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Timestamp: 2019-04-26 16:22:19+00:00

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Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [C-033_1914]
TRANSPORTE PUBLICO-Concepto
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE-Características
i) Su objeto consiste en movilizar personas o cosas de un lugar a otro, a cambio a una contraprestación pactada normalmente en dinero. ii) Cumple la función de satisfacer las necesidades de transporte de la comunidad, mediante el ofrecimiento público en el contexto de la libre competencia; iii) El carácter de servicio público esencial implica la prevalencia del interés público sobre el interés particular, especialmente en relación con la garantía de su prestación - la cual debe ser óptima, eficiente, continua e ininterrumpida -, y la seguridad de los usuarios - que constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte ( ley 336/96, art. 2°). iv) Constituye una actividad económica sujeta a un alto grado de intervención del Estado; v) El servicio público se presta a través de empresas organizadas para ese fin y habilitadas por el Estado. vi) Todas las empresas operadoras deben contar con una capacidad transportadora específica, autorizada para la prestación del servicio, ya sea con vehículos propios o de terceros, para lo cual la ley defiere al reglamento la determinación de la forma de vinculación de los equipos a las empresas ( ley 336/96, art. 22); vii) Su prestación sólo puede hacerse con equipos matriculados o registrados para dicho servicio; viii) Implica necesariamente la celebración de un contrato de transporte entre la empresa y el usuario. ix) Cuando los equipos de transporte no son de propiedad de la empresa, deben incorporarse a su parque automotor, a través de una forma contractual válida.
i) La actividad de movilización de personas o cosas la realiza el particular dentro de su ámbito exclusivamente privado; ii) Tiene por objeto la satisfacción de necesidades propias de la actividad del particular, y por tanto, no se ofrece la prestación a la comunidad; iii) Puede realizarse con vehículos propios. Si el particular requiere contratar equipos, debe hacerlo con empresas de transporte público legalmente habilitadas, como se estudia en el siguiente capítulo. iv) No implica, en principio, la celebración de contratos de transporte, salvo cuando se utilizan vehículos que no son de propiedad del particular; v) Es una actividad sujeta a la inspección, vigilancia y control administrativo con el fin de garantizar que la movilización cumpla con las normas de seguridad, las reglas técnicas de los equipos y la protección de la ciudadanía.
'Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte'.
3.1. La actora afirma que la preceptiva demandada del inciso 2º del artículo 5º de la Ley 336 de 1996 obliga a contratar el servicio de transporte privado mediante empresas de transporte público, cuando no se utilicen equipos[1] propios, desconociendo los artículos 1º, 2º, 24, 25, 26, 29, 58, 83, 150.21, 150.23, 333, 334, 336, 365 y 366 superiores, en "tres ámbitos diferentes, los cuales presentan entre sí niveles incrementales de afectación constitucional".
3.2. Explica que el primer ámbito en el que se conculca la carta política (arts. 2º, 150.23, 365 y 366) se presenta frente al marco constitucional de los servicios públicos al asignar efectos de servicio público esencial a una actividad de naturaleza eminentemente privada, como es el transporte de personas o bienes, incurriendo en un "vicio de configuración normativa"[2].
3.3. En tercer lugar, la actora expresa que la preceptiva censurada vulnera la carta política (arts. 24, 58, 83, 150.21 y 333), en particular el régimen de protección de las garantías y derechos fundamentales, al imponer una "infracción administrativa"[3], prohibiendo a los particulares usar vehículos privados de terceros que no estén afiliados a empresas de transporte público, conculcando sin justificación constitucional alguna garantías superiores como el principio de dignidad humana y los derechos al trabajo y al debido proceso.
Explica que no se está responsabilizando al Estado de la atención de necesidades privadas pues, en su sentir, cuando se habla de servicio privado de transporte no se está haciendo referencia a la necesidad cotidiana de cada individuo de trasladarse de un lugar a otro para cumplir sus actividades habituales, sino como indica el "Ministerio de Transporte hablar de servicio privado de transporte es necesariamente referirnos a 'una actividad transportadora tendiente a satisfacer necesidades de movilización en el ámbito de las personas naturales o jurídicas, que se lleva a cabo como conjunto organizado de operaciones".
Por el contrario, cuando en una situación se presenten contratos distintos, es decir, actos jurídicos cuyos elementos esenciales sean diferentes al contrato de transporte (como el renting, el renting, el comodato o el contrato de trabajo), la obligación de contratar con una empresa de transporte público cuando no se cuente con equipos propios desaparece teniendo en cuenta que el ámbito de aplicación de la norma demandada se restringe a las relaciones contractuales de transporte que, como se vio en el apartado anterior, son aquellas que pueden tener la potencialidad de afectar o implicar intereses colectivos o generales. En ese orden de ideas, cualquier acuerdo de voluntades cuyo objeto principal no implique la movilización de personas o de cosas de un lugar a otro dentro de un plazo a cambio de un precio, no estará sujeto a la restricción establecida en la norma demandada[5]."
Sobre este tema, ha expuesto la Corte que "la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prima facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, sí despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional" [11].
Al respecto, en el fallo C-978 de diciembre 1° de 2010[12], M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, se indicó (no está en negrilla en el texto original): "No obstante, también ha resaltado, con base en el principio de pro actione que el examen de los requisitos adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte[13]. Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige acreditar la condición de abogado[14]; en tal medida, 'el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo.'[15]"
4.1. En concordancia con la jurisprudencia[16], el transporte es una actividad indispensable para la vida en sociedad y en particular para las relaciones económicas, que conlleva movilizar personas o cosas de un lugar a otro, mediante diferentes medios. Dichos traslados pueden efectuarse dentro del marco de las relaciones privadas, bajo el amparo de la libertad de locomoción (art. 24 Const.), o ejerciendo actividades económicas dirigidas a obtener beneficios por la prestación del servicio (art. 333)[17].
4.2. La Corte Constitucional[18] acorde con el artículo 3º de la Ley 105 de 1993[19], ha indicado que el transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas, mediante vehículos apropiados a cada tipo de infraestructura disponible, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios y sujeta a una contraprestación económica.
Posteriormente, la Ley 336 de 1996[20] buscó unificar la normatividad existente relacionada con los principios y los criterios que sirven de fundamento para regular y reglamentar el transporte público aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre y su operación nacional (art. 1º), insistiendo que la seguridad, en particular la de los usuarios, "constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte" (art. 2º).
Adicionalmente se preceptúa que la regulación del transporte público por parte de las autoridades competentes conlleva exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizar a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada modo de transporte, dándole prioridad al uso de los medios masivos. "En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política" (art. 3º)[21].
Así, para la prestación del servicio público de transporte, "los operadores o empresas de transporte, esto es, las personas naturales o jurídicas constituidas como unidad de explotación económica permanente que cuenten con los equipos, instalaciones y órganos de administración que les permitan prestar adecuadamente el servicio, deben tener autorización del Estado"[22].
En consecuencia, "las empresas habilitadas sólo pueden prestar el servicio con equipos matriculados o registrados para dicho servicio y previamente homologados ante el Ministerio de Transporte, según lo prevé el artículo 23 de la Ley 336 de 1996"[24]; coincidiendo entonces el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en que el servicio público de transporte presenta las siguientes características (está en negrillas en el texto original)[25]:
-	Cumple la función de satisfacer las necesidades de transporte de la comunidad, mediante el ofrecimiento público en el contexto de la libre competencia;
-	El carácter de servicio público esencial implica la prevalencia del interés público sobre el interés particular, especialmente en relación con la garantía de su prestación -la cual debe ser óptima, eficiente, continua e ininterrumpida-, y la seguridad de los usuarios - que constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte (Ley 336/96, art. 2°)-;
-	Constituye una actividad económica sujeta a un alto grado de intervención del Estado;
-	El servicio público se presta a través de empresas organizadas para ese fin y habilitadas por el Estado.
-	Todas las empresas operadoras deben contar con una capacidad transportadora específica, autorizada para la prestación del servicio, ya sea con vehículos propios o de terceros, para lo cual la ley defiere al reglamento la determinación de la forma de vinculación de los equipos a las empresas (Ley 336/96, art. 22), y
-	Su prestación sólo puede hacerse con equipos matriculados o registrados para dicho servicio;
-	Implica necesariamente la celebración de un contrato de transporte entre la empresa y el usuario.
-	Cuando los equipos de transporte no son de propiedad de la empresa, deben incorporarse a su parque automotor, a través de una forma contractual válida."
Resulta pertinente recordar que acorde con la jurisprudencia de la Corte: "EL carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es así, en razón de la preminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad".
Acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para distinguir el transporte público y privado: "El elemento definitorio de la diferencia entre uno y otro tipo de transporte es que, en el público, una persona presta el servicio a otra, a cambio de una remuneración, al paso que en el privado, la persona se transporta, o transporta objetos, en vehículos de su propiedad o que ha contratado con terceros"[27] (no está en negrilla en el texto original).
"-La actividad de movilización de personas o cosas la realiza el particular dentro de su ámbito exclusivamente privado;
-	Tiene por objeto la satisfacción de necesidades propias de la actividad del particular, y por tanto, no se ofrece la prestación a la comunidad;
-	Puede realizarse con vehículos propios. Si el particular requiere contratar equipos, debe hacerlo con empresas de transporte público legalmente habilitadas, como se estudia en el siguiente capítulo.
-	No implica, en principio, la celebración de contratos de transporte, salvo cuando se utilizan vehículos que no son de propiedad del particular;
-	Es una actividad sujeta a la inspección, vigilancia y control administrativo con el fin de garantizar que la movilización cumpla con las normas de seguridad, las reglas técnicas de los equipos y la protección de la ciudadanía."[28]
Si el vehículo se arrienda sin conductor, y la operación del mismo la ejerce directamente el arrendatario, no se configura un contrato de transporte, sino de arrendamiento; al utilizar el vehículo para transportarse a sí mismo o para transportar cosas para sí mismo, el arrendatario está ejerciendo el derecho de uso del bien que le otorga el contrato de arrendamiento, pero dicho uso no puede ser considerado como enmarcado en una relación contractual de transporte entre arrendador y arrendatario.
Si el arrendatario usa el vehículo para prestar servicios de transporte a terceros, adquiere frente a éstos la calidad de transportador y sus relaciones con ellos se enmarcan en un contrato de transporte; pero el arrendador del vehículo no habrá adquirido obligaciones como transportador frente a los citados terceros, por cuanto él no es parte del contrato de transporte que se celebre entre el arrendatario del vehículo y las personas a quienes éste les preste servicios de transporte.
Si el vehículo es arrendado con un conductor, entonces podría configurarse un contrato de transporte únicamente en la medida en que el arrendador ejerza el control de la operación de desplazamiento o conducción de las personas o cosas en el vehículo objeto del contrato. Este control operativo convierte a dicho arrendatario en un transportador, y al contrato de arrendamiento en un contrato de transporte.
Tampoco existe contrato de transporte cuando una persona conduce a un familiar o a un amigo en su vehículo, por cuanto en tal caso la intención de conductor y pasajeros no es celebrar un contrato de transporte, es decir, un acuerdo que genera en el conductor la obligación de transportar. La conducción, en estos casos, obedece bien a un favor, bien a los deberes propios de las relaciones familiares, pero no a la existencia de un contrato de transporte. No tendría sentido afirmar que, si el conductor lleva a un amigo a otro lugar como un favor, más no como una obligación, en el caso de que por cualquier circunstancia no pueda terminar el trayecto se generaría responsabilidad civil de su parte por incumplimiento de un contrato de transporte. Ello no implica, sin embargo, que en el evento de causarse lesión al pasajero no exista responsabilidad del conductor, solo que esta será extracontractual."
El artículo 29 de la Constitución exige que la gran constelación de garantías que constituyen el debido proceso, entre las cuales cabe destacar, para el caso, el principio de legalidad, se materialicen no sólo en las actuaciones judiciales sino también en las administrativas, siendo una "forma de limitar el poder del Estado y de garantizar la protección de los derechos de los administrados, de tal manera que ninguna de las actuaciones de la autoridad pública vaya a depender de su propio arbitrio"[33].
[1] En la demanda se afirma que el vocablo "equipo", corresponde al concepto de "vehículo", que acorde al Diccionario de la Academia de la Lengua es: "Medio de transporte de personas o cosas" (f. 2 cd. Corte).
[4] "Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones."
[5] "Estos son los elementos esenciales del contrato de transporte regulado en el artículo 981 del Código de Comercio. Así mismo véase a Jaime Alberto Arrubla, Contrato Mercantiles. Contratos Típicos. Tomo II, Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 2008, pp.66/71."
[13] "Corte Constitucional, sentencia C-012 de 2010."
[14] "Corte Constitucional, sentencia C-814 de 2009."
[15] "Corte Constitucional, sentencia C-480 de 2003."
[19] "Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones."
[20] "Por la cual se adopta el estatuto nacional del transporte."
[31] Cfr. T-487 de agosto 11 de 1992, M. P. Alejandro Martínez Caballero, entre otras, donde además se indicó que no "existía en la Constitución de 1886 una norma que reconociera en forma expresa la libertad de locomoción y residencia. Con el artículo 29 se propuso consagrar dos derechos cuyos titulares fueran los colombianos: la facultad de circulación, que abarca la facultad de desplazamiento por todo el territorio nacional de entrar y salir del País, y la libertad de residencia que es el derecho a determinar el lugar donde se desea fijar tanto la sede principal de los negocios, como el domicilio".

References: artículo 5
 artículo 3
 artículo 23
 artículo 29
 artículo 981
 artículo 29