Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-545-de-2011?documento=legcol&contexto=legcol_df028bd204c6026ee0430a010151026e&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-19 13:07:50+00:00

Document:
DECRETO 545 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS FAMILIAS DE BOGOTÁ, D. C.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROTECCIÓN A LA FAMILIA, DERECHO DE FAMILIA, DERECHOS DE LA FAMILIA, POLÍTICAS EN MATERIA DE FAMILIA, FAMILIA, POLÍTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DERECHO SOCIAL, PROTECCIÓN SOCIAL, PRESTACIONES FAMILIARES, PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, INTERVINIENTES EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, POBREZA EXTREMA, DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR
“Por medio del cual se adopta la política pública para las familias de Bogotá, D. C.”.
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 1º, 3º y 4º del artículo 38 del Decreto-Ley 1421 de 1993 y,
Que los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 23 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 10 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño coinciden en afirmar que la familia es: “el elemento natural y fundamental de la sociedad”, atribuyéndole a los Estados y a la sociedad el compromiso de protegerla y asistirla, lo cual se constituye en una obligación para el Estado colombiano, quien ha aprobado dichos instrumentos internacionales a través de las leyes 74 de 1968, 16 de 1972 y 12 de 1991.
Que consciente de la necesidad de proclamar principios universales que relacionen el tema de la familia en el contexto internacional, la Organización de las Naciones Unidas ha expedido una serie de declaraciones que dan cuenta de la importancia de proteger y garantizar los derechos de la familia en todos los planos posibles. Es así como, se han proferido: la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, en el cual se establecen parámetros importantes para la familia sustituta y la adopción; la Convención sobre el estatuto de los refugiados que, con relación a las personas refugiadas, determina las bases y principios establecidos y auspiciados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, y señala normas relativas a los derechos de los refugiados y sus familias; y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, cuyo articulado se refiere a acciones dirigidas a luchar por eliminar la discriminación y el trato desigual frente a su posición en la familia.
Que el ordenamiento jurídico colombiano y principalmente la Constitución Política de 1991, en sus artículos 5º y 42º, conciben la familia como institución y núcleo fundamental de la sociedad, reconociendo en ella una serie de principios y derechos propios del colectivo familiar y atribuyéndole, a través de diversos postulados de la misma jerarquía, la facultad de ser un grupo titular de derechos.
Que al igual que los instrumentos jurídicos de orden internacional, el constituyente de 1991 consagró que la protección integral de la familia es competencia del Estado y de la sociedad, atribución que compromete el trabajo mancomunado de múltiples actores sociales —políticos y estatales— privados, para materializar, no solo dicha protección, sino la de todos los derechos contenidos en el marco constitucional de la familia.
Que el deber de protección integral de la familia que se predica del Estado y la sociedad, conlleva una serie de implicaciones relacionadas directamente con el contenido y alcance del Estado social de derecho establecido en el preámbulo y en el artículo 1º de la Constitución como piedra angular que fundamenta la organización política y jurídica colombiana.
Que esta forma de organización estatal implica que los poderes públicos y, en especial, la administración pública, deben procurar la materialización de los principios y valores que el mismo texto constitucional consagra y, es por ello, que la Corte Constitucional en Sentencia C-579 de 1999 indicó que el Estado social de derecho conlleva a que el Estado deba velar por el bienestar de los asociados; es decir, que en vez de asumir una actitud pasiva en torno a lo que sucede en la sociedad, debe actuar para contrarrestar las desigualdades sociales existentes, para ofrecerle a todos y todas las oportunidades de desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales.
Que en ese contexto constitucional y jurisprudencial, le corresponde a las autoridades nacionales, departamentales, distritales, municipales y locales, dirigir la gestión pública hacia la materialización de los principios y derechos establecidos en la Carta Política y la garantía del bienestar social para las familias a través del diseño e implementación de acciones, estrategias, programas y políticas favorables al grupo familiar.
