Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2000/A114-00.htm
Timestamp: 2017-11-25 04:03:57+00:00

Document:
A114-00
Auto 114/00
Referencia: expediente I.C.C. -139
Conflicto negativo de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado 14 Penal del Circuito de Cali, respecto de la acción de tutela incoada por Guillermo Omar Valencilla Cárdenas contra la Dirección General de la Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal-.
Guillermo Omar Valencilla Cárdenas incoó acción de tutela contra la Dirección General de la Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal-, por estimar violados los derechos al debido proceso, a la defensa y el derecho de petición.
Alegó el actor que dicha entidad no había desatado el recurso de apelación interpuesto el 20 de mayo de 2000 contra la resolución por medio de la cual se dispuso el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y, mediante auto del 18 de julio de 2000, el magistrado ponente, dando aplicación al numeral 1 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, remitió el asunto al Juez Penal del Circuito (Reparto), por cuanto la acción se había dirigido contra una entidad pública del orden nacional.
Por su parte, el Juzgado 14 Penal del Circuito de Cali, por auto del 27 de julio de 2000, ordenó la devolución del proceso al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, con base en los siguientes argumentos:
"Según lo anterior, se demanda a CAJANAL, autoridad pública del orden nacional, que es de conocimiento se encuentra descentralizada en lo que respecta a la prestación de servicios en salud, cuya dirección regional tiene sede en esta ciudad, pero en cuanto al manejo de las pensiones, reconocimiento de estas, se encuentra centralizada y con competencia en la Dirección General de Prestaciones Económicas, lo que se corrobora en la resolución impugnada que fue emitida por esa Dirección General; en consecuencia, la competencia para conocer de la acción de tutela instaurada contra CAJANAL recae, en primera instancia, en las autoridades relacionadas en el inicio 1 del artículo 1, del Decreto 1382 de julio 12 de 2000, motivo por el cual se devolverá la presente acción al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, y de no compartir este criterio, de ahora se propone colisión de competencia negativa.
Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que el accionante en uso de las facultades otorgadas por el artículo 86 de la Constitución Nacional de escoger el juez o jueces que debían resolver la acción, acudió ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, primero porque así lo estipulaba el artículo 1 del Decreto 1382, y segundo, porque su voluntad se reflejaba en que esta fuera tramitada por ese Tribunal y no por cualquiera de las salas de decisión del Tribunal Superior de Cali o el mismo Consejo Seccional de la Judicatura. Por lo tanto, y en el evento que esta acción fuera de competencia a prevención de los jueces del Circuito o con categoría de tales, y no se explica esta funcionaria por qué debe ser sometida a reparto ante los jueces penales del Circuito, pues con esta calidad de jueces de Circuito coexisten los de las áreas Penal, Civil, Laboral y de Familia, por ello mal haría el Tribunal contencioso Administrativo del Valle del Cauca en suplantar el querer del accionante y decidir sobre a que área debe remitirse su acción, y como quiera que no existen jueces de circuito dentro de su especialidad, debió devolverse esta al accionante para que él escogiera ante que jueces la presentaría; valga anotar que estas apreciaciones deben ser tenidas en cuenta siempre y cuando fuese de competencia de los jueces de Circuito".
Mediante auto del 1 de agosto de 2000, dicho Tribunal remitió nuevamente el expediente al Juzgado 14 Penal del Circuito de Cali para que fuera este último despacho el que a su vez enviara el asunto a la autoridad pública competente para dirimir el conflicto.
El Juzgado, por auto del 8 de agosto de 2000, anotó que lo correcto en este caso habría sido que el Tribunal Administrativo aceptara el conflicto, controvirtiendo los criterios expuestos por el Juzgado, y que luego remitiera el asunto al funcionario competente para decidir el conflicto. No obstante, en virtud del principio de celeridad que rige la acción de tutela y en aplicación del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, decidió enviar las diligencias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que definiera la controversia, corporación que, mediante providencia del 17 de agosto del mismo año, se abstuvo de dirimirla, por estimar que carecía de competencia para ello y, siguiendo el criterio fijado en Sentencia C-037 de 1996, mediante la cual se revisó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, remitió el caso a la Corte Constitucional.
Competencia de la Corte para dirimir conflictos de competencia en materia de tutela. Principio de la supremacía constitucional. Inaplicación de las reglas de competencia en materia de tutela por violar la Carta Política. Exceso en el uso de la facultad reglamentaria por parte del Presidente de la República
En primer término, debe señalarse que esta Corporación es competente para dirimir el conflicto de competencia que se le plantea, en tanto se trata de una controversia entre autoridades judiciales pertenecientes a distintas jurisdicciones, y que, por tanto, carecen de superior común -en el presente evento, el Juzgado 14 Penal del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca-.
Ahora bien, la controversia que se suscitó entre los despachos judiciales en referencia, se originó a raíz de la interpretación y aplicación del artículo 1del Decreto Reglamentario 1382 del 12 de julio de 2000, "por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela".
"La Corte encuentra que evidentemente el Presidente de la República, al expedir el Decreto en mención, violó los artículos 86, 189, numeral 11, 229 y 234 de la Carta.
El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 prevé que "son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces y tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud". Por su parte, las disposiciones del Decreto Reglamentario introdujeron cambios al citado texto legal, toda vez que asignaron la competencia para tramitar los procesos de amparo constitucional al superior funcional del respectivo funcionario o corporación judicial contra la cual se haya dirigido la acción, regla restrictiva que no fue señalada en la Constitución (artículo 86), ni en el Decreto 2591 de 1991".
En consecuencia, se resolverá el conflicto de competencia planteado entre el Juzgado 14 Penal del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el sentido de remitir el expediente al mencionado Tribunal, por ser éste el órgano judicial que escogió inicialmente el demandante para que decida acerca de la acción de tutela en referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 C.P. y el 37 del Decreto 2591 de 1991.
En el presente caso, INAPLICANSE, por inconstitucionales, las reglas de artículo 1 del Decreto 1382 de 2000. En consecuencia, REMITASE el expediente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que asuma el conocimiento de la acción de tutela instaurada por Guillermo Omar Valencilla Cárdenas contra la Dirección General de la Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal-.

References: resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 112
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 86
 artículo 1