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MUERTES DUDOSAS EN LA POLÍTICA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA (parte 1) – Jorge Negre
MUERTES DUDOSAS EN LA POLÍTICA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA (parte 1) jnegre 18 Febrero, 2017 No Comments	Desde la década del ochenta emergieron en Argentina diferentes temas y problemas que pasaron a nutrir la agenda de la violencia y la seguridad. Se trata de tópicos que lograron ser públicamente problematizados por un conjunto de actores con visibilidad, que conllevaron importantes consecuencias institucionales y que por ingresar en la agenda pública se volvieron objetos de disputas simbólicas y políticas. Reconstruiremos parcialmente esta agenda reparando en la importancia que determinados casos conmocionantes desatados alrededor de muertes violentas tuvieron en los vaivenes de su constitución y consideración pública.
Durante el advenimiento de la democracia, en los años ochenta, los activismos vinculados a casos conmocionantes se construyeron con evidentes vínculos con el movimiento de derechos humanos emergido como reacción a la dictadura cívico-militar desplegada entre 1976 y 1983.
En este sentido, se inscribe en este esquema de interpretación y acción a las derivaciones de un conjunto de casos que interpreta como herederos de las iniciativas ciudadanas por “memoria, verdad y justicia”; casos que en diálogo con la paralela lucha de organismos de derechos humanos posibilitaron combinaciones originales y transiciones hacia la configuración de nuevos problemas.
Más precisamente, refiere a crímenes que fueron asociados a los debates abiertos por las violaciones a los derechos humanos en los cuales comenzó a utilizarse públicamente a la “impunidad” como categoría explicativa.
(Los nombres resaltados en azul contienen links específicos referidos a cada tema).
Uno de los más salientes fue el secuestro y posterior asesinato del empresario Osvaldo Sivak en 1985 por parte de grupos pertenecientes a la “mano de obra desocupada” de la dictadura. Estos “desocupados” eran actores que durante la dictadura actuaban desde los aparatos represivos del Estado y que una vez reiniciada la democracia reconfiguraron su accionar en el ámbito privado, ya sea en emprendimientos provistos de alguna legalidad, principalmente empresas de seguridad privada, como en iniciativas plenamente ilegales, tales como la realización de secuestros extorsivos y la piratería del asfalto. La esposa del empresario asesinado, Marta Oyhanarte, se dedicó a partir de este hecho a la denuncia pública de las falencias en la investigación judicial y de la participación policial en el caso hasta transformarse en un símbolo nacional del reclamo por los derechos civiles . Oyhanarte capitalizó esta experiencia en la posterior fundación de la ONG Poder Ciudadano, creada para enfrentar otro problema ligado a la impunidad en el discurso público: la corrupción
En esta coyuntura emergieron los primeros casos de violencia institucional que lograron visibilidad mediática. Entre ellos se destaca por su impacto público la denominada masacre de Ingeniero Budge de 1987, hecho en el cual agentes de la policía de la Provincia de Buenos Aires, conocida popularmente como “la bonaerense”, asesinaron a tres jóvenes en la localidad de Lomas de Zamora. El caso se caracterizó por la interacción y organización de actores de bajos recursos frente a las instituciones del Estado con miras al reclamo de justicia y se transformó en un emblema de los movimientos sociales y de los familiares de víctimas en Argentina. Con manifiestas vinculaciones con las categorías y los actores abocados al reclamo de “memoria, verdad y justicia”, la masacre habilitó disputas públicas por la adquisición de derechos que permitieron cierta extensión del status de ciudadanía .
La masacre de Ingeniero Budge constituyó un momento fundante de una nueva demanda de justicia orientada a la denuncia de la violencia institucional usualmente rotulada bajo el eufemismo “gatillo fácil”. Entre las muertes vinculadas a esta demanda se destaca el movimiento en torno al asesinato del estudiante Walter Bulacio ocurrido en 1991 en la Capital Federal. El estudiante fue golpeado, torturado y muerto por la policía luego de ser detenido en una razzia durante un recital de rock. La politización del caso posibilitó la discusión pública sobre el poder de policía y catalizó una preocupación que si bien circulaba previamente en una red de actores no había logrado hasta entonces impactar en el espacio público .
Otros casos, aunque de muerte natural, quedaron flotando en una nebulosa pese a que no estuvieron alimentados por investigaciones judiciales y datos precisos. Uno de ellos fue la súbita muerte del comisario Juan Pirker, el 13 de febrero de 1989.
Comisario Juan Pirker
Su gestión, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, estaba marcada por una impronta democrática a partir de sus posiciones públicas, pero más aún por la resolución del secuestro y muerte del empresario Osvaldo Sivak, donde quedaron involucrados miembros de su Fuerza.
También causó impacto el secuestro de un importante cantidad de kilos de cocaína, una investigación que le mereció la felicitación personal de Raúl Alfonsín y permitió el desbaratamiento de varias células de ultraderecha asociadas a ese tráfico.
La opinión pública se mostró sacudida cuando, tras la sangrienta recuperación del cuartel de La Tablada, tomada por el Movimiento Todos por la Patria el 23 de enero de 1989, dijo que a los integrantes de ese grupo él los sacaba con gases lacrimógenos.
Esas actitudes, que implicaron confrontaciones con otros núcleos de poder, levantaron la sospecha, nunca comprobada, de que la muerte de ese hombre asmático en su despacho y por un paro cardíaco podría haber tenido otro origen.
La muerte del ministro de Defensa de Alfonsín, Roque Carranza, víctima de un síncope cardíaco en una pileta de Campo de Mayo el 8 de febrero de 1986, movió a su vez a una denuncia judicial. Según Prensa Confidencial lo habían matado allí con un disparo en la frente. La denuncia fue desestimada. Fuentes militares ya la habían calificado como totalmente infundada.La duda sopló en estos casos y quedó diseminada en el tiempo y en la gente más allá del martilleo de cualquier sentencia.
Durante la década de los noventa se difundieron reclamos heterogéneos aunados bajo la categoría “impunidad” y bajo la idea de impunidad se conformó una matriz para la acción pública con los familiares de las víctimas como agentes, el “dolor” y la “indignación” como legitimantes de la acción, y la justicia entendida como la demanda de castigo como principal reclamo.
Entre los casos emblemáticos de este reclamo heterogéneo se destaca la vejación y asesinato por parte de “hijos del poder” de la joven María Soledad Morales en la norteña provincia de Catamarca en 1990. Los principales activistas en torno al caso fueron los padres de la joven y una religiosa perteneciente a la iglesia católica, quienes sostuvieron un escándalo que forzó la salida del poder de la dinastía que lo había detentado durante décadas.
Asimismo es destacable el asesinato mafioso del reportero gráfico José Luis Cabezas en una trama que involucró a uno de los más influyentes empresarios de la burguesía local, Alfredo Yabrán, y a grupos pertenecientes a la policía bonaerense. Este caso tuvo como principales activistas a los sindicatos de prensa y abrió una disputa en el seno del poder político nacional que incluyó un intento de reforma de la policía de la provincia
A estos casos pueden agregarse otros que también adquirieron carácter nacional y fueron asociados a consecuencias políticas significativas: el caso Carrasco (1994), como se conoce a la muerte de un conscripto en Neuquén que motivó el debate por el fin del servicio militar obligatorio; el caso Cabello (1999), en el cual una mujer y su hija murieron atropelladas en el marco de una carrera ilegal de autos; la masacre del Puente Pueyrredón (2002), en la cual dos militantes sociales fueron asesinados por la policía en un proceso que aceleró la salida del poder del presidente Eduardo Duhalde; y el crimen de la Dársena (2003), como se popularizó el asesinato de dos mujeres en la provincia de Santiago del Estero cuya trama forzó la salida del poder de la dinastía enquistada en el poder. Pueden sumarse a esta lista casos de muertes colectivas, como los atentados terroristas a la embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994) en los años noventa.
