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Sentencia A.P. Las Palmas 238/2010 de 17 de mayo
Recurso de anulación de laudo arbitral: Contratos de obra. Voluntad de las partes para establecer alcance y contenido de lo pactado. No existe voluntad expresa, clara y común de ambas partes de someter la obra del centro comercial y sus vicisitudes a arbitraje. Incongruencia extra petita: Se requiere que la desviación o el desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido o algo distinto de lo pedido, suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión.
D. Ángel Guzmán Montesdeoca Acosta (Ponente)
D.ª Mónica García de Yzaguirre
Primero.-Con fecha 15 de marzo de 2006 fue turnada demanda presentada por el Procurador Don Alfredo Crespo Sánchez, en nombre y representación de la entidad mercantil "Broncemar Beach S.A.", y bajo la dirección del Letrado Don Eligio Hernández Gutiérrez, interponiendo recurso de anulación del laudo arbitral dictado el 10 de enero de 2006 por el Tribunal de Arbitraje integrado por los Abogados Don Casiano, Don Evelio y Don Ismael (Presidente), contra la entidad mercantil Obrascon Huarte Lain S.A., demanda que fue registrada con el número 203/2006 y en la que, tras alegar los hechos que estimó oportunos, terminaba suplicando a esta Sala que habiendo por presentado el escrito, con los documentos y copia que de todo ello se acompaña, se sirva admitirlo, teniéndole por parte a nombre de quien comparece y por formulada la demanda que en él se contiene, siguiendo el juicio por todos sus trámites para finalmente, dictar sentencia que declare la nulidad del laudo arbitral en cuanto a los siguientes pronunciamientos:
a) El pronunciamiento I.2 y II.5 de la parte dispositiva del laudo, en cuanto procede que ambas partes repongan su relación contractual al momento en que debían haber liquidado la obra y se pongan de acuerdo en la medición final de la citada obra, para proceder a la liquidación final de la misma, en la forma que se indica.
c) El pronunciamiento II.1 de la parte dispositiva en cuanto procede condenar a Broncemar al pago de la certificación número 4 del Centro Comercial, así como al pago de los gastos complementarios relativos a dicho Centro por importe de 229.851,39 euros, y al abono de las certificaciones números 19 y 20 en los términos expresados en el mismo laudo.
Se interesa igualmente la condena en costas a la empresa demandada.
Segundo.-Por providencia de 31 de marzo de 2006 se admitió a trámite la demanda formándose el oportuno rollo y acordando dar a la misma la tramitación prevista en la Ley 60/2003 confiriendo al demandado el término de veinte días para que pudiera contestarla, y remitiéndose oficio al Tribunal de Arbitraje a fin de que remitieran a esta Sala copia compulsada del expediente arbitral. Transcurrieron los veinte días concedidos a la demandada la que compareció en autos y contestó a la demanda a través de la Procuradora Doña Cristina Piernavieja Izquierdo y asistida de la letrada Doña Noelia Afonso Marrero, oponiéndose, y recibido el expediente compulsado procedente del Tribunal Arbitral se puso en conocimiento de las partes, señalándose la celebración de vista.
La vista tuvo lugar el diecinueve de septiembre de 2008 con asistencia de ambas partes, debidamente asistidos y representados, practicándose y admitiéndose como prueba únicamente la documental ya aportada, y la que se aportó en dicho acto, quedando los autos vistos para dictar la presente resolución.
Tercero.-En la tramitación de este recurso de han observado las formalidades legales, a excepción del término para dictar sentencia por situación de baja médica prolongada del ponente. Es ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Ángel Guzmán Montesdeoca Acosta quien, al amparo del artículo 256 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, expresa el parecer de la Sala.
Primero.-El recurso plantea los siguientes motivos: los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión, así, las obras ejecutadas por "Huarte Laín" en el Centro Comercial no son objeto del presente procedimiento arbitral; ha habido vulneración del Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes regulado en el art. 24 de la C.E.; y, existe una falta de motivación suficiente de la valoración de la certificación final de obra del Apartahotel, de la dirección facultativa de 19 de julio de 2002, aportada como documento n.º 12.
En consecuencia, los motivos de impugnación se resumen en los siguientes:
A) El Tribunal arbitral ha resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión (art. 41.1.c LA) incurriendo en incongruencia extra petita y vulnerando el principio de audiencia y defensa, por lo que se ha infringido el orden público (art. 41.1.f).
B) El laudo infringe el orden público material (art. 41.1.f LA)
No será necesario entrar en este segundo motivo, afectante al fundamento ex abundantia que ofrece el laudo sobre el fondo de la controversia, porque el primero, que se ofrece en relación con el principal argumento decisorio del laudo, resulta hábil para fundamentar su anulación, por incongruencia extra petita que ha determinado la indefensión de la parte instante.
Segundo.-La validez del convenio arbitral se rige por las mismas normas de los contratos sin que sean precisos requisitos distintos, o más rígidos que los exigidos con carácter general en el art. 1261 del Código civil, y no pueden pedirse otros a pesar de que el arbitraje sea la huida de la intervención judicial. En materia de derecho dispositivo, al Estado le es indiferente que el conflicto entre particulares se resuelva por árbitros o por Jueces, y en esas condiciones exigir un plus de rigor en sus requisitos está fuera de lugar; el principio de libertad que preside la opción por el arbitraje o por la vía judicial debe ser respetado con todas sus consecuencias.
