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Timestamp: 2019-10-20 21:59:57+00:00

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﻿ Sentencia C-604 de agosto 1º de 2012
SENTENCIA C-604 DE 01 DE AGOSTO DE 2012
CONTENIDO:CONDENAS IMPUESTAS AL ESTADO Y LOS INTERESES MORATORIOS. EN LO CONCERNIENTE A QUE DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA O DE LA APROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN, RECONOCE A TÍTULO DE INTERESES MORATORIOS LA ACTUALIZACIÓN MÁS EL DTF Y QUE SÓLO A PARTIR DE ESE TÉRMINO SE RECONOCEN INTERESES MORATORIOS, A LA TASA COMERCIAL, NO CONSTITUYE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD, RESPECTO DE LAS ACREENCIAS QUE TIENEN LOS PARTICULARES CON EL ESTADO, COMO PODRÍAN SER LOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA EN RELACIÓN CON LOS CUALES SE CAUSAN INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN. LA NORMA SÍ RECONOCE INTERESES MORATORIOS, AUN CUANDO LO HACE EN PROPORCIÓN MENOR A LOS INTERESES MORATORIOS QUE PAGAN PARTICULARES POR NO SOLVENTAR OPORTUNAMENTE SUS DEUDAS ECONÓMICAS CON EL ESTADO. LA DISTINCIÓN EN LA TASACIÓN DE LOS INTERESES QUE SE COBRA EN UNO Y OTRO CASO, BIEN PUEDE CONSIDERARSE AJUSTADA A LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD DENTRO DEL ÁMBITO DE LA LIBRE CONFIGURACIÓN DEL LEGISLADOR. SE DECLARA EXEQUIBLE EL NUMERAL 4° DEL ARTÍCULO 195 DE LA LEY 1437 DE 2011.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, INTERÉS MORATORIO, CONDENA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:493 DE ENERO DE 2013, PG.131
Sentencia C-604 de agosto 1º de 2012
Ref.: expediente D-8896
Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso primero del numeral 4º del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
1.2.2. Para argumentar su pretensión, el accionante señala que en la sentencia C – 188 de 1999 , la Corte Constitucional señaló que no existe ninguna justificación para que el Estado ejerza una posición dominante como deudor, declarando la inconstitucional parcial del artículo 72 de la ley 446 de 1998, la cual disponía que “Las cantidades líquidas reconocidas en el acuerdo conciliatorio devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes al plazo acordado para su pago y moratorios después de este último”.
2.1.2. Señala que el precedente de la Sentencia C-188 de 1999, que señala que los intereses moratorios se generan a partir de la ejecutoria de la sentencia o del vencimiento del plazo del acuerdo conciliatorio, no es aplicable al artículo 195 demandado, pues esta norma precisamente señala que se deben reconocer los intereses moratorios sobre las deudas de las entidades públicas a partir de la ejecutoria de la providencia que la liquide o que apruebe una conciliación.
El decano de la escuela de derecho de la Universidad Sergio Arboleda, doctor José María del Castillo Abello y el director de la escuela de derecho público de la misma universidad, doctor Juan Ángel Palacio Hincapié solicitan que la norma demandada sea declarada inconstitucional al considerar que vulnera los artículos 13 y 209 de la Constitución Política por las siguientes razones:
2.2.2. Manifiestan que la Corte Constitucional fue enfática en la sentencia C-188 de 2009 en exigir el respeto a la igualdad en el pago de las obligaciones originadas en providencias judiciales.
La apoderada del Ministerio de Hacienda u Crédito Público solicita que se declare la constitucionalidad de la norma demandada por las siguientes razones:
2.4.4. Señala que las entidades públicas deben seguir reglas propias de los procesos presupuestales como un sistema de programación y ejecución ordenada de sus ingresos y sus gastos a las cuales no están sujetas los particulares, por lo cual no se encuentran en la misma situación.
La doctora Alma Lafont Mendoza, en calidad de decana de la facultad de ciencias jurídicas, sociales y educación de la Universidad del Sinú solicita que se declare la inconstitucionalidad de la norma por lo siguientes motivos:
2.8.1. Señala que la Corte Constitucional ya ha declarado inconstitucional una norma muy similar a la hoy examinada en la sentencia C-188 de 1999.
