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Timestamp: 2020-08-04 23:13:37+00:00

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Sobre la práctica judicial abusiva consistente en calificar de sobreseimiento provisional una resolución que, conforme a Derecho, debiera adquirir la forma de sobreseimiento libre y su notable incidencia en los derechos fundamentales del afectado - Hay Derecho
28 junio, 2019 /2 Comentarios/en Blog /por Beatriz Carballo Espana
En este artículo vamos a analizar, por la originalidad e interés que esta materia nos ha suscitado, los efectos e incidencias que pueden presentarse en la práctica como consecuencia
de la decisión de los Tribunales penales de hacer pasar por “sobreseimiento provisional” del artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal supuestos que debieran adquirir la forma de “sobreseimiento libre” del artículo 637 del mismo Código. Este último supone la terminación definitiva del proceso y es equiparable a una sentencia absolutoria anticipada, momento en que actúa la institución de cosa juzgada material que –estoy segura de que la mayoría de
juristas estaréis de acuerdo en este punto- es una de las formas más evidentes en que se manifiestan en nuestro ordenamiento jurídico penal los principios de seguridad y certeza jurídica.
Al respecto, hace unos meses acudió a nuestro despacho una persona que había sido condenada por una Audiencia Provincial cuando resulta que, con anterioridad a la incoación de ese procedimiento que ha culminado con la sentencia de condena, esos mismos hechos ya habían sido conocidos por un Juzgado de instrucción que, una vez practicadas cuantas
diligencias de investigación consideró necesarias, había dictado un auto de sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones. Dicho auto, aunque formalmente se intituló como “provisional”, tenía en realidad eficacia de cosa juzgada material. Ello por cuanto la razón de esa resolución de archivo fue que los hechos no eran constitutivos de delito alguno y que la cuestión discutida entre las partes tenía un mero carácter civil, al consistir en la falta de cumplimiento de las cláusulas de un contrato de compraventa, de manera que el juzgador concluía que las reclamaciones respecto de esa falta de cumplimiento debían ser dilucidadas ante la jurisdicción civil y no la penal, por la aplicación del principio de intervención mínima del Derecho Penal, e invitaba a las partes a dirigirse a los órganos judiciales civiles.
Ello es fácilmente percibido si tenemos en cuenta que los supuestos frente a los que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla el dictado del sobreseimiento provisional de las
actuaciones son únicamente dos (art. 641.1o y 2o LECrim) : 1) cuando no existan pruebas suficientes y no pueda justificarse debidamente la comisión del delito que ha dado motivo a la
formación de la causa ó 2) cuando se tenga constancia de que se ha cometido un delito pero no haya motivos suficientes para acusar a una persona como autor, cómplice o encubridor.
Recordemos que el auto de sobreseimiento provisional se adopta cuando los elementos probatorios que se han obtenido en el transcurso de la instrucción de la causa resultan
insuficientes para continuar el proceso, de forma que debe suspenderse temporalmente el mismo en tanto no se descubran nuevos vestigios de la realización del delito que permitan su continuación, pero es claro que en aquellos supuestos en los que los hechos se declaran por el
instructor atípicos, lo que procede es el sobreseimiento libre de las actuaciones. Junto a ello, no puede olvidarse que los elementos que han de existir para que la causa llegue
a plenario son los siguientes: 1) base fáctica, 2) tipificación penal del hecho (principio de legalidad) y 3) persona a quien poder atribuir su participación en el mismo.
En conexión con lo anterior, el Tribunal Constitucional ha sentado que el proceso penal se inicia por la notitia criminis, que no es otra cosa que la existencia de un hecho que reviste
caracteres de delito y puede imputarse a una persona, de modo que la ausencia de cualquiera de estos elementos provoca como resultado una de las tres formas de sobreseimiento libre del art. 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Al respecto, se ha de advertir que la excepción de cosa juzgada es una consecuencia inherente al principio “non bis in idem”, el cual ha de entenderse implícitamente incluido en el art. 25 de la Constitución, como íntimamente vinculado a los principios de legalidad y de tipicidad de las infracciones, principio que se configura como un derecho fundamental del sancionado y que impide castigar doblemente por un mismo delito. La eficacia que la cosa juzgada material produce en el proceso penal es la preclusiva o negativa, consistente en que, una vez resuelto por sentencia firme o resolución asimilada una causa criminal, no cabe seguir después otro rocedimiento del mismo orden penal sobre el mismo hecho y respecto a la misma persona, pues una de las garantías básicas del acusado es el derecho a no ser enjuiciado penalmente más de una vez por unos mismos hechos, lo que constituye a su vez una de las formas en que se concreta el derecho a un proceso con todas las garantías reconocido en el artículo 24.2 CE en relación con el artículo 10.2 CE y 14.7 del Pacto de Nueva York sobre Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1996.
