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Timestamp: 2019-12-10 10:23:11+00:00

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Articulo 1 y 14 - Página 3
Dagoberto Rivera Servín y otros
Aarón Alejandro García García
ARTICULO 2 DE LA CONVENCIÓN
B) Por favor especifiquen detalladamente cuantas personas han sido llevadas ante las autoridades judiciales por estos actos, cuáles han sido las sanciones impuestas y si se han compensado a la victimas. En caso afirmativo, por favor, proporcionen información sobre cuáles han sido las indemnizaciones otorgadas a las víctimas.
El 17 de abril de 2007 se dictó sentencia definitiva en contra de Dagoberto Rivera Servín y otros, por los delitos de motín y lesiones. Este caso se ventiló con el número de expediente 98/2005 ante el Juzgado Décimo Cuarto en Materia Penal del Primer Partido Judicial del estado. Se interpuso recurso de apelación en contra de la resolución antes mencionada y con fecha 3 de octubre de 2008 se dio por recibida la resolución procedente de la Sexta Sala, instruida en contra de Dagoberto Rivera Servín y otros, la cual fue modificada y se declaró a Dagoberto Rivera, responsable por los delitos de lesiones, motín y delitos cometidos ante representantes de la autoridad, habiéndosele impuesto como condena la pena de prisión de un año ocho meses y multa por la cantidad de $875 pesos, con derecho al beneficio de la suspensión condicional.
El caso en que se involucra a Aarón Alejandro García García, se tramitó en el Juzgado Décimo Penal, del Primer Partido Judicial de Guadalajara, con el número de expediente 380/2004-A. Dentro de la resolución definitiva, dicha persona fue sentenciada a seis meses veintitrés días y ocho horas de prisión por los delitos de motín cometido contra representantes de la autoridad y lesiones, con derecho al beneficio de la suspensión condicional de la pena. La sentencia causó estado el 21 de diciembre del año 2006.
No se tiene conocimiento hasta el momento, que se haya ejercitado acción penal en contra de algún servidor público, por algún posible delito de tortura.
Fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales a 22 elementos de las corporaciones policiales estatal y municipal, habiendo sido liberados 16 mediante los recursos constitucionales procedentes.
Proceso instaurado en contra de Doroteo Blas Marcelo en la causa 79/06 que se instruyó en el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia en Tenango del Valle, Estado de México:
El 28 de julio de 2006, se dio inicio a la averiguación previa TOL/DR/I/466/2006, en la cual Agente del ministerio público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ejercita acción penal en contra de Doroteo Blas Marcelo (quien al momento de acontecer los hechos se desempeñaba como elemento de la Policía Estatal) por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de actos libidinosos en agravio de Ana María Velasco Rodríguez.
El 14 de agosto de 2006, se libró la orden de aprehensión en contra de Doroteo Blas Marcelo por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de actos libidinosos en agravio de Ana María Velasco Rodríguez, mediante número de oficio 1293/2006.
El 28 de agosto de 2006, el Juez del conocimiento decretó auto de formal prisión en contra de Doroteo Blas Marcelo por su probable responsabilidad penal que le resultó en la comisión del delito de actos libidinosos.
El 5 de septiembre de 2006, la representación social ofreció pruebas testimoniales, careos constitucionales, periciales en materia de criminología y psicología de Doroteo Blas Marcelo, pericial en materia de psicología para determinar el daño moral ocasionado a la ofendida de nombre Ana María Velasco Rodríguez.
El 26 de junio de 2007, la agente del ministerio público adscrita al juzgado ofreció la documental pública consistente en copia certificada de la recomendación número 38/2006, emitida dentro de la queja 2006-2/09/Q, expedida la Segunda Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El 25 de octubre de 2007, se decretó el cierre de la instrucción y el 2 de mayo de 2008 fue notificada la sentencia condenatoria en contra de Doroteo Blas Marcelo, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de actos libidinosos, en agravio de Ana María Velasco Rodríguez, imponiéndole una pena de tres años, dos meses, siete días de prisión y una multa de $1,877.80 pesos.
El 9 de mayo de 2008, la representación social interpuso el recurso de apelación por baja penalidad en contra de la sentencia condenatoria.
Por su parte, el 15 de mayo de 2008, el ahora sentenciado Doroteo Blas Marcelo, interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia condenatoria de fecha 2 de mayo de 2008, dictada por el juez de la adscripción. La Segunda Sala Unitaria Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México confirmó la sentencia absolutoria.