3.4. Agrega que es razonable el establecimiento de un plazo especial para que el Estado pueda hacer lo necesario para el cumplimiento de sus obligaciones teniendo en cuenta que la aplicación del presupuesto es tá sometida a disponibilidades y trámites especiales:
La Corte Constitucional es competente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución, para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de numeral 4º del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.
“La condición que genera la norma acusada, vulnera el derecho a la igualdad y el principio de equidad, pues afecta gravemente los intereses del acreedor el Estado, quien en un término de hasta 10 meses por la obligación declarada y no pagada, solo devengará intereses moratorios al DTF y solo los moratorios comerciales pasados los 10 meses de los que establece la norma, sin que el Estado haya apropiado los recursos ni cancelado la obligación”.
Para explicar la vulneración del derecho a la igualdad, el accionante refiere las razones aducidas por la sentencia C-188 de 1999 para resolver un caso muy similar:
“La vulneración del derecho a la igualdad es evidente por las razones expuestas por la propia Corte Constitucional en la sentencia C-188 de 1999 en un tema similar, así: i) el deudor puede ser el gobernado o la administración pública, ii) el hecho es el mismo, esto es, sumas de dinero que el Estado adeuda al particular o que éste último debe a la administración pública, iii) la circunstancia es equivalente, es decir, la de ser acreedor, iv) el perjuicio económico sufrido por el acreedor (el gobernado o la administración pública generada en la mora es similar y, v) tanto las obligaciones a cargo de las entidades públicas como las que están en cabeza de los administrados tienen el mismo alcance jurídico”.
La norma demandada se encuentra en el capítulo de la Ley 1437 de 2011 que regula las sentencias dentro del proceso contencioso administrativo(1) y solamente se aplica al cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas, teniendo en cuenta el tenor literal del artículo 195 de esta ley:
Como se aprecia, la norma demandada hace referencia expresa a la entidad obligada, pero además, esta disposición hace una remisión directa al artículo 192 de la Ley 1474 de 2011, el cual se refiere al cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas:
“Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento. (...)”(2) (negrillas y subrayado fuera de texto).
Para abordar este problema jurídico esta Corporación analizará: i) La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el pago de intereses moratorios por las entidades públicas, ii) La naturaleza y el contenido de los intereses moratorios, iii) Las prerrogativas públicas o de la administración, y iv) La norma demandada.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones el pago de intereses moratorios señalando que el Estado debe pagar intereses moratorios y que pueden existir tasas de intereses distintas como la civil y la comercial:
4.3.1. La Sentencia C-188 de 1999 declaró inconstitucional el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 446 de 1998, según el cual: “Las cantidades líquidas reconocidas en el acuerdo conciliatorio devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes al plazo acordado para su pago y moratorios después de este último”.
“Para la Corte es claro que el principio de igualdad y la equidad imponen que en estos casos las dos partes reciban igual trato, sin que se justifique en modo alguno que mientras el Estado cobra a los contribuyentes intereses moratorios cuando ellos no pagan a tiempo los impuestos, y ello a partir del primer día de retardo en el pago, las obligaciones en mora a cargo del Estado deban forzosamente permanecer libres de la obligación de cancelar dichos réditos durante seis meses, con notorio perjuicio para los particulares que han debido recibir oportunamente los recursos pactados. Durante ese tiempo, el dinero no recibido por el acreedor pierde poder adquisitivo y no existe razón válida para que esa pérdida la deba soportar el particular y no el Estado, que incumple”(3).
