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Timestamp: 2018-11-17 17:55:15+00:00

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﻿ SENTENCIA 2009-00107/45385 DE NOVIEMBRE 21 DE 2017
SENTENCIA 2009-00107 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:ACTA DE COMPROMISO - DAÑO ESPECIAL. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL COMO CONSECUENCIA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CONSISTENTE EN DETENCIÓN IRREGULAR. LA SOLA EXISTENCIA DE UNA ACTA DE COMPROMISO NO GENERA UN DAÑO ANTIJURÍDICO ATRIBUIBLE AL ESTADO, AHORA BIEN CUANDO EN EL ACTA SE ESTABLEZCA EFECTIVAMENTE UNA RESTRICCIÓN O LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD DEL CIUDADANO, EJEMPLO PRESENTARSE CADA 8 O 15 DÍAS ANTE FUNCIONARIO JUDICIAL, NO SALIR DEL PAÍS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN ETC., DICHA ACTA DE COMPROMISO ES UNA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, POR LO QUE SE PUEDE DETERMINAR QUE HUBO UN DAÑO ANTIJURÍDICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DAÑO ANTIJURIDICO, RESPONSABILIDAD POR DAÑO ESPECIAL, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
Sentencia 2009-00107/45385 de noviembre 21 de 2017
Rad.: 13001233100020090010701 (45385)
Actor: Zaira Yadira Martínez de Mejía y otros
Referencia: Apelación de sentencia. Acción de reparación directa
Acción: Reparación directa (D. 1/84)
Temas: Falla en el servicio por mora judicial - se niega porque no se probó el daño - término para cerrar la investigación no desconocido de forma irracional e injustificada.
Sentencia confirma.
Bogotá D.C., veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete.
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar del 16 de marzo de 2012(1), por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. Síntesis del caso
El señor Jaime Enrique castillo, quien fungía como Fiscal Delegado ante los Jueces Promiscuos Municipales de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cartagena, fue vinculado a una investigación criminal por el presunto de prevaricato por acción. La investigación se inició mediante resolución de fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil tres (2003), por medio de la cual se abrió investigación previa contra éste y el señor Álvaro Luis Lora Herrera, también funcionario de la Fiscalía para la época de los hechos. Luego mediante providencia fechada quince (15) de abril de dos mil cinco (2005), se procedió a abrir formalmente investigación en contra del señor Mejía Castillo y se profirió decisión inhibitoria respecto del señor Lora Herrara. Finalmente, mediante resolución de fecha veinte (20) de diciembre de dos mil seis (2006), la Fiscalía Tercera Delegada decidió prelucir la investigación adelantada contra el señor Mejía Castillo.
2.1. La demanda.
Las señoras Zaira Yadira Martínez de Mejía, Zaira Inés Mejía Martínez y Ana Susley Mejía Martínez, en su condición de cónyuge supérstite e hijas del señor Jaime Enrique Mejía Castillo, el día 15 de diciembre de 2008, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, para que se hicieran efectivas las siguientes declaraciones y condenas:
“1. Declarar que la Nación - Fiscalía General de la Nación es administrativamente y extracontractualmente, responsable de los daños materiales, morales y psicológicos causados al dr. Jaime Enrique Mejía Castillo, q.e.p.d., quien fuera perjudicado directo, quien no puede actuar dentro de este por encontrarse fallecido, pero que actúa la esposa e hijas. Por los daños causados, por falla del servicio, perseguido por espacio de tres años seis meses y doce días, para un total de 449 días desde el 8 de mayo de 2003, y hasta el 20 de diciembre del año dos mil seis (2006). día en que la Fiscalía Tercera de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena - Bolívar, que procedió a declarar la preclusión de la acción penal por los delitos ahí enunciados y que se investigan. Radicado en la fiscalía con los enunciados y que se investigan. Radicado en la fiscalía con el Nº 176.686.
2. Condenar, en consecuencia, a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar a favor de las señoritas: Zaira Yadira Martínez de Mejía, Zaira Inés Mejía Martínez, Ana Susley Mejía Martínez, en su calidad de perjudiciadas directas, o a quien represente legalmente sus derechos como reparación del como reparación del daño ocasionado o indemnización de los perjuicios de orden material sufridos con motivo de las fallas del servicio, y perseguido por espacio de tres años seis meses y doce días, para un total de 449 días desde el 8 de mayo de 2003, y hasta el 20 de diciembre del año dos mil seis (2006). día en que la Fiscalía Tercera de la Unidad de Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena - Bolívar, que procedió a declarar la preclusión de la acción penal por los delitos ahí enunciados y que se investigan. Radicado en la fiscalía con los enunciados y que se investigan. Radicado en la fiscalía con el Nº 176.686. Y el término del proceso, teniendo en cuenta lo dejado por percibir en el tiempo que fue procesado el esposo y padre de las actoras, los cuales los estimo como mínimo en la suma de $ 214.597.500 (doscientos catorce millones quinientos noventa y siete mil quinientos pesos) equivalentes a 465 smlmv a favor del finado esposo y padre dr. Jaime Enrique Mejía Castillo.
3. Condenar, en consecuencia, a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar a favor de las señoritas: Zaira Yadira Martínez de Mejía, Zaira Inés Mejía Martínez, Ana Susley Mejía Martínez, en su calidad de perjudiciadas directas, o a quien represente legalmente sus derechos como reparación del como reparación del daño ocasionado o indemnización de los perjuicios de orden de perjuicios morales sufridos por la deshonra y el descredito que les ocasionó al esposo y padre, por ser perseguido por espacio de tres años seis meses y doce días, para un total de 449 días desde el 8 de mayo de 2003, y hasta el 20 de diciembre del año dos mil seis (2006). día en que la Fiscalía Tercera de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena - Bolívar, que procedió a declarar la preclusión de la acción penal por los delitos ahí enunciados y que se investigan. Radicado en la fiscalía con los enunciados y que se investigan. Radicado en la fiscalía con el Nº 176.686, a favor de los demandantes:
a) Zaira Yadira Martínez de Mejía, siendo esta la esposa del perjudicado directo la suma de ciento treinta y ocho millones cuatrocientos cincuenta mil pesos ($ 138.450.000) a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como perjudicada indirecta.
b) Zaira Inés Mejía Martínez siendo esta la hija del perjudicado directo la suma de ciento treinta y ocho millones cuatrocientos cincuenta mil pesos ($ 138.450.000) a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como perjudicada indirecta.
c) Ana Susley Mejía Martínez siendo esta la hija del perjudicado directo la suma de ciento treinta y ocho millones cuatrocientos cincuenta mil pesos ($ 138.450.000) a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como perjudicada indirecta.
4. Condénese a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios fisiológicos o psíquicos, la suma de doscientos cinco millones trescientos sesenta y siete mil quinientos pesos, ($ 205.367.500) equivalentes a 445 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de las actoras. Y que deberá cancelar la parte demandada y quien dará cumplimento a preceptuado en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
5. Condénese a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios morales, a favor del perjudicado directo dr. Jaime Enrique Mejía Castillo la suma de doscientos cinco millones trescientos sesenta y siete mil quinientos pesos, ($ 205.367.500) equivalentes a 445 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de las actoras. Y que deberá cancelar la parte demandada y quien dará cumplimento a preceptuado en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
6. Sobre las anteriores sumas de dinero, será reconocida la indexación de la moneda colombiana de acuerdo al IPC, desde la fecha de la persecución y las fallas cometidas en el proceso.
7. Ordenar que la sentencia con que termine este proceso, se le de (sic) cumplimento conforme a lo establecido en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
8. Condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar los intereses sobre las sumas de dinero que se contraigan las condenas antes solicitadas; a términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
9. Condenar en costas a la parte demandada”.
Como fundamento fáctico de sus pretensiones, sostuvo el apoderado de la parte actora que la entidad accionada incurrió en falla del servicio al abrir investigación en contra del señor Jaime Enrique Mejía Castillo, derivada de todas las actuaciones surtidas dentro del expediente 176.686, adelantado ante la Fiscalía Tercera de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena, con fundamento en pruebas ilegales. Esta investigación se extendió por un lapso superior a tres (3) años, y precluyó con las mismas pruebas con las que se inició.
