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[Sentencia T-0899-13] – Estabilidad laboral reforzada – Reintegro
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Sentencia T-899/13
Acción de tutela instaurada por Juan Sebastián Cano Arango contra Ménsula S. A.
En la revisión del fallo único de instancia dictado en junio 5 de 2013 por el Juzgado 29 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, dentro de la acción de tutela instaurada por Juan Sebastián Cano Arango contra Ménsula S. A..
El asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo el mencionado despacho judicial, según lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. En julio 30 del 2013, la Sala 7ª de Selección lo eligió para revisión.
El señor Juan Sebastián Cano Arango promovió acción de tutela en mayo 21 de 2013, contra la empresa de la referencia, solicitando la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la salud, a la seguridad social, al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada, según los hechos que a continuación son resumidos.
1. El actor indicó tener 31 años de edad, convivir con su familia, la cual se encuentra integrada por su mamá, su compañera permanente, su hija de 2 años y un tío, en su residencia ubicada en el municipio de Gómez Plata (Antioquia). Agregó que él mismo provee el sustento de los integrantes de este núcleo familiar, pues ninguno de los demás tiene un trabajo remunerado (f. 1 cd. inicial).
2. Afirmó que mediante contrato a término fijo de 5 meses, el cual se prorrogó automáticamente por una vez y por el mismo término, inició labores para la sociedad demandada desempeñándose como electricista en el lugar conocido como “Charcón Bagre” (Antioquia).
3. Manifestó que en febrero 12 de 2013, cuando se disponía a trasladar una iluminaria de 1.000 voltios para instalarla en otro lugar, sufrió accidente de trabajo al “pisar en falso y caer al suelo”, lo que le causó un fuerte dolor en la columna y dificultades para levantarse. En virtud de lo anterior, ARL Sura otorgó a su favor varios periodos de incapacidad laboral, comprendidos desde febrero 13 de 2013 hasta abril 9 del mismo año.
4. Señaló que en marzo 25 siguiente, vía correo electrónico cuya copia adjunta, recibió preaviso de terminación del contrato de trabajo por parte de la accionada, en el cual se le informó que “su contrato de trabajo laboral a término fijo el cual dio inicio el día 7 del mes de junio del año 2012 termina el día 7 de abril del 2013”. Afirmó que en su sentir esa notificación no produce efecto alguno, ya que tal advertencia debe efectuarse con un mes de antelación al vencimiento del vínculo contractual, y también porque se realizó mientras se encontraba en periodo de incapacidad.
5. Aseveró que finalizado el último periodo cesante, es decir, el comprendido entre marzo 21 de 2013 y abril 9 de ese año, se reincorporó a laborar, pero en el transcurso del segundo día, el Director de Recursos Humanos de la empresa demandada verbalmente le reiteró que su contrato ya había terminado en abril 7 de la misma anualidad, de conformidad con el preaviso a que se hizo referencia en el punto anterior (f. 2 ib.).
6. En consecuencia, en abril 13 el funcionario encargado del almacén central de la empresa accionada le entregó un documento de paz y salvo, respecto de los implementos de trabajo a su cargo. Insatisfecho con la situación presentada, en abril 19 acudió a las oficinas del Ministerio de Trabajo en búsqueda de asesoría a su caso. Como consecuencia de su solicitud, el mismo día referido dicha entidad conminó a la demandada para que reintegrara al demandante a su cargo.
7. En virtud de lo anterior, en abril 23 el actor se reincorporó a las labores, pero el mismo día fue informado que debía presentar los soportes que indicaran las razones de su ausencia al trabajo desde abril 11 hasta abril 23, exigencia que en su entender era imposible de cumplir, pues durante ese lapso supuestamente no existió relación laboral.
8. Así las cosas, en abril 26 siguiente la entidad accionada le entregó una carta de despido junto con la respectiva liquidación, fundamentando su decisión en el supuesto abandono del cargo. Según el actor este proceder es claramente injusto e ilegal, ya que no medió autorización del Ministerio del Trabajo, ni de otra autoridad competente para ello, requisito necesario para despedir o terminar unilateralmente el contrato de trabajo a un trabajador que se encuentre en periodo de incapacidad.
9. El actor alegó que además de hallarse incapacitado al momento de serle informada la terminación del vínculo laboral, también estaba bajo recomendaciones médicas laborales que debían ser acatadas a su reingreso al trabajo e igualmente se encontraba bajo tratamiento con terapias, medicamentos y controles médicos para verificar el progreso de su estado de salud. Agregó que su estado aún no ha mejorado, pues el dolor en la columna aún persiste, según lo indica la historia clínica cuya copia adjunta.
10. Por lo anterior, solicitó al juez de tutela proteger sus derechos a la dignidad humana, a la salud, a la seguridad social, al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada y, en consecuencia, ordenar a la empresa demandada reintegrarlo a su cargo o a otro de igual o mayor jerarquía, permitiéndole trabajar atendiendo su estado de salud, bajo las recomendaciones médicas laborales. Así mismo, solicitó que se le paguen los salarios y prestaciones dejados de percibir, las cotizaciones al sistema de seguridad social con los retroactivos a que haya lugar, y la indemnización por 180 días por la terminación del contrato sin previa autorización de la autoridad de trabajo correspondiente (fs. 6 y 7 ib.).
1. Contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, suscrito en junio 7 de 2012 por Juan Sebastián Cano Arango y Ménsula S. A. (f. 9 ib.).
2. Informe de accidente de trabajo rendido por el actor ante ARL Sura (fs. 10 y 11 ib.).
3. Incapacidades laborales otorgadas al demandante, desde febrero 13 de 2013 hasta abril 9 del mismo año (fs. 12 a 17 ib.).
4. Escrito de abril 11 de 2013, emitido por funcionaria adscrita a la sociedad demandada, en el cual se lee: “notifico que el señor Juan Sebastián Cano trabajó en Obras Derivación hasta el día 11-04-13. Turno de noche. Después de su incapacidad” (f. 18 ib.).
5. Impresión de correo electrónico con documento adjunto, enviado al accionante por la empresa accionada, en el cual se remite preaviso para la terminación unilateral del contrato de trabajo (f. 19 ib.).
6. Preaviso de la demandada, dirigido al actor, mediante el cual se manifiesta la conclusión unilateral del vínculo contractual (f. 20 ib.).
7. Paz y salvo de abril 13 de 2013, expedido por el almacén central de la sociedad accionada (f. 21 ib.).
8. Reclamación laboral de abril 19 de 2013, efectuada por el demandante ante el Ministerio de Trabajo (f. 22 ib.).
9. Escrito de abril 26 de 2013, mediante el cual la mencionada empresa termina unilateralmente el contrato laboral, con fundamento en el aducido abandono del puesto de trabajo por parte del accionante (f. 24 ib.).
10. Certificación laboral expedida por Ménsula S. A. (f. 25 ib.).
11. Historia clínica del actor (fs. 26, 29, 30, 34 y 35 ib.).
12. Recomendaciones laborales emitidas por ARP Sura (fs. 27, 28 y 31 ib.).
13. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad demandada (fs. 48 a 53 ib.).
Mediante auto de mayo 22 de 2013, el Juzgado 29 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín admitió la acción de tutela y corrió traslado a la empresa Ménsula S. A., para que en un término de dos días siguientes a la respectiva notificación, ejerciera su derecho de defensa (f. 36 ib.).
En respuesta, el apoderado judicial de la referida sociedad solicitó, en mayo 27 de 2013, “negar por improcedente” el amparo pedido, afirmando que no vulneró o amenazó los derechos fundamentales del señor Juan Sebastián Cano Arango. Anotó que “la protección constitucional solo se otorga en aquellos casos de amenaza o vulneración de los derechos fundamentales. Amenaza, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, es la acción de amenazar, es decir, dar indicios de estar inminente alguna cosa mala o desagradable: anunciarla, presagiarla. Ahora bien, el verbo vulnerar en la misma obra se define como herir, dañar, perjudicar.”
En fallo de junio 5 de 2013, que no fue impugnado, el Juzgado 29 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín declaró improcedente la acción de tutela promovida por Juan Sebastián Cano Arango contra Ménsula S. A., ante la existencia de otros medios de defensa judicial.
Por su parte, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 señaló que dicho medio procede contra un particular, en eventos en los que éste: (i) preste servicios públicos (numerales 1º, 2º y 3º); (ii) se le atribuya la vulneración del derecho fundamental de habeas data (numerales 6º y 7º); (iii) contravenga lo dispuesto por el artículo 17 superior (numeral 5º); (iv) ejerza funciones públicas (numeral 8º); (v) cuando el afectado se encuentre en circunstancias de indefensión o de subordinación frente al sujeto accionado (numerales 4º y 9º) .
Interesa en el presente caso el entendimiento y alcance que la jurisprudencia constitucional le ha dado al numeral 9º del artículo 42 superior, primero en cuanto a la subordinación, que se refiere a la condición de una persona que la hace sujetarse a otra o depender de aquella. En esa medida, se puede aludir a una relación jurídica, como la que se origina en virtud de un contrato de trabajo, o de las relaciones entre estudiantes y directivas de un plantel educativo, o la de los hijos en virtud de la patria potestad.
Adicionalmente, este tribunal ha indicado que la subordinación derivada de un contrato laboral se entiende subsistente incluso cuando éste ha terminado, siempre que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales se hubiere producido durante la vigencia de esa relación o dentro del contexto de la misma.
En cuanto al estado de indefensión, la Corte ha señalado que éste se presenta cuando las circunstancias fácticas en las cuales se encuentra ubicada una persona, le impiden satisfacer una necesidad básica, debido a una decisión, omisión o actuación desarrollada por otro sujeto.
Lo anterior ilustra que la acción de tutela constituye el mecanismo excepcional, idóneo para enfrentar las agresiones de particulares contra personas que por sus condiciones o limitaciones se encuentran desposeídas de los recursos físicos o jurídicos eficaces para proteger y mantener sus derechos fundamentales, ante una situación vulneradora inadmisible e insostenible.
La Corte ha señalado que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar un reintegro laboral, independientemente de la causa que generó la terminación de la vinculación respectiva, al existir las vías estatuidas ante la jurisdicción ordinaria laboral o la contencioso administrativa, según el tipo de vinculación del interesado. No obstante, ha señalado como excepciones el hecho de que se trate de sujetos en condición de debilidad manifiesta, o a quienes constitucionalmente se les protege con estabilidad laboral reforzada, como ocurre por ejemplo con los menores de edad, las mujeres en estado de embarazo o durante la licencia de maternidad y, como se precisará, el trabajador discapacitado o con limitaciones en su salud, entre otros.
Ante lo imperioso de un mecanismo dinámico para amparar los derechos de aquellas personas constitucionalmente protegidas, la Corte ha puntualizado, frente al caso específico de empleados con discapacidades o limitaciones despedidos sin la autorización previa del Ministerio de la Protección Social -hoy del Trabajo-, que ameritan reintegro para restablecer su derecho a la estabilidad laboral reforzada (no está en negrilla en el texto original):
Aunque esta Corte acepta que el concepto de discapacidad no ha tenido un desarrollo pacífico, ha concluido que “la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitados o de invalidez”.
Bajo tal supuesto, el amparo cobija a quienes sufren una disminución que les dificulta o impide el desempeño normal de sus funciones, por padecer i) deficiencia, entendida como una pérdida o anormalidad, permanente o transitoria, sea psicológica, fisiológica o anatómica de estructura o función; ii) discapacidad, esto es, cualquier restricción o impedimento para la realización de una actividad, ocasionado por un desmedro en la forma o dentro del ámbito normal del ser humano; iii) minusvalidez, que constituye una desventaja humana, que impide o limita el desempeño de una función normal de la persona, acorde con la edad, sexo y los factores sociales o culturales.
En consecuencia, “la merma en las condiciones de salud de un trabajador puede hacer al mismo susceptible de una protección laboral reforzada que corresponde a la idea de estabilidad en el trabajo y que resulta de una aplicación directa de la Constitución Política, que en artículos como el 13, 48 y 53 obliga al Estado a la custodia especial de aquellas personas que presenten una disminución en sus facultades físicas, mentales y sensoriales. Esto coincide con aquella interpretación del concepto de limitación que se ha venido pregonando.”
Las exigencias en relación con la protección de los derechos de aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad, bien sea de carácter permanente o transitorio, emergen del derecho internacional de los derechos humanos tanto como del ordenamiento jurídico colombiano, lo cual evidencia la especial preocupación por los individuos que se hallan en circunstancias de indefensión y ordena adoptar un conjunto de medidas para protegerlos.
De esta forma surgieron, entre otros, las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cada uno de ellos con sus respectivos organismos de control y promoción.
Con fundamento en las normas citadas, se erige la obligación del Estado colombiano de ofrecer, para el caso, una protección especial a las personas que se encuentran en situación manifiesta de debilidad física o psíquica, que se ha materializado en diversas leyes emitidas por el Congreso, entre las más significativas, la Ley 361 de 1997, pertinente en estos casos, la Ley 1145 de 2007, la Ley 1346 de 2009 y la reciente Ley Estatutaria 1618 de 2013, a través de la cual se desarrollan algunos de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano mediante el tratado aprobado por la ley inmediatamente anterior.
El artículo 26 de la referida Ley consagró que “en ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar”. Además, para hacer efectiva esta regla, expresamente se proscribió que las personas sean despedidas o su contrato laboral terminado a causa de una discapacidad, “salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo”.