4.3.2. La Sentencia C-364 de 2000 declaró EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 2232 y el artículo 2235 del Código Civil considerando que la inconveniencia, el anacronismo y la aparente inequidad del interés legal del 6% anual fijado en el Código Civil, no son razones que hagan de suyo inconstitucional el monto de tal interés. Así mismo consideró constitucional la distinción entre los intereses civiles y los intereses comerciales en razón a que estos últimos se presentan en una actividad específica como es el comercio:
“En ese sentido, no se vulnera en materia de intereses, el principio de igualdad entre estas dos legislaciones, como lo pretende el actor, precisamente, porque el Código Civil tiene en ese aspecto su campo de aplicación para los negocios jurídicos civiles, mientras que los intereses de que trata el Código de Comercio se predican de los negocios mercantiles. En ese orden de ideas, es claro que desde el punto de vista del test de igualdad presentado en la primera parte de esta reflexión, es evidente que nos encontramos frente a situaciones virtualmente diferentes, que en consecuencia, pueden gozar de un tratamiento diverso, más aún si como se ha visto, el tratamiento diferenciado está provisto de una justificación objetiva y razonable. En efecto, la finalidad del legislador en este caso, era la de contar con dos regímenes legales, cada uno estructurado acorde con su especialidad, tal y como lo expresan las normas particulares, que permitiera asegurar una regulación expedita del las áreas de su competencia. Por consiguiente, no resulta contrario a la Carta ni al principio a la igualdad, que el legislador haya procedido a definir el ámbito de cada estatuto jurídico, ni que en materia de intereses haya consagrado unas normas específicas en cada caso, acorde con la especialidad de regímenes jurídicos”(4).
“De otro modo, los intereses legales, son aquellos cuya tasa determina el legislador. No operan cuando los particulares han fijado convencionalmente los intereses sino únicamente, en ausencia de tal expresión de voluntad a fin de suplirla. En la legislación civil se concibe que el mutuo puede ser gratuito u oneroso, a instancia de las partes, pero en ausencia de manifestación alguna en cuanto a los iii) intereses remuneratorios, se presume que el mutuo es gratuito. En el evento en que las partes hayan estipulado la causación de intereses de plazo, pero hayan omitido su cuantía, el interés legal fijado, es el 6% anual. En el Código de comercio, por el carácter oneroso de la actividad mercantil se presume el interés lucrativo, por ende se excluye el carácter gratuito del mutuo, salvo pacto expreso en contrario, de tal forma que el interés legal equivale al bancario corriente, salvo estipulación en contrario. Cuando se trata de, iv) intereses moratorios, en el Código Civil, se dispone que en ausencia de estipulación contractual sobre intereses moratorios, se siguen debiendo los intereses convencionales si fueron pactados a un interés superior al legal, o en ausencia de tal supuesto empieza a deberse el interés legal del 6%; sin perjuicio de los eventos legales en que se autoriza la causación de intereses corrientes (art. 1617). En el caso comercial, la inexistencia de previsión convencional sobre moratorios autoriza que se cobre una y media veces el interés bancario corriente”(5).
4.3.3. En la Sentencia C-892 de 2001(6), esta Corporación estudió la constitucionalidad del parágrafo del artículo 6º de la Ley 598 de 2000, según el cual “Para evitar la distorsión de precios por el incumplimiento de los pagos, las entidades del Estado, reconocerán un interés equivalente al DTF transcurrido 90 días de la fecha establecida para los pagos”.
“En conclusión, encuentra la Corte que la norma parcialmente acusada, en cuanto establece un plazo de gracia de 90 días para que la administración empiece a reconocer intereses de mora, luego de vencido el plazo para el pago, viola el principio de responsabilidad contractual consagrado en el artículo 90 de la Carta y, por esa misma vía, los principios de justicia conmutativa, igualdad, respeto por los derechos adquiridos con justo título y buena fe, contenidos en los artículos 2º, 13, 58 y 83 del mismo ordenamiento Superior. Igualmente, la previsión demandada resulta contraria a los principios que desarrollan la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Carta”(7).
“En virtud de lo dicho, y en estricto derecho, para la Corte no existe ningún principio de justicia material que justifique el que el contratista, por causa de la norma impugnada, deba asumir de su peculio el detrimento patrimonial que le ocasiona el Estado por el incumplimiento de sus obligaciones. Sin duda, reconocer a la administración un periodo de gracia en el pago de intereses moratorios, comporta un desconocimiento del carácter sinalagmático que ostenta el contrato estatal, lo cual redunda en perjuicio de los derechos del particular que colabora con la Administración en la realización de sus fines”(8) (negrillas y subrayado fuera de texto).
4.3.4. En la Sentencia C-428 de 2002, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 60 de la Ley 446 el cual señalaba:
Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma”(9).
5.3.6. Por lo demás, en punto a la presunta violación de los principios de la buena fe y la autonomía e independencia judicial, no resultan válidos los cuestionamientos que se aducen en la demanda. En relación con lo primero, por cuanto se ha sostenido hasta la saciedad que el contenido normativo del inciso acusado persigue un fin legítimo amparado por la Constitución, como es la defensa del patrimonio público y del interés de la comunidad, y que frente al particular la colaboración exigida además de propender también por su propio beneficio, lo que exige de éste es una actitud diligente, honesta y leal a la cual está obligado, incluso, por el mismo principio de la buena fe”(10).
4.3.5. En la Sentencia C-965 de 2003, la Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en las sentencias C-188 de 1999 y C-428 de 2002 en relación con lo dispuesto en los incisos 5º y 6º del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, según los cuales:
Pago de sentencias. Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma”(11).
“Sobre el punto, en algunos apartes de la Sentencia C-188 de 1999, sostuvo la Corte que el patrimonio de los particulares goza de una clara protección constitucional; razón por la cual, para efectos de los conflictos patrimoniales que se puedan suceder, el principio de igualdad y la equidad imponen que las dos partes reciban un mismo trato, de manera que si el Estado cobra a los particulares intereses bancarios y moratorios por el incumplimiento oportuno de sus obligaciones, también aquél debe asumir esas mismas cargas cuando no paga en tiempo. En este contexto, concluyó que cualquier interpretación en contrario genera una injustificada e inequitativa discriminación que favorece la ineficacia y falta de celeridad en la gestión pública, y además un enriquecimiento sin causa a favor del Estado y en perjuicio del particular, quien ve deteriorado el poder adquisitivo de su dinero”(12).
Los intereses moratorios son aquellos que se pagan para el resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida(13). La mora genera que se hagan correr en contra del deudor los daños y perjuicios llamados moratorios que representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en la ejecución de la obligación(14). Sobre este aspecto afirman Planiol y Ripert:
“Los daños y perjuicios moratorios tienen como carácter esencial, se acumulables necesariamente con el cumplimiento efectivo de la obligación, puesto que representan el perjuicio resultante del retraso, perjuicio que no se repara por el ulterior cumplimiento de la obligación”(15) (negrillas y subrayado fuera de texto).
i) La doctrina francesa, distingue entre los daños y perjuicios compensatorios y los daños y perjuicios moratorios: los primeros tienen lugar cuando hay una inejecución propiamente dicha, total o parcial; y los segundos, cuando existe un simple retraso en la ejecución de la obligación(16). Los daños y perjuicios compensatorios tienen por objeto colocar al acreedor en la misma situación jurídica en la que se encontraría si la obligación hubiera sido ejecutada como debía, mientras que los daños y perjuicios moratorios tienen por objeto reparar el perjuicio que el acreedor ha sufrido como consecuencia del retraso en el cumplimiento de la obligación(17). Por eso se afirma que en las obligaciones pecuniarias como principio general, solo caben los daños y perjuicios moratorios(18).
ii) En Italia, los intereses moratorios tienen una función de resarcimiento del daño sufrido por el acreedor como consecuencia del retraso en el cumplimiento de la obligación (C.C., art. 1224)(19), por ello Messineo los define como “la medida del resarcimiento”(20).
iii) El Código Civil Alemán supedita, como regla general el devengo de los intereses moratorios a la constitución en mora del deudor y los identifica como una indemnización de perjuicios al deudor por el incumplimiento:
“Por consiguiente a pesar de la mora el deudor continúa obligado a cumplir la prestación y además ha de indemnizar al acreedor los daños causados por la mora”(21).
Siguiendo estas vertientes, en especial la francesa, el Código Civil de Colombia consagra los intereses moratorios como una indemnización derivada del retardo(22), la cual podrá ser convencional si es tasada por las partes o en su defecto legal, caso en el cual será equivalente al 6 por ciento anual:
1a) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos.
2a) El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo.
3a) Los intereses atrasados no producen interés.
4a) La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas”(23).
La Corte Constitucional declaró exequible esta norma que determina las reglas para indemnizar los perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones, señalando que la Ley respeta las convenciones que sobre se hagan y por ello el interés del 6 por ciento es un interés supletorio:
“Decimos que este artículo es una excepción a las reglas sobre perjuicios, porque señala los que debe satisfacer una persona que es deudora de una suma de dinero y no la paga el día que se vence el plazo; porque determina el hecho que constituye en mora al deudor, sin que sea necesario para que ésta exista reconvención judicial (art. 1608, num. 1º), y porque los intereses se deben sin tener en cuenta ni daño emergente, ni lucro cesante, ni si hay dolo por parte del deudor, o si los perjuicios pudieron o no preverse. En suma, basta la mora en el pago para que deba intereses el deudor”. (Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano, Imprenta París América, 2ª Edición, tomo VI, pág. 248)”(24).
El autor citado, al referirse al interés legal, anota: “El inciso segundo de la regla 1ª, fija el interés anual en el 6%. Este es poco en las actuales circunstancias del país en que el interés corriente es muy elevado” (ob. cit., pág. 249).
La norma que obliga al pago del interés legal, es decir, el inciso primero de la regla primera, es supletoria, pues los intereses legales sólo se deben cuando no se ha pactado un interés superior al legal, y el deudor incurre en mora. Y también es claramente supletoria la norma del artículo 2232 del Código Civil, de conformidad con la cual “si en la convención se estipulan intereses sin expresarse la cuota, se entenderán fijados los intereses legales”.
Pero, en la vida corriente de los negocios no es frecuente el otorgamiento de préstamos de dinero sin la estipulación de intereses, ni el que éstos se convengan sin determinar su tasa. Por el contrario, lo que se observa es la tendencia a pactar intereses excesivos. Por eso, el artículo 2231 del Código Civil ordena al juez reducir al interés corriente el que “exceda de una mitad al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención,... si lo solicitare el deudor”.
Queda claro, en consecuencia, que la ley, en principio, respeta la autonomía de la voluntad en lo relativo al pacto de intereses. Y que, en general, su intervención se limita a impedir que se incurra en prácticas usurarias”(25).
“Limite de intereses y sanción por exceso. Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, este será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.
Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria”(26).
“(…) Cuando se trata de, iv) intereses moratorios, en el Código Civil, se dispone que en ausencia de estipulación contractual sobre intereses moratorios, se siguen debiendo los intereses convencionales si fueron pactados a un interés superior al legal, o en ausencia de tal supuesto empieza a deberse el interés legal del 6%; sin perjuicio de los eventos legales en que se autoriza la causación de intereses corrientes (art. 1617). En el caso comercial, la inexistencia de previsión convencional sobre moratorios autoriza que se cobre una y media veces el interés bancario corriente”(27).
“Determinación de la tasa de interés moratorio. Para efectos tributarios y frente a obligaciones cuyo vencimiento legal sea a partir del 1o de enero de 2006, la tasa de interés moratorio será la tasa equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora”(28).
Por lo anterior, en Colombia el interés moratorio tiene un contenido indemnizatorio distinto a la simple corrección monetaria, situación que no puede ser desconocida por el legislador al momento de determinar las tasas a las cuales lo vincula, por lo cual los intereses moratorios deberán contemplan un componente inflacionario o de corrección monetaria y uno indemnizatorio, el cual podrá variar teniendo en cuenta la existencia de diversos regímenes en cuanto a las tasas de interés, tal como sucede en relación con los intereses civiles y comerciales según se reconoció en la Sentencia C-364 de 2000.
