Source: https://www.parcan.es/pub/ds.py/2011/17/1/
Timestamp: 2020-01-20 18:57:43+00:00

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Diario de Sesiones 17/2011, de fecha 14/12/2011 - Punto 1 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 17/2011, de fecha 14/12/2011 - Punto 1
· 8L/C-0103 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el Convenio de Carreteras Canarias-Estado.
El señor presidente: Comenzamos por las comparecencias que habían quedado pendientes del día de ayer. Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Nacionalista Canario, sobre el Convenio de Carreteras con el Estado.
El señor Perestelo Rodríguez: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Buenos días, señor consejero.
La situación socioeconómica de Canarias, con una gran dependencia del turismo, con una densidad de población superior a otras comunidades autónomas, con un crecimiento demográfico mayor, de tal forma que es la población más joven del conjunto nacional, sin medios de transportes alternativos a las carreteras y unos índices de motorización elevados, exige dotar a esta comunidad autónoma de unas infraestructuras adecuadas que en la actualidad están muy por debajo de la media del Estado debido al retraso histórico en las inversiones.
Señorías, estas palabras, este texto, corresponde al preámbulo del Convenio de Carreteras firmado entre el Estado y la comunidad autónoma. No se trata de una interpretación de este grupo parlamentario; se trata de un reconocimiento del Estado, de la Administración General del Estado, de ese déficit histórico de inversiones en Canarias y sobre todo del incumplimiento, del incumplimiento, con las infraestructuras de Canarias.
Cierto es que, previo a este preámbulo de este convenio, existía un acuerdo importante del Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados acordó la elaboración conjunta entre el Gobierno de la nación y el Gobierno de Canarias de un documento específico que marcase las directrices de desarrollo territorial sostenido en el archipiélago y de sus infraestructuras, debiendo ser la inversión de la Administración central en el archipiélago canario equiparable, al menos, a la media nacional, entonces en pesetas, por habitante, derivada de los fondos asignados al Plan Director de Infraestructuras. Dicho Plan Director de Infraestructuras de Canarias supone, igualmente, una serie de directrices en cuanto a modelo de desarrollo y su compatibilidad con el medio ambiente del territorio.
En estos términos, y mucho antes incluso de este acuerdo, la propia Constitución española reconoce, en su artículo 138.1, la particularidad del hecho insular. También nuestro Estatuto de Autonomía -Ley Orgánica 10/82, de 10 de agosto, modificada posteriormente- atribuye a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de carreteras. Consecuente con ello, la Ley Orgánica 12/82, de 10 de agosto, de Transferencias Complementarias a Canarias, se transfieren las competencias en materia de carreteras, materializándose dicho traspaso en funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de carreteras, mediante el Real Decreto 2.125/1984, de 1 de agosto. Posteriormente, como saben sus señorías y conocen perfectamente, fue aprobada la Ley 20/91, de 7 de junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Esta, en su artículo 95, establecía que se considerarán de interés general, a efectos de su inclusión, los créditos correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado, entre otras, las obras de infraestructuras que conectasen los principales núcleos urbanos de Canarias.
Señorías, centramos aquí, desde el Grupo Nacionalista Canario, el motivo de la comparecencia del Gobierno en esta Cámara. Entendemos que, junto a estas afirmaciones que hemos hecho, junto a estos textos que he leído en esta tribuna, escuchamos muchas declaraciones, muchas manifestaciones, como si esto no fuera con nosotros, como si esto no fuera con la gestión que tenemos que realizar en las diferentes instituciones. He hablado de acuerdos entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias. He hablado y me he referido a acuerdos tomados por unanimidad en el Congreso de los Diputados, me he referido a la propia Constitución española, me he referido también al propio Estatuto de Autonomía y a la ley de transferencias a Canarias que articula el proceso de asunción de competencias en materia de carreteras por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias y he hecho relación también o referencia al Régimen Económico y Fiscal, en su artículo 95 y su artículo 96, tantas veces citado en esta tribuna y, sobre todo, citado cuando hablamos de infraestructuras para Canarias.
Por eso, señor consejero, le planteo desde nuestro grupo parlamentario la posición del Gobierno con respecto no a lo hecho sino a lo que está por venir, a lo que puede ser la continuidad de ese convenio. Sabemos que está firmada la adenda hasta el 2017, pero indudablemente queremos saber la posición del Gobierno, qué estrategia va a seguir el Gobierno en la negociación con la Administración General del Estado. Y también, señorías, es una oportunidad el formato de comparecencia para que los diferentes grupos de la Cámara se puedan manifestar en torno al contenido de este convenio y, sobre todo, a la posición que cada grupo defiende en relación con este convenio y la continuidad de este convenio.
