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Timestamp: 2018-01-17 02:55:44+00:00

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HACIA UN CONSENSO LATINOAMERICANO
DE RESOLUCION DE CONFLICTOS:
DEFENSA DE LA NEGOCIACION
Los conceptos de defensa y seguridad en América Latina siempre han sido definidos, vinculándolos a hipótesis de conflicto de carácter militar, dejando de lado la alternativa de verlos desde una perspectiva más amplia e integradora.
La defensa, no sólo tiene que ver con la posibilidad de que haya hipótesis de conflicto de carácter militar, sino también con aspectos preventivos que hacen a la formación de la sociedad, como educación, desarrollo científico, ocupación del espacio o colonización del territorio, desarrollo económico-social, etc.
La seguridad hace a estos mismos aspectos. Un Estado no puede tener seguridad, si es vulnerable, no sólo militarmente, sino también en cuanto a sus posibilidades de desarrollo económico, industrial, científico, tecnológico. Depende para la educación y formación de su gente, de los conocimientos desarrollados por otros, etc.
Tan importante como lo dicho, es que el propio país y la región deben ser quienes establezcan sus prioridades de defensa y seguridad y sus hipótesis de conflicto, y no dejar en manos de potencias dominantes u otros actores -públicos o privados- la definición de estas prioridades. Esto ha ocurrido con el Grupo de Río, formado por países latinoamericanos, cuya agenda se orientaba a la resolución de los conflictos y problemas latinoamericanos con metodologías latinoamericanas, sin embargo, EUA, un Estado que no forma parte de este Grupo, es quien ha redefinido la agenda y ha impuesto sus prioridades, por encima de las de los Estados y sobre todo, las necesidades y aspiraciones de los pueblos de la región.
Pareciera que, más allá del creciente institucionalismo desarrollado durante el siglo XX, orientado a resolver los problemas del mundo con metodologías pacíficas, continúan predominando aún las conductas intervencionistas y militaristas, en un unilateralismo basado en la fuerza y no en la racionalidad. El constante intervencionismo al que ha sido sometida América Latina, los bloqueos, los golpes de Estado constituyen un indicador de esta metodología, pero a la vez de la permisividad de sus pueblos y su dirigencia. La región ha carecido de una metodología propia de resolución pacífica de los conflictos que predominaron, tales como los territoriales -conflictos fronterizos- que mantuvieron a los países en constante estado de fragmentación, y los coloniales, tales como los casos Malvinas para Argentina, Guayana Esequibo para Venezuela o Belice para Guatemala. Siempre tuvo que estar subordinada a mecanismos interamericanos, controlados por los intereses económicos y de seguridad de EUA, tales como la OEA y el TIAR, que en nada sirvieron a la hora de resolver problemas o intereses de los países de América Latina. Cuando adoptó metodologías propias, tales como el Grupo de Contadora o el de Apoyo a Contadora, que derivaron en 1986 en el Grupo de Río, fueron desarticulados desde afuera, así como desde adentro, ya que la propia dirigencia latinoamericana se prestó para debilitar sus propios mecanismos.
El lema de Contadora fue: “El desarrollo es el nombre de la paz”, dejando de lado perspectivas militaristas de resolución de conflictos.
La historia de la humanidad, así como del derecho internacional, tienen que ver con eliminar la guerra, o al menos postergarla, a través de mecanismos de resolución pacífica. La legítima defensa es necesaria, pero utilizarla como instrumento de intervención y dominación es un abuso intolerable, sólo permitido por la fuerza, pero no por la racionalidad.
Si América Latina quiere tener algún rol en el contexto mundial, debería comenzar a orientarse en ese sentido. Por sobre todo, abandonar su historia de región en permanente estado de fragmentación y comenzar a converger hacia proyectos conjuntos. Uno que resulta impostergable, es el de un consenso para la resolución de sus conflictos, con metodologías propias.
Definir sus prioridades y su agenda e impedir que otras potencias le impongan sus propios intereses económicos y de seguridad.
En el mundo, el Comité Nobel a partir del premio otorgado al ex presidente norteamericano James Carter en el 2003, pareciera pretender mandar un mensaje opuesto a la iniciativa del presidente George W. Bush de resolución de conflictos, especialmente el tema terrorismo. Esto significaría que se pueden manejar los conflictos con creatividad, no necesariamente con violencia. Naciones Unidas, históricamente se ha movido en el mismo sentido.
Las relaciones internacionales, de América Latina se han caracterizado por una subordinación externa particularmente a EUA, y por un aislamiento interno, en lo que hace a las relaciones de los Estados de la región entre sí.
En este último caso, se reunieron dos factores interrelacionados en forma compleja. El primer factor fue el aislamiento de los Estados latinoamericanos basado en proyectos nacionales, en la mayoría de los casos, de dependencia racionalizada, fundamentalmente -durante el siglo XIX- dentro de la esfera de influencia británica y durante el siglo XX en la esfera de influencia de EUA; lo que impidió una conexión y coordinación entre sus políticas externas y por ende, derivó en la imposibilidad de generar un proyecto regional propio de inserción internacional. El segundo factor se relaciona con que, este aislamiento y desunión fue aprovechado por EUA para mantener en un estado permanente de “fragmentación” a la región, y de esa manera manejarla y lograr paralelamente sus objetivos fundamentales. Esto estuvo acompañado de gobiernos que fueron “funcionales” a las políticas, que tanto Gran Bretaña como EUA han desarrollado en y para América Latina y por una “disfuncionalidad” a toda iniciativa conjunta latinoamericana.
EL PLAN MILITAR DE TRUMAN
O las Bases de la Doctrina de la Seguridad Nacional
Después de la segunda guerra mundial, EUA buscó crear un bloque político-militar bajo su control, particularmente en los principios del Acta de Chapultepec (1945), donde se encuentran no sólo los postulados aprobados en las Conferencias Panamericanas en tiempos de paz, sino también las Resoluciones de las Reuniones de Consulta de tiempos de guerra. Estas Resoluciones fueron originadas por situaciones extraordinarias y se extendían al período post bélico. Su inclusión en calidad de principios fundamentales del panamericanismo en un documento único, demuestra que EUA tenía como objetivo la creación de un bloque militar. Esta idea está aún más claramente expresada en la recomendación de crear un acuerdo militar permanente entre las Repúblicas Americanas para la lucha “contra el peligro de agresión después de la firma de la paz” 1.
El 6 de mayo de 1946, el Presidente Truman, envió al Congreso, para su estudio, un “Plan de Cooperación Militar de Repúblicas Americanas”, que contemplaba la creación de un ejército único, cuyo aprovisionamiento estaría por completo en manos de EUA. Los países latinoamericanos rechazaron el Plan Truman, por ello, la Secretaría de Defensa de EUA, a fin de poder establecer un control sobre los ejércitos latinoamericanos, por lo menos en forma indirecta, estableció un sistema de acuerdos militares bilaterales; el envío a los países, en base a acuerdos, de misiones militares; intercambio de oficiales; la fundación de escuelas militares especiales para cadetes latinoamericanos; envío de instructores, etc.
En caso de aprobación del ejército único, las fuerzas armadas de los países latinoamericanos perderían su carácter nacional y se convertirían en parte de un enorme ejército y de una poderosa flota de EUA. Las necesidades de defensa latinoamericanas serían supeditadas a objetivos de política exterior de la estrategia de la fuerza, realizada por EUA. En febrero de 1947, la Junta Interamericana de Defensa, prácticamente aprobó el plan, concretándolo. La Junta recomendó crear en el marco del sistema panamericano, un órgano latinoamericano permanente de representantes de los Estados; organizar un intercambio de planes operativos y de misiones militares; alargar los acuerdos sobre bases militares, etc. Esto significó el inicio de lo que se conoció posteriormente, como “Doctrina de la Seguridad Nacional”, a través de la que se desnacionalizó el concepto de defensa nacional por el de defensa continental 2.
A través de las resoluciones aprobadas, se evidencia el afianzamiento de las posiciones de EUA -predominio del “monroísmo”- en el hemisferio en el transcurso de la segunda guerra mundial.
PANORAMA POLITICO DE AMERICA LATINA EN LA DECADA DE LOS ‘50
La mayoría de los procesos militares que se dieron en la región tenían un tono pretoriano, aunque se dieron excepciones.
En Perú, a partir de 1968 y en Bolivia por un breve tiempo, se iniciaron procesos militares de tono reformista que, si bien fueron vistos con malos ojos por EUA, no fueron pasibles de intervención directa, sino de su socavamiento a través de fuerzas internas, que terminaron por “diluirlos”. Efectivamente, si nos ponemos a analizar las características de los procesos internos de algunos países, nos encontramos con que América Latina comenzó una etapa interna en la que quedaron de manifiesto los puntos más extremos del péndulo político.
En la Argentina continuaba el peronismo en el poder. El conflicto de Corea hizo que adoptara una posición política más favorable hacia EUA. Hacia fines de su segundo mandato, el gobierno peronista firmó un contrato petrolero con una empresa norteamericana (Californian Co.), que no llegó a implementarse porque fue derrocado por fuerzas militares, que bajo el lema de “revolución libertadora” tomaron el poder, proscribiendo al partido peronista en las elecciones que convocaron tres años después, en las que asumió Arturo Frondizi, ejerciendo un gobierno de corte desarrollista -al igual que Belaúnde Terry en el Perú-, pese a sus promesas preelectorales de iniciar un período reformista. Pero no pudo finalizar su período, por desentendimientos con las fuerzas armadas, que hicieron un golpe palaciego -apoyado por la CIA norteamericana 3- para instalar en el gobierno al Presidente Provisional del Senado, José María Guido. En las nuevas elecciones, asumió el gobierno el partido radical, con Arturo H. Illia; pero fue derrocado al tercer año de su mandato por las fuerzas armadas, bajo el lema de “revolución argentina”, por el general Juan Carlos Onganía. De esta manera, este país alternó entre gobiernos civiles y militares con discontinuidad radical de las políticas seguidas, lo que continuó en adelante, a la vez que en las posiciones internacionales, sea respecto de América Latina, o en relación con EUA, mantuvo una política que osciló entre un “pro norteamericanismo” y un aislacionismo continental, y posiciones heterodoxas respecto de EUA y un acercamiento a la región, dependiendo de los gobiernos.
En Brasil, con el segundo mandato de Getulio Vargas, se inició un período “nacionalista” y “antiimperialista”. Con la presidencia de Juscelino Kubitschek, se mantuvo la posición nacionalista, la que en el terreno de la política externa se manifestó a través de su propuesta de una Operación Panamericana (OPA), para solucionar los problemas de la ampliación del mercado dentro de países que agotaron el propio a partir de su desarrollo industrial. Este nacionalismo tomó un tono “tercermundista” con Janio Quadros y Joâo Goulart, hasta su derrocamiento por las fuerzas armadas en 1964, que iniciaron una política basada en las “fronteras ideológicas” y de alineamiento con las políticas de EUA; modelo seguido por Onganía en Argentina dos años después.
En Bolivia también se inició un período nacionalista de corte reformista en 1952, con la asunción de Víctor Paz Estenssoro (líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario - MNR), el que volvió a ejercer la presidencia en 1960, pero debió huir del país en 1964 por no haber podido sofocar una rebelión, asumiendo su vicepresidente René Barrientos. El gobierno de Paz Estenssoro se orientó en lo externo hacia una posición antiimperialista y favorable a la integración latinoamericana.
En Guatemala, el gobierno de Jacobo Arbenz, que sumió en 1951, inició un proceso de corte reformista, pero fue derrocado por Castillo Armas, con ayuda norteamericana, por considerárselo un “puente” favorable al ingreso del comunismo en la región.
En Venezuela se volvió en 1958 a la democracia con la segunda presidencia de Rómulo Betancourt la que fue alternada -hasta que asumió como presidente Chávez-, entre demócratas cristianos y social demócratas.
En Cuba, en 1959 asumió Fidel Castro generando una revolución; declarándose marxista-leninista en 1961, provocando una gran crisis dentro del sistema, lo que favoreció que la región ingresara en la guerra fría, en momentos en que el sistema internacional global se orientaba hacia la coexistencia pacífica bajo el entendimiento Kennedy-Kruschev.
No obstante la existencia de gobiernos de corte nacionalista en varios países latinoamericanos, esto no desembocó en una mayor unidad regional ya que, además de las constantes interrupciones provocadas por golpes de Estado militar, no hubo una política de coordinación en las posiciones externas entre estos países.
