Source: https://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/csj_scp_32585(12-05-10)_2010.html
Timestamp: 2020-01-26 21:54:25+00:00

Document:
Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [CSJ_SCP_32585(12-05-10)_2010]
Casación inadmite N° 32585
Rubiel Rodríguez Zapata.
Proceso n.º 32585
Aprobado Acta N° 152.
Bogotá, D. C., mayo doce (12) de dos mil diez (2010).
El 7 de noviembre de 2007 la Fiscalía presentó escrito de acusación contra el señor Rubiel Rodríguez Zapata como probable autor de un concurso de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal, porque investigación que realizó le permitió concluir que el 7 de octubre de 2007, en la finca La Esmeralda, ubicada en la vereda Alto Sabaletas, jurisdicción del Municipio de Restrepo, Valle, mató con sevicia al señor Luis Gonzaga Ortega Obando, utilizando un arma de fuego de defensa personal que portaba ilegalmente.
4. Esa decisión fue recurrida por el defensor y el apoderado de las víctimas, y el 27 de mayo siguiente el Tribunal Superior de Buga la confirmó, pero con la modificación de condenar al acusado a pagar a favor de las víctimas reconocidas la suma de seis millones trescientos noventa y siete mil setenta y cinco pesos ($6.397.075) por perjuicios materiales derivados de lucro cesante, mediante fallo que ahora es objeto del recurso extraordinario interpuesto por el procurador judicial del procesado.
1. En el cargo primero con sustento en la causal primera, artículo 181 del cpp, acusó el fallo de violación directa por interpretación errónea del numeral 9° del artículo 32 de la ley 599 de 2000.
2. El cargo segundo lo formuló al amparo de la causal segunda, artículo 181 cpp, por desconocimiento de la estructura del debido proceso que afectó los principios de la imparcialidad, legalidad y actuación procesal a que se refieren los artículos 5°, 6° y 10° del mencionado estatuto.
3. El cargo tercero lo invocó al alero de la causal tercera del artículo 181 del cpp por violación indirecta a la ley sustancial por errores de hecho derivados de falsos juicios de identidad y de existencia en algunas pruebas sobre la cuales se fundó el fallo.
En relación con esta prueba el casacionista afirmó que si se tiene en cuenta lo relatado por el procesado, “pudo ocurrir que mientras él suelta la munición que llevaba en el arma, cuando Luis gritaba matemos a este hijueputa y en eso dirigía su mirada hacia el monte haciendo referencia a la persona que con él se comenta por los testigos irregularmente había ingresado a predio ajeno, pues, esa finca no era el lugar de morada o trabajo de Luis, se reitera se le habría dado a la prueba el alcance objetivo que tiene y no entraría en el campo de la especulación porque lo inferido por el Tribunal no lo revele la prueba, ni lo asiente el testimonio del galeno o médico legista con el que se introduce la prueba.”
3.4. En el fallo censurado se incurrió en falso juicio de existencia al no valorarse por los jueces de instancia la declaración de Adriana Maria Ortega, hija de la víctima, quien al responder una pregunta formulada por la fiscalía manifestó que la presencia de su padre en el lugar donde perdió la vida “no era normal o propia”. También se desconoció el indicio de presencia de Luis Gonzaga Ortega Obando en la finca La Esmeralda, y la justificación que tuvo el procesado para tomar el arma de fuego que se guardaba para cuidar el fundo e ir hasta el lugar donde se avistaron a quienes ingresaron al predio de manera irregular, pruebas que de haber sido valoradas llevarían a demostrar la legítima defensa con que actuó el acusado que al reclamar por la presencia indebida del vecino Luis Gonzaga éste le respondió con ofensas y agresiones, viéndose aquél obligado a disparar el revólver que llevaba consigo.
