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Timestamp: 2018-04-24 04:58:39+00:00

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“No nos daremos por vencidos, estamos aquí para luchar” | Heinrich-Böll-Stiftung - México, Centroamérica y el Caribe
“No nos daremos por vencidos, estamos aquí para luchar”
por Lili Fuhr, Liane Schalatek, Don Lehr
Creator: BUNDjugend. Esta imagen está bajo la licencia de Creative Commons License.
querida matafele peinam,
quiero contarte acerca de esa laguna
aquella laguna lúcida y adormilada que se reclina en el amanecer
esa laguna te devorará
dicen que roerá la orilla
masticará las raíces de tus árboles de pan
engullirá hileras de tus malecones
y mascará los huesos en trozos de tu isla
dicen que tú, tu hija
y tu nieta, también
andarán sin raíces
con solo un pasaporte al cual llamar “hogar” [1]
El vigésimo tercer encuentro de la Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) tuvo lugar entre el 6 y el 17 de noviembre en Bonn, Alemania, y fue presidido por el gobierno de Fiji. Por primera vez una pequeña nación insular asumió esta función.
Esta es la segunda COP desde la adopción del Acuerdo de París en la COP 21 en 2015 y desde que el Acuerdo fue implementado el 4 de noviembre de 2016, tan solo tres días después del inicio de la COP 22 en Marrakech, Marruecos.
A la fecha del 22 de noviembre, 170 partes han ratificado el Acuerdo. De las 197 partes en la Convención, 195 lo firmaron inmediatamente. Nicaragua argumentó inicialmente que el Acuerdo no era suficientemente fuerte, pero luego reconoció que no hay alternativas, por lo cual lo ratificó justo antes del inicio de la COP. Siria, país inmerso en una guerra civil desde 2011, lo firmó el 7 de noviembre. Estados Unidos es el único país que lo ha rechazado, aun cuando no puede retirarse oficialmente hasta el 4 de noviembre de 2020, un día después de las siguientes elecciones presidenciales en ese país.
Se esperaba que esta COP fuera de carácter transicional y técnico –y lo fue–, con delegados encargados de la compleja tarea de escribir el llamado “Reglamento de París”, el cual incluiría todos los elementos estipulados en el Acuerdo de París y el texto de Decisiones, el cual será adoptado el próximo año en la COP 24. Estos delegados debían también completar el diseño del “Diálogo Facilitador” para el año 2018, un simulacro del “Balance Global” que todos los países conducirán cada cinco años desde el 2023 para evaluar y fortalecer sus “contribuciones determinadas a nivel nacional” (CDN) y el progreso global hacia la meta del Acuerdo de París: mantener el incremento de la temperatura promedio global por debajo de 2ºC, así como hacer esfuerzos por mantener el incremento de 1.5ºC sobre los niveles preindustriales.
Fiji trajo su perspectiva a esta COP de carácter técnico desde la tradición Pacífica del “talanoa”, palabra derivada de “tala”, que significa “hablar o contar historias”, y de “noa”, que quiere decir “sin ocultar nada”. En el contexto de Fiji, la expresión franca y sin ocultamientos en el diálogo cara-a-cara puede llevar a todos los participantes a entender mutuamente sus sentimientos y experiencias.
La decisión principal de la COP –la cual será llamado Momento Fiji de la Implementación– contiene tres elementos: un llamado a mejorar la implementación y la ambición pre-2020, una reafirmación del Programa de trabajo del Acuerdo de París y el diseño del Diálogo Facilitador, renombrado en Fiji como Diálogo Talanoa.
A continuación presentamos un breve listado de los asuntos en los cuales se lograron avances (o no) en Bonn:
El diseño del Diálogo Talanoa para el año 2018 fue preparado de manera conjunta por la presidencia de Marruecos en la COP 22 y la de Fiji en la COP 23, y será lanzado en enero de 2018 bajo el liderazgo de Fiji y de Polonia, país que presidirá la COP 24. El objetivo será hacer un balance de los esfuerzos colectivos realizados por las Partes en relación con el progreso de la implementación del Acuerdo de París, esto es, frente al objetivo de mantener el incremento de 1.5ºC sobre los niveles preindustriales. Varias de las Partes, especialmente los países en desarrollo, trabajaron fuertemente para asegurar que la presidencia de Fiji continuará guiando el Diálogo Talanoa durante el año.
Según el Momento Fiji de la Ambición, el resultado del Diálogo Talanoa de 2018 será tenido en cuenta en el balance COP de la ambición pre-2020 en 2019. La decisión pre-2020, junto con el Diálogo Talanoa, generan una serie de diálogos continuos y revisiones para mejorar la acción pre-2020, la cual se espera construya una confianza renovada para aumentar la ambición relacionada con la mitigación y el apoyo durante el periodo post-2020.
La decisión final sobre Pérdidas y daños es irremediablemente débil. No incluye un ítem permanente en la agenda para implementar la “acción y el apoyo”; solamente “insta” a las partes a garantizar recursos suficientes para las operaciones del comité ejecutivo, y solamente “insta” al comité ejecutivo a movilizar y asegurar las finanzas. La única acción tangible es un “diálogo de expertos” en 2018 para explorar cómo podrían asegurarse las finanzas. La conclusión es esta: no hay garantía de apoyo financiero para las víctimas de desastres catastróficos o incluso para las personas encargadas de encontrar dichos recursos.
El resultado de las negociaciones sobre finanzas climáticas en las finanzas a largo plazo (FLP) –los esfuerzos continuos de los países en desarrollo para movilizar conjuntamente 100 billones de dólares anuales para 2020– no fueron significativos, como era de esperarse. Esto reforzó las conclusiones ampliamente aceptadas de los últimos años, y no significó ningún progreso sustancial para mostrar un aumento de la ambición pre-2020 orientada a una avance más rápido o incluso para ir más allá de este objetivo financiero. En el segmento de alto nivel de las charlas sobre el clima no se realizaron más anuncios significativos de contribuciones a las finanzas climáticas, más allá de algo de apoyo por parte del Fondo de Adaptación (FA) y del Fondo de los Países Menos Desarrollados (FPMD). Se extrañó la oportunidad de construir más confianza en el pre-2020 y en los procesos de implementación del Acuerdo de París.
La COP también adoptó la decisión más que todo procedimental de una sexta revisión del Mecanismo Financiero, teniendo en cuenta el trabajo de la Junta Financiera Permanente sobre la revisión, y llamando a una mayor complementariedad y coherencia entre las entidades operadoras del Mecanismo Financiero, el Fondo Verde del Clima (GCF), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y otras fuentes de flujo financiero. Como el GCF y el FMAM le rinden cuentas a la COP, las partes proveen asesoría formal a los fondos climáticos multilaterales reunidos bajo el CMNUCC.
Fungiendo como CMP, la COP avanzó con respecto al futuro del Fondo de Adaptación –que en la actualidad provee financiación bajo el Protocolo de Kyoto–, decidiendo que se acogerá al Acuerdo de Paris. El CMA tomará decisiones adicionales en el 2018 sobre si el Fondo debería proveer dicha financiación de manera exclusiva, bajo la orientación del CMA y rindiéndole cuentas a este mismo, así como si las auditorías gubernamentales y operacionales, incluyendo su estructura financiera, son necesarias para preparar al Fondo de Adaptación para estas funciones.
En eventos aislados y espacios de “acción climática”, la COP 23 consideró varias opciones para promover arreglos tecnológicos rápidos frente a la crisis climática (desde energía nuclear hasta CCS, bioenergía con CCS/BECCS hasta geo-ingeniería solar). Adicionalmente, también tuvieron lugar alentadores debates entre académicos y la sociedad civil sobre abordajes transformativos y vías para lograr el 1.5ºC –en torno a los combustibles fósiles y el sector energético, el transporte, la agricultura, los estilos de vida, las instituciones financieras, el crecimiento del PIB, y muchas otras ideas sobre el clima. Los miembros de la Alianza CBD expresaron sus temores frente al aumento de las conversaciones sobre la geo-ingeniería en la CMNUCC en una Carta abierta a la UNFCCC: “La geo-ingeniería es una distracción de las prioridades reales –la reducción de las emisiones”.
La agenda del APA –el Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre el Acuerdo de París– incluye negociaciones sobre las características, la información y la orientación contable de las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) de los países, las adaptaciones en las comunicaciones, la transparencia, el mecanismo a cinco años del “trinquete y la revisión” del Acuerdo de París (el Balance Global), la implementación y la adhesión, el Fondo de Adaptación, entre otros asuntos. Durante los primeros siete días, los países propusieron todos los elementos que querían ver incluidos en los principios, las reglas, las modalidades y los procedimientos para cada una de esas secciones, los cuales fueron recogidos en numerosas “Notas informales” a lo largo del proceso. Al final de la sesión se anexó una compilación de esas notas, en total 266 páginas, a la decisión de la COP.
El Cuerpo Subsidiario para la Asesoría Científica y Técnica (CSACT) tendrá a su cargo otra parte de la creación del “Reglamento de París”. Estas deliberaciones son cruciales puesto que se enfocan en la cooperación internacional para mejorar la ambición, tal como lo define el Artículo 6 del Acuerdo de París. Una de las provisiones (Artículo 6.2) establece que los países deberán alcanzar “resultados de la mitigación transferidos internacionalmente” (RMTI) para cumplir con sus CDN. Con respecto a las consideraciones sobre el uso de la tierra contenidas en el Reglamento, los observadores están detectando un vínculo entre el CORSIA, el régimen de compensación del carbón que fue establecido el año pasado por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia especializada de la ONU) y numerosas referencias en el texto del CSACT sobre abordajes cooperativos “más allá de los CDN”. Esto se refiere a que los resultados de la mitigación, incluyendo posiblemente los de REDD+, el marco de la ONU para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques, sean transferidos a actores no gubernamentales como CORSIA, lo cual probablemente requerirá billones de dólares para compensar el aumento de las emisiones derivadas de la aviación.
