Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2020/05/18/una-necesidad-basica-en-medio-de-la-pandemia-hasta-tanto-el-tribunal-federal-competente-resuelva-el-gcba-debe-proveer-de-agua-a-los-barrios-populares/
Timestamp: 2020-08-06 19:32:44+00:00

Document:
El agua, una necesidad básica en medio de la pandemia: Hasta tanto el tribunal federal competente resuelva, el GCBA debe proveer de agua a los barrios populares – AL DÍA | ARGENTINA
Ed. Microjuris.com Argentina	en 18 mayo 2020
Partes: Koutsovitis Maria Eva y otros c/ GCBA s/ amparo – urbanizacion villas
Cita: MJ-JU-M-125296-AR | MJJ125296 | MJJ125296
Hasta tanto el tribunal federal competente resuelva la medida cautelar solicitada, se ordena, en forma precautelar, al GCBA la provisión de agua en los barrios populares.
1.-Se ordena, como medida precautelar, hasta que el tribunal competente resuelva la procedencia de la medida cautelar solicitada, al GCBA que en el plazo de cinco días: a) elabore un Plan de Contingencia ante posibles emergencias sanitarias que incluya un cronograma detallado para cada Barrio Popular que garantice, a pedido de los habitantes de los mismos, la entrega de agua a granel para todos los usos en los barrios o sectores de barrios que no cuenten con suministro continuo de agua corriente; b) incremente la entrega de agua a granel para todos los usos en los barrios o sectores de barrios que no cuenten con suministro continuo de agua corriente; y c) elabore e implemente un Protocolo de Actuación para brindar pautas claras de manejo y alerta respecto al agua de consumo a las familias, debiendo incorporar medidas preventivas que las familias deberían adoptar (hervir el agua, incorporarle lavandina, etc.) para reducir el riesgo sanitario.
2.-Toda vez que no tiene sentido una condena parcial en sede local y que todo quede para resolver en sede federal, pues la gestión es una sola, una sola jurisdicción es la que debe resolver los conflictos; máxime siendo que indudablemente todo está regido esencialmente por ese motivo por normas federales y cabe remitir las actuaciones a la Justicia Contencioso Administrativo Federal para su posterior tramitación.
3.-Contrariamente a lo sostenido por la actora, de la normativa federal, surge que la Concesionaria AySA no sería una empresa meramente operativa de infraestructura construida por otros, sino que tiene diversas obligaciones, siendo una de ellas la ejecución de obras tendientes al desarrollo y expansión de las redes que hacen a la provisión del servicio (conf. Arts. 2 , 10 y 22 inc. d) del Marco Regulatorio aprobado por la Ley Nro. 26.221) y si bien la complejidad del tema y sus características importa que no haya un solo sujeto obligado a desarrollar y expandir la red, la normativa y las propias características del servicio en cuestión hacen que AySA aparezca en un necesario rol de coordinador de todas las obras que se desarrollan.
4.-Si el domicilio que se quiere conectar, ya sea a la red de cloacas o de suministro de agua potable, se sitúa dentro del área de aplicación del Marco Regulatorio aprobado por la Ley Nro. 26.221 (lo que se denomina Área Regulada conforme arts. 3 , 5 inc. g) y 6 inc. a) , del Marco Regulatorio, que comprende el territorio de la Ciudad de Bs. As.), la materia debatida es de carácter federal, correspondiendo el trámite de la causa a la competencia de la justicia federal.
5.-El fundamento del carácter federal de la Ley N° 26.221 se encuentra en la circunstancia de que regula un servicio público cuya red de prestación es interjurisdiccional y por ende alcanzado por el art. 75 inc. 13 CN, que otorga al Congreso Nacional la atribución de legislar el comercio interprovincial, constituyendo de esa manera el servicio público regulado un servicio público nacional en los términos del art. 42 CN; máxime siendo que el art. 9 de la Ley nacional Nro. 24.588 reservó para el Estado Nacional la competencia de los servicios públicos cuya prestación exceda el territorio de la ciudad de Buenos Aires.
6.-Corresponde rechazar la conexidad planteada por el GCBA demandado pues la superposición parcial limitada a un barrio popular, el estado procesal y la antigüedad del proceso en trámite ante otro Juzgado del fuero, y el criterio riguroso con el que debe aplicarse la conexidad, no cabe entender que media la pretendida conexidad entre ambos procesos.
7.-Con respecto al planteo de conexidad efectuado por el GCBA, cabe destacar que el Tribunal estableció que el objeto de aquel amparo fue que el GCBA cesara en su omisión ilegítima y arbitraria de brindarle un dispositivo adecuado a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en hospitales públicos de esta Ciudad en condición de alta hospitalaria y a la espera de un recurso por carecer de red de contención familiar, en virtud de la pandemia declarada; por lo tanto, no se advierte vinculación alguna con el objeto de las presentes actuaciones.
Ciudad de Buenos Aires, 5 de mayo de 2020
Estos autos en estado de resolver sobre la competencia del tribunal para entender en esta causa, Y Considerando:
I.- María Eva Koutsovitis (DNI 24.773.917), ingeniera civil e hidráulica, en su calidad de habitante de la ciudad, Edith Mabel Mamani (DNI 16.781.036), en su calidad de habitante de la ciudad y de la Villa 20, Elva Guillermina Ortiz (DNI 14.887.306), en su calidad de habitante de la ciudad y del Barrio Inta (Ex Villa 19), Lidia Elena Aiva (DNI 24.979.093), en su calidad de habitante de la ciudad y de la Villa 21-24, María Nicanora Zorrilla Delgado (DNI 94.801.212), en su calidad de habitante de la ciudad y de la Villa 20, Adela Sánchez Alcoba (DNI 94.217.237), en su calidad de habitante de la ciudad y de la Villa 15, María Irene Bogarín (DNI 92.960.365), en su calidad de habitante de la ciudad y del Barrio Inta, Luisa Silvia Muñoz (DNI 14.990.940), en su calidad de habitante de la ciudad y del Barrio Cildañez, Claudia Gallardo (DNI 31.931.038), en su calidad de habitante de la ciudad y del Barrio Scapino, Rosario Castañeta Castañeta (DNI 92.646.488), en su calidad de habitante de la ciudad y del Barrio Scapino, Roberto Antonio Teseyra (DNI 30.852.437), en su calidad de habitante de la ciudad y del Barrio Scapino, Liliana Beatriz González Peralta (DNI 94.536.417), en su calidad de habitante de la ciudad y del Barrio Scapino, Jonatan Emanuel Baldiviezo (DNI 30.150.327), en su calidad de habitante de la ciudad, Franco Damián Armando (DNI 29.158.798), en su calidad de habitante de la ciudad, Pablo Damián Spataro (DNI 24.551.454), en su calidad de habitante de la ciudad, Claudio Raúl Lozano (DNI 12.780.491), en su calidad de habitante de la ciudad, con el patrocinio letrado del Sr.Jonatan Emanuel Baldiviezo (T. 101 F. 26 CPACF) iniciaron acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Bs. As. (GCBA) con el objeto de que:
“A.1. Se ordene al GCBA a garantizar al 100% de las familias de los Barrios Populares ubicados en la ciudad reconocidos por la Ley N° 27.453 y las villas y asentamientos reconocidos por la ciudad, el acceso regularizado y formal al servicio de agua potable y saneamiento cloacal. Entendiendo que el acceso formal al servicio implica que la empresa prestadora AySA S.A. u otro organismo estatal preste el servicio de agua potable y saneamiento cloacal según los criterios normativos nacionales e internacionales y la prestación del servicio se encuentre regulada por los organismos de control que correspondan.
A.2. Se ordene al GCBA elaborar e implementar un Plan de Agua Potable y Saneamiento Cloacal para la totalidad de los Barrios Populares de la Ciudad que contemple los siguientes cuatro (4) ejes de acuerdo a lo desarrollado en el punto III.D.v. de la presente demanda (págs. 27/66 del escrito de inicio) y que incorporen de manera integral y transversal la dimensión productiva y del trabajo, la participación comunitaria y la perspectiva de género y diversidad: Diseño de la Infraestructura; Modalidades de Ejecución y Contratación para las Obras; Programa de Control y Monitoreo Ciudadano; y Sistema Tarifario Social Especial.
A.3. Se ordene al GCBA que, en un plazo de 90 días, realice un relevamiento y diagnóstico sanitario en forma participativa que permita detallar la problemática sanitaria en cada uno de los Barrios Populares de la CABA y que deberá incluir: a. Relevamiento físico exhaustivo de la infraestructura sanitaria de agua potable y cloacal. b. Identificar en cada barrio todos los conductos principales cloacales y de agua potable operados por la empresa prestadora AySA que abastecen formalmente a la red interna. En el caso de los conductos troncales de agua potable que abastecen a las redes internas y opera AySA, el GCBA deberá solicitarle a la empresa prestadora que realice mediciones de presión. c.Mapeo detallado de la problemática sanitaria utilizando encuestas sanitarias, análisis de la calidad del agua de consumo implementando protocolos físico-químico y bacteriológicos, y determinaciones de presión en las redes internas de distribución de agua corriente. d. Caracterización del espacio público distinguiendo entre las vías públicas formales, las vías públicas que cumplen con los requisitos de la Resolución N°26/2017 del APLA y las vías públicas que no satisfacen los requisitos de la mencionada resolución. e. Una propuesta de formalización del servicio de agua potable y saneamiento cloacal para aquellos sectores de los barrios populares donde las características del espacio público no cumplan con los requisitos de la Resolución N°26 del APLA. A.4. Se ordene al GCBA, finalizada la etapa de diagnóstico, a los 60 días siguientes, presentar un Plan de Obras elaborado participativamente que incluya las siguientes etapas de ejecución: a. Etapa 1. Regularización de la totalidad de los hogares frentistas a vías públicas formales b. Etapa 2. Regularización de la totalidad de los hogares frentistas a vías públicas que cumplan con los requisitos de la Resolución N°26/2017 del APLA. c. Etapa 3. Regularización de la totalidad de los hogares frentistas a vías públicas que no cumplan con los requisitos de la Resolución N°26/2017 del APLA. d. Etapa 4. Readecuación de la infraestructura interna de la totalidad de las viviendas. Se solicita que ordene que el Plan de Obras en cada barrio establezca de manera consensuada con la comunidad prioridades de intervención, un cronograma de obras con plazos ciertos de ejecución y presupuesto asignado.
B.En virtud de que las obras definitivas de infraestructura requerirán períodos de tiempo muchas veces no compatibles con la criticidad sanitaria que atraviesan los Barrios Populares (villas y asentamientos), se solicita se ordenen las siguientes medidas de atención sanitaria inmediata que tendrán por objeto reducir el riesgo sanitario, informar a las comunidades brindando herramientas concretas sobre adecuados manejos sanitarios y adelantar algunas acciones necesarias para lograr, qué una vez ejecutada la infraestructura de agua potable y cloaca, las familias se conecten al servicio:
B.1. Se ordene al GCBA elaborar un Plan de Contingencia ante posibles emergencias sanitarias que incluya un cronograma detallado para cada Barrio Popular con recorridos, fechas y horarios precisos, previamente acordados con la comunidad y adecuadamente difundidos que garantice, a pedido de los habitantes de los Barrios Populares, la entrega de agua a granel para todos los usos en los barrios o sectores de barrios que no cuenten con suministro continuo de agua corriente; que garantice la entrega de agua potable envasada para consumo directo en los barrios o sectores de barrios que no tengan acceso a agua potable y segura; y que garantice el mantenimiento y destapación de cámaras cloacales y pozos ciegos.
B.2. Se ordene al GCBA a garantizar dos (2) litros de agua potable envasada por habitante diariamente en los barrios o sectores de barrio que no cuenten con acceso formal al agua potable y segura B.3. Se ordene al GCBA la entrega de agua a granel para todos los usos consumo directo, manipulación de alimentos, higiene personal, higiene del hogar, etc) en los barrios o sectores de barrios que no cuenten con suministro continuo de agua corriente debiendo tener como guía para la dotación por habitante las normativas nacionales e internacionales que establecen dotaciones de consumo de agua potable con valores entre 150 y 250 litros por habitante por día y las guías de diseño del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) que establecen dotaciones de diseño para los proyectos de agua potable de 150 a 300 litros por habitante día1. B.4.Se ordene al GCBA elaborar e Implementar un Protocolo de Actuación para brindar pautas claras de manejo y alerta respecto al agua de consumo a las familias. Este deberá incorporar medidas preventivas que las familias deberían adoptar (hervir el agua, incorporarle lavandina, etc.) para reducir el riesgo sanitario. Asimismo, deberá incorporar mecanismos activos de participación ciudadana, como la figura de las promotoras sanitarias.
B.5. Se ordene al GCBA garantizar de manera gratuita en cada hogar dos (2) garrafas de 10 kilos, 8 litros de lavandina, jabón blanco en pan y detergente para llevar a cabo la higiene del hogar y de los integrantes de la familia por mes.
B.6. Se ordene al GCBA diseñar e Implementar hasta tanto el servicio sanitario sea regularizado y operado formalmente, un sistema de monitoreo de la calidad, presión y continuidad del agua de consumo en los Barrios Populares, villas y asentamientos. Se 020 solicita que el monitoreo: con una frecuencia bimestral, analice mediante la aplicación de protocolos de calidad fisicoquímicos y bacteriológicos un (1) punto de muestreo por manzana y/o un (1) punto de muestreo cada 50 familias; respecto al monitoreo de la presión, con frecuencia bimestral, realice dos (2) determinaciones de presión en las redes internas del barrio por manzana y/o dos (2) determinaciones cada 50 familias; para evaluar la continuidad del suministro del agua de consumo, realice lecturas periódicas del valor de la presión en un punto prefijado del barrio, como un centro de salud, una institución educativa o un espacio comunitario; lleve a cabo un control, registro y estadística de los indicadores clave del servicio, independientemente de la formalidad o informalidad del mismo; implemente un sistema público de trazabilidad para los camiones cisterna con controles de calidad en los puntos de entrega de agua potable con una frecuencia adecuada.
B.7. Se ordene al GCBA implementar un Programa de Limpieza periódica de tanques que pueda llevarse adelante por cooperativas y/o organizaciones vecinales con una frecuencia trimestral.
B.8.Se ordene al GCBA instalar, en puntos prefijados y previamente acordados por la comunidad, tanques comunitarios abastecidos de agua potable con camión cisterna.
B.9. Se ordene al GCBA abastecer de tanques plásticos domiciliarios de calidad homologada, a la totalidad de los hogares que no cuenten con sistemas confiables de almacenamiento para el agua de consumo.
B.10. Se ordene al GCBA fortalecer el Sistema de Atención Primaria para mejorar la atención prioritaria y el registro de enfermedades hídricas incorporando la figura de las promotoras de salud.
B.11. Se ordene al GCBA garantizar económica y técnicamente a través de un programa que la totalidad de las familias puedan ejecutar los núcleos húmedos en sus viviendas y garantizar de esta manera en cada hogar un baño completo y dos (2) canillas.
B.12. Se ordene al GCBA la formalización y regularización del servicio de agua potable y saneamiento cloacal para la totalidad de las viviendas frentistas a vías públicas formales.” II.- Asimismo solicitaron como medida cautelar:
“A. Se ordene al GCBA Elaborar un Plan de Contingencia ante posibles emergencias sanitarias que incluya un cronograma detallado para cada Barrio Popular con recorridos, fechas y horarios precisos, previamente acordados con la comunidad y adecuadamente difundidos que garantice, a pedido de los habitantes de los Barrios Populares, la entrega de agua a granel para todos los usos en los barrios o sectores de barrios que no cuenten con suministro continuo de agua corriente; que garantice la entrega de agua potable envasada para consumo directo en los barrios o sectores de barrios que no tengan acceso a agua potable y segura; y que garantice el mantenimiento y destapación de cámaras cloacales y pozos ciegos.
C.Se ordene al GCBA la entrega de agua a granel para todos los usos (consumo directo, manipulación de alimentos, higiene personal, higiene del hogar, etc) en los barrios o sectores de barrios que no cuenten con suministro continuo de agua corriente debiendo tener como guía para la dotación por habitante las normativas nacionales e internacionales que establecen dotaciones de consumo de agua potable con valores entre 150 y 250 litros por habitante por día y las guías de diseño del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) que establecen dotaciones de diseño para los proyectos de agua potable de 150 a 300 litros por habitante día2.
D. Se ordene al GCBA elaborar e Implementar un Protocolo de Actuación para brindar pautas claras de manejo y alerta respecto al agua de consumo a las familias. Este deberá incorporar medidas preventivas que las familias deberían adoptar (hervir el agua, incorporarle lavandina, etc) para reducir el riesgo sanitario. Asimismo, deberá incorporar mecanismos activos de participación ciudadana, como la figura de las promotoras sanitarias.
F. Se ordene al GCBA diseñar e Implementar hasta tanto el servicio sanitario sea regularizado y operado formalmente, un sistema de monitoreo de la calidad, presión y continuidad del agua de consumo en los Barrios Populares, villas y asentamientos. Se solicita que el monitoreo:con una frecuencia bimestral, analice mediante la aplicación de protocolos de calidad fisicoquímicos y bacteriológicos un (1) punto de muestreo por manzana y/o un (1) punto de muestreo cada 50 familias; respecto al monitoreo de la presión, con frecuencia bimestral, realice dos (2) determinaciones de presión en las redes internas del barrio por manzana y/o dos (2) determinaciones cada 50 familias; para evaluar la continuidad del suministro del agua de consumo, realice lecturas periódicas del valor de la presión en un punto prefijado del barrio, como un centro de salud, una institución educativa o un espacio comunitario; lleve a cabo un control, registro y estadística de los indicadores clave del servicio, independientemente de la formalidad o informalidad del mismo; implemente un sistema público de trazabilidad para los camiones cisterna con controles de calidad en los puntos de entrega de agua potable con una frecuencia adecuada.
L.Se ordene al GCBA la formalización y regularización del servicio de agua potable y saneamiento cloacal para la totalidad de las viviendas frentistas a vías públicas formales.” III.- A continuación, explicaron detalladamente lo acontecido con relación a la Pandemia de Corona Virus Covid 19 y las medidas adoptadas por el Estado Nacional y local al respecto. Fundaron el vínculo existente entre su pretensión y la pandemia mencionada en la recomendación médica de lavarse las manos con agua potable y jabón como medida altamente efectiva para prevenir el contagio de la enfermedad como así también en la ingesta de agua potable como componente de una dieta saludable a los fines de estar mejor preparados para un eventual contagio y en la falta de detección de la presencia del Corona Virus Covid 19 en el agua potable (ver pág. 10/15 de la demanda donde, entre otras opiniones, se cita un documento de la Organización Mundial de la Salud referido a “Gestión de agua, saneamiento, higiene y residuos para COVID-19).
IV.- A continuación, explicaron lo acontecido en la Ciudad de Bs. As. con relación a la propagación del dengue, que para la temporada 2019-2020 alcanza hasta el momento la cantidad de 4302 casos. Fundaron la vinculación con su pretensión en la falta de agua permanente que obliga a almacenar agua de forma insegura, lo que coadyuva a la reproducción del mosquito que transmite la enfermedad del dengue (ver págs. 25/27 de la demanda).
V.- Con relación al acceso al agua potable y segura en los Barrios Populares ubicados en el territorio de la Ciudad de Bs. As, dijeron: “La ley de la ciudad Nº 3.295 reconoce como un derecho humano el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes para usos personales y domésticos, y garantiza el ejercicio de este derecho a todos sus habitantes. Sin embargo, para quienes viven en las villas de la ciudad el goce de este derecho es utópico..Los organismos responsables de ejecutar las políticas urbanas orientadas a las villas son múltiples no sólo por los servicios públicos a prestar o por problemáticas a solucionar sino también por la superposición de atribuciones. La falta de claridad e información de competencias a los habitantes de las villas, y fragmentaciones en la responsabilidad de garantizar la prestación de servicios públicos se intensifica en lo que se refiere al servicio público de agua potable y saneamiento. La ausencia de planes integrales para una adecuada cobertura de los servicios básicos sanitarios se suma a la desarticulación entre los organismos de la ciudad responsables de llevar a cabo las obras de infraestructura. El servicio público de agua y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra privatizado desde la década de los ’90. En el año 2006 se le otorgó la concesión a la empresa AySA SA, cuyo capital pertenece en un 90% al Estado Nacional y en un 10% a los empleados. AySA tiene la obligación de prestar los servicios de agua potable y desagües cloacales a todo inmueble comprendido dentro de las Áreas Servidas. Las villas de la ciudad se encuentran dentro del área de concesión de la empresa AySA, pero en los hechos, esta únicamente presta el servicio público de distribución de agua potable y saneamiento hasta las periferias de las mismas. De acuerdo con lo que establece el marco regulatorio de la prestación del servicio público por parte de la empresa AySA, serán considerados usuarios de los servicios de agua potable y desagües cloacales los propietarios, copropietarios, poseedores o tenedores de inmuebles que linden con calles o plazas de carácter público. Este ha sido el argumento esgrimido por AySA para no prestar el servicio en los asentamientos informales donde las calles y pasillos internos no se encuentran reconocidos formalmente como vías públicas.AySA únicamente se encarga de habilitar bocas de conexión en sus redes principales para que los habitantes de las villas puedan conectar la red interna de agua y cloaca. Por estos motivos, la Ciudad en su carácter de garante de los derechos reconocidos a los habitantes de la ciudad, y de acuerdo con su deber constitucional de “promover el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades”. La mayoría de las redes internas sanitarias y pluviales en los barrios fueron ejecutadas y costeadas por los propios habitantes de las villas de manera precaria, sin ningún tipo de apoyo o asesoría técnica. La infraestructura con la que cuentan las villas fue ejecutada sin tener en cuenta el crecimiento vertiginoso que experimentó en esta última década su población. Todo esto determina que la infraestructura básica se encuentre completamente colapsada. La ca lidad del agua que consumen los habitantes de las villas no es controlada por ningún organismo estatal. Por lo tanto, quienes viven en las villas y no poseen suficientes recursos económicos para comprar agua envasada se encuentran destinados a consumir agua no segura. Mediante mangueras los vecinos, y en algunos casos cooperativas de trabajo, se conectan a las bocas que AySA dispone en la periferia de las villas trazando precariamente las redes internas de agua. Estas mangueras no se encuentran suficientemente enterradas y el tránsito vehicular determina que se pinchen o rompan frecuentemente. Cuando recorremos los barrios es usual encontrar numerosos puntos donde se observan pérdidas continuas de agua. Desde el punto de vista de la infraestructura cloacal, algunas villas cuentan con pozos ciegos y otros con redes precarias conectadas a pequeñas cámaras que frecuentemente colapsan. Las descargas de efluentes cloacales domiciliarios se realizan a estas precarias cámaras que se encuentran en los pasillos muy próximas a las viviendas e incluso dentro de los mismos domicilios.Estas precarias redes cloacales, como en el caso del Barrio Carlos Mugica (Villa 31 y 31 bis), a veces se conectan a sistemas pluviales cuya existencia era anterior a la conformación de los asentamientos. Varias villas de la ciudad se encuentran emplazadas sobre terrenos contaminados con metales pesados y sustancias peligrosas, como la Villa 21-24, Villa 1-11-14, Rodrigo Bueno, Ramón Carrillo y Villa 20. La ausencia de adecuados sistemas pluviales, el desborde de las precarias cámaras cloacales, la conexión de los conductos cloacales a pluviales existentes y la presencia de suelos contaminados, determinan que cada vez que llueve los habitantes de las villas se inunden con agua de lluvia contaminada con líquido cloacal, metales pesados y sustancias peligrosas.” Y que: “En lugar de brindar soluciones definitivas para la infraestructura sanitaria y pluvial, en los últimos años el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contrató la prestación de camiones cisterna, vactor e hidrocinéticos con el objeto de tratar la emergencia mientras ejecutaban las obras que permitirían una prestación permanente y segura del servicio. Estas contrataciones de emergencia se han hecho duraderas en el tiempo constituyendo la normalidad para muchos sectores de las villas de la ciudad. Numerosas familias periódicamente reciben la asistencia de los camiones cisterna que recargan los tanques domiciliarios, baldes y cacerolas con agua de dudosa calidad. Vactors e hidrocinéticos que periódicamente desobstruyen las colapsadas cámaras y conductos cloacales. Esta solución transitoria “NO” ha alcanzado para garantizar el acceso al agua potable a todas las familias de las villas o para evitar el colapso de los pozos ciegos o cámaras sépticas. El elevado riesgo sanitario y ambiental al que se encuentran expuestos los habitantes de las villas se constata en la ocurrencia de enfermedades asociadas al agua, como diarreas, enfermedades de la piel, forúnculos, etc.En los Centros de Salud y Atención Comunitaria (CeSACs) donde se brinda atención primaria a la población de villas, la mayor cantidad de consultas se deben a diarreas de origen infeccioso y parasitosis, forúnculos, afecciones en la piel y hepatitis, todas ellas enfermedades relacionadas con la falta de saneamiento y acceso al agua segura.” (Ver págs. 27 a 31 de la demanda).
VI.- Adujeron que la postergación de la aplicación de la ley 148, que dispone la urbanización de todas las villas de la ciudad a través de mecanismos participativos, vulnera el derecho básico a la vida. Sostuvieron que constituye una flagrante discriminación que el GCBA no garantice la misma calidad del servicio en las villas como sí lo hacen en el resto de la ciudad. La profunda distancia entre los estándares que el marco normativo establece y cómo se presta el servicio en las villas en la actualidad, implica una violación al derecho humano al agua, a la salud, al ambiente, a la calidad de vida y a la igualdad. Expresaron que tanto la Constitución de la ciudad como las leyes de urbanización obligan al GCBA a otorgar prioridad a las villas dentro de las cuestiones urbanas de la ciudad a fin de garantizar una prestación adecuada del servicio de agua potable y saneamiento en las villas. Las soluciones no pueden ser parciales sino integrales dentro del marco del proceso de urbanización e integración. A continuación, indicaron que la presión del agua es un indicador de la seguridad del agua de consumo y que valores inferiores a 1 bar, u oscilaciones importantes en la presión, ponen en riesgo la seguridad del agua permitiendo que ingresen, a través de las roturas de las mangueras, sustancias contaminantes, el agua de las napas o restos de efluentes cloacales producto de los desbordes continuos de las cámaras.Afirmaron que el resultado de los relevamientos de presión realizados por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires durante el período 2019-2020 evidenciaron valores promedios de presión 5 veces menores a lo que establecen los criterios normativos. Destacaron que el 26 de septiembre de 2017, la Agencia de Planificación (APLA) emitió la Resolución N°26/2017 aprobando el documento titulado “Criterios de Intervención en Construcción de Infraestructura y Operación del Servicio de Agua y Saneamiento en Barrios Populares/Urbanizaciones Emergentes” elaborado por la empresa AySA. El documento establece los requisitos que debe reunir el espacio público en estos barrios y urbanizaciones para que la infraestructura de agua y cloaca pueda ser operada por AySA. Sostuvieron que si bien, aproximadamente el 60% de las vías públicas en los barrios populares de la CABA cumplen con los requisitos establecidos en la Resolución N°26/2017 del APLA, y en los últimos 4 años se han destinado cientos de millones de pesos para la ejecución de obras de infraestructura en barrios populares en el marco de procesos de integración socio-urbana, a la fecha no se registran hogares con conexiones formales al servicio exceptuando las nuevas viviendas construidas.
VII.- Luego se refirieron a un Relevamiento técnico de servicios públicos de agua y cloaca realizado en el Barrio SCAPINO en el cual, según sus dichos, la mayoría de las viviendas son frentistas a vías públicas que reúnen todos los requisitos de la Resolución N°26/2017 del APLA. Sin embargo, y a pesar de reiterados pedidos a las autoridades de la empresa prestadora AySA y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las familias no acceden al saneamiento cloacal ni al agua potable segura.Destacaron que el artículo 9 inciso C del marco regulatorio de la empresa AySA SA establece que la presión debe tender a 1 bar para garantizar la seguridad del agua, sin embargo, ninguna de las mediciones arrojó un valor superior, y el promedio de los valores de presión medidos (1,8 mca = 0,18 bar) es aproximadamente 5 veces menor. Indicaron que durante el relevamiento se constató la presencia de mangueras para el transporte del agua de consumo de agua dentro de cámaras cloacales o próximas a descargas de aguas residuales en diferentes sectores del barrio. Expresaron que la falta de adecuados sistemas de saneamiento cloacal, sumado a la ausencia de control y mantenimiento 020 adecuado por parte de los organismos gubernamentales competentes, además de exponer a las familias a un elevado riesgo sanitario, constituye un riesgo estructural para las viviendas. Dijeron que la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), el 23 de julio del 2019 presentó ante AySA S.A. un pedido de factibilidad para el servicio de agua potable para el barrio.El 10 de octubre del 2019, la empresa AySA S.A. informó por Nota N°371745/2919, que la prestación del servicio de agua potable en el Barrio Scapino estaba condicionada a que la UGIS realice un conjunto de obras de infraestructura.Concluyeron que los resultados de los índices de riesgo hídricosanitarios evidencian un Nivel de Riesgo Alto en el 100% de las manzanas del barrio, los valores de presión resultaron 5 veces menores a lo que establecen las normativas, más del 60% de las viviendas acceden al saneamiento cloacal mediante pozos ciegos domiciliarios sin cámara séptica, la inspección ocular evidenció que la infraestructura sanitaria no garantiza el acceso al saneamiento cloacal ni al agua potable segura, por lo tanto se estaría ante un escenario crítico desde el punto de vista sanitario que debe abordarse con urgencia y que además pone en riesgo la seguridad estructural de las viviendas.
VIII.- A continuación, aludieron a un relevamiento técnico de servicios públicos realizado en el BARRIO GÜEMES DEL BARRIO CARLOS MUGICA (EX VILLA 31-31 BIS). Al respecto, expusieron que históricamente la mayoría de las redes internas fueron ejecutadas y costeadas por los propios habitantes del barrio. Sin embargo, dijeron que en la última década diferentes organismos de gobierno (SSHI, IVC, UGIS, etc.) han realizado obras de infraestructura en el interior de los barrios populares que nunca fueron formalizadas. Muchas de ellas se diseñaron y ejecutaron sin tener en cuenta el crecimiento vertiginoso de su población y sin respetar criterios técnicos y normativos. La informalidad en el acceso al servicio de agua potable y saneamiento alcanza a las tareas de control: la presión y la calidad del agua que consumen los habitantes de las villas no es controlada por ningún organismo estatal. Por lo tanto, quienes viven en las villas y no poseen suficientes recursos económicos para comprar agua envasada se encuentran destinados a consumir agua no segura.Narraron que en el caso del Barrio Mugica, en 2012 en el marco del “Programa de Mejoras para las Villas 31 y 31 Bis” coordinado por la Secretaría de Hábitat e Inclusión (SSHI o SECHI, Decretos 495/GCABA/10 y 231/GCBA/12), se realizaron obras para la provisión y mantenimiento de servicios cloacales, agua y tendido eléctrico, y el mejoramiento de fachadas y espacios públicos. Luego, en el año 2016, se creó la Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU, también SISU), dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del GCBA, cuya función principal es diseñar estrategias, planes, políticas y proyectos vinculados a la integración urbana, social y económica del Barrio 31 y 31 Bis y el entorno Retiro-Puerto. Dijeron que en este marco, algunas acciones específicas cuentan con el financiamiento del Banco Mundial bajo el Programa “Barrio 31”. A la fecha, a pesar de las obras llevadas a cabo por los diferentes organismos de gobierno en el barrio y la empresa prestataria AySA en la periferia, según los dichos de la actora, ninguna vivienda del Barrio Güemes cuenta con acceso formalizado a los servicios públicos de agua potable y saneamiento, y las viviendas conectadas a las redes nuevas o existentes (ejecutadas y costeadas por los propios habitantes) no cuentan con un servicio seguro en cantidad y calidad. Mencionaron que una gran parte de las viviendas del barrio Güemes son frentistas a vías que reúnen todos los requisitos de la Resolución N°26/2017 del APLA. Sin embargo, las familias no acceden al saneamiento cloacal ni al agua potable segura. Respecto al sistema de desagües cloacales, según el Gobierno de la Ciudad, se construyeron colectores cloacales que se conectarán con la red formal de AYSA, separando los sistemas cloacales de los pluviales. Sin embargo, la operación del sistema no ha sido transferida a la empresa AySA y los vecinos afirman que después de realizadas estas obras hay desbordes cloacales frecuentes.Concluyeron que el resultado de los Índices de Riesgo Hídrico-Sanitarios, evidencian que la manzana 17 presenta un Nivel de Riesgo Alto, mientras que las manzanas 1 y 6 presentan un Nivel de Riesgo Medio-Alto. Los valores de presión de agua en la red resultaron 5 veces menores a lo que establecen las normativas. Con las intervenciones realizadas a la fecha, la infraestructura sanitaria no garantiza el acceso al agua potable segura ni al saneamiento cloacal a los habitantes del barrio Güemes.
IX.- Luego se refirieron a un relevamiento técnico de servicios públicos realizado en la VILLA 21-24. Expresaron que a mediados de enero del 2019, un fuerte olor cloacal en el agua corriente se hizo presente en numerosas viviendas de las Manzanas 24, 25 y 29. El 23 de enero, convocada por la Junta Vecinal, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Bs. As. (FIUBA) acudió a constatar la calidad del agua de consumo y se constató la presencia de olor fecal en el agua corriente de varias viviendas y se tomaron muestras del agua de consumo que fueron analizadas en un Laboratorio especializado. La totalidad de las muestras analizadas corroboró que el agua se encontraba contaminada bacteriológicamente y no era potable. Según el testimonio de las familias, no se trata de un hecho aislado, ya que es frecuente que de las canillas de los hogares no salga agua o el agua que sale tenga olor cloacal, color amarillo y sedimentos. Concluyeron que los resultados de los índices de riesgo hídricosanitarios evidencian Nivel de Riesgo Alto en el 70% de las manzanas de la Villa 21-24. Para el sector de Loma Alegre el 40% de las manzanas presentan Nivel de Riesgo Alto y para Alegre Pavimento el porcentaje de manzanas con Nivel de Riesgo Alto es del 33%. Ninguna manzana presenta Nivel de Riesgo Bajo-Moderado.El promedio de las mediciones de presión en la red pública de agua para la Villa 21-24 es de 0,17 bares, 0,28 para Loma Alegre y 0,26 para Alegre Pavimento; correlacionando los menores valores de presión con los mayores niveles de riesgo. Los resultados de los índices de riesgo eléctrico evidencian Nivel de Riesgo Alto en el 16% de las manzanas de la Villa 21-24 y un Nivel de Riesgo Moderado-Alto en el 84%. Para el sector de Loma Alegre el 30% de las manzanas presentan Nivel de Riesgo Alto y un Nivel de Riesgo ModeradoAlto en el 70%. Para Alegre Pavimento el porcentaje de manzanas con Nivel de Riesgo Moderado-Alto es del 90% y una sola manzana presenta Nivel de Riesgo BajoModerado.
X.- A continuación, enumeraron una serie de propuestas elaboradas por la CÁTEDRA DE INGENIERÍA COMUNITARIA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA de la UBA en base a los tres informes técnicos mencionados. Indicaron también que actualmente el GCBA ha iniciado obras sanitarias en algunos barrios que al día de la fecha no se encuentran regularizadas (Por ejemplo, el Barrio Carlos Mugica, Barrio Los Piletones) o se encuentran en curso licitaciones para el desarrollo de infraestructura sanitaria (como por ejemplo en la Villa 1-11-14), pero estas obras no son parte un Plan Integral de agua potable y saneamiento cloacal para la totalidad de los Barrios Populares. Por este motivo, en la gran mayoría de los Barrios Populares no se están realizando obras definitivas de infraestructura cloacal. Dijeron que las obras provisorias se realizan sin la documentación necesaria ni los estudios previos que técnicamente se exigen y, por lo tanto, no terminan brindando ni siquiera una solución de emergencia. Adujeron que la Ley Nacional Nro.27.453 denominada “Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana” establece en su artículo 12 que las obras a realizarse dentro del marco de los proyectos de integración socio-urbana, así como cualquier obra a realizarse en los barrios populares incluidos en el RENABAP, deberán adjudicarse en un veinticinco por ciento (25%) como mínimo a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integrados por habitantes de los Barrios Populares.