En el contexto internacional, se inició entre las dos grandes potencias, un proceso de “distensión” con vistas a lograr una “coexistencia pacífica”. Las bases de este “entendimiento” entre ambas cabezas polares, se podrían resumir en algunos acontecimientos relevantes ocurridos durante el período. En primer lugar, la XX Reunión del Partido Comunista de la URSS (PCUS) en 1956, oportunidad en la que se revivió la tesis leninista de la coexistencia pacífica, queriendo significarse con esto, que la inevitabilidad de la guerra total entre “socialistas” y “capitalistas” carecía de sentido en un mundo con armas atómicas, por lo que el triunfo del marxismo no se lograría mediante la “exportación de la revolución”, sino como resultado de las propias contradicciones internas del mundo capitalista. Para 1957 se estableció una línea telefónica (teléfono rojo) a fin de consultarse en forma directa ambas superpotencias, frente a situaciones de crisis internacional. En esta oportunidad, iniciaron relaciones consulares, culturales y económicas. En 1959 firmaron, por iniciativa de EUA, el Tratado Antártico, procurando buscar una solución a un problema de carácter internacional, aunque sin perspectivas de crisis inmediata. En 1960 se celebró en Moscú la II Reunión Mundial de Partidos Comunistas Obreros con la participación de 81 partidos, aprobándose la declaración en la que se confirmaba que la “base de la política exterior de los países socialistas, la constituye el principio leninista de coexistencia pacífica”. En 1963 firman el Tratado de Prohibición de Experiencias Nucleares en la Atmósfera, o Tratado de Moscú, al que adhirieron otros Estados, salvo Francia y China que se manifestaron contestatarios. Ese mismo año y como respuesta afirmativa a la propuesta de coexistencia de la URSS, Kennedy lanzó su Doctrina de la retaliación limitada, en la que se entendía que la guerra total ya no tenía sentido, en virtud de que las dos superpotencias desaparecerían por causa de un holocausto nuclear. En este sentido, Kennedy expresó: “No nos ceguemos por nuestras diferencias, pero dirijamos también nuestra atención a nuestros intereses comunes (...) y si no podemos terminar ahora nuestras diferencias, por lo menos podemos ayudar a hacer un mundo seguro para la diversidad”. En 1967 firmaron el Tratado sobre el Espacio Ultra terrestre, los Cuerpos Celestes y la Luna 4.
Pero, paradójicamente, mientras el mundo se orientaba hacia la coexistencia, América Latina ingresaba en la guerra fría, fundamentalmente por causa de la revolución cubana y los intentos de Castro de exportar la revolución; a la vez que por las dictaduras proconsulares anticomunistas, que surgieron en la región, avaladas por EUA. El paradigma de relacionamiento de EUA con el hemisferio era seguridad y desarrollo.
Este hecho no fomentó la solidaridad hemisférica, sino el concepto de reciprocidad. Esto es, asistencia económica para América Latina como retribución por apoyar las acciones de EUA en su lucha para enfrentar la amenaza del comunismo internacional. Esto no sólo mantenía la relación de dependencia económica con EUA, sino que a ésta, sumaba la dependencia militar, en función de intereses extra regionales y la fragmentación intra-regional.
Con motivo de la guerra de Corea (1950), EUA convocó a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, estableciendo en los considerandos de la convocatoria que “la política de agresión del comunismo internacional, llevada a cabo por intermedio de sus satélites, ha traído consigo una situación que pone en peligro a todas las naciones libres (...) Estados Unidos habiendo emprendido una movilización urgente de todos sus recursos para la defensa común, desea consultar a los demás Miembros de la Organización de Estados Americanos, con respecto a la situación universal que todos confrontamos y a la coordinación de esfuerzos colectivos que se requieren para hacerle frente 5.
El temario propuesto contemplaba: “I. Cooperación militar para la defensa de América y para prevenir y rechazar la agresión de acuerdo con los convenios interamericanos y con la Carta de las Naciones Unidas y las Resoluciones de dicha Organización. II. Fortalecimiento de la seguridad interna de las Repúblicas Americanas. III. Cooperación económica de emergencia: a) Producción y distribución para fines de defensa; b) Producción y distribución de productos escasos y utilización de servicios necesarios para atender los requerimientos de la economía interna de las Repúblicas Americanas; y c) Medidas para facilitar en lo posible la ejecución de los programas de desarrollo económico”.
Este es el origen de lo que posteriormente se conoció como doctrina de la “seguridad nacional”, planteada por EUA. A través del proyecto de ayuda militar hacia América Latina, gastó unos 2.500 millones de dólares y entrenó en sus escuelas más de 70.000 oficiales latinoamericanos entre 1950 y 1980 6.
En la sesión inaugural, habló el Presidente Truman, expresando que: “El imperialismo comunista ataca y socava la independencia de las naciones y la colaboración internacional, y coloca en su lugar el régimen de la fuerza. El imperialismo comunista también trata de destruir el sistema de gobierno que sirve al bienestar del pueblo. En su lugar, implanta un sistema en que el pueblo sólo existe para servir a los fines del gobierno que sólo conoce el poder desenfrenado e impone la esclavitud en su propio país y la agresión en el exterior.
“(...) En lugar de encastillarnos en nuestro Hemisferio en el infructuoso intento de lograr la seguridad por medio de la retirada, hemos de concertar nuestras defensas y aunar nuestros esfuerzos para sostener en Europa y Asia a los hombres que luchan por la libertad. Ese es el curso único que puede conducir a la seguridad, o la paz, la libertad, para nosotros, o para el hombre de todas partes del mundo.
“(...) El buen éxito de nuestro programa de defensa depende de nuestra robustez económica 7. En estos tiempos turbulentos, la producción industrial destinada a la defensa debe recibir preferentemente atención en el empleo de nuestros recursos económicos. Debemos aumentar la producción de materias primas de importancia estratégica. Así, por consiguiente, será preciso destinar parte de nuestra capacidad productiva para los fines de defensa” 8.
En respuesta al discurso de Truman, Harry, el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Joâo Neves de Fontoura dijo: “(...) no sólo de asuntos de carácter político-militar se compone la Agenda de la Cuarta Reunión de Consulta. También fuimos convocados para el restablecimiento de bases concretas fijando reglas de cooperación económica entre las naciones de este Continente.
“(...) Ninguno de nosotros desconoce que vuestro país, señor Presidente de Estados Unidos de América, se arma de nuevo, caballero de la libertad de los pueblos y de la persona humana y que los recursos tienen límites naturales. Estamos, de nuestra parte, todos listos para participar con una cuota en la escala de los sacrificios, pero no podemos reincidir en las prácticas del pasado sin que ése, nuestro sacrificio, constituya la ruina para nosotros, sin ninguna ventaja para el mundo. Necesitamos pues, encontrar la fórmula de la cooperación económica recíproca, no solamente de emergencia, sino que nos prepare un futuro de indispensable restablecimiento y que, estimulando con los auxilios técnicos y financieros el comienzo de nuestra industrialización, eleve el nivel de vida de los habitantes de las diversas regiones del Continente, creando una atmósfera de trabajo y de bienestar para todos. En el mundo de nuestros días, no sólo los individuos sino también los pueblos pueden gozar de iguales oportunidades; sobre todo porque la interdependencia de las naciones es tan estrecha que la miseria de algunas tiene inevitables y peligrosos efectos sobre las otras” 9.
Durante la sesión de apertura, el Presidente de la Reunión de Consulta, el Secretario de Estado norteamericano, Dean Acheson, manifestó: “Nuestras presentes deliberaciones fortalecerán nuestra seguridad común de una manera considerable, si es que conducen a la acción por parte de las Repúblicas Americanas, para ayudar a realizar los propósitos de la Resolución `Unión Pro Paz’ presentada en las Naciones Unidas” 10.
Los principios generales de la Resolución “Unión Pro Paz” establecen que, a falta de unidad entre los miembros permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, ante el caso de haber una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, éste deja de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. En este caso, la Asamblea General, examinará inmediatamente el asunto, con miras a hacer recomendaciones apropiadas para la adopción de medidas colectivas que pueden llegar inclusive al uso de fuerzas armadas cuando fuere necesario, a fin de mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales. Debe aclararse que el artículo 39 de la Carta de la ONU, confiere esta facultad al Consejo de Seguridad, y en ninguna disposición delega este poder a la Asamblea General 11.
Finalizada la Reunión, se aprobaron 31 Resoluciones y Recomendaciones. Esto significó un logro para EUA dentro del ámbito interamericano, quien, por otra parte, era el principal preocupado por la seguridad. Pretender un máximum de seguridad, es querer el máximum de poder, o sea, el mayor número de “aliados” y el menor número de enemigos. A través de todos los mecanismos institucionalizadores en el Sistema Interamericano EUA fue labrándose ese máximum de seguridad, claro que a costa de los objetivos de los Estados latinoamericanos que estaban fundamentalmente vinculados a sus problemas de desarrollo económico. De todas formas, debemos reconocer que, de esta manera, los Estados latinoamericanos delegaban en EUA la responsabilidad de su seguridad, claro que pagando el precio con sus recursos naturales fundamentalmente.
EUA logró en esta Reunión tres Resoluciones relativas a los materiales estratégicos, a fin de que las Repúblicas Americanas facilitaran su extracción, a precios razonables, para contribuir a la defensa del hemisferio. Durante la “guerra fría”, la carrera armamentista ha sido uno de los factores más relevantes, por lo que EUA necesitaba prioritariamente de todo tipo de recursos naturales estratégicos, para poder llevar a cabo su desarrollo militar en forma más acelerada que la URSS.
En esta Reunión, EUA propuso, con el apoyo de Brasil, Paraguay, Colombia, Cuba 12 y Uruguay, la creación de una Fuerza Armada Interamericana, cuyo fin sería el mantenimiento del orden en el continente y en otras partes del mundo. Argentina, Guatemala y México rechazaron ese plan de combate al comunismo 13.
Sin embargo, EUA consiguió el establecimiento de acuerdos militares o de ayuda para la defensa mutua con los Estados latinoamericanos, a través de una Ley de Seguridad Mutua aprobada por el Congreso norteamericano en 1951. De esta manera, el Consejo Interamericano de Defensa sirvió para otros fines, distintos de los originales, tales como, un medio para que los altos funcionarios de EUA pudieran establecer relaciones estrechas e influencia política sobre los sectores más influyentes de América Latina, así como para cooptar a los militares latinoamericanos a través de una relación de dependencia en la adquisición de armamentos y creándoles la imagen de participación en la defensa del hemisferio, cuando en realidad cumplían una mera función logística para la seguridad de EUA. Con estos fines, EUA, a través del Consejo Interamericano de Defensa, logró el establecimiento de un Colegio Interamericano de Defensa, cuya finalidad consistía en formar a los miembros de las fuerzas armadas latinoamericanas sobre temas de carácter militar, político y económico como componentes esenciales de la defensa interamericana y también, para prepararlos para que gobiernen en sus países de ser necesario.
El combate a la amenaza del comunismo internacional, llevó a EUA a adiestrar oficiales latinoamericanos en la sección “contrainsurgencia”, tratando de conformar en las fuerzas armadas latinoamericanas el más fuerte grupo anticomunista. Podemos decir que ya desde esta época se comenzó a esbozar el concepto denominado a posteriori como “doctrina de la seguridad nacional”.
Sólo este último aspecto nos muestra la no coordinación de las acciones y de las percepciones externas de los Estados latinoamericanos. Lisa y llanamente se atuvieron a aprobar Resoluciones que, demás está decir, fueron de sumo interés, especialmente para la seguridad de EUA a la vez que, en lugar de solucionar los problemas económicos de los Estados latinoamericanos, les creó reglas para la venta a “precios razonables” -y sin que se creen dificultades de ningún orden- de productos estratégicos necesarios para la carrera armamentista de EUA contra la URSS.
PANORAMA POLITICO DE AMERICA LATINA EN LA DECADA DE LOS ‘60
El cuadro de situación en las políticas externas, continuó dentro de los extremos del péndulo gobiernos civiles-gobiernos militares. En Argentina un golpe de Estado militar de corte pretoriano derrocó al gobierno de Illia en 1966, asumiendo el general Juan Carlos Onganía, quien fue a su vez desalojado por un golpe interno de las fuerzas armadas en 1969, pero continuándose con las mismas políticas hasta principios de la década de los ‘70.
En Brasil continuó el gobierno militar y, pese a los cambios, no hubo variaciones en las políticas. Entre los dos países mencionados se inició un período de conflictos vinculados con el aprovechamiento hidroenergético del Alto Paraná. Pese a la similitud en las concepciones ideológicas, el conflicto prevaleció por sobre las posibilidades de cooperación.
Perú, se encontraba bajo el gobierno de Belaúnde Terry desde 1963, quien había prometido un proceso reformista, pero orientó sus políticas hacia un desarrollismo basado en las inversiones y créditos norteamericano, profundizando la relación de dependencia. Esto, y el hecho de no haber cumplido con su promesa de nacionalizar la International Petroleum Co. (IPC), provocó su derrocamiento, asumiendo el general Juan Velazco Alvarado que inauguró en 1968 un período reformista, orientado hacia la solidaridad y la integración latinoamericana, a tal punto que se llegó a crear un “Ministerio de la Integración”.
En definitiva, los gobiernos militares pusieron el acento en la seguridad -política de las fronteras ideológicas- por sobre el desarrollo económico -salvo el de Perú- mientras que los gobiernos civiles aspiraban a una mayor coordinación de las políticas externas y a un fortalecimiento de la integración regional como instrumento para el desarrollo. Sin embargo, la falta de solidaridad y de coherencia de los más grandes -Argentina, Brasil y México- respecto del resto, favoreció el continuismo, de acuerdo con los intereses de seguridad de EUA.
PRIMERA CONFERENCIA DE PRESIDENTES AMERICANOS
A esta Conferencia (Punta del Este, 1967), asistieron una gran mayoría de gobiernos dictatoriales civiles y militares. Recién a partir de la Segunda Reunión de Presidentes Americanos que se celebró en San José de Costa Rica en 1990, se exigió que participaran sólo aquellos países con gobiernos democráticos.
Los discursos fueron fundamentalmente dirigidos al gobierno norteamericano para que abandonara su actitud proteccionista y proveyera a la región de una mayor financiación; culpándolo de hacer uso de ésta en beneficio de sus propios intereses económicos. En ningún caso América Latina dio la sensación de ser una región, sino veinte Estados desperdigados sin posición ni proyecto común, y en buena cantidad de casos, con posiciones incluso opuestas hasta desde una perspectiva ideológica.
