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Timestamp: 2020-02-24 06:04:13+00:00

Document:
Fecha: 24-09-1993
Fecha de Publicación: 20-10-1993
Marginal : 69726882
La autorizaciÃ³n concedida al Gobierno por la disposiciÃ³n adicional novena de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de adecuaciÃ³n de determinados conceptos impositivos a las Directivas y Reglamentos de las Comunidades Europeas, para elaborar y aprobar, durante el aÃ±o 1992, un nuevo Texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados, ha sido prorrogada para el aÃ±o 1993 por la disposiciÃ³n adicional tercera de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido que, al mismo tiempo, extiende la autorizaciÃ³n a regularizar, aclarar y armonizar las disposiciones legales relativas al Impuesto.
En cumplimiento de este mandato se ha redactado el presente Texto refundido, en el que se recogen los preceptos del aprobado por el Real Decreto Legislativo 3.050/1980, de 30 de diciembre, con las modificaciones que en el mismo se han ido introduciendo por las distintas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, por la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de RÃ©gimen Fiscal de Determinados Activos Financieros, por la Ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, por la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de SupresiÃ³n de Tasas Judiciales, por el Real Decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales, por la Ley 29/1987, de 18 de diciembre del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y por la citada Ley 29/1991. Del mismo modo, el nuevo texto incorpora otras disposiciones que, especialmente en materia de beneficios fiscales, afectaban a la regulaciÃ³n del Texto refundido hasta ahora vigente, armonizando su contenido.
En su virtud, a propuesta del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 24 de septiembre de 1993,
Se aprueba el presente Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados.
[encabezado]TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÃDICOS DOCUMENTADOS
1. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados es un tributo de naturaleza indirecta que, en los tÃ©rminos establecidos en los artÃ­culos siguientes, gravarÃ¡:
1.Âº Las transmisiones patrimoniales onerosas.
2.Âº Las operaciones societarias.
3.Âº Los actos jurÃ­dicos documentados.
2. En ningÃºn caso, un mismo acto podrÃ¡ ser liquidado por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas y por el de operaciones societarias.
1. El impuesto se exigirÃ¡ con arreglo a la verdadera naturaleza jurÃ­dica del acto o contrato liquidable, cualquiera que sea la denominaciÃ³n que las partes le hayan dado, prescindiendo de los defectos, tanto de forma como intrÃ­nsecos, que puedan afectar a su validez y eficacia.
2. En los actos o contratos en que medie alguna condiciÃ³n, su calificaciÃ³n se harÃ¡ con arreglo a las prescripciones contenidas en el CÃ³digo Civil. Si fuere suspensiva no se liquidarÃ¡ el impuesto hasta que Ã©sta se cumpla, haciÃ©ndose constar el aplazamiento de la liquidaciÃ³n en la inscripciÃ³n de bienes en el registro pÃºblico correspondiente. Si la condiciÃ³n fuere resolutoria, se exigirÃ¡ el impuesto, desde luego, a reserva, cuando la condiciÃ³n se cumpla, de hacer la oportuna devoluciÃ³n segÃºn las reglas del artÃ­culo 57.
Para la calificaciÃ³n jurÃ­dica de los bienes sujetos al impuesto por razÃ³n de su distinta naturaleza, destino, uso o aplicaciÃ³n, se estarÃ¡ a lo que respecto al particular dispone el CÃ³digo Civil o, en su defecto, el Derecho Administrativo.
Se considerarÃ¡n bienes inmuebles, a efectos del impuesto, las instalaciones de cualquier clase establecidas con carÃ¡cter permanente, siquiera por la forma de su construcciÃ³n sean transportables, y aun cuando el terreno sobre el que se hallen situadas no pertenezca al dueÃ±o de los mismos.
A una sola convenciÃ³n no puede exigÃ­rsele mÃ¡s que el pago de un solo derecho, pero cuando un mismo documento o contrato comprenda varias convenciones sujetas al impuesto separadamente, se exigirÃ¡ el derecho seÃ±alado a cada una de aquÃ©llas, salvo en los casos en que se determine expresamente otra cosa.
1. Los bienes y derechos transmitidos quedarÃ¡n afectos, cualquiera que sea su poseedor, a la responsabilidad del pago de los impuestos que graven tales transmisiones, salvo que aquÃ©l resulte ser un tercero protegido por la fe pÃºblica registral o se justifique la adquisiciÃ³n de los bienes con buena fe y justo tÃ­tulo en establecimiento mercantil o industrial en el caso de bienes muebles no inscribibles. La afecciÃ³n la harÃ¡n constar los notarios por medio de la oportuna advertencia en los documentos que autoricen. No se considerarÃ¡ protegido por la fe pÃºblica registral el tercero cuando en el Registro conste expresamente la afecciÃ³n.
2. Siempre que la Ley conceda una exenciÃ³n o reducciÃ³n cuya definitiva efectividad dependa del ulterior cumplimiento por el contribuyente de cualquier requisito por aquÃ©lla exigido, la oficina liquidadora harÃ¡ figurar en la nota en que el beneficio fiscal se haga constar el total importe de la liquidaciÃ³n que hubiere debido girarse de no mediar la exenciÃ³n o reducciÃ³n concedida.
Los Registradores de la Propiedad o Mercantiles harÃ¡n constar por nota marginal la afecciÃ³n de los bienes transmitidos, cualquiera que fuese su titular, al pago del expresado importe, para el caso de no cumplirse en los plazos seÃ±alados por la Ley que concediÃ³ los beneficios, los requisitos en ella exigidos para la definitiva efectividad de los mismos.
3. Igualmente harÃ¡n constar, por nota marginal, en los casos de desmembraciÃ³n del dominio, la afecciÃ³n de los bienes al pago de la liquidaciÃ³n que proceda por la extinciÃ³n del usufructo, a cuyo efecto las oficinas liquidadoras consignarÃ¡n la que provisionalmente, y sin perjuicio de la rectificaciÃ³n, procediere, segÃºn las bases y tipos aplicables en el momento de la constituciÃ³n del usufructo.
[encabezado]Ãmbito de aplicaciÃ³n territorial del impuesto
1. El impuesto se exigirÃ¡:
A) Por las transmisiones patrimoniales onerosas de bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza, que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio espaÃ±ol o en territorio extranjero, cuando, en este Ãºltimo supuesto, el obligado al pago del impuesto tenga su residencia en EspaÃ±a. No se exigirÃ¡ el impuesto por las transmisiones patrimoniales de bienes y derechos de naturaleza inmobiliaria, sitos en territorio extranjero, ni por las transmisiones patrimoniales de bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza que, efectuadas en territorio extranjero, hubieren de surtir efectos fuera del territorio espaÃ±ol.
a) Que tengan en EspaÃ±a la sede de direcciÃ³n efectiva, entendiÃ©ndose como tal el lugar donde estÃ© centralizada de hecho la gestiÃ³n administrativa y la direcciÃ³n de los negocios.
b) Que tengan en EspaÃ±a su domicilio social, siempre que la sede de direcciÃ³n efectiva no se encuentre situada en un Estado miembro de la Comunidad EconÃ³mica Europea o, estÃ¡ndolo, dicho Estado no grave la operaciÃ³n societaria con un impuesto similar.
c) Que realicen en EspaÃ±a operaciones de su trÃ¡fico, cuando su sede de direcciÃ³n efectiva y su domicilio social no se encuentren situados en un Estado miembro de la Comunidad EconÃ³mica Europea o, estÃ¡ndolo, estos Estados no graven la operaciÃ³n societaria con un impuesto similar.
C) Por los actos jurÃ­dicos documentados que se formalicen en territorio nacional y por los que habiÃ©ndose formalizado en el extranjero surtan cualquier efecto, jurÃ­dico o econÃ³mico, en EspaÃ±a.
2. Lo dispuesto en este artÃ­culo se entenderÃ¡ sin perjuicio de los regÃ­menes forales de Concierto y Convenio EconÃ³mico vigentes en los Territorios histÃ³ricos del PaÃ­s Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente, y de lo dispuesto en los Tratados o Convenios Internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno.
[encabezado]Hecho imponible
A) Las transmisiones onerosas por actos Â«inter vivosÂ» de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas.
B) La constituciÃ³n de derechos reales, prÃ©stamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas, salvo cuando estas Ãºltimas tengan por objeto la cesiÃ³n del derecho a utilizar inmuebles o instalaciones en puertos y aeropuertos.
Se liquidarÃ¡ como constituciÃ³n de derechos la ampliaciÃ³n posterior de su contenido que implique para su titular un incremento patrimonial, el cual servirÃ¡ de base para la exigencia del tributo.
2. Se considerarÃ¡n transmisiones patrimoniales a efectos de liquidaciÃ³n y pago del impuesto:
A) Las adjudicaciones en pago y para pago de deudas. Los adjudicatarios para pago de deudas que acrediten haber transmitido al acreedor en solvencia de su crÃ©dito, dentro del plazo de dos aÃ±os, los mismos bienes o derechos que les fueron adjudicados y los que justifiquen haberlos transmitido a un tercero para este objeto, dentro del mismo plazo, podrÃ¡n exigir la devoluciÃ³n del impuesto satisfecho por tales adjudicaciones.
B) Los excesos de adjudicaciÃ³n declarados, salvo los que surjan de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artÃ­culos 821, 829, 1.056 (segundo) y 1.062 (primero) del CÃ³digo Civil y Disposiciones de Derecho Foral, basadas en el mismo fundamento.
