Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=665583
Timestamp: 2019-05-19 07:19:53+00:00

Document:
REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
COMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO DE COMITÉS.
PENALIDADES EN RELACION CON LOS VERTEDEROS CLANDESTINOS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
REGULACIÓN DEL DERECHO DE VISITA ESTABLECIDO EN LA LEY DE MENORES. Informe de la comisión mixta.
ENVÍO DE ASTRONAUTA CHILENO AL ESPACIO EL AÑO 2001.
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SEGURO ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN PARVULARIA.
APOYO A DESIGNACIÓN DE ASTRONAUTA CHILENO EN PRÓXIMAS MISIONES DE LA NASA.
PREOCUPACIÓN POR HECHOS DE VIOLENCIA EN JERUSALÉN, FRANJA DE GAZA Y CISJORDANIA.
DIVULGACIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE DENUNCIA INFUNDADA DE EXPORTACIÓN DE PRECURSORES A BOLIVIA. Oficios.
AMPLIACIÓN DE PERÍODO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PAGO DE INDEMNIZACIONES.
ALCANCES DE TRATADO ENTRE CHILE Y PARAGUAY SOBRE CREACIÓN DE ZONA FRANCA EN ANTOFAGASTA. Oficio.
DENUNCIA SOBRE DISCRIMINACIÓN EN ENTREGA DE AYUDA A AGRICULTORES. Oficio.
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO HABITACIONAL A FAMILIAS DE RÍO BUENO. Oficio.
INFORME SOBRE AUDITORÍAS SECTORIALES A MINISTERIOS. Oficio.
IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN DIVISIÓN EL TENIENTE DE CODELCO. Oficio.
RECHAZO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A REQUERIMIENTO EN CONTRA DEL TRATADO MINERO SUSCRITO ENTRE CHILE Y ARGENTINA.
ENCUENTRO DE PARLAMENTARIOS DE AMÉRICA POR JUBILEO 2000.
INVESTIGACIÓN SOBRE CONTAMINACIÓN DEL RÍO LOA Y TRASLADO DE PLOMO EN ANTOFAGASTA. Oficio.
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE RESCATE A CUERPOS DE BOMBEROS DE CURACAVÍ Y DE CASABLANCA. Oficios.
MEDIDAS PARA AGILIZAR EL OTORGAMIENTO Y MATERIALIZACIÓN DE SUBSIDIOS HABITACIONALES. Oficio.
PROLONGACIÓN DE CALLE LAS BRISAS EN COMUNA DE RECOLETA. Oficios.
ELECTRIFICACIÓN DE SECTOR LA CATA, LIRQUÉN , COMUNA DE PENCO. Oficio.
INFORMACIÓN ACERCA DE SITUACIÓN DE POBLACIÓN “VISTA HERMOSA”, DE LIRQUÉN. Oficio.
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINO ENTRE DICHATO Y MENQUE. Oficio.
PETICIÓN DE INFORME GEOLÓGICO DE SECTOR HABITADO EN FALLA DE COCHOLHUE. Oficio.
INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN DE POBLACIÓN “RÍOS DE CHILE”, DE LIRQUÉN, COMUNA DE PENCO. Oficio.
Sesión 2ª, en miércoles 4 de octubre de 2000
(Ordinaria, de 10.42 a 13.50 horas)
I. Asistencia…8
II. Apertura de la sesión…11
III. Actas…11
IV. Cuenta…11
Remisión de proyecto a Comisión de Obras Públicas…11
Complementación de acuerdo de Comités…11
Penalidades en relación con los vertederos clandestinos. Primer trámite constitucional. (Continuación)…12
Regulación del derecho de visita establecido en la ley de Menores. Informe de la comisión mixta…30
Envío de astronauta chileno al espacio el año 2001…31
Ampliación de la cobertura del seguro escolar en la educación parvularia…32
Apoyo a designación de astronauta chileno en próximas misiones de la Nasa…34
Preocupación por hechos de violencia en Jerusalén, Franja de Gaza y Cisjordania…35
Divulgación de antecedentes sobre denuncia infundada de exportación de precursores a Bolivia. Oficios…37
Ampliación de período de investigación sobre pago de indemnizaciones…39
Alcances de tratado entre Chile y Paraguay sobre creación de zona franca en Antofagasta. Oficio…40
Denuncia sobre discriminación en entrega de ayuda a agricultores. Oficio…41
Otorgamiento de subsidio habitacional a familias de Río Bueno. Oficio…41
Informe sobre auditorías sectoriales a ministerios. Oficio…42
Irregularidades en contratación de personal en división El Teniente de Codelco. Oficio…42
Rechazo del Tribunal Constitucional a requerimiento en contra del tratado minero suscrito entre Chile y Argentina…43
Encuentro de parlamentarios de América por Jubileo 2000…44
Investigación sobre contaminación del río Loa y traslado de plomo en Antofagasta. Oficio…45
Suministro de equipos de rescate a Cuerpos de Bomberos de Curacaví y de Casablanca. Oficios…46
Medidas para agilizar el otorgamiento y materialización de subsidios habitacionales. Oficio…47
Prolongación de calle Las Brisas en comuna de Recoleta. Oficios…48
Electrificación de sector La Cata, Lirquén, comuna de Penco. Oficio…50
Información acerca de situación de población “Vista Hermosa”, de Lirquén. Oficio…51
Pavimentación asfáltica de camino entre Dichato y Menque. Oficio…51
Petición de informe geológico de sector habitado en falla de Cocholhue. Oficio…51
Información sobre situación de población “Ríos de Chile”, de Lirquén, comuna de Penco. Oficio…52
Mensajes de S. E. el Presidente de la República mediante los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1. Crea el Registro Nacional de Transporte de Carga Terrestre (boletín N° 2590-15)…54
2. Modifica el Código de Comercio en lo relativo a dar mérito ejecutivo al recibo de mercadería otorgado en la guía de despacho (boletín N° 2591-15)…59
3. Establece el reintegro parcial de los peajes pagados en vías concesionadas por vehículos pesados y establece facultades para facilitar la fiscalización sobre combustibles (boletín N° 2592-15)…62
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial (boletín N° 2339-06)…67
Oficios de la Excma. Corte Suprema por los cuales remite su opinión acerca de los siguientes proyectos:
5. Sobre firma electrónica y los servicios de certificación de firma electrónica (boletín N° 2571-19)…67
6. Modifica el artículo 124 de la ley N° 18.892, general de Pesca y Acuicultura (boletín N° 2587-01)…68
Oficios del Tribunal Constitucional, mediante los cuales transcribe las resoluciones dictadas en el requerimiento formulado en contra del Tratado entre Chile y Argentina sobre integración y complementación minera (boletín N° 2408-10)…68
7. Resolución oficio N° 1551…69
8. Resolución oficio N° 1561…69
Del jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional por las cuales informa que en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo el diputado señor Álvarez-Salamanca será reemplazado permanentemente por el diputado señor Longton, y el diputado señor Galilea, don José Antonio, será reemplazado de igual forma por el diputado señor Prokurica.
De la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, por el cual solicita la devolución, para su estudio, del proyecto que prorroga la vigencia de la ley N° 19.593, que suspendió la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros e introduce otras modificaciones (boletín N° 2496-15).
De la diputada señora Lily Pérez y de los diputados señores Osvaldo Palma y Víctor Pérez, profesiones de quienes prestan servicios a honorarios en la municipalidad de La Florida.
De los diputados señores Navarro y Velasco, instalación del sistema de posicionamiento geográfico satelital.
Del diputado señor Molina, otorgamiento de préstamos subsidiados a afectados por el terremoto de 1997 en la Cuarta Región.
De los diputados señores Lorenzini, Gutiérrez, Jaramillo, Mesías y Ojeda, declaración de zona de catástrofe a la Región del Maule, en atención a los altos índices de cesantía que presenta.
Del diputado señor René García, razones por las que no se ha llevado a cabo la electrificación del sector Faja 6000, localidad Huichahue, comuna Padre Las Casas.
Del diputado señor José García, lista de postulantes a pensiones asistenciales de vejez e invalidez, actualizadas al 31 de julio pasado.
De los diputados señores Andrés Palma, Encina, Jaramillo, Felipe Letelier, Ortiz, Rincón, Sánchez y diputada señora Rozas, fiscalización de correcto uso de recursos públicos en la convocatoria efectuada a los vecinos de la comuna de Las Condes.
De los diputados señores Gutiérrez, Jiménez, Ortiz, Rocha, Velasco y de la diputada señora Caraball, encuesta internacional de alfabetización de adultos desarrollada en 1998.
De los diputados señores Navarro, Ceroni, Jaramillo, Jarpa, Felipe Letelier, José Pérez, Ulloa y de la diputada señora Soto, escuela G-455 de Granerillos, Octava Región.
De los diputados señores Urrutia, Ceroni, Gutiérrez, Jaramillo, Jarpa, Pedro Muñoz, Navarro y de las diputadas señoras Caraball, Soto y señorita Sciaraffia, trabajos no ejecutados en escuelas de la comuna de General Lagos.
De los diputados señores Juan Pablo Letelier y Ortiz, inversiones en la provincia de Cachapoal.
Del diputado señor Silva, proyecto, construcción y equipamiento COD-Cereco Valdivia.
De los diputados señores Rosauro Martínez, Pareto, Vega y Vilches, asignación de zona a personal del retén Embalse Ancoa.
Del diputado señor Navarro, labor drogas realizada por Carabineros de Chile en la Octava Región.
De los diputados señores Felipe Letelier, Ojeda, Luksic, Seguel, Ascencio, Rocha, Jaramillo, Velasco, Navarro, Acuña, Ortiz, Hernández, Núñez y de la diputada señora Caraball, consumo de productos nacionales.
Del diputado señor Masferrer, querella en contra el señor Juan Pablo Torres Muñoz, Sexta Región.
Del diputado señor Delmastro, regularización títulos de dominio población Arturo Prat de la comuna de Valdivia.
De los diputados señores Lorenzini, Jocelyn-Holt, Felipe Letelier, Andrés Palma, Joaquín Palma y Reyes, trabajadores de la localidad de Dichato. Ministerio de Salud
Del diputado señor Navarro, normas de regulación de tenencia de mascotas.
De la Corporación, reconocimiento del problema de consumo de drogas.
Del diputado señor Kuschel, alumnos ingresados y egresados desde 1990 a la fecha.
Del diputado señor Kuschel y Comités parlamentarios de los Partidos Renovación Nacional, Por la Democracia y Demócrata Cristiano, alumnos ingresados y egresados desde 1990 a la fecha.
Del diputado señor Seguel, interrogatorios en la causa sobre homicidio del señor Juan Alegría.
Del diputado señor Pablo Galilea, estación retransmisora en la localidad de Repollal, comuna de Guaitecas.
Asistieron, además, el ministro secretario general de la Presidencia, señor Álvaro García, y los senadores señores Jaime Gazmuri y Sergio Romero.
El acta de la sesión 35ª de la legislatura ordinaria N° 342ª, se declara aprobada.
El acta de la sesión 36ª de la misma legislatura, queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
El señor ALVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
Señor Presidente, se ha cometido un lamentable error en el envío a la Comisión de Obras Públicas del proyecto que modifica el Código de Comercio en lo relativo a dar mérito ejecutivo al recibo de mercadería otorgado en la guía de despacho y del que establece el reintegro parcial de los peajes pagados en vías concesionadas por vehículos pesados y establece facultades para facilitar la fiscalización sobre combustibles. Aun cuando ambos se refieren a vehículos de transporte, por las materias que tratan creo que el primero debe ir a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y el segundo, a la de Hacienda. Por lo tanto, solicito que se envíen a estas comisiones y no a la de Obras Públicas.
Revisaremos su planteamiento, señor diputado. El riesgo, por lo menos en lo que respecta al primer proyecto, consiste en que las probabilidades de que lo vea la Comisión de Constitución son menores, dada la gran cantidad de proyectos que se tramitan en ella. Además, el envío a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones se fundamenta en que se trata de materias relacionadas con transporte.
En todo caso, si su Señoría insiste, podemos reconsiderar el asunto en reunión de Comités.
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones en orden a que le sea remitido, para su reestudio, el proyecto que prorroga la vigencia de la ley N° 19.593, que suspendió la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros e introduce otras modificaciones.
Me permito informar a la Sala que los Comités parlamentarios acordaron, por unanimidad, aprobar el proyecto de acuerdo N° 475, suscrito por los señores Encina, Pérez, don Aníbal ; Salas , Hernández y Rocha , que complementa el N° 472, que faculta a la Comisión de Economía para investigar las indemnizaciones pagadas a ex ejecutivos, en orden a ampliar su investigación a las indemnizaciones pagadas en los últimos diez años y a que se propongan las medidas legales para evitar a futuro el pago de tan onerosas indemnizaciones.
Señor Presidente, los Comités han aprobado un proyecto de acuerdo sobre un asunto de discusión nacional: el pago de indemnizaciones. En su oportunidad, formulé una denuncia pública sobre la materia, exhibí documentos, además de presentar una denuncia en un tribunal civil de Santiago. Públicamente solicité que la investigación llegara al fondo del asunto, sin tope de fecha en cuanto al período por investigar. Ayer, en una actitud nunca vista en la Cámara de Diputados, los Comités resolvieron aprobar, sin discusión alguna, un proyecto de acuerdo que acota el período, a pesar de la trascendencia del tema.
Por lo tanto, solicito que el proyecto de acuerdo sea tratado en el momento que corresponde en la sesión, pues me opongo a que la investigación se acote sólo a los últimos diez años. Pienso que debe ser por el máximo de tiempo posible, pues si no hay nada que esconder, como han sostenido parlamentarios de Oposición y de Gobierno, no veo motivo para restringir el plazo, primero, a cinco años y, ahora, a diez.
Considero que el tema es muy delicado, toda vez que se ha pretendido jugar con la honra de muchas personas y hay gente que “ha metido las manos” en forma incorrecta, situación que debe investigarse con claridad, transparencia y por todo el tiempo que sea necesario.
Señor diputado, se trata de acuerdos de Comités adoptados por unanimidad en el día de ayer y hoy, razón por la cual no pueden ser cuestionados. En todo caso, cabe manifestar que la señal va justamente en el sentido que su Señoría propone: la voluntad unánime de la Cámara de enfrentar cuanto antes estos hechos. El espíritu de los acuerdos es que no exista restricción en cuanto a investigar todo lo que sea necesario hacia atrás.
Como se trata de acuerdos unánimes de los Comités, no corresponde discutirlos.
Corresponde continuar tratando, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto, iniciado en moción, que establece penalidades en relación con los vertederos clandestinos.
Diputado informante de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente es el señor Gustavo Alessandri .
Señor Presidente, en una sesión anterior informé latamente sobre el proyecto. Lamentablemente, no fue posible despacharlo en esa oportunidad, porque fue objeto de algunas indicaciones.
Básicamente, el proyecto tiende a satisfacer una sentida necesidad de las comunas periféricas del Gran Santiago, en especial de aquellas muy pobladas, para lo cual se establece una penalidad diferente de la prevista en el Código Sanitario.
De las observaciones manifestadas en ocasión anterior en la Sala, se colige que, aparentemente, no se sabía que el Código Sanitario ya se pronunciaba sobre estas materias y que sólo establece multas; pero la práctica nos ha señalado que con la sola aplicación de las multas no se ha podido terminar con estos famosos basurales que rodean a muchas comunas de Santiago.
El Código Sanitario también posibilita clausurar los vertederos, pero, de hecho, la clausura nunca se decreta. Sucede algo muy similar a lo que ocurre con los hornos de ladrillos, que, no obstante haber sido prohibidos en buena parte de la Región Metropolitana, siguen funcionando y contaminando, y nadie les pone atajo.
Ayer, durante la discusión del proyecto que regula la instalación de antenas de telefonía móvil, se compararon los problemas que ocasionan los vertederos clandestinos con los que se observan con motivo de dichas antenas. La comparación es justa, como también lo es, en el mismo sentido, comparar los hornos de ladrillos con los basureros y las antenas, clandestinos o no.
Dado que la autoridad no interviene, porque no impone sus prerrogativas ni la normativa establecida en el Código Sanitario, los autores del proyecto, que son de todos los sectores políticos de la Cámara, nos hemos visto en la necesidad de insistir en esta nueva penalidad.
El diputado señor Navarro me decía que él formuló indicación para salvar alguna duda eventualmente suscitada en algunos señores parlamentarios.
Por lo tanto, ruego a la honorable Cámara aprobar en general este proyecto que desde hace muchos años duerme en la Cámara, de una vez por todas, en esta oportunidad, para conocer prontamente el segundo informe y ojalá despacharlo en este mes.
