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Timestamp: 2018-09-20 03:54:56+00:00

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﻿ Sentencia 38419 de octubre 16 de 2013
SENTENCIA 38419 DE 16 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:ESTABILIDAD DE LA NATURALEZA DE TRABAJADORES OFICIALES EN PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN DE LA ENTIDAD. SE REITERA QUE EL DERECHO A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN SE GARANTIZA A LOS TRABAJADORES OFICIALES, AUN CUANDO CUMPLAN LA EDAD CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE PRODUJO LA PRIVATIZACIÓN, PUES POR VIRTUD DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, SE LE APLICAN LAS NORMAS DEL SECTOR OFICIAL. ADICIONALMENTE, SE HA ESTABLECIDO QUE LA LEY DE PRIVATIZACIÓN DEL BANCO EN CUESTIÓN, NO TIENE LA CARACTERÍSTICA JURÍDICA DE MUTAR LA CALIDAD DE TRABAJADOR OFICIAL DE UN SERVIDOR DESVINCULADO BAJO EL RÉGIMEN OFICIAL, YA QUE A SU CONTRATO DE TRABAJO DEBE APLICÁRSELE LA DISPOSICIÓN QUE RIGIÓ DURANTE SU DESARROLLO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO DEL TRABAJADOR OFICIAL, TRABAJADOR OFICIAL, PRIVATIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA OFICIAL, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN
Sentencia 38419 de octubre 16 de 2013
Rad.: 38419
SL 754-2013
EXTRACTOS: «Recursos de casación
Interpuestos por ambas partes, los concedió el tribunal y los admitió la Corte. Por razones de método se estudiará en primer lugar el del banco, toda vez que aspira a dejar sin efecto el fallo condenatorio.
Impugnación del banco
Pretende que se “case los numerales primero, segundo y tercero” de la sentencia impugnada (se refiere a la decisión de confirmar y reformar las condenas impuestas por el juzgado) y en sede de instancia revoque los numerales “primero, tercero y cuarto” del fallo del a quo (atinentes a las condenas emitidas) y, en su lugar, absuelva de todas las pretensiones; como alcance subsidiario, solicita que esta Sala case “el numeral primero” de la decisión del tribunal y, en instancia, “modifique el numeral primero del fallo del a quo y, en su lugar, disponga que la pensión de los demandantes deberá ser liquidada con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios de acuerdo con lo previsto en la Ley 33 de 1985”.
Con fundamento en la causal primera, formula dos cargos oportunamente replicados; solamente se estudiará el primero, puesto que el otro se contrapone a la primera acusación de la parte demandante, y cuyo resultado tiene directa relación en el tema de la actualización de la base salarial de la pensión.
Denuncia la interpretación errónea de “los artículos 3º y 76 de la Ley 90 de 1946, artículos 1º literal c), 11 y 12 del Acuerdo 224 de 1966 del consejo directivo del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el artículo 1º del Decreto 3041 de 1966; los artículos 5º y 27 del Decreto-Ley 3135 de 1968; 68, 73 y 75 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969; 2º del Decreto-Ley 433 de 1971; 6º, 7º y 134 del Decreto 1650 de 1977; 1º y 13 de la Ley 33 de 1985; 28 y 57 del Acuerdo 044 de 1989 expedido por Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el artículo 1º del Decreto 3063 de 1989; 11, 36, 133, 151 y 289 de la Ley 100 de 1993, 3º y 4º del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 1º del Acuerdo 049 de 1990 expedido por el Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de 1990”.
Indica que el tribunal ha debido considerar que al momento del retiro de los demandantes, el banco era una entidad privada por lo que el régimen aplicable es el de los trabajadores particulares y no el de los oficiales; que el banco fue privatizado a partir del 20 de noviembre de 1996, es decir, antes de reunir los extrabajadores la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión, “pues sólo vinieron a cumplir la edad de 55 años el 6 de mayo de 2005 (Acevedo Franco), 4 de abril de 2005 (González Garay), 29 de marzo de 2005 (Ospina) y 50 años el 15 de mayo de 2005 (Rueda Villamizar)”, por lo que gozaban de una “mera expectativa de jubilarse en las condiciones preferenciales de los empleado públicos”.
Transcribe en parte los artículos 3º y 76 de la Ley 90 de 1946, así como el 2º del Decreto-Ley 433 de 1971, y luego señala que “Como la Ley 100 de 1993 es aplicable a los trabajadores particulares y a los empleados oficiales, y que, precisamente debido a la dualidad de los regímenes legales preexistentes, el régimen de transición implantado en el artículo 36 ibídem, señaló que los requisitos para acceder a la pensión serán los establecidos en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados, puede ocurrir entonces que una persona que prestó servicios en el Banco Popular cuando la entidad ostentaba naturaleza oficial y cumple el requisito de edad, habiendo estado afiliado al Instituto de Seguros Sociales por los riesgos de IVM, como sería la situación que se presenta con los demandantes, no le corresponda aplicarle la Ley 33 de 1985, sino lo estipulado en la Ley 90 de 1946, el Acuerdo 224 de 1966, el Decreto-Ley 433 de 1971, el Decreto 1650 de 1977 y el Acuerdo 049 de 1990, expedido por el Instituto de Seguros Sociales y aprobado mediante el Decreto 758 de 1990”.
Explica que como los demandantes fueron afiliados al Instituto de Seguros Sociales y además, pagó las cotizaciones correspondientes a los riesgos de IVM para los efectos del seguro social obligatorio, “se tiene que independientemente de la calidad de trabajadores oficiales que ostentaron los demandantes mientras estuvieron al servicio del Banco Popular, cuando la entidad era una sociedad de economía mixta, resultaron asimilados a trabajadores particulares y esta calidad la continuaron teniendo a partir del 21 de noviembre de 1996 y hasta la fecha de retiro de cada uno, por ello, en los términos del artículo 11 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, el derecho a la pensión (que será necesariamente la de vejez) lo obtendrán cuando cumplan los requisitos de edad y semanas de cotización exigidos en sus reglamentos”; añade que el tribunal al acoger las argumentaciones consignadas en la sentencia de la Sala de Casación Laboral de 11 de mayo de 2005, no tuvo en cuenta que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto-Ley 433 de 1971, los trabajadores de las sociedades de economía mixta, como en esa época eran los vinculados al Banco Popular, para efectos del seguro social obligatorio estaban asimilados a los trabajadores particulares, le da un entendimiento equivocado a los artículos 5º y 27 del Decreto-Ley 3135 de 1968; 75 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, 1º y 13 de la Ley 33 de 1985 y 11, 36, 133,151 y 289 de la Ley 100 de 1993 y, consecuencialmente a los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales, pues no le correspondía al Banco Popular el reconocimiento de la pensión de jubilación a los actores”.
Resalta que el tema propuesto ha sido definido en múltiples oportunidad por esta corporación, por lo que se remite a tales pronunciamientos, en los que se ha concluido que tratándose de servidores de entidades estatales, con más de 20 años como trabajadores oficiales , les asiste el derecho a la pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985 y los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, situación en la que se encuentran los actores, razón por la cual el tribunal no incurrió en los errores de interpretación que se le endilgan.
Como lo admite la censura, no hay “discusión relacionada con la existencia de las relaciones laborales, ni en la naturaleza jurídica de la entidad y la afiliación de los actores al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de IVM”; así, dada la orientación del cargo, no hay controversia en cuanto a los presupuestos fácticos que encontró demostrados el tribunal, respecto a que los actores laboraron más de 20 años anteriores a la privatización del banco (20 de noviembre de 1996) y cumplieron la edad prevista en la Ley 33 de 1985, con posterioridad. Todos estaban en régimen de transición conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que tenían más de 15 años de servicios y aunque no era necesaria la concurrencia de la edad, también superaba la exigida al entrar en vigencia la precitada ley (1º de abril de 1994). De ese modo, es patente que resultaba procedente el examen de las pensiones bajo los parámetros del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, como así se dispuso en la sentencia impugnada.
