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Nº 22 - 01 septiembre 2005
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El Autogobierno de la Comunidad de Madrid y la andadura de su Asamblea Legislativa
- Letrado de la Asamblea de Madrid y Profesor Asociado de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid y Almudena Marazuela Bermejo - Letrada de la Asamblea de Madrid y Profesora Asociada de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid
5.4. El régimen electoral de la Comunidad de Madrid: sistema de fuentes
La proclamación constitucional, respecto del Estado-poder o Estado-organización, de la cláusula del Estado democrático, así como la paralela afirmación, en relación con el Estado-ordenamiento o Estado-Derecho, del valor superior del pluralismo político -artículo 1.1 de la Constitución-, han comportado la decidida recepción en nuestro sistema político de los principios de temporalidad y de libre competencia del y por el poder, así como la consagración del Derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal -artículo 23.1 del Texto Fundamental-, y de su corolario: el principio representativo -artículos 66.1, 68.1 y 69.2 de la Constitución-.
En cuanto supraprincipio constitucional, la cláusula del Estado democrático se ha proyectado, como no podía ser de otra manera, no sólo sobre el sistema político del Estado, sino, asimismo, en cuanto entidades territoriales dotadas de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, respecto del de las Corporaciones Locales -artículos 140 y 141.2- y del de las Comunidades Autónomas -artículo 152.1-.
Es cierto que la afirmación constitucional no se trasluce, en concreto, para las Comunidades Autónomas in abstracto, pues la democracia resulta ser rasgo definidor del Estado considerado en su unidad y el pluralismo político se ha elevado a la categoría de valor superior de su ordenamiento jurídico; pero no menos cierto es que, de manera más específica y en mérito del artículo 152.1 de la Constitución, la Asamblea Legislativa será *[...] elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las distintas zonas del territorio, [...]+.
En plena coherencia con la calificación estatal y la homogeneidad inicialmente apuntada por la Norma Primaria, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid -en los términos actualmente vigentes, es decir, a tenor de la redacción establecida por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio- sienta las siguientes premisas básicas:
a) La Comunidad de Madrid organiza su autogobierno de conformidad con la Constitución Española y su propia Norma institucional básica -artículo 1.1 del Estatuto-, sobre la base de la participación libre e igual de los individuos y grupos en la vida política, económica, cultural y social -artículos 1.3 y 7.4 del Estatuto-.
b) Se reconoce el derecho de sufragio a los ciudadanos de la Comunidad al proclamar, en su favor, los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución -artículo 7.1 y 4-, siendo electores y elegibles todos los madrileños mayores de dieciocho años que estén en pleno goce de sus derechos políticos -artículo 10.8-.
c) La Asamblea de Madrid representa al pueblo de Madrid -artículo 9- y debe ser elegida por cuatro años mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, atendiendo a criterios de representación proporcional -artículo 10.1-.
d) Las elecciones tendrán lugar el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años -artículo 10.7-, atendiéndose, para su celebración, a lo que dispongan las Cortes Generales, con el fin exclusivo de coordinar el calendario de las diversas consultas electorales -Disposición Adicional Segunda-.
e) En el marco determinado por la legislación estatal básica en materia electoral, una ley de la Asamblea regulará las elecciones autonómicas, que serán convocadas por el Presidente de la Comunidad -artículo 10.4-.
Presupuesto lo anterior, el discurrir del proceso electoral autonómico queda constreñido por el sistema definido para las elecciones al Congreso de los Diputados, pergeñado por la Ley Orgánica 5/1985, de 15 de junio, del Régimen Electoral General[117], con carácter de legislación estatal básica en las materias que ella misma dispone, remitiendo el Estatuto de Autonomía a una ley electoral autonómica propia su concreción -artículo 10.4 del Estatuto, que amplia la remisión que, referida al procedimiento electoral a seguir, efectuaba el originario artículo 11.3-.
Un grado mayor de detalle respecto del régimen jurídico que rige para las elecciones a la Asamblea de Madrid es introducido por el artículo 3 de su Reglamento, al aseverar que: *La [...] elección [...] se regirá por lo dispuesto al efecto en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en la Ley orgánica del régimen electoral general, en la Ley electoral de la Comunidad de Madrid y en la demás legislación complementaria+.
En concordancia con lo anterior, el sistema de fuentes en materia electoral para las elecciones a la Asamblea de Madrid[118] queda modelado por las siguientes disposiciones:
11.- La Constitución; sin que resulte necesario hacer mayor precisión al respecto.
21.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
La Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 5/1985, de forma expresa, elude cualquier margen de duda al respecto: *1. Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio del ejercicio de las competencias reconocidas, dentro del respeto a la Constitución y a la presente Ley Orgánica, a las Comunidades Autónomas por su respectivos Estatutos.+.
31.- Los preceptos de la, antes citada, Ley Orgánica del Régimen Electoral General que tengan carácter de básicos, así como su legislación complementaria.
En efecto, la Disposición Adicional Primera de la considerada Ley Orgánica, en su apartado 2, constriñe a que: *En aplicación de las competencias que la Constitución reserva al Estado se aplican también a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas, convocadas por éstas, los siguientes artículos del título primero de esta Ley Orgánica+. La relación de preceptos que a continuación se realiza es la que sigue, con sucinto detalle de su respectivo contenido: 1 a 42 -ámbito de aplicación, el derecho de sufragio activo y pasivo, la Administración electoral (Juntas electorales, mesas y secciones y Oficina del Censo Electoral), censo electoral (formación, rectificación y acceso a los datos), así como los requisitos generales de la convocatoria-; 44, 45, 46.1, 2, 4, 5, 6 y 8, y 47.4 -presentación y proclamación de candidatos-; 49 -recursos contra la proclamación de candidaturas y candidatos-; 51.2 y 3, y 52 -disposiciones generales sobre la campaña electoral-; 53, 54 y 58 -propaganda y actos de campaña electoral-; 59, 60, 61, 62, 63, 65 y 66 -utilización de medios de comunicación de titularidad pública para la campaña electoral-; 68 -derecho de rectificación-; 69 -encuestas electorales-; 70.1 y 3 -papeletas y sobres electorales-; 72, 73, 74 y 75 -voto por correo-; 85, 86.1, 90, 91, 92, 93 y 94 -acto de la votación-; 95.3 y 96 -escrutinio en las mesas electorales-; 103.2 y 108.2 y 8 -escrutinio general-; 109 a 119 -recursos contencioso-electorales y reglas generales de procedimiento electoral-; 125 a 130, 131.2 y 132 -gastos y subvenciones electorales (administradores y cuentas electorales, financiación electoral, gastos electorales y control de la contabilidad electoral y adjudicación de las subvenciones)-; y 135 a 152 -disposiciones generales, delitos electorales y procedimiento judicial-.
De otro lado, la propia Adicional, en su apartado 4, precisa lo que sigue: *4. El contenido de los títulos II, III, IV y V de esta Ley Orgánica no pueden ser modificados o sustituidos por la Legislación de las Comunidades Autónomas.+[119].
Los anteriores preceptos, en su condición de legislación estatal básica, han de ser conjugados con:
a) La legislación complementaria vigente, conformada por un conjunto diverso de normas, del que nos limitamos a destacar aquí: la Ley Orgánica 10/1991, de 8 de abril, de Publicidad Electoral en Emisoras Municipales de Radiodifusión Sonora[120]; la Ley Orgánica 14/1995, de 22 de diciembre, de Publicidad Electoral en Emisoras de Televisión Local por Ondas Terrestres[121]; y la Ley Orgánica 2/1988, de 3 de mayo, reguladora de la Publicidad Electoral en Emisoras de Televisión Privada[122].
b) El Acuerdo de 20 de enero de 2000, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se aprueban Normas sobre la Tramitación de los Recursos de Amparo contemplados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General[123].
c) Las Instrucciones de la Junta Electoral Central, de carácter vinculante.
41.- La Ley Electoral de la Comunidad de Madrid y su normativa complementaria.
El artículo 10.4 del Estatuto determina, en favor del legislador autonómico, que: *Una ley de la Asamblea, regulará las elecciones, que serán convocadas por el Presidente de la Comunidad, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto.+.
Presupuesta la prescripción estatutaria, y de conformidad con las condiciones básicas fijadas por el Estado -recuérdese que el Título I de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, establece las ADisposiciones comunes a todas las elecciones@-, la Comunidad se ha dotado de su propia ley electoral: la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid[124].
