Source: https://psicolog.org/informe-de-fondo.html?page=6
Timestamp: 2019-08-25 16:56:47+00:00

Document:
Derecho - Informe de fondo
Derechos a la vida e integridad personal (Artículos 4 y 574 de la Convención Americana)
El derecho a la vida, establecido en el artículo 4.1 de la Convención Americana, dispone que:
Asimismo, el derecho a la integridad personal, recogido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, señala que:
A continuación la Comisión recapitulará algunas consideraciones generales sobre el derecho a la vida e integridad en relación con el derecho a la salud, así como los estándares internacionales relevantes en materia de VIH/SIDA. Posteriormente, la Comisión efectuará el análisis del caso concreto.
1.1 Consideraciones generales sobre el derecho a la vida e integridad personal en relación con el derecho a la salud
La Comisión y la Corte Interamericana ha sostenido que el derecho a la vida es fundamental por cuanto de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos75. En razón de dicho carácter, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para su pleno goce y ejercicio76. Asimismo, ha indicado que el cumplimiento del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), bajo su deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción77. Específicamente, incluye el deber de los Estados de adoptar las medidas necesarias para disuadir cualquier amenaza del derecho a la vida78.
Asimismo, la Corte Interamericana se ha referido al concepto de vida digna, dentro de las obligaciones que impone el artículo 4 de la Convención Americana. Así, en el Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, la Corte estableció que “el derecho fundamental a la vida comprende (…) también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna”79. Esta interpretación fue retomada en tres casos de comunidades indígenas contra Paraguay, respecto de las cuales el Estado no tomó las medidas necesarias para brindarles una vida digna en relación con la provisión de, entre otros aspectos, de servicios de salud80.
En cuanto al derecho a la integridad personal, la Corte ha señalado que Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias tendientes a hacer frente a las amenazas a la integridad física de las personas81.
Tanto la CIDH como la Corte se han pronunciado sobre la relación existente entre los derechos a la vida e integridad personal y el derecho a la salud82. Al respecto ambos órganos del sistema interamericano han tomado en cuenta a fines de interpretación de los derechos a la vida e integridad personal en conexidad con el derecho a la salud, los contenidos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre83 y del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)84. Asimismo, el derecho a la salud también ha sido recogido en instrumentos del sistema universal de derechos humanos y otros sistemas regionales85.
La Corte Interamericana ha interpretado en reiteradas oportunidades que los derechos a la vida e integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana86 y que “la falta de atención médica adecuada” puede conllevar a su vulneración87. La Comisión considera que esta intrínseca relación constituye una manifestación de la interdependencia e indivisibilidad existente entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. En palabras de la Corte, ambos grupos de derechos deben ser “entendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello88.
A fin de evitar violaciones a la vida e integridad personal como consecuencia de una prestación inadecuada de servicios de salud, los mismos deben satisfacer los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de las prestaciones médicas, indicando que aquellas obligaciones deben estar “orientadas” hacia la satisfacción de tales principios89, los cuales fueron conceptualizados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General No. 14 como “esenciales e interrelacionados”, en los siguientes términos:
a) Disponibilidad. Cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas. Con todo, esos servicios incluirán los factores determinantes básicos de la salud, como hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados con la salud, personal médico y profesional capacitado, así como los medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre medicamentos esenciales de la OMS.
ii) Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados, como las mujeres, los niños, los adolescentes y las personas con VIH/SIDA. […]
d) Calidad. Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas90.
Bajo dichos principios, la Comisión y la Corte han señalado que los Estados son responsables de regular con carácter permanente la prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud públicos de calidad, de tal manera que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y a la integridad física de las personas sometidas a tratamiento de salud91. La Corte ha indicado que el Estado posee el deber de regular, supervisar y fiscalizar las prestaciones de salud, asegurando, entre otros aspectos, el cumplimiento de los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de las prestaciones médicas ya mencionados, tanto en el ámbito público como privado92.
1.2 Consideraciones generales sobre las obligaciones del Estado frente a personas con VIH/SIDA
De acuerdo a la Organización Mundial para la salud, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es una enfermedad que infecta a las células del sistema inmunitario de una persona, alterando o anulando su función93. Ello produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario94. Por su parte, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las enfermedades oportunistas relacionadas con el VIH95.
