Source: http://quadrelli.blogspot.com.ar/2011/06/arias-mario-alberto-c-curtiembre-rio.html
Timestamp: 2014-11-28 17:55:10+00:00

Document:
Estudio Jurídico Quadrelli: “Arias, Mario Alberto c/ Curtiembre Río Tercero S. A. s/ Demanda Laboral”. Accidente Laboral. Trabajador que Cae de Altura sin Medidas de Seguridad. Responsabilidad de la Patronal
“Arias, Mario Alberto c/ Curtiembre Río Tercero S. A. s/ Demanda Laboral”. Accidente Laboral. Trabajador que Cae de Altura sin Medidas de Seguridad. Responsabilidad de la Patronal
Trabajador que cae de un andamio - Trabajo en altura - Ausencia de medidas de seguridad Si bien es cierto que un andamio construido con caballetes y un tablón por sí sólo no es cosa riesgosa o viciosa, en el caso, si lo fue en las condiciones de su utilización por el actor (en altura) y sin las medidas de seguridad (armado con fijaciones firmes y seguras) ni de protección personal (cinturón, arnés y cuerdas) necesarias para evitar que el tablón se desplomara o que el trabajador pudiera caer. Estas circunstancias, por sí solas, han tenido adecuada relación de causalidad con el infortunio y sus consecuencias, pues de no haber sido armado y utilizado en esas condiciones y sin medidas protectorias, el accidente no habría ocurrido. Tiene también incidencia causal en el accidente, por la que también debe responder el empleador por el hecho de su dependiente, la orden impartida por el superior inmediato del actor para la realización del trabajo en altura y en esas condiciones, sin la provisión de los elementos de seguridad. Arias, Mario Alberto vs. Curtiembre Río Tercero S.A. y otro s. Demanda laboral /// Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y Familia, Córdoba Río Tercero; 12-04-2011 ----------------------------------------------------------- Fallo: En la ciudad de Río Tercero, a los doce días del mes de abril de dos mil once, habiéndose clausurado el debate, se constituye en sesión oral y pública la Excma. Cámara Civil, Comercial, de Familia y del Trabajo constituido como Tribunal Unipersonal integrada por el Dr. Joaquín Fernando Ferrer y con la presencia de la secretaria autorizante, a los fines de dictar sentencia en estos autos caratulados: "ARIAS, MARIO ALBERTO C/ CURTIEMBRE RÍO TERCERO S.A. Y OTRO - DEMANDA LABORAL", de los que resulta: I. Que a fs. 10/21 comparece Mario Alberto Arias, D.N.I. 29.835.967, soltero, de 25 años de edad e interpone formal demanda laboral en contra de Curtiembre Río Tercero S.A., con domicilio en calle T. Acuña 830 de esta ciudad, y de la Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero Ltda., con domicilio real en Bv. San Juan 1174 de la ciudad de Córdoba, persiguiendo se condenen a los mismos a abonarle la suma de pesos ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve con trece centavos ($ 84.839,13) en virtud de los distintos rubros y prestaciones que se indican y detallan en la planilla adjunta, o lo que en más o menos resulte de la prueba a rendir con más actualización monetaria e intereses judiciales desde que la obligación se hiciere exigible, inclusive lo previsto en el art. 99 inc. 5 de la Ley 8226, a que procedan a entregarle la certificación de trabajo, consignando el tiempo de prestación de servicio, naturaleza de los mismos, peticionando se le apliquen astreintes por la demora en su entrega y a efectuar la totalidad de los aportes correspondientes a la Seguridad Social correspondientes al plazo de vigencia de la relación laboral que estuvo irregistrada, peticionando se le aplique astreintes por igual importe por cada día de demora. Relata que ingresó en relación jurídica técnica y económica a disposición con la firma accionada en el mes de noviembre del año 2005, desarrollando sus tareas en el taller de mantenimiento que existe dentro de la curtiembre. Puntualmente las tareas consistían en arreglar y conservar las máquinas que se utilizaban para trabajar el cuero, tales como la rebajadora, la trinchadora etc. y el mantenimiento de las mismas como es enarenarlas, pintarlas, engrasarlas etc., también efectuaba tareas de mantenimiento de la planta, todo lo cual se enmarca dentro del CCT 196/75. La jornada se extendía de lunes a viernes de 7 a 12 y de 15 a 20 horas, percibiendo por ello una remuneración mensual aproximada de pesos ochocientos ($ 800). Sostiene que si bien fue tomado en su oportunidad a través de una cooperativa de trabajo, ello fue en fraude a sus derechos como trabajador, siendo la triangulación una maquinación urdida tendiente a desbaratar sus derechos y ahorrase las cargas sociales y el riesgo laboral. Manifiesta que el día 28 de julio del año 2006, siendo aproximadamente las 17,00hs. se encontraba colocando material desplegado en el taller de enarenado de la curtiembre y sobre un andamio improvisado, por la patronal, a un tablón de unos cuatro a cinco metros de altura, aproximadamente cuando el inestable aparejo se desarma, desplomándose al suelo, cayendo el tablón que le servía de sostén sobre su tobillo, dando lugar de este modo a las lesiones que da cuenta el certificado médico que acompaña (fs. 1) que se resumen en las siguientes: "traumatismo grave con ruptura de ligamentos de tobillo derecho, con severa limitación de su función". Todo ello significó la imposibilidad de seguir trabajando, debiendo concurrir al hospital local, y debido a la gravedad de sus lesiones debió someterse a una intervención quirúrgica. Desde la fecha del hecho estuvo con carpeta médica hasta el día 29/11/2006 fecha en que obtiene el alta. Refiere que sobre fines del mes de diciembre de 2006, intima a la patronal para que le informaran acerca de la existencia de una Aseguradora de Riesgo de trabajo, a los fines de eventualmente reclamar las prestaciones correspondientes. Sorpresivamente y lejos de lo que se esperaba, recibe una epístola desconociendo el vínculo laboral. Pese a ello y las promesas por parte de la empleadora a que esperara un tiempo que volverían a llamarlo para trabajar, es que esperó un mes y medio, pero al no obtener comunicación alguna cursa el telegrama identificado como CD. 851239281, a los fines de que procedieran a aclararle su situación laboral, bajo apercibimiento de considerarse indirectamente despedido. Frente a este requerimiento la patronal vuelve a negar el vínculo, motivo por el cual se vio forzado a efectivizar el apercibimiento y procede a darse por despedido indirectamente por culpa de la patrona, extremo que se encuentra planteado por telegrama identificado como CD 851240262 de fecha 12 de marzo de 2007. Juntamente con la demanda incoada, plantea la nulidad del contrato suscripto con la Cooperativa de Trabajo Colonia Barraquero Ltda. por ser el mismo absolutamente simulado y/o fraudulento, ello en un todo de conformidad a lo previsto en el art. 14 y cc. de la Ley 20744. Pone de resalto que siempre ha cumplido horario con la demandada curtiembre, recibiendo las directivas exclusivamente por el personal de la mencionada empresa y fue quien en todo momento le proporcionó el material, herramientas y demás enseres de trabajo. La única vinculación con la cooperativa fue la de haberlo buscado y colocado en la empresa y tercerizar el pago y nada más, no recibiendo jamás ninguna directiva de los Barraqueros. Destaca al respecto que dicha práctica se encuentra prohibida por el art. 40 de la Ley 25877 del ordenamiento laboral, siendo por ello que la relación laboral relatada debe ser encuadrada dentro de la Ley 20744, siendo el responsable directo la demandada Curtiembre Río Tercero S.A. No obstante lo dicho la responsabilidad de la Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero Ltda., se impone de acuerdo a lo establecido en los arts. 29 LCT, por haber sido contratado por aquella para que trabajara en la facturadora de cuero, por lo que su responsabilidad deviene en solidaria. En definitiva reclama los siguientes conceptos: a) haberes del mes de enero y febrero de 2007, b) haberes caídos del mes de marzo de 2007 e integración del mes de despido, c) sueldo anual complementario correspondiente al año 2006, d) proporcional del sueldo anual complementario correspondiente al año 2007, e) vacaciones no gozadas de 2006 f) proporcional de vacaciones 2007, g) indemnización por despido (art. 245 LCT), h) indemnización sustitutiva de preaviso (art. 232 LCT), i) indemnización por falta de pago de la indemnización (art. 2 Ley 25323), j) Indemnización art. 8 de la Ley 24013, k) indemnización art. 15 de la Ley 24013, l) indemnización de la Ley de emergencia (art. 16 Ley 25561), ll) indemnización por no haber entregado el certificado de trabajo (art. 80 Ley 20744), m) Asignación familiar correspondiente a un hijo por todo el período laborado. Por último plantea la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 inc. a, 14 inc. 2 apar. A, 39 y cc. de la Ley 24557 y toda otra disposición normativa que pueda representar una limitación a la reparación integral que prevén los arts. 1074, 1078, 1109 y 1113 del Código Civil. Manifiesta que en cuanto a la incapacidad sobreviviente -pérdida de chance- como consecuencia de la gravedad del accidente en la empresa sufrido, ha quedado con una incapacidad física permanente parcial fijada por el médico tratante del 32 % de la T.O., la cual en función de su edad, grado de incapacidad surge al aplicar la fórmula "Marshall" un monto indemnizatorio de pesos cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y uno con trece centavos ($ 54.971,13), el que deberá ser abonado con más sus intereses y costas, a lo cual se le deberá añadir la indemnización por daño moral sobreviniente como consecuencia del accidente acaecido, el cual se estima en la suma de pesos doce mil ($ 12.000). En forma subsidiaria solicita se condene a las firmas accionadas a abonar las prestaciones derivadas de la Ley 24557, en particular, del art. 14. inc. 2 ap. "a" (LRT), por cuanto se trata de un caso de incapacidad permanente parcial, correspondiendo por tal concepto la suma de pesos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y uno con cuarenta y un centavos ($ 35.451,41), o lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse. Manifiesta que es claro el deber de seguridad y cuidado que existe por parte de la patronal sobre sus dependientes, responsabilidad que emergen de los arts. 75, 76 y cc. de la Ley 20744 y de la Ley 19587. En su caso jamás se le proporcionó un elemento de seguridad, el andamio a partir del cual se desencadena el accidente, era de un grado de precariedad nunca visto, por lo que puede afirmarse que no se cumplían con las normas de seguridad e higiene, debiendo como consecuencia la patronal responder de acuerdo lo establece el art. 1109 del C.C. A más de ello la responsabilidad de la patronal deviene por aplicación directa del art. 1113 del C.C., en virtud de que era el dueño y/o guardián de la cosa que ocasiona el daño, es quien ha creado la situación riesgosa, y adquiere mayor connotación al haber sido ella quien suministraba los elementos con los cuales se debe operar - supuesto andamio. Por último plantea la inconstitucionalidad del art. 4 de la Ley 25561 en cuanto mantiene derogadas todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan a la indexación por precios. Dice que el dispositivo resulta atentatorio de los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional. Arguye que atento a existir en juego derechos constitucionales, deja introducida debidamente la cuestión federal. A fs. 29 de los presentes, comparece por la codemandada, la "Cooperativa de Trabajo Agrícola e Industrial Colonia Barraquero Limitada" y solicita sea llamada a este juicio la firma La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., en carácter de tercero. II. Impresa a la demanda el trámite de ley y fijada audiencia a los fines del art. 47 de la Ley 7987, la misma se recepciona a fs. 77/78, oportunidad en la que no se arriba a conciliación alguna, ratificándose el actor a través de su apoderada de todos y cada uno de los términos de la demanda, solicitando se haga lugar a la misma con especial imposición de costas. Concedida la palabra a la demandada Curtiembre Río Tercero S.A., a través de su apoderada solicita en definitiva el rechazo de la demanda en todos sus términos, con costas a tenor de lo expuesto en el memorial mencionado. Niegan categóricamente que el actor haya trabajado bajo relación de dependencia jurídica, técnica y económica con su mandante ya que trabajaba en las instalaciones de Curtiembre revistiendo calidad de socio de la "Cooperativa de Trabajo Agrícola e Industrial" Colonia Barraquero Ltda. Formula las excepciones de falta de acción y plus petición inexcusable y pide costas. Dice que el actor era integrante de la cooperativa de trabajo, debidamente inscripta en el INAC. Esta no actuaba como colocadora de asociados para terceros, sino que el actor realizaba actor cooperativos para su propia estructura. Niega que el día 28 de julio de 2006 el actor haya sufrido un accidente de trabajo en Curtiembre, pero sí reconoce que a aproximadamente desde esa