Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JDC/SUP-JDC-00403-2012.htm
Timestamp: 2019-03-24 09:46:32+00:00

Document:
SUP-JDC-0403/2012
EXPEDIENTE: SUP-JDC-403/2012
ACTORES: LUIS REY ESPEJEL RAMÍREZ Y HAFID ALONSO GARCÍA
RESPONSABLES: CONSEJO POLÍTICO NACIONAL; COMISIÓN NACIONAL DE HONOR Y JUSTICIA, Y OTROS ÓRGANOS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
VISTOS para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-403/2012 promovido por Luis Rey Espejel Ramírez y Hafid Alonso García, en contra de la omisión atribuida a diversos órganos del Partido Verde Ecologista de México, respecto de dar respuesta a la solicitud de información presentada el nueve de marzo de dos mil doce, y
I. Antecedentes. De la narración de los hechos que la parte actora hace en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:
a) Solicitud de información: mediante escrito de ocho de marzo de dos mil doce, Luis Rey Espejel Ramírez y Hafid Alonso García presentaron un escrito dirigido a varios órganos del Partido Verde Ecologista de México en virtud del cual solicitaron diversa información en torno al procedimiento de selección interna de precandidatos a senadores y diputados por ambos principios. La solicitud se realizó en los términos siguientes:
"INTEGRANTES DEL CONSEJO POLÍTICO NACIONAL; COMISIÓN NACIONAL DE HONOR Y JUSTICIA; COMISIÓN NACIONAL DE PROCESOS INTERNOS; CONSEJO POLÍTICO NACIONAL; COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL;
TODOS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO PRESENTES
Los que suscribimos C. LUIS REY ESPEJEL RAMÍREZ y HAFID ALONSO GARCÍA, el primero en mi carácter de Ciudadano y Militante; el segundo con el carácter de Ciudadano, Militante e Integrante del Consejo Político Estatal del Partido Verde Ecologista de México, en el Estado de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, como se demuestra con las copias que se acompañan al escrito de cuenta.
En pleno ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos, señalando como domicilio para recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones en calle Norte 74, número 3514, Colonia la Joya, Delegación Gustavo A. Madero, de esta Ciudad de México Distrito Federal, y autorizando para tal efecto a los CC. Alejandro de Jesús Méndez Díaz y/o Martin Ortiz Peña y/o Raymundo Martín Ortiz Vega y/o Ana María del Carmen Ortiz Vega.
Por medio del presente atendiendo a los objetivos de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, a la Declaración de Principios y Programa de Acción aprobados por la Asamblea Nacional y por el Consejo Político Nacional, bajo protesta de decir verdad manifestamos que en ninguno de los diarios de circulación regional del Estado de Oaxaca o nacional; se ha publicitado convocatoria o documento alguno, como tampoco en su página electrónica oficial (sic)
le solicitamos dentro de sus respectivas competencias, atentamente nos informen lo siguiente:
a) El procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos, por ambos principios.
b) La fecha y órgano responsable de la aprobación del procedimiento para la selección de sus candidatos a Senadores y Diputados por ambos principios.
c) Fecha de inicio del proceso interno de selección de todos sus candidatos.
d) Método o métodos que serán utilizados para la selección de todos sus candidatos.
e) Fecha en que se expedirá la convocatoria para tales efectos.
f) Plazos y fechas que comprenderá cada fase del procedimiento respectivo.
g) Órganos responsables de la conducción y vigilancia del procedimiento.
h) Fecha de celebración de la asamblea electoral nacional, estatal y/o distrital o, en su caso, de realización de la jornada comicial interna.
i) La fecha en que se publicará la Convocatoria, acta y lista de asistencia de la sesión del órgano responsable de la aprobación del procedimiento aplicable para la selección de candidatos a senadores y diputados por ambos principios.
j) Convocatoria, acta y lista de asistencia de la sesión del órgano que autorizó convocar a la instancia facultada para aprobar el mencionado procedimiento.
k) Así mismo solicito me informe la documentación que cada aspirante a precandidatos a diputados federales y senadores por ambos principios, deberá acompañar a la solicitud de registro.
I) Y finalmente la documentación que cada aspirante a candidatos a (sic).
Lo anterior se solicita de manera URGENTE dado el proceso de elección en el que nos encontramos, además en términos de los artículos 8o, y 35 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 Base Primera Fracción V y 8 Base Primera Fracción II, de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, y por ser nuestro deseo participar en dicho proceso de elección, haciendo valer nuestro derecho al acceso o el ejercicio de los derechos de participación política, como lo es el derecho de votar y ser votado".
b) Recepción del escrito. La solicitud de información fue presentada el nueve de marzo de dos mil once ante la oficialía de partes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México.
c) Acuerdo. El doce de marzo de dos mil doce la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México emitió acuerdo en virtud del cual se ordenó requerir a los comparecientes a fin de que en el término de cinco días presentaran nuevamente su escrito, ya que los tantos originales no se encontraban completos.
d) Notificación. El requerimiento ordenado se notificó personalmente a Alberto Hernández Serna, el trece de marzo de dos mil doce en virtud de su comparecencia en las oficinas partidistas.
II. Medio de impugnación. El trece de marzo de dos mil doce, Luis Rey Espejel Ramírez y Hafid Alonso García promovieron juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra de la omisión de dar respuesta a su solicitud de información.
III. Remisión. Mediante escrito sin número recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción, sita en Xalapa, Veracruz, el veintiuno de marzo del año en curso, el Presidente de la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México remitió a dicho órgano jurisdiccional el escrito de demanda original, cédula de notificación por estrados, las constancias que estimo pertinentes, así como el correspondiente informe circunstanciado.
IV. Acuerdo de Sala Regional. El veintiuno de marzo de dos mil doce, la aludida Sala Regional, dictó dentro del expediente SX-JDC-926/2012, un acuerdo en virtud del cual se declara incompetente para conocer el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentado por Luis Rey Espejel Ramírez y Hafid Alonso García .
V. Remisión por parte de Sala Regional. Mediante oficio SX-JAX-341/2012, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el veintidós de marzo del presente año, se remitió a este órgano jurisdiccional y anexos correspondientes al juicio que nos ocupa.
VI. Turno. El veintidós de febrero del presente año, el Magistrado Presidente de este Tribunal, ordenó registrar, formar y turnar el expediente SUP-JDC-403/2012, a la ponencia a su cargo. Proveído que se cumplimentó mediante oficio signado por el Secretario General de Acuerdos.
VII. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor admitió a trámite la demanda del presente juicio y, una vez concluida su sustanciación, declaró cerrada la instrucción, quedando el asunto en estado de dictar sentencia, y
PRIMERO. Competencia. En virtud de que el trece de mayo del dos mil once la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción, sita en Xalapa, Veracruz, emitió acuerdo plenario mediante el cual se declaró incompetente para conocer del presente asunto, se estima que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base IV, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79, párrafo 1 y 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano incoado por dos ciudadanos en contra de la omisión de órganos partidistas de proporcionarle la información solicitada.
Esto es así, porque de la lectura tanto de la solicitud de información como de la demanda respectiva se advierte que los ahora actores pidieron información en torno al proceso interno de selección de precandidatos a senadores y diputados por ambos principios que serán postulados por el Partido Verde Ecologista de México.
Asimismo, en la demanda respectiva manifiestan que necesitan de dicha información porque pretenden participar como candidatos a cargos de elección popular postulados por dicho partido, sin especificar el cargo por el cual desean postularse.
Dadas esas circunstancias si bien los actores no especifican cuál es el cargo de elección popular por el cual pretenden contender como precandidatos en el proceso interno de selección del Partido Verde Ecologista de México, lo cierto es que mediante la solicitud de información cuya omisión de contestación impugnan, pretenden obtener datos relativos a los procesos atinentes a diputados y senadores por ambos principios.
En atención a la litis planteada, se advierte que la materia de la impugnación versa sobre temas que involucran a diputados y senadores por ambos principios.
En efecto, conforme al artículo 99, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral, salvo lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 constitucional, es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.
En el párrafo cuarto, fracción V, del artículo en cita, se advierte que al Tribunal Electoral le corresponde resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen la propia constitución y las leyes.
Al respecto, la legislación establece la distribución de la competencia entre la Sala Superior y las Salas Regionales, conforme a lo siguiente:
En relación con la competencia de las Salas Regionales, la tienen para conocer y resolver los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano en aquellos casos en que se aduzcan violaciones a los derechos político-electorales de votar y ser votados, o por determinaciones emitidas por los partidos políticos en la elección de candidatos, que se relacionen con la elección de:
1. Diputados federales y Senadores por el principio de mayoría relativa;
2. Diputados locales, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
3. Integrantes de ayuntamientos y titulares de los órganos político administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Lo anterior, de conformidad con los artículos 186, fracción III, inciso c) y 195, fracción IV, incisos a), b) y d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 79, 80 y 83, párrafo 1, inciso b), fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Por su parte, la Sala Superior es competente para resolver en única instancia el juicio ciudadano, entre otros supuestos, por las impugnaciones a la elección de diputados y senadores por el principio de representación proporcional, según lo establecido en el inciso a), fracción I, del artículo 83 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el 189 fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Como se ve, las Salas Regionales no tienen competencia cuando se trate de actos relativos a la elección de diputados federales por el principio de representación proporcional, ya que la Sala Superior tiene competencia expresa para ello, en términos de los preceptos legales invocados en el párrafo que antecede.
Por tanto, si la controversia planteada está relacionada no sólo con los cargos de diputados federales y senadores por el principio de mayoría relativa (competencia de esta Sala Regional), sino también los de representación proporcional (competencia de Sala Superior).
Sin embargo, jurídicamente no es admisible escindir la continencia de la causa, porque de hacerlo, podrían emitirse resoluciones contradictorias, de lo que se sigue que la Sala Superior es la única que tiene autorización jurídica de conocer de todos los aspectos de la controversia del juicio de que se trata, porque cualquier proceso impugnativo debe concluir con una sola resolución, por lo que se estima que esta Sala Superior es la competente para conocer y resolver el presente asunto.
Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 05/2004 y 13/2010 emitidas por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, de rubros: "CONTINENCIA DE LA CAUSA. ES INACEPTABLE DIVIDIRLA PARA SU IMPUGNACIÓN" y "COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR CONOCER DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL CUANDO LA MATERIA DE IMPUGNACIÓN SEA INESCINDIBLE", esta última mutatis mutandis, en lo que aplique para el juicio ciudadano, en cuanto refiere que: "cuando se impugnan actos o resoluciones relacionados con elecciones cuyo conocimiento corresponda a las Salas Superior y Regionales, y la materia de impugnación no sea susceptible de escindirse, la competencia para resolver corresponde a la Sala Superior, para no dividir la continencia de la causa, ya que las Salas Regionales únicamente pueden conocer de los asuntos cuando su competencia esté expresamente prevista en la ley".
SEGUNDO. Procedencia. Esta Sala Superior considera que el medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 2; 8; 9, párrafo 1; 79 y 80, párrafo 1, inciso g), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
a) Forma. Se cumplen los requisitos esenciales previstos en el artículo 9, apartado 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque el escrito inicial se presentó ante el responsable, y en el escrito relativo se satisfacen las exigencias formales previstas en ese precepto, a saber: el señalamiento del nombre de los actores, su domicilio para recibir notificaciones, la identificación de la resolución impugnada y de los órganos partidistas responsables, la mención de los hechos y agravios que el actor estima le causa el acto reclamado, además de que el medio impugnativo cuenta con los nombres y las firmas autógrafas de los promoventes.
b) Oportunidad. La demanda de juicio ciudadano fue promovida oportunamente, pues el acto impugnado consiste en la omisión atribuida a varios órganos del Partido Verde Ecologista de México de dar contestación a la solicitud de información presentada el nueve de marzo del año en curso.
Frente a un acto como el que se trata, la actualización del término de cuatro días, previsto en el artículo 8, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es de tracto sucesivo.
Esto, porque de la norma citada, en relación con el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la ley referida, cuando se impugnen omisiones debe entenderse, en principio, que el acto genéricamente entendido, se realiza cada día que transcurre, por ser un hecho que se consuma de momento a momento y, en esa virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal para impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentada la demanda en forma oportuna, mientras subsista la obligación a cargo de la responsable de resolver la inconformidad interpuesta por el actor, como sucede en la especie.
El criterio de referencia está contenido en la jurisprudencia 15/2011, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:
"PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES. En términos de lo dispuesto en el artículo 8o., párrafo 1, en relación con el 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuando se impugnen omisiones de una autoridad electoral, debe entenderse, en principio, que el mencionado acto genéricamente entendido se realiza cada día que transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo y, en esa virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal para impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentada la demanda en forma oportuna, mientras subsista, la obligación a cargo de la autoridad responsable de convocar a elecciones y ésta no demuestre que ha cumplido con dicha obligación".
En virtud de lo anterior, cabe concluir que el plazo para la interposición oportuna de la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido, para impugnar la omisión de que se duele, no ha vencido.
c) Legitimación. El juicio de mérito fue promovido por Luis Rey Espejel Ramírez y Hafid Alonso García por su propio derecho y en su carácter de militantes del Partido Verde Ecologista de México, lo que acreditan con la documentación siguiente:
Hafid Alonso García, con copia simple de la certificación emitida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal, en la cual se hace constar que de la revisión de los archivos correspondientes se encuentra que el ciudadano referido es miembro del Consejo Político Estatal del Partido Verde Ecologista de México.
Luis Rey Espejel Ramírez, con copia simple de su credencial de militante del Partido Verde Ecologista de México con número de folio 20-2420275.
Tales instrumentos al tratarse de documentales privadas tienen un valor probatorio de indicio, acorde con lo establecido en el artículo 14, apartado 1, inciso b) y apartado 5, con relación al numeral 16, apartado 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que tales documentos deben ser adminiculados con otros medios de convicción.
Al respecto, dichos ciudadanos suscribieron el escrito de solicitud de información y cuya omisión de dar contestación constituye precisamente el acto reclamado en el presente juicio, por lo que tal documento tienen un valor probatorio de indicio, acorde con lo establecido en el artículo 14, apartado 1, inciso b) y apartado 5, con relación al numeral 16, apartado 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Asimismo, al rendir su informe circunstanciado el Presidente de la Comisión de Honor y de Justicia del Partido Verde Ecologista de México en forma alguna niega el carácter de militantes del dicho instituto político con el que se ostentan los ahora promoventes.