Entre los extremos que se plantearon, la posición del general Onganía, sostenía que la seguridad hemisférica, era un requisito previo al desarrollo, contrariamente a lo que habían mantenido anteriores gobiernos argentinos y muchos otros gobernantes latinoamericanos a lo largo de la historia del panamericanismo 14.
Por su parte, el presidente chileno, Eduardo Frei, expresó -contrariamente a la posición de Onganía- que “concurre América Latina, representada por 18 Jefes de diferentes Estados que viven en paz, pero que no constituyen una unidad; que no tienen una sola voz y presencia activa en el mundo”. Y respecto de la posición central del presidente argentino, indicó que los peligros del continente, además de encontrarse en la subversión armada, están fundamentalmente en los aspectos políticos, humanos, sociales y morales, en los que se nutre el descontento. En este sentido, consideró que, en la medida en que los países de la región permanezcan aislados, cualesquiera que sean las distintas proporciones de su riqueza y extensión, no se logrará el desarrollo y el bienestar buscado.
En relación a EUA, del que tradicionalmente América Latina ha esperado la ayuda para el desarrollo, indicó que, más importante que toda ayuda económica, es una relación justa, ya que ninguna ayuda externa podrá reemplazar al propio esfuerzo interno, aludiendo al fracaso de la ayuda a través de la Alianza Para el Progreso que se llevó más del ahorro de la región, de lo que dejó en ella por concepto de inversión 15.
La posición expresada por el presidente colombiano Lleras Restrepo, fue en un tono similar a la de su colega chileno 16.
El presidente Belaúnde Terry del Perú, en una tónica similar a la de los dos anteriores, agregó que era la “guerra fría” una de las causas de los problemas subversivos en América Latina, ya que los gastos que se hacían en Hispanoamérica, eran gastos de defensa de la libertad, de defensa de la seguridad de EUA, y los gastos que a menudo hacen en la región para defenderla de las guerrillas, contribuyen también a la defensa de EUA, porque si no hubiera una pugna entre el mundo comunista y el mundo capitalista, no habrían problemas de guerrillas en el continente 17.
No obstante, siguió primando el concepto de seguridad planteado por EUA y América Latina no alcanzó ninguna unidad ni convergencia en sus políticas para el desarrollo.
DECADA DE LOS ‘70: NUEVAS CONDICIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL Y REGIONAL
En el orden internacional, la década de los ‘70 trajo novedades importantes, particularmente en el terreno económico. La primera y más importante fue la crisis petrolera, provocada por el grupo de países de la OPEP en 1973, que obligó a los países industrializados a generar tecnologías alternativas en el área energética, para paliar la situación.
Asimismo, los países del Tercer Mundo, encabezados por los latinoamericanos plantearon la necesidad de un diálogo Norte-Sur, a fin de establecer las bases de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) más justo. Con este objetivo propusieron en la Asamblea General de la ONU la adopción de Resoluciones vinculadas con: 1) Carta de Deberes y derechos Económicos de los Estados, propuesta por el presidente de México, Luis Echeverría Alvarez en 1974; 2) la defensa de la soberanía sobre los recursos naturales; y 3) un código de conducta para las actividades de las empresas multinacionales en el Tercer Mundo.
En la década de los ‘80 estos tres temas perdieron vigencia, cortándose el diálogo Norte-Sur -que nunca alcanzó a darse plenamente-; ya que las condiciones internacionales -en el eje económico y también político- sufrieron modificaciones importantes.
Los planteos de un NOEI, ahora, se dan entre los propios países industrializados, aunque no se ha llegado aún a un acuerdo sobre las bases del mismo; sea porque ningún Estado tiene el poder suficiente como para imponerlas, o porque no han arribado, en conjunto, a un acuerdo sobre cuáles deben ser esas bases. A esto debe agregarse que en determinados temas, particularmente los financieros, la banca privada transnacionalizada -y no los Estados- es la que establece las pautas de funcionamiento del sistema.
El tema de la defensa de la soberanía sobre los recursos naturales, particularmente a partir de la generación de los nuevos materiales en los laboratorios, que reemplazan a los recursos naturales en forma más eficiente y económica, ha provocado que los Estados industrializados, así como las empresas multinacionales, pierdan interés relativo en los recursos naturales, salvo el petróleo.
Como consecuencia de ello, las empresas multinacionales, que en la década de los ‘70 se instalaban en los países donde existía mano de obra barata y recursos naturales en abundancia; ahora se instalan en los países donde la ciencia y la tecnología han logrado avances significativos, a los efectos de aprovechar al máximo la experiencia de estos países, con el mínimo costo. Por ello, el código de conducta para las empresas multinacionales ahora es responsabilidad del mundo industrializado y no del subdesarrollado.
En el ámbito regional, la década de los ‘70, marcó el inicio de una orientación -por parte de los gobiernos democráticos- hacia un pluralismo, en el contexto de la autodeterminación y la búsqueda de mecanismos para contener la permanente intromisión de las empresas multinacionales y las potencias industrializadas en las economías latinoamericanas. Por su parte, los gobiernos militares de corte pretoriano, se ocuparon de la subversión interna y del desarrollo de un “nacionalismo territorial” a través de la reedición de tradicionales conflictos de límites; pero este nacionalismo no se reflejó en lo económico, área en la que fueron “aperturistas indiscriminados” y subordinados.
En la Argentina el gobierno militar de Lanusse abandonó la política de las “fronteras ideológicas” e inició un acercamiento hacia América Latina, especialmente los países andinos, con el propósito principal de establecer un “eje de contención” frente al “avance brasileño hacia el pacífico”. Bajo este mismo esquema, procuró acercarse a Brasil, a fin de encontrar formas de solucionar el conflicto en el Alto Paraná, pero sin éxito. Con este gobierno se inició una nueva etapa en el proceso político interno de la Argentina, al permitir la participación del peronismo -que había sido proscripto en 1955- en las elecciones presidenciales convocadas para 1973, ganadas por ese mismo partido, asumiendo la presidencia el delegado personal de Perón, Héctor J. Cámpora. Su política exterior tuvo un tono pluralista, orientado especialmente hacia América Latina y el Tercer Mundo -y en el orden bilateral, hacia la solución del conflicto con Brasil en el Alto Paraná- y liderando, junto a Perú y Chile -aunque estos dos últimos en forma mucho más radicalizada- el proceso de reformas a la Carta de la OEA en 1973; y junto al primer país, la introducción del concepto de “seguridad económica colectiva” en la Décima Reunión de Comandantes en Jefe de Ejércitos Americanos, celebrada ese mismo año en Caracas; pero las pugnas internas entre los grupos de la izquierda peronista -que lo apoyaban- y los de la derecha, provocó un golpe de Estado palaciego, debiendo convocarse a elecciones nuevamente, en las que triunfó la fórmula Juan Domingo Perón-Isabel Martínez de Perón. Con la muerte de Perón en 1974, quedó su esposa en la presidencia, pero los graves conflictos internos superaron la capacidad de manejo de los asuntos internacionales, derivando en un golpe de Estado de corte pretoriano en 1976 que se quedará en el poder hasta 1983.
En Brasil con Garrastazú Médici, se siguió una política basada en el esquema del “aliado preferencial” de EUA en el ámbito regional, que constituyó la nueva forma de relacionamiento hemisférico por parte de Nixon-Kissinger, más preocupados por la derrota de EUA en la guerra de Vietnam y en la necesidad de recuperar presencia hegemónica en el sudeste asiático. Pero, a partir de 1974, con la asunción del general Geisel, se inauguró un nuevo período, bajo el lema de “pragmatismo responsable”, reeditándose las políticas desarrolladas por Janio Quadros y João Goulart de “universalización de la política externa”, que fueran motivo del golpe de 1964. De esta manera, el gobierno brasileño llegaba a la conclusión de que no quería “limitar” su espacio de acción -límites establecidos por la política del aliado preferencial- a la región, lanzándose, en su apertura global, hacia el destino de potencia relevante en el ámbito mundial. Esta política fue continuada por el general Figueiredo a partir de 1979.
En Bolivia asumió el general Torres en 1970, desarrollando una política reformista de izquierda, pero cayó por un golpe de Estado en 1971, tomando el poder el general Hugo Bánzer Suárez, que le imprimió a su política externa un tono pro norteamericano y de acercamiento a los países de la región bajo regímenes militares de derecha. En el marco subregional, se manejó en forma pendular entre Argentina y Brasil, procurando sacar el máximo beneficio.
Chile trajo sorpresas, no sólo para la región, sino también para EUA, ya que por primera vez, un gobierno de izquierda asumía por elecciones. En 1970, ganó las elecciones, por poco margen, Salvador Allende, quien estrechó relaciones con Cuba; pero, para 1973, cayó por un golpe de Estado apoyado por la CIA y la ITT, tomando el poder el general Augusto Pinochet, que aisló al país en el marco regional, a tal punto, que llevó al retiro de Chile del Pacto Andino para 1976, mientras que con la Argentina -durante el proceso militar iniciado por Videla- mantuvo una relación conflictiva debido al problema territorial en la zona del Canal de Beagle, aunque conjuntamente cooperaron, junto a Bolivia y Uruguay en el “Plan Cóndor” de búsqueda e intercambio de grupos de izquierda.
Perú mantuvo su política orientada hacia el pluralismo y la integración regional con Velazco Alvarado, pero a partir de 1975, con el general Morales Bermúdez, ésta se fue “diluyendo”, a la vez que el reformismo interno; entregando al país en 1980 a Belaúnde Terry con una profunda crisis económica.
México inauguró una nueva política externa con Luis Echeverría Alvarez, que promovió la adopción de una Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados en la A.G. de la ONU en 1974 -posteriormente adoptada por el Movimiento de Países No Alineados- imprimiéndole a sus relaciones globales un tono “tercermundista”. Sin embargo, su sucesor, López Portillo, retornó a los carriles “principistas” tradicionales y de relación estrecha con EUA, aislando al país del resto de la región y del Tercer Mundo.
En Uruguay ganó las elecciones de 1972, Juan María Bordaberry -del Partido Colorado- pero para 1973 las fuerzas armadas iniciaron un proceso de control del gobierno, debido fundamentalmente a los problemas de subversión interna. En 1976 fue destituido, quedando en el manejo del gobierno su vicepresidente Alberto Demicelli, que se ocupó de la disolución de los partidos políticos y la suspensión de las elecciones generales. Ese mismo año asumió el gobierno el general Aparicio Méndez. Durante todo este período “cívico-militar”, los principales temas de preocupación fueron la subversión interna y la solución de los problemas de límites en el Río de La Plata con Argentina. En el marco regional, Uruguay careció de presencia.
En Nicaragua, hacia fines de la década, se inició una nueva etapa, no sólo en el ámbito interno, sino también en el internacional. En 1979 cayó la “dinastía somocista” que había estado encaramada en el poder desde 1937 con apoyo de EUA; asumiendo en primera instancia una Junta de Gobierno, la que, por desentendimientos internos, fue disuelta, quedando en el poder el sandinismo.
A pesar del mayor grado de coherencia entre las políticas externas de los procesos democráticos, no se alcanzó a implementar una mayor coordinación entre estas políticas, con vistas a una mayor unidad regional de desempeño internacional. A esto contribuyeron los sucesivos golpes de Estado de corte pretoriano, favoreciéndose una vez más los objetivos de seguridad de EUA y no de América Latina. Los conflictos de carácter territorial y los coloniales continuaron sin resolución y, en algunos casos, incluso detonaron situaciones de confrontación militar.
En 1973, en Caracas, se celebró la Décima Conferencia de Ejércitos Americanos, en el marco del Sistema Interamericano. Trajo novedades importantes, particularmente, como antecedente para las futuras reformas que se harían al TIAR.
El tema central de esta Reunión, que generalmente se manejaba dentro de esquemas de seguridad militar siguiendo los criterios de EUA, fue el relativo a la “seguridad económica colectiva”, basada en la interdependencia de los conceptos vinculados a la seguridad y el desarrollo y, por ende, a la idea de que cualquier sistema de seguridad a nivel continental debía ir acompañado de una acción tendiente al progreso de los pueblos del hemisferio, ya que, las causas del subdesarrollo son las que originan principalmente las amenazas a la seguridad.
Lo aquí expresado, dista mucho de la posición ostentada por el General Onganía en la Reunión de Presidentes de América de Punta del Este (1967).
La tesis de la seguridad económica colectiva -tema que siguió planteándose hasta la reformulación del TIAR en 1975, y que comenzó a perder vigencia posteriormente, fundamentalmente porque se dio un proceso generalizado de golpes de Estado militar, a la vez que proliferaron en la región problemas de terrorismo subversivo durante el resto de la década- fue planteada por Argentina y Perú, con el apoyo de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela.
La posición del Canciller peruano, general Mercado Jarrin, fue que el concepto de seguridad continental, que se funda en el supuesto de un ataque armado proveniente de ultramar, ha sido superado, tras comprobarse la notoria declinación de la situación de tensión que antes imperaba en el mundo. Por lo tanto, la seguridad colectiva, debería fundarse en consideraciones de orden interno que atañen a todos los pueblos interesados en este problema. En este sentido, a la luz de la realidad latinoamericana, un sistema de seguridad, no debería ignorar que la causa del malestar y de amenaza para la paz es el subdesarrollo y las medidas de coerción económica. De aquí que, a los antiguos planteamientos de seguridad colectiva basados en lo puramente militar y en la represión ideológica, debe oponerse una concepción amplia de seguridad, cuyo fundamento sea garantizar el desarrollo de los pueblos 18.
