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Timestamp: 2013-05-25 01:37:37+00:00

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El Procedimiento de Cobranza Coactiva y el Concepto tributario de Deuda Exigible coactivamente at Noticias del Sector Público
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El Procedimiento de Cobranza Coactiva y el Concepto tributario de Deuda Exigible coactivamente
mayo 25th, 2012 by rgordon LA COBRANZA COACTIVA COMO FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA La cobranza coactiva de las deudas tributarias es facultad de la Administración Tributaria, se ejerce a través del Ejecutor Coactivo, quien actuará en el procedimiento de cobranza coactiva con la colaboración de los Auxiliares Coactivos. La cobranza coactiva y La SUNAT
La SUNAT aprobará mediante Resolución de Superintendencia la norma que reglamente el Procedimiento de Cobranza Coactiva respecto de los tributos que administra o recauda. Para acceder al cargo de Ejecutor Coactivo se deberá cumplir con los siguientes requisitos: No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o de la Administración Pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la actividad privada por causa o falta grave laboral; Para acceder al cargo de Auxiliar Coactivo, se deberán reunir los siguientes requisitos:
Acreditar como mínimo el grado de Bachiller en las especialidades tales como Derecho, Contabilidad, Economía o Administración; No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso; No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o de la Administración Pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la actividad privada por causa o falta grave laboral; Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario; No tener vínculo de parentesco con el Ejecutor, hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad; Ser funcionario de la Administración Tributaria; y No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por ley. En el caso de los Auxiliares Coactivos, no será requisito indispensable la exclusividad en el ejercicio de las funciones a que se refiere este Título.
La deuda exigible dará lugar a las acciones de coerción para su cobranza. A este fin se considera deuda exigible:
c) La establecida por Resolución no apelada en el plazo de ley, o apelada fuera del plazo legal, siempre que no se cumpla con presentar la Carta Fianza respectiva conforme con lo dispuesto en el Artículo 146°, o la establecida por Resolución del Tribunal Fiscal. d) La que conste en Orden de Pago notificada conforme a ley. e) Las costas y los gastos en que la Administración hubiera incurrido en el Procedimiento de Cobranza Coactiva, y en la aplicación de sanciones no pecuniarias de conformidad con las normas vigentes.
También es deuda exigible coactivamente, los gastos incurridos en las medidas cautelares previas trabadas al amparo de lo dispuesto en los Artículos 56° al 58° siempre que se hubiera iniciado el Procedimiento de Cobranza Coactiva conforme con lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 117°, respecto de la deuda tributaria comprendida en las mencionadas medidas. Para el cobro de las costas se requiere que éstas se encuentren fijadas en el Arancel de Costas del Procedimiento de Cobranza Coactiva que se apruebe mediante resolución de la Administración Tributaria; mientras que para el cobro de los gastos se requiere que éstos se encuentren sustentados con la documentación correspondiente. Cualquier pago indebido o en exceso de ambos conceptos será devuelto por la Administración Tributaria.
Según la doctrina, hay dos presupuestos de la cobranza:
1) Presupuesto material de la cobranza coactiva: Sólo pueden cobrarse coactivamente las deudas tributarias ciertas, exigibles y líquidas, es decir, aquellas sobre las cuales se ha determinado la certeza respecto de su existencia y su cuantía. Dicho de otro modo, son presupuestos materiales los valores de cobranza (órdenes de pago, resoluciones de determinación y de multa) consentidos y sobre los cuales se ha superado la fase de la discusión sobre la procedencia de la pretensión fiscal y se ha afirmado el derecho de cobro o éste deriva de lo declarado por el propio contribuyente.
2) Presupuesto formal de la cobranza coactiva: Consiste en la expedición del título ejecutivo administrativo, esto es, la resolución de ejecución coactiva que no es otra cosa que la intimación de pago de la deuda tributaria bajo apercibimiento de adoptar medidas cautelares.
Como punto de partida, debe reconocerse la deuda materia de cobranza, esto es, la que se señala en el artículo 115° del Código Tributario, a saber:
a) Valores que contienen deuda tributaria, es decir, resoluciones de determinación y de multa y órdenes de pago, sobre los que no exista reclamo o apelación presentados, siempre que sea dentro del plazo de 20 días;
b) Las resoluciones de pérdida de fraccionamiento;
c) Las costas procesales y los gastos administrativos[2] generados con ocasión de las acciones de cobranza ejercidas en el procedimiento para lograr el recupero de la deuda[3]. Este tema guarda importante relación con el de suspensión del procedimiento, muchas veces alegado por los contribuyentes basados en diferentes supuestos, que no siempre guardan el mismo sentido que los contemplados en el artículo 119° del Código Tributario y desarrollados en el artículo 22° del Reglamento. En este sentido, la RTF N° 3459-2-2003 ha definido como criterio que constituye precedente de observancia obligatoria que, a propósito de los recursos de reclamo o apelación contra la deuda tributaria, sólo procede la suspensión a que se refiere el artículo comentado siempre que el recurso impugnativo se haya presentado oportunamente.
Sobre el primer supuesto del artículo bajo análisis, cabe mencionar que está referido a un recurso impugnatorio de reclamación formalmente presentado, según las formalidades establecidas en el Procedimiento N° 52 del TUPA de SUNAT, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2005-EF, y dirigido únicamente contra resoluciones de determinación o de multa dentro del plazo de veinte días a que se refiere el artículo 137° del mismo CT.
En el segundo supuesto la norma hace alusión al recurso de apelación presentado ante la Administración para que ésta lo eleve, luego de verificada la admisibilidad del mismo, ante el Tribunal Fiscal para que resuelva en última instancia administrativa, causando estado. Es necesario entonces que exista una resolución, es decir, un pronunciamiento de la Administración sobre fondo o la forma del asunto contencioso, no siendo aplicable este supuesto al caso de la denegatoria ficta del artículo 144° del CT. En este sentido, cabe precisar que si bien es cierto, el artículo lo que hace es consagrar legalmente el derecho del contribuyente a continuar con el procedimiento contencioso en caso de inacción de la Administración en el plazo de seis meses que la norma legal le concede, ello no supone que ésta deba permanecer en silencio sobre el asunto litigioso y que ese derecho del contribuyente se convierta en una causal de inexigibilidad de su deuda.
En el caso del tercer supuesto, la referencia es clara a las resoluciones de pérdida de fraccionamiento de carácter particular consagrados en el artículo 36° del CT que emite la Administración cuando ha verificado la existencia de alguna de las causales de pérdida consagradas en el Reglamento de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la deuda tributaria, aprobado por R.S. 199-2004/SUNAT. En la modificación del año 2004 se incorporó una cláusula por medio de la cual la deuda mantenía su inexigibilidad si el contribuyente reclamaba opotunamente la Resolución de Pérdida y mantenía el pago de sus cuotas mensuales.
El cuarto supuesto está referido a las órdenes de pago con la necesaria concordancia con el artículo 119° del CT. Debe quedar claro que la deuda contenida en una Orden de Pago es exigible con la sola notificación de la misma, ya que constituye una emisión de cancelación inmediata, debido a que se basa en lo declarado por el contribuyente y no está sujeta, en forma general, a plazo alguno, salvo lo contemplado en el artículo 119° y siempre que el contribuyente presente su recurso con las características señaladas, es decir, que medien circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente y que lo presente dentro del plazo de veinte días. Como es obvio, en caso contrario, la cobranza debe proseguirse. Finalmente, respecto del pago de costas y gastos, éstos no resultan deuda exigible, de acuerdo con la Tercera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 953, siempre que al 6 de febrero de 2004, la deuda tributaria hubiera sido considerada como crédito en un procedimiento concursal, acogida totalmente a fraccionamiento o aplazamiento o declarada como de cobranza dudosa o recuperación onerosa.
[1] Para el caso de las órdenes de pago, debe seguirse la regla del artículo 119° a) 3) del Código Tributario que extiende a modo de excepción el plazo de 20 días para presentar recurso de reclamación cuando medien circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente. Recientes prácticas de la Administración Tributaria en este sentido están asumiendo la posición de que las deudas se tornasn nuevamente exigibles cuando medie el Requerimiento de Admisibilidad del Reclamo presentado.
[2] Las tarifas de almacenaje de bienes embargados y comisados y nuevo Arancel de Costas del Procedimiento de Cobranza Coactiva, actualmente vigente, se rige por las resoluciones: Resolución de Superintendencia N° 050-96/SUNAT, Resolución de Superintendencia N° 102-2002/SUNAT y la Resolucion de Superintendencia N° 211-2004/SUNAT.
[3] La versión nueva del artículo 115° del Código Tributario , introducida por el artículo 53° del decreto Legislativo 953, incluye el tema de los gastos administrativos generados dentro de un procedimiento de medida cautelar previa, en la medida que dicho procedimiento sea ya uno coactivo y sea exigible a partir de la notificación de la REC.
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 Artículo 117
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 artículo 115
 artículo 119
 artículo 22
 artículo 137
 artículo 144
 artículo 36
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