Source: http://www.domingorondina.com.ar/2013_08_01_archive.html
Timestamp: 2017-06-23 01:40:49+00:00

Document:
Derecho Constitucional - Domingo Rondina - Dando cátedra: agosto 2013
La maldición de los constitucionalistas
El 28 de agosto es el día del abogado en todo el mundo, para recordar a este colega (San) Agustín de Hipona, espejo en el que deberíamos mirarnos los abogados.
Pecador y converso. Orador y escritor. Argumentador y oyente.
En Argentina, al día siguiente, el 29 de agosto de cada año celebramos el día del abogado.
Los abogados nacionales recordamos ese día al más insigne de nuestros colegas criollos, Juan Bautista Alberdi.
Revolucionario y constructor de un derecho nacional. Pensador y púgil de la palabra, que no temía subirse al ring de la dialéctica con los más grandes de su época. Abogado de causas nobles y de causas cotidianas. Procurador y diseñador de países.
En su homenaje es que también los constitucionalistas celebramos nuestro día, ya que Alberdi fue protoabogado y protoconstitucionalista en estas australes tierras sin ley.
Y está bien que así sea, ya que los abogados somos, siempre, primero que nada, constitucionalistas.
Como nuestro compromiso es conocer y cumplir la ley, debemos siempre empezar por la norma constitucional del Estado cuyo derecho ejercemos.
Y luego en un proceso de derivación o aplicación (Kelsen), o de filtrado (Bidart Campos), conocemos las demás normas, las infraconstitucionales.
Sin embargo, en los últimos años, en Argentina no hemos tenido constitucionalistas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Y eso que la Corte es el tribunal constitucional argentino. Es la última intérprete de la Constitución. Su función central es aplicar la Carta Magna. Todos sus fallos deben basarse en la interpretación primordial de la norma basal.
¿Por qué no hay constitucionalistas en la Corte?
Algunos pensamos que se trata de una comprensible desconfianza hacia un sector de la abogacía que, frente a la inteligencia de los políticos que deciden, somos puro blabla, más literatos que abogados de trinchera y mesa de entrada.
Otros piensan que se debe a una extraña maldición, que impide que un constitucionalista vuelva a integrar la Corte.
Y eso podría deberse a la trágica historia de Pedro J. Frías, el último ministro de Corte especializado en derecho constitucional.
Este fue Pedro J. Frías. Cordobés, nacido en 1919. Se destacó dentro del Derecho Constitucional, especialmente por sus trabajos sobre federalismo, donde alumbró la interesantísima teoría del 'federalismo de concertación'.
Pero en 1977, durante el Proceso de Reorganización Nacional, la más sangrienta dictadura de la historia argentina, aceptó integrar la Corte Suprema junto con Horacio H. Heredia, Adolfo Gabrielli, Abelardo F. Rossi y Emilio Miguel Daireaux, siendo procurador, y luego ministro, el santafesino Elías Guastavino.
En la Corte Frías permaneció hasta 1981 en que renunció por motivos de salud.
Y así terminó la historia del último constitucionalista que integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
Un constitucionalista que aceptó integrar el máximo tribunal constitucional mientras no había Constitución.
Un constitucionalista que no aplicó durante su gestión ni una sola vez la Constitución Nacional, ya que la misma se hallaba suspendida.
Un constitucionalista que admitió que al vértice de la pirámide jurídica lo ocupaban las famosas, nefastas, y pobrísimas 'Actas del Proceso de Reorganización Nacional'.
No es raro pensar que nos halla acarreado un baldón, una suerte de maldición.
¿Quién será el constitucionalista que nos devuelva el sillón en el máximo tribunal? ¿Quién vencerá la maldición?
Ese día podremos reconciliar definitivamente a la abogacía con el constitucionalismo.
Reacciones: El caso Tostado en video
Ciudad de Tostado
Junto con el finalmente ganador candidato a concejal Bertolino, explicando en ATP las conclusiones jurídicas y políticas del caso.
Reacciones: estamos tostados
somos unos carlitos
DERECHO A LA VERDAD ELECTORAL
El Tribunal Electoral de Santa Fe es un órgano constitucional híbrido.
A mitad de camino funcional, es un órgano administrativo, dependiente del Poder Ejecutivo, pero integrado por jueces.
Sin procedimiento electoral, la costumbre indica que sus decisiones sólo son apelables mediante Recurso de Inconstitucionalidad (ley 7055) ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.
Su secretario es designado por el Gobernador sin garantías de imparcialidad que aseguren su accionar.
Así, funciona en la nebulosa de las absurdas costumbres electorales, un derecho consuetudinario edificado por políticos sin mayores preocupaciones hacia la transparencia y sin sanción para las picardías.
En las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) para concejales en la ciudad de Tostado, el 11/08/2013 se produjo un extraño hecho que debería ser el puntapié inicial para refomar el Tribunal Electoral.
A continuación, lo relataremos y aportaremos la documental del caso, confiando en que su difusión nos lleve a mejorar las normas y -con ellas- las prácticas electorales.
La elección interna del FPV en Tostado fue ganada por la lista 155 del FPV que encabezaba Gerardo Bertolino, por apenas 13 votos sobre la 012 que encabezaba Luis Gramajo.
De las 40 mesas tostadenses, la mesa 3462 arrojó la suma de 88 votos para la lista 155 del FPV y 69 votos para la lista 012 del FPV.
Así lo consignaron las autoridades de mesa en los certificados de escrutinio que entregaron a los fiscales del FPV
y a los fiscales del FPCyS
También se consignó la misma cantidad de votos en el telegrama que las autoridades de mesa enviaron al Tribunal Electoral Provincial
Pero, además de confeccionar los certificados para los fiscales, y los telegramas a la Junta Electoral, el Presidente de Mesa debe confeccionar dos juegos de 'acta de escrutinio provisorio'. Uno va dentro de la urna fajada y otro en un sobre que abre el Tribunal Electoral y sobre el cual hace el escrutinio definitivo.
