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Timestamp: 2019-09-22 12:24:17+00:00

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﻿ Sentencia 2001-00029 de marzo 26 de 2014
SENTENCIA 2001-00029 DE 26 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD. LA RESPONSABILIDAD POR EL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SE ENMARCA DENTRO DE LA TEORÍA GENERAL DE LA FALLA DEL SERVICIO Y, POR LO TANTO, SOLO DE HABERSE PROBADO DICHA FALLA PODRÍA DEDUCIRSE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, SI ADEMÁS, CLARO ESTÁ, SE ACREDITA LA EXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO. CABE RECORDAR, QUE HABRÁ LUGAR A DECLARAR LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO JUDICIAL NO POR LA SIMPLE EQUIVOCACIÓN CONCEPTUAL EN LA QUE PUEDA INCURRIR EL JUZGADOR, SINO, CUANDO EL APARATO JUDICIAL INCURRE EN EVENTUALES CONDUCTAS ABIERTAMENTE CONTRARIAS A DERECHO QUE RESULTEN SER ESCANDALOSAMENTE INJURÍDICAS Y ABIERTAMENTE ILEGALES Y GENERADORAS DE DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, SE DETERMINÓ QUE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PROMESA FUE AJENO PARA LA JURISDICCIÓN, POR CUANTO SE DIO ENTRE OTRAS COSAS POR EL HECHO DE UN TERCERO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sentencia 2001-00029 de marzo 26 de 2014
Rad.: 66001-23-31-000-2001-00029-01 (28096)
Ref.: acción de reparación directa (apelación sentencia)
Actor: Gloria Yolanda Ríos Osorio y otros
Demandado: Nación - rama judicial - Superintendencia de Notariado y Registro
Decide la Subsección C el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el día 20 de mayo de 2004, mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda en los siguientes términos:
Bogotá, D.C, veintiséis de marzo de dos mil catorce.
La corporación es competente para conocer del asunto(5), en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso de doble instancia(6), contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda proferida el 20 de mayo de 2004 mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
¿La Nación - rama judicial es responsable de los daños ocasionados a las actoras con motivo de un proceso ejecutivo?
Si las entidades demandadas son responsables por los daños alegados por la parte actora, ¿entonces debe reconocerse la totalidad de los perjuicios solicitados por esta?
3. Aspectos previos.
3.1 Prueba trasladada. La subsección advierte que obra dentro del expediente copia auténtica del proceso ejecutivo singular iniciado por la señora Gloria Yolanda Ríos Osorio contra la señora Gloria Eugenia Herrera, allegado por el Secretario del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira (fl. 46, cdno. 2, anexo 1 y anexo 2), así como el proceso ejecutivo que inició la señora Gloria Eugenia Herrera contra la sociedad Proinversiones Ltda., allegado por el Secretario del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira (fl. 71, cdno. 2, anexos 3A a 3I).
Dichos expedientes fueron allegados al presente proceso en copia auténtica, a solicitud de la parte demandante, de la apoderada de la Nación - rama judicial y algunos oficios por parte de la apoderada de la Superintendencia de Notariado y Registro.
De conformidad con el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, y de acuerdo con decisiones proferidas por esta Subsección(7), la eficacia probatoria del material contenido en los medios de convicción de un proceso cualquiera cuyo traslado sea solicitado a la jurisdicción contenciosa administrativa, depende del cumplimiento de una serie de requisitos contemplados por el legislador, a saber: i) que las pruebas hayan sido válidamente practicadas en el proceso original; ii) que las piezas procesales se trasladen en copia auténtica; y iii) que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra la cual se aducen o con audiencia de ella.
Así las cosas, la prueba documental trasladada, cuando no ha sido practicada a petición de la parte contra la cual se aduce o sin su audiencia en el proceso primitivo, podrá ser valorada siempre que en el contencioso administrativo haya existido la oportunidad procesal para la contraparte de controvertirla, de acuerdo con lo dispuesto para la tacha de falsedad en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, esto es, dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto que ordena tenerla como prueba, o al día siguiente a aquel en que haya sido aportada en audiencia o diligencia(8); salvo que las partes hayan tenido a su disposición las piezas documentales trasladadas durante el trámite del proceso y no las hubiesen controvertido, caso en el cual podrán ser estimadas por el juzgador por razones de lealtad procesal(9).
A su turno, si el proceso trasladado se practicó con audiencia de la contraparte y ella allanó al traslado de la misma o incluso, solicitó el traslado de la misma, es evidente que la ratificación de la prueba trasladada se surte con su admisión.
Por lo tanto, todas las exigencias anteriores se entienden sin perjuicio de que el juzgador pueda y deba valorar las piezas arrimadas al plenario, cualquiera que sea el medio probatorio de que se trate, cuando todos los sujetos procesales hayan coincidido en solicitarla en la demanda, su contestación o en cualquiera de las demás oportunidades procesales previstas para ello(10), o cuando han estructurado sus alegaciones con base en ellas(11), pues en tales casos el principio de lealtad procesal se impone de forma tal que extingue la posibilidad de que alguna de las partes pueda negar el valor probatorio de algún medio de convicción respecto del cual ha solicitado expresamente su valoración.
Así las cosas, encuentra la subsección que, las pruebas documentales contenidas en los expedientes de los procesos civiles ejecutivos, podrán ser valoradas, por un lado, porque tanto al parte actora como la Nación - rama judicial solicitaron la misma prueba, y por otro lado, respecto de la Superintendencia de Notariado y Registro, si bien no coadyuvó a la práctica de la totalidad del traslado, las copias auténticas de los procesos ejecutivos estuvieron a su disposición, sin que hubiese controvertido su autenticidad mediante tacha de falsedad, incluso, utilizó diferentes piezas de los procesos para fundamentar la defensa de sus intereses.
4. Acervo probatorio.
1. Copia auténtica e íntegra de los documentos que reposan en la carpeta del folio de matrícula inmobiliaria 290-0078948, arrimados al plenario mediante oficio remisorio OU-1814 de 11 de diciembre de 2001 emitido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira (fls. 6 a 45, cdno. 2 pruebas), de la cual la Sala destaca las piezas procesales que pasan a relacionarse:
a) Escritura pública 446 de 25 de enero de 1991, a través de la cual el señor Fernando Ramírez Ardila enajena a la Sociedad Proinversiones Ltda., el “Lote de terreno FF” identificado con el número de matrícula inmobiliaria 290-0078948 (fls. 9 a 11, cdno. 2 pruebas).
b) Escritura pública 3345 de 20 de junio de 1991 (fls. 13 a 20, cdno. 2 Pruebas), en virtud de la cual la sociedad Proinversiones Ltda. divide el “Lote de terreno FF” en 21 lotes de terreno autorizados mediante Resolución 131 expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana de Pereira (fl. 29, cdno. 2 Pruebas) y solicita expresamente “a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira y al Catastro Nacional asignar a cada uno de los inmuebles la matrícula inmobiliaria y las fichas catastrales correspondientes al presente loteo”.
c) Hoja de matrículas inmobiliarias abiertas por el loteo efectuado en el folio de mayor extensión 290-0078948, en la cual se relacionan los distintos lotes individuales y sus respectivos folios de matrícula, así (fl. 21, cdno. 2 pruebas):
Lote 1 Matrícula 290-0081890
Lote 2 290-0081891
Lote 3 290-0081892
Lote 4 290-0081893
Lote 5 290-0081894
Lote 6 290-0081895
Lote 7 290-0081896
Lote 8 290-0081897
Lote 9 290-0081898
Lote 10 290-0081899
Lote 11 290-0081900
Lote 12 290-0081901
Lote 13 290-0081902
Lote 14 290-0081903
Lote 15 290-0081904
Lote 16 290-0081905
Lote 17 290-0081906
Lote 18 290-0081907
Lote 19 290-0081908
Lote 20 290-0081909
Lote 21 290-0081910
2. Respecto del proceso ejecutivo que inició el apoderado de la señora Gloria Eugenia Herrera Ardila contra la sociedad Proinversiones Ltda., obran los siguientes medios probatorios: copia auténtica e íntegra del Expediente 13400 allegado mediante oficio 0117 de 13 de febrero de 2002 por parte del secretario de Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira (fl. 71, cdno. 1), con ocasión del proceso ejecutivo singular quirografario promovido por Gloria Eugenia Herrera Ardila contra Proinversiones Ltda. (anexos 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I), del cual la Sala destaca el material probatorio que pasa a relacionarse:
— Del cuaderno principal:
a) Demanda ejecutiva presentada por el apoderado de la señora Gloria Eugenia Herrera el 5 de abril de 1994 contra la sociedad Proinversiones Ltda. (fls. 6 a 8, anexo 3A).
b) Auto calendado el día 11 de abril de 1994 en virtud del cual se libra mandamiento ejecutivo en favor de la señora Gloria Eugenia Herrera Ardila y en contra de la sociedad Proinversiones Ltda., por valor de $ 14.000.000 más los intereses causados hasta la fecha en que se verifique el pago (fl. 9, anexo 3A).
c) Sentencia proferida el día 28 de mayo de 1997 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, por medio de la cual, entre otras cosas resolvió, declarar no probadas las excepciones propuestas al mandamiento de pago; ordenó seguir adelante la ejecución y, ordenó el avalúo de los bienes embargados y secuestrados (fls. 71 a 76, anexo 3A).
d) Liquidación del crédito efectuada el día 11 de septiembre de 1997 por la Secretaría del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en la cual se arroja una suma adeudada a la ejecutante por valor de $ 42’985.133,oo (fl. 82 vto., anexo 3A), aprobada por el a quo mediante auto de fecha 23 de septiembre del mismo año (fl. 84, anexo 3A).
e) Solicitud por parte del apoderado de la señora Gloria Eugenia Herrera de marzo de 1998 para realizar la diligencia de remate de los bienes embargados, secuestrados y avaluados correspondientes a lotes 20 y 21 (fl. 86, anexo 3A).
f) Certificados de libertad y tradición respecto del inmueble identificado con la matrícula 290-78948 fechados los días 13 de abril de 1998 (fls. 91 a 92, anexo 3A), 8 de junio de 1998 (fls. 111 a 112, anexo 3A), 20 de mayo de 1998 (fls. 113 a 114, anexo 3A), 16 de junio de 1998 (fls. 115 a 116, anexo 3A), 4 de agosto de 1998 (fls. 141 a 142, anexo 3A), 15 de septiembre de 1998 (fls. 151 a 152, anexo 3A), 16 de septiembre de 1998 (fls. 153 a 154, anexo 3A) y 11 de diciembre de 1998 (fls. 173 a 174, anexo 3A), en los cuales consta que: i) el folio de matrícula del respectivo inmueble se encuentra en “Estado: activo”; ii) la información en todos los folios anteriormente citados tienen la siguiente información que es importante destacar:
Anotación 001 de 22 de noviembre de 1990, escritura 6925 donde hubo desenglobe de bien a Ramírez Ardila Fernando;
Anotación 002 de 25 de febrero de 1991, escritura 446 correspondiente a compraventa de Ramírez Ardila Fernando a Proinversiones Ltda.;
Anotación 003 de 3 de julio de 1991 por escritura 3345 donde hay loteo realizado por Proinversiones Ltda.
Anotación 004 de 8 de noviembre de 1991, escritura 5932 compraventa parcial lote 9 de Proinversiones Ltda., a Posada Zuleta Zaulia.
Anotación 005 de 11 de febrero de 1992 escritura 291 permuta parcial lote 12 de Proinversiones Ltda. a Quintero de Salazar María Eugenia.
Anotación 006 de 14 de abril de 1992 escritura 1129 compraventa parcial lote 2 de Proinversiones Ltda. a Nieto Torres Jairo José y Ocampo Toro Luz Marina.
Anotación 007 de 13 de mayo de 1992 escritura 1640 compraventa parcial lote 13 de Proinversiones Ltda. a Ramírez Ardila Fernando.
Anotación 008 de 13 de mayo de 1992 escritura 1639 compraventa parcial lote 7 de Proinversiones Ltda. a Pérez Ardila Fernando.
Anotación 009 de 28 de febrero de 1992 escritura 2277 compraventa parcial lote 15 de Proinversiones Ltda. a Amaya Serna Gustavo y Quintero Gaviria Luz Adriana.
Anotación 010 de 18 de septiembre de 1992 escritura 2348 compraventa parcial lote 16 de Proinversiones Ltda. a Idaraga Zuluaga Alberto.
Anotación 011 de 8 de octubre de 1992 escritura 3227 compraventa parcial lote 10 de Proinversiones Ltda. a Ramírez Ardila Nelly y López Benjamín.
Anotación 012 de 2 de febrero de 1993 escritura 4749 compraventa parcial casa 5 de Proinversiones Ltda. a JJM Internacional Limitada.
Anotación 013 de 27 de abril de 1994 escritura 427 embargo proceso ejecutivo de Herrera Ardila Gloria Eugenia a Proinversiones Limitada.
Anotación 014 de 4 de octubre de 1994 oficio SJU de 30 de septiembre de 1994 Induval Pereira gravamen por valorización de obras Nros (sic). De Instituto de Desarrollo Urbano y Valorización a Proinversiones Ltda.
Luego se dice que con base en lo anterior se abrieron las siguientes matrículas
0.> 81890 (lote 1) 0.> 81892 (lote 3)
0.> 81893 (lote 4)(12) 0.>81895 (lote 6)
0.> 81897 (lote 8) 0.>81899 (lote 10)
0.>81900 (lote 11) 0.>81903 (lote 14)
0.>81906 (lote 17) 0.>81907 (lote 18)
0.>81908 (lote 19) 0.>81909 (lote 20)
0.>81910 (lote 21) 4.>81898 (anotación 4, lote 9)
6.>81891 (anotación 6 lote 2) 6.>81901 (anotación 6 lote 12)
7.> 81902 (anotación 7 lote 13) 8.>81896 (anotación 9 lote 7)
9.> 81904 (anotación 9 lote 15) 10.>81905 (anotación 10 lote 16)
12.> 81894(13) (anotación 12 casa 5)
Todas las copias de los certificados de matrícula inmobiliaria fueron allegados por el apoderado de la parte ejecutante con oficios de 17 de abril de 1998 (fl. 93, anexo 3A), 28 de mayo de 1998 (fl. 105, anexo 3A); 4 de agosto de 1998 (fl. 143, anexo 3A); 15 de septiembre de 1998 (fl. 149, anexo 3A) y 11 de diciembre de 1998 (fl. 175, anexo 3A);
f) Proveído de fecha 6 de noviembre de 1998 que convocó diligencia de remate en tercera licitación para el día 16 de diciembre del mismo año, sobre los lotes 20 y 21 distinguidos con la matrícula inmobiliaria 290-0078948 avaluados en $ 15’000.000 y $ 143’500.000, respectivamente (fl. 166, anexo 3A).
g) Diligencia de remate sobre los lotes 20 y 21 antedichos practicada el 16 de diciembre de 1998, en la cual se hace presente la demandante Gloria Eugenia Herrera Ardila para hacer postura por cuenta de su crédito, obteniendo la mejor oferta en la puja, adjudicándosele los bienes por el juzgado en un valor de $ 65’200.000 y ordenándose la consignación de los impuestos y el saldo del precio de venta dentro de los 3 días siguientes a la práctica de la diligencia (fls. 184 a 187, anexo 3A).
h) Copia del recibo oficial de pago de Impuestos Nacionales emitido por la DIAN de fecha 17 de diciembre de 1998, en el cual consta que Gloria Eugenia Herrera Ardila pagó la suma de $ 652.000; y constancias de los depósitos consignados el día 17 de diciembre de 1998 por Gloria Eugenia Herrera Ardila a favor del Juzgado Tercero Civil del Circuito, en una cuantía equivalente a $ 1’956.000 y $ 12’298.900, respectivamente (fls. 188 a 189, anexo 3A).
i) Auto aprobatorio de la diligencia de remate, calendado el día 18 de enero de 1999, mediante el cual se resolvió:
“(...) 1. Se aprueba en todas sus partes el remate celebrado en este asunto.
2. Con destino a la rematante y para que le sirva de título de propiedad se ordena expedir sendas copias del acta de remate y del presente auto, para su inscripción ante la oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad.
3. Hecho lo anterior se protocolizará su venta en la Notaría respectiva y se allegará al proceso copia de la misma.
4. Decretar el levantamiento de las medidas de embargo y secuestro que pesan sobre el bien subastado. Líbrese oficio a la citada oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad. Comuníquese al secuestre actuante en este proceso que ha cesado en sus funciones como tal y que debe proceder a hacer entrega del bien a él encomendado a la rematante, y rendir cuentas comprobadas de su gestión en el término de diez (10) días, contados a partir del día siguiente al que se le notifique la presente providencia.
5. Practíquese la liquidación adicional del crédito en la forma y términos del artículo 521 del Código de Procedimiento Civil.
6. Por la secretaría del juzgado practíquese la liquidación adicional de costas (...)” (fls. 190 a 193, anexo 3A).
j) Oficio 243 de 3 de marzo de 1999 mediante el cual se comunica a la señora registradora de instrumentos públicos de la ciudad de Pereira que mediante el auto antedicho se “decretó el levantamiento del embargo de los bienes inmuebles inscritos bajo el folio de matrícula inmobiliaria 290-0078948, medida avisada por oficio 427 de abril 26 de 1994” (fl. 198, anexo 3A).
k) Constancia de inscripción de la cancelación del embargo decretado y practicado en el inmueble identificado con el folio de matrícula 290-0078948, emitida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira (fl. 204, anexo 3A).
l) Nota devolutiva de fecha 23 de marzo de 1999 respecto de la inscripción de la providencia aprobatoria del remate practicado en el inmueble identificado con el folio de matrícula 290-0078948, emitida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, en la cual se anota como razones de la negativa que “La(s) matricula(s) citada(s) no es(son) correcta(s) (D.L. 1250/70, art. 5º)” (fl. 214, anexo 3A).
m) Oficio del apoderado de la remante de fecha 22 de abril de 1999 mediante el cual informa al Juzgado Tercero Civil del Circuito que el remate aprobado por auto de 18 de enero de 1999 no fue inscrito por la oficina de registro de instrumentos públicos, debido a que las matrículas no eran correctas (fl. 215, anexo 3A).
n) Oficio 682 de 12 de mayo de 1999 mediante el cual se comunica a la señora registradora de instrumentos públicos de la ciudad de Pereira que “por auto calendado cuatro de mayo del año en curso, dictado dentro del proceso ejecutivo propuesto por Gloria Eugenia Herrera Ardila contra la sociedad Proinversiones Ltda., se dispuso oficiarle a fin de que se sirva informar a este despacho la razón por la cual no fue inscrita la diligencia de remate del bien inmueble con matrícula inmobiliaria 290-0078948, y además, para que se abstenga de dar cumplimiento a lo ordenado mediante oficio 243 del 3 de marzo del presente año hasta tanto no opere dicha inscripción” (fl. 217, anexo 3A).
o) Respuesta OU-572 de 10 de junio de 1999 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, al oficio 682 del Juzgado Tercer Civil del Circuito de la misma ciudad, en la cual se comunica que “la diligencia de remate no fue registrada en el folio de matrícula 290-78948 en atención a que este folio corresponde a una mayor extensión en la medida en que fue loteada por escritura 3345 del 20-06-91 de la notaría 1ª de Pereira, generando las matrículas inmobiliarias 290-81890 a la 290-81910. En lo atinente a abstenernos de dar cumplimiento a lo ordenado por el oficio 243 del 3 de marzo del presente año, le comunicamos que el mismo entró para su registro el 17-03-99 y su trámite se surtió el 18 del mismo mes y año, por lo que ya se encuentra inscrita la cancelación de la medida, lo que nos hace imposible sustraernos al cumplimiento del mismo...” (fl. 218, anexo 3A).
p) Proveído de fecha 13 de agosto de 1999 mediante el cual se oficia nuevamente a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira para que “se sirvan informar a este juzgado las razones argumentadas para mostrarse renuente al registro del remate” (fl. 226, anexo 3A), ante el cual se respondió lo siguiente mediante oficio de 24 de septiembre de 1999:
“(...) En atención al oficio de la referencia, es conveniente aclarar en primer término, que la medida cautelar fue inscrita por orden contenida en el oficio 427 del 26-04-94 y nó (sic) en el oficio 774 del 25-07-94, dándosele respuesta a este último por nuestro oficio OJ-1335 del 05-08-94 en el sentido de informarle que no se inscribía la medida puesto que esta ya había sido comunicada por oficio 427 del 26-04-94.
La razón por la cual se inscribió la medida de embargo, obedece a que para la época se registraban las medidas cautelares, así se citara el folio de mayo extensión, pero se le advertía al juez que se trataba de una mayor porción, inclusive en el caso que nos ocupa, se le informó además que los lotes se habían enajenado, tal información consta en el escrito con el que se dió (sic) respuesta al citado oficio 427 del 26-04-94.
Es importante aclarar que la escritura 3345 del 20-06-91 corrida en la notaría 1ª de Pereira contentiva del loteo del predio 290-78948 fue registrada el 03-07-91 generando las matrículas 290-81890 a la 290-81910, correspóndiendole (sic) a los lotes 20 y 21 los folios 290-81909 y 290-81910 matrículas estas que en ningún momento fueron ambargadas (sic).
Por escritura 4646 del 03-11-92 suscrita en la notaría 2ª de Pereira y registrada el 16-03-93 la Sociedad Proinversiones englobó los predios identificados con la matrícula 290-81909 y 290-81910 entre otros generando la matrícula 290-94313 que fuera desenglobada por la misma escritura.
Nótese que para la fecha del oficio 427 del 26-04-94 contentivo de embargo, ya la Sociedad Proinversiones había englobado los lotes 20 y 21, es decir, al iniciar el proceso esos lotes no existían jurídicamente, no se advirtió tal situación en el estudio de títulos ni en el de los certificados de tradición.
Finalmente se debe precisar que la escritura 3345 del 20-06-91 se encuentra registrada en el folio 290-78948, pero esta inscripción generó la apertura de los folios 290-81890 a la 290-81910 como ya se explicó, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 del decreto 1250 de 1970 (...)” (fls. 226 a 227, anexo 3A).
q) Memorial dirigido al juzgado por la parte demandante, en el cual se solicita decretar la nulidad por violación al debido proceso de todo lo actuado en el cuaderno de medidas cautelares desde el auto que decretó el embargo y secuestro de los lotes 20 y 21 de la matrícula inmobiliaria 290-78948 hasta la actuación posterior a la aprobación del remate (fls. 228 a 232, anexo 3A).
r) Proveído de fecha 14 de febrero de 2000 proferido por el Juzgado Tercer Civil del Circuito de Pereira, por medio del cual se resuelve “rechazar de plano la nulidad invocada por el apoderado judicial de la demandante dentro del presente proceso” por no existir causal de nulidad exactamente aplicable al caso controvertido (fls. 233 a 236, anexo 3A).
s) Teniendo en cuenta que el apoderado insistió mediante sendos oficios interponiendo recurso de reposición y en subsidio el de apelación y el recurso de apelación y el de queja, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil de Decisión mediante providencia de 14 de julio de 2000 sostuvo que estuvo bien denegado el recurso de apelación interpuesto por el ejecutante ante el Juzgado Tercero, por cuanto el auto proferido por el Juzgado no estaba dentro de la lista establecida en el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil (fls. 5 a 7, anexo 3G).
— Del cuaderno de medidas cautelares (anexo 3B):
a) Escrito de 8 de abril de 1994 de solicitud de medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes inmuebles presentado por la parte ejecutante sobre los lotes de terreno 1, 3, 4, 5 y 6 identificados bajo la matrícula inmobiliaria 290-0078948, en la cual además se declara:
“(...) Que los inmuebles descritos anteriormente fueron adquiridos por la sociedad demandada por desenglobe realizado según la escritura publica (sic) 6925, otorgada en la notaría primera del circulo (sic) de Pereira, 19 de noviembre de 1990 y dividida en lotes según la escritura 3345 del 20 de junio de 1991 otorgada en la Notaría Primera del circulo (sic) de Pereira y registrada en la oficina de registro de instrumentos públicos de Pereira en el folio 2900078948. Librese (sic) el oficio correspondiente a la citada oficina para el registro de los embargos (...)” (fls. 1 a 3, anexo 3B)
b) Proveído de fecha 21 de abril de 1994 por medio del cual se requiere a la parte ejecutante para que efectúe la denuncia de bienes bajo la gravedad de juramento y para que “suministre los números de matrícula inmobiliaria de los bienes inmuebles que pretende aprisionar, o, explicar si a todos corresponde a la matrícula citada bajo el 290-0078948” (fl. 7, anexo 3B).
c) Auto de Juzgado Tercero Civil del Circuito de 21 de abril de 1994 mediante el cual ordena al apoderado de la parte ejecutante, tal como lo establece el artículo 513 inciso 5º del Código de Procedimiento Civil, denunciar los bienes bajo la gravedad de juramento así mismo suministrara los números de matrícula inmobiliaria de los bienes inmuebles que pretende embargar o, explicar si todos corresponden a la matrícula citada bajo el 290-0078948 (fl. 7, anexo B).
d) Escrito dirigido al despacho por la parte ejecutante mediante el cual se da cumplimiento al auto que antecede, indicando que:
“(...) 1. Los bienes denunciados en la solicitud de medidas cautelares al ejecutado Proinversiones Ltda., los hago bajo la gravedad de juramento que pertenecen al demandado.
2. Que el folio de matrícula inmobiliaria dada a cada uno de los lotes (sic) es una sola 2900078948. La razon (sic) es que solo se han producido Desenglobes y no transferencia del dominio, pues por esta última circunstancia sí habría apertura de nuevos folios” (fl. 8, anexo 3B).
e) Auto calendado el día 25 de abril de 1994, a través del cual se resuelve “decretar el embargo y secuestro de los bienes inmuebles relacionados en el memorial petitorio. Para la efectividad de la primera medida se ordena librar oficio con destino a la oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad” (fl. 9, anexo 3B).
f) Oficio 427 de 26 de abril de 1994 enviado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira al señor registrador de instrumentos públicos de la misma ciudad, en la cual le comunica:
“(...) Me permito comunicarle que por auto calendado veinticinco de abril del año en curso (sic), dictado dentro del proceso Ejecutivo propuesto por Gloria Eugenia Herrera Ardila contra Proinversiones Limitada, se decretó el embargo de los bienes inmuebles inscritos bajo el folio de matrícula inmobiliaria 290-0078948 denunciados como de propiedad de la sociedad demandada.
Sírvanse obrar de conformidad y expedir a costa del actor los certificados donde conste la inscripción de la medida y la tradición de los bienes.
Si los mismos no figuran en cabeza de la ejecutada le solicito no hacer efectiva la medida (...)” (fl. 10, anexo 3B).
g) Constancias de inscripción de la medida de embargo solicitada, en los folios de matrícula 290-0078948, 290-0081890 y 290-0081895 (fls. 11 a 13, anexo 3B).
h) Folios de matrícula inmobiliaria identificados con los números 290-0078948, 290-0081890 y 290-0081895 en los cuales se observa que: i) en todos ellos se inscribió la medida de embargo solicitada por la demandante en el proceso ejecutivo, el día 27 de abril de 1994; ii) el folio 290-0078948 registra una adquisición por desenglobe en favor de Ramírez Ardila Fernando inscrita el día 22 de noviembre de 1990 mediante escritura pública 6925 de 19 de noviembre de 1990, quien a su turno enajenó los bienes a Proinversiones Ltda., según consta en la inscripción del día 25 de febrero de 1991 mediante escritura pública 446 de 25 de enero de 1991; iii) el folio 290-0078948 registra un loteo inscrito el día 3 de julio de 1991, efectuado mediante escritura pública 3345 de 20 de junio de 1991 en favor de Proinversiones Ltda.; iv) como producto del loteo antedicho se ordenó la apertura de los folios 290-0081890 (lote 1) y 290-0081895 (lote 6), todos los cuales registran el mismo acto de loteo, la medida de embargo y corresponden al lote 1 y al lote 6 respectivamente, del folio matriz 290-0078948; v) el folio matriz 290-0078948 registra compraventas parciales de los lotes 9, 12, 2, 13, 7, 15, 16, 10 y 5, y una permuta parcial del lote 12, todas las cuales aparecen inscritas con anterioridad a la inscripción de la medida de embargo solicitada por la ejecutante; vi) en el folio matriz 290-0078948 se consigna que, con base en él, “por eventos de segregación o propiedad horizontal” según el caso, se procedió a la apertura de las siguientes matrículas inmobiliarias: 290-0081898, 290-0081901, 290-0081891, 290-0081902, 290-0081896, 290-0081904, 290-0081905 y 290-0081894, correspondientes en su orden a las enajenaciones de los lotes 9, 2, 2 (nuevamente), 13, 7, 15, 16 y 5 (fls. 14 a 16, anexo 3B).
i) Respuesta OJ-800 de 10 de mayo de 1994, al oficio 427 enviado por el Juzgado Tercero, suscrita por el Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Pereira Leonel Quintero González, en la cual se comunica lo siguiente:
“(...) Respetuosamente y en atención a su oficio de la referencia me permito manifestarle que su solicitud, ha sido inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria 290-0078948, 290-0081890, 290-0081895.
Se advierte que se refiere a una mayor extensión, de lo cual enajenó (sic) los lotes 9, 12, 2, 13, 7, 15, 16, 10 y 5.