La Comisión ha señalado que el contagio con el virus del VIH constituye una afectación en la salud de una persona que, a su vez, impacta su integridad personal e incluso podría generar un grave riesgo para la vida96. Por su parte, la Corte ha señalado que el daño a la salud causado por el VIH/SIDA por la gravedad de la enfermedad involucrada y el riesgo que en diversos momentos de su vida puede enfrentar la persona, constituye una afectación del derecho a la vida, dado el peligro de muerte que en diversos momentos ha enfrentado y puede enfrentar la víctima debido a su enfermedad97. La Comisión ha resaltado que la suspensión del tratamiento daría lugar a un resurgimiento de los síntomas y a una muerte prematura98.
La CIDH ha indicado que las personas que viven con VIH/SIDA han estado históricamente sometidas a discriminación en tanto “el estigma relacionado con el VIH/SIDA es endémico en las Américas, lo cual no sólo dificulta una respuesta efectiva a la epidemia pero también impacta negativamente en el ejercicio de derechos humanos99”.
Frente a esa situación, la CIDH ha resaltado que los Estados deben maximizar esfuerzos para que todas las personas que viven con VIH/SIDA accedan a la atención que requieren100, es decir, el acceso universal a servicios de salud que incluyan la prevención y el tratamiento101.
En relación con el tratamiento a personas con VIH/SIDA, la Corte Interamericana estableció recientemente en el caso Gonzáles Lluy y otros vs. Ecuador, relativo a hechos que iniciaron en 1998, que “las Directrices Internacionales sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (…) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (…) constituyen una referencia autorizada para aclarar algunas obligaciones internacionales del Estado en esta materia”102.
En el mismo caso, la Corte Interamericana destacó la Sexta Directriz y su respectiva interpretación en los siguientes términos:
La Sexta Directriz, revisada en 2002, señala que:
Los Estados deberían adoptar medidas de políticas que regulen los bienes, servicios e información relacionados con el VIH, de modo que haya suficientes medidas y servicios de prevención, adecuada información para la prevención y atención de los casos de VIH y medicación inocua y eficaz a precios asequibles. Los Estados deberían tomar también las medidas necesarias para asegurar a todas las personas, sobre una base sostenida e igualitaria, el suministro de y la accesibilidad a bienes de calidad, servicios e información para la prevención, tratamiento, atención y apoyo del VIH/SIDA, incluidos la terapia antirretrovírica y otros medicamentos, pruebas diagnósticas y tecnologías relacionadas seguras y eficaces para la atención preventiva, curativa y paliativa del VIH, de las infecciones oportunistas y de las enfermedades conexas. […]103.
Esta Sexta Directriz ha sido interpretada por la OACNUDH y ONUSIDA en el sentido de que una respuesta eficaz al VIH requiere un enfoque integral que comprende una secuencia continua de prevención, tratamiento, atención y apoyo:
La prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo son elementos que se refuerzan mutuamente y una secuencia continua para una respuesta eficaz al VIH. Deben integrarse en un enfoque amplio y es necesaria una respuesta polifacética. El tratamiento, atención y apoyo integrales incluyen fármacos antirretrovíricos y otros medicamentos; pruebas diagnósticas y otras tecnologías relacionadas para la atención del VIH y el SIDA, de las infecciones oportunistas y de otras enfermedades; buena alimentación y apoyo social, espiritual y psicológico, así como atención familiar, comunitaria y domiciliaria. Las tecnologías de prevención del VIH abarcan los preservativos, lubricantes, material de inyección estéril, fármacos antirretrovíricos (por ej., para revenir la transmisión materno infantil o como profilaxis posexposición) y, una vez desarrollados, microbicidas y vacunas seguros y eficaces. El acceso universal, basado en los principios de los derechos humanos, requiere que todos estos bienes, servicios e información no sólo estén disponibles y sean aceptables y de buena calidad, sino también que estén al alcance físico de todos y sean asequibles para todos104.