Refirió el señor apoderado que no existió en la investigación, prueba alguna que condujera a establecer que la conducta investigada había sido cometida por el señor Mejía, y que la Fiscalía debió producir resolución inhibitoria mucho tiempo antes del momento en que finalmente, así obró.
Que el señor Mejía Castillo fue vinculado a la Fiscalía General de la Nación como secretario en el año de 1995; que en el año 2001 fue vinculado a la Dirección Seccional de Fiscalía Administrativa y Financiera de la ciudad de Cartagena de Indias y, desvinculado mediante declaratoria de insubsistencia, el 20 de mayo de 2003; que durante el tiempo de servicio no fue investigado disciplinaria ni penalmente y siempre gozó de buen prestigio en su desempeño laboral.
Adujo que el 8 de mayo de 2003 se dieron los hechos que condujeron a que se le iniciara la investigación, así como que se generara la desvinculación de la entidad, dada la denuncia presentada por el señor Álvaro Luis Lora Herrera, Fiscal 45 para la época de los hechos, quien puso en conocimiento de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Cartagena, los hechos que en su sentir eran irregulares y que debían ser investigados.
Entre los fundamentos facticos de las pretensiones, hizo alusión, el apoderado en mención, a las razones que llevaron a la desvinculación del señor Mejía Castillo, razones que a su juicio configuraron desviación de poder en el acto que declaró insubsistente su nombramiento.
Finalmente, dijo que con base en los razonamientos procedentes la Fiscalía Tercera concluyó en el punto 2.3 de la resolución de preclusión titulada consideraciones, lo siguiente: “… resulta lamentable que el celo o ambición de un fiscal por efímero poder administrativo que ostentaba un colega como jefe de una unidad de fiscalía a quien no consideraba digno de ello, ocultó bajo el manto del altruista “interese porque el rol del funcionario judicial se haga siempre por cauces legales” produzca, como en este caso, un innecesario desgaste de la administración de justicia, que lo único que hace es congestionar aún más, los ya de por si congestionados despachos judiciales con voluminosos expedientes que ha (sic) nada conducen, pues es claro que la noticia criminal revestida con matices de gravedad - entiéndase corrupción “por el pulcro y buen desempeño” de los servidores públicos denunciantes el fiscal Lora Herrera y la personera delegada en lo penal Menco Contreras, solo evidencia además de la pugna por el poder ya anotada, la tipicidad de una conducta cuya averiguación, por la misma razón, en nuestro concepto, no debió siquiera superar la fase preliminar, aun cuando, con el mayor respeto y acatamiento que merece una decisión (la de fecha 25 de enero de 2005) del superior jerárquico funcional de esta célula Fiscal haya dicho lo contrario etc.”.
2.2. Trámite procesal relevante.
La demanda fue repartida inicialmente al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, despacho éste que mediante providencia de fecha 15 de enero de 2009, procedió a remitir el asunto al Tribunal Administrativo de Bolívar. Éste mediante auto de fecha 22 de julio de 2009 avocó el conocimiento y admitió la demanda.
La Nación - Fiscalía General de la nación presentó escrito de contestación de la demanda el día 5 de mayo de 2010, en el cual se opuso a la totalidad de sus pretensiones, y alegó que la entidad obró de conformidad con lo establecido en el artículo 250 de la Constitución Nacional, es decir en ejercicio de sus funciones, y en aplicación de las normas vigentes para el momento entre las que se encuentran el Decreto 2699 de 1991, modificado por el Decreto 261 de 200, hoy Ley 938 de 2004.
Adujo que la investigación se inició dadas las denuncias reciprocas formuladas por el Fiscal Lora Herrera en contra de Jaime Enrique Mejía Castillo, y por éste contra aquel. La actuación así iniciado, dijo, se adelantó con el lleno de los requisitos legales y constitucionales, y como era el deber del funcionario a quien le correspondió el conocimiento del asunto, y una vez adelantada, concluyó con preclusión de la investigación, sin que se hubiese impuesto en momento alguno, medida de aseguramiento.
Ante los hechos, argumentó, el Fiscal del caso estaba en la obligación de adelantar las diferentes etapas de la investigación, teniendo en cuenta tanto lo favorable como lo desfavorable al sindicado, por lo que el allí encartado, debía esperar los resultados de la etapa de instrucción. A su juicio, en la actuación surtida por la Fiscalía General de la Nación, no hubo defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ni error jurisdiccional; los pronunciamientos que allí se hicieron correspondieron a la naturaleza del proceso y a las pruebas decretadas y aportadas, en la que no primó la arbitrariedad ni hizo presencia conducta inapropiadas de los funcionarios instructores.
El Tribunal de primera instancia abrió el proceso a pruebas mediante providencia de fecha 25 de junio de 2010. Posteriormente y en atención a las medidas de descongestión judicial, el proceso fue asignado al Despacho de Descongestión 002 del mismo Tribunal, el cual mediante providencia de fecha 3 de noviembre de 2011 avocó el conocimiento, declaró la legalidad de lo actuado hasta el momento, cerró la etapa probatorio y corrió traslado para alegar de conclusión.
La parte demandada presentó alegatos de conclusión mediante memorial radicado el día 24 de noviembre de 2011, y en este, además de ratificarse en lo dicho la contestación, advirtió que existió mérito para proferir la resolución de apertura de investigación y era obligación adelantar la investigación en atención a la denuncia puesta en conocimiento, que lo señalaba como presunto y no certero infractor de la ley penal, pues pretender que toda investigación adelantada por parte de la Fiscalía estará forzadamente presidida de una condena, conduciría a desvirtuar su carácter preventivo y haría inoficiosa tanto la etapa instructiva de nuestra función judicial; la apertura de la instrucción, dijo, conlleva un carácter eminentemente preventivo y no sancionatorio.
La parte demandante no presentó escrito de alegaciones.
2.3. La sentencia recurrida.
El Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia proferida el 16 de marzo de 2012(2), negó las pretensiones del libelo inicial.
Para arribar a esta conclusión, el Tribunal partió de la base de definir como problema jurídico puesto a su consideración, el siguiente:
“… si existe o no responsabilidad administrativa, extra-contractual por parte de la Fiscalía General de la Nación por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, al demorar ilegalmente la investigación seguida en contra del señor Jaime Enrique Mejía Castillo”.
Infirió que la denuncia presentada cobijaba la presunta comisión de varias conductas punibles, razón por la cual se decretaron varias pruebas que una vez analizadas condujeron a que la investigación solo se continuara por una de las conductas endilgadas —prevaricato por acción—, descartando en la etapa de indagación previa las demás conductas, gracias al material probatorio recaudado.
Precisó que la Fiscalía tiene plena facultad para iniciar investigación respecto de cualquier ciudadano incluido un ex fiscal, puesto que constitucionalmente es una de las cargas que se debe soportar por al hacer parte de un Estado de derecho; otro sería el análisis si el señor Mejía hubiese estado privado de la libertad, sin embargo ello no ocurrió.
Concluyó diciendo que no se encuentra probada la responsabilidad de la Nación —Fiscalía General de la Nación—, como quiera que de la reseña del proceso penal no se verifica la existencia de alguna actuación indebida durante el trámite o alguna dilación injustificada del mismo, por el contrario, se demostró que los fiscales del caso ordenaron, en la etapa de investigación previa como en la instructiva, las pruebas que fueron necesarias para aclarar los fundamentos de hecho de la denuncia y así aclarar la situación jurídica del señor Jaime Mejía Castillo.
2.4. La apelación contra la sentencia.
Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación el 27 de abril de 2012(3), en el que solicitó la revocatoria de la misma.
Sostuvo el recurrente que de las pruebas que obran en el expediente se puede advertir que durante el trámite de la investigación penal de que fue objeto el señor Mejía Castillo, se dio falla del servicio en la administración de justicia y desviación de poder al tardar el proceso tanto tiempo, y tener al procesado en entre dicho, ya que no cometió el punible de que fue acusado.