A principios de la segunda semana, luego de cinco de años de las que solo podrían llamarse negociaciones de mala fe sobre la agricultura, se dio un avance que sorprendió genuinamente a muchos observadores. Los países desarrollados se retractaron de su oposición a las propuestas de larga data de los países en desarrollo y accedieron a que los cuerpos subsidiarios “aborden conjuntamente los asuntos relacionados con la agricultura, incluyendo talleres exhaustivos y reuniones de expertos”, así como a que “tengan en consideración las vulnerabilidades de la agricultura frente al cambio climático y los abordajes frente a la seguridad alimentaria”. La decisión sobre la agricultura exige un proceso de entregas –que incluye a los observadores– con el fin de proporcionar información sobre ciertos temas para que las conversaciones científicas puedan avanzar ahora a la acción y para que el sistema de Naciones Unidas pueda proporcionar un apoyo más estratégico a las naciones que lo requieren.
Los observadores de la sociedad civil, activistas y sus múltiples aliados en los gobiernos continúan presionando por la inclusión de un lenguaje de derechos humanos desde el preámbulo del Acuerdo de París hasta el Reglamento. Mientras tanto, la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y los representantes de instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos han sostenido múltiples reuniones al margen de la COP 23 con el fin de establecer una narrativa que enmarque el cambio climático como un asunto de derechos humanos y de discutir vías legales para responsabilizar a los grandes contaminadores de los abusos a los derechos humanos que han resultado del cambio climático. Mientras tanto, ha sido alentador ver que se ha alcanzado un progreso real a lo largo de la duración de la COP con respecto a una gran cantidad de investigaciones y litigios judiciales climáticos alrededor del mundo.
Luego de numerosas sesiones de negociación durante los ocho primeros días de la COP, y con el fantasma del fracaso rondando las negociaciones, un empujón final impulsó a los negociadores a aceptar un Plan de Acción en Género (PAG). Con base en el lenguaje del Acuerdo de París, el Plan de Acción de Género les recuerda a las Partes que una política pública del clima que sea sensible al género sigue requiriendo un mayor fortalecimiento de todas las actividades que implican la adaptación, mitigación y demás medios de implementación (finanzas, tecnología del desarrollo y de la transferencia y el desarrollo de capacidades), tanto como de la toma de decisiones sobre la implementación de las políticas climáticas. Sobre todo, requiere que las mujeres se vean representadas en todos los aspectos del proceso de la Convención, así como la transversalización del género en todos los objetivos y metas de las actividades relacionadas con la Convención, como maneras importantes de contribuir a aumentar su efectividad.
La necesidad de fortalecer los esfuerzos de las comunidades locales y los pueblos indígenas para responder al cambio climático fue reconocida en el texto de Decisión de París, el cual estableció una plataforma de intercambio de experiencias y buenas prácticas. En mayo pasado, durante las reuniones intersesiones del CMNUCC, tuvo lugar un “diálogo abierto” altamente exitoso en torno a los avances de la plataforma, y por primera vez en esta COP se incluyó un ítem sobre la creación de la plataforma en la agenda de las negociaciones. De este modo, la aparición y adopción del texto final significó un gran avance. La Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas es un pequeño paso hacia el reconocimiento y el respeto de las perspectivas y el conocimiento de los pueblos indígenas sobre el cual podemos empezar a construir en este proceso.
La COP 23 tuvo lugar en realidad en dos zonas: en Bula y en Bonn, situadas a una distancia de dos kilómetros. La zona de Bula fue el lugar de las negociaciones oficiales, mientras que la zona de Bonn albergó docenas de kioskos para la sociedad civil y cientos de eventos. De acuerdo con la lista de participantes en el CMNUCC, 16.028 personas se registraron: 9.202 delegados, 5.543 integrantes de organizaciones observadores y 1.283 empleados de medios de comunicaciones. Un total de 5.940 personas adicionales fueron acreditadas en la zona de Bonn únicamente. Miles más participaron en eventos externos, marchas y demostraciones en Bonn y sus alrededores durante las dos semanas. Los gobiernos de coalición, las corporaciones y la sociedad civil hicieron numerosos anuncios de alto rango en los márgenes de la COP.
Durante numerosos eventos en la zona de Bonn, el llamado realizado a terminar la era de los combustibles fósiles hizo eco de los mensajes de la Cumbre de los Pueblos por el Clima entre el 3 y el 7 de noviembre, la Marcha por el Clima, la cual reunió a 25.000 personas en las calles de Bonn el 4 de noviembre y Ende Gelände, una acción de desobediencia civil pacífica masiva en contra de la mina de lignito a cielo abierto en Renania, entre el 5 y el 7 de noviembre. Todos estos eventos articularon un mensaje de solidaridad global y de justicia climática, y resaltaron alternativas viables al abordaje corporativo en las negociaciones climáticas, el cual plantea soluciones falsas para enfrentar la crisis del clima.
Implementación y ambición pre-2020
Desde el principio de la COP 23, la brecha entre ricos y pobres entre los países desarrollados y en desarrollo, junto con la falta de un espacio de negociación para hacer responsables a los países ricos por sus promesas de acción climática antes del 2020, amenazaron con generar desconfianza y detener las negociaciones dedicadas a la redacción del Reglamento de París.
El primer día de conversaciones, los Países en Desarrollo con Maneras de Pensar Similares (PDMPS), representando 24 países incluyendo China, India, Irán y Arabia Saudita, propusieron negociaciones para “acelerar la implementación de los compromisos y acciones pre-2020 e incrementar la ambición pre-2020”. Ellos argumentaron que su propuesta no era un nuevo punto en la agenda, sino un “asunto inconcluso” de una decisión previa de una COP –la Plataforma Durban para el Acceso Mejorado–, que no había sido resuelta.
La Plataforma Durban, propuesta en la COP 17 en Suráfrica, fue mencionada de nuevo en la COP 19 en Varsovia como “Haciendo avances por la Plataforma Durban”. Los primeros párrafos del mandato de Varsovia resultaron en el Acuerdo de París, pero la segunda sección, una resolución por una acción ambiciosa por parte de los países desarrollados para reducir las emisiones y proporcionar apoyo financiero a los países en desarrollo hasta el año 2020, no ha progresado. La ambición pre-2020 fue el segundo pilar de la Plataforma Durban, pero de acuerdo con los PDMPS, solamente se ha cumplido la mitad del trato. Los países en desarrollo estaban solicitándoles a los países desarrollados simplemente que cumplieran con las promesas que habían hecho.
La COP presidida por Marruecos el año pasado lideró algunas consultas entre los países integrantes de la propuesta PDMPS, pero a medida que la semana avanzó, las intervenciones de los países en desarrollo acerca de la falta de ambición pre-2020 abundaron durante las sesiones de negociación. En una conferencia de prensa, Brasil se atrevió a decir, incluso, que las conversaciones corrían el riesgo de repetir lo sucedido en Copenhage en 2009, donde la COP colapsó.
Luego, de repente, en la mañana del 15 de noviembre, fue posible salir del punto muerto, y las consultas produjeron una resolución que daba respuesta a las exigencias clave de los países en desarrollo, y que incorpora un proceso de revisión y mejora de las acciones pre-2020 para los próximos dos años. Por medio de una sesión de balance en la COP de 2018 y de nuevo en la de 2019, se establece un proceso para hacer seguimiento y reporte del progreso de los compromisos pre-2020 de los países desarrollados de reducir emisiones y de proporcionar fondos y tecnología para apoyar a los países en desarrollo. También le solicita al Secretariado de la CMNUCC preparar los reportes oficiales de aquellas sesiones de balance.
Más importante aún para los países en desarrollo, el Momento Fiji de la Ambición decide que el resultado del Diálogo Talanoa del 2018 (ver abajo) alimentará el balance de la COP sobre la ambición pre-2020 en 2019. La decisión pre-2020 y el Diálogo Talanoa crean juntos una serie continua de diálogos y revisiones para mejorar la acción pre-2020, la cual se espera construirá una confianza mejorada para aumentar la ambición para la mitigación y el apoyo en el periodo post-2020.
El Diálogo facilitador es ahora el Diálogo Talanoa, y una perspectiva para la COP 24 en Polonia
El diseño del Diálogo Talanoa 2018 fue preparado conjuntamente por la presidencia de Marruecos de la COP 22 y la presidencia de Fiji de la COP 23, y será lanzado en enero de 2018 bajo el liderazgo de Fiji y de la presidencia de Polonia de la COP 24.
Su objetivo será hacer un balance de los esfuerzos colectivos de las Partes en relación al progreso hacia la implementación del Acuerdo de París, esto es, el objetivo a largo plazo de mantener el incremento de la temperatura global promedio por debajo de 2ºC y de hacer esfuerzos para limitar el incremento de 1.5ºC sobre los niveles preindustriales.
El diálogo también será conducido desde la tradición Pacífica del “talanoa” que impregnó la COP 23. La decisión menciona específicamente que “el diálogo no deberá llevar a discusiones agresivas que privilegien Partes individuales o grupos de Partes”. Uno podría preguntarse de qué modo puede avanzarse hacia un aumento de la ambición sin confrontación cuando mucho de lo que se ha visto en la CMNUCC en este contexto ha consistido en ocultar los propios intereses y mostrar poca comprensión por las circunstancias de los otros.
El Diálogo Talanoa en 2018
Este diálogo estará estructurado de acuerdo con tres temas generales: ¿Dónde estamos? ¿Adónde queremos llegar? Y ¿cómo llegaremos allá? De manera importante, el Informe Especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre el calentamiento global de 1.5ºC, que será publicado en octubre de 2018, informará el diálogo.
Es interesante notar cómo el lenguaje ha cambiado en los últimos dos días de las conversaciones, en la medida en que las Partes determinaron qué tan fuertemente querían comprometerse con el proceso Talanoa. En una versión de la mañana del 16 de noviembre, “tomaron nota” de los anuncios respecto al diseño. Al final de ese mismo día, sin embargo, el lenguaje fue mucho más fuerte: “se aprueba el diseño”. En su decisión final, la COP “recibe con aprecio” el diseño y “lanza” el Diálogo Talanoa, el cual pone firmemente la responsabilidad de conducir un diálogo en las manos de la presidencia de Fiji.
La fase preparatoria del diálogo iniciará a principios de 2018. Se insta a “las partes interesadas y a las instituciones expertas”, así como a las Partes, a proporcionar un análisis y aportes para política pública que informen el diálogo. Se creará una plataforma en línea para albergar dichos aportes. Las discusiones tendrán lugar en las reuniones intersesiones de mayo, y toda la “información y las ideas” reunidas en la fase preparatoria serán sintetizadas por las presidencias para preparar la fase política.
En la fase política, los ministros y representantes de alto rango harán un balance de los esfuerzos de las Partes, participarán en mesas redondas y, sin lugar a dudas, en muchas discusiones bilaterales. Las presidencias proporcionarán un resumen de los mensajes clave en la reunión final del Diálogo.
Muchas de las Partes, especialmente los países en desarrollo, trabajaron arduamente para asegurar que la presidencia de Fiji continúe guiando el Diálogo Talanoa a lo largo del año. La presidencia Fiji termina el primer día de la COP 24, cuando todas las actividades de la fase preparatoria hayan sido concluidas. Muchas personas están preocupadas porque el uso extendido y continuo de carbón en Polonia altere la COP 24 y posibilite solamente unos pocos pasos decisivos. La sociedad civil está preocupada también por la posibilidad de que se impongan algunas limitaciones a la participación, dado que la financiación pública para muchos grupos ambientales en Polonia ha sido eliminada. Está también el miedo adicional de que no sea fácil obtener las visas necesarias para ingresar a Polonia, y de que el país anfitrión acuda a reglas de admisión estricta para limitar la participación de voces críticas y no corporativas de la sociedad civil, especialmente las de los países en desarrollo.
Una pérdida para las pérdidas y los daños
a los isleños carteret de papúa nueva guinea
y a los isleños taro de las islas salomón
me tomo este momento
para pedirles disculpas
estamos marcando el límite aquí
porque bebé vamos a luchar
tu mami papi
bubu jimma tu país y tu presidente también
todos lucharemos
No se esperaba que la COP 23 llegara a ser una exitosa cumbre global sobre el clima, sino más bien una COP técnica enfocada en la redacción de un reglamento para la implementación del Acuerdo de París. La presidencia de Fiji, sin embargo, proporcionó la oportunidad para iluminar el destino de las pequeñas naciones isleñas, tales como Fiji, las cuales son las más susceptibles a los efectos catastróficos del cambio climático, y las que menos capacidad tienen para pagar los costos de la reconstrucción luego de tormentas catastróficas o para proteger o reasentar personas luego de eventos de inicio lento como el aumento de los niveles del mar. El peso moral de la COP Pacífica que amplifica las voces de pequeñas naciones isleñas se vio entonces como una oportunidad crucial para presionar un avance frente a las pérdidas y los daños, especialmente frente a la provisión de financiación adicional con este propósito.
Fiji fue golpeado el año pasado por el tifón Winston, el más fuerte en tocar tierra en el hemisferio sur. Destruyó 40.000 hogares, mató 44 personas y generó pérdidas económicas estimadas en alrededor de un tercio del PIB de la nación. En los dos meses previos a la COP 23, huracanes continuos de categoría 5 produjeron destrucción generalizada en numerosas islas del Caribe. Sumándole a ello las mareas mortales en África y el Sur de Asia, así como las sequías y olas de calor que han afectado alrededor de un tercio del mundo, es claro por qué muchos sintieron que en esta COP llegaba el momento para aumentar la acción respecto a las pérdidas y los daños.
Pérdidas y daños en la CMNUCC
El concepto de pérdidas y daños no es nuevo. Fue mencionado por primera vez por la Alianza de Pequeñas Naciones Isleñas (AOSIS) hace unos 20 años. En la COP 16 en Cancún en 2010, los países acordaron considerar de qué modo podría enfrentarse las pérdidas y los daños como parte del Marco de Adaptación de Cancún. El Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños (WIM) fue acordado en la COP 19 en noviembre de 2013 y contiene tres funciones principales: mejorar el conocimiento, fortalecer el diálogo y la coordinación, y mejorar la acción y el apoyo, incluyendo la financiación para las pérdidas y los daños. Esa tercera función debe ser atendida todavía, y fue bloqueada de nuevo por los países desarrollados en Bonn.
Luego de Varsovia siguieron tensas negociaciones en torno a si las pérdidas y los daños podrían convertirse en el tercer “pilar” de la política climática (junto a la mitigación y la adaptación), o si continuarían siendo subsumidas bajo la adaptación. El Artículo 8 del Acuerdo de París sobre pérdidas y daños, el cual se sostienen por sí solo, fue una victoria mayor para los países en desarrollo, aunque es atenuado por una oración de la Decisión de París que establece que el artículo sobre pérdidas y daños “no involucra o proporciona una base para ninguna responsabilidad o compensación”. La inclusión del término “compensación” fue una línea roja para muchos de los países desarrollados, especialmente para los Estados Unidos. Al final, se acordó remplazar “compensación” por “acción y apoyo”.
A pesar de la existencia de un Artículo independiente acerca de las pérdidas y los daños en el Acuerdo de París, no hubo un espacio oficial para este en las negociaciones de la COP 23, a excepción de los cuerpos subsidiarios, en los cuales se revisan los reportes periódicos del comité ejecutivo establecido para implementar el Mecanismo de Varsovia. El plan de trabajo renovable a cinco años del comité del 12 de octubre fue presentado a los cuerpos subsidiarios a principios de la primera semana.
En las sesiones de negociación –cerradas a los observadores– en las cuales se discutió el plan de trabajo, los países en desarrollo repitieron su solicitud de que se incluyera un ítem permanente de la agenda de los cuerpos subsidiarios, exigieron suficientes recursos para el funcionamiento del WIM a un nivel más acelerado (el comité solamente se reúne dos veces al año), y urgieron a las Partes a movilizar recursos para los países que han sido golpeado más fuertemente por los efectos del cambio climático. Sin embargo, los delegados de los países desarrollados bloquearon de manera repetida cualquier conversación sobre las finanzas –se reportó que Estados Unidos fue mucho más expresivo en las discusiones sobre pérdidas y daños que en cualquier otra sala de negociación.
La decisión final es irremediablemente débil. No incluye ningún ítem permanente en la agenda para implementar la “acción y el apoyo”. Solamente “insta” a las Partes a hacer disponibles recursos necesarios para las operaciones del comité ejecutivo, y meramente “insta” al comité ejecutivo a movilizar y asegurar los recursos. La única acción tangible es un “diálogo de expertos” en 2018 para explorar cómo podría asegurarse la financiación. De acuerdo con el informe, el intento de algunos de los países en desarrollo por fortalecer el texto dirigiéndose a los ministros fue aparentemente infructuoso. La conclusión es la siguiente: no hay garantías de apoyo financiero para las personas afectadas por desastres catastróficos y tampoco para el órgano designado para conseguir dicha financiación.
Entretanto, la “Compañía Global InsuResilience por la Financiación del Clima y el Riesgo de Desastre” fue lanzado al margen de la COP. Esta iniciativa del sector privado reúne países G20, 49 países vulnerables del V20 y más de 30 pares del sector privado. Su objetivo es proporcionar planes de aseguramiento accesibles a más de 400 millones de personas vulnerables alrededor del mundo para 2020. Aunque fue bien recibida, esta iniciativa es en efecto una plataforma de contacto entre compañías de aseguramiento privadas y sus clientes. Es insuficiente y poco más que una conveniente distracción de las obligaciones morales de los países desarrollados bajo el principio de equidad de la CMNUCC de proporcionar recursos financieros públicos a los países en desarrollo más pobres y a las personas ya afectadas por el impacto del catastrófico cambio climático global. En cambio, la respuesta al cambio climático es privatizada y las víctimas deben pagar las primas de seguro. Esto pone a la justicia de cabeza en tanto que aquellos que han contribuido menos al cambio climático y se han beneficiado menos del desarrollo económico impulsado por las emisiones históricas de gases de invernadero se convierten en responsables del costo de los daños climáticos.
Múltiples decisiones, pero poco progreso frente a la Financiación del Clima en la COP 23
Así como en COP previas, el asunto de la financiación del clima demostró ser un verdadero escollo en Bonn –con respecto tanto a los discursos acerca de la ambición pre-2020 como frente a la implementación del Acuerdo de París y de las formas en que ambas líneas de negociación están relacionadas.
Por esta razón no fue ninguna sorpresa que las consultas sobre la transparencia en la financiación ex-ante bajo la COP, esto es, sobre la intención de los países desarrollados de proporcionar fondos públicos y otros recursos financieros, tal como lo demanda el Artículo 9.5 del Acuerdo de París, se extendiera hasta la mañana del sábado, pasada la hora de cierre del COP 23. Para la mayoría de los países en desarrollo, los cuales realizaron acciones climáticas domésticas más ambiciosas en sus CDN, condicionadas al apoyo financiero de los países desarrollados, el discurso sobre la escala, el progreso y la predictibilidad especialmente del suministro de financiación pública para el clima en las discusiones sobre la financiación a largo plazo es inseparable de los esfuerzos bajo el APA por aumentar la ambición frente al clima en los próximos años del Diálogo Talanoa. En contraste, los países desarrollados consideran que dicha condición prejuzga las discusiones APA. Al final, el texto de la decisión sobre este asunto transfiere los resultados a la COP 24, la cual deberá considerar y decidir de qué modo será abordada la transparencia de la financiación ex-ante.
Actuando como CMP (la Conferencia de las Partes fungiendo como encuentro de las Partes frente al Protocolo de Kyoto), en la COP se discutió también el futuro del Fondo de Adaptación bajo el Acuerdo de París. En la actualidad, el Fondo proporciona financiación a las Partes de los países en desarrollo bajo el Protocolo de Kyoto para realizar acciones concretas de adaptación. Las conversaciones se centraron específicamente en si y cómo este será adaptado dentro del Mecanismo Financiero del Acuerdo de París. Las Partes forcejearon con el lenguaje, específicamente sobre si la Adaptación “debería” o “deberá” realizar exigencias, pero los países desarrollados arguyeron que es necesaria una revisión sustancial del régimen y de los procesos operativos del Fondo de Adaptación antes de poder establecer un mandato claro. La decisión en Bonn resuelve la cuadratura de este círculo estableciendo que el Fondo de Adaptación deberá servir al Acuerdo de París, y que las decisiones adicionales deberán ser tomadas por la CMA (la Conferencia de las Partes fungiendo como encuentro de las Partes frente al Acuerdo de París) en 2018. Estas decisiones giran en torno a si el Fondo debería servirle al Acuerdo de manera exclusiva, bajo la orientación de la CMA y rindiéndole cuentas a la misma, así como sobre las reformas gubernamentales y operacionales, incluyendo las fuentes de financiación, que deberán ser consideradas de manera previa a una decisión tal.
El resultado de las negociaciones sobre la financiación a largo plazo (FLP) –los esfuerzos continuos de los países desarrollados para movilizar 100 billones de dólares anuales para 2020– fueron poco sustanciales, como era de esperar. Estos refuerzan conclusiones ampliamente aceptadas de los años anteriores y no hacen ningún progreso sustancial para mostrar un incremento de la ambición pre-2020 que les permita avanzar más rápidamente o incluso superar esta meta financiera. Durante el segmento de alto nivel de las conversaciones sobre el clima no se hicieron anuncios significativos de contribuciones adicionales a la financiación del clima, más allá de algo de apoyo para el Fondo de Adaptación (FA) y para el Fondo de los Países Menos Adelantados (FPMA). Se perdió así la oportunidad de construir más confianza en el pre-2020 y en los procesos de implementación de París. Esto no significa que los alrededor de 167 millones de dólares solicitados para los dos fondos, enfocados en acciones para la adaptación (siendo los principales contribuyentes Alemania con 118 millones de dólares y Suecia con 44 millones de dólares), no sean bienvenidos. De hecho, ambos fondos requieren esta inyección de dinero subsidiado para 2018 para poder sobrevivir. Pero esta cantidad está lejos de la escala de compromiso de financiación adicional que se requiere para infundirles confianza a los países en desarrollo de que sus esfuerzos unilaterales para aumentar la ambición frente al Diálogo Talanoa de 2018 serán correspondidos con un apoyo financiero adecuado por parte de los países desarrollados. Para contextualizar los compromisos frente al FA y el FPMA: se rumora que el gobierno alemán gastó una suma equivalente en la logística y las operaciones de la COP 23.
Así, de manera inadecuada y poco sustancial, la decisión FLP tomada en Bonn solamente reitera la meta de los 100 billones de dólares y reconoce que ha habido progreso frente a esa meta. También llama a un “mejor balance” entre la financiación para la mitigación y para la adaptación, pero se queda corta al no solicitar un claro compromiso de asignación 50:50. Aunque no fue discutida formalmente, la renuncia de facto de la administración Trump a sus compromisos financieros internacionales con el clima, el elefante financiero en la sala, junto con la pregunta por si los demás países estarán dispuestos a asumir el déficit resultante, fue el constante trasfondo de las discusiones, y es probable que resurja de nuevo con fuerza el próximo año. En 2018 habrá un taller intrasesión sobre la financiación a largo plazo para el clima organizado por el Secretariado para ser considerado durante la COP 24, así como un diálogo ministerial de alto rango organizado por la presidencia de la COP 24, el cual se centrará en el acceso a la financiación para el clima.
El próximo año veremos también una nueva versión de la Evaluación Bienal de los flujos financieros climáticos del Comité Permanente sobre Financiación (CPF), la cual mostrará el progreso –o falta del mismo– de manera verificable hacia la meta de los 100 billones de dólares anuales de financiación climática. En la revisión de la COP del trabajo del CPF, contenida en un texto de decisión ampliamente saneado, se le solicitó al CPF que “mejorara su medición, reporte y verificación (MRV) del apoyo”, más allá de la evaluación bianual de los flujos de financiación para el clima, la cual refleja un lenguaje de compromiso débil. Los países en desarrollo sintieron que era necesaria más transferencia y responsabilidad de los flujos financieros, mientras que los países desarrollados, en cabeza de la UE, sintieron que el CPF ya dedicaba demasiado tiempo a este asunto.
La COP también adoptó una decisión ampliamente procedimental en la sexta revisión del Mecanismo Financiero, tomando nota del trabajo del CPF en la revisión y llamando a una mayor complementariedad y coherencia entre las entidades operadoras del Mecanismo Financiero, el Fondo Verde del Clima (GCF), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y otras fuentes de flujo financiero. Dado que tanto el FMAM como el GCF rinden cuentas a la COP, las Partes proporcionaron una orientación formal a los fondos multilaterales para el clima bajo la CMUNCC. En el caso del FMAM, la controversia entre las Partes se centró en cómo asegurar que en el séptimo periodo de reaprovisionamiento por venir se continúe con la financiación a los países en desarrollo bajo la forma de subsidios y créditos en condiciones favorables, y que el FMAM (el cual también le sirve a otras convenciones de la ONU sobre biodiversidad y desertificación) reciba y destine suficiente financiación para su área local de cambio climático con el fin de satisfacer las necesidades y prioridades de los países en desarrollo.
Para el GCF, el más grande fondo multilateral para el clima, con compromisos confirmados de 10 billones de dólares (de los cuales 2 de los 3 billones de dólares del compromiso de los Estados Unidos no serán aportados durante la administración Trump), los asuntos cruciales en la orientación de la COP se centran en aumentar el acceso directo al Fondo, así como en la protección del derecho de todos los países en desarrollo elegibles de acceder a la financiación de la GCF usando todos los instrumentos financieros, subsidios, créditos, garantías o inversiones equitativas. El trasfondo para esto es el rechazo de un proyecto presentado por Argentina en la última reunión de la junta del GCF, el cual solicitaba financiación por subsidio. En esta reunión algunos miembros de la junta de países desarrollados del GCF pusieron en cuestión la elegibilidad de Argentina para recibir financiación subsidiada, siendo un país de ingresos medios. Teniendo en cuenta el punto muerto sostenido por un año en la junta del GCF, la orientación de la COP a la GCF, en el último minuto, fue despojada de una provisión introducida por los estados de las pequeñas islas, la cual requería que un fideicomisario interino al Banco Mundial le reportara a la COP la consistencia entre las acciones de inversión del Fondo y el Acuerdo de París, esto es, una garantía de que estas no sean invertidas en combustibles fósiles.
A esta provisión se opusieron, de manera poco sorprendente, los estados Árabes (con Arabia Saudita liderando la oposición a una Política de Inversión de Fondos Fiduciarios en la junta del FMAM), pero también la India. La provisión tuvo que ser retirada para que la decisión pudiera ser aprobada.
Entretanto, en el mundo real, los combustibles fósiles son vistos de manera creciente como un negocio riesgoso –y esta percepción va más allá del carbón. El banco central noruego –el cual dirige el fondo de riqueza soberano del país por $1tn y es a su vez el más grande del mundo– le dijo a su gobierno que deberá desechar sus acciones en compañías de petróleo y gas.
1.5ºC y geoingeniería
Las discusiones en torno a la necesidad de aumentar la ambición significativamente en los próximos años fueron alentadas también por el reporte de la ONU en 2017 sobre la Brecha en las Emisiones Ambientales, el cual se enfoca principalmente en 2030. Este concluye que la brecha en las emisiones en el caso de los 1.5ºC con probabilidad mayor del 50 porciento es de 16 a 19 GtCO2e para las CDN condicionadas e incondicionadas, respectivamente.
El hecho de que las solicitudes actuales en los CDN no proporcionen una vía clara para limitar el calentamiento global a una temperatura menor de 2ºC, sin mencionar los 1.5ºC, está preparando el camino para entrar a considerar en mayor profundidad esquemas de geoingeniería riesgosos y peligrosos.
Pero hasta el momento no se ha encontrado una solución milagrosa para el cambio climático. Y mientras que las tecnologías de geoingeniería son aún una aspiración, existen opciones de mitigación comprobadas que pueden y deben ser implementadas vigorosamente. Estas incluyen aumentar la energía renovable, eliminar gradualmente los combustibles fósiles (incluyendo el retiro temprano de la infraestructura de combustibles existente), una más amplia difusión de la agricultura campesina agroecológica sostenible y una disminución de las entradas derivadas de energía y recursos naturales en nuestra economía.
Mientras que en la COP 23 se vieron muchos intentos por promover soluciones tecnológicas rápidas a la crisis del clima (desde energía nuclear, CCS, bioenergía con CCS/BECSS hasta geoingeniería solar), en los eventos al margen y en los espacios de "acción climática" tuvieron lugar, de manera alentadora, muchos más debates entre académicos y la sociedad civil sobre abordajes transformativos y caminos hacia el 1.5ºC. Estos tuvieron como objetivo los sectores de los combustibles fósiles y la energía, el transporte, la agricultura, los estilos de vida, las instituciones financieras, el aumento del PIB, y muchas otras de las ideas sobre el clima.
