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Timestamp: 2020-07-07 20:26:03+00:00

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código penal | Luis Figueroa CARPE DIEM
Alvaro Colom / código penal / Comité de Organizaciones Sociales / constitución / sandra torres — 1 Comment
El artículo 382 del Código Penal guatemalteco dice que quien realizare actividades tendentes a la reelección de la persona que ejerza la Presidencia de la República será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de dos mil quetzales; y este artículo tiene estrecha relación con el trauma que les quedó a los chapines luego de las dictaduras de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico, durante la primera mitad del siglo XX. Estos no eran dictadores que se quedaban en el poder estrictamente mediante el uso de la fuerza; sino que, mediante elecciones amañadas y guizachadas, conseguían extender sus mandatos.
La recordación histórica viene al caso porque supuestamente, el Colectivo de Organizaciones Sociales de Guatemala publicó un curioso comunicado en el que sin decir agua va, le exige al Congreso que reforma la norma constitucional contenida en el artículo 165, inciso g, mismo que indica que es atribución del Congreso desconocer al Presidente de la República si, habiendo vencido su período constitucional, continúa en el ejercicio del cargo. En tal caso, el Ejército pasará automáticamente a depender del Congreso. Así mismo, exige que sean reformadas las prohibiciones del artículo 186, que entre otras cosas dicen que les es prohibido optar al cargo de Presidente, o de Vicepresidente, a los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia; y las del 187 que indica que la persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de Presidente de la República por elección popular, o quien la haya ejercido por más de dos años en sustitución del titular, no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso.
El COS exige que se quite inmediatamente la prohibición de reelección presidencial.
Ahora bien…el Colectivo de Organizaciones Sociales no es cualquier cosa, y sus dirigentes tampoco. El COS fue determinante para el triunfo electoral de la Unidad Nacional de la Esperanza y para el acceso de Los Colom a la presidencia. Como parte de la recompensa dirigentes del Colectivo y sus familiares ocupan puestos importantes en la administraciòn socialdemócrata de Alvaro San Nicolás y de Sandra Evita. Uno de mis colegas en esta actividad del periodismo reflexivo me comentó hace unas semanas que entre los funcionarios más organizados y polìticamente más capaces de esta administración se encontraban, precisamente, aquellos vinculados al COS.
Esto me lleva a pensar que: 1. El comunicado no es del COS; 2. El comunicado sí es del COS y es en serio; 3. el comunicado sí es del COS, pero no es en serio y algo están tramando.
Alejandro Sanz / código penal / delincuencia / delitos / Friedrich A. Hayek / John Stuart Mill / José Natividad Trejo / Justicia / legítima defensa / Oscar Berger — Comentarios desactivados en No es lo mismo
Entre algunos lectores de este espacio existe una inquietud: Si tenemos la facultad de disparar contra aquellos que nos asaltan, como consecuencia del fallo que le hizo justicia a José Natividad Trejo, ¿qué impedirá que algunos salgan a ejecutar presuntos delincuentes, o a eliminar tatuados?
La inquietud es interesante; pero me parece que es producto de una confusión de premisas: Defendernos de quienes nos atacan, no es lo mismo que salir a buscar a quién meterle un tiro.
En el primer caso, el sujeto activo actúa como consecuencia de una agresión. Las condiciones para el primer caso están tipificadas en el artículo 24 del Código Penal guatemalteco, que dice que es causa de justificación, entre otras, la legitima defensa; misma que define como la acción de quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las siguientes circunstancias: agresión ilegítima (¡como cuando a uno lo asaltan!); necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y falta de provocación suficiente por parte del defensor (¡como cuando a uno lo asaltan!)
En ningún lado se menciona la posibilidad de que constituya legítima defensa salir a buscar potenciales agresores y ultimarlos por si acaso.
Si aquel fuera el caso, de lo que estamos hablando es del delito de asesinato, que está tipificado en el artículo 132 del código citado y que en dos platos es matar a otro con alevosía y/o con premeditación conocida, entre otras características.
Se ve, pues, que estamos hablando de dos circunstancias distintas. El derecho a la legítima defensa se deriva de los derechos a la vida, la libertad y la propiedad; valores que tenemos la facultad de defender, precisamente porque son valores
Mill lo dice así: “La propia defensa es el único fin que autoriza a la humanidad, ya sea individual o colectivamente, a intervenir en la libertad de acción de cualquiera de sus miembros”. Y Hayek aclara: “La coacción no puede evitarse totalmente porque el único camino para impedirla es la amenaza de coacción. La sociedad libre se ha enfrentado con este problema confiriendo al estado el monopolio de la coacción, intentando limitar el poder estatal a los casos que sea necesario ejercerlo …y resulta tan inocua como sea posible mediante la subordinación a normas generales conocidas”.
En pocas palabras le damos al estado la facultad de ejercer la coacción contra quienes pretendan violar nuestros derechos, siempre y cuando aquella coacción esté sujeta a la ley. Pero, ¿qué pasa cuando el estado es incapaz de proteger nuestra vida y nuestra propiedad? ¿Qué pasa cuando la criminalidad ha rebasado el poder de las autoridades, como dijo el presidente Berger? ¿Perdemos nuestros derechos? Yo digo que no.
Los derechos a la vida y a la propiedad, y la facultad de defenderlos, son preexistentes al estado y son preexistentes al caso Trejo. Usted, todas las víctimas potenciales y yo tenemos derecho a defendernos y el estado está obligado a garantizarnos por lo menos eso, cuando no puede cumplir con su obligación de defenderlos por nosotros.
Claro que no faltará quien abuse de su derecho a la legítima defensa; pero la posibilidad de abuso no es justificación válida para prohibir actividad alguna; ¡Y menos para invalidar un derecho! La posibilidad de que alguien cometa fraude, no justifica la prohibición del intercambio, por ejemplo. ¿Y qué pasa si alguien comete fraude? Se le captura, se le procesa y se le impone una pena. ¿Y qué pasa si alguien sale a matar tatuados? Se le captura, se le procesa y se le impone una pena.
Claro que eso requiere que las “autoridades” recuperen su autoridad. Y ese problema lo tenemos que resolver, ¡pero ya! Y, en último caso, son dos cosas distintas la defensa de uno y de sus cosas, que salir a matar sin que exista agresión ilegítima previa alguna. La objeción, pues, no se aplica.
Publicada en Prensa Libre el sábado 16 de junio de 2007
código penal / delincuencia / derechos / José Natividad Trejo / legítima defensa — 5 Comments
José Natividad Trejo fue absuelto
“José Natividad Trejo, piloto acusado de haber matado a un extorsionista, recuperó ayer su libertad de inmediato, luego de que el Tribunal Cuarto de Sentencia aplicara el artículo de legítima defensa para absolverlo de toda culpa”.
El tribunal resolvió eximirlo de responsabilidad porque se consideró que había actuado en defensa propia cuando mató a un delincuente que intentaba asaltarlo, el 4 de septiembre del 2006.
Se hizo justicia. Efectivamente, el artículo 24 del Código Penal guatemalteco dice que es causa de justificación, entre otras, la legitima defensa; misma que define como que obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las siguientes circunstancias: agresión ilegítima (¡como cuando a uno lo asaltan!); necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y falta de provocación suficiente por parte del defensor (¡como cuando a uno lo asaltan!).
Foto de José Natividad Trejo, por Erlie Castillo, de Prensa Libre.

References: artículo 382
 artículo 165
 artículo 186
 artículo 24
 artículo 132
 artículo 24