Que el principio de pluralismo ha sido sintetizado en la Sentencia T-388/2009, providencia en la cual se determina que su materialización tiene que ver con al menos, tres dimensiones: “ser el reflejo de una sociedad que (i) admite y promueve de manera expresa el hecho de la diversidad (art. 7º superior); (ii) aprecia de modo positivo las distintas aspiraciones y valoraciones existentes hasta el punto de proteger de modo especial la libertad religiosa, de conciencia y pensamiento así como la libertad de expresión y; (iii) establece los cauces jurídicos, políticos y sociales que servirán para dirimir los posibles conflictos que se presenten en virtud de la diferencias vigentes en un momento determinado”.
Que esta interpretación tiene su fundamento en las correctas apreciaciones, que el órgano de cierre de la justicia constitucional precisa acerca de la relación entre el pluralismo y el concepto de familia al afirmar en Sentencia T-572 de 2009, que “El concepto de familia no puede ser entendido de manera aislada, sino en concordancia con el principio del pluralismo”.
Que la interpretación jurisprudencial respecto a las dimensiones en las que el principio del pluralismo se desarrolla y su concordancia con el concepto de familia, resulta coherente con los pronunciamientos proferidos por los máximos tribunales judiciales frente a las diversas maneras de constituir una familia y sus elementos constitutivos y estructurales entre los cuales se pueden citar algunos, como las sentencias T-523 de 1992, C-289 de 2000, T-163 de 2003, T-510 de 2003 de la Corte Constitucional y la sentencia de 2 de septiembre de 2009, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Expediente (17988).
Que conforme con el comunicado de prensa 30 de 26 de julio del presente año, para la Corte Constitucional, “no existen razones jurídicamente atendibles que permitan sostener que entre los miembros de la pareja del mismo sexo no cabe predicar el afecto, el respeto y la solidaridad que inspiran su proyecto de vida en común, con vocación de permanencia, o que esas condiciones personales solo merecen protección cuando se profesan entre personas heterosexuales, mas no cuando se trata de parejas del mismo sexo”. Del mismo modo, a juicio de la Corte Constitucional, la protección a las parejas homosexuales no puede circunscribirse a los aspectos patrimoniales de su unión permanente, dado que, es evidente la presencia de lazos afectivos y emocionales que estimulan su convivencia y que se traducen en “solidaridad, manifestaciones de afecto, socorro y ayuda mutua, componente personal que se encuentra en las uniones heterosexuales o en cualquier otra unión que, pese a no estar caracterizada por la heterosexualidad de quienes la conforman, constituye familia” (resaltado adicional).
Que en el año 2006, la administración distrital entregó el documento “Política pública por la garantía de los derechos, el reconocimiento de la diversidad y la democracia en las familias”, estructurado en tres ejes y ocho líneas de acción, siendo este la primera construcción documental con la que contó el Distrito Capital para impulsar acciones de política a favor del reconocimiento, garantía y restablecimiento de los derechos de las familias bogotanas.
Que en el marco del plan de desarrollo Bogotá positiva: Para Vivir Mejor 2008 - 2012 se retoma el referido documento como punto de partida para orientar las acciones dirigidas a garantizar los derechos de las familias, proceso durante el cual surgió la necesidad de realizar algunos ajustes que corresponden, entre otros, a la actualización de las cifras contenidas en el contexto socioeconómico de las familias, la inclusión del enfoque de derechos adoptado por el distrito, la forma de proponer los derechos de las familias desde una perspectiva jurídica, el fortalecimiento de un tercer eje en el cual se desarrollan líneas de acción relacionadas con el derecho a la seguridad económica y social de las familias y, por último, la presentación de una serie de orientaciones para la implementación de la política, en el marco de la estrategia de gestión social integral, en donde se plantean sugerencias que ordenan la articulación transectorial de las entidades del distrito para todo el ciclo de política.
