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Timestamp: 2020-06-05 04:32:52+00:00

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Monopolio Reglas
Decreto 0734 de 2012 Estatuto General de Contratacion
Principios en la nueva norma de contratación del Estado.docx
A08 - Decreto 1023 Contrataciones Federal
DA_PROCESO_16-9-416839_225200011_20221439 (1).pdf
MMI002 2015-07-13 Manual Interventoria2
DA_PROCESO_17-9-427770_217380011_26925420
CAMBIOS A LA LEY 30225.pptx
REGULACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN Y COTIZACIÓN PÚBLICA
EN EL EJÉRCITO DE GUATEMALA
KARLA ALEJANDRA RUÍZ PÉREZ
GUATEMALA, MARZO DEL 2006.
Presidente: Lic. Carlos Urbina Mejía
Lic. Byron Oswaldo De La Cruz López
Secretaria: Licda. Berta Araceli Ortiz Robles de Torres
Presidente: Lic. Carlos Francisco Vásquez Castillo
Licda. Emma Graciela Salazar Castillo
Secretario: Lic. Ricardo Alvarado Sandoval
es responsable de las doctrinas
sustentadas y contenido de la tesis”.
del Normativo para la elaboración de tesis de
Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala).
A mis padres: Carlos y Francisca, por su amor, sacrificios y apoyo incondicional, ya que de ellos también es este triunfo, por todo esto y más estoy infinitamente agradecida, y por haberme enseñado que con esfuerzo y dedicación se pueden hacer realidad los sueños.
Edgar, Bárbara y Carlos, por ser personas fundamentales en mi vida y estar siempre unidos a través del amor que lo hace posible.
A mis abuelitos: Arnulfo (Q.E.P.D.), Alfoso, María y especialmente a
mi abuelita Berta (Q.E.P.D.) por haber sido una
A mis tíos, primos y sobrinos:
persona ejemplar y especial en mi vida.
En especial a mi tía Isabel, por darme un apoyo sin límites y creer siempre en mí.
Castillo, Estuardo, Javier, Andrade y Enexton como
un pequeño reconocimiento por los innumerables
A mis compañeros y
amigos: Especialmente a Debora, Sergio, Christian, Pily, Mildred, Heidy, Pedro, Marlon, Claudia, Fernando,
Fernanda gracias por su apoyo en los buenos y
George, Fátima, Robin, Jorge
La Uiversidad de San Carlos de Guatemala, y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por formarme como profesional.
1. Licitación y cotización pública
1.1. Orígenes de la licitación y cotización pública
1.3. Análisis del concepto jurídico de la licitación pública
1.4. Los principios de la licitación y cotización pública
1.4.1. Publicidad
1.4.2. Igualdad
1.4.3. Competencia o concurrencia
1.4.4. Moralidad administrativa
1.5. Ventajas y desventajas del procedimiento
1.5.1. Ventajas
1.5.2. Desventajas
2. Análisis del ordenamiento jurídico que regula la licitación y cotización pública
2.1. Ley de Contrataciones del Estado
2.2. Procedimiento de licitación y cotización pública
2.2.1. Licitación pública
2.2.2. Cotización pública
2.3. Compra directa
2.4. Excepciones a la licitación y cotización pública
2.5.1. Costa Rica
2.5.2. Chile
2.5.3. España
2.5.4. Inglaterra
Presupuesto militar de los años 2001 al 2003
3.1. Presupuesto del año 2001
3.2. Presupuesto del año 2002
3.3. Presupuesto del año 2003
3.4. Manejo del presupuesto militar, en secreto
3.5. Secreto de Estado
4. Causas y efectos de la falta de una licitación y cotización pública en el ejército de Guatemala
4.1. Regulación del ejército de Guatemala dentro de la Ley de Contrataciones del Estado
4.2. Causas de la falta de licitación y cotización pública
4.2.1. Políticas
4.2.2. Legales
4.3. Efectos que surgen por la falta del procedimiento. 62
4.3.2. Políticos
4.4. Regulación de los casos excepcionales
4.4.1. Situación de urgencia
4.4.2. Situación de emergencia
4.5. Iniciativa de ley
La administración pública, que es la titular de principio de la función administrativa del poder público, debe tener como objetivo principal la realización de los intereses de la colectividad.
Por lo anterior, las necesidades públicas nacidas de las mismas exigencias de la vida común, se satisfacen directamente a través de esta función administrativa que es permanente e indispensable en la vida del Estado.
En esta acción resultante del acuerdo o cooperación del administrado, es decir en el orden de las relaciones
contractuales que
licitación y
cotización pública. La acción del Estado tiende a la satisfacción de las necesidades colectivas, y esto es, sobre todo y directamente, el campo de actuación de la administración.
administración y los
particulares, surge el
En este intento, la Ley de Contrataciones del Estado regula la licitación y cotización pública, así como el procedimiento adecuado y necesario para la obtención de tales objetivos, siempre y cuando el Estado quiera servirse de la actividad de los particulares, prestada en forma voluntaria.
La licitación pública, surge como una exigencia de la buena administración, como una condición de moralidad y también como una oportunidad para los administrados, que posean las mejores ventajas en la oferta de la realización de contratos de interés
para la administración, y también como garantía de los intereses del Estado, es decir, del interés general.
la Ley de Contrataciones del
Estado, da origen a la corrupción que es el marco indispensable
de la inestabilidad, en lo político, destruye la credibilidad de
las autoridades y corroe las entrañas mismas del Estado al sobreponer el interés particular – oscuro, ilegítimo e inconfesable – del funcionario público que participa en la celebración de los contratos administrativos, al interés del ente estatal, de la nación y de la comunidad, en detrimento de la democracia, de la justicia y el derecho.
estar regidos por
importante enfatizar sobre la necesidad de
transparentar los procesos de licitación y contratación de los contratos del Estado a efecto de erradicar la corrupción, en estas áreas tan vulnerables a ella.
En nuestro país la ausencia de una legislación adecuada en
relación con la Ley de Contrataciones del Estado, sobre todo en
el Ejército de Guatemala, donde se carece de ella, ha dado origen
a la malversación de fondos de dicha dependencia. Esta
institución castrense ha sido señalada en múltiples ocasiones y durante todo lo largo de su historia de actos de corrupción e impunidad, que han corroído inclusive a las instituciones encargadas de impartir justicia.
hacerse de forma
inmediata en todas las instituciones sin exclusión o preferencias de alguna naturaleza, para que de esta manera la población
Ley debe
guatemalteca esté segura de que sus impuestos son invertidos en forma transparente, y como consecuencia de esto el guatemalteco cumpla con esta obligación, y se pueda corregir la cultura de evasión de impuestos que tanto daño ha ocasionado al país.
Por consiguiente la licitación y cotización pública, son procedimientos previos a la contratación administrativa, cuya importancia es indiscutible, habida cuenta de que conlleva la adjudicación de los contratos administrativos de la administración pública; de ahí la necesidad de analizarla, investigarla y estudiarla, en aras de perfeccionar su regulación jurídica y contribuir a la erradicación de la corrupción.
Dentro de la presente se encuentran los diferentes temas relacionados con la materia u objeto de la investigación, la cual se ha dividido en cuatro capítulos, el primero referido a la licitación y cotización pública y su origen; en el segundo se realiza un análisis del ordenamiento jurídico que regula la licitación y cotización pública; el tercero respecto al presupuesto militar de los años 2001 al 2003 y el manejo del mismo; el cuarto contiene las causas y efectos de la falta de una licitación y cotización pública en el Ejército de Guatemala.
1.1.Orígenes de la licitación y cotización pública
La palabra licitación se deriva de la voz latina licitationem 1 , que es ablativo de licitatio, Licitatio- Onis, que significa “el ofrecimiento de precio en cualquier venta” o mejor “venta por alzas”, “por oferta” o “venta en subasta”.
En cuanto al origen de la licitación es muy variado, ya que por un lado Rondina 2 señala que licitar en su
término viene de los árabes, cuando vendían sub-hasta:
bajo el asta o la lanza para significar que nada se ocultaba y que nadie podría sospechar o criticar el contrato o negocio.
sentido etimológico es sinónimo
Por otro lado se dice que la licitación parece haber sido utilizada en tiempos remotos por los chinos, encontrándosela legislada en el Código de Hammurabi (año 2100 a.C.) 3 .
Lo cierto es que el procedimiento de la licitación
pública, como medio de celebrar los contratos
1 Salva, Vicente, Diccionario latino-español, pág. 476.
2 Rondina, Homero, Contrato de obra pública y privada, pág. 171.
3 Lara Peinado, Federico, Código de Hammurabi, pág. 96.
interviene el Estado, fue conocido en el derecho romano 4 . Desde las primeras épocas los bienes adquiridos por el Estado, ya sea por conquista (botín de guerra), por la condenación criminal de un ciudadano o por el derecho de herencia, se vendían públicamente, a los mejores ofertantes. A este tipo de ventas se le conocía como Bonorum sectio o venditio. Llevaba también el nombre de subhastatio, de la lanza (hasta), símbolo de la propiedad de los quírites. En el lugar donde iba a verificarse la venta, se plantaba una hasta, 5 arma guerrera y a la vez insignia real. De ahí deriva el término subasta con que, en muchos países de lengua castellana se designa al procedimiento de licitación.