Su trámite correspondió al turno 947629 (...)” (fl. 18 vto., anexo 3B).
j) Escrito del apoderado de la ejecutante en el que solicitó de medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes inmuebles presentado por la parte ejecutante sobre los lotes de terreno 17, 18, 19, 20 y 21 identificados bajo la matrícula inmobiliaria 290-0078948, en la cual además se declara:
“(...) Los inmuebles descritos anteriormente fueron adquiridos por la Sociedad demandada mediante las escrituras 6925 y 3345 del 19 de noviembre de 1990 y 20 de junio de 1991 otorgada por la Notaría Primera del Círculo de Pereira, las cuales se encuentran registradas en la Oficina de Registro del Círculo de Pereira en un (1) solo folio de matrícula inmobiliaria que corresponde a la 2900078498 (...)” (fls. 25 a 27, anexo 3B).
k) Proveído de fecha 14 de julio de 1994 mediante el cual se resuelve decretar las medidas cautelares solicitadas en el escrito que antecede, en los siguientes términos:
“(...) Primero: decretar el embargo y secuestro de los lotes de terreno relacionados en el memorial petitorio e inscritos bajo el folio de matrícula inmobiliaria 290-0078948. Para la efectividad de la primera medida se ordena librar oficio con destino a la oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad, adjuntando copia de la solicitud que aquí se resuelve (...)” (fls. 25 a 27, anexo 3B) (resaltado fuera de texto) (sic).
l) Oficio 774 de 25 de julio de 1994 enviado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira al señor Registrador de Instrumentos Públicos de la misma ciudad, en la cual le comunica que “por auto calendado catorce de julio del año en curso, dictado dentro del proceso ejecutivo propuesto por Gloria Eugenia Herrera Ardila contra Proinversiones Ltda., se decretó el embargo de los lotes de terreno relacionados en el memorial petitorio del cual le adjunto fotocopia, e inscritos bajo el folio de matrícula inmobiliaria número 290-0078948” (fl. 29, anexo).
m) Diligencia de secuestro practicada por el Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira, comisionado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, en virtud de la cual se efectuó la aprehensión física de los lotes 1, 3, 4, 5, y 6, declarándose legalmente secuestrados sin que en ninguno de ellos se presentara oposición a la diligencia (fls. 42 a 44, anexo 3B).
n) Respuesta OJ-1335 de 5 de agosto de 1994, al oficio 774(14) enviado por el Juzgado Tercero, suscrita por el Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Pereira Leonel Quintero González, en la cual se comunica lo siguiente:
“(...) En atención a su oficio de la referencia le informo que la medida no fue inscrita en el folio de matrícula 78948 por cuanto esta (sic) ya fue comunicada y registrada mediante oficio 427 del 26-04-94. Su trámite correspondió al turno 13583 (...)” (fl. 54, anexo 3B).
o) Providencia fechada el día 26 de septiembre de 1994, mediante la cual se resuelve disponer el levantamiento de las medidas de embargo y secuestro decretadas sobre el bien inmueble correspondiente al lote 6 por desistimiento del incidente de desembargo promovido por Ana María Varela Quintero, poseedora del referido fundo. En el mismo auto se ordena no condenar en costas ni perjuicios a la ejecutante (fls. 67 a 68, anexo 3B).
Mediante oficio de octubre 6 de 1994 el Juzgado solicitó el levantamiento del embargo del lote 6 el cual hace parte de la matrícula inmobiliaria 290-0078948. Sin embargo, advirtió que la medida continuaba vigente por cuenta del Juzgado Segundo Civil del Circuito (fl. 71, anexo 3B). Obra copia del formulario de calificación 290-0081895 perteneciente al lote 6 en el cual se cancela el registro de embargo del Juzgado Tercero en anotación 05 y el incluye el embargo del proceso ejecutivo del juzgado segundo (fl. 82, anexo 3B).
p) Comunicación enviada por la registradora principal de la oficina de registro de instrumentos públicos, María Gladys Pérez, al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, por medio de la cual le informa que “en el folio de matrícula inmobiliaria 290-78948 propiedad de Proinversiones Limitada, se inscribió Gravamen de valorización obras 93-03 y 885-92 por oficio SJV 084 del 30-09-94 de Induval” (fl. 75, anexo 3B).
q) Providencia fechada el día 16 de enero de 1995, mediante la cual se resuelve disponer el levantamiento de la medida de secuestro sobre el lote 5 practicada por el comisionado Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira, en consideración a que:
“(...) Para efectos de la diligencia de secuestro de bienes sujetos a registro como lo es el caso que no ocupa dispone el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil que solo se practicará una vez se haya inscrito el embargo y siempre que en la certificación del registrador aparezca el demandado como su propietario.
En resumen, se tiene que se practicó diligencia de secuestro sobre el lote número 5 denunciado por la ejecutante como de propiedad de la parte ejecutada en el memorial de medidas visible de folios 1 a 3 de este cuaderno, acto que se verificó sin haber sido ordenado por el despacho y a pesar de la negativa de la oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad de inscribir la medida de embargo que le fuera comunicada en tal sentido con oficio 427 de abril 26/94 en consideración a que había sido enajenado.
En tales condiciones, y teniendo en cuenta que se transgredió lo normado por el ya mencionado artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, el Juzgado considera en esta oportunidad procedente disponer el levantamiento de la medida de secuestro practicada sobre el antes referido lote 5.
Se advierte además que, existe confusión respecto de si los lotes 3 y 4 y sobre los cuales igualmente recayó la medida de secuestro en la diligencia a que se hizo mención en este proveído hacen parte de la matrícula inmobiliaria 290-0078948 o si con ocasión del loteo de que trata la escritura pública 3.345 de junio 20/91 corrida en la Notaría Primera del Círculo de Pereira (anotación 03 del certificado visible a fl. 14) para los mismos fueron abiertos nuevos folios. Por lo tanto, previamente a resolver la petición respecto de dichos bienes elevada por el apoderado judicial de la demandante en su escrito que obra a folio 79 de este cuaderno, por el memorialista se deberá aclarar con prueba idónea tal circunstancia (...)” (fls. 84 y 85, anexo 3B).
r) Respuesta del apoderado de la parte ejecutante a la providencia que antecede, en virtud de la cual indica que de conformidad a la información suministrada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira mediante certificado expedido el día 30 de marzo de 1994 se puede deducir que: i) Proinversiones Ltda., es propietaria de los lotes 1 a 21 según la escritura pública 3345 de junio de 1991; ii) Proinversiones Ltda., enajenó los lotes 9, 12, 2, 13, 7, 15, 16, 10 y la casa 5, cuyos actos notariales se inscribieron en el folio 290-0078948; iii) sobre los lotes no enajenados se solicitó por la ejecutante el decreto de las medidas cautelares de embargo y secuestro y efectivamente sucedió (fls. 89 a 90, anexo 3B).
s) Diligencia de secuestro practicada por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira, comisionado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, en virtud de la cual se practicó la aprehensión física de los lotes 20 y 21, declarándose legalmente secuestrados sin que en ninguno de ellos se presentara oposición a la diligencia. La medida cautelar fue solicitada y decretada respecto de los bienes inmuebles 17, 18, 19, 20 y 21, pero fue limitada a estos dos últimos, por cuanto los demás se encontraban construidos (fls. 100 a 101, anexo 3B).
t) Avalúo efectuado por peritos respecto de los lotes 3 y 4 (fls. 128 a 133, anexo 3B).
u) Auto proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito el 1º de agosto de 1995 mediante el cual requirió a la parte demandante allegar los certificados de tradición de los predios identificados con matrícula inmobiliaria 290-0081892 (lote 3) y 290-0081893 (lote 4) de la oficina de registro de instrumentos públicos; así mismo certificación expedida de dicha entidad en la cual conste que los lotes 20 y 21 pertenecen o no a la matrícula 290-0078948 o no se les ha abierto folio aparte.
Teniendo en cuenta que la parte actora no allegó lo requerido en el auto que antecede, el juez mediante auto de 4 de septiembre de 1995 ordenó oficiar a la oficina de instrumentos públicos para que allegara la información (fl. 137, anexo 3B).
v) Folio de matrícula inmobiliaria 290-0081892 y 290-0081893 correspondientes a los lotes 3 y 4 del folio matriz 290-0078948, respectivamente, en los cuales se observa que: i) que el 8 de julio de 1991 mediante escritura 3345 se efectuó un loteo por parte de Proinversiones Ltda. ii) en el folio 290-0081892 (lote 3) se inscribe el día 9 de octubre de 1991 una compraventa celebrada mediante escritura pública 5865 levantada el día 7 de octubre de 1991, suscrita por Proinversiones Ltda., en favor de Alba Liliana Arias Quintero como nueva propietaria; iii) en el folio 290-0081893 (lote 4) aparece la misma información sobre el loteo realizado por parte de Proinversiones Ltda.; iv) se inscribe el día 16 de marzo de 1992 una compraventa celebrada mediante escritura pública 826 levantada el día 12 de marzo de 1992, suscrita por Proinversiones Ltda., en favor de Oscar Eugenio Uribe Botero como nuevo propietario (fls. 141 a 143, anexo 3B).
w) Oficio suscrito por el apoderado de la parte ejecutante y dirigido a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de fecha 9 de agosto de 1995, mediante el cual solicita a ese despacho certificar si los lotes 20 y 21 de propiedad de Proinversiones Ltda., se encuentran inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria 290-0078948. Indicó que tal solicitud correspondía a lo establecido en el auto dictado por el Juzgado Tercero de 1º de agosto de 1995 (fl. 144, anexo 3B).
Para el efecto, mediante oficio de 9 de agosto de 1995 el registrado principal de Pereira le informó al apoderado de la parte ejecutante lo siguiente (fl. 145, anexo 3B):
“(...) En atención a su solicitud le comunico que la matrícula inmobiliaria 290-00078948 corresponde a un folio de mayor extensión que fue objeto de loteo mediante escritura pública 3345 de la Notaría Primera del 20.06.91 del que se segregaron varios predios a los que les fueron asignadas nuevas matrículas inmobiliarias. Por lo tanto, usted debe asercarse (sic) a la sección de archivo de esta oficina que está a disposición de los profesionales que requieran hacer el estudio de cualquier folio, averiguar los números de las matrículas de los lotes requeridos y pagar por caja los respectivos certificados de libertad y tradición.
x) Escrito de 12 de septiembre de 1995 suscrito por el apoderado de la parte ejecutante y dirigido al Juez de conocimiento en el que le indicó lo siguiente: (fl. 146, anexo 3B).
“(...) Que la exigencia de su despacho en auto pasado de 1º de agosto del presente año fue diligenciado oportunamente, pero las confusiones encontradas a consecuencia del manejo del registro de la escritura del loteo, donde las segregaciones de predios del folio matriz trae incompatibilidades con los folios 2900081892 y 2900081893, donde no aparecen los registros de embargos ordenados por su despacho y certificados por la oficina de registro de instrumentos públicos sobre los lotes 3 y 4 incluso reportando registro de embargos de otros procesos como ocurre con el predio del folio 2900081892.
2. Que con relación a lo exigido sobre el folio 2900078948 aporto el certificado de tradición donde aparece registrado el embargo emanado de su despacho mediante el oficio 427 del 26 de abril de 1994.
x)(sic) Avalúo de los lotes 20 y 21 secuestrados en el curso del proceso ejecutivo, el cual arroja un valor de $ 15’000.000 y $ 143’500.000, respectivamente (fls. 173 a 177, anexo 3B C).
y) Auto de fecha 4 de marzo de 1998 mediante el cual se resuelve disponer el levantamiento de la medida de secuestro sobre los lotes 3 y 4 identificados con los números de matrícula inmobiliaria 290-0081892 y 290-0081893, por no pertenecer a la sociedad demandada (fl. 178, anexo 3B).
— Del Cuaderno de Incidentes:
a) Solicitud de trámite incidental de levantamiento de embargo y secuestro promovido por Jairo José Nieto Torres y Luz Marina Ocampo Toro respecto del lote de terreno 1 (lote 2) con folio de matrícula inmobiliaria 290-0081891 (fls. 1 a 2, anexo 3C).
b) Escritura pública 1129 de 8 de abril de 1992 mediante la cual el señor Fernando Ramírez Ardila en su calidad de representante legal de la sociedad Proinversiones Ltda., enajenó a Jairo José Nieto Torres y Luz Marina Ocampo Toro el bien inmueble identificado con la matrícula 290-0081891 (lote 2). Se indica que el folio de matrícula de integración es la 290-0078948 (fls. 4 a 6, anexo 3C).
c) Folio de matrícula inmobiliaria 290-0081891 (lote 2) en donde figura inscrito: i) el día 3 de julio de 1991 la escritura pública 3345 de loteo; ii) el día 14 de abril de 1992 la escritura pública 1129 antedicha.
d) Copia de la escritura pública 3345 de 20 de junio de 1991 en el que el Gerente de Proinversiones Ltda., indica que la sociedad es la propietaria del terreno situada en la proyección de la carrera 16 y tiene una extensión de 3.147.38 m2 con la especificación de los linderos e indica que divide el terreno en 21 lotes (fl. 18 y 19, anexo 3C).
e) Providencia de fecha 2 de mayo de 1995 proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, mediante la cual se resuelve en primera instancia el incidente propuesto, se ordena el levantamiento de la medida de secuestro y condena en perjuicios a la parte ejecutante (fls. 53 a 65, anexo 3C); decisión que fue confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira mediante proveído de fecha 2 de agosto de 1995 (fls. 19 a 26, anexo 3F).
f) Solicitud de trámite incidental de levantamiento de embargo y secuestro promovido por Ana María Varela Quintero respecto del lote de terreno 6 identificado con folio de matrícula 290-0081895 (fls. 18 a 23, anexo 3D).
g) Escritura pública 1888 de 6 de mayo de 1994 mediante la cual el señor Fernando Ramírez Ardila en su calidad de representante legal de la sociedad Proinversiones Ltda. enajenó a Ana María Varela Quintero el bien inmueble identificado con la matrícula 290-0081895 (lote 6) (fls. 14 a 17, anexo 3D).
3. Copia auténtica e íntegra del Expediente 99445 abierto en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, con ocasión del proceso ejecutivo singular quirografario promovido por Gloria Yolanda Osorio Ríos contra Gloria Eugenia Herrera Ardila (anexos 1 a 2, cdno. 2 pruebas), trasladado al plenario mediante oficio 0034 de 21 de enero de 2002 por su señor Secretario Gustavo Adolfo Ocampo Villegas (fl. 46, cdno. 2 pruebas), del cual la Sala destaca:
a) Contrato de promesa de compraventa suscrito entre Gloria Eugenia Herrera Ardila como promitente vendedora y Gloria Yolanda Ríos Osorio como promitente compradora, sobre los lotes 20 y 21 distinguidos con el folio matriz 290-0078948, adquiridos por aquella mediante venta en pública subasta realizada dentro del proceso ejecutivo radicado bajo el número 13400 cursado en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira (fls. 2 a 4, anexo 1).
b) Providencia de fecha 23 de octubre de 2000 mediante la cual se dispuso no librar mandamiento ejecutivo en favor de la señora Gloria Yolanda Ríos Osorio por falta de título idóneo que preste mérito ejecutivo, y condenar en costas y perjuicios a la parte ejecutante (fls. 27 a 29, anexo 1).
c) Memorial de desistimiento enviado al despacho por las partes, por medio del cual renuncian al recurso de apelación interpuesto contra la providencia que antecede y a la reclamación de los perjuicios debidos a la parte ejecutada (fls. 36 a 37, anexo 1).
De todo lo anterior se puede concluir lo siguiente:
El apoderado de la parte ejecutante (señora Gloria Eugenia Herrera Ardila) promovió proceso ejecutivo el 5 de abril de 1994 contra la Sociedad Proinversiones Ltda., y para el efecto, solicitó el 8 de abril de 1994 el embargo y secuestro en primer término de los lotes 1, 3, 4, 5 y 6 identificados bajo la matrícula inmobiliaria 290-0078948 (fl. 1 a 3, anexo 3B).
El juez mediante auto le solicitó al apoderado, con fundamento en lo establecido en el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil inciso 5º, que denunciara bajo la gravedad de juramento y así mismo, suministrara los números de matrícula inmobiliaria de los bienes inmuebles objeto de la medida, o explicara si todos correspondían a la matrícula citada bajo el 290-0078948 (anexo 3B).
Dando respuesta a lo anterior, el apoderado de la parte ejecutante denunció bajo la gravedad de juramento que los lotes objeto de la medida cautelar eran de propiedad de la sociedad ejecutada y así mismo indicó que el folio de matrícula inmobiliaria dada a cada uno de los lotes (sic) es una sola 2900078948 (fl. 8, anexo 3B).
En atención a lo anterior, el juzgado procedió a decretar el embargo y secuestro de los bienes con la información suministrada por el apoderado de la ejecutante y mediante oficio 427 de 26 de abril de 1994 le ordenó a la oficina de registro de instrumentos públicos proceder de conformidad con el auto (fl. 10, anexo 3B).
Conforme a ello, la oficina de registro procedió a inscribir la medida de embargo en los folios de matrícula 290-0078948, 290-0081890 y 290-0081895. Y mediante oficio OJ-800 de 10 de mayo de 1994 el registrador dio respuesta al oficio 427 de 26 de abril de 1994 en el que indicó lo siguiente:
Con fundamento en lo anterior, la oficina de registro le informó al juzgado que la matrícula inmobiliaria bajo el número 290-0078948 se refería a un predio de mayor extensión y por ende se procedió al loteo del bien.
Posteriormente, el apoderado de la parte ejecutante solicitó medidas de embargo y secuestro de bienes inmuebles sobre los lotes de terreno 17, 18, 19, 20 y 21 identificados bajo la matrícula inmobiliaria 290-0078948, en la cual además se declara:
Con fundamento en lo anterior, el juzgado mediante oficio 774 de 25 de julio de 1994 ordenó a la oficina de registro el embargo de los bienes anteriormente señalados.
Por su parte, la oficina de registro en respuesta OJ-1335 de 5 de agosto de 1994, al oficio 774 enviado por el Juzgado Tercero, comunicó lo siguiente:
“(...) En atención a su oficio de la referencia le informo que la medida no fue inscrita en el folio de matrícula 78948 por cuanto esta (sic) ya fue comunicada y registrada mediante oficio 427 del 26-04-94. Su trámite correspondió al turno 13583 (...)” (fl. 54, anexo 3B, cdno. 2 Pruebas).
Se procedió, sin embargo, a la diligencia de secuestro de los lotes 20 y 21 y posteriormente el Juzgado Tercero Civil del Circuito solicitó mediante auto de 1º agosto de 1995 al apoderado de la parte ejecutante, entre otras cosas, certificación expedida de la oficina de registro de instrumentos públicos en la cual conste que los lotes 20 y 21 pertenecen o no a la matrícula 290-0078948 o no se les ha abierto folio aparte (fl. 136, anexo 3B).
Teniendo en cuenta que la parte ejecutante no dio respuesta al anterior auto, se ordenó oficiar a la oficina de registro (fl. 137, anexo 3B).
Pese a ello, el apoderado de la parte ejecutante mediante escrito de 9 de agosto de 1995 (fl. 144, anexo 3B) y dirigido a la oficina de instrumentos públicos, solicitó a ese despacho certificar si los lotes 20 y 21 de propiedad de Proinversiones Ltda., se encontraban inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria 290-0078948. Indicó que tal solicitud correspondía a lo establecido en el auto dictado por el Juzgado Tercero de 1º de agosto de 1995.
La oficina de registro le dio respuesta al anterior oficio el 9 de agosto de 1995 mediante el cual le indicó lo siguiente:
El apoderado dio respuesta al Juzgado respecto del auto de 1º de agosto de 1995 indicando que
(...) la exigencia de su despacho en auto pasado de 1º de agosto del presente año fue diligenciado oportunamente, pero las confusiones encontradas a consecuencia del manejo del registro de la escritura del loteo, donde las segregaciones de predios del folio matriz trae incompatibilidades con los folios 2900081892 y 2900081893, donde no aparecen los registros de embargos ordenados por su despacho y certificados por la oficina de registro de instrumentos públicos sobre los lotes 3 y 4 incluso reportando registro de embargos de otros procesos como ocurre con el predio del folio 2900081892.
Se observa que luego, el juzgado el 16 de diciembre de 1998 procedió al remate de los lotes 20 y 21 y se le adjudicaron los bienes a la señora Gloria Eugenia Herrera (fls. 184 a 187, anexo 3A). Teniendo en cuenta que la ejecutante cumplió con el pago de impuesto y depósitos, se procedió a oficiar a la oficina de registro para que levantara el embargo de los bienes inmuebles inscritos bajo el folio de matrícula inmobiliaria 290-0078948, medida solicitada por oficio 427 de abril 26 de 1994 (fl. 198, anexo 3A). Pese a ello, la oficina no procedió al registro por cuanto indicó que la matrícula no era correcta (fl. 214, anexo 3A).
Por tal motivo, el juzgado solicitó a la oficina de registro explicara las razones por las cuales no se había efectuado dicho registro y para ello, mediante respuesta OU-572 de 10 de junio de 1999 la oficina de registro comunicó que
“la diligencia de remate no fue registrada en el folio de matrícula 290-78948 en atención a que este folio corresponde a una mayor extensión en la medida en que fue loteada por escritura 3345 del 20-06-91 de la notaría 1ª de Pereira, generando las matrículas inmobiliarias 290-81890 a la 290-81910. En lo atinente a abstenernos de dar cumplimiento a lo ordenado por el oficio 243 del 3 de marzo del presente año, le comunicamos que el mismo entró para su registro el 17-03-99 y su trámite se surtió el 18 del mismo mes y año, por lo que ya se encuentra inscrita la cancelación de la medida, lo que nos hace imposible sustraernos al cumplimiento del mismo...” (fl. 218, anexo 3A, cdno. 2 pruebas).
Así mismo, reiteró su posición la oficina de registro de instrumentos públicos al indicar que
“(...) En atención al oficio de la referencia, es conveniente aclarar en primer término, que la medida cautelar fue inscrita por orden contenida en el oficio 427 del 26-04-94 y nò (sic) en el oficio 774 del 25-07-94, dándosele respuesta a este último por nuestro oficio OJ-1335 del 05-08-94 en el sentido de informarle que no se inscribía la medida puesto que esta ya había sido comunicada por oficio 427 del 26-04-94.
Con base en lo anterior, la parte ejecutante solicitó la declaratoria de nulidad de todo lo actuado en las medidas cautelares pero el juzgado el 14 de febrero de 2000 rechazó de plano la nulidad invocada por el apoderado judicial de la demandante por no existir causal de nulidad exactamente aplicable al caso controvertido. Sin embargo, el apoderado insistió mediante sendos oficios y en última instancia solicitó el recurso de queja, la cual llegó a conocimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil de Decisión y mediante providencia de 14 de julio de 2000 sostuvo que estuvo bien denegado el recurso de apelación interpuesto por el ejecutante ante el Juzgado Tercero, por cuanto el auto proferido por el Juzgado no estaba dentro de la lista establecida en el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil (fls. 5 a 7, anexo 3G).
5. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.
Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(15), este concepto tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(16) tanto por la acción, como por la omisión, bien sea bajo los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional u otro.
En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico). Conforme a lo cual se analizará el caso a resolver.
5.1. El daño.
El daño comprendido, desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(17) y del Estado impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(18), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.
En cuanto al daño antijurídico, la Corte Constitucional ha señalado que la:
“(...) antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(19).
En el sub judice, el daño consiste en el daño patrimonial sufrido por la señora Gloria Eugenia Herrera, que se vio mermada por no poder ser la propietaria del inmueble objeto de remate efectuado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito.
5.2. La imputación de responsabilidad. El caso en concreto.
Si bien se ha establecido que cuando se impugna una sentencia por una sola de las partes del extremo de la litis, se trata de apelante único, irremediablemente debe limitarse el estudio del caso con fundamento en el principio constitucional y legal de la non reformatio in pejus, esto es, no puede desmejorarse la situación de este; esta previsión no es cosa diferente al desarrollo de la garantía prevista en el inciso segundo del artículo 31 constitucional que manda que “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”(20).
Y de acuerdo con la posición jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera(21), mediante el recurso de apelación, se ejerce el derecho de impugnación contra la decisión judicial y el juez de segunda instancia no puede empeorar, agravar o desmejorar la situación que en relación con el litigio le hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia de primera instancia.
Así mismo, se ha establecido que el marco fundamental de competencia para el juez de segunda instancia “lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(22) de la sentencia como el principio dispositivo(23), razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: tantum devolutum quantum appellatum”(24)(25) (subrayado por la Sala) (sic).
Por su parte, también en la citada sentencia se ha resaltado que dicha garantía no tiene un carácter absoluto, por cuanto en su aplicación tiene dos limitantes, a saber:
i) La imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio del apelante solo tiene cabida cuando la impugnación respectiva sea formulada por un solo interesado (apelante único), lo cual puede comprender diversas hipótesis fácticas como aquella que corresponde a casos en los cuales, en estricto rigor, se trata de varias apelaciones desde el punto de vista formal, pero interpuestas por personas que aunque diferentes entre sí, en realidad comparten un mismo interés dentro del proceso o integran una misma parte dentro de la litis (demandada o demandante), por lo cual materialmente han de tenerse como impugnaciones únicas.
ii) En aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo “... aun cuando fuere desfavorable al apelante” (CPC, art. 357, inc. final)(26).
Conviene precisar que con fundamento en la posición actual de la Sala Plena de Sección Tercera, en relación con la regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo,
i) De las normas o los principios previstos en la Constitución Política;
ii) De los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de tratados internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o
iii) De las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada. Tal es el ejemplo de la caducidad de la acción, o la falta de legitimación de alguna de las partes(27).
Ahora bien, este planteamiento actual de la Sección Tercera debe ser armonizado con la decisión proferida por parte de la propia Sección en sentencia de Sala Plena de fecha 17 de octubre de 2013, Expediente 23354 (M.P. Mauricio Fajardo Gómez) radicación 52001233100019967459-01, en el que se sostuvo que, además de poder aplicar el eximente de responsabilidad del hecho de la víctima.
(...) la eventual configuración de los supuestos determinantes de la ocurrencia de una eximente de responsabilidad como el hecho de un tercero o la fuerza mayor, por lo demás, debe ser realizado por el juez tanto a solicitud de parte como de manera oficiosa, no solo en aplicación del principio iura novit curia sino en consideración a que tanto el Decreto Ley 1 de 1984 —art. 164— como la Ley 1437 de 2011 —art. 187— obligan al Juez de lo Contencioso Administrativo a pronunciarse, en la sentencia definitiva, “sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada” (resaltado fuera de texto).
Lo anterior implica que, con fundamento en el artículo 164 del Decreto 1 de 1984 (CCA) el juez está en la obligación de decidir sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que se encuentre probada en el caso en concreto, y si bien, la norma establece que tal conducta se realizará sin perjuicios de la reformatio in pejus, lo cierto es en que el presente caso, dicho principio no se contraría si se tiene en cuenta que no puede aplicarse el mismo cuando evidentemente se observa una causal eximente de responsabilidad.
En otras palabras, mal podría el juez, atendiendo al principio de la non reformatio in pejus, condenar al Estado aunque evidentemente se observe que no puede atribuírsele responsabilidad alguna, caso en el cual, el juez está en la obligación de observar que los presupuestos de la responsabilidad consagrados en el Artículo 90 de la Constitución se cumplan dentro de los procesos contra el Estado, en este caso, en materia de reparación directa.
En palabras de la propia Sala Plena de la Sección Tercera,
Adicionalmente, mal puede perderse de vista que con el propósito de determinar la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la acción o de la omisión de alguna autoridad pública, se tiene que según las voces del artículo 90 constitucional, uno de los elementos que insoslayablemente debe establecerse como concurrente en cada caso concreto es el de la imputabilidad del daño a la entidad demandada —además de la antijuridicidad del mismo, claro está—, análisis de imputación que de modo invariable debe conducir al juez de lo contencioso administrativo, propóngase, o no, la excepción respectiva por la parte interesada, esto es de oficio o a petición de parte, a examinar si concurre en el respectivo supuesto en estudio alguna eximente de responsabilidad, toda vez que la configuración de alguna de ellas impondría necesariamente, como resultado del correspondiente juicio de imputación, la imposibilidad de atribuir la responsabilidad de reparar el daño sufrido por la víctima, total o parcialmente, a la entidad accionada(28).
De todo lo anterior, y con base en los hechos alegados y probados dentro del plenario, esta Subsección considera que evidentemente se observa el hecho único y determinante de un tercero, específicamente por quien fungió ser el apoderado de la ejecutante, por las siguientes razones:
Al analizar las solicitudes de las medidas cautelares por el apoderado de la parte ejecutante, esto es, de la Señora Gloria Eugenia Herrera Ardila, el abogado solicitó el embargo y secuestro de unos lotes sobre un solo folio de matrícula 290-0078948.
El propio juzgado requirió al apoderado respecto de la primera solicitud de medidas cautelares, para que indicara si los lotes aducidos se encontraban en dicho folio de matrícula, o en su defecto, si tenía otros folios. El apoderado sostuvo bajo la gravedad de juramento que los bienes pertenecían a la sociedad ejecutada y así mismo, que el folio de matrícula inmobiliaria dada a cada uno de los lotes (sic) es una sola 2900078948.
Sin embargo, al analizar todas y cada una de la copias del folio de matrícula 290-0078948 que reposan dentro del proceso ejecutivo, se pudo observar i) que la sociedad el 25 de febrero de 1991 adquirió el bien por compraventa efectuada del señor Ramírez Ardila Fernando a Proinversiones Ltda.; ii) que el 3 de julio de 1991 la sociedad procedió a efectuar el loteo del predio; que posteriormente inició compraventas parciales o permutas parciales de los lotes desenglobados; iii) al final de dicho folio se observa que se abrieron diferentes matrículas con base en la de mayor extensión, correspondiente a los actos realizados sobre dichos lotes, estos es, indicando por cada lote un número de matrícula y si correspondía por un acto de venta o permuta.
Por lo tanto, desde un comienzo, cuando el apoderado de la ejecutante solicitó la medida cautelar correspondiente a los lotes 1, 3, 4, 5 y 6, de conformidad con la matrícula 290-0078948, dicho folio en su parte final indicaba el número de las matrículas, por lo que el apoderado debió realizar un estudio de títulos para determinar si efectivamente los lotes se encontraban o no en cabeza de la sociedad ejecutada y, proceder a solicitar la expedición de dichos folios, para así indicarle de manera concreta al juez, los lotes sobre los que recaía la medida cautelar.
Ahora bien, nótese que la propia oficina de registro de instrumentos públicos cuando registró el embargo de los lotes 1, 3, 4, 5 y 6 indicó que el folio de matrícula correspondía a una mayor extensión y que por tanto, el embargo se registró no solamente en el folio de matrícula 290-0078948 sino también en los folios 290-0081890 y 290-0081895 (respuesta OJ-800 de 10 de mayo de 1994, al oficio 427 enviado por el Juzgado Tercero).
Ahora bien, nuevamente la parte ejecutante solicitó medidas cautelares sobre los predios 17 a 21 indicando que dichos lotes fueron adquiridos por la sociedad ejecutante y que las mismas se encontraban registradas en el folio de matrícula inmobiliaria 290-0078948.
La oficina de registro una vez dada la orden emitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito indicó que la medida anterior no se inscribió en “el folio de matrícula 78948 por cuanto esta (sic) ya fue comunicada y registrada mediante oficio 427 del 26-04-94. Su trámite correspondió al turno 13583”.
Teniendo en cuenta que el juzgado no tenía real certeza sobre los bienes objeto de secuestro respecto de la segunda medida cautelar y, en atención a que se ordenó el levantamiento de unos embargos de algunos lotes de la primera medida, porque se pudo acreditar que quienes iniciaron el incidente dentro del proceso ejecutivo tenían posesión de los lotes, el propio juez le ordenó al apoderado del ejecutante certificación expedida por la oficina de instrumentos públicos en el que constara que los lotes 20 y 21 pertenecían o no a la matrícula 290-0078948 o si se les había abierto folio aparte (fl. 136, anexo 3B).
Se observa que el apoderado de la parte ejecutante no cumplió en principio con lo solicitado por el juzgado y pese a ello, solicitó información a la oficina de registro y tal despacho, dio respuesta al señor abogado donde reiteró que, la matrícula inmobiliaria 290-00078948 correspondía a un folio de mayor extensión que fue objeto de loteo mediante escritura pública 3345 de la Notaría Primera del 20.06.91 del que se segregaron varios predios a los que les fueron asignadas nuevas matrículas inmobiliarias. Por lo tanto, lo invitó a acercarse a las instalaciones de la oficina para efectuar un estudio de los folios, sin embargo, el apoderado al dirigirse ante juez, este sostuvo que existía confusión en las matrículas y simplemente aportó folio de matrícula 290-0078948 donde se registraba el embargo ordenado por el Juzgado respecto de oficio 427 de 26 de abril de 1994.
Sin embargo, ante tal situación se procedió al remate de los lotes 20 y 21 y al momento de inscribir la adjudicación a la ejecutante del mismo y proceder al levantamiento del embargo, la oficina de registro de instrumentos públicos en oficio de 24 de septiembre de 1999, sostuvo que se inscribió el embargo porque así lo solicitaron conforme al folio de mayor extensión, advirtiéndosele al juez que se trataba de un folio de tal característica. También indicó que con la escritura 3345 del 20-06-91 corrida en la Notaría 1ª de Pereira contentiva del loteo del predio 290-78948 fue registrada el 03-07-91, generando las matrículas 290-81890 a la 290-81910, correspondiéndole a los lotes 20 y 21 los folios 290-81909 y 290-81910 matrículas estas que en ningún momento fueron embargadas.
Adicionalmente puso en conocimiento que mediante escritura 4646 del 03-11-92 suscrita en la Notaría 2ª de Pereira y registrada el 16-03-93 la Sociedad Proinversiones englobó los predios identificados con la matrícula 290-81909 y 290-81910 entre otros generando la matrícula 290-94313 que fuera desenglobada por la misma escritura.
Por lo tanto, cuando el abogado solicitó las medidas cautelares con el certificado de matrícula 290-008948, ya conocía que el predio estaba loteado, por lo que debió analizar los folios de matrículas allí enunciados.
Con fundamento en lo anterior, se observa que fue el apoderado de la parte ejecutante quien indujo en error al juzgado, por cuanto no efectuó un estudio de títulos que se encontraban incluidos y explicitados en el folio de matrícula de mayor extensión 290-0078948. Tenía a su disposición dicho folio en el que se indicó en la anotación 002 que se loteó el predio, así mismo, tenía conocimiento de diferentes folios de matrícula asentadas en las que se indicó a qué lotes correspondía, por lo que debió efectuar, se insiste, en el estudio de tales documentos para tener certeza sobre qué bienes se iba a solicitar las medidas de embargo y secuestro.
En cuanto a los lotes 20 y 21 que fueron rematados y del cual no se levantó embargo por cuanto los mismos no se encontraban en dicha situación, tales lotes fueron englobados el 3 de noviembre de 1992 mediante escritura pública 4646 suscrita en la Notaría 2ª de Pereira y registrada el 16 de marzo de 1993 y por lo tanto, generó una nueva matrícula inmobiliaria 290-94313. Por lo tanto, fueron englobadas antes de la medida cautelar y como generaron una nueva matrícula inmobiliaria, debió practicarse sobre ese nuevo folio el embargo. Pero esto solo era de competencia del abogado de la ejecutante, pues antes de solicitar medidas ejecutivas, debió analizar los folios de matrículas inmobiliarias, por lo que se trata de una carga de diligencia del abogado. Si admitió que estaban loteados en las mismas medidas cautelares, debió pedir las matrículas inmobiliarias de dichos lotes y verificar en cada uno lo necesario para solicitar las medidas.
En efecto, se solicita la declaratoria de responsabilidad de la Nación - rama judicial por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Esta corporación ha establecido que, respecto del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia previsto en el artículo 69, tiene carácter residual, de modo que cuando no existe una providencia judicial de la cual se derive un daño antijurídico por un error judicial o por la privación injusta de la libertad, y existen fallas en la administración de justicia se podría configurar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que podría dar lugar a que el Estado respondiera patrimonialmente. Ahora bien, habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por falla del servicio judicial no por la simple equivocación conceptual en la que pueda incurrir el juzgador, sino, cuando el aparato judicial incurre en eventuales conductas abiertamente contrarias a derecho que resulten ser escandalosamente injurídicas y abiertamente ilegales y generadoras de daños y perjuicios materiales y morales(29).
La responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales. Esto es, cuando la lesión se haya producido en el giro o tráfico jurisdiccional, entendido este como el conjunto de las acciones u omisiones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que pueden provenir no solo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales(30).
Es decir, en la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, ni privaciones injustas de la libertad, tienen lugar en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho(31).
En este orden de ideas, la responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se enmarca dentro de la teoría general de la falla del servicio y, por lo tanto, solo de haberse probado dicha falla podría deducirse la responsabilidad patrimonial del Estado, si además, claro está, se acredita la existencia del daño antijurídico(32).
Así las cosas, a juicio de la Sala, en el caso sub lite, respecto de la Nación - rama judicial, se puede observar que el Código de Procedimiento Civil, regula todo lo referente al proceso de medidas ejecutivas y el artículo 513 dispone que “Simultáneamente con el mandamiento ejecutivo, el juez decretará, si fueren procedentes, los embargos y secuestros de los bienes que el ejecutante denuncie como de propiedad del ejecutado, bajo juramento que se considerará prestado por la presentación del escrito, los cuales se practicarán con sujeción a lo dispuesto en el artículo 515 y el título XXXV de este código”.
Por lo tanto, el Juzgado Tercero Civil del Circuito en diferentes oportunidades solicitó al apoderado de la parte ejecutante dar información exacta correspondiente a los lotes que iban a ser objeto de embargo y secuestro, y el propio abogado manifestaba siempre lo mismo, que se trataban de lotes que se encontraban todos en el folio de matrícula 290-0078498, reiteró tal postura pero así mismo conocía de loteo efectuado y que en las diferentes copias del folio de matrícula correspondiente al 290-0078948 tenía información sobre diferentes folios de matrícula que se abrieron.
El juzgado ante tal información que se entendía presentada bajo juramento, continuó con el proceso ejecutivo. Pero adviértase que el juzgado mediante autos solicitaba certeza de lo solicitado por el apoderado y teniendo en cuenta que es carga del apoderado conocer, estudiar y analizar los predios objeto de medidas ejecutivas, mal podría el juez realizar el trabajo de la parte ejecutante, cuando lo cierto es que este se encuentra en la obligación de continuar con el proceso de la mano con lo expresado por el apoderado, en este caso, de la parte ejecutante.
Ahora bien, respecto de la actuación de la oficina de registro de instrumentos públicos, se observa que acató lo ordenado por el juzgado mediante los oficios en cuanto a la inscripción del embargo en el folio de matrícula 290-0078948 porque así siempre lo indicó la ejecutante. Incluso se advertían situaciones respecto de dicho folio porque correspondía a uno de mayor extensión, sin que el apoderado de la parte actora haya realizado el estudio necesario para tener certeza si los predios correspondían o no a la sociedad ejecutada.
Según el artículo 31 del Decreto 1250 de 1970(33) Para la inscripción de autos de embargo, demandas civiles, decretos de separación de patrimonio, de posesión provisoria, definitiva o efectiva, prohibiciones, y en general, de actos jurisdiccionales que versen sobre inmuebles determinados, la medida judicial individualizará los bienes y las personas, de modo de facilitar el registro y evitar toda confusión.
Y la medida del juzgado se correspondía con lo que aducía la parte ejecutante por lo que incluso, fue la propia oficina la que advirtió que se trataba de un folio de matrícula de mayor extensión.
Incluso, en testimonio rendido por la señora Mery Teresita Montenegro, quien fue juez del proceso ejecutivo en su parte final, indicó lo siguiente (fls. 63 a 66, cdno. 2):
“(...) Al respecto debo aclarar algo en mi modesto sentir; es una carga procesal de las partes hacer el seguimiento a los bienes que se persiguen, se embarguen y sobre todo se rematen, máxime que en el expediente obra un oficio donde invitan al señor apoderado de la ejecutante que también fue rematante a que se acerque a la oficina de registro para que observe detenidamente lo referente a los lotes que ya tenían nuevas matrículas y que aclare la situación (...) Otra cosa que llama la atención es porque (sic) la parte actora en este proceso que adelanta este H. tribunal, no acudió a la vía ordinaria ante la jurisdicción civil mediante un proceso ordinario-declarativo para obtener la nulidad del remate y así poder retirar el dinero consignado por la señora Herrera cuyo título reposa en el expediente del proceso ejecutivo (...)”.
Por lo tanto, refuerza aún más la falta de diligencia del apoderado en estudiar el folio de matrícula y los folios que ella indicaba para proceder de conformidad dentro del proceso ejecutivo. Incluso, se invitó a la parte actora acercarse a las instalaciones de la entidad para efectuar el estudio de folios y de la matrícula, sin que ella hubiere tenido intención alguna para verificar lo necesario para el proceso ejecutivo.
Por lo tanto, al estudiarse las causales las causales exonerativas, estas conllevan a la “exclusión de la posibilidad de atribuir jurídicamente la responsabilidad de reparar el daño a la entidad demandada; es decir, la operatividad en un supuesto concreto de alguna de las referidas “eximentes de responsabilidad” no destruye la tantas veces mencionada relación de causalidad, sino la imputación”(34).
Dentro de las causales, sobresale para el caso en concreto el hecho de tercero, y para que opere esta causal eximente, se requiere que sea determinante y única para enervar totalmente la responsabilidad a la entidad demandada.
