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Timestamp: 2019-09-23 07:43:03+00:00

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Acuerdo y Sentencia 869/2005 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 869/05
“MATTOS, ALEJANDRA CRISTINA S/ HECHO PUNIBLE CONTRA LA LEY 1340/88 - POSESIÓN Y TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES”.
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días tres del mes de octubre del año dos mil cinco, estando presentes los Excmos. Señores Miembros de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Sala Penal, Alicia Pucheta de Correa, Wildo Rienzi Galeano y Sindulfo Blanco, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, por ante mi el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente con la portada que se expresa más arriba caratulado: “MATTOS, ALEJANDRA CRISTINA S/ HECHO PUNIBLE CONTRA LA LEY 1340/88 - POSESIÓN Y TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES”.-
Previo el estudio de los antecedentes del caso, de Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente.
¿Es procedente la revisión planteada en autos?
El doctor Blanco dijo: El juez de Ejecución Penal N° 2 Abog. C. A. E. E., por A.I. N° 46 de fecha 21 de enero de 2005 dispuso: "Promover ante la Corte Suprema de Justicia, la revisión de la S.D. N° 147 de fecha 21 de agosto de 2003, dictada por el tribunal de sentencia y conformada por acuerdo y sentencia N° 1 de fecha 04 de febrero de 2004, que resolvió condenar a Alejandra Cristina Mattos con pena privativa de libertad de cinco años y multa de veinte mil dólares de conformidad al exordio de la presente resolución. 2) Remitir los autos a la Corte Suprema de Justicia sirviendo la presente resolución de respetuoso oficio y bajo constancia de libros de sentencia. 3) Anotar, registrar, notificar y remitir copia de esta resolución a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia". El referido magistrado funda su resolución en lo dispuesto por el art. 500 del C.P.P. y en las disposiciones del libro primero del CP, además señala: "... considerándose que Alejandra Cristina Mattos fue condenada a la pena privativa de libertad de nueve años y multa en virtud a todo lo expresado precedentemente corresponde modificar la sanción que le fuera impuesta por haber encontrado en vigencia una ley más benigna... es criterio de esta magistratura, al no estar facultado para cambiar penas por una menos gravosa asimismo medidas en vez de penas, y siendo la misma de exclusiva competencia de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad a las leyes, corresponde elevar la presente causa a dicha instancia para la revisión de la sentencia".
El art. 500 del CPP. señala: "... Ley más benigna. Amnistía. Cuando el juez de ejecución advierta que deberá quedar sin efecto o ser modificada la pena impuesta, o las condiciones de su cumplimiento, por haber entrado en vigencia una ley más benigna o una amnistía, promoverá de oficio, la revisión de la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia", la norma citada no hace más que desarrollar la disposición constitucional del art. 14: "... De la irretroactividad de la ley. Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado", en concordancia con lo dispuesto por el art. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): "... Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello". Asimismo, el CP dispone: "art. 4. Aplicación del libro primero a leyes especiales. Las disposiciones del libro primero de este código se aplicarán a todos los hechos punibles previstos por las leyes especiales... art. 5 inc. 3. Aplicación de la ley en el tiempo. Cuando antes de la sentencia se modificara la ley vigente al tiempo de la realización del hecho punible, se aplicará la ley más favorable al encausado.
Interpretado el ordenamiento jurídico de manera sistemática, encontramos respecto a la aplicación de la ley penal con respecto al tiempo: 1) La ley no tiene efecto retroactivo, salvo excepción expresa (Regla – art. 14 CN); 2) La ley es susceptible de aplicarse retroactivamente cuando beneficie al procesado o condenado (Excepción – art. 14 CN, art. CA DDHH.); 3) Las normas de las leyes especiales pueden ser modificadas por las disposiciones penales del código de fondo, y aplicada la normativa del libro I, en cuanto beneficie al acusado o condenado; 4) La aplicación retroactiva de la ley penal más benigna es respecto a los procesados (art. 14 de la CN; art. 4 del CP) y a los condenados (art. 14 CN, art. 4 del CP. y 500 del CPP); 5) Corresponde a la Corte Suprema de Justicia la aplicación de la ley penal más benigna, cuando se encuentra en etapa de ejecución la condena que fuera impuesta (art. 500 del CPP).