Pero el problema no es sólo el de la subversión del orden, sino también con aquellos actores que crean un orden acorde con sus propias aspiraciones y no acorde con el interés nacional de los países de la región. Tal el caso de las corporaciones multinacionales.
Considerando estas situaciones, y otras, tales como: el deterioro de los términos de intercambio; la evolución y estructura de la deuda externa; la ampliación de la brecha tecnológica; el manipuleo de los medios masivos de difusión; el avasallamiento de las autonomías nacionales; la exportación de culturas y modos de vida; etc.; llevan a que se conforme una estructura de dependencia y de injusticia flagrante. Si se acepta que estas situaciones afectan a la seguridad de los Estados, es su obligación preservarse contra ellas; de allí la necesidad imperiosa de un cambio en las finalidades de las Conferencias de Ejércitos Americanos. En tal sentido, preconizó una nueva concepción de la estrategia y la seguridad en el hemisferio, que requiere en el campo militar, hipótesis, doctrinas, instrumentos legales y esfuerzos mancomunados, que respondan a las particulares características y necesidades de los distintos países que lo conforman. Todo esto, debe ser formulado con el realismo y la autenticidad que requieren los nuevos supuestos y haciendo abstracción de ficciones que oscurecen el entendimiento, como es el sostener que hay un único enemigo o un único tipo de agresión 19.
Si bien la posición sustentada por los representantes de Perú y Argentina en esta Reunión, se adelantó en una década -particularmente por los planteos hechos en 1983, debido a la crisis de la deuda, que llevó a pensar en la necesidad de un “sistema de seguridad económica colectivo”, aunque no desarrollado-, no obtuvieron el apoyo suficiente, aunque el TIAR reformado haya adoptado sus conceptos en 1975, pero sin posibilidades de implementación.
CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS PARA LA REFORMA DEL TIAR
Como consecuencia de los pocos resultados que otorgaba la OEA y el TIAR para la seguridad latinoamericana, de la reformulación del primero de estos instrumentos en 1973 y de la decimoquinta y decimosexta Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante las que los Estados latinoamericanos decidieron reanudar sus relaciones con Cuba dentro de un marco de respeto a la autodeterminación y al pluralismo ideológico, se celebró una Reunión en San José de Costa Rica a los efectos de reformar el TIAR.
Este Protocolo de Reformas, estaba orientado a producir importantes reformas dentro del sistema, en varios aspectos:
1) Todas las medidas que anteriormente estaban reservadas al Consejo de Seguridad de la ONU, fueron otorgadas al Organo de Consulta, sin perjuicio de comunicar posteriormente al Consejo de Seguridad sobre el tipo de medidas adoptadas y en forma inmediata; 2) en el artículo 4to, en el que se delimita el ámbito espacial de aplicación del TIAR, se establecieron en el Protocolo nuevos límites, quedando fuera de la zona de defensa y seguridad, Groenlandia, a la vez que, las líneas que anteriormente estaban internadas en ambos océanos, ahora contornean las costas del Continente; 3) El artículo 5to original pasó a ser el artículo 10mo del protocolo, estableciéndose a cambio que, en caso de grave peligro para la paz de América, procederá la reunión inmediata del Organo de Consulta, teniendo en cuenta la forma en que el Estado haya sido afectado, según lo establecido en el artículo 9no; 4) En el artículo 8vo, se agregaron las gestiones de orden conciliador o pacificador, que el Organo de Consulta pueda realizar para los casos en que exista conflicto. Esta es una medida contemplada en el artículo 8vo original. En el artículo 9no, al igual que en el Tratado original se establecieron las definiciones de agresión.
5) La parte segunda establece siete literales donde se caracterizan los actos de agresión, conformando el literal a) el conjunto de los dos únicos literales a) y b) del artículo 9no original. Además, se agregó: “b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado; c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado; d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado; e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentren en territorio de otro Estado con el consentimiento del Estrado receptor, en violación de las condiciones establecidas en el acuerdo respectivo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo 20; f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado 21; y g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial participación en dichos actos”. Además agrega que, el Organo de Consulta podrá determinar otros casos que sean equiparables por su naturaleza a los contemplados en este artículo.
Desde el punto de vista jurídico, hubo un perfeccionamiento respecto del TIAR original. No obstante ello, el problema de la seguridad regional no pasa sólo por contemplar la mayoría de las problemáticas, e incluso dejar al Organo de Consulta que determine aquellos casos no contemplados, sino porque este Tratado resultara verdaderamente funcional a las problemáticas de seguridad de los países del sistema y no constituyera un instrumento más sofisticado para la intervención y el establecimiento de una “disciplina” por parte de EUA dentro del bloque.
6) En el artículo 20mo original, se establecía que las decisiones que exigían la aplicación de las medidas mencionadas en el artículo 9no, sólo eran obligatorias para los ratificantes del Tratado. Sin embargo, en el artículo 20mo reformado, se establece el principio de votación, indicándose que para las decisiones o recomendaciones se procederá por el voto de los dos tercios de los Estados Parte, mientras que para dejar sin efecto las medidas contempladas en el artículo 8vo se requerirá el voto de la mayoría absoluta.
Con el Protocolo se incorporaron más artículos al Tratado: 7) En el artículo 11ro, se incluyó el concepto de seguridad económica colectiva -tema largamente acariciado por los latinoamericanos- 22: “Las Altas Partes Contratantes reconocen que para el mantenimiento de la paz y la seguridad económica colectiva para el desarrollo de los Estados Miembro de la Organización de Estados Americanos, mediante mecanismos adecuados que serán establecidos en un tratado especial”.
8) En el artículo 12do se establece: “Nada de lo estipulado en este Tratado se interpretará en sentido de limitar o disminuir en forma alguna el principio de no intervención y el derecho de cada Estado a escoger libremente su organización política, económica y social”. Este es el derecho a la autodeterminación 23.
No obstante la importancia de las modificaciones introducidas al TIAR -modificaciones fundamentalmente buscadas por los Estados latinoamericanos a los efectos de lograr que los mecanismos del Tratado obraran esencialmente dentro del esquema de defensa y seguridad, y no como un instrumento de “intervención” o de “sanción”- no ha logrado la vigencia efectiva, ya que no fue ratificado por los dos tercios de los Estados signatarios, según lo establece el artículo VIII del Protocolo de Reformas; pero sí hubo muchas reservas a la firma 24. A esto debemos sumarle el hecho de que quizás nunca será puesto en vigencia, ya que la crisis provocada por la guerra de las Malvinas en abril-junio de 1982, llevó a los latinoamericanos a pensar en una nueva forma o quizás en crear un nuevo TIAR pero exclusivamente latinoamericano. De todas formas, América Latina aún se debe un sistema de seguridad regional, independiente de los intereses de EUA 25.
En el mundo post Cumbre Reykjavík (1985) América Latina no se planteó la seguridad hemisférica en función de nuevas hipótesis, y EUA, como de costumbre, impuso las suyas; entre otras, el problema del narcotráfico, que constituye un problema importante, pero no necesariamente una prioridad primera para la región -a la vez que todo se ve desde el punto de vista de la oferta, pero no de la demanda que el propio EUA genera-, dentro de la cantidad de problemáticas económicas, de subdesarrollo y de pobreza que viven los Estados de la región, y post 11 de septiembre del 2001, el terrorismo.
Dados los cambios internacionales, tal vez sería conveniente replantearse la problemática de seguridad de la región, no a través de la continuidad o reformulación del TIAR o la creación de un TIAR latinoamericano, sino a través de la “continentalización” de la declaración de la A.G. de la ONU sobre el Atlántico Sur como Zona de Paz y Cooperación Internacional (Resol. 41/11). De esa manera, en vez de establecer en América Latina una conducta defensiva acorde con los esquemas tradicionales, se mantendría ajena a todo conflicto internacional a través de este mecanismo, favoreciendo, como contrapartida, la cooperación regional.
LA SEGURIDAD ECONOMICA COLECTIVA
En virtud de lo propuesto en el artículo II del protocolo de Reformas al TIAR, como nuevo artículo 11ro de ese Tratado, se elaboró un proyecto de Convención sobre Seguridad Económica Colectiva para el Desarrollo, que fue aprobado por el Consejo Permanente de la OEA en sesiones celebradas el 11 de noviembre de 1976 26.
En este proyecto de Convención se estableció que la seguridad económica colectiva era importante para el progreso de los pueblos de América, y constituía una garantía del esfuerzo de los mismos pueblos para mantener la paz del Continente. Para ello, se consideró necesario establecer una estrecha cooperación económica tendiente a acelerar el desarrollo integral, con el fin de fortalecer la solidaridad continental. Declararon además, que el desarrollo integral es un factor fundamental del bienestar de los pueblos.
Para el mantenimiento de la seguridad económica, se comprometieron a adoptar medidas de cooperación, de acuerdo con las disposiciones de la Carta de la OEA; a abstenerse de aplicar o promover medidas de carácter económico o político, que forzaran la voluntad de otro Estado, para obtener ventajas o que impidieran la utilización soberana de sus recursos naturales, o afectaran el proceso de desarrollo integral. Para este último caso, procedería una Reunión de Consulta, a los efectos de que se exhortara al país objeto de la denuncia a que suspendiera los actos que la motivaban, y adoptara las medidas que estimare conveniente para solucionar el problema planteado. Asimismo, se comprometieron a buscar colectivamente, solución a los problemas urgentes que se presentaran en lo que hacía al desarrollo o estabilidad económicos de un Estado miembro.
Para estos casos procedería la convocatoria a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.
El objeto central de la Convención, parece estar en el artículo 3° del Proyecto, en el que se establece: “Las Partes Contratantes se comprometen a hacer todo esfuerzo para evitar políticas, acciones o medidas que tengan serios efectos adversos sobre el desarrollo económico o social de uno o más Estados Parte”. En el caso de que se diera una situación como la prevista en este artículo, la Convención contemplaba que la parte afectada podría solicitar que se convoque a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente con el fin de que se examinara la situación y sugiriera medidas tendientes a la solución del problema. En el caso de que la situación fuera muy grave, el Consejo Permanente podría decidir por mayoría absoluta de los votos de los Estados Parte, si procedía la convocatoria a una Reunión de Consulta, aplicándose, en lo que fuera pertinente, los artículos 60, 61 y 62 de la Carta de la OEA 27.
Pese a su importancia para América Latina, no logró las ratificaciones necesarias para su vigencia.
Tal vez, hubiera sido importante que esta Convención estuviera en vigencia actualmente, particularmente por el problema de la deuda externa de América Latina; pero parece que no existe la voluntad política para darle vigencia. Por otro lado, los aspectos sustantivos, que hacen a la operatividad de la seguridad económica considerados, tanto en las reformas al TIAR, como en la Convención especial, dependen en gran medida del grado de capacidad de los países de la región de establecer políticas que obliguen al Estado que ejerce presiones perjudiciales (EUA), a dejarlas de lado o, en última instancia, a la capacidad que tenga la Reunión de Consulta de ejercer una coerción efectiva.
La situación de convulsión interna a la que había llegado Nicaragua, provocó que el gobierno de Venezuela solicitara el 2 de septiembre de 1978 una Reunión de Consulta, al Consejo Permanente de la OEA, de acuerdo con lo establecido en el Art. 59 de la Carta “para que considere los graves acontecimientos que ocurren en la región Centroamericana”. La Convocatoria a la XVII Reunión de Consulta fue aprobada por 23 votos a favor, uno en contra y una abstención 28. En el seno de esta Reunión de Consulta se confrontaron dos corrientes: 1) una encabezada por la mayoría de los Estados latinoamericanos que sostenían que la solución del problema nicaragüense competía exclusivamente a su pueblo, proponiendo a su vez: a) el reemplazo inmediato y definitivo del régimen somocista; b) instalación en el territorio de Nicaragua de un gobierno democrático, cuya composición incluya a los principales grupos representativos opositores al régimen de Somoza y que refleje la libre voluntad del pueblo de Nicaragua; c) garantía del respeto de los derechos humanos de todos los nicaragüenses sin excepción; d) realización de libres elecciones a la brevedad posible, que conduzcan al establecimiento de un gobierno auténticamente democrático que garantice la paz, la libertad y la justicia 29.
2) La otra corriente estaba encabezada por el gobierno de EUA, que proponía el establecimiento de un gobierno de reconciliación nacional que abarcara a todos los sectores de Nicaragua, incluyendo al somocista, creándose para ello una delegación especial de la XVII Reunión de Consulta para que prestara ayuda al pueblo nicaragüense a encontrar esa solución. Asimismo, proponía la presencia de la OEA para el mantenimiento de la paz a través de la creación de una Fuerza Interamericana 30.
El tema principal de debate fue el de la no intervención, ya que se trataba de un caso de política interna de un Estado, por lo que se planteaba dar por terminada la Reunión de Consulta. Sin embargo, en la sesión del 18 de diciembre de 1978, el delegado de Venezuela dio el motivo necesario para que se pudiera continuar con las tareas, al expresar que, para alcanzar los fines propuestos por la XVII Reunión de Consulta debía superarse la concepción estricta del principio de no intervención de manera tal que “permitiera la institucionalización de la libertad” 31. En su exposición el delegado venezolano expresó: “Es precisamente esta solidaridad pluralista del Hemisferio la que obliga a todos nuestros países a preocuparse por los problemas de los demás y a pensar que el respeto de todos los principios característicos de nuestro Continente, entre ellos el de la no intervención, no puede admitir una interpretación que nos presente como indiferentes respecto de los graves problemas que vive Nicaragua, que aún cuando sólo fuera por razones humanitarias, debemos encarar decididamente”.