También son destacables los casos de Miguel Bru, estudiante torturado, asesinado y desaparecido por policías en 1993 en La Plata y el de Sebastián Bordón, asesinado por la policía en Mendoza en 1997 durante su viaje de egresados.
La impunidad se consolida durante los años noventa
La muerte no siempre es el fin de la política, al menos mientras se conserva la duda sobre su naturaleza. Crímenes mafiosos, suicidios inducidos o extrañas muertes sin testigos, abundan en la historia argentina reciente. La recurrencia no puede ser casual.
No hay que recurrir ni a los desaparecidos de los años setenta ni a las masacres de obreros de principios de siglo. Aquí nomás, en nuestro cuarto de siglo democrático, los casos se cuentan a montones. El más reciente, quizá, es el crimen por encargo del tesorero del gremio de los camioneros, Abel Beroiz, de 71 años. En la madrugada del 28 de noviembre de 2007, fue abordado por dos personas en un estacionamiento de Rosario y lo mataron a tiros y puñaladas. Todavía se investiga quién dio la orden.
Abel Beroiz
Más inquietante aún es la desaparición de Jorge Julio López, testigo de la represión de la dictadura. La mañana del 18 de setiembre de 2006, López marchó de su casa hacia el juicio que se seguía contra su represor. Y nunca más volvió.
Pero fue la década del ’90 cuando se hicieron corrientes las muertes asociadas al poder. Jim Garrison, el fiscal norteamericano que investigó el asesinato del presidente John Kennedy demostró que los suicidios y las muertes sospechosas de varias decenas de testigos del magnicidio superaba tanto los índices de suicidios del país como todos los cálculos probabilísticos y no podían ser achacados al azar.
Si bien en la Argentina no hay estadísticas confiables sobre suicidios ni muertes accidentales para hacer una proyección equivalente, la extensa lista de muertes entre los testigos clave en causas que tienen como protagonista –directo o indirecto- a Carlos Saúl Menem, sorprende y asusta: la tasa de “suicidios” y de mortalidad entre los testigos de estos casos seguramente supera la media argentina. Aduana paralela, drogas, tráfico de armas y lavado de dinero son los ingredientes de esta película que, en realidad, nadie quiere ver.
Se abrió la cuenta con el supuesto suicidio, el 13 de diciembre de 1990, del brigadier Rodolfo Etchegoyen, titular de la Aduana que investigaba negocios de contrabando.
La hipótesis de quienes sostienen que no se trató de un suicidio coincide con la de la mayoría de los que conocieron al militar: alguien estaba muy interesado en que Echegoyen desapareciera.
Brigadier Echegoyen
Se sabe que el ex titular de Aduanas había investigado el funcionamiento del depósito fiscal de Ezeiza, prestando especial atención a las actividades de la firma EDCADASSA, que opera esos depósitos. Según Marcos Basile, quien fue jefe operacional de Ezeiza durante la gestión del brigadier, se había llevado adelante “una investigación reservada en el ámbito de EDCADASSA, tendiente a determinar la salida de mercaderías de los depósitos fiscales”.
Los familiares y amigos de Echegoyen insisten en que este realizó importantes investigaciones para detectar el tráfico de drogas y lavado de narcodólares en las aduanas argentinas, inspeccionando sorpresivamente los depósitos fiscales de EDCADASSA en varias oportunidades. Su familia insiste con que las causas de la muerte del brigadier hay que buscarlas por ese lado.
Entre los hechos que más llamaban la atención de Rodolfo Echegoyen se encontraban:
-Subfacturación de importaciones. Echegoyen había iniciado 57.000 expedientes de empresas que presuntamente evadieron impuestos por 300 millones de dólares.
-Narcotráfico. La Aduana siempre participó en prevención y secuestro de droga, y en los nueve meses que Echegoyen estuvo en su cargo fue cuando se realizaron los procedimientos más importantes.
-Autos truchos. Echegoyen habría llegado casi al extremo de la exigencia de que Raúl Cuello y Erman González le explicaran acerca de las irregularidades que permitían comprar a particulares autos importados sin pagar impuestos, valiéndose de las franquicias para lisiados.
-Irregularidades en distintos sectores de la Aduana. La privatización del free shop y el servicio de rampas, denuncias e inspecciones en torno a los depósitos fiscales de Ezeiza y el manejo de las sacas de correspondencia, pondría sobre el tapete algunos nombres de miembros retirados de la Fuerza Aérea.
-Negocios en Ezeiza. Echegoyen estaba por desentrañar el modus operandi de una banda que, presumiblemente, manejaba los negocios de Ezeiza, integrada por personas que ingresaron no por sus conocimientos sobre comercio exterior, sino por sus amistades y contactos con el poder político.
Todo esto habría llevado sin duda al brigadier a detectar un circuito de contrabando en distintas formas (narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, etc.) y que operaría de la siguiente manera: De las aeronaves arribadas a Aeroparque y al Aeropuerto de Ezeiza, la mercadería se transportaría a través de Intercargo e Interbaires a los galpones de EDCADASSA y desde allí OCA y OCASA harían su distribución, efectuándose asimismo la operación inversa para sacar divisas del país hacia el exterior, no pudiéndose descartar por vías de hipótesis que estuviese involucrado -inclusive- personal de la DGI, cuya misión sería facilitar por omisión en su accionar la salida de los narcodólares.
Entre los nombres principales que actuarían como operadores de los intereses ilícitos mencionados, se encontrarían: Ibrahim Al Ibrahim; Roberto “Oreja” Fernández, quien para el brigadier occiso cumplía funciones similares a las de Ibrahim (a pesar de no figurar en la planta permanente); y Hector Name, secretario técnico de la Aduana y testigo de una causa por estafa a la Aduana conducida por el juez Miguel Pons.
La causa “Echegoyen, Rodolfo Orlando s/muerte dudosa” quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 10, a cargo del Dr. Roberto José Marquevich, Secretaría Nº 129 de Silvia Nora Ramond, Fiscalía del Dr. Raúl Cavallini.
En el expediente instruído por Marquevich llama la atención la premura por cerrar el caso tanto por parte del fiscal, como por el magistrado. Se trasluce de su simple lectura el escaso interés por investigar y la rápidez por sobreseer la causa. Este “apuro” se hizo aún más evidente en un expediente plagado de irregularidades jurídicas y criminológicas, que dejaba en claro que su investigación, no solo afectaría significativos intereses económicos, sino además un importante segmento del poder político que utilizaba la aduana de Ezeiza para hacer “negocios” que no tenían precisamente la ley como punto de referencia.