4.4. Análisis de la norma demandada
De acuerdo a lo anteriormente señalado el Estado debe pagar intereses moratorios en caso de incumplimiento, los cuales deben en todo caso tener un componente indemnizatorio. La norma demandada establece que el Estado deberá pagar intereses moratorios a la tasa del DTF dentro de los 10 meses siguientes a la fecha en que esté en firme la providencia que establezca la condena o de la celebración del acuerdo conciliatorio. Por lo anterior, a continuación se determinará si la tasa del DTF puede reflejar un componente indemnizatorio y por ello puede constituir un interés moratorio, así como también, se(sic)
4.4.1. La naturaleza y componentes de la DTF
La DTF es “una tasa de referencia que calcula y divulga el Banco de la República con base en la información relativa a las captaciones a 90 días de los intermediarios financieros (bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial)”(29). Esta tasa fue creada a través de la resolución 109 de 1983 del Banco de la República y se determina de acuerdo a operaciones de captación mediante certificados de depósito a término fijo:
“Respecto de la parte no redescontada por el Banco de la República, los establecimientos de crédito podrán cobrar una tasa de interés variable, no superior en tres (3) puntos a la “tasa de costo promedio de captación a través de certificados de depósito a término” que semanalmente señale el Banco de la República”(30).
Posteriormente, la resolución 92 de 1988 determinó un cálculo para la DTF teniendo en cuenta las captaciones de los DTF a 90, 180 y 360 días, disposición que fue modificada a través de la Resolución 17 de 1993, según la cual: “La tasa variable DTF a que se refiere la Resolución 42 de 1988 de la junta monetaria del Banco de la República con base en el promedio ponderado de las tasas de interés efectivas de captación a noventa (90) días de los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vivienda”(31).
En la actualidad la DTF es “es el promedio ponderado de las tasas de interés efectivas de captación a 90 días (las tasas de los certificados de depósito a término a 90 días) de los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vivienda”(32). De esta manera, la DTF permite reconocer la pérdida de poder adquisitivo del dinero, pero además contempla un valor adicional establecido por el mercado financiero, pues los certificados de depósito a término superan siempre el valor de la inflación.
La DTF es uno de los múltiples factores que anualmente utiliza el Banco de la República para la determinación de la inflación, junto a otros criterios como los agregados monetarios (base monetaria, medios de pago M1, M3 más bonos, crédito), las tasas de interés (DTF y la tasa de interés de colocación), los tipos de cambio (tasa de cambio), la oferta y la demanda (según el producto interno bruto, la industria, el consumo y la inversión), los salarios, el empleo, la utilización de la capacidad instalada y la situación fiscal (déficit)(33), lo cual explica que la DTF ha sido históricamente superior en varios puntos a la inflación, tal como puede verse en la siguiente tabla.
Año Promedio de la tasa del DTF(34) Inflación promedio anual(35)
2000 12,15 8,7
2001 12,44 7,6
2002 8,94 6,99
2003 7,8 6,49
2004 7,8 5,50
2005 7,01 4,85
2006 6,27 4,48
2007 8,01 5,69
2008 9,74 7,67
2009 6,15 2
2010 3,66 3,17
2011 4,21 3,73
4.4.2. Cumplimiento de las sentencias por el Estado y principios del presupuesto
4.4.2.1. El Código Contencioso Administrativo no establecía un procedimiento especial a través del cual las entidades públicas realizaran el cumplimiento de sentencias o acuerdos conciliatorios. Por lo anterior, el legislador no tuvo en cuenta los plazos que requiere una entidad pública para el cumplimiento de los trámites presupuestales y de principios como el de legalidad administrativa y el de planeación presupuestal.
En este sentido, el Estatuto Orgánico del Presupuesto establece una serie de procedimientos necesarios para la realización de una disposición patrimonial por parte de una entidad pública, cuyo incumplimiento vulneraría flagrantemente el principio de legalidad, situación que podría dar lugar incluso a responsabilidades de carácter disciplinario, fiscal y penal.
4.4.2.2. El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contempla en su artículo 192 un procedimiento expresamente dirigido al cumplimiento de las sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas, el cual establece expresamente que las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses:
Ejecutoriada la sentencia, para su cumplimiento, la secretaría remitirá los oficios correspondientes”(36).
Esta norma se refiere textualmente al cumplimiento de las sentencias y acuerdos conciliatorios, no al incumplimiento de los mismos, por lo cual el plazo de diez meses señalado en esta norma no es la primera fase del incumplimiento de la entidad, sino un plazo para el cumplimiento en el cual las reglas aplicables al pago de intereses no pueden ser las mismas que las que empleaban frente al incumplimiento de una obligación por parte del Estado(37).
4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratoria a la tasa comercial”.
