Source: http://www.inclusionyempleo.es/victimas-de-violencia-de-genero/derechos-laborales/
Timestamp: 2018-09-19 02:46:26+00:00

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1. TUS DERECHOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
El reconocimiento de derechos laborales a las mujeres víctimas de violencia de género tiene como finalidad evitar que, a causa de la violencia que sufren, abandonen el mercado laboral y poder garantizar así, su protección si se ven obligadas a abandonar su puesto de trabajo, o favoreciendo su inserción laboral en caso de que estuviesen desempleadas.
Requisitos para acceder a los derechos laborales:
Acreditar la situación de violencia de género mediante:
Sentencia por la que se condene al agresor.
Orden de protección dictada por el/la juez a su favor.
Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares de protección a la víctima. Excepcionalmente, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la mujer es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.
1.1. Derechos de las trabajadoras por cuenta ajena
1.2. Derechos de las trabajadoras por cuenta propia
1.3. Derechos de las Funcionarias Públicas
1.4. Derechos en materia de cotización a la Seguridad Social
1.5. Derechos en materia de prestaciones de la Seguridad Social
(Arts. 37.7, 40.3.bis, 45.1.n, 48.6, 49.1, 52.d, 55.5.b del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo):
Reducción de la jornada laboral con disminución proporcional del salario.
Reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible u de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo.
Movilidad geográfica, con reserva del puesto de trabajo durante los primeros 6 meses.
Suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo, y con una duración inicial que no podrá exceder de seis meses.
Acreditación de la situación de desempleo: derecho a la finalización del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora, en cuyo caso, se considerará a la trabajadora en situación legal de desempleo por lo que, en caso de reunir los demás requisitos exigidos, tendría derecho a percibir la prestación o subsidio por desempleo.
Nulidad del despido de la trabajadora víctima de violencia de género por el ejercicio de sus derechos laborales.
(Art. 21.5 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Ley 20/2007, de 20 de julio, reguladora del Estatuto del Trabajo Autónomo; Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos; Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto)
Derecho a la adaptación del horario de trabajo.
Derecho a la extinción de su relación contractual.
Derecho a la protección por cese de actividad: se encontrarán en situación legal de cese de actividad, a los efectos de la protección por cese de actividad, las trabajadoras autónomas que cesen, de manera temporal o definitiva, por causa de la violencia de género.
1.3. Derechos de las funcionarias públicas:
(Artículos 24 a 26 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; Art. 21 Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social)
Derecho a la reducción o readaptación de la jornada, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación que la Administración establezca.
Derecho a la movilidad geográfica por violencia de género (cambio de centro de trabajo).
Derecho a la excedencia: durante los seis primeros meses, se tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñara, siendo computable dicho período en la antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social.
Faltas de asistencia justificadas: las faltas de asistencia totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.
Suscripción de convenio especial con la Seguridad Social cuando las funcionarias hayan reducido su jornada con disminución proporcional de la retribución.
1.4. Derechos en materia de cotización a la Seguridad Social:
(Art. 21 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social; Disposición adicional única del Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social):
Suscripción de convenio especial con la Seguridad Social por parte de las trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan reducido su jornada laboral con disminución proporcional del salario.
Suspensión de la obligación de cotizar durante un período de seis meses cuando cesen su actividad laboral para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.
Consideración como períodos de cotización efectiva del tiempo de suspensión de la relación laboral por las trabajadoras por cuenta ajena y del tiempo de suspensión de la obligación de cotizar por las trabajadoras por cuenta propia que cesen en su actividad.
Prestaciones por maternidad/ paternidad: se considerarán situaciones asimiladas a la de alta los periodos considerados como de cotización efectiva respecto de las trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia que sean víctimas de violencia de género. (Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural)
Derecho a la pensión de jubilación anticipada de las mujeres que finalicen su contrato de trabajo como consecuencia de ser víctimas de violencia de género y reúnan los requisitos exigidos. (Artículo 161 bis.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio)
Derecho a la pensión de viudedad en los supuestos de separación y divorcio de las mujeres víctimas de violencia de género que acrediten los requisitos exigidos y aunque no sean merecedoras de la correspondiente pensión compensatoria. (Artículo 174.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio)
Pérdida de la pensión de viudedad por quien fuera condenado por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones cuando la ofendida por el delito fuera su cónyuge o ex cónyuge, o pareja o ex pareja de hecho; e incremento, en su caso, de la pensión de orfandad de los huérfanos. (Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; artículo 38 del Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las mismas)
Derecho a prestación y subsidio por desempleo: se considera que la trabajadora se encuentra en situación legal de desempleo cuando extinga o suspenda su contrato de trabajo de manera voluntaria como consecuencia de ser víctima de violencia de género. (Artículo 21.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; artículos 208.1.1.e) y 208.1.2) y disposición adicional cuadragésima segunda del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio)
2. DERECHOS DE LAS MUJERES EXTRANJERAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
2.1. Situación de residencia en España de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género:
2.2. Protección de las mujeres extranjeras en situación irregular víctimas de violencia de género
2.3 Derecho de asilo
2.4. Programas de retorno voluntario de inmigrantes
(Art. 17.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril; Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo)
Para conservar el derecho de residencia en el caso de nulidad matrimonial, divorcio o cancelación de la inscripción como pareja registrada, la mujer que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea deberá acreditar que ha sido víctima de violencia de género durante el matrimonio o situación de pareja registrada.
Se considerará acreditada de manera provisional cuando exista una orden de protección a su favor o informe del Ministerio Fiscal en el que se indique la existencia de indicios de violencia de género, y con carácter definitivo cuando haya recaído resolución judicial de la que se deduzca que se han producido las circunstancias alegadas.
2.1.2. Mujeres extranjeras no comunitarias:
Solicitud de la autorización desde el momento en que se haya dictado a favor de la mujer una orden de protección o emitido informe del Ministerio Fiscal en el que se aprecie la existencia de indicios de violencia de género.
Autorización de residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades, o autorización de residencia y trabajo en caso de que fueran mayores de 16 años y se encuentren en España en el momento de la denuncia:
Solicitud por parte de la mujer extranjera en el momento en que ella solicite a su favor la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales, o en cualquier otro posterior a lo largo del proceso penal.
Su concesión y su duración se producen en los mismos términos que la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de las mujeres extranjeras en situación irregular.
2.1.3. La autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de la que sea titular una mujer extranjera, se renovará a su expiración en los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral como consecuencia de ser víctima de violencia de género.
(Art. 31 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; Arts. 131 a 134 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril)
Si al denunciarse una situación de violencia de género, se pusiera de manifiesto la situación irregular de la mujer extranjera:
No se iniciará el procedimiento administrativo sancionador por encontrarse irregularmente en territorio español (infracción grave).
Se suspenderá el procedimiento administrativo sancionador que se hubiera iniciado por la comisión de dicha infracción con anterioridad a la denuncia o, en su caso, la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución eventualmente acordadas.
Con una sentencia condenatoria o con una resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, incluido el archivo de la causa por encontrarse el imputado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado, se concederá a la mujer extranjera la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales y, en su caso, las autorizaciones solicitadas a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades.
Con una sentencia no condenatoria o con una resolución de la que no pueda deducirse la situación de violencia de género, se denegará a la mujer extranjera la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales y, en su caso, las autorizaciones solicitadas a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades. Además, perderá eficacia la autorización provisional de residencia y trabajo concedida a la mujer extranjera y, en su caso, las autorizaciones provisionales concedidas a sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades. Y se iniciará o continuará el procedimiento administrativo sancionador por estancia irregular en territorio español.
(Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria)
La condición de refugiada se reconocerá a las mujeres víctimas de violencia de género que, debido a temores argumentados de ser perseguidas por motivos de pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no pueden o, no quieren acogerse a la protección de tal país, o a la mujer apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él:
Para valorar los motivos de persecución se considerará que, en función de las circunstancias en el país de origen, se incluye en el concepto de grupo social determinado un grupo basado en una característica común de orientación sexual o identidad sexual. Así mismo, en función de las circunstancias en el país de origen, se incluye a las personas que huyen de sus países de origen debido a fundados temores de sufrir persecución por motivos de género.
Los programas de retorno voluntario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ofrecen la posibilidad de retornar a aquellas personas extranjeras (inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, personas con estatuto de protección de protección subsidiaria), que manifiesten su deseo de volver a su país de origen y que cumplan los requisitos establecidos en alguno de los programas.
Programa de retorno voluntario asistido con especial atención a personas vulnerables: del que pueden ser beneficiarias las solicitantes de asilo, las que tengan estatuto de protección subsidiaria y las que estén en situación irregular y acrediten, mediante un informe emitido por los servicios sociales municipales o por la entidad especializada que gestione el retorno, ser víctimas de violencia psicológica, física o sexual.
Programa de retorno voluntario de atención social: del que pueden ser beneficiarias las extranjeras vulnerables en situación de regularidad administrativa. Es necesario que se encuentren en situación de carencia y precariedad social, acreditada mediante un informe emitido por los servicios sociales municipales o por la entidad especializada que gestione el retorno, y que sean víctimas de violencia psicológica, física o sexual.
Programa de ayudas complementarias al abono acumulado y anticipado de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros extracomunitarios que retornen voluntariamente a sus países de procedencia (APRE): del que pueden ser beneficiarias quienes tengan reconocido el derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo de forma anticipada y acumulada, con la finalidad, de facilitar su retorno, y sean nacionales de países que tengan suscrito con España convenio bilateral en materia de Seguridad Social.
3. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE LOS QUE TAMBIÉN SON TITULARES LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
3.1. Derecho a formular denuncia
3.2. Derecho a solicitar una orden de protección
3.3. Derecho a ser parte en el procedimiento penal
3.4. Derecho a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio
3.5. Derecho a recibir información sobre las actuaciones judiciales
3.7. Ayudas a las víctimas de delito
(Arts. 259 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)
Las mujeres tienen derecho a denunciar las situaciones de violencia de género sufridas, porque están constituidos qué hechos pueden ser una conducta que el Código Penal define como delito o falta, estableciendo un castigo o pena para quien la realiza.
(Art. 62 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Art. 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)
La orden de protección es una resolución judicial que dicta el órgano judicial competente en los casos en que se aprecia la existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima y/o sus hijos e hijas y que por tanto se requiere la adopción de medidas de protección durante la tramitación del proceso penal.
Con la orden de protección se acredita la condición de víctima de violencia de género que da lugar al reconocimiento de los derechos.
La solicitud puede efectuarla la propia víctima, sus familiares más cercanos, su abogado, o el Ministerio Fiscal. También los servicios sociales que conozcan su situación, deberán ponerlos en conocimiento del órgano judicial o del Ministerio Fiscal para que se pueda incoar o instar el procedimiento para la adopción de la orden de protección.
Las medidas civiles deben pedirse expresamente por la víctima o su presentante legal y por el Ministerio Fiscal, cuando existan hijos menores o incapaces.
El Juzgado debe dictar la orden de protección en el plazo máximo de 72 horas desde su presentación, tras una comparecencia de la víctima y el agresor por separado.
Las medidas de protección a favor de la mujer víctima de violencia de género y, en su caso, de sus hijos, pueden ser de carácter penal y civil pueden ser:
Prohibición de que el agresor se aproxime a la víctima y/o a sus familiares u otras personas a la distancia que se determine.
Prohibición al agresor de acercarse a determinados lugares: centro de trabajo de la víctima, centros escolares de los hijos, etc.
No se comunicarán los datos del domicilio de la víctima.
Confiscación de armas y prohibición de tenencia.
La atribución de la guarda y custodia de los hijos menores.
La suspensión del régimen de comunicaciones, visitas y estancias del padre con los hijos o la forma en que éste debe llevarse a cabo, por ejemplo, a través de un Punto de encuentro.
Cualquier otra medida que sea necesaria para apartar a los menores de un peligro o evitarles perjuicios.
(Art. 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)
La designación de los abogados/as puede realizarse por libre elección de la víctima o a través del Turno de Oficio Especializado de Violencia de Género. En este último caso la asistencia y representación serán gratuitas si a la mujer se le concede el beneficio de justicia gratuita.
3.4. Derecho a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado
(Art. 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)
La víctima, aunque no ejerza su derecho a intervenir en el proceso penal, debe ser informada de su papel en el mismo y del alcance, desarrollo y la marcha del procedimiento.
3.6. Derecho a la protección de la dignidad e intimidad de la víctima en el marco de los procesos relacionados con la violencia de género
(Art. 63 de la Ley Orgánica 1/2204, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; art. 232.2 Ley Orgánica Poder Judicial; art. 15.5 Ley 35/1995, de Ayudas y Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual; arts. 2.a) y 3.1 Ley Orgánica 19/1994, de Protección de Testigos y Peritos en Causas Criminales)
Los datos personales de la mujer, de sus descendientes y las personas que estén bajo su guarda o custodia, tendrán carácter reservado.
El modelo de solicitud de la orden de protección dispone que la víctima puede indicar un domicilio o teléfono de una tercera persona a la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los órganos judiciales podrán hacer llegar las comunicaciones o notificaciones.
Las actuaciones judiciales podrán no ser públicas y que las vistas se celebren a puerta cerrada.
3.7. Ayudas a las víctimas de delitos
(Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual; Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, aprobado por Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo)
Se trata de ayudas públicas en beneficio de las víctimas directas e indirectas de los delitos dolosos y violentos, cometidos en España, con el resultado de muerte, o de lesiones corporales graves, o de daños graves en la salud física o mental; así como en beneficio de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual aunque se perpetren sin violencia.
Además, se prevé la concesión de ayudas provisionales con anterioridad a que recaiga resolución judicial firme que ponga fin al proceso penal, siempre que quede acreditada la precaria situación económica en que hubiese quedado la víctima o sus beneficiarios.

References: Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 38
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución