El objeto del amparo colectivo persigue que se ordene al GCBA que “…inscriba a los niños y niñas nacidos/as por técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad realizada en el país, denominada gestación solidaria, conforme el consentimiento previo, libre e informado expresado por él/la, los/as comitente/s con voluntad procreacional, SIN emplazar como progenitor/a a la persona gestante SIN voluntad procreacional, y declarar la inconstitucionalidad de toda norma que impida o vulnere el derecho a la identidad de niños y niñas pertenecientes a dicho universo colectivo” (fs. 2). Por su parte, la pretensión individual de los co-actores Roman y San Martín consiste en que se mande “…al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Capital Federal, proceda a la inscripción del nacimiento de nuestrxs hijxs D. y T.… quienes fueron concebidos mediante el método de gestación solidaria (subrogación, gestión por sustitución); reconociendo y garantizando la copaternidad registral igualitaria de Diego y Gabriel, conforme lo prescribe la legislación vigente (en especial el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, art. 42 Ley 26618, art. 3 Ley 26061, Resolución n° 38-SSJU-2012), los principios generales del derecho, el interés superior del niño y la protección integral de la familia; advirtiendo que una interpretación en contrario importaría una flagrante violación de los principios y derechos citados; toda vez que D. y T. fueron concebidos únicamente por nuestra voluntad procreacional y es esa la realidad familiar que debe reconocer el Estado” (fs. 2 y vta.).
Para así decidir, por un lado, sostuvo que el amparo colectivo pretende “…en abstracto, hacer un control de legalidad de la normativa involucrada y/o de la omisión del Estado Nacional –Poder Legislativo- de legislar casos como los aquí planteados”. Sobre el particular agregó que “ese control podría canalizarse a través de la acción declarativa de inconstitucionalidad, pero única y exclusivamente cuando ella versa sobre la validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad (conf. art. 17 de la ley 402), circunstancia que no ocurre en este caso por tratarse de la interpretación y aplicación de normas relativas al derecho de familia contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación”.
A ello agregó que “la presente acción, tal y como ella fue planteada, aun cuando ella pudiera llegar a tramitarse ante estos tribunales, ella no podría prosperar contra el GCBA por cuanto no advierto en su postura una acción u omisión arbitraria o manifiestamente ilegítima que la instituya como legitimada pasiva en esta acción”. Señaló que “el proceder del Registro de Estado Civil y de Capacidad de las Personas en casos como el de autos, no fue sino la consecuencia de hacer cumplir la ley civil en los términos en los que ella ha sido dictada”. Más aún, sostuvo que “no es el GCBA el que estaría impidiendo la inscripción de los menores D. y T. como se pretende, sino que ello es la consecuencia derivada de una decisión tomada ex professo, por el Estado Nacional –Poder Legislativo- al momento de sancionar… el artículo 562 del Código Civil y Comercial de la Nación” (fs. 84).
b. No obstante lo anterior, cabe recordar que la competencia es una cuestión de orden público, tal como lo establece expresamente el art. 2°, in fine, de la ley 189. De allí que sea revisable incluso de oficio y, además, su estudio no queda circunscripto por los términos de la sentencia ni por los agravios de la parte. Por ello, la decisión sobre el particular –competencia del Tribunal– abarcará ambas pretensiones de alcance individual y colectivo.
Cierto es que, tradicionalmente, la competencia contencioso­ administrativa se ha determinado, fundamentalmente, en razón de la materia sobre la que recae el litigio, a punto tal que se ha calificado a ésta como el “elemento esencial” que impone la jurisdicción contencioso ­administrativa (Fiorini, Bartolomé A., “Qué es el contencioso”, Abeledo­Perrot, Buenos Aires, 1997, pág. 77).
Sin embargo, el legislador local, al momento de delimitar la competencia del fuero Contencioso ­Administrativo y Tributario de la Ciudad, declaró causas contenciosas administrativas a todas aquellas donde la Administración sea uno de los sujetos del proceso (actor o demandado).
Como consecuencia de ello, cabe afirmar que para establecer la competencia de la Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad en un caso concreto, el juez no debe atenderse a la materia sobre la que versa el litigio o la naturaleza de las cuestiones debatidas –con excepción de los hechos que han sido expresamente atribuidos por el legislador de la Ciudad al conocimiento de otros tribunales locales­, sino a la circunstancia de que sea o no parte en el proceso alguna de las autoridades administrativas que enumera el artículo 1 del CCBA.
Se desprende entonces que la parte demandada es el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, el cual –conforme surge del ordenamiento jurídico vigente– debe ser organizado “por los gobiernos locales” (art. 2, ley 26.413). Pues bien, dado que el mencionado Registro es un órgano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los autos deben continuar tramitando ante este fuero local, según el ordenamiento jurídico vigente. En efecto, el sujeto demandado es una autoridad administrativa en los términos del Código Procesal local.
Cabe aquí recordar que la Corte Suprema ­–más allá de las particularidades propias de la causa– falló a favor de la competencia local en un caso en el cual se debatían derechos civiles (CSJN, “Lamuedra, Ernesto Ricardo c/ Bernath, Damián Ariel y otro s/ nulidad de matrimonio”, sentencia del 27/09/2011, con remisión al dictamen de la señora Procuradora Fiscal).
Así pues, a diferencia de lo sostenido por la a quo, debo concluir que la interpretación armónica del ordenamiento jurídico aplicable a la especie y los términos en que fue planteada la demanda (que se refiere al reclamo sobre el registro de los nacimientos), conducen a afirmar la competencia de la justicia local para entender en estos actuados, pues no debe perderse de vista que se trata del ejercicio de funciones administrativas propias (locales) por parte de una autoridad administrativa local, a lo que cabe agregar que configura una obligación de los jueces resguardar la competencia local, no sólo porque garantiza la intervención del juez natural (art. 18, CN y 13, inc. 3, CCBA), sino porque, además, se trata de una cuestión de orden público (cf. esta Sala, in re, “Sosa Jonatan Rafael contra GCBA sobre Amparo”, Expte. Nº EXP 39474/0, 14 de febrero de 2012).
Asimismo, este Tribunal ha señalado anteriormente que el examen de admisibilidad de la acción consiste en la verificación previa de los recaudos pertinentes, sin que resulte menester para ello juzgar sobre la procedencia sustancial de la pretensión y, a su vez, permite desestimarla ante la constatación de defectos ostensibles (esta Sala in re “Vera, Miguel A. c/ G.C.B.A. s/ Amparo”, expte. nº 51/00).
Toda vez que la acción de amparo constituye una garantía otorgada a los particulares para tutelar de manera rápida y eficaz sus derechos, su admisibilidad debe ser apreciada con criterio amplio, más aún luego de su incorporación al art. 14, CCABA, que en su cuarto párrafo establece que “el procedimiento está desprovisto de formalidades procesales que afecten su operatividad...”, circunstancia que pone en evidencia una clara intención del legislador constituyente de crear un remedio amplio, expedito y rápido, privilegiando la procedencia de la acción sobre su rechazo liminar (esta Sala in re “Gerpe, Adriana Beatriz c/ G.C.B.A.–Secretaria de Educación s/ Amparo”, expte. nº 49/00, entre otros).