Y allí apareció el error: en esas actas los votos obtenidos se consignaron al revés: 88 para la 012 (Gramajo) y 69 para la 155 (Bertolino). Lo peor de todo es que se ve burdamente sobrescrito el 69 con un 88 remarcado...
Esta acta debería haber sido exhibida a los fiscales partidarios el día del escrutinio definitivo. Pero, sospechosamente, no fue suscripta por ningún fiscal; tiene sólo la firma escaneada de la Secretaria Electoral Claudia Cattalin.
Como la elección venía definiéndose por 13 votos, este cambio, que implicaba darle 19 sufragios al segundo y quitarle 19 al primero, provocó que la lista de Gramajo ganara Tostado.
Con la fotocopia que se nos entregó de esta acta, como única prueba, no podíamos determinar si el cambio de números se había realizado en Tostado o en Santa Fe.
Ante esta incongruencia, el apoderado de la lista solicitó la apertura de la urna y el recuento de los sufragios emitidos mediante Boleta Única.
El Tribunal Electoral denegó el pedido diciendo que no veía las diferencias y que no abriría la urna aunque no coincidiese la forma en que los votos se repartían entre las listas...
Los apoderados volvieron a requerir la apertura, pese a la negativa y a la histórica tesitura de la irrecurribilidad del Tribunal Electoral.
Y ya ante esto no hubo respuesta, ni se le dio trámite alguno.
Ante esto debimos presentar una denuncia penal ante el Fiscal de Instrucción en turno, librando el juez penal una orden de secuestro y/o depósito de la urna (abajo el escrito).
Con ello cumplido reiteramos al Tribunal Electoral nuestro pedido de abrir la urna 3462 y recontar los votos emitidos (abajo el escrito).
El sábado 24/08/2013 el Tribunal Electoral citó a los apoderados de todas las listas que participaron en la compulsa electoral de Tostado.
Admitió, como el dictamen del Procurador General, que tenían un problema formal, procedimental: el sábado 17 habían resuelto 'no ha lugar' al pedido de apertura, e históricamente no se admiten revisiones de lo ya decidido por el mismo Tribunal.
Pero, dada la gravedad del caso, la trascendencia pública, y el hecho incontrastable de que la urna estaba precaucionada por la Justicia Penal e iba a ser abierta por ella, el Tribunal Electoral decidió modificar su histórica jurisprudencia y reabrió la discusión del asunto.
Requirió de las listas involucradas (las dos del FPV) que consientan la apertura de la urna y su escrutinio. Tras algunas discusiones, y vista la decisión adelantada por el Tribunal, las partes lo acordaron caballerescamente.
Se buscó la urna y se la abrió. Dentro de ella apareció otra acta de escrutinio, igual a la imagen que está aquí arriba, pero donde no se ve remarcado número alguno y donde se consignaba que ganaba Gramajo por 88 contra 69 de Bertolino. Esto dejó en claro que la contradicción numérica, la inversión de guarismos, se produjo en el mismo Tostado.
Pero ahora hacía falta saber si los votos coincidían con esas actas, o con los certificados de los fiscales y los telegramas. Para eso se procedió a escrutar.
Y, tal como nosotros anunciábamos, la mesa había sido ganada por Bertolino por 88 votos contra 69 de Gramajo. Es decir: las actas de escrutinio que confeccionó el presidente de mesa, y en las que se basó el Tribunal Electoral, estaban mal, por error o por malicia.
Así quedó zanjada la cuestión Tostado.
Políticamente fue importante. Democráticamente fue transparente. Y jurídicamente fue histórico: el cambio de la más firme y añeja jurisprudencia del Tribunal Electoral abre caminos que hay que empezar a recorrer hacia su reforma y mejoramiento.
Fue histórico porque se varió la tesis de la irrecurribilidad de las decisiones del Tribunal Electoral (sería bueno que normativamente se establezca una primera resolución por Secretaría o por Presidencia, recurrible ante el pleno).
También fue histórico porque, por primera vez, se escrutó una urna después de concluido totalmente el escrutinio definitivo.
Pero también queda una angustiosa sensación de temor: el Tribunal Electoral puede cometer errores que cambien las decisiones populares.
Está bien, es freudiano, debemos aprender a vivir con ese riesgo.
Pero tampoco se debe perder de vista que para achicar esos riesgos existe el derecho electoral, y debe haber cauces amplios de impugnación, y de discusión, y de revisión de las decisiones.
Porque la verdad no es sólo una constancia fehaciente. La verdad es una construcción procesal. Y, en definitiva, la realidad es la única verdad.
A continuación, los escritos del caso...
Ref.: Presenta denuncia penal por Defraudación
por adulteración de documento público - Art. 173, inc. 8 C.P.
GERARDO HORACIO
BERTOLINO, D.N.I. Nº 31.229.281, argentino, soltero, docente, domiciliado
realmente en San Martín 1371, ciudad de Tostado, constituyendo domicilio a
estos efectos en calle Francia 3352 – Dpto. “C”, de la localidad de Santa Fe,
Departamento La Capital, Provincia de Santa Fe, con el patrocinio letrado del
Dr. Domingo Rondina, ante el Sr. Fiscal comparezco y respetuosamente digo:
I) Objeto.
Conforme al art. 177 sig.
y ccs. del C.P.P. de la Provincia de Santa Fe, vengo por el presente a
denunciar la comisión de ilícitos penales perseguibles de oficio, de los que he
sido víctima, acontecido en la ciudad de Santa Fe.
Esta presentación es a
los fines de que se efectúe la pertinente investigación, previo requerimiento
del Ministerio Público Fiscal, tendiente a la reconstrucción histórica del
hecho y a la comprobación de las demás circunstancias que constituyen el objeto
de la Instrucción (art. 173 del C.P.P. de la Provincia de Santa Fe), haciendo
desde ya expresa manifestación de que ésta es la primera denuncia que se
realiza en relación al hecho que a continuación habrá de exponerse.
Asimismo por la urgencia
en preservar la prueba solicito una MEDIDA CAUTELAR consistente en el secuestro
de la urna de la mesa 3462 ubicada actualmente en la sede del Tribunal
Electoral Provincial.
II) Hechos.
Que el día 11/08/2013 se realizaron
elecciones primarias en la ciudad de Tostado para conformar las listas de
concejales que competirán en las elecciones generales.
Que en la mesa 3462,
según surge del telegrama (PRUEBA Nº 3) y de los certificados de escrutinio
provisorio de todos los partidos, rubricados todos por las autoridades de mesa
y fiscales de otras fuerzas políticas (PRUEBA Nº 1 y 2), la lista que encabezo
(Por más tostado - 155) obtuvo 88 votos mientras que la
otra lista del Frente para la Victoria (Todos por 9 de Julio – 012) obtuvo 69 votos.
Así también surge de los
datos de escrutinio provisorio actualmente publicados en la página http://elecciones.santafe.gov.ar/web/
Sin embargo, al
escrutarse en la ciudad de Santa Fe la mesa 3462, se adultera lo
consignado atribuyéndose inversamente los resultados.
Así en el acta
santafesina (PRUEBA Nº 4) se puede advertir que el número 69 (obtenido por la
lista 012) es sobrescrito con un 88. Y nuestro casillero es borrado y
completado ahora con un 69…
De este modo la elección
que ganábamos ajustadamente ahora la perdemos, y así cambia quien encabeza la
lista, dejando de ser yo para pasar a ser el candidato de la lista 012.
Esa acta de escrutinio
definitivo (PRUEBA Nº 4) no fue suscripta por ningún fiscal en atención a lo
sorpresivo del cambio de guarismos y sólo tiene la firma escaneada de la Dra. Claudia
Cattalin, Secretaria Electoral Provincial y del empleado que leía los datos.
Se dan los extremos
correspondientes al hecho descripto penalmente como DEFRAUDACION, en el
artículo 173 inciso 8 de dicho Código.
URGENCIA. CAUTELAR
En el día de hoy martes
20/08 o mañana miércoles 21/08 serán destruidas todas las urnas que fueron
utilizadas en la elección provincial.
De ahí la urgencia del
secuestro de la URNA 3462 para elucidar la realidad de lo ocurrido.
Así lo solicitamos.
III) Prueba.
1). Certificado de escrutinio entregado al Fiscal de mi lista
155 suscripto por los demás fiscales y por las autoridades de mesa
2). Certificado de escrutinio entregado al Fiscal del Frente
Progresista Cívico y Social suscripto por los demás fiscales y por las
3). Telegrama remitido por las autoridades de Mesa al Tribunal
Hasta aquí todos reflejaban la realidad: ganamos por 88 a 69
4). Acta de escrutinio definitivo labrada en Santa Fe y con
firma scaneada de Claudia Cattalin donde se ve sobrescrito el número 69 con un
88, invirtiéndose los resultados y adulterando así el final de la elección.
1). Daniela Antinori DNI 31229349, Vice-Presidente de la Mesa
3462, con domicilio en zona urbana de la ciudad de Tostado
2). Juan Antinori DNI 29431642, Fiscal de mesa de la lista 155
“Por mas Tostado”, con domicilio en zona urbana de la ciudad de Tostado
IV) Petición
Por todo lo expuesto, se
IV-1) Tenga por efectuada denuncia por los hechos
que fueran narrados en el cuerpo del presente escrito, los que configurarían el
delito de Defraudación (art. 173, inc. 8 Código Penal) y por aportados los
datos que llevan a la comprobación de su existencia y a su calificación legal.
IV-2) De conformidad a lo establecido en los
artículos 175 y conc. del C.P.P. de la Provincia, formule requerimiento de
Instrucción y remita el mismo al Sr. Juez en lo Penal de Instrucción en turno,
junto con el presente escrito y la documental que se acompaña.
IV-3) Solicite la medida cautelar propuesta para
asegurar la preservación de la principal prueba de los hechos denunciados.
RESOLVER COMO SE SOLICITA
Ref.: Acompaña copia de denuncia penal
Solicita urgente apertura y recuento
Mesa 3462 elección provincial
Excelentísimo Tribunal Electoral
de la Provincia de Santa Fe:
HORACIO BERTOLINO, D.N.I. Nº 31.229.281, argentino, soltero, docente, domiciliado
Dr. Domingo Rondina, ante V.E. comparezco y respetuosamente digo:
vengo a acompañar copia de la denuncia penal presentada en el día de la fecha
20/08/2013 ante el Fiscal de turno.
denunciamos la evidente adulteración de las actas de escrutinio definitivo sobrescribiendo
el 69 obtenido por la lista 012 con el 88 que obtuvo mi lista.
volvemos a requerir de este Excelentísimo Tribunal la urgente apertura de la
urna 3462.
abrir la urna se verifica que lo consignado fue solamente un error material de
la Sra. Secretaria Electoral, y no una dolosa adulteración, la denuncia quedará
sin sustento y esclarecida la realidad de los hechos.
urgente para la democracia santafesina, para el prestigio del Tribunal
Electoral de Santa Fe, para el prestigio del Gobierno Provincial organizador de
la elección, y para la paz de la comunidad de TOSTADO que se abra la urna 3462
y se aclaren los votos obtenidos por cada lista.
ello, sin perjuicio de los recursos deducidos, y de la reserva que hacemos para
deducir recurso de inconstitucionalidad ley 7055, solicitamos como MEDIDA PARA
MEJOR PROVEER o como mejor proceda se realice la INMEDIATA APERTURA Y
ESCRUTINIO DE LA URNA 3462.
fin, se deberá convocar a los apoderados de los distintos sectores que
compitieron en la justa electoral.
tanto, deberá preservarse la urna y asegurarse la cadena de custodia, bajo
apercibimientos de ley.
fines solicitados, habilite los días y horas que sean menester.