Adujo que está plenamente demostrado en el proceso, que la mora no debió existir, y que le es imputable a entidad demandada, dada su inactividad probatoria por ausencia de prueba directa que indicara que el actor hubiera cometido el delito por el que fue acusado y que el señor Mejía no estaba en el deber de soportar las fallas de la administración de justicia que lo privaron de la tranquilidad, y generaron el desasosiego en que se encontró por tener en su contra un proceso penal.
Por último, hizo referencia a diversas sentencias que esta Corporación ha proferido en caso de privación injusta de la libertad y, solicitó que dando aplicación a lo dicho en ellas, se revoque la decisión de primera instancia.
El 30 de mayo de 2012(4), el a quo concedió el recurso de apelación ante el Consejo de Estado.
2.5. Trámite en segunda instancia.
El 24 de octubre de 2012(5), se admitió el recurso de apelación interpuesto.
El 3 de diciembre de la misma anualidad(6), se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.
El Ministerio Público y la parte actora guardaron silencio.
La Nación —Fiscalía General de la Nación— alegó de conclusión el 1º de febrero de 2013(7), mediante escrito en el que reiteró los argumentos expuestos a lo largo del plenario e hizo hincapié en que era deber de la entidad adelantar la investigación teniendo en cuenta los señalamientos que se habían hecho en contra del señor Mejía castillo; pero que esta se llevó a cabo con la observancia de las normas legales y constitucionales vigentes para la época. Que se colige de lo actuado, que no existió falla en el servicio de la administración de justicia ni error judicial, toda vez que la investigación es una carga que el administrado está obligado a soportar, y la entidad en el deber desplegara, pues es esta precisamente su función.
El proceso fue remitido a este Despacho por compensación el día 20 de marzo de 2013(8), con la anotación de Secretaría, que se encontraba para proferir sentencia.
La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los Tribunales Administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(9).
La acción de reparación directa estaba vigente al momento de la presentación del libelo introductorio, toda vez que la providencia que precluyó la investigación a favor del señor Jaime Enrique Mejía Castillo, fue proferida el 20 de diciembre de 2006, y comoquiera que la demanda de la referencia se presentó el 15 de diciembre de 2008(10), se colige que no operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción; por ende, se acudió ante la jurisdicción dentro de la oportunidad prevista por el ordenamiento.
La legitimación en la causa. El señor Jaime Enrique Mejía Castillo fue la persona contra quien se adelantó la investigación que dio origen a este proceso, como se evidencia de la resolución de preclusión que se aportó como prueba. De igual manera, se acredita la calidad de cónyuge supérstite de la señora Zaira Yadira Martínez de Mejía, quien aporta el registro civil de matrimonio y el certificado de defunción del señor Mejía Catillo(11).
Las señoras Zaira Inés y Ana Susley Mejía Martínez, quienes demanda en su condición de hijas del señor Mejía Castillo, probaron el parentesco con el respectivo registro civil(12).
Así las cosas, puesto que “el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de parentesco con los progenitores de una persona, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto”(13); y es criterio reiterado y pacífico en esta Corporación, que la acreditación del parentesco constituye un indicio para la configuración del daño moral en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, y en atención a que se allegaron los respectivos documentos, se entiende acreditada la legitimación en la causa por activa.
Para el caso de la parte demandada, está legitimada la Nación que es la persona jurídica llamada a responder por las pretensiones reclamadas y que devienen de los hechos expuestos en la demanda, representada por la Fiscalía General de la Nación, órgano que adelantó la investigación por la que se pretende la respectiva indemnización y a la que se le imputa la falla del servicio.
La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos, para presentar, de un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y de otro, las actuaciones u omisiones que endilga a las demandadas y en cuya virtud les imputa la responsabilidad que pide, sea declarada en esta sentencia. En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria que esa parte soportaba, y por tanto, el estudio de los hechos probados lo hará la Sala en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño, y hechos relativos a la imputación.
El daño(14) entendido como el atentado material contra una cosa o persona, lo hace consistir la parte demandante en la alteración de la tranquilidad y el derecho al sosiego que padeció el señor Jaime Enrique Mejía Castillo, en razón a la presunta persecución por la investigación a la que se vio sometido y que superó los términos establecidos para ello.
Los hechos en los que concretó la parte actora este daño, pretende acreditarlos de la siguiente manera:
3.2.1.1. El padecimiento sufrido por el señor Jaime Enrique Mejía Castillo por la persecución y la demora a que se vio sometido durante la investigación de que fue objeto, por el presunto de prevaricato por acción, con los siguientes documentos que allegó el actor, como anexos de la demanda, y los que se fueron aportados válidamente al proceso.
— Copia simple de la resolución fechada veinte (20) de diciembre de dos mil seis (2006)(15), por medio del cual la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena - Fiscalía Tercera, califica el mérito sumarial seguido contra el señor Jaime Enrique Mejía Castillo y decide precluir la investigación(16).
— Copia autentica de la actuación surtida por la Fiscalía Tercera Delegada, fechada veintiséis (26) de mayo de dos mil tres (2003), por medio de la cual da apertura a la investigación previa, para investigar las irregularidades puestas en conocimiento a través de la denuncia 11.8982, por lo que ordena escuchar en versión libre a los señores Jaime Enrique Mejía Castillo y Álvaro Lora Herrara(17).
— Copia autentica de la actuación surtida por la Fiscalía Tercera Delegada, fechada quince (15) de abril de dos mil cinco (2005), por medio de la cual define la investigación previa; por lo que procede a decretar apertura formal de instrucción en contra del señor Jaime Enrique Mejía Castillo por el presunto delito de prevaricato por acción, se inhibe respecto de las otras conductas puestas en conocimiento e investigadas a éste y, profiere resolución inhibitoria en lo que se refiere a la investigación en contra del señor Álvaro Lora Herrara(18).
En cuanto a las pruebas que la Sala valorará, se advierte que se allegó copia de la totalidad de la investigación adelantada contra el señor Jaime Enrique Mejía Castillo por el presunto delito de prevaricato por acción, de las cuales ya se citaron algunas.
Estos documentos fueron allegados válidamente al proceso, toda vez que fueron decretados por el Tribunal Administrativo de Bolívar en primera instancia mediante auto del veinticinco (25) de junio de dos mil diez (2010)(19), y respecto de ellos se surtió el principio de contradicción.
Se ha afirmado por la jurisprudencia de esta Subsección que otro de los presupuestos para la valoración de la prueba trasladada consiste en que la parte demandada dentro del proceso contencioso administrativo se allana de forma incondicional a la solicitud de pruebas presentada por los actores en el respectivo proceso y cuando las partes de forma conjunta solicitan o aportan los testimonios practicados en la investigación disciplinaria(20).
Y a su vez, se ha indicado mediante sentencia de unificación que en los casos en los que las partes guardan silencio frente a la validez y admisibilidad de dichos medios de convicción trasladados, y al tratarse de un proceso que se adelanta contra una entidad del orden nacional, en el que se pretenden hacer valer los testimonios que, con el cabal cumplimiento de las formalidades procesales, han sido recaudados por otra entidad del mismo orden, se debe entender que al ser la persona accionada la Nación, es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que lleva a que, por ser testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el posterior proceso, son plenamente susceptibles de valoración, de acuerdo con la hermenéutica más estricta que puede hacerse de las formalidades preceptuadas en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil(21).
Lo anterior cobra todavía mayor fuerza si se tiene de presente que, en virtud del principio de colaboración que rige a todas las entidades del Estado, a estas se les exige que las actuaciones llevadas a cabo sean conocidas por aquellas otras que puedan tener un interés directo o indirecto en el resultado, sobre todo si se trata de entes estatales del mismo orden, de tal suerte que una descoordinación en las actividades de los entes estatales no puede recaer sobre los administrados, quienes en varias ocasiones presentan dificultades para recaudar y aportar al proceso contencioso administrativo las pruebas adelantadas en los respectivos trámites administrativos llevados a cabo por las respectivas entidades(22).
Teniendo en cuenta lo anterior, se le dará valor probatorio a las copias de la investigación aportadas al expediente de la referencia, toda vez que ésta fue adelantada por la entidad demandada en el caso sub examine, es decir, por la Nación - Fiscalía General de la Nación, por ende, la parte contra quien se aduce fue la que las practicó, y de acuerdo con la posición unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, se debe concluir que es la misma persona jurídica que la practicó en aquella oportunidad y la que es demandada en este asunto y contra quien se pretenden hacer valer.
En ese entendido, se encuentra probado que al señor Jaime Enrique Mejía Castillo —para la época de los hechos tenía la calidad de Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cartagena— se le inició investigación dada la denuncia instaurada el día 8 de mayo de 2003, por parte del señor Álvaro Lora Herrera, también fiscal delegado(23), quien puso en conocimiento de la autoridad competente la ocurrencia de irregularidades que consideró, debían ser investigadas y determinar así, si se había cometido una conducta punible.
La Fiscalía Tercera Delegada, a quien correspondió por reparto el conocimiento del asunto, decidió iniciar investigación previa en contra de los dos funcionarios toda vez que las denuncias fueron reciprocas e instauradas en la misma fecha. Posteriormente, se inhibió en cuanto de la investigación adelantada contra el señor Lora Herrera y, de conocer respecto de algunas conductas que se le endilgaban al señor Mejía Castillo, pero abrió investigación contra éste último por el presunto de prevaricato por acción.
3.2.2. Sobre las pruebas de la imputación.
Además de las pruebas referidas en el acápite del daño, se demostró con los elementos aportados al expediente que:
— Que el día ocho (8) de mayo de dos mil tres (2003) se presentó denuncia por parte del Fiscal Álvaro Lora Herrera, contra el también Fiscal Mejía Castillo, aduciendo la presencia de personas ajenas a la institución que estaban manipulando las carpetas de una investigación, y que el fiscal Mejía pretendía adelantar una conciliación en un asunto que no estaba asignado a éste, desbordando sus funciones y competencias. De igual manera, el Fiscal Mejía el mismo día instauró a su vez, denuncia contra el Fiscal Lora Herrera y contra la Personera Delegada en lo Penal ante la Unidad de Fiscalías Local de Magangué, aduciendo que éstos irrumpieron en su despacho y levantaron un acta en la que dejaron constancia de hechos y situaciones que no se ajustaban a la realidad(24).
— Mediante los oficios de fecha 14 y 23 de mayo de 2003 se evidencia el trámite que se dio a cada una de las denuncias puestas en conocimiento del ente investigador, para que se procediera a dar el impulso correspondiente a las mismas(25).
— Mediante los oficios de fecha 27, 28 de mayo y 10 de junio de 2003 se procedió al recaudo de algunas pruebas que se habían ordenado en la resolución que abrió la investigación previa(26).
— El señor Mejía Castillo mediante escrito de fecha 8 de junio de 2003, formuló demanda de parte civil, y en escrito aparte solicitó al funcionario de conocimiento que se inhibiera o precluyera la investigación según correspondía(27).
— Posteriormente, mediante escrito de fecha 28 de agosto de 2003, el señor Mejía solicitó al Consejo Superior de la Judicatura, que remitiera con destino a la investigación, copia de las pruebas practicadas dentro de la investigación disciplinaria adelantada ante éste, solicitud que fue reiterada el día 18 de septiembre del mismo año(28).
— Mediante memorial de fecha 24 de septiembre de 2003, el señor Mejía Castillo solicitó a la fiscal de conocimiento que le permitiera participar en la práctica de las pruebas y por ende, hacer preguntas a quienes fueran a declarar(29).
— El 18 de febrero de 2004 presentó dos nuevos memoriales, uno solicitando el archivo de las diligencias, el otro solicitando que se decretaran varios testimonios y que se comisionara para ello al Juzgado Penal del Circuito Único de Magangué(30).
— Mediante escrito de fecha 25 de junio de 2004, solicitó el señor Mejía Castillo, el cambio de radicación del expediente(31).
— Entre los días 9 de noviembre y 23 de diciembre de 2004, se atendió el escrito solicitando el cambio de radicación, se decretaron algunas pruebas, y el comisionado para ello avocó el conocimiento y fijó fecha para la recepción de algunos testimonios, librando las respectivas boletas de citación(32).
— Mediante escrito de fecha 23 de diciembre de 2004 el citado José Antonio Vargas, en su calidad de delegado del Fiscal General de la Nación en el cargo de Fiscal Local, manifestó que no estaba obligado a comparecer, sino que conforme al artículo 127 del Código de Procedimiento Civil, debía rendir certificación jurada(33).
— Obra en el plenario las declaraciones juradas que fueron recibidas durante la investigación, y el oficio que envió el Fiscal Alejandro Navarrete en el que informa la imposibilidad de asistir porque en esa fecha estaba recibiendo unas diligencias de indagatoria(34).
— Obra oficio de fecha 2 de diciembre de 2004, suscrito por el Técnico Judicial II de la Fiscalía Tercera Delegada en el que deja constancia que no se pudo llevar acabo la diligencia de versión libre del señor Mejía Castillo, por cuanto éste no se hizo presente, por lo que mediante proveído del 14 de diciembre de 2004 se fijó nueva fecha para recepcionar la versión libre, el día 21 de enero de 2005, librándose las respectivas citaciones(35).
— El día 21 de enero de 2005 se hizo presente para la diligencia el señor Mejía, no obstante, esta no se pudo realizar por inconvenientes de salud de quien iba a recibir la declaración, razón por la cual se fijó nueva fecha para el día 25 de febrero de 2005. La diligencia se adelantó de manera efectiva en la fecha, y en ella, el señor Mejía adujo las razones por las que consideraba que había actuado conforme a derecho. Asimismo, en la fecha fijada se recibió la versión libre del señor Lora Herrera(36).
— Mediante memoriales de fecha 25 de febrero y 11 de marzo de 2005, el señor Mejía solicitó que se declarara la nulidad de todo lo actuado. Estas solicitudes que fueron despachadas de manera desfavorable mediante proveído del 15 de marzo del mismo año, en el que además se decidió sobre la investigación previa, inhibiéndose de continuar respecto del señor Lora Herrera y, también, en cuanto a algunas conductas que se le endilgaban al señor Mejía Castillo, al tiempo que decidió abrir formal instrucción contra éste último, por el presunto delito de prevaricato por acción(37).
— Contra esta decisión, el señor Mejía presentó recurso de apelación, surtiéndose por parte de la Fiscalía los traslados de ley. Mediante proveído del 20 de mayo de 2005 se concedió en el efecto suspensivo el recurso, y el día 24 se remitió el expediente para que se decidiera la alzada(38).
— Abierta la instrucción, se procedió a decretar la indagatoria del señor Mejía Castillo, así como otras pruebas, librando los respectivos oficios. Ahora, mediante memorial del 20 de mayo el sindicado solicitó que no se practicara prueba alguna sin que previamente y con el tiempo debido, se le informara para él poder participar en ellas. Esta petición se resolvió informándole que se había comisionado para la práctica, a la Fiscal Seccional 23 con sede en Magangué(39).
— De igual manera durante este trámite, se adelantó una inspección judicial ante el Consejo Superior de la judicatura, al expediente disciplinario que se había adelantado en contra del señor Mejía(40).
— Para el momento en que se debía adelantar la diligencia de indagatoria, el señor Mejía presentó un escrito informando que no podía asistir por cuanto presentaba problemas de espalda, razón por la cual, mediante auto de fecha 23 de junio de 2005, la fiscal del caso fijó como nueva fecha para su recepción, el 10 de agosto y advirtió la necesaria comparecencia con defensor(41).
— El 25 de junio de 2005, el señor Mejía presentó un nuevo escrito de nulidad. Y, mediante memorial del 29 del mismo mes, presentó recurso de apelación contra la decisión del 23 de junio de 2005. Estos escritos fueron resueltos mediante proveído del 30 del mismo mes y año, considerando que el recurso era improcedente. Contra esta decisión presentó queja mediante escrito del 8 de julio(42).
— El día 15 de julio de 2005 se ordenó remitir la actuación al superior para lo de su competencia, la cual fue cumplida el día 18 inmediatamente siguiente(43).
— Posteriormente, el señor Mejía manifestó nuevamente que no podía asistir a la indagatoria porque continuaba con los problemas de espada. Después, mediante escrito del 4 de agosto de 2005, solicitó que se comisionara a la Fiscal con sede en Santa Ana Magdalena, para que recepcionara la indagatoria y, en otro memorial solicitó nuevamente nulidad, esta vez a partir de que se abrió el sumarial y asimismo, de las pruebas que se habían allegado al plenario, hasta tanto se le escuchara en indagatoria(44).
— Mediante auto de 26 de agosto de 2005, la Fiscal rechazó la solicitud de nulidad y advirtió su extrañeza por la solicitud del comisorio por no poder desplazarse dados los quebrantos de salud, cuando se evidencia que ha presentado varios memoriales de manera personal en este despacho(45).
— Mediante auto de fecha 15 de diciembre de 2005, se resolvió la solicitud de copias, y ordenó algunas actuaciones necesarias para continuar con el sumario(46).
— Contra el anterior proveído, el señor Mejía presentó recurso de apelación en dos oportunidades —21 y 22 de septiembre de 2005—, a los que se les dio el trámite correspondiente conforme se evidencia en el plenario(47).
— La Fiscal de conocimiento revocó la decisión y consideró que no era necesario darle trámite a los recursos de reposición y apelación, y en consecuencia, dispuso librar despacho comisario para que se tomara la indagatoria ante la unidad de Fiscalía Delegada antes los Jueces Penales Municipales de Talaigua nuevo Bolívar, Unidad localizada en proximidades al municipio de Santa Ana Magdalena(48).
— El día 7 de septiembre de 2006 se recibió indagatoria al Señor Castillo, asistido por su defensor, ante la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena. Posteriormente se corrió traslado por ocho (8) días a los sujetos procesales, por lo que el señor Mejía presentó el respectivo escrito descorriendo el traslado y presentado los argumentos del caso(49).
— Por último, mediante resolución de fecha veinte (20) de diciembre, se decidió precluir la investigación adelantada en contra del señor Jaime Enrique Mejía Castillo, por el presunto punible de prevaricato por acción, en consideración a que la conducta desplegada por éste era atípica.
3.3. Asuntos a consideración de la Sala.
Teniendo en cuenta el objeto de los recursos de apelación y el alcance del mismo, se tiene que el caso sub judice se centra en los siguientes planteamientos:
— ¿Existe responsabilidad patrimonial extracontractual de la demandada por los daños irrogados con ocasión de la investigación de que fue objeto el sindicado por el presunto punible de prevaricato por acción, la cual terminó con preclusión, pero superó los términos establecidos en la norma para ello?
3.4.1. El daño antijurídico.
Para los fines que interesan al Derecho, el daño puede ser entendido como la aminoración o alteración negativa de un interés humano objeto de tutela jurídica, en razón del cual, el derecho facilita la reacción de quien lo padece en orden a la reparación o compensación de su sacrificio.
Como puede advertirse, el daño incorpora dos elementos: uno, físico, material, y otro jurídico, formal.
El elemento físico o material, consiste en la destrucción o el deterioro que las fuerzas de la naturaleza, actuadas por el hombre, provocan en un objeto apto para satisfacer una necesidad, tal y como ocurre cuando se lesiona, por ejemplo, la relación del hombre con objetos físicos aptos para satisfacer sus necesidades, cuando se lesionan relaciones que el hombre ha trabado con otros hombres y que le son aptas para satisfacer sus necesidades, cuando se lesiona la propia corporeidad o la existencia misma del hombre, útiles como le resultan para satisfacer necesidades propias. En todos, y en cualquiera de estos casos, se habrá causado un daño en el plano fáctico, pero insuficiente per se, para la configuración del daño, en sentido jurídico.
El segundo elemento, el elemento formal, se verifica en el plano jurídico, sí y solo sí, se acreditan los siguientes supuestos adicionales al elemento material:
a) Que la lesión, recaiga sobre un interés jurídicamente tutelado;
b) Que la lesión no haya sido causada, ni sea jurídicamente atribuible a la propia víctima;
c) Que la lesión tenga consecuencias ciertas, en el patrimonio económico o moral de la víctima;
d) Que no exista un título legal conforme al ordenamiento constitucional, que justifique, que legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado (en abstracto), esto es, que la víctima no esté jurídicamente obligada, en las condiciones particulares y concretas en que sufrió la lesión, a soportar sus consecuencias.
Así las cosas, en orden a la reparación, no basta con la acreditación de la lesión material de un interés en el plano fáctico. Tampoco basta con la demostración de la lesión de un interés jurídicamente protegido, pues en tal caso, se habrá configurado un mero daño evento. Se hace necesario, que el daño produzca efectos personales y ciertos en los intereses jurídicamente tutelados de la víctima; que tal daño no tenga causa, o autoría en la víctima; y que no existe un título legal que conforme al ordenamiento constitucional, legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado, esto es, que la víctima no esté obligada a soportar sus consecuencias.
Reunidos los dos elementos, y acreditados los supuestos del elemento jurídico, puede decirse que se encuentra probado el daño antijurídico.
El daño, considerado como el primer elemento de la responsabilidad(50), lo hace consistir la parte demandante en la alteración de la tranquilidad y el derecho al sosiego que padeció el señor Jaime Enrique Mejía Castillo, en razón a la presunta persecución por la investigación a la que se vio sometido y que superó los términos establecidos para ello.
Para determinar el daño, se tiene que la Fiscalía Tercera Delegada a quien correspondió por reparto el conocimiento del asunto, decidió iniciar investigación previa en contra de los funcionarios Jaime Enrique Mejía Castillo y Álvaro Lora Herrera, toda vez que las denuncias fueron reciprocas e instauradas en la misma fecha.
Como dicha decisión data del veintiséis (26) de mayo de dos mil tres (2003)(51), mediante proveído de fecha quince (15) de abril de dos mil cinco (2005) decidió la investigación previa ordenando apertura formal de instrucción respecto del señor Jaime Enrique Mejía Castillo por el presunto punible de prevaricato por acción, entre otras, y se calificó el mérito sumarial mediante providencia de fecha veinte (20) de diciembre de dos mil seis (2006), es evidente que la fiscalía superó los términos establecidos en la Ley 600 de 2000 —vigente para la época de los hechos—, toda vez que de conformidad con el artículo 325 para la investigación previa contaba con un término de seis (6) meses y atendiendo a lo dispuesto en el 323 ibídem, para la instrucción contaba con 18 meses, como quiera que se trataba de un solo sindicado y una sola conducta la que se le imputaba, es decir, que el tiempo total con que contaba el ente investigador era de dos (2) años, y para adelantar la investigación en contra del señor Jaime Enrique Mejía Castillo, contando desde el inicio de la previa hasta la fecha en que se precluyó la investigación, tardó más de tres (3) años.
Establecido entonces, que se superaron los términos que la norma contempla para adelantar la investigación hasta la etapa que llegó, corresponde a la Sala determinar si está probado el primer elemento de la responsabilidad está —el daño y su antijuridicidad—, pues esta sola circunstancia no permite concluir que esté configurado, toda vez que nos encontrarnos en un Estado de derecho(52) y en razón a ello toda persona está expuesta a ser investigada penalmente, y la autoridad competente en el deber de adelantar la investigación cuando ha tenido conocimiento de unos hechos que lo ameritan, como lo dispone la ley penal.
La Fiscalía General de la Nación, según lo normado en el artículo 250 de la Constitución Nacional, está “obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo”, de lo que se colige que a todos los ciudadanos por igual, el ordenamiento jurídico les impone la carga de soportar una investigación penal cuando medien motivos y circunstancias fácticas que muestren la posible existencia del delito y la responsabilidad del sindicado, lo cual, per se, no implica la vulneración de la presunción de inocencia o el debido proceso.
Alude la parte accionante que le es imputable el daño a la entidad accionada —Nación - Fiscalía General de la Nación—, por cuanto el retardo en adelantar las diligencia en la investigación seguida contra el señor Jaime Enrique Mejía Castillo, implica un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Asimismo aduce que se da error judicial, por cuanto no debió iniciarse la investigación toda vez que esta culminó con preclusión, en atención a las mismas pruebas con las que inició la actuación previa.
Para el caso, es necesario precisar que en vigencia de la Ley 600 de 2000, la Fiscalía General de la Nación(53) estaba investida de función jurisdiccional por lo tanto era pasible de ser cuestionada tanto por error judicial, como por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, conforme a lo establecido en los artículos 67, 69 y 70 de la Ley 270 de 1996.
Ahora, el artículo 26 de la ley 600 de 2000, disponía que “La acción penal corresponde al Estado y se ejerce por la Fiscalía General de la Nación durante la etapa de la investigación y los jueces competentes durante la etapa del juzgamiento; …”.
Por su parte, el artículo 27 señalaba que toda persona estaba en el deber de denunciar a la autoridad las conductas punibles de cuya comisión tuviese conocimiento y que debieran ser investigadas de oficio. En cuanto al servidor público que fungía como Fiscal, le imponía la obligación de iniciar y adelantar sin tardanza la investigación que por cualquier medio conociera, de la comisión de una conducta punible que deba investigarse de oficio, si tuviere competencia para ello; en caso contrario, debía ponerla inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente.
De otra parte, la investigación previa, que era anterior al proceso penal propiamente como tal, y perseguía determinar si había o no lugar a la acción penal; se consideraba contingente y sólo era viable y necesaria en caso de duda sobre la procedencia de la apertura de la instrucción. En esos términos, se surtía para determinar si había tenido ocurrencia la conducta que por cualquier medio hubiese llegado a conocimiento de las autoridades, si estaba definida en la ley penal como punible, si se había actuado al amparo de una causal de ausencia de responsabilidad, y si se cumplía con el requisito de procesabilidad para iniciar la acción penal y para recaudar las pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de la conducta punible.
Ahora, en la demanda se alegó que hubo un retardo en el trámite procesal, toda vez que la Fiscalía dejó transcurrir un lapso superior al contemplado para adelantar la investigación desde la previa hasta la instrucción, para posteriormente, de todas maneras, proceder a precluir, argumento que la parte actora reiteró en su recurso de alzada.
Según la jurisprudencia de esta Corporación, para efectos de determinar la responsabilidad del Estado por falla en el servicio derivada del retardo en adoptar decisiones judiciales, debe dilucidarse si ese retardo estuvo justificado o no, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal, sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión(54).
En ese sentido, y de conformidad con el material probatorio allegado al proceso, resulta necesario hacer un recuento de lo acontecido en el trámite de la investigación penal adelantada en contra del señor Jaime Enrique Mejía castillo.
Para el caso en estudio, fue, en razón al deber que tenía el funcionario de iniciar y adelantar la investigación cuando era de su conocimiento actuaciones que en un momento dado podían llegar a tener la connotación de punibles y a la esencia de lo que revestía la investigación previa, que la Fiscal asignada dio inició a la investigación previa contra los señores Jaime Enrique Mejía castillo y Álvaro Lora Herrera dentro del mismo trámite, pues éstos instauraron denuncias reciprocas y en la misma fecha.
Esta investigación, en lo que concierne al señor Mejía Castillo, tuvo origen en la denuncia que instauró el Fiscal Álvaro Lora Herrera en su contra, aduciendo la presencia de personas ajenas a la institución que estaban manipulando las carpetas de una investigación, y que el fiscal Mejía pretendía adelantar una conciliación en un asunto que no estaba asignado a éste, desbordando sus funciones y competencias.
De igual manera, el Fiscal Mejía, el mismo día, instauró denuncia contra el Fiscal Lora Herrera y contra la Personera Delegada en lo Penal ante la Unidad de Fiscalías Local de Magangué, aduciendo que éstos irrumpieron en su despacho y levantaron un acta en la que dejaron constancia de hechos y situaciones que no se ajustaban a la realidad(55).
Después de iniciada la investigación, durante el trámite se surtieron una serie de actuaciones, tales como: que mediante los oficios de fecha 27, 28 de mayo y 10 de junio de 2003 se procedió al recaudo de algunas pruebas que se habían ordenado en la resolución que abrió la investigación previa(56); Mejía Castillo mediante escrito de fecha 8 de junio de 2003, formuló demanda de parte civil, y en escrito aparte solicitó al funcionario de conocimiento que se inhibiera o precluyera la investigación según correspondía(57); mediante escrito de fecha 28 de agosto de 2003, solicitó al Consejo Superior de la Judicatura, que remitiera con destino a la investigación, copia de las pruebas practicadas dentro de la investigación disciplinaria adelantada ante éste, solicitud que fue reiterada el día 18 de septiembre del mismo año(58); el 24 de septiembre de 2003, solicitó a la fiscal de conocimiento que le permitiera participar en la práctica de las pruebas y por ende, hacer preguntas a quienes fueran a declarar; el 18 de febrero de 2004 presentó dos nuevos memoriales, uno solicitando el archivo de las diligencias, el otro solicitando que se decretaran varios testimonios y que se comisionara para ello al Juzgado Penal del Circuito Único de Magangué(59), y mediante escrito de fecha 25 de junio de 2004, solicitó el cambio de radicación del expediente(60); entre los días 9 de noviembre y 23 de diciembre de 2004, se atendió por parte del funcionario de conocimiento, el escrito solicitando el cambio de radicación, se decretaron algunas pruebas, y el comisionado para ello avocó el conocimiento, fijó fecha para la recepción de algunos testimonios y libró las respectivas boletas de citación(61); mediante escrito de fecha 23 de diciembre de 2004 el citado José Antonio Vargas, en su calidad de delegado del Fiscal General de la Nación en el cargo de Fiscal Local, manifestó que no estaba obligado a comparecer, sino que conforme al artículo 127 del Código de Procedimiento Civil, debía rendir certificación jurada(62). De igual manera, se aportaron al plenario las declaraciones juradas que fueron recibidas durante la investigación, y el oficio que envió el Fiscal Alejandro Navarrete en el que informa la imposibilidad de asistir porque en esa fecha estaba recibiendo unas diligencias de indagatoria(63).
Además de las anteriores, con oficio de fecha 2 de diciembre de 2004, suscrito por el Técnico Judicial II de la Fiscalía Tercera Delegada se deja constancia que no se pudo llevar acabo la diligencia de versión libre de Mejía Castillo, por cuanto éste no se hizo presente, por lo que mediante proveído del 14 de diciembre de 2004 se fijó como nueva fecha para recepcionar la versión libre, el día 21 de enero de 2005, librándose las respectivas citaciones; fecha para la que se hizo presente, no obstante esta no se pudo realizar por inconvenientes de salud de quien iba a recibir la declaración, razón por la cual se fijó nueva fecha para el día 25 de febrero de 2005. Diligencia que efectivamente se adelantó en la fecha, y en la que Mejía Castillo adujo las razones por las que consideraba que había actuado conforme a derecho.
Luego, mediante memoriales de fecha 25 de febrero y 11 de marzo de 2005, el señor Mejía solicitó que se declarara la nulidad de todo lo actuado. El funcionario competente resolvió la solicitud de manera desfavorable mediante proveído del 15 de marzo del mismo año, en el que además decidió sobre la investigación previa, inhibiéndose de continuar respecto del señor Lora Herrera y, también en cuanto a algunas conductas que se le endilgaban a Mejía Castillo, y decidió abrir formal instrucción contra éste último, por el presunto delito de prevaricato por acción(64).
Contra la decisión de abrir instrucción por el presunto punible de prevaricato por acción, el señor Mejía presentó recurso de apelación. Una vez se surtieron los traslados de ley, mediante proveído del 20 de mayo de 2005 se concedió en el efecto suspensivo el recurso, y el día 24 se remitió el expediente para que se decidiera la alzada(65).
Abierta la instrucción, se procedió a decretar la indagatoria de Mejía Castillo, así como otras pruebas, librando los respectivos oficios. Ahora, mediante memorial del 20 de mayo el sindicado solicitó que no se practicara prueba alguna sin que previamente y con el tiempo debido, se le informara para él poder participar en ellas. Petición que se resolvió informándole que se había comisionado para la práctica, a la Fiscal Seccional 23 con sede en Magangué(66).
De igual manera durante este trámite, se adelantó una inspección judicial ante el Consejo Superior de la judicatura, al expediente disciplinario que se había adelantado en contra del señor Mejía(67).
Para el momento en que se debía adelantar la diligencia de indagatoria, el señor Mejía presentó un escrito informando que no podía asistir por cuanto presentaba problemas de espalda, razón por la cual, mediante auto de fecha 23 de junio de 2005 la fiscal del caso fijó como nueva fecha para su recepción, el 10 de agosto y advirtió la comparecencia con defensor(68).
El 25 de junio de 2005, el señor Mejía presentó un nuevo escrito de nulidad y, mediante memorial del 29 presentó recurso de apelación contra la decisión del 23 de junio de 2005; escritos que fueron resueltos mediante proveído del 30 del mismo mes y año, considerando que el recurso era improcedente. Contra esta decisión presentó queja mediante escrito del 8 de julio. El 15 de julio se ordenó remitir la actuación al superior para lo de su competencia, la cual fue cumplida el 18 siguiente(69).
Posteriormente, el señor Mejía manifestó nuevamente que no podía asistir a la indagatoria porque continuaba con los problemas de espada. Después, mediante escrito del 4 de agosto de 2005, solicitó que se comisionara a la Fiscalía con sede en Santa Ana Magdalena, para que recepcionara la indagatoria y, en otro memorial solicitó nuevamente nulidad, esta vez a partir de que se abrió el sumarial y asimismo, de las pruebas que se habían allegado al plenario, hasta tanto se le escuchara en indagatoria(70).
La Fiscal del caso rechazó(71) la solicitud de nulidad, y advirtió que le causa extrañeza la solicitud del comisorio por no poder desplazarse dados los quebrantos de salud, cuando se evidencia que ha presentado varios memoriales de manera personal en este despacho. Luego, mediante auto de fecha 15 de diciembre de 2005, se resolvió la solicitud de copias, y ordenó algunas actuaciones necesarias para continuar con el sumario.
Contra el anterior proveído, el señor Mejía presentó recurso de apelación en dos oportunidades —21 y 22 de septiembre de 2005—, a los que se les dio el trámite correspondiente conforme se evidencia en el plenario(72). No obstante, la Fiscal de conocimiento revocó la decisión y consideró que no era necesario darle trámite a los recursos de reposición y apelación, en consecuencia, dispuso librar despacho comisario para que se tomara la indagatoria ante la unidad de Fiscalía Delegada antes los Jueces Penales Municipales de Talaigua nuevo Bolívar, la cual queda cerca al municipio de Santa Ana Magdalena.
Finalmente, el día 7 de septiembre de 2006 la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena, recibió indagatoria al señor Mejía, quien estuvo asistido por su defensor. Posteriormente se corrió traslado por ocho (8) días a los sujetos procesales, término durante el cual el señor Mejía presentó el respectivo escrito(73).
Por último, mediante resolución de fecha veinte (20) de diciembre, decidió precluir la investigación adelantada en contra de Jaime Enrique Mejía Castillo, por el presunto punible de prevaricato por acción, en consideración a que la conducta desplegada por éste era atípica.
Como se puede observar, Jaime Enrique Mejía Castillo presentó recursos y elevó distintas solicitudes a la Fiscalía durante el trámite de la investigación, los cuales fueron resueltos en su oportunidad por el ente investigador. Igualmente, resulta oportuno destacar la complejidad del asunto, puesto que, además de que inicialmente se estaban investigando varias conductas y eran dos los sindicados, se presentó una demanda de constitución de parte civil, se practicaron todas las pruebas necesarias para esclarecer el asunto y se dio trámite a todas y cada una de las solicitudes del señor Mejía, las cuales no fueron pocas, así como también hubo la necesidad de fijar varias fechas para recepcionar las declaraciones, la indagatoria, además de las distintas comisiones que se ordenaron y que requerían para su trámite, de actuaciones que precisaban de mayor tiempo que si se hubiese practicado ante la Fiscal de conocimiento.
Las anteriores circunstancias indican que, si bien la investigación superó los términos contemplados en la Ley 600 de 2000, ello obedeció a las diversas actuaciones surtidas durante ese trámite y a la complejidad del asunto, eventos que justifican el presunto retardo para adoptar la decisión de cierre de la investigación.
La prolongación de los términos de la instrucción previstos en la ley, no corresponde censurarlos de modo objetivo, de manera tal que solo se tenga en cuenta el momento a partir del cual se contabilizan los lapsos para adelantar tal fase del proceso y hasta su finalización, para dar por hecho que se generó un daño y que este se torna antijurídico.
El plazo que se tomó la Fiscalía para cerrar la etapa investigativa encuentra justificación en el desarrollo exhaustivo de la investigación cuya pretensión no era otra que recaudar la totalidad de las pruebas, por manera que el término legal para cerrarla no fue desconocido de forma irracional e injustificada. En el sentir de la Sala, la Fiscalía no podía, en aras de adelantar la investigación dentro del término exacto que establece la norma, dejar de practicar pruebas, de resolver las solicitudes del señor Mejía o, de realizar las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos y así, establecer la verdad.
Por último, siendo las copias del proceso penal, las únicas pruebas aportadas al plenario para probar el daño aducido por la parte demandante y que lo hizo consistir en la alteración de la tranquilidad y el derecho al sosiego que padeció Jaime Enrique Mejía Castillo, en razón a la presunta persecución por la investigación, la Sala concluye que en el presente caso no están dadas las condiciones para predicar responsabilidad a cargo de la Nación - Fiscalía General de la Nación, como quiera que está claro que Jaime Enrique Mejía Castillo estaba en el deber de soportar la investigación que se adelantó en su contra y que no existen más elementos de juicio que permitan dar por probado el daño, por la orfandad probatoria de que goza el plenario, y al no acreditarse la existencia del daño, que es el primer elemento para que se pueda imputar responsabilidad al Estado, resulta inane continuar con el juicio de imputación.
Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, de fecha dieciséis (16) de marzo de dos milo doce (2012), por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.
3.5. Sobre las Costas.
1. CONFIRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
2. Sin condena en costas, por lo expuesto en la motiva.
Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, presidente.—Jaime Enrique Rodríguez Navas.—Guillermo Sánchez Luque.
(1) Folios 102 a 137 del cuaderno principal.
(2) Folios 102 a 137 del cuaderno principal.
(3) Folios 137 a 146 del cuaderno principal.
(4) Folio 148 del cuaderno principal
(5) Folio 152 del cuaderno principal.
(6) Folio 154 del cuaderno principal.
(7) Folio 155 del cuaderno principal.
(8) Folio 182 del cuaderno principal.
(9) La Ley 270 de 1996 —vigente para el momento de interposición del recurso de apelación en el caso en estudio— desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, exp. 2008-00009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(10) Folio 17 del cuaderno principal.
(11) Folios 27 y 28 del cuaderno principal.
(12) Folios 25 y 26 del cuaderno principal.
(13) Consejo de Estado, sentencia de 7 de abril de 2011, exp. 20.750.
(14) En cuanto a la noción del daño, puede afirmarse que es el elemento común en toda clase de responsabilidad. Así, Arturo Valencia Zea ha definido “el daño como aquella lesión causada a los derechos subjetivos, teniendo de presente que estos últimos se identifican con los intereses o bienes de las personas protegidos jurídicamente contra las lesiones de los demás, o lo que es igual, contra los daños que provienen de actos ilícitos, y dentro de estos derechos subjetivos se deben entender no solo los bienes patrimoniales sino los de la personalidad (vida, cuerpo, salud, honor, etc.)”. Tomado de Derecho Civil, tomo III de las obligaciones, Arturo Valencia Zea y Álvaro Ortiz Monsalve, Décima edición, editorial Temis Obras Jurídicas, Bogotá, 2015, p. 229.
Juan Carlos Henao sostuvo que el daño es “toda afrenta a los intereses lícitos de una persona, ya sean derechos pecuniarios o no pecuniarios, derechos individuales o colectivos, que son presentados como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, en virtud de la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de ser reparado, si los otros requisitos de la responsabilidad civil se configuran”. Cita de la Responsabilidad Extracontractual del Estado, XVI Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, Editores Juan Carlos Henao y Andrés Fernando Ospina Garzón, Universidad Externado de Colombia, Colombia, septiembre de 2015, p. 35.
(15) De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Decreto 1 de 1984, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración. La Sala valorará los documentos presentados en copia simple, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2013, expediente 25022, C.P. Enrique Gil Botero, en la cual se estableció que las copias simples serían valoradas en “(…) los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”.
(16) Folio 18 a 24 del cuaderno principal.
(17) Folio 93 del cuaderno 3 de pruebas.
(18) Folio 240 del cuaderno 3 de pruebas.
(19) Folios 72 y 73 del cuaderno 1 del Tribunal.
(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de noviembre de 2016, rad. 19001-23 31-000-2010-00115-01, Nº interno 56282. Se cita la sentencia del 3 de diciembre de 2004, Nº interno 26737.
(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 11 de septiembre de 2013, rad. 41001-23-31-000-1994-07654-01, Nº interno 20601. También consultar sentencia de la Subsección C del 10 de noviembre de 2016, rad. 19001-23 31-000-2010-00115-01, Nº interno 56282.
(22) Ídem. Al respecto, el artículo 113 de la Constitución Política de 1991 señaló:
ART. 113.—Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.
Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines (negrillas fuera de texto).
(23) Como consta a folios 96 y 98 del cuaderno 3 de pruebas.
(24) Folios 1, 2, 92 y 64 a 66 del cuaderno 1 de pruebas.
(25) Folios 101 y 103 del cuaderno de pruebas 1.
(26) Folios 95 a 99, 104 a 110, 111-159 del cuaderno de pruebas 1.
(27) Folios 120 a 123 del cuaderno de pruebas 1.
(28) Folios 125, 126 y 130 del cuaderno de pruebas 1.
(29) Folio 173 del cuaderno de pruebas 1.
(30) Folios 174 a 181 del cuaderno de pruebas 1.
(31) Folios 182 a 186 del cuaderno de pruebas 1.
(32) Folios 187 a 201 del cuaderno de pruebas 1.
(33) Folio 202 del cuaderno de pruebas 1.
(34) Folios 203 a 211 del cuaderno de pruebas 1.
(35) Folios 212 a 215 del cuaderno de pruebas 1.
(36) Folio 216 y 222 a 228 del cuaderno de pruebas 1.
(37) Folios 230 a 253 del cuaderno de pruebas 1.
(38) Folios 254 a 271 del cuaderno de pruebas 1.
(39) Folios 1 a 11 del cuaderno de pruebas 2.
(40) Folios 12 a 106 del cuaderno de pruebas 2.
(41) Folios 98 a 101 del cuaderno de pruebas 2.
(42) Folios 102 a 123 del cuaderno de pruebas 2.
(43) Folios 128 a 130 del cuaderno de pruebas 2.
(44) Folios 143 a 148 del cuaderno de pruebas 2.
(45) Folios 183 a 185 del cuaderno de pruebas 2.
(46) Folios 256 a 259 del cuaderno de pruebas 2.
(47) Folios 192 a 196, 212 a 218 y 219 a 221 del cuaderno de pruebas 2.
(48) Folios 239 a 243 del cuaderno de pruebas 2.
(49) Folios 267 a 279 del cuaderno de pruebas 2.
(50) A su vez, Enrique Gil Botero ha dicho que el daño es un quebrantamiento a un interés legítimo, postura que superaba el concepto tradicional de comprenderlo como lesión a un derecho subjetivo y daba una visión omnicomprensiva y ecuménica del fenómeno dañoso, más allá de las limitaciones que suponía su circunscripción al estrecho ámbito del derecho subjetivo y que conllevaba al desconocimiento de realidades que clamaban por su resarcimiento. Tomado de Responsabilidad Extracontractual del Estado, de Enrique Gil Botero, Sexta Edición, Editorial Temis Obras Jurídicas, Bogotá, Colombia, 2013, pp. 37 y 38.
(51) Folio 93 del cuaderno 3 de pruebas.
(52) La Corte Constitucional ha dicho que: “La acepción Estado de derecho se refiere a que la actividad del Estado está regida por las normas jurídicas, es decir que se ciñe al derecho. La norma jurídica fundamental es la Constitución, lo cual implica que toda la actividad del Estado debe realizarse dentro del marco de la última. En esta situación se habla entonces de Estado constitucional de derecho”.
(53) El artículo 116 de la Constitución Política y el artículo 12 de la Ley Estatutaria de la administración de Justicia determinan quiénes ejercen funciones de administración de justicia. Esta última señala que la función jurisdiccional se ejerce como propia y habitual y de manera permanente por las corporaciones y personas dotadas de investidura legal para hacerlo, según se precisa en la Constitución Política y en la ley estatutaria, y se ejerce por la jurisdicción constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las jurisdicciones especiales tales como la penal militar, la indígena y la justicia de paz, y la jurisdicción ordinaria que conoce de todos los asuntos que no estén atribuidos expresamente por la Constitución o la ley a otra jurisdicción; por el Fiscal General de la Nación, el vicefiscal y los fiscales delegados ante las distintas jerarquías judiciales del orden penal, quienes ejercen las funciones jurisdiccionales que determine la ley.
(54) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de mayo de 2011, exp. 22322, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, postura reiterada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 26 de agosto de 2011, proferida dentro del expediente 27524, con ponencia del Consejero Hernán Andrade Rincón.
(55) Folios 1, 2, 92 y 64 a 66 del cuaderno 1 de pruebas.
(56) Folios 95 a 99, 104 a 110, 111-159 del cuaderno de pruebas 1.
(57) Folios 120 a 123 del cuaderno de pruebas 1.
(58) Folios 125, 126 y 130 del cuaderno de pruebas 1.
(59) Folios 174 a 181 del cuaderno de pruebas 1.
(60) Folios 182 a 186 del cuaderno de pruebas 1.
(61) Folios 187 a 201 del cuaderno de pruebas 1.
(62) Folio 202 del cuaderno de pruebas 1.
(63) Folios 203 a 211 del cuaderno de pruebas 1.
(64) Folios 230 a 253 del cuaderno de pruebas 1.
(65) Folios 254 a 271 del cuaderno de pruebas 1.
(66) Folios 1 a 11 del cuaderno de pruebas 2.
(67) Folios 12 a 106 del cuaderno de pruebas 2.
(68) Folios 98 a 101 del cuaderno de pruebas 2.
(69) Folios 128 a 130 del cuaderno de pruebas 2.
(70) Folios 143 a 148 del cuaderno de pruebas 2.
(71) Mediante auto de 26 de agosto de 2005.
(72) Folios 192 a 196, 212 a 218 y 219 a 221 del cuaderno de pruebas 2.
(73) Folios 267 a 279 del cuaderno de pruebas 2.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 177
 resolución 
 resolución 
 artículo 250
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 229
 resolución 
 artículo 127
 resolución 
 artículo 325
 artículo 250
 artículo 26
 artículo 27
 resolución 
 artículo 127
 resolución 
 artículo 168
 artículo 113
 artículo 116
 artículo 12