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Timestamp: 2017-08-16 15:26:08+00:00

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MRP 4 DE ABRIL: 07/01/2008 - 08/01/2008
Con el rechazo a la resolución 125 en el Senado no fueron derrotadas la democracia o la institucionalidad. Muchísimo menos, el proyecto de liberación nacional y social que, según sus acólitos, estaría llevando a cabo el gobierno de Cristina Fernández.
Tampoco fue el fracaso de un plan redistributivo. Pues con esta medida no se pretendía gravar ni a la riqueza ni a las ganancias —como hubiera sido el caso de las actividades extractivas (mineras o petroleras, por ejemplo) que son esencialmente rentistas—, sino a la producción.
El conflicto con las entidades rurales fue la consecuencia de extender más allá de sus limites materiales una política tributaria y fiscal conservadora, que se sostiene desde hace décadas sobre el consumo popular y la producción de las provincias.
Lock Out sin Goliat
La protesta fue motorizada por los productores. Especialmente los de menor escala; la mayoría de ellos sin afiliación gremial alguna.
Ni los oligopolios exportadores; ni las empresas procesadoras de alimentos ni las que producen fertilizantes (casi todas ellas extranjeras); ni los intermediarios y operadores de los pools de siembra, participaron de la protesta. Precisamente, porque dicha política fiscal —y el régimen aduanero que la complementa— juega a su favor.
Especialmente de los exportadores. Nunca está de más repetirlo: en la Argentina de hoy, son los exportadores quienes cobran los tributos o retenciones a los productores en nombre del Estado.
Y al tiempo que estas mismas empresas obtienen una suculenta diferencia entre el precio real (FOB) y el precio (FAS) sobre el que rinden sus propios compromisos fiscales —lo que constituye una “legalizada” defraudación al Estado—, no hay controles aduaneros mínimos en los puertos privados y buena parte del negocio está “en negro”.
Tal como lo expresa Jorge Rulli: “No existen políticas agrarias, pero sí existen Políticas de Estado para favorecer la exportación, subsidiar la producción de aceites y agrocombustibles y mantener la hidrovía para servir las políticas de corporaciones como Cargill”.
Piñazo 1
Los auténticos derrotados en el Senado fueron, precisamente, estas corporaciones que dominan nuestro mercado externo, puesto que intentaron una colosal estafa contra el pueblo argentino de más de U$S 1.500.000.
Como se explicitó oportunamente en este mismo blog, gracias al perverso sistema de declaraciones juradas anticipadas (DJVE) previsto en el Código Aduanero, los oligopolios exportadores intentaron congelar en el 27.5 por ciento (para ellos 24 por ciento, por la mencionada diferencia FOB/FAS) la alícuota de las retenciones que debían pagar. Esto es, formalizando las DJVE de casi toda la campaña 2007/2008 antes del 11 de noviembre de 2007.
El aumento internacional en la cotización obligó a retrotraer los precios internos a esa fecha. Para ello se intentó imponer el sistema de retenciones móviles.
Desde esta perspectiva se comprende por qué la Resolución 125 no tenía sustento técnico con la producción agrícola, ni político entre los pueblos del interior profundo. Era una nueva colaboración del Estado argentino con estas empresas (a las que no les interesa el país).
Piñazo 2
También perdió esta partida la propaganda estatal, que intentó disfrazar la maniobra en el Congreso y en los medios de difusión.
Digamoslo claramente. El proyecto que salió de Diputados no pretendía evitar la sojización —puesto que las compensaciones estaban destinadas, fundamentalmente, a los productores de soja—, ni equilibrar las cargas entre productores grandes, medianos y pequeños.
Tampoco tenía otro objetivo que permitir la compra de granos a precios retrotraídos a octubre de 2007. “El presente régimen será aplicable a las operaciones de venta de granos de la campaña 2007 / 2008”, reza el artículo 13 del proyecto rechazado.
Evidentemente, no se trataba de ninguna línea estratégica ni siquiera al mediano plazo.
Lo de las compensaciones también era un bluff. Como señaló el diputado Claudio Lozano, nunca se le dio de baja a la resolución 21/2008 del Ejecutivo, que establece que si bien al productor le van a cobrar la retención al precio FOB, luego al compensarlo lo harán a un precio inferior (FAS).
