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Timestamp: 2018-09-23 13:20:01+00:00

Document:
1 Expte. DI-1222/ EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO Plaza de los Sitios, ZARAGOZA 27 de diciembre de 2005 I. Antecedentes Primero.- Tuvo entrada en esta Institución escrito de queja que quedó registrado con el número de referencia arriba indicado. Segundo.- En el referido escrito de queja se hacía alusión a la tramitación administrativa del expediente de liquidación del Impuesto sobre sucesiones presentado por los herederos de D.... Haciéndose mención en el escrito a que aun cuando han transcurrido 14 años desde que se presentó la liquidación, todavía en el año 2004 no han conseguido los herederos dar por terminada la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones. El motivo de la tan larga duración del expediente ha sido las diferentes reclamaciones económico administrativas presentadas ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Aragón por los sujetos pasivos contra los actos de comprobación de valores notificados por la Administración, que fueron estimados en todo o en parte por el citado Tribunal. Asimismo se hacía mención que la actuación de la Administración Tributaria Autonómica, obligando a los interesados a presentar recurso tras recurso por las equivocadas o inexactas valoraciones notificadas supondría la inexistencia de interrupción del plazo de prescripción para determinar la deuda tributaria, al entender que las actuaciones de la Administración trataban de eludir la aplicación de las normas sobre el instituto de la prescripción, y creando una situación de indefensión a los contribuyentes al dificultar la aportación de pruebas que acreditaran la correcta valoración de los bienes de la herencia. Tercero.- Habiendo examinado el contenido del escrito de queja presentado, se resolvió admitir la misma a supervisión, y dirigirse al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la Diputación General de Aragón con la finalidad de recabar información sobre la cuestión planteada en la queja. Cuarto.- En contestación a lo solicitado por esta Institución el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo nos remitió un informe escrito
2 en el que se exponía en síntesis que: El Tribunal Económico Administrativo de Aragón (en adelante TEARA) en su resolución de 10 de marzo de 1994 únicamente anuló la comprobaciones de valor realizadas por la falta de motivación, notificando la Administración nuevas valoraciones con fecha 22 de abril de Con fecha 3 de junio de 1998 se presenta nueva reclamación, resolviendo el TEARA con fecha 17 de marzo de 1999 desestimando la reclamación presentada y confirmando el acto administrativo impugnado. Girando con fecha 6 de junio de 2001 nuevas liquidaciones complementarias que fueron notificadas el 25 de junio de Con fecha 29 de junio de 2001 se presenta tercera reclamación, resolviendo el TEARA con fecha 25 de marzo de 2004 estimar en parte la reclamación en relación a la valoración de determinados inmuebles sitos en... y en... Dando cumplimiento a esta última resolución la Administración ha procedido a anular las liquidaciones y a iniciar el procedimiento de Tasación Pericial Contradictoria. Por otra parte, en el informe remitido se indica que la Administración aplica siempre el Derecho conforme a su sistema de fuentes, aceptando valores declarados por la anulación de la comprobación administrativa y la asunción de la imposibilidad de girar nuevas valoraciones; niega que la Administración haya reiterado actuaciones de forma inútil o torticera; considera que la deuda tributaria no ha prescrito pues las actuaciones de la Administración han sido necesarias para determinar la deuda como así lo ha reconocido el TEARA expresamente; rechaza la existencia de fraude de ley y de abuso de derecho en la conducta de la Administración, la inseguridad jurídica al contribuyente pues siguen vivas las vías de reclamación; y la animadversión de la Administración hacia los sujetos pasivos, que de constatarse sería inmediatamente erradicada, ya que la labor de exacción de impuesto no siempre es grata ni fácil pero el carácter de esta función no puede llevar a imputar conductas reprobables a la Administración o a sus funcionarios. Sobre la indefensión alegada se considera en el informe que en la medida en que se han respetado los plazos marcados por la normativa tributaria no puede prosperar dicha indefensión, aunque la tramitación del expediente haya sido, dentro siempre de la legalidad, anormalmente larga. II.- Consideraciones jurídicas. Primera.- De la lectura tanto del escrito de queja como del informe remitido por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo en contestación a nuestra petición de información, que breve y escuetamente hemos intentado resumir, se debe resaltar a juicio de esta Institución el hecho del transcurso de 14 años que ha tardado la Administración en resolver todas
3 las cuestiones del expediente de liquidación del Impuesto sobre Sucesiones de la herencia de Don..., y sobre el que todavía pende nueva reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Aragón que ha sido presentada por los herederos sujetos pasivos del referido Impuesto. Si se observan las fechas de los escritos de presentación de reclamación económico administrativa por los interesados contra los diferentes actos de la Administración, las fechas de resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Aragón de dichas reclamaciones, y las fechas de las nuevas liquidaciones o comprobaciones de valor notificadas por la Administración en cumplimiento o a consecuencia de las Resoluciones del citado Tribunal, nos encontramos con unos plazos excesivamente largos en el tiempo para notificar los nuevos actos resultantes de las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo por parte de la Administración tributaria aragonesa. El Tribunal Económico estimó en parte la primera reclamación presentada en su resolución de fecha de 10 de marzo de 1994, pero las nuevas valoraciones efectuadas por la Administración se giraron el día 22 de abril de 1998, es decir, el Servicio Provincial de Zaragoza tardó más de cuatro años en notificar las nuevas valoraciones, desconociéndose los motivos o las razones que llevaron a emplear dicho plazo a la Administración. En cuanto a la segunda reclamación, ésta fue presentada con fecha 3 de junio de 1998, resolviendo el Tribunal con fecha 17 de marzo de 1999, notificando la Administración autonómica el 25 de junio de 2001 las correspondientes liquidaciones complementarias; en este caso, desde la resolución del TEARA, el Servicio Provincial de Economía y Hacienda de Zaragoza necesitó dos años y tres meses para girar las nuevas liquidaciones. En la tercera reclamación, presentada con fecha 29 de junio de 2001, fue el Tribunal Económico quien se demoró en dictar su resolución, pues necesitó dos años y nueve meses para resolver. En opinión de esta Institución, la actuación que se describe de las diferentes Administraciones implicadas, y con independencia de su causa, ha supuesto un retraso, en principio legal, considerable en la resolución del expediente de liquidación del Impuesto sobre Sucesiones que debería obligar a la Administración a averiguar su causa para buscar una solución a futuros expedientes similares. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece en su disposición adicional quinta que en defecto de norma tributaria aplicable, regirán supletoriamente las disposiciones de la presente ley ; aunque debe hacerse constar que en el párrafo 2 se dispone que "los procedimientos tributarios, los plazos máximos para dictar resoluciones, los efectos de su
4 incumplimiento, así como, en su caso, los efectos de la falta de resolución serán los previstos en la normativa tributaria". El artículo 74 de esta Ley 30/1992 establece en su apartado primero que el procedimiento está sometido al criterio de celeridad y debe impulsarse de oficio en sus trámites, y en su apartado segundo que en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. Asimismo, en el artículo 41 de la citada Ley se dispone que: los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos. Por último, el artículo 3 de la Ley 30/1992 estable que las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y deben actuar de acuerdo con, entre otros, el principio de eficacia. A juicio de esta Institución la Administración podría estudiar si es conforme a la legalidad vigente la posibilidad de dar preferencia, a petición de la parte interesada, a los expedientes de liquidación de impuestos y agilizar e impulsar los trámites necesarios para su terminación cuando los recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas que se presentan son estimados, recuperándose de alguna manera el orden de resolución que tuvo en su momento el expediente. Segunda.- El artículo 7.2 del Código civil establece que la Ley no ampara el abuso de derecho. La reiteración indefinida de comprobaciones que incurran en idéntico vicio supone un abuso de derecho por parte de la Administración. En relación con esta cuestión el Tribunal Supremo en sentencia de 7 de octubre de 2000 ha declarado que "...el derecho de la Administración a corregir las actuaciones producidas con infracción de alguna garantía o formalidad o insuficiencia de motivación en las comprobaciones de valores, no tiene carácter ilimitado, pues está sometido en primer lugar a la prescripción, es decir, puede volver a practicarse siempre que no se haya producido dicha extinción de derechos y en segundo lugar a la santidad de la cosa juzgada, es decir, si se repite la valoración con la misma o similar ausencia o deficiencia de motivación, comportaría la pérdida -entonces sí- del derecho a la comprobación de valores y en ambos casos (prescripción o reincidencia) la Administración había de pasar por la valoración formulada en su día por el contribuyente...". Asimismo, es claro que no todas las actuaciones de la Administración interrumpen la prescripción, siendo doctrina del tribunal Supremo, sentencia de 11 de febrero de 2002 que para que la «acción administrativa» pueda
5 interrumpir los plazos de prescripción, la LGT -art a)- exige que se trate de una acción, no sólo realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, sino que, además, sea «conducente al reconocimiento, regulación, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del Impuesto devengado por cada hecho imponible. Sobre estas dos cuestiones, abuso de derecho y prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria, la Institución que represento no puede pronunciarse al carecer de copia íntegra del expediente de liquidación. Por otra parte, corresponde al Tribunal Económico Administrativo Regional de Aragón resolver sobre dichas cuestiones al haberse alegado en la reclamación económico administrativa presentada por los sujetos pasivos. Por último, dado el lapso de tiempo transcurrido, más de catorce años, para liquidar el impuesto sobre sucesiones de una herencia, caso de no quedar justificada la dilatada tramitación del expediente, podría haberse vulnerado el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) que reclama una protección de la confianza de los ciudadanos en que sus pretensiones van a ser resueltas sin dilaciones injustificadas. III.- Resolución. Por ello, y en uso de las facultades que me confiere la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, considero conveniente formular SUGERENCIA al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo para que adopte las medidas que crea oportunas a fin de asegurar la mayor celeridad en la tramitación de los expedientes de liquidación del Impuesto sobre Sucesiones en los que haya recaído resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Aragón. Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, indicándome, en este último supuesto, las razones en que funde su negativa. 27 de diciembre de 2005 EL JUSTICIA DE ARAGÓN FERNANDO GARCÍA VICENTE

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 74
 artículo 41
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 artículo 7
 resolución