Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2007/T-897-07.htm
Timestamp: 2017-11-23 12:51:38+00:00

Document:
T-897-07
Sentencia T-897/07
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDAD TERRITORIAL EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION-Procedencia excepcional
DERECHO DE PETICION EN VIA GUBERNATIVA-Aplicación
RECURSO DE REPOSICION EN VIA GUBERNATIVA-Resolución de fondo sobre la liquidación exacta de su acreencia
Referencia: expediente T-1662001
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil siete (2007).
En los años 1995 y 1996, el Municipio de Tolú celebró contratos de Obras Públicas con diversos contratistas, muchos de los cuales cedieron sus derechos de crédito al señor Armando Frieri Santoro, quien como resultado de ello terminó siendo su titular. Contando con todos los requisitos, el acreedor dio comienzo a un proceso ejecutivo ante el Tribunal Administrativo de Sucre, y el nueve (9) de abril de 1997 el órgano colegiado libró mandamiento de pago contra el Municipio de Santiago de Tolú. Posteriormente, las partes envueltas en el proceso de ejecución allegaron un contrato de transacción de las pretensiones por un valor de $1.010.000.000, pactándose que a partir de la ejecutoria de la providencia que la aprobara como forma de terminación del proceso, se generarían intereses con arreglo a lo que dispone el artículo 117 Código Contencioso Administrativo, acto que fue aprobado por el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre el diez (10) de diciembre de 1997. Después, el 16 de febrero de 2004, Armando Frieri Santoro cedió todos sus derechos de crédito contenidos en la transacción, a Claudio León Frieri Uribe, accionante en este proceso de tutela. Entretanto, el 9 de agosto de 2002, el Municipio de Santiago Tolú celebró acuerdo de Reestructuración de Pasivos (Ley 550 de 1999).
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el cobro de acreencias contractuales frente a entidades en reestructuración de pasivos
La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos fundamentales, y por esta razón no procede para exigir el cumplimiento de un contrato o el pago de una deuda contractual. Sólo excepcionalmente puede invocarse en el marco de una relación contractual, cuando del cumplimiento del contrato depende la satisfacción de un derecho fundamental y, además, se utilice la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues de lo contrario las competencias de las autoridades judiciales establecidas para dirimir esta clase de litigios resultarían invadidas por el juez constitucional. Por consiguiente, de manera excepcional puede el juez constitucional conceder la tutela para exigir el pago de prestaciones contractuales, cuando estén debidamente acreditadas la vulneración o amenaza de un derecho fundamental en razón del incumplimiento contractual, y la existencia de un perjuicio irremediable (un daño grave e inminente, que amerita una medida urgente e impostergable). De no presentarse estas condiciones debe acudirse al otro mecanismo jurisdiccional, ya que la tutela resulta improcedente.
Ahora bien: cuando se trata de acciones de tutela dirigidas contra entidades en procesos de reestructuración de pasivos o intervenidas por el Gobierno, esta Corporación ha sido enfática en señalar la improcedencia general de la tutela[1], por tratarse de un procedimiento originado en la circunstancias deficitarias de la entidad y que tiene como finalidad suspender las garantías de los acreedores (por ejemplo, suspender el derecho a instar un proceso ejecutivo o a continuar el que estuviere en curso), en orden a alcanzar en el largo plazo la satisfacción de las deudas pendientes. Si la suspensión de las garantías de los acreedores es la vía que tomó el legislador para garantizar la satisfacción de las prestaciones adeudadas, admitir la procedencia de la tutela en la generalidad de los casos, sería justamente ir en contravía de los propósitos de la ley, y afectar el derecho a la igualdad de otros acreedores sometidos a las reglas del proceso de reestructuración.
Entonces, en eventos sumamente excepcionales, la Corte ha concedido peticiones de tutela encaminadas a exigir, de entidades en reestructuración, el pago de acreencias contractuales:[2] en lo que atañe a las acreencias laborales, lo ha hecho por haberse encontrado plenamente acreditada la vulneración al mínimo vital de los trabajadores;[3] en aquellos casos en los cuales se reclama el pago de acreencias contractuales mercantiles o administrativas, las ha concedido siempre y cuando sean acreditadas las condiciones que permitan inferir la vulneración de un derecho fundamental, y la constitución de un perjuicio no remediable de otra manera que exigiendo el pago de la obligación dineraria mediante la tutela.