Por ende, los pequeños y medianos productores en lugar de pagar retenciones efectivas de entre el 30 y el 35 por ciento —como decía el texto aprobado—, hubieran pagado entre el 38 y el 41 por ciento.
La impostura discursiva
En los actos públicos del justicialismo se llegó a identificar a los dirigentes rurales con los terroristas paraestatales de 1976 o con los comandos civiles de 1955. Hasta hubo una senadora oficialista que, en el colmo del delirio, llegó a comparar a los referentes del Frente para la Victoria que sufrieron algún escrache con las víctimas judías del nazismo.
Es que la estrategia propagandística del oficialismo pretendió engalanar la resolución 125 de fines progresistas, nacionalistas y hasta revolucionarios.
Algo difícil de aceptar, porque no hay indicios de que se haya intentado poner en práctica algo por el estilo en ésta o en la anterior gestión presidencial.
Por el contrario. En lo que concierne a la producción agrícola, durante los últimos dos gobiernos se ha reforzado el modelo de monocultivos transgénicos y la consecuente inserción internacional de la Argentina como productor de forrajes. Tal “especialización” responde a las necesidades de la Comunidad Europea y de los grandes compradores como China y la India, fundamentalmente en lo que respecta a piensos, aceites y agrocombustibles.
Asimismo, en el mismo período no ha dejado de concentrarse la riqueza. Hasta se podría decir que la concepción misma de la práctica y construcción del poder que esgrime, particularmente, Néstor Kirchner, requiere de la concentración económica: pocos interlocutores —lo que permite negociar en forma directa—; sistemas de subsidios como forma de control político y un reducido grupo de privados para compartir las “argentinizaciones”.
Respecto de la oligarquía, a la que tantas veces se aludió desde las usinas propagandísticas oficiales como recurso retórico para descalificar la protesta rural, hay que decir que, en términos históricos, no existe en su caracterización tradicional.
Ni siquiera la reaccionaria Sociedad Rural tiene esta identidad. Está claro que representa a productores de mayor formato; pero tales productores están absolutamente diferenciados de los poderosos latifundistas que, hasta hace cuarenta o cincuenta años, constituyeron la llamada “oligarquía vacuna”.
Nos referimos a aquellos estancieros dedicados mayormente a la ganadería y propietarios de enormes extensiones arrendadas en ínfimas proporciones, que eran el reaseguro en provisión de alimentos y control de precios del Imperio Británico.
Actualmente, los contados herederos que se mantienen en el rubro, producen de manera directa y dependen —al igual que el resto— de las compras de los oligopolios y de las políticas oficiales.
Sus fastuosas estancias familiares se han convertido en emprendimientos turísticos y ya no están interesados en promover hijos ilustrados —como Victoria Ocampo o Jorge Luis Borges— que busquen en valores universales los argumentos para redimir a su iletrado linaje de explotadores.
El campo trasnacionalizado
Es que el modelo del agronegocio actual tiene una lógica muy distinta del modelo agrario y agroindustrial que predominó hasta mediados de los años ’70. Hablamos no sólo de personas o familias tradicionales del sector que han sido reemplazadas por sociedades anónimas trasnacionales; sino de que este cambio ha generado, también, una matriz económica y financiera completamente diferenciada.
En 1976 se desmontó el banco de semillas del INTA y se transfirió ese conocimiento a las corporaciones que comenzaban a desembarcar en la Argentina. Se abrió el banco genético de la biodiversidad y se empezó a compartir con las multinacionales.
Norma Giarraca, coordinadora del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani (UBA) señala que “los proveedores de insumos extranjeros, entonces, empezaron a traer a los híbridos, una semilla que el productor no puede reproducir y que al mismo tiempo es más rendidora. Comenzó un proceso de agriculturación con cinco granos que utilizaban la semilla híbrida y agroquímicos, que subieron muchísimo la producción: el girasol, el sorgo, trigo, maíz y soja. Estos cultivos se expandieron progresivamente al interior. Hubo un aumento de la productividad con apertura del tipo de cambio y comenzó la trasnacionalización de la agricultura”.