En febrero de 2009 se dictó sentencia absolutoria mediante ejecutoria de amparo, a favor de Doroteo Blas Marcelo, por el delito de actos libidinosos en agravio de Ana María Velasco Rodríguez, en la causa penal 79/2006, del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México.
Proceso instaurado en contra de servidores públicos estatales y municipales en la causa 59/06 que se instruyó en el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia en Tenango del Valle, Estado de México:
El 16 de junio de 2006, fue radicada la averiguación previa TOL/DR/I/466/2006, en la cual el agente del ministerio público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ejercitó acción penal en contra de Salvador Pérez Aguirre, Jorge Hernández Ramírez, Ramiro González Lara, Víctor Hugo Bian Arias, Alejandrina Arriaga Sánchez, Armando Reyes Dávila, Juan Carlos Pelcastre Pérez, Sonia Peralta Almazán, Emmanuel Cervantes Cruz, Israel Gil Flores, Armando Ruíz Sánchez, Javier González Cuellar, Erasmo Barrera Hernández, Rodolfo Juárez López, Raymundo Rosas Molina, Jorge Domínguez Gómez, José Martínez Galicia (quienes se desempeñaban como elementos se Seguridad Estatal), asimismo en contra de Roberto Hernández Romero, Sergio Guillermo González Espinoza, Gustavo Pizano Salinas y Margarita Juana Bernal Núñez (quienes al momento de acontecer los hechos se desempeñaba como elemento de la policía municipal de Texcoco) por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad en agravio de administración pública.
El 19 de junio de 2006, el juez libró la orden de aprehensión en contra de los inculpados antes señalados, mediante número de oficio 987/2006.
El 30 de junio de 2006, se decretó auto de formal prisión en contra de Salvador Pérez Aguirre, Jorge Hernández Ramírez, Ramiro González Lara, Armando Reyes Dávila, Juan Carlos Pelcastre Pérez, Sonia Peralta Almazán, Emmanuel Cervantes Cruz, Israel Gil Flores, Javier González Cuellar, Erasmo Barrera Hernández, Rodolfo Juárez López, Raymundo Rosas Molina, Jorge Domínguez Gómez, Víctor Hugo Bian Arias, Alejandrina Arriaga Sánchez, José Martínez Galicia (quienes al momento de los hechos se desempeñaban como elementos de la Agencia de la Seguridad Estatal), así como en contra de Roberto Hernández Romero, Sergio Guillermo González Espinoza, Gustavo Salinas Pizano y Margarita Juana Bernal Núñez (mismos que al momento de los hechos se desempeñaban como elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Texcoco) por su probable responsabilidad penal que les resultó en la comisión del delito de abuso de autoridad en agravio de la administración pública.
Los días 7 y 14 de julio de 2006, a fin de acreditar la plena responsabilidad penal, la representación social ofreció como pruebas todas y cada una de las constancias que obran dentro de la averiguación previa, entre ellas:
La ampliación de la declaración de las 11 denunciantes.
La ampliación de la declaración de los procesados.
La testimonial de Antonio Serrano, Jorge Almaraz Mancilla y Agustín Delgadillo.
Careos constitucionales desahogados entre la denunciante María Patricia Romero Hernández y los ahora procesados Gustavo Salinas Pizano, Sergio Guillermo González, Roberto Hernández Romero y Margarita Juana Bernal Núñez (quienes al momento de los hechos se desempeñaban como elementos de la policía Municipal de Texcoco, Estado de México).
La documental privada consistente en todas y cada una de las video-grabaciones que se agregaran a los autos durante la fase indagatoria.
Pericial en materia de criminología y psicología.
Copias simples de la recomendación número 38/2006 relativa al expediente 2006/2109/2/Q emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El 10 de diciembre de 2007, se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de Alejandrina Arriaga Sánchez y Víctor Hugo Bian Arias, al no acreditarse su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad.
El 9 de enero de 2008, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio de garantías 751/2007-III, se dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado el 2 de mayo de 2007, por lo que se decretó a favor de los inculpados, auto de libertad por falta de elementos para procesar.
Habiéndose desahogado la totalidad de los medios de prueba ofrecidos, el 27 de noviembre de 2009, se declaró cerrada la instrucción y agotada la averiguación, se presentó el pliego conclusivo por parte de la agente del ministerio público adscrita, en la que concretizó la pretensión punitiva en contra de Roberto Hernández Romero, Sergio Guillermo González Espinoza, Gustavo Salinas Pizano, Margarita Juana Bernal Núñez y José Martínez Galicia por el delito de abuso de autoridad; acusación con la que se dio vista a los acusados y a sus defensores.
La sentencia absolutoria fue dictada en atención a los siguientes razonamientos.
“…esta resolutoria está en aptitud de concluir la actualización de un estado de insuficiencia de pruebas que pudieran acreditar el delito de abuso de autoridad atribuido a los acusados ROBERTO HERNÁNDEZ ROMERO, SERGIO GUILLERMO GONZÁLEZ ESPINOZA, GUSTAVO SALINAS PIZANO, MARGARITA JUANA BERNAL NÚÑEZ y JOSÉ MARTÍNEZ GALICIA, al no existir certeza jurídica de que el actuar de estos efectivamente se hayan conducido sin existir una causa legítima que justificara el uso de la violencia ante la conducta de los rijosos precisamente porque la facultad de apreciación del órgano judicial no llega al extremo de poder asignar eficacia o certidumbre a un material probatorio que no la tiene, tampoco debe conducir a ignorar o desconocer las múltiples inconsistencias de las pruebas aportadas y, por ende, el estado de insuficiencia de pruebas para justificar una sentencia de condena.”
El 19 de febrero de 2010, el Juez de la causa penal 59/2006, radicada en el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, dictó sentencia absolutoria a favor de Roberto Hernández Romero, Sergio Guillermo González Espinoza, Gustavo Salinas Pizano y Margarita Juana Bernal Núñez, elementos de la Policía Municipal de Texcoco de Mora, y José Martínez Galicia, elemento de la Agencia de Seguridad Estatal, al considerar que no se encuentran acreditados los elementos que integran el cuerpo del delito de abuso de autoridad en agravio de la Administración Pública.
El ministerio público adscrito interpuso el recurso de apelación, y se está dentro del término de Ley para la presentación de los agravios correspondientes.
C) Rogamos proporcionen información detallada sobre las conclusiones del informe presentado por la comisión Investigadora del caso de Atenco designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De acuerdo con el dictamen de la SCJN además de cuatro jefes de destacamento destituidos, once oficiales habrían sido suspendidos y 12 amonestados, de los cuales 14 funcionarios habrían apelado esas sanciones y habrían sido absueltos. Sírvase a proporcionar información detallada y clara sobre cuáles de esas revocaciones fueron amonestaciones y cuales suspensiones.
Con fundamento en el artículo 97 de la CPEUM, el 6 de febrero del 2007 la SCJN decidió ejercer su facultad de investigación con relación a los hechos ocurridos en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006. Conforme a dicho precepto constitucional, el máximo órgano jurisdiccional tiene la facultad de averiguar “algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual”.
El propósito de las investigaciones de la SCJN fue examinar las actuaciones de diversas autoridades, a fin de establecer si pudieron haber cometido violaciones graves de garantías individuales, pero sin calificar la legalidad de lo actuado, en el contexto de los hechos referidos.
La SCJN integró una Comisión Investigadora que partió del análisis de los diferentes niveles de actuación de las autoridades que intervinieron, y tomó en cuenta lo concerniente al ámbito estrictamente operativo en materia policial.
Los comisionados precisaron que en la elaboración de su informe preliminar se investigó si los hechos en Texcoco y San Salvador Atenco derivaron en violaciones de garantías individuales, si alguien las ordenó, si obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de los policías, procurando identificar el cargo y nombre de las personas que hubieron participado en los hechos.
La Comisión Investigadora hizo entrega de su informe el 13 de marzo de 2008, que fue sometido a votación en la Primera Sala de la SCJN el 30 de junio de 2010 y así aprobado.
La SCJN determinó que existieron violaciones graves a las garantías individuales, en términos generales, en los hechos ocurridos 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, de acuerdo con los resultantes de su investigación y con fundamento en las disposiciones que rigen a la fuerza pública en México.
También determinó que “no existen datos objetivos que demuestren que las violaciones graves de garantías individuales obedecieran a expresas instrucciones y órdenes ilícitas en ese sentido, ni para poder afirmar que las diferentes autoridades que intervinieron en la implementación de los operativos policiales, se hayan organizado para causar daños, ni que hubieran adoptado e implementado medidas para preparar la agresión que sufrieron simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. En consecuencia, no existen pruebas contundentes a fin de establecer que dichas violaciones se debieron a una estrategia estatal”.
Determinó igualmente que las autoridades tienen la obligación de ampliar y completar las investigaciones en torno a quienes pudieran haber incurrido en violaciones graves a dichas garantías. Asimismo, señaló que “las violaciones graves de garantías individuales derivadas de los hechos que se investigaron fueron resultado, por una parte, de la insuficiencia de la normatividad delimitadora del uso de la fuerza pública, de la defectuosa capacitación del personal que intervino, sumada a la inadecuada planeación, ejecución y supervisión de los operativos policiales.”
Estableció también criterios jurídicos sobre el uso de la fuerza pública, que servirán como parámetros y referentes para determinar la existencia o no de violaciones a las garantías individuales.
Con respecto a la naturaleza de las violaciones, la SCJN determinó que “las autoridades relativas, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, deben determinar si los abusos policiales destacados, que en algunos casos se tradujeron en tratos crueles e inhumanos, también constituyeron actos de tortura.”
Este dictamen fue remitido al Poder Ejecutivo del Estado de México, a la Presidencia Municipal, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a la Secretaría de Seguridad Pública del estado y al Instituto Nacional de Migración (INM).
D) Por favor incluyan información detallada sobre el cumplimiento de la recomendación 38/2006 de la CNDH por parte del Gobernador del Estado de México, el Comisionado de Instituto Nacional de Migración y el Secretario de Seguridad Publica.
Con el fin de dar cumplimiento a dicha recomendación, el INM realizó las siguientes acciones:
Dio vista al Órgano Interno de Control del Instituto para que iniciara el procedimiento administrativo en contra de servidores públicos de la Delegación Regional del INM en el Estado de México y de la Coordinación de Control y Verificación Migratoria. El Órgano Interno de Control mediante acuerdo de fecha 29 de agosto de 2008, concluyó el expediente respectivo al no contar con elementos de presunta responsabilidad por parte de servidores públicos de la Institución.
En torno al punto segundo de la recomendación, con fecha 10 de abril de 2007, la titular de la Coordinación de Control y Verificación Migratoria emitió una resolución en el sentido de decretar la expulsión de varios extranjeros involucrados en los hechos de violencia suscitados los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los Municipios de Texcoco y San Salvador Atenco en el Estado de México, imponiéndoles como prohibición para que pudieran regresar a México sin el Acuerdo de Readmisión correspondiente, al término de un mes, por haberse acreditado que se encontraban realizando actividades no permitidas en el poblado de San Salvador Atenco.
En cuanto a la SSP, se consideró no aceptar la recomendación, en razón de que refirió que los elementos de la Policía Federal Preventiva que participaron en los operativos en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006, actuaron conforme a los principios constitucionales de legalidad, eficacia, profesionalismo y honradez, con pleno respeto a los derechos humanos de los manifestantes y de las personas que fueron detenidas en comisión flagrante de delito, actuando con sentido de oportunidad y prudencia, sin haberse excedido de la fuerza, al haber utilizado sólo la estrictamente necesaria para detener in fraganti a quienes se sorprendió cometiendo conductas probablemente delictivas. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 138, fracción I, del Reglamento Interno de la CNDH, se dictó el acuerdo correspondiente, considerándola no aceptada.
Respecto al gobernador del Estado de México, esta recomendación se considera totalmente cumplida de conformidad con lo establecido en el artículo 138, fracción II, del Reglamento Interno de la CNDH.
6.- Sírvanse a proporcionar información sobre los esfuerzos que se han llevado a cabo para cumplir con las anteriores recomendaciones del Comité respecto del juzgamiento de delitos contra los derechos humanos, y en especial la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, cometidos por militares contra civiles. Rogamos incluyan también información sobre los avances realizados en lo que respecta a la tipificación de la tortura infligida a personal militar en la legislación militar.
El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la sentencia en contra de los Estados Unidos Mexicanos en el Caso Rosendo Radilla Pacheco, donde entre otros puntos resolutivos, determinó para el Estado mexicano, adoptar las reformas legislativas pertinentes, para compatibilizar el artículo 57 fracción II, inciso a) del Código de Justica Militar, con estándares internacionales.
En cumplimiento de tal resolución, el Estado mexicano, está analizando las posibles acciones a realizar al artículo 57 del Código de Justicia Militar a la luz de la sentencia.
Los Tribunales Militares aplican por competencia atrayente de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, únicamente en aquellos casos en que el militar comente la conducta de tortura encontrándose en actos del servicio o con motivos del mismo.
7.- Rogamos proporcionen información actualizada y detallada sobre la reforma del sistema de justicia penal. Por favor, incluyan información sobre el avance de los procesos legislativos en las entidades federativas que han aprendido la reforma hacia un modelo acusatorio oral y también en aquellas entidades que aun se encuentran en etapas de discusión para la implementación de juicios orales. Por favor, proporcionen también información actualizada sobre la postura pública de los ministros de la Suprema Corte en relación con la reforma judicial hacia un modelo acusatorio y oral. Rogamos incluyan información sobre que esfuerzos o medidas se están tomando para agilizar el proceso de la reforma penal.
El 18 de junio de 2008 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reformó los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, las fracciones XXI y XXIII del artículo 73, la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII, del apartado B del artículo 123 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con la propia exposición de motivos, el objetivo fundamental de esta reforma es transformar el sistema de seguridad y justicia penal tanto federal y estatal, de uno mixto a uno adversarial, para así dar vigencia plena a las garantías individuales y derechos humanos que consagra la Constitución y tratados internacionales.
El proceso de reforma penal en México debe analizarse desde dos planos, el federal y el estatal. No obstante las modificaciones constitucionales publicadas el 18 de junio de 2008 en el DOF, tendrán impacto tanto en las entidades federativas como en la Federación, por lo que se espera que los resultados sean diferentes en cada ámbito. Esto es porque el propio texto constitucional marca una serie de excepciones al sistema acusatorio que sólo serán aplicables a los poderes federales, ya que es de su competencia la persecución de los delitos de delincuencia organizada (arraigo, prueba anticipada, cárceles especiales). Para coordinar esta labor de reforma el 13 de octubre de 2008, se creó el Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, instancia gubernamental integrada por representantes de los tres órdenes de gobierno del ámbito federal y estatal, encargada de dirigir y diseñar las estrategias pertinentes para la materialización del nuevo modelo de justicia contenido en la reforma constitucional mencionada, con el propósito de que su operación y funcionamiento sean integrales, congruentes y eficaces en todo el país y respetuosos de los principios establecidos por la propia Constitución.
Desde su instalación en junio del 2009 hasta enero del 2011 el Consejo ha sesionado en siete ocasiones y entre otras cosas ha elaborado acuerdos por los que se aprueban el Programa de Capacitación y Difusión de la SETEC, la Estrategia de Implementación de la Reforma Constitucional en las Entidades Federativas y las Directrices para la implementación de los recursos destinados a la implementación de la reforma en los estados.
En este mismo tenor, se crea la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), encargada de ejecutar las decisiones del Consejo, de coadyuvar con las autoridades federales y locales en sus procesos de implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal y de canalizar el apoyo económico y asistencia especializada a las entidades federativas. Para abordar el proceso de reforma de manera integral ha trabajado con base en cinco grandes ejes: normatividad, relaciones interinstitucionales, capacitación y difusión, asistencia técnica y administración; a partir de ellos se derivan las relaciones y labores con instituciones y actores involucrados en la responsabilidad de llevar a cabo la reforma.
El área normativa la SETEC ha coordinado un trabajo arduo de coordinación de esfuerzos de distintas dependencias del Ejecutivo federal para lograr un proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales, enriquecido con el análisis y comentarios del Consejo de Coordinación. Por órdenes del Consejo de Coordinación, el Proyecto fue remitido a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal para completarlo con las formalidades relativas a la exposición de motivos; el régimen transitorio y aquéllos otros que se consideren necesarios para que esté en posibilidad de enviarlo al Titular del Ejecutivo federal, quien a su vez podrá presentarlo como iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión.
Los actores involucrados en este proceso de implementación no son solamente autoridades gubernamentales, sino que cuenta con un componente de participación ciudadana. En ese sentido el trabajo del gobierno federal, a través de la Secretaría del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), es coordinar los esfuerzos de:
Procuradurías estatales y PGR;
Tribunales estatales y SCJN;
Secretarías de seguridad pública estatales y federal;
Congresos estatales y Congreso de la Unión;
Defensorías públicas;
Comisiones de derechos humanos;
En este contexto, la SETEC ha desarrollado actividades de diversa índole atendiendo a circunstancias particulares en 27 de los 32 estados del País. Entre otras cosas se elaboró la Estrategia de Implementación para las entidades federativas, como un manual que contiene las mejores prácticas nacionales e internacionales con los ejes temáticos relevantes e incluye además dos herramientas tecnológicas clave para la planeación: el modelo de simulación y el modelo de localización. Asimismo, ha llevado a cabo visitas de diagnósticos y seguimiento en 20 entidades federativas e impartido talleres de planeación en seis.
En el ámbito de Cooperación internacional la SETEC ha desarrollado diversos Proyectos con gobiernos extranjeros, especialmente con el gobierno de Canadá y Chile. En cada uno de estos Proyectos se han realizado múltiples actividades entre las que destacan Talleres de Planeación, Foros de Discusión, Seminarios Internacionales; Cursos de Capacitación para jueces, defensores, ministerios públicos y abogados, así como asesorías técnicas en rubros específicos relativos al proceso de reforma penal. Adicionalmente, hemos desarrollado vínculos importantes con otros gobiernos extranjeros a través de los cuales se han podido emprender misiones de aprendizaje a los países de Colombia y Costa Rica y se encuentran en puerta otros programas de colaboración con diferentes organismos internacionales.
En otro ámbito la SETEC elaboró el programa Nacional de capacitación proporcionando lineamientos homologados para todo el país, estableciendo criterios de calidad y desempeño; además se han impartido numerosos cursos de capacitación a los operadores del Sistema de justicia a lo largo del país. Además se elaboraron programas de estudio marco para la capacitación de los operadores y para los estudios de licenciatura y post grado en las instituciones educativas y se conformó un comité de capacitación para contar con altos niveles de calidad al incluir una metodología de validación de planes y programas de estudio y contar con formadores y docentes surgidos de un proceso especializado de certificación.
En el rubro de Asistencia Técnica, se elaboró el programa “Reorganización del Sistema de Justicia Penal en México” como guía para conducir a las instituciones ya existentes en su nueva función y actividad, así como las que son necesarias crear por requerimiento de un sistema acusatorio adversarial. Se cuenta con un modelo y guía arquitectónica para el diseño y planeación de salas de juicio oral y sus servicios adyacentes y con un proyecto de Criterios Generales de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Cabe señalar que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada el 2 de enero de 2009 en el Diario Oficial de la Federación estableció:
La obligación del Estado para desarrollar políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.
La obligación de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios para suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar la información que se genere en materia de seguridad pública.
La formulación de propuestas para los programas nacionales de seguridad pública, de procuración de justicia y de prevención del delito en los términos de la Ley de la materia.
Las propuestas de lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas.
La participación de la ciudadanía para realizar acciones relativas a la prevención del delito.
La promoción de la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta misma materia.
La disposición de que las instituciones policiales sean las encargadas de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción.
La obligación de las instituciones policiales para que sus integrantes actúen bajo el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
A nivel estatal, desde 2004 a la fecha, ocho de las treinta y dos entidades federativas han realizado reformas a su legislación y comenzado con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en nuestro país, a saber: Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, y Zacatecas; cuatro ya cuentan con reformas legales e iniciarán con la implementación en 2011: Guanajuato, Hidalgo, Yucatán y Puebla; trece entidades federativas se encuentran en la fase de Planeación: Campeche, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala; en tanto que siete entidades federativas se encuentran en la etapa inicial de implementación con avances iniciales en el proceso de planeación y algunos esfuerzos institucionales aislados: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz.
La reforma constitucional en su transitorio segundo dejó abierta la posibilidad de definir la gradualidad con la que la reforma deberá ser puesta en marcha, ya sea de carácter regional o por tipo de delito, en tal virtud la mayoría de los estados han optado por el esquema territorial, lo que les ha permitido detectar fallas y mejorar cuestiones prácticas conforme avanza el calendario de entrada en vigor en otras regiones.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 97
 resolución 
 artículo 138
 artículo 138
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 73
 artículo 115
 artículo 123