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Timestamp: 2019-11-15 02:15:06+00:00

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V Brigada – Colombia Nunca Más
COMANDANTES V BRIGADA 1966-1998
CR. Álvaro Valencia Tovar
BG. Luis Carlos Camacho Leyva
BG. Ramón Arturo Rincón Quiñónez
BG. Efraín Horacio Vallejo Ardila
BG: José Maria Rivas Forero
BG. Rafael Samudio Molina
BG: Nelson Mejía Henao
BG. Oscar Botero Restrepo
BG. Ernesto López Ramírez
BG. Daniel E. García Echeverri
CR. Norberto Adrada Córdova
BG. Alfonso Vacca Perilla
BG: Carlos Julio Gil Colorado
BG. Ricardo E. Cifuentes Ordóñez
BG. Agustín Ardila Uribe
BG. Rafael Morales Gómez
BG. Fernando Millán Pérez
31-08-65 a 02-01-70
02-01-70 a 12-01-71
12-01-71 a 03-01-74
03-01-74 a 01-01-75
01-01-75 a 01-01-78
01-01-78 a 04-01-80
04-01-80 a 23-01-81
23-01-81 a 03-08-82
03-08-82 a 03-08-84
08-03-84 a 06-06-86
06-07-86 a 22-12-86
23-12-86 a 04.12-89
04-12-89 a 09-12-91
09-12-91 a 12-12-94
12-12-94 a 19-12-95
19-12-95 a 20-12-96
21-12-96 a 10-12-98
ADRADA CORDOBA,
Para 1979, Norberto Adrada Córdoba tenía el grado de Mayor, siendo alumno de la Escuela Superior de Guerra. Un año mas tarde sería el comandante del Batallón No. 27 “Magdalena” en Pitalito (Huila).
En 1982 mediante el decreto 3183 sería ascendido a Teniente Coronel. Este mismo año y hasta junio de 1983, asistió a un Curso de Comando y Estado Mayor en Estados unidos, por decreto 451 de 1982. A su vez sería condecorado con la medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público por primera vez, mediante el decreto 1287 de 1982.
En 1984 estuvo vinculado a la I División, siendo director de la Escuela de Lanceros hasta 1985, año en que le sería conferido el ascenso a Coronel por el decreto 3455. Para 1986 era comandante de la V Brigada.
El 18 de junio de 1986 hacia las 5:30 p.m., el estudiante William Camacho Barajas de 22 años y el comerciante Orlando García González de 35 años fueron detenidos y desaparecidos durante un operativo realizado por efectivos del B-2 del ejército adscrito a la Brigada V. en el que participaron el capitán Leonardo Gómez Vergara, los cabos Orlando Quintero Cadena alias “El Chato” y Armando Morales Mazuera, los sargentos Luis Alfredo Buitrago Zapata y Alfonso Montealegre y el comandante del CIAES Mayor Hernando Navas Rubio, en complicidad con otros miembros de organismos de seguridad y del Teniente Coronel Luis B. Urbina Sánchez, en San Gil (Santander). Existen serios indicios de que el Coronel Adrada Córdoba conocía de los hechos, además de que encubrió a los oficiales involucrados en la desaparición de las víctimas.
El 24 de octubre de 1986 a las 12:00 del día, Clara Inés Gómez Roa, Leticia Gómez Roa y Gustavo Gómez Roa fueron detenidos durante un allanamiento y torturados por una patrulla combinada de militares y civiles armados en Piedecuesta (Santander). Ese mismo día, Eliseo Gómez Roa fue detenido en su sitio de trabajo por miembros del ejército en Bucaramanga (Santander), y llevado a las instalaciones de la V Brigada. El Brigadier General Adrada Córdoba fue quien ordenó el operativo.
En 1987, fue trasladado al Cuartel General del Comando del Ejército. Nuevamente, este año fue condecorado con la medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público por segunda vez por el decreto 248, al igual que con la medalla de Orden al Mérito Militar “Antonio Nariño” en el grado de comendador por el decreto 1152. Para el mes de julio, y hasta 1988 sirvió como agregado militar en la embajada de Colombia en Estados Unidos. De acuerdo al decreto 968.
En el segundo semestre de 1988 y hasta 1989 se desempeño como comandante de la XII Brigada. Luego en 1990 ascendería a Brigadier General por el decreto 2831. Un año mas tarde estaría en la comandancia de la VII Brigada, para en 1992 asumir el mando de la II Brigada, año en que se le otorgaría la Orden de Boyacá, grado Gran Oficial, por el decreto 1217. Al finalizar 1992 lo trasladaron como Comandante al Comando de Operaciones Especiales de Contraguerrillas.
En 1994 por decreto 2659 Adrada Córdoba ascendería a Mayor General, siendo nombrado por el mismo decreto como Comandante de la I División.
El Oficial Adrada Córdoba nunca fue investigado penal o disciplinariamente por los hechos en que estuvo involucrado.
ARDILA ORJUELA,
En 1976, tenía el rango de Subteniente y se encontraba vinculado al Batallón de Infantería de Montaña No. 18 “Rooke”. En 1979, estuvo vinculado al Batallón de Infantería No. 2 “Sucre”.
En 1980, fue ascendido a Teniente y estuvo vinculado al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano -BINCI-. En 1982, estuvo en el Batallón de Infantería Mecanizado No. 4 “Nariño”. En 1983, estuvo nuevamente en el BINCI.
En 1984, estuvo en la Escuela de Infantería. Ese mismo año fue ascendido a Capitán, mediante el decreto Nº 1163 del 18 de mayo de 1984.
En 1985, estuvo en el Batallón de Infantería No. 27 “Magdalena”. Entre 1986 y 1987, estuvo en el Batallón de Infantería No. 14 “Ricaurte”, como oficial S-2.
El 16 de agosto de 1987, el abogado y Alcalde de Sabana de Torres por la Unión Patriótica Álvaro Garcés Parra; el agente de policía John Jairo Loaiza Pava, quien le servía como escolta al Alcalde; el militante de la Unión Patriótica Carlos Gamboa Rodríguez, quien se desempeñaba como escolta del Concejal de Lebrija por la Unión Patriótica, Jaime Castrillón, y el ama de casa Elida Rocío Anaya Duarte, fueron asesinados durante un operativo conjunto entre miembros del Ejército, la policía y paramilitares. El Capitán Ardila Orjuela, quien se desempeñaba como Comandante del S-2 del Batallón Ricaurte, participó de la planeación del crimen, llevada a cabo el día anterior en las dependencias del S-2 del Batallón Ricaurte. Expidió el permiso para portar armas, que llevaba Raúl Bermúdez Alcántara al momento de ejecutar el crimen, el cual firmó con su mano izquierda, previendo eludir cualquier investigación. Había amenazado públicamente a los miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica de Sabana de Torres, en agosto de 1986, cuando era comandante de la base militar La Santos, ubicada en la localidad.
En 1988, estuvo en el Batallón de Servicios Nº 13. Al año siguiente, fue ascendido a Mayor, mediante el decreto 2720 del 24 de noviembre de 1989.
En 1990, se encontraba vinculado al Batallón de Policía Militar Nº 13 Mosquera. Ese mismo año, fue retirado mediante el decreto Nº 1141 del 31 de mayo de 1990.
Por el asesinato del alcalde de Sabana de Torres en 1987, fue sancionado con tres días de arresto severo por “descuido… ocasionando que con esto se elaboren documentos falsos en su sección, poniendo en tela de juicio el prestigio de las Fuerzas Militares”, el 30 de septiembre de 1987. La sanción le fue impuesta por el Comandante del Batallón, quien también participó de la planeación del crimen. Fue destituido en forma “simbólica” el 7 de abril de 1990, a consecuencia de la solicitud hecha por la Procuraduría, pero para entonces ya estaba en retiro.
ARIAS ALTURO,
Nacido en Bucaramanga el 12 de septiembre de 1966; cursó hasta tercero de bachillerato en el colegio Vicente Azuero de Floridablanca (Santander). Una vez ingresó al ejército en 1986 como soldado regular del Batallón Caldas, después de terminar su servicio continuó trabajando como soldado profesional en el Batallón contraguerrilla Cobra, luego pasó al Grupo Especial “Delfín Operaciones Nocturnas” del Batallón Los Guanes en Bucaramanga. Entrenó paramilitares en San Juan Bosco de La Verde por cuenta del Batallón Luciano D’ Elhuyar por mando directo del General Vacca Perilla comandante de la V Brigada en 1988, tarea que compartió con el entonces Teniente Edgar Correa Copola. Participó en los siguientes hechos.
Detención y desaparición de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana de 20 años ocurrida el 7 de febrero de 1989 en la finca El Danubio en la vereda Guaduas, del corregimiento El Líbano, municipio de San Alberto (Cesar).
Asesinato del juez Omar Herrera Niño, ocurrido el 27 de enero de 1992 en Bucaramanga. El crimen había sido ordenado por Carlos Eduardo Becerra y Jaime García Cala, Director y Subdirector del DAS Seccional Santander respectivamente.
Asesinato de Ángel Antonio Muñoz y Nancy Edith Acosta Salazar, y las heridas causadas a Misael Acosta, Matilde Salazar y Mauricio Galvis en la finca El Rubí, ubicada en la vereda La Azufrada, en Lebrija (Santander), en hechos ocurridos el 6 de mayo de 1993. De acuerdo con la indagatoria que rindió ante la Fiscalía Regional de Cúcuta, la incursión se realizó porque se creía que Misael Acosta y algunos obreros de la finca pertenecían a grupos subversivos, dándose cuenta después que las personas asesinadas, sobre las cuales le hicieron creer su pertenencia a la subversión, “se trataba de gente campesina honesta y trabajadora”.
Por su participación en la desaparición de Isidro Caballero y Maria del Carmen Santana, el Juzgado Segundo de Orden Público lo absolvió de todos los cargos el 11 de septiembre de 1990.
Por el asesinato del juez Omar Herrera Niño, la Fiscalía Regional de Cúcuta en providencia del 19 de diciembre de 1994, acusó a Gonzalo Arias Alturo, Carlos Eduardo Becerra Corredor y Jaime García Cala de ser coparticipes en el homicidio con fines terroristas del juez Omar Herrera Niño, y por ello les decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional. Sostuvo el ente acusador que la declaración de Arias Alturo merece credibilidad, ya que “coincide con las circunstancias de modo tiempo y lugar de como ocurrió el trágico acontecer, al igual que con los medios probatorios”.
El mismo ente acusador, profirió el 6 de marzo de 1995, en la investigación bajo radicado No. 7138, resolución de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva a Gonzalo Arias Alturo que se encontraba capturado para la fecha en la cárcel Modelo de Bucaramanga, tras encontrar que la confesión del mismo sobre su participación en el asesinato de Nancy Acosta Salazar, Ángel Antonio Muñoz Rincón y las heridas a Misael Acosta, Matilde Salazar y Mauricio Galvis era verídica, al igual que su participación en la ejecución de otros crímenes en Santander y Sur del Cesar.
BASTO BERNAL,
Cabo adscrito al Comando de Investigación, Antiextorsión y Secuestro CIAES. Participó en el asesinato de los jóvenes Jesús Orejanera Parra, William Raimundo Correa Vélez, y Rubén Darío Carmona Zambrano, ocurrido el 28 de mayo de 1990 en Bucaramanga (Santander). Los militares los presentaron como guerrilleros dados de baja, además de alegar “defensa propia”.
La auditoria 17 de guerra de Bucaramanga abrió investigación contra el Capitán Soto Suárez por el delito de homicidio y encubrimiento a los capitanes Evangelista Basto Bernal y William Saavedra Márquez. El 30 de abril de 1990 el juez 100 de Instrucción penal militar se abstuvo de decretar medida de aseguramiento en contra de los suboficiales. El 3 de 0ctubre de 1992 el juez 23 de IPM decretó medida de aseguramiento en contra del Capitán Soto. El 24 de marzo de 1994 fue revocada esta decisión y se decretó medida de aseguramiento contra los Cabos Basto y Márquez. Convocado el Consejo verbal de guerra, se llevó a cabo la audiencia en la que absolvieron a los sindicados por no haberse encontrado pruebas de su responsabilidad en los hechos.
BERBESI GAMBOA,
Subteniente que el 1 de junio de 1989, estuvo al mando de la tropa del CIAES de la V Brigada que detuvo y torturo a Rafael Acevedo Suárez, Rodolfo Hernández Pulgar, Rafael Llain, Guillermo Salazar, Efraín Gómez, José Alirio Osorio, Jaime Alberto Navarro Max, Álvaro Enrique Peñaranda, Santiago Ortiz Escobar, Wilfredo Cañizalez, Neftaly Franco, Héctor Sánchez, Gustavo Contreras y Emiro Rafael Solera Hernández, miembros de organizaciones sindicales y cívicas, en hechos ocurridos en Lebrija.
Por estos hechos no se siguió proceso alguno contra el Oficial Berbesi.
CELY MONTAÑA,
Subteniente que el 17 de enero de 1994 participó en la detención y asesinato del campesino Aníbal Sosa Criado, y los guerrilleros Emanuel Villabona, Edinson Cárdenas Rodríguez y Gerson Said Guzmán Angarita, miembros del frente Camilo Torres Restrepo del ELN, en hechos ocurridos en la finca Montevideo, vereda La Culebra, corregimiento de Puerto Oculto de San Martín (Cesar).
Por los hechos ocurridos en la finca Montevideo la Procuraduría Delegada Para la Defensa de los Derechos Humanos decreto en fallo del 18 de agosto de 1998 abstenerse de proseguir con la investigación y por tanto ordenar el archivo de lo actuado contra el Subteniente Álvaro Enrique Cely Montaña porque su conducta se encontraba justificada dentro del “estricto cumplimiento de un deber legal”, específicamente de la misión de rastreo y registro ordenada por la orden No. 007 “Antílope” de enero de 1994 del Batallón de Contraguerrilla No. 27 “Rogelio Correa Campos”.
ECHANDIA SANCHEZ,
A finales de 1986 fue ascendido a Mayor, mediante el decreto 3527 del 26 de noviembre de dicho año. Al año siguiente fue trasladado a la sección de operaciones (S-3) del Batallón Ricaurte, donde permaneció entre enero 1 y diciembre 31 de 1987 estando en este cargo allí se reunió con Henry de Jesús Pérez y algunos ganaderos, con el fin de “efectuar limpieza al sur del Cesar, pero no se llega a nada”.
En octubre de 1987, diecinueve personas, la mayoría de ellas dedicadas al comercio de mercancía de contrabando, fueron torturadas y desaparecidas por miembros del Batallón Bárbula y paramilitares del grupo al mando de Henry de Jesús Pérez Durán, por orden del Brigadier General Farouk Yanine Díaz. El crimen fue planeado durante una reunión en las oficinas de ACDEGAM en Puerto Boyacá, en la que participó el Teniente Coronel Hernando Navas Rubio, Comandante del B-2 de la XIV Brigada, quien les aseguró que “los comerciantes introducían a la zona armas y municiones con destino a la guerrilla”. Allí se acordó la coordinación con el Comandante de la V Brigada, el Brigadier General Juan José Alfonso Vacca Perilla, delegando al Mayor Oscar de Jesús Echandía Sánchez y al Sargento Otoniel Hernández Arciniegas, quienes se encargado, de coordinar con Alonso de Jesús Baquero Agudelo, la vigilancia de la caravana hasta que llegara al lugar donde estaban los paramilitares.
En 1989, ya en retiro, se fue para Puerto Boyacá y se vinculó a ACDEGAM, siendo nombrado Director del Periódico Puerto Rojo y organizador del Centro de Estudios Sociales de ACDEGAM -CES-. En febrero de ese mismo año asistió en calidad de monitor y coordinador al curso dictado por los mercenarios israelitas en la “Isla de la Fantasía”.
El 18 de enero de 1989, en el sitio La Rochela, del municipio de Simacota (Santander), una comisión judicial que investigaba una cadena de crímenes cometidos por militares y paramilitares, fue interceptada por paramilitares y once de sus miembros asesinados. Según se estableció el crimen fue ideado y coordinado por los Departamentos de Inteligencia B-2 de las Brigadas V y XIV, y el G-2 de la 11 División, y para su consumación fueron utilizados paramilitares que trabajaban para las redes de inteligencia de esas unidades. Según declaró Alonso de Jesús Baquero Agudelo “a raíz de la entrada de los jueces el señor Tiberio Villarreal por medio del Mayor del Ejército Oscar de Jesús Echandía Sánchez informó que esa comisión cargaba todo el expediente y comenzó a presionamos para que matáramos los jueces y les quitáramos el expediente”.
Por los asesinatos de Casimiro Parga y Jesús Eduardo Hernández, en 1982, el Juzgado Primero de Instrucción Criminal asumió de oficio las investigaciones, que luego pasaron al Juzgado 23 de Instrucción Criminal el cual, en ambos casos “se inhibió de abrir investigación y archivó los expedientes.
Por el asesinato de Álvaro Garcés Parra, en 1987, fue vinculado al proceso penal que inició el Juzgado 11 de Instrucción Criminal de Bucaramanga y que luego pasó al Juzgado 109 de Instrucción Penal Militar, el cual decretó la detención del Oficial Echandía el 23 de febrero de 1989, pero esta medida no se hizo efectiva. El 3 de octubre de 1989, durante un consejo verbal de guerra realizado en la V Brigada, el Oficial Echandía fue absuelto por el asesinato del Alcalde de Sabana de Torres, sentencia que fue confirmada por el Tribunal Superior Militar. Por este mismo hecho la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares adelantó una investigación disciplinaria contra Echandía Sánchez y el 18 de enero de 1989, solicitó su destitución. El 7 de abril de 1990, el Gobierno Nacional expidió el decreto 799 mediante el cual destituía a Oscar de Jesús Echandía Sánchez “en forma simbólica”, pues para la fecha este ya se había retirado del Ejército.
Por la desaparición de los diecinueve comerciantes en 1987, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, el 12 de septiembre de 1997, profirió resolución de acusación a Oscar de Jesús Echandía Sánchez, como “cómplice, en los delitos de homicidio agravado con fines terroristas y tentativa de homicidio agravado’. Pero a consecuencia de que el Consejo Superior de la judicatura resolvió el conflicto de competencias en favor de la Justicia Penal Militar, el Comandante del Ejército, el Mayor General Manuel José Bonett Locarno, se abstuvo de convocarlo a Consejo Verbal de Guerra.
ENAMORADO GUTIERREZ,
El 7 de octubre de 1992, nueve pasajeros de un bus de servicio público y dos guerrilleros del ELN, fueron asesinados y catorce personas heridas por miembros de la V Brigada del Ejército en el sitio El Tope, Santa Bárbara (Santander). El Cabo Primero Enamorado Gutiérrez fue uno de los militares que participó en la masacre.
Por la masacre de Santa Bárbara de 1992, el 9 de agosto de 1996 la Auditoria Auxiliar 30 de Guerra cesó todo procedimiento en su contra. Decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior Militar el 24 de febrero de 1998.
GARCIA ECHEVERRY,
En 1979, recibió el grado de Coronel; tres años más tarde fue ascendido a Brigadier General mediante el decreto 1466 del 27 de mayo de 1982, ese mismo año fue nombrado como Director del Servicio de Reclutamiento y Movilización.
Fue el primer Comandante de la XIV Brigada, cargo que desempeñó entre el 1 de abril y el 28 de diciembre de 1983. En 1983, surgen en el Magdalena Medio varias estructuras paramilitares y se fortalecen otras ya existentes. Estas estructuras paramilitares tienen asiento en los municipios de Puerto Berrío y Puerto Nare (Antioquia), y Puerto Boyacá (Boyacá). Existen abundantes pruebas de que estos grupos fueron creados y organizados bajo los directos auspicios del Oficial García Echeverry cuando este se desempeñaba como Comandante de la XIV Brigada en la región. Según declaración de una paramilitar, el Oficial García Echeverry, tenía buenas relaciones con los narcotraficantes, pues “en el cumpleaños Pablo Escobar le regaló un reloj de oro”.
Además, entre 1983 y 1984, miembros del ejército organizan en el sur del departamento de Bolívar varios grupos paramilitares. En dicha labor participar ron miembros de la estructura paramilitar de Puerto Boyacá (Boyacá), igualmente creada por el ejército. Los grupos paramilitares tomaron como centro de operaciones a Magangué, y establecieron un sistema de enlace con los servicios de inteligencia del Ejército a través del B-2 de la XI Brigada. El ex Teniente y ex líder paramilitar, Luis Antonio Meneses Báez, alias “Ariel Otero”, confesó ante los investigadores de la Dirección de Policía Judicial e Investigaciones DIJIN-, en noviembre de 1989, que el Oficial García Echeverry había sido el creador de los grupos paramilitares del sur de Bolívar. En 1983, este Oficial recibió la condecoración Orden de Boyacá, en el grado de Gran Oficial, según el decreto 1943 de 1983.