COMO SE SOLICITA
Reacciones: derechos electorales
Compartimos dos interesantes dictámenes del Procurador General ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe Dr. Jorge Barraguirre. En estos casos, actuando ante el Tribunal Electoral de la Provincia.
En el primero (Weisburd c/ Martínez), descarta la inhabilitación de un candidato por el hecho de hallarse pendiente de conclusión un proceso concursal (quiebra).
En el segundo (Chabás / Salomón) decide impedir la candidatura comunal de una persona que, al mismo tiempo, se postulaba como diputado nacional.
En ambos los fundamentos son originales, profundos y contundentes. Nosotros los consideramos unidos por un criterio renovador en materia electoral, fuertemente ceñido a los derechos constitucionales de los electores.
En Weisburd c/ Martínez el eje pasa por permitir la participación, y la elección, dejando de lado tecnicismos absurdos y limitaciones anacrónicas y excesivas.
En Chabás / Salomón se intenta impedir la burla a los electores consistente en presentarse en distintas elecciones (comunal y nacional) aprovechando un hueco en las regulaciones, por lo cual el candidato en definitiva sería quien decida a dónde usaría los votos que reciba.
Estamos seguros de algo: este es el camino a recorrer para fortalecer las elecciones populares como mecanismo originario de la democracia representativa.
Con ideas como estas no hubiésemos tenido ni ARI TRUCHO ni CANDIDATURAS TESTIMONIALES, dos recordadas y tristes estafas a los votantes argentinos.
Estamos en el buen camino, copiemos las cosas buenas.
WEISBURD C/ MARTINEZ
///mo.
Tribunal Electoral: I
obrante a foja 1/2 vta., el abogado Santiago Weisburd, por derecho
propio, solicita la exclusión de la a la señora Ana Laura
Martínez de lista de precandidatos a concejales de la ciudad de
Rosario denominada “Rosario Nos Une”, perteneciente a la alianza
electoral transitoria “Unión Pro Santa Fe Federal”, en razón
de haber tomado conocimiento de que la nombrada registra un proceso
falencial por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo
Civil y Comercial del Distrito Judicial N° 2-Rosario-, caratulado
“MARTÍNEZ, ANA LAURA S/ QUIEBRA” (Expte. N° 1151/1999).
señalar que “[...] con fecha 11/10/2011, mediante resolución N°
2954, se dispuso tener por concluida por avenimiento la quiebra de
Martínez, quedando dicha conclusión del proceso sujeta al
cumplimiento por parte de la fallida del pago de los gastos y costas
originados en el juicio”, advierte que por no haber dado
satisfacción al cumplimiento de dicho pago, la nombrada “[...]
sigue estando en quiebra y no ha sido judicialmente rehabilitada”1.
razón de ello, y luego de efectuar una interpretación del inciso
2° del artículo 25 de la Ley N° 2756, el impugnante entiende que
“[...] surge sin duda alguna que quien se encuentra sometido a un
proceso de quiebra, y mientras no obtenga su rehabilitación, no
puede postularse como candidato (o precandidato) a concejal, …”.
último, el impugnante acompaña informe expedido por el Registro de
Procesos Universales y de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales
de Rosario, obrante el mismo a fs. 3/4, y fotocopias simples de
resoluciones dictadas en el marco del Expte. 1151/1999, ut supra
mencionado (vid. fs. 5/11).
A fojas 13 de autos
se encuentra agregado el informe elaborado por el Departamento de
Reconocimiento y Oficializaciones, dando cuenta que “[...] el
señor WEISBURD, SANTIAGO, quien integra la lista de precandidato en
trámite de oficialización, como concejal Titular Cuarto por la
lista 'Santa Fe Avanza' de la Alianza 'Unión Pro Santa Fe Federal”
de la localidad de Rosario, quien impugna la precandidata Martinez,
Ana Laura -DNI 25.453.539”, y que “[...] la señor MARTINEZ, ANA
LAURA, D.N.I. 25.453.539, integra la lista de precandidata en
trámite de oficialización, como Concejal Titular Primera de la
lista 'Rosario nos Une', de la Alianza 'Unión Pro Santa Fe Federal'
de la ciudad de Rosario...”, acompañando informe del sistema de
Oficialización de Listas, obrante el mismo a fs. 13/14 de las
presentes actuaciones.
Habiéndose
requerido informe por parte de la señora Secretaria de este Alto
Cuerpo, Dra. Claudia Susana Catalín, al Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial
N° 2-Rosario-, en relación al proceso falencial de la señora Ana
Laura Martínez (cfr. fs. 16/18), el mismo es contestado -vía fax-
por decreto de fecha 02.07.2013 (vid. fs. 19), dando cuenta que en
fecha 11.10.2011 se declaró la conclusión de la quiebra de la Sra.
Ana Laura Martínez “[...] mediante resolución n° 2954, no
habiéndose abonado al día de la fecha los gastos y costas del
proceso, como así tampoco existe al día de la fecha, auto de
rehabilitación de la nombrada”2.
dictamen de fecha 03.07.2013, obrante a fs. 21 esta Procuración
Fiscal Electoral aconsejó:
otorgar intervención a la precandidata impugnada y a los
apoderados de la lista 'ROSARIO NOS UNE' de la ciudad de Rosario, a
fin de que expresen todo cuanto estimen pertinente en relación a
la impugnación materializada a fojas 1/2 vta. de autos y acompañen
los elementos probatorios que consideren necesarios, ...”.
fecha 04.07.2013 (cargo N° 6795), el apoderado de la lista “Rosario
Nos Une”, abogado Gonzalo Mansilla de Souza, efectúa
presentación, la que obra agregada a fs. 27/29 vta..
la misma, el apoderado ocurrente comienza por efectuar una
interpretación del artículo 25 de la Ley 2756, señalando al
respecto que “[T]ratándose de una norma impeditiva del ejercicio
de derechos sustanciales, la interpretación debe ser restrictiva.
