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BOE.es - Documento BOE-A-1998-1461
Documento BOE-A-1998-1461
«BOE» núm. 21, de 24 de enero de 1998, páginas 2566 a 2572 (7 págs.)
BOE-A-1998-1461
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/1997/12/02/11
De hecho, el avance tecnológico moderno está totalmente condicionado por la disponibilidad y uso de la energía eléctrica. Por ello no puede extrañar que el desarrollo del sector sea objeto de cuidadosa atención de los responsables de la planificación económica, tanto en el ámbito nacional como regional. Tal es el caso de los responsables políticos de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los que el artículo 31.4 del Estatuto de Autonomía encomienda, en el ámbito de su competencia, la ordenación y planificación de la actividad económica regional.
La industria eléctrica y su evolución condicionan el desarrollo industrial en general, por lo que su dimensión, estructura, política de aprovisionamiento de combustibles fósiles u otros tipos de fuentes energéticas y, en general, su organización y régimen de funcionamiento constituyen factores de trascendental importancia para el bienestar de un país.
Por otra parte, la importancia básica de la energía ha dado origen a una clara tendencia a la integración en redes de transporte común de las diferentes plantas e instalaciones de generación, aun en el caso de pertenencia a diversos titulares.
Sin embargo, como consecuencia efectiva de esta tendencia se produce «de facto» lo que ha venido a llamarse un monopolio natural en transporte y distribución, propicio a prácticas restrictivas de la competencia. Efectivamente, la necesidad de ir por delante de la demanda, además de una planificación pública basada en las tendencias previsibles de consumo, exige importantes aportaciones de capital que, inevitablemente, producen una acumulación de capacidad de influencia en el mercado que, en la práctica, no puede funcionar dentro de razonables parámetros de libre competencia.
Esto es tanto más necesario en situaciones de generación aislada como ocurre en Canarias. Efectivamente el archipiélago, por su propia naturaleza, no sólo se encuentra aislado de cualquier red energética eléctrica continental, sino que por las grandes profundidades entre las islas, con la excepción existente entre Lanzarote y Fuerteventura, cada isla constituye un sistema de generación aislado que debe ser autosuficiente en límites estratégicos.
La singularidad canaria no se le ha escapado al legislador y por ello el Estatuto de Autonomía, de un modo singular dentro del conjunto de las Comunidades Autónomas, otorga a Canarias competencia exclusiva en instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, de acuerdo con las bases del régimen minero y energético.
Asimismo, la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, de acuerdo con el mandato de solidaridad con especial atención al hecho insular del artículo 138.1 de la Constitución, exige disposiciones que habiliten un sistema de compensación que garantice en el ámbito autonómico una moderación de los precios de la energía, manteniendo su equivalencia a los del resto del territorio del Estado español.
Esta norma hace hincapié en una de las características diferenciales de la producción de energía eléctrica en Canarias de la del resto del Estado: La fuerte inter acción entre los procesos de desalinización y la producción y el consumo de energía. Efectivamente, el agua desalinizada constituye la fuente esencial de suministro a la población y a la industria en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, al área metropolitana de Las Palmas-Telde en Gran Canaria y en un próximo futuro en el sur de Tenerife.
Si a las anteriores consideraciones se une el hecho de que, probablemente, el segundo operador telefónico de pronta implantación en Canarias sólo será viable por razones ambientales y de derechos de paso alrededor de la red eléctrica, se pone de manifiesto la importancia estratégica que para el futuro de la Comunidad Autónoma tiene el correcto funcionamiento del sector, y de ahí la necesidad de su regularización por esta ley.
El artículo 30.26 del Estatuto de Autonomía, como delimitador de la competencia exclusiva de la Comunidad, en términos energéticos, establece la base jurídica para la promulgación de esta ley; asimismo el artícu lo 32.11 del mismo Estatuto faculta al desarrollo legislativo y ejecución de los contratos y el régimen jurídico del dominio público y de las concesiones administrativas en el ámbito competencial autonómico.
Esta directiva, de obligado desarrollo en el derecho interno de nuestro país, aun recalcando el principio de subsidiariedad, establece un conjunto de principios generales de aplicación alternativa en los diferentes territorios comunitarios. Buscando un mercado interior competitivo, sin embargo admite la posibilidad de imponer obligaciones de servicio público en el caso de que no se pueda garantizar la libre competencia para garantía de los consumidores y protección del medio ambiente; asimismo admite la posibilidad de recurrir a excepciones al régimen general en pequeñas redes aisladas (aquéllas con un consumo inferior a 2.500 GWh) y también a la concesión de derechos de suministro a los clientes que se encuentren en una zona determinada y al nombramiento para esa zona de un gestor de la red de distribución con el fin de explotar, mantener y, en su caso, desarrollar la misma.
Objetivo básico de la ley es regular, de acuerdo a las bases del régimen energético, el mercado canario e insular del sector eléctrico de tal forma que se racionalice la generación, transmisión y distribución de la electricidad, se refuerce la seguridad y calidad del abastecimiento en las peculiares circunstancias que se derivan del hecho insular y que determinan que cada isla constituya un sistema independiente y en el que es necesario garantizar un mercado competitivo, incluso en el caso en el que, de acuerdo a la normativa comunitaria, quede clasificado como pequeña red aislada, admitiendo el procedimiento de licitación cuando fuera necesario garantizar la competencia.
Las características de estos sistemas han derivado a que, en el momento actual, exista un monopolio de hecho al que solamente su carácter público ha contribuido, en general, a evitar abusos de posición dominante y comportamientos depredadores. Por otra parte, el mismo carácter público de las actividades en el sector eléctrico de las islas ha hecho innecesario el establecimiento de obligaciones de servicio público, lo que puede ser necesario si se dearrollan actividades privatizadoras.
10. Régimen ordinario de generación eléctrica: Se entienden incluidos en este régimen las instalaciones de generación que utilizando como fuente primaria de energía la hidráulica o combustibles fósiles convencionales tengan como objeto básico la producción de energía eléctrica para su suministro a clientes.
11. Régimen especial de generación eléctrica: Se entienden incluidos en este régimen especial:
a) Los autoproductores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción asociadas a actividades no eléctricas, siempre que supongan un alto rendimento energético, y en particular las centrales que utilicen calores residuales procedentes de cualquier instalación, máquina o proceso industrial cuya finalidad primaria no sea la producción de energía eléctrica.
El objeto de la presente ley es regular todas las actividades encaminadas al suministro a los clientes o consumidores de energía eléctrica en condiciones competitivas, en sus diferentes fases de generación, transporte, distribución y comercialización, garantizando la seguridad de abastecimiento; asimismo lograr la regularidad en calidad y precio, con especial atención a la protección del medio ambiente.
4. Las compañías de generación de energía eléctrica deberán disponer de un «stock» estratégico de combustibles equivalente, como mínimo, a cuarenta y cinco días del consumo previsto anual en cada uno de los sistemas aislados que configuran el sistema eléctrico.
6. Al objeto de mantener la calidad del servicio y el derecho de los consumidores, se garantizará que la tensión en el punto de consumo no tenga una desviación superior al ± 7 por 100 de la tensión contratada.
Artículo 6. Planificación a largo plazo.
b) Estimación de la potencia a instalar para conseguir una oferta en condiciones adecuadas de seguridad y calidad.
Artículo 7. Planes Insulares de Ordenación Territorial.
2. En los polígono industriales de promoción pública se tendrá en cuenta reservas a estos efectos, tanto en su zonificación como en la normativa de usos permitidos.
Artículo 8. Utilidad pública de las instalaciones.
1. Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transmisión, transporte y distribución de energía eléctrica en Canarias, a los efectos de la expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento, al igual que la imposición de las servidumbres de paso de líneas eléctricas. La declaración de utilidad pública, que se tramitará a petición de parte en el caso de autorizaciones y de oficio cuando se trate de licitaciones, llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o el establecimiento de servidumbre o paso sobre los terrenos precisos, cualquiera que fuere su titularidad o calificación jurídica.
Artículo 9. De las nuevas instalaciones.
1. Las nuevas instalaciones, de acuerdo con las previsiones de la planificación a largo plazo o a sus modificaciones ordinarias o urgentes, se otorgarán por el Gobierno, de modo ordinario, a las empresas eléctricas de Canarias a través del procedimiento de autorización administrativa.
2. Excepcionalmente, sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, cuando se produzca una situación de monopolio u oligopolio por parte de una o algunas empresas eléctricas privadas y exista peligro de abuso de su posición dominante, el Gobierno podrá optar, de conformidad con la normativa comunitaria y, en particular, con la Directiva 96/1992, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, por un procedimiento de licitación.
3. Las autorizaciones administrativas ordinarias a que se refiere le apartado 1 de este artículo o las excepcionales reguladas en su apartado 2 se deberán referir preceptivamente a instalaciones que abarquen varios sistemas aislados, uno de los cuales, al menos, corresponderá a una isla que no sea la de Gran Canaria o la de Tenerife.
7. Se dará preferencia en el acceso a las redes eléctricas, cualquiera que sea su titularidad, a la energía producida en Régimen Especial de Generación Eléctrica, que deberá ser adquirida obligatoriamente por los responsables de las redes de transporte, siempre que se aporten en condiciones técnicas adecuadas y con una tensión al menos de 20 Kv, facilitando su conexión y minimizando el coste de ésta, sin perjuicio de que se pueda producir la venta directa parcial de la energía generada por los productores en régimen especial a clientes con los que tengan establecidos contratos bilaterales a medio o largo plazo. Asimismo, el Gobierno de Canarias establecerá reglamentariamente medidas de fomento que favorezca ese tipo de instalaciones en régimen especial, entre las cuales se podrá incluir un complemento especial al precio de cesión a las redes de la energía producida en régimen general.
Artículo 10. Registro de Instalaciones de Producción Eléctrica.
