Source: https://www.scribd.com/document/116814704/Informe-Comite-evaluador-del-Reglament-o-Seguridad-y-Monitoreo-Electronico
Timestamp: 2019-02-17 10:07:31+00:00

Document:
Informe, Comité evaluador del Reglament o Segurida...
INFORME SOBRE EL BORRADOR DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO ELECTRÓNICO
Preparado por el Comité evaluador compuesto por:
Prof. Marta Elisa González Sra. Rosalind E. Irizarry Martínez, Bibliotecaria Lorraine Mejías, Representante no docente Prof. Hiram A. Meléndez Juarbe Prof. Luis Muñiz Argüelles Sra. Lynmarie Rivera Martínez, Representante estudiantil Prof. Luis José Torres Asencio 5 de diciembre de 2012 (aprobado con enmiendas en la Reunión Extraordinaria de la facultad de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico celebrada el 10 de diciembre de 2012)
I. INTRODUCCIÓN El Comité Evaluador del Borrador del Reglamento de Seguridad y Monitoreo Electrónico fue constituido por la facultad de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en su reunión extraordinaria celebrada el 14 de noviembre de 2012. Allí se le encargó allí elaborar un informe en torno al referido documento. Para acometer tal faena, el Comité se reunió inicialmente el 19 de noviembre de 2012, en donde, más allá de compartir impresiones sobre el borrador propuesto, determinó solicitar comentarios a todos los sectores de la comunidad en la Escuela de Derecho. Como parte de ese esfuerzo, se recibieron comentarios de los bibliotecarios de la Escuela de Derecho, del sector no docente, del Consejo de Estudiantes, de la Sra. Nancy González y del profesor Efrén Rivera Ramos. Además, el Comité decidió integrar al análisis los comentarios previamente sometidos por el profesor Luis Muñiz Argüelles, así como los sometidos por profesores y profesoras durante la reunión extraordinaria del 14 de noviembre de 2012. Finalmente, el Comité integró la ponencia del profesor Hiram A. Meléndez Juarbe durante la vista pública celebrada por el Senado Académico el pasado 4 de diciembre de 2012. Todos estos documentos se incluyen como anejos y se hacen formar parte del presente Informe. Recibidos los comentarios, y preparado un borrador que integraba los mismos en un solo documento, el Comité se reunió el 30 de noviembre de 2012 para discutirlos y determinar qué recomendaciones haría a la facultad de la Escuela de Derecho. El Informe que sigue a continuación, adoptado de manera unánime por los y las integrantes del Comité, incluye un resumen de los comentarios sometidos al Borrador del Reglamento de Seguridad y Monitoreo Electrónico, así como las recomendaciones del Comité. 2
II. COMENTARIOS AL BORRADOR DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO ELECTRÓNICO DEL RECINTO DE RIO PIEDRAS A continuación un resumen de los comentarios sometidos por diversos integrantes de la facultad de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, así como sus estudiantes, bibliotecarios/as, y personal no docente. A. Sobre las medidas para atender asuntos sobre seguridad e incidencia criminal en el Recinto Existe consenso en la comunidad de la Escuela de Derecho en que la incidencia criminal dentro del Recinto es un problema serio que amerita reflexión, así como la implantación de medidas dirigidas a su reducción. Sin embargo, varias personas han cuestionado la necesidad de utilizar mecanismos de monitoreo electrónico mediante cámaras de seguridad para atender tal problema. Este cuestionamiento guarda íntima relación con sucesos recientes que han polarizado a la Universidad. Algunos sectores estiman que el clima de desorden debe ser suprimido a toda costa mientras que otros atribuyen la desconfianza existente en actitudes de administradores que requieren sumisión total. El debate sobre el nombramiento del Jefe de la Oficina de Seguridad y Manejo de Riesgos, quien tendrá una participación directa en la implementación de toda política de seguridad, y quien conforme a documentos judiciales fue demandado cuando era policía en un caso civil en que se alegaba brutalidad policiaca y que fue transigido posteriormente, resultando en una indemnización a los perjudicados; el hecho que a la fecha de hoy no se ha cumplido con la promesa de hacer accesible la transcripción del debate sobre la propuesta reglamentación de supervisión electrónica que se dio en una sesión de verano de la Junta Administrativa; y el que el borrador original, es decir, no revisado de reglamento, que admitidamente no gozó del estudio de 3