En el primer semestre de 1984 fue nombrado director de la Dirección de Instrucción del Ejército, y del segundo semestre de 1984 y durante el año 1985 se desempeñó como Comandante de la V Brigada. Durante estos dos años fue condecorado por ‘Servicios Distinguidos en orden público’, por segunda vez, según el decreto 354 de 1984; y por tercera vez, mediante el decreto 3549 de 1 985.
El 7 de mayo de 1985, Miguel Ángel Mendoza Toloza, de 16 años, los niños Jesús Elías Mendoza Toloza y Luis Mario Mendoza Toloza, de 10 años, e Hilda Teresa Toloza de Mendoza fueron detenidos, torturados y sindicados y José Fabián Mesa Arango, de 27 años, Gustavo Bautista Chávez, de 35 años, Antonio Maria Hernández, de 30 años, Adán Pabón Portilla, de 60 años, Gabriel Calderón y Alberto Rodríguez García, de 31 años, fueron detenidos durante un operativo y sindicados de ser guerrilleros por miembros adscritos a la V Brigada, en Surata (Santander). El Comandante de la unidad militar era el Brigadier General García Echeverry, y en razón de su cargo estuvo al tanto del operativo.
Un mes después, el 29 de junio, el campesino Carmelo Galves Ortega fue torturado y asesinado, y los campesinos Víctor Manuel y Luis Jesús Leal Guerrero, fueron desaparecidos y asesinados por miembros del ejército en la Inspección de Policía Departamental de La Gabarra, en Tibú (Norte de Santander).
Después de la ocurrencia de los hechos, un comunicado oficial, firmado por el Brigadier General Daniel García Echeverri, afirmaba que 3 guerrilleros del Ejercito de Liberación Nacional, -ELN- fueron dados de baja en combate, identificado a Carmelo Galves como uno de ellos.
En 1986 fue ascendido al rango de Mayor General, según el decreto 1667 del 22 de mayo de ese mismo año y condecorado con la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño, en el grado de Comendador, mediante el decreto 2328 de 1986
Durante el primer semestre de 1988 se desempeñó como Comandante de la I División, bajo su mando estaban las Brigadas y los batallones que están vinculados a la masacre de 20 trabajadores agrícolas el 4 de marzo de 1988, en las fincas bananeras de Honduras y La Negra, ubicadas en Turbo (Antioquia). Se comprobó judicialmente que el grupo de asesinos estaba compuesto por miembros de la X Brigada y de los batallones Voltígeros y Nariño, ex guerrilleros trabajando para esas unidades militares, paramilitares del Magdalena Medio y del Urabá Cordobés, y miembros de secciones de inteligencia de las Brigadas V, XI y XIV con jurisdicción en otras regiones del país. Igualmente fue establecido que varios de los autores del crimen, que fueron reconocidos por sobrevivientes, realizaron días antes de la masacre operativos militares de inteligencia en la zona, en los que se identificaron y seleccionaron a las víctimas. También se comprobó que algunos gastos relativos al desplazamiento de los paramilitares del Magdalena Medio, fueron cancelados con la tarjeta de crédito de un alto Oficial del B-2 de la X Brigada, y que los asesinos traídos desde otras regiones del país fueron concentrados previamente en dos fincas de la región bananera de propiedad de narcotraficantes, en inmediaciones del lugar del crimen. Tanto los paramilitares del Magdalena Medio como los de Córdoba, contaron para sus movimientos en la región con la protección de los batallones Voltígeros, Rifles y Nariño. La cantidad de unidades militares implicados en el crimen, sugiere que debieron intervenir unidades castrenses mayores, como las Divisiones, y por tanto ha debido investigarse los comandantes de aquellas con jurisdicción sobre las Brigadas y Batallones que intervinieron en la masacre.
En el segundo semestre de 1988 fue nombrado Inspector General en el Comando General Ejército, hasta 1 989, año en el cual fue nombrado Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Ejército en el Comando General Ejército
Según el decreto 2831 del 23 de noviembre de 1990, fue ascendido a General; ese mismo año fue trasladado a la Sección de Personal Agregado del Comando General del Ejército. como Jefe de la Delegación Militar ante la Junta Interamericana de Defensa, Ministro Consejero ante OEA, y agregado de Defensa en la Embajada de Colombia ante Estados Unidos, según los decretos 2760 del 27 de noviembre de 1989 y 2903 de 1990. Fue condecorado con la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño en el grado Gran Oficial, mediante el decreto 1 586 de 1990
Después de que el Coronel(R) Luis Arsenio Bohórquez Montoya, ex comandante del Batallón Bárbula, le entregara a Nelson Mejía Henao pruebas de los nexos entre los paramilitares y los militares en el Magdalena Medio, el Oficial García Echeverry le envió una nota que decía “BIENAVENTURADOS LOS QUE CALLAN”. Poco después Bohórquez Montoya fue asesinado, el 24 de junio de 1991,
En 1991 fue nombrado Jefe del Estado Mayor Conjunto en el Comando General de la Fuerzas Militares; fue condecorado con la Orden Estrella de la Policía, gran estrella cívica ordinaria, según el decreto 2404 del 24 de octubre de 1991 y con la Cruz Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico, en el grado Gran Cruz, mediante el decreto 2393 de ese mismo año. García Echeverri falleció en 1996.
Este Oficial no fue investigado por la conformación y apoyo de los grupos paramilitares en el Magdalena Medio en 1983, ni por los hechos de 1988 en la región de Urabá.
GARCIA GARCÍA,
Autor intelectual y material de la desaparición de Isidro Caballero Delgado y Maria del Carmen Santana el 7 de febrero de 1989 en la finca El Danubio de la vereda Guaduas, en San Alberto. Hizo parte de la reunión que se llevo a cabo en la Base Morrison con otros oficiales y con civiles, lugar de donde salió la orden de capturar a Isidro Caballero.
Por su participación en la desaparición de Isidro Caballero y Maria del Carmen Santana, no fue vinculado a ninguna investigación.
GIL BERMÚDEZ,
Inició su vida de Oficial del Ejército como Subteniente en 1957, tres años más tarde sería ascendido a Teniente; en 1965 fue ascendido al rango de Capitán, sería ascendido a Mayor en 1970 y en 1975 a Teniente Coronel.
En 1978 fue nombrado Comandante del departamento de inteligencia (E-2), del Comando General del Ejército. El 2 de mayo de 1979 fue condecorado con la medalla por Servicios Distinguidos en Orden Público, por cuarta vez, según el decreto 951, de la misma fecha. En diciembre de ese mismo año fue ascendido a Coronel, mediante el decreto 3008 del 6 de diciembre de 1979.
Fue trasladado a la Escuela Superior de Guerra en 1980; estando allí asistió al curso de inteligencia estratégica combinada, en el Distrito Naval Anacostia, en Washington Estados Unidos, del 15 de septiembre al 22 de diciembre de 1 980, según el decreto 2341. Al año siguiente fue nombrado Comandante del Comando Operativo Nº 10 que permanecía en Cimitarra, ese mismo año recibió la condecoración Orden al Mérito Militar José Maria Córdova como Comendador, mediante el decreto 2050 de 1981.
Desde 1981, operó en San Vicente y Cimitarra (Santander), región del Magdalena Medio, un grupo paramilitar liderado por Isidro Carreño Lizarazo. El grupo, conocido como MAS, que también actuó como “Los Grillos” o “Los Tiznados” y que tiene sede en San Juan Bosco Laverde, en jurisdicción de Santa Helena del Opón (Santander), es el autor de numerosos asesinatos y desapariciones de campesinos de la región en 1982. Casimiro Amado, Pastor Medina, Juan Gaviria, Segundo Barrero y Luis Silvestre Barbosa, fueron algunas de las víctimas. Según las confesiones de los hermanos Niño Uribe -ex miembros del grupo paramilitar- el Coronel Gil Bermúdez creó, dirigió, y protegió al grupo paramilitar, y le encomendó varios asesinatos y desapariciones de labriegos.
De julio de 1982 a julio de 1983 fue nombrado adjunto militar en Embajada de Colombia en Estados Unidos, mediante el decreto 1582 de 1982. En 1984 fue ascendido a Brigadier General, según el decreto 2814 del 19 de noviembre de dicho año. En 1985 fue nombrado Comandante de la X Brigada, estando allí recibió la condecoración Orden al Mérito Militar José María Córdova, en el grado de Comendador, según el decreto 1970 de 1985.
En agosto de 1986 pasó a ser Comandante de V Brigada por decreto 2429, donde estuvo poco tiempo pues nuevamente lo trasladaron como Comandante de la X Brigada el 26 de agosto por decreto 2663. Fue nombrado agregado Militar en la Embajadas de Colombia ante Estados Unidos y Canadá, de agosto de 1987 a agosto de 1988, mediante los decretos 2285 de 1987 y 1548 de 1988. Durante su estadía en dichos lugares realizó el curso “Compañeros Internacionales”, de la Escuela Superior de Guerra, en Pennsylvania Estados Unidos, del 15 de enero de 1987 al 16 de junio de 1988, según el decreto 3761 de 1986. A su regreso en 1988, fue nombrado director de la Escuela Superior de Guerra, en ese mismo año; mediante el decreto 2467 del 28 de diciembre de 1988 fue ascendido a Mayor General.
En 1989 fue designado Comandante de la 1 División, ese año fue condecorado con la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño mediante el decreto 1703 de 1989; al año siguiente fue Comandante de la II División y al finalizar ese mismo año. 1990, regresó de nuevo como director a la Escuela Superior de Guerra.
En 1991 fue nombrado lnspector general en el Comando General de la Fuerzas Militares; estando allí recibiría las condecoraciones: Orden al Mérito Militar Antonio Nariño, en el grado de Gran Oficial, según el decreto 1839 del 22 de julio de 1991; orden Estrella de la Policía, estrella cívica, en el grado de Gran Oficial, mediante el decreto 2404 del 24 de octubre de 1991; y la Cruz Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico, en el grado de Gran Oficial, según el decreto 2393 de 1991. Al año siguiente sería nombrado Jefe del estado mayor y Segundo Comandante del Comando General del Ejército. Pasaría a ser Comandante de las Fuerzas Militares el 17 de noviembre de 1992 por decreto 1821. En el mes siguiente fue ascendido a General por decreto 1954 del 1 de diciembre.
En 1993 fue nombrado Ministro de Defensa encargado.
A partir del 1 de febrero de 1995 fue retirado del servicio activo del Ejército, mediante el decreto 2767, del 20 de diciembre de 1994.
En mayo de 1995, fue nombrado nuevamente Ministro de Defensa encargado.
El Juzgado 1 00 de Instrucción Penal Militar inició el proceso por los hechos de 1981 Cimitarra y Magdalena Medio, el 11 de marzo de 1983, a raíz de una denuncia pública que hiciera al respecto el Procurador General de la Nación. El 21 de noviembre de 1983, el Comandante de la V Brigada, actuando como Juez de Primera Instancia sobreseyó definitivamente al Oficial Gil Bermúdez y a los demás militares implicados. El 10 de octubre de 1985, el Tribunal Superior Militar confirmó esa decisión. El Procurador General de la Nación, Dr. Carlos Jiménez Gómez, denunció públicamente las vinculaciones del Oficial Gil
GIL COLORADO,
Fue ascendido a Teniente Coronel, mediante el decreto 2699 del 6 de diciembre de 1978. En 1980 fue designado como Oficial en el Cuartel General de la II Brigada, y en ese mismo año pasó al Cuartel General de la II Brigada; además recibió la medalla por Servicios Distinguidos de Orden Público, por segunda vez, según el decreto 725 de 1980.
En 1981, fue nombrado Comandante del Batallón Tenerife de septiembre de 1981 a febrero de 1982; realizó el curso de mandos superiores en Madrid (España), según el decreto 2269 de 1981. A su regreso fue designado como Comandante del Batallón Escuela de Artillería. Recibió el rango de Coronel mediante el decreto 3274 del 29 de noviembre de 1983 y más tarde el de Brigadier General, según el decreto 2467 del 28 de noviembre de 1988.
Entre diciembre de 1988 y diciembre de 1989 fue el Comandante de la XIV Brigada. El grupo paramilitar Muerte A Secuestradores -MAS-, autor de innumerables asesinatos y desapariciones en la región, operó durante este tiempo con la anuencia y protección del entonces Comandante de la XIV Brigada, el Oficial Gil Colorado.
El Coronel Bohórquez entregó al Comandante de las Fuerzas Militares, General José Nelson Mejía Henao, un cassette que mostraba la estrecha relación entre los paramilitares de Puerto Boyacá y los mercenarios extranjeros con el Ejército. En mayo de 1991, las pruebas fueron entregadas también al Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Jaime Córdova Triviño, a quien también el Oficial le narró la manera como el Ejército había planeado las masacres de Segovia, Honduras y La Negra, así como la vinculación de los Generales Farouk Yanine Díaz y Carlos Julio Gil Colorado. El 24 de junio de 1991, el Oficial Bohórquez Montoya fue asesinado en Bogotá. Luego del asesinato, sus familiares fueron amenazados reiterativamente a través de llamadas telefónicas.
El 18 de enero de 1989, en la vereda La Rochela de Simacota (Santander), una comisión judicial fue interceptada por paramilitares y once de sus miembros fusilados. El Oficial Gil Colorado no sólo protegía al grupo paramilitar autor de la masacre, sino que obstaculizó la captura de sus líderes, Alfredo de Jesús Baquero, alias “Vladimir”, y Julián Jaimes, decretadas por los juzgados 5º y 6º de Orden Público de Bucaramanga que investigaron la masacre.
El 25 de febrero de 1989, en la vereda Puerto Nuevo Ite, de Yondó (Antioquia), durante un operativo militar contra asentamientos campesinos, la menor de edad Sandra Vélez Vélez fue detenida, desaparecida y asesinada por miembros del Ejército. Según indicios recaudados por las autoridades que investigaron el caso, la menor habría sido entregada al B-2 de la XIV Brigada. El Oficial Gil Colorado, como Comandante de esta Brigada, estuvo al mando de este operativo militar. Existe, además una serie de indicios que comprometen la responsabilidad de este Oficial en el crimen. Ese mismo año recibió la Orden al Mérito Militar José María Córdova, en el grado de Gran Oficial, mediante el decreto 1747 del 4 de agosto de 1989.
Entre el 6 y el 8 de enero de 1990, hacia las 5:30 a.m. el campesino Catalino Guerra fue desaparecido durante bombardeo efectuados por helicópteros militares de la Brigada XIV y el Batallón Nueva Granada, al mando del Brigadier General Carlos Julio Gil Colorado, que sobrevolaron la zona en la vereda La Concepción de San Pablo (Bolívar).
Durante los años 1990 y 1991 se desempeñó como Comandante de la V Brigada. En razón de su cargo y rango, además de existir indicios y testimonios que lo corroboran, Gil Colorado fue un abierto patrocinador del establecimiento y conformación de grupos paramilitares en la Región Chucureña (El Carmen y San Vicente del Chucurí). Según testimonios de los pobladores de la región, el 1 de mayo de 1991 cuando arribó directamente al municipio de El Carmen del Chucurí en una jornada cívico militar, luego de una reunión pública donde prometió que “el almacén de la V Brigada está a su disposición para que compren todo tipo de armas de cualquier calibre”, sostuvo en el centro urbano de la localidad un encuentro con Isidro Carreño Estévez (Alias Comanche), José de Jesús Cañas (Alias El Canoso Parra), y Helio Pacheco (Alias El Rayo), reconocidos paramilitares de la zona y miembros de “Los Masetos”. Efectivamente 3 días después de la jornada, un helicóptero proveniente directamente de Bucaramanga aterrizó en El Carmen con diez cajas que contenían gran cantidad de armamento, iniciándose a la semana siguiente la venta de armas y la expedición de salvoconductos especiales, estando a la cabeza el Capitán Gilberto Ibarra e Isidro Carreño.
El 23 de febrero de 1990, en la vereda Agua Dulce municipio San Vicente de Chucurí (Santander), se encontró el cuerpo sin vida del militante del ELN médico Juan Fernando Porras Martínez; presentaba señales de tortura. Desde el día 5 de ese mes había sido detenido y desaparecido en Bucaramanga por tropas de la V Brigada. Existen indicios de que el Brigadier General Gil Colorado estuvo al tanto de la operación. En ese mismo año, el 16 de abril el Oficial recibió como condecoración la Orden de Boyacá, en el grado de Gran Oficial, según el decreto 774 de 1990.
Entre el 29 de julio y el 3 de agosto de 1990, el campesino Germán Antonio Parada, fue detenido, torturado y asesinado; y el campesino y primo del anterior Jairo José Jiménez Bautista, fue detenido, desaparecido y torturado por tropas del ejército nacional del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 5 “General Hermógenes Maza” en la vereda San Onofre, en Arboledas (Norte de Santander), luego de un allanamiento practicado en la finca “San Francisco”, ubicada en la localidad mencionada, donde las víctimas estaban descansando. El Brigadier General Gil Colorado emitió un comunicado ante los medios de comunicación nortesantandereanos en el que falsamente informa que Germán Antonio era un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional -ELN- conocido como “Jairo” que fue dado de baja en combate por tropas del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 5 “General Hermógenes Maza”.
Mediante el decreto 252 del 25 de enero de 1991 recibió, por tercera vez, la medalla por Servicios Distinguidos en Orden Público. Un año más tarde es trasladado al Estado Mayor Conjunto del Comando Mayor de las Fuerzas Militares. En 1993, sería el Comandante de la IV división, siendo asesinado en el mes de octubre.
A pesar de las pruebas existentes en varios expedientes penales y disciplinarios, este Oficial no fue investigado ni por la Justicia ordinaria o por la militar por el apoyo a los grupos paramilitares en el Magdalena Medio; en tanto la Procuraduría Delegada Para las Fuerzas Militares abrió investigación disciplinaria radicada bajo el No.022-109200 del 6 de octubre de 1992 bajo los cargos de concierto para delinquir (tácito) con grupos de Autodefensas; auspicio, fomento y protección del armamentismo creado en la población civil del Carmen con lo cual se consumarían numerosos crímenes desarrollados por los grupos de Autodefensas; extralimitación de las funciones; negligencia en el mando; y numerosas faltas constitutivas de causal de mala conducta. El proceso se encontraba en trámite.
Por los bombardeos aéreos ocurridos en desarrollo de una operación militar contra el XXIV frente de las FARC entre el 6 y 9 de enero de 1990 que causaron daños incalculables a los campesinos de la región de San Pablo la Procuraduría Delegada Para la Defensa de los Derechos Humanos mediante la resolución No. 02 del 24 de Julio de 1992 absolvió de responsabilidad alguna al Brigadier General Gil Colorado porque las tropas a su mando reaccionaron legítimamente a una agresión insurgente, además de que los supuestos daños a los campesinos durante el bombardeo nunca fueron probados; y que el operativo militar fue planeado con antelación, con labores de inteligencia, verificando los riesgos de la población civil, “con estricta aplicación de las normas internas y sujeción al D.I.H”.
La Jurisdicción de Orden Público adelantó el proceso de la Rochela (Sumario 55 del Juzgado Segundo de Orden Público de Pasto). Sólo sería condenado por los hechos un suboficial, por decisión de segunda instancia del Tribunal Superior de Orden Público, en noviembre de 1990. La Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares inició la averiguación disciplinaria Nº 022-78993. A ninguno de los dos procesos fue vinculado el Oficial Gil Colorado.
El Juzgado Primero de Orden Público de Medellín y la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares (Expediente Nº 022-80274), adelantaron las respectivas investigaciones por la desaparición de Sandra Vélez, sin vincular al Oficial Gil Colorado.
Por el encubrimiento del asesinato de Germán Antonio Parada, no se tiene dato de investigación en su contra.
ISAÍAS NIÑO,
Entre el 18 y el 25 de abril de 1997, el campesino Humberto Martínez Durán fue detenido, torturado, desaparecido y asesinado; y dos hombres más fueron detenidos, torturados y amenazados de muerte, por miembros del ejército pertenecientes al Batallón de Contraguerrillas Nº 50 “Batalla de Palo Negro” al mando del Oficial Germán Isaías Niño, en El Tarra (Norte de Santander).
Por su participación en los hechos no se vinculó a investigación alguna.
