Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=664352
Timestamp: 2019-05-19 07:10:28+00:00

Document:
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.
REGULARIZACIÓN DE INMUEBLES DE PROPIEDAD ESTATAL. Primer trámite constitucional.
INTERVENCIÓN : Rafael Arratia Valdebenito
VERIFICACIÓN DEL DOMICILIO DEL DEUDOR EN OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DE CONSUMO. Primer trámite constitucional.
AUTORIZACIÓN DE PESCA DE INVESTIGACIÓN Y ARTESANAL EN ZONAS MARÍTIMAS DE RESERVAS NACIONALES Y FORESTALES. Veto.
RESULTADO DE SUMARIO A EX PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD. Oficio.
MARGINACIÓN DE PARLAMENTARIOS DE OPOSICIÓN DE ACTOS PÚBLICOS. Oficio.
INFORMACIÓN SOBRE INDEMNIZACIONES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN EMPRESAS CARVILLE Y SEMCO. Oficio.
SITUACIÓN DE DIRECTOR REGIONAL DE LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN. Oficio.
INCLUSIÓN DE LA DÉCIMA REGIÓN EN PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS CON MOTIVO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA. Oficios.
RESPETO A LA DIGNIDAD PARLAMENTARIA.
PUBLICACIONES DE PRENSA EN DETRIMENTO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE EXPORTACIÓN. ANIVERSARIO DE COIHAIQUE.
INVESTIGACIÓN DE DESPIDOS EN CENTRO DE REHABILITACIÓN CALTANI, DE ARICA. Oficio.
CONCESIÓN GRATUITA DE ÁREAS MARÍTIMAS DE MANEJO AL PUEBLO MAPUCHE LAFQUENCHE DE ARAUCO. Oficios.
ANIVERSARIO DE CONCEPCIÓN. Oficios.
RESTABLECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE FERROCARRILES DESDE TEMUCO AL SUR. Oficio.
Sesión 3ª, en jueves 5 de octubre de 2000
(Ordinaria, de 10.44 a 13.18 horas)
III. Actas8
IV. Cuenta8
Envío de proyecto a Comisión de Ciencias y Tecnología8
Regularización de inmuebles de propiedad estatal. Primer trámite constitucional8
Verificación del domicilio del deudor en otorgamiento de créditos de consumo. Primer trámite constitucional16
Autorización de pesca de investigación y artesanal en zonas marítimas de reservas nacionales y forestales. Veto23
Resultado de sumario a ex presidente del Instituto Nacional de la Juventud. Oficio30
Marginación de parlamentarios de Oposición de actos públicos. Oficio30
Información sobre indemnizaciones y contratación de personal en empresas Carville y Semco. Oficio31
Situación de director regional de la Corporación de Fomento de la Producción. Oficio32
Inclusión de la Décima Región en proyectos de obras públicas con motivo del bicentenario de la Independencia. Oficios32
Respeto a la dignidad parlamentaria32
Publicaciones de prensa en detrimento de los productos agrícolas de exportación. Aniversario de Coihaique34
Investigación de despidos en centro de rehabilitación Caltani, de Arica. Oficio34
Concesión gratuita de áreas marítimas de manejo al pueblo mapuche lafquenche de Arauco. Oficios35
Aniversario de Concepción. Oficios35
Restablecimiento y modernización de ferrocarriles desde Temuco al sur. Oficio38
Del jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Orpis y la diputada señora González, doña Rosa, serán reemplazados permanentemente en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo por los diputados señores Dittborn y Pérez, don Víctor.
De la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, facultada para investigar y establecer cuáles son las empresas públicas que en los últimos diez años han acordado indemnizaciones para sus ejecutivos, por el cual solicita que se le autorice para sesionar simultáneamente con la Sala los días jueves de cada semana, de 10.30 a 13 horas, con el objeto de dar cumplimiento a dicho mandato.
De la Comisión de Ciencias y Tecnología por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para que el proyecto que regula las comunicaciones electrónicas (boletín Nº 2512-07), actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, le sea remitido para ser tramitado en conjunto con el proyecto que regula la firma electrónica y los servicios de certificación de firma electrónica (boletín Nº 2571-19), por cuanto se refieren a materias similares.
De la Comisión especial destinada a estudiar la posibilidad de que el Campeonato Mundial de Fútbol Adulto del año 2010 sea realizado en Chile y Argentina, por el cual comunica que eligió como presidente al diputado señor Naranjo.
Del diputado señor Silva, estado actual de proceso sumarial en la municipalidad de Valdivia.
Del diputado señor Longton, recepción de viviendas en la villa El Sol, comuna de Catemu.
Del diputado señor Caminondo, sumario administrativo en la municipalidad de Panguipulli.
De la diputada señora Lily Pérez, situación funcionaria que ha afectado a don Jorge Gallerstein González.
Del diputado señor Vargas, revisiones de cuentas efectuadas en la municipalidad de Nogales en los años 1999 y 2000.
De los diputados señores José Pérez, Felipe Letelier, Ascencio, Velasco y Lorenzini, aplicación de la ley sobre exonerados políticos.
De la Corporación, modificaciones a la ley general de Pesca y Acuicultura que permitan el desarrollo del sector en términos sustentables.
De los diputados señores Sánchez, Felipe Letelier, Jaramillo, Lorenzini, Rincón, Olivares, René García y de las diputadas señoras Lily Pérez y Soto, criterios aplicados para la evaluación y selección de proyectos presentados al concurso nacional y regional del Fondart.
Del diputado señor Navarro, vehículos retenidos por Carabineros de Chile.
De los diputados señores Kuschel, Bertolino, Jiménez y Juan Pablo Letelier, planes maestros de evacuación y drenaje de aguas lluvia; antecedentes sobre construcción de viviendas en la localidad de Piedra Azul, comuna de Puerto Montt.
Del diputado señor Encina, trazado definitivo de calles de la localidad de Guanaqueros, comuna de Coquimbo.
De la diputada señora Soto, medidas implementadas en la comuna de Viña del Mar en relación a cantidad de familias que se encuentran en calidad de allegadas.
Del diputado señor Huenchumilla, información respecto al bien raíz ubicado en calle Venus, entre calles Génesis y Neptuno, de la Villa Galicia 1, comuna de Temuco.
De los diputados señores Juan Pablo Letelier, Jaramillo, Urrutia, Patricio Walker y diputada señora Caraball, viviendas básicas en Quinta de Tilcoco.
De los diputados señores Juan Pablo Letelier y Ortiz, estado de deuda del sector transporte de carga por renovación de sus vehículos.
Federación Regional de Trabajadores de la Salud
Solicita reconocimiento a técnicos universitarios de la Salud
De los diputados señores José Pérez, Jiménez y Comités parlamentarios de los Partidos Socialista y Renovación Nacional, condonación deudas de pequeños agricultores del sur.
Remite ejemplar de estadísticas de inscripciones hábiles y mesas receptoras de sufragios.
Del diputado señor Ulloa, establecimiento de franja televisiva gratuita.
Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Pablo Lorenzini.
Se abrió la sesión a las 10.44 horas.
El señor MORA (Vicepresidente).- El acta de la sesión 36ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 37ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo para sesionar simultáneamente con la Sala, los jueves de cada semana, a partir de las 10.30.
El señor ALESSANDRI .-
No, señor Presidente. A partir de las 10.45, pero no de las 10.30, porque la Sala no tendría quórum.
Señor Presidente, normalmente, la sesión de los jueves ni siquiera comienza a las 10.30, sino a las 10.45, de manera que, si se quiere autorizar a la Comisión para que sesione simultáneamente con la Sala, debería ser a partir de las 11.
¿Habría acuerdo para acoger la sugerencia del diputado señor Alessandri ?
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Ciencias y Tecnología, en cuanto a que le sea remitido el proyecto que regula las comunicaciones electrónicas, radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para ser tramitado en forma conjunta con el proyecto que regula la firma electrónica y los servicios de certificación de firma electrónica.
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que regulariza la situación de inmuebles de propiedad estatal, con el objeto de otorgar reconocimiento legal a su destinación.
Diputado informante de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente es el señor Rafael Arratia .
-Mensaje, boletín Nº 2427-12, sesión 15ª, en 16 de noviembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 4.
-Informe de la Comisión de Recursos Naturales, sesión 9ª, en 4 de julio de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 9.
Señor Presidente, me corresponde rendir el informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente sobre el proyecto que regulariza la situación de inmuebles de propiedad estatal, con el objeto de otorgar reconocimiento legal a su destinación.
Ideas matrices del proyecto.
La iniciativa en análisis consta de tres artículos permanentes mediante los cuales se pretende regularizar situaciones que afectan a bienes raíces fiscales, ocupados por diversas entidades y personas que requieren asumir la titularidad plena sobre los inmuebles, a fin de otorgar un reconocimiento legal al destino que actualmente poseen de hecho.
Con el artículo 1º se pretende resolver el problema que afecta a la municipalidad de Chillán Viejo, que administra el patrimonio de la fundación “Conmemoración Histórica Bernardo O’Higgins”, que no opera en la actualidad.
Esa fundación, con domicilio en Chillán, fue creada por la ley Nº 12.666. Sus objetivos eran la reconstrucción y conservación de la casa de don Simón Riquelme , el establecimiento de un museo histórico cultural regional, la construcción de un mausoleo para los restos de doña Isabel Riquelme y de doña Rosa O’Higgins. Para el cumplimiento de estos objetivos, la fundación adquirió diversos bienes muebles e inmuebles y conformó un centro histórico y cultural en la ciudad. La municipalidad de Chillán asumió la administración de estos bienes, toda vez que el consejo creado por la ley Nº 12.666 no operó.
En la actualidad, dicha fundación está en los hechos disuelta, puesto que los miembros del consejo corresponden a presidentes de comisiones que no existen y no cuentan con financiamiento ni posibilidades materiales de cumplir dichas tareas, por lo que la municipalidad de Chillán las asumió hace dos décadas y en la actualidad las desarrolla la de Chillán Viejo.
Para el cumplimiento de esos cometidos, la municipalidad invirtió con cargo a su presupuesto, especialmente en lo que dice relación con el Centro Histórico y Cultural, en la construcción del mausoleo, en la construcción del parque, en la pavimentación de senderos, en la instalación de una reja perimetral y en gastos de mantención general.
La creación de la comuna de Chillán Viejo y de su respectivo municipio hicieron necesario dotarlo de infraestructura para desarrollar adecuadamente su gestión, con la clara intención de hacer resaltar su valor histórico como cuna del padre de la patria, transfiriéndosele a título gratuito bienes, tanto muebles como inmuebles, pertenecientes a la municipalidad de Chillán situados en territorio de la nueva comuna. Las transferencias no pudieron perfeccionarse debido a que los terrenos donde se ubica el Centro Histórico y Cultural se encuentran inscritos a nombre de la Fundación de Conmemoración, motivo por el cual dicho trámite se redujo a la posesión material de dichos terrenos. Debido a que el municipio de Chillán Viejo tomó la administración del centro en 1996, se hace necesario regularizar la situación antes descrita.
Con el artículo 2º se desea salvar la situación que afecta a 46 propietarios de viviendas ubicadas en la comuna de Angol, construidas por el Serviu y la municipalidad respectiva, que conforman la población Pampa de Ingenieros o Campo de Marte, situada en terrenos que pertenecen al Instituto de Normalización Previsional en su calidad de sucesor legal de la ex Caja de Retiro y Previsión Social de Ferrocarriles del Estado.
Los citados terrenos fueron adquiridos por la ex Caja de Previsión de Ferrocarriles del Estado, por donación fiscal, según consta en la escritura de 4 de octubre de 1951, otorgada ante el notario público don Luis Azócar Álvarez. Su dominio figura inscrito a fojas 369 Nº 549 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Angol, de 1951.
La ley Nº 18.689 fusionó el Instituto de Normalización Previsional con la ex caja, entendiéndose por tal motivo incorporados al patrimonio del Instituto todos los bienes y derechos por el solo ministerio de la ley. Además se estableció la prohibición para efectuar cualquier tipo de donaciones de los mismos.
Durante 1980, el Serviu de la Novena Región y la municipalidad de Angol construyeron 46 viviendas, 32 y 14, respectivamente, en la población Pampa Ingenieros o Campo de Marte.
El Instituto de Normalización Previsional no hizo uso de las facultades otorgadas por el artículo 5º transitorio de la ley Nº 18.689, para transferir estos predios, a título gratuito, a los órganos de la administración del Estado, entre los cuales se señala a los servicios de Vivienda y Urbanismo y municipalidades.
