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Timestamp: 2020-07-10 00:07:46+00:00

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EL CONSUMO: Algunas cuestiones jurídicas sobre los actos de conciliación administrativos previos a la vía judicial social
Artículo publicado en el portal jurídico NOTICIAS JURÍDICAS
Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias. Letrado UMAC-Gijón
2.- El escrito de solicitud o papeleta de conciliación. Regulación y contenido.
3.- Competencia territorial para celebrar el acto de conciliación.
5.- Suspensión e interrupción de los plazos de caducidad y prescripción por la interposición de la papeleta.
6.- Obligación de comparecer al acto de conciliación y efectos de la incomparecencia.
7.- Efecto limitativo de la papeleta en cuanto a los hechos expuestos en la misma y necesidad de efectuar anuncio reconvencional en el acto de conciliación.
a) Efecto limitativo respecto a hechos expuestos en la papeleta.
b) Obligatoriedad de efectuar anuncio reconvencional en el acto de conciliación.
8.- Efectos del acuerdo conciliatorio.
El trámite de intento de conciliación previa a la vía laboral previsto en el art. 63 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (en adelante LJS)[1], es un trámite obligatorio que se ha de promover ante los órganos o servicios de la Administración Pública competente[2] mediante una solicitud por escrito, denominada papeleta.
Dicha denominación[3] es la recogida en el artículo 6 del aún vigente Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre, por el que el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación asume parte de las funciones que tiene encomendadas –en adelante, RD 2756/1979- , artículo que establece - de modo sucinto- los datos que deben figurar en ella.
1. Los datos personales del que la presente[4] y de los demás interesados y sus domicilios respectivos.
-Los que exijan el agotamiento de la vía administrativa[5].
-Los iniciados de oficio[6].
A pesar de dichas excepciones la LJS, con la evidente finalidad de evitar el proceso judicial y en aras a un elemental principio de eficacia, reconoce la validez de acuerdos adoptados en actos de conciliación sobre dichas materias excluidas, si las partes convienen en acudir al órgano conciliatorio a fin de resolver la controversia, suspendiéndose los plazos de caducidad de la acción e interrumpiéndose los de prescripción, aunque finalmente no se logre un acuerdo[7].
b) El domicilio de los interesados. Por domicilio de los interesados hay que entender, el domicilio de la parte conciliante –solicitante- o el domicilio de la parte reclamada o demandada[8]. Obsérvese que el término “interesado” es más amplio que el de demandante o demandado[9].
La sede elegida no se vincula al representante del solicitante-interesado, sino al domicilio de éste último; así, no sería correcto interponer la papeleta de conciliación dirigida a la sede del Servicio o Unidad de Conciliación Laboral en la que tenga su domicilio el despacho del profesional que represente al trabajador reclamante si dicho servicio o unidad administrativa no ejerce su competencia territorial ni sobre el domicilio de los interesados, ni sobre el lugar de prestación de servicios. Con independencia de ello, la papeleta de conciliación, al ser formalmente un documento dirigido a una Administración Pública, podrá ser presentada en cualquiera de los lugares señalados en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas[10], teniendo el solicitante el derecho a señalar en su escrito (papeleta) el lugar que tenga por conveniente para recibir las notificaciones que puedan efectuarse en el procedimiento de conciliación, en virtud del art.66.1, epígrafe b), de dicha Ley[11].
En cuanto a la suficiencia de facultades del representante se ha de admitir su acreditación por cualquier medio válido en derecho (escritura notarial de otorgamiento de poderes, poder apud acta, escritura de constitución, de adopción de acuerdos sociales o certificado expedido por el Registro Mercantil en el que conste que el compareciente en representación de una empresa es administrador único, etc.), debiendo interpretarse como una lista abierta los documentos expuestos en el primer párrafo del art. 9 del RD 2756/1979[12].
Un efecto trascendente de la interposición de la papeleta es que, desde la fecha de su presentación, se suspenden los plazos de caducidad y se interrumpen los de prescripción[13].
La suspensión o interrupción de plazos de caducidad y prescripción se produce desde el día de la presentación de la papeleta, con independencia del medio admitido legalmente a través del que se presente, siendo admisible su presentación en cualquier lugar de los señalados en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, resultando posible su remisión a través de una oficina de correos[14] en la forma reglamentariamente establecida.
El art. 65.2 LJS) dicta que, en todo caso, una vez transcurridos treinta días desde la presentación de la papeleta sin haberse celebrado el acto de conciliación se tendrá por terminado el procedimiento y cumplido el trámite. Con dicha medida el legislador quiso evitar el alargamiento temporal del procedimiento administrativo conciliatorio disponiendo un plazo para su terminación. Lo que ocurre es que el plazo máximo de 30 días para la terminación del procedimiento desde la interposición de la papeleta difiere con el plazo máximo en el que se suspenden o interrumpen los plazos de caducidad y prescripción, plazo de 15 días. Esto puede llevar a confusión, resultando necesario observar que, a efectos de la interposición de la demanda judicial, se debe tener en consideración que una vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde la presentación de la papeleta cesa automáticamente el efecto suspensivo o interruptivo del plazo de caducidad o prescripción, todo ello con independencia del plazo de 30 días establecido para dar por terminado el procedimiento conciliatorio.
Si quien no compareciese estando debidamente emplazado fuese la otra parte dicha circunstancia se debería reflejar en la certificación del acta teniéndose la conciliación intentada sin efecto. El juez o tribunal, en este supuesto y de no mediar causa que justifique su incomparecencia, debe imponerle las costas[15] hasta un límite de 600 euros, condicionándose dicha imposición de costas (que no es facultativa, sino obligatoria) al único requisito de que coincidan esencialmente la sentencia que en su día se dicte con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación.
Esa actuación judicial preceptiva se complementa con la previsión contemplada en el artículo 97.3 de la LJS. Dicho precepto establece la facultad del órgano judicial de imponer en la sentencia al litigante que no acudió al acto de conciliación injustificadamente una sanción pecuniaria dentro de los límites que previstos en el art. 75.4 LJS[16].
[1] El artículo 4.1 del RD 2756/1979 dispone que “será requisito previo para la tramitación de cualquier procedimiento laboral, el intento de celebración del acto de conciliación ante el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación conforme al artículo 5 del Real Decreto-Ley 5/1979, de 26 de enero, inclusive en los supuestos a que se refieren los artículos 52,53 y 56 de la Ley de Procedimiento Laboral”.
[2] Órganos dependientes de la Administración Pública que puedan ser sustituidos, en aplicación del art. 63 LJS, por los que puedan crearse a través de acuerdos profesionales, convenios colectivos o de acuerdos de interés profesional, en el caso de trabajadores autónomos económicamente dependientes.
[3] En la redacción dada a la Ley de Procedimiento Laboral de 1977 por el Texto articulado segundo de la Ley 24/1972, de 21 de junio, de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora del Régimen General de la Seguridad Social (BOE nº 238 de 4 de octubre de 1973), se recogía (art. 51) un trámite obligatorio de intento de conciliación que se celebraba ante la entonces denominada “Organización Sindical” y no aparecía la denominación “papeleta”, sino “demanda”.
[4] La redacción de este precepto no es muy afortunada en cuanto a la exigencia de los datos personales de la persona que presente la papeleta, ya que el documento podría presentarse por un tercero que no sea interesado; lo que sí resulta necesario, en todo caso, es que se exprese el lugar en el que se desee que se reciban las notificaciones que puedan resultar del procedimiento.
[5] El artículo 69 de la LJS, en la redacción dada por la disposición final de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala que para poder demandar a las Administraciones Públicas o entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de las mismas será necesario haber agotado la vía administrativa, “cuando así proceda”, de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable. Con ello, y teniendo en consideración la regulación del art. 114 de la Ley 39/2015 en la que se establecen los actos que agotan o ponen fin a la vía administrativa, la doctrina más autorizada ha entendido que la excepción de conciliación o mediación previa obligatoria se aplica tanto a las Administraciones Públicas territoriales como al resto de entidades de Derecho público vinculadas o adscritas a las mismas.
[6] Los procedimientos de oficio se contemplan en el art. 148 de la LJS.
[7] Así, el art. 64.3 LJS dispone que “cuando por la naturaleza de la pretensión ejercitada pudiera tener eficacia jurídica el acuerdo de conciliación o de mediación que pudiera alcanzarse, aun estando exceptuado el proceso del referido requisito del intento previo, si las partes acuden en tiempo oportuno voluntariamente y de común acuerdo a tales vías previas, se suspenderán los plazos de caducidad o se interrumpirán los de prescripción en la forma establecida en el artículo siguiente”.
[8] El Tribunal Supremo se pronunció en la sentencia de 9 de diciembre de 2009 (Rec. 349/2008) sobre el derecho del solicitante a elegir dicha sede. Así, en dicha sentencia -que tuvo por fondo del asunto determinar si la excepción de prescripción de la acción había tenido lugar por entender el recurrente que dicho plazo no había quedado interrumpido por la presentación de la papeleta de conciliación ante órgano territorialmente incompetente- recuerda que la propia literalidad del art. 5.1 del RD 2756/1979 no permite una interpretación que restrinja posibilidad de elección contemplada en la norma siendo, además, el concepto de interesado, más amplio que el de demandado “estando fuera de duda que el actor ante un procedimiento de despido tiene interés en él”. Idéntico pronunciamiento se recoge en la sentencia de 8 de febrero de 2010 (Rec. 4353/2008).
[9] En la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2009 (Rec. 349/2008), se afirma que el concepto de "interesado" es más amplio que el de "demandado" puesto que es aplicable a toda persona que ostenta un interés legítimo en un procedimiento y por ello está legitimada, para intervenir en él.
[10] Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:
[11] Artículo que dispone la obligatoriedad de hacer constar “la identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación”. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.
[12] “Los interesados podrán comparecer al acto de conciliación por sí mismos o por medio de representante, otorgándose esta representación mediante poder notarial, por comparecencia ante los órganos judiciales a que se refiere el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Laboral, o ante las oficinas del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación”.
[13] Los plazos de caducidad son perentorios, no admitiéndose la reanudación inicial del cómputo del plazo ya transcurrido; esto es, el plazo establecido por la norma se “congela” y no se renueva finalizada la suspensión del plazo de caducidad. Sin embargo, los plazos de prescripción no se suspenden sino que se interrumpen, reanudándose el cómputo inicial del plazo establecido una vez finalizada la interrupción.
[14] La Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre (Rec. 1223/2015) a la vez que efectúa un profundo análisis sobre la aplicabilidad a la papeletas de conciliación tanto de la legislación procesal laboral como de la legislación administrativa, ratifica la posibilidad de presentación de aquéllas ante las oficinas de correo, estimando que el plazo de caducidad de la acción ha de ser suspendido desde el día de presentación ante aquéllas.
[15] En las costas se incluyen expresamente los honorarios del letrado o graduado social de la parte que hubiera asistido al acto.
[16] Los límites de la sanción, que ha de ser ponderada con los principios de proporcionalidad, capacidad económica y perjuicios ocasionados, se establecen entre ciento ochenta a seis mil euros y, en todo caso, a una tercer parte del litigio. La norma también recoge que en tales casos, y únicamente cuando el empresario sea el condenado, se han de abonar los honorarios de los abogados y graduados de la parte contraria hasta un límite de 600 euros
Etiquetas: ADMINISTRACION PUBLICA, DERECHO LABORAL

References: artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 97
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 69
 artículo 10