Source: https://tc.vlex.es/vid/-275587599
Timestamp: 2019-09-20 16:07:30+00:00

Document:
STC 11/2011, 28 de Febrero de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 275587599
Número de Recurso: 9543-2006
Recurso de amparo 9543-2006. Promovido por don Domingo Iborra Crespo respecto a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que inadmitió su recurso contra la aprobación por el Ayuntamiento de Calpe de un proyecto de reparcelación. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): Sentencia que declara la caducidad de la acción incurriendo en sendos errores en la fecha de publicación del acuerdo municipal en el boletín oficial de la provincia y en la determinación, partiendo de la fecha de notificación personal, del último día del plazo para recurrir.
STC 011/2011
En el recurso de amparo núm. 9543-2006, promovido por don Domingo Iborra Crespo, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Blanca Fernández de la Cruz Martín y asistido por el Abogado don Diego Iborra Ferrer, contra la Sentencia de 17 de julio de 2006 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 736, 1083, 1546-1996, interpuesto contra el Acuerdo de 12 de diciembre de 1995 del Pleno del Ayuntamiento de Calpe, de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la unidad de actuación núm. 2 del plan parcial núm. 2, posteriormente ampliado a la aprobación de la alternativa técnica y nombramiento de urbanizador, así como a la aprobación y exacción por la Comisión de Gobierno de las cuotas de compensación por excesos y defectos de adjudicación, primeras cuotas de urbanización e indemnización y segundas cuotas de urbanización e indemnización, y Decreto de la Alcaldía que acuerda el traslado provisional de línea aérea de baja tensión por importe de 396.350 pesetas excluido el IVA y ordena se incluya en la cuenta de liquidación definitiva. Ha sido parte el Excmo. Ayuntamiento de Calpe, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Victoria Pérez-Mulet Diez-Picazo y asistido por el Abogado don José Luis Martínez Morales. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 19 de octubre de 2006, la Procuradora de los Tribunales doña Blanca Fernández de la Cruz Martín, actuando en nombre y representación de don Domingo Iborra Crespo, interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial que se cita en el encabezamiento.
El día 12 de abril de 1996 el demandante de amparo interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo de 12 de diciembre de 1995 del Pleno del Ayuntamiento de Calpe, de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la unidad de actuación núm. 2 del plan parcial núm. 2, que luego amplió en los términos anteriormente reseñados. Dicho acuerdo le había sido notificado personalmente por correo certificado con acuse de recibo en fecha 12 de febrero de 1996.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó Sentencia de única instancia con fecha de 17 de julio de 2006. En relación a la impugnación del proyecto de reparcelación, alternativa técnica y nombramiento de agente urbanizador, declaraba la Sala la inadmisibilidad del recurso por extemporaneidad, estimando en cambio la pretensión relativa las cuotas de urbanización y adjudicación.
La inadmisión de la impugnación del proyecto de reparcelación citado se fundamentaba en varias razones. En primer lugar, la Sala señalaba que un proyecto de reparcelación no es una disposición de carácter general y que, en consecuencia, no podía impugnarse mediante la acción pública urbanística que decía ejercitar el demandante, si bien la propia Sentencia descartaba ese óbice como fundamento de la inadmisión toda vez que el actor "ha demostrado que es titular de un apartamento por el que le giran unas cuotas y, por tanto, estaba legitimado para impugnar la reparcelación". Excluido ese motivo, la causa de la inadmisión de la impugnación se centra en la presentación del recurso fuera de plazo, atendiendo a las fechas de notificación al recurrente, que según la Sala tuvo lugar a través de dos vías. La primera, a través de publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia", en fecha de 12 de diciembre de 1995, por lo que la interposición del recurso el 12 de abril de 1996, quedaba fuera del plazo de dos meses que resulta de aplicación; la segunda vía, de notificación personal, tuvo lugar el día 12 de febrero de 1996, por lo que al interponerse el recurso con fecha de 12 de abril de 1996 entiende la Sala que ya había transcurrido el plazo de dos meses previsto en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa de 1956 (LJCA 1956), que considera aplicable al caso.