1. La Sala ha venido abordando el tema del recurso extraordinario de casación en el marco del sistema acusatorio colombiano y lo ha definido como un mecanismo de control constitucional y legal que procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los Tribunales Superiores en los procesos adelantados por delitos, independientemente de la pena con la cual los sancione el legislador, cuando se afectan derechos o garantías fundamentales (artículo 181 de la ley 906 de 2004), cuya materialización se debe cumplir a través de una demanda que no es de libre elaboración porque debe ceñirse a rigurosos parámetros lógicos y a causales taxativas, no obstante la gran flexibilidad permitida, acorde con la estructura del Estado Constitucional de Derecho acogido por el constituyent.
Esto porque de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo últimamente citado, no será seleccionada la demanda que se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos:
(i). Si el demandante carece de interés jurídico.
(ii). Si prescinde de señalar la causal.
(iii). Si no desarrolla los cargos de sustentación, y
(iv). Cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso.
3.1. En relación con el miedo insuperable previsto en el numeral 9° del artículo 32 del cp, la Corte se pronunció sobre su naturaleza y requisitos para que se pueda admitir como eximente de responsabilidad en los siguientes términos:
Primera fase que se denomina prudencia, en la que el sujeto todavía es previsor, reflexivo, en el plano objetivo no quiere entrar en conflicto; una segunda llamada cautela, en la que el sujeto está atemorizado pero domina sus respuestas ante la situación, hay exaltación anímica pero controla sus movimientos; la tercera fase denominada alarma en la cual el sujeto ya es consciente de la situación intimidante, hay alarma y gran desconfianza, su conciencia y prospección disminuyen; la cuarta corresponde a la angustia donde definitivamente el individuo pierde el control, está ansioso y angustiado, hay mezcla de temor y furor incontenibles, aparece la cólera; la quinta llamada la fase del pánico, en la que la dirección de la conducta es automática, es decir que el sujeto no obra con conciencia y dominio, pueden presentarse impulsos motores de extraordinaria violencia en los cuales no se puede interferir, el sujeto escasamente se da cuenta de lo que ocurre o realiza; y la sexta, grado máximo de intensidad del miedo desencadena en terror, estado en el que hay una anulación del individuo, quien apenas conserva las actividades neurovegetativas mínimas para subsistir, pero no hay vida psíquica y puede llegar hasta la muert.
En este punto, la doctrina no ha sido uniforme, pues mientras unos se inclinan por considerar que el miedo insuperable excluye la antijuridicidad, otros opinan que es una causa de inimputabilidad análoga al trastorno mental transitorio, y los demás, que se inscriben en la posición dominante, propugnan por una causa de inculpabilidad por “constituir un supuesto de inexegibilidad de otra conducta a un sujeto concreto en una situación concreta al ser legítima la resolución parcial del conflicto conforme a sus propios intereses bajo ciertos y determinados respecto.
El temor intenso, estado de emoción o pasión excusable, contemplado en nuestra codificación como circunstancia de menor punibilidad [Ley 599 de 2000, artículo 55-3]… no puede confundirse con el miedo insuperable, que consagra el Nuevo Código Penal como causal de ausencia de responsabilidad en el artículo 32-9, bajo la formula de que no habrá lugar a responsabilidad cuando “se obre impulsado por miedo insuperable”.
El miedo al que aquí se alude [Ley 599 de 2000, artículo 32-9] es aquél que aún afectando psíquicamente al que lo sufre, no excluye la voluntariedad de la acción, pero si lo priva de la normalidad necesaria para poder atribuirle responsabilidad penal. El término “insuperable” ha de entenderse como “aquello superior a la exigencia media de soportar males y peligros. Por lo tanto, no puede admitirse un miedo insuperable cuando se está ante una situación perfectamente controlable por un ciudadano común, pero que otro sujeto por su carácter pusilánime no tolera, prefiriendo cometer el delito. La insuperabilidad del miedo se constituye entonces en una condición normativa necesaria para que el miedo tenga eficacia como eximente de responsabilidad.