Sólo en este marco puede interpretarse la falta de una investigación criminalistia globalizada que procurara una clara determinación de lo acontecido o pudo haber sucedido. De otra forma, ¿Cómo es posible que no se hiciera una pericia caligráfica sobre el papel hallado en el lugar del crimen, con un presunto mensaje del brigadier? ¿Cuál fue el motivo por el cual el juez no investigó la fractura de los huesos propios de la nariz y el hematoma que presentaba el cadaver en la región frontal derecha?. Resulta claro que el proyectil pasó por detras de los mismos y este hecho sólo se puede explicar con la presencia de una tercera persona que golpeara a la víctima antes de su muerte: tal vez para dejarlo inconsciente, colocarle el arma en la boca y asesinarlo, tal vez para presionarlo amenazando a su familia, etc. ¿Cómo se explica, que si el disparo fue con la mano derecha y el proyectil sigue una línea que va de abajo hacia arriba, ligeramente de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás, nadie haya advertido, ni el juez, ni los médicos legistas, que es imposible que la salida del proyectil se produzca sobre el parietal derecho? ¿Porqué el brigadier Echegoyen, un hombre habituado al uso de armas, habría empuñado la misma en sentido inverso apretando el disparador con el dedo pulgar, siendo que lo normal y habitual es accionar la cola del disparador con el dedo índice (todos los autores de ciencias criminalísticas sostienen que la comodidad es un rasgo importante en el suicida)? ¿Porqué el retroceso del arma después del disparo no le afectó los dientes delanteros o lastimó los labios y porqué no se registraron restos orgánicos en la boca del arma de fuego?
Tampoco tiene una explicación lógica el sentido en que quedó el revólver luego del disparo; en primer lugar, porque el impacto y la fuerza centrífuga que desarrolla hubiera empujado el arma a varios metros del occiso y, en segundo término, es absolutamente antinatural que el arma quedara en la mano del brigadier, paradojicamente en posición inversa al disparo. Quien sostenga que el arma no fue plantada en la mano de Echegoyen estaría violando todas las leyes de la fisica.
Aún sin considerar lo mencionado, el hecho de que no se hayan encontrado restos de pólvora en la mano de la víctima, descarta absolutamente que se haya suicidado, para lo cual no hay que remitirse a ningún tratadista, pues es suficiente utilizar la lógica y el sentido común para saber que el disparo realizado con un revolver deja restos de pólvora en las manos del tirador. Las pericias posteriores a la reapertura de la causa demostraron que los que sostenían la hipótesis del homicidio estaban en lo cierto.
Pero si tomamos en cuenta el aspecto trascendente de esta muerte, el mayor “déficit” de la instrucción no deviene en sus aspectos procedimentales, ni en la falta de claridad y transparencia de la causa, sino en la circunstancia que no se tuvo en cuenta el contexto dentro del cual debió llevarse a cabo la investigación y que estaba relacionada con las actividades que había desarrollado Echegoyen cuando estuvo al frente de la Administración Nacional de Aduanas.
Durante la duró la mayor parte del proceso se “desperdició un tiempo precioso” en la búsqueda de motivaciones explicativas en torno a circunstancias laborales y personales que rodeaban al occiso.
Más allá de los errores que pudieron haberse sucitado o las actitudes negligentes, es innegable la existencia de una sistemática voluntad política de que el asesinato de Echegoyen fuera considerado un hecho policial más para que la causa terminara archivada como suicidio.
Lo más paradójico es que el mismo juez sostiene que Echegoyen no se suicidó: que estaba realizando una investigación secreta paralela a la oficial, pues no confiaba en los “amigos políticos” que lo rodeaban, y que su muerte estaba relacionada con las investigaciones que llevaba a cabo en la aduana. No obstante que el contexto fáctico ponía de manifiesto que se estaba en presencia de hechos verdaderamente ilícitos y se poseían instrumentos jurídicos para proseguir con la investigación, la misma fue clausurada.
La traba más importante para el juez en la investigación para encontrar a los responsables materiales del asesinato del brigadier Echegoyen, estaba en dejar abierto un expediente que pudiera comprometer seriamente a Alfredo Yabrán, miembros de su “grupo”, Oficiales y ex-Oficiales superiores de la Fuerza Aérea y funcionarios y personas estrechamente vinculadas al gobierno.
Ante estos hechos, daba la sensación de que la causa estaba a punto de cerrarse, pero luego de esperar más de seis años se iba a producir un acontecimiento que permitiría que se reabriera nuevamente: el ex-chofer de Echegoyen, Salvador Rosselli, había sido secuestrado y amenazado por desconocidos que le advertían que no comentara nada sobre lo ocurrido en los depósitos fiscales de Ezeiza. Hechos de los que tendría conocimiento por ser, no sólo el chofer sino, además, un hombre de confianza del brigadier.
Sumado a esto, el 13 de marzo de 1997, Rosselli, escuchó una voz masculina por el teléfono que le advertía: “si sabés algo del caso Echegoyen, no sabés nada, por que si no, sos boleta”. Tal vez, en la creencia de que el mensaje no había sido lo suficientemente claro, es reiterado 10 minutos más tarde. Al día siguiente, en horas de la mañana, el mensaje se repitió en forma más escueta y contundente. Le manifestaron: “sos boleta”.
Al parecer, los amenazadores entendieron que no habían sido lo suficientemente claros: volvieron a levantar nuevamente el teléfono y no dejaron lugar a dudas sobre cual era su propósito. Rosselli, del otro de la línea escuchó “sos boleta”. Ya no le quedaban dudas.
En los días subsiguientes volvieron a repetirse en forma sistemática las amenazas telefónicas con frases tales como: “Ojo con lo que vas a decir, por que tu familia hace dos días que no está en tu casa, por que sos boleta”. “Ojo que puede ser el último cumpleaños que festejes”. “Que linda nena!”. “¿Los chicos, bien?”. “Estás muerto”.
El “mal momento” que Rosselli estaba soportando con los amedrantamientos vía telefónica no cerraron el capítulo pues, el 15 de marzo, fue interceptado por un automóvil Fiat Duna blanco con vidrios polarizados, dentro del cual se hallaban dos personas, una de las cuales descendió con un arma de fuego y le expresó: “te veo un pibe inteligente, vos del caso Echegoyen no sabés nada, por que sos boleta, te das cuenta que no es joda?. No sabés nada, o querés que te matemos ahora?”.
La jueza Silvia Nora Ramond, ante las amenazas que sufrió el ex-chofer de Echegoyen y frente a la solicitud de sus familiares no tuvo otra alternativa que reabrir la causa el 3 de abril de 1997. Pero a diferencia de su primera etapa, la investigación de la sospechosa muerte del brigadier se enmarca en el conjunto de investigaciones que venía realizando sobre la conexión entre brigadieres y ex-brigadieres de la Fuerza Aérea y las firmas concesionarias de los servicios del aeropuerto de Ezeiza vinculadas a Yabrán con millonarios contrabandos de mercaderías, drogas, tráfico de armas, etc., facilitado por la “aduana paralela” constituida sobre la base de contratos de concesión totalmente ilegítimos.
A raíz de esta segunda etapa, salieron varios detalles a la luz: el enfrentamiento de Echegoyen con Yabrán, la complicidad pasiva de oficiales de la Fuerza Aérea, las investigaciones que venía realizando el brigadier y las amenazas que había recibido por ese motivo y las irregularidades, complicidades y encubrimientos en una instrucción judicial donde faltaba voluntad de investigar, algo que debilitaba fuertemente la hipótesis oficial del suicidio.
“Frente a la droga me paro”, sostuvo ante su hermano Juan José, diplomático que por ese entonces estaba radicado en Suiza, en un última conversación telefónica, pocas semanas antes de su muerte. Finalizó la comunicación manifestando que “….estoy juntando documentación y no me callaré. Voy a hacer como hizo papá “. Se refería a las denuncias que su padre, José Tránsito Echegoyen, funcionario de la provincia de Mendoza, había presentado en el Congreso de la Nación en la década del 40, sobre presuntos negociados en materia de obras hidráulicas.
Por otra parte, días antes de su muerte, en una reunión familiar, manifestó que “en esta casa no se habla más de Yabrán”, tomando seguidamente su agenda, abriéndola en la página correspondiente a la letra “Y” y arrancando la hoja. El mensaje era claro: tenía que ver con su investigación de irregularidades en la aduana de Ezeiza, narcotráfico y Yabrán. El eje de las preocupaciones del brigadier y un cocktail explosivo donde podrían encontrarse los motivos de su muerte.
Si bien no quería preocupar a su familia, admitió ante un familiar: “estoy amenazado, pero no le digas nada a Raquel” (su mujer). Al mismo tiempo, le había insistido a su chofer, Rosselli, que abandonara su cargo.
A tal punto desconfiaba de su entorno en la aduana de Ezeiza que se llevaba de su casa los saquitos de té y el azúcar. Un informe de inteligencia atribuído a la SIDE señala que su asesino habría sido Luis Alberto Martínez, alías El Japonés, un ex sargento de la Policía Federal que se destacó como represor en los años 70 y fue detenido en Suiza al intentar cobrar un rescate por un secuestro extorsivo junto a dos agentes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército: Leandro Angel Sánchez Reisse, alías Lenny o El Marqués, y Rubén Bufano, alías Polo.
Luis Alberto Martínez, alías El Japonés
Leandro Sánchez Reisse
Rubén Bufano
Según este informe, El Japonés Martínez habría ingresado en el despacho de Etchegoyen con la complicidad de Mario Hugo Cárdenas, alías Panqueque, uno de los “killers” preferidos de Claudio Pitana, alías Fafá, jefe del “primer círculo” de custodios de Yabrán.
Claudio Pitana
Y el propio Cárdenas se habría ido de boca al decir que el “suicidio” de Echegoyen había sido pedido por Ibrahim al Ibrahim (¿a Yabrán?).
Las pruebas balísticas demostraron que el revólver con el que se había disparado el brigadier, necesariamente dejarían restos de pólvora sobre la mano del tirador en todos los casos”. Por otro lado, la pericia caligráfica determinó que la firma que figura al final de la carta no pertenece a Etchegoyen. Asimismo, la pericia médica deja asentado que el proyectil no pudo haber afectado los huesos propios de la naríz y que la fractura de los mismos se debió a un golpe, de lo cual se deduce que el militar no estaba precisamente solo en el momento de producirse su muerte.
Todo esto se fue evidenciando a través del largo paso del tiempo, sorteando la falta de voluntad investigativa y las trabas y dilaciones procesales, las que no lograron doblegar la firme voluntad de una familia que ahora puede manifestar con orgullo que la muerte de su padre no fue en vano.
Tal vez su suerte quedó echada cuando anunció públicamente que iba a realizar una conferencia de prensa para dar a conocer las irregularidades mencionadas. Como quedó demostrado, con las nuevas pruebas aportadas al expediente, su destino estaba marcado. Echegoyen debía morir.
En su momento y en declaraciones públicas, Erman González declaró que Echegoyen no tenía idea de lo que significaba manejar la Aduana y enfrentar los intereses que hay en juego. Quizás haya sido justamente eso lo que lo mató: su inocencia.
JUAN MARÍA BADER
1994: El 22 de febrero de 1994, el financista Juan María Bader fue encontrado en el baúl de su auto con un tiro en el pecho. Enfrentaba un juicio en el que estaba acusado de ser partícipe de una estafa por 15 millones de pesos. Se dijo que movía dinero negro de gente muy poderosa. Su familia había recibido amenazas de muerte y 30 horas antes de ser asesinado, Bader había desaparecido de su casa.
Juan Bader era el titular de Mercados Mundiales, una mesa de dinero que colocaba en el exterior los “ahorros” de funcionarios de la Cancillería, gracias a la amistad que se profesaba con Paula Di Tella, hija del ex canciller Guido Di Tella.
Un buen día, Bader dejó de pagar y uno de los 200 clientes de Mercados Mundiales decidió denunciarlo ante el juzgado de instrucción de Mariano Bergés. Frente a ese panorama, simulando un secuestro, Bader se evaporó junto con los depósitos de los clientes. La suma defraudada rondaba los 30 millones de dólares.
El 16 de diciembre de 1993, Bergés allanó la vivienda de Bader, secuestró documentos con cuentas numeradas, chequeras y una computadora que la mujer de Bader guardaba en su automóvil. Un aluvión de acreedores se presentó a reclamar su dinero.
Un empleado del financista testificaría que entre los personajes importantes a los que Bader contaba entre su clientela se encontraba el ministro de la Corte Enrique Petracchi, quien a noviembre de 1993 tenía depositados 93 mil dólares en la cuenta identificada como P-550. El ministro nunca se presentó a reclamar lo que le adjudicaban, pese a lo cual Bergés lo citó a declarar.
En lugar del ministro acudió a la convocatoria de la Justicia María Morales Bustamante de Petracchi, esposa del altísimo funcionario, quien reconoció la propiedad del dinero y la relación con Bader. En esa presentación la patrocinó el primo del ministro de la Corte, Alberto Petracchi, futuro malo de la película de Moneta, el Federal, el República y el Citibank.(otro tema)
Leopoldo “Poli” Armentano
En la madrugada del 20 de abril de 1994, Leopoldo Poli Armentano, el rey de la noche, caminaba hacia su domicilio, hasta que una voz conocida pronunció su nombre. Se desplomó en medio de la calle.
Guillermo Cóppola-Víctor Hugo Morales y Rodolfo Armentano
Una hora más tarde, todavía débil, logró llegar hasta el edificio donde vivía. Dos días después fallecía en el hospital Fernández.
Las investigaciones judiciales realizadas alrededor del caso Armentano presentaron llamativas irregularidades: ausencia de declaraciones claves, testimonios débiles y poco creíbles, evidencias dejadas de lado, acusaciones falsas e incremento considerable del capital del entonces Juez a cargo, Francisco Trovato, entre otras cosas.
Todo supo sumarse al objetivo de no desentrañar la verdad, de seguir ocultando qué ocurrió esa noche, qué personajes rondaban al empresario de las discotecas más exitosas y quiénes y por qué querían su muerte.
Lo cierto es que la “causa Armentano” presenta una explosiva mezcla de drogas, política y poder que no podrá ser descubierta fácilmente, ya que involucra a personas muy importantes de diferentes ámbitos y tal vez sea esta la razón por la cual, en el silencio de la complicidad, muchos haya bogado tanto para que nada se descubra.
Poli Armentano fue asesinado de un disparo en la cabeza el 20 de abril de 1994, a pocos metros de su casa en la esquina de Demaría y Sinclair. Horas antes había compartido una cena en el restaurante El Mirasol con Guillermo Cóppola, Ramón Hernández y otros personajes del entonces entorno menemista.
Según la investigación del periodista Christian Sanz,, a este le habían propuesto la noche antes de morir un negocio relacionado con la distribución de drogas en sus locales bailables, que estaba respaldado por el entonces presidente Menem y representado en las personas de su secretario personal, Ramón Hernández y su jefe de custodia, Guillermo Armentano.
Ramón Hernández y Guillarmo Coppola
En una última cena de Armentano con Guillermo Cóppola, Hernández y otros personajes, la negativa de Poli de ser distribuidor de narcóticos selló su suerte y finalmente le costó la vida.
El propio ex presidente Menem estuvo a punto de participar de la reunión. Venía con Hernández de un día de fútbol en la quinta de Alejandro Granados en Ezeiza y llegó a entrar al restaurante, pero se retiró cuando vió que había demasiada gente.
Cóppola ofició de coordinador y uno de sus sicarios, Diego Emiliano Corzo, le pegó el tiro de gracia.