XI.- Invocaron el derecho al agua potable. Expresaron que el ser humano depende del agua, primero, para su subsistencia, pero luego y, además, para posibilitar el desarrollo de una vida digna. Invocaron en su favor diversas normas: CN, art. 75 inc. 22; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11.1; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, art. 14 párr. 2, apart. h]; Convención sobre los Derechos del Niño, art. 24, párr. 2, apart. c], CCABA, art. 10). Observación general Nº 15. Dijeron que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para “[.] velar porque [.] las zonas urbanas desfavorecidas tengan acceso a servicios de suministro de agua en buen estado de conservación. [.] Las zonas urbanas desfavorecidas, incluso los asentamientos humanos espontáneos y las personas sin hogar, deben tener acceso a servicios de suministro de agua en buen estado de conservación. No debe denegarse a ningún hogar el derecho al agua.” (Observación general Nº 15. Op. Cit., párr.16 c]). Citaron la jurisprudencia de la Corte Suprema que ha señalado que “el acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por la cual debe ser tutelado por los jueces”. El decisorio resalta la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/HRC/RES/27/7) del 2 de octubre de 2014 que exhorta a los estados a que “todas las personas tengan acceso sin discriminación a recursos efectivos en caso de violación de sus obligaciones respecto del derecho humano al agua potable y el saneamiento, incluido recursos judiciales, cuasi judiciales y otros recursos apropiados” (CSJN “Kersich Juan Gabriel y ot. c. Aguas Argentinas” 42/2013 (49-K) del 2/12/14). Invocaron las siguientes leyes: ley Nro. 3.295 (art. 3); ley Nro. 148 (art. 3), ley Nro. 6.099 (título 8), ley Nro. 27.453 (arts. 1; 6; 12). Destacaron el art. 6 de ley Nro. 27.453 que pone en cabeza del Ministerio de Salud y Desarrollo de la Nación crear el programa de integración Socio-Urbana, para determinar en conjunto con las jurisdicciones locales, el plan de desarrollo integral necesario para cumplir los objetivos de la ley. Asimismo, deberá implementar en forma conjunta con las provincias, los municipios y CABA en los que se encuentren los bienes inmuebles sujetos a expropiación y mediante convenios específicos, proyectos de integración socio-urbana, que estarán sujetos (.) al criterio de planificación urbanística y el marco legal propio de cada jurisdicción. Destacaron que el art. 12 establece que:”Las obras a realizarse dentro del marco de los proyectos de integración socio-urbana mencionados en el artículo 6°, inciso 2), de la presente ley, así como cualquier obra a realizarse en los Barrios Populares incluidos en el RENABAP deberán adjudicarse, en un veinticinco por ciento (25%) como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los habitantes de los Barrios Populares.” XII.- Invocaron el derecho a la vida con cita de jurisprudencia y normativa (Constitución Nacional art. 75 inc. 22, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -art. 12.1-; Convención Americana sobre Derechos Humanos -arts. 4.1 y 5.1-; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -art. 6.1; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre -art. 1-; Declaración Universal de Derechos Humanos -art. 3-). También invocaron el derecho a la salud con cita de jurisprudencia y normativa (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12, inc. c), la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- (arts. 4 y 5), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6, inc.1), la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (art. 11) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25, derecho a un nivel de vida adecuado) Con jerarquía constitucional por art. 75, inc. 22 > Así como el art. 14 bis Constitución Nacional. Sostuvieron que, del plexo normativo mencionado, se desprende que la protección de la salud es uno de los principios fundamentales de cualquier Estado Social, principio que se plasma en la actualidad como un derec ho de toda persona a exigir prestaciones sanitarias conforme a la dignidad humana. Indicaron también que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé, en su artículo 20, el derecho a la salud integral de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.En el segundo párrafo se asegura, a través del área estatal de salud la promoción, protección, prevención, atención y rehabilitación gratuitas, con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad. En el mismo artículo se dispone la prioridad presupuestaria a fin de garantizar el derecho a la salud: “El gasto público en salud es una inversión social prioritaria”. Destacaron la particular situación de vulnerabilidad de las mujeres, niños y adolescentes y personas con discapacidad con cita de normativa internacional, nacional y local Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (art. 3), Observación general No 4, emitida por el Comite de los Derechos del Niño, art. 39 de la CCABA, Ley Nro. 114, art. 6, Ley No 26.061, Declaración de los Derechos del Niño (art. 4).
XIII.- Sostuvieron que el acceso a los servicios públicos forma parte del derecho a la vivienda digna y al hábitat adecuado. Dijeron que las autoridades públicas han violado un conjunto de derechos fundamentales de los habitantes de los Barrios Populares de la CABA, garantizados tanto en la constitución local como en la Constitución Nacional, a saber: a) el derecho a una vivienda digna y adecuada. Cita entre los arts. Más importantes los arts. 31 y 10 de la CCABA; b) El derecho a la igualdad y no discriminación reconocido en el art. 11 CCABA; c) El derecho al desarrollo humano y económico equilibrado (art. 18 CCABA); d) La ciudad no desarrolló una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano con perspectiva de equidad social (art. 27 CCABA); e) La ciudad viola el art. 40 de la CCABA que establece que la Ciudad garantiza a la juventud la igualdad real de oportunidades y el goce de sus derechos a través de acciones positivas; f) La protección integral de los niños reconocida en el art. 39 CCABA; g) Art. 6, ley Nro.114, que reconoce el deber del GCBA de asegurar a los niños, niñas y adolescentes la efectivización del derecho a la vida, a la salud, a la vivienda. Citaron jurisprudencia del fuero sobre el derecho a una vivienda digna.
Concluyeron en base a la Observación General No 4 del Comité DESC, los principios de Limburgo y Mastricht, que más alla de la obligación de progresividad que pesa en los Estados (Art. 2 PIDESC), el Estado tiene deberes inmediatos en materia de vivienda, tales como: el deber de no adoptar medidas de carácter deliberadamente regresivo en cuestiones habitacionales; el deber de adoptar medidas legislativas y administrativas deliberadas, concretas y dirigidas para cumplir con los objetivos del PIDESC; el deber de adoptar esas medidas en un tiempo razonablemente corto; el deber de desplegar todos los esfuerzos posibles y de recurrir al máximo de recursos para satisfacer el derecho a la vivienda; el deber de garantizar el ejercicio de los derechos habitacionales sin discriminación; el deber de dar prioridad en su actuación a los grupos más vulnerables y a los que tengan necesidades más urgentes; el deber de garantizar el contenido mínimo del derecho a la vivienda, sobre todo para aquellos grupos que carezcan de un techo de manera absoluta. Sostuvieron que el GCBA se encuentra obligado a garantizar un nivel esencial del derecho de acceso a la vivienda digna, ya que de lo reseñado surge que las viviendas de los barrios populares son precarias y apenas ofrecen reparo de las inclemencias climáticas, las familias viven hacinadas en pequeños espacios, el acceso a los servicios públicos básicos es deficiente o nulo, y carecen de todo título que les garantice la seguridad en la tenencia de las viviendas. Asimismo, destacaron que la ley Nro. 148, ya mencionada, declaró la atención prioritaria a la problemática social y habitacional en las villas y núcleos habitacionales transicionales, cumpliendo con lo dispuesto por el Comité DESC en la OG Nro.3, de garantizar una especial protección a los grupos sociales más vulnerables, aún en tiempos de limitaciones graves de recursos, causadas sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores. Es decir que los Estados deben adoptar medidas particulares, exclusivamente referidas a dichos grupos, como así también deben destinar mayores recursos para llevar a cabo tales medidas. Alegaron que el acceso al agua potable y al saneamiento con su infraestructura correspondiente forma parte del derecho a la vivienda digna y a un hábitat adecuado. Afirmaron que la precariedad de estos servicios, que ponen en riesgo la vida y la salud de sus habitantes, tiene una larga historia de incumplimientos por parte del GCBA desde el origen de estos barrios que se remontan a casi 80 años atrás los más antiguos.
XIV.- También invocaron el derecho a participar y a ejercer la democracia participativa. Al respecto destacaron que la obligación de otorgar participación ciudadana en las políticas relacionadas con los Barrios Populares ha sido operativizada y reconocida a nivel legal a través de la Ley N° 148, la Ley N° 6.099 y la Ley Nacional N° 27.453.
XV.- Arguyeron además sobre la violación del derecho a la no discriminación. Sobre el particular invocaron la ley Nro. 5.261 (Ley contra la discriminación). Expresaron que dicha ley tiene por objeto (entre otros) prevenir la discriminación en todas sus formas, a través de la implementación y el desarrollo de políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas que promuevan la igualdad de oportunidades y fomenten el respeto a la diversidad y a la dignidad inherente de cada ser humano (Art. 1). Citaron también su art 2 (definición de discriminación en el marco de la ley) y art. 3 (actos considerados discriminatorios), art. 7 (cese del acto discriminatorio), art.13 (carga de la prueba en la parte demandada que deberá fundamentar la discriminación en cuestiones objetivas) Es decir que, la parte actora considera que la falta de acceso a servicios públicos formales de agua potable y saneamiento cloacal constituye una discriminación padecida por los habitantes de los Barrios Populares en relación al tratamiento que reciben los habitantes que habitan en la ciudad formal. Señalaron, que la omisión proviene de una autoridad pública (GCBA) y que existe una lesión actual y peligro inminente ya que aproximadamente 400.000 personas que habitan los barrios populares no tienen actualmente acceso a agua potable y saneamiento seguro, lo que genera un riesgo grave para la salud y la vida de las personas. Indicaron que existe una arbitrariedad e ilegalidad manifiesta ya que la conducta del GCBA es violatoria de la CCABA y de leyes inferiores. Manifestaron que no existe otro medio más idóneo ya que la celeridad de la protección de los bienes colectivos cuya defensa se pretende por medio de la interposición de la presente acción de amparo colectivo determina que la vía más idónea es la presente. Sostuvieron que la presente causa no posee complejidad normativa ni fáctica, además los hechos no necesitan una mayor prueba que la acreditación de que los trabajos constructivos ya se iniciaron y el análisis de los expedientes administrativos referidos a la obra que se encuentran en manos del GCBA.
XVI.- En cuanto a la competencia, afirmaron que conforme al Art. 7 de la Ley Nro. 2145, el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad es competente para entender en las acciones de amparo dirigidas contra autoridades públicas de la Ciudad. Indicaron que debe recordarse que las políticas urbanas y sus autorizaciones son materia ordinaria no delegada constitucionalmente a la Nación (art. 121o de la Constitución Nacional), situación que a su entender la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya definió con claridad (Fallos CSJN. Jullierat, Milton C/Municipalidad de Buenos Aires. 23/12/1986.LL1987-B, 107 y Mar Ostende sa C/Pcia. De Bs. As. 27/2/1997. Fallos 320:222).
XVII.- Fundaron luego la legitimación colectiva. Dijeron que las categorías de derechos colectivos que se intentan proteger con la acción son: a) la de los derechos colectivos que tienen por objeto bienes colectivos tales como el derecho a un ambiente sano y equilibrado, la protección de la salud pública y el derecho a un hábitat adecuado ; y b) la de los derechos colectivos referentes a intereses individuales homogéneos tales como el derecho a una democracia participativa y al ejercicio de la participación ciudadana en audiencia pública, derecho a la salud, derecho a la vida, derecho al agua potable y a un saneamiento seguro). En cuanto a la legitimación, indicaron que la jurisprudencia del fuero ha reconocido una legitimación amplia, reconocida a cualquier habitante de la CABA a fin de accionar en protección de un amparo ambiental. Además, indica que debe tenerse presente que el art. 26 de la Carta Magna local expresamente estipula que el ambiente es patrimonio común y por lo tanto, la titularidad del bien no pertenece a individuo alguno en particular, sino que se trata de un bien jurídico colectivo que resulta indivisible. Citaron fallos Sala II y Sala III del Cámara de Apelaciones del fueron en este sentido, concluyendo que la Constitución otorga relevancia jurídica a la defensa judicial del derecho colectivo alterado, prescindiendo de quién -judicialmente- alegue la lesión (ver págs. 92/93 de la demanda).
XVIII.- En lo referido a la fundamentación de la medida cautelar peticionada, dijeron que la verosimilitud del derecho debe ser analizada bajo un prisma no tan riguroso en materia ambiental y de derechos sociales, admitiéndose medidas precautorias, aún cuando no exista una certeza científica sobre sobre los efectos perjudiciales cuya producción quiere prevenirse en la materia.Afirmaron que en materia ambient al, la “prevención” habrá de exigir que pueda accederse al despacho de medidas cautelares, que impidan que los derechos, intereses difusos, o intereses colectivos afectados en materia ambiental, se tornen ilusorios o resulten protegidos cuando ya es demasiado tarde.
020 Respecto del peligro en la demora, señalaron que en la ciudad, el escenario con relación al Dengue es de Riesgo Alto y que el Coronavirus Covid 19 constituye la pandemia más intensa de los últimos 100 años. Destacaron que para ambas enfermedades, resulta imprescindible el acceso a agua potable de la población y la mejora de la infraestructura de los servicios públicos de agua potable y saneamiento como medidas de prevención y mitigación. Pusieron de resalto que el GCBA no ha adoptado ninguna medida en esta dirección, lo cual agrava la los riesgos y la situación de peligro de los habitantes de los Barrios Populares. Alegaron que el otorgamiento de la medida cautelar no afecta la prestación de ningún servicio público ni la acción estatal de interés público. En consecuencia, no existe interés público mayor en este caso que la protección de los derechos que por la presente se pretenden proteger. Solicitaron que por la naturaleza de los derechos reclamados no se disponga contracautela y para el caso de que se sostenga que resulta necesaria la imposición de la misma, se disponga la caución juratoria. Finalmente, hicieron reserva del caso federal, adjuntaron prueba documental y ofrecieron prueba informativa.
XIX.- Con fecha 7 de abril del corriente la jueza de turno interviniente, dispuso correr traslado de la medida cautelar peticionada al GCBA en los términos del art. 14 de la Ley Nro. 2145. Y ordenó la remisión de la causa a este tribunal en pos del respeto a la garantía del juez natural. Encontrándose radicado el expediente ante este juzgado, con fecha 16 de abril, la demandada contestó el traslado conferido. Solicitó que:a) se cite como tercero a AYSA y se haga lugar al planteo de incompetencia; b) para el hipotético supuesto de no hacer lugar a lo solicitado en el punto anterior, se ordene la conexidad de las presentes actuaciones con los autos “ASESORIA TUTELAR Nro. 2 C/GCBA S/ AMPARO SALUD – MEDICAMENTOS” – EXPTE. 2967/2020; c) subsidiariamente, se rechace el pedido de medida cautelar.
Señaló que como es de público conocimiento AYSA es una empresa concesionaria de servicios públicos de agua potable y tratamiento de desagües cloacales para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Dijo que dicha empresa se creó el 21 de marzo de 2006 por el Decreto 304/2006 del Poder Ejecutivo Nacional y luego ratificada por el Poder Legislativo mediante la Ley N° 26.100. Su composición está formada por el Estado Nacional con el 90% del capital social, mientras que el 10% restante corresponde a los empleados a través de un Programa de Participación Accionaria (PPA), único en su tipo. Afirmó que el servicio que la accionante peticiona cautelarmente tiene como único destinatario a la empresa del Estado Nacional supra referida. Consideró que es contra aquélla únicamente a quien debe dirigirse el reclamo cautelar de los actores, toda vez que los objetivos de AYSA -en cuanto a prestación de servicios se refiere- son los peticionados cautelarmente por la actora. Peticionó que en los términos de lo normado por el art. 88, 89 y cctes., del CCAyT (supletoriamente aplicable por imperio de lo preceptuado por el art. 28 de la ley 2145), se disponga la citación de AYSA como tercero obligado en juicio. que la intervención de AYSA permitiría que, en el supuesto de dictarse un fallo condenatorio, se ejecute contra esa empresa dicha sentencia. Asimismo, planteó la incompetencia en razón de la materia.Con cita de jurisprudencia de la CSJN, adujo que en los procesos que involucran a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) por ser una empresa pública argentina dedicada a la prestación de servicio de agua corriente y cloacas, corresponde que entienda la Justicia Federal. Afirmó que la actora en base a meras aseveraciones y sin aportar elementos mínimos de prueba alguna sobre la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, solicita una medida cautelar consistente en que se ordene al GCBA que elabore un Plan de Contingencia a pedido de los habitantes de los Barrios Populares, para la entrega de agua a granel para todos los usos en los barrios o sectores de barrios que no cuenten con suministro continuo de agua corriente; que garantice la entrega de agua potable envasada para consumo directo en los barrios o sectores de barrios que no tengan acceso a agua potable y segura; y que garantice el mantenimiento y destapación de cámaras cloacales y pozos ciegos, entre otros. Insistió en sostener que el G.C.B.A. resulta ajeno a la petición cautelar, por cuanto el único destinatario es la empresa AYSA. Dado que es de público conocimiento que la realización de dichas obras o prestación de servicios se encuentra a cargo de dicha empresa, por resultar ser los objetivos de la misma para los cuales fue creada. Dijo también que los amparistas no tienen en cuenta, las tareas y servicios que están realizando las diferentes áreas y organismos del GCBA con motivo del COVID- 19 y en relación al servicio de agua potable, en los Barrios Populares y Villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Destacó nuevamente, que conforme Ley N° 26.221 y su decreto reglamentario, la prestación del servicio universal con priorización de los barrios vulnerables resulta ser una responsabilidad primaria e indelegable de la Concesionaria (AySA). Asimismo, dijo que el Convenio Tripartito, ratificado por el artículo 5º de la Ley N° 26.221 dispone la creación de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN, que tiene a su cargo la coordinación integral de la planificación de las obras de expansión y mejoramiento de los servicios de agua potable y desagües cloacales a cargo de la empresa AySA S.A. Concluyó que, la cuestión relativa a la regularización del servicio de saneamiento, reviste una complejidad dada por las responsabilidades indelegables de la Concesionaria, como así también por la intervención de entes de carácter interjurisdiccional con distintas facultades (APLA- ERAS). Entendió que por lo tanto, mal podría en el marco de una medida cautelar, o en el acotado margen de la acción de amparo, discutirse la implementación y ejecución de una política pública que requiere la coordinación con diversos entes. Señaló que resulta importante destacar que en el ejido urbano, la responsabilidad de las empresas prestatarias se extiende hasta la línea municipal, siendo responsabilidad del usuario el mantenimiento y limpieza del resto de la instalación. Sostuvo que mediante los informes que acompañó, demuestra que el Gobierno de la Ciudad a través de los organismos correspondientes, canaliza la demanda de barrios vulnerables y cuenta con el servicio reclamado por la actora, que según sus afirmaciones infundadas considera no existente y en consecuencia reclama. Asimismo, avanza en la concreción de proyectos superadores a fin de garantizar la ejecución de obras de infraestructura para la regularización del servicio en diversos barrios de la ciudad, ello de acuerdo a las políticas públicas diseñadas por el poder ejecutivo y legislativo y la planificación elaborada de acuerdo a los recursos disponibles.Informó que ante la grave situación que resulta de público y notorio conocimiento, y en el marco de las medidas de gobierno adoptadas por el Estado Nacional y el GCBA, se ha dispuesto ampliar y reforzar la provisión de servicios de emergencia aumentando las cargas horarias de los camiones, dispuestos para la distribución de agua potable, hasta en cuatro (4) horas adicionales según el barrio y la demanda, estableciendo siempre prioridad en el orden de entrega a los comedores comunitarios que requieran del mismo. Indicó que por intermedio de la Gerencia Operativa de Asistencia Comunitaria, junto con AySA, se efectúa el acompañamiento de un camión cisterna en el Barrio 21-24, el cual posee una capacidad de 15.000 litros de agua provista directamente de la planta potabilizadora de dicha empresa, el cual se distribuye a demanda de los vecinos en zonas donde no haya presión de agua y/o exista interrupciones del servicio en primer lugar, y luego en las viviendas de las familias que lo requieran. Con el fin de incrementar y asegurar acceso al agua potable, esa dependencia del GCBA en colaboración con AYSA coordina la entrega de sachets, que cuentan con un litro de agua potable cada uno. Finalmente, con cita de jurisprudencia de la Corte Suprema, arguyó la ausencia total de legitimación procesal activa de la parte actora, lo que a su entender determina la inexistencia de caso judicial, a lo que se suma la falta de concurrencia del requisito de la verosimilitud del derecho. Destacó la falta de ofrecimiento de prueba conducente de la afectación suficientemente directa de un derecho colectivo y con relación al objeto de la medida cautelar peticionada. Sostuvo también que ninguna duda cabe sobre la afectación del interés público que produciría la admisión de la cautela solicitada, pues se estaría afectando la integridad y propiedad de la Administración Comunal en cuanto a su actuación, cuando en realidad el obligado directo de la pretensión es la empresa AYSA.Finalmente, adjuntó prueba documental, confirió autorizaciones e hizo reserva del caso federal.
