Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23478
Timestamp: 2018-08-22 03:59:43+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: AUTO 122/2013
AUTO 122/2013, de 21 de mayo
ECLI:ES:TC:2013:122A
Pleno. Auto 122/2013, de 21 de mayo de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 7208-2012. Mantiene la suspensión en el recurso de inconstitucionalidad 7208-2012, interpuesto por la Presidenta del Gobierno en funciones en relación con el artículo 16 del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalitat de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 3/2008, de 25 de junio y 41 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 21 de diciembre de 2012, el Abogado del Estado, en representación de la Presidenta del Gobierno en funciones, promueve recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 16 (en lo relativo al nuevo art. 3 bis.1.1, apartado 1, del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalitat de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 3/2008, de 25 de junio) y 41 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos (en lo sucesivo, Ley 5/2012).
4. El Abogado de la Generalitat de Cataluña, en la representación que legalmente ostenta, presentó su escrito de alegaciones el día 5 de febrero de 2013, instando la desestimación del recurso. Solicitó asimismo, en primer otrosí, el levantamiento inmediato de la suspensión de los preceptos impugnados, en atención a las razones que se sintetizan a continuación.
a) La doctrina consolidada del Tribunal sobre este tipo de incidentes de suspensión (AATC 662/1986, 1269/1988, 12/1992, 417/1997, 44/1998, 277/2009 y 95/2011, entre otros muchos), señala que el levantamiento o mantenimiento de la suspensión derivada de la invocación del art. 161.2 CE se ha de dirimir en función de la consideración de varios criterios. El primero es el de la presunción de legitimidad de las normas, en especial de las que tienen fuerza de ley, por el interés general que existe en el normal despliegue de la eficacia de las leyes, revestidas como están de una especial presunción de constitucionalidad en cuanto expresión de la voluntad popular. En este sentido, la resolución del incidente de suspensión ha de evitar que la suspensión opere como un “indebido bloqueo del ejercicio de sus competencias por las Comunidades Autónomas” (ATC 12/1992, FJ 1). El segundo criterio es el de la ponderación, de un lado, de los intereses en presencia, tanto el general y público, como, en su caso, el particular o privado de las personas afectadas, y, de otro, de los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse de la aplicación de la norma o del mantenimiento de su suspensión, que deben ser ciertos y efectivos y no meramente hipotéticos, así como la posibilidad de que en uno u otro caso pudieran llegar a producirse situaciones de hecho irreversibles que vaciasen de contenido la resolución final del proceso pendiente. Esta valoración debe efectuarse al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulan en la demanda (por todos, AATC 30/2003 y 18/2007). Por último, conforme a lo expresado, entre otros muchos, en los AATC 351/1990, 243/1993, 64/1994, 251/1996, 44/1998, 199/2000, 5/2002, 30/2003 y 238/2012, el mantenimiento de la suspensión, en cuanto excepción a la regla general, requiere que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa de la suspensión, aporte y razone con detalle los argumentos que la justifiquen. Sin perjuicio de lo anterior, se razonan a continuación los motivos que, a su entender, deben conducir al levantamiento de la suspensión.
b) La tasa por los servicios personales y materiales en el ámbito de la “administración de la Administración de Justicia”, durante los primeros meses de su aplicación (mayo a noviembre de 2012), ha generado una recaudación efectiva de 6,1 millones de euros, habiéndose previsto una recaudación total anual de entre 11 y 12 millones de euros, que se ha visto truncada por la suspensión de su aplicación a consecuencia del presente recurso. Desde la perspectiva de los intereses públicos afectados, el mantenimiento de la suspensión de la tasa comporta un real y efectivo perjuicio para los ingresos públicos, mesurable según se ha expuesto, lo que resulta especialmente grave en la situación actual de crisis económica y de exigente ajuste presupuestario, en la que tales ingresos resultan no sólo necesarios sino hasta indispensables para la solvencia de la Administración. Además, la necesidad perentoria de esa recaudación se justifica de manera especial si se tiene en cuenta su destino pues, de acuerdo con el art. 3 bis. 1.8, los ingresos derivados de la tasa quedan afectados a la financiación de los gastos en los que incurra la Generalitat para el funcionamiento de los órganos judiciales con sede en Cataluña, de manera que el no poder disponer de tales ingresos habrá de redundar en seguro menoscabo del mejor funcionamiento de los servicios que dichos órganos realizan a diario, contando para ello con el oportuno soporte económico de la Generalitat. Esta afectación de la tasa al sostenimiento de políticas públicas “merece la condición de interés preferente en la jurisprudencia sobre la suspensión cautelar de las normas” (AATC 72/1999, FJ 3; y 51/2002, FJ 2). Y no debe olvidarse que los principales perjudicados por el peor funcionamiento del servicio de la justicia serían, en definitiva, los propios usuarios que acuden a ella, del mismo modo que los beneficios de la tasa recaen en ellos mismos, aunque mediante su pago deban contribuir a aminorar el coste que el servicio de la justicia supone para el conjunto de la sociedad.