En razón de lo anterior, el Serviu de la Novena Región se ha visto impedido de otorgar los títulos de dominio a los asignatarios de las viviendas construidas en esos terrenos.
Finalmente, el artículo 3º viene a regular la situación que afecta a la casa central de la Universidad Tecnológica Metropolitana, ubicada en calle Dieciocho Nº 161, en Santiago. La propiedad fue inscrita a nombre del fisco a fojas 36 Nº 53, en el Registro de Propiedades del año 1899 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Mediante la ley Nº 17.957 se facultó al Presidente de la República para que efectuara la transferencia gratuita del inmueble a la Congregación Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, para desarrollar las obras sociales de dicha Congregación. La propiedad en comento aún permanece bajo el dominio del fisco, por cuanto nunca se llevó a cabo la transferencia dispuesta por la ley Nº 17.957.
Mediante escritura pública del 19 de enero de 1974, la Congregación vendió a la Universidad de Chile todas las edificaciones y plantaciones efectuadas en el predio, manifestando su consentimiento en cuanto a que la universidad solicitara al fisco la concesión del uso gratuito o, en su defecto, que éste le fuera transferido por ley en forma gratuita.
Con posterioridad, el año 1981, se creó el Instituto Profesional de Santiago, como sucesor y continuador legal de la Academia Superior de Estudios Tecnológicos de la Universidad de Chile y que a la fecha ocupaba el inmueble de la calle Dieciocho Nº 161. En octubre de 1981, la Universidad de Chile transfirió a título gratuito las edificaciones y plantaciones al recién creado Instituto.
La ley Nº 19.239 creó la Universidad Tecnológica Metropolitana como sucesora y continuadora legal del Instituto Profesional de Santiago, en virtud de lo cual ocupa en la actualidad dicho inmueble, utilizándolo como sede central en donde se ubican la rectoría, algunas vicerrectorías, contraloría interna, dirección jurídica, la escuela de diseño y otras unidades.
La iniciativa legal busca regularizar la situación de los inmuebles descritos en el capítulo anterior, mediante un reconocimiento legal de las circunstancias de hecho en que los mencionados bienes raíces se encuentran, para lo cual se autoriza al fisco o a los órganos estatales que poseen el dominio de dichos bienes, para transferirlos a los entes que actualmente los ocupan o administran según las circunstancias consignadas anteriormente.
Para la concreción de la iniciativa en estudio es necesario derogar los siguientes cuerpos legales. Primero, la ley Nº 12.666, que creó la Fundación de Conmemoración Histórica Bernardo O’Higgins, con domicilio en Chillán, cuya administración y dirección quedó entregada a un consejo integrado por diversas personas. Su patrimonio está libre de todo impuesto y contribución fiscal o municipal. En segundo lugar, la ley Nº 17.957, mediante la cual el Presidente de la República transfirió a la Congregación Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, a título gratuito, el inmueble fiscal situado en la calle Dieciocho Nº 161. Cabe dejar constancia de que la transferencia nunca se perfeccionó.
Para el análisis y discusión de este proyecto fueron citadas diversas autoridades y profesionales, y se formularon las observaciones que paso a informar.
Con respecto al artículo 1º, se destaca la falta de recursos para que la municipalidad de Chillán Viejo administre, mantenga y efectúe mejoramientos en el patrimonio que se le está transfiriendo. Al efecto, la Comisión envió un oficio al ministro secretario general de la Presidencia mediante el cual se le solicitó se sirva estudiar una solución.
En segundo lugar, existe una falta de individualización de los bienes que se transfieren mediante el artículo 1º. Por último, y en tercer lugar, el destino que se podría dar a los bienes que conforman el patrimonio o eventuales cambios.
Atendida la naturaleza de los bienes que se pretende transferir, se estimó necesario contar con la opinión del Consejo de Monumentos Nacionales, para lo cual concurrió su asesor el arquitecto Genaro Cuadros, quien recalcó que el mencionado parque no se encontraba dentro de la categoría de monumento nacional, pero que sí podría estar sujeto a la normativa de los monumentos públicos.
El artículo 9º de la ley Nº 17.288 define monumentos nacionales como los lugares, ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, sean declarados tales por decreto supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo.
La petición para que un monumento se declare público puede ser hecha por cualquier persona.
Una vez que se declare monumento público, su conservación, reparación o restauración queda sujeta a una autorización del Consejo. No podrán ser tampoco removidos sin dicha autorización.
Al respecto hizo notar que el Consejo dispone de un presupuesto de cien millones de pesos, el cual sólo alcanza para financiar los sueldos de los funcionarios de la planta y, por lo tanto, no cuenta con una adecuada fiscalización.
Asimismo, la Comisión estimó necesario contar con la opinión del Ministerio de Bienes Nacionales. Para tal efecto, concurrió la señora María Cecilia Cáceres , fiscal de dicha cartera, quien expuso que respecto de la falta de un inventario de las propiedades que se transfieren, en opinión del Ministerio era innecesario detallar cada una de ellas.
En relación con la administración de los bienes que se traspasan, acotó que no tenía inconvenientes, puesto que se deberá cumplir con el destino original. Sin embargo, se mostró partidaria de solicitar una declaración de monumento nacional a fin de preservar más aún su destino, en concordancia con la opinión del asesor arquitecto Genaro Cuadros.
Hizo presente, además, que la municipalidad de Chillán Viejo administró dicho patrimonio durante veinte años, hasta que la Contraloría reparó en que se estaban efectuando inversiones en bienes que no pertenecían a la municipalidad.
Salvada las objeciones hechas al proyecto, debo informar que a la fecha, de los siete oficios enviados en su oportunidad, sólo se recibieron tres respuestas.
El Consejo de Monumentos Nacionales respondió, el 13 de abril, que la forma de cuidar el patrimonio histórico era declarar dichos inmuebles en alguna de las categorías de monumento histórico o zona típica.
Sin perjuicio de lo anterior, se precisó que el lugar que ocupa el memorial a Bernardo O’Higgins está situado dentro de una propiedad privada, por lo que no requiere autorización ni está sujeto a las normas de la ley de monumentos nacionales en su categoría de monumento público.
La Comisión aprobó el proyecto en general y en particular por unanimidad.
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se deja expresa constancia de lo siguiente:
En primer lugar, no existen normas de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado.
En segundo lugar, no existen artículos que deban ser analizados por la Comisión de Hacienda.
En tercer lugar, el proyecto fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los diputados presentes.
En cuarto lugar, durante la discusión no se presentaron indicaciones.
Por último, se designó diputado informante a quien habla.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente recomienda a la honorable Cámara prestar su aprobación al proyecto de ley cuyo texto figura en el boletín que obra en poder de los señores diputados.
El proyecto fue tratado y acordado en seis sesiones, celebradas entre el 25 de enero y el 20 de junio de 2000, con la asistencia de los diputados señores Acuña, Aguiló , Álvarez-Salamanca , Arratia , Díaz , García-Huidobro , Girardi , Longton , Navarro , Olivares , Rojas , Sánchez (Presidente), Martínez, don Rosauro , y Jarpa.
Señor Presidente, en primer lugar, haré un comentario no relacionado directamente con el proyecto.
Con el diputado señor Felipe Valenzuela hace unos días nos preguntamos si estábamos legislando bien o mal. Traslado esta preocupación al proyecto en comento, cuyo objeto principal es regularizar la situación jurídica de los inmuebles detallados por el señor diputado informante, que son de propiedad y están en manos de instituciones de naturaleza pública, según señala el mensaje, y que corresponden, primero, al patrimonio de la Fundación de Conmemoración Histórica Bernardo O’Higgins; segundo, a cierto número de viviendas construidas por el Serviu, y tercero, a un inmueble en el cual funciona la Universidad Tecnológica Metropolitana.
Este es un proyecto puntual. Si bien estoy de acuerdo con las regularizaciones que ponen término a años de incertidumbre jurídica y que permiten una normal administración de los inmuebles por los actuales ocupantes y futuros dueños, no puedo sino señalar que me llama la atención que en el país, en particular por la acción a veces poco diligente del sector vivienda, haya villas, poblaciones, villorrios rurales en similar situación a la de estos inmuebles.
Con urgencia, deberíamos abocarnos a la regularización del dominio de muchas poblaciones que sufren el mismo problema. Cientos de situaciones iguales se encuentran en estado de archivo.
En consideración a lo anterior y por razones de economía legislativa, parece más razonable mejorar la posibilidad de la Administración Pública de regularizar la posesión, ocupación y propiedad de inmuebles fiscales o adscritos a determinados patrimonios que están en estos momentos en situaciones complicadas -por decir lo menos- desde el punto de vista de la titularidad del derecho de dominio y de su administración: un ente es el dueño, y el que lo ocupa y administra es otro. No puede ser que alguien sea dueño de una casa y no del sitio en que se encuentra, pero así ocurre.
Por otra parte, no hay que dejar de mencionar las prevenciones que he realizado en la Sala respecto de la normativa vigente sobre regularización administrativa de la pequeña propiedad raíz -me refiero al decreto ley Nº 2695-, que si bien es un tema distinto del analizado en esta sesión, es urgente un esfuerzo especial del Ministerio de Bienes Nacionales para el perfeccionamiento de normas que, incluso, han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema.
Es necesario -ello es lo que solicito a los representantes del Ejecutivo- que se arbitren los medios jurídicos para regularizar situaciones de administración y propiedad de predios fiscales entre instituciones públicas.
El proyecto nos debiera llevar a una solución, si no definitiva, por lo menos comprensiva de las diversas irregularidades que se observan en el país en cuanto al dominio de las propiedades. En efecto, aun cuando su contenido es muy puntual, nos lleva a un tema más amplio, como es singularizar el dominio de propiedades que, aun cuando pertenecen a particulares, legalmente aparecen como fiscales.
Llamo la atención sobre este aspecto, porque el proyecto es muy bueno, pero debiera contener normas más generales respecto de las tantas irregularidades que todavía existen en las poblaciones, en especial en algunas construidas por el Ministerio de Vivienda.
Tiene la palabra el diputado señor Monge .
Señor Presidente, el objetivo del proyecto -que lleva más de dos meses en tabla y consta de tres artículos permanentes- es regularizar determinadas situaciones que afectan a bienes raíces fiscales que se encuentran ocupados por personas, naturales o jurídicas, las cuales no pueden disponer libremente de ellos.
Conozco especialmente el problema que afecta a 46 familias de la comuna de Angol, cuyos inmuebles forman parte de lo que se conoce como la población “Pampa Ingenieros”. Los terrenos fueron donados inicialmente por el fisco a la ex Caja de Previsión de Ferrocarriles del Estado, que ya no existe, como todos sabemos, quedando como sucesor en el dominio el Instituto de Normalización Previsional. Las viviendas fueron construidas en 1980 por el Serviu, por mandato de la municipalidad de Angol. Sin embargo, desgraciadamente, en esa oportunidad el INP no hizo uso de las facultades que le confirió el artículo 5º transitorio de la ley Nº 18.689, que le permitía transferir a título gratuito esos terrenos a organismos de la administración del Estado, entre los que se cuentan el Serviu y las municipalidades. Ese hecho ha impedido que estas familias puedan ser legítimas propietarias de sus casas, ya que sólo les pertenece lo edificado, pero no el terreno; a la vez, quedaron imposibilitadas de disponer de esos bienes. Este problema -que en muchos casos se arrastra desde hace bastante tiempo- sólo se puede solucionar, como señaló el diputado Jaramillo , en virtud de una ley.
Por tratarse de un proyecto sencillo y puntual, que favorece la transferencia de los sitios correspondientes a 46 inmuebles, en el caso de Angol, y de dos inmuebles en distintas comunas, Chillán y Santiago , solicito que se vote esta iniciativa a la brevedad, ya que cada día que transcurre lleva zozobra a las familias y a las instituciones que necesitan disponer de esas propiedades. Pienso que no hay más que discutir, ya que no existen muchos argumentos a favor o en contra. Por lo tanto, insto a la Mesa a un pronto cierre del debate y, ojalá, al pronto despacho del proyecto, que favorece a muchas personas.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches .
Señor Presidente, en esta ocasión, por encargo del honorable diputado señor Rosauro Martínez , quien participó activamente en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, voy a dar lectura a su intervención, ya que, por razones ajenas a su voluntad, no ha podido estar presente en la Sala.
Su intervención dice así:
“Durante la discusión efectuada en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente sobre el informe del proyecto de ley que regulariza la situación de inmuebles de propiedad estatal, que hoy conoce la Sala, recordaba los ingentes esfuerzos que como municipalidad tuve que hacer para mantener el parque monumental Chillán Viejo , lo cual, evidentemente, era nuestra obligación como administradores de los bienes muebles e inmuebles que conformaban lo que se conoce como Centro Histórico Cultural de la ciudad de Chillán.
“Lo curioso radica en que, no obstante -y aquí el problema jurídico actual de la municipalidad de Chillán Viejo- ser administradores -y en ese entonces proveedores de recursos-, en circunstancias que el dueño era y es a la fecha una entidad denominada Fundación de Conmemoración Histórica Bernardo O’Higgins, creada por ley el año 1957 y cuyos objetivos eran la reconstrucción y conservación de la casa de don Simón Riquelme y la construcción de un mausoleo para los restos de doña Rosa O’Higgins, a cuyo efecto adquirió diversos bienes que, como se ha dicho, dieron forma al señalado Centro Histórico y Cultural.
“La Fundación, operativamente, contemplaba la existencia de un consejo, formado por los presidentes de diversas instituciones presididas por el gobernador provincial, consejo que en la práctica jamás funcionó, o mejor dicho, a excepción del período de don Alfonso Lagos Villar , a la sazón director del diario “La Discusión” de Chillán, cuya obra en el consejo no tuvo seguidores y que explican el posterior traspaso de su administración al municipio chillanejo, corporación ésta que, debido a la creación de la comuna de Chillán Viejo, traspasó a título gratuito bienes muebles e inmuebles situados en el territorio de la nueva comuna en el año 1996, pero, como señala el informe, se redujo a la transferencia de la posesión material de los terrenos y no en el derecho, porque la propiedad es de la Fundación de Conmemoración Histórica.
“Desde ese momento, la municipalidad de Chillán Viejo, que utiliza la infraestructura como sede edilicia, ha venido realizando diversas obras de mejoramiento del lugar a objeto de mantenerlo como lo que es, un lugar de recuerdo histórico destinado a evocar la vida de nuestro padre de la patria, encontrándose con el problema que está imposibilitada de realizar inversiones en un terreno que no le pertenece, tal como lo advirtió la Contraloría General de la República, y que, por lo mismo, urge dar una solución integral al problema.
“Señor Presidente, sin duda la intención del legislador con la ley Nº 12.666 era perpetuar la memoria histórica de don Bernardo O’Higgins, estimándose más representativa y práctica la existencia de una fundación que responde, sin duda, al criterio existente a fines de la década del 50, pero que en las actuales circunstancias, con municipios con atribuciones inimaginables en aquellos años y el concepto del gobierno comunal en desarrollo, resulta lógico, por atribuciones y recursos, que esta propiedad pase a manos de la municipalidad de Chillán Viejo, sin perder naturalmente su destino y objetivo original, tal como lo salvaguarda el inciso tercero del artículo 1º de esta ley.
“Sin duda, con este proyecto del Ejecutivo, de aprobarse -y creo que va a ser así-, se soluciona definitivamente una situación compleja y permite abrir un camino para integrar otras iniciativas tendientes a rescatar el sentido de hacer de este lugar un reencuentro con la historia, donde mucha juventud tenga la oportunidad de valorar, a través del conocimiento directo, la vida de quienes en un pasado, quizás lejano, tuvieron la visión, fuerza y coraje para desafiar a potencias dominantes y legarnos una nación libre y soberana.
“Señor Presidente, se habla de modernidad y estamos conscientes de sus beneficios; pero en este camino que necesariamente recorremos como país, no debemos olvidar que para llegar aquí hay una trayectoria histórica, que es el fundamento para proyectarnos sólidamente si de verdad aspiramos a constituir una sociedad armónica y de ciudadanos responsables.
“Por representar un hecho histórico y por la significación que el proyecto tiene, voto afirmativamente el informe, en la seguridad de que mis colegas harán lo mismo, y pronto será ley de la república”.
Informo a la Sala que, en este momento, en el Salón de Honor del Congreso Nacional se está realizando un acto relacionado con el Jubileo, acordado por nuestra Corporación, razón por la cual muchos parlamentarios están participando en dicho acto.
Por lo tanto, si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto.
Como hay una indicación del Ejecutivo, el proyecto debe volver a Comisión para su segundo informe.
El proyecto fue objeto de la siguiente indicación:
Del Ejecutivo para reemplazar en el inciso segundo, el segundo párrafo, por el siguiente:
“Los deslindes actuales son los siguientes: Norte, calle Vidaurre en 126,00 metros; Sur, residencia universitaria de la Universidad Católica en 111,00 metros y resto de la propiedad de Sergio Campos, en 14,50 metros; Este, calle Dieciocho, en 31 metros y Oeste, terreno expropiado para trazado avenida Norte-Sur, hoy calle Coronel Pantoja , en 30,50 metros.”.
A continuación, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que obliga al acreedor que otorga un crédito a verificar el domicilio del deudor.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Errázuriz .
-Moción, boletín Nº 1929-03, sesión 8ª, en 16 de octubre de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 4.
-Informe de la Comisión de Economía, sesión 19ª, en 1 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 9.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Maximiano Errázuriz .
Señor Presidente, los verdaderos autores de este proyecto de ley son los pobladores de La Pintana, Puente Alto, Pirque , San José de Maipo y, en general, todas aquellas personas que, día a día, se ven afectadas por embargos, debido a que otras personas que solicitan créditos en casas comerciales, instituciones financieras o bancos no los pagan.
Pero lo peor de todo es que el tercero embargado no sólo debe contratar un abogado para interponer una tercería, sino que, muchas veces, ni siquiera tiene documentos que acrediten el dominio de los bienes embargados. Entonces, para solucionar ese problema, en nuestros distritos les hemos sugerido a los dueños de casa afectados que concurran con un amigo a la notaría, a fin de que hagan una escritura pública en la cual aparezcan adquiriendo los bienes en cuestión. Así, cuando los embarguen por deudas que no han contraído, podrán exhibir una escritura pública que acredite que dichos bienes les pertenecen. Pero, evidentemente, eso también tiene un costo.
Por eso, presentamos este proyecto de ley, que fue enriquecido con el aporte de los miembros de la Comisión. Además, quiero dar a conocer de manera muy especial el apoyo que recibió de la Confederación Nacional del Comercio Detallista y Turismo, porque existía el temor de que el comercio podría verse afectado por tratarse de una iniciativa que defiende a terceros que nada tienen que ver con los deudores.
La idea matriz del proyecto busca establecer disposiciones que obliguen a las personas que otorguen un crédito a verificar el domicilio del comprador o deudor, a fin de impedir que personas ajenas a la operación comercial sufran molestias por embargos sobre sus bienes.
El proyecto original, que constaba sólo de tres artículos, se refería a los créditos de consumo. Sin embargo, el señor Francisco Fernández propuso en la Comisión sustituir la expresión “créditos de consumo” por “créditos que se otorguen para el financiamiento de operaciones de consumo reguladas por la ley Nº 19.496”. De esa forma, quedan incluidos no sólo los créditos de consumo, sino también los otorgados por bancos y financieras.
La iniciativa también fue apoyada por el subsecretario general de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo y presidente de la entidad en Valparaíso, don Óscar Hormazábal , quien manifestó que, si bien cualquier cambio de domicilio debe ser informado a Carabineros de Chile, en la práctica esto no sucede.
Por su parte, el abogado jefe del Sernac, don Juan Carlos Luengo , también estuvo de acuerdo con el proyecto, especialmente con aquella parte que se refiere a las operaciones de consumo reguladas por la ley Nº 19.496.
El artículo 1º establece que será responsabilidad del acreedor constatar el domicilio del deudor en los créditos de consumo regulados por la ley mencionada, que se refiere a la protección del consumidor.
El artículo 2º dispone que el acreedor es responsable de la indemnización por perjuicios a terceros causados por un eventual juicio y de las costas procesales y personales por el embargo indebido de bienes que no pertenecen al deudor. Hoy día, las casas comerciales tienen tanto interés en vender que ni siquiera se preocupan de averiguar el domicilio del comprador o si posee bienes; si no los tiene, le conceden el crédito de todas maneras; si no paga, piden embargo de bienes que no le pertenecen. En este caso, se va a responsabilizar al acreedor por la indemnización por perjuicios, por las costas procesales -es decir, por los gastos que origine un eventual juicio- y por las costas personales -es decir, los gastos originados por los abogados que deba contratar el tercero embargado, que no es el deudor- en los casos de embargos indebidos.
El artículo 3º establece que las costas de las tercerías acogidas por los tribunales serán de cargo del acreedor -y algo muy importante- que esas tercerías “se tramitarán breve y sumariamente”.
El proyecto de ley no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado ni normas que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.
La idea de legislar fue aprobada por unanimidad.
En síntesis, es posible que el proyecto no solucione el problema en forma definitiva; pero, por lo menos, contribuirá a resolver la situación que afecta a muchas personas que han tenido la gentileza de cobijar en sus casas a un hijo, a una nuera o a un yerno. Pero el problema más grave se produce cuando un arrendatario contrae deudas que no paga y después le llegan las cobranzas al nuevo arrendatario, al cual le embargan sus bienes.
Señor Presidente, esperamos que esta normativa, por lo menos, establezca una suerte de responsabilidad de los acreedores por los créditos que otorgan. Ése es el objetivo fundamental de la iniciativa.
Señor Presidente, las ideas contenidas en este proyecto son muy sanas. Sin embargo, después de hacer una revisión muy exhaustiva, he llegado a la conclusión de que “los cuidados del sacristán pueden matar al señor cura”.
¿Por qué digo esto? Si leemos la exposición de motivos del proyecto, podemos verificar que se ha presentado “con el propósito de evitar que personas ajenas a la operación comercial sufran molestias por embargos sobre sus bienes, al no pagarse oportunamente el crédito otorgado”.
Voy a remitirme a los artículos aprobados por la Comisión. Luego de referirse a la obligación del acreedor de constatar el domicilio del deudor, el artículo 1º dice que, si no lo hace en el plazo de cinco días, se presumirá como domicilio el que haya sido proporcionado por el solicitante del crédito. Es decir, se escribe con la mano y se borra con el codo, porque no puede haber mayor contradicción entre la finalidad del proyecto y su texto. Es sabido que, según el principio de no contradicción -como lo llaman algunos-, no se puede afirmar y negar a la vez la misma cosa: o es cierto lo uno o es cierto lo otro. Por lo tanto, acá se verifica el domicilio o bien no existe la presunción, porque de lo que se trata es proteger al tercero y aquí los únicos protegidos resultan ser los acreedores y el deudor.
En los ejemplos que se han dado, el tercero es una persona a la cual se le han embargado bienes en una vivienda determinada, pero ésta no es su propiedad, sino del deudor, de otra persona. Y de acuerdo a ese texto, se está protegiendo al acreedor y al deudor, pero no al tercero que justamente es o sería el supuesto beneficiado por el proyecto de ley.
Además, a este tercero se le impone una carga. Si hay una presunción, ¿quién tendrá que destruirla? Justamente el mismo tercero a quien se trata de beneficiar. Entonces, se le están imponiendo dos cargas en lugar de favorecerlo, como es el propósito del proyecto.
Por otro lado, existe confusión entre el procedimiento ejecutivo que regla nuestro Código de Procedimiento Civil y el de la ley del consumidor. Además, existe una confusión, porque el juicio ejecutivo lo tramita siempre un tribunal de letras de mayor cuantía. El proyecto de ley nos introduce en el juicio ejecutivo, pero al mencionar la ley sobre protección del consumidor, nos remite al juez de policía local. Entonces ¿cuál va a ser el tribunal competente? Aquí hay también una cuestión de competencia, la cual no puede estar implícita. Se trata de un concepto de orden público y, en consecuencia, tiene que estar expresamente señalado en la ley.
De ahí que cuando se señala que “las tercerías a que den lugar los juicios iniciados por deudas impagas de créditos obtenidos para el financiamiento de operaciones de consumo de que trata esta ley se tramitarán breve y sumariamente, y cuando sean acogidas se condenará siempre en costas al acreedor”, mi pregunta es: ¿cuál es el juez competente? ¿El juez de policía local o el juez de letras? Eso no está resuelto en la iniciativa. O hay una modificación respecto de la competencia y procedimiento del juicio ejecutivo, o bien queda toda esta confusión, la cual originará las más abstrusas teorías para ver cómo se resuelven los problemas planteados en el proyecto.
Por otro lado, en lugar de beneficiar al tercero afectado que interpone una tercería, se lo perjudica. En efecto, la tercería de posesión, que es justamente la que le corresponde interponer, se tramita en forma incidental -la de dominio es la única en que se sigue por los trámites del juicio ordinario-, y acá se nos dice que su acción se tramitará conforme al procedimiento sumario. Si yo comparo la vía incidental y el procedimiento sumario, no me cabe la menor duda de que este último es mucho más largo, demoroso y costoso que el incidental.
Ya he sumado cuatro perjuicios que sufrirá el tercero si el proyecto se aprueba en la forma presentada.
La iniciativa tampoco ha sido estudiada adecuadamente. Recuerdo que en 1995 estuve en una comisión mixta, en la cual, de alguna manera, se tocó el punto que pretende resolver este proyecto. El 20 de septiembre de 1995 se dictó la ley Nº 19.411 -iniciada en moción del colega Aníbal Pérez y del ex diputado Luis Valentín Ferrada -, que modificó el artículo 450 del Código de Procedimiento Civil, relativo al embargo en el juicio ejecutivo. La enmienda introducida dice que el ministro de fe que practique el embargo “dejará constancia de toda alegación que haga un tercero invocando la calidad de dueño o poseedor del bien embargado”.
Esto no existía antes de 1995, y hoy, si alguien va a embargar y lo colocamos en la hipótesis planteada por el diputado Errázuriz , este tercero tiene el derecho de decir ahí mismo al receptor: “Señor, estos bienes que usted está embargando no son del deudor, sino míos”; o bien: “Yo soy el poseedor de esos bienes, porque estoy arrendando esta casa y, por consiguiente, se presume que soy el dueño de todo lo que la guarnece”. En definitiva, es la tercería de posesión.
Y más adelante, en el inciso final, este mismo artículo dice: “Toda infracción a las normas de este artículo hará responsable al ministro de fe de los daños y perjuicios que se originen y el tribunal, previa audiencia del afectado, deberá imponerle alguna de las medidas que se señalan en los números 2, 3 y 4 del artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales”, que se refieren a las sanciones que se aplican a los funcionarios auxiliares de la administración de justicia.
En resumen, acá se pretendió beneficiar al tercero, pero éste, de aprobarse el proyecto, resultaría perjudicado, como creo haberlo demostrado.
Aquí también se entra en pugna respecto de lo que es el domicilio, definido en el Código Civil como: “la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella”. O sea, el domicilio es un concepto jurídico, no un lugar necesariamente físico, de modo que una persona puede tener varios domicilios y, en consecuencia, es innecesario proponerse uno, porque el artículo 443, Nº 1º, del Código de Procedimiento Civil, que se refiere justamente al mandamiento de ejecución, expresa que la designación del domicilio tiene que hacerse “por el deudor dentro de los dos días subsiguientes a la notificación, o en su primera gestión”, de acuerdo al artículo 49 de este mismo cuerpo legal.
Entonces, acá nos encontramos con una abierta antinomia entre lo que propone el proyecto y lo prescrito actualmente en el Código de Procedimiento Civil.
La iniciativa legal establece que será de responsabilidad del acreedor verificar el domicilio del deudor. En el terreno práctico, el acreedor tendrá cinco días para cumplir esa obligación. No me cabe la menor duda de que esa disposición retrasará enormemente el tráfico de los bienes en nuestro país. El comercio resultará perjudicado, porque si alguien va a comprar un terno, una juguera o cualquier artefacto de uso común en la casa, no se lo entregarán, pues tendrá que esperar cinco días para la verificación de su domicilio y, después, perfeccionar la negociación. Esto contraría la rapidez con que hoy se están ejecutando los actos de comercio. ¿Cómo podría hacerse una operación de esta especie con la actual tecnología o a través de internet? Se paralizaría prácticamente todo el comercio.
No entiendo cómo esta iniciativa favorecerá la rapidez de los actos de comercio, que a veces se ejecutan por teléfono o por otros medios, sin dejar constancia escrita. La compraventa de bienes muebles, por ejemplo, se realiza en forma verbal, no por escritura pública ni tampoco se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces. Lo que sucede es que no existe la cultura tributaria de conservar la boleta o factura por esas compras. Atendida la modificación de l995, si una persona protesta frente a un embargo y, además, presenta la boleta o factura de la compra de los bienes, probaría rápidamente, en forma incidental, que es dueña de las especies o, al menos, poseedora de las mismas.
Esta alteración del principio de la autonomía de la voluntad, en que se obliga al acreedor a verificar el domicilio, no es adecuada. Comparto el objetivo del proyecto, pero solicito que vuelva a Comisión para un segundo estudio, a fin de perfeccionarlo, atendidas las observaciones que he formulado.
Señor Presidente, por su intermedio concedo una interrupción al diputado señor Errázuriz .
Tiene la palabra el señor Errázuriz , en su calidad de diputado informante.
Señor Presidente, sólo para señalar que no hay nada contradictorio en el proyecto, pues al acreedor se le hace responsable de los daños o perjuicios que afecten al tercero con motivo de una falsedad en la indicación del domicilio del deudor. El acreedor asume el riesgo si no verifica el domicilio del deudor y presume que es el que éste le proporciona.
Se observó que no se sabe si el tribunal conocerá la causa de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley Nº l9.496, sobre protección al consumidor, o con el procedimiento ordinario del juicio en que se tramitan las tercerías. Quiero precisar que el artículo 1º se refiere a “los créditos que se otorguen para el financiamiento de operaciones de consumo regulados por la ley Nº l9.496”, pero no señala que el procedimiento será el previsto en dicha ley. Es evidente que las tercerías a que den lugar los juicios se tramitarán en los juzgados de letras que corresponda.
Plantear que el ministro de fe tendrá responsabilidad en lo que diga el dueño de la casa en que se van a embargar los bienes, no me parece adecuado. Si éste afirma que las cosas que hay en ella no son del deudor, sino de él, que es el suegro o el padre, el ministro de fe toma nota de ello; pero ¿cómo se le puede hacer responsable de la veracidad de las declaraciones que formule el dueño de casa?
En cuanto a que el comercio será perjudicado por la demora y a la posibilidad de agilizar sus operaciones, en verdad el objetivo del proyecto no es agilizarlo, sino dar alguna seguridad al acreedor. Por eso, si está tan ansioso por vender, debe tener en cuenta que si no verifica el domicilio tendrá que responder en caso de que se ocasionen perjuicios a terceros.
Por último, a mi juicio, lo más tranquilizador es que la Confederación Nacional del Comercio Detallista y Turismo, por intermedio del presidente de la entidad en Valparaíso, señor Óscar Hormazábal , y el Servicio Nacional del Consumidor, Sernac , estuvieron absolutamente de acuerdo con la iniciativa.
Concuerdo en que el proyecto se puede enriquecer en todo lo que sea menester; a lo mejor, no vamos a solucionar todos los problemas, pero se trata de dejar las cosas mejor de lo que están en este momento.
Agradezco al diputado señor Vilches la interrupción que me concedió.
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Vilches .
Señor Presidente, el proyecto en estudio tiene por objeto resolver el problema que se presenta en un porcentaje de la comunidad que compra y no responde por los créditos que se le han concedido.
Quiero sumarme a lo expuesto por el diputado señor Elgueta en cuanto a que el tema requiere mayor debate.
En el informe aparece la exposición del fiscal nacional económico, señor Francisco Fernández , quien califica de plausible la iniciativa, porque permite actuar preventivamente para evitar situaciones injustas que se generan por falta de diligencia del acreedor, que ante la expectativa de acrecentar sus ventas por la vía de otorgar créditos a los compradores, a veces no discrimina y lo otorga a personas irresponsables, lo que se traduce en una morosidad imposible de cobrar, porque son inubicables.
Todos los que hemos tenido ocasión de ser comerciantes conocemos esta materia.
Me parece que el tiempo -que es dinero- y la tramitación para constatar los domicilios y otorgar los créditos hacen casi imposible llevar a la práctica esta moción. Creo que es necesario tener un instrumento -presentaré una indicación al respecto- respaldado por el Estado, en el cual se acredite el domicilio de las personas. Todos poseemos una cédula de identidad que nos individualiza y hace responsables por nuestros actos. A lo mejor, si el domicilio quedara estampado en ese documento, se avanzaría en el objetivo de garantizar los efectos de celebrar contratos y solicitar créditos. Tal como se ha dicho, hay personas que tienen dos, tres o cuatro domicilios, en distintas ciudades, lo cual hace casi imposible a las empresas acreditarlos, pues se requiere de mucho tiempo e implica un alto costo. Por otra parte, las personas que quieran engañar, encontrarán siempre la forma de hacerlo. Entonces, debemos legislar para las grandes mayorías, las que, en este caso, saldrían perjudicadas, porque el proyecto establece una normativa que obstruirá más que agilizará el trámite de otorgar créditos y acreditar domicilio.
En síntesis, lo que he señalado sería mi colaboración; y, como es lógico, las personas que requieran cambiarse de domicilio, también tendrían que informar sobre ello para que en la cédula de identidad se estampe dicho cambio.
Finalmente, es bueno que el proyecto se discuta un poco más, para que se transforme realmente en un apoyo al comercio más que en una dificultad para los comerciantes y sus clientes.
Se han inscrito dos señores diputados para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra la honorable diputada señora Laura Soto .
Señor Presidente, en realidad, la inspiración del proyecto es buena, porque resolvería casos patéticos. Me ha tocado conocer situaciones de mamás de muy buena voluntad que, para operaciones crediticias, prestan domicilios a estudiantes que son compañeros de sus hijos, y, llegado el momento, les embargan los bienes. Eso es un drama. Lo comprendo y es una situación que me preocupa y que debemos abordar.
Como se ha dicho en la Sala fundadamente, hemos de legislar para la gran mayoría y buscar el modo de defender a las personas que pueden verse obligadas a interponer una tercería de dominio, complicada, que debe ser tramitada en los tribunales de justicia y con un procedimiento que, aunque sea rápido, toma tiempo e irroga gastos.
Pero me parece que, aunque hay buena intención, el resultado será malo; porque, aunque no nos guste, en la actualidad la gran mayoría de la gente accede precisamente a créditos de consumo o compra en las grandes tiendas que operan con tarjetas especiales. Como se dice con razón, la cédula de identidad es un buen instrumento para acreditar el domicilio.
Creo que se incurre en error cuando se dice que hay varios domicilios. Hay varias residencias, pero el domicilio es uno solo: el que está estampado en la cédula de identidad, lo que debiera dar garantía a quien está otorgando el crédito. Si se dan cinco días para verificarlo, emergerá la burocracia y no se concederán los créditos de consumo. Al final, para la gran mayoría, sobre todo la más vulnerable, la que tiene necesidad de acceder a bienes imprescindibles, esto será sal y agua.
Por eso, lo natural y obvio sería que volviera a la Comisión para estudiar todas aquellas cuestiones que pueden entorpecer un proyecto que, como dije al principio, es muy bienintencionado.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Jaime Rocha .
Señor Presidente, todos hemos compartido la apreciación de que este proyecto está bien inspirado. Quienes hemos ejercido la profesión de abogado durante mucho tiempo, sabemos la importancia de resolver este problema. Por ejemplo, el caso que citó la diputada señora Laura Soto es real. En muchas oportunidades, en la vida profesional me ha correspondido conocer el drama de personas que han arrendado una propiedad y se han visto expuestas a embargos por deudas de los arrendatarios, incluso cuando éstos se han ido, lo que es mucho peor.
También hay situaciones inexplicables. Recuerdo haber atendido en mi vida profesional a un cliente que recibió un cheque de un deudor de Concepción, cuyo domicilio registrado en el banco, el cual obviamente él no podía conocer, era Punta Arenas. Reclamé a la Superintendencia de Bancos, exigiendo mayor rigurosidad en la comprobación de los domicilios, y la respuesta fue que acusaban recibo de la carta y que harían lo posible por resolver el tema. Nunca lo han hecho.
Una serie de problemas suscitados en la vida comercial alguna vez deberían ser asumidos. Creo que, en ese propósito, el diputado señor Errázuriz presentó este proyecto, que, lamentablemente, por la forma en que ha sido elaborado y aprobado por la Comisión, no merecerá la aprobación, por lo menos de esta bancada.