En este sentido, la Escritura de convenio arbitral de 15 de febrero de 2005 establece en su folio 7" que las entidades "OHL, S.A." y "BRONCEMAR, S.A.", concertaron diversos contratos de obra para la ejecución de un Centro Comercial y un Apartahotel de tres estrellas, con 252 habitaciones, zonas comunes y locales comerciales en una parcela propiedad de la segunda... Que habiendo surgido una serie de diferencias entre las partes sobre la ejecución de las obras y con posterioridad a éstas, como consecuencia de las lluvias acaecidas en noviembre y diciembre de 2001, ambas entidades se reclaman responsabilidades y derechos indemnizatorios... Las partes acuerdan someter sus diferencias a un arbitraje de derecho y se comprometen a cumplir la decisión del árbitro sobre las cuestiones que se expondrán en los escritos de alegaciones que presentaran ambas partes y en los que se delimitará, de forma expresa, el objeto del procedimiento en virtud del relato fáctico del exponendo del presente convenio";
Con fecha 18 de julio de 2005 el Tribunal Arbitral acordó lo siguiente: 1.º) Tener por presentados en tiempo y forma las alegaciones de las partes... 2.º) señalar el día 26 de presente mes para celebrar la comparecencia prevista en el convenio arbitral, para que cada parte determine las circunstancias de hecho controvertidas y los extremos que precisen prueba.
Notificado a las partes el anterior acuerdo, por escrito sin fecha, presentado el 21 de julio de 2005, el representante de "BRONCEMAR BEACH, S.A" manifestó su propósito de interesar se fije con precisión el objeto del arbitraje, ya que al contestar a las alegaciones de la otra parte había sostenido que las diferencias relativas al Centro comercial no son objeto de procedimiento arbitral.
Tercero.-Abierta la sesión de comparecencia de 26 de julio de 2005, el Presidente del Tribunal Arbitral comunicó a las partes el parecer unánime del mismo sobre inclusión de obras y liquidación del denominado Centro comercial en el objeto del arbitraje, extremo cuestionado por "BRONCEMAR BEACH, S.A." La entidad "OHL, S.A." solicitó un pronunciamiento sobre dicho punto, alegando "BRONCEMAR BEACH, S.A.", que lo referente al contrato regulador de las obras del Centro comercial no debe ser objeto del presente arbitraje.
A este respecto el Tribunal Arbitral entendió, por parecer unánime de sus miembros, que dicho Centro comercial forma parte de un todo contractual que no cabe escindir, por cuanto ello representaría tanto como la división de la propia causa arbitral.
Cuarto.-La primera premisa que ha de tomarse en cuenta en el convenio arbitral es, como sucede en los contratos, la verdadera y real voluntad de las partes contratantes para establecer el alcance y contenido de lo pactado y fijar las obligaciones asumidas (SSTS 25 febrero 1998 y 8 de junio 2000), entendida esa voluntad como la intención común, por cuanto la investigación interpretativa de una convención debe ser conducida por el Juez no para buscar y esclarecer la intención integral de una o de ambas partes contratantes, sino aquello que, tanto de la intención de una o de la otra parte, se haya fusionado para formar aquella común intención que constituye la ley del contrato o convención (STS 24 mayo 2001. En sentido análogo, STS 18 octubre 1995). Resulta evidente, como se desprende de los Fundamentos de Derecho precedentes, que no existe una voluntad común de las partes sometidas a Arbitraje en lo referente al contrato regulador de las obras del Centro comercial, ya que una de ellas (BRONCEMAR BEACH, S.A.) reitera que no deben ser objeto del presente arbitraje.
La Sala considera que para la tarea hermenéutica de interpretación del convenio arbitral de 15 de febrero de 2005 debe partirse de las cláusulas contractuales vigentes en los contratos escritos entre las partes, sin que pueda ser materia de interpretación extensiva en contra de la voluntad expresa y sostenida de una de las partes ya que el sometimiento a arbitraje supone sustraer la materia objeto del mismo de la tutela jurisdiccional a que se refiere el artículo 24 de la CE. En el Exponendo I del convenio arbitral efectivamente se alude de forma genérica a que "Las entidades OHL S.A. y Broncemar Beach, S.A., concertaron diversos contratos de obra para la ejecución de un Centro Comercial y un Aparthotel de tres estrellas, con 252 habitaciones, zonas comunes y locales comerciales en una parcela propiedad de la segunda, sita en la parcela H-1 de la urbanización del Castillo, Caleta de Fuste, Antigua, Fuerteventura." Pero el objeto de la controversia que se somete voluntariamente por las partes al arbitraje viene definido particularmente en el Exponendo II, en el cual se señala que "Habiendo surgido una serie de diferencias entre las partes durante la ejecución de las obras y con posterioridad a estas, como consecuencia de las lluvias acaecidas en noviembre y diciembre de 2001, ambas entidades se reclaman responsabilidades y derechos indemnizatorios."
Como quiera que respecto del Centro Comercial no existió contrato escrito ni pacto de sometimiento de las diferencias contractuales a arbitraje, y que las diferencias surgidas entre las partes como consecuencia de las lluvias no lo fueron en relación a las obras del Centro Comercial, la literalidad del exponendo primero al hacer referencia expresa al Centro Comercial se muestra contraria a la intención evidente común, a la que debe darse prioridad conforme al párrafo segundo del artículo 1281. La técnica que se utiliza en el convenio arbitral de reenvío en la estipulación PRIMERA por la cual "Las partes acuerdan someter sus diferencias a un arbitraje de derecho y se comprometen a cumplir la decisión del árbitro sobre las cuestiones que se expondrán en los escritos de alegaciones que presentarán ambas partes y en los que se delimitará de forma expresa el objeto del procedimiento en virtud del relato fáctico del exponendo del presente convenio", dejando la concreta determinación del objeto a las alegaciones posteriores de las partes, no puede suponer la unilateral introducción en las alegaciones de extremos de controversia no pactados previamente. El exponendo primero del convenio es genérico y en el exponendo segundo, antes transcrito, es el que delimita el relato fáctico del objeto de controversia. Y que no existiera voluntad expresa clara y común de ambas partes de someter la obra del Centro Comercial y sus vicisitudes a arbitraje se constata por la propia argumentación del Tribunal Arbitral cuando decide abordar dentro del laudo esta materia, no en razón al pacto expreso, sino por considerar que "forma parte de un todo contractual que no cabe escindir por cuanto ello representaría tanto como la división de la propia causa arbitral", apreciación con la que este Tribunal no se muestra conforme. No cabe hablar de un todo contractual cuando existen tres contratos escritos, de diferente fecha y objeto, y una discusión no resuelta sobre un cuarto contrato verbal con otro objeto distinto, sin perjuicio de ser las mismas partes y de ubicarse las distintas obras en una parcela, por lo que no resulta tan evidente que hayan sido objeto de tratamiento común.
Por todo ello procede estimar la demanda y declarar la nulidad del laudo impugnado en los términos en ella solicitados.
Como indica el Tribunal Supremo Sala 1.ª, S 2-7-2007, n.º 741/2007, rec. 2177/2000 con el recurso de anulación únicamente se consigue anular el laudo, pero no el convenio arbitral que mantiene toda su vigencia; y más aún en el caso de incongruencia, en el que la ley prevé incluso la validez parcial del laudo, es decir, el recurso de anulación deja sin efecto, únicamente, la parte incongruente del laudo.
La causa de nulidad, en este caso parcial del laudo, prevista en el apartado c) del art. 41.1 LA, "que los árbitros han resuelto sobe cuestiones no sometidas a su decisión", en la medida en que implique una desviación objetiva, entre lo resuelto y los fundamentos de la resolución con respecto a lo sometido convencionalmente al juicio del Tribunal arbitral, actúa como un prius de lo que pueda ser pedido por las partes en sus escritos de alegaciones y de la causa de pedir, y puede determinar a su vez el vicio de incongruencia en su modalidad extra petita, susceptible de fundar la nulidad del laudo por vulneración del orden público, si es que el árbitro ha basado su decisión en hechos o circunstancias ajenas a la voluntad negocial del convenio arbitral, o no discutidas, no implícitas en el debate procesal, desbordando los términos objetivos del litigio provocando indefensión.
II) En este sentido, la STC 262/2005, de 24 de octubre, con cita de otras anteriores, recuerda que para que la incongruencia por exceso adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1, se requiere que la desviación o el desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido (ultra petitum) o algo distinto de lo pedido (extra petitum), suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a las respectivas pretensiones de las partes (STC 20/1982, de 5 de mayo), de forma que la decisión judicial se haya pronunciado sobre temas o materias no debatidas oportunamente en el proceso y respecto de las cuales, por consiguiente, las partes no tuvieron oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones y argumentos que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones procesales.
Quinto.-Han de imponerse las costas a la parte vencida (arts. 398 y 394 de la L.E.C.)
Que estimando la demanda formulada por el Procurador Don Alfredo Crespo Sánchez, en representación de la entidad mercantil "BRONCEMAR BEACH, S.A." formulando recurso de anulación del laudo arbitral dictado el 10 de enero de 2006 por el Tribunal de Arbitraje integrado por los Abogados Don Casiano, Don Evelio y Don Ismael (Presidente), contra la entidad mercantil Obrascon Huarte Lain S.A., representada por la Procuradora Doña Cristina Piernavieja Izquierdo, y, en consecuencia, declaramos la nulidad de los pronunciamientos I.2, II.1 y II.5 de la parte dispositiva del Laudo Arbitral dictado en fecha 10 de enero de 2006, con imposición de costas a la parte demandada.
Notifíquese esta sentencia, en legal forma, a las partes, haciéndoles saber, conforme preceptúa el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 208.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la misma no es susceptible de recurso alguno.

References: artículo 256
 artículo 24
 artículo 1281
 resolución 
 artículo 248
 artículo 208