Corzo, alias Cheto, es un personaje por demás conocido en el mundillo policial. Estuvo detenido varias veces y registra antecedentes en más de una decena de causas durante los últimos 15 años, cuando estuvo acusado de hurtos de automotor, contrabando, narcotráfico, asociación ilícita y falsificación de documentos. Así lo define Jorge Enrique Guzmán, comisario inspector de la policía de Buenos Aires: “El ‘cheto’ es una persona que resulta totalmente engañosa, ya que tiene una apariencia correcta, rasgos delicados, buena presencia y un trato socialmente apreciable. Ello no obstante es persona de armas llevar y lo considero en extremo peligroso ya que carece de escrúpulo. Se ha enfrentado reiteradamente a mano armada con aguerridas comisiones policiales. Luego de quedar herido en una pierna corrió no obstante varios kilómetros a campo traviesa empeñado en defender su libertad a cualquier costa”.
Guzmán había conocido a Corzo cuando fue trasladado como jefe de la división Narcotráfico a Lomas de Zamora y lo detuvo manejando una camioneta propiedad de Guillermo Cóppola.
Carlos Hugo Kolosko, preso en la Unidad Nº 1 del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires por adulteración de chapa de motor y encubrimiento, declaró ante el juez Francisco Trovato el 30 de diciembre de 1994. Aseguró que su hijo le había comprado un auto a un tal Hugo Manuel Giménez, que resultó ser robado. Kolosko buscó a Giménez para que le diera explicaciones, lo cual relata de la siguiente manera: “cuando lo encontré me dijo que no podía ir a declarar a mi favor. Explicó que tenía un pedido de captura por orden del juez Marquevich en una causa donde estaba involucrado con un tal Diego Corzo por tráfico de setenta u ochenta kilos de cocaína.
Según Kolosko, Giménez le había hecho una sugestiva confesión: “me dijo
que iban a matar a Armentano y a él, que los había mandado matar Guillermo Cóppola y que el autor material sería Diego Corzo. Me dijo también que la organización cuyo jefe era Cóppola sabía que tanto él como Armentano eran arrepentidos. Que él (por Giménez) se dedicaba a traer droga desde el norte del país. Que la entregaba a un depósito de una compañía que queda por la zona de Tigre, donde hay una lancha de competición, del tipo de las que tiene Daniel Scioli. Y me dice que en el interior de esa lancha se pueden introducir quinientos o seiscientos kilos de droga, que se remite al exterior del país ya que no sufre control aduanero al salir. Que Armentano recibía dinero de la venta ilegal de drogas para destinarlo a la compra de distintos bienes. Giménez deseaba declarar todo eso y redactó un escrito a máquina en su casa que firmó de puño y letra. A la semana de presentado el escrito, Giménez fue asesinado de siete balazos en la zona de El Palomar”.
Como propietario de la empresa del Tigre que según su relato recibía la droga, Kolosko mencionó a Marcelo Pocoví , en ese momento amante oculto de Zulemita Menem, quien a su vez, a la hora de aclarar su situación, se presentó con un patrocinio legal realmente sugestivo: Ricardo Klass, abogado personal de Carlos Menem.
Zulemita Menem y Marcelo Pocoví
Ex integrante del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Ricardo Klass copió el “examen” que formó parte del concurso realizado por el Consejo de la Magistratura para seleccionarlo como juez del máximo órgano judicial de Tierra del fuego en 2002.
Klass reprodujo casi textualmente un escrito perteneciente a un libro ya publicado por su autor, sin citarlo nunca y haciendo creer que era una creación propia.
El caso fue denunciado judicialmente en 2009 por los abogados Federico Rauch y Antonio Aciar, y se hizo público a través de una nota del portal Reporte Austral.
Sin embargo,se conocieron detalles todavía más graves de la maniobra, ya que apareció evidencia de que el ex abogado personal de Carlos Menem no sólo copió el “examen”, sino que además sabía el tema sobre el que iba a ser evaluado por los consejeros, antes de rendir la prueba.
En 2011,en Ibiza, Corzo fue condenado a siete años y ocho meses de prisión y al pago de una multa de 19.629.747 euros por vender drogas y blanquear el dinero obtenido del tráfico de estupefacientes.
A Diego Corzo se le condenó por participar en la importación de cocaína, procedente de Sudamérica, que adulteraba en laboratorios en Ibiza antes de enviarla a Italia, donde iba a distribuirse. Sin embargo, en los registros las cantidades de drogas que se encontraron fueron ínfimas. Según la sentencia, Corzo blanqueaba grandes cantidades de dinero en Ibiza.Por el delito de blanqueo de capitales se le condenó a pasar tres años y tres meses más en prisión y abonar 19.622.213 euros.
Juicio a Corzo( primero desde la izquierda)
Poco después de la muerte de Poli Armentano, algunas personas relacionaron su asesinato con deudas que nunca había saldado, lo cual no era real.
Cuando Armentano partió hacia esa última cena, estaba obsesionado con la idea de adquirir las discotecas Caix y Pachá y montar un gigantesco centro de diversiones en la Costanera, con el auspicio de la cervecera Brahma. La empresa brasileña se había comprometido a aportar 4 millones de dólares en cuotas mensuales durante cinco años.
Como ese dinero era insuficiente, Armentano estudiaba vender el contrato a Ramón Hernández, el más poderoso de sus comensales, por 2,5 millones al contado.
Hernández, poderoso valet presidencial, dijo que sí, pero pidió un gran favor a cambio: el menemismo necesitaba distribuir una enorme cantidad de droga que había ingresado al país como parte de pago por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia y Cóppola, por su parte, quería inundar los boliches con una nueva droga que estaba haciendo estragos en las playas de Ibiza: el éxtasis.
Ya estaba todo planeado y hasta habían confeccionado un croquis para que Poli viera lo sencillo que era hacerlo a través de sus boliches bailables. Todo estaba previsto, menos la negativa de Armentano quien, como pudo, escapó del lugar. No había probado bocado.
De repente, había descubierto que el presidente de su país era un hombre vinculado al mundo de las drogas. Un gran secreto que no podía develar y que le costaría finalmente la vida.
Nunca se investigó a fondo los últimos movimientos de Armentano ni se llamó a declarar jamás a los tres comensales más sospechosos que estuvieron con él en la fatídica cena: Ramón Hernández, Guillermo Cóppola y Juan Carlos Guglietti, tres enigmáticos personajes que de la nada pasaron a manejar intereses muy pero muy importantes.
“Armentano fue víctima de una guerra entre carteles. Oscuras organizaciones se estaban disputando el mercado de los consumidores de droga en algunas disco y por alguna razón se habrían cobrado con Poli supuestas deudas pendientes”, afirmó una alta fuente policial.
Esa hipótesis, arriesgada, parte de concebir la competencia entre algunas disco como una batalle entre ‘narco-discos’. Algunos locales top serían en realidad pantallas para simular una tenebrosa disputa entre los vendedores de cocaína y los de éxtasis (la nueva superdroga que hizo ‘furor’ en los dos últimos veranos de Punta del Este). Los grandes dealers de la cocaína apuntarían contra los distribuidores de éxtasis. Otra tesis sugiere que Armentano fue víctima de un ajuste de cuentas por razones sentimentales. Pero la profesionalidad del crimen no se condice con una cuestión de polleras y nada más.
Por último (si bien en alguna instancia se manejó la hipótesis de un intento de robo seguido de asesinato), los hechos apuntarían en otra dirección. El juez Miguel Angel Trovato, que maneja la causa, lo dijo así: “El móvil del robo no me parece suficientemente sólido’. Armentano cayó al piso después del balazo y nadie le sacó su teléfono celular ni su reloj. Un delincuente común no los habría olvidado.
¿Quién mató entonces a Armentano?”.
Sin duda, una muy buena pregunta. A casi diez años de este hecho, los culpables aún siguen en la sombra.
Sin embargo, la muerte de Armentano fue sólo una de la larga lista de asesinatos aún impunes de la década menemista con una particular modalidad de matar.
En los últimos asesinatos resonantes aparece un mismo patrón: la muerte rápida, sin rastros a la vista que aparecen como consecuencia de un asalto. Los encargados de las investigaciones de los mismos volvieron a leer sumarios del año 93 y descubrieron un hilo conductor: los sospechados como ‘ajustes de cuentas’ estarían perpetrados por profesionales en el arte de matar. La hipótesis sostiene que se utilizaron balas de pequeño calibre y los homicidios se realizaron en los horarios en los cuales las víctimas creen que no corren ningún peligro. Ninguno de esos crímenes ha sido resuelto hasta hoy.
La madre de Poli murió en 2004, en medio de una brutal pelea para que el crimen de su hijo fuera esclarecido.
La causa prescribió.
Subcomisario Jorge Gutiérrez El 29 de agosto de 1994 fue asesinado el subcomisario de la policía bonaerense Jorge Gutiérrez que investigaba la aduana paralela.El policía bonaerense apareció asesinado en un vagón de la formación Roca en la estación La Plata. La investigación determinó que un efectivo federal lo había matado, sin embargo el crimen no tiene ningún detenido.
Comisario Mayor Jorge Gutiérrez
El efectivo, hermano del intendente de Quilmes Francisco “Barba” Gutiérrez, tenía 41 años, era padre de tres hijos y estaba casado con Nilda del Valle Maldonado. Al momento de ser asesinado, era el segundo a cargo de la Comisaría 2° de Avellaneda.
Los últimos momentos del bonaerense, según consta en el libro “Maten a Gutiérrez” de Daniel Otero, no hacían prever su desenlace fatal. Cenó en la comisaria y dejó su turno dos horas más tarde, dado que quien debía cubrirlo estaba en una fiesta. Abandonó la dependencia a las 23:55 y minutos más tarde fue asesinado de un balazo en la nuca.
Según consta en versiones de otros policías, a Gutiérrez lo iban a llevar en patrullero hasta su casa en Quilmes, pero solo recorrieron escasos metros. Sus compañeros lo dejaron en la estación de Avellaneda, y hasta hoy se desconocen los motivos del cambio de planes.
El subcomisario fue asesinado cuando el tren recorría el Viaducto de Sarandí, lo que le permitió a los asesinos disparar sin ser oídos por los demás pasajeros. No le robaron más que unas hojas de su agenda, y conservaba su arma reglamentaria en la pierna, lo que evidenciaba que el efectivo no se resistió.
La investigación: complicidad policial y errores sublimes
La investigación, desde el inicio, estuvo marcada por la disputa de la jurisdicción y por la falta de colaboración de los superiores de las policías bonaerense y federal, pese al esfuerzo de su hermano “el barba”, por ese entonces reconocido gremialista de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Luego de meses de pesquisas, y como si fuese un guión de película, el caso comenzó a dar frutos. Una testigo, que había presenciado el asesinato, comenzó a llamar a los bonaerenses para pasarles información.
La mujer, que estaba ocasionalmente en el vagón, se iba a encontrar esa noche con un amante, mientras su esposo colectivero trabajada. Fue ella quien confesó que los que mataron por la espalda a Gutiérrez eran dos policías federales.
El relato también fue confirmado por otro testigo, un vendedor ambulante, que conocía a los efectivos porque todos los viernes eran los que recaudaban la coima para dejarlo trabajar en los trenes.
Con estos datos, los investigadores formados por tres grupos de policías, concluyeron que el asesino era el cabo Daniel “Chiquito” Santillán, efectivo federal que integraba la Seguridad Ferroviaria. Respecto al otro, hasta el día de hoy no lo pudieron identificar.
Para sorpresa del juez Federico Atencio, el acusado de homicidio también formaba parte de uno de los grupos de investigación, lo que le valía estar al tanto de los avances de la causa.
Santillán estuvo dos años presos. Nunca declaró. Sin embargo, la Policía Federal dispuso de sus mejores abogados para defender al efectivo y luego de recuperar su libertad fue ascendido y enviado al sur.
En 1996 la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Plata absolvió por duda insalvable, falta de pruebas y errores en la investigación al único detenido por el homicidio.
Casualmente, meses antes, el Fiscal que había pedido la reclusión perpetua para el acusado fue reemplazado en su cargo y como consecuencia el sustituto no pudo apelar la sentencia.
Por ese entonces, el jefe provincial de la Policía Bonaerense era Pedro Klodzyck y Alberto Piotti el secretario de Seguridad.
¿Por qué mataron a Gutiérrez?
La comisaría 2 de Avellaneda lindaba con la empresa Depósitos Fiscales SA (DEFISA), una compañía que había surgido en 1992 y que hasta 1995 funcionó sin habilitación de la aduana.
Según Daniel Otero, la apertura de los mercados durante el menemismo se verificó en el aumento de las importaciones y en el consecuente movimiento de containers. En 1992, en el Puerto de Buenos Aires se operaron 220 mil contenedores mientras que en 1995 la cifra alcanzó los 500 mil.
Luego de la reestructuración de los galpones de Puerto Madero se privatizaron los depósitos para la mercadería importada y exportada, surgieron numerosas empresas, cerca de 120, que cumpliendo las normativas de la resolución 9747/92 emanadas de la Administración Nacional de Aduanas, se creó la figura de depósitos fiscales privados.
Justamente esta modalidad fue la que generó la llamada “Aduana Paralela”, dado que se habían facilitado los controles de ingreso y egreso de mercaderías desde los puertos y la posibilidad de tener depósitos fiscales distribuidos a lo largo del país coadyuvaba al contrabando.
En alguna oportunidad, casi por casualidad, el subcomisario vio desde el primer piso de la dependencia policial movimientos extraños en los depósitos. Junto a un subinspector y tres suboficiales, se acercaron hasta el lugar. Sin embargo, se encontró con custodios privados y un policía federal. Al encargado de la comisaria de Avellaneda le llamó la atención la gran cantidad de vehículos nuevos en el interior.
En el depósito, según confesó la nuera del subcomisario que había visto desde la Comisaria el interior de Defisa, estaba lleno de camionetas Fiat Ducato.
Según los manuscritos del subcomisario, encontrados luego del asesinato, hacían presumir que Gutiérrez esperaba encontrar drogas escondidas en los vehículos. Lo más sorprendente era que el subcomisario también desconfiaba de que efectivos de la Policía Federal estuviesen involucrados, y según su hermana ese tema lo tenía preocupado.
Días posteriores al asesinato del subcomisario, Defisa ocupó la atención de los medios nacionales. El juez en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia secuestró 980 vehículos que debían haber sido depositados en el predio lindante a la comisaria donde trabajaba Gutiérrez; sin embargo, sin autorización de la aduana, los habían alojado en otro deposito fiscal.
La Policia de la Provincia tardó tres años y medio para concluir que uno de sus oficiales había sido asesinado mientras llevaba adelante una operación de inteligencia.
La causa quedó impune hasta que en el 2010 fue detenido otro policía: Francisco Severo Mostajo, alias “El Colorado” y quedó en la mira el empresario kirchnerista Jorge Ernesto Gutiérrez Conte, a quien el subcomisario bonaerense asesinado investigaba luego de haber sido denunciado por el tráfico de armas a Croacia y por la Mafia del Oro.
