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Timestamp: 2020-06-03 19:05:55+00:00

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Registro Oficial. 30 de ABRIL del 2001
Lunes 30 de Abril del 2001
100 Fíjase el valor de USS 100,oo\n (cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica),\n para los pasaportes diplomático, oficial, especial y ordinario;\n de US$ 50,oo (cincuenta dólares de los Estados Unidos\n de Norteamérica) para los pasaportes apátridas,\n que se venden en el país; y, el valor único de\n USS 100,oo (cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)\n los que se expenden en el exterior a través de los consulados\n ecuatorianos
-\n Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador\n y el Gobierno de la República del Perú: Sobre Cooperación en\n materia de producción, desarrollo alternativo, prevención\n del consumo, rehabilitación, control del tráfico\n ilícito de drogas y sustancias sicotrópicas y delitos\n conexos
01-AN-98 Acción de nulidad interpuesta\n por la Repú-blica de Colombia contra las resoluciones\n 476 del 14 de mayo de 1997 y 505 del 23 de julio de 1997 emanadas\n de la Junta del Acuerdo de Cartagena
71-IP-2000 Solicitud de interpretación prejudicial\n de los artículos 81; 83 literales a), b) y e); 96, 146\n y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo\n de Cartagena, proveniente del consejo de Estado de la República\n de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\n Primera. Proceso Interno N0 5195. Actor: HELADOS LA FUENTE S.A.\n Marca: FUENTE CLARA
21-IP-2000\n Interpretación\n prejudicial de los artículos 1, 6 párrafo b).y\n 7 párrafos c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado\n de la República de Colombia, Sección Primera Sala\n de lo Contencioso Administrativo, e interpretación de\n oficio de los artículos 17 y 29 ibídem. Actor:\n Sociedad AKTIEBOLAGET ASTRA. Solicitud de patente: "PROCEDIMIENTO\n PARA LA PREPARACION DE DERIVADOS DE SAL DE BILIS HUMANA ESTIMULADA\n POR LIPASA y PARA LA PREPARACION DE COMPOSICIONES FARMACEUTICAS\n QUE LOS CONTIENEN"
-\n Cantón Salinas:\n Constitutiva del Patronato Municipal
-\n Cantón Santa Rosa:\n De administración, regulación y establecimiento\n de tarifas del cementerio general de esta ciudad
-\n Cantón Santa Rosa:\n Que reglamenta la prestación de servicio del camal municipal\n y la determinación y recaudación de la tasa de\n rastro
-\n Cantón Cascales:\n Del Patronato Municipal de Amparo Social
-\n Provincia de Tungurahua:\n De entrega\n de distinciones por el aniversario de creación.\n \n
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 022 de marzo 3 del 2000,\n se fijó nuevos valores para los pasaportes diplomáticos,\n oficiales, especiales 'y ordinarios que se comercializan en el\n interior del país;
Que, el señor Juez Séptimo de lo Penal del Guayas,\n mediante recurso de amparo constitucional propuesto por el señor\n Carlos Garzón y otros en contra de este Portafolio y Gobernador\n del Guayas. suspendió el incremento de los valores de\n los pasaportes constantes el citado acuerdo ministerial;
Que, la Primera Sala del Tribunal Constitucional mediante\n Resolución No. 047-RA-01-I.S de enero 31 del 2001, resuelve\n revocar la resolución subida en grado, desechando la acción\n de amparo constitucional planteada por Carlos Garzón y\n otros, por improcedente; y.
En ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 118\n de la Lev de Régimen Tributario Interno.
Art. 1.- Fijase el valor de US$ 100,oo (Cien dólares\n de los Estados Unidos de Norteamérica), para los pasaportes\n diplomático, oficial, especial y ordinario; de US$ 50,oo\n (Cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)\n para los pasaportes apátridas, que se venden en el país;\n y, el valor único de US$ 100.oo (Cien dólares de\n los Estados Unidos de Norteamérica) los que se expenden\n en el exterior a través de los consulados ecuatorianos.
Art. 2.- Los pasaportes comercializados y cuya recaudación\n fuera efectuada por el banco Nacional de Fomento, el Ministerio\n .de Relaciones Exteriores y las gobernaciones de cada provincia\n deberán entregar a los beneficiarios que constan en el\n estado de cuenta que diariamente remite el banco Nacional de\n Fomento a las citadas instituciones, hasta el día anterior\n a la publicación del presente acuerdo ministerial en el\n Registro Oficial.
Art. 3.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y las gobernaciones\n del país autorizadas para la emisión y concesión\n de pasaportes una vez asignados los pasaportes a los beneficiarios\n de los mismos, deberán elaborar el acta de constatación,\n verificación y revalorización de pasaportes, con\n la finalidad de incrementar el valor que realmente debe constar\n contablemente en custodia, copia de la misma deberá remitirse\n a la Dirección Nacional de Tesorería de este Portafolio.
Art. 4.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial\n encárguese y notifíquese a la Subsecretaria de\n Presupuestos y Contabilidad Gubernamental, Dirección Nacional\n de Tesorería, División de Especies Fiscales, Ministerio\n de Relaciones Exteriores, gobernaciones de las provincias del\n país, autorizadas y Banco Nacional de Fomento.
Art. 5.- El presente acuerdo ministerial entrará en\n vigencia a partir de la fecha de publicación en el Registro\n Oficial.
Comuníquese.- Dado en el Distrito Metropolitano de\n la ciudad de San Francisco de Quito, a 16 de abril del 2001.