Cabo Primero miembro del Batallón de Contraguerrillas No. 27 “Rogelio Correa Campos”. EL 17 de enero de 1994 participó en la detención y asesinato del campesino Aníbal Sosa Criado, y los guerrilleros Emanuel Villabona, Edinson Cárdenas Rodríguez y Gerson Said Guzmán Angarita, miembros del frente Camilo Torres Restrepo del ELN, en hechos ocurridos en la finca Montevideo, vereda La Culebra, corregimiento de Puerto Oculto de San Martín (Cesar).
Por los hechos ocurridos en la finca Montevideo la Procuraduría Delegada Para la Defensa de los Derechos Humanos decreto en fallo del 18 de agosto de 1998 abstenerse de proseguir con la investigación y por tanto ordenar el archivo de lo actuado contra el Cabo Primero Carlos Julio Manrique porque su conducta se encontraba justificada dentro del “estricto cumplimiento de un deber legal”, específicamente de la misión de rastreo y registro ordenada por la orden No. 007 “Antílope” de enero de 1994 del Batallón de Contraguerrilla No. 27 “Rogelio Correa Campos”.
NAVAS RUBIO,
Estuvo adscrito a la Brigada de Institutos Militares -BIM-, en 1975; ese mismo año fue ascendido a Teniente. De 1976 a 1983 estuvo en comisión de estudios, en la Universidad de Los Andes, según la resolución 1913 de 1976 y el decreto 753 de 1983, donde obtuvo el titulo de Abogado. Durante esos años fue ascendido a Capitán, en 1979, y luego a Mayor, mediante el decreto 3435 del 26 de noviembre de 1982.
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1985, se desempeñó como Segundo Comandante de la Escuela de Caballería.
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1986, se desempeñó como jefe del Comando de Inteligencia Anti-Extorsión y Secuestro -CIAES-, de la sección de inteligencia B-2 de la V Brigada.
El 18 de junio de 1986, en pleno centro de la población de San Gil (Santander), William Camacho Barajas y Orlando García González fueron capturados por militares y conducidos al Batallón Galán, donde fueron registrados en los libros de detenidos con falsos nombres. Ese mismo día fueron remitidos al CIAES del B-2 de la V Brigada en Bucaramanga. Desde esa fecha, ambos están desaparecidos. Existen numerosos elementos de prueba de que el Oficial Navas Rubio, ordenó la captura y desaparición de William Camacho y Orlando García. Ese mismo año recibió la medalla por Servicios Distinguidos en Orden Público, por primera vez, mediante el decreto 2685 de 1986.
Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 1987 hizo curso de ascenso en la Escuela Superior de Guerra, alcanzando el grado de Teniente Coronel.
En octubre de 1987 diecinueve personas, la mayoría de ellas dedicadas al comercio de mercancía de contrabando, fueron torturadas y desaparecidas, en la inspección de policía Puerto Araujo, en Cimitarra (Santander), por miembros del Batallón Bárbula y paramilitares. El crimen fue planeado durante una reunión en las oficinas de ACDEGAM en Puerto Boyacá, en la que participó Navas Rubio, quien les aseguró que ‘Los comerciantes introducían a la zona armas y municiones con destino a la guerrilla”. De acuerdo con la declaración de un paramilitar que participó en el hecho: “El Coronel Navas nos decía que nosotros por lástima con esos comerciantes nos íbamos a dejar matar, entonces un día Henry Pérez le dijo al Coronel Navas coordinemos con ustedes los militares para sacar a los comerciantes”.’ El mismo paramilitar aseguró también que “Navas si recibió dinero de Henry Pérez, le regaló plata en efectivo en varias ocasiones, por ejemplo una vez le regaló dos millones de pesos, en otra ocasión que nosotros fuimos a la oficina de Navas éste necesitaba cinco millones para hacer un cruce en Bogotá, no supe que clase de cruce, y entonces Henry le dijo que en ese momento no tenían pero que fuera o rnandara a Puerto Boyacá, que allá le daban plata”.
Fue trasladado al B-2 de la XIV Brigada, mediante el decreto 2258 del 25 de noviembre de 1987 y condecorado con la Orden al Mérito Militar José María Córdova, en el grado de Oficial, mediante el decreto 1522 de 1987. Entre diciembre de 1987 y diciembre de 1988 fue Comandante del B-2 de la XIV Brigada. Entre diciembre de 1988 y octubre de 1989 fue jefe de la Sección de Operaciones y entrenamiento de la misma Brigada. Durante este tiempo firmaba los salvoconductos de las armas entregadas a los paramilitares.
El 17 de enero de 1988, en el corregimiento San José del Nus de San Roque (Antioquia), el sacerdote Jaime Restrepo López fue asesinado en la capilla. Según las confesiones ante la Procuraduría, del ex agente de Inteligencia Militar y ex miembro del grupo paramilitar URE, Martín Emilio Sánchez Rodríguez, el Oficial Navas Rubio dio la orden a miembros del mencionado grupo de asesinar al sacerdote. El grupo URE tenía su sede en Puerto Berrío (Antioquia) y estaba integrado. por miembros de la XX Brigada, de los B-2 de las Brigadas V y XIV y por civiles adscritos a las redes de inteligencia de estas unidades. Esa estructura paramilitar, aunque operó con diferente nombres en la región, fue bautizada por el Coronel Rodolfo Luna con el nombre de URE y el Oficial Navas Rubio era uno de los jefes del mencionado grupo.
El 29 de mayo de 1988, en la Vereda Llana Caliente del municipio de San Vicente de Chucurí (Santander), tropas del Batallón Luciano D’ Elhuyer, dispararon durante 40 minutos contra unos 9.000 campesinos concentrados allí. Luego de la masacre, los labriegos Gustavo Luna, Iván Maderos y Juan Amorocho, fueron detenidos por los militares y torturados varios días seguidos. Los tres campesinos fueron obligados a firmar una declaración según la cual la FARC los había enviado con la misión de matar al Comandante del Batallón. Las falsas “confesiones” tenían por objeto distraer la atención de las autoridades investigadoras de la masacre y ocultar la realidad de los sucesos. Una vez puestos a órdenes de un juez civil, los tres detenidos serían dejados en libertad. Posteriormente, dos de ellos serían asesinados en oscuras circunstancias y el tercero abandonaría la región amenazado de muerte. El Oficial Navas Rubio, personalmente dirigió las torturas de los tres labriegos e ideó las supuestas “confesiones”.
El 21 de septiembre de 1988, el administrador de la mina El Galeón, Milciades Fernández, el Gerente de la Caja Agraria de Puerto Nare y el conductor de éste último, fueron torturados y asesinados en la inspección departamental La Sierra, por orden de Navas Rubio.
El 11 de noviembre de 1988, tres camperos con hombres vestidos de camuflaje y fuertemente armados ingresan en la población de Segovia (Antioquia), y durante una hora dispararon contra la población. El saldo de la masacre fue de 43 personas asesinadas y 56 heridas. El Batallón Bomboná y la Policía, acantonados en el municipio, no tomaron ninguna medida tendiente a repeler la acción criminal, proteger la población civil o perseguir a los asesinos en su huida. Según pruebas recaudadas por la justicia ordinaria, el Oficial Navas Rubio tomó parte activa en la planeación de la masacre. De acuerdo con la declaración del Oficial René Carvajal López, encargado de las comunicaciones para la fecha de la masacre “un día me lo mostraron, me dijeron ése es el NEGRO VLADIMIR, precisamente tres días antes de la masacre de Segovia lo vi entrar a las instalaciones del Batallón Bomboná; él llegó con dos o tres vehículos tipo campero, color blanco uno, los otros no recuerdo, iba acompañado de otros sujetos, les alcancé a ver armas largas, estuvieron en la Sección de Inteligencia”. Así mismo, Alonso de Jesús Baquero Agudelo aseguró que ,,en una reunión que tuvimos el Coronel Navas Rubio que en ese tiempo era el Comandante del B-2 de la Brigada, o sea la Sección de Inteligencia de la Brigada, el Coronel Londoño Tamayo y yo, prácticamente esta masacre la coordinamos entre los tres porque yo en ese entonces era el jefe paramilitar de la zona… los nombres de los muertos no los recuerdo porque para eso se llevó una lista de los que se debían matar y gran parte de esos nombres los suministró el Batallón Bomboná; me la entregó el Coronel Londoño Tamayo; otra lista me la entregó el Coronel Navas y otra la hice yo en Segovia días antes de la masacre”.
El 28 de febrero de 1989, Teresa de Jesús Ramírez Vargas religiosa perteneciente a la Compañía de María Nuestra Señora, educadora del Liceo y del Hogar Juvenil Campesino de la Inspección Departamental de Cristales e impulsara de las comunidades eclesiales de base y sindicalista de la Asociación de Instructores de Antioquia -ADIDA-, fue asesinada por paramilitares y militares de inteligencia adscritos a XIV Brigada, quienes luego de asesinar a la religiosa, emprendieron un recorrido criminal por la zona, asesinando también a Gonzalo de Jesús Mira Gutiérrez, Leonardo Mira Gutiérrez, Rodrigo Antonio Cadavid Gutiérrez, Diógenes de Jesús Zapata Barrientos, Rosa Angelina Arroyave y Miguel Palacio Velásquez. Los crímenes fueron autorizados por Navas Rubio.
En 1990 fue nombrado Comandante del Grupo Aerotransportado No. 19 “General Reveiz Pizarro”, ese mismo año recibió la medalla por Servicios Distinguidos en Orden Público, por segunda vez, mediante el decreto 2655 de 1990.
Entre el 15 de diciembre de 1990 y el 31 de octubre de 1 991, fue jefe del B-2 de la XII Brigada. Luego pasó a ser jefe de la Sección de operaciones y entrenamiento de la misma Brigada, hasta febrero de 1992.
En febrero de 1992, fue enviado en comisión a desempeñar el cargo de Director General de Prisiones, el que desempeñó hasta el 25 de julio de 1992, cuando fue retirado del servicio, a raíz de la fuga de Pablo Escobar Gaviria de la Cárcel de la Catedral en Envigado (Antioquia).
Fue detenido en 1997, época en la cual estaba residenciado en la isla de San Andrés, donde se dedicaba al comercio. A mediados del año 2000 estaba detenido en la Escuela de Caballería en Santafé de Bogotá.
Por la desaparición de los diecinueve comerciantes en 1987, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, el 13 de septiembre de 1996, le dictó medida de aseguramiento de detención preventiva por “secuestro extorsivo y homicidio múltiple agravado”. Sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura resolvió la colisión de competencias a favor de la Justicia Penal Militar, donde el Comandante del Ejército, Mayor General Manuel José Bonett Locarno, como juez de primera instancia, decretó cesación de procedimiento en su favor.