documentos tan fundamentales como el estudio de la Comisión de Derechos Civiles,1 entre otros, crean aún más dudas sobre los fines que se persiguen y sobre si el debate iniciado no es uno que se da sólo para decir que se ha cumplido con la consulta de la comunidad, cuando las decisiones ya han sido tomadas y la propuesta original ha de ser implementada con independencia de lo que se diga en las semanas por venir. En este ambiente es preciso que todas las partes evidencien la buena fe que se profesa para que el resultado no sea visto como la confirmación de los temores presentes. En lo relativo al borrador del reglamento en discusión, se ha señalado que la propuesta de instalación de cámaras de seguridad no viene acompañada de un análisis dirigido a demostrar cuan efectivo se proyecta que será este mecanismo en reducir la incidencia criminal dentro del Recinto. Sobre este particular, algunas personas han hecho alusión a informes que tienden a sugerir que la instalación de cámaras de seguridad en lugares como Inglaterra, la Universidad de Harvard, y el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, no han sido acompañadas por una disminución significativa correspondiente en la incidencia criminal.2 Relacionado a lo anterior, algunas personas han sugerido que la comunidad universitaria evalúe otros mecanismos para atender el problema de criminalidad en el Recinto. Específicamente, se ha acentuado la necesidad de proveer alumbrado a las áreas de estacionamiento de estudiantes y facultad, así como la posibilidad de aumentar las rondas de
Comisión de Derechos Civiles, El Uso de Cámaras de Televisión con Propósitos de Vigilancia en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, 2 de agosto de 1971, 1971-CDC-020.
Véase, e.g., Owen Bowcott, CCTV boom has failed to slash crime, say police, THE GUARDIAN, 6 de mayo de 2008, disponible en http://www.guardian.co.uk/uk/2008/may/06/ukcrime1 (última visita el 5 de diciembre de 2012); Jerry Ratclife, Video Surveilance of Public Places (febrero 2006), disponible en www.cops.usdoj.gov/files/ric/CDROMs/ POP1_60/Response_Guides/VideoSurveillance.pdf (U.S. Department of Justice, Community Oriented Policing Services) (última visita el 5 de diciembre de 2012).
guardias de seguridad universitaria en la Escuela. Ambas propuestas, se comenta, podrían ser incluso más efectivas para disuadir y reducir la actividad criminal en el Recinto, a la vez que tienden a ser más respetuosas de los derechos de la comunidad universitaria. Además, éstas medidas también son considerablemente más económicas que la instalación de cámaras de seguridad y monitoreo electrónico, un criterio que ha sido utilizado en estos tiempos para justificar el rechazo de propuestas que acarrean costos sustanciales en el ámbito académico, laboral, y administrativo del Recinto. No está del todo claro porqué la propuesta instalación de cámaras deba ser una excepción a esta norma. Debe también tomarse en cuenta que una de las funciones de la Universidad es la de promover la discusión de toda una diversidad de temas, discusión que si bien no debe resultar en la supresión de otras ideas, en ocasiones no deja de ser apasionada. La meta de suprimir la criminalidad no puede equipararse a la de suprimir todo acto con el que un sector esté en desacuerdo. La tolerancia es un componente necesario para que afloren ideas y la supresión de toda disidencia no sólo puede ser ilícita sino que actúa como disuasivo al debate profundo de ideas. En este sentido, la instalación de cámaras y la adopción de otras medidas debe pesarse con el efecto que pueda tener con el florecimiento del debate, que es la esencia de la búsqueda del conocimiento, para el beneficio colectivo. Por último, algunos comentarios apuntaban a la necesidad de delimitar el documento al objetivo anunciado de reducir la actividad criminal en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. A manera de ejemplo, el Artículo 10 del borrador del Reglamento permite la utilización de las imágenes grabadas para fines que trascienden la reducción de la actividad criminal en el Recinto, como lo son el inicio de procedimientos disciplinarios contra 5
miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, no-docentes) por violaciones a sus reglamentos. Ello genera la interrogante de si la instalación de cámaras de monitoreo electrónico se pretende para fines distintos, o adicionales, al anunciado. Así, pues, se expresa que si el objetivo del documento es intentar reducir la incidencia criminal en el Recinto, así se debe hacer constar en el Reglamento, y se debe eliminar la posibilidad de utilizar las imágenes grabadas para cualquier otro fin no relacionado a tal objetivo. B. Vaguedad El cúmulo de los comentarios sometidos por los distintos sectores de la comunidad de la Escuela de Derecho versan sobre la vaguedad de varias de las disposiciones del Reglamento propuesto. En términos generales, prácticamente todos los comentarios recibidos señalan que, tal y como está redactado, el Reglamento de Seguridad y Monitoreo Electrónico “no atiende de forma satisfactoria los intereses de INTIMIDAD y de LIBERTAD DE CÁTEDRA y LIBERTAD DE EXPRESIÓN de los miembros de la comunidad universitaria”.3 A continuación se enumeran las preocupación vertidas en los comentarios: 1. Sobre el alcance del Reglamento y la vaguedad en su sección de definiciones Algunas personas señalaron la falta de especificidad del documento propuesto en cuanto a las personas a las que le es de aplicación. Particularmente, se indicó que la definición de ‘estudiante’ incluye a personas que no estén matriculadas en el Recinto, pero que mantengan una “relación de continuidad” con el mismo. Sin embargo, en ninguna parte del documento se define lo que constituye tal relación. Además, la definición de ‘visitante’ que provee el documento
Comentarios sometidos por el doctor Efrén Rivera Ramos (19 de noviembre de 2012) (disponibles en anejos al presente informe).
parece excluir a personas que no tienen un vínculo formal con la Universidad y que entran a ésta sin un “fin legítimo”, precisamente el tipo de personas cuyas conductas el Reglamento parece querer atender. Finalmente, en ninguna parte del Reglamento se contempla el hecho de que estudiantes menores de edad, como aquellos/as de la Escuela Superior (UHS) y los/as que participan en programas o campamentos de verano, entran y salen con regularidad del Recinto. Se ha expresado, pues, la necesidad de que el Reglamento contemple esta realidad y tome providencias particulares para las instancias en las que la supervisión y monitoreo electrónico pueda incidir sobre estas personas. 2. Sobre los criterios relativos a los lugares en los que se instalará equipo de supervisión electrónica Prácticamente todos los comentarios recibidos mostraron serios reparos con la descripción incluida en el Artículo 2 del Reglamento en torno a los lugares en los que se instalarán cámaras de seguridad. De entrada, se ha puntualizado la necesidad de que exista una correlación entre el fin que el Reglamento expresa perseguir, la reducción de la incidencia criminal en el Recinto, y los lugares donde se instalarán las cámaras. Ello, se ha dicho, debe surgir del Reglamento mismo, y no debe ser dejado al arbitrio o la discreción de las personas que trabajaran en este programa. Algunos comentarios han sugerido, además, que “de implantarse el Reglamento de Seguridad y Monitoreo Electrónico, se comience por colocar las cámaras de seguridad en aquellos espacios públicos dentro del Recinto de Río Piedras que estén libres de controversia y donde haya un
consenso de la comunidad académica; tales como estacionamientos y entradas y salidas del Recinto”.4 Por otra parte, algunos comentarios cuestionan el uso del estándar de la existencia de una “marcada expectativa de intimidad” como obstáculo único a la instalación de cámaras, puesto que el criterio jurídico aplicable es el de “expectativa razonable de intimidad”.5 Los ejemplos que aparecen en el reglamento crean dudas sobre si la meta es la de instalar cámaras, que se ha dicho que ya han sido adquiridas previo a discusión alguna, en lugares donde existe una razonable y no solo una marcada expectativa de intimidad y el de no instalarlas en lugares donde su presencia tenga como consecuencia coartar el debate de ideas. Además, se problematiza también el que el análisis relativo a la instalación de cámaras de ciña a tal criterio. Si bien se reconoce la importancia de dicho criterio como impedimento para la vigilancia electrónica, en una comunidad universitaria que apuesta al libre intercambio y discusión de ideas, se ha planteado la necesidad de que se integre el efecto que la supervisión electrónica tendría sobre el debate intelectual y la producción académica al análisis sobre los lugares a instalar cámaras. Esto, pues se ha argumentado que el monitoreo electrónico tendría un efecto disuasivo sobre
Comentarios sometidos por los/as bibliotecarios/as de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (16 de noviembre de 2012) ((disponibles en anejos al presente informe).