Tiene la palabra el diputado señor Arratia .
Señor Presidente, intervengo en el debate, porque el proyecto de ley aborda una situación que, en la medida en que no seamos capaces de solucionar con premura, generará un problema gravísimo en Santiago, acrecentado especialmente en invierno, cuando la disposición de basura en la ciudad se hace más difícil como consecuencia de los factores climáticos y, además de eso, cuando la contaminación atmosférica de Santiago hace crisis. Llega el verano y a veces nos olvidamos de estos problemas.
Señor Presidente, se conocen más de cien vertederos ilegales en Santiago; sin embargo, la autoridad no tiene mecanismos eficaces para controlarlos.
Eso es una vergüenza nacional; y si lo llevamos a cada región, el problema se ve multiplicado por cinco o seis.
Vemos con gran preocupación que los vertederos ilegales no sólo significan contaminación física en los lugares donde hay depósitos de basura, sino que, además, inciden en forma fundamental y gravísima en la contaminación del aire. Las autoridades abocadas al tema medioambiental saben que los vertederos de basura son productores de gran cantidad de emanaciones, algunas de las cuales según estudios expuestos en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente son agentes cancerígenos graves.
No podemos aceptar que la población de Santiago, que representa el 30 por ciento de los habitantes del país, esté indefensa ante la falta de regulación y expuesta al peligro. El hecho de que la población desconozca que los vertederos clandestinos generan gases tóxicos no significa que, desde el punto de vista médico, la gravedad del problema no sea relevante.
En la actualidad, la incidencia más alta en varios tipos de cáncer en la población de Santiago se debe fundamentalmente a éstos y otros factores que no han sido encarados. En efecto, a la contaminación del aire generada directamente en Santiago, cabe agregar la de las grandes empresas mineras de la zona central de Chile.
Señor Presidente, no podemos hacer como el avestruz; no podemos ignorar una situación grave que perjudicará la salud de nuestros hijos; no podemos esperar que llegue un nuevo invierno y se produzcan problemas en Santiago para empezar, una vez más, a lamentarnos por los problemas de contaminación de la ciudad. Debemos tomar un rol activo, lo que significa regular drásticamente la disposición de basura en Santiago. A su vez, esto redundará en que otras ciudades también tengan disposición adecuada de basura.
Por las razones expuestas, votaré a favor del proyecto, y solicito a los honorables diputados que nos ayuden en su aprobación. Está en juego la salud de la población; no lo están planteamientos políticos, sino algo superior: la salud de nuestros hijos y el país que vamos a legar a quienes nos sigan.
Señor Presidente, estimo que la finalidad del proyecto es buena y aceptable; pero el Congreso debería atender con mayor preocupación lo que actualmente en doctrina jurídico-penal se denomina “delito ecológico”; porque esta conducta se basa en infracciones legales y reglamentarias, sobre todo de tipo administrativo.
Cuando uno repasa el Código Penal, concluye que en los crímenes y simples delitos contra la salud pública ya hay alguna descripción respecto de las sustancias peligrosas para la salud o del “que envenenare o infectare comestibles, aguas u otras bebidas destinados al consumo público.”. También está penada la clandestinidad. “Se presume que son destinados al consumo público los comestibles, aguas u otras bebidas elaborados para ser ingeridos por un grupo de personas indeterminadas”.
La normativa municipal señala en normas legales, reglamentarias e incluso en ordenanzas, la ubicación, calidad, clase y modelo de los vertederos.
Por eso, desde el punto de vista relativamente técnico, cuando el inciso primero se refiere a depósitos de basura o rellenos sanitarios ilegales, no describe una conducta típica; porque ¿cuál es el ilegal? Cualquiera podría decir que es el que no está autorizado. Pero, a lo mejor, uno no fue autorizado porque no cumplió con ciertos requisitos, algunos esenciales y otros simplemente accesorios, formales o secundarios, como la falta de una firma, de duplicidad o triplicidad de alguna documentación, lo que determina que nos encontremos en presencia de un vertedero, depósito de basura o relleno sanitario ilegal.
Por lo tanto, creo que en esa parte habría que atenerse análogamente a lo señalado respecto del delito ecológico y en un libro editado en España, el cual me ha dado la satisfacción de ver citado en sus páginas a nuestro colega Juan Bustos . Dice: “La doctrina, por lo general, reconoce la necesidad de que en materias como la protección del medio ambiente en las que es esencial una actuación positiva de los poderes públicos, básicamente preventiva, que se materializa en una compleja normativa administrativa, los tipos penales tengan que configurarse como tipos “en blanco”, técnica legislativa que es imprescindible en esta clase de delitos y que, como señala el profesor Bustos , es la más adecuada para conseguir una mayor determinación del tipo delictivo,...”.
En consecuencia, siendo, en materia penal, la “última ratio”, la última defensa o la última medida de la sociedad, la de privar de libertad a las personas que no hacen caso de las prevenciones, nos parece que el tipo penal que se pretende establecer es un poco imperfecto, ya que no cumple con una técnica adecuada, pues nuestra Constitución preceptúa que, para que una persona pueda ser castigada, el tipo penal debe estar expresamente descrito. Por ello, el inciso primero del artículo 319 requiere ser perfeccionado, ya que, como el bien jurídico protegido es el medio ambiente, es menester una revisión de ese tipo penal.
Por otra parte, ¿qué pasa si alguien mantiene estos vertederos? ¿Solamente va ir a la cárcel? Aquí falta una pena accesoria, como la clausura del respectivo lugar o la eliminación de sustancias tóxicas con cargo al infractor, así como el comiso de los medios en que se transporta la basura y el de las instalaciones del vertedero clandestino, tal como se establece en una ley muy antigua, la de los mataderos clandestinos, según la cual caen en comiso los bienes con los cuales se realiza esa conducta ilícita.
Por lo anterior, he presentado una indicación que señala que la destrucción de los residuos o el traslado a los vertederos ilegales se realizará con cargo a los infractores, y que establece el comiso de los bienes mediante los cuales se transporta o se ejecuta esta conducta ilícita, lo que incluye a los bienes muebles e inmuebles, es decir, el sitio o el bien raíz en que se lleva a cabo esta operación; porque muchas veces la sanción privativa de libertad no es un medio que permite sancionar adecuadamente a los infractores, ya que a veces duelen más las penas pecuniarias, como el comiso o las multas, que la privación de libertad.
Por estas razones, presenté esta indicación. No hay duda de que en el curso de la discusión surgirán otras con el objeto de perfeccionar la iniciativa, sobre todo el inciso primero de su artículo único.
Señor Presidente, la iniciativa pretende reforzar la facultad fiscalizadora de la autoridad sanitaria y establecer sanciones que castiguen efectivamente una actividad que, a todas luces, constituye un delito, como es el manejo, traslado, depósito, almacenamiento de desechos, cuando aquella no se ajusta a la ley o cuando está derechamente fuera de ésta.
Sin embargo, también tenemos un déficit de reglamentación sobre los vertederos y rellenos sanitarios, ya que todavía operamos con las normas contenidas en la resolución 2.444, de 1980. Todavía no ha sido posible actualizar dicha resolución para incorporar facultades que permitan a los servicios de salud realizar una acción más directa al respecto, a fin de prever estas conductas.
Se encuentra pendiente, en el Ministerio de Salud, la elaboración de un reglamento general sobre recolección, transporte y disposición final de basuras, en tanto no se dicte un cuerpo reglamentario que establezca claramente cuál es el rol y la tarea de fiscalización de los servicios de salud.
En este sentido, quiero reiterar, más allá de lo planteado por el diputado señor Sergio Elgueta y por otros diputados, que la filosofía sobre la materia es dictar normas aplicables por los jueces, con la tipificación de delitos; porque, de lo contrario, sólo se puede sancionar a los infractores con multas. Lo anterior no excluye que, además, se apliquen multas.
He presentado indicaciones en la discusión pasada las copias se las he pedido al señor Secretario, que modifican el texto en análisis con el objeto de que el inciso segundo de la iniciativa pase a ser tercero y agregar al final de este último la misma sanción que consigna el Código Penal para la operación de los mataderos clandestinos, es decir, multas que van desde las seis hasta las veinte unidades tributarias mensuales, a fin de establecer una flexibilización respecto del tipo de sanción y una jerarquía de las responsabilidades. Aquí se trata de castigar a quienes han hecho de esto un negocio, un cartel; o sea, a quienes operan vertederos, los mantienen, captan estos desechos desde el sector transporte y, en muchos casos, desde algunos municipios.
Al respecto, quiero llamar la atención de los señores diputados: la Conama, hace seis meses aproximadamente, emitió una resolución mediante la cual prohibió el envío y depósito de escombros en Lepanto a los 26 municipios del sector sur de Santiago. La gran pregunta es dónde están depositando sus escombros estos 26 municipios, dado que el único lugar “autorizado” luego fue “desautorizado”, era el vertedero mencionado, el cual en la actualidad, por su capacidad y por la obligación de cierre que se le ha impuesto, no permite el ingreso de escombros. Sin embargo, la generación de los mismos sigue vigente y no hay lugar conocido en el que se estén depositando. En consecuencia, lo que tenemos aquí es una complicidad general para que operen estos vertederos clandestinos.
Por lo anterior, llamo a los colegas a aprobar en general el proyecto.
Señor Presidente, no sé si es posible leer las indicaciones presentadas para, si hay consenso, votarlas conjuntamente; porque no veo que existan mayores dificultades en relación con el proyecto. Mediante él estamos generando condiciones para que la justicia actúe y pueda sancionar y fiscalizar a los infractores; pero, por sobre todo, para sancionar, porque aunque existen facultades fiscalizadoras en la actual normativa, no hay una adecuada sanción para quienes realizan esta actividad clandestina. Además, se debe establecer una jerarquía sancionatoria que posibilite aplicar penas de cárcel a quienes han hecho de esto un cartel, ya que no es posible que a quienes operen vertederos clandestinos sólo se les pueda imponer una multa o cursar una recomendación de cierre por el servicio de salud, que finalmente es apelable y que rara vez llega a cumplirse. Queremos endurecer la sanción que se imponga a quienes operan este tipo de vertedero, lo cual también obliga a las autoridades responsables del proceso de recolección y de disposición a prevenir y a establecer condiciones para mejorar el servicio. Con esto también enviamos una señal a los municipios, a fin de que se coordinen en mejor medida para fijar condiciones de mercado que incentiven la participación de privados en los rellenos sanitarios, en las estaciones de transferencia, en la solución técnica que se determine y que debe existir.
En Santiago, el vertedero de Lepanto tiene dos años de vigencia y todavía no hay solución visible que permita pensar que el problema de la basura domiciliaria e industrial está resuelto porque siempre termina siendo el último. Como la basura se tapa y no se ve, nadie quiere gastar plata y, por lo mismo, hay muy poca preocupación por el tema. La basura no da votos dicen; se guarda en el tacho del fondo del patio. Sin embargo, se convierte en un grave problema si no hay una acción preventiva tendiente a evitar complicaciones posteriores.
Además, recomiendo a los colegas que, si lo tienen a bien, soliciten a la Oficina de Informaciones de la Cámara un informe sobre orientación de las responsabilidades cuando se abandonan los vertederos, que pedí hace ya casi dos años. La carencia de normativa al respecto es muy fuerte. En este proyecto de ley estamos sancionando a quien opere vertederos clandestinos; sin embargo, en aquellos que son legales no hay claridad jurídica sobre quién tiene la responsabilidad, una vez que sean cerrados. Todo indica que el responsable sería el operador legal del vertedero, es decir, la empresa que administra el retiro, transporte y disposición final de la basura. Sin embargo, de acuerdo con el informe preparado por la Oficina de Informaciones de la Cámara y según un extenso conjunto de oficios de los cuales he tenido respuesta, no existe en los contratos suscritos entre los municipios y las empresas ninguna indicación que permita establecer que en el terreno donde está ubicado el vertedero que, en general, es arrendado a un particular y operado por otro privado que tiene relación contractual con el municipio existe un operador legal autorizado por el municipio ni cláusulas que indiquen quién se hace responsable de la basura, una vez que cierre.
El caso más dramático que tenemos en mi región es el de Cosmito, depósito de basuras ubicado a cuatro kilómetros de Carriel Sur, con aproximadamente dos millones de toneladas albergadas en casi diez años, cuyo propietario es un particular que arrienda. El operador ha deducido varios recursos de protección, pero lo cierto es que cuando se retire como ya lo va a hacer ante una nueva propuesta de relleno sanitario, esos dos millones de toneladas van a quedar allí y la municipalidad de Penco no tiene por qué hacerse responsable de tratar los líquidos percolados, los lixiviados, las emanaciones de gases y todo lo que significa manejar un vertedero abandonado, que va a tener un horizonte de cincuenta a cien años en relación con acciones técnicas para controlar su evolución.
Por tanto, es una muestra más de que, en general, la actividad de los vertederos va a requerir de mucha más reglamentación y preocupación, desde el punto de vista de la ley de Bases del Medio Ambiente, de los servicios de salud y de las reglamentaciones municipales, pero, desde el punto de vista del Código Penal, la innovación que queremos introducir junto con el diputado señor Alessandri quien retomó el proyecto que habíamos presentado en su oportunidad con el diputado señor Girardi , se refiere a sanciones ejemplares.
No nos perdamos, estimados colegas. Lo que queremos establecer aquí no es una forma de resolver el conjunto de deficiencias y de limitaciones que tiene la actual normativa sobre vertederos. Como he señalado, en el ámbito jurídico no hay claridad sobre la responsabilidad en el abandono; tampoco solución técnica para la basura en la zona sur de la Región Metropolitana y el colapso del vertedero de Lepanto en los próximos dos años así lo indica. Lo que queremos es dar una señal concreta de sanción penal ejemplarizadora para desincentivar la operación de los vertederos clandestinos y ejercer una presión directa para que los municipios, el Ministerio de Salud y la Comisión del Medio Ambiente generen las condiciones de mercado para la participación de diversas empresas o de las asociaciones de municipios, a fin de buscar soluciones técnicas que impidan la existencia de esos vertederos.
Debemos reconocer que los vertederos clandestinos existen y estamos buscando sancionarlos porque la propia normativa ha impedido la creación y operación de vertederos legales. Los que operan hoy, al menos la inmensa mayoría de los de mi región, lo hacen de manera ilegal, sin autorización sanitaria y con fecha de cierre entre uno y dos años.
Por ello, esta norma nos va a servir para posibilitar que el proceso de manejo de residuos domiciliarios e industriales, en muchos casos, mejore definitivamente y también para evitar que operen los vertederos clandestinos, ya que cuando hay materiales tóxicos, como se ha dicho, pueden provocar severas consecuencias sobre la salud de la población.
Por lo tanto, pido que conjuntamente con la votación en general, si se tiene a bien y el Reglamento lo permite, se voten las indicaciones presentadas para evitar el segundo informe reglamentario, porque el tema ya ha sido revisado y consensuado, de manera de enviar a la brevedad el proyecto al Senado. Sobre el dinamismo que tenga en ese trámite pueden existir legítimas dudas; sin embargo, es de responsabilidad de la Cámara de Diputados lo que aquí seamos capaces de hacer, y el proyecto, que lleva ya casi cinco años de tramitación y estuvo largo tiempo detenido en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, no debe seguir en esas condiciones ni volver a la Comisión, porque mejoras sustanciales no se le van a introducir, ya que no se puede pedir que este proyecto resuelva la falta de reglamentación que existe en el ámbito de los vertederos a nivel nacional.
Los Comités de Renovación Nacional han solicitado la clausura del debate.
¿Cuántas personas hay inscritas, señor Presidente?
Muchas, señor diputado; por lo menos, diez.
Primero, podría votarse el proyecto en general y después verse las indicaciones.
Primero debo poner en votación la petición de clausura del debate.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 27 votos. Hubo 1 abstención.
Rechazada la petición de clausura del debate.
Alessandri , Álvarez-Salamanca , Arratia , Ávila , Bartolucci , Bertolino , Delmastro , Errázuriz , Fossa , González (doña Rosa), Longton , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Pérez (don Aníbal) , Prokurica , Rojas, Tuma , Venegas , Vilches y Villouta .
Rozas (doña María) , Bustos , Cornejo (don Aldo) , Correa, Elgueta , García (don René Manuel) , Hales , Ibáñez , Jeame Barrueto , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Monge , Muñoz ( doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Olivares , Orpis , Palma ( don Joaquín) , Riveros , Rocha , Saa (doña María Antonieta) , Salas , Soto (doña Laura) , Urrutia , Valenzuela , Van Rysselberghe y Velasco .
Se abstuvo el diputado señor Leay .
Tiene la palabra el diputado Luis Monge.
