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Timestamp: 2019-10-14 19:08:18+00:00

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﻿ Sentencia 2010-02293 de marzo 11 de 2015
SENTENCIA 2010-02293 DE 11 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:ABOGADOS NO PUEDEN INDUCIR EN ERROR A FUNCIONARIOS JUDICIALES: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. LA SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR SANCIONÓ CON SEIS MESES DE SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN A UNA ABOGADA AL HALLARLA RESPONSABLE DE LA FALTA DESCRITA EN EL NUMERAL 10 DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 1123 DE 2007. SEGÚN LA SENTENCIA, LA PROFESIONAL UTILIZÓ “AFIRMACIONES MALICIOSAS”, PUES INDICÓ EN UNA DEMANDA LABORAL QUE SU PODERDANTE RESIDÍA EN MEDELLÍN, LO CUAL NO ERA CIERTO, ALTERANDO CON ELLO EL FACTOR DE COMPETENCIA TERRITORIAL DE UNA DEMANDA. CON SU CONDUCTA, INCURRIÓ EN LA PROHIBICIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY, SEGÚN LA CUAL NO SE PUEDEN HACER AFIRMACIONES O NEGACIONES MALICIOSAS, CITAS INEXACTAS, INEXISTENTES O DESCONTEXTUALIZADAS QUE PUEDAN DESVIAR EL RECTO CRITERIO DE LOS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS O AUXILIARES DE LA JUSTICIA ENCARGADOS DE DEFINIR UNA CUESTIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA. PARA EL ALTO TRIBUNAL, SE TRATÓ DE UN ACTO INTENCIONAL DE LA ABOGADA, PUES A PESAR DE SU EXPERIENCIA LITIGIOSA RADICÓ LA DEMANDA EN UNA JURISDICCIÓN QUE NO CORRESPONDÍA, PERJUDICANDO ADEMÁS A SU CLIENTE, QUIEN SE VIO CONDENADO EN COSTAS AL DECLARARSE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN DECRETADA POR EL JUZGADO DE CONOCIMIENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIONARIO JUDICIAL, ERROR, ABOGADO
Sentencia 2010-02293 de marzo 11 de 2015
Radicación 050011102000201002293 01
Aprobado según acta 20 de la fecha
Denunciado: P.A.R.G.
Denunciante: De oficio Juzgado 21 Laboral del Circuito Piloto de Oralidad de Medellín
Primera instancia: Suspensión de 6 meses en el ejercicio de la profesión
Decisión: Modifica
Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer y decidir el recurso de apelación de conformidad con los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.
Determinada la condición de la inculpada doctora P.A.R.G., se resuelve el recurso de apelación que interpuso contra la providencia del 30 de mayo de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Antioquia, mediante la cual se sancionó con 6 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión por haber incurrido en la falta disciplinaria establecida en el numeral 10 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.
Caso concreto. En el curso probatorio adelantado en primera instancia, se concluyó con las pruebas aportadas recaudadas que el hecho constitutivo de la investigación disciplinaria existió, esto es, la abogada disciplinada utilizó afirmaciones maliciosas indicando en el escrito de la demanda que su poderdante residía en Medellín lo cual no era cierto, alterando con ello el factor de competencia territorial de una demanda que instauró con el fin de obtener la reliquidación de una pensión de un señor que trabajó en el Inderena contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial ante el Juzgado 21 Laboral del Circuito Piloto de Oralidad de Medellín.
Del acervo probatorio se observó que al interior del proceso XXX adelantado en el Juzgado 21 Laboral del Circuito Piloto de Oralidad de Medellín, la doctora R.G., presentó demanda el 12 de abril de 2010 indicando a folio 7 del cuaderno de copias que la competencia era del Juez a razón del domicilio del demandante, indicando dirección de notificación del demandante la calle XXX Nº XXX de Medellín.
En audiencia del 4 de octubre de 2010, el Juzgado 21 Laboral Piloto de Oralidad del Circuito de Medellín, declaró probada la excepción de la parte demandada de falta de jurisdicción y competencia funcional pues el demandante señaló que vivía en XXX y no en Medellín, terminó el proceso y condenó en costas a la parte demandante (fl. 135, cdno. 1).
Así pues, de la falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado prevista en el numeral 10 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, esto es, efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión judicial o administrativa, debe empezar por indicarse como es una falta de carácter doloso, en la medida en que con ella se pretende inducir en error al funcionario, empleado o auxiliar de la justicia, contraria al principio de lealtad con la administración de justicia y con la justicia misma, pues una decisión adoptada con base en afirmaciones maliciosas no puede ser catalogada como justa.
Acerca de la descripción típica examinada ha sostenido la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: “El estatuto deontológico forense contempla dentro de su catálogo de faltas disciplinarias contra la lealtad debida a la administración de justicia, el “acudir a afirmaciones o negaciones maliciosas o las citas inexactas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios encargados de definir una cuestión jurídica”, descripción típica que congloba diversos comportamientos antiéticos a saber: 1. El abogado que conscientemente afirma o niega hechos o situaciones que van en contravía de la realidad, o tergiversa o desfigura su verdadera esencia y contenido, con el propósito de incidir en la recta ponderación y análisis del funcionario encargado de decidir sobre determinado asunto jurídico, como cuando contrariando la realidad, se afirma ante la jurisdicción civil que no se ha promovido acción de resarcimiento de perjuicios ante la jurisdicción penal con ocasión de un ilícito. 2. El abogado que conscientemente acude a citas legales, jurisprudenciales, doctrinales, procesales o de cualquier otra índole, que no corresponden a su verdadero alcance o contenido, o las sesga para postular una verdad contraria a la que de su contexto integral se evidencia, o incluso cuando acude a citas inexistentes, con el ánimo de incidir en el recto criterio del funcionario judicial”(13).
En el particular caso se desprende cierta la comisión de la conducta por parte de la abogada P.A.R.G., toda vez que del material probatorio adosado al plenario, se desprende que la litigante de manera concreta y así entonces consciente al prestar su juramento, señaló dentro de la demanda ordinaria a ella confiada que el Juez competente era el del domicilio del demandante y anotó como el lugar de notificaciones la ciudad de Medellín, ello a pesar de conocer verazmente que la dirección para surtirse comunicaciones a su cliente era la ciudad de XXX.
Así entonces, no pueden ser atendidas las exculpaciones presentadas por la litigante, basadas en el hecho de que el domicilio era el de la demanda -Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, y al hacer parte de la Nación podía ser en cualquier parte del territorio nacional, toda vez que si fuera en atención a que es el domicilio de la Nación el factor de competencia sería el establecido en el artículo 7º del Código de Procedimiento Laboral y de Seguridad Social el cual prescribe:
“ART. 7º—COMPETENCIA EN LOS PROCESOS CONTRA LA NACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 5º de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> En los procesos que se sigan contra la Nación será competente el juez laboral del circuito del último lugar donde se haya prestado el servicio o el del domicilio del demandante, a elección de este, cualquiera que sea la cuantía.
En los lugares donde no haya Juez Laboral del Circuito conocerá de estos procesos el respectivo Juez del Circuito en lo Civil”.
Así tampoco le es procedente el argumento de que el domicilio era el lugar de la reclamación pues el Ministerio de Ambiente no es una entidad del sistema de seguridad social, veamos:
“ART. 11.—COMPETENCIA EN LOS PROCESOS CONTRA LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. <Artículo modificado por el artículo 8º de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> En los procesos que se sigan en contra de las entidades que conforman el sistema de seguridad social integral, será competente el juez laboral del circuito del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social demandada o el del lugar donde se haya surtido la reclamación del respectivo derecho, a elección del demandante.
Adicional a lo anterior, se evidenció que la profesional del derecho interpuso la demanda en Medellín sabiendo que su cliente no vivía allí, fue un acto intencional pues en la versión libre la misma señaló que siempre interponía las demandas en dicha ciudad por facilidad para ella desconociendo con ello los factores de competencia territorial perjudicando con dicho actuar a su cliente quien se vio condenado en costas al declararse probada la excepción de falta de jurisdicción decretada por el Juzgado de conocimiento.
Se puede afirmar así, que dicha manifestación prestada bajo la gravedad del juramento por la togada encartada, fue ficticia y alejada de la realidad, en tanto de manera cierta tenía conocimiento del lugar de notificaciones del demandante y demandado pues por su experiencia en el área laboral conocía la normatividad la cual es clara y no da lugar a interpretaciones.
Debe precisar esta Colegiatura, que este tipo disciplinario, llamado de mera conducta, no requiere que se produzca efecto nocivo o querido por el sujeto agente, sino que con su mero comportamiento se incurre en el mismo, sin dejarse pasar de lado, que tales conductas atentan contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado.
Todo lo anterior, lleva a esta Sala a considerar que la decisión tomada por la primera instancia no se encuentra contraria a derecho y mucho menos se observa que la masa probatoria obrante en el expediente tuviese tal nivel de insuficiencia que le imposibilitase a la autoridad investigadora tener claridad y certeza sobre la verdad de los hechos objeto de investigación. Cabe agregar al respecto que se aviene con una interpretación razonable del acervo probatorio aportado y recaudado, el concluir la existencia de los elementos del reproche disciplinario, en tanto se evidenció la ocurrencia de la falta enrostrada a la abogada encartada.
Igualmente, el acervo probatorio fue suficiente para que la instancia decantara los elementos del tipo disciplinario imputado y necesario para la configuración de la falta, por lo tanto, el comportamiento típico, antijurídico y culpable cometido se realizó sin que concurra causal alguna de justificación.
Así las cosas, la falta atribuida al abogado inculpado, implicaron el desconocimiento del deber cuyo cumplimiento se encontraba obligado la togada como profesional del derecho de acuerdo a la siguiente cita:
La Sala estima que se cumplen a satisfacción los presupuestos exigidos en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007 para confirmar la responsabilidad sancionatoria respecto de la falta enrostrada por el juzgador disciplinario de primera instancia.
Sobre la culpabilidad, requisito este necesario para la concreción de la falta disciplinaria, por cuanto en materia disciplinaria está proscrita la responsabilidad objetiva, se tiene que de la lectura del expediente se hallan probadas las condiciones mentales de la abogada quien era consciente y conocía su compromiso frente a la gestión encomendada, entonces pudiendo tomar las riendas de tal encargo simplemente optó por faltar al deber de lealtad, toda vez que presentó al administrador de justicia una afirmación maliciosa.
De la Sanción: En cuanto a la sanción por infringir el régimen disciplinario, el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007 consagra que quien cometa una de las faltas allí contempladas será sancionado con censura, multa, suspensión o exclusión del ejercicio de la profesión, debiéndose en consecuencia cuantificar la sanción a imponer con observancia de los criterios establecidos en el artículo 45 ibídem, como son la trascendencia social de la conducta, la modalidad y circunstancias de la falta, los motivos determinantes, el perjuicio causado, y sin perjuicio de las acciones y sanciones civiles y penales a que hubiere lugar.
El a quo, graduó la sanción conforme al artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, señalando que la conducta de la profesional del derecho, infringió el principio constitucional de buena fe y de dicha manera no colaboró con la recta y célere administración de justicia.
Sin embargo, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos, esta Superioridad valora que el proceso judicial no avanzó de manera significativa por lo tanto no se causó un grave perjuicio a la administración de justicia, pues una vez propuesta la excepción de falta de jurisdicción por el demandado el Juez la decretó; adicional a lo anterior tiene en cuenta esta Sala que la letrada no cuenta con ningún antecedente disciplinario, motivo por el cual se considera pertinente reducir la sanción a 3 MESES de suspensión en el ejercicio de la profesión de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007.
Así las cosas, esta Superioridad estima que atendiendo al principio de proporcionalidad14 de la sanción, es decir, “la prohibición de exceso”, deducida jurisprudencialmente, la cual conduce a la simetría que debe existir entre el hecho y la dosificación a fin de evitar sanciones excesivas, considera la Sala procedente reducir la sanción impuestas por el a quo en tres meses, para en su lugar sancionar al profesional del derecho por TRES meses en el ejercicio de la profesión pues los objetivos perseguidos por la sanción disciplinaria, no son otros que prevenir futuras omisiones en los deberes y corregir los comportamientos para así garantizar los principios y fines consagrados en la Constitución, la ley y los tratados internaciones15, así lo aconsejan.
Por otro lado, acorde con el principio de necesidad, íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en el sub lite, le era imperativo al operador disciplinario afectar con suspensión al implicado, pues la imposición de la referida sanción, cumple con el fin de prevención particular, como mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, para que a futuro se abstengan de incurrir en conductas consagradas como faltas disciplinarias, o incumplan sus deberes en el ejercicio de la profesión de la abogacía.
Finalmente, se cumple también con el principio de razonabilidad referido este a la idoneidad o adecuación al fin de la pena, la cual justifica la sanción disciplinaria de suspensión por el término de TRES meses en el ejercicio de la profesión impuesta a la disciplinada, debiéndose atender lo expuesto por la Corte Constitucional, cuando dijo: “la razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”(16).
Con lo anterior queda demostrada la existencia de la conducta imputada a la togada, desvirtuándose así mismo los puntos de inconformidad elevados en su escrito de apelación, debiéndose entonces despachar los mismo desfavorablemente, por lo que esta Colegiatura procederá a confirmar la responsabilidad de la abogada encartada y a modificar la sanción a ella impuesta en sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, de fecha 30 de mayo de 2014, disminuyéndola a tres meses de suspensión en el ejercicio de la profesión.
En consecuencia, se procede a modificar la sentencia apelada en los términos precitados y a confirmarla en lo demás.
1. MODIFICAR el fallo proferido el 30 de mayo de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia en el sentido de:
Disminuir la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión impuesta a la doctora P.A.R.G. al término de tres meses, como responsable de incurrir en la falta disciplinaria descrita en el numeral 10 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, por las razones expuesta en la parte motiva de este proveído.
3. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la Oficina pertinente, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.
13 Sentencia del 9 de octubre de 2004, M.P. Temístocles Ortega Narváez - Radicado 200100320.
14 Art. 13 Ley 1123 de 2007.
15 Art. 11 ibídem.
16 Sentencia C-530 de 1993, M.P. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO.
Con el debido respeto me permito manifestar que SALVO VOTO PARCIAL en relación con la decisión tomada mayoritariamente por la Sala en el asunto de la referencia, mediante la cual modificó la sentencia sancionatoria proferida por el a quo el 30 de mayo de 2014 contra la doctora P.A.R.G. por la comisión de la falta disciplinaria contenida en el numeral 10 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, por cuanto, los argumentos de la apelación presentados no estaban cuestionado la sanción impuesta por el Seccional de Instancia, por tanto, esta Superioridad no debía pronunciarse sobre la dosimetría de la sanación, de acuerdo al artículo 177 de la Ley 734 de 2002, por tanto, se debió confirmar el quantum impuesto por el fallador de primer grado.
Se remite a la Secretaría Judicial un expediente en 4 cuadernos con 42-42-51-192 folios y 6 cds.

References: ARTÍCULO 33
 artículo 59
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 97
 artículo 40
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 13
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 177