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Timestamp: 2017-10-21 01:29:48+00:00

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Concepción Torres Tebar
1 CELSO RODRÍGUEZ PADRÓN, SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, CERTIFICO: QUE EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, EN SU REUNIÓN DEL DÍA DE LA FECHA, HA APROBADO EL INFORME AL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES. I. ANTECEDENTES Con fecha 28 de noviembre de 2011 ha tenido entrada en el Registro del Servicio de Estudios e Informes el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el seguro de responsabilidad civil de los administradores concursales, remitido por el Ministerio de Justicia, a efectos de la emisión del preceptivo informe. Asignada la ponencia al Excmo. Sr. Vocal D. Carles Cruz Moratones, la Comisión de Estudios e Informes, en su reunión del día 12 de diciembre de 2011, aprobó el presente informe, acordando su remisión al Pleno de este Órgano Constitucional. 1
2 II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA FUNCIÓN CONSULTIVA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. La función consultiva del Consejo General del Poder Judicial a que se refiere el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene por objeto los anteproyectos de leyes y disposiciones generales del Estado y de las Comunidades Autónomas que afecten total o parcialmente, entre otras materias expresadas en el citado precepto legal, a: e) normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales y cualesquiera otras que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales; f) Leyes penales y normas sobre régimen penitenciario. Atendiendo a este dictado, en aras de una correcta interpretación del alcance y sentido de la potestad consultiva que allí se prevé a favor de este Consejo, y considerado el contenido del Proyecto remitido, el informe que se emite se limitará al examen y alcance de las normas sustantivas o procesales que en él se incluyen específicamente, evitando cualquier consideración sobre cuestiones ajenas al Poder Judicial o al ejercicio de la función jurisdiccional que éste tiene encomendada. 2
3 Sin perjuicio de lo anterior, y con arreglo al principio de colaboración entre los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial ha venido indicando la oportunidad de efectuar en sus informes otras consideraciones, relativas, en particular, a cuestiones de técnica legislativa o de orden terminológico, con el fin de contribuir a mejorar la corrección de los textos normativos y, por consiguiente, a su efectiva aplicabilidad en los procesos judiciales, por cuanto son los órganos jurisdiccionales quienes, en última instancia, habrán de aplicar posteriormente las normas sometidas a informe de este Consejo, una vez aprobadas por el órgano competente. II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE REAL DECRETO El Proyecto de Real Decreto sometido a informe viene a dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 29.1 de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que introduce en el sistema concursal español la exigencia de un seguro obligatorio de responsabilidad civil o de una garantía equivalente proporcional a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto, para poder actuar como administrador concursal en cualquier clase de concursos de acreedores, y habilita al Gobierno para efectuar el desarrollo reglamentario de esta previsión legal. 3
5 El Proyecto se integra de un breve Preámbulo en el que se especifican los contenidos más relevantes de la regulación proyectada, entre ellos: la naturaleza de seguro mínimo obligatorio, que no impide que, al amparo de la autonomía privada, los administradores concursales contraten seguros específicos e independientes o introduzcan esa cobertura mínima obligatoria como ampliación de las pólizas de responsabilidad civil profesional concertadas como seguros voluntarios; la excepción de la exigencia del seguro obligatorio en el caso de que el nombramiento de administrador concursal recaiga en una Administración Pública o entidad de derecho público vinculada o dependiente de ella; la exigencia de la vigencia del seguro como presupuesto para la aceptación del cargo de administrador y la de continuidad de la cobertura durante la tramitación del procedimiento; las circunstancias tomadas en consideración para la determinación de la suma obligatoriamente asegurada, y la previsión, como alternativa al seguro, de una garantía equivalente, tanto material como temporalmente. El texto se integra de 14 artículos y 2 disposiciones finales, los preceptos se dividen en cuatro Capítulos, que contemplan respectivamente, las Disposiciones de carácter general (Capítulo I); Acreditación y vigencia del seguro (Capítulo II), Delimitación de la responsabilidad (Capítulo III), y Garantía equivalente (Capítulo IV). La Disposición Final primera enuncia los titulos competenciales en que se ampara la presente regulación, que son los que atribuyen al Estado competencia en materia de legislación civil, legislación 5
