Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=635880
Timestamp: 2019-05-19 21:34:20+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Especial N° 71
HOMOLOGACIÓN DE ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL CON ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES ORPIS, BIANCHI, HORVATH Y LARRAÍN FERNÁNDEZ, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE INCORPORA COMO TERRITORIOS ESPECIALES, BAJO EL ESTATUTO JURÍDICO QUE DETERMINE UNA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL, A LOS TERRITORIOS GEOPOLÍTICAMENTE ESTRATÉGICOS ASÍ DEFINIDOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (9160-06)
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑOR PROKURICA, SEÑORA ALLENDE Y SEÑORES FREI, GÓMEZ, HORVATH, NAVARRO Y ORPIS, CON EL QUE SOLICITAN A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL ENVÍO DE UN PROYECTO DE LEY QUE PRORROGUE LA FRANQUICIA ESTABLECIDA EN LA LEY N° 20.365 Y QUE INCLUYA LAS VIVIENDAS USADAS ENTRE LOS INMUEBLES QUE PUEDAN INSTALAR SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS Y SER BENEFICIADAS CON LA MISMA FRANQUICIA (S 1622-12)
Sesión 71ª, en miércoles 20 de noviembre de 2013
(De 12:44 a 14:24)
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.803, que establece una asignación de mejoramiento de la gestión municipal, para homologarla con la dispuesta en la ley N° 19.553, que concede una asignación de modernización a la Administración Pública (9159-05) (se aprueba en general y en particular)................................................................................................................
Concurrió, además, el Ministro del Interior y Seguridad Pública , señor Andrés Chadwick Piñera. Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miguel Flores Vargas; el Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia , señor Claudio Alvarado Andrade, y el Asesor Legislativo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional , señor Álvaro Villanueva.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 66ª, extraordinaria, en 30 de octubre; 67ª, especial, y 68ª, ordinaria, ambas en 5 de noviembre, y 69ª, extraordinaria, en 6 de noviembre, todas del año en curso, que no han sido observadas.
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles (boletín Nº 8.859-04).
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada en el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de señores Diputados, que representan la cuarta parte de los miembros en ejercicio de esa Cámara, respecto de los preceptos que indican del proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín Nº 6.190-19).
Del señor Jefe de Gabinete del Ministro del Trabajo y Previsión Social:
Da respuesta a solicitud de información, remitida en nombre de los Senadores señora Rincón y señor Ruiz-Esquide, acerca de la situación que afectaría a algunas administradoras de fondos de pensiones.
De la Comisión de Agricultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un registro voluntario de contratos agrícolas (boletín Nº 8.829-01) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.803, que establece una asignación de mejoramiento de la gestión municipal, para homologarla con la dispuesta en la ley Nº 19.553, que concede una asignación de modernización a la Administración Pública (boletín N° 9.159-05).
--De conformidad con lo resuelto por los Comités, queda para ser votado en la presente sesión.
De los Senadores señores Orpis, Bianchi, Horvath y Larraín Fernández, con la que dan inicio a un proyecto de reforma constitucional que incorpora como territorios especiales, bajo el estatuto jurídico que determine una ley orgánica constitucional, a los territorios geopolíticamente estratégicos así definidos por el Presidente de la República (boletín N° 9.160-06).
De los Senadores señor Prokurica, señora Allende y señores Frei, Gómez, Horvath, Navarro y Orpis, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República el envío de un proyecto que prorrogue la franquicia establecida en la ley Nº 20.365 y que incluya las viviendas usadas entre los inmuebles que pueden instalar sistemas solares térmicos y ser beneficiadas con la misma franquicia (boletín Nº S 1.622-12).
Del Senador señor Larraín Fernández, para ausentarse del territorio nacional a contar del día lunes 1° de diciembre próximo.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Solicito autorización para que ingresen a la Sala el titular de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miguel Flores, acompañado por el asesor legislativo de esa repartición señor Álvaro Villanueva.
Estamos citados para analizar y votar el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.803, que establece una asignación de mejoramiento de la gestión municipal, para homologarla con la dispuesta en la ley N° 19.553, que concede una asignación de modernización a la Administración Pública.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9159-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Hacienda: sesión 71ª, en 20 de noviembre de 2013.
La Secretaría señala que el informe financiero no se ha recibido todavía, de manera que deberíamos suspender la sesión hasta que llegue ese documento.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar, Presidente de la Comisión de Hacienda.
Efectivamente, el señor Ministro no lo ha presentado aún, pero sé que se encuentra abocado a él. Y en la Comisión de Hacienda acordamos que no entraríamos a conocer el proyecto mientras no tuviéramos en nuestro poder ese informe.
Por lo tanto, concuerdo en que debiera suspenderse la sesión por unos diez minutos.
Se suspende la sesión por algunos minutos, en espera de que llegue el informe financiero.
--Se suspendió a las 12:48.
--Se reanudó a las 13:1.
Tiene la palabra el señor Secretario, para hacer la relación del proyecto.
El objetivo principal de esta iniciativa es incrementar la asignación de mejoramiento de la gestión municipal, para homologarla con la asignación de modernización dispuesta en la ley N° 19.553, que percibe el sector público.
La Comisión de Hacienda discutió el proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo de la Sala de fecha 19 de noviembre en curso, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Escalona, García, Lagos, Larraín (don Hernán) y Zaldívar.
En cuanto a la discusión en particular, dicho órgano técnico realizó diversas enmiendas a la iniciativa, las que aprobó por unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos, Novoa y Zaldívar.
Cabe hacer presente que el artículo único del proyecto y el artículo cuarto transitorio inciden en normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación 22 votos favorables.
Solicito la anuencia de la Sala para el ingreso del señor Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado.
Señor Presidente , la Comisión de Hacienda, por encargo de la Sala, entró a conocer un proyecto de ley que envió el Ejecutivo en el día de ayer, cuyo objeto era, precisamente, entregar una fórmula de solución al conflicto que se generó con los funcionarios municipales, que se hallaban en huelga más de veintitantos días.
Al respecto, hubo un intento de acercamiento con el Gobierno. Y se me solicitó, como Presidente de la Comisión de Hacienda , tomar contacto con el Ejecutivo para tratar de buscar una fórmula de solución.
La semana anterior, había llegado a la conclusión de que las condiciones estaban dadas para lograr un acuerdo, e incluso creí que iba a resolverse el problema el jueves pasado, antes del proceso eleccionario. Sin embargo, por diversas razones que no entro a calificar, ello no fue posible. Por lo tanto, de común acuerdo con el Ministro del Interior , quedamos en radicar el asunto aquí, en la Comisión de Hacienda del Senado.
Ayer, después de las conversaciones con las organizaciones gremiales de los funcionarios municipales y también con la Asociación Chilena de Municipalidades, a través de su Presidente y su mesa directiva, se logró un acuerdo, que se encuentra traducido y plasmado en el proyecto de ley que hoy día vamos a resolver.
¿En qué consistía el problema planteado por los funcionarios municipales? Seguramente es conocido por todos, pero quisiera sintetizarlo.
Los funcionarios municipales pedían que fueran acogidos cuatro puntos, los cuales se arrastraban desde hace mucho tiempo al no haberse obtenido una solución.
La cuestión principal era que se homologara la asignación de mejoramiento de gestión municipal con la asignación de modernización aplicada a los funcionarios públicos, ya que el personal de las municipalidades solo recibía una parte de ella, alrededor de 10 por ciento y fracción, mientras que al sector público le significaba aproximadamente 30 por ciento y fracción de sus remuneraciones.
Ese problema era determinante para poder buscar una salida al conflicto.
En segundo término, había tres puntos más por solucionar, que estaban relacionados con la estructura misma de las plantas y el ejercicio de las funciones municipales.
Las plantas municipales no han experimentado ninguna modificación desde los años 90-97. Y la realidad de los municipios durante todo este período -16 años- es muy diferente a la actual. Hoy existe gran cantidad de funcionarios, de acuerdo con las funciones que las entidades edilicias desarrollan, que están a contrata o a honorarios, y no hay posibilidad alguna de estructurar sus plantas.
Además, no ha sido posible la aplicación del artículo 121 de la Constitución, que permite modificar la relación funcionaria entre los trabajadores del sector municipal y los propios alcaldes.
En definitiva, se plantearon tres materias respecto de las cuales se convino, primero -como ya dije- tomar el compromiso de replantearse lo relativo a las plantas municipales; segundo, que en estas últimas pudieran crearse cargos con asignación profesional, los cuales no existen en muchos municipios; y tercero, relacionado con el tema previsional, encargar un informe jurídico para ver cómo abordar el problema.
Respecto de este asunto, ciertas municipalidades, de acuerdo con una mala o buena interpretación de la ley, habrían pagado una bonificación previsional, y otras, no. Incluso, algunas han debido hacerlo obligadas por un fallo de la Corte Suprema. Y, por otra parte, hay un informe de la Contraloría General de la República que reparó ese pago y podría obligar a esos municipios a exigir la devolución de los recursos a los propios funcionarios.
Sobre esos tres puntos se alcanzó un acuerdo, que se halla plasmado en un protocolo y no en el proyecto de ley, en el sentido de formar tres mesas de trabajo, entre los funcionarios municipales y el Gobierno, representado por el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, las que deberán entregar sus propuestas antes del 28 de febrero del 2014, para poder evacuar los informes que permitan dar solución a lo referente a las plantas y a los cargos con asignación profesional.
Y en cuanto al tema previsional, se encargaría un informe jurídico al objeto de ver cómo abordar el problema, incluso se vería la posibilidad de presentar un proyecto de ley interpretativo sobre la materia, para evitar el conflicto que podría producirse por el hecho de que algunos municipios tuvieran que pedir la devolución de las platas que pagaron por concepto de bonificación previsional.
El acuerdo final dependía, fundamentalmente -esa fue la discusión que sostuvimos ayer con el Ministro del Interior y el Subsecretario de Desarrollo Regional, que se encuentran presentes aquí, por lo que podrán dar cuenta de ello-, de cómo financiar el costo de la homologación.
En un principio el Gobierno señaló que él alcanzaba a 49 mil millones de pesos, y luego de un estudio más acabado, sobre todo por el costo de las imposiciones, se determinó que era del orden de 60 mil millones de pesos.
En definitiva, se llegó al acuerdo de que, respecto de la homologación, se va a aplicar el mismo mecanismo de cálculo y metodología de pago de la asignación del sector público, pero en tres etapas, en un plazo de 25 meses. En la primera etapa se cubrirá el 50 por ciento del diferencial, y en las dos restantes, en que se costeará el 25 por ciento en cada una, se enterará lo que falta.
Ahora, como dije, el costo total es de 60 mil millones de pesos, en régimen, pero se requieren 30 mil millones, a contar del 1° de enero del 2014.
Al respecto, hubo dos posturas. Una -la más simple-: aumentar el gasto, es decir, reconocer sencillamente que se incrementa el gasto fiscal y, por ende, se crea mayor déficit fiscal. Ahí se involucran 30 mil millones de pesos, con una condición que pusieron los alcaldes durante una conversación: que por ningún motivo eso grave los presupuestos municipales, los cuales ya son muy estrechos.
En definitiva, llegamos a la conclusión de que no sería de cargo de las municipalidades, sino que íbamos a agregarles recursos a estas para que cumplieran tal obligación.
No elegimos la vía de incrementar el gasto fiscal, pues eso podría afectar la flexibilidad en el gasto presupuestario del próximo Gobierno, sino que optamos por hacerlo sobre la base de dos ítems del Ministerio del Interior, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Ello dice relación con la reasignación de cerca de 15 mil millones de pesos desde el Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal y de una cantidad similar a partir de una provisión contemplada en la referida Subsecretaría para apoyar la recuperación de infraestructura local de la zona centro sur.
Sin embargo, dijimos que había que dejar vigente un ítem de la Subsecretaría de Desarrollo Regional que apoya el mejoramiento de la gestión municipal. Se trata de algo muy querido por las municipalidades: es selectivo, concursable; ellas no tienen esos recursos en forma permanente, y normalmente se favorece a alrededor de 50 municipios. Entonces, se acordó sacar 2 mil millones de una asignación que entrega el Gobierno como compensación por bienes con avalúos pequeños y por los que no se pagan contribuciones.
En cuanto al ítem relacionado con la Provisión Recuperación Infraestructura Local Zona Centro Sur, la Subsecretaría de Desarrollo Regional se comprometió a que de aquí al 28 de febrero de 2014 se harían las reasignaciones correspondientes para reponer los recursos.
Ese fue el acuerdo que adoptamos en la Comisión de Hacienda, en la cual participaron todos los Senadores. En el caso de la UDI, lo hizo el Honorable señor Hernán Larraín , quien se incorporó a dicho órgano técnico en remplazo del Senador señor Novoa .
Yo agradezco la participación de todos los Senadores, porque hicimos un trabajo en conjunto, con el Ministro del Interior y el Subsecretario de Desarrollo Regional, y logramos un acuerdo aceptado y valorado por los funcionarios municipales y también por los alcaldes.
Lo único que quiero agregar -me comprometí a ello con los alcaldes; y voy a pedir que se mande en mi nombre un oficio, al cual podrá adherir cualquier Senador- es una solicitud a este Gobierno o al que venga para que se reponga la totalidad de los recursos en la asignación al Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, de tal modo que el ítem siga funcionando y los municipios cuenten con los recursos pertinentes en el próximo tiempo.
Entonces, le pido a Secretaría el envío del oficio respectivo.
Señor Presidente , creo que logramos un buen acuerdo. Los funcionarios municipales ya depusieron su paro y retornarán a sus labores.
Se ha buscado una solución que la ciudadanía estaba esperando.
Las ciudades de nuestro país podrán mostrar una cara distinta. Porque no solo había falta de prestación de servicios: además, las calles de muchas comunas estaban repletas de basura, lo cual provocaba una situación muy poco aceptable para la población.
Atendidas todas esas razones, me felicito por el acuerdo alcanzado y le agradezco al Gobierno la voluntad que ha puesto para buscar una salida al problema.
Asimismo, felicito a los funcionarios municipales y a sus dirigentes, y también a la Asociación Chilena de Municipalidades, por la participación que les cupo a los alcaldes en la búsqueda de una solución.
Les ruego a los asistentes a las tribunas no hacer ningún tipo de manifestaciones.
Un Comité me solicitó abrir la votación.
Previamente le daré la palabra al señor Ministro .
El segundo acuerdo que debemos tomar se refiere a la realización de una sola votación; es decir, que aprobemos el proyecto en general y que con la misma votación lo despachemos también en particular.
Si hubiera acuerdo, procederíamos de esa manera.
Entonces, procederemos así.
Antes de abrir la votación, tiene la palabra al señor Ministro del Interior . De lo contrario, después no podrá intervenir.
Señor Presidente , seré lo más breve posible, porque el Senador Andrés Zaldívar , titular de la Comisión de Hacienda, hizo una exposición muy completa sobre los alcances del acuerdo que conseguimos con dicho órgano técnico, el cual ha sido refrendado por los dirigentes y funcionarios municipales, y también por las asociaciones de alcaldes de nuestro país.
Quiero detenerme un momento en el hecho de que, más allá del valor del acuerdo logrado, aquí se halla envuelto un elemento tremendamente significativo, que hemos recogido durante estos años: el término de la situación de desigualdad existente entre las remuneraciones y las condiciones laborales de los funcionarios municipales y las de los funcionarios fiscales.
En estos años hemos dado pasos muy relevantes para entender y asimilar que no debiera haber diferencias entre quienes son funcionarios del Estado y cumplen labores en la Administración descentralizada y los funcionarios del Estado que se desempeñan en la Administración centralizada.
De ahí había surgido, por muchos años, un planteamiento de los empleados municipales, que era una larga aspiración: lograr la homologación de sus condiciones laborales con las de los fiscales.
Fue este Congreso el que en 2012 dio un paso muy importante al aprobar un proyecto de ley enviado por el Presidente Piñera para homologar las rentas base de los funcionarios municipales con las de los fiscales. Esto es hoy ley de la república y está en plena ejecución y aplicación, de acuerdo a la gradualidad establecida. Y ello ha implicado un aumento del 5 por ciento en las remuneraciones de los empleados municipales.
Empero, cuando se logró que dicho proyecto se aprobara y se estableció tal nivelación, quedó pendiente otro elemento en que también se registraba una diferenciación: el relacionado con el programa de incentivo al mejoramiento de la gestión, donde existe una diferencia entre el estímulo de que es objeto un funcionario municipal y el que recibe uno fiscal.
Allí está el eje fundamental de la ley en proyecto: continuar en la senda de la homologación y generar condiciones de equidad entre los funcionarios municipales y los fiscales.
Ese es el centro de la iniciativa en debate y de lo que hemos estado discutiendo durante esta semana: homologar ahora la asignación del PMG.
Pero debemos tener presente que esta homologación implica en régimen 120 millones de dólares, cifra significativa para el presupuesto de nuestro país.
A los efectos de satisfacer tal aspiración, que como Gobierno consideramos muy justa, debíamos enfrentar el financiamiento de los 120 millones de dólares que la adopción de la medida en comento le cuesta al erario.
El Presidente Piñera quiso satisfacer esa aspiración, pero de la forma más responsable posible, tanto desde la perspectiva del equilibrio de las finanzas públicas para 2014 como tomando plena conciencia de que este Gobierno termina su mandato el 11 de marzo del próximo año y, por lo tanto, el gasto del proyecto en discusión se cargará al Presupuesto que deberá manejar la próxima Administración.
Por ello, como Gobierno, quisimos responder a esa demanda justa, pero de la forma más seria y responsable posible: con equilibrio fiscal y considerando la proximidad de un nuevo Régimen.
Así, planteamos la necesidad de un aumento gradual, y al mismo tiempo, que el financiamiento no generara un incremento del gasto en el Presupuesto del próximo año ni se imputara a los recursos de libre disponibilidad consignados para la Administración que asumirá en marzo de 2014.
Nos habría resultado fácil acceder de inmediato a una demanda que considerábamos justa a costa de provocar un desequilibrio fiscal para el próximo año, o bien, de generarle un problema al Gobierno venidero por la vía de acudir a los recursos de libre disponibilidad que contemplará el Presupuesto.
No nos pareció que esa fuese una forma responsable y correcta de gobernar. Por ende, insistimos en nuestras propuestas en materia de gradualidad y financiamiento.
Con tales elementos, señor Presidente , llegamos a la Comisión de Hacienda del Senado con un proyecto presentado por el Presidente de la República que planteaba la homologación del Programa de Mejoramiento de Gestión -el dispositivo central-, pero con una gradualidad de tres años, a efectos de cumplir con la responsabilidad fiscal.
El Senador Zaldívar explicó muy bien la gradualidad: el primer año corresponde a 50 por ciento del PMG, y en cada uno de los dos años siguientes, a 25 por ciento.
Igualmente, se logró establecer, en acuerdo con la Comisión de Hacienda, que en la asignación del PMG se homologaran tanto el componente base como los componentes institucional y colectivo.
Para el primer año -ya se informó- el componente base alcanza a 10 por ciento; luego se distribuyen los restantes componentes para que, cumplidos los tres años, se llegue al 30,6 por ciento, que es precisamente la asignación del PMG que hoy día reciben los funcionarios fiscales.
En eso llegamos a un muy buen acuerdo, a juicio del Gobierno, que tiene en cuenta la justa demanda sobre homologación del PMG y, al mismo tiempo, la responsabilidad fiscal en el sentido de fijar un plazo gradual, considerando una aceleración inicial a los efectos de responder más rápidamente a aquella reivindicación.
En cuanto al financiamiento -fue otro de los puntos que estuvieron en la discusión-, reitero que para el Gobierno era fundamental no aumentar el gasto presupuestario de 2014, con el fin de mantener el equilibrio fiscal y no cargar el costo a los recursos de libre disponibilidad con que va a contar la próxima Administración.
Por eso, en el proyecto propusimos un financiamiento con cargo al presupuesto del sector municipal.
En el acuerdo suscrito con la Comisión de Hacienda se estableció un financiamiento que permite cumplir ambos objetivos: ni aumento del gasto, ni involucramiento de recursos fiscales de libre disposición del Presupuesto de 2014.
¿Cómo se hizo? Sobre la base de una reasignación del presupuesto de que dispone la SUBDERE, a través de los distintos fondos que administra (lo explicó el Senador Zaldívar ). Así se financia íntegramente el proyecto sin afectar los presupuestos directos de las municipalidades, resguardando las reglas del gasto fiscal para el próximo año y sin recurrir a platas de libre disposición.
Por lo tanto, se encontró...
Perdón, señor Ministro , pero concluyó su tiempo.
Decía que, a juicio del Ejecutivo, se llegó a un muy buen acuerdo para establecer la homologación en comento y, al mismo tiempo, resguardar los recursos fiscales y enfrentar el problema con verdadera responsabilidad.
Finalmente, como Gobierno, queremos expresar nuestro agradecimiento a la Comisión de Hacienda: a su Presidente , Senador señor Andrés Zaldívar , y a cada uno de sus integrantes, Honorables señores Jovino Novoa , Camilo Escalona , Carlos Ignacio Kuschel y Ricardo Lagos . También, al Senador señor Hernán Larraín , quien, junto con el Honorable señor Zaldívar , tuvo durante esta semana una activa participación con el propósito de hallar una solución. Todos ellos, obviamente, ayudaron a encontrar el acuerdo en comento.
