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Timestamp: 2018-11-16 08:00:54+00:00

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SENTENCIA 40049 DE 24 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:SOLIDARIDAD LABORAL. ENTRE EL CONTRATISTA Y EL BENEFICIARIO DEL SERVICIO. EL OBLIGADO SOLIDARIO, EN EL ÁREA DEL DERECHO DEL TRABAJO, ES UN GARANTE PARA EL PAGO AL TRABAJADOR DE SUS ACREENCIAS LABORALES, PUES LO QUE BUSCA EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, ES PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, HACIENDO EXTENSIVAS AL OBLIGADO SOLIDARIO, EN SU CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DEL SERVICIO O DUEÑO DE LA OBRA CONTRATADA LAS DEUDAS LABORALES A CARGO DEL CONTRATISTA, QUIEN ES EL EMPLEADOR, SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE QUE SE HAGA RESPONSABLE AL CONTRATANTE DE LAS ACREENCIAS LABORALES DERIVADAS DE LA RELACIÓN LABORAL Y LA CULPA DEL EMPLEADOR, SINO QUE POR VIRTUD DE LA SOLIDARIDAD LE SON EXIGIBLES LAS ACREENCIAS LABORALES SURGIDAS A FAVOR DEL TRABAJADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATISTA INDEPENDIENTE, RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, OBLIGACIONES LABORALES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:502 DE OCTUBRE DE 2013, PÁG.1803
Sentencia 40049 de julio 24 de 2013
SL 471 - 2013
Rad. 40049
EXTRACTOS: « Los recursos de casación
Interpuestos por Empresa de Gases de Occidente S.A. EPS “Gases de Occidente ESP” y la compañía Seguros del Estado S.A., concedidos por el tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolverlos.
El Recurso de Casación de Gases de Occidente ESP
Pretende el recurrente se case la sentencia de segunda instancia, para que la Corte, en sede de instancia, revoque la de primera instancia en cuanto la condenó como deudor solidario.
Con tal propósito formula un cargo, fundado en la causal primera de casación laboral, que fue replicado por la parte demandante, en el que acusa por la vía directa la interpretación errónea de los artículos 34 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 3, del Decreto-Legislativo 2351 de 1965, 27, 65, 186, 189, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º de la Ley 52 de 1975; 99 de la Ley 50 de 1990 y 60 de la Ley 80 de 1993.
Indica la acusación que en la sentencia acusada se estimó, para confirmar la condena por indemnización por no pago de salarios y prestaciones sociales, que en este asunto era claro que la vinculación laboral había sido con el contratista independiente, es decir, Colciredes Ltda., y, también, que “el obligado solidario no es otra cosa que un garante para el pago de sus acreencias, de quien el trabajador puede también exigir el pago total de la obligación demandada”.
Aduce que tal razonamiento no se ajusta a derecho y, para explicar porque, se remite a lo expresado en un salvamento de voto en el que se afirma que el “garante es simplemente una persona que responde por la obligación de otra que la contrae y que no la satisface en su oportunidad, estando a su cargo hacerlo, mientras que el deudor solidario, por su voluntad, testamento o ley, siempre será deudor, pues en esa clase de obligaciones el total de la deuda puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores, de ahí que el artículo 1577 le confiere al deudor demandado la facultad de proponer todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación, incluidas todas las personales suyas” (Sala de Casación Laboral, Salvamento y Aclaración de voto Exp. 25946); que era deber jurídico del juzgador analizar la conducta particular del garante con relación a la falta de pago de acreencias laborales, de tal manera que no podía fulminar una condena contra Gases de Occidente S.A., sin que previamente examinara su proceder, ya que en punto a las sanciones es obligación ineludible el análisis de la conducta patronal al momento de la extinción del vínculo; que el tribunal impuso la sanción de manera automática, dando una interpretación equivocada del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que, dice, contraría el sentido de este precepto según se indicó en sentencia de 22 de abril de 2004, radicada con el número 21074, en la que se explicó que la imposición de la sanción moratoria no es automática y no se puede asimilar como una consecuencia forzosa en los eventos en que se haya impuesto al contratista independiente; que no era factible en este asunto ordenar la moratoria a la empresa contratante por tratarse de un tercero, ajeno a la relación laboral que ligó al señor Tovar Ramírez y a Colciredes Ltda., sin que antes se examinara cuál fue su comportamiento al fenecimiento del contrato, conforme se dijo en la última sentencia mencionada, de la cual transcribe apartes.
Sostiene, que la condición de garante no surge de un convenio entre el contratista y el beneficiario de la obra, pues tal expresión tiene como finalidad indicar que en caso de incumplimiento de las obligaciones patronales del contratista, el trabajador en razón de la protección contemplada en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo cuenta con la garantía de que sus acreencias laborales no quedaran insolutas, por cuanto que, en razón de la solidaridad legal existente entre el contratista y el dueño de la obra, este es el llamado a satisfacerlas.
No se exhibe desacertada la inferencia del juzgador de segundo grado referente a que el obligado solidario, en el área del derecho del trabajo, no es otra cosa que un garante para el pago al trabajador de sus acreencias laborales, pues en estricto sentido lo que busca proteger el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que prevé la institución jurídica del contratista independiente, caracterizada por la responsabilidad solidaria del beneficiario de la obra o servicio contratado, es precisamente que los trabajadores no se vean afectados en el reconocimiento de las obligaciones laborales que se causen a su favor, como consecuencia de la desafectación, que, en ocasiones, persiguen empresarios y entidades de diferente naturaleza, de la responsabilidad que implica la contratación directa de sus servidores, mediante la implementación de convenios con contratistas independientes, de modo que en el ámbito del derecho laboral cuando se expresa que el obligado solidario no es otra cosa que un garante para el pago al trabajador de sus acreencias laborales se hace en alusión expresa a la norma citada, que tiene unas características que le son propias y que la diferencian de otras figuras jurídicas que tienen aplicación en el campo del derecho civil, de acuerdo con la cual el contratante responde por las obligaciones laborales del contratista independiente. Conforme a la jurisprudencia de la Sala, la solidaridad referida obedece a la imperiosa necesidad de proteger los derechos de los trabajadores, haciendo extensivas al obligado solidario, en su condición de beneficiario del servicio o dueño de la obra contratada las deudas laborales a cargo del contratista, quien es el empleador, sin que esto signifique que se haga responsable al contratante de las acreencias laborales derivadas de la relación laboral y la culpa del empleador, sino que por virtud de la solidaridad le son exigibles las acreencias laborales surgidas a favor del trabajador.
En sentencia del 17 de agosto de 2011, radicada con el número, 35938, se reiteró el criterio reseñado, así:
“Ha enseñado la doctrina de la Corte Suprema de Justicia que la culpa es diferente del principio de solidaridad, habida cuenta que mientras aquella se origina en un error de conducta del empleador, que forma parte de la causa de la obligación, que puede llegar a comprometer la responsabilidad de otros; la solidaridad que emana de la ley, viene a ser parte del efecto de la responsabilidad, trayendo al responsable solidario como un garante de las obligaciones que emanan del empleador.
“Entonces, dentro de la figura jurídica del contratista independiente, para efectos de condenar al reconocimiento y pago de la indemnización estatuida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo se requiere la acreditación de la culpa de quien es el verdadero empleador, es decir, el contratista independiente, toda vez que la obligación de reparar los perjuicios es exclusiva del dador del laborío. Sin embargo, de conformidad a la ley laboral (CST., art. 34) el dueño o beneficiario de la obra conexa con su actividad principal, funge como garante en el pago de dicha indemnización, no porque se le haga extensiva la culpa sino precisamente por virtud de la solidaridad, lo que, a su vez, como lo ha asentado esta Sala, le permite, después de cancelar la obligación, subrogarse en la acreencia contra el contratista, en los términos del artículo 1579 del Código Civil, lo que reafirma aún más su simple condición de garante. Pero sin ir tan lejos, nótese que el mismo artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo establece la posibilidad de que el beneficiario “repita contra él [empleador] lo pagado a esos trabajadores”.