Jorge Ernesto Gutiérrez Conte
Según una denuncia efectuada por el ya diputado Francisco “Barba” Gutiérrez: “Aeropuertos Argentina 2000 es una empresa concesionaria del servicio aeroportuario y está presidida por una persona (Julio Ernesto Gutiérrez Conte) que tuvo vinculaciones con la denominada “Aduana Paralela” a través de DEFISA (Depósitos Fiscales SA). Con motivo de la investigación de la mencionada Aduana Paralela fue asesinado el Sub comisario de la Policía Bonaerense Jorge Omar Gutiérrez el 29 de agosto de 1994.
En todos los informes se involucra a Julio Ernesto Gutiérrez Conte y es por ello que la información que pueda surgir a través de este proyecto de resolución sería de suma importancia para tener un acabado conocimiento de quienes son la personas responsables del manejo y control de las empresas que ha concesionado el Estado Argentino.
El presidente del Consorcio Aeropuertos Argentina 2000 se encuentras sospechado de ser el autor intelectual del homicidio de mi hermano, el Sub Comisario Jorge Omar Gutierrez, tambien ha sido pedida la investigación respecto a la participación de esta persona en el homicidio del comisario Jorge Luis Piazza. (…)
El Presidente del Consorcio AA2000 Sr. Julio Ernesto Gutiérrez Conte fue Presidente de la firma DEFISA, Director de Zona Franca La Plata, Director de Express SRL Actualmente Presidente de Aeropuertos Argentina 2000, se encuentra asociado con Mario Jorge Grinschpun. En la resolución de la causa 3.999 caratulada “administración Nacional de Aduanas s/ Contrabando” denominada comúnmente “Mafia del Oro” se destaca que la importación de oro fue realizada por la empresa “Express S.R.L.”, cuyo titular es el despachante de aduana Mario Jorge Grinschpun (según información de en denuncia de A.N.A.), quien a su vez, fue el despachante interviniente en las exportaciones, y su firma, el agente de carga (EXPRESS), detectándose su actuación en los casos de Casa Piana S.A., Gemmodesing, Argentieri, Silver Plate, Rodhio, American Precious Metals, Vega y Camji, Macrodent y Seaton Plaza. De la que transcribo parte de la resolución judicial (1)
El Gestor del deposito Fiscal DEFISA, Rolan Gustavo Yañez, argentino de 44 años, Instruido, domicilio en la calle Azara nro 138 depto. 7 de Lomas de Zamora, titular del DNI nro. 12.651.676, en su testimonial dijo: que en los años 90 se desempeñaba como Gestor en Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora y que realizó gestiones para la Habilitación de DE.FI.S.A. en la Municipalidad de Avellaneda y que varias veces concurrió a los galpones del Deposito Fiscal en calle Cnel. Bosch nro. 302 de Avellaneda.- “Que preguntado si del deposito Fiscal recuerda alguna circunstancia que le llamara la atención, manifiesta que si, que siempre le llamó la atención de varias veces que fue al Deposito Fiscal, vio gran cantidad de vehículos cero km., que la cantidad era realmente importante, y que otras veces fue y los mismos automóviles aun estaban estacionados dentro del deposito, lo que le llamó la atención y lo llevó a preguntar que era lo que pasaba, y le comentaron que eran vehículos de una empresa que no recuerda cual era, y que el deponente le decía que no entendía cual era el negocio, ya que esa empresa gastaba mucho dinero en dejar allí guardados los automóviles por tanto tiempo” … “Que también recuerda que DEFISA estaba gestionando tramites y así se lo habían hecho saber al deponente que diligencia la documentación que haga falta, ya que querían habilitar el deposito para almacenar ELEMENTOS QUIMICOS, manifestando que no lo autorizaban a ello, mas precisamente el 06/06/1994 le niegan ese tipo de permiso, aun sin tener la habilitación del deposito”.
Señor Presidente, creemos que es necesario establecer fehacientemente la responsabilidad del Presidente del consorcio AA2000 y del mismo consorcio en los hechos mencionados (la cocaína enviada a España por Ezeiza), la sensación de la sociedad es que nuestro País está “inundado de drogas” y que el ingreso de la misma, obviamente es a través de los Aeropuertos”.
Carlitos Menem Jr
1995: Un 15 de marzo muere al estrellarse su helicóptero Carlitos Menem Jr. Y junto con él, Silvio Oltra, que lo acompañaba. Entre 1995 y 1996, mueren tres testigos clave de la caída del helicóptero que piloteaba el hijo del Presidente. En todos los casos, se habló de muerte natural.
Menem-Oltra
Más de diez testigos de este caso han fallecido .
1995: Lorenzo Epifanio Siri
Lorenzo Epifanio Siri era cuidador del campo de la familia Sívori. Vivía en una improvisada casa fabricada en medio de ese mismo terreno y solía quejarse de la poca acción que abundaba en el lugar.
Nunca hubiera imaginado que ese día iba a cambiar todo. Inclusive el curso de su propia vida.
Y es que en ese mismo lugar iba a precipitarse a tierra, en cuestión de segundos, el helicóptero del hijo del ex presidente.
Siri contó que previo a la caída del helicóptero percibió tres explosiones y en seguida le pareció como que se le venía encima, asegura Adrián Laprida que le confesó el cuidador del campo poco tiempo antes de morir.
La misma persona asegura que Siri le había dicho que vio un montón de cosas desparramadas (…) Que entre esas cosas había una valija, sobres como de azúcar y dinero suelto. Que inmediatamente se le acercaron unas personas y le dijeron: viejito, vos te mandás a mudar de acá porque sos boleta. Vos no viste nada.
Era demasiado tarde. Ya había visto demasiado y, para colmo, a la hora de declarar en la causa había asegurado haber escuchado explosiones previas al desplome del helicóptero a tierra, abonando la teoría de los disparos.
El 18 de abril de 1995, Lorenzo Siri iba a encontrar su propia muerte atropellado por un auto Fiat 147, tan solo a 500 metros de donde había caído la aeronave. Tenía 2,3 puntos de alcohol en la sangre. Según testigos,lo que hicieron fue ponerlo borracho y hacerlo cruzar la Ruta 9 una y otra vez. Habían ubicado un tipo a cada lado del camino que lo recibía y lo devolvía al otro. Es obvio que finalmente iba a ser atropellado.
1995: Miguel Luis Lukow El 26 de septiembre fue “ejecutado” Miguel Luis Lukow, uno de los dos peritos oficialmente reconocidos por la Junta de Accidentes Aéreos que llegó al escenario de la muerte de Carlitos Menem. Lukow murió en un extraño intento de robo en la puerta de su casa. La esposa de Lukow vio todo desde la terraza de su casa y sostiene que dos jóvenes se acercaron a su marido y le dispararon sin mediar palabra.
“Le aseguro que, por lo que pude ver, esto no se trató de un accidente”, escuchó una asombrada Amalia Sívori, fiscal de la causa, del otro lado de la línea de teléfono de la boca del perito Miguel Luckow.
Ese inolvidable 15 de marzo de 1995, la Fuerza Aérea había designado a Luckow como investigador operativo a efectos de peritar los restos del helicóptero en su etapa inicial y poder elaborar el informe que había solicitado el Juez de la causa.
El perito sabía que las conclusiones no podían demorar demasiado. Estaba seguro de que en solo un par de semanas iba a tener finalizada su tesis sobre lo sucedido y podría volver a su vida normal. Nunca había estado más equivocado.
“Le hacían la vida imposible. Cuando tenía que ir a la sede de la J.I.A.A.C. (Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil ) para realizar su trabajo, los coches que pasaban a buscarlo llegaban siempre tarde”, confiesa hoy alguien que gozó de la confianza de Luckow.