6 mercantil y bases de la ordenación de los seguros (artículo º, 8º y 11º de la Constitución Española). No se incluye una disposición derogatoria, al tratarse de la introducción de una previsión ex novo que no modifica o sustituye otra anterior. La Disposición final segunda hace coincidir la entrada en vigor de la norma reglamentaria con la prevista para la Ley 38/2011, de la que constituye desarrollo parcial. El Capítulo I viene a introducir en nuestro ordenamiento, en cumplimiento de lo previsto en la Ley de reforma de la Ley Concursal, la obligación del administrador concursal, al aceptar el nombramiento, de acreditar ante el Secretario Judicial del Juzgado, la vigencia de un contrato de seguro, por el que el asegurador se obliga, dentro de los límites pactados, a cubrir el riesgo de nacimiento, a cargo del propio administrador concursal o de los auxiliares delegados, de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios económicos causados al deudor, a la masa activa del concurso o a cualquier acreedor en el ejercicio de sus funciones. Esta obligación de aseguramiento recae sobre el administrador concursal, sea persona natural o jurídica y sólo se excepciona en el supuesto en que haya sido nombrada administradora concursal una Administración Pública o entidad de derecho público vinculada o dependiente de ella y la persona natural que se designe tenga la condición de empleado público, o cuado sea designado como administrador concursal el personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o del Consorcio de Compensación de Seguros. 6
7 El seguro obligatorio se rige por lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro y cubre el riesgo de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios económicos causados por actos y omisiones contrarios a la Ley o los realizados sin la debida diligencia; y en el supuesto de que se declarase en sentencia la responsabilidad del administrador concursal, la cobertura incluye también los gastos soportados por el acreedor que hubiere ejercitado la acción en interés de la masa. Se admite la posibilidad de que las partes amplien en la póliza el ámbito y los límites de la cobertura, y se regulan específicamente las exclusiones de la cobertura. El Capítulo II, dedicado a la acreditación y vigencia del seguro, regula los aspectos procedimentales necesarios para acreditar ante el Juzgado la vigencia del seguro. A fin de que la entidad aseguradora pueda conocer el nacimiento del riesgo, se atribuye al Secretario judicial la notificación de la aceptación y nombramiento del administrador concursal. Y con la finalidad de garantizar la vigencia del seguro y la continuidad de la cobertura, se especifica la duración de la cobertura, la acreditación de ésta mediante exhibición y testimonio de la póliza y del recibo de la prima, así como de las renovaciones y la obligación de mantenerla durante la tramitación del concurso, debiendo ponerse de inmediato en conocimiento del Juzgado cualquier modificación del contrato de seguro. 7
8 El Capítulo III establece la suma mínima asegurada ( euros) y las excepciones que permiten superarla, incluyendo los concursos de especial transcendencia. Se establece también en este capítulo la delimitación temporal de la cobertura, amparando las reclamaciones presentadas contra el asegurado durante el período de vigencia del seguro o en los cuatro años siguientes a fecha de conclusión del concurso, siempre y cuando dichas reclamaciones hayan tenido lugar durante la vigencia del contrato. Se regula asimismo, la posibilidad de incluir en el seguro otras coberturas o ampliar su ámbito y límites; la acción directa de la aseguradora y el derecho de repetición de ésta. En cuanto a la garantía equivalente, el Capítulo IV, integrado por un único artículo (artículo 14) dispone que el administrador concursal podrá sustituir el aseguramiento obligatorio por una garantía solidaria de contenido equivalente, constituida por entidad de crédito habilitada, cuya suma será la misma que la del seguro obligatorio e idéntico el plazo en que deberá mantener su vigencia. El Proyecto se acompaña, como es preceptivo, de una Memoria de Análisis de Impacto Normativo, de acuerdo con las directrices señaladas en el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que dicha Memoria se regula. III. EXAMEN DEL PROYECTO DE REAL DECRETO 8