En las sucesiones por causa de muerte se liquidarÃ¡n como transmisiones patrimoniales onerosas los excesos de adjudicaciÃ³n cuando el valor comprobado de lo adjudicado a uno de los herederos o legatarios exceda del 50 por 100 del valor que les corresponderÃ­a en virtud de su tÃ­tulo, salvo en el supuesto de que los valores declarados sean iguales o superiores a los que resultarÃ­an de la aplicaciÃ³n de las reglas del Impuesto sobre el Patrimonio.
C) Los expedientes de dominio, las actas de notoriedad, las actas complementarias de documentos pÃºblicos a que se refiere el TÃ­tulo VI de la Ley Hipotecaria y las certificaciones expedidas a los efectos del artÃ­culo 206 de la misma Ley, a menos que se acredite haber satisfecho el impuesto o la exenciÃ³n o no sujeciÃ³n por la transmisiÃ³n, cuyo tÃ­tulo se supla con ellos y por los mismos bienes que sean objeto de unos u otras, salvo en cuanto a la prescripciÃ³n cuyo plazo se computarÃ¡ desde la fecha del expediente, acta o certificaciÃ³n.
3. Las condiciones resolutorias explÃ­citas de las compraventas a que se refiere el artÃ­culo 11 de la Ley Hipotecaria se equipararÃ¡n a las hipotecas que garanticen el pago del precio aplazado con la misma finca vendida. Las condiciones resolutorias explÃ­citas que garanticen el pago del precio aplazado en las transmisiones empresariales de bienes inmuebles sujetas y no exentas al Impuesto sobre el Valor AÃ±adido no tributarÃ¡n ni en este Impuesto ni en el de Transmisiones Patrimoniales. El mismo rÃ©gimen se aplicarÃ¡ a las hipotecas que garanticen el precio aplazado en las transmisiones empresariales de bienes inmuebles constituidas sobre los mismos bienes transmitidos.
4. A los efectos de este impuesto, los contratos de aparcerÃ­a y los de subarriendo se equipararÃ¡n a los de arrendamiento.
5. No estarÃ¡n sujetas al concepto de Â«transmisiones patrimoniales onerosasÂ», regulado en el presente TÃ­tulo, las operaciones enumeradas anteriormente cuando sean realizadas por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor AÃ±adido. No obstante, quedarÃ¡n sujetas a dicho concepto impositivo las entregas o arrendamientos de bienes inmuebles, asÃ­ como la constituciÃ³n y transmisiÃ³n de derechos reales de uso y disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando gocen de exenciÃ³n en el Impuesto sobre el Valor AÃ±adido. TambiÃ©n quedarÃ¡n sujetas las entregas de aquellos inmuebles que estÃ©n incluidos en la transmisiÃ³n de la totalidad de un patrimonio empresarial, cuando por las circunstancias concurrentes la transmisiÃ³n de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto sobre el Valor AÃ±adido.
[encabezado]Sujeto pasivo
EstarÃ¡ obligado al pago del Impuesto a tÃ­tulo de contribuyente, y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes en contrario:
b) En los expedientes de dominio, las actas de notoriedad, las actas complementarias de documentos pÃºblicos y las certificaciones a que se refiere el artÃ­culo 206 de la Ley Hipotecaria, la persona que los promueva, y en los reconocimentos de dominio hechos a favor de persona determinada, Ã©sta Ãºltima.
c) En la constituciÃ³n de derechos reales, aquÃ©l a cuyo favor se realice este acto.
d) En la constituciÃ³n de prÃ©stamos de cualquier naturaleza, el prestatario.
e) En la constituciÃ³n de fianzas, el acreedor afianzado.
f) En la constituciÃ³n de arrendamientos, el arrendatario.
g) En la constituciÃ³n de pensiones, el pensionista.
h) En la concesiÃ³n administrativa, el concesionario; en los actos y contratos administrativos equiparados a la concesiÃ³n, el beneficiario.
1. SerÃ¡n subsidiariamente responsables del pago del impuesto:
a) En la constituciÃ³n de prÃ©stamos, el prestamista si percibiera total o parcialmente los intereses o el capital o la cosa prestada, sin haber exigido al prestatario justificaciÃ³n de haber satisfecho este impuesto.
b) En la constituciÃ³n de arrendamientos, el arrendador, si hubiera percibido el primer plazo de renta sin exigir al arrendatario igual justificaciÃ³n.
2. Asimismo, responderÃ¡ del pago del impuesto de forma subsidiaria el funcionario que autorizase el cambio de sujeto pasivo de cualquier tributo estatal, autonÃ³mico o local, cuando tal cambio suponga directa o indirectamente una transmisiÃ³n gravada por el presente impuesto y no hubiera exigido previamente la justificaciÃ³n del pago del mismo.
[encabezado]Base imponible
1. La base imponible estÃ¡ constituida por el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda. Unicamente serÃ¡n deducibles las cargas que disminuyan el valor real de los bienes, pero no las deudas aunque estÃ©n garantizadas con prenda o hipoteca.
2. En particular, serÃ¡n de aplicaciÃ³n las normas contenidas en los apartados siguientes:
a) El valor del usufructo temporal se reputarÃ¡ proporcional al valor total de los bienes, en razÃ³n del 2 por 100 por cada perÃ­odo de un aÃ±o, sin exceder del 70 por 100.
En los usufructos vitalicios se estimarÃ¡ que el valor es igual al 70 por 100 del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de veinte aÃ±os, minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporciÃ³n de un 1 por 100 menos por cada aÃ±o mÃ¡s con el lÃ­mite mÃ­nimo del 10 por 100 del valor total.
El usufructo constituido a favor de una persona jurÃ­dica si se estableciera por plazo superior a treinta aÃ±os o por tiempo indeterminado se considerarÃ¡ fiscalmente como transmisiÃ³n de plena propiedad sujeta a condiciÃ³n resolutoria.
El valor del derecho de nuda propiedad se computarÃ¡ por la diferencia entre el valor del usufructo y el valor total de los bienes. En los usufructos vitalicios que, a su vez, sean temporales, la nuda propiedad se valorarÃ¡ aplicando, de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menor valor.
b) El valor de los derechos reales de uso y habitaciÃ³n serÃ¡ el que resulte de aplicar al 75 por 100 del valor de los bienes sobre los que fueron impuestos, las reglas correspondientes a la valoraciÃ³n de los usufructos temporales o vitalicios, segÃºn los casos.
c) Las hipotecas, prendas y anticresis se valorarÃ¡n en el importe de la obligaciÃ³n o capital garantizado, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otro concepto anÃ¡logo. Si no constare expresamente el importe de la cantidad garantizada, se tomarÃ¡ por base el capital y tres aÃ±os de intereses.
d) Los derechos reales no incluidos en apartados anteriores se imputarÃ¡n por el capital, precio o valor que las partes hubiesen pactado al constituirlos, si fuere igual o mayor que el que resulte de la capitalizaciÃ³n al interÃ©s bÃ¡sico del Banco de EspaÃ±a de la renta o pensiÃ³n anual, o Ã©ste si aquÃ©l fuere menor.
e) En los arrendamientos servirÃ¡ de base la cantidad total que haya de satisfacerse por todo el perÃ­odo de duraciÃ³n del contrato; cuando no constase aquÃ©l, se girarÃ¡ la liquidaciÃ³n computÃ¡ndose seis aÃ±os, sin perjuicio de las liquidaciones adicionales que deban practicarse, caso de continuar vigente despuÃ©s del expresado perÃ­odo temporal; en los contratos de arrendamiento de fincas urbanas sujetas a prÃ³rroga forzosa se computarÃ¡, como mÃ­nimo, un plazo de duraciÃ³n de tres aÃ±os.
f) La base imponible de las pensiones se obtendrÃ¡ capitalizÃ¡ndolas al interÃ©s bÃ¡sico del Banco de EspaÃ±a y tomando del capital resultante aquella parte que, segÃºn las reglas establecidas para valorar los usufructos, corresponda a la edad del pensionista, si la pensiÃ³n es vitalicia, o a la duraciÃ³n de la pensiÃ³n si es temporal. Cuando el importe de la pensiÃ³n no se cuantifique en unidades monetarias, la base imponible se obtendrÃ¡ capitalizando el importe anual del salario mÃ­nimo interprofesional.
g) En las transmisiones de valores que se negocien en un mercado secundario oficial, el valor de cotizaciÃ³n del dÃ­a en que tenga lugar la adquisiciÃ³n o, en su defecto, la del primer dÃ­a inmediato anterior en que se hubiesen negociado, dentro del trimestre inmediato precedente.
h) En las actas de notoriedad que se autoricen para inscripciÃ³n de aguas destinadas al riego, tanto en el Registro de la Propiedad como en los Administrativos, servirÃ¡ de base la capitalizaciÃ³n al 16 por 100 de la riqueza imponible asignada a las tierras que con tales aguas se beneficien.
i) En los contratos de aparcerÃ­a de fincas rÃºsticas, servirÃ¡ de base el 3 por 100 del valor catastral asignado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a la finca objeto del contrato, multiplicado por el nÃºmero de aÃ±os de duraciÃ³n del contrato.
j) En los prÃ©stamos sin otra garantÃ­a que la personal del prestatario, en los asegurados con fianza y en los contratos de reconocimiento de deudas y de depÃ³sito retribuido, el capital de la obligaciÃ³n o valor de la cosa depositada. En las cuentas de crÃ©dito, el que realmente hubiese utilizado el prestatario. En los prÃ©stamos garantizados con prenda, hipoteca o anticresis, se observarÃ¡ lo dispuesto en el pÃ¡rrafo c) de este artÃ­culo.
