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Timestamp: 2020-01-21 00:24:06+00:00

Document:
50001-23-31-000-1997-06033-01(24992)
CONSEJO DE ESTADO - Competencia en segunda instancia de los procesos donde se encuentra demandada una empresa de servicios públicos. Regulación normativa / CONSEJO DE ESTADO - Competencia en segunda instancia de los procesos donde está demandada una empresa de servicios públicos. Aplicación del criterio orgánico / CONSEJO DE ESTADO - Conoce de las apelaciones interpuestas por las partes contra las providencias de primera instancia proferidas por los tribunales administrativos. Regulación normativa
El Consejo de Estado conoce del presente asunto, relativo a la responsabilidad extracontractual de una Empresa de Servicios Públicos, en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 del 2006, que atribuye a ésta jurisdicción la competencia para juzgar las controversias originadas en la actividad de las entidades públicas, incluidas las sociedades de economía mixta con participación pública superior al 50%. En este sentido, cabe recordar que ésta Sala ha sido reiterativa al señalar que a partir de la expedición de la aludida Ley 1107 de 2006, la cláusula de competencia contenida en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo fue modificada de manera tal que con ella se introdujo un criterio orgánico por el cual la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se determina por la naturaleza pública de la entidad demandada, y no por el carácter de función administrativa de la actuación objeto del asunto, o el régimen jurídico aplicable, o la índole de controversia que plantea el litigio (contractual, extracontractual o de nulidad y restablecimiento del derecho). (…) la Electrificadora del Metas S.A. ESP es una empresa de servicios públicos constituida como sociedad por acciones con una participación pública superior al 50%, se concluye que se trata de una ESP mixta en los términos del artículo 14, numeral 6 de la Ley 142 de 1994 y por ende una entidad pública de las enlistadas en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, respecto de cuyos procesos conoce la jurisdicción contencioso administrativa en razón al criterio orgánico (…) igualmente, se profiere esta decisión en virtud de lo previsto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo que otorga competencia a esta corporación para resolver las apelaciones interpuestas por las partes contra las sentencias de primera instancia proferidas por los tribunales administrativos, y en atención a que la cuantía de las pretensiones de la demanda supera el monto establecido por el Decreto 597 de 1988 para que se trate de un proceso de doble instancia. Así las cosas, la Sala encuentra injustificada la decisión del fallador de primera instancia de declararse inhibido para fallar el asunto sub júdice por falta de competencia
FUENTE FORMAL: LEY 1107 DE 2006 - ARTICULO 1 / LEY 142 DE 1994 - ARTICULO 14.6 / LEY 489 DE 1998 - ARTICULO 38 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTIUCLO 82 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTIUCLO 129 / DECRETO 597 DE 1988
NOTA DE RELATORIA: Sobre el tema consultar auto de 18 de julio de 2007, exp. 29745.
PRUEBA TRASLADADA DEL PROCESO PENAL - Valor probatorio. Valoración probatoria / DOCUMENTOS PUBLICOS TRASLADADOS DEL PROCESO PENAL - Valor probatorio. Valoración probatoria
La Sala considera pertinente analizar la admisibilidad como prueba de las piezas procesales pertenecientes al expediente contentivo de la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación contra del señor Luis Eduardo Pacheco Figueredo, trabajador de EMSA y operador de la subestación IDEMA, involucrado en la muerte del señor Luis Gonzalo Henao Henao, cuyo aporte en copia auténtica al asunto de la referencia fue solicitada por el actor en la demanda. (…) éstas pruebas serán apreciadas por la Sala debido a que fueron aportadas en copia auténtica por la entidad requerida y a que estuvieron a disposición de la parte demandada, por lo que tuvo la posibilidad de conocerlas y controvertirlas, sin haberlo hecho en las etapas procesales correspondientes, por lo cual se considera que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de procedimiento Civil para su valoración. (…) en cuanto a los documentos públicos traídos del proceso penal a éste nuevo juicio, también se tendrán en cuenta toda vez que no fueron objeto de tacha de falsedad dentro de la oportunidad legal
FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTICULO 185
NOTA DE RELATORIA: En relación con la valoración de la prueba trasladada del proceso penal, consultar sentencias de: 18 de septiembre de 1997, exp. 9666; 8 de febrero de 2001, exp. 13254 y 21 de febrero de 2002, exp. 12789.
DECLARACIONES RENDIDAS BAJO JURAMENTO - Valor probatorio. Valoración probatoria
Las declaraciones rendidas bajo juramento dentro del proceso penal sólo serán objeto de valoración en la medida en que se hayan ratificado en el debate contencioso administrativo.
TRASLADO DEL DICTAMEN PERICIAL RENDIDO EN EL PROCESO PENAL - Valor probatorio. Valoración probatoria
Será tenido en cuenta el dictamen pericial rendido por el licenciado en electricidad Cesar Augusto Piñeros Ramírez, rendido también en el proceso penal (…) como la decisión de admitir como prueba en este caso el dictamen pericial rendido en el proceso penal seguido contra el señor Luis Eduardo Pacheco Figueredo por la muerte del señor Luis Gonzalo Henao Henao fue puesta en conocimiento de las partes, en debida forma, sin que éstas manifestaran su inconformidad con ello, y teniendo en cuenta que el dictamen en sí mismo considerado estuvo a su disposición para su contradicción, la Sala admitirá su valor probatorio dentro del presente asunto.
LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA - Compañera permanente. Acreditación / LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA - Hijos de la compañera permanente. Acreditación
La legitimación en la causa por activa de la señora Blanca Nubia Gutiérrez Reina está acreditada en el proceso en su calidad de compañera permanente del señor Luis Gonzalo Henao Henao, fallecido por causa del accidente ocurrido el 27 de abril de 1996. La condición de compañera permanente de la víctima se evidencia en el testimonio del señor Néstor Gonzalo Ramos Henao (…) De la misma forma, se tiene por acreditada la legitimación en la causa por activa de Mónica del Pilar Linares Gutiérrez, Juan Manuel Gutiérrez Reina y David Gonzalo Gutiérrez Reina. En este sentido, debe tomarse en consideración que estas personas, quienes para el momento de la presentación de la demanda eran menores de edad, probaron su parentesco con la señora Nubia Gutiérrez Reina mediante el aporte al proceso de sus respectivos registros civiles de nacimiento, en los que se observa que son hijos suyos (copia auténtica de los registros civiles de Mónica del Pilar Linares Gutiérrez, Juan Manuel Gutiérrez Reina Y David Gonzalo Gutiérrez Reina. Ahora bien, de dichos documentos también se desprende que ninguno de estos demandantes comparte un vínculo de consanguinidad con el señor Henao Henao. Sin embargo, al ser hijos de quien era la compañera permanente de la víctima y al estar acreditada la convivencia con équella, la Sala les reconocerá la legitimación en la causa en calidad de damnificados por la muerte del señor Luis Gonzalo Henao Henao.
NOTA DE RELATORIA: Sobre la prueba de calidad de compañera (o) permanente, consultar sentencia del 18 de enero del 2012, exp. 19959. Sobre la relación de parentesco y la no necesidad de acreditar la condición de parientes, ver sentencia del 23 de abril del 2008, exp. 16186.
LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA - De hecho y materialmente / LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA - Electrificadora del Meta S.A. ESP. Reconocimiento / LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA - Ministerio de Minas y Energía. No procede su reconocimiento
También se reconoce la legitimación en la causa por pasiva de la Electrificadora del Meta S.A. ESP. tanto de hecho como materialmente. La primera circunstancia, debido a que fue expresamente denominada como demandada dentro del escrito de la demanda, así como legalmente vinculada al proceso. La segunda, dado que para el momento de ocurrencia de los hechos materia de la controversia, era la encargada de la prestación del servicio de energía eléctrica en el municipio de Villavicencio y, particularmente, de la operación de la subestación eléctrica IDEMA, desde la cual se controlaba el circuito IDEMA III, que debía estar desenergizado para que el señor Henao Henao desarrollara su trabajo de reconexión de la red eléctrica. Siguiendo la misma línea argumentativa, la Sala se abstendrá de reconocer la legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Minas y Energía, ya que como lo ha establecido la Sección anteriormente, en casos como el presente en los que se estudia la posible responsabilidad del Estado por causa de muertes por electrocución, al Ministerio no puede imputarsele el daño en estas condiciones, ya que solo cumple funciones reglamentarias generales y vela por el cumplimiento de las disposiciones en lo que atañe al Sistema Eléctrico Nacional; competencias entendidas desde el ámbito de la generalidad y como desarrollo de una función marco, sin que cuente con funciones de prestación del servicio público de energía eléctrica de acuerdo a lo previsto en la Ley 142 de 1994, lo que desvirtúa que una acción u omisión que le fuera atribuible pudiese ser la causa efectiva de la muerte del señor Henao Henao.
NOTA DE RELATORIA: En relación con la legitimación en la causa, tanto de hecho como material, ver sentencia del 28 de julio de 2011, exp. 19753. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, consultar sentencia del 9 de junio del 2005, exp. 15260.