En ambos supuestos, la acción se dirige contra el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Capital Federal, por haber omitido –en principio– y a la luz de las reformas en materia de filiación conforme el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el dictado de las regulaciones complementarias sobre la registración de los nacimientos ocurridos por las técnicas de reproducción humana asistida de “gestación solidaria”. Los actores asocian este concepto con las gestaciones por sustitución o subrogación, y citan el Proyecto de Ley nº 5700–D–2016 de Gestación Solidaria. El art. 2º de dicho proyecto la define como “un tipo de técnica de reproducción médicamente asistida de alta complejidad, que consiste en el compromiso que asume una persona, llamada ‘gestante’, de llevar a cabo la gestación a favor de una persona o pareja, denominada/s ‘comitente/s’; sin que se produzca vínculo de filiación alguna con la ‘gestante’, sino únicamente y de pleno derecho con él/la o los/as ‘comitente/s’” (www1.hcdn.gov.ar).
f. La ley 114 —de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes— establece que se entiende por interés superior de éstos "...el sistema integral que conforman todos y cada uno de los derechos a ellos reconocidos y los que en el futuro pudieran reconocérseles" (art. 2), aclarando —a los fines de la aplicación e interpretación de sus disposiciones— que en todas las medidas que tomen los órganos legislativos, judiciales o administrativos dicho interés ha de constituir la consideración primordial (art. 3).
b. Cabe recordar sucintamente que la legitimación para obrar es “aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa” (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, t° I, 2da. ed. Abeledo–Perrot, 1990, p. 406). Su configuración hace a la existencia del caso.
Por su parte, el art. 14 de la CCABA dispone –en cuanto aquí interesa– que están legitimados para interponer el amparo “…cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos e intereses colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor” (énfasis agregado).
g. En el caso del Defensor del Pueblo, y a la luz del derecho afectado, nos debemos remitir al texto de las normas vigentes (interpretación literal). En efecto, la interpretación literal y conjunta de los arts. 43, CN; y 14 y 137, CCABA, permite concluir que se encuentra legitimado para representar al colectivo afectado (menores y progenitores vinculados con la técnica de reproducción bajo análisis). A su vez, la ley de la Defensoría del Pueblo (ley 3) consagra como su misión “… la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos y garantías e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y las leyes, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración…” (art. 2º). Asimismo, entre sus atribuciones se cuenta la legitimación para promover acciones administrativas y judiciales en todos los fueros (art. 13.h).
h. En cuanto a la FALGBT, surge expresamente de la demanda (fs. 3 y vta.) y de su sitio de internet http://www.lgbt.org.ar/02–objetivos.php– que entre sus objetivos se encuentran –y en particular en lo que respecta a este proceso–: “…1. Promover la aceptación de la diversidad y el respeto a ser diferente y luchar contra todo tipo de discriminaciones que tiendan a la segregación, o menoscabo de algún derecho (salud, educación, trabajo, etc.), por razones o pretexto de orientación sexual, identidad de género y/o sexo, raza, etnia, edad, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción, o menoscabo; 2. Trabajar por el acceso de la Comunidad LGBT a todos los derechos humanos y civiles que le corresponden…. 5. Articular nuestras demandas y propuestas con otras organizaciones de la sociedad civil, y proponer y fomentar el desarrollo de políticas públicas para la Comunidad LGBT, y particularmente para sus sectores más vulnerables: pobres, mujeres, trans, juventud y personas mayores, entre otros”.
Así, por ejemplo, en la causa, “Mujeres por la Vida –Asociación Civil sin Fines de Lucro – filial Córdoba c. Poder Ejecutivo nacional– M.S. y A.S.”, la Corte –por mayoría– reconoció legitimación a la actora en una acción de amparo cuyo objeto era la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.673 y, consecuentemente, la suspensión en todo el país del “Programa Nacional de Salud Social y Procreación Responsable”, destinado principalmente a la prevención de embarazos no deseados.
Según mi criterio, “en el caso de lesión de los derechos llamados colectivos por el convencional… debe tenerse siempre por configurado un ‘caso judicial de incidencia colectiva’” (conf. mi Tratado de Derecho Administrativo, T. III, 1ª ed., Buenos Aires, La Ley, 2010, pág. 433). Más aún, es dable recordar que definir cuándo se produce una afectación a un bien colectivo es una tarea de interpretación que queda en manos del operador jurídico, salvo en aquellos supuestos previstos expresamente por la norma constitucional –vgr. arts. 43, CN y 14, CCABA– (“Tratado…”cit., pág. 434) como ocurre en el caso (supuestos de discriminación).
Debe resaltarse que la Constitución local en su art. 14 enuncia explícitamente que están legitimados para interponer la acción de amparo “cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación…”. Cierto es, además, que en el caso de los derechos colectivos –analizados conforme las circunstancias propias de cada situación jurídica–, siempre se verifica un perjuicio relevante en el plano colectivo (esta Sala en “Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Bs. As. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, EXP 36.251/0, 13/7/2012 y mi“Tratado…” cit., pág. 436).
Así las cosas, en caso de prosperar la demanda, el GCBA deberá modificar una conducta que los actores reputan discriminatoria, no sólo respecto de los coactores Roman y San Martín, sus hijos menores, y la gestante, sino que se proyectará sobre todo el universo de afectados, en resguardo de la no discriminación como bien colectivo. Es que “… en este tipo de contiendas, por sus características propias, los institutos procesales deben ser revisados, a saber y entre otros, la legitimación, el principio de la congruencia y los efectos de las sentencias. Así, de nada sirve, por ejemplo, ampliar la legitimación si no se reconocen luego los efectos generales de los mandatos judiciales” (conf. mi disidencia en “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, EXP 28.696, 5/6/2014).
La sentencia cuestionada fue apelada por el Asesor Tutelar de Primera Instancia. Dicho recurso fue denegado por la jueza de grado, quien entendió que la intervención del Ministerio Público Tutelar se encontraba supeditada a la ausencia o defecto de la adecuada representación por parte de los padres; circunstancia que no podía presumirse sólo por el hecho de que los coactores no hayan recurrido la sentencia (fs. 110 vta.). A mi juicio, en atención a la naturaleza de los derechos debatidos y el tenor de la sentencia de grado, la falta de apelación por parte de los coactores Román y San Martín faculta al Asesor Tutelar para deducir el recurso, conforme lo previsto en el art. 103 del Código Civil y Comercial. Por otra parte, la decisión de la a quo de denegar este recurso por no configurarse la ausencia o inadecuada representación de los menores resulta difícil de conciliar con lo que sostuviera la magistrada al rechazar in limine la acción, oportunidad en la que sostuvo que “… no es el GCBA el que estaría impidiendo la inscripción de los menores D. y T. como se pretende, sino que ello es la consecuencia derivada de una decisión tomada ex professo por el Estado Nacional –Poder Legislativo– al momento de sancionar, tal como se lo hizo, el artículo 562 del Código Civil y Comercial de la Nación (…) aun cuando se llegase a decidir la inconstitucionalidad de aquella norma, queda por establecer la filiación de los menores con los padres, circunstancia que –valga remarcar– resulta ajena a toda actividad que pueda realizar el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas” (fs. 84).
Finalmente, en cuanto a los coactores Román y San Martín, no es posible pasar por alto que esta acción persigue, entre otras cosas, la inscripción de D. y T. en el Registro Civil “garantizando [su] copaternidad registral igualitaria” (fs. 38). Como explica Lino Palacio, “[e]l litisconsorcio es necesario en aquellos casos en que la sentencia sólo puede dictarse útilmente frente a todos los partícipes de la relación jurídica controvertida en el proceso, cuya eficacia requiere, por tal motivo, la obligada citación de aquéllos” (“El litisconsorcio necesario”, Lecciones y Ensayos nº 23, Bs. As., 1963, p. 7). Adviértase que la inscripción pretendida, en caso de admitirse, producirá efectos tanto respecto de los señores Román y San Martín como de los menores D. y T. En consecuencia, debe concluirse que entre estos accionantes existe procesalmente un litisconsorcio necesario en los términos del art. 83 del CCAyT.
Cabe advertir que tampoco se desconoce que la Corte Suprema en los autos “The Coca Cola Company y otros s/ medidas cautelares”, sentencia del 12 de septiembre de 1995, señaló que “…la jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el alcance de los recursos concedidos que determinan el ámbito de su competencia decisoria…” y que “…la cámara no tenía facultades para decidir –como lo hizo– la traba de una medida cautelar que había sido requerida ante el juez de primera instancia y sobre la que éste no se había expedido”; ello por considerar que “…la doble instancia no tiene jerarquía constitucional, salvo cuando las leyes específicamente la establecen (Fallos: 310:1424 y sus citas)”, circunstancia que se constata cuando “…existe un régimen legal que prevé la existencia de doble instancia judicial (art. 198 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)”.
En efecto, la verosimilitud del derecho sólo requiere la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el actor (esta sala, in re “García Mira, José Francisco c/ Consejo de la Magistratura s/ impugnación de actos administrativos”, expte. nº 8569/0, pronunciamiento del 03/03/04).
Estos requisitos se encuentran de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho, es menor la exigencia del peligro del daño, e inversamente cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable el rigor del fumus se debe atemperar (esta sala, in re "Ticketek Argentina SA c/ GCBA", expte. nº 1075, resolución del 17/07/01 y sala II in re "Tecno Sudamericana SA c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos", expte. nº 322/0, del 23/05/01, entre muchos otros precedentes).
d. Transcriptas las normas que considero aplicables, en el marco inicial de este proceso, entiendo que –más allá de la literalidad del art. 562, CCyC– y de que, como menciona el Sr. Fiscal de primera instancia, se habría excluido del debate legislativo de la ley 26.944 el caso puntual que se plantea en estos actuados–, lo cierto es que a la luz del principio de legalidad previsto en el art. 19, CN y de los derechos que asisten a los menores (que fueron enunciados precedentemente, en especial, el derecho a la identidad, la igualdad y a la familia), corresponde tener por configurada la verosimilitud del derecho. Es decir, todo aquello que no está prohibido, está permitido. Es más, el legislador permite la donación de gametos y, por tanto, el reemplazo –en ciertos casos–– del vínculo biológico por la voluntad de las partes. Ciertamente esta permisión (uso del vientre de un tercero sin voluntad procreacional) está limitada por dos consideraciones que surgen de otras reglas o principios del ordenamiento jurídico, a saber: a) el interés del menor y su no vulneración (en particular, el derecho a su identidad y a su entorno familiar); y b) el consentimiento libre de los adultos (los donantes, la mujer gestante y quienes ostentan voluntad procreacional).
VII.6. Por último, la ley 2145 exige que la tutela preventiva no afecte el interés público. En el presente caso, los daños que podrían afrontar los menores que conforman el colectivo afectado o sus progenitores –frente a la posible restricción o no disfrute de los derechos fundamentales de los que gozan otros menores y padres–– evidencian –prima facie– una situación de desigualdad injustificada y arbitraria que no sólo no altera el interés público, sino que –en verdad–– éste no debe tolerar. Es más, no se advierte cuáles son los otros derechos que pudiesen verse alterados por el decisorio cautelar. En conclusión, se afectaría el interés público si no se concediese la tutela y se consintiese la situación de desventaja y de inseguridad en que se encuentra el colectivo afectado.
A partir de tales facultades, cabe admitir la tutela preventiva con el siguiente alcance: ordenar al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que inscriba provisionalmente a los niños y niñas nacidos/as por técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad realizados en el país, denominados de gestación solidaria, a favor de los comitentes con voluntad procreacional, conforme el consentimiento previo, libre e informado expresado por éstos, y sin emplazar como progenitora a la gestante que expresó previa y fehacientemente no tener voluntad procreacional. Asimismo, se ordena que sean debidamente incorporados los datos de la gestante en el legajo base –juntamente con la información que determina el art. 563, CCyC– a fin de respetar el derecho a la identidad de los niños y niñas pertenecientes a dicho colectivo.