[encabezado]Cuota tributaria
1. La cuota tributaria se obtendrÃ¡ aplicando sobre la base liquidable los siguientes tipos, sin perjuicio de lo establecido en el artÃ­culo siguiente:
a) El 6 por 100, si se trata de la transmisiÃ³n de inmuebles, asÃ­ como la constituciÃ³n y cesiÃ³n de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantÃ­a.
b) El 4 por 100, si se trata de la transmisiÃ³n de bienes muebles y semovientes, asÃ­ como la constituciÃ³n y cesiÃ³n de derechos reales sobre los mismos, salvo los derechos reales de garantÃ­a.
Se aplicarÃ¡ este tipo igualmente a cualquier otro acto sujeto no comprendido en los demÃ¡s pÃ¡rrafos de este apartado.
La transmisiÃ³n de valores tributarÃ¡, en todo caso, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artÃ­culo 12 de esta Ley.
c) El 1 por 100, si se trata de la constituciÃ³n de derechos reales de garantÃ­a, pensiones, fianzas o prÃ©stamos, incluso los representados por obligaciones, asÃ­ como la cesiÃ³n de crÃ©ditos de cualquier naturaleza.
2. Cuando un mismo acto o contrato comprenda bienes muebles e inmuebles sin especificaciÃ³n de la parte de valor que a cada uno de ellos corresponda, se aplicarÃ¡ el tipo de gravamen de los inmuebles.
1. PodrÃ¡ satisfacerse la deuda tributaria mediante la utilizaciÃ³n de efectos timbrados en los arrendamientos de fincas urbanas, segÃºn la siguiente escala:
De 1.280.000 en adelante, cuatro pesetas por cada 1.000 o fracciÃ³n.
2. El impuesto se liquidarÃ¡ en metÃ¡lico y con arreglo a la citada escala de gravamen cuando en la constituciÃ³n de arrendamientos no se utilicen efectos timbrados para obtener la cuota tributaria.
3. La transmisiÃ³n de valores tributarÃ¡ segÃºn la siguiente escala:
Exceso: 11 pesetas por 10.000 o fracciÃ³n.
[encabezado]Reglas especiales
1. Las concesiones administrativas tributarÃ¡n, en todo caso, como constituciÃ³n de derechos, al tipo de gravamen establecido en el artÃ­culo 11 b), cualesquiera que sean su naturaleza, duraciÃ³n y los bienes sobre los que recaigan.
2. Se equipararÃ¡n a las concesiones administrativas, a los efectos del Impuesto, los actos y negocios administrativos, cualquiera que sea su modalidad o denominaciÃ³n, por lo que, como consecuencia del otorgamiento de facultades de gestiÃ³n de servicios pÃºblicos o de la atribuciÃ³n del uso privativo o del aprovechamiento especial de bienes de dominio o uso pÃºblico, se origine un desplazamiento patrimonial en favor de particulares.
3. Como norma general, para determinar la base imponible, el valor real del derecho originado por la concesiÃ³n se fijarÃ¡ por la aplicaciÃ³n de la regla o reglas que, en atenciÃ³n a la naturaleza de las obligaciones impuestas al concesionario, resulten aplicables de las que se indican a continuaciÃ³n:
a) Si la AdministraciÃ³n seÃ±alase una cantidad total en concepto de precio o canon que deba satisfacer el concesionario, por el importe de la misma.
b) Si la AdministraciÃ³n seÃ±alase un canon, precio, participaciÃ³n o beneficio mÃ­nimo que deba satisfacer el concesionario periÃ³dicamente y la duraciÃ³n de la concesiÃ³n no fuese superior a un aÃ±o, por la suma total de las prestaciones periÃ³dicas. Si la duraciÃ³n de la concesiÃ³n fuese superior al aÃ±o, capitalizando al 10 por 100 la cantidad anual que satisfaga el concesionario.
Cuando para la aplicaciÃ³n de esta regla hubiese que capitalizar una cantidad anual que fuese variable como consecuencia, exclusivamente, de la aplicaciÃ³n de clÃ¡usulas de revisiÃ³n de precios que tomen como referencia Ã­ndices objetivos de su evoluciÃ³n, se capitalizarÃ¡ la correspondiente al primer aÃ±o. Si la variaciÃ³n dependiese de otras circunstancias, cuya razÃ³n matemÃ¡tica se conozca en el momento del otorgamiento de la concesiÃ³n, la cantidad a capitalizar serÃ¡ la media anual de las que el concesionario deba de satisfacer durante la vida de la concesiÃ³n.
c) Cuando el concesionario estÃ© obligado a revertir a la AdministraciÃ³n bienes determinados, se computarÃ¡ el valor del Fondo de ReversiÃ³n que aquÃ©l deba constituir en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, o norma que le sustituya.
4. En los casos especiales en los que, por la naturaleza de la concesiÃ³n, la base imponible no pueda fijarse por las reglas del apartado anterior, se determinarÃ¡ ajustÃ¡ndose a las siguientes reglas:
a) Aplicando al valor de los activos fijos afectos a la explotaciÃ³n, uso o aprovechamiento de que se trate, un porcentaje del 2 por 100 por cada aÃ±o de duraciÃ³n de la concesiÃ³n, con el mÃ­nimo del 10 por 100 y sin que el mÃ¡ximo pueda exceder del valor de los activos.
b) A falta de la anterior valoraciÃ³n, se tomarÃ¡ la seÃ±alada por la respectiva AdministraciÃ³n PÃºblica.
c) En defecto de las dos reglas anteriores, por el valor declarado por los interesados, sin perjuicio del derecho de la AdministraciÃ³n para proceder a su comprobaciÃ³n por los medios del artÃ­culo 52 de la Ley General Tributaria.
1. Al consolidarse el dominio, el nudo propietario tributarÃ¡ por este impuesto atendiendo al valor del derecho que ingrese en su patrimonio.
2. Las promesas y opciones de contratos sujetos al impuesto serÃ¡n equiparadas a Ã©stos, tomÃ¡ndose como base el precio especial convenido, y a falta de Ã©ste, o si fuere menor, el 5 por 100 de la base aplicable a dichos contratos.
3. En las transmisiones de bienes y derechos con clÃ¡usula de retro, servirÃ¡ de base el precio declarado si fuese igual o mayor que los dos tercios del valor comprobado de aquÃ©llos. En la transmisiÃ³n del derecho a retraer, la tercera parte de dicho valor, salvo que el precio declarado fuese mayor. Cuando se ejercite el derecho de retracto servirÃ¡ de base las dos terceras partes del valor comprobado de los bienes y derechos retraÃ­dos, siempre que sea igual o mayor al precio de la retrocesiÃ³n.
4. En la constituciÃ³n de los censos enfitÃ©uticos y reservativos, sin perjuicio de la liquidaciÃ³n por este concepto, se girarÃ¡ la correspondiente a la cesiÃ³n de los bienes por el valor que tengan, deduciendo el capital de aquÃ©llos.
5. En las transacciones se liquidarÃ¡ el impuesto segÃºn el tÃ­tulo por el cual se adjudiquen, declaren o reconozcan los bienes o derechos litigiosos, y si aquÃ©l no constare, por el concepto de transmisiÃ³n onerosa.
6. Cuando en las cesiones de bienes a cambio de pensiones vitalicias o temporales, la base imponible a efectos de la cesiÃ³n sea superior en mÃ¡s del 20 por 100 y en 2.000.000 de pesetas a la de la pensiÃ³n, la liquidaciÃ³n a cargo del cesionario de los bienes se girarÃ¡ por el valor en que ambas bases coincidan y por la diferencia se le practicarÃ¡ otra por el concepto de donaciÃ³n.
7. Cuando en las transmisiones onerosas por actos Â«inter vivosÂ» de bienes y derechos, el valor comprobado a efectos de la modalidad de Â«transmisiones patrimoniales onerosasÂ» exceda del consignado por las partes en el correspondiente documento en mÃ¡s del 20 por 100 de Ã©ste y dicho exceso sea superior a 2.000.000 de pesetas, Ã©ste Ãºltimo sin perjuicio de la tributaciÃ³n que corresponda por la modalidad expresada, tendrÃ¡ para el transmitente y para el adquirente las repercusiones tributarias de los incrementos patrimoniales derivados de transmisiones a tÃ­tulo lucrativo.
1. La constituciÃ³n de las fianzas y de los derechos de hipoteca, prenda y anticresis, en garantÃ­a de un prÃ©stamo, tributarÃ¡n exclusivamente por el concepto de prÃ©stamo.
2. Se liquidarÃ¡n como prÃ©stamos personales las cuentas de crÃ©dito, el reconocimiento de deuda y el depÃ³sito retribuido.
La subrogaciÃ³n en los derechos del acreedor prendario, hipotecario o anticrÃ©tico se considerarÃ¡ como transmisiÃ³n de derechos y tributarÃ¡ por el tipo establecido en el pÃ¡rrafo c) del apartado 1 del artÃ­culo 11.
1. En la transmisiÃ³n de crÃ©ditos o derechos mediante cuyo ejercicio hayan de obtenerse bienes determinados y de posible estimaciÃ³n se exigirÃ¡ el impuesto por iguales conceptos y tipos que las que se efectÃºen de los mismos bienes y derechos.
2. Las transmisiones de valores, admitidos o no a negociaciÃ³n en un mercado secundario oficial, que queden exentas de tributar como tales, bien en el Impuesto sobre el Valor AÃ±adido o bien en la modalidad de Â«transmisiones patrimoniales onerosasÂ» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados, asÃ­ como su adquisiciÃ³n en los mercados primarios como consecuencia del ejercicio de los derechos de suscripciÃ³n preferente y de conversiÃ³n de obligaciones en acciones, tributarÃ¡n por la citada modalidad, como transmisiones onerosas de bienes inmuebles, en los casos y con las condiciones que establece el artÃ­culo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
1. Todas las transmisiones empresariales de bienes inmuebles sujetas y no exentas al Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, se liquidarÃ¡n sin excepciÃ³n por dicho tributo, sin perjuicio de lo previsto en el artÃ­culo 27 respecto al gravamen sobre Actos JurÃ­dicos Documentados.
Lo dispuesto anteriormente serÃ¡ aplicable cuando se renuncie a la aplicaciÃ³n de la exenciÃ³n en el Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, conforme a lo previsto en este Impuesto.
2. Si a pesar de lo dispuesto en el nÃºmero anterior se efectuara la autoliquidaciÃ³n por la modalidad de Â«transmisiones patrimoniales onerosasÂ» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados, ello no eximirÃ¡ en ningÃºn caso a los sujetos pasivos sometidos al Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, de sus obligaciones tributarias por este concepto, sin perjuicio del derecho a la devoluciÃ³n de los ingresos indebidos a que hubiese lugar, en su caso, por la referida modalidad de Â«transmisiones patrimoniales onerosasÂ».
1.Âº La constituciÃ³n, aumento y disminuciÃ³n de capital, fusiÃ³n, escisiÃ³n y disoluciÃ³n de sociedades.
2.Âº Las aportaciones que efectÃºen los socios para reponer pÃ©rdidas sociales.
3.Âº El traslado a EspaÃ±a de la sede de direcciÃ³n efectiva o del domicilio social de una sociedad, cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado miembro de la Comunidad EconÃ³mica Europea, o en Ã©stos la entidad no hubiese sido gravada por un impuesto similar al regulado en el presente TÃ­tulo.
2. No estarÃ¡ sujeta la ampliaciÃ³n de capital que se realice con cargo a la reserva constituida exclusivamente por prima de emisiÃ³n de acciones.
Las entidades que realicen, a travÃ©s de sucursales o establecimientos permanentes, operaciones de su trÃ¡fico en territorio espaÃ±ol y cuyo domicilio social y sede de direcciÃ³n efectiva se encuentren en paÃ­ses no pertenecientes a la Comunidad EconÃ³mica Europea, o encontrÃ¡ndose en Ã©stos no estuviesen sometidas a un gravamen anÃ¡logo al que es objeto del presente TÃ­tulo, vendrÃ¡n obligadas a tributar, por los mismos conceptos y en las mismas condiciones que las espaÃ±olas, por la parte de capital que destinen a dichas operaciones.
A los efectos del gravamen sobre operaciones societarias tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de operaciones de fusiÃ³n y escisiÃ³n las definidas en los apartados 1, 2 y 3 del artÃ­culo 2 de la Ley 29/1991, de adecuaciÃ³n de determinados conceptos impositivos a las Directivas y Reglamentos de las Comunidades Europeas.
A los efectos de este Impuesto se equipararÃ¡n a sociedades:
1.Âº Las personas jurÃ­dicas no societarias que persigan fines lucrativos.
2.Âº Los contratos de cuentas en participaciÃ³n.
3.Âº La copropiedad de buques.
4.Âº La comunidad de bienes, constituida por Â«actos inter vivosÂ», que realice actividades empresariales, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas.
5.Âº La misma comunidad constituida u originada por actos Â«mortis causaÂ», cuando continÃºe en rÃ©gimen de indivisiÃ³n la explotaciÃ³n del negocio del causante por un plazo superior a tres aÃ±os. La liquidaciÃ³n se practicarÃ¡, desde luego, sin perjuicio del derecho a la devoluciÃ³n que proceda si la comunidad se disuelve antes de transcurrir el referido plazo.
EstarÃ¡ obligado al pago del impuesto a tÃ­tulo de contribuyente y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes en contrario:
a) En la constituciÃ³n, aumento de capital, fusiÃ³n, escisiÃ³n, traslado de sede de direcciÃ³n efectiva o domicilio social y aportaciones de los socios para reponer pÃ©rdidas, la sociedad.
b) En la disoluciÃ³n de sociedades y reducciÃ³n de capital social, los socios, copropietarios, comuneros o partÃ­cipes por los bienes y derechos recibidos.
SerÃ¡n subsidiariamente responsables del pago del impuesto en la constituciÃ³n, aumento y reducciÃ³n de capital social, fusiÃ³n, escisiÃ³n, aportaciones de los socios para reponer pÃ©rdidas, disoluciÃ³n y traslado de la sede de direcciÃ³n efectiva o del domicilio social de sociedades, los promotores, administradores, o liquidadores de las mismas que hayan intervenido en el acto jurÃ­dico sujeto al impuesto, siempre que se hubieran hecho cargo del capital aportado o hubiesen entregado los bienes.
1. En la constituciÃ³n y aumento de capital de sociedades que limiten de alguna manera la responsabilidad de los socios, la base imponible coincidirÃ¡ con el importe nominal en que aquÃ©l quede fijado inicialmente o ampliado con adiciÃ³n de las primas de emisiÃ³n, en su caso, exigidas.
2. Cuando se trate de operaciones realizadas por sociedades distintas de las anteriores y en las aportaciones de los socios para reponer pÃ©rdidas sociales, la base imponible se fijarÃ¡ en el valor neto de la aportaciÃ³n, entendiÃ©ndose como tal el valor real de los bienes y derechos aportados minorado por las cargas y gastos que fueren deducibles y por el valor de las deudas que queden a cargo de la sociedad con motivo de la aportaciÃ³n.
3. En los traslados de sede de direcciÃ³n efectiva o de domicilio social, la base imponible coincidirÃ¡ con el haber lÃ­quido que la sociedad cuya sede de direcciÃ³n efectiva o domicilio social se traslada, tenga el dÃ­a en que se adopte el acuerdo.
4. En la escisiÃ³n y fusiÃ³n de sociedades, la base imponible se fijarÃ¡ atendiendo a la cifra de capital social del nuevo ente creado o al aumento de capital de la sociedad absorbente, con adiciÃ³n, en su caso, de las primas de emisiÃ³n.
5. En la disminuciÃ³n de capital y en la disoluciÃ³n, la base imponible coincidirÃ¡ con el valor real de los bienes y derechos entregados a los socios, sin deducciÃ³n de gastos y deudas.
La cuota tributaria se obtendrÃ¡ aplicando a la base liquidable el tipo de gravamen del 1 por 100.
Actos jurÃ­dicos documentados
[encabezado]Principios generales
1. Se sujetan a gravamen, en los tÃ©rminos que se previenen en los artÃ­culos siguientes:
2. El tributo se satisfarÃ¡ mediante cuotas variables o fijas, atendiendo a que el documento que se formalice, otorgue o expida, tenga o no por objeto cantidad o cosa valuable en algÃºn momento de su vigencia.
3. Los documentos notariales se extenderÃ¡n necesariamente en papel timbrado.
[encabezado]Documentos notariales
EstÃ¡n sujetas las escrituras, actas y testimonios notariales, en los tÃ©rminos que establece el artÃ­culo 31.
SerÃ¡ sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interÃ©s se expidan.
1. En las primeras copias de escrituras pÃºblicas que tengan por objeto directo cantidad o cosa valuable servirÃ¡ de base el valor declarado, sin perjuicio de la comprobaciÃ³n administrativa.
2. En las actas notariales se observarÃ¡ lo dispuesto en el apartado anterior, salvo en las de protesto, en las que la base imponible coincidirÃ¡ con la tercera parte del valor nominal del efecto protestado o de la cantidad que hubiese dado lugar al protesto.
3. Se entenderÃ¡ que el acto es de objeto no valuable cuando durante toda su vigencia, incluso en el momento de su extinciÃ³n, no pueda determinarse la cuantÃ­a de la base. Si Ã©sta no pudiese fijarse al celebrarse el acto, se exigirÃ¡ el impuesto como si se tratara de objeto no valuable, sin perjuicio de que la liquidaciÃ³n se complete cuando la cuantÃ­a quede determinada.
1. Las matrices y las copias de las escrituras y actas notariales, asÃ­ como los testimonios, se extenderÃ¡n en todo caso en papel timbrado de 50 pesetas por pliego, o 25 pesetas por folio, a elecciÃ³n del fedatario. Las copias simples no estarÃ¡n sujetas al impuesto.
2. Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil y de la Propiedad Industrial y no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los apartados 1 y 2 del artÃ­culo 1 de esta Ley, tributarÃ¡n, ademÃ¡s, al tipo de gravamen del 0,50 por 100, en cuanto a tales actos o contratos. Por el mismo tipo y mediante la utilizaciÃ³n de efectos timbrados tributarÃ¡n las copias de las actas de protesto.
Lo dispuesto en el artÃ­culo 31.1, serÃ¡ de aplicaciÃ³n a la segunda y sucesivas copias expedidas a nombre de un mismo otorgante.
[encabezado]Documentos mercantiles
1. EstÃ¡n sujetas las letras de cambio, los documentos que realicen funciÃ³n de giro o suplan a aquÃ©llas, los resguardos o certificados de depÃ³sitos transmisibles, asÃ­ como los pagarÃ©s, bonos, obligaciones y demÃ¡s tÃ­tulos anÃ¡logos emitidos en serie, por plazo no superior a dieciocho meses, representativos de capitales ajenos por los que se satisfaga una contraprestaciÃ³n establecida por diferencia entre el importe satisfecho por la emisiÃ³n y el comprometido a reembolsar al vencimiento.
