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Timestamp: 2017-05-30 04:22:15+00:00

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Updated: 7 hours 21 min ago El juez envía a prisión a dos detenidos en Madrid en una operación contra el yihadismo
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado el ingreso en prisión incondicional de los dos detenidos en Madrid el pasado martes en una operación contra el terrorismo yihadista. En el caso de Abdessamad G.H. el magistrado le envía a prisión por integración en organización terrorista, adoctrinamiento y adiestramiento para la comisión de delitos de terrorismo y enaltecimiento del terrorismo. A Zouhair T. le atribuye un delito de adoctrinamiento terrorista.
En el auto referente a Abdessamad G., el magistrado señala que la investigación llevada a cabo determina la existencia de indicios racionales de que se habría estado preparando para cometer acciones violentas a instancias de órdenes recibidas desde plataformas virtuales, tal y como se desprende del hecho de ser asiduo de varias páginas repletas de tutoriales dirigidos a formar a las personas seguidoras del DAESH en la fabricación de artefactos a través de métodos rudimentarios.
Explica el magistrado que el investigado visitaba con mucha frecuencia páginas-perfil de Facebook que abordaban la temática del terrorismo yihadista desde una perspectiva no sólo ideológica sino también operativa, "es decir, en dichas páginas se explicaba paso a paso cuáles eran los materiales y procedimientos que debían seguirse para fabricar artefactos explosivos a partir de materiales usualmente localizables en establecimientos de acceso común al público". En este sentido, continúa, destaca varios vídeos en los que se mostraba cómo fabricar dispositivos a partir de una sustancia muy conocida y de fácil adquisición en establecimientos dedicados a la jardinería para el abono.
"El avance de las investigaciones reveló la existencia de un total de unos cien focos virtuales especializados en terrorismo yihadista seguidos por el mismo, en cuyo interior destacaban las publicaciones de material dirigido a individuos captados, residentes en países considerados por DAESH como enemigos, susceptibles de cometer atentados como <<combatientes Inghimasi>>, siguiendo el modus operandi de las últimas acciones llevadas a cabo en Reino Unido, Francia o Alemania", afirma Andreu.
En el auto por el que se envia a prisión a Zouhair T, el juez pone de manifiesto que este investigado seguía una serie de páginas de contenidos yihadistas radicales que también visitaba el otro detenido, con quien mantenía contactos por teléfono y WhatsApp.
Categories: Jurisprudencia El juez José de la Mata confirma la prisión incondicional a Jordi Pujol Ferrusola
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata confirma la prisión incondicional comunicada y sin fianza de Jordi Pujol Ferrusola acordada el pasado 25 de abril, al considerar que a lo largo de la causa se multiplican los elementos para considerar que el investigado "ha venido realizando un progresivo proceso de ocultación de información y evidencias y de descapitalización de todos los activos patrimoniales y financieros que se le podían atribuir”.En un auto, el magistrado rechaza el recurso de reforma presentado por la defensa de Pujol Ferrusola en el que solicitaba la revocación de la medida de prisión provisional y, con carácter subsidiario, una medida alternativa y menos gravosa a los fines de aseguramiento probatorio, petición a la que se opuso la Fiscalía Anticorrupción.