En cuanto al régimen pensional aplicable a los trabajadores que cumplieron el tiempo de servicio cuando el banco aún era oficial, esto es, antes de su privatización ocurrida a partir del 21 de noviembre de 1996, esta Sala de la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en procesos similares, inclusive contra la misma entidad bancaria. Entre otras, en sentencias del 20 de agosto y 28 de octubre de 2008, radicados 32986 y 33608, en las que se indicó que el derecho a la pensión de jubilación se garantiza a los trabajadores oficiales, aún cuando cumplan la edad con posterioridad a la fecha en que se produjo la privatización, pues por virtud del régimen de transición, se le aplican las normas del sector oficial, vale decir la Ley 33 de 1985, así como los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
También se explicó que la ley de privatización del banco no tenía la característica jurídica de mutar la calidad de trabajador oficial de un servidor desvinculado bajo el régimen oficial, ya que a su contrato de trabajo debía aplicarse la disposición que rigió durante su desarrollo.
Además, esta Sala, en pronunciamiento del 10 de agosto de 2000, Radicación 14163, reiterado, entre otras, en sentencias del 23 de marzo de 2007 y 28 de octubre de 2008, con radicados 28962 y 33608, respectivamente, sostuvo que el régimen de jubilación oficial de los trabajadores afiliados al ISS, subsistió, de tal forma, que la entidad obligada al pago de aquel derecho es la última empleadora, con la posibilidad de ser subrogada parcial o totalmente por el ISS, cuando asuma la pensión de vejez, tal como efectivamente se dispuso en la sentencia acusada.
En esa medida, el ad quem no incurrió en el error jurídico que le enrostra la censura.
Recurso de los demandantes
Pretenden se case parcialmente la sentencia de segunda instancia en cuanto “al procedimiento utilizado para actualizar el salario base de liquidación y en cuanto revocó la condena por intereses moratorios impuesta por el a quo” y, en sede de instancia, “confirme la de primer grado en cuanto al procedimiento utilizado para actualizar el salario base de liquidación de cada uno de los demandantes, y en cuanto condenó a pagar los intereses moratorios previsto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993”; subsidiariamente, solicitan la indexación de las mesadas pensionales dejadas de pagar.
Con fundamento en la causal primera de casación formula tres cargos oportunamente replicados, los cuales se estudiarán en el orden propuesto.
Denuncia la violación indirecta, por aplicación indebida del “artículo 35 de la Ley 712 de 2001, incorporado como el artículo 66A del CPTSS, y 57 de la Ley 2ª de 1984; en relación con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 33 de 1985; 27 y 75 del Decreto 3135 de 1968; 1º, 73 del Decreto 1848 de 1969; 19, 259 del C.S. del T., 8º de la Ley 153 de 1887; 1º, 11 del Decreto 1748 de 1995, 48, 53 y 230 de la Constitución Política, 50 y 145 del CPLSS”.
Le endilga el siguiente error de hecho: “Dar por demostrado, sin estarlo, que el Banco Popular S. A., apeló el procedimiento (fórmula) con el cual el a quo, actualizó el salario base de liquidación de cada uno de los demandantes”.
Afirma que el error se dio por cuanto el tribunal no apreció “correctamente el recurso de apelación interpuesto por la demandada y que aparece a folios 398 a 403”, y que como el artículo 66 A del C. P. del T y S. S. consagra el principio de consonancia, la competencia del juez de segunda instancia se circunscribe, única y exclusivamente, a los puntos de inconformidad elevados por el actor en la apelación, sin que pueda extender su decisión a otros temas.
Aclara que el tribunal incurrió en el yerro fáctico enunciado, pues no tuvo en cuenta que en el marco trazado por la entidad no se cuestionó “el procedimiento o la fórmula empleada por el juez de primer grado para obtener el salario base de liquidación, debidamente actualizado”, por lo que no le era posible, a motu proprio, entrar a modificar su quantum, pues debió entenderse que el banco “estaba plenamente conforme con el mismo”; citó apartes de una sentencia de esta corporación y concluyó que el cargo debe prosperar.
Sostiene que en la sustentación del recurso de apelación se indicó expresamente que “la entidad a todo lo largo del proceso expuso como sustento de su posición jurídica entre otros argumentos, que no está obligado a reconocer la pensión de jubilación a los señores Gerardo González Garay, Alberto de Jesús Ospina, Félix Eduardo Acevedo Franco y Gloria Amparo Rueda Villamizar, por no reunir los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes al momento de la privatización de la entidad, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del Banco Popular, no corresponderle el reconocimiento y pago de suma alguna por concepto de pensión de jubilación, en razón de no adeudarle a los actores suma alguna que permita ser indexada…” (resaltado dentro de texto), razón por la cual, en su sentir, el yerro enrostrado es “inexistente”.
Dice que si se acepta que no se elevó inconformidad en relación con la indexación, tampoco saldría avante el cargo, ya que “la misma se está solicitando como pretensión accesoria o consecuencial a la pensión de jubilación que se reclama. Esa honorable Sala Laboral ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre las pretensiones accesorias de las demandas, precisando que al apelarse la principal se entienden apeladas las demás que resulten accesorias o consecuenciales de aquella”; transcribió apartes de la sentencia proferida por esta Sala el 28 de abril de 2000, Radicado 13644.
Al examinar el recurso de apelación formulado por la entidad bancaria contra la sentencia del juzgado (fls. 398 a 403), encuentra la Sala que le asiste razón a la censura, por cuanto dentro de los puntos cuestionados, no se advierte inconformidad contra la cuantía, ni contra la fórmula utilizada para fijar el valor de las pensiones. La impugnación se orientó en forma general a controvertir la procedencia del derecho pensional so pretexto del cambio de naturaleza jurídica de la entidad demandada a partir del 20 de noviembre de 1996, la clase de vinculación, el momento en que los demandantes reunieron el requisito de la edad, la omisión en pronunciarse sobre la excepción de cosa juzgada y en forma subsidiaria, “en el supuesto, puramente teórico de llegar a considerar el honorable tribunal que fuera procedente el reconocimiento de las pensiones de jubilación reclamadas, debe anotarse que no hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios”, es decir, nada se cuestionó en relación con el valor fijado por el a quo.
Esta Sala, en múltiples decisiones, ha precisado que no es suficiente manifestar en términos genéricos la inconformidad contra la sentencia recurrida; con la Ley 2ª de 1984, se hizo obligatorio para la parte que apela una providencia, la sustentación puntual, clara y suficiente, con las razones jurídicas o fácticas que lo distancian de la decisión, sin que ello implique, el establecimiento de fórmulas sacramentales o que la argumentación deba sujetarse a determinados parámetros. Sobre el particular se pueden consultar, entre otras, las sentencias del 14 de agosto de 2007 y 14 de septiembre de 2010, con radicados 28474 y 37614, respectivamente.
Debe reiterarse que según el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, incorporado en el artículo 66 A al C. P. T. y S. S., “la decisión de autos apelados deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”, y ello quiere decir que el ad quem debe limitarse a estudiar y resolver los puntos de inconformidad propuestos y debidamente sustentados, su decisión debe circunscribirse a esos aspectos, sin que se pueda extender a examinar temas diferentes, ni siquiera con el argumento de la conexidad entre la indexación y el derecho a la pensión, o que esos son temas accesorios, como lo dice el replicante, toda vez que se requiere de la manifestación expresa de la inconformidad en cada una de esas materias. Y no puede aceptarse, como lo propone el opositor, que el cuestionamiento que se hizo en el escrito de apelación, de “no adeudarle a los actores suma alguna que pueda ser indexada”, deba entenderse como controversia referida al monto de la mesada pensional, no de la fórmula para su actualización, pues así no se expresó en ese escrito.
En esa medida, no hay duda de que el tribunal incurrió en la infracción legal denunciada al revisar y modificar oficiosamente puntos no cuestionados expresamente por el recurrente. Por ello, en este específico aspecto se casará parcialmente la sentencia acusada.
Acusa la sentencia de “violar por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; en relación con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 33 de 1985; 278 y 75 del Decreto 3135 de 1968; 1º, 73 del Decreto 1848 de 1969; 19, 259 del CST, 8º de la Ley 153 de 1887; 1º, 11 del Decreto 1748 de 1995, 48, 53 y 230 de la Constitución Política”.