ACUERDO ENTRE\n EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA\n DEL PERU SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PRODUCCION, DESARROLLO\n ALTERNATIVO, PREVENCION DEL CONSUMO, REHABILITACION, CONTROL\n DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS Y DELITOS\n CONEXOS
El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno\n de la República del Perú, denominados en adelante\n "las Partes"
Conscientes que la producción, tráfico ilícito\n y consumo indebido de drogas constituye un problema cuyas características,\n evolución y magnitud a nivel internacional demandan la\n unificación de esfuerzos y recursos entre los Estados;
Reconociendo que los distintos aspectos de la problemática\n de las drogas tienden a poner en peligro la salud de sus respectivas\n poblaciones, a socavar sus economías en detrimento de\n su desarrollo y a atentar contra la seguridad e intereses esenciales\n de ambos países;
Interesados en fomentar la cooperación para prevenir\n y controlar el tráfico ilícito y el consumo indebido\n de drogas, mediante el establecimiento y fortalecimiento de políticas,\n así como la ejecución de programas específicos\n que permitan una comunicación directa y un eficiente intercambio\n de información directa entre los organismos competentes\n de ambos Estados;
Teniendo en cuenta las recomendaciones contenidas en la "Convención\n de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito\n de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas", aprobada\n en Viena el 20 de diciembre de 1988, en adelante llamada "la\n Convención", la Conferencia Ministerial concerniente\n al Lavado de Dinero e Instrumentos del Delito suscrita en Buenos\n Aires, Argentina, el 2 de diciembre de 1995, así como\n en la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, aprobada por la\n CICAD, el 16 de octubre de 1996;
Considerando que por el creciente e ilícito beneficio\n económico de las organizaciones de delincuentes dedicadas\n a la producción, fabricación, tráfico, distribución\n y venta de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y\n sus delitos conexos, se hace necesario realizar acciones coordinadas\n para perseguir los bienes producto de estas actividades;
Preocupados por los daños irreparables que causa a\n la vida humana el uso indebido de sustancias estupefacientes\n y sicotrópicas;
Considerando que para obtener resultados eficaces contra las\n diversas manifestaciones del tráfico ilícito de\n estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sus delitos\n conexos, se hace necesario el intercambio permanente de información\n con el fin de prevenir, controlar y reprimir todas las manifestaciones\n de esta actividad ilícita;
Reconociendo la necesidad de adoptar medidas conjuntas para\n la Fiscalización Sanitaria de drogas de uso médico,\n a fin de evitar su desvío a canales ilícitos y\n uso indebido;
Comprendiendo que el fenómeno de las drogas es un problema\n complejo e integral y conscientes de la necesidad de fortalecer\n estrategias tanto en el ámbito de la Prevención/Promoción\n de la Salud, como en los sistemas de Rehabilitación y\n Tratamiento, se hace necesario el intercambio de experiencias\n exitosas, de investigaciones relevantes y de especialistas a\n fin de contribuir al perfeccionamiento mutuo de las intervenciones\n realizadas o por realizarse;
OBJETIVO Y AMBITO
1. El propósito del presente Acuerdo es emprender esfuerzos\n conjuntos entre las Partes, a fin de armonizar políticas\n de cooperación técnica y financiera y realizar\n programas específicos en materia de desarrollo alternativo,\n prevención y control eficaz de la producción, el\n tráfico ilícito y consumo de drogas, así\n como los delitos conexos.
2. Las Partes cumplirán las obligaciones derivadas\n del presente Acuerdo conforme a los principios de autodeterminación,\n no intervención en asuntos internos, igualdad jurídica\n y respeto a la integridad territorial de los Estados.
3. Las Partes se prestarán asistencia técnica\n para apoyar programas de capacitación en las áreas\n de experiencia de cada una de ellas, con el fin de mejorar la\n eficacia tanto en las estrategias de prevención, prevención\n de la salud, tratamiento y rehabilitación así como\n en los resultados de la lucha contra todas las modalidades del\n tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias\n sicotrópicas y sus delitos conexos.
4. Las Partes, cuando sea el caso y siempre que no contravengan\n su derecho interno podrán, a través de las Autoridades\n Competentes, desarrollar acciones coordinadas para realizar operaciones\n de investigación contra la producción, tráfico,\n venta y distribución ilícita de estupefacientes\n y sustancias sicotrópicas y delitos conexos.
1. Las Partes podrán brindarse la información\n que posean sobre presuntos delincuentes individuales o asociados,\n sus métodos de acción relacionados con el tráfico\n ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas\n y delitos conexos.
2. Las Partes cooperarán entre si para brindarse información\n sobre rutas de naves y aeronaves de las que se sospeche están\n siendo utilizadas para el tráfico ilícito de estupefacientes,\n sustancias sicotrópicas, y demás conductas descritas\n en el numeral 1, articulo 3 de la Convención a fin de\n que las Autoridades Competentes puedan adoptar las medidas que\n consideren necesarias.
3. Las Partes intercambiarán información sobre\n políticas y programas de prevención y rehabilitación\n de adictos, legislación vigente, investigación\n policial respecto del tráfico ilícito de estupefacientes\n y sustancias sicotrópicas y demás conductas descritas\n en el numeral 1, articulo 3 de la Convención.
4. Las Partes igualmente, y en la medida que lo permita su\n ordenamiento interno, darán a conocer los resultados obtenidos\n en las investigaciones y procesos adelantados por las Autoridades\n Competentes respectivas. Como consecuencia de la cooperación\n brindada en virtud de este Acuerdo, informarán sobre las\n actividades de interdicción que se hayan adelantado como\n resultado de la asistencia prevista en este instrumento.
5. Las Partes se comprometen a utilizar los medios propios\n y, cuando sea el caso, recurrirán a los previstos por\n INTERPOL, para el intercambio de información no judicializada;\n asimismo, y en circunstancias urgentes, las Partes podrán\n acudir a la INTERPOL para transmitir las solicitudes de asistencia\n judicial recíproca y cualquier otra información,\n según lo prevé la Convención.
CONTROL DE INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
1. Las Partes cooperarán entre sí brindándose\n información sobre las importaciones y exportaciones de\n insumos y productos químicos fiscalizados en ambos países,\n estableciendo para tal efecto un procedimiento común.
\n 2. Las Partes se prestarán amplia cooperación para\n el control de insumos y productos químicos que puedan\n ser utilizados en la producción ilícita de drogas,\n intercambiando información sobre la existencia legal de\n empresas productoras. comercializadoras y usuarias de dichos\n productos.
3. Las Partes se prestarán cooperación técnica\n sobre los métodos detectados de producción de cocaína\n y los usos ilícitos de insumos y productos químicos\n sustitutos de los que las normatividades vigentes en ambos países\n establecen control, a fin de estudiar su inclusión en\n el control.
1. Las Partes intercambiarán información, publicaciones,\n estudios e investigaciones sobre actividades económicas\n alternativas a los cultivos empleados para la producción\n de estupefacientes. Serán áreas de especial interés\n el monitoreo de cultivos y evaluaciones de impacto de proyectos\n de desarrollo alternativo, así como las tecnologías\n en actividades productivas y de transformación, agrícolas,\n pecuarias, forestales, acuícolas y otras.
1. Las Partes se prestarán asistencia técnica\n a fin de promover la investigación orientada a levantar\n información relevante a aspectos relacionados con la Prevención/Promoción\n de la Salud y Tratamiento y Rehabilitación.
2. Las Partes se prestarán asistencia técnica\n a fin de diseñar, en la medida de lo posible, un sistema\n de información que, respetando las particularidades de\n cada país, desarrolle ejes comunes 'y comparables.
3. Las Partes, de acuerdo a sus posibilidades, podrán\n intercambiar publicaciones pertinentes a los temas de Prevención/Promoción\n de la Salud y Tratamiento y Rehabilitación elaborados\n por instituciones locales gubernamentales y no gubernamentales.
4. Las Partes facilitarán la incorporación mutua\n a las Redes Sociales Institucionales y de información\n a las que pertenecen cada una de ellas, en relación a\n los temas de Prevención/Promoción de la Salud y\n Tratamiento y Rehabilitación.
MEDIDAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS,\n DINERO Y DELITOS CONEXOS
1. Las Partes se facilitarán asistencia mutua para\n el intercambio ágil y seguro de información financiera,\n cambiaria y comercial, a fin de detectar y 'realizar el seguimiento\n de presuntas operaciones de lavado.
2. Las Partes asegurarán que las instituciones financieras\n bajo su jurisdicción y sujetas a sus leyes nacionales,\n conserven la información pertinente a cada transacción\n sometida a control.
\n 3. Las Partes dispondrán que sus instituciones financieras\n reporten a la Autoridad Competente, cualquier transacción\n inusual realizada por alguno de sus clientes.
4. Las Partes se prestarán la más amplia cooperación\n técnica sobre los métodos y mecanismos más\n efectivos para prevenir, detectar, controlar, investigar y sancionar\n los actos de lavado de activos o de dinero realizados a través\n del sector financiero.
5. Las Partes no podrán invocar el secreto bancario\n o tributario para negarse a prestar la asistencia recíproca\n con arreglo al presente Acuerdo y el secreto o reserva comercial\n no podrá convertirse en obstáculo para la aplicación\n de este Acuerdo, de conformidad con la legislación de\n los Estados.
6. Las Partes deberán intercambiar recíprocamente\n la información sobre los bienes y signos exteriores de\n riqueza de los ciudadanos sometidos a investigaciones por lavado\n de activos tanto en un país como en el otro.
FISCALIZACION SANITARIA
1. Las Partes realizarán una estrecha cooperación\n entre las Autoridades Competentes de la Fiscalización\n Sanitaria en ambos países a fin de evitar que las sustancias\n estupefacientes, sicotrópicas, precursores y medicamentos\n que los contienen se desvíen hacia canales ilícitos.
2. Las Partes, a través de sus Autoridades Competentes,\n intercambiarán información técnica y científica\n en el área, la legislación vigente y el movimiento\n internacional ilícito de las drogas de uso médico\n para ambos países.
Las Partes, en la medida de lo posible, realizarán\n seminarios, conferencias y cursos de entrenamiento y especialización\n sobre las materias objeto de este Acuerdo.
1. Las Partes se prestarán asistencia técnica\n en la planificación y ejecución de programas de\n investigación y capacitación encaminadas a intercambiar\n conocimientos sobre la actividad de las organizaciones criminales\n en todos los eslabones propios del tráfico ilícito\n de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sus delitos\n conexos.
1. Las Partes se prestarán asistencia técnica\n promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias en\n el campo del desarrollo alternativo, mediante la visita de directivos\n y especialistas a programas y proyectos en ejecución así\n como la realización de conferencias, seminarios, talleres\n y otros eventos con la participación de especialistas\n de ambos países.
2. Las Partes se prestarán asistencia técnica\n para la capacitación de especialistas en temas tales como\n la planificación, monitoreo y evaluación de proyectos\n de desarrollo alternativo y en tecnologías de producción\n y transformación agrícola, pecuaria, forestal,\n acuícola y otras relacionadas con la promoción\n de economías alternativas.
3. Las Partes se prestarán asistencia técnica\n en materia de investigación, diseño y ejecución\n de proyectos económicos, sociales, ambientales, étnicos\n y comunitarios relacionados con el desarrollo alternativo.
1. Las Partes promoverán el intercambio de propuestas\n para el desarrollo de programas novedosos que abran nuevas alternativas\n y posibilidades en el ámbito de la Prevención/Promoción\n de la Salud y Tratamiento y Rehabilitación.
2. Las Partes intercambiarán experiencias acerca del\n rol de los distintos servicios terapéuticos en la oferta\n de asistencia y las necesidades que se derivan de los mismos.
3. Las Partes planearán un estudio y elaborarán\n proyectos de sensibilización de la comunidad con el objeto\n de apoyar la reinserción de drogodependientes.
ACCIONES COORDINADAS EN MATERIA DE INTERDICCION
Las Partes, siempre que la efectividad de un operativo contra\n el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias\n sicotrópicas y delitos conexos lo requiera, llevarán\n a cabo acciones coordinadas desde la jurisdicción de cada\n una de ellas, pudiendo intervenir embarcaciones de ambas naciones,\n sospechosas de realizar tráfico ilícito de drogas\n en los espacios fluviales limítrofes de ambas naciones.
2. Con el fin de mejorar la cooperación prevista en\n el presente Acuerdo y de conformidad con lo establecido en el\n literal (a) numeral 1 del Articulo 9 de la Convención,\n las Partes considerarán la designación de oficiales\n de enlace, evento en el que procederán a definir de común\n acuerdo el perfil y las funciones a desempeñar.
3. Las Partes se asistirán para planear y organizar\n acciones coordinadas contra el tráfico ilícito\n de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sus delitos\n conexos. Para la ejecución de las operaciones resultantes\n de la asistencia prevista en este articulo, las Autoridades Competentes\n de cada una de las Partes actuarán únicamente en\n su respectivo territorio.
COMISION ECUATORIANO-PERUANA
1. Para la aplicación del presente Acuerdo se crea\n una Comisión Ecuatoriano-Peruana integrada por miembros\n designados por las Autoridades Competentes de las dos Partes,\n la misma que retomará los trabajos de la Comisión\n Mixta que estuvo en funciones en el marco del Convenio entre\n el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno\n de la República del Perú para la Represión\n del Uso Indebido de Drogas y Tráfico Ilícito de\n Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en\n la ciudad de Quito, Ecuador, el 25 de octubre de 1985.
2. La Comisión tendrá, además de las\n que le concedan las Autoridades Competentes, las siguientes funciones:
a) Servir de comunicación entre las Autoridades Competentes\n de ambos países en el ámbito de aplicación\n del presente acuerdo;
b) Proponer a las Autoridades Competentes de ambos países\n las condiciones de cooperación en las materias a que se\n refiere el presente acuerdo;
c) Proponer a las Autoridades Competentes los acuerdos administrativos\n y normas a que se refiere este acuerdo;
d) Realizar el seguimiento en la aplicación de los\n programas e intercambios previstos en el presente acuerdo;
e) La Comisión podrá constituir en su seno grupos\n de trabajo y podrá recabar la colaboración de cualquier\n otra entidad susceptible de ayudar en su labor, ello a propuesta\n de una o de las dos Partes; y.
f) Independientemente de las reuniones de los grupos de trabajo,\n la Comisión se reunirá cuando lo solicite una de\n las partes con dos meses de antelación a la fecha prevista\n para la reunión, salvo en casos extraordi-narios que aconsejen\n su inmediata convocatoria para el análisis de los trabajos\n en curso, definición de orientaciones y evaluación\n de los resultados obtenidos etilos diversos campos de la actuación.
1. Toda información comunicada de cualquier forma,\n tendrá carácter confidencial o reservado, según\n el derecho interno de cada una de las Partes.
2. La información obtenida deberá ser utilizada\n únicamente para los efectos del presente Acuerdo. En caso\n de que una de las Partes la requiera para otros fines, deberá\n contar previamente con la autorización por escrito de\n la Autoridad Competente que la haya proporcionado y estará\n sometida a las restricciones impuestas por la misma.
3. Lo dispuesto en el numeral anterior, no será obstáculo\n para la utilización de la información en el marco\n de acciones judiciales iniciadas por las Partes como consecuencia\n del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias\n sicotrópicas y sus delitos conexos. La utilización\n de dicha información y sus resultados será comunicada\n a la Autoridad Competente que la proporcionó.
1. Cualquier controversia que pueda surgir sobre la interpretación\n o aplicación del presente Acuerdo será solucionada\n directamente por las Partes, para lo cual realizarán,\n consultas con la(s) Autoridad(es) Competente(s) respectiva(s).
2. El presente Acuerdo regirá provisionalmente a partir\n de su suscripción y entrará en vigencia definitiva\n en la fecha en que ambos Gobiernos se informen por intercambio\n de notas diplomáticas que han procedido a su aprobación\n de conformidad con sus respectivas legislaciones intentas.
3. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado\n el presente Acuerdo mediante denuncia formalizada a través\n de nota diplomática. la cual surtirá efecto seis\n (6) meses después de la fecha de recepción por\n la otra Parte. Las solicitudes de asistencia realizadas durante\n este término serán atendidas por la Parte requerida.
Las Partes designan a las siguientes autoridades para la ejecución\n del presente Acuerdo: Por la República del Ecuador, al\n Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos\n (CONSEP) y, por la República del Perú, al Ministerio\n de Relaciones Exteriores y a la Comisión de Lucha contra\n el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS).
Suscrito en la ciudad de Quito. a los veintiséis días\n del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en dos\n ejemplares. en idioma castellano, siendo los dos textos igualmente\n válidos y auténticos.
f) Carlos Bergamino Cruz, General de Ejército, Ministro\n de Defensa.
Certifico que es fiel copia del documento original que reposa\n en los archivos de la Dirección General de Tratados del\n Ministerio de Relaciones Exteriores.
Lo certifico.- Quito, 7 de marzo del 2001.
f) Embajador Jaime Marchán. Secretario General de Relaciones\n Exteriores.
5-12-M/588
\n Dirección General de Tratados
La Embajada del Perú saluda muy atentamente al Honorable\n Ministerio de Relaciones Exteriores -Dirección General\n de Tratados- y tiene a honra informar que el Gobierno peruano\n ha ratificado el Acuerdo suscrito con la República del\n Ecuador sobre Cooperación en materia de producción,\n desarrollo alternativo, prevención del consumo, rehabilitación,\n control del tráfico ilícito de drogas y sustancias\n sicotrópicas y delitos conexos.
Dicho acuerdo fue suscrito en Quito, el 26 de octubre de 1999,\n por el Ministro de Defensa peruano, General Carlos Bergamino\n Cruz y por el Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, doctor\n Benjamín Ortiz Brennan, en ocasión del primer aniversario\n de la firma de la paz definitiva entre nuestros países.
El referido acuerdo fue ratificado mediante Decreto Supremo\n N0 068-99-RL publicado en el diario oficial "El Peruano"\n el 5 de diciembre de 1999.
La Embajada del Perú aprovecha la oportunidad para\n reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores -Dirección\n General de Tratados- las seguridades de su más alta y\n distinguida consideración.
Quito, 8 de diciembre de 1999.
Certifico que es fiel copia del documento que reposa en los\n archivos de la Dirección General de Tratados del Ministerio\n de Relaciones Exteriores.
Lo certifico.- Quito. 7 de marzo del 2001.
NOTA N0 25638/DGT
\n EMBAJADA DEL PERU
\n Ciudad.-
EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES -DIRECCION GENERAL\n DE TRATADOS- saluda atentamente a la Honorable Embajada del Perú\n y tiene el honor de referirse al Acuerdo entre el Gobierno de\n la República del Ecuador y el Gobierno de la República\n del Perú sobre Cooperación en materia de producción,\n desarrollo alternativo, prevención del consumo, rehabilitación,\n control de tráfico ilícito de drogas y sustancias\n scotrópicas y delitos conexos, suscrito el 26 de octubre\n de 1999.
Sobre el particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores\n -Dirección General de Tratados-, se complace en hacer\n del conocimiento de la Honorable Embajada del Perú, que\n el Gobierno Nacional, mediante Decreto Ejecutivo N0 1296 de 2\n de marzo del año en curso, ratificó dicho instrumento,\n el cual, consecuentemente entra en vigencia en la fecha de esta\n notificación ecuatoriana, como se determina en su cláusula\n de vigencia.
EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES -DIRECCION GENERAL\n DE TRATADOS-, aprovecha la ocasión para reiterar a la\n Honorable Embajada del Perú, la seguridad, de su más\n alta y distinguida consideración.
Quito, a 6 de marzo del 2001.
Acción de Nulidad interpuesta\n por la República de Colombia contra las Resoluciones 476\n del 14 de mayo de 1997 y 505 del 23 de julio de 1997 emanadas\n de la Junta del Acuerdo de Cartagena
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la acción\n de nulidad interpuesta por la República de Colombia contra\n las Resoluciones 476 del 14 de mayo de 1997 y 505 del 23 de julio\n de 1997 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, mediante las cuales\n se calificó como restricción al comercio el depósito\n no remunerado establecido por la Junta Directiva del Banco de\n la República para la financiación externa de importaciones.
Quito, a los 13 días del mes de octubre del año\n 2000.
La demanda interpuesta el 18 de mayo de 1998, por la cual\n la República de Colombia solicita que este Tribunal declare\n la nulidad de las Resoluciones 476 y 505, por supuesta violación\n de las normas del ordenamiento jurídico andino.
El escrito SG/AJ/C 092-98 de fecha 3 de julio de 1998, recibido\n en este Tribunal el 6 de los mismos mes y año, de contestación\n a la demanda.
Las pruebas aportadas por las partes y las ordenadas por el\n Tribunal; el acta de audiencia pública celebrada el 9\n de septiembre de 1 999; los escritos de conclusiones; y demás\n documentos que cursan en el expediente;
\n Con vista de todo lo cual este Tribunal pasa a realizar un resumen,\n con arreglo a lo que aparece de autos, tanto de los hechos y\n de las argumentaciones de las partes, como de los pedimentos\n formulados por las mismas en el libelo de demanda y en las conclusiones\n de la audiencia pública, aportadas por ellas al proceso.
Con fechas 2 y 22 de abril de 1997 los Gobiernos de las Repúblicas\n de Venezuela y Bolivia, respectivamente, se dirigieron a la entonces\n Junta del Acuerdo de Cartagena con el objeto de solicitar el\n pronunciamiento de la referida Institución comunitaria\n respecto del alcance y legitimidad, a la luz del ordenamiento\n jurídico andino, de la Resolución Externa No. 4\n del 12 de abril de 1997 expedida por el Gobierno de Colombia.\n específicamente por la Junta Directiva del Banco de la\n República de ese País Miembro.
En atención a la solicitud presentada por los Gobiernos\n de Venezuela y Bolivia, el 31 de marzo de 1997 la Junta del Acuerdo\n de Cartagena mediante comunicación J7AJ/F 107-97 solicitó\n del Gobierno de Colombia que informe y aclare si el Banco de\n la República efectivamente adoptó una medida que\n impondría controles al crédito externo de corto\n plazo a través de la constitución de un depósito\n del cincuenta por ciento por un término de 18 meses.
El 11 de abril de 1997 el Gobierno de Colombia informó\n a la Junta que la Resolución Externa No. 4 de 1997, adoptada\n por el Banco de la República, corresponde a la modificación\n de una medida sobre endeudamiento externo que se encuentra vigente\n desde .1993 (Resolución externa No. 21 de la Junta Directiva\n del Banco de la República), que la modificación\n incorporada por la Resolución No. 4 de 1997. consistiría\n en la ampliación del plazo establecido para los préstamos\n en moneda extranjera, para los cuales se exige un depósito\n el cual es un requisito para que el préstamo pueda registrarse\n en el banco central y canalizarse en el mercado cambiario. Agregó\n el Gobierno de Colombia que la Resolución externa No.\n 4 de 1997 establece que los préstamos en moneda extranjera\n que obtengan los residentes en el país cuyo plazo sea\n igual o inferior a sesenta meses deben constituir un depósito\n en pesos equivalente al 50% del crédito, aclarando que\n anteriormente el plazo era de treinta y seis meses.
El 14 de mayo de 1997 la Junta del Acuerdo de Cartagena expidió\n la Resolución N0 476, por la cual determinó que\n "el depósito a efectos del registro de financiamiento\n de importaciones exigido por el Gobierno de Colombia constituye\n una restricción que incide sobre la importación\n de productos originarios y procedentes de los Países Miembros.\n a los efectos del Capítulo V sobre el Programa de Liberación\n del Acuerdo de Cartagena".
Contra la Resolución N0 476, el 19 de junio de 1997\n la República de Colombia interpuso recurso de reconsideración,\n el cual fue declarado sin lugar por la Junta del Acuerdo de Cartagena,\n mediante la Resolución N0 505 de fecha 23 de julio de\n 1997.
Con la presente acción, la República de Colombia\n pretende que el Tribunal declare la nulidad total de las Resoluciones\n 476 y 505 de la Junta de Acuerdo de Cartagena, mediante las cuales\n se califico como restricción al comercio, a los efectos\n del Programa de Liberación. el depósito, previo\n al registro de financiamiento de importaciones, exigido por el\n Gobierno de Colombia.
La actora invoca como violadas las disposiciones contenidas\n en los artículos 41, 42 y 43 del Acuerdo de Cartagena,\n correspondientes a los artículos 71, 72 y 73 de la vigente\n codificación (Decisión 406 de la Comunidad Andina),\n que preveo un programa de liberación cuyo objeto es eliminar\n los gravámenes y restricciones de todo orden, incluyendo\n los cambiarlos, que incidan sobre la importación de productos\n originarios del territorio de cualquier país miembro.
Expresa que Colombia, desde principios de la década\n de los 90, ha experimentado un fenómeno de entrada masiva\n de capitales que ha dificultado su manejo macroeconómico.\n Por esta razón -agrega- desde 1993 la Junta Directiva\n del Banco de la República como autoridad cambiaria, impuso\n al funcionamiento externo de corto plazo un mecanismo de depósito\n no remunerado, cuyo monto y duración se ha modificado\n desde entonces conforme al comportamiento del mercado cambiario\n colombiano.
Señala que, a la fecha de la demanda, el depósito\n no remunerado se aplica a la financiación externa obtenida\n por los residentes colombianos sin importar el plazo pactado.\n El monto del depósito es equivalente al 25% del valor\n desembolsado y debe mantenerse por un lapso de un año.\n No obstante, el depósito puede retirarse anticipadamente\n con sujeción a una tabla de descuento.
Afirma también que la finalidad del depósito\n no remunerado es igualar el costo de los créditos externos\n a los internos para los plazos mayores con el fin de desincentivar\n la entrada de capitales de corto plazo, agregando que la conveniencia\n de que los países cuenten con instrumentos de este tipo\n había sido materia de discusión no sólo\n en el marco de la primera reunión del Consejo Asesor de\n Ministros de Hacienda, Gobernadores de Bancos Centrales y organismos\n encargados de la planificación económica de la\n Comunidad Andina realizada en Quito en el mes de marzo de 1998,\n sino también en los organismos multilaterales de crédito.
Con respecto a la motivación de la Resolución\n 476 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, sostiene que la JUNAC\n fundamentó su decisión en el Informe de la Reunión\n de Expertos Gubernamentales sobre Asuntos Cambiarios, de fecha\n 7 de junio de 1989, en el cual se clasifica a las restricciones\n cambiarias en tres grupos: las cuantitativas de cambios, las\n cambiarias de costo -aquellas que incrementan el costo de las\n divisas y sólo actúan indirectamente sobre la cantidad\n demandada de divisas- y las restricciones administrativas. Señala\n al respecto que. en el caso especifico de las importaciones,\n la Resolución Externa 21 de 1993 no contempla norma alguna\n que impida, restrinja o limite el acceso a los importadores colombianos\n al mercado cambiario para adquirir, a la tasa vigente en el increado,\n las divisas necesarias para atender sus compromisos y que, por\n el contrario, basta que el importador acuda a alguna de las entidades\n autorizadas para que pueda adquirir las divisas necesarias para\n cumplir sus obligaciones de comercio exterior. Es más\n -añade- el régimen colombiano autoriza el pago\n de importaciones en moneda legal colombiana y autoriza a los\n residentes del exterior a adquirir divisas en el mercado cambiario\n colombiano con el producto de exportaciones canceladas en moneda\n legal colombiana.