En definitiva, la Resolución final fue inspirada en la propuesta andina, dejando de lado la estadounidense 32.
Este principio luego fue incorporado a Naciones Unidas y utilizado -aunque de manera peligrosa-, para intervenir en casos de crisis internas en los Estados, en los que estuvieran en peligro los derechos humanos de la población. El caso Kosovo de 1999 es un ejemplo.
Para 1981, la situación en Nicaragua volvió a ser crítica, debido a desentendimientos entre los miembros de la Junta de Gobierno.
En 1980, los conservadores habían adoptado el Documento de Santa Fe, en el que se planteaba el problema hemisférico, en términos de la oposición Este-Oeste 33. El concepto central de este documento era que las Américas estaban siendo atacadas por una potencia poderosa externa al continente, la URSS, operando con la intermediación de Cuba. Por ello, le correspondía a EUA revertir esta situación, a través del fortalecimiento de los acuerdos militares regionales, y una asistencia técnica y psicológica, a fin de preparar a los gobiernos y principalmente a las fuerzas armadas, en la lucha contra el terrorismo de izquierda.
Bajo este esquema, el gobierno norteamericano -que intentaba revivir la Doctrina Monroe y la Doctrina Truman- decidió prestar apoyo a la guerrilla antisandinista (los contras) y a la Junta salvadoreña.
La representante norteamericana en la ONU, Jeane Kirkpatrick, se encargaba de dejar en claro la posición de apoyo a los sectores duros latinoamericanos al establecer en ese foro mundial una diferencia entre los regímenes totalitarios de corte comunista, que resultaban irreformables, y los regímenes autoritarios de derecha, que podían favorecer en un momento más oportuno la salida democrática.
Contrariamente a esta posición dura, México y Francia firmaron un comunicado conjunto, demandando el reconocimiento de una representatividad a los movimientos revolucionarios salvadoreños, con vistas a una apertura del diálogo con las autoridades del gobierno. Este comunicado, al igual que la posición sostenida por el Grupo Andino en la XVII Reunión de Consulta, dejaba en claro que la posición regional se orientaba hacia la autodeterminación, en un esquema de solidaridad pluralista 34.
EUA, pese al apoyo de los gobiernos militares de América Latina, comenzó a perder presencia política en la región, así como credibilidad. Los sectores democráticos de la región centroamericana, comenzaron a recibir el apoyo y la simpatía de potencias intermedias, la CE y otros actores transnacionales, como el socialismo europeo, la social democracia y la democracia cristiana 35.
Por primera vez, luego del intento de Simón Bolívar en 1826 de conformar una unidad regional a través de un proyecto conjunto, América Latina demostraba que intentaba pergeñar su propio proyecto regional de inserción internacional, en el que, sin mostrarse enfrentada con EUA, se manifestaba dispuesta a solucionar sus problemas, bajo sus propias condiciones.
En 1983 36, debido a la situación de crisis creciente en la región centroamericana, se reunieron en la isla de Contadora, los representantes de Panamá, México, Colombia y Venezuela, pronunciándose por un arreglo negociado de los conflictos centroamericanos, sobre la base del respeto a la independencia nacional.
Nicaragua, por su parte, presentó un plan de seis puntos: 1) abandono de la ayuda externa a las partes en conflicto en El Salvador; 2) abandono de la ayuda a las fuerzas paramilitares que operan en la región; 3) prohibición de conceder bases a las potencias extranjeras y abandono de las maniobras militares comunes; 4) pacto de no agresión entre Nicaragua y Honduras; 5) no injerencia; y 6) abandono de la discriminación económica entre los países de la región.
El resto de los países centroamericanos, así como EUA, no aceptaron el plan.
1985 dejó en claro que el interés de EUA, se centró fundamentalmente en encontrar mecanismos no negociados para restablecer el orden, acorde con sus propias pautas de seguridad. La suspensión, a principios de 1985, de las conversaciones bilaterales entre EUA y Nicaragua en Manzanillo (México), que se habían inaugurado en junio de 1984 y que habían realizado ya ocho encuentros, son un indicador de esto. Expresamente aclaró el presidente Reagan, que su objetivo principal, era desalojar a los sandinistas del gobierno.
La visita realizada a Moscú por Daniel Ortega, para hablar con el recién instalado Mikjail Gorbachov, resultó un excelente justificativo para que el presidente Reagan y la línea dura norteamericana, lograran convencer al Congreso norteamericano -que hasta el momento se había manifestado remiso- que votara favorablemente una ayuda a los Contras, de 27 millones de dólares.
El Grupo de Contadora por su parte, fue reforzado por un “Grupo de Apoyo a Contadora”, conformado por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay 37 que, en definitiva, resultó una forma tímida de respaldar la vía negociada, ya que este grupo surgió a partir del temor de estos países de formar parte como miembros plenos del Grupo de Contadora 38. La causa fundamental era el temor de tomar posiciones que pusieran en peligro las negociaciones con la banca acreedora y EUA, respecto de la deuda externa. Incluso, en este último tema, la actitud original surgida del denominado “Consenso de Cartagena” 39, de adoptar estrategias conjuntas en materia de deuda, fue abandonada y, la gran mayoría de los Estados de la región, adoptó negociaciones individuales, arreglando de alguna manera bilateralmente su situación, salvo el caso Perú con el presidente Alan García, que mantuvo una posición dura al plantear el interés de pagar la deuda pero sólo en un diez porciento (10%) de los ingresos por exportación, a fin de destinar el resto para el desarrollo del país, pero fue aislado por el resto de los países y también por el FMI, a tal punto que debió modificar su actitud posteriormente.
La propuesta por parte del gobierno norteamericano del Plan Baker, en el que se contemplaba el tratamiento político de la deuda -aunque en forma bilateral y con montos de ayuda insuficientes- y se aceptaba la corresponsabilidad entre acreedores y deudores, era un indicador de la grave situación internacional, pero también de que América Latina había perdido la delantera en el tratamiento del problema y la “contraestrategia” planteada por EUA frente a la tímida -e inoperante- iniciativa propuesta en el Consenso de Cartagena -y Reuniones posteriores- coartaba la posibilidad de presiones por parte de los latinoamericanos y los mantenía fragmentados.
En noviembre de 1985, se reunieron los representantes de Contadora y Apoyo en Caravalleda (Venezuela) y adoptaron un documento, cuyos puntos principales eran: 1) cese del apoyo externo; 2) solución negociada de los conflictos internos; 3) creación de un Parlamento Centroamericano; 4) autodeterminación democrática, integridad territorial y no injerencia. En esta Reunión surgió el paradigma de relacionamiento hemisférico concebido por los latinoamericanos Paz y Democracia como pilares de la Seguridad.
América Latina comenzaba a crecer en su iniciativa “bolivarista”, pero aún carecía de un proyecto concreto, coherente y uniforme de inserción y acción internacional. No obstante ello se comenzaban a suceder aceleradamente nuevas situaciones, entre ellas, la iniciación de procesos democráticos, o por lo menos, la finalización de procesos autoritarios.
Dentro de este marco, en febrero de 1986 cayó en Haití una dictadura que había gobernado por décadas: la de Baby Doc Duvallier. Asumió el gobierno una Junta Militar.
A principios de ese año, el gobierno norteamericano planteó el nuevo paradigma de relacionamiento hemisférico concebido por EUA: democracia y seguridad. La democracia (controlada, evidentemente) contribuye más a la estabilidad del hemisferio, desde la nueva percepción norteamericana, que los gobiernos militares, especialmente si éstos adoptaban posturas nacionalistas.
Durante todo el año, Contadora y su Grupo de Apoyo presentaron diversos proyectos de paz, de la misma manera que fueron presentados algunos proyectos por países centroamericanos en forma individual, entre ellos, el mismo gobierno sandinista. Sin embargo, el eco que recibieron por parte del gobierno norteamericano fue el pedido de aprobación al Senado de 100 millones de dólares de ayuda para la “contra”. EUA gastó entre 1981 y 1986, 627 millones de dólares en la construcción de bases y envío de equipo militar a Honduras.
En el mes de mayo de 1985, el gobierno de Guatemala convocó a la primera reunión en Esquípulas -Esquípulas I- en la que, entre otras propuestas de paz, se sugería la creación de una Parlamento Centroamericano. Nicaragua, por su parte, propuso: a) la disminución del armamento a niveles necesarios para la defensa; b) la no realización de nuevas maniobras militares en la zona; y c) la suspensión por parte de EUA del apoyo a la “contra”. En el mes de julio el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) conjuntamente con el Frente Democrático Revolucionario (FDR) propusieron al gobierno de El Salvador un plan de paz: 1) cese del fuego; 2) participar en las elecciones luego de la formación de un gobierno de transición; 3) participación de todos los sectores en la actividad política; 4) reforma constitucional. En el mes de noviembre, Contadora hizo una nueva propuesta para la pacificación en Centroamérica: 1) el derecho de los pueblos de elegir su sistema político, económico y social; 2) la solución global, integral y negociada del problema centroamericano; 3) la abstención por todas las partes de ejercer presiones militares. Sin embargo, las propuestas, en la medida en que fueron presentadas, perdieron posibilidad de implementación, fundamentalmente por la actitud intransigente del gobierno conservador norteamericano.
El problema en Nicaragua recién se resolvió en 1990, al menos para los intereses de EUA, cuando el sandinismo perdió las elecciones frente a Violeta Chamorro, apoyada por EUA, lo que significó que este país “desmovilizara” a la “contra”, pero no cumpliera nunca con la promesa hecha a la nueva presidenta de darle créditos por el equivalente de lo que antes le otorgaba a la “contra”.
Desde los primeros meses de 1982, ya circulaban rumores sobre la posibilidad de recuperación de las Islas por la vía militar 40; sin embargo, su ocupación por fuerzas argentinas el 2 de abril, resultó una sorpresa, no sólo para la comunidad internacional sino también para los argentinos.
La Junta Militar argentina deseaba demostrar al mundo que era capaz de tomar decisiones soberanas, pero no previó la reacción británica, así como tampoco el comportamiento de la CE ni el de EUA, tanto en el seno del TIAR como respecto de Gran Bretaña, durante los acontecimientos bélicos que se iniciaron en el mes de mayo 41. Incluso, no previó la posible reacción soviética en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU respecto de la Resolución 502/82 del 3 de abril 42 -propuesta por el mismo gobierno británico- ya que se esperaba su veto, en cierta medida, debido a las buenas relaciones existentes por la actitud de abstención adoptada por Argentina durante el “boicot cerealero” decretado por el gobierno de James Carter. No obstante ello, la URSS se abstuvo, y la imprevisión argentina fue la de no pensar que para la URSS éste era, en primer lugar, un conflicto netamente occidental, a la vez que, la superpotencia oriental, sólo se beneficiaba cuando existía un conflicto y no cuando no lo había.
La inminencia de un ataque armado por una potencia extracontinental -Gran Bretaña-, que ponía en peligro, no sólo la seguridad argentina, sino también la de América Latina, motivó el pedido a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, de acuerdo con los artículos 6 y 13 del TIAR. La reacción fue muy auspiciosa, ya que la convocatoria fue aprobada por 18 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones: EUA, Colombia y Trinidad y Tobago. En un principio se pensó que la actitud abstencionista de EUA estaba motivada fundamentalmente por la mediación que el Secretario de Estado Alexander Haig realizaba desde los primeros días del mes de abril entre Argentina y Gran Bretaña; sin embargo, su comportamiento durante las sesiones de la XX Reunión de Consulta y a partir del inicio de los acontecimientos bélicos, demostró lo contrario.
A excepción de Chile, Colombia, Trinidad y Tobago y EUA, la reacción del resto de los países fue totalmente favorable y de apoyo a la posición argentina. Esta vez, por primera vez en la historia del Sistema Interamericano, los latinoamericanos estaban más interesados que EUA en la aplicación de la Doctrina Monroe -por supuesto, según la acepción original de la Doctrina y no según la aplicación que le dio EUA, especialmente desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, donde intervino directa o indirectamente con el objeto de establecer un orden en función de sus intereses económicos y de seguridad 43-, sin embargo no lo lograron, debido a la oposición de este país que estaba interesado en la solución del conflicto a través de la Resolución 502/82 44.
Si bien en este caso se demostró la fortaleza de la región a través de su posición conjunta, también quedó demostrado que los mecanismos del TIAR funcionaban cuando EUA se lo proponía y dejaban de hacerlo bajo las mismas condiciones.
La Resolución adoptada en el seno de la Reunión, fue importante desde el punto de vista en que se reconocieron los derechos de soberanía de Argentina sobre las Malvinas -aunque no se dice nada sobre las Georgias y las Sandwich del Sur-, pero totalmente inocua desde el punto de vista de los objetivos de la convocatoria de la Reunión, ya que no se pudo poner en marcha ninguno de los mecanismos contemplados en el artículo 8vo del TIAR: romper relaciones consulares, romper relaciones diplomáticas, e incluso declarar la guerra, en este caso por parte de América Latina a EUA.
La mediación de Haig había fracasado; no se habían podido poner en funcionamiento los mecanismos del TIAR; EUA se volcaba abiertamente en favor de Gran Bretaña y se iniciaba una mediación por parte del Secretario General de la ONU, como alternativa, por la falta de acción concreta del Consejo de Seguridad para el logro del cese de hostilidades ya que EUA y Gran Bretaña buscaron por todos los medios la postergación de la Reunión a fin de tener vía libre para las acciones bélicas 45. De todas formas, la mediación del Secretario General fracasó ya que no pudo lograr establecer puntos de coincidencia entre las partes, por lo que se decidió delegar la responsabilidad nuevamente en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, volvió a reenviárselo al Secretario General mediante la Resolución 505/82 por la que se solicitaba que reanudara los esfuerzos mediadores tendientes a lograr un cese de las hostilidades teniendo presente la Resolución 502/82. Para esta nueva tarea, le otorgaron 7 días a fin de que presentara un informe acerca de los avances de su mediación. Pero nuevamente los resultados fueron totalmente nulos 46.