De la lectura rápida del proyecto, se infieren situaciones que me llaman la atención. Por ejemplo, dice que el acreedor tendrá un plazo de cinco días para constatar el domicilio. “Transcurrido dicho plazo y verificado el domicilio, se procederá a otorgar el crédito”.
La pregunta que surge de este enunciado es la siguiente: ¿Cómo se verifica el domicilio? ¿Qué sistema se ha ideado para que quede constancia de que el domicilio ha sido legalmente verificado? ¿Acaso se hará mediante una declaración jurada del acreedor que diga que comprobó el domicilio, o, por ejemplo, mediante una información de perpetua memoria, en la cual dos testigos indicarán que les consta que desde hace algún tiempo el domicilio del deudor es tal o cual? ¿O acaso mediante una información sumaria de testigos al estilo de los juicios criminales? ¿Qué pasará cuando durante la ejecución de esta operación comercial el deudor cambie de domicilio? Esa situación ni siquiera está mencionada. ¿O se le prohibirá que se cambie de domicilio mientras dura el cumplimiento del contrato?
La gran cantidad de inquietudes e interrogantes que surgen de esta buena idea nos llevan a considerar el proyecto, sólo por ahora, como una iniciativa loable, pero que no puede merecer la aprobación de la Cámara de Diputados. No olvidemos que nuestra proposición de ley será revisada por el Senado. En muchas oportunidades hemos estado expuestos a la incomodidad de que el Senado nos llame la atención, aun sin decirlo, porque legislamos en forma inadecuada. La opinión pública, que nos mira mucho y nos critica bastante, también tiene los ojos puestos en lo que estamos haciendo. Creo que hoy no podemos, con precipitación y sin el rigor que la materia exige, aprobar un proyecto como éste, que tiene trascendencia, que, sin duda, está bien inspirado, pero que no logrará los efectos que se propuso su autor.
Tiene la palabra el diputado señor Errázuriz .
Señor Presidente, atendidas las observaciones formuladas al proyecto, ellas recaen sobre una serie de aspectos subsanables, por lo que propongo que vuelva a Comisión, a fin de enriquecerlo con las propuestas de la diputada señora Soto y de los diputados señores Rocha , Elgueta y Vilches .
Nadie discrepa del buen propósito del proyecto; sólo de algunos aspectos puntuales. Entonces, la forma de mejorarlo se obtiene mediante mi proposición.
Si le parece a la Sala, dejaremos pendiente la votación el proyecto, con el objeto de enviarlo a la Comisión para los efectos de que elabore un segundo informe.
A continuación, corresponde conocer las observaciones de su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que modifica el artículo 158 de la ley general de Pesca y Acuicultura para excluir a las zonas marítimas del sistema de áreas protegidas por el Estado.
Diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca es el señor Pedro Pablo Álvarez-Salamanca.
-Informe de la Comisión de Agricultura sobre el veto, sesión 32ª, en 31 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 11.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Pedro Pablo Álvarez-Salamanca.
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca, informo, en conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y en los artículos correspondientes del Reglamento interno de la Corporación, sobre la observación formulada por su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que modifica el artículo 158 de la ley general de Pesca y Acuicultura para excluir a las zonas marítimas del sistema de áreas protegidas del Estado.
El proyecto de ley observado, de origen en una moción del senador señor Antonio Horvath, sustituye dicho artículo, con el objeto de excluir a las zonas lacustres y fluviales que integren el sistema nacional de áreas silvestres protegidas por el Estado de toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura.
Al mismo tiempo, permite “el uso de porciones terrestres que formen parte de reservas nacionales y forestales para complementar las actividades marítimas de acuicultura, previa autorización de los organismos competentes”. A esto se refiere específicamente el artículo 158, que se modifica.
Por oficio del 24 de julio de 2000, el Presidente de la República formuló una observación sustitutiva del texto descrito, en atención a las siguientes consideraciones:
El sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado establece diversos tipos de categorías de manejo. Unas, por definición, no admiten intervención o alteración de ninguna especie del sistema que protegen, tales como los parques nacionales y las reservas de regiones vírgenes, mientras que otras permiten un grado controlado de intervención, como las reservas nacionales.
El Gobierno considera que la norma debe referirse exclusivamente a la explotación de las zonas marítimas ubicadas en las reservas nacionales y reservas forestales, y no a las zonas marítimas ubicadas en otras áreas del sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado que el proyecto propone. Ello, por una parte, porque de comprender los parques nacionales y las reservas de regiones vírgenes se infringiría la Convención de Washington, tratado internacional al cual Chile se encuentra adscrito; por otra, porque de no corregirse el proyecto de ley se generaría, por la infracción indicada, la obligación de reclasificar los parques nacionales existentes que sean afectados por la explotación marítima, lo que, obviamente, no es el propósito perseguido por la nueva ley.
Estudiados estos antecedentes, el Senado aprobó por unanimidad la observación propuesta por su Excelencia el Presidente de la República.
La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca, coincidiendo con la argumentación del Ejecutivo y teniendo en especial consideración que esta observación fue aprobada unánimemente por las Comisiones unidas de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, y de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, con el voto conforme de su autor, el senador Horvath, aprobó por unanimidad la observación formulada.
Por las razones expuestas, la Comisión de Agricultura recomienda a la Sala aprobar el veto del Presidente de la República en los mismos términos en que lo hizo el Senado y cuyo tenor es el siguiente:
“Artículo 158.- Las zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, quedarán excluidas de toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura.
“No obstante, en las zonas marítimas que formen parte de Reservas Nacionales y Forestales, podrán realizarse dichas actividades.
“Previa autorización de los organismos competentes, podrá permitirse el uso de porciones terrestres que formen parte de dichas reservas, para complementar las actividades marítimas de acuicultura”.
La lectura del boletín comparado me suscita una duda que no quiero dejar de exponer.
El veto dispone: “Las zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, quedarán excluidas de toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura”. Sin embargo, su inciso segundo establece: “No obstante, en las zonas marítimas que formen parte de Reservas Nacionales y Forestales, podrán realizarse dichas actividades”.
De lo anterior se desprende que hay una contradicción entre la protección que se otorga al sistema nacional de áreas silvestres protegidas por el Estado y lo que se está indicando en el segundo inciso, en virtud del cual se autoriza realizar actividades pesqueras extractivas y de acuicultura.
Estimo que la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente debiera interesarse y revisar este problema.
Es cuanto puedo informar a su Señoría.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Rafael Arratia.
Señor Presidente, intervengo en la discusión del veto, porque considero que detrás del proyecto de ley se esconden situaciones tremendamente peligrosas para la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales del país.
En este momento, las áreas que se ponen en cuestión -independientemente de lo que diga el veto-, representan el 99 por ciento de las zonas marítimas protegidas del país. Ello significa que más de 40 mil kilómetros de canales y de territorio marítimo quedan expuestos a una grave agresión y que los parques nacionales, las reservas nacionales y las reservas forestales se transforman en zonas vulnerables, donde pueden construirse caminos e instalaciones industriales de cualquier tipo para la explotación acuícola o pesquera.
Mi conciencia no quedaría tranquila si hoy no digo que se ha cometido un error al haberse estudiado este proyecto, desde su inicio, a espaldas de la Comisión que debió haberlo analizado: la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que debería haber sido llamada en primer lugar para opinar sobre este tema; sin embargo, es la única que no fue consultada.
Más grave aún: hace 15 días me reuní con el ministro de Bienes Nacionales y con otras autoridades, quienes me manifestaron que su Ministerio tampoco había participado en este estudio. Si dicho Ministerio, bajo el cual está la tuición de estas áreas, no tiene conocimiento del problema, ¡ello significa que estamos en una situación compleja!
Hemos consultado a la Conama al respecto, la que nos ha contestado exactamente lo mismo.
Esta situación se ve mucho más agravada todavía si consideramos que solamente en la Undécima Región -que tiene vocación turística por esencia, al igual que la Duodécima-, están pendientes 1.800 solicitudes para realizar actividades de acuicultura. Si se autoriza tal cantidad de solicitudes, duplicaremos, prácticamente, todas las instalaciones de acuicultura existentes hoy día en Chile, con lo que extinguiremos el 99 por ciento de las áreas marítimas que forman parte del sistema nacional de áreas silvestres protegidas del país.
¿Es eso lo que queremos para nuestros hijos? ¿Esa es la situación a la que aspiramos? ¿Por qué no ponemos en un justo equilibrio la generación de trabajo con la preservación del medio ambiente? ¿Por qué tienen que contraponerse ambos conceptos?
Lo más grave es que, detrás de esas 1.800 solicitudes de acuicultura, de acuerdo con la información que poseo, 300, al menos, han sido formuladas por una sola empresa, lo cual estaría indicando que, además, hay un problema económico, un monopolio que va a atentar gravemente contra la sustentabilidad de los recursos marinos y, también, del medio ambiente. Cada una de las reservas nacionales marinas y cada una de las reservas forestales van a poder ser vulneradas, y si se autorizan las 1.800, nada más que en la Undécima Región se van a construir, al menos, 1.800 caminos y a levantar 1.800 instalaciones industriales, no sólo en las reservas nacionales marinas, sino en las de tierra firme, porque la ley lo permite.
Hay una situación más grave todavía, que no puedo dejar pasar. La Cámara de Diputados, con el apoyo de todas las bancadas políticas, ha solicitado un informe a la Subsecretaría de Pesca porque se estarían autorizando proyectos de acuicultura que transgreden lo que dispone expresamente el artículo 10 de la ley Nº 19.300, sobre bases generales del Medio Ambiente, que establece en forma obligatoria el estudio de impacto ambiental para todas las explotaciones acuícolas. Además de ser inconstitucional, esto atenta gravemente contra el proyecto vocacional de algunas regiones del país y contra el espíritu de la ley Nº 19.300, lo que no podemos permitir.
Este es un problema grave. Sin estar en discordancia con lo que plantea el veto del Ejecutivo, si hoy no somos capaces de rechazarlo, de postergar su análisis y de reestudiar el proyecto nuevamente, pasando, en primer lugar, por el Ministerio de Bienes Nacionales, por la Conama y por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, vamos a cometer un crimen ecológico contra nuestros hijos, contra el país, y no voy a aceptarlo ni a responsabilizarme por eso.
Estoy dispuesto a que en la zona en cuestión se hagan explotaciones sustentables, que haya proyectos acuícolas, pero sentémonos a la mesa y regulémoslos; no demos carta blanca para realizar, sin limitaciones, cualquier tipo de explotación.
Nos va a suceder exactamente lo mismo -de lo cual hoy nos lamentamos- que en los derechos de agua, que están en manos de unos pocos y, lo que es más grave, de empresas extranjeras. ¿Queremos que las reservas acuícolas las conceda el Estado a título gratuito a empresarios extranjeros, a empresarios monopólicos? Al respecto, les recuerdo que 300 solicitudes han sido formuladas por una sola empresa.
¡Yo no asumo esa responsabilidad! Estoy dispuesto a sentarme a la mesa a estudiar el tema. Además, los diputados de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, de todos los colores políticos, no estamos dispuestos a avalar esa situación, porque este no es un problema político, de partidos. Esto va mucho más allá: es la conservación de los recursos naturales del país para nuestros hijos.
Por eso, formalmente pido que el veto sea rechazado, no porque esté en desacuerdo con el fondo, sino porque la tramitación del proyecto de ley ha adolecido de graves falencias y carencias. A mi juicio, ni la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara ni la mayoría de los diputados están dispuestos a aceptarlo.
Solicito a mis amigos diputados presentes, de todos los partidos -que saben que mi postura política ha sido respetuosa con todas las colectividades representadas en la Cámara, ya que nunca he forzado una situación, nunca he presionado ni nunca he sido desleal con ningún parlamentario; por el contrario, siempre he defendido los derechos de la Cámara y de los diputados, su honra y dignidad-, que frente a un hecho que compromete a la nación completa, a cuarenta mil kilómetros de áreas marítimas silvestres protegidas -el 99 por ciento de las áreas silvestres protegidas marítimas del país-, que, por favor, apoyen nuestro rechazo al veto para que la materia se vuelva a estudiar en forma adecuada, de manera que la explotación sea derechamente sustentable y no vaya en perjuicio de nuestros hijos y nietos, es decir, de las generaciones futuras.
Tiene la palabra el diputado señor Sánchez.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer mías todas las expresiones vertidas por mi colega y amigo, diputado señor Arratia. ¡Tiene toda la razón!
Quiero extenderme en un par de aspectos muy relevantes, en la misma dirección indicada por él.
“El Estado administrará un sistema nacional de áreas silvestres protegidas, que incluirá parques y reservas marinas, con el objeto de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”. Así dice el artículo 34 de la ley Nº 19.300, sobre bases generales del Medio Ambiente, en la parte relacionada con el sistema de áreas silvestres protegidas del Estado.
Sin embargo, esa ley va más allá: también incluye parques, reservas marinas y, además, las áreas silvestres de propiedad privada. Prevé, asimismo, y exige el establecimiento de un procedimiento de clasificación de las especies de flora y fauna, un inventario de las mismas e impone el control sobre ellas a las autoridades competentes.
Finalmente, el conjunto de estas disposiciones lo completa una escueta norma que impone a la ley velar por el uso racional del suelo, a fin de evitar su pérdida y degradación. Esto, en términos bastante amplios.
El sistema nacional de áreas protegidas del Estado, no obstante que en algunas de ellas puede estar sobrerrepresentado, en otras está subrepresentado, en particular, en lo que dice relación con las áreas que tienen que ver con zonas lacustres y de mar, como borde costero, ensenadas, bahías, etcétera, incluidas dentro del sistema de áreas silvestres protegidas, que protegen la tierra, que incluye, rodea o engloba partes de mar, bahías, canales o, simplemente, de lagos.
Dicho sistema nacional debe estar complementado por los reglamentos pertinentes que, a la fecha, no existen, a pesar de exigirlo el artículo 34 de la ley Nº 19.300, a que he hecho alusión, pero sin fijar plazos para ello, lo que es una grave falencia.
El sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado está integrado por categorías de manejo: reservas de regiones vírgenes, parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales.
La Convención para la protección de la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de América -tema no menor- fue suscrita por el Gobierno de Chile el 12 de octubre de 1940 en Washington -ya lleva 60 años de antigüedad- y es ley de la República desde su promulgación, el 23 de agosto de 1967.
En uno de sus artículos señala:
“Los Gobiernos Contratantes convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad legislativa competente. Las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales”.
Aquí claramente empezamos a aterrizar en el tema que aborda el proyecto y el veto consiguiente del Ejecutivo. Por lo tanto, es inconstitucional desafectar por la vía del decreto supremo espacios que dicen relación con el sistema de áreas silvestres protegidas del Estado. Cabe agregar que, de todas maneras y sin ninguna duda, la desafectación por decreto, legitimada por ley, comprometería la responsabilidad internacional del Estado chileno por desconocimiento expreso de un compromiso internacional. Adicionalmente, existe la obligación del Estado de respetar, como ley de la República, los convenios aprobados y ratificados por los países signatarios.
Asimismo, Chile ha suscrito la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, publicada en el Diario Oficial de 12 de mayo de 1980, y la Convención sobre Diversidad Biológica, promulgada como ley de la República el 28 de diciembre de 1994. Esta última reviste singular relevancia en materia ambiental. Describe área protegida como “un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación”.
Entre las obligaciones a que nos somete esta legislación, figura lo siguiente:
Los estados comprometidos, entre ellos Chile, deben identificar los componentes de la diversidad biológica que sean importantes para su conservación y utilización sostenible.
Los estados comprometidos deben identificar las actividades que tengan o puedan tener efectos perjudiciales para la diversidad biológica.
Los estados deben establecer un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica, etcétera.
Mi intención no es cansar a la Sala con argumentos, sino que sólo dar fuerza a lo que voy a decir a continuación:
El proyecto que nos ocupa, correspondiente a una moción del senador Antonio Horvath -representante, al igual que yo, de la Undécima Región de Aisén-, se inspira en la necesidad de permitir, con ciertos resguardos, el desarrollo de actividades pesqueras y acuícolas en áreas marítimas insertas en las áreas silvestres protegidas.
El texto aprobado por el Congreso ha sido vetado -con razón- por el Presidente de la República, pues el Ejecutivo ha advertido que las disposiciones aprobadas tienen fuerte impacto sobre el conjunto de las áreas silvestres protegidas del Estado; esto es, sobre los parques nacionales, las reservas de zonas vírgenes y las denominadas reservas nacionales y forestales, todas administradas por la Corporación Nacional Forestal.
Desde el punto de vista jurídico, el sistema de protección de áreas silvestres de Chile está compuesto por un complejo dispositivo de normas internas y, además, por la normativa internacional que he señalado.
Esta moción, que, reitero, se orienta a expandir el uso productivo de las aguas costeras, especialmente de la zona austral, tiene efectos más allá de lo prudente, y por ello el Ejecutivo, con justa razón, la ha observado; pero se ha quedado corto. Creo que no ha sido suficiente el hecho de considerar sólo la posibilidad de desarrollar actividades comerciales, turísticas y de otra índole en reservas nacionales y forestales sin comprender a los parques nacionales. Insisto en que el veto es insuficiente, y en la gravedad que significa incorporar a la posibilidad de desarrollo, sin un estudio adecuado, áreas de reproducción importantísimas, de reclutamiento de especies acuícolas y marítimas me refiero a todas las clases de merluza y bentónicas; al erizo, a la ostra, al loco, las cuales son fundamentales para el desarrollo económico actual y, potencialmente, del futuro.
Simplemente, las condiciones en que se plantea el veto me obligan a rechazarlo.
Es más. En el veto, en el artículo 158 se aprecia una contradicción muy grave, por cuanto su inciso primero establece: “Las zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, quedarán excluidas de toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura.”, y en seguida, su inciso segundo dispone: “No obstante, en las zonas marítimas que formen parte de Reservas Nacionales y Forestales, podrán realizarse dichas actividades”. Creo que hay un error. La modificación no ha sido suficientemente estudiada y ponderada, y lo más sensato, responsable -adicionalmente a lo que señaló el diputado Arratia -, es rechazar el veto del Ejecutivo. No podemos jugar con áreas que no están suficientemente representadas en el país y que son tremendamente relevantes en cuanto a su potencial para mantener los ecosistemas y la biodiversidad de especies, aunque económicamente sea muy importante incorporar su explotación.
Distinto es -no lo dice explícitamente el proyecto- permitir, en un sector de áreas silvestres protegidas del Estado, la construcción de un muelle para que desembarque un pescador con sus productos a incorporar toda el área al sistema de explotación económica. Me parece una tremenda imprudencia porque tenemos zonas que han sido poco estudiadas o conocidas y que presentan gran potencialidad económica.
Por último, quiero decir que, además, me parece extremadamente grave que el proyecto no fuera analizado por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara.
Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al diputado señor García-Huidobro.
Con mucho gusto, señor diputado; pero quedan cuatro diputados inscritos para referirse al proyecto -que, como hemos podido apreciar, es bastante interesante- e, igualmente, cuatro minutos para el término del Orden del Día.
No hay acuerdo para prorrogar el tiempo; por lo tanto, hoy no podríamos despachar el veto.
Puede hacer uso de la interrupción el señor García-Huidobro.
Señor Presidente, el proyecto es muy importante y al respecto tenemos una serie de inquietudes y consultas que plantear al Ejecutivo; pero no está presente el ministro de la cartera. Por eso, si existiera unanimidad, podría enviarse nuevamente a la Comisión para una mayor discusión.
Señor diputado, le informo que no corresponde enviar un veto del Presidente de la República a Comisión, sino que la Sala sólo debe pronunciarse a favor o en contra.
Recupera la palabra el diputado señor Sánchez.
Señor Presidente, entonces, en esas condiciones, quiero plantear, en aras del tiempo y con mucho respeto, el rechazo del veto del Ejecutivo.
Tiene la palabra el diputado señor Bartolucci para hacer presente una cuestión de Reglamento.
Señor Presidente, como su Señoría señala, normalmente el veto viene directo a la Sala; pero, por acuerdo de los señores diputados, podría enviarse a la Comisión respectiva. Así ocurrió con el veto al proyecto de ley de prensa que estamos estudiando en la Comisión de Constitución. Entonces, si es preferible abrir una instancia de conversación y de análisis para tratar de no rechazar el veto, sino ver a qué acuerdo se puede llegar -como lo hemos hecho en más de una oportunidad con otros vetos-, puede que valga la pena, con el acuerdo de la Sala, enviarlo a la Comisión.
Señor diputado, quiero recordarle que el veto ya fue conocido por la Comisión de Agricultura; no puede haber modificación y solamente corresponde pronunciarse acerca de él.
Señor Presidente, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca es especializada y no está ajena a los temas medioambientales. Si se considera que parte importante de los proyectos de ley dicen relación con impactos medioambientales, la Comisión de Medio Ambiente tendría que conocerlos todos.
Todos los aspectos que se han planteado en esta sesión fueron analizados exhaustivamente en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca de la Corporación, con la presencia de representantes de la Subsecretaría de Pesca y autoridades competentes. Tuvimos los informes a la vista y hay una serie de visiones apocalípticas de los diputados señores Arratia y Sánchez, que no corresponden a la realidad. Obviamente, los señores diputados presentes podrán comprender que si su Excelencia el Presidente de la República, su Gobierno y las Comisiones técnicas específicas -no ajenas al tema ambiental- del Senado y de la Cámara han estudiado la materia, me parece -perdonen lo que voy a decir- un poco soberbio pensar que tan altas autoridades, desde el Presidente de la República para abajo, tengan intenciones depredadoras sobre las reservas forestales del país. Es poco serio hacer planteamientos como ésos. Repito que la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca lo ha analizado y sería bueno que los señores diputados que han hecho críticas fuertes, al menos, antes de emitir expresiones como las vertidas en esta Sala, leyeran los informes de la Comisión, el trabajo que se desarrolló, las personas que expusieron y los elementos tenidos a la vista.
En el fondo, no está en juego una posible afectación sobre los parques nacionales y sobre el patrimonio que, por su calidad de tal, no permiten intervenciones de naturaleza alguna. El proyecto está orientado en esa dirección. Resguarda y mantiene esa potestad. No hay riesgo de que las concesiones que se autoricen el día de mañana pudieren afectar a los parques nacionales.
Hace bien el Ejecutivo en distinguir dos categorías en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas: una que, por definición, no permite intervención o alteración de ninguna especie, tal como sucede con los parques nacionales y las reservas...
Diputado señor Melero, ha terminado el tiempo del Orden del Día y no hay acuerdo para prorrogarlo. Puede concluir su intervención o dejarla pendiente para la próxima sesión.
Señor Presidente, terminaré la idea y dejaré pendiente el resto.
Lo único que quiero decir es que hay dos categorías, y esto se relaciona con la categoría inferior, como son las reservas forestales y marítimas, que es lo que se está resguardando. No hay contradicción en la redacción del artículo 158 propuesto por el Ejecutivo, porque en muchos proyectos de ley se establece la norma general y después las excepciones. Así es, por ejemplo, en la ley de pesca respecto de la reserva de las cinco millas, que dice que no se permitirá actividad industrial en la reserva artesanal. No obstante, su artículo 47 dice que no habiendo actividad artesanal, se permite. La norma general es general; después, por la vía de un “no obstante”, dice que se puede. De ese modo se establece en todos los cuerpos legales.
Además, esto debe ser previa autorización de los organismos competentes, es decir, de todas las entidades aquí mencionadas, entre ellas, por ejemplo, la Conama, que realiza el estudio de impacto ambiental.
Señor Presidente, en la próxima sesión entregaré una intervención más profunda sobre el tema. Pero, reitero, muchos de los temores señalados carecen de fundamento; la iniciativa fue debidamente estudiada y no es necesario que vaya a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.
Señor Presidente, solicito que se oficie a la ministra de Mideplan para que informe sobre el resultado del sumario seguido al ex presidente del Instituto Nacional de la Juventud de La Serena.
He formulado una serie de solicitudes y, hasta la fecha anterior a la que se me informó, aún no se había cerrado el sumario y era probable que esto ocurriera en septiembre.
Transcurrido este mes, solicito a la ministra que me remita el sumario. En caso contrario, que diga el motivo de su dilación.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Rojas.
Señor Presidente, hoy, a las 9.30 horas, me enteré de que la ministra de Salud se encuentra en mi distrito y que anunció la construcción de un hospital y otras cosas más, sin que el parlamentario que habla fuera invitado al acto correspondiente.
Al respecto, manifiesto mi reclamo por esta repetida y permanente conducta de las autoridades provinciales. Por ejemplo, como si el derecho a invitar le correspondiera a ella, la gobernadora de la provincia de Huasco no me invita a las inauguraciones de obras realizadas con recursos del Estado y a las cuales los funcionarios asisten en vehículos con bencina que también es financiada por el Estado.
Quiero decir a la ministra, a la gobernadora y a los otros funcionarios que el día en que fui elegido parlamentario en forma democrática, me gané el derecho de asistir a las inauguraciones y actos efectuados con recursos fiscales. Y que cuando me marginan, en una actitud sectaria, no me ofenden a mí, sino a los miles de electores que votaron por mí. ¡Así se pudre la democracia! ¡Así es como la destruimos en otras épocas!
Lamento la situación y el verme obligado a denunciar este hecho aquí, pero no es la primera vez que ocurre. De manera permanente, se invita sólo a un sector, al diputado de la Concertación, marginando al de Oposición. Un país no se construye así; si queremos hacer democracia, éste no es el camino; no es la democracia que conozco ni a la que he contribuido cuando he desempeñado cargos públicos, cuando me ha tocado presidir comisiones aquí en la Cámara, cuando he tenido la autoridad.
La gente ha elegido a las autoridades de Gobierno no para que se les paguen las indemnizaciones de las que hemos tenido conocimiento ni para que marginen a quienes no piensan igual a ellas. No es delito tener un pensamiento distinto al del Gobierno ni habilita para no invitar a las inauguraciones a los parlamentarios de la Oposición.
Pido que se envíe oficio al señor Insulza, jefe de gabinete, a fin de representarle mi disconformidad con esa actitud.
Creo que esta situación le pasa a muchos parlamentarios y no reclaman. Pero yo me cansé de ello y digo ¡basta de tener un país partido por la mitad, donde la gente de Gobierno se aprovecha de sus beneficios y los opositores debemos quedarnos mirando!
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI, y de los diputados señores Jaramillo , Sánchez , Arratia , Reyes, Jarpa , señoras Laura Soto , Eliana Caraball y Marina Prochelle , y señores Mora, Rojas , Masferrer y Van Rysselberghe .
Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Renovación Nacional.
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Van Rysselberghe .
Señor Presidente, pido oficiar a la Contraloría General de la República, a fin de que me informe acerca de las indemnizaciones otorgadas por la empresa Carville en los últimos ocho meses, que superen los quince millones de pesos, con especificación de los nombres, el tiempo trabajado y la remuneración base del funcionario que haya recibido dicha indemnización.
Asimismo, solicito se informen los nombres de las personas de planta, a contrata y a honorarios contratadas por la empresa Semco , dependiente de la municipalidad de Concepción; sus remuneraciones, su horario de trabajo en dicha corporación, si trabajan también en otra repartición de la misma municipalidad y la remuneración que reciben por esa otra función.
Señor Presidente, pido enviar oficio al ministro de Economía para que informe a la Cámara sobre una situación que afecta a don Héctor Fernando Leiva Polanco , director regional de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo .
Según antecedentes que poseo, en la mañana del domingo 17 de septiembre este funcionario habría chocado el vehículo fiscal, patente BX 71-58, en circunstancias que conducía en estado de ebriedad, según consta en el parte policial Nº 334, motivo por el cual habría quedado detenido hasta el viernes 22 de ese mes. La causa tiene el rol Nº 348, y está caratulada de “manejo en estado de ebriedad”.
A mi juicio, la situación es grave porque se trata de la destrucción de un vehículo adquirido con fondos de todos los chilenos, que permitía a los funcionarios de ese importante servicio público recorrer la extensa Sexta Región, conformada por treinta y tres comunas.
Por lo tanto, reitero la petición para que el ministro de Economía informe a la Cámara sobre las medidas que se han tomado al respecto, de acuerdo con la normativa vigente.
Concedo una interrupción al diputado señor Kuschel.
En el tiempo de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Kuschel.
Señor Presidente, dentro de los cuantiosos recursos que se están destinando para obras con motivo de la próxima celebración del bicentenario de la Independencia de Chile, hasta el momento no se ha considerado para nada a la Décima Región.
Por eso, solicito que se envíen oficios a la ministra de Educación y al ministro de Vivienda con el objeto de que se incorpore a la Décima Región en todos los proyectos que se están dando a conocer, en especial a las provincias de Valdivia, Osorno , Llanquihue , Chiloé y Palena , sin perjuicio de que los respectivos gobernadores y alcaldes de las capitales provinciales sugieran la ejecución de las obras que estimen necesarias.
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Jaramillo .
Señor Presidente, durante la semana recién pasada, hice un extenso recorrido por la zona cordillerana de mi distrito, como lo hago constantemente, pero lo saco a colación, una vez más, debido a lo que comentaré.
Estuve trabajando con los vecinos de Panguipulli, de Neltume y de otros lugares aislados de la Región de Los Lagos. El motivo particular era atender las necesidades de centenares de personas e, incluso, el caso de los exonerados por no adherir a postulados de gobiernos de las décadas pasadas. No vale la pena hacer la mención.
En mi distrito hay más de cuarenta localidades y algunos pueblos y pequeños poblados que no tienen más de media docena de viviendas, habitadas por campesinos modestos y humildes, que, como son los hombres del sur, en presencia de su diputado ven una oportunidad de expresar sus preocupaciones y necesidades, tal como deben de haber constatado todos los colegas. La mayor parte de las veces, la gente sencilla no pide nada, salvo ser escuchada con respeto y consideración.
Mientras recorría los hermosos paisajes de “mí” Décima Región de Los Lagos, agrestes en esta época, en medio de un temporal de viento y lluvia que hacía lento el avance por caminos estrechos a lo mejor, era consecuencia de los años que he vivido, llenos de barro y nieve en las partes más altas, reflexionaba sobre los dichos de la colega y honorable diputada Lily Pérez , que sólo ayer han sido reproducidos por la prensa, quien, de manera fácil e injusta ha denigrado a quienes ocupamos un escaño por mandato popular.
Estimados colegas, como ustedes saben, quien les habla no critica a compañeros de Sala, por cuanto, para mí, todos son honorables. Siempre he tratado de ser prudente y respetuoso respecto de la forma en que conduzco mis relaciones con quienes, al igual que yo, han recibido de manos de tantos el encargo de representarlos en la Cámara. La honorable diputada señora Lily Pérez es para mí una colega y, ante todo, una dama a la cual respeto y respetaré siempre, aunque con sus palabras ofenda a sus pares, entre los que me encuentro. Por ello, a veces me exaspero y exagero, pero pido algo de respeto y la deferencia que merecemos y merezco. Estimo que sus críticas ácidas e infundadas y su generalización destructiva dañan a mucha gente honesta que, en verdad, entrega parte de sus vidas para servir a otros.
Por mi parte, respeto al parlamentario de la zona austral, del altiplano, del centro, del litoral, del sur y de la cordillera, que aumenta sus riesgos de muerte al volar dos veces a la semana, de un extremo a otro del país, viajando durante largas horas diarias o recorriendo campos o vastas poblaciones populares, porque en su fuero interno cree que puede aportar algo para mejorar la calidad de vida de quienes han confiado en él y lo han hecho su representante.
En mi distrito, con picardía, los campesinos me preguntan: ¿Qué pasa en el Congreso? Me refiero a los efectos de las versiones de diarios, radios y otros medios de comunicación, respecto de lo que se dice de nosotros por parte de un par, porque no es difícil convocar a los medios de comunicación.
Es fácil ensuciar la imagen de una persona o institución, pero muy difícil limpiarla. Pocos tienen la virtud de reconocer el error y de enmendar actitudes, y mucho menos de pedir excusas. No me corresponde a mí solicitarlas.
Sólo he querido compartir estas reflexiones, nacidas durante un fin de semana que, para la mayoría de los compatriotas, fue de descanso en casa, pero que para mí, como para muchos colegas, fue de trabajo, soledad y riesgo. No nos merecemos la crítica de un par de esta Sala.
La Mesa informa a la Sala de la presencia en tribunas de un grupo de parlamentarios extranjeros asistentes al “Encuentro América. Parlamentarios Jubileo 2000”.
Señor Presidente, quiero abordar dos temas.
En primer lugar, me preocupan los artículos, profusamente publicados por la prensa, que dañan la imagen de Chile como país exportador de frutas y hortalizas. A mi juicio, la prensa, que “festina” con esta situación, está actuando con imprudencia al denunciar que se están utilizando agroquímicos y pesticidas prohibidos.
Llamo a la reflexión, a la prudencia y a tener cuidado y rigor científico cuando se emite una opinión. Hemos sido imprudentes en esto y por ello reitero mi total confianza al Servicio Agrícola y Ganadero, que tuve el honor de dirigir por casi seis años.
En segundo lugar, el 12 de octubre, Día de la Raza, se fundó Coihaique , capital de Aisén, región que represento en esta Sala y respecto de la cual quiero hacer un recuerdo muy corto, pero con mucho cariño.
Aisén, la región más joven de Chile, tiene 110 mil kilómetros cuadrados, y su capital, Coihaique , también la más joven de nuestro país, cuenta con 40 mil habitantes. Afronta innumerables problemas y desafíos, pero con mucha fe en el futuro.
Quiero aprovechar esta ocasión para señalar a los colegas de otras latitudes que Chile es una franja muy larga, que se extiende por casi 5 mil kilómetros, y que Aisén es una porción de la Patagonia, donde viven 90 mil personas. En los próximos días, este territorio, que sin duda será muy importante en el desarrollo e integridad de la nación, estará de aniversario y cumplirá menos de un siglo de existencia.
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Salvador Urrutia .
Señor Presidente, en primer lugar, me sumo al saludo a los parlamentarios que asisten al Jubileo cristiano.
En segundo término, pido que se oficie al ministro de Justicia para que se investigue a fondo lo sucedido en el Centro de Rehabilitación Caltani, de Arica, donde han sido despedidos, en forma abrupta y sin sumario previo, cuatro directivos, lo cual afecta profundamente la imagen del Servicio Nacional de Menores de la ciudad y daña la convivencia entre los internos del establecimiento y los profesionales que los tratan.
Considero que intervenir un establecimiento, para luego proceder al despido del cuerpo de directivos, sin sumario alguno, es, desde todo punto de vista, un error que debe ser reparado.
En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el diputado señor Jaime Rocha .
Señor Presidente, en el extremo sur de la provincia de Arauco, comuna de Tirúa, y sobrepasando sus límites hacia la Novena Región, en la comuna de Carahue, sobreviven más o menos 20 comunidades mapuches lafquenches, que enfrentan graves problemas vinculados con su cultura y a su religión, materias que, lamentablemente, no fueron visualizadas por los legisladores al aprobar la ley Indígena o la ley de Pesca y Acuicultura.
Las comunidades lafquenches están indisoluble y ancestralmente ligadas al mar. Éste les proporciona los elementos para vivir y, por ello, su religiosidad se vincula al mar, al que veneran y cuidan para ellos y para las generaciones futuras.
Como una manera de proteger el espacio marítimo y beneficiar a quienes viven del mar, sin distinguir entre quienes serían eventualmente los favorecidos, la ley de Pesca creó las áreas de manejo, que permiten su aprovechamiento exclusivo por agrupaciones de pescadores. Esta unidad económica, supuestamente rentable, obliga a sus beneficiarios a pagar una unidad tributaria mensual por cada hectárea de espacio marítimo concedido, pasados cuatro años de su otorgamiento.
El área de manejo de los mapuches lafquenches de la Octava Región es de l.100 hectáreas; la de la Novena Región, de mil hectáreas, lo que, mediante una simple operación matemática, alcanza a cifras siderales en lo que se refiere al costo de mantención, imposibles de solventar, más aún cuando esas agrupaciones de pescadores están lejos del criterio economicista que, sin duda, existe en gran cantidad de áreas de manejo concedidas.
El pueblo mapuche lafquenche, que en la provincia de Arauco es de aproximadamente mil personas, sólo sobrevive con productos destinados fundamentalmente a su consumo personal, y sus excedentes son de muy baja rentabilidad. Además, utilizan artes de pesca ancestrales y rudimentarios y embarcaciones antiguas, de muy escasa productividad.