Señala que “la inconformidad con el fallo recurrido, está centrada en el alcance equivocado que le da al artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en tanto luego de transcribirlo y referirse a la Sentencia 23.425, concluye que los mismos, únicamente son procedentes cuando las pensiones se reconocen con fundamento en la Ley 100 de 1993 y no para las previstas en la Ley 33 de 1985, que es el caso de autos”; luego de transcribir el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, manifiesta que para su aplicación no tiene incidencia la normativa aplicable al caso de los demandantes, bien sea la Ley 100 de 1993 o la 33 de 1985, pues esa condena se deriva de la mora en el pago de las mesadas pensionales, argumento que en su sentir, se encuentra acorde con lo dispuesto por la Corte Constitucional, quien “al estudiar su constitucionalidad señaló que la correcta interpretación de la norma, indica que a partir del 1º de enero de 1994 en caso de mora en el pago de las pensiones a que se refiere la ley, vale decir, las pensiones de jubilación, la de vejez o la sustitución por causa de muerte que se presente después de esa fecha, el pensionado afectado tendrá derecho al pago de su mesada y a la tasa máxima del interés moratorio vigente, porque la mencionada norma tiene un carácter general, aplicable a todo tipo de pensiones, esto es, no interesa que una pensión esté o no sometida a la Ley 100 de 1993”.
El apoderado de la entidad bancaria señala que la conclusión del tribunal encuentra respaldo en la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral “en aquellos casos en que el trabajador reclama la pensión prevista en la Ley 33 de 1985, ordenamiento legal que no contempla el reconocimiento de estos intereses”; cita diversas sentencias de esta corporación y concluye que “el sentenciador de segunda instancia no incurrió en la interpretación errónea de las disposiciones legales relacionadas en el cargo”.
Esta Sala de la Corte se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la improcedencia de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en los eventos de pensiones que no se conceden con sujeción a su normatividad integral; así lo ha definido en sentencias del 28 de noviembre de 2002, 24 de mayo de 2007, 1º de septiembre de 2009, 19 de octubre de 2011 y 20 de junio de 2012, con radicados 18273, 30325, 37045, 49152 y 51592, respectivamente. En la última se dijo:
“Tiene razón la censura en el reproche que le hace a la sentencia impugnada, habida consideración que la pensión que le fue reconocida al demandante no es de aquellas que se conceden con sujeción a la normatividad integral de la Ley 100 de 1993, que consagra el pago de intereses moratorios, sino que proviene de la aplicación del régimen anterior para los trabajadores oficiales conforme a la citada Ley 33 de 1985, así su base salarial se haya actualizado en virtud de lo previsto en la nueva ley de seguridad social.
“En el caso que se examina, la pensión reconocida proviene de la aplicación de la normatividad anterior a los trabajadores oficiales, esto es, la Ley 33 de 1985; de tal manera que resulta próspero el cargo y por tal razón habrá de casarse la sentencia impugnada en este aspecto.
“En sede de instancia, son suficientes las consideraciones expuestas en precedencia, para confirmar la absolución impuesta por el juez de primer grado, respecto de los intereses moratorios”.
De “manera subsidiaria”, denuncia la sentencia como violatoria de la ley, por la “vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 304, 305 y 306 del C. P. de C.; 25, 50 y 145 del C. P. del T. y de la S. S.; en relación con los artículos 14, 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, 13, 29, 48 y 53 de la Constitución Política y 1º de la Ley 33 de 1985”.
Como error de hecho señala el siguiente: “No dar por demostrado, estándolo que en las pretensiones 5, 9, 13 y 17 de la demanda, y de manera subsidiara a los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se solicitó la indexación de cada una de las diferencias pensionales dejadas de pagar a los demandantes, desde luego una vez indexada la primera mesada pensional”; asegura que el mismo se generó por “haber apreciado erróneamente la demanda con la cual se dio inicio al presente asunto y que descansa a folios 125 a 139”; aclara que lo pedido debe estudiarse en caso de que no prospere el cargo anterior, es decir, si se niegan los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Recaba que en las pretensiones 5, 9, 13 y 17 de la demanda inicial se solicitó para cada uno de los actores, de forma subsidiaria, la indexación de las mesadas dejadas de cancelar, desde el día de su exigibilidad hasta su pago; que el tribunal, al revocar los intereses moratorios debió estudiar la viabilidad de dichas pretensiones, por lo que omitió valorar correctamente la demanda, razón por la cual “salta a la vista que incurrió en el ostensible yerro fáctico individualizado en el ataque y con ello en la violación de la normativa señalada en la proposición jurídica”.