fecha, no concurrió más a la empresa y por información requerida a la cooperativa se entera que el actor sufrió un accidente, siendo asistido por la prestataria del sistema de salud de la Cooperativa. Por último manifiestan que dejan planteado la Excepción de falta de legitimación activa para obrar. Concedida la palabra a la demandada Cooperativa de Trabajo Agrícola e Industrial Colonia Barraquero Limitada, por intermedio de su letrado solicitó el rechazo de todos y cada uno de los términos de la demandada, con costas. En primer lugar opuso Excepción de Incompetencia material en los términos del art. 6 de la Ley 7987, en virtud de que el actor Mario Alberto Arias al revestir la calidad de asociado a la cooperativa. excluye la figura del trabajador dependiente. Entiende que todas las cuestiones y/o controversias derivadas del cooperativismo son de competencia exclusiva del fuero Civil y Comercial, no siendo por ende de aplicación bajo ningún punto de vista el derecho laboral. Dice que el actor es socio de esta entidad cooperativista e ingresó a la misma voluntariamente y sin ningún tipo de coacción, sometiéndose al estatuto social y al reglamento interno de la misma, por ende no solo era de su conocimiento que ingresaba a una cooperativa, sino también las condiciones de ingreso, disciplinarias y de conducta. En cuanto a la naturaleza del derecho incoado reitera que no corresponde al fuero laboral, quedando encuadrado el planteo en el art. 17 de la Ley 20337. En segundo lugar opone Excepción de falta de legitimación activa para obrar, en virtud de que el actor carece del derecho para reclamar en justicia sobre la pretensión que aduce por no tener calidad de empleado de la Cooperativa, sino por ser socio de la citada entidad. Por otro lado y en subsidio reitera que su poderdante quien se encuentra legalmente constituida y dentro de las disposiciones de la Ley 20337 ha celebrado un contrato de locación de servicios con la firma demandada Curtiembre Río tercero S.A. Por último sostiene que funda el derecho que le asiste en los arts. 17 y s.c. de la Ley 20337, resolución número 183/92, 784 y resolución general N° 4328/97, Art. 6 C.P.L y toda otra doctrina y jurisprudencia que sea de aplicación al caso de marras. Niegan todos y cada uno de los hechos expuestos por el actor en la presente demanda, la realidad de los hechos es que el actor es asociado de la Cooperativa Barraquero Ltda. y tal como lo manifiesta en el presente libelo, fue a través de la cooperativa (a la cual el actor ingresa voluntariamente) que habría prestado servicios en curtiembre en ese marco, acaecido el accidente y dado su calidad de asociado es que la cooperativa cubrió el mismo, tanto en su faz médica como económica. Es cierto que el actor estuvo varios meses sin prestar servicios y fue la cooperativa quien le abonó los anticipos de retornos por los jornales caídos. Manifiesta que debe aclarar que es cierto que el actor presentó en varias oportunidades certificados médicos, inclusive en el cual se le otorga el Alta Médica, pero sin incapacidad alguna. Solicita a V.E. que al momento de sentenciar tenga presente lo dispuesto por el art. 28 de la Ley 7987 y 20 de la Ley 20744. Concedida la palabra al tercero citado en garantía, La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., por intermedio de su letrado, que acompaña también memorial por escrito y en definitiva solicita se desestime la demanda incoada. Alega que si bien su mandante celebra con la Cooperativa de Trabajo Agrícola e Industrial Colonia Barraquero Ltda., un contrato de seguro de accidentes personales en el ámbito laboral, póliza que se encuentra registrada bajo el N° 468525, el aquí actor Mario Alberto Arias no se encontraba entre el personal denunciado por el tomador por ante su mandante en la fecha en que la parte actora dice haber sufrido el accidente. Por otro lado advierte que en la presente demanda se ha entablado por un reclamo de índole laboral, siendo que su mandante ha celebrado un contrato cuya naturaleza de la póliza es por accidentes personales y por ende resulta ajeno al ámbito de aplicación de la L.R.T., consecuentemente y en el supuesto caso que su mandante debiera responder el reclamo aquí formulado por el actor, lo hará en la medida del contrato de seguro de accidentes personales en el ámbito laboral oportunamente celebrado, y con los alcances estipulados en los mismos. Por todo ello opone defensa de falta de legitimación activa y pasiva. En definitiva solicita el rechazo de la demanda incoada en todas sus partes con expresa imposición de costas al actor. III. Abierta la causa a prueba, a fs. 108/110 el actor ofrece; testimonial; documental; confesional; Exhibición de documental - pericial contable subsidiaria; pericia médica; informativa; a fs. 85 el demandado Curtiembre Río Tercero S.A. ofrece; documental; pericial contable; testimonial; confesional; informativa, haciéndolo la codemandada Cooperativa de Trabajo a fs. 103/104 ofrece: documental; pericial contable; informativa; reconocimiento; pericial caligráfica; absolución de posiciones y testimonial. A fs. 86 la citada en garantía ofrece: confesional; documental; presuncional y pericial contable. V. Diligenciada la prueba pertinente, los autos son elevados a éste Tribunal el que avocado a su conocimiento y resolución, recepcionó la audiencia de vista de causa que se llevó a cabo de conformidad con lo relacionado en las actas respectivas de fs. 486/487, 495, 500/501, y 519 de autos. Por decreto de 5 de abril del 2011 el tribunal, para mejor proveer, solicita a la curtiembre y cooperativa para que pongan a disposición del tribunal toda la documentación exhibida al momento de tomarse la audiencia respectiva del 1ro de julio del 2008, como así también la que fuera puesta a disposición del perito contador oficial, al momento de realizarse dicho acto y bajo apercibimiento de resolver la causa con las constancias obrantes en la misma. Dicho proveído devino firme y consentido, habiendo acompañado documental sólo la curtiembre, de conformidad con las constancias de fs. 526. Designada la audiencia de la fecha, a los fines de la lectura de la sentencia el Tribunal, se planteó la siguiente cuestión a resolver: Debe prosperar la demanda interpuesta? En su caso, qué pronunciamiento corresponde dictar? A LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SEÑOR VOCAL JOAQUÍN FERNANDO FERRER, DIJO: I. En la audiencia de vista y causa el actor desistió de la prueba confesional propuesta, salvo la del señor Néstor Lopardo, como presidente de la firma, pidiéndole los apercibimientos de ley y adjuntado pliego a fs. 484. La codemandada "Curtiembre Río Tercero SA" pidió la confesional del actor, quien absolvió a tenor del pliego de fs. 485. Por su parte, la "Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero Ltda." y citada en garantía, la "Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A." desistieron de la prueba confesional ofrecida. II. Prestaron declaración testimonial Darío Emiliano GONZÁLEZ, 24 años, ex-empleado de la cooperativa y la curtiembre, en el año 2005, y por alrededor de dos años; Daniel Omar FREDEZ, 22 años, quien trabajó en la curtiembre, a través de la cooperativa de trabajo, por un mes en el año 2006; Rosendo Domingo GODOY, de 51 años, empleado de la curtiembre desde el año 1988 y como encargado de mantenimiento de la misma desde hace cinco años; Luis Alberto FERRER, de 61 años, empleado y socio de la "Cooperativa Eventur" con sede social en Mendoza y en Río Tercero, en calle Garibaldi; Iván Alberto HEREDIA, de 24 años, quien mantuvo relación laboral con la cooperativa y para realizar trabajos en la curtiembre, desde marzo del 2005 hasta marzo del 2006 y Ángel Roque PEREYRA, de 59 años, empleado de la curtiembre desde hace veinte años. En oportunidad de alegar, el letrado del actor adjuntó apuntes por escrito (fs. 502/507) y lo mismo hicieron el representante de la curtiembre (fs. 509/514) y de la compañía citada en garantía (515/518) en ausencia de la cooperativa. III. Puesta de manifiesta la plataforma fáctica del reclamo y los hechos de la litis, procedo a expedirme de conformidad con las siguiente consideraciones: 1. Excepción de incompetencia material y falta de acción: El apoderado de la cooperativa planteó la defensa del título, de conformidad con el art. 6 de la Lp 7987 y fundada en hechos que remiten al análisis de la naturaleza del vínculo asociativo. Del mismo modo lo hizo la curtiembre, fundada en este extremo. Por ello y porque la valoración de esta defensa compromete una decisión jurisdiccional de la legitimación y procedencia del reclamo del actor (planteo de falta de acción), atento la manda final de la norma procesal invocada, corresponde resolverla en esta oportunidad bajo este reencuadramiento normativo ya que la discusión propuesta cae bajo la órbita de competencial material de este Tribunal pues la presente trata de un conflicto individual que se invoca como derivado de una relación de trabajo (art. 1 inc. 1 de la LPT). 2. El contrato de trabajo: El actor plantea la existencia de un contrato de trabajo con la curtiembre Río Tercero, alegando fraude laboral e interposición de la cooperativa de trabajo Colonia Barraquero. Ésta controvierte estas circunstancias pero reconoce la prestación de servicios del actor, en el ámbito de la curtiembre demandada, como socio de la cooperativa. En los términos del art. 23 de la LCT, el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo salvo que se demostrare lo contrario. No controvertida la prestación efectiva de servicios, la carga de la prueba sobre la exclusión, pesa sobre quien la alega. No obstante ello, en el presente caso se argumentó la existencia de un contrato asociativo no laboral, de corte cooperativo que el actor reconoció pero cuestionó alegando fraude. Ante ello, queda en cabeza del actor la acreditación de este extremo para excluir la relación cooperativista que en principio, desvirtúa la relación de dependencia presumida legalmente. a. El fraude y la relación cooperativa: De la prueba testimonial rendida por Luis Alberto Ferrer, empleado y socio de la cooperativa "Eventur" surge que tanto ésta como la demandada y otras tres cooperativas más ("Instaladores", "Humana Salud" y "Mercocentro"), poseen una misma sede social en Mendoza, con el mismo directorio y oficinas comunes en diferentes localidades de todo el país y en Río Tercero, en el domicilio de calle Garibaldi 208. Refirió también que las cinco cooperativas trabajan mancomunadamente, en conjunto y todas a través de un jefe común, señor Juan Carlos Domínguez, quien era un asociado responsable que las representa, con sede en las oficinas de Río Cuarto. Que en Río Tercero todas aquellas son atendidas por el declarante. Agregó que las cooperativas no tienen empleados, sino que todos son asociados. Reconoce ser asociado sólo a "Eventur" pero dijo también que presta servicios atendiendo a todas las otras y que sólo recibe una retribución mensual de la primera y nada de las restantes. Además aclaró que el actor fue un asociado cooperativo, que prestó servicios en la curtiembre de Río Tercero y para ingresar se le armó un legajo y se lo inscribió en la AFIP, como monotributista, pues para ser asociado debía tener esa inscripción. Que la cooperativa le retribuía, con adelantos de retorno, le brindaba el servicio de salud y también el seguro por accidente de trabajo, éste último, en la Meridional. Que la cobertura de salud se hacía a través de la cooperativa "Humana Salud", reteniéndole el tres por ciento, pues no tenía opción ni derecho a elegir otra obra social. Aclaró que los asociados perciben anticipos de retornos, mensual o quincenalmente y éstos se fijan por los ingresos de la cooperativa y se liquidan en la casa central (Mendoza) y lo cobra en la sede local, aunque no sabe cómo se liquidaba. Dijo que las oficinas en Río Tercero está conformadas por un local con dos ambientes en dónde no se hacen asambleas. Que éstas son realizadas en casa central, una vez al año en la cual los afiliados son notificados por nota aunque aclaró que nunca fue a una asamblea. Sostuvo finalmente que los asociados de Colonia Barraquero, acá en Río Tercero, sólo prestan tareas en la curtiembre pues no recuerda que lo hayan hecho para otra empresa. De la testimonial relacionada merece especial atención del tribunal la respuesta inicial del testigo, al ser interrogado por las generales de la ley, pues respecto de su condición laboral actual, espontáneamente respondió ser empleado y al ser requerido por el nombre de su empleador no lo aclaró sino que después de una injustificada y prolongada pausa, rectificó su respuesta invocando la calidad de socio de la cooperativa "Eventur", proceder que forma indicios de reticencia y parcialidad en los dichos del deponente, pues no hubo una aclaración razonada del mismo. El señor Darío E. González, dijo haber concurrido a buscar trabajo a la curtiembre y que en la guardia de la entrada dejó su currículum y que al mes, lo llamaron de la cooperativa, cuando tenía su sede en calle Belgrano. Que allí fue atendido por una persona que le preguntó si quería trabajar en la curtiembre. Aceptó y le fijaron las condiciones de pago y lo mandaron a la curtiembre en donde comenzó a trabajar, a las órdenes del encargado Torres, empleado de ésta. Que le habían dicho que cobraría un sueldo mensual, fijado por valor hora. Que no le aclararon que iba a formar asambleas o elegir autoridades y que nunca participó de una de ellas. Que en la oficina no tenían ropa ni herramientas de trabajo. Dijo también que al sueldo se lo pagaban según la fecha en que ingresaba, por mes y en la cooperativa, en efectivo, entregándoselos una secretaria. Que la oficina tenía horarios fijos a la mañana y a la tarde. Aclaró que cuado entró no sabía nada del cuero y comenzó a hacer tareas de "estirado". Que después de un tiempo lo dejaron sin trabajo por un año y lo retomaron, pero para tareas de limpieza. Que esta segunda vez lo llamaron directamente desde la curtiembre, el hijo de la señora (señalando en la sala a la representante legal de la curtiembre), señor Juan Pablo Lopardo y éste le explicó lo que tenía que hacer pero que lo mandaron de nuevo a la cooperativa, a hablar con la misma persona que lo había hecho antes y siguió siendo empleado de la cooperativa, aunque esta vez le hicieron firmar unos papeles distintos, como "monotributista". Aclara que no sabe qué es el "monotributo" y que nunca lo pagó, pero lo hicieron firmar eso y recibos escritos a su nombre que se guardaban en la oficina. Le dieron unos papeles para que firmara en la primera y segunda hoja y los firmó sin leer, porque quería conseguir el trabajo, Dijo que las hojas eran impresas y no recuerda haber leído "actas". Reconoció que en la cooperativa le dijeron que tenía que pagar el monotributo pero nunca lo hizo, porque no sabe cómo se maneja.- Además dijo que le daban copia de lo que percibía, en recibos comunes, de los de librería pero que no le explicaron bien de qué eran los recibos. Agregó que entre diez o quince personas más de las que trabajaban en la curtiembre cobraban a través de la cooperativa, pero que nunca hizo con ellos reuniones de "socios" ni conoce quiénes ni cómo fueron designados las autoridades, miembros de la comisión directiva o su presidente. Que tampoco los llamaron para aprobar balances, distribuir dividendos, ganancias o algo parecido. Daniel Fredez reconoció haberse presentado en la cooperativa para poder trabajar en la curtiembre y que de ello se enteró por el señor Darío González que le dijo que estaban tomando gente en la curtiembre por medio de la cooperativa y que así consiguió el trabajo. Dijo que fue a la cooperativa, en calle Garibaldi, lo atendió un señor y le dijo que trajera unos papeles y que a la semana lo llamaron desde la cooperativa, para trabajar en la curtiembre. Que en ésta, recibía instrucciones del encargado de la curtiembre, señor conocido por el apodo "Chapeca" y que nunca en la cooperativa le dieron indicaciones de trabajo. Que tanto los empleados de la curtiembre como los que trabajaban a través de la cooperativa realizaban las mismas tareas y tenían los mismos horarios, pero éstos últimos cobraban quincenalmente, en la cooperativa. Agregó que no conocía el objeto social de la cooperativa, nunca participó de asambleas de la misma ni eligió sus autoridades ni tampoco le dijeron que cobraría retornos, ganancias o utilidades. Sostuvo que la curtiembre tenía muchos empleados y la mayoría eran de la cooperativa. Que le dieron una tarjeta en la curtiembre, en dónde marcaba el horario de ingreso y egreso en una máquina y todos los que entraban en la curtiembre tenían que marcar y entrar por el mismo lugar. Que en la cooperativa le hicieron firmar una planilla o dos y le dieron copia de eso y le informaron sobre la cobertura de salud. Rosendo Godoy, empleado y encargado de la curtiembre, dijo haber sido el superior inmediato del actor en ese establecimiento y quien le asignaba las tareas y daba las ordenes. Sabe que el actor trabajaba a través de la cooperativa pero aclara que el personal a su cargo, desde siempre, son todos empleados de la curtiembre. Aunque no por sus nombres, reconoció que los testigos González y Fredez, que compartieron la sala de testigos, trabajaron en la curtiembre. Iván Heredia, dijo que trabajó en la curtiembre, a través de la cooperativa a dónde concurrió para buscar trabajo. Que le tomaron los datos y al poco tiempo lo llamaron y entró en la curtiembre en dónde marcaban asistencia con una tarjeta que le entregaban al guardia. Que los empleados estaban mezclados pues había tanto de la cooperativa como de la curtiembre. Que en la curtiembre le dieron un delantal de cuero y a las órdenes de trabajo las recibía del encargado de la misma, pero le pagaban en la cooperativa. Aclaró que la cooperativa era el nexo para que entrara a trabajar en la curtiembre y no había ningún encargado de aquella en ésta. Que nunca fue convocado a una asamblea en la cooperativa ni le distribuyeron dividendos, utilidades u otra forma de ganancias. Que tampoco fue informado de que tenía derechos como socio de la cooperativa y que nunca tuvo trato distinto con ésta que no fuera el referido al pago de la remuneración. Que en la curtiembre todos recibían órdenes del encargado por igual, sin importar si venían o no de la cooperativa y éstos no se podían diferenciar unos de otros por la ropa que vestían. Que cobraba en la cooperativa, por mes, con recibos comunes en dónde no se le indicaba el detalle de los percibido u horas extras. Que firmó en la cooperativa una planilla o solicitud de ingreso y le pidieron datos personales. Que no le brindaban cobertura de salud y si tenía que faltar, por una enfermedad, le descontaban las horas no trabajadas. Que le liquidaban la remuneración por horas y le pagaban las horas extras, pero no se las detallaban en los recibos. Si tenía que faltar, le avisaba al supervisor de la curtiembre. Ángel Pereyra dijo trabajar por más de veinte años en la curtiembre y que Godoy era el encargado de organizar las tareas de todo el sector de mantenimiento y que recibía órdenes directamente de los dueños de la curtiembre. Que sabe que el actor entró a trabajar en la curtiembre a través de la cooperativa y había varios empleados en esas condiciones. De los dichos de los testigos relacionados se puede colegir, sin duda alguna, que la cooperativa jamás prestó servicio alguno a la curtiembre sino para proveerle mano de obra con la finalidad de incorporarla al desarrollo de las tareas normales y habituales de la actividad principal del establecimiento. Por otro lado, surge también acreditado que los trabajadores que se incorporaron a la cooperativa nunca fueron captados por la esencia y finalidad de este tipo asociativo, fundado en el esfuerzo propio y la ayuda mutua, ni la consecución del objeto social cooperativo sino pura y exclusivamente como medio de obtener trabajo en la curtiembre. En efecto, González, Fredez y Heredia dijeron que concurrieron a la cooperativa sólo para buscar trabajo en la curtiembre. El primero aclaró que después de dejar su "currículum" en la guardia de la curtiembre lo llamaron de la cooperativa para darle trabajo en la curtiembre y que cuando fue retomado en ésta lo llamó directamente el hijo de la dueña y representante legal de la curtiembre, seños Juan Pablo Lopardo y luego de explicarle para qué lo llamaron y qué tenía que hacer, lo mandó de nuevo a la cooperativa para hablar con la misma persona que la primera vez, oportunidad en que le hicieron firmar los papeles del "monotributo". Heredia dijo que la cooperativa era el "nexo" para entrar a la curtiembre. Los dichos del testigo Ferrer se tornan verosímiles pues aclaró que el personal asociado a la cooperativa Barranquera, en Río Tercero, sólo prestaba tareas en la curtiembre. Formo indicio corroborante de estas conclusiones y del fraude laboral, que la sede social de la cooperativa esté en extraña provincia y a una distancia que, en los hechos no sólo dificulta sino que casi imposibilita el ejercicio personal y efectivo de los derechos de los asociados de esta sede, en el particular, por la citación y participación en la asamblea de aprobación de balances (art. 47 de la LN 20337), pues por la misma se determinan los excedentes y distribución y pago de retornos e interés. Además, ningún acto con trascendencia de la vida cooperativa ha sido acreditado por ésta con relación al actor o los demás asociados que testificaron en la causa. Por el contrario, los testigos eran ignorantes de la mayoría de los derechos que legal o estatutariamente le correspondían y aquella no ha hecho prueba acerca de su participación o citación a asambleas electorales, ordinarias o extraordinarias, u otras en las que haya tenido la posibilidad de intervenir en la designación de sus autoridades y mucho menos, en la determinación y distribución de los retornos, ganancias o resultado económico obtenidos. Todos los asociados han declarado haber sido inscriptos en el impuesto al "monotributo" ignorando por completo los deberes y responsabilidades emergentes de dicha inscripción y al tiempo de percibir los presumidos "retornos", dijeron que sólo les hicieron firmar recibos comunes, sin conocer los detalles de la liquidación practicada. Tengo en cuenta también que según la documental acompañada por la propia cooperativa, de los ejercicios económicos 16, 17 y 18, finalizados el 30 de septiembre del 2005, 2006 y 2007, éstos no reflejan la existencia de sucursales ni oficinas en Río Tercero, Río Cuarto ni tampoco en la Ciudad de Córdoba (según el testimonio de Ferrer y facturación de fs. 179/190), sino sólo en Villa Dolores (fs. 207 y 232). Es más, de la Memoria del ejercicio 18 (fs. 242) surge que para su mejor manejo ésta sucursal habría sido reestructurada. Con relación a ello es un dato a considerar que el domicilio por la que la cooperativa fue inscripta en el registro permanente de esta Provincia de Córdoba, es el de calle Obispo Salguero nro. 311 de la Capital (fs. 335, Resolución nro. 119 "C" de la Dirección de Cooperativas y Mutualidades). Sin embargo, toda la facturación de servicios acompañada por la cooperartiva (fs. 170/190, a saber Factura Nro. 0008-0221 del 30/11/05 por $ 2750; Factura Nro. 0008-0220 del 30/11/05 por $ 18.597,05; Factura Nro. 0008-0262 del 31/12/05, por $ 4.530; Factura Nro. 0008-0261 del 31/12/05, por $ 21.200,94; Factura Nro. 0008-0303 del 31/01/06 por $ 4.840; Factura Nro. 0008-0302 del 31/01/05 por $ 23.391,74; Factura Nro. 0008-0331 del 28/2/06 por $ 23.758,48; Factura Nro. 0008-0362 del 31/03/06 por $ 26.848,54; Factura Nro. 0008-0363 del 31/3/06 por $ 221,85; Factura Nro. 0008-0391 del 30/4/06 por $ 23.467,08; Factura Nro. 0008-0432 del 31/05/06 por $ 25.462,99 y Factura Nro. 0008-0468 del 30/6/06 por $ 27.374,02), está referida a un domicilio distinto, ubicado en Bv. San Juan Nro. 1174 de la Ciudad de Córdoba, para el CUIT 30-69956449-0. La de la curtiembre, en cambio, refleja las mismas con sus correspondientes recibos (Recibos números 0008-0574 del 5/12/06; 0008-0527 del 17/10/06, 0008-0486 del 13/9/06, 0008-0457 del 17/8/06, 0008-0417 del 12/7/06, 0008-0397 del 30/6/06, 0008-0389 del 29/6/06, 0008-0387 del 29/6/06, 0008-0344 del 23/5/06, 0008-0274 del 21/3/06, 0008-0273 del 21/3/06, 0008-0275 del 21/3/06 y 0008-0276 del 21/3/06) como así también la utilización de facturas cuya contabilidad se lleva en la sede social de calle Presidente Alvear 54, en Godoy Cruz Mendoza (Factura Nro. 0032-0021 del 5/01/07 por $ 3.226,29 y su Recibo Nro. 0032-021 del 5/01/07), sin que se de una explicación para ello. Por otro lado, la mayoría de esta facturación de la cooperativa mantenida con la curtiembre hace expresa mención a servicios administrativos o cooperativos prestados según guías nro. 507, 535, 543, 555, 567, 568, 585, 596, entre otros y no se han puesto a disposición del tribunal tales guías ni la justificación del nivel de facturación mantenido entre ambas o características de tales servicios. Asimismo, llama la atención que la solicitud de admisión de asociado acompañada por la cooperativa a fs. 99/vta. tiene blancos no llenados en cuestiones sustanciales que sí han sido llenados en la adjuntada a fs. 206 al perito, respecto del mismo documento ya que el original y sus copias, según las leyendas al pie, han sido emitidos en diferentes colores. Luego y atento la naturaleza comercial de la documentación le resultarían aplicables por analogía, la sanción de inadmisibilidad prevista en el art. 211 del Cod. de Comercio. Particularmente, los blancos estaban referidos no sólo al lugar y fecha de otorgamiento de los mismos sino también a las constancias de la aprobación de la admisión por parte del Consejo de Administración. Valoro también que, según la propuesta de trabajo acompañada por la cooperativa (fs. 98) el actor fue elegido por sus condiciones personales para realizar servicios de "asistencia técnica" en la curtiembre, cuando no sólo quedó acreditado que se limitó a realizar tareas comunes de mantenimiento sino que tampoco la cooperativa demostró que tuviera alguna habilidad o acreditación en labores para esta clase de requerimientos. Es más, la póliza por accidentes personales contratada a su favor, en la Meridional, da cuentas de que la cobertura fue otorgada por el objeto social de la cooperativa, referido a trabajos de atención médica domiciliaria y emergencia médicas, servicio de enfermería de consultorio y domiciliaria, radiología y derivados, medicina laboral y para empresas, kinesiología y rehabilitación, odontología móvil y de consultorio, servicio de farmacia y laboratorio, creación de sistema para catástrofe, etc.; actividades todas éstas notoriamente extrañas no sólo a las tareas desempeñadas por el actor en la curtiembre sino a las propias del objeto social, previstas en el artículo 5to. de los estatutos (fs. 305) que están referidas sólo a las de "... asumir trabajos de producción, transformación y comercialización agrícola, de hierbas aromáticas, avícola y granjera e industrial...". En la planilla de datos estadísticos requerida para la aprobación de los ejercicios económicos acompañadas, se ha consignado que los servicios prestados son los propios del trabajo agrícola, industrial y comercial, siendo indeterminable la cantidad de asociados por especialidad, pues prestan "... servicios alternados en distintas especialidades, conforme a los requerimientos de los clientes y a las variaciones de demanda por circunstancias estacionales..." (fs. 207 y 233). Por otro lado la cooperativa no acredita haber puesto a disposición de sus asociados la documentación contable a que se refieren los arts. 39 y 40 de la Ln 20337 y artículo 27 de los Estatutos (fs. 309), según la manda del art. 41 de la misma ley y quedó acreditado, por las testimoniales rendidas por González, Fredez y Heredia, que los asociados sólo concurrían a la sede, a los fines de percibir una liquidación hecha en recibos comunes y sin detalles de la misma. Tampoco se acredita la convocatoria ni realización de las asambleas electorales de distrito, según el art. 34 de los Estatutos (fs. 195 y 310) o las asambleas ordinarias y extraordinarias, según los requisitos del art. 35 de los Estatutos (fs. 311) y por las cuales se pruebe que el actor tuvo efectiva oportunidad de participación y ejercicio de sus derechos como asociado. Tampoco acredita haber puesto a disposición del Perito Contador Oficial de los libros de comercio y demás documentación contable que por ley debe llevar, de dónde surja que sus libros son llevados en legal forma (fs. 348) pese a que se trataba de su propia prueba (fs. 103) y que en la audiencia de exhibición se comprometió a hacerlo (fs. 129). Tengo particularmente en cuenta que no acompañó el padrón completo de asociados ni el proyecto de distribución de resultados de los ejercicios económicos nros 16, 17 y 18 (fs. 191, 216 y 240) pese a que esta documentación formaba parte de su contenido y que tampoco exhibió la documentación que acredite la liquidación y percepción de retornos, por parte del actor, en su pretendida calidad de socio cooperativo y conforme a resultados económicos aprobados. Frente a ello formo presunción en su contra, en los términos del art. 253 del CdePC, de aplicación analógica. Considero además que si bien se acompañó al perito fotocopia del Acta de Reunión de Consejo nro. 250, no surge del dictamen pericial ni de las constancias documentales acompañadas que ésta sea parte de algún folio original del Libro de Actas de Reuniones del Consejo nro. 5, rubricado por la autoridad administrativa (fs. 297). Por el contrario, significativamente las copias del acta no refieren a ningún folio (fs. 298/303). Valoro además, como presunción en contra, el informe del Síndico efectuado al ejercicio 2005/2006 a los estados contables del ejercicio pues refiere que durante el mismo (1/10/2005 al 30/09/2006) "... no se produjeron altas ni bajas de asociados conforme a lo reflejado en el Padrón de Asociados..." (fs. 236), cuando es la propia cooperativa quien alega y pretende probar que durante el mismo fue incorporado el actor. En consecuencia y a falta de toda prueba corroborante, no cabe presumir que ésta forme parte de dicho libro. Luego, la pretendida constancia de admisión y registro del actor, como asociado cooperativo y referido a esta Acta de Consejo, carece de sustento fáctico. Por otro lado y si bien los servicios contratados por la cooperativa con la curtiembre estaban referidos a la "... ejecución, dirección y producción de las tareas de producción y procesamiento de cueros vacunos y Asistencia Operativa..." (fs. 176), en la práctica, tal asistencia o vinculación contractual se reducía exclusivamente a la provisión de mano de obra para la realización de las tareas comunes de producción y las propias del mantenimiento del establecimiento. En este sentido, fueron contestes los testimonios de los operarios contratados a través de la cooperativa, que sin tener capacitación o conocimientos previos de los procesos productivos del cuero, eran puestos a trabajar bajo la directa y exclusiva supervisión y mando de los propios encargados de la curtiembre, en tareas normales, como expresamente lo reconoció Godoy. En definitiva, lo único que la cooperativa hacía era proveer de trabajadores a la firma demandada y abonar sus retribuciones como anticipos de retorno, que en realidad, eran salarios encubiertos. Tiene particular relevancia la cláusula del precio y Anexo I del contrato de la cooperativa con la curtiembre (fs. 176/178). Por un lado, por cuanto el mismo no queda establecido en una suma fija sino referenciado a lo que se "... pacte por el servicio de cada asociado...", esto es, su determinación queda directamente vinculada al servicio personal de los pretendidos asociados. Por el otro, en tanto la curtiembre, se hace cargo del pago de la suma destinada a cubrir el aporte previsional correspondiente al "monotributo", expresión que en el contexto del contrato no deja duda alguna que se refiere al de los asociados. Esta forma de determinación del precio, referenciada específicamente por la retribución del servicio personal del asociado y su incidencias en las cargas impositivas y previsionales, refleja precisamente un nuevo indicio del beneficio obtenido en esta forma de contratación, por la incidencia del menor costo que se obtiene en comparación con un empleador que en regular situación, hubiera tenido que afrontarlas, de haber tenido que realizar los contratos respectivos en legal forma y por ello, constituye nueva presunción corroborante del fraude. En definitiva y por los elementos de prueba relacionados precedentemente, queda absolutamente descartado que el actor se haya unido a la cooperativa en forma voluntaria para satisfacer en común sus necesidades y aspiraciones personales, a través de una empresa de propiedad conjunta, esfuerzo compartido y de gestión democrática, única ratio que justifica esta modalidad asociativa, cimentada en los principios de solidaridad, ayuda mutua y equidad social (art. 2, 8, 24, 47 y 58 Ln 20339). Frente a estas particulares circunstancias, entiendo que debe reconocerse que la cooperativa ha actuado en la práctica como un mero sujeto intermediario en la contratación de las demandantes, sin que esta conclusión aparezca enervada por el hecho, de que aquella haya alcanzado las conformidades administrativas de las autoridades públicas o satisfecho algunos de los recaudos formales exigidos por la legislación para su constitución y funcionamiento como ente cooperativo, pues queda desvirtuado el carácter realmente asociativo que revistió el vínculo del actor con ésta, por la modalidad de actuación que la misma mantuvo en esta sede. Para que el vínculo entre el asociado y la cooperativa sea de naturaleza asociativa y exento de toda connotación de dependencia, es a condición de que se trate de una cooperativa de trabajo genuina y que no haya mediado fraude laboral. Todas estas circunstancias, a criterio del suscripto, conforman indicios y presunciones serias, graves y concordantes acerca de una indebida tercerización de trabajos y servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento de la curtiembre, mediante la interposición y subcontratación de los servicios de la cooperativa de trabajo, para ocultar, detrás del acto cooperativo, una verdadera relación laboral y en perjuicio a los derechos del trabajador involucrado. Con ello, se ha infringido también la prohibición respecto de la eventual actuación de la cooperativa como proveedora de servicios propios de las agencias de colocación (art. 40 Ln 25877, art. 2 R. 784/92 ANSeS; art. 1 Res. 1510/94 del INAC y art. 10 Ln 13.591). El último párrafo del 40 de la Ley 25877. es claro al vedar la posibilidad de que una cooperativa actúe como colocadora de personal con el fin de evitar que se configure fraude al ordenamiento legal o se vulneren derechos a terceros y la misma limitación se encuentra dispuesta en la resolución 2015/94 del Instituto Nacional de Acción Cooperativa. Con razón se ha dicho que "... en los últimos años han proliferado cooperativas de trabajo que, en violación del fin de ayuda mutua y esfuerzo propio, principios rectores de su naturaleza, actúan en la práctica como agencias de colocaciones, limpieza, seguridad, distribución de correspondencia o empresa de servicios eventuales..." "... Que por lo tanto, un tipo asociativo basado en valores trascendentes de solidaridad, es así desvirtuado para aprovechar su estructura formal. Situación ésta que permite obtener ventajas impositivas, eludiendo además las obligaciones para con la seguridad social generándose una evidente competencia desleal respecto de las empresas comerciales que brindan servicios similares..." (considerandos del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 2015/1994 (B. O. 16-11-1994). En igual sentido, la jurisprudencia tiene dicho que las cooperativas de trabajo no pueden actuar como colocadoras de personal en establecimientos de terceros, so pretextos de actos cooperativos, pues es una forma sencilla de lacerar la esctructura de la ley laboral y de privar de la tutela respectiva al personal. En dicho supuesto son pasibles de las sanciones del art. 29 de la LCT y por tanto, el trabajador será considerado empleado directo de quien utilice su prestación (Cfr. CNTrab, Sala I, 3/12/2001; "Alfano López, María C. c/ La Prensa SA s/ Despido"; DEL 03518, Errepar On line). Por ello, este proceder e infracciones legales, en los términos del art. 14 y 29 LCT configura fraude laboral y debe declararse la nulidad de la relación asociativa del actor con la cooperativa y la existencia de un contrato de trabajo de éste con la curtiembre, por ser la beneficiaria de su prestación, con los alcances y efectos previstos en los arts. 2, 12, 13, 14, 90, 91 sgtes. y ctes. de la LCT, quedando regida esta relación por la Ley de Contrato de Trabajo. Finalmente y aún cuando no sea dirimente, no puedo dejar de mencionar que el accionar de la cooperativa demandada, ha sido objeto de condenas impuestas por los Tribunales del Trabajo de Mendoza, en casos similares al presente (C1aTrabMendoza, 18/10/2010, "Díaz, Alberto Germán c. Sanes S.A. y ots.", L. L. Online: AR/JUR/65811/2010 y C2aTrabSanRafael), 01/06/2009, "Salvo, Celestino c. Cañada Colorada S.R.L. y Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero Limitada ", L. L. on line: AR/JUR/18502/2009) y por la autoridad administrativa del Trabajo en la Provincia de Río Negro, según surge del punto cuarto del Acta de Reunión del Consejo nro. 250 (fs. 302) todo lo cual son indicios corroborantes de que la citada cooperativa, en circunstancias análogas y en forma reiterada, obra con fraude y al margen de la ley. No menor es el proceso judicial que, por cuestiones impositivas, mantiene con la AFIP y que en pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le resultara en contra (CS, 16/02/2010, Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero Ltda. (TF - 20241 - I) c. DGI, L. L. 29/03/2010, 29/03/2010, 11 - PET 2010 (abril-440), 11 - DJ05/05/2010, 1165 - IMP2010-8, 185, L. L. on line AR/JUR/187/2010). b. El despido. El actor denunció a la curtiembre la existencia de su contrato de trabajo y al haber sido desconocido el mismo, dio por extinguido el vínculo, por injuria patronal. Acredita dichos extremos con las remesas postales de correo argentino y la informativa así diligenciada (fs. 2/7 y 135/141). La curtiembre no sólo desconoció expresamente el vínculo laboral, al tiempo del distracto sino que mantuvo dicha postura en la contestación de la demanda y demás alegaciones del pleito (fs. 63). Sentado ello y acreditado el contrato de trabajo a la luz de las valoraciones precedentes, considero que la negativa del vínculo configuró injuria patronal suficiente como para justificar su extinción por dicha causal, razón por la que se torna acreedor a las indemnizaciones legales reclamadas frente a dicho supuesto (arts. 245, 232 y 233 LCT). 