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Timestamp: 2017-05-28 08:38:18+00:00

Document:
Ley : 8220
(1 transitorio)
- Texto Completo Norma 8220
Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos Texto Completo acta: 49B35
Artículo 1ºÁmbito de aplicación. La presente Ley es
aplicable a toda la Administración Pública, central y descentralizada, incluso
instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica
instrumental, entes públicos no estatales, municipalidades y empresas públicas. Se
exceptúan de su aplicación los trámites y procedimientos en materia de defensa del
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por administrado a toda
persona física o jurídica que, en el ejercicio de su derecho de petición, información
y/o derecho o acceso a la justicia administrativa, se dirija a la Administración
Publicidad de los trámites y sujeción a la ley
Todo trámite o requisito, con independencia de su fuente normativa, para que
pueda exigirse al administrado deberá:
Constar en una
ley, un decreto ejecutivo o un reglamento.
publicado en el diario oficial La Gaceta junto con el procedimiento a seguir,
los instructivos, manuales, formularios y demás documentos correspondientes y
estar ubicado en un lugar visible dentro de la institución. Asimismo, en un
diario de circulación nacional deberá publicarse un aviso referido
a dicha publicación.
Sin perjuicio de lo anterior, dichos trámites o requisitos podrán ser
divulgados en medios electrónicos.
La oficina de información al ciudadano de las instituciones será la
encargada de explicarle al usuario los requisitos y el procedimiento para el
otorgamiento de solicitudes, permisos, licencias o autorizaciones. En caso de no
contar con esa oficina, la institución deberá designar un departamento o una
persona para este fin.
reformado por el artículo 1° de la ley N° 8990 del 27 de setiembre del
5.- Obligación de informar sobre el trámite
Todo funcionario, entidad u órgano público estará
obligado a proveerle al administrado
información sobre los trámites y requisitos que se realicen en la respectiva
unidad administrativa o dependencia. Para estos efectos, no podrá exigirle la
presencia física al administrado, salvo en los casos en que la ley expresamente
Para la rastreabilidad y el control de los documentos
al presentarse por primera vez ante cualquier entidad u órgano público, se
creará un expediente numerado y foliado. En el caso de documentos físicos se
deberá incluir una hoja de control con el nombre completo del funcionario o
funcionarios responsables, la fecha de ingreso a cada departamento asignado y el
estado de trámite actualizado. En el caso de documentos electrónicos, al
administrado se le asignará un código para el acceso y seguimiento del
expediente electrónico o su reporte, el cual mostrará una bitácora de trámite
con la misma información consignada en la hoja de control.
Cuando un ente, órgano o funcionario público
establezca trámites y requisitos para el administrado, estará obligado a
indicarle el artículo de la norma legal que sustenta dicho trámite o
requisito, así como la fecha de su publicación.
Para garantizar uniformidad en los trámites e
informar debidamente al administrado, las entidades o los órganos públicos,
además, expondrán en un lugar visible y divulgarán por medios electrónicos,
cuando estén a su alcance, los trámites que efectúan y los requisitos que
solicitan, apegados al artículo 4 de esta ley.
6.- Plazo y calificación únicos
La Administración tendrá el deber de resolver el trámite
siempre dentro del plazo legal o reglamentario dado. La entidad, el órgano o el
funcionario de la Administración deberá verificar la información presentada
por el administrado y prevenirle, por una única vez y por escrito, que complete
los requisitos omitidos en la solicitud o el trámite, o que aclare o subsane la
información. La prevención debe ser realizada por la Administración como un
todo, válida para los funcionarios, y no
se podrán solicitar nuevos requisitos o señalar
nuevos defectos que no fueron prevenidos oportunamente, aun cuando sea otro
funcionario el que lo califique por segunda vez.
La prevención indicada suspende el plazo de resolución
de la Administración y otorgará al interesado hasta diez días hábiles para
completar o aclarar; transcurridos
estos continuará el cómputo del plazo restante previsto para resolver.
