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Timestamp: 2020-02-29 14:25:12+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 407, de 30/01/2019
Sesión extraordinaria celebrada el miércoles, 30 de enero de 2019
Proyecto de Ley de Secretos Empresariales. 621/000017 actividad de la empresa GOBIERNO
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional. 624/000016 Código penal; Unión Europea; competencia internacional; financiación; modificación de la ley; terrorismo CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Conocen sus señorías el acta de la sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2018. ¿Se puede aprobar? (Asentimiento). Queda aprobada. Gracias.
Asimismo, saben sus señorías que en el orden del día de hoy figura el dictamen del Proyecto de Ley de secretos empresariales y de una proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal para la trasposición de unas directivas.
Hemos hablado con los portavoces y, si les parece, votaremos al final del debate de ambos. ¿De acuerdo? (Asentimiento). Muchas gracias.
PROYECTO DE LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES. 621/000017 GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: En primer lugar procede la ratificación de la ponencia del Proyecto de Ley de secretos empresariales.
De conformidad con el acuerdo de la Mesa del Senado de 30 de octubre de 2018, procede ratificar la ponencia de dicho proyecto de ley, con la consiguiente composición: dos ponentes por el Grupo Parlamentario Popular, dos ponentes por el Grupo Parlamentario Socialista, y un ponente por cada uno del resto de grupos parlamentarios. Por tanto, serían don Joan Bagué Roura, del Grupo Parlamentario Nacionalista; don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco; don Joan Comorera Estarellas, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos; doña Olivia María Delgado Oval, del Grupo Parlamentario Socialista; don Miquel Àngel Estradé Palau, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana; don Jordi Navarrete Pla, del Grupo Parlamentario Mixto; don Joaquín Luis Ramírez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular; don Miguel Ángel Ramis Socías, del Grupo Parlamentario Popular; y doña Riansares Serrano Morales, del Grupo Parlamentario Socialista.
¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento). Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, al dictamen del Proyecto de Ley de secretos empresariales.
A este proyecto de ley se han presentado cinco enmiendas. La ponencia designada en relación con este proyecto ha emitido informe que no introduce modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
A continuación, se abrirá un turno de defensa de las enmiendas. Saben sus señorías que después habrá un único turno en contra, por tiempo de diez minutos, que se repartirá si varios de ustedes quieren intervenir. Y posteriormente se abrirá el turno de portavoces.
Entramos en el turno de defensa de las enmiendas, a razón de tres minutos por enmienda.
Enmiendas números 3 a 5, de los señores Mulet García y Navarrete Pla, ambos del Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa).
Si no se defienden, decaerán. (El señor Navarrete Pla entra en la sala.— Risas).
Nos extrañaba que no estuviera usted. Dado que era un plazo de prescripción y no de caducidad, lo podemos levantar. (Risas).
El señor NAVARRATE PLA: Gracias.
Intervengo simplemente para dar las enmiendas por defendidas. Tengo un estrés espectacular familiar, por lo que ya las defenderé en el Pleno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Navarrete.
Enmiendas números 1 y 2, de los señores Bagué Roura y Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Bagué.
El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente. Buenos días.
Entendemos que las dos enmiendas que presentamos mejorarían el texto del proyecto, ya que parecen muy razonables. La primera de ellas, relativa a la defensa de los secretos empresariales, propone la incorporación de la figura de la mediación y el arbitraje para tratar de resolver las posibles controversias derivadas del secreto empresarial. Creemos que es necesario hacer una referencia a este tipo de solución alternativa en este proyecto de ley, especialmente para las empresas de pequeña dimensión, que son la inmensa mayoría —pequeñas y medianas empresas—, y seguir impulsando la mediación y el arbitraje en los distintos ámbitos y escenarios empresariales. Por tanto, como he dicho, consideramos que sería una mejora en ese sentido.
En cuanto a la segunda enmienda, es un poco más técnica. A nuestro entender, no parece razonable que cuando se trata de secretos empresariales se limite la concesión de las diligencias de comprobación de hechos a aquellos que resulten indispensables para preparar la demanda y no para preparar el juicio, porque, aparte de limitar los medios de prueba en juicio, para el resto de los supuestos de ilícitos de competencia desleal se establece una posibilidad más amplia: la posibilidad de concesión de esas diligencias de comprobación a hechos indispensables para preparar el juicio, que incluye, por ejemplo, la prueba que se deberá practicar en este.
Como digo, creemos que es una enmienda más técnica, de mayor precisión. Instancias corporativas, como colegios de abogados, nos trasladaron esta propuesta, consideramos que era una segunda aportación a hacer, y de ahí que hayamos presentado esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué Roura.
¿Algún portavoz desea hacer uso del turno en contra? (Pausa).
Por tanto, pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿quiere hacer uso de la palabra, senador Navarrate? (Denegaciones).
Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Bagué.
El señor BAGUÉ ROURA: Gracias nuevamente, presidente.
Entendemos que, globalmente, esta es una buena iniciativa que mejora claramente el punto del que partíamos, y las dos enmiendas que presentamos pretendían mejorar finalmente el redactado. Pero insisto en que el proyecto de ley es importante en su globalidad y se ha avanzado en sentido positivo.
Las entidades innovadoras están muy expuestas a prácticas desleales: a la apropiación indebida de secretos empresariales, como el robo, la copia no autorizada —de eso hemos hablado en la Ley de propiedad intelectual recientemente reformada—, el espionaje económico o el incumplimiento de las normas y requisitos de confidencialidad. Es imprescindible que la competitividad esté protegida de manera adecuada y eficaz, y con esa finalidad hay que mejorar las condiciones y el marco para la explotación de la innovación y además la transferencia de conocimientos en el mercado. A nuestro entender, hay que acotar y reducir el riesgo de apropiación indebida. Cuando aprobamos la Ley de propiedad intelectual y su reforma reciente también lo hicimos en esta misma dirección. En este sentido, se define con precisión el objeto de la presente ley: la protección de los secretos empresariales, y se enumeran las condiciones y características para que pueda considerarse que se reúnen dichas condiciones. En distintos capítulos se regula la obtención, utilización y revelación lícitas de secretos empresariales. Se contempla asimismo la figura de la violación de secretos empresariales y se detalla la casuística. También se define el secreto empresarial como objeto de derecho de propiedad. Se enumeran la cotitularidad, las licencias de secretos empresariales, la transmisión o licencia sin titularidad, las acciones de defensa, las acciones civiles, el cálculo de los daños y perjuicios, la jurisdicción, las normas procesales, la competencia, el tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial y el incumplimiento de la buena fe procesal. Y también se regula y define la preparación del ejercicio de acciones de defensa de los secretos empresariales, con medidas cautelares y un larguísimo etcétera.
Repito que creemos que las enmiendas mejoran claramente este proyecto de ley, que se ha debatido mucho en el Congreso. Creo que se hizo un buen trabajo para consensuar muchas propuestas y, por tanto, independientemente de que consideremos honestamente que las dos enmiendas que introducimos en este trámite mejorarían todavía más el texto, vamos a votar favorablemente este proyecto de ley.
Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz Sorron.
Esta es una ley para la trasposición de la Directiva 2016/943, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Nosotros nos vamos a posicionar favorablemente en este proyecto de ley, muy técnico, y valoraremos su contenido en el Pleno.
Pero quiero hacer una breve reflexión, que no sé si haré en Pleno. Ya que estamos en otro formato, en comisión, sé que muchos de ustedes comparten lo que voy a decir, pero no por ello voy a dejar de decirlo. Sobre la base del calendario remitido por el Gobierno, esta directiva tenía como plazo de aprobación el mes de junio de 2018, con lo cual, ya estamos fuera de plazo. El Congreso también la ha tramitado con carácter urgente, al igual que estamos haciendo nosotros. Vamos a tener que hacerlo en un plazo muy breve. Todos los presentes saben que no se van a aceptar enmiendas porque tiene que salir directamente al boletín, y eso quiere decir que alguien no ha hecho lo que tenía que hacer en su momento. Por tanto, si alguien no asume sus responsabilidades, mi grupo al menos no querría que el Senado dejara de realizar su labor porque alguien previamente no la ha hecho. En estos momentos estamos en un proceso de reflexión sobre las funciones del Senado y la revisión de estas, y creo que este es un tema que también hay que valorar. Y hay que hacerlo en coordinación con el Gobierno y el Congreso para que después nosotros también adoptemos nuestras propias decisiones. Los retrasos de los que nosotros no somos responsables no pueden llevar a que en un momento dado tengamos que hacer dejación de nuestras propias responsabilidades. Esto es lo que les quería transmitir. Y, como he dicho, nos posicionaremos favorablemente.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Estradé Palau.
El señor ESTRADÉ PALAU: Gracias, señor presidente.
Nosotros también queremos empezar manifestando nuestro disgusto por el retraso con que se ha traspuesto esta directiva europea. Si invocamos a menudo la necesidad de ser un país serio, riguroso y responsable, en cuestiones como la que hoy estamos debatiendo podemos dar ejemplo y demostrar que lo somos y que tenemos la voluntad de serlo.
Dicho esto, vamos a votar a favor de las dos enmiendas que ha presentado el Partit Demòcrata, que coinciden con la primera y la segunda que ha presentado Compromís. Con respecto a la tercera, nos vamos a abstener. Vamos a votar a favor de estas dos enmiendas que han presentado ambos partidos, porque la primera, relativa al artículo 8, nos parece muy razonable, casi de sentido común. Y es que añadir un mecanismo de solución extrajudicial a los conflictos que se puedan suscitar sobre los secretos empresariales creo que va en beneficio de las empresas y también de la Administración de Justicia. Yo diría que la mediación y el arbitraje son aconsejables en el 99 % de los conflictos; por lo tanto, en el caso que estamos comentando parecería muy lógico admitir un mecanismo como este, que, por otra parte, ha demostrado su utilidad.
Y con respecto a la segunda enmienda, relativa al artículo 17, consideramos que tiene un carácter procesal y que mejoraría el funcionamiento del propio proceso judicial. Entendemos que es muy lógica, y la vamos a apoyar.
Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera Estarellas.
Este proyecto de ley tiene su antecedente y justificación en la Directiva de la Unión Europea 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados —secretos comerciales— contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Como ya han dicho otros portavoces, otra vez llegamos tarde en la trasposición de directivas, pues esta tendría que haber estado traspuesta al ordenamiento jurídico español el pasado 9 de junio. El objetivo de la directiva era armonizar la legislación de los Estados miembros con la finalidad de establecer un nivel suficiente y comparable de reparación en todo el mercado interior en caso de apropiación indebida de secretos empresariales. La materia objeto de aprobación está sujeta a la interpretación autónoma y uniforme del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es de carácter imperativo para los Estados miembros, siendo su trasposición ineludible.
El contexto legislativo de protección de los llamados secretos empresariales se encuentra fragmentado en diversas normas que, aun cuando permiten una razonable protección por la vía civil —por ejemplo, con la Ley de competencia desleal o la Ley de patentes—, no constituyen una regulación acabada sino una legislación dispersa. Con esta norma entendemos que en todo el territorio comunitario se homogeneizan cuestiones como la definición de lo que debe ser considerado un secreto empresarial, que actualmente no existe en nuestra normativa, excluyendo expresamente aquellos casos en lo que, por ejemplo, las y los trabajadores hayan hecho uso de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional. En definitiva, siendo una norma de obligada trasposición por exigencias comunitarias que viene a completar y a aunar la legislación que actualmente se encontraba dispersa en diferentes normas y a reforzar la seguridad jurídica, nuestro grupo va a votar favorablemente.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Serrano Morales.
La señora SERRANO MORALES: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Aunque no soy miembro de esta comisión, voy a participar como ponente de la Ley de secretos empresariales que hoy debatimos, una ley que aborda el mandato de trasposición de la Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, que, como se ha dicho, viene con retraso desde el anterior Gobierno del Partido Popular y cuya trasposición urgía al encontrarse con un procedimiento de infracción, al igual que otras muchas directivas que están en el mismo estado y a cuyas trasposiciones ha tenido que aplicarse con diligencia el actual Gobierno para evitar más sanciones desde Europa.
En este caso, se trata de armonizar la legislación que concierne a los secretos empresariales con una normativa que supone un importante avance en el régimen de protección jurídica de esta materia. Así, con este proyecto de ley España se sitúa a la vanguardia con una regulación completa y sistemática de esta modalidad de propiedad industrial e intelectual, tan importante para nuestras empresas. Además, parte de su contenido no viene exigido por la directiva, en particular, el capítulo III, relativo al secreto empresarial como objeto de propiedad, por lo que su inclusión perfecciona en gran medida esta iniciativa.
Antes de mencionar brevemente algunos aspectos de la ley, me voy a pronunciar sobre las enmiendas presentadas, que nuestro grupo no va a apoyar, dando algunas breves razones.
En primer lugar, en cuanto a la enmienda número 1, del Grupo Nacionalista, y la enmienda número 3, de Compromís, en el mismo sentido, al artículo 8, relativas a la mediación, hay que decir que esta institución ya está reflejada en las normas vigentes que la regulan y, por tanto, no hace falta plasmarla en cada texto legal.
Por otro lado, en relación con la enmienda número 2, del Grupo Nacionalista, y, en el mismo sentido, la número 4, del Grupo Mixto, de Compromís, al artículo 17, sobre sustituir la demanda por el juicio, consideramos que ello no es adecuado a efectos procesales.
Por último, respecto de la enmienda número 5, de Compromís, al artículo 21, sobre el nombramiento de un administrador judicial, entendemos que no es aplicable a esta materia, que no es adecuado aplicar posibles normas del decomiso penal con unos parámetros en este caso absolutamente diferentes.
Señorías, el objetivo de este proyecto de ley no es otro que garantizar que la competitividad de las empresas, que se basa en el saber hacer y en la información no divulgada, esté protegida de manera adecuada, al mismo tiempo que mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado. La Ley de secretos empresariales va a permitir a las empresas litigar con mayor seguridad jurídica cuando sean víctimas de un robo o filtrado de información acerca de sus procedimientos confidenciales, algo ya bastante habitual, desafortunadamente, en este entorno digital y globalizado en el que se desenvuelve el tráfico mercantil. La ley contiene importantes novedades procesales dignas de mención, como la incorporación de reglas para preservar el tratamiento confidencial de la información que se aporte o se genere en el proceso y que pueda constituir secreto empresarial, o el establecimiento de un marco normativo para que el demandante pueda preparar el ejercicio de su acción, garantizándose el derecho a la tutela judicial efectiva a través del desarrollo de diligencias de comprobación de hechos, de acceso a fuentes de prueba en poder de la contraparte o de terceros, y, en su caso, de medidas de aseguramiento de la prueba. Por último, también incorpora reglas específicas en materia de medidas cautelares para asegurar la eficiencia de la acción y evitar de manera inmediata la revelación, el uso o la obtención ilícita del secreto empresarial.
A veces, en los pequeños detalles está la esencia de las cosas. A veces, en los pequeños detalles que pueden parecer poco relevantes está la clave del éxito o el fracaso de las normas que rigen la vida de los ciudadanos y nuestro comportamiento en sociedad. Y en este caso, tanto la directiva europea como el texto que hoy debatimos, que procede de su trasposición, recogen las numerosas ventajas que esta legislación puede aportar para la mejor defensa de una parcela de nuestro ordenamiento que hasta ahora parecía hallarse desatendida. Considero que se ha realizado un buen trabajo en este proyecto de ley, con un gran consenso tanto en el Congreso como en el Senado. Como saben, el proyecto fue aprobado por unanimidad en el Congreso, y así queremos que ocurra también en esta Cámara. Lo más importante que tenemos que valorar en este proyecto de ley es que va a beneficiar en gran medida a las empresas españolas, en particular, a las pymes, y eso es lo que nos satisface.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Serrano.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Ramis Socías.
