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Timestamp: 2020-01-20 14:48:13+00:00

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Iº. planteamiento del tema para el diccionario de la Real Academia Española, (diecinueve ediciòn) “encuadramiento”
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2.- PAUTAS REFERENCIALES GENERALES
3.- EL ENCUADRAMIENTO LEGAL
II. EL ENCUADRAMIENTO SINDICAL
2.- AMBITO DE DESARROLLO DE LA DISCUSION COLECTIVA
LA EMPRESA Y LAS CUESTIONES DE ENCUADRAMIENTO SINDICAL, CONVENCIONAL Y DE OBRAS SOCIALES
Dr. Raúl Enrique Altamira Gigena
Iº.- PLANTEAMIENTO DEL TEMA
Para el diccionario de la Real Academia Española, (diecinueve ediciòn) “encuadramiento”, es la acciòn y efecto de encuadrar. “Encuadrar”, es “encerrar en un marco o cuadro, incluir dentro de sí una cosa; determinar sus límites.”.
Coincidimos con Carlos Etala, que determinar los “encuadramientos legales” consiste en “discernir qué estatuto legal corresponde aplicar a una determinada relaciòn laboral” ( en “Las facultades administrativas de encuadramiento convencional” , DT 2000 – A - 544).
En general, este encuadre legal es competencia del Poder Judicial, quien debe determinar ante una controversia individual de derecho,que norma (en sentido general, ley, decreto, o convenio colectivo de trabajo), corresponde aplicar (por ej. , en el caso del contrato de trabajo, si se resuelve mediante la LCT, o la Ley de Empleo, o un Estatuto Profesional, o un Convenio Colectivo), pudiendo en algunos casos, aplicarse varias conjuntamente.
La empresa tiene que resolver que organización sindical representa a su personal, o determinar qué convenio colectivo de trabajo le es aplicable, e igualmente qué obra social brinda amparo a los dependientes, y por lo tanto debe recibir las cotizaciones correspondientes.-
En tales circunstancias, se desconoce con precisión la normativa a aplicar, porque se reglamenta no sólo por la ley, como también por medio de decretos o resoluciones de diversos organismos administrativos, que con frecuencia no respean la jerarquía institucional o kelseniana, y reformando la norma de fondo.-
Por tal motivo, con frecuencia se continúa aplicando el CCT que se venía utilizando, se reconoce la representación del personal al sindicato que ya lo venía haciendo, por una cuestión de comodidad, o porque ya tiene a parte del personal encuadrado en el mismo, y con relación a la obra social, efectúa el pago de las cotizaciones a la de la asociación sindical, porque carece también de resistencia u oposición de los trabajadores.
Para resolver o aclarar legalmente las cuestiones que nos preocupan, es conveniente determinar qué asociación sindical goza de personería gremial, porque es la condicionante para resolver tanto el encuadramiento sindical, como el convencional y el de obras sociales, ya que para celebrar y aprobar un CCT se requiere – por ley 14.250 – tener la personería gremial, y para dirigir y administrar una obrar social, debe contar con dicha personería y haber sido signataria de un CCT.
IIº. EL ENCUADRAMIENTO SINDICAL
Para Vázquez Vialard consiste en ubicar a un trabajador o grupo de trabajadores en el àmbito de la representaciòn de un sindicato; es precisar, en un caso concreto, el àmbito de validez, ya sea geogràfico, de sector o actividad, que tiene la resoluciòn administrativa que concede la personerìa gremial a un sidicato de primer grado, es decir, precisa el àmbito al que pertenece un grupo de trabajadores de un sector o de una empresa.
Guillermo A.F. Lòpez, en su clàsico libro “Derecho de las Asociaciones Sindicales” (ley 23551 y su reglamentaciòn), interpreta que es un conflicto intersindical de derecho, planteado entre dos o màs asociaciones con personerìa gremial sobre la capacidad jurídica que emana de sus respectivas personerías para representar a los trabajadores de uno o de varios establecimientos (pag. 103, 2da. ediciòn actualizada).
Nèstor Corte, considera que se trata de una disputa de representatividad, consistente en dilucidar cual es la asociaciòn apta para representar a un cierto grupo, categorìa o sector de trabajadores, de acuerdo con el alcance de la personerìa gremial otorgada por la autoridad de aplicaciòn. (El Modelo Sindical Argentino –ley 23551 y decreto reglamentario-, pag. 543)
Para nosotros, las cuestionnes sobre el encuadramiento sindical procuran establecer por parte de la autoridad administrativa del trabajo que asociaciòn profesional, ejerce la r
epresentaciòn legal del personal de una o varias empresas.
Son clásicas las cuestiones de encuadramiento entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el Sindicato de Mecánicos (SMATA), entre la UTGRA (gastronómicos) y el Sindicato de Pasteleros, Pizzeros y Afines; numerosos conflictos surgen por la utilización – en la denominación de la organización sindical - del término "afines", que permite incorporar trabajadores de diversas actividades que pueden ser representados por varios sindicatos.-
Son igualmente frecuentes los problemas de encuadramiento sindical motivados por la organización gremial que agrupa a los viajantes; que pretende la representatividad de los “vendedores” comprendidos en distintos convenios colectivos, ya que es frecuente la inclusión de la categoría de “vendedores” o “viajantes” en los mismos ( caso de empleados de comercio, mineros, petroleros, etc.).
La pretendida representatividad de asociaciones sindicales distintas a las que ya ejercen la representación, provoca también el rechazo de los empleadores, reacios a aceptar dentro de sus empresas nuevas representaciones sindicales, porque genera la designación de delegados gremiales - con la secuela de proceso electorales, nuevas cuotas sindicales, amparo sindical de más dirigentes, etc.
La cuestión, en términos prácticos, suele plantearse con motivo de inspecciones realizadas por la Autoridad Administrativa del Trabajo de la provincia, acompañados de dirigentes sindicales de la asociación sindical diferente de aquella que hasta entonces ejercía la representatividad de personal. Si la empresa se resiste a la petición de la nueva represenación, debe plantear la incompetencia de la Autoridad Administrativo del trabajo provincial, Por el art. 59 de la ley 23.551, es competencia exclusiva de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales o Profesionales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
II.1.- TRAMITE PARA RESOLVER EL ENCUADRAMIENTO SINDICAL.
El tema está contemplada en el art. 59 de la ley 23551, que establece que previo a someter el diferente a la autoridad administrativa, deben agotar la vía asociacional, mediante el pronunciamiento de la Organización Gremial de grado superior a la que se encuentren adheridas, o la que estén adheridas las Federaciones que integran.- Esto implica, una negociación entre las entidades sindicales afectadas, para determinar si por consenso o conciliación se resuelve la cuestión, sin necesidad de la resolución de la autoridad de aplicación.