3. El accidente de trabajo. a. Reclama el actor las indemnizaciones por el derecho común, derivadas de un accidente de trabajo que sufriera el 28 de julio del 2006, alrededor de las 17.00 hs., oportunidad en que se encontraba trabajando en la curtiembre, efectuando arreglos en un taller para enarenar. Aclaró que mientras se encontraba colocando material desplegado, aproximadamente a unos cuatro o cinco metros de altura y sobre un andamio improvisado con un tablón, éste se desarma y el actor se desploma cayendo al piso y sufriendo traumatismo grave con ruptura de ligamentos de tobillo derecho, con severa limitación de función que le produjeron una incapacidad permanente del treinta y dos por ciento de la total obrera (32 % TO). Pide el reclamo integral de los daños y plantea la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 inc. a, 14 inc. 2 apart. A, 39 y ctes. de la LN 24557 y de toda otra disposición normativa que pueda representar una limitación a la reparación integral que prevén los arts. 1074, 1078, 1109 y 1113 del C. Civil. En concreto y por incapacidad sobreviviente - pérdida de chance, pide la suma de pesos cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y uno con trece centavos ($ 54971,13) en función a su edad, grado de incapacidad e ingreso habitual que poseía al momento del hecho, por aplicación de la fórmula "Marshall" que describe. Reclama también el daño moral sufrido a raíz del accidente, que estima en la suma de pesos doce mil. Subsidiariamente, solicita la condena por el accidente con fundamento en la Ley de Riesgos del Trabajo y conforme la fórmula de cálculo que propone, la estima en la suma de pesos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y uno con cuarenta y un centavos ($ 35.451,41) y/o lo que en más o menos resulte de la prueba a rendir. En oportunidad de alegar, morigera el actor su pretensión a la incapacidad determinada por la pericial oficial, esto es, al porcentaje del veinte con treinta y dos por ciento de la total obrera (20,32 %). La curtiembre codemandada opuso las defensas de falta de acción y plus petición inexcusable. Niega la ocurrencia del accidente en la curtiembre y el porcentaje de incapacidad reclamado. Sin embargo reconoce que, por información aportada por la cooperativa, tuvo conocimiento que en la fecha denunciada el actor sufrió un accidente, siendo asistido por la cooperativa prestataria de salud "Red Humana" y en la Clínica Savio de esta ciudad, hecho que dice, le fue comunicado a la compañía de seguros La Meridional. Por su parte, la cooperativa reconoce que el actor sufrió un accidente laboral el día 28 de julio del 2006. Dijo que el actor prestó servicios en la Curtiembre Río tercero SA, como asociado de la cooperativa y en ese marco y acaecido el infortunado accidente al que aduce en su demanda, la cooperativa lo cubrió tanto en su faz médica como económica (fs. 73 y 75), pero niega la existencia de incapacidad alguna. La aseguradora citada en garantía, La Meridional Cía. Argentina de Seguros S.A., deja controvertidos los hechos fundantes de la reclamación. b. De conformidad con los términos de la litis, la ocurrencia del accidente no está expresamente controvertido por la cooperativa ni la curtiembre, pues ambas admiten haber tomado conocimiento del mismo. La cooperativa, expresamente reconoció que sucedió el día 28 de julio del 2006 (fs. 73) en dependencias del establecimiento de la curtiembre y en circunstancias que el actor se desempeñaba como su asociado. Sin perjuicio de ello, corrobora los términos de la demanda la denuncia de siniestro que la cooperativa realiza a la aseguradora y que acompaña a fs. 96 y en las que quedan exactamente relacionadas las mismas circunstancias de persona, tiempo, lugar y modo de la ocurrencia del accidente laboral. En efecto, se consigna que el actor, el 28 de julio del 2006, en horas de la tarde y mientras se encontraba en la curtiembre sufre un accidente, cuando realizaba tareas habituales de mantenimiento, revocando arriba de un andamio y a raíz de lo cual, sufre un traumatismo en el pie derecho. Se acompañan también las constancias de prácticas médicas solicitadas en formularios "Rp." a favor del actor y "La Meridional Seg" por distintos facultativos de establecimientos hospitalarios (fs. 89, 91, 93, 95). Todas estas encuentran correlato en la informativa de la "Clínica Privada Modelo, que da cuentas de la atención del actor, que presentaba traumatismo de pie derecho y ruptura ligamentaria por caída de un andamio, que motivara tratamiento, intervención quirúrgica correctiva y rehabilitación (fs. 160/166). Además, de la prueba testimonial surge que el accidente fue un hecho conocido dentro del ámbito laboral de la curtiembre. En efecto, González, que se desempeñara en ese tiempo dijo que, un día de trabajo vio al actor salir rengueando con un encargado y un empleado y después, por comentarios de los otros empleados, se enteró que era porque se había caído de un andamio. En términos similares se expresó Fredez pues, pese a no haber visto el accidente de Arias, se enteró por los compañeros y corroboró que Darío González estaba en la curtiembre en la fecha del accidente. Godoy, supervisor inmediato del actor también corrobora la existencia del accidente, por la caída desde un tablón, aunque dijo no haberlo visto. Agregó que fue en circunstancias que el actor estaba sobre un andamio, haciendo un revoque y revestimiento en un galpón para arenar, del cual se cayó. Agregó que él lo había mandado a hacer la tarea y que después andaba rengo. Describió al andamio como una estructura armada con dos caballetes y un tablón, no recordando si estaba sujetado. El señor Luis Alberto Ferrer también corroboró circunstancias posteriores al accidente pues dijo haberse enterado enseguida, por dichos del propio actor y que inmediatamente lo atendieron en la Clínica Savio, a través de la cooperativa de salud "Humana" y que se denunció a la aseguradora, "La Meridional", todo lo cual tiene su correlato en la prueba informativa y documental ya reseñada. Finalmente Angel Pereyra reconoció haber estado realizando las tareas de mantenimiento con el actor, revocando arriba de un caballete, en andamios de altura, con estructura fija desde el piso. Si bien al momento del accidente dijo no haber estado en el sector, se enteró también por comentarios que el actor se había caído de los andamios y que después de este hecho, no lo vio más a Arias en la curtiembre. Aclaró que el andamio eran caballetes ubicados a dos metros o dos metros y medio de altura, más o menos y que Arias estaba revocando una pared y el testigo estaba usando otro andamio. c. De la prueba pericial médica (fs. 400) surge que a raíz del accidente sufrido, el actor padece de las secuelas de un traumatismo de tobillo derecho, con limitación funcional, que determinan una incapacidad permanente, parcial y definitiva del veinte con treinta y dos por ciento (20,32 %) de la total obrera, discriminados de la siguiente forma: limitación funcional, 11 %, lesión con hipotrofia muscular y trastorno de la sensibilidad, 5 %. Miembro hábil (5 %) = 0,80 %; factor de ponderación tipo de actividad con limitación intermedia (15 %) = 2,52 % y factor edad = 1 %, todo lo cual determinó según los criterios sustentados por el baremo Decreto 659/96 y 1278/2000. Si bien el Dr. Hermes Rosso, perito de control de parte, presenta un dictamen en disidencia, determinando una incapacidad parcial y permanente del 10 % de la total obrera, estimo improcedente éste pues no contiene una crítica fundada con referencia expresa y concreta al presentado por el perito oficial (arg. art. 278 del CdePC, de aplicación supletoria). En efecto, a criterio del perito oficial, el actor tiene marcha "algo disbásica" por dificultad en tobillo derecho mientras que el Dr. Rosso simplemente consigna que la marcha es de tipo eubásica, sin criticar aquella conclusión. Además, mientras el perito oficial advierte una moderada hipotrofia en la musculatura, el de control derechamente la niega, sin alegar acerca del error de aquél. Finalmente, mientras que en la pericia oficial se determinaron limitaciones en el movimiento del tobillo derecho, por el dolor, el de control sólo consigna la subjetividad de esta percepción, sin dar fundamento del yerro de aquel. Tampoco cuestiona el porcentaje por la limitación funcional en debida forma ni la incidencia de los factores de ponderación, limitándose a consignar porcentajes menores. 4. La reparación con fundamento en el derecho civil. a. La competencia del tribunal e inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la LRT: La actora demanda, con fundamento en el derecho común, la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos, por la incapacidad que porta, como consecuencia del accidente de trabajo que relata. A los fines de verificar los presupuestos que condicionan el ejercicio de la jurisdicción, debo remitirme a la doctrina que emana del precedente de la Corte Suprema en la causa "Castillo Angel Santos C/ Cerámica Alberdi S.A.", 07/09/04, profundizada en sus últimos pronunciamientos ("Venialgo", 13/3/07 y "Marchetti", 4/12/07), en los que claramente ha permitido a los trabajadores recurrir directamente a la justicia laboral ordinaria, sin necesidad de transitar una instancia previa y obligatoria ante las Comisiones Médicas ni recurrir a la Justicia Federal, para los reclamos de esta naturaleza. Es que el Régimen de la Ley de Riesgos de Trabajo, en esta cuestión, incurre en un supuesto de inconstitucionalidad directa absoluta, al sustraer la competencia de los tribunales ordinarios, pues es materia que les corresponde de acuerdo con las normas constitucionales. Encontrándose comprometido en esta declaración el orden público, por afectación al reparto de competencias establecidas constitucionalmente, justifica un pronunciamiento oficioso sobre la cuestión. (Cfr. en igual sentido ACKERMAN, Mario - Director; "Tratado de Derecho del Trabajo"; Tomo VI; Ed. Rubinzal Culzoni; año 2007, pág. 189). No es aceptable que la Nación, al reglamentar materias que son como principio propias del derecho común, pueda ejercer una potestad distinta de la que específicamente le confiere el citado art. 75, inc. 12 de la C. Nacional. La afectación del orden público, trascendencia pública de los citados precedentes y la autoridad de la que emanan, por ser el máximo tribunal para dirimir cuestiones de constitucionalidad y competencia, como la involucrada en el presente tópico, me eximen de la reproducción de sus otros fundamentos, pero que también hago míos y doy por reproducidos. Por ello y porque se comparten estos fundamentos, se declara de oficio, la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y art. 46, apartado 1, art. de la LRT y de las normas reglamentarias correspondientes (Decreto PEN 717/96). En consecuencia y como el reclamo versa sobre un conflicto jurídico individual derivado de una relación de trabajo y vinculado al ejercicio de una acción emergente de un accidente de trabajo, cualquiera sea el fundamento jurídico que se invoque, es competente esta Cámara del Trabajo para entender en la controversia (arg. art. 1 y 3 Lp 7987). En igual sentido se ha pronunciado nuestro máximo tribunal local (TSJLaboral; Montero José c/ Consolidar; 4/7/04, entre otros). b. La inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 inc. "a", 14 inc. 2 "a" y art. 39 de la LRT: La actora cuestiona la constitucionalidad de las normas citadas y de toda otra que limite una pretensión a la reparación integral del daño sufrido, de conformidad con las normas del derecho civil. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde los precedentes en "Aquino" ( Fallos 327:3753), "Díaz" (Fallos 329:473), "Avila Juchami" y "Llosco", entre otros, ha sostenido la doctrina en virtud de la cual la limitación del trabajador a acceder el resarcimiento integral que otorga el derecho civil es inconstitucional. Ello porque siendo el trabajador, precisamente, sujeto de preferente tutela constitucional, no puede verse privado en su condición de tal, a reclamar una justa indemnización por los daños ocasionados a su persona (a la vida y la salud), cuando éstos derivan de una relación de trabajo. La interpretación de este conflicto de interese (tarifación vs. reparación integral) debe realizarse a la luz del principio rector y derecho fundamental que lo inspira, que no es otro que la dignidad del ser humano, que se vería gravemente resentida en toda su dimensión si se diera prioridad a las indemnizaciones tarifadas en desmedro de las plenas. De lo contrario, se afectaría el derecho a una reparación justa, con flagrante violación a la Declaración Universal de Derechos Humanos, el principio de progresividad contenido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las garantías de igualdad y protectorias del trabajador en la Constitución Nacional. Queda consagrada así la constitucionalización definitiva del principio de "no dañar" (alterum non laedere) y en condiciones de igualdad ante la ley, para todos los habitantes de la Nación Argentina, incluidos los trabajadores sujetos al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo (arts 14, 14 bis y 16 de la Constitución Nacional). Por ello y por compartir tales fundamentos, corresponde pronunciar la inconstitucionalidad reclamada, remitiéndome a mayor abundamiento, a las demás consideraciones dadas por el alto tribunal en tales precedentes. En mérito a lo expuesto, queda legitimada la actora en autos a plantear la acción de que se trata, con el fundamento legal que propone. c. La atribución de responsabilidad y el nexo causal: Establecida ya la existencia del hecho generador de responsabilidad (accidente de trabajo), el daño cierto causado en la salud del trabajador (incapacidad determinada en la pericia y corroborada por los antecedentes documentales e informativa de las prácticas médicas agregadas a la causa fs. 1, 89/90, 92, 96, 160/166 y 400), corresponde verificar qué circunstancias fueron preponderantes en la ocurrencia del siniestro y sus consecuencias (factor de atribución de responsabilidad y adecuado nexo de causalidad). A través de la testimonial rendida en la causa surge que, al tiempo del accidente, el actor estaba trabajando en altura, sobre un andamio distante del suelo a más de dos metros. Que este andamio estaba armado con caballetes y un tablón sin ataduras. Así lo refirieron Rosendo Godoy y Ángel Pereyra. Si bien el primero dijo que el andamio estaba a 1,20 mts de altura, el segundo lo ubicó por encima de los dos metros y en este punto doy mayor relevancia a este último testigo pues no sólo estaba más próximo a las circunstancias de tiempo y lugar en que ocurrió el accidente, sino que además dio debida razón de sus dichos. En efecto, Pereyra estaba trabajando con el actor cuando ocurrió el accidente, en otro andamio y si bien no vio el momento exacto del mismo, sabe que Arias en ese momento estaba revocando un agujero, ubicado entre el techo del galpón y la parte más alta de una pared medianera del mismo. Dijo que un vecino se había quejado por las filtraciones de arena que se producían por ese hueco y por ello se mandó al actor para taparlo. Además, hizo referencia concreta de la altura del caballete señalando, en comparación, la línea de pintura gris existente en la sala de audiencias en dónde declaraba, circunstancia que ha permitido al tribunal verificar que ésta se encuentra por encima del dintel de las puertas, es decir y sin duda alguna, a más de dos metros de altura. También dio referencias concretas de la altura del techo del galpón, y en tal sentido afirmó que en promedio, era más o menos de la altura de los techos de la sala de audiencia, que para la directa percepción, revela una maca superior al metro cincuenta (1,50 mts) desde la altura de dinteles. Dijo además que la orden para realizar el trabajo la habían recibido del encargado de mantenimiento, señor Godoy y por dichos de éste, quedó acreditado en la causa que era el superior inmediato del actor. Con relación a las medidas de seguridad y a contrario de lo afirmado por Godoy, Ángel Pereyra dijo que no recuerda hayan sido provistos de los elementos de seguridad y cuando subían a los tablones con el actor, trabajaban sueltos, es decir, sin medio alguno de sujeción. Si bien es cierto que un andamio construido con caballetes y un tablón por sí sólo no es cosa riesgosa o viciosa, en el caso, si lo fue en las condiciones de su utilización por el actor (en altura) y sin las medidas de seguridad (armado con fijaciones firmes y seguras) ni de protección personal (cinturón, arnés y cuerdas) necesarias para evitar que el tablón se desplomara o que el trabajador pudiera caer. Estas circunstancias, por sí solas, han tenido adecuada relación de causalidad con el infortunio y sus consecuencias, pues de no haber sido armado y utilizado en esas condiciones y sin medidas protectorias, el accidente no habría ocurrido. Tiene también incidencia causal en el accidente, por la que también debe responder el empleador, la orden impartida por el superior inmediato del actor (Godoy) para la realización del trabajo en altura y en esas condiciones, sin la provisión de los elementos de seguridad. Acreditado ello, se produce la inversión de la carga probatoria y como la curtiembre no ha alegado ni probado eximente alguno de responsabilidad, queda obligada a responder como dueña y/o guardián de dicho instrumento de labor; tanto por el riesgo (altura y ausencia de medidas protectorias y de seguridad) y vicio (condiciones de armado del caballete) del mismo (art. 1113 C. Civil). Igualmente debe responder, por el hecho de su dependiente -Godoy- (responsabilidad refleja del art. 1113, párrf. 1 C. Civil), que siendo el responsable a cargo y superior inmediato del actor, ordenó y permitió que se desarrollara la tarea con una cosa riesgosa y viciosa y sin disponer medida alguna de protección o seguridad. Ello determina también la existencia de culpa patronal, por las omisiones en el cumplimiento del deber legal de seguridad (art. 1109 C. Civil). En el particular no está acreditado que la patronal hubiera predispuesto, con anterioridad al accidente, los elementos de seguridad y protección necesarios para que el actor pudiera realizar los trabajos sin riesgo alguno o al menos minimizándolos, según las circunstancias de persona, tiempo y lugar, que en el caso exigían mayor prudencia y previsión que la media del hombre común, por tratarse de trabajos que importaban un riesgo, por las condiciones de su realización (sobre caballetes y en altura). Pudo el principal representarse el resultado dañino como consecuencia de su propia conducta incumplidora frente a las obligaciones impuestas por la naturaleza de la actividad (riesgosa) y la normativa vigente sobre prevención de accidentes laborales y de higiene y seguridad (arts. 63 y 75 LCT, art. 8 inc. b de la Ln. 19587; arts. 103, 106, 107 y 200 del Dto. 351/79, Dto. 911/96 y arts. 512, 902, 1068, 1074, 1109, 1111 y 1114 del C. Civil). Para contextualizar debidamente esta última responsabilidad enrostrada a la patronal, emergente de su deber de seguridad (art. 75 LCT) es oportuno recordar que a la luz de la nueva doctrina constitucional de la Corte Suprema, con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de numerosas disposiciones de la LRT, ha quedado tácitamente derogado la disposición adicional 1 del art. 49 de la Ln 24557 que modificó regresivamente el art. 75 de la LCT, al intentar vaciar de contenido resarcitorio el incumplimiento del principal respecto del deber de previsión y seguridad. Por ello y siguiendo las conclusiones de la Comisión IV en las "IV Jornadas Anuales Extraordinarias de Derecho del Trabajo y I Interdisciplinarias" del Colegio de Abogados de Morón del año 1981 entiendo que la responsabilidad común o civil puede ser dimensionada con aplicación de distintos regímenes de responsabilidad, que en algunos casos se superponen unos a otros y no se excluyen. La responsabilidad es extracontractual, contractual (fundada en la normativa general del Código Civil o en la propia de la Ley de Contrato de Trabajo, arts. 75, 195 y 176) y objetiva por riesgo (art. 1113 C.C.) y todos esos regímenes pueden pluridimensionarse en caso de infortunios. El juez debe aplicar la norma más favorable al trabajador para decidir la acción planteada, sometiéndose a la sistemática del derecho del trabajo y la naturaleza jurídica laboral (cfr. en igual sentido SCHICK, Horacio; "Riesgos del Trabajo - Temas fundamentales"; Ed. David Grinberg, 3ra ed. Actualizada y ampliada; 2010, pág. 194 y sgtes.). Por las razones expuestas, debe declararse la procedencia de la acción y responsabilizarse a la curtiembre a reparar en forma plena, todas las consecuencias indemnizatorias derivadas del accidente probado y que fueran reclamadas. d. La extensión del daño: El actor reclama los daños por la incapacidad sobreviviente y pide la aplicación de la fórmula "Marshall" proponiendo en la base del cálculo la incapacidad fijada en la pericia (20,32 %), una tasa de interés anual del 6 %, un ingreso mensual de $ 800 y una expectativa de vida útil de 72 años. Los demandados controvierten la reclamación. La cooperativa alega la inexistencia de incapacidad derivada del accidente y cuestiona la edad de 72 años tomada como vida útil como base del cálculo. Es en el momento de sentenciar que los magistrados deben examinar todas las variaciones intrínsecas del daño reclamado, cuando parte del mismo se ha consolidado en el pasado y otra parte resta determinar hacia el futuro. De allí la necesidad de establecer dos cuentas indemnizatorias (cfr. ZAVALA de GONZALEZ, Matilde; "Resarcimiento de daño"; T. "2a"; "Daños a las personas"; Hammurabi; 2da. ed., 1ra reimpresión, 1991, pág. 402). En el primer caso (daño pasado) se computarán las ganancias frustradas a partir del hecho dañoso hasta el momento de la sentencia y en el segundo (daño futuro), tendrá como base el grado de incapacidad subsistente al momento de la sentencia y en la cuenta indemnizatoria se computarán las ganancias frustradas que, con certidumbre, sufrirá el damnificado. En consecuencia, para lo primero el perjuicio se deberá computar teniendo en cuenta la remuneración que convencionalmente le hubiera correspondido al actor, desde el distracto, de haber continuado en la misma actividad, según la antigüedad y categoría de convenio y hasta la fecha de la sentencia. Todo ello, disminuido porcentualmente en función de la incapacidad declarada (20,32 %) e intereses. En cambio, la fórmula para determinar la medida del menoscabo económico futuro, el daño se determinan aplicando la fórmula matemática del caso "Marshall", que se resume como C= a (1-Vn). 1/i; donde Vn=1/(1+i)n. El factor "a" representa el retiro anual de capital e intereses dejado de percibir, reducido el salario actual y anualizado de la misma categoría y antigüedad convencional, con más la incidencia del SAC (13 sueldos); "i" la tasa anual a la que se coloca el capital (6 %) y "n" el número de períodos dentro del cual debe producirse el agotamiento del mismo, representado por los años transcurridos desde la presente y hasta la edad de la jubilación ordinaria (65 años) y no como se pide. En este punto y por la naturaleza del reclamo, he seguido los lineamientos de la Sala Labora del Tribunal Superior de Justicia, a partir del precedente "Guerrero, José H. C/ Metalminera Ferroni SA y otros s/Indemnización (Sent. 227/2007). Sin embargo y para no violar los términos de la litis, atento al reclamo subsidiario fundado en la ley de riesgos y el carácter irrenunciable de los derechos laborales, cabe aclarar que las sumas mandadas a pagar de esta forma, nominalmente consideradas (sin intereses), en ningún caso podrán exceder la suma del reclamo ($ 54971,13) ni tampoco podrán ser inferiores al mínimo legal, esto es, $ 36.572 (arts. 2, 3 y 4 Dto. 1694/09 y art. 15 LCT) y que la base del cálculo nunca podrá ser inferior al salario mínimo, vital y móvil vigente al tiempo de su ponderación. Tratándose de un capital que puesto a un determinado interés arroja una renta mensual que desaparece con la jubilación, esta última pretensión sólo lleva intereses ante el caso de incumplimiento -por mora- a partir del dictado de este pronunciamiento (tasa pasiva promedio mensual más un 2 % mensual -"Hernández..." Sent. 39/02-). La determinación del menoscabo económico definitivo se efectuará en la etapa previa a la ejecución de la sentencia (art. 812 CPC) de acuerdo a las bases establecidas en la presente. e. Daño moral: Resta expedirse sobre el reclamo por daño moral. Al respecto, los antecedentes analizados, permiten concluir que una disminución de la capacidad laborativa, con afección directa en el físico del actor, hombre joven -25 años- que por su grado de instrucción e inserción laboral alcanzados -empleado en tareas de mantenimiento-, podemos inferir que como hasta ahora, su futuro desempeño estará ligado, preferentemente, con tareas manuales por sobre las intelectuales, que por lo general requieren apreciables aptitudes de desenvolvimiento corporal o físico. Consecuentemente con ello, los efectos de este lamentable accidente tienen aptitud suficiente como para repercutir y seguir gravitando de una manera negativa en el ánimo del actor. Repárese además que debió ser intervenido quirúrgicamente y para su recuperación fue sometido a tratamiento de rehabilitación por casi cuatro meses. Que le quedó una cicatriz de 12 cm, marcha dificultosa y dolores permanentes. Lo expuesto revela objetivamente el padecimiento y afecciones sufridas, por lo que estimo procedente el rubro. Sobre el quantum, si bien la ofensa al espíritu que puede producir un hecho de la entidad del ocurrido, escapa a toda apreciación pecuniaria, puede entenderse que su reparación no es un resarcimiento "estricto sensu", sino una satisfacción indirecta que procura mitigar de algún modo el sufrimiento. Por consiguiente, resulta prudente fijarla indemnización en el monto pretendido, esto es, la suma de pesos doce mil, con más intereses a calcular desde la fecha del accidente y hasta su