Que la política pública para las familias de Bogotá es el resultado de un largo proceso en el que la participación de los sectores públicos, académicos y comunitarios fue determinante para hacer una lectura de las realidades y situaciones a las que se enfrentan las familias en Bogotá y, así mismo, para determinar los aspectos que requerían ser ajustados o fortalecidos frente al documento base “Política pública por la garantía de los derechos, el reconocimiento de la diversidad y la democracia en las familias”.
Que algunos de los ajustes propuestos al documento “Política pública por la garantía de los derechos, el reconocimiento de la diversidad y la democracia en las familias”, surgieron en diferentes espacios de reflexión, debate y participación pública, como lo fue el conversatorio organizado por la Secretaría Distrital de Integración Social en octubre de 2010, llamado “Bogotá le dice sí a la diversidad de las familias”, cuyo objetivo general fue el de desarrollar un debate público sobre la noción de familia en el ordenamiento normativo frente a las diversas formas, arreglos y estructuras familiares que se expresan en la realidad de la ciudad, con el fin de contribuir a su visibilización y reconocimiento, y a la construcción de orientaciones y acciones en pro de la garantía de sus derechos. (Secretaría Distrital de Integración Social. “Memorias del I conversatorio distrital Bogotá le dice sí a la diversidad de las familias”. Pág. 14. Bogotá, 2011).
Que el Acuerdo Distrital 308 de 2008 adoptó el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para el D.C. 2008-2012, “Bogotá positiva: Para Vivir Mejor”, en el que se plasma como parte del objetivo del plan, el afianzamiento de una ciudad en la que se reconozcan, garanticen y restablezcan los derechos humanos y ambientales con criterios de universalidad e integralidad, convirtiéndose en un territorio de oportunidades que contribuya al desarrollo de la familia (art. 1º).
Que del mismo modo, conforme al artículo 3º del plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para el D.C. 2008-2012, “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”, la ciudad de derechos es uno de los objetivos estructurantes de este, que consiste en construir una ciudad “en la que se reconozcan, restablezcan, garanticen y ejerzan los derechos individuales y colectivos en la que se disminuyan las desigualdades injustas y evitables, con la institucionalización de políticas de Estado que permitan trascender los periodos de gobierno y consolidar una Bogotá en la cual la equidad, la justicia social, la reconciliación, la paz y la vida en equilibrio con la naturaleza y el ambiente, sean posibles para todas y todos”.
Que en el objetivo estructurante ciudad de derechos se contempla el programa “Toda la vida integralmente protegidos” con el cual se procura el desarrollo de acciones dirigidas a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas sin importar su etapa de ciclo vital, reconociendo sus potencialidades y valorando el aporte específico y diferencial que las familias y los sujetos individualmente considerados, pueden realizar para el logro de una Bogotá positiva (art. 7º, num. 14).
Que dentro de los proyectos contemplados en el citado programa se encuentra el de “Familias positivas”, por lo que es evidente que el gobierno distrital reconoce la importancia de promover a la familia como el elemento fundamental de la sociedad que requiere de una acción decidida por parte del Estado para lograr la garantía y protección de sus derechos (A. 308/2008, art. 33).
Que en ese mismo sentido, la adopción de una política pública para las familias de Bogotá D.C., responde a los deberes que le atañen al Estado frente a la familia, relacionados con la promoción del fortalecimiento de esta institución como núcleo fundamental de la sociedad y la garantía del ejercicio pleno de los derechos de las familias y de sus integrantes, contenidos en la Ley 1361 de 2009, “Por medio de la cual se crea la ley de protección integral a la familia”.
Que de conformidad con el principio de corresponsabilidad previsto en el artículo 13 de la Ley 1361 de 2009, en el Estado social de derecho a la administración distrital le corresponde emprender procesos de reconocimiento y fortalecimiento de las estructuras familiares independientemente del tipo de conformación de estas, mediante la puesta en marcha de políticas públicas que hagan posible la más amplia protección y asistencia posibles a la familia, debido a que este tipo de organización social resulta ser un ámbito fundamental de humanización y socialización capaz de transformarse y transformar su entorno y la sociedad de la que hace parte.
Que en el numeral 3º del artículo 6º del Acuerdo Distrital 308 de 2008, dentro del objetivo estructurante ciudad de derechos, se señala: “La gestión social integral como la estrategia para la implementación de la política social en el distrito, que promueve el desarrollo de las capacidades de las poblaciones, atendiendo sus particularidades territoriales y asegura la sinergia entre los diferentes sectores, el manejo eficiente de los recursos y pone de presente el protagonismo de la población en los territorios”.
Que por disposición del Decreto 607 de 2007, “Por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social”, se asignó entre otras actividades, la función de “Formular, orientar y desarrollar políticas sociales, en coordinación con otros sectores, organismos o entidades, para los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, en especial de aquellos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad y promover estrategias que permitan el desarrollo de sus capacidades”.
Que en sesión del consejo de política social de 16 de septiembre de 2011, la Alcaldesa Designada de Bogotá D.C., expresó su compromiso de adoptar a través de decreto todas aquellas políticas públicas en las que aún no se hubiere adelantado dicho trámite.
Que según lo previsto en los artículos 4º y 5º del Decreto 505 de 2007, en sesión del día 30 de noviembre de 2011, el comité sectorial de desarrollo administrativo de integración social avaló la adopción mediante decreto de la política pública para las familias de Bogotá, D.C., teniendo en cuenta que la misma surtió los trámites de participación, y articulación en su formulación, y socialización previa ante las instancias correspondientes.
ART. 1º—Objeto. Adóptase la política pública para las familias de Bogotá Distrito Capital, 2010 - 2025, en el marco de una ciudad de derechos que reconozca, restablezca y garantice los derechos de las familias, contenidos en el documento anexo que hace parte integral del presente decreto.
ART. 2º—Concepto. La política pública para las familias de Bogotá Distrito Capital es el conjunto de valores, decisiones y acciones estratégicas lideradas por el Estado, en corresponsabilidad con la sociedad, que buscan garantizar los derechos de las familias en el marco del Estado social de derecho.
ART. 3º—Ámbito de aplicación. La política pública para las familias de Bogotá Distrito Capital aplicará en el territorio urbano y rural de Bogotá Distrito Capital y también tendrá alcance en la región capital, en el marco de los convenios que existan o se firmen para el fortalecimiento de la gestión en los territorios.
ART. 4º—Enfoque. La política pública para las familias de Bogotá Distrito Capital establece el enfoque de derechos como aquel que define, ordena y concierta el cuerpo valorativo, teórico, político y de acción de la política, esto significa que el Estado debe garantizar que la acción pública se oriente a la promoción, reconocimiento, restitución y ejercicio pleno de los derechos colectivos de las familias y de los derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos de sus integrantes sin distinción alguna.
ART. 5º—Objetivo general. Garantizar los derechos de las familias, en el marco del Estado social de derecho, a través del reconocimiento de su diversidad, la transformación de patrones culturales hegemónicos y excluyentes, la promoción de relaciones democráticas y el diseño de estrategias que contribuyan a su seguridad económica y social, para la construcción de una sociedad justa y equitativa.
ART. 6º—Principios. Además de los principios enunciados en el artículo 203 de la Ley 1098 de 2006, la política pública para las familias de Bogotá Distrito Capital se fundamenta en los siguientes principios del enfoque de derechos:
ART. 7º—Ejes y líneas de acción. La política pública social para las familias de Bogotá Distrito Capital se estructura a partir de los siguientes ejes:
— Transformación de patrones culturales
— Agenda pública para las familias en Bogotá.
— El observatorio social para las familias.
Eje 2: Promoción de la familia como ámbito de socialización democrática: Se centra en la necesidad de promover en las familias la socialización de valores democráticos fundamentados en la solidaridad, el respeto a la diversidad, la igualdad y la equidad, a través del fortalecimiento de las relaciones y la convivencia familiar que permitan la promoción de sujetos autónomos.
Está conformado por las líneas de:
— Promoción de la autonomía.
— Convivencia y relaciones democráticas.
— Ciudad protectora.