Dicha trasnacionalización se consolidó cuando, a fines de los '80, las empresas alimentarias comenzaron a pasar a manos extranjeras y en 1991 se instrumentó la desregulación de granos, carnes y azúcar.
Más tarde aparecieron los hipermercados extranjeros (verdaderos imperios como Carrefour o Wal Mart), que se constituyeron, por el control de los precios en el mercado interno, en los núcleos centrales de poder en la cadena industrial agraria. Es decir, son quienes deciden qué producir, cómo producir, cuándo producir y a qué precios para la “mesa de los argentinos”.
Sociología de hojalata y cacerolas de teflón
En otras palabras: calificar a los productores y chacareros como “el enemigo principal” es entender bastante poco sobre los lazos de dependencia que soporta hoy la Argentina.
Arturo Jauretche, víctima de tantos infogramas y power points en los últimos días, dijo alguna vez: “Es fácil ver que el problema previo a la distribución de los bienes es que seamos dueños de ellos, de modo que la primera pelea no tiene que ser entre nosotros sino con quien se los lleva…”
Dicho sea de paso: tampoco los caceroleros elegantes de las ciudades, que demonizaron el jinglero Ignacio Copani y el pelotón de sociólogos banales, componen ninguna forma de oligarquía. Aún los más reaccionarios y tilingos.
Hasta se puede afirmar que ninguno de ellos alcanza a sumar ni la mitad del patrimonio de algunos “compañeros del campo nacional y popular” como Hugo Moyano, Miguel Ángel Pichetto o el propio Néstor Kirchner.
De todos modos, era previsible la inutilidad de tales maniqueísmos entre “pobres y ricos” para abordar cuestiones de este tipo; bagatelas verbales, más propias de las órdenes monásticas del medioevo o de la retórica del punk vernáculo a lo D’Elía que de un encuadre conceptual correcto para la dilucidación de los problemas argentinos.
¿Quiénes votaron contra el proyecto oficial?
Con sólo el voto en contrario de la oposición política (incluyendo al justicialismo disidente de Duhalde, Menem o Rodríguez Saá), el proyecto hubiese sido aprobado; como casi todo lo que, hasta ese momento, había enviado el Poder Ejecutivo.
Pero, para sorpresa de la aporteñada política profesional, aparecieron las provincias. Ya que la resolución 125 no sólo afectaba a un sector, sino a todo el interior del país. Pues el aumento de la alícuota a la exportación generaba una disminución del ingreso de los productores y, como consecuencia, un descenso de la recaudación por el Impuesto a la Ganacias.
Muchos dirigentes, gobernadores, intendentes, legisladores y hasta el propio vicepresidente de la Nación, que venían acompañando al Gobierno Nacional, se vieron obligados a enfrentarlo. No se los tardó en calificar de “traidores”.
La Patria es mía, mía, mía
Ocurre que Néstor Kirchner está convencido que fue exclusivamente obra de su administración el que la economía argentina se recuperara de la crisis de 2001. En consecuencia, nada le está vedado y puede disponer cuando quiera y cómo quiera de las ganancias de un “milagro económico” que le pertenece sólo a él. Una especie de revitalizado síndrome de la “Testa Rossa”.
De esta encerrona emocional de Kirchner y sus adulones es imperioso rescatar al gobierno que encabeza Cristina Fernández.
Para ello será fundamental, entre otras cosas, diseñar una auténtica política agraria de carácter nacionalista y modernizador, que contenga a las economías provinciales tanto como a los productores y chacareros, al tiempo que formalice la reinversión de la renta con fines productivos e industrializadores y respete la preservación de los recursos naturales. Con organismos públicos que orienten la producción y sostengan los precios; que formule un nuevo concepto de los arrendamientos y la propiedad rural; que ponga límites al oligopolio trasnacional nacionalizando el comercio exterior.
Hay una oportunidad inmejorable. Ojalá no la desaprovechemos.
Publicado por MRP 4 de Abril en 17:23 6 comentarios:
Publicado por MRP 4 de Abril en 17:39 No hay comentarios:

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 13
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