efectivo pago. 5. La citación en garantía: La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. ha sido citada a juicio por la cooperativa, como tercera obligada, en los términos de un contrato de seguro de accidentes contratado. La aseguradora reconocer haber celebrado el contrato de seguro de accidentes personales en el ámbito laboral, según póliza 468525, que amparaba el riesgo de incapacidad permanente de las personas designadas en la nómina que formaba parte del mismo y siempre que la misma se produjera durante la vigencia de cobertura de la póliza. No obstante ello, declina la cobertura reclamada pues dice que el actor no se encontraba denunciado por la cooperativa, ante su mandante y por tanto, se estaba fuera de la cobertura. Subsidiariamente, plantea como límite total de cobertura la suma de $ 180.000 y en forma proporcional al porcentaje de incapacidad determinado. Además alega que la cooperativa contratante es beneficiaria preferente respecto de los demás asegurados o beneficiarios. Alegó también que su contrato es ajeno a la LRT, a la relación laboral y no se trata de un seguro de responsabilidad civil, razón por la que limita la cobertura a lo establecido en las condiciones de la póliza excluyendo cualquier otro rubro distinto o que sustituya obligaciones emergentes de la ley de riesgos. Opone también defensa de "no seguro" y falta de legitimación activa y pasiva, pues sostiene, el actor, a la fecha del accidente, no fue incluido por el tomador en la nómina de asegurados que debía suministrar. Alega además la falta de incapacidad resarcible del actor, según los términos de la póliza. Además, declina la cobertura contratada, por el incumplimiento de las medidas de seguridad y protección inherentes a la actividad. Resiste la citación en garantía, en los términos del art. 118 de la ley de seguros, pues el seguro contratado no es de responsabilidad civil y por ello, entiende que para ser condenada, debe ser demandada por cumplimiento de contrato por el juicio común o citada en calidad de tercera obligada. Finalmente cuestiona los montos indemnizatorios pretendidos y la inclusión del daño moral en el reclamo, por ser ajeno a la cobertura y solicita la aplicación del art. 1 de la Ln 24432. Al tiempo de alegar la aseguradora se valió de la prueba documental de fs. 99 a 102 (póliza acompañada por la curtiembre) y en base a las conclusiones de la pericia contable reconoció "... la existencia de la cobertura de esta aseguradora...", "... debiéndose tener por aceptada la misma en las condiciones en que se contrató." (fs. 516/vta). Asimismo dejó a criterio del tribunal la valoración de la prueba médica oficial. Como queda expuesto, si bien inicialmente la aseguradora opuso la defensa de "ausencia o falta de seguro" la misma no puede proceder porque al tiempo de alegar lo reconoció expresamente sobre la base de valorar la prueba documental de fs. 99/102 y las conclusiones del dictamen pericial. Sólo pidió que su obligación se limitara a los términos de la póliza. De las constancias relacionadas en tales folios surge el otorgamiento por parte de la Meridional de una cobertura asegurativa por muerte y accidentes personales, siendo asegurado el actor y beneficiaria la cooperativa (tomador), para cubrir siniestros -entre otros- derivados de la invalidez parcial permanente de aquél, por accidentes hasta la suma de $ 180.000. La póliza lleva el número 468525, y vigencia desde el 1 de enero 2006 hasta el 1 de enero del 2007. Se aclara también que el ámbito de cobertura es la jornada laboral y accidentes en "itinere", todo lo cual es corroborado por el Perito Contador, en base a la observación de las mismas constancias (fs. 351/352). Luego, aquel reconocimiento, aún al tiempo de alegar, es prueba suficiente del fundamento de su legitimación pasiva en este juicio pues la póliza existe, el actor es su asegurado, el accidente se produjo durante la jornada laboral y a raíz del mismo, éste sufrió una incapacidad parcial y definitiva. Por ello, tampoco es de recibo el planteo de la aseguradora, cuestionando su citación a juicio en garantía o la improcedencia de una condena en su contra, pues cualquiera sea la denominación empleada para ello, lo cierto es que, en los términos que fue citada, conforme al art. 48 de la LPT ésta corresponde siempre que el objeto del reclamo se encuentre garantizado o vincule al citado con una de los sujetos de la controversia. Por ello, queda constituida como parte a todos los efectos procesales y con los mismos apercibimientos. No está ya controvertido que la pretensión indemnizatoria del accidente, es común a la aseguradora, por el reconocimiento de la cobertura otorgada para el siniestro reclamado. Además, de los términos de la póliza surge que la propia cooperativa, en su carácter de tomadora, está constituida como su beneficiaria y fue ésta, precisamente, quien pidió la mentada citación. Además, no prueba la aseguradora los alcances de la cláusula primera de las condiciones particulares que invoca, pues no existe copia íntegra de la póliza y aún así, aquella no ha hecho valer, en este juicio, ningún preferencia respecto de los restantes beneficiarios y asegurados. Por todo ello, teniendo presente la naturaleza de la póliza contratada (seguro de personas) y que la misma aseguradora reconoce que ante la falta del ejercicio del cobro preferente, tiene derecho sobre el saldo de las prestaciones el propio asegurado (fs. 66), la obligación contractual de la aseguradora es también directa para con el actor que, es precisamente uno de ellos. Por ello puede y debe ser condenada en dicha forma si en juicio ha sido reclamada la cobertura contratada y aquélla no acredita haber cumplido su obligación a cargo. También son inadmisibles los hechos por los que la aseguradora declina la cobertura contratada. En efecto, refiere la falta de provisión de elementos de seguridad, la inexistencia de incapacidad del actor y en alegatos, invoca la extemporaneidad de la denuncia del siniestro. Ello así, en primer lugar, porque los hechos que sustentan la denuncia tardía han sido introducidos en la oportunidad de alegar y por tanto, son extemporáneos y extraños a la litis motivo de controversia. Subsidiariamente cabe agregar que para declinar cobertura por esta causal o la de falta de provisión de elementos de seguridad, el asegurador lo debe hacer dentro del plazo del art. 56 de la LS y no prueba que así ello haya ocurrido, desde el momento que tuvo conocimiento del siniestro. En segundo lugar y respecto de ésta última tampoco procede, aún probado ello, porque la aseguradora ha hecho un reconocimiento tácito de los derechos del actor asegurado. En efecto, la cooperativa alega y prueba que la Meridional se hizo cargo de gastos médicos de Arias, que deben inferirse a falta de otra alegación en contrario, eran los propios de la cobertura contratada. En efecto, obran agregadas a la causa constancias de prácticas médicas realizadas al actor, por "La Meridional" y con la autorización de "Red Humana Salud", con posterioridad al siniestro que están relacionadas con circunstancias de persona, tiempo y lugar que refieren precisamente al accidente de trabajo del actor y a las prescripciones del profesional y prácticas médicas realizadas en la institución médica que intervinieron en su curación y asentadas en su Historia Clínica (fs. 89/96 y 160/166). Estas, a su vez, fueron confirmadas por el testigo Ferrer que dijo que de después del accidente de Arias, se lo atendió en la Clínica Savio, a través de "Humana Salud" y que al hecho lo denunció a la compañía de seguros, la Meridional. Esta manifestación, es un indicio corroborante de aquellas actuaciones. Cabe agregar además que, si el asegurador busca su liberación invocando circunstancias que constituyan excepciones a la cobertura, los hechos en que se fundan deben ser demostrados por éste (cfr. Barbato, Nicolás - Meilig, Gustavo, "Manual de Derecho de Seguros"; # 175, pág. 102). En consecuencia, la propia conducta de la aseguradora, tanto omisiva como activa y la falta de prueba, impiden acoger estas defensas sustentadas en el incumplimiento de las cargas del asegurado (cfr. Barbato, Nicolás - Meilig, Gustavo, op. cit.; # 175, pág. 99 y sgtes).Todo ello con mayor razón si, como en autos, el asegurado es el propio damnificado y éste, en el contexto de las condiciones de su desempeño y por su carácter de dependiente de la curtiembre, ninguna posibilidad tenía como para garantizarse la provisión de las medidas de seguridad, que dependían exclusivamente de la potestad de su empleador. La limitación de la cobertura, al porcentaje proporcional de la incapacidad respecto del monto máximo ($ 180.000) no puede recibirse porque no surge de ello de las constancias de la póliza acompañada (fs. 99/102) ni se ha hecho prueba concluyente acerca de los términos de las condiciones particulares. No obstante ello, si cabe tener presente el límite máximo contratado y excluir la indemnización por daño moral, pues este rubro para la cobertura de que se trata (accidentes personales), no es una incapacidad del asegurado sino que representa la cuantificación económica de un daño adicional, del que no surge haya existido aquella. En mérito a las conclusiones y antecedentes relacionados se debe rechazar parcialmente las defensas de la aseguradora (art. 31 y 56 Ln 17418) y condenarla al pago de las sumas resultantes de la incapacidad reclamada, hasta el tope pactado, con más los intereses que correspondan, hasta la fecha de su efectivo pago. IV. Los rubros: Por las conclusiones expuestas, corresponde me expida acerca de los demás rubros pretendidos con la demanda, tomando como base el salario denunciado por el actor, pues la patronal demandada no ha hecho prueba suficiente de su improcedencia, encontrándose obligada a ello (arg. art. 39 inc. 3 LPT y arts. 9 y 56 LCT). Tengo presente que al tiempo de alegar, aquél conformó la aplicación del régimen convencional del CCT 125/75 invocado por la curtiembre (fs. 506/vta). a. Haberes de enero, febrero y proporcional marzo del 2007, SAC 2006, SAC proporcional año 2007, vacaciones no gozadas año 2006 y proporcionales, año 2007: por tratarse de rubros derivados de la relación laboral y no encontrarse alegado ni acreditado su pago en legal forma, se los declara de legítimo abono y procede la condena por las sumas pretendidas. Las vacaciones del año 2006 se reconocen porque, no habiéndose acreditado su otorgamiento y siendo que al momento del despido el actor aún se encontraba a tiempo para gozar esta licencia anual, puede ser compensada (art. 156 LCT).- b. Indemnizaciones emergentes del despido, arts. 245, 232 y 233 LCT: en mérito a lo decidido, se declaran de legítimo abono por las sumas reclamadas. c. Indemnización art. 2 Ley 25323: El art. 2 de la Ln 25323 establece un incremento del cincuenta por ciento de las indemnizaciones laborales previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la LCT -sustitutiva de preaviso, integración mes de despido y antigüedad- cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no las abonare y consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales para ello. Es requisito de procedencia, no sólo el despido -directo o indirecto- sino también una intimación fehaciente y la mora del empleador. De conformidad con lo expuesto y las constancias de autos surge que el actor, mediante la carta documento remitida a la curtiembre con fecha 12 de marzo del 2007 (fs. 5), procedió a reclamarle las indemnizaciones emergentes del despido cuyo reconocimiento por la presente se recibe, habiendo ésta controvertido, injustificadamente, la relación de trabajo. En consecuencia, la indemnización se recibe por el incremento fijado en la ley, esto es, el cincuenta por ciento de la de antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido. d. Multas del art. 8 y 15 Ln 24013: El actor reclama las multas previstas en los arts. 8 y 15 de la Ln 24013. 1. Para percibir la multa del art. 8, el trabajador debe intimar al empleador por escrito, estando vigente la relación laboral, para que en el plazo de treinta días normalice su situación, consignando en forma precisa cuáles son las irregularidades en la registración. El art. 47 de la Ln 25345 modificó el art. 11 de la Ln 24013 introduciendo como requisito adicional para la procedencia de la indemnización, la de remitir a la AFIP, de inmediato y en todo caso, no después de las 24 horas hábiles siguientes, copia del requerimiento señalado anteriormente. De las constancias de fs. 2, 3 y 4 surge formalizado el emplazamiento a la patronal y la remisión a la AFIP del mismo requerimiento, dentro del plazo legal. Como el vínculo laboral con el actor, pese al reclamo, se mantuvo totalmente irregistrado, la indemnización es procedente en los términos del citado artículo y por la suma reclamada. 