Source: https://peritoinformatico.es/informe-pericial-en-devolucion-de-retenciones-2/
Timestamp: 2018-07-16 06:16:53+00:00

Document:
Sentencia Audiencia Nacional de 5 de diciembre de 2012 donde el perito designado por el Juzgado fue Eugenio Picón Rodríguez
Cuarto.—Habiendose solicitado el recibimiento a prueba del recurso, las partes, por su orden, han concretado sus posiciones en sendos escritos de conclusiones; quedando los autos pendientes para votación y fallo.
-El 20-6-00 ARIBA INC. Suscribió un contrato denominado ” Contrato Marco de Licencia de Software y Servicios” con el Banco Santander Central Hispano (SCH en adelante) en virtud del cual la primera vendió a éste tres programas informáticos de carácter estandarizado: “Ariba Buyer Software”, “Ariba Marketplace Software (Standard Edition)” y ” Ariba Dynamic Trade Software”, única y exclusivamente para su uso empresarial.
El programa Buyer es utilizado por SCH para la adquisición de equipos informáticos “on line”, permite racionalizar las compras internas de ordenadores por Internent a un mismo proveedor y la obtención de descuentos. El programa Marketplace permite crear y organizar mercados ” on line” poniendo en contacto a comprador y vendedor. Y el programa Dynamic Trade permite celebrar subastas “on line”.
El TEAC en la resolución en este acto impugnada, parece no compartir integramente el expresado criterio del TEAR de Cataluña, y manifiesta que considera dudoso la apreciación de que los programas se compraron para el uso exclusivo por las entidades adquirentes, pues respecto de Programa Dynamic Trade (subastas), en el Anexo H del contrato marco se especifica los términos y condiciones del contrato de tercer usuario final a suscribir por el cliente (la filial del Banco de Santander BTOB) con tales usuarios y añade que es evidente que tal cesión parcial del programa, con el correspondiente apoyo por parte del adquirente del mismo, a fin de que los denominados terceros usuarios finales puedan participar en las subastas “on line” resulta necesaria, y otro tanto puede ocurrir respecto del programa Marketplace (mercados “on line”), ya que no es infrecuente que el uso de tales programas por parte de los clientes de la entidad financiera le genere importantes ingresos, por lo que puede haber una “cierta ” explotación comercial, no consistente en la cesión del programa en su integridad, pero si parcialmente y con contraprestación.
Cuarto.—Una vez planteado el objeto del litigio, éste se ciñe a una cuestión puramente probatoria, estando las partes de acuerdo, en que lo que resulta determinante para la calificación del importe de dichos contratos como cánones o renta empresarial, será la naturaleza de los programas vendidos, es decir si se trata de programas de tipo estandar para el uso exclusivo de las entidades adquirentes, pero no para su explotación o comercialización, o si dichos programas, como parece apuntar el TEAC, de forma un tanto ambigua, pueden conllevar una “cierta” explotación comercial, al menos de forma parcial.
Con carácter general, se ha de señalar que la carga de la prueba viene regulada en el artículo 114 de la Ley General Tributaria, en la redacción entonces vigente, a cuyo tenor: “Tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo”, obligación que se entiende cumplida si se designan de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria, según el párrafo 2.º del citado precepto.
En relación con la carga de la prueba tiene esta Sala señalado (por todas, SAN de 4 de octubre de 2001) que “a tenor de la doctrina del Tribunal Supremo expresada en la STS de la Sala 3.ª de 22 de enero de 2000 compete en todo caso a cada parte la carga de probar sus pretensiones. En efecto según la sentencia citada la carga de la prueba es un concepto no demasiado perfilado en el proceso contencioso, que se limita a ser tributario de la doctrina civilista nacida de los artículos 1214 y siguientes del Código Civil. La importancia del expediente administrativo en nuestra jurisdicción explica la falta de relevancia de este tema. La carga de la prueba, paradójicamente tiene interés sólo cuando hay falta o ausencia de prueba de hechos relevantes. En ese caso, el Tribunal debe hacer la imputación lógica a la parte que quebrantó el “onus probandi”. En Derecho Tributario, la carga de la prueba tiene, por otra parte, una referencia específica en el art. 114 de la Ley General Tributaria, que impone a cada parte la prueba del hecho constitutivo de su pretensión, en términos afines a las tradicionales doctrinas civilísticas “.
En la SAN de 26 de junio de 2003 (recurso número 886/2001 de la Sección Segunda dijimos: “…debe, ante todo, tenerse en cuenta que con arreglo al artículo 114 de la Ley General Tributaria: “tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo”; mas también debe de tenerse en cuenta que, con arreglo al artículo 115 de la misma Ley, “en los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de pruebas se contienen en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo lo que se establece en los artículos siguientes”, añadiendo el art. 118.2 de la referida Ley que “para que las presunciones no establecidas por la Ley sean admisibles como medio de prueba es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano”. De esta forma, la valoración de la fuerza probatoria de un documento privado debe llevarse a cabo a la luz de lo que dispone el artículo 1227 del Código Civil para que pueda estimarse plenamente ajustada a derecho en el procedimiento tributario; y, desde luego, la inactividad de la parte recurrente en cuanto a probar la fehaciencia de su fecha, sólo a ella puede perjudicar con arreglo a la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1984, de 20 de enero “.
– ” Los programas son vendidos por Ariba a un público general empresarial “. Punto 2.1.º del Informe.
– La relación contractual cliente-proveedor cuando el programa informatico se fabrica a petición de un cliente perfectamente identificado se formaliza previamente mediante” un contrato de obra”.. La relación contractual cliente-proveedor cuando un programa informático ha sido fabricado para un usuario sin identificar, se formaliza mediante un contrato de “licencia de uso”. La caracteristica principal de dicho contrato de licencia de uso es que no supone traslación de titularidad del programa, permaneciendo la misma en manos del licenciante.
En el contrato marco efectivamente existe expresa prohibición de obtener el código fuente. En consecuencia no se puede hacer uso de la ingenieria inversa. Por lo tanto, lo entregado es el programa informático o código objeto”.Punto 2- 4.º
” Una copia de un CD o programa o una licencia para la utilización del programa que permite disponer de un sistema o una plataforma o un lugar de encuentro donde proveedores y clientes pueden realizar transacciones.
Por ello, dicho dictamen debe ser íntegramente acogido por esta Sala, siguiendo con ello las reglas de la sana crítica, en tanto el Perito concluye que los programas “Ariba Buyer Sofware”, “Ariba Marketplace Sofware (Estándar Edition)” y “Ariba Dynamic Trade Sofware”, constituyen un sofware de naturaleza estándar y que con la venta de dichos programas no se transmite la titularidad sino el derecho a usarlo, que es el elemento distintivo para determinar si los pagos obedecen a un canon o se trata de renta empresarial.
Eugenio Picón	2018-05-05T22:35:01+00:00

References: resolución 
 artículo 114
 resolución 
 artículo 114
 resolución 
 artículo 115
 artículo 1227