El señor RAMIS SOCÍAS: Muchas gracias, señor presidente.
Estamos trasponiendo la Directiva 943/2016, que viene a dar luz, a tratar de desenmarañar en parte la complejidad del mundo económico actual. Es evidente que la cuestión de los secretos empresariales ya estaba regulada en nuestro cuerpo normativo, pero de una forma orbital, adyacente, alrededor de. No había una norma que cubriese de forma directa algo que, evidentemente, en un país desarrollado desde el punto de vista económico como el nuestro de hecho lleva muchas cuestiones a sede judicial. Por tanto, además de cumplir con la necesidad de trasponer esa directiva europea, estamos haciendo una regulación directa, una regulación ad hoc sobre un tema para el que era necesario hacerlo. Por ello, de entrada valoramos muy en positivo esta normativa.
Y paso a hacer algún comentario sobre las intervenciones anteriores. Básicamente coincidimos en la forma y el fondo ─luego hablaré de ello─ con los temas que ha planteado el Grupo Socialista. Pero, además del Grupo Socialista, otros portavoces han hecho referencia a los plazos y han dicho que en junio de 2018 esta normativa estaba ya fuera de plazo. Bien, quiero recordar a todos los portavoces, especialmente a los socialistas, que el 1 de junio de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial de Cortes Generales y que, por tanto, el Gobierno del señor Sánchez tuvo tiempo de trasponerla. Otra cosa es que haya tenido otras prioridades, otras necesidades, otra voluntad para trasponer esta directiva. Por tanto, a la hora de repartir culpas, que cada uno —el Partido Popular y el Partido Socialista— asuma las suyas. Por cierto, es fácil imputar responsabilidad ahora, si además no se tiene acción de gobierno; me estoy refiriendo a los otros partidos cuando solo actúan como muletas del Gobierno si les conviene. Pero si no les conviene, la culpa es de los demás, ¿verdad? Eso se llama lealtad mal entendida.
Y paso ya al análisis de las enmiendas. Tal como se ha dicho, estamos ante cinco enmiendas ─yo diría que realmente tres— que ha propuesto el Consejo General de Economistas y que han presentado aquí dos grupos distintos, Compromís y el PDeCat, enmiendas que son básicamente las mismas.
En cuanto al artículo 8, se pretende promover la mediación y el arbitraje como posible solución sin solicitar certificaciones para entablar demandas. Esto no deja de ser un pronunciamiento de deseos, que está muy bien. En cualquier caso, no hace falta poner la justicia rogada; en nuestro ordenamiento, quien quiera someterse a ella, al arbitraje, puede hacerlo. Y si no hay una exigencia de arbitraje, no sabemos muy bien qué sentido tiene.
Artículo 17. Se habla de juicio en vez de demanda, porque se están acotando las diligencias preparatorias, las diligencias de comprobación, en este caso, cuando se tenga que interponer una demanda. Pero, señorías, cuando se tiene que interponer un procedimiento civil existe lo que se llaman diligencias preparatorias, que también caben. Por tanto, creemos sinceramente que son aportaciones interesantes, que vale la pena valorar, pero que de alguna manera ya están subsumidas en nuestro cuerpo jurídico.
Y, por fin, el artículo 21 y la garantía del cumplimiento de las sentencias. Estamos ante un artículo que hace referencia a las medidas encaminadas a la prohibición de utilización del secreto que se trata de proteger, del comercio con las mercancías infractoras, las que estarían supuestamente en el ámbito de ese levantamiento, de ese mal uso de las infracciones, de retener las mercancías infractoras o del embargo preventivo cautelar a la empresa que haya comerciado con mercancías infractoras. Y se nos pide que a esto añadamos la posibilidad del nombramiento de un administrador judicial. Sinceramente, nos parece excesivo. Entendemos que cada caso será distinto, pero el administrador judicial se utiliza en aquellos donde hay, por decirlo de alguna manera para que sus señorías me entiendan, una muerte civil de la empresa. Y no es el caso. Entendemos que como medida preparatoria este no debería ser el caso.
Por tanto, tenemos dos tipos de argumentos: los de fondo, a los que he hecho referencia, y los de forma, a los que ustedes también han hecho referencia. Estamos cortos de tiempo, tenemos que sacar ya está normativa, normativa que ha venido pactada por unanimidad. Ninguno de los grupos que aquí han presentado enmiendas lo hicieron en el Congreso. Y, por tanto, aunque valoramos las aportaciones, no creemos que deba modificarse el texto que ha entrado en el Senado, y por ello votaremos en contra de estas enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramis.
Puesto que hemos pospuesto la votación del debate, pasamos al siguiente punto del orden del día.
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA TRANSPONER DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS ÁMBITOS FINANCIERO Y DE TERRORISMO, Y ABORDAR CUESTIONES DE ÍNDOLE INTERNACIONAL. 624/000016 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El señor PRESIDENTE: Ratificación de la Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.
De conformidad con el acuerdo de la Mesa del Senado de 30 de octubre de 2018, procede ratificar la ponencia de esta proposición de ley con la siguiente composición: dos ponentes por el Grupo Parlamentario Popular, dos ponentes por el Grupo Parlamentario Socialista y un ponente por cada uno del resto de grupos parlamentarios, quedando: D. Mario Arias Navia, Grupo Parlamentario Popular; D. Joan Bagué Roura, Grupo Parlamentario Nacionalista; D. Jokin Bildarratz Sorron, Grupo Parlamentario Vasco; D. Joan Comorera Estarellas, Grupo Parlamentario Podemos; D. Miquel Ángel Estradé Palau, Grupo Parlamentario Esquerra Republicana; Dña. María José Fernández Muñoz, Grupo Parlamentario Socialista; D. Jordi Navarrete Pla, Grupo Parlamentario Mixto; D. Iñaki Oyarzábal de Miguel, Grupo Parlamentario Popular; y D. Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, Grupo Parlamentario Socialista.
¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento). Se aprueba.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día.
Dictamen de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.
A esta proposición de ley se presentaron treinta y cinco enmiendas.
La ponencia designada en relación con esa proposición de ley ha emitido informe que no introduce modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
A continuación, se abrirá un turno para la defensa de las enmiendas y después habrá un único turno en contra, si así lo desean.
Pasamos, pues, a la defensa de las enmiendas.
Enmiendas 1 a 14 de los señores Mulet García y Navarrete Pla, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor NAVARRETE PLA: Gracias, presidente.
Básicamente las enmiendas que hemos presentado pretenden ajustarnos a la literalidad de las directivas europeas diversas. El texto remitido por el Congreso de los Diputados recoge una categoría de penas a imponer que no se ajustan literalmente al texto de la directiva europea y, por tanto, pretendíamos su ajuste literal. Así, presentamos una enmienda que se refiere a la obtención de órganos para los trasplantes, y, en coherencia con algunos artículos de nuestra legislación, hay que distinguir entre un órgano principal o no. Y, por lo tanto, presentamos la enmienda en ese sentido, para adaptar el tiempo de la pena a estos supuestos. También presentamos una enmienda para que se tipifique la definición de terrorismo con la literalidad de la directiva europea y no con adiciones en las que cada uno puede opinar por qué se añaden ciertos tipos de presuntos delitos para considerarlos terrorismo. Ya que en la Unión Europea se consiguió un texto bastante coherente y unánime, para qué vamos a añadir más delitos que pueden entrar en controversia sobre si lo son o no lo son. También presentamos algunas enmiendas porque el redactado de esta propuesta que viene del Congreso de los Diputados nos deja algunas dudas, sobre todo cuando contempla la posibilidad de terrorismo cuando nos vamos a territorio extranjero a adoctrinarnos o a aprender a ser terroristas. Podría pasar que, según la interpretación de algunos, interfiriéramos en algunos Estados de la Unión Europea, porque si se produce ese adoctrinamiento en territorio de algún país de la Unión Europea podríamos llegar a considerar que estaban preparando actos terroristas desde allí y quizás serían esos países los que deberían tomar cartas en el asunto y no nosotros, sobre todo porque entendemos que la intención de la directiva europea se refería a otros Estados y a otros países fuera de la Unión Europea, y quizás con esa intención hemos intentado redactarla de otra manera para que se entienda claramente a qué nos referimos con que se vayan a otros países a adoctrinarse y a prepararse para cometer atentados terroristas.
