Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-910-13.htm
Timestamp: 2017-10-22 04:43:27+00:00

Document:
C-910-13
Sentencia C-223/13
Sentencia C-910 DE 2013
CONVENCION SOBRE PROHIBICION DE EMPLEO DE MUNICIONES EN RACIMO-Se ajusta a la Constitución Política, tanto en su aspecto formal como en su contenido material
La Sala llevó a cabo según lo previsto en el artículo 241 numeral 10 constitucional, un control de constitucionalidad automático, previo e integral, de la Ley 1604 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta 30 de mayo de 2008. Este control se dividió en dos partes: una primera que atendió a la revisión formal de la capacidad del representante del Estado Colombiano que suscribió la Convención y del trámite legislativo que surtió en el Congreso de la República su ley aprobatoria. La segunda parte, correspondió al análisis del contenido material del tratado, en contraste con la Constitución Nacional, con el fin de determinar si existía alguna contradicción de la norma de normas que tornara el acuerdo o una parte del mismo inexequibles. Del análisis de la competencia de la funcionaria que suscribió la Convención en representación del Estado colombiano, se pudo concluir que el Presidente de la República le otorgó plenos poderes a la Embajadora Forero Ucrós, para representar los intereses nacionales en las fases de negociación y celebración del Acuerdo, por lo cual la capacidad de esta funcionaria para celebrar el tratado era válida. En cuanto al análisis del trámite legislativo realizado por la Corte Constitucional, se concluye que el Proyecto de Ley No. 174 de 2011 Senado, 244 de 2012 Cámara cumplió de manera satisfactoria con la totalidad de los requisitos y exigencias previstas en la Constitución y en el reglamento del Congreso para una Ley Aprobatoria de Tratados Internacionales. En consecuencia, la Ley 1604 de 2012 resulta exequible en lo que se refiere a su examen de forma. En el análisis material de la Convención sobre Municiones en Racimo, la Sala hizo un recuento de sus antecedentes, resaltando su proceso de construcción a través de múltiples conferencias mundiales y regionales, en las que los Estados resaltaron la importancia de este instrumento, como un medio para lograr la erradicación de un tipo de arma que genera graves violaciones a los derechos de la población civil, tanto en tiempo de paz como en el marco de un conflicto. Después del recuento de los antecedentes, la Sala consideró la forma en que, derivada de su parte motiva, la Convención contribuye al desarrollo de los principios del Derecho Internacional Humanitario, en especial los de distinción, prohibición de ataques indiscriminados, proporcionalidad, precaución en el ataque y los principios generales sobre el empleo de armas, concluyendo que la importancia que tiene el Derecho Internacional Humanitario para el Estado colombiano, demuestran la relevancia que tiene el instrumento sometido a control. Dio paso la Sala a un análisis detallado del articulado de la Convención, en especial lo relacionado con su objeto y fin, las obligaciones específicas que en virtud de la finalidad perseguida deberá cumplir el Estado colombiano como Estado Parte, las obligaciones tendientes a lograr el cumplimiento de las obligaciones principales y los mecanismos de solución pacífica de controversias. En ese examen, la Sala encontró que todas las disposiciones en la Convención están encaminadas hacia el propósito de este instrumento que es la prohibición de emplear, producir, transferir y almacenar, municiones en racimo, en virtud del perjuicio que estas causan en la población civil, lo cual se encuentra en plena sintonía con las disposiciones de la Carta Política de Colombia y aquellas que integran el bloque de constitucionalidad.
Esta Corporación es competente para efectuar la revisión constitucional de la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta 30 de mayo de 2008, y de la ley 1604 de 2012 que la aprueba de conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política. Como se mencionó anteriormente, según lo previsto en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución corresponde a la Corte realizar el control automático de constitucionalidad de los tratados internacionales y las leyes que los aprueban. Sobre el particular cabe resaltar que el control confiado a esta Corporación en estos casos es además de automático, previo e integral, en la medida en que versa tanto sobre el contenido material del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su trámite legislativo y las normas constitucionales aplicables. Dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviado directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v)es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.
Es preciso advertir que el texto constitucional no dispone un procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado internacional, razón por la cual debe seguir, en términos generales, el mismo trámite de una ley ordinaria. Empero, esta previsión opera salvo las obligaciones de (i) iniciación del debate en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art. 154 C.N.); y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (numeral 10 Art. 241 C.N.). En tal sentido, en razón del trámite ordinario de la ley, se requiere: (i) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la República; (ii) la publicación oficial del proyecto de ley; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las Cámaras (Art. 157 C.N.); (iv) que entre el primer y segundo debates medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.N.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, (numeral 10 Art. 241C.N.)
CONVENCION SOBRE PROHIBICION DE EMPLEO DE MUNICIONES EN RACIMO-Revisión formal
CONVENCION SOBRE PROHIBICION DE EMPLEO DE MUNICIONES EN RACIMO-Suscripción por funcionario con plenos poderes
CONVENCION SOBRE PROHIBICION DE EMPLEO DE MUNICIONES EN RACIMO-Trámite legislativo
CONVENCION SOBRE PROHIBICION DE EMPLEO DE MUNICIONES EN RACIMO-Revisión material/CONVENCION SOBRE PROHIBICION DE EMPLEO DE MUNICIONES EN RACIMO-Contenido
CONVENCION SOBRE PROHIBICION DE EMPLEO DE MUNICIONES EN RACIMO-Antecedentes/CONVENCION SOBRE PROHIBICION DE EMPLEO DE MUNICIONES EN RACIMO-Principios del derecho internacional humanitario
Referencia: expediente LAT-408
Revisión constitucional de la Ley 1604 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta 30 de mayo de 2008.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, atendiendo a lo previsto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución, envió fotocopia auténtica de la Ley 1604 del 21 de diciembre de 2012, “Por medio de la cua lse aprueba la ‘Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta 30 de mayo de 2008”.
En auto del 8 de febrero de 2013, el despacho del Magistrado Sustanciador asumió el conocimiento del presente asunto. Adicionalmente, en dicha providencia, también solicitó a las Secretarías Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, la remisión de los antecedentes legislativos de la Ley en revisión y la certificación del quórum y del desarrollo exacto y detallado de las votaciones. En el mismo auto, se ordenó la fijación en lista para efectos de permitir la intervención ciudadana y se dispuso la comunicación de la presente demanda al Presidente de la República, al Ministro de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Defensa Nacional, al Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, Jefatura de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos del Ejército Nacional de Colombia, Comité Internacional de la Cruz Roja, Cruz Roja Colombiana, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad- DeJusticia-, Fundación Ideas para la Paz, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CERAC (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos), Pastoral Social, JUSTAPAZ, REDEPAZ, y a las Facultades de Derecho de las Universidades Andes, Externado, Javeriana, Libre, Nacional, Jorge Tadeo Lozano, Santo Tomás, Rosario y de Cartagena, para que, si lo consideraban oportuno, intervinieran en el presente proceso con el propósito de impugnar o defender las disposiciones sometidas a control. Por último, se dio traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia, en los términos previstos en el artículo 7° del Decreto 2067 de 1991.
Con posterioridad, en auto del 23 de abril de 2013, requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores la certificación de los plenos poderes de la persona que intervino en la suscripción de los citados instrumentos internacionales.
Una vez cumplidos los trámites consagrados en el citado Decreto, la Corte procede a decidir sobre la exequibilidad de la Convención sobre Municiones en Racimo y de la Ley que lo aprueba.
II. TEXTO DE LA LEY APROBATORIA DE LA CONVENCIÓN OBJETO DE REVISIÓN
A continuación se trascribe el texto sometido a control conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 48.651 del 21 de diciembre de 2012:
Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el 30 de mayo de 2008
Visto el texto la Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el 30 de mayo de 2008.
(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano de la Convención, la cual consta de veintiséis (26) folios, certificada por el Secretario General Adjunto para Asuntos Jurídicos de la Organización de las Naciones, documento que reposa en el Archivo de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores).
Teniendo presente la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que, inter alia, exige que los Estados parte de esa Convención se comprometan a garantizar y promover la plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad sin discriminación de ningún tipo por motivos de la misma,
Reafirmando la Declaración de la Conferencia de Oslo sobre municiones en racimo, por la que, inter alia, los Estados reconocieron las graves consecuencias del uso de las municiones en racimo y se comprometieron a concluir para 2008 un instrumento jurídicamente vinculante que prohibiera el empleo, producción, transferencia y almacenamiento de municiones en racimo que causan daños inaceptables a civiles, y a establecer un marco de cooperación y asistencia que garantizara la adecuada prestación de atención y rehabilitación para las víctimas, la limpieza de áreas contaminadas, la educación sobre reducción de riesgos y la destrucción de los arsenales,
1. Por “víctimas de municiones en racimo” se entiende todas las personas que han perdido la vida o han sufrido un daño físico o psicológico, una pérdida económica, marginación social o un daño substancial en la realización de sus derechos debido al empleo de municiones en racimo. La definición incluye a aquellas personas directamente afectadas por las municiones en racimo, así como a los familiares y comunidades perjudicados;
2. Por “munición en racimo” se entiende una munición convencional que ha sido diseñada para dispersar o liberar submuniciones explosivas, cada una de ellas de un peso inferior a 20 kilogramos, y que incluye estas submuniciones explosivas. La definición no incluye:
(a) Una munición o submunición diseñada para emitir bengalas, humo, efectos de pirotecnia o contramedidas de radar (“chaff”); o una munición diseñada exclusivamente con una función de defensa aérea;
(iii) Cada submunición explosiva está diseñada para detectar y
atacar un objeto que constituya un blanco único;
3. Por “submunición explosiva” se entiende una munición convencional que, para desarrollar su función, es dispersada o liberada por una munición en racimo y está diseñada para funcionar mediante la detonación de una carga explosiva antes del impacto, de manera simultánea al impacto o con posterioridad al mismo;
4. Por “munición en racimo fallida” se entiende una munición en racimo que ha sido disparada, soltada, lanzada, proyectada o arrojada de otro modo y que debería haber dispersado o liberado sus submuniciones explosivas pero no lo hizo;
5. Por “submunición sin estallar” se entiende una submunición explosiva que ha sido dispersada o liberada, o que se ha separado de otro modo, de una munición en racimo, y no ha estallado como se esperaba;
6. Por “municiones en racimo abandonadas” se entiende aquellas municiones en racimo o submuniciones explosivas que no han sido usadas y que han sido abandonadas o desechadas y ya no se encuentran bajo el control de la Parte que las abandonó o desechó. Pueden o no haber sido preparadas para su empleo;
7. Por “restos de municiones en racimo” se entiende municiones en racimo fallidas, municiones en racimo abandonadas, submuniciones sin estallar y bombetas sin estallar;
8. “Transferencia” supone, además del traslado físico de municiones en racimo dentro o fuera de un territorio nacional, la transferencia del dominio y control sobre municiones en racimo, pero no incluye la transferencia del territorio que contenga restos de municiones en racimo;
9. Por “mecanismo de autodestrucción” se entiende un mecanismo de funcionamiento automático incorporado que es adicional al mecanismo iniciador primario de la munición y que asegura la destrucción de la munición en la que está incorporado;
10. Por “autodesactivación” se entiende el hacer inactiva, de manera automática, una munición por medio del agotamiento irreversible de un componente, como, por ejemplo, una batería, que es esencial para el funcionamiento de la munición;
11. Por “área contaminada con municiones en racimo” se entiende un área que se sabe o se sospecha que contiene restos de municiones en racimo;
12. Por “mina” se entiende toda munición diseñada para colocarse debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida para detonar o explotar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o de un vehículo;
13. Por “bombeta explosiva” se entiende una munición convencional, de menos de 20 kilogramos de peso, que no es autopropulsada y que, para realizar su función, debe ser dispersada o liberada por un dispositivo emisor, y que está diseñada para funcionar mediante la detonación de una carga explosiva antes del impacto, de manera simultánea al impacto o con posterioridad al mismo;
14. Por “dispositivo emisor” se entiende un contenedor que está diseñado para dispersar o liberar bombetas explosivas y que está fijado a una aeronave en el momento de la dispersión o liberación;
15. Por “bombeta sin estallar” se entiende una bombeta explosiva que ha sido dispersada, liberada o separada de otro modo de un emisor y no ha estallado como se esperaba.
3. En el desarrollo de las actividades a las que se hace referencia en el apartado 2 de este Artículo, cada Estado Parte tendrá en cuenta las normas internacionales, incluidas las Normas internacionales sobre acción contra las minas (IMAS, International Mine ActionStandards).
(a) En esos casos, después de la entrada en vigor de la presente Convención para ambos Estados Parte, se alienta fervientemente al primero a proveer, inter alia, asistencia técnica, financiera, material o de recursos humanos al otro Estado Parte, ya sea de manera bilateral o a través de una tercera parte mutuamente acordada, que podrá incluir el Sistema de las Naciones Unidas o a otras organizaciones pertinentes, para facilitar el marcaje, limpieza y destrucción de dichos restos de municiones en racimo.
(d) El área total que contenga restos de municiones en racimo en el momento de la entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado Parte y cualquier área adicional que contenga restos de municiones en racimo descubierta con posterioridad a dicha entrada en vigor;
(i) Cualquier otra información pertinente a la solicitud de la prórroga propuesta.
