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Timestamp: 2013-12-12 02:48:10+00:00

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9 de agosto de 2012 | Pascual Calicchio
Ha nacido una nueva fecha mítica en torno a la Ley de Medios: el 7 de diciembre del 2012, fecha establecida por la Corte Suprema para que finalicen las cautelares sobre el artículo 161 de la Ley 26.522.
El último capítulo al escribir esta nota fue la presentación hecha por el Grupo Clarín desconociendo a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) argumentando que le faltan dos directores, algo que es cierto y le quita legitimidad a la AFSCA en términos políticos, pero que no le quita legalidad como veremos más adelante.
En las semanas previas tuvimos la suspensión de las resoluciones 685 y 686 que convocaban al concurso de 220 licencias de TV digital, admitiendo que no estaban enmarcadas en un plan técnico sólido y no se adecuaban a las necesidades de los medios sin fines de lucro, algo que fue señalado en reiteradas oportunidades por el Espacio Abierto de Televisoras Populares Comunitarias. En el medio las idas y vueltas en la venta de medios, sobre todo los que están en manos de sectores cercanos al oficialismo, sin ningún control por parte del Estado y las dificultades del sector sin fines de lucro para poder ocupar el espacio que le corresponde. Ni hablar de la discrecionalidad en el uso de la cadena y la publicidad oficiales.
Cómo en muchos casos hay un debate sobre si el vaso está medio lleno o medio vacío. ¿Se avanzó en la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o estamos estancados? ¿Se podría haber avanzado más? ¿Va a cambiar todo el 7 de diciembre o no va a cambiar nada? Son las dudas que suelen aparecer tanto en ámbitos militantes como académicos y por supuesto en los distintos medios afectados por la ley.
Desde una mirada optimista las cautelares contra el 161 parecerían ser las últimas trabas en términos judiciales y ya no habría excusas en ese sentido, para otras como la del investigador Martín Becerra “Sólo la ingenuidad podría llevarnos a creer que esto termina antes de 2015” y las chicanas judiciales continuarán.
Pero hagamos un ejercicio intelectual y supongamos que suceda lo primero, me parece interesante entonces abordar otro de los obstáculos: el político. Hay un tercero, el económico, que no entra en esta nota.
En la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), frente a las últimas ventas de medios entre empresarios cercanos al gobierno, a mi entender ilegales, habían optado por hacerse los desentendidos. Su presidente, Santiago Aragón, declaró: “Para nosotros, como todo lo que se publica en los medios sin que se presenten los papeles en el organismo, ese supuesto acuerdo tiene carácter de versión.”.
Finalmente ese organismo con la Resolución 901/12 decidió crear la Comisión de Análisis, Asesoramiento y Seguimiento de los Procesos de Adecuación que debería tener rango de Dirección Nacional. Esa comisión tendrá como misión hacer cumplir entre otros el decreto 1225/10 que establece que la AFSCA puede actuar de oficio si se entera por los diarios de una transferencia de licencias. Es decir, que si alguna venta se hace al margen de las autoridades, estas deberían analizar si las versiones son ciertas o no y actuar en consecuencia.
Para justificar que hasta el momento no se ha avanzado en este proceso (la Corte Suprema los “retó” por las demoras provocadas por decisiones administrativas) argumentaron que hacerlo sobre algunos mientras otros estaban amparados por una cautelar llevaba a una inequidad y que por lo tanto se empezarían a fiscalizar cuando estas cayeran (ya empezaron a solicitar informes a las empresas en esa dirección). Ante una AFSCA íntegramente oficialista la duda que se ha planteado y que los propios interesados se han preocupado por amplificar, es si se controlará de la misma manera a todos los medios.
Las medidas exclusivamente “para la tribuna” no favorecen a que se avance en el cumplimiento de la Ley de Medios sino al desprestigio de una ley por la que trabajamos una infinidad de sectores populares.
Por eso es importante avanzar en otros temas. Uno central es que se conforme nuevamente la Comisión Bicameral establecida en el artículo 18 de la ley que debería tener como funciones la elección de tres directores de la AFSCA y de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA) (por la 1º, 2º y 3º minoría), evaluar y publicitar los informes del Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos, velar por que se cumplan las disposiciones referidas a RTA, evaluar el desempeño de los directores de la AFSCA, y proponer (y de ser necesario remover) al titular de la Defensoría del Público.
Esta comisión se reunió una sola vez en el año 2009 para elegir los directores que deberían integrarse la flamante AFSCA que empezó a funcionar el 10 de diciembre de ese año reemplazando al COMFER. Las principales fuerzas opositoras en ese momento desconocieron la ley y no presentaron candidatos por lo que solo fue electo Claudio Schifer a propuesta del FPV y los otros quedaron vacantes. En el período legislativo siguiente y con una correlación de fuerzas desfavorable para el oficialismo la comisión nunca se reunió. A partir de diciembre del 2011 el oficialismo recuperó la mayoría en el Congreso y la tercera minoría pasó a ser el Frente Amplio Progresista (FAP) que sí está dispuesto a integrar los organismos y presentó un escrito para que se la convoque. Esto modificó incluso la posición de la UCR que decidió finalmente también participar. Por lo tanto ya no habría motivos para que la Comisión Bicameral no se reúna y funcione.
La AFSCA puede funcionar legalmente con los 5 directores actuales (Dos propuestos por el Poder Ejecutivo: Santiago Aragón e Ignacio Saavedra; dos por el Concejo Federal: Eduardo Seminara y el gobernador del Chaco Jorge Capitanich más el mencionado Claudio Schifer) pero su legitimidad se ve cuestionada.
Dar los pasos mencionados para incorporar a sectores de la oposición en el control y seguimiento de la Ley 26.522 permitiría que el proceso de adecuación se haga en el marco de más pluralismo y menos dudas sobre su transparencia, dándole mayor legitimidad a la misma.
Esto debería acompañarse de un proyecto para el manejo de la Publicidad Oficial que vaya en la misma sintonía y de la búsqueda de formas de financiamiento que hagan sustentables los proyectos sin fines de lucro que llegan en condiciones desfavorables para ocupar el 33% del espectro que les corresponde. De esta manera no habrías dudas de que el vaso se está llenando.
Docente de Políticas y Planificación de la Comunicación UBA – UCES. Asesor de la Diputada Victoria Donda en la Comisión de Comunicación e Informáticas de la Cámara de Diputados

References: artículo 161
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 Resolución 
 artículo 18
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