Más tarde se generalizó el régimen de la venta en asta pública, debiendo verificarse en esas condiciones todas las ventas de bienes fiscales. Así lo establecía el Código de Justiniano. También se aplicó el procedimiento de la licitación en la contratación de las obras públicas. Y puede afirmarse que tanto en el derecho romano como en los demás sistemas, han sido las obras públicas las que han contribuido a generalizar este instituto de garantías de los intereses del Estado.
Era el censor la autoridad legalmente encargada de las adjudicaciones de obras públicas. La adjudicación se marcaba por tres instituciones esenciales: la fórmula del contrato (lex censoria), la subasta pública (licitatio), garantía personal y real (paredes, praedia).
4 Maynz, Carlos, Curso de derecho romano, pág. 756.
5 Guillén, José, Roma, vida y costumbres de los romanos, religión y ejército, pág. 419.
En cuanto a la primera de ellas, resulta que la llamada lex locationi o lex operis locandi equivalía a nuestro pliego de condiciones, conteniéndose en ella la determinación concreta de la obra, forma y momento de los pagos; pero no se determinaba el precio, puesto que éste resultaría de quien ofreciera realizar la obra por cantidad más pequeña (infima prieta).
La licitatio era la condición esencial para que la obra se adjudicara y, en general, era obligatorio concederla a quien solicitara cantidad menor. El censor era el encargado de realizar discrecionalmente la adjudicación, pudiendo excluir a las personas que no juzgase idóneas, o que estimara poco honorables o que hubieran dejado incumplidos contratos anteriores.
La adjudicación hecha al último postor (auctio) le daba naturalmente la propiedad romana de las cosas corporales que habían sido objeto del acto, y el Pretor había creado un interdicto particular de que podía disponer desde el acto mismo de la toma de posesión, interdictum sectorium 6 .
6 Gayo, Instituciones, pág. 373.
hay ordenanzas que
prescriben la adjudicación al mejor precio para la ejecución de obras públicas o contratos de suministro.
En la práctica, la adjudicación no siempre se realizaba;
hubo entonces escándalos de corrupción, por el hecho de
celebrarse contratos sin adjudicación.
En términos generales, la licitación pública se generalizó por Europa y extendió al mundo, en el siglo VIII y especialmente en el siglo XIX, cuando se empezaron a expedir una serie de leyes al respecto.
Según Fermín Abella 7 , se entiende por subasta “el contrato hecho con concurrencia y con el fin de obtener concurrentes en provecho de la parte que ha de proceder a la adjudicación, mediante las condiciones mas ventajosas,
o en términos mas breves: contrato celebrado con publicidad y concurrencia”.
Lucía Valle 8
establece que “licitación
a contratistas, para obras o servicios, enajena bienes”.
administración selecciona
7 Abella, Fermín, Tratado de derecho administrativo español, pág. 1208.
8 Valle Figueiredo, Lucia, Licitación y administración indirecta, pág. 134.
La licitación, desde el punto de vista del derecho administrativo, es considerada como un procedimiento administrativo por el cual la administración pública elige como cocontratante a la persona, física o jurídica, que le ofrece las condiciones más convenientes para el Estado.
La licitación pública en palabras de Serrano 9 “constituye el medio más idóneo para la contratación administrativa y se fundamenta en el doble propósito de lograr las mejores condiciones técnicas y económicas para la administración pública”.
Finalmente, la definición más completa es la que establece Sayagués Laso 10 , en la cual aduce que:
“La licitación es un procedimiento relativo al modo de celebrarse determinados contratos, cuya finalidad es la determinación de la persona que ofrece a la administración condiciones más ventajosas; consiste en una invitación a los interesados para que, sujetándose a las bases preparadas (pliego de condiciones), formulen propuestas, de las cuales la administración selecciona y acepta la más ventajosa (adjudicación), con lo que el contrato queda perfeccionado; y todo el procedimiento se inspira, para alcanzar la finalidad buscada, en estos dos principios: igualdad de todos los licitantes ante la
9 Serrano Rodríguez, Carlos Eduardo, La contratación administrativa, pág. 98. 10 Valle Figueiredo, Lucia, Ob. Cit; pág. 42.
Administración y cumplimiento estricto de las cláusulas del pliego de condiciones”.
De los anteriores conceptos se puede concluir que la licitación tiene las siguientes características:
1.2.1.Es un procedimiento, en virtud de que comprende una
1.2.2.Dicho procedimiento tiene como objetivo seleccionar a la persona, física o jurídica, con la cual la administración pública celebrará un contrato determinado.
1.2.3.La selección se realiza sobre quien haya ofrecido
ventajosas,
cuanto a la última característica, algunos
autores, indican que la licitación es un procedimiento
cocontratante se basa exclusivamente, en la simple
determinación de la persona que ha ofrecido el más bajo.
automático, por que consideran
Por consiguiente el hecho de que la licitación tenga como objetivo seleccionar al licitador que haya ofrecido las condiciones mas convenientes para la administración,
el precio más bajo no siempre representara las condiciones más ventajosas, ya que en muchas ocasiones tal situación puede ocasionar innumerables problemas para la administración pública y esencialmente a la economía nacional.
voluntad contractual, por el que un ente público en ejercicio de la función administrativa invita a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de entre
las cuales seleccionara la mas conveniente".
1.3.1.Es un procedimiento administrativo
La licitación pública como ya dijimos es uno de los procedimientos de formación del contrato, una de las formas de contratación o procedimientos de selección de contratistas. La licitación pública no es un acto, como erróneamente lo entiende parte de la doctrina, sino un conjunto de actos; un procedimiento, integrado, en suma, por actos y hechos de la Administración y actos y hechos del oferente, todos concurrentes a formar la voluntad contractual.
La licitación se relaciona con la formación de
las tratativas
privadas, no es sino un preliminar del contrato, destinado a fijar quien es el contratante. Es un
periodo que precede procesalmente al contrato.
La licitación pública es un procedimiento administrativo preparatorio de la voluntad contractual. Esa es su naturaleza jurídica.
licitación pública es la
selección del cocontratante. Se trata, por lo tanto, de algo que precede al contrato, una fase preliminar de la manifestación de la voluntad del licitante para seleccionar, por vía de este medio técnico idóneo, la mejor oferta. Por ello es un procedimiento administrativo especial, regido de
suyo por el Derecho Administrativo.
1.3.2.Preparatorio de la voluntad contractual
procedimientos de contratación, es
especificidad respecto administrativo que versa
principios jurídicos que rigen la preparación y
ejecución de la voluntad contractual.
1.3.3.Por el que
un ente público
procedimiento de la licitación pública, debe ser un
ente público. Por ello el licitante es siempre un
estatal; lo que interesa es que en el caso ejerza
Por lo tanto, como entes públicos estatales,
pueden utilizar el procedimiento licitatorio para
contratar, el Estado, entidades descentralizadas,
entidades autónomas, unidades ejecutoras, las
municipalidades, las empresas públicas estatales o
1.3.4.Invita a los interesados
La invitación a los interesados, oferentes,
eventuales adjudicatarios o co-contratantes se
traduce en un acto administrativo
llamado a licitación, emitido
competente del ente público
La invitación es un pedido de ofertas, una
invitación ad offerendum, que debe ser enunciado en
la forma que el derecho positivo lo determina, por
vía de la publicación como instrumento técnico para
promover la concurrencia.
Este recaudo o etapa procesal de la licitación
pública, le da especialidad respecto de los otros
procedimientos de contratación en particular
respecto de la compra directa y el contrato
abierto. En cuanto a la cotización, la invitación
ofrece características analógicas a las de la
1.3.5.Para que sujetándose a las bases fijadas pliego de condiciones
El pliego, como conjunto de disposiciones
redactadas unilateralmente por el licitante, es el
que regula el trámite, mecanismo y formalidades del
procedimiento de preparación y ejecución ulterior
del contrato. En sus cláusulas generales y
especiales se particulariza sobre el objeto, obra o
servicio que se licita, las condiciones de la
contratación, su preparación y la ulterior
Los oferentes deben ajustar sus propuestas al
pliego, bajo sanción de ser estas declaradas
"inadmisibles".
1.3.6.Formulen propuestas
Como consecuencia del llamado a licitación, los interesados, "proponentes, ofertantes, licitadores", presentaran sus ofertas o propuestas. Para ser licitador es necesario cumplimentar condiciones subjetivas, como la inscripción en los registros de precalificados, a efecto de acreditar así la idoneidad jurídica, financiera y técnica para contratar.
Por ello a esta fase procesal también se la llama "habilitación de los licitadores", "calificación de los oferentes" o "condiciones subjetivas de los proponentes".
También deben constituir una garantía de oferta o "garantía precontractual" de mantenimiento de propuesta.
La presentación de la propuesta o precio ofrecido puede hacerse en forma escrita o verbal, si bien nuestro derecho positivo solo recepta la forma escrita, con las formalidades externas e internas requeridas por las normas reglamentarias y el pliego de condiciones aplicables al caso.
1.3.7.De entre las cuales el licitante seleccionara y aceptara la más conveniente
El licitante elige o selecciona, entre las propuestas formuladas, la más conveniente. Ello se traduce por una actividad de contenido jurídico administrativo, que reviste forma de simple acto de la Administración (adjudicación).
La preadjudicación importa un dictamen anticipado acerca de cual es el orden de méritos, en razón de la conveniencia de las ofertas, emitido por una junta. La adjudicación supone ya el acto decisional de seleccionar la mejor oferta, a los efectos de perfeccionar después el contrato con su proponente, por alguno de los procedimientos que prevé el ordenamiento jurídico, y de acuerdo con la clase de contrato de que se trate.
La adjudicación es un acto administrativo que reúne sus caracteres y elementos, y se rige por el régimen jurídico que tipifica a este. La decisión en el contenido es de tipo discrecional, aunque con límites jurídicos elásticos: racionabilidad, buena fe, desviación de poder, etc.
En un artículo que escribió Pedro de Miguel García, 11 hacía referencia de los principios inspiradores de la contratación administrativa, y establecía que esos principios tenían dos aspectos previos; por un lado, las singularidades del contrato administrativo respecto a la contratación privada (aspecto sustantivo) y, por otro, la dependencia de las ideologías dominantes (aspecto dinámico).
En una primera explicación señala el autor que el contrato administrativo, al igual que otras instituciones empleadas por el derecho administrativo, es una categoría importada del derecho privado que al entrar al servicio de la administración ha sufrido una metamorfosis. La igualdad de las partes desaparece ante la peculiar posición de la administración.
Por otro lado, las ideas del liberalismo económico y
del intervencionismo estatal, afectan sensiblemente a la figura del contrato administrativo, ya que la administración, en mayor o menor medida, puede hacer uso
cumplimiento de los fines del Estado, en orden a la pronta y eficaz satisfacción del interés general, no
exorbitantes, en
al asumir
11 Retamozo Linares, Alberto, Los principios inspiradores de la contratación administrativa en el derecho español, pág. 41.
puede vincularse de forma absoluta y definitiva al cumplimiento rígido de sus contratos.
principios cardinales de la contratación: el de la fuerza vinculante del acuerdo de voluntades y el de igualdad de
administrativos deben perseguir, justifica excepciones.
anterior supone una
La licitación y cotización pública, como institución de derecho administrativo tienen diversos principios; aún la doctrina no se ha puesto de acuerdo sobre la cantidad y calidad de los mismos. Así, por ejemplo, Zanella, 12 dice que los principios de la licitación y cotización pública son: igualdad, legalidad, impersonalidad, moralidad y probidad, publicidad, vinculación con el instrumento convocatorio, juzgamento objetivo, adjudicación compulsoria y de amplia defensa.
principios en la obra de Colmeiro. 13 En cambio Leonel Benavides dice que los principios de la licitación pública son cuatro: concurrencia, igualdad, publicidad y moralidad administrativa. 14
12 Zanella Di Prieto, María Sylvia, Derecho administrativo, pág. 257.
13 Colmeiro, Manuel, Derecho administrativo español, pág. 36.
14 Benavides, Leonel, Instituciones de derecho administrativo, pág. 3.
licitación y cotización pública, los fundamentales que la rigen son:
• La publicidad,
• La igualdad,
• La competencia o concurrencia, y
• La moralidad administrativa.
1.4.1.Publicidad
Este principio implica que los interesados estén enterados de todo lo relativo a la licitación o cotización correspondiente, desde el llamado a formular ofertas hasta sus etapas conclusivas.
publicidad es, además doble:
significa en primer lugar que cuando se va a realizar una licitación, debe de ser anunciada de antemano; dicha publicidad previa o publicación, está destinada evidentemente a la vez, en segundo lugar, a suscitar la competencia y a colocar a los candidatos eventuales en un plano de igualdad.
publicidad debe ser
satisfecha en todas las fases del procedimiento a partir de la convocatoria, pues ella constituye un aspecto fundamental del llamado a la licitación o
plicas que
audiencia pública, previamente establecida, para
dar a conocer a todos los oferentes el contenido de
los oferentes la decisión tomada por la junta en la evaluación de las ofertas.
Igualmente debe darse a conocer a
manera clandestina u oculta
contienen las ofertas, se
las mismas, puesto que no se debe
Finalmente, ese principio no constituye en sí misma una oferta de contrato por parte del Estado o ente público licitante, sino un llamado para que formulen propuestas, sobre las bases establecidas por la administración pública.
1.4.2.Igualdad
La igualdad constituye uno de los principios importantes de la licitación y cotización
pública, pues
se cimenta la
moralidad administrativa, procedimientos.
Este principio se manifiesta en el sentido que solo es posible una real confrontación entre los oferentes, cuando éstos se encuentran colocados en igualdad de condiciones, sin que existan discriminaciones o tolerancias que favorezcan a unos en perjuicio de otros.
De tal manera, en base a la igualdad se exige que la adjudicación se realice a aquel oferente que, presentando las mejores condiciones para el
Estado, se
procedimiento, pues de no ser así la administración
pública carece ofertas.
En consecuencia, rige todas las fases del procedimiento, desde la formulación de las bases o pliego de condiciones hasta la adjudicación. Por lo cual el pliego que contiene el llamado, no puede crear favoritismos hacia unos en perjuicio de otros; sus cláusulas deben ser respetadas por todos; las ofertas deben mantenerse secretas, hasta la apertura del acto, para evitar que el conocimiento de las presentadas por alguno sirva para reacomodar los datos de otro competidor. En definitiva, debe observarse la igualdad más absoluta de todos los proponentes para que el acto no sea viciado de inmoralidad por favoritismos, que determinarían su nulidad absoluta.
En conclusión, este principio pretende dar un trato igualitario a todos los oferentes. Y el mismo, dentro del campo de la licitación y cotización pública, tiene una doble finalidad: ser garantía para los administrados, en protección a sus intereses y derechos como contratistas; y, al mismo tiempo, como oferentes y como particulares,
constituir una garantía para la administración
1.4.3.Competencia o concurrencia
La competencia en primera instancia supone un
ejercicio del comercio, entendido como una regla
fundamental del derecho moderno.
La licitación y cotización pública es un
instrumento de contratación administrativa,
destinado a promover y estimular la competencia o
el mercado competitivo, en el cual participan el
mayor número posible de oferentes, con el fin de
que la administración pública pueda contar con una
amplia y variada gama de ofertas, entre las que se
seleccionan la que mejores condiciones ofrece.
La competencia asegura a la administración
pública la participación de un mayor número de
ofertas, lo cual le permite tener una más amplia
gama de oferentes, de los cuales se pueden obtener
calidad, financiamiento,
circunstancias pertinentes.
oportunidad y demás
convocatoria debe realizarse con toda oportunidad,
conocimiento del llamado de la administración
pública, para que ésta pueda recibir una amplia y variada gama de ofertas, entre las que se pueda elegir a las que mejores condiciones ofrezca.
honorabilidad comercial de cada proveedor o contratista, ya sea que por un lado se evite caer en la publicidad engañosa o, por otro lado, se tengan prácticas que disminuyan, dañen o impidan la competencia entre los proponentes.
La competencia debe estar apoyada,
Esto implicaría una competencia desleal, lo cual está prohibido por nuestra legislación. La misma, según Molina, 15 puede ser de tres tipos:
actos desleales hacia el competidor, hacia el consumidor y deslealtad al mercado. Dentro de esos actos estrían los relativos al contenido de los bienes que se venden o aquellos que impliquen violación al secreto de fábrica, independientemente de que puedan ser considerados como hechos ilícitos, fraude específico relativo a la venta de artículos o ejecución de obras públicas. Así mismo, dentro de esas violaciones estarían los casos de dumping. 16
15 Molina Blázquez, Concepción, Protección jurídica de la lealtad en la competencia, pág. 93.
16 Sanoner, Marcelo Fernando, El procedimie nto de selección del cocontratante; la licitación pública, pág. 1080.
1.4.4.Moralidad administrativa
La expresión “moralidad administrativa” es un concepto muy fluido, además de especialmente cambiable y subjetivo.
Los actos de la administración deben de estar acompañados de patrones éticos vigentes, en la sociedad a la cual se destinan y a la época en que fueron practicados, pero nunca contrariando las disposiciones legales, pues si es indiscutible la plenitud del principio de legalidad es, también, indiscutible la inexistencia de un principio de moralidad.
corrupción puede ser una explicación parcial y ocasional a los defectos de la licitación que se ha intentado paliar o corregir por el énfasis en la igualdad y la formalidad o la moralidad, pero no es la respuesta integral ni permanente o sistemática para este tipo de problema, y sobre todo no es la respuesta eficaz, como lo demuestra la práctica en cualquier país.
Gordillo 17
El tema de la corrupción debe tratárselo en el contexto más amplio de la transparencia y el
control administrativo, indispensables
17 Gordillo, Agustín A., El informalismo y la concurrencia en la licitación pública, pág. 304.
sociedad democrática, no
presuntamente técnico, de los principios
licitación y cotización pública.
Finalmente, las técnicas puntuales de control
de la corrupción mediante el formalismo o la
igualdad en dichos procedimientos dentro del mismo
órgano administrativo no sirven, lo cual se ha
demostrado, que son las grandes instituciones de
transparencia y control administrativo las que, en
conjunto puede más eficazmente evitar la
1.5.1.Ventajas
La licitación y cotización pública tiene un
ascendente universal. Este tipo de procedimientos,
la licitación y cotización, han sido aceptados por
la administración pública de los más diversos
países para la formalización de sus contratos
1.5.1.1.La
Esta tiene como propósito principal,
el que la administración pública obtenga
las mejores condiciones disponibles, en
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás características.
1.5.1.2.Se
colusiones entre contratantes y agentes administrativos.
Se busca sanear la administración, evitando colusiones fraudulentas entre los funcionarios encargados de celebrar los contratos que requieren funcionamiento de los servicios públicos, y los particulares interesados. Puesto que la administración está obligada a adjudicar la licitación o cotización al proponente que ha ofertado condiciones más ventajosas, el margen de libre elección de los funcionarios queda de tal modo restringido, que resulta imposible prácticamente entrar en combinaciones con terceros.
1.5.1.3.Los funcionarios del poder público no pueden ser sospechosos de corrupción.
licitación y cotización es el de “la moralidad administrativa”, impidiendo mediante la observación estricta de sus reglas, el favoritismo y negociado.
1.5.1.4.Fomenta la competencia.
La propia licitación y cotización
industriales o empresarios que están en
y ejecutando, para ella, obras públicas.
1.5.1.5.Sistema de control.
La licitación y cotización permiten
control, tanto por
parte de la administración de los fondos
previamente los aspectos
administrativo, crea un sistema de control
concurrentes,
públicos, para adjudicar contratos.
Por otra parte, la consideración de todos los proponentes en un pie de igualdad, evita así, que por favoritismo, interés o dádivas, se formalicen contratos administrativos desventajosos, con el consiguiente perjuicio para el Estado.
El hecho de que toda propuesta deba ajustarse
al pliego de condiciones y trámite exigidos por la
legislación, y de que todos y cada uno de los
oferentes puedan ejercer su fiscalización, hasta el
momento de la formalización del contrato
administrativo, son requisitos decisivos para la
seriedad del acto contractual, el cumplimiento fiel
de todas las formalidades y muy especialmente, para
evitar la complicidad o la parcialidad de los
funcionarios del gobierno hacia determinados
1.5.2.Desventajas
Es cierto que, formalizándose el contrato
administrativo por licitación o cotización, se hace
difícil la audición con los particulares y la
elección de propuestas inconvenientes. Pero aún
cuando dichos procedimientos estén bien
reglamentados, pueden efectuarse adjudicaciones
La licitación no evita siempre el favoritismo
oficial si hay complicidad de los funcionarios
públicos. Así, por ejemplo, si se trata de un
contrato administrativo de obra pública puede
existir una connivencia entre un proponente y los
representantes de la administración pública, con el
objeto de modificar
después de adjudicada y ya puesta en marcha va
forma, la misma, para que
aumentándose, en tal
compense la reducción excesiva del precio de la propuesta.
Además, no siempre la concurrencia ofrece una
baja en los precios, si no por el contrario, un
interesados las necesidades de la administración
detectado en contra de dichos procedimientos son:
1.5.2.1.Crean un monopolio por que se establece entre los concurrentes a las licitaciones, en muchos casos, una inteligencia, de tal manera que no se puede competir con ellos.
1.5.2.2.Evita la competencia que debe producirse (como lo quiere el Estado) entre los
no existir un verdadero
proveedores, al
juego entre la oferta y la demanda.
1.5.2.3.Trae, en muchos casos, la deshonestidad,
particulares hace que se pueda vencer, en
algunos casos, la escrupulosidad funcionarios públicos.
por que la potencialidad
1.5.2.4.Los
burocráticos; se tornan largos y estropean la eficacia de un buen sistema de compras.
1.5.2.5.Se encarece el artículo, la obra o el servicio por el retardo en la provisión o en la ejecución y por los gastos de trámites, control, impuestos, sin contar, además, las fluctuaciones de los precios en ciertos casos pues cuando son en desventaja del Estado, los proveedores exigen que el contrato administrativo sea cumplido a favor suyo.
Es por ello que no se debe, con el pretexto de estas desventajas, hacer desaparecer los procedimientos de licitación y cotización pública. El legislador debe perfeccionarlo subsanando sus deficiencias, especialmente en el pliego de condiciones que tanta importancia reviste para el procedimiento, ya que él ha de constituir la base del futuro contrato administrativo.
principios de un buen procedimiento de licitación y
cotización pública estén reflejados en este pliego. Se asegura así que el sistema se mantenga como una necesidad bien definida y capaz de adaptarse a las distintas actividades del Estado.
legislación se debe
fijar que
En la República de Guatemala existía la necesidad de
una Ley que regulara la pronta ejecución de obras y
adquisición de bienes, servicios y suministros requeridos
por los diferentes organismos y entidades del Estado, en
el cual se detallara lo concerniente a las contrataciones
administrativas que permitieran el desarrollo de la
administración pública, para lo cual el Congreso de la
República de Guatemala, emitió el Decreto número 57-92,
En el contexto de dicha ley se regula las entidades
obligadas al procedimiento, los órganos competentes, el
procedimiento de licitación y cotización pública, compras
directas, sus excepciones y los distintos contratos que
se pueden suscribir.
que están obligadas a
regular a través del proceso de licitación o cotización
pública sus compras, ventas y la contratación de
suministros, obras y servicios, son: los organismos del
Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas,
unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas
públicas estatales o municipales. Salvo lo que se
establezca en convenios y tratados internacionales, de los cuales Guatemala haya ratificado.
sujetos a autoridades
superiores quienes son los encargados de designar a los integrantes de las juntas de licitación y cotización pública, y la aprobación de la adjudicación de las mismas, según como lo establece el Artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado.
igual manera,
Las juntas de licitación y cotización, son el único órgano competente para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio. Las cuales están integradas con cinco y tres miembros respectivamente, quienes deberán ser servidores públicos de la entidad que licitará o cotizará.
2.2.1.Licitación pública
Este procedimiento tendrá lugar, cuando el total de los bienes, suministros y obras exceda de novecientos mil quetzales (Q.900,000.00), según el Artículo 17 de la Ley de Contrataciones del Estado, salvo las excepciones establecidas en la misma.
El procedimiento que
realizar una licitación pública es el siguiente:
2.2.1.1.Previamente a iniciar dicho procedimiento, debe estar conformada una junta de licitación, la cual deberá elaborar los siguientes documentos: bases de licitación, especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, y planos de construcción, cuando se trate de obras. Artículo 18 Ley de Contrataciones del Estado.
2.2.1.2.Dichos documentos deberán ser aprobados por la autoridad administrativa superior, previo dictámenes técnicos. Artículo 22 Ley de Contrataciones del Estado.
2.2.1.3.Se deberá realizar una convocatoria a través de una publicación dos veces en el
circulación, dentro
publicarse en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Sector Público, denominado Guatecompras, a través
www.guatecompras.gt.
2.2.1.4.Luego se entregarán las bases a quienes las soliciten, siempre y cuando estén inscritos en el Registro de Precalificados y demuestren haber efectuado el pago concerniente a la reproducción de los documentos que se entregan a los interesados, dicho pago no podrá exceder del cero punto cero cinco por ciento (0.05%) del monto. Artículo 22 Ley de Contrataciones del Estado, y 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
2.2.1.5.La recepción de las ofertas será realizada por la junta de licitación en el lugar, fecha, hora y forma establecida en las bases de licitación, y se tendrá un período de treinta minutos para la misma a partir de la hora fijada. Entre dicha recepción y la última publicación deben mediar por lo menos ocho días. Artículos 23 y 24 Ley de Contrataciones del Estado.
2.2.1.6.Cuando haya transcurrido el tiempo anteriormente mencionado, se procederá a la apertura de las plicas, la cual será un acto público y de todo lo actuado se faccionará un acta correspondiente. Artículo 24 Ley de Contrataciones del Estado.
2.2.1.7.Posteriormente la junta de licitación procederá a calificar las ofertas, seleccionando la más conveniente y favorable a los intereses del Estado, en base a los criterios de calidad, precio, tiempo, características y demás condiciones fijadas en las bases de licitación. Artículo 28 Ley de Contrataciones del Estado.
2.2.1.8.La junta
adjudicará la
licitación al
oferente que se ajuste a las condiciones
establecidas en las bases de licitación, y
adjudicación se realizará en el plazo que se
haya establecido
oferentes que clasifiquen sucesivamente.
las mismas calificación
Artículo 33 Estado.
de Contrataciones del
2.2.1.9.Dentro
dictaminada la resolución razonada, la junta
deberá hacer la respectiva notificación a cada uno de los oferentes. Artículo 35 Ley de Contrataciones del Estado.