ACTIVIDADES DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA - Régimen de responsabilidad aplicable / ACTIVIDADES DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA - Por regla general se aplica el régimen de responsabilidad objetivo por riesgo excepcional / ACTIVIDADES DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA - Aplicación del régimen de responsabilidad de falla del servicio al alegarse o ser evidente la ocurrencia de una falla por parte de la entidad demandada / ACTIVIDADES DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA - Falla del servicio. No se configuró por omisión de prueba
A pesar de que la Sección ha sido reiterativa en el sentido de que el régimen aplicable al análisis de los casos de responsabilidad extracontractual en los que se pretende imputar un daño derivado del desarrollo de actividades de conducción eléctrica es por regla general objetivo por el riesgo excepcional que se sigue de la ejecución de una actividad peligrosa, en el caso particular se iniciará el análisis de la posible responsabilidad de la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. desde la perspectiva del régimen subjetivo de la falla en el servicio, en consideración a que, como se especificó en el aparte anterior de la providencia, es el régimen de responsabilidad alegado por la parte actora en su demanda. Recuérdese que la Sala ha tenido la oportunidad de señalar que en casos en los que el régimen aplicable es el objetivo, al alegarse o ser evidente la ocurrencia de una falla en el servicio, se desplaza el análisis del asunto a dicha perspectiva de la responsabilidad (…) respecto de la existencia de una falla del servicio por parte de la demandada EMSA, la Sala no encuentra acreditada su ocurrencia, en cuanto en el expediente no se halla probado que la demandada hubiese incurrido en una conducta omisiva o negligente durante el desarrollo de los hechos que sustentan la solicitud judicial resarcitoria y que concluyeron con la muerte del señor Henao Henao. (…) la Sala no encuentra que obren en el plenario los elementos probatorios de los que se pueda inferir que las acciones de los funcionarios de EMSA hayan sido omisivas respecto de normas que les impusieran especiales deberes de seguridad para el desarrollo de las actividades de mantenimiento. De hecho, la parte demandante no logró determinar con certeza cuales son aquellas normas de carácter legal que considera desconocidas; y aunque en el expediente obra copia auténtica de algunas normas de seguridad aplicables a las actividades de trabajo en conducción de energía, las cuales fueron traídas al proceso por la propia empresa demandada, tampoco se determinó la forma concreta en que la conducta de los representantes de la entidad demandada vulneran esas normas, carga que la propia naturaleza del régimen de la falla en el servicio, alegada por los demandantes, impone a aquellos que pretenden imputar un daño individualizado al Estado con base en este régimen de responsabilidad. (…) al no encontrar probada en el proceso al alegada conducta negligente y omisiva de los funcionarios de EMSA durante los hechos en los que perdió la vida el señor Luis Gonzalo Henao Henao, la Sala llega a la forzosa conclusión de que en el presente caso no se encuentra demostrada la responsabilidad de la Electrificadora del Meta S.A. en el presente caso desde el punto de vista del régimen subjetivo de la falla en el servicio.
NOTA DE RELATORIA: En relación con la carga probatoria en el régimen de falla del servicio, consultar sentencia del 4 de febrero del 2010, exp. 17720.
IMPUTABILIDAD DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LA FALLA DEL SERVICIO - Demostración de causa y efecto entre el daño antijurídico y la falla de la administración
Cabe resaltar que la imputabilidad en el régimen de responsabilidad de la falla en el servicio está llamada a demostrar una relación de causa y efecto entre un daño antijurídico, entendido como aquél que sufre una persona que no se encuentre en el deber legal de soportarlo, y una falla en el servicio, es decir, una conducta negligente u omisiva de parte de la administración que implica su desconocimiento o violación a una obligación a cargo del Estado. En otras palabras, se evaluará si con el material probatorio obrante en el proceso se acreditó la ocurrencia de un daño o lesión a un bien jurídico, una falta o falla del servicio por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del mismo y una relación de imputación o causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, valga aclarar, aún demostrada la falla del servicio, no habrá lugar a indemnización.
NOTA DE RELATORIA: Sobre el tema, consultar Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996 y sentencia del 29 de enero del 2009, exp. 16576.
ACTIVIDADES DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA - Por regla general se aplica el régimen de responsabilidad objetivo por riesgo excepcional al no encontrarse probada la falla del servicio alegada por el demandante. Aplicación del principio iura novit curia
Habiendo determinado que en el presente caso es improcedente la imputabilidad al Estado del daño alegado bajo la perspectiva del régimen de la falla en el servicio, al cual se recurrió en seguimiento de la asentada posición jurisprudencial según la cual el análisis de un caso concreto debe desplazarse al régimen subjetivo en caso de alegarse o ser evidente la configuración de la responsabilidad desde esa perspectiva, la Sala aplicará la regla general en casos en los que se presenta un daño a una persona por la actividad de conducción de energía eléctrica, es decir, el régimen objetivo del riesgo excepcional, atendido el principio iura novit curia. En este orden de ideas, la Sala deberá determinar si en el caso particular, analizado aquí, concurren los requisitos para declarar la responsabilidad de EMSA por la muerte por electrocución del señor Luis Gonzalo Henao Henao por el régimen objetivo del riesgo excepcional. Sea lo primero advertir que la Sala ha sido reiterativa en el sentido de que el régimen aplicable al análisis de los casos de responsabilidad extracontractual en los que se pretende imputar un daño derivado del desarrollo de actividades de conducción eléctrica es por regla general objetivo por el riesgo excepcional que se sigue de la ejecución de una actividad peligrosa. En este sentido, cabe recordar que el régimen de imputación del riesgo excepcional encuentra su justificación en el concepto de daño antijurídico contenido en el artículo 90 de la Constitución Política, en cuanto implica un menoscabo a un bien jurídicamente tutelado cuando su titular sufre las consecuencias de un riesgo anormal sin encontrarse en la obligación de soportarlo, porque esa vulneración se produce al desconocerse el principio de igualdad ante las cargas públicas. Este es entonces un régimen objetivo de responsabilidad, aplicable a la actividad de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, dado que ésta es en sí misma considerada es una actividad lícita del Estado, pero por la cual se somete a los ciudadanos, por regla general, a un riesgo que les resulta excepcional y que, por lo tanto, podría llegar a generar perjuicios. Así lo ha sostenido en diversas oportunidades esta misma Sección. En el caso concreto, el régimen objetivo del riesgo excepcional resulta aplicable en el entendido de que se pretende imputar al Estado un daño consistente en la muerte de un ciudadano que en ejercicio de su ocupación de electricista realizaba actividades de mantenimiento sobre una red eléctrica alimentada por un circuito cuya operación se encontraba a cargo de EMSA, recibió una descarga eléctrica que le causó la muerte, aún cuando había sido autorizado para iniciar sus labores por parte de funcionarios de la empresa demandada, quienes le comunicaron de manera expresa que los circuitos sobre los que debía trabajar se encontraban debidamente desenergizados.
NOTA DE RELATORIA: Consultar sentencias de: 07 de abril del 2011, exp. 20733; 19 de agosto del 2009, exp. 17957; 1 de marzo de 2006, exp. 21700; 9 de junio de 2005, exp. 15260; 14 de junio de 2001, exp. 12696; 15 de marzo de 2001, exp. 11162; 28 de abril de 2010, exp. 18646 y 23 de junio de 2010, exp. 19572.
Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013).
Radicación número: 50001-23-31-000-1997-06033-01(24992)
Actor: Blanca Nubia Gutierrez Reina
Demandado: Nacion - Ministerio de Minas y Energia
Referencia: Reparacion Directa
1. Mediante escrito presentado el 11 de marzo de 1997 ante el Tribunal Administrativo del Meta (f. 3-31, c. 1), la señora Blanca Nubia Gutiérrez Reina, actuando en su nombre propio y en representación de los menores, Mónica del Pilar Linares Gutiérrez, Juan Manuel Gutiérrez Reina y David Gonzalo Gutiérrez Reina, presentó demanda de reparación directa con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
A.- DECLARACIONES.-
Se declare administrativamente responsable solidaria o individualmente la entidad que resulte responsable, es decir a LA NACIÓN-MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-ELECTRIFICADORA DEL META S.A. de la totalidad de los perjuicios ocasionados con la muerte de LUIS GONZALO HENAO HENAO, según hechos ocurridos el día 27 de abril de 1996 en sector urbano de Villavicencio (Meta), cuando se disponía a realizar trabajos eléctricos de alta tensión, previa orden y autorización de la Electrificadora del Meta, recibiendo una descarga eléctrica que le ocasionó su muerte, simplemente por la negligencia del funcionario encargado de los controles al no coordinar conforme las normas de seguridad de energía, la suspensión del servicio eléctrico.
B.- CONDENAS.-
Como consecuencia de la declaratoria administrativa de responsabilidad a LA NACIÓN-MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-ELECTRIFICADORA DEL META S.A. de todos los perjuicios ocasionados a los actores por la muerte de LUIS GONZALO HENAO HENAO, se CONDENE a LA NACIÓN-MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-ELECTRIFICADORA DEL META S.A. a pagar a cada uno de los demandantes o quien sus derechos represente, los perjuicios morales y materiales que paso a solicitar, así:
B.-1o. DAÑO SUBJETIVO O PERJUICIO MORAL
A.- ÚNICO NÚCLEO FAMILIAR.- 1o.- Para BLANCA NUBIA GUTIÉRREZ REINA (compañera permanente) con 1000 gramos de oro fino.- 2o..- Para DAVID GONZALO GUTIÉRREZ REINA (damnificado) con 1000 gramos de oro fino. 3o.- Para JUAN MANUEL GUTIÉRREZ REINA (damnificado) con 1000 gramos de oro fino.- 4o.- Para MÓNICA DEL PILAR LINARES GUTIÉRREZ (damnificado) con 1000 gramos de oro fino.-
B.-2o.- DAÑO OBJETIVO O PERJUICIO MATERIAL.
