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STC 215/2001, 29 de Octubre de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 130736
STC 215/2001, 29 de Octubre de 2001
Ponente: Magistrado don Carles Viver Pi-Sunyer
Fecha de Resolución: 29 de Octubre de 2001
Número de Recurso: 1990/1999
RA 1990/99. Promovido por la Unión General de Trabajadores de Castilla y León respecto al Auto de un Juzgado de lo Social de Valladolid que acordó no tenerla por parte en el litigio promovido de oficio por la Dirección General de Trabajo de la Junta de Castilla y León contra Fibrocementos, S.L., y otras. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al proceso): legitimación de un sindicato para comparecer en un proceso por cesión ilegal de trabajadores. Voto particular.
Sentencia citada en: 186 sentencias, 5 artículos doctrinales
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 12 de mayo de 1999, doña Elisa Hurtado Pérez, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación del Sindicato Unión General de Trabajadores de Castilla y León, interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo, relevantes para la resolución del caso, son los siguientes:
La Unión General de Trabajadores (en adelante, UGT) es un Sindicato constituido legalmente, que ostenta el carácter de más representativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y, en el presente caso, cuenta con representación en el Comité de Empresa de Fibrocementos N.T., S.L.
Con fecha de 24 de agosto de 1998 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid extendió varias actas de infracción a las siguientes empresas: Fibrocementos N.T., S.L., Nueva Compañía de Protección y Salud Laboral, S.L., y Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 126 Mutual Cyclops, iniciándose procedimiento administrativo sancionador contra las mismas. La inspección se produjo en el marco de la investigación sobre el cumplimiento por parte de la empresa Fibrocementos N.T., S.L., de sus obligaciones en materia de constitución o concierto de un servicio de prevención. Tras las diligencias oportunas, la Inspección entendió que dos trabajadores, el médico y la ATS de la empresa Fibrocementos N.T., S.L., venían prestando servicios para ésta pero mediante la interposición ilegítima (contraria al art. 43 LET) de Nueva Compañía de Protección y Salud Laboral, S.L., y de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Mutual Cyclops; además, no estaban dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
Con fecha 27 de octubre de 1998, la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León promovió procedimiento de oficio al amparo del art. 149.2 LPL contra las citadas empresas en materia de cesión ilegal de trabajadores, que fue turnado al Juzgado de lo Social núm. 1 de Valladolid con el número de autos 590/98.
El 1 de marzo de 1999 la Junta de Castilla y León remite oficio al citado Juzgado adjuntando escrito del Director General de Trabajo solicitando que se reconozcan como parte en los referidos autos a la Unión Regional de la UGT de Castilla y León y al Comité de Empresa de Fibrocementos NT, S.L. En dicho escrito se informaba de que, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda, se habían personado la UGT y el Comité de Empresa de Fibrocementos y se significaba que la UGT tenía presencia en dicho Comité, considerándolos por ello interesados en el procedimiento abierto.
Por providencia de 1 de marzo de 1999, el Juzgado de lo Social núm. 1 de los de Valladolid accedió a lo solicitado teniendo como partes al Sindicato y al comité de empresa y acordó citarlos para la celebración del acto del juicio.
Esta providencia fue recurrida en reposición por la empresa Fibrocementos N.T., S.L., y por Mutual Cyclops, recurso al que se adhirió la mercantil Nueva Compañía de Salud y Protección Laboral, S.L. El recurso fue impugnado por la representación de la UGT. Por Auto de 12 de abril de 1999 se estimó el recurso, se dejó sin efecto la providencia recurrida y se acordó no tener por parte en el procedimiento ni al Comité de Empresa de Fibrocementos ni a la Unión Regional de la UGT de Castilla y León.
El órgano judicial declara que se ha infringido el art. 17.2 LPL en relación a los arts. 64 y 65 LET, "siendo clara la falta de legitimación del Comité de Empresa, habida cuenta la descripción de competencias que se hace en el art. 64 ET" y declara que "en cuanto al Sindicato UGT, de un lado no concurre el supuesto previsto en el art. 20 LPL, al no acreditar que los trabajadores sean afiliados a este Sindicato, de otro no debe olvidarse que, aunque el procedimiento de oficio es promovido por la Autoridad laboral, posiblemente al mediar denuncia del Comité o del Sindicato, ello no es suficiente para estimar que tienen un interés legítimo para ser considerados como parte en el procedimiento y, por tanto, con legitimación para el ejercicio de acciones procesales, ni siquiera como coadyuvantes. Para determinar la posible existencia de interés legítimo del Sindicato y del comité deberá partirse del contenido de la causa petendi, fundamento de la demanda de oficio interpuesta por el Director General de Trabajo, y de su estudio se desprende que el conflicto solamente afecta al interés particular, no colectivo, de las partes en litigio, en concreto, de los posibles efectos en el supuesto de que exista cesión ilegal de trabajadores suplicada por la Autoridad laboral". Para el órgano judicial no resulta de aplicación el art. 31 a) y c) de la Ley 30/1992, del régimen jurídico de las Administraciones públicas, al referirse la consideración de interesados a los titulares de un derecho que, en el caso de autos, no tienen los personados. Igualmente señala que este mismo texto legal en su art. 34, al hablar de la identificación de los interesados, se refiere a los que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte y, "como se ha dicho, la sentencia que se dicte afectará exclusivamente a la relación existente entre las empresas y trabajadores afectados por la suplicada cesión ilegal, nunca al Comité o al Sindicato". Finalmente, entiende el órgano judicial que no es de aplicación la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, "que solamente legitima a los titulares de un derecho objetivo, para ser tenidos como parte en el procedimiento contencioso administrativo, regla que, en cualquier caso, no es trasladable al procedimiento laboral".