"[E]l Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente sobre la causa alegada en supuestos complejos como el examinado, así, en la Sentencia de 10.5.1995 (RJ 1995/4306) nos dirá que el cómputo debe efectuarse de fecha a fecha, tal como establece el art. 5.1 del Código Civil, en relación con el art. 185.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 58.3 b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción C ontencioso Administrativa, lo que supone, al tratarse de un plazo fijado por meses, que su vencimiento se produjo el mismo día del mes correspondiente a aquel en que tuvo lugar la notificación, lo que supone como afirma la Administración que la fecha límite en nuestro caso era el 11.04.1996, es decir, a partir del 12.04.2006 (sic) el recurso estaba fuera de plazo y, habiéndose interpuesto precisamente el día doce, se estima el motivo alegado y se decreta la inadmisibilidad, en cuanto a la reparcelación impugnada."
El recurrente denuncia en su demanda de amparo la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a la jurisdicción, como consecuencia de la inadmisión, por extemporánea, de la pretensión referida a la nulidad del proyecto de reparcelación acordado por el Ayuntamiento de Calpe.
Respecto del primer razonamiento ofrecido por la resolución judicial (publicación de la reparcelación en el "Boletín Oficial de la Provincia" e incumplimiento, por referencia a la fecha de dicha publicación, del plazo para recurrir), denuncia el recurrente el error en el que incurriría la Sala sentenciadora al tomar la fecha del acto administrativo como fecha de su publicación, cuando lo cierto es que, según acredita el expediente administrativo, la publicación se produjo el día 29 de marzo de 1996; y por otro lado, alega que los destinatarios de la notificación edictal eran únicamente los propietarios cuyo domicilio se desconocía, no encontrándose entre ellos el ahora demandante. En relación con el segundo razonamiento de la Sentencia impugnada, en cuanto al cómputo del plazo a partir de la notificación personal, se denuncia por el recurrente la incorrección del cómputo efectuado, divergente del criterio seguido por la consolidada jurisprudencia sobre el particular. Según ésta, el criterio de inclusión del día de la notificación como primer día dentro del plazo se configura como regla únicamente para los términos temporales fijados en días, mientras que en los fijados por meses el cómputo comienza a correr el día siguiente al de la notificación o publicación del acto.
El recurso de amparo denuncia asimismo una vulneración del art. 14 CE, en su vertiente de igualdad en la aplicación de la ley, puesto que la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de forma constante y reiterada aplica el cómputo de fecha a fecha conforme a aquella jurisprudencia, de la que en este caso se estaría apartando de manera selectiva o singular, sin explicación congruente que lo justifique.
Por providencia de 26 de febrero de 2008, la Sección Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requirió a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la remisión de testimonio del recurso contencioso-administrativo núm. 736, 1083, 1546-1996, interesando al propio tiempo el emplazamiento de quienes fueron parte en el procedimiento, a excepción del recurrente en amparo, para que pudieran comparecer en el proceso constitucional.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 19 de septiembre de 2008, la Procuradora de los Tribunales doña Victoria Pérez-Mulet Diez-Picazo, en representación del Ayuntamiento de Calpe, solicitó que se le tuviera por personada en el recurso de amparo.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Primera, de 9 de octubre de 2008, se tuvo por recibido el testimonio de las actuaciones solicitado y por personado y parte al Ayuntamiento de Calpe, acordándose dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, dentro de los cuales podrían presentar las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme a lo dispuesto en el art. 52 LOTC.
La representación procesal del demandante en amparo, en escrito que tuvo entrada en este Tribunal el día 12 de noviembre de 2008, se ratificó en su escrito de demanda. No obstante, añadió nuevas alegaciones sobre una posible vulneración del art. 24.1 CE, referidas a la inadmisión a trámite de un recurso de súplica por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, interpuesto en fecha anterior al del dictado de la Sentencia; recurso dirigido contra una providencia que había inadmitido otro recurso previo en el que el demandante postulaba la preclusión procesal del Ayuntamiento de Calpe para contestar a la demanda en el proceso de impugnación sobre el proyecto de reparcelación, situación que habría tenido relevancia en la resolución final de la litis, toda vez que la Sentencia definitiva tomó en consideración la excepción de extemporaneidad alegada por el citado Ayuntamiento, excepción contra la que no tuvo oportunidad alguna de oponerse quien formula la queja.