2.2.1.10.Dentro del plazo de dos días siguiente a que quede firme lo resuelto por la junta, esta elevará el expediente a la autoridad
superior, la que aprobará o improbará lo actuado. Artículo 36 Ley de Contrataciones del Estado.
2.2.1.11.A partir de la adjudicación definitiva se realizará la suscripción del contrato dentro del plazo de diez días. Artículo 47 Ley de Contrataciones del Estado.
2.2.2.Cotización pública
Este procedimiento tendrá lugar, cuando el total de los bienes, suministros y obras exceda de treinta mil quetzales (Q.30,000.00), pero que no sobrepase los novecientos mil quetzales (Q.900,000.00), según el Artículo 38 de la Ley de Contrataciones del Estado, salvo las excepciones establecidas en la misma.
2.2.2.1.Previamente a iniciar dicho procedimiento,
cual deberá elaborar
especiales, y planos de construcción, cuando
trate de obras.
Artículo 39 Ley
2.2.2.2.Dichos formularios deberán ser aprobados por la autoridad administrativa superior, antes de requerirse las ofertas. Artículo 40 Ley de Contrataciones del Estado.
2.2.2.3.La junta de cotización deberá obtener un mínimo de tres ofertas firmes, cuando el monto no exceda de trescientos mil quetzales
(Q300,000.00), y cinco ofertas
cuando exceda de dicho monto solicitadas a
permanente a ese giro comercial, y estén
Precalificados. Artículo 39 Ley de Contrataciones del Estado, y 16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
legalmente inscritos en el Registro
2.2.2.4.La recepción de las ofertas será realizada
fecha, hora y forma establecida en las bases de cotización, y se tendrá un período de treinta minutos para la misma a partir de la hora fijada. Entre dicha recepción y la última entrega de los formularios deben mediar por lo menos ocho días. Artículo 23 y 24 Ley de Contrataciones del Estado.
cotización en el
2.2.2.5.Cuando haya transcurrido el tiempo anteriormente mencionado, se procederá a la
apertura de las plicas, la cual será un acto público y de todo lo actuado se faccionará un acta correspondiente. Artículo 24 Ley de Contrataciones del Estado.
2.2.2.6.Posteriormente la junta de cotización procederá a calificar las ofertas, seleccionando la más conveniente y favorable a los intereses del Estado, en base a los criterios de calidad, precio, tiempo, características y demás condiciones fijadas en las bases de cotización. Artículo 28 Ley de Contrataciones del Estado.
2.2.2.7.La junta
cotización al
establecidas en las bases de cotización, y
2.2.2.8.Dentro
dictaminada la resolución razonada, la junta deberá hacer la respectiva notificación a
cada uno de los oferentes. Artículo 35 Ley de Contrataciones del Estado.
2.2.2.9.Dentro del plazo de dos días siguiente a que quede firme lo resuelto por la junta, esta elevará el expediente a la autoridad superior, la que aprobará o improbará lo actuado. Artículo 36 Ley de Contrataciones del Estado.
2.2.2.10.A partir de la adjudicación definitiva se realizará la suscripción del contrato dentro del plazo de diez días. Artículo 47 Ley de Contrataciones del Estado.
Es un procedimiento que se efectúa en un solo acto, con una misma persona y por un precio de hasta treinta mil quetzales (Q.30,000.00), bajo la responsabilidad y autorización previa de la autoridad administrativa superior de la entidad interesada, tomando en cuenta el precio, calidad, el plazo de entrega y demás condiciones que favorezcan los intereses del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, siguiéndose el procedimiento que establezca dicha autoridad (procedimiento interno).
Excepciones a la licitación y cotización pública
El Artículo 44 de la Ley de Contrataciones del
Estado, establece distintos casos en los cuales no se
realizará una licitación ni cotización pública en virtud
de ser situaciones especiales que no ameritan tales
procedimientos, como por ejemplo en el numeral 1.2: “La
compra y contratación de bienes, suministros, obras y
servicios indispensables para solucionar situaciones
derivadas de los estados de excepción declarados conforme
a la Ley Constitucional de Orden Público que hayan
ocasionado la suspensión de servicios públicos o que sea
inminente tal suspensión”.
De igual manera están reguladas algunas excepciones,
que no deberían de estar como tales pues esto da lugar al
uso y abuso de las mismas, como es el caso del Ejército
de Guatemala y sus instituciones, regulado en el numeral
1.6 del mismo articulo el cual establece: “La compra de
armamento, municiones, equipo, materiales de
construcción, aeronaves, barcos y demás vehículos,
combustibles, lubricantes, víveres y la contratación de
servicios o suministros que se hagan para el Ejército de
Guatemala y sus instituciones, a través del Ministerio de
Defensa Nacional, en lo necesario para el cumplimiento
sus fines”.
2.5. Derecho Comparado
procurado darle un especial desarrollo en lo que respecta
a la contratación realizada por la administración pública, creando Leyes especiales que regulan que es contrato administrativo, las formas en que se celebra. Esto se regula de distintas maneras dependiendo de la legislación de cada país y a continuación se demuestran algunos ejemplos:
2.5.1.Costa Rica
El concepto contrato administrativo, para la legislación costarricense, se refiere a la relación contractual surgida como merito de un procedimiento, sea este ordinario o extraordinario, previsto por la Ley, mediante el cual la Administración Pública escoge al contratista, en conjunto con el cual tendrán como fin último satisfacer una necesidad pública. La regulación de los Contratos Administrativos se desarrollan en las siguientes Leyes:
• Ley N. 7494 del 2 de mayo de 1995 sobre " Ley de Contratación Administrativa" y su Reglamento General, Decreto Ejecutivo N. 25038-H del 06 de marzo de 1996.
• Ley N. 7762 del 14 de abril de 1998 sobre " Ley
Públicas con
Servicios Públicos"
En dicha legislación existe una dependencia del ministerio de hacienda de Costa Rica, llamada Dirección de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, creada con el fin de dar cumplimiento a su función de propiciar la integración de la información de los procedimientos de contratación administrativa del Gobierno Central, y en ejercicio de sus atribuciones de ejecutar las acciones necesarias para establecer políticas en materias propias del sistema regido por ella y requerir información a las instituciones y dependencias del sector público para el cumplimiento de sus fines.
2.5.1.1. Principios de la licitación Pública
2.5.1.1.1.Oposición
todos los oferentes.
2.5.1.1.2.Publicidad del acto, traducido en la publicación de los pliegos y sus modificaciones.
2.5.1.1.3.Igualdad de todos los oferentes.
2.5.1.2. Procedimiento de la licitación pública
2.5.1.2.1.Pliego
prepararse previo al llamado a
condiciones es el documento que establece las obligaciones de
Administración, los particulares
de publicado.
que los pliegos de condiciones
son la ley del contrato, ya que determinan las normas a seguir
operación y los elementos y los
celebrarse, debiendo cumplirse
posterioridad a la presentación de las propuestas ni luego de la
condiciones puede ser:
General: El que establece las disposiciones aplicables a todos los contratos realizados por un
2.5.1.2.2.Llamado
a Publicación realizada en diarios de alcance masivo y en la
separata de licitaciones
Boletín Oficial. En este llamado se dan a conocer todas las características de la obra y condiciones de la licitación.
2.5.1.2.3.Presentación de propuestas: Las propuestas deben ser secretas y presentarse por escrito y en sobre cerrado; el secreto de la propuesta:
Salvaguardar los intereses económicos de la Administración, evitando confabulaciones de los licitantes.
Protege a los licitantes, ya que
evita los manejos que los
funcionarios públicos pudieran
intentar a favor de uno de ellos
y en perjuicio de los demás.
igualdad de oportunidades y el
Salvaguarda el derecho
2.5.1.2.4.Apertura de sobres: Es un acto
solemne (en presencia de un
escribano público) al que pueden
concurrir todos los que han
intervenido en la licitación.
2.5.1.2.5.Adjudicación: Dependiendo de la
complejidad del contrato, puede
haber una preadjudicación en la
que una comisión que se expedirá
al respecto. Si es un contrato
adjudicación es
directa, la cual suele ser
para evaluar las ofertas es el
caso de que ninguna oferta
menor precio. Podría darse
satisfaga a la Administración,
fracasada la licitación. Si hay
cual se declarará
empatantes
2.5.1.2.6.Impugnación: Puede realizarla un
oferta de otro licitante.
recursos a disposición a estos efectos son establecidos en el
2.5.1.3. Licitación privada
una invitación restringida a
aquéllos que la Administración sabe que
contrato. Es procedente en los siguientes
2.5.1.3.1.Contrato con especial capacidad
competencia: porque se sabe
manos de pocos y conocidas
que dicha capacidad
2.5.1.3.2.Contrato
superen un monto de $ 950.000.-.
2.5.1.3.3.Licitación pública fracasada o desierta: Una licitación pública se considera desierta cuando no se presentó ningún oferente, y fracasada cuando ninguna oferta ha sido satisfactoria.
2.5.1.3.4.Trabajos
2.3.1.5. Contratación directa
2.3.1.5.1.Si no excede
2.3.1.5.2.Cuando
urgentes o suplementarios.
2.3.1.5.3.Por circunstancias imprevistas o urgentes (Vg.: escasez notoria de un producto que satisfaga necesidades inmediatas).
2.3.1.5.4.Cuando
contrataciones entre distintos organismos de la Administración.
2.3.1.5.5.Cuando es para reparar vehículos o motores.
2.5.2.Chile
derecho chileno no cuenta,
contado con una Ley general
Constitución Política de la República regula y categoriza claramente los actos administrativos:
decretos y resoluciones, distinguiéndolos de los contratos administrativos, como lo establecen los Artículos 32, numeral 8°, 35, 102, 108, 87 y 88 del Código Político, por una parte, al referirse a los actos y a potestad reglamentaria o normativa, y los Artículos 60, Nos 7 y 9, y 62, inciso 4°, numeral 3°, por la otra, que lo hacen respecto a los contratos.
normativo, la
contractualidad pública se encuentra regulada en
las Leyes y Reglamentos especiales que se ocupan de
normar algunos contratos que celebra la
2.5.3.España
El Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, en el que se aprueba el texto refundido de
Públicas; y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
aprueba el Reglamento
Administraciones Públicas, regulan lo relativo a la
actuación de la Administración pública en su forma
La Ley de Contratos de las Administraciones
establece que "son
Públicas, en su Artículo
separadamente, sea la ejecución
gestión de servicios públicos y la realización de
obras, la
Aquellos cuyo objeto
suministros, los de concesión de obras públicas,
los de consultoría y asistencia o de servicios,
excepto los contratos comprendidos en la
contratos de seguros y bancarios y de inversiones, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo Artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos. (Modificado por ley 13/2003)
Los restantes contratos celebrados por la Administración tendrán la consideración de contratos privados y, en particular, los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorporales y valores negociables, así como los contratos comprendidos en la categoría 6 del Artículo 206 referente a contratos de seguros y bancarios y de inversiones y, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo Artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos."
contrato reconocidos por la
Legislación Española son:
El de Obras
De Consultaría, asistencia y de servicios.
2.5.4.Inglaterra
En el derecho inglés, si bien los contratos celebrados por la Corona Británica están sujetos a las normas de derecho común y a los tribunales ordinarios, es lo cierto que sus privilegios como el poder de policía, el privilegio de
inejecutabilidad y la prohibición de dictar contra ella mandamientos de hacer dejaban sin eficacia al
contrato y sin
sentido en 1968 se creó el "Review Board for
encargado de decidir todos los conflictos contractuales que se presenten en el ámbito de la Corona y ejercer funciones consultivas, cuyas decisiones configuran la base de desarrollo de todo un sistema de poderes exorbitantes de la Administración y de compensaciones económicas al contratista que se pactan mediante la adhesión de
Government Contract",
garantía al contratista. En ese
éste a un pliego de condiciones.
Doctrinarios como Ariño y Parada a considerar que si bien tales contratos no han sido calificados
derecho inglés como
"administrativos" la realidad de los casos permite
Esta particular regulación
serlo, impone
deberes al particular más no le otorga derechos.
3. Presupuesto militar de los años 2001 al 2003
El presupuesto del ejército aprobado para el año 2001 fue de Q.836.9 millones, sin embargo por medio de un récord histórico de 22 transferencias éste se incrementó en Q.709.5 millones para alcanzar la cifra total de Q.1,564.5 millones (mil quinientos cuarenta y seis punto cinco millones). (Ver anexo I y II)
Este monto recibido significó un incremento de 84.7% del presupuesto original aprobado. Fue en este año cuando más se favoreció al ejército con transferencias, al punto que en el período final del año (noviembre y diciembre) se realizaron transferencias semanales. (Vale la pena recordar que fue este año cuando se hizo la transferencia al EMP para que repartiera la galleta escolar, asimismo es el año en que el ejército inició con el “negocio” de traslado de fertilizante).
Durante el mes de abril el ministerio de la Defensa Nacional recibió el traslado del ministerio de Agricultura para el transporte de los fertilizantes. Este traslado es por el monto de Q.23,845,687 según lo ampara el Acuerdo Gubernativo de Presupuesto No. 43-2001 de fecha 18 de mayo 2001. En total, el ministerio de la Defensa Nacional ha recibido incrementos por un total de
Q.305,703,811 que equivalen a un 36.52% de su presupuesto original.
Al realizar un análisis detallado, los rubros que más incremento han recibido son:
Independencia y soberanía territorial, con un total de Q.174,626,273 que significa un incremento de 52.17% de su presupuesto original.
Actividades Centrales, con un total de Q.86,574,113 equivalente al 27.54%, y
Educación militar, con un total de Q.19,263,487 equivalente al 17.1%.
El presupuesto del ejército para el año 2002 fue de
transferencias alcanzó un monto de Q.1,238.7 millones (mil doscientos treinta y ocho punto siete millones). (Ver anexo III y IV)
millones, sin embargo
Un rubro de gasto que genera dudas dentro de la
ejecución militar es la adquisición de equipo militar y de seguridad cuya asignación aprobada por el Congreso de
la República fue de Q.19.6 millones pero
incrementada con transferencias por un monto de Q.35.1
millones hasta alcanzar un total de Q.54.5 millones.
Siendo un ejército en tiempos de paz, que atraviesa por
un proceso de reconversión de sus funciones, y por una
reducción de sus elementos, es contradictorio que se
tenga un presupuesto de esta naturaleza, tomando en
cuenta que al mes de noviembre ha ejecutado el 99.6% de
su presupuesto. (ver anexo V)
Lamentablemente volvemos a caer en el argumento de
que el Ejército no tiene obligación de licitar ni de
pasar por la ley de compras y contrataciones del Estado,
por lo que no se sabe el destino real de estos fondos,
qué equipos supuestamente fueron adquiridos, ni a que
precios y con que empresas.
El presupuesto del Ejército para el año 2003 fue de
Q.950 millones, sin embargo con un total de 12
transferencias alcanzó un monto de Q.1,419.6 millones
(mil cuatrocientos diez y nueve punto millones). Uno de
los argumentos de justificación del incremento del
presupuesto durante el año 2003, fue el primer llamado de
desmovilización de elementos del Ejército. (Ver anexo VI
y VII).
En el rubro de Materiales y Suministros, es
necesario analizar el presupuesto del Ministerio de la
Defensa Nacional. Al hacer un análisis detallado de sus
gastos, encontramos que en Materiales y equipos diversos
sólo el Despacho Superior del Ministro ha gastado Q.19.6
millones sin que
materiales y equipos se han adquirido. (Ver anexo VIII).
presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional, cuyos incrementos alcanzaron los Q.238.7 millones, los cuales fueron ejecutados en su totalidad. (Ver anexo IX)
Ejército está
Por supuesto que el presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional incluye educación, salud, seguridad y otros beneficios de los que gozan solamente los oficiales. Esto quiere decir que de los impuestos que paga la población guatemalteca, se destina una millonaria cantidad de recursos para hospitales, institutos y centros educativos a los cuales tienen acceso únicamente los miembros del ejército.
3.4. Manejo del presupuesto militar en secreto
El presupuesto del Ministerio de la Defensa se ha
situación sigue siendo la
reducción de efectivos, la misma.
En los años de la guerra era imposible fiscalizar
han llevado al Ministerio
Público a intentar conocer la forma en que se han
manejado miles de millones control.
quetzales sin ningún
Las autoridades castrenses se esconden detrás del
Artículo 30 de la Constitución, que establece que "todos
los actos de la administración son públicos, salvo que se
trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad
Por ello, se ha considerado que el presupuesto del
Ministerio de la Defensa y su ejecución son un asunto de
seguridad nacional. Sin embargo, los resultados de esta
secretividad son nefastos. Se ignora cómo gastaron Q906
millones transferidos entre 2001 y 2003, se cree que hay
corrupción en la compra por Q21 millones de repuestos
para helicópteros y existe la denuncia de que Q190
millones de una transferencia simplemente "se perdieron".
"reglones secretos" se
movieron los primeros tres meses del año 2004 en
adquirido las
autoridades, nunca ingresó al ejército.
denuncia que conoce
señala que Q18
supuestas compras, pero lo
Se puede llegar a una conclusión que en realidad,
los libros contables de ese Ministerio se mantuvieron en
secreto debido al temor que se le ha tenido al ejército.
"Ni contralores ni jueces se atrevían a exigirle cuentas
a los militares". Ahora, esa realidad empieza a cambiar.
Aparte del candado constitucional, a lo interno del
ejército, la estructura de sus partidas se prestan "para
innumerables anomalías". Sólo el renglón de gastos personales está compuesto por una lista de 26 rubros que tienen que ver con el pago de salarios y primas extra que, en muchos casos, son discrecionales.
incrementaron en más de Q74 millones el año 2005.