Y, por tanto, la hermenéutica razonable y equitativa debe
orientarse en el sentido de entender que el candidato debe cargar
con la incompatibilidad al momento de efectuarse y dirimirse alguna
cuestión que pueda llegar a impedirle el ejercicio de su derecho
electoral, debe contar con la posibilidad de remover el
impedimento”, agregando que “[...] este Tribunal electoral de la
Provincia de Santa Fe ha desestimado consecuentemente las
impugnaciones fundadas en el art. 25 de la ley 2756 expidiéndose en
el sentido de que es competencia del órgano Concejo y no del
Tribunal, declarándose así en autos 16170-L-9, 17828-S-11,
17768-S-11, etc,”. Por
otra parte, el ocurrente expresa que “[L]a candidata Ana Laura
'Anita' Martínez no se encuentra inhabilitada por quiebra. Todo lo
contrario, su cese de inhabilitación acaeció en forma automática,
de pleno derecho, al año de la declaración de quiebra (art. 234
LCQ y concs.), habiendo transcurrido dicho evento hasta largo
tal sentido, tras efectuar un ensayo sobre el funcionamiento de la
rehabilitación en el proceso falencial, con cita de doctrina y
jurisprudencia, el abogado Mansilla de Souza entiende que “[...]
la pre-candidata Ana Laura 'Anita' Martínez está rehabilitada”.
respecto, señala que “[...] el estado de quiebra culminó por
avenimiento, restando solamente el pago de los honorarios
profesionales, episodio que tendrá lugar en el día de la fecha”,
y que “[E]fectivamente conforme al art. 226 de la ley de concursos
y quiebras n° 24522 y sus modificatorias (en adelante LCQ), el
estado falencial concluye cuando se completan las conformidades
emanadas de todos los acreedores, hecho que en el expediente de
marras, ya acaeció”.
que “[O]tra historia es todo lo atinente al pago de los honorarios
y costas, confirmando dicho criterio el mencionado art. 226 LCQ, que
al respecto proclama: 'Al disponer la conclusión de la quiebra, el
juez determina la garantía que debe otorgar el deudor para asegurar
los gastos y costas del juicio, fijando el plazo pertinente...'”.
Aledga
que “[E]n nuestro caso, se reguló los honorarios de los
profesionales (sin fijar dicho plazo) y se encuentran, vía recurso
de queja, en la Sala Civil y Comercial IV Expte. 34/2012, pero, de
hecho, el primer tramo ya acaeció”.
último, el apoderado de la lista ocurrente entiende que “[...]
sustancialmente la quiebra puede tenerse por concluida. Pero es más,
par completar el 'iter' formal, en el día de la fecha se abonará
los honorarios pendientes, formalizándose la 'conclusión de la
quiebra' por ante el Tribunal interviniente, a fin de reunir
-formalmente- la totalidad de recaudos requeridos por la norma”.
las cosas, liminarmente cabe recordar que ―según
el criterio reiteradamente sustentado por esta Procuración
Fiscal Electoral y ese Alto Tribunal―
la norma del artículo 25 de la ley 2756 se refiere a
incompatibilidades y no a condiciones de elegibilidad de los
candidatos. Por lo tanto, impedirían el ejercicio efectivo de la
y no la presentación al proceso electoral3.
tal sentido, en otro caso de similar índole, si bien el mismo
trataba de impugnación de candidato a miembro de Comisión Comunal
―por
la misma causal de incompatibilidad denunciada en el presente―
esta Procuración
Fiscal Electoral dijo que:
en caso de resultar electo el ciudadano impugnado deberán
arbitrarse los medios tendentes a acreditar la existencia de dicha
circunstancia y, eventualmente, corroborar si la mentada causal de
incompatibilidad subsiste al momento en que el candidato electo
deba asumir el cargo correspondiente4.
embargo, ella no parece ser la interpretación acorde tanto a la
letra como al sentido del artículo 25. Esta norma busca anticiparse
al electo electoral mismo en tanto sostiene que quienes estén
incurso en alguna de esos supuestos de hecho no podrán ser electos
como concejales. Lo deja claro el artículo 26: si hubiere causas
“posteriores a su elección” quien esté incurso en los
supuestos del artículo 25 cesará “automáticamente en su
función”. Es la elección el momento temporal clave para
determinar el funcionamiento de los impedimentos: mientras que bajo
el artículo 25 funcionan como causal de inelegibilidad, bajo el
artículo 26 funcionan como causal de incompatibilidad en el
ejercicio de la función. Si siempre funcionasen del modo en que
hemos dictaminado, el artículo 26 no tendría sentido: las
incompatibilidades siempre podrían alegarse al momento en que se
presenten. Por lo tanto, lo que hacía falta no era una norma que
vaya en tal sentido sino una norma que previese, por ejemplo, que
quienes caigan bajo los supuestos establecidos no puedan ser, ni
siquiera, electos/as.
esto, es correcta la posición de la impugnante: uno de los
eventuales momentos en que esas condiciones deben examinarse, es
éste, es decir, el proceso de oficialización de postulantes: si se
trata de evitar que una persona sea electa bajo esas condiciones,
los más sensato ―en
términos de justicia y eficiencia5―
es impedir que acceda al proceso electoral mismo6.
obstante, respetuosamente, no coincido con su postura sobre el
fondo. En efecto, la cuestión -al final del día- es que la
impugnada no habría pagado ciertos honorarios profesionales. Muy
importantes que son, no alcanzan a derrotar el derecho del
electorado de elegir a quien considera su mejor representante y el
derecho de las personas de solicitar el apoyo de sus pares para
representarlos.
aún. Es la necesidad de una interpretación que vaya más allá del
texto del artículo de la ley de concursos y quiebras la que
mantiene con vida el auto de rehabilitación. En efecto, el capítulo
que regulaba la rehabilitación -en concordancia con la cuestión
relativa a la calificación de conducta- fue derogado. Por lo
tanto, el resabio de auto de rehabilitación ―vinculado
a una necesidad (justificable) de seguridad7―,
no puede operar como límite y restricción más allá de lo
necesario: lo cierto es que el 11 de octubre de 2011, la quiebra de
la impugnada concluyó.
lo ha declarado recientemente la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y varios importantes tribunales inferiores. La primera
adhirió al criterio de la Procuración General de la Nación quien
sostuvo:
considero que la sentencia recurrida es arbitraria, si se
advierte que el tribuanl a-quo, al confirmar el fallo de la
instancia anterior, entendió que el cese de la inhabilitación no
opera de pleno derecho al año de la fecha del decreto de quiebra,
sino a partir de una declaración judicial obtenida mediante un
trámite previo, decisión, que a mi modo de ver, se aparta de la
solución y alcance contemplado en el marco normativo aplicable al
lo pienso, puesto que la interpretación dada por los jueces de
Cámara vinculada con el requisito de un procedimiento previo no
surge del texto de la ley 24.522. En efecto, su artículo 236
dispone que la inhabilitación del fallido cesa “de pleno
derecho” al año de la fecha de la sentencia de quiebra, o en
que quede firma la resolución que fija el momento inicial del
estado de cesación de pagos. En el sublite, el estado falencial
del recurrente fue decretardo el 15 de marzo de 1999 (v. fs.
284/288)8
(resaltado agregado.)
otro lado, precisamente a raíz de ese fallo, se dijo: Sin embargo, buena parte de la doctrina y la
jurisprudencia sostienen que la rehabilitación no resulta
automática, sino que para su declaración se requiere necesariamente
de un breve trámite y no sp´lo cuando deban comprobarse los
extremos que el Juez debe verosímilmente comprobar prima facie para
reducir o amplair el plazo, sino en todos los casos, surtiendo efecto
sólo a partir de ese momento (citas omitidas)
Sin perjuicio de ello, la Cortes Suprema de la Nación
-en reciente fallo- ha establecido que el cese de la inhabilitación
del fallido opera automáticamente, sin necesidad de resolución
judicial, salvo que se configuraran los supuestos de reducción o
prórroga al que alude el art. 236 de la L.C.Q (citas
omitdas)9.
en el mismo sentido, se había pronunciado la Sala C de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial:
Compartiendo el Tribunal los fundamentos dados por la Sra. Fiscal
de Cámara en el dictamen que antecede, corresponde hacer lugar al
recurso de apelación interpuesto por el fallido contra la
decisión de fs. 326/7, apartado B.
efecto: tiene dicho esta Sala que , como la rehabilitación del
fallido se produce de pleno derecho al año del decreto de
quiebra (cfr. art. 236, L.C.Q.), éste puede disponer de los
bienes que hubiese adquirido a partir de esa fecha, para lo cual
es necesario que no se encuentre inhibido10.
claro que bajo la justificación del inciso 2 del artículo 25 ―que
bien señala el impugnante11―
la Sra. Martínez actualmente puede postularse para competir.
Además, como lo implica al ofrecer la prueba informativa, aceptando
la posición de la rehabilitación no automática, estaría
pendiente el trámite del pago de la totalidad de los honorarios
regulados y costas del proceso. Bajo la interpretación propiciada
por el máximo tribunal de la República, esa omisión no podría
jugar como impedimento.
por último, destaco que la impugnada por intermedio del apoderado
de su lista, anuncia que ellos serían cancelados en el mismo día
de su presentación12.
Por lo tanto, si el Tribunal lo considerase necesario (y rechazara
la interpretación que se efectúa en el presente en la que se
adhiere a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
acerca del artículo 236 de la ley de concursos y quiebras) podría
solicitar se libre oficio al Juzgado respectivo a fin de informar
sobre el estado de los autos que dieron motivo a esta disputa.
virtud de lo expuesto, aconsejo a Uds. desestimar el planteo
efectuado por el ocurrente a foja 1/2 vta. de autos, rechazando la
impugnación deducida, disponiendo posteriormente el archivo de las
presentes actuaciones; o, en su caso, adoptar las medidas que
considere necesarias a los fines de que el Juzgado informe sobre el
estado de los autos que motivaron la presente impugnación.
su mérito,
me expido.
negrilla pertenece al texto original.
2Cfr.
fotocopia certificada de fax obrante a fs. 19.
3Entre
otros, dictamen de fecha 12.09.2001
en el Expte. N°
10.231-P-2001;
y dictamen de fecha 02.06.2009 en el Expte. N° 15.983-N-2009; entre
4Cfr.
dictamen de fecha 02.10.2001, en Expte. N° 10.364-Y-2001
5Impidiendo,
así, tanto el abuso como el engaño. Obviamente, considero que tal
decisión ―es bueno
advertirlo―, es revisable judicialmente (y ello sin
perjuicio del artículo 39 inc. 3)
afirmación es relativa en tanto debería considerarse ―a
la luz de los hechos relevantes― la situación de aquellas
personas cuya rehabilitación operaría al momento de asumir la
función. Pero en principio, el principio general debería ser el
anunciado en el cuerpo de este dictamen.
7Que
dicho sea de paso es declarativo.
8CSJN
in re “Recurso de hecho deducido por Ángel Barreiro en la
causa Barreiro, Ángel s/ quiebra” sentencia del 2 de febrero de
2010 (Votos de la jueza Highton de Nolasco y de los jueces Fayt,
Petracchi, Maqueda y Zaffaroni; con disidencias -artículo 280 del
CPCCN- del Presidente Lorenzetti y de la jueza Argibay); con
comentario de Claudio Alfredo Casadío Martínez, en LL, 2010-E,
Con bastante anterioridad a
esta decisión se había pronunciado, en el mismo sentido, la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, in re
“Marino Turismo s/ quiebra”, sentencia del 18 de diciembre de
2006, en LL, 2007-A, 128. La Sala (María L. Gómez Alonso de Díaz
Colodrero, Miguel F. Bargalló y Ana I. Piaggi), discrepando con el
criterio de la Fiscal de Cámara (Dra. Alejandra Gils Carbó)
consideró que:
2. La LC 236 establece que el
fallido o sus administradores obtienen, en principio, su
rehabilitación al año del decreto de quiebra (la inhabilitación
cesa de pleno derecho). De igual manera prevé que la
inhabilitación podrá prorrogarse si cualquiera de ellos resulta
ser sujeto pasivo de un proceso penal por quiebra fraudulenta.
