Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1835
Timestamp: 2018-03-19 14:17:39+00:00

Document:
Una, de la Comisión de la Ciudad de México, con la que remite su Informe de Actividades del Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura
Una, de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria y de la Comisión de Juventud y Deporte, con la que remiten su Informe de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura
Una, de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite los Informes de sus participaciones en: El 61º Período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrado del 12 al 24 de marzo de 2017, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de América y en la visita de trabajo a las ciudades de Brasilia, Brasil; y Buenos Aires, Argentina, los días 2 y 3 de mayo de 2017, como parte de los esfuerzos a nivel parlamentario por incrementar el acercamiento con los países sudamericanos
Una, del Senador Salvador Vega Casillas, con la que remite el Informe de su participación en la 8a reunión plenaria del Diálogo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se llevó a cabo los días 14 y 15 de junio de 2017, en París, Francia
Una, de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, con la que remite el Informe de su participación en la reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 15 y 16 de septiembre de 2017, en Panamá, Panamá
Una, del Senador Jesús Casillas Romero, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración, en el marco del Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre Migración en América Latina y de la XXXIII Asamblea General de Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 8 al 10 de junio de 2017, en Panamá, Panamá
Una, del Senador José de Jesús Santana García, con la que remite el Informe de su participación en la reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor, en el marco del Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre Migración en América Latina y el Caribe, de la XXXIII Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada del 8 al 10 de junio de 2017, en Panamá, Panamá
Una, del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, con la que remite el Informe de su participación en el Foro Anual 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, celebrado del 6 al 8 de junio de 2017, en París, Francia.
Una, de la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, con la que remite el Informe de actividades de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales del año 2017
Una, del Senador Raúl Morón Orozco, con la que remite los Informes de sus participaciones en la XXIII reunión y en la reunión extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, efectuadas el 26 de noviembre de 2015, en Panamá, Panamá; y los días 15 y 16 de junio de 2017, en Bogotá, Colombia, respectivamente
Una, del Senador Héctor Yunes Landa, con la que remite el Informe de su participación en la reunión extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 15 y 16 de junio de 2017, en Bogotá, Colombia
Una, del Senador Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, por la que extiende el plazo de la convocatoria "Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República 2017", para la recepción de las correspondientes propuestas, hasta el 15 de noviembre de 2017
Siete oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 19 y 36 de la Ley de Desarrollo Social
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración
Oficios por los que informa las modificaciones en la integración de Diputados ante el Parlamento Latinoamericano y ante Parlamentos por las Américas
Oficio por el que informa las modificaciones en la integración de la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios
Uno, por el que se modifica la fecha de la comparecencia del Secretario de Gobernación y se pospone la comparecencia del Secretario de Desarrollo social, con motivo del análisis del Quinto Informe de Gobierno
Senador Zoé Robledo Robles
Del Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 58 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor
Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley General de Salud
Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social
De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Del Senador Raúl Morón Orozco, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración
Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII sexties al artículo 14 de la Ley General de Educación
Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV al artículo 14 de la Ley General de Educación
Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles
Senador Ricardo Urzúa Rivera
Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de radio, televisión y cinematografía y estudios legislativos, con respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (No inscrito en el orden del día)
Senador Raúl Gracia Ramírez
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Miguel Romo.
Adelante, Senador Rosas.
El Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Muchas gracias, Senadora Presidenta.
Para solicitarle al Senador Romo si me permite adherirme a la extraordinaria iniciativa que acaba de presentar.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Hay varios compañeros que están pidiendo adherirse a la iniciativa presentada por el Senador Romo.
Le pido a Servicios Parlamentarios tome nota para que los incorpore, si el Senador Romo los autoriza, a esta presentación de iniciativas.
Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de conformación de profesionales en Salud.
Vengo a presentar ante este Pleno, iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de formación de profesionales en el área de la medicina.
Yo creo que todos estamos de acuerdo, somos coincidentes en que todos los profesionales de las diferentes ramas del quehacer en el aspecto económico, social, leyes, ingenierías, deben de ser egresados de escuelas de facultades de medicina, de tecnológicos, que estén debidamente estructurados, preparados, capacitados para formar buenos profesionales.
Creo que es uno de los objetivos más importantes de toda universidad y de toda escuela formar excelentes profesionales de los diferentes quehaceres y actividades de la vida de todo país, pero cuando tenemos el dato de que de las 157 escuelas de medicina que tenemos en nuestro país sólo 73 tienen sus programas de estudio acreditados o certificados, es decir, menos de la mitad de las escuelas de medicina que tenemos en nuestro país están debidamente certificados o acreditados, nuestra visión es de preocupación, es muy preocupante el hecho de que diversos profesionales de la medicina no estén saliendo debidamente preparados de nuestras escuelas.
La educación de las personas es un elemento fundamental que permite el desarrollo de sus capacidades y, por ende, su crecimiento personal, grandes esfuerzos se han hecho en esta materia por los gobiernos a fin de lograr una mejora en la calidad de la educación, desde la instrucción básica hasta la superior.
Lo cual sin duda en algunos años nos permitirá como país lograr una mayor equidad en todos los aspectos, la responsabilidad de formar excelentes profesionales en las diferentes áreas de la ciencia es enorme, pues debe procurarse permanentemente un ambiente de amplia competencia que exija cada día más capacidades; sin embargo, cuando la responsabilidad del ejercicio de la profesión está íntimamente ligada con la conservación de la vida, como es el caso de la práctica de la medicina, la obligación es asegurar una formación sólida que elimine la presencia de errores, es aún mayor pues en el caso de la formación de médicos.
Por ejemplo en países como los Estados Unidos, existe desde hace unos años, un loable movimiento llamado “patient safety”, o seguridad del paciente, liderado por Joe Kiani, con el cual, mediante la participación de múltiples instituciones ligadas a la salud, como hospitales, universidades, personal de salud, proveedores de insumos y equipos, asociaciones y fundaciones, se estableció el compromiso de disminuir el número de muertes evitables cada año hasta llevarlas a cero en el 2020, tarea que ha ido avanzando con gran éxito, en la que mucho tiene que ver la formación de buenos profesionales de la medicina.
En nuestro país, actualmente existen 157 escuelas o facultades de medicina, cantidad que nos sitúa en los primeros lugares a nivel mundial, en relación al número de habitantes.
No obstante, la apertura de dichas centros se ha dado recientemente de una manera desordenada, pues no sigue a un trabajo de planeación nacional o estatal, de necesidades u oportunidades de trabajo.
En 1967 se tenía un registro de entre 21 y 25 escuelas, para 1977 había alrededor de 55, para el 2015, este número creció a 112, de acuerdo con el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica Asociación Civil.
Y en el último informe de la Secretaría de Salud, en la reunión del Consejo Nacional de Salud, el primer trimestre del 2017, se informa la cifra de 157, con un crecimiento acelerado en la apertura de escuelas privadas, motivado probablemente por el acceso limitado a escuelas públicas.
El cuestionamiento permanente ha sido cómo evaluar la calidad de esas escuelas o facultades, para lo cual han surgido muchas propuestas como medir el porcentaje de éxito de los egresados en el examen nacional de residencias médicas que les permite a los egresados a accesar a alguna especialidad.
No obstante, este criterio es muy limitado y se decidió entonces, desde 1991 construir un instrumento a semejanza de lo que ya ocurre de desde hace muchas décadas en otros países, de acuerdo a las realidades de nuestro país, que permitieran realizar una evaluación confiable, equitativa y amplia de las características de las escuelas y facultades.
Al cabo de los años, dado de la acreditación y evaluación que se otorgaba a través de este instrumento, la AMFEM, y aún con todos los cuidados éticos y la imparcialidad, finalmente ha sido juez y parte, y por el hecho de que en el año 2000 se crea el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Superior, Copaes, cuya función, su nombre lo indica, y que coordina a los diferentes consejos existentes, de la mayoría de las carreras, se decide crear el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica Comaem, el cual cuenta con el reconocimiento formal de Copaes como organismo.
El Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica es un organismo autónomo, conformado además por un representante de la AMFEM, por representantes de instituciones como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, IMSS, ISSSTE, academias nacionales de medicina y de cirugía, el Colegio Médico de México, una Mesa Directiva con seis miembros, de la cual el primer Presidente fue el doctor Guillermo Soberón y actualmente la doctor Zeta Melva Triana.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de formación de profesionales y en el área de la medicina.
Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 89 de la Ley General de Salud para quedar de la siguiente manera:
Artículo 89. Para la formación de profesionales de medicina, las instituciones educativas deberán acreditar sus planes y programas de estudio en términos de los lineamientos expedidos por la Secretaría de Salud para la operación del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica.
Segundo.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 91 de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 91. Tercer párrafo. Tratándose de la formación de profesionales de medicina, las autoridades sanitarias auxiliarán del Consejo Mexicano para la acreditación de la educación médica, para la evaluación del cumplimiento de dichos requisitos.
Tercero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 94 de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 94. En la utilización de sus instalaciones, para la formación de profesionales de medicina, en el Sistema Nacional de Salud, los planes y programas de las instituciones educativas, deberán de estar acreditados.
El presente decreto, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
Por la formación de excelentes profesionales de la medicina que presten sus servicios profesionales a todo el pueblo de México, con calidad y con bases científicas y en la docencia, es que someto ante esta soberanía esta iniciativa.
Senadora Beristain.
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Al Senador López Brito, pedirle si me permite adherirme, acompañarlo en esta iniciativa, que es espléndida.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Aceptado por el Senador.
La Senadora Barrera.
La Senadora María Elena Barrera Tapia: (Desde su escaño) Solicitarle también al Senador López Brito, permitirme adherirme a la iniciativa.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Veo a varios compañeros que están en el mismo sentido, pidiendo la incorporación a la iniciativa, por lo que le pedimos nuevamente a Servicios Parlamentarios, tome nota para que se haga la incorporación debida de los compañeros que se están sumando a la iniciativa del Senador López Brito.
El Senador Priego, igual.
Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.
Enseguida se concede el uso de la tribuna al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de garantías y recursos en el Presupuesto de Egresos.
Tiene la palabra, Senador Monreal.
El bienestar humano es un tema complejo que abarca a factores personales y sociales.
La Real Academia Española refiere de forma sencilla, que se trata del conjunto de las cosas necesarias para vivir bien.
En nuestro país ese bienestar está ligado a los derechos humanos y sus garantías. Pese a ello, hay derechos que no se han logrado materializar, incluidos los de carácter social, debido a las deplorables condiciones de pobreza, marginación, desigualdad que impera en nuestro país.
No es congruente en un país cuya Constitución fue pionera en materia de derechos sociales, hoy en día sea incapaz de establecer acciones eficaces para garantizar el bienestar social.
Las cifras son preocupantes, de acuerdo con la medición de pobreza del 2016, realizada por el Coneval, en el país el 43 % de la población, está en situación de pobreza, es decir, poco más de 53 millones de personas.
De este número, el 35.9 % se halla en pobreza moderada y el 7.6 % en pobreza extrema.
En esta tesitura la medición en comento, arroja múltiples carencias sociales que aquejan a nuestra población, entre las que destaca el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a los servicios básicos de la vivienda y el acceso a la alimentación.
Los datos expuestos, dan cuenta que en México prevalece una fuerte tendencia de carencias sociales, una problemática que responde al bajo impulso e impacto que tienen algunas de las acciones del Estado en materia de desarrollo social.
El desarrollo social, de acuerdo con la ONU, abarca un amplio abanico, elementos entre los que se encuentran la erradicación de la pobreza, la creación de empleo, la cooperación, el envejecimiento de la población, la juventud, la familia, la integración social, la discapacidad, los pueblos indígenas y la sociedad civil.
En este sentido, es una realidad que en nuestro país el desarrollo social aún enfrenta enormes retos, desde la pobreza, marginación, desigualdad, hasta los altos índices de inseguridad y corrupción que obstaculizan la efectiva protección, garantía y respeto de los derechos que asisten a todas las personas.
Por décadas, la sociedad mexicana ha exigido un mejor rumbo de las políticas en desarrollo social a fin de mejorar las condiciones de vida.
La respuesta de los diversos gobiernos se ha limitado a la instrumentación de estrategias sexenales que no logran satisfacer a plenitud lo que mandata la Constitución Federal, de este modo, desde hace poco más de 13 años, en nuestro marco jurídico, está inserta la Ley General de Desarrollo Social, normatividad que a partir de su trámite legislativo marcó un verdadero parteaguas en la materia.
Cabe destacar que uno de los objetivos de esta ley es garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso a toda la población al desarrollo social.
Es notorio que toda personas tiene derecho a recibir los beneficios de los programas de desarrollo social, no obstante lo es aún más cuando la ley logra captar específicamente que toda persona o grupo social, en situación de vulnerabilidad, tiene derecho a recibir acciones y apoyos para disminuir su desventaja.
Par la ley, objeto de la presente iniciativa, los derechos relacionados con el desarrollo social son: la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, y lo relativo a la no discriminación.
Instrumentar las directrices y objetivos de la política nacional de desarrollo social indudablemente requiere de un financiamiento adecuado, de esta forma el Capítulo III de la Ley General de Desarrollo Social se encarga de establecer las bases que rigen tanto el financiamiento como el gasto.
Al inicio del capítulo en comento resulta llamativo lo que dispone el artículo 18, el cual, el primero, deja en claro que todo aquello que se destina al desarrollo social es prioritario, razón por la que se encuentra sujeto a un seguimiento y evaluación constante y que, además, no puede sufrir disminución en sus montos presupuestales.
Sin embargo, más adelante, concibe un caso de excepción, es decir, autoriza a la Cámara de Diputados para que durante el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación determine, según su criterio, las disminuciones al presupuesto de los programas, fondos y recursos en la materia.
El caso de excepción para disminuir los montos presupuestales no es un tema menor toda vez que incentiva el debilitamiento de los programas de acciones y estrategias dirigidas al desarrollo social.
Cuando cualquier de estos programas funciona y cumple con sus objetivos paulatinamente la opción viable y lógica es que su financiamiento se mantenga, o no solamente se mantenga, se aumente.
Los recortes presupuestales significan dar un paso atrás y se traduce en un desinterés de progresas en la protección de los derechos sociales.
Es cierto que la Constitución Federal, en su artículo 74, otorga facultad a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, una tarea que requiere de un análisis y discusión exhaustiva.
Sin embargo, también se trata de un ejercicio que debe de fijar condiciones congruentes para un gasto responsable y útil.
Los acostumbrados recortes no deben poner en peligro el desarrollo social, ni mucho menos puede dejar el criterio a discreción de la Cámara baja durante el proceso de discusión y aprobación correspondiente.
La situación que vive el país nos dice que no es viable hacer recortes a los programas de desarrollo social cuando éstos están funcionando, pues se trata de un ámbito en el que el Estado debe de redoblar esfuerzo permanente en pro de garantizar mejores condiciones de vida para la población.
Por lo anterior pongo a consideración de esta soberanía que se reforme el artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de garantizar que los montos presupuestales de los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social no deban sufrir disminuciones, pues por el contrario si realmente funcionan y cumplen paulatinamente con los objetivos para los que fueron creados deben de ser impulsados en igual medida para alcanzar los compromisos nacionales e internacionales.
La modificación propuesta consiste en suprimir, del artículo en comento, el caso de excepción que permite a la Cámara de Diputados establecer casos y términos en los que puede disminuirse los recursos durante el análisis, discusión y aprobación de Presupuestos de Egresos de la Federación.
Con ello se busca asegurar un presupuesto justo y progresivo que garantice los derechos sociales de todas las personas.
Velar por el bienestar y los derechos de los mexicanos es una tarea que en principio conlleva a la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno, no obstante, el Poder Legislativo, debemos impulsar los cambios normativos congruentes a que refleje el compromiso que tenemos en la sociedad.
No más recortes presupuestarios a los programas sociales de bienestar para la población de este país.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.
Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad Sabes, Plantel Villagrán, Guanajuato, invitados por el Senador Gerardo Sánchez García.
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que propone crear la Secretaría de la Igualdad de la Mujer.
La creación por Ley del Instituto Nacional de las Mujeres urge como respuesta a los compromisos y obligaciones internacionales constituyéndose como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.
Es importante recordar que así queda inscrita en su ley el Instituto Nacional de las Mujeres, que, como sabemos, es producto de los acuerdos que emanan de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1985, en Beijing, China.
Y, además, es una exigencia también del esfuerzo de miles de mujeres de la sociedad civil organizada, también, de todos los partidos, porque así se votó en el Congreso del Unión, que motivadas por lograr el respeto de los derechos humanos fundamentales de las mujeres, inician este gran acuerdo para lograr finalmente tener en espectro de la instalación pública, el Inmujeres.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo de los logros, incluso que pueda haber alcanzado en Inmujeres desde su constitución, no ha logrado trascender de manera definitiva y permanente en su labor como un órgano rector de las políticas públicas del país en materia de igualdad entre mujeres y hombres, igualdad de oportunidades para las mujeres y erradicación de la discriminación por la condición de género y la violencia, que por desgracia día a día vulneran los derechos de las mujeres y las niñas en nuestro país.
Lo anterior en gran parte es debido a que las atribuciones normativas de Inmujeres únicamente a realizar acciones de coordinación, evaluación y promoción, esta es su gran limitante y, en todo caso simplemente a emitir opiniones sobre las políticas públicas en la materia.
A pesar de que el Inmujeres por la misión, objetivos y especialización que tendría que ser el órgano rector del país en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas de la igualdad sustantiva y no discriminación, es el Ejecutivo Federal quien se encarga de la rectoría de las facultades programáticas para el diseño, definición, ejecución, aplicación y vigilancia de la política pública a través de la Secretaría de Gobernación.
En ese sentido, Gobernación, conforme a las atribuciones de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal formulan norma, coordina y vigila las políticas de apoyo a la participación de las mujeres en los distintos ámbitos del desarrollo, así como propicia la coordinación interinstitucional para la realización de programas de específicos.
Por ello, hoy nuevamente, volvemos a proponer que se cambie la naturaleza jurídica del Instituto de las Mujeres, a una Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, dotada de atribuciones para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendado al Poder Ejecutivo de la Unión, en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Es necesario que se definan atribuciones específicas que permitan avanzar en la consecución de una política pública que respete, que garantice, que promueva donde se puedan motivar e impulsar las políticas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, de todas las edades.
Nadie discute que en Inmujeres tiene una importante, ha tenido un funcionamiento en estos años con un gran esfuerzo que se reconoce, sin embargo, ya no da más, ya no puede funcionar para los requerimientos de la nación para la promoción de los derechos de las mujeres para su aseguramiento, este instituto que es necesario se transforme para que pueda realmente cumplir el objeto de la creación, de su creación a partir de todas estas transformaciones y evoluciones que ha tenido este mecanismo, y sobre todo, para garantizar que se logre el pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales de las mujeres y, por supuesto, también influya desde funciones del gabinete, es decir, con funciones de primer orden en el gabinete, políticas que logren esta transversalidad de la perspectiva de género para garantizar la reivindicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y, por supuesto, pueda resolver los graves problemas derivados de las distintas modalidades y tipos de violencia que se padecen en el país.
Hoy es momento, señoras y señores, de que de veras podamos hacer un balance de cómo está funcionando el Instituto Nacional de las Mujeres, también, también nos preocupa cómo están funcionando los institutos de las mujeres a nivel de los estados, es verdaderamente lamentable que figuras como la alerta de violencia de género que están inscritas en prácticamente todas las leyes a nivel nacional, y por supuesto también las entidades federativas, hoy estemos escuchando nuevamente que se nos dice que son ineficientes, y que todo indica serán sepultadas; cuando lo que necesitamos es lograr que haya instancias con funciones de autoridad que puedan incluso atender los interrogantes que se tienen para garantizar que haya una verdadera política pública de promoción de garantía de los derechos humanos de las mujeres, también en los términos del 1º constitucional.
Es por eso que hoy ponemos a su consideración la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para reconocer como parte del gabinete a la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, y definamos cuáles serían los distintos asuntos que tendría que atender en su artículo 32 Ter, de esta mencionada ley.
Por obviedad del tiempo, no voy a leer las características de estas funciones que estamos estableciendo, pero simplemente lo resumo diciendo, es la política desde el enfoque de la igualdad sustantiva que requiere nuestro país para asegurar que se reconozcan como sujetas de plenos derechos a todas las mujeres de nuestra nación.
Damos ahora el uso de la tribuna al Senador Raúl Morón Orozco, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración, en materia de internación de migrantes.
El Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, Presidenta.
Todo acto de autoridad incluidos los actos legislativos deben respetar los derechos humanos contenidos en la Constitución mexicana y los tratados internacionales de los que México es parte.
No obstante lo anterior, los artículos de la Ley de Migración que se propone reformar por medio de la presente iniciativa contraviene en principio presunción de inocencia, establecido en nuestra Constitución y en diversos instrumentos internacionales que México ha firmado y ratificado.
La presunción de inocencia establece que toda persona debe ser tratada como inocente hasta en tanto no se demuestre lo contrario.
No permite que aquél sobre quien pesa una acusación se le atribuyan consecuencias que son propias de una persona a la que se tiene por responsable de un delito en una sentencia condenatoria firme que no admite ya ser revocada, y en cuyo proceso se haya observado todas las garantías.
Lo que no sucede en las disposiciones que se propone reforma puesto que establecen como requisitos que cuando una persona esté sujeta a proceso o haya sido condenada por delito grave, las autoridades podrán negar la expedición de la visa, la internación regular a territorio nacional o su permanencia a los extranjeros.
Asimismo, se establecen como causas ante las cuales se deberá de cancelar la condición de residente temporal o permanente y serán causas de deportación.
Se pasa por alto que cuando una persona se encuentra sujeta al proceso penal no se menoscaba la presunción de inocencia, sino por el contrario, ésta aparece en tal momento, y hasta que se dicte sentencia condenatoria que se declare firme mediante la cual se dirima de forma concluyente la culpabilidad.
Ni tampoco se menoscaba por haberse dictado sentencia ya que una sentencia que aún no es firme no ha causado ejecutoria, no produce los efectos de la cosa juzgada, ya que aún no es susceptible de ser modificada a través de algún recurso y, por tanto, lo resuelto en ella aún no es concluyente.
No es justo tal característica, la que la distingue de la sentencia firme, pues esta diferencia, de aquella, es inmutable, en virtud de que ya no existe ningún medio de impugnación que tenga la capacidad de afectarla.
Supuesto que ha sido establecido por la Corte Interamericana sobre los derechos humanos en la jurisprudencia surgida del caso Ricardo Canese contra Paraguay, fondo, reparaciones y costos, resuelto mediante sentencia del 31 de agosto de 2004, así por la Primera y Segunda Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión, 89/2007, el 21 de marzo de 2007, estableció: “Lo que prohíbe definitivamente la presunción de inocencia, es la pérdida definitiva de un derecho, por una presunción de culpabilidad, pues lo anterior haría inoperante el principio en comento, que prohíbe absolutamente la privación de derechos, si no es mediante juicio en el que se demuestre la culpa del acusado”.
Así las cosas, el principio de presunción de inocencia opera en las situaciones extraprocesales, y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor, o no partícipe de hechos de carácter delictivo o análogos a éstos.
Si bien en principio la presunción de inocencia fue concebida como garantía del proceso penal, es aplicable a todo acto del poder público y a cualquier materia.
En ese sentido las leyes deben dictarse con arreglo a éste, en cuanto a actos de Poder Legislativo, y si alguna disposición no cumple con estos postulados, debe reformarse lo que se pretende a través de la presente iniciativa que hoy presento.
Un parámetro de constitucionalidad es la configuración legislativa respecto al principio de presunción de inocencia extraprocesal, es que las leyes no otorguen consecuencias privativas de derecho, propias de un condenado, a alguien que todavía no tiene ese carácter en sentencia firme.
Como es el caso de lo que se establece en los numerales 43, fracción I y III y cuarto párrafo, así como en el artículo 64, fracción VI, y en la fracción IV del artículo 144 de la Ley de Migración. Por tal motivo se hace necesario reformar dichos numerales jurídicos.
Históricamente la negación de la presunción de inocencia prevaleció en regímenes antiliberales, como el fascismo, sin embargo esta concepción ha evolucionado, estamos en un Estado de derecho, con un enfoque garantista, por tanto éste se vincula a la tradición clásica del pensamiento penal liberal y expresa la exigencia propia de la ilustración jurídica de minimización del poder punitivo, mediante su estricto sometimiento a la ley.
Por tal motivo es necesario que en ella establezcan los parámetros a los que la autoridad migratoria debe sujetarse para evitar abusos, actos arbitrarios y violaciones de derechos humanos, como se hace actualmente en contra de los extranjeros que buscan ingresar, obtener o gozar de una permanencia en nuestro país.
Como país democrático estamos obligados a velar, proteger y respetar los derechos humanos, la negativa de expedición de visados, de autorizaciones de entrada, salida y residencia de manera regular, por el hecho de que una persona esté sujeta a un proceso penal, vulnera de manera evidente la presunción de inocencia. Esto es así, porque no debemos olvidar que la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratada como inocente, en tanto no se declare su culpabilidad, por virtud de una sentencia condenatoria firme.
Lo que implica que se debe impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hechos entre imputado y culpable. Es decir, conlleva a la prohibición de cualquier tipo de resolución que suponga la anticipación de la pena.
La Ley de Migración, como otras tantas en el mundo, prefiere criminalizar a priori a las personas que pretenden o han ejercido su derecho a migrar, pues de esa forma las autoridades justifican de manera adelantada la incapacidad que tienen para desempeñar sus funciones, difundiendo entre los ciudadanos que todos los males de un país en ocasiones son consecuencias de la inmigración.
El gran reto está, por tanto, en cambiar este conjunto de prácticas viciadas y en hacer posible que no sólo en la letra, sino en la realidad, los derechos humanos sean una constante en la política migratoria mexicana que ello sea en verdad el eje que guíe la aplicación de la Ley de Migración.
Ojalá algún día entendamos que las fronteras no son esos límites territoriales que existen entre los estados, sino esos límites que establecemos en el marco jurídico y que vulneran los derechos de las personas migrantes.
Por su atención muchas gracias compañeras y compañeros.
Enseguida tiene el uso de la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto que adiciona el artículo 14 de la Ley General de Educación, en materia de lenguaje de señas.
Se estima que más de 500 millones de personas en el mundo tienen algún impedimento que los coloca en situación de discapacidad, de los cuales 150 millones son niños.
En nuestro país, de acuerdo con los datos nacionales del Inegi, cerca de 7.2 millones de personas reportan tener alguna dificultad o no poder realizar actividades básicas, por lo que se indaga, son personas con discapacidad.
Ceguera, sordera, autismo, impedimentos ortopédicos, problemas emocionales serios, problemas del aprendizaje, impedimentos del habla, lesiones cerebrales traumáticas y otros impedimentos de salud, son las causas más comunes que generan una situación de discapacidad.
Por lo que respecta a las discapacidades visuales y auditivas, de acuerdo con el Inegi y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, el 58 % de la población con discapacidad tiene una dificultad severa para ver; 33.5 % para escuchar, y un 18 %, dificultad para hablar o comunicarse, 700 mil personas estarían completamente sordas en nuestro país.
Ese tipo de discapacidad es una constante grave y un problema de comunicación, lo que definitivamente les obstaculiza en sus relaciones sociales, por así decirlo, normales.
Algunas personas con discapacidad auditiva se comunican a través de lenguaje de señas, incluso llegan a lograr una gran capacidad para leer los labios y hasta hablar sin escuchar, cuando el problema de audición fue adquirido y no es de nacimiento.
Su prácticamente estado de incomunicación les orilla a convivir de manera predominante con otros sordos o con otros sordomudos, con una cultura apartada del resto y enclaustrados en sus propios códigos de idioma. Esta situación los sitúa hasta una lamentable invisibilidad, pues las personas sordomudas no tienen un síntoma apreciable a simple vista de su discapacidad, hasta que se les habla y nota, pero desgraciadamente una vez en esta situación no se sabe cómo proceder, al no conocerse ni un mínimo de lenguaje a señas.
Una verdadera y tortuosa exclusión social es la que estas personas viven, para lo cual la forma de combatirla está en manos de todos los demás. Esto es, contribuir a su comunicación sería más fácil si el resto de la población aprendiéramos a entenderlos, puesto que es a la inversa, sabemos la situación que actualmente priva.
Cabe decir que uno de los mecanismos de inclusión es la educación, comúnmente en base a la denominada educación especial, pero que obviamente está dirigida a las personas discapacitadas mismas. La necesidad y contribución de su inclusión también se hace necesaria desde fuera, es decir, a partir de quienes afortunadamente no tenemos este tipo de dificultad para comunicarnos.
Y es que el lenguaje de señas prácticamente sólo lo conocen los familiares de las personas sordomudas, y algunos pocos que han tomado algún curso sin que obtengan una certificación.
Por ello, es necesario hacer esfuerzos para contribuir a la inclusión de las personas con alguna discapacidad, en este caso, aquellas con dificultades para la comunicación a través de la enseñanza de la lengua de señas mexicanas, a los estudiantes en general, como una forma de inclusión a partir de las demás personas.
Esta lengua es la manera en la que nuestro país articulan pensamientos, emociones y satisfacen sus necesidades comunicativas. Pero para que eso se consolide es necesario que mi receptor conozca lo mismo de un código de comunicación.
El ser humano necesita comunicarse y acceder a la información que se genera constantemente.
La comunicación oral es la más común, pero obviamente no satisface las necesidades de las personas con discapacidad auditiva y del habla, que les impide una verdadera realización y limita su inclusión.
Es una intención a largo plazo, pero en el transcurso del tiempo, mientras más mexicanos conozcamos un poco sobre la lengua a señas, llegará el momento en que las barreras de comunicación serán disminuidas para las personas con este tipo de discapacidad; misma situación, aunque en menor grado, para las personas con incapacidad visual, pero que en analogía de razón pudiéramos apoyarlos al conocer, como ya se dijo, lo básico de un lenguaje entendido para ambas partes en un proceso de comunicación.
Para lograr este objetivo es necesario que en los procesos educativos se incluya la enseñanza del lenguaje de señas mexicanas y el sistema de escritura Braille, a los alumnos en general, cuando menos en un nivel básico para lograr entendimiento y con ello una inclusión que a todas luces nos merecen quienes sufren de incomunicación.
En este orden de ideas, la propuesta concreta sería, contenida en la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se adiciona una fracción XII sexties al artículo 14 de la Ley General de Educación, y en su artículo 14 establecer lo siguiente:
Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13 correspondientes a las autoridades educativas federal y locales, de manera concurrente, las siguientes:
Décima Segunda. Fomentar la inclusión de las personas con discapacidad auditiva, visual y del habla, a través de la impartición al alumnado en general de la enseñanza del sistema de escritura Braille y la lengua de señas mexicanas en la educación pública y privada.
Con esta iniciativa, compañeras y compañeros, lo que se trata es que vayamos de lleno a establecer la inclusión de las personas que tienen problemas de comunicación, aquellas que no pueden oír y que no pueden hablar, y que ya se encuentra establecido un sistema de señales mexicanas.
El Canal del Congreso, en este momento se está transmitiendo lo que aquí estamos diciendo en este sistema de lenguaje. Ahorita, en este momento se están comunicando, pero solamente lo que nosotros estamos diciendo. Pero si alguien se quiere comunicar con nosotros a través de este sistema, pues no vamos a saber qué es lo que nos dicen.
Entonces, la comunicación, que debe de ser con un emisor y un receptor y a la inversa, pues prácticamente es inviable porque la mayoría de los mexicanos no conocemos este sistema.
Lo que estamos planteando es, entonces, que en los planes de estudio de la SEP, por lo menos, por lo menos se pueda ilustrar, se pueda enseñar, se puedan otorgar esas habilidades a los alumnos para que tengan también, pues, la posibilidad, no solamente de comunicarse, sino también de recibir la comunicación.
Estoy seguro que este proceso que nosotros hemos planteado aquí de inclusión, se debe de fortalecer a través de esta reforma que me parece fundamental para que en este país, éste, que es un gran número de personas que se encuentran con este tipo de capacidad tengan la oportunidad también de comunicarse y que nosotros nos podamos comunicar con ellos.
Por eso, compañeros, compañeras, les solicitaría, primero, que se turne a las comisiones correspondientes y a las comisiones que lo podamos dictaminar de la manera, pues, más expedita. Seguramente, muchas mexicanas y mexicanos nos lo van a agradecer.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Casillas.
El Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Presidenta.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Sí, Senador Rosas.
El Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Muchas gracias.
Senador Casillas, primero, quiero felicitarlo, Senador, por esta extraordinaria iniciativa que acaba de presentar, y pedirte respetuosamente, si me permites adherirme a la iniciativa de hoy.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: De igual manera el Senador Ricardo Barroso, la Senadora Hilda Ceballos, el Senador Aréchiga y la Senadora Lorena Cuéllar, la Senadora Itzel Ríos, Aarón Pozos y todos aquellos compañeros que están levantando la mano para incorporarse a la iniciativa presentada por el Senador Casillas.
Le pido a Servicios Parlamentarios tome nota de ellos.
Recibimos la iniciativa del Senador Ernesto Ruffo Appel, con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en materia de preservación de especies.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, en materia de protección civil en escuelas.
Vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto para una reforma a la fracción XIII, y se adiciona una fracción XIV al artículo 14 de la Ley General de Educación.
La vulnerabilidad en las ciudades frente a la contingencia y desastres naturales ha sido provocada, en gran medida, por el aumento de las actividades industriales, la generación de mayores volúmenes de residuos y el crecimiento desmedido y mal planeado de las zonas urbanas, así como la sobreexplotación de los recursos naturales, la pérdida del equilibrio en los ecosistemas, al grado que al día de hoy vivimos en lo que algunos autores han denominado “La Sociedad de Riesgo”, la cual tiene que desarrollarse bajo las consecuencias de esta nueva lógica y organización social y preocuparse por controlar el futuro.
Sin embargo, los esfuerzos por controlar y predecir posibles eventos naturales son poco alentadores.
Expertos en la materia han señalado que entre los principales agentes detonadores de desastres naturales comúnmente se identifican terremotos, huracanes, sequías, inundaciones, tsunamis.
Bajo esta lógica y conscientes de la vulnerabilidad que representa el crecimiento de los centros poblacionales, junto con la demanda de servicios y la satisfacción de las necesidades de toda la población, una alternativa ha sido la creación de una cultura de protección civil.
La protección civil puede ser entendida como el conjunto coherente de acciones destinadas a responder a las necesidades y demandas planteadas por la sociedad ante la inminente consumación de un desastre que ponga en situación de riesgo la vida, los bienes y el entorno de sus miembros.
En las últimas décadas, a nivel internacional, se han hecho esfuerzos importantes en la materia encaminados a mejorar los sistemas de protección civil para hacer más eficientes las estrategias, así como garantizar que los estados destinen el presupuesto necesario para la construcción de infraestructura que salvaguarde las vidas de la población.
En esta materia, México ha sido uno de los pioneros en establecer mecanismos de protección civil para su población, pues, las características geográficas del país lo ponen en un estado de alta vulnerabilidad frente a peligros geológicos, biológicos, tales como terremotos, volcanes, huracanes, incendios, inundaciones, maremotos, deslaves, sequías y otros.
De acuerdo con el Banco Mundial, entre 1970 y el año 2009, en México, aproximadamente 60 millones de personas se vieron afectadas por desastres naturales. Esto lo ubica como uno de los 30 países en el mundo más expuestos o uno de los tres tipos más peligroso naturales.
Es importante mencionar que como consecuencia de los sismos en el 85, el 9 de octubre del mismo año se creó la Comisión Nacional de Reconstrucción, integrada por un grupo de ciudadanos cuyo objetivo consistió en implantar las bases para establecer los mecanismos para atender mejor a la población en la eventualidad de algún desastre, mientras que en el año de 1989 se crearía por decreto presidencial el Centro Nacional de Prevención de Desastres, pero sería a partir de distintos acuerdos y decretos federales, distintos ordenamientos estatales y reglamentos municipales, que se comenzó a regular la operación y funcionamiento de la protección civil en México.
Uno de los enfoques necesarios en la protección civil para garantizar un buen funcionamiento es que los conceptos, como las estrategias de prevención, sean asimiladas y practicadas entre la población, ya que de esto depende el éxito de salvaguardar la integridad y la vida en caso de un desastre natural.
Bajo este enfoque la educación juega un papel de gran relevancia que puede influir en la modificación del comportamiento de las personas ante la eventualidad de un desastre natural. Por ello, es que la Ley General de Educación, en su artículo 7°, fracción XI, establece que uno de los objetivos de la educación que imparta al Estado mexicano es inculcar los elementos básicos de protección civil, mientras que en el precepto 69, inciso j) designa como una facultad de los consejos de participación social llevar a cabo acciones de difusión para la protección civil y emergencias escolares.
Sin embargo, las consecuencias en los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre del 2017 han puesto sobre la mesa la necesidad de ampliar el catálogo de obligaciones para las autoridades educativas, siendo necesario salvaguardar la integridad de los educandos y del personal que labora en las escuelas.
En este sentido, se propone modificar el artículo 14 de la Ley General de Educación para que se confiera una atribución a las autoridades educativas federales y estatales para coordinar programa permanente de protección civil en las escuelas públicas y privadas en el nivel básico y medio superior.
Dicho programa deberá abordar con amplitud el tema de protección civil y la gestión integral de riesgos, la difusión de mecanismos de prevención y autoprotección, así como la evaluación del estado en que se encuentran las instalaciones de los centros educativos en los términos de la Ley General de Protección Civil.
La propuesta pretende ir más allá de las facultades establecidas hoy en día en dicha ley respecto de las acciones que deben llevar a cabo en cuanto a protección civil, la intención es que el programa, además de los contenidos que actualmente aborda, y las acciones que los comités de participación social llevan a cabo, tales como la práctica de simulacros, integren también en la medida de sus atribuciones otras acciones encaminadas a la gestión integral de riesgos.
Asimismo, se propone que el programa instrumente acciones para la evaluación constante de las instalaciones educativas, esto con el objeto de que se establezcan medidas para garantizar su óptimo funcionamiento de manera permanente y evitar que la evaluación de la infraestructura de las escuelas se realice únicamente como consecuencia de algún evento natural.
Frente al creciente número de eventos naturales que afectan directamente a todo el territorio nacional, establecer estrategias que incidan de manera directa en la población respecto de cómo prevenir y actuar en un desastre natural, es la mejor forma de contribuir a la creación de sociedades adaptadas a las nuevas características del planeta y una demanda legítima de salvaguardar la vida dentro de las instituciones educativas.
Corresponde el uso de la tribuna al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población, en materia de reintegración de repatriados.
Voy a dirigirme a este indiferente auditorio, desde esta tribuna mancillada por los procedimientos, donde no se permite el paso de la legalidad.
Hoy hemos visto cómo un día más transcurre sin que aquí se aborde un tema delicado para los mexicanos que tiene que ver con resolver un tema que atenta contra la democracia, que es lo del Fiscal de la FEPADE.
El gobierno de los Estados Unidos se encuentra en una cruzada contra todo lo mexicano, nos culpa de su déficit comercial aun cuando el de China es cinco veces mayor. Nos invita a una renegociación del TLCAN donde es intransigente en sus peticiones y parece que la intención es reventar el tratado, nos llama “badman” o “hombres malos”.
En los Estados Unidos viven alrededor de 12.2 millones de mexicanos y durante la presente administración es previsible el endurecimiento de la política migratoria estadounidense, aún más esta ya inició.
En la política de deportaciones se han ensañado contra los nacionales con más de cinco años de residencia, normalmente las repatriaciones eran de migrantes recientes.
Separar de la vida social a personas mexicanos integrados a la dinámica de su nueva realidad en los Estados Unidos es inhumano, considerando que la política de repatriación sólo considera la recepción y, en su caso, traslado de los repatriados mexicanos a sus comunidades de origen ya sea por deportación forzada o voluntaria, es obligatorio cambiar el enfoque de la estrategia para la atención y reinserción a la vida nacional de potencialmente más de 3.5 millones de mexicanos.
Hay un plan, el plan migratorio de Donald Trump, que fue enviado el pasado 8 de octubre a los líderes demócratas y republicanos del Congreso de Estados Unidos como punto de partida para las negociaciones de una futura reforma migratoria y de un acuerdo que proteja a los indocumentados beneficiarios del programa DACA, el plan de principio para una futura reforma migratoria incluye.
Uno.- El muro en la frontera con México, financiamiento y construcción completa del muro en la frontera sur.
Agilizar la expulsión de menores centroamericanos, retorno seguro y ágil a sus países de los menores, contratación de 10 mil agentes y mil abogados más para la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, así como de 300 fiscales federales y 370 jueces adicionales.
Limitar la concesión de visas mediante un sistema de méritos.
Poner límites a los permisos de residencia o Green Card para cónyuges o hijos menores de edad de aquellos que ya viven en Estados Unidos, así como crear un sistema de puntos para obtener esas tarjetas.
También resalta que se debe hacer cumplir las leyes migratorias y de reformas para la rápida salida del país de los que se quedan más tiempo del permitido por su visa y poner fin al abuso en el sistema de concesión de asilo.
De acuerdo con la agencia EFE, el gobierno de Trump está dispuesto a trabajar con el Congreso para lograr tres objetivos: garantizar admisiones en Estados Unidos, seguras y legales, defender la seguridad del país y proteger a los trabajadores y contribuyentes estadounidenses.
Esto, compañeros, es parte de esa política que han estado implementando y orientando en este plan migratorio.
La iniciativa que se presenta hoy, tiene por objeto contribuir, desde la política interior a fortalecer la protección jurídica de los mexicanos que residen en el exterior, independientemente de su estatus migratorio, sobre todo, ante este planteamiento de endurecer las políticas estadounidenses frente a los migrantes.
Se busca, establecer una política focalizada para mexicanos connacionales y sus familias en retorno o repatriación forzada que salvaguarde sus derechos humanos.
Para quienes suscribimos la presente iniciativa, es prioridad que el Estado mexicano establezca una política de integración educativa, social y económica, que contribuya al desarrollo nacional.
Ante el desafío de una deportación masiva de más de 3.5 millones de mexicanos, la iniciativa que se presenta tiene por objeto mejorar la coordinación entre la Secretaría de Gobernación, no sólo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino con el resto de las dependencias federales del gobierno, de los estados y los municipios, para impulsar una política de protección, repatriación e integración social a la vida nacional.
La iniciativa considera los incentivos fiscales y aduanales para el ingreso de su menaje y sus ahorros, así como medidas de integración socioeconómica, para facilitar el ingreso al territorio nacional y reconocerlos como un grupo social prioritario y con un amplio potencial para fortalecer nuestro sistema económico y educativo.
Se propone una política de protección, recepción e integración en la sociedad mexicana, que facilite el reconocimiento de los nacionales a los mexicanos, connacionales y sus familias, así como proporcionarles una identidad y el reconocimiento de su patrimonio al ingresar al territorio nacional.
Por lo tanto, en el proyecto de iniciativa que reforma diversas disposiciones a la Ley General de población en materia de repatriación, integración social de mexicanos deportados en Estados Unidos de América, se propone en el contenido del decreto, en la primera parte:
Uno. Ampliar y fortalecer las facultades de la Secretaría de Gobernación para especificar claramente la Ley Orgánica de la Administración Pública, su encargo como rector y responsable de la política de integración de los mexicanos, connacionales y sus familias, deportados o repatriados a territorio nacional.
En la segunda parte, régimen preferencial de repatriación de menaje y ahorros.
Se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca un régimen temporal para introducir aquellos bienes y productos de uso personal, médico-laboral o de valor familiar donde se elimine el pago de impuesto general de importación y del impuesto del valor agregado.
Y la tercera parte, disponibilidad presupuestal, se propone que en un plazo no mayor a 30 días naturales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice adecuaciones presupuestales para:
Uno. Ampliar los recursos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para fortalecer la producción jurídica de los mexicanos y sus familias en el exterior, particularmente en aquellos países que implementan políticas antinmigrantes y dotar de recursos extraordinarios a la Secretaría de Gobernación para infraestructura y personal de recepción, atención e integración de connacionales y sus familias.
Este es el contenido de la presente iniciativa, señor Presidente.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos.
Me permito informar a la Asamblea, que recibimos…
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) A pedirle al Senador que si me permite adherirme.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senador Pedraza, es anuente para que sea suscrita la iniciativa por el Senador Hermosillo.
El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Sí.
Me permito informar que hemos recibido un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal del año 2018.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de autorizarse que el asunto se incorpore a la agenda de este día, para su trámite correspondiente.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido.
Como siempre hemos acostumbrado, quienes estén porque se integre, favor de manifestarlo levantando su mano.
Quienes estén por la negativa de que se integre este asunto al orden del día, de igual manera, les pedimos que lo manifiesten levantando su mano.
Le informo, señor Presidente, que sí se autoriza.
El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de autorizarse que se omita su lectura.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, le pregunto a la Asamblea, si autoriza que se omita la lectura del dictamen anteriormente citado.
Le informo, Presidente, que sí se autoriza.
Queda de primera lectura.
En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Sociedades mercantiles, en materia de disolución de sociedades.
La Secretaría Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Procedemos al trámite correspondiente, preguntando a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.
Los Senadores y Senadoras que estén porque no se omita, manifestarlo de igual manera levantando su mano.
Sí se permite que se omita la lectura, señor Presidente.
Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de los dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
El dictamen que vamos a presentar ahorita y a solicitarles a ustedes su respaldo, de una manera les hemos llamado la Ley del Reemprendimiento, de volver a emprender.
Y la verdad es que es importante reflexionar, que a veces desde puestos como éste, pensamos que el bienestar de la gente, que el desarrollo económico de las personas, viene de los apoyos del gobierno, viene de los subsidios, viene de las inversiones públicas, y la verdad de las cosas que si son indispensables todo esto que he comentado, la mayor parte del crecimiento y del mejoramiento de las familias viene del esfuerzo individual, y este esfuerzo individual se realiza a través de la acción de empresas, de la acción emprendedora.
Emprender es una aventura que pocos se atreven y son los que cambian la realidad económica de los países, y muchas veces hemos hecho las formas para que se les dificulte lo más posible.
La mejor forma de emprender en México, lamentablemente la mayor parte emprende de manera solitaria; es decir, hacen sus esfuerzos ellos solos porque constituir una sociedad les da miedo y saben que representa costos.
Hoy día ya es posible abrir una sociedad mercantil con cero costos en un solo día a través de Internet.
Pero también saben que constituyen una sociedad en caso de fracasar, y el 60 % de los esfuerzos de emprendedores fracasan en los primeros cinco años.
En caso de fracasar es más caro, más de tres veces más caro cerrar y disolver una sociedad mercantil que abrirla, y puede generar un conjunto de problemas a sus socios por mantenerla viva.
De tal manera que también eso los disuade de hacer emprendimientos de manera asociada con otras personas que complementen sus capacidades, sus habilidades y sus propios capitales.
La iniciativa que presentamos reforma a la ley, el dictamen que presentamos, perdón, reforma a la Ley de Sociedades Mercantiles, y lo que pretende, precisamente, es establecer un método simplificado para disolver y liquidar sociedades mercantiles.
Este método no aplica a todo tipo de sociedades, tiene un conjunto de requisitos:
El primer requisito es que los socios, todos ellos, sean personas físicas, que previamente antes de iniciar el proceso publiquen en la página de Internet, de la Secretaría de Economía, la composición accionaria; que no hayan tenido operaciones en los dos últimos años; que no hayan emitido facturas; que no tengan… que estén al corriente del pago de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social; que no tengan obligaciones con terceros; que no estén en concurso mercantil; y adicionalmente que no estén sujetos a una demanda penal los representantes legales de la empresa.
¿Qué ventajas tiene este método simplificado?
La primera ventaja es el costo, cuesta cero pesos disolver y liquidar una sociedad mercantil con este método contra el costo del procedimiento normal.
¿Cuál es el costo del procedimiento normal?
Bueno, hay que contratar a un auditor que haga un dictamen de los estados financieros.
Si está en quiebra la sociedad hay que dictaminar que no tiene ningún activo.
Segundo, hay que contratar un asesor o un abogado especializado en el tema.
Tercero, hay que designar a un liquidador, al cual hay que pagarle un sueldo y hay que comprarle una fianza por las responsabilidades que adquiere.
Y, por último, hay que pagar los servicios de un fedatario público para que de fe de la asamblea en donde los socios acuerdan la disolución.
Todos esos costos se ahorrarían con este método simplificado, y el método es muy sencillo, la sociedad, primero, publica en el portal de Internet de la Secretaría de Economía su composición accionaria; enseguida hacer una asamblea, cuya acta tiene que ser suscrita por todos los socios y acuerda la disolución, y entre los socios nombran al liquidador.
Tercero, publican esta acta, bajo protesta de decir verdad que cumple los requisitos, en el Portal de Internet de Economía.
Cuarto, después de un plazo Economía revisa electrónicamente que no tengan adeudos fiscales, que no tengan adeudo al IMSS, que no tengan demandas laborales ni de ningún otro tipo, etcétera; que razonablemente es cierto que cumplen los requisitos y entonces se inscribe esa acta, para efectos a terceros, en el Registro Público del Comercio.
Cuando termina todo este proceso el liquidador, que es uno de los socios, reparte lo que haya quedado, en caso de que exista, o simplemente clausura la sociedad, publica los estados financieros finales y la Secretaría de Economía ordena la cancelación del registro, del folio en el Registro Público del Comercio.
Su método es sencillo, también se ahorra tiempo. Este proceso, cuando menos, dura tres meses, cuando más, seis meses.
Hay empresas que tienen en proceso de disolución más de cinco años y no hay podido concluirlo por el procedimiento normal.
Para cerrar solamente decir que hemos recibido comentarios y participaciones de diversas asociaciones, no todos a favor, y voy a comentar algunas de las inquietudes.
Nos reunimos con la Barra Mexicana de Abogados, especializados en materia mercantil, que nos previeron de la necesidad de que una vez que se cancele el folio inmediatamente se avise al SAT para que de la manera electrónica cancele el Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad.
Para que la gran ventaja sea, “no me cuesta nada y ya cierro todo el tema fiscal”.
También del Colegio Nacional de Corredores Públicos, con los que solamente pudimos tener conversación telefónica, pero que manifestaron un conjunto de inquietudes, de las cuelas quisiera mencionar algunas de ellas.
En primer lugar, pedían que se consultara a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT porque podría utilizarse para defraudación fiscal o lavado de dinero.
La iniciativa fue trabajada y el dictamen fue trabajado conjuntamente, de hecho tiene la mayor participación de la Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría de Normatividad, y del SAT, que precisamente está preocupado y hoy es uno de los grandes beneficiarios porque dejará de manejar un conjunto enorme de Registros Federales de Contribuyentes que están inactivos.
Segundo, planteaban que, al igual que en las S.A.S, la participación del fedatario público sea opcional.
En este caso no puede ser opcional porque la ley da el procedimiento regular como opcional en donde sí participa el fedatario público. En el simplificado no puede participar el fedatario público, sí lo puede hacer si la empresa así lo decide por el procedimiento normal.
Tercero, ¿cómo garantizar la identidad de las firmas de los socios en el acta de la asamblea?
Muy sencillo, va a ser de manera electrónica y lo tiene que hacer a través del mejor instrumento que en México tenemos para corroborar la identidad, que es la firma electrónica, la FIEL.
Cuarto, la no participación de asesores.
Se trata de un universo de empresas, de sociedades mercantiles que no requieren de asesor para hacer este proceso y, además, el sistema será amigable.
Siguiente, ¿cómo garantizar el poder del liquidador?
La propia póliza de la inscripción es el poder, que con validez jurídica del liquidador, que es uno de los socios para hacer la liquidación de los activos que queden.
Finalmente, insisto, que el liquidador debe ser uno de los socios, y la responsabilidad no es del liquidador, es de todos los socios, a diferencia del procedimiento normal, que el liquidador asume la responsabilidad. Aquí es de todos los socios en proporción a sus acciones.
De esta manera seguramente también habrá algunas otras inquietudes, hemos platicado también con el Colegio de Notarios.
Yo solamente les he hecho una reflexión, en los últimos cuatro años se han disuelto legalmente en el país 3 mil 400 sociedades mercantiles. En números redondos habría en el país 3 mil 400 notarios y corredores.
Si lo dividiéramos les tocaría a una acta, por cada cuatro años, por cada uno de ellos.
No estamos intentando combatir el trabajo de los fedatarios públicos, simplemente a los que no requieren de este trabajo, porque las sociedades que se han disuelto todas requerían de la participación de un fedatario público, lo seguirán teniendo.
No es un tema que tenga que ver con ello, por el contrario, se trata de darle seguridad jurídica a los emprendedores, cerrar y enterrar bien dignamente a la empresa anterior y reemprender una nueva aventura empresarial como normalmente sucede.
Por todo esto yo solicito atentamente a todos ustedes su voto a favor de este dictamen, que favorece el reemprendimiento en México de los empresarios, de los que emprende, de los que emprenden la aventura empresarial.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Héctor Larios.
Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores, Senador Ricardo Urzúa Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor.
El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en pro.
El Senador Benjamín Robles Montoya, para hablar a favor.
Y, doy cuenta de que en la Mesa Directiva se recibió el texto de la participación del Senador José de Jesús Santana García sobre el tema en comento, mismo que será integrado al Diario de los Debates.
Y tiene el uso de la palabra el Senador Ricardo Urzúa Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.
En uso de la voz el Senador Urzúa.
El Senador Ricardo Urzúa Rivera: Con su venia, señor Presidente.
Vengo a hablar a favor de este dictamen que traerá grandes beneficios para México y los mexicanos. Como bien lo comentaba el Senador Larios, dando algunas cifras, en un día podemos constituir una empresa, sin embargo, para la disolución de la misma puede tardar aproximadamente dos o más años, y esto trae consigo algunas cargas económicas para todos los empresarios que han decidido de cerrar y concluir sus actividades con respecto comerciales, con respecto a las sociedades anónimas.
Esto también podría traer un costo mayor a 40 mil pesos en la actualidad, y este dictamen, traerá consigo que cueste cero pesos la disolución de una empresa.
Y de ahí la relevancia de esta gran reforma que busca simplificar trámites administrativos para disolver y liquidar sociedades mercantiles facilitando su cierre-liquidación y disolución.
Existe un número importante que no tuvieron éxito en cuatro años, y por mencionar algunos números al respecto, en cuatro años se crearon más de 324 mil 320 empresas, y 3 mil 413 han solicitado la disolución, es decir, el 1%.
Sin embargo quiero comentarles que el 40 % de ellas no han tenido éxito, y no los han podido diluir en base a que es un trámite que, aparte de ser costoso lleva muchos trámites que no tendrían que ser así.
Les comento que, aparte de todas estas cargas económicas, alguien que quiera diluir una empresa, también se enfrenta a los costos de tener un contador que esté haciendo declaraciones y llevando la contabilidad, incluso las declaraciones normalmente por no tener actividad se hacen en ceros. Sin embargo, pues tenemos la carga de un sueldo del contador público al respecto; también hay un domicilio fiscal, que en este caso se deben tener registrados ante el SAT, y pues muchos de ellos rentan un domicilio fiscal, los que no tienen oficinas propias.
Es importante también mencionar que la Secretaría de Hacienda tiene una carga en cuanto a empleos que estén revisando estas empresas que no tienen movimientos y que durante estos dos años pues implican una cantidad de gastos para todos los que quieren estar inmersos en esos procesos.
También en una plática que sostuvimos con algunos de los emprendedores, el hecho de que muchas de estas sociedades mercantiles estén, entre comillas en stand by, como les llamamos, permiten que algunas otras actividades que deberían de estar inmersas en su objeto social o en este caso los socios, no puedan adquirir algunos créditos o no puedan estar en un padrón de importadores, ya que estos números y estos socios están inmersos en sociedades que no han sido diluidas.
Por eso quiero preponderar la gran importancia de este dictamen de todos los beneficios que va a traer al sector empresarial mexicano y que será un paso que daremos hacia adelante todos los que estamos inmersos en una actividad comercial, los beneficios también serán para la Secretaría de Economía, para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, y por eso les invito a que votemos a favor de este dictamen.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Urzúa Rivera.
Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en pro del dictamen.
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Muchas gracias Presidente, con su permiso.
Las sociedades mercantiles se originan en un contrato con intereses en sus socios coordinados para la realización de un fin común, y son determinantes de negocio constitutivo de una sociedad.
Actualmente la ley reconoce siete tipos de sociedades mercantiles, sociedades en nombre colectivo, sociedad en comandita simple; sociedad de responsabilidad limitada; sociedad anónima; sociedad en comandita por acciones; sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificada.
En los últimos años se han realizado diversas mejoras que buscan agilizar los trámites y procesos de las empresas para hacerlas las eficientes y competitivas, favoreciendo la economía nacional.
Sin embargo, en los tiempos de dificultad económica se requieren decisiones y acciones rápidas pro parte de las personas que tienen empresas a su cargo.
De tal forma ante una eventual situación de falta de liquidez en las empresas es muy importante considerar que el cierre de las sociedades cuesta bastante dinero.
Por lo tanto, no es recomendable esperar hasta el último momento para tomar tales decisiones; actualmente la ley indica que las decisiones y que las sociedades se pueden disolver por cinco motivos:
Primero. Por expiración del término fijado del contrato social.
Segundo. Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad.
Tercero. Por acuerdo de los socios, de conformidad con el contrato social y con la ley.
Cuarto. Porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que establece la ley.
Quinto. Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social.
Cabe destacar que en el proceso de la actual disolución se presentan diversas complicaciones, como son:
Las sociedades realizaron la liquidación, pero no han concluido otros trámites.
Falta de conocimiento en materia jurídica y fiscal del proceso de liquidación.
Costos elevados para emprendedores que tuvieron que enfrentar el cierre del negocio.
Costos excesivos para el gobierno por el resguardo y tratamiento de datos.
Tiempos colosales para tramitar la liquidación.
Altos costos en despachos jurídicos que lleven a cabo la actividad de esta liquidación.
Por ello, a fin de agilizar los trámites de disolución el dictamen que nos ocupa busca modificar ley general de sociedades mercantiles para establecer una simplificación administrativa en los trámites para disolver y liquidar estas sociedades mercantiles que tengan exclusivamente a personas físicas como socios o accionistas.
El procedimiento simplificado que se propone permitirá a las sociedades mercantiles llevar a cabo su proceso de disolución y liquidación de una manera sencilla, rápida y gratuita.
Con tal certeza jurídica para los socios, accionistas y terceros relacionados con la sociedad.
Los Senadores del Partido Verde votaremos a favor de esta importante reforma, ya que permitirá atender las principales problemáticas identificadas en los procesos de disolución y liquidación de las sociedades.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchísimas gracias Senador Aréchiga Ávila, por su intervención.
Tiene ahora el uso de la voz el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen.
Debo arrancar esta intervención, sosteniendo y reiterando que debe reconocerse el esfuerzo que están haciendo estas comisiones unidas, al dictaminar un asunto que deviene de una iniciativa plural de legisladores, con el objetivo de simplificar el procedimiento para la liquidación y disolución de sociedades mercantiles.
Las reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles y al Código de Comercio del año 2003 y del 2011, sin duda que han facilitado el proceso de constitución de sociedades mercantiles. Y derivado de estos esfuerzos notables, hoy en día es posible constituir una sociedad mercantil y concluir en un par de días con el proceso de otorgamiento del instrumento público de constitución, de su inscripción en el Registro Público de Comercio y también en el Registro Federal de Contribuyentes.
Sin embargo, como aquí ya se ha anotado, el proceso de disolución y liquidación de sociedades mercantiles no corren hoy en día con la misma preminencia y facilitad, y espero que a partir de la votación a favor de este dictamen, corra una distinta suerte.
Por lo que respecta al procedimiento de liquidación, queremos insistir, en nombre del grupo parlamentario del PT, del PT-Morena, como nos autodefinimos en este Senado, nos parece que la liquidación, o más bien el procedimiento de liquidación de una sociedad, como lo establece actualmente la Ley General de Sociedades Mercantiles, es imperativo correr el procedimiento de disolución, antes de iniciar con el de liquidación.
Miren ustedes, de siempre las disposiciones aplicables a la disolución de las sociedades mercantiles, sin duda que ha sido compleja y complicada. El proceso de extinción jurídica de una sociedad se regula con tres escenarios que tienen lugar de forma sucesiva, dicho proceso de inicia con la disolución, en virtud de la cual la sociedad sigue subsistiendo con su misma personalidad jurídica, pero padece una modificación de su fin o actividad, pues deja definitivamente su razón de ser para dedicarse a finiquitar su identidad.
La disolución, así compañeras y compañeros, la disolución abre así el período de liquidación durante la cual la sociedad disuelta lleva a cabo las operaciones necesarias para saldar y liquidar todas las relaciones jurídicas a que haya dado lugar su actuación en el tráfico.
Y sólo al cierre de la liquidación, con la distribución a los socios del remanente patrimonial que pudiese existir, como aquí decía Héctor Larios, se produce propiamente la extinción de la sociedad, con la desaparición de ésta del mundo del derecho. Y aunque en supuestos excepcionales, estas tres fases podrían llegar a coincidir, cuando la sociedad disuelta carezca de relaciones jurídicas qué liquidar, y se extinga uno, se trata en todo caso de figuras de distinto significado que no deben confundirse.
Se incorporan, por lo tanto, las resoluciones judiciales o administrativas dictadas por tribunales competentes, como causal de disolución de la sociedad.
Por otra parte hay que recordar que cuando la disolución derive de una resolución judicial en la vía incidental, cualquier interesado podrá siempre ocurrir ante la autoridad judicial, a final de que ordene el registro de la disolución.
El balance final de la liquidación, además entonces de depositarse en el Registro Público del Comercio, también deberá publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, y los liquidadores podrán optar por conservar los libros y papeles en la sociedad, en formato impreso o en los medios electrónicos ópticos o de cualquier otra tecnología, como aquí se sostuvo en la presentación del dictamen.
Sin embargo, yo puedo decir que acaso lo más importante de este proyecto, compañeras y compañeros, es la incorporación de un procedimiento de disolución y liquidación para sociedades, que como ya lo he expresado al principio de mi exposición, esté conformada exclusivamente por socios y accionistas, personas físicas. Un proceso en general es razonablemente expedito y sencillo el que se está proponiendo y es por ello que este dictamen, de ser aprobado, abonará a la resolución más pronta y diligente de sociedades que buscan precisamente deslindarse lo más pronto posible de esa relación jurídica.
Es por ello que nosotros estamos haciendo uso de la palabra para manifestar, Senador Presidente, que votaremos a favor del presente dictamen.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Benjamín Robles Montoya.
En virtud de no haber más oradores registrados, ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy cuenta de la votación.
En el tablero tenemos 87 votos a favor, y quien al final también dio su voto a favor fue la Senadora Merodio, el Senador Gamboa, el Senador Flores, la Senadora Díaz, la Senadora Gochi, el Senador Ismael y la Senadora Guzmán, así quedando la votación con 93 votos a favor de esta ley.
Le informo, Presidente, que queda aprobada la ley.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Secretaria.
Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Les informo que recibimos un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de derecho de audiencia.
El dictamen del voto particular que suscriben los Senadores Zoé Robledo Aburto, Fidel Demédicis Hidalgo, Rabindranath Salazar Solorio y Ángel Benjamín Robles Montoya.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos del orden del día el dictamen referido por la Presidencia.
Ahora, quienes estén por la negativa, de igual manera manifestarlo levantando su mano.
Le informo, Presidente, que sí…
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Si hay alguna duda en la Asamblea, ábrase el tablero para su votación.
A ver, compañeros Senadores, el trámite que se está solicitando es para que decidir si se autoriza para integrarlo en el orden del día. Eso es lo que en este momento está.
Los que voten por la afirmativa es ¿Sí se admite que se incorpore en el orden del día?
Los que son por el no, es porque no se admita en el orden del día.
Repetimos la votación, Secretaria.
Abrimos el tablero a solicitud de los Senadores.
Ábrase el tablero, hasta por tres minutos,
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Les informo, según el tablero, más los votos que se han sumado de manera particular, quedan 50 votos a favor; 33 votos en contra y una sola abstención.
Por lo tanto, le informo, señor Presidente, que de acuerdo al tablero y a los votos que se han venido registrando, sí se autoriza la reincorporación.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: El dictamen y el voto en particular están disponibles en los escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.
Quienes estén porque se omita la lectura, manifestarlo levantando su mano.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo Aburto, por favor.
El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Lo que estamos solicitando, Presidente, es exactamente lo anterior, que la omisión de la segunda lectura, para dar trámite, también se vote en el tablero, acompañado de cinco Senadores que apoyen esa moción.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: ¿Hay Senadores que apoyen la moción del Senador?
Ábrase el tablero para consultar si se omite la primera lectura.
En el mismo sentido, el sí es para que se omita la lectura.
A ver, Senador, estamos todavía en la primera lectura.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Lo que se preguntó en este momento es si se omitía la primera lectura, estamos todavía en la primera lectura.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Les recuerdo que sí es porque se omita, y el no, es porque no se omita la lectura.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: De acuerdo al tablero y también a los votos que se registraron posteriormente, tenemos 54 votos a favor; 34 votos en contra y cero abstenciones.
Señor Presidente, les hago un recuento.
La primera votación que se pidió es solamente para ver si se integraban los asuntos del orden del día al dictamen, fue aprobada.
Esta otra votación es solamente para la primera lectura, la cual queda como ya dimos cuenta de 54 votos a favor; 34 votos en contra y cero abstenciones.
Entonces, le informo, señor Presidente, que sí se omite la primera lectura del dictamen.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.
Antes de tramitar la moción suspensiva presentada, y en virtud de que sólo puede admitirse una moción de suspensión.
Tiene ahora el uso de la voz la Senadora Dolores Padierna Luna, quien nos había solicitado para presentar su moción.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Senadoras, Senadores:
Estamos ante una violación, no solamente del procedimiento parlamentario, establecido en el Reglamento, al cual tenemos que ceñirnos en este Senado de la República, sino que estamos en un dictamen que a todas luces revierte la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, que fue la única de todas las reformas estructurales que al menos yo voté porque tenía avances sustantivos.
Quiero dar, al menos, cinco argumentos y pedir su consideración para que se admita una moción suspensiva, regrese al análisis de todas y todos los Senadores y actuemos con la responsabilidad que estos temas ameritan.
Este dictamen elimina la prohibición absoluta del artículo 6º constitucional sobre la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, ya que esta ley permite que se presente como información lo que en realidad es propaganda política, dejando a voluntad de los concesionarios aportar elementos que distingan la información noticiosa de la opinión de quien la presente.
Esto es particularmente grave en vísperas del proceso electoral y de inicio de las campañas presidenciales del 2018 porque se pretende repetir el fenómeno Fox, o el fenómeno Peña Nieto, donde a los candidatos se les vende como productos en las televisoras y en las estaciones de radio.
Segundo argumento. Se reducen sustancialmente los derechos de las audiencias, ya que el artículo 256 modificado elimina la obligación de que el servicio público de radiodifusión se dé en condiciones de competencia y de calidad, y de que a través de sus transmisiones brinde los beneficios de cultura preservando la pluralidad, la veracidad de la información.
La mutilación de este artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es particularmente grave para las comunidades originarias, ya que se afecta el principio de pluralidad y no se les considera, ni se les toma en cuenta.
Tercer argumento. Privilegia la autorregulación de los concesionarios y elimina o disminuye todas las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones en esta materia, para determinar la suspensión precautoria de transmisiones de estaciones que violen derechos de las audiencias; se deja a los concesionarios la figura de autorregulación y se elimina el carácter obligatorio de los lineamientos en defensa de los derechos de las audiencias que emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Este tema aún está pendiente, como bien lo decía la Senadora de la Peña, está pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto esta ley es una presión al Poder Judicial, que espero no admita tampoco presiones de este tipo.
Cuarto argumento. Reduce sustancialmente la protección a las audiencias infantiles, sobre todo en el tema de horarios, contenidos de calidad y de fomento a la no violencia y la cultura de paz.
Quinto argumento. La figura de los defensores de las audiencias se debilita, por no decir prácticamente se conculca porque ya no se mandata a que se ajuste a criterios de independencia y de imparcialidad.
Los titulares de las defensorías de audiencias ya no tendrán que presentar su informe ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se vuelven empleados de los concesionarios, y ya no los defensores públicos, del público, defensores de las audiencias.
Éstos serán avances que tenía el 6º constitucional, la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión.
No hagan más daño a nuestra democracia, no admitan más que se aproveche, por ejemplo, la actual crisis que vive el Senado de la República para meter por la puerta trasera, violando todo procedimiento parlamentario, violando el Reglamento para meter intereses de otra naturaleza que afectarán, sobre todo a las izquierdas. No violenten más al país, no admitan estas arbitrariedades, y, por eso les solcito que admitan, esas sí, la moción suspensiva que presentamos.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Dolores.
Tal y como lo establece el artículo 106 párrafo dos del Reglamento del Senado, consulto a la Asamblea, si existe algún impugnador de la moción presentada.
Tiene el uso de la palabra y de la tribuna el Senador Gerardo Flores Ramírez, ¿es para impugnarla, Senador?
El Senador Gerardo Flores Ramírez (Desde su escaño): Muchas gracias, Presidente.
Yo sólo, como usted lo señaló, de conformidad con el seguro párrafo del artículo 106, impugno este procedimiento, esta solicitud de moción que se ha solicitado al Pleno, toda vez que desde mi punto de vista y creo que así lo comparten muchos compañeros, se trata de un proceso legislativo que se ha llevado de manera exhaustiva desde hace ya varios meses.
Todos, aquí los presentes sabemos que la Colegisladora, discutió, revisó, reflexionó este tema, lo votó en su pleno, fue aprobado, lo recibimos en calidad de minuta después de que terminó el período ordinario de sesiones de la Colegisladora, todos hemos conocido el contenido de la minuta.
Y sobre la cuestión que se ha esgrimido en el sentido de que debemos de esperar a que este tema sea resuelto por la Corte, es verdad que hay dos controversias constitucionales promovidas ante ese poder, pero yo no comparto que el Poder Legislativo renuncie a sus facultades de legislar, simplemente porque estamos esperando que otro poder interprete lo que es, y quiso decir en su momento.
Yo creo que el Poder Legislativo tiene plenas facultades para revisar su propia legislación, modificarla, en su caso, y este es uno de esos ejemplos, donde no tengo ninguna duda, se están haciendo los cambios adecuados para evitar ambigüedades, para evitar problemas a la propia autoridad a la que se le está señalando que se busca proteger, no tengo ninguna duda que los cambios que se están proponiendo son adecuados, no se viola la autonomía del instituto, y ha sido el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones quien suspendió la entrada en vigor de sus lineamientos justamente para dar un espacio para que el Poder Legislativo revisara y legislara en su caso y evitar la discusión que se generó en su momento, un debate público muy importante que no podemos pasar por alto.
Por lo tanto, le pido que me conceda como impugnador de esa solicitud que se ha presentado.
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a debate la moción presentada por la Senadora Angélica de la Peña y la Senadora Dolores Padierna.
Perdón, sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña, y luego en el escaño del Senador Luis Sánchez.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez (Desde su escaño): Solicito, Senador y Senadores que quieran acompañarme que sea la votación en el tablero.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Ábrase el tablero para la votación de si se admite o no a debate la moción presentada, hasta por tres minutos.
Y, sólo como aclaración, el voto en sí, es para que se admita a debate; no para que no se admita.
Sonido en el escaño del Senador Gil.
El Senador Roberto Gil Zuarth (Desde su escaño): Presidente, le rogaría precisar que el voto por la afirmativa es para que se admita a debate la moción suspensiva, no la pieza legislativa que ha entregado las comisiones correspondientes.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias Senador Gil.
Hecha la aclaración, nuevamente, es para que se admita a debate la moción que presentaron las Senadoras.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Procedemos a dar cuenta de la votación, 66 votos en contra, 29 votos a favor y cero abstenciones.
Por lo tanto le comunico, Presidente, que se desecha la moción, no se admite.
El Presidente Senador David Ávila Monreal: Una vez desechada la moción presentada, continuamos con el trámite del dictamen.
Les informo que los Senadores Secretarios de la Comisión de Comunicaciones y Transportes han solicitado por escrito el dictamen se pueda dispensar en su segunda lectura y se ponga a discusión y votación de inmediato.
Había anteriormente solicitado el Senador Zoé Robledo, que dicha consulta se hiciera también en tablero.
Sonido en el escaño del Senador Benjamín.
El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, Presidente.
Sólo que tenemos curiosidad de este lado del Pleno, cuáles son los señores Senadores que en su calidad de Secretarios hicieron esa solicitud.
El Presidente Senador David Ávila Monreal: Son los Senadores Raúl Aarón Pozos, el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, y aquí tenemos el oficio que turnaron. Ellos hacen la solicitud y el Pleno lo decide.
Ábrase el sistema electrónico para la consulta de la dispensa de la segunda lectura.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Les recuerdo que el voto por la afirmativa, por el sí, es para que se dispense la segunda del dictamen, ya votamos la primera.
Y el voto en negativo, es decir, el voto en contra marcado en rojo, es para que no se inicie la discusión.
Consulto a la Asamblea si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto.
Senadora Lucero Saldaña, a favor; Senadora Margarita, a favor; Senadora Ivonne Álvarez, a favor; Senador Barroso, a favor; Senador Cárdenas, a favor; Senador Casillas, a favor; Senador Yunes, a favor; Senador Urzúa, a favor; Senador Puente Salas, a favor; Senador Félix, a favor; Senador Irízar, a favor; Senadora Merodio, a favor.
Para no dejar duda, por favor los Senadores registren su voto.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Secretaria, todos los Senadores que estaban en el Pleno, que por alguna razón no pudieron emitir su voto en el tablero electrónico, pero estaban en el Pleno en el momento que terminó el tiempo, consúlteles la intención de su voto.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Vuelvo a preguntar, por instrucciones de la Presidencia, lo que se hace de forma acostumbrada, según el Reglamento.
Los Senadores y Senadoras que falten por emitir su voto, que estaban en este lugar, favor de manifestar si falta alguno por emitir su voto.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Secretaria, le pediría que los Senadores que emitieron su voto a mano alzada en el momento en que terminó la votación, repita usted éste último listado y sean sumados a los que están en el tablero electrónico de votación.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Para que todo sea transparente, vemos que hay 62 votos a favor; tres votos en contra y cero abstenciones.
Les pediría a los Senadores y Senadoras que registraron al final su voto, que levanten la mano para que quede muy claro cuántos más se unen a la votación registrada en el tablero.
Senadora Ivonne Álvarez, a favor; Senador Cárdenas, a favor.
No se ha cantado ningún voto más adicional, solamente estamos dando cuenta de los Senadores que votaron vía tablero, más los Senadores y Senadoras que se unieron posteriormente en su voto.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Dé el resultado final de la votación, Secretaria, por favor.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: 62 votos a favor, Presidente, fueron registrados; tres votos en contra y cero abstenciones.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: ¿Ésa es la votación final, señora Secretaria?
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Sí, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sí se dispensa la segunda lectura.
Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Gracia Guzmán, para presentar el dictamen a nombre de las Comisiones, hasta por diez minutos.
Como ya se observó, del proceso pleno a entrar a la discusión de este tema, es un tema que no tiene un proceso ordinario, que tiene un proceso atropellado y acelerado, y a mí como Presidente de la Comisión me tocó vivirlo.
Yo intencionalmente, y me negué, como lo establece el Reglamento, a convocar a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Desafortunadamente hubo tres Senadores Secretarios, que hacen mayoría, y hay que respetar el Reglamento, que solicitaron esta convocatoria.
Pero, efectivamente, no se trata de una aprobación ordinaria, se trata de un contexto integral de lo que estamos viviendo en este tema, que es un tema que conlleva la interrelación de muchos actores y factores reales de poder.
Es un tablero que hemos determinado los aquí presentes en mayor o menor medida.
La conformación, la lógica y la dinámica a veces impredecible, por no decirlo, errática, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La conformación y la integración del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con sus extremos, y como bien lo dijo el Senador que me antecedió en la Presidencia de esta Comisión, la falta de controles respecto de su actuación.
¿Por qué lo digo? Porque, efectivamente, el tema del derecho de las audiencias es un tema medular y fundamental de la reforma que desde aquí se impulsó en materia de telecomunicaciones, y le tocó al Pleno del Ifetel establecer lineamientos, lineamientos que son extremosos en el tema de supervisión y de control, inclusive llegando al nivel de poder poner en riesgo un valor fundamental de la democracia, como es la libertad de expresión.
Tan es así, que el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, a través de su Presidente en turno, emitieron o interpusieron controversia constitucional, controversia constitucional la cual no conlleva aparejada suspensión.
Pero ¿Qué pasó? Porque esos lineamientos, al día de hoy, están suspendidos.
Pasó, que de forma irregular y extremosa, el Ifetel determinó de forma unilateral, por votación de cuatro contra tres, suspender estos lineamientos. Y esta suspensión y esta actuación irregular de la Corte, que le generó la atención a este Senado de la República, después de haber recibido la minuta de Cámara de Diputados, para en las rodillas dictaminar, y ahorita, en un momento más, votar este dictamen.
En un extremo están los lineamientos del Ifetel, y en otro está la minuta que estamos a punto de votar. Esta minuta, yo la voy a votar en contra, y por eso me negué a convocar, porque establece un código de ética, que en la ley no se establece un contenido mínimo básico para que sea eficiente y sea verdadero.
Porque la figura del defensor de las audiencias, que es fundamental en esta minuta, se le da la potestad absoluta y el control al mismo medio de comunicación.
Es decir, este supuesto defensor de las audiencias no le responde a la audiencia, al ciudadano, al mexicano común y corriente, sino al mismo medio de comunicación en términos de esta minuta.
Igualmente, porque pasamos de un extremo a otro en la diferenciación entre opinión y noticia.
Efectivamente, en los lineamientos del Ifetel no se establecen diferencias, ni se obliga a casi estar en un vaivén entre opinión y noticia por algo intrascendente como decir: “Si este vaso es resistente o no es resistente, es estéticamente agradable o no lo es”.
Pero esta minuta no establece un límite a que de forma sistematizada un medio de comunicación pueda hacer aparentar como noticia lo que es una campaña de opinión para desprestigiar un proyecto, una plataforma, un producto o, más importante aún, a un ser humano.
Hoy, creo que debemos de tomar un momento para reflexionar, para reflexionar:
¿Cómo hemos integrado estos dos órganos?
¿Qué tenemos que hacer para que sean verdaderamente las instituciones robustas, que este país y que esta temática refiere?
Y que en conciencia no, por estos factores reales de poder, tomemos la mejor decisión al votar por esta minuta.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Gracia.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del Reglamento, tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar voto particular que suscriben Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Presidente, le agradezco muchísimo que me dé la palabra.
Tengo una duda. ¿Nos puede informar quiénes fueron los Secretarios de las tres comisiones que convocaron a esta reunión el día de hoy en la mañana?
¿Puede instruir que la Secretaría nos pueda informar…?
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: ¿Me permite que me pasen los oficios correspondientes, y mientras que el Senador Zoé Robledo haga uso de la palabra?
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) No tengo inconveniente, Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Y de inmediato le informo.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Necesito que nos informe ¿quiénes fueron los Secretarios de las tres comisiones?
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: ¿Me permitiría un momento, Senadora, para que me traigan los documentos correspondientes?
El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Señor Presidente, como si fuera poco lo que están intentando en relación con el despido arbitrario del Fiscal de Delitos Electorales, hoy vuelven a cometer otro atropello.
Fue claramente que al terminar el término de la votación no había quórum, lo cantamos, fue público, y sin embargo siguieron llamando gente cuando ya no era tiempo. Eso no se vale, señor Presidente, porque, o cumplimos las reglas o ya vamos a proceder con actitudes canallescas y contrarias al reglamento, una y otra vez.
Están ahorita presentando un dictamen que se presentó anoche, y que después en la comisión respectiva o en las comisiones unidas terminaron antes, hace unos minutos.
En consecuencia, es una violación, desde el momento en que entregan el dictamen fuera de tiempo, ¿verdad? Y la aprobación que obligan a que se dé aquí, y finalmente alteran el procedimiento de votación. Eso no es posible, y no podemos seguir así, señor Presidente, lo hemos dicho.
O se respeta el Reglamento y actuamos con decencia y con democracia, o vamos a llegar a un rompimiento absoluto con la Mesa Directiva, y con quienes estén en contra de mantener los reglamentos al pie de la letra.
De manera que nosotros consideramos que sí esto no se garantiza, no tiene el menor sentido estar aquí cuando se violan todos los principios y se imponen lo que es totalmente contrario al Reglamento.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Permítame, Senador Bartlett, leerle el artículo 98 de nuestro Reglamento.
Cuando se utilice el sistema electrónico, el Presidente indique el tiempo de que se dispone para votar, sin que sea menor a dos ni mayor a diez minutos, una vez, tres, está entre dos y diez, una vez concluido el tiempo disponible, el Secretario pregunta si falta algún Senador por emitir su voto y, en su caso, lo registra nominalmente que es exactamente lo que sucedió, y puede usted verlo en los videos de esta sesión, de manera que se actuó con pulcritud y estricto apego al Reglamento.
En un momento les leo los Secretarios que convocaron a la reunión.
Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Sánchez.
Venimos de una jornada muy complicada, esta semana ha sido una semana donde el Senado ha ocupado primeras planas, ha ocupado los primeros espacios de los noticiosos en el país.
Hoy los partidos, las fracciones parlamentarias opositoras al partido en el gobierno dimos muestras de madurez, de sensatez y dijimos que no podían culparnos de que teníamos secuestrado al Senado, de que la sesión se realizara con normalidad, de que el trabajo en comisiones se realizara en normalidad, pero esta acción de nueva cuenta mete un ruido innecesario, no estamos hablando, yo no me refiero a esta votación última, coincido, pero la forma de tramitar en las comisiones esto, escuchando al mismo Presidente de una de las comisiones cómo fue incluso burlado, saltado, no es permitible.
Creo que el PRI no entiende de la necesidad de ir en todos los trámites observando el estricto apego a la ley.
Por lo tanto, le informo al Pleno que la fracción parlamentaria del PRD se retira del mismo.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas.
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.
Yo creo que es evidente que el Senado está pasando por una profunda crisis derivada del mal procesamiento que ha habido en el tratamiento de la remoción del fiscal en materia de delitos electorales.
Y tiene que reconocerse esa situación, y no puede ser que un error siga conduciendo a cometer otro tras otro.
Es evidente que el dictamen que se pretende aprobar el día de hoy no cumplió con las normas internas que debemos respetar, desde la convocatoria indebida a las tres comisiones del dictamen por parte de Secretarios, hasta su presentación al Pleno que no cumplió con el término mínimo de 24 horas de anticipación.
Yo creo que nosotros no debemos seguirnos permitiendo y darnos el lujo de violar nuestras propias normas y profundizar la crisis de este Senado.
Yo lo que sugiero es la reposición del procedimiento y que entremos al tema del fondo, el tema que nos ha llevado a esta situación es la indefinición del Senado respecto de la remoción indebida del Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, mientras este asunto no se resuelva estaremos profundizando el deterioro de nuestras relaciones en la violación a nuestras normas y profundizando la ya grave crisis que vive el Senado en estos momentos.
El Presiente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Encinas.
Le informo que las comisiones fueron convocadas en estricto apego a nuestro Reglamento, como usted bien sabe, dos Secretarios convocaron a la Comisión de Comunicaciones y las otras fueron convocadas por sus presidentes, de manera que la convocatoria fue en estricto apego a nuestro Reglamento, Senador Encinas.
Tiene el uso de la palabra el Senador Pozos.
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera pedirle que me permitiera compartir con puntualidad paso a paso cómo llegamos a la sesión de comisiones unidas.
Debo comentar que la minuta que ha venido de la Cámara de los Diputados, al menos en lo que respecta a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, ha sido enviada desde el mes de junio a todos y cada uno de las y los Senadores.
Dos. En días pasados se envió a los compañeros de la propia comisión la información necesaria para poder llevar a cabo la sesión.
Efectivamente tres secretarios de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, comisión coordinadora de estas comisiones unidas le solicitamos al Presidente de la Comisión de Comunicaciones convocara a sesión para discutir el tema de la minuta de la Cámara de los Diputados, la secretaría técnica de la Comisión de Comunicaciones hizo la convocatoria a las Comisiones de Comunicaciones de Radio, Televisión y de Estudios Legislativos.
Y las Comisiones Unidas hoy en sesión fueron presididas por los presidentes de la Comisión de Comunicaciones; de la Comisión de Estudios Legislativos; y de la Comisión de Radio y Televisión, debo referirme a lo que establece el Reglamento con respecto a la realización de las comisiones extraordinarias que previo acuerdo de la Junta Directiva de la comisión se puede convocar con la anticipación que así lo considere la propia Junta Directiva, misma cosa que hicimos y que nos permitió hoy llevar a cabo una sesión de comisiones unidas.
Debo decir también que aun cuando empezamos después de la hora acordada, ha sido una de las sesiones de comisiones unidas en donde más Senadoras y Senadores han acudido, por lo pronto de la Comisión de Comunicaciones y Transportes acudieron 14 de 15 integrantes, mismos que tuvieron la absoluta libertad para plantear sus visiones y mismo que tuvieron la oportunidad de votar.
Por lo que le pido a la Presidencia dé trámite a esta discusión y que nos permita votar como considere cada fracción o cada compañera o compañero Senador.
Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Gracia.
Disculpe Senador Demédicis ahorita va usted y el Senador Zoé Robledo.
El Senador Raúl Gracia Guzmán: (Desde su escaño) Se los voy a dejar claro, la posición de la Presidencia en la Mesa Directiva de la Comisión de Comunicaciones y Transportes fue negarse a convocar, en esa lógica, en términos del Reglamento del Senado, tres Secretarios de los cuatro convocaron, la secretaría técnica no decidió nada, ejecutó una instrucción reglamentaria de los tres secretarios que tienen esa facultad conforme al Reglamento, pero la posición de la presidencia, de la Mesa Directiva de la Comisión de Comunicaciones y Transportes era no convocar, precisamente por todos los argumentos que están generando esta controversia en este Pleno, mismos que fueron expuestos durante la sesión de la comisión, durante la mañana del día de hoy.
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
Hoy en la mañana utilicé una expresión coloquial que creo que todos la entienden: que ven el temblor y no se hincan.
El tema de la crisis en que se ha metido el Senado de la República no es un tema de un grupo parlamentario, es un tema de los 128 Senadores que tenemos la obligación de salvaguardar el prestigio, la institucionalidad y, sobre todo, el respeto al Senado de la República y a los reglamentos que rige nuestra vida institucional.
Aquí en mi poder tengo el documento que fue girado a mi persona, firmado por la licenciada Sofía Figueroa Torres, a las 19:35 de la tarde de ayer.
Si revisamos el artículo 186 del Reglamento del Senado de la República, vamos a ver que dice con mucha claridad, que una vez que se tenga un dictamen, se tiene que dar a conocer, cuando menos con 24 horas de anticipación.
No podemos pedirle a ninguna instancia que respete la ley si los que hacemos la ley, las leyes no las respetamos, Presidente.
Qué necesidad de que el Senado esté en la atención en que está para favorecer a intereses, hay que ser respetuosos de la ley, y yo sí le pido de manera muy comedida, con todo respeto en su investidura que haga respetar la ley y no se vea parcial, porque hemos sido tolerantes en el entendido en que se investidura no debe ser violada por ningún concepto ni por ningún motivo, pero también como Presidente, no puede usted estar haciendo lo que se le pegue la gana, existe un Reglamento y hay que respetarlo, de lo contrario la crisis, la que atravesamos este momento se va a ahondar y las consecuencias se dan impredecibles.
Presidente, y hay que asumir responsabilidades en torno a lo que está pasando en el Senado.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo y después del Senador Pozos.
Para aclarar algunas cosas.
Como ustedes saben, esta minuta fue aprobada el 27 de abril del 2017 por la Cámara de Diputados en una votación de 288 a favor, 114 en contra y 198 abstenciones.
Fue el último día de sesiones de la Cámara de Diputados.
La minuta llegó a la Mesa Directiva del Senado el 5 de junio, por lo menos el 5 de junio fue el día en que la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones de Telecomunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, un tema que tenía que ver con la radiodifusión, como no estábamos en sesiones, esperamos a que se hiciera público ese turno, y entonces al inicio de nuestro período, solicitamos justamente la ampliación de turno, misma que se nos concedió, el 12 de septiembre, teniendo como coordinadora de las Comisiones Unidas a la Comisión de Comunicaciones en aquel momento, no tenía Presidente.
El día de ayer, cuando se empezó a plantear y empezaron a hacerse consultas y el Senador Gracia, no me dejará mentir, respecto a la convocatoria de los Secretarios de la Comisión de Comunicaciones, nuestro planteamiento fue que una vez que la coordinadora convocara, y en el mismo sentido y espíritu de respetar el Reglamento, nosotros tendríamos que hacer lo propio, como lo hizo la Comisión de Estudios Legislativos.
En ese sentido fue que convocamos, pero no dejo de decir, como lo consta en la propia convocatoria nuestra, que la convocatoria se nos informó a las 19:27 horas, y que en ese sentido tendríamos, en la convocatoria de Comunicaciones, y en ese mismo sentido tendríamos que hacer nosotros lo propio.
Por eso acudimos hoy a la sesión de Comisiones Unidas, acudimos y acudimos varios que sabíamos que estaríamos en contra.
El problema de fondo es que una vez que se votó en las comisiones unidas y en el caso de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, por un voto de siete a favor contra cinco en contra, la coordinadora, Comunicaciones, ahora en el papel de sus dos secretarios, fueron los que me recibieron la votación y el dictamen ya votado.
Sin embargo, lo que me parece que vale la pena revisar es que quienes enviaron el dictamen a la Mesa Directiva, solicitando su discusión el día de hoy, fueron solamente dos de los cuatro secretarios, como usted lo mencionó hace un momento, eran solamente dos los secretarios que mandaron el dictamen a la Mesa Directiva, cuando la mayoría es la única que hubiera podido sustituir a la Presidencia, es decir, tenían que tener 3 de 4 firmas, 3 de 4 votos, solamente para enviarlo, para iniciar esa parte del proceso, y sin embargo lo hicieron en minoría, porque es la mitad más uno, ahí está el asunto en el cual nosotros insistimos que no deberíamos estar sesionando ni discutiendo este tema el día de hoy.
Valdría la pena que Servicios Parlamentarios revisara el asunto sobre si pueden hacerlo en minoría dos secretarios, iniciar ese procedimiento debido, porque usted nos lo mencionó, otra cosa es distinta la convocatoria a la reunión de comisiones.
Entonces me parece que no da lugar a que estemos en este procedimiento, toda vez que sólo se cuenta con dos firmas de dos secretarios y no con tres, que serían las necesarias para que estuviéramos discutiendo este tema el día de hoy.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Robledo.
Tiene el uso de la palabra la Senadora doña Sylvia Martínez que quiere hacer uso de la palabra y después el Senador Fernando Herrera, el Senador Pozos, perdón.
Poniendo orden en la prioridad en la que solicitan la palabra, le pediría al Senador Pozos, a la Senadora Sylvia Martínez y al Senador Fernando Herrera.
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: (Desde su escaño) Es para hechos, Presidente.
Debo decir con claridad que es incorrecto el mensaje, la información, no fuimos dos Senadores quienes solicitamos la realización de la convocatoria para la sesión extraordinaria de Comisiones Unidas, fuimos tres secretarios de cuatro que hay en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, lo digo textualmente, el Senador Flores Ramírez, el Senador Blásquez y su servidor, y en esto, en total y estricto apego a lo que establece el Reglamento del Senado de la República, por lo que reconociendo la conducción de usted, señor Presidente, le reitero mi petición de que se continúe con el procedimiento para la discusión y la votación en este dictamen.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La Senadora Sylvia Martínez, por favor.
La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: (Desde su escaño) Gracias.
Únicamente quiero confirmar lo que en la mañana dije en la comisión, que no fui notificada formalmente hasta antes de la sesión y no recibí nunca en mi oficina la convocatoria por escrito y creo que es necesario que siempre lo hagan con tiempo para poder revisar.
También yo me he puesto a pensar que por qué no esperar, también lo dije en la mañana, si la Suprema Corte resuelva la controversia que aquí mismo el Presidente del Senado, anterior, la mando, esperar a ver qué nos diga.
Y, en tercero, no es posible que no nos den tiempo de analizar a detalle el contenido del dictamen que en verdad quien tuvo tiempo para revisarlo completo y hacerse de opiniones, pero no entiendo los que tuvieron tiempo, si a todos los convocaron igual y tuvieron el mismo tiempo para revisarlo, porque a mí me preocupa que verdaderamente velemos por los ciudadanos, por los derechos de las audiencias, primero, sino nuestros intereses propios aquí.
Me cuestiono mucho y qué pena que este Senado no haga las leyes conforme a los ciudadanos les corresponde.
El Senador Fernando Herrera Ávila:(Desde su escaño) Este tema y su procesamiento ha generado inquietudes, molestia en diversos Senadores y Senadoras.
Los Senadores y las Senadoras del Partido Acción Nacional vamos a ir a nuestro salón de previas en este momento para reflexionar sobre la forma en que daremos tratamiento a este asunto que ha generado discusión, polémica.
Hay versiones encontradas desde la forma en que se convocó y, desde luego, sobre la forma en que se va a votar.
Regresamos con una reflexión concreta de los Senadores y las Senadoras una vez que analicemos el tema.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Solicitó el uso de la palabra el Senador Miguel Romo.
El Senador Miguel Romo Medina: Con su venia, señor Presidente.
En nombre de mis compañeros de la Comisión de Estudios Legislativos tengo a bien presentar a ustedes el dictamen aprobado en Comisiones Unidas respecto de la modificación a diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
En principio debo decir que el objetivo primario de esta pieza legislativa tiene que ver con una regulación más óptima de los derechos de las audiencias precisamente frente a los sujetos obligados de dicha ley.
Así, por un lado, proponemos que se consolide la marco de protección y equilibrio respecto del respeto a la libertad de expresión; por otro, consideramos relevante se precise en la ley el alcance de los derechos de las audiencias en relación con esta importante libertad.
En ese contexto consideramos viable central la actuación del instituto en asuntos trascendentales que incidan en beneficio de las audiencias y de los consumidores para así evitar que se distraiga en asuntos que se alejen de su quehacer fundamental y, por el contrario, generen polémica en cuanto a la libertad de expresión al periodismo nacional, así como impedir un trato discriminatorio a productores de contenidos audiovisuales o radiofónicos nacionales.
Al efecto, debe tomarse en cuenta la libertad de expresión, que es un derecho muy amplio.
Los instrumentos internacionales concuerdan que esta libertad comprende el derecho de manifestar por cualquier medio de expresión sin limitación de fronteras, ideas e informaciones, como lo señala el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En congruencia con lo anterior, en el dictamen que se propone a su consideración, se reconoce que bajo las disposiciones vigentes se limita la libertad de expresión y la libertad de editorial de periodistas, locutores y comunicólogos.
Recordemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos precisa en su artículo 19, y cito: “toda persona tiene la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Ahora bien, no obstante que se encuentran pendientes las controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias, para este Senado es fundamental fortalecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en el sector de las telecomunicaciones, por lo que esta reforma plantea precisar de mejor forma las atribuciones del instituto y las obligaciones de los concesionarios, de cadenas de televisión abierta y de paga, y la radio pública, respecto de los derechos de las audiencias.
Sin lugar a dudas deben protegerse los derechos de las audiencias, pero éstos no pueden limitar, ni restringir cualquier otro derecho, por lo que es impreciso limitar el ejercicio de la libertad de expresión para imponer en pro de las audiencias mecanismos que regulen contenidos y forma de hacer dichos contenidos.
Así como lo sostiene la minuta que hoy aprobamos con estas modificaciones, el Poder Legislativo Federal da respuesta sobre un problema concreto y particular sobre la posible vulneración y amenaza de la libertad de expresión.
Asimismo, compartimos las consideraciones expresadas en el dictamen de la Colegisladora respecto a que un régimen de sobrerregulación por parte del Estado atentaría contra la libertad de expresión de comunicadores y medios, así como del derecho a la información de las audiencias.
Esto es, deben protegerse los derechos de las audiencias, pero éstos no pueden limitar, ni restringir otro derecho, por lo que es impreciso limitar el ejercicio de la libertad de expresión para imponer en pro de las mismas.
Por las anteriores consideraciones, las comisiones dictaminadoras nos pronunciamos por proteger sendos derechos constitucionales, la libertad de expresión y los derechos de las audiencias, sin dejar de lado que éste último deviene como consecuencia del primero.
Finalmente, destaco algunas de las modificaciones legales que consideramos consolidan tanto la libertad de expresión como, en su caso, también, el de los derechos de las audiencias.
El instituto, dice el dictamen, podrá ejercer las facultades de vigilancia en materia de derechos de las audiencias para, en su caso, imponer las sanciones conforme a la ley.
Se respeta el derecho de las audiencias en cuanto a que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.
En su código de ética los concesionarios señalarán los elementos y prácticas que observarán para prevenir y evitar incurrir en la prohibición anterior y éste se difunda en el portal de Internet de cada concesionario.
Serán presentados al Instituto para su inscripción en el Registro Público de los Concesionarios.
También señala este dictamen que el código de ética tendrá por objeto informar al público en general la forma detallada como el propio concesionario se compromete a respetar y promover todos y cada uno de los derechos de las audiencias.
Finalmente también precisa que el Instituto deberá garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social cuenten con plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y se evite cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Romo.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del Reglamento, tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar el voto particular que suscriben Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
No encontrándose presente el Senador Zoé Robledo Aburto, se integra al Diario de los Debates su voto particular.
Está en discusión en lo general.
Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general se han inscrito los siguientes oradores, Senador Manuel Bartlett Díaz, en contra; el Senador Gerardo Flores Ramírez, a favor; la Senadora Dolores Padierna Luna, en contra; el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a favor.
Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz.
Al no encontrarse el Senador Manuel Bartlett Díaz.
Perdón, sonido en el escaño del Senador Lozano.
El Senador Javier Lozano Alarcón (Desde su escaño): Para solicitarle que sea inscrito, señor Presidente, a favor.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Registren al Senador Lozano, por favor, a favor.
No están el Senador Manuel Bartlett en el Pleno.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna; no estando la Senadora Dolores Padierna Luna.
El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Gracias Presidente.
Pues vengo a hablar a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, a favor de este dictamen.
Es un dictamen que, como ya se señaló en la discusión previa que hubo aquí en este Pleno del Senado, se allana básicamente a lo que aprobó la Colegisladora en el mes de abril de 2017, donde básicamente se hacen algunas modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión como consecuencia de unos lineamientos que en su momento efectivamente emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lineamientos que causaron un importante debate público que ha sido, y me parece, lamentablemente subestimado por los legisladores que hoy han renunciado a la facultad para estar aquí para discutir este dictamen.
El dictamen aborda algunas modificaciones muy concretas, una de ellas que se medular en lo que se refiere al cambio que propuso un diputado del Partido de Acción Nacional que fue avalado por la Cámara de Diputados y que fue revisado en comisiones de este Senado de la República tiene que ver con una disposición que expresamente obligaba a los comunicadores a distinguir en sus intervenciones en medios entre el contenido noticioso, y la opinión.
Para tal efecto el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió para dar cumplimiento a esa disposición una regulación muy específica que hacía muy complicada la operatividad de los programas noticiosos en radio y televisión, y que, además, conllevaba el riesgo de poder atentar contra la libertad de expresión, un derecho, un bien que debemos privilegiar siempre, que de repente también parece que algunos aquí prefieren hacer a un lado con el objeto de proteger a algunos otros derechos, que sin duda también son muy importantes, pero no podemos soslayar, no podemos subestimar el derecho a la libre expresión.
Este es un cambio importante que propusieron nuestros colegas Diputados que fue aprobado en la Colegisladora, y que nosotros estamos allanándonos al mismo.
Por otra parte, es verdad que estamos haciendo una modificación para que, por ejemplo el tema del defensor de las audiencias que estaba previsto de origen en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para el cual, debo ser muy claro, en esa ley, cuando la aprobamos en 2014, el legislador estableció unos requisitos muy específicos y además, estableció que lo único que tenía que hacerse para efectos de este defensor de las audiencias o de esta persona que cumpliera con estos requisitos, fuera que se registrara ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Lamentablemente, quizá por la redacción de esa disposición el Instituto Federal de Telecomunicaciones interpretó que este defensor de las audiencias no sólo tenía que cumplir con los requisitos que había establecido el legislador, sino con algunos requisitos adicionales que fueron creados por el Instituto.
Y, además estableció que ese defensor de las audiencias ya no tenía que solamente registrarse ante el Instituto, sino que tenía que someterse a un procedimiento de aprobación de esa autoridad reguladora, lo cual evidentemente iba más allá de lo que estableció el legislador en la ley de 2014.
Por lo tanto, así como estas disposiciones se están modificando y algunas otras que efectivamente también son motivo de este dictamen para evitar ambigüedades, para evitar espacios de interpretación del órgano regulador, que, lamentablemente ha habido espacios que motivaron criterios distintos entre el instituto y el Congreso de la Unión, y que han originado, por ejemplo, en una controversia constitucional en materia de portabilidad que también provocaron un amparo de un jugador o de un agente económico importante, respecto del cual la Corte al revisar este amparo señaló algunas atribuciones o aclaró algunas atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero nunca, debo señalar, nunca le ha dado la Corte la atribución al Instituto Federal de Telecomunicaciones de ir más allá de lo que previó el legislador.
Lo que sí le dijo la Corte es, cuando el legislador no haya previsto, entonces, tú, órgano regulador puedes legislar, porque incluso es lo que la Corte le ha avalado al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Entonces, para evitar estos espacios de interpretación, la Colegisladora consideró que era importante hacer estas modificaciones para que quede precisada cuál es el verdadero alcance de las disposiciones para evitar estas lagunas, para evitar interpretaciones que pudieran lugar efectivamente dos controversias que están hoy siendo estudiadas por la Corte, pero que no deben ser motivo para que nosotros como legisladores renunciemos a nuestra facultad de legislar.
Me parecería poco serio, poco responsable, poco profesional que seamos legisladores que renunciemos a nuestras facultad de legislar con el pretexto de que vamos a esperar una interpretación de la Corte que tenemos la expectativa que nos pudiera beneficiar.
Entonces, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, vamos a votar a favor de este dictamen, y estamos seguros que todo lo que se ha señalado como posibles deficiencias del procedimiento han quedado debidamente subsanadas por este Pleno del Senado de la República.
El Senador Javier Lozano Alarcón: Con su permiso, señor Presidente.
Miren, este dictamen que proviene de la minuta de la Cámara de Diputados, está muy lejos de ser una sorpresa, un albazo, una novedad. Lo digo porque fue aprobado, como ya se dijo, al finalizar el período ordinario de sesiones, el último período ordinario de sesiones, el 27 de abril de este año. Tiempo más que suficiente para que los integrantes de las comisiones dictaminadoras lo hayan conocido, estudiado, analizado, asimilado, claro, no todos tienen el mismo nivel de conocimiento del tema, pero por lo mismo debieron haber hecho un esfuerzo adicional para poder comprender esta materia.
Pero no solamente eso, hoy con sorpresa veo que mi fracción parlamentaria se ausenta de este salón, dizque para reflexionar. Para reflexionar sobre una minuta cuyo origen fue precisamente de un Diputado del PAN, Federico Döring, vaya paradoja.
Ahora resulta que hasta entre nosotros mismos, entre los grupos parlamentarios de una Cámara y otra estamos jugando a las vencidas, para obstaculizar un trabajo serio que se realizó, porque de aquellos 288 votos que se emitieron en la Cámara de Diputados, muchos fueron precisamente a los Diputados del PAN.
¿Qué demonios estamos ahora reflexionando?
¿El debate de las ideas?
¿La libre información?
¿El derecho a la información? Derechos humanos fundamentales consagrados en el artículo 6 constitucional.
Los lineamientos que provenían del Instituto Federal de Telecomunicaciones en esta materia, porque hay que decirlo, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y la legislación secundaria en esta materia de telecomunicaciones y radiodifusión, proveen un amplísimo catálogo de derechos de las audiencias y de los consumidores, como nunca jamás lo habíamos tenido en este país, amplísimo.
Y claro, al llegar al detalle de los derechos de las audiencias, estamos hablando de circunstancias que bueno, por un lado sí hay que impedir que se engañe al público presentando como información noticiosa lo que es publicidad o propaganda.
¡De acuerdo! Pero no con una campanita y una advertencia y cosas de esa naturaleza que pueden resultar hasta molestas para las propias audiencias.
O que haya un Código de Ética, pero que no esté sujeto a la aprobación de la autoridad, o que haya un defensor de las audiencias que no tenga que ser registrado o aprobado por la autoridad, que el Código de Ética lo dicte el propio concesionario y que se ajuste a los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. No más, pero tampoco menos.
Lo que tenemos en este país en materia de comunicación política es castrante. No puede ser que se cancele la libertad de expresión y el debate de las ideas, hasta en períodos electorales para recetarle millones de spots, que por cierto, spots de partidos políticos que utilizan para sus fines personales los presidentes de los partidos políticos.
¡No se vale! No se vale que ahora que tenemos un buen proyecto cuyo dictamen fue procesado, como ya se dijo aquí, conforme al Reglamento del Senado de la República.
No puede ser que por posiciones personalísimas, auténticamente “chicanas legislativas”, se impida el trabajo. Ya estuvo suave. ¿Qué demonios tiene que ver el tema del fiscal de la FEPADE con este asunto?
Así como quisieron secuestrar la Ley de Ingresos, ahora quieren también secuestrar estas reformas en materia de derechos de las audiencias.
¡Nos pagan para legislar, no para cálculos políticos!
Yo les puedo decir, porque llevo más de 20 años, más de 20 años en el sector de las telecomunicaciones, desde 1995. Y me tocó aquélla Ley Federal de Telecomunicaciones, la del 95, y ahora me tocó también encabezar los trabajos de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, en convergencia con la radiodifusión.
Les puedo decir que ésta es una buena minuta, o es un buen dictamen, es un buen proyecto de reformas legislativas, porque al tiempo de armonizar los derechos de las audiencias, estamos defendiendo dos derechos humanos fundamentales: libertad de expresión y derecho a la información.
Dejémonos, insisto, y termino, de absurdos cálculos políticos que se dan a partir de otro tipo de consideraciones, pero no del bien común, no del deber ser, no de perfeccionar una, quizás, la reforma que mejores resultados le ha dado a la gente y a su bolsillo en este país, que es la reforma en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión.
Por ello los invito, desde luego mi voto será a favor, pero los invito a que todos ustedes también voten a favor del proyecto.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Lozano.
Me solicita desde su escaño, la palabra el Senador Raúl Aarón Pozos, del estado de Campeche.
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.
Debo recordar que había sido inscrito para hablar a favor del dictamen.
Quiero decirle que declino mi participación. Pero también debo reiterar, si me lo permite el Presidente y mis compañeras y compañeros Senadores. Debo reiterar dos cosas:
La primera, que el procedimiento fue en estricto apego a lo que establece el Reglamento, que ha sido un procedimiento que se ha cuidado y que ha sido cuidado. Y que ha sido un procedimiento que nos ha traído hasta el Pleno del Senado de la República para discutir y votar como mejor considere cada Senadora o cada Senador de la República.
Y reitero además también, el reconocimiento de la fracción priísta a la conducción de la Mesa Directiva, por la forma estrictamente apegada al Reglamento del Senado de la República.
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Antes de hacer la consulta quiero informar que nos hicieron llegar su voto particular, el Senador Zoé Robledo, el Senador Rabindranath Salazar, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya y el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, mismo que fue integrado al Diario de los Debates
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el dictamen anterior.
Quienes estén porque sea afirmativo esto, favor de manifestarlo levantando su mano de la manera acostumbrada.
Ahora quienes estén por la negativa, de igual manera levanta su mano.
Le informo señor Presidente, que se encuentra suficientemente discutido el dictamen.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Secretaria.
Consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto.
En virtud de que no hay otros…
Senador Isidro Pedraza ¿va a reservar algún artículo?
El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Quiero pedir el uso de la palabra, para que antes de la votación, se pida la reactivación de quórum.
A simple vista se ve que no vamos a alcanzar el quórum.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador, le parece, dado que la votación en tablero electrónico es la verificación de quórum, que sea la misma votación la que verifique si existe quórum.
¿Tiene algún artículo a reservarse?
El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) No, señor Presidente.
Servicios Parlamentarios ¿Puede revisar el escaño y el sistema de votación del Senador Salvador Vega Casillas, por favor?
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Conforme al Reglamento, repito, conforme al Reglamento, después de haber terminado la votación en el tablero de manera electrónica, consulto, algún Senador o Senadora que falten por emitir su voto.
Conforme al tablero, son 72 votos a favor; 13 votos en contra, con el voto de la Senadora Marcela Torres, y tres abstenciones.
Por lo tanto, señor Presidente, le informo que se aprueba.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está aprobado en lo general y en lo particular, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Se cita a la siguiente sesión ordinaria, este mismo día, a las 17:35 de la tarde.
Se levantó la sesión a las 17:34 horas.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1835

References: artículo 3
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 artículo 14
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 artículo 89

Artículo 89
 artículo 91

Artículo 91
 artículo 94

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 artículo 18
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 artículo 74
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 artículo 32
 artículo 64
 artículo 144
 resolución 
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 11
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 7
 artículo 14
 artículo 196
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 256
 artículo 256
 resolución 
 artículo 106
 artículo 106
 artículo 199
e contrario
 artículo 98
 artículo 186
 artículo 29
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 199
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