Lo calculo en $120.000.000,oo de pesos, para la época de la presentación de la demanda y deben ser pagados a la compañera permanente del occiso y los menores damnificados, o quien represente sus derechos dentro del proceso.
2o.-1o.- Edad del fallecido al momento de los hechos, actividad laboral, ingresos mensuales aprobados o salario mínimo legal de 1996 actualizado, vida probable de 73 años, estado civil.
2o.-2o.- La variación mensual y anual del índice de precios al consumidor, según certificación expedida por el DANE.
2o.-3o.- La fórmula que sobre perjuicios materiales (causados y futuros) aplica el H. Consejo de Estado, según reiterativa jurisprudencia, tomando como guía los elementos antes mencionados.
C.- PAGO DE INTERESES.-
LA NACIÓN-MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-ELECTRIFICADORA DEL META S.A. o la entidad obligada al pago, cancelarán sobre el capital ordenado en la sentencia INTERESES corrientes por los primeros seis meses, contados a partir de la ejecutoria de la respectiva providencia, y transcurrido dicho plazo cancelarán intereses moratorios hasta el pago definitivo.
D.- CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA.-
LA NACIÓN-MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-ELECTRIFICADORA DEL META S.A. o la entidad obligada al pago, debe dar estricto cumplimiento a la sentencia o conciliación favorable que se profiera dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la providencia, igualmente cumplir las condiciones y obligaciones que ordenan los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.
2. El Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda el 21 de marzo de 1997, y una vez notificados los demandados de esta decisión, EMSA dio contestación de forma oportuna mediante escrito allegado el 20 de mayo de 1997 (f. 69-73 c. 1), esgrimiendo los argumentos que se sintetizan a continuación:
De conformidad a lo establecido en la Ley 142 de 1994, muy respetuosamente propongo la EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN. Sustento la misma en el hecho de que la Ley 142 de 1994 dispuso que todos los actos que realicen las empresas de servicios públicos son de competencia exclusiva del derecho privado, salvo en lo relacionado con la legalidad de los actos, responsabilidad por acciones u omisiones que se refieran al uso de los derechos de ocupación temporal, servidumbres enajenación forzada y usos del espacio público, lo cual corresponde conocer a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De lo anterior se concluye que la ley es clara y precisa en cuanto a qué jurisdicción conoce de los asuntos referentes a las empresas que presten servicios públicos. Para el caso en conocimiento, la conducta por la cual se está demandando no se enmarca en ninguno de los casos taxativos señalados por la ley (art. 33 Ley 142 de 1994), por lo que no es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo quien debe conocer el presente caso.
2.5. El Ministerio de Minas y Energía contestó la demanda de forma extemporánea el 27 de octubre de 1997 (f. 87-92 c. 1).
3. Surtido el trámite procesal correspondiente y practicadas las pruebas decretadas, el Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia de primera instancia el 18 de febrero de 2003 (f. 304-314 c. ppal.), en la que resolvió declararse inhibido para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda.
3.2. Agregó que La Nación-Ministerio de Minas y Energía no se encuentra legitimado en la causa por pasiva porque no tiene ninguna incidencia en los hechos de los cuales, de acuerdo con la demanda, se derivaría el daño a resarcir. Señaló entonces que:
PRIMERO: Declararse inhibido para pronunciarse de fondo dentro del presente asunto, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Por Secretaría devolver los dineros no utilizados.
TERCERO: Reconocer a la Dra. GLORIA PATRICIA TOVAR ALZATE como apoderada judicial de la Electrificadora del Meta S.A., en los términos y para los fines del poder a ella conferido, (f. 301).
4. Contra la sentencia de primera instancia, la parte demandante interpuso y sustentó en tiempo recurso de apelación con el fin de que se revoque la decisión y, en su lugar se declare la responsabilidad de la Nación–Ministerio de Minas y Energía, y de la Electrificadora del Meta S.A., Indicó que la causa del daño, consistente en la muerte del señor Luis Gonzalo Henao Henao, se produjo en el momento en el que éste realizaba trabajos sobre las cuerdas conductoras de energía en el municipio de Villavicencio, las cuales se ubican en una vía del espacio público, y son responsabilidad directa de la Electrificadora del Meta S.A., esto es, de una empresa de economía mixta, cuyo control e inspección está a cargo de la Nación-Ministerio de Minas y Energía.
5. Teniendo en cuenta que la decisión de primera instancia, cuya revocatoria en esta instancia solicita la parte demandante, resolvió declararse inhibida para decidir de fondo sobre el asunto con el argumento de la supuesta falta de jurisdicción de los tribunales contenciosos administrativos para conocer de acciones incoadas contra empresas prestadoras de servicios públicos por acciones u omisiones que le sean imputables (ver supra párr. 3.2 y 3.4 ), la Sala iniciará el análisis del presente caso haciendo la respectiva aclaración relativa a éste asunto de competencia.
5.1. El Consejo de Estado conoce del presente asunto, relativo a la responsabilidad extracontractual de una Empresa de Servicios Públicos, en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativï¿½
modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 del 2006, que atribuye a ésta jurisdicción la competencia para juzgar las controversias originadas en la actividad de las entidades públicas, incluidas las sociedades de economía mixta con participación pública superior al 50%.
5.2. En este sentido, cabe recordar que ésta Sala ha sido reiterativa al señalar que a partir de la expedición de la aludida Ley 1107 de 2006, la cláusula de competencia contenida en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo fue modificada de manera tal que con ella se introdujo un criterio orgánico por el cual la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se determina por la naturaleza pública de la entidad demandada, y no por el carácter de función administrativa de la actuación objeto del asunto, o el régimen jurídico aplicable, o la índole de controversia que plantea el litigio (contractual, extracontractual o de nulidad y restablecimiento del derecho). Se reitera, entonces, qu:
(…) la cláusula general de competencia de la jurisdicción en lo contencioso administrativo ya no gravita en torno al 'juzgamiento de controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado', como señalaba la disposición expresamente derogada del artículo 30 de la ley 446, que adoptaba un criterio material, sino que ahora se optó por un criterio orgánico, en tanto el objeto de esta jurisdicción quedó determinado por el sujeto a juzgar en tratándose del Estado y no por la naturaleza de la función que se juzga. (…) Con fundamento en las consideraciones precedentes se tiene que al modificarse la cláusula general de competencia prevista en el artículo 82 del C.C.A. y adoptarse sin asomo de duda un criterio orgánico, las normas restantes del Código Contencioso atributivas de competencias, deberán ser interpretadas a la luz de esta modificación. Lo contrario, tornaría nugatoria la importante enmienda introducida (…).
5.3. De acuerdo con el informe de gestión y distribución de utilidades de Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. correspondiente al año 2011 aprobado por la Asamblea General de Accionistas de dicha sociedad el 29 de marzo del 2012, la participación accionaria de la empresa es la siguient:
Nación: 55,675%
Departamento del Meta: 26,150%
Empresa de Energía de Bogotá: 16,225%
Municipio de Villavicencio: 1%
Municipio de San Martín de los Llanos: 0,475%
Federación Nacional de Cafeteros: 0,475%
5.4. Así las cosas, dado que de lo anterior se evidencia que la Electrificadora del Metas S.A. ESP es una empresa de servicios públicos constituida como sociedad por acciones con una participación pública superior al 50%, se concluye que se trata de una ESP mixta en los términos del artículo 14, numeral 6 de la Ley 142 de 1994 y por ende una entidad pública de las enlistadas en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, respecto de cuyos procesos conoce la jurisdicción contencioso administrativa en razón al criterio orgánico (ver supra párr. 5.2).
5.5. Igualmente, se profiere esta decisión en virtud de lo previsto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo que otorga competencia a esta corporación para resolver las apelaciones interpuestas por las partes contra las sentencias de primera instancia proferidas por los tribunales administrativo, y en atención a que la cuantía de las pretensiones de la demanda supera el monto establecido por el Decreto 597 de 1988 para que se trate de un proceso de doble instanci
6.1. Cabe recordar que durante el trámite procesal adelantado en primera instancia, mediante auto de 5 de noviembre de 1997, el Tribunal a-quo decretó varias de las pruebas solicitadas por las partes, incluyendo la aludida en el párrafo anterior (f. 93-98 c. 1), sin que dicha decisión fuese objeto de recurso alguno y sin que las partes manifestaran oposición a su decreto en sus intervenciones durante el trámite procesal de primera y segunda instancia.
