Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0414_ES.html
Timestamp: 2019-12-08 12:13:59+00:00

Document:
518k 101k
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo
Ponente: Matthijs van Miltenburg
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y en particular el artículo 175, párrafo tercero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0228/2018),
– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ... (2),
(2 bis) Para mejorar la vida de los ciudadanos en regiones transfronterizas con fronteras marítimas o en regiones transfronterizas entre los Estados miembros y terceros países, la aplicación del presente Reglamento y la utilización del mecanismo deben extenderse a esas regiones, en el respeto del Derecho de la Unión.
(8) Aunque ya existen varios mecanismos eficaces de cooperación transfronteriza a nivel local, regional e intergubernamental en determinadas regiones de la Unión, no abarcan todas las regiones fronterizas de la Unión. A fin de completar los sistemas existentes, es necesario, por tanto, crear un mecanismo voluntario para la resolución de los obstáculos legales y administrativos en todas las regiones fronterizas (en lo sucesivo, «el Mecanismo»).
(8) Aunque ya existen varios mecanismos eficaces de cooperación transfronteriza a nivel local, regional e intergubernamental en determinadas regiones de la Unión, no abarcan todas las regiones fronterizas de la Unión. A fin de completar los sistemas existentes, es necesario, por tanto, crear un mecanismo voluntario para la resolución de los obstáculos legales y administrativos en todas las regiones fronterizas (en lo sucesivo, «el Mecanismo»), lo que no impide la creación de mecanismos alternativos comparables en función de las necesidades específicas a nivel nacional, regional o local.
(9) En pleno respeto de la configuración institucional y constitucional de los Estados miembros, la utilización del Mecanismo debe ser voluntaria con respecto a las regiones fronterizas de un Estado miembro determinado en el que exista otro mecanismo eficaz o pueda crearse con el Estado miembro vecino. Debe consistir en dos medidas: la firma y la celebración de un Compromiso Transfronterizo Europeo («el Compromiso») o la firma de una Declaración Transfronteriza Europea («la Declaración»).
(9) En pleno respeto de la configuración institucional y constitucional de los Estados miembros, la utilización del Mecanismo es voluntaria. Debe consistir en dos medidas: la firma y la celebración de un Compromiso Transfronterizo Europeo («el Compromiso») o la firma de una Declaración Transfronteriza Europea («la Declaración»). Los Estados miembros deben poder optar por la utilización del instrumento que consideren más beneficioso.
(9 bis) Las autoridades competentes de los Estados miembros, países, entidades o regiones en cuestión deben adoptar, de conformidad con sus respectivas competencias específicas definidas constitucional y legalmente, la solución legal ad hoc propuesta antes de la celebración o la firma del Compromiso o de la firma de la Declaración de conformidad con el presente Reglamento.
(11) La Declaración seguiría exigiendo un procedimiento legislativo en el Estado miembro. La autoridad que celebra el Compromiso debe realizar una declaración formal que active en un determinado plazo el procedimiento legislativo necesario para modificar el Derecho interno normalmente aplicable y aplicar posteriormente, mediante una excepción explícita, la legislación de un Estado miembro vecino.
(11) La Declaración seguiría exigiendo un procedimiento legislativo en el Estado miembro. La autoridad que celebra el Compromiso debe realizar una declaración formal que active en un determinado plazo el procedimiento legislativo necesario para modificar el Derecho interno normalmente aplicable y aplicar posteriormente, mediante una excepción explícita, la legislación de un Estado miembro vecino para, de este modo, eliminar los obstáculos a la aplicación de proyectos transfronterizos conjuntos.
(12) Los obstáculos jurídicos son percibidos principalmente por personas que interactúan en las fronteras terrestres, donde las personas cruzan las fronteras de forma diaria o semanal. A fin de concentrar el efecto del presente Reglamento en las regiones más cercanas a la frontera y con el mayor grado de integración e interacción entre Estados miembros vecinos, el presente Reglamento debe ser aplicable a las regiones transfronterizas, en el sentido del territorio abarcado por regiones vecinas con fronteras terrestres en dos o más Estados miembros, en regiones del nivel NUTS 326. Esto no debe impedir a los Estados miembros aplicar el Mecanismo también a las fronteras marítimas y exteriores distintas de las fronteras con los países de la AELC.
(12) Los obstáculos jurídicos son percibidos principalmente por personas que interactúan en las fronteras terrestres, como los trabajadores transfronterizos, donde las personas cruzan las fronteras de forma diaria o semanal. A fin de concentrar el efecto del presente Reglamento en las regiones más cercanas a la frontera y con el mayor grado de integración e interacción entre Estados miembros vecinos, el presente Reglamento debe ser aplicable a las regiones transfronterizas, en el sentido del territorio abarcado por regiones vecinas con fronteras terrestres o marítimas en dos o más Estados miembros, en regiones del nivel NUTS 326. Esto no debe impedir a los Estados miembros aplicar el Mecanismo también a las fronteras marítimas y exteriores distintas de las fronteras con los países de la AELC de manera voluntaria en relación con todas las partes interesadas.
26 Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003, p. 1).
(13) Para coordinar los cometidos de las distintas autoridades, que en algunos Estados miembros incluyen órganos legislativos nacionales y regionales, dentro de un Estado miembro determinado, y entre las de uno o más Estados miembros vecinos, cada Estado miembro que opte por aplicar el Mecanismo debe estar obligado a crear un Punto de coordinación transfronteriza nacional y, cuando proceda, regional, y definir sus tareas y competencias durante las diferentes etapas del Mecanismo, que abarcan el inicio, la celebración, la aplicación y el seguimiento de los Compromisos y las Declaraciones.
(13) Para coordinar los cometidos de las distintas autoridades, que en algunos Estados miembros incluyen órganos legislativos nacionales y regionales, dentro de un Estado miembro determinado, y entre las de uno o más Estados miembros vecinos, cada Estado miembro debe estar obligado a crear un Punto de coordinación transfronteriza nacional y, cuando proceda, regional, y definir sus tareas y competencias durante las diferentes etapas del Mecanismo, que abarcan el inicio, la celebración, la aplicación y el seguimiento de los Compromisos y las Declaraciones.
La obligación de crear Puntos de coordinación transfronteriza nacionales se impone a todos los Estados miembros.
(17) Unos actores clave en los Estados miembros a los que se solicita la celebración de un Compromiso o una Declaración deben ser los respectivos Puntos de coordinación transfronteriza nacionales o regionales que sirven de enlace con todas las autoridades competentes en su Estado miembro y con su homólogo en el Estado miembro vecino. También debe quedar claro que el Punto de coordinación transfronteriza puede decidir si debe ponerse en marcha un procedimiento conducente a la celebración de un Compromiso o una Declaración o si ya se ha encontrado una solución que podría aplicarse a uno o más obstáculos jurídicos. Por otra parte, también debe establecerse que el Estado miembro cuyas disposiciones jurídicas se han de aplicar en el otro Estado miembro puede denegar dicha solicitud fuera de su territorio. Toda decisión debe estar motivada y ser comunicada.
(17) Unos actores clave en los Estados miembros a los que se solicita la celebración de un Compromiso o una Declaración deben ser los respectivos Puntos de coordinación transfronteriza nacionales o regionales que sirven de enlace con todas las autoridades competentes en su Estado miembro y con su homólogo en el Estado miembro vecino. También debe quedar claro que el Punto de coordinación transfronteriza puede decidir si debe ponerse en marcha un procedimiento conducente a la celebración de un Compromiso o una Declaración o si ya se ha encontrado una solución que podría aplicarse a uno o más obstáculos jurídicos. Por otra parte, también debe establecerse que el Estado miembro cuyas disposiciones jurídicas se han de aplicar en el otro Estado miembro puede denegar dicha solicitud fuera de su territorio. Toda decisión debe estar debidamente motivada y ser comunicada a su debido tiempo a todos los socios.
(19) La ejecución de un Compromiso de aplicación directa debe consistir en la aplicación de disposiciones nacionales de otro Estado miembro. Esto debe implicar o bien la modificación de actos administrativos jurídicamente vinculantes ya adoptados de conformidad con el Derecho nacional normalmente aplicable o bien, cuando aún no se haya hecho, la adopción de nuevos actos administrativos basados en la legislación de otro Estado miembro. Cuando sean varias las autoridades competentes de diferentes aspectos de un obstáculo jurídico complejo, el Compromiso debe ir acompañado de un calendario para cada uno de estos aspectos. Respetando el principio de subsidiariedad, la adopción y transmisión de los actos administrativos nuevos o modificados debe regirse por el Derecho nacional en materia de procedimientos administrativos.
(19) La ejecución de un Compromiso de aplicación directa debe consistir en la aplicación de disposiciones nacionales de otro Estado miembro en la ejecución de proyectos transfronterizos conjuntos. Esto debe implicar o bien la modificación de actos administrativos jurídicamente vinculantes ya adoptados de conformidad con el Derecho nacional normalmente aplicable o bien, cuando aún no se haya hecho, la adopción de nuevos actos administrativos basados en la legislación de otro Estado miembro en un plazo acordado por todos los socios para poder lanzar los proyectos conjuntos a su debido tiempo. Cuando sean varias las autoridades competentes de diferentes aspectos de un obstáculo jurídico complejo, el Compromiso debe ir acompañado de un calendario para cada uno de estos aspectos. Respetando el principio de subsidiariedad, la adopción y transmisión de los actos administrativos nuevos o modificados debe regirse por el Derecho nacional en materia de procedimientos administrativos.
(24) Para crear una base de datos con arreglo al artículo 8, deben concederse facultades de ejecución a la Comisión para fijar normas sobre su funcionamiento, la protección de los datos y el modelo que deben utilizar los Puntos de coordinación transfronteriza cuando presenten información relativa a la aplicación y a la utilización del Mecanismo. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el procedimiento consultivo previsto en el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo28. En la práctica y con fines de coordinación, el comité competente para el procedimiento de adopción de actos de ejecución debe ser el «Comité de Coordinación para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos».
(24) Para crear una base de datos con arreglo al artículo 7, deben concederse facultades de ejecución a la Comisión para fijar normas sobre su funcionamiento, la protección de los datos y el modelo que deben utilizar los Puntos de coordinación transfronteriza cuando presenten información relativa a la aplicación y a la utilización del Mecanismo. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el procedimiento consultivo previsto en el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo28. En la práctica y con fines de coordinación, el comité competente para el procedimiento de adopción de actos de ejecución debe ser el «Comité de Coordinación para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos».
28 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(25) Las normas nacionales de aplicación deben especificar qué regiones fronterizas de un Estado miembro determinado están incluidas en el Compromiso o la Declaración. Por consiguiente, la Comisión estará en condiciones de evaluar si, para el tramo fronterizo no mencionado, el Estado miembro ha optado por un mecanismo diferente.
(26) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a la protección de datos de carácter personal (artículo 8), el derecho a la educación (artículo 14), la libertad profesional y derecho a trabajar (artículo 15), en particular la libertad para buscar un empleo, trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado miembro, la libertad de empresa (artículo 16), el acceso a la seguridad social y los servicios sociales (artículo 34), el acceso a la atención sanitaria (artículo 35) y el acceso a los servicios de interés económico general (artículo 36).
(26) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a la protección de datos de carácter personal (artículo 8), el derecho a la educación (artículo 14), la libertad profesional y derecho a trabajar (artículo 15), en particular la libertad para buscar un empleo, trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado miembro, la libertad de empresa (artículo 16), el acceso a la seguridad social y los servicios sociales (artículo 34), el acceso a la atención sanitaria (artículo 35), el acceso a los servicios de interés económico general (artículo 36) y un alto nivel de protección del medio ambiente de conformidad con el principio de desarrollo sostenible (artículo 37).
(28) De acuerdo con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5, apartado 4, del TUE, el contenido y la forma de la acción de la Unión no deben exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. El recurso al Mecanismo específico creado al amparo del presente Reglamento es voluntario. En caso de que un Estado miembro decidiera, en un determinado tramo fronterizo con uno o más Estados miembros vecinos, continuar resolviendo los obstáculos jurídicos en una determinada región transfronteriza en el marco de los mecanismos eficaces que haya establecido a nivel nacional o que haya creado formal o informalmente, junto con uno o varios Estados miembros vecinos, no es necesario seleccionar el Mecanismo establecido en virtud del presente Reglamento. Del mismo modo, en caso de que un Estado miembro decidiera, en un determinado tramo fronterizo con uno o más Estados miembros vecinos, adherirse a un mecanismo eficaz existente creado formal o informalmente por uno o más Estados miembros vecinos, a condición de que ese mecanismo permita la adhesión, tampoco es necesario seleccionar el Mecanismo establecido en virtud del presente Reglamento. Por consiguiente, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar sus objetivos en el caso de las regiones transfronterizas para las cuales los Estados miembros no disponen de mecanismos eficaces para superar los obstáculos jurídicos existentes.
(28) De acuerdo con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5, apartado 4, del TUE, el contenido y la forma de la acción de la Unión no deben exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. El recurso al Mecanismo específico creado al amparo del presente Reglamento para superar obstáculos jurídicos en las regiones transfronterizas es voluntario y no impide en modo alguno el uso de instrumentos alternativos comparables. En caso de que un Estado miembro decidiera, respecto a un determinado proyecto conjunto con uno o más Estados miembros vecinos, continuar resolviendo los obstáculos jurídicos en una determinada región transfronteriza en el marco de los mecanismos eficaces que haya establecido a nivel nacional o que haya creado formal o informalmente, junto con uno o varios Estados miembros vecinos, no es necesario seleccionar el Mecanismo establecido en virtud del presente Reglamento. Del mismo modo, en caso de que un Estado miembro decidiera, respecto a un determinado proyecto conjunto con uno o más Estados miembros vecinos, adherirse a un mecanismo eficaz existente creado formal o informalmente por uno o más Estados miembros vecinos, a condición de que ese mecanismo permita la adhesión, tampoco es necesario seleccionar el Mecanismo establecido en virtud del presente Reglamento. Por último, en caso de que un Estado miembro decidiera, junto con uno o más Estados miembros vecinos, crear formal o informalmente un nuevo mecanismo eficaz para superar los obstáculos jurídicos que impidan la ejecución de un proyecto conjunto en regiones transfronterizas, no es necesario seleccionar el Mecanismo establecido en virtud del presente Reglamento. Por consiguiente, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar sus objetivos en el caso de las regiones transfronterizas para las cuales los Estados miembros no disponen de mecanismos eficaces para superar los obstáculos jurídicos existentes.
(30 bis) El presente Reglamento deberá respetar el principio de subsidiariedad. No deberá vulnerar en ningún caso la soberanía de los Estados miembros ni entrar en contradicción con sus respectivas Constituciones.