En la misma línea, el inciso 2º ídem estableció que aquellas personas con discapacidad que fueren despedidas o su contrato terminado sin la previa autorización del Ministerio del Trabajo tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, “sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar según el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”. Esta norma fue declarada exequible por esta corporación en la sentencia C-531 de mayo 10 de 2000 (M. P. Álvaro Tafur Galvis) bajo el entendido de que en dichos eventos el despido o la terminación del contrato de trabajo por razón de una discapacidad del empleado “no produce efectos jurídicos y sólo es eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva autorización”.
Según se observa, esta Corte concluyó de manera expresa que la indemnización a la que alude el artículo 26 citado no otorga per se eficacia al despido o terminación del contrato, que se efectúe sin autorización previa del referido Ministerio, sino que constituye apenas una sanción para el empleador que contraviene esa norma, “adicional a todas las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar según la normatividad sustancial laboral” (no está en negrilla en el texto original).
Ahora bien, si de los elementos probatorios que obran en el proceso, el juez de tutela deduce que la finalización del contrato laboral de un trabajador con discapacidad se produjo sin la previa aquiescencia de la autoridad administrativa, podrá presumir que esa decisión obedeció a la limitación física o mental que esa persona padece, infiriendo de esa manera que se configura una afectación grave de su derecho a la dignidad humana. Por tal razón, al constatarse la presencia de tales condiciones, se deberá declarar la ineficacia del despido, ordenando el reintegro del trabajador al mismo empleo u otro de igual o superior nivel, que esté acorde con su situación.
La Corte ha considerado que la estabilidad laboral reforzada “conlleva la reubicación en un puesto en el que el discapacitado pueda potencializar su capacidad productiva y realizarse profesionalmente, no obstante la discapacidad que le sobrevino, de forma que se concilien los intereses del empleador de maximizar la productividad de sus funcionarios y los del trabajador en el sentido de conservar un trabajo en condiciones dignas”.
El pago de incapacidades a una persona que durante un determinado período sufre algún menoscabo en su salud, se relaciona íntimamente con los derechos a la salud, a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital, ya que “las sumas líquidas de dinero reconocidas como subsidio por incapacidad, vienen a sustituir al salario durante el lapso en el cual el trabajador se encuentra al margen de sus labores”; además de constituir una garantía para una efectiva recuperación, de manera tranquila, pues se le releva de procurar los ingresos necesarios para su congrua subsistencia y la de su familia durante ese lapso, ya que en la mayoría de los casos, dicho pago constituye su único ingreso.
Tratándose de las incapacidades con origen en un accidente laboral o enfermedad profesional, se explicó que según el Decreto 2463 de 2001, como regla general, ese amparo cobija todo el tiempo necesario para la recuperación de la persona, o hasta la calificación y pago de la indemnización por incapacidad parcial permanente o invalidez.
Entonces, el concepto general de reubicación, entendido como el derecho de retornar al trabajo en la misma empresa, con similares condiciones y con la continuidad del derecho a la seguridad social, está directamente relacionado con la limitación que tiene el empleador para dar por terminada la relación laboral amparándose en un período de incapacidad del trabajador.
7.1. En ese orden de ideas, esta Sala recuerda que en virtud del numeral 9º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, explicado ut supra, la tutela resulta procedente contra particulares cuando entre las partes exista una relación de subordinación o indefensión, siendo ejemplo de la primera la relación laboral, aun cuando ésta hubiere terminado, siempre que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales se haya producido en el contexto de la misma.
De esta manera, respecto del caso concreto cabe anotar que en efecto existió una relación de subordinación, pues el actor se encontraba sujeto a las decisiones tomadas por su empleador. Así, entre la empresa Ménsula S. A. y Juan Sebastián Cano Arango, existió relación laboral mediante contrato escrito a término fijo inferior a un año desde junio 7 de 2012 y la decisión de terminación unilateral del mismo afectó gravemente su necesidad básica de proveerse un salario, aquejando su mínimo vital, al igual que impidió su posibilidad de continuar el tratamiento médico necesario para su rehabilitación por la lesión sufrida.
7.3. El señor Juan Sebastián Cano Arango instauró esta acción contra la empresa Ménsula S. A., por considerar que el despido conculcó sus derechos fundamentales, pues se encontraba en período de incapacidad laboral.