c) La tasa por los servicios de mejora en la expedición y dispensación de recetas entró en vigor el 23 de junio de 2012, y en los primeros seis meses de su aplicación ha comportado una recaudación de 45,7 millones de euros, período en el que se ha producido una reducción del volumen de recetas que aminora los recursos públicos destinados al consumo farmacéutico en 5,9 puntos respecto del año anterior. Así pues, el mantenimiento de la suspensión de la tasa comportaría unos perjuicios ciertos para las arcas públicas y, por tanto, para el interés general, cuantificables en 8 millones de euros mensuales circa, cifra importante, máxime en el contexto de exigente ajuste presupuestario en el que nos encontramos.
5. Con fecha 6 de febrero de 2013, se registró en este Tribunal el escrito de alegaciones presentado por el Letrado del Parlamento de Cataluña, instando la desestimación del recurso. Mediante otrosí, solicita el levantamiento inmediato de la suspensión de los preceptos impugnados, en atención a las razones que se sintetizan a continuación.
6. Mediante escrito registrado el 19 de febrero de 2013, el Abogado del Estado presentó sus alegaciones sobre la suspensión de la Ley recurrida, interesando la denegación de la solicitud de su alzamiento anticipado, y el mantenimiento de la suspensión de los preceptos legales recurridos, en atención a las razones que se resumen a continuación.
a) El interés público alegado por los solicitantes del levantamiento anticipado es el recaudatorio, en un contexto de necesaria consolidación fiscal para la reducción del déficit y la consecución de la estabilidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma. El Tribunal ha dado, en ciertas ocasiones, prevalencia al interés recaudatorio, más aún cuando va enlazado con la suficiencia financiera y la solvencia autonómicas (por todos, AATC 5/2002, de 15 de enero, y 314/2004, de 20 de julio, FJ 3). Sin embargo, en el presente asunto concurren especiales circunstancias respecto a ambas tasas que excluyen la aplicación de esa doctrina.
b) La tasa relativa a los servicios en la Justicia se superpone, en la abrumadora mayoría de los supuestos, a las tasas estatales reguladas en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, aumentando así el coste de acceso a la Justicia. Las SSTC 20/2012, de 16 de febrero, FJ 10; y 103/2012, de 9 de mayo, FJ 3, señalan que unas tasas excesivas pueden llegar a ser inconstitucionales si obstaculizan irrazonablemente el acceso a la jurisdicción o al recurso legal. Este no es un perjuicio marcadamente hipotético sino real: el aumento del coste de demandar justicia ejerce notorios efectos disuasivos. Para un juicio ordinario, la tasa autonómica (120 euros) representa el 40 por 100 de la tasa fija estatal (300 euros), y el mismo porcentaje de incremento concurre en los juicios verbales superiores a 3.000 euros. En el juicio cambiario superior a 3.000 euros, la tasa autonómica incrementa en un 90 por 100 la tasa fija estatal. En el monitorio de más de 3.000 euros, el incremento es del 60 por 100. En consecuencia, el interés recaudatorio autonómico debe ponderarse con el interés de los titulares del derecho a la tutela judicial efectiva en acceder a la jurisdicción y a los recursos legales sin costes añadidos excesivos, que engendran siempre efectos disuasorios irreparables. Axiológicamente, la efectividad del derecho a la tutela judicial —sin obstáculos de coste excesivo— debe tener mayor peso que el interés recaudatorio autonómico. Consecuencia añadida es que el acceso a la Justicia y al recurso legal resulta en Cataluña más obstaculizado por gravámenes tributarios que en otras partes del territorio del Estado, contra la “igualdad sustancial” de las condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales que se deriva del art. 139.1 CE, sin perjuicio de sus “modulaciones diferenciadas” en virtud del ejercicio de las competencias autonómicas [por todas, STC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 13 a)].