Hacemos también algunas valoraciones sobre el enaltecimiento del terrorismo. Nuestra formación cree que ese precepto de la ley es ligeramente redundante teniendo en cuenta que hay otras tipificaciones que pueden ser adaptables. Y además, viendo la aplicación que hacen ciertos juzgados del Estado español de ese enaltecimiento del terrorismo, quizás convendría eliminarla y adaptar y clasificar mejor qué es enaltecimiento del terrorismo o qué no es enaltecimiento de terrorismo.
Básicamente esas son nuestras enmiendas. Quizás me dejó alguna, pero para eso tendré el turno de defensa en el plenario y allí entraremos más a fondo.
Simplemente hago otra valoración respecto a la facilidad que tienen algunos grupos parlamentarios para decir cuándo conviene tener prisa para adaptar directivas europeas y cuándo no. Leamos los diarios de sesiones de esta comisión o del plenario y veremos que cuando nos conviene sí que hay que ir con prisa y no se admiten enmiendas, y cuando no nos conviene, no. Valorémoslo porque creo que es una falta de respeto y un insulto casi a la inteligencia justificarse unos días sí y otros no con ese escudo.
Para defender las enmiendas 15 a 17 de los señores Bagué Roura y Cleries i González, ambos del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demócrata, Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Bagué.
Paso a enumerar de qué se tratan las tres enmiendas que plantea el Grupo Nacionalista, en concreto como Partit Demòcrata.
La primera es la relativa al artículo 573. Nosotros entendemos que es una barbaridad que se añada el concepto «falsedad documental» a la consideración de delito de terrorismo. Creemos que esto no viene de ninguna trasposición, simplemente es de cosecha propia, y es una barbaridad banalizar o frivolizar con conceptos como terrorismo porque, desde la lógica discrepancia, por absoluta que esta pueda ser, debemos acotar el campo de actuación y equiparar falsedad documental a terrorismo es un sinsentido y no tiene ninguna justificación razonada y razonable. Insisto, para equipararlo con terrorismo, entiendo; que sea delito es otra cosa, lógicamente, pero que sea terrorismo es un aspecto que no compartimos y no entendemos cómo puede plantearse.
Hay una segunda enmienda relativa al artículo 575. Nosotros entendemos al eliminar la frase: Controlado por un grupo u organización terrorista a la hora de penalizar a aquellas personas que se trasladen o establezcan en el extranjero y colaboren con una organización que cometa delitos calificados como terroristas, estamos dejando resquicios para que no podamos afrontar y hacer recaer el peso de la ley en grupos terroristas que estén ubicados en una ciudad al lado de Barcelona, de Sevilla o de Madrid. Entendemos que la ubicación física o la situación física o la residencia del presunto terrorista no deben dificultar que podamos intentar combatir con toda eficacia este fenómeno.
La tercera enmienda, relativa al artículo 572, es un poco más técnica. Se pasa de la pena de inhabilitación especial para la ocupación o cargo público a la pena de inhabilitación absoluta. Entendemos que no hace falta hacer la distinción y que estaba mejor antes de esta enmienda. En todo caso, son tres enmiendas que mantendremos vivas para el debate en el Pleno y en el turno de portavoces complementaré esta argumentación.
Para defender las enmiendas 18 a 35 del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.
Nosotros hemos presentado un total de 18 enmiendas que intentaré resumir lo más brevemente posible.
La enmienda 18, muy similar a la 1 de Compromís, pretende incluir un nuevo párrafo final al nuevo apartado 1 del artículo 156 bis del Código Penal, por cuanto entendemos que con la inclusión de un subtipo atenuado se le proporciona a los tribunales un margen para acomodar la pena a supuestos de órganos no principales y evitar desproporciones de penas atendiendo a las circunstancias del hecho. Y ello porque la actual redacción no fija la respuesta penal en función de si la persona cuyo órgano ha sido extraído u obtenido se encuentre viva o fallecida, sino de la condición como principal o no principal del órgano extraído u obtenido. Ello enlaza también con la actual redacción de los artículos 149 y 150 del Código Penal, que prevén exactamente las mismas penas para estos dos casos diferentes: de seis a doce años para la inutilización, pérdida o deformidad de órganos o miembros considerados principales, y de tres a seis años para los que no son considerados principales.
Si bien nos parece correcta la trasposición de las previsiones del convenio en el sentido de la tipificación de estos hechos tanto en los supuestos de vida o fallecimiento de la persona cuyo órgano se obtiene o extrae, nada obsta a que el ordenamiento interno pueda regular una respuesta penal atenuada en el supuesto de órganos no principales, pensando más quizá en el caso de las personas vivas. De esta forma se evitarían posibles asimetrías con las penas a imponer en el supuesto de los artículos 149 y 150. Creemos que con la inclusión del subtipo atenuado se le proporciona al tribunal un margen para acomodar la pena a supuestos de órganos no principales y evitar, como hemos dicho, desproporciones de penas atendiendo a las circunstancias del hecho.
La enmienda 19, también muy similar a la 2 de Compromís, modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 284 del Código Penal para rebajar de seis a cuatro años la pena de prisión. Si bien la ampliación de la pena era exigible por la directiva, resulta en cierta manera desproporcionado el aumento del castigo penal con respecto a la actual redacción que triplica la pena máxima anterior, razón por la cual se propone la modificación para la pena máxima prevista en la directiva.
La enmienda número 20, al igual que la 3 de Compromís, modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 285 del Cogido Penal, también con el mismo sentido, para reducir de seis a cuatro años, y ello por coherencia con la enmienda anterior.
La enmienda 21 se presenta para suprimir el nuevo artículo 285 bis, y ello porque pretende introducir una especie de cajón desastre donde puedan subsumirse conductas de revelación de información privilegiada, como dice literalmente el artículo, «fuera de los casos previstos en el artículo anterior». Conductas que probablemente hoy en día sean constitutivas de sanción administrativa, pero que a partir de ahora podrán perseguirse penalmente.
Frente al delito de resultado fijado en el artículo 285 del Código Penal que, mal que bien, determina o especifica el daño en los intereses de la colectividad que puede producirse y cuya protección merece una respuesta penal, se añade un delito de mero riesgo en abstracto que rompe el criterio anterior.
En una redacción tendenciosamente ambigua, lo cual es aún más tachable cuando se trata de tipificar conductas que pueden alcanzar ni más ni menos que los cuatro años de prisión, se recoge expresamente como bien jurídico protegido la integridad del mercado o la confianza de los inversores. Este concepto, que es más propio de una tertulia económica, creemos que no puede formar parte como elemento del tipo. Hay que tener en cuenta que el derecho penal, conforme al principio de intervención mínima, solo debe actuar ante los supuestos claros y graves de utilización de información privilegiada, evitando todo exceso punitivo, siendo los hechos de tal magnitud que no cabe otra solución que recurrir a esta última ratio de la que dispone el Estado cuando nos han alcanzado los umbrales o requisitos del artículo 285. Fuera de estos supuestos, siempre quedarán las medidas civiles o administrativas —la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por ejemplo— para seguir otorgando respuesta a dichas conductas.
Por ello, consideramos que la propuesta del nuevo artículo 285 bis produce un ensanchamiento punitivo de tal indeterminación que no puede integrar el Código Penal.