9 El objeto de la presente regulación el seguro de responsabilidad civil de los administradores concursales- excede de lo que constituye el ámbito propio de la facultad de informe atribuida a este Consejo por el artículo LOPJ, en cuanto no afecta a normas procesales, a la tutela de derechos fundamentales, ni a cuestiones relativas a la organización o funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, salvo las puntuales referencias que se efectúan a la actuación del Secretario Judicial. Por este motivo, el presente informe ha de limitarse, con arreglo al principio general de colaboración entre los órganos constitucionales, a efectuar una valoración global del texto remitido, y al examen de aquellas cuestiones de técnica legislativa o de orden terminológico que puedan contribuir a mejorar la corrección formal del mismo. El texto remitido a informe trae causa inmediata de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2011, de reforma de la Ley Concursal, de conformidad con el cual. 1. El nombramiento de administrador concursal será comunicado al designado por el medio más rápido. Dentro de los cinco días siguientes al recibo de la comunicación, el designado deberá comparecer ante el juzgado para acreditar que tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente proporcional a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto, en los términos que se desarrollen reglamentariamente, para responder de los posibles daños en el ejercicio de su función y manifestar si acepta o no el 9
10 encargo. Cuando el administrador concursal sea una persona jurídica recaerá sobre ésta la exigencia de suscripción de seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente. ( ) 2. Si el designado no compareciese, no tuviera suscrito un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente suficiente, o no aceptase el cargo, el juez procederá de inmediato a un nuevo nombramiento ( ). El objeto del seguro es el de responder a los posibles daños en el ejercicio de su función, de acuerdo con el régimen de responsabilidad de los administradores concursales contemplado en el nuevo apartado 1 del artículo 36: Los administradores concursales y los auxiliares delegados responderán frente al deudor y frente a los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa por los actos y omisiones contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia. La exigencia derivada de estos preceptos está, a su vez, en consonancia con lo previsto en el artículo 21.1 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades y servicios y de su ejercicio: Se podrá exigir a los prestadores de servicios, en norma con rango de ley, la suscripción de un seguro de responsabilidad civil profesional o de otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio, en aquellos casos en que los servicios que presten presenten un riesgo directo y concreto para la salud o para la seguridad de un 10
11 destinatario o de un tercero, o para la seguridad financiera del destinatario. La garantía exigida deberá ser proporcionada a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto. En este contexto, el Proyecto de Real Decreto (arts. 1 y 3.1) contempla la obligación a cargo del administrador concursal, de suscribir un seguro de responsabilidad civil, cuya cobertura comprende el riesgo de nacimiento de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios económicos causados al deudor, a la masa activda del concurso o a cualquier acreedor por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones por el propio administrador concursal o por su auxiliar delegado, siempre que tales actos sean contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia. La definición del alcance de la responsabilidad del administrador concursal acoge los criterios jurisprudenciales en materia de responsabilidad civil que, junto al clásico principio de responsabilidad por culpa, ha venido objetivando dicha responsabilidad, acentuando la exigencia de la diligencia requerida, por un camino que en la actualidad conduce hacia un sistema que acepta soluciones cuasi objetivas, incluida una inversión de la carga de la prueba, que permiten cubrir cualquier conducta susceptible de generar un perjuicio económico, y que han hecho que esta modalidad de seguro haya pasado de ser un instrumento jurídico tendente a preservar al asegurado de un riesgo patrimonial derivado de una reclamación por comportamiento culposo, a 11