A esta altura de los acontecimientos la Argentina solicitó que la Reunión de Consulta reanudara sus sesiones a fin de lograr una Resolución que le permitiera una acción efectiva, si fuera posible poniendo en funcionamiento los mecanismos del Art. 8vo del TIAR. El 29 de mayo, el Plenario de Cancilleres adoptó la Resolución II de la XX Reunión de Consulta, pero lamentablemente, pese a la casi unanimidad expresada en la votación, nuevamente se adoptó un instrumento inocuo. En primer lugar, y aunque el delegado venezolano expresó que había que llegar hasta las últimas instancias -lo que significaba poner en funcionamiento los mecanismos del Art. 8vo del TIAR, aunque dejando librado a cada país la decisión de actuar- no se pudo hacer una referencia concreta en ese sentido. Simplemente se acordó “solicitar a los Estados parte del TIAR que presten a la Argentina el apoyo que cada cual considere apropiado para asistirla ante esta grave situación y que se abstengan de cualquier acto que pudiera perjudicar ese objetivo. Si fuera el caso, dicho apoyo podrá adoptarse con la coordinación adecuada” 47. En los demás aspectos, la Resolución se acercó más a una expresión de deseos que a una posición firme por parte de los Estados de la región frente a los hechos vinculados al conflicto: se deplora la actitud del Reino Unido por haber conducido a la frustración de la mediación del Secretario General de la ONU; se expresa la convicción de que es indispensable lograr una solución pacífica y honorable del conflicto bajo los auspicios de la ONU; se insta al gobierno de EUA a que disponga de inmediato el levantamiento de las medidas coercitivas aplicadas a la Argentina y se abstenga de prestar asistencia material al Reino Unido; se insta a los miembros de la CEE a levantar las medidas coercitivas de carácter económico a la Argentina 48.
Es evidente que no se tomaron medidas concretas, del mismo modo que la Resolución reflejó cuáles eran las verdaderas posibilidades de los Estados latinoamericanos de adoptarlas. La carencia de un proyecto político latinoamericano previo, además de la ausencia de una clara inserción regional conjunta que reflejara sus aspiraciones autonómicas, restó fuerza suficiente a América Latina para adoptar medidas concretas 49.
El gobierno argentino volvió a reiterar sus esfuerzos dentro del Movimiento de Países No Alineados, en el que desde 1976, había adoptado una posición totalmente pasiva e incluso de negación de la no alineación. Para poder ganar su aprobación y apoyo, el Canciller argentino, Costa Méndez, debió hacer concesiones en su discurso sobre temas en los que durante todo el proceso iniciado en 1976 hubo una clara posición en contrario. Sin embargo era necesario, para “ablandar” las posiciones duras de ciertos países como Jamaica, Guyana y Trinidad y Tobago, y la de algunos países de Asia y Africa, que aunque no planteaban dudas acerca de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, sí la tenían respecto de una condena clara a Gran Bretaña 50.
La Resolución obtenida fue de claro apoyo a la Argentina, deplorándose la actitud de Gran Bretaña y de EUA como país sostén de aquélla. Se reiteró la necesidad de respetar plenamente los principios de los No Alineados: lucha contra el colonialismo, el neocolonialismo y la oposición a toda forma de dominación extranjera. Pero, en última instancia, se hizo un llamado para el cese de hostilidades de acuerdo con la Resolución 502/82 y la 505/82 del Consejo de Seguridad de la ONU “en su totalidad”, como camino a seguir para la solución del conflicto 51.
Las posibilidades para la Argentina de llevar el tema a la Asamblea General de la ONU, a fin de lograr una Resolución que sacara al tema del conflicto de la situación de estancamiento en que se encontraba en el Consejo de Seguridad, no eran muy claras, especialmente si los No Alineados -grupo mayoritario dentro de la Asamblea General- hacían votos para que se arreglaran las cosas de acuerdo con las Resoluciones del Consejo de Seguridad, aunque, por cierto, consideradas “en su totalidad”, lo que significaba, contemplando también el retiro de las tropas británicas, no sólo las de Argentina.
Las últimas esperanzas para lograr un cese del fuego -con el que Gran Bretaña no estaba de acuerdo, ya que tenía grandes ventajas militares a esta altura de los acontecimientos, pese a la resistencia de las fuerzas argentinas- se fincaban otra vez en lograr una nueva Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, tratando de llegar al punto de aislar a Gran Bretaña dentro de la comunidad internacional a través de su veto, consiguiendo la votación afirmativa del resto de los miembros.
Sin embargo, la gran sorpresa fue que, pese a que la Resolución: 1) solicitaba un cese del fuego inmediato y la implementación de las Resoluciones 502/82 y 505/82 en su totalidad; 2) autorizaba al Secretario General de la ONU para verificar el cumplimiento de la Resolución; y 3) solicitaba al Secretario General que presentara un informe interino ante el Consejo de Seguridad dentro de las 72 horas, y lo mantuviera informado sobre la implementación de la Resolución; fue vetada no sólo por Gran Bretaña sino también por EUA, aunque la delegada norteamericana -Jeane Kirkpatrick- pidió al Presidente del Consejo que quedara constancia de que su gobierno deseaba a último momento cambiar su veto por una abstención 52.
En los '90, los cambios en el sistema mundial se aceleraron. En el eje estratégico-militar, el conflicto Este-Oeste dejó de ser relevante, planteándose problemas vinculados a las tensiones provocadas por países del Tercer Mundo que pusieran en tela de juicio la capacidad de establecer reglas del juego por parte de las potencias hegemónicas.
La situación provocada por Irak -no sólo en el marco del Medio Oriente, sino global- al invadir Kuwait en agosto de 1990, dejó de manifiesto elementos que se arrastraban del “viejo orden” y ciertas características que asomaban del “nuevo”.
Dentro del marco del viejo orden, existen ciertos elementos que pretenden coexistir con la “guerra fría”. En el marco del nuevo orden que se gesta, existen elementos vinculados fundamentalmente al “eje económico”, que “monopolizó” los conflictos en más, al menos hasta el 11 de septiembre del 2001.
Los países del bloque oriental comenzaron -nacionalismos de por medio 53- un proceso de “atomización” que no pudo ser contenido por las autoridades soviéticas, a pesar de las intenciones de Gorbachov de establecer una “Federación” soviética. En esto también tuvo que ver Boris Yeltsin, presidente de Rusia.
En Polonia ganó la oposición, bajo el apoyo y la presión de la iglesia católica; en Hungría ganó el comunismo opositor; en Yugoslavia se dio un proceso de desintegración del país; las “dos Alemanias” -cuya unificación a principios de los '90 parecía una utopía- se unieron en septiembre de 1990 y, pese a los graves problemas económicos que implicó ese proceso, se convirtió en una de las grandes potencias económicas, no sólo de Europa, sino del mundo.
El eje político es el que está acusando recibo de todos los grandes cambios, ya que se trata del “eje planificador”. Pero, aún no ha tenido la capacidad de establecer las nuevas reglas del juego del nuevo sistema mundial. En el eje estratégico-militar, se desarrollan conflictos, pero no ideológicos, sino por problemáticas fundamentalmente vinculadas al eje económico o a situaciones de carácter étnico-religioso. Los conflictos dejan de ser inter-estatales, para ser predominantemente intranacionales, por motivos étnicos o religiosos o transnacionales, tales como problemas vinculados al narcotráfico y al terrorismo.
Donde se generaron los grandes acontecimientos -cambios y gestación de nuevas pautas- fue en el eje económico.
EUA dejó de tener el monopolio del manejo mundial, fundamentalmente económico. Competidores como la CE, luego UE -en la que Alemania unificada juega un papel muy importante-, Japón y varios otros países del sudeste asiático, resultan demasiado poderosos para que EUA continuara monopolizando las reglas del sistema.
Esta es la causa principal, por la que abandonó su tradicional “aislacionismo hegemónico” y se orientó a la conformación de conglomerados regionales, con Canadá primero, luego proponiéndole a México su ingreso al NAFTA/TLCAN, para completar el juego con la “Iniciativa para las Américas” planteado por George Bush.
En última instancia, quedó en claro que, a EUA le cabía nuevamente el papel de “potencia hemisférica”, ya que perdió el puesto de potencia mundial global al tener que operar con competidores bis a bis como Europa y Asia. Ese es el motivo principal -a mi criterio- por el que Bush lanzó su iniciativa e hizo una gira personalmente a fines de 1990 -cien años después de la Primera Conferencia Panamericana donde EUA había propuesto la creación de una Unión Aduanera-, para explicarla y promoverla. La Iniciativa para las Américas se basó en dos problemáticas: a) una externa, que tenía que ver con la pérdida de los “socios europeos” que se “cerraron” en su propio proceso integracionista compitiendo con EUA, al igual que Japón y los Nic's asiáticos; por lo tanto se volcó hacia el marco hemisférico tratando de ganar y controlar un mercado importante, pero estableciendo sus propias reglas (Iniciativa). b) La otra, interna, que siguió en cierta medida el criterio avalado por economistas como Peter Drucker, que plantean que para solucionar los problemas económicos de déficit comercial, no lo puede hacer con Japón y los Nic's Asiáticos ni con la CE, sino tratando de vender a América Latina, particularmente bienes de capital.
Además, procuró solucionar los problemas de seguridad; esta vez, no como los que se planteaba según los criterios de la guerra fría, sino vinculados a problemáticas como el narcotráfico, el medio ambiente, la subversión y el terrorismo, y las crisis sociales provocadas por crisis económicas hiper-inflacionarias, al estilo “caracaso”.
Con el comunismo como hipótesis de conflicto, las agencias gubernamentales norteamericanas se asociaban con las corporaciones militares latinoamericanas para erradicarlo. Pero cuando el narcotráfico ocupó el centro de las preocupaciones de EUA, las fuerzas armadas latinoamericanas -en modo especial los ejércitos- experimentaron una “devaluación política” ya que el combate del narcotráfico puede realizarse con grupos policiales especializados. Además, experiencias como las de Malvinas (1982) y del Gral. Manuel A. Noriega (1989), confirmaron en el “establishment” de EUA la percepción de que los militares latinoamericanos dejaban de ser confiables.
Así como bajo la hipótesis del “peligro comunista”, la alianza con las corporaciones militares era prioritaria para EUA, bajo la hipótesis de amenaza del narcotráfico (y de la deuda externa; por ejemplo, extensión de los “caracasos”) la alianza prioritaria fue con las corporaciones económicas privadas para recrear un escenario de libertad de mercados a través de la inversión privada (no de la ayuda de Estado a Estado), de reducción de deuda (?) y de la creación de una Zona de Libre Comercio.
REVERSION DEL LATINOAMERICANISMO: NUEVA FRAGMENTACION
Para 1989, el gobierno de EUA conjuntamente con funcionarios del FMI y el BM, adoptaron una nueva política para el hemisferio, el “Consenso de Washington” 54, donde se establecieron las pautas del neoliberalismo. Se trataba de la implementación de las pautas económicas post Reykiavik y también coincidentes con nuevos fenómenos mundiales como la caída del Muro de Berlín.
Los gobiernos que asumieron a partir de 1989, comenzaron a implementar las pautas del Consenso, desarticulando a los Estados y poniendo a sus economías a merced del sector privado transnacional.
Los proyectos conjuntos que se pudieron encarar en la región hasta esta etapa, comenzaron a debilitarse y desarticularse.
Para 1991, se produce una gran transformación en el sistema global, provocada por la desintegración de la URSS dando lugar al fin del sistema bipolar y el inicio de la “globalización económica”.
América Latina tuvo, no sólo un vuelco hacia la democracia, sino que a fines de la década de los ’80 comenzó una etapa de gobiernos civiles, sin que se dieran interrupciones institucionales de carácter militar. No obstante ello, sus dirigentes, ahora civiles, estuvieron más preocupados por ser funcionales a los intereses económicos del denominado “primer mundo” y compartir el privilegio de “establecer pautas del orden mundial”, particularmente junto a EUA; sea enviando tropas al Golfo por el conflicto provocado por Irak al invadir Kuwait 55, a Bosnia, adoptando la Iniciativa para las Américas de Bush, como una especie de puerta de acceso a las “inversiones norteamericanas”, recurriendo a la intermediación de EUA en el contexto de la negociación de la deuda externa, o ingresando al NAFTA/TLCAN, que de establecer criterios conjuntos para hacer que la región pueda insertarse de mejor manera en un contexto mundial en cambio dinámico y, hacia el interior, alcanzar niveles de desarrollo económico-social razonables.
En última instancia, organismos como el Grupo de los Ocho, perdieron vigencia y fuerza, y la América Latina de los nuevos gobiernos civiles 56, retornó a las viejas épocas de subordinación a las pautas establecidas por la potencia hegemónica 57.
Todos siguieron las pautas establecidas por el FMI y el Banco Mundial, en lo que hace a la reforma del Estado 58, pero sin tener un plan o un proyecto de país, aun menos de región.
El conflicto del Golfo o el de la ex-Yugoslavia, parecieran ser más relevantes que los de Centroamérica o el Caribe, para los gobiernos latinoamericanos 59.
EUA pareció ser la única alternativa frente a los cambios dinámicos que se dieron en el sistema mundial y, potencias emergentes como Japón o la CE, luego UE, no fueron valoradas como posibles “aliadas” alternativas en una inserción que permitiera “diversificar la dependencia” con perspectivas de alcanzar en el mediano y largo plazo una mayor autonomía.
La comunidad intelectual -o pseudo intelectual- y la prensa, que en este último caso, domina los canales de acceso a la información y al “razonamiento” sobre lo que pasa en la realidad, aún continúa operando a partir de parámetros extra-regionales, desvalorizando los criterios o no contribuyendo a que surjan alternativas de desarrollo e inserción mundial desde la región.
En lo que hace a las expectativas del futuro orden mundial, la élite dirigente y la pensante, ha estado más atenta a lo que EUA hace o proyecta, que a generar pautas propias.
Los cambios profundos que se han dado en los '80, particularmente post-Reikjavick, prometieron mejores perspectivas para los países de la región, pero su dirigencia no supo aprovecharlas. En un mundo global, las posibilidades para los países de América Latina, son globales, aunque su dirigencia opera como si en ese mundo sólo hubiera un actor: EUA.
El sector privado “transnacional” ha logrado un gran predominio de las relaciones mundiales, favorecido por la finalización de la pugna Este-Oeste y la desintegración del sistema bipolar basado en la “guerra fría”; quedando también América Latina sumergida bajo la influencia de estos actores; lo que permite entender por qué resultan bienvenidos los gobiernos civiles que sean “funcionales” a los cambios estructurales en el Estado y que favorezcan “privatizaciones”, y no los gobiernos militares.
A partir de 1985, el nuevo paradigma de relacionamiento hemisférico planteado por EUA, pasó a ser democracia y desarrollo; siendo la democracia “cooptada”, ya que se consideró funcional a aquellos gobiernos, no sólo que accedieran mediante elecciones, sino también que siguieran ciertos criterios planteados en el Consenso de Washington de 1989, caso contrario, son marginados o presionados.
La falta de un orden estable; la decadencia del sistema bipolar; el predominio de factores económico-comerciales-financieros-tecnológicos, por sobre los estratégico-militares -al menos en la etapa 1991-11 de septiembre del 2001-; el desplazamiento y difusión del poder mundial hacia otros Estados como Japón y los Nic's asiáticos y los países europeos centrados en Alemania unificada, junto a actores transnacionales, como la banca, principalmente y empresas de servicios, que también tuvieron que ver -con independencia de la dirigencia de los principales Estados- en la re-configuración del orden mundial, y otros factores, han contribuido a que América Latina haya perdido de pronto el impulso hacia una mayor convergencia, en la que manejara sus problemas y conflictos, con criterios regionales, ingresando en una etapa poco favorable -particularmente por incapacidad de su dirigencia- para su orientación hacia una mayor autonomía de desempeño.
Con la desintegración del sistema bipolar y la carencia de un orden estable, los Estados, aún los poderosos como EUA, Japón o Alemania pugnan por imponer reglas básicas que los beneficien en los distintos sectores que abarcan las relaciones internacionales, pero con poco éxito.
Hay otros actores relevantes, que ya se venían contabilizando como tales desde décadas anteriores, que son los “transnacionales”; no obstante ello, recién ahora se observa su real poder generador de pautas de orden, especialmente en el caso de la banca privada transnacional respecto del flujo financiero, la deuda, las inversiones; los fondos de pensión, los fondos de seguro; y otros actores transnacionales sin fines de lucro, como las ONG’s vinculadas a temas como derechos humanos, medio ambiente, etc. 60.
Estas nuevas situaciones, fueron acompañadas de fenómenos tales como la reestructuración del Estado, el predominio del sector privado en el desarrollo de las principales actividades que anteriormente se consideraban como exclusivas e incluso excluyentes del Estado, llegándose a un proceso de privatizaciones, en gobiernos que en décadas anteriores habían adoptado conductas “nacionalizantes”.
Los grandes cambios que se gestaron en el sistema mundial, acompañados por una alta incidencia de la productividad basada en el desarrollo tecnológico y en el ingreso al capitalismo mundial de la mano de obra barata asiática -400 millones de chinos cobrando un promedio de 370 dólares anuales- provocaron una ola de desocupación en todo el mundo, incluyendo el industrializado, que generó importantes conflictos sociales que vinieron en reemplazo, junto al narcotráfico y los nacionalismos, de la vieja guerra fría.
Todos estos fenómenos retomaron a una América Latina desarticulada e incapaz de adoptar decisiones propias, sea en el nivel individual, como en el regional. Su destino se comenzó a tejer alrededor de las superestructuras geo-económico-comerciales lideradas, en el caso americano, por EUA en el marco del NAFTA/TLCAN y la creación de un ALCA, que trata de afrontar y enfrentar a otras superestructuras como la UE y Japón junto a los Nic's asiáticos.
En última instancia, la etapa, que había asomado como la posibilidad de una mejor inserción de América Latina en el contexto mundial con características más “autonómicas”, llegó a su fin, en forma inconclusa y sin posibilidades futuras.
TENDENCIAS DE ORDEN MUNDIAL
Con la finalización del sistema bipolar, se han generado dos “mega-proyectos de orden mundial”: 1) uno liderado por los países de la actual UE, de expansión hacia el Este, incorporando países de la ex URSS a su modelo económico-social-industrial y tecnológico de desarrollo, y también orientándose hacia otras áreas, particularmente América Latina; 2) liderado por EUA, atendiendo a sus ventajas comparativas y competitivas, exclusivas y excluyentes en el eje estratégico-militar, de expansión hacia el Este a través de la ampliación de la OTAN, incorporando a ex miembros de la URSS, con el objeto de evitar la reedición de ésta, a la vez que procurando marginar a Rusia y evitar que surjan otros competidores mundiales.
En un mundo en el que la hipótesis de conflicto más significativa: el comunismo soviético, había desaparecido, y cuya agenda global giraba alrededor de temas económicos: deuda externa, nuevos procesos industriales, transnacionalismo, pobreza, desempleo, inversiones, etc., resultaba absurdo mantener en vigencia a una alianza permanente cuyo objetivo es la seguridad colectiva, como la OTAN.
No cabe duda que EUA no quería operar en el eje económico, porque se veía obligado a negociar, en algunos casos, en inferioridad de condiciones, con los otros actores relevantes: la UE y Japón y los Nic’s asiáticos, por lo que orientó las políticas manejándose en el eje estratégico-militar, donde tenía control absoluto.
Durante los 10 años entre 1991, desintegración de la URSS y fin del bipolarismo y el 2001, llevó a cabo actividades como “policía mundial”, especialmente los casos Irak de 1991 y el caso Kosovo de 1999. No obstante, los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, le dieron al gobierno norteamericano la posibilidad de volcar las tendencias mundiales, de una agenda dominante en el eje económico, hacia el eje estratégico-militar, subordinando toda posibilidad del resto de los actores, como la UE y el mundo asiático, de participar en la generación de pautas de orden.
A partir de ese momento, con los casos Afganistán (2002) y el caso Irak (2003), EUA comenzó el camino hacia la construcción imperial.
A partir del Consenso de Washington de 1989, los gobiernos de América Latina entraron en una etapa de desarticulación.
Los Estados comenzaron a minimizarse y a cumplir un rol más activo el sector privado, especialmente el transnacional. Los procesos integrativos, como el MERCOSUR se orientaron fundamentalmente a la liberación del comercio, pero no a generar una “alianza estratégica” que permita maximizar la capacidad negociadora en el contexto mundial. El Pacto Andino, que procuraba lograr objetivos de desarrollo para los países de esa región, fue debilitado por la salida del gobierno dictatorial de Chile en 1976, a partir de una conducta neoliberal y anti-integracionista y para 1993, luego de constantes avatares, dados por diferentes gobiernos que discontinuaron las políticas, impidiendo llevar a cabo progresivamente el objetivo original, fue reemplazado en 1993 por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), orientándose a los objetivos establecidos por la OMC de liberación del comercio, pero abandonando el original, de desarrollo y despegue de las economías.
Finalizado el conflicto Este-Oeste, EUA impuso nuevas hipótesis de conflicto en la región: narcotráfico y terrorismo, cooptando la agenda del Grupo de Río, aun no siendo miembro, provocando que las prioridades de los países de América Latina: deuda externa, desempleo, desindustrialización, pobreza, subdesarrollo, pasen a segundos lugares.
A las situaciones de conflicto en la región, especialmente el problema de Colombia con el narcotráfico y la guerrilla, EUA se encargó de militarizar el proceso de resolución, a partir del Plan Colombia, mientras que América Latina carece de un Plan Colombia propio que permita resolver conflictos como éste, con metodologías propias.
El último elemento de control y desintegración que trae EUA a la región es el ALCA, que provocará que América Latina se transforme un una “factoría” barata para los intereses empresariales de EUA, al estilo de lo que es México dentro del NAFTA/TLCAN; más allá de que los sectores neoliberales dominantes en América Latina están ansiosos porque el ALCA entre pronto en funcionamiento.
La sociedad civil, al ver que los Estados -sus gobiernos- han dejado de representarlos, para actuar de acuerdo a las pautas del Consenso de Washington y seguir los lineamientos establecidos por empresas, calificadoras de riesgo y banca, ha comenzado a manifestarse de diferente manera, generando situaciones de conflictiva social, que han sido vistas por los gobiernos como problemas de “gobernabilidad”, en vez de percibir que deben cambiar sus modelos de desarrollo y de inserción global. La “gobernabilidad” ha sido conectada con la represión de las manifestaciones, más que con la satisfacción de las demandas.
Más allá de una etapa de una década en la que América Latina a través de mecanismos como Contadora, Apoyo y el Grupo de Río, logró objetivos de resolución de conflictos con metodologías latinoamericanas, planteándose además otros, tales como establecer mecanismos de consulta en el más alto nivel político, apuntalar los procesos integrativos, desarrollar procesos tecnológicos conjuntos, etc., el saldo final es que los gobiernos de la región no han comprendido el significado de la importancia de la convergencia de sus políticas exteriores, de defensa y la adopción de mecanismos de resolución pacífica de los conflictos.
Continúan dejando en manos de EUA el desarrollo económico y también la defensa regional. De esta manera, América Latina está lejos de alcanzar objetivos mínimos de inserción internacional como actor significativo, al menos en el corto y mediano plazo.
© DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, Hacia un Consenso Latinoamericano de Resolución de Conflictos. Defensa de la Negociación, Publicado en Isabel Stanganelli (et al) Compiladora, “Seguridad y Defensa en el Cono Sur”, (Mendoza, Argentina, Caviar Bleu, 2004), ISBN: 987-95418-8-X, Capítulo XII, págs. 395-460.
1 Ver Matos Ochoa, Sergio, El Panamericanismo a la Luz del Derecho Internacional, (Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1980), pág. 154.
2 Ibídem, págs. 155-156. Sobre el tema de la seguridad nacional, ver Barros, Alexandre S.C., The Diplomacy of National Security: South American International Relations in a Defrosting World, en Hellman, Ronald y Rosenbaum, John (Editores), “Latin America: The Search for a New International Role”, (New York, John Wiley and Sons, 1975), Vol. I, especialmente págs. 136-137.
3 Según declaraciones públicas del propio ex presidente Arturo Frondizi en 1991.
4 Ver Connell-Smith, Gordon, Los Estados Unidos y la América Latina, (México, FCE, 1977), pág. 257. Idem, Connell-Smith, Gordon, El Sistema Interamericano, (México, FCE, 1971), pág. 42. Asimismo, Sánchez, Walter, Relaciones Internacionales de América Latina: Marginalidad y Autonomía, en “Estudios Internacionales”, Vol. XIV, No 55, Septiembre 1981, págs. 342-343. El tema de la coexistencia ha sido analizado por mi con anterioridad, en la Problemática del Orden, en Dallanegra Pedraza, Luis (et al), “Geopolítica y Relaciones Internacionales”, (Buenos Aires, Pleamar, 1981), págs. 16 y ss.
5 Series sobre Conferencias y Organismos No 12, (Washington D.C., 1951).
6 Ver Dozer, Ronald M., Are We Good Neighbors: Three Decades of Interamerican Relations 1931-1960, (Gainsville, 1959), pág. 116. También, Fitch, John S., Consecuencias Políticas de la Ayuda Militar Estadounidense a América Latina, en Cuadernos Semestrales, No IV, 1978, pág. 168. Asimismo, Schmitter, Philippe C., (Editor), Military Rule in Latin-America, (Beverly Hills, 1973), págs. 139-244.
7 Aquí queda bien en claro y explícito que el paradigma de relacionamiento de EUA con el hemisferio era seguridad y desarrollo.
8 Serie sobre Conferencias y Organismos No 12, Actas y Documentos, (Washington D.C., 1951), Doc. No 85, págs. 135-137.
9 Ibídem, págs. 142-143.
10 Ibídem, Doc. 86, pág. 152.
11 Ver Castañeda, Jorge, México y el Orden Internacional (México, El Colegio de México, 1956), pág. 138 y ss. También Puig, Juan Carlos, Derecho de la Comunidad Internacional, (Buenos Aires, Depalma, 1974), Vol. I, Parte General, págs. 82-87.