Al parecer, el estándar articulado en el reglamento proviene de un pasaje de la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en Rodríguez v. Telefónica de Puerto Rico, 156 DPR 584 (2002), en el que, en el contexto de la implantación de sistemas de monitoreo electrónico en el ambiente laboral, el Tribunal expresó que “no se deberá instalar un sistema de videograbación de empleados en áreas en las cuales, por su naturaleza, el empleado tenga una marcada expectativa de intimidad tales como los baños, las duchas y los vestidores (locker rooms)”. Sin embargo, en la medida en la que el borrador del reglamento advierte que las imágenes grabadas serán utilizadas para la investigación y procesamiento criminal de determinadas conductas, el estándar constitucional apropiado es el de “expectativa razonable de intimidad”. Véase Acarón Montalvo v. DRNA, 2012 TSPR 134; Pueblo v. García Colón, 182 DPR 129 (2011), entre otros.
tales actividades en la comunidad universitaria, así como sobre toda conducta protegida por el derecho constitucional a la libertad de expresión. Algunos comentarios, además, expresan preocupación con el hecho de que ciertas áreas no estén expresamente exceptuadas de la instalación de cámaras. Así, por ejemplo, y sin que se interprete en forma alguna como una enumeración exhaustiva, se señala que, • Debe estar vedada la instalación de cámaras de vigilancia dentro de la biblioteca, en donde sólo cabe instalar equipo en los lugares de entrada y salida. • Se han mostrado reparos con la instalación de cámaras en los espacios de trabajo de la facultad, como los salones de clase y sus oficinas, así como los del personal no docente. • Se habla de la necesidad de prohibir la instalación de cámaras en los espacios utilizados por organizaciones estudiantiles, como las oficinas del Consejo de Estudiantes y de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, así como en otros espacios utilizados por los estudiantes, como el patio interior de la Escuela de Derecho, la sala de estudiantes, las áreas verdes alrededor de la Escuela, los pasillos y mesas en el área de la cafetería, salones de clases y muchos otros. • Algunos/as profesores/as de la Clínica de Asistencia Legal mostraron reparos con la posibilidad de instalar cámaras en dicha oficina o en los salones de clases, en atención a la naturaleza confidencial, protegida por un privilegio expresado en las Reglas de Evidencia,6 del trabajo allí realizado. En todas estas instancias se cuestionó el efecto que las cámaras tendrían sobre la actividad académica, de libertad de cátedra y expresión realizada en esos espacios. Por tal razón, los comentarios puntualizaron la necesidad de que el Reglamento prohíba expresamente la instalación de equipo en estos lugares o en lugares en los que se determine que su instalación no redundará en una reducción en la criminalidad o en un esclarecimiento de actividades delictivas o en los que su instalación pueda percibirse como adversa a las actividades académicas y universitarias que históricamente se han catalogados como propias y legítimas.
Regla 503 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 503 (2011).