La Comisión Interamericana observa que el VIH/SIDA puede ser tratado efectiva e indefinidamente por la administración de medicamentos antirretrovirales105, los cuales mejoran y aumentan la calidad de vida de las personas infectadas con VIH106. Dicho tratamiento es delicado, y tanto su inicio como su seguimiento deben ser efectuados por personal debidamente calificado para ello, tomando en cuenta las circunstancias personales de la persona infectada con VIH107. La suspensión del tratamiento podría dar lugar a un resurgimiento de los síntomas y a una muerte prematura108. La Organización Panamericana de la Salud ha señalado determinados parámetros que deben seguirse previo al inicio del tratamiento antirretroviral109.
Sin embargo, de acuerdo a la Sexta Directriz no se requiere solamente acceso a medicamentos antirretrovirales de forma permanente, sino también de un seguimiento constante de forma periódica que no sólo incluya aspectos médicos, sino también de una nutrición adecuada, apoyo psicológico, y apoyo a las actividades de la vida cotidiana y social110.
En la misma línea y tomando en cuenta una diversidad de fuentes, la Corte Interamericana señaló recientemente que:
El acceso a los fármacos antirretrovíricos es sólo uno de los elementos de una respuesta eficaz para las personas que viven con VIH. En este sentido las personas que viven con VIH requieren un enfoque integral que comprende una secuencia continua de prevención, tratamiento, atención y apoyo. Una respuesta limitada al acceso a fármacos antirretrovíricos y otros medicamentos no cumple con las obligaciones de prevención, tratamiento, atención y apoyo derivadas del derecho al más alto nivel posible de salud111.
1.3 Análisis del caso
La Comisión nota que los peticionarios han indicado y el Estado no ha controvertido que las presuntas víctimas fueron diagnosticadas con VIH/SIDA entre 1992 y 2003. La controversia se centra en la alegada responsabilidad internacional del Estado por la falta total y/o parcial de atención en materia de salud a dichas personas en vista de su situación de salud. Tomando en cuenta la secuencia cronológica descrita en la sección de hechos probados que indica distintas situaciones sobre la posibilidad de contar con tratamiento para VIH/SIDA en Guatemala en al menos dos momentos, la Comisión realizará su análisis refiriéndose en primer lugar a la situación previa a los años 2006 y 2007. En segundo lugar, la Comisión analizará la muerte de ocho presuntas víctimas y si la misma resulta atribuible al Estado. En tercer lugar, la Comisión analizará la situación posterior a los años 2006 y 2007.
1.3.1 Situación de las presuntas víctimas hasta los años 2006-2007
Los peticionarios alegaron que las presuntas víctimas, luego de ser diagnosticadas con VIH/SIDA y hasta los años 2006 y 2007, únicamente recibieron atención en salud, en particular mediante la provisión de medicamentos, por parte de organizaciones internacionales sin fines de lucro. Agregaron que durante esta época el Estado no prestó ningún tipo de atención médica, no efectuó los exámenes requeridos ni entregó medicamentos antirretrovirales a las presuntas víctimas.
Por su parte, el Estado reconoció que durante ese tiempo “un número mínimo de personas con VIH/SIDA en Guatemala recibían atención médica pública” y que “muchas personas con VIH/SIDA de bajos recursos económicos se ven imposibilitados de acceder a los tratamientos de salud”. Ello fue ratificado por el entonces Ministro de Salud quien reconoció que esta situación se debió a la falta de recursos del Estado. La Comisión observa que el Estado no presentó ningún tipo de información que acredite que las presuntas víctimas recibieron atención médica de servicios públicos durante esta época. El Estado también reconoció que “la mayoría de tratamiento en el país es asumido por Médicos Sin Fronteras”.
La Comisión ya estableció en el presente informe que el Estado estaba obligado a adoptar las medidas necesarias para brindar atención integral en salud a las personas que viven con VIH/SIDA bajo su jurisdicción, incluyendo la realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento, el otorgamiento de medicamentos antirretrovirales y el seguimiento físico y psicológico necesario. En virtud de lo indicado anteriormente, no existe controversia alguna sobre la falta absoluta de atención a las presuntas víctimas del presente caso por parte del Estado, no obstante la existencia de un marco constitucional y legislativo que establecía la obligatoriedad de dicha atención.
La Comisión resalta la importancia que tiene la cooperación internacional a efectos de contribuir a la protección de derechos humanos. No obstante, ello no exime la obligación del Estado guatemalteco de otorgar el tratamiento integral ya descrito, con garantías de permanencia y a la luz de los principios de disponibilidad, un servicio de salud a las presuntas víctimas con VIH/SIDA112. A pesar de que este caso no se relaciona con personas privadas de libertad, sí se refiere a personas en múltiple situación de vulnerabilidad, debido a sus escasos recursos y a tratarse de personas viviendo con VIH/SIDA que los colocaba en una grave situación de riesgo para su vida e integridad personal.
Asimismo, la CIDH toma nota de que, conforme a lo señalado por los peticionarios, la atención proporcionada por Médicos Sin Fronteras fue intermitente y en algunos casos precaria. La Comisión resalta que la falta de estabilidad en la atención médica afectó seriamente a las presuntas víctimas. Sumado a ello, la CIDH observa que la decisión de dicho organismo sin fines de lucro de atender a algunas personas con VIH/SIDA era voluntaria y no estaba asociada a una obligación, como sí le correspondía al Estado.
La Comisión considera que el incumplimiento del Estado afectó no sólo el derecho a la integridad personal de las víctimas del presente caso, sino también su derecho a la vida desde dos puntos de vista que se derivan de la jurisprudencia de ambos órganos del sistema interamericano ya descrita en este informe de fondo. Por una parte, con relación al riesgo a perder su vida al que estuvieron expuestas las víctimas sin contar con el tratamiento que el Estado debía ofrecer. Por otra parte, con relación al derecho a tener una vida digna. La Comisión destaca también que la Corte Europea ha analizado casos de personas con VIH/SIDA a la luz del derecho a la vida incluso en supuestos donde la persona no ha fallecido113.
En consecuencia, la Comisión considera que la falta total de atención médica estatal a favor de las 49 víctimas (veáse supra párr. 61) en virtud de su condición de personas con VIH/SIDA y además en situación de pobreza, tuvo un grave impacto en su situación de salud. En consecuencia, la CIDH concluye que el Estado res responsable por la violación a los derechos a la vida e integridad personal, establecidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.
1.3.2 Situación de las ocho personas que fallecieron entre 2001 y 2011
Adicionalmente, los peticionarios alegaron que ocho de las víctimas, Alberto Quiché Cuxeva, Reina López Mujica, Ismar Ramírez Chajón, Rita Bubón Orozco, Facundo Gómez Reyes, José Rubén Delgado, Luis Edwin Cruz Gramau, y María Vail, fallecieron debido a enfermedades oportunistas como consecuencia de la falta de atención integral al VIH/SIDA que padecían. Dentro de dichas enfermedades se destacan la tuberculosis, la neumonía, infecciones por hongos y otras infecciones. La Comisión nota que el Estado se limitó a indicar que no existía mayor relación entre la muerte de las ocho personas y supuesta falta de tratamiento integral.
En cuanto a esta alegada falta de conexidad por parte del Estado, la Comisión observa que El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida – ONUSIDA ha indicado que las personas que viven con una infección por el VIH avanzada pueden sufrir infecciones oportunistas en los pulmones, el cerebro, los ojos y otros órganos114. Entre las enfermedades oportunistas comunes en personas diagnosticadas con SIDA se incluyen precisamente varias de las enfermedades que según la descripción de los peticionarios llevaron a la muerte de estas ocho personas. Dentro de las enfermedades mencionadas en el referido Programa Conjunto se encuentran la neumonía por Pneumocystis carinii; la criptosporidiosis; la histoplasmosis; infecciones bacterianas; otras infecciones parasitarias, víricas y micóticas; y algunos tipos de cáncer115. Asimismo, señaló que la tuberculosis es la principal infección oportunista asociada al VIH en los países de ingresos bajos o medios, así como la principal causa de muerte a nivel mundial entre las personas que viven con el VIH116.
Según la información aportada por los peticionarios y no controvertidas por el Estado mediante documentación alguna en cuanto a las fechas de muerte, la Comisión observa que Alberto Quiché Cuxeva, Facundo Gómez Reyes, Reina López Mujica, Ismar Ramírez Chajón, Petrona López González y Rita Dubón Orozco, fallecieron antes de que el Estado iniciara las transferencias al sistema público de salud. En ese sentido, tomando en cuenta el reconocimiento general efectuado por el Estado sobre la falta de atención médica a las víctimas del presente caso antes de 2006 y 2007, así como la ausencia de prueba documental alguna que indique que estas personas recibieron el tratamiento integral ya descrito antes de su muerte, la Comisión entiende que estas personas fallecieron debido a enfermedades conocidas como oportunistas, en un marco temporal en el que no recibieron la atención que requerían por parte del Estado. En consecuencia, la Comisión considera que estas muertes resultan atribuibles al Estado guatemalteco.
Con relación a las dos personas que fallecieron en un marco temporal en el que ya había algún tipo de tratamiento por parte del Estado, esto es, Luis Edwin Cruz en 2008 y María Vail en 2011, la Comisión observa que los peticionarios indicaron que la atención recibida antes de su muerte fue deficiente. Específicamente en el caso de Luis Edwin Cruz señalaron que no se le realizó el examen de genotipo y fenotipo. En el caso de María Vail señalaron que no se le realizaron regularmente los exámenes de CD4 y carga viral, lo que permitió que sufriera enfermedades oportunistas como otitis e histoplasmosis. El Estado, al igual que respecto de la vasta mayoría de las víctimas del caso, se limitó a informar que estas personas acudían a sus citas regularmente y se encontraban en buen estado de salud. El Estado no dio respuesta alguna a las falencias en el tratamiento alegadas por los peticionarios respecto de estas dos personas y, por lo tanto, la Comisión considera que la información disponible permite concluir que estas muertes también son atribuibles al Estado de Guatemala.
Cabe mencionar que el Estado en sus escritos indicó que realizaría una investigación a fin de determinar la causa de muerte de las víctimas fallecidas. No obstante, el Estado no presentó información sobre la realización de investigación alguna al respecto o sobre sus resultados. La Comisión resalta que al tratarse en su mayoría de omisiones o hechos negativos, las víctimas no cuentan con elementos probatorios para demostrar su ocurrencia117, mientras que el Estado sí podría haber demostrado la provisión de un tratamiento integral para las víctimas, lo cual no sucedió en el presente caso como se desprende de las descripciones incluidas en los hechos probados.
En virtud de las anteriores consideraciones, la Comisión concluye que el Estado vulneró el derecho a la vida, establecido en el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las ocho víctimas fallecidas118. Asimismo, la Comisión considera que es posible inferir que estas personas padecieron un sufrimiento físico y mental antes de su muerte, por lo que también les fue violado el derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.
1.3.3 Situación de las presuntas víctimas con posterioridad a los años 2006 y 2007
La Comisión observa que ambas partes reconocieron que a partir de los años 2006 y 2007, las presuntas víctimas fueron trasladadas a servicios de salud públicos. La controversia radica en que, mientras los peticionarios señalaron que la atención de salud pública no ha sido integral y ha estado caracterizada por una serie de falencias, el Estado sostuvo que se realiza de manera adecuada por lo que se habría superado la situación de desprotección antes de los años 2006 y 2007.
La CIDH reitera, en primer lugar, que tal como se señaló en la sección previa la responsabilidad internacional del Estado se materializó al momento en que las víctimas no tuvieron ningún tipo de acceso a tratamiento en materia de salud, incluidos los medicamentos antirretrovirales, los exámenes de diagnóstico y monitoreo periódico y otros componentes de la atención integral a personas con VIH/SIDA, afectando sus derechos a la vida e integridad personal. La Comisión pasará a analizar en este punto la situación posterior a los años 2006 y 2007 con el objeto de evaluar si las violaciones de los derechos a la vida e integridad personal cesaron con posterioridad a dichos años.
La Comisión ha resaltado la obligación reforzada de los Estados en casos donde confluyan para las víctimas factores de múltiple vulnerabilidad, tales como su condición de personas con VIH/SIDA de muy escasos recursos119. En la sección de estándares generales del presente informe, la Comisión ya describió los distintos componentes que deben estar presentes en la atención médica a personas con VIH/SIDA para que pueda considerarse adecuada e integral.
En el presente caso la CIDH observa que en distintas comunicaciones presentadas por los peticionarios, éstos presentaron información donde identificaron el deterioro progresivo de la situación de la salud de las víctimas así como las distintas carencias que el servicio de salud público ha tenido en su contra.
En primer lugar, presentaron información sobre los períodos de desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales que habrían tenido algunos hospitales públicos donde las víctimas estarían recibiendo atención. Al respecto, la CIDH toma nota de que en el año 2008 distintos hospitales públicos, algunos de los cuales atenderían a las víctimas, informaron que no contaban con medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de las personas con VIH/SIDA.
En segundo lugar, los peticionarios informaron sobre los problemas de accesibilidad que tuvieron muchas víctimas para obtener al tratamiento de salud debido a la poca cantidad de centros públicos que prestaban servicios a personas con VIH/SIDA. La Comisión nota que conforme a los hechos probados las víctimas son personas de escasos recursos económicos y que muchas de ellas no viven en la capital ciudad de Guatemala sino en otras zonas más alejadas, lo cual les impidió recibir tratamiento en salud. El propio Estado reconoció que luego de la transferencia de pacientes en los años 2006 y 2007, “las personas debían ir a la ciudad de Guatemala para recibir su tratamiento” y eventualmente se habrían creado unidades en otras zonas del país para brindar tratamiento.
En tercer lugar, los peticionarios alegaron que los centros de salud públicos no cuentan con personal suficiente. Agregaron que tampoco se realizan los exámenes necesarios de diagnóstico y monitoreo con la periodicidad requerida para el buen manejo de la enfermedad, lo que propicia la aparición de enfermedades oportunistas que, a su vez, no son atendidas adecuadamente.
La CIDH observa que la alegada información no pudo ser controvertida por el Estado. La Comisión nota que la información sobre la atención posterior a los años 2006 y 2007, se limitó a indicar que las víctimas acudían a sus citas y que estaban en buen estado de salud, sin controvertir las falencias específicas denunciadas por los peticionarios y descritas en los párrafos precedentes. Incluso respecto de algunas de las víctimas el Estado omitió brindar cualquier información. Asimismo, la CIDH resalta que no existe prueba alguna que indique que el Estado, a través de las autoridades competentes en materia de salud, realizó algún monitoreo de supervisión o fiscalización del tratamiento para personas con VIH/SIDA en el sector público en general, y a favor de las víctimas en particular.
Por el contrario, el Estado reconoció que existieron épocas de desabastecimiento. Asimismo, el Procurador de los Derechos Humanos denunció en 2010 la “falta de atención integral y de acceso a medicamentos de que son objeto pacientes que viven con VIH-SIDA a nivel nacional”. Asimismo, dicha autoridad denunció igual situación en 2012.
En cuarto lugar, la Comisión toma nota de que entre las presuntas víctimas se encuentran mujeres en edad reproductiva. La CIDH resalta que el tratamiento que dichas personas deben recibir por parte del Estado debe ser diferenciado y ajustarse a su condición120. La Comisión observa que en el presente caso el Estado tampoco presentó información relacionada con los servicios específicos adoptados en favor en dichas personas.
De la información disponible la Comisión considera que si bien el Estado empezó a implementar algún tratamiento para personas que viven con VIH/SIDA en el sector público con posterioridad a 2006 y 2007, dicha atención no ha logrado satisfacer los estándares mínimos para ser considerada integral y adecuada, a la luz de las fuentes autorizadas en la materia citadas en este informe y usadas por los órganos interamericanos para interpretar las obligaciones estatales en cuanto a los derechos a la vida e integridad personal en conexidad con el derecho a la salud para personas que viven con dicha enfermedad.
Esta situación general resulta consistente con las descripciones de los peticionarios sobre las falencias concretas en la atención a las víctimas sobrevivientes del presente caso. La Comisión resalta que al tratarse en su mayoría de omisiones o hechos negativos, las víctimas no cuentan con elementos probatorios para demostrar su ocurrencia121, mientras que el Estado sí podría haber demostrado la provisión de un tratamiento integral para las víctimas, lo cual no sucedió en el presente caso como se desprende de las descripciones incluidas en los hechos probados.
Por todo lo expuesto, la Comisión considera que el Estado de Guatemala continuó violando los derechos a la vida e integridad personal en relación con el derecho a la salud establecidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de las víctimas sobrevivientes del presente caso (véase supra párr. 68). La violación del derecho a la vida de las víctimas sobrevivientes se basa en el mismo razonamiento incluido en la sección 1.3.1. del presente informe de fondo.
Derecho a la protección judicial (artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento)
El artículo 25.1 de la Convención Americana establece:
La Comisión y la Corte han reiterado que uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática. Ello debido a que toda persona tiene el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, de conformidad con el artículo 25 de la Convención Americana122.
La CIDH ha señalado que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el citado artículo no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad123. Por su parte, la Corte agregó lo siguiente:
(…) no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial124.
Asimismo, en relación con el recurso de amparo, la Corte ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención Americana recoge dicha “institución procesal (…) entendid[a] como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados partes y por la Convención”125. La Corte añadió que la garantía de dicho recurso derecho “se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquellos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley”126. Asimismo, la CIDH ha señalado que el recurso de amparo puede constituir el recurso adecuado a efectos de solicitar la asistencia médica para las personas con VIH/SIDA127.
En el presente asunto, la Comisión observa que el 26 de julio de 2002 se presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad a fin de que el Estado brinde un tratamiento de salud a las personas con VIH/SIDA en Guatemala. De manera preliminar, la CIDH nota que dicho recurso fue presentado por trece de las víctimas del presente caso, así como por distintas organizaciones, incluidos algunos de los peticionarios. La Comisión también observa que dicho recurso solicitó que la decisión de la Corte de Constitucionalidad tuviera efecto erga omnes a fin de hacerla extensiva a todas las personas que viven con VIH /SIDA en Guatemala. En ese sentido, la CIDH entiende que por la forma en que fue presentado el recurso de amparo, una decisión favorable hubiera podido tener efectos a favor de todas las personas con VIH/SIDA en Guatemala. En ese sentido, el trámite y resultado de este recurso de amparo afectó no sólo a las trece víctimas que lo firmaron sino a todas las víctimas del presente caso con excepción de Alberto Quiché Cuvexa, quien falleció en el año 2001, esto es, antes de la interposición del recurso.
En relación con las garantías que el Estado debe tomar en cuenta frente a recursos relacionados con la situación de personas con VIH, la Comisión ha señalado que las autoridades judiciales deben actuar con diligencia especial en el trámite y resolución de las demandas presentadas128. Adicionalmente, la Corte Europea ha enfatizado la importancia de tramitar con la celeridad necesaria este tipo de procesos debido a la naturaleza de la enfermedad129. Ello en tanto su demora puede convertir en ilusorio su propósito130. La Corte Europea también resaltó la diligencia excepcional que deben seguir las autoridades judiciales131, la cual debe operar incluso en procesos que tienen cierto nivel de complejidad132.
En el presente caso, la Comisión observa en primer lugar que la demanda de amparo fue interpuesta en julio de 2002 y fue resulta en enero de 2003. La Comisión considera que en las circunstancias del presente caso, en las que resultaba evidente el total incumplimiento de la Ley General para el Combate del VIH y del SIDA, el Estado no explicó la demora de seis meses para resolver un recurso que por su propia naturaleza debe ser expedito y que, por la temática de que trataba, debía ser tramitado y resuelto con diligencia excepcional.
En segundo lugar y en cuanto al resultado del recurso de amparo, la Comisión observa que el 29 de enero de 2003 la Corte de Constitucionalidad lo declaró improcedente por considerar que el agravio reclamado habría cesado debido a los acuerdos que se alcanzaron en una reunión de 30 de octubre de 2002 entre el entonces Presidente de la República y algunas de las organizaciones demandantes. La CIDH nota que en dicha reunión se acordó autorizar una partida extraordinaria de quinientos mil quetzales que, de acuerdo a lo señalado por los peticionarios y por el propio Estado, fue utilizado para cubrir temporalmente la medicación antirretroviral de ochenta personas con VIH/SIDA, sin incluir a las víctimas del presente caso.
La Comisión considera que las víctimas acudieron a la Corte de Constitucionalidad en busca de protección judicial efectiva de sus derechos a la vida, integridad personal y salud, reconocidos tanto en instrumentos internacionales como en el ordenamiento jurídico interno de Guatemala. La CIDH considera que el contenido sustantivo de la decisión de la Corte Constitucional no se ajusta a los parámetros del derecho a la tutela judicial. Ello en tanto la Corte Constitucional omitió pronunciarse sobre el fondo del asunto y justificó la declaratoria de improcedencia del recurso de amparo basándose en una medida adoptada por el Gobierno que tenía un carácter temporal y extraordinario y que tampoco se enfocaba en la situación general reclamada. La Comisión también observa que el Procurador de los Derechos Humanos solicitó a la Corte Constitucional que el recurso fuera atendido a la brevedad en tanto “de ello depende la vida de cada una de las personas que viven con VIH/SIDA”.
La Comisión destaca que las anteriores consideraciones no constituyen una mera abstracción sino que la resolución pronta y efectiva del recurso de amparo a favor de las personas con VIH/SIDA en Guatemala pudo haber tenido efectos concretos en las víctimas del caso. Al menos tres de las víctimas fallecidas murieron en fechas aproximadas a la interposición y resolución de dicho recurso, como ya se analizó, sin haber recibido atención integral alguna por parte del Estado133.
En virtud de las anteriores consideraciones, la Comisión concluye que el Estado de Guatemala violó el derecho a la protección judicial establecido en el artículo 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de todas las víctimas del presente caso, con excepción de Alberto Quiché Cuvexa, quien falleció antes de la interposición y resolución del recurso de amparo.
El derecho a la integridad personal respecto de los familiares de las víctimas fallecidas y sobrevivientes (Artículo 5 de la Convención Americana)
El derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana, establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecido que los familiares de las víctimas pueden, a su vez, verse afectados por la violación a su derecho a la integridad psíquica y moral134. De esta forma, la Corte Interamericana ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas con motivo del sufrimiento adicional que éstos han padecido como producto de las circunstancias particulares correspondientes a las violaciones perpetradas contra sus seres queridos135 y a causa de las actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos136.
En el presente caso la Comisión estableció que ocho víctimas fallecieron como consecuencia de la falta de atención médica integral por parte del Estado. Asimismo, la Comisión determinó que las víctimas restantes, de escasos recursos, se vieron expuestas durante un largo periodo de tiempo a la falta absoluta de atención médica por parte del Estado, lo que hizo que su supervivencia dependiera de organizaciones sin fines de lucro. La Comisión también concluyó que desde que fueron transferidas a la atención en el sector público después de 2006 y 2007, las víctimas sobrevivientes se han visto afectadas por las diferentes falencias que continuaron caracterizando la atención por parte del Estado. Tomando en cuenta la naturaleza de la enfermedad con la que vivieron las víctimas fallecidas y viven las víctimas sobrevivientes, para la Comisión resulta evidente que la falta absoluta de atención durante un periodo y la insuficiencia de la atención posterior, no sólo afectó a las víctimas directas en los términos ya declarados en el presente informe, sino que dicha afectación se extendió a sus familiares y/o círculo más cercano de apoyo.
La Comisión toma nota de que algunas de las personas mencionadas por los peticionarios o bien no son los familiares más directos o bien no tienen vínculo de consanguinidad con las víctimas del caso. Sin embargo, la Comisión considera razonable la argumentación aportada por los peticionarios en el sentido de que debido al estigma que habitualmente ha acompañado al VIH/SIDA, el círculo más cercano de apoyo de algunas personas que viven con esta enfermedad, no es necesariamente el de la familia nuclear.
En virtud de las anteriores consideraciones, la Comisión considera que el grupo de personas individualizado por los peticionarios como familiares y/o círculo más cercano de apoyo de las víctimas (véase Anexo único al informe de fondo), se vio afectado en su integridad psíquica y moral como consecuencia de los hechos del presente caso, en violación del artículo 5.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

References: artículo 4
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 4
in fine
in fine
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 25
 artículo 1
 resolución 
 artículo 5
in fine
 artículo 5
 artículo 1