A diferencia de los requisitos exigidos en la jurisdicción civil para que opere la cosa juzgada (identidad subjetiva, identidad objetiva y causa de pedir), los elementos identificadores de la
cosa juzgada en el ámbito penal se han restringido, bastando únicamente con la presencia de los dos primeros.
Sobre ello se ha pronunciado también el Tribunal Constitucional, por ejemplo en Sentencia nº 91/2008 de 21 de julio, en la que proclamó que el principio “non bis in ídem” se configura como un derecho fundamental integrado en el art. 25.1 CE, con una doble dimensión material (o sustantiva) y procesal. La primera impide que un mismo sujeto sea sancionado en más de una ocasión con el mismo fundamento y por los mismos hechos, pues ello supondría un ejercicio punitivo desproporcionado que quebrantaría la garantía del ciudadano de previsibilidad de las sanciones. La segunda prohíbe, en sentido primitivo, la duplicidad de procedimientos penales cuando exista la triple identidad del sujeto, hecho y fundamento. Por tanto, no es posible proceder a un nuevo enjuiciamiento penal si el primer proceso ha concluido con una resolución de fondo con efecto de cosa juzgada, pues tal decisión judicial permanece eficaz en el tiempo y no puede ser atacada ni contradicha en posteriores decisiones de órganos judiciales, ya que de lo contrario se estaría menoscabando la tutela judicial concedida por el órgano judicial que dictó la primera decisión firme, así como los principios de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, el sujeto se vería indefinidamente abocado a soportar eventuales nuevos enjuiciamientos por los mismos hechos.
Según las consideraciones descritas, en los supuestos en que los hechos enjuiciados ya hubieran sido objeto de análisis en otro proceso penal y su resultado probatorio hubiera
constatado que no podían ser incardinados en un tipo penal por cualesquiera razones -en este caso, por tratarse de meros incumplimientos contractuales-, tened presente que se produjo en tal momento el efecto de la cosa juzgada con respecto a esos hechos. En el supuesto estudiado, como habrá sucedido y sucederá en muchos otros, al no haber
reconocido la Audiencia Provincial que ha condenado a nuestro representado la eficacia de cosa juzgada a lo actuado en aquellas primeras diligencias previas (por haberse disfrazado el auto que puso fin a las mismas de sobreseimiento provisional), ha menoscabado su derecho a
la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE y a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE, así como el art. 25. 1 de la misma Ley Fundamental que sanciona el principio de legalidad. Todo ello, por haber tenido que soportar nuestro cliente el gravamen de un nuevo procedimiento penal por los mismos hechos (que ha culminado además en condena) cuando la cuestión ya había sido resuelta por otro órgano judicial que había proclamado la atipicidad de los mismos.
Etiquetas: Derecho Penal, Derecho Penal y Procesal
https://i2.wp.com/hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2019/02/decreto_ley.jpg?fit=1920%2C1280&ssl=1 1280 1920 Beatriz Carballo Espana https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2018/09/hay-derecho-expansion.jpg Beatriz Carballo Espana2019-06-28 00:13:082019-06-23 17:13:36Sobre la práctica judicial abusiva consistente en calificar de sobreseimiento provisional una resolución que, conforme a Derecho, debiera adquirir la forma de sobreseimiento libre y su notable incidencia en los derechos fundamentales del afectado
29 junio, 2019 en 14:51
Es un asunto bastante controvertido.