Entrando en estudio del caso concreto, el tribunal de sentencia colegiado, integrado a los fines del entendimiento de la presente causa, por S.D. N° 147 de fecha 21 de agosto del 2003 resolvió entre otras cosas: "... 6) Condenar a la acusada Alejandra Cristina Mattos... a la pena de cinco años de penitenciaría...; 7) Imponer a la condenada Alejandra Cristina Mattos, el pago de veinte mil dólares americanos (US$ 20.000) en concepto de multa", la que fue confirmada por el tribunal revisor, en segunda instancia. El juez de ejecución penal, en uso de sus atribuciones y en cumplimiento a la norma procesal citada, de oficio plantea la revisión de dicha condena ante la Corte Suprema de Justicia, por entender que la norma penal de fondo es de aplicación más benigna para el condenado. En efecto, de la lectura de la sentencia se desprende, que el órgano jurisdiccional condenó a la acusada Alejandra Cristina Mattos a dos penas principales: privativa de libertad y multa, teniendo como base para tal imposición lo dispuesto por la ley 1340/88, que en su artículo 21 dispone: "... El que sin autorización introduzca al país, transforme o remite al exterior las sustancias a que se refiere esta ley, será castigado con penitenciaría de diez a veinte y cinco años, comiso de la mercadería y multa por cuádruplo de su valor".
Tanto el CP como la Ley 1340/88 regulan materias penales y la primera, por el citado art. 4°, le remite expresamente la aplicación de su parte general a la segunda, por lo tanto, cualquier disposición legal de la última, contraria o incompatible a las prescripciones de la parte remitida, quedan sin efecto implícitamente.
En la medida en que la Ley 1340 no sea afectada por la parte general del CP que abarca desde el art. 1 al 104 sus normativas se hallan plenamente vigentes. Desde luego, no podía ser de otra manera, porque ninguna ley penal por especial que sea, puede prescindir de la parte general en la que se estipulan los principios básicos y fundamentales del derecho punitivo. Si se hubiera omitido la remisión, la Ley 1340 hubiera sido inaplicable, pues al incorporarse al CP anterior por virtud de su art. 82, también se servía de su parte general, más aquel CP que lo complementaba ha sido derogado por el art. 323 del nuevo CP.
La ley penal más benigna subyace en el art. 14 de la CN, el cual adquiere positividad reforzada en virtud del art. 9 del Pacto de San José de Costa Rica en concordancia con el art. 5 inc. 3 del CP. En el caso particular, el tribunal para imponer acumulativamente dos penas principales, ha escogido la parte de la norma penal subordinada –Ley 1340- desechando la subordinante que era la aplicable –Ley 1160-; más para determinar la autoría del condenado (art. 29 del CP.), paradójicamente reconoce la vigencia de esta última recurriendo a su parte general, lo cual implica la fragmentaria integración e interpretación de la nueva ley penal, soslayando la observancia del art. 37 inc. 1 del CP de Fondo, que dispone: "... Clases de penas. Inc. 1 Son penas principales: a) la pena privativa de libertad; b) la pena de multa", puesto que era una tercera ley penal, en total contravención a lo dispuesto por el principio de legalidad penal (art. 1 del CP), en otras palabras: 1) Determinó la participación conforme a la ley penal de fondo; 2) Impuso la sanción conforme a la ley penal especial.
Doctrinariamente, se explica el fundamento del principio de retroactividad de la ley penal más benigna: "... El principio de retroactividad de la ley penal más benigna halla su fundamento en la naturaleza misma del derecho penal. Si el derecho penal legisla sólo situaciones excepcionales, en que el Estado debe intervenir para la reeducación social del autor, la sucesión de leyes que alteran la incidencia del Estado en el círculo de bienes jurídicos del autor denota una modificación en la desvaloración de su conducta". (Manual de Derecho Penal. Parte general. Por el Prof. Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni. Editorial Ediar, p. 175, Bs. As. Argentina, año 2003).
Con su proceder, tanto el tribunal de mérito como de la cámara de apelación han puesto en entredicho a otro elemental e indiscutible principio del derecho penal denominado "non bis in idem" –dada la triple identidad de sujeto, objeto y causa- cuya consagración constitucional se halla patentizada en el art. 17 núm. 4) de nuestra Carta Suprema, sin perder de vista la conculcación del principio de legalidad establecido en el art. 1 del CP, que ha sido avasallada por la desnaturalización del referido principio penal básico, al imponer una pena de multa que de permanecer subsistente, implicaría una doble condena debido a su carácter de pena principal. Conforme a los doctrinarios: "... Con la implementación de la pena de multa como una pena principal, se construye un mecanismo que pretende buscar un sustitutivo de las penas privativas de libertad de corta duración, buscando evitar los efectos adversos que constituye la institucionalización del condenado en un centro penitenciario" (Los jueces de ejecución de sentencia. En la reforma de la justicia penal del Paraguay, por Rodolfo Fabián Centurión, Editorial Marben, As. Py., año 2003), por lo que huelga decir que la doble aplicación de pena privativa de libertad con pena de multa, no sólo se violentan los principios de legalidad y "non bis in idem", sino también el principio de humanidad de las penas, así como las disposiciones del art. 20 del CN
Por otro lado, conviene tener presente que la resolución en estudio constituye una sentencia definitiva, que se encuentra en etapa de ejecución, efectivamente existe una ley más benigna que aplicar, ignorada debido a una deficiencia interpretativa integrativa del derecho de dos órganos jurisdiccionales, uno de ellos encargado de juzgar la causa y el otro en su carácter de revisor. La sentencia está firme, adquirió la calidad de cosa juzgada, por lo que la revocación de una parte de su decisión se hace por motivos expresos y estrictos, los que se encuentran presentes en este caso. De este modo, el planteamiento objetivo del caso resulta atendible, puesto que su motivación se encuentra prevista en el ordenamiento procesal y que autorizan su estudio.
Por ello, y al encontrarse el presente caso, dentro de lo dispuesto por la normativa que rige la materia, soy de la opinión que debe modificarse parcialmente el apartado 2) de la S.D. N° 1 de fecha 04 de febrero de 2004, dictada por el Tribunal de Apelación en lo Criminal, 3ª Sala, que confirma la sentencia definitiva N° 147 de fecha 21 de agosto de 2003 dictada por el tribunal colegiado de sentencia de la capital presidido por el Dr. Gustavo Santander e integrado por los Abogs. Lourdes Cardozo y Gustavo Amarilla Arnica, en lo relativo a la condena de multa, manteniendo firme la pena privativa de libertad de cinco (5) años. Asimismo, teniendo presente que la sala penal, en otras resoluciones ya ha sentado la postura de la inaplicabilidad de la doble penalidad en los procesos como en el estudio (acuerdo y sentencia N° 953 de fecha 30 de junio de 2004), anulando las disposiciones de las sentencias que imponen conjuntamente la pena de multa con la privativa de libertad, no obstante los tribunales de sentencia y cámara de apelación continúan dicha práctica, corresponde, a los efectos de preservar la legitimidad y legabilidad de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales, evitando además el dispendio de recursos y actividades jurisdiccionales innecesarias, puesto que son cuestiones legales de interpretación, por demás aclaradas, notificar la presente resolución a todos los miembros de tribunales de apelación de la República a los fines de su adopción. Es mi voto.
La Dra. Pucheta de Correa manifestó: Adherirse a la solución propuesta por el preopinante, pero a fin de contemplar todas las circunstancias que hacen a la interpretación del tema, me permito mencionar que, si bien el art. 53 del CP prevé la posibilidad de imponer una combinación de pena privativa de libertad y multa (en calidad de pena complementaria) excepcional y facultativamente cuando el autor se enriqueciera mediante el hecho o lo intentara, no es aplicable al caso en estudio, conforme la explicación que a continuación expongo:
El art. 53 debe ser interpretado en concordancia con el art. 57 del mismo cuerpo legal que regula la "pena patrimonial complementaria", y demanda para su procedencia dos requisitos: a) que la pena privativa de libertad sea mayor de dos años; b) que la obligación de "pago de dinero" esté prevista expresamente por la ley penal en calidad de pena complementaria. El art. 53 (pena multa complementaria) es inaplicable al hecho punible en estudio (tenencia y tráfico de droga) porque no se halla verificado el segundo presupuesto requerido por la norma para su procedencia.
Para una mayor comprensión de lo expuesto, y a modo ejemplificativo de los casos en los cuales procede la aplicación de la pena privativa de libertad y la pena patrimonial complementaria, se puede citar el tipo punible de "reducción", previsto en el art. 92 del CP, porque la norma que regula el delito realiza una expresa remisión al art. 57. En tal sentido establece: "(...) 4°. Cuando el autor actuara: 1) comercialmente 2) como miembro de una banda formada para la realización continuada de hurtos, robos o reducciones, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez (10) años. Se aplicará además lo dispuesto en los artículos 57 y 94".
El Dr. Rienzi Galeano manifestó: Adherirse a las opiniones que anteceden por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acto, firmando los Sres. Magistrados por ante mí de que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue a continuación:
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 869
Asunción, 03 de octubre de 2005.
VISTO: Por el mérito que ofrece el Acuerdo y Sentencia y sus fundamentos.
HACER LUGAR a la revisión por aplicación de ley penal más benigna planteada por el Juez de Ejecución Penal N° 2, Abog. C. A. E. E. respecto a la condenada Alejandra Cristina Mattos, en base a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.
MODIFICAR EL APARTADO 2) del acuerdo y sentencia S.D. N° 01 de fecha 04 de febrero de 2003, dictada por el Tribunal de Apelación en lo Penal 3ª Sala y en consecuencia, dejar sin efecto la condena de multa impuesta por el tribunal colegiado de sentencia por S.D. N° 147 de fecha 21 de agosto de 2003, manteniendo firme la pena privativa de libertad de cinco años.
NOTIFICAR EL CONTENIDO Y ALCANCE de la presente sentencia a todos y cada uno de los miembros del Tribunal de Apelación de la República.
REMITIR ESTOS AUTOS al juzgado penal competente.
ANOTAR, registrar y notificar
Karina Peroni de Bellassai.- Sec.
Wildo Rienzi Galeano

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 21
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