No habiendo decisión gremial dentro de los sesenta días hábiles, cualquiera de las asociaciones sindicales en conflicto, podrá someter la cuestión a conocimiento y resolución de la Dirección mencionada quién deberá pronunciarse dentro de los sesenta días hábiles, en caso de silencio se interpretará como resolución denegatoria ( art. 10 ley 19.549 de procedimiento administrativo de la Nación).-
Agotada la vía administrativa, queda expedita la acción ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.- La resolución administrativa de encuadramiento o el de la organización gremial, serán recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (art.59).-
Los recursos deben ser fundados e interponerse ante la autoridad administrativa, dentro de los quince días hábiles de notificada la resolución, y dentro de los díes días hábiles desde la interposición del recurso, los remite a la Cámara del Trabajo (art.62 ley 23.551).-
II.2.-LA EMPRESA FRENTE AL CONFLICTO DE REPRESENTATIVIDAD.
A las empresas no les resulta indiferente la incorporación de una nueva Entidad Sindical arrogándose la representación de todo o parte de su personal, coexistiendo con la organización gremial que actuaba en la empresa. Las empresas deberán cumplimentar las disposiciones legales: retener las cuotas sindicales de los afiliados; admitir la designación de delegados sindicales, ello implica mayor cantidad de trabajadores con amparo sindical, que les imposibilita modificar las condiciones de trabajo, suspender o despirlos sin justa causa, debiendo requerir – previamente – la exclusión del amparo sindical ( art.52 ley 23.551).
Para negociar CCT, deberá conceder a sus representados las mismas o parecidas ventajas que ya tiene los trabajadores representados por la otra asociación sindical. Este tipo de competencia perjudica a los intereses de la empresa. Es por ello que se logran alianzas estratégicas entre empresas y uno de los sindicatos, para excluir a una segunda asociación sindical que pretende la representatividad de todo o parte del personal de la empresa.
Las dificultades de encuadramiento, en gran medida obedece a la “improligidad” del Ministerio de Trabajo de la Nación, cuando aprueba los estatutos de las asociaciones sindicales, superponiendo ámbitos de representatividad, tanto en lo atinente a las personas, como al territorio, o a la actividad. La ligereza o improlijidad en la aprobación de estatutos, no habiéndose verificado previamente que dicha representatividad colisionaba en todo o en parte a otra asociaciones sindical ( muchas veces tales improlijidades provinieron de presiones de carácter político).-
III ENCUADRAMIENTO CONVENCIONAL
Compartimos ocon Carlos Etala, que es la decisiòn proveniente de la autoridad administrativa o judicial, en virtud de la cual, se resuelve declarar aplicable a una relaciòn o pluralidad de relaciones del trabajo, un determinado convenio colectivo de trabajo (op. cit.. P. 545).
Ante ello, corresponde en primer lugar distinguir el encuadramiento sindical ya analizado del convencional, porque en este ù.timo caso, la resoluciòn fijarà si un grupo de trabajadores està incluìdo o no dentro de la convenciòn colectiva, en funciòn de las partes que han intervenido en la concertaciòn.
Advierten con razòn Vazquez Vialard y Carlos Etala, que es frecuente que un sindicato, creando una situacion de en virtud de una gestiòn de negocios, u otra forma de acciòn, ara ampliar de hecho su marco de representaciòn, avanzando o no sobre otra personerìa, haya concertado un convenio que se refiere a trabajadores no incluìdos dentro de su personerìa, acuerdo –que no obastante esas deficiencias-, resulta, en ocasiones, igualmente homologado por la autoridad de aplicaciòn. Este no es un elemento suficiente para determinar el contenido de su “cuadro sindical”, porque èste no depende de la actuaciòn del sindicato, sino del acto administrativo que le ha reconocido la personerìa. De lo contrario, habrìa que admitir la existencia de personerìas gremiales “de hecho”, no obtenidas segùn el procedimiento legal, atravez de la acreditaciòn de la adecuada capacidad para representar la actividad o la categorìa en la zona de actuaciòn que corresponda” (op.cit. p.545)
La cuestiòn de encuadramiento ser resuelta por el Juez del Trabajo -art. 1,inciso 5to. ley 7987, Procesal del Trabajo de la Pcia. de Còrdoba-.
El problema se ha planteado a partir del decreto 105, publicado en el B.O. del 04/02/00, dictado por el P.E. de la Naciòn, “supuestamente” en ejercicio de las facultades conferidas por el artìculo 99 inciso 1ro. De la C.N., por el cual se faculta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formaciòn de Recursos Humano de la Naciòn, para que resuelva en sede administrativa las cuestiones de encuadramiento convencional, sin perjuicio del control judicial pertinente.
Recordemos que en una convención colectiva, para que sus disposiciones sean aplicables no solamente a quienes lo celebraron (asociación sindical con personería gremial y empresa o grupo de empresas designadas al afecto por resolución del Ministerio de Trabajo), es necesaria la homologación, que es un acto de la autoridad administrativa que le confiere la validez “erga omnes”, es decir obligatorio para todos los empleadores y trabajadores comprendidos en la actividad y zona establecidas en la resolución ministerial.-
. Dicha homologación se hace por parte de la Dirección Nacional de Convenciones Colectivas, repartición dependiente también del Ministerio de Trabajo de la Nación. Esta Dirección procederá a homologarlo luego de que las partes hubieran llegado al acuerdo respectivo, la Dirección lo hubiera revisado para establecer un control de legalidad y de oportunidad, y lo registra, esto es, le asigna un número, y finalmente lo hace publicar. Esta publicación se hace en el Boletín Oficial y a partir de tal momento tiene plena validez. No necesita ser demostrado o probado en juicio sino que tambien se exige que reunan los requisitos formales exitgidos por la ley y que hubieran sido debidamente individualizadas (art. 8, in fine, LCT).
De tal manera y en forma paralela a los conflictos de representatividad sindical, surgen frecuentemente dudas acerca del convenio aplicable a una empresa determinada. Es así que con frecuencia se discrepa sobre la aplicación del convenio de los petroleros o gastronómicos para los “servicompras” de las estaciones de servicio; del convenio de los mercantiles sobre los telefónicos para los telecentros; de smata o vom para determinados trabajadores vinculados a las autopartes o a las automotrices. Los mencionados son conflictos entre convenios de actividad. Muchas veces el conflicto no se da entre convenios de actividad sino dentro del mismo convenio, correspondiente a diferentes jurisdicciones. Como entre un convenio de orden nacional y otro de ámbito menor: por ejemplo, en la provincia de Córdoba en muchas oportunidades se pretendió que los periodistas que pertenecían a diarios de Buenos Aires como La Prensa, Clarín, Nación, Ambito Financiero, y que se nen una provincia tenìan redacciòn(periodistas), e impresiòn(gràficos), se aplicara el convenio local que les concede beneficios mucho mayores; para citar uno, el reconocimiento de que la hora de trabajo es extra a partir de las cuarenta horas semanales.
Por cierto que detrás de la lucha dentro del poder sindical se muestra como un telón de fondo la dirección y administración de las obras sociales: en efecto, el sindicato local que logra su personería gremial y celebra un convenio colectivo de trabajo está habilitado según la legislación nacional para tener su propia obra social, pudiendo dirigirla y administrarla (art.12, inc a, ley 23660); esto ocurre, por ejemplo, con el Cispren en el caso de los periodistas en el ejemplo mencionado y también en el de los gráficos, en que existe el sindicato nacional y el provincial.
No siempre el encuadramiento sindical implica automáticamente la aplicación de un nuevo encuadramiento en el orden convencional, y viceversa; lo que se invoca, muchas veces, es la aplicación de un nuevo convenio colectivo de trabajo, mas beneficioso para el personal.
III.1.-¿QUIÉN RESUELVE LAS CUESTIONES DE ENCUADRAMIENTO CONVENCIONAL?
Coiniçdimos con Vazquez Vialard que la soluciòn ded un problema de encuadramiento convencional le coresponde al juez del trabajo, porque versa sobre la consideraciòn de derechos subjetivos (ver “ El Sindicato en el Derecho Argentino, pag. 184); no obstante ello, el Dto. 105/2000 faculta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formaciòn de Recursos Humanos para que resuelva en sede administrativa las cuestiones de encuadrmaiento convencional, sin perjuiciodel control judicial pertinente.
Con relaciòn a la competencia para resolver los problemas de encuadraineot convencional, se han planteado dos posiciones claramente enfrentadas:
la que entiende que es competencia exclusiva y excluyente de los tribunales judiciales porque se resuelve controversias individuales de derecho, y por lo tanto, niega competencia a la autoridad administrativa del trabajo;
la segunda posiciòn, sostenida por el poder administrador, entiende que el ordenamiento jurìdico argentino no prohibe la resoluciòn por parte de los òroganos administrativos del trabajo, en tanto se admita la pertinenente revisiòn judicial, conforme loresuelto por la Supprema Corte de Justicia en fallo Fernàndez Arias, Elena y otros c/Josè Poggio”. Fallos 247:646. El fundamento es por la cantidad de situaciones que se presentan diariamente en las relaciones laborales, y quedarìan sin soluciòn si los afectados no requieren el amparo judicial.
El artìculo 28 de la ley 25250, prevé que vencido el plazo de dos años desde que fue convocada la unidad de negociaciòn, u las partes no hubieren alcanzado un acuerdo, a pedido de la parte sindical, o de ambas partes en forma conjunta, la autoridad de aplicaciòn osmeterà la controversia a un arbitraje. A falta de la solicitud, pierden vigencia las clàusulas que regulen condiciones laborales, salariales y contribuciones patronales, mantenièndose el resto de las clàusulas convencionales hasta tanto se acuerdo su modificaciòn
III.2.- AMBITO DE DESARROLLO DE LA DISCUSION COLECTIVA
El artìculo 13 de la ley 14525, modificado por el artìculo 9 de la ley 25250, dispone que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formaciòn de Recursos Humanos de la Naciòn, serà la autoridad de aplicaciòn, pudiendo celebrar convenios con las provincias y con el uGobierno de la ciudad Autònoma de Buenos Aires, a efectos de delegar total o parcialmente las funciones relacionadas con las unidades de negociaciòn, cuyo àmbito territorial no exceda los lìmites de las respectivas jurisdicciones. En tal caso, la autoridad local de aplicaciòn ejerce las atribuciones de conformidad con lo dispuesto en la ley 25250 y las condiciones y reservas establecidas en el convenio respectivo celebrado entre Naciòn y provincia. No obstante, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formaciòn de Recursos Humanos de la Naciòn, conserva la facultad de constituir la comisiòn negociadora, como tambièn, la de homologar y registrar los convenios colectivos.
Con el dictado del Dto. 105/2000, se actualiza un viejo debate sobre la competencia de la autoridad administrativa del trabajo para resolver las cuestiones de encuadramiento convencional.
Rodriguez Mancini resalta que la jurisprudencia ha resuelto invariablemente, que los organismos administrativos carecen de facultades constitucionales para resolver semejantes conflictos (“Competencia para resolver conflictos de encuadramiento convencional”. DT 2000 A 539.
Agrega dicho autor que llas ùnicas atribuciones excepcionales, estatales, en materia de negociaciòn colectiva que registra la legislaciòn se refieren a:
la homologaciòn del convenio colectivo (art. 4 de la ley 14250), concluyendo las facultades administrativas, careciendo de atribuciones para modificarlas o interpretarlas
la facultad que poseen las comisiones paritarias para interpretar las clàusulas de las convenciones colectivas(art. 15, inc. a, ley 14250), interpretaciòn que no obliga a los jueces ni es prejudicial, siendo una facultad inherente a la funciòn negociadora que es la base de la interpretaciòn autèntica proveniente de las mismas partes que celebraron el acuerdo original.
En los hechos, ante un problema convencional, a solicitud de parte, el Ministerio dictarà una resoluciòn definiendo cual CCT es aplicable; dicha resoluciòn carece de imperio, y por lo tanto, si la empresa resiste la resoluciòn ministerial, al trabajador que pretende su aplicaciòn, deberà reclamarlo judicialmente, como diferencia de haberes.
Por ej., en un caso, una empresa viene aplicando un convenio “A”, que no impone contribuciones sobre la nòmina salarial. Por el contrario, otro convenio, el “B”, contiene, una contribuciòn del 2 % a cargo de las empresas, y el gremio sostiene la obligatoriedad de èste ùltimo, planea la cuestiòn en el àmbito del Ministerio de Trabajo, quien resuelve en funciòn del Dcreto 105/2000, que tiene primacìa el convenio “B”; no obstante ello, la empresa no lo cmple, restàndole ejecutividad a la resoluciòn ministerial; por lo tanto, al gremio no le queda otra alternativa procesal que r eclamarlo judicialmente, porque la resoluciòn administrativa no hace cosa juzgada, ya que “la ùltima palabra” la tiene el Poder Judicial.
Para Rodrìguez Mancini y Carlos Etala, en las monografìas mencionadas, el Decreto 105/2000, es un reglamento autònomo, “ilegìtimo”, en tanto no amana de facultades propias del Poder Ejecutivo, autorizadas por la Constituciòn Nacional, y por ello, la resoluciòn administrativa, carece de fuerza ejecutiva, no es asimilable a una “sentencia judicial”, cuyo incumplimiento permite el tràmite sumario de ejecuciòn
En sìntesis, la resoluciòn no agota el tràmite, posibilitàndose al administrado recurrir a la justicia.
IV – LA PROBLEMÁTICA DEL ENCUADRAMIENTO DE OBRA SOCIAL.
Pueden presentarse controversias respecto de cual de las obras sociales es la encargada de brindar las prestaciones previstas en las leyes 23660 y 23661, y, consecuentemente, las destinatarias de las cotizaciones previstas en el art. 16 de la ley 23660 (3 % de aporte y 6 % de contribuciòn).
La Superintendencia del Servicios de Salud(SSSal), ha dictado la resoluciòn nro 9 (publicada en el B.O. del 27.01.99), que por el art. 8vo. derogò las resoluciones de la Administraciòn Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL), nro 58/94 y del Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS), nro. 1070/89, con sus correspondientes anexos, es la que reglamenta el procedimiento para resolver las cuestiones de encuadramiento de obras sociales.
La norma (art. 2) considera como conflictos de encuadramiento de obra social a los siguientes casos:
1ro.: Cuando se discuta la pertenencia de trabajadores que no superen al año de antigùedad en el empleo;
2do.: cuando se trate de conflictos de categorìas laborales de las obras sociales sindicales correspondientes a las asociaciones gremiales de trabajadores con personerìa gremial, signatarias de convenios colectivos de trabajo; los institutos de administraciòn mixta, las obras sociales y las reparticiones u organismos que teniendo como fines los establecidos en la ley 23660, hayan sido creados por leyes de la naciòn; las de la administraciòn central del estado nacional, sus organismos autàrquicos y descentralizados; las de las empresas y sociedades del estado; y toda otra entidad creada o a crearse que, no encuadràndose en la enumeraciòn precedente, tenga como fin lo establecido en la ley 23660, por una parte, y,
las obras sociales del personal de direcciòn, de las asociaciones profesionales de empresarios, y las constituìdas por convenio con empresas privadas o pùblicas, por la otra parte.
3. los casos de empleadores que inician o cambian su rama de actividad.
PROCEDIMIENTO: Por el art. 3ro. los interesados que soliciten resoluciòn de la Superintendencia, respecto de la obra social en cargada de las prestaciones mèdicas y ser destinatarios de las cotizaciones (aportes y contribuciones), deberàn acreditar, en los casos que coresponda:
1ro. Que el trabajador posea una antigùedad menor a un año en el empleo;
2do.: domicilio del empleador donde el trabajador presta servicios;
3ro. Las tareas que realizan los trabajadores;
4to. El proceso productivo del establecimiento;
5to. El CCT que le es aplicable;
6to. La OBRA SOCIAL a la que se canalizan los aportes, las cotizaciones, al momento de la presentaciòn;
7mo. Antecedentes sobre encuadramiento sindical
8vo. Si existe personal excluìdo del CCT, deberà indicar si posee funciones de mando , contorl, supervisiòn, y/o personal a cargo y, cual es la remuneraciòn mensual;
9no. Si la peticiòn la efectùa una obra social, deberà acreditar fechacientemente su capacidad para prestar el programa mèdico obligatorio (/PMO), para los trabajadores cuyas cotizaciones reclama, como tambièn, el alcance de su àmbito territorial a la zona de que se trate
La resoluciòn omite determinar quienes son “los interesados”, pudièndose inferir que son las pqartes interesadas, los que tienen interès en la resoluciòn definiendo la obra social correspondiente, es decir, las mencionadas en el articulo 1ro de la ley 23660, los trabajadores involucrados o las asociaciones sindicales de trabajadores o de empleadores que los representen.
La presentaciòn se hace ante la SSSal, y ésta, dentro del quinto dìa hàbil de receptada, notifica a las obras sociales involucradas, otorgàndoles diez dìas improrrogables para efectuar las manifestaciones que hagan a su derecho (art.4).
Por el art. 5 , la resoluciòn debe ser notificada a las partes interesadas, y que tuvieron participaciòn en el proceso. El empleador canalizarà las cotizaciones de la siguiente forma:
1ro. Los devengados en el mes calendario correspondiente a la fecha de nofiticaciòn, deberàn depòsitarse a favor de la obra social que hast entonces brindara las prestaciones legales;
2do. Los devengados con posterioridad al dictado de la resoluciòn, seràn depositados a favor de la obra social indicada en la resoluciòn.
De lo expuesto surge que la resoluciòn tiene efectos constitutivos y no declarativos, careciendo de aplicaciòn retroactiva (Carlos Etala, “Derecho de la Seguridad Social”, pagina 177)
La resoluciòn omite considerar el tràmite recursivo, considerando que, agotada la instancia administrativa, queda expedito el recurso ante la Càmara Fedral de ls Seguridad Social (¿¿¿¿)
La SSSal, està facultada,-previo al dictado de la resoluciòn- para disponer medidas precautorias y provisorias que resulten necesarias. En los casos que los beneficiarios tengan cobertura, se las mentendrà hasta que se dicte la resoluciòn; si no la tuvieren, podrà determinar la obra social que la brindarà hasta el dictado de la resoluciòn definitiva (art. 7mo)
Una vez firme la resoluciòn, y consentida por las partes, se aplicarà a los trabajadores que ingresen al establecimiento con posterioridad al dictado de la misma, en tanto la empresa no haya variado sustancialmente su ramo de actividad (art. 9)
Cuando se hubiere efectuado las cotizaciones de ley a una obra social determinada con anterioridad al dictado de la resoluciòn, dichos depòsitos se consideraràn vàlidos, y otra obra social del sistema no podrà reclamar para sì los importes correspondientes, con relaciòn a tales perìodos y por los beneficiarios en virtud de los cuales se hubierren aportado y brindado los servicios mèdico asistenciales (art. 6).
Este criterio es coherente con lo resuelto por la Crte Suprema de Justicia de la Naciòn en los autos “UOM c/ FIAT Concord S.A. , que hasta el dictado de la resoluciòn, la empresa depositaba las cotizaciones de la entonces ley 18610 a favor de la obra social emprsaria, y a partir de la resoluciòn del maximo tribunal nacional, debieron orientarse a la obra social sindical., consideràndose vàlidos, los realizados hasta entonces a la obra social empresaria, no pudiendo reclamarlos la sindical, para evitar el enriquecimiento sin causa, ya que hast entonces la obra social sindical no habìa efectuado ninguna prestaciòn a favor de los trabajadores de FIAT
Por ùltimo, en todos los casos, quedan a salvo los derechos y garantìas previstos por la normativa vigente, respecto del derecho de opciòn de obra social, por parte de los beneficiarios, cuando asì corresponda(art. 11).
Ver norma vigente en materia de obra social (citando la normativa vigente ¿????????)
salvo lo normado por la desregulación del régimen de obras sociales.
(*) Profesor Titular de la cátedra de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
(**) Profesor Adjunto de la cátedra de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Consult.doc
EL ENCUADRAMIENTO SINDICAL, CONVENCIONAL Y DE OBRAS SOCIALES
Dr. Raúl E. Altamira Gigena
EL TEMA Y SU IMPORTANCIA
Para el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (diecinueve edición), “encuadramiento”, es la acción y efecto de encuadrar. Y “encuadrar”, es “encerrar en un marco o cuadro, incluir dentro de sí una cosa; determinar sus límites”.
Determinar los “encuadramientos legales” consiste en “discernir qué estatuto legal corresponde aplicar a una determinada relación laboral” (Carlos Etala, en “Las Facultades Administrativas de Encuadramiento Convencional”, DT 2000-A- 544).
En general, este encuadre legal es competencia del Poder Judicial, quien debe determinar ante una controversia individual de derecho, que norma (en sentido general, sea ley, decreto, o convenio colectivo de trabajo), corresponde aplicar (por ej., en el caso del contrato de trabajo, si se resuelve mediante la LCT, o la Ley de Empleo, o un estatuto profesional, o un convenio colectivo, pudiendo en algunos casos, aplicarse los mismos en forma conjunta.
I – EL ENCUADRAMIENTO EN EL DERECHO COLECTIVO.
1.- LOS PROBLEMAS GENERADOS POR EL ENCUADRAMIENTO
Se debe resolver con frecuencia cuál es la organización sindical representativa del personal, o determinar el convenio colectivo de trabajo aplicable, como también qué obra social brinda amparo a los dependientes, y por lo tanto debe recibir las cotizaciones pertinentes.-
No se sabe con precisión la normativa a aplicar, y puede resolverse continuar aplicando el convenio, y asignar la representación del personal al sindicato que ya lo venía haciendo, por una cuestión de comodidad, o porque tiene a otra parte del personal encuadrado en el mismo, y resolver la obra social competente en función de la asociación sindical así determinada, o por carecer de resistencia u oposición de los trabajadores.
Será conveniente, antes de dilucidar las tres cuestiones planteadas, formular un esquema general de referencia legal, que insertamos en el Anexo. Del mismo, surge la primacía de la Constitución Nacional - art. 14 bis - que garantiza los derechos sindicales de los trabajadores. A continuación se describe el contenido del derecho colectivo: régimen de asociaciones gremiales ( de trabajadores y de empleadores), la negociación colectiva (Convenio Colectivo de Trabajo – CCT -), y el de los conflictos colectivos.
En la ley de asociaciones gremiales para trabajadores surge la personería gremial, que faculta a las entidades gremiales, celebrar convenciones colectivas de trabajo; declarar la huelga, constituir a los empleadores como agentes de retención de las cuotas sindicales y contribuciones establecidas por CCT, y dirigir y administrar la obra social.
Un primer aspecto a resolver es el encuadramiento conforme a la ley aplicable. Es un tema que solamente los jueces pueden resolver.- Por ejemplo, un trabajador demanda indemnizaciones en virtud de lo establecido por determinada norma legal, y el empleador admite la pretensión pero - por aplicación de una normativa legal diferente - ofrece pagar montos menores. La cuestión sólo puede ser resuelta por los jueces, quienes son los encargados de establecer la ley aplicable. Sólo el poder judicial aplica e interpreta la ley. Si determinada cuestión es resuelta por un funcionario administrativo adversa a los intereses de un responsable o contribuyente, puede recurrir a la justicia, que mediante un pronunciamiento judicial, conforme el principio de la división de poderes, resuelve en forma definitiva la controversia.
Para Vazquez Vialard consiste en ubicar a un trabajador o grupo de trabajadores en el ámbito de la representación de un sindicato; es precisar, en un caso concreto, el ámbito de validez, ya sea geográfico, de sector o actividad, que tiene la resolución administrativa que concede la personería gremial a un sindicato de primer grado; es decir, precisa el ámbito al que pertenece un grupo de trabajadores de un sector o de una empresa (“Derecho del trabajo y de la seguridad social”, t.2, pag.53).
Para Guillermo López, en su clásico libro “Derecho de las Asociaciones Sindicales” (ley 23551 y su reglamentación), es un conflicto intersindical de derecho, planteado entre dos o más asociaciones con personería gremial sobre la capacidad jurídica que emana de sus respectivas personerías para representar a los trabajadores de uno o de varios establecimientos (pag. 103, 2da. edición actualizada).
Néstor Corte considera que se trata de una disputa de representatividad, consistente en dilucidar cual es la asociación apta para representar a un cierto grupo, categoría o sector de trabajadores, de acuerdo con el alcance de la personería gremial otorgada por la autoridad de aplicación. (“El Modelo Sindical Argentino” – ley 23551 y decreto reglamentario - pag. 543)
En consecuencia, la cuestión del encuadramiento sindical se circunscribe a establecer por la autoridad administrativa del trabajo, qué asociación profesional, con personería gremial, ejerce la representación legal del personal de una o varias empresas.
Son clásicas las cuestiones de encuadramiento entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el Sindicato de Mecánicos (SMATA); entre la UTGRA (gastronómicos) y el Sindicato de Pasteleros, Pizzeros y Afines; entre la Federación Nacional de Trabajadores Químicos, Petroquímicos y Afines, con los de otras entidades sindicales, donde se plantea el conflicto por la amplitud del término "afines", que contienen varias organizaciones sindicales, y que permite incorporar actividades también contempladas por los estatutos de otras asociaciones de trabajadores.
Son igualmente frecuentes los problemas de encuadramiento sindical motivados por la organización gremial que agrupa a los viajantes, que pretende la representatividad de los “vendedores” comprendidos en distintos convenios colectivos, por estar prevista la categoría de “vendedores” o “viajantes” (caso de empleados de comercio, mineros, petroleros, etc.).
La pretendida representatividad de nuevas asociaciones sindicales distintas a las que ya ejercen la representación, provoca – en general - el rechazo de los empleadores, reacios a aceptar dentro de sus empresas nuevas representaciones sindicales, que generan la designación de delegados gremiales, con la secuela de procesos electorales, de nuevas cuotas sindicales, amparo sindical de más dirigentes, etc.
La cuestión, en términos prácticos, suele plantearse en ocasión de inspecciones realizadas por la Autoridad Administrativa del Trabajo, con frecuencia acompañados de dirigentes sindicales de una asociación sindical diferente de aquélla que hasta entonces ejercía la representatividad de personal. Si la empresa rechaza la nueva organización, plantea la incompetencia de la Autoridad del Trabajo Provincial, en virtud que la ley 23.551, otorga la competencia a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.(art 59).
1.- TRAMITE PARA RESOLVER EL ENCUADRAMIENTO SINDICAL.
El tema está contemplado en el art. 59 de la ley 23551. Primeramente, las asociaciones sindicales que disputan la representatividad, deben agotar la vía asociacional, mediante el pronunciamiento de la organización gremial de grado superior a la que se encuentren adheridas, o a la que estén adheridas las Federaciones que integran.- Esto implica una negociación entre las entidades sindicales afectadas, para determinar si por consenso o conciliación se resuelve la cuestión, sin necesidad de la resolución de la autoridad de aplicación. No habiendo decisión gremial, la Dirección mencionada deberá observar el procedimiento descripto en el art. 59.
En cumplimiento del principio del debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional), interviene la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación - nueva denominación - que es la repartición competente en la dilucidación de la controversia (sita en calle Callao 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
La denuncia puede ser promovida por los trabajadores, por uno o más empleadores, o por una asociación sindical. Se corre traslado a cada una de las entidades que puedan tener interés en la cuestión; en particular, a las organizaciones sindicales cuya representatividad se procura discernir.
La Dirección Nacional tiene un plazo de sesenta días hábiles – en general no se cumplen - para pronunciarse, rigiendo -en caso de silencio– lo dispuesto por la ley nacional de Procedimientos Administrativos ( art. 10, ley 19.549).
La resolución de encuadramiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo, o de la vía asociacional, podrá ser recurrida ante el Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.-
2.-LA EMPRESA FRENTE AL CONFLICTO DE REPRESENTATIVIDAD.
A las empresas no les resulta indiferente la incorporación de una nueva entidad sindical arrogándose la representación de todo o parte de su personal; compartiendo con la representatividad de la organización gremial existente en la empresa. En este supuesto, las empresas deberán cumplimentar las disposiciones legales, como son -entre otras-:
retenciones de cuotas sindicales;
podrán designar delegados sindicales;
Ello implica mayor cantidad de trabajadores con amparo sindical, y la imposibilidad de modificar las condiciones de trabajo, suspender o despedirlos sin justa causa, debiendo requerirse –previamente– la exclusión del amparo sindical ( art.52 ley 23.551).
También existe otro aspecto a considerar por las asociaciones sindicales, a la hora de negociar convenios, procurarán las mismas o parecidas ventajas que las que tiene los trabajadores representados por la otra asociación sindical. Este tipo de competencia perjudica a los intereses de la empresa. Por ello se logran alianzas entre la empresas y el sindicato, para excluir a una segunda asociación sindical que pretende la representatividad de todo o parte del personal de la empresa.
El origen de estas dificultades de encuadramiento, en gran medida, obedece a la falta de ortodoxia del Ministerio de Trabajo de la Nación, en la aprobación de los estatutos de las asociaciones sindicales, cuando determinan el ámbito de representatividad de la asociación sindical; a qué trabajadores representa, (por categorías, oficios, actividad en una zona o ámbito geográfico determinado, etc.); se trata de ligerezas o improlijidades en la aprobación de estatutos por no haberse verificado previamente que dicha representatividad colisiona en todo o en parte con la asociación sindical preexistente.
Compartimos con Carlos Etala, que el encuadramiento convencional es la decisión proveniente de la autoridad administrativa o judicial, en virtud de la cual se resuelve declarar aplicable a una relación o pluralidad de relaciones del trabajo, un determinado convenio colectivo de trabajo (op. cit.. p. 545).
Ante ello, corresponde en primer lugar distinguir el encuadramiento sindical, ya analizado, del convencional, porque en este último caso, la resolución fijará si un grupo de trabajadores está incluido o no dentro de la convención colectiva, en función de las partes que han intervenido en la concertación.
Advierte con razón Carlos Etala - citando a Vazquez Vialard - que es frecuente que un sindicato, creando una situación de hecho, en virtud de una gestión de negocios u otra forma de acción para ampliar de hecho su marco de representación, avanzando o no sobre otra personería, haya concertado un convenio que se refiere a trabajadores no incluidos dentro de su personería, acuerdo que no obstante esas deficiencias, resulta, en ocasiones, igualmente homologado por la autoridad de aplicación. Este no es un elemento suficiente para determinar el contenido de su “cuadro sindical”, porque éste no depende de la actuación del sindicato, sino del acto administrativo que le ha reconocido la personería. De lo contrario, habría que admitir la existencia de personerías gremiales “de hecho”, no obtenidas según el procedimiento legal, a través de la acreditación de la adecuada capacidad para representar la actividad o la categoría en la zona de actuación que corresponda” (op.cit. p.545)
La cuestión de encuadramiento debe ser resuelta por el Juez del Trabajo (art. 1, inc. 5to, Ley Procesal del Trabajo de la Pcia. de Córdoba nº. 7987, art. 20 ley de organización y procedimiento de la justicia nacional y federal del trabajo, nº. 18.345, t.o. por decr.106/98).
El problema se ha planteado a partir del decreto 105, (publicado en el B.O. del 04/02/00) , dictado por el P.E. de la Nación, “supuestamente” en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99 inciso 1ro. de la C.N., por el cual se faculta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, para que resuelva en sede administrativa las cuestiones de encuadramiento convencional, sin perjuicio del control judicial pertinente.
Recordemos que una convención colectiva, para que sus disposiciones sean aplicables no solamente a quienes lo celebraron como también a todos los trabajadores de la actividad, rama o profesión, es necesaria la homologación, que es un acto de la autoridad administrativa que le confiere la validez “erga omnes”, es decir obligatorio para todos los empleadores y trabajadores comprendidos en la actividad y zona establecidas en la resolución ministerial.-
Una vez que la Comisión Negociadora, o Paritaria, concluye el CCT, lo eleva a la Dirección Nacional de Convenciones Colectivas, dependiente del M.T.E. y S.S. Esta Dirección procederá a homologarlo, registrarlo, le asigne un número, y finalmente lo hace publicar en el Boletín Oficial y a partir de tal momento tiene plena validez. No necesita ser demostrado o probado en juicio pero se exige que reúnan los requisitos formales exigidos por la ley y que hubieran sido debidamente individualizadas (art. 8, in fine, LCT).
De tal manera, y en forma paralela a los conflictos de representatividad sindical, surgen dudas acerca del convenio aplicable a una empresa determinada. Es así que con frecuencia se discrepa sobre la aplicación del convenio de los petroleros o gastronómicos para los “servicompras” de las estaciones de servicio; del convenio de los mercantiles o el de los telefónicos para los telecentros; de SMATA o UOM para determinados trabajadores vinculados a las autopartes o a las automotrices. Son conflictos “intergremiales”. A veces el conflicto se relaciona con convenios nacionales y provinciales de la misma actividad . por ejemplo un convenio de orden nacional y otro de ámbito menor.- Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, el Círculo Sindical de Prensa ( CISPREN) pretendE que los periodistas de diarios de Buenos Aires, como La Prensa, Clarín, Nación, Ambito Financiero, y que en la provincia tienen redacción (periodistas), e impresión (gráficos), se aplicara el convenio local, que les concede beneficios mayores.-
No siempre el encuadramiento sindical implica automáticamente la aplicación de un nuevo orden convencional, y viceversa.-
1.- ¿QUIÉN RESUELVE LAS CUESTIONES DE ENCUADRAMIENTO CONVENCIONAL?
Coincidimos con Vazquez Vialard, que la solución de un problema de encuadramiento convencional le corresponde al juez del trabajo, porque versa sobre la consideración de derechos subjetivos (ver “ El Sindicato en el Derecho Argentino, pag. 184).-
El Dto. 105/2000 faculta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que resuelva las cuestiones de encuadramiento convencional, sin perjuicio del control judicial pertinente.
Con relación a la competencia para resolver los problemas de encuadramiento convencional, se han planteado dos posiciones claramente enfrentadas:
La que entiende que es competencia exclusiva y excluyente de los tribunales judiciales porque se resuelven controversias individuales de derecho, y por lo tanto, niega competencia a la autoridad administrativa del trabajo;
La segunda posición, sostenida por el poder administrador, entiende que el ordenamiento jurídico argentino no prohibe la resolución por parte de los órganos administrativos del trabajo, en tanto se admita la pertinente revisión judicial, conforme lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia en fallo “Fernández Arias, Elena y otros c/José Poggio”. Fallos 247:646. El fundamento radica en la cantidad de situaciones que se presentan diariamente en las relaciones laborales, y que quedarían sin solución si los afectados no requirieran el amparo judicial.
Relacionado con las facultades del Ministerio de Trabajo nacional, respecto a los CCT celebrados antes de la promulgación de la ley 23.545, que se encuentran vigentes por la ultractividad, por el el art. 28 de la ley 25.250, prevé que vencido el plazo de dos años desde que fue convocada la unidad de negociación, y las partes no hubieren alcanzado un acuerdo, a pedido de la parte sindical, o de ambas partes en forma conjunta, la autoridad de aplicación someterá la controversia a un arbitraje. A falta de la solicitud, pierden vigencia las cláusulas que regulen condiciones laborales, salariales y contribuciones patronales, manteniéndose el resto de las cláusulas convencionales hasta tanto se acuerde su modificación
El art. 13 de la ley 14250, modificado por el art. 9 de la ley 25250, dispone que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, será la autoridad de aplicación, pudiendo celebrar convenios con las provincias y con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de delegar total o parcialmente las funciones relacionadas con las unidades de negociación, cuyo ámbito territorial no exceda los límites de las respectivas jurisdicciones. En tal caso, la autoridad local de aplicación ejerce las atribuciones de conformidad con lo dispuesto en la ley 25.250, las condiciones y reservas establecidas en el convenio respectivo celebrado entre nación y provincia. No obstante, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, conserva la facultad de constituir la comisión negociadora, como también, la de homologar y registrar los convenios colectivos.
Rodriguez Mancini resalta que la jurisprudencia ha resuelto invariablemente que los organismos administrativos carecen de facultades constitucionales para resolver semejantes conflictos (“Competencia para resolver conflictos de encuadramiento convencional”. DT 2000 - A - 539.)
Agrega dicho autor que las únicas atribuciones excepcionales, estatales, en materia de negociación colectiva que registra la legislación se refieren a:
la homologación del convenio colectivo (art. 4 de la ley 14250), concluyendo allí las facultades administrativas, careciendo de atribuciones para modificarlas o interpretarlas
la facultad que poseen las comisiones paritarias para interpretar las cláusulas de las convenciones colectivas (art. 15, inc. a, ley 14250), interpretación que no obliga a los jueces ni es prejudicial, siendo una facultad inherente a la función negociadora, que es la base de la interpretación auténtica proveniente de las mismas partes que celebraron el acuerdo original.
En los hechos, ante un problema convencional, a solicitud de parte, la Autoridad Administrativa podrá dictar un dictámen de la Asesoría Letrada, o una resolución definiendo cual CCT es aplicable; dicha resolución carece de imperio, y por lo tanto, si la empresa resiste la resolución ministerial, el trabajador que pretende su aplicación, deberá reclamarlo judicialmente, describiendo las diferencias que pretende entre ambos CCT.
Por ej., una empresa aplica el CCT “A” de alcance nacional, que establece tres categorías. Un trabajador pretende estar regulado por el el C CT “B”, de alcance provincial, que contiene más categorías y con salarios mayore, el gremio que sostiene la obligatoriedad de éste último, plantea la cuestión en el ámbito del Ministerio de Trabajo quien resuelve, en función del Decreto 105/2000, que tiene primacía el convenio “B”; no obstante ello, la empresa lo rechace y desconoce, restándole ejecutividad a la resolución ministerial; por lo tanto, al personal afectado no le queda otra alternativa procesal que reclamarlo judicialmente, porque la resolución administrativa no hace cosa juzgada, ya que “la última palabra” la tiene el Poder Judicial.
Para Rodriguez Mancini y Carlos Etala, en las monografías mencionadas, el Decreto 105/2000, es un reglamento autónomo, “ilegítimo”, en tanto no emana de facultades propias del Poder Ejecutivo, autorizadas por la Constitución Nacional, y por ello, la resolución administrativa carece de fuerza ejecutiva, y no es asimilable a una “sentencia judicial”, cuyo incumplimiento permite el trámite sumario de ejecución
En síntesis, la resolución no agota el trámite, posibilitándo al administrado recurrir a la justicia.
Pueden presentarse controversias respecto de cual de las obras sociales es la encargada de brindar las prestaciones previstas en las leyes 23660 y 23661, y, consecuentemente, las destinatarias de las cotizaciones previstas en el art. 16 de la ley 23660 (3 % de aporte y 6 % de contribución).
La Superintendencia del Servicios de Salud (SSSal) ha dictado la resolución nro. 9 (publicada en el B.O. del 27.01.99) la que por el art. 8vo., derogó las resoluciones de la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL), nro. 58/94 y del Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS), nro. 1070/89, con sus correspondientes anexos, y es la que reglamenta el procedimiento para resolver las cuestiones de encuadramiento de obras sociales.
1ro.: Cuando se discuta la pertenencia de trabajadores que no superen al año de antigüedad en el empleo;
2do.: cuando se trate de conflictos de categorías laborales de las obras sociales sindicales correspondientes a las asociaciones gremiales de trabajadores con personería gremial, signatarias de convenios colectivos de trabajo; los institutos de administración mixta, las obras sociales y las reparticiones u organismos que teniendo como fines los establecidos en la ley 23660, hayan sido creados por leyes de la nación; las de la administración central del estado nacional, sus organismos autárquicos y descentralizados; las de las empresas y sociedades del estado; y toda otra entidad creada o a crearse que, no encuadrándose en la enumeración precedente, tenga como fin lo establecido en la ley 23660, por una parte, y las obras sociales del personal de dirección, de las asociaciones profesionales de empresarios, y las constituidas por convenio con empresas privadas o públicas, por la otra parte.
3ro.: los casos de empleadores que inician o cambian su rama de actividad.
PROCEDIMIENTO: Por el art. 3ro. los interesados que soliciten resolución de la Superintendencia, respecto de la obra social encargada de las prestaciones médicas y ser destinatarios de las cotizaciones (aportes y contribuciones) deberán acreditar, en los casos que corresponda:
1ro.: Que el trabajador posea una antigüedad menor a un año en el empleo;
3ro.: Las tareas que realizan los trabajadores;
4to.: El proceso productivo del establecimiento;
5to.: El CCT que le es aplicable;
6to.: La Obra Social a la que se canalizan los aportes y las contribuciones, al momento de la presentación;
7mo.: Antecedentes sobre encuadramiento sindical
8vo.: Si existe personal excluido del CCT deberá indicarse si posee funciones de mando , control, supervisión, y/o personal a cargo y, cual es la remuneración mensual;
9no.: Si la petición la efectúa una obra social, deberá acreditar fehacientemente su capacidad para prestar el programa médico obligatorio (PMO) para los trabajadores cuyas cotizaciones reclama, como también, el alcance de su ámbito territorial o la zona de que se trate.
La resolución omite determinar quienes son “los interesados”, pudiéndose inferir que son las partes interesadas, los que tienen interés en la resolución que define la obra social correspondiente -es decir, las mencionadas en el articulo 1ro. de la ley 23660- o sea los trabajadores involucrados o las asociaciones sindicales de trabajadores o de empleadores que los representen.
La presentación se hace ante la SSSal, y ésta, dentro del quinto día hábil de receptada, notifica a las obras sociales involucradas, otorgándoles diez días improrrogables para efectuar las manifestaciones que hagan a su derecho (art.4).
Por el art. 5, la resolución debe ser notificada a las partes interesadas, y que tuvieron participación en el proceso. El empleador canalizará las cotizaciones de la siguiente forma:
1ro.: Las devengadas en el mes calendario correspondiente a la fecha de notificación, deberán depositarse a favor de la obra social que hasta entonces brindara las prestaciones;
2do.: Las devengadas con posterioridad al dictado de la resolución, serán depositadas a favor de la obra social indicada en la resolución.
De lo expuesto surge que la resolución tiene efectos constitutivos y no declarativos, careciendo de aplicación retroactiva (Carlos Etala, “Derecho de la Seguridad Social”, pagina 177)
La resolución omite considerar el trámite recursivo, considerando que, agotada la instancia administrativa, queda expedito el recurso ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.
La SSSal, está facultada -previo al dictado de la resolución- para disponer medidas precautorias y provisorias que resulten necesarias. En los casos en que los beneficiarios tengan cobertura, se la mantendrá hasta que se dicte la resolución; si no la tuvieren, podrá determinar la obra social que la brindará hasta el dictado de la resolución definitiva (art. 7).
Una vez firme la resolución, y consentida por las partes, se aplicará a los trabajadores que ingresen al establecimiento con posterioridad al dictado de la misma, en tanto la empresa no haya variado sustancialmente su rama de actividad (art. 9)
Cuando se hubieren efectuado las cotizaciones de ley a una obra social determinada con anterioridad al dictado de la resolución, dichos depósitos se considerarán válidos, y otra obra social del sistema no podrá reclamar para sí los importes correspondientes, con relación a tales períodos y por los beneficiarios en virtud de los cuales se hubieren aportado y brindado los servicios médico asistenciales (art. 6).
Este criterio es coherente con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “UOM c/ FIAT Concord S.A.” , en los que hasta el dictado de la resolución, la empresa depositaba las cotizaciones de la entonces ley 18610 a favor de la obra social empresaria, y a partir de la resolución del máximo tribunal nacional, debieron orientarse a la obra social sindical., considerándose válidos los realizados hasta entonces a la obra social empresaria, no pudiendo reclamarlos la sindical, para evitar el enriquecimiento sin causa, ya que hasta entonces la obra social sindical no había efectuado ninguna prestación a favor de los trabajadores de FIAT.
Por último, en todos los casos, quedan a salvo los derechos y garantías previstos por la normativa vigente, respecto del derecho de opción de obra social, por parte de los beneficiarios, cuando así corresponda (art. 11).
(o Derecho Sindical)
Art. 14 bis, 2do párrafo, Constitución Nacional
Personería Gremial (derechos que confiere)
Exención impositiva nacional,
Constituir al empleador en agente de retención de las cuotas y cotizaciones
Amparo Sindical, a los representantes gremiales.
Dirigir y administrar la obra social.
Dirigir y administ
Asociación Sindical con personería Gremial.
Empleadores o asociación de empleadores reconocida por resolución del Min. de Trabajo, E. Y SS. De la Nación.-
Leyes 14.250 y 25.250
- Ley 14786; Instancia Obligatoria de Conciliación.
- Ley 16936; Arbitraje Obligatorio.
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 artículo 99
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