En el caso el plazo previsto
por la norma referida se encuentra sobradamente cumplido a la fecha
(ver fecha decreto de quiebra fs. 507 -24/3/97-)
Por lo tanto, puede concluirse
que su inhabilitación ha cesado de pleno derecho, que no existe
condena actual que habilite decisión contraria; no constituye óbice
la circunstancia de que se haya dispuesto la clausura del
procedimiento por falta de activo, toda vez que en caso de que el
juez penal intervenga disponga que existen los elementos suficientes
para que el imputado sea sometido a proceso, la inhabilitación
retomaría su vigencia, en cuyo durará hasta tanto se dicte el
sobreseimiento o absolución (CNCom., esta Sala, “in re”
“Compapel S.R.L. S/ quiebra”, del 26.122.97)
Como puede verse, ni siquiera la promoción de un
proceso penal en el que no hay auto de procesamiento es obstáculo
9CapelCivCom.de
Mar del Plata, in re “Kachmaryk, Daniel”, sentencia del 24 de
agosto de 2010, en LL Online, AR/JUR/48152/2010 10In
re “Falzarano, Domingo F. s/quiebra”, sentencia del 15 de
junio de 2010 (jueces Juan R. Garibotto, José Luis Monti y Alfredo
A. Kölliker Frers) Aplicando el criterio de esta Sala, va de suyo
que quien puede volver al comercio no debería verse impedido/a de
postularse.
11Que
consiste en impedir que quien no puede administrar sus bienes no
pueda administrar los bienes de la ciudad.
consecuencia, el pago cancelatorio habría ocurrido ayer.
CHABAS / SALOMON
Electoral: I
Auto N° 226 emitido por este Alto Cuerpo en fecha 01.07.2013 (vid.
fs. 38/39) se resolvió:
“[1.-] Reconocer
la Lista denominada “CHABAS VUELVE A CRECER” perteneciente a la
agrupación política “PARA CHABAS” y aprobar la nómina de
precandidatos presentada por los apoderados de la misma, en la
localidad de CHABAS, departamento CASEROS, para las elecciones
primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del 11.08.2013”.
en la lista precedentemente mencionada, el señor Osvaldo Alfredo
Salomón, fue presentado como pre-candidato de la lista denominada
“CHABAS VUELVE A CRECER”, para participar de la elección para
la renovación de autoridades de la Comisión Comunal de la
localidad de Chabas, Departamento Caseros, Provincia de Santa Fe,
como miembro titular primero1.
así, habiéndose advertido que el señor Osvaldo Alfredo Salomón,
fue presentado ante le Justicia Electoral Nacional como precandidato
a Diputado Nacional Titular N° 1 en la lista “B” denominada
“UNIDOS PARA CAMBIAR” perteneciente a la alianza electoral
transitoria denominada “UNITE! CON FE POR LA CULTURA, EDUCACIÓN Y
TRABAJO”, mediante decreto de fecha 01.07.2013, y de conformidad a
lo establecido en el art. 8° de la Ley N° 12.367, su Decreto
reglamentario N° 0428/05 y Decreto N° 0479/05, se intimó al
apoderado de la lista CHABAS VUELVE A CRECER “[...] para que en el
plazo perentorio de 24 hs corridas […] proceda a realizar los
reemplazos correspondientes en la lista de precandidatos...”,
habilitándose para ello días y horas inhábiles, remitiéndose la
cédula pertinente (vid. fs. 40/41). III
fs. 42 (cargo N° 6737), se presenta el señor Aldo Fregona, apoderado de la lista supra mencionada expresando que “[...] la
lista de candidatos del referido expediente cumple todo lo
establecido en dichas normas por lo que no corresponde realizar
reemplazo alguno...”, solicitando la “[...] inmediata
oficialización de la misma”; señalando por último que “[...]
Caso contrario (dejan) expresa constancia de recurrir ante el
Tribunal Electoral de la Provincia”.
fs. 44 (cargo N° 6755), el señor Aldo Fregona efectúa nueva
presentación expresando que “[...] si la intención de la
referida cédula es plantear la incompatibilidad de la candidatura
al cargo de Pte. Comunal con la precandidatura a Dip. Nac., la misma
no corresponde bajo norma legal alguna, dado que se tratan de
elecciones con ámbitos de actuación distintas y también bajo
distintas disposiciones”.
último, el ocurrente solicita se “[...] revoque por contrario
imperio el decreto de la Secretaría Electoral a/c, por cuanto la
norma que pretende aplicar refiere solamente a precandidaturas
locales-provinciales, esto es a Gobernador y Vice, Diputados
Pciales. Senadores Pciales”, agregando que “[P]retender darle
otra extensión a la norma (art. 8 citado ley 12367), no solo es
“ilegal”, sino que viola expresamente preceptos
constitucionales”. IV
informe a la Secretaría Electoral Nacional (fs. 48), por oficio
obrante a fs. 51 se da cuenta que “[...] en fecha 21 de junio del
cte. año ha sido reconocida en este Juzgado, la Alianza “UNITE!
CON FE POR LA CULTURA, EDUCACIÓN Y TRABAJO”;
la Junta Electoral de dicha alianza presentó en fecha 26 de junio
del cte. tres listas oficializadas, entre las cuales se encuentra la
denominada Lista B “UNIDOS PARA CAMBIAR”, quien presenta como
precandidato a Diputado Nacional Titular N° 1 al Sr. OSVALDO
ALFREDO SALOMÓN”.