“Sobre el particular, es necesario traer a colación la sentencia de casación del 26 de septiembre de 2000, Radicación 14038, en que esta Sala, al analizar un caso similar, alrededor de la solidaridad del beneficiario de la obra en tratándose de las indemnizaciones y prestaciones debidas por los perjuicios materiales y morales causados por la muerte de un trabajador, con ocasión del accidente de trabajo por culpa patronal, así razonó:
‘“la solidaridad no es más que una manera de proteger los derechos de los trabajadores, para cuyo efecto se le hacen extensivas, al obligado solidario, las deudas insolutas (prestacionales o indemnizatorias) en su calidad de dueño o beneficiario de la obra contratada, ante la usual insolvencia del deudor principal que no es otro que el empleador. Así lo sostuvo esta Sala en sentencia del 25 de mayo de 1968, en uno de sus apartes:
‘“Mas el legislador, con el sentido proteccionista que corresponde al derecho laboral, previendo la posibilidad de que el contrato por las grandes empresas, como vehículo que les sirva para evadir las obligaciones sociales, y dada la frecuencia con que los pequeños contratistas independientes caen en la insolvencia o carecen de la responsabilidad necesaria, sin desconocer el principio de que el beneficiario de la obra no es en caso alguno el sujeto patronal, estableció expresamente, a favor exclusivo de los trabajadores, la responsabilidad solidaria del contratista y del beneficiario por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que puedan tener derecho, sin perjuicio de que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o repita contra él lo pagado a esos trabajadores”.
‘“Esta figura jurídica no puede asimilarse ni confundirse con la vinculación laboral (como parece hacerlo la oposición), pues tiene cada una alcances y consecuencias distintas. Es claro que la vinculación de carácter laboral es con el contratista independiente y que el obligado solidario no es más que un garante para el pago de sus acreencias, de quien, además, el trabajador puede también exigir el pago total de la obligación demandada, en atención al establecimiento legal de esa especie de garantía. Y no por ello puede decirse que se le esté haciendo extensiva la culpa patronal al municipio demandado. No, la culpa es del empleador, pero los derechos respecto de los salarios, las prestaciones e indemnizaciones (como lo enuncia el CST., art. 34) que de ella emanan son exigibles a aquel en virtud, como atrás se anotó, de haberse erigido legalmente la solidaridad que estableció el estatuto sustantivo laboral, en procura de proteger los derechos de los asalariados o sus causahabientes.
‘“De esta manera lo ha dicho esta corporación:
“‘La fuente de la solidaridad, en el caso de la norma, no es el contrato de trabajo ni el de obra, aisladamente considerados, o ambos en conjunto, sino la ley: esta es su causa eficiente y las dos convenciones su causa mediata, o en otros términos: los dos contratos integran el supuesto de hecho o hipótesis legal. Ellos y la relación de causalidad entre las dos figuras jurídicas, son los presupuestos de la solidaridad instituída en la previsión legal mencionada”’ (Sent., 23 de sep. 1960, “G.J.”, XCIII, 915).
“En consecuencia, se ratifica la inmemorial jurisprudencia de esta corporación, en el sentido de que a la luz de lo estatuido en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, el beneficiario del trabajo o dueño de la obra conexa con su actividad principal es solidariamente responsable en el pago de la indemnización plena de perjuicios del artículo 216 de la misma obra”.
En consonancia con lo anterior corresponde anotar que frente a la solidaridad prevista en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, el beneficiario del servicio o dueño de la obra, puede alegar como obligado solidario todas las excepciones que el contratista como verdadero empleador pudiera oponer a sus trabajadores, por vía de ejemplo, las usuales, de pago, inexistencia de la obligación, prescripción, compensación, buena fe, etc.; pero de ningún modo las personales tendientes a que se le absuelva de las obligaciones laborales declaradas a favor de los trabajadores y por las que se imponga condena al contratista independiente, en su calidad de empleador, salvo aquellas a través de las cuales discuta que no tiene la condición de obligado solidario, por cualquier razón, lo que es distinto; de manera que su buena fe no lo exime del proceder incorrecto del contratista empleador, porque la solidaridad a que se refiere la norma citada incluye de manera expresa, sin excepción alguna, salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores.
No se acredita entonces el error jurídico denunciado, por tanto, el cargo no prospera.
El recurso de casación de seguros del estado
Solicita que se case parcialmente la sentencia acusada para que, en sede de instancia, revoque lo decidido por el tribunal, en lo tocante con la parte pasiva y la llamada en garantía, en relación con la confirmación de lo decidido en los numerales segundo y tercero del fallo de primera instancia, y el numeral primero del fallo de segunda instancia. En subsidio pide que se case parcialmente la decisión de segundo grado, en lo relacionado con los numerales segundo y tercero del fallo del juez del conocimiento y del tribunal en cuanto extendió por la vía de la solidaridad las condenas por vacaciones, indemnización o sanción por falta de pago de salarios y prestaciones, desde julio 30 de 1999 y hasta cuando se haga efectivo su pago; a fin de que en sede de instancia se revoquen las decisiones de las instancias, disponiendo, en su lugar, que no se presentó la solidaridad en relación con esos rubros y se disponga la absolución de la demandada Gases de Occidente S.A. ESP.
Con tal propósito la censura presentó tres cargos fundados en la causal primera de casación que fueron replicados por la sociedad convocada al proceso como beneficiaria de la obra y el demandante.
Acusa por la vía directa la “inaplicación” del artículo 311 del Código Sustantivo del Trabajo luego anota que la violación denunciada se produjo por la vía indirecta y por aplicación indebida de los artículos 27, 34 (subrogado por el D. 2351/65, art. 3º), 64 (subrogado por L. 789/2002, art. 28), 65 (modificado por la L. 789/2002, art. 29), 127 (subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, 186, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo; 1 de la Ley 1975; y 99 de la Ley 50 de 1990.
Quebranto normativo que, señala, el ataque se originó en los siguientes yerros fácticos:
“1. Dar por establecido, en forma contraria a la realidad, que las labores adelantadas por Ramiro Tovar Ramírez son afines a las desarrolladas por Gases de Occidente S.A. ESP. S.A. ESP.
“2. No dar por establecido, estándolo, que las actividades que adelanta Colciredes Ltda. Son extrañas a las actividades normales de Gases de Occidente S.A. ESP”.
Dislates fácticos que, se apunta, se debieron a la equivocada apreciación del certificado de existencia y representación legal de Gases de Occidente S.A. ESP “EPSA ESP” (fls. 22 a 25 del C.P.), el escrito de demanda (fls. 1 a 8), el escrito de contestación de demanda de Gases de Occidente S.A. ESP (fls. 47 a 51) y el escrito de llamamiento en garantía (fl. 76 a 78).
Sostiene la acusación que, al analizar el sustrato de las labores adelantadas por el contratista demandado Colciredes Ltda. y por el demandado Ramiro Tovar Ramírez, se observa que el juzgador de segundo grado tomó partido por la tesis de que tales actividades eran similares a las desarrolladas por Gases de Occidente S.A. ESP y, en cuanto al contrato suscrito entre la entidad contratante y el contratista, señaló que “la naturaleza de las labores contratadas no son extrañas a las actividades normales de Gases de Occidente S.A., sino conexas, inherentes a las mismas según el certificado de existencia y representación legal de dicha empresa”. Conclusión que encuentra desfasada, porque la simple lectura de tal certificado arroja una deducción distinta, pues tal documento indica que su objeto social es la realización de actividades de comercialización y transporte de gas combustible y la prestación del servicio domiciliario de gas combustible”; que en tanto Gases de Occidente S.A. ESP se ocupa de la comercialización y transporte de gas combustible, el contratista Colciredes asumió la labor de construir las acometidas con sus rejas metálicas, instalaciones internas, puntos adicionales, puntos opcionales, conexión de gasodomésticos para el servicio de gas domiciliario en la ciudad de Cali; que el ad quem incurrió en un error adicional al establecer que las actividades del contratista eran labores conexas y propias del giro normal de las actividades de Gases de Occidente, lo que significa que en realidad confundió la afinidad entre los objetos de contratantes y contratista, con el nexo entre las actividades del trabajador y las de la entidad contratante o beneficiaria de la obra; que en la sentencia acusada se apreció equivocadamente la demanda y su respuesta, porque en la segunda se anotan claramente los motivos por los cuales no procede la solidaridad debido a la distancia entre las actividades y objetos sociales de las dos personas jurídicas demandadas y, en la primera, los hechos que sustentan las pretensiones del actor no dice que las actividades de las empresas fueran las mismas o afines.
La empresa Gases de Occidente S.A. ESP anota que se advierte una deficiencia que es común para los tres cargos que contiene la demanda de casación, en el alcance de la impugnación, pues se solicita la casación parcial de la decisión recurrida, pero sin precisar los puntos que se deben anular, lo que impide a la Corte actuar de oficio. No presenta oposición alguna a los dos primeros cargos.