2. Se entenderÃ¡ que un documento realiza funciÃ³n de giro cuando acredite remisiÃ³n de fondos o signo equivalente de un lugar a otro, o implique una orden de pago, aun en el mismo en que Ã©sta se haya dado, o en Ã©l figure la clÃ¡usula Â«a la ordenÂ».
1. EstarÃ¡ obligado al pago el librador, salvo que la letra de cambio se hubiese expedido en el extranjero, en cuyo caso lo estarÃ¡ su primer tenedor en EspaÃ±a.
2. SerÃ¡n sujetos pasivos del tributo que grave los documentos de giro o sustitutivos de las letras de cambio, asÃ­ como los resguardos de depÃ³sito y pagarÃ©s, bonos, obligaciones y tÃ­tulos anÃ¡logos emitidos en serie, las personas o entidades que los expidan.
SerÃ¡ responsable solidario del pago del impuesto toda persona o entidad que intervenga en la negociaciÃ³n o cobro de los efectos a que se refiere el artÃ­culo anterior.
1. En la letra de cambio servirÃ¡ de base la cantidad girada, y en los certificados de depÃ³sito, su importe nominal.
2. Cuando el vencimiento de las letras de cambio exceda de seis meses, contados a partir de la fecha de su emisiÃ³n, se exigirÃ¡ el impuesto que corresponda al duplo de la base.
Si en sustituciÃ³n de la letra de cambio que correspondiere a un acto o negocio jurÃ­dico se expidiesen dos o mÃ¡s letras, originando una disminuciÃ³n del impuesto, procederÃ¡ la adiciÃ³n de las bases respectivas, a fin de exigir la diferencia. No se considerarÃ¡ producido el expresado fraccionamiento cuando entre las fechas de vencimiento de los efectos exista una diferencia superior a quince dÃ­as o cuando se hubiere pactado documentalmente el cobro a plazos mediante giros escalonados.
3. Las reglas fijadas anteriormente serÃ¡n asimismo de aplicaciÃ³n a los documentos que realicen funciÃ³n de giro o suplan a las letras de cambio, con excepciÃ³n de la recogida en el primer pÃ¡rrafo del apartado 2 de este artÃ­culo.
4. En los pagarÃ©s, bonos, obligaciones y demÃ¡s tÃ­tulos anÃ¡logos, emitidos en serie, representantivos de capitales ajenos, por los que se satisfaga una contraprestaciÃ³n establecida por la diferencia entre el importe satisfecho en la emisiÃ³n y el comprometido a reembolsar al vencimiento, la base estarÃ¡ constituida por el importe del capital que la emisora se compromete a reembolsar.
1. Las letras de cambio se extenderÃ¡n necesariamente en el efecto timbrado de la clase que corresponda a su cuantÃ­a. La extensiÃ³n de la letra en efecto timbrado de cuantÃ­a inferior privarÃ¡ a estos documentos de la eficacia ejecutiva que les atribuyen las leyes. La tributaciÃ³n se llevarÃ¡ a cabo conforme a la siguiente escala:
Por lo que exceda de 32 millones de pesetas, a tres pesetas por cada mil o fracciÃ³n, que se liquidarÃ¡ siempre en metÃ¡lico. La falta de presentaciÃ³n a liquidaciÃ³n dentro del plazo implicarÃ¡ tambiÃ©n la pÃ©rdida de la fuerza ejecutiva que les atribuyen las leyes.
2. Los documentos que realicen una funciÃ³n de giro o suplan a las letras de cambio y los certificados de depÃ³sito tributarÃ¡n por la anterior escala de gravamen, mediante el empleo de timbre mÃ³vil.
3. El Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda podrÃ¡ autorizar el pago en metÃ¡lico, en sustituciÃ³n del empleo de efectos timbrados, cuando las caracterÃ­sticas del trÃ¡fico mercantil, o su proceso de mecanizaciÃ³n, asÃ­ lo aconsejen, adoptando las medidas oportunas para la perfecta identificaciÃ³n del documento y del ingreso correspondiente al mismo, sin que ello implique la pÃ©rdida de su eficacia ejecutiva.
4. Los pagarÃ©s, bonos, obligaciones y demÃ¡s tÃ­tulos anÃ¡logos, emitidos en serie por plazo no superior a dieciocho meses, representativos de capitales ajenos, por los que se satisfaga una contraprestaciÃ³n establecida por la diferencia entre el importe satisfecho en la emisiÃ³n y el comprometido a reembolsar al vencimiento, tributarÃ¡n al tipo de tres pesetas por cada mil o fracciÃ³n, que se liquidarÃ¡ en metÃ¡lico.
El Reglamento establecerÃ¡ la forma, estampaciÃ³n, especie, caracterÃ­sticas y numeraciÃ³n de los efectos timbrados, los casos y el procedimiento de obtener su timbrado directo, las condiciones para el canje de tales efectos, el modo de efectuar la inutilizaciÃ³n de los mismos y el empleo de mÃ¡quinas de timbrar.
1. El pago del impuesto en la expediciÃ³n de los documentos mercantiles cubre todas las clÃ¡usulas en ellos contenidas, en cuanto a su tributaciÃ³n por este concepto.
2. Las letras de cambio expedidas en el extranjero que surtan cualquier efecto jurÃ­dico o econÃ³mico en EspaÃ±a se reintegrarÃ¡n a metÃ¡lico por su primer tenedor en ella.
[encabezado]Documentos administrativos
EstÃ¡n sujetas:
1. La rehabilitaciÃ³n y transmisiÃ³n de grandezas y tÃ­tulos nobiliarios.
2. Las anotaciones preventivas que se practiquen en los Registros PÃºblicos, cuando tengan por objeto un derecho o interÃ©s valuable y no vengan ordenadas de oficio por la autoridad judicial.
EstarÃ¡n obligados al pago, en calidad de contribuyentes:
a) En las grandezas y tÃ­tulos nobiliarios, sus beneficiarios.
ServirÃ¡ de base en las anotaciones preventivas, el valor del derecho o interÃ©s que se garantice, publique o constituya.
La rehabilitaciÃ³n y transmisiÃ³n, sea por vÃ­a de sucesiÃ³n o cesiÃ³n, de grandezas y tÃ­tulos nobiliarios, asÃ­ como el reconocimiento de uso en EspaÃ±a de tÃ­tulos extranjeros, satisfarÃ¡n los derechos consignados en la escala adjunta.
Se considerarÃ¡n transmisiones directas las que tengan lugar entre ascendientes y descendientes o entre hermanos cuando la grandeza o el tÃ­tulo haya sido utilizado por alguno de los padres.
Se considerarÃ¡n transmisiones transversales las que tengan lugar entre personas no comprendidas en el pÃ¡rrafo anterior.
Se gravarÃ¡ la rehabilitaciÃ³n siempre que haya existido interrupciÃ³n en la posesiÃ³n de una grandeza o tÃ­tulo, cualquiera que sea la forma en que se produzca, pero sin que pueda liquidarse en cada supuesto mÃ¡s que un solo derecho al sujeto pasivo. Por esta misma escala tributarÃ¡ el derecho a usar en EspaÃ±a tÃ­tulos pontificios y los demÃ¡s extranjeros.
RehabilitaciÃ³n y reconocimiento
de tÃ­tulos extranjeros
1.Âª Por cada tÃ­tulo con grandeza
2.Âª Por cada grandeza sin tÃ­tulo
3.Âª Por cada tÃ­tulo sin grandeza
Las anotaciones preventivas que se practiquen en los Registros pÃºblicos tributarÃ¡n al tipo de gravamen del 0,50 por 100, que se liquidarÃ¡ a metÃ¡lico.
[encabezado]Beneficios fiscales
Los beneficios fiscales aplicables en cada caso a las tres modalidades de gravamen a que se refiere el artÃ­culo 1 de la presente Ley serÃ¡n los siguientes:
I. A) GozarÃ¡n de exenciÃ³n subjetiva:
b) Los establecimientos o fundaciones benÃ©ficos o culturales, de PrevisiÃ³n Social, docentes o de fines cientÃ­ficos, de carÃ¡cter particular, debidamente clasificados, siempre que los cargos de patronos o representantes legales de los mismos sean gratuitos y rindan cuentas a la AdministraciÃ³n.
El beneficio fiscal se concederÃ¡ o revocarÃ¡ para cada entidad por el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se determine. Las cajas de ahorro Ãºnicamente podrÃ¡n gozar de esta exenciÃ³n en cuanto a las adquisiciones directamente destinadas a sus obras sociales.
c) Las asociaciones declaradas de utilidad pÃºblica dedicadas a la protecciÃ³n, asistencia o integraciÃ³n social de la infancia, de la juventud, de la tercera edad, de personas con minusvalÃ­as fÃ­sicas o psÃ­quicas, marginadas, alcohÃ³licas, toxicÃ³manas o con enfermedades en fase terminal con los requisitos establecidos en el apartado b) anterior.
d) La Cruz Roja EspaÃ±ola.
B) EstarÃ¡n exentas:
1. Las transmisiones y demÃ¡s actos y contratos en que la exenciÃ³n resulte concedida por Tratados o Convenios Internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno.
2. Las transmisiones que se verifiquen en virtud de retracto legal, cuando el adquirente contra el cual se ejercite aquÃ©l hubiere satisfecho ya el impuesto.
3. Las aportaciones de bienes y derechos verificados por los cÃ³nyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de las mismas se verifiquen a su disoluciÃ³n y las transmisiones que por tal causa se hagan a los cÃ³nyuges en pago de su haber de gananciales.