Las enmiendas 22, 23 y 24 modifican y reordenan los artículos 285 ter y quater por coherencia con la enmienda anterior.
La enmienda 25, similar a la 4 de Compromís, modifica el apartado 1 del artículo 386 únicamente para rebajar el rango de la pena de prisión de ocho a doce años a la de cinco a ocho, en tanto en cuanto resulta desproporcionado, siendo de condena similar a delitos graves de agresión sexual o delitos contra la vida.
La enmienda 26, con un sentido parecido a las enmiendas 5 de Compromís y 15 del PDeCAT, suprime el apartado 19 y, por tanto, elimina la extensión de la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y ello porque el artículo 579 bis ya es aplicable a los supuestos en él comprendidos y no se ve contradicción con el artículo 55 del Código Penal. Sin la modificación de esta propuesta de modificación de ley habría, en todo caso, inhabilitación absoluta durante la condena en virtud del artículo 55 y hasta de veinte años más que la condena por el artículo 579 bis. No hace falta, pues, una inhabilitación absoluta en penas inferiores a diez años cuando no concurran las circunstancias del 579 bis.
La enmienda 27, al igual que la 6 de Compromís, modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 573 con el objetivo de corregir la definición de terrorismo para adaptarla a la directiva y conjurar las tentaciones de incurrir en excesos aplicativos, de lo cual es ejemplo la propuesta de inclusión de las falsedades documentales.
La enmienda 28 es de supresión del artículo único del apartado 21, porque no puede sin más eliminarse la expresión «controlado por un grupo u organización terrorista» del artículo 575.3 del Código Penal. La finalidad de esta mención es evitar viajes con fines terroristas a ciertos territorios que pueden ser considerados como santuarios o refugios, facilitando la comisión y preparación de actividades con fines terroristas, así como el adiestramiento y adoctrinamiento militar y de combate. Sin embargo, con la redacción que se propone, cualquier viaje a cualquier lugar del mundo, incluyendo, se entiende, países de la Unión Europea, con independencia de la situación del país de destino, puede integrar ahora la conducta punible del artículo 575.3. Es una extralimitación desproporcionada de lo previsto en la directiva que explícitamente expresa que no es indispensable tipificar el acto de viajar como tal.
La enmienda 29, al igual que la 8 de Compromís, también es de supresión del artículo 1 del apartado 22, en tanto que entendemos que es preferible dejarlo como está y no trasladarlo al 580 bis, y en coherencia con ello también la enmienda número 30.
La enmienda 31, en el mismo sentido que la 14 de Compromís, si bien con una redacción distinta, propone la modificación del artículo 386 del Código Penal con un nuevo apartado 6 por el que, en atención a las circunstancias de los hechos, del culpable o de la situación de riesgo objetivo y real generado, pueda imponerse la pena inferior en uno o dos grados, a fin de atender a la proporcionalidad de las penas, al daño efectivamente producido o el riesgo objetivo generado.
La enmienda 32, similar a la 13 de Compromís, modifica el artículo 575. Aunque ya me extenderé en el turno de portavoces, lo que pretende es una reformulación completa de dicho artículo para ajustarlo a las exigencias supranacionales de las directivas europeas, pero sin dejar de lado los más elementales principios y garantías constitucionales.
La enmienda 33, similar a la 11 de Compromís, modifica el artículo 577 del Código Penal en coherencia con la enmienda anterior, porque la actual redacción de su apartado 2 se manifiesta como un delito autónomo y consumado con la mera realización de conductas de adoctrinamiento o de transmisión de determinadas ideas o doctrinas que no tienen por qué contener una manifiesta y expresa incitación a cometer delitos terroristas en general, por lo que se requiere aclarar que las actividades de adoctrinamiento deben ser expresas y manifiestas con el objeto de cometer cualquiera de los delitos terroristas. Por otro lado, debe derogarse el apartado 3, dado que, por su propia naturaleza, los delitos de colaboración, adiestramiento, captación o instrucción requieren ser cometidos por dolo, aun cuando sea un dolo eventual o de peligro, con la conciencia de que las ideas trasmitidas podrían llegar a producir dicho resultado, pero no, evidentemente, con imprudencia.
La enmienda 34, como la 10 de Compromís, pretende suprimir el artículo 578 del Código Penal de enaltecimiento del terrorismo. Un delito que nació en un momento de extrema violencia perpetrada por la banda terrorista ETA, pero está constatado que durante los primeros once años de vida de este delito apenas hubo juicios por la comisión de delitos de enaltecimiento. No ha sido hasta el año 2011, justamente cuando ETA declaró el cese de su criminal actividad, cuando comenzaron a perseguirse estos delitos básicamente en las redes sociales y, desde entonces, se han multiplicado estos casos.
Hoy en día este delito no tiene ningún sentido, salvo para reprimir la libertad de expresión, para perseguir a tuiteros o raperos. Nuestro ordenamiento jurídico ya dispone de otras figuras jurídicas, como la apología del delito, el 579 o lo indicado en el vigente artículo 170.2 del Código Penal, que castiga a los que amenacen o reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones terroristas, por lo que ya existen diversos tipos penales en los que perfectamente se pueden encauzar los excepcionales casos que pueden ligarse a un terrorismo que sí está activo en Europa, como es el yihadista. En la justificación de la enmienda hay un exhaustivo repaso de la inseguridad jurídica que está provocando y de la opinión de organismos internacionales de derechos humanos respecto al encaje del delito de enaltecimiento del terrorismo en un sistema democrático.
Para acabar, la última enmienda, la 35, como la 12 de Compromís, modifica el apartado 1 del artículo 579 del Código Penal, que requiere ser modificado dada su amplitud e indeterminación, no dando su actual redacción unos referentes claros a la hora de determinar las ideas o doctrinas cuya transmisión pretende castigar. Por ello, es necesario que su apartado 1 aclare que se castigarán las incitaciones directas, como la apología del terrorismo, y no las que, aun cuando se basen en mensajes radicales, rechazables o incendiarios, sean meramente genéricas o indirectas.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar el turno en contra? (Denegaciones).
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete Pla.
Intervengo básicamente para anunciar que, aunque estamos de acuerdo con algunas de las propuestas incluidas en el texto del Congreso de los Diputados, con otras diferimos radicalmente, por lo que nos abstendremos en la votación genérica. Y respecto a nuestras enmiendas y las que son prácticamente coincidentes con las de Podemos y con las del Grupo Nacionalista, votaremos a favor.
El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.
Estamos hablando de la trasposición de la Directiva 2014/57 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2011; de la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo; y de la Directiva 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017 —así de largo queda—, sobre la lucha contra el fraude.
Se pretende armonizar la regulación de los fraudes, el blanqueo de capitales, el cohecho, la malversación, se amplía el concepto de funcionario público en los delitos de cohecho y malversación —esto es importante, entendemos—, se amplía el abanico de sanciones que se pueden imponer a las personas jurídicas cuando estas son responsables penales de este tipo de conductas delictivas, se completa el régimen de prevención y persecución del delito del tráfico de órganos. Hemos argumentado el contenido de nuestras tres enmiendas, pero queremos fijar posición con una previa; es decir, el PP nos presenta una proposición de ley para esta trasposición de directivas que hemos mencionado cuando, a nuestro entender, lo propio es que sea el Gobierno el que lo haga como proyecto de ley, porque entendemos que en las trasposiciones lo habitual y lo correcto es que sea el Gobierno quien tenga la iniciativa legislativa. Haciéndolo por la vía de la proposición de ley, que es lo que propone esta proposición que nos presenta el PP, se omite y esquiva la iniciativa legislativa, pues informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, dictámenes previos, perceptivos, que entendemos son fundamentales, no son accesorios o baladíes, sino que son necesarios para una correcta tramitación. Otra cosa es que hablemos de los retrasos que estamos acumulando. Pues sí, estamos ya en 24 directivas vencidas desde junio de 2018. ¡Ojo! Desde junio de 2018 estamos acumulando ya un total de 24 directivas, cuyo calendario estamos incumpliendo de manera notable.
En ese sentido, nuestra posición no puede ser la de apoyar esta proposición, aun cuando compartamos la parte que pueda suponer trasposición estricta de las directivas europeas. Pero entendemos que se ha alterado de manera importante, de manera notable, buena parte de la proposición de ley. Pretende en 32 de sus artículos la trasposición de una directiva y minimiza el impacto de procedimiento de infracción abierto por la Comisión, pero estamos ante incumplimientos notables y, de momento, con ese planteamiento, prevemos que en el Pleno acabaremos de desarrollar la argumentación, aunque no podremos dar apoyo a esta proposición de ley.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, el senador Bildarratz tiene la palabra.
Una de las cosas que más llama la atención —y es lo que nuestro compañero del PDeCAT acaba de comentar— es que lo que haya venido aquí sea una proposición y no un proyecto. Una proposición planteada a Cortes Generales por parte de un grupo parlamentario que entonces ya ocupaba responsabilidades en el Gobierno. Eso es, cuando menos, lo que llama la atención.
Se trata de la trasposición de tres directivas y de perfeccionamiento de otra, la 62/2014, y un tema también importante y que quiero subrayar, que es la inclusión de aspectos del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos y también la inclusión de las recomendaciones del Greco en la lucha contra la corrupción. Y quiero llamar la atención para que tanto en el Senado como en el Congreso empecemos a dar importancia a instituciones que están ahí y en las que, además, de alguna manera u otra, tomamos parte, como es el propio Consejo de Europa. En el Consejo de Europa, donde acaba de finalizar la primera parte de la sesión de la Asamblea Parlamentaria el viernes pasado, se adoptan muchas decisiones que después tienen una serie de consecuencias para los veintisiete Estados miembros. Con lo cual nos convendría seguir la pista de esta institución, además de las recomendaciones del Greco en la lucha contra la corrupción, que ha venido haciendo una serie de advertencias al Estado español y ahora ya sí que parece que se adoptan una serie de decisiones. Con lo cual, animaría a sus señorías a seguir la pista —como he dicho— al propio Consejo de Europa.
En cuanto a la trasposición, vemos que ha terminado el plazo el 4 de julio de 2008 en el caso de la Directiva 2014/57, y no así en el de las Directivas 2017/541 y 2017/1371, que acaban las fechas de trasposición en 2020 y en 2022.
A su vez, quiero llamar la atención sobre una reflexión que ha planteado aquí el senador Miguel Ángel Ramis, que ha sido ponente en el proyecto de ley anterior. Cuando yo he realizado una reflexión sobre el papel que tiene que jugar el Senado en todo lo que es la trasposición de una directiva, lo he hecho no con ánimo crítico, sino con el único ánimo de ser conscientes del papel que tenemos que jugar. A partir de ahí, que se nos califique de muletas, no muletas... Yo no sé si somos muletas de unos o si somos muletas de otros, pero creo que un solo dato que ha puesto encima de la mesa califica todo: cuando decía que el proyecto de ley anterior había entrado el 1 de junio, con lo cual el nuevo Gobierno ya tenía opción para haber traspuesto en tiempo y forma la directiva —tenemos que recordar que el plazo finalizaba el 9 de junio—. No sé, pero trayéndolo a Cortes Generales el 1 de junio, entender que para el 9 de junio ya se podía finalizar todo el procedimiento no es presentable, y no quiero ir más allá.
Quiero terminar con un mensaje positivo, un mensaje positivo en estos momentos en los que estamos viviendo también una tensión dentro de lo que es el proceso de integración europea y el brexit: que seamos conscientes de que cada vez que aprobamos o trasponemos una serie de directivas en cada uno de los Estados miembros estamos haciendo algo en favor del proceso de integración europea, y en este caso, además, estamos avanzando en uno de los ámbitos que más tarde ha venido en este proceso de integración europea, como es la armonización en el ámbito penal. El que nosotros —al menos los veintisiete Estados miembros que quedemos— trabajemos en pos de ir armonizando el derecho penal y que alguien que cometa una ilegalidad en cualquier Estado miembro, sea Alemania o sea España o sea Francia, tenga más o menos un ámbito similar de código penal, de castigo punitivo o de advertencia, me parece que es muy positivo.
Entiendo que hoy votaremos el informe, no las enmiendas, que irán a Pleno, pero sí voy a decir que nos gustan especialmente las planteadas por Podemos. Contienen un trabajo muy interesante, sobre todo porque lo que se está haciendo es una trasposición dentro de las horquillas que la propia directiva está planteando siempre teniendo en cuenta la más severa. En este sentido, siempre hemos dicho que el Código Penal del Estado español —en comparación con los propios Estados miembros— es uno de los que trata más severamente todo este tipo de delitos, pero —no sé si lo he dicho al principio— nosotros votaremos a favor de esta proposición de ley y de la trasposición de estas directivas y el perfeccionamiento de la anteriormente citada, 2014/62.
En el trámite legislativo en el Congreso nosotros no presentamos enmiendas a esa proposición de ley, pero hoy en el Senado anunciamos que vamos a dar apoyo a bastantes de las enmiendas que han presentado los grupos que me han precedido en el uso de la palabra, sobre todo las que hacen referencia a los artículos 572, 575, 577 y 578 del Código Penal, porque entendemos que el calificativo de terrorismo siempre hay que aplicarlo con criterios restrictivos. Eso es lo que nos dice la legislación europea, es lo que subyace en la legislación europea y también lo que continuamente van manifestando los tribunales europeos.
En cambio, parece que aquí estemos caminando..., no lo parece, estamos caminando en sentido contrario: es decir, aplicamos el calificativo con carácter expansivo, con lo cual, si seguimos en esa línea, llegará un momento en que cualquier tipo de disidencia, de crítica o de amenaza, sobre todo a ciertas instituciones o al mismo aparato del Estado, va a ser considerado terrorismo. Eso dice muy poco de la calidad democrática del Estado español y explica también que hay un clima un poco paranoico, porque sí que es verdad que hemos sufrido problemas de terrorismo muy graves, que han tenido unas consecuencias devastadoras en el cuerpo social y en el sistema político, pero eso no quiere decir que podamos banalizar el término terrorismo y aplicarlo, repito, a cualquier forma de disidencia o a cualquier amenaza, aunque muchas veces estas amenazas tengan un carácter subjetivo. Para que haya delito de terrorismo tiene que haber una voluntad explícita, manifiesta y también tienen que darse unas circunstancias objetivas, y viendo algunos apartados que incorpora esa proposición de ley, estos requisitos no se dan.
Algunos senadores que me han precedido ya han destacado, por ejemplo, que el tipo de enaltecimiento del terrorismo se está utilizando para acallar, para ahogar la disidencia política y para proceder contra tuiteros, contra raperos que pueden dar unos mensajes que, desde un punto de vista ético, algunos o la mayoría podemos considerar ofensivos. A mí algunos me lo han parecido, los considero exageradamente agresivos desde un punto de vista conceptual, pero eso no quiere decir que sea terrorismo. Eso no nos permite procesarles como terroristas, porque puede ser que esos mensajes sean muy corrosivos y que no contribuyan seguramente a la concordia, pero tampoco podemos caer en el extremo contrario.
Por lo tanto, aunque todo lo que hace referencia al ámbito financiero en la trasposición de las directivas europeas en general nos parece correcto, lo que hace referencia a los delitos de terrorismo lo consideramos exagerado, lo consideramos propio de un Estado y un sistema político ─me refiero a los partidos mayoritarios─ autoritario, que quiere ahogar en muchos casos la disidencia o la existencia de proyectos políticos que pretenden configurar otro tipo de Estado o reformar de forma profunda las instituciones. Por eso, no vamos a votar a favor de esa proposición de ley y votaremos a favor de muchas de las enmiendas.