Aunado a ello, debe considerarse que la actitud procesal de dicho órgano partidista ha sido en el sentido de reconocerles el carácter de militantes a ambos ciudadanos.
Esto es así, porque entre las constancias que obran en autos se encuentran:
a) Original del Acuerdo de doce de marzo de dos mil doce, por virtud del cual, el Presidente de la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México se ordenó requerir a los comparecientes a fin de que en el término de cinco días presentaran nuevamente su escrito, ya que los tantos originales no se encontraban completos.
b) Original de la cédula de notificación de trece de marzo de dos mil doce, en virtud de la cual se hizo del conocimiento de Alberto Hernández Serna el contenido del acuerdo referido.
Como se advierte, la Comisión Nacional de Honor y Justicia del multicitado partido al recibir el escrito en cuestión determinó darle trámite y a tal efecto ordenó requerir a los solicitantes que entregarán nuevamente dicho escrito, ya que los tantos originales se encontraban incompletos, requerimiento que supuestamente se notificó a los interesados el trece de marzo de dos mil doce.
Estos actos procesales acreditan que la comisión mencionada reconoce que la solicitud de información en cuestión fue presentada por militantes del Partido Verde Ecologista de México, pues acorde con las reglas de la lógica y la experiencia a que se refiere el apartado 1 del artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo ordinario sería no dar trámite alguno a la solicitud presentada si el órgano partidista considerara que no son militantes del referido instituto político, así como manifestar tal situación al rendir su informe circunstanciado.
Sin embargo, lejos de realizar alguno de estos actos, la multicitada comisión nunca ha negado el carácter con que se ostentan los ciudadanos, sino que por el contrario, dio inicio al trámite correspondiente a efecto de atender la solicitud de información presentada, con lo cual es claro que les ha reconocido de manera tácita tal carácter, pues debe considerarse que acorde con lo dispuesto en el artículo 105 de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, los militantes tienen plenamente garantizado el acceder a la información partidaria que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial.
La adminiculación entre sí de todos los elementos probatorios descritos permite arribar a la conclusión de tener por acreditado el carácter de militantes con se ostentan los actores en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
d) Interés jurídico. En el presente medio impugnativo se controvierte la omisión de dar respuesta a la solicitud de información presentada por los ahora promoventes el nueve de marzo del año en curso, con lo cual, en concepto del demandante se conculca su derecho de petición y afiliación y en ese sentido, promueve el presente juicio por ser la vía idónea para restituir el derecho supuestamente conculcado.
De ahí que la causa de improcedencia invocada por la multicitada comisión partidaria resulte infundada.
e) Definitividad y firmeza de la resolución reclamada. Se cumple con el requisito establecido en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, apartado 1, inciso d) y 80, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues en el juicio se controvierte una omisión atribuida a varios órganos del Partido Verde Ecologista de México de dar contestación a la solicitud de información presentada por los ahora promoventes el nueve de marzo de dos mil once.
Esto es así, porque de la revisión de la normatividad estatutaria no se advierte algún recurso, juicio o algún otro medio de defensa a través del cual se pudiera controvertir la omisión aducida.
Al respecto, debe considerarse que en materia de acceso a la información, el artículo 106 de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México contempla el recurso de apelación que puede ser interpuesto ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia para impugnar cualquier decisión que tome el Consejo Político Nacional.
Sin embargo, el ámbito de impugnabilidad de dicho recurso no tiene un carácter genérico, es decir, no es un recurso que pueda interponerse respecto de cualquier decisión que se adopte en materia de acceso a la información.
Por el contrario, dicho ámbito es específico puesto que del análisis de la normatividad estatutaria se advierte que dicho registro sólo es procedente respecto de las decisiones adoptadas por el Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México en torno a las observaciones que presenten lo militantes respecto del padrón respectivo, así como a los movimientos registrales y su estado de afiliación al instituto político en cuestión.
En esas circunstancias, es claro que el recurso de apelación en cuestión se encuentra previsto para impugnar una serie de actos relacionados con las decisiones adoptadas por dicho consejo con relación al padrón de militantes, sin que entre los mismos se encuentre contemplada la posibilidad de impugnar la omisión materia de litis en el presente juicio.
De ahí que en la especie se cumpla el requisito bajo análisis.
En otro orden de ideas, el órgano partidista responsable manifiesta como causa de improcedencia las siguientes:
1. El acto es irreparable, porque el proceso de selección interna del Partido Verde Ecologista de México ya ha concluido, así como el registro de candidatos ante el Instituto Federal Electoral.
2. El acto impugnado se encuentra consentido expresa o tácitamente.
3. La demanda es frívola.
La causa de improcedencia a que se refiere el numeral 1 es infundada, porque en el caso el acto impugnado consiste en la omisión que se atribuye a los órganos partidistas responsables de dar contestación a la solicitud presentada por los ahora actores el nueve de marzo de dos mil doce.
Si bien la solicitud de información tiene que ver con los procesos de selección interna del Partido Verde Ecologista de México, lo cierto es que por esa sola circunstancia no puede estimarse que la conculcación aducida resulte irreparable, porque en el caso se impugna una omisión de dar contestación, la cual no puede estimarse irreparable, dado que este tipo de conculcaciones se actualizan en todo momento hasta que cesa la omisión en cuestión.
En efecto, al tratarse de una omisión es claro que la conculcación impugnada es de tracto sucesivo y se actualiza de momento a momento, por lo que es claro que esta situación en el supuesto de ser irregular debe cesar, pues lo contrario implicaría permitir la permanencia de una violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional, el cual resulta aplicable a los partidos políticos, según criterio reiterado de esta Sala Superior, como constatarse en la jurisprudencia 26/2002, cuyo rubro es: "DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. TAMBIÉN CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS".
De ahí que no pueda estimarse que el acto impugnado sea irreparable.
También es infundada la causa de improcedencia referida en el numeral 2, porque del análisis de las constancias que obran en autos en forma alguna se encuentra algún documento en el cual los actores hayan aceptado consentir la omisión que atribuyen a los órganos partidistas señalados como responsables de dar contestación a su petición de nueve de marzo de dos mil doce.
De hecho, la sola circunstancia de que hayan promovido el presente juicio constituye una muestra patente de que los actores nunca han consentido la omisión impugnada.
Finalmente, la causal de improcedencia señalada en el numeral 3, tampoco se actualiza.
Esta Sala Superior ha considerado que es obligación de los órganos jurisdiccionales del Estado, cumplir con la garantía de acceso a la justicia, es decir, el derecho a la tutela judicial o a la jurisdicción, consignado en los artículos 41, segundo párrafo, base VI, y 99, fracción V, en relación con los tres primeros párrafos del artículo 17 de la Constitución Federal, pues la finalidad esencial de la función jurisdiccional es que los tribunales estén expeditos para impartir justicia y resolver en forma definitiva, firme, pronta, completa e imparcial el medio de impugnación de que se trate, como un derecho de carácter instrumental, sencillo, rápido y efectivo, que permita controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos o resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos.
Por tanto, para que en términos de lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pueda considerarse que un medio de impugnación es frívolo, es menester que resulte notorio el propósito del actor de interponerlo sin existir motivo o fundamento para ello, o bien, que aquél no pueda alcanzar su objeto.
Esto es así, pues la frivolidad implica que el medio de defensa sea totalmente inconsistente, insubstancial, intrascendente o se contraiga a cuestiones sin importancia, y por ello, es que para desechar un juicio o recurso por esa causa, es necesario que esa frivolidad sea evidente y notoria de la sola lectura de la demanda, lo cual no sucede con la demanda presentada por los enjuiciantes, en tanto que señalan hechos y agravios encaminados a demostrar que, en su concepto, se vulneraron sus derechos de afiliación y petición en virtud de la omisión de dar respuesta su solicitud de información.
Sirve de apoyo a lo anterior, la ratio essendi del criterio de jurisprudencia sostenido por esta Sala Superior, que aparece publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, editada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomo de jurisprudencia, páginas 136 y 137, bajo el rubro "FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE."
De ahí que dicha causal de improcedencia no se actualiza.
TERCERO. En esencia, los actores manifiestan que les acusa agravio la circunstancia de que hasta el momento no se haya emitido la respuesta correspondiente a la solicitud de información presentada el nueve de marzo de dos mil doce.
El agravio es fundado, aunque para ello esta Sala supla su deficiencia, con fundamento en el artículo 23, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En efecto, esta Sala Superior ha determinado de manera reiterada que los artículos 8o. y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevén el derecho de petición en materia política a favor de los ciudadanos y el deber de los funcionarios y empleados públicos de respetarlo, cuando sea ejercido por escrito, de manera pacífica y respetuosa.
Para el cumplimiento eficaz de ese derecho, a toda petición formulada debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a la que se haya dirigido la solicitud, el cual se debe hacer del conocimiento del peticionario en breve plazo.
Este principio superior también constriñe a todo órgano o funcionario de los partidos políticos a respetarlo, en virtud de que el artículo 12, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral equipara a los institutos políticos con las autoridades del Estado, para la procedibilidad de los medios de impugnación en la materia.
En ese sentido, cuando la petición de un gobernado, elevada a cualquier autoridad e inclusive órgano intrapartidario, contiene la solicitud de obtener determinada información, se le debe dar una respuesta congruente, clara y fehaciente a la misma en forma clara y directa, para resolver sobre la pretensión deducida, además de notificarla al solicitante.
Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 5/2008, cuyo rubro es: "PETICIÓN. EL DERECHO IMPONE A TODO ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EL DEBER DE RESPUESTA A LOS MILITANTES".
Asimismo, se ha considerado que de la interpretación sistemática de los artículos 8° y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las autoridades u órganos partidarios deben dar respuesta a toda petición que se les planteé por escrito, de forma pacífica y respetuosa; en este orden, cuando considere que la solicitud no reúne los requisitos constitucionales, debe, en forma fundada y motivada, informar al peticionario las razones en que se apoya. Lo anterior, a fin de de no dejar en estado de indefensión al peticionario y para el efecto de que éste pueda hacer valer los medios de impugnación que a su derecho convengan.
Tal criterio se apoya en la tesis XXVIII/201, que tiene por rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. LA RESPONSABLE DEBE INFORMAR AL PETICIONARIO CUANDO CONSIDERE QUE SU SOLICITUD NO REÚNE REQUISITOS CONSTITUCIONALES".
Finalmente, este órgano jurisdiccional ha considerado que el derecho fundamental de petición, previsto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone a la autoridad o a los órganos partidistas la obligación de responder al peticionario en "breve término".
En ese sentido, la especial naturaleza de la materia electoral implica que esa expresión adquiera una connotación específica, más aún en los procesos electorales, durante los cuales todos los días y horas son hábiles, aunado a que la legislación adjetiva electoral precisa plazos brevísimos para la interposición oportuna de los medios de impugnación.
En consecuencia, para determinar el "breve término" a que se refiere el dispositivo constitucional, debe tomarse en cuenta, en cada caso, esas circunstancias y con base en ello dar respuesta oportuna.
Lo anterior, con sustento en la jurisprudencia 32/2010, de rubro. "DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN "BREVE TÉRMINO" ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO".
En el caso, los ahora actores presentaron el nueve de marzo de dos mil doce escrito mediante el cual solicitaron la información siguiente:
Por medio del presente atendiendo a los objetivos de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, a la Declaración de Principios y Programa de Acción aprobados por la Asamblea Nacional y por el Consejo Político Nacional, bajo protesta de decir verdad manifestamos que en ninguno de los diarios de circulación regional del Estado de Oaxaca o nacional; se ha publicitado convocatoria o documento alguno, como tampoco en su página electrónica oficial (sic).
En este punto conviene precisar que en autos obra original de la petición correspondiente, el cual se encuentra conformado por tres hojas tamaño carta de color blanco que se encuentran escritas sólo por una de sus caras.
Del análisis de tal escrito se advierte que en los últimos párrafos de la primera y segunda páginas la redacción se corta de manera tajante a grado tal que no se llega a completar la idea contenida en tales párrafos y, por ello, en la trascripción realizada, en los puntos correspondientes se agrega el término latino sic, que significa "así del original, y que se emplea en los textos escritos para indicar que la palabra o frase que lo precede es literal, aunque sea o pueda parecer incorrecta.
Al respecto, la mera lectura del texto de la petición permite advertir que el escrito se encuentra incompleto en las partes referidas.
Tal situación se ve corroborada si se considera que en el acuse de recibo aportado por los propios actores se advierte que el funcionario partidista que recibió la petición en cuestión asentó:
"Recibí cinco tantos de escrito signado por los c. Hafid Alonso García y Luis Rey Esparza Ramírez de fecha 8 de marzo de 2012 en tres fojas incompletas por una sola cara con cuatro anexos… ".
Como se advierte, en el acuse correspondiente se asentó de manera clara y precisa que los cinco tantos del escrito de petición constaban de tres fojas por una sola cara, advirtiendo el funcionario partidista que tales documentos se encontraban incompletos.
Debe considerarse que dicho acuse es aportado por los propios interesados, sin que en forma alguna manifiesten que lo asentado en dicho acuse es falso, o bien, expliquen o justifiquen la situación que al efecto describe el funcionario partidista.
Tampoco controvierten la autenticidad, veracidad o contenido del acuse correspondiente, por lo que acorde con las reglas de la lógica y la experiencia, a que se refiere el apartado 1 del artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tal elemento adminiculado con el original del escrito ya analizado hace prueba plena que al momento de entregar la petición correspondiente, el documento en el que constaba la misma se encontraba incompleto, con los últimos párrafos de la primera y segunda páginas cortados. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, inciso b) y apartado 5, con relación al numeral 16, apartado 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Tal situación, en forma alguna justificaba la falta de atención a la misma y, mucho menos autorizaba a desechar o no tomarla en cuenta, puesto que, como se ha visto, en esos casos los órganos partidistas tienen obligación de prevenir al solicitante a efecto de que subsane las omisiones advertidas.
El cumplimiento de este deber por parte de los órganos partidistas implica necesariamente la emisión de un acto o resolución debidamente fundado y motivado, en el cual de manera clara y precise informe al militante las omisiones advertidas o los requisitos incumplidos.
Asimismo, a efecto de que el militante tenga conocimiento de dicha situación es necesario que el órgano partidista se lo comunique de manera fehaciente y completa otorgándole un plazo prudente para ello, pues sólo de esa manera el afectado se encuentra en condiciones de subsanar las observaciones realizadas.
Ahora bien, en la especie, la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México al recibir el escrito correspondiente emitió acuerdo en virtud del cual ordenó requerir a los comparecientes a fin de que en el término de cinco días presentaran nuevamente su escrito, ya que los tantos originales no se encontraban completos. El acuerdo en cuestión fue del tenor siguiente:
"México Distrito Federal; 12 de marzo de 2012.
Con el escrito de fecha 8 de marzo de 2012 y recibido el día 9 de marzo de 2012, documentos y copias simples que acompañan fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número que corresponda. En atención a lo estipulado en los artículos 105 y 106 de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México en los que se regula el Acceso a la Información Pública, se previene a los promoventes C.C. Luis Rey Espejel Ramírez y Hafid Alonso García a fin de que dentro del término de CINCO DÍAS, presente nuevamente su escrito, ya que del mismo al no encontrarse completo no se le puede dar un lectura integra para poder desahogar su solicitud. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así y dentro del término antes concedido, no se dará trámite a la presente solicitud de información. NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma el C Xavier López Adame Presidente la Comisión Nacional de Honor y Justicia".
Como se advierte, el órgano partidista en cuestión una vez recibido el escrito de petición y en virtud de que el mismo se encontraba incompleto ordenó requerir a los ciudadanos solicitantes para el efecto de que presentarán nuevamente su escrito, acorde con lo dispuesto en la tesis citada y lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 106 de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México.
Sin embargo, lo ordenado por el presidente de la citada comisión no fue ejecutado correctamente, puesto que no se hizo del conocimiento de los ahora enjuiciantes, ya que la notificación que al respecto se realizó es indebida al haberse realizado con persona no autorizada.
En efecto, la supuesta notificación del acuerdo es del tenor siguiente:
"CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las 19:00 horas con 30 minutos del día 13 del mes de marzo de dos mil doce, el C. Raúl Serna Ramírez hago constar que estando en las oficinas que ocupa el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México, ubicadas en Loma Bonita Número 18, Colonia Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo, CP. 11950, de esta Ciudad, se presento el C. Alberto Hernández Serna, quien derivado de la promoción de fecha 8 de marzo de 2012, dirigida a los Integrantes de la Comisión Nacional de Honor y Justicia, suscrita por el C. Luis Rey Espejel Ramírez y Hafid Alonso García, se les requiere para que en un término de CINCO DÍAS, presenten nuevamente su escrito en forma legible; acto seguido procedí a notificar personalmente el citado requerimiento, signado por el Presidente de la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México al Ciudadano Alberto Hernández Serna manifestando su voluntad de ser notificado de la presente escrito en este momento e identificándose con Credencial de Elector expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, con número 339710808722, y agregándose una copia a la presente, manifestó quedar enterado de su contenido; firmando para constancia legal quienes intervenimos en la instrumentación de esta diligencia. Conste"
De la transcripción anterior, se advierte que la supuesta notificación se realizó conforme a las circunstancias siguientes:
- Tiempo: a las diecinueve horas con treinta minutos del trece de marzo de dos mil doce.
- Lugar: oficinas que ocupa el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México, ubicadas en Loma Bonita Número 18, Colonia Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo, CP. 11950, de esta Ciudad.
- Modo: notificación personal en virtud de la comparecencia de Alberto Hernández Serna.
La notificación así realizada se encuentra viciada en virtud de que la persona notificada no es ninguno de los actores y tampoco era persona autorizada para tales efectos.
Al respecto, constituye un principio general del Derecho, que se invoca en términos del apartado 1 del artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que toda notificación debe entenderse con el interesado o con persona autorizada para tales efectos, pues de lo contrario la misma carecerá de validez al haberse efectuado con persona distinta a los señalados, de tal forma que no existe certeza de que la persona que haya recibido la notificación conozca o ponga en conocimiento del interesado el contenido de la misma.
En el caso, en su escrito de petición, Luis Rey Espejel Ramírez y Hafid Alonso García señalaron como personas autorizadas para recibir notificaciones a Alejandro de Jesús Méndez Díaz, Martín Ortiz Peña, Raymundo Martín Ortiz Vega y Ana María del Carmen Ortiz Vega, que son las mismas personas que señala en su escrito de demanda.
Asimismo, en dicho escrito manifestaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Norte 74, número 3514, Colonia La Joya, Delegación Gustavo A. Madero, en México, Distrito Federal.
Acorde con lo anterior, se advierte que en el escrito de petición los ahora actores determinaron en forma expresa y precisa tanto el lugar como las personas autorizadas para recibir notificaciones, entre las cuales, en forma alguna se encontraba incluida Alberto Hernández Serna, que fue la persona con la que se entendió la diligencia de notificación en un domicilio distinto al señalado para tales efectos.
En esas circunstancias, es claro que la notificación carece de validez al haber sido realizada en circunstancias de modo y lugar incorrectas, esto es, con una persona y en un domicilio no autorizado por los actores para tales efectos.
Bajo esa perspectiva, se estima que la notificación en cuestión se encuentra viciada y, por ende, no es apta para producir los efectos correspondientes.
En consecuencia, es claro que hasta el momento en que se resuelve el presente medio de impugnación no se ha notificado de manera correcta el acuerdo emitido por el órgano partidista responsable en el cual se le requiere que presente su escrito de petición nuevamente, al estar incompleto el originalmente entregado, de tal forma que la circunstancia que haya transcurrido el término otorgado para subsanar tal situación no puede pararle perjuicio alguno a los demandantes, puesto que no se ha hecho de su conocimiento la prevención en cuestión.
No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que la multicitada comisión manifieste en su informe circunstanciado que la notificación se entendió con Alberto Hernández Serna, porque dicha persona manifestó que trabajaba con los autorizados y que había acudido a las oficinas del partido a entregar documentación relacionada con la petición de información.
Lo anterior, porque tales manifestaciones constituyen afirmaciones dogmáticas y subjetivas al no encontrarse sustentadas en medio de convicción alguna, por lo que resultan insuficientes para modificar la conclusión a la que se ha arribado, máxime que la notificación no podría ser convalidada por dicha circunstancia, puesto que la persona con la que se entendió no estaba autorizada por los ahora enjuiciantes para tales efectos.
Por todo lo expuesto, han transcurrido más de diez días desde que los promoventes presentaron su escrito de petición sin que hasta el momento de resolverse el presente asunto algún órgano partidista les haya notificado la circunstancia de que el escrito en cuestión se encuentra incompleto, tal y como lo exige tanto el artículo 106 de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México y la tesis sustentada por este órgano jurisdiccional.
CUARTO. Efectos. Consecuentemente, lo procedente es ordenar a la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México para que, de manera inmediata, una vez que la presente resolución se haga de su conocimiento, notifique personalmente a alguno de los interesados o de las personas autorizadas, en el domicilio señalado para tales efectos, el acuerdo dictado el doce de marzo de dos mil doce.
A tales efectos, deberá otorgarles tres días a los actores para que subsanen la observación realizada y entreguen la solicitud de información completa.
Una vez realizados tales actos y, en el caso, de que los militantes hayan entregado el escrito de solicitud de información completo deberá:
a) Remitir copia certificada de dicho escrito a los órganos del Partido Verde Ecologista de México a quienes se dirigió originalmente la petición, esto es, al Consejo Político Nacional; la Comisión Nacional de Procesos Internos, y el Comité Ejecutivo Nacional.
b) Proceder de manera inmediata a emitir de manera completa y congruente la contestación atinente a los planteamientos de los ahora actores.
Por su parte, los órganos del Partido Verde Ecologista de México a que se refiere el inciso a) deberán, una vez que reciban el escrito de solicitud de información, dar contestación al mismo de manera inmediata.
En el supuesto de que los actores no entreguen el escrito completo, dado que se trata del ejercicio de un derecho de petición, entonces los órganos partidistas responsables deberán, una vez transcurrido el plazo de la prevención, dar contestación y entregar a los peticionarios la información pertinente relativa a los incisos a) al k) del escrito de solicitud de información del nueve de marzo de dos mil doce.
Los responsables deberán informar a esta Sala Superior dentro de las veinticuatro horas siguientes, el cumplimiento de esta ejecutoria.
PRIMERO. Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto.
SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México que realice los actos ordenados en los considerandos Tercero y Cuarto de la presente resolución.
TERCERO. Se ordena al Consejo Político Nacional a la Comisión Nacional de Procesos Internos, y al Comité Ejecutivo Nacional, todos del Partido Verde Ecologista de México que actúen en los términos ordenados en el considerando Cuarto de la presente ejecutoria.
CUARTO. Se deberá informar a esta Sala Superior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, el cumplimiento de esta ejecutoria.
NOTIFÍQUESE, por correo electrónico a los demandantes, por así solicitarlo en su ocurso correspondiente; por oficio, a los órganos partidistas responsables, y por estrados, a los demás interesados. Lo anterior, con apoyo en los artículos 26, párrafo 3, 27 y 29, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, así como a lo establecido en el Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación número 3/2010, de seis de septiembre de dos mil diez, relativo a la implementación de las notificaciones por correo electrónico.
En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y devuélvanse los documentos correspondientes.

References: artículo 99
 artículo 105
 artículo 83
 artículo 9
 resolución 
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 105
 artículo 16
 resolución 
 artículo 106
 artículo 8
 artículo 17
 artículo 9
 artículo 23
 artículo 12
 artículo 8
 artículo 16
 artículo 14
 resolución 
 artículo 106
 artículo 2
 artículo 106
 resolución