En total, entre salarios y gastos administrativos,
millones, 72 por ciento de todo su presupuesto. En cambio, en el año 2005 estos mismos rubros consumieron el 86 por ciento, por que el Congreso les aprobó la cantidad
año 2004 Q658.1
tuvo destinados para el
El pleno del Congreso aprobó el Acuerdo Legislativo
63-2004. La consulta
relacionadas con lo que regula la Constitución Política
de la República de Guatemala, en cuanto al secreto de Estado cuando refiere a los asuntos castrenses o diplomáticos.
basada en tres preguntas
Lo que se busca con la pregunta es clarificar si lo que estipula el Artículo 30 de la Constitución, el Ejército se puede acoger al mencionado secreto de Estado cuando se refiere a compras y contrataciones de insumos,
uniformes y papelería; además la adquisición de calzado, vehículos y demás enseres propios de su funcionamiento.
Constitucionalidad publicó en el Diario Oficial, su opinión sobre los alcances y limitaciones del Artículo 30
de la Constitución Política de Guatemala, que se refiere a la “publicidad de los actos administrativos”.
La opinión fue solicitada por el Congreso de la
República en virtud de las variadas interpretaciones que
se han hecho al referido Artículo que, en esencia, indica
que “todos los actos de la administración son públicos.
obtener, en
cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar…”
interesados tienen derecho a
El centro de las divergencias de opinión se centran,
Artículo: “salvo
centraban en la excepción
incluye el mismo
de asuntos militares o
confidencia”.
Los militares, muy convenientemente, interpretaron que el “salvo” del Artículo significaba que ellos estaban exentos a toda fiscalización y que por lo tanto podían,
amparados en la Constitución, hacer y deshacer a su antojo, sin que nadie se atreviera a exigirles rendición de cuentas de sus actos. De esa manera el Artículo 30 fue tergiversado, manipulado y empleado para beneficio propio. Naturalmente la misma institución armada resultó dañada y denigrada, puesto que algunos de sus miembros, cometieron actos al margen de la legalidad y con ello arrastraron la “honorabilidad” de la que tanto se enorgullecen los oficiales del ejército guatemalteco.
Para su fortuna y, sobre todo para el positivo avance de la democratización y la transparencia de los asuntos públicos, se han ido descubriendo paulatinamente los usos y abusos que se han cometido en y desde la institución armada. Como las frecuentes transferencias financieras que se realizaron desde los rubros de salud, educación y agricultura hacia las finanzas del ejército, sin que dichos fondos hayan llegado verdaderamente a la institución castrense, sino que se hayan diluido en los bolsillos personales de varios ex funcionarios, tanto militares como civiles.
En la lógica de los involucrados en este tipo de saqueos, no existía la posibilidad de que se les investigara porque los “asuntos militares” eran secretos. En esta retorcida interpretación de la Constitución y en la corrupción contribuyeron y participaron, desde la esfera militar, algunos Ministros de la Defensa, Jefes del Estado Mayor de la Defensa y de la Presidencia, jefes financieros de dependencias castrenses, bodegueros y
personal que cobró cheques sin haber ofrecido ni prestado servicio alguno.
acuciosidad de la
fiscalización comienza a rebuscar los fondos extraviados se topa con que el ejército no puede darles información y menos documentos que comprueben o desmientan los actos de corrupción tantas veces denunciados. Es en ese momento cuando, denunciante y afectados acuden a la Corte de Constitucionalidad para que ésta de su interpretación
oficial del Artículo 30.
Dentro de las tres dudas planteadas a la Corte de Constitucionalidad, por el Congreso, se incluye si cuando el Articulo 30 exceptúa de la publicidad los actos administrativos de los asuntos militares o diplomáticos “¿se refiere a compras y contrataciones de insumos para el ejército de Guatemala?” la respuesta de los magistrados es: NO, sino que se refiere a “aquellos asuntos que son parte de la política de Estado para preservar la integridad física de la nación…”.
Los congresistas también deseaban saber si ¿puede el ejército ampararse en el Artículo 30 para mantener como secreto de Estado la documentación que se refiere a actos administrativos relativos a compras y contrataciones de uniformes, papelería, calzado, vehículos y demás enseres propios de su funcionamiento? la respuesta vuelve a ser NO, porque para mantener en “secreto” determinados actos,
se debe establecer que los
supuestos del concepto de seguridad nacional.
Y el tercer cuestionamiento de los diputados estaba encaminado a conocer ¿cuál es el alcance del contenido del Articulo 30 de la Constitución, cuando se habla de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional?, la respuesta reitera que sólo se aplica para asuntos de seguridad.
La opinión consultiva emitida por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad - luego de explicar que uno de los principios fundamentales del derecho guatemalteco lo constituye el de la Supremacía Constitucional, y luego de recordar “que el supremo interprete de la Constitución Política de la República de Guatemala es la Corte de Constitucionalidad"- es muy clara en la interpretación jurídica y, en el campo político pone al descubierto la manipulación de cual han sido víctimas los guatemaltecos que bajo coerción pagan sus impuestos.
En el Artículo 44 numeral 1.6 de la Ley de Contrataciones del Estado, se encuentra regulado el ejército de Guatemala como una excepción al proceso de licitación y cotización pública, el cual establece: “…1. No será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en las dependencias y entidades públicas, conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento de esta Ley y en los casos siguientes: … 1.6 La compra de armamento, municiones, equipo, materiales de construcción, aeronaves, barcos y demás vehículos, combustibles, lubricantes, víveres y la contratación de servicios o suministros que se hagan para el ejército de Guatemala y sus instituciones, a través del Ministerio de la Defensa Nacional, en lo necesario para el cumplimiento de sus fines.”
Lo expuesto anteriormente ha dado lugar a que el presupuesto de dicha institución militar sea utilizado en compras, contrataciones y usos administrativos, que ha provocado que algunas organizaciones y funcionarios
públicos protesten por la forma anómala en que este se ha invertido.
nuestro país existen diversas causas por las
cuales no se han regulado la licitación y cotización pública en el ejército de Guatemala, de las cuales solo se trataran dos principales.
4.2.1.Políticas
Para empezar, visualizamos la corrupción como el mayor flagelo y mayor enemigo de nuestra querida democracia, de la cual la institución castrense no es ajena. Si bien contamos entre nuestros funcionarios públicos con honrosas y valiosas excepciones, la tradición en nuestro país y otros muchos en Latinoamérica y del mundo es el de usar la política como trampolín de desarrollo personal y económico.
Aquel ciudadano civil o militar que quiere crecer, mas bien medrar, se inscribe en un partido, se convierte en un activista político y después en virtud de un laborantismo exhibido en alguno que otro fin de semana de campaña o por declaraciones en algún medio de comunicación a favor de un candidato, exige y recibe posiciones públicas además de tener acceso a operaciones financieras de
la institución a la cual pertenece, para crecer mucho mas allá que los ingresos que le asigna la sociedad por esos servicios. Los principios, el
trabajo, la moral y la ética no cuentan. importante es llegar.
4.2.2.Legales
Es un problema de carácter legal, por cuanto
sancionados o no puedan serlo adecuadamente. Si
depende en gran medida de la voluntad política para
hacerlo, no es menos cierto que a veces sucede que
no aplicar las Leyes
existencia de Leyes
que la aplicación
hay voluntad política, pero
existe un marco
En la institución militar la ausencia de controles o la existencia de controles obsoletos promueven la existencia de sistemas caracterizados por el dispendio, la ineficiencia y la corrupción.
Por cuanto la existencia de estructuras y procesos administrativos arcaicos y anacrónicos dificultan la relación entre el Estado y el ejército, promoviendo con ello la existencia de
mecanismos alternativos, informales e ilegales, a través de los cuales se supera el vacío legal existente.
4.3. Efectos que surgen por la falta del procedimiento
4.3.1.Económico
La corrupción aumenta los costos de los bienes
y servicios; mermando en forma considerable el
presupuesto asignado a la institución militar; conduce al relajamiento de las normas de modo que se adquieren bienes que no cumplen las normas establecidas o la tecnología inapropiada o innecesaria; y puede resultar en la aprobación de proyectos basados en el valor del capital
involucrado en los mismos, más que en la mano de obra (lo que es más lucrativo para el que comete la corrupción), pero puede ser menos útil desde el punto de vista del desarrollo de sus actividades. Cuando dicha institución aumenta sus gastos para llevar a cabo proyectos que no son económicamente viables, el presupuesto adicional no sólo incluye
un costo extra debido a la corrupción, sino que la
inversión se canaliza hacia proyectos improductivos
4.3.2.Político
El impacto político puede medirse a través de diversos elementos. La corrupción reproduce y consolida la desigualdad social y preserva las redes de complicidad entre civiles y militares. Respecto a la clase política-militar consolida las clientelas políticas y mantiene funcionando los instrumentos ilegales de control. Respecto al aparato administrativo de la misma, perpetúa la ineficiencia de la burocracia y genera formas parasitarias de intermediación. Todo esto conduce a la pérdida de credibilidad no solo de una sino de todas las instituciones del Estado y a la erosión de la legitimidad necesaria para su funcionamiento adecuado.