La Sala… encuentra que para la configuración del miedo como eximente de responsabilidad es necesario que converjan los siguientes presupuestos esenciales:
d) El miedo debe ser producto de una serie de estímulos ciertos, graves, inminentes y no justificados
En efecto, como lo ha dicho la Corte, la insuperable coacción ajena como causal de ausencia de responsabilidad, para que constituya circunstancia eximente de la misma, debe consistir en un acto de violencia moral verdaderamente irresistible generado por otra persona, que tenga por causa un hecho verdaderamente ajeno a la voluntad del agente, que lo obligue a ejecutar aquello que no quiere, sustentado en el miedo o en el temor y la voluntad de evitarse el daño amenazado.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al miedo como la “perturbación angustiosa de ánimo por un riesgo o daño real o imaginario…”.
En el mismo sentido, con la expedición de la Ley 599 de 2000, se consagró como causal de ausencia de responsabilidad la de obrar “impulsado por miedo insuperable” (artículo 32, numeral 9°) que, de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que presentó {{{{{{la Fiscalía General de la Nación, “tal situación, que desde el punto de vista psicológico está muy cercana a la insuperable coacción ajena, no queda comprendida en ésta por la exigencia de una conducta proveniente de un tercero”.
La diferencia entre obrar “bajo una insuperable coacción ajena” y obrar “impulsado por miedo insuperable”, consiste en que la primera el miedo tiene su génesis en el comportamiento arbitrario e ilegal de otra persona patentizado en una fuerza irresistible tendiente a condicionar la voluntad del sujeto con el fin de que realice una acción determinada; mientras que en la segunda el miedo surge en el ánimo del hombre sin que exista coacción o intimidación, en la medida en que el mismo puede provenir antes peligros reales o imaginarios o tratarse de miedo instintivo, racional o imaginativo.
La insuperable coacción ajena se origina en la acción de un tercero que constriñe la voluntad de otro mediante violencia física o psíquica (o moral), para que ejecute un comportamiento típico de acción o de omisión que sin tal sometimiento no realizaría; en otras palabras, el sujeto activo no goza de las condiciones para gobernar a plenitud su voluntad ya que su libre autonomía está dominada por la compulsión del coaccionador. En esta causal se configura, en primer término, la acción injusta e intencional de quien coacciona para someter a otro, y en segundo, la reacción psíquica del doblegado quien padece los efectos emocionales de la coacción, merced a la cual comete el hecho típicamente antijurídico sin reflejar en el un acto de su verdadera voluntad o su espontaneidad, la exoneración de la culpabilidad se afianza, no en la supresión absoluta de la voluntad, sino en la reducción del ámbito de la libre autodeterminación.
En cada caso corresponde valorar si, observadas aquellas particularidades, el sujeto que alega la coacción exculpante podía y debía contrarrestarla o evadirla para eludir el comportamiento antijurídico que pretendía imponérsele, o si, por el contrario, no le era exigible conducta distinta de la de someterse a la voluntad ilícita del coaccionador; si lo primero, deberá responder penalmente de su acto; si lo segundo, la responsabilidad desaparecerá por falta de culpabilidad. Y,
Exigir, como se precisó en anterior oportunidad, que el miedo lo ocasione algún estímulo cierto, implica que ese sentimiento debe nacer o surgir en el ánimo con base en un fundamento o sustrato objetivo, real, verídico, pues si es un miedo simplemente imaginario –fruto, por ejemplo, de la superstición– no será válido para invocar la circunstancia exculpante, ahora que si se trata de un miedo irracional o de origen patológico –por neurosis o psicopatías– en tales eventos se estaría, más bien, en un caso de ausencia de imputabilidad y no de inculpabilidad.
Las condiciones de grave, inminente y no justificado atribuidas al móvil del miedo, respectivamente obligan a considerar: la entidad o importancia del bien jurídico amenazado en la concreta situación que lo origina, la proximidad del mal o daño temido y, por último, la imposibilidad de alegar como causa de aquél el cumplimiento de deberes jurídicos que el sujeto está en la obligación de observar, o el acatamiento de órdenes o decisiones legítimas impartidas por autoridad competente, ya que para todos los asociados es inexcusable someterse a los dictados de éstas.
