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Timestamp: 2019-03-19 20:53:06+00:00

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¿Por qué la mediación en el ámbito de consumo está excluida de la Ley de Mediación en Asuntos civiles y mercantiles? - Maribel Carabias Álvaro
Respecto a este tema objeto de mi reflexión en este artículo es que no existen tantas diferencias ni justifican, si las hubiere, que el ámbito de consumo se excluya de la Ley 5/2012, 6 de Julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles en su artículo 2.2.d) .Es más, en mi opinión uno de los conflictos más frecuentes en la sociedad moderna, capitalista y de consumo en masa, es el de consumo. Son habituales las divergencias entre los adquirientes o usuarios de productos o servicios y sus suministradores. Ciertamente, no es difícil imaginarse una controversia de consumo; solo debemos pensar en la adquisición de productos defectuosos o en el descontento con el resultado de una obra o servicio (construcción, tintorería…), en cuanto exponentes de situaciones en las que el consumidor no queda satisfecho con el servicio o producto que le ha ofrecido un comercio, establecimiento o empresa.
En EE.UU., cuna y origen del ADR (Alternative Dispute Resolution). Vale decir a Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC en Español), autoridades y ciudadanos postulan que los procedimientos alternativos responden a la perfección a las necesidades de la controversia de consumo. A su juicio los mecanismos extrajurisdiccionales ofrecen respuestas rápidas, baratas y eficaces a consumidores y empresarios. Es más, en esta línea, mantienen que las técnicas ADR son el mejor cauce para asegurar a los ciudadanos consumidores el acceso a la justicia, contribuyendo a superar la desincentivación que a aquéllos les produce la jurisdicción y evitando que los ciudadanos se limiten a padecer pasivamente la conculcación de los derechos que les corresponden en cuanto consumidor. En Europa se utilizan para resolver los litigios de consumo mecanismos complementarios o previos a la vía jurisdiccional, como la conciliación o la mediación, o alternativos a aquélla, como el arbitraje. En el marco de la solución extrajurisdiccional señalada, en el contexto de la corriente mundial ADR, debemos entender, en primer lugar, la mediación de consumo en el seno de la mediación en cuanto mecanismo privado y general de resolución de disputas. Desde esta perspectiva, la mediación de consumo no es más que una especie del género principal mediación; es la adaptación de la técnica mediadora a la resolución de una disputa concreta, la de consumo.
Reflejo de este interés son las dos Recomendaciones de la Comisión sobre la materia. Me refiero a la Recomendación relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo (98/257/CE) (DOL 115 de 17 de abril de 1998) y la Recomendación relativa a los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo (2001/310/CE) (DOL 109 de 14 de abril de 2001). Ambas pretenden garantizar el acceso a la justicia a los consumidores, fomentando para ello la mediación de consumo, convencidos de todas las bondades que presenta en cuanto mecanismo para solventar las disputas que se dan en esta materia, y recomendando, en este sentido, el respeto de unos principios en la configuración del órgano encargado de esta técnica. Con el mismo objetivo, la Unión Europea ha creado la red extrajudicial europea (EEJ-NET) y la red para la solución extrajudicial de conflictos en el sector de los servicios financieros (FIN-NET), ambas con el fin de que los consumidores conozcan los mecanismos extrajurisdiccionales nacionales e internacionales para la solución de las disputas de consumo, incluidas las transfronterizas.
Por tanto, la mediación en todas sus manifestaciones, y la mediación de consumo en particular, es en un mecanismo autocompositivo, en cuanto se centra en la negociación de las partes, quienes asistidos por el mediador resuelven su propio conflicto. Y es intrascendente que, en su caso, la solución de la controversia coincida con la propuesta de solución ofrecida por el mediador, pues aquéllos la hacen suya, aceptándola o rechazándola libremente. El tercero, por tanto, a diferencia de la jurisdicción o el arbitraje, no tiene facultad para imponer una solución a la disputa. Son las partes del conflicto de consumo los principales protagonistas de su resolución, resultando su concurrencia e implicación rasgo esencial de esta técnica. En cuanto técnica autocompositiva, tenemos que ubicar la mediación de consumo en el ámbito de la autonomía de la voluntad de las partes, fundamento último de este mecanismo. En ejercicio de su libertad, valor supremo de la Constitución Española (art. 1), las partes de la disputa de consumo pueden, siempre que aquélla afecte a derechos disponibles, acudir a este método para resolverla. Queda así patente la voluntariedad en cuanto característica de la mediación. Cabe, a continuación, matizar que este elemento facultativo se exige en todo caso a su resultado y no tanto a su iniciativa. De ahí que la mediación no produzca siempre resultado. La voluntariedad del procedimiento de mediación de consumo exige la buena fe las partes: éstas deben acudir a esta técnica con conocimiento de sus rasgos, requisitos y consecuencias y con la firme intención de intentar solventar pacíficamente su disputa. Son, igualmente, peculiaridad de la mediación en general, y de la mediación de consumo en particular, su sencillez, celeridad, gratuidad, imparcialidad y confidencialidad. Hay que vincular la sencillez de la mediación de consumo con su objetivo de ofrecer al ciudadano que consume una vía asequible y simple para proteger sus derechos en cuanto consumidor, convirtiéndose este mecanismo en una vía que lo tutela especialmente. Ello no quiere decir que en esta técnica no se trate con igualdad a ambas partes de la disputa de consumo. Así lo exigen la imparcialidad y neutralidad que la rigen: el tercero no debe posicionarse a favor de ninguna de las partes ni imponer sus valores o creencias. Por ello, su sencillez exige que se desarrolle mediante un procedimiento simple y flexible, que la dota, al mismo tiempo, de la celeridad que exige la resolución del conflicto de consumo. Son todos ellos elementos esenciales de este método de solución. Añadiría que el amparo especial del consumidor que pretende este mecanismo exige su gratuidad para las partes que acuden al mismo. Obviamente, su coste debería asumirlo alguna Administración pública o asociación de consumidores o usuarios. Por último, todo ello se da en un ambiente privado y confidencial. Solo las partes de la disputa y el mediador conocen la disputa y las conversaciones dirigidas a su solución, no debiendo difundir su contenido. Del mismo modo, el mediador no puede ser llamado como testigo o perito en un proceso judicial sobre la misma causa. La expuesta es una concepción neutra de la mediación de consumo.
No cabe duda de que la mediación de consumo es la víctima del éxito del arbitraje de consumo, mecanismo que ha demostrado sobradamente su eficacia en los últimos años. Sin embargo, la mediación, en cuanto técnica autónoma, es más pacífica y consensual que el arbitraje, contribuyendo mejor a una cultura de resolución cooperativa de las disputas.
Señalar que enotros países de nuestro entorno, como Italia, se regula en la misma Ley como una especialidad más de la Mediación.

References: artículo 2
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