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Timestamp: 2020-02-28 12:24:40+00:00

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Trafico de influencias - VITIUM Abogados: expertos en derecho penal
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VITIUM Abogados es la mayor red en España de especialistas en derecho penal. En esta ocasión hablamos del tráfico de influencias.
Penalidad del trafico de influencias
El tráfico de influencias ejercido por un particular
Responsabilidad de la persona influenciada
Como delito que forma parte de aquellos denominados de corrupción administrativa, viene regulado en el artículo 428 a 430 del código penal. Lo que se trata de proteger es la objetividad e imparcialidad de los funcionarios y autoridades en el ejercicio de su función pública.
Es la función pública que ha de ejercer la administración. No ya su dignidad como institución sino su funcionalidad y fines perseguidos.
En definitiva se condena al funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad, para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero.
Se entiende por “influencia“: cualquier tipo de presión originaria en la posición o estatus del influyente, y eficaz en tanto que idónea para obtener una resolución beneficiosa económicamente para el sujeto activo. Obviamente el concepto resolución supone que tiene un contenido decisorio con efecto ejecutivo.
Serán pues atípicas las conductas relativas a sugerencias, recomendaciones o indicaciones que no alcanza a ser considerada “presión”.
Este prevalimiento puede nacer del cargo, de una relación personal o por jerarquía en el cargo, debiendo ser esta la razón de la influencia.
Como delito doloso que es se requiere que el autor conozca y quiera prevalerse de su condición para conseguir la resolución viciada de la influencia y el generada, a fin de obtener un beneficio económico para así o para un tercero.
Estamos ante un delito especial puesto que solo puede ser cometido por autoridad o funcionario público, entendiéndose por tales los que define el artículo 24 del código penal.
Y el funcionario público o autoridad influenciados.
Y la condena que lleva aparejada es la de penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.
En caso de que el sujeto activo obtenga el beneficio económico para sí o para terceros, la conducta será condenada de la siguiente forma:
Prisión de quince meses a dos años.
Inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de siete a nueve añ
El artículo 429 del Código Penal prevé un tipo penal equivalente al tráfico de influencias propiamente dicho cuando se dan las mismas circunstancias pero el sujeto activo no es funcionario o autoridad. Como podemos imaginar en este caso el prevalimiento se deriva de una relación personal con la persona sobre la que se le ejerce la influencia. La condena para este particular delito es:
Prohibición de contratar con el sector público por tiempo de seis a diez años.
Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas por tiempo de seis a diez años.
Pérdida del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de seis a diez años.
En ninguna de las modalidades explicadas en el presente artículo se condena al funcionario o autoridad influida por la conducta del sujeto activo.
En esta conducta típica, el código penal condena al que se ofreciera a realizar las conductas anteriormente descritas solicitando a cambio dádivas, presentes o cualquier otra contraprestación o promesa de ella.
Es importante destacar que en este delito no se requiere que efectivamente se llegue a realizar uso efectivo de las influencias, siendo suficiente el ofrecimiento de realizar esta conducta.
El sujeto activo en esta modalidad puede ser tanto un particular como funcionario público o autoridad.
Si el sujeto activo es un particular:
– Prisión de seis meses a un año.
Si el sujeto activo es una autoridad o funcionario público:
– Inhabilitación especial para cargo o empleo público, por tiempo de uno a cuatro años.
– Inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de uno a cuatro años.
Para terminar, podemos destacar que el enjuiciamiento de todos estos delitos comentados en el presente estudio, y al igual que la malversación y el cohecho serán juzgados por el Tribunal del Jurado según previene el artículo 1.2 g) de la Ley Orgánica 5/1995, modificado por LO 1/2015 de 30 de marzo.

References: artículo 428
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 429
 artículo 1