(…) Hechas las anteriores precisiones, resulta claro que la diferencia entre obrar bajo insuperable coacción ajena y obrar impulsado por miedo insuperable, consiste en que la primera tiene génesis en el comportamiento arbitrario, ilegal de otra persona que exterioriza una fuerza irresistible (violencia física o psíquica) tendiente a condicionar la voluntad del sujeto con el fin de que realice una acción delictiva determinada, mientras que la segunda se origina en el miedo que emerge en el ánimo del hombre por estímulos reales, graves, inminentes e injustos, distintos a la coacción de un tercero, en razón de lo cual, para librarse del mal que lo amenaza, incurre en un comportamiento típico y antijurídico
3.2. En el cargo primero el demandante acusó la sentencia de incurrir en violación directa de la ley sustancial, por interpretación errónea del numeral 9° del artículo 32 del cp debido a que los jueces de instancia negaron a su prohijado la causal de ausencia de responsabilidad del miedo insuperable.
- falta de aplicación -error de existencia-, cuando se ignora que la norma existe, se considera que no está vigente o se estima que está vigente, pero no es aplicable.
- aplicación indebida -error de selección-, cuando la norma escogida y aplicada no corresponde al caso concreto. E,
- interpretación errónea -error de sentido-, cuando la norma seleccionada es la correcta, pero el juez no le da el alcance que tiene o lo restringe.
3.2.2. Cuando se demanda una sentencia por violación directa de la ley sustancial -que es lo que plantea el censor en este reparo- en cualquiera de sus tres modalidades (falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea), el casacionista debe demostrar, sin desconocer los hechos plasmados en el fallo y sin discrepar de la forma como el juzgador los declaró probados, que entre las partes motiva y resolutiva de la providencia no existe armonía.
El miedo insuperable, como eximente de responsabilidad, implica perturbación anímica, que momentánea y enérgicamente nubla la inteligencia y estimula la voluntad en sentido doloso. Y el caso que se examina no revela situación de ese tipo.
En consecuencia, el alegato de que el acusado disparó por temor de que otro sujeto lo atacara es deleznable, contrario a la razón y desprovisto de elemento alguno que permita tenerlo como creíble.
En relación con el miedo insuperable alegado por la defensa como causal excluyente de la responsabilidad del procesado –subsidiaria a la legítima defensa- también tuvo el a quo la oportunidad de pronunciarse, así:
Si -el acusado Rodríguez Zapata- llegó hasta el sitio armado y desconociendo de quien se trataba y sin esperar el apoyo del Ejército, es porque no obraba precisamente con miedo o temor. Retomando conceptos ya expresados, cuando la víctima y su presunto acompañante fueron vistos recorriendo el predio, fue el acusado quien a instancias de la dueña de la finca solicitó por teléfono la presencia de los uniformados sin esperar jamás su arribo enfrentando él mismo aquella presencia mediante actos como el de subir en solitario y apresuradamente hasta el lugar por donde aquellos caminaban, conducta que de manera inequívoca permite pensar en que no obraba en forma temerosa o asustadiza, sino de manera firme y valerosa, conforme, según él mismo lo dijo en el juicio, era su condición o su forma de ser. Si Rubiel Rodríguez Zapata hubiera obrado por miedo insuperable sencillamente espera la llegada del Ejército y les ordena a los allí presentes que se guarden o se escondan para evitar ser vistos o agredidos, pero jamás -si esa hubiera sido su condición- emprender la marcha hasta el sitio por donde ellos caminaban y menos si se trataba de dos personas desconocidas, tal y como se sostuvo en el juicio.