Conforme se explicita en su Exposición de Motivos -que debería haber figurado como APreámbulo@, en cumplimiento del mandato reglamentario[125]-, concretamente en los párrafos segundo, tercero y cuarto de su apartado I:
*La presente Ley viene, pues, a cumplir el mandato del Estatuto dentro del marco legal que, tanto el propio Estatuto como la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establecen.
El criterio seguido, a la vista de la Disposición Adicional primera de la citada Ley Orgánica, ha sido el de mantener una gran economía normativa, es decir, el criterio de sólo regular aquellos aspectos estrictamente necesarios, derivados del carácter y ámbito de las Elecciones a la Asamblea de Madrid, dejando que en todo lo demás se apliquen los preceptos de la Ley Orgánica 5/1985, que la mencionada Disposición Adicional declara supletorios. Ello permite que la presente Ley Electoral sea breve y mantenga una homogeneidad con la legislación estatal y con la de otras Comunidades Autónomas -en este mismo sentido se ha de hacer constar que se han tenido en cuenta las soluciones aportadas por la legislación electoral aprobada hasta el momento por las demás Comunidades-, lo que habrá de redundar en la simplicidad y facilidad de interpretación y aplicación de esta Ley.+
La norma de referencia ha sido objeto de diversas reformas parciales, operadas, en concreto, mediante las siguientes leyes de la Asamblea de Madrid -todas ellas aprobadas con el específico objeto de modificar la Ley 11/1986, de 16 de diciembre-:
La Ley 4/1991, de 21 de marzo[126]. Por medio de la misma, aprobada a punto de culminar la II Legislatura, se procedió a la modificación de los artículos 8.1 y 2 y 17.1 del texto originario.
La Ley 5/1995, de 28 de marzo[127]. Esta Ley, aprobada en el tramo final de la III Legislatura, procedió a dar nueva redacción a los artículos 8.1 y 2, 11.2, inciso final del artículo 14.3 y artículo 21.3. Asimismo, añadió un nuevo apartado, el 4, al artículo 21.
La Ley 15/1995, de 21 de abril[128]. Esta Ley, penúltima de las aprobadas durante la III Legislatura, procedió, en su artículo único, a modificar el artículo 5 del texto originario, en materia de incompatibilidades; un precepto que desde este momento no ha dejado de sufrir Aretoques@, siendo objeto de todas las modificaciones ulteriores de la Ley Electoral.
La Ley 12/1998, de 9 de julio[129]. La considerada Ley, aprobada durante la IV Legislatura, modificó de nuevo el artículo 5, añadiendo sus números 41, 51, 61 y 71.
La Ley 24/1999, de 27 de diciembre[130]. Ya en la V Legislatura, y a través del siempre cuestionable recurso a la denominada ALey de acompañamiento@, el artículo 14 de la misma estableció una nueva redacción del artículo 5.2.b) de la Ley 11/1986.
La Ley 14/2001, de 26 de diciembre[131]. De nuevo en la V Legislatura y, asimismo, a través de la ALey de acompañamiento@ -artículo 13.Dos-, se reformó el artículo 5, concretamente el número 101 de su apartado 2.c). La propia Ley, en su artículo 13.Uno procede a la supresión de la causa de inelegibilidad establecida en el originario artículo 3.2.d).
Por último, la Ley 12/2003, de 26 de agosto[132], por la que se modifican el apartado tercero del artículo 8 y el artículo 22, en el sentido de introducir un nuevo apartado 2, transformándose, así, en 3 y 4 los subsiguientes.
Las meritadas prescripciones legales, de conformidad con la habilitación establecida por la Disposición Final Primera de la Ley 11/1986, han de ser complementadas con lo dispuesto por el Decreto 17/1987, de 9 de abril, por el que se regulan las Condiciones Materiales y aquellos otros aspectos necesarios para la Celebración de Elecciones a la Asamblea de Madrid[133]. Su texto originario ha sido objeto, de un lado, de ulterior modificación por el Decreto 186/1998, de 29 de octubre[134], y, de otro, de concreción por: la Orden 650/1995, de 5 de abril, del Consejero de Cooperación, por la cual se disponen las características y dimensiones de las urnas, cabinas, papeletas y sobres e impresos oficiales a cumplimentar por los miembros integrantes de la Administración electoral[135]. Asimismo, han de considerarse la Orden 470/2003, de 10 de abril, del Consejero de Presidencia, por la que se aprueban y se publican los modelos de papeletas, sobres e impresos a utilizar en las elecciones a la Asamblea de Madrid de 25 de mayo de 2003[136], y, en materia de subvenciones electorales, las órdenes de 4 y 24 de abril de 2003, de la Consejería de Hacienda: la primera, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley Electoral, fija las cantidades actualizadas de las subvenciones a los gastos electorales de las elecciones a la Asamblea de Madrid del 25 de mayo de 2003[137]; la segunda es relativa a la aplicación del artículo 21.1 de la Ley Electoral[138].
51.- Finalmente, se aplicarán con carácter supletorio los preceptos de la Ley Electoral que no gocen del carácter de básicos.
En este sentido, la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica resulta suficientemente expresiva, eludiendo cualquier margen de duda:
*3. Los restantes artículos del título primero de esta Ley tienen carácter supletorio de la Legislación que en su caso aprueben las Comunidades Autónomas, siendo de aplicación en las elecciones a sus Asambleas Legislativas en el supuesto de que las mismas no legislen sobre ellos.
c) La alusión que se hace en el artículo 134 a la Comisión establecida en la Disposición Transitoria primera de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, se entenderá referida a una Comisión de la Asamblea Legislativa correspondiente, y la obligación estatal de subvencionar los gastos electorales mencionada en dicho artículo y en el anterior corresponderá a la Comunidad Autónoma de que se trate.+.
6. LA ASAMBLEA TRANSCURRIDOS SUS PRIMEROS VEINTE AÑOS: ALGUNOS HITOS DE ESPECIAL RELEVANCIA JURÍDICOBCONSTITUCIONAL
6.1. Primigenia constitución de la Asamblea
La resultante de las prescripciones estatutarias ha sido que, hic et nunc, la Asamblea Legislativa regional, después de haber superado vertiginosamente la VI Legislatura, se encuentra en su VII Legislatura, iniciada tras los comicios electorales celebrados en octubre del año 2003.
Más de veinte años de actividad han transcurrido[139], en efecto, desde su primigenia constitución.
La misma tuvo lugar el día 8 de junio de 1983, de conformidad con la composición que habían arrojado los resultados electorales de los comicios a los que habían sido convocados los madrileños el anterior 8 de mayo y a tenor de la convocatoria formalizada por el Real Decreto 1.362/1983, de 25 de mayo.
La mencionada reunión constitutiva se desarrolló en el Salón del Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, testigo de la apertura de la sesión por D. César CIMADEVILLA COSTA, en su calidad de Presidente de la Diputación Gestora de la Comunidad[140].
El ulterior desarrollo de la misma[141] principió con las palabras de salutación del Presidente y la constitución de la Mesa de Edad Cconformada por los Sres. D. Miguel PEYDRÓ CARO (Presidente, en su calidad de Diputado electo de mayor edad), Dña. María Dolores GARCÍABHIERRO CARABALLO y D. José Antonio SAÍNZ GARCÍA (Secretarios, como Diputados más jóvenes)C. Seguidamente, leído el Real Decreto de convocatoria y la relación de Diputados electos, se procedió a tomar promesa o juramento a los Sres. Diputados, suspendiéndose a continuación la sesión. Reanudada la misma vespertinamente, se adoptó el primer acuerdo parlamentario, consistente en la aprobación de las ANormas Provisionales por las que se ha de regir la Asamblea de Madrid@, y, ulteriormente, se sustanció el trámite de elección de la Mesa de la Cámara. Concluida así la función de la Mesa de Edad, ocupando su puesto en la Mesa los Diputados electos, el primer Presidente de la Cámara, D. Ramón ESPINAR GALLEGO, declaró formalmente constituida la Asamblea de Madrid, concediéndose a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios un turno de cinco minutos para explicación de voto Cinterviniendo, sucesivamente, los Ilmos. Sres. D. Lorenzo HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, D. Luis Guillermo PERINAT ELIO y D. Marcos SANZ AGÜEROC.