XX.- De la presentación del GCBA se confirió traslado a la actora, quien lo contestó diciendo lo que sigue: a) El derecho de acceso al agua potable, el derecho a la salud y el derecho a un ambiente sano y equilibrado son principalmente obligaciones que recaen sobre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Ley N° 3.295 en su art. 3 establece con absoluta claridad que “la ciudad garantiza a todos sus habitantes el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes para usos personales y doméstico como derecho humano fundamental”. b) Por su parte, el nuevo Códi go Urbanístico (Ley N° 6.099), en su Título N° 8 “Reurbanización e Integración Socio-Urbana establece: “8.1. Principios Las reurbanizaciones estarán determinadas por la mayor participación del Estado y de sus habitantes, siguiendo los siguientes principios: (.) c. Infraestructura: La infraestructura de los servicios básicos será diseñada y ejecutada teniendo en cuenta los relevamientos y estudios demográficos y deberá proyectarse con criterios de integralidad y resiliencia urbana, de conformidad a los requerimientos de las empresas prestadoras de servicios. Sostuvieron que aquí se dispone que el GCBA es el encargado principal de proyectar y construir la infraestructura de los servicios públicos en los Barrios Populares y villas de la ciudad. Esta norma no dispone la obligación de construcción de la infraestructura en cabeza de las prestatarias de servicios públicos. El GCBA solo debe tener en cuenta los requerimientos preestablecidos por las empresas prestadoras de servicios, como AYSA, como cualquier otro desarrollador en la ciudad. c) Destacaron que AYSA no es una concesionaria que realiza las obras de infraestructura, sino que opera y mantiene las obras realizadas por privados o por el GCBA en una situación análoga a la que se da en el servicio público del SUBTE. En este caso, SBASE es la que construye la infraestructura de las nuevas líneas y estaciones, y Metrovías sólo opera el servicio recibiendo la infraestructura construida.d) El objeto de la demanda implica justamente que el GCBA cumpla con la Ley N° 3.295 y el art. 8.1.c. del Código Urbanístico, es decir, desarrolle la infraestructura, cumpliendo los requerimientos de la concesionaria, para que esta opere dicha infraestructura una vez terminada. Esto es lo que se denomina que el servicio se encuentre regularizado y formalizado. Si el GCBA proyecta y construye la infraestructura cumpliendo los requerimientos preestablecidos por la concesionaria para toda la ciudad en forma automática esta nueva infraestructura ingresa al ámbito de la concesionaria AYSA para su operación y mantenimiento. Quien debe garantizar que la infraestructura se construya adecuadamente, respetando los criterios para que ingrese a la operación formal es el GCBA y no la empresa AYSA que es una receptora de las obras. e) Actualmente, la empresa AYSA no presta el servicio en las villas y Barrios Populares de la ciudad. Frente a esta situación, el GCBA podría decidir que en estos barrios sea el propio GCBA el que preste el servicio público o que lo preste otro privado, ya sea empresa o cooperativas, como sucede en otras ciudades del país. Por esta razón, en el objeto de la demanda (Punto A.1) se dejó en claro que la formalización y regularización de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento adecuado no implica necesariamente que la infraestructura sea operada por la empresa AYSA., en el objeto se remarcó que “otro organismo estatal” podría prestar el servicio concluyendo su formalización y regularización. La formalización y regularización implica que la prestación del servicio respete los criterios técnicos y parámetros normativos que exige la normativa a nivel nacional y de la ciudad, y que se encuentre bajo un organismo de control.f) En la Resolución N°26/2017 del APLA, acompañada en el escrito de demanda, se aprobó el documento titulado “Criterios de Intervención en Construcción de Infraestructura y Operación del Servicia de Agua y Saneamiento en Barrios Populares/Urbanizaciones Emergentes” elaborado por la Empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA). Estos son los requerimientos de las empresas prestadoras de servicios públicos a los que hace referencia el art. 8.1.c. del Código Urbanístico. Allí se establecen los responsables para la concreción de las obras de las redes secundarias que son los municipios u otros organismos solicitantes quedando limitado el rol de AYSA al de aprobación de las obras. El GCBA y la contratista de obras son los que tienen la responsabilidad de la ejecución de la obra y su puesta en funcionamiento. AYSA o transferencia de las instalaciones para su operación y mantenimiento participa en el pedido de factibilidad y en la recepción. Su rol es principalmente de controlar que las obras se realicen de acuerdo a los requerimientos técnicos. El GCBA una vez finalizada las obras de infraestructura y puestas en funcionamiento transfiere las mismas a AYSA que las recibe y opera. La afirmación de la demandada de que las pretensiones del amparo tienen como único destinatario a AYSA es errada, no está sustentada ni en fundamentos normativos ni técnicos y desconoce sustancialmente la regulación específica que tienen los barrios populares y las villas para alcanzar la formalización de sus servicios públicos, en donde principalmente la carga de llevar adelante ese proceso corresponde al GCBA. Por lo tanto, solicitaron que se rechace la citación como tercero de la empresa AYSA realizado por la parte demandada. g) Asimismo, arguyeron que corresponde rechazar el planteo de incompetencia en razón de la materia, pues las pretensiones de la demanda se sustentan en normativa local y no en la Ley N° 26.221.Sostuvieron que, no sería de aplicación la jurisprudencia citada por el GCBA porque no se encuentra en debate la conducta de AYSA con relación al cumplimento de sus obligaciones que surgen de la concesión otorgada a través de la ley N° 26.221. Citaron un precedente de la Sala II del fuero en el que se admitió una demanda contra AySA. h) Resistieron el planteo de falta de legitimación colectiva con cita del art. 14 CCABA, del art. de la Ley N° 5261 y art. 30 de la Ley Nro. 25675. Afirmaron que la mayoría de los actores viven en barrios populares y villas de la ciudad y son afectados por la falta de acceso a agua potable segura que se presentan en autos por derecho propio y también en representación de las miles de familias que se encuentran sin acceso a agua potable segura y que viven en barrios populares. i) Finalmente, con relación a la documental adjuntada por el GCBA, concluyeron que la misma demuestra que el GCBA carece de un plan integral y de un diagnóstico y que sus políticas sólo alcanzan a algunos barrios y son insuficientes para garantizar la necesidad de las familias de los barrios populares. Frente a esta crisis sanitaria el GCBA sólo incrementó en 4 hs. las horas de los camiones cisterna. En estos momentos, las familias necesitan, para proteger su salud y su vida, agua potable segura. No necesitan cualquier tipo de agua o seguir consumiendo y usando agua que les llega por redes precarias que se mezclan con las cañerías cloacales. Necesitan que les llegue agua con camiones cisterna y agua potable envasada con carácter urgente y de emergencia. La satisfacción de las necesidades y la demanda de las familias no debería estar limitada a la cantidad de horas disponibles diariamente de los camiones cisternas. Al contrario, la cantidad de unidades y horas deberían corresponder y establecerse de acuerdo a la necesidad de las familias. El acceso al agua potable segura es un derecho humano.Como fundamento del peligro en la demora adjuntaron noticias periodísticas que dan cuenta del primer contagio de Coronavirus Covid-19 en el Barrio Carlos Mugica (ex Villa 31) y de que la enorme mayoría de casos de dengue se encuentran en los barrios populares de la Ciudad.
XXI.- Luego se corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que dictamine sobre la competencia y la admisibilidad del proceso colectivo. En su dictamen la Sra. Fiscal opinó que el tribunal es competente para entender en la causa, pues dado que el objeto procesal es que se garantice el derecho al agua contemplado por la Ley Nro. 3295, el sujeto demandado es el GCBA y la vía procesal escogida es la del amparo local, por imperio del art. 6 de la Ley N° 2145 (texto conf. Ley Nro. 5666), el fuero competente es el contencioso administrativo y tributario. Indicó que si bien la demanda en su objeto alude a que AySA debe prestar el servicio de agua potable y cloacas, la pretensión se dirige exclusivamente contra el GCBA. Consideró también que la citación como tercero de AySA no puede prosperar y que no correspondería admitir el planteo de incompetencia efectuado por la demandada, pues a su entender la pretensión no exige aplicar el derecho federal para asegurar la prestación de agua potable en el territorio de la Ciudad. Asimismo, destacó que analizó en el sistema informático del Poder Judicial de la Ciudad el listado de expedientes informados por Secretaría General como posiblemente vinculados con esta causa, y detectó que existiría conexidad con el expediente EXP560-2013/0 Baez Prieto y otros c. GCBA s. amparo en trámite ante el Juzgado Nro. 19 Secretaría Nro. 37 del fuero. Afirmó que en esa causa, inicialmente caratulada Teseyra c. GCBA s. amparo, un grupo de habitantes del Barrio Scapino, demandó entre otras peticiones, “un plan integral de prestación y mantenimiento de agua potable que garantice la provisión en forma adecuada, 020 regular, técnicamente idónea, segura y suficiente.Todo ello con las modalidades, plazos y mecanismos de supervisión que en la etapa de ejecución de sentencia resulten pertinentes”. En base a ello, opinó que existe conexidad entre aquél expediente y la presente causa, dado que las pretensiones se superponen y se debaten cuestiones análogas, al menos con relación al Barrio Scapino. Por lo tanto, aconsejó la remisión de estas actuaciones al Juzgado Nro. 19, Secretaría Nro. 37 por aplicación del principio de prevención (cfr. art. 6, ley 2.145, art. 3, segundo párrafo, del Acuerdo Plenario N°4/2016 y art. 13, de la Res. 460/CM). Finalmente, opinó que la vía de amparo no es idónea para canalizar el conflicto propuesto dada la complejidad de la pretensión y los plazos de duración del conflicto contemplados en la misma demanda, por lo que consideró que el proceso debería ser ordinarizado. Asimismo, dijo que la pretensión debería ser dividida y especificada para cada uno de los barrios populares de la Ciudad, pues la pretensión puede presentar problemáticas diferentes para cada barrio popular en particular y en caso de no dividirse por barrio se podría ver comprometido un control serio de la situación de cada lugar.
XXII.- Cabe analizar la opinión del Ministerio Público Fiscal sobre la posible conexidad de esta causa con el expediente EXP-560-2013/0 Baez Prieto y otros c. GCBA s. amparo en trámite ante el Juzgado Nro. 19 Secretaría Nro. 37 del fuero. Del acta contenida en la Actuación Nro.14602536/2020, surge que en el expediente principal, iniciado en el año 2013, la acción fue desistida, ello fue consentido por la demandada y si bien el Ministerio Público Tutelar no consintió el desistimiento hasta constatar el cumplimiento de la instalación de un transformador de energía eléctrica, el incidente en el cual tramitó la ejecución de la medida reclamada por el Asesor Tutelar, ajena a la petición referida al servicio de agua potable, concluyó por caducidad de instancia.
La superposición de pretensiones es parcial pues en el amparo Báez Prieto, un grupo de habitantes del Barrio Scapino demandó, entre muchas otras pretensiones, la provisión de agua potable sólo para ese barrio. En las presentes actuaciones se demanda el acceso regularizado y formal al servicio de agua potable y saneamiento cloacal para todos los barrios populares de la Ciudad de Bs. As. comprendiendo al Barrio Scapino. La jurisprudencia de la Alzada ha dicho: “Dos o más pretensiones resultan conexas cuando, sin perjuicio de su diversidad, poseen elementos comunes o interdependientes que las vinculan por su objeto, por su causa, o por algún efecto procesal, bastando que los procesos se encuentren de algún modo vinculados por la naturaleza de las cuestiones involucradas. Ante tal vinculación, la causa ha de someterse al conocimiento del tribunal que previno, el cual cuenta con la ventaja de los elementos de convicción ya incorporados (esta Sala, “in re” “Arenera Pueyrredón SA c/ AUSA SA y otros s/ amparo”, expte. 38.872/0, del 16/10/2012 y sus citas). Así, cabe hablar, respectivamente, de una conexión sustancial y de otra meramente instrumental. La primera determina un desplazamiento de la competencia que se funda, en términos generales, en la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias.La segunda, en cambio, produce el mismo resultado a raíz de la conveniencia práctica de que sea el órgano judicial competente para conocer en determinado proceso quien, en razón de su contacto con el material fáctico y probatorio de aquél, también lo sea para conocer de las pretensiones o peticiones, accesorias o no, vinculadas con la materia controvertida en el proceso (Palacio, Lino Enrique, “Derecho procesal civil”, t. II, “Sujetos del proceso”, Buenos Aires, AbeledoPerrot, 1994, p. 558; en el mismo sentido, CNCiv., Sala A, 27/03/96, LL, 1996-D, p. 857). Tal como ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este instituto constituye una causal de excepción a las reglas generales que determinan la competencia y que importa admitir el desplazamiento del juez natural en favor de otro magistrado (Fallos: 328:3903; 329:3925; 331:744), de modo que su aplicación debe llevarse a cabo con criterio riguroso (dictamen de la Procuración General de la Nación al que hizo remisión la CSJN “in re” “Quiroga Moss, Marcela Helena c/ Von Grolman, Ángel Jorge s/ divorcio art. 215 código civil – ejecución de sentencia – incidente familia”, del 13/09/16). (conf. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario. Causa Nro.: 18038-2016-0. Autos: Mendoza Escobar Alfonso c/ GCBA Sala II. Del voto de Dr. Esteban Centanaro, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 11-06-2019. Sentencia Nro. 97).” Dada la superposición parcial limitada a un barrio popular, el estado procesal y la antigüedad del proceso en trámite ante el Juzgado CAyT Nro. 19, y el criterio riguroso con el que debe aplicarse la conexidad, no cabe entender que media conexidad entre ambos procesos. Con respecto al planteo de conexidad efectuado por el GCBA con las actuaciones caratuladas: “ASESORÍA TUTELAR N°2 C/GCBA S/AMPARO-SALUDMEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS” Expte.2967/2020-0, en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 9, Secretaría N° 17, cabe destacar que en la resolución de fecha 25 de marzo de 2020, dictada en aquella causa, el Tribunal estableció que “el objeto de este amparo descripto por el Asesor Tutelar fue que el GCBA “cesara en su omisión ilegítima y arbitraria de brindarle un dispositivo adecuado a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en hospitales públicos de esta Ciudad en condición de alta hospitalaria y a la espera de un recurso por carecer de red de contención familiar, en virtud de la pandemia declarada”. Por lo tanto, no se advierte vinculación alguna con el objeto de las presentes actuaciones. En consecuencia, de conformidad con lo señalado por la actora, corresponde rechazar la conexidad planteada por el GCBA.
XXIII.- En primer lugar, cabe reseñar las normas locales y federales involucradas en la amplia y compleja pretensión contenida en el escrito de demanda.
A.- La Ley Nro. 3295 dice: Artículo 3°.- La ciudad garantiza a todos sus habitantes el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes para usos personales y doméstico como derecho humano fundamental.
Artículo 48.- Servicio de agua potable y desagües cloacales. El Poder Ejecutivo instrumentará las acciones necesarias para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asuma el ejercicio pleno de sus facultades concedentes y de control para la prestación de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales en el ámbito de su territorio.
Artículo 49.- Transferencia. El Poder Ejecutivo podrá suscribir convenios con las jurisdicciones nacional, provincial y municipal, para proceder a la transferencia de funciones, bienes, organismos, servicios y competencias relativos a la regulación, control y gestión de los servicios mencionados en el artículo anterior, ad referéndum de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
B.- El Código Urbanístico en su Título Octavo dice: 8.1. Principios.Las reurbanizaciones estarán determinadas por la mayor participación del Estado y de sus habitantes, siguiendo los siguientes principios: .c. Infraestructura: La infraestructura de los servicios básicos será diseñada y ejecutada teniendo en cuenta los relevamientos y estudios demográficos y deberá proyectarse con criterios de integralidad y resiliencia urbana, de conformidad a los requerimientos de las empresas prestadoras de servicios.
C.- La Ley Nacional Nro. 27453 dice: Artículo 1º- Declárase de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) creado por decreto 358/2017. Entiéndase por “Barrio Popular” a aquel con las características definidas en el capítulo XI del decreto 2670 del 1° de diciembre de 2015. Se entiende por integración socio urbana, a los efectos de la presente ley, al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial. Tales acciones deberán ser progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad.
Artículo 6°- A los fines de la implementación de la presente ley corresponde al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación: 1. Crear el Programa de Integración Socio-Urbana para determinar, en conjunto con las jurisdicciones locales, el plan de desarrollo integral necesario para cumplir los objetivos de la presente ley. 2.Implementar en forma conjunta con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que se encuentren los bienes inmuebles sujetos a expropiación y mediante convenios específicos, proyectos de integración socio-urbana, que estarán sujetos a la viabilidad técnica, ambiental y económica y a criterios de planificación urbanística y el marco legal propio de cada jurisdicción, con el objeto de generar condiciones tendientes a mejorar la calidad de vida de sus ocupantes. 3. Promover acciones coordinadas con los organismos y ministerios competentes, con el objeto de facilitar el acceso a los servicios públicos básicos por parte de los habitantes de los barrios populares identificados en el RENABAP en el marco de los proyectos jurisdiccionales de inversión. Artículo 10.- La realización de los proyectos tendientes a la integración urbana de los barrios populares identificados por el RENABAP debe concretarse con la participación, coordinación y acuerdo de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, procurando la incorporación de sus iniciativas y experiencias previas.