Ni la ley de Pesca ni la ley Indígena visualizaron esta grave situación, por lo cual hoy nos vemos expuestos a agredir violentamente a estas comunidades al cobrarles cantidades de dinero que, con sus algas y mariscos, son absolutamente incapaces de pagar.
Deseo, en el escaso tiempo de que dispongo, pedir que se oficie al ministro de Economía, al subsecretario de Pesca y a la ministra de Planificación y Cooperación, con el objeto de que se estudie con urgencia la situación planteada, a fin de que, en un acto de respeto hacia este pueblo mapuche, ligado desde siempre al mar, se le conceda gratuitamente el espacio de territorio marítimo que ya se les entregó, para que pueda subsistir y progresar con la dignidad que merece. Será una hermosa demostración de respeto y un oportuno homenaje y reconocimiento al pueblo mapuche en este 12 de octubre.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de los Partidos por la Democracia, Demócrata Cristiano, Renovación Nacional, Radical y Unión Demócrata Independiente.
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
Señor Presidente, parlamentarios, público presente, y en especial habitantes de mi ciudad de Concepción: hoy, hace 400 años, un 5 de octubre de 1550, llegó a nuestras tierras el gran Capitán extremeño don Pedro de Valdivia . Fue el primero en hacer ciudad. Para ello, con su sangre, la de sus valientes y la de nuestros ancestros mapuches, regaron los montes y laderas y todas las tierras de nuestra región.
No narraré, como hijo de Concepción, los 450 años de historia de nuestra ciudad, pero sí expresaré que fue un crecimiento lento, lleno de dolor y muerte, de llanto y tragedia, de penurias y destrucción. Los terremotos la asolaron una y otra vez, y una y otra vez sus habitantes la reconstruyeron como ciudad. Y hoy está allí, irguiéndose hacia el cielo.
En su lento transitar por la historia, se fue haciendo ciudad. Fue ciudad-campamento, ciudad-cuartel, ciudad de tránsito. Aquí se avecindó la gente más intrépida y heroica de España, y convivió junto a los hombres más indómitos de nuestra tierra, un pueblo jamás vencido, que no se entrega hasta hoy.
Así, cualquiera que sea el riesgo y el peligro desde siglos, todo aquel que pase por estos lares se siente embrujado por la lujuriosa belleza de sus paisajes. Esta tierra, pródiga de cordillera a mar, es mi Concepción querido, arrullado por las quietas aguas del río Biobío, después de bajar torrentosamente entre milenarios bosques de araucarias y volcanes. Por eso nosotros, los penquistas, la llamamos “la perla del Biobío”, y a medida que transcurre el tiempo y pasan los años, es una perla más grande y cada día más hermosa.
¡Cómo no sentirse orgulloso de ser hijo de esta ciudad, cuando al rememorar su historia nos encontramos con miles de ciudadanos penquistas que, con gran vocación de servicio público, visión creadora y sensibilidad social, fueron creando y haciendo ciudad!
No haré mención de ningún nombre, porque están escritos en sus calles, en sus poblaciones, en sus escuelas y en sus instituciones. La suma de todos ellos, tanto los de ayer como los de hoy, construyeron y estamos construyendo la ciudad que habitamos y queremos.
Muchos penquistas soñaron su ciudad, y ahora muchos más vivimos soñándola; en virtud de ello, varios sueños se han hecho realidad. Otras generaciones verán lo hermoso que sería si nuestra ciudad creciera a través de un borde costero que inunde los cerros y llene la urbe de dinamismo y, además, de rincones; que el habitante nuestro descubra los puntos de atracción escondidos en cada calle, y tenga tantos que nunca termine de conocerlos.
Concepción debe dejar de ser una ciudad monótona, como lo fue hace mucho tiempo. Debe ser como ya lo está siendo: con perspectiva y asombro, donde los edificios aparezcan como monumentos que resulten atrayentes para todos los que visitan la “perla del Biobío”.
Hoy, la ciudad está mirando al río, después de siglos de darle la espalda. Por ello se está tornando cada día más atractiva. Su crecimiento se está haciendo a lo largo de todo el borde del río. Ahí está la avenida Costanera, obra gigantesca y hermosa llevada a cabo por los gobiernos de la Concertación, que le da otra fisonomía y personalidad no sólo a nuestra ciudad, sino que a las y a los ciudadanos penquistas.
Debemos construir una ciudad que siga los ritmos propios de la naturaleza y el paisaje; debemos pensar en nuestra ciudad del mañana, no sólo en términos de infraestructura, de progreso y de desarrollo socioeconómico, sino también de habitabilidad, en la medida en que invite a cada ciudadano a soñar, a imaginar y a crear cada día más progreso. ¡Debemos seguir soñando para las próximas generaciones!
Cómo no sentirse orgulloso de haber nacido en Concepción, cuando hoy disfrutamos de las grandes obras viales que han transformado a la ciudad en una metrópolis moderna.
Cómo no mencionar con orgullo el tercer puente Llacolén , grandiosa obra de ingeniería.
Cómo no recordar la hermosa avenida Los Carrera, si en los próximos veinte días se entrega la segunda etapa; la maravilla de Rivera Norte, donde se levantan hermosos edificios multicolores que fueron construidos en estos últimos años, donde habitan los que ayer vivían en situaciones increíblemente malas.
Cómo no mencionar la continuación de la avenida Hualqui y la ampliación del aeropuerto de Carriel Sur.
En todas estas obras se han invertido miles y miles de millones de dólares, y muchos hemos contribuido con un grano de arena, en mi caso, desde el cargo que desempeño en el Congreso de la nación para que estas obras se concreten y se destinen los recursos necesarios para continuar haciendo otras.
Vendrán muchas obras más, como la construcción del barrio cívico, donde estará ubicada la intendencia regional. Para los próximos años está considerada la edificación del teatro Pencopolitano, obra de imperiosa necesidad y urgencia que será el palacio de la cultura y el arte. Y este proyecto ambicioso, en el que toda la comunidad está embarcada, como es hacer navegable el río Biobío, como otrora lo fue.
Durante toda mi vida, dedicada al servicio público, he aprendido a mirar a mi ciudad y a escuchar el clamor de mi pueblo y, más adentro, he aprendido a escuchar el corazón que late en cada uno de sus habitantes.
¡Qué emoción siento al rendir, por once años consecutivos, mi homenaje y reconocimiento a la ciudad que me vio nacer, crecer, educarme y desarrollarme!
Chile no sería Chile sin Concepción, con su ciudad universitaria, donde florece la cultura, el arte, la ciencia, la técnica y la investigación; con su ciudad industrial, que cuenta con empresas prósperas que aportan recursos al país, donde también el comercio y los servicios le dan dinamismo.
Quiero terminar este homenaje a mi querida ciudad citando las palabras del padre Carlos Valles, sacerdote jesuita; en su obra “Orar los Salmos” dice lo siguiente:
“Concepción, amo tus piedras y el polvo de tus calles. Tú, la ciudad que se me ha dado para que sea mi casa, mi puesto en la tierra, mi refugio en la vida, mi vínculo urbano con la raza del hombre civilizado. Tú, signo y figura de la ciudad de Dios, siendo plenamente la ciudad del hombre en tu penosa historia y tu presente realidad. Estoy orgulloso de ti, me alegra vivir en ti, enseñarte a visitantes, dar tu nombre junto al mío al dar la dirección donde vivo. Tú eres mi ciudad, y yo soy tu ciudad; tus heridas son mis heridas. Ciudad moderna, de huelgas y disturbios, de explosiones, de bombas y sirenas de policía, sufro contigo y vivo contigo, en la esperanza de que nuestro sufrimiento traerá redención y llegaré a cantar libremente en ti las alabanzas del Señor, que te hizo a ti y me hizo a mí.
“Tú, Concepción, permaneces para siempre, y tu nombre de generación en generación”.
Señor Presidente, solicito que el homenaje que he rendido ante la Cámara con motivo de los 450 años de la fundación de Concepción, que se cumplen hoy, sea transcrito en forma total y oficial al municipio de mi ciudad de Concepción, al actual alcalde por estos treinta días, don Luis Henríquez , como también a todo el cuerpo de concejales.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada señorita Antonella Sciaraffia y de los diputados señores Carlos Abel Jarpa , Jaime Jiménez , Enrique Jaramillo , Juan Masferrer , Sergio Ojeda y Leopoldo Sánchez .
Señor Presidente, nada sabemos sobre el restablecimiento y modernización de ferrocarriles de Temuco al sur. Nos preguntamos: ¿esta parte del país es un territorio que no merece la atención o preocupación del Estado? ¿Son sus habitantes de segunda o tercera categoría y a medida que se avanza hacia Santiago suben de grado?
Necesitamos de ferrocarriles, porque muchos problemas y dificultades se originan por su ausencia. Un país no puede hablar de desarrollo o sencillamente no se desarrolla cuando se generan desequilibrios e insuficiencias en la infraestructura para el transporte de pasajeros y de carga. Es vital que exista una alternativa para el transporte de carga y de pasajeros y que no sólo dependamos de los camiones y buses, porque en un momento dado pueden no funcionar.
Un país tan expuesto a las catástrofes -como lo es Chile- debe tener una alternativa moderna de transporte terrestre. El turismo del sur de Chile requiere del ferrocarril; la política de regionalización se refuerza al incrementar el valor de la propiedad suburbana y rural, y con ello se propende a la descontaminación ambiental en los grandes centros urbanos mejorando la calidad de vida.
La demanda de pasajeros entre Santiago y Puerto Montt se duplicará en los próximos diez años. Los efectos del alza sostenida del petróleo -que ha alterado fuertemente la economía y los medios de transporte terrestre- se verían atenuados por el uso del tren eléctrico, que no ocasiona accidentes y contribuye al ahorro de divisas, etcétera.
Sabemos lo que ocurre por no contar con un ferrocarril desde Temuco al sur: los costos suben por las largas distancias desde ese lugar hacia los centros de consumo o a los centros productivos; las carreteras se atochan y se congestiona su flujo vehicular; los pueblos chicos que antes unía Ferrocarriles seguirán muriéndose; los accidentes con resultado de muertos y heridos continuarán aumentando por el excesivo flujo vehicular.
En cinco años más constataremos que la doble vía, al no ser suficiente, se verá colapsada. Sin ferrocarriles seguirá agravándose el panorama en las carreteras.
Se anuncian millones de dólares para incrementar ferrocarriles en el centro del país y para el metrobús. Hay doscientos millones de dólares para el tren rápido de Melipilla a Santiago, y 60 millones de dólares por kilómetro de vía para el metrobús de Chillán al sur.
No afirmo que estas obras no deban hacerse o que sean innecesarias; pero, ¿qué pasa con el ferrocarril del sur de Chile? ¿No hay dinero, no hay financiamiento para nosotros, no hay recursos, no hay apuro?
El Comité de Recuperación de Ferrocarriles del Sur presentó a su Excelencia el Presidente de la República un proyecto para la implementación y puesta en servicio de un ferrocarril de Temuco al sur, un tren moderno y veloz para el desarrollo del país y sus regiones y como necesidad estratégica.
Esperamos una respuesta rápida y positiva al respecto.
Por último, recabo que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República con el objeto de que informe si existe una política nacional para la reinstalación y modernización de ferrocarriles de Temuco al sur. Para el caso de que no haya, solicitarle que ella se estructure sobre la base de un plan de recursos de recuperación de este medio de transporte.
Queremos saber qué pasa con ferrocarriles, qué planes existen para ellos. ¿Hay o no una política de extensión de ferrocarriles al sur? ¿Podrá el país contar con una red ferroviaria completa, moderna, rápida y eficaz?
Queremos ser muy enfáticos al señalar que el sur de Chile no es sólo Rancagua o San Bernardo. El sur de Chile es mucho más: es Temuco, es Valdivia, es Osorno, es Llanquihue y todas las provincias que quedan más al sur.
Hemos solicitado una audiencia con su Excelencia el Presidente de la República, con el propósito de plantearle estas inquietudes personalmente. Espero que esta audiencia sea concedida lo antes posible para obtener una respuesta y tener claridad respecto de la materia.
En el sur de Chile queremos ferrocarriles, ahora y rápidamente, para nuestro progreso y nuestro desarrollo. No queremos otro 21 de mayo con nuevos anuncios; queremos la información ahora, rápida, veraz y oportuna.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señorita Antonella Sciaraffia y de los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Carlos Abel Jarpa , Enrique Jaramillo y Joaquín Palma
Se levantó la sesión a las 13.18 horas.

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 artículo 287
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 artículo 158
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