3. Protección de derechos constitucionales Por último en cuanto a temas de vaguedad, varias personas comentaron que las garantías que provee el Reglamento respecto a que la actividad de monitoreo electrónico no será violatoria de los derechos constitucionales de los miembros de la comunidad universitaria son muy tenues. Este aspecto está estrechamente relacionado con el discutido a continuación. Sin embargo, algunas personas mostraron preocupación con el hecho de que “[l]a expresión general contra el discrimen recogida en el Artículo 7 no garantiza que no se utilice el sistema para monitorear actividades de protesta o de expresión pública”.7 El país ha sido víctima de lo que el Tribunal Supremo ha calificado como la nefasta práctica del carpeteo,8 que se llevó a cabo pese a las continuas expresiones de respeto de derechos humanos por los que la organizaron y dirigieron, y tal actividad no debe repetirse. Las meras afirmaciones de que se respetarán los derechos ajenos no reducen la desconfianza de quienes han visto o interpretado actos administrativos pasados como dirigidos a la represión. Además, se planteó que el Reglamento no incluye un componente de supervisión independiente, posiblemente por medio de un comité intersectorial, nombrado por los propios grupos interesados y no solo por la Rectoría, a la implementación del reglamento, incluyendo la ubicación de las cámaras y al trabajo realizado por los funcionarios del Centro de Operación de Seguridad Electrónica (COSE), de manera que se tengan mayores garantías de que el monitoreo se lleve a cabo salvaguardando los derechos de la comunidad universitaria y sus visitantes.
Noriega v. Hernández Colón, 130 DPR 919 (1992); Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650, 655 (1988).
4. El problema de las cámaras de vigilancia en su contexto más amplio Se ha planteado que el tema de la vigilancia por medio de cámaras es sólo una instancia específica en la que miembros de la comunidad universitaria se enfrentan a la posibilidad de vigilancia electrónica. En la medida que somos usuarios de sistemas de información complejos y variados, los riesgos relacionados con el ejercicio de libertades civiles y académicas en el Recinto no se limitan al tipo de tecnología que contempla el Reglamento. Somos conscientes de que existe una “Política Institucional sobre el Uso Aceptable de los Recursos de la Tecnología de la Información en la Universidad de Puerto Rico”.9 Sin embargo esta Política carece de garantías concretas para evitar que el manejo institucional de los recursos tecnológicos se utilice para fines ilegítimos. Miembros de la Comunidad de la Escuela de Derecho plantean que el esfuerzo por balancear el interés legítimo de proveer seguridad y el ejercicio de las libertades civiles en el Recinto, debe tomar una perspectiva sistémica que considere los diversos tipos de tecnologías de información actualmente utilizados o que se puedan utilizar en el futuro, y no sólo una instancia específica. C. Procedimientos para obtener copia de imágenes grabadas y/o de reparación de agravios Varios comentarios fueron dirigidos a las disposiciones del borrador de Reglamento sobre los mecanismos para que una persona pueda solicitar y obtener copia de imágenes grabadas, así como a los procedimientos para la presentación de querellas por violaciones a derechos constitucionales, a leyes y a reglamentos.
Cert. Núm 35 (2007-2008).
1. Solicitudes de duplicados Sobre este particular, algunas personas expresaron su preocupación con la extensión y operación del término de veinte (20) días dispuesto en el Artículo 21 del Reglamento para solicitar copias de las imágenes grabadas. Específicamente, se hizo alusión a la dificultad de cumplir con tal término en casos en los que una persona desconoce o no ha sido advertida o notificada de que (1) ha sido objeto de una grabación; y/o (2) está siendo investigada por razón de ciertas imágenes captadas por una cámara de vigilancia. El Reglamento debe contemplar estas situaciones y permitir que dicha persona pueda obtener copia de tales imágenes. Por otra parte, otros comentarios recibidos destacan la dificultad de justificar una solicitud de duplicado de grabación a la luz de los criterios dispuestos en el Artículo 20 del Reglamento. En particular, se indica que en ciertos casos, como instancias en las que el personal del COSE utiliza las cámaras para fines ilegítimos (como el monitoreo de actividad protegida por el derecho constitucional a la libertad de expresión, o el uso de las cámaras para intentar observar los órganos sexuales de personas), la única manera que una persona tiene para justificar su solicitud de duplicado es observando las imágenes captadas en cámara. Así, en estos casos, el mecanismo dispuesto en el Artículo 20 coloca al COSE y a la administración universitaria en un impermisible rol dual como potencial violador de derechos y adjudicador de solicitudes dirigidas a descubrir si, en efecto, ha violentado derechos. Lo anterior, a su vez, se agrava ante el hecho que el Artículo 17 dispone que las grabaciones se destruirán automáticamente dentro de un término de treinta (30) días de haber