De entenderse que el miedo constituye una “perturbación angustiosa de ánimo por un riesgo o daño real o imaginario” o como “un recelo o aprensión que uno tiene que le sucede una cosa contraria a lo que desea” de haber existido ese sentimiento en el acusado, ello, antes que incitarlo a actuar de la forma en que lo hizo, podría sin duda haberlo inhibido de llegar hasta el lugar y enfrentar solo a dos sujetos que, según dijo, ni siquiera sabía de quiénes se trataba. El que obra con miedo o con temor es cauteloso y prudente, y a medida en que el sentimiento aumenta surge en él la alarma y la angustia propia de lo que se torna para el incontrolable llegando a una fase de pánico en la que “la dirección de la conducta es automática, el sujeto no obra con conciencia y dominio, puede presentarse impulsos motores de extraordinaria violencia en los cuales no se puede interferir, el sujeto escasamente se da cuenta de lo que ocurre o realiza” llegando a una última fase de intensidad -el terror- en donde hay una anulación del individuo.
En la mente del acusado y conforme a su obrar, nada de esto se presentó, siempre estuvo lúcido y conciente de lo que ocurría y para nada demostró que actuaba atemorizado, muy por el contrario hemos de concluir, en que conforme al desarrollo de su conducta, no resultaba para él intimidante que dos personas recorrieran la finca, pues no solamente ya había tenido antes oportunidad de enfrentar estas situaciones, sino que al llegar al sitio pudo percatarse finalmente de quien se trataba, y que conforme lo advertimos, Luis Gonzaga no era un enemigo declarado ni un personaje siniestro, ni un adversario al que fuera preciso repeler, era un vecino, con el que si bien habían existido unos inconvenientes menores, ninguno de ellos daba para merecer semejante resultado.
… Frente a una situación que era ya controlable cuando se supo la identidad del sujeto, y que incluso desde un comienzo pudo ser asumida en forma diversa, no podemos hablar de insuperabilidad ante la inexistencia de un estado emocional anormal causado por el temor al advenimiento de un mal; el acusado, de acuerdo con las circunstancias en que se desarrollaron los hechos, podía obrar de forma diferente antes de emprender la marcha y también cuando supo de quién se trataba, otra cosa fue que optara por enfrentar a la víctima sin ninguna consideración o ecuanimidad. En esa medida, para esta instancia no resulta admisible la casual alegada subsidiariamente por la defensa.
3.4.4. Aún así, el casacionista afirmó que Adriana María dijo que Álvaro Mosquera Pescador le manifestó que el procesado y su padre habían alegado, y que la presencia de la víctima en predios de la finca La Esmeralda no era “normal o propia”, expresiones que devienen inanes frente a las pretensiones de la defensa sobre el reconocimiento de las causales de no responsabilidad de la legítima defensa o del miedo insuperable alegadas porque ninguna incertidumbre para los jueces de instancia la constituyó la presencia del ofendido en el fundo en cuestión y del supuesto reclamo por su presencia allí y por el altercado precedente que le hiciera el acusado, situaciones que en manera alguna justificaron la agresión de que fue objeto Luis Gonzaga Ortega Obando.
Asumir que existió una agresión de parte de la víctima supondría entender que este utilizó alguno de los medios de que disponía para atacar a su adversario, pero conforme a la descripción que se hizo de los elementos materiales hallados en el lugar y exhibidos durante el juicio, por su posición frente a la víctima, ellos no revelan que Luis Gonzaga Ortega Obando hubiera agredido con machete a Rubiel Rodríguez Zapata; este instrumento fue encontrado a 20 metros de donde cayó el occiso lo cual permite inferir que cuando recibió los últimos impactos no tenía en su poder el machete y por lo mismo no constituía un verdadero peligro para el acusado. Aún de aceptarse que el machete era portado por el occiso y que pudo hacer uso del mismo a la llegada de Rubiel Rodríguez, está claro, conforme al hallazgo en la escena del hecho y al relato de la testigo Amparo Muñoz, que ni fue utilizado por la víctima para agredir al acusado ni lo portaba cuando resultó mortalmente herido, lo que permite descartar la legítima defensa. Lo anterior refuerza el alegato de la Fiscalía y del representante legal de las víctimas acerca de la tendencia agresiva del acusado pues si al conocimiento previo que tuvo de la presencia o identidad del occiso se agrega que le dispara repetidamente y cuatro de tales impactos son hechos por la espalda sin que en su poder o cerca del cadáver se encuentre el arma con la cual se dice le agredió, mal podemos reconocer la eximente de responsabilidad pues ni existe prueba de la agresión ni forma de aceptar que el peligro continuaba frente a una persona ya desprovista de machete, que incluso llegó a caer al suelo y que terminó situada de espaldas al atacante y a más de un metro de distancia del mismo conforme lo revela el perito forense dada la ausencia de signos de ahumamiento o tatuaje en el cuerpo del occiso.
(…), la señora Amparo Muñoz Quiceno declaró que el día de autos, cuando el acusado llegó al lugar donde estaba el señor Luis Gonzaga Ortega, utilizando binoculares observó que manotearon, que subían y bajaban las manos, y que ninguno tenia armas, luego de lo cual escuchó tres tiros, razón por la cual llamó al Teniente Trujillo del Ejército y le dijo que pensaba que habían matado a su muchacho; que cuando Álvaro fue a ver qué había ocurrido, escuchó otros tres tiros y Rubiel salió corriendo, momento en que don Luis se levantó del suelo, pero Rubiel regresó y entonces don Luis se volvió a acostar; que cuando el señor Álvaro Mosquera Pescador regresó le manifestó que arriba estaba don Luis herido, quien le dijo que lo ayudara, que le diera agua y que lo bajara de allá.
Otra prueba que contradice el alegado actuar justificado del acusado es el testimonio del señor Álvaro Mosquera Pescador, persona que declaró que el día de autos, como a la media hora después de realizados los disparos, la señora Amparo Muñoz Quiceno lo mandó para que averiguara qué había ocurrido; que subió al lugar de los hechos y vio a don Luis arrodillado en el suelo, que aun estaba vivo y tenía sangre en la ropa; que cuando don Luis lo vio le dijo que no lo dejara morir, que le diera agua, que le avisara a la hija; y en este momento el acusado, quien estaba parado a dos (2) metros de distancia de donde estaba don Luis, le dijo que cogiera un machete que estaba al lado del herido y lo rematara, pero que no le hizo caso al acusado sino que decidió devolverse a la casa de la finca a informar lo que había visto.
De lo expuesto por la Corporación de segundo grado no se infiere el falso juicio de identidad denunciado por el censor porque fiel a lo declarado por Amparo Muñoz Quiceno se dedujo que en ningún momento la víctima atacó al procesado con un machete, y que según lo atestado por Álvaro Mosquera Pescador sí corresponde a la realidad que el acusado le manifestó al declarante que rematara a Luis Gonzaga Ortega Obando con un machete que se encontraba al lado de éste.
El hecho de que los disparos tengan trayectoria postero-anterior indica que en el momento de los hechos la víctima o había intentado huir del acusado para evitar el ataque a tiros, o que el acusado le disparó cuando desistió de enfrentarlo; ambas situaciones descartan la configuración de la legítima defensa al eliminar la existencia de peligro contra el homicida.
4. No puede la Corte superar las deficiencias ni corregir las imprecisiones de la demanda, luego se ve avocada a inadmitirla de conformidad con lo dispuesto por el artículo 184, inciso 2°, de la ley 906 de 2004; y porque no encuentra transgresión de derechos o garantías fundamentales que justifique salvar tales obstáculos, según autorización del inciso 3° de la misma preceptiva, en concordancia con el artículo 180 ibídem.
5.1. La insistencia es un mecanismo especial que sólo puede ser promovido por el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia por cuyo medio la Corte decida no seleccionar la demanda de casación, con el fin de provocar que reconsidere lo decido. También podrá ser propuesto oficiosamente por alguno de los Delegados del Ministerio Público para la Casación Penal –siempre que el recurso de casación no haya sido interpuesto por un Procurador Judicial–, el Magistrado disidente o el Magistrado que no haya participado en los debates y suscrito la providencia inadmisoria.
JULIO E. SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ

References: artículo 181
 artículo 32
 artículo 181
 artículo 181
 artículo 32
 resolución 
 artículo 55
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 184
 artículo 180