El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.
El objeto de la reforma del Código Penal, que modifica unos veinte artículos, es trasponer cuatro directivas de la Unión Europea, además de adaptar el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos de 2015 y adaptarla además a los parámetros que recomienda el Grupo de Estados contra la Corrupción, cocido popularmente como Greco. En fin, un popurrí que afecta a cuestiones tan dispares como el abuso de mercado con un bien jurídico protegido novedoso, algunos aspectos sobre delitos terroristas, lucha contra el fraude, tráfico de órganos humanos, falsificación del euro, aspectos de corrupción privada... Es decir, un totum revolutum de cuestiones técnica y jurídicamente no homogéneas.
Para empezar, ahora que tanto defienden algunos las instituciones y los procedimientos, hay que subrayar —como ya han advertido algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra— la deficiente tramitación parlamentaria al iniciar la tramitación para trasponer las directivas a través del Grupo Parlamentario Popular y no desde el Gobierno, eludiendo conscientemente la participación preceptiva técnica de los órganos de la Administración General del Estado, Fiscalía, Consejo General del Poder Judicial y Consejo de Estado. Una irresponsabilidad por parte de aquel Gobierno la de dejar de contar —cuando así estaban obligados por ser modificaciones de hondo calado y de incidencia en derechos fundamentales y libertades públicas— con esta participación técnica de las más altas y autorizadas instancias del estado.
Con la reforma del Código Penal vemos una vez más la deriva punitivista en la que nos encontramos, pues, amparándose en las exigencias comunitarias, nosotros vamos varios pasos más allá y ahondamos en un Código Penal excesivo y desproporcionado. Ejemplo de ello es la creación de nuevos tipos penales —con, si cabe, aún mayor indeterminación— que necesitan de varios párrafos para explicarse a sí mismos y justificar su presencia en el Código Penal; algunos tipos penales generados por las sospechas o por riesgos de radicalización, que no permiten ni siquiera una rebaja de sus excesivas penas para adecuarse a las circunstancias de cada caso concreto o del riesgo real generado. Un Código Penal —entendemos— excesivo, indeterminado y desproporcionado para reforzar la ilusoria idea de la seguridad total, que no es la solución, sino que —entendemos— puede ser parte del problema.
Todos compartimos la necesidad de una regulación eficaz para luchar contra el terrorismo, pero, en nuestra opinión, hay un empeño excesivo en políticas criminales punitivistas, olvidándose de otras medidas, a nuestro juicio, mucho más efectivas. También ha ocurrido en esta trasposición de la directiva. Para nuestro grupo es imprescindible abordar como acciones prioritarias el agotamiento de los recursos financieros, intervenir los instrumentos que consoliden su sostenimiento y ahondar en los problemas políticos. Es imprescindible abundar en acciones preventivas y no tanto en medidas punitivas; sin embargo, con la trasposición de esta directiva de nuevo podemos comprobar esa deriva punitivista como único referente de acción en la lucha contra el terrorismo. Volvemos a ahondar en medidas excesivas y desproporcionadas, olvidándonos, por ejemplo, de los flujos internacionales, que son el arma fundamental para el terrorismo internacional. Poco hay sobre las vinculaciones entre el terrorismo y sus nuevas formas de financiación, estrechamente ligadas a operaciones de blanqueo de capitales, a la utilización de paraísos fiscales y al uso de criptomonedas a través de la Deep Web como plataforma operativa. Esta línea es indispensable contra la financiación del terrorismo, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, pero también contra su propia existencia y capacidad operativa.
El texto de la justificación de nuestras enmiendas creemos que es bastante claro al respecto. Además, hay varios autores que están advirtiendo que con legislaciones como esta se consolida un derecho penal basado en la sospecha, que pretende perseguir penalmente la radicalización con penas desorbitadas, tipos penales superpuestos y que se solapan entre sí sin ningún tipo de armonización legislativa y, por mucho que lo intenten justificar, sin fundamento en esas directivas que pretenden servirles de base. Tipos penales generados por las sospechas o por riesgos difusos, que no permiten ni siquiera una rebaja de sus excesivas penas para adecuarse a las circunstancias del hecho y el riesgo generado, como decíamos. En definitiva, entendemos que tiene una deriva punitivista y una mala técnica jurídica aprovechando la trasposición de esta directiva europea, que no es eficaz ni garantista ni adecuada en términos de política criminal, y, por ello, nuestro grupo se va a abstener.
Brevemente, nos ratificarnos en el texto de la ponencia y señalo que nos oponemos a todas las enmiendas presentadas. Pero permítanme recordar que si hoy algunas de las enmiendas presentadas por los grupos enmendantes modificaran algunos aspectos de las directivas de la Unión Europea, esto daría lugar a un procedimiento de infracción a España. Y esto, evidentemente, no es responsabilidad de los enmendantes, es responsabilidad de la mala gestión del Gobierno anterior. (Rumores).
Senador Bildarratz, mira que usted ha querido ser cauto y ha dicho: Alguien se ha confundido en la anterior iniciativa, por si alguien se ha confundido... (Risas). No, no, no se ha confundido nadie, han sido el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular. Y mire que usted suele ser conciliador —y en esta segunda iniciativa también ha intentado ser conciliador—, pero en la anterior ha venido el portavoz del Partido Popular y ha repartido la del pulpo, pero la del pulpo para todos. Nos hemos encontrado en una situación... Cuando lo estaba contando el portavoz del Partido Popular, yo me decía: Este hombre vive en el mundo de Yupi. Porque hablar de trasposiciones europeas y de las cantidades en sanciones que ha tenido España por la tardanza y la demora en la tramitación de trasposiciones europeas por parte del Gobierno del Partido Popular durante los últimos siete años, para encima echar la culpa a los demás y pedir que el Gobierno actual en nueve días —en nueve días, no nueve meses, no nueve años, en nueve días— tramite la iniciativa anterior. En fin, vamos a dejarlo ahí y ya habrá momento de hablar de la tramitación y del retraso en el tiempo.
Son exactamente veintitrés las modificaciones que trae esta ley al Código Penal y es cierto que no crea figuras nuevas, que modifica y amplía una serie de bienes jurídicos protegidos junto a elementos patrimoniales. Es verdad —y algún portavoz lo ha planteado— qué es una proposición un tanto totum revolutum, pero es verdad también que se ha tenido en cuenta la existencia de las nuevas tecnologías o de la inteligencia artificial para que en nuestro país se pueda actuar de manera más rápida, quizás más operativa y seguramente más eficaz. Me gustaría poner una atención especial sobre el grupo contra la corrupción, Greco, la adaptación al Convenio del Consejo de Europa en la lucha contra el tráfico de órganos humanos también y la extensión de responsabilidad penal a las personas jurídicas en la comisión de cualquier tipo de delito de terrorismo.
Es cierto que esta iniciativa tiene, quizás, un carácter muy técnico, pero afecta muy directamente a los ciudadanos. Lo que se pretende —entiendo— es hacer más difícil el fraude, hacer más difícil las acciones terroristas y endurecer a la vez su reproche penal. Es verdad que el Grupo Socialista podría estar de acuerdo con algunas enmiendas, en las que se señala un exceso de políticas criminales y punitivas, pero también es verdad que, a pesar de todo —vuelvo a insistir—, el texto va a mejorar y a dar mayor seguridad jurídica a los españoles.
El Grupo Socialista tiene una clara vocación e inequívoca vocación europeísta y, por lo tanto, creemos que la Unión Europea y los Estados miembros debemos seguir trabajando para que la legislación vigente se adapte en este caso a nuevos modelos de delitos en cuanto al terrorismo, a nuevos modelos de financiación del terrorismo, a nuevas técnicas tecnológicas que benefician a los terroristas o a herramientas que permitan registrar o dificultar la financiación de los grupos terroristas.