Para que el ejército de Guatemala deba licitar y cotizar, se deberá modificar el numeral 1.6 del Artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, para que su aplicación sea única y exclusivamente en casos de urgencia y emergencia nacional, según lo establecido en la Ley del Orden Público:
4.4.1.Situación de urgencia
Se considera situación de urgencia cuando la ausencia extraordinaria e imprevisible de determinado bien o servicio compromete en forma directa e inminente la continuidad de los servicios esenciales o de las operaciones productivas que la Entidad tiene a su cargo. Dicha situación faculta a la Entidad a la adquisición o contratación de los bienes, servicios u obras sólo por el tiempo o cantidad, según sea el caso, necesario para llevar a cabo el proceso de selección que corresponda. La situación de urgencia debe entenderse como una medida temporal ante un hecho de excepción que determina una acción rápida a fin de adquirir o contratar lo indispensable para paliar la urgencia, sin perjuicio de que se realice el proceso de selección correspondiente para las adquisiciones y contrataciones definitivas.
4.4.2 Situación de emergencia
Se entiende como situación de emergencia aquella en la cual la entidad tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten la defensa nacional. En este caso la entidad se exonera de la tramitación del expediente administrativo y podrá
ordenar la ejecución de lo estrictamente necesario para remediar el evento producido y satisfacer la necesidad sobrevenida, sin sujetarse a los requisitos formales de esta Ley. De este acuerdo se dará cuenta inmediata al Consejo de Ministros para la aprobación del Acuerdo Ministerial correspondiente y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, quien girará los recursos de acuerdo a lo que establecen las normas presupuestales. El resto de la actividad necesaria para completar el objetivo propuesto por la entidad ya no tendrá el carácter de emergencia y se adquirirá o contratará de acuerdo a lo establecido en la presente Ley.
La situación de emergencia la entidad deberá adquirir o contratar lo necesario para remediar los desastres o demás hechos producidos que tengan el carácter de emergencia, así como para satisfacer las necesidades sobrevinientes; después de lo cual deberá convocar los procesos de selección que correspondan.
La exoneración de procesos de selección por la causal de situación de emergencia a que se refiere el presente numeral, se aprueba de conformidad con el procedimiento dispuesto en los artículos referentes al procedimiento de la licitación y cotización pública de dicha Ley.
Mediante Acuerdo Ministerial, que cuente con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se declara las zonas en estado de emergencia, así como a las Entidades involucradas en dicha declaratoria. Asimismo, el citado Acuerdo Ministerial determinará el plazo del estado de emergencia, el cual no puede exceder de treinta (30) días, pudiendo ser prorrogado por una sola vez.
Que es deber del Estado promover el desarrollo económico de la Nación y el aseguramiento del bien común en beneficio de sus habitantes a través de la modernización del Estado.
Que como consecuencia de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado han surgido serios problemas en cuanto a criterios obsoletos que no permiten el desarrollo eficiente de la administración pública.
Que los problemas que se suscitan en las contrataciones que realiza el Ejército de Guatemala son consecuencia de ciertos factores entre los que se encuentra: el inexistente control sobre los órganos encargados de desarrollar el proceso de contratación, que redundan en corrupción y quebrantamiento del espíritu de la Ley de Contrataciones del Estado; la falta de regulación legal de un estándar de calificación de las personas que forman parte del grupo encargado de las contrataciones para dejar de lado la sombra del soborno y el juego de intereses que solamente provoca atraso en el desarrollo de la Nación.
Que la actual Ley de Contrataciones del Estado carece de una actualización conforme a la realidad guatemalteca, regulando dentro del régimen de excepciones de los procedimientos de licitación y cotización pública a entidades que procuran salir así del control de las
autoridades y que obliga como consecuencia el surgimiento de múltiples eventos de contrataciones que no tienen fiscalización alguna.
Que es necesario terminar con el abuso de poder y el
desmedido uso de actos discrecionales
facilitadotes e instigadores
en Contrataciones del Estado,
corruptelas y
cualquier índole, así como de autorización de honorarios
técnicos y profesionales compadrazgos políticos.
Que es imperativo que el Estado cuente con una regulación legal de compras y contrataciones que se fundamente en pilares como la probidad y la transparencia en el manejo del gasto público, para un mejor aprovechamiento del mismo.
confieren los Artículos
REFORMAS A LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, DECRETO
57-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Y SUS REFORMAS
número 44, el cual queda así:
reforma el
numeral 1.6 del Artículo
“El ejército de Guatemala y sus instituciones, a través del Ministerio de la Defensa Nacional, únicamente cuando sirva para llevar acabo actividades relacionadas con alguno o algunos de los siguientes casos:
1)Estado de prevención.
2)Estado de alarma.
3)Estado de calamidad pública.
4)Estado de sitio.
5)Estado de guerra.
Dichos estados están regulados en Público.”
ARTICULO 2. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial.
EJECUTIVO PARA SU
EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN
LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS DEL MES DE
DEL AÑO DOS MIL SEIS.
Como se hizo notar en el desarrollo de este trabajo, es evidente la urgente actualización y reforma de las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico regulatorio del los contratos administrativos en el Estado, el cual se ha visto rebasado por las diversas reestructuraciones que ha sufrido el marco organizativo de la administración pública. Agrava esta situación el hecho de que las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado han sido poco claras, y aún obscuras, tratándose en la adquisición de bienes y servicios por parte del ejército de Guatemala. Esto ha provocado una gran confusión e incertidumbre en los mecanismos previstos en la Ley con relación ala administración de recursos materiales para la celebración de los contratos previstos, dando lugar arbitrariedades y a prácticas ilegales.
actividad del ejército
Guatemala se ha venido
empantanando en materia de adquisiciones, ya que al estar exentos del proceso de licitación y cotización pública, no dan cuenta de la forma en como se invierte el presupuesto asignado por parte del Estado.
El compromiso de cumplir con la Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad con la población guatemalteca, pues todas las instituciones del Estado sin excepciones deben estar reguladas por la misma, para determinar que se hizo buen uso del presupuesto nacional.
4. La corrupción en el Estado es el mayor flagelo y mayor enemigo de nuestra democracia, una de las causas principales de la pobreza y de la peor calidad de vida de todos, pero en
más necesitados. Algunos gobiernos en su
inicio han aparentado, tener intenciones de enfrentar con dureza el flagelo de la corrupción y terminado arropado por el mismo mal.
5. El contubernio que existe entre algunos políticos y oficiales del ejército, determinan en que se debe invertir el presupuesto asignado a esta institución, incluso haciendo gastos en bienes y servicios, para pagar algunos favores prestados durante las campañas políticas y posiblemente en algunos ascensos castrenses. Por lo tanto no existe un gasto eficiente en calidad de los recursos asignados al mismo.
1. Al Estado, crear un organismo que se encargue, de la educación
importancia de seleccionar un gobierno para solucionar los problemas del país en su conjunto, no un problema personal. Concienciar a los servidores públicos de que al Estado se va ha servir no ha servirse. Y que ese mismo organismo se
y concientización de
encargue de crear en la mentalidad de la gente la honestidad,
la transparencia y la importancia de fortalecer los valores
éticos-morales; hacerle suya la idea de que si no existe
corrupción se puede disminuir la pobreza.
2. Al ejército de Guatemala, de aplicar a todos sus oficiales y especialistas la Ley de Probidad y Responsabilidad de
Funcionarios Públicos, para determinar que en su estancia en
la institución castrense será de servicio y no de servirse de
3. Al Congreso de la República de Guatemala, legislar en forma consciente para reformar el numeral 1.6 del Artículo 44, de la Ley de Contrataciones del Estado, buscando con esto sujetar a los procedimientos de licitación y cotización pública al ejército de Guatemala, para que esta institución haga buen uso del presupuesto asignado por parte del Estado.
836,994,298
709,584,747
1,546,579,045
Fuente: Elaboración Propia. Datos de SICOIN
Presupuesto MDN Año 2001
238,733,823
1,238,733,823
Presupuesto MDN Año 2002
Gasto en Equipo Militar y de Seguridad
Unidades administrativas Unidades de tropa
19,647,357
19,473,417
39,120,774
38,928,882
15,691,211
15,664,150
Total equipo militar y de seguridad
35,164,628
54,811,985
54,593,032
Fuente: Reporte del SICOIN al 3/12/2002
469,627,466
1,419,627,466
Presupuesto MDN Año 2003
Diferencia (Vi-Ap)
Despacho Superior del Ministerio Alimentos para personas Combustibles y lubricantes Materiales y equipos diversos
8,148,145
8,861,913
4,781,148
19,646,764
Productos medicinales y farmacéuticos Tintes, pinturas y colorantes Utiles de oficina Utiles deportivos y recreativos Accesorios y repuestos en general
1,405,300

References: Artículo 9
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 22
 Artículo 22
 Artículo 24
 Artículo 28

Artículo 33
 resolución 
 Artículo 35
 Artículo 36
 Artículo 47
 Artículo 38

Artículo 39
 Artículo 40
 Artículo 39
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 28
 resolución 
 Artículo 35
 Artículo 36
 Artículo 47
 Artículo 44
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 206

Artículo 30
 Artículo 30
 Artículo 30
 Artículo 30
 Artículo 30
 Artículo 30
 Artículo 44
 Artículo 44
 Artículo 44