c) En cuanto a la tasa relativa a los servicios ligados a la expedición y dispensación de recetas, no es de aplicación la doctrina de los AATC 95/2011, de 21 de junio, 96/2011, de 21 de junio, 147/2012, de 16 de julio, y 238/2012, de 12 de diciembre, que aduce el Abogado de la Generalitat. Todas estas resoluciones se refieren a medidas de contención del déficit que se enderezan a la reducción del coste de la prestación farmacéutica financiada por la Comunidad Autónoma. Aquí, por el contrario, nos encontramos ante una tasa que deben pagar los beneficiarios de esa prestación.
1. El objeto de la presente resolución consiste en determinar si procede levantar o mantener la suspensión de la vigencia que afecta a los arts. 16 (en lo relativo al nuevo art. 3 bis.1.1, apartado 1, del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalitat de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 3/2008, de 25 de junio) y 41 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos (en lo sucesivo, Ley 5/2012). La aplicación de dichos preceptos se encuentra suspendida, como consecuencia de la invocación del art. 161.2 CE, al promoverse el recurso de inconstitucionalidad contra los mismos por la Presidenta del Gobierno en funciones.
2. Sobre este tipo de incidentes es reiterada nuestra doctrina según la cual, para decidir acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión acordada por invocación del art. 161.2 CE, es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran concernidos, tanto el general y público como, en su caso, el particular o privado de las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Igualmente, hemos destacado que esta valoración debe efectuarse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulan en la demanda. Asimismo, este Tribunal ha precisado que el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no sólo invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que es igualmente necesario demostrar o, al menos, razonar consistentemente su procedencia y la imposible o difícil reparación de los mismos, ya que debe partirse en principio de la existencia de una presunción de constitucionalidad a favor de las normas o actos objeto de conflicto (en este sentido, AATC 24/2011, de 3 de marzo, FJ 2; 44/2011, de 12 de abril, FJ 2; 239/2012, de 12 de diciembre, FJ 2; y 60/2013, de 26 de febrero, FJ 2).
3. Las dos impugnaciones que afectan a la Ley 5/2012 afectan a sendas figuras tributarias, en concreto a dos tasas, por lo que a ambas resulta aplicable nuestra previa doctrina relativa a los perjuicios de naturaleza económica, según la cual es evidente que éstos quedan condicionados a que, en la Sentencia por la que se resuelva en su momento el recurso de inconstitucionalidad, se declare que la Comunidad Autónoma, en el ejercicio de su potestad tributaria, ha vulnerado, bien el art. 6.2 LOFCA, bien la competencia estatal relativa a las bases y coordinación de la sanidad (art 149.1.16 CE). Por este motivo, en tanto se produce una decisión sobre el fondo del asunto, los perjuicios económicos alegados por el Abogado del Estado, aisladamente considerados, no pueden prevalecer sobre la presunción de legitimidad de la ley autonómica. (AATC 173/2002, de 1 de octubre, FJ 2; y 314/2004, de 20 de julio, FJ 3, entre otros).
4. Examinaremos en primer lugar los restantes motivos aducidos por el Abogado del Estado para mantener la suspensión en lo relativo a la “tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración de Justicia”.
a) Se alega que el coste resultante de la tasa catalana, superpuesta a la tasa estatal regulada por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, podría tener efectos disuasorios en el acceso a la Justicia, debiendo prevalecer el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) —sin obstáculos de coste excesivo— sobre el interés recaudatorio autonómico. Consecuencia derivada de lo anterior sería que el acceso a la Justicia y al recurso legal resultaría en Cataluña más obstaculizado por gravámenes tributarios que en otros ámbitos territoriales, contra la igualdad sustancial de las condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales (art. 139.1 CE).
b) El Abogado del Estado califica de hipótesis indemostrada el supuesto deterioro del servicio público de la Justicia por no poder contar con el rendimiento de la tasa, al no ofrecerse por las representaciones procesales de la Generalitat o del Parlamento de Cataluña datos sobre los costes que representa el servicio, ni precisar qué programas quedarían faltos de financiación. No podemos adentrarnos en este planteamiento, porque supone desplazar a la parte demandada la carga de acreditar la existencia de los perjuicios y su imposible o difícil reparación, y como ya hemos señalado, en este trámite procesal tal acreditación atañe al Abogado del Estado.
c) El Abogado del Estado alega que el levantamiento de la suspensión originaría dificultades en la gestión de la devolución de la tasa autonómica en caso de un eventual pronunciamiento favorable al recurso, que entorpecería el funcionamiento de la Administración de Justicia, teniendo en cuenta el gran número de sujetos pasivos afectados, como consecuencia del abultado volumen de asuntos nuevos ingresados en Cataluña.
5. Nos corresponde ahora abordar los motivos que sustentan la petición de mantenimiento de la suspensión de la “tasa sobre los actos preparatorios y los servicios accesorios de mejora de la información inherentes al proceso para la prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios mediante la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación”.
a) Desde perspectivas opuestas a las que ahora sustentan las partes, hemos tenido ocasión de pronunciarnos sobre los principales intereses en presencia, que también ahora habremos de ponderar. De una parte, “la sostenibilidad del sistema sanitario público impone a todos los poderes públicos la necesidad de adoptar medidas de racionalización y contención del gasto farmacéutico pues es uno de los principales componentes del gasto sanitario y en el que más pueden incidir las políticas de control del mismo, tanto más necesarias en una situación como la actual caracterizada por una exigente reducción del gasto público. La contención y reducción del gasto farmacéutico es, por tanto, un objetivo a conseguir por la totalidad de las estructuras del Sistema Nacional de Salud” (ATC 95/2011, de 21 de junio, FJ 5; en el mismo sentido, AATC 96/2011, de 21 de junio, FJ 6; 147/2012, de 16 de julio, FJ 6; 238/2012, de 12 de diciembre, FJ 3; 239/2012, de 12 de diciembre, FJ 6).
b) La dificultad de reparación se aprecia también por el Abogado del Estado en los perjuicios económicos que van a soportar los usuarios, por la “dificultad de deshacer las situaciones creadas” (AATC 87/2012, de 10 de mayo, FJ 3; y 161/2012, de 13 de septiembre, FJ 3), ya que, al cobrarse la tasa en el momento de dispensar el medicamento recetado, sería virtualmente imposible la restitución al beneficiario de la prestación farmacéutica de la tasa cobrada durante el tiempo de pendencia del presente proceso, en la eventualidad de que fuera declarada inconstitucional y nula.
c) No pueden tomarse en consideración las restantes alegaciones del Abogado del Estado. La comparación del gasto final de Cataluña con la media del resto de España, en la que no aprecia efectos favorables para el Sistema Nacional de Salud que supongan una mayor eficacia en la gestión del gasto farmacéutico, no afecta a lo discutido en el presente incidente, ceñido a ponderar los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión, a cuyo efecto no es relevante la comparación de la tasa controvertida con las alternativas adoptadas por otras Comunidades Autónomas para la contención del gasto farmacéutico.
Fecha de resolución 21/05/2013
Síntesis Descriptiva Mantiene la suspensión en el recurso de inconstitucionalidad 7208-2012, interpuesto por la Presidenta del Gobierno en funciones en relación con el artículo 16 del texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalitat de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 3/2008, de 25 de junio y 41 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos.
Síntesis Analítica Autonomía financiera: tributos autonómicos. Cataluña: competencias en materia de Administración de justicia; potestad tributaria. Derecho a la integridad física y moral: derecho a la protección de la salud. Gasto público: contención del gasto público. Leyes de presupuestos de las Comunidades Autónomas: principio de estabilidad presupuestaria. Sanidad: productos farmacéuticos. Suspensión de disposiciones de las Comunidades Autónomas: acreditación por el Abogado del Estado del perjuicio irreparable; mantenimiento de la suspensión de disposiciones de las Comunidades Autónomas; perjuicios irreparables; ponderación de intereses; tributos autonómicos. Tasas sanitarias: copago farmacéutico.
Artículo 3 bis.1-1, apartado 1
Artículo 452.3, f. 4
Artículo 3 bis.1-1, apartado 1, f. 1
Artículo 21.22.5 (redactado por la Ley 5/2012, de 20 de marzo), f. 5
Artículo 21.22.5 (redactado por la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo), f. 5
Artículo 3 bis.1.7, f. 4
Autonomía financieraAutonomía financiera, ff. 4, 5
Copago farmacéuticoCopago farmacéutico, f. 5
Mantenimiento de la suspensión de disposiciones de las Comunidades AutónomasMantenimiento de la suspensión de disposiciones de las Comunidades Autónomas, f. 5
Suspensión de disposiciones de las Comunidades AutónomasSuspensión de disposiciones de las Comunidades Autónomas, ff. 1, 2, 3, 4, 5
Tasas sanitariasTasas sanitarias, f. 5
Tributos autonómicosTributos autonómicos, ff. 1, 3, 4, 5
Leyes de presupuestos de las Comunidades AutónomasLeyes de presupuestos de las Comunidades Autónomas, f. 4

References: artículo 16
 resolución 
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 resolución 
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 artículo 16

Artículo 3

Artículo 452

Artículo 3

Artículo 21

Artículo 21

Artículo 3