4.4.3. Inexistencia de vulneración del derecho a la igualdad
4.4.3.1. En primer lugar, el procedimiento para el pago de las obligaciones de la administración pública es completamente distinto al llevado a cabo por los particulares, pues éstos no deben cumplir con las normas del presupuesto ni con los procedimientos internos de las entidades públicas, por lo cual resulta razonable establecer un plazo distinto para el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
4.4.3.2. En segundo lugar, la norma sí consagra un interés moratorio en contra de la administración pública, pues la DTF no solamente tiene un componente inflacionario, sino también un valor adicional que se reconoce en este caso como el elemento indemnizatorio.
4.4.3.3. En tercer lugar, esta Corporación ha reconocido la posibilidad de que existan diferencias entre las tasas de interés en el ordenamiento jurídico colombiano, tal como sucede con los intereses civiles y los comerciales. En este sentido, históricamente las tasas de interés contempladas en el Código de Comercio han sido muy superiores a la tasa de interés del 6 por ciento anual establecida en el Código Civil, llegando incluso a ser más de cuatro veces mayor en el año 2001(38).
1. Declarar EXEQUIBLE el numeral cuarto del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.
Magistrados: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, presidente—María Victoria Calle Correa—Adriana Guillén Arango—Mauricio González Cuervo—Jorge Iván Palacio Palacio—Nilson Elías Pinilla Pinilla—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Humberto Antonio Sierra Porto—Luis Ernesto Vargas Silva, con aclaración de voto.
Luis Carlos Marín Pulgarín, secretario ad hoc.
(1) El artículo 195 de la Ley 1437 se encuentra dentro del capítulo VI “sentencia” de la parte segunda del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo denominada: “Organización de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y de sus funciones jurisdiccional y consultiva”, circunstancia que restringe su ámbito de aplicación a una serie de asuntos contemplados en el artículo 104 de la Ley 1437:
(2) Artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
(3) Sentencia de la Corte Constitucional C-188 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(4) Sentencia de la Corte Constitucional C-364 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(5) Sentencia de la Corte Constitucional C-364 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(6) M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.
(7) Sentencia de la Corte Constitucional C-892 de 2001, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.
(8) Sentencia de la Corte Constitucional C-892 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(9) Sentencia de la Corte Constitucional C-428 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(10) Sentencia de la Corte Constitucional C-428 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(11) Sentencia de la Corte Constitucional C 965 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(12) Sentencia de la Corte Constitucional C 965 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(13) Planiol, Marcel, Ripert, Geoger. Derecho civil, V. 8, Harla, México, 1997, pág. 632; Hinestrosa Forero, Fernando. Tratado de las obligaciones, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2002, pág. 165. Padilla, René: La mora en las obligaciones, Astrea, Buenos Aires, 1983, pág. 225; Albaladero, Manuel. Derecho civil, T. II, Derecho de obligaciones, Edisofer, Madrid, 2004, pág. 70.
(14) Planiol, Marcel, Ripert, Geoger. Derecho civil, V. 8, Harla, México, 1997, pág. 617; Mazeaud, Henri / Mazeaud, León / Tunc, André: Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, T. 3, V. I, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1963, pág. 504; Claro del Solar, Luis: Explicaciones de derecho civil chileno y comparado, V. V, Santiago, 1988, pág. 723; Larenz, Kart: Derecho de obligaciones, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1958, pág. 339 y 340; Padilla, René, La mora en las obligaciones, Astrea, Buenos Aires, ¡983, pág. 220; Manasevich, Rene Abeliuk: Las obligaciones, Editorial Jurídica de Chile / Editorial Temis; Santiago, 1993, pág. 710.
(15) Planiol, Marcel, Ripert, Geoger. Derecho Civil, V. 8, Harla, México, 1997, pág. 641. En sentido similar, Larenz, Kart, págs. 349 y 350.
(16) Mazeaud, León / Tunc, André. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, T. 3, V. I, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1963, pág. 472.
(17) Mazeaud, León / Tunc, André. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, T. 3, V. I, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1963, págs. 472 y 473.