— Generación de ingresos.
— Economía del cuidado.
— Protección económica y social de las familias.
Orientaciones para la implementación y seguimiento de la política pública para las familias de Bogotá D.C.
ART. 8º—Institucionalización de la política. Esta política pública compromete su apropiación por parte de las entidades sectoriales y locales con el fin de alcanzar la integración, la coherencia y la coordinación necesarias para su implementación. A nivel social, debe poner en marcha un proceso de transformación cultural en la ciudadanía, a partir del reconocimiento político y social del concepto de familias, de su calidad de sujeto colectivo de derechos, del reconocimiento de su diversidad, de su importancia como ámbito de socialización de valores democráticos y construcción de ciudadanía, de la importancia de su protección social y del apoyo indispensable del Estado y la sociedad para su desarrollo integral.
ART. 9º—Responsabilidades frente a la política. La implementación de la política pública para las familias de Bogotá D.C., estará en cabeza de la Secretaría Distrital de Integración Social, de la Secretaría Distrital de Planeación y de los demás sectores de la administración, quienes de manera concertada con la sociedad civil y las entidades de orden nacional e internacional, velarán por la ejecución, seguimiento, cumplimiento y continuidad de la política, sus estrategias y disposiciones.
ART. 10.—Instancia mixta para la coordinación y puesta en marcha de la política. La instancia mixta para la coordinación y puesta en marcha de la política pública para las familias de Bogotá D.C., será el comité operativo de que trata el artículo 12 del Decreto 460 de 2008, el cual está definido en el marco del consejo distrital de política social.
ART. 11.—(Modificado).* Plan de acción. La administración distrital cumplirá con el propósito de construir transectorialmente el plan de acción de la política pública para las familias de Bogotá D.C., en el marco del enfoque de derechos y a través de la estrategia de gestión social integral, articulando los esfuerzos y las actividades en un diálogo continuo entre los sectores, las instituciones y los diferentes actores sociales, donde se desarrollen acciones transectoriales en los territorios que superen respuestas contingentes, mitigatorias y sectoriales.
PAR. 1º—Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la entrada en vigencia de cada plan de desarrollo, cada administración adoptará el plan de acción distrital para dar cumplimiento a la política pública para las familias de Bogotá D.C.
PAR. 2º—Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la entrada en vigencia de los planes de desarrollo locales, cada administración adoptará el plan de acción local para dar cumplimiento a la política pública para las familias de Bogotá D.C.
*(Nota: Modificado por el Decreto 171 de 2013 artículo 11 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.)
ART. 12.—Financiación. La financiación de la política pública para las familias de Bogotá D.C. se realizará mediante la asignación de los recursos de inversión del Distrito Capital según la disponibilidad que se tenga de los mismos. De otra parte, los gastos que genere la implementación de la política pública para las familias de Bogotá D.C. serán atendidos con cargo a lo establecido en los presupuestos anuales de cada entidad.
ART. 13.—Observatorio de política de la familia. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1361 de 2009, se establece el observatorio de política de la familia en Bogotá D.C., que permitirá conocer la estructura, necesidades, factores de riesgos, dinámicas familiares y calidad de vida, a fin de hacer el seguimiento a las políticas sociales encaminadas a su fortalecimiento y protección, así como al redireccionamiento de los recursos y acciones que mejoren su condición. Este observatorio será liderado por la Secretaría Distrital de Planeación y contará con la asesoría técnica de la Secretaría Distrital de Integración Social.
ART. 14.—Evaluación a la política. La política pública para las familias de Bogotá D.C., será objeto de evaluación de conformidad con lo que se disponga en el respectivo plan de acción.
ART. 15.—Informe de avance. Para verificar el cumplimiento de la política pública para las familias de Bogotá D.C., la administración distrital rendirá un informe anual sobre el avance de la ejecución del plan de acción al Concejo de Bogotá.
ART. 16.—Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Registro Distrital y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

References: artículo 38
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 6
 artículo 203
 artículo 12
 artículo 11