6.2. Es así como en cumplimiento de lo ordenado en la providencia del 5 de noviembre de 1997, por la que se abrió el proceso a pruebas, mediante oficio n.° 0587 de 11 de febrero de 1999, se requirió a la Fiscalía Seccional Unidad Segunda de Vida de Villavicencio para que remitiera al proceso de la referencia “copia auténtica del proceso penal n.° 15-0182 que esa delegada adelanta, con ocasión de la muerte del ciudadano Luis Gonzalo Henao Henao (…)” (f. 203, c. 1-). El requerimiento fue atendido el 5 de abril de 1999, a través del oficio n.° 1030, al cual se anexó la copia auténtica de la investigación adelantada contra Luis Eduardo Pacheco Figueredo por la muerte del señor Luis Gonzalo Henao Henao (c. 2).
6.3. Así las cosas, éstas pruebas serán apreciadas por la Sala debido a que fueron aportadas en copia auténtica por la entidad requerida y a que estuvieron a disposición de la parte demandada, por lo que tuvo la posibilidad de conocerlas y controvertirlas, sin haberlo hecho en las etapas procesales correspondientes, por lo cual se considera que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de procedimiento Civil para su valoració.
6.4. Vale aclarar que las declaraciones rendidas bajo juramento dentro del proceso penal sólo serán objeto de valoración en la medida en que se hayan ratificado en el debate contencioso administrativo. Por lo tanto, se valorarán los testimonios de José Luís Álvarez Guevara (f. 5-6 y 54-55 c. 2), Néstor Gonzalo Ramos Henao (f. 7-8, c. 3), Luis Eduardo Pacheco Figueredo (f. 21-24 c. 2) y de Luis Daniel Hurtado Ballesteros (f. 43-44 c. 2).
6.5. La Sala también advierte que será tenido en cuenta el dictamen pericial rendido por el licenciado en electricidad Cesar Augusto Piñeros Ramírez, rendido también en el proceso penal (f. 74-78 c. 2), de acuerdo a las siguientes razones.
6.5.1. En la demanda que dio origen al proceso, la parte actora solicitó la realización de una inspección judicial a la subestación de EMSA denominada IDEMA, en la cual se debió desarrollar la maniobra correspondiente para desenergizar el circuito sobre el que habrían de desarrollarse los trabajos en medio de los cuales se produjo el fallecimiento de la víctima, para determinar sus condiciones de conservación, seguridad y operatividad (f. 27 c. 1). Sin embargo, en el auto del 5 de noviembre de 1997, el a-quo negó el decreto de esta prueba por considerarlo innecesario, y en su lugar decretó un dictamen pericial.
6.5.2. El 8 de mayo del 2000, transcurridos más de 2 años del decreto del dictamen sin que se hubiese practicado por causas imputables a la parte interesada, el demandante manifestó su desistimiento de la prueba por considerar que en el dictamen podía ser reemplazado por el rendido por el licenciado Piñeros Ramírez en el proceso penal (f. 231-232 c. 1), petición que fue aceptada por al Tribunal en auto del 15 de mayo de 2000 (f. 233 c. 1), el cual cobró ejecutoria el 22 de mayo del 2000, sin que las partes se hubiesen opuesto a la decisión.
6.5.3. Entonces, como la decisión de admitir como prueba en este caso el dictamen pericial rendido en el proceso penal seguido contra el señor Luis Eduardo Pacheco Figueredo por la muerte del señor Luis Gonzalo Henao Henao fue puesta en conocimiento de las partes, en debida forma, sin que éstas manifestaran su inconformidad con ello, y teniendo en cuenta que el dictamen en sí mismo considerado estuvo a su disposición para su contradicción, la Sala admitirá su valor probatorio dentro del presente asunto.
6.6. Finalmente, en cuanto a los documentos públicos traídos del proceso penal a éste nuevo juicio, también se tendrán en cuenta toda vez que no fueron objeto de tacha de falsedad dentro de la oportunidad lega.
7.1. El 27 de abril de 1996, el ingeniero particular José Luis Álvarez Guevara, junto al señor Luis Gonzalo Henao Henao y su sobrino y ayudante Néstor Gonzalo Ramos Henao, desde aproximadamente las 5:30 de la mañana se encontraban realizando funciones de mantenimiento de la red eléctrica del conjunto residencial Esperanza 2000 del municipio de Villavicencio, la cual funcionaba sobre los circuitos II y III de la subestación IDEMA de la Electrificadora del Meta S.A. ESP. El encargado de la apertura de los circuitos y la desenergización de los mismos era el señor Luis Eduardo Pacheco Figueredo, operario de la subestación IDEMA. Así mismo, Luís Daniel Hurtado Ballesteros, fungió como jefe de cuadrilla. Ambas personas son funcionarios de EMSA (copia auténtica del informe sobre el accidente del jefe de Planeación Eléctrica de EMSA del 6 de mayo de 1996 –f. 87-89 c. 3; testimonio del señor José Luis Álvarez Guevara, rendido ante el Tribunal a-quo el 29 de enero de 1998 –f. 125-131 c. 1-; copia autenticada de la declaración del señor José Luis Álvarez Guevara del 27 de abril de 1996, rendida ante la Fiscalía Octava de la Unidad de Reacción Inmediata de Villavicencio –f. 5-6 c. 2-; copia autenticada de la declaración del señor José Luis Álvarez Guevara del 12 de junio de 1996, rendida ante la Fiscalía Quince Delegada de Villavicencio –f. 54-55 c. 2-; testimonio del señor Luis Eduardo Pacheco, rendido ante el Tribunal a-quo el 5 de febrero de 1998 –f. 139-145 c. 1-; copia autenticada de la indagatoria del señor Luis Eduardo Pacheco del 9 de mayo de 1996, rendida ante la Fiscalía Quince Delegada de Villavicencio –f. 21-24 c. 2-; testimonio del señor Luis Daniel Hurtado Ballesteros, rendido ante el Tribunal a-quo el 11 de febrero de 1998 –f. 147-149 c. 1-; copia autenticada de la declaración del señor Luis Daniel Hurtado Ballesteros del 15 de mayo de 1996, rendida ante la Fiscalía Quince Delegada de Villavicencio –f. 43-44 c. 2-; testimonio del señor Néstor Gonzalo Ramos Henao, rendido ante el Tribunal a-quo el 23 de abril de 1998 –f. 187-189 c. 1-; -; copia autenticada de la declaración del señor Néstor Gonzalo Ramos Henao del 27 de abril de 1996 rendida ante la Fiscalía Octava de la Unidad de Reacción Inmediata de Villavicencio -f. 7-8, c. 3-).
7.2.1. En lo relativo a las circunstancias que rodearon el accidente, el informe del Jefe de Planeación Eléctrica de EMSA, indicó (copia auténtica del informe sobre el accidente del jefe de Planeación Eléctrica de EMSA del 6 de mayo de 1996 –f. 87-89 c. 3):
El día viernes 26 de abril de 1996, se autorizó al Ingeniero José Luis Álvarez realizar trabajos sobre el circuito Idema II y III consistentes en intercalar postes en un alimentador que había construido el mismo Ingeniero recientemente, la maniobra se realizaría el día sábado a partir de las 5:30 a.m.
Aproximadamente a las 8:30 a.m. la cuadrilla particular terminó su trabajo; restando solo la maniobra de conexión, es así como el H3 ordena desenergizar el circuito Idema III, el operador de Idema realiza la maniobra y confirma la suspensión, el electricista Luis Henao sube a la estructura a efectuar la conexión, al tocar la línea, el linero grita y queda desgonzado amarrado del poste por la correa de seguridad, en virtud de que la maniobra se efectuaba tan cerca a la subestación el operador al percatarse de lo sucedido sacó todos los circuitos de la subestación, seguidamente el H3 procede a bajar del poste al señor Luis Henao llamando antes al móvil 27 para que se desplazaran al sitio; el operador colaboró para bajar al linero e inmediatamente se llevaron al accidentado al centro clínico; el H3 ordena al móvil 27 culminar la maniobra; una vez terminada ésta el operador intercala los circuitos I y II normalmente, sin embargo, al proceder a intercalar el circuito III, se presenta fogonazo en la celda y no intercala el circuito sacando esto nuevamente 34.5 KV; el operador procede nuevamente a efectuar la maniobra de intercalar comenzando por el circuito III el cual entra normalmente, luego intercala los otros dos circuitos; seguidamente el móvil 27 se desplaza a revisar la línea a partir del seccionador de Montecarlo Alto.
7.2.2. En el mismo sentido, el señor Luis Eduardo Pacheco, operador de la subestación IDEMA se pronunció de la siguiente manera (testimonio del señor Luis Eduardo Pacheco, rendido ante el Tribunal a-quo el 5 de febrero de 1998 –f. 139-145 c. 1-):
(…)el día en mención pasadas las 8:00 a.m., se me comunicó como operador de la subestación a través del radio teléfono por parte del sr. Luis Daniel Hurtado, Jefe de Cuadrilla, que suspendiera, el servicio del circuito 3, hecho lo anterior le comuniqué al mencionado anteriormente por el mismo medio que había efectuado la maniobra, rato después oí un grito del mencionado señor, en el que se me ordenaba que suspendiera el servicio de toda la subestación, lo que procedí a efectuar, posteriormente me asomé y vi que la persona que se disponía a realizar el trabajo estaba colgando de un poste de la energía con la ayuda de vecinos del ingeniero José Luis Álvarez, jefe del accidentado, se procedió a bajar al accidentado y fue trasladado en un vehículo de la empresa al centro clínico del llano, ubicado en el barrio la esperanza, de donde un tiempo más tarde se supo la noticia referente al deceso del accidentado (…).