Resalta que “al remitirse al texto de las pretensiones quinta, novena, trece y diecisiete de la demanda que dio origen al proceso, no se encuentra que las mismas aluda a “indexación de cada una de las diferencias pensionales dejadas de pagar—” (resaltado original), razón por la cual “mal puede decirse que el tribunal haya incurrido en error fáctico alguno, cuando de la lectura de las mismas no se encuentra una petición relacionada con ese concepto específico”.
La Sala advierte que si los recurrentes consideraban que el ad quem omitió pronunciarse sobre las pretensiones subsidiarias de la indexación de las diferencias pensionales, al no haber prosperado lo relacionado con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, debieron solicitar la adición en el momento procesal adecuado, por medio de sentencia complementaria, en los términos de los artículos 310 y 311 del C. de P. C., aplicables en laboral. En todo caso, como el tribunal confirmó la sentencia de primer grado “en todo lo demás”; debe entenderse que incluía el numeral segundo de la sentencia del juzgado que absolvió “a la demandada de las demás peticiones incoadas en su contra”.
Por lo anterior se deduce que el ad quem no incurrió de modo manifiesto en el error de hecho que se le endilga ni en la infracción legal aludida.
Sobre el tema, la Sala en sentencia del 26 de junio de 2012, Radicado 45731, indicó:
“En ese sentido, bien pudo el recurrente acudir al remedio procesal de la complementación de la sentencia del tribunal, para que esa corporación se pronunciara sobre uno de los extremos de la litis, como estudiar la pretensión subsidiaria que atañe a la reliquidación de la indemnización sustitutiva, ante el fracaso de la reclamación principal, pues como bien lo tiene adoctrinado la Corte, el recurso de casación no es un medio alternativo que permita subsanar irregularidades como las cometidas por el sentenciador de segundo grado en el sub judice, para cuyo remedio tiene previsto el legislador otros mecanismos”.
Por las anteriores razones, el cargo no tiene éxito.
Dada la prosperidad del primer cargo formulado por los demandantes, se casará parcialmente la sentencia del 29 de mayo de 2008, en cuanto modificó el valor de las pensiones de los accionantes. No se casará en lo demás.
Como se explicó, el tribunal no podía modificar oficiosamente el valor de las pensiones de los extrabajadores del banco en la forma como lo dispuso el juez de primer grado; ello impide examinar el segundo cargo del banco, que pretendía que lo relevaran de la “indexación del salario promedio devengado por los actores”, con fundamento en que como “se desvincularon del Banco Popular en vigencia de la Ley 100 de 1993, la pensión respecto de las cuales se reclama la actualización del salario base de liquidación tiene su fundamento en la Ley 33 de 1985, ordenamiento legal que no contempla la indexación, la cual procedería, eventualmente, si se tratara de una de las pensiones previstas en el sistema general de pensiones establecido por el legislador de 1993”.
Todo lo relacionado con este planteamiento, queda resuelto con lo allí explicado.
Son suficientes las consideraciones expuestas en sede de casación, para confirmar parcialmente la sentencia del 6 de julio de 2006, proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, en cuanto toca con el valor asignado a las pensiones de los demandantes.
Sin costas en el recurso interpuesto por los demandantes y en valor de $6.000.000 a cargo del banco demandado, por cuanto el de este último no prosperó.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el 29 de mayo de 2008, en cuanto modificó el valor asignado por el juez de primer grado, a las pensiones de los demandantes, en el proceso ordinario que Gerardo González Garay, Alberto de Jesús Ospina, Félix Eduardo Acevedo Franco y Gloria Amparo Rueda Villamizar instauraron contra el Banco Popular S. A. No la casa en lo demás.
En sede de instancia, se confirma el valor allí asignado a las pensiones de los demandantes, en la sentencia del 6 de julio de 2006, proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá.

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 141
 artículo 66
 artículo 36
 artículo 66
 artículo 35
 artículo 66
 artículo 141
 artículo 36
 artículo 141
 artículo 141
 artículo 141
 artículo 141
 artículo 141
 artículo 141