Por la masacre de Segovia de 1988, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía le dictó resolución de acusación el 20 de marzo de 1998 en calidad de determinador, por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, homicidio con fines terroristas y lesiones personales. Sin embargo, el 29 de agosto de 2000, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, lo absolvió.
La Justicia Penal Militar lo investigó por la fuga de Pablo Escobar en 1992, pero lo absolvió. Por los demás crímenes en que participó no fue investigado.
NUÑEZ GARCIA,
Teniente. El 7 de octubre de 1992, comandaba el operativo militar en el que resultaron asesinados nueve pasajeros de un bus de servicio público y dos guerrilleros; y catorce personas heridas por miembros de la V Brigada del Ejército en el sitio El Tope en Santa Bárbara (Santander).
Por estos mismos hechos, el Comando de la V Brigada asumió la respectiva investigación disciplinaria interna, vinculando al los Subtenientes Traslaviña y Núñez, y el Cabo Segundo Roncancio. En providencia del 15 de octubre de 1993, el cuerpo castrense consideró que la actuación de los militares se enmarcaba en una causal de justificación porque obraron en cumplimiento de un deber legal y bajo legítima defensa de la injusta agresión actual e inminente de la que fueron objeto gracias a los subversivos. Por tanto decidió declarar que no existía mérito para llamar un Tribunal Disciplinario o de Honor a los militares encartados; decisión que fue confirmada por el Comando General de las Fuerzas Militares el 7 de marzo de 1994.
Por otra parte, el 19 de octubre de 1992, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos inició la indagación preliminar, formulando auto de cargos contra los Oficiales Traslaviña y Núñez el 30 de noviembre de 1993. En fallo del 22 de agosto de 1997, archivó las diligencias en aplicación del principio del “non bis in ídem”. No obstante elevó una solicitud al Comando General de las Fuerzas Militares para que estudiara la viabilidad de la revocatoria directa de la decisión que profirieron el 7 de marzo de 1994.
Capitán que en el mes de noviembre de 1.973, detuvo, torturó, y sindicó al profesor universitario y abogado Jaime Torres Sánchez en las instalaciones de la V Brigada, en Bucaramanga (Santander).
No se tiene información de que se haya hecho investigaciones a este Oficial.
PEREZ BERROCAL,
En 1978 Pérez Berrocal tenía el grado de Capitán. Tres años después fue adscrito al Batallón de Infantería No. 28 “Colombia” Aerotransportado, donde se le condecoró con la medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público por primera vez en el Grado de Oficial mediante el decreto 2928 de 1981.
Posteriormente sería ascendido a Mayor por el decreto 3435 de 1982, año en el cual nuevamente sería condecorado, esta vez con la Orden al Mérito Militar José María Cordova Grado Oficial, por decreto 2326. En 1987 adquiriría el grado de Teniente Coronel por decreto 2258 y fue nombrado como comandante del Batallón de Infantería No. 14 “Antonio Ricaurte”.
Existen indicios de que este Oficial participó en el asesinato del Alcalde de Sabana de Torres y miembro de la UP Álvaro Garcés Parra, ocurrido el 16 de agosto de 1987n en dicha localidad. Con anterioridad al hecho el militar había proferido amenazas contra los miembros de la UP del municipio, al igual que contra Garcés Parra.
Dos años después del magnicidio de Garcés Parra, el Teniente Coronel Pérez Berrocal sería trasladado al Batallón de Infantería No. 28 “Ayacucho”.
Solamente hasta el 9 de febrero de 1999, Pérez Berrocal fue vinculado mediante indagatoria por la Unidad Nacional de Derechos Humanos a la investigación penal ordinaria llevada por el asesinato de Álvaro Garcés Parra. Luego el 31 de marzo de 1991 le decretarían medida de aseguramiento de detención preventiva, y se solicitaría al Comando de la V Brigada remitir las diligencias adelantadas, a lo cual respondería el cuerpo castrense de forma negativa provocando conflicto de competencia, resuelto a favor de la jurisdicción penal ordinaria por el Consejo Superior de la Judicatura en fallo del 17 de junio de 1999.
El 7 de septiembre de 1999 fue calificado el sumario por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, con “resolución de acusación… en calidad de autor intelectual del delito de homicidio agravado de que fuera víctima el Doctor Álvaro Garcés Parra”, contra José Vicente Pérez Berrocal.
El 13 de septiembre de 1999 el abogado de José Vicente Pérez Berrocal interpuso recurso de apelación. Igual solicitud hizo la Procuradora 18 Judicial Penal II, el 15 de septiembre de 1999. El 20 de septiembre de 1999, la Fiscalía resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión.
No obstante, el 23 de diciembre de 1999, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá revocó la resolución de acusación y en su lugar precluyó la instrucción a favor de José Vicente Pérez Berrocal, con el argumento que el testimonio de Echandía Sánchez, que fue el que mayor claridad daba sobre su responsabilidad, “no merece credibilidad” por que existe “interés del testigo en perjudicar al Teniente” debido a las “penas que ha sufrido a raíz de su desvinculación del Ejército Nacional”.
A la investigación disciplinaria adelantada en la Procuraduría Delegada Para las Fuerzas Militares no sería vinculado.
RICO MONTES,
Teniente adscrito al Batallón de Contraguerrilla No. 5 “Los Guanes”. El 29 de julio se encontraba al mando de la Contraguerrilla Furia cuyos miembros detuvieron, torturaron y asesinaron a Alonso Lara Martínez y Luz Marina Villabona en la quebrada Peralonso, Inspección de Policía Departamental Sabaneta, en jurisdicción del municipio de Sabana de Torres (Santander).
El Juzgado 23 de instrucción penal militar con sede en el municipio del Socorro, adelantó investigación penal contra el Teniente Mauricio Rico Montes y otros por el delito de homicidio. El proceso fue enviado el 26 de febrero de 1997 a la Auditoria Auxiliar de guerra de la Primera Brigada con sede en Tunja (Boyacá). El término de instrucción concluyó el 17 de noviembre de 1995.
El juzgado penal militar 129 absolvió a los responsables por considerar que las declaraciones de los testigos no concuerdan con las pruebas periciales y el levantamiento de los cadáveres.
Por otro lado, la Procuraduría Delegada Para la Defensa de los Derechos Humanos en providencia del 16 de marzo de 1994, consideró que el material probatorio obtenido, fundamentalmente de testimonios recogidos, “no aporta a la indagación elementos de juicio que permitan derivar responsabilidad disciplinaria en contra de los militares que participaron en la operación”, por lo que decidió abstenerse de abrir formal averiguación disciplinaria por falta de mérito probatorio.
RONCANCIO SOTO,
El 7 de octubre de 1992, nueve pasajeros de un bus de servicio público y dos guerrilleros serían asesinados; y catorce personas heridas por miembros de la V Brigada del Ejército en el sitio El Tope, Santa Bárbara (Santander). El Cabo Segundo Rubén Darío Roncancio Soto fue uno de los militares que participó en el crimen.
SAAVEDRA MARQUEZ,
Cabo adscrito al Comando de Investigación, Anti-extorsión y Secuestro CIAES. Participó con otros dos militares en el asesinato de los jóvenes Jesús Orejanera Parra, William Raimundo Correa Vélez y Rubén Darío Carmona Zambrano, ocurrido el 28 de mayo de 1990 en Bucaramanga (Santander). Los uniformados los presentaron como guerrilleros dados de baja, además de alegar defensa propia.
SOTO SUAREZ,
El 28 de mayo de 1990, los jóvenes Jesús Orejanera Parra, William Raimundo Correa Vélez, y Rubén Darío Carmona Zambrano, fueron asesinados por 3 miembros del Comando de Investigación, Anti-extorsión y Secuestro (CIAES) de la V Brigada, siendo presentados como guerrilleros dados de baja al atacar a los militares, quienes alegaron defensa propia. El Capitán Soto Suárez era uno de los uniformados que participó en los hechos.
TOBON CALDERON,
Sargento Segundo. Personal bajo su mando del UNASE de la V Brigada, el 3 de febrero de 1994, detuvieron a Henry Martínez Castro, Fernando Antonio Castro Rincón, Alberto Villarreal López, Efrén Rubio, César Montero Hernández y Reinaldo Moncada, quienes luego fueron torturados en las instalaciones del Batallón de Infantería No. 15 “Santander” en Ocaña (Norte de Santander).
La Procuraduría Delegada Para la Policía Judicial y Administrativa inició la investigación disciplinaria, que luego la envió por competencia a la Delegada Para la Defensa de los Derechos Humanos iniciándose la indagación preliminar el 20 de septiembre de 1996. El 24 de junio de 1997 se profirió auto de apertura de investigación disciplinaria contra el Sargento Segundo Tobón; sin embargo mediante providencia del 9 de junio de 1999 el organismo disciplinario decretó el archivo de las diligencias por prescripción de la acción disciplinaria.
TRASLAVIÑA SACHICA,
Subteniente. El 7 de octubre de 1992, nueve pasajeros y dos guerrilleros del ELN fueron asesinados; y catorce personas heridas por miembros de la V Brigada del Ejército en el sitio El Tope, Santa Bárbara (Santander). El Subteniente Traslaviña Sáchica fue uno de los militares que participó en el crimen.
Por estos hechos, el Comando de la V Brigada asumió la respectiva investigación disciplinaria interna, vinculando al los Subtenientes Traslaviña y Núñez, y el Cabo Segundo Roncancio. En providencia del 15 de octubre de 1993, el cuerpo castrense consideró que la actuación de los militares se enmarcaba en una causal de justificación porque obraron en cumplimiento de un deber legal y bajo legítima defensa de la injusta agresión actual e inminente de la que fueron objeto gracias a los subversivos. Por tanto decidió declarar que no existía mérito para llamar un Tribunal Disciplinario o de Honor a los militares encartados; decisión que fue confirmada por el Comando General de las Fuerzas Militares el 7 de marzo de 1994.
Por otra parte, el 19 de octubre de 1992, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos inició la indagación preliminar, formulando auto de cargos contra los Oficiales Traslaviña y Núñez el 30 de noviembre de 1993. En fallo del 22 de agosto de 1997, archivó las diligencias en aplicación del principio del “non bis in idem”. No obstante elevó una solicitud al Comando General de las Fuerzas Militares para que estudiara la viabilidad de la revocatoria directa de la decisión que profirieron el 7 de marzo de 1994.
TRONCOSO BONILLA,
Teniente. Estuvo a cargo de la Base Militar acantonada en el municipio de La Belleza (Santander) en el año de 1991, año en cual el día 7 de abril miembros de las Fuerzas Militares asesinaron al Tesorero Municipal Gerardo Olaya Galeano en el sitio conocido como “La Argollita”. Tiempo atrás Tiempo atrás, el Comandante de la Base Militar acantonada en el municipio, el Teniente Troncoso Bonilla había proferido amenazas y señalamientos de todo tipo contra los miembros de la administración municipal y varios habitantes del municipio.
La Procuraduría Delegada Para las Fuerzas Militares mediante Resolución No. 335 del 8 de agosto de 1995, decidió sancionar con destitución (separación absoluta) al Oficial Troncoso Bonilla argumentando que se encontraba plenamente probado que patrocinó y fomento el auxilio de grupos de individuos denominados “paramilitares”; e intimidaba y señalaba a varios habitantes del municipio como “auxiliadores de la guerrilla”. Esta decisión fue confirmada el 21 de noviembre de 1995 por la misma Delegada, al resolver de manera negativa el recurso de reposición interpuesto por el encartado.
TRUJILLO HOYOS,
Entre 1981 y 1982, en San Juan Bosco de la Verde, municipio de Santa Helena del Opón (Santander), la V Brigada y el Comando Operativo No. 10 crean un grupo paramilitar que operaba en el Magdalena Medio santandereano, bajo los nombres de “Muerte a Secuestradores -MAS-“, “Los Tiznados”, “Los Grillos”, y los “Caracuchos”. El grupo que estaba liderado por Isidro Carreño Lizarazo y su hijo Isidro Carreño Estévez alias “Comanche”, recibían instrucción, armamento y dotación logística de la V Brigada. Según las confesiones de tres ex integrantes del grupo paramilitar, los hermanos Manuel y Clodomiro Uribe Niño y Pedro Pablo Ortiz, el jefe del B-2 de la V Brigada, quien en ese entonces era el Coronel Trujillo Hoyos, protegía al grupo y auspiciaba sus actividades paramilitares.
El 24 de abril de 1.982, el activista sindical y trabajador del Hospital Ramón González Valencia Ruperto Lozada Pinilla, fue detenido y torturado en horas de la tarde por agentes del B-2 del Ejército en el barrio la Pedregosa, de la ciudad de Bucaramanga. Se presume que el Coronel Trujillo estuvo al tanto del operativo en razón de su cargo, jefe del B-2; además, cuando la esposa del sindicalista se dirige a dichas instalaciones con el ánimo de averiguar en qué estado se encontraba su esposo, el Oficial le responde que Ruperto “se encontraba allí por subversivo, y que si quería más información se la pidiera a la guerrilla cubana”.
Por estos sucesos nunca se vinculó al Coronel Trujillo Hoyos a investigación penal o disciplinaria alguna.
URBINA SÁNCHEZ,
Luis Bernardo Urbina Sánchez nació el 24 de junio de 1945 en Nemocón (Cundinamarca), tres de sus hermanos han pertenecido (o pertenecen) al Ejército, dos de los cuales (José Vicente y Edgar) están involucrados en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad.
En 1973 tenía el rango de Teniente.
Entre el 9 y el 11 de septiembre de 1977, Omaira Montoya Henao y Mauricio Trujillo fueron detenidos y desaparecidos por miembros del Ejército y del F-2 de la Policía en Barranquilla (Atlántico), en cumplimiento de una orden enviada por el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia -BINCI- “Charry Solano”. Días después Mauricio fue entregado a un Juez Militar, acusado de rebelión, mientras Omaira permanece desaparecida. El Capitán Urbina Sánchez, quien era miembro del B-2 de la Segunda Brigada, fue uno de los oficiales que participó en el operativo, dirigiendo además el allanamiento a las “Residencias Clara Mar”, donde se habían alojado las víctimas.
En 1978, fue ascendido a Mayor, mediante el decreto Nº 2699/77. En 1979 estuvo vinculado a la Brigada de Institutos Militares -BIM-, como oficial de Policía Judicial. Precisamente ese año, exactamente el día 3 de enero, el fotógrafo uruguayo Sergio Ramón Betarte Benítez, fue torturado por miembros de la BIM al mando del Teniente Luis Bernardo Urbina Sánchez.
En 1982, fue ascendido a Teniente Coronel, mediante el decreto No. 3435 del 26 de noviembre de 1982. Ese mismo año estuvo en Estados Unidos adelantando Curso de Comando y Estado Mayor, mediante decreto No. 451/82.
En 1983, se encontraba adscrito al Comando Operativo de Desarrollo Nº 12 y fue condecorado con la medalla Servicios Distinguidos en Orden Público, mediante el decreto No. 2434/83.
En 1984, estuvo como Comandante del Batallón No. 9 Tenerife y fue condecorado con la orden al mérito militar Antonio Nariño, grado comendador, mediante el decreto Nº 1719/84.
Durante 1985, adelantó el Curso 03 Comando y Estado Mayor, en la Escuela de Las Américas en Estados Unidos, mediante el decretó No. 3036/84. Entre 1986 y 1987, estuvo vinculado a la V Brigada, como Jefe del B-2.
En 1986, fue nuevamente condecorado con la medalla servicios distinguidos en orden público, mediante el decreto No. 3410/86. Por este año, el 18 de junio, hacia las 5:30 p.m., el estudiante William Camacho Barajas de 22 años y el comerciante Orlando García González de 35 años fueron detenidos y desaparecidos durante un operativo realizado por efectivos del B-2 del ejército adscrito a la Brigada V en el que participaron el Capitán Leonardo Gómez Vergara, los cabos Orlando Quintero Cadena alias “El Chato” y Armando Morales Mazuera, los sargentos Luis Alfredo Buitrago Zapata y Alfonso Montealegre y el comandante del CIAES Mayor Hernando Navas Rubio, en complicidad con otros miembros de organismos de seguridad y del Teniente Coronel Luis B. Urbina Sánchez, en San Gil (Santander). El Oficial Urbina Sánchez, como Jefe del B-2, fue quien ordenó a sus subalternos adelantar las acciones que conllevaron a la desaparición de William y Orlando y ayudó a encubrir la verdadera propiedad de uno de los vehículos usados en el operativo.
Al año siguiente de las desapariciones de William Camacho y Orlando García, 1987, el Teniente Coronel. Urbina Sánchez estaría involucrado en varios crímenes y ejecuciones extrajudiciales ordenadas por él desde su puesto en el B-2 de la V Brigada. Así, el 15 de abril, el joven obrero de construcción y miembro de un grupo cristiano, Mario Alexander Granados Plazas, fue torturado y asesinado en Piedecuesta (Santander) por Gonzalo Ortega Parada, paramilitar del grupo Los Grillos, por ordenes del alto Oficial.
Por otro lado, el 16 de agosto, el abogado y Alcalde de Sabana de Torres por la Unión Patriótica Álvaro Garcés Parra; el agente de policía John Jairo Loaiza Pava, quien le servía como escolta al Alcalde; el militante de la Unión Patriótica Carlos Gamboa Rodríguez, quien se desempeñaba como escolta del Concejal de Lebrija por la Unión Patriótica, Jaime Castrillón, y el ama de casa Elida Rocío Anaya Duarte, fueron asesinados durante un operativo conjunto entre miembros del Ejército, la policía y paramilitares, en Sabana de Torres (Santander). El crimen fue planeado en las instalaciones del S-2 del Batallón Ricaurte en Bucaramanga, con el propósito de acabar con la vida del alcalde. En el mismo hecho fueron heridas dos personas más. El Teniente Coronel Urbina Sánchez fue uno de los autores intelectuales del magnicidio, además de que había acusado a Álvaro Garcés Parra de pertenecer a las FARC.
El 25 de noviembre de 1987 fue ascendido a Coronel.
Entre 1988 y 1989, estuvo en la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, desempeñando el cargo de Director. En 1988 recibió la orden al mérito militar Antonio Nariño, grado caballero, mediante el decreto Nº 1510/88. Durante estos mismos años, según declaraciones del Teniente (R) del Ejército y jefe paramilitar, Luis Antonio Meneses Báez, alias “Ariel Otero”, el Oficial Urbina Sánchez mantenía contacto con el jefe paramilitar y coordinó la conformación de una estructura paramilitar de carácter nacional llamada Junta Nacional de Autodefensa, “compuesta por líderes de aproximadamente 8 regionales, cuya función era promover el sistema de autodefensa y coordinar con el Ejército operaciones de inteligencia”.
El 25 de abril de 1989, Amparo Tordecilla fue desaparecida, luego de ser detenida por miembros de la Brigada XX, en Bogotá. En 1991, el cadáver de Amparo fue encontrado, junto con los de otros desaparecidos, en un cementerio ubicado a 40 minutos de Bogotá. El día de la detención fue introducida por la fuerza a un taxi de placas SF-3257, adscrito a la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, cuya dirección estaba a cargo del oficial Urbina Sánchez. Al preguntársele al oficial el mencionado vehículo y decirle la gravedad de los hechos en el cometidos, este dijo que el carro pertenecía a la Brigada XX y argumentó que la detenida no había sido Amparo, sino una informante del Ejército.
En 1990, estuvo como Comandante de la IX Brigada en Neiva.
Entre enero de 1991 y julio de 1992, se desempeñó como Agregado Militar en la Embajada de Colombia en Venezuela, mediante decretos 3136/90 y 1032/92. En el mismo año 1992 fue ascendido a Brigadier General. Ya en 1994 era comandante de la VII Brigada.
Solo se conoce de la vinculación del oficial Urbina Sánchez a la investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría, por la desaparición de Amparo Tordecilla en 1989, en Bogotá, en la cual el 26 de diciembre de 1991 le elevaron pliego de cargos.
Por los demás hechos no se corrió contra este militar proceso alguno.
VACCA PERILLA,
El oficial fue ascendido a Teniente Coronel en 1978, año en el cual comenzó a desempeñarse como director de la Escuela de Caballería en Bogotá, en enero de 1979; esta Escuela se convirtió en un gran centro de tortura, allí llevaron centenares de personas detenidas para torturarlas. El operativo se desarrollo en el marco de una investigación adelantada por el Ejército, a raíz del robo de más de un millar de armas efectuado por el M-19 a la Brigada de Institutos Militares en diciembre de 1978.
Entre estos casos figura la detención de la militante del M-19 y odontóloga Olga López Jaramillo con su pequeña hija; ellas fueron detenidas por miembros de la Brigada de Institutos Militares y conducidas a las instalaciones de esta Escuela, donde Olga fue torturada.
En 1978 éste oficial es condecorado con la Medalla de servicios distinguidos en orden público, por primera vez, por Decreto Nº 240 de 1978. Así mismo, de enero a diciembre de 1980, fue invitado como profesor en la Escuela de las Américas, en Panamá, según Decreto Nº 3114/79. Durante este periodo recibió el ascenso a coronel, según decreto Nº 1312 del 2 de junio de 1989.
En 1984 fue comandante de la I Brigada, y en 1986 fue comandante de la VIII Brigada. Durante este periodo, entre el 85 y 86, en la región del Viejo Caldas se crea una estructura paramilitar que opera con el nombre de Muerte a Comunistas -MAC-. El grupo paramilitar asesina y desaparece varios miembros de la oposición en las ciudades de Armenia (Quindío), Pereira (Risaralda), y Manizales (Caldas). Una de las víctimas ejecutadas por el MAC es el dirigente de la Unión Patriótica Rubén Darío Castaño Jurado, asesinado en Manizales el 11 de noviembre de 1985. Existen graves indicios recaudados judicialmente, que señalan como el oficial Vacca Perilla, junto con el oficial Henry Bermúdez Flórez, habrían creado éste grupo paramilitar.
En 1985 es ascendido a Brigadier General, según decreto Nº 3449/85; en 1986 es condecorado con la Orden al mérito militar “José María Córdova”, grado gran oficial, según decreto Nº 2328/86.
En 1987 es nombrado comandante de la V Brigada del ejército. Estando en este cargo, el 16 de agosto de 1987, en Sabana de Torres (Santander), fue asesinado Álvaro Garcés Parra, alcalde de ese municipio, por un grupo integrado por miembros de Inteligencia Militar y paramilitares, desplazados con ese fin desde San Juan Bosco de la Verde. En los hechos muere uno de los paramilitares y otro queda herido. En un bolsillo del pantalón del paramilitar muerto, es hallado un salvoconducto especial del Ejército. El paramilitar herido sería llevado por miembros del Batallón Ricaurte a una clínica privada, y sus gastos de hospitalización serían cancelados por el Ejército. Según las confesiones de un ex agente de Inteligencia Militar, a quien inicialmente se le confirió como misión seguir los pasos del alcalde para planear su asesinato, el crimen había sido ordenado y dirigido por el B-2 de la V Brigada. Existen numerosos indicios que comprometen en el crimen, como autor intelectual, al oficial Vacca Perilla, entonces comandante de la V Brigada. En 1987 vuelve a ser condecorado con la Orden de Boyacá, grado gran oficial, según decreto Nº 1106/87.
En octubre de 1987 diecinueve personas, la mayoría de ellas dedicadas al comercio de mercancía de contrabando, fueron torturadas y desaparecidas, en la Inspección de Policía de Puerto Araujo en Cimitarra (Santander), por miembros del Batallón Bárbula y paramilitares del grupo al mando de Henry de Jesús Pérez Durán. El crimen fue planeado durante una reunión en las oficinas de ACDEGAM en Puerto Boyacá. (Boyacá), en la que participó el Teniente Coronel Hernando Navas Rubio, Comandante del B-2 de la XIV Brigada, quien les aseguró que “los comerciantes introducían en la zona armas y municiones para la guerrilla”. Allí se acordó la coordinación con el Comandante de la V Brigada, Brigadier General Vacca Perilla, delegando al Mayor Oscar de Jesús Echandía Sánchez y al Sargento Otoniel Hernández Arciniégas, quienes se encargarían de coordinar con Alonso de Jesús Baquero Agudelo, la vigilancia de la caravana hasta que llegara al lugar donde estaban los paramilitares. Según declaración de este último, el Oficial Vacca Perilla no quedó muy satisfecho con el hecho, ya que: “el único General que no le gustaban las masacres era el General Vacca Perilla; estaba de acuerdo que los homicidios fueran individuales no colectivos”.
Por otro lado, en la madrugada del 4 de marzo de 1988, en Turbo (Antioquia), un grupo de hombres armados ingresan a las fincas bananeras “Honduras” y “La Negra”, sacan de sus dormitorios a 20 trabajadores y luego de identificarlos e interrogarlos, los acribillan. Algunos sobrevivientes lograron reconocer a los asesinos, entre los que se encontraban varios militares y civiles que días antes habían realizado operativos de inteligencia en el sector. Judicialmente se comprobó que el grupo de asesinos estaba integrado por miembros del Ejército, y paramilitares de Córdoba y del Magdalena Medio, desplazados a la región del Urabá Antioqueño con ese fin. Según se comprobó judicialmente, uno de los presuntos paramilitares de Córdoba, Ricardo Rayo, resultó ser agente del B-2 de la V Brigada. Existen elementos de prueba que señalan que el B-2 de la V Brigada coordinó con otras secciones de inteligencia del Ejército el desplazamiento de los paramilitares del Magdalena Medio.
El 18 de junio de 1988, en Curumaní (Cesar), Manuel Reyes Cárdenas es detenido y desaparecido en un retén militar. Inicialmente y por orden del oficial Juan Salcedo Lora, Manuel Reyes Cárdenas es mantenido oculto en las instalaciones del Batallón Nariño, para luego ser trasladado al Batallón Santander en Ocaña (Norte de Santander). Allí es obligado a vestir prendas militares y a realizar patrullajes con efectivos militares. El 27 de agosto de 1988, una Comisión de la Procuraduría rescata a Manuel Reyes Cárdenas de su cautiverio. Según abundantes pruebas recaudadas, el oficial Vacca Perilla no sólo participó con su anuencia aprobando que en el Batallón Santander se mantuviera al desaparecido, sino que impartió instrucciones a sus subordinados para que se mantuviera oculto a Reyes Cárdenas. Sin embargo, no fue investigado ni penal ni disciplinariamente por los hechos.
El oficial fue comandante de la II División del Ejército en el año de 1989. En éste año fue ascendido a Mayor General, según decreto Nº 2727 del 24 de noviembre de 1989. El 18 de enero de 1989, durante un operativo conjunto entre militares y paramilitares del Magdalena Medio fueron asesinados, en la vereda La Rochela de Simacota (Santander) trece miembros de una comisión judicial, que adelantaba varias investigaciones a las que estaban vinculados oficiales y suboficiales del Ejército. Sobre ese particular, uno de los paramilitares que participó, Alonso de Jesús Baquero Agudelo declararía “el General Vacca Perilla estaba de acuerdo que los homicidios fueran individuales no colectivos y para la masacre de La Rochela dijo que no estaba de acuerdo y siempre que se iban a hacer masacres o planes de masacres no estaba de acuerdo con ello”.
El 7 de febrero de 1989 a la 1:00 p.m., el dirigente sindical Isidro Caballero Delgado de 32 años y su acompañante María del Carmen Santana de 20 años fueron detenidos y desaparecidos, la campesina Elida González fue detenida y Javier Páez fue detenido y torturado por una patrulla del Ejército al mando del Capitán Héctor Alirio Forero Quintero, perteneciente a las tropas del Batallón Santander de la V Brigada, efectivos de la Base Militar Morrison con sede en San Martín y el paramilitar Luis Gonzalo Pinzón Fontecha en la finca El Danubio en la vereda Guaduas, del corregimiento El Líbano, municipio de San Alberto (Cesar). Según la versión de un ex soldado, el General Vacca Perilla estuvo presente en la reunión que se adelanto en la Base Morrison con otros oficiales y con civiles, de la cual salió la orden para capturar a Isidro Caballero.
El 1 de junio de 1989, los miembros de diferentes organizaciones sindicales, populares, cívicas y campesinas Rafael Acevedo Suárez, Rodolfo Hernández Pulgar, Rafael Llain, Guillermo Salazar, Efraín Gómez, José Alirio Osorio, Jaime Alberto Navarro Max, Álvaro Enríquez Peñaranda, Santiago Ortiz Escobar, Wilfredo Cañizalez, Neftaly Franco, Héctor Sánchez, Gustavo Contreras y otra persona fueron detenidas y torturadas por una patrulla combinada del ejército y el Comando de Investigaciones Anti Extorsión y Secuestro CIAES, con la participación de un comandante conocido como Sarco y el comandante de la II División Mayor General Farouk Yanine Díaz y la complicidad del comandante de la V Brigada, Brigadier General Alfonso Vacca Perilla en Lebrija (Santander). Luego de ser trasladados a las instalaciones de la V Brigada en Bucaramanga, fueron sometidos a intensos interrogatorios y a permanecer aproximadamente 80 horas de pie con las manos en la nuca, en diferentes sitios, sin darles alimentación y sin dejarlos dormir.
Las catorce personas fueron obligados bajo presiones psicológicas a firmar documentos de buen trato. Según testimonio de una de las víctimas, el comandante de la II División Mayor General Yanine Díaz y el comandante de la V Brigada, Brigadier General Vacca Perilla, realizaron un montaje de vídeo en el cual mostraba el supuesto buen trato que le estaban proporcionando a ellos.
Posteriormente pasó a ser comandante de la I División en 1990.
El alto oficial por los hechos anteriormente descritos nunca fue vinculado a investigación alguna, ni penal ni disciplinaria.
VELOSA RIVAS,
Capitán. Estuvo al mando de las tropas de la V Brigada que entre el 6 y 7 de octubre de 1988 que allanaron la residencia sin orden judicial alguna de Luis Ernesto Ballesteros Acuña, Graciela Muñoz Bolívar, Jaime Vargas Báez y Patricia Rodríguez, siendo luego detenidos ilegalmente, en hechos sucedidos en Bucaramanga (Santander).
Por estos hechos, la Procuraduría Delegada Para las Fuerzas Militares mediante resolución No. 264 del 26 de junio de 1990 sancionó al oficial Guillermo Veloza Rivas con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 5 días sin remuneración al encontrarlo responsable de las detenciones arbitrarias, y por no haber dejado a los detenidos bajo disposición de la autoridad competente, decisión afirmada el 26 de octubre de 1990 por el mismo organismo gubernamental mediante resolución No. 443, resolviendo el recurso de reposición interpuesto por el inculpado.

References: resolución 
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