12 convertirse en una instrumento cuyo centro de gravedad se sitúa en la protección indemnizatoria del tercero perjudicado. Se impone al administrador concursal la exigencia de acreditar la vigencia del contrato de seguro al aceptar el nombramiento y ante el Secretario Judicial del Juzgado (artículo 1). Ha de entenderse pues aunque se haya omitido la mención expresa- que dicha obligación habrá de cumplimentarse necesariamente en el término de los cinco días de que dispone el designado para comparecer ante el Juzgado en orden a la aceptación de su nombramiento. La referencia al Juzgado ha de entenderse hecha al Juzgado que conozca del concurso, expresión que por razones añadidas de seguridad jurídica podría resultar conveniente incluir, al menos en este precepto que constituye cabecera de la disposición, y que haría innecesaria su reiteración en los restantes preceptos. La obligación de aseguramiento prevista en el Proyecto alcanza a todo administrador concursal designado judicialmente, sea persona natural o jurídica (artículo 2), previsión esta última que obedece a la nueva redacción de los artículos 27 y 29.1 de la Ley 38/20011, en los que se contemplan la posibilidad de que el administrador concursal sea una persona jurídica. Unicamente se excepcionan de esta obligación de aseguramiento los supuestos en que las funciones de administración recaigan sobre un empleado público de la Administración Pública o sobre el personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o del Consorcio de 12
13 Compensación de Seguros contemplados en citado artículo 27-, excepción que no alcanza al supuesto en que el designado tenga la condición de personal técnico del Fondo de Garantía de Depósitos, dada la diferente naturaleza de este último organismo. El artículo 3.3 y el artículo 11 resultan innecesariamente reiterativos, pues ambos contienen la misma regulación, por lo que se estima que debería eliminarse la previsión contenida en el apartado 3 del artículo 3. Artículo 3.3: En la póliza de seguro obligatorio de responsabilidad civil, las partes podrán ampliar el ámbito y los límites de cobertura e incluir aquellas otras coberturas que libremente pacten las convengan, que se regirán por lo establecido en la Ley del Contrato de Seguro. Artículo 11, Seguro voluntario: El seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria podrá incluir otras coberturas que libremente se pacten entre las partes, así como ampliar el ámbito y los límites de cobertura. En ambos casos se contempla algo, que constituye práctica habitual y consolidada en este tipo de seguros obligatorios suscritos por profesionales, y es que, con amparo en la autonomía de voluntad de las partes, el seguro obligatorio conviva con un seguro voluntario independiente que permita cubrir otros riesgos derivados del ejercicio profesional, o con una ampliación de la 13
14 póliza de de responsabilidad civil profesional contratada como seguro voluntario por los profesionales que pueden actuar como administradores concursales, esto es, abogados, economistas, titulados mercantiles o auditores de cuentas (art. 27 de la Ley Concursal). El Capítulo II, en los artículos 5 a 8, regula los instrumentos de acreditación y vigencia del seguro, incluyendo los deberes de información, las garantías de continuidad de la cobertura y su prórroga y la acreditación de dicha continuidad y de sus renovaciones, así como el deber del asegurador de poner en conocimiento del Juzgado cualquier modificación de las circunstancias del seguro contratado. Merece destacarse la previsión contenida en el artículo 8.2, en el que se contempla el plazo de un mes de subsistencia de la cobertura, a contar desde la fecha en que el asegurador comunique al Juzgado cualquiera de las circunstancias que hayan alterado la cobertura, previsión que encuentra su amparo en lo señalado por el artículo 15 de la Ley del Contrato de Seguro: En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del asegurador queda suspendida un mes después del día de su vencimiento. Sucede, sin embargo, que el precepto da a circunstancias tales como la falta de pago de la prima, la oposición a la prórroga, la suspensión de la cobertura o la extinción del contrato idéntico tratamiento que a cualquier modificación del seguro, siendo así que esta modificación podría consistir en la ampliación o mejora de la cobertura, supuesto en el cual la regla del apartado 2 del artículo 8 del Proyecto, demorando 14
15 los efectos de esa modificación durante un mes a contar desde la notificación que al efecto deberá hacer el asegurador, pierde su naturaleza garantista del asegurado y en último extremo de los perjudicados por la actuación de éste. Así pues, cabe sugerir que la subsistencia de la cobertura a la que se refiere ese precepto, hasta un mes posterior a la fecha en que el asegurador hubiese comunicado la circunstancia de que se trate, se aplique a los supuestos en que la cobertura inicial se haya visto reducida, limitada o suspendida, la prima haya resultado impagada, la prórroga haya sido neutralizada o el contrato haya quedado extinguido, no previendo en cambio una demora similar a los efectos de una modificación del seguro consistente en una ampliación o extensión de la cobertura. Debe asimismo ponerse de manifiesto que, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro: A los efectos de ejercicio de la acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro. El artículo 12 del Proyecto recoge la acción directa contemplada en ese precepto, pero se ha omitido una previsión expresa de la obligación de comunicación mencionada, que se estima debería ser incluida en el texto del Proyecto, bien en este Capítulo II o bien como apartado adicional del propio artículo 12. En el Capítulo III, artículos 8 a 13, se determina la suma asegurada, mediante el establecimiento de una cantidad mínima 15