4. Las entregas de dinero que constituyan el precio de bienes o se verifiquen en pago de servicios personales, de crÃ©ditos o indemnizaciones. Las actas de entrega de cantidades por las entidades financieras, en ejecuciÃ³n de escrituras de prÃ©stamo hipotecario, cuyo impuesto haya sido debidamente liquidado o declarada la exenciÃ³n procedente.
5. Los anticipos sin interÃ©s concedidos por el Estado y las Administraciones PÃºblicas, Territoriales e Institucionales.
6. Las transmisiones y demÃ¡s actos y contratos a que dÃ© lugar la concentraciÃ³n parcelaria, las de permuta forzosa de fincas rÃºsticas, las permutas voluntarias autorizadas por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, asÃ­ como las de acceso a la propiedad derivadas de la legislaciÃ³n de arrendamientos rÃºsticos y las adjudicaciones del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario a favor de agricultores en rÃ©gimen de cultivo personal y directo, conforme a su legislaciÃ³n especÃ­fica.
7. Las transmisiones de terrenos que se realicen como consecuencia de la aportaciÃ³n a las Juntas de CompensaciÃ³n por los propietarios de la unidad de ejecuciÃ³n y las adjudicaciones de solares que se efectÃºen a los propietarios citados, por las propias Juntas, en proporciÃ³n a los terrenos incorporados.
Los mismos actos y contratos a que dÃ© lugar la reparcelaciÃ³n en las condiciones seÃ±aladas en el pÃ¡rrafo anterior.
Esta exenciÃ³n estarÃ¡ condicionada al cumplimiento de todos los requisitos urbanÃ­sticos.
8. Los actos relativos a las garantÃ­as que presten los tutores en garantÃ­a del ejercicio de sus cargos.
9. Las transmisiones de valores, admitidos o no a negociaciÃ³n en un mercado secundario oficial, de conformidad con lo dispuesto en el artÃ­culo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
10. Las operaciones societarias a que se refiere el artÃ­culo 21 anterior, a las que sea aplicable el rÃ©gimen especial establecido en el TÃ­tulo I de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de adecuaciÃ³n de determinados conceptos impositivos a las Directivas y Reglamentos de las Comunidades Europeas.
11. Las operaciones societarias que se produzcan con motivo de las regularizaciones de balances, autorizadas por la AdministraciÃ³n.
12. La transmisiÃ³n de solares y la cesiÃ³n del derecho de superficie para la construcciÃ³n de edificios en rÃ©gimen de viviendas de protecciÃ³n oficial; las escrituras pÃºblicas otorgadas para formalizar actos y contratos relacionados con viviendas de protecciÃ³n oficial en cuanto al gravamen sobre actos jurÃ­dicos documentados; la primera transmisiÃ³n Â«inter vivosÂ» del dominio de las viviendas de protecciÃ³n oficial, siempre que tenga lugar dentro de los seis aÃ±os siguientes a la fecha de su calificaciÃ³n definitiva; los prÃ©stamos hipotecarios o no, solicitados para su construcciÃ³n antes de la calificaciÃ³n definitiva; la constituciÃ³n, ampliaciÃ³n de capital, fusiÃ³n y escisiÃ³n de sociedades cuando la sociedad resultante de estas operaciones tenga por exclusivo objeto la promociÃ³n o construcciÃ³n de edificios en rÃ©gimen de protecciÃ³n oficial.
Para el reconocimiento del beneficio en relaciÃ³n con la transmisiÃ³n de los solares y la cesiÃ³n del derecho de superficie bastarÃ¡ que se consigne en el documento que el contrato se otorga con la finalidad de construir viviendas de protecciÃ³n oficial y quedarÃ¡ sin efecto si transcurriesen tres aÃ±os a partir de dicho reconocimiento sin que obtenga la calificaciÃ³n provisional.
La exenciÃ³n se entenderÃ¡ concedida con carÃ¡cter provisional y condicionada al cumplimiento de los requisitos que en cada caso exijan las disposiciones vigentes para esta clase de viviendas.
13. Las transmisiones y demÃ¡s actos y contratos cuando tengan por exclusivo objeto salvar la ineficacia de otros actos anteriores por los que se hubiera satisfecho el impuesto y estuvieran afectados de vicio que implique inexistencia o nulidad.
14. En las ciudades de Ceuta y Melilla se mantendrÃ¡n las bonificaciones tributarias establecidas en la Ley de 22 de diciembre de 1955.
15. Los depÃ³sitos en efectivo y los prÃ©stamos, cualquiera que sea la forma en que se instrumenten, incluso los representados por pagarÃ©s, bonos, obligaciones y tÃ­tulos anÃ¡logos. La exenciÃ³n se extenderÃ¡ a la transmisiÃ³n posterior de los tÃ­tulos que documenten el depÃ³sito o el prÃ©stamo, asÃ­ como al gravamen sobre actos jurÃ­dicos documentados que recae sobre pagarÃ©s, bonos, obligaciones y demÃ¡s tÃ­tulos anÃ¡logos emitidos en serie, por plazo no superior a dieciocho meses, representativos de capitales ajenos por los que se satisfaga una contraprestaciÃ³n por diferencia entre el importe satisfecho en la emisiÃ³n y el comprometido a reembolsar al vencimiento.
16. Las transmisiones de edificaciones a las empresas que realicen habitualmente las operaciones de arrendamiento financiero a que se refiere la disposiciÃ³n adicional sÃ©ptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, para ser objeto de arrendamiento con opciÃ³n de compra a persona distinta del transmitente, cuando dichas operaciones estÃ©n exentas del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido.
SerÃ¡ requisito imprescindible para poder disfrutar de este beneficio que no existan relaciones de vinculaciÃ³n directas o indirectas, conforme a lo previsto en el artÃ­culo 16 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, entre transmitente, adquirente o arrendatario.
17. Las transmisiones de vehÃ­culos usados con motor mecÃ¡nico para circular por carretera, cuando el adquirente sea un empresario dedicado habitualmente a la compraventa de los mismos y los adquiera para su reventa.
La exenciÃ³n se entenderÃ¡ concedida con carÃ¡cter provisional y para elevarse a definitiva deberÃ¡ justificarse la venta del vehÃ­culo adquirido dentro del aÃ±o siguiente a la fecha de su adquisiciÃ³n.
C) Con independencia de las exenciones a que se refieren los apartados A) y B) anteriores, se aplicarÃ¡n en sus propios tÃ©rminos y con los requisitos y condiciones en cada caso exigidos, los beneficios fiscales que para este impuesto establecen las siguientes disposiciones:
1.Âª La Ley OrgÃ¡nica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.
2.Âª El Real Decreto-ley 12/1980, de 26 de septiembre, sobre actuaciones del Estado en materia de Viviendas de ProtecciÃ³n Oficial.
3.Âª La Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de Montes Vecinales en Mano ComÃºn.
4.Âª La Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre ConservaciÃ³n de la EnergÃ­a.
5.Âª La Ley 2/1981, de 25 de marzo, de RegulaciÃ³n del Mercado Hipotecario.
6.Âª La Ley 49/1981, de 24 de diciembre, del Estatuto de la ExplotaciÃ³n Familiar Agraria y de los Agricultores JÃ³venes.
7.Âª La Ley 45/1984, de 17 de diciembre, de ReordenaciÃ³n del Sector Petrolero, con las especificaciones introducidas por la Ley 15/1992, de 5 de junio, sobre Medidas Urgentes para la Progresiva AdaptaciÃ³n del Sector Petrolero al Marco Comunitario.
8.Âª La Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de InversiÃ³n Colectiva, con la modificaciÃ³n introducida por la disposiciÃ³n adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre.
9.Âª La Ley 49/1984, de 26 de diciembre, sobre ExplotaciÃ³n Unificada del Sistema ElÃ©ctrico Nacional, por lo que se refiere a la cancelaciÃ³n de garantÃ­as constituidas al amparo del apartado 2 de su artÃ­culo 6.
10.Âª La Ley OrgÃ¡nica 5/1985, de 19 de junio, de RÃ©gimen General Electoral.
11.Âª El Real Decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo, de Medidas Urgentes Administrativas, Financieras, Fiscales y Laborales, con la modificaciÃ³n introducida por la disposiciÃ³n adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre.
12.Âª La Ley 15/1986, de 26 de abril, de Sociedades AnÃ³nimas Laborales, con la modificaciÃ³n introducida por la disposiciÃ³n adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre.
13.Âª La Ley 8/1987, de 8 de junio, de Planes y Fondos de Pensiones.
14.Âª La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
15.Âª La Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre RÃ©gimen Fiscal de las Cooperativas.
16.Âª La Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de InterÃ©s EconÃ³mico.
17.Âª La Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre RÃ©gimen de Sociedades y Fondos de InversiÃ³n Inmobiliaria y sobre Fondos de TitulaciÃ³n Hipotecaria.
18.Âª La Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de CooperaciÃ³n del Estado con la FederaciÃ³n de Entidades Religiosas EvangÃ©licas de EspaÃ±a.
19.Âª La Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de CooperaciÃ³n del Estado con la FederaciÃ³n de Comunidades Israelitas de EspaÃ±a.
20.Âª La Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de CooperaciÃ³n con la ComisiÃ³n IslÃ¡mica de EspaÃ±a.
21.Âª La Ley 31/1992, de 26 de noviembre, de Incentivos Fiscales aplicables a la realizaciÃ³n del Proyecto Cartuja 93.
22.Âª La Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, para la constituciÃ³n y ampliaciones de capital de las sociedades que creen las Administraciones y entes pÃºblicos para llevar a cabo la enajenaciÃ³n de acciones representativas de su participaciÃ³n en el capital social de sociedades mercantiles.