Por todo ello, anunciamos nuestro apoyo a la proposición de ley presentada, con las críticas que elevaremos en su momento oportuno y que he tenido ocasión de plantear brevemente aquí sobre la forma de tramitación, la forma en el tiempo y sobre algún descaro verbal que se ha producido en esta comisión.
Y por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Arias Navia.
Señor Rodríguez Esquerdo, me llama la atención que ustedes, que han sido capaces en siete meses de cambiar España, no hayan sido capaces de traer esta proposición a esta Cámara.
Esta mañana se ha hablado mucho del retraso en la trasposición de algunas directivas —por cierto, no estaban fuera de plazo las tres directivas—, pero claro, ¿acaso se creen que, por ejemplo, aquellas primarias, el no es no, las elecciones, el retraso en la tramitación del Congreso, la moción de censura, el cambio del gobierno o el desafío independentista no tienen ninguna consecuencia? (Rumores). Mire, esta es otra iniciativa del Partido Popular y desde la llegada del Partido Socialista al Gobierno, con sus apoyos, no ha llegado ni una sola. Yo lo entiendo, claro, con tanta huelga en el ámbito de la justicia y con la situación de la ministra, entiendo que no hayan tenido tiempo para lo importante.
Debatimos hoy, al fin, esta proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal y concretamente para incorporar las directivas sobre sanciones aplicables al abuso de mercado, la lucha contra el terrorismo y la lucha contra el fraude. Sobre el abuso de mercado, se hace con el fin de establecer un régimen de supervisión, inspección y sanción armonizado a nivel de toda la Unión Europea; en definitiva, una mayor seguridad jurídica. Por ejemplo, para evitar casos como aquellas estafas que ocurrieron con las preferentes cuando el señor Rodríguez Zapatero estaba también mirando para otro lado.
Sobre la lucha contra el terrorismo, España conoce, desgraciadamente, el sufrimiento y el dolor que provoca el terrorismo, tanto el terrorismo de ETA como el de los yihadistas y también otros que existieron —quiero recordar también a Ascen y a Alberto Jiménez Becerril, que fueron asesinados por ETA hoy hace veintiún años; quiero mandar desde aquí nuestro recuerdo y nuestro cariño—. Es cierto que nuestro país está muy avanzado en este campo porque, evidentemente, son muchos años de trabajo para dotar a nuestro país de aquellas herramientas que sean adecuadas para hacer frente y derrotar esta amenaza —como en el caso de ETA, que fue derrotado gracias a la fortaleza y a la firmeza de nuestro Estado de derecho—.
Yo reitero aquí, una vez más, que nuestro compromiso, el compromiso de la gente del Partido Popular, va a estar siempre con las víctimas, defendiendo su memoria, su dignidad y que se haga justicia. Así, vamos a seguir trabajando para aumentar la protección de las víctimas, impulsando la Carta europea de las víctimas del terrorismo y, además, con modificaciones legislativas como las que estamos debatiendo hoy para ser todavía más eficaces: incrementando las penas de prisión; con la pena de inhabilitación con carácter absoluto, evidentemente; incluyendo como delito la falsedad documental y con una regulación más amplia del viaje con fines terroristas; extendiendo también la responsabilidad penal de las personas jurídicas a cualquier tipo de delito de terrorismo. En definitiva, se trata de conseguir una mayor protección para las víctimas y mejores medios para enfrentarse al terrorismo, evitando la puesta en peligro de nuestra libertad y nuestra democracia. Al señor Estradé ya le diré en el Pleno un par de cuestiones al respecto de su intervención, pero me lo voy a reservar para el Pleno.
Sobre la lucha contra el fraude, que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea, también: aumentando la cuota defraudada para establecer la infracción penal o la inclusión del delito de malversación cuando sea cometido por una persona jurídica. Para nosotros, la lucha contra el fraude siempre ha sido y va a ser una prioridad, lo hemos demostrado, y también en este caso se perfecciona la trasposición de la directiva relativa a la protección penal del euro y otras monedas.
La reforma del 156 bis completa el régimen de prevención y persecución del tráfico de órganos. Hay que decir que España es un referente en trasplantes, en legislación y también en donaciones, y, sin embargo, también hay que hacer algunas modificaciones para adaptar nuestra legislación al Convenio del Consejo de Europa sobre lucha contra el tráfico de órganos humanos, en el que, por cierto, España ha sido y sigue siendo parte fundamental para su desarrollo. También se establecen los supuestos de actuación de una organización o grupo criminal, incluyendo además la agravante de reincidencia internacional para ser más eficaces.
Y, finalmente, con esta proposición también se pretende —como bien se decía— corregir aquellas omisiones existentes en la reforma de 2015 sobre la lucha contra la corrupción. Yo no quiero venir a romper el tono cordial que llevamos en esta jornada, pero claro (El señor Arias Navia muestra un documento), cuando hoy Transparencia Internacional reprocha al Gobierno la falta de medidas para luchar contra la corrupción y cuando se dice explícitamente que la prometida regeneración democrática no parece estar entre las prioridades del Gobierno, creo que, evidentemente, el Partido Socialista no está en condiciones de dar lecciones de lucha contra la corrupción. (El señor Rodríguez Esquerdo: Surrealista; es surrealista). Por tanto, para evitar los delitos de corrupción en los negocios; revisando la corrupción de jurados y árbitros, tanto en su actuación pública como en el ámbito privado; incluyendo la responsabilidad penal por tráfico de influencias de los funcionarios extranjeros; un mayor compromiso en la lucha contra la corrupción después de que en la X Legislatura se hubieran aprobado más de setenta medidas por el Gobierno del Partido Popular —en la mayoría de los casos en solitario— para la regeneración.
En definitiva, concluyo anunciándoles, evidentemente, nuestro voto favorable a esta iniciativa y pidiendo al resto de grupos parlamentarios su voto también favorable para dar cumplimiento a la normativa y a la obligación con la Unión Europea y para conseguir una mayor seguridad jurídica en los Estados y para los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arias.
Antes de pasar a las votaciones, vamos a comprobar asistencias. Señor letrado.
PROYECTO DE LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES. (Votación). 621/000017 GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación.
En primer lugar, del Proyecto de Ley de secretos empresariales. Se somete a votación el texto propuesto por la ponencia en su informe, que no introduce modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Queda dictaminado por la Comisión de Justicia del Senado, por unanimidad, el Proyecto de Ley de secretos empresariales.﻿
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA TRANSPONER DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS ÁMBITOS FINANCIERO Y DE TERRORISMO, Y ABORDAR CUESTIONES DE ÍNDOLE INTERNACIONAL. (Votación). 624/000016 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El señor PRESIDENTE: Seguidamente, pasamos a la votación del texto propuesto por la ponencia en su informe, que no introduce modificaciones en el remitido por el Congreso de los Diputados, de la Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Ha sido dictaminada por la Comisión de Justicia la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para trasponer directivas de la Unión Europea en los ámbitos financieros y de terrorismos, y abordar cuestiones de índole internacional.
Acto seguido, procede designar el miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación de ambos dictámenes ante el Pleno del Senado. ¿Senadora Muñoz de la Iglesia?
La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Nosotros proponemos al presidente de la comisión.
¿Senador Rodríguez Esquerdo?
El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: La portavoz también podría hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Recogemos esa iniciativa. Muchas gracias.
Eran las trece horas y treinta minutos.

References: artículo 8
 artículo 17
 artículo 8
 artículo 17
 artículo 21
 artículo 8

Artículo 17
 artículo 21
 artículo 573
 artículo 575
 artículo 572
 artículo 156
 artículo 284
 artículo 285
 artículo 285
 artículo 285
 artículo 285
 artículo 285
 artículo 386
 artículo 579
 artículo 55
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 artículo 579
 artículo 573
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 artículo 1
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 artículo 575
 artículo 577
 artículo 578
 artículo 170
 artículo 579