Artículo 11. Red de transmisión.
Artículo 13. Derechos y deberes de los titulares de instalaciones de las redes de transmisión.
c) Tendrán reconocido por la Administración pública el derecho a la retribución que corresponda por la utilización de sus instalaciones de transporte, de conformidad a la normativa estatal establecida el respecto. Esta retribución deberá tener en cuenta la incidencia de los costes adicionales derivados de la insularidad en la inversión, operación y mantenimiento de las instalaciones.
Artículo 14. Criterios reguladores de la distribución.
1. La construcción, modificación, explotación y cambio de titularidad de las instalaciones de distribución de energía eléctrica estarán sometidas a autorización de la Consejería competente en materia de industria, sin perjuicio de la normativa vigente, en su caso, sobre concesiones administrativas, urbanísticas y medioambientales.
Artículo 16. Derechos y obligaciones.
Artículo 17. Suministro.
Artículo 19. Tipificación de infracciones.
Se consideran leves las infracciones de preceptos legales establecidos en esta ley o en su desarrollo reglamentario y que no queden tipificadas, de conformidad a los apartados anteriores, como infracciones muy graves o graves.
Las infracciones, para cuya modulación se tendrá en cuenta el peligro resultante de ellas para vidas y bienes, la importancia del daño y los perjuicios, la intencionalidad y reincidencia, en su caso, así como el posible beneficio obtenido, se sancionarán:
Las infracciones leves, con multa de hasta 10.000.000 de pesetas.
Artículo 21. Procedimiento sancionador y órganos competentes.
2. La imposición de sanciones en caso de infracciones muy graves y graves corresponderá al Gobierno de Canarias. En el supuesto de infracciones leves corresponderá al Consejero competente en materia de industria la imposición de las sanciones correspondientes.
Artículo 22. Régimen de prescripción.
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años de haber sido cometidas, las graves, a los dos años, y las leves, a un año.
Serán de aplicación en Canarias, sin perjuicio de las competencias que le atribuye el Estatuto de Autonomía, las normas que en uso de su competencia promulgue el Estado en relación al régimen económico de las actividades reguladas en esta ley y, en particular, al sistema de tarifas eléctricas, peajes de transporte y distribución, cobro y liquidación de tarifas y precios, así como sobre contabilidad e información.
Las actividades de transporte y de distribución de energía eléctrica, así como la gestión técnica y económica del sistema deberá realizarse a través de sociedades mercantiles que tengan como objeto exclusivo el desarrollo de las mismas, sin perjuicio de que puedan tomar acciones o participaciones en otros sectores económicos distintos al eléctrico, previa la autorización que corresponda.
Tendrán la condición de consumidores cualificados los que tengan dentro del plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley un consumo por punto de suministro o por instalación de 5Gwh o superior. Este tope se irá reduciendo gradualmente en un 20 por 100 de la cifra inicial cada dos años, de tal manera que a partir de los diez años de la entrada en vigor de esta ley tendrán la condición de cualificados la totalidad de los industriales canarios consumidores de energía eléctrica.
La presente ley entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Canarias».
Santa Cruz de Tenerife, 2 de diciembre de 1997.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 158, de 8 de diciembre de 1997)
Fecha de disposición: 02/12/1997
Entrada en vigor: 9 de diciembre de 1997.
Publicada en el BOC núm. 158, de 8 de diciembre de 1997.
en el Recurso 4244/2002, la inconstitucionalidad de la disposición adicional 5, en la redacción dada por el art. 16 de la Ley 2/2002, de 27 de marzo, por Sentencia 123/2013, de 23 de mayo (Ref. BOE-A-2013-6653).
en el Recurso 997/1998, inconstitucionales y nulos los arts. 2.11, 6, 11, 12.2, 13.b) y la pérdida del objeto en cuanto a la disposición transitoria 2, por Sentencia 18/2011, de 3 de marzo (Ref. BOE-A-2011-5704).
SE MODIFICA los arts. 6.bis y 9, por Ley 2/2011, de 26 de enero (Ref. BOE-A-2011-2710).
SE AÑADE un art. 6 bis, por Ley 8/2005, de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-2006-2102).
SE DECLARA, en el Recurso 4244/2002, el levantamiento de la suspensión de vigencia y aplicación de la disposición adicional 5, en la redacción dada por el art. 16 de la Ley 2/2002, de 27 de marzo, por Auto de 10 de diciembre de 2002 (Ref. BOE-A-2002-25045).
la disposición adicional 5, por Ley 2/2002, de 27 de marzo (Ref. BOE-A-2002-7712).
el art. 8.1, por Ley 4/2001, de 6 de julio (Ref. BOE-A-2001-14279).
SE DEROGA la disposición transitoria segunda, por Ley 2/2000, de 17 de julio (Ref. BOE-A-2000-15425).
Directiva 96/92/CE, de 19 de diciembre (Ref. DOUE-L-1997-80123).

References: artículo 31
 artículo 138
 artículo 30

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 19

Artículo 21

Artículo 22