Señor Presidente, la materia que discutimos es sumamente importante y estamos de acuerdo con la filosofía que inspiró a los autores de la iniciativa; pero, también, especialmente por la realidad de las regiones, en que hay zonas de alta ruralidad, podemos encontrarnos frente a algunos problemas.
Es necesario incluir en el proyecto sanciones a un hecho que cada día es más común en nuestros campos y carreteras: los vertederos o depósitos de desechos a orillas de los caminos e, incluso, en torno de cursos de agua y de lagos, tranques y lagunas. Cada vez que uno recorre alguna carretera o camino rural, aprecia que estos focos han aumentado debido a que gente inescrupulosa, sin el menor cuidado por el medio ambiente, va acumulando desechos domiciliarios, o, incluso, industriales, a la orilla de los caminos, con lo cual producen un serio daño a la fauna, a la calidad de vida de las personas, a los animales domésticos, etcétera.
Asimismo, me preocupan los términos en que puede ser aprobada la iniciativa, porque recordemos que estamos creando un nuevo tipo penal, con sanciones bastante drásticas. En definitiva, para ser aplicados a quienes operan o crean estos depósitos, rellenos o vertederos. Pero, a veces, las autoridades encargadas de fiscalizar no tienen un criterio suficientemente amplio y pueden involucrar a muchas personas en la comisión de un delito. Al respecto, recuerdo a sus Señorías que la práctica normal de gran número de familias que viven en zonas rurales, campesinas y de comunidades mapuches para eliminar sus desechos domésticos o basuras, es a través de un vulgar hoyo que tapan cada cierto tiempo. Es la única manera de hacerlo en esas zonas. Y si tomamos al pie de la letra la redacción de este artículo, todas esas personas estarían incurriendo en infracciones a la normativa en discusión.
Por eso, con otros parlamentarios vamos a presentar una indicación a fin de que esta situación quede suficientemente clarificada. Queremos agregar, en el inciso primero, la frase “destinados a recibir desechos provenientes de terceros y en volúmenes que excedan de las necesidades domésticas del operador o propietarios del mismo,”, porque, de lo contrario, vamos a tener el problema que anunciamos en cuanto a que la persona que elimine sus desechos residenciales con el sistema que tradicionalmente se ha ocupado en las zonas rurales, estaría infringiendo la ley.
Además, queremos agregar que también deben ser sancionadas aquellas personas que abandonan o hacen artificialmente estos depósitos de basura a orillas de caminos públicos o vecinales, de cursos de agua y de lagos y lagunas de agua dulce.
Anunciamos la presentación de la indicación y esperamos que la Comisión le dé una redacción definitiva, porque nos interesa que se aplique, pero no que paguen justos por pecadores cuando por actitudes de fiscalizadores se puede llegar a algunos excesos.
Señor Presidente, evidentemente este proyecto de ley es de enorme importancia. Pero de acuerdo con diferentes planteamientos de los señores diputados, hay una serie de aspectos que es necesario mejorar al configurar un tipo penal.
Como ya se dijo, aquí estamos en el ámbito del delito ecológico, y, al respecto, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente ya aprobó una iniciativa. Sin embargo, es cierto que las disposiciones en discusión tienen un carácter especial en relación con el delito ecológico de ese proyecto, pero también requieren de precisiones técnicas que no aparecen en el artículo único.
En primer lugar, la clara separación entre lo que es sanción de carácter puramente administrativo y la de carácter penal propiamente tal. Es decir, el derecho penal siempre es el último recurso y por eso es indispensable que se diferencie respecto de aquellos tipos de comportamiento que sólo requieren sanción administrativa, como los que señalaba anteriormente el señor diputado. Hay conductas que pueden realizar determinadas personas dentro de una casa o de una parcela, pero que no corresponden a lo que es un vertedero propiamente tal, en el sentido estricto; es decir, donde se almacenan basuras de diferentes personas, de terceros.
Otro aspecto, que ya fue señalado por el diputado Elgueta , se refiere al término “ilegal”, que es sumamente amplio y no hace distinciones entre aquello que merece sanción administrativa y aquello que amerita sanción penal. Por consiguiente, la falta de cualquier documento respecto de un determinado vertedero podría plantear su ilegalidad, cuando lo que corresponde en ese caso es aplicar la sanción administrativa correspondiente.
Por eso, en el inciso primero del artículo 319 del Código Penal con el objeto de que realmente pase al Senado en la forma adecuada; es decir, claramente configurados los tipos legales a que se refiere, debe quedar muy precisado el bien jurídico protegido. Al respecto hemos presentado una indicación en el sentido de reemplazar la frase final “ilegales, será sancionado con presidio menor en sus grados mínimo a medio.”, por la siguiente: “que afecten el medio ambiente o la salud pública, conforme a la legislación y reglamentación vigente”. De esa manera, entonces, se tendrá la sanción de presidio y queda expresado claramente lo prohibido, y, por lo tanto, la diferenciación entre lo penal y lo administrativo que, no obstante, debe darse cuando se trata de cuestiones menores o, simplemente, de ilegalidades de carácter administrativo o civil, en su caso.
Por eso, también el inciso tercero, que señala sólo una agravación del delito fundamental que figura en el inciso primero, ya no tiene sentido y queda confusa la expresión “o pusieren en grave riesgo la salud de la población o el medio ambiente,”, porque el inciso primero, que es el tipo base, se refiere a poner en peligro la salud de la población o el medio ambiente. Por lo tanto, esa expresión debería ser eliminada o sustituida por otra que señale “u otros elementos de igual categoría o semejantes”. De esa forma, se estaría expresando cuál es y a qué se refiere la agravación. En caso contrario, habría contradicción entre los incisos primero y tercero.
Por la importancia y urgencia del proyecto, es fundamental introducir las indicaciones a que he hecho referencia, a fin de dejar claro lo que se quiere castigar, además de diferenciar lo penal de la sanción administrativa.
Señor Presidente, el tema en discusión es de gran importancia. Sabemos que la operación de los vertederos ilegales provoca gran daño a la salud pública, además de otros efectos colaterales negativos relacionados con el transporte y con el ecosistema en general.
Una iniciativa de esta naturaleza es oportuna, ya que, una vez más, al igual que en el tema de las antenas de telefonía móvil, que discutimos ayer, nos encontramos frente a un vacío legal. La mera acción administrativa no está en condiciones de enfrentar los hechos con la oportunidad y con el acto de reparación necesarios.
Otra cosa que me preocupa es que no sólo estamos en presencia de los vertederos ilegales de poca o mediana monta, sino también de aquellos con apariencia de legalidad, pero que, a la luz de todos los antecedentes, son ilegales, como es el caso del de Lepanto, de San Bernardo.
Al respecto, la Contraloría General de la República fue categórica en señalar que su emplazamiento es ilegal, y la Cámara, recogiendo el pronunciamiento de dicho organismo, emitió un informe en tal sentido. A pesar de ello, ese vertedero sigue operando y las autoridades permiten que así ocurra, incluidas las del ámbito sanitario. De manera que en este plano, estamos frente a un hecho de mayor envergadura, que tiene que ver con todos los factores que dicen relación con el ordenamiento territorial en el país, en particular con la Región Metropolitana. Cuando ocurre este tipo de cosas y como en forma reiterada lo manifestamos en la Comisión investigadora y en la Sala, se daña la fe pública. Entonces, la gente, incluso las autoridades, pierden la confianza en las normas existentes, porque ellas no se respetan.
Tenemos una ley marco sobre el medio ambiente, la N° 19.300, pero su configuración es esencialmente administrativa. Por ello, se debe poner en operación lo que con tanta razón el colega Sergio Elgueta señalaba como la “última ratio”, es decir, entrar en el ámbito penal para establecer sanciones que sean eficientes al logro del objeto buscado. Particular atención deben merecernos los depósitos de desechos altamente tóxicos, entre los cuales proliferan neumáticos y elementos eléctricos. La cantidad de mercurio depositada debe de ser enorme. He encargado un estudio sobre la materia a personas con alta calificación técnica para que entreguen detalles de lo que significa un depósito de este material. También están las pilas y baterías de automóviles. Normalmente llega este tipo de material a los vertederos ilegales o clandestinos.
Ahora, quiero referirme a dos aspectos distintos. Uno, radica en el origen de muchos vertederos ilegales, sobre lo cual también debemos poner atención. Los parlamentarios que integramos la Comisión investigadora de Emeres y Lepanto presentamos un proyecto de ley para legislar sobre la extracción de áridos. En este proceso se encuentra una fuente de posteriores vertederos ilegales. Sabemos que en muchos casos la extracción de áridos se lleva a cabo aprovechando resquicios legales. Por ejemplo, se utiliza la ley minera para hacer manifestaciones y, luego, a sabiendas de que no existen metales ni minerales, se va a la extracción de áridos para su posterior comercio. Y como no hay norma de cierre o de restauración de esto que se ha iniciado aprovechando un resquicio, se utiliza basura de cualquier naturaleza y sin ajustarse a norma alguna para rellenar los espacios.
Por eso, ese aspecto también debe ir en consonancia con esta iniciativa. Creo que la Comisión de Recursos Naturales debería poner atención a ese proyecto de ley.
Por último, quiero referirme al inciso segundo del artículo 319 del Código Penal, que propone el proyecto en discusión y que establece lo siguiente: “En la misma sanción, incurrirán el que transporte, manipule, conduzca, traslade o deposite basuras, desechos o residuos en dichos lugares”. A mi juicio, aquí falta un actor sobre el cual también debería recaer sanción: el que “ordene” el depósito. Aquí aparecen sancionados los que intervienen en la fase final. Pero normalmente hay alguien que ordena el depósito, con lo cual busca algún tipo de beneficio económico, ya que al hacerlo en un vertedero ilegal, le resultará más barato que si lo hiciera en un vertedero legal. Por ello, junto con otros colegas, presentaré indicación al inciso segundo, añadiendo a quien “ordene” el depósito.
Por cierto, anuncio mi voto a favor de la iniciativa en debate, con el objeto de sancionar en el ámbito penal a quien tenga esta conducta, la que pasaría a ser delictiva.
Señor Presidente, desde luego, como lo han dicho los colegas que me han precedido en el uso de la palabra, los vertederos clandestinos ocasionan grave daño a la salud y a la urbanística y son un atentado a la legalidad.
Chile no puede permitir que haya anarquía por la libre disposición de las basuras a lo largo de su territorio, por lo cual deben tomarse las medidas que solucionen el problema.
En el espíritu del artículo único que se propone, es necesario aplicar penas de cárcel, realmente pesadas; pero sabemos que son de difícil aplicación dentro de nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, el sistema legal, que requiere ser modernizado, como se está haciendo, a la larga inhibiría a los jueces para encarcelar a ciudadanos con antecedentes intachables y sin actividad delictiva previa. Así, las penas de cárcel, en definitiva, no se cumplirían.
Por eso, he presentado indicación para agregar nuevos incisos, de manera que se sancione en dinero o bienes a quienes participen directamente en el proceso de operación de vertederos clandestinos. Primero, al propietario del terreno, el que no puede quedar inmune en este sentido, aunque alegue desconocimiento de lo que ocurre, porque tiene la obligación de evitar que se realicen actividades ilegales en su propiedad. Segundo, a los choferes que transporten la basura, ya que, de lo contrario, siempre se contaría con vehículos. En este caso, la pena sería la suspensión de sus licencias por un plazo realmente importante. Tercero, a los propietarios de los camiones, como ocurre en la legislación vigente, que los hace solidariamente responsables de las penas civiles que surjan como consecuencia de su uso.
En el caso de los vehículos, las sanciones en dinero deben ascender a un porcentaje de su tasación fiscal, sin perjuicio de que sean retenidos de inmediato por la policía y devueltos sólo una vez que se haya acreditado el pago de la multa.
Por su parte, los choferes serían solidariamente responsables del pago de las multas y sufrirían la retención de su licencia, por un plazo que propongo que sea de dos meses en la primera ocasión en que se les sorprenda en estas actividades.
De esta manera, a mi juicio, se crearía conciencia de que el hecho de llevar basura de cualquier tipo a los vertederos clandestinos no sólo amerita la contemplación pasiva de carabineros o de los inspectores municipales encargados de controlar, sino que habría sanciones inmediatas, como la retención de la licencia y del vehículo, sin perjuicio de las multas respectivas que se cursen.
En lo demás, estoy totalmente de acuerdo con el espíritu de la iniciativa y la votaré a favor.
Señor Presidente, sin duda, el proyecto concita la adhesión de la mayoría de los integrantes de la Cámara, por lo que será aprobado en general sin mayores problemas. Desde ya, anuncio los votos favorables de los diputados de mi bancada.
Sin embargo, se está incurriendo en una omisión que la estimo de cierta importancia. Por lo general, se legisla pensando en Santiago y se olvida la realidad de regiones. Por ejemplo, el alcalde que llama angustiado porque se le quiere aplicar una multa por un vertedero que no puede cumplir con las exigencias que establece un decreto de 1946 tiene más de cincuenta años, con las nuevas normas estaría infringiendo la ley y se expondría a las sanciones pecuniarias que se establecen, al igual que aquellos que, de alguna manera, participen en el transporte de la basura.
Por lo que se ha dicho, las sanciones pecuniarias se aprobarán y serán de bastante cuantía. Pensemos sólo en lo que significa la incautación de un vehículo.
Por eso, el debate me lleva a reflexionar un poco sobre la realidad. ¿Las comunidades pequeñas están en condiciones de tratar las basuras en la forma que corresponde para no afectar el medio ambiente y la salud de la ciudadanía? En mi opinión, no, y este tema, tan delicado, ni siquiera se ha rozado en las intervenciones.
Junto con estas normas, debiera establecerse un sistema que permita que las municipalidades pequeñas, especialmente, como son las que varios representamos en la Cámara, puedan tratar las basuras en forma adecuada y civilizada.
En su gran mayoría, los textos legales que se mencionan en el informe se refieren a los problemas de Santiago y no de regiones, lo cual es complicado. Es necesario considerar los pueblos pequeños, porque no vaya a ser cosa que luego tengamos que arrepentirnos y debamos analizar un nuevo proyecto para resolver la situación que se les presentará a las autoridades y a sus colaboradores en las municipalidades que participen en la extracción de la basura, en términos de sanciones que no podrán cumplir y de dineros por daños y perjuicios, si bien legales, absolutamente injustos.
De esta manera, llamo la atención de los autores de esta importante moción para que, de vuelta a la Comisión, se analice la situación que me he permitido exponer.
Los planteamientos de los abogados diputados señores Elgueta y Juan Bustos han traído la claridad suficiente para entender que el proyecto tiene falencias importantes. No puede hablarse de vertederos ilegales sin considerar los clandestinos, a los cuales debiera apuntar este proyecto de ley.
Debe establecerse una gradación de penas, penas pecuniarias y qué se hará con los residuos tóxicos que causan daño al medio ambiente y a la salud de la población. En definitiva, debe considerarse la situación de aquellos municipios que no están en condiciones de cumplir con las normas contenidas en el decreto de 1946.
El tema está empezando a discutirse. La segunda instancia, en la Comisión, será importante para dilucidar el problema de manera mucho más clara, a fin de que el proyecto responda a las exigencias no sólo de las grandes ciudades, sino también de los pueblos pequeños de nuestro país.
Señor Presidente, el problema de los vertederos ilegales, que a veces afecta a grandes sectores, lesiona en especial a Alto Hospicio, en Iquique, localidad respecto de cuya realidad se han hecho reportajes, incluso con cobertura nacional, dado que allí existe un verdadero cordón de vertederos que rodea a la población.
Me parece muy positiva la iniciativa, pues permite sancionar a quienes hacen un manejo irresponsable de los residuos. Aquí no sólo hay responsabilidad de particulares, de choferes o dueños de vehículos en que se transporta la basura, sino que también de las autoridades comunales, que hacen la vista gorda ante el problema, con lo cual se convierten prácticamente en cómplices en este tipo de situaciones.
Como legisladores, debemos proteger a la gente que quiere vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Nuestra Constitución consagra el derecho a la protección de la salud; sin embargo, en la práctica, muchas veces las propias autoridades no cumplen con este deber.
A los muchos males que lamentablemente afectan a la localidad de Alto Hospicio, por falta de una intervención seria de la autoridad, se suma la falta de preocupación por solucionar el problema.
Por eso, junto con anunciar nuestro apoyo al proyecto, hago un llamado para que no sólo se haga responsables a los particulares ojalá que sean penalizados muy severamente, sino también a las autoridades comunales que, en el ámbito de sus atribuciones, tienen la responsabilidad de asumir el aseo y ornato de las ciudades y velar para que no se produzcan estos focos de infección que ponen en peligro la salud de la gente.