Así, en la Sentencia T-735 de 1998,[4] la Corte Constitucional ordenó, a una entidad intervenida por el Gobierno Nacional, el pago de los rendimientos producidos por un Certificado de Depósito a Término de un contratante, pero sólo porque constató que se trataba de una persona de la tercera edad, con una enfermedad grave y que exigía un tratamiento médico especializado e inmediato cuyos costos no podía asumir si no con arreglo a los dineros depositados en la Cooperativa demandada, toda vez que carecía de seguridad social, de salario y de pensión. Por lo mismo, otra de las acciones de tutela con pretensiones semejantes, acumulada en el proceso, fue denegada por la Corte ante la carencia de elementos probatorios que sustentaran la afirmación de existir la vulneración de un derecho fundamental y un perjuicio irremediable. También en la Sentencia T-014 de 2005[5] ordenó la Corte, justamente al Municipio de Tolú -inmerso en proceso de reestructuración económica-, el pago, al peticionario, de unas acreencias derivadas de un contrato de suministro, habida cuenta de las condiciones sociales y emocionales a que los había conducido –al accionante y a su familia- la carencia de los dineros adeudados. De una parte, la cónyuge del accionante, a pesar de sufrir de los nervios y en vista de su precaria situación, se marchó a buscar mejor suerte a otra nación, aproximadamente por un año y medio, período durante el cual la orfandad de tratamiento médico especializado y las persistentes dificultades económicas, empeoraron severamente su condición psíquica, resultando con un “Trastorno Mental Afectivo Bipolar Tipo 1 fase Maníaca”, razón por la que su esposo tuvo que conseguir dinero prestado para internarla, ya de vuelta, en una Unidad de Salud Mental. No obstante, dado el alto valor de los medicamentos, tuvo que retirarla de allí, sin que antes se hubiera recuperado. Como se ve, son dos eventos que se enmarcan en el régimen de excepcionalidad en que procede la acción de tutela.
“­Estima la Sala oportuno aclarar que al realizarse la cesión, la accionante adquirió el crédito con las cargas que éste traía; en esta ocasión, el ser parte de un proceso de reestructuración de un ente territorial en los términos de la ley 550 de 1999 lo que implica que éste será pagado según la clase a la que pertenezca en la prelación de créditos. En efecto, el artículo 2493 del Código Civil establece que ´las causas de preferencia son inherentes a los créditos, para cuya seguridad se han establecido, y pasan con ellos a todas las personas que los adquieren por cesión, subrogación o de otra manera’”.[6]
En definitiva, la Corte ha señalado que un proceso de reestructuración implica, sin duda, cargas para los acreedores.[7] El tratamiento de un acreedor en este contexto, difiere del que el ordenamiento jurídico le dispensa cuando quiera que la entidad se encuentre en condiciones financieras estables, normales. Entonces, a juicio de esta Corporación, la acción de tutela por regla general es improcedente para exigir el cumplimiento de una obligación contractual, salvedad hecha de los casos en que se acredite plenamente la vulneración de un derecho fundamental, que acarree un perjuicio sin otro remedio que exigir el pago por vía de tutela, siempre que dicha obligación conste en un título contentivo de una obligación clara, expresa y exigible[8] y ponderando en forma debida el grado de sacrificio que debe soportar el acreedor, en atención al momento en el cual adquirió el derecho.