Dados ciertos desarrollos recientes en los Estados Unidos (incluyendo una Audiencia de Geoingeniería del Subcomité sobre el Medio Ambiente y el Subcomité sobre Energía el 8 de noviembre, así como el experimento externo SCoPEx en 2018), fue refrescante ver grandes redes de la sociedad civil levantar sus voces con un mensaje claro: la revista ECO de la Red Internacional de Acción sobre el Clima (RAC) del 13 de noviembre comenta el SCoPex y la audiencia en los Estados Unidos: "Aunque entre los científicos involucrados no hay escépticos acerca del clima, ellos son cuando menos ingenuos y están en las manos de una industria de combustibles fósiles que intenta sabotear todos los grandes esfuerzos por decarbonizar. No es ninguna sorpresa que el congreso estadounidense, dominado por el partido de Trump, haya sostenido una reunión del Comité de Energía y Ambiente sobre geoingeniería a principios de esta semana, en la cual los miembros apoyaron la investigación en geoingeniería y estuvieron dispuestos a proporcionar una financiación concreta para esta como una herramienta para enfrentar el impacto del cambio climático, en lugar de adoptar medidas de mitigación desagradables políticamente (para ellos). Entre otras opiniones, fue posible establecer regímenes de gobierno transparentes, incluyentes y multilaterales bajo la ONU con el fin de considerar si experimentos como estos deben tener lugar. Si SCoPex avanza con las pruebas propuestas en 2018, podría facilitar un despliegue a gran escala de los SRM. El impacto ecológicos impredecible de modificar los patrones del clima a escala masiva es una preocupación sería; aún más lo es el riesgo de que los SRM sean examinados para uso militar, y que los recursos para soluciones reales a la crisis climática sean desviados".
Asimismo, los miembros de la Alianza CBD expresaron su alarma frente al aumento de las conversaciones sobre geoingeniería en la CMUNCC en una Carta abierta a la CMUNCC: "La geoingeniería es una distracción de las proridades reales: la disminución de las emisiones".
Otros debates en torno al cierre de la brecha de las emisiones y la reducción de la ambición post-Paris deben considerar seriamente estrategias de reducción de las emisiones que sean radicales y transformadoras, que estén basadas en tecnologías comprobadas y que contribuyan a la justicia climática en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Límites Planetarios.
La redacción del Reglamento de París
El Acuerdo de París fue adoptado exitosamente en 2015 en buena medida gracias a que los detalles técnicos fueron pospuestos hasta 2018. Por primera vez en la historia de la Convención, el Acuerdo estableció obligaciones básicas para todos los países e introdujo nuevos procedimientos, los cuales se han convertido en los flujos de trabajo o vías de negociación que resultarán en la creación de lo que se ha llegado a conocer como el Reglamento de París.
El progreso ha sido lento en los últimos dos años desde París, pero el ritmo aumentó un poco en la COP 23, con tan solo un año más para completar el reglamento, el cual debe ser entregado el próximo año en la COP 24 en Katowice, Polonia.
La agenda de la APA -el grupo de trabajo Ad Hoc en el Acuerdo de París- incluye negociaciones en torno a las características, la información y la orientación contable de las CDN de los países, las comunicaciones sobre la adaptación, la transparencia, el mecanismo de "trinquete y revisión" del Acuerdo de París (el Balance Global), la implementación y la adhesión, el Fondo de Adaptación y otros asuntos. Durante los primeros siete días, los países propusieron procedimientos para cada una de esas secciones, los cuales fueron capturados en numerosas "Notas informales" a lo largo del proceso. Al final de la sesión, la compilación de esas notas tuvo un total de 266 páginas y fue anexada a la decisión de la COP.
El CSCCT –el Cuerpo Subsidiario sobre Consejo Científico y Técnico– quedó a cargo de otra parte de la creación del Reglamento. Sus deliberaciones son cruciales porque se enfocan en la cooperación internación requerida para mejorar la ambición, tal como se define en el Artículo 6 del Acuerdo de París. Una de las provisiones (el Artículo 6.2) establece "resultados de la mitigación transferidos internacionalmente " (RMTI) para los países que cumplan con sus CDN. Otro artículo (6.4) establece un nuevo "Mecanismo de Desarrollo Sostenible" (MDS) para generar unidades de emisión intercambiables. Un tercer artículo (Artículo 6.8) llama a un marco para abordajes no mercantiles que asista a los países en la implementación de sus CDN.
La pregunta por los abordajes basados en el mercado post-Paris es muy diferente de aquél en el regimen de Kyoto. El intercambio de RMTI tendría lugar en un mundo radicalmente diferente en el cual las Partes no solamente se habrían comprometidos con una meta de 1.5ºC y con una profunda decarbonización a largo plazo, sino en el que las Partes también se habrían comprometido con acciones climáticas y con la reducción de las emisiones. ¡Esto no deja ningún lugar a las compensaciones! Sin reglas claras, el intercambio de RMTI podría generar vacíos significativos en el Acuerdo de París y debilitar la integridad ambiental del nuevo regimen.
Tanto como en la APA, las Partes añadieron sus elementos preferidos en cada uno de los tres ítems en la agenda que fueron capturados en las Notas informales en los Artículos 6.2, 6.4 y 6.8: otras 44 páginas de potenciales "Reglas de París" a las que se hará referencia en la próxima sesión del CSCCT en mayo de 2018.
El uso de la tierra en el Reglamento de París
Los sectores de la agricultura, la silvicultura y el uso de la tierra probablemente tendrán un rol clave en las actividades mercantiles y no mercantiles sujetas a las negociaciones del CSCCT. Sin embargo, los países industrializados ya no pueden guardar las apariencias frente a su falta de ambición en la transición al desuso de combustibles fósiles a través de proyectos más económicos de reducción de las emisiones de países en desarrollo o en sectores como los de la agricultura y la silvicultura.
Varios países añadieron elementos a las discusiones del Artículo 6 para salvaguardar la integridad ambiental de cualquier mecanismo de intercambio, con el fin de asegurar que tal abordaje conducirá a una reducción general de las emisiones globales.
Adicionalmente, los observadores están detectando un vínculo entre CORSIA, el esquema de compensación por el carbón que fue establecido el año pasado por la OACI –la Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia especializada de la ONU– y las numerosas referencias en el texto del CSCCT a abordajes cooperativos “aparte de las CDN”. Esto se refiere a que los resultados de la mitigación, incluyendo posiblemente los de REDD+, la red de la ONU para reducir las emisiones de la deforestación y la degradación de los boques, sean transferidos a actores no estatales como CORSIA, lo cual requerirá probablemente billones de dólares para compensar por el aumento de las emisiones de la aviación.[4]
Aunque los negociadores están preocupados por que no haya una “contabilidad doble” desde CORSIA (que la reducción de emisiones vendidas a CORSIA no estén incluidas en las CDN de países particulares), también es importante asegurar que las emisiones globales totales disminuyan –algo que solo puede suceder si hay una reducción de emisiones absoluta en sectores clave como la aviación (el cual solo beneficia a los ricos y es altamente contaminante), y no si el crecimiento de la aviación es compensado con créditos de carbono forestal.
Paralelamente a la COP 23, el consejo de la OACI se reunió del 30 de octubre al 17 de noviembre para acordar unas reglas en borrador acerca de qué tipo de compensaciones podrían ser incluidas en CORSIA. Si la OACI decide incluir compensaciones forestales en CORSIA –lo cual implica un riesgo mayor de no poder reducir las emisiones totales–, se creará la ilusión de que los vuelos son neutrales frente al carbón, cuando en realidad las emisiones totales están incrementando. Como una primera medida muy importante, las emisiones forestales deben ser excluidas de CORSIA.
Un elemento adicional que debe ser observado a medida que progresan estas conversaciones sobre el mercado de carbón –el cual será cada vez más prominente– es el uso de “tecnología de cadena de producción” en la contabilidad del carbón y las finanzas climáticas. Ya se hace referencia a este una vez en las reglas que se están desarrollando sobre los resultados de la mitigación intercambiados a nivel internacional. La sociedad civil debe educarse urgentemente acerca del funcionamiento y los riesgos de esta problemática tecnología, así como estar alerta a la ideología de ciberlibertarianismo que le subyace, la cual se fundamenta en buena medida en el pensamiento político de extrema derecha.
Finalmente, un resultado sobre la agricultura –¡ahora comienza el verdadero trabajo!
Alrededor de 800 millones de personas –una de cada nueve de la población global– sufre de malnutrición crónica, de acuerdo con las estadísticas más recientes de la Organización para la Agricultura y la Alimentación. Los sistemas de alimentación son responsables por el 19-29% de las emisiones totales globales de gases de invernadero.
Así, es inaceptable que las conversaciones de la CMUNCC sobre la agricultura hayan estado bloqueadas por cinco años. Los países en desarrollo han exigido que las discusiones se enfoquen en la adaptación, con el fin de que los países en desarrollo les proporcionen apoyo económico que garantice su seguridad alimentaria. Los países desarrollados han mantenido su enfoque en la migración, con el fin de que los países en desarrollo reduzcan las emisiones de sus sectores agrarios, los cuales producen en buena medida los alimentos transportados alrededor del mundo y consumidos por los habitantes de los países ricos (bien de manera directa o como materia prima para la industria global de alimentos cárnicos).
Conscientes de los rumores de que la agricultura podría desaparecer de las negociaciones oficiales dada esta falta de progreso, todos, incluyendo la presidencia de Fiji, esperaban salir de esta COP con algún tipo de resultado significativo.
