Source: http://venturagarceslopezibor.com/boletin/1-16/butlleti1.html
Timestamp: 2017-09-23 21:32:41+00:00

Document:
Nº1/2016
Depósito Legal B-8282/09
ACTUALIDAD DEL BUFETE
El procesalista Juan Pablo Correa se incorpora como socio en Ventura Garcés & López-Ibor Abogados
Ventura Garcés & López-Ibor ha incorporado como socio al abogado y profesor universitario Juan Pablo Correa Delcasso, quién reforzará y ampliará las áreas de especialización del Departamento Procesal en la oficina de Barcelona.
Correa Delcasso llega a la firma después de varios años como socio del Departamento Procesal de CMS Albiñana & Suárez de Lezo en Barcelona. Con más de veinte años de experiencia, Correa Delcasso está especializado en derecho procesal civil, penal y mercantil, concursal, arbitraje y mediación. Con su incorporación en Ventura Garcés & López-Ibor, Correa Delcasso tiene un doble objetivo: “por una parte, reforzar y contribuir al crecimiento del departamento procesal” formando equipo con la socia Isabel Mateu; y por otra parte, “incorporamos dos nuevas áreas de práctica: procesal penal y mediación”. En este sentido, Correa Delcasso cuenta con una amplia experiencia en asuntos relativos a medios alternativos de resolución de conflictos, tanto nacionales como internacionales.
Según el socio de Ventura Garcés & López-Ibor, Ricard Gené, la incorporación de Correa Delcasso “es un refuerzo importante en la estructura del Despacho, no solo por sus amplios conocimientos teóricos y prácticos en el área procesal y de medios alternativos de resolución de conflictos, sino también por su implicación con la clientela de lengua francesa, su lengua materna”. De esta manera, Ventura Garcés & LópezIbor “sigue apostando por un crecimiento armónico en línea con la necesidades de sus clientes” afirma Gené.
· Escudo de privacidad: futuro marco de transferencia de datos a los Estados Unidos
· La reforma del sistema de marcas
· Sentencias del Tribunal Supremo 23 y 24/2016 de fecha 3 de febrero de 2016 sobre la OPS de Bankia
· Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala Social, de 4 de diciembre
· Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, de 18 de febrero
· Tipos de retención para el año 2016
· Tributación de las sociedades civiles
· Nuevo reglamento europeo de sucesiones
· Doctrina administrativa
· Ventura Garcés & López-Ibor entre los mejores despachos de abogados, según el ranking Chambers Europe y Global 2016
· Éxito de los desayunos sobre “Corporate Compliance” en Barcelona y Madrid
· “La Fiscalía muestra el camino para la correcta implantación del modelo de Corporate Compliance”, por Jaime López
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Escudo de privacidad: futuro marco de transferencia de datos a los Estados Unidos
El 2 de febrero de 2016, la Comisión Europea y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos alcanzaron un acuerdo político para establecer el nuevo marco de transferencia de datos desde la Unión Europea a los Estados Unidos: el “Escudo de Privacidad UE – EE.UU.” (el Escudo de Privacidad”).
Con el Escudo de Privacidad se pondrá remedio a la situación de incertidumbre tras la resolución del Tribunal de Justicia Europeo de 6 de octubre de 2015, mediante la que se declaró la invalidez del Acuerdo de Puerto Seguro entre la Unión Europea y los Estados Unidos.
El Acuerdo de Puerto Seguro otorgaba una presunción de adecuación del nivel de seguridad exigido por la normativa de protección de datos, facilitando la transferencia de datos desde la Unión Europea a los Estados Unidos. El Tribunal de Justicia Europeo declaró que los Estados Unidos no garantizan un nivel de protección adecuado al prevalecer la seguridad nacional o el interés público sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos y al no garantizarse la obtención de una tutela efectiva de tales derechos.
El nuevo marco del Escudo de Privacidad recoge los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia Europeo concretándose en las siguientes medidas:
· Se establecen mayores obligaciones para las empresas estadounidenses que deseen importar datos desde Europa.
· El acceso a los datos de carácter personal de los ciudadanos europeos por parte de las autoridades de los Estados Unidos estará sujeto a limitaciones, prohibiéndose el acceso generalizado.
· Se introduce un mecanismo de mediación (Ombudsperson), que dependerá del departamento de estado y será independiente de los servicios de seguridad de los Estados Unidos. Su finalidad será que los ciudadanos europeos tengan una tutela efectiva de sus derechos en el caso de acceso ilegítimo a sus datos por parte de las autoridades de seguridad nacional de los Estados Unidos.
· Se establecen medidas de tutela de los derechos de los ciudadanos europeos. Los ciudadanos europeos podrán dirigir sus reclamaciones a las empresas, que deberán resolverlas en un plazo de 45 días. Habrá un sistema alternativo de resolución de conflictos gratuito. Igualmente, los ciudadanos europeos podrán dirigirse a sus respectivas autoridades de protección de datos, quienes, juntamente con las autoridades estadounidenses, se encargarán de que las disputas no resueltas sean investigadas. En última instancia, a falta de solución, está previsto un sistema de arbitraje.
El funcionamiento del nuevo marco se basará en la auto certificación de las empresas estadounidenses importadoras de datos que deseen ser incluidas en la lista de Escudo de Privacidad. Por su parte, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos verificará que la política de privacidad de estas empresas son conformes a los principios del Escudo de Privacidad.
Los textos del nuevo marco fueron publicados por la Comisión Europea el pasado 29 de febrero. Ahora el Parlamento debe dar su opinión antes de que la Comisión Europea pueda adoptar una decisión que declare que el Escudo de Privacidad proporciona un nivel suficiente de protección de datos, condición necesaria para que el acuerdo entre en vigor.
La Reforma Europea del sistema de marcas
El pasado mes de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la nueva Directiva de Marcas y el nuevo Reglamento sobre la marca de la Unión Europea.
La nueva Directiva entró en vigor a mediados de enero de 2016, aunque su transposición a la legislación nacional deberá hacerse en el plazo que finaliza el 15 de enero de 2019.
El nuevo Reglamento entró en vigor el 23 de marzo de 2016, a excepción de determinados preceptos que se aplicarán a partir del 1 de octubre de 2017.
Destacamos a continuación algunas novedades de interés general:
· La Marca Comunitaria se ha sustituido por la Marca de la Unión Europea.
· La OAMI se denomina ahora Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
· Se elimina el requisito de que la representación de un signo sea gráfica.
· Las Marcas de la Unión Europea deben presentarse ahora ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, no siendo ya viable presentar las solicitudes ante las Oficinas Nacionales para que den traslado de las mismas a la Oficina de la Unión Europea
· Las tasas se reducen y se pasa al sistema de una tasa por clase.
· En el momento de proteger una marca, se podrá proceder al uso de las indicaciones generales de los encabezamientos de las Clases de la Clasificación de Niza si describen con precisión y claridad los productos o servicios para los que se desea proteger la marca.
· La lucha contra las falsificaciones se incrementa al regularse mejor la capacidad de control de mercancías falsificadas en tránsito por la Unión Europea. Será el titular de la mercancía quien deberá probar que las mercancías en tránsito no tendrán como destino final la Unión Europea.
Sentencias del Tribunal Supremo 23 y 24/2016 de fecha 3 de febrero de 2016 sobre la OPS de Bankia
En estas sentencias el Tribunal Supremo analiza dos reclamaciones de inversores minoristas contra BANKIA en ejercicio únicamente de la acción de nulidad de la orden de compra de valores por existencia de error y dolo invalidante del consentimiento.
En ambas sentencias el Tribunal Supremo pone de manifiesto la existencia de una incorrección e inexactitud de la información publicada en el folleto, y concluye que la información económica y financiera divulgada al público suscriptor, resultó inexacta e incorrecta en aspectos relevantes como son los beneficios y las pérdidas de la sociedad emisora, vulnerándose la Ley de Mercado de Valores. Por ello, el Tribunal Supremo entiende que concurren los presupuestos necesarios para la apreciación de error en el consentimiento, ya que, si los suscriptores de las acciones no hubieran incurrido en tal error sobre la situación económica de BANKIA, no hubieran consentido adquirir las acciones.
En ambos casos, se trata de inversores minoristas y el Tribunal Supremo, aunque no se pronuncia de forma taxativa, sí adelanta que los minoristas son sujetos que, “a diferencia de lo que puede ocurrir con inversores más cualificados, carecen de otros medios para obtener información sobre los datos económicos de BANKIA”. Con ello, lo que hace el Tribunal Supremo es adelantar que para el caso de inversores institucionales, la apreciación del error no será automática (como en los minoristas) sino que dependerá de si éstos (los institucionales) tuvieron acceso a otra información privilegiada o no.
Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala Social, de 4 de diciembre de 2015
La Audiencia Nacional, mediante sentencia de fecha 4 de diciembre de 2015, ha obligado a Bankia a establecer un sistema de control horario que permita el registro de la jornada diaria de cada uno de sus trabajadores.
Los sindicatos demandantes reclamaban la implantación de este sistema de registro, con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35.5 del ET, y asimismo poder llevar a cabo su labor de vigilancia sobre cumplimiento de jornada regulada en el artículo 64.7 ET.
Los principales motivos de oposición de Bankia fueron la no realización de horas extraordinarias por parte de sus trabajadores y que la empresa había optado por la renuncia al derecho de control de la jornada establecido en el artículo 20.3 ET.
La Audiencia Nacional determina que la negación, por parte de Bankia, de un sistema de registro de jornada, coloca a los trabajadores en situación de indefensión a la hora de poder controlar y documentar la realización o no de la jornada legalmente pactada.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Social, de 18 de febrero de 2016
El Tribunal Supremo, mediante Sentencia de 18 de febrero de 2016, modifica la interpretación que el mismo había realizado en su Sentencia de fecha 29 de septiembre de 2014, referente al cálculo de las indemnizaciones por despido improcedente.
El referido Tribunal interpreta la Disposición Transitoria Undécima del ET, estableciendo que el cálculo de la cuantía indemnizatoria, cuando incluya periodos de servicios anteriores y posteriores al 12 de febrero de 2012, no podrá superar los 720 días de salario, salvo que se haya devengado una indemnización superior a los 720 días de salario por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 (con el módulo de 45 días por año).
En el caso analizado por la Sentencia, el trabajador en cuestión acreditaba una antigüedad de 19 años y 2 meses en fecha 12 de febrero de 2012, lo que equivale a un total de 862,5 días de indemnización. El Tribunal concluye que, aunque no se haya alcanzado el máximo indemnizatorio absoluto de las 42 mensualidades, el cálculo indemnizatorio por el tiempo de servicios posterior a 12 de febrero de 2012 no puede acrecentar la cuantía indemnizatoria del periodo anterior por exceder ésta de la cuantía máxima de 720 días de salario. LABORAL
Tipos de retención para el año 2016
1. La escala de retenciones para los trabajadores por cuenta ajena es la siguiente:
Base para calcular el tipo de retención
Cuota de retención
Resto de base para calcular el tipo de retención
2. El tipo de retención para los rendimientos derivados de actividades profesionales es el 15%. No obstante, el tipo de retención es el 7% durante 3 años cuando el profesional inicia la actividad.
3. El tipo de retención aplicable a los rendimientos percibidos por la condición de administrador es el 35%. No obstante, el tipo de retención es el 19% cuando los rendimientos procedan de entidades con un importe neto de la cifra de negocios inferior a 100.000€
4. El tipo de retención aplicable a los rendimientos de capital inmobiliario, los rendimientos de capital mobiliario y las ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva es el 19%.
Con carácter general, el porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable a las rentas sujetas al impuesto es el 19%.
Con carácter general, el tipo de retención es el 24%. No obstante, para contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria el tipo de retención es el 19%.
Asimismo, el porcentaje de retención aplicable a dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en los fondos propios de cualquier entidad, intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios, así como ganancias patrimoniales, es el 19%
El tipo de gravamen sobre las rentas obtenidas por establecimientos permanentes de entidades no residentes que se trasfieran al extranjero es el 19%.
Tributación de las sociedades civiles
Las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil pasan a ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, dejando de tributar por IRPF a partir de 1 de enero de 2016.
Al respecto hay que tener en cuenta que no todas las sociedades civiles tienen personalidad jurídica u objeto mercantil:
a) Las sociedades civiles tienen personalidad jurídica si los pactos entre sus socios no son secretos. Por el contrario, no tienen personalidad jurídica las sociedades civiles en las que los pactos entre sus socios son secretos.
b) Las sociedades civiles tienen objeto mercantil si realizan una actividad económica de producción, intercambio o prestación de servicios para el mercado en un sector no excluido del ámbito mercantil. Por tanto, no tienen objeto mercantil las sociedades civiles que se dedican a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras y de carácter profesional.
En la Consulta número V4127-15, de fecha 22 de diciembre de 2015, la Dirección General de Tributos se pronuncia finalmente en relación con el momento en que debe dotarse la reserva de capitalización, reserva que permite reducir la base imponible del Impuesto sobre Sociedades en un 10% de los beneficios no distribuidos.
Según el centro directivo, cuyo criterio compartimos, la dotación de la reserva indisponible debe realizarse en el momento en que la Junta General de Socios aprueba la aplicación del resultado del ejercicio.
En consecuencia, las entidades cuyo ejercicio coincida con el año natural disponen, con carácter general, hasta 30 de junio de 2016 para dotar la reserva de capitalización del ejercicio 2015.
Nuevo Reglamento europeo de sucesiones
El 17 de agosto de 2015 entró en vigor el Reglamento (UE) nº650/2012 relativo a las sucesiones mortis causa, que regula la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, y de los documentos públicos en materia de sucesiones.
Esta normativa modifica la aplicación del Derecho internacional en el ámbito de las sucesiones por causa de muerte, estableciendo que el principal criterio para determinar la ley aplicable a las herencias dejará de ser la nacionalidad del difunto, y lo será su residencia habitual, salvo por voluntad expresa del causante.
La nueva regulación puede afectar de forma significativa a la sucesión de los ciudadanos residentes en un país distinto al de su origen, ya que, entre otros, las normas relativas a los siguientes aspectos son distintas en los diferentes países de aplicación del Reglamento:
· Reparto de los bienes entre hijos y cónyuges,
· legítimas obligatorias (la parte de los bienes que deben atribuirse a determinados sucesores),
· cómputo de donaciones anteriores al fallecimiento, y
· pactos sucesorios.
Estos aspectos pueden tener un efecto muy importante, sobre todo en el caso de empresas familiares, pudiendo afectar al reparto accionarial y la titularidad de la compañía, y ofrecer nuevas posibilidades de planificación sucesoria de acuerdo con la nueva ley aplicable. Adicionalmente, deben tenerse en cuenta los aspectos fiscales colaterales, ya que la actuación que se tome con respecto a la legislación aplicable puede constituir un elemento de prueba relevante a efectos de determinar el país de residencia en el momento del fallecimiento y, por tanto, la atribución de la potestad de gravamen a un país u otro.
En conclusión, con la modificación de la legislación aplicable en materia de sucesiones que establece el nuevo Reglamento Europeo, cualquier ciudadano que resida en un país miembro de la Unión Europea del cual no sea nacional, debe replantearse qué efectos tiene el cambio de la legislación aplicable, o la opción por no cambiarla, respecto a sus disposiciones testamentarias con el fin de planificar un reparto sucesorio según su voluntad y evitar una tributación inesperada a sus sucesores.
Chambers vuelve a recomendar a Ventura Garcés & López-Ibor y a sus profesionales en sus rankings jurídicos Europe y Global 2016
Chambers & Partners ha publicado sus ranking Europe y Global 2016 y, un año más, Ventura Garcés & López-Ibor ha conseguido la recomendación de este prestigioso directorio jurídico.
En áreas, Chambers destaca Corporate/M&A, Dispute Resolution, Employment, Intellectual Property, Private Equity: Mid-Market, Restructuring/Insolvency: Insolvency y Tax. Además, en el General Business Barcelona, Corporate/ Commercial, Dispute Resolution, Employment y Tax consiguen una mención especial en el ranking del mercado barcelonés.
Chambers también valora a los abogados del Despacho destacando la práctica profesional de Andrea Garcés, Jordi Vilalta, Manel Mas, Tirso Gracia, Isabel Mateu, Marta Gil de Biedma, Alfonso López Ibor y Juan Pablo Correa.
Éxito de asistentes a los desayunos sobre Corporate Compliance en las oficinas de Barcelona y Madrid
Desayunos sobre “Corporate Compliance” en Barcelona y Madrid.
Éxito de asistentes a los desayunos sobre responsabilidad penal de la empresa (“Corporate Compliance”) que hemos organizado en las oficinas de Barcelona y Madrid, respectivamente.
Andrea Garcés en las Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual de la AIPPI en Madrid
Andrea Garcés asistió como responsable de la Secretaría del Grupo Español de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual (A.I.P.P.I.) a las XXXI Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual que tuvieron lugar el pasado 18 y 19 de febrero en Madrid. Destacados ponentes trataron sobre las cuestiones más recientes en materia de Patentes, Marcas y otros Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual.
Actualmente, como miembro del Grupo Español de la AIPPI, Andrea Garcés ha sido designada co-presidente del Grupo de trabajo sobre la Reforma Europea del Sistema de Marcas.
Jornadas que tuvieron lugar en el Hotel Meliá, en Madrid, el 18 y 19 de febrero.
La Fiscalía muestra el camino para la correcta implantación del modelo de Corporate Compliance
El pasado 22 de enero de 2016, la Fiscalía General del Estado emitió la Circular 1/2010, con el objeto de esclarecer e interpretar la reforma del Código Penal efectuada por la Ley 1/2015, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuya entrada en vigor se produjo el pasado 1 de julio de 2015.
Esta Circular, dirigida a los propios fiscales, establece una serie de instrucciones interpretativas a fin de que sean adoptados criterios uniformes en todo el territorio nacional a la hora de valorar y aplicar, en su caso, la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos cometidos por sus empleados, sin que se haya adoptado un “debido control” dentro de la organización.
El eje principal de la Circular gira en torno a la efectividad e idoneidad de los programas de prevención de delitos (o “corporate compliance programs” como se les conoce en el mundo anglosajón), debiendo ser “claros, precisos y eficaces y, desde luego, redactados por escrito”. La Fiscalía advierte que un plan de prevención de delitos no personalizado a las características de la empresa, y perfectamente adaptado a sus concretos riesgos penales, generará serias dudas sobre el compromiso de la sociedad en la prevención de conductas delictivas.
Por lo que se refiere al “Chief Compliance Officer”, tal como indica la Fiscalía, deberá tratarse de una persona con los conocimientos y experiencia profesional suficientes, así como disponer de los medios técnicos adecuados, todo ello bajo una esfera de independencia, a efectos de hacer posible su labor de supervisión. El “Chief Compliance Officer” deberá ser necesariamente un órgano interno de la persona jurídica para facilitar el contacto diario con los empleados de la sociedad, siendo posible que determinadas labores de supervisión sean externalizadas.
Una de las claves a la hora de delimitar si la sociedad es eximida o no de responsabilidad penal recae en la figura del “Chief Compliance Officer”. La Fiscalía, quizás excediéndose a la hora de atribuir las obligaciones de dicho responsable de cumplimiento, prevé la posibilidad que él mismo pueda ser considerado penalmente responsable de los delitos cometidos por sus subordinados. Bien es cierto, que solo para aquellos supuestos de omisión grave de sus funciones, y siempre atendiendo a las circunstancias del caso y el tipo de delito.
En cuanto a los posibles riesgos de incurrir en responsabilidad penal por los delitos cometidos por terceros (agentes, proveedores, subcontratas, etc.), la Fiscalía, acertadamente, propone dos medios para blindarse: (i) que estos terceros acaten y acepten someterse al plan de prevención de delitos de la sociedad, o (ii) que tengan ellos mismos implantado su propio plan de prevención.
En cuanto a las PYMES, y como era de esperar, la Fiscalía se ha mostrado indulgente indicando a los fiscales que “extremen la prudencia” en su imputación, ya que su plan de prevención de delitos (el cual también será necesario implantar para exonerar su responsabilidad), no puede ni debe compararse con el exigible a una sociedad con mayores medios.
Si bien serán los propios tribunales los que establezcan los mínimos necesarios que permitan a las sociedades eximirse penalmente, la Fiscalía nos va mostrando el camino de cómo protegernos por los delitos cometidos en el seno de la empresa. Afortunadamente, y como ya ocurre en los países anglosajones, será el propio mercado el que definitivamente instaure esta cultura ética empresarial.
* Artículo publicado en Legal Today
jaime.lopez@vg-li.com
- Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.
- Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid.
- Master en Derecho Corporativo (IE Law School).
Español, Inglés yFrancés.
- Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 35
 artículo 64
 artículo 20