(18) Múrtula Lafuente, Virginia. La prestación de intereses. Editorial Mc Graw Hill. Madrid 1999. pág. 94
(19) Messineo, Fracesco. Manual de derecho civil y comercial, t. IV. pág. 339.
(20) Messineo, Fracesco. Manual de derecho civil y comercial, t. IV. pág. 339.
(21) Larenz, Kart. Derecho de obligaciones, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1958, págs. 349 y 350.
(22) Hinestrosa Forero, Fernando: Tratado de las obligaciones, Universidad externado de Colombia, 2002, pág. 165.
(23) Artículo 1617 del Código Civil de Colombia.
(24) Sentencia de la Corte Constitucional C-485 de 1995, M.P. Dr. Jorge Arango Mejía.
(25) Sentencia de la Corte Constitucional C-485 de 1995, M.P. Dr. Jorge Arango Mejía.
(26) Artículo 884 del Código de Comercio.
(27) Sentencia de la Corte Constitucional, C-364 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero
(28) Articulo 635 del estatuto tributario.
(29) Concepto 2008066136-004 del 31 de octubre de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
(30) Artículo 3º de la Resolución 109 de 1983 del Banco de la República.
(31) Artículo 1º de la Resolución 092 de 1988.
(32) Banco de la República: ¿Qué es la tasa de interés? Disponible en: http://www.banrep.gov.co/estad/economia/consulta-tasa-interes4.htm
(33) Ver los informes sobre la inflación del Banco de la República Los informes de marzo de 2000 (págs. 19 a 36), marzo de 2002: (págs. 20 a 49), marzo de 2003 (págs. 15 a 29), marzo de 2006 (págs. 23 a 36), marzo de 2008 (págs. 33 a 40), marzo de 2009 (págs. 48 a 55), marzo de 2010 (págs. 53 a 65) y marzo de 2011 (págs. 46 a 49) en los cuales se explican de manera detallada los factores que determinan la inflación. Disponibles en: http://www.banrep.gov.co/publicaciones/jd_info_infla.htm
(34) Fuente Banco de la República.
(35) Fuente DANE.
(36) Artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
(37) En este sentido, mientras que las sentencias C-188 de 1999 y C-428 de 2002 se referían a eventos en los cuales el Estado incumple con sus obligaciones, en el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011 se analizan los intereses que se devengan durante el tiempo que el propio artículo 192 le otorga al Estado para el cumplimiento de las sentencias o autos que aprueban el cumplimiento de acuerdos conciliatorios.
En la sentencia C-188 de 1999, la disposición acusada era el artículo 72 de la Ley 446, el cual se refería al pago de intereses por incumplimiento del término fijado en el acuerdo conciliatorio para pagar. En esa disposición, el legislador asumía que el incumplimiento se producía una vez vencido el término fijado por las partes para el efecto en ejercicio de la autonomía de la voluntad, de modo que resultaba contrario a la igualdad que ante la misma hipótesis —incumplimiento— el Estado no tuviera que pagar intereses y el particular sí. Recuérdese que en este caso el artículo 192 de la Ley 1437 introdujo otra regla, esta es que el Estado tiene un término de 10 meses para cumplir sus acuerdos conciliatorios, de manera que la hipótesis de incumplimiento solamente se presenta al cabo de los 10 meses.
La misma diferencia se presenta entre el artículo 60 de la Ley 446 —examinado en la sentencia C-428 de 2002— y el precepto bajo estudio. Ciertamente, antes de la expedición de la Ley 1437 la regla general era que las entidades estatales tenían que cumplir las sentencias a más tardar dentro del término de ejecutoria, de modo que existía incumplimiento una vez venciera dicho término.
Las diferencias son mayores entre el numeral 4º del artículo 195 de la Ley 1437 y el artículo 6º de la Ley 598, examinado en la sentencia C-892 de 2001, pues este último versa sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales y no de sentencias judiciales.
(38) Promedio anual de las tasas de interés bancario corriente: 2000 (21,04), 2001 (24,58), 2002 (20,57), 2003 (19,75), 2004 (19,56), 2005 (18,6), 2006 (16,08), 2007 (17,02), 2008 (21,57), 2009 (19,17), 2010 (15,15), 2011 (17,83), 2012 (20,22).

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