sido tomadas.10 Ello significa que, en casos como los antes relatados, existe una gran posibilidad de que la única evidencia disponible para demostrar que efectivamente se han lacerado los derechos de una persona en el Recinto sea destruida dentro de un término sumamente corto. Partiendo de la dificultad de retener estas imágenes por espacios considerables de tiempo, dado el espacio que ocupan, debe entonces flexibilizarse el acceso a observar estas imágenes en espacios controlados, previo a solicitar formalmente duplicados de las grabaciones. Por último, se ha señalado también que el Artículo 24, que se refiere a las denegaciones de solicitudes de copias de grabaciones, no contempla las razones por las cuales puede fundamentarse una denegatoria. Se sugiere, pues, que se enumeren tales razones en el Reglamento, así como que se exija a quien deniega una solicitud que provea las razones para ello en cada caso. 2. Sobre el procedimiento de presentación y adjudicación de querellas En relación al procedimiento para la presentación de querellas, se expresó que, si bien se provee un término directivo de treinta (30) días para ello, el mismo es problemático en atención a las dificultades de las personas de advenir en conocimiento de que sus derechos han sido violados por la mala utilización de las cámaras, así como a la antes mencionada disposición que ordena la destrucción de las imágenes a los treinta (30) días de ser grabadas. Por otra parte, y como señalamiento que trasciende el tema específico de la presentación de querellas, un número significativo de comentarios fueron dirigidos a la centralidad que el Reglamento le otorga a la figura del Rector o la Rectora del Recinto, o a funcionarios/as
A esto debe añadirse la preocupación de que el Reglamento carece de protocolos específicos respecto al almacenamiento de los videos.
nombrados/as por éste. Ello ha sido identificado como problemático, en atención a que dificulta la fiscalización de la supervisión electrónica, tanto en lo relativo a su cumplimiento con los más estrictos estándares de respecto a la dignidad humana, intimidad, libertad de cátedra y libertad de expresión, como en cuanto a su efectividad como mecanismo para reducir la actividad criminal en el Recinto. A tales efectos, varias personas han sugerido que sea otro/a funcionario/a, o un Comité representativo de todos los sectores de la comunidad universitaria, y que opere con relativa autonomía, quien tome las determinaciones iniciales relativas al Reglamento, tanto en relación a las solicitudes de duplicados como a la presentación de querellas, aun cuando ello pueda estar sujeto a la revisión última del Rector o la Rectora, así como de otras autoridades universitarias. También se ha sugerido que el reglamento contemple sanciones contra funcionarios que utilicen los medios de supervisión electrónica, seas por cámaras o por cualquier otro medio, para garantizar que las violaciones de éstos no queden impunes. La ausencia de sanción puede verse como una autorización de facto a la ilícita supervisión de personas que se quieren excluir, sin motivos válidos, de la vida universitaria. D. Entrenamiento y capacitación de empleados/as del COSE Como último señalamiento en torno al contenido del borrador, algunas personas han mostrado reparos con la falta de disposiciones en el documento sobre la capacitación, los requisitos de empleo, y el entrenamiento del personal del COSE. Ello es de gran importancia, pues serán éstas las personas que pasen juicio inicial sobre la identificación de potenciales violaciones a normas disciplinarias dentro del entorno universitario, así como a posible conducta criminal y violaciones de derechos constitucionales. Además, estas personas deben recibir 14
entrenamiento dirigido a orientarles sobre las mejores prácticas en el uso de las cámaras en relación con la interferencia con los derechos y libertades de las personas que están observando. E. Consideraciones en torno a la temporalidad de la consulta y los procesos de licitación para adquisición del equipo de seguridad y monitoreo electrónico Por último, varios comentarios han cuestionado el que la administración universitaria hubiera procedido a adquirir equipo para la implantación del Reglamento de Seguridad y Monitoreo Electrónico cuando éste es objeto de una consulta a la comunidad universitaria. Ello, se ha dicho, arroja dudas sobre el propósito y la naturaleza del proceso de consulta, pues da a entrever que, independientemente del resultado del mismo, las cámaras de seguridad y monitoreo electrónico serán instaladas. Partiendo de esta premisa, el proceso empleado para consultar a la comunidad universitaria en torno a los aciertos o desaciertos de este esfuerzo dista considerablemente del espíritu de dialogo abierto y debate franco que debe promover todo proyecto universitario. Además, varios comentaristas advierten de posibles señalamientos en torno al proceso de contratación del contratista seleccionado para proveer el equipo y en relación a los materiales a ser suministrado. Es necesario que se aclare el proceso de contratación para la adquisición del equipo, así como que se precise en qué medida el contratista y su empresa cumplen con todos los requisitos legales para su contratación, entre ellos, las disposiciones de la Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000, la cual prohíbe adjudicar subastas o contratos con el gobierno a personas que hayan sido convictas de determinados delitos, 3 LPRA §§ 928 et seq. (2011).11 Por último, sobre el equipo a ser adquirido se ha expresado que el contratista no es “distribuidor autorizado” del
Véase Casco Sales Co., Inc. v. Mun. Barranquitas, 172 DPR 825 (2007); Marina Costa Azul v. Comisión de Seguridad y Protección Pública, 170 DPR 847 (2007); Accumail v. Junta de Subasta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, 170 DPR 821 (2007).
equipo que ofrece, lo que impide que éste pueda solicitar al suplidor reparaciones o reemplazos del mismo. Se ha dicho, además, que el equipo en cuestión está obsoleto, lo que encarecerá sus costos de mantenimiento.
III. RECOMENDACIONES El Comité entiende que los comentarios sometidos al borrador del Reglamento de Seguridad y Monitoreo Electrónico identifican deficiencias sustanciales del documento, al igual que levantan interrogantes serias sobre el uso que se le daría a las imágenes captadas por las cámaras propuestas para instalación. Además, el Reglamento no integra suficientes controles, garantías de confiabilidad y/o mecanismos que permitan velar por el uso apropiado de estos equipos y tecnologías. Finalmente, el documento falla en tomar en consideración estudios exhaustivos desarrollados en Puerto Rico sobre el tema, y es considerablemente más vago e impreciso en su contenido que otros reglamentos, similares en propósito, adoptados por otras instituciones de educación superior en Estados Unidos. Ante la cantidad considerable de señalamientos, los y las integrantes del Comité entendemos que el borrador del Reglamento de Seguridad y Monitoreo Electrónico debe ser rechazado en su totalidad, y que cualquier proceso futuro dirigido a reglamentar el uso de cámaras de vigilancia electrónica en la Universidad debe atender las preocupaciones aquí señaladas. Además, el Comité recomienda que, de la administración universitaria interesar continuar con este esfuerzo, se constituya un Comité amplio, integrado por representantes de todos los sectores de la comunidad universitaria así como por personal con conocimiento y experiencia en torno al uso de estas tecnologías, para que elabore un nuevo borrador de Reglamento que evalúe e integre los comentarios vertidos al borrador actual. El nuevo borrador, además, debe ser sometido a discusión amplia por todos los sectores de la comunidad universitaria previo a su aprobación. Por lo tanto, de estar el documento presentado ante la Junta
de Síndicos, recomendamos que se devuelva a la comunidad del Recinto de Rio Piedras para que se inicie el proceso de elaboración de un nuevo borrador. La facultad se reitera en su compromiso de participar en cualquier otro proceso relacionado a este asunto. Sometido hoy, 12 de diciembre de 2012, en San Juan, Puerto Rico.
Prof. Marta Elisa González
Sra. Rosalind E. Irizarry Martínez
Sra. Lorraine Mejías
Prof. Luis Muñiz Argüelles
Sra. Lynmarie Rivera Martínez
Prof. Luis José Torres Asencio
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