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Timestamp: 2013-05-26 06:27:25+00:00

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angelarmengol	1 comentario
Rendición de Cuentas en el Poder Legislativo
Una revisión a través de solicitudes de información en los congresos locales y Federal de México
A más de 4 años de haberse aprobado la reforma al artículo sexto constitucional que protege el Derecho de Acceso a la Información, los 32 congresos locales y la Cámara de Diputados no cumplen con los estándares mínimos de transparencia y acceso a la información que están obligados a proporcionar desde su página de Internet, como gastos en viáticos, presupuesto para sus comisiones y grupos parlamentarios, la currícula de sus funcionarios, las asignaciones a los grupos parlamentarios, el trabajo en comisiones, entre otros. Y sus sistemas o plataformas para que los ciudadanos realicen solicitudes de información son mínimas o incluso en algunos casos, inexistentes.
Baja California Sur es un caso extremo, este Congreso no tiene ningún sistema electrónico para que el ciudadano pueda solicitar información al gobierno.
La reforma al artículo sexto de la Constitución, dejó establecido en su tercer transitorio que “La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir de la entrada en vigor del mismo” (2007).
Esta enmienda también agregó que “las leyes locales establecerán lo necesario para que los municipios con población superior a setenta mil habitantes y las demarcaciones territoriales del DF cuenten en el mismo plazo con los sistemas electrónicos respectivos”.
Este nuevo mecanismo entró en vigor en 2009 en todo el país aunque no fue en todos los estados al mismo tiempo. Las leyes locales y la Federal debieron cambiar para adecuarse al nuevo marco de la Constitución así como sus sistemas electrónicos. En cuanto a las reformas en sus leyes, la única que sigue pendiente de modificarse es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. En cuanto a los sistemas electrónicos apenas el año pasado Sonora fue de los últimos en dar este paso y en Baja California Sur, específicamente en el congreso local, no se pueden hacer directamente solicitudes de información pues no existe un sistema electrónico.
México Infórmate presentó en total 200 solicitudes de información para los 32 congresos locales y la Cámara de Diputados federal, divididas en seis preguntas en cada caso. En apego a las leyes federales y estatales, ninguna está fuera de sus obligaciones básicas de información. Estas son:
1.- Presupuesto aprobado, otorgado y ejercido por cada una de las comisiones (ordinarias, especiales, de investigación, etcétera) y cada uno de los órganos de gobierno (mesa directiva, junta de coordinación política, etcétera). Favor de incluir el desglose del presupuesto ejercido por pago de salarios, honorarios, papelería y el que se utilizó para cubrir todos los eventos, viajes, boletos de avión, reuniones, etcétera; durante el 2010.
2.-Presupuesto aprobado, otorgado y ejercido por cada uno de los grupos parlamentarios para el ejercicio de 2010. Favor de incluir el desglose del presupuesto ejercido por pago de salarios, honorarios, papelería y el que se utilizó para cubrir todos los eventos, viajes, boletos de avión, reuniones, etcétera, durante el 2010.
3.- Presupuesto aprobado, otorgado y ejercido por cada oficina de representación de los diputados durante 2010, así como los datos de contacto (dirección, teléfono y correo electrónico y nombre de responsable o directorio).
4.- Currículum Vitae (profesión, nivel académico, experiencia profesional, etcétera), correo electrónico, extensión, sueldo mensual y adscripción (área de trabajo) del personal no administrativo o sindicalizado o de base que trabaja en el Congreso. Me refiero a los/as asesoras, secretarios técnicos, y en general el personal que hace labores de apoyo técnico-legislativo que trabajó en el Congreso durante 2010.
5.- Planes de trabajo e informes de trabajo de cada una de las comisiones (ordinarias, especiales, de investigación, etcétera) que las mismas elaboraron durante 2010.
6.- Comparecencias que llevó a cabo el Congreso durante 2010. Me refiero al número de comparecencias, fecha en que se llevaron a cabo, funcionario o funcionarios que comparecieron y un documento que avale que se llevó a cabo esta comparecencia (versiones estenográficas, oficios, minutas, resolutivos, etcétera)
En todos los casos se solicitó que la información fuera entregada vía versión electrónica (facultad de elección que da el artículo 6 constitucional), y en caso de no existir la información en sistemas electrónicos, se solicitó que se entregara copia simple del documento.