16 (quinientos mil euros), y las excepciones que permiten superarla, respondiendo al alcance del riesgo cubierto, incluidos los concursos de especial trascendencia a los que se refiere el nuevo artículo 27.bis de la Ley Concursal. En la delimitación temporal de la cobertura (artículo 10) se han incluido las denominadas cláusulas claims made que, contempladas en el artículo 73 de la Ley del Contrado de Seguro, amparan las reclamaciones formuladas en el plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de la conclusión del concurso, siempre que tales reclamaciones encuentren fundamento en actos u omisiones producidos durante la vigencia del contrato; el plazo se hace coincidir con el fijado para la prescripción de la acción de reclamación en el artículo 36 de la Ley concursal. Se contempla asimismo el seguro voluntario y la acción directa, así como el derecho de repetición de la aseguradora en los supuesto de conducta dolosa del administrador o auxiliar delegado, en los términos previstos en el artículo 76 de la Ley del Contrato de Seguro. El artículo 14 regula la garantía equivalente al seguro de responsabilidad civil que podrá ser constituida por entidad de crédito habilitada a prestar, por el importe y en las condiciones de vigencia temporal previstas en el texto del Proyecto. 16
17 La Disposición Final Primera contiene el título competencial que justifica la presente regulación estatal. A la regulación efectuada pueden hacerse dos tipos de observaciones; una primera, de carácter formal, consistente en sustituir la expresión Este real decreto tiene su base en la competencia estatal.. por la expresión Este Real Decreto se dicta al amparo de la competencia estatal.. ; ello se justifica, además de en el hecho de ser esta última la fórmula comúnmente utilizada en los textos normativos, en aras de la seguridad jurídica, con el fin de evitar que la referencia a la base pueda introducir confusión respecto del posible ejercicio de una competencia de bases o normas básicas, que no es la que corresponde al presente Real Decreto. Como observación de carácter sustantivo, se estima que debería suprimirse también la mención al artículo 149.1ª.11 de la Constitución española, pues en el mismo se atribuye competencia al Estado en relación con las bases de ordenación de seguros, título competencial que no ampara la presente regulación, pues el Proyecto de Real Decreto no contiene normación general de carácter básico en materia de seguros, limitándose, en cuanto norma de desarrollo reglamentario de la Ley Concursal a contemplar una modalidad de seguro, el de responsabilidad civil de los administradores concursales, con fundamento en los mismos títulos competenciales que amparan la norma legislativa que complementa, y que son los previstos en las apartados 6 y 8 del artículo 149 de la Constitución. 17
18 IV. OBSERVACIONES DE CARÁCTER FORMAL En orden a contribuir a la mejora del texto, desde una perspectiva jurídico-formal y terminológica, se formulan las siguientes observaciones de técnica legislativa: A.- En el tercer párrafo del Preámbulo, debe sustituirse la expresión obligación leal por la de obligación legal ; y la expresión la notificación el nombramiento, por la de la notificación del nombramiento. B.- En el último párrafo del Preámbulo, debe añadirse el inciso previo informe del Consejo General del Poder Judicial. C.- En el artículo 2.3 debe sustituirse la expresión si la persona natural que designe para el ejercicio de las funciones propias del cargo tenga la condición de empleado público, por la expresión si la persona natural que designe para el ejercicio de las funciones del cargo tiene la condición de empleado público. D.- La redacción del artículo 3.1, en aras a una mayor claridad expositiva, debería modificarse en los siguientes términos: El seguro de responsabilidad civil del administrador concursal comprenderá la cobertura del riesgo de nacimiento de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios económicos causados al deudor, a la masa activa del concurso o a cualquier acreedor, por 18
19 los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones por el administrador concursal o por el auxiliar delegado, que sea contrarios a la ley o hayan sido realizados sin la debida diligencia. E.- En relación con el artículo 3.3, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, debe sustituirse la expresión las partes podrán ampliar el ámbito y los límites de cobertura, e incluir aquellas otras coberturas que libremente pacten las convengan, por la expresión las partes podrán ampliar el ámbito del seguro y los límites de cobertura, e incluir aquellas otras coberturas que libremente pacten. F.- En el artículo 7.2 debe sustituirse la expresión La renovación del seguro se acreditará ante el mediante exhibición y testimonio de la prima, por la expresión La renovación del seguro se acreditará ante el Secretario del Juzgado mediante exhibición y testimonio de la prima. G.- En el artículo 9, el inciso final debe numerarse como apartado 3 y no como apartado 2. Además de ello, la referencia que se hace en el mismo al apartado segundo del artículo 7 carece de sentido, debiendo entenderse efectuada al apartado segundo del artículo 3. 19
20 V. CONCLUSIONES PRIMERA.- El Proyecto de Real Decreto sometido a informe, viene a dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 29.1 de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal, introduciendo en el sistema concursal español la exigencia de un seguro obligatorio de responsabilidad civil o garantía equivalen, para poder actuar como administrador concursal en cualquier clase de concursos de acreedores. Este seguro obligatorio se rige por lo establecido en la Ley del Contrato de Seguro y cubre el riesgo de nacimiento de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios económicos causados al deudor, a la masa activa del concurso o a cualquier acreedor por actos y omisiones contrarios a la Ley o realizados sin la debida diligencia. SEGUNDA.- El objeto de la regulación proyectada excede del ámbito de la facultad de informe atribuida a este Consejo en el artículo de la LOPJ, por lo que el informe se limita a efectuar una valoración global del texto remitido y al examen de los aspectos de técnica legislativo o de orden terminológico que puedan contribuir a mejorar su corrección formal. Las observaciones formuladas al texto, se refieren a los siguientes aspectos. a) En el artículo 1: La referencia al Secretario Judicial del Juzgado ha de entenderse hecha al Juzgado que conozca del 20
21 concurso, inciso que, en aras a la seguridad jurídica, podría resultar conveniente incluir, al menos en este precepto que constituye la cabecera de la disposición, y que haría innecesaria su reiteración en los restantes preceptos. b) Los artículos 3.3 y 11 resultan reiterativos, pues ambos regulan la misma cuestión: la facultad de las partes para ampliar el ámbito y los límites de la cobertura o para incluir otras coberturas que libremente pacten. Se estima por ello que debería eliminarse el artículo 3.3. c) En el artículo 8 se sugiere trazar una diferenciación entre el caso de la modificación del seguro, que puede conllevar una ampliación o mejora de la cobertura, y el resto de supuestos mencionados en el apartado 1, puesto que en el caso mencionado no tiene sentido que la cobertura previa a la modificación producida subsista por el plazo de un mes a contar desde la fecha en que el asegurador la hubiera comunicado. d) En el artículo 12 se regula la acción directa del perjudicado o sus herederos contra la aseguradora, en los términos previstos en el artículo 76 de la Ley del Contrato de Seguro, pero se omite la previsión también contenida en este precepto, por la que se impone al asegurado, a efectos de ejercicio de la acción directa, la obligación de manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro; obligación que se estima que debería incluirse en el texto del Proyecto. 21
22 e) En la Disposición Final Primera definidora del título competencial, se estima que debería modificarse la redacción y omitirse la referencia a la competencia estatal en materia de bases de ordenación de los seguros (art ª.11 CE) dado que el Proyecto no contiene normación general de carácter básico en materia de seguros, limitándose a contemplar una modalidad específica de contrato de seguro, al amparo de los mismos títulos competenciales que justificaron el precepto de la Ley concursal que es objeto del presente desarrollo reglamentario. Es todo cuanto tiene que informar el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Y para que conste y surta efectos, extiendo y firmo la presente en Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil once. 22

References: REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 artículo 108
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 artículo 29
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 artículo 29
 artículo 36
 artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 27
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 3
 Artículo 3
 Artículo 11
 artículo 8
 artículo 15
 artículo 8
 artículo 76
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 27
 artículo 73
 artículo 36
 artículo 76
 artículo 14
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 149
 Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 29
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 76