Días después, en la segunda reunión plenaria de la Cámara, celebrada los días 13 y 14 de junio de 1983 en el Paraninfo de la Universidad de San Bernardo[142], tras la elección de los Senadores en representación de la Comunidad de Madrid, la Asamblea procedería a la sesión de investidura del primer Presidente de la Comunidad, resultando proclamado D. Joaquín LEGUINA HERRÁN por 50 votos a favor, 34 votos en contra y 8 abstenciones.
Sucesivamente cumplidos ambos trámites institucionales, en los términos establecidos por la Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto de Autonomía, la Diputación Provincial de Madrid quedaba extinguida, cesando en sus funciones; asumidas por los órganos de autogobierno recién conformados.
6.2. La composición política de la Cámara
El Estatuto de Autonomía, conforme a lo que constituye regla general en el panorama comparado[143], no establece una cifra tasada de componentes de la Asamblea de Madrid, limitándose a remitir a una ley electoral propia la determinación del número de Diputados que integrarán la Cámara; número que se establece genéricamente en el Estatuto de Autonomía, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población.
En concreto, el primer inciso de su artículo 10.2 Ca semejanza de lo que constituía la prescripción única de dicho precepto y apartado en el texto originarioC dispone: *La Asamblea estará compuesta por un Diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población.+.
En función de dicho criterio, y de conformidad con los datos actualizados del censo de población, la Asamblea de Madrid ha estado conformada a lo largo de las sucesivas legislaturas por el siguiente número de miembros:
C I Legislatura: 94 Diputados.
C II Legislatura: 96 Diputados.
C III Legislatura: 101 Diputados.
C IV Legislatura: 103 Diputados.
C V Legislatura: 102 Diputados.
C VI Legislatura: 111 Diputados.
C VII Legislatura: 111 Diputados.
Presupuesta la exigencia establecida para constituir grupo parlamentario de que concurra un número no inferior a cinco Diputados Ctanto en el artículo 21.1 del Reglamento de 1984 como en el artículo 36 del vigente Reglamento de 1997C, salvo en la II Legislatura Cconformada ab initio por cuatro grupos, a los que se añadió durante su desarrollo un quinto Grupo MixtoC, en las demás los resultados electorales han ofrecido un Parlamento integrado originariamente por tres Grupos Parlamentarios, habiéndose registrado en cuatro ocasiones CI, IV, V y VII LegislaturasC una situación de mayoría absoluta.
No puede dejar de indicarse, por último, que durante la I, II, IV y VI Legislaturas terminó por constituirse en la Cámara un Grupo Parlamentario Mixto, consecuencia de las Amigraciones parlamentarias@ que, en distintas fases, han protagonizado la dinámica del Parlamento regional.
6.3. La relevancia jurídicoBconstitucional de algunos fenómenos acaecidos en su andadura
Transcurridos ya más de cuatro lustros desde la celebración de su sesión constitutiva, en 1983, y consolidada la Institución[144], sin duda resulta oportuno efectuar un análisis de la actividad desarrollada por la Asamblea autonómica. Dos factores confirman esta impresión.
En primer lugar, la conveniencia de acercar a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid la realidad del Parlamento que los representa y ostenta la potestad legislativa, conformando el ordenamiento jurídico que prescribe los aspectos sustanciales de la convivencia ciudadana, especialmente en el ámbito social y económico. No resulta ocioso, en este orden de ideas, recordar que, a partir de la reforma estatutaria operada en 1998, la Comunidad Cex artículo 26 del Estatuto de AutonomíaC ha asumido la competencia exclusiva, correspondiéndole la potestad legislativa, la reglamentaria y la función ejecutiva, entre otras materias, sobre: la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda; las obras públicas de interés de la Comunidad; los ferrocarriles, carreteras y caminos, así como el transporte terrestre y por cable que discurra íntegramente en el territorio de la Comunidad; las ferias y mercados interiores, incluidas las exposiciones, así como el establecimiento de bolsas de valores y el establecimiento y la regulación de centros de contratación de mercancías; la artesanía; el fomento del desarrollo económico de la Comunidad; la promoción y ordenación del turismo; o la promoción de la igualdad respecto a la mujer, por no citar sino algunos ejemplos relevantes. Asimismo, en el marco de la legislación estatal básica Cde conformidad con el artículo 27 del EstatutoC, le corresponde el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución de materias de singular relevancia, como: el régimen de los montes y aprovechamientos forestales; la sanidad e higiene; la coordinación hospitalaria; la protección del medio ambiente, pudiendo establecer normas adicionales de protección; el régimen minero y energético; la protección de los ecosistemas en los que se desarrollen la pesca, acuicultura y caza; la defensa del consumidor y del usuario; la prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación social; o la ordenación farmacéutica y establecimientos farmacéuticos. Lo anterior sin olvidar, en primer lugar, aquellas otras materias cuya ejecución asume en los términos del artículo 29 del Estatuto Ccomo la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, la gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social o el crédito, la banca y los segurosC, y, segundo, la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con el artículo 30.
En segundo lugar, el análisis de la actividad desarrollada por el Parlamento regional se demuestra necesario si se pondera, frente a su frecuente proyección en los medios de comunicación social, la escasa, por no decir nula, atención que la actividad de la Asamblea de Madrid suscitó en la Doctrina científica durante sus primeros años de andadura[145].
En efecto, a diferencia de la atención generada por los Parlamentos de otras Comunidades Autónomas, ha de constatarse que sólo a partir de 1999 Caño en el que vio la luz AAsamblea, Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid@[146]C, esto es, transcurridos más de tres lustros desde su primigenia constitución, el estudio y la reflexión sobre la actividad parlamentaria autonómica han comenzado a desarrollarse.
La resultante es que disponemos hoy de distintas aportaciones que, en diversa y desigual medida, han atenuado el referido Aolvido doctrinal@[147].
Presupuesto lo anterior, es preciso afirmar que el interés por la evolución de la dinámica del Parlamento autonómico adquiere no ya sólo trascendencia para la ciudadanía de Madrid, sino que, desde una perspectiva jurídicoBconstitucional global se manifiesta de especial relevancia. Sirva al respecto ponderar las siguientes tres circunstancias.
Primera, conforme destacara LÓPEZ GUERRA, el hecho de que en la Comunidad de Madrid las peculiares condiciones políticas en que se desarrolló la autonomía permiten hablar de Ala presencia continuada de un cierto parlamentarismo de consenso, que se manifiesta en formas muy diversas: entre ellas, en una relevancia de la Asamblea poco frecuente en el parlamentarismo autonómico y, aún más, en el parlamentarismo en general@[148].
Segunda, destaca de manera especial el desarrollo de las labores legislativa y de control, con un volumen cuantitativo de actividad parlamentaria notable y unas cifras en constante aumento, especialmente en el ámbito de la fiscalización o control parlamentario. Además, en el caso de la actividad legislativa, pese a haber sido una de las últimas Comunidades en constituirse, el volumen de lo legislado[149] la ha situado en el panorama comparado sólo detrás del Parlamento de Navarra y del Parlamento de Cataluña[150] Cdato que es especialmente relevante si consideramos que éstos han venido regulando, obviamente, sobre un número mayor de competencias y algunas, como las tributarias, de especial peso legislativoC.
Tercera, y la que mayor relevancia tiene, la trascendencia, no ya sólo mediática y política, sino jurídicoBconstitucional, de algunos fenómenos acaecidos en su desarrollo. Como prueba de lo afirmado, sirva traer aquí a colación, a título de mero ejemplo, los siguientes:
11.C La dinámica de los Grupos Parlamentarios y, en especial, la del Grupo Mixto durante su I, II, IV y VI Legislaturas Cno en balde en los medios de comunicación se ha calificado al Parlamento regional como Alaboratorio del transfuguismo@C.
La referida dinámica, a mayor abundamiento, se encuentra en el origen de la trascendente Doctrina constitucional sobre la distribución de puestos en las comisiones parlamentarias y la determinación de las subvenciones de los Grupos Parlamentarios[151]. Lo anterior es predicable, haciéndolo extensivo, además, a la tesis del mandato imperativo y del desbloqueo de las listas electorales, al estudio del estatuto jurídico de los Diputados o a la designación de miembros de Consejos; cuestiones que se han apuntado como improrrogables por parte de las fuerzas políticas tras los consabidos acontecimientos que se vivieron a partir de la celebración de las elecciones de 25 de mayo de 2003, durante la fugaz VI Legislatura.
21.C La distribución del número de Senadores de la Comunidad Autónoma que corresponde proponer a cada Grupo Parlamentario y el establecimiento de un procedimiento para su designación que asegure, en todo caso, la adecuada representación proporcional, conforme a lo dispuesto por el artículo 69.5 de la Constitución.
La meritada cuestión fue origen, asimismo, de la jurisprudencia constitucional en la materia, delimitando los criterios de proporcionalidad[152].
31.C La aprobación, sin base estatutaria inicial, de la Ley 5/1990, de 17 de Mayo, reguladora de la Facultad de Disolución de la Asamblea de Madrid por el Presidente de la Comunidad.
La citada disposición legal resultó convalidada ulteriormente, por medio de la reforma del Estatuto de Autonomía operada por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio, optando el Legislador de forma inequívoca por el reconocimiento de la facultad de disolución del Presidente en su artículo 21 y, en consecuencia, por la recepción expresa de tan particular statv qvo ante[153].
41.C La aplicación, por vez primera en la Historia de nuestro Derecho Parlamentario y Constitucional, de la disolución sancionatoria ope legis que dilucidan los artículos 18.5 y 6 del Estatuto y 184.2 del Reglamento de la Asamblea y, asimismo, recogen de manera heterogénea los distintos Estatutos de Autonomía.
El efecto jurídico producido por dicha aplicación ha comportado otras cuestiones colaterales que han concurrido y que reclaman y serán, a buen seguro, retomadas o, en su novedad, jurídicamente diseccionadas con enjundia por la Doctrina. Entre estas cuestiones, pensamos, como mero apunte: en la defensa del Parlamento no frente a otros Poderes, sino ad intra; en la delimitación de las facultades de las Mesas de Edad durante el desarrollo de una sesión constitutiva; en la figura del Diputado no adscrito; en el alcance del mandato imperativo; en la cuestión de la ausencia de candidatos a la Presidencia de la Comunidad por falta de propuesta de los Grupos Parlamentarios y, en este supuesto, la posición y facultades de la Presidencia de la Cámara; en la funcionalidad de las Comisiones de Investigación; en la posición del Gobierno en funciones, sus competencias y límites, incluida la posibilidad de su Presidente de proceder al cese y nombramiento de nuevos Consejeros; o en la situación de simultaneidad de los cargos en funciones y sus repercusiones.
51.C El problema, no resuelto, de la ALey de Capitalidad@[154].
Así es, no puede omitirse que desde que el Rey FELIPE II, en 1561, hiciera de la villa de Madrid la capital de sus Estados, también del Imperio, y sede de la Corte, la dinámica histórica de Madrid ha estado determinada por esta condición, y la misma no puede reputarse una mera reminiscencia histórica. En efecto, cuando menos en términos jurídicos, a día de hoy está pendiente la necesaria articulación de un régimen especial para la villa de Madrid, capital del Estado. Así lo acredita el propio Preámbulo de la, ya mencionada, Ley Orgánica 6/1982, de 7 de julio, por la que se autorizó la constitución de Madrid como Comunidad Autónoma, el cual disponía que la capitalidad *[...] exigirá en el futuro el tratamiento legal adecuado para dar respuesta al especial status que concurre en la villa de Madrid.+; declaración programática que, en términos prescriptivos, se complementa con lo dispuesto por el vigente artículo 6 del Estatuto de Autonomía, en virtud del cual: *La villa de Madrid, por su condición de capital del Estado y sede de las Instituciones generales, tendrá un régimen especial, regulado por Ley votada en Cortes. Dicha Ley determinará las relaciones entre las Instituciones estatales, autonómicas y municipales, en el ejercicio de sus respectivas competencias.+.
61.C Ha de recordarse, asimismo, el peculiar círculo normativo que empezó a trazarse con la aprobación de la Ley 15/1984, de 19 de Diciembre, del Fondo de Solidaridad Municipal, conocida también como ALey del 3 por ciento@ Chabida cuenta que su contenido normativo básico comportaba la imposición de un recargo de ese porcentaje sobre la cuota líquida del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas que tuvieran su domicilio, a efectos fiscales, en cualquiera de los municipios comprendidos dentro del territorio de la Comunidad de MadridC, prosiguió con la atípica Ley 4/1985 Cpor la que se suspendió la aplicación de la anterior hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara al respectoC y culminó con la cuadratura del círculo que supuso la Ley 10/1990, de 4 de diciembre, de derogación de la primera CLey aprobada tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 150/1990, de 4 de octubre, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad planteado contra la Ley 15/1984[155]C.
71C En línea con lo inmediatamente apuntado, ha de dejarse constancia de algunas opciones, cuando menos, cuestionables desde el punto de vista de la técnica legislativa.
Ad exemplvm, cabe citar el recurso generalizado, desde 1996, a las denominadas Aleyes de acompañamiento@, que se han convertido en auténticas Aleyes anuales de modificación del ordenamiento jurídico autonómico@, con la consecuente inseguridad y detrimento de la certeza del Derecho que produce una norma del género en los operadores jurídicos. Asimismo, no puede ignorarse la reiterada utilización, durante dilatados periodos, del expeditivo procedimiento de tramitación de proyectos de ley en lectura única, cercenando el debate entre los Grupos Parlamentarios. Por último, con carácter anecdótico mas no baladí, recuérdese la modificación parcial del régimen jurídico de ARadioBTelevisión Madrid@ operada en 1991 mediante tres leyes puntuales, distintas y separadas, que fueron tramitadas, aprobadas y publicadas oficialmente de forma simultánea: no ya la lógica, sino el simple sentido común conducen a afirmar la conveniencia de haber procedido aprobando una ley única de modificación de los artículos 4.6, 6.1, 6.2 y 10 de la Ley 13/1984[156].
[117] El texto originario de la Ley Orgánica 5/1985, objeto ulterior de distintas reformas, se insertó en el Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 1985, número 147, página 19.110 y siguientes; con rectificación de errores en el posterior número 17, de 20 de enero de 1986, página 2.759.
[118] Al respecto, véanse ARNALDO ALCUBILLA:AEl régimen electoral de la Comunidad de Madrid@, Capítulo 10 de la obra colectiva, anteriormente citada, "Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid", páginas 175 a 202; PAJARES MONTOLÍO, Emilio: AEl sistema electoral de la Comunidad de Madrid@, en PAU I VALL (Coordinador), "Parlamento y sistema electoral", VI Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Aranzadi, Pamplona, 1999, páginas 257 a 281; y VIDAL PRADO, Carlos: AEl sistema electoral para la configuración de la Asamblea de Madrid@, Capítulo XIV de la obra colectiva, ya citada, "El Derecho Público de la Comunidad de Madrid", páginas 357 a 367.
[119] Los títulos citados establecen las disposiciones especiales para las elecciones de diputados y senadores, municipales, de cabildos insulares canarios y de diputados provinciales, respectivamente. Curiosamente, no se incluye en la proscripción el inmediato Título VI destinado a regular el sistema electoral de los comicios al Parlamento Europeo.
[120] Editada en el Boletín Oficial del Estado número 85, de 9 de abril.
[121] En Boletín Oficial del Estado número 309, de 27 de diciembre.
[122] Véase el Boletín Oficial del Estado número 108, de 5 de mayo.
[123] Publicadas en el Boletín Oficial del Estado número 21, de 25 de enero de 2000.
[124] Cfr., Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 306, de 26 de diciembre de 1986; con corrección de errores en el ulterior número 5, de 7 de enero de 1987. A tenor de su Disposición Final Tercera, entró en vigor el día de su publicación oficial. Asimismo, la ley autonómica se editó en el Boletín Oficial del Estado número 41, de 17 de febrero de 1987, página 4.743 y siguientes; con corrección de errores en el posterior Boletín número 62, de 13 de marzo, página 7.435.
[125] En efecto, conforme impone el artículo 148.3 del vigente Reglamento de la Asamblea: *A continuación, el Presidente someterá a una única votación el dictamen de la Comisión, incorporándose en su caso la exposición de motivos como preámbulo de la ley si fuere aprobada.+.
[126] La Ley 4/1991, de 21 de marzo, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid, se insertó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 71, de 25 de marzo de 1991, entrando en vigor, a tenor de su Disposición Final 40, el día de su publicación oficial. El texto, ulteriormente, se reprodujo en el Boletín Oficial del Estado número 102, de 29 de abril, página 13.539.
[127] La Ley 5/1995, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid, fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 76, de 30 de marzo de 1995; con corrección de errores en el ulterior Boletín número 93, de 20 de abril. A tenor de su Disposición Final Segunda, entró en vigor el día de su publicación oficial. El texto, ulteriormente, se reprodujo en el Boletín Oficial del Estado número 161, de 7 de julio, página 20.792.
[128] La Ley 15/1995, de 21 de abril, de modificación del artículo 5 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid, se editó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 105, de 4 de mayo de 1995. De conformidad con su Disposición Final, entró en vigor al día siguiente de su publicación oficial. El cuerpo legal, posteriormente, se reprodujo en el Boletín Oficial del Estado número 170, de 18 de julio, página 21.938.
[129] La Ley 12/1998, de 9 de julio, por la que se modifica el artículo 5 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid, fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 164, de 13 de julio de 1998; con corrección de errores en el posterior Boletín número 191, de 13 de agosto. A tenor de su Disposición Final, entró en vigor al día siguiente de su publicación oficial. El texto, ulteriormente, se reprodujo en el Boletín Oficial del Estado número 281, de 24 de noviembre, página 38.514.
[130] La Ley 24/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, se insertó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 309, de 30 de diciembre de 1999; con corrección de errores en el posterior número 31, de 7 de febrero de 2000. De conformidad con su Disposición Final Segunda, entró en vigor el día de su publicación oficial. La Ley, asimismo, se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 48, de 25 de febrero, página 8.374.
[131] La Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, se editó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 308, de 28 de diciembre de 2001, entrando en vigor el día 1 de enero de 2002, de conformidad con su Disposición Final Tercera. Asimismo, se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 55, de 5 de marzo, página 8.898.
[132] La Ley 12/2003, de 26 de agosto, de Reforma de la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid, se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 203, de 27 de agosto de 2003, entrando en vigor el propio día, en los términos de su Disposición Final. La Ley fue también objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado número 226, de 20 de septiembre del mismo año, página 34.654.
[133] Cfr., Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 85, de 10 de abril de 1987, con corrección de errores en el posterior número 93, de 20 de abril. El considerado Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación oficial, conforme estableció su Disposición Final.
[134] El artículo único del Decreto 186/1998 modifica los artículos 5, 6 y 7, así como la Disposición Adicional del Decreto 17/1987. Fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 268, de 11 de noviembre de 1998, entrando en vigor al día siguiente de su publicación oficial, a tenor de su Disposición Final Segunda. Ha de precisarse que, en realidad, el contenido normativo de su artículo único es meramente nominativo, limitándose a modificar las referencias a los titulares de las Consejerías implicadas.
[135] Cfr., Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 82, de 6 de abril de 1995. Su texto, a tenor de la Disposición Final, entró en vigor el propio día de su publicación oficial, constituyendo el objeto de su artículo único sustituir los Anexos originarios del Decreto 17/1987.
[136] Cfr., Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 86, de 11 de abril de 2003, que, de conformidad con su Disposición Final, entró en vigor al día siguiente de su publicación oficial. Su tenor fue corregido por la posterior Orden 587/2003, de 15 abril, editada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 108, de 8 mayo.
[137] Cfr., Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 80, de 4 de abril de 2003, que, de conformidad con su dispositivo Segundo, entró en vigor el día de su publicación oficial.
[138] Cfr., Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 99, de 28 de abril de 2003, que, de conformidad con su Disposición Final, entró en vigor al día siguiente de su publicación oficial. Su tenor fue corregido por la posterior Orden 587/2003, de 15 abril, editada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 108, de 8 mayo.
[139] Al respecto resulta de especial utilidad la consulta del AInforme Comunidades Autónomas@publicado anualmente, primero Caños 1989, 1990 y 1991C, por la Fundación Carles PI I SUNYER, y, desde 1992, por el Instituto de Derecho Público. El Informe, dirigido por AJA FERNÁNDEZ desde 1989 hasta 1997, y desde 1998 hasta la fecha por TORNOS MÁS, Joaquín, analiza sintéticamente la actividad de cada Comunidad, haciendo especial mención, cada año, a la producción legislativa y a la actividad institucional de su Asamblea Legislativa. Por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, a SALAS HERNÁNDEZ, Javier, se deben los Informes de 1989 Cpáginas 164 a 166C, 1990 Cpáginas 160 a 163Cy 1991Cpáginas 141 y 142C. Por su parte, AGUIAR DE LUQUE, Luis, ha asumido su realización, primero en solitario, durante los años 1992 Cpáginas 169 a 173C, 1993 Cvolumen I, páginas 320 a 335C, 1994 Cvolumen I, páginas 365 a 380Cy 1995 Cvolumen I, páginas 358 a 377C; luego en coautoría con MOLLINEDO CHOCANO, en los años 1996 Cvolumen I, páginas 344 a 363C, 1997 Cvolumen I, páginas 359 a 378C, 1998 Cvolumen I, páginas 363 a 384Cy 1999 Cpáginas 357 a 376C; y, por último, en coautoría con PAJARES MONTOLÍO, en los años 2000 Cpáginas 340 a 359C, 2001 Cpáginas 374 a 395C, 2002 Cpáginas 362 a 383Cy 2003 Cpáginas 425 a 455C. El Informe de Madrid correspondiente a 2004 Cpáginas 423 a 458Cha sido elaborado por FERNÁNDEZ FARRERES y ARÉVALO GUTIÉRREZ.
[140] Vid.el Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid número 1, de 8 de junio de 1983, página 2.
[141] Ibídem., páginas 2 a 12.
[142] El desarrollo de la sesión de investidura puede consultarse en el Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid número 2, de 25 de junio de 1983, páginas 15 a 68.
[143] En efecto, los Estatutos de Autonomía no establecieron una cifra tasada y fija de componentes de sus Asambleas legislativas, limitándose a establecer un número provisional para las primeras elecciones y a remitir a una ley electoral ulterior propia la determinación del número definitivo de Diputados que habrían de integrar la Cámara; o bien, de modo parejo al modelo seguido por la Constitución respecto de la composición del Congreso, determinan un mínimo y un máximo de miembros que deben integrar la Cámara Cmuchas de estas acotaciones quedarían posteriormente superadasC: de 60 a 80 para el caso del Parlamento de Galicia (artículo 11.5 del Estatuto); de 90 a 110 en el caso del Parlamento de Andalucía (artículo 26.2 del Estatuto); entre 35 y 45 para la Junta General del Principado de Asturias (artículo 25.2 de su Estatuto) y el Parlamento de Cantabria (artículo 10.4 del Estatuto); algo menor es el margen de representantes, de 32 a 40, dispuesto para el Parlamento de La Rioja por el Estatuto de Autonomía de La Rioja, en su artículo 17.2; de 45 a 55 Diputados pueden constituir la Asamblea Regional de Murcia (artículo 24.2 de su Estatuto); 75 a 100 las Cortes Valencianas (artículo 12.1 del Estatuto); 60 a 75 las Cortes de Aragón (artículo 19 de su Estatuto); 47 a 59 las Cortes de CastillaBLa Mancha (artículo 10.2 del Estatuto); de 50 a 70 el Parlamento de Canarias (artículo 9.3 del Estatuto); y entre 40 y 60 miembros fija como márgenes para el Parlamento de Navarra la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en el artículo 15.2. De forma parcialmente análoga, el Estatuto de Autonomía de Extremadura, en el artículo 27.1, se limita a determinar el número máximo de Diputados que pueden componer la Asamblea de Extremadura: 65, silenciando toda referencia al posible número inferior.
En general, la cifra exacta de Diputados componentes se acota en virtud de lo que disponen las correspondientes leyes electorales, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población. Las excepciones a este esquema se encuentran en el País Vasco Cpara cuyo Parlamento el Estatuto (artículo 26.1) determina un número fijo de Diputados: 75, correspondiendo por igual la elección de 25 representantes a cada uno de los Territorios HistóricosCy en Cataluña CDisposición Transitoria Cuarta.2 de su Estatuto de Autonomía, en virtud de la cual, sobre la base de las circunscripciones provinciales,*El Parlamento de Cataluña estará integrado por 135 Diputados, de los cuales la circunscripción de Barcelona elegirá un Diputado por cada 50.000 habitantes, con un máximo de 85 Diputados. Las circunscripciones de Gerona, Lérida y Tarragona elegirán un mínimo de seis Diputados, más uno por cada 40.000 habitantes, atribuyéndose a las mismas 17, 15 y 18 Diputados, respectivamente.+.
En la actualidad el número de miembros oscila, de acuerdo con las normas electorales de cada Comunidad, entre los 33 Diputados del Parlamento de La Rioja, o los 39 del Parlamento de Cantabria, que serían los Parlamentos con menor número de representantes, hasta los más numerosos, como el Parlamento de Andalucía, integrado por 109 Diputados, o los 135 representantes del Parlamento de Cataluña.
Finalmente, para los casos de las Asambleas de las Ciudades autónomas el número de Diputados miembros es fijo, cifrándose en ambos supuestos en los 25 Diputados (vid. al efecto los artículos 7 del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta y 3 del Reglamento de su Asamblea, y artículos 7 del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla y 3 del Reglamento Orgánico de la Ciudad de Melilla).
[144] Véase, respecto del periodo comprendido desde la primigenia constitución de la Cámara hasta junio de 1995, es decir, sus tres primeras Legislaturas, ARÉVALO GUTIÉRREZ: ALa consolidación de una institución representativa: doce años de andadura de la Asamblea de Madrid (1983B1995)@, en Asamblea, Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, número 2, diciembre 1999, páginas 191 a 225. Del propio autor, sobre la base del anterior, sustancialmente revisado y ampliado hasta diciembre de 2002, vid. ALa consolidación institucional de la Asamblea de Madrid como Parlamento Autonómico (1983B2002)@, en el número Especial Monográfico, anteriormente citado, que la propia Revista editó en abril de 2003 con el título: "La Asamblea de Madrid: dos décadas de Parlamento autonómico", páginas 413 a 521.
En el referido Especial Monográfico está perfectamente descrito el proceso de consolidación de la Institución desde diversas perspectivas, agrupadas en cinco apartados. En el apartado I, ALa Asamblea de Madrid. Una vista interior@, se recogen los siguientes trabajos de ex Presidentes y Presidentes tanto de la Comunidad como de la Cámara, así como de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en la V Legislatura: LEGUINA HERRÁN, Joaquín:AVeinte años después@, páginas 3 a 7; RUIZBGALLARDÓN JIMÉNEZ, Alberto:ALa Comunidad de Madrid, de la imaginación a la prueba@, páginas 9 a 15; ESPINAR GALLEGO, Ramón: ALa primera Legislatura de la Asamblea de Madrid@, páginas 17 a 21; POSADA CHAPADO, Rosa María: AUna mirada atrás@, páginas 23 a 25; DÍEZ OLAZÁBAL, Pedro: ATercera Legislatura: madurez parlamentaria y participación social@, páginas 27 a 30; VANBHALEN ACEDO, Juan: ACrónica de una experiencia@, páginas 31 a 36; VILLANUEVA GONZÁLEZ, Miguel Ángel: ALa fuerza de la democracia madrileña@, páginas 37 a 39; SABANDO SUÁREZ, Pedro Feliciano: AUnas notas sobre mi experiencia en la Asamblea de Madrid@, páginas 41 a 44; y PÉREZ MARTÍNEZ, Ángel: A... Y que cumplan muchos más@, páginas 45 a 47. El apartado II está dedicado a ALa Asamblea de Madrid y su representación política@, rúbrica que agrupa los trabajos de MARTÍNEZ CUADRADO, Miguel: ARepresentación política de Madrid en el Antiguo Régimen y en la España contemporánea@, páginas 53 a 77; y de MARTÍN DE HIJAS MERINO: AEl régimen especial de Madrid: análisis del artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid@, páginas 79 a 103. El apartado III, ALa Asamblea de Madrid y su relación con otras instituciones@, analiza las relaciones con las Cortes Generales, el Gobierno de la Comunidad, los Tribunales de Justicia y los Ayuntamientos, objeto de los siguientes siete estudios: GUTIÉRREZ VICÉN, Carlos: ALas relaciones entre la Asamblea de Madrid y las Cortes Generales@, páginas 109 a 141; CUENCA MIRANDA, Alfonso: ALos Senadores designados por las Comunidades Autónomas@, páginas 143 a 167; LUCIO GIL, Antonio: AEn defensa de la política: *El Libro Blanco de la Gobernanza Europea y la Asamblea de Madrid+@, páginas 171 a 198; LÁZARO MARTÍNEZ DE MORENTÍN, Patricia, y CALVO GARCÍA, Javier: ALas Proposiciones de Ley de origen parlamentario y las facultades del Gobierno respecto de su tramitación y toma en consideración@, páginas 199 a 234; GRECIET GARCÍA: ADecretos Legislativos autonómicos, ultra vires y responsabilidad patrimonial de la Comunidad Autónoma Legisladora@, páginas 235 a 266; SÁNCHEZ MAGRO, Andrés: ALa Asamblea de Madrid ante la fragmentada Administración de Justicia del Estado Autonómico@, páginas 269 a 277; y MUÑOZ YLLERA, Concepción: AVeinte años de relación entre la Asamblea de Madrid y los 179 municipios que componen la Comunidad Autónoma@, páginas 281 a 299. El apartado IV centra su consideración en ALa Asamblea de Madrid y la sociedad madrileña@, con dos estudios: ARAGÓN REYES: AEl Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid y sus relaciones con la Asamblea@, páginas 305 a 316; y ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, y BARRANCO AVILÉS, María del Carmen: AReflexiones sobre el Parlamento y la Universidad@, páginas 319 a 335. Por último, el apartado V, ALa Asamblea de Madrid: Parlamento de la Comunidad@, recoge, en primer lugar, las aportaciones de los sucesivos Secretarios Generales de la Cámara, publicando, ulteriormente, cuatro estudios, sobre la actividad parlamentaria, de distintos Letrados de la Asamblea. En el primer bloque, tras una referencia, in memoriam, a D. José Nicolás CARMONA SALVADOR, quien fuera su primer Secretario General C1983 a 1985C, se publican los trabajos de FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Juan: ALa Asamblea de Madrid. Su constitución y primera Legislatura (1983B1986), desde una perspectiva histórica@, páginas 341 a 359; SANTAOLALLA LÓPEZ, Fernando: AMis años como Secretario General de la Asamblea de Madrid (1988B1990)@, páginas 361 a 365; VALERO JORDANA, Gregorio: ALa Secretaría General de la Asamblea de Madrid (1990B1992)@, páginas 367 a 377; MOLLINEDO CHOCANO: ALa Asamblea de Madrid (1992B1997)@, páginas 379 a 392; GARCÍA MEXÍA: AMi experiencia como Secretario General de la Asamblea de Madrid (1997B2000)@, páginas 393 a 397; y DE ALBA BASTARRECHEA: AVeinte años no es nada... qué febril la mirada@, páginas 399 a 409. Los veinte años de actuación parlamentaria son diseccionados, además de por ARÉVALO GUTIÉRREZ, en el estudio citado en el primer párrafo de esta misma nota, por SÁNCHEZ SÁNCHEZ: ALa función presupuestaria en la Asamblea de Madrid@, páginas 523 a 539; DEL PINO CARAZO: AVeinte años de actividad de control político en la Asamblea de Madrid@, páginas 541 a 561; y CID VILLAGRASA: ANacimiento y consolidación de la Asamblea de Madrid como organización autónoma@, páginas 563 a 587.
[145] No obstante, de justicia es destacar el minucioso análisis de conjunto elaborado durante el transcurso de la I Legislatura por SAÍNZ MORENO, Fernando: ALa Asamblea de Madrid@, en el colectivo coordinado por GÓMEZBFERRER MORANT: "Estudios sobre el Derecho de la Comunidad de Madrid", op. cit., páginas 23 a 75; basado en una perspectiva predominantemente jurídicoBformal, analiza el período comprendido desde su constitución, en junio de 1983, hasta el 31 de diciembre de 1986.
[146] En efecto, AAsamblea, Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid@intentó paliar desde su fundación la carencia denotada, configurando un epígrafe específico CACrónica de Actividad Parlamentaria@Cen orden a hacer un puntual seguimiento de la actividad de la Cámara que suministre al lector una información ágil y concisa, debidamente sistematizada, de la misma. Vid., ARÉVALO GUTIÉRREZ: ALas leyes de la Asamblea de Madrid@, número 1, junio 1999, páginas 147 a 188; ARÉVALO GUTIÉRREZ: ALa consolidación de una institución representativa: doce años de andadura de la Asamblea de Madrid (1983B1995)@, número 2, diciembre 1999, op. cit.; ARÉVALO GUTIÉRREZ:ALa IV Legislatura de la Asamblea de Madrid@, número 3, junio 2000, páginas 181 a 204; ARÉVALO GUTIÉRREZ: AEl primer año de la V Legislatura de la Asamblea de Madrid@, número 4, diciembre 2000, páginas 229 a 253; DE ALBA BASTARRECHEA: ALa Actividad Parlamentaria del segundo año de la V Legislatura de la Asamblea de Madrid@, número 5, diciembre 2001, páginas 145 a 173; CID VILLAGRASA: ALas tácticas parlamentarias del tercer año de la V Legislatura de la Asamblea de Madrid@, número 6, junio 2002, páginas 157 a 189; NIETO LOZANO, Ángeles, TORRES FERNÁNDEZ, Raquel, y SOUSA BARRERA, Ricardo: ALa actividad parlamentaria de julio a diciembre de 2002 (V Legislatura)@, número 7, diciembre 2002, páginas 241 a 262; NIETO LOZANO, TORRES FERNÁNDEZ y SOUSA BARRERA: ALa actividad parlamentaria de enero a 9 de junio de 2003 (V Legislatura)@, número 8, junio 2003, páginas 324 a 343; NIETO LOZANO, TORRES FERNÁNDEZ y GARCÍA ÁLVAREZ, Manuel José: ALa actividad parlamentaria de 10 de junio a 11 de noviembre de 2003 (VI Legislatura)@, número 9, diciembre 2003, páginas 317 a 354; NIETO LOZANO, TORRES FERNÁNDEZ y GARCÍA ÁLVAREZ: ALa actividad parlamentaria de 12 de noviembre a 31 de diciembre de 2003 (VII Legislatura)@, número 10, junio 2004, páginas 241 a 277; NIETO LOZANO y GARCÍA ÁLVAREZ: ALa actividad parlamentaria de enero a junio de 2004 (VII Legislatura)@, número 11, diciembre 2004, páginas 207 a 246; y NIETO LOZANO y GARCÍA ÁLVAREZ: ALa actividad parlamentaria de julio a diciembre de 2004 (VII Legislatura)@, número 12, junio 2005, páginas 359 a 389.
Asimismo, en la propia Revista Ccon referencia, en lo que sigue, a su número, omitiendo su respectiva fecha de publicación; concretada en el párrafo anteriorCse contienen diversos trabajos específicos o centrados en el régimen jurídico de la Asamblea de Madrid.
Por un lado, las siguientes ANotas y Dictámenes@: LUCIO GIL: ALa Mesa de la Asamblea de Madrid@, número 1, páginas 69 a 104; MARAZUELA BERMEJO:AEl régimen económico y presupuestario de la Asamblea de Madrid@, número 1, páginas105 a 143; MARAZUELA BERMEJO: AEl régimen económico y presupuestario de la Asamblea de Madrid (II parte)@, número 2, páginas 103 a 138; DE ALBA BASTARRECHEA:AEl Régimen Jurídico del Personal al servicio de la Asamblea de Madrid@, número 2, páginas 139 a 153; DEL PINO CARAZO: AComparecencias ante las Comisiones de la Asamblea de Madrid@, número 2, páginas 155 a 188; y DE ALBA BASTARRECHEA: AEstatuto de los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas@, número 12, páginas 85 a 114.
De otro, dos AEstudios@: COROMINAS ETCHEGARAY, Paulina: AEl derecho de petición ante la Asamblea de Madrid@, número 6, páginas 15 a 24; y GRECIET GARCÍA: APosición constitucional de las Comisiones de Investigación y protección de los derechos de los comparecientes@, número 10, páginas 53 a 156.
Finalmente, cabe hacer referencia a los siguientes trabajos de ADocumentación@: ARÉVALO GUTIÉRREZ; GONZÁLEZBSANTANDER GUTIÉRREZ, Luis Eduardo; y NIETO LOZANO: AProcesos ante el Tribunal Constitucional contra leyes y actos de la Asamblea de Madrid@, número 1, páginas 191 a 199; MARAZUELA BERMEJO y NIETO LOZANO: ALas Mociones en la Asamblea de Madrid@, número 3, páginas 207 a 254; GONZÁLEZBSANTANDER GUTIÉRREZ: ALos fondos bibliográficos parlamentarios de la Biblioteca de la Asamblea de Madrid: catálogo de monografías@, número 6, páginas 193 a 318; NIETO LOZANO, TORRES FERNÁNDEZ y SOUSA BARRERA:AAnálisis documental de series del Archivo de la Asamblea de Madrid (Parte I)@, número 6, páginas 319 a 363; BODEGA SANTANDER, Francisco Javier: AParlamento y nuevas tecnologías@, número 7, páginas 265 a 278; VALVERDE NAVARRO, María Luisa, y ORDÓÑEZ DOMÍNGUEZ, Julio: ALa Oficina de Control Presupuestario@, número 8, páginas 347 a 371; CID VILLAGRASA: ALos Consejos Asesores de la Comunidad de Madrid en los que participa la Asamblea de Madrid@, número 9, páginas 357 a 388; MARAZUELA BERMEJO:ADiccionarioBGuía sobre desarrollo de la presidencia, tramitación de asuntos y ordenación de los debates en las Comisiones@, número 10, páginas 359 a 424; y CARPIO CASTAÑO, Fernando: ALa cuestión sindical en la Asamblea de Madrid@, número 11, páginas 249 a 253.
Por último, a efectos documentales, notable interés reviste la publicación AMemoria de Actividad Parlamentaria@de la Asamblea de Madrid. Los datos que se recogen en el presente trabajo están tomados, en su mayoría, de dicha publicación periódica, elaborada por la Sección de Archivo de la Cámara.
[147] En efecto, desde 1999, al margen del Especial Monográfico "La Asamblea de Madrid: dos décadas de Parlamento autonómico", antes citado, así como de los diferentes trabajos publicados en los sucesivos números de AAsamblea, Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid@, han visto la luz distintas aportaciones.
En 1999, la obra colectiva, anteriormente citada, "Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid", incorporó un análisis descriptivo y referido a la situación vigente a partir de la aprobación del Reglamento de la Cámara de 1997. En la versión de 2003 de la propia obra colectiva, dicho trabajo, debido a MOLLINEDO CHOCANO, se incorpora como Capítulo 11, ALa Asamblea de Madrid. Organización y funcionamiento@, páginas 203 a 255. En esta segunda versión, además, el Capítulo 12, páginas 239 a 255, lo dedica DE ALBA BASTARRECHEA al estudio deAEl estatuto de los Diputados de la Asamblea de Madrid@.
De MOLLINEDO CHOCANO, asimismo: ALas peculiaridades del control parlamentario en la Asamblea de Madrid@, en la obra colectiva, coordinada por ELVIRA PERALES, Ascensión, y GONZÁLEZ AYALA, María Dolores: "Nuevos retos del control parlamentario: Comunidades Autónomas y Unión Europea", Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, páginas 33 a 44. En esta misma obra se recoge, asimismo, un interesante ADebate@sobre las peculiaridades del control parlamentario en las Comunidades Autónomas, moderado por la profesora GONZÁLEZ AYALA y muy centrado en el caso de la Asamblea de Madrid, en el que se reproducen las intervenciones de BLANCO VALDÉS, TRUJILLO RINCÓN, VINTRÓ I CASTELL, ARÉVALO GUTIÉRREZ, BELDA, VILLANUEVA GONZÁLEZ, ÁLVAREZ DURANTE, SANZ ARRANZ, ASTARLOA HUARTEBMENDICOA y AGUIAR DE LUQUE, páginas 129 a 205.
En 2003, con motivo del XX Aniversario del Estatuto de Autonomía, se publicó la obra, citada anteriormente, dirigida por ÁLVAREZ CONDE: "El Derecho Público de la Comunidad de Madrid". El apartado A) de su Tercera Parte está, específicamente, dedicado a la Asamblea de Madrid, incorporándose siete trabajos, uno de ellos relativo al sistema electoral Cque será considerado en el Capítulo III de esta obraC. Son los siguientes: MOLLINEDO CHOCANO, ACapítulo XIII. La Asamblea de Madrid. Reflexiones a los veinte años del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid@, páginas 333 a 355; RIPOLLÉS SERRANO, ACapítulo XV. Estructura y funcionamiento de la Asamblea de Madrid@, páginas 369 a 384; NAVAS CASTILLO, Florentina, ACapítulo XVI. La tipología de las Comisiones parlamentarias en la Asamblea de Madrid@, páginas 385 a 402; MERINO NORVERTO, María, ACapítulo XVII. El estatuto de los parlamentarios de la Asamblea de Madrid@, páginas 403 a 426; REBOLLEDO DELGADO, Lucrecio, ACapítulo XVIII. La Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid@, páginas 427 a 446; y GONZALO GONZÁLEZ, Manuel, ACapítulo XIX. Las funciones de la Asamblea de Madrid@, páginas 447 a 467.
Desde una perspectiva sociológica resulta también de interés el Capítulo II: ARepresentación política: diputados y Asamblea@, elaborado por BAYÓN, Ricardo, y LÓPEZ NIETO, Lourdes, para la obra colectiva "La Comunidad de Madrid. Balance de quince años de experiencia autonómica", editado por LÓPEZ NIETO, Ediciones Istmo, S.A., 1999, páginas 48 a 86.
[148] Cfr., LÓPEZ GUERRA: ALa organización de los poderes públicos autonómicos. La forma de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid@, Capítulo 9 de la obra colectiva, siempre citada en su segunda versión, "Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid", op. cit., páginas 159 a 174. La cita se recoge de la página 171, exponiéndose en las páginas 172 a 174 algunas líneas maestras del funcionamiento de la forma parlamentaria del Gobierno de Madrid.
[149] Al respecto, véase ARÉVALO GUTIÉRREZ: ALas leyes de la Asamblea de Madrid@, op. cit.. Del propio autor, con carácter general: ALa fuerza de ley de las leyes emanadas de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas@, op. cit..
[150] El dato de referencia lo recogemos de ARÉVALO GUTIÉRREZ, MARAZUELA BERMEJO y DEL PINO CARAZO: ALos reglamentos de los Parlamentos autonómicos@, op. cit., páginas 66 y 67, donde se contiene una tabla con precisión en detalle respecto de cada Comunidad Autónoma.
[151] De especial significación, en este sentido, resulta la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional 214/1990, de 20 de diciembre CPonente: Sr. de la VEGA BENAYASC(Boletín Oficial del Estado número 9, de 10 de enero de 1991), recaída en el recurso de amparo 827/1988, interpuesto por el entonces Diputado de la Asamblea de Madrid (II Legislatura), D. José Luis ORTIZ ESTÉVEZ, contra Acuerdos de la Junta de Portavoces y de la Mesa de la Asamblea de Madrid de 28 de enero y de 2 de febrero de 1988, respectivamente. La meritada Sentencia resolvió la inadmisión del amparo solicitado. Al respecto, vid. ARÉVALO GUTIÉRREZ, GONZÁLEZBSANTANDER GUTIÉRREZ y NIETO LOZANO:AProcesos ante el Tribunal Constitucional contra leyes y actos de la Asamblea de Madrid@, op. cit., páginas 193 y 194.
Con carácter general, aunque el supuesto analizado se refiere específicamente a la IV Legislatura, es provechosa la consulta del ADictamen de la Secretaría General de la Asamblea de Madrid sobre las repercusiones jurídicoBparlamentarias de la creación del Grupo Parlamentario Mixto@, ulteriormente publicado por GARCÍA MEXÍA en el número 46 de la Revista de las Cortes Generales, Primer Cuatrimestre 1999, con el título deAProblemas jurídicoBparlamentarios de la creación de un Grupo Parlamentario Mixto@, páginas 189 a 227.
[152] Cfr., al respecto, la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional 4/1992, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado número 38, de 13 de febrero de 1992), dictada en el recurso de amparo 1.724/1991, promovido por el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid contra los Acuerdos de la Mesa de 8 de julio de 1991 y del Pleno de la misma del día 16 siguiente, relativos a distribución del número de Senadores que corresponde a cada Grupo Parlamentario y su designación. La Sentencia denegó el amparo solicitado. Vid. ARÉVALO GUTIÉRREZ, GONZÁLEZBSANTANDER GUTIÉRREZ y NIETO LOZANO: AProcesos ante el Tribunal Constitucional contra leyes y actos de la Asamblea de Madrid@, op. cit., página 194.
[153] Sin entrar, en este momento, en la valoración de la norma de referencia, confróntese el reconocimiento efectuado por la misma de la facultad de disolución de la Asamblea de Madrid con los artículos 10.1 y 18.5 del Estatuto de Autonomía, en su redacción originaria Cesto es, la que estaba vigente cuando se aprobóC, del siguiente tenor literal, respectivamente: *La Asamblea de Madrid es elegida por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara, en el supuesto previsto en el artículo 18.5 del presente Estatuto.+; y *Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza de la Asamblea, quedará disuelta, convocándose de inmediato nuevas elecciones.+.
[154] Al respecto véanse AVEZUELA CÁRCEL, Jesús: AMadrid, capital del Estado@, Capítulo VIII de la obra colectiva "El Derecho Público de la Comunidad de Madrid", op. cit., páginas 197 a 211; y ENTRENA CUESTA, Ramón: ALa capitalidad de la Comunidad de Madrid@, Capítulo 5 de los "Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid", op. cit., páginas 91 a 101.
[155] La Sentencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 266, de 6 de noviembre, se dictó en los recursos de inconstitucionalidad, acumulados, números 243 y 257/1985, promovido el primero por 54 Diputados, representados por el Comisionado D. José María RUIZBGALLARDÓN, y el segundo por el Defensor del Pueblo: el Fallo desestimó los recursos de inconstitucionalidad. Resulta ineludible al considerar la meritada Sentencia hacer referencia a los tres votos particulares formulados por los Magistrados D. Francisco RUBIO LLORENTE, D. Miguel RODRÍGUEZBPIÑERO Y BRAVOBFERRER y D. José GABALDÓN LÓPEZ, especialmente al primero de ellos, donde el Magistrado disidente, con rotundidad y fértil razonamiento, destacaba la brecha que la decisión de referencia podía abrir sobre la función misma del Supremo Intérprete de la Constitución, al dejar el juicio de la mayoría del Alto Tribunal Aabierta la posibilidad de que todos y cada uno de los dieciocho Cuerpos Legislativos existentes en nuestro país desnaturalicen la función propia de este Tribunal, reBintroduciendo (generalizado ya a todo tipo de leyes) el recurso previo, cada vez que la coyuntura política lo haga deseable@.
Para una valoración de la Sentencia del Tribunal Constitucional 150/1990 es ineludible la consulta de las consideraciones de AHUMADA RUIZ, María Ángeles: AEfectos procesales de la modificación legislativa de las leyes sometidas a control de constitucionalidad. La suspensión de leyes "presuntamente" inconstitucionales@, en Revista Española de Derecho Constitucional, número 11, mayoBagosto 1991, páginas 159 a 185.
[156] En efecto, el texto originario de la Ley 13/1984, de 30 de junio, de Creación, Organización y Control Parlamentario del Ente Público ARadio Televisión Madrid@Cpublicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 158, de 4 de julio de 1984; con corrección de errores en el Boletín Oficial número 165, del siguiente día 12 de julio; ulteriormente reproducido en el Boletín Oficial del Estado número 181, de 30 de julio, página 22.226 y siguientesC, fue objeto de modificación parcial por tres leyes que siguieron una tramitación paralela y fueron aprobadas en la misma sesión parlamentaria, resultando editadas todas ellas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 172, de 22 de julio de 1991 Cy luego en el Boletín Oficial del Estado número 208, de 30 de agosto, página 28.754C. En concreto: la Ley 11/1991, de 16 de julio, de modificación del artículo 4.6; la Ley 12/1991, de 16 de julio, de modificación de los artículos 6.2 y 10; y la Ley 13/1991, de 16 de julio, de modificación del artículo 6.1.
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