Frente al referido Auto, el sindicato UGT invoca vulneración del art. 24 CE, en relación con el los arts. 7 y 28.1 CE, al habérsele negado la condición de parte en el proceso iniciado por la Administración laboral.
Por diligencia de ordenación de 20 de mayo de 1999 la Sala Segunda del Tribunal Constitucional concedió un plazo de diez días para que, en virtud del art. 50.5 LOTC, el recurrente aportara copia de las resoluciones impugnadas y acreditase la fecha de notificación del Auto de 12 de abril de 1999 dictado por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Valladolid en los autos núm. 590/98, apercibiéndole de que, de no verificarlo, se procedería al archivo de las actuaciones. Al acreditar el recurrente que no le es posible aportar la fecha de notificación hasta que no sean devueltos al Juzgado los autos por parte del Letrado que los tiene para formalizar el recurso de suplicación, se le concede por diligencia de ordenación de 17 de junio de 1999 un nuevo plazo de diez días. Por escrito registrado en este Tribunal el 9 de julio de 1999 la Procuradora de los Tribunales y de UGT de Castilla y León manifiesta que no se le ha entregado el testimonio interesado y solicita que se requiera al Juzgado a tales fines o se amplíe el plazo concedido; plazo que es ampliado por diligencia de 15 de julio de 1999 y que es cumplido en tiempo por el sindicato recurrente.
Por providencia de 15 de diciembre de 1999, la Sección Cuarta acordó, de conformidad con el art. 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal el plazo común de diez días para que formulen, con las aportaciones documentales que procedan, las alegaciones que estimen pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda.
El 5 de enero de 2000 se registra en este Tribunal escrito de la Procuradora doña Elisa Hurtado, en nombre y representación del sindicato UGT de Castilla y León, en el que expone la particular importancia que tiene el hecho de que el presente conflicto sea consecuencia de una modalidad específica, cual es el procedimiento de oficio iniciado por comunicación de la autoridad laboral. Un proceso que se inicia siempre por comunicación dirigida al órgano judicial por parte de la autoridad laboral que ha de resolver un expediente administrativo sancionador iniciado por acta de la Inspección, sin que pueda ser iniciado a instancia de otra parte, y que se enmarca dentro de un procedimiento administrativo sancionador ya iniciado pero inconcluso, suspendido precisamente por la autoridad laboral a la espera de una resolución judicial que, una vez firme, resulta vinculante para la autoridad laboral, quien ha de resolver el expediente administrativo sancionador de arreglo con el contenido de la misma. Entiende el recurrente que este derecho a intervenir en el proceso, pese a no haberlo iniciado (al ser la autoridad laboral la única competente para ello), está claramente incluido dentro del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y que negarle la condición de parte en el proceso judicial de oficio pese a tener reconocida la misma en el procedimiento administrativo sancionador previo vulnera ese derecho, además de producir una situación paradójica consistente en que ni siquiera le será notificada una resolución judicial en la que no ha sido oído el sindicato y sin posibilidad de recurrir que, sin embargo, tendrá una influencia decisiva en el procedimiento administrativo sancionador donde sí se le ha reconocido como parte interesada. Alega que no existe motivo alguno para que, mediante el traslado de una parte del control de la legalidad administrativa a otro orden jurisdiccional, deje de concurrir el interés legítimo que ostentaba y le fue reconocido al sindicato.
El 20 de enero de 2000, el Ministerio Fiscal presenta en el Registro de este Tribunal escrito en el que interesa la inadmisión del recurso planteado.
El 11 de mayo de 2000, la Sala Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir comunicación al Juzgado de lo Social núm. 1 de Valladolid a fin de que en el plazo de diez días remita certificación de las actuaciones correspondientes a los autos 590/98, previo emplazamiento a quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que puedan comparecer en el plazo de diez días en el presente proceso constitucional.
El 8 de junio de 2000 tuvo entrada en el registro de este Tribunal escrito de doña Margarita López Jiménez, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil Fibrocementos N.T., S.L., solicitando que se le tuviera por personada y parte en el presente recurso de amparo. El 9 de junio de 2000 doña Julia González Macías, Letrada de la Comunidad de Castilla y León, solicitó igualmente que se la tuviera por comparecida y parte en el presente recurso de amparo. En esta misma fecha se registró escrito de don Francisco Martín Fernández, Procurador de los Tribunales y de la entidad Mutual Cyclops, con idéntica petición. La Sala Segunda de este Tribunal tuvo a todos ellos por personados y parte por diligencia de ordenación de 20 de junio de 2000, donde, igualmente, acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que presentasen las alegaciones que estimaran pertinentes de acuerdo con lo establecido en el art. 52.1 LOTC.
El 13 de julio de 2000 el Ministerio Fiscal presentó escrito de alegaciones por el que interesó se dictase Sentencia denegando el amparo, en el que reiteró las consideraciones realizadas en la fase de admisión del recurso de amparo.
Por escrito registrado el 25 de julio, doña Margarita López Jiménez, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil Fibrocemento N.T., S.L., solicitó la denegación del amparo solicitado e hizo suyos los fundamentos jurídicos formulados por el Ministerio Fiscal en su escrito de solicitud de inadmisión del recurso de amparo de 19 de febrero de 2000. Alega que el art. 17 LPL exige de modo alternativo que se sea titular de un derecho subjetivo o que se sea titular de un interés legítimo y que en nuestro Ordenamiento sólo dos normas determinan el marco de actuación del sindicato, el art. 20 LPL, que permite que actúe el sindicato en representación de un trabajador afiliado cuando éste lo autorice, que no es de aplicación al caso, pues los supuestos trabajadores (médico y ATS) han comparecido y han sido tenidos como parte en el proceso laboral, excluyendo la intervención sindical en su representación, y el art. 2.2.d LOLS, que concreta los intereses que son propios al sindicato al fijar el contenido del ejercicio de la libertad sindical (negociación colectiva, huelga, planteamiento de conflictos individuales o colectivos, presentación de candidaturas para la elección de comités de empresa y delegados de personal), habiendo la jurisprudencia concretado la competencia del sindicato al planteamiento de conflictos cuando éstos sean colectivos, es decir, cuando defiendan un interés colectivo y general de los trabajadores, dependiendo la legitimación ad causam de que entren en juego intereses colectivos o, excepcionalmente en conflictos individuales, cuando en algún momento previo al procedimiento judicial han tenido que intervenir necesariamente. Se alega que en el presente caso no hay en juego más que intereses individuales, que no trascienden a la generalidad, ya que, de estimarse la demanda de oficio declarando la existencia de cesión ilegal de los trabajadores, las consecuencias serían las del art. 43 LET para los trabajadores y las empresas afectadas, sin que pudieran afectar a otros trabajadores de las empresas intervinientes.
Del mismo modo, la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, Mutual Cyclops, también interesa la desestimación del amparo en escrito registrado el 1 de agosto. Alega que no existe vulneración del art. 24 CE, pues ni el tipo de procedimiento presenta trascendencia para determinar la legitimación, ni existe un interés legítimo propio del recurrente en el procedimiento. Aduce que en el procedimiento de oficio existe un poder facultativo de la Administración laboral para iniciarlo, y no obligatoriedad, como en las cuestiones prejudiciales a las que el demandante de amparo trata de equiparar esta modalidad procesal, e insiste en que el modo de iniciarse el procedimiento no cambia la naturaleza de la acción ejercitada. Pero, además, alega que no tiene el sindicato ni intereses difusos ni un interés concreto. Así, la STC 101/1996 exige la existencia de intereses que, perteneciendo uti singulus a cada uno de los trabajadores, sean de necesario ejercicio colectivo, lo que aquí no se produce, ni existe un interés difuso porque la infracción haya sido realizada por una entidad integrada en el sistema de Seguridad Social, pues que se vean afectados fondos públicos, como ocurre siempre en materia de Seguridad Social, no legitima al sindicato para personarse como parte al no ser un "guardián abstracto de la legalidad". Pero tampoco existe un interés concreto por el hecho de que los trabajadores cedidos sean miembros del servicio médico de la empresa y ello, según el demandante de amparo, afecte al servicio de prevención de empresa. En ningún momento la pretensión se postula sobre la creación o inexistencia de este servicio ni de ningún otro interés colectivo de los trabajadores, sino que la pretensión se concreta en la existencia o no de cesión ilegal de trabajadores y sus efectos en la estabilidad en el empleo de los trabajadores afectados, por lo que la Sentencia habría de pronunciarse sobre esta cuestión y no sobre la primera (como ha ocurrido), no pudiendo resultar afectado el interés colectivo concreto en el que pretende apoyar su legitimación el recurrente. Entiende éste que la nulidad de actuaciones, además, vulneraría su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas al reiniciarlo dos años después de iniciado.
La Sección Segunda, por diligencia de 4 de octubre de 2000, tuvo por recibidos los anteriores escritos de alegaciones e hizo constar que, ni la Junta de Castilla y León, ni la Procuradora doña Elisa Hurtado Pérez en representación de la recurrente, presentaron escritos de alegaciones en el trámite fijado al respecto.
Por providencia de 25 de octubre de 2001, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 29 del mismo mes y año.
En el presente recurso de amparo debemos determinar si vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) la denegación de la legitimación del sindicato Unión General de Trabajadores de Castilla y León en el proceso de oficio iniciado por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León por demanda-comunicación de 27 de octubre de 1998, como consecuencia del procedimiento de imposición de sanciones por infracciones en el orden social iniciado previamente sobre cesión ilegal de trabajadores.
Para la correcta resolución del problema planteado, resulta necesario partir de la doctrina constitucional en materia de legitimación procesal de los sindicatos, así como de la idea de que, cuando el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE se impetra para la defensa de un derecho sustantivo fundamental (en el presente caso el de la libertad sindical), el canon de constitucionalidad a aplicar es un canon reforzado y se convierte en un control material más exigente (STC 10/2001, de 29 de enero, STC 84/2001, de 26 de marzo); canon reforzado que también resulta exigible cuando nos hallamos ante el derecho de acceso a la jurisdicción (SSTC 37/1995, de 7 de febrero, 84/2001).
Pues bien, este Tribunal ha reiterado que los sindicatos desempeñan, tanto por el reconocimiento expreso de la Constitución (arts. 7 y 28) como por obra de los tratados internacionales suscritos por España en la materia (por todos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 8, o art. 5, parte II Carta Social Europea), una función genérica de representación y defensa de los intereses de los trabajadores, que no descansa sólo en el vínculo de la afiliación, sino en la propia naturaleza sindical del grupo. La función de los sindicatos desde la perspectiva constitucional "no es únicamente la de representar a sus miembros, a través de los esquemas del apoderamiento y de la representación del Derecho privado", pues "cuando la Constitución y la Ley los invisten con la función de defender los intereses de los trabajadores, les legitiman para ejercer aquellos derechos que, aún perteneciendo en puridad a cada uno de los trabajadores uti singulus, sean de necesario ejercicio colectivo" (STC 70/1982, de 29 de noviembre, FJ 3), en virtud de una función de representación que el sindicato ostenta por sí mismo, sin que deba condicionar necesariamente su actividad a la relación de pretendido apoderamiento ínsita en el acto de afiliación, que discurre en un plano diverso del de la acción propiamente colectiva (SSTC 70/1982, de 29 de noviembre, 37/1983, de 11 de mayo, 59/1983, de 6 de julio, 187/1987, de 24 de noviembre, 217/1991, de 14 de noviembre, entre otras). Por esta razón, hemos declarado que, en principio, es posible considerar legitimados a los sindicatos para accionar en cualquier proceso en el que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores (STC 210/1994, de 11 de julio). Queda pues clara la relevancia constitucional de los sindicatos para la protección y defensa, incluso jurisdiccional, de los derechos e intereses de los trabajadores.
Ahora bien, como también hemos precisado en las SSTC 210/1994, de 11 de julio, FJ 4, y 101/1996, de 11 de junio, FJ 2, esta capacidad abstracta que tiene todo sindicato para ser parte no autoriza a concluir sin más que es posible a priori que lleven a cabo cualquier actividad en cualquier ámbito, pues tal capacidad "no alcanza a transformarlos en guardianes abstractos de la legalidad", cualesquiera que sean las circunstancias en las que ésta pretenda hacerse valer. En el concreto ámbito del proceso, por la propia naturaleza del marco en el que el sindicato ha de actuar, conviene recordar que este Tribunal ya ha tenido ocasión de subrayar la necesaria existencia de un vínculo acreditado, de una conexión entre la organización que acciona y la pretensión ejercitada (SSTC 210/1994, de 11 de julio, 101/1996, de 11 de junio, 7/2001, de 15 de enero, 24/2001, de 29 de enero, 84/2001, de 26 de marzo). Se trata, en definitiva, de aplicar a estos sujetos la misma regla que se aplica a cualquier otro sujeto de derecho a fin de reconocerle aptitud para ser parte en un proceso: tener interés legítimo, interés que, como se viene reconociendo por este Tribunal, existe siempre que de prosperar la acción iniciada el recurrente pueda obtener un beneficio o la desaparición de un perjuicio (SSTC 101/1996, 7/2001, 24/2001, 84/2001). De este modo para poder considerar procesalmente legitimado a un sindicato no basta que éste acredite estar defendiendo un interés colectivo o estar realizando una determinada actividad sindical, dentro de su función genérica de representación y defensa de los intereses de los trabajadores, sino que debe existir un vínculo especial y concreto entre dicho sindicato (sus fines, su actividad, etc.) y el objeto del debate en el pleito de que se trate, vínculo o nexo que habrá de calibrarse en cada caso y que se plasma en la noción de interés profesional o económico, traducible en una ventaja o beneficio cierto, cualificado y específico derivado de la eventual estimación del recurso entablado (SSTC 210/1994, 101/1996, 24/2001).
En el concreto ámbito laboral, este Tribunal ha precisado que la conexión entre la organización que acciona y la pretensión ejercitada "ha de medirse en función de la implantación en el ámbito del conflicto", al ser ésta la "justificación de la intervención misma del sindicato" (SSTC 70/1982, de 29 de noviembre, 37/1983, de 11 de mayo, 59/1983, de 6 de julio), y que el concepto de implantación no puede ser confundido con el de representatividad en el sentido en que este último es valorado por el Estatuto de los Trabajadores para atribuir legitimación para la negociación colectiva de eficacia general o para la representación institucional (STC 37/1983, de 11 de mayo, FJ 3, y ATC 66/1985, de 30 de enero). Esta exigencia de implantación, aunque inicialmente se había considerado necesaria en el marco de procesos especiales de conflicto colectivo (SSTC 70/1982, de 29 de noviembre, 37/1983, de 11 de mayo, 59/1983, de 6 de julio, y ATC 100/1985, de 13 de febrero), se extendió también a otros procesos mediante la STC 210/1994, donde, precisamente, no se otorgó el amparo solicitado por presunta vulneración de los arts. 24.1 y 28.1 CE en un caso en el que el sindicato recurrente impugnaba la resolución judicial que había negado su legitimación en un proceso de seguridad social en el que, sin embargo, no había acreditado la más mínima implantación.
La aplicación de esta jurisprudencia nos obliga a examinar si en el presente caso existía esa conexión o vínculo entre el sindicato y el objeto del pleito en que consiste el interés legítimo constitucionalmente protegido y que niega la resolución judicial impugnada.
Como puede comprobarse, dicha ratio decidendi no tiene que ver, ni con un problema de implantación del sindicato en el ámbito del litigio (caso, por ejemplo, de la STC 210/1994, de 11 de julio, FJ 4), ni con la representatividad de éste (al tratarse en el presente caso de un sindicato más representativo con presencia en el Comité de Empresa de Fibrocemento, uno de cuyos miembros es delegado de prevención y miembro del comité de seguridad y salud de la empresa), sino únicamente con la falta de interés del sindicato en la cuestión suscitada en el proceso por la inexistencia de conexión o vínculo entre la organización sindical recurrente y el objeto al que se refiere la pretensión, como legitimación derivada del art. 7 CE y recogida en el art. 2.2 d) LOLS, al establecer que la libertad sindical comprende el "planteamiento de conflictos individuales y colectivos", así como en el art. 17.2 LPL.
Además, conviene aclarar respecto del Auto recurrido que, según se acredita por la lectura de las actuaciones y por el propio planteamiento del actual recurso, el sindicato recurrente en ningún momento ha pretendido defender en el proceso a quo, ni ha alegado en él, que su condición de parte se deba a que existe una "causa propia o derecho subjetivo propio" (art. 17.1 LPL), ni que actúe como representante procesal en nombre de sus afiliados (art. 20 LPL), sino en cuanto a entidad que ostenta la representación de los intereses sociales y económicos que le son propios (arts. 7 CE, 7.3 LOPJ, 17.2 LPL).
En el caso aquí enjuiciado es cierto que el proceso de oficio en el que se ha negado legitimación al sindicato recurrente trae causa de un procedimiento administrativo sancionador previo y que, por regla general, en este tipo de procedimientos los intereses afectados son únicamente los de las partes directamente implicadas: empresa y trabajadores. Sin embargo, en el presente supuesto concurren unos elementos específicos que permiten concluir que también resultan afectados intereses colectivos del conjunto de los trabajadores de la empresa y, en consecuencia, intereses económicos y profesionales cuya defensa puede legítimamente corresponder al sindicato recurrente, ya que la infracción objeto de controversia y la eventual sanción tienen por objeto la tutela de un interés colectivo, como se verá de inmediato.
En estas circunstancias negar la legitimación del sindicato en el proceso de oficio sobre la base de que la Sentencia sólo tiene efectos para las partes (trabajadores y empresarios implicados) lleva consigo una interpretación claramente restrictiva del acceso a la jurisdicción que no tiene en cuenta la especial naturaleza del proceso de oficio, que, en casos como el presente, provoca paradojas cuando se soslaya una comprensión global del mismo y que no parece ajustarse a las peculiaridades que en dicho proceso tiene el pronunciamiento judicial que, como tal, no puede afectar solamente a las partes, tal y como sostiene el Auto impugnado, pues, al ser el pronunciamiento judicial un pronunciamiento esencialmente declarativo y no de condena las partes directamente afectadas no pueden ser condenadas ni ver afectados sus derechos de modo directo en ese momento. La peculiar naturaleza del procedimiento de oficio dota, así pues, de peculiaridades propias al supuesto ahora objeto de examen y refuerza la existencia de un interés legítimo del sindicato en el procedimiento de oficio.
No se puede olvidar que el procedimiento de oficio se inicia por comunicación de la autoridad laboral que ha de resolver un expediente administrativo sancionador iniciado por acta de la Inspección, que no puede ser iniciado a instancia de ninguna otra parte y que se enmarca dentro de un procedimiento administrativo sancionador, ya iniciado pero inconcluso, suspendido precisamente por la autoridad laboral a la espera de la resolución judicial que, una vez firme, resulta vinculante para la autoridad laboral, quien ha de resolver el expediente administrativo sancionador de arreglo con el contenido de la misma. La Sentencia dictada en el proceso de oficio, de este modo, tiene efectos vinculantes para la resolución del expediente administrativo sancionador iniciado por el acta de la inspección. Expediente que, de abocar finalmente en la imposición de una sanción, por lo demás, puede ser posteriormente controlado en el orden contencioso administrativo. Esta "intersección" que el proceso de oficio provoca en el procedimiento sancionador en sentido estricto es susceptible de plantear situaciones paradójicas si se examina exclusivamente desde una de las fases procedimentales, a modo de un compartimento estanco. Ello es lo que ocurre en el presente litigio, donde al sindicato se le niega la legitimación pese a haberle sido otorgada la condición de interesado en el procedimiento sancionador previo. Negarle la condición de parte en el proceso judicial de oficio, pese a tener reconocida la misma en el procedimiento administrativo sancionador previo, cuando la resolución judicial del primero tiene fundamentales y decisivos efectos sobre la resolución administrativa que finalmente se dicte, resulta una interpretación excesivamente restrictiva y desproporcionada cuando no se ofrece motivo alguno por el que, mediante el traslado de una parte del control de la legalidad administrativa a otro orden jurisdiccional, se justifique que deja de concurrir el interés legítimo que inicialmente ostentaba y le fue reconocido al sindicato.
Declarar que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24 CE).
Restablecerle en su derecho y, a tal fin, anular el Auto de 12 de abril de 1999 del Juzgado de lo Social núm. 1 de los de Valladolid, dictado en autos núm. 590/98, y retrotraer actuaciones al momento procesal oportuno para que el Juzgado de lo Social dicte la resolución que proceda, respetando el derecho aquí declarado.
Voto particular disidente que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 1990/99.
Mi discrepancia se refiere especialmente a los FFJJ 4 y 5, en los que se expone cuál es el interés legítimo del sindicato demandante, que sirve de soporte de la legitimación negada en el proceso a quo, definiendo ese interés a partir de consideraciones fácticas establecidas, a mi juicio, sin la estricta vinculación de nuestro enjuiciamiento de los hechos al llevado a cabo en el proceso a quo, como creo que nos es exigible.
Comenzando por lo relativo al interés legítimo del sindicato demandante, reconocido en este caso en la Sentencia en sus FFJJ 4 y 5, creo que se incurre en ellos en un exceso de voluntarismo. En tal exceso subyace además una concepción, a mi juicio, desviada sobre el objeto del recurso de amparo en conflictos inter privatos, tomando como tal, se diga o no expresamente, no directa e inmediatamente la resolución judicial recurrida, sino la contienda suscitada ante el órgano jurisdiccional a quo, y resuelta por éste en el ejercicio de su exclusiva potestad jurisdiccional.
En el caso actual la base del significado colectivo del conflicto se sitúa (FJ 4 de la Sentencia) en un presupuesto fáctico que, en mi personal criterio, está totalmente ausente, no solo de la resolución recurrida, sino de todo el proceso a quo. Se dice sobre el particular en el FJ 4 de la Sentencia, para justificar la afectación colectiva del litigio que "en el presente supuesto concurren unos elementos específicos que permiten concluir que también resultan afectados intereses colectivos del conjunto de los trabajadores de la empresa y, en consecuencia, intereses económicos y profesionales cuya defensa puede legítimamente corresponder al sindicato recurrente, ya que la infracción objeto de controversia y la eventual sanción tiene por objeto la tutela de un interés colectivo, como se verá de inmediato..."; y más adelante que "la situación de contratación y de estabilidad laboral en al que se hallan los trabajadores encargados de prestar este servicio en una empresa en la que existen importantes riesgos cancerígenos desborda esos intereses meramente particulares para afectar plenamente al interés colectivo del conjunto de trabajadores de la empresa".
Desde las iniciales actas de la Inspección de Trabajo en ningún momento se planteó problema alguno de incumplimiento por la empresa inspeccionada de sus obligaciones en materia de salud laboral, como lo revela el dato, a mi juicio incontrovertible, de que en dichas actas no se alude a infracción alguna de tal signo, sino a la infracción del art. 43 en relación con el art. 96.2 del Estatuto de los Trabajadores (texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995); esto es, el objeto del procedimiento sancionador fue exclusivamente una infracción por cesión ilegal de trabajadores. Y en el procedimiento de oficio, seguido a virtud de comunicación-demanda de la autoridad laboral ante el Juzgado de lo Social, el objeto del proceso era exclusivamente la solicitud de que se declarase la existencia de dicha cesión ilegal.