II. Los beneficios fiscales no se aplicarÃ¡n, en ningÃºn caso, a las letras de cambio, a los documentos que suplan a Ã©stas o realicen funciÃ³n de giro, ni a escrituras, actas o testimonios notariales gravados por el artÃ­culo 31, apartado primero.
[encabezado]ComprobaciÃ³n de valores
1. La AdministraciÃ³n podrÃ¡, en todo caso, comprobar el valor real de los bienes y derechos transmitidos o, en su caso, de la operaciÃ³n societaria o del acto jurÃ­dico documentado.
2. La comprobaciÃ³n se llevarÃ¡ a cabo por los medios establecidos en el artÃ­culo 52 de la Ley General Tributaria.
Si de la comprobaciÃ³n resultasen valores superiores a los declarados por los interesados, Ã©stos podrÃ¡n impugnarlos en los plazos de reclamaciÃ³n de las liquidaciones que hayan de tener en cuenta los nuevos valores. Cuando los nuevos valores puedan tener repercusiones tributarias para los transmitentes se notificarÃ¡n a Ã©stos por separado para que puedan proceder a su impugnaciÃ³n en reposiciÃ³n o en vÃ­a econÃ³mico-administrativa o solicitar su correcciÃ³n mediante tasaciÃ³n pericial contradictoria y, si la reclamaciÃ³n o la correcciÃ³n fuesen estimadas en todo o en parte, la resoluciÃ³n dictada beneficiarÃ¡ tambiÃ©n a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados.
3. Cuando el valor declarado por los interesados fuese superior al resultante de la comprobaciÃ³n, aquÃ©l tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de base imponible.
4. Si el valor obtenido de la comprobaciÃ³n fuese superior al que resultase de la aplicaciÃ³n de la correspondiente regla del Impuesto sobre el Patrimonio, surtirÃ¡ efecto en relaciÃ³n con las liquidaciones a practicar a cargo del adquirente por dicho Impuesto por la anualidad corriente y las siguientes.
5. Cuando el valor comprobado exceda en mÃ¡s del 100 por 100 del declarado, la AdministraciÃ³n PÃºblica tendrÃ¡ derecho a adquirir para sÃ­ los bienes y derechos transmitidos, derecho que sÃ³lo podrÃ¡ ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de firmeza de la liquidaciÃ³n del impuesto. Siempre que se haga efectivo este derecho, se devolverÃ¡ el importe del impuesto pagado por la transmisiÃ³n de que se trate. A la ocupaciÃ³n de los bienes o derechos ha de preceder el completo pago del precio, integrado exclusivamente por el valor declarado.
1. En correcciÃ³n del resultado obtenido en la comprobaciÃ³n de valores los interesados podrÃ¡n promover la prÃ¡ctica de la tasaciÃ³n pericial contradictoria mediante solicitud presentada dentro del plazo de la primera reclamaciÃ³n que proceda contra la liquidaciÃ³n efectuada sobre la base de los valores comprobados administrativamente.
2. En el supuesto de que la tasaciÃ³n pericial fuese promovida por los transmitentes como consecuencia de lo dispuesto en el apartado 2 del artÃ­culo anterior, el escrito de solicitud deberÃ¡ presentarse dentro de los quince dÃ­as siguientes a la notificaciÃ³n separada de los valores resultantes de la comprobaciÃ³n.
La presentaciÃ³n de la solicitud de tasaciÃ³n pericial contradictoria en caso de notificaciÃ³n conjunta de los valores y de las liquidaciones que los hayan tenido en cuenta determinarÃ¡ la suspensiÃ³n del ingreso de las liquidaciones practicadas y de los plazos de reclamaciÃ³n contra las mismas.
[encabezado]Devengo y prescripciÃ³n
a) En las transmisiones patrimoniales, el dÃ­a en que se realice el acto o contrato gravado.
b) En las operaciones societarias y actos jurÃ­dicos documentados, el dÃ­a en que se formalice el acto sujeto a gravamen.
2. Toda adquisiciÃ³n de bienes cuya efectividad se halle suspendida por la concurrencia de una condiciÃ³n, un tÃ©rmino, un fideicomiso o cualquiera otra limitaciÃ³n, se entenderÃ¡ siempre realizada el dÃ­a en que dichas limitaciones desaparezcan.
1. La prescripciÃ³n, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, se regularÃ¡ por lo previsto en los artÃ­culos 64 y siguientes de la Ley General Tributaria.
2. A los efectos de prescripciÃ³n, en los documentos que deban presentarse a liquidaciÃ³n, se presumirÃ¡ que la fecha de los privados es la de su presentaciÃ³n, a menos que con anterioridad concurran cualquiera de las circunstancias previstas en el artÃ­culo 1227 del CÃ³digo Civil, en cuyo caso se computarÃ¡ la fecha de la incorporaciÃ³n, inscripciÃ³n, fallecimiento o entrega, respectivamente. En los contratos no reflejados documentalmente, se presumirÃ¡, a iguales efectos, que su fecha es la del dÃ­a en que los interesados den cumplimiento a lo prevenido en el artÃ­culo 51.
[encabezado]Obligaciones formales
1. Los sujetos pasivos vendrÃ¡n obligados a presentar los documentos comprensivos de los hechos imponibles a que se refiere la presente Ley y, caso de no existir aquÃ©llos, una declaraciÃ³n en los plazos y en la forma que reglamentariamente se fijen.
2. La calificaciÃ³n y sanciÃ³n de las infracciones tributarias de este impuesto se efectuarÃ¡n con arreglo a la Ley General Tributaria.
Los Ã³rganos judiciales remitirÃ¡n a las oficinas liquidadoras de su respectiva jurisdicciÃ³n relaciÃ³n mensual de los fallos ejecutoriados o que tengan el carÃ¡cter de sentencia firme por los que se transmitan o adjudiquen bienes o derechos de cualquier clase, excepto cantidades en metÃ¡lico que constituyan precio de bienes, de servicios personales, de crÃ©ditos o indemnizaciones.
Los notarios estÃ¡n obligados a remitir a las oficinas liquidadoras del impuesto, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relaciÃ³n o Ã­ndice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, con excepciÃ³n de los actos de Ãºltima voluntad, reconocimiento de hijos y demÃ¡s que determine el Reglamento. TambiÃ©n estÃ¡n obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relaciÃ³n de los documentos privados comprensivos de contratos sujetos al pago del impuesto que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimaciÃ³n de firmas. Asimismo, consignarÃ¡n en los documentos sujetos entre las advertencias legales y de forma expresa, el plazo dentro del cual estÃ¡n obligados los interesados a presentarlos a la liquidaciÃ³n, asÃ­ como la afecciÃ³n de los bienes al pago del impuesto correspondiente a transmisiones que de ellos se hubiera realizado, y las responsabilidades en que incurran en el caso de no efectuar la presentaciÃ³n.
Lo prevenido en este artÃ­culo se entiende sin perjuicio del deber general de colaboraciÃ³n establecido en la Ley General Tributaria.
Los Ã³rganos judiciales, bancos, cajas de ahorro, asociaciones, sociedades, funcionarios, particulares y cualesquiera otras entidades pÃºblicas o privadas, no acordarÃ¡n las entregas de bienes a personas distintas de su titular sin que se acredite previamente el pago del impuesto, su exenciÃ³n o no sujeciÃ³n, salvo que la AdministraciÃ³n lo autorice.
1. NingÃºn documento que contenga actos o contratos sujetos a este impuesto se admitirÃ¡ ni surtirÃ¡ efecto en Oficina o Registro PÃºblico sin que se justifique el pago, exenciÃ³n o no sujeciÃ³n a aquÃ©l, salvo lo previsto en la legislaciÃ³n hipotecaria. Los Juzgados y Tribunales remitirÃ¡n a los Ã³rganos competentes para la liquidaciÃ³n del impuesto copia autorizada de los documentos que admitan en los que no conste la nota de haber sido presentados a liquidaciÃ³n.
2. No serÃ¡ necesaria la presentaciÃ³n en las oficinas liquidadoras de:
a) Los documentos por los que se formalice la transmisiÃ³n de efectos pÃºblicos, acciones, obligaciones y valores negociables de todas clases, intervenidos por corredores oficiales de comercio y por sociedades y agencias de valores.
c) Las copias de las escrituras y actas notariales que no tengan por objeto cantidad o cosa valuable y los testimonios notariales de todas clases, excepto los de documentos que contengan actos sujetos al impuesto si no aparece en tales documentos la nota de pago, de exenciÃ³n o de no sujeciÃ³n.
e) Cualesquiera otros documentos referentes a actos y contratos para los cuales el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda acuerde el empleo obligatorio de efectos timbrados como forma de exacciÃ³n del impuesto.
3. En los procedimientos administrativos de apremio seguidos para la efectividad de descubiertos por razÃ³n del impuesto podrÃ¡ autorizarse la inscripciÃ³n del derecho del deudor en los tÃ©rminos y por los trÃ¡mites seÃ±alados en el Reglamento General de RecaudaciÃ³n.
4. Los contratos de ventas de bienes muebles a plazo y los de prÃ©stamo, prevenidos en el artÃ­culo 22 de la Ley 50/1965, de 17 de julio, tendrÃ¡n acceso al Registro a que se refiere el artÃ­culo 23 de la misma Ley, sin necesidad de que conste en aquÃ©llos nota administrativa sobre su situaciÃ³n fiscal.