7. La Reunión de los Estados Parte o la Conferencia de Examen deberá, teniendo en cuenta los factores a los que se hace referencia en el apartado 6 de este Artículo, incluyendo, inter alia, las cantidades de restos de municiones en racimo de las que se haya dado parte, evaluar la solicitud y decidir por mayoría de votos de los Estados Parte presentes y votantes si se concede la ampliación del plazo. Los Estados Parte podrán resolver conferir una prórroga menos extensa que la solicitada y podrán proponer puntos de referencia para la prórroga, según sea apropiado.
2. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia técnica, material y financiera a los Estados Parte afectados por las municiones en racimo, con el objetivo de implementar las obligaciones de la presente Convención. Esta asistencia podrá ser otorgada, inter alia, a través del sistema de las Naciones Unidas, de organizaciones o instituciones internacionales, regionales o nacionales, de organizaciones o instituciones no gubernamentales, o de manera bilateral.
7. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia para la implementación de las obligaciones a las que se hace referencia en el Artículo 5 de la presente Convención, relativas a proporcionar adecuadamente asistencia que responda a la edad y género, incluida atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico, y a proveer los medios para lograr la inclusión social y económica de las víctimas de municiones en racimo. Esta asistencia puede ser otorgada, inter alia, a través del sistema de las Naciones Unidas, de organizaciones o instituciones internacionales, regionales o nacionales, del Comité Internacional de la Cruz Roja y las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y su Federación Internacional, de organizaciones no gubernamentales, o de manera bilateral.
11. Cada Estado Parte podrá, con el fin de elaborar un plan de acción nacional, solicitar a las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales, a otros Estados Parte o a otras instituciones intergubernamentales o no gubernamentales competentes que presten asistencia a sus autoridades para determinar, inter alia:
(c) El tiempo que se estime necesario para limpiar y destruir todos los restos de municiones en racimo localizados en áreas bajo su jurisdicción o control;
12. Los Estados Parte que proporcionen y reciban asistencia de conformidad con las disposiciones de este Artículo deberán cooperar con el objeto de garantizar la completa y rápida puesta en práctica de los programas de asistencia acordados.
2. Si uno o más Estados Parte desean aclarar y buscan resolver cuestiones relacionadas con un asunto de cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención por parte de otro Estado Parte, pueden presentar, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, una Solicitud de Aclaración de dicho asunto a ese Estado Parte. La solicitud deberá estar acompañada de toda la información que corresponda. Cada Estado Parte se abstendrá de presentar solicitudes de Aclaración infundadas, procurando no abusar de ese mecanismo. Un Estado Parte que reciba una Solicitud de Aclaración entregará, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, en un plazo de 28 días, al Estado Parte solicitante toda la información necesaria para aclarar el asunto.
3. Si el Estado Parte solicitante no recibe respuesta por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas dentro del plazo mencionado, o considera que ésta no es satisfactoria, podrá someter, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, el asunto a la siguiente Reunión de los Estados Parte. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá a todos los Estados Parte la solicitud presentada, acompañada de toda información pertinente a la Solicitud de Aclaración. Toda esa información se presentará al Estado Parte del que se solicita la aclaración, el cual tendrá el derecho de réplica.
5. Cuando, según lo estipulado en el apartado 3 de este Artículo, se haya presentado un asunto específico para ser tratado en la Reunión de los Estados Parte, ésta deberá determinar en primer lugar si ha de proseguir con la consideración del asunto, teniendo en cuenta toda la información presentada por los Estados Parte interesados. En caso de que se determine que sí, la Reunión de Estados Parte puede sugerir a los Estados Parte interesados formas y medios para aclarar o resolver el asunto en consideración, incluido el inicio de los procedimientos pertinentes de conformidad con el Derecho Internacional. En caso de que se determine que el tema en cuestión es originado por circunstancias que escapan al control del Estado Parte al que se ha solicitado la aclaración, la Reunión de Estados Parte podrá recomendar las medidas apropiadas, incluido el uso de medidas cooperativas a las que se hace referencia en el Artículo 6 de la presente Convención.
(b) Considerar la necesidad de celebrar Reuniones adicionales de los Estados Parte, a las que se refiere el apartado 2 del Artículo 11 de la presente Convención, así como el intervalo que haya de existir entre ellas; y (c) Tomar decisiones sobre las solicitudes de los Estados Parte previstas en los Artículos 3 y 4 de la presente Convención.
2. Los Estados no Parte de la presente Convención, así como las Naciones Unidas, otras organizaciones o instituciones internacionales pertinentes, organizaciones regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes podrán ser invitados a asistir a cada Conferencia de Enmienda en calidad de observadores de conformidad con las reglas
de procedimiento acordadas.
3. Tal denuncia sólo surtirá efecto seis meses después de la recepción del instrumento de denuncia por parte del Depositario. Sin embargo, si al término de ese período de seis meses, el Estado Parte denunciante está involucrado en un conflicto armado, la denuncia no surtirá efecto antes del final del conflicto armado.
Bogotá, D. C., 17 de noviembre de 2009
Artículo 1º. Apruébense la “Convención sobre Municiones en Racimo”, suscrita en Dublín, República de Irlanda, el 30 de mayo de 2008.
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la “Convención sobre Municiones en Racimo”, suscrita en Dublín, República de Irlanda, el 30 de mayo de 2008, que por el artículo 1º de esta Ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Dada en Bogotá DC, a los 17 días del mes de noviembre de 2009.
3.1. Intervención del Ministerio del Interior
3.1.1. El apoderado del Ministerio del Interior solicita a la Corte declarar la exequibilidad de la Convención y de la ley sometida a revisión. En primer lugar, el interviniente se refiere a los antecedentes del citado instrumento del cual subyace la preocupación compartida de los Estados por los efectos humanitarios de las Municiones en Racimo. Para tal efecto, pone de presente que tras la firma de la Convención, Colombia inició el proceso de bombas en poder de la fuerza aérea, empleadas para destruir pistas clandestinas y campamentos terroristas, que serían reemplazadas por bombas convencionales de mayor precisión que reducen los daños colaterales.
En desarrollo de lo anterior, el interviniente afirma que la ratificación de la Convención sobre Municiones en Racimo “no afectaría la capacidad operativa de las Fuerzas Militares, toda vez que las municiones en racimo no ofrecen una ventaja táctica respecto a otro tipo de bombas convencionales”.
3.1.2. En segundo término, en lo referente al debate internacional y las consideraciones de humanidad, el interviniente considera que las municiones en racimo violan los principios de distinción y proporcionalidad. Afirma que independientemente de la prohibición internacional de armas con efecto indiscriminado, el Derecho consuetudinario internacional obliga a su no utilización.
En consecuencia, a pesar de la destrucción de las bombas racimo, es fundamental garantizar la existencia de una norma jurídica vinculante que proscriba la utilización de estas armas a futuro, que sólo se puede lograr mediante la ratificación de la Convención, que la incorporaría al bloque de constitucionalidad.
Concluye que el instrumento busca la misma línea de protección que ha seguido el Estado Colombiano en materia de protección de las personas y respeto de los principios de Derecho Internacional Humanitario, la cual ase orienta que el Estado colombiano se articule en la adopción de este tipo de instrumentos en la búsqueda de una homogeneidad frente a este tipo de instrumentos que tienen total armonía con la Carta de Derechos frente a la restricción en el uso de este tipo de armas.
3.2. Intervención Ministerio de Relaciones Internacionales
3.2.1.El Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores solicita a esta Corporación declarar la exequibilidad de la Convención por cuanto constituye el primer instrumento internacional vinculante que prohíbe el uso, desarrollo, producción y adquisición de munición en racimo y asigna a los Estados Partes la obligación de destruir las provisiones bélicas.
A criterio del interviniente, la Convención fomenta y facilita la cooperación y asistencia en la materia y exhorta a los Estados Parte a adoptar mecanismos de ayuda a las víctimas en consideración a los efectos que estas armas generan en los ciudadanos.
Adicional a esto, el Gobierno Nacional ha procedido a la destrucción de su arsenal de municiones en racimo, antes de la entrada en vigor de la Convención como muestra de compromiso en la materia.
3.2.2. En segundo término, en lo referente a los aspectos de trámite, manifiesta que se cumplieron a cabalidad con los requisitos previstos en el Texto Superior, en virtud de lo consagrado en el artículo 150, numeral 16, de la Constitución Política.
3.3 Intervención del Ministerio de Defensa
3.3.1. La apoderada del Ministerio de Defensa solicita a la Corte que se declare la constitucionalidad de la norma objeto de estudio. En primer lugar, en lo respectivo al trámite legislativo, se hace un recuento sobre el procedimiento, alusivo a la aprobación del protocolo conforme a su materia, y el trámite según el tipo de ley, como una ley ordinaria, además de un extenso análisis sobre la exposición de motivos.
3.3.2. Segundo, respecto de la constitucionalidad de la Convención se afirma que no contraviene la Carta Política y por el contrario, se debe entender en armonía con otros instrumentos internacionales suscritos por Colombia en la misma materia, de modo que las obligaciones que asume el Estado no limita libertades ciudadanas y por el contrario se ajustan perfectamente a los fines del Estado Social de Derecho y a los principios de reciprocidad e integración del Estado Colombiano al orden internacional (Art. 226 CP).
3.4. Intervención del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
3.4.1. La Directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario solicita a esta Corporación que se declare la exequibilidad de las normas objeto de estudio. Se hace un recuento sobre el procedimiento que se siguió para enviar al Congreso la ley, afirmando que actualmente se están surtiendo los trámites correspondientes a la ratificación del instrumento, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico interno.
Manifiesta que hay voluntad por parte del Estado pues se han tomado medidas de cumplimiento y están en el bloque de constitucionalidad otros tratados encaminados a regular el uso de armas y municiones que pueden tener un efecto desproporcionado en la población, lo que refleja la voluntad y compromiso del Estado.
3.5. Intervención de la Cruz Roja Colombiana
3.5.1. El Presidente de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana solicita a la Corte se declare la constitucionalidad de ley aprobatoria de la Convención sobre Municiones en Racimo. Tras un recuente histórico de los antecedentes de la Convención sobre Municiones en Racimo, se destaca la importancia del Derecho Internacional Humanitaria como medio de humanizar la guerra y proteger a la sociedad civil. Se hace un recuento del marco conceptual técnico respecto de las armas prohibidas y se cataloga la naturaleza jurídica de la Convención como una adición al Derecho Internacional Humanitario y un recuento de normas pertinentes en materia de Derecho Internacional Humanitario.
Se concluye con la solicitud de constitucionalidad de la norma como una regulación en materia de Derecho Internacional Humanitario para la protección de los ciudadanos.
3.6. Intervención de la Universidad Santo Tomás
3.6.1 El coordinador de acciones constitucionales del Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás de Bogotá solicitaron a esta Corporación que se declare exequible la ley aprobatoria de la Convención sobre Municiones en Racimo. Se hace referencia a las normas internacionales sobre la prohibición del uso de la fuerza y a la regulación histórica que ha tenido la guerra. Respecto de la ley aprobatoria del tratado afirman que cumple el marco de trámite constitucional respecto de las normas aprobatorias de tratados, que además sirve como mecanismo para cumplir los principios de la Carta de Naciones Unidas y permite cumplir con derechos fundamentales de los colombianos bajo el Estado Social de Derecho.
3.7. Intervención de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
3.7.1 El Representante Legal del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo solicitó a la Corte la declaratoria de exequibilidad de los instrumentos sometidos a control. En primer término, se consideró que es un instrumento que permitirá la mayor protección de la población civil, al prohibir el uso de armas que pueden causar daños graves a la vida (CP art. 11), integridad personal (CP art. 12) o en los bienes de las personas. En criterio del interviniente, el tratado establece una limitación al uso de la fuerza que pueda ocasionar daños indiscriminados y que pueden causar efectos al permanecer activas, convirtiéndose en una amenaza para la población.
3.7.2. Para el interviniente, la Convención objeto de estudio está acorde a las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Por esta razón, sostiene que la incorporación de la Convención al ordenamiento jurídico interno complementa las normas consuetudinarias y positivas parte del iuscogens, concernientes al Derecho Internacional Humanitario.
4.1. El Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar la exequibilidad de la Convención sobre Municiones en Racimo, tras un análisis minucioso del procedimiento legislativo que se surtió para la aprobación de la Ley 1604 de 2012, luego de lo cual concluye que: “no advierte la existencia de vicio alguno”.
4.2. Con posterioridad, en lo referente al contenido de la Convención sobre Municiones en Racimo se hace un análisis sobre los efectos negativos de estas armas y una descripción sobre los contenidos de la Convención. Como tiende a regular la guerra, la Convención es acorde con los derechos y garantías constitucionales.
En conclusión, en criterio de la Vista Fiscal, los textos sometidos a control se ajustan al ordenamiento superior y deben ser declarados exequibles por esta Corporación, pues no presentan ningún tipo de vicio que los invalide.
Esta Corporación es competente para efectuar la revisión constitucional de la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta 30 de mayo de 2008, y de la ley 1604 de 2012 que la aprueba de conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política.
5.2. Objeto y generalidades del control de constitucionalidad de Acuerdos Internacionales y las leyes que los aprueban.
1.- Como se mencionó anteriormente, según lo previsto en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución corresponde a la Corte realizar el control automático de constitucionalidad de los tratados internacionales y las leyes que los aprueban. Sobre el particular cabe resaltar que el control confiado a esta Corporación en estos casos es además de automático, previo e integral, en la medida en que versa tanto sobre el contenido material del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su trámite legislativo y las normas constitucionales aplicables.
En ese sentido se ha pronunciado este Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia:
“[D]icho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviado directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v)es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano”.[1]
En relación con el aspecto formal, la Corte ha entendido que se encuentra llamada a examinar la validez de la representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación, y celebración y suscripción del tratado, conformado por la fases de: adopción del texto del convenio, autenticación del texto y finalmente la manifestación del consentimiento en vincularse por el acuerdo, fase, esta última, que adelantará el Gobierno con posterioridad al ejercicio del Control de Constitucionalidad, si el mismo resulta satisfactorio. De igual forma, corresponderá verificar la observancia de las reglas del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley sujeta a análisis.
Es preciso advertir que el texto constitucional no dispone un procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado internacional, razón por la cual debe seguir, en términos generales, el mismo trámite de una ley ordinaria. Empero, esta previsión opera salvo las obligaciones de (i) iniciación del debate en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art. 154 C.N.); y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (numeral 10 Art. 241 C.N.).
2.- En tal sentido, en razón del trámite ordinario de la ley, se requiere: (i) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la República; (ii) la publicación oficial del proyecto de ley; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las Cámaras (Art. 157 C.N.); (iv) que entre el primer y segundo debates medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.N.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, (numeral 10 Art. 241C.N.)
3.- De acuerdo con lo anterior, esta Corporación procederá a la revisión integral, formal y de fondo, de la “Convención sobre Municiones en Racimo” y su correspondiente Ley aprobatoria 1604 de 2012.
5.3. Revisión formal
5.3.1. Competencia de la funcionaria que suscribió la Convención
Se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia este Tribunal Constitucional, señalando que parte del control de constitucionalidad al que se debe someter un Tratado Internacional suscrito por el Gobierno Nacional, implica la revisión de la competencia del funcionario que representó los intereses de la Nación, en el proceso de negociación y suscripción del acuerdo internacional sometido al análisis de la Corte. En ese sentido ha sostenido la Corte Constitucional que:
“(…) [A]ntes del sometimiento del tratado al Congreso de la República para su aprobación, tienen lugar la negociación y suscripción de aquél, fases que configuran el ejercicio de la soberanía estatal, y al mismo tiempo, los compromisos asumidos internacionalmente constituyen límites al ejercicio de aquélla. En nuestro caso, el Presidente de la República “dirige las relaciones internacionales” (art. 189.2 Superior), lo cual implica que adelante la correspondiente negociación y suscripción del tratado internacional, bien sea directamente o mediante un representante con plenos poderes, en los términos de los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969”.[2]
El literal c) del artículo 2 de la citada Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados, incorporada en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 406 de 1997, establece lo que se entiende por plenos poderes de la siguiente forma:
“se entiende por "plenos poderes" un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado”.
En ese sentido, como regla general, tanto para la adopción y autenticación del texto, así como para la manifestación del consentimiento, se considera que representan al Estado (i) quienes se encuentren provistos de plenos poderes; o (ii) cuando en la práctica, o de otras circunstancias, se deduzca que los Estados han considerado a determinado funcionario como su representante, sin necesidad de acreditar plenos poderes.[3]
En el presente caso, como se observa en Folio No. 54 del cuaderno principal, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, con el objetivo de llevar a cabo la suscripción de la “Convención Sobre Municiones en Racimo” celebrado en la ciudad de Oslo, Noruega del 2 al 4 de diciembre de 2008;en documento de fecha 24 de noviembre de 2008, le fueron conferidos Plenos Poderes por el otrora Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, a la Embajadora Clemencia Forero Ucrós, Representante Permanente de Colombia ante la Oficina de Naciones unidas y Organismos Internacionales con sede en Ginebra, para que en nombre del Gobierno Nacional procediera a la suscripción de dicho instrumento.
A través de dicho documento, la Corte puede verificar la competencia de la funcionaria que intervino en el proceso de adopción de la Convención sometida a control, debido a que el Estado colombiano suscribió la misma.
5.3.2. Aprobación presidencial
El 17 de noviembre de 2009, el Presidente de la República impartió la respectiva aprobación ejecutiva de la Convención sobre Municiones en Racimo y, a su vez, ordenó someterlos al conocimiento y trámite del Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2°, de la Constitución Política. Este decreto también fue suscrito por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde. (Folio No. 18)
5.3.3. Trámite del Proyecto de Ley No. 174 de 2011 Senado de la República, 244 de 2012 de la Cámara de Representantes
De conformidad con los lineamientos del artículo 150 numeral 16 de la Carta, corresponde al Congreso aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Estos instrumentos para su validez, requieren entonces de la aprobación del Congreso, según el artículo 224 de la Constitución.
Ahora bien, tal y como lo ha señalado esta Corporación en múltiples oportunidades, las leyes aprobatorias de tratados internacionales, en atención a los artículos 157, 158 y 160 de la Constitución – se reitera- tienen en general el mismo trámite de cualquier ley ordinaria salvo dos aspectos específicos: a) el artículo 154 de la carta exige, por tratarse de un asunto referido a las relaciones internacionales, que su trámite se inicie en el Senado de la República, y b) el Gobierno, en atención al artículo 241 numeral 10 de la Carta, debe remitir a la Corte Constitucional el tratado y la ley que lo aprueba, dentro de los seis días siguientes a la sanción presidencial, para que ésta efectúe su revisión constitucional.
En ese orden de ideas y de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, el trámite que se dio al proyecto de ley 174 de 2011 Senado – 244 Cámara, hoy Ley 1604 de 2012, fue el siguiente:
En cumplimiento de lo establecido en el inciso cuarto del artículo 154 de la Constitución,[4]el Proyecto de Ley No. 174 de 2011 fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar y el Ministro de Defensa Nacional Juan Carlos Pinzón Bueno, el día 23 de noviembre de 2011.
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 1º del artículo 157 superior, según el cual: “Ningún proyecto será ley sin (…) [h]aber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva”, el texto fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 894 del 25 de noviembre de 2011.
A. Primer Debate: Comisión Segunda del Senado de la República
1. En atención al contenido del articulado, la iniciativa fue remitida a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República. La ponencia para primer debate fue presentada por el Senador Juan Lozano Ramírez y publicada en la Gaceta del Congreso No. 937 del 6 de diciembre de 2011. En este orden de ideas, se dio cumplimiento al artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, en armonía con lo previsto en los artículos 142 y 160 de la Constitución Política, los cuales exigen dar primer debate a los proyectos de ley en comisiones y publicar el informe de ponencia en la Gaceta del Congreso.
2. En lo relacionado con el anuncio previo del proyecto, éste se llevó a cabo en la sesión del 28 de marzo de 2012, según consta en el Acta No. 18 de la misma fecha publicada en la Gaceta del Congreso No. 233 del 15 de mayo de 2012 (p. 28).
En relación con el contenido del anuncio, según se observa en la referida Acta, se utilizó la siguiente fórmula: “Por instrucciones de la Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión: (…)5. Proyecto de ley número 174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la convención sobre municiones en racimo, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008)”. Cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 8° del Acto Legislativo No. 01 de 2003, según el cual “[n]ingún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.
3. En cumplimiento de lo anunciado, el Proyecto de Ley en mención fue debatido y aprobado sin modificaciones en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado del 10 de abril de 2012, como consta en el Acta No. 19 de esa Sesión, publicada en la Gaceta del Congreso No. 233 del 15 de mayo de 2012. (p. 34 y 35), con un quórum de 13 de 18 senadores, el cual se infiere del llamado a lista llevado a cabo al inicio de la sesión, en el que consta la presencia de seis (6) senadores (p. 29), sumado a la constancia que deja el Secretario de la Comisión en el Acta de la llegada durante el transcurso de la sesión de otros siete (7) senadores (p. 30). Con relación a la aprobación, reza en el Acta:
“Lectura del articulado. || El Secretario informa al Presidente que el Senador Vírguez, ha solicitado la omisión de lectura del articulado. || El señor Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga someta a consideración de la Comisión la omisión de lectura del articulado. Lo aprueban los miembros de la Comisión. || El Secretario informa a la Presidencia, que sí se aprueba por los miembros de la Comisión, la omisión de lectura del articulado del Proyecto de ley número 174 de 2011 Senado. || El Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga, somete a consideración de los Senadores el articulado del proyecto. Aprueban el articulado del Proyecto de ley número 174 de 2011 Senado, los miembros de la Comisión. || El Secretario le informa al Presidente que sí se aprueba el articulado del proyecto. || Lectura del título del proyecto: || Nota: Preguntarle al doctor Diego cómo se coloca aquí el título del proyecto, porque él lo lee así: “por medio de la cual se aprueba el convenio sobre municiones en racimo”, hecha en Dublín, el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008). || El título original tal como aparece está así: Lectura del título del Proyecto de ley número 174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la convención sobre municiones en racimo, hecha en Dublín, República de Irlanda el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008). || El señor Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga, informa que está en consideración el título del Proyecto de ley número 174 de 2011 Senado que fue leído por el Secretario. || El Secretario, doctor Diego González González, le informa al Presidente que los Senadores de la Comisión, sí aprueban el título del Proyecto de ley número 174 de 2011 leído. || El Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga, pregunta a los miembros de la Comisión, si quieren que este proyecto de ley tenga segundo debate en la Plenaria del Senado. || El Secretario, doctor Diego González González, le informa que los Senadores sí quieren que el proyecto tenga segundo debate. || En consecuencia, el Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga, nombra como ponente para el segundo debate al mismo Senador Juan Lozano Ramírez. || Se continúa con el siguiente proyecto del Orden del Día”.
Por lo anterior concluye la Corte que el proyecto fue votado favorablemente por todos los asistentes al primer debate en el Senado, como se deduce del aparte transcrito del Acta de la sesión.
En conclusión, la Sala observa que se cumplió con el quórum y la mayoría requeridos. Así mismo, que las votaciones en cada uno de los debates, en cuanto se alcanzó unanimidad, se realizaron conforme a lo dispuesto en los numerales 16, 17 y 18 del artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1º la Ley 1431 de 2011.
El acuerdo unánime en la votación a que fue sometida la Ley 1604 de 2012 en la Comisión Segunda del Senado, se deduce del acta transcrita, y adicionalmente de los siguientes criterios[5]:
a) en el debate no se presentaron informes de ponencia disidentes, o en contra de la aprobación del proyecto;
b) se aceptó la omisión de lectura del articulado del, entonces, proyecto de ley;
c) no se registraron votos en contra del, entonces, proyecto de ley;
d) en el debate ninguno de los miembros de la Comisión manifestó su desacuerdo con la aprobación del proyecto que se discutía;
4. El texto definitivo aprobado en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 191 del 2 de mayo de 2012, dejando constancia de ello la Presidenta, el Vicepresidente y el Secretario de dicha Comisión: “El texto transcrito fue el aprobado en primer debate en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República, el día diez (10) de abril del año dos mil doce (2012), según consta en el Acta número 19 de esa fecha”.
B. Segundo debate: Plenaria del Senado de la República
Posteriormente, el trámite adelantado en la Plenaria del Senado de la República fue el siguiente:
1. La ponencia para segundo debate en el Senado de la República fue presentada por el Senador Juan Francisco Lozano Ramírez y publicada en la Gaceta del Congreso No. 191 del 2 de mayo de 2012.
2. El anuncio previo del proyecto tuvo lugar durante la sesión ordinaria del 22 de mayo de 2012, como consta en el Acta número 48 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 414 del 10 de julio de 2012. Se señaló expresamente:
“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. || Señor Presidente, para la próxima sesión, los siguientes son los proyectos a debatir y votar. (…) || Proyecto de ley número 174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el (30) de mayo de dos mil ocho (2008)”.[6]
En la parte final del Acta se indicó el momento en el que se levantó la Sesión y se convoca a la siguiente, en los siguientes términos: “Siendo las 11:40 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 23 de mayo de 2012, a las 3:00 p.m”.
3. En cumplimiento de lo anunciado, y de acuerdo con certificación del Secretario General del Senado radicada en la Secretaría de esta Corporación el 27 de febrero de 2013, el Proyecto de Ley en mención fue debatido y aprobado sin modificaciones en segundo debate en la Sesión Ordinaria de la Plenaria del Senado del 23 de mayo de 2012, como consta en el Acta número 49 de esa Sesión, publicada en la Gaceta del Congreso número 415 del 10 de julio de 2012 (p.18), mediante votación ordinaria conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1º la Ley 1431 de 2011, con un quórum de 93 de 100 senadores. Según reza en el Acta:
“La Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado del proyecto, y cerrada su discusión pregunta, ¿adopta la plenaria el articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente. || La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto. Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el (30) de mayo de dos mil ocho (2008). || Leído este, la Presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su discusión pregunta, ¿aprueban los miembros de la Corporación el título leído? Y estos le imparten su aprobación. || Cumplido los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta, ¿quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado surta su tránsito en la honorable Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente. || La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente punto del Orden del Día”.
En conclusión, la Sala observa que la votación en el debate en la plenaria del Senado, en cuanto se alcanzó unanimidad, se realizó conforme a lo dispuesto en los numerales 16, 17 y 18 del artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1º la Ley 1431 de 2011. Así mismo, se cumplió con el quórum y la mayoría requeridos.
El acuerdo unánime en la votación a que fue sometida la Ley 1604 de 2012 se deduce del acta transcrita, de la certificación del secretario y adicionalmente de los siguientes criterios: (a) en el debate no se presentaron informes de ponencia disidentes, o en contra de la aprobación del proyecto; (b) se aceptó la omisión de lectura del articulado del, entonces, proyecto de ley; (c) no se registraron votos en contra del, entonces, proyecto de ley; y (d) en el debate ninguno de los miembros de la plenaria manifestó su desacuerdo con la aprobación del proyecto que se discutía.
En consecuencia, como se infiere de lo expuesto, no sólo se cumplieron con los requisitos de anuncio previo (CP art. 160), quórum (CP arts. 145 y 146) y modalidades de votación permitidas por el Texto Superior (CP art. 133), sino también con el término de ocho (8) días que debe mediar entre la aprobación de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y en la plenaria correspondiente (CP art. 160). En efecto, en el presente caso, la votación en primer debate tuvo lugar el 10 de abril de 2012, mientras que en segundo debate se llevó a cabo el 23 de mayo del mismo año. Finalmente, el texto definitivo del Proyecto de Ley aprobado por la plenaria del Senado y fue publicado en la Gaceta del Congreso número 292 del 31 de mayo de 2012, según dejó constancia el Secretario General del Senado: “El presente texto fue aprobado en Plenaria de Senado el 23 de mayo de 2012 según texto propuesto para segundo debate”. [7]
C. Primer debate: Comisión Segunda Cámara de Representantes
A continuación, se surtió el siguiente trámite en la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley identificado en esta corporación con el número 244:
1. Después de haberse puesto el Proyecto de Ley en conocimiento de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, se presentó la ponencia para primer debate por parte del Representante Pedro Pablo Pérez Puerta, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso número 559 del 28 de agosto de 2012.[8]
2. El anuncio previo del Proyecto, tuvo lugar el 3 de octubre de 2012, como consta en el Acta número 14 de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, publicada en la Gaceta del Congreso número 17 del 6 de febrero de 2013. Para realizar el anuncio, se siguió la siguiente fórmula: “(…) Anuncio de proyectos de ley para ser discutidos y votados en la próxima sesión donde haya proyectos de ley, para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003. (…) || Segundo proyecto. Proyecto de ley número 244 de 2012 Cámara, 174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el 30 de mayo de 2008 (…)”. (GC 17 de 2013, 6 de febrero de 2013, p. 21). Al final del Acta, se cita para la siguiente sesión: “Se cita para el próximo martes a las 10 de la mañana, tal como lo ha ordenado el señor Presidente. Se levanta la sesión siendo las 10:50 a. m.”.[9]
3. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó un inciso al artículo 160 de la Constitución Nacional, y de acuerdo con lo establecido en el anuncio hecho en la sesión anterior, se produjo el debate y la aprobación de este proyecto en la sesión del 9 de octubre de 2013, como consta en el Acta número 15 de esa fecha, consignada en la Gaceta del Congreso No. 18 del 6 de febrero de 2013. En el marco de lo establecido en artículo 145 Superior en concordancia con el 116 de la Ley 5ª de 1992, la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes inició el debate con la configuración de un quórum deliberatorio de seis (6) Representantes. Consta en el Acta de la sesión, que nueve (9) de los Representantes miembros de la Comisión “se hicieron presentes durante la sesión”, los tres Representantes restantes presentaron excusa, dos de ellos por escrito.[10]
En el Acta número 15 de 2013, se deja constancia que los Representantes presentes en la Comisión, aprobaron el articulado del Proyecto de Ley 244 de 2012 Cámara, 174 de 2011 Senado, el titulo del Proyecto y la decisión que el Proyecto fuera Ley de la República y pasara a segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes.[11] Fue designado como ponente para segundo debate el Representante Pedro Pablo Pérez Puerta:
“Hace uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo: || En consideración la proposición leída con que termina el informe de ponencia, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿aprueba la Comisión la proposición leída? || Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Ha sido aprobada la proposición con que termina el informe de ponencia señor Presidente. || Hace uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo : || Continuamos, señora Secretaria.|| Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: ||Articulado del proyecto señor Presidente. Le informo que son 3 artículos debidamente publicados en la Gaceta correspondiente, no hay ninguna proposición modificatoria, aditiva, ni nada al respecto, señor Presidente. || Hace uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo: || En consideración el articulado leído, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿aprueba la Comisión el articulado leído? || Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Ha sido aprobado el articulado leído, señor Presidente. || Hace uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo: || Continuamos con el Orden del Día, señora Secretaria. || Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Señor Presidente nos falta aprobar el título del proyecto y preguntarles a los honorables Representantes si quieren que este proyecto sea ley de la República. || Hace uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo: || En consideración el título del proyecto. || Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Señor Presidente procedo a leer el título del proyecto, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008). || Hace uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo: || En consideración el título del proyecto leído, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿aprueba la Comisión el título leído? || Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Ha sido aprobado el título del proyecto leído señor Presidente. || Hace uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo: || Continuamos, señora Secretaria. || Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Señor Presidente debemos preguntarles a los honorables Representantes si ellos quieren que este proyecto sea ley de la República y pase a segundo debate en Plenaria de Cámara. || Hace uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo: || ¿Quieren los honorables Representantes que este proyecto sea ley de la República y pase a segundo debate en la Plenaria de la Cámara? se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿lo aprueba la Comisión? || Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Sí lo quieren, señor Presidente. Señor Presidente como ponente para segundo debate, ¿usted designa al Representante Pedro Pablo Pérez Puerta? || Hace uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo: || Queda designado como ponente para segundo debate el Representante Pedro Pablo Pérez Puerta. || Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Así se hará señor Presidente.|| Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión (E), doctor Eduardo José Castañeda Murillo: || Continúe con el Orden del Día, señora Secretaria”. (Negrilla en el texto original).
El acuerdo unánime en la votación a que fue sometida la Ley 1604 de 2012 se deduce del acta transcrita, y de los siguientes criterios: (a) en el debate no se presentaron informes de ponencia disidentes, o en contra de la aprobación del proyecto; (b) se aceptó la omisión de lectura del articulado del, entonces, proyecto de ley; (c) no se registraron votos en contra del, entonces, proyecto de ley; y (d) en el debate ninguno de los miembros de la Comisión manifestó su desacuerdo con la aprobación del proyecto que se discutía;
Adicionalmente, la Secretaria General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, en certificación del 9 de octubre de 2012 que reposa en el folio No. 167; indicó que el primer debate en la Cámara de Representantes (tercero del trámite legislativo), “se aprobó por unanimidad en votación ordinaria de acuerdo a la Ley 1431 de 2011, (…) con la presencia de 15 Honorables Representantes”.
Igualmente, se cumplió con el requisito previsto en el inciso 1° del artículo 160 constitucional que reza, “(…) entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberá transcurrir por lo menos quince días”. En el caso sometido a control, El proyecto de Ley 174 de 2012 fue aprobado en la plenaria del Senado el 23 de mayo de 2012, mientras que la discusión y aprobación de esta iniciativa en la Comisión Segunda permanente constitucional de la Cámara el 9 de octubre de 2012.
3. El texto definitivo aprobado en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 756 del 2 de noviembre de 2012, dejando constancia de ello el Presidente, y la Secretaria General de dicha Comisión: “El texto trascrito correspondiente el(sic) Proyecto de ley número 244 de 2012 Cámara y 174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre municiones en racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008) fue el aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara en Sesión del día 9 de octubre de 2012, Acta número 15”.[12]
D. Segundo debate: Plenaria de la Cámara de Representantes
Trámite adelantado ante la plenaria de la Cámara de Representantes:
1. La ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes fue presentada por el Representante Pedro Pablo Pérez Puerta y publicada en la Gaceta del Congreso No. 756 del 2de noviembre de 2012.
2. El anuncio previo del Proyecto tuvo lugar durante la sesión ordinaria del 14 de noviembre de 2012, como consta en el Acta número 171 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 73 del 28 de febrero de 2013. Se señaló expresamente:
“Señor Presidente, se anuncian los siguientes proyectos de ley y de acto legislativo para la próxima sesión del día jueves 15 de noviembre o para la siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o Actos Legislativos de acuerdo al Acto Legislativo 01 de 2003. (…) || Proyecto de ley número 244 de 2012 Cámara, 174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008)”.[13] (Negrilla en el texto original).
3. En cumplimiento a lo anunciado y de acuerdo con la certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes el 18 de febrero de 2013, en la Sesión Plenaria de esa Corporación del 15 de noviembre de 2012, a la cual se hicieron presentes ciento once (111) Representantes, como consta en el Acta número 172 de esa Sesión publicada en la Gaceta del Congreso número 54 del 15 de febrero de 2013, “fueron considerados y aprobados por unanimidad en votación ordinaria, la ponencia para segundo debate, el articulado, el título y la pregunta “Quiere la Plenaria que este proyecto sea Ley de la República” del Proyecto de Ley No. 224/2012 Cámara -174/2011 Senado”.[14]
De acuerdo con el Acta de la plenaria de la Cámara de Representantes, la aprobación del Proyecto de Ley, se adelantó de la siguiente forma:
“Señor Presidente puede poner a consideración el informe. || Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Gracias señora Secretaria en consideración el informe de ponencia del proyecto mención anuncio que va a cerrarse, queda cerrado aprueba la Cámara. || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Aprobado Presidente. || Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Articulado del proyecto señora Secretaria. || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Señor Presidente este proyecto tiene tres artículos sin proposiciones. || Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || En consideración con el articulado del proyecto el mención, anuncio que va a cerrase, queda cerrado, aprueba la Cámara el articulado. || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Aprobado el articulado señor Presidente. || Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Título y pregunta del proyecto si la Plenaria quiere que este proyecto se convierta en Ley de la Republica, lea el título señora Secretaria. || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Titulo por medio de la cual se aprueba la Convención sobre municiones en racimo hecha en Dublín República de Irlanda el 30 de mayo de 2008. || Señor Presidente ha sido leído el título. || Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || En consideración el título y la pregunta, anuncio que va a cerrarse, ¿aprueba la Plenaria de la Cámara el título y la pregunta? || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Sí Presidente, así lo quiere, ha sido aprobado”.[15]
El Acta de la sesión, registra la intención de algunos Representantes de votar en contra del Proyecto de Ley, razón por la que se hacía necesario abrir el sistema de registro de le votación. Sin embargo, como se mostrará a continuación, el Representante Heriberto Sanabria Astudillo retiró su voto negativo anunciando su voto positivo:
“Dirección de la Presidencia, doctora Augusto Posada Sánchez: || Señora Secretaria por favor abra el registro. || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Sí señor Presidente se abre el registro. || Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Hay algunos Colegas que desean votar en contra del articulado, del título y de la pregunta, necesitamos abrir el registro. En consideración el título y la pregunta, doctor Bérner Zambrano tiene el uso de la palabra. || Intervención del honorable Representante Bérner León Zambrano Erazo: || Presidente, si me permite mi intervención no es para este proyecto. || Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Doctor Bérner evacuemos el proyecto e inmediatamente tendrá usted el uso de la palabra. || Intervención del honorable Representante Bérner León Zambrano Erazo. || Gracias.
Intervención del honorable Representante Heriberto Sanabria Astudillo: || Gracias Presidente, yo he anunciado mi voto negativo al título y al proyecto de ley y lo había anunciado simplemente porque no conocía ni el contenido ni el alcance del proyecto, el doctor Óscar Marín aquí hoy a fungido como un excelente Ministro de Relaciones Exteriores y después de la explicación del doctor Marín retiro mi voto negativo y anuncio mi voto positivo, (…) || Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || En consideración el título y la pregunta, ¿aprueba la Plenaria el título y la pregunta? || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Aprobado señor Presidente. || Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Gracias señora Secretaria, (…)”.[16]
Igualmente, en el debate intervino el Representante Iván Darío Agudelo Zapata, para aclarar que por un error en el sistema él aparecía registrado como el único Congresista que votó en contra del Proyecto de Ley 244 Cámara, lo cual no era cierto, evidenciando con esto la existencia de la unanimidad a favor del Proyecto sometido a análisis:
“Intervención del honorable Representante Iván Darío Agudelo Zapata: || Muchas gracias doctor Augusto y discúlpeme por no aceptarle su solicitud; pero es que me parece que es muy delicado y le agradezco al doctor Salamanca que me llama la atención y en esto quiero que quede constancia y que se verifique o que revisen el equipo porque en el Proyecto de ley 244 de 2012 sobre las municiones en racimo aparece que yo soy el único Congresista que voto en contra del proyecto y quiero llamar la atención; pues fui profesor de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, capacité en Antioquia todas las Fuerzas Armadas, mis principios liberales me prohíben votar en contra de un proyecto de esta naturaleza. || Entonces por eso no pude dejar que pasara el siguiente doctor Augusto, qué pena y le agradezco al doctor Salamanca porque nunca en mis principios liberales me permitirían estar en contra de un proyecto de tal naturaleza, enemigos invisibles, enemigos que nunca se ven, todavía sabemos que hay armas de más de cuarenta, cincuenta años todavía esperando para asechar a su enemigo que nunca ha tenido nada que ver. || Entonces por favor que quede constancia de que nunca acompañaré o nunca estaré en contra de este proyecto y que por favor mi voto desaparezca de ahí de manera negativa y mi voto siempre será en favor de la vida. Muchas gracias señor Presidente. || Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || A usted doctor Iván y muy de acuerdo con la precisión que usted hace, señora Secretaria que quede registrado el voto positivo a favor del proyecto de ley número 244 del doctor Iván Darío Agudelo, no sé por algún motivo en el sistema registró su voto negativo y no es negativo, es positivo, continúe con la lectura de informe de ponencia”.[17]
A pesar de que el debate llevado a acabo en la plenaria de la Cámara podría concluir que se presentó un votación nominal y pública, no se hace registro en Acta de esa votación, toda vez que se deduce de lo arriba transcrito que la votación fue unánime a favor de la aprobación del Proyecto de Ley. Esta actuación es acorde con lo dispuesto por el numeral 16 del artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, según el cual ante la existencia de unanimidad no era necesaria la votación nominal y pública. Por lo anterior, la Sala considera que la actuación se realizó de acuerdo con las norma parámetro de control de la misma.
Considera este Tribunal, que se cumplieron con los requisitos de anuncio previo contenido en el artículo 160 Superior, quórum de acuerdo con los artículos 145 y 146 de la Constitución y a las modalidades de votación permitidas según lo establecido en el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 modificado por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, en desarrollo del artículo 133 constitucional.
Igualmente, se cumplió con el requisito establecido en el artículo 160 constitucional, según el cual, “[e]ntre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho días”. El Proyecto de Ley fue debatido y aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara el 9 de octubre de 2012, mientras que en segundo debate se llevó a cabo el 15 de noviembre del mismo año.
4. Finalmente, el texto definitivo aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 756 del 2 de noviembre de 2012, dejando constancia de ello la Secretaria General encargada:
“En sesión plenaria del día 15 de noviembre de 2012, fue aprobado en segundo debate el texto definitivo sin modificaciones del Proyecto de ley número 244 de 2012 Cámara y 174 de 2011 Senado, por medio del cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008). Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992. Lo anterior, según consta en el Acta de Sesión Plenaria número 172 del 15 de noviembre de 2012, previo anuncio el día 14 de noviembre de los corrientes, según Acta de Sesión Plenaria número 171”.[18]
5.3.4. Sanción Presidencial
Enviado al Presidente de la República el Proyecto de Ley No. 174 de 2011 Senado, 244 de 2012 Cámara, éste sancionó el 21 de diciembre de 2012 la Ley 1604 del mismo año, por medio de la cual se aprueba la Convención internacional objeto de este control, la cual fue publicada en el Diario Oficial No. 48.651 del 21 de diciembre de 2012.
5.3.5. Remisión a la Corte Constitucional
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió el 26 de diciembre de 2012 a la Presidencia de la Corte Constitucional el texto de la Ley 1604 de 2012, el cual fue recibido por la Secretaría General de esta Corporación el 11 de enero de 2013. Teniendo en cuenta el lapso correspondiente a la vacancia judicial (20 de diciembre de 2012 a 10 de enero de 2013), concluye este Tribunal que el término de los seis (6) días que prevé el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política, fue cumplido.
5.3.6. Conclusión
Del análisis del trámite legislativo realizado por la Corte Constitucional, se concluye que el Proyecto de Ley No. 174 de 2011 Senado, 244 de 2012 Cámara cumplió de manera satisfactoria con la totalidad de los requisitos y exigencias previstas en la Constitución y en el reglamento del Congreso para una Ley Aprobatoria de Tratados Internacionales, pues, como ya se dijo: (i) comenzó su tránsito en el Senado de la República (art. 154 CN); (ii) fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo (numeral 1 art. 157 CN); (iii) las ponencias –tanto en comisiones como en plenarias – fueron divulgadas antes de dar curso a los respectivos debates (numeral 4 art. 160 CN); (iv) se verificó el cumplimiento del requisito del anuncio previo, en los términos expuestos por la jurisprudencia de esta Corporación (numeral 5 art. 160); (v) fue aprobado tanto en primer como en segundo debate en cada una de las cámaras que integran el órgano legislativo, con el quórum y las mayorías exigidas (arts. 145 y 146 CN); (iv) entre el primero y segundo debate realizado en cada cámara, así como entre la aprobación del proyecto en la plenaria del Senado y la iniciación del trámite en la Cámara de Representantes transcurrieron los plazos mínimos previstos en la Constitución (numeral 1 art. 160 CN); (v) su aprobación no superó el término de dos legislaturas, tal y como se dispone en el artículo 162 constitucional; (vi) fue sancionado por el Presidente de la República una vez concluido el trámite legislativo; y finalmente, (vii) fue enviado para su revisión a esta Corporación dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción.
En consecuencia, como se deriva de lo expuesto, la Ley 1604 de 2012 debe ser declarada exequible, en lo que se refiere a su examen de forma.
5.4. Revisión material
A continuación, la Corte realizará el control de constitucionalidad de la Convención sobre Municiones en Racimo, haciendo inicialmente un recuento de sus antecedentes, planteando la relación que este instrumento tiene con los principios relevantes del Derecho Internacional Humanitario y haciendo un análisis de la exequibilidad de las obligaciones desarrolladas en su articulado.
Las municiones en racimo han sido definidas por el Comité internacional de la Cruz Roja, como aquellas armas que pueden ser lanzadas desde un avión, con artillería o con misiles, que se agrupan en un contenedor que se abre en el aire y dispersa grandes cantidades de submuniciones explosivas o “bombetas” sobre un área amplia. Dependiendo del modelo, el número de submuniciones puede variar desde varias decenas hasta más de 600.[19]
Este tipo de armas, fueron empleadas por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, y desde ese entonces la población civil se ha visto afectada por sus nefastos resultados. Se trata de un tipo de armamento impreciso, que al estar sometida a factores como las condiciones climáticas y tener un efecto zonal, pueden afectar dramáticamente a la población civil y objetivos militares, generando daños colaterales que ha todas luces resultan desproporcionados.
Otra dificultad que surge por la utilización de Municiones en Racimo, es que un buen número de las armas dispersadas no estallan, lo que genera un riesgo permanente para la población civil, especialmente aquellos en estado de vulneración, como pueden ser los niños, personas de la tercera edad o personas que se encuentren en estado de discapacidad. Esto causa que el impacto negativo de este tipo de armas se presente durante el conflicto al igual que en la etapa del post-conflicto.[20]
Reiterando el daño humanitario irreparable que causan estas armas, el Gobierno del Reino de Noruega ejerció desde el 2001 el liderazgo mundial en la lucha contra las municiones en racimo en el marco de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCW). Buscando llevar esa lucha un paso más adelante y volverla más específica, en el año 2006, Noruega decidió convocar a otros países para desarrollar un proceso que concluyera en la construcción de un instrumento internacional que prohibiera el uso de este tipo de armas, previniera su proliferación y proveyera de asistencia a sus víctimas.[21]
Esa convocatoria del Primer Ministro Noruego, dio inicio al denominado Proceso de Oslo, en el cual participaron de forma activa representantes de los Gobiernos, la sociedad civil, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las Naciones Unidas. El punto de partida de ese proceso, fue la Conferencia de Oslo, celebrada en esta ciudad el 22 y 23 de febrero de 2007. En ella 46 Estados adoptaron la Declaración de Oslo, en la cual se comprometían a celebrar en el 2008 un instrumento internacional legalmente vinculante, que: (i) prohibiera el uso, la producción, transferencia y almacenamiento de municiones en racimo que causan un perjuicio inaceptable a los civiles, y (ii) establecer un marco de cooperación y asistencia que garantice el adecuado cuidado y la rehabilitación a los sobrevivientes y sus comunidades, la limpieza de áreas contaminadas, educación sobre el riesgo y la destrucción de inventarios de municiones en racimo prohibidas.
A la Conferencia de Oslo siguieron la Conferencia de Lima en mayo de 2007, la de Viena en diciembre de 2007, la de Wellington en febrero de 2008 y finalmente la de Dublín en mayo de 2008. Así mismo, en el marco del Proceso Oslo, también se realizaron reuniones regionales. En el caso de América Latina, se llevaron a cabo dos reuniones, una en Costa Rica del 4 al 5 de septiembre de 2007, y otra en México del 16 al 17 de abril de 2008.[22]
La Convención sometida a examen de constitucionalidad fue adoptada por 107 Estados durante la Conferencia Diplomática de Dublín sobre Municiones en Racimo, llevada a cabo en la República de Irlanda entre el 18 y 30 de mayo de 2008. Finalmente, la Convención fue abierta para su firma en Oslo del 2 al 4 de diciembre de 2008 y fue suscrita por 94 Estados, entre ellos Colombia.
Dando cumplimiento a lo establecido en su artículo 17, la Convención sobre Municiones en Racimo, entró en vigor el 1 de agosto de 2010, momento ha partir del cual ha sido un instrumento vinculante de derecho internacional para aquellos Estados que expresaron su consentimiento en obligarse por el. Actualmente la Convención cuenta con 113 Estados signatarios – Colombia uno de ellos, de los cuales 84 ya son Estados Parte.
5.4.2. La Convención y los Principios del Derecho Internacional Humanitario.
A. Las preocupaciones que motivaron la Convención.
El preámbulo de la Convención sobre Municiones en Racimo, deja ver las cuatro principales preocupaciones que motivaron su creación y a las que brevemente hizo referencia este Proyecto en el recuento de los antecedentes. La primera de estas preocupaciones hace referencia al hecho general de que “las poblaciones civiles y los civiles individualmente considerados, siguen siendo los más afectados por los conflictos armados”, preocupación que se encuentra concordante con la del ordenamiento jurídico colombiano, que entiende la paz como un fin y como un derecho fundamental.[23]
La segunda preocupación, se centra en el sufrimiento y muerte que causan las municiones en racimo en tres momentos distintos: cuando se utilizan, cuando no funcionan como se esperaba y cuando son abandonadas sin que hayan estallado, generando con ello un riesgo para la población.
Derivada de esa última circunstancia, la tercera preocupación que motiva la celebración de este tratado, obedece a los restos de municiones en racimo que “matan o mutilan a civiles, incluidos mujeres y niños, (…) impiden la rehabilitación post-conflicto y la reconstrucción, retrasan o impiden el regreso de refugiados y personas internamente desplazadas, pueden impactar negativamente en los esfuerzos nacionales (…) de construcción de la paz y asistencia humanitaria (…)”. Esta debe ser una preocupación no sólo que comparta el Estado colombiano, sino que debe ser puesto en el marco de implementación de esta Convención, como una de sus principales preocupaciones, en aras de garantizar los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado, de manera especial las garantías de no repetición.
La última preocupación planteada por la parte motiva de la Convención, hace referencia a los peligros que representan “los grandes arsenales nacionales de municiones en racimo conservados para uso operacional”, frente a lo cual el Gobierno colombiano ya ha tomado efectivas medidas, según lo expuesto en la exposición de motivos del Proyecto de Ley aprobatoria, medidas que se analizarán mas adelante.
B. La adecuación de la Convención al Derecho Internacional Humanitario.
Como se puede observar desde el último párrafo del preámbulo, la Convención se encuentra basada en los Principios y normas del Derecho Internacional Humanitario, particularmente en los principios de distinción, prohibición de ataques indiscriminados, proporcionalidad, precaución en el ataque y los principios generales sobre el empleo de armas.
Sobre la importancia del valor jurídico que tienen para el ordenamiento colombiano estas normas del DIH, se pronunció la Corte Constitucional, al analizar la exequibilidad de la Ley 554 de 2000, por la cual se aprobó la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas antipersonal y sobre su Destrucción, instrumento internacional que si bien persigue fines específicos diferentes, comparte gran similitud estructural y de objetivos generales con el instrumento sometido análisis en este Proyecto. En cuanto a los principios de DIH establece la Sentencia C-991 de 2000 que:
“Dichos principios, en nuestro ordenamiento jurídico no pueden reducirse a simples enunciados teóricos de propósitos loables de la comunidad internacional. Según lo ordena expresamente el numeral 2o. del artículo 214 de la Carta Política, las reglas del derecho internacional humanitario deben respetarse y se encuentran incorporadas al derecho interno sin necesidad de ratificación previa o sin expedición de norma reglamentaria, puesto que se fundamentan en el respeto a la dignidad humana, valor constitucionalmente protegido. || No se puede olvidar que tales normas forman parte integrante del derecho consuetudinario (…) y por ello las mismas presentan una fuerza vinculante internacional, en la medida en que expresan un código ético y axiológico aplicable en los conflictos armados con aquiescencia universal y subordinante para todos los actores del mismo”.[24]
El derecho internacional humanitario consuetudinario ha establecido en que consisten los principios mencionados, de cuyo concepto se puede deducir una estrecha relación con la Convención sobre Municiones en Racimo y con la Constitución Política.
El principio de distinción entre civiles y combatientes, implica que “las Partes en un conflicto tienen la obligación de distinguir en todas las circunstancias entre objetivos militares y personas o bienes civiles dirigir los ataques solo contra objetivos militares no dirigir los ataques contra personas o bienes civiles”.[25]
En el marco de conflictos armados no internacionales, este principio de naturaleza consuetudinaria ha sido cristalizado en numerosos instrumentos del DIH, como consta en el trabajo recopilatorio realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja[26]:
“El párrafo 2 del artículo 13 del Protocolo adicional II prohíbe que tanto las personas civiles como la población civil como tal sean objeto de ataques.[[27]] La prohibición de dirigir ataques contra la población civil se expresa asimismo en el Protocolo II enmendado de la Convención sobre ciertas armas convencionales.[[28]] También se establece en el Protocolo III de esta misma convención, que es aplicable a los conflictos no internacionales a raíz de una enmienda de su artículo 1, aprobada por consenso en 2001.[[29]] En la Convención de Ottawa que prohíbe las minas terrestres antipersonal se afirma, entre otras cosas, que esta convención se basa “en el principio de que se debe hacer una distinción entre civiles y combatientes”.
En cuanto a la prohibición de ataques indiscriminados, si bien no existe una disposición expresa en el Protocolo Adicional II de 1977, su aplicación se ha entendido derivada de su artículo 13 referenciado en el párrafo anterior. Esta norma consuetudinaria ha sido cristalizada en el Protocolo II de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, que en el párrafo 8 de su artículo 3º establece que, “Queda prohibido el empleo indiscriminado de las armas a las que se aplica el presente artículo”.
La definición de ataque indiscriminado se encuentra en el derecho internacional humanitario consuetudinario, y ha sido cristalizado en la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. Se consideran “indiscriminados los ataques: a) que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto; || b) en los que se emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto; o || c) en los que se emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar como exige el derecho internacional humanitario; || y que, en consecuencia pueden alcanzar indistintamente, en cualquiera de tales casos, tanto a objetivos militares como a personas civiles o bienes de carácter civil”.[30]
En cuanto al principio de proporcionalidad del ataque, esta norma del DIH establece una prohibición expresa cuando se pueda afectar la población civil, en los siguientes términos: “[q]ueda prohibido lanzar un ataque cuando sea de prever que cause incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista”.[31]
Otro principio del DIH relevante en el marco de la Convención sobre Municiones en Racimo, es el de Precaución en el ataque, que impone una obligación de cuidado previa a las fuerzas en conflicto, con el fin de no vulnerar los derechos de la población civil. Según las normas de derecho consuetudinario, el principio de precaución implica que: “Las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y los bienes de carácter civil. Se tomarán todas las precauciones factibles para evitar, o reducir en todo caso a un mínimo, el número de muertos y heridos entre la población civil, así como los daños a bienes de carácter civil, que pudieran causar incidentalmente”.[32]
Finalmente, como es planteado en el preámbulo de la Convención “(…) el derecho de las partes participantes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de combate no es ilimitado”, por el contrario en el marco de los principios generales sobre el empleo de las armas, se ha establecido como norma consuetudinaria de DIH que, “[q]ueda prohibido el empleo de medios y métodos de guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios”.[33] Esta norma ha sido cristalizada en la Convención de Ottawa de 1997 relativa a minas antipersonales y en la ya mencionada Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, instrumentos internacionales que presentan una estrecha relación con el tratado sometido a control de constitucionalidad.
En conclusión, derivada de lo que son las municiones en racimo y de las consecuencias que ellas tienen en la población civil, tal y como se deja claro en el preámbulo de la Convención, la misma se encuentra adecuada y sirve como instrumento de desarrollo de principios básicos del DIH reconocidos como normas generales de costumbre internacional y en ese sentido, como lo ha reconocido la citada jurisprudencia de la Corte Constitucional, vinculantes para el Estado colombiano.
Esta Corte al analizar la constitucionalidad de la Convención de Ottawa, la cual comparte una gran similitud con la Convención sobre municiones en racimo, determinó que:
“En esos términos, la Convención en estudio emerge como un instrumento eficaz en el manejo de varias situaciones, como por ejemplo: -la prevención de la guerra y la consecución de la paz y de condiciones pacíficas de convivencia, - la preservación del orden público, -la extinción de armas salvajes e inhumanas con destrucción indiscriminada, -la protección de los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física y mental, a la circulación libre, a la paz y a gozar de un ambiente sano de los ciudadanos (C.P., arts. 49, 12, 24 y 79)”[34].
5.4.3. La naturaleza, objeto y fin de la Convención (Artículos 1 y 2)
Como se deduce del análisis hasta ahora realizado y del articulado de la Convención sobre Municiones en Racimo, ésta resulta aplicable en circunstancias de conflicto armado, ya sea este de carácter internacional o interno, por este motivo se trata de un instrumento perteneciente al Derecho Internacional Humanitario.
En su artículo 1º la Convención establece las obligaciones generales a las cuales se comprometen los Estados parte. Se trata de obligaciones negativas de “nunca, y bajo ninguna circunstancia”: emplear, desarrollar, producir, adquirir, almacenar, conservar o transferir municiones en racimo o bombetas explosivas diseñadas para ser dispersadas o liberadas por aeronaves.
La inclusión de los términos “nunca y “bajo ninguna circunstancia”, implica que aunque la naturaleza de la Convención es la de un instrumento de DIH, las obligaciones específicas a las que hace referencia el artículo 1º, no se limitan a escenarios de conflicto armado, sino que también se pueden aplicar en tiempos de paz.
Finalmente, podemos concluir que del artículo primero se desprende que el objeto y fin de la Convención, es la prohibición de emplear, producir, transferir y almacenar, municiones en racimo, en virtud del perjuicio que estas causan en la población civil, lo cual resulta coherente con el compromiso adquirido por los Estados firmantes de la Declaración de Oslo antes referenciada.
Por otra parte, el artículo 2 contiene una serie de definiciones que contribuyen a dar claridad a la Convención, explicando de forma técnica lo que significan los conceptos “munición en racimo”, “submunición explosiva”, “munición en racimo fallida”, “submunición sin estallar”, “municiones en racimo abandonadas”, “restos de municiones en racimo”, “transferencia”, “mecanismo de autodestrucción”, “autodesactivación”, “área contaminada con municiones en racimo”, “mina”, “bombeta explosiva”, “dispositivo emisor” y “bombeta sin estallar”.
Considera esta Sala que las obligaciones a las que hace referencia el artículo 1 de la Convención, responden al objeto y fin de la misma y no resultan contrarios a la Constitución. En el mismo sentido, que las definiciones técnicas otorgadas en el artículo 2, tienen como propósito la correcta implementación de la Convención, así como la materialización de las obligaciones sustanciales. No encuentra la Sala que esta definiciones sean contrarias a la Norma Superior.
En el numeral 1 del artículo 2 de la Convención, se adoptó una definición de “víctimas de municiones en racimo” en los siguientes términos: “se entiende todas las personas que han perdido la vida o han sufrido un daño físico o psicológico, una pérdida económica, marginación social o un daño substancial en la realización de sus derechos debido al empleo de municiones en racimo. La definición incluye a aquellas personas directamente afectadas por las municiones en racimo, así como a los familiares y comunidades perjudicados”.
Si bien el concepto de víctima recogido por la Convención es amplio y no riñe con la Constitución debido a que al igual que el alcance que le ha dado esta Corte, el contenido en la Convención se centra en el daño sufrido; es importante que este concepto se entienda interpretado a la luz de lo que ha establecido la jurisprudencia:
“se reconoce como víctimas a todas las personas que hubieren sufrido un daño, como consecuencia de los hechos que el mismo precepto determina a continuación. Así, pese a que existen también otros criterios relevantes, el concepto de daño es el más significativo de todos, pues es de la acreditación de su ocurrencia que depende que las personas interesadas logren ser reconocidas como víctimas y accedan a los importantes beneficios establecidos en esta normativa. || Ahora bien, es importante destacar que el concepto de daño es amplio y comprehensivo, pues abarca todos los distintos fenómenos usualmente aceptados como fuente generadora de responsabilidad, entre ellos el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral en sus diversas formas, el daño en la vida de relación, el desamparo derivado de la dependencia económica que hubiere existido frente a la persona principalmente afectada, así como todas las demás modalidades de daño, reconocidas tanto por las leyes como por la jurisprudencia, ahora o en el futuro. || Según encuentra la Corte, la noción de daño comprende entonces incluso eventos en los que un determinado sujeto resulta personalmente afectado como resultado de hechos u acciones que directamente hubieren recaído sobre otras personas, lo que claramente permite que a su abrigo se admita como víctimas a los familiares de los directamente lesionados, siempre que por causa de esa agresión hubieren sufrido una situación desfavorable, jurídicamente relevante”.[35] (Negrilla en el texto original).
Del análisis hecho, se concluye que existe coherencia entre lo dispuesto en la Convención y lo desarrollado en la jurisprudencia de esta Corte, por esa razón no resulta en ningún punto viciada la exequibilidad de la definición de víctima derivada del instrumento internacional.
5.4.4. Las obligaciones operativas
En el marco del desarrollo de su objeto y fin, los Estados parte de la Convención se comprometen a cumplir una serie de obligaciones operativas, reunidas en cinco disposiciones que resultan ser el núcleo del Acuerdo:
A. Almacenamiento y destrucción de reservas (Artículo 3).
A la luz de lo establecido en el artículo 3 de la Convención los Estados parte se comprometen a separar y marcar todas las municiones en racimo bajo su jurisdicción y control, a más tardar, en un plazo de ocho años, contados a partir del momento en que la Convención entre en vigor para ese Estado. Los Estados podrán solicitar, ante una Reunión de Estado Parte o una Conferencia de Examen, una prorroga de hasta cuatro años, si encuentran que no les es posible destruir o asegurar la destrucción de de las municiones de racimo.
En los numerales 6 y 7 de este artículo de la convención se establecen las únicas excepciones legítimas a las obligaciones establecidas en el artículo 1.
De acuerdo con el numeral 6 del artículo 3 de la Convención, se le permite a los Estados Parte la retención o adquisición de un número limitado de municiones en racimo y submuniciones explosivas, dejando claro que las mismas tendrán una destinación específica: (i) desarrollo de y técnicas de detección, limpieza y destrucción de municiones en racimo, (ii) o el desarrollo de contramedidas. Si bien no establece un número específico de municiones en racimo que se pueden retener, es claro al establecer que esa cantidad no podrá exceder “el número mínimo absolutamente necesario para estos fines”.
El numeral 7 permite la transferencia a otro Estado de municiones en racimo, para su destrucción o para los fines descritos en el numeral 6.
De las disposiciones reseñadas de la Convención no se puede deducir ninguna contradicción con lo dispuesto en la Constitución Nacional, por el contrario, encuentra esta Sala que el cumplimiento de la obligación de destruir las municiones en racimo, contribuye al desarrollo de los fines no sólo de la convención sino del Estado colombiano, como lo son la consecución de la paz,[36] la preservación del orden público,[37] la extinción de armas salvajes e inhumanas con destrucción indiscriminada,[38] la protección de los derechos a la vida,[39] a la salud,[40] a la integridad física y mental, [41] a la libertad de circulación,[42] y a gozar de un ambiente sano de los ciudadanos.[43]
La única advertencia que considera prudente realizar este Tribunal, como lo hizo al analizar la constitucionalidad de una obligación similar en el caso de la Convención de Ottawa antes referenciada, es que la destrucción de las Municiones en Racimo “debe realizarse en condiciones que garanticen la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, pues sólo así se daría cumplimiento de los deberes a cargo del Estado (C.P., arts. 2o., 13 y 79)”.
B. Limpieza y destrucción de restos de municiones en racimo y educación sobre reducción de riesgos. (Artículo 4).
Contenida en al artículo 4 de la Convención, esta obligación compromete a los Estados a limpiar y destruir o asegurar la limpieza y destrucción, en un término máximo de 10 años desde la entrada en vigor del tratado, de los restos de municiones en racimo que se encuentran en su jurisdicción o control.
En el litera (e) del numeral 2 de este artículo, se establece el compromiso de los Estados Partes de “[i]mpartir educación sobre reducción de riesgos entre los civiles que viven dentro o en los alrededores de áreas contaminadas con municiones en racimo, encaminada a asegurar la sensibilización sobre los riesgos que representan dichos restos”.
Al igual que en el caso de la obligación anterior considera la Sala que no existe en el artículo 4 de la convención sometida a análisis, ningún elemento que sea contrario a la Carta Política y por el contrario, de esta norma se derivan disposiciones que contribuyen al cumplimiento del objeto del tratado. Se realiza la misma advertencia frente al cuidado que debe tener el proceso de limpieza de las zonas, para evitar la vulneración de los derechos de la población civil asentada en la zona.
C. Asistencia a las víctimas (Artículo 5)
El artículo 5 de la Convención hace una remisión directa a los estándares establecidos en el Derecho Internacional Humanitario y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para establecer la obligación en los Estados parte de proporcionar una adecuada asistencia a las víctimas de municiones en racimo que responda a criterios de edad y género. De acuerdo con lo dispuesto en la norma convencional, conforma la asistencia: la atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico. Igualmente los Estados se comprometen a recopilar datos pertinentes y fiables de las víctimas, y a proveer los medios para lograr su inclusión social y económica.
La obligación de asistir a las víctimas de municiones en racimo, concuerda con la obligación general de las autoridades estatales, consignados en el artículo 2 de la Carta Política, de proteger a todos los residentes en el territorio nacional, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades y asegurar de esta forma el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, contribuyendo con esta asistencia a la consecución y mantenimiento de la paz.
La Corte Constitucional, reconociendo que si bien la asistencia humanitaria a las víctimas no se encuentra consignada en la Constitución, esta “(…) posee carácter fundamental[21] y representa la forma de satisfacer las garantías mínimas que necesita la persona víctima de la violencia para superar las consecuencias mediatas e inmediatas del hecho vulnerador de sus derechos (…)”.[44]
La asistencia humanitaria a las víctimas, encuentra fundamento en el principio de solidaridad,[45] propia de nuestro Estado Social de Derecho, como un medio de búsqueda de la satisfacción de los derechos humanos de todos los ciudadanos, si importar sus circunstancias. En ese sentido ha sostenido la Corte, que la asistencia humanitaria “encuentran su fundamento en principios constitucionales tales como el Estado Social de Derecho, la dignidad humana, y en derechos fundamentales que se encuentran íntimamente ligados como la vida, la dignidad humana, mínimo vital, la salud, la vivienda, entre otros”.[46]
Por lo anterior, concluye la Sala que la asistencia a las víctimas de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Convención, no contradice lo establecido en la Constitución Nacional y por el contrario complementa y desarrolla en un contexto específico la misma.
D. Cooperación y asistencia internacional (Artículo 6).
El artículo 6 de la Convención, prevé la asistencia técnica, material y financiera entre los Estados Parte, con el objetivo de que puedan ser correctamente implementadas las obligaciones contenidas en el Tratado, en los Estados afectados por las municiones en racimo. Esta asistencia podrá ser otorgada, inter alia, a través del Sistema de Naciones Unidas, de organizaciones o instituciones internacionales, regionales o nacionales, de organizaciones no gubernamentales o de manera bilateral.
El articulado, reconoce el derecho de los Estados parte a solicitar y recibir asistencia con el fin de dar cabal cumplimiento a sus obligaciones, y el compromiso de los Estados Parte que estén en condiciones de hacerlo, de proporcionar asistencia para la limpieza y destrucción de restos de municiones en racimo, destrucción de las reservas y brindar asistencia a las víctimas de este tipo de armas. Esta asistencia, se complementa con el compromiso de cada Estado Parte a facilitar el intercambio de equipos e información científica y tecnología.
La cooperación prevista en la Convención, resulta esencial para que el Estado colombiano pueda lograr en los términos establecidos, el cumplimiento de los objetivos convencionales que lleven a la destrucción de todas las municiones en racimo, a la limpieza del territorio nacional de restos de estos artefactos y a la efectiva asistencia humanitaria a las víctimas, que en el caso concreto de Colombia, debido a situación de violencia que vive, puede ser cuantiosa.
Se observa de la lectura del texto de la Convención, que la cooperación internacional a la que hace referencia, respeta la obligación contenida en el artículo 9º, según el cual “las relaciones exteriores del Estado se fundamentan el la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia”, así como los criterios de equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional, que enmarcan nuestras relaciones internacionales de acuerdo con los artículos 226 y 227 de la Carta. Por lo anterior, se puede concluir que el artículo examinado, es acorde con la Constitución Nacional.
5.4.5. Medidas de transparencia, y Medidas de implementación a nivel nacional (Artículos 7 y 9).
Estas obligaciones específicas contenidas en los artículos 7 y 9 de la Convención, respectivamente, buscan hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos que cada uno de los Estados ha adquirido en virtud de su manifestación voluntaria de querer hacer parte de ella.
De acuerdo con el artículo 7, no mas tarde de 180 días a partir de la entrada en vigor de la Convención, cada Estado Parte debe informar al Secretario General de las Naciones Unidas: (a) las medidas de implementación a nivel nacional que ha tomado; (b) el total de las municiones en racimo bajo su jurisdicción o control; (c) las características técnicas de cada tipo de munición en racimo producida por el Estado Parte antes de la entrada en vigor, con la información que pueda facilitar su identificación y remoción, así como la remoción de los restos de municiones en racimo; (d) la situación y avance de los programas de cierre o reconversión de instalaciones de producción de municiones en racimo; (e) la situación y avance de los programas de destrucción; (f) los tipos y cantidades de municiones en racimo destruidas y los detalles del procedimiento de destrucción; (g) las reservas de municiones en racimo descubiertas después de concluido el programa de destrucción; (h) la ubicación detallada de todas la áreas contaminadas con municiones en racimo; (i) la situación y el avance de los programas de limpieza y destrucción de restos de municiones en racimo; (j) las medidas adoptadas para impartir educación sobre reducción de riesgos y una advertencia a los civiles que viven en áreas contaminadas con municiones en racimo; (k) la situación y avance del cumplimiento de la obligación de asistencia a las víctimas; (l) el contacto de las instituciones encargadas de dar información y llevar a cabo las medidas descritas; (m) la cantidad de recursos financieros, materiales o en especie, asignados al cumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 3, 4 y 5 de la Convención; y (n) las cantidades, tipos y destinos de la cooperación y asistencia internacionales proporcionada.
Esta información se actualizará cada año y deberá ser presentada al Secretario General de las Naciones Unidas a más tardar el 30 de abril de cada año, quien los transmitirá a los Estados Parte.
El artículo 9 por su parte, establece la obligación de que cada Estado vinculado por la Convención, deberá adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole, para su implementación.
La Corte considera estas medidas resultan necesarias para garantizar la efectividad del la Convención y el cumplimiento de todos los Estado partes. Corresponden a un desarrollo del principio de derecho internacional Pacta Sunt Servanda, en virtud del cual “[t]odo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”,[47] reconocido por el artículo 9º de la Constitución, por lo que la disposición es acorde con la Carta Política.
5.4.5. Facilitación y aclaración de cumplimiento, y solución de controversias (Artículo 8 y 10).
El artículo 8 establece el mecanismo de “facilitación y aclaración de cumplimento”, a la luz del cual, partiendo del acuerdo entre las partes de consultarse, cooperar entre sí y trabajar conjuntamente para facilitar la aplicación de las disposiciones de la Convención, si uno o más Estados Parte desean aclarar y resolver cuestiones relacionadas con un asunto de cumplimiento por parte de otro Estado Parte, podrán presentar por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas, una Solicitud de Aclaración de dicho asunto a ese Estado Parte.
Por su parte, el Estado que reciba una Solicitud de Aclaración entregará en un plazo de 28 días, por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas, toda la información necesaria para aclarar el asunto. Si el Estado Parte solicitante no recibe respuesta o considera que esta no es satisfactoria, podrá someter el asunto por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas, a la siguiente Reunión de Estados Parte. En el lapso mientras tiene lugar la Reunión de los Estados, aquellas parte interesadas podrán solicitar al Secretario General que ejerza sus buenos oficios para facilitar la aclaración.
Frente a las controversias que puedan surgir entre dos o más Estados Parte en relación con la interpretación y aplicación de la Convención, el artículo 10 de la misma prevé la utilización de medios pacíficos para dar una pronta solución al problema, incluyendo dentro de ellos la negociación entre las partes, los buenos oficios de la Reunión de los Estados Parte y la sumisión de la controversia a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con su Estatuto.
Estas dos cláusula buscan por un lado, lograr el cumplimiento de las obligaciones convencionales en cabeza de los Estados Partes, utilizando a los mismos Estados como agentes de control y supervisión de ese cumplimiento y, por otro lado, ofrecer medios de solución pacífica frente a las controversias que puedan surgir entre ellos, en el marco de la ejecución de lo dispuesto en el instrumento internacional.
La Sala aclara que lo previsto en el artículo 10 de la Convención en concordancia con el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, aplica como una cláusula compromisoria que le otorga competencia al órgano judicial de las Naciones Unidas para resolver las controversias que se generen entre Colombia y otro u otros Estados Parte de la Convención sobre Municiones en Racimo, en virtud de la interpretación o aplicación de la misma.[48]
Los artículos analizados se encuentran en concordancia con la obligación internacional de “arreglo pacífico de controversias”, recogida en el tercer principio de las Naciones Unidas, que reza: “[l]os Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia” y en el capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, que concretamente en su artículo 33 dispone: “[l]as partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”.
La consecución de la paz es uno de los fines principales del estado, en virtud de los establecido en el preámbulo y en el artículo 9º de la Constitución, razón por la que la Sala concluye que los artículos 8 y 10 de la Convención sobre Municiones en Racimo, que consignan mecanismos de solución de controversias y de cooperación entre los Estados Parte, no contradicen la norma de normas y por el contrario, contribuyen a la aplicación del Acuerdo.
5.4.6. Reuniones de los Estados Parte, Conferencia de Examen, y Costos Artículos (11, 12 y 14).
Los artículos 11 y 12 de la Convención establecen dos organismos de seguimiento, vigilancia y control con funciones similares, pero con periodicidades diferentes: la Reunión de los Estados Parte y las Conferencias de Examen. En el marco del primero de ellos, y como su nombre lo indica, se reúnen los Estados Parte anualmente desde la entrada en vigor de la Convención, convocados por el Secretario General de las Naciones Unidas, con la finalidad de considerar y tomar decisiones frente a asuntos relativos a la aplicación o implementación de la Convención. Puntualmente, en esta reunión se llevan asuntos sobre el funcionamiento y estado de aplicación de la Convención, los informes que presentan los Estados, asuntos de cooperación y asistencia internacionales, el desarrollo de tecnologías para la moción de los restos de municiones en racimo, las Solicitudes de Aclaración no resueltas satisfactoriamente y las solicitudes relacionadas con los artículos 3 y 4.
La Conferencia de Examen se reúne con una periodicidad de 5 años desde la entrada en vigor de la Convención, convocados por el Secretario General de las Naciones Unidas. La finalidad de la Conferencia es: evaluar el funcionamiento y el estado de aplicación de la Convención, considerar la necesidad de celebrar Reuniones adicionales de los Estados Parte y tomar decisiones frente a las solicitudes de los Estado en el marco de los artículos 3 y 4.
Tanto a las Reuniones como a las Conferencias, podrán ser invitados a asistir en calidad de observadores, Estados no parte de la Convención y organizaciones internacionales intergubernamentales y no-gubernamentales. Los Costos de las reuniones, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención, serán sufragados por los Estado Parte y los Estados no Parte que participen en ellas.
En contenido de los artículos analizados no contradice la Constitución, pues lo dispuesto en ellos, corresponde a medidas y mecanismos de seguimiento, vigilancia y control, necesarios para el correcto desarrollo del objeto y fin de la Convención sobre Municiones en Racimo.
5.4.7. Enmiendas (Artículo 13)
El artículo 13 de la Convención, establece el procedimiento para su enmienda. Todos los Estados Parte podrán proponer enmiendas, las cuales serán circuladas entre ellos por el Secretario General de las Naciones Unidas. Si la opinión de los Estados es positiva, se podrá convocar a una Conferencia de Enmienda, la cual se celebrará inmediatamente después de una Reunión de Estado Partes o de una Conferencia de Examen, a menos que una mayoría de los Estados Parte solicite que se celebre antes. Las enmiendas serán adoptadas con una mayoría de dos tercios de los Estados Parte, y entrará en vigor en la fecha en que se deposite el instrumento de aceptación.
En virtud del numeral 10 del artículo 241 de la Constitución, a la Corte Constitucional le corresponde determinar la exequibilidad de los tratados internacionales suscritos por el Gobierno, con la finalidad de evitar que incurra en obligaciones que puedan ir en contra de la Constitución como norma de normas. Para dar cumplimiento a esa función de control sobre los acuerdos intencionales, la Corte ha entendido que su competencia se extiende también a las enmiendas de los tratados ratificados por el Estado colombiano. En ese sentido se ha pronunciado este Tribunal en su jurisprudencia:
“(...) cuando la Carta habla de tratados también hace referencia a las enmiendas. En tales condiciones, mutatis mutandi, las enmiendas están sometidas al mismo procedimiento de aprobación y control constitucional que los tratados, por lo cual la Corte, conforme al numeral 10 del artículo 241 superior, es competente para pronunciarse de manera automática y previa sobre las leyes que aprueban enmiendas a un tratado. Y, como lo ha señalado en repetidas ocasiones esta Corporación, éste es un control completo de constitucionalidad, por razones de fondo y también de forma”.[49]
Hecha la anterior advertencia, queda claro que lo dispuesto en la Convención relativo a enmiendas resulta acorde con la Carta Política. Debido a que para los Estados Parte la enmienda no entrará en vigor sino a partir de la fecha en que se deposite el respectivo instrumento de aceptación, esa condición permite que se lleve a cabo el control interno de constitucionalidad de la enmienda, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico colombiano.
5.4.8. Relación con Estados no Parte de la presente Convención (Artículo 21)
En su artículo 21 la Convención hace referencia a la relación que deben tener los Estados Parte con Estados que no lo son, buscando que los últimos suscriban el tratado. Parte de sus compromisos implica realizar esfuerzos para desalentar el uso de las Municiones en Racimo por parte de los Estados que no se encuentran vinculados por el instrumento internacional.
De acuerdo con el numeral 3 de artículo 21, “Sin detrimento de lo previsto en el Artículo 1 de la presente Convención y de conformidad con el Derecho Internacional, los Estados Parte, personal militar o sus nacionales podrán cooperar militarmente y participar en operaciones con Estados no Parte de la presente Convención que pudieran desarrollar actividades que estén prohibidas a un Estado Parte”. Si bien la Sala no encuentra ninguna razón de inconstitucionalidad en contra de esa disposición, resalta que la misma aplica sin perjuicio de la aplicación del principio de reciprocidad en las relaciones internacionales contenido en el artículo 226 de la Constitución Nacional,[50] el cual obliga a que en el marco de una relación bilateral o multilateral, las obligaciones sean análogas.[51]
En conclusión, después de analizar el contenido del artículo y con la aclaración pertinente en materia de reciprocidad, la Corte estima que es acorde a la Carta Política y en ese sentido debe ser declarado exequible.
5.4.9. Otras disposiciones de la Convención sobre Municiones en Racimo
En los artículos 15 al 23 de la Convención, con excepción del artículo 21 analizado anteriormente, se establecen las cláusulas correspondientes al trámite de la Convención, así: Firma (artículo 15), Ratificación, aceptación, aprobación y adhesión (artículo 16), Entrada en vigor (artículo 17), Aplicación provisional (artículo 18), Reservas (artículo 19), Duración y denuncia (artículo 20), Depositario (artículo 22), y Textos auténticos (artículo 23).
De acuerdo con el análisis realizado por la Sala, las mencionadas disposiciones no contienen obligaciones puntuales del Estado y debido a que están encaminadas a establecer pautas del proceso que a nivel internacional surte la Convención, no contradicen la Constitución Nacional, hará una aclaración frente a la prohibición de realizar reservas, establecida en el artículo 19 del instrumento sometido a examen.
La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 define en su artículo 2º literal d) Reserva como “(…) una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a el, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado”.
El artículo 19 de la Convención de Viena, reconoce tres circunstancias en que los Estados, a pesar de estar facultados para presentar Reservas, no pueden hacerlo: cuando la reserva esté prohibida por el tratado; el tratado permita que exclusivamente se pueden hacer cierto tipo de reservas dentro de las cuales no se encuentra la que pretende hacer el Estado y que la reserva sea incompatible con le objeto y fin del Estado.
Con el planteamiento de esos tres casos en los cuales los Estado no pueden presentar reservas, la Convención de Viena permite concluir que las Reservas no constituyen un derecho absoluto de los Estados,[52] sino que por el contrario, el permitir o no las reservas dependerá del sentido que los Estados quisieron darle al instrumento internacional que construyeron, considerando el objeto y fin que el mismo persigue.
En ese orden de ideas, la cláusula incluida en el artículo 19 de la Convención sobre Municiones en Racimo, en virtud de la cual sus artículos “no estarán sujetos a reservas”, es válida y no contraría los Derechos del Estado Colombiano, la Convención de Viena o norma constitucional alguna.
5.5. Síntesis
1. La Sala llevó a cabo según lo previsto en el artículo 241 numeral 10 constitucional, un control de constitucionalidad automático, previo e integral, de la Ley 1604 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta 30 de mayo de 2008. Este control se dividió en dos partes: una primera que atendió a la revisión formal de la capacidad del representante del Estado Colombiano que suscribió la Convención y del trámite legislativo que surtió en el Congreso de la República su ley aprobatoria. La segunda parte, correspondió al análisis del contenido material del tratado, en contraste con la Constitución Nacional, con el fin de determinar si existía alguna contradicción de la norma de normas que tornara el acuerdo o una parte del mismo inexequibles.
2. Del análisis de la competencia de la funcionaria que suscribió la Convención en representación del Estado colombiano, se pudo concluir que el Presidente de la República le otorgó plenos poderes a la Embajadora Forero Ucrós, para representar los intereses nacionales en las fases de negociación y celebración del Acuerdo, por lo cual la capacidad de esta funcionaria para celebrar el tratado era válida.
3. En cuanto al análisis del trámite legislativo realizado por la Corte Constitucional, se concluye que el Proyecto de Ley No. 174 de 2011 Senado, 244 de 2012 Cámara cumplió de manera satisfactoria con la totalidad de los requisitos y exigencias previstas en la Constitución y en el reglamento del Congreso para una Ley Aprobatoria de Tratados Internacionales. En consecuencia, la Ley 1604 de 2012 resulta exequible en lo que se refiere a su examen de forma.
4. En el análisis material de la Convención sobre Municiones en Racimo, la Sala hizo un recuento de sus antecedentes, resaltando su proceso de construcción a través de múltiples conferencias mundiales y regionales, en las que los Estados resaltaron la importancia de este instrumento, como un medio para lograr la erradicación de un tipo de arma que genera graves violaciones a los derechos de la población civil, tanto en tiempo de paz como en el marco de un conflicto.
5. Después del recuento de los antecedentes, la Sala consideró la forma en que, derivada de su parte motiva, la Convención contribuye al desarrollo de los principios del Derecho Internacional Humanitario, en especial los de distinción, prohibición de ataques indiscriminados, proporcionalidad, precaución en el ataque y los principios generales sobre el empleo de armas, concluyendo que la importancia que tiene el Derecho Internacional Humanitario para el Estado colombiano, demuestran la relevancia que tiene el instrumento sometido a control.
6. Dio paso la Sala a un análisis detallado del articulado de la Convención, en especial lo relacionado con su objeto y fin, las obligaciones específicas que en virtud de la finalidad perseguida deberá cumplir el Estado colombiano como Estado Parte, las obligaciones tendientes a lograr el cumplimiento de las obligaciones principales y los mecanismos de solución pacífica de controversias. En ese examen, la Sala encontró que todas las disposiciones en la Convención están encaminadas hacia el propósito de este instrumento que es la prohibición de emplear, producir, transferir y almacenar, municiones en racimo, en virtud del perjuicio que estas causan en la población civil, lo cual se encuentra en plena sintonía con las disposiciones de la Carta Política de Colombia y aquellas que integran el bloque de constitucionalidad.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta 30 de mayo de 2008.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1604 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta 30 de mayo de 2008.
[1] Corte Constitucional, Sentencia C-767 de 2012, M.P. Maria Victoria Calle Correa, 3 de octubre de 2012. Reiterando: Corte Constitucional, Sentencia C-468 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; Corte Constitucional, Sentencia C-376 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero; Corte Constitucional, Sentencia C-426 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz; Corte Constitucional, Sentencia C-924 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[2]Corte Constitucional, Sentencia C-615 de 2009, M.P. Humberto Sierra Porto, 2 de septiembre de 2009.
[3]En este último sentido, ver el artículo 7º de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados: “Plenos poderes. 1. Para la adopción la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado: || a) si se presentan los adecuados plenos poderes, o || b) si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados. o de otras circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes. || 2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: | a) los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; | |b) los Jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; || c) los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia. Organización u órgano.
[4] Constitución Política De Colombia: “Articulo 154. (…)Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado”. (Subrayado fuera del texto)
[5] Ante la inexistencia en el Acta en la que se consigna el debate del Proyecto en estudio, de una manifestación expresa e inequívoca de la aprobación por votación unánime del mismo, estos serán los criterios tenidos en cuenta por la Sala en el análisis del trámite legislativo adelantado en los debates posteriores.
[6]Gaceta del Congreso 414 del 10 de julio de 2012, Acta número 48 de la Sesión Ordinaria de la Plenaria del Senado, 22 de mayo de 2012, p.17
[7]Congreso de la República de Colombia, Gaceta No. 293 de 2012, p. 28
[8]Congreso de la República de Colombia, Gaceta No. 559 de 2012, 28 de agosto de 2012, p. 10
[9]Congreso de la República de Colombia, Gaceta No. 17 de 2013, 6 de febrero de 2013, p. 23
[10]Congreso de la República de Colombia, Gaceta No. 18 de 2013, pp.1 y 2.
[11]Congreso de la República de Colombia, Gaceta No. 18 de 2013, p. 18
[12]Congreso de la República de Colombia, Gaceta No. 756 de 2012, 02 de noviembre de 2012, pp. 15 y 16
[13] Congreso de la República de Colombia, Gaceta No. 73 de 2013, 28 de febrero de 2013, Acta 171 del 14 de noviembre de 2012, p. 41
[14] Ver Folio No. 29 del Cuaderno Principal.
[15] Congreso de la República de Colombia, Gaceta No. 54 de 2013, 15 de febrero de 2013, Acta 172 del 15 de noviembre de 2012, p. 37 y 38
[16] Ibid, p. 38.
[17] Ibid, pp. 39 y 40.
[18] Congreso de la República de Colombia, Gaceta No. 826 de 2012, 21 de noviembre de 2012, pp. 13 y 14.
[19]Comité Internacional de La Cruz Roja, Municiones de Racimo ¿Qué son y que problema plantean?, 23 de septiembre de 2010. Disponible en: http://www.cicr.org/spa/assets/files/other/sp-fact-sheet-3-2010.pdf
[20] Para mayor ilustración sobre el impacto de las Municiones en Racimo en la Población civil ver: United Nations Institute for Disarmament Research, The Humanitarian Impact of Cluster Munitions, United Nations, Geneva, 2008. UNIDIR/2008/1.
[21] Cfr. Exposición de motivos del Proyecto de Ley por medio del cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín el 30 de mayo de 2008, p. 1. En: Cuaderno de Pruebas OPC-027/13, Folio No. 394.
[23] Ver: Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006; Corte Constitucional, Sentencia C-048 de 2001; Corte Constitucional, Sentencia T-439 de 1992.
[24] Corte Constitucional, Sentencia C-991 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis, 2 de agosto de 2000. Ver: Corte Constitucional, Sentencia C-225 de 1995; Corte Constitucional, Sentencia C-574 de 1992.
[25] Dominique Love, Municiones en Racimo desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, Reunión Regional Latinoamericana sobre Municiones en Racimo, San José de Costa Rica, 4-5 de septiembre de 2007, Comité Internacional de la Cruz Roja – Ginebra.
[26] Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, Vol. I: Normas, Comité Internacional de la Cruz Roja, Buenos Aires, 2007.
[27] Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977, Título IV - Población Civil Artículo 13. Protección de la población civil, (…) “2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil”.
[28] Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados. Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II según fue enmendado el 3 de mayo de 1996). Artículo 3 Restricciones generales del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos. (…) “7. Queda prohibido, en todas las circunstancias, emplear las armas a las que se aplica el presente artículo, sea como medio de ataque, como medio de defensa o a título de represalia, contra la población civil propiamente dicha o contra personas civiles o bienes de carácter civil”.
[29] Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados. Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias (Protocolo III) _ Artículo 2 Protección de las personas civiles y los bienes de carácter civil. “1. Queda prohibido en todas las circunstancias atacar con armas incendiarias a la población civil como tal, a personas civiles o a bienes de carácter civil. (…)”.
[30] Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, Vol. I: Normas, Comité Internacional de la Cruz Roja, Buenos Aires, 2007, p. 46.
[31] Ibid, p. 53 y ss.
[32] Ibid, p. 59 y ss.
[33] Ibid, p. 265 y ss.
[34] Corte Constitucional, Sentencia C-991 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis, 2 de agosto de 2000.
[35] Corte Constitucional, Sentencia C-052 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, 8 de febrero de 2012.
[36] Constitución Política de Colombia de 1991, Preámbulo, y artículos 22 y 95.
[37] Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 189, 213, 251, 296, 303, 315 y 330.
[38] Principios derivados del Derecho Internacional Humanitario, desarrollados en detalle en la parte 5.4.2. de este Proyecto.
[39] Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 11.
[40] Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 49.
[41] Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 12.
[42] Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 24.
[43] Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 79.
[44] Corte Constitucional, Sentencia C-914 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, 16 de noviembre de 2010. Ver: Corte Constitucional, Sentencia C-278 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, 18 de abril de 2007; Corte Constitucional, Sentencia T-1094 de 2004, Corte Constitucional, Sentencia T-572 de 2008, Corte Constitucional, Sentencia T-922A de 2008 y Corte Constitucional, Sentencia T-1001-08.
[45] Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 1.
[46] Corte Constitucional, Sentencia T-1094 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 4 de noviembre de 2004 y Corte Constitucional, Sentencia T-922A de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 18 de septiembre de 2008.
[47] Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, artículo 26 Pacta sunt Servanda, “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Aprobada mediante la Ley 32 del 29 de enero de 1985.
[48] Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 36 “1. La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. || 2. Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre: ||a. la interpretación de un tratado; || b. cualquier cuestión de derecho internacional; || c. la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación de una obligación internacional; || d. la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional. || 3. La declaración a que se refiere este Artículo podrá hacerse incondicionalmente o bajo condición de reciprocidad por parte de varios o determinados Estados, o por determinado tiempo. || 4. Estas declaraciones serán remitidas para su depósito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias de ellas a las partes en este Estatuto y al Secretario de la Corte. || 5. Las declaraciones hechas de acuerdo con el Artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional que estén aún vigentes, serán consideradas, respecto de las partes en el presente Estatuto, como aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia por el periodo que aún les quede de vigencia y conforme a los términos de dichas declaraciones. || 6. En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá”.
[49] Corte Constitucional, Sentencia C-692 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo, 2 de octubre de 2013; Corte Constitucional Sentencia C- 012 de 2004; Corte Constitucional, Sentencia C-991 de 2000; Corte Constitucional, Sentencias C-176 de 1997.
[50] Constitución Política de Colombia: “Artículo 226. El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”.
[51] Sobre el Principio de Reciprocidad Ver: Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, 17 de abril de 2013; Corte Constitucional, Sentencia C-295 de 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, 18 de abril de 2012; y Corte Constitucional, Sentencia C-577 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, 26 de agosto de 2009; entre otras.
[52] Ver: Corte Constitucional, Sentencia C-361 de 2013; Corte Constitucional, C-712 de 2012; Corte Constitucional, C-534 de 2012; Corte Constitucional, Sentencia C-991 de 2000.

References: artículo 241
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 7
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 11

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 150
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 2
 artículo 189
 artículo 150
 artículo 224
 artículo 154
 artículo 241
 artículo 154
 artículo 157
 artículo 156
 artículo 8
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 145
 artículo 160
 artículo 1
 artículo 160
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 133
 artículo 160
 artículo 182
 artículo 241
 artículo 162
 artículo 17
 artículo 214
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 36
 artículo 33
 artículo 9
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 21
 artículo 21
 Artículo 1
 artículo 226
 artículo 21
 artículo 19
 artículo 2
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 241
 artículo 7
 Artículo 13
 Artículo 3
 Artículo 2
 artículo 11
 artículo 49
 artículo 12
 artículo 24
 artículo 79
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 36
 Artículo 36