Así, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la corporación, en similar sentido que se hizo para el hecho de la víctima, el demandado no debe acreditar que la conducta fue imprevisible e irresistible, sino que lo relevante es acreditar que el comportamiento del tercero (o de la víctima) fue decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño(35). Y en el presente evento no se la actuación del apoderado de la ejecutante fue determinante para la producción del daño que aquí se observa, sin embargo, no será atribuible a las entidades demandadas, por las consideraciones expuestas en líneas anteriores.
Por último, con respecto a la solicitud de los perjuicios causados a la señora Gloria Yolanda Osorio con ocasión de la promesa de compraventa incumplida por Gloria Eugenia Herrera, se le advierte al apelante que no se configuró ningún daño para ella en sede de la jurisdicción contenciosa administrativa.
La promesa, en este evento es un negocio celebrado entre particulares, y cualquier perjuicio corresponde al incumplimiento del contrato de promesa de compraventa por alguna de ellas. Ahora bien, dentro del plenario se observa que dentro del proceso ejecutivo promovido por la señora Gloria Yolanda Osorio contra Gloria Eugenia Herrera, la providencia del Juzgado Segundo del Circuito de Pereira resolvió denegar el mandamiento de pago solicitado, por cuanto no existía título ejecutivo para el efecto. Así mismo, se observa que la apoderada de la señora Gloria Yolanda interpuso recurso de apelación frente a la decisión del Juzgado, pero desistió del recurso de apelación interpuesto contra la providencia que antecede y a la reclamación de los perjuicios debidos a la parte ejecutada (fls. 36 a 37, anexo 1).
Y ante la inexistencia del título ejecutivo por no contener los requisitos exigidos por la ley para que se reconozca como tal, no es de resorte de esta jurisdicción el conocimiento de este tipo de controversias, máxime porque el contrato no se hizo con una entidad pública. Ahora bien, si se alega que el daño se presenta porque se frustró el contrato de promesa, debido a que no se pudo registrar en el folio de matrícula inmobiliaria que a la señora Gloria Eugenia Herrera se le adjudicó mediante diligencia de remate el lote 20, esta consecuencia se deriva del actuar del abogado de la ejecutante, por lo que las consecuencias del incumplimiento del contrato de promesa son ajenas para esta jurisdicción.
Con fundamento en todo lo anterior, la subsección procederá a revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar declarar probada la excepción de hecho de un tercero.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda proferida el 20 de mayo de 2004 y en su lugar se declara el hecho exclusivo de un tercero.
2. DENIÉGUENSE Las pretensiones de la demanda.
4. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.
(5) De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998.
(6) El Decreto 597 de 1988 dispuso que para que un proceso de reparación directa que inició en el año 2001 tuviere vocación de doble instancia, la pretensión mayor de la demanda debía superar la suma de $ 26.390.000. En el sub lite se instauró la demanda el día 11 de enero de 2001, cuya pretensión mayor ascendió a los $ 158.500.000 correspondiente a daños materiales por la frustración para una de las demandantes por la conclusión del contrato de promesa de compraventa. Sobre los bienes avaluados por dicho valor.
(7) Recopilada en la sentencia de 22 de octubre de 2012, Expediente 24070. Consejo de Estado, Sección Tercera. Puede verse también sentencia de 9 de mayo de 2012 Expediente 20334.
(8) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 19 de noviembre de 1998. Expediente 12124: “Si se trata de documentos públicos o privados debidamente autenticados, que han sido aportados en otro proceso y cuya copia auténtica se traslada al proceso contencioso administrativo, para su validez en este último, es suficiente con que el juez mediante auto que lo deje a disposición de las partes por el término de tres días (sic), para que las partes tengan la oportunidad de pronunciarse frente al mismo, en caso de que lo consideren necesario, es decir, otorga la posibilidad de que se surta el trámite de tacha por falsedad. Vencido ese término, sin que las partes hayan hecho manifestación alguna, el documento adquiere plena validez como prueba dentro del proceso y el juez administrativo entrará a otorgarle el valor que de su autenticidad y contenido se derive, calificación que hará en la sentencia”.
(9) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 22 de octubre de 2012. Radicado 24070: “(...) viii) ‘en relación con el traslado de documentos, públicos o privados autenticados, estos pueden ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. Conforme a lo anterior, es claro que sin el cumplimiento de los requisitos precitados las pruebas documentales y testimoniales practicadas en otro proceso no pueden ser valoradas para adoptar la decisión de mérito’ , salvo: a) cuando la prueba documental trasladada puede valorarse (sic) ‘toda vez que esta estuvo en el expediente a disposición de la parte demandada, quien tuvo la oportunidad de controvertirla’ (...) f) la prueba documental trasladada se valorará no solo por haber sido coadyuvado su traslado, sino también porque permaneció en el expediente a disposición de las partes (que tenían la posibilidad de tacharlas u objetarlas) durante todo el proceso, permitiéndose el libre y debido ejercicio del derecho de contradicción (...)”. En el mismo sentido, sentencia de 13 de abril de 2000, radicado 11898: “(...) han permanecido a disposición de las partes durante el curso del proceso y ninguna de ellas ha controvertido la autenticidad de los mismos, razones por las cuales tales elementos serán apreciados en el sub lite con el valor legal que les corresponde, sin perjuicio de lo cual, se reitera, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá de si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de estas”. Esta misma posición fue asumida en sentencia de 8 de junio de 2011, radicado 19166; sentencia de 8 de agosto de 2012, radicado 22415; y sentencia de 8 de agosto de 2012, radicado 22616.
(10) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 8 de junio de 2011. Radicado 19166: “(...) También ha establecido la Sala que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas rendidas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo sin limitaciones, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que las partes soliciten que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses invoquen las formalidades legales para su inadmisión (...)”. En el mismo sentido: Sección Tercera, Sentencia de 29 de enero de 2004, Radicado 14951; Sección Tercera, Sentencia de 22 de abril de 2004, radicado 15088; Sección Tercera, sentencia de 25 de mayo de 2011, radicado 15838; Sección Tercera, sentencia de 18 de septiembre de 1997, radicado 9666; Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2001, radicado 13254. En cuanto a la prueba testimonial, el Consejo de Estado consideró en las sentencias referenciadas: “Debe anotarse, adicionalmente, que en los eventos en que el traslado de los testimonios rendidos dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, la Sala ha considerado que dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no hayan sido ratificados en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio y, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su admisión (...)”.
(11) Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia de 21 de abril de 2004. Radicado 13607: “(...) la Sala, en aplicación del principio de lealtad procesal, ha reiterado que hay casos en los cuales sin ratificación del testimonio, el mismo puede y debe ser válidamente apreciado cuando es allegado a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en aquel, o cuando las dos partes lo solicitan como prueba, una en la demanda y la otra en el escrito de contestación, siempre que sean allegados en copia auténtica, porque así lo dispone la norma general sobre prueba trasladada (CPC, art. 185)”.
(12) Tal como lo dispone copia del folio de matrícula 2900081893 cuya matrícula matriz es la 290-0078948 (fl. 142, anexo 3B).
(13) De acuerdo con copia del folio de matrícula exactamente igual al que obra en folio 14 de, anexo 3B, se puede determinar las matrículas a qué lotes equivalen. En igual sentido, para mejor ilustración, se hizo comparación entre estas y la hoja de matrículas inmobiliarias abiertas por el loteo efectuado en el folio de mayor extensión 290-0078948, en la cual se relacionan los distintos lotes individuales y sus respectivos folios de matrícula visto a folio 21, cuaderno 2 pruebas antes descrito. Por tal motivo entre paréntesis se incluye el número del lote para mejor comprensión
(14) Oficio en el que se solicitó el embargo de los lotes 17 a 21.
(15) “3. Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2003.
(16) Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes 10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Sentencia de 13 de julio de 1993. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) este sea imputable a la acción u omisión de un ente público”. Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002.
(17) “(...) el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la administración la que tenga que soportarlo”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (también de las administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p. 185.
(18) “(...) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (también de las administraciones públicas)”. Ob. cit., p. 186.
(19) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (también de las administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p. 168.
(20) Posición reiterada en sentencia de Subsección C de 19 de agosto de 2011 Expediente 19663.
(21) Sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera de 9 de febrero de 2012, Expediente 21060.
(22) En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1º de 2009, dentro del Expediente 32.800, con ponencia de la señora magistrado Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.
(23) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso”.
“Son características de esta regla las siguientes: “(...). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de derecho procesal civil colombiano, parte general, tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, pág. 106.
(24) Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.
(25) Puede verse sentencia de 9 de junio de 2010, Expediente 17605 y 9 de febrero de 2012, Expediente 21060.
(26) Al respecto consultar, por ejemplo, sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 23 de abril del 2009, Expediente 17160 y de 20 de mayo de ese mismo año, Expediente 16.925.
(27) La Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa —por activa o por pasiva— e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo. Sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 9 de febrero de 2012, Expediente 21060.
(28) Sentencia Sala Plena de fecha 17 de octubre de 2013, Expediente 23354 (M.P. Mauricio Fajardo Gómez), radicación 52001233100019967459-01.
(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de octubre de 1992, Expediente 7058. Sentencia del 13 de agosto de 1993, Expediente 7869 y sentencia de 18 de septiembre de 1997, Expediente 12686.
(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 22 de noviembre de 2001, Expediente 31164. En este sentido véanse también las sentencias del 16 de febrero de 2006, Expediente 14307 y de 15 de abril de 2010, Expediente 17507.
(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, Expediente 31164. En este sentido véase también la sentencia de 10 de mayo de 2001, Expediente 12719.
(32) Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Expediente 17301.
(33) Por el cual se expide el estatuto del registro de instrumentos públicos.
(34) Sentencia Sección Tercera del Consejo de Estado de 11 de febrero de 2009, Expediente 17145.
(35) Sentencia de 13 de agosto de 2008, Expediente 17042. M.P. Enrique Gil Botero.

References: artículo 185
 artículo 289
 Resolución 
 artículo 521
 artículo 50
 artículo 351
 artículo 513
 artículo 515
 artículo 515
 artículo 513
 artículo 351
 artículo 90
 artículo 31
 artículo 164
 Artículo 90
 artículo 90
 artículo 69
 artículo 513
 artículo 515
 artículo 31
 artículo 55
 artículo 129
 artículo 37
 artículo 289
 artículo 16
 artículo 90
 artículo 90
 resolución 
 artículo 140