7.2.3. También el señor Luis Eduardo Hurtado Ballesteros, jefe de cuadrilla de la operación, afirmó (testimonio del señor Luis Daniel Hurtado Ballesteros, rendido ante el Tribunal a-quo el 11 de febrero de 1998 –f. 147-149 c. 1-) :
(…)lo que ocurrió ese día el ingeniero José Luis Álvarez había solicitado a la electrificadora la suspensión del circuito tres de IDEMA, en la cual se llegó al sitio de trabajo se le solicitó al operador de la subestación Sr. Luis Eduardo Pacheco, para que hiciera esta suspensión la cual de confirmar que estaba el circuito sin energía se procedió a informarle al ingeniero Álvarez, que podían trabajar, esto lo hice en base de que nosotros en el momento de una suspensión lo que se hace es coordinar con la persona que le han autorizado la suspensión en este caso el Ingeniero Álvarez, en el momento que el Sr. Henao subió y fue a realizar la maniobra escuche gritar y le grité a Pacheco que qué había pasado el Sr. Henao estaba, se había desgonzado a lo cual procedí a parar una escalera y subir para auxiliarlo. En el momento que subí el Sr. No tenía la manila de liniero en la cual me tocó pedir una prestada para poderlo bajar. La cual procedieron a llevarlo a un médico de servicio público al ingeniero Álvarez. Después nos informó el ingeniero José Luis Álvarez que había fallecido.
7.2.4. Por su parte, el señor José Luis Álvarez, a cargo de la cuadrilla particular y presente también en el lugar de los hechos, da cuenta de las mismas circunstancias, en descripción similar a la de los demás testigos citados (testimonio del señor José Luis Álvarez Guevara, rendido ante el Tribunal a-quo el 29 de enero de 1998 –f. 125-131 c. 1-):
(…) el día 27 de abril me parece que fue, a las cinco y media de la mañana nos citaron en las subestación para proceder a operar el circuito correspondiente y así poder ejecutar una serie de trabajos dentro de la urbanización llano 2000, efectivamente se logro dicho objetivo y como a las ocho y media que se estaba terminando nuevamente se solicitaba la apertura de dicho circuito para energizar las redes correspondientes en ese momento ya habían cambiado de operario se hablo con el jefe de cuadrilla, con el tablerista y estos ordenaron subir al operario o liniero, en este caso el Sr. Henao, para ejecutar dicho trabajo con tan mala fortuna para el Sr. Henao, que el circuito correspondiente se encontraba energizado con los resultados ya conocidos, la muerte del Sr. Henao.
7.2.5. Finalmente, cabe resaltar el testimonio del señor Néstor Gonzalo Ramos, que relató los hechos describiendo, básicamente, las mismas circunstancias (testimonio del señor Néstor Gonzalo Ramos Henao, rendido ante el Tribunal a-quo el 23 de abril de 1998 –f. 187-189 c. 1-):
Con respecto a lo sucedido en la mencionada fecha, un día normal del trabajo, nos levantamos a las cuatro y media de la mañana, la electrificadora nos había dado un permiso de corte para realizar unos trabajos en la urbanización Esperanza Dos Mil, no recuerdo el otro nombre de la urbanización. Con otros dos compañeros, la unidad móvil de la electrificadora tipo cinco y media de la mañana realizamos el primer corte en el cual el compañero de nosotros se subió al poste y quitó los puentes correspondientes, todo en normal desarrollo. Hicimos los trabajos requeridos en las urbanizaciones, al cabo de pasadas las ocho de la mañana teníamos que volver a conectar el servicio de luz a la urbanización Esperanza Dos Mil, nos encontrábamos LUIS GONZALO HENAO, el ingeniero JOSÉ LUIS ÁLVAREZ, el señor de la unidad móvil de la Electrificadora creo que se llama DANIEL, y yo. El señor DANIEL de la móvil informó al tablerista de la subestación del VILLA Bolívar que bajara los tres circuitos correspondientes al señor PACHECO, este procedió bajando solamente un circuito y dejando los otros dos con energía, el tablerista informó al señor de la móvil DANIEL, que ya se encontraba los circuitos bajados, primero informando verbalmente varias veces y segundo confirmando por el radioteléfono. El señor DANIEL informó al señor LUIS GONZALO de que los circuitos estaban cerrados o bajados, y el señor LUIS GONZALO procedió a subirse al poste para volver a conectar los puentes antes desconectados, pero eso no fue así, el señor LUIS GONZALO cuando estuvo en el poste cogió una línea de alta tensión que supuestamente no tenia luz, por el señor DANIEL y confirmado por el tablerista, y en presencia de los antes mencionados ocurrió la muerte del LUIS GONZALO instantáneamente, quedando colgado de las crucetas del poste. Posteriormente, sí se bajaron todos los circuitos para que el señor DANIEL de la Electrificadora bajara la persona que estaba en el poste. Luego lo llevaron a una clínica, donde dieron por determinado que no se salvaba la persona. (…)
7.3. Sobre las causas de la muerte del señor Henao Henao, se encuentra probado que esta se debió a un choque cardiogénico producido a su vez por una fibrilación ventricular causada por la electrocución a la que se vio sometida la víctima. Así lo especifica el certificado individual de defunción suscrito por el señor Inspector Permanente de Policía de Villavicencio (copia auténtica del certificado individual de defunción, fechado 27 de abril de 1996 y suscrito por el Inspector Permanente de Policía de Villavicencio –f. 40 c. 2-).
7.4. El fallecimiento del señor Henao Henao como consecuencia de su electrocución también quedó registrado en el acta de levantamiento de cadáver n.º 146 del 27 de abril de 1996, en la cual se indicó como posible causa accidental del deceso electricidad, lo cual sería confirmado por el protocolo de la necropsia realizada sobre el cuerpo de la víctima el mismo día de su muerte (copia auténtica del acta de levantamiento de cadáver del señor Luis Gonzalo Henao Henao n.º 164 del 27 de abril de 1996 –f. 1-2 c. 2-; protocolo de necropsia n.º A-154-96 del 27 de abril de 1996 –f. 45-46 c. 2-).
9.1. En primer lugar, la legitimación en la causa por activa de la señora Blanca Nubia Gutiérrez Reina está acreditada en el proceso en su calidad de compañera permanente del señor Luis Gonzalo Henao Henao, fallecido por causa del accidente ocurrido el 27 de abril de 1996. La condición de compañera permanente de la víctima se evidencia en el testimonio del señor Néstor Gonzalo Ramos Henao (f. 187-189 c. 1), quien al ser cuestionado sobre la constitución del núcleo familiar del señor Henao Henao, contestó lo siguient
PREGUNTA 3: Sabe usted o le consta con quién constituía familia o vivía el señor LUIS GONZALO HENAO HENAO.-------- CONTESTÓ: Sí. Vivía con la señora Blanca Nubia Gutiérrez, su hija MONICA DEL PILAR, sus hijos DAVID GONZALO y JUAN MANUEL.
PREGUNTA 4: Aclárele al Despacho qué relación tenían MONICA DEL PILAR, DAVID GONZALO y JUAN MANUEL con LUIS GONZALO HENAO y si sabe el apellido de los antes citados.-------- CONTESTÓ: MONICA DEL PILAR GUTIÉRREZ era mantenida, o sea estaba la responsabilidad de LUIS GONZALO HENAO física y económicamente. JUAN MANUEL, ellos tienen me parece que ahora el apellido HENAO, bajo la responsabilidad física y económicamente. DAVID GONZALO HENAO, padre biológico y responsabilidad física y económicamente, LUIS GONZALO HENAO hacía las veces de padre de dichos menores.
9.2.1. En este sentido, debe tomarse en consideración que estas personas, quienes para el momento de la presentación de la demanda eran menores de edad, probaron su parentesco con la señora Nubia Gutiérrez Reina mediante el aporte al proceso de sus respectivos registros civiles de nacimiento, en los que se observa que son hijos suyos (copia auténtica de los registros civiles de Mónica del Pilar Linares Gutiérrez, Juan Manuel Gutiérrez Reina Y David Gonzalo Gutiérrez Reina –f. 34-36 C. 1- ).
9.2.2. Ahora bien, de dichos documentos también se desprende que ninguno de estos demandantes comparte un vínculo de consanguinidad con el señor Henao Henao. Sin embargo, al ser hijos de quien era la compañera permanente de la víctima y al estar acreditada la convivencia con équella (ver supra párr. 9.1), la Sala les reconocerá la legitimación en la causa en calidad de damnificados por la muerte del señor Luis Gonzalo Henao Henao. Se reitera entonces que (…)los demandantes no necesitan acreditar su condición de parientes de la víctima para que se les reconozca su legitimación en la causa, pues basta que acudan como damnificados, para obtener sentencia favorable de fondo (….
9.3. También se reconoce la legitimación en la causa por pasiva de la Electrificadora del Meta S.A. ESP. tanto de hecho como materialment¾¾¾¾. La primera circunstancia, debido a que fue expresamente denominada como demandada dentro del escrito de la demanda, así como legalmente vinculada al proceso. La segunda, dado que para el momento de ocurrencia de los hechos materia de la controversia, era la encargada de la prestación del servicio de energía eléctrica en el municipio de Villavicencio y, particularmente, de la operación de la subestación eléctrica IDEMA, desde la cual se controlaba el circuito IDEMA III, que debía estar desenergizado para que el señor Henao Henao desarrollara su trabajo de reconexión de la red eléctrica.
9.4. Siguiendo la misma línea argumentativa, la Sala se abstendrá de reconocer la legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Minas y Energía, ya que como lo ha establecido la Sección anteriormente, en casos como el presente en los que se estudia la posible responsabilidad del Estado por causa de muertes por electrocución, al Ministerio no puede imputarsele el daño en estas condiciones, ya que solo cumple funciones reglamentarias generales y vela por el cumplimiento de las disposiciones en lo que atañe al Sistema Eléctrico Nacional; competencias entendidas desde el ámbito de la generalidad y como desarrollo de una función marco, sin que cuente con funciones de prestación del servicio público de energía eléctrica de acuerdo a lo previsto en la Ley 142 de 1994, lo que desvirtúa que una acción u omisión que le fuera atribuible pudiese ser la causa efectiva de la muerte del señor Henao Hena
11. Resuelto lo anterior, la Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la responsabilidad de la Electrificadora del Meta S.A. ESP por los hechos ocurridos el 27 de abril de 1996, en los que se produjo un accidente en el cual resultó muerto el señor Luis Gonzalo Henao Henao. Para esos efectos, se resolverá en primer lugar lo relativo al régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, para luego determinar si de acuerdo a los parámetros de éste, los perjuicios alegados por el demandante son imputables a los demandados y por lo tanto es procedente dictar una condena en la que se disponga su resarcimiento.
12. La Sala observa que la parte actora solicitó en la demanda que se declarara la responsabilidad del Estado a título de falla del servicio considerando que había sido el actuar imprudente y omisivo de los funcionarios de EMSA los que causaron la muerte del señor Henao Henao. En concreto, sustentó esta posición de la siguiente manera (f. 17 c. 1):
Entrando en materia sobre los hechos, la función pública de suministro de energía eléctrica, lo requería una nueva urbanización de Villavicencio, y previo el cumplimiento de todos los trámites de ley, el ente oficial citado determinó que el día 27 de abril de 1996, se ejecutorían las obras de conexión eléctrica, por lo que se hacía necesario que la coordinación, autorización, control y seguridad se efectuara por parte del personal de la Electrificadora del Meta, deber y obligación que no se cumplieron o desplegaron erróneamente, al no acatar o dar cumplimiento a lo ordenado en las normas técnicas de seguridad, y por negligencia, imprudencia u omisión se cometieron los siguientes errores: 1o.- El personal de la Electrificadora del Meta, era el único y exclusivo que podía y dieron la orden de iniciar las labores, pero omitiendo las normas de seguridad y prevención en la actividad riesgosa de trabajos con energía de alta tensión, lo cual le ocasionó la muerte a HENAO HENAO. 2o.- Dar negligente e irresponsablemente la orden de trabajo sin previamente probar, confirmar y descartar cualquier grado de fluido eléctrico en la red de alta tensión, prueba necesaria y fundamental, ya que pudo desconectarse parcialmente el circuito o sector, o bien suspenderse (abrirse) circuito o red diferente, y en gracia de discusión que en la red quedara algún grado de energía eléctrica (estática), por tiempo limitado. 3o.- No haber cumplido todos los requisitos que se exigen en este tipo de labores, como son el cuidado y seriedad de un procedimiento, interventoría o supervisión serio y responsable, tanto de seguridad para el personal, prueba plena de ausencia de energía, coordinación y comunicación entre el personal de la planta y el del vehículo, etc. LO ANTERIOR PORQUE DICHA ACTIVIDAD ES DE ALTO RIESGO, cuando se desarrollan trabajos sobre redes eléctricas de alto voltaje, que causan fácilmente la muerte.
Por el hecho administrativo antes relacionado y causado por los funcionarios de la Electrificadora del Meta, ante la ausencia de coordinación, comunicación y control de prueba de que la red no tenía ningún grado de energía eléctrica, se causa imprudente y negligentemente la muerte a LUIS GONZALO HENAO HENAO, quien había cumplido las normas de solicitar por sí o por interpuesta persona a la Electrificadora del Meta, dicho trabajo, es decir, cumplió fielmente su deber, lo que lo exonera de tener que asumir o padecer la culpa de los hechos, además de ser una persona ajena a la facultad de dar orden de poder ejecutar los trabajos, ya que la misma es exclusiva de los funcionarios de la Electrificadora del Meta; por ello el hoy occiso se limitó a aceptar una orden de poder laborar en la red sin tener la mínima duda que el fluido eléctrico no se había desactivado o que el mismo todavía tenía un grado de alto voltaje.
13. Ahora bien, a pesar de que la Sección ha sido reiterativa en el sentido de que el régimen aplicable al análisis de los casos de responsabilidad extracontractual en los que se pretende imputar un daño derivado del desarrollo de actividades de conducción eléctrica es por regla general objetivo por el riesgo excepcional que se sigue de la ejecución de una actividad peligrosa, en el caso particular se iniciará el análisis de la posible responsabilidad de la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. desde la perspectiva del régimen subjetivo de la falla en el servicio, en consideración a que, como se especificó en el aparte anterior de la providencia, es el régimen de responsabilidad alegado por la parte actora en su demanda.
14. Recuérdese que la Sala ha tenido la oportunidad de señalar que en casos en los que el régimen aplicable es el objetivo, al alegarse o ser evidente la ocurrencia de una falla en el servicio, se desplaza el análisis del asunto a dicha perspectiva de la responsabilidad En este sentido se reitera qu:
La ubicación preponderante del régimen subjetivo de responsabilidad del Estado obedece a que: (i) “… la forma más frecuente de inferir daños a terceros, se da precisamente por el incumplimiento de los deberes y obligaciones que recaen sobre las autoridades estatales y la violación o desconocimiento de la normatividad legal y los reglamentos que establecen el marco de sus actuaciones; (ii) la declaración judicial de que ha habido en un caso concreto una falla del servicio cumple una función de diagnóstico acerca de lo que fue la actuación de la administración; (iii) como consecuencia del reproche y de la sanción a la específica actuación estudiada, en atención a la función pedagógica que compete a las autoridades judiciales, el título de imputación de falla del servicio constituye una admonición para que hacia el futuro se eviten actuaciones que sean susceptibles de condena por parte de las autoridades judiciales; (iv) para efectos de la acción de repetición que se podría ejercer con posterioridad en relación con los funcionarios comprometidos, la falla del servicio constituye el título de imputación que mayor claridad brinda acerca de la actuación que se habrá de juzgar.
15. Así, la Sala iniciará el estudio de la declaratoria de responsabilidad de EMSA desde el régimen de la falla en el servicio. Cabe resaltar que la imputabilidad en el régimen de responsabilidad de la falla en el servicio está llamada a demostrar una relación de causa y efecto entre un daño antijurídico, entendido como aquél que sufre una persona que no se encuentre en el deber legal de soportarlï¿½
, y una falla en el servicio, es decir, una conducta negligente u omisiva de parte de la administración que implica su desconocimiento o violación a una obligación a cargo del Estad–
17. Por otra parte, respecto de la existencia de una falla del servicio por parte de la demandada EMSA, la Sala no encuentra acreditada su ocurrencia, en cuanto en el expediente no se halla probado que la demandada hubiese incurrido en una conducta omisiva o negligente durante el desarrollo de los hechos que sustentan la solicitud judicial resarcitoria y que concluyeron con la muerte del señor Henao Henao.
17.2. Sin embargo, la Sala no encuentra que obren en el plenario los elementos probatorios de los que se pueda inferir que las acciones de los funcionarios de EMSA hayan sido omisivas respecto de normas que les impusieran especiales deberes de seguridad para el desarrollo de las actividades de mantenimiento. De hecho, la parte demandante no logró determinar con certeza cuales son aquellas normas de carácter legal que considera desconocidas; y aunque en el expediente obra copia auténtica de algunas normas de seguridad aplicables a las actividades de trabajo en conducción de energía, las cuales fueron traídas al proceso por la propia empresa demandada (f. 1-54 c. 3), tampoco se determinó la forma concreta en que la conducta de los representantes de la entidad demandada vulneran esas normas, carga que la propia naturaleza del régimen de la falla en el servicio, alegada por los demandantes, impone a aquellos que pretenden imputar un daño individualizado al Estado con base en este régimen de responsabilidad. En este sentido resulta relevante el siguiente extracto jurisprudencial, que refleja la posición desarrollada por la Sección frente al tema de la carga probatoria en el régimen de falla en el servici.
El precepto que en el derecho positivo colombiano gobierna el tema, tratándose de los procedimientos que se adelantan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por virtud de la remisión que el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo efectúa al de Procedimiento Civil, es el artículo 177 de este último Estatuto, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.
Los planteamientos que se han dejado expuestos son, entonces, los que han de ilustrar el proceder del Juez ante la falta o la insuficiencia de los elementos demostrativos de los hechos que constituyen el thema probandum del proceso ¾es decir, aquellos respecto de los cuales se predica la necesidad de su demostración¾, pues la autoridad judicial, en cualquier caso, no puede declinar su responsabilidad de resolver el fondo del asunto, de suerte que las anotadas reglas de la carga de la prueba indicarán si procede despachar favorablemente las pretensiones del actor o, por el contrario, si lo que se impone es acceder a la oposición formulada por la parte demandada.
Descendiendo al caso concreto, no ofrece discusión alguna que la persona interesada en reclamar del Estado la reparación de los daños antijurídicos cuya causación imputa a la acción o a la omisión de una autoridad pública y, con tal propósito, ejerce la acción de reparación directa, tiene la carga de acreditar en el proceso la concurrencia de los elementos inherentes al régimen de responsabilidad en el cual ampara sus pretensiones, esto es, si se trata de un régimen de falla en el servicio -como ocurre en el asunto sub examine- deberá demostrar, además del daño, del hecho dañoso y del nexo de causalidad entre aquél y éste, que el servicio o la función de la cual se trate no funcionó, funcionó mal o lo hizo tardíamente.
17.4. Para la Sala es claro que estas circunstancias permanecen, a la luz de las pruebas arrimadas al expediente, como meras hipótesis de lo ocurrido, incluso, si se evalúa la pieza más importante sobre las causas del accidente, el dictamen pericial rendido dentro del proceso penal adelantado contra el señor Luis Eduardo Pacheco Figueredo por el licenciado en electricidad Cesar Augusto Piñeros Ramírez (f. 74-78 c. 2), cuyo informe sobre el accidente, el cual basó en una inspección judicial realizada el 14 de junio de 1996, no refleja que la maquinaria con la que contaba la subestación para la operación de los circuitos presentara fallas en su funcionamiento, y en el mismo informe, el perito señaló el error del operador o la circulación de corriente en el circuito luego de su desenergización solo como posibles causas del accidente:
3. Posibilidades para que la red que alimenta el sector de Villabolivar, luego de haber sido desenergizadas puedan tener energía producida por cualquier fuente distinta a la subestación que las alimenta.
Siendo la línea de doble circuito en el trayecto paralelo a la avenida “calle 7ª”, la terna que alimenta a Villabolivar puede quedar en tensión por inducción a la segunda terna que transporta 34.5KV y que se encontraba en servicio.
d. El operario de la subestación pudo haber desconectado el circuito que no era en lugar del circuito IDEMA III, por lo cual al momento del accidente esta terna paralela a la calle 6B se encontraba energizada.
17.7. Además, en cualquier caso para la Sala no resulta clara la necesidad de poner a tierra y en corto circuito la línea de alta tensión, ya que existen otros elementos de prueba que contradicen esa opinión, como el testimonio del señor José Luís Álvarez Guevara, ingeniero a cargo de la cuadrilla particular que realizó los trabajos sobre la red eléctrica el día de los hechos, según el cual las condiciones climáticas y la distancia entre el lugar de los trabajos y la subestación hacía nimia la toma de una medida de estas características:
PREGUNTA 12: Dr. Álvarez por su condición de ingeniero eléctrico y de acuerdo con las normas técnicas de su profesión la actividad de laborar en circuitos de alta tensión es considerada como de alto riesgo, en caso afirmativo porque (sic).
CONTESTÓ: Sí es de alto riesgo, porque primero se trabaja a determinada altura, segundo, el operar sistemas de energía tiene sus inconvenientes cuando por el sitio exacto del trabajo existen redes de voltajes superiores o existen condiciones climáticas adversas, es decir amago de lluvia y tormenta eléctrica, pues esta inducen unos voltajes sobre las líneas a operar que pueden causar molestias en las personas que trabajan, pero para contrarrestar esa situación se utilizan unos sistemas de puesta a tierra.
CONTESTÓ: La condición climática era muy buena era un sol radiante, la puesta a tierra no se utilizó, puesto que por encima de la línea de operación no existe ningún tipo de línea de voltaje superior y porque nos encontrábamos a cinco metros de la subestación que opera el circuito correspondiente.
21. En este sentido, cabe recordar que el régimen de imputación del riesgo excepcional encuentra su justificación en el concepto de daño antijurídico contenido en el artículo 90 de la Constitución Política, en cuanto implica un menoscabo a un bien jurídicamente tutelado cuando su titular sufre las consecuencias de un riesgo anormal sin encontrarse en la obligación de soportarlo, porque esa vulneración se produce al desconocerse el principio de igualdad ante las cargas públicas. Este es entonces un régimen objetivo de responsabilidad, aplicable a la actividad de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, dado que ésta es en sí misma considerada es una actividad lícita del Estado, pero por la cual se somete a los ciudadanos, por regla general, a un riesgo que les resulta excepcional y que, por lo tanto, podría llegar a generar perjuicios. Así lo ha sostenido en diversas oportunidades esta misma Secció.
27. Así las cosas, encontrándose plenamente probado el daño alegado por los demandantes, consistente en la muerte de Luis Gonzalo Henao Henao, e igualmente acreditado que este daño ocurrió como consecuencia del desarrollo de una actividad peligrosa en la que la víctima se vio sometida a un riesgo excepcional, la Sala declarará la responsabilidad de la Electrificadora del Meta S.A. ESP., máxime cuando no se encuentra demostrado que se haya presentado una causal eximente, como fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o del tercer
27.2. De igual manera, tampoco se advierte que en el asunto materia de este análisis la muerte del señor Henao Henao se debiera a un hecho de la víctima, como su falta de precaución a la hora de realizar los trabajos, o la falta de los elementos de seguridad necesarios para desarrollarlos. Pero de cualquier forma, incluso en el evento en que estas circunstancias se hubieran acreditado plenamente por parte de la entidad demandada, la Sala no podría aceptar la configuración de esta causal en el caso concreto, pues también ha sido sostenido por la Sección que cuando se analiza la causal de hecho de la víctima, las circunstancias que lo configuran deben ser imprevisibles e irresistibles para la administració. En éste asunto, según se desprende de las pruebas obrantes, la empresa dio su beneplácito a toda la actuación desplegada por la víctima al realizar los trabajos, especialmente por parte del señor Luis Daniel Hurtado, quien supervisó todo lo hecho por aquel, sin manifestar reparo alguno a las acciones adelantadas por la víctima.
28. Respecto de los perjuicios morales ocasionados, con base en las pruebas allegadas dentro del trámite procesal, se tiene acreditado, mediante prueba testimonial, que la señora Blanca Nubia Gutiérrez Reina era la compañera permanente del señor Luis Gonzalo Henao Henao para el momento de su fallecimiento. De igual manera, también se acreditó la calidad de damnificados de David Gonzalo Gutiérrez Reina, Juan Manuel Gutiérrez Reina y Mónica del Pilar Linares Gutiérrez, de quienes no se demostró el parentesco con la víctima, pero sí su convivencia con ésta.
28.1. Se reitera en este punto que, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse que los familiares tienen un nexo sentimental con la víctima y que experimentan una aflicción emocional al percibir que su ser querido sufrió de manera violenta un accidente que, en este caso, cobró su vid. En éste sentido, la Sala aclara que en el presente caso acudirá a dicho parámetro jurisprudencial para determinar la procedencia de la indemnización de los demandantes por el perjuicio moral que les causó la muerte del señor Henao Henao, dada la condición de compañera permanente de la señora Gutiérrez Reina, y la relación de convivencia de los restantes demandantes con la víctima, de la cual da cuenta el testimonio del señor Néstor Gonzalo Ramos Henao, quien además no dudó en indicar que dichas personas conformaban el núcleo familiar de la víctima e incluso que ellas dependían económicamente de él (ver supra párr. 9.2.2).
28.2. Se evidencia entonces que el caso es analogizable a aquellos en los que se ha estudiado la presunción de perjuicios morales a las personas que acreditan su parentesco en grado cercano con la víctima de un menoscabo corporal o la muerte, y por lo tanto, es aplicable el precedente que de allí surge. Como señala la doctrina, “(…) los precedentes solamente deben ser aplicados a aquellos casos que los jueces deban resolver y que sean análogos a otro ya fallado, donde se establezca doctrina (…) vigente”
28.3. Ahora bien, en la demanda se solicitó la indemnización de perjuicios morales a razón de 1000 gramos de oro fino para cada uno de los demandantes, y de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sección desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 –expediente 13.232-, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado, se ha reconocido una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se dijo en la aludida sentencia:
En cuanto a la jurisdicción contencioso administrativa, ha quedado clara su sujeción directa al artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que, conforme a lo expresado, hace no solo necesario, sino improcedente, el recurso a la analogía, para aplicar el Código Penal vigente, a fin de definir aspectos relativos a la valoración del daño moral. Visto lo anterior, considera esta Sala que debe abandonarse el criterio adoptado por ella desde 1978, conforme al cual, para efectos de la indemnización del perjuicio moral, se daba aplicación extensiva a las normas que, al respecto, traía el Código Penal. Como ha quedado demostrado, razones de orden jurídico, apoyadas igualmente en fundamentos de orden práctico, justifican, en la actualidad, esta decisión. Se afirma, entonces, la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral. Lo anterior se expresa sin perjuicio de que, con el fin de garantizar el desarrollo uniforme de la jurisprudencia en este aspecto, esta Corporación establezca pautas que sirvan de referencia a los juzgados de inferior jerarquía, cuyos fallos, sin embargo, en cuanto tasen la indemnización del perjuicio aludido, sólo podrán ser revisados por la instancia superior dentro del marco de sus competencias, dada la inexistencia de una norma prevista en ley o reglamento que pueda considerarse de obligatoria aplicación en la materia. Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que éste cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales (…–
28.4. Por lo anterior es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral a favor de los peticionarios, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos caso
, la cual está regida por los siguientes parámetros: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “… la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia…
, mas no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualda
28.5 En ese orden, la Sala observa lo que se ha decidido en casos en los que también se produjeron accidentes derivados de actividades de conducción de energía eléctric
, determinando la indemnización de perjuicios de carácter moral por el fallecimiento del señor Luis Gonzalo Henao Henao en una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo para cada uno de los demandantes
29. En su demanda, la parte actora pidió el pago de los perjuicios materiales causados, los cuales tasó en la suma de $120.000.000, sin hacer distinción entre los generados a título de lucro cesante o daño emergente, por lo que la Sala procederá a evaluar la procedencia de ambos.
29.2. Al revisar los perjuicios causados por concepto de lucro cesante, en el proceso, se demostró que el señor Henao Henao desempeñaba una actividad económica en el momento de su muerte, como era la labor de electricista. De hecho, de acuerdo con el decir del ingeniero José Luis Álvarez Guevara, para ese momento, la víctima tenía un contrato de obra vigente con él, consistente, precisamente, en la realización de las labores de mantenimiento de la red eléctrica del conjunto residencial Esperanza 2000 en Villavicencio (f. 129-130 c. 1).
29.3. Sin embargo, no se especificó cuál era el valor de ese contrato. Igualmente, la Sala aprecia que de acuerdo con el señor Álvarez Guevara la víctima “aproximadamente por su contratos particulares con distintas personas tenía unos ingresos de unos $650.000.oo, para el año del accidente”, pero dicha afirmación tampoco puede ser tenida como una prueba fehaciente sobre los ingresos del señor Henao Henao, pues es una apreciación que el testigo da acerca de un aspecto sobre el que no puede tener certeza.
29.5. Se tendrá en cuenta que el señor Luis Gonzalo Henao Henao, en el momento del accidente, tenía 30 año y, por tanto, una vida probable de 46.24 años (554,88 meses) según la tabla colombiana de mortalidad adoptada por la Superintendencia Bancaria mediante Resolución n.° 0497 del 20 de mayo de 1997. La compañera permanente del señor Henao Henao, mayor que éste, tenía 33 años de edad en la fecha de los hecho
, de manera que su vida probable era de 44.89 años (538,68 meses) de acuerdo con la tabla citada. Para la liquidación se tendrá en cuenta la vida probable de la demandante Blanca Nubia Gutiérrez Reina, dada su menor expectativa de supervivencia.
29.7. Como anteriormente se reconoció que el señor Henao Henao convivía con 3 menores de 25 años que se tuvieron por damnificados con dependencia económica de la víctima, de la renta liquidable determinada en el párrafo 29.4. se tendrá en cuenta para la compañera permanente –Blanca Nubia Gutiérrez Reina-, el 50% ($276.328) como base para la liquidación.
29.8. Para la estimación de la indemnización futura o anticipada que deberá ser reconocida a favor de la señora Gutiérrez Reina, se tendrá en cuenta la fórmula que ha aplicado la Sal, de acuerdo con la cual:
29.10. Así, la indemnización futura o anticipada que corresponde a la compañera de la víctima equivale a $ 45.039.071
29.11 Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tiene derecho la demandante Blanca Nubia Gutiérrez Reina, se aplicará la fórmula que ha tenido en cuenta la Sal:
29.12. Se tiene en cuenta como el periodo a liquidar aquél comprendido entre la fecha del accidente sufrido por el señor Henao Henao -24 de abril de 1996- y la época de expedición de la presente sentencia –febrero de 2013- (214 meses), y se realiza la liquidación así:
29.13. La indemnización a que tiene derecho la señora Mónica del Pilar Linares Gutiérrez -damnificada-, solo comprende el periodo vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta que ésta cumplió 25 años -27 de agosto del 2004-, para un total de 40 meses. Como se reconocieron 3 damnificados en consideración a su convivencia con la víctima, para la señora Mónica del Pilar Linares Gutiérrez se tendrá en cuenta 1/3 del restante 50% de la renta determinada para los parientes de la víctima ($92.109) como base para liquidar.
29.15. Así las cosas, para el demandante Mónica del Pilar Linares Gutiérrez se reconocerá una indemnización de $4.056.591 como perjuicios materiales a título de lucro cesante debido o consolidado.
29.16. La indemnización a que tiene derecho el señor Juan Manuel Gutiérrez Reina –damnificada- comprende dos periodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 214 meses; y otro futuro o anticipado desde la fecha de esta sentencia hasta que éste cumpla 25 años -13 de junio del 2018-, para un total de 63 meses. Como se reconocieron 3 damnificados, para el señor Juan Manuel Gutiérrez Reina se tendrá en cuenta 1/3 del restante 50% de la renta determinada para los parientes de la víctima ($92.109) como base para liquidar.
S= $92.109 (1+0.004867)63 -1
S= $34.565.421
29.20. Así, la indemnización consolidada que corresponde al señor Juan Manuel Gutiérrez Reina equivale a $34.565.421.
29.21. Finalmente, la indemnización a que tiene derecho el señor David Gonzalo Gutiérrez Reina –damnificado- también comprende dos periodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 214 meses; y otro futuro o anticipado desde la fecha de esta sentencia hasta que éste cumpla 25 años -21 de febrero de 2021-, para un total de 95 meses. Como se reconocieron 3 damnificados, para el señor David Gonzalo Gutiérrez Reina se tendrá en cuenta 1/3 del restante 50% de la renta determinada para los parientes de la víctima ($92.109) como base para liquidar.
S= $92.109 (1+0.004867)95 -1
30.2. Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se reconocerá a favor de la señora Blanca Nubia Gutiérrez Reina la suma de $103.696.639 por indemnización debida o consolidada; y la suma de $45.039.071 por indemnización futura o anticipada.
30.3. Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se reconocerá a favor de la señora Mónica del Pilar Linares Gutiérrez la suma de $4.056.591 por indemnización debida o consolidada.
30.4. Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se reconocerá a favor del señor Juan Manuel Gutiérrez Reina la suma de $34.565.421 por indemnización debida o consolidada y la suma de $4.987.228 por indemnización futura o anticipada.
30.5. Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se reconocerá a favor del señor David Gonzalo Gutiérrez Reina la suma de $34.565.421 por indemnización debida o consolidada y la suma de $6.992.881 por indemnización futura o anticipada.
PRIMERO. Revocar la sentencia proferida el 18 de febrero de 2003 por el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se declaró inhibido para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. Declarar la falta de legitimación en la causa del Ministerio de Minas y Energía.
TERCERO. Declarar administrativa, extracontractual y patrimonialmente responsable a la Electrificadora del Meta S.A. ESP. por la muerte del señor Luis Gonzalo Henao Henao ocurrida el 27 de abril de 1996, como consecuencia de una descarga eléctrica.
CUARTO. Condenar a la Electrificadora del Meta S.A. ESP a pagar a los demandantes por concepto de los perjuicios por ellos sufridos, según la liquidación expuesta en la parte motiva de la presente providencia, las siguientes sumas de dinero:
Por perjuicios morales a favor de cada uno de los señores Blanca Nubia Gutiérrez Reina, Mónica del Pilar Linares Gutiérrez, Juan Manuel Gutiérrez Reina y David Gonzalo Gutiérrez Reina, una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la presente providencia.
Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora Blanca Nubia Gutiérrez Reina, la suma de $103.696.639 por indemnización debida o consolidada; y la suma de $45.039.071 por indemnización futura o anticipada.
Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora Mónica del Pilar Linares Gutiérrez, la suma de $4.056.591 por indemnización debida o consolidada.
Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor Juan Manuel Gutiérrez Reina, la suma de $34.565.421 por indemnización debida o consolidada y la suma de $4.987.228 por indemnización futura o anticipada.
Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor David Gonzalo Gutiérrez Reina, la suma de $34.565.421 por indemnización debida o consolidada y la suma de $6.992.881 por indemnización futura o anticipada.
QUINTO. Negar las demás pretensiones de la demanda
SEPTIMO. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
Última modificación: 18/09/2013 10:03:27 AM
Publicado: 18/09/2013 10:02:00 AM

References: artículo 82
 artículo 1
 artículo 82
 artículo 14
 artículo 38
 artículo 129
 artículo 185
 artículo 90
 artículo 82
 artículo 1
 artículo 82
 artículo 30
 artículo 82
 artículo 14
 artículo 38
 artículo 129
 artículo 185
 artículo 267
 artículo 177
 artículo 90
 artículo 16
 artículo 178
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 Resolución