Imaginemos que se produce un incendio en un bosque. En principio es posible que el fuego se haya desencadenado fortuitamente, por ejemplo por un rayo. Entonces es normal que el juzgado dicte auto de sobreseimiento. ¿Provisional o libre?
Si se dicta auto de sobreseimiento libre porque el hecho no es constitutivo de delito, pero posteriormente llega a descubrirse que el incendio fue provocado por una persona, entonces ¿no podrá ya seguirse ningún procedimiento penal frente a la persona causante del incendio?
Evidentemente esto último no sería lógico, y de ahí que los juzgados dicten auto de sobreseimiento provisional.
El mismo ejemplo podría ponerse en relación con la muerte de una persona.
En principio esa muerte puede tener visos de suicidio, en cuyo caso no habría lugar a seguir procedimiento penal contra nadie.
Pero imaginemos que posteriormente llega a descubrirse que la muerte fue causada intencionalmente por otra persona (homicidio o asesinato).
Si inicialmente se dictó auto de sobreseimiento libre, entonces el delito quedaría impune, pues las diligencias no podrían reabrirse, y de ahí también que en un caso así los juzgados dicten auto de sobreseimiento provisional.
De todas formas, lo que plantea el artículo es muy interesante.
En mi opinión, si cuando se acordó el sobreseimiento libre los datos fácticos de que se tenía conocimiento eran los mismos que posteriormente se han tenido en cuenta, entonces este sobreseimiento firme debe surtir efecto de cosa juzgada.
Pero si después se han conocido otros datos (nuevos hechos), entonces el instituto de la cosa juzgada ya no jugaría, pues no habría identidad plena entre el objeto fáctico de uno y otro procedimiento .
En definitiva: para que pueda apreciarse cosa juzgada por haberse dictado auto de sobreseimiento será necesario que ese auto se haya dictado teniendo EXACTAMENTE los mismos datos y elementos que se poseen con posterioridad.
Pero si ha aparecido algún ulterior dato o elemento adicional o novedoso, entonces no concurriría la cosa juzgada y nada impediría que las diligencias penales pudieran reabrirse, o que pudieran incoarse otras diligencias penales con base en esos nuevos datos conocidos.
1 agosto, 2020 en 14:46
Buenas tardes, aquí les escribe un afectado en primera persona de alguna denuncia que gracias a Dios y por que salio todo bien al igual que podía no haber salido todo mal quiero y deseo decir dos o mejor tres cosas importantes;
1- En España, pese a lo que la mayoría de la gente cree, poco o nada se respeta la presunción de inocencia ya que siempre es el acusado-imputado el que debe demostrar su inocencia y no al revés.
2- Se hace un abuso extremo y digo bien extremo de la prisión preventiva en materia penal evidentemente, sin analizar por parte de Su Señorías el fondo de las denuncias, etc, ya que ellos tienen en sus manos la libertad o no de una persona, creo que es lo suficientemente grave e importante ya que no pocas veces se arruina injustamente la vida de un ciudadano e incluso su posterior suicidio debido a las secuelas-consecuencias de las resoluciones.
3- Se hace como bien indica este articulo un igualmente abuso excesivo de los sobreseimientos provisionales de las causas,teniendo en vilo a la persona o personas afectadas con lo que ello implica hasta que prescriben los presuntos delitos siendo o no verdad, entre otras. El abuso de esta medida y ya termino es a mi juicio y sin ser jurista, jugar sobre seguro, sabiendo que ya estas clasificado y no te juegas nada ( perdón por el símil). Creo que en este país la figura del juez entre otras (fiscales), están catalogadas injustamente como Dioses y no debería de ser asi, es mas debe de exigirles responsabilidades por sus actos como nos las piden a cualquier trabajador, es mas ellos como bien he comentado anteriormente, tiene en sus manos libertades de la gente, que es uno de los derechos humanos mas sagrados y reconocidos mundialmente, sus errores son extremadamente graves….como para fiarse de cualquier atestado policial sea del cuerpo que sea que son parte no neutral del proceso.
Libra, la moneda digital, global y respaldada (Stablecoin). Una aproximación... “Naturalmente Superior”: un breve análisis del caso Semenya

References: resolución 
 artículo 641
 artículo 637
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 10
 resolución 
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