12 Bajo el gobierno de Fulgencio Batista.
13 Ver Bandeira, Moniz, Presença dos Estados Unidos no Brasil: Dois Séculos de Historia, (Río de Janeiro, Civilizaçâo Brasileira, 1978), pág. 327. La Escuela de Contrainsurgencia de Estados Unidos en Fort Gulick en la Zona del Canal en Panamá, fue inaugurada en 1949 y para diciembre de 1976 había formado más de 18.500 oficiales latinoamericanos en contrainsurgencia. Ver Connell-Smith, Gordon, El Sistema..., op. cit., pág. 264 y Nota 6-2.
14 Ver Documentos, Revista de Información Política, (Caracas, Univ. Central de Venezuela), Abril-Junio de 1967, No 29, pág. 53. En este número está transcripto integramente el discurso de Onganía.
15 Ver Documentos, Revista de..., op. cit., Abril-Junio de 1967, No 29, págs. 60-62. En este número está íntegramente transcripto el discurso del Presidente Frei. Ver también Selser, Gregorio, Alianza Para el Progreso: La Mal Nacida, (Buenos Aires, Edic. Iguazú, 1964).
16 Ver Documentos, Revista de..., op. cit., Abril-Junio de 1967, No 29, págs. 56-57.
17 Ver Documentos, Revista de..., op. cit., Abril-Junio de 1967, No 29, pág. 64.
18 Ver Tomassini, Luciano, Tendencias Favorables o Adversas a la Formación Regional Latinoamericana, en “Estudios Internacionales”, 1975, Vol. VIII, No 9, págs. 29-30.
19 Ver Documentos, “Revista de Información Política”, (Caracas, Univ. Central de Venezuela), julio-septiembre 1973, No 54, págs. 169-179. En este número está integramente transcripto el discurso del General Carcagno.
20 Este era el caso particular de las fuerzas norteamericanas en la Zona del Canal de Panamá.
21 Este fue el caso de Honduras que permitió la presencia de bases militares norteamericanas y “contras” para atacar a la Nicaragua gobernada por el sandinismo.
22 No obstante ello, para 1983, con la crisis de la deuda externa, este tema no sólo no fue esgrimido, sino totalmente olvidado. Paradójicamente se planteó la necesidad de instrumentos como la “seguridad económica colectiva”.
23 Secretaría General de la OEA, Serie sobre Tratados No 46, Protocolo de Reformas al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), OEA/Ser.A/I.Add.(SEPF), Washington D.C., (Inglés).
24 Algunas de las reservas plantearon: Guatemala: “Al firmar el presente Protocolo, Guatemala reitera la reserva que hizo al ratificar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que dice: ‘El presente Tratado no constituye impedimento alguno para que Guatemala pueda hacer valer sus derechos sobre el territorio guatemalteco de Belice, por los medios que estime más conveniente; Tratado que, en cualquier tiempo, podrá ser invocado por la República con respecto al mencionado territorio’”. Declaración de México: “1. La Delegación de México reitera su convicción de que al trazarse la zona de seguridad descripta en el artículo 4to, debió haberse eliminado, hasta donde ello era posible, la superposición de regiones protegidas por otros instrumentos internacionales que han contado con la aprobación expresa o tácita de la Organización de las Naciones Unidas. 2. La Delegación de México continúa considerando que, salvo el caso de legítima defensa, las medidas colectivas a que se refiere el artículo 8vo no podrán ser aplicadas en forma obligatoria, dado su carácter coercitivo, sin la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. Reserva de Estados Unidos: “Estados Unidos, al firmar este Protocolo de Enmiendas al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, no acepta la obligación o el compromiso de negociar, firmar o ratificar ningún tratado o convención en materia de seguridad económica colectiva”.
25 Ver OEA, Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, (Buenos Aires, 15 al 27 de febrero de 1967), OEA/Ser. E/XIV.1 (Español). Serie sobre Tratados y Convenciones Interamericanos No 46, (Washington DC), OEA/Ser.A/1 Add. (Español). DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, Cooperación Jurídica en el Ámbito Interamericano, en Boletín AEDI, Asociación Ex-Becarios de Derecho Internacional de la OEA/CJI, Vol. 1, No 1, agosto 1980. PUIG, Juan Carlos, Doctrinas Internacionales y Autonomía Latinoamericana, (Caracas, Univ. Simón Bolívar, 1980).
26 OEA/Ser.G-CP/Doc.609/76 Rev. 2 - 2 de Diciembre de 1976, (Español).
27 Ver OEA/Ser.G-CP/Doc.609/76 Rev. 2 - 2 de Diciembre de 1976, (Español). Ver también más arriba la reserva hecha por EUA al Protocolo de Enmiendas al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en la que no acepta la obligación o el compromiso de firmar o ratificar ningún tratado o convención en materia de seguridad económica colectiva.
28 ANEXO al Acta de la Sesión Extraordinaria del 7 de septiembre de 1978 por el Consejo Permanente de la OEA.
29 Resolución II de la XVII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 23 de junio de 1979. OEA/Ser. F/II.17. Doc. 40/79 rev. 2. El texto fue propuesto por la delegación de Venezuela. Recibió 17 votos a favor, dos en contra: Nicaragua y Paraguay y cinco abstenciones: Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras y Uruguay.
30 Ver Comercio Exterior, (México, junio de 1979), Vol. 20, No 6, pág. 651. Asimismo OEA/Ser. F/II.17. Doc. 33/79. Proyecto de Resolución presentada por la Delegación de EUA.
31 Ver OEA/Ser.F/II.17 Doc. 39/79. Acta de la Cuarta Sesión Plenaria del 21 de julio de 1979, pág. 2.
32 Ver Resolución II de la XVII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 23 de junio de 1979. OEA/Ser. F/II.17. Doc. 40/79 rev. 2. El texto fue propuesto por la delegación de Venezuela. Recibió 17 votos a favor, dos en contra: Nicaragua y Paraguay y cinco abstenciones: Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras y Uruguay.
33 El gobierno de Carter llegó a admitir la existencia de un conflicto Norte-Sur además del Este-Oeste. Reagan negó la existencia de aquél desde un primer momento.
34 Ver la Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador (28 de Agosto de 1981) en JOUVE, Edmond, Le Tiers Monde dans la Vie Internationales, (París, Berger-Levault-Mondes, 1983), Anexes Documentaires, págs. 202-203.
35 Ver GRABENDORFF, Wolf, KRUMWIEDE, Heinrich and TODT, Jorg, Political Change in Central America, Internal and External Dimensions, (Boulder, Col., Westview Press, 1984), especialmente Cap. 3.
36 Este año se planteó la crisis de la deuda externa, debido a la declaración unilateral por parte del gobierno de México de cesación de pagos. También se inició un proceso generalizado en toda la región de regreso a sistemas democráticos.
37 En la Argentina hacía recién dos años que se estaba viviendo un proceso democrático. La actitud de la dictadura militar sobre el tema centroamericano había sido la de entrenar a la “contra” nicaragüense, enviar asesores militares y entregar armamento al gobierno de Honduras y de El Salvador. Uruguay estaba estrenando el proceso democrático al igual que Brasil; y los tres gobernantes se encontraron en Lima, con motivo de la asunción del nuevo presidente Alan García Pérez, acordando la creación del denominado Grupo de Lima o de Apoyo a Contadora.
38 A esto también se opusieron los países miembros del Grupo de Contadora, que opinaban que por no pertenecer a la región contigua a Centroamérica, debían mantenerse fuera.
39 En 1984 se habían reunido en Quito, y adoptaron un documento mediante el que se declaraba la “corresponsabilidad” entre deudores y acreedores en el tema de la deuda, y que ésta constituia un problema político, más que financiero.
40 Ver BERGER, Martín, El Rescate de las Malvinas, (Buenos Aires, Bruguera, 1982), pág. 15. Asimismo las declaraciones del representante del Reino Unido de Gran Bretaña, Anthony Parsons en la Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU del 1o de abril de 1982, publicadas en “Actualidades: Naciones Unidas”, publicación del Centro de Información de Naciones Unidas (Buenos Aires, abril 1982), pág. 1.
41 Ver las declaraciones no desmentidas del Tte. Gral. Leopoldo Fortunato Galtieri durante el ejercicio de la presidencia, a la periodista Oriana Fallaci en Revista “Cambio 16”, No 551 (junio 1982), págs. 54-59.
42 Resolución 502/82 del 3 de abril de 1982, del Consejo de Seguridad de la ONU. “EL CONSEJO DE SEGURIDAD: Recordando la declaración formulada por el Presidente del Consejo de Seguridad en la 2345a Sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 1o de abril de 1982 (S/14944), en la que se instaba a los Gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a que se abstuvieran del uso o la amenaza de la fuerza en la región de las Islas Malvinas (Falkland). Profundamente preocupado por los informes acerca de una invasión por fuerzas armadas de la Argentina el 2 de abril de 1982. Declarando que existe un quebrantamiento de la paz en la región de las Islas Malvinas (Falkland). 1. Exige la cesación inmediata de las hostilidades. 2. Exige la retirada inmediata de todas las fuerzas argentinas de las Islas Malvinas (Falkland). 3. Exhorta a los Gobiernos de Argentina y el Reino Unido a que procuren hallar una solución diplomática a sus diferencias y a que respeten plenamente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.” Aprobada por 10 votos a favor: EUA, Francia, Guyana, Irlanda, Japón, Jordania, Reino Unido, Togo, Uganda y Zaire. Uno en contra: Panamá. Cuatro abstenciones: China, URSS, Polonia, España.
43 Pero los latinoamericanos -particularmente los argentinos- tomaron conciencia de ello recién con el caso Malvinas. Ver DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, Relaciones Políticas Entre Estados Unidos y América Latina: ¿Predominio Monroista o Unidad Americana?, (Buenos Aires, Edición del Autor, 1994).
44 Ver Discurso del Secretario de Estado de EUA ante la XX Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, 26-27 de abril de 1982, en “Malvinas: Los Debates en la OEA:, Colección Documentos de Temas Militares 1, dirigida por Armando Alonso Piñeiro, (Buenos Aires, Edic. AP, 1982), págs. 33-34.
45 “Aceptó la Argentina la Mediación del Secretario General de la UN”, en Diario “La Nación” (Buenos Aires, jueves 6 de mayo 1982), págs. 1 y 14.
46 La incapacidad de mediación de los organismos internacionales, particularmente cuando median intereses de las potencias rectoras del sistema, está analizada en mi trabajo La Problemática del Orden, en Dallanegra Pedraza, Luis (et al) “Geopolítica y Relaciones Internacionales”, (Buenos Aires, Pleamar, 1981).
47 Artículo 7o de la Resolución II de la XX Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Diario “Convicción” (Buenos Aires, domingo 30 de mayo 1982), pág. 4. También Diario “La Nación”, (Buenos Aires, domingo 30 de mayo 1982), pág. 3.
48 Resolución II de la XX Reunión de Consulta en Diario “Convicción”, (Buenos Aires, domingo 30 de mayo 1982), pág. 4. Ibídem, Diario “La Nación”, (Buenos Aires, domingo 30 de mayo 1982), pág. 3.
49 Ver por ejemplo declaraciones del Embajador de Venezuela ante la OEA, Hilarión Cardozo acerca de “la falta de decisión de algunos países en la región para tomar posiciones menos tímidas”, en Diario “La Nación” (Buenos Aires, lunes 7 de junio 1982), pág. 5.
50 Ver “Definitorio Mensaje del Canciller” en Diario “La Nación” (Buenos Aires, viernes 4 de junio 1982), pág. 3. Asimismo, “Costa Méndez se Reunió con Fidel Castro” en Diario “La Nación” (Buenos Aires, viernes 4 de junio 1982) págs. 1 y 3. También “Votan hoy la Resolución Final en La Habana” en Diario “Convicción”, (Buenos Aires, viernes 4 de junio 1982), pág. 6. Igualmente, “Costa Méndez Habló Ayer en la Reunión de Cancilleres de los No Alineados” y “Los Objetivos del Discurso y Algunos Encuentros” en Diario “Convicción”, (Buenos Aires, 4 de junio 1982), pág.7.
51 Ver “Cuba: Apoyo de los Países No Alineados”, en Diario “La Nación”, (Buenos Aires, domingo 6 de junio 1982), pág. 2. Asimismo, “Los No Alineados Condenaron a Gran Bretaña”, en Diario “Convicción”, (Buenos Aires, lunes 7 de junio 1982), pág. 9.
52 Ver “Gran Bretaña y EUA Vetaron la Resolución del Consejo de Seguridad”, en Diario “Convicción”, (Buenos Aires, sábado 5 de junio 1982), pág. 6.
53 Los nacionalismos emergentes en los países del bloque oriental, tienen características propias, vinculadas, fundamentalmente, a factores étnicos y de liberación del control verticalista y militarista de la URSS.
54 Ver DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2001), Capítulo VIII.
55 La Argentina mantuvo esta perspectiva.
56 Que sean civiles y que hayan asumido por medio de elecciones, no garantiza que se trate de gobiernos “democráticos”.
57 Aparte de no existir un proyecto (nacional y regional), por parte de los países de la región, de inserción internacional -incluso no hay una verdadera percepción de lo que pasa en el mundo, salvo que hay cambios- aún persiste la concepción de que “los costos de una postura dependiente” aún son más bajos que los de una “postura autonómica”.
58 Criterios establecidos en el Consenso de Washington de 1989.
59 En esto se continuó obedeciendo a las problemáticas de seguridad de EUA y no de la región, o al interés nacional de los países de la región individualmente.
60 Ver DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, El Orden Mundial del Siglo XXI, (Buenos Aires, Ediciones de la Universidad, 1998). También, DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, Tendencias del Orden Mundial: Régimen Internacional, (Buenos Aires, Edición del Autor, 2001).

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