4. Derecho de petición y recursos de vía gubernativa. Reiteración de jurisprudencia
La Corte ha señalado, en múltiples ocasiones, que la interposición de los recursos de vía gubernativa es también una forma de ejercer el derecho de petición[9], sólo que con características específicas, toda vez que en estos eventos la petición se orienta a aclarar, modificar o revocar un acto. Pero el derecho fundamental de petición consiste no sólo en la facultad de la persona de formular una petición respetuosa ante las autoridades, sino también en recibir de ellas una respuesta rápida y de fondo. Por consiguiente, el derecho de petición debe recibir una respuesta en las oportunidades legales, pero debe ser, además, una respuesta congruente con las solicitudes del actor.[10]
Claudio León Frieri Uribe es acreedor del Municipio de Tolú, desde que celebró un contrato de cesión con Armando Frieri Santoro, quien le cedió los derechos que tenía frente al Municipio por virtud de un contrato de transacción. En vista de que con la cesión –según lo dijo- no sólo resultó siendo titular de derechos, sino también de obligaciones, las cuales le han deparado altos intereses que no alcanza a cubrir, comenzó a sentir dolores y alteraciones de su salud. Interpone por ello acción de tutela, en la que expresa: “A consecuencia de esta serie de obligaciones y compromisos, los cuales no he podido cumplir a la fecha, mi estado de salud ha desmejorado de manera considerable, presentando en la actualidad cuadros depresivos, de estrés, los cuales me han ocasionado colon irritable, gastritis erosiva aguda, y un estado de nervios alterados permanentemente. En estos momentos estoy debiendo mucho dinero tanto a las entidades bancarias como a los particulares donde se me están cobrando altos intereses, esto me está volviendo loco ya que he llegado al punto de no tener como subsistir con mis propios medios”.[11] Como prueba de ello, aporta un certificado médico de abril 4 de 2007, en el que se certifica que su cuadro clínico ha sido “causado por situación de la tensión emocional por strés”.[12] Además, anexa un documento de “Historia médica”, en el que se dice que el accionante tiene como antecedentes un “cuadro de depresión de tres años de evolución, colon irritable en tratamiento desde hace dos años”.[13] Asimismo, adjunta tres constancias bancarias en las que se certifica la concesión de cuatro créditos a nombre de Claudio León Frieri Uribe.
De otro lado, interpone un recurso de reposición contra la Resolución 0050 de febrero de 2007, que la entidad ratifica no haber resuelto de fondo.
Así las cosas, en lo que atañe a la vulneración del derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas, esta Sala encuentra que no son suficientes las pruebas aportadas por el demandante como para conceder la tutela. En primer término, no está demostrada la relación de causalidad que existe entre el incumplimiento contractual y su estado de salud. En la “Historia médica”, expedida en 2007, se dice que el cuadro de depresión inició hace tres años (es decir, en 2004), fecha en la cual adquirió, también, los derechos contractuales. De ese modo, no había tenido tiempo para cobrar o para padecer el incumplimiento, y ya presentaba dolores. Si, en gracia de discusión, se admitiera que sus malestares se originaron de manera concomitante a la adquisición de los derechos contractuales, esta Corporación se cuestiona: ¿por qué, conociendo la causa de sus dolores, sólo en enero de 2007 vino a ejercitar los medios jurídicos a su disposición, siendo que ya conocía el origen de sus malestares?, ¿no era acaso previsible algún grado de strés, en una situación litigiosa, y con un crédito en las condiciones en que lo adquirió? Pero, amén de lo anterior, no demuestra el actor que carezca de otros medios para remediar sus dolencias, como no tener afiliación a la seguridad social o carecer de ingresos suficientes; de modo que no resulta probada la irremediabilidad del perjuicio.
En ningún caso quedan demostradas las dos condiciones exigidas para la procedencia de la tutela, a saber, la vulneración de un derecho fundamental y la existencia de un perjuicio irremediable. Adicionalmente, la decisión tomada en instancia, que termina ordenando el pago pleno de la obligación contractual acarrea una indudable vulneración del derecho a la igualdad de los demás acreedores, algunos de los cuales, con seguridad, han tenido que sacrificar también algún grado de certeza sobre el pago de sus derechos y por esa vía tranquilidad emocional.[14]
De otro lado, al deprecar el amparo del derecho al debido proceso, el actor utiliza un instrumento que, como la tutela, no puede dirimir controversias de naturaleza contractual. Como lo estimó la entidad demandada dentro del proceso de tutela, existe un mecanismo jurisdiccional dispuesto para resolver las diferencias surgidas entre la persona en reestructuración y los acreedores, y que regula el artículo 37, inc. 2º, de la ley 550: “También será la Superintendencia de Sociedades la competente para resolver, en única instancia, a través del procedimiento verbal sumario, cualquier diferencia surgida entre el empresario y las partes, entre éstas entre sí, o entre el empresario o las partes con los administradores de la empresa, con ocasión de la ejecución o terminación del acuerdo, distinta de la ocurrencia de un presupuesto de ineficacia de los previstos en esta ley. Entre tales diferencias se incluirán las que se refieran a la ocurrencia de causales de terminación del acuerdo”. Por consiguiente, la tutela debe declararse improcedente para declarar terminado el acuerdo de reestructuración, o para facultar, con fundamento en ese supuesto, al acreedor para que impetre las acciones enderezadas a exigir el cumplimiento de obligaciones contractuales.[15]
En cuanto tiene que ver con la afectación del derecho de petición, esta Sala constata que para la fecha en la cual fue interpuesta la acción de tutela (23 de mayo de 2007), el derecho de petición no había sido resuelto. No obstante, para cuando se produjo la contestación de la demanda de tutela, ya la entidad había contestado la petición.
Esto debería conducir a declarar la carencia de objeto. Sin embargo, ello no es posible porque en este caso la Corte advierte que en la contestación a la acción de tutela, el accionado dice: “Este hecho es parcialmente cierto, pues si bien el apoderado presentó recurso de reposición contra la resolución 0055 (sic) del 01 de Febrero de 2007, no menos cierto es que con fecha 25 de mayo de 2005, la Administración Municipal resolvió el recurso sin pronunciarse de fondo, pues consideró: Que si bien la reposición en comento busca exclusivamente la modificación parcial de la resolución en cuanto a la forma en que se liquidó la obligación, no menos cierto es que ello genera indiscutiblemente un comprometimiento de la entidad en cuanto a la posibilidad de poder reconocer y cancelar intereses de las obligaciones contenidas en sentencias judiciales proferidas con anterioridad al proceso de reestructuración, ante lo cual esta entidad considera que sin perjuicio de los derechos contenidos en la resolución No. 0055 (sic) del 1 de febrero de 2007, tal posibilidad de reconocimiento debe ser sometido a la interpretación del comité de vigilancia”.
Primero.- REVOCAR el fallo proferido el seis (6) de junio de 2007 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago de Tolú en lo que respecta a la protección de los derechos a la salud, a la vida, a la vida en condiciones dignas y al debido proceso, y en consecuencia DENEGAR la solicitud de pago de las acreencias contractuales concedidas en primera instancia.
Segundo.- CONFIRMAR la tutela del derecho fundamental de petición del actor, y en consecuencia ORDENAR a la entidad accionada que, en un término no superior a las 48 horas contadas a partir la notificación de esta providencia, sea resuelto de fondo el recurso de reposición interpuesto por el accionante, respetando los parámetros generales enunciados en esta providencia.
[1] Cfr. Sentencias T-104 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-146 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-585 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-1023 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-052 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[2] El numeral 15 del artículo 58, Ley 550 de 1999, contempla la posibilidad de que la entidad incurra en un gasto no dispuesto expresamente en el acuerdo de reestructuración, cuando quiera que sea ordenado “por disposiciones constitucionales.”
[3] En la sentencia T-1160 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería, la Corte concedió el amparo a unos educadores del Municipio de Corozal, a quienes se les había dejado de cancelar sus salarios, afectando con ello su derecho a un mínimo vital.
[4] M.P. Fabio Morón Díaz.
[6] Sentencia T-052 de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[7] “La ley asume que los acreedores realizan inicialmente un sacrificio en cuanto al cumplimiento de los créditos de que son beneficiarios. No obstante, se trata de un esfuerzo razonable en cuanto que con él se procura concebir unas condiciones que garanticen ese cumplimiento pues ese relativo sacrificio de expectativas económicas debe enmarcarse en un panorama mayor cual es la realización de esfuerzos encaminados a garantizar el saneamiento de las entidades territoriales y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas”, Sentencia T-1023 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[8] Cfr. Sentencia T-971 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[9] Entre otras, pueden verse las Sentencias T-304 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía, T-1175 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-051, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[10] Cfr., Sentencia T-1160A de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[12] Folio 34 del expediente.
[13] Folio 35 del expediente.
[14] Sobre la desigualdad que introduce la subversión del orden de prelación en el pago de acreencias, por parte de entidades en reestructuración, pueden verse las observaciones que ha hecho la Corte, entre otras, en la Sentencias T-104 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-146 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1023 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-052 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Y, especialmente, debe verse la Sentencia T-014 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis, en la cual se concede la tutela por hechos similares, pero no se ordena el pago total de la deuda, sino aquella porción que resultara necesaria para cubrir los gastos de salud de la persona cuya salud se había visto seriamente deteriorada por los incumplimientos contractuales de la entidad accionada, todo en aras de no sacrificar de una manera desproporcionada la igualdad de los demás acreedores.
[15] Tal y como lo decidió esta misma Corporación en supuestos iguales en lo relevante. Cfr., entre otras, las Sentencias T-104 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-585 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

References: artículo 117
 artículo 2493
 Resolución 
 artículo 37
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 58