Ahora bien, a fin de dilucidar qué sede judicial es la competente, resulta necesario recordar también que la ley 26.413 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (del año 2008) establece, en lo que aquí interesa, que dichos organismos (donde se registran todos los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas) son organizados por los gobiernos provinciales y de la Ciudad (cf. arts. 1º y 2º).
Por último, en la ley 23.637, se establece la competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas a los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil (arts. 4º y 43).
c. En los autos “Morelli Carla Karina y otros s/ información sumaria”, Expte. F 71068-2013/0, sentencia del 11/06/2014, los presentantes –padres biológicos de dos menores nacidos por el método de “maternidad subrogada” realizada por la hermana de la coactora- reclamaron la inscripción registral de los niños a su nombre (en lugar de indicar como madre a la gestante).
a. La legitimación para obrar, o legitimatio ad causam, es la cualidad que tiene una persona para reclamar ante otra por una pretensión en el proceso judicial (Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado, concordado y comentado, Abeledo ­Perrot, Buenos Aires, 1997, t. III, pág. 347). Así pues, la existencia de legitimación es presupuesto de la configuración del caso judicial que es el cauce a través del cual el juez debe intervenir.
En virtud de lo precedentemente expuesto, es dable concluir a esta altura del razonamiento y siempre en el marco de análisis del recurso de apelación deducido frente al rechazo in limine del amparo, que tanto el Sr. Defensor del Pueblo de la Ciudad como la FALGBT constituyen, en principio, organismos defensores del derecho colectivo a la no “discriminación”, cuya protección –en su faz registral- reclaman en el presente caso y, por tanto, resultan legitimados.
Tal omisión, ab initio, colocaría al colectivo afectado en una situación de desigualdad injustificada (y, por tanto, discriminatoria) frente al resto de los menores que al nacer obtienen una inscripción que refleja su identidad parental (incluyendo los supuestos de comaternidad; maternidad; y casos de paternidad y maternidad, advirtiendo que, en principio, seguiría rigiendo en materia registral –pese a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial y la vigencia de los tratados internacionales con jerarquía constitucional- el principio “madre es la que pare”).
b. Sentado lo anterior, cabe señalar que –en oportunidad de expedirme en los ya mencionados autos “Morelli”- sostuve que este fuero no resultaba competente pues conforme el ordenamiento jurídico aplicable rige el principio según el cual quien da a luz en el parto es reputada madre del nacido; principio que, valga resaltar, pervive tras la reforma operada por la ley 26.994.
Los caracteres enunciados dan cumplimiento a los presupuestos exigibles para admitir la viabilidad formal de un proceso colectivo tal como surge de los precedentes jurisprudenciales aplicables en la materia a los que remito (cf. CSJN, “Halabi, Ernesto c/ PEN – Ley 25873 – dto. 1563/04 s/ amparo ley 16986, Fallos: 332:111, 24/02/2009; y CACAyT, Sala I, “Rachid, María c/ GCBA s/ amparo”, expte. A20-2013/0, 9/5/2016; y “Esquivel Elizabeth Graciel y otros c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA), expte. N° 42955/0, 18/8/2017 ).
Por ello, oída la Sra. Fiscal ante la Cámara, el tribunal RESUELVE: 1. Hacer lugar al recurso de apelación y, en consecuencia dejar sin efecto el rechazo in linime del amparo. 2. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada con el alcance dispuesto en la presente sentencia. 3. Las costas se imponen por su orden en atención a la ausencia de controversia (arts. 62 y 63, ley 189 y 28, ley 2145). 4. Remitir los autos a la Secretaría General a efectos de que por sorteo se asigne nueva radicación a las actuaciones para la continuación de su trámite. 5. Encomendar al magistrado de primera instancia el cumplimiento del Reglamento de Procesos Colectivos del Fuero Contencioso Administrativa y Tributario de la CABA (Acuerdo Plenario N° 5/2005, modificado por el Acuerdo Plenario N° 4/2016).
Carlos F. BALBÍN Fabiana H. SCHAFRIK de NÚÑEZ
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