No podrÃ¡ efectuarse, sin que se justifique previamente el pago del impuesto correspondiente o su exenciÃ³n, el cambio de sujeto pasivo de cualquier tributo estatal, autonÃ³mico o local cuando tal cambio suponga, directa o indirectamente, una transmisiÃ³n de bienes, derechos o acciones gravada por esta Ley.
[encabezado]GestiÃ³n y liquidaciÃ³n del Impuesto
1. La titularidad de la competencia para la gestiÃ³n y liquidaciÃ³n del impuesto corresponderÃ¡ a las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria y, en su caso, a las oficinas con anÃ¡logas funciones de las Comunidades AutÃ³nomas que tengan cedida la gestiÃ³n del tributo.
2. El pago de los impuestos regulados en esta Ley queda sometido al rÃ©gimen general sobre plazos de ingreso establecido para las deudas tributarias.
3. El presentador del documento tendrÃ¡, por el solo hecho de la presentaciÃ³n, el carÃ¡cter de mandatario de los obligados al pago del impuesto y todas las notificaciones que se le hagan en relaciÃ³n con el documento que haya presentado, asÃ­ como las diligencias que suscriba, tendrÃ¡n el mismo valor y producirÃ¡n iguales efectos que si se hubieran entendido con los propios interesados.
[encabezado]Devoluciones
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente, por resoluciÃ³n firme, haber tenido lugar la nulidad, rescisiÃ³n o resoluciÃ³n de un acto o contrato, el contribuyente tendrÃ¡ derecho a la devoluciÃ³n de lo que satisfizo por cuota del Tesoro, siempre que no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devoluciÃ³n en el plazo de cinco aÃ±os, a contar desde que la resoluciÃ³n quede firme.
2. Se entenderÃ¡ que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deben llevar a cabo las recÃ­procas devoluciones a que se refiere el artÃ­culo 1295 del CÃ³digo Civil.
3. Si el acto o contrato hubiere producido efecto lucrativo, se rectificarÃ¡ la liquidaciÃ³n practicada, tomando al efecto por base el valor del usufructo temporal de los bienes o derechos transmitidos.
4. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisiÃ³n o resoluciÃ³n se declarase por incumplimiento de las obligaciones del contratante fiscalmente obligado al pago del impuesto no habrÃ¡ lugar a devoluciÃ³n alguna.
5. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederÃ¡ la devoluciÃ³n del impuesto satisfecho y se considerarÃ¡ como un acto nuevo sujeto a tributaciÃ³n. Como tal mutuo acuerdo se estimarÃ¡n la avenencia en acto de conciliaciÃ³n y el simple allanamiento a la demanda.
6. Cuando en la compraventa con pacto de retro se ejercite la retrocesiÃ³n, no habrÃ¡ derecho de devoluciÃ³n del impuesto.
7. Reglamentariamente se determinarÃ¡n los supuestos en los que se permitirÃ¡ el canje de los documentos timbrados o timbres mÃ³viles o la devoluciÃ³n de su importe, siempre que aquÃ©llos no hubiesen surtido efecto.
El Ministro de EconomÃ­a y Hacienda podrÃ¡ acordar el empleo obligatorio de efectos timbrados como forma de exacciÃ³n del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados, exigible a los actos y contratos sujetos al mismo, excepto en aquellos casos en que la presente Ley imponga el pago a metÃ¡lico.
Las Comunidades AutÃ³nomas que se hayan hecho cargo por delegaciÃ³n del Estado de la gestiÃ³n y liquidaciÃ³n del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados podrÃ¡n, dentro del marco de sus atribuciones, encomendar a las Oficinas de Distrito Hipotecario, a cargo de Registradores de la Propiedad, funciones de gestiÃ³n y liquidaciÃ³n de este Impuesto.
Las referencias que contiene la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados al Impuesto sobre el Valor AÃ±adido se entenderÃ¡n hechas al Impuesto General Indirecto Canario, en el Ã¡mbito de su aplicaciÃ³n.
Lo seÃ±alado anteriormente no afectarÃ¡ a las sociedades o entidades que tengan reconocidos beneficios fiscales por pactos solemnes con el Estado, mientras que no se alteren las condiciones de los mismos.
Durante el aÃ±o 1993 y en relaciÃ³n con el cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos por el Consejo Jacobeo 1993, se aplicarÃ¡ una bonificaciÃ³n del 95 por 100 de la cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados, en las adquisiciones de bienes y derechos que se destinen, directa y exclusivamente, por el sujeto pasivo a la realizaciÃ³n de las inversiones con derecho a deducciÃ³n en las cuotas del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas o cuando los adquieran para donarlos, en un plazo mÃ¡ximo de seis meses, al Â«Consello Jacobeo 1993Â».
La Â«Sociedad Estatal para la ExposiciÃ³n Universal de Sevilla 92, Sociedad AnÃ³nimaÂ», mantendrÃ¡ los beneficios fiscales previstos en las Leyes 12/1988, de 25 de mayo; 5/1990, de 29 de junio, y en el Real Decreto 219/1989, de 3 de marzo, referidos, exclusivamente, a las actividades derivadas de la liquidaciÃ³n de bienes, derechos y obligaciones relacionados directamente con la ExposiciÃ³n Universal de Sevilla.
Hasta que por el Gobierno, al hacer uso de las facultades a que se refiere la disposiciÃ³n final tercera, no se disponga otra cosa, seguirÃ¡n en vigor las normas sobre honorarios de liquidaciÃ³n incorporadas a los artÃ­culos 90 y 91 del Reglamento aprobado por Real Decreto 3494/1981, de 29 de diciembre.
En tanto no se disponga otra cosa por el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, las Administraciones de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria limitarÃ¡n su actuaciÃ³n en la gestiÃ³n y liquidaciÃ³n del impuesto a la admisiÃ³n de documentos y declaraciones tributarias, que deberÃ¡n remitir a la DelegaciÃ³n de la que dependan para su ulterior tramitaciÃ³n.
DisposiciÃ³n transitoria sexta.
Las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, a cargo de Registradores de la Propiedad, liquidarÃ¡n en el Ã¡mbito de sus competencias los documentos o declaraciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados presentados en las mismas hasta el dÃ­a 31 de diciembre de 1991.
Los documentos o declaraciones referentes a dicho impuesto que deban presentarse con posterioridad lo serÃ¡n en las Oficinas a que se refiere el artÃ­culo 56 de este texto refundido, sin perjuicio de lo establecido en la disposiciÃ³n adicional segunda del mismo.
DisposiciÃ³n transitoria sÃ©ptima.
En Ceuta y Melilla, en tanto continÃºe en vigor el Impuesto General sobre el TrÃ¡fico de las Empresas, seguirÃ¡n aplicÃ¡ndose las normas del texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados, aprobado por Real Decreto legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, que, con relaciÃ³n a aquel Impuesto, establecÃ­an sus respectivos Ã¡mbitos de aplicaciÃ³n o fijaban reglas especiales sobre delimitaciÃ³n del hecho imponible, de la base imponible o, en general, sobre relaciones entre ambos impuestos. En este sentido, seguirÃ¡n siendo aplicables:
a) El artÃ­culo 7.1.B), en cuanto incluÃ­a en el hecho imponible el otorgamiento de concesiones administrativas que tuviesen por objeto la cesiÃ³n del derecho a utilizar inmuebles e instalaciones en puertos y aeropuertos.
b) El artÃ­culo 7.3, en cuanto declaraba la no sujeciÃ³n en el Impuesto General sobre el TrÃ¡fico de las Empresas y en el de Transmisiones Patrimoniales de las condiciones resolutorias explÃ­citas de las compraventas que garantizasen el precio aplazado en las transmisiones empresariales de bienes inmuebles.
c) El artÃ­culo 7.5, en cuanto declaraba la no sujeciÃ³n de las entregas de bienes, prestaciones de servicios y operaciones en general que constituyesen actos habituales del trÃ¡fico de las empresas o explotaciones que las realizasen.
d) El artÃ­culo 10.2 h), en cuanto fijaba la base imponible en la transmisiÃ³n a tÃ­tulo oneroso de los derechos que a favor del adjudicatario de un contrato de obras, servicios o suministros deriven del mismo.
e) El artÃ­culo 10.2 j), en cuanto fijaba la base imponible de las aparcerÃ­as referentes a establecimientos fabriles o industriales.
f) Cualesquiera otros que respondan a la finalidad expresada, aunque ya no sean aplicables en el resto del territorio como consecuencia de la entrada en vigor en el mismo del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido.
En particular quedarÃ¡n derogados, en razÃ³n a su incorporaciÃ³n al mismo:
1.Âº La Ley 32/1980, de 21 de junio, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados, asÃ­ como el texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, sin perjuicio de lo que establece la disposiciÃ³n transitoria sÃ©ptima.
2.Âº La disposiciÃ³n adicional cuarta de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios PÃºblicos.
3.Âº El artÃ­culo 25, la disposiciÃ³n adicional octava y las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de adecuaciÃ³n de determinados conceptos impositivos a las Directivas y Reglamentos de las Comunidades Europeas.
Las disposiciones contenidas en este texto refundido se aplicarÃ¡n desde el dÃ­a siguiente al de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».
Las Leyes que contengan los Presupuestos Generales del Estado, atendidas las razones socioeconÃ³micas concurrentes, podrÃ¡n modificar las tarifas y las exenciones de este impuesto.
El Gobierno dictarÃ¡ las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicaciÃ³n del presente Texto refundido. Hasta que ello tenga lugar, se seguirÃ¡ aplicando lo dispuesto en el Real Decreto 3494/1981, de 29 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados, en lo que no se oponga a lo dispuesto en el presente texto refundido.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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