D.- La Ley nacional Nro. 24.588(Ley Cafiero) dice:
Artículo 9º: El Estado Nacional se reserva la competencia y la fiscalización, esta última en concurrencia con la ciudad y las demás jurisdicciones involucradas, de los servicios públicos cuya prestación exceda el territorio de la ciudad de Buenos Aires.
E.- La Ley nacional Nro.26221 dice:
ARTICULO 1º – Apruébase el Convenio Tripartito entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 12 de octubre de 2006, cuyo texto corno Anexo 1 en copia autenticada forma parte integrante de la presente ley.
ARTICULO 2º – Caracterízase como servicio público a la prestación del servicio de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales teniéndose como concesionaria a la Sociedad Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima en los términos del artículo 1º del Decreto Nº 304 de fecha 21 de marzo de 2006, ratificado mediante Ley Nº 26.100.
ARTICULO 4º – Créase en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento, el que tendrá a su cargo el control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Concesionaria del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales, y que deberá llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir la misión enunciada en el Marco Regulatorio aprobado por esta ley.
ARTICULO 5º – Créase en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Agencia de Planificación, la que tendrá a su cargo la coordinación integral de la planificación de las obras de expansión y mejoramiento del servicio, y que deberá llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir la misión enunciada en el Marco Regulatorio aprobado por la presente ley.
ARTICULO 6º – Apruébase el Marco Regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales en el ámbito establecido por el Decreto Nº 304 de fecha 21 de marzo de 2006, ratificado mediante Ley Nº 26.100, cuyo texto como Anexo 2 en copia autenticada forma parte integrante de la presente ley.
En el Anexo 1 se encuentra el texto delConvenio Tripartito, suscripto por la Ciudad de Bs. As., el que dice:
ARTICULO 2º: Se disponga la constitución del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO, en adelante el ERAS, como entidad autárquica con capacidad de derecho público y privado, en cuya dirección intervendrán un representante de la 020 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, un representante de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES y un representante del PODER EJECUTIVO NACIONAL, designados en la forma y condiciones que se establezcan en el Marco Regulatorio.
ARTICULO 3º: El ERAS tendrá por finalidad principal la regulación y control de la prestación de los servicios de agua potable y desagües prestados en el área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los siguientes partidos de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Femando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre y Vicente López, respecto a los servicios de agua potable y desagües cloacales; Hurlingham e Ituzaingó respecto del servicio de agua potable; conforme lo establecido en la Ley Nº 26.100, incluyéndose también la recepción de desagües cloacales en bloque de los Partidos de Berazategui (servicio municipal) y Florencio Varela, a cuyo efecto se suscribirán los convenios que permitan la continuidad de estas acciones, que deberán formar parte de los planes de acción de la Concesionaria.Tendrá a su cargo el control y regulación de la prestación del servicio y de los aspectos contables de la concesión y la atención de reclamos de usuarios, A tal fin podrá emitir las normas necesarias para reglamentar las condiciones de prestación que se establezcan en el Marco Regulatorio y Contrato de Concesión respectivos, así como la regulación de las relaciones entre la empresa prestadora y los usuarios, estableciendo los procedimientos y requisitos que aseguren a éstos la atención e información necesaria para ejercer sus derechos con la mayor amplitud.
ARTICULO 4º: Constituir la AGENCIA DE PLANIFICACION, como entidad autárquica, con capacidad de derecho público y privado, con funciones de evaluación, estudio, planificación, proyecto, ejecución y control de las inversiones destinadas a la prestación de los servicios de agua y saneamiento a cargo de AySA. En la Dirección de la Agencia de Planificación intervendrá un representante de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, un representante del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y un representante del PODER EJECUTIVO NACIONAL, y las condiciones de designación de sus miembros, integración, funcionamiento y organización serán establecidas en el Marco Regulatorio. En el Anexo 2 se encuentra el texto del Marco Regulatorio, que en lo que aquí interesa, dice:
ARTICULO 2º. – ALCANCE DE LA PRESTACION La Concesionaria podrá realizar aquellas actividades complementarias que resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines y su objeto social, o bien que sean propias, conexas y/o complementarias a las mismas, tales como el estudio, proyecto, construcción, renovación, ampliación y explotación de las obras de provisión de agua y saneamiento urbano. ARTICULO 3º. – AMBITO DE APLICACION Se define como ámbito de aplicación al territorio integrado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al comprendido por el territorio de los siguientes partidos de la Pcia.de Buenos Aires, Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, General San Martín, Tres de Febrero, Tigre y Vicente López, respecto a los servicios de agua potable y desagües cloacales; Hurlingham e Ituzaingó respecto del servicio de agua potable; y los servicios de recepción de efluentes cloacales en bloque de los partidos de Berazategui y Florencio Varela, conforme lo establecido en el Decreto Nº 304/06 y su modificatorio ratificados por la Ley Nº 26.100. El presente Régimen será aplicable a los ámbitos y servicios que se incorporen a la prestación con aprobación del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Estas incorporaciones deberán reflejarse en los planes de acción de la Concesionaria.
ARTICULO 4º. – OBJETIVOS Son objetivos del presente Marco Regulatorio los siguientes: a) Prestación eficiente de los servicios de agua potable y/o desagües cloacales, considerando que ello se concretará en la medida que se cumpla el Contrato de Concesión y los planes aprobados con los recursos asignados, ejecutando las mejores prácticas regulatorias, minimizando costos y desarrollando una administración prudente. .c) Garantizar el mantenimiento y promover la expansión del sistema de provisión de agua potable y desagües cloacales e industriales. .f) Garantizar la operación de los servicios que actualmente se prestan y de los que se incorporen en el futuro en un todo 020 de acuerdo a los niveles de calidad y eficiencia que se indican en este Marco Regulatorio. ARTICULO 5º. – DEFINICIONES A los efectos del presente, se entiende por: a) Autoridad de Aplicación del Marco Regulatorio: Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. b) Agencia de Planificación (APLA): Organismo encargado de planificar y controlar la ejecución de las obras de expansión del servicio y la coherencia de las acciones incluidas en los Planes Directores de toda índole y los de Operación en general. . e) Area de Expansión:el territorio comprendido dentro de los límites del Area Regulada en el cual se aprueben planes de mejoras y expansión de los servicios que preste la Concesionaria. Cumplidos y ejecutados estos planes, el Area de Expansión se convierte en Area Servida de Agua Potable o Desagües Cloacales según corresponda. f) Area Nueva: El territorio situado fuera del Area Regulada que, previa autorización del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en el futuro se incorpore a ella. g) Area Regulada: El área de aplicación del presente Marco Regulatorio, según lo establecido en el Artículo 3. h) Area Remanente: El territorio comprendido dentro del área regulada y que no cuenta con servicios ni se halla incluida en los planes de expansión; presentados y aprobados estos planes, el Area Remanente y el Area No Regulada se convierten en Area de Expansión. i) Area Servida de Agua Potable: el territorio dentro del cual se encuentra disponible efectivamente el servicio de provisión de agua potable mediante red de distribución domiciliaria o de canillas públicas a cargo de la Concesionaria. j) Area Servida de Desagües Cloacales: el territorio dentro del cual se presta efectivamente el servicio de desagües cloacales, pluviocloacales e industriales, según lo previsto en el Artículo 1. k) Comisión Asesora: Organismo que tiene representantes de las jurisdicciones, de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios del ámbito territorial de la concesión, que se desempeñan en el Ente Regulador y en la Agencia de Planificación. I) Concedente: El Poder Ejecutivo Nacional representado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas y Subsecretaría de Recursos Hídricos, según se especifica en el presente Marco Regulatorio. m) Concesionaria: El o los responsables de la prestación de los servicios de agua potable y desagües cloacales en el área regulada por este Marco Regulatorio..p) Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS): Organismo encargado de controlar la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento, en el ámbito de aplicación del presente Marco Regulatorio y en función de las atribuciones expresamente asignadas al mismo. q) Ley Orgánica de OSN: La Ley Nº 13.577 y sus modificatorias, Leyes Nº 14.160, 18.593, 20.324, 20.686 y 21.066. . t) Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento (PMOEM): Está constituido por las metas cuantitativas y cualitativas de obras y acciones de expansión, mantenimiento o mejora que la Concesionaria debe alcanzar y que forman parte del Contrato de Concesión e integran el Plan de Acción de la Empresa, así como su financiación. u) Usuarios: las p ersonas físicas o jurídicas que reciban o estén en condiciones de recibir de la Concesionaria el o los servicios de agua potable y/o desagües cloacales.
ARTICULO 6º. – REGIMEN DE AREAS El régimen jurídico en cada una de las áreas descriptas en el artículo precedente, será el siguiente: a) Area Regulada: Dentro del Area Regulada la Autoridad de Aplicación, la Agencia de Planificación y el Ente Regulador ejercerán sus atribuciones, de acuerdo con lo previsto en el presente Marco Regulatorio y la Concesionaria ejercerá los derechos y atribuciones que emerjan de las normas de este Marco Regulatorio y del Contrato de Concesión, así como de la Ley Orgánica de OSN en lo que resulte aplicable. b) Area Servida de Agua Potable: En el Area Servida de Agua Potable, es decir la que cuente con cañerías de dicho servicio en el frente de los inmuebles del área, la Concesionaria tendrá los derechos y obligaciones que surjan del presente Marco Regulatorio, del Contrato de Concesión y de la Ley Orgánica de OSN en tanto ésta resulte aplicable. c) Area Servida de Desagües Cloacales:En el Area Servida de Desagües Cloacales, es decir la que cuenta con cañerías de dicho servicio en el frente de los inmuebles del área, la Concesionaria tendrá los derechos y obligaciones que surjan del presente, del Contrato de Concesión y de la Ley Orgánica de OSN en tanto ésta resulte aplicable. d) Area de Expansión: En el Area de Expansión la Concesionaria ejecutará los planes de mejoras y expansión que la Autoridad de Aplicación haya dispuesto, con intervención de la Agencia de Planificación de acuerdo con el mecanismo previsto en el Contrato de Concesión y en este Marco Regulatorio. La inclusión de áreas ya servidas por terceros podrá realizarse previo acuerdo entre la Concesionaria y los mismos. La Autoridad de Aplicación estará facultada en caso de no arribarse a un acuerdo a disponer la inclusión de dichas áreas y la incorporación de las obras e instalaciones allí existentes cuando medie causa fundada en la preservación de la salud pública, de los recursos naturales o del medio ambiente. Sin perjuicio de ello y con intervención previa de la Concesionaria y del Ente Regulador, los Usuarios podrán construir y operar por sí o por terceros, sistemas de captación y distribución de agua potable y de colección y tratamiento de desagües cloacales. Los pedidos de autorización deberán ser resueltos por la Autoridad de Aplicación dentro del plazo máximo de 90 días corridos desde su presentación, prorrogables fundadamente, por única vez y por un período igual. Los sistemas autorizados deberán ajustarse a las normas del presente Marco Regulatorio.Los derechos sobre los sistemas construidos por los Usuarios o terceros, de conformidad con los párrafos anteriores, tendrán carácter precario y cesarán al momento en que la Concesionaria esté en condiciones, de acuerdo a las disposiciones del presente Marco Regulatorio y del Contrato de Concesión de hacerse cargo de la explotación de las mismas y la prestación efectiva del servicio, en los términos de la autorización conferida. En el período durante el cual el servicio sea prestado por los Usuarios o por terceros, el Ente Regulador deberá realizar todas las auditorias y estudios que crea necesarios para verificar el cumplimiento del presente por parte del operador precario. Las autorizaciones expresas que confiera la Autoridad de Aplicación establecerán los mecanismos de reconocimiento y eventual compensación de gastos efectuados por los Usuarios o terceros en relación a la construcción de las instalaciones básicas del servicio, sin perjuicio de considerar que su cesión es gratuita si nada se prevé al respecto. Deben contemplarse los gastos del Ente Regulador para controlar o auditar el Servicio desvinculado. e) Area Remanente: Los Usuarios tendrán derecho a solicitar a la Autoridad de Aplicación la autorización para construir y operar por sí o por terceros sistemas de provisión de agua potable y/o desagües cloacales, con los alcances de la definición del Artículo 1º, en las condiciones establecidas en este Marco Regutatorio. Los pedidos de autorización deberán ser resueltos por la Autoridad de Aplicación con intervención de la Concesionaria y el Ente Regulador dentro del plazo máximo de 90 días corridos desde su presentación prorrogable fundadamente por única vez y por un período igual. Si la Autoridad de Aplicación no se expidiera en el plazo citado o negara la autorización, los Usuarios podrán recurrir tal decisión, en los términos del presente Marco Regulatorio. La autorización podrá ser denegada por razones de protección de la salud pública, de los recursos hídricos o del medio ambiente.Las autorizaciones deberán ser comunicadas al Ente Regulador y a la Concesionaria. Los proyectos y obras y su consecuente habilitación deberán respetar las normas técnicas aplicables a la Concesionaria y podrán ser inspeccionadas por ésta, al igual que la auditoria del funcionamiento de la prestación habilitada por parte del Ente Regulador. f) Area no Regulada: Fuera del Area Regulada, la Concesionaria deberá operar y mantener los sistemas actualmente existentes en el marco de la Ley Nº 13.577 y sus modificatorias y toda instalación que determine la Autoridad de Aplicación. Podrá también construir, operar y mantener de conformidad con las normas locales aplicables, las disposiciones de este Marco Regulatorio y del Contrato de Concesión, instalaciones para la provisión al Area Regulada de servicios de agua potable y desagües cloacales.
ARTICULO 10º. – COBERTURA DE SERVICIOS Obligatoriedad de Prestación del Servicio La Concesionaria debe extender, mantener y renovar las redes externas, conectarlas y prestar los servicios de agua potable y desagües cloacales para uso común en las condiciones establecidas en este Marco Regulatorio, el Contrato de Concesión y planes aprobados, a todo inmueble sea residencial o no, comprendido dentro de las Areas Servidas o de Expansión.
ARTICULO 20º. AUTORIDADES DEL MARCO REGULATORIO Las autoridades con competencia en el presente Marco Regulatorio son las siguientes: a) El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que con intervención de la Secretaría de Obras Públicas, tendrá a su cargo dictar las normas aclaratorias y complementarias, aprobar los planes de acción, presupuesto e intervenir en todos los actos previstos en las normas aplicables, en el presente Marco Regulatorio y en el Contrato de Concesión. Asimismo, suscribirá el Contrato de Concesión y dictará todas las normas necesarias para cumplir el presente Marco Regulatorio. b) Autoridad de Aplicación: ejercida por la Subsecretaría de Recursos Hídricos (actualmente es la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, conforme Decreto Nro. 50/2019, B.O.20/12/2019), tendrá a su cargo la relación entre la Concesionaria y el Estado Nacional impartiendo las políticas, planes y programas vinculados con el servicio, ejercer el poder de policía, regulación y control en materia de la prestación del servicio público. c) Agencia de Planificación d) Ente Regulador.
ARTICULO 22º. – DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA CONCESIONARIA Sin perjuicio de lo establecido en el Contrato de Concesión y en los Planes de Acción aprobados, la Concesionaria tendrá los siguientes deberes: I) Obligaciones y deberes de la Concesionaria: a) Prestar el servicio en las condiciones establecidas y de conformidad con las disposiciones de este Marco Regulatorio, los términos del Contrato de Concesión y los planes aprobados. b) Ejecutar, conservar y explotar las obras e instalaciones necesarias para captar, regular, conducir, potabilizar, almacenar, distribuir y proveer agua potable en los puntos de toma de los usuarios, así como recoger, conducir y depurar en su caso las aguas residuales, de forma que permita su vertido a los cauces o cuerpos receptores, todo ello con arreglo a las condiciones que se fijan en este Marco Regulatorio y demás disposiciones que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. c) Preparar planes de operación, rehabilitación, renovación, inversión y mejoras en los términos previstos en este Marco Regulatorio y Contrato de Concesión. d) Construir, operar y/o mantener instalaciones fuera del Area Regulada para la provisión de servicios de agua potable y desagües cloacales según el Contrato de Concesión y las disposiciones de este Marco Regulatorio. e) Instalar canillas públicas en las zonas en donde no fuere factible técnicamente establecer el servicio domiciliario. f) Administrar y mantener los bienes afectados al servicio, en las condiciones que se establecen en este Marco Regulatorio, Contrato de Concesión y planes aprobados. g) Cumplir los requisitos de eficiencia en los gastos operativos y de gestión.
AGENCIA DE PLANIFICACION
ARTICULO 23º. – MISION Agencia de Planificación:Tendrá a su cargo la coordinación integral de la planificación de las obras de expansión y mejoramiento del servicio, controlar la elaboración de los proyectos, desarrollo de las obras, estudios de impacto ambiental, planes, su comunicación y establecer las metas de calidad. Aprobar a pedido de la Concesionaria la solicitud de las obras de expansión, proporcionar o facilitar a la población acceso a la información, proyectar y disponer la realización de obras de expansión según la disponibilidad de recursos económicos y, en general, intervenir en todas las cuestiones de carácter técnico u operativo que incidan en los planes de acción. Asimismo intervendrá en cualquier cuestión que se relacione con contingencias de servicio que tengan incidencia en los planes elaborados y en lo que hace a las inversiones programadas y los costos de los planes. Deberá expedirse sobre los servicios desvinculados a incorporar al área servida y en las solicitudes de desvinculación que se presenten.
ARTICULO 24º. – COMPETENCIA TERRITORIAL La Agencia de Planificación tendrá competencia dentro de toda el Area Reg ulada, y, fuera de ella, donde existan instalaciones operadas por la Concesionaria para la prestación del servicio, o conexiones vinculadas al sistema objeto de la Concesión, o zonas donde se disponga la expansión el servicio.
ARTICULO 25º. – NATURALEZA JURIDICA La Agencia de Planificación se constituye como entidad autárquica, con capacidad de derecho público y privado.
ARTICULO 26º. – LEGISLACION APLICABLE La Agencia de Planificación se regirá en su gestión financiera, patrimonial y contable por las disposiciones del Marco Regulatorio y los reglamentos que dicte para su funcionamiento.
ARTICULO 27º. – FACULTADES Y OBLIGACIONES Deberá asegurar en la proyección de las obras la calidad de los servicios, el control, fiscalización y verificación del cumplimiento de las normas vigentes y del Contrato de Concesión, y cumplir con el objetivo de lograr la universalización del servicio. A tal efecto, sin que ello sea limitativo, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:a) Cumplir y hacer cumplir el Marco Regulatorio y el Contrato de Concesión del servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales y sus normas complementarias, en cuanto a su objeto. b) Requerir de la Concesionaria los informes necesarios para efectuar el control de las inversiones a su cargo así como monitorear las inversiones que integran el Plan Director, con independencia del ejecutor. c) Dar publicidad general e instrumentar formas eficaces de comunicación con suficiente antelación de los planes de expansión de servicios, y del impacto y desarrollo de los mismos en la comunidad. d) Aprobar y controlar el cumplimiento por parte de la Concesionaria de los planes aprobados para satisfacer en forma eficiente las metas de calidad. e) Dictar su reglamentación interna y normas complementarias que contemplen todo lo referente a su funcionamiento y establecer las normas aplicables de calidad de materiales para la ejecución de las obras proyectadas. .h) Aprobar, a pedido de la Concesionaria, la solicitud de obras de expansión que aquel requiera para el cumplimiento de sus objetivos y que la Agencia considere necesarias. i) Realizar los estudios para predecir el comportamiento de los requerimientos de servicios sanitarios en el mediano y largo plazo, a fin de planificar las obras y acciones necesarias para satisfacerlas.. I) Proyectar y disponer la realización de obras de expansión del servicio conforme la disponibilidad de los recursos económicos y su asignación con la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
ARTICULO 38º. – MISION El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), tendrá a su cargo el control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Concesionaria que se establecen en el Marco Regulatorio y en el Contrato de Concesión, en especial en materia de prestación del servicio y la diagramación y el control de la contabilidad regulatoria de la Concesión, la relación con los usuarios y el contenido de las tarifas establecidas por la Autoridad de Aplicación y las facturas que emita la Concesión. Deberá fiscalizar la calidad del servicio, la protección de los intereses de la comunidad y el control, fiscalización y verificación del cumplimiento de las normas de calidad y de instalaciones internas vigentes en el Area Regulada que deban aplicar los usuarios.
ARTICULO 39º. – COMPETENCIA TERRITORIAL El Ente Regulador tendrá competencia dentro de toda el Area Regulada y, fuera de ella, donde existan instalaciones operadas por la Concesionaria para la prestación del servicio, o conexiones vinculadas al sistema objeto de la Concesión.
ARTICULO 40º. – NATURALEZA JURIDICA El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) se constituye como entidad autárquica, con capacidad de derecho público y privado y su sede funcionará en la Capital Federal.
ARTICULO 41º. – LEGISLACION APLICABLE El Ente Regulador se regirá en su gestión financiera, patrimonial y contable por las disposiciones del Marco Regulatorio y los reglamentos que dicte para su funcionamiento.
ARTICULO 42º. – FACULTADES Y OBLIGACIONES El Ente Regulador tiene como finalidad ejercer el control en materia de prestación del servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales en el Area Regulada, incluyendo la contaminación hídrica en lo que se refiere al control y fiscalización de la Concesionaria como agente contaminante, de conformidad con lo establecidoen este Marco Regulatorio. En tal sentido tendrá a su cargo asegurar la calidad de los servicios, la protección de los intereses de la comunidad, el control, fiscalización y verificación del cumplimiento de las normas vigentes y del Contrato de Concesión. A tal efecto posee las siguientes facultades y obligaciones: a) Cumplir y hacer cumplir el Marco Regulatorio y el Contrato de Concesión del servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales y sus normas complementarias, realizando un eficaz control y verificación de la Concesión y de los servicios que la Concesionaria preste a los Usuarios. . e) Controlar el cumplimiento por parte de la Concesionaria de los planes aprobados, comunicando a la Concesionaria los desvíos comprobados para que esta proceda a adoptar las medidas correctivas necesarias. .I) Analizar y expedirse acerca de los informes que la Concesionaria debe presentar sobre el cumplimiento de las metas establecidas, dar a publicidad sus conclusiones y adoptar las medidas que 020 correspondan. .o) Asistir a la Autoridad de Aplicación y Agencia de Planificación en todo aquello que se le requiera en relación a los servicios.
CAPITULO VII: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
ARTICULO 58º. – DERECHO GENERICO Todas las personas físicas o jurídicas que habiten o estén establecidas en el ámbito descripto en el Artículo 3º tienen derecho a la provisión de agua potable y desagües cloacales de acuerdo con las reglas establecidas en el presente Marco Regulatorio.
CAPITULO VIII: PLANES DE MEJORAS, OPERACION, EXPANSION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS (PMOEM)
ARTICULO 66º. – OBJETO El objeto de los PMOEM es asegurar el mantenimiento, la mejora del estado, rendimiento, funcionamiento en toda el Area Regulada de los sistemas necesarios para la prestación del servicio otorgado en Concesión, posibilitando su administración y operación eficiente y sirviendo al cumplimiento de las normas del servicio y otras obligaciones previstas en el Marco Regulatorio, Contrato de Concesión y Planes de Acción.El contenido del Plan previsto en este Marco Regulatorio debe estar discriminado por sector de servicio, entendiéndose por tales los siguientes:
Conducción y transporte de agua potable.
Desagües cloacales: colectoras.
Cloacas máximas e impulsiones cloacales.
Tratamiento de efluentes cloacales, disposición final de afluentes.
Residuos industriales y patogénicos. En los planes, también se deben describir los aspectos comerciales y de administración, de dirección, operación, administración del personal y atención al Usuario. Asimismo, deben indicarse claramente, y por separado, costos operativos, administrativos y comerciales, de mantenimiento, renovación, rehabilitación y de otras inversiones en redes y plantas. Los planes se elaborarán en función de:
1) Las acciones, obras, inversiones y actividades vinculadas al PMOEM y el plan de infraestructura que se determine con intervención de la Agencia de Planificación.
2) Toda presentación que realice la Concesionaria respecto a los Planes y sus partes se considerará aprobada si dentro de un plazo de noventa (90) días corridos la Autoridad de Aplicación no manifestara oposición. Si esta fuera parcial los aspectos no alcanzados por la oposición se entenderán aceptados. En todo caso debe darse intervención a la Agencia de Planificación.
3) El PMOEM será revisado y evaluado su cumplimiento cada cinco (5) años.
Art. 67º. – ANALISIS DE LOS PLANES Los Planes de Expansión serán preparados con participación de la Agencia de Planificación, que tendrá a su cargo la fijación del plan de obras de expansión para cubrir las necesidades de la demanda Insatisfecha en materia de agua potable y saneamiento.Asimismo participará del análisis del Plan de Mejoras y Mantenimiento que prepare la Concesionaria.
ARTICULO 68º. – APROBACION DE PLANES La Concesionaria elaborará proyectos de planes detallados que deberán contener en detalle las obras y acciones a realizar, los montos de inversión previstos, objetivos y metas a alcanzar en las condiciones fijadas en el presente Marco Regulatorio, que serán aprobados por la Autoridad de Aplicación con intervención de la Agencia de Planificación.
ARTICULO 69º. – MODIFICACION DE LOS PLANES Los planes aprobados obligarán a la Concesionaria, razón por la cual ante cualquier incumplimiento deberá adoptar las medidas necesarias para reconducirlos, informando tal circunstancia a la Autoridad de Aplicación, Agencia de Planificación y Ente Regulador. A pedido de la Concesionaria, de la Autoridad de Aplicación, de la Comisión Asesora o de la Sindicatura de Usuarios, y existiendo causas extraordinarias y debidamente justificadas, los planes aprobados podrán ser modificados mediante resolución fundada de la Autoridad de Aplicación de manera tal que no altere el equilibrio de la Concesión.
F.- El Plan de mejoras, operaciones, expansión y mantenimiento (PMOEM, el plan quinquenal al que hace referencia Cap. VIII, art. 66 de la ley 26.221) incluye el plan de Barrio Populares en función del relevamiento realizado en virtud del Dto. 358/17 que creó el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap). En el marco de dicho plan se apunta a ampliar las redes de agua potable y cloacas a los barrios populares relevados en el registro. Entre ellos se encuentras los situados en la Ciudad de Bs. As. Dicho Plan dice: “Para el quinquenio 2019-2023 se ha delineado u n plan que propone la regularización, renovación y completamiento de redes secundarias de una importante porción del universo de los Barrios Populares, tanto para el servicio de agua potable como para el de desagües cloacales. Estas acciones están contempladas en los Planes Directores de Expansión y Mejoras y de Mejoras y Mantenimiento” (pág.12). “Se han identificado los barrios populares relevados a través del programa ReNaBap (Registro Nacional de Barrios Populares de Integración Urbana) que se corresponden con las áreas de expansión. Las obras correspondientes a áreas de estos barrios que no son alcanzadas por las áreas de expansión y que requieren un completamiento de la red secundaria así como las obras para los barrios que se encuentran dentro del radio servido están contemplados en el Plan ReNaBap” (pág. 17/18 del Plan).
G.- La Resolución Nº 26/2017 de la Agencia de Planificación (A.Pla.). Aprueba los “Criterios de Intervención en Construcción de Infraestructura y Operacion del Servicio de Agua y Saneamiento en Barrios Populares/Urbanizaciones Emergentes”. Tiene prelación por sobre las “Guías y Criterios Técnicos para el Diseño y Ejecución de Redes Externas de Agua Potable y Cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires” XXIV.- A.- Cabe recordar que, a fin de analizar la competencia de un tribunal, es preciso atender, de manera principal, a la exposición de los hechos que el actor efectúa en la demanda, así como también al origen de la acción y a la relación de derecho existente entre las partes (Fallos 311:1791 y 2065; 322:617, entre otros) y después, sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión (Fallos 305:1453; 306:1053 y 308:2230; 320:46; 324:4495, entre muchos otros), pues deberá estarse a la realidad jurídica y no a la mera voluntad de las partes (Fallos 297:396; 299:89; 301:702, entre muchos otros). En sentido concordante, también pueden invocarse los precedentes de Fallos 103:331; 116:279; 128:124; 135:139; 143:281 y 135:159 (conf. Haro, Ricardo, “La competencia federal”, DoctrinaLegislación -Jurisprudencia, Segunda Edición Actualizada, Bs. As., Lexis Nexis, 2006, pág.125, apartado m).
B.- Vale recordar que los hechos expuestos en la demanda aluden a una situación de falta de prestación del servicio de agua potable y saneamiento cloacal en los Barrios Populares ubicados en la ciudad reconocidos por la Ley N° 27.453 y las villas y asentamientos reconocidos por la ciudad, y la pretensión principal incoada consiste en que se ordene al GCBA a garantizar al 100% de las familias de los Barrios Populares ubicados en la ciudad reconocidos por la Ley N° 27.453 y las villas y asentamientos reconocidos por la ciudad, el acceso regularizado y formal al servicio de agua potable y saneamiento cloacal, entendiendo que el acceso formal al servicio implica que la empresa prestadora AySA S.A. u otro organismo estatal preste el servicio de agua potable y saneamiento cloacal según los criterios normativos nacionales e internacionales y la prestación del servicio se encuentre regulada por los organismos de control que correspondan. Según la parte actora, se trata de poner fin a la omisión del GCBA de cumplir con la Ley Nro. 3295 y con el artículo 8.1.c. del Código Urbanístico, es decir, que se condene al GCBA a desarrollar la infraestructura, cumpliendo los requerimientos de la concesionaria AYSA, para que esta opere dicha infraestructura una vez terminada. Según la actora esto es lo que se denomina que el servicio se encuentre regularizado y formalizado. La actora afirma que AySA no es una concesionaria que realiza las obras de infraestructura, sino que opera y mantiene las obras realizadas, situación análoga al servicio público del SUBTE, en el cual, SBASE es la que construye la infraestructura de las nuevas líneas y estaciones, y Metrovías sólo opera el servicio. Destaca que actualmente, la empresa AySA no presta el servicio en las villas y Barrios Populares de la ciudad.Arguye que frente a esta situación, el GCBA podría decidir que en estos barrios sea el propio GCBA el que preste el servicio público o que lo preste otro privado, ya sea empresa o cooperativas, como sucede en otras ciudades del país. Por esta razón, en el objeto de la demanda (Punto A.1) se dejó en claro que la formalización y regularización de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento adecuado no implica necesariamente que la infraestructura sea operada por la empresa AYSA. Así, en el objeto se remarcó que “otro organismo estatal” podría prestar el servicio concluyendo su formalización y regularización.
La demandada ha opuesto la defensa de incompetencia en razón de la materia, invocando jurisprudencia de la Corte Suprema que, según el GCBA, se ha pronunciado a favor de la competencia de la justicia federal en casos regidos por la Ley Nro. 26.221 dada la naturaleza federal de esta ley. La demandada ha destacado que conforme Ley Nro. 26.221 y su decreto reglamentario, la prestación del servicio universal con priorización de los barrios vulnerables resulta ser una responsabilidad primaria e indelegable de la Concesionaria (AySA). Asimismo, ha dicho que el Convenio Tripartito, ratificado por el artículo 5º de la Ley Nro. 26.221 dispone la creación de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA), que tiene a su cargo la coordinación integral de la planificación de las obras de expansión y mejoramiento de los servicios de agua potable y desagües cloacales a cargo de la empresa AySA S.A.Concluyó que, la cuestión relativa a la regularización del servicio de saneamiento, reviste una complejidad dada por las responsabilidades indelegables de la Concesionaria, como así también por la intervención de entes de carácter interjurisdiccional con distintas facultades (APLA- ERAS). Entendió que por lo tanto, mal podría en el marco de una medida cautelar, o en el acotado margen de la acción de amparo, discutirse la implementación y ejecución de una política pública que requiere la coordinación con diversos entes. Señaló que resulta importante destacar que en el ejido urbano, la responsabilidad de las empresas prestatarias se extiende hasta la línea municipal, siendo responsabilidad del usuario el mantenimiento y limpieza del resto de la instalación.
D.- Corresponde entonces discernir si, como arguye el actor, su pretensión principal, puede encontrar respuesta satisfactoria con fundamento en el derecho local. La ley Nro. 3295 de Gestión Ambiental del Agua de la Ciudad de Bs.As. regula la gestión ambiental del agua de dominio público de la CABA. La ley Nro. 3295 prevé no sólo la garantía a todos los habitantes de la Ciudad del acceso al agua potable, sino también cuestiones tales como preservación del recurso y un régimen de utilización del agua, así como una política hídrica sobre la base de principios acordados a nivel federal. Cabe destacar que tanto los fundamentos del proyecto de la ley Nro. 3295 (ver versión taquigráfica de la Sesión Ordinaria de la Legislatura del 26/11/2009, pág. 397, disponible en http://www.legislatura.gob.ar)- que es posterior en el tiempo a la ley Nro. 26221- como sus disposiciones transitorias (arts. 48 y 49) reconocen que la regulación del uso de los recursos hídricos para la prestación del servicio de agua potable y saneamiento se encuentra fuera de las competencias de la Ciudad de Bs As.y que la asunción plena de las facultades por parte de la Ciudad es un objetivo para el que se otorgan al Poder Ejecutivo local ciertas competencias tendientes a acordar y suscribir convenios con la jurisdicción nacional, provincial o municipal para la transferencia de funciones, bienes, organismos, servicios y competencias relativos a la regulación, control y gestión de los servicios de agua potable y saneamiento. Puede verse aquí que la Ciudad admite que este servicio en su territorio se rige por la Ley Nro. 26221. Es dable señalar que la pretensión contenida en la demanda no persigue el cese de la omisión del GCBA de acordar con la jurisdicción nacional la transferencia de competencias, sino de la, a su entender, obligación de la demandada de construir la infraestructura para la prestación del servicio de agua potable y saneamiento en los barrios populares ubicados en el territorio de la Ciudad. ¿Corresponde extraer una obligación de un texto legal que tanto en sus fundamentos como en su articulado reconoce que la Ciudad no tiene competencias sobre el servicio de agua potable y saneamiento que se presta en su territorio? La respuesta negativa se impone sin que esto signifique que el derecho colectivo que la actora pretende defender no se encuentre afectado. Es dable entender que por el momento, la Ciudad ha mantenido su elección de satisfacer el derecho de acceso al agua potable mediante la Ley Nro. 26.221. Y tal elección constituye una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia, que este tribunal no puede sustituir. Además, desde la perspectiva que arrojan sobre el asunto el art. 9 de la Ley nacional Nro. 24588, que reserva para el Estado Nacional la competencia y la fiscalización, esta última en concurrencia con la ciudad y las demás jurisdicciones involucradas, de los servicios públicos cuya prestación exceda el territorio de la ciudad de Buenos Aires y el art. 58 del Marco Regulatorio aprobado por la Ley nacional Nro.26221, que consagra un derecho al acceso al servicio público de agua potable y cloacas como un derecho genérico para todos los habitantes del área regulada, que comprende a todo el territorio de la Ciudad de Bs. As., y no solo para los usuarios, es dable concluir que la pretensión principal contenida en la demanda no puede ser respondida exclusivamente desde el derecho local. La parte actora invoca también el art. 8.1.c. del Código Urbanístico, y sostiene que tal norma obliga al GCBA a desarrollar la infraestructura, cumpliendo los requerimientos de la concesionaria AYSA, para que ésta opere dicha infraestructura una vez terminada. Esto es lo que la actora den omina que el servicio se encuentre regularizado y formalizado. Si el GCBA proyecta y construye la infraestructura cumpliendo los requerimientos preestablecidos por la concesionaria para toda la ciudad en forma automática esta nueva infraestructura ingresa al ámbito de la concesionaria AYSA para su operación y mantenimiento. Esos requerimientos, según la actora se encuentran en la Resolución N°26/2017 de la APLA, que aprobó el documento titulado “Criterios de Intervención en Construcción de Infraestructura y Operación del Servicia de Agua y Saneamiento en Barrios Populares/Urbanizaciones Emergentes” elaborado por la Empresa AySA. La actora arguye que de esta Resolución N°26/2017 surge que es el GCBA quien debe ejecutar las obras y no AySA. Dado el carácter de reglamento federal de la Resolución mencionada, correspondería interpretar si tal Resolución puede o no relevar a AySA de su atribución de realizar las obras de los planes de mejora y expansión conforme lo previsto por el art. 6 inciso g) del Marco Regulatorio aprobado por la Ley nacional Nro. 26221, que también es una norma federal. Aquí la argumentación de la accionante reconoce la aplicación de normativa federal al caso por reenvío de normas locales.Existiría una omisión del GCBA de cumplir con uno de los principios establecidos por el Código Urbanístico para las reurbanizaciones, esto es que la infraestructura de los servicios básicos sea diseñada y ejecutada de conformidad con los requerimientos de las empresas prestadoras de servicios; requerimientos éstos que estarían contenidos en la mencionada Resolución N°26/2017 de la APLA. Cabe concluir entonces que, aún siguiendo el argumento de la actora, la respuesta a su pretensión principal no estaría dada exclusivamente por el derecho local e inclusive, la normativa federal involucrada debería ser interpretada para resolver la procedencia de la acción.