7.- Procedimiento para aplicar el silencio positivo
se trate de solicitudes para el otorgamiento de permisos, licencias o
autorizaciones, vencido el plazo de resolución otorgado por el ordenamiento jurídico
a la Administración, sin que esta se haya pronunciado, se tendrán por
aprobadas. Para la aplicación del silencio positivo bastará con que el
administrado presente a la Administración una declaración jurada, debidamente
autenticada, haciendo constar que ha cumplido con todos los requisitos
necesarios para el otorgamiento de los
permisos, las
licencias o las autorizaciones y que la Administración no resolvió dentro del
Estos requisitos serán únicamente los estipulados
expresamente en las leyes, los decretos ejecutivos o los reglamentos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la presente ley.
La Administración, dentro de los tres días hábiles
siguientes a la recepción de la declaración jurada, deberá emitir un
documento donde conste que transcurrió el plazo para la aplicación del
silencio positivo y la solicitud no fue resuelta en tiempo. Si la Administración
no emite este documento dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la
aplicación del silencio positivo y el administrado podrá continuar con los trámites
para obtener el permiso, la licencia o la autorización correspondientes, salvo
en los casos en que por disposición constitucional no proceda el silencio
positivo. En el cumplimiento de este procedimiento, la
Administración deberá coordinar a lo interno para informar al oficial de
simplificación de trámites, de conformidad con los artículos 8 y 11 de esta
Ninguna institución podrá desconocer o rechazar la
aplicación del silencio positivo que, opera de pleno derecho.
Cuando sea procedente, la Administración aplicará el
procedimiento de nulidad en sede administrativa regulado en el artículo 173 de
la Ley General de la Administración Pública o iniciará un proceso judicial de
lesividad para demostrar que los requisitos correspondientes no fueron
reformado por el artículo 1° de la ley N° 8990 del 27 de setiembre del 2011)
10.- Responsabilidad de la Administración y el funcionario
El administrado podrá exigir responsabilidad tanto a
la Administración Pública como al funcionario público y a su superior jerárquico,
por el incumplimiento de las disposiciones y los principios de esta ley.
La responsabilidad de la Administración se regirá
por lo establecido en los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la
Administración Pública; la responsabilidad civil y administrativa del
funcionario público, por sus artículos 199 y siguientes, y 358 y siguientes;
la responsabilidad penal del funcionario público, conforme lo ordena la
Se considerarán como faltas graves los siguientes
incumplimientos específicos de la presente ley:
aceptar la presentación única de documentos o exigir más requisitos de los
establecidos en la ley, los decretos ejecutivos o los reglamentos, conforme lo
publicidad a los trámites ni sujetarse a la ley.
informar de forma clara y completa a las personas interesadas sobre el trámite.
resolver ni calificar las peticiones, gestiones, solicitudes y demás documentos
dentro del plazo establecido para cada uno de esos trámites en la Ley General
de la Administración Pública o en ley especial.
el procedimiento del silencio positivo.
el procedimiento de coordinación institucional e interinstitucional.
el trámite ante única instancia administrativa.
los documentos expedidos válidamente por otros órganos, entes o instituciones
del Estado en el ejercicio de su propia competencia.
realizar la evaluación costo-beneficio de la regulación, cuando corresponda.
acatar los criterios realizados por el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC), por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria, en
cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y los principios de
mejora regulatoria. Se excluyen los casos en que el criterio del MEIC no sea
En aplicación del inciso i) anterior, cuando un
funcionario considere que algún documento expedido por otra institución pueda
presentar vicios susceptibles de producir una nulidad, así lo comunicará a la
institución que lo emitió, y contará con un plazo perentorio de ocho días hábiles
para comprobar los vicios, transcurrido dicho plazo sin tener respuesta tendrá
la obligación de aceptar la validez del documento, siempre y cuando este no sea
anulado de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI, título VI, libro I
de la Ley General de la Administración Pública, N.º 6227, de 2 de mayo de
1978, y sus reformas.
En la declaratoria de responsabilidad personal del
funcionario público en sede administrativa se impondrán, en su orden, según
la gravedad del hecho y sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal
correspondiente, las siguientes sanciones:
sin goce de salario o remuneración de cualquier clase o forma de tres a ocho días,
ante el primer incumplimiento.
sin goce de salario o remuneración de cualquier clase o forma de ocho días a
un mes, ante el segundo incumplimiento.
sin responsabilidad patronal, para los casos de tres o más incumplimientos.
Para efectos de responsabilidad personal del
funcionario público, se aplicará el procedimiento administrativo ordinario
dispuesto en la Ley General de la Administración Pública.
Las instituciones del Estado en las que el régimen
disciplinario está regulado por ley o normativa especial, se ajustarán a dicha
regulación específica para el trámite del procedimiento y la aplicación de
Ficha articulo Artículo
11.- Rectoría
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio de la Dirección
de Mejora Regulatoria, será el órgano rector en materia de simplificación de
trámites y mejora regulatoria y, como tal, deberá velar por el cumplimiento de
órganos y las entidades contemplados en el artículo 1 de esta ley serán también
responsables de velar por su cumplimiento y por el seguimiento de los programas
de mejora regulatoria que se establezcan.
cumplir con lo anterior, el jerarca respectivo deberá designar un oficial de
simplificación de trámites en cada órgano o ente. Estos oficiales junto con
los jerarcas serán los responsables de dar seguimiento a las disposiciones de
esta ley. Cada
ente autónomo, semiautónomo o con autonomía universitaria establecerá sus
programas de mejora regulatoria y designará a sus oficiales de simplificación
de trámites, y tendrá como referente los criterios que en esta materia emita
(Así adicionado por el
artículo 2° de la ley N° 8990 del 27 de setiembre del 2011)
Ficha articulo Artículo 12.- Evaluación costo o beneficio
Las instituciones señaladas en el artículo 1 de la
presente ley están obligadas a realizar una evaluación costo-beneficio antes
de emitir cualquier nueva regulación o reformar las existentes, cuando
establezcan trámites, requisitos y procedimientos que deba cumplir el
administrado ante la Administración y, en todo momento, velarán por que tales
regulaciones cumplan, en todos sus alcances, con la presente ley y los
principios de la mejora regulatoria que establezca el reglamento a esta ley.
Los encargados de velar por el cumplimiento de esta
obligación serán el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) por
medio de la Dirección de Mejora Regulatoria.
adicionado por el artículo 2° de la ley N° 8990 del 27 de setiembre del
Ficha articulo Artículo 13.- Criterio del órgano rector
El criterio que emita el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio (MEIC), por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria,
sobre los trámites existentes cubiertos por esta ley, así como sobre la emisión
de nuevas regulaciones o reformas a las ya existentes que contengan trámites
requeridos a los ciudadanos, tendrá carácter vinculante para la Administración
Cuando los entes autónomos, semiautónomos o con
autonomía universitaria emitan nuevas regulaciones o reformas a las ya
existentes que contengan trámites requeridos a los ciudadanos, consultarán al
órgano rector la conformidad de estas con los principios y objetivos de la
mejora y simplificación de los trámites y a la Ley N.° 8220 y su reglamento.
EI criterio que vierta el órgano rector para estos casos será con carácter de
Ficha articulo Artículo 14.-
Los criterios que emita la Dirección de Mejora
Regulatoria, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de esta ley,
deberán circunscribirse a la simplificación de trámites. Se prohíbe el
ejercicio de esta potestad para interferir o modificar las competencias de otros
(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 2° de la Ley
N° 8990 del 27 de setiembre del 2011, se ordena adicionar un transitorio a la
presente ley, no obstante al ya existir un transitorio en dicha norma con texto
parecido el mismo se transcribe a continuación: "Transitorio.-
Todos los órganos y las entidades públicas deberán
ajustar sus requisitos a lo establecido en el artículo 4 de la presente ley,
dentro del plazo de seis meses contados a partir de su entrada en vigencia")
Ficha articuloFecha de generación: 28/05/2017 02:38:18 a.m.

References: Artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 resolución

 resolución 
 artículo 4
 artículo 173
 artículo 1
 Artículo
11
 artículo 1

artículo 2
 Artículo 12
 artículo 1
 artículo 2
 Artículo 13
 Artículo 14
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 4