Por otra parte, se
hace saber que “[…] en fecha 1 de julio del cte. la Junta
partidaria de la alianza ha presentado la boleta oficializada por la
misma,...”, acompañándose fotocopia de la lista supra referida. V
señalando que el presente caso no se trata de un supuesto de
incompatibilidad de la candidatura al cargo de Presidente Comunal
con la precandidatura a Diputado Nacional del señor Osvaldo
Alfredo Salomón, tal como lo sostiene el apoderado de la lista
ocurrente, señor Aldo Fregona en su presentación de fs. 44.
En efecto, la Ley
N° 12.367, en su artículo 8° -segundo párrafo-, reglamentado por
Decreto N° 0428/2005 establece expresamente que:
[E]n
las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias,
los precandidatos sólo podrán
serlo por un solo partido político, confederación de partidos o
alianza electoral, en una única lista y para un solo cargo
electivo y una sola categoría
(resaltado
agregado).
tal suerte, y contrariamente a lo mencionado por el apoderado de la
lista ocurrente en su presentación de fs. 44, advierto que en caso
de autorizarse la participación del señor Salomón como
precandidato a Diputado Nacional por un partido y una lista (en el
orden nacional) distintos al partido, lista, cargo electivo y
categoría por el que pretende actuar como precandidato para la
comuna de la localidad de Chabas en las próximas elecciones
primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias dispuestas para el
11.08.2013 venidero, atenta directamente contra la letra y espíritu
de la ley 12.367, reglamentada por decreto 0428/05.
otra parte, entiendo que el hecho de autorizarse una participación
simultánea del señor Salomón en ambos órdenes -nacional y
provincial-, a más de resultar incongruente y contrario a la
legislación electoral provincial vigente, tal conducta partidaria
importaría para el elector común la pérdida de la referencia
ideológica u orgánica que implica la constitución y dirección
del proceso político que corresponde a las distintas agrupaciones
políticas. Uno
debería tratar de evitar que los rostros y discursos que proliferan
en nuestra comunidad política (polity)
no conspiren contra la calidad deliberativa del espacio (pool)
argumentativo. Deberíamos evitar, en la mayor medida posible, las
confusiones, los entrecruzamientos y las aspiración múltiples que,
en lugar de contribuir a un debate ideológico y pragmático
robusto, pleno, inteligible, introduzcan confusiones. Una democracia
se justifica por su potencial deliberativo, esto es, por su
capacidad para transformar nuestra preferencia intuitivas en
opciones razonables reflexivas. No realza ese potencial, las
múltiples candidaturas con pertenencia partidaria diversa.
condenados a elegir. Elegir, bajo el derecho aplicable, significa optar por una alternativa, abrazar un programa específico y
ofrecérselo a la ciudadanía para suscribir (fictamente, pero con
todo el valor simbólico que tiene) un pacto. Las democracias
funcionan bajo el espíritu de la palabra y el pacto: una persona
elegida ―al menos en la
teoría más atractiva―
lo ha sido porque ha logrado convencer o conmover a sus electores,
ha suscripto con ellos un pacto (ficto, reitero) de confianza y
mutuo respeto y se obliga a mantenerlo2.
pretensiones de racionalidad contractual ―el
pacto de confianza entre electores y elegidos/as―,
se vulneran si quienes se postulan ofrecen múltiples programas o
recetas, éstas para diputados provinciales, las otras para
diputados de la Nación; éstas para ser concejales, las otras para
senadores nacionales; éstas por el partido político A, las otras
por el partido político B. Estas “posibilidades” u opciones,
son las que, precisamente, la ley 12.367
quiso eliminar, haciendo que los/as postulantes elijan solo una3.
virtud de lo expuesto, aconsejo a Uds. dejar sin efecto lo resuelto
por la Presidencia de este Tribunal Electoral Provincial mediante
Auto N° 226 de fecha 01.07.2013, obrante a fs. 38/39, en cuanto
aprueba la nómina de precandidatos presentada por los apoderados de
agrupación política “PARA CHABAS”,
rechazando la postulación del señor Osvaldo Alfredo Salomón,
como precandidato para Miembro de la Comisión Comunal de la
como miembro titular primero, con noticia a los interesados.
Confr. formularios obrantes a fs. 3 y 8 y planillas de presentación
de candidatos del Sistema de Oficialización de Listas obrantes a
fs. 17, 31/33, informe final de candidato obrante a fs. 18 e informe
del Departamento de Reconocimiento y Oficializaciones de fs. 34/35. 2A
mayor abundamiento, tengo la firme convicción (aunque más bien,
más que propia es la que fluye del derecho aplicable) que es irrazonable que alguien pueda postularse simultáneamente a oficios
tan diversos como diputado nacional y presidente de comuna. Bajo la
Constitución, no es cierto, que se sea diputado por la provincia.
Lo que habitualmente se dice hasta el hartazgo de ser representante
de tal o cual población (en nuestro caso “de los santafesinos”)
de ningún modo tiene corralato con el modelo constitucional que
memorializaron nuestros constituyentes en un texto al que no hemos
reverenciado como merece. Al contrario, envisionaron la Cámara de
Diputados como el espacio institucional en donde seríamos capaces
de discutir los problemas nacionales,
no de llevar las preocupaciones regionales ni los localismos ni
particularismos de ningún tipo (sean razonables o de aldea). Para
poder expresar los intereses de las Provincias ―dicho
sea de paso, intereses originarios―
los Constituyentes modelaron un Senado
federal para que se ocupe de ellos. Por lo tanto, cualquier
candidato que se precie de tal, aún cuando quiera llevar las
preocupaciones de sus votantes y éstas se identifiquen con los
particularismos más radicales, deberá lidiar con las cuestiones
que nos constituyen como Nación cuestiones que exceden por largo
éstos. Bajo nuestra Constitución, la pintura de la aldea no es la
pintura del mundo.
el mismo sentido, lo hizo la ley nacional , artículo _
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References: resolución 

artículo 173
 resolución 
 artículo 25
 resolución 
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 25
 artículo 25

artículo 26
 artículo 26
 artículo 236
 resolución 
 resolución

 artículo 25
 artículo 236
 artículo 39
 artículo 8