E.- Ergo, corresponde analizar la jurisprudencia de la Corte Suprema invocada por el GCBA en su planteo de incompetencia. Sobre la Ley nacional Nro. 26.221 que aprobó el Convenio Tripartito suscripto el 12 de octubre de 2006 entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Corte Suprema haciendo suyo el dictamen del Procurador General ha sostenido: “De tal exposición se desprende que el objeto del presente amparo es obtener una decisión judicial que ordene la extensión de la red cloacal gestionada por la empresa AySA demandada en autos hasta el domicilio de las actoras, en la Ciudad de Buenos Aires. Así las cosas, dada la ubicación de este último dentro del área de aplicación del marco regulatorio para la concesión de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales aprobado por la ley 26.221 y el consiguiente carácter federal de la materia debatida en autos por ello determinada, entiendo que el trámite de las presentes actuaciones corresponde a la competencia de la justicia federal (conf. lo expresado por V.E.con remisión al dictamen de esta Procuración, en CSJ Competencia 371/2014, 50-C “Piazza, Walter y otros c/ Municipalidad de San Isidro s/ amparo” del 30/12/2014)” (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite Competencia CSJ 003719/2015/CS1 “Yan, Xiazhu y otros c/ GCBA y otros s/ amparo” resuelta el 29 de marzo de 2015. Fallo citado por el GCBA en su contestación). Asimismo, en el fallo “Piazza, Walter y otros c/ Municipalidad de San Isidro s/ amparo” del 30/12/2014, la CSJN sostuvo que “.la parte actora pretende obtener que las viviendas de los vecinos de los barrios “El Arca” y “El Tanque” de la localidad de Villa Adelina del Partido de San Isidro (Provincia de Buenos Aires) sean conectadas a la red de suministro de agua potable gestionada por AySA y dejen, así, de ser abastecidos con el agua extraída del suelo y provista por las cooperativas codemandadas. Asimismo, reclama que se establezca judicialmente un plan de implementación de las obras necesarias para cumplir aquel objeto y que se supervise que las autoridades correspondientes lo cumplan en tiempo y forma (v. fs. 90/106). En tales condiciones, si se tiene en cuenta que la localidad de Villa Adelina se sitúa dentro del área de aplicación del marco regulatorio para la concesión de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales aprobado por la ley 26.221 (denominada “área regulada”), entiendo que la materia debatida es de carácter federal.”. De estos fallos de la Corte Suprema surge que si el domicilio que se quiere conectar, ya sea a la red de cloacas o de suministro de agua potable gestionado por AySA, se sitúa dentro del área de aplicación del Marco Regulatorio aprobado por la ley Nro. 26.221 (lo que se denomina Área Regulada conforme arts. 3, 5 inciso g) y 6 inciso a), del Marco Regulatorio, que comprende el territorio de la Ciudad de Bs.As.), la materia debatida es de carácter federal, correspondiendo el trámite de la causa a la competencia de la justicia federal. El fundamento del carácter federal de la Ley N° 26221 puede encontrarse en la circunstancia de que regula un servicio público cuya red de prestación es interjurisdiccional y por ende alcanzado por el artículo 75 inciso 13 CN, que otorga al Congreso Nacional la atribución de legislar el comercio interprovincial, constituyendo de esa manera el servicio público regulado un servicio público nacional en los términos del artículo 42 CN. A ello, se le puede agregar el artículo 9 de la Ley nacional Nro. 24588 que reservó para el Estado Nacional la competencia de los servicios públicos cuya prestación exceda el territorio de la ciudad de Buenos Aires. El Marco Regulatorio, aprobado por Ley Nro. 26.221, dispone que los servicios son otorgados en concesión bajo el régimen establecido en esa norma, los decretos de rescisión y creación de AySA (aprobados por ley Nro. 26.100) y el Contrato de Concesión. También declara aplicable la ley Nro. 13.577, lo que reafirma el carácter nacional que se otorga a los servicios en el área metropolitana. Como autoridad concedente se designa al Poder Ejecutivo Nacional en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y como Autoridad de Aplicación a la Subsecretaría de Recursos Hídricos. A esta última se le otorgan amplias funciones relacionadas con los planes de obras, aspectos económicos, designación de métodos de disposición final de residuos provenientes de efluentes cloacales, etc. En el artículo 22 del Marco Regulatorio del servicio se determinan los deberes de la empresa relacionados con las condiciones de prestación de servicios, la ejecución de obras de mantenimiento, renovación y ampliación de la infraestructura conforme a los planes que se elaboren con participación de la APLA y autoridades nacionales.Se la autoriza además a celebrar convenios con terceros y otras empresas prestadoras para uso del suelo o del subsuelo, y actuar como sujeto expropiante con aprobación de la Agencia de Planificación. El artículo 3°, determina el área territorial en la que se aplica el Marco Regulatorio. Esta área incluye el territorio de la Ciudad de Bs. As. y allí se dispone también que el régimen de áreas establecido en la norma será aplicable a los ámbitos y servicios que se incorporen con posterioridad y que dichas incorporaciones deberán reflejarse en los planes de acción de la Concesionaria (todo lo cual requiere intervención de la Autoridad de Aplicación Nacional y aprobación del Ministerio). En las definiciones contenidas en el artículo 5° se define al área regulada como el territorio en el que se aplica el Marco Regulatorio (definido en el artículo 3 citado), y como área de expansión el territorio comprendido, dentro de los límites del área regulada, en el cual se aprueben planes de mejoras y expansión de los servicios a cargo de la Concesionaria, estableciéndose que, cumplidos y ejecutados esos planes, el área de expansión se convierte en área servida. El artículo 6° relativo al régimen de áreas, establece que dentro del área regulada (o sea, en la totalidad del ámbito de la Ciudad de Bs. As. mas los Partidos señalados en el artículo 3) la Autoridad de Aplicación, la Agencia de Planificación y el Ente Regulador ejercerán sus atribuciones, de acuerdo con lo previsto en el Marco Regulatorio.También allí se establece que dentro de ese ámbito la Concesionaria (AySA) ejercerá los derechos y atribuciones que emerjan de las disposiciones de la ley, del Contrato de Concesión y de la Ley Orgánica de OSN (en lo que resulte aplicable). Se destaca que en éste y otros artículos de la ley se hace remisión a las disposiciones de la Ley Orgánica de OSN, lo que significa que los servicios siguen considerándose de titularidad nacional, como lo disponía expresamente la citada ley. Cabe destacar que, como se señaló más arriba, según el artículo 6 inciso d) del Marco Regulatorio aprobado por la ley Nro. 26.221, dentro del área de expansión, quién definirá los planes de mejoras y expansión será la autoridad federal de aplicación con intervención de la Agencia de Planificación y la ejecución de dichas mejoras estarán a cargo de la concesionaria (AySA). Corresponde destacar que el Plan de mejoras, operaciones, expansión y mantenimiento (PMOEM, el plan quinquenal al que hace referencia Cap. VIII, art. 66 de la ley 26.221) incluye el plan de Barrio Populares en función del relevamiento realizado en virtud del Dto. 358/17 que creó el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap). En el marco de dicho plan se apunta a ampliar las redes de agua potable y cloacas a los barrios populares relevados en el registro. Entre ellos se encuentran los situados en la CABA. Dicho Plan dice: “Para el quinquenio 2019-2023 se ha delineado un plan que propone la regularización, renovación y completamiento de redes secundarias de una importante porción del universo de los Barrios Populares, tanto para el servicio de agua potable como para el de de sagües cloacales. Estas acciones están contempladas en los Planes Directores de Expansión y Mejoras y de Mejoras y Mantenimiento” (pág. 12). “Se han identificado los barrios populares relevados a través del programa ReNaBap (Registro Nacional de Barrios Populares de Integración Urbana) que se corresponden con las áreas de expansión.Las obras correspondientes a áreas de estos barrios que no son alcanzadas por las áreas de expansión y que requieren un completamiento de la red secundaria así como las obras para los barrios que se encuentran dentro del radio servido están contemplados en el Plan ReNaBap” (pág. 17/18 del Plan). El plan de expansión contempla las redes secundarias en los barrios populares. La presencia de los barrios populares en el PMOEM implicaría que pertenecen a las áreas de expansión. Incluso en el detalle de dicho plan se tiene contemplado que algunos barrios ya cuentan con el servicio, con lo cual allí correspondería únicamente realizar mantenimiento de la red. El desarrollo que se requiere para expandir el servicio a dichos barrios es la construcción de la red secundaria. Contrariamente a lo sostenido por la actora, de la normativa federal reseñada, surge que la Concesionaria AySA no sería una empresa meramente operativa de infraestructura construida por otros, sino que tiene diversas obligaciones, siendo una de ellas la ejecución de obras tendientes al desarrollo y expansión de las redes que hacen a la provisión del servicio (conf. Arts. 2, 10 y 22 inciso d) del Marco Regulatorio aprobado por la Ley Nro. 26221). Si bien la complejidad del tema y sus características importa que no haya un solo sujeto obligado a desarrollar y expandir la red, la normativa y las propias características del servicio en cuestión hacen que AySA aparezca (bajo el control de la autoridad de aplicación y la APLA) en un necesario rol de coordinador de todas las obras que se desarrollan. La necesidad de que esto sea así surge del PMOEM que actualmente señala (pág.9) que “La planificación de la expansión de los servicios de agua potable y desagües cloacales contempla el adecuado funcionamiento de las instalaciones existentes y la compatibilidad con las obras nuevas, con el fin de mantener y mejorar progresivamente la calidad del servicio”. Ello implicaría que el desarrollo de la red secundaria no puede ser realizado sin la intervención del operador de la red, ya que su puesta en funcionamiento conllevaría la afectación de la red preexistente, incluso de aquella que está fuera del territorio de la Ciudad de Bs. As. AySA debería, a modo de ejemplo, contemplar que el desarrollo de nuevas redes requiere la necesaria alimentación de las mismas, el ajuste de la presión de las redes ya existentes y la cantidad de agua que se vuelca al sistema en cada momento. Todo ello en virtud de la nueva demanda generada por el desarrollo de una nueva red. Entre las pretensiones de la actora está la de condenar al GCBA a desarrollar un plan de provisión de agua y cloacas para los barrios populares (pto. A.2.), lo cual muestra que resultaría imposible desvincular el hecho mismo de la construcción y desarrollo de la red de su planificación. No podría planificarse la provisión de agua para un barrio o sector sin tener en consideración el estado de toda la red y de las instalaciones utilizadas para alimentarla (plantas de extracción y potabilización). Todo lleva necesariamente a concluir que el objeto de la acción está comprendido dentro de la materia tratada en la ley nacional Nro. 26.221.
Debe destacarse también, que la Ley Nacional Nro.27453, invocada en la demanda, referida al régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) creado por decreto 358/2017, define a la integración socio urbana como el conjunto de acciones progresivas orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, y confiere competencia al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para promover acciones coordinadas con los organismos y ministerios competentes, con el objeto de facilitar el acceso a los servicios públicos básicos por parte de los habitantes de los barrios populares identificados en el RENABAP en el marco de los proyectos jurisdiccionales de inversión. Ergo, en el cumplimiento de la pretensión contenida en la demanda, también se ven involucradas competencias de otro órgano federal. A la jurisprudencia de la Corte Suprema reseñada con anterioridad, puede agregarse un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín que entendió que en virtud del precedente Piazza de la CSJN, reseñado más arriba, es ajeno a la justicia local el debate acerca de la incorporación – o no – del barrio “Almirante Brown” (ubicado en el Partido de Tigre) en el área servida por AYSA (Conf. “Creciente Marcela Araceli y Otros c/ TGLT S.A y otros s/ pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos”, Nro. de causa: 512-6121-2017, sentencia del 20 de abril de 2017). De este fallo se desprende que la potestad de establecer si cierto barrio corresponde a cierta área de las previstas en la ley Nro. 26.221, es de la jurisdicción federal. Lo hasta aquí expuesto permite sostener que la respuesta a la pretensión principal de la demanda está regida por el Marco Regulatorio aprobado por la Ley Nro.26221 de carácter federal.
Cabe destacar que “.la competencia en razón de la materia.sólo procede respecto de las normas federales (ya sea que se trate de leyes federales o de meras cláusulas federales insertas en leyes comunes), siendo en consecuencia en estos casos competentes de modo exclusivo los tribunales federales. .la vinculación entre las pretensiones jurídicas y la ley federal debe ser tan estrecha que la dilucidación de la controversia dependa de la interpretación y aplicación exclusiva o principal de la norma federal, pues lo que en estos casos interesa es la sustancia o materia federal del pleito.” (conf. Haro, Ricardo, ob. citada, pág. 113). Si estamos antes la necesidad de interpretar normas federales en forma directa y principal para resolver la controversia planteada, es decir normas sobre el servicio público de agua potable y cloacas regido por la Ley Nro. 26221, se está frente a un caso federal a ser resuelto por la justicia federal. Ésa es la sustancia o materia del presente pleito. Es que no podría dejarse a criterio de cada jurisdicción la interpretación de la atribución que se ha efectuado al gobierno federal de la competencia en materia de este servicio público nacional, reconocida por la Ciudad de Bs. As. al firmar el Convenio aprobado por la ley federal mencionada. La competencia federal por la materia lleva el propósito de afirmar atribuciones del gobierno federal en las causas relacionadas con la Constitución Nacional y las leyes nacionales (Fallos 318:744; 321:1470; 327:3880 y 5487, Haro, Ricardo, ob cit. pág. 120). Es decir, en toda causa en que se ponga en cuestión poderes conferidos a la Nación como Estado o implícitos.en la Constitución, en las leyes y tratados de la Nación debe entender la Justicia Nacional (Haro, Ricardo, ob. cit.pág 119 IV 3° párrafo). Los hechos de la demanda, en este caso, presentan además la particularidad de remitir a la aplicación e interpretación de la Resolución N°26/2017 de la APLA que es un reglamento de carácter federal. Al respecto, cabe señalar que la probable afectación de actos administrativos emitidos por órganos federales también suscita la competencia federal. En efecto, tales actos administrativos constituyen normas jurídicas emanadas del gobierno federal que pasan a integrar el derecho federal en la ubicación jerárquica correspondiente (conf. Haro, Ricardo, ob. citada, pág. 113) y su interpretación y aplicación sólo pueden ser realizadas por la jurisdicción federal.
Sólo resta agregar que la competencia federal en razón de la materia puede y debe ser declarada aún de oficio y en cualquier estado de la causa (Fallos 327:745 y Fallos 327:3883).
F.- El artículo 6 de la Ley Nº 2145 (Texto consolidado por Ley N° 5666) dispone: “Cuando la acción de amparo sea dirigida contra las autoridades públicas de la Ciudad, será competente para conocer el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.” El artículo 2 del CCAyT, aplicable en este caso en virtud del artículo 26 de la Ley Nº 2145 (Texto consolidado por Ley N° 5666), establece: “Son causas contencioso administrativas, a los efectos de este Código, todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia contenciosa administrativa y tributaria es de orden público.” Las normas locales transcriptas, invocadas en la demanda y en el dictamen del Ministerio Público Fiscal, se ven desplazadas por las normas federales aludidas en el considerando anterior y no permiten fundar la competencia de este tribunal para entender en este pleito. Párrafo aparte merece la numerosa cantidad de pretensiones que la actora entiende derivadas o vinculadas con su pretensión principal.Al respecto vale recordar que la jurisprudencia plenaria de la Cámara de Apelaciones del Fuero no admite la declaración de incompetencia parcial a favor de la justicia federal para la prosecución en sede de la justicia local de pretensiones regidas por el derecho local, pues ello “supondría una partición indebida de la continencia material de la causa, poniendo seriamente en riesgo la utilidad y eficacia del pronunciamiento y, a su vez, crearía el riesgo de decisiones contradictorias.” (conf. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en pleno, 20/04/2010, Romero Vera, Hugo c. Ciudad de Buenos Aires, voto de la mayoría en respuesta a la segunda cuestión planteada).
G.- En resumen, puede decirse lo que sigue:
1. Los hechos de la pretensión principal se refieren a la falta de prestación del servicio público de agua potable y cloacas en todos los barrios populares existentes en el territorio de la Ciudad de Bs. As. y a la subsanación de esa omisión, que según la actora podría ser llevada a cabo por el GCBA exclusivamente con fundamento en normas locales. En el escrito inicial se dice que AySA debería prestar el servicio público, pero en la contestación del traslado que la actora hace del planteo de incompetencia efectuado por la demandada, sostiene que el servicio público que demanda podría ser prestado por otro sujeto distinto de AySA.
2.El fundamento normativo local (Ley Nro. 3295 y Código Urbanístico) esgrimido por la actora no resulta suficiente para decidir sobre su pretensión principal. Sucede que la misma Ley Nro. 3295 admite que el servicio público de agua y cloacas en el territorio de la Ciudad de Bs. As. está fuera de las competencias de los órganos de la Ciudad y que se rige por la Ley Nacional Nro.26221 que aprobó un Convenio al que la Ciudad adhirió. Por tratarse de un servicio público cuya red de prestación es interjurisdiccional, con fundamento en el artículo 75 inciso 13 CN y en el art. 9 de la Ley Nacional Nro. 24588, es dable concluir, además que la Ley nacional Nro. 26221 es de carácter federal, lo que ha sido sostenido en varias oportunidades por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Dicha ley, establece que el Concedente del Servicio público es el Estado Nacional, que la Concesionaria es la empresa AYSA, empresa estatal nacional, que el Ente Regulador es un organismo federal en el ámbito de un Ministerio del Gobierno Nacional, que la Agencia de Planificación, también tiene las mismas características al igual que la Autoridad de Aplicación, que es un órgano dependiente de un Ministerio de la Administración Nacional. La Ciudad participa del sistema, al tratarse de un convenio, pero proponiendo funcionarios, que son designados por el Gobierno Federal como funcionarios públicos nacionales. Todos los organismos citados y la empresa AySA son controlados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), forman parte del Sector Público Nacional (art. 8 y 9 de la Ley Nro. 24156, Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional). Las normas que dictan esos organismos federales son normas federales por provenir de ellos y por pertenecer al sistema de la ley federal Nro. 26.221. En consecuencia, la Resolución Nro. 26/17 de APLA y el Marco Regulatorio son federales.
3. Cabe destacar que la argumentación de la actora referida al Código Urbanístico, según la cual, sería el GCBA el obligado a construir la infraestructura de los servicios públicos conforme a los requerimientos de las empresas prestadoras, admite la aplicación de normas federales por reenvío de normas locales. Es la propia actora la que invoca un reglamento federal, la Resolución Nro. 26/2017 de la Agencia de Planificación, uno de los entes de aplicación de la Ley nacional Nro.26221; resolución que según su interpretación colocaría en cabeza del GCBA la obligación de construir la infraestructura del servicio y sería complementaria del Código Urbanístico local. Incluso en el cuerpo de su escrito inicial, indica que en muchos barrios populares de la Ciudad habría numerosos habitantes que cumplirían las condiciones de la Resolución Nro. 26/2017 sin que se les haya brindado el servicio público requerido en la demanda. Es decir que para caracterizar una supuesta omisión exclusiva del GCBA, la actora recurre a la aplicación e interpretación de una norma federal. Puede concluirse que aún siguiendo el camino interpretativo propuesto por la actora no resultaría posible decidir sobre su pretensión principal sin aplicar e interpretar normas federales.
4. En su última presentación, la actora sostiene que AySA sería un ente carente de atribuciones para construir la infraestructura necesaria para brindar el servicio de agua potable y cloacas y pretende aclarar que en su demanda dejó a salvo que la prestación del servicio público que demanda pueda ser brindada por un sujeto distinto de AySA. Un somero análisis de las normas del marco regulatorio aprobado por la Ley nacional Nro. 26221 basta para descartar la hipótesis de la actora, pues varias normas de esa ley (arts. 2, 10 y 22 inciso d) del Marco Regulatorio) reconocen a AySA atribuciones para realizar obras, e incluso la erigen como un sujeto con un necesario rol coordinador de obras que deben ser aprobadas y supervisadas por otros órganos y entes de la Ley Nro. 26221, sin que la planificación y ejecución de las obras necesarias para brindar el servicio público reclamado en la demanda pueda tener lugar sin la aplicación e interpretación de normas federales de la Ley Nro. 26221. Inclusive la pretendida aclaración de que el servicio público de agua potable y cloacas podría ser prestado por un sujeto distinto de AySA implica una interpretación de las normas federales de la ley Nro. 26221.Lo relevante en esta etapa del proceso es decidir la competencia del tribunal para entender en la causa y como ya se destacó más arriba, para sostener sus afirmaciones, la actora interpreta normas federales, de modo tal que implícitamente reconoce que se deben interpretar normas federales para dirimir la controversia que plantea, lo que determina inexorablemente la competencia de la justicia federal. Lo aquí señalado, vale para todas las afirmaciones de la actora que se sustentan en la interpretación de normas federales.
5.- A su vez, dada la innovación producida por la sanción de la Ley nacional Nro. 27453, invocada en la demanda, que declara de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) creado por decreto 358/2017 y que define a la integración socio urbana como el conjunto de acciones progresivas orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura y el acceso a los servicios, entre otras acciones, es dable entender que para responder a la pretensión principal de la demanda, deviene necesario interpretar el artículo 58 del Marco Regulatorio aprobado por la Ley Nro. 26221 que consagra un derecho de acceso al servicio público de agua potable y cloacas como un derecho genérico para todos los habitantes del área regulada, que comprendería a todo el territorio de la Ciudad de Bs. As., y no sólo sería para los usuarios de las áreas servidas. Nuevamente es la argumentación de la propia actora la que pone en evidencia la necesariedad de aplicar e interpretar normas federales para resolver su pretensión.
6.- La actora pretende asignarle a AYSA, interpretando normas federales, un rol limitado de establecer requerimientos y de controlar, como que la ejecución de las obras fuera algo ajeno a su gestión.No tiene en cuenta que aún en ese supuesto, que -se reitera- lo sostiene la actora interpretando las normas federales, su afirmación no es conteste con que administrar significa planificar, fijar objetivos, organizar para llegar a esos objetivos, y controlar que se cumplan esos objetivos. El controlar es parte de la gestión. Es la misma gestión o administración del servicio público de agua potable y cloacas de la ley Nro. 26.221. No es posible separar lo que constituye un solo sistema. ¿Qué pasaría si se condenase al GCBA y los organismos del sistema de la ley Nro. 26.221 considerasen que no están cumplidos los requerimientos o que se ha omitido darles la intervención debida en diversas tareas, especialmente a AYSA? ¿Ante quién se plantearía la controversia? No tiene sentido una condena parcial en sede local y que todo quede para resolver en sede federal. La gestión es una sola, una sola jurisdicción es la que debe resolver los conflictos. Esto porque indudablemente todo está regido esencialmente por ese motivo por normas federales. Es uno el servicio público de agua potable y cloacas, el de la ley Nro. 26221. Esto es lo que históricamente ocurrió, desde que la Ciudad de Bs.As. comenzó su gran expansión hacia fines del siglo diecinueve, comprendiéndose luego en la misma a los partidos del conurbano bonaerense: un organismo nacional prestó el Servicio Público de Agua y Cloacas: Obras Sanitarias de la Nación. Por todo lo expresado, considero que debo inhibirme de entender en el trámite de la presente causa y de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema citada más arriba, remitir las actuaciones a la Justicia Contencioso Administrativo Federal para su posterior tramitación.
XXV. A.- Sin perjuicio de ello, corresponde analizar la procedencia de la medida cautelar requerida en el marco de lo previsto por el art.179 del CCAyT, en virtud de que, en la duda, dado los dichos de la actora y de la demandada para un área tan vasta, respecto de derechos esenciales como los de salud y vida, corresponde tener por configurado el peligro en la demora. Dicho artículo reconoce validez a las medidas cautelares que se ordenen por un tribunal incompetente siempre que se hayan dispuesto de conformidad con las prescripciones del CCAyT y que inmediatamente después de requerido, se remitan las actuaciones al tribunal que sea competente. Los actores solicitaron como medida cautelar: “A. Se ordene al GCBA Elaborar un Plan de Contingencia ante posibles emergencias sanitarias que incluya un cronograma detallado para cada Barrio Popular con recorridos, fechas y horarios precisos, previamente acordados con la comunidad y adecuadamente difundidos que garantice, a pedido de los habitantes de los Barrios Populares, la entrega de agua a granel para todos los usos en los barrios o sectores de barrios que no cuenten con suministro continuo de agua corriente; que garantice la entrega de agua potable envasada para consumo directo en los barrios o sectores de barrios que no tengan acceso a agua potable y seg ura; y que garantice el mantenimiento y destapación de cámaras cloacales y pozos ciegos.
I. Se ordene al GCBA abastecer de tanques plásticos domiciliarios de calidad homologada, a la totalidad de los hogares que no cuenten con sistemas confiables de almacenamiento para el agua de consumo. J. Se ordene al GCBA fortalecer el Sistema de Atención Primaria para mejorar la atención prioritaria y el registro de enfermedades hídricas incorporando la figura de las promotoras de salud.
K. Se ordene al GCBA garantizar económica y técnicamente a través de un programa que la totalidad de las familias puedan ejecutar los núcleos húmedos en sus viviendas y garantizar de esta manera en cada hogar un baño completo y dos (2) canillas. L.Se ordene al GCBA la formalización y regularización del servicio de agua potable y saneamiento cloacal para la totalidad de las viviendas frentistas a vías públicas formales.” Corresponde analizar la procedencia de la medida según las previsiones del artículo 14 de la ley local 2.145 t.o. conf. Ley Nro. 5666 y supletoriamente de los artículos 177 y concordantes del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (CCAyT) -conf. art. 26 de la ley 2.145-. El citado art. 14 de la ley de amparo establece que “En las acciones de amparo contra autoridades públicas son requisitos necesarios para el otorgamiento de toda cautelar la acreditación simultánea de los siguientes presupuestos: a) Verosimilitud del derecho. b) Peligro en la demora. c) No frustración del interés público. d) Contracautela.” A su vez, el art. 177 del CCAyT establece que las medidas cautelares tienen por objeto garantizar los resultados del proceso, “incluso aquellas de contenido positivo. aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida”. La finalidad es que los mismos no resulten de cumplimiento ilusorio al momento del dictado de la sentencia definitiva. El art. 177 del CCAyT agrega que el perjuicio deberá ser inminente o irreparable, lo cual es equiparable al concepto de “peligro en la demora”. La “ilegalidad manifiesta” que menciona el artículo 189, sugiere la idea de un acto o hecho administrativo que exhibe una disconformidad con el ordenamiento jurídico en forma ostensible. Se asimila al requisito de “verosimilitud del derecho” o fumus bonis iuris que no es otra cosa que el “humo de buen derecho” que se exige para la procedencia de una medida cautelar.Es un principio sentado por la jurisprudencia que para hacer lugar a una medida cautelar, a mayor “verosimilitud”, menor necesidad de “peligro en la demora”; y a mayor “peligro en la demora”, menor necesidad de “verosimilitud”. En igual sentido se ha expedido la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, in re “Banque Nationale de París c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo (art. 14 CCBA)”, expte. EXP-6, de fecha 21 de Noviembre de 2000, con cita, a su vez, de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, Sala II, marzo 17 de 1997, in re “Pinzón, Jorge E. c/Corte Suprema de Justicia de la Nación, Suplemento de Derecho Administrativo LL 20-02-98, pág. 61. En el mismo sentido, cabe poner de manifiesto que, si bien en el supuesto de autos la medida requerida implica resolver, aunque en forma provisoria, sin debate previo una cuestión litigiosa que involucra la resolución de la cuestión de fondo debatida, cierto es que a ello debe contraponerse la posible afectación de derechos esenciales. Asimismo, la Alzada ha reconocido la posibilidad de dictar resoluciones precautelares como provisiones temporarias o in extremis, cuya finalidad también es la preservación del objeto procesal, haciendo prevalecer razones de urgencia por sobre otros requisitos de viabilidad, sin que por ello proceda prescindir absolutamente de una ponderación sobre la existencia del derecho pretendido, aunque más no sea de forma somera en el terreno de lo hipotético (Cam. Contencioso Administrativo y Tributario, Sala II, 24/10/06, “Bingo Caballito S.A. v. GCBA s/queja por apelación denegada, Expte. EXP22154/1) Que, en el sub examine, el tribunal en el acotado marco de conocimiento que el dictado de la presente medida exige, advierte que la prudencia aconseja tener en cuenta la urgencia que preanuncia el peligro en la demora. El rango de los valores en juego torna viable dicha medida (conf. fallo Cohen, Sofía Graciela c/ GCBA s/amparo s/incid.Apelación, del 7/12/2000, sala II de este fuero) con carácter provisional, toda vez que se encontrarían configurados los requisitos de procedencia del remedio procesal intentado. Los elementos incorporados a la causa permiten a juicio de este tribunal expedirse únicamente con relación a los puntos A, B, C y D de la petición cautelar reseñados más arriba.
Los informes adjuntados por el GCBA en su contestación de fecha 16 de abril dan cuenta de un incremento de 4 horas diarias del uso de los camiones cisterna de una capacidad de 7.000 litros que concurren de a uno por día a ciertos barrios populares de la Ciudad para abastecer de agua a granel, con motivo de la emergencia sanitaria declarada con relación al Corona Virus Covid 19. En su última presentación (ver págs. 10/13 de su escrito), la actora ha destacado la insuficiencia de la medida del GCBA, teniendo en cuenta las cantidades mínimas de litros diarios de agua por habitante recomendadas en el contexto de Pandemia por la Organización Panamericana de la Salud y/o por las guías de diseño del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), con una reducción estimada por la emergencia, que las sitúa en 120 litros diarios por persona.En función de la capacidad de los camiones (7.000 litros o 15.000 litros en un barrio), el horario de trabajo de los camiones y la distancia existente hasta la planta potabilizadora de AySA en la que cargan y los barrios populares que abastecen, estimaron que la medida puede llegar a proporcionar el mínimo de 120 litros a cantidades muy poco significativas de habitantes (verbigracia 58 o 120 habitantes en barrios de más de 40.000 habitantes). La incidencia de la disponibilidad de agua en la higiene de manos, medida considerada técnicamente conducente para disminuir la circulación del Corona Virus Covid 19, sumado al incremento público y notorio en los últimos días de la cantidad de casos de personas contagiadas del mencionado virus en los barrios populares de la Ciudad (ver por ejemplo, Diario La Nación, 4/5/2020, Coronavirus: el gobierno porteño confirmó que ya hay 223 casos en los barrios vulnerables de la ciudad, disponible en https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/coronavirus-la-ciudad-confirmo-223-casosbarrios-nid2361344), permite inferir la urgencia que preanuncia un relevante peligro en la demora suficiente para disponer una medida precautelar, con el fin de evitar que eventualmente se torne ilusorio el derecho reclamado por la parte al tiempo de que el tribunal competente se pronuncie respecto la medida cautelar requerida. Por ello, considero pertinente ordenar a la demandada que dentro del plazo de 5 (cinco) días:a) elabore un Plan de Contingencia ante posibles emergencias sanitarias que incluya un cronograma detallado para cada Barrio Popular con recorridos, fechas y horarios precisos, previamente acordados con la comunidad y adecuadamente difundidos que garantice, a pedido de los habitantes de los Barrios Populares, la entrega de agua a granel para todos los usos en los barrios o sectores de barrios que no cuenten con suministro continuo de agua corriente; b) incremente la entrega de agua a granel para todos los usos (consumo directo, manipulación de alimentos, higiene personal, higiene del hogar, etc.) en los barrios o sectores de barrios que no cuenten con suministro continuo de agua corriente debiendo tener como guía para la dotación por habitante las normativas nacionales e internacionales que establecen dotaciones de consumo de agua potable con valores entre 150 y 250 litros por habitante por día y las guías de diseño del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) que establecen dotaciones de diseño para los proyectos de agua potable de 150 a 300 litros por habitante día. Estos estándares se indican para determinar una medida, a fin de poder controlar el cumplimiento de la orden, sin perjuicio desde luego, que la demandada puede aportar en forma fundada otros estándares que considere correspondan a la situación, a fin de ser evaluados por el tribunal. y c) elabore e implemente un Protocolo de Actuación para brindar pautas claras de manejo y alerta respecto al agua de consumo a las familias. Este deberá incorporar medidas preventivas que las familias deberían adoptar (hervir el agua, incorporarle lavandina, etc.) para reducir el riesgo sanitario. Esta medida precautelar, se dicta respecto de las pretensiones accesorias de la actora que forman parte de la demanda, relacionadas la deficiencia en el servicio de agua y cloaca que es la pretensión esencial. Las pretensiones accesorias derivan de la pretensión de que se declare ilegítima la omisión de prestar el servicio de agua y cloaca, resultando este tribunal incompetente para ambas clases de pretensiones por resultar inescindibles (conf.Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en pleno, 20/04/2010, Romero Vera, Hugo c. Ciudad de Buenos Aires, voto de la mayoría en respuesta a la segunda cuestión planteada).
XXVI. Por lo tanto, RESUELVO:
1. Declararme incompetente para entender en las presentes actuaciones. Sin costas (art. 14 CCABA).
2. Firme que se encuentre la presente, remítanse estos autos a la Secretaría General de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a fin de su ulterior tramitación.
3. Como medida precautelar, ordenar al GCBA que en el plazo de 5 (cinco) días: a) elabore un Plan de Contingencia ante posibles emergencias sanitarias que incluya un cronograma detallado para cada Barrio Popular con recorridos, fechas y horarios precisos, previamente acordados con la comunidad y adecuadamente difundidos que garantice, a pedido de los habitantes de los Barrios Populares, la entrega de agua a granel para todos los usos en los barrios o sectores de barrios que no cuenten con suministro continuo de agua corriente; b) incremente la entrega de agua a granel para todos los usos (consumo directo, manipulación de alimentos, higiene personal, higiene del hogar, etc) en los barrios o sectores de barrios que no cuenten con suministro continuo de agua corriente debiendo tener como guía para la dotación por habitante las normativas nacionales e internacionales que establecen dotaciones de consumo de agua potable con valores entre 150 y 250 litros por habitante por día y las guías de diseño del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) que establecen dotaciones de diseño para los proyectos de agua potable de 150 a 300 litros por habitante día. Estos estándares se indican para determinar una medida, sin perjuicio desde luego de que la demandada puede aportar en forma fundada otros estándares que correspondiesen a la situación a fin que sean evaluados por el tribunal; y c) elabore e implemente un Protocolo de Actuación para brindar pautas claras de manejo y alerta respecto al agua de consumo a las familias. Este deberá incorporar medidas preventivas que las familias deberían adoptar (hervir el agua, incorporarle lavandina, etc.) para reducir el riesgo sanitario. Ello así, hasta que el tribunal competente resuelva la procedencia de la medida cautelar solicitada.
4. Regístrese, notifíquese a las partes por cédula con carácter urgente y a la Sra. Fiscal en su despacho.
Tag: AGUA POTABLE, AMPARO COLECTIVO, COMPETENCIA, COMPETENCIA FEDERAL, CORONAVIRUS, DERECHO A UN AMBIENTE SANO, DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA, DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA, derechos humanos, DISCRIMINACIÓN, EMPRESA PRESTATARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, ENFERMEDADES, INTERVENCIÓN DE TERCEROS, MEDIDAS CAUTELARES, PELIGRO EN LA DEMORA, RESIDUOS CLOACALES, SERVICIOS PÚBLICOS, SUMINISTRO DE AGUA, VEROSIMILITUD DEL DERECHO
Previous: Previous post: Coronavirus y suspensiones laborales: Es la Secretaria de Trabajo de la Provincia quien tiene competencia para homologar un acuerdo de suspensión de trabajadores, en referencia a las excepciones del DNU 329/2020
Next: Next post: Presentaciones electrónicas y excesos rituales: Declaró la deserción del recurso de apelación por haberse enviado digitalmente la expresión de agravios a la instancia de origen en vez de a la Cámara

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 9
 Resolución 
 artículo 12
 resolución 
 artículo 6
 artículo 20
 artículo 5
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 3

Artículo 48

Artículo 49
 Artículo 1

Artículo 6
 Artículo 10

Artículo 9
 artículo 1
 Artículo 3
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 3
 resolución 
 Resolución 
 artículo 8
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 75
 artículo 42
 artículo 9
 artículo 22
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 26
 artículo 75
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 58
 artículo 14
 artículo 189
 resolución