Afirmar, como se hace en el FJ 4 de la Sentencia, que "se trata en este caso de una concreta situación de posible cesión ilegal de los trabajadores que afecta de forma directa la prestación de un servicio de capital importancia para el conjunto de los trabajadores", es una afirmación, a mi juicio, desmedida.
"En todo caso, el hecho de que los trabajadores afectados por la cesión ilegal fueran, precisamente, los que realizaban las funciones preventivas y que, por tal cesión, la empresa Fibrocementos NF, S.L., fuera dilatando sus obligaciones de consulta y de constitución de un servicio de prevención de acuerdo con la regulación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo, permite inferir que el resultado del pronunciamiento judicial, aunque meramente declarativo pero con decisivos efectos en el procedimiento sancionador, podía ofrecer una clara ventaja o utilidad a los trabajadores de la empresa consistente en la adopción final de las medidas exigidas legalmente en una materia de interés colectivo como es la salud laboral y el establecimiento de un servicio de prevención en el que los representantes de los trabajadores fueran consultados con carácter previo a la adopción de la decisión que se tomara por la empresa en esta materia".
En primer lugar, lo de la dilación "de las obligaciones de consulta y de constitución de un servicio de prevención de acuerdo con la regulación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo", es, a mi juicio, un factor de hecho de absoluta novedad en la Sentencia, sin base en el proceso a quo, por lo que considero que no tenía cabida en ella. Sobre el particular me remito a lo expuesto antes sobre los límites del recurso de amparo constitucional ex art. 44.1 b) LOTC.
Es realmente de difícil explicación que la Inspección de Trabajo no adoptara medida alguna de tipo sancionador por la dilación del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto a las "obligaciones de consulta y de constitución de un servicio de prevención", si es que hubiese tal dilación. Y ese dato negativo creo que aconsejaba que en la Sentencia no se tomara como hecho, y como elemento argumental, el de una irregularidad en el cumplimiento de la normativa ordinaria, que no se tomó como tal por la Administración especializada en la vigilancia y control del cumplimiento de dicha normativa. Me parece que la argumentación de la Sentencia en este punto se introduce imprudentemente en un ámbito del ordenamiento jurídico que no es el propio del Tribunal Constitucional.
De la legitimación se ha dicho (por todas STC 252/2000, de 30 de octubre, FJ 3) que es "una específica relación entre el actor y el contenido de la petición que se ejercita", caracterizando el interés legítimo que permite establecer tal relación como "una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición) de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto (STC 65/1994, de 28 de febrero, FJ 3, y también STC 105/1995, de 3 de julio, FJ 2 y 122/1998, de 15 de junio FJ 4, así como ATC 327/1997, de 1 de octubre, FJ 1), debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, y cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético)".
La Sentencia, que hace en su FJ 2 una proclamación de que la "capacidad abstracta que tiene todo sindicato para ser parte no autoriza a concluir sin más que es posible a priori cualquier actividad en cualquier ámbito pues tal capacidad `no alcanza a transformarlos en guardianes abstractos de la legalidad¿, cualesquiera que sean las circunstancias en las que ésta pretenda hacerse valer", viene de hecho en este caso a admitir al sindicato demandante lo que se niega en una proclamación abstracta. Contradicción que asimismo aprecio entre la proclamación en el mismo fundamento jurídico, y a continuación de lo transcrito, de que "en el concreto ámbito del proceso, por la propia naturaleza del marco en que el sindicato ha de actuar, conviene recordar que este Tribunal ya ha tenido ocasión de subrayar la necesaria existencia de un vínculo acreditado, de una conexión entre la organización que acciona y la pretensión ejercitada (SSTC 210/1994, 101/1996, 7/2001, 24/2001, 84/2001)", y la realidad del reconocimiento en este caso de legitimación al sindicato recurrente; pues, como he razonado con anterioridad, en la conexión apreciada en la Sentencia, como base de la legitimación que proclama, no se establece con "la pretensión ejercitada", que es de declaración de una cesión ilegal, sino con las eventuales derivaciones que, a través de actuaciones distintas de la Sentencia del Juez a quo, puedan extraerse de ella en otro ámbito relacional distinto del cuestionado en el proceso en que el sindicato intentó comparecer.
Aprecio finalmente en la Sentencia una contradicción de signo similar entre lo que se dice en ella como proclamación abstracta, y lo que realmente se hace en relación al caso concreto, cuando en el inicio del FJ 4, con referencia a la posible intervención de los sindicatos en los procedimientos administrativos sancionadores, se afirma que "en este tipo de procedimiento los intereses afectados son únicamente los de las partes directamente implicadas: empresa y trabajadores". No veo que las circunstancias de este caso permitan excepcionar esa correcta proclamación de la referida "regla general". La colectivización del interés concernido en el procedimiento sancionador que está en el origen de la controversia que ha llegado hasta este recurso de amparo, y a la que de hecho se ha llegado en este caso, sienta un precedente que, sin grandes dificultades, puede utilizarse en el futuro, para justificar la presencia sindical en todo procedimiento sancionador; pues, en definitiva, todo procedimiento sancionador administrativo laboral tiene como fin la garantía del interés general en el cumplimiento de la legislación laboral, interés finalístico, que, de ser valorado como de hecho se ha valorado el que en este caso está en cuestión, justificaría esa presencia sindical con argumentos similares a los empleados en nuestra Sentencia, mutatis mutandis. De ahí a erigir a los sindicatos en "guardianes abstractos de la legalidad", media solo un paso, que este Tribunal no creo que pueda dar, en tanto la legalidad, como es hasta el momento la situación, no lo haya dado. La Sentencia de la que disiento creo que da un paso decidido en tal dirección, en una opción voluntarista, poco rigurosa, que decididamente no comparto.
La segunda de las vertientes de mi discrepancia, según la indicación que se hizo al principio, parte de la consideración de que la legitimación procesal no es en principio una cuestión directamente constitucional, sino que tal legitimación, como la regulación en general del proceso y de sus requisitos, es cuestión primariamente confiada al legislador ordinario. En tal sentido la regulación legal de la legitimación en el proceso laboral, y más en concreto la de los sindicatos, es el elemento de referencia inexcusable para que, a la hora de enjuiciar desde la óptica constitucional una resolución de un órgano jurisdiccional que la niega, en aplicación de la normativa procesal, podamos decidir si la aplicación de la norma se ha realizado "no solo de manera razonable y razonada sin sombra de arbitrariedad ni error notorio, sino en sentido amplio y n restrictivo, esto es, conforme al principio pro actione", que es el canon de enjuiciamiento que de modo reiterado venimos proclamando en nuestra jurisprudencia (por todas, la ya citada en otro momento STC 252/2000, de 30 de octubre, FJ 1).
Los sindicatos tienen la legitimación que les concede el art. 17.2 LPL "para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios"; pero ello no supone un título de presencia en procesos singulares en donde se accionen intereses individuales subjetivamente delimitados; lo que supondría tanto como desnaturalizar la caracterización singular del proceso, enturbiando su objeto, con posible repercusiones negativas en la posición jurídica de las partes genuinas, y con eventual repercusión perturbadora, tanto en la igualdad de partes, al poderse potenciar con esa presencia la posición de una de ellas, como en el derecho de tutela judicial de éstas, que no tiene por qué estar presionado por intereses ajenos a los propios, cuando éstos tienen, a su vez, cauces procesales idóneos y distintos para su tutela judicial.
Me parece en exceso vaga la base de la imputación, contenida en el FJ 5 de la Sentencia, de que "negar la legitimación del sindicato en el proceso de oficio sobre la base de que la Sentencia [se refiere a la del Juzgado] solo tiene efectos para las partes (trabajadores y empresarios implicados) lleva consigo una interpretación claramente restrictiva del acceso a la jurisdicción que no tiene en cuenta la especial naturaleza del proceso de oficio". La vaguedad la encuentro con la referencia al "acceso a la jurisdicción", cuando de lo que se trata es de si en ese especial tipo de proceso está legalmente prevista la presencia sindical. No es, pues, la idea genérica del acceso a la jurisdicción, sino el precepto legal concreto que, en su caso, la permita, lo que debiera haberse precisado, para poder sostener la existencia de una interpretación restrictiva; y la Sentencia no lo hace, por la potísima razón de que ese precepto no existe. Y es significativo, según ya se indicó, que, cuando la Ley de Procedimiento Laboral ha querido abrir paso a presencias, no solo sindicales, sino de otros sujetos, en posiciones de coadyuvantes, lo ha hecho.
No me convence la explicación que se expone en el FJ 5 sobre la índole del proceso de oficio y su carácter marcadamente declarativo, pues el que "las partes directamente afectadas no puedan ser condenadas ni ver afectados sus derechos de modo directo en ese momento", y el que "la Sentencia dictada en el proceso de oficio [tenga] efectos vinculantes para la resolución del expediente administrativo iniciado por el acta de la Inspección", no es razón para que se altere la estructura subjetiva del proceso, ni para que pueda considerarse ampliado el círculo subjetivo de afectación de la eventual resolución administrativa sancionadora.
STC 118/2012, 4 de Junio de 2012
STSJ Cataluña 3735/2006, 15 de Mayo de 2006
STS, 20 de Febrero de 2014
SAP Zaragoza 127/2011, 12 de Abril de 2011
ATC 29/1999, 8 de Febrero de 1999
STS, 20 de Febrero de 1998

References: resolución 
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 Real Decreto 
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