Por el Gobierno, el señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Ordenación del Territorio, don Domingo Berriel Martínez.
El conjunto de las obras contenidas en las distintas actuaciones del Convenio de Carreteras configura un sistema general viario para cada isla en aras a facilitar con eficacia la movilidad de personas y mercancías de nuestra comunidad, contribuir a la conectividad entre los distintos modos de transporte, uniendo los principales núcleos de población con sus puertos y aeropuertos, y lograr así una mayor cohesión territorial, reduciendo los inconvenientes de la insularidad, del aislamiento y de la doble insularidad.
Este sistema general de transporte al que hacemos referencia ha de estar basado necesariamente en la red viaria de cada una de las islas para garantizar que los desplazamientos se realicen en condiciones adecuadas de servicio, esto es, con parámetros de seguridad, de velocidad adecuada, para alcanzar los deseados objetivos de interconexión. Es con esos condicionantes como se seleccionaron en su momento las obras contenidas en el anejo II de la adenda al convenio, suscrita, efectivamente, en noviembre del año 2009, que, a nuestro entender, son las que mejor cumplen los propósitos que nos hemos marcado para el desarrollo de la infraestructura viaria, también en esta legislatura.
Como sus señorías saben, esta adenda del 2009 lo es al convenio de colaboración firmado el 31 de enero de 2006 entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias en materia de carreteras y que recogía los acuerdos alcanzados en la Comisión Bilateral Mixta de Programación, Seguimiento y Control de dicho convenio.
Aunque en la adenda se mantuvo el importe total de la inversión, en este nuevo periodo de colaboración entre las dos administraciones, se consideró más adecuado para la mejor eficacia de la gestión el incluir, en un único concepto presupuestario, tanto los importes destinados a la ejecución de las obras como a las expropiaciones, a partir del año 2010, de forma que, en función de las necesidades, se pudiera disponer del crédito correspondiente para uno u otro fin de una manera ágil, con la única limitación de los importes de las anualidades máximas disponibles. Además, se acordó actualizar las previsiones de las obras recogidas en el anejo II, a licitar o adjudicar entre los años 2009 y 2017, manteniendo la inversión total del Ministerio de Fomento.
Por último, ambas administraciones consideraron, por razones de eficacia, la conveniencia de que fuera directamente el Gobierno de Canarias quien llevase a cabo la supervisión y aprobación de los proyectos, así como la licitación y ejecución de las obras. Conveniencia que, por razones de legalidad, al tener Canarias las competencias exclusivas en materia de carreteras, había ya advertido el Consejo de Estado con ocasión del informe de los primeros convenios y que hasta ahora el Gobierno del Estado no había atendido (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Le sustituye el señor vicepresidente segundo, Fernández González).
Es con esta perspectiva, más ágil en el desarrollo de los proyectos pero al mismo tiempo condicionada por la disponibilidad económica existente, con la que este departamento trabajará en los próximos años para ir distribuyendo los fondos entre los diferentes proyectos del anejo II y así ir culminando las obras ya comenzadas e iniciar los procesos de licitación de las que aún quedan por adjudicar. Así, a modo informativo, aclararé que en estos momentos las obras en ejecución de dicho convenio se distribuyen como sigue. En Tenerife, Santiago del Teide-Adeje; Icod-El Tanque; Ofra-El Chorrillo; vía litoral de Santa Cruz de Tenerife; Adeje-Santiago del Teide; y la recuperación ambiental y paisajística de la TF-1. En Gran Canaria, la de Pagador-Guía; Puerto Rico-Mogán; La Aldea-El Risco; la IV fase de la circunvalación de Las Palmas. En La Palma, San Andrés y Sauces-Barlovento-Cruz Castillo; Bajamar-Tajuya; Los Llanos-Tazacorte, del tramo de acceso al puerto de Tazacorte. En Fuerteventura, Caldereta-Corralejo y Costa Calma-Pecenescal. En la isla de Lanzarote, la circunvalación de Arrecife; Arrecife-Tahíche y Yaiza-Arrecife, una glorieta pequeña. Y en La Gomera, Vallehermoso-Arure y la travesía de Hermigua.
Como puede observarse, la incidencia en el desarrollo de dichas obras implica que el coste se vea previsiblemente incrementado en un 26%, que incluye la revisión de precios y modificaciones y ampliaciones de necesidad sobrevenida, ya que el coste del convenio para esas obras estaba previsto en 1.155.860.000 euros y el coste estimado, finalmente, es de 1.462.520.000; es decir, un 26% más en relación con lo previsto, con lo presupuestado, y un 12,37% más de lo licitado.
Y a la desviación del 26% registrada hasta ahora en la ejecución del convenio habría que añadir las partidas necesarias para poder afrontar la licitación de las obras del anejo II, aún pendiente de licitación, cuyo presupuesto asciende a 642 millones de euros. Que de acotarse esta cantidad a un 15% de incidencias y revisiones de precios requeriría una financiación adicional de unos 400 millones de euros.
Por eso, señorías, las políticas de austeridad que nos vemos obligados a aplicar también acarrearán modificaciones en la forma de desarrollar el convenio, de tal manera que incrementaremos la exigencia de rigor y detalle de los proyectos para evitar desviaciones exageradas en el programa previsto, sobre todo en las que se derivan de imprevisiones técnicas injustificadas. A tal efecto, como ya anuncié en la comisión parlamentaria sobre los objetivos del departamento, elaboraremos la normativa necesaria para disciplinar la economía de la obra pública.
Agilizaremos las expropiaciones, al establecer legalmente una disposición similar a la de la ley estatal que determine la declaración ex lege de la urgente ocupación de los terrenos afectados por la construcción de una carretera. Cuestión que ahora, al no tenerla prevista la legislación canaria ni ser, en consecuencia, aplicable la legislación general de expropiaciones, la urgente ocupación es exclusivamente excepcional.
En el proyecto de ley de armonización y simplificación, que presentaremos en esta Cámara, en materia de ordenación y protección del territorio se exigirá también la previsión con suficiente definición de los planes insulares, evitando la necesidad de planes territoriales y otros planeamientos de desarrollo posterior para legitimar los proyectos de carreteras.
Por otro lado, señorías, cabe recordar, como reflejo de la flexibilidad permitida en el acuerdo, que en el anejo III del convenio se relacionó una serie de obras que podrían ser programadas en años posteriores, alguna de las cuales podrá sustituir a otras del anejo II que no estuvieran licitadas o adjudicadas. Algo que tendremos en cuenta a lo largo de la presente legislatura con atención a las necesidades más inmediatas que se vayan afectando cada día.
Y, llegados a este punto, creo que sería interesante recordar a sus señorías la justificación de este convenio y de los anteriores, el de 1994 y 1997, ya que no se trata de una concepción de mera cooperación coyuntural del Estado sino de una actuación de justicia que se deriva de que, en el momento de asumir esta comunidad las transferencias en materia de carreteras del año 1984, dado el hecho insular, no existía una red de interés general del Estado y la dotación económica de tales transferencias fue tan exigua que apenas daba para conservar la escasa red existente.
Pero esta situación fue modificada al revisarse en nuestro bloque estatutario y especialmente en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en la configuración de la Ley 20 del 91, de 7 de junio, en la que se consideran de interés general, a efectos de su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado, entre otras, las obras de infraestructuras que conecten los principales núcleos urbanos de Canarias. Asimismo, también establece que las inversiones estatales no serían inferiores al promedio que corresponde al conjunto de las comunidades autónomas, excluyendo de ese cómputo las inversiones que compensen el hecho insular.
Por tanto, señorías, este convenio no es más que una de las manifestaciones del cumplimiento de nuestro Régimen Económico y Fiscal y, por tanto, de nuestro acervo normativo, irrenunciable para el mantenimiento de las condiciones de igualdad y competitividad en relación con el resto del territorio del Estado. Más aún cuando por inexistencia de otras posibilidades de desplazamiento es nuestro índice de motorización, junto con el de Baleares, el más alto del Estado; esto es, 708 vehículos por cada 1.000 habitantes, nada más y nada menos, frente a una media estatal de 673 vehículos por cada 1.000 habitantes.
En cifras, señorías, según los datos publicados en el 2010 por el Ministerio de Política Territorial, Canarias tenía una densidad de 60 km de carretera por cada 100 km2, lo que le otorgaba a Canarias el primer puesto nacional con tal indicador. Pero si bien territorialmente eso es motivo de preocupación, conviene no engañarse y por ello no debe olvidarse que los aproximadamente 7.000 km2 de archipiélago se encuentran fraccionados en siete islas y de ahí que tal indicador debe estudiarse con gran precaución.
A ello podría añadirse la orografía y la hidrografía de algunas de las islas, que dificulta y a veces imposibilita trazados rectilíneos, so pena de costosas obras singulares de viaductos o túneles, no siempre económicamente viables.
En definitiva, señorías, hemos de concluir que, como ha quedado de manifiesto, la culminación de las obras previstas en el anejo II del convenio vigente, esto es, hasta el año 2017, precisa de una actualización económica. La financiación de las obras de carreteras de interés general en nuestras islas es una obligación del Estado, que debe equiparar, al menos, al promedio de las inversiones de la red estatal. El mantenimiento y actualización por el Estado de los compromisos económicos de dicho convenio, aun en la coyuntura actual, resulta irrenunciable, por cuanto en base al mismo nuestra comunidad ha adquirido las obligaciones contractuales con las empresas adjudicatarias, sin perjuicio de la necesidad real del servicio de tales infraestructuras.
Por todo ello, señorías, mantendremos el permanente diálogo con el Gobierno del Estado para garantizar la imprescindible actualización y continuidad del convenio.
Por parte de los grupos no proponentes, tiene la palabra el Grupo Mixto.
Señor Román, dígaselo desde la tribuna (Ante un comentario del señor diputado).
El señor Rodríguez Rodríguez: Pues nada, para expresar nuestro apoyo incondicional a lo que siempre fue un derecho no reconocido a esta comunidad, y es participar del presupuesto estatal en las infraestructuras de interés general, y las carreteras lo son. Desde el arranque del autogobierno hasta el año 97 de manera explícita no se reconoce este derecho a nuestra comunidad, y eso a pesar de que era una evidencia. Y se produce en el 97 por dos circunstancias: primero porque había fuerzas políticas nacionalistas en el Congreso de los Diputados, que hicieron de esto una defensa clave de los intereses de Canarias; y, en segundo lugar, porque en ese momento había un Gobierno, que hay que decir que era del Partido Popular, que entendió esa reclamación y suscribió un convenio de 216.000 millones de las antiguas pesetas. Eso nos ha posibilitado mejorar la red viaria de nuestro archipiélago de manera evidente.
El segundo convenio del 2006 actualiza y mejora la financiación, pero, como bien dice el consejero, no está concluida la red viaria del archipiélago y, por lo tanto, hay que reclamar a la Administración del Estado el cumplimiento de este derecho que tiene Canarias y que, por si fuera poco, lo reconoce de forma expresa la Ley del REF del 91, incorporando las carreteras de interés general como infraestructuras a acometer por la Administración General del Estado.
Por lo tanto, nuestro grupo apoya de forma incondicional la exigencia a los poderes del Estado del mantenimiento de las inversiones del Estado en Canarias, alcanzando la media del conjunto.
Y me refiero ahora a un gran programa, que ahora está razonablemente paralizado por la crisis económica, que es el Plan de Infraestructuras y Transportes, que aprobaron las Cortes Generales, 2005-2020, con una ficha financiera de 250.000 millones de euros para puertos, aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones y ferrocarriles, donde Canarias tiene derecho a participar en todas sus facetas. Por supuesto, puertos y aeropuertos, hoy de titularidad estatal; las carreteras, a través del procedimiento convenial que se ha ido consolidando; en materia de telecomunicaciones tenemos que reclamar nuestra participación en el esfuerzo de infraestructuras públicas que despliega el Gobierno de España; y por supuesto en materia de ferrocarriles, un derecho también, exigir la participación de Canarias en la política de ferrocarriles.
De manera que nosotros reiteramos lo que es una obviedad, y es la defensa a ultranza de nuestro acervo, de la exigencia de las inversiones del Estado en Canarias en este tipo de infraestructuras y de la exigencia de que alcancemos la media de inversión del conjunto del Estado, tal como establece el artículo 96 del REF, reiteradamente incumplido, reiteradamente incumplido, por todos los gobiernos del Estado español. Esperemos que después de la última resolución de este Pleno del Parlamento, unánime, en favor de lo mismo, se corrija en los próximos periodos.
El señor Cruz Hernández: Señorías. Señor presidente. Muy buenos días.
Señor Rodríguez, no se inició en el año 96. En el año 91, ya la Ley de Régimen Económico y Fiscal, en los aspectos fiscales, ya determinaba, en el artículo 95, la necesidad, habiendo recibido una transferencia, desde el año 82, exclusiva en materia de carreteras, que esa competencia exclusiva había que complementarla en razón de la situación económica y de los avatares que teníamos en Canarias. Y no solo es así, sino que la Comisión Mixta de esta comunidad autónoma en el año 93 acordó afectar el 50% del ITE a las infraestructuras de carreteras que conectaran los principales núcleos de Canarias, de tal manera que en el año 94 ya se firmó el primer convenio por tres mil y pico millones de las antiguas pesetas para dos obras concretas, que son las dos autopistas de las dos principales islas de nuestro archipiélago. Se reafirmó posteriormente, en el año 94, con el REF, y así ha sido sucesivamente.
Señor consejero, a nosotros lo que nos preocupa es ese runrún que empieza a sonar, sobre todo de las filas que ocupa la derecha de este Parlamento. Tenemos anclaje jurídico: la Constitución española, múltiples leyes... Tenemos convenios firmados con el Estado. No son convenios con el Partido Popular ni con el Partido Socialista, son convenios entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Gobierno de España, y esos convenios obligan a una inversión, hasta el año 2017, de aproximadamente 2.437 millones de euros en números redondos, de los que faltan, como usted ha señalado, unos 700 por adjudicar y por enviar aproximadamente unos 207 millones anuales, de aquí hasta el 2017. Por lo tanto, tenemos que presupuestar, tenemos que actuar, esperando que el Gobierno de España siempre sea tan serio, el de ahora, el que venga y como los que estuvieron anteriormente, porque estamos hablando de acuerdos firmados entre convenios y leyes que nos sustentan.
Y a mí lo que me preocupa, y estoy de acuerdo en algo que usted manifestaba: rigor en los proyectos. Lo que no puede hacerse es que se adjudique una carretera por 70 millones y después nos gastemos 130. ¡Eso no es posible! Hay algo que chirría, y mucho, en esa materia. Por tanto, rigor en los proyectos.
Y, señor consejero, como prioridad, el anexo II. Lo que no se puede plantear es que se ejecute parte y obras del anexo III cuando el anexo II no se ha ejecutado, y más teniendo en cuenta que en este convenio hay anexo I, algunos flequillos por terminar, y sobre todo del anexo II muchas de esas obras están desde el año 97. Usted lo ha dicho aquí. El primer convenio con el Partido Popular tenía un déficit importante. Por lo tanto, rigor y prioridad.
Por parte del Grupo Popular, don Miguel Jorge, por espacio de tres minutos.
El señor Jorge Blanco: ...(Sin micrófono.) en materia de carreteras, del que estamos hablando, con convenios de infraestructuras hidráulicas, el convenio de Costas y un Plan Integral de Empleo para Canarias, firmados por Consejos de Ministros celebrados en Canarias, y precisamente uno de sus miembros es el próximo, va a ser el próximo presidente del Gobierno de España. Por tanto, el Partido Popular sabe de qué habla cuando hablamos de estas infraestructuras para Canarias y creo de verdad que cumplió con Canarias en los ocho años que estuvo el Partido Popular en el Gobierno. Creo que no puedo decir lo mismo del siguiente Gobierno, del Gobierno presidido por el señor Rodríguez Zapatero, cuyo proyecto estrella con Canarias era el Plan Canarias, cuyo proyecto estrella, ese Plan Canarias, decía que había que invertir 2.500 millones de pesetas cada año hasta el 2020 y resulta que en el 2010, de 2.500, nos quedamos en 200 y en el 2011, de 2.500, nos quedamos en 30. Esa es la diferencia entre un Gobierno del Partido Popular y un Gobierno del Partido Socialista, en cumplimiento con Canarias.
Miren, de este convenio, en fin, son habas contadas, señor consejero. Efectivamente, lo que hay que ser es mucho más riguroso a la hora de su cumplimiento, que no se produzcan desvíos presupuestarios significativos, que las empresas adjudicatarias no utilicen el famoso recurso de los modificados y de los adicionales para ver si arreglan sus números presupuestarios, motivados fundamentalmente por unas bajas en las ofertas desorbitadas, ¿no?
Y también hay que hacer un seguimiento importante de esas comisiones mixtas, que se producen con cierta periodicidad, para que esas comisiones sean efectivamente eficaces a la hora de resolver las incidencias existentes.
Poco más se puede decir. Yo espero, en fin, que la lealtad entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España continúe, como tiene que ser, con el próximo Gobierno. Lo que pasa es que francamente las cosas están difíciles. Yo no sé si el señor Cruz quiso ponerse la venda antes de la herida, justificando posibles recortes en el futuro, que no lo sé si los habrá, pero hay que tener en cuenta que en el año 2012 hay que cumplir con el 4,4% del déficit con la Unión Europea y el 6% en el 2011, y los datos que va demostrando la Intervención General del Estado es que posiblemente no lleguemos a ese 6% sino que estemos entre el 7 y el 7,5%, con lo que habrá que reducir las partidas en el 2012 de manera significativa.
El grupo proponente tiene la palabra. Señor Perestelo, por espacio de diez minutos.
Permítanme en primer lugar agradecer la posición de los grupos, coincidente con el Grupo Nacionalista Canario, proponente de esta comparecencia, en el sentido de dar importancia al mantenimiento de este convenio y sobre todo de garantizar su financiación para los próximos años.
Hablaba el señor Rodríguez de la importancia que significó el primer convenio del año 96, firmado en el año 97. Y hablaba de algo que no es baladí, que es algo fundamental. No reconocer la importancia de ser un parlamentario nacionalista, que posibilitó aquel Gobierno, sería poco menos que no reconocer el origen de la firma de ese convenio, porque es cierto, señor Cruz, que en el año 94 se habló, se firmó un primer convenio y es verdad que en el año 91 existía el artículo 95 de la Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que leí antes, como fundamento a la hora de hablar de la necesidad de este convenio.
También no es menos cierto que en ese año 94 se planteó algo tan importante que significó un incremento notable en la financiación, como es el 50% de la devolución del impuesto general del tráfico de empresas, que obligaba al Gobierno de Canarias, al Estado, y que se incorpora a ese Convenio de Carreteras. Como consecuencia de lo que decía al principio, que yo creo que es lo fundamental, que es el reconocimiento por parte de la Administración General del Estado del déficit histórico de inversión en materia de carreteras en Canarias.
El señor Jorge hablaba de la venda antes de la herida. Nosotros tenemos claro que esa lealtad institucional que planteaba es obvio que se ha cumplido permanentemente. Ha sido el modelo de actuar de nuestro grupo en las Cortes o en nuestros gobiernos en Canarias: lealtad institucional. Y somos conscientes de las dificultades, pero indudablemente también somos conscientes de que el Partido Popular en Canarias en los dos últimos años ha estado reclamando permanentemente el cumplimiento del artículo 96 del REF. Eso lo tenemos presente. Si en estos momentos estamos hablando de que la financiación media de las inversiones en Canarias está por debajo de la media del Estado, indudablemente, conscientes de los recortes, indudablemente también somos conscientes de que esos recortes no afectarán a los convenios con Canarias. Es algo que el Gobierno anterior garantizó en los últimos Presupuestos, cuando se produjeron reducciones importantes en la inversión; como Canarias estaba por debajo de la media de inversión, se mantuvieron esas inversiones en este año. Estamos hablando del Convenio de Carreteras. Luego, por consiguiente, estamos seguros de que el nuevo Gobierno, cuando aplique los ajustes, no se aplicarán en modo alguno a Canarias. Por lo tanto, nosotros no planteamos siquiera esa estrategia que se planteaba históricamente, que se anunciaba, con antelación suficiente, que iba a subir cualquier producto, se anunciaba incluso el porcentaje en que iba a subir, y luego subía menos y parece que la ciudadanía lo aceptaba con mayor normalidad. Luego, nosotros no podemos aceptar en estos momentos, ni creemos que pueda ocurrir, una disminución de las inversiones, porque, como digo, confiamos en lo que se ha dicho y se ha ofrecido a la ciudadanía de Canarias de reconocimiento de una inversión por debajo de la media del Estado.
El señor consejero hablaba de las dificultades. Yo creo que obviar esas dificultades no resulta como un elemento importante a la hora de valorar la vigencia y sobre todo la ejecución del propio convenio. Las necesidades de modificados, acordes a un territorio singular, archipielágico, difícil, que hace necesarias esas modificaciones, pues, obligan a un expediente administrativo que retrasa, sin ninguna duda, la ejecución del propio plan, al que hacía referencia algún portavoz. Pero es evidente que se está trabajando y yo creo que el paso definitivo, el acuerdo logrado por la consejería con el Gobierno sobre quién ejecuta las obras, sobre quién licita, sobre quién dirige y, sobre todo, esa mayor facilidad, mayor agilidad, que se da al convenio con el nuevo redactado, con la posibilidad de inversión y sobre todo con la posibilidad de contratación por parte de las autoridades o de la Administración autonómica de Canarias.
En definitiva, señorías, creo que estamos ante un convenio que es necesario, que parte de ese reconocimiento fundamental, que en el preámbulo del primer convenio se habla del retraso histórico de inversiones. Que hacíamos referencia a que nuestros fundamentos no solo estaban en ese retraso histórico en las inversiones sino también estaban en la propia Constitución y en el hecho insular, y sobre todo también en el Estatuto de Autonomía y en la propia ley de transferencias de competencias a Canarias, que habla de la necesidad de financiar esa inversión. Eso, señorías, no es más que el reconocimiento de la baja dotación de esa competencia que hace el Estado a Canarias. Eso, señorías, no es más que el reconocimiento del debate abierto en la sociedad canaria sobre el marco competencial tan importante en estos tiempos. No es, señorías, sino el reconocimiento de cómo se ha producido el proceso de transferencias de la comunidad autónoma, también a los cabildos, y cómo los cabildos permanentemente están reclamando convenios, como se plantearon con valentía por este Gobierno. Recuerdo que en la primera intervención que hacía el consejero de Obras Públicas en este Parlamento para explicar su gestión en los próximos años le planteábamos esta situación, esta situación de la necesidad de mantener estos convenios, de mantenimiento de la red viaria insular, de nueva red viaria en las islas, esos convenios con los cabildos. Porque de la misma manera que se produce la transferencia en el año 84 del Estado a Canarias, con un déficit de financiación importante, que se reconoce en la firma del primer convenio, también se ha producido muchas veces esa transferencia de competencias a los cabildos sin la dotación suficiente, que requería de estos convenios similares que, como decía antes, valientemente asumió el Gobierno de Canarias.
Por tanto, señorías, nos quedamos con la parte positiva. Nos quedamos con el posicionamiento claro de los grupos parlamentarios de esta Cámara, en el sentido de la necesidad de mantener este convenio, en la lealtad institucional, en el apoyo de todas las fuerzas políticas, para exigir y para plantear el cumplimiento de estos convenios. Y sobre todo que en tiempos como los actuales no se rebaje más la inversión y sobre todo no nos vayamos diferenciando de la media de inversión en el Estado en el sentido negativo, sino que, por el contrario, hagamos todos el esfuerzo de incrementar esa inversión para mantenernos en la línea de inversión media de todo el Estado.
Señorías, yo creo que con esto el Grupo Nacionalista Canario se siente satisfecho de la iniciativa planteada y sobre todo del nivel de compromiso conseguido por los grupos o manifestado por los grupos en esta tribuna.
Tiene la palabra para concluir el señor consejero, el señor Berriel. Diez minutos.
Brevemente, porque, ante la coincidencia, poco más cabe expresar aquí. Sí, bien, es verdad, subrayar desde luego el consenso, la visión común, que tenemos todos sobre la necesidad de que Canarias cuente con la continuidad de los convenios de infraestructuras, su perfeccionamiento, su mejora, hasta alcanzar, efectivamente, el objetivo de una inversión acorde con las necesidades de infraestructura del archipiélago, para colocarnos en una verdadera posición de igualdad. Una posición de igualdad que desde la Constitución hasta nuestro Estatuto de Autonomía viene perfectamente reconocida y desarrollada precisamente con la Ley del REF.
Efectivamente, estos convenios no son nuevos. Los distintos partidos que han gobernado el Estado, el Partido Socialista y el Partido Popular, en los momentos en que ha tocado, han tenido siempre sensibilidad, sobre todo en los últimos tiempos, sensibilidad, y el Gobierno de Canarias ha hecho unas negociaciones leales y desde luego una administración de esos convenios yo diría que impecable. Es una cuestión que merece que aquí se ponga de manifiesto, porque pudiera parecer que desviaciones o incidencias en las obras del orden del veinte, veintipico por ciento, sean cuestiones exageradas y, para los que por la profesión conocemos las dificultades que tiene este tipo de obras lineales y las imprevisiones que muchas veces son inevitables, resulta que esas cuantías lo que demuestran es que estamos en una aproximación aceptable, teniendo en cuenta que en esas desviaciones están también las revisiones de precios, que en estos últimos años se han incrementado considerablemente, sobre todo por los precios de los combustibles, los asfaltos y todo este tipo de factores que conforman el precio final de las unidades de obra.
Por tanto, destacar, primero, que, efectivamente, necesitamos, ya no mantener el convenio... Eso lo damos por hecho. Es que eso es incuestionable en estos momentos, porque, entre otras cosas, como he dicho, tenemos los compromisos contraídos ya, hasta ejercicios futuros, con los contratistas, que han hecho sus contratos, en la confianza legítima que da nada más y nada menos que un convenio firmado por el Estado con acuerdo del Consejo de Ministros. Pero todo esto hay que actualizarlo, es lo que comentaba. Hay que actualizarlo, en primer lugar porque ya, de partida, muchos de estos proyectos tienen precios de ejecución desfasados. Cuando se ponen en el convenio, mucho tiempo antes se han hecho las evaluaciones y lo lógico es que tengan cierto desfase. Como he dicho también, las revisiones de precios y las incidencias que se den hacen que esto se tenga que actualizar. Pero, en definitiva, ni las ratios de inversión por metro lineal o por kilómetro de autovía, y mucho menos teniendo en cuenta nuestra orografía y nuestras condiciones naturales, ni ninguna otra circunstancia puede exponer aquí o puede revelarnos que hay, digamos, una ejecución incorrecta del Convenio de Carreteras. Todo lo contrario: lo que se ha demostrado es que, con la fórmula de transferencia que se ha hecho a Canarias de los fondos del Convenio de Carreteras y la administración por Canarias del Convenio de Carreteras, con la lealtad propia que siempre se ha tenido con el Estado, de dar cuenta, de hacer un seguimiento razonable del mismo, ha funcionado bastante bien.
Pero, como se ha dicho, queda todavía mucho por hacer, quedan infraestructuras que terminar. Lógicamente no lo vamos a hacer todo en una legislatura, mucho menos en un ejercicio, pero sí hay que continuar con esa senda y en ese sentido, bueno, pues, tenemos la tranquilidad de lo expresado hoy aquí por el portavoz del Partido Popular. Tenemos la tranquilidad también de lo que ha sido el programa de gobierno, el programa en el que se ha insistido -el Partido Popular- en relación con Canarias, de no bajar la inversión en infraestructuras, sino todo lo contrario. Y, por tanto, creemos que en esa unanimidad de todos podemos conseguir tener una permanente negociación, un diálogo permanente, con el Estado para garantizar las inversiones que se necesitan en este convenio en el futuro.
La disciplina económica a la que me he referido o las medidas a las que me he referido también para agilizar las obras. Téngase en cuenta lo que he comentado, por ejemplo, algo que parece intrascendente pero que tiene una importancia tremenda en el coste de las obras y sobre todo en el encarecimiento por desfase temporal de las mismas, que, por ejemplo, las dificultades en las expropiaciones, en un territorio como el nuestro en el que la propiedad tiene un arraigo, un sentido muy fuerte en los ciudadanos, es muy compleja la tarea de las expropiaciones. Pero es que además nuestra legislación obvió hacer lo mismo que hizo la del Estado, que es que en materia de obras lineales la urgente ocupación debe ser siempre contemplada en la ley, y nuestra ley no la contempla. Y así como en cualquier otro tipo de obra puntual en un lugar determinado la urgente ocupación de los suelos puede ser excepcional, en una obra, si se ha expropiado todo y quedan -en una obra de carretera-, y quedan unos pocos metros por expropiar, se invalida, se paraliza, la totalidad de la obra, y eso, lógicamente, es un exceso de protección de la propiedad que, en el caso de la carretera, tiene una singularidad que merece la pena que corrijamos. Ya he avanzado que lo vamos a hacer en el próximo texto legislativo que venga a este Parlamento.
Y en cuanto a disciplinar los proyectos técnicos, los nuevos técnicos, las nuevas tecnologías permiten tener muchísimas mejores tomas de datos, permiten tener los proyectos de mucha más calidad, y nosotros tenemos que tener una norma que efectivamente discipline mucho más aún las imprevisiones que puedan tener los proyectos y que muchas de ellas, pues, resultan absolutamente injustificadas porque son perfectamente predecibles. No obstante, esto es la historia de la obra pública española y la historia de la obra pública de toda Europa. Por tanto, nosotros, desde luego, lo que sí vamos a intentar es disciplinar en estos tiempos que corren, y ese es el mayor esfuerzo que tenemos que hacer en estos momentos, pero en modo alguno podemos renunciar a la financiación.
Por tanto, tan pronto como el Gobierno de España tome posesión estaremos intentando esas reuniones para tener ese diálogo fluido en esta materia y conseguir, ya no garantizar la continuidad del convenio, que el convenio está firmado, garantizar, desde luego, que no vaya a sufrir ningún recorte por las razones que ya aquí se han expuesto, porque estamos por debajo de la media de inversión estatal y, consecuentemente, no tiene ninguna justificación que se recorte lo que está por debajo de la media -se debe recortar lo que está por encima antes- y desde luego para mejorar la financiación de las obras que quedan en el futuro.
Nada más. Señorías, señor presidente, muchas gracias.
8L/C-0103 Sobre el Convenio de Carreteras Canarias-Estado.

References: artículo 138
 Real Decreto 
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 96
 artículo 96
 resolución 
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 96