2. El art. 15 de la Ln. 24013 establece que si el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los dos años desde que se le hubiera cursado de modo justificado la intimación prevista en el art. 11, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieren correspondido como consecuencia del despido. A tal fin cabe apuntar que es criterio reiterado y vigente -por mayoría- de la Sala Laboral del TSJ, al que adhiero, que para la procedencia de la indemnización del rubro, es requisito de admisibilidad que exista una directa relación causal entre la cesantía y alguna de las irregularidades que prevén los arts. 8, 9 y 10 del plexo normativo. De los términos de la comunicación cursada por el actor a la accionada (fs. 4) no se infiere válidamente que la actitud resolutoria respondiera, específicamente, al pedido de inscripción de que se trata. En efecto, si bien el actor emplazó a la accionada para la registración del vínculo laboral bajo la modalidad que denuncia, al mismo tiempo lo hizo para que se le aclarara situación laboral, por habérsele impedido el ingreso a su lugar habitual de trabajo y para que se le abonaran los haberes de diciembre del 2006 y enero del 2007 bajo iguales apercibimientos. Ese marco circunstancial demuestra que alguno de los hechos injuriantes determinantes del despido del actor existieron antes que la intimación cursada en los términos de la Ley 24013 y por tanto, son extraños a la relación causal entre el despido y las irregularidades de la mencionada ley (Cfr., en igual sentido y por mayoría, TSJ Laboral; Sent. 132 del 14 de noviembre del 2006, en "Alberto Papini SA c/ Romero Marcelo - ordinario"; "Díaz, Ramón Oscar C/ CREDICEM S.A. - Demanda"; Sent. 2 del 14 de febrero de 2006, "Quiroga, Hugo A. C/ José A. Barbero y otros - Demanda"; Sent. 4 del 2 de marzo del 2010, entre otros). Por las razones precedentes, deberá desestimarse la indemnización así pretendida. e. Indemnización art. 15 de la Ln 25561: Es de recibo la pretensión del incremento indemnizatorio, pues el distracto se produjo dentro del ámbito temporal de vigencia señalado por la norma (art. 4, párrafo segundo Ln 25.972, art. 3ro Dto. 1433/2005 y decreto 1224/2007 y su doctrina a partir del Plenario CNTrabajo en "Lawson, Pedro José c. Swiss Medical S.A.", 30/06/2010 (L.L. Online: AR/JUR/28838/2010) y resulta aplicable a los casos de despidos indirectos, ya que la norma, de excepción y transitoria, es de contenido protectorio y su objetivo ese la de evitar despidos y sancionar la decisión rupturista del empleador (Cfr. GRISOLIA, Julio Armando; Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; T° II, pág. 1241 y sgtes.; Lexis Nexis; 2004). Es que, con relación al último punto, el suscripto también comparte la interpretación dada por la mayoría del fallo plenario nro. 310 de la Cámara Nacional del Trabajo in re "RUIZ, Víctor c. Universidad Argentina de la Empresa - Despido" y que fueran sostenido en pronunciamientos anteriores y que son también reiterados por el voto, en minoría, de la Dra. Blanc de Arabel, en el precedente del TSJ, Sala Laboral en autos "Gómez, Flavia c/ Superkiosco La Pepa" (Sent. del 30/10/06) y sin perjuicio de lo resuelto por ese mismo tribunal, a partir de "López v. Porta Hnos S.A." con fecha 30 de noviembre del 2006. De conformidad a lo expuesto y atento que según el art. 4 de la Ln 25972 -vigente al tiempo del distracto- el incremento indemnizatorio, ahora está referido inequívocamente a la indemnización prevista en el art. 245 de la LCT. Por ello, se recibe la pretensión de la multa, en el equivalente al cincuenta por ciento de la que corresponde por la indemnización del art. 245 LCT (arg. art. 1 y 3ro. Decreto 1433/2005) y por tanto, procede por la suma de $ 800 y no como se reclama. f. Penalidad del art. 80 de la LCT y entrega de la certificación de servicios: Reclama la actora la indemnización establecida en el mencionado artículo, por la falta de entrega del certificado de servicios, luego de formulársele reclamo fehaciente. La contraria se opuso a la pretensión con sustento en la negativa de la relación laboral de dependencia invocada. Habiéndose determinado la existencia de un contrato laboral y por ende, la obligación a extender la mencionada certificación y siendo que ésta fue fehacientemente requerida al tiempo de la disolución del vínculo, según comunicación postal agregada (fs. 5), la condena pretendida, es de recibo. Es que la negativa insincera de la naturaleza del vínculo indica que el empleador nunca estuvo dispuesto a entregar la documentación de carga legal, por lo que los plazos fijados para respetar esa obligación, según se dieron las cosas, no son determinantes. Con relación a ello, tanto la jurisprudencia local como nacional tiene reiteradamente dicho que resulta inoficiosa la intimación si la relación laboral fue negada (Cfr. CNTrabajo Sala 1ra, 20/10/05 en "Mele v Lis"; 17/9/07 en "Ramos v. Calvetti"; Sala 3ra, 15/4/03 en "Blanco v. Cluv San Jorge"; entre otros y TSJ Laboral, Sent. N° 260/07, 77/2009, entre otras). Por ello procede la multa que conmina el incumplimiento ante el requerimiento. Corresponde también acoger la condena al otorgamiento de la certificación solicitada, de conformidad con los requerimientos de la reglamentación vigente, que se deberá efectivizar en el plazo de cinco días de la presente, bajo apercibimiento de astreintes y de extenderla el tribunal conforme las constancias de la causa (art. 80 LCT, art. 12 Ln 24241, y Res. Gral. AFIP 2316/07 y Resolución ANSESS 601/08). Los astreintes se fijan en una multa diaria, a favor de la actora, de cincuenta pesos hasta un máximo de tres veces la mejor remuneración del actor (art. 666 bis del C. Civil y art. 80 LCT) y se devengarán a "prorrata temporis". g. Asignación familiar por un hijo: Pide el actor el pago de $ 1020 por este concepto sin arrimar a la causa prueba alguna de la correspondencia de su derecho. En consecuencia, el rubro se rechaza. h. Pago de aportes correspondientes a la seguridad social: Reclama el accionante se efectúe la totalidad de los aportes correspondientes a la seguridad social, durante la integridad del plazo de vigencia de la relación laboral que estuvo sin registrar y se apliquen astreintes. Atento la naturaleza de la obligación reclamada, el trabajador carece de legitimación para reclamar a su empleador los aportes correspondientes a la seguridad social y por tanto el rubro se rechaza. Es que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es la encargada de la aplicación, recaudación y ejecución de los recursos del sistema de seguridad social nacional, cuya administración está a cargo del ANSeS. Toda obligación que hace al cumplimiento de la retención de ingreso de los aportes y contribuciones es atribución de la AFIP (arg. decreto 507/93, 1156/96, 1589/96, 1394/01 (SIRSS), 682/01 (INARSS); Ln 11.683 t.o. y Ln 24241). i. Excepción de plus petición: la curtiembre opone la defensa del título sin dar mayor fundamento fáctico a la misma, mas que alegar la falta de legitimación activa del actor para obrar. Como ésta ha quedado desestimada, aquella también por la inexistencia de circunstancias que la sustenten. V. Intereses: Las sumas acogidas, deberán ser calculadas en la etapa previa a la de ejecución de la sentencia, conforme al trámite del art. 812 del CdePC, de aplicación supletoria, a cuyo fin la parte actora deberá presentar liquidación económica y actualizada de los créditos que le han sido reconocidos, con más los intereses compensatorios, que a ese fin, por la naturaleza laboral de los mismos, se fijan en el equivalente a la tasa pasiva promedio mensual que fija el Banco Central de la República Argentina, con más el dos por ciento mensual, que se devengarán desde que cada suma es debida y hasta la de su efectivo pago, debiéndose efectivizar el pago de la condena dineraria dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución aprobatoria de la liquidación económica así practicada, bajo apercibimiento de ejecución. La condena de intereses así pronunciada, torna abstracto el pedido de inconstitucionalidad del art. 4 de la Ln 25561 formulado por la actora, pues la contemplada en el pronunciamiento, a criterio del suscripto, es suficiente como para enervar los perjuicios alegados por los efectos inflacionarios y pérdida del valor adquisitivo, toda vez que anualizada y en promedio, es suficiente como para superar esta pérdida. VI. Solidaridad: La condena se impone solidariamente a la "Cooperativa de Trabajo Agrícola e Industrial Colonia Barraquero Limitada." respecto de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social (arts. 23, 25, 26, 29 y cts. de la LCT). VII. Costas: Las costas se imponen a los demandados, por resultar vencidos (art. 28 LPT), aún cuando algunos rubros hayan sido desestimados, pues encontraron sustento en los mismos hechos que dieron origen a la controversia. Las generadas por la citación de la aseguradora, a la misma y con relación al monto de la condena pronunciada en su contra (art. 28 LPT), debiéndose tener presente, para su oportunidad, lo dispuesto en el art. 1ro de la Ln. 24432. VIII. Corresponde diferir la regulación de honorarios de los letrados y peritos intervinientes, hasta que exista base económica definitiva del pleito, de conformidad con los arts. 25, 34, 36, 47, 94 y ctes. Lp 8226 y 125 de la Lp 9459 y arts. 8 y 13 de la Ln 24432. y no regular a los de los condenados en costas, hasta tanto lo soliciten. IX. Comunicación AFIP e INAES: Atento haberse alegado y probado que la presente es una relación laboral no registrada, deberá comunicarse la presente sentencia a la A.F.I.P., a los fines previstos en el art. 17 de la Ln 24013, texto según Ln. 25345 y con los recaudos legales exigidos. De la misma manera y por haberse determinado en el pleito la actuación fraudulenta de la cooperativa demandada y la falta de regularidad en sus papeles y registros contables, la presente se deberá poner en conocimiento del I.N.A.E.S. a los fines que hubiere lugar (art. 99 Ln 20337), con copia de las actuaciones correspondientes. Por todo lo expuesto el Tribunal RESUELVE: 1. Rechazar la excepción de competencia material opuesta por la "COOPERATIVA DE TRABAJO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL COLONIA BARRAQUERO LIMITADA" y la de plus petición opuesta por CURTIEMBRE RIO TERCERO S.A. 2. Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 inc. "a", 14 inc. 2 "a", 21, 22, 39 y 46 de la LRT. 3. Declarar la nulidad del vínculo asociativo del actor con la "COOPERATIVA DE TRABAJO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL COLONIA BARRAQUERO LIMITADA" y en consecuencia, hacer lugar, parcialmente, a la demanda incoada por Mario Alberto ARIAS en contra de ésta y de "CURTIEMBRE RIO TERCERO S.A." admitiéndola en cuanto reclama el pago de haberes de enero, febrero, marzo del 2007, SAC 2006, SAC proporcional año 2007, vacaciones no gozadas año 2006 y proporcionales, año 2007¸ indemnizaciones emergentes del despido (arts. 245, 232 y 233 LCT); indemnización art. 2 Ley 25323; Multas del art. 80 LCT, art. 8 Ln 24013 y art. 15 Ln 25561 y las derivadas de su incapacidad sobreviviente, calculadas según los parámetros y bases dados en el presente pronunciamiento; con más daño moral, por la suma de $ 12.000. 4. Condenar a las accionadas a realizar solidariamente el pago de las sumas debidas, con más intereses, por el procedimiento y de conformidad a lo expuesto en los considerandos respectivos, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución aprobatoria de la liquidación económica que se practique, bajo apercibimiento de ejecución y en la misma oportunidad, hacer entrega de la certificación de servicios del actor, bajo apercibimientos de otorgarla el tribunal y de astreintes. 5. Declarar abstracto el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la Ln 25561 incoado por el actor. 6. Rechazar la demanda en cuanto pretende el pago de la Multa del art. 15 de la Ln 24013, asignación familiar por hijo y aportes provisionales omitidos. 7. Imponer las costas a la demandadas vencidas. 8. Rechazar parcialmente las defensas opuestas por "LA MERIDIONAL COMAPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A." y hacerle extensiva la condena derivadas de la incapacidad sobreviviente a la aseguradora, en los límites y alcances establecidos en la presente y costas. 9. Diferir la regulación de honorarios del Dr. Carlos Lescano Zurro y Dra. Martina Lescano Zurro; Perito Médico Oficial, Dr. Miguel Angel Yemelli y Contador Oficial, Omar Hugo Dichiachio (h), para cuando exista base para practicarlos. 10. No regular honorarios a los Dres. Marco A. Rodeyro, Fernando Bindirichi y Alexis Frete. 11. Comunicar la presente a la AFIP e INAES. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA Publicado por
“C., M. del P. y Otra c. GCBA”. Inscripción de Rec...
“G., R. O. y Otro c/ L., E. A. y Otro s/ Daños y P...
“Navercai S. A. c/ Anino, Santiago Víctor s/ Ordin...
“Arias, Mario Alberto c/ Curtiembre Río Tercero S....
Resolución 296/2011 del Ministerio de Seguridad de...
“Banco Comafi S. A. c/ Rodríguez, José Alberto s/ ...

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 27
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución