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Timestamp: 2017-11-25 09:20:13+00:00

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La Hora del Pincho | Porque para un economista la vida real es un caso especial.
Posted on November 20, 2017	by lahoradelpincho
Cuando existe una deuda tributaria ésta se vincula a un deudor principal, pero hay casos en los que la ley obliga a terceras personas a hacerse responsables de esa deuda. Hay dos tipos de responsables: subsidiarios y solidarios. Esperamos que este artículo ayude a identificar los casos que os podréis encontrar.
Regulados en los artículos 41 (responsabilidad tributaria), 42 (responsables solidarios) y 43 (responsables subsidiarios) de la Ley General Tributaria.
El artículo 41 no indica la norma general. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Dicha responsabilidad alcanzará la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario. Esto es, no se trasladan los incrementos de deuda por recargo ejecutivo o intereses de demora generados en ese período. Aunque posteriormente si el responsable subsidiario no paga en los plazos establecidos sí que se le podrán aplicar recargos e intereses de demora del período ejecutivo y las sanciones.
Se establece una excepción a lo anterior en el artículo 42.2 para los casos de responsables que colaboren en el alzamiento de bienes, incumplan órdenes de embargo… En estos casos de exigirá la totalidad de la deuda incluidos recargo ejecutivo, intereses de demora y sanciones.
En el caso de que la responsabilidad alcance a las sanciones (art. 42.2 LGT) y el deudor principal hubiera podido tener derecho a la reducción prevista en el artículo 188.1.b la deuda derivada al responsable será el importe que proceda sin aplicar la correspondiente reducción. También, en caso de que se recurra o reclame te quitan la reducción.
A los responsables de la deuda tributaria les será de aplicación la reducción por pronto pago prevista en el artículo 188.3 de la LGT (con la excepción de los casos del 42.2)
Para poder proceder a la derivación de la responsabilidad (art. 41.5) se requerirá un acto administrativo que determine su alcance y extensión. Además, la derivación a los responsables subsidiarios, requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y del resto de deudores solidarios.
Serán responsables solidarios de la deuda tributaria:
a) Los que causen o colaboren en una infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción.
b) Los partícipes o cotitulares de las entidades del art. 35.4 en proporción a las obligaciones tributarias materiales (no formales).
c) Los sucesores, por la obligaciones tributarias contraídas por el anterior titular. Cuando no se haya solicitado el certificado de deudas del titular anterior la responsabilidad también alcanzará a las sanciones impuestas o que puedan imponerse.
Serán responsables solidarios de la deuda tributaria, sanciones, recargos y el interés de demora del período ejecutivo (hasta el importe del valor de los bienes que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración Tributaria):
a) Causen o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración Tributaria.
b) Los que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.
c) Los que con conocimiento del embargo, medida cautelar o constitución de la garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos embargados o de aquellos bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la medida cautelar o la garantía.
d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida la notificación del embargo colaboren o consientan el levantamiento de aquellos.
e) Las leyes podrán establecer otros supuestos.
a) Administradores de hecho o de derecho de personas jurídicas que, habiendo estas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios. Su responsabilidad se extenderá a las sanciones.
b) Administradores de hecho o de derecho de personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas por éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago.
c) Administradores concursales o liquidadores de sociedades que no hubiesen realizado la gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados tributarios.
d) Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria.
e) Los representantes aduaneros.
f) Los que contraten o subcontraten la ejecución de obras. Por obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación. Esta responsabilidad no será exigible cuando el contratista o subcontratista haya aportado al pagador un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias.
g) Los que tengan control efectivo sobre sociedades cuando resulte acreditado que han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública.
h) Personas o entidades de las que los obligados tributarios tenga control efectivo y hayan sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública (el caso inverso a la letra g).
i) La ley podrá establecer otros supuestos de responsabilidad subsidiaria.
Posted on November 14, 2017	by lahoradelpincho
En contabilidad hay muchas operaciones que nos traen de cabeza a la hora de anotarlas en el diario. Una de ellas son nuestras amigas las subvenciones. Entregas de dinero sin contraprestación por parte de una administración pública que hacen aplaudir con las orejas al empresario de turno pero que pueden ser un dolor intestinal para el contable que las tenga que registrar.
Lo primero que tenemos que tener claro es que el procedimiento de registro contable de la subvención comienza en el momento de la concesión. Esto es, cuando la administración nos comunica que nos la concede. En ese momento, aunque no la hayamos cobrado, la administración de turno se reconoce un pasivo con nosotros y nosotros nos reconoceremos un activo vía cuenta 4708.
A continuación tendremos que saber qué tipo de subvención se trata. Contablemente hay dos tipos de subvenciones con tratamientos distintos:
Subvenciones a la explotación: figuran directamente como un componente positivo más de la explotación (ingresos) para asegurar a nuestra empresa una rentabilidad mínima o para compensar déficits de explotación futuros.
Subvenciones de capital: se imputan a los resultados de la empresa una parte o porcentaje determinado por la Norma de Valoración 18ª del NPGC de 2007. Estas subvenciones se contabilizan en el patrimonio neto (cuentas 130, 131 y 132) por su saldo neto de impuestos.
Así pues, si una administración pública nos comunica que nos concede una subvención a la explotación para compensar pérdidas, realizaremos el siguiente asiento (en la fecha de la comunicación):
(4708) H.P. deudora por subvenciones concedidas a (740) Subvenciones, donaciones y legados a la explotación
Y posteriormente tras el cobro de la subvención:
(572) Bancos a (4708) H.P. deudora por subvenciones
Este tipo de subvenciones son las más fáciles de registrar. El problema viene con las de capital, en las que vamos a tener que trabajar con los grupos contables 8 y 9 (excepto pymes) y con el impuesto diferido (de esto las pymes no se libran).
Estas subvenciones se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de acuerdo a los criterios que se detallan en el apartado 1.3 de la N. V. 18ª.
El apartado 1.3 nos dice que a efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, habrá que distinguir entre los siguientes tipos de subvenciones:
a) Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar déficits de explotación: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se concedan, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios (este es el caso de las subvenciones de explotación).
b) Cuando se concedan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando.
c) Cuando se concedan para adquirir activos o cancelar pasivos (subvenciones de capital), se pueden distinguir los siguientes casos:
Activos de inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese período para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en el balance.
Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con un financiación específica, en cuyo caso la imputación se realizará en función del elemento financiado
OJO! Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente. Esto quiere decir que si registramos un deterioro de valor de un activo, la parte proporcional que corresponda a la subvención, no la llevaremos a una cuenta de los grupos 28 o 29 (amortización/depreciación indirecta), sino que la llevaremos directamente contra la cuenta del activo (amortización/depreciación directa).
Además, a parte de todo lo anterior, hay que tener en cuenta si la subvención es o no reintegrable. Esto es importante saberlo ya que en ocasiones las subvenciones, aunque no exijan contraprestación, sí pueden estar condicionadas a alguna actuación por parte de quien las recibe, como por ejemplo emplearlas en un determinado gasto o inversión. Mientras las condiciones para que la subvención sea considerada no reintegrable no se cumplan, la llevaremos a las cuentas 172 o 522 dependiendo si las condiciones a cumplir son a largo o a corto plazo.
Supongamos que el 15 de diciembre del año x+1 se adquiere un elemento de transporte por 5.000 euros al contado, para el cual se ha solicitado una subvención a un organismo público. Nos comunicaron la concesión de la subvención el 30 de noviembre del año x+1 por el 70% del importe. Nos la ingresan dos días después. Dicho elemento de transporte no estará en condiciones de uso o funcionamiento hasta el próximo 1 de enero de x+2. La vida útil del mismo se estima en cinco años y la empresa opta por una amortización lineal. Realizar la anotaciones en el diario para los años x+1 y x+2.
Por la concesión de la subvención el 30 de noviembre de x+1
3500 (4708) H.P. deudora por subvenciones concedidas a (172) Deudas a largo plazo transformables en subvenciones 3500
Por el efecto impositivo del impuesto de sociedades (t/g 25%):
1500 (830.1) Impuesto diferido a (479) Pasivos por diferencias temporarias imponibles 1500
Por el cobro de la subvención el 2 de diciembre de x+1:
3500 (572) Bancos a (4708) HP deudora por subvenciones concedidas 3500
Por la compra de la máquina el 15 de diciembre de x+1
5000 (218) Elementos de transporte a (572) Bancos 5000
Ahora, después de comprar el elemento de transporte ya hemos cumplido la condición para que la subvención sea no reintegrable por lo que procedemos a reclasificar el importe que teníamos en la 172:
3500 (172) Deudas a largo plazo transformables en subvenciones a (940) Ingresos de subvenciones oficiales de capital 3500
Al cierre del año x+1 tenemos que regularizar la cuentas de los grupos 8 y 9 que tengamos abiertas y reflejar el importe de la subvención en la 130:
3500 (940) Ingresos de subvenciones oficiales de capital a (830.1) Impuesto diferido (130) Subvenciones oficiales de capital 1050 2450
Al cierre del ejercicio x+1 no se realiza amortización porque el activo no va a estar en condiciones de funcionamiento hasta el año x+2, y como la imputación de la subvención a resultados se realiza según la N. V. 18ª en proporción a la amortización, este año no se imputa nada a resultados.
Al cierre del año x+2 realizaremos el siguiente asiento por la amortización:
1000 (681) Dotación a la amortización a (2818) AAIM de elementos de transporte 1000
Ahora sí procedemos a imputar parte de la subvención a resultados:
700 (840) Transferencia de subvenciones a (746) Subvenciones de capital traspasadas al resultado 700
210 (479) Pasivos por diferencias temporarias imponibles a (830.1) Impuesto diferido 210
A continuación regularizamos las cuentas de los grupo 8 y 9:
210 (830.1) Impuesto diferido a (840) Transferencia de subvenciones 700
490 (130) Subvenciones oficiales de capital
Veamos cómo queda el balance del año x+1:
(218) Elementos de transporte 5000 (130) Subvenciones 2450
(479) Pasivos por DT imponibles 1050
En este año el importe total de la subvención (3500) está dividido entre la cuenta 130 y la 479. Esto es así porque las subvenciones tienen que ir al patrimonio por su importe neto de impuestos. La suma de la 130 y la 479 es el 70% de la cuenta 218 porque éste es el porcentaje subvencionado del activo.
El balance del año x+2 quedaría así:
(218) (2818) Elementos de transporte AAIM de E. transporte 5000 (1000) (130) Subvenciones 1960
(479) Pasivos por DT imponibles 840
Después de haber amortizado 1000 y haber llevado la parte proporcional de la subvención a resultados y haber reducido la cuenta de impuesto diferido podemos comprobar como la suma de las cuentas 130 y 479 sigue siendo el 70% del saldo neto del elemento de transporte.
El tema de las puñeteras subvenciones todavía da para mucho más. Así que en próximas entradas analizaremos otras peculiaridades sobre el tema.
Posted on November 2, 2017	by lahoradelpincho
De la prescripción de los derechos, en el ámbito tributario se ocupa la LGT en sus artículos 66 a 70. Como se trata de un campo extenso con una redacción tediosa de estudiar incluyo a continuación un esquema en dónde se desglosa de forma detallada la normativa.
En el esquema he dejado fuera la prescripción del derecho de la administración a comprobar e investigar (art. 66 bis LGT) por tener unas particularidades diferentes al resto.
DESCARGA AQUÍ. ESQUEMA PRESCRIPCION TRIBUTARIA
Posted on October 10, 2017	by lahoradelpincho
En el siguiente artículo presentamos los diferentes plazos de prescripción contempladas en la ley 58/2003 de 17 de diciembre de 2003, General Tributaria (LGT), relacionándolos con su cómputo y las causas de interrupción.
PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA ADMINISTRACIÓN.
A) Prescripción del derecho de la Administración para DETERMINAR la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación (art 66).
Comienza el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación (art 67)
En los tributos de cobro periódico por recibo cuando para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación no sea necesaria la presentación de declaración o autoliquidación, el plazo de prescripción comenzará el día del devengo del tributo (art 67)
Las causas de interrupción de estos plazos de prescripción son (art 68):
Por cualquier acción de la AT, realizada con conocimiento formal del OT, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.
Por cualquier actuación fehaciente del OT conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.
B) Prescripción del derecho de la Administración para EXIGIR el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas (art 66): comienza el día siguiente a aquel en que finalice el pago en período voluntario (art 67).
Aquí no encontramos con otros tres plazos de prescripción (art 68):
Por cualquier acción de la AT, realizada con conocimiento formal de OT, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria.
Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del OT en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la declaración del concurso del deudor o por el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización de procedimiento administrativo en curso.
Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente al pago o extinción de la DT.
PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS DEL OBLIGADO TRIBUTARIO.
A) Prescripción del derecho a SOLICITAR las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías (art 66):
Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitarla o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en el que la devolución pudo solicitarse. (art 67)
Ingresos indebidos: desde el día siguiente a aquel en el que se realizó el ingreso o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso se realizó dentro de dicho plazo. (art 67)
Reembolso del coste de las garantías: desde el día siguiente a aquel en el que se adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado. (art 67)
Regla especial para el supuesto de tributos que graven una misma operación y que sean incompatibles entre sí. El plazo para solicitar la devolución del ingreso indebido del tributo improcedente se computará desde la resolución del órgano específicamente previsto para dirimir cuál es el tributo procedente. (art 67)
Las causas de suspensión de la prescripción en estos casos son dos (art 68):
Por cualquier acción fehaciente del OT que pretenda la devolución, el reembolso o la rectificación de su autoliquidación.
B) Prescripción del derecho a OBTENER las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías: Comenzará el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías.
Las causas de suspensión son nuevamente 3 (art 68):
Por cualquier acción de la AT dirigida a efectuar la devolución o el reembolso.
Por cualquier actuación fehaciente del OT por la que se exija el pago de la devolución o el reembolso
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Posted on September 30, 2017	by lahoradelpincho
A continuación incluímos el esquema del derecho tributario en el que se desarrollan su concepto, sus fuentes y se hace especial mención a la Ley General Tributaria.
DESCARGA: DERECHO TRIBUTARIO ESQUEMA
DESCARGA: DERECHO TRIBUTARIO ESQUEMA II
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Posted on September 27, 2017	by lahoradelpincho
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) conocido popularmente como la plusvalía municipal, es un impuesto directo, personal, subjetivo, instantáneo y municipal que grava los incrementos de valor que sufre un terreno de naturaleza urbana en el momento de la transmisión de éste. Está regulado en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Recientemente el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este impuesto en una sentencia sobre la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016. Según esta sentencia no se podrá someter a tributación aquellas transmisiones que se realicen por un precio inferior al precio de adquisición (aquellas que se hagan a pérdida vamos).
Es curioso como éste impuesto que existe hace muchos años en nuestro ordenamiento jurídico era muy poco cuestionado durante los años de la burbuja inmobiliaria y ahora se ha convertido, junto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en un impuesto con una fuerte contestación social.
El IIVTNU para calcular la base imponible no tiene en cuenta la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, sino que lo que hace es aplicar un % al valor catastral del terreno y sobre ese valor se aplica la tarifa del impuesto. Durante la época de la burbuja inmobiliaria era frecuente que las propiedades se vendiesen a un precio superior al precio de compra obteniendo así una plusvalía de mercado más elevada que la plusvalía teórica que calculaba el impuesto. Por supuesto en esos casos ningún contribuyente en su sano juicio iba al ayuntamiento de turno a pedir que le aplicasen la tarifa del impuesto sobre la plusvalía de mercado en lugar de sobre la plusvalía teórica que calculaba el impuesto. El lado estrecho del embudo era para la administración y el ancho para el contribuyente.
Pinchada la burbuja inmobiliaria resulta que muchas propiedades adquiridas en su momento ahora deben ser vendidas a precio post-burbuja (precio inferior al precio de adquisición). Con la consiguiente pérdida. Como el sistema de cálculo del impuesto es objetivo y no tiene en cuenta las condiciones de mercado, en situaciones de pérdida sigue saliendo una cuota a ingresar positiva, y eso ha muchos contribuyentes no les hace ni puta gracia. Razón por la cual llegó este impuesto hasta el Tribunal Consitucional, que sentenció lo que antes comentaba. Si hay pérdida no se debe tributar. El lado estrecho del embudo se vuelve a colocar del lado de la administración y el ancho del lado del contribuyente.
Desde mi modesta posición como opositor al cuerpo técnico de hacienda me pregunté cual era la razón de ser de este impuesto. Cuando una persona adquiere una propiedad inmobiliaria, el valor del terrero (y en consecuencia de la construcción que se asienta sobre ella) puede incrementarse aunque el propietario no realice ninguna actividad generadora de valor sobre ella. Esto es debido a que yo me puedo comprar un piso en una urbanización en las afueras de la ciudad, donde apenas existan servicios municipales. A medida que pase el tiempo la comunidad puede realizar tareas urbanizadoras en sus inmediaciones: recogida de basuras, mantenimiento de parques y jardines, asfaltado, regulación viaria, policía, serenos, centros municipales, instalaciones deportivas municipales, colegios, jardín de infancia… Incluso la actividad privada: la farmacia, el supermercado, el kiosko de prensa, la cafetería… Toda esta actividad social entorno a mi terreno va a incrementar su valor aunque yo no realice actividad alguna sobre él. Por esta razón, en el momento de vender la propiedad se supone que parte de la plusvalía generada corresponde a una actividad social y por ello debo contribuir con parte de esa plusvalía a las arcas públicas.
Explicado de forma corta, la actividad social (pública o privada) entorno a un terreno siempre va a incrementar su valor.
Entonces ¿cómo es posible que terrenos sobre los que se ha realizado tareas sociales urbanizadoras se vendan a pérdida?
Aquí tengo que recordar las palabras de Antonio Machado: “Todo necio confunde valor y precio”.
En la ciencia económica hay dos teorías en torno al valor de las mercancías:
Una teoría del valor OBJETIVO: considera que el valor de las mercancías (el terreno en este caso) depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. El valor de la mercancía estaría compuesto por el valor de todas las horas de trabajo social que se aplican de forma directa o indirecta sobre la mercancía. Magnitud de difícil cuantificación. Según esta teoría el valor y el precio son magnitudes distintas que pueden o no coincidir.
Una teoría del valor SUBJETIVO: considera que el valor de las mercancías depende de la valoración subjetiva que hacen los individuos sobre ella. Esta teoría se sustenta en economía en las curvas de isoutilidad de la Teoría del Consumidor. Según esta teoría el valor y el pecio coinciden, lo que hace que la magnitud se de fácil e inmediata cuantificación.
El que un terreno a pesar de haber sufrido una tarea urbanizadora en sus inmediaciones, que incremente su valor, sea vendido a un precio inferior al precio de compra se debe al ineficiente funcionamiento del mercado. El valor puede haberse incrementado pero el precio haber caído. Esto es debido al efecto de la burbuja inmobiliaria que primero hizo que el precio de ese terreno fuese muy superior a su valor y posteriormente inferior a éste. Esto es fácil de entender en nuestra vida diaria cuando vamos a comprar un artículo de consumo, vemos el precio y decimos: “no lo vale”. En ese momento estamos apreciando que hay un desajuste entre el valor y el precio. Con el tema del mercado inmobiliario sucede igual.
El IIVTNU al utilizar un sistema objetivo en el cálculo de la base imponible está dejando a un lado las posibles ineficiencias del mercado en la asignación de los precios.
El problema de mantener este sistema de valoración objetivo viene de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: “para que un tributo quede amparado por el artículo 31.1 es suficiente la posibilidad racional de que la riqueza se aprecie en cada sujeto llamado a satisfacerlo, aunque sea como una renta virtual. En definitiva lo decisivo es que se grave una fuente de riqueza generadora de renta real o potencial. El principio de capacidad económica quebraría en aquellos supuestos en que la capacidad económica gravada por el tributo sea ya no potencial sino inexistente o ficticia”.
En mi modesta opinión el Tribunal Constitucional al interpretar el principio tributario de capacidad económica lo hace desde la perspectiva de la teoría del valor subjetivo. Con lo que considera que la valoración objetiva que hace el IIVTNU es una capacidad económica ficticia, en consecuencia no puede tener cabida dentro de la constitución.
La sentencia del Tribunal Constitucional falla que: “los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”.
Debido al fallo del Tribunal constitucional nos encontramos con que en el caso de vender un inmueble por encima del valor de adquisición estaríamos aplicando un sistema de valoración objetiva y en caso de venderlo por debajo de su precio de adquisición el sistema de valoración sería subjetiva. Opino que los criterios de valoración deberían ser los mismos para ambos casos y como el sistema de valoración objetiva es inconstitucional en los casos de “venta a pérdida” el criterio subjetivo (precios de mercado) debería ser el general. A pesar de los enormes incentivos que crea para realizar transmisiones con “dinero B”.
Posted in Finanzas, Fiscalidad	| Tagged Ley Reguladora de Haciendas Locales, plusvalía municipal, Tribunal Constitucional, valoración objetiva, valoración subjetiva	| Leave a comment
Posted on September 19, 2017	by lahoradelpincho
A continuación incluimos esquema del acto administrativo según viene reflejado en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
DESCARGA: acto administrativo
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«Ya estoy un poco cansado de las nacionalidades históricas, que me digan por qué no lo es Asturias» lavozdeasturias.es/noticia/asturi… 11 hours ago

References: artículo 41
 artículo 42
 artículo 188
 artículo 188
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 31
 Real Decreto