Categories: Jurisprudencia El juez del “caso Púnica” fija una fianza de 400.000 euros para que Francisco Granados salga de prisión
No obstante lo anterior, al no haber desaparecido por completo los riesgos aludidos, el juez considera proporcional acordar la libertad de Granados una vez depositada la cantidad de 400.000 euros en metálico. En caso de depositar la fianza, Granados deberá comparecer ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 o el más cercano a su domicilio los días 1 y 15 de cada mes, facilitar número de teléfono y dirección de correo electrónico para ser localizado de forma permanente y fijar domicilio. Además, tendrá prohibido salir del territorio nacional sin autorización judicial. Categories: Jurisprudencia El juez concluye la instrucción del “caso Bankia” y procede contra 34 personas físicas y jurídicas
Categories: Jurisprudencia La Audiencia Nacional abre juicio oral por el fichaje del jugador Neymar por el FC Barcelona
En su escrito el juez recuerda que en cumplimiento de los autos de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que acordaban revocar el sobreseimiento y continuar el procedimiento, procede acordar la apertura de juicio oral. No obstante, el juez hace constar, en aplicación del artículo 783.1 de la Lecrim, dejar “respetuosa constancia de las razones por las que se consideró que en este caso procedía el sobreseimiento y por las que ahora, de no mediar la precisa indicación por parte de la Sala de lo Penal, que, desde luego, debe cumplirse en sus precisos términos, se acordaría el sobreseimiento de las actuaciones”. Categories: Jurisprudencia La Audiencia Nacional condena a 44 años a los etarras Aginagalde y Larretxea por el asesinato en 2008 del empresario Ignacio Uría
Categories: Jurisprudencia La Audiencia Nacional condena a 1 y 3 años de cárcel a dos acusados de estafa por vender paquetes vacacionales a través de la empresa Mundo Mágico
La Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas de 1 y de 3 años de cárcel a los dos acusados de estafar a 663 perjudicados con la comercialización de servicios turísticos y paquetes de vacacionales a través de la empresa Mundo Mágico, a sabiendas de que no podían cumplir los contratos con los clientes.
En su resolución, la Sala condena a la pena de 3 años de cárcel a Antonio G.M. y un año de prisión a Paul A.V.Z., así como al pago de una responsabilidad civil para indemnizar a los perjudicados que se determinará en ejecución de sentencia. Les aplica la a la atenuante simple de dilaciones indebidas puesto que si bien la instrucción, que se prolongó desde 2003 a 2016, se debió a la existencia de múltiples perjudicados a los que hubo que identificar, a la reunificación de denuncias en varios juzgados o la complejidad de dictamen pericial para desentrañar la contabilidad de un conglomerado de empresas, hay paradas en la instrucción "sin justificación". Además, los magistrados absuelven a BBVA y a Banco Santander del pago de la responsabilidad civil que interesaba una de las acusaciones particulares.
En sus hechos probados, la Sala explica que el acusado Antonio G.M. venía dedicándose desde el año 1998 hasta el 2003, utilizando la sociedad Mundo Mágico Tours S.A, sus filiales y empresas relacionadas, a la venta de “participaciones” o “acciones” en complejos vacacionales y a la comercialización de servicios turísticos mediante programas de afiliación a clubs de servicios vacacionales y turísticos.
Con este fin encargaba a sus empleados y colaboradores la captación de clientes mediante llamadas telefónicas, acercamiento en la vía pública, publicidad remitida por correo, promesas y entrega de premios, “todo ello para atraerlos a sus instalaciones donde, aparentando una solvencia patrimonial y una capacidad para cumplir los compromisos vacacionales que ofrecía y contraía que sabía inexistente, conseguía que los clientes celebraran los contratos que llevaban aparejados la consiguiente obligación de pago”.
Los contratos que consistían en la venta de una “participación” o “cuota” de un apartamento conferían al comprador un derecho al uso y disfrute del mismo por el tiempo establecido en el contrato, debiendo abonar el comprador, además del precio, una cuota de mantenimiento. La entidad vendedora, siempre controlada directa o indirectamente por el acusado Antonio, no tenía capacidad para suministrar a todos los compradores el uso de las semanas vendidas, circunstancia que éste conocía. Esto sucedió, dice la Sala, con las ventas en los complejos llamados Mar y Golf, “Sunset Beach Club”, Hotel Apartamento Esmeralda, o Esmeralda Beach Club, que se hicieron fundamentalmente a través de las entidades Mundo Magico Tours S.A., Gran Club de Vacaciones S.A. y Espinaquer 2001 S.L. El precio de venta, según los contratos, oscilaba entre los 9.000 y 13.000 euros.
Continúan explicando los jueces que el llamado contrato de afiliación al programa de servicios turísticos del tour operador estipulado, generalmente Magic Club o Terramar, atribuía al cliente la facultad de disfrutar junto a tres personas más, de tres semanas de alojamiento anuales durante 20 o 50 años según los contratos, en distintos establecimientos hoteleros no especificados en el mismo. A cambio, debían satisfacer el precio de la cuota de afiliación, cuyo importe oscilaba entre 3.000 y los 12.000 euros, aunque a veces rebasaba esta cantidad y otra más por cada semana disfrutada cuyo precio variaba según la categoría del establecimiento, el destino o la temporada.
En este sentido, la sentencia destaca que el acusado Antonio era conocedor de que Mundo Mágico Tours S.A. y sus empresas relacionadas vendedoras, "no estaban en condiciones de suministrar a todos los miembros del programa los derechos que les daba su afiliación al programa de servicios turísticos".
Otra estrategia comercial del acusado, generalmente utilizando las sociedades Holiday Shop S.A. y Terra Mítica Vacaciones S.A., también controladas por él, era el ofrecimiento de una semana gratuita de vacaciones en un apartamento o establecimiento hotelero simplemente por asistir a una charla de promoción de los servicios turísticos que Mundo Mágico Tours S.A. ofrecía. Para disfrutar de la semana había que abonar gastos de gestión y una fianza por importe de 114,20 euros que se devolvería una vez disfrutada la semana, dinero que recibía el acusado "sin intención de cumplir lo prometido y sólo como gancho para captar clientes que compraran los productos que ofrecía". "Solo permitía que algunas personas disfrutaran de la semana de regalo y los productos vendidos como estrategia para aparentar solvencia y conseguir celebrar más contratos”, apuntan la sentencia.
Por su parte, el acusado Paul tuvo conocimiento de quienes eran los clientes de Mundo Mágico S.A. y a través de la sociedad CONDO-VAC LTD, de la que era administrador y dueño, al menos entre los meses de agosto de 2001 y junio de 2003, se puso en contacto con muchos de ellos ofreciéndoles la reventa del producto comprado "a sabiendas de que no iba a hacer ninguna gestión para realizar ésta y con el único fin de recaudar dinero para sí". Para ello, exigía a los clientes la entrega de una cantidad alrededor de 420 euros, a fin de cubrir los gastos derivados de la transacción, que devolvería descontados los gastos de gestión una vez realizada ésta, pero que sólo devolvió en contadas ocasiones, tras efectuar los clientes una reclamación y sin haber realizado la venta ni ninguna gestión con ese fin.
Categories: Jurisprudencia El juez acuerda la apertura de juicio oral a 15 acusados por el caso ‘Nueva Rumasa’
Fri, 04/28/2017 - 12:20
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y contra la hacienda pública contra seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, Ángel de Cabo y otras ocho personas por el denominada "caso Nueva Rumasa". Además señala a 57 empresas como responsables civiles subsidiarias y a nueve personas en calidad de partícipes a título lucrativo.
Categories: Jurisprudencia La Audiencia Nacional confirma su competencia para investigar por terrorismo los incidentes ocurridos el pasado 11 de marzo en Pamplona
Categories: Jurisprudencia El juez del “caso Lezo” archiva la investigación abierta al presidente y al director de La Razón
Categories: Jurisprudencia El tribunal del “caso Gürtel” motiva el acuerdo de llamar como testigo al presidente del Gobierno
El auto incluye un voto particular del presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, contrario a la práctica de esta prueba testifical. Categories: Jurisprudencia El juez pide al TSJ de Madrid que investigue a la diputada regional María Josefa Aguado por su posible implicación en el caso Gürtel
Mon, 04/17/2017 - 13:00
Señala el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 que “en definitiva, aparentemente se dispuso ilícitamente de fondos públicos en beneficio de terceros, conscientes de que les proporcionaban un enriquecimiento, provecho o ventaja ilícitos, en perjuicio del patrimonio público, interés que tendría en todo caso una incuestionable dimensión económica de signo negativo para los fondos públicos”. Categories: Jurisprudencia La Audiencia Nacional condena a dos de los 14 acusados del caso ‘Eurobank’ por un delito continuado de administración desleal
La Audiencia Nacional ha condenado a dos de los 14 acusados del caso ‘Eurobank’ por un delito continuado de administración desleal a penas de dos años y tres meses de prisión (en el caso de María V.) y a un año, un mes y quince días de prisión para Manuel Vicente F.N.. La Sala absuelve a los 11 restantes acusados de los delitos de asociación ilícita, delito societario continuado, estafa en grado de tentativa y delito de insolvencia punible de los que habían sido acusados por la Fiscalía Anticorrupción. El expresidente de la entidad, Eduardo P.A., procesado por estos hechos, no fue juzgado al encontrarse en rebeldía. Los dos condenados deberán indemnizar solidariamente a los accionistas querellantes en la cantidad de 5.177.041.12 de euros. Además, María V. tendrá que indemnizarles con la cantidad de 4.399.300 euros.
Los hechos que se han juzgado se remontan al año 2003. Eurobank del Mediterráneo tenía un capital social de 26.782.616 euros cuya titularidad ostentaban 500 accionistas. En julio de 2003 fue intervenido por el Banco de España, después de que el entonces presidente de la entidad, Eduardo P.A., comunicara su propósito de renunciar a la licencia bancaria y la liquidación de la sociedad. Un mes después, en agosto de aquel año, un juzgado de Madrid declaró la suspensión de pagos del Banco. Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción, más 53 acusaciones particulares y la Asociación por la defensa de los intereses de los socios y accionistas de Eurobank venían acusando a 14 personas por varios delitos. De todos ellos el tribunal considera probado el de administración desleal.
Después de analizar los hechos que originaron la despatrimonialización de la entidad bancaria Eurobank del Mediterráneo la Sección Segunda de la Sala de lo Penal concluye que no ha quedado acreditado que los acusados integraran una asociación ilícita concertada para delinquir y que al margen de los ilícitos mercantiles posiblemente acaecidos, no ha quedado probada la responsabilidad penal de los 11 acusados que han resultado absueltos.
La Sala no aprecia naturaleza penal en las operaciones de compra de acciones del banco, ni en la compraventa por parte de Eurobank de los inmuebles por la que habían sido acusados por el Ministerio Público. La Sala analiza el único delito penal que considera acreditado, el de la administración desleal y destaca que no es un delito de infracción de un deber, sino más bien un delito de dominio y por tanto, para condenar por este delito se requiere que la persona pueda lesionar el patrimonio de los socios o de terceros, es decir, “ que tenga la capacidad de disponer de forma fraudulenta de bienes de la sociedad y de contraer obligaciones a cargo de ésta” y según el tribunal, únicamente María V. y Manuel V.F. son los que incurrieron en este delito, como cooperadores necesarios porque sin ellos no se hubiera cometido el perjuicio económico a la entidad.
A la hora de imponer las penas la Sala aplica la atenuante de dilaciones indebidas teniendo en cuenta que el asunto se inició en 2003 y el juicio se ha celebrado 13 años después, a finales de 2016. El tribunal no pone en duda la complejidad de la causa, en tanto que “ se trataba de analizar con plenitud y exhaustividad “ las actividades desarrolladas en Eurobank desde 1996 hasta 2004 pero del mismo modo los jueces hacen constar que la base fundamental para determinar la culpabilidad de los acusados ha sido la prueba documental , que se ha tenido en cuenta casi en su totalidad y que son los informes del Banco de España, de la Dirección General de la Generalitat, la propia de Eurobank y las Mutuas; una documentación que, según recuerda la Sala, se encontraba perfectamente identificada y obtenida en el año 2004, “siéndole tomada declaración a algunos de los acusados, como imputados en el año 2011. Esto hace que se deba tener en cuenta la atenuante” concluye la Sala.
Categories: Jurisprudencia La Audiencia Nacional ordena prisión para la joven de 19 años detenida en Terrassa por yihadismo
Fri, 04/07/2017 - 11:44
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la joven marroquí de 19 años detenida el pasado miércoles en Terrasa por delitos de adoctrinamiento y/o enaltecimiento del terrorismo yihadista a través de las redes sociales.
En un auto, la magistrada explica que de acuerdo con las investigaciones Youssra E.G. era usuaria de tres perfiles virtuales de Facebook, Instagram y Youtube a través de los cuales ha llevado una actividad con diverso contenido relacionado con el yihadismo. En concreto, indica Lamela, ha publicado temas relacionados con "la necesidad de hacer la yihad, la heroicidad de los combatientes, el combate a los infieles y las promesas relacionadas con el Paraíso y las huríes".
Igualmente ha difundido, según el auto, publicaciones en las que se puede observar niños educados en la doctrina yihadista con la intención de convertirlos de esta manera en los futuros combatientes, al tiempo que "se aprecia la perdurabilidad en el tiempo por parte del Estado Islámico y la idea de repulsa a todos aquellos que no comulguen con la ideología yihadista", así como la necesidad y justificación de hacer la yihad "por encima de cualquier otro objetivo".
La titular del Juzgado Central de Instrucción 3 considera que existen riesgos de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva. Señala que a lo largo de la investigación la joven ha manifestado su deseo de no permanecer en España, así como la intención de contraer matrimonio, este próximo verano, con una persona afincada en Marruecos y así establecer en ese país su residencial. Explica, además, que en 2015 tuvo intención de desplazarse a zona de combate controlada por el grupo terrorista Estado Islámico, "con la intención de formar parte de esa organización terrorista". Categories: Jurisprudencia La Audiencia Nacional investiga al exvicepresidente sirio Rifaat Al Assad por blanqueo de capitales en España
El magistrado de la Audiencia Nacional Jose de la Mata ha ordenado diversas diligencias en el marco de una investigación al exvicepresidente sirio Rifaat Al Assad, tío del actual presidente de Siria, por delito de blanqueo de capitales cometido por organización criminal en las localidades malagueñas de Puerto Banús y Marbella. El juez ha ordenado quince entradas y registros, la mayoría en Puerto Banús, tres requerimientos con advertencia de registros y el bloqueo de las cuentas corrientes de 16 personas físicas vinculadas a Rifaat Al Assad así como el bloqueo de otras 76 cuentas corrientes de personas jurídicas. No se han acordado detenciones.
Posteriormente, los investigadores franceses acreditaron que parte del parque inmobiliario de Rifaat Al Assad terminó en Marbella. En 2016, la Justicia francesa le imputó encubrimiento de desvío de fondos públicos, blanqueo en banda organizada y trabajo disimulado en banda organizada. Fruto de la cooperación judicial de países de la Unión Europea, se pudo acreditar que Rifaat Al Assad posee un patrimonio a su nombre en España, bajo el nombre de sociedades administradas por familiares suyos, entre ellos dos de sus hijos y alguna de sus mujeres.Más de 500 propiedades en España
Las entradas y registros así como el bloqueo de cuentas corrientes, se centran por ahora en 15 personas físicas y 76 jurídicas. Entre las personas físicas investigadas se encuentran dos de las esposas oficiales de Rifat Al Asad, seis de sus hijos, algunas de sus nueras y un ciudadano español que figura como administrador de la empresa que representa a la mayoría de las mercantiles extranjeras de la familia Al Assad. Categories: Jurisprudencia El juez del “caso Púnica” pide investigar por tres delitos al presidente de la Región de Murcia
El magistrado argumenta que el delito de cohecho del 419 del CP se comete cuando se produce soborno y corrupción en el hecho de recibir servicios personales y valuables en dinero -asesoramiento, reputación en internet, infraestructura en estrategias comunicativas no públicas- a cambio de realizar una actuación administrativa propia en materia de concursos y contratación pública, “atacando la venalidad de la función pública, el respeto a la neutralidad, probidad e imparcialidad de la misma”. Es un delito cuya persecución protege el prestigio y la eficacia de la Administración Pública mediante la garantía de “la probidad e imparcialidad de sus funcionarios”. Categories: Jurisprudencia El juez del ‘caso Pujol’ pide que se investigue al exdirector operativo de la Policía Eugenio Pino por prevaricación y falso testimonio
Después de las diligencias practicadas, el juez concluye que no se ajusta a la realidad la afirmación de que los citados documentos proviniesen de la causa que se sigue en el juzgado número 14 de Barcelona y que tampoco de “mecanismos de cooperación policial, de inteligencia policial como también se llegó a afirmar porque UDEF no ha podido acreditar ni causa judicial, ni base de datos policiales de donde provinieran los mencionados documentos.Lo que sí en principio el juez considera probado es que los documentos fueron entregados a UDEF por una persona vinculada a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, Diez Sevillano, “siguiendo instrucciones del director adjunto operativo Pino Sanchez”. El pendrive fue entregado por Diez Sevillano al Comisario Jefe de UDEF.
De la Mata concluye que no ha sido posible conocer el origen y ubicación de los documentos incluidos en el pendrive, ni “quien los obtuvo y cómo, ni la cadena de custodia de los mismos”. Categories: Jurisprudencia La Audiencia Nacional condena a un año de prisión a la tuitera que publicó chistes sobre Carrero Blanco
“La sentencia estará disponible en este mismo enlace una vez suprimidos los datos de carácter personal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 560.1.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal”. Categories: Jurisprudencia La Audiencia Nacional investigará al régimen sirio por la desaparición del hermano de una ciudadana española
Mon, 03/27/2017 - 12:12
En su auto, el titular del Juzgado Central de instrucción 6 analiza los hechos descritos en la querella y considera que serían constitutivos de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, terrorismo y desaparición forzada si bien, de acuerdo con las leyes y normativa nacionales y los tratados internacionales, procede admitirla únicamente por estos dos últimos delitos. Categories: Jurisprudencia La Audiencia Nacional asume la competencia para investigar los sucesos ocurridos en Pamplona el pasado 11 de marzo
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha asumido la competencia para investigar los incidentes ocurridos el pasado 11 de marzo en Pamplona, con ocasión de una manifestación no autorizada convocada por el grupo autodenominado “Errepresioari Autodefensa”.
La magistrada ha aceptado la inhibición del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona, al entender que los hechos investigados pueden constituir un delito de terrorismo previsto en el artículo 573 del Código Penal, en concurso con delitos de desórdenes públicos, lesiones, daños, incendio y atentado.
Mientras tanto, el juez de Pamplona ha rechazado en otra resolución el recurso interpuesto por los tres encarcelados por su supuesta participación en los altercados contra el auto en el que les imputó los delitos de desórdenes públicos y terrorismo y acordó remitir la causa a la Audiencia Nacional.
La resolución del magistrado, que puede ser recurrida ante la Audiencia de Navarra, explica que con arreglo al artículo 573 del Código Penal se considera delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con la finalidad de subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional, o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.
Al respecto, el juez reitera que, calificados los hechos provisionalmente como delito de terrorismo los disturbios acaecidos en Pamplona, no es este el momento procesal de determinar finalmente cuántos delitos más de los que integran el tipo van a ser objeto de acusación en concurso ideal, medial o real, dado que además los hechos están pendientes de fijación final y la instrucción de las diligencias acaba de comenzar. “Constatada la comisión de varios de los delitos descritos en el catálogo del artículo 573 del Código Penal y como ya se destacaba en el auto recurrido es evidente que su finalidad era la de alterar gravemente la paz pública, como así ocurrió, y así se fundamentaba tanto en cuanto a la descripción de los hechos indiciariamente acreditados como de los datos obrantes en el atestado, cuyo contenido es inequívoco en cuanto a la situación de alteración de la convivencia pública que se produjo de forma plenamente consciente y planificada”.
Según consta en el auto, los manifestantes como tales, y no un pequeño grupo, “comenzaron a encender bengalas y arrojar cohetes y petardos de gran potencia para, al llegar a la plaza del Castillo, arrojar objetos a la fuerza policial actuante retirándose de forma organizada primero hacia la zona de Mercaderes y luego a la de Navarrería, utilizando en ambos casos contenedores para formar barricadas, actuación en la que fueron observados ya en Navarrería los recurrentes precisamente en acciones que constituyen la esencia de la lucha organizada frente a la policía que venía inicialmente planificada, no solo trasladando contenedores, uno de ellos incendiado, para impedir el avance policial sino recogiendo incluso los vidrios caídos durante el traslado de uno de los contenedores para poder continuar con las reiteradas agresiones a los agentes”. Los tres investigados fueron detenidos “cuando se retiraban hacia otra zona ya que en momentos anteriores y a la vista del relato policial de los hechos hubiera resultado imposible cualquier detención debido a la violencia de la acción a la que no pudo ponerse fin sino con utilización de material antidisturbios”. Categories: Jurisprudencia Pages1

References: artículo 783
 artículo 560
 artículo 573
 resolución 
 resolución 
 artículo 573
 artículo 573