El día 12 de noviembre de 2008 el Ayuntamiento de Calpe presentó escrito de alegaciones interesando la desestimación del recurso de amparo. En dicho escrito, tras examinar el contenido de la Sentencia impugnada, sostiene que el demandante de amparo no agotó debidamente la vía judicial al no emplear el remedio previsto en el art. 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para la rectificación de errores materiales.
El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones en escrito registrado en este Tribunal el día 28 de noviembre de 2008, interesando el otorgamiento del amparo. Tras descartar la existencia de óbices procesales, estima que la Sentencia impugnada incurre en un error fáctico en la determinación de la fecha de publicación del proyecto de reparcelación en el "BOP de Alicante", que en realidad tuvo lugar el día 29 de marzo de 1996, y no el 12 de diciembre de 1995 como afirma la resolución confundiendo fecha del acuerdo y fecha de publicación del mismo. Por otra parte, en lo tocante a la notificación personal, recogiendo la jurisprudencia sobre la interpretación de la ley jurisdiccional de 1956 en ese punto, considera que el cómputo realizado carece de adecuada apoyatura legal y jurisprudencial, apartándose además del criterio aplicado por la misma Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en otros casos, como acreditan las Sentencias aportadas por el recurrente en amparo.
Por providencia de 24 de febrero de 2011 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 28 del mismo mes y año.
El objeto central del presente recurso de amparo consiste en determinar si la Sentencia impugnada, debidamente referida en el encabezamiento, ha vulnerado el derecho del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso al proceso, y el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), al apreciar la caducidad de la acción por extemporaneidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el referido Acuerdo de 12 de diciembre de 1995 del Pleno del Ayuntamiento de Calpe.
Antes de abordar las cuestiones planteadas, conviene precisar el orden de examen de las quejas. Puesto que el recurrente, de un lado, reprocha a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y, de otra parte, la del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), por apartamiento de los criterios usuales de cómputo de plazos, se comenzará por el examen de aquella primera posible vulneración. De estimarse dicha queja, no solo se asegurará que la retroacción que acordemos permita salvaguardar el carácter subsidiario del proceso de amparo (en atención al criterio reiterado en nuestra doctrina; por todas, SSTC 53/2005, de 14 de marzo, FJ 2, y 51/2007, de 12 de marzo, FJ 2), sino que con la estimación de la concurrencia de un error facti en la determinación del dies ad quem del plazo, quedaría descartada la aducida desigualdad en la aplicación de la Ley, o en su caso, resultaría una lesión accesoria o derivada del error facti.
Todavía con carácter previo, en lo que concierne a la pretensión que el demandante plantea ex novo en su escrito de alegaciones del trámite del art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), referida a una posible vulneración del derecho al recurso (art. 24.1 CE), por las razones que recogimos en los antecedentes de esta Sentencia, debe recordarse que las ampliaciones de la demanda en ese trámite en modo alguno pueden ser aceptadas. Como es reiterada doctrina de este Tribunal, en la demanda de amparo deben quedar fijados el objeto procesal, la definición y la delimitación de la pretensión, así como la concreta individualización de la causa petendi, por lo que no son admisibles alteraciones introducidas con ulteriores alegaciones. La ratio de las alegaciones es la de reforzar y complementar el argumento del recurso pero no su ampliación hasta el punto de modificarlo sustancialmente [entre tantas otras, SSTC 5/2008, de 21 de enero, FJ 2; 13/2008, de 31 de enero, FJ 3; y 126/2009, de 21 de mayo, FJ 3 b)].
Debe continuar nuestro razonamiento con el examen del único óbice procesal planteado, contenido en el escrito de alegaciones del Ayuntamiento de Calpe, pues, como es sabido, las objeciones de carácter procesal invocadas pueden dar lugar a la inadmisión del recurso en esta fase, ya que los defectos insubsanables que pudieran concurrir no resultan sanados por el hecho de su admisión a trámite (recientemente, SSTC 76/2009, de 23 de marzo, FJ 2, y 4/2010, de 17 de marzo, FJ 2).
En este punto, recordemos que según nuestra reiterada y constante doctrina, el presupuesto procesal del agotamiento no puede configurarse como la exigencia de interponer cuantos recursos fueren imaginables, incluso aquellos de dudosa viabilidad. El agotamiento queda cumplido con la utilización de aquéllos que "razonablemente puedan ser considerados como pertinentes sin necesidad de complejos análisis jurídicos" (por todas, SSTC 85/2008, de 21 de julio, FJ 3, y 142/2009, de 15 de junio, FJ 2). No se trata, por tanto, de establecer con total precisión si un recurso es o no procedente, sino de decidir si era razonablemente exigible su interposición. Como también hemos señalado, "cuando la determinación del recurso procedente requiere un razonamiento excesivamente complejo no puede exigirse al ciudadano que supere esas dificultades de interpretación" (SSTC 137/2004, de 13 de septiembre, FJ 2, y 146/2005, de 6 de junio, FJ 3, además de las anteriormente citadas).
Una vez rechazado el óbice aducido por el Ayuntamiento de Calpe, procede examinar la queja de fondo suscitada en la demanda de amparo, conforme al criterio anteriormente expuesto en cuanto al orden de examen de las quejas formuladas en el recurso.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la declaración de inadmisibilidad de la impugnación del referido proyecto de reparcelación, manifiesta que un proyecto de reparcelación no es una disposición de carácter general y que, en consecuencia, no es impugnable mediante la acción pública que decía ejercitar el demandante; asimismo hacía constar que la reparcelación le fue notificada al recurrente a través de publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia", en fecha de 12 de diciembre de 1995, habiéndose interpuesto el recurso el 12 de abril de 1996, fuera del plazo de dos meses que tenía a disposición; y, para concluir, recordaba que también había tenido lugar la notificación personal, el día 12 de febrero de 1996, por lo que al interponer el recurso con fecha 12 de abril de 1996 ya había transcurrido el plazo de dos meses previsto en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa de 1956 (que el órgano judicial considera aplicable al caso).
Sentada esa premisa, analizaremos los diversos motivos de inadmisión recogidos en la Sentencia impugnada, a fin de comprobar si alguno de ellos carece de idoneidad lesiva para afectar el derecho a la tutela judicial efectiva, en cuyo caso habría que concluir que la decisión adoptada no era constitucionalmente inadecuada.
Iniciando el examen con las alegaciones que niegan la legitimación del actor, se advierte sin esfuerzo que la decisión de inadmisión del recurso contencioso-administrativo no residió en las razones ofrecidas por el órgano judicial a este respecto. La referencia a la falta de titularidad del recurrente para el ejercicio de una acción pública urbanística, constituya o no tal hipótesis una correcta interpretación de la norma, no fue tenida en cuenta por la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo, que la rechazó como fundamento de la caducidad, pues dicha Sentencia incluso afirma que el actor "ha demostrado que es titular de un apartamento por el que le giran unas cuotas y, por tanto, estaba legitimado para impugnar la reparcelación". En contra de lo que apunta el Ayuntamiento de Calpe, la decisión de inadmisión del recurso contencioso no descansó en ese fundamento.
De mayor calado es el primero de los motivos de inadmisión recogidos en la resolución recurrida: la pretendida notificación de la reparcelación al recurrente a través de publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia". Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la publicación se produjo el día 12 de diciembre de 1995, por lo que, habiéndose interpuesto el recurso el 12 de abril de 1996, quedó fuera del plazo de los dos meses que resultaba de aplicación.
Respecto de este primer razonamiento ofrecido por la resolución judicial (fecha de publicación del acuerdo de reparcelación en el "Boletín Oficial de la Provincia" e incumplimiento, por referencia a la dicha fecha, del plazo para recurrir), denuncia el recurso de amparo la existencia de un error de hecho en el dies a quo del cómputo del plazo, al tomarse la fecha del acuerdo como fecha de su publicación, cuando según acredita el expediente administrativo, la publicación está fechada el día 29 de marzo de 1996. Además, la notificación edictal se dirigía únicamente a los propietarios de domicilio desconocido, entre los que no encontraba el hoy recurrente en amparo. El Ministerio Fiscal comparte dicha alegación, considerando que la Sentencia impugnada incurre en un error fáctico en tal extremo. Incluso el Ayuntamiento de Calpe reconoce que "posiblemente sea cierto" que concurre el error acerca del dato fáctico reseñado.
En el supuesto sometido a nuestra consideración, el examen de las actuaciones de este recurso permite verificar que, efectivamente, el órgano judicial confunde la fecha de la publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia de Alicante" del acuerdo de 12 de diciembre de 1995, que no tuvo lugar el 12 de diciembre de 1995 como afirma la Sentencia sino el día 29 de marzo de 1996, por lo que, si esta fecha determinara el inicio del plazo y no la que erróneamente cita la resolución recurrida, de ningún modo podría alcanzarse la conclusión de extemporaneidad que la Sala de lo Contencioso-Administrativo opuso a la acción del recurrente.
Sin embargo, esta circunstancia viene acompañada de otro elemento que debe destacarse: según aduce el recurrente en sus alegaciones, confirma el Ministerio Fiscal y acredita el contenido del edicto publicado el día 29 de marzo de 1996 en el "Boletín Oficial de la Provincia", a través del mismo se notificaba el Acuerdo a los "interesados cuyo paradero se desconoce", que se relacionaban en el texto y entre los que no se encontraba el recurrente en amparo. Prueba adicional de ello, o explicación de tal exclusión, es que el demandante de amparo fuera personalmente notificado por correo certificado con acuse de recibo en fecha 12 de febrero de 1996, al poder ser localizado en su domicilio fiscal a diferencia de aquellos a los que se dirigía la notificación edictal. De manera que, de conformidad con lo dispuesto en la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa [LJCA] de 1956 (hoy derogada pero aplicable al caso, según la Sentencia recurrida) a dicha notificación personal, preferente y en todo caso única que se produjo, debía estarse.
El error descrito no constituyó, por lo tanto, el soporte único de la resolución recurrida, puesto que la Sentencia impugnada se apoya asimismo en la extemporaneidad del recurso, partiendo de la fecha de la notificación personal a efectos del cómputo del plazo procesal.
A tal efecto dice la Sala de lo Contencioso-Administrativo que "[A]l demandante se le notificó la resolución administrativa el 12.02.1996 e interpuso el recurso contencioso administrativo el 12.04.2006. El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente sobre la causa alegada en supuestos complejos como el examinado, así, en la Sentencia de 10.5.1995 nos dirá que el cómputo debe efectuarse de fecha a fecha, tal como establece el art. 5.1. del Código Civil, en relación con el art. 185.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 58.3 b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo que supone, al tratarse de un plazo fijado por meses, que su vencimiento se produjo el mismo día del mes correspondiente a aquel en que tuvo lugar la notificación, lo que supone como afirma la Administración que la fecha límite en nuestro caso era el 11.04.1996, es decir, a partir del 12.04.2006 el recurso estaba fuera de plazo y, habiéndose interpuesto precisamente el día doce, se estima el motivo alegado y se decreta la inadmisibilidad, en cuanto a la reparcelación impugnada."
Así encuadrada la queja, para valorar si la decisión recurrida en amparo vulnera el art. 24.1 CE, será preciso partir de la consolidada doctrina de este Tribunal, que puede encontrarse, por ejemplo, en la todavía reciente STC 217/2009, de 14 de diciembre, FJ 3: "el derecho a la obtención de un pronunciamiento jurisdiccional sobre el fondo de la pretensión, como parte del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el art. 24.1 CE, se satisface también con una respuesta de inadmisión fundada en una causa legal que haya sido apreciada razonablemente por el órgano judicial (así, y entre otras, ya desde nuestra temprana STC 11/1982, de 29 de marzo, las SSTC 69/1984, de 11 de junio, y, entre las más recientes, 8/1998, de 13 de enero, y 122/1999, de 28 de junio). Por ello, las decisiones judiciales de inadmisión no son, en principio, revisables en la vía de amparo, salvo que vulneren el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que ocurre cuando carecen de la debida motivación (SSTC 214/1988, de 14 de noviembre; 63/1992, de 29 de abril); se funden en una interpretación de la legalidad ordinaria arbitraria o manifiestamente irrazonable (STC 133/2000, de 16 de mayo); sean el resultado de un error patente (SSTC 295/2000, de 11 de diciembre; 134/2001, de 13 de junio); se apoyen en una causa legal inexistente o en la exigencia de unos requisitos formales excesivamente rigurosos (SSTC 69/1984, de 11 de junio; 57/1988, de 5 de abril; 18/1993, de 18 de enero; 172/1995, de 21 de noviembre; 135/1998, de 29 de junio; 168/1998, de 21 de julio; 63/2000, de 13 de marzo; 230/2000, de 2 de octubre). El control constitucional de estas decisiones de inadmisión se realiza de forma especialmente intensa cuando determinan la imposibilidad de obtener una primera respuesta judicial (SSTC 87/1986, de 27 de junio, y 118/1987, de 8 de julio, hasta la STC 16/1999, de 22 de febrero), atenuándose ese control en fase de recurso (por todas, SSTC 37/1995, de 7 de febrero, 115/1999, de 14 de junio)."
La caducidad de la acción constituye una de esas causas legales que impiden un pronunciamiento sobre el fondo, siendo su cómputo -como, en general, el de todos los plazos sustantivos y procesales- una cuestión de estricta legalidad ordinaria que corresponde valorar a los órganos judiciales. No obstante, pese a ello, hemos mantenido reiteradamente que la interpretación de las normas legales que realizan aquéllos es revisable en amparo cuando la apreciación de la caducidad afecta a un derecho fundamental, como ocurre cuando determina bien la inadmisión de la acción -así ocurre en el presente caso-, bien la pérdida de algún trámite procesal que impida la defensa, señalándose que sucederá de ese modo cuando la inadmisión se acuerde "como consecuencia de un error en el cómputo del plazo, de una interpretación de la legalidad arbitraria o irrazonable o, en fin, de la utilización de un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho fundamental entendida como desproporcionadamente formalista (STC 88/1997). Siendo así, resulta indudable que en el presente supuesto, la interpretación del órgano judicial trasciende el ámbito de la legalidad ordinaria, puesto que determina la caducidad de la acción e impide todo pronunciamiento sobre el fondo" (STC 104/1997, de 2 de junio, FJ 2).
En esta ocasión, pese a la argumentación y calificación de la lesión que contiene el recurso, la cuestión responde abiertamente a la primera tipología (error facti). Esa confusión en la calificación de la lesión que efectúa la parte recurrente en su demanda de amparo, carece de relevancia, pues oponerlo a la concesión del amparo implicaría incurrir en rigorismos formalistas que no sirven al fin del proceso constitucional. La demanda, pese a su errónea identificación del fundamento de la lesión producida, permite, sin embargo, conocer las específicas vulneraciones aducidas del derecho fundamental, cuyo amparo se solicita de este Tribunal.
La estimación de este motivo de amparo conlleva la pertinencia de acordar la nulidad de la resolución judicial impugnada y la consecuente retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al del dictado de dicha Sentencia, para que por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado, sin que sea preciso resolver la queja referente al principio de igualdad (art.14 CE) de conformidad con lo expuesto en el FJ 2 de este pronunciamiento constitucional.
Declarar la nulidad de la Sentencia de 17 de julio de 2006, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 736, 1083, 1546-1996.
Retrotraer las actuaciones judiciales al momento inmediatamente anterior al dictado de dicha resolución judicial para que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con respeto del derecho fundamental reconocido, dicte la resolución que proceda.
SAP Sevilla 203/2001, 19 de Marzo de 2001
SAP Sevilla 269/2006, 2 de Mayo de 2006

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución