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Timestamp: 2019-05-21 17:10:35+00:00

Document:
Divorcio - Lituania
El matrimonio puede disolverse por mutuo acuerdo entre los cónyuges siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
ha transcurrido al menos un año desde que se celebró el matrimonio,
los cónyuges han firmado un acuerdo de divorcio (reparto de bienes, obligación de alimentos, etc.),
ambos cónyuges tienen plena capacidad jurídica.
En los casos previstos en este artículo, el divorcio se obtiene mediante procedimiento simplificado.
Se puede disolver un matrimonio si ambos cónyuges interponen una demanda ante el tribunal de distrito (apylinkės teismas) de su lugar de residencia, siempre y cuando se cumpla al menos una de las siguientes condiciones:
los cónyuges han estado separados durante más de un año,
uno de los cónyuges ha sido declarado jurídicamente incapacitado en virtud de una resolución judicial después de la celebración del matrimonio,
el paradero de uno de los cónyuges se reconoce como desconocido por resolución judicial,
uno de los cónyuges cumple condena en prisión durante más de un año por cometer un delito no premeditado.
Divorcio por culpa de uno o ambos cónyuges. Un cónyuge puede interponer una demanda de divorcio si el matrimonio ha fracasado por culpa del otro cónyuge. A un cónyuge se le declara culpable de la ruptura del matrimonio si ha incumplido de manera sustancial sus obligaciones matrimoniales tal y como se especifica en el libro III (Derecho de familia) del Código Civil de Lituania (Civilinis kodeksas), haciendo imposible, como resultado, la vida en común.
Se asume que un matrimonio ha fracasado por culpa del otro cónyuge si este ha sido condenado por un delito premeditado, o ha cometido adulterio, o se muestra violento con el otro cónyuge u otros miembros de la unidad familiar, o ha abandonado la unidad familiar y no se ha hecho cargo de ella durante más de un año.
El demandado en el proceso de divorcio puede negar su culpa y presentar pruebas que demuestren que el demandante es responsable de la ruptura del matrimonio. Una vez examinadas las circunstancias del caso, el tribunal puede declarar a los dos cónyuges culpables de la ruptura del matrimonio. Si el tribunal considera que ambos cónyuges son culpables de la ruptura del matrimonio, los efectos serán los mismos que en el caso de la disolución del matrimonio por mutuo acuerdo.
El matrimonio termina por fallecimiento de uno de los cónyuges o por ley. Se puede disolver un matrimonio por mutuo acuerdo entre ambos cónyuges, por interposición de demanda de uno de los cónyuges o por culpa de uno de ellos o de ambos.
El matrimonio se considera disuelto desde el día en que entra en vigor la sentencia de divorcio. Durante los tres días laborales siguientes a la entrada en vigor de la sentencia de divorcio, el tribunal debe enviar una copia de la sentencia a la oficina del registro civil local, que se encarga de hacer la inscripción de divorcio.
Tras el divorcio, los cónyuges podrán mantener su apellido matrimonial, o retomar el apellido que usaban antes de celebrar el matrimonio. Cuando el matrimonio se disuelve por culpa de uno de los cónyuges, el tribunal puede, a instancia del otro cónyuge, prohibir al cónyuge culpable mantener el apellido matrimonial, salvo cuando los cónyuges tienen hijos en común.
El reparto de la propiedad conyugal depende del régimen económico matrimonial, que puede ser establecido por ley o por contrato. En caso de que no exista contrato matrimonial, los bienes conyugales se regirán conforme al régimen económico legal. Los regímenes económicos matrimoniales se rigen por el capítulo VI de la parte III del libro III del Código Civil (Civilinis kodeksas).
Si la residencia matrimonial es propiedad de uno de los cónyuges, el tribunal puede determinar usufructo y permitir al otro cónyuge permanecer en dicho domicilio si los hijos menores siguen viviendo con él o ella tras el divorcio. El usufructo tiene validez hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad. Si la residencia matrimonial es alquilada, el tribunal puede trasladar la tenencia al cónyuge con el que los hijos vivirán, o al cónyuge que no está capacitado para trabajar, y puede desahuciar al otro cónyuge si se ha emitido una orden para vivir separados.
Al dictar sentencia en un caso de divorcio, el tribunal puede resolver también pagos de alimentos a un ex cónyuge que necesite ayuda, a menos que la obligación de alimentos haya sido resuelta en el acuerdo de divorcio redactado entre los cónyuges. Los cónyuges no tienen derecho a una pensión alimenticia si sus bienes o ingresos son suficientes para su plena manutención. El cónyuge necesita pensión alimenticia si se encarga de criar a un hijo menor del matrimonio, o si no está capacitado para trabajar, bien por edad o por motivos de salud. El cónyuge que no pudo obtener una titulación (acabar los estudios) debido al matrimonio y los intereses comunes de la familia o las necesidades de los hijos, tiene derecho a solicitar al ex cónyuge que sufrague los gastos necesarios para terminar sus estudios o para cursar formación de reconversión profesional.
El cónyuge culpable del divorcio no tiene derecho a pensión alimenticia.
A la hora de conceder la pensión alimenticia y determinar su cuantía, el tribunal debe tener en cuenta la duración del matrimonio, la necesidad de manutención, los bienes de ambos cónyuges, su estado de salud, edad o capacidad para trabajar, hasta qué punto un cónyuge desempleado es probable que encuentre empleo y otras circunstancias importantes.
Los pagos de la pensión se reducirán, solo se concederán por un tiempo limitado o serán rechazados en cualquiera de las siguientes circunstancias:
el matrimonio duró menos de un año,
el cónyuge que tiene derecho a manutención ha cometido un delito contra el otro cónyuge o sus familiares más próximos,
el cónyuge que tiene derecho a manutención atraviesa dificultades económicas como resultado de su propia conducta ilícita,
el cónyuge que solicita la pensión no contribuyó al crecimiento de los bienes comunes o dañó de forma deliberada los intereses del otro cónyuge o de la familia durante el matrimonio.
El tribunal puede exigir al ex cónyuge el pago de una pensión alimenticia al otro cónyuge, a fin de garantizar que cumplirá su obligación. La pensión se puede abonar a tanto alzado, en pagos mensuales regulares (plazos) o mediante transmisión de bienes.
Si un cónyuge interpone una demanda de divorcio por la incapacidad del otro cónyuge, el cónyuge que inicia el divorcio debe pagar el tratamiento y los cuidados del ex cónyuge incapacitado, a menos que estén cubiertos por las administraciones estatales de seguridad social.
La resolución en materia de alimentos será motivo de pignoración forzada (hipoteca) de los bienes del demandado. Si el ex cónyuge incumple su obligación de pago de alimentos, se podrán usar sus bienes para efectuar los pagos según el procedimiento legal.
En caso de fallecimiento del ex cónyuge que debe pagar la pensión, la obligación se traspasa a sus sucesores en la medida en que los bienes heredados lo permitan, con independencia de la forma de aceptación de los bienes.
Cuando el ex cónyuge que ha recibido la pensión fallece o vuelve a contraer matrimonio, el pago de la pensión alimenticia cesa. En caso de fallecimiento, el derecho a reclamar atrasos o impagos se transfiere a los sucesores del difunto. Si se disuelve el nuevo matrimonio, el ex cónyuge puede solicitar la renovación de los pagos de pensión alimenticia, siempre y cuando esté educando a un hijo o cuidando de un hijo con discapacidad de su anterior matrimonio. En los demás casos, el deber del cónyuge del posterior matrimonio de pagar pensión alimenticia prevalece sobre el deber del ex cónyuge del anterior matrimonio.
Cuando el tribunal dicta sentencia concediendo la separación legal, los cónyuges ya no conviven; no obstante, sus otros derechos y obligaciones no se extinguen. La separación legal puede ser el primer paso hacia el divorcio. Ahora bien, no significa que los cónyuges no pueden volver a convivir. Al contrario que en el caso del divorcio, los cónyuges que están separados no pueden volver a contraer matrimonio, ya que no están divorciados formalmente.
Uno de los cónyuges puede solicitar al tribunal la separación legal en caso de darse determinadas circunstancias, que pueden no depender del otro cónyuge, que revelan que su vida conyugal se ha vuelto intolerable o pudiera de forma sustancial dañar los intereses de los hijos menores, o si los cónyuges no tienen interés en convivir. Los cónyuges pueden solicitar al tribunal la separación legal de forma conjunta si han firmado un acuerdo de separación que resuelva el asunto de la vivienda, la pensión alimenticia y la educación de los hijos menores, el reparto de bienes y la manutención mutua.
La separación no afecta a los derechos y obligaciones de los cónyuges respecto a los hijos menores; los cónyuges tan solo viven separados. Al dictar una sentencia de separación, el tribunal debe siempre emitir un auto de separación de bienes, a menos que dichos asuntos hayan sido resueltos entre los cónyuges en el contrato matrimonial. Los efectos jurídicos de la separación en cuanto a derechos de propiedad de los cónyuges surten efecto desde el inicio del procedimiento. No obstante, a menos que el cónyuge sea considerado culpable de la separación, puede solicitar al tribunal que haga los efectos jurídicos de la separación relativos a los derechos de propiedad de los cónyuges retroactivos desde la fecha real en que los cónyuges dejaron de convivir. Si uno de los cónyuges separados fallece tras el pronunciamiento de la resolución de separación, el superviviente conserva todos los derechos jurídicos de un cónyuge supérstite, a menos que el juez haya declarado culpable de la separación al cónyuge supérstite. Se aplicará la misma norma en los casos en los que el tribunal otorgue la separación basándose en una solicitud conjunta, a menos que un acuerdo de separación entre los cónyuges disponga lo contrario. No obstante, el cónyuge supérstite no puede heredar la propiedad del cónyuge fallecido.
Al dictar una resolución de separación, el tribunal puede exigir al cónyuge culpable de la separación el pago de pensión alimenticia al otro cónyuge si dicho cónyuge necesita ayuda, a menos que el asunto de la manutención haya sido resuelto en el acuerdo de separación entre los cónyuges.
La separación finaliza si los cónyuges comienzan a convivir de nuevo y su vida en común confirma su intención de vivir juntos de forma permanente. La separación finaliza cuando el tribunal emite una resolución que concede la solicitud conjunta de los cónyuges de terminar la separación y revoca la anterior resolución de separación.
Al reanudar la vida en común, la propiedad de los cónyuges permanece separada hasta que estos celebren un nuevo contrato matrimonial y elijan un nuevo régimen económico matrimonial. El fin de la separación legal produce efectos jurídicos para terceros solo si los cónyuges celebran un nuevo contrato matrimonial y lo inscriben según el procedimiento estipulado en el articulo 3.103 del Código Civil (Civilinis kodeksas).
Si lo cónyuges han estado separados durante más de un año desde la entrada en vigor de la resolución judicial, cualquiera de los dos puede solicitar el divorcio.
Solo los tribunales pueden anular el matrimonio. El matrimonio declarado nulo por un tribunal es nulo ab initio. Los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio (véase apartado 9) dependen de si los cónyuges, o al menos uno de ellos, actuaron de buena fe al contraer matrimonio. No obstante, en cualquier caso, la ley defiende los derechos de los hijos de un matrimonio que ha sido anulado (se consideran nacidos dentro del matrimonio). Tras la anulación del matrimonio, las partes pueden contraer matrimonio de nuevo o formalizar una unión civil.
El matrimonio puede declararse nulo si no se cumplen los siguientes requisitos a la hora de contraerlo:
Solo se puede contraer matrimonio con una persona del sexo opuesto.
Un hombre y una mujer deben contraer matrimonio por voluntad propia. Cualquier amenaza, coacción, engaño u otro tipo de ausencia de voluntad propia será motivo de anulación del matrimonio.
Solo pueden contraer matrimonio las personas que, el día en que vayan a contraerlo matrimonio, tengan 18 años o más. A instancia de la persona que quiere contraer matrimonio antes de cumplir 18 años, el tribunal puede reducir la edad de consentimiento por procedimiento simplificado, pero no en más de dos años. El embarazo es una razón de peso para reducir la edad mínima para contraer matrimonio. Si la contrayente está embarazada, el tribunal puede permitir el matrimonio antes de los 16 años de edad.
La persona que ha sido declarada jurídicamente incapacitada por sentencia judicial que ha entrado en vigor no puede contraer matrimonio. Si se tiene conocimiento de que se ha iniciado un procedimiento judicial en el que uno de los contrayentes ha sido declarado jurídicamente incapacitado, se debe posponer la inscripción del matrimonio hasta la entrada en vigor de la sentencia en ese caso.
La persona que ha contraído matrimonio y no ha obtenido el divorcio según el procedimiento estipulado por ley no podrá contraer matrimonio de nuevo.
El matrimonio entre padres e hijos, padres adoptivos e hijos adoptivos, abuelos y nietos, hermanos y hermanastros, primos, tíos y sobrinas, y tías y sobrinos está prohibido.
También se puede anular un matrimonio simulado. El matrimonio de conveniencia y sin intención de crear una relación familiar legal puede ser anulado a instancia de cualquiera de los cónyuges o de un fiscal público.
Se puede anular el matrimonio si no se contrajo libremente. Un cónyuge puede solicitar la anulación si tiene pruebas de que, en el momento del matrimonio, era incapaz de comprender el significado de sus acciones, o si no tenía control sobre ellas. Un cónyuge puede solicitar la anulación si fue inducido a contraer matrimonio mediante amenazas, coacción o fraude.
Si un cónyuge dio su consentimiento para contraer matrimonio debido a un error sustancial, puede solicitar la anulación del matrimonio. El error es sustancial cuando, al conocer las circunstancias del otro, el contrayente hubiera sido disuadido de contraer matrimonio. El error se considera sustancial si es sobre: i) la salud de la otra parte o una anomalía sexual que hace imposible una vida familiar normal; o ii) un delito grave cometido por la otra parte.
Los hijos del matrimonio anulado a posteriori son considerados nacidos dentro del matrimonio. Si ambos cónyuges actuaron de buena fe, es decir, desconocían y no podían conocer los impedimentos al matrimonio, los efectos jurídicos del matrimonio, incluso si se declara nulo, son los mismos que los de un matrimonio válido, salvo el derecho de sucesión. Deben aportarse pruebas de que los cónyuges actuaron de buena fe ante el tribunal.
Efectos jurídicos de la anulación en la que uno o ambos cónyuges actuaron de mala fe: si solo una de las partes actuó de buena fe, los derechos conferidos por un matrimonio nulo son los de una persona casada. Si ambas partes actuaron de mala fe, el matrimonio nulo no confiere ningún derecho u obligación de personas casadas a ningún cónyuge. Los cónyuges tienen derecho a recuperar su propiedad, incluidos los regalos de la otra parte. Si el cónyuge que actuó de buena fe precisa de pensión alimenticia, tiene derecho a reclamarla al cónyuge que actuó de mala fe por un período máximo de tres años. La cuantía la determinará el tribunal, previa consideración de la situación económica de ambas partes. El tribunal puede exigir el pago de una cuantía a tanto alzado o por mensualidades. Si la situación económica de una de las partes cambia, la parte interesada puede solicitar al tribunal que se incrementen, reduzcan o finalicen los pagos de la pensión alimenticia. Una resolución de pago de pensión al cónyuge que actuó de buena fe finaliza de forma automática si el cónyuge contrae matrimonio de nuevo o tras el periodo de tres años durante el que se debe pagar la pensión alimenticia.
La legislación lituana no prevé alternativas extrajudiciales para resolver asuntos relativos al divorcio; por tanto, solo podrán resolverse ante un tribunal.
La demanda de divorcio de mutuo acuerdo se debe interponer ante el tribunal de distrito (apylinkės teismas) del lugar de residencia de uno de los cónyuges. En la demanda deben constar de manera detallada los motivos del divorcio y la forma en que el demandante cumplirá con sus obligaciones para con el otro cónyuge y los hijos menores y, asimismo, debe contener otros detalles estipulados en el artículo 384 del Código Civil (Civilinio proceso kodeksas).
La demanda de divorcio interpuesta por uno de los cónyuges debe presentarse ante el tribunal de distrito del lugar de residencia del demandante.
La demanda de divorcio interpuesta por motivo de culpa de uno de los cónyuges debe presentarse ante el tribunal de distrito del lugar de residencia del demandado. Si hay hijos menores viviendo con el demandante, la demanda de divorcio puede interponerse también ante el tribunal de distrito del lugar de residencia del demandante.
La solicitud de anulación del matrimonio debe presentarse ante el tribunal del lugar de residencia de los demandados o de uno de los demandados.
Las solicitudes de separación legal las examina el tribunal del lugar de residencia del demandado.
La ley de la República de Lituania en materia de asistencia jurídica garantizada por el Estado (Lietuvos Respublikos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas) rige las disposiciones de la asistencia jurídica gratuita a personas con ingresos bajos. Dicha asistencia jurídica también se ocupa de asuntos de familia.
Sí. Se puede presentar un recurso para apelar una resolución relativa a un divorcio/anulación del matrimonio según las disposiciones generales que rigen los procedimientos de apelación.
Una sentencia en materia de divorcio, separación legal o anulación del matrimonio dictada en otro Estado miembro es reconocida por la República de Lituania con arreglo al Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo. En virtud del Reglamento, las sentencias dictadas en un Estado miembro son reconocidas en otros Estados miembros sin necesidad de seguir procedimientos especiales.
En virtud del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, la parte interesada puede oponerse al reconocimiento en la República de Lituania de una resolución en materia de divorcio, separación legal o anulación matrimonial emitida en otro Estado miembro.
De conformidad con el artículo 21 del Reglamento (CE) nº°2201/2003 del Consejo, cualquier parte interesada puede interponer una demanda ante el tribunal de distrito (apylinkės teismas) para que una sentencia emitida en otro Estado miembro no sea reconocida en Lituania.
La parte de la que se busca reconocimiento de una sentencia también puede oponerse a su reconocimiento en Lituania en vista del proceso de reconocimiento que ya está en marcha y de acuerdo con la decisión del tribunal de distrito de reconocer la resolución. En consecuencia, el demandado puede oponerse al reconocimiento de la sentencia en Lituania apelando contra la decisión de reconocimiento del tribunal de distrito. De conformidad con el artículo 33 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, la decisión del tribunal de distrito de reconocer la sentencia emitida en otro Estado miembro puede recurrirse ante el tribunal regional (apygardos teismas).
El demandado puede oponerse al reconocimiento de una sentencia emitida por un tribunal de otro Estado miembro basándose en el no reconocimiento estipulado en el artículo 22 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo.
La separación legal y el divorcio están sujetos a la legislación del lugar de residencia habitual de los cónyuges. Si los cónyuges carecen de un lugar de residencia habitual, se aplicará la legislación del país en el cual hayan residido en común por última vez, o en su defecto, la legislación del país del tribunal. Si las leyes del país donde ambos cónyuges son ciudadanos no permiten el divorcio o imponen condiciones especiales para el divorcio, este puede obtenerse con arreglo a la legislación de la República de Lituania si uno de los cónyuges es también ciudadano lituano o residente habitual en la República de Lituania.
Última actualización: 27/11/2015

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 384
 resolución 
 resolución 
 artículo 21
 artículo 33
 artículo 22