Sin embargo, un paso adelante en la negociación se dio a principios de la segunda semana, luego de cinco años de las que solo pueden llamarse negociaciones de mala fe. Este llegó como una verdadera sorpresa para muchos observadores. Los países desarrollados se retractaron de su oposición a las antiguas propuestas de los países en desarrollo y acordaron que los cuerpos subsidiarios “aborden conjuntamente los asuntos relacionados con la agricultura, incluso a través de talleres y reuniones de expertos”, y que tomen “en consideración la vulnerabilidad de la agricultura al cambio climático y distintas maneras de abordar la seguridad alimentaria”.
La decisión sobre la agricultura exige un proceso de entregas –incluyendo observadores– que proporcionen información sobre diferentes temas, entre estos: a) los resultados de cinco talleres intrasesiones; b) la evaluación de la adaptación, los co-beneficios y la resiliencia de la adaptación; c) el carbón en el suelo, la salud y la fertilidad de los suelos; d) el uso mejorado de nutrientes y el manejo de abonos; e) sistemas mejorados para el manejo de ganado; y f) las dimensiones socioeconómicas y de seguridad alimentaria del sector agrario.
Las conversaciones científicas en progreso actualmente y el sistema de la ONU pueden proporcionar un apoyo más estratégico a los países que así lo requieran. Las discusiones sobre agricultura en las próximas sesiones deberían poder enfocarse menos en los procesos y más en las herramientas y soluciones de la vida real que pueden hacer de la agricultura y de la seguridad alimentaria actividades menos contaminantes y mejor preparadas para hacerle frente al cambio climático.
El acuerdo sobre agricultura fue recibido como una buena noticia en la primera parte de la segunda semana de la COP, cuando parecía que la mayoría de las demás líneas de negociación no progresaban bien.
Ahora los negociadores encargados del tema de la agricultura deben atender a las emisiones altas y permanentemente en aumento derivadas de la producción integral de alimentos cárnicos. No será posible cumplir los compromisos asumidos para prevenir que la temperatura global aumente por encima de 1.5ºC, o incluso de 2ºC, si no se hace frente a las crecientes emisiones de las industrias cárnica y de lácteos. Para 2060, el crecimiento de la producción de carne y lácteos, conducida en buena medida por estas compañías y por el sistema industrial de alimentos que estas representan, estará cerca de asumir el presupuesto completo de las emisiones globales en el escenario de la meta de un incremento de 1.5ºC en el Acuerdo de París. De acuerdo con una nueva investigación divulgada en la COP 23, titulada “La gigantesca huella climática de la carne y los lácteos”, los más grandes productores de carne y lácteos emiten más gases de invernadero que Alemania. Y las tres más grandes corporaciones de carne y lácteos emiten más que Exxon, Shell o BP. Las discusiones sobre agricultura en la CMUNCC necesitan abordar urgentemente las emisiones no-CO2 de la agricultura. La orientación política es clara y debería apartarnos de la cadena alimenticia industrial hacia la red alimentaria campesina.
Los derechos humanos en el Reglamento de París
Una de las victorias más significativas del Acuerdo de París fue la inclusión de un lenguaje de derechos humanos en su preámbulo, aunque las esperanzas de anclarlo en el Acuerdo se vieron frustradas. Al final, los activistas de la sociedad civil y algunos delegados del país tuvieron que trabajar duro para asegurar que la mención de los principios clave y de las obligaciones existentes de las Partes frente a los derechos humanos no fueran retiradas del texto final. Estos incluyen referencias al alivio de la pobreza, los derechos de los pueblos indígenas, la participación política, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la seguridad alimentaria, una transición justa para los trabajadores y un trabajo decente, la justicia intergeneracional y la integridad de los ecosistemas.
Pero la ganancia fue solamente el inicio de la batalla. Ahora estos deben encarnarse en cinco elementos clave del Reglamento de París que se encuentran en negociación: el reporte de orientaciones sobre las CDN de los países, las comunicaciones de adaptación, la red de transparencia, los mecanismos de mercado y el balance global.
Hasta ahora, nada de esto está sucediendo en suficiente medida. ¿Cuáles países estarán dispuestos a apoyar esta agenda como defensores de los derechos humanos? Menos de un puñado han defendido la introducción del lenguaje transversal necesario para consagrar estos principios en el Reglamento de París.
Los términos “derechos humanos”, “pueblos indígenas y comunidades locales”, “consultas con las partes interesadas”, los mayores y los jóvenes”, “transición justa” o “género” aparecen solo cuatro veces en el borrador actual del reglamento de las CDN y en la sección informativa que se considerará en el proceso de su diseño. Se hace referencia a estos pocas veces y con una diferente terminología en los borradores actuales en relación con las comunicaciones de adaptación y la transparencia, y en absoluto en relación con el balance global. Los derechos humanos aparecen ocho veces en las reglas emergentes sobre los mecanismos del mercado, y el género aparece una sola vez.
El lenguaje del preámbulo del Acuerdo de París con respecto a los derechos humanos no es nuevo. Se refiere a las obligaciones que los países ya tienen bajo otros marcos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Incorporando estos principios a través del Reglamento de París no generará cargas adicionales; en cambio, asegurará la coherencia política. Es desalentador no ver un apoyo mayor de las Partes por la inclusión de consideraciones sobre los derechos humanos en el Reglamento de París. Agotándose el tiempo para redactar el Reglamento, el que los países no levanten su voz por la integración de los derechos humanos socava en efecto la implementación del Acuerdo de París en concordancia y de manera coherente con las obligaciones existentes de las naciones frente a los derechos humanos.
Los derechos humanos en el mundo real –el Movimiento de Litigio Climático
y aunque haya algunos
escondidos detrás de títulos de platino
a quienes les gusta pretender
que no existimos
que las islas marshall
y el tifón haiyan en las Filipinas
e inundaciones en pakistán, Algeria, Colombia
y todos los huracanes, terremotos y maremotos
están aquellos
que nos ven
La sociedad civil, los defensores de derechos humanos y los representantes de instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos sostuvieron numerosas reuniones al margen de la COP 23 para establecer una narrativa que enmarque el cambio climático como un asunto de derechos humanos, así como para discutir vías legales con el fin de hacer responsables a los grandes contaminadores por los abusos a los derechos humanos derivados del cambio climático. A nivel global hay ahora alrededor de 900 litigios judiciales relacionados con el cambio climático en juicio, de los cuales más de dos tercios tienen lugar en los Estados Unidos.
Entretanto, fue alentador ver que un progreso real a lo largo de la duración de la COP 23 en un puñado de investigaciones y casos de litigio judicial climático estratégico alrededor del mundo:
El 16 de noviembre, el Centro para la Ley Ambiental Internacional (CIEL) lanzó un gran nuevo informe de síntesis: Humo y vapor: La base legal y probatoria para responsabilizar a Big Oil por la crisis climática. Con base en las recientes, amplias y continuas investigaciones en la historia de la industria del petróleo y sus investigaciones y negaciones acerca del clima, incluyendo cientos de documentos fruto de las investigaciones del propio CIEL, Humo y vapor presenta el primer resumen comprensivo de lo que la industria sabía acerca del cambio climático, cuándo lo supieron por primera vez y de qué modo han engañado a los inversores y al público acerca de la ciencia climática. De manera significativa, el informe analiza la evidencia disponible frente a los principios nucleares de la responsabilidad legal que subyacen los perjuicios y los regímenes de derechos humanos alrededor del mundo, y relaciona esa evidencia con la ciencia en desarrollo de las atribuciones legales por el clima. Proporciona de este modo un fundamento –y una hoja de ruta– para futuras investigaciones sobre la responsabilidad climática corporativa.
Saúl Luciano Lliuya, un agricultor y guía de montaña peruano, presentó una demanda en contra de la empresa de servicios alemana RWE y obtuvo una victoria revolucionaria en la Alta Corte Regional de Hamm el 13 de noviembre. En una audiencia oral, la corte estableció claramente que grandes emisores como RWE deben apoyar a los habitantes de los países más pobres afectados por el cambio climático, proporcionando así la base para que el caso procediera. Es la primera vez que una corte afirma que un contribuyente al cambio climático debe asumir su responsabilidad por los riesgos asociados al calentamiento global. Las inmensas emisiones de RWE amenazan la familia y la propiedad del demandante, así como buena parte de su ciudad, Huaraz. Lliuya exige que la compañía pague su parte de los costos de adaptación. Primero, la Corte Distrital de Essen desestimó la demanda civil en contra de RWE, pero Lliuya presentó una apelación ante la Alta Corte Regional de Hamm en contra de la decisión negativa de la Corte Distrital.
Durante la COP 21 en diciembre de 2015, la Comisión Filipina de Derechos Humanos (CHR) lanzó la primera investigación de la historia en torno a la responsabilidad de los productores de carbon por el impacto a los derechos humanos derivado del cambio climático. La investigación fue el resultado de una petición presentada por los individuos y comunidades sobrevivientes de los desastres en Filipinas, junto con 14 ONG locales, incluyendo Greenpeace del Sureste asiático y Filipinas. Recientemente, la CHR llamó a 47 corporaciones productoras de carbón a una conferencia preliminar el 11 de diciembre de 2017.
Márquese el 11 de diciembre en el calendario por una razón adicional. Ese mismo día, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos escuchará los argumentos orales sobre si la administración Trump puede evitar el juicio en el famoso caso de la demanda climática Juliana v. Estados Unidos. Esta fue presentada por 21 jóvenes demandantes en 2015, quienes arguyen que la generación de riesgo climático por parte del gobierno viola sus derechos constitucionales y a la confianza pública.
Y finalmente: Noruega. Con el respaldo de una amplia coalición, dos grupos ambientales, Nature and Youth y Greenpeace Nórdico, han presentado un caso legal histórico en contra del gobierno noruego por otorgar licencias de explotación petrolera en nuevas áreas del Ártico noruego por primera vez en 20 años. Los demandantes arguyen que Noruega viola así el Acuerdo de París y el derecho a un medio ambiente sano y seguro para las próximas generaciones, tal como se establece en la Constitución de Noruega. El caso, “El pueblo v. Arctic Oil”, fue presento en la Corte Distrital de Oslo el 14 de noviembre de 2017. Es el primer caso que pone a prueba la explotación de nuevo petróleo y gas basándose en el Acuerdo de París, y es la primera vez que se invocan los derechos contenidos en el Articulo 112 de la Constitución de Noruega en la Corte, con lo cual podría establecerse un antecedente internacional para futuros casos climáticos alrededor del mundo. Es posible acceder a las novedades en tiempo real de este caso aquí.
Las mujeres de los países en desarrollo son particularmente vulnerables al cambio climático porque las permanentes discriminación y restricciones en razón del género les niegan el acceso a recursos como la tierra, los recursos económicos y el poder político. Las mujeres continúan sub-representadas en los organismos de decisión político, incluyendo aquellos relacionados con los esfuerzos por la mitigación y la adaptación, aunque el IPCC y las decisiones anteriores de la COP reconocen que enfrentar el cambio climático global requiere la participación efectiva de las mujeres como agentes de cambio en las acciones por el clima.
Reconociendo estos asuntos, en la COP 20 en 2014 se inició el “Programa de trabajo en género de Lima”, con una duración de dos años, con el fin de avanzar medidas de equidad de género en las negociaciones sobre el clima. Una decisión de la COP 22 extendió el programa por tres años más, hasta 2019, y llama a mejoras, incluyendo el desarrollo de un “plan de acción de género” para apoyar la implementación de decisiones y exigencias relacionadas con el género bajo la CMUNCC. En un taller sobre género y cambio climático en las reuniones de mayo en Bonn, las Partes y los representantes de la sociedad civil acordaron áreas de acción prioritaria para el plan, incluyendo el desarrollo de capacidades y la generación de conocimiento, el balance de género, la participación y el liderazgo de las mujeres, la coherencia, los medios de implementación, el monitoreo y la evaluación. Esto va mucho más allá de la meta igualmente importante de lograr un balance en la composición de las delegaciones y de todos los organismos establecidos bajo la Convención, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París.
Luego de varias sesiones de negociación durante los primeros ocho días de la COP, y con el fantasma del fracaso rondado en las negociaciones, un último impulso llevó a los negociadores a acordar un Plan de Acción de Género (PAG). Con base en el lenguaje del Acuerdo de París, el GAP les recuerda a las Partes que una política pública sobre el clima sensible al género debe aún ser fortalecida en todas las actividades relacionadas con la adaptación, la mitigación y los medios para la implementación (finanzas, tecnología, desarrollo y transferencia, y desarrollo de capacidades), así como en la toma de decisiones de la implementación de las políticas climáticas. Sobre todo, requiere que las mujeres se vean representadas en todos los aspectos del proceso de la Convención y en la transversalización del género en todas las metas y objetivos de las actividades bajo la Convención, como una medida importante para aumentar su efectividad.
El plan menciona 16 actividades objetivo a ser realizadas durante los próximos dos años, con claras responsabilidades e indicadores sobre cómo es posible mejorar la integración del género en la política climática, entre estos: aumentar el número de mujeres tomando decisiones sobre el clima, introducir un presupuesto sensible al género en los procesos de financiación climáticos e incrementar la participación de las mujeres de comunidades de base, locales e indígenas en las sesiones de la CMUNCC.
Mientras que la aprobación del Plan de Acción de Género puede verse como un éxito de la COP 23 y como un paso pendiente desde hace tiempo para el proceso climático, su implementación completa está lejos de estar asegurada. Con poca financiación para este propósito dentro del presupuesto administrativo aprobado por el Secretariado para los próximos dos años, el proceso de implementación del PAG sigue dependiendo casi exclusivamente de las contribuciones voluntarias de las Partes, las cuales, de acuerdo con lo acordado en Bonn, no están aún por venir.
Adicionalmente, el esfuerzo de la CMUNCC por transversalizar el género debe ir más allá del PAG y su intención. Con el fin de producir un verdadero avance, los esfuerzos por transversalizar el género deben enfocarse en encontrar puntos de entrada para acciones de género en las negociaciones más allá de las acciones mencionadas en el PAG. Esto debe ser una tarea de los expertos técnicos negociando las provisiones para la mitigación, la adaptación, la financiación y la tecnología –negociadores que no estuvieron involucrados en las discusiones sobre la transversalización del género en Bonn. Para el que el PAG sea más que un “accesorio” en las negociaciones climáticas, las cuales de otro modo son ciegas al género, los defensores del género deben impulsar a los negociadores a que incluyan consideraciones de género a través de todas las vías de negociación del Acuerdo de París –en los elementos del Reglamento de París y de su Mecanismo de Financiación. También debe notarse que el GCF y el FMAM, las entidades operadoras del mecanismo financiero del Acuerdo de París, siguen un abordaje de transversalización del género con políticas de género separadas de los planes de acción, y están ampliando sus marcos de responsabilidad para asegurar todas sus acciones resulten en una mejor equidad de género.
Las comunidades locales y la Plataforma de Pueblos Indígenas
Los pueblos indígenas y las comunidades locales han clamado por un puesto en la mesa de negociaciones climáticas desde poco antes de la firma de la Convención en 1992. Ellos son frecuentemente los primeros en enfrentar las consecuencias del cambio climático, dado que sus medios de subsistencia dependen casi totalmente del medio ambiente y sus recursos. Un estudio reciente reveló que al menos una cuarta parte de todo el carbón forestal del trópico se encuentra en territorios administrados colectivamente por los pueblos indígenas y las comunidades locales. Asimismo, hay evidencia evaluada por pares que demuestra que ellos mantienen mejor los bosques que cualquier otra estrategia de administración de la tierra. Sin embargo, sin tener sus derechos asegurados, estas comunidades y sus bosques están en riesgo de ser invadidos ilegalmente, de entrar en conflicto y de ser capturados por intereses más poderosos.
La necesidad de fortalecer los esfuerzos de las comunidades locales y los pueblos indígenas para responder al cambio climático fue reconocida en el texto de Decisión de París, el cual establece una plataforma para el intercambio de experiencias y para compartir buenas prácticas.
Un “diálogo abierto” altamente exitoso en torno a la plataforma tuvo lugar en las reuniones intersesionales de la CMUNCC en mayo pasado. Por primera vez en esta COP se incluyó en la agenda de las negociaciones oficiales un ítem sobre la creación de la plataforma. Sin embargo, luego de que apareciera un texto preliminar a principios de la conferencia, las negociaciones aparentemente se estancaron, dado que por varios días no apareció ninguna nueva versión.
Según se reportó, algunos países desarrollados propusieron que la plataforma fuera establecida de manera externa al proceso de la CMUNCC, dado que, siendo este un proceso liderado por Partes, podría llegar a limitar el involucramiento de los pueblos indígenas. También hubo que atender al complicado asunto de la manera como diferentes países reconocen a sus culturas indígenas. Y está también el asunto de larga data de cómo los distintos derechos proporcionados a las comunidades indígenas pueden diferir de los de las comunidades locales.
Así pues, se trató definitivamente de una victoria satisfactoria y mayor –un “gran avance”, dijo uno de los grupos prominentes representantes de las comunidades indígenas del Amazonas– cuando el texto final apareció y fue adoptado. Aun cuando se trata tan solo un paso hacia el reconocimiento y el respeto de las perspectivas y el conocimiento de los pueblos indígenas en este proceso, la Plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas contiene algunos elementos clave. Recomienda la participación completa y efectiva de los pueblos indígenas (reconociendo el principio del consentimiento libre, previo e informado, o CLPI), el igual estatus de los pueblos indígenas y las Partes, incluso en los puestos de liderazgo, identifica funciones de la plataforma como el conocimiento, la participación efectiva y la integración de los sistemas de conocimiento de los pueblos en las acciones y políticas climáticas, y recomienda una adecuada financiación del Secretariado y contribuciones voluntarias para cumplir con las funciones de la plataforma.
Pareciera que la CMUNCC está poniéndose al tanto finalmente de otros procesos de la ONU como la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), de cuyas discusiones y decisiones los derechos, las culturas y los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas han sido parte por muchos años. Sin embargo, otros observadores de los pueblos indígenas en la COP 23 tienen una evaluación menos positiva. La Red Ambiental Indígena (IEN) concluye: “El reto para el Cónclave indígena es que los países que son parte de esta conferencia climática de la ONU son muy precavidos acerca del proceso y de las reglas para la inclusión de los pueblos indígenas en puestos de toma de decisiones en la operacionalización de la plataforma. Necesitamos ser claros en que en el día final de esta vigésimo tercera sesión de la Conferencia de las Partes (COP 23) de dos semanas de duración, la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMUNCC) no ha reconocido nuestros derechos. El documento final de las Partes en esta conferencia dice que ellos solamente ‘reconocerán sus respectivas obligaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales’”.
Una historia de dos COP
mami te promete
vendrá a devorarte
ninguna ballena de compañía codiciosa tiburoneando entre los mares políticos
ninguna agua estancada de negocio hostigador con una moral rota
ninguna burocracia a ciegas desbordará
este madre océano
La COP 23 consistió en realidad en dos conferencias, ubicadas en lados opuestos del Parque Rheinaue de Bonn, a las orillas del río Rin. En el lado norte, en el conocido Centro Mundial de Conferencias y en una estructura temporal del campus de la ONU se ubicó la zona “Bula”. En esta, cada vez más soñolientos, los delegados y representantes de la sociedad civil que les seguían la pista corrían de sala en sala tratando de navegar sesiones de negociación a menudo superpuestas.
Alrededor de dos kilómetros al sur, en la zona “Bonn”, tuvieron lugar los eventos, las sesiones informativas e innumerables conversaciones. Allí el espíritu era festivo y colorido, frecuentemente positivo y orientado a hallar soluciones, aunque muy a menudo mezclado con comentarios combativos, desafiantes y de resistencia en contra del fracaso en la toma de decisiones. Muchos de estos comentarios, sin embargo, eran por defecto demasiado egocéntricos y autorreferentes, dado que la interacción con los tomadores de decisiones climáticas era claramente difícil. Las experiencias y las historias en este frente del cambio climático, así como las potenciales soluciones climáticas, debieron haber tenido algún chance de ser oídas por los negociadores en la zona Bula.
A medio camino entre Bonn y Bula, apenas fuera de la zona oficial, se ubicó una carpa gigante que albergaba al Centro Estadounidense de Acción Climática, una iniciativa de la campaña “We Are Still In”, con más de 1.700 signatarios corporativos, incluyendo Amazon, Apple, Nike y Target. Alcaldes, gobernadores, corporaciones y rectores universitarios de los Estados Unidos resaltaron acciones climáticas que continúan en marcha a pesar del anuncio de la administración Trump de que se retiraría del Acuerdo de París. El mensaje fundamental fue “Donald Trump no puede detenernos”. Esto llevó a una interesante dinámica en la que la “delegación inoficial de los Estados Unidos” terminó siendo más efectiva en Bonn que los negociadores delegados por la Casa Blanca, y mostró que de manera creciente, y no solamente para los Estados Unidos, son aquellos que no están oficialmente representados en el proceso de la CMUNCC quienes demuestran una ambición y unas acciones reales frente al cambio climático.
Cientos de actividades de la sociedad civil, el gobierno y las corporaciones tuvieron lugar en eventos oficiales e informales. Asimismo, iniciativas de la Agenda por la Acción Climática Global sobre agricultura, el transporte, los bosques y muchos otros temas, así como variados anuncios, tuvieron lugar simultáneamente a la COP.
Michael Bloomberg, filántropo billonario, antiguo alcalde de la Ciudad de Nueva York y emisario especial de la CMUNCC para las ciudades, y el gobernador de California, Jerry Brown, lanzaron el “Compromiso de Estados Unidos”, una iniciativa para medir la reducción de las emisiones de los llamados “actores no estatales”. Bloomberg arguyó que su coalición de ciudades, estados y empresas representa más de la mitad de la economía de Estados Unidos –la tercera economía más grande del mundo si fuera un país– y que debería tener un puesto en la tabla de negociación de las conversaciones climáticas de la ONU.
Diecinueve países tienen la intención de terminar su dependencia del carbón como fuente de energía, como fue anunciado en la Alianza Powering Past Coal, la cual espera contar con 50 miembros para la COP del próximo año. Notablemente, los Estados Unidos, Australia y Alemania no se encuentran en la lista. Este anuncio tuvo éxito marginando a Alemania, al mismo tiempo que las negociaciones en Berlín sobre la formación de un nuevo gobierno, que al final fracasaron, encontraron un gran obstáculo en torno a la cuestión de la eliminación gradual del carbón y el futuro de la política climática alemana. Aunque la alianza es una movida política interesante, queda en duda la seriedad del compromiso de al menos algunos de sus miembros. Téngase en cuenta que uno de los signatarios, el Reino Unido, sigue recortando subsidios para la energía renovable, y que en Canadá, otro de los signatarios, continúa la producción de arenas alquitranadas.
En la COP 23 también se dio un Llamado de alto nivel para constreñir la producción de petróleo, gas y carbón para conseguir los objetivos de París: Oficiales de alto nivel de las Islas Pacíficas han llamado al control de la producción de combustibles fósiles con el fin de permanecer dentro de los límites climáticos acordados en París. Esto requiere un alto a la exploración y expansión de nuevas reservas, así como un descenso controlado y una transición justa de la producción de combustibles fósiles, empezando por los países y los estados que cuentan con los medios para actuar primero y más rápidamente. Estos llamados hicieron eco del objetivo de la Declaración de Lofoten, la cual afirma que los productores ricos de combustibles fósiles tienen la responsabilidad urgente y la obligación moral de liderar estos esfuerzos. La Declaración de Lofoton ha sido firmada por casi 500 organizaciones a nivel global. Su Excelencia Anote Lofoten, antiguo presidente de Kiribati, y François Martel, Secretario General del Foro para el Desarrollo de las Islas Pacíficas, firmaron oficialmente la Declaración de Lofoten en la COP 23.
El llamado a terminar la era de los combustibles fósiles a lo largo de numerosos eventos de la zona de Bonn hizo eco de los mensajes de la Cumbre Climática de los Pueblos del 3 al 7 de noviembre, la Marcha Climática que reunió 25.000 personas en las calles de Bonn el 4 de noviembre, y Ende Gelände, una acción de desobediencia civil masiva pacífica en contra de la mina de lignito a cielo abierto de Renania, del 5 al 7 de noviembre. Todos estos eventos articularon un mensaje de solidaridad global y justicia climática, y resaltaron alternativas viables a un abordaje corporativista en las negociaciones globales, el cual produce soluciones falsas para la crisis climática.
Los combustibles fósiles no fueron el único ítem de acción en la COP 23. El 16 de noviembre, 19 países miembros de la “Plataforma del Biofuturo”, incluyendo Brasil, China, Egipto, Francia, India, Marruecos y Mozambique anunciaron un acuerdo formal para el desarrollo de objetivos frente a los biocombustibles y para construir un plan de acción con el fin de cumplirlos. “Los biocombustibles sostenibles pueden ofrecer soluciones para el nudo energía-transporte. Esta asociación nos ofrece esa oportunidad”, dijo Rachel Kyte, Representante especial del Secretariado General de la ONU y Director General de Sustainable Energy for All. Dado que la neutralidad de la bioenergía con respecto al carbón no es más que un mito, Rachel Kyte es uno de los arquitectos centrales del fomento de la ONU de la valoración económica de la naturaleza y del capital humano. Muchos de los signatarios originales son países conocidos por su apropiación de tierras y por abusos a los derechos humanos en relación con el sector de la tierra. El valor positivo de esta iniciativa es imposible de comprender.
La historia de las dos COP puede ser contada desde dos perspectivas. Una historia es la siguiente: separar a los observadores y sus espacios de encuentro de las negociaciones oficiales hará muy difícil que los gobiernos se hagan responsables por sus acciones en el espacio de la CMUNCC, y les proporcionará a quienes se preocupan por el exceso de voces críticas una excusa para entregar incluso menos credenciales en las próximas COP. Para la sociedad civil, las personas que recibieron la codiciada acreditación para las dos zonas, sus esfuerzos para reducir la brecha geográfica (si no política) giraron primordialmente en torno al uso de bicicletas rentadas sin costo para recorrer los trayectos diarios de ida y vuelta y servir como “tejido conector” para ambas zonas. Muchos de ellos asumieron el reto con vigor, a pesar del frío y de la llovizna continua, incluso cuando esto significaba tomar lecciones improvisadas para montar las bicicletas (por ejemplo, la Circunscripción de Mujeres y Género proporcionó un entrenamiento en “desarrollo de capacidades” para montar en bicicleta)
Pero hay otra manera de contar la historia: la COP 23 fue aburrida. Las negociaciones no solamente fueron muy técnicas, sino que tuvieron poca relevancia frente a lo que ocurre en el mundo real. La “otra COP” en la zona de Bonn fue donde se dio la acción, donde se pusieron sobre la mesa y se discutieron las soluciones reales (y también algunas falsas) para la implementación de París y el aumento de la ambición. Los negociadores estancados en la zona de Bula, quienes discutían cómo medir, reportar y verificar el progreso de la implementación, fueron aislados de las conversaciones sustanciales sobre lo que realmente significa la implementación –un hecho que es evidente al leer los documentos resultantes de la COP 23.
estan aquellos
los brazos arriba
los puños levantándose
las banderas desplegándose
los megafonos tronando
canoas bloqueando los buques de carbon
el resplador de las villas solares
el suelo limpio y rico del pasado del granjero
peticiones brotando de puntas de los dedos adolescents
familias montando bicicletas, reciclando, reutilizando,
ingenieros soñando, diseñando, construyendo,
artistas pintando, bailando, escribiendo
y estamos difundiendo el mensaje
y ya hay miles en las calles
marchando con signos
cantando por un cambio AHORA
y ellos están marchando por ti, bebé
están marchando por nosotros
porque merecemos más que solamente
El título cita la convocatoria de los Guerreros del Clima del Pacífico en la COP 23. Los autores desean agradecer a Teresa Anderson, Kate Dooley, Sébastien Duyck, Stephen Leonard, Julie-Ann Richards, Anne-Laure Sablé y Hans Verolme por sus contribuciones a este análisis
[1] El 23 de septiembre de 2014, Kathy Jetnil-Kijiner, poetisa de las Islas Marshall y artista de las palabras habladas, pronunció un discurso ante la Ceremonia de Apertura de la Cumbre del Clima del Secretario General de las Naciones Unidas y leyó su poema "Querido Matafele Peinem". Estamos citando de ese poema aquí a lo largo de nuestro análisis con el permiso del autor. Para obtener más información sobre Kathy y su trabajo, consulte: https://www.kathyjetnilkijiner.com
¿Cuáles son los temas relevantes de la COP23?
¿Qué está en juego en la COp23? Todos los países pueden influir por igual en las negociaciones? ¿Qué postura tiene México? ¿Las nuevas tecnologías pueden frenar el calentamiento global? Silvia Ribeiro de Grupo ETC nos informa sobre los temas relevantes que se van a discutir en la COP23 en Bonn. Vea aquí la entrevista.

References: Artículo 6
 resolución 
 resolución 
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 6
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