Perdón, pero omití al Senador señor José García , quien también colaboró grandemente.
Señor Presidente, estimo que hemos construido un muy buen acuerdo, que prestigia a la actividad parlamentaria.
Agradecemos la ayuda que se prestó para, con responsabilidad, satisfacer una aspiración que, como Ejecutivo, siempre hemos considerado muy justa: la de avanzar en la homologación de las condiciones laborales de los funcionarios municipales y de los funcionarios fiscales.
Agradezco igualmente a las asociaciones de alcaldes, que prestaron su colaboración a efectos de que el acuerdo no se limitara al Gobierno y el Senado, sino que fuera valorado y refrendado tanto por los funcionarios municipales -eso era lo principal- cuanto por todos los jefes edilicios de nuestro país.
En este momento ha llegado a la Mesa una solicitud de permiso constitucional del Senador señor Navarro para ausentarse del territorio nacional a contar del viernes 22 noviembre.
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos, quien desea hacer una aclaración respecto a una discrepancia que existía en el informe financiero y que ya se corrigió.
Señor Presidente, en forma muy breve, me sumo a las expresiones vertidas tanto por el Ministro del Interior como por el Senador Zaldívar.
Solo deseo manifestar -entiendo que el problema ya se subsanó- que en el informe financiero que conocimos antes de que se introdujera la indicación del Ejecutivo tras la discusión que tuvimos en la Comisión de Hacienda no coincidían los guarismos sobre componente base e incentivo al desempeño colectivo institucional.
Entiendo que el error fue corregido mediante un nuevo informe financiero. Con ello estaríamos en regla y el proyecto de ley sería concordante con aquel.
Conforme a lo resuelto por la Sala, pongo en votación general y particular el proyecto.
Para fundar su voto, tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
Señor Presidente , en la fundamentación de mi pronunciamiento, no me detendré en lo que significa concretamente el acuerdo suscrito, pues quienes me antecedieron en el uso de la palabra ya explicitaron muy bien lo referente a pago del incremento previsional; aumento de las plantas municipales; asignaciones profesionales y técnicas, y cupos para incentivos al retiro.
Antes bien, quiero centrar mi discurso en rendir el más justo de los homenajes a las funcionarias y a los funcionarios municipales.
Para mí es una enorme satisfacción saber que, luego de casi un mes de búsqueda de soluciones, el Gobierno tomó una muy justa decisión: que también el Senado contribuya al acuerdo y sea garante de él.
Pero eso solo fue posible porque así lo acordaron y lo pidieron las directivas de las asociaciones de funcionarios municipales de nuestro país.
Ayer, mientras conversábamos en un pasillo, les resaltaba a algunos de ellos la felicidad que provoca el dejar de ser el pariente pobre, el patio trasero de la Administración Pública.
Hoy, con esta decisión, con este acuerdo, ni más ni menos se ha logrado, gracias a la cohesión, al trabajo de todos los actores municipales en cada parte del país, dignificar la labor en ese ámbito.
Silencio, por favor. Se ruega no hacer ninguna manifestación.
Y por eso es que nos estamos pronunciando hoy día por la aprobación del proyecto, al cual ha permitido llegar el protocolo.
Entiendo que los puntos solicitados fueron acogidos. Probablemente habrá otros con los cuales algunos funcionarios no coincidan. Y para eso se desarrollará un trabajo en el que sinceramente espero que se llegue a los acuerdos totales que nos han planteado los funcionarios de todo el país.
Lo concreto hoy día, sin embargo, es un enorme avance. Quien no quiera reconocerlo o verlo simplemente jamás tuvo la voluntad, a mi juicio, de llegar a una solución definitiva. El que nos ocupa es un gran progreso para la función pública que desarrollan los actores de la función municipal. Entonces, es imposible negarse a votar a favor.
Es más, vamos a estar completamente pendientes de todo lo que significa el desarrollo del protocolo, para que aquellas materias que finalmente no hayan sido acogidas o consensuadas puedan resultar una base para llegar al entendimiento total.
Valoro la función municipal. La respeto absolutamente. Es el primer muro de contención que un ciudadano tiene de la función pública. Es una labor que se aprende con los años, que se desarrolla con la vida. Y por eso es que nosotros, desde la Comisión de Gobierno, que presido, hemos sido sus incansables defensores.
Y, por último, dirijo mis felicitaciones a las directivas nacionales, que llevaron a cabo un trabajo que a todas luces no fue fácil. Pasaron por momentos complejos, duros. Pero, al final de los finales, estamos votando hoy un proyecto que dignifica mucho más de lo que se había hecho antes una labor de tanta relevancia como la que desarrolla el personal de las distintas municipalidades.
Señor Presidente , ¿qué duda cabe de que los municipios son la cara del Estado más cercana a la gente y qué razón habría para que sus funcionarios recibieran una remuneración y una premiación por gestión diferente del resto de la Administración Pública?
Lo curioso es que a lo largo del tiempo -no afirmo que el efecto se ha dado solo durante el Gobierno actual- el Estado ha maltratado a este sector laboral negociando de una manera distinta con los otros trabajadores del ámbito público, quienes han logrado un mejoramiento del orden del 30,6 por ciento, en tanto que el primero obtenía apenas el 10.
Creo que ello nos enseña que, cuando se atiende un sector determinado de ciudadanos, el mismo tratamiento tiene que extenderse al resto en igualdad de condiciones. Se trata de la igualdad ante la ley, de la igualdad ante el Estado. Y aquí observamos diferencias irritantes. Es lo que explica una paralización de 33 días de la totalidad de los funcionarios municipales.
Y aprovecho de saludar a las organizaciones que los representan: la ASEMUCh y la AFEMUCh. Hago otro tanto respecto de la Asociación Chilena de Municipalidades, que ha participado activamente.
Pero deseo consignar que tiene que existir una explicación. No puede ser que los funcionarios municipales hayan paralizado durante 33 días y que no se haya escuchado un planteamiento formulado en el origen y cuya plena justificación se conocía. Es algo que no debió ocurrir, sino que tenía que fluir, con justicia, con facilidad, el mismo acuerdo al que se ha llegado hoy.
Quiero reconocer, sin embargo, el esfuerzo hecho por la Comisión de Hacienda de esta Corporación y por los Senadores que han participado al margen de ese órgano técnico.
Quiero reconocer el esfuerzo, aunque tardío, del Gobierno, del Ministro del Interior , del Subsecretario de Desarrollo Regional .
Y deseo consignar dos efectos de la movilización. El primero es que ella presionó fuertemente para que, después de 33 días, el Ejecutivo se diera cuenta de que era preciso resolver el problema. El otro lo ha constituido la apreciación de los ciudadanos de lo útiles que son los funcionarios municipales y de lo indispensables que son los municipios para la vida cotidiana.
Por lo tanto, estimo, después del protocolo, de la solución y de la aprobación del proyecto, que los municipios y sus trabajadores van a salir fortalecidos, porque se pagará una remuneración más justa y se advirtió que se dispensaba un trato no equitativo, como quedó demostrado en el apoyo de los movimientos de la calle. Pero, al final del camino, también se ha adquirido conciencia de lo útiles que son los servicios municipales y los funcionarios del sector para el cotidiano vivir.
Por mi parte, voy a aprobar con gusto el proyecto, felicitando la tenacidad de los funcionarios, de sus organizaciones y del movimiento que permitió llegar al acuerdo. Ello, sobre la base de continuar en adelante con otros mejoramientos. Si con esto no termina la negociación ni toda demanda del sector municipal. Pero se abre un camino, una puerta. En las comisiones tripartitas también será posible trabajar en otros sentidos y otras demandas justas en ese ámbito.
Señor Presidente , la iniciativa que hoy se somete a conocimiento del Senado viene a hacer justicia a un antiguo anhelo del personal de las municipalidades. Desde hace muchos años he venido escuchando su inquietud en orden a obtener igualdad de trato con los funcionarios públicos en cuanto a condiciones de trabajo y de ingreso.
En 2012 se logró homologar este último, para que a igual función correspondiera igual remuneración, algo que no existía, en muchos sentidos, en la administración municipal. Ahora se ha hecho otro tanto con la asignación de mejoramiento, ascendente a 30,6 por ciento para los funcionarios públicos y solo a 10 para los funcionarios municipales.
Este segundo paso, como digo, era largamente anhelado por los dirigentes de las organizaciones del sector, con quienes me ha tocado trabajar en muchas materias en los últimos diez o quince años. Me refiero, fundamentalmente, a la ASEMUCh, encabezada por Óscar Yáñez . Ellos han hecho ver la necesidad de corregir esta desigualdad, esta injusticia.
Por fortuna, el proyecto finalmente recoge el segundo punto y nos permite seguir avanzando.
Las condiciones en que se da el acuerdo las ha descrito el Presidente de la Comisión de Hacienda, el Honorable señor Zaldívar, y no voy a repetirlas.
Costó lograrlo, efectivamente, pero en lo sustantivo se alcanzó, que es lo positivo. Por eso, quiero agradecer la confianza tanto de los dirigentes municipales como del Gobierno para ayudar a acercar posiciones durante las últimas semanas, de manera de no perder la esperanza en la posibilidad de un acuerdo.
Pienso que efectivamente hubo demora, pero al menos el Gobierno siempre admitió que la causa era justa y, por lo tanto, nunca cerró las puertas a un entendimiento. Todos hubiéramos querido que el proceso tuviese una duración distinta. Lamentablemente, esa experiencia nos debe hacer meditar.
Me parece que del proceso derivan dos reflexiones importantes, en realidad.
Una de ellas es que aún está pendiente la implementación de la ley orgánica constitucional que regula el artículo 121 de la Carta. Desde 1997, cuando se modificó la Ley Fundamental, la definición de las plantas, las remuneraciones y otras materias propias de interés del personal de que se trata ya no se encuentran entregadas a la ley, sino a decisiones municipales. Sin embargo, ello es viable solo bajo los parámetros de una normativa que aún no se dicta. Por lo tanto, tenemos a los municipios realmente en un cuello de botella, sin salida; en un nudo ciego, sin solución.
La discusión la sostuvimos a propósito de profesores que pasaron a la planta. El Senador que habla planteó que el camino que se había seguido no era el más adecuado, conforme a la Constitución, pero que sí era necesario.
Es un punto cuya resolución vuelve a requerirse. Probablemente, si el cuerpo legal a que hago referencia estuviera vigente, la situación que nos ocupa no estaría dando vueltas y otros asuntos que afectan a los trabajadores municipales no se hallarían aún diferidos.
La segunda reflexión, a propósito de lo extensa que ha sido la etapa por la cual se ha pasado, es que los procesos de negociación y huelga no se hallan regulados ni en relación con los funcionarios públicos en general ni respecto de los municipales.
Y eso hace que se sigan caminos distintos; que no se cautelen necesariamente bien los intereses de la gente. Los vecinos han estado muy molestos, porque, como me parece que lo decía recién el Honorable señor Tuma , los servicios que prestan las municipalidades son muchos, muy útiles para la vida diaria. Sin embargo, los turnos éticos no resuelven debidamente los problemas, que son distintos, además, según la discreción de cada gremio.
En consecuencia, me parece indispensable volver a recoger la cuestión. Por mi parte, planteé una reforma constitucional sobre la materia, y espero insistir en ella, porque me parece que el sector público necesita una negociación colectiva regulada y, ciertamente, con un derecho a huelga también normado de modo de no provocar dificultades.
Sobre la base de todas las consideraciones anteriores, señor Presidente , estimo que se ha registrado un gran avance. Y espero que no solo resolvamos específicamente estos aspectos, sino que ojalá también los de fondo.
Por todo lo dicho, voto a favor.
Diez señores Senadores se encuentran inscritos para intervenir.
Señor Presidente, se ha expuesto lo importante que es, por fin, haber llegado a un acuerdo.
Evidentemente, un paro tan prolongado, de más de 30 días, afecta, en primer lugar, a los propios funcionarios. No ha sido fácil para ellos mantenerse, y han debido apelar, además, a la comprensión de la ciudadanía, que se ha visto privada de algunos servicios. Pero, a mi juicio, lo dilatado de la situación justamente permitió generar una disposición mayor que la mostrada al inicio para lograr soluciones.
Recuerdo que hace unos 15 a 20 días estuve con el Ministro del Interior y le hice ver la importancia de llegar a una mesa de trabajo, a un diálogo y a un consenso. Teníamos la experiencia de la duración del paro del Servicio de Registro Civil e Identificación, con el perjuicio tremendo de muchos ciudadanos que requerían trámites con urgencia.
Hoy día podemos decir que, en gran medida por una mejor disposición, pero fundamentalmente por la mantención prolongada del paro, se abrieron las compuertas para que, por la vía de la Comisión de Hacienda del Senado -en particular, del Honorable señor Zaldívar , quien encabezó las conversaciones-, se lograra el acuerdo. Y me alegro, porque considero que no podíamos arrastrar más la situación.
Me parece de entera justicia, como se ha expresado, permitir que la asignación de mejoramiento de la gestión municipal se iguale con la de modernización y se llegue al 30,6 por ciento. Se ha explicado que en lugar de los cuatro años iniciales, correspondientes a la propuesta del Gobierno, van a ser 25 meses, con un avance de un 50 por ciento el primer año y un 25 por ciento adicional durante los dos años siguientes.
También es importante señalar que se van a equiparar íntegramente los diversos componentes de la asignación de mejoramiento de gestión con la de modernización, aparte otros aspectos que se han mencionado.
En cuanto a la mesa que se constituirá, destaco primero la necesidad del informe jurídico, fundamental en relación con el incremento previsional. Ello dice relación con un ámbito que ha afectado muchísimo y en forma dramática. En el país lo conocemos. El daño infligido al sector público es para todos evidente. No podemos tener interpretaciones distintas. Por lo tanto, es esencial un informe en derecho constitucional.
Inmediatamente después viene la mesa técnica tripartita, con el Ejecutivo, los representantes de las asociaciones de funcionarios y, por supuesto, los alcaldes, a fin de poder entregar una propuesta antes del 28 de febrero.
Es absurdo que más de cien municipios teóricamente pudieran ser objeto de un juicio de cuentas ante la Contraloría, con dos interpretaciones diferentes. Eso no resiste más. Además, ello va en directo perjuicio de los propios funcionarios.
Es importante también tener conciencia de que desde hace veinte años no hemos abordado lo referente a plantas municipales y a asignaciones profesional, técnica y de responsabilidad, lo cual significa un encarecimiento.
Además, es preciso reconocer que existe una realidad muy desigual entre los distintos municipios, y quizás ser claros y hacer un mea culpa en el sentido de que muchas veces les hemos asignado nuevas funciones sin necesariamente financiar en su totalidad lo que ellas implican.
Nos duele la persistencia de la práctica, que hemos generado como país y como Estado, de mantener muchos profesionales a honorarios, sin los beneficios de un contrato indefinido.
Le pido al público asistente no hacer manifestaciones de ningún tipo, ni a favor ni en contra, durante las intervenciones.
Señor Presidente , afirmo muy seriamente que llegó la hora de abordar como un asunto de país la cuestión a que he hecho referencia. Es una situación en extremo injusta, que no es posible seguir arrastrando. No se puede desconocer que constituye una respuesta fácil que se ha dado en distintos Gobiernos, incluidos los nuestros.
Si se tiene la voluntad de sentarse a dialogar y a encontrar soluciones, hoy día se abre un camino. Espero que realmente seamos capaces de entregar las que se requieran, de carácter permanente, definitivo.
Incluso se mencionó que la negociación colectiva en este ámbito no se halla regulada y que prácticamente se lleva a cabo por la vía de los hechos. Considero que nos haría bien que se contemplara como un derecho y que estuviera normada.
Por las razones expuestas, y sobre todo considerando que se recurrirá a la vía de la reasignación, sin que los municipios, entonces, incurran en un mayor gasto...
Pido un minuto para concluir, señor Presidente.
Varios señores Senadores se encuentran inscritos, Su Señoría. Le recuerdo que la sesión dura hasta las 14.
Treinta segundos, por lo menos
Solo deseo consignar que resulta muy relevante no afectar el presupuesto municipal, lo que había despertado una enorme inquietud.
Es conocido en el Senado y el Congreso el dicho de que el Estado es el peor empleador. En el caso de los municipios, sin embargo, estamos en el sub, sub, sub. Porque la realidad de los funcionarios públicos era difícil al no hacerse imposiciones por el total del sueldo, mas la de los municipales ha sido aún peor. Estos aspiran a alcanzarlos.
Por eso mismo, celebro el acuerdo. El trabajo de Óscar Yáñez y de Alejandro Hales , así como de otros dirigentes de los municipales, lo ha hecho posible, para que se arregle la situación de sus representados.
Pero las cosas no se hacen solas. Toda la situación tiene una historia. Alguien decía recién que la solución había demorado. Hace décadas que los funcionarios postulaban a estos perfeccionamientos y no los habían logrado. Y el Gobierno del Presidente Piñera ha realizado un esfuerzo por mejorar las condiciones remuneracionales del sector no solo con el acuerdo. Cabe recordar que en noviembre del año 2010 se publicó la ley N° 20.475, que amplió el número de beneficiarios de la bonificación por retiro voluntario de funcionarios municipales, permitiendo extenderla a más de 400 personas.
En agosto de 2012 se dictó la ley que modificó la escala de sueldos base fijada para el personal de las municipalidades y los homologó con los del nivel central. El costo de eliminar la brecha que se registraba, cuyo promedio equivalía a un 22 por ciento del sector público, ascendió a aproximadamente 24 mil millones de pesos.
Finalmente, la ley N° 20.649 otorgó a los funcionarios municipales una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional, permitiéndoles acceder a importantes incentivos económicos, lo que favoreció a más de 2 mil 700 personas.
Creo que este proyecto cumple con una aspiración antigua. Es cierto que no se logran todas las cosas. Pero incrementar, como pretendemos, la asignación de mejoramiento de la gestión municipal establecida por la ley N° 19.803, con el fin de equipararla con la asignación de modernización de la ley N° 19.553, que reciben los funcionarios del nivel central, es un gran paso.
En el poco tiempo que me queda debo decir que tenemos otros temas pendientes.
Eso es cierto, aquí se ha planteado la realidad de los funcionarios a contrata, que constituye un problema y hay que abordarlo. Pero como involucra una cantidad muy importante de recursos, ello debe hacerse en forma progresiva, porque se ha ido olvidando y, por los montos involucrados, chuteando.
Además, es preciso abordar algo que no se halla en este acuerdo y que muchas veces me han planteado en la Región de Atacama, que represento en el Parlamento: la diferencia radical que existe entre funcionarios de municipalidades muy cercanas en una misma Región. Entonces, creo que allí no hay una realidad que sea más parecida ni una equiparidad que sea más justa con los mismos funcionarios.
La bancada de Renovación Nacional va a aprobar este proyecto de ley, y agradece tanto al Ministro del Interior y al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo como a los miembros de la Comisión de Hacienda que han participado en este trabajo, porque consideramos que estamos dando un paso muy importante para los funcionarios municipales.
Señor Presidente, sin duda, este es un buen acuerdo, que permite destrabar un conflicto.
Pero, más allá de hablar en específico sobre cómo resolver y caminar hacia la superación del paro de los funcionarios municipales, yo pido que este sea el primer paso de nuestra preocupación por todo lo que es el mundo municipal.
Los municipios no solamente son la primera autoridad con que se enfrenta el ciudadano. Ellos entregan un conjunto de servicios, de proyectos, de acciones a la comunidad que resultan fundamentales. Y creo que nos hemos dado cuenta de eso.
Por lo tanto, tenemos que trabajar fuertemente para dar una nueva visión de fortalecimiento del rol municipal. Los municipios se han ido quedando atrás producto de que no se le ha dado importancia, en materia presupuestaria, normativa, a cómo deben enfrentar con eficacia todo lo que la ciudadanía requiere.
Estamos al debe con las municipalidades. De ahí que esto debiera ser tomado como un primer paso.
No hay duda de que la homologación de esta asignación era algo obvio. Alguien aquí reclamaba por los 33 días. ¡Pero si estuvimos años con esta dificultad, con este problema y jamás se abordó!
Llega un momento en que todas las paciencias se agotan, se superan.
Bienvenida sea la resolución del conflicto. Pero yo quiero recordar aquí que en los años 2008 y 2009 también hubo fuertes movilizaciones de los funcionarios municipales a raíz de la presentación de proyectos de ley para regular las plantas, que contaron con el apoyo de nuestras bancadas y que ellos encontraban absolutamente nocivos.
En consecuencia, hay un conjunto de dificultades con respecto a las municipalidades que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Y llegó el momento de que no solamente tengamos una visión, hagamos un trabajo con respecto a los gobiernos regionales, sino que también nos dediquemos fuertemente en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los gobiernos, a ver cómo podemos fortalecer el rol de las municipalidades, fortalecer el rol de sus autoridades, fortalecer el rol de sus funcionarios, que es vital para el desarrollo de cada una de las comunas de nuestro país.
Una municipalidad dotada de facultades, de recursos, de atribuciones, con funcionarios capacitados y trabajando intensamente puede darles una respuesta a esas comunidades. Eso es lo que verdaderamente importa, y ha quedado sin duda postergado.
Entonces, si bien es cierto uno puede decir que este es un buen acuerdo y que fue vital la labor del Subsecretario de Desarrollo Regional, del Ministro Chadwick y de la Comisión de Hacienda, no podemos desconocer que todos sabíamos que el problema se venía arrastrando por décadas, como el Senador Prokurica me recordó en esta sesión.
Por lo tanto, no esperemos decenios para resolver las otras dificultades de las municipalidades, sino que abordémoslas verdaderamente con la decisión, con el coraje y con la voluntad política que se requiere.
La UDI va a votar favorablemente este proyecto de ley. Nos alegramos de que finalice el paro, que ha provocado perjuicios no solamente a los funcionarios municipales, sino también a todas nuestras comunidades. Pero no pensemos que es el término de tal situación. Este debe ser el inicio de un trabajo mucho más efectivo hacia nuestros municipios.
Señor Presidente , uno quisiera que las cosas se resolvieran sin necesidad de paros ni de movilizaciones, pero parece ser una característica de los gobiernos de todo signo el obligar a la realización de unos y otras. Es decir: "Guagua que no llora no mama". Si los funcionarios municipales no se hubieran movilizado, no tendrían ningún tipo de avance.
Siento que el esfuerzo hecho por los funcionarios -y también por los usuarios- fue enorme. Pero el avance, si bien es importante, deja tres de los cuatro puntos pendientes. Y digámoslo francamente: el primero de ellos (la asignación de mejoramiento de la gestión municipal, que se resuelve en un período de tres años y que va a alcanzar un máximo de 30,6 por ciento de las remuneraciones correspondientes) nos parece adecuado, pero deja el resto para después. Y el resto es importante.
Cada uno de los puntos pendientes va a quedar para el próximo Gobierno. Y quiero decir -ya llevo 20 años en el Parlamento y acabo de ganar una elección por 8 más- que los protocolos de acuerdo rara vez se cumplen.
Los gobiernos tienen las facilidades para no cumplirlos. Primero, porque el Gobierno que firma este protocolo de acuerdo probablemente va a cambiar por otro de signo diferente. No tengo una bolita de cristal, pero me asiste la convicción de que la próxima Administración sí va a ser de otra orientación.
Se establece un incremento previsional y se compromete la formación de una mesa técnica tripartita que va a elaborar un informe antes del 28 de febrero del 2014. La verdad es que si se hubiera fijado para el Día de los Inocentes se habría sido más sincero...
¡Eso es en diciembre!
Dice "28 de febrero del 2014" lo que tengo acá...
¡El Día de los Inocentes es en diciembre!
El señor PÉREZ VARELA .- ¡Si quiere lo cambiamos!
¡Hubiera sido más fácil ponerlo para diciembre...!
Este Senado de la República ha encabezado una mesa de trabajo durante dos años, presidida por el Senador Tuma . Tenemos una propuesta para el tema de las AFP, la deuda previsional, y la verdad es que existen los informes técnicos. Esto va a sumar un nuevo texto en un cartapacio enorme de documentos sobre cómo enfrentar los problemas respecto del incremento previsional, pero no es ninguna solución.
Y a la próxima Primera Mandataria , Michelle Bachelet , se le va a decir: "Aquí tiene, Presidenta , vea usted cómo lo resuelve". No considero justo que en definitiva el Ejecutivo eluda la responsabilidad de avanzar ahora sobre esta materia, al menos a la mitad, para dejarle la responsabilidad de la otra a la siguiente Administración.
Respecto de las plantas municipales y de las asignaciones profesional, técnica y de responsabilidad, otra vez se habla de las "mesas técnicas tripartitas". Yo quiero decir que estas van a elaborar un informe técnico, no político, y que, de nuevo, la responsabilidad se traspasará al siguiente Gobierno.
O sea, al próximo Gobierno lo estamos gravando con más movilizaciones y nuevos paros.
Claramente, aquí alargamos la posibilidad de tener más protestas, y lo más probable es que sean muy tempranas, a partir de marzo o abril, porque como los temas de la salud y la educación vienen muy fuertemente, el problema municipal se va a sumar a un nuevo frente de demandas y de movilizaciones.
Después, el protocolo se refiere a los rezagados de la ley N° 20.649 y les abre la posibilidad de que se incorporen "sujeto a disponibilidad de cupos vigentes".
Señor Presidente , aquí se incluye en los beneficios a los funcionarios a contrata, en un régimen progresivo, pero se deja fuera a los que trabajan a honorarios y a los que se rigen por el Código del Trabajo. Yo creo que no se ha sincerado la necesidad de que en lo municipal tengamos las plantas necesarias en los próximos cuatro, seis u ocho años, mediante un proceso de consenso político. Este pudo haberse dado ahora en el Parlamento, pero más bien se optó por un acuerdo parcial.
Los funcionarios a honorarios, que son miles, tienen las mismas funciones, las mismas remuneraciones ¡y la misma inestabilidad!, pero no se consideran en esta iniciativa.
Qué decir de los funcionarios regidos por el Código del Trabajo.
Entonces, mi pregunta al señor Subsecretario es por qué en este proyecto no se da la autorización correspondiente a municipios como el de Quilicura, cuyo alcalde, Juan Carrasco , dijo: "Yo puedo incorporar toda mi planta de funcionarios a contrata a la planta municipal con recursos propios, pero la ley no me deja".
Existe un número importante de municipalidades que podrían hacerlo con fondos propios, y otros con asignación estatal centralizada. Pero no se ha hecho.
En consecuencia, no se deja proceder a los alcaldes que quieren y pueden regularizar las plantas, y se les niegan los recursos a los alcaldes que están de acuerdo en hacerlo.
Señor Presidente , yo hubiera preferido mayor sinceridad. He consultado con algunos presidentes de asociaciones de mi región, y me señalan que están de acuerdo con la iniciativa, aunque no les gusta del todo.
Este proyecto de ley se va a aprobar igual. Yo lo voy a votar a favor. Hago presente que hacerlo en contra significaría dejar un testimonio. Me van a decir: "Mira, Navarro se quiere salvar solo; siempre está de acuerdo".
Aquí se va a acoger de todas formas, están los votos para ello. Pero quiero dejar constancia de que este acuerdo es absolutamente insuficiente, y de que vamos a tener movilizaciones en el próximo Gobierno.
Lamento que no hayamos podido avanzar más. Por cierto, seguiremos apoyando las demandas de los funcionarios no solo con informes técnicos, sino también con recursos, que habrá que generar mediante la reforma tributaria que realice la siguiente Administración para poder financiar lo que aquí no se ha logrado.
El gran esfuerzo de los funcionarios municipales, su enorme sacrificio, ha tenido una recepción parcial; se ha estimado como lo posible, pero yo hubiera querido mucho más.
Señor Presidente , yo también creo que ha habido un resultado exitoso, producto de una larga movilización de funcionarios municipales, que representa una expresión de una deuda del Estado central con ellos y de la cual no hemos podido hacernos cargo.
Como recién señalaba la Senadora Isabel Allende: aquí hay responsabilidades políticas de distintos sectores, de diferentes coaliciones.
Hubo Gobiernos de la Concertación que no entendieron que se debía avanzar en la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; en definir de manera integral lo relativo a las plantas; en ocuparse del tema previsional; en no seguir manteniendo el sistema de contratas, con contratos que se van renovando año a año, ni el de honorarios.
Por lo tanto, hay un esfuerzo que se ha plasmado en un texto. Esto es positivo, sin duda. Incluso, uno podría decir que, tal como se señala en él, se favorece la equidad, la descentralización. Pero concuerdo con el Senador Navarro en que ese esfuerzo es insuficiente.
Sin lugar a dudas, era necesario llegar a esta solución. Durante poco más de un mes se registró una paralización que les generó a los ciudadanos problemas sanitarios, por la falta de recolección de residuos domiciliarios; problemas con las licencias de conducir, porque no podían sacarse ni renovarse, y muchos otros más, como los relativos a la recepción de obras, que afectaron incluso a la industria inmobiliaria.
Efectivamente, aquí hubo dificultades.
Pero también hay que señalar que prácticamente durante todo lo que va de este Gobierno funcionó una mesa que no llegó a ningún resultado, que no condujo a ninguna solución.
Creo que eso da cuenta de que no podemos seguir incurriendo en los errores políticos aquí cometidos, en el sentido de no ver la gran diferencia existente en las asignaciones. Porque, aunque el funcionario municipal se esfuerce por cumplir los objetivos, las metas, sus incentivos no son similares a los del resto de la Administración del Estado.
Existe una concepción de un sistema que habla mucho de la modernización, pero de la concebida solo como la entrega de recursos tecnológicos. Y la modernización tiene que ver con recursos humanos, con personas, con funcionarios a los que día a día se les entregan mayores atribuciones o se les adicionan funciones, pues el Estado necesita una respuesta más ágil en ámbitos que tradicionalmente no abarcaba. Sin embargo, no hay preocupación por brindarles los elementos, las herramientas necesarias para cumplir ese rol.
Me parece que lo más relevante es que a favor del modelo neoliberal solo está un 25 por ciento, que corresponde al porcentaje obtenido por la candidatura de Gobierno, de Evelyn Matthei, en la votación del domingo pasado...
Solicito a los colegas que nos permitan continuar el debate. Muchas veces se sanciona por el ruido a la gente en tribunas, pero en otras ocasiones no se nos permite intervenir en el Hemiciclo.
Como decía, señor Presidente , ese día se envió un mensaje muy claro: un 25 por ciento de la ciudadanía está por mantener el modelo que nos tiene en desacuerdo. Este busca jibarizar el Estado, tercerizar los servicios, privatizar, entregar y licitar muchas de las tareas tradicionalmente realizadas por el Estado.
Esa mirada fue derrotada. Esa mirada de un Estado pequeño les ha pasado la cuenta durante mucho tiempo a los funcionarios municipales.
Entonces, espero que, a partir de los problemas que efectivamente se les ocasionaron a los ciudadanos (a lo mejor no había otro camino), pongamos atención en el asunto de fondo. Y este es cómo robustecemos; cómo damos más musculatura a la institucionalidad municipal, que es muy relevante; y cómo nos hacemos cargo de lo que pasa en muchos municipios, donde hay activismo político, donde se llevan a cabo prácticas clientelares respecto a las cuales tampoco hacemos nada.
Y sobre el particular también hay quienes han abusado. Probablemente los menos, no sé. Pero siento que, si vamos a hablar de modernización -insisto-, esta no pasa por un tema de más computadores y recursos tecnológicos, sino esencialmente por poner el acento en el recurso humano.
Valoro este acuerdo; creo que es necesario, que ayuda.
Pienso que hay muchas tareas pendientes en la SUBDERE (aprovecho de decirlo ya que acá está el Subsecretario ). Elegimos consejeros regionales el fin de semana, pero sin atribuciones y que desconocen qué van a hacer.
Sé que eso también es responsabilidad de todos nosotros, y tenemos voluntad para que en los próximos días saquemos esta tarea.
Señor Presidente , el Gobierno del Presidente Piñera heredó tres problemas de las Administraciones de la Concertación en el mundo municipal, que se habían planteado desde hace mucho tiempo y que no habían tenido ninguna solución.
El primero dice relación con homologar los sueldos base municipales con los fiscales.
El segundo apunta a corregir una desigualdad inexplicable en materia de los PMG, referida a que los funcionarios públicos reciben 30 por ciento por este concepto y los municipales 10 por ciento.
Y el tercero tiene que ver con un problema que se arrastra hace años, heredado de los Gobiernos de la Concertación, que consiste en la tremenda injusticia entre los cargos a contrata y los de planta, que, en definitiva, deja a muchos funcionarios municipales a merced de la libre voluntad y antojo del alcalde de turno para realizar su trabajo con tranquilidad.
Lo anterior, a mi juicio, incluso afecta aspectos claves de corrupción. Porque, si el día de mañana un funcionario municipal a contrata o a honorarios descubre la existencia de corrupción en su municipalidad y la denuncia, como la investigación y los trámites de estos hechos son muy largos, probablemente lo echarán a fin de año.
No creo que haya en Chile funcionarios más inestables, porque su inestabilidad laboral es completa.
El Gobierno del Presidente Piñera solucionó dos de los tres problemas.
En primer lugar, logró homologar los sueldos base municipales con los fiscales.
En segundo término, después de una negociación, de una huelga, que forma parte de las reglas del juego en democracia -me parece bien, como concepto, que las personas puedan exigir pacíficamente, en términos generales, que se respeten sus derechos-, finalmente el Gobierno del Presidente Piñera llegó a un acuerdo.
Por supuesto, a ese logro -no hay que ser egoístas- contribuyeron todos. Porque los acuerdos no se consiguen cuando uno se atribuye exclusivamente el triunfo. Aquí todos participaron: los dirigentes, el Gobierno, los Ministros, los parlamentarios, en fin, los funcionarios municipales que colaboraron.
Y queda para el próximo Gobierno un tema pendiente, que es el que mencioné. Dudo que se quiera resolver, porque aquí hay una especie de doble discurso: los alcaldes plantean una cosa distinta de aquella que da más estabilidad al trabajador municipal.
Muchos alcaldes quieren tener funcionarios que no estén en la planta, sino a contrata o a honorarios. Con eso, ellos tienen mayor poder de gestión. Esto es lo más injusto del mundo. Porque, si hay un mal funcionario, debería haber un mecanismo expedito, rápido, justo, con el debido proceso y la correspondiente investigación, para que lo echen. Pero esos trabajadores no pueden estar sujetos todos los años al libre albedrío o voluntad de un alcalde que simplemente -lo he comprobado en las comunas de La Araucanía Norte- los despide porque, tal vez, no están sintonizados con su pensamiento político.
Y eso corresponde a un mal funcionamiento del sistema.
Lo anterior indica que existe un asunto pendiente.
Hay algo que he aprendido durante muchos años como Senador y antes como Diputado : ninguna autoridad tiene mayor contacto con los funcionarios públicos, sean fiscales o municipales, que los alcaldes. ¡No la hay! ¡Estos reciben de todo! A las municipalidades llega la gente a pedir lo que sea. Por supuesto, muchas cosas no están dentro de las atribuciones de aquellas; pero el empleado municipal tiene que poner la cara, atender y tratar de resolver lo que muchos no pueden solucionar. Y las solicitudes se transforman a veces en una especie de repetición permanente de algunos en orden a que no son atendidos en debida forma.
Entonces, es muy duro ser funcionario municipal y estar sujeto a diversas situaciones injustas en comparación con otros servidores públicos y tener que escuchar a miles de miles de personas, para finalmente ser criticado. Y, aunque haga su pega bien, los reclamos se convierten en algo así como un eslogan que indica que él no atiende como corresponde.
Por eso apoyo el proyecto en debate.
Pero no tengo duda de que vamos a ver ciertos hechos, porque una cosa son las promesas de campaña y otra distinta lo que se hace en la realidad.
El Gobierno del Presidente Piñera resolvió dos de los tres problemas de los funcionarios municipales. Y espero que la próxima Administración solucione el más importante, por cuanto me parece que es realmente de absoluta justicia regularizar la situación que los afecta.
Señor Presidente , es bien importante este día, pues tuvieron que pasar más de tres semanas para que finalmente el Gobierno se allanara a buscar una solución a algo tremendamente justo. Digo "justo", porque carece de sentido lógico la diferencia hecha sobre la base de elementos técnicos, de las funciones y del espíritu que anima la labor de servicio público de los funcionarios municipales respecto de los empleados de la administración centralizada.
Esa distorsión evidentemente generaba irritación, al apreciarse la existencia de funcionarios públicos de primera y de segunda categoría.
Por eso encuentro fundamental que algo se avance hoy día, pues ahora no estamos resolviendo todos los problemas. Como bien expresó el Senador señor Navarro , aquí estamos dando un paso en un camino que deberemos transitar y que, seguramente, recorreremos muchas veces en el próximo Gobierno, al debatir los problemas que afectan a los funcionarios municipales y, por cierto, a todos los servidores públicos.
Espero que logremos homologar realmente las condiciones laborales tanto en lo que dice relación a las remuneraciones de aquellos cuanto en lo atinente a los incentivos que han sido puestos en la discusión.
Pero hay otros asuntos que tampoco se han resuelto. En este sentido, valoro que haya disposición de diálogo y de crear mesas tripartitas para conversar aspectos relativos a las plantas de personal. Porque efectivamente se observa aquí una situación que no está resuelta: la gran cantidad de empleados públicaos a honorarios y contratados conforme al Código del Trabajo, los cuales no están siendo reivindicados esta tarde.
Es bueno dejar constancia de lo anterior cuando estamos resolviendo una injusticia, pero hay otras que quedan pendientes.
Y unas últimas palabras respecto del aspecto previsional.
Cuando uno conversa con los funcionarios municipales de su Región y con sus dirigentes nacionales -siempre estos han estado en el Senado haciendo el sano y justo lobby que corresponde, porque en verdad, si no fuera por sus luchas, a lo mejor no estaríamos acá-, se percata de que no se puede seguir resolviendo el problema del daño previsional, de las bajas pensiones, de la mala vejez de los trabajadores sobre la base de ciertos incentivos al retiro. Se dice que esto es para dar tiraje a la chimenea y para mejorar un poco sus pensiones, en circunstancias de que lo que se pretende es que la persona jubile.
Pero, ¿en qué consiste la cuestión de fondo? Que tenemos un sistema previsional, que se instauró durante la dictadura, respecto del cual no se cumplió la promesa hecha a los chilenos.
¿Cuál fue la promesa del sistema previsional, la maravilla ofrecida por Pinochet? Que íbamos a tener 80 o 90 por ciento de tasas de reemplazo. ¡Era una maravilla! La gente se cambiaba de sistema. Mi madre, profesora, no tan voluntariamente -en ese tiempo nadie hacía las cosas por propia decisión- se cambió a Provida, porque significaba que iba a percibir el 80 o 90 por ciento de su sueldo en actividad. Y hoy día uno ve que la pensión de los profesores ni siquiera alcanza el 30 por ciento de la remuneración que tienen al momento de jubilar.
Por lo tanto, la solución del problema no consiste en seguir dando bonos o incentivos al retiro. La manera de resolverlo es mediante una nueva reforma previsional que modifique definitivamente un sistema individualista que fracasó y en virtud del cual no se cumplió la promesa hecha a los chilenos con el sistema de AFP.
¡Ese es el tema de fondo! ¡Esa es la razón del daño previsional!
Este es un mecanismo donde cada uno "mata su toro". Capitalización individual: "Gano buen sueldo, cotizo todos los meses, no tengo lagunas. ¡El descueve!".
En mi opinión, vamos por mal camino si empezamos a dejar que el sistema de pensiones caiga sobre los hombros de los trabajadores y no sobre el Estado. Por eso es importante cambiar la Constitución para reponer el rol de aquel en asuntos que resultan fundamentales para los compatriotas, como los relativos a la salud, la educación y las pensiones.
Señor Presidente , en primer término, deseo felicitar a Óscar Yáñez , dirigente de los municipales y con quien hemos dado muchas luchas, precisamente por el trabajo que realizó, e igualmente hago extensivas mis felicitaciones al Gobierno.
Cuando pedimos al Comité Político gubernamental resolver con urgencia el paro de los municipales y el Ministro de Hacienda hacía todo lo posible en ese sentido, sosteniendo que el problema era de responsabilidad fiscal, nosotros decíamos: "Hay que avanzar en términos de dar justicia a los trabajadores municipales".
Ahora bien, es preciso reconocer lo que se ha hecho, porque eso también es parte de un camino. Obviamente, no todo está resuelto. Hay muchos temas por delante.
Acá se ha hablado del aumento de las plantas. Por supuesto, se debe hacer un estudio comuna por comuna a ese respecto, debido a que hay clientelismo en diversos municipios. Por tanto, es necesario establecer las condiciones para determinar claramente cuánto requiere cada uno de ellos.
Además, resulta conveniente terminar con la precarización del trabajo, en lo que estoy absolutamente de acuerdo. Por eso impulsé en el Senado otro proyecto de ley, que fue declarado inadmisible; también lo presentó el Diputado Rodrigo González en la Cámara Baja.
Por último, se logró la admisibilidad en este Hemiciclo en lo referente a los profesores a contrata, quienes son objeto de abusos permanentes. En efecto, en algunos municipios el 95 por ciento de los docentes a contrata no pasa a la planta.
En consecuencia, hay una precarización del empleo público, asunto del que hay que hacerse cargo.
Hay dos temas, de los muchos que existen, en los que se avanzó: uno dice relación con la homologación de los sueldos base, aumentándose en 5 por ciento las remuneraciones de los trabajadores municipales; el otro se refiere a la homologación de la Asignación de Mejoramiento de Gestión Municipal con la Asignación de Modernización, lo que representa 15,2 por ciento de mejoramiento.
O sea, se debe reconocer que en este Gobierno -sobre el cual pueden haber muchos reparos de la Oposición en materia de gestión-, al menos, se empezó finalmente a dar un camino de solución a un problema que se arrastraba desde antes de 1990.
El Senador señor Navarro anunció que habrá movilizaciones a partir de marzo si es que asume el Gobierno Michelle Bachelet.
La actual Administración ha hecho lo posible por mejorar las cosas. Soy uno de los Senadores que en el Comité Político de La Moneda insistieron en que una de las cuestiones de fondo que había que resolver era la de los trabajadores de los municipios.
Los propios funcionarios municipales realizaron un análisis objetivo. He trabajado con los que cumplen tareas auxiliares en Valparaíso. Y los he ayudado para que puedan soportar los días de movilización. He cooperado para generar las ollas comunes en mi calidad de parlamentario de la zona.
Quiero contar que gracias a un análisis objetivo ellos consideran que ha habido un avance. ¿Se cumplen todas las expectativas? No. ¿Queda por avanzar? Todavía resta mucho; no obstante, debo manifestar que fue el actual Gobierno el que comenzó el camino para resolver la deuda histórica que mantiene el Estado de Chile con los funcionarios municipales.
Y señalo algo más: los funcionarios municipales son quienes están en la primera línea y sufren un estrés permanente por tener que resolver las necesidades cotidianas de los ciudadanos. Ellos son los que están junto a los alcaldes para solucionar las necesidades más urgentes de la población. Por lo tanto, requieren dignidad.
En relación con los funcionarios públicos -esto quizás no lo sabe Óscar Yáñez , o alguna vez lo conversamos- me dirigí a la Contraloría General de la República para solicitar una investigación en todos los servicios públicos del país, con el objeto de ver si se cumplía o no la regla del 80/20, la cual da cuenta de la precarización. Si hubiese un servicio público, un Ministerio que cumpla con dicha regla, me saco el sombrero. Acá hemos tenido una política permanente y consistente de todos los Gobiernos en cuanto a precarizar la función pública. Ese es un problema que el país tiene pendiente.
Finalmente, quiero señalar que el camino iniciado por esta Administración debe ser continuado por el próximo Gobierno, sea de la Concertación o de la Alianza. Lo importante es que sea capaz de enfrentar el hecho de que la dignificación de los funcionarios municipales es una tarea permanente. Hay que ampliar las plantas, pero con los estudios necesarios.
He conversado con varios alcaldes. Ellos me dijeron que estamos en el peor de los mundos: no tienen cómo enfrentar las necesidades de la población. Cualquiera los podría acusar de notable abandono de deberes por no contar con los funcionarios necesarios en las plantas.
Una cuestión importante en la mesa tripartita debe apuntar a un estudio serio que permita determinar cómo se deben aumentar las plantas profesionales en Chile y cuántos funcionarios más se deben contratar.
Felicito, nuevamente, a don Óscar Yáñez por el trabajo realizado, y también a la otra organización que lo acompaña.
--Se aprueba en general y particular a la vez el proyecto (35 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Por haber cumplido su objetivo, se levantará la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.
Al señor Ministro de Salud y al señor Presidente del Colegio Médico, con el objeto de solicitarles información relativa a NÚMERO DE MÉDICOS EN RECINTOS PÚBLICOS DE SALUD CON CONVENIO CON FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA).
Al señor Superintendente de Educación, para que informe sobre PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, DE SALUD Y OTROS DESCUENTOS A DOCENTES CONTRATADOS EN DEPARTAMENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL EN REGIÓN DE ATACAMA.
--Se levantó la sesión a las 14:24.
Resulta fundamental que los gobernantes asuman visiones geopolíticas para potenciar todo el territorio nacional pero muy especialmente las zonas geopolíticamente estratégicas.
En general salvo excepciones, en nuestro país no han existido visiones geopolíticas estratégicas que tengan que ver con el desarrollo o el poblamiento de esos territorios.
El mejor reflejo de lo anterior está en la definición que ha hecho el Estado en materia de Administración interior. Hasta el año 2005, Todas las regiones o territorios al interior de la las regiones tenían un mismo status.
Sin embargo esta tendencia se rompe con fecha 16 de Agosto de 2005 no en beneficio de los territorios geopolíticamente estratégicos sino los territorios insulares de Isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández. Bajo el mandato del ex Presidente Ricardo Lagos Escobar cuando ingresó a tramitación legislativa una reforma constitucional que se materializó en el año 2007 bajo la ley 20.193 que declara como territorios especiales Isla de Pascua y el Archipiélago de Juan Fernández. Según el contenido de esta reforma constitucional, los mencionados territorios estarán sujetos a un estatuto especial.
Para fundamentar la reforma el mensaje señala que no obstante existir una institucionalidad regional “se reconoce que existen territorios insulares oceánicos cuya condición geográfica las mantiene en rezago frente al desarrollo social o económico del resto del territorio nacional, y dónde la experiencia ha demostrado que los mecanismos institucionales regionales y provinciales resultan inadecuados en la escala local. Este es el caso de los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández, que necesitan una normativa específica para atender sus particulares características”.
El mensaje agregaba que: “Ello se materializaría con adecuaciones e innovaciones institucionales no sólo referidas a los contenidos de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional”. “El propósito mencionado de establecer estos Territorios Especiales se materializa a través de la incorporación de una norma especial en la Constitución Política referida al establecimiento de Territorios Especiales, que a la vez permitirá la creación de Estatutos Especiales mediante la dictación de leyes orgánicas constitucionales. Dicho propósito apunta a definir una estructura de administración más eficiente, sobre todo en su relación directa con el Gobierno central, por ello la opción de eximirla del diseño institucional tradicional.
Los Estatutos Especiales podrán considerar normas que provoquen un reordenamiento de las instituciones públicas, que potencie el máximo la presencia de un fuerte aparato público desconcentrado.”
“El Capítulo XIII de la Constitución Política del Estado que regula el Gobierno y Administración Interior del Estado, contiene normas referidas al Gobierno y Administración Regional, Provincial, Comunal y disposiciones relativas a ellas. La presente reforma pretende incorporar un nuevo artículo 115 bis dentro de un nuevo párrafo referido a Disposiciones Especiales, que trate de Gobierno y Administración de los Territorios Especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández. Al efecto, la reforma constitucional propone mandatar al legislador orgánico constitucional para establecer las modalidades de gobierno y administración que configurarán los Estatutos Especiales que regirán para los referidos Territorios Especiales. En consecuencia
El referido artículo 115 bis posteriormente se tradujo en el art. 126 bis. El fundamento tal como lo expresa el mensaje apunta a tener una administración más eficiente para alcanzar el desarrollo a través de una relación directa con el gobierno central de ambos territorios insulares.
Posteriormente, el 28 de Octubre de 2009 bajo el mandato de la ex Presidente Michelle Bachelet ingresó a nueva reforma constitucional que se materializó el año 2012 a través de la ley 20.573 que profundiza el contenido de este estatuto especial. Con el propósito expreso de proteger el medio ambiente y propender al desarrollo sustentable de dichos territorios, podrá restringirse el ejercicio de los derechos de permanencia o de residencia en dichos territorios y podrá limitarse la libre circulación de personas hacia dichas localidades.
Si la uniformidad en materia de administración regional se rompió para buscar una administración más eficiente en los territorios insulares y se profundizó por razones medio ambientales, con mayor razón debería romperse la uniformidad administrativa respecto de los territorios que efectivamente son geopolíticamente estratégicos. Allí la eficiencia debe ser máxima y debe existir una permanente observancia y preocupación del nivel central por garantizar su poblamiento, desarrollo o la conectividad. La institucionalidad debe hacerse cargo de este elemento tan fundamental como lo hizo respecto de los territorios insulares.
El potenciar el desarrollo y el poblamiento de territorios geopolíticamente estratégicos no puede depender de la mera voluntad de un gobernante.
Nuestra historia nos muestra como Chile ha tenido visión muy limitada, parcial y discontinua en estos territorios.
La Región De Tarapacá fue la última en incorporarse a la soberanía nacional. Lo hace en 1883 a través del tratado de Ancón. La soberanía sobre Tacna y Anca quedó pendiente. Logró materializarse cuarenta y seis años después con el tratado de 1929, partir del cual Anca definitivamente pasa a formar parte del territorio Nacional.
Desde el 1883 nunca ha existido una visión de conjunto para abordar la situación de Anca e Iquique.
En 1885 Arica tenía 3.900 habitantes e Iquique 19.291. En Iquique se produce el auge del salitre. Chile llegó a proveer el 70% de la demanda mundial, su población aumenta a más de 40.000 habitantes y ya en 1908 el salitre representaba el 57,8% los ingresos fiscales totales. Sin embargo en la década del 20 se descubre el salitre sintético. El país deja de percibir importantes ingresos. En 1927 el salitre sólo representaba el 25% de los ingresos fiscales, las exportaciones cayeron desde 2,8 millones de toneladas a 1,4 entre 1931 a 1932. Su precio bajó desde 40 dólares la tonelada a 24,5.
Iquique se vio seriamente afectada. Pobreza, desocupación y hambruna. La población de 40.000 habitantes en 1940 bajó 38.000 en 1992. En 1931 el Estado debía alimentar a 10.700 personas a través de cocinerías denominadas “ranchos” instaladas en Iquique, Pozo Almonte, Huara, San Antonio, Felisa, Brac y Negreiros.
Iquique fue abandonada por décadas. En 1957 se produjo la primera protesta por el abandono. Tres años después se repite nuevamente. Entre los años 1961-1962 el puerto tuvo un pequeño repunte por el auge de la actividad pesquera. En 1965 desaparecen los recursos pelágicos y las plantas procesadoras paralizan.
Sin embargo el destino de Iquique cambia a partir de 1974-75. Por una razón estrictamente geopolítica se crea la Zona Franca. Se transformó en una, palanca de desarrollo. Incrementa sus operaciones desde 707 millones de dólares en 1982 a casi 2000 millones de dólares en 1990. Genera una potente actividad comercial, industrial, inmobiliaria y turística. La población aumenta de 64.447 hab. en 1970 a 171.000 el 89.
La situación de Iquique termina por consolidarse con la llegada de la gran minería. En 1990 se instala la Cía. Doña Inés de Collahuasi y Quebrada Blanca, con una inversión de 3.000 millones de dólares. En 1992 la ciudad alcanza un 1,7% de desocupación.
¿Fue planificado o pensado el desarrollo de Iquique de los últimos 38 años como territorio geopolíticamente estratégico? En absoluto. La Zona Franca y su posterior desarrollo fue una coyuntura geopolítica pero no una visión geopolítica.
La gran ventaja de la zona Franca se originó en la reducción arancelaria e impositiva. Durante el gobierno militar Chile unilateralmente baja los aranceles y partir de 1990 los gobiernos democráticos celebraron tratados de libre comercio. Sin embargo la Zona Franca no se ve afectada y continúa siendo una palanca de desarrollo. Lo que en definitiva ocurrió con Zona Franca es haber generado un know how de comercio exterior, con una ubicación geográfica privilegiada para comerciar con Bolivia, Perú, Paraguay y el Norte Argentino. Esta iniciativa se vio reforzada por la llegada de inmigrantes chinos, hindús, pakistanís y de otras nacionalidades que se dedicaron al comercio y transformaron Iquique en una ciudad cosmopolita.
Arica después de incorporarse al territorio nacional en 1929 queda en el más absoluto abandono hasta 1950. No contaba con los servicios básicos como electricidad, agua potable incluso sufría desabastecimiento.
Entre 1930 y 1952, baja el número de habitantes de 13.140 a 8.507. En la década del 50, el ex Pdte. Carlos Ibáñez del Campo toma la decisión de potenciar Arica. En 1953 crea el puerto libre. En los veinte años siguientes demográficamente crece más de diez veces. De 8.507 hab. En 1952 pasó a tener 87.726 en 1992.
A través del puerto Libre se podía importar sin impuestos y agregarles valor y re-exportarlos. La economía ariqueña se activó de inmediato. En 1958 se profundiza esta estrategia y se crea la Junta de Adelanto en que una parte de los ingresos que se generaban en Arica podían reinvertirse construcción, obras públicas universidades y apoyo crediticio.
El puerto libre y la Junta de Adelanto, generaron una importante base industrial en los rubros automotriz, electrónica, metalmecánico, textil y químico. Se instalaron las primeras empresas pesqueras. Se construyeron importantes obras públicas como la carretera panamericana Arica-Santiago (1961-62), el estadio Carlos Dittborn (1958), la central hidroeléctrica Chapiquiña (1961-64), el aeropuerto Chacalluta, el puerto y casino municipal. En 1970 se inicia la construcción del camino Arica-Tambo quemado-La Paz.
Entre 1960-1970 la población económicamente activa creció en un 65%. Arica llegó a tener 202 empresas que generaban 8.362 empleos directos. Importantes transnacionales se instalaron en Arica en el rubro automotriz (Ford, Citroën, Motorola, Geloso, Toshiba, Datsun, Chevrolet, Bristish Leyland, Renault).
A partir del Gobierno de Jorge Alessandri los técnicos cuestionaron el costo económico del puerto libre, por los ingresos que dejaba de percibir el fisco y dudaban de la junta de adelanto como elemento descentralizador. Fue una época marcada en lo económico por el concepto de sustitución de importaciones.
Se presenta al congreso un proyecto de la ley que se traduce en la ley 14.824 del 28 de diciembre de 1961 que disminuiría el presupuesto de la junta de adelanto, gravando los productos ingresados vía puerto libre. En 1963 se termina con el puerto libre.
Posteriormente se comienza a desmantelar la Industria Ariqueña. El ex Pdte. Eduardo Frei Ruiz Montalva tomó la decisión de desplazar el polo automotriz a la zona central. En 1967 permite que se trasladen a la provincia de Valparaíso, Aconcagua y O’Higgins, las empresas automotrices Fiat, Ford y Peugeot.
Entre 1970-73 las industrias fueron intervenidas e ingresaron al área de la propiedad social, con lo cual definitivamente desapareció la industria automotriz Ariqueña.
El gobierno militar por razones estratégicas ante las tensiones con los países vecinos decide potenciar Iquique y no presenta alternativas de desarrollo para Arica. En 1986 las cifras de cesantía llegaban al 12,6%.
Dado los niveles de abandono, en 1993 los ariqueños convocaron a un paro. En 1994 se genera una segunda protesta. El Gobierno reacciona y aprueba la ley 19.420 el 23 de Octubre de 1995conocida como la ley Arica I que tuvo un impacto casi nulo. Para corregirla, el 24 de octubre de 1996 se dicta la ley Arica II. también sin grandes resultados. Los dos dígitos de cesantía se mantuvieron hasta 2010.
El Presidente Piñera a partir del 2010 ha generado un punto de inflexión. Se planteó como el plan Arica 2010-2014. En lo esencial se trata de una estrategia dual que ha consistido en mejorar las leyes de excepción y en paralelo crear una base productiva sobre la base de las ventajas comparativas de la región, especialmente en torno a la agricultura y la minería. Se ha creado un nuevo valle (la Concordia) de más de 1000 hectáreas, se han instalado las principales empresas semilleras del mundo, se genera un plan de recursos hídricos que ha permitido utilizar los pozos de la Concordia abandonados por más de cuarenta años, entubar el Canal Azapa en etapa de licitación, avanzar en el embalse Chironta para potenciar el valle de Yuta. En síntesis, se persigue duplicar la superficie agrícola. Paralelamente, la minería por primera vez ha pasado a ser eje estratégico de la región, y los primeros cátodos de cobre serán exportados por el puerto de Arica en los próximos meses proveniente del yacimiento mediano Salamanqueja.
El ciclo virtuoso de la minería en el norte del país y este plan estratégico, han generado Arica cifras de desempleo de sólo un 4,6%, un punto por debajo del promedio nacional y el segundo Inacer más alto del país con un 9%. De acuerdo al último censo, aumentó levemente su población a una cifra levemente superior a los 200.000 mil habitantes. Sin embargo, el altiplano sigue despoblado y sin desarrollo con no más de 4.000 habitantes por la ausencia de fuentes productivas como consecuencia de haber sido declarada la mitad de la provincia de Parinacota un área protegida. Inexplicablemente diversos grupos o autoridades han manifestado su rechazo a estos proyectos estratégicos, especialmente mineros los que han terminado por judicializarse y en algunos casos paralizarse lo que sin duda tendrá impactos muy negativos en el futuro desarrollo de la región.
Pero esta falta de visión geopolítica no sólo ha ocurrido en el norte del país sino también en el sur. Es inexplicable lo que ocurre que en Tierra del Fuego. Mientras la población Argentina supera los 100.000 habitantes y Ushuaia se ha transformado en la puerta de entrada del turismo Antártico, el lado Chileno no supera los 6904 habitantes y aún no se termina de construir la comunicación terrestre hasta el canal Beagle. Puerto Williams es sólo una base Naval con 1700 habitantes.
Desde un punto de vista geopolítico, se hizo un gran esfuerzo por el gobierno militar para construir la carretera austral que posteriormente ha sido continuada por los gobiernos democráticos. Sin embargo es inexplicable que en pleno siglo XXI Chile no se encuentre unido vía terrestre entre Visviri por el norte y campo de hielo (4.000 km aprox.). Sólo falta un tramo de apenas 70 km (Pichanco-Leptepu / Fiordo Largo-Caleta Gonzalo) en que no se ha construido un metro de carretera por décadas.
De la breve exposición quedan en evidencia algunos hechos indesmentibles.
La falta de una visión desde el Estado para potenciar los territorios geopolíticamente estratégicas.
Materias tan trascendentes como las mencionadas no pueden quedar sujetas a la mayor o menor prioridad que establezca un gobernante determinado. No es un gobierno sino que el Estado de Chile, en su función permanente el que está llamado a crear y garantizar políticas de desarrollo y poblamiento en las zonas geopolíticamente estratégicas.
Tradicionalmente se ha entendido que los territorios estratégicos tienen que ver con materias relacionadas con la defensa. Se trata a mi juicio de una visión reduccionista. Temas como el poblamiento, desarrollo o conectividad son vitales y que trascienden al rol de las fuerzas Armadas.
Por tales motivos vengo en presentar la siguiente reforma constitucional que persigue incorporar en nuestra carta fundamental un nuevo artículo 126 ter que consagre como territorios especiales “los geopolíticamente estratégicos”.
Para agregar el siguiente artículo 126 ter. A la Constitución Política de la Republica.
Artículo 126 ter.- También se considerarán territorios especiales los geopolíticamente estratégicos.
En estos territorios el Estado deberá velar por su desarrollo económico y social y promoverá políticas de poblamiento y conectividad.
Serán definidos mediante Decreto Supremo por el Presidente de la Republica y la Administración financiera, inversión pública y tributaria se regirá por los estatutos especiales que establecerá una ley orgánica constitucional.
(Fdo.): Jaime Orpis Bouchon, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Hernán Larraín Fernández
1. Que la ley N° 20.365 establece un crédito tributario para financiar sistemas solares térmicos que sirvan para abastecer de agua potable sanitaria calentada con energía solar a viviendas nuevas de hasta 4.500 Unidades de Fomento (UF), de manera de contribuir a abaratar la instalación de estos sistemas tanto en los hogares de las familias de menores ingresos, cuanto en los de la clase media.
2. Que los destinatarios de la franquicia son las empresas constructoras que instalen sistemas solares térmicos en las viviendas que construyan, puesto que tendrán derecho a deducir de sus impuestos un crédito equivalente a un porcentaje del costo del sistema solar térmico según el valor de la vivienda. Tal porcentaje varía entre el 20% y el 100% de dicho valor, en este último caso tratándose de viviendas cuyo precio máximo sea de hasta 2.000 U.F.
3. Que, en circunstancias que este beneficio caduca el 30 de noviembre de 2013, la unanimidad de la Comisión de Minería y Energía fue partidaria de prorrogar la vigencia de la franquicia tributaria que dispuso la citada ley, para lo cual estimó necesario solicitar tal medida al Ejecutivo, el que debería materializar la referida extensión a través de una iniciativa de ley.
4. Que tal petición se fundamenta en los evidentes beneficios que en materia de ahorro y disminución de los costos de energía reporta la instalación en las viviendas de sistemas solares térmicos, en especial en sectores sociales vulnerables y que tradicionalmente han carecido de mecanismos para producir agua caliente por su elevado precio.
5. Que los sistemas de que se trata, por las ventajosas condiciones de radiación solar existentes en el país, son factibles de masificar desde Anca a Valdivia, por lo que no parece razonable desperdiciar la oportunidad inmejorable de generalizar su uso domiciliario.
6. Que, por otro lado, debe considerarse la posibilidad de incluir como bienes elegibles para optar a la franquicia no sólo a las viviendas nuevas, sino también las usadas. En este sentido, no puede olvidarse que las familias que con esfuerzo lograron reunir el dinero requerido para obtener una casa propia son las que hoy engrosan, en gran parte, el 40% de los hogares que a lo largo de Chile carecen de agua caliente. Así, según la encuesta CASEN el 40% de los hogares de Chile no cuentan con agua caliente, por lo que extender el subsidio a las viviendas usadas permitiría reducir considerablemente este índice.
Solicitar a S.E. el Presidente de la República el envío a la brevedad de un proyecto de ley que, por una parte, prorrogue la franquicia establecida en la ley N° 20.365 y, por otra, incluya también a las viviendas usadas entre los inmuebles elegibles para instalar sistemas solares térmicos y gozar del beneficio tributario.”.
(Fdo.): Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Isabel Allende Bussi, Senadora.- Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Jaime Orpis Bouchon, Senador.

References: artículo 121
 artículo 121
 resolución 
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 artículo 115
 artículo 115
 artículo 126
 artículo 126

Artículo 126