Repito que en la localidad de Alto Hospicio los niños crecen rodeados prácticamente de un cordón de basurales. Me parece una tremenda injusticia que, además de la pobreza, estén expuestos a ese tipo de contaminación. Por ello, mi bancada votará a favor del proyecto.
Felicito a los autores de la iniciativa y a los parlamentarios que, con sus indicaciones, harán más severa la aplicación de sanciones por transgredir las disposiciones de esta futura ley.
Señor Presidente, quiero hacer una crítica constructiva a los Gores, gobiernos regionales, y también, de pasada, a los alcaldes y a los concejos municipales.
Respecto del gobierno regional de la Octava Región, debo manifestar que hasta la fecha no cuenta con un plan de desarrollo, y que muchas de nuestras discusiones obedecen, fundamentalmente, a que no sabemos dónde botar la basura, en qué lugar instalar una planta de celulosa o cualquier empresa. Además, ni siquiera se requiere de ley para que los gobiernos regionales estudien una propuesta de desarrollo. Me da tristeza ver, como lo dijo recién la diputada Sciaraffia , que algunos niños crecen en medio de basurales.
La segunda crítica es a los empresarios, porque confunden vertedero con basural. Algunos hacen la defensa del vertedero que, simplemente, es un basural donde no se ha aplicado ningún tipo de selección, criterio ni política.
Estamos en el 2000 y todavía continuamos tirando la basura en cualquier parte, como ocurría hace dos siglos. Cabe señalar, a manera de ejemplo, que en la Octava Región no se necesitan más de seis vertederos, los cuales hoy día significan un tremendo negocio para quienes recolectan y seleccionan la basura.
El gobierno regional debiera hacer rápidamente los estudios para que entre los ríos Perquilauquén y Ñuble , por ejemplo, no hubiera ningún basural. En el resto de la región del Biobío, perfectamente se pueden instalar seis, siete u ocho vertederos, o los que sean necesarios, de acuerdo con el estudio que se efectúe con esa finalidad.
Finalmente, mi crítica está dirigida a los alcaldes y a los concejos municipales. En mi opinión, son cómplices en este problema, porque los municipios son los que botan más basura. No basta con rayar las calles para advertir que se multará a los que infrinjan la prohibición de botar basura. ¡Por favor, eso corresponde a dos siglos atrás y no al XXI! A mi juicio, en este problema existe una tremenda irresponsabilidad de parte de algunos municipios y, por supuesto, de sus concejos, pues no han hecho uso de las facultades que les entrega la ley orgánica de Municipalidades.
En mi opinión, estamos ante un proyecto de capital importancia, que permite ordenar nuestro país en cuanto a esta materia.
Después del desorden habido en relación con los vertederos-basurales, podemos pasar a una situación mucho más crítica: la basura tóxica. Si alguna vez se permite su ingreso, después naciones desarrolladas pueden tomar a nuestro país como basural de desechos nucleares y tóxicos, por cuanto andan buscando sitios en alguna parte del mundo donde tirarlos.
En relación con este proyecto, realmente se requiere llamar la atención para que las autoridades regionales y comunales contribuyan a solucionar este problema, porque, al parecer recojo la opinión de publicaciones hechas en diarios de la Región Metropolitana la extracción de basura se ha convertido en un tremendo negocio, en el cual están involucrados alcaldes y una serie de personalidades. Me interesaría fundamentalmente a eso apunta el proyecto que por lo menos haya un ordenamiento sobre qué hacer con la basura.
Debemos apoyar el proyecto, pero, en especial, hacer un llamado de atención a los gobiernos regionales, a los municipios y a sus concejos.
Señor Presidente, felicito a los autores del proyecto y a quienes lo analizaron en la Comisión, pues este tema apunta en la dirección correcta.
Aquí se está resguardando el bien máximo, que, de acuerdo con la Constitución Política, es la vida y la integridad física de las personas. Por eso se ha dicho muy bien que hay que agregar en el artículo 319 que esto atenta contra la salud y la vida de las personas. También sugiero complementar el inciso segundo, adicionando que se considerarán como coautores o cómplices quienes permitan que se dé esta situación. Me refiero a los funcionarios encargados de velar por el ornato y que determinadas medidas se cumplan, pero hacen la “vista gorda” y no aplican las sanciones que corresponden.
Considerando que los temas ecológicos son materias nuevas, comparto lo señalado por el diputado señor Elgueta en cuanto a perfeccionar la norma aplicable hasta llegar a sancionarla como delito ecológico.
Por ejemplo, en todas las quebradas de Valparaíso hay increíbles basurales donde se da una crianza natural de pericotes que incluso llegan a afectar la vida de los niños pequeños.
Por otra parte, no hay ninguna sanción para aquellos buques o naves más pequeñas que arriban al puerto y botan la basura al mar.
Como ha dicho el diputado señor Elgueta , estamos en la última “ratio”, pero ello se debe a que estamos afectando la vida e integridad de las personas.
De acuerdo con la discusión que se ha dado en la Sala, hemos concluido que este proyecto está incompleto, por lo cual sugiero que sea enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en la cual nos podemos hacer cargo de este tema y perfeccionar el artículo 319, que, a nuestro juicio, está muy bien inspirado.
Junto con lo anterior, deberíamos incluir una norma para tratar de educar a la población con un sentido ecológico profundo, para que, al igual como ocurre en los países desarrollados, dividan la basura en las casas. De esta manera, si clasifican y depositan la basura en determinados contenedores o tachos, quienes la recojan sabrán cómo ordenarla.
Por otra parte, el diputado señor Edgardo Riveros manifestó que en los basurales pueden encontrarse elementos radiactivos, situación sumamente grave, que también debemos considerar por ser muy peligrosa.
Haciendo una suma de todo lo anterior, y sin perjuicio de votar favorablemente la iniciativa y formular las indicaciones, propongo que el proyecto sea enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Señor Presidente, este proyecto, que surge de una moción presentada por el diputado señor Gustavo Alessandri y copatrocinada por un grupo de parlamentarios integrantes de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente entre los que me encuentro, tiene el mérito de atender un grave problema que amenaza día a día el medio ambiente en todas las ciudades y poblados de nuestro país, y que causa un grave daño a la salud de las personas.
Dicha iniciativa no sólo trata el problema relacionado con la basura y los vertederos clandestinos en la Región Metropolitana, sino en todo el país.
El diputado señor Rocha planteó la experiencia de su distrito; por mi parte, puedo señalar que en la localidad de Puerto Aguirre y Caleta Andrade que son pequeños poblados isleños de Aisén también se producen graves problemas relacionados con la basura.
Tal como lo expresa el informe, las causas de la proliferación de los vertederos clandestinos que normalmente asumen la forma de microbasurales son múltiples, y se relacionan estrechamente con el aumento de los niveles de consumo de toda clase de bienes, entre ellos el gran aumento de los desechos sólidos generados por actividades relacionadas con la construcción y la industria. Entre ellos, los escombros constituyen un grave problema y al respecto no se hace ningún esfuerzo en cuanto a su recolección, disposición ni menos tratamiento.
A través de esta iniciativa, se persigue penalizar de manera severa a quienes mantengan, administren, operen y exploten vertederos de basura y rellenos sanitarios ilegales, como también a quienes transporten, manipulen, conduzcan, trasladen y depositen la basura o desechos en dichos lugares.
Considero que el análisis del proyecto lo debemos centrar en la justificación política, jurídica y ética de utilizar las disposiciones del derecho penal para perseguir este tipo de acciones, que causan grave daño a la comunidad.
Debido a los efectos negativos para la salud medioambiental, estas acciones ameritan una sanción penal, que tendría un doble efecto, como ocurre con toda normativa criminal, a saber: uno, represivo y sancionatorio contra el infractor, y otro, preventivo y general, que desestimularía a quienes lucran con este tipo de prácticas.
Por ende, estamos en presencia de un delito medioambiental de carácter especial, con conductas típicas claramente definidas por la norma y sanciones de alta cuantía, que van desde los 61 días de presidio menor a tres años, con posibilidades de aumentar en algunos grados en conformidad con determinadas situaciones.
Tampoco podemos dejar de mencionar que en este clandestinaje de disposición de basuras y desechos en las grandes urbes del país, existen verdaderas mafias dedicadas a traficar con los residuos industriales, las cuales ofrecen sus servicios en un verdadero mercado negro, permitiendo a las personas inescrupulosas ahorrar ingentes sumas de dinero por deshacerse de los residuos sobrantes o excedentes de los procesos industriales, o de desechos domiciliarios, en algunos casos. Al respecto, es absolutamente pertinente agregar en el proyecto el tema de los desechos y residuos peligrosos.
La basura es un excelente negocio. De eso no cabe ninguna duda y desde hace mucho tiempo nos hemos venido enterando en el seno de esta Corporación sobre cómo funciona esta actividad. Incluso hubo una Comisión investigadora que analizó el tema de Emeres y su relleno sanitario en Lepanto. Fue un ejemplo del buen negocio que resulta la basura.
Pues bien, imagínense el nivel de utilidades que pueden llegar a generar estas redes de traficantes de basura que funcionan en el clandestinaje y anonimato, incluso a plena luz del día, cargando y descargando camiones en sitios eriazos de la capital, y principalmente en las grandes ciudades. Sin embargo, debido a deficiencias normativas no pueden ser sancionados con la severidad y eficiencia que sus acciones ameritan. Según una información de prensa, el costo por deshacerse de una camionada de basura a través de estos recolectores informales es de 400 pesos; en cambio, depositarla en un relleno sanitario autorizado es, por lo menos, un mil por ciento más caro.
Según lo expuesto en la Comisión por los representantes del Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana y de otras reparticiones concernientes a esta materia, el mayor porcentaje de desechos abandonados en los vertederos ilegales corresponde a materiales de escombros que derivan de la actividad de la construcción. Por tanto, corresponde hacer un llamado a los empresarios de ese gremio a los que últimamente se les ha visto tan asiduos en reclamar apoyos estatales, aparte de estar en contra de la aplicación de una mínima normativa medioambiental para que hagan un esfuerzo y dejen de usar las mafias de la basura para abaratar costos de producción y efectivamente internalicen en sus procesos productivos el concepto y el gasto por recolección, transporte y disposición final de sus excedentes y residuos.
Por último, hago un llamado a los colegas de todas las bancadas a aprobar este proyecto, el que, como toda obra humana, es perfectible. Estamos llanos a perfeccionarlo por considerar que se convertirá en una herramienta poderosísima en la eterna lucha, llena de tropiezos y frustraciones, por tener ciudades más limpias, más sanas y más amigables con todos sus habitantes.
Señor Presidente, en primer lugar, adhiero a esta buena iniciativa del diputado Alessandri , y también felicito a quienes han copatrocinado esta moción.
La administración, distribución, transporte y depósito de los residuos sólidos tiene muchas aristas. Una de ellas es quién administra estos vertederos. Hay toda una discusión en cuanto a si los gobiernos regionales deberían tener mayores atribuciones para determinar las empresas que se encargarán de la distribución, transporte y depósito de los residuos sólidos. Ahí existe una pugna encubierta entre los municipios y los gobiernos regionales respectivos.
Otro tema candente es el lugar donde se instalan los vertederos, porque bien sabido es que en la Región Metropolitana ninguna comuna quiere recibir la basura de otras, lo que es muy razonable, no sólo desde el punto de vista medioambiental.
De acuerdo con los estándares, con las normas medioambientales establecidas a nivel internacional que se aplican en la administración de los vertederos, los problemas medioambientales no son tantos como los económicos.
Todos sabemos que el tema medioambiental dejó de ser exclusivamente de protección o no protección de la naturaleza o del medio ambiente; hoy también está vinculado a la plusvalía de los terrenos que colindan con los vertederos. Ése es el gran problema. Por eso, ninguna comuna quiere recibir la basura de las demás. El caso más patético es el de Tiltil comuna del distrito que represento, que tiene un vertedero bien administrado por KDM en Montenegro; pero a más de algún “inteligente” se le ha ocurrido instalar otro vertedero en la misma comuna. Quiero decir públicamente que eso me parece una torpeza y un abuso, pero ya hay gente que piensa en esos términos.
El otro tema dice relación con las sanciones civiles y, en este caso, penales, por incumplimiento de las normas. En la práctica las sanciones civiles o las administrativas que emanan del Sesma se aplican muy poco, y no son muchos los casos generados en un mal manejo en la administración de los residuos sólidos.
Deseo llamar la atención sobre dos aspectos. Uno es el punto de vista penal, relativo a que las industrias de residuos sólidos que están obligadas por la ley a recibir sólo residuos domiciliarios aceptan también residuos tóxicos y peligrosos que emanan de industrias. Eso lo sabemos todos.
Los vertederos autorizados para recibir residuos sólidos domiciliarios, como Lepanto, Montenegro y otros ubicados en distintas provincias, reciben no sólo residuos sólidos domiciliarios, sino también sustancias tóxicas peligrosas, lo que constituye delito y está penado de acuerdo con lo establecido por ley.
La otra figura dice relación con los vertederos clandestinos, que no cuentan con autorización de la autoridad ni siquiera para recibir residuos domiciliarios; sin embargo, reciben no sólo residuos domiciliarios, sino también los de carácter tóxico.
Hace tres años presentamos en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, con los diputados señores Juan Bustos no sé si él se acuerda, Aníbal Pérez y Gustavo Alessandri , una moción que tipifica el delito ecológico. No sé en qué quedó esa iniciativa.
Sería interesante estudiar y tramitar el proyecto en análisis teniendo en vista también la moción a que me he referido. No sé si al diputado señor Alessandri autor, asimismo, de la presente moción le parece mejor que se siga estudiando en la Comisión de Recursos Naturales, o que sea considerada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Digo esto porque tanto la moción que tipifica el delito ecológico, presentada con anterioridad, como la del diputado señor Alessandri , que debatimos en este momento, atañen a garantías constitucionales, como lo son el derecho a la salud y el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Señor Presidente, el diputado señor Alessandri me ha solicitado una interrupción. Con su venia, se la concedo.
Señor Presidente, respecto de la consulta formulada por el diputado señor Luksic , no veo ningún inconveniente en que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución, porque lo uno no excluye lo otro.
Me parece que lo más razonable es, en primer término, enviar en segundo informe el proyecto a la Comisión de origen e inmediatamente después remitirlo a la Comisión de Constitución. Sin embargo, una prevención: en la práctica hemos constatado que en la Comisión de Constitución los proyectos duermen por años.
El proyecto que tipifica el delito ecológico duerme en la Comisión de Constitución desde agosto de 1998. Apelo a la buena disposición de la diputada señora Laura Soto , presidenta de la Comisión de Constitución, quien tuvo la oportunidad de expresar sus puntos de vista respecto del proyecto en trámite, para que le dé un trato preferencial. Estoy de acuerdo con la propuesta del diputado señor Luksic y ciertamente formulo esta petición a la señora presidenta.
Informo a los diputados señores Luksic y Alessandri que su petición debe ser aprobada en forma unánime por la Sala; no bastan sus buenos deseos.
Una vez que el diputado señor Luksic termine su intervención y luego de cerrado el debate, pediré el acuerdo de la Sala para acceder a lo solicitado por ambos diputados.
Continúa con el uso de la palabra el diputado señor Luksic .
Señor Presidente, creo interpretar a toda la Comisión, no obstante que su presidenta también pueda comentar la proposición del diputado señor Alessandri .
Estoy cierto, en efecto, de que la Comisión de Constitución está abierta a tratar lo más rápidamente posible el proyecto, porque es de la mayor importancia. En materia medioambiental hemos avanzado, con la ley de Bases del Medio Ambiente, en una serie de sanciones de carácter administrativo; pero también hemos avanzado desde el punto de vista civil al crear la figura del delito ambiental.
Según abogados del Consejo de Defensa del Estado, ya se han presentado iniciativas de carácter judicial en virtud del daño ambiental tipificado en la ley mencionada; pero siempre ha quedado pendiente el tema de las sanciones penales. Me parece que éste es el momento de configurar la responsabilidad penal, porque precisamente estamos en presencia de un daño no sólo a la salud de las personas, sino también a la naturaleza y al medio ambiente. Ésta es una muy buena ocasión para que las Comisiones de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, y Constitución, Legislación y Justicia elaboren una norma que incorpore la responsabilidad penal por delito ambiental.
Si le parece a la Sala y dado que nadie ha hablado en contra, el proyecto se dará por aprobado en general por unanimidad.
Los diputados señores Alessandri y Luksic han solicitado que luego de que la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente haya tratado el proyecto, también sea visto por la Comisión de Constitución.
¿Habría acuerdo para proceder conforme a lo solicitado?
En consecuencia, el proyecto se enviará también a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Señor Presidente, el ánimo y la buena fe nos inspiran a todos; pero, en general, dada la larga tramitación del proyecto que tipifica el delito ambiental en la Comisión de Constitución, la incorporación de más trabajo me mueve a pensar que la tramitación del proyecto será aún más extensa.
En ese sentido, estimo que la Comisión de Constitución debería hacer un esfuerzo por priorizar el proyecto, toda vez que ha sido consensuado en la Sala. Espero que así sea y pronto podamos tener una ley. En esa forma evitaríamos lo que ocurrió con el proyecto sobre delito ambiental: partió con gran energía, la que fue decreciendo para luego extinguirse; y hoy dicho proyecto ni siquiera ha sido visto en segundo trámite, a pesar de que han pasado dos años y medio. Por eso, espero que este proyecto no corra esa misma suerte.
En consecuencia, pido recabar el asentimiento de la Sala para que el proyecto sea considerado en la Comisión de Constitución; al mismo tiempo, solicito a la presidenta de dicha Comisión priorizar su tramitación, no obstante las urgencias que, respecto de otras iniciativas, el Gobierno hiciere presentes.
Señor Presidente, quiero hacer presente que el proyecto tendrá un lugar prioritario en la tabla de las sesiones de la Comisión de Constitución, con lo cual se despeja toda duda. Sin embargo, no quiero dejar pasar una aseveración hecha por el diputado señor Alessandri , quien, aunque siempre es muy caballero, en esta ocasión ha agraviado a la Comisión. En ella se tratan los temas en profundidad; incluso se han despachado proyectos de gran envergadura y revolucionarios para el país y en plazos relativamente cortos, a pesar de la rigurosidad con que se ha actuado, tales como el proyecto sobre el ministerio público, el relativo al Código de Procedimiento Penal. Por eso, considero su afirmación como un agravio injusto para con los integrantes de la Comisión que presido.
Corresponde conocer el informe de la comisión mixta recaído en el proyecto de ley que regula el derecho de visita a los hijos sometidos a tuición de uno de los padres.
Diputado integrante de la comisión mixta es el señor Exequiel Silva .
Informe de la comisión mixta, boletín N° 1551-18, sesión 38ª, en 13 de septiembre de 2000. Documentos de la Cuenta N° 3.
Tiene la palabra el diputado señor Silva .
Señor Presidente, este proyecto es de larga data, y su autoría corresponde al diputado Paya y a quien habla.
El proyecto responde a una demanda muy sentida, que, incluso, ha sido profusamente difundida en los medios de comunicación por una agrupación de padres que lucha por la igualdad de derechos respecto de sus hijos.
En esta Cámara se ha hablado muchas veces sobre la igualdad jurídica ante la ley, y el proyecto de alguna manera recoge ese sentimiento, en relación con el padre que no tiene la tuición sobre los hijos.
El objetivo fundamental del proyecto es reducir a la mínima expresión los trámites judiciales a que hoy deben someterse padres e hijos para ejercer un derecho que a nuestro juicio es natural y que nace del hecho de ser hijo y del de ser padre, recogiendo lo que establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño, lo cual ha permitido viabilizar el estudio de este proyecto desde hace bastante tiempo.
Muchas de las disposiciones del proyecto original fundamentalmente modificaciones del Código Civil, fueron recogidas en el proyecto de filiación. Por eso, el proyecto se redujo respecto de algunas modificaciones, especialmente en cuanto a la ley de Menores.
Es importante destacar el cambio de concepto que establece el proyecto: ya no se refiere al establecimiento de un régimen de visita, sino de una relación continua y permanente entre padres e hijos, poniendo como centro fundamental el derecho del menor a mantener una relación directa con ambos padres, independientemente de quién tenga la tuición.
En la tramitación del proyecto hubo discrepancias con el Senado en lo que se refiere al artículo 48 bis, letra c). En un comienzo, el Senado estableció, respecto de las demandas concernientes a la relación directa y regular con el menor, un mecanismo tremendamente engorroso que no permitía generar los avances que se tuvieron en vista en la moción original.
Con el diputado señor Paya señalamos en la comisión mixta que no nos parecía ideal lo que ahí se planteaba; pero entendiendo que hay situaciones particulares y poniendo siempre al niño o a la niña como centro fundamental de protección, hemos aceptado la proposición del Senado, que reduce el proceso cuando el demandado acepta llanamente las peticiones del demandante o no contradice en forma sustancial y pertinente los hechos sobre los cuales versa el juicio, o vence el plazo sin que hubiere sido contestada la demanda, caso en el cual el tribunal resolverá de plano, con el mérito de los antecedentes, la petición del interesado, es decir, el derecho de visita.
Este tema afecta a un número muy significativo de niños, quienes, de un día para otro, se ven imposibilitados de mantener la debida relación con sus padres. Incluso hoy un importante número de niños tienen que ver a uno de sus padres en los pasillos de los tribunales de menores cuando se decretan las visitas provisorias.
Por eso, aun cuando el proyecto parece modesto, soluciona un problema que afecta a muchos niños.
En esta Cámara siempre se ha hablado de fortalecer la familia y de resolver adecuadamente los problemas que se suscitan al interior de ella, y sin perjudicar a los hijos cuando los padres se ven enfrentados a este tipo de controversias.
En consecuencia, solicito a la Cámara aprobar el informe de la comisión mixta, a fin de que el proyecto sea pronto ley de la República.
Ha concluido el tiempo del Orden del Día.
La discusión y la votación, en conformidad con el acuerdo adoptado, quedan para la próxima sesión.
Señor Presidente, solicito a la honorable Cámara considerar en esta sesión un proyecto de acuerdo, presentado por varios diputados, respecto del respaldo entregado por la Cámara de Diputados al proyecto Astro-Chile, y por medio del cual se le pide al Gobierno de Chile que lo presente a la Nasa, a fin de que se estudie la posibilidad de que el próximo año pueda viajar al espacio un astronauta chileno, lo cual se encuentra avalado con experimentos realizados por universidades chilenas.
El proyecto ha sido muy bien aceptado y cuenta, entre otros, con el apoyo del Ministerio de Educación.
Señora diputada, el proyecto de acuerdo a que alude está en el segundo lugar; por lo tanto, no veo dificultad en que se vote hoy.
Proyecto de acuerdo N° 474, de los diputados señores Gutiérrez , Rozas , doña María ; Krauss , Acuña, Urrutia , Velasco , Silva , Saa , doña María Antonieta , y Huenchumilla .
“Lo dispuesto en los artículos 48 N° 1 de la Constitución Política de la República y N° 295 del Reglamento de la honorable Cámara.
1° Que la educación preescolar o parvularia ha experimentado un notable crecimiento en nuestro país, llegando a atender actualmente un total de 457.796 menores, de los cuales 15.597 corresponden al nivel de sala cuna (0 a 2 años), 171.932 a nivel medio y transición (2 a 5 años) y 270.267 a nivel de transición (5 a 7 años).
2° Que a lo anterior es necesario agregar el propósito del actual gobierno de incrementar en no menos de 140.000 cupos, la matrícula en el nivel preescolar, con lo cual la cantidad de niños en este nivel de enseñanza va a alcanzar cifras sin precedentes con todas las implicancias que ello significa para los organismos estatales.
3° Que si bien el ingreso a la educación parvularia es un claro beneficio para todos los niños, también significa riesgos y eventuales daños que pueden sufrir tanto en el traslado a un colegio o centro asistencial, como en el establecimiento mismo.
4° Que la legislación vigente, ley N° 16.744, de 1968, sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, crea en su artículo 3° un seguro escolar para todos los estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, como una manera de entregarles la necesaria protección y ayuda que necesiten.
5° Que la misma norma (ley N° 16.744, art. 3°), delegó en el Presidente de la República la facultad de determinar a qué estudiantes sería aplicable este seguro. El Presidente de la República ejerció esta facultad mediante el decreto N° 313, de 1973, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, estableciendo que sólo sería aplicable desde el nivel de transición de la educación parvularia.
6° Que como consecuencia de las normas transcritas precedentemente han quedado marginados del seguro escolar los niveles de sala cuna y medio menor y mayor de jardines infantiles de todas las instituciones dedicadas a la atención de párvulos. En la práctica son más de 167.000 los menores que corresponden a estos niveles y que se encuentran sin protección del seguro escolar.
La incorporación al seguro escolar de los párvulos de los niveles mencionados, sería procedente sólo mediante modificación del decreto supremo N° 313, de 1973, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. La ley N° 16.744 exige que los menores a quienes se aplica este seguro, estén expresamente señalados por el Presidente de la República, por medio de decreto supremo.
En consecuencia, los diputados que suscribimos, venimos en presentar el siguiente proyecto de acuerdo:
Solicitar al Presidente de la República, de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 16.744, incorporar una modificación al decreto supremo N° 313, para que el seguro escolar sea aplicable a todos los menores que concurren a un jardín infantil, a partir del nivel de sala cuna y cubriendo los niveles subsiguientes, nivel medio y transición, actualmente marginados del mencionado seguro.
Igualmente solicitar a su Excelencia el Presidente de la República, consignar en la próxima ley de Presupuestos, los recursos suficientes para el adecuado funcionamiento de la ley sobre seguro escolar considerando la ampliación de cobertura de la educación parvularia que se está implementando”.
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo ha sido propuesto por las diputadas señoras María Rozas y María Antonieta Saa , y los diputados señores Enrique Krauss , Francisco Huenchumilla y Exequiel Silva , con el propósito de ampliar la cobertura del seguro escolar.
El artículo 3° de la ley N° 16.744 que data de 1968regula dicho seguro, facultando al Presidente de la República para determinar a qué estudiantes es aplicable. Pues bien, esta norma ha sufrido diversas modificaciones y, mediante el decreto supremo N° 313, de 1973, el Presidente de la República estableció que el seguro escolar sólo sería aplicable desde el nivel de transición de la educación parvularia, es decir, a los cinco años de edad.
Pero, a partir de esa fecha, todos los niveles de la educación parvularia sala cuna, nivel medio y nivel transición han experimentado un fuerte incremento. A ello cabe agregar la política del actual Gobierno de fortalecerla aún más. Así, se estima que este año, por ejemplo, se incorporarán al sistema no menos de 40 mil niños. Esto implica que un gran número de ellos, a partir del nivel de sala cuna, deben ser necesariamente transportados en vehículos desde sus hogares hasta las salas cuna o jardines infantiles y, obviamente, en el trayecto están expuestos a muchos riesgos y a sufrir accidentes, lo que queda demostrado con las estadísticas que posee Carabineros de Chile. En este momento no las tenemos aquí, pero son realmente impresionantes. Con mucha frecuencia los niños están sufriendo accidentes, ya sea durante el trayecto de sus casas al establecimiento respectivo, de regreso a sus casas o en los establecimientos propiamente tales. Muchas veces, la atención en las policlínicas u hospitales se efectúa sólo gracias a los buenos oficios de la directora del jardín infantil, de los profesores o de los funcionarios de los servicios de salud.
Los diputados que suscribimos este proyecto de acuerdo consideramos necesario corregir esta situación. El proyecto de acuerdo incluye dos puntos bien específicos: primero, corrige el decreto N° 313, ampliando la cobertura del seguro escolar desde el nivel de sala cuna; segundo, se solicita al Presidente de la República consignar, actualizados, en la próxima ley de Presupuestos, los recursos que permitan financiar el seguro escolar, porque actualmente son insuficientes.
En suma, se trata de un proyecto de acuerdo muy útil y necesario, en un momento en que la educación preescolar de nuestro país está experimentando un desarrollo muy importante.
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
Señor Presidente, considero muy loable esta iniciativa, que plantea ampliar la cobertura del seguro escolar obligatorio. Sin embargo, hace algunos días, a través de los medios de comunicación, hemos conocido el enorme déficit que tiene el sector salud obviamente, resulta preocupante para todos los chilenos y que va más allá de los 45.000 millones de pesos.
Si el Ejecutivo hace un aporte al sector salud para el seguro escolar, éste es perfectamente viable y posible; pero si ello no ocurre, se transforma en una utopía. Tengo entendido que, en la actualidad, no se aporta un peso al sistema de salud para cubrir el seguro escolar. De manera que parte del déficit del sector salud se debe a la existencia de este seguro.
Por lo tanto, más que rechazar este proyecto de acuerdo, que considero muy loable, pido a los colegas que lo suscriben que en la comisión mixta de Presupuestos soliciten al Ejecutivo los recursos necesarios para que este seguro sea obligatorio. De lo contrario como digo, será letra muerta y no significará solución alguna.
En votación el proyecto de acuerdo. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención
Aguiló , Alessandri , Álvarez-Salamanca , Ávila , Rozas (doña María) , Caminondo , Delmastro , Elgueta , Encina , Fossa , García (don René Manuel) , Gutiérrez , Hales , Hernández , Jaramillo , Jeame Barrueto , Krauss , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Masferrer , Mesías , Muñoz (doña Adriana) , Ojeda , Orpis , Palma (don Osvaldo) , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Prokurica , Riveros , Rocha , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Salas , Sánchez , Seguel , Soto (doña Laura) , Urrutia , Valenzuela , Villouta y Walker (don Patricio) .
Se abstuvo la diputada señora Cristi (doña María Angélica ).
Señores diputados, se ha solicitado el acuerdo unánime de la Sala para tratar dos proyectos de acuerdo. El primero se refiere al proyecto Astro-Chile, a que se refirió la diputada señora María Antonieta Saa . El segundo, que también cuenta con el apoyo de todas las bancadas, plantea nuestra preocupación por los hechos de violencia ocurridos en Jerusalén, Franja de Gaza y Cisjordania.
Como estos dos proyectos de acuerdo fueron presentados hoy día, se requiere la unanimidad de la Sala para tratarlos en esta sesión.
Sin discusión, señor Presidente.
¿Habría acuerdo unánime para votar sin discusión ambos proyectos de acuerdo?
Proyecto de acuerdo N° 476, de las diputadas señoras María Antonieta Saa y María Rozas y de los diputados señores Núñez , Ceroni , Krauss , Vilches , Valenzuela , Correa, Mesías y Encina:
Que esta honorable Cámara, a través de la presidenta y del presidente de sus Comisiones de Educación y de Ciencias y Tecnología, han recibido un informe del equipo coordinador del Proyecto Astro-Chile, que pretende enviar al espacio al primer astronauta chileno, integrando la tripulación del transbordador de la Nasa en un vuelo que se realizará en un futuro próximo.
Que existen altas probabilidades de un cupo para un astronauta chileno y que este postulante reúne todos los requisitos exigidos por la Nasa, tanto para el vuelo como para participar en los experimentos científicos que corresponden a una misión espacial; y teniendo presentes los beneficios para el desarrollo del país en las áreas productivas más importantes que traerá el desarrollo de las ciencias y la tecnología como consecuencia de esta asociación con este organismo mundial del espacio.
Esta Cámara acuerda:
1. Realizar una sesión especial de ambas comisiones para recibir al doctor José Luis Cárdenas , decano de la Facultad de Ciencias Médicas, y al candidato a astronauta, el piloto e ingeniero aeroespacial, graduado en la Universidad de Southern California, comandante de la Fach Klaus von Storch, para requerir de ambos el detalle específico del estado actual del proyecto.
2. Apoyar y respaldar decididamente las gestiones que comprometan la factibilidad del proyecto para ayudar al logro de este objetivo.
3. Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, que oficie a las señoras y señores ministros de Estado de Educación, Salud, Economía, Agricultura, Defensa, Secretaría General de Gobierno, Relaciones Exteriores, para que participen apoyando en sus respectivos ámbitos todas las gestiones que apoyen el desarrollo del proyecto.
4. Realizar, paralelamente, una labor de apoyo comunicacional que permita difundir este proyecto y sus beneficios, con el objeto de motivar a la comunidad científica, ámbito académico, autoridades, empresarios, estudiantes y opinión pública en general.
5. Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República para que comunique formalmente, a través del Embajador de Estados Unidos de Norteamérica en Chile, el interés de este proyecto país al señor Presidente de los Estados Unidos, William J. Clinton , ofreciéndole al mismo tiempo los recursos técnicos y humanos disponibles para estos efectos.
6. Se envíe copia de este acuerdo al comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile y al Consejo de Rectores”.
Proyecto de acuerdo N° 477, de los diputados señores Hales , Tuma , Osvaldo Palma , Alessandri , Hernández , Álvarez , Encina , Rocha y García-Huidobro : “Considerando:
1° Que, en los últimos días, el Medio Oriente se ha visto convulsionado por serios enfrentamientos protagonizados por civiles palestinos y el ejército israelí en la ciudad de Jerusalén, Franja de Gaza y Cisjordania, con un resultado de más de 60 personas muertas en menos de 4 días, todas de nacionalidad palestina.
2° Que esta Corporación, no obstante respetar el principio universal de la no intervención en los asuntos internos de los estados, no puede permanecer impasible ante atentados masivos al derecho a la vida de las personas y ante las violaciones flagrantes a las normas del Derecho Internacional Humanitario, más aún cuando hechos de esta gravedad y magnitud son fruto de un acto de evidente provocación de parte de personas que se declaran opositoras al proceso de paz árabe-israelí.
3° Que el difícil proceso de negociaciones que llevan a cabo Yasser Arafat , presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y Ehud Barak , Primer Ministro de Israel, ha traído esperanzas al mundo entero sobre una posible solución definitiva de las controversias históricas entre ambas naciones, que permitirían el desarrollo social, económico, cultural y político sólido y estable de todo el Medio Oriente y, por ende, una mejor calidad de vida y bienestar para sus pueblos.
4° Que, actualmente, la situación en Medio Oriente vuelve a ser altamente volátil existiendo la posibilidad cierta de que el conflicto se agudice y expanda, hasta hacerse inmanejable por los líderes y autoridades de los países en pugna, lo que pondría nuevamente en riesgo la paz mundial.
5° Que, como forma de esclarecer los hechos y controlar el ejercicio de la fuerza represiva en la zona, es conveniente que en el seno de las Naciones Unidas se organice una comisión investigadora de los hechos, para hacer verdad sobre las causas de lo sucedido y se retome y potencie el proceso de negociaciones.
1° Expresar nuestra profunda preocupación y rechazo por el brote de violencia descontrolada ocurrida en la ciudad de Jerusalén, Franja de Gaza y Cisjordania.
2° Condenar todas las acciones personales o institucionales que signifiquen obstaculizar el proceso de paz árabe-israelí.
3° Oficiar a su Excelencia el Presidente de la República para que, si lo tiene a bien, imparta instrucciones a nuestros embajadores ante los países en conflicto y ante las Naciones Unidas, para que expresen la preocupación y malestar del Estado y pueblo de Chile por los últimos hechos de violencia que han causado tanto dolor y muerte a hombres, mujeres y niños palestinos, y haga un llamado a las partes al cese de las hostilidades y a la restauración del diálogo, único camino hacia la paz en Medio Oriente.
Asimismo, solicitamos que el Gobierno respalde ante las instancias internacionales multilaterales la creación de una comisión investigadora de carácter independiente, que se encargue de esclarecer estos hechos de violencia y de buscar los medios jurídicos idóneos para sancionar ejemplarmente a los responsables, de conformidad a las normas generales del Derecho Internacional Humanitario.
4° Oficiar a los parlamentos palestino e israelí, instando a nuestros colegas a deponer actitudes confrontacionales que alejan una solución definitiva a los conflictos históricos en Cisjordania, Franja de Gaza y Jerusalén .
5° Expresar nuestro dolor y solidaridad por la muerte de decenas de personas a las instituciones representativas de esas colonias extranjeras en nuestro país”.
La Mesa informa que se encuentran en las tribunas profesores, alumnos y apoderados del Liceo Industrial Metodista de Coronel, invitados por el diputado señor Salas . Asimismo, saluda a una delegación de damas de la tercera edad presentes en las tribunas
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Krauss .
Señor Presidente, hace poco más de un mes, a fines de agosto, cuando terminaba el mes en que los gatos andan alzados, los senadores Bombal y Chadwick y el diputado Moreira denunciaron, con bombos y platillos, una supuesta “conducta negligentemente dolosa” así la calificó novedosamente el licenciado Bombal del ex subsecretario del Interior y actual embajador Belisario Velasco y del diputado que habla, por actividades realizadas cuando me desempeñé, con visible molestia de algunos de ellos, como ministro del Interior.
Repitieron viejas películas. Nos acusaron, una vez más, de que no atendimos adecuadamente una denuncia que en 1991 puso en nuestro conocimiento el intendente de la Segunda Región, Blas Espinoza , y su asesor externo, Horacio Mena Basualto , respecto de un supuesto desvío de precursores, consistente concretamente en exportaciones de ácido sulfúrico hacia Bolivia, materia prima que permite la elaboración de clorhidrato de cocaína.
Tales denuncias no se sustentaban en antecedentes probatorios de ninguna especie. Eran simplemente una hipótesis que correspondía investigar. Y tal como lo señalamos en 1995, cuando esta denuncia se formuló por primera vez en esta Corporación, previo cacareo natural en algunos medios de comunicación, no obstante la falta de solidez probatoria y a pesar de que el delito de desvío de precursores no existía entonces en nuestra legislación, asumimos la investigación pertinente. Dimos de inmediato traslado de los hechos a Carabineros de Chile, al Servicio Nacional de Aduanas y a la Policía de Investigaciones.
Las respuestas de esas instituciones fueron unánimes en cuanto a afirmar que a esa fecha no existían pruebas que acreditaran que se habría producido el desvío de precursores señalado.
Asimismo, la Empresa Nacional de Minería, Enami , emitió un informe y señaló que la venta y exportación de ácido sulfúrico que a la sazón se realizaba hacia Bolivia, estaba exenta de irregularidades y se ajustaba plenamente a los procedimientos aplicables a este tipo de operación del comercio internacional.
También se estableció contacto expedito y constante, al punto que se suscribió un convenio de colaboración aduanera sobre el particular con las autoridades bolivianas, las cuales informaron de modo coincidente con las chilenas sobre la legalidad de las exportaciones cuestionadas.
Sin perjuicio de lo anterior, tal como se informó oportunamente a la honorable Cámara, conscientes de que el tráfico de precursores era una situación latente y preocupante, las instituciones aduaneras y policiales chilenas mantuvieron permanente vigilancia, la que fue incrementada, por supuesto, cuando el delito respectivo se tipificó en 1995, propiciado precisamente por el Ejecutivo del que formábamos parte, avance que ha permitido ahora que investigaciones policiales hayan concluido en procesos judiciales en actual trámite.
Como hemos dicho, todos estos hechos fueron puestos en conocimiento de esta honorable Corporación cuando se hizo en 1995 la misma denuncia que ahora se ha reiterado.
La demostración de la diligencia y de la responsabilidad con que se actuó quedó de manifiesto y era razonable pensar que el hambre y la sed fiscalizadora que a algunos agobia se habían colmado. No obstante, el afán del escándalo ha sobrepasado los límites de la prudente racionalidad y, de nuevo, se ha vuelto a la carga, con la complicidad interesada de algunos medios de comunicación, siempre dispuestos a brindar espacios a las defecaciones de la intriga y la maledicencia.
La respuesta es de nuevo la misma. De nuestro correcto proceder hay constancia en estos documentos. Están enviados por el actual ministro del Interior, José Miguel Insulza , como antes lo hizo Carlos Figueroa . Los oficios del Servicio de Aduanas, de Carabineros de Chile, del director de la Policía de Investigaciones, de Enami, del subsecretario del Interior de Bolivia y los oficios intercambiados con la Intendencia de la Segunda Región, manifiestan la ineptitud e incapacidad de las denuncias por ellos formuladas.
Estos antecedentes han sido recibidos de nuevo, por la Cámara, hace más de 3 semanas y, hasta ahora, no se ha conocido comentario ni respuesta alguna de los parlamentarios denunciantes, como habría sido de esperar, como es serio que se proceda en el ámbito parlamentario, sea para cuestionarlos, lo que sería en verdad temerario atendida la contundencia de los antecedentes, o para aceptar su contenido, lo que constituiría un gesto meritorio.
Los medios informativos que sirvieron de caja de resonancia a este supuesto escándalo, tampoco se han referido a estos nuevos antecedentes, los mismos anteriores demostrativos de la falsedad de la denuncia. Excepción sea hecha de “El Mercurio” de Santiago, que ha tratado la materia con objetividad y transparencia, actitud que recuerda los viejos estilos del periodismo nacional que, a ratos, tanto añoramos.
A nuestra petición, todos estos antecedentes han sido remitidos a la Comisión Especial de Drogas, a la cual esta Sala encomendó realizar, una vez más, el análisis de esta situación.
Sin embargo, en la certeza de la corrección de nuestra conducta, creemos conveniente propiciar que estos antecedentes sean conocidos y ojalá divulgados por la prensa. Nada ocultamos, porque nada tememos. Y si, como estamos ciertos, se establece que los cargos que livianamente se nos han imputado responsabilizándonos, incluso, de delitos contra la humanidad, son falsos, esperamos que los parlamentarios denunciantes tengan el coraje moral de reconocer franca y virilmente su error; que manifiesten ante el Parlamento, que es una manera de decir que manifiesten ante el país, que erraron al hacerse eco de imputaciones sin base; que cedieron a la tentación de acusar sin fundamento. Es lo que corresponde hacer a quienes son hombres de bien. Su actitud podría ser aleccionadora en medio del enrarecido clima en que vivimos y del cual este incidente no es sino un capítulo más. Porque creemos en la humanidad, porque creemos en la persona, esperamos ese gesto.
Sería bueno terminar con la soberbia de la infalibilidad de los juicios unilaterales, del apego excluyente a los propios principios morales, a entenderse poseedores exclusivos y excluyentes de la verdad, a vivir golpeándose el pecho y retorciéndose, al mismo tiempo, las manos cuando se lanzan imputaciones de menosprecio hacia los demás. Entre tanto, hemos recurrido a los tribunales de justicia para que se sancione a quienes han proporcionado y divulgado informaciones injuriosas o calumniosas en mi contra y del embajador Velasco , con arreglo a la normativa general, al Código Penal, sin acogernos a procedimientos de excepción, sin invocar, como podríamos haberlo hecho, la ley de seguridad del Estado, porque estamos conscientes y así hemos actuado en la tramitación respectiva que a ese privilegio no deben acceder los parlamentarios.
Aprovecho esta hora de Incidentes para fijar y dejar constancia de nuestra posición aquí, en esta Corporación de la cual formamos parte y nos sentimos orgullosos por ello, la que debe ser testigo constante de nuestros méritos y errores, éxitos y fracasos, grandezas y miserias, sentimientos de molestia y decepción frente a ciertas formas del ejercicio de la política.
No pretendemos que las respuestas se den en la fanfarria de las conferencias de prensa a la que son adictos los frustrados denunciantes de este caso que, una vez más por tercera, cuarta, quinta o enésima vez, se diluirá en la nada.
Solicito que mi intervención sea enviada al ministro del Interior y a nuestros colegas de la Comisión Especial de Drogas.
Tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel .
Señor Presidente, en la mañana, cuando el Presidente de la Corporación, diputado señor Jeame Barrueto , dio a conocer un “acuerdo” de los Comités para que la Comisión de Economía se constituya en Comisión especial investigadora sobre el tema de las indemnizaciones, señalé mi posición al respecto, pero el señor Presidente se molestó.
Ahora, en el tiempo de la Democracia Cristiana en Incidentes con esto también expreso la opinión de la diputada señora María Rozas , con quien íbamos a una conferencia de prensa sobre el particular, quiero aprovechar de exponerla acá, en nuestra casa, siguiendo un poco la línea correcta y de decencia que ha planteado muy bien el diputado señor Krauss .
Hemos dicho públicamente que la investigación debe hacerse a fondo, darse a conocer los nombres de las personas que han cometido los errores morales, devolverse los dineros y dejar los cargos las personas que están desempeñándolos; pero también hemos dicho, y lo fundamenté el sábado recién pasado con el documento de un juzgado civil de Santiago, que el Consejo de Defensa del Estado se hacía parte en un juicio seguido contra 21 ex funcionarios de Codelco Chile, que se llevaron en plata del día de hoy aproximadamente 4.500 millones de pesos. Junto con lo anterior, entregué la información de un ex trabajador de El Salvador que se habría llevado, actualizados al día de hoy, 105 millones de pesos. Dimos los nombres, entregamos la información, mostré e hice público el documento del Consejo de Defensa del Estado.
¿Por qué mi molestia y la de la diputada señora María Rozas ? Porque, si bien es cierto que la denuncia nació de los propios funcionarios de gobierno, no es menos cierto que algunos parlamentarios de Oposición excluyo a los que presentaron el primer proyecto de acuerdo han querido hacer el gran festín de su vida, enlodando a personas sin presentar los antecedentes necesarios.
Entonces, siguiendo la línea del diputado señor Krauss , me opongo tenazmente a este “acuerdo político” de las bancadas para investigar, primero por cinco años, y luego, porque hubo presión, por diez años, en circunstancias que tanto la Oposición como el Gobierno han dicho públicamente que están dispuestos a investigar todo. Esto parece un “arreglín”.
Si los Comités y el jefe de mi bancada han dicho que hay que investigar y sancionar todo, no es posible que el primer día que se empieza a discutir el asunto, la Cámara de Diputados saque un acuerdo bajo la manga para investigar solamente los últimos diez años.
Reiteraré al Consejo de Defensa del Estado la necesidad de continuar el juicio, entregaré los documentos a la Comisión respectiva y espero, por la honorabilidad de las personas acusadas injustamente y por respeto a todos los chilenos que no merecen que existan ladrones y sinvergüenzas en el sector público, que la investigación sobre la materia se realice como corresponde y abarque, al menos, los últimos 20 ó 30 años.
Señor Presidente, quiero manifestar la preocupación de la comunidad de Iquique por el tratado suscrito entre nuestro país y la República del Paraguay, en l968, en virtud del cual se estableció la posibilidad de crear una zona franca de la República del Paraguay en la ciudad de Antofagasta.
Sin perjuicio de que los tratados ratificados son ley para las partes y han pasado bastantes años, la comunidad iquiqueña se encuentra muy preocupada, porque considera que dicha zona franca puede resultar tremendamente nociva para la que ya está funcionando con muchas dificultades en Iquique, debido a diversas disposiciones adoptadas por los países vecinos y acuerdos suscritos por Chile.
La zona franca de Iquique hoy compite con la de Arica, lo cual puede ser bastante sano, y a pesar de que existen muchas disposiciones que pueden aparecer como discriminatorias a raíz de la dictación de la ley Arica, hemos asumido que compartiremos y competiremos en condiciones que no nos parecen de igualdad, lo que ha significado que la cesantía en esa ciudad llegue a casi 12 por ciento. En la Cámara siempre se decía que esta ciudad estaba progresando mucho, lo que nos llenaba de orgullo, pues la cesantía llegaba a 3 por ciento. Sin embargo, no ha transcurrido un año y ese porcentaje ha aumentado en casi 10 por ciento. En la actualidad, en Iquique la cesantía se percibe en la calle, en el ambiente, en el ánimo de la gente; muchos jefes y jefas de familia han quedado sin trabajo, situación que está repercutiendo en la calidad y en la forma de vida de su gente.
Es muy importante que la Cancillería sintonice con lo que están haciendo las demás autoridades, porque muchas veces, en su empeño por trabajar, conciliar y dar cumplimiento a los tratados internacionales, también contradice el interés y el trabajo que hacen otras autoridades, como el propio Presidente de la República, quien visitará Iquique el próximo viernes y se supone que lleva el anuncio de algunas medidas que podrían reactivar la región, que verdaderamente está en condiciones muy precarias.
Por eso, solicito oficiar a la ministra de Relaciones Exteriores, señora Soledad Alvear , a fin de que clarifique los alcances de esta negociación y que visite nuestra zona y nos comunique en qué consiste lo que se está negociando, de qué manera sintoniza con lo que se está pensando a nivel de los Ministerios de Economía y de Hacienda y si se puede disponer la visita de la directora nacional de Fronteras y Límites, quien ha estado participando directamente en esta negociación.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Gutiérrez , Villouta y de la diputada señora Caraball
Tiene la palabra el honorable diputado señor Osvaldo Vega .
Señor Presidente, quiero dar a conocer una situación que acontece en el distrito 40, que represento, donde en estos días se ha hecho algo que debe llamar la atención. Tiene que ver con los medios de Indap para hacer algo bastante útil en la zona, que debido a que como éste fue un año muy lluvioso, el talaje ha sido muy perjudicado.
El Indap, a través de sus oficinas en el sector, ha estado entregando fardos de pasto, pero en forma discriminatoria. El funcionario del Instituto de Desarrollo Agropecuario va acompañado por el candidato oficialista a concejal o a alcalde.
Esto hay que denunciarlo, por lo que pido que se oficie al ministro de Agricultura para que se tome alguna medida al respecto, porque no corresponde que se proceda en esa forma, ya que estamos solamente a veinte y tantos días de la elección municipal.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Bertolino , García-Huidobro , Caminondo , Osvaldo Palma , Gutiérrez , Mora y Vilches .
Tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Caminondo .
Señor Presidente, quiero referirme a la angustiosa situación que afecta a 22 familias de la ciudad de Río Bueno, Décima Región, que habitan por más de 40 años en terrenos que eran de Ferrocarriles del Estado, más exactamente en la antigua estación Piruco , ya que la gran mayoría de sus integrantes fueron funcionarios de dicha empresa o son descendientes de funcionarios.
El 17 de septiembre recién pasado, la inmobiliaria “Nueva Vía”, empresa contratada por Ferrocarriles del Estado para enajenar los bienes prescindibles, llamó a licitación pública para vender estos terrenos, lo cual significa que estas 22 familias quedarán sin un lugar donde vivir.
Sin duda, lo señalado crea un problema social de grandes proporciones. Por ello solicito que se oficie al señor ministro de Vivienda, para que estudie la factibilidad de adquirir esos terrenos, con el objeto de dar solución habitacional a estas 22 familias a través de un subsidio para vivienda.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Alejandro García-Huidobro .
Señor Presidente, el 13 de septiembre de 1994, el entonces Presidente Eduardo Frei emitió el instructivo presidencial N° 4.214, en el que dispuso para cada Ministerio la preparación de un plan prototipo de auditorías sectoriales, que debían comprender entre sus áreas, en forma específica, los referidos a dotación de personal, de planta, a contrata y a honorarios y la prestación de servicios personales. Lo anterior fue comunicado a todas las carteras ministeriales.
Posteriormente, el 26 de diciembre de 1994, el Presidente de la República dispuso que cada Secretaría de Estado hiciera llegar a la coordinación del programa de la Presidencia el informe ejecutivo sobre la aplicación de la política de la cartera en materia de auditoría ministerial, a más tardar, el 16 de enero de 1995.
Considero importante conocer estos informes para la investigación que hoy desarrolla la Comisión de Economía de esta Cámara, por lo que solicito que se oficie al Presidente de la República, para que, por intermedio del ministro secretario general de la Presidencia, envíe a la Cámara los informes que en aquella ocasión debieran haber confeccionado todos y cada uno de los Ministerios.
Señor Presidente, en segundo lugar, quiero informar a la Cámara una situación realmente grotesca y vergonzosa ocurrida en mi Región, en la empresa Codelco-Chile, división El Teniente.
El año recién pasado se llamó a postular a trabajadores para proveer cargos en esta sociedad minera. Desgraciadamente, un porcentaje importante de trabajadores ingresaron sin cumplir los requisitos mínimos ni el perfil que requería la empresa. Tanto fue así, que el subgerente de Minas, don Ricardo Álvarez , se percató de que los contratados no cumplían los requisitos y llamó al subgerente de Recursos Humanos para que le enviara los antecedentes y los exámenes de esos trabajadores, para ver si existía algún error en el envío de ellos a esa parte de la división.
Luego de muchos problemas, le remitieron los antecedentes, con los que se estableció que más de cuarenta trabajadores, de los cien que se contrataron en el último proceso inclusive algunos familiares de dirigentes sindicales de la división, no cumplían con los requisitos. Tanto es así, que muchos de ellos habían sido rechazados en los procesos de admisión y otros ni siquiera habían entregado los antecedentes mínimos.
¿Qué ocurrió? Se realizó una auditoría interna en la división, que culminó con la solicitud de renuncia a tres altos ejecutivos de la división El Teniente: a don Juan Carlos Pollarolo , subgerente de Recursos Humanos; a don Jorge Amigo , asesor del director de Comunicaciones Internas de Recursos Humanos, y a don Baldemar Guzmán , jefe de personal o jefe del Departamento de Gestión Operativa de Recursos Humanos.
Esto es de una gravedad tal que ha provocado un daño muy grande a miles de postulantes y jóvenes que, reuniendo todos los requerimientos para ingresar a la división El Teniente, fueron pasados a llevar por “pitutos” políticos o por regalonería a dirigentes sindicales.
Por eso, solicito que se oficie a Cochilco, a fin de que inicie una investigación completa para determinar si sólo son responsables de esta anomalía en la división El Teniente las tres personas citadas o hay otros ejecutivos involucrados.
Aún más, solicito que se envíe a la Cámara la auditoría interna que realizó la empresa, con los nombres de los trabajadores, para que veamos realmente quiénes han ingresado sin cumplir los requisitos mínimos para operar tanto en la fundición como en la mina de El Teniente.
Reitero mi desagrado ante esta situación, porque hay muchos jóvenes de este país que esperaban y siguen esperando ingresar por sus méritos a la empresa más importante de Chile y no por los “pitutos” políticos o por la familiaridad o amistad con ciertos dirigentes sindicales.
Señor Presidente, quiero destacar una noticia que ha sido entregada al país en el día de hoy y que tiene gran trascendencia, cual es que el Tribunal Constitucional ha rechazado el requerimiento presentado por algunos senadores de la República en contra del Tratado de Integración y Complementación Minera, suscrito por Chile y Argentina, que abre una puerta de oportunidades de trabajo y de desarrollo de negocios mineros en la frontera, pues permite laborar a chilenos y argentinos en una zona donde todo estaba prohibido y controlado.
Esta nueva forma de integración entre Chile y Argentina es digna de resaltar, porque permite abrir caminos que nunca existieron y que generan oportunidades para otros sectores de la economía, además de la minería.
Quiero decir a las personas que ven esta transmisión de la Cámara de Diputados que tengo la más amplia convicción de que este tratado abre oportunidades igualitarias para Chile y para Argentina, así como para los inversionistas extranjeros que deseen hacer estos negocios mineros. Aquí nadie gana ni pierde, ya que en todo negocio minero hay un alto riesgo con la inversión, el cual se comparte en forma igualitaria por ambas partes. Chile tiene una tradición minera que pondrá al servicio de la integración que se establece en este Tratado, por cuanto existen yacimientos que se desarrollaron una vez que fueron descubiertos en las entrañas de la alta cordillera, los cuales contienen riquezas de cobre, oro y plata.
Tal vez este instrumento jurídico es el primero en el mundo que permite desarrollar negocios en la frontera de dos países mediante un acuerdo o consenso, ya que estos lugares han sido siempre sinónimo de conflictos en todos los países, por lo que este acuerdo ha sido tomado como ejemplo en Latinoamérica y en el mundo para buscar integración entre los países y generar oportunidades para su gente.
Ahora que sólo resta esperar la publicación del tratado en el Diario Oficial para que sea ley de la República, aprovecho la oportunidad para agradecer el apoyo de la Cámara de Diputados, que lo aprobó con 89 votos, y el del Senado de la República, que aportó 34 votos, votación que sobrepasó los quórum que se estaban reclamando al Tribunal Constitucional.
Por eso, quiero congratularme y agradecer en esta ocasión a todos los parlamentarios, en especial a los integrantes de la Comisión de Minería de esta honorable Cámara, que realmente apoyaron esta iniciativa.
Comparto plenamente su intervención, honorable diputado.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Sergio Velasco por dos minutos, con cargo al tiempo del Comité de Renovación Nacional.
Señor Presidente, agradezco al Comité de Renovación Nacional por cederme algunos minutos.
Mañana, jueves 5 de octubre, este Parlamento se congratulará con la presencia de aproximadamente 50 colegas legisladores que se reunirán en nuestras dependencias para dialogar y llevar una propuesta en común ante su Santidad, el Papa Juan Pablo II , con motivo del Jubileo 2000, que se realizará los días 4 y 5 de noviembre próximo en el Vaticano.
Hemos denominado a esta histórica cita en Chile “Encuentro América. Parlamentarios Jubileo 2000.” Para nuestro Poder Legislativo será un verdadero honor ser sede de esta reunión y recibir a importantes colegas parlamentarios provenientes de América del Norte, Centro y Sur, que han constituido, al igual que nosotros, comisiones de Jubileo 2000.
Quizás poco o nada se ha valorado esta convocatoria de enorme trascendencia para el mundo cristiano-occidental y para el tercer milenio. Sin duda, la contingencia nacional opaca cualquier causa, por muy justa que ésta sea. No obstante ello, nos hemos propuesto hacer de esta significativa reunión de América, Jubileo 2000, un poderoso y digno diálogo que interprete los anhelos y necesidades de las comunidades de nuestro continente del tercer mundo.
Esta jornada tiene como antecedente previo la reunión del Parlamento Cultural del Mercosur, Parcum , realizada en Buenos Aires los días 4 y 5 de septiembre, donde quien les habla, como vicepresidente, conversó con su par, el diputado Mario Caffiero , sobre la posibilidad de que el próximo 4 de noviembre, cuando más de 5 mil diputados y senadores de todo el mundo se encuentren con el Santo Padre en Roma, América le entregue un planteamiento común sobre los temas propuestos por el Jubileo.
De esa iniciativa nace esta idea, que mañana veremos concretada con creces, ya que, a pesar del escaso tiempo preparatorio y de un sinnúmero de contactos realizados, la voluntad y disposición de los legisladores de América han arrojado más signos positivos y propositivos de los esperados.
No cabe duda de que llegar a un planteamiento en conjunto será, a decir lo menos, complicado. Por ello hemos trazado algunos lineamientos generales para poder ir ante la Santa Sede con ideas compartidas por todos.
Por lo tanto, trabajaremos sobre tres temáticas globales que nos afectan de una u otra manera a todos los países de este continente, como son la libertad religiosa, la dignidad de la persona humana y la problemática de la deuda externa.
Es justamente en este último punto donde nuestras voluntades se aúnan en pos de conseguir la condonación de la deuda externa para los países de extrema pobreza, deuda que agobia y que amarra de manos, sobre todo a los países más desposeídos, como son las naciones tercermundistas.
Invito a todos los colegas a participar de este gran encuentro de América, que se realizará mañana. El Salón de Honor tendrá las puertas abiertas para todos los que quieran aportar un grano de arena en esta enorme playa del año jubilar del 2000.
En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el honorable diputado señor Manuel Rojas .
Señor Presidente, en mis manos tengo el informe de la Contraloría Regional de Antofagasta sobre la investigación que realizó respecto de la descontaminación del río Loa y de plomo en Antofagasta, luego de nuestra petición para que investigara varias situaciones administrativas anómalas que estaban ocurriendo al amparo del recién pasado gobierno regional de Antofagasta.
En primer lugar, teníamos varias inquietudes con respecto a la modalidad de adjudicación de los contratos para descontaminar el río Loa de residuos mineros y a la ciudad de Antofagasta por el acopio de plomo, entre otras, si se cumplieron los requerimientos técnicos, según los registros de contratistas; si los diferentes contratos licitados fueron realizados directamente o si después se celebraron subcontratos. Además, deseábamos que se determinaran los montos de los gastos realizados respecto a cada uno de ellos, así como precisar esto es lo más importante de todo si se encuentra solucionado el problema que originó esta inversión tan alta, y finalmente, que se estableciera si existen materias pendientes a la fecha y algunas situaciones dolosas respecto de este asunto.
En este informe, que obra en mi poder y en el de la Cámara de Diputados, nos encontramos con la sorpresa de que indica varias anomalías al respecto. Nombrarlas sería muy largo y latoso, pero lo peculiar es que la misma Contraloría Regional de Antofagasta propone y estima pertinente presentar estos informes y antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.
Por esa razón y en virtud de la escasez de tiempo, pido oficiar al Consejo de Defensa del Estado, con el objeto de que nos informe sobre las eventuales responsabilidades civiles y penales que podrían afectar al ex intendente de la Segunda Región y a funcionarios públicos que participaron en estas licitaciones, en las cuales, de acuerdo con la Contraloría, hay claras intenciones de malversación.
Hago esta petición, asumiendo con responsabilidad que el Consejo de Defensa del Estado nos responderá a la brevedad respecto de la crisis de contaminación del río Loa, como también del traslado de plomo en la ciudad de Antofagasta.
Se enviará el oficio solicitado, con la adhesión de los diputados señores García-Huidobro , Ulloa , Molina y del que habla.
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Ulloa .
Señor Presidente, solicito que tenga a bien enviar un oficio al señor subsecretario del Interior, don Jorge Burgos , y también al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Francisco Vidal , sobre un tema que hasta ayer muchos no considerábamos ni tomábamos en cuenta. Dice relación con un programa de televisión exhibido anoche por el Canal 13 de la Pontificia Universidad Católica de Chile, respecto del gravísimo peligro que reviste, para quienes viajamos desde la capital hasta Valparaíso , el nulo equipamiento de rescate que tienen los bomberos de Curacaví y de Casablanca, particularmente los de la primera localidad.
Lo que se mostró en la televisión incluso tuvieron la gentileza de hacernos un par de consultas durante el programa fue francamente dramático, ya que en el verano circulan alrededor de quince mil a dieciséis mil vehículos diarios y, frente a las emergencias, objetivamente, no hay más que buena disposición, hachas, palas y martillos, lo cual es completamente insuficiente para proceder a un rescate eficiente, como lo saben hacer los bomberos de todo el país, en particular los de Curacaví.
Digo esto porque me parece importante solicitar que se oficie a los altos personeros indicados, como también al intendente de la Región Metropolitana, en este mismo sentido.
Estamos hablando de personal que, primero, tiene una alta preparación técnica para atender situaciones de rescate, pero, lamentablemente, no los medios, ni siquiera un carro de rescate, sino apenas un vehículo habilitado para ese efecto.
Ni Dios lo permita, un accidente de carretera de alguna caravana oficial, incluida la del Presidente de la República o de algún invitado extranjero o especial que llegue al país y venga a Valparaíso, podría significar pérdida de vidas o, a lo menos, graves heridas, lo que se solucionaría si se contara con los materiales mínimos para ello.
Solicito, entonces, que se pida a esas autoridades que hagan un esfuerzo, en conjunto con la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, a fin de que se destinen recursos para adquirir un carro de rescate, como los que existen en todas las ciudades.
Particularmente, me refiero a Talcahuano, donde su Quinta Compañía es extremadamente eficiente en esta materia. Algunos señores diputados me hablan aquí de Rancagua y de Las Cabras, localidades que tienen equipamiento. Es sorprendente, riesgoso y peligroso que los bomberos de Curacaví sin tener el dato exacto sobre Casablanca, que me interesaría conocer no cuenten con un carro de rescate y tampoco con el equipamiento que estos vehículos necesitan. Por ejemplo, existen cojines especiales para levantar vehículos e, incluso, ayer se mostraba un vehículo volcado con una señora debajo. Es necesario que esas instituciones cuenten con equipamiento, como los equipos Lukas para cortar, y que las autoridades colaboren al respecto.
Pido que se haga llegar copia de esta intervención a los alcaldes de Curacaví y de Casablanca, con el objeto de que destinen también una pequeña parte de los recursos de esas municipalidades para que, en conjunto con el aporte de otras autoridades nacionales, como el subsecretario del Interior, solucionen este grave problema, ya que estamos hablando de seguridad pública, pues a mí me interesa la vida de las personas. Recuerden los colegas que, en algún momento, juramos rendir la vida, si fuera necesario, con el objeto de salvar a otras personas y la propiedad de los demás.
Señor diputado, le sugiero hacer llegar también su intervención al señor superintendente del Cuerpo de Bomberos.
Se enviarán los oficios solicitados con la adhesión de los diputados señores Navarro , Hales , Tuma , Salas, Rincón, García-Huidobro , Masferrer , Rojas y Mora.
Señor Presidente, en los últimos años, especialmente en los gobiernos de la Concertación, se han realizado importantes esfuerzos para satisfacer el sueño de la casa propia, en particular de las familias más modestas del país, así como también las necesidades de vivienda en distintas modalidades, rurales o urbanas, a través de subsidios que han sido muy importantes para la población.
Sin embargo, a fines de 1997, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo estableció una serie de protecciones y mecanismos, con el propósito de resguardar los derechos de aquellas personas que habían recibido subsidios y que, por distintas razones, eran burladas por las empresas contratistas. Por ejemplo, se quedaban con el subsidio, no los tramitaban oportunamente o los perdían por no cumplir con los plazos, o les construían viviendas que no reunían las condiciones mínimas de dignidad: con puertas y ventanas defectuosas, hechas con madera verde; en fin, había una gran disconformidad y muchos de los contratistas abusaban de quienes recibían el subsidio.
Entre esas protecciones, el Ministerio designó asistentes técnicos a través de un llamado de licitación, que demoraba entre 90 y 120 días, los cuales hacían estudios con los interesados y posibles contratistas. Luego, se llamaba a una licitación que demoraba cierto tiempo.
En suma, una gran cantidad de subsidios rurales y urbanos de vivienda progresiva, de la primera y segunda etapa, no se han materializado. Miles de ciudadanos beneficiados con el subsidio no han podido materializar el sueño de la casa propia.
Tengo las cifras de las viviendas progresivas por regiones y puedo señalar que en 1997, al menos en la Novena Región, se otorgaron 1.578 subsidios y hasta hoy sólo se han materializado 738 subsidios.
En 1998, en cuanto a vivienda progresiva rural y urbana, tanto en las modalidades de la primera o segunda etapa, se otorgaron 1.225 subsidios y sólo se materializaron 524.
En 1999, se otorgaron 1.215 subsidios y sólo se materializaron 804.
En suma, en vivienda progresiva, sólo en la Novena Región, están pendientes 1.952 subsidios de familias modestas, las cuales están esperando que el Ministerio de Vivienda les tramite la construcción de sus viviendas.
Para qué voy a contar lo que pasa con el sistema de vivienda rural. Entre 1997, 1998 y 1999 se han otorgado 4.531 subsidios; la gran mayoría de ellos aún está en trámite y muchos campesinos y pobladores de la Novena Región no reciben el beneficio, situación que se multiplica en todas las regiones.
Por ello, por su intermedio, señor Presidente, pido oficiar, en mi nombre, al señor ministro de Vivienda y Bienes Nacionales con el objeto de que informe a la Cámara de Diputados sobre la totalidad de los subsidios otorgados y materializados, como asimismo porque entiendo que preside un comité de desburocratización que nos indique cuáles son las medidas y los pasos que su Ministerio ha tomado para terminar con la burocracia o tramitación que está afectando a miles de familias chilenas, las más modestas. Asimismo, quiero que se adjunte el texto completo de mi intervención.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Patricio Hales , Alejandro Navarro y Waldo Mora .
El Vicepresidente, saluda al centro de madres de la comuna de Independencia, de Santiago, que se encuentra en las tribunas invitado por el diputado señor Patricio Hales .
Señor Presidente, quiero decir, con mucha fuerza, que si continuamos descuidando el espacio público, las áreas verdes y los parques -como lo hemos hecho en los últimos 60 años-, cada día vamos a tener una ciudad más invivible. Su descuido va produciendo un deterioro paulatino. Uno no se da cuenta de ello de un día para otro, sino al cabo de muchos años.
Así ha ocurrido, en particular lo hemos dicho en varias oportunidades, con el faldeo nororiente del cerro San Cristóbal . Ese cerro ha constituido un espacio público descuidado por la autoridad, salvo por la intervención de Alberto Mackenna, a principios de siglo; por el esfuerzo de Eduardo Frei Montalva , cuando construyó Tupahue , y por la participación del gobierno del Presidente Allende en las obras de Antupirén y Antilén. Creo que no hemos sido capaces de darnos cuenta de que, además, ese cerro que se percibe como parte del espacio público, el cual no sólo es área verde, sino también puede ser café o gris, ha recibido el escalamiento con viviendas que han hecho nuestros ciudadanos, ya sea por compra, por herencia e, incluso, por ocupaciones que alguna vez en la historia fueron ilegales, cuando esos territorios eran de nadie. Hoy están metidos en el centro de la ciudad.
Si observamos el mapa de Santiago, podemos percatarnos de lo que fueron los extramuros, la lejanía, entre los años 1600 y 1800. En el siglo XX y a comienzos del XXI, el cerro San Cristóbal está en el centro de la ciudad; sin embargo, en gran medida, su estado es de abandono y de deterioro. Y una parte de la ciudad, del plano, de El Salto, de Valdivieso, de allá abajo, de lo que fue la parte llana de aquellos territorios agrícolas que fueron poblándose, comenzó a subir, a escalar, por el faldeo, por el pie de monte. Hoy, por tanto, parte del cerro San Cristóbal es también ciudad-habitación, comercio, vialidad e iluminación. Por eso luchamos para regularizar la situación de sus habitantes e, incluso, conseguirles medidores de luz. Ese trabajo lo hicimos con distintos dirigentes de juntas de vecinos, como Félix Muena , Edgardo Araya , Manuel Ibacache , Miguel Navarrete y el resto de sus directivas, y conseguimos que Chilectra accediera a dotarlos de medidores eléctricos.
Sin embargo, hay un enorme descuido en cuanto a pavimentación y vialidad adecuadas; en trazados, diseños y muros de contención que debe haber cuando se construye en un pie de monte. No es lo mismo trazar un camino, un sendero, en el plano que en el pie de monte. Hay bordes, riesgos.
En muchas ocasiones hemos trabajado en ese faldeo. En esta oportunidad me referiré a la gente del sector de Las Brisas, donde se encuentran las unidades vecinales “Villa San Cristóbal ” y “Cerro San Cristóbal” donde, en particular, está la unidad vecinal N° 30. Hemos ayudado a su gente. Allí efectuamos un estudio especializado con nuestros equipos de arquitectos e ingenieros; trazamos nuevamente el pavimento de la calle; realizamos una cubicación completa, con presupuesto, y descubrimos que se necesita pavimentar nada menos que 490 metros lineales; de lo contrario, se correrá el riesgo de que ese sector comience a funcionar sin una obra vial adecuada.
Así lo hicimos también en Schiavetti, donde se desprendieron rocas que cayeron en esa zona que alguna vez pobló Cintolesi y otros cuando subieron por el faldeo, debajo de la virgen. Cayeron rocas que mataron gente y denunciamos esa situación. Hemos trabajado con ellos.
También hemos trabajado con gente de la zona de Eisenhower, donde vive doña Tina, en la calle Las Rocas. Hemos subido hasta arriba, hacia Senador Matte . Hemos recorrido todos esos sectores tratando de llevar progreso. También los hemos ayudado a trazar nuevamente sus lotes y a regularizarlos.
Sin embargo, en Las Brisas hay cortes de cerro con un pedacito de camino de tres metros en vez de seis y el resto es una especie de pequeño acantilado suficiente para que exista riesgo de seguridad ciudadana o accidente.
¿Qué nos ha dicho nuestra gente? Ayúdenos. Lo hemos hecho.
Estos seres humanos que han construido viviendas en los faldeos del cerro San Cristóbal merecen ser considerados parte de la ciudad, y hacer ciudad significa tomarse la inversión en serio.
Gracias a la sesión que su Señoría preside, tengo la oportunidad de decir que traigo conmigo las cubicaciones completas y todo el costo de la obra; su estudio detallado, con la cantidad de kilos de fierro, de hormigón y las excavaciones que debemos hacer.
Pero ¿qué sucede? En Las Brisas se requiere pavimentar 490 metros lineales a fin de completar el pavimento anterior que quedó mal hecho. Lo grave es que ese pavimento no se puede ensanchar porque no existe terreno en el borde del cerro, por lo cual es necesario construir 289 metros lineales de muro de contención, de hormigón armado, de una altura que varía entre 1,50 y 4 metros, para recibir el relleno de manera que el camino que repito hoy tiene un ancho de tres metros, quede con seis metros. Y para prolongar la calle de Las Brisas, puesto que 60 metros lineales de ella quedaron inconclusos, sin ningún tipo de pavimento, deben construirse otros 60 metros lineales de muro de contención de hormigón armado de una altura que mi equipo de profesionales calculó entre tres o cuatro metros. Por tanto, está a la vista que el trabajo de pavimentación que se hizo no sólo quedó inconcluso, sino que también malo, en situación de peligro, de erosión, de desmoronamiento y de accidentes.
No sólo falta mucho por invertir en ese sector de Las Brisas, sino que el hecho de no pavimentar ni construir muros de contención allí podría originar que se pierda todo lo realizado, puesto que esa obra mal terminada puede quedar destruida con el paso del tiempo.
Para construir dichos muros de contención se necesitan grandes sumas de dinero y no es posible que los vecinos lo puedan hacer con su propio esfuerzo. Fíjense que sólo el tramo de 490 metros lineales, según el cálculo de mi equipo profesional, significa la cantidad de 3.500 UF. Pero, ¿por qué tiene que ser el diputado quien, con sus profesionales, haga el estudio, el cálculo del trazado y lo costee? Estoy de acuerdo en que uno lo haga como aporte generoso a los vecinos. Lo hacemos con el dinero y esfuerzo de profesionales voluntarios; pero ya es hora de que la autoridad se haga cargo de esto.
Aprovechemos la oportunidad de contar con una directora tan eficiente como la del Serviu, señora Laura Gómez . Entonces, pido, por favor, que se le remita esta intervención para que pueda conocer exactamente lo que estamos haciendo. Asimismo, le hemos hecho llegar también el resumen de cubicación y presupuesto, que me permití adelantar como una especie de estudio referencial.
Pido también que la intervención y dicho estudio se hagan llegar al señor ministro de Vivienda y Bienes Nacionales, a la subsecretaria de Vivienda, doña Sonia Tschorne , y a la directora del Parque Metropolitano, doña Teresa Rey , no porque esto sea de su responsabilidad, sino para que sepa que su cerro no es sólo un grupo de animales en un zoológico, ni jardines de los que debe hacerse cargo. Es importante que tome conciencia de que parte de la ciudad ha trepado al pie del monte, instalando su vivienda. En caso contrario, seguiremos con pavimento mal construido, con una ciudad abandonada, con peligro en los bordes, con desvalorización de las propiedades, en las cuales ha hecho su propia inversión cada una de las personas que viven ahí; con fealdad, con dificultades en el tránsito.
Nuestra gente merece vivir en una ciudad decente; no cabe pensar que el faldeo norponiente del cerro San Cristóbal es tierra de nadie; porque es tierra de ciudad y, por lo tanto, de todos los habitantes de la Región Metropolitana y de Chile.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Navarro , Tuma , Longueira y Mora.
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro .
Señor Presidente, pido que se oficie en mi nombre al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que la Empresa de Ferrocarriles del Estado informe en detalle acerca de la solicitud, presentada hace algún tiempo, respecto de las franquicias que podría dar a la Compañía General de Electricidad para que el sector La Cata, Lirquén , comuna de Penco, tenga acceso a la electrificación.
Nada hace pensar que en una comuna como Penco que por fortuna ha entrado al desarrollo y al progreso, en el sector La Cata, existan diecisiete familias sin gozar de luz eléctrica, alumbrándose como en la época de la Colonia.
La Compañía General de Electricidad realizó los proyectos y estableció los costos; sin embargo, el paso de servidumbre continúa siendo un obstáculo. Los vecinos, los pescadores artesanales y habitantes de La Cata, en general, no pueden pagar el monto asignado al paso de servidumbre.
En este sentido, la Empresa de Ferrocarriles del Estado debería hacer los esfuerzos pertinentes para posibilitar que la electricidad llegue a dicho sector, a fin de satisfacer esa necesidad que parece inalcanzable para quienes están sufriendo la oscuridad al estar sin luz eléctrica. Confío en que haya una pronta solución, pues hemos estado años en este trámite. En consecuencia, espero que la Empresa de Ferrocarriles del Estado, en conjunto con la Compañía General de Electricidad, encuentren una solución. Esta pequeña comunidad quiere pagar la luz eléctrica, pero primero desea tener acceso a ella.
La luz llegó a la población Ríos de Chile, lo que acercó en casi mil metros el tendido de cable eléctrico, con lo que disminuyeron los costos de llegada. Ahora sólo queda por resolver la situación de la servidumbre.
En segundo lugar, pido oficiar en mi nombre al ministro de Vivienda, a fin de que informe sobre la situación exacta de la población Vista Hermosa, de Lirquén, respecto de la adquisición de terrenos.
Allí no hay una resolución definitiva sobre el costo del terreno, donde, de manera irregular, está emplazada esta población. Se solicitó un aporte al municipio y éste está dispuesto a concederlo; pero no hay seguridad sobre los 200 millones que, aproximadamente, aportaría el programa ChileBarrio. Se requiere llegar a un pronto acuerdo con los propietarios, dado que, eventualmente, pueden surgir otras ofertas que hagan peligrar un acuerdo, en este caso, con ChileBarrio y con el Serviu. Asimismo, se ha planteado la necesidad de que el programa ChileBarrio incorpore los terrenos y también la construcción de una escuela nueva para jornada completa.
Por ello, pido que el ministro de Vivienda informe de manera detallada sobre las gestiones con ChileBarrio, montos, alcances, plazos y toda la información necesaria, a fin de tener un cuadro de la situación en la población Vista Hermosa, de Lirquén.
En tercer lugar, pido oficiar, en mi nombre, al ministro de Obras Públicas a fin de solicitarle incluir en sus proyectos de planificación anual en Vialidad el pavimento asfáltico de la ruta que une a Dichato con Menque. Este último es casi un pueblo fantasma, pues hace dos años quebró el aserradero que le daba vida, la industria forestal se retiró, la estación de trenes hace muchos años que desapareció y, en general, la comunidad debe emigrar en busca de trabajo, quedando allí mujeres, niños y ancianos. Todas estas características marcan el sello de la muerte de un pueblo. La corta distancia entre Menque y Dichato el principal balneario con una de las playas más bellas de la Octava Región, puede brindar posibilidades de desarrollo. Sin embargo, el actual estado del camino, a pesar de su mantención, no ofrece garantías para el desarrollo y progreso de Menque. Por lo tanto, solicito su inclusión a más tardar en el presupuesto del año 2001 o en el del 2002, a fin de mejorar la carpeta asfáltica.
En cuarto lugar, pido oficiar al ministro de Minería, a fin de que el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin , realice un informe geológico para el sector de Cocholhue, afecto a la denominada falla del mismo nombre.
Dicha falla ha provocado daños millonarios en los caminos, que han debido ser cubiertos por Vialidad. Sin embargo, la falla se ha extendido hacia una zona poblacional que está en el pie de monte de la caleta de Cocholhue. Durante el último temporal, quedaron más de tres casas destruidas y alrededor de sesenta en serio riesgo geológico por la falla.
Se requiere un informe geológico definitivo que determine si esas familias deben o no ser erradicadas. No esperemos que suceda una desgracia. Las casas siniestradas estuvieron, hace poco, a punto de cobrar muchas víctimas entre las cuales había niños, ya que en la práctica fueron destruidas por el alud que bajó del cerro, donde existe la falla. Hay que precisar el alcance y tomar medidas en resguardo de la integridad física y de la vida de las personas. Si es necesario adquirir nuevos terrenos para construir nuevas viviendas, debe hacerse con tiempo. No esperemos a que haya una desgracia.
Por último, pido oficiar al ministro de Vivienda a fin de que informe en detalle sobre la situación del conjunto habitacional Ríos de Chile, compuesto por más de setecientos departamentos de excelente calidad en la comuna de Penco, localidad de Lirquén. Después de una larga espera, están siendo ocupados desde hace un año. Sin embargo, por los problemas provocados por la cesantía, se ha visto afectada la capacidad de pago de los dividendos. Por lo tanto, se requiere evaluar esa situación.
Hace mucho tiempo solicité que la empresa Inverca informe sobre cómo gasta los 3.700 millones de pesos que este Parlamento aprueba año a año para que cobre a los deudores. ¡3.700 millones de pesos sólo para que realicen la gestión de cobro! Y, en mi opinión, para cobrar tres mil, seis mil y más dividendos exiguos, podemos estar gastando mucho más en la tarea de la gestión del cobro de lo que podamos recuperar.
No creo que sea el caso de Ríos de Chile. Sin embargo, con seguridad el Ministerio de Vivienda debe contar con una tasa definida de mora aceptable. Por lo tanto, debería decretar un programa que permita a los vecinos no temer el remate de su departamento. Después de esperar tantos años, se hace insoportable la incertidumbre de que por el retraso de tres o cuatro dividendos sus viviendas puedan ser rematadas.
Asimismo, que informe respecto del número de departamentos desocupados, a la fecha no habitados por sus legítimos dueños.
En la población hay inquietud acerca de que los departamentos pudieran corresponder a personas con otra vivienda. Al existir una larga lista de espera de más de cien personas, debería haber una política transparente. Si la gente postuló a un subsidio de vivienda básica, era porque la necesitaba con rapidez. Habrá algunos casos excepcionales; sin embargo, hay que hacer claridad, pues en la población se está gestando un sentimiento de mucha solidaridad con quienes, en forma arbitraria, quedaron excluidos de vivienda, el que puede detonar, socialmente, de manera peligrosa. Por ello, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, debe anticiparse a esta situación y fijar reglas de juego claras a quienes han obtenido departamento y no lo han ocupado a la fecha.
Solicito toda la información posible, una evaluación e investigación de esta situación.
La Mesa saluda y da la bienvenida a delegaciones de personas de la tercera edad presentes en las tribunas y les explica las razones y finalidades de la hora de Incidentes como parte de la sesión.
A su vez, el diputado señor Juan Núñez manifiesta que también se encuentra de visita una delegación del centro de padres y apoderados de la Escuela Industrial de San Fernando.

References: artículo 124
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 319
 resolución 
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 resolución 
 artículo 319
 artículo 319
 artículo 319
 artículo 319
 artículo 48
 artículo 3
 artículo 3
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