1. El presente Reglamento establece un mecanismo para permitir aplicar en un Estado miembro, con respecto a una región transfronteriza, las disposiciones legales de otro Estado miembro, cuando la aplicación de las disposiciones jurídicas del primero constituya un obstáculo jurídico que obstaculice la aplicación de un proyecto conjunto (en lo sucesivo, «el Mecanismo»).
1. El presente Reglamento establece un mecanismo voluntario para permitir aplicar en un Estado miembro, con respecto a un único proyecto conjunto en una región transfronteriza, las disposiciones legales de otro Estado miembro, cuando la aplicación de las disposiciones jurídicas del primero constituya uno o varios obstáculos jurídicos que impidan la aplicación de un proyecto conjunto (en lo sucesivo, «el Mecanismo»).
La redacción de la propuesta suscita dudas de interpretación respecto a si un Estado miembro puede optar por el mecanismo europeo transfronterizo para cada proyecto conjunto o si está obligado a establecer la aplicación del mecanismo para todos los posibles proyectos comunes a lo largo de una frontera. El ponente desea evitar que los Estados miembros que carecen actualmente de mecanismos existentes no tengan más opción que utilizar el mecanismo europeo transfronterizo. La aplicación del mecanismo europeo transfronterizo ha de ser voluntaria y basarse en un examen caso por caso del Estado miembro.
Artículo 1 – apartado 3 – letra c
c) la protección jurídica de las personas residentes en una región transfronteriza con respecto al Mecanismo.
c) la protección jurídica de las personas residentes o que viven por un período limitado en una región transfronteriza con respecto al Mecanismo.
(1) «región transfronteriza»: el territorio abarcado por regiones vecinas con fronteras terrestres en dos o más Estados miembros, en regiones del nivel NUTS 3;
(1) «región transfronteriza»: el territorio abarcado por regiones vecinas con fronteras terrestres o marítimas en dos o más Estados miembros, en regiones del nivel NUTS 3;
(2) «proyecto conjunto»: cualquier elemento de infraestructura con un impacto en una determinada región transfronteriza o cualquier servicio de interés económico general que se presta en una determinada región transfronteriza;
(2) «proyecto conjunto»: cualquier elemento de infraestructura con un impacto en una determinada región transfronteriza o cualquier servicio de interés económico general que se presta en una determinada región transfronteriza, independientemente de si este impacto tiene lugar en uno o en ambos lados de la frontera;
(5) «iniciador»: el agente que identifica el obstáculo jurídico y pone en marcha el Mecanismo al presentar un documento de iniciativa;
(5) «iniciador»: el agente que identifica uno o varios obstáculos jurídicos y pone en marcha el Mecanismo al presentar un documento de iniciativa;
1. Los Estados miembros podrán optar por el Mecanismo o por otras fórmulas para superar los obstáculos jurídicos que impidan la ejecución de un proyecto conjunto en regiones transfronterizas con uno o más Estados miembros vecinos.
2. Un Estado miembro podrá, con respecto a un proyecto conjunto en regiones transfronterizas con uno o más Estados miembros vecinos, adherirse a una vía eficaz existente constituida formal o informalmente por uno o varios Estados miembros vecinos, o aplicar el Mecanismo con respecto a la Declaración.
3. Los Estados miembros podrán aplicar también el Mecanismo a un proyecto conjunto en una región transfronteriza entre uno o varios Estados miembros y uno o más terceros países, o uno o más países y territorios de ultramar de manera voluntaria en relación con todas las partes interesadas.
1. Cada Estado miembro establecerá o designará uno o más Puntos de coordinación transfronteriza de una de las siguientes maneras:
En la propuesta del ponente, los Puntos de coordinación transfronteriza revisten una importancia fundamental para evaluar si se pueden superar los obstáculos jurídicos y cómo superarlos. Por lo tanto, el ponente propone el establecimiento obligatorio de Puntos de coordinación transfronteriza en cada Estado miembro. Habida cuenta del carácter voluntario de la aplicación del mecanismo europeo transfronterizo, corresponde a los Estados miembros decidir el nivel de la capacidad administrativa de los Puntos de coordinación transfronteriza.
d) servir de enlace, cuando los haya, con los Puntos de coordinación transfronteriza del Estado miembro vecino o de los Estados miembros vecinos y con los Puntos de coordinación transfronteriza de otras entidades territoriales con poderes legislativos de su propio Estado miembro o de otro Estado miembro;
d) servir de enlace con los Puntos de coordinación transfronteriza del Estado miembro vecino o de los Estados miembros vecinos y con los Puntos de coordinación transfronteriza de otras entidades territoriales con poderes legislativos de su propio Estado miembro o de otro Estado miembro;
c) a petición de una determinada autoridad competente que se compromete situada en otro Estado miembro sin su propio Punto de coordinación transfronteriza, realizar el análisis preliminar de un documento de iniciativa;
c) a petición de una determinada autoridad competente que se compromete situada en otro Estado miembro, realizar el análisis preliminar de un documento de iniciativa;
b) publicar y mantener actualizada una lista de todos los Puntos de coordinación transfronteriza nacionales y regionales;
b) crear, publicar y mantener actualizada una base de datos de todos los Puntos de coordinación transfronteriza nacionales y regionales;
Artículo 7 – apartado 7 bis (nuevo)
c) aclarar el procedimiento exacto para adoptar un Compromiso o una Declaración.
La aplicación del Reglamento debe acompañarse de una campaña de información que ofrezca información clara y práctica que ayude a las partes interesadas a ponerlo en práctica.
1. El iniciador determinará el obstáculo jurídico por lo que se refiere a la planificación, el desarrollo, la dotación de personal, la financiación o el funcionamiento de un proyecto conjunto.
1. El iniciador determinará uno o varios obstáculos jurídicos por lo que se refiere a la planificación, el desarrollo, la dotación de personal, la financiación o el funcionamiento de un proyecto conjunto.
a) una descripción del proyecto conjunto y de su contexto, del correspondiente obstáculo jurídico en el Estado miembro que se compromete, así como de las razones para superar el obstáculo jurídico;
a) una descripción del proyecto conjunto y de su contexto, de uno o varios obstáculos jurídicos correspondientes en el Estado miembro que se compromete, así como de las razones para superar uno o varios obstáculos jurídicos;
b) una lista de las disposiciones jurídicas específicas del Estado miembro que realiza la transferencia por las que se supera el obstáculo jurídico o, cuando no existen disposiciones jurídicas adecuadas, una propuesta para una solución jurídica ad hoc;
b) una lista de las disposiciones jurídicas específicas del Estado miembro que realiza la transferencia por las que se superan uno o varios obstáculos jurídicos o, cuando no existen disposiciones jurídicas adecuadas, una propuesta para una solución jurídica ad hoc;
Análisis preliminar del documento de iniciativa por parte del Estado miembro que se compromete
Análisis preliminar del documento de iniciativa por parte del Estado miembro o los Estados miembros que se comprometen y realizan la transferencia
1. El Punto de coordinación transfronteriza competente analizará el documento de iniciativa. Se mantendrá en contacto con todas las autoridades competentes que se comprometen y con el Punto de coordinación transfronteriza nacional o, según proceda, con otros Puntos de coordinación transfronteriza regionales del Estado miembro que se compromete y con el Punto de coordinación transfronteriza nacional del Estado miembro que realiza la transferencia.
1. El Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete analizará el documento de iniciativa. Se mantendrá en contacto con todas las autoridades competentes que se comprometen y con el Punto de coordinación transfronteriza nacional o, según proceda, con otros Puntos de coordinación transfronteriza regionales del Estado miembro que se compromete y con el Punto de coordinación transfronteriza nacional del Estado miembro que realiza la transferencia.
1 bis. En un plazo de tres meses desde la recepción de un documento de iniciativa, el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia enviará su reacción preliminar al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete.
2. En un plazo de tres meses a partir de la recepción del documento de iniciativa, el Punto de coordinación transfronteriza competente adoptará una o más de las siguientes medidas, que deberán transmitirse al iniciador por escrito:
2. En un plazo de seis meses a partir de la recepción del documento de iniciativa, el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete adoptará una o más de las siguientes medidas, que deberán transmitirse al iniciador por escrito:
La evaluación del documento de iniciativa puede ser complicada y requerir más tiempo que los tres meses propuestos, especialmente teniendo en cuenta los períodos de verano o vacaciones.
d) informar al iniciador sobre su evaluación de que el obstáculo jurídico consiste en uno de los casos enumerados en el artículo 12, apartado 4, y describir el compromiso de la autoridad competente que se compromete, a fin de modificar o adaptar dicho obstáculo jurídico;
d) informar al iniciador sobre su evaluación de que uno o varios obstáculos jurídicos consisten en uno de los casos enumerados en el artículo 12, apartado 4, y describir el compromiso de la autoridad competente que se compromete, a fin de modificar o adaptar dicho obstáculo jurídico;
Artículo 10 – apartado 2 – letra e
e) informar al iniciador sobre su evaluación de que el obstáculo jurídico consiste en una de las situaciones contempladas en el artículo 12, apartado 4, exponiendo sus razones para negarse a modificar o adaptar dicho obstáculo jurídico e indicando las vías de recurso legal contra dicha resolución con arreglo al Derecho del Estado miembro que se compromete;
e) informar al iniciador sobre su evaluación de que uno o varios obstáculos jurídicos consisten en una de las situaciones contempladas en el artículo 12, apartado 4, exponiendo sus razones para negarse a modificar o adaptar dicho obstáculo jurídico e indicando las vías de recurso legal contra dicha resolución con arreglo al Derecho del Estado miembro que se compromete;
Artículo 10 – apartado 2 – letra f bis (nueva)
f bis) reorientar al iniciador para que opte por un mecanismo existente, según lo previsto en el artículo 4, apartado 2, a fin de superar uno o varios obstáculos jurídicos que impidan la ejecución de un proyecto conjunto o de transmitir directamente el documento de iniciativa al organismo competente en el mecanismo correspondiente;
Artículo 10 – apartado 1 – letra f ter (nueva)
f ter) informar al iniciador de que uno o varios Estados miembros involucrados han decidido no superar uno o más obstáculos jurídicos identificados por el iniciador, exponiendo sus razones por escrito.
Tras la recepción de un documento de iniciativa, el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia llevará a cabo también los cometidos mencionados en el artículo 10, apartado 2, y podrá enviar su reacción preliminar al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete.
1. En caso de que el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete solicite un documento de iniciativa revisado o información específica adicional, analizará el documento de iniciativa revisado o la información específica adicional, o ambos, y adoptará, en el plazo de tres meses a partir de su recepción, las medidas como si se hubiera presentado por primera vez el documento de iniciativa.
1. En caso de que el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete solicite un documento de iniciativa revisado o información específica adicional, analizará el documento de iniciativa revisado o la información específica adicional, o ambos, y adoptará, en el plazo de seis meses a partir de su recepción, las medidas como si se hubiera presentado por primera vez el documento de iniciativa.
2. En caso de que el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete considere que el documento de iniciativa revisado sigue sin estar elaborado de conformidad con el artículo 10 o que la información específica adicional todavía no es suficiente, comunicará por escrito al iniciador, en el plazo de tres meses a partir de la recepción del documento de iniciativa revisado, su decisión de poner fin al procedimiento. Esta decisión deberá estar debidamente justificada.
2. En caso de que el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete considere que el documento de iniciativa revisado sigue sin estar elaborado de conformidad con el artículo 10 o que la información específica adicional todavía no es suficiente, comunicará por escrito al iniciador, en el plazo de seis meses a partir de la recepción del documento de iniciativa revisado, su decisión de poner fin al procedimiento. Esta decisión deberá estar debidamente justificada.
3. Si del análisis realizado por el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete o la autoridad competente que se compromete se concluye que el obstáculo jurídico descrito en el documento de iniciativa se basa en un malentendido o interpretación errónea de la legislación pertinente o en la falta de información suficiente sobre la legislación pertinente, el procedimiento finaliza al informar al iniciador sobre la apreciación de que no existe ningún obstáculo jurídico.
3. Si del análisis realizado por el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete o la autoridad competente que se compromete se concluye que uno o varios obstáculos jurídicos descritos en el documento de iniciativa se basa en un malentendido o interpretación errónea de la legislación pertinente o en la falta de información suficiente sobre la legislación pertinente, el procedimiento finaliza al informar al iniciador sobre la apreciación de que no existe ningún obstáculo jurídico.
4. Cuando el obstáculo jurídico consista únicamente en una disposición administrativa, norma o práctica administrativa del Estado miembro que se compromete o en una disposición administrativa, norma o práctica administrativa que se diferencie claramente de una disposición adoptada en virtud de un procedimiento legislativo y, por tanto, pueda ser modificada o adaptada sin un procedimiento legislativo, la autoridad competente que se compromete informará al iniciador por escrito de que se niega o de que está dispuesta a modificar o adaptar la disposición administrativa, norma o práctica administrativa pertinente en un plazo de ocho meses.
4. Cuando uno o varios obstáculos jurídicos consistan únicamente en una disposición administrativa, norma o práctica administrativa del Estado miembro que se compromete o en una disposición administrativa, norma o práctica administrativa que se diferencie claramente de una disposición adoptada en virtud de un procedimiento legislativo y, por tanto, pueda ser modificada o adaptada sin un procedimiento legislativo, la autoridad competente que se compromete informará al iniciador por escrito de que se niega o de que está dispuesta a modificar o adaptar la disposición administrativa, norma o práctica administrativa pertinente en un plazo de ocho meses.
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a
a) la descripción del proyecto conjunto y de su contexto, del correspondiente obstáculo jurídico, así como de las razones para superar el obstáculo jurídico;
a) la descripción del proyecto conjunto y de su contexto, de uno o varios obstáculos jurídicos correspondientes, así como de las razones para superar uno o varios obstáculos jurídicos;
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
b) la lista de la disposición o las disposiciones jurídicas específicas que constituyen el obstáculo jurídico y que, por consiguiente, no se aplicarán al proyecto conjunto;
b) la lista de la disposición o las disposiciones jurídicas específicas que constituyen uno o varios obstáculos jurídicos y que, por consiguiente, no se aplicarán al proyecto conjunto;
a) en un plazo máximo de tres meses después de que se haya transmitido información de conformidad con el artículo 10, apartado 2, o el artículo 12, apartados 1 y 2;
a) en un plazo máximo de seis meses después de que se haya transmitido información de conformidad con el artículo 10, apartado 2, o el artículo 12, apartados 1 y 2;
1. El Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia examinará el proyecto de Compromiso o proyecto de Declaración recibidos en virtud del artículo 15 y, en un plazo máximo de tres meses tras la recepción del proyecto y previa consulta a las autoridades competentes que realizan la transferencia, adoptará una o más de las siguientes medidas:
1. El Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia examinará el proyecto de Compromiso o proyecto de Declaración recibidos en virtud del artículo 15 y, en un plazo máximo de seis meses tras la recepción del proyecto y previa consulta a las autoridades competentes que realizan la transferencia, adoptará una o más de las siguientes medidas:
2. En los Estados miembros en los que la autoridad competente que realiza la transferencia deba firmar un Compromiso o una Declaración, el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia enviará, con arreglo a las letras a) y b) del apartado 1, las dos copias originales firmadas por la autoridad competente que realiza la transferencia.
2. En los Estados miembros en los que la autoridad competente que realiza la transferencia deba firmar un Compromiso o una Declaración, el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia enviará, con arreglo a las letras a) y b) del apartado 1, una de las dos copias originales firmadas por la autoridad competente que realiza la transferencia al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete.
1. El Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete examinará la respuesta remitida por el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia y adoptará, en un plazo máximo de un mes después de su recepción, al menos una de las siguientes medidas, que deberán trasladarse por escrito a la autoridad competente que realiza la transferencia:
1. El Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete examinará la respuesta remitida por el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia y adoptará, en un plazo máximo de tres meses después de su recepción, al menos una de las siguientes medidas, que deberán trasladarse por escrito a la autoridad competente que realiza la transferencia:
Artículo 17 – apartado 1 – letra a
a) en el caso de la letra a) del apartado 2, finalizar el Compromiso o la Declaración, firmar dos copias originales y devolver una al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia para su firma;
a) en el caso del artículo 16, apartado 1, letra a), finalizar el Compromiso o la Declaración, firmar tras copias originales y devolver una al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia para su firma;
b) en el caso de la letra b) del apartado 2, modificar en consecuencia el Compromiso o la Declaración en lo que respecta a la información del proyecto de Compromiso o del proyecto de Declaración contemplada en las letras f) y h) del artículo 14, apartado 1, finalizar el Compromiso o la Declaración, firmar dos copias originales y devolver una al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia para su firma;
b) en el caso del artículo 16, apartado 1, letra b), modificar en consecuencia el Compromiso o la Declaración en lo que respecta a la información del proyecto de Compromiso o del proyecto de Declaración contemplada en las letras f) y h) del artículo 14, apartado 1, finalizar el Compromiso o la Declaración, firmar tres copias originales y devolver una al Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia para su firma;
c) en el caso de la letra c) del apartado 2, informar al iniciador y a la Comisión, añadiendo la justificación establecida por la autoridad competente que realiza la transferencia;
c) en el caso del artículo 16, apartado 1, letra c), informar al iniciador y a la Comisión, añadiendo la justificación establecida por la autoridad competente que realiza la transferencia;
d) en el caso de la letra d) del apartado 2, tener en consideración las modificaciones y bien proceder con arreglo a la letra b) del presente apartado o bien iniciar un segundo procedimiento con arreglo al artículo 9 en el que se exponga por qué la autoridad competente que se compromete no puede aceptar algunas o la totalidad de las modificaciones.
d) en el caso del artículo 16, apartado 1, letra d), tener en consideración las modificaciones y proceder con arreglo a la letra b) del presente apartado o bien con arreglo a la letra c) del presente apartado exponiendo por qué la autoridad competente que se compromete no puede aceptar algunas o la totalidad de las modificaciones.
Artículo 17 – apartado 2 – parte introductoria
2. Una vez recibido el Compromiso o la Declaración, firmados asimismo por el Punto de coordinación transfronteriza competente o la autoridad competente que realiza la transferencia en los casos de las letras a) o b) del apartado 1 o, si el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que realiza la transferencia ha reaccionado de manera positiva al segundo procedimiento indicado en la letra d) del apartado 1, el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete deberá:
2. Una vez recibido el Compromiso o la Declaración, firmados asimismo por el Punto de coordinación transfronteriza competente o la autoridad competente que realiza la transferencia en los casos de las letras a) o b) del apartado 1, el Punto de coordinación transfronteriza competente del Estado miembro que se compromete deberá:
1. A más tardar el dd.mm.yyyy [i.e. the 1st of the month following the entry into force of this Regulation + three years; to be filled in by the Publication Office], la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de las Regiones un informe de evaluación de la aplicación del presente Reglamento, basado en indicadores sobre su eficacia, eficiencia, pertinencia, valor añadido europeo y margen de simplificación.
2. En el informe que se menciona en el apartado 1, la Comisión hará una referencia especial al ámbito geográfico y temático del presente Reglamento, definido, respectivamente, en los puntos 1) y 2) del artículo 3.
3. Antes de que se elabore el informe, la Comisión llevará a cabo una consulta pública con los distintos agentes, incluidas las entidades territoriales locales y regionales y la sociedad civil.
DO C ... /Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
Las regiones transfronterizas representan aproximadamente el 40 % del territorio de la Unión Europea, pero acogen a casi un tercio de sus 512 millones de ciudadanos. En comparación con las regiones más centralizadas de los Estados miembros, las regiones fronterizas europeas suelen presentar peores resultados económicos y tienen tasas de desempleo más elevadas, así como una infraestructura relativamente poco desarrollada. Se calcula que, si se eliminara el 20 % de los obstáculos fronterizos actuales, las regiones fronterizas ganarían un 2 % de PIB, lo que equivale a unos 91 000 millones EUR anuales en PIB. En el pasado, muchas regiones fronterizas de Europa fueron escenario de guerra y conflictos entre países.
Por ello, el artículo 174 del Tratado de Lisboa no solo contempla la cohesión económica y social como sus objetivos explícitos, sino también la cohesión territorial (con especial atención a las regiones transfronterizas). En este contexto, la propuesta relativa a un mecanismo europeo transfronterizo debe considerarse como complementaria a la iniciativa Interreg y las agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT). El mecanismo europeo transfronterizo propuesto pretende superar los obstáculos transfronterizos de carácter jurídico o administrativo aplicando, en relación a una región transfronteriza común, en un determinado Estado miembro, las disposiciones legales del Estado miembro vecino en caso de un proyecto conjunto específico.
El mecanismo europeo transfronterizo
El ponente apoya y acoge con satisfacción la intención de la propuesta de la Comisión Europea relativa a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo (mecanismo transfronterizo europeo). El mecanismo transfronterizo europeo podría llegar a ser un instrumento, dentro de un conjunto más amplio, para promover una cooperación transfronteriza eficaz y, de resultas, aumentar la riqueza, el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de las regiones fronterizas de la Unión.
Es preciso aclarar ciertas cuestiones, especialmente por lo que se refiere al carácter voluntario y el ámbito de aplicación del mecanismo europeo transfronterizo, así como a la subsidiariedad y la proporcionalidad de la propuesta.
La propuesta debe tener por objeto añadir un instrumento voluntario al conjunto de herramientas que los Estados miembros tienen a su disposición para impulsar la cooperación transfronteriza. Los Estados miembros deben tener siempre la última palabra sobre la conveniencia de utilizar el mecanismo.
Además de este énfasis, es necesario que los Estados miembros puedan elegir, caso por caso, si utilizan el mecanismo europeo transfronterizo o bien un mecanismo existente para cada proyecto conjunto de forma individual. Si los Estados miembros tuviesen que realizar esa elección para toda una frontera, aquellos que no disponen actualmente de mecanismos para superar los obstáculos jurídicos en un contexto transfronterizo estarían prácticamente obligados a utilizar el mecanismo europeo transfronterizo. Esto socava el carácter voluntario de la propuesta.
Con los cambios propuestos, se abordan adecuadamente todas las cuestiones relacionadas con la proporcionalidad y la subsidiariedad. El mecanismo europeo transfronterizo se convierte así en una herramienta voluntaria y puede utilizarse «a la carta», de manera que cada vez que los Estados miembros hallan un obstáculo jurídico en un contexto transfronterizo, deciden si quieren utilizar un mecanismo existente, crear uno nuevo o utilizar el mecanismo europeo transfronterizo. Los Estados miembros también pueden negarse a poner en marcha un mecanismo para superar un obstáculo jurídico o administrativo, por razones justificadas. Activar el mecanismo europeo transfronterizo y permitir que un Estado miembro aplique sus disposiciones jurídicas en otro Estado miembro requiere un control estricto por todas las partes interesadas. Por consiguiente, se han modificado determinados plazos propuestos por la Comisión ya que podrían resultar demasiado estrictos.
Por último, el alcance temático de la propuesta se mantiene intacto en la medida de lo posible. Tras haber reforzado el carácter voluntario de la propuesta, además de cambiar la forma en que los Estados miembros escogen entre el mecanismo y los mecanismos existentes, el ámbito de aplicación puede mantenerse amplio para garantizar la aplicación práctica del mecanismo europeo transfronterizo para todos los proyectos futuros que puedan verse dificultados por obstáculos jurídicos o administrativos en una región transfronteriza.
El ponente considera que la aplicación efectiva del mecanismo europeo transfronterizo solo puede ser viable si todos los Estados miembros y todas sus autoridades competentes aprovechan esta oportunidad para superar los obstáculos jurídicos y administrativos colaborando en un espíritu de buena cooperación y vecindad. El carácter voluntario del mecanismo europeo transfronterizo contribuirá a aprovechar todo el potencial de las regiones fronterizas europeas.
OPINIÓN de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (26.10.2018)
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:
(9 bis) Las autoridades competentes de los Estados miembros, países, entidades o regiones en cuestión deben adoptar, de conformidad con sus respectivas competencias específicas definidas constitucional y legalmente, la solución legal ad hoc propuesta antes de la celebración o la firma del Compromiso o de la firma de la Declaración de conformidad con los artículos 16 y 17.

References: artículo 294
 artículo 175
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 5

Artículo 1

Artículo 7
 artículo 12
 artículo 12

Artículo 10
 artículo 12
 resolución 
 artículo 12
 resolución 

Artículo 10
 artículo 4

Artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10

Artículo 14

Artículo 14
 artículo 10
 artículo 12
 artículo 10
 artículo 12
 artículo 15
 artículo 15

Artículo 17
 artículo 16
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 9
 artículo 16

Artículo 17
 artículo 3
 artículo 174