Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321375.html
Timestamp: 2019-03-22 18:28:12+00:00

Document:
as201321375
Auto Supremo: 375/2013
Expediente: SC - 45 - 13 - S
Partes: Marlene Marcy Banegas de Wong, por si y en representación de su esposo
c/ Pedro Velásquez Ortega y Valentina Herrera Maldonado.
Proceso: Nulidad de Documento Privado de transferencia de lote de terreno y
Documento Aclarativo, cancelación de la inscripción y sub inscripción
en Derechos Reales.
VISTOS: Los recursos de casación en la forma de fs. 220 a 222, el primero, de fs. 224 a 227, el segundo, interpuesto por Pedro Velásquez Ortega y Valentina Herrera Maldonado (correlativamente), ambos en contra del Auto de Vista de fecha 2 de enero 2013 cursante de fs. 196 a 197 vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de Nulidad de Documento Privado de transferencia de lote de terreno y documento aclarativo, cancelación de la inscripción y sub inscripción en Derechos Reales, seguido por Marlene Marcy Banegas de Wong, por si y en representación de su esposo, contra Pedro Velásquez Ortega y Valentina Herrera Maldonado, la concesión de fs. 239, los antecedentes del proceso, y:
El Juez de Partido Décimo Segundo en lo Civil y Comercial dictó la Sentencia de fecha 09 de agosto 2012, que cursa de fs. 152 a 154, declarando Probada en parte la demanda de fs. 30 a 33. En lo que corresponde a la nulidad de la escritura privada de trasferencia de fecha 12 de marzo de 2010 y su documento aclarativo, la procedencia de la cancelación de la inscripción de DD.RR., la reivindicación y la desocupación del inmueble, e Improbada en lo que corresponde al pago de daños y perjuicios y a la excepción de falta de acción y derecho; también declaró Improbada en todas sus partes la demanda reconvencional y la excepción de falta de acción y derecho, planteada por Pedro Velásquez Ortega, se declaró Nula la escritura privada de transferencia de inmueble y sub inscripción de aclarativa en Derechos Reales, contenidos en los Tramites Nº 1830382 – Doc. 1231685 y Nº.- 1830383-Doc. 1231685, además se ordenó que por las oficinas de DD.RR. se proceda a la cancelación de los trámites indicados, se citó y emplazó a los demandados, para que entreguen en el plazo de 30 días a partir de la ejecutoria de la presente Resolución.
Dicho fallo de primera instancia, más su Auto complementario,son recurridos en apelación primeramente por Pedro Velásquez Ortega y finalmente por Valentina Herrera Maldonado, recursos que fueron de conocimiento de la Sala Civil Primera, que emitió el Auto de Vista de 02 de enero 2013 que cursa en fs. 196 a 197 vlta., el mismo que confirmó totalmente la decisión del A quo.
Contra dicha resolución de segunda instancia, los apelantes, se alzan en casación en la forma, recursos que son analizados.
Recurso de Casación de Pedro Velásquez Ortega:
Menciona que la demanda instaurada en obrados se basa en el art. 549 núm. 3) del Código Civil, pero la sentencia en la parte considerativa y resolutiva no indica, mucho menos menciona dicha normativa, tampoco fundamenta en relación a la causal existente entre la prueba pericial producida fuera del término probatorio y la sentencia dictada, aspecto que fue expuesto como agravio en apelación y que el Tribunal de Alzada no resolvió.
Por dicho motivo en su recurso de casación en la forma lo plantea por falta de pronunciamiento en una de las pretensiones (art. 254 núm. 4 del Código de Procedimiento Civil), indicando que se vulneró lo establecido en el art. 236 del adjetivo civil en relación conlos arts. 219 y 227 del mismo cuerpo legal, al igual de los arts. 115 p. I) y 117 p. I) de la Constitución Política del Estado, al no resolver el único agravio expuesto y fundamentadoen apelación.
Peticionando que se dicte resolución Anulando obrados hasta fs. 195 inclusive (Auto para resolución y sorteo de causa).
Recurso de casación de Valentina Herrera Maldonado:
Acusa que faltan diligencias procesales esenciales conforme lo norma el art. 254 núm. 7) del Código de Procedimiento Civil, indicando que no se le citó con la demanda principal, arguyendo que ella vive en otro barrio de la ciudad de Santa Cruz y que resulta poco creíble que el oficial de diligencias se traslade desde el Palacio de Justicia hasta dicho barrio en 10 minutos, aspecto reclamado en obrados y que no fue resuelto por el Juez A quo.