Descarta la actora que el depósito no remunerado pueda\n constituir una restricción cuantitativa de cambios, tales\n como una licencia de cambios, cuotas o contingentes de divisas,\n presupuestos de divisas o la prohibición o suspensión\n temporal de asignación de divisas; ni que pueda ser considerada\n como restricción cambiaria de costos (tipos de cambios\n diferenciados, impuesto a la adquisición de divisas, diferenciales\n no bancarios, depósitos previos o garantías para\n poder acceder a las divisas, plazos mínimos para el pago\n o remesa de divisas, financiamiento externo obligatorio de las\n importaciones u obligatoriedad de apertura de cartas de crédito).\n Finalmente, la medida en análisis, en opinión de\n la actora, tampoco se encuentra comprendida entre las restricciones\n administrativas que dificulten el acceso de divisas, pues no\n es de aquellas que directamente incrementan. el precio de éstas,\n y que sólo actúan indirectamente sobre la cantidad\n demandada de las mismas. Concluye que resulta evidente que las\n conclusiones del Grupo de Expertos utilizadas por la Junta para\n sustentar el acto que se demanda no guardan relación alguna\n con la supuesta restricción alegada y por lo tanto, resultan\n inaplicables para motivar la decisión tomada en la Resolución\n 476.
Por último, afirma que la obligación del depósito\n no encarece los costos en que incurren los importadores y que\n la medida no tiene como propósito impedir que se hagan\n importaciones o que se atiendan los compromisos de comercio exterior\n adquiridos, sino la de evitar movimientos de capital de corto\n plazo.
c) La contestación de la demanda
La Secretaria General, órgano que sustituyó\n a la antigua Junta, sostiene que la obligación de constituir\n el depósito a las importaciones financiadas originarias\n y provenientes de los Países Miembros hacia Colombia,\n es urna restricción al orden cambiario y crediticio, que\n incide sobre las importaciones procedentes de los Países\n Miembros, y que la actora, en lugar de intentar siquiera demostrar\n que la constitución del depósito a las importaciones\n financiadas no constituye restricción. en la demanda plantea\n argumentos de conveniencia económica en la adopción\n de tal medida, los cuales no encajan en ninguna de las causales\n de excepción previstas en el ordenamiento jurídico\n andino.
Considera que en el caso en cuestión, una importación\n originaria y proveniente de cualquier País Miembro hacia\n Colombia, financiada en divisas, está supeditada a la\n constitución de depósito ante el Banco de la República,\n lo cual imita y dificulto, porque sino se hubiera establecido\n la obligación del depósito dicha importación\n no soportaría la dificultad o la limitante derivada de\n la constitución del mismo.
Señala que en el supuesto de que la medida restrictiva\n estuviere justificada a la luz del ordenamiento jurídico\n andino, no bastaría argumentar en abstracto que la misma\n ha sido correctamente adoptada, ya que sería menester\n demostrar la validez de la justificación .y, en sentido,\n si la medida objeto de análisis resulta o no "proporcional".\n Afirma asimismo que en el presente caso no se ha demostrado la\n necesidad de hacer extensiva la medida a los países andinos,\n ni, aún más, desvirtuando tampoco el carácter\n restrictivo de la medida.
Al referirse a los argumentos planteados en el libelo inicial,\n la demandada expresa que no va a evaluar las bondades de la medida\n restrictiva, y que las razones de conveniencia en la que la actora\n centra todo el concepto dé la demanda para solicitar la\n nulidad de las Resoluciones 476 y 505 de la Junta, están\n fuera del objeto de la Iitis.
Expresa igualmente que la calificación de restricción,\n según se aprecia claramente en la definición del\n concepto, no está condicionada ni sujeta a la existencia\n de un efecto discriminatorio entre nacionales y extranjeros,\n sino a la existencia de un efecto limitativo de las importaciones.
Con respecto a la mención que hace el Gobierno de Colombia\n de la decisión de los representantes andinos de trabajar\n a nivel comunitario sobre la posibilidad de aplicar políticas\n prudenciales que ayuden a reducir la volatilidad de los flujos\n de capitales, considera la demandada que este argumento refuerza\n lo señalado por la Secretaria General en el sentido de\n no admitir medidas unilaterales, por lo que se impone la necesidad\n de normar en forma multilateral y supranacional cualquier restricción\n permitida a las importaciones subregionales.
Sobre el alegato propuesto por la actora, relativo a que la\n Junta del Acuerdo de Cartagena motivó su Resolución\n en el Informe de Expertos realizado en 1989, la demandada sostiene\n que no puede considerarse que los ejemplos contenidos en el referido\n informe agoten el universo de posibles restricciones cambiarías,\n concepto que la Resolución 505 de la Junta también\n expresara en su oportunidad.
Manifiesta, finalmente, que el problema de fondo radica en\n el hecho real de que la necesidad de constituir el depósito\n implica para el importador el deber de obtener tales recursos,\n que bien puede trasladar al consumidor en detrimento del comercio\n intrasubregional, o bien puede asumir aquél afectando\n sus posibilidades ciertas de acrecentar un intercambio comercial\n hacia Colombia.
d) Conclusiones de la actora
Con oportunidad de la audiencia pública celebrada el\n 20 de octubre de 1998, la República de Colombia presentó\n su escrito de conclusiones, en el que pone en conocimiento del\n Tribunal que "como fue informada debidamente la Secretaría\n General del Acuerdo de Cartagena, la Junta Directiva del Banco\n de la República en decisión tomada en septiembre\n de este año [1998], derogó la disposición\n que imponía la obligación de constituir depósito\n a la financiación de importaciones a un plazo superior\n a seis meses (Resolución Externa .10 del 18 de septiembre\n de 1998), dando así cumplimiento a la resolución\n de la JUNAC. No obstante -continúa-, el asunto tiene,\n por lo menos para nuestro país y su banco central, la\n mayor importancia. Nos parece fundamental a este respecto que\n este Honorable Tribunal -agrega- se pronuncie sobre un tema que\n hoy es de crucial interés dada la actual coyuntura de\n los mercados de capitales y ante el escaso análisis de\n la JUNAC al expedir la Resolución 476 ya comentada".
La actora reitera su posición acerca de la falta de\n un análisis técnico y cuidadoso de las medidas\n y de sus efectos en el comercio de la Subregión. análisis\n que el Tribunal habría señalado como piedra angular\n para el adecuado estudio de temas por esencia complejos.
A juicio de la República de Colombia. el depósito\n no remunerado a la financiación externa de importaciones\n de plazos de seis meses no genera un sobrecosto sobre el- precio\n de las divisas, por lo que resulta evidente que las conclusiones\n del Grupo de Expertos utilizadas por la Junta del Acuerdo de\n Cartagena para sustentar el acto que se demanda no tienen relación\n alguna con la supuesta restricción alegada, y por lo cinto,\n resultan inaplicables para motivar la decisión tomada\n en la Resolución 476.
Considera que no puede sostenerse que la obligación\n del depósito haga más costosa la compra de bienes\n importados frente a los nacionales, en razón de que las\n regulaciones cambiarías colombianas acusadas de restrictivas\n son de carácter general aplicable a todos los residentes\n en Colombia.
Concluye la actora afirmando que un único estudio teórico\n -se refiere al informe de Expertos Gubernamentales del año\n 1989- mal podría servir como elemento para motivar el\n incumplimiento del Tratado por parte de un País Miembro,\n sin comprobar que se impiden o dificultan las importaciones (Acuerdo\n de Cartagena, articulo 72), que realmente se está afectando\n el intercambio comercial entre los países a que se refiere\n el caso y que existe una correlación entre la medida adoptada\n y el efecto en la disminución del monto de las operaciones.\n El Tribunal ha considerado -agrega- que;". las Resoluciones\n que a este propósito dicte la Junta deben ser actos debidamente\n motivados, de manera que resulte la conclusión lógica\n de una información completa y detallada del comercio respectivo\n entre los países a que se refiere el caso... '. (Tribunal\n de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Gaceta Oficial No. 15 del\n 24 de marzo de 1986, Proceso l-N - -85).
e) Conclusiones de la demandada
En su escrito de conclusiones, la Secretaria General señala\n que la acción propuesta por el Gobierno de Colombia no\n está encaminada a desvirtuar la presunción de legalidad\n de los actos demandadas, sino que por el contrario, se concentra\n en hacer el inventario de las razones de conveniencia macroeconómica\n que tuvo en cuenta el Banco de la República para adoptar\n la medida objeto de la presente litis.
Sostiene asimismo que los actos administrativos emitidos por\n la Junta son verdaderos "reglamentos constitucionales"\n cuyo marco informativo es el Acuerdo de Cartagena, por 'lo que\n la acción de nulidad debe estar dirigida a desvirtuar\n la presunción de legalidad, a través de la demostración\n de alguna de las causales de nulidad expresamente establecidas\n en el ordenamiento jurídico andino.
En este orden de ideas, afirma que la actora no ha aportado\n prueba alguna que permita demostrar la ocurrencia de la causal\n de nulidad alegada, y que resulta imperativo para el Tribunal\n basar su decisión en las cuestiones planteadas en la demanda,\n y con las pruebas que obren en el expediente.
Expresa la demandada que el Gobierno de Colombia alega falsa\n o errónea motivación, sin embargo ésta no\n es una causal contemplada expresamente en el ordenamiento jurídico\n andino, razón por la cual la acción carece de fundamento.\n En efecto, a juicio de la Secretaria General, el artículo\n 12 de la Decisión 425 consagra taxativamente las causales\n de nulidad de los actos del órgano técnico de la\n Comunidad Andina, sin hacer referencia a la falsa motivación.
Alega que la invocación de la Reunión de Expertos\n Gubernamentales se hizo con un carácter histórico\n e ilustrativo, y principalmente, por su. congruencia con los\n artículos 71 a 73 (antes 41 a 43) del Acuerdo de Cartagena,\n por lo que si se prescindiera del considerando de la Resolución\n 476, referente al informe de la Reunión de Expertos, no\n se afectaría la esencia de la Resolución 476. El\n que se haya invocado dicho informe no constituye "per se"\n un vicio de nulidad de las Resoluciones acusadas, pues tal documento\n ejemplifica, enumera y menciona como uno de los eventos que constituyen\n restricciones cambiarias "los pagos correspondientes a las\n importaciones provenientes de la Subregión".
Manifiesta que el derecho interno colombiano no forma parte\n del presente proceso ni puede ser invocado para justificar la\n adopción de una medida restrictiva como depósito\n a las importaciones financiadas a plazo. Por lo demás,\n sostiene la demandada que la motivación de las resoluciones\n no tiene que ser extensa para ser suficiente.
Considera que la demanda propuesta por el Gobierno de Colombia,\n así como la sustentación de sus argumentos en el\n transcurso de la audiencia, no cumplen con el objeto y la finalidad\n de la demanda de nulidad, ni tampoco se encuentran técnicamente\n planteados, pues si bien se mencionan los artículos 71\n a 73 del Acuerdo de Cartagena como normas posiblemente vulneradas\n por los actos acusados, la demandada se limita sin embargo a\n señalar razones de conveniencia de la medida interna,\n y tímidamente acude a otro vicio de nulidad como es la\n "errónea motivación", el cual no aparece\n contemplado de manera expresa en el articulo 12 de la Decisión\n 425, a fin de invocarla como pilar de la acción.
Alega también que la República de Colombia ha\n reconocido expresamente el carácter restrictivo del depósito,\n al haber aceptado que la Resolución 21 de la Junta Directiva\n del Banco de la República y sus modificatorias consagraron\n el depósito que afectaba a la financiación de importaciones\n de m&aa

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