Por su parte, el actor indica que el ataque no cita todas las pruebas en que se fundó el Tribunal para determinar la existencia de la solidaridad, lo que estima conduce a que el cargo se desestime.
En lo concerniente a la ausencia de solidaridad que aduce la censura, argumenta que desde la contestación de la demanda se dejó establecido que las obras contratadas mediante los contratos civiles CI-35-98 y CI-08-99, cuya existencia determinó el contrato laboral o labor contratada suscrito entre Colciredes Ltda., el verdadero patrono, y el señor Ramiro Tovar Ramírez, eran conexas e inherentes a las actividades de la demandada en solidaridad con Gases de Occidente S.A. ESP.
Un aspecto que no es materia de controversia en el proceso es el relativo a que la sociedad Colciredes Ltda. y la empresa de servicios públicos Gases de Occidente S.A. ESP celebraron los contratos distinguidos con los consecutivos CI-35-98 y CI-08-99, que tuvieron por objeto la “construcción de las acometidas con sus rejas metálicas, instalaciones internas, puntos adicionales, puntos opcionales, conexión de gasodomésticos para el servicio de gas domiliciario en la ciudad de Cali”.
Estas actividades acordadas por las empresas mencionadas, en los convenios relacionados, tienen correspondencia con el objeto social de cada una de ellas, de manera que se da plenamente el presupuesto normativo para que tenga lugar la solidaridad del beneficiario del servicio o dueño de la obra, habida consideración que lo contratado versó respecto de la ejecución de tareas inherentes o conexas con las ordinarias de la empresa contratante. En efecto, el objeto social de Colciredes Ltda., según aparece en el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Cali (fls.18 a 21 del C. de I.), se circunscribe a “El ejercicio de las ingenierías y la agricultura de los renglones y líneas industriales y comerciales afines y complementarias de dichas actividades. Ejecutar trabajos de arquitectura e ingeniería en las ramas de la ingeniería civil, sanitaria, eléctrica, telefónica, electrónica, de gas natural y propano; de telecomunicaciones y prestar todos los servicios directos o indirectos relacionados con todo tipo de ejecución de redes de servicios públicos y montaje de servicios relacionados.”. En tanto que el objeto social de Empresa de Gases de Occidente S.A. ESP, tiene que ver con la comercialización de transporte de gas combustible y la prestación del servicio domiciliario de distribución de gas combustible; como también el de la construcción, operación, mantenimiento, en forma directa o a través de contratistas de gasoductos, redes de distribución, transporte, comercialización o suministro, ramales, estaciones de regulación, compresión o almacenamiento, acometidas domiciliarias y otras.
Aparece entonces que en este asunto a más de que las labores contratadas pertenecen a una de las actividades normales de la empresa contratante o beneficiaria de las obras, también, que fueron ejecutadas por un contratista independiente que igualmente explota, entre otros, ese renglón de la ingeniería, concretamente el relacionado con la instalación de redes domiciliarias de gas.
No acierta entonces la censura al afirmar que el juzgador de segundo grado se equivocó al no encontrar demostrado que las actividades que adelantó Colciredes Ltda. eran extrañas a las actividades normales de Gases de Occidente S.A. ES.P
El cargo, por lo expuesto no prospera.
Dirigido por la vía directa denuncia la aplicación indebida de los artículos 34, subrogado por el artículo 3º del Decreto 2351 de 1964, 65, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, y 186 del Código Sustantivo del Trabajo; y 99 de la Ley 50 de 1990.
En la demostración dice el censor que el cargo se propone de forma subsidiaria y como corresponde a toda acusación de carácter jurídico, abarca la totalidad de los hechos determinados por el tribunal. Anota que el error jurídico se debe a que en la sentencia recurrida se alude a una sentencia de esta corporación que trata sobre el tema de la solidaridad entre contratante y contratista respecto de la condena proferida, para concluir de una manera muy simplista, que existió la solidaridad declarada por el juzgador de instancia, sin tener en cuenta que la interpretación de la jurisprudencia moderna sobre el tema apunta a que la solidaridad solo opera respecto de salarios, prestaciones e indemnizaciones, no pudiendo extender su efecto hasta las sanciones que se contemplan en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990, ni a los intereses que, dice ordenó con base en el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, lo mismo que a las vacaciones por no estar ninguna de esa condiciones previstas en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.
Sostiene que la naturaleza sancionatoria de la figura prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo fue definida por la Corte Suprema de Justicia desde las primeras decisiones en relación con esa disposición y por ello señaló desde un comienzo, con independencia de la transcripción parcial efectuada por el tribunal, que no tocó el tema de fondo, que para la causación del derecho que nace de esa norma no basta que existan las deudas salariales y prestacionales que allí se mencionan, sino que es indispensable determinar si el empleador actuó de mala fe, pues solo ante la conducta procede la aplicación de la medida correspondiente. Encuentra claro la censura que la norma mencionada supone una causa y ella es una conducta impropia, indebida, inexplicable o de mala fe por parte del empleador que carece de razones o motivos que expliquen el por qué no ha pagado lo que en el proceso se ha declarado como derecho salarial o prestacional del trabajador demandante, lo cual supone que esa medida es de orden punitivo o sancionatorio; que ante la presencia de condenas a cargo del contratista empleador, de las mismas solo se podrá pregonar la solidaridad en relación con las que tengan naturaleza salarial, prestacional o indemnizatoria, puesto que, para que concurra la solidaridad, es indispensable que ella se encuentre consagrada específicamente en la ley, sin que exista la posibilidad de una aplicación extensiva o analógica dada su condición de gravamen que la caracteriza.
Resalta la parte demandante que el cargo incurre en la omisión de no señalar los errores fácticos en que incurrió el juzgador de segundo grado y, también, en la de no precisar las pruebas que tuvieron incidencia en ellos, por su falta de apreciación o estimación equivocada, lo que es suficiente para que no tenga prosperidad. Agrega en torno a la solidaridad discutida que la entidad contratante conoció en forma oportuna, antes de la presentación de la demanda, que Colciredes Ltda. no pagó al demandante salarios y prestaciones sociales, pues así lo acredita el documento que reposa a folios 89 a 91.
La acusación entiende que el Tribunal se equivocó al aplicar la solidaridad prevista en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, para el caso de las sanciones previstas en los artículos 65 del mismo código y 99 de la Ley 50 de 1990, con incidencia en los intereses que dispone el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, en cuanto tienen el mismo carácter sancionatorio, por cuanto estima que la primera norma mencionada solo dispone que opera la solidaridad que ella establece respecto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, de manera que están excluidas las penalidades previstas en las otras disposiciones citadas, pues tienen índole sancionatoria. Posición que, dice, también obra respecto de las vacaciones pues estas no corresponden a ninguna de las obligaciones laborales referidas.
Es oportuno comenzar por reiterar lo dicho al resolver el cargo único de la demanda de casación presentada por la sociedad contratista, en punto a que el proceder incorrecto del contratista empleador, no exime al beneficiario del servicio o dueño de la obra por su propio obrar de buena fe, porque la responsabilidad prevista en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, surge de manera pura y simple, en virtud de la solidaridad que instituye, lo cual determina la exigibilidad al beneficiario de las acreencias laborales surgidas en favor del trabajador, cuando quiera que no fueron satisfechas por su empleador. Por tanto, no es motivo de exculpación para el contratante beneficiario el que haya cumplido sus obligaciones contractuales para con el contratista independiente y que su proceder en el desarrollo del mismo se haya avenido a una actitud ética y moral intachable; reiterando claro está que el beneficiario del servicio o dueño de la obra, puede alegar como obligado solidario todas las excepciones que el contratista como verdadero empleador pudiera oponer a sus trabajadores, por vía de ejemplo, las usuales, de pago, inexistencia de la obligación, prescripción, compensación, buena fe del empleador, etc.; pero de ningún modo las personales tendientes a que se le absuelva de las obligaciones laborales declaradas a favor de los trabajadores y por las que se imponga condena al contratista independiente en su calidad de empleador, salvo aquellas a través de las cuales discuta que no tiene la condición de obligado solidario, por cualquier razón.
En punto al aspecto central de la inconformidad de la acusación, esto es, que la solidaridad prevista en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, no aplica para el caso de las sanciones previstas en los artículos 65 del mismo código y 99 de la Ley 50 de 1990, en cuanto tienen un evidente carácter sancionatorio, corresponde anotar que tal inferencia no es exacta dado que en realidad el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo prevé una indemnización tarifada con un componente sancionatorio, muy propia del derecho laboral, que busca liberar al trabajador de acreditar los perjuicios materiales que eventualmente le sean causados y a su vez penalizar al empleador incumplido, sin razón imbuida de buena fe que justifique la omisión en el pago.
En los términos anotados no es dable abrigar duda en torno a que esta indemnización se incluye dentro de las obligaciones laborales a cargo del contratista independiente, por las que debe responder el contratante beneficiario del servicio o dueño de la obra, en razón de la solidaridad establecida en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, habida consideración que esta norma de manera general se refiere a salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores por cuenta de quien fue su empleador, de donde claramente se deriva que este precepto persigue garantizar al trabajador el pago de todas las acreencias que surjan de la relación laboral, dentro de las que obviamente se encuentran las vacaciones y por supuesto la indemnizatoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
Indica que la violación denunciada se origina por la vía directa, por la aplicación indebida del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 2º de la Ley 712 de 2001.
Sostiene al respecto que el error del juzgador de segundo grado se debe a que el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social señala que “la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: 1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.” Y que en este proceso se vinculó a Seguros del Estado S.A. como llamada en garantía, en virtud de la póliza de seguro de cumplimiento entre particulares 1050651, en la que figura como tomador el contratista Colciredes Ltda., como asegurado de Gases de Occidente S.A. ESP, y en lo que tiene que ver con el amparo de salarios y prestaciones sociales de dicho contrato de seguros. Relación que estima debe ser dirimida por el juez ordinario civil y no por la jurisdicción ordinaria laboral, dado su carácter eminentemente comercial.
También se afirma en la demostración del cargo que la tesis expuesta se ha venido abriendo paso en los tribunales colombianos, pues la acogen en sus decisiones, y para efectos de corroborar tal aseveración cita apartes de una sentencia proferida por el Tribunal de Bogotá el 10 de febrero de 2003 y posteriormente se remite a otra decisiones de segunda instancia proferidas por otros tribunales.
Insiste la acusación en que la recta aplicación del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en los eventos de llamamiento en garantía efectuados a compañías de seguros debe conllevar, como lo han entendido los tribunales, a que se declare que no existe jurisdicción de los jueces laborales para conocer de las controversias derivadas de seguros de cumplimiento, en el amparo de salarios y prestaciones sociales.
Sostiene la opositora Gases de Occidente S.A. ESP que en el supuesto que el cargo tuviere cabida, respecto a que no era dable que se vinculara al proceso a Seguros del Estado S.A., dada su vinculación comercial con Gases de Occidente S.A. ESP, se encontraría que la empresa aseguradora contó con la oportunidad de proponer esta excepción en la contestación de la demanda, lo que dice no tuvo ocurrencia.
En cuanto al aspecto de fondo propuesto dice que las obligaciones pactadas por parte de Seguros del Estado estriban en garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales que pudieran derivarse de la relación comercial entre Gases de Occidente y Colciredes Ltda., de manera que exista o no responsabilidad laboral por parte alguna de las dos empresas, ambas deben acudir ante el juez laboral para aclarar su situación, por cuanto que los derechos laborales revisten una especial protección, y ocurre que esta disciplina promueve las normas más favorables en beneficio del trabajador, luego es por ello y en pro de sus derechos que el juez persigue enterarse de la realidad con todos los medios posibles.
La parte demandante en condición de opositora señala que la censura incurre en una equivocación al denunciar la violación de una norma procesal de manera autónoma y no como violación medio que da lugar al quebranto de una norma sustancial y agrega que argumenta un hecho nuevo no planteado desde la contestación del llamamiento en garantía, pues pretende que se declare una excepción no formulada, de modo que tales irregularidades impiden que se analice el planteamiento de fondo del cargo.
El cargo presenta de entrada una deficiencia que no es dable obviar por su trascendencia, consistente en no incluir en la proposición jurídica ninguna norma sustantiva del orden nacional relacionadas con los derechos controvertidos, pues en realidad únicamente se citan, como quebrantadas, normas de carácter procesal, relacionadas con la competencia de la jurisdicción laboral. Impropiedad que resulta ser de gran incidencia, pues por sí sola es suficiente para desestimar el cargo, que aspira fallidamente a presentar la acusación, toda vez que los preceptos que orientan el recurso de casación laboral exigen el señalamiento de las disposiciones de índole sustantiva que se estimen infringidos. Irregularidad que no se convalida por lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por la Ley 446 de 1998, porque dicha disposición exige al menos el señalamiento de una norma sustancial referente al derecho discutido, lo que no tuvo lugar en este asunto.
Aun cuando el cargo no tiene vocación de prosperidad, según lo antes anotado, estima la Sala pertinente anotar que no acierta la censura cuando sostiene que la llamada en garantía, Seguros del Estado en virtud de la póliza de seguros de cumplimiento, tomada por Colciredes Ltda., en la que fue asegurada la sociedad Gases de Occidente S.A. ESP, en razón del vínculo comercial generado, no podía ser vinculada en proceso ante la jurisdicción laboral sino ante la civil. Ciertamente, el llamamiento en garantía apareja el amparo del debido proceso de quien es convocado a responder por la indemnización del perjuicio o del reembolso que tuviere que hacer a quien cuenta con su respaldo por mandato legal o contractual, que eventualmente sean ordenados en una sentencia.
Es lógico que el llamado en garantía sea convocado a la jurisdicción en la que se tramite el proceso donde se discuten unas pretensiones por las que eventualmente tiene que salir a responder, como sucede en este asunto donde se reclaman unos créditos laborales, donde, en principio, el beneficiario de la prestación del servicio o de unas obras realizadas está obligado a responder solidariamente por disposición legal, de las deudas laborales del contratista independiente con quien celebró un “contrato de construcción de redes internas para gas”, en virtud del cual la empresa recurrente, como compañía de seguros, expidió previamente una póliza de seguros de cumplimiento, en la que figura como tomador el contratista Colciredes Ltda. y como asegurada la sociedad Gases de Occidente S.A. ESP para garantizarle a esta los desembolsos que eventualmente tenga que hacer, en este evento por disposición de la sentencia que ponga fin a la controversia. Esto por cuanto que sería la única forma en que el llamado en garantía podría oponerse ante un tercero que reclama al tomador de la póliza y al asegurado unos créditos laborales derivados de una relación laboral que tuvo origen en el contrato de obra que estos celebraron, toda vez que sería precisamente en el proceso laboral donde podría proponer todas las excepciones de que hicieran uso el contratista independiente y el contratante solidario; ello sin descontar las propias que se refieran a que no está obligado a responder por una cualquiera de las vicisitudes que se puedan presentar en torno al contrato de seguros por el cual es convocado a responder.
En este sentido se encuentra que el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión, al trámite procesal laboral, que regula lo concerniente al llamamiento en garantía, prevé que esta citación procesal se sujetara a lo dispuesto en las dos normas que le preceden, de donde se desprende que en aplicación armónica de estas disposiciones el llamado en garantía tiene las mismas facultades de quien pide su comparecencia al proceso, de acuerdo con el inciso tercero del artículo 56 de esa obra. Es cierto entonces que es en el proceso donde es citado que, el llamado en garantía, tiene a plenitud la potestad de ejercer sus derechos de contradicción y defensa.
Las costas en el recurso extraordinario interpuesto por Gases de Occidente S.A. ESP, son únicamente a favor del demandante, único replicante. Las costas en el recurso interpuesto por Seguros del Estado son a favor de Gases de Occidente S.A. ESP y del demandante.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 31 de octubre de 2008 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Ramiro Tovar Ramírez contra Colombiana de Obras Civiles y Redes Limitada “Colciredes Ltda.” y Empresa de Gases de Occidente S.A. ESP “Gases de Occidente ESP”, al que fue llamado en garantía la compañía Seguros del Estado S.A.
Costas en los recursos extraordinarios a cargo de las partes recurrentes.
Se fijan las agencias en derecho a cargo de Gases de Occidente en seis millones de pesos ($ 6.000.000) moneda corriente, a favor del demandante. Las agencias en derecho a cargo de Seguros del Estado S.A. son de $ 6.000.000, que se distribuirán por partes iguales en favor de Gases de Occidente S.A. ESP y del demandante.

References: ARTÍCULO 34
 artículo 1577
 artículo 65
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 216
 artículo 1579
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 216
 artículo 34
 artículo 311
 artículo 14
 artículo 3
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 34
 artículo 65
 artículo 34
 artículo 29
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 65
 artículo 34
 artículo 65
 artículo 2
 artículo 2
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 artículo 2
 artículo 51
 artículo 57
 artículo 56