Por otro lado acusa sobre la falta de notificación con el Auto que traba la relación procesal, indica que no tuvo conocimiento alguno sobre la demanda y mucho menos sobre el Auto de relación procesal, no se enteró hasta el instante en que su ex conyugue le aviso de la sentencia, por dicho motivo no pudo presentar prueba alguna, no pudo ser parte del proceso en completa vulneración de sus derechos, de la misma manera la notificación que supuestamente se le practicaron, no sirvieron para hacerle conocer sobre el desarrollo del mismo, acusando de indefensión producida por la negligencia efectuada por la oficial de diligencias.
Continuando con su recurso, indica, falta de tramitación de incidente de nulidad de obrados, donde a criterio de la recurrente se hizo caso omiso al incidente de nulidad de obrados promovido en el memorial de fs. 159 a 160, hecho que debió ser advertido por el Tribunal Ad quem de oficio, toda vez que se vulneraron normas de orden público.
Finalmente indica que existió ilegal notificación con providencia de radicatoria de expediente que cursa de fs. 194, la misma que no fue notificada en su domicilio procesal indicado, por lo cual no pudo presentar su memorial de recusación en contra de los vocales que tienen íntima relación con el abogado de la parte demandante.
Termino peticionando que en virtud a las nulidades expuestas en su recurso se anule obrados hasta fs. 46 inclusive (memorial de parte, donde se devuelve cédula).
Establecido los fundamentos por los que recurren ambos codemandados, corresponde señalar que respecto a las nulidades procesales la doctrina orienta que siendo el derecho procesal un conjunto de formas dadas de antemano por el orden jurídico, mediante las cuales se hace o desarrolla el juicio, la nulidad consiste en el alejamiento de ese conjunto de formas necesarias establecidas por la ley.
Si las leyes procesales han establecido un conjunto de procedimientos, implica que los actos no deben apartarse de dicho camino, bajo alternativa, en caso de hacerlo, de imponerse una sanción.
Sin embargo al tratar las nulidades procesales debemos tener en cuenta que no se trata de un tema de defensa de meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes.
En ese sentido es preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades, a las que no en pocas ocasiones acuden juzgadores y abogados, unos para no conocer el fondo del asunto sometido a su Autoridad, y otros para dilatar indefinidamente la tramitación de las causas que defienden.
Por ello, en materia de nulidades procesales existen ciertos principios que deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar una nulidad. A saber:
Principio de especificidad o legalidad.- Este principio se encuentra previsto por el artículo 251-I del Código de Procedimiento Civil, en virtud a él "no hay nulidad sin ley específica que la establezca" (pas de nullité sans texte). Esto quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el Juez ha de estar Autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. El principio de especificidad no ha de aplicarse, sin embargo, a rajatabla; pues, se sabe que es virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones de nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al Juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal.
Este precepto se encuentra íntimamente relacionado con el principio de finalidad; en virtud al cual habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no ha podido cumplir con su finalidad específica, y en sentido contrario no procederá la sanción de nulidad si el acto procesal aunque defectuosamente realizado cumplió su finalidad.
Principio de Trascendencia.- La mera desviación de las formas no puede conducir a la declaración de nulidad, por ello habrá que tener presente que no hay nulidad sin daño o perjuicio "pas de nullite sans grieg". Este principio indica que no puede admitirse la nulidad por la nulidad, sino que a tiempo de determinarla habrá que tener presente el perjuicio real que ocasiona al justiciable el alejamiento de las formas prescritas, pues las formas no han sido establecidas para satisfacer "pruritos formales". Por regla general, un acto procesal que adolezca de nulidad puede generalmente convalidarse, en consecuencia, la nulidad será la sanción excepcional, que se declara únicamente cuando el acto viciado acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo pueda subsanarse mediante la sanción de nulidad.
Principio de convalidación.- En principio, dice Couture, toda nulidad en derecho procesal civil se convalida por el consentimiento si la parte perjudicada ratifica el acto viciado expresa o tácitamente.
El principio de convalidación tiene íntima relación con el de preclusión, que tiene lugar cuando los justiciables no ejercen en forma oportuna o legal los recursos previstos por la ley adjetiva. Si los procesos deben sustanciarse en forma ordenada, así también las partes deben exponer sus reclamaciones dentro el tiempo y en la forma debida, esto por un elemental sentido de seguridad jurídica.
Principio de Protección.- Este principio orienta que la nulidad solo puede invocarse cuando en virtud de ella, los intereses de una de las partes o de ciertos terceros a quienes afecte la sentencia, queden en indefensión. La declaratoria de nulidad únicamente debe darse cuando sea un medio para proteger los intereses jurídicos que han sido lesionados, a partir del alejamiento de las formas procesales.
La consecuencia más importante del principio de protección es que quien ha celebrado el acto nulo a sabiendas o debiendo saber del vicio que lo invalidaba, no puede invocarlo. Es una aplicación del principio nemo auditur non propiam turpitudinem allegans ("nadie puede invocar a su favor su propia torpeza"). En consecuencia la legitimación para reclamar la nulidad estará otorgada por el interés, que se traduce en el perjuicio efectivamente sufrido, por quien solicita la declaratoria de nulidad.
Establecidos los principios, realizaremos una fundamentación a cada uno de los recursos de casación interpuestos en la litis, por dicho motivo tenemos el
El recurrente reitero su nulidad pretendida, mencionando que el Auto de Vista, no se pronunció sobre una de sus pretensiones indicadas en su recurso de apelación, específicamente sobre el “agravio que no existe fundamentación de la Sentencia en la acción de nulidad de contrato por causa ilícito y/o motivo ilícito” (textual); pero de la revisión del Auto de Vista recurrido se puede extractar con referencia a la sentencia acusada, lo siguiente: “…se deduce y consta que la misma también cumple a cabalidad con la normativa procesal civil en sus arts. 190 y 192, toda vez que la sentencia aunque lacónica es clara, completa, precisa, expresa y lógicamente razonada, porque además ha recaído sobre la cosa litigada, en la manera que ha sido demandada. Es más, la verdad pretendida por el demandante fue sustentada con las pruebas dentro del proceso.”, fundamentación que efectúa al Ad quem, precisamente con respecto a lo acusado por el recurrente, por tanto no existe falta de pronunciamiento en una de las pretensiones como acusa en su recurso de casación de forma. El Tribunal de Alzada de manera sucinta y concreta se pronunció sobre la supuesta infracción del A quo, donde además indicó en su resolución de segunda instancia “…la sentencia se expresa que si existe causa y pruebas valederas que obligan indudablemente al Juez A quo, a anular el documento de la venta del inmueble, objeto principal del presente proceso.”, por lo cual se tiene establecido que no es cierto que el Ad quem no se pronunció sobre su único agravio que dice haber expuesto en apelación el recurrente.
Además si revisamos la demanda en la litis, se tiene que la actora se ampara en el art. 489 y 549 núm. 3) del Código Civil, o sea, sobre la causa ilícita y al recaer la sentencia sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas, se tiene que la fundamentación expuesta por el A quo con referencia a la nulidad pronunciada fue en relación a la causa ilícita y al indicar el Ad quem que se cumple a cabalidad con los arts. 190 y 192 del Adjetivo Civil, lo que hace es otorgarle una respuesta a su agravio expresado en apelación; por lo cual ahora el recurrente no puede desconocer este aspecto, que fue ampliamente de su conocimiento en todo el proceso, mucho menos de manera impertinente indicar que ahora no sabe por qué causal fue declarada Probada la demanda en la litis, si fue por la nulidad por causa ilícita o por motivo ilícito, hecho que como se indicó líneas arriba, en todo caso lógicamente tiene que ser sobre la causa ilícita indicada por la actora.
Por dicho motivo, el recurrente no puede desconocer este aspecto y al no ser trascendental el vicio de nulidad que acusa en casación, toda vez que no evidenció que hubiese existido daño o perjuicio con la Sentencia dictada en obrados, al igual que con el Auto de Vista y evidenciarse que no existió un perjuicio real al recurrente, quien contaba con la posibilidad de objetar la Sentencia en la causal pretendida en obrados, ahora en casación dicha omisión del demandado no puede ser subsanada mediante una nulidad del Auto de Vista que en todo caso ya indicó que no existió vulneración a los arts. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil y que la Sentencia se basó justamente a lo pretendido en la demanda, o sea, nulidad por causa ilícita; y como nos dice Couture la nulidad no puede ser para satisfacer "pruritos formales", como lo acusado en apelación y casación.
Por lo establecido éste Tribunal Supremo de Justicia concluye indicando que el Tribunal Ad quem no vulnero lo establecido en el art. 236 del adjetivo civil, por lo cual no resulta fundado lo acusado en la forma por el recurrente, correspondiendo dar aplicación a los arts. 271 núm. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.
Por su parte la codemandada ahora recurrente acusa sobre la falta de diligencias procesales esenciales en la litis, como su citación con la demanda, hecho que no se evidencia, toda vez que de fs. 36 cursa diligencia de fecha 9 de febrero de 2011 de horas 13:48, donde se evidencia que Valentina Herrera Maldonado en su domicilio ubicado en el 7mo anillo Nº 132 en el Lote Nº 27, se le citó y emplazo con la demanda de fs. 30 a fs. 33 vlta, al igual que con el Auto de admisión de fs. 35; quien rehusó firmar en presencia del testigo que se describe en dicha foja.
Por lo indicado no es evidente lo acusado por la recurrente con referencia al desconocimiento de la demanda principal, máxime si dicha citación no fue acusada de falsa por la recurrente, como correctamente lo estableció el Tribunal Ad quem en su Resolución.
En relación a la falta de notificación con el Auto que traba la relación procesal, es necesario analizar los actuados procesales acusados por la recurrente; por dicho motivo se tiene que de fs. 94 cursa formulario de citaciones y notificaciones, donde se notifica a la recurrente con el memorial de fs. 91, Auto de fs, 92 e informe de fs. 93, actuado que se efectuó en el Barrio Caminero, en fecha 15 de noviembre de 2011 a horas 08:05. El argumento de la recurrente para desvirtuar dicha notificación consiste en indicar que la codemandada ya no vivía en dicho domicilio y que la notificación realizada a las 08:05 fuese poco creíble por la distancia existente entre el palacio de justicia y el domicilio.
Al respecto se tiene que la recurrente al apersonarse a la demanda mediante incidente de nulidad de obrados que cursa de fs. 159 a 160, indicó que: “…como consecuencia de la acción penal seguida por la Sra. MARLENE MARCY BANEGAS contra mi persona y el codemandado, que se suscitaron discusiones y disputas de índole familiar que al final dieron lugar a nuestra separación en el mes de diciembre del año 2011, lo cual también provocó un cambio de domicilio de mi persona al Barrio BIBOSI…”, la recurrente de manera espontánea confesó que desde el mes de diciembre del año 2011 se trasladó de domicilio al Barrio Bibosi, si esto es así, la notificación practicada de fs. 94 que se efectuó en el mes de noviembre del año 2011, cumplió con su objetivo de poner en conocimiento dicho actuado procesal, porque la misma seguía viviendo en dicho inmueble hasta diciembre del año 2011.
Respecto a la distancia acusada por la recurrente con referencia a la hora de la notificación, está bien pudo realizarse en otra hora distinta, también pudo ser un error de la oficial de diligencias al correr su diligencia y consignar un horario distinto, aspectos que no pueden generar la nulidad de obrados, porque simplemente la recurrente, conforme se tiene evidenciado a fs. 36, ésta tenía el conocimiento de la demanda iniciada por la actora, no estaba en total desconocimiento de dicha acción como pretende hacer creer en obrados, más al contrario desde la fecha en que se inicia la demanda, enero de 2011, hasta el momento de su supuesto alejamiento con el codemandado Pedro Velásquez Ortega en el mes de diciembre de 2011, la recurrente contó con toda posibilidad de ser parte en dicho proceso, en todo caso la misma codemandada se colocó en indefensión al no comparecer al proceso dejo precluir su derecho y convalidó todo lo actuado en la litis.
Por otro lado resulta inverosímil que luego de dictada la Sentencia, su “ex conyugue” le comunicara de la existencia del proceso y de la sentencia dictada en la litis y al verse mermada con la Resolución dictada en obrados, recién bajo incidente, recurso de apelación y ahora mediante recurso de casación en la forma pretende anular obrados para que se desarrolle un proceso en el cual, la recurrente tuvo la oportunidad de ser parte y defenderse como ahora acusa; por dicho motivo lo acusado con referencia a la falta de notificación con el Auto que traba la relación procesal no es fundado.
Finalmente, sobre la falta de tramitación del incidente de nulidad de obrados, se tiene que en la litis dicho incidente fue presentado luego de dictada la sentencia y al haber sido posterior a la misma y haber basado su recurso de apelación en la misma causal de nulidad, el Tribunal Ad quem terminó otorgando una respuesta fundamentada y resolviendo el incidente de nulidad planteado en obrados al igual que el recurso de apelación, que por el análisis de ambos pretenden lo mismo; por otro lado la recurrente no precisó cual el daño o la afectación que le habría causado esa supuesta infracción, habiéndose limitado a señalar en forma genérica que la misma vulneró los arts. 149,152,154 y 188 del Código de Procedimiento Civil, su derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, establecidos en la Constitución Política del Estado, sin precisar ni concretar de que manera se habría producido la afectación de esos derechos. Por ello, la nulidad pretendida por el recurrente no condice con el principio de trascendencia que rigen las nulidades procesales.
Por lo indicado concluiremos que, los Tribunales de instancia no vulneraron ninguna normal procesal, no cometieron errores in procedendo que amerite la nulidad de obrados, más al contrario, los mismos, basaron su proceder a lo estipulado en la norma Adjetiva Civil.
Por lo expuesto corresponde emitir fallo conforme a la previsión contenida en los arts. 271 núm. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art.42 parágrafo I num.1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010; y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del mismo compilado legal declara INFUNDADOS, los recursos de casación en la forma de fs. 220 a 222 el primero, y de fs. 224 a 227 el segundo, interpuesto por Pedro Velásquez Ortega y Valentina Herrera Maldonado (correlativamente), ambos en contra del Auto de Vista de fecha 2 de enero 2013 cursante de fs. 196 a 197 vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

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