Ahora bien, y siguiendo con el análisis probatorio, a folio 19 del cuaderno inicial, se encontró impresión de correo electrónico con documento adjunto, enviado por la empresa demandada y recibido por el accionante en marzo 25 de 2013, a las 10:30 a.m., en la cual se lee “remito carta de preaviso para el trabajador Juan Sebastián Cano quien se desempeña como eléctrico”. Igualmente, a folio 20 del mismo cuaderno, se halló oficio dirigido por el Director de Recursos Humanos de Ménsula S. A. al señor Juan Sebastián Cano Arango, en el cual se manifestó “le informamos que su contrato de trabajo laboral a término fijo el cual dio inicio el día 7 del mes de junio del año 2012 termina el día 7 de abril del 2013”. Resulta pertinente advertir que las pruebas antes referidas fueron oportunamente conocidas por la accionada, pues el juez de instancia le dio traslado de ellas junto con el escrito de la demanda (f. 37 ib.) y no fueron debatidas, ni tampoco tachadas de falsedad por tal empresa.
7.5. Así las cosas, se comprobó que Ménsula S. A. terminó unilateralmente el contrato de trabajo al señor Juan Sebastián Cano Arango, en dos momentos, uno encontrándose éste en el último periodo de incapacidad laboral que le fue otorgado por su médico tratante y otro en el que invocó justa causa por la supuesta inasistencia al trabajo.
En cuanto al segundo despido, tampoco es de recibo para esta Sala el argumento de la demandada referente a la terminación unilateral del contrato laboral por justa causa, fundada en la supuesta inasistencia al trabajo por parte del señor Juan Sebastián Cano Arango, entre abril 13 y 22 de 2013, ya que finalizado el último ciclo de incapacidad (marzo 21 a abril 9), el actor se reintegró a sus labores y en el transcurso del día 11 de abril verbalmente le fue confirmada la decisión de Ménsula S. A. de terminar su relación de trabajo. Y fue ante tal determinación de su empleador que el accionante decidió no seguir asistiendo a laborar, ante lo cual optó por acudir en los días inmediatamente siguientes a la oficina del Ministerio del Trabajo más cercana, para solicitar asesoría y encontrar una pronta solución a su caso.
7.6. Con fundamento en lo anterior, esta Sala de Revisión concluye que Ménsula S. A. vulneró los derechos fundamentales del señor Juan Sebastián Cano Arango, cuando aprovechándose de su posición frente al actor, dio por terminado el vínculo laboral de un trabajador que se encontraba en periodo de incapacidad (sujeto de especial protección), sin mediar autorización del Ministerio del Trabajo. En esta medida, teniendo en cuenta la condición de debilidad resultante de la subordinación que el afectado ocupaba en el contrato irregularmente terminado, el demandante merece el amparo de sus derechos fundamentales, con el propósito de restablecer el equilibrio contractual roto a partir de la inopinada decisión de terminar su contrato.
7.7. Por tales razones, será revocado el fallo único de instancia, dictado en junio 5 de 2013 por el Juzgado 29 Penal Municipal con Función de Control Garantías de Medellín, que declaró improcedente la acción de tutela promovida por Juan Sebastián Cano Arango, contra Ménsula S. A.. En su lugar, serán tutelados los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la salud, a la seguridad social, al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada de Juan Sebastián Cano Arango.
En consecuencia, se ordenará a la empresa Ménsula S. A., por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, que, si no lo ha efectuado aún, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a reintegrar al señor Juan Sebastián Cano Arango, en una labor que pueda desempeñar teniendo en cuenta su capacitación y su estado de recuperación, sin solución de continuidad y en iguales o superiores condiciones a las existentes al momento de la desvinculación, con el pago de los salarios, aportes y prestaciones sociales dejados de percibir, lo anterior con fundamento en la prohibición de discriminación del mencionado actor por encontrarse en estado de debilidad manifiesta frente a la empresa demandada y aunado a la exigencia del principio de solidaridad.
Primero.- REVOCAR el fallo único de instancia, proferido en junio 5 de 2013 por el Juzgado 29 Penal Municipal con Función de Control Garantías de Medellín, que declaró improcedente la acción de tutela promovida por Juan Sebastián Cano Arango, contra Ménsula S. A..
En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la salud, a la seguridad social, al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada de Juan Sebastián Cano Arango, y ORDENAR a Ménsula S. A., por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a reintegrar al señor Juan Sebastián Cano Arango, en una labor que pueda desempeñar teniendo en cuenta su capacitación y su estado de recuperación, sin solución de continuidad y en iguales o superiores condiciones a las existentes al momento de la desvinculación, con el pago de los salarios, aportes y prestaciones sociales dejados de percibir.

References: artículo 31
 artículo 42
 artículo 17
 artículo 42
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 42