Esta revisión a la transparencia de los congresos de cada estado no pretende ser un ranking, simplemente es un ejercicio ciudadano que nos ayuda a explicar en que situación se encuentra estos congresos en varias vertientes:
- Por un lado, revisar si cumplen o no con permitir el derecho de acceso a la información a través de las plataformas electrónicas a las que los obliga la ley –no solamente a sus páginas de Internet sino que estas sean de fácil acceso para el ciudadano tanto para presentar una solicitud de información como recibirla a tiempo.
- Que la información no le sea negada al ciudadano bajo un falso argumento de confidencialidad.
- Y, una de las más importantes, es saber de primera mano si cuatro años después de esta enmienda a la ley de transparencia los congresos locales y el Federal siguen siendo opacos, lo cual definitivamente se confirma con este sencillo ejercicio. El manejo de los recursos en la gran mayoría de los casos sigue siendo una caja negra: no hay rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos que cada año reciben los legisladores.
Estos presupuestos, en el caso de los congresos locales alcanzan la cifra de casi 10 mil millones de pesos, siendo el Estado de México (mil 310 millones 661 mil pesos) y el Distrito Federal (mil 171 millones 386 mil pesos) los que más recursos reciben.
La Cámara de Diputados ejerció un Presupuesto de 4 mil 700 millones de pesos durante 2010.
En esta revisión, encontramos que no sólo ahí reside la opacidad legislativa, ya que los congresos locales ocultan incluso si aprueban o no nuevas leyes, si reúnen en comisiones o a cuántas veces citan a comparecer a los funcionarios públicos.
Encontramos que prácticamente la mayoría de los congresos omitió entregar información de las comisiones legislativas y sólo algunas entregaron datos escasos que dan cuenta de lo poco que se reúnen para legislar y en el caso de las comparecencias, encontramos que poco ejercen el contrapeso que debiera significar estos poderes locales.
Más allá de los discursos o eventos multitudinarios en los que legisladores presentan sus informes, lo que le está haciendo falta a los congresos locales y al Federal es dar cuenta de cómo legislan: Cuántas veces se reunió una comisión, porqué no aprueban leyes y si reciben dinero, cuántos documentos se producen, etcétera.
Desafortunadamente los congresos aplican la máxima de “si no me preguntas, no muestro la información” y fue así como México Infórmate se dio a la tarea de presentar las solicitudes de información en todo el país obteniendo resultados sorprendentes.
El primero de ellos y el más básico es que muchas de las preguntas que se formularon fueron a pesar de que esta información era de oficio, es decir, los congresos locales la deberían tener en sus páginas de Internet, lo cual no ocurre en la actualidad.
Aunque los 32 congresos locales cumplen con tener una página de Internet, sólo el congreso de Baja California Sur impide que los ciudadanos de cualquier parte del país puedan realizar una solicitud de información, ya que no cuenta con dicha plataforma.
Ahora bien, no hay una homologación para realizar las solicitudes de información a los congresos locales, pues hay estados como Morelos, Distrito Federal, Chiapas, Puebla, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo, que ya cuentan con el sistema Infomex, lo cual facilita la presentación de solicitudes de información.
Sin embargo, el sitio de Infomex no se encuentra ligado a la página del congreso local en muchas ocasiones, lo que dificulta en principio que los ciudadanos sepan que en dicha plataforma se pueden presentar solicitudes electrónicas.
En el estado de México, para hacer una solicitud al congreso local debe presentarse a un sistema distinto a Infomex. Este es conocido como SICOSIEM. Y en Guanajuato, aunque ya existe el sistema Infomex, se debe presentar las solicitudes al sistema del congreso local, lo cual implica perder más tiempo ya que muchos usuarios piden la información primero a Infomex.
Hay casos donde no existe Infomex y son los propios congresos locales los que tienen en su página de Internet la plataforma para realizar solicitudes de información en línea: Yucatán, Baja California, Campeche, Michoacán, lo cual dificulta el sistema de respuesta ya que depende directamente de los funcionarios del congreso y en muchas ocasiones la rapidez no es una de sus características más destacadas.
Mencionaremos casos emblemáticos brevemente. Para solicitar información en Michoacán, se ingresó al sitio de Internet del congreso, se ingresó la solicitud y después de abrir el documento de respuesta e imprimirlo, al querer buscar después la solicitud de información ya no se encontró rastro de ella. Lo mismo ocurrió en el sitio del Estado de México. Si el usuario quiere buscar la información, ésta ya no se encuentra después de imprimirla o guardarla en un disco duro de computadora.
En el caso de Campeche, el sistema no permite ingresar 6 solicitudes de información en un solo bloque, al igual que Guanajuato, por lo que fue necesario presentar pregunta por pregunta lo cual significaron seis solicitudes de información diferentes.
En el caso de Campeche, después de ingresar la solicitud, el usuario es notificado vía correo electrónico. Si uno no responde en el sistema a dicha notificación, la solicitud es cancelada por lo que hace más engorroso el trámite.
En el caso de Guanajuato, las notificaciones llegan vía correo electrónico cada vez que cambia de estatus la solicitud de información.
Pero hay casos emblemáticos como el de Aguascalientes. La solicitud de información se ingresó hace varios meses. La respuesta fue que se debían pagar por copias. Al solicitar vía correo electrónico el formato de pago de dichas copias, el funcionario respondió apenas en septiembre que seguían contando los documentos para saber cuántas copias cobrarnos.
Las resistencias a la rendición de cuentas de estos congresos está a la vista, basta decir que las preguntas que se hicieron corresponden a sus obligaciones primarias que deberían ofrecer en sus sitios de Internet, pero esta información no es posible conocerla.
Por ello, fue necesario hacer las solicitudes y aún así hubo congresos locales que respondieron con negativas.
Las técnicas disuasivas son recurrentes: respuestas de información sin información por las que es necesario presentar uno o varios recursos de revisión que terminan cansando al usuario; o el alto costo de las fotocopias que no es accesible para los ciudadanos. Tres ejemplos concretos:
La respuesta del congreso de Guerrero fue de dos líneas, por lo que fue necesario presentar varios recursos de revisión o de queja.
En el Distrito Federal el costo por la información fue de 3 mil 750 pesos –es decir, un peso con 50 centavos por copia—para entregara información que debe estar detallada en su sitio de Internet.
En Tamaulipas perdieron las solicitudes de información y la respuesta fue una disculpa.
Pocos congresos respondieron de manera puntual a las solicitudes específicas, sobre todo en materia de recursos públicos.
Al solicitar los presupuestos desglosados, entregaron en su mayoría datos generalizados.
Los datos desglosados por estado se encuentran en las tablas anexas a este estudio.
El Poder Legislativo no sólo se encarga de aprobar o modificar las leyes propuestas por el Ejecutivo local sino hacer sus propias propuestas o reformas.
Pues bien, la mayoría de los congresos locales no puede asegurar que cumple ni siquiera con la primera obligación que tienen, que es la de legislar.
De acuerdo con los datos obtenidos por México Infórmate, prácticamente todos los congresos locales entregaron información incompleta en el rubro de los planes de trabajo de comisiones e incluso hubo casos como los congresos de Oaxaca, Coahuila, Campeche que no respondieron a dicha petición. Y hubo varios casos de inexistencia, como los congresos de Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Sólo Nuevo León entregó la información completa
La dificultad que implica para los congresos informar sobre su función diaria nos da cuenta de otro problema mayor reconocido en el país, congresos caros que trabajan muy poco.
En cuanto a las comparecencias, elemento clave del Poder Legislativo para exigir la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo, encontramos que la mayoría de los congresos locales omitió la entrega de la información.
Algunos casos como el de la Cámara de Diputados, solicitaron el pago de más de 100 discos compactos para entregar la información digitalizada. Otros, como fue el caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entregaron una respuesta escueta en la que informaron que hubo en 2010 sólo 6 comparecencias.
En el caso de Campeche, la respuesta se entregó completa pero fue por escrito.
Nuevo León, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala fueron algunos de los congresos que no respondieron a la solicitud de información.
Los congresos de Quintana Roo, Oaxaca, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero, Sonora, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Tabasco, Puebla, Hidalgo y Jalisco entregaron información parcial e incompleta.
Es necesario mencionar que hay algunos estados que no aparecen en el listado debido a que aún siguen sin responder o porque se interpuso un recurso de revisión o de queja por la falta de documentación.
Como ya advertimos, este Estudio Legislativo sirvió no sólo para conocer a detalle el tipo de respuesta, cómo presentar la solicitud de información y si están cumpliendo o no con su obligación de legislar los congresos de todo el país. También encontramos que los presupuestos de cada congreso local son manejados discrecionalmente y de manera opaca.
La información presupuestal son datos que de oficio debiera tener cada una de las páginas de Internet de los congresos locales. Esto no ocurre así, pues en una revisión hay casos como el de los estados de Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas que ni siquiera colocan en sus propios portales dicha información. Se debe recurrir al Presupuesto de Egresos de su entidad para conocer a detalle el monto asignado anualmente.
Ahora bien, México Infórmate presentó las solicitudes de información antes mencionadas, en las que se pide de manera detallada todos los recursos que reciben los grupos parlamentarios y las comisiones. En el caso de la Cámara de Diputados supimos que se manejan más de mil millones de pesos asignados a todos los grupos parlamentarios, el cual es repartido de forma discrecional pues no se sabe exactamente en qué se utiliza. Sólo es conocido que se reparte entre los diputados federales.
El Congreso de Morelos y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fueron los únicos que entregaron información completa de estos rubros.
El caso excepcional es el de Morelos, acaso porque su ley local de Transparencia y Acceso a la Información le obliga a colocar en su sitio de Internet (http://www.transparenciacongresomorelos.gob.mx/) mucha información que no tienen otros congresos, pues incluso suben “en línea” las Declaraciones Patrimoniales de sus legisladores. Tiene además las asignaciones a Grupos Parlamentarios (22 millones de pesos) así como los viajes que hicieron nacionales e internacionales los legisladores.
En el caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la información que se entregó es completa, pero detallada a la inversa. En lugar de dar cuenta de la cantidad que se entregó a los grupos parlamentarios, el desglose que se dio fue por conceptos y en seguida se ofreció el número de diputados que hay por grupo parlamentario lo cual a primera instancia pareciera que no es mucho el dinero otorgado, pero el total es de 12 millones 792 mil 65 pesos repartido entre 65 legisladores.
Casos tipificados por México Infórmate como focos rojos son el de Quintana Roo, que respondió que no existe dicha información.
Oaxaca fue otro de los congresos que no respondió a dichas peticiones con relación al presupuesto en comisiones y en cuanto al presupuesto para viajes y eventos respondió que no existen los datos.
El resto de los estados puede ser consultado en el anexo de este Estudio.
ESTUDIO DE CASO – ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
Si cada congreso local tuviera en orden sus bases de datos y no sería necesario solicitarlo vía Ley de Transparencia, muchas irregularidades y actos de corrupción se evitarían.
En el caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Oficialía Mayor respondió de manera detallada a nuestra solicitud de los recursos autorizados para cada oficina de representación de los legisladores.
El Oficial Mayor, a través de su Dirección General de Asuntos Jurídicos, contestó que cada diputado local recibe mensualmente 44 mil 333 pesos con 85 centavos.
Esta cantidad está dividida en tres fracciones: Por Gastos de Operación de su Módulo de Atención Ciudadana (7 mil pesos), por Arrendamiento (15 mil 150 pesos) y por Gastos de Atención Ciudadana (22 mil 183 pesos con 85 centavos).
Ahora, en otra solicitud, la relacionada a los Informes de cada Comisión, una de éstas es la del Comité de Administración de la misma Asamblea Legislativa, la cual preside el diputado Víctor Romo.
Su reporte da los mismos datos que la Oficialía Mayor en cuanto al desglose de los recursos autorizados para cada oficina de representación de legisladores.
Incluso da cuenta del porcentaje –menor pero significativo de casi el 20 por ciento— de legisladores que no entrega las comprobaciones de estos pagos, a pesar de que están obligados a hacerlo.
Pero lo que destaca y llama la atención es que ese mismo diputado da cuenta de las estadísticas del tipo de situación en que se encuentra el inmueble donde se encuentra la “representación ciudadana”.
“De los 66 módulos a cargo de los diputados que integran la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 33 cuentan con contrato de comodato, 32 de arrendamiento, y 1 se encuentra en proceso de formalizar el contrato”.
Lo que encontramos es que 33 legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reciben 15 mil 150 pesos mensuales por arrendamiento. Pero estos 33 legisladores cuentan con contrato de comodato, lo cual significa que estos legisladores no pagan nada por ese concepto.
Sólo solicitando información, documentando la misma y haciendo cruces de diversas bases de datos, lograremos obtener una mejor rendición de cuentas de los congresos locales.
Ambas premisas se lograrían si los ciudadanos fueran más participativos y si las mismas autoridades colocaran de motu propio la información que debería estar por oficio en sus sitios de Internet.
Más información se encuentra disponible en: http://www.mexicoinformate.org
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Etiquetas: acceso a la información, Congreso, estados, Legislaturas, México, Poder Legislativo, transparencia
Exigen Revertir reformas a la ley de transparencia de Veracruz
A los medios de comunicación A la opinión pública México, D.F a 30 de Junio de 2011
Por este medio, manifestamos nuestra preocupación por los contenidos del Dictamen de la Iniciativa del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobados el pasado 23 de junio por el Congreso del Estado de Veracruz.
En específico, nos referimos a la reforma al artículo 72 del citado ordenamiento, la cual elimina el carácter de “definitivas y obligatorias para los sujetos obligados” a las resoluciones del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) al establecer que: “Las resoluciones definitivas que pongan fin al recurso de revisión, una vez que hayan causado estado, deberán cumplirse en un plazo no mayor a quince días, contado a partir de que surta efectos su notificación”.
Nos parece que la nueva redacción es ambigua y, por lo mismo, abre la oportunidad para interpretaciones contrarias al artículo 6° constitucional en el sentido de que las resoluciones del IVAI no tengan carácter definitivo para los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y puedan ser apeladas por estos mismos.
El artículo 6° constitucional prevé la instauración de procedimientos ágiles de revisión de las decisiones, lo cual implica, no sólo la existencia de organismos especializados en la materia, sino también, que sus resoluciones sean vinculantes para los sujetos obligados.
Esto es, que la ciudadanía “cuente con autoridades especializadas que en plazos perentorios se pronuncien sobre la publicidad, la reserva o la confidencialidad de la información solicitada” .
Este retroceso representa graves obstáculos para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública: 1) debilita la autonomía del órgano garante; 2) dificulta el proceso de acceso a la información al cancelar su carácter de expedito y los principios de gratuidad, sencillez y máxima publicidad y, 3) aumentan los incentivos de las autoridades a negar información pública.
Por tal motivo y con el debido respeto, exhortamos a las autoridades de Veracruz a que, en función de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para revertir este lamentable retroceso en la ley de Transparencia antes citada.
Conscientes de que el éxito de nuestro objetivo se conseguirá a través del trabajo conjunto de la sociedad civil, ciudadanos y autoridades, reiteramos nuestro compromiso y disposición por coadyuvar en la protección y promoción del derecho de acceso a la información.
Sin otro particular, El Colectivo por la Transparencia México Infórmate Para mayor información comunicarse con Paulina Gutiérrez, Oficial del Programa de Acceso a la Información de ARTICLE 19 paulina@article19.org,
Gabriela Aguirre, Investigadora de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación gabriela@fundar.org.mx
y/o Lilia Saúl, Coordinadora Nacional de México Infórmate liliasaul@mexicoinformate.org
[1] Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (2007) Reforma al artículo 6° constitucional que establece el acceso a la información pública como un derecho fundamental de los mexicanos, México, pág. 27, visible en: http://www.amocvies.org.mx/avisos/2009/Reforma%206%20constitucional%20Docto%20IFAI.pdf
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México Infórmate y el Colectivo por la Transparencia exhortan al Congreso del estado de Veracruz a no legislar en contra de la transparencia y el acceso a la información
El pasado 2 de mayo, el diputado Flavino Ríos Alvarado del PRI presentó una iniciativa que reforma diversos artículos (72, 40, 43, 44 y 46) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Veracruz. Dicha iniciativa contiene retrocesos importantes, por lo que de aprobarse en sus términos actuales, traería consecuencias negativas en la garantía del Derecho a la Información (DAI) en el marco normativo veracruzano.
En su exposición de motivos, el legislador sostiene que dichas reformas buscan dotar de mayor eficiencia a nuestra legislación positiva, acrecentar el ejercicio efectivo del derecho a la información e introducir mayor eficiencia en el funcionamiento de este organismo autónomo (el IVAI). Sin embargo, luego de una revisión cuidadosa de dicha iniciativa, se observa que traería retrocesos en temas fundamentales como:
-La autonomía del órgano garante de acceso a la información.
-La politización en la forma de elegir al presidente del mismo.
-La posibilidad de que las resoluciones del Instituto dejen de ser obligatorias y definitivas para los sujetos obligados.
Específicamente, la iniciativa del diputado Ríos Alvarado propone reformar la redacción del artículo 72 de la Ley de Transparencia de Veracruz que actualmente dice:
Las resoluciones establecerán los plazos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar la ejecución y serán definitivas y obligatorias para los sujetos obligados; debiendo ser notificadas a las partes interesadas de manera inmediata.
En su propuesta, el diputado Ríos Alvarado plantea una redacción de este numeral en los siguientes términos:
Las resoluciones definitivas que pongan fin al recurso de revisión, una vez que hayan causado estado, deberán cumplirse en un plazo no mayor a quince días, contados a partir de que surta efectos su notificación.
Como se puede observar, de aprobarse esta modificación, se eliminarían los principios de definitividad y obligatoriedad de las resoluciones del IVAI para los sujetos obligados, además de que se volvería ambiguo e impreciso el cumplimiento de las mismas hasta “que hayan causado estado”. Con esta nueva redacción al artículo 72, se abriría la posibilidad para que los sujetos obligados puedan recurrir las resoluciones del IVAI ante los órganos judiciales, como pudiera ser el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que iría en contra de lo que establece la propia Constitución de Veracruz, la Constitución Federal y los tratados internacionales firmados por nuestro país en materia de Derechos Humanos, específicamente en el ámbito del Derecho a la Información.
Respecto de las reformas a los artículos 40, 43, 44 y 46 que se plantean en la iniciativa, consideramos que atentan contra la autonomía del IVAI, puesto que se le restan atribuciones al Consejero Presidente del mismo (que sólo dura en su cargo 2 años); politiza la elección del mismo, ya que abre la puerta para posibles confrontaciones por intereses personales entre los consejeros y además, crea un poder bicéfalo al interior del mismo, dándole más atribuciones en materia presupuestaria y administrativa (es decir, en el manejo de la institución) a un funcionario de menor rango que a los propios consejeros.
Es por lo anterior, que hacemos un llamado a la diputación veracruzana, al Poder Ejecutivo y a la sociedad veracruzana en general, para que esta iniciativa sea revisada exhaustivamente, se consulten a los ciudadanos que se han pronunciado en contra de la misma, y se impida que se atente contra la autonomía y capacidad del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, principalmente en lo que respecta a la definitividad y obligatoriedad de sus resoluciones.
México Infórmate y el Colectivo por la Transparencia, estaremos muy al pendiente del curso que tomen los acontecimientos en Veracruz para alertar y evitar que se atente contra la transparencia y el acceso a la información pública.
Para mayor información, favor de contactar a Ángel Armengol, Coordinador Estatal de México Infórmate en Veracruz (armengol@mexicoinformate.org) y/o a Haydee Pérez, Coordinadora de Transparencia de Fundar, Centro de Análisis e Investigación (haydee@fundar.org.mx).
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