En una conversación que tiene grabada Zulema Yoma, la viuda de Luckow afirmó que no dudaba de que la muerte de su marido se había tratado de un atentado y que la familia había quedado aterrorizada.
El autor del supuesto robo Angel Daniel Antakle fue muerto dos días después y nunca llegó a declarar.. Entre los enigmas que encierra la causa está el hecho que Luckow firmó el peritaje que avala la teoría del accidente, después de muerto.
Al poco tiempo, también murió de un aparente infarto el ayudante del perito Luckow, Félix Bonachera que había estado en el lugar del siniestro.
Para acrecentar las sospechas, Amalia Sívori ha declarado en la causa el que “el día 10 de octubre de 1995, en horas de la mañana llamé al teléfono (de la oficina de Luckow), donde se me preguntó sobre mi nombre y cargo, identificándome y expresando que deseaba hablar con el Sr. Luckow, contestándome quien me atendió (que dijo ser de un grado que no recuerdo, de apellido Pagliano) ‘ – ¿Luckow?… Luckow murió’ Dada la sorpresa que me provocó la respuesta requerí que me informara como había ocurrido, contestándome que había sido en ocasión de habérsele querido robar su automóvil. Inmediatamente me hizo la siguiente pregunta: ¿Qué le prometió a usted Luckow?, contestándole yo –sorprendida- que no entendía la pregunta, ya que solo me interesaba saber los motivos de la demora del informe, respondiéndome a esto que el mismo estaba –todavía- a resolución de la Junta”.
Fue a partir de ese momento que la fiscal Sívori empezó a temer por su vida. Ya no tenía dudas de que la muerte del hijo del ex presidente se trataba de un atentado. Era necesario, entonces, pedir el cambio de carátula de la causa: de “accidente” a “atentado”.
Esos días eran el comienzo de una persecución psicológica en su contra. Fue entonces que, entre otras cosas, empezó a ser amenazada telefónicamente.
Un par de meses después iba a abandonar la causa en completo estado de quiebre físico y emocional.
Comisario general Héctor Bassino
El Comisario general de la Policía Bonaerense, Héctor Bassino había sido enviado al lugar del siniestro por el entonces jefe policial Pedro Klodczyk. Bassino, hombre de su riñón, se desempeñaba como jefe de la División Helicópteros de la fuerza y fue el primero en llegar al campo de la ruta 9. También fue el primero en revisar el Bell de Carlos Menem Junior.
Quienes conocían a Bassino, aseguran que sabía mucho sobre la causa. Más de lo que había declarado oficialmente. Eran muy pocos, por otro lado, los que habían tenido la posibilidad de escuchar de boca del Comisario los detalles de lo que había sucedido en la mañana de ese 15 de marzo de 1995. Dos años y tres meses después se encontraría cara a cara con la muerte.
Eran las cuatro y media de la tarde del 17 de junio de 1997 cuando el policía había estacionado su auto, un Peugeot 205, en Cerrito entre Comodoro Rivadavia y Dardo Rocha, de Bernal. Estaba esperando a su esposa, quien trabajaba en una fábrica de la zona.
Fue en ese momento que empezó a escuchar disparos a sus espaldas. No se imaginaba que el destinatario era él.
Eran dos hombres en una moto quienes tiraban. Gatillaban una y otra vez sin detener su marcha.
El comisario no había atinado a hacer nada. Ni siquiera desenfundó su arma. En unos pocos segundos trató de entender el porqué de lo que estaba sucediendo. No entendía como le podía pasar algo así justo a él que se había retirado de la Policía hacía casi un año atrás. En setiembre de 1996 había abandonado la fuerza, tras haber cumplido 36 años de servicio.
No pudo pensar demasiado: el impacto de dos balas que chocaban contra su cabeza lo habían dejado inconsciente.
En seguida, fue llevado de urgencia a una clínica privada de la zona en un estado extremadamente grave. Era tarde, había perdido gran parte de masa encefálica. Bassino murió tres horas y media después de llegar al sanatorio.
A pesar de que los testigos del hecho han coincidido en que al policía le dispararon “al pasar” y sin mediar palabra alguna, el juez que entendió en la causa, Jorge Falcón, la caratuló como “abuso de arma, lesiones graves y presunto intento de robo”.
Los agresores, por su parte, escaparon en la moto y nunca más de supo de ellos. La Policía nunca tuvo, siquiera, pistas claras sobre sus identidades. Mientras tanto, aparecía un informe atribuido a “inteligencia de la Policía Bonaerense” que sugería que a Bassino lo habían asesinado por su intervención en el lugar donde cayó el helicóptero de Carlos Menem Jr.
Juez Carlos Villafuerte Ruzo
EL PRESO QUE SABÍA ALGO
Hugo Sánchez Trotta estaba inquieto. Sabía que no iba a estar tranquilo hasta poder contar todo lo que sabía. Pero también sabía que estando preso su vida corría peligro a la hora de decir las cosas que conocía.
Pensó entonces que lo mejor era esperar a salir en libertad y luego sí mostrar los datos que manejaba.
Lo único que restaba era recuperar su libertad. Luego de eso, nada lo detendría. Por lo menos, era lo que él creía.
Dos días después de salir en libertad, el 16 de noviembre de 1996, y antes de poder decir nada, fue acribillado a balazos por la policía. El sumario posterior habla de “atentado y resistencia a la autoridad seguida de muerte”.
Tomando en cuenta los dichos del padre de Hugo Sánchez Trotta, el Juez citó al otro hijo, Antonio Emilio, quien el 25 de febrero de 1997 declaró que lo poco que sabía era a través de su hermano fallecido. Que creía “que a Carlitos lo mataron por que molestaba al narcotráfico (…) y lo dejaron morir como a un perro”.
A poco de declarar y al igual que su hermano, Antonio Sánchez Trotta también fue asesinado.
El 18 de Junio de 1997 se daba a conocer públicamente el documento que mostraba las conclusiones a las que habían arribado los técnicos de la División Balística y Criminalística de la Gendarmería Nacional.
Los peritos aseguraron de manera rotunda que existían perforaciones, deformaciones e irregularidades atribuibles a impactos de proyectiles de armas de fuego en cinco lugares diferentes del helicóptero Bell en el que viajaban Carlos Menem Junior y su amigo Silvio Oltra.
Los peritos demostraron, además, que el primer informe, hecho por gente de la Fuerza Aérea, tenía más de una irregularidad.
El primer peritaje, por ejemplo, señalaba que la turbina falló, mientras que la Gendarmería determinó que el aparato estaba funcionando a pleno ya que la turbina absorbió tierra (debido a que estaba girando) cuando el helicóptero se estrelló contra el maizal.
En definitiva, lo importante fue que los peritos de Gendarmería demostraron que había cinco esquirlas de balas y determinaron que se trató de disparos provocados por más de un arma.
Poco tiempo antes, José Luis Mancini había recibido presiones por parte de gente del Poder. Le sugerían hacer desaparecer los restos del helicóptero sobre los que se iba a proceder a hacer el peritaje.
“No pienso hacerlo. Aparte, por más que lo hiciera no serviría de mucho: el perito de parte de Zulema Yoma (Roberto Locles) sacó fotografías de todas las partes”, respondió Mancini.
“No te olvides que algún integrante de tu familia puede sufrir un accidente…”, le advertían del otro lado de la línea.
Poco después, la tapa de varios diarios daban noticia de la novedad del segundo peritaje. “Hallaron restos de balas en el helicóptero del hijo del presidente”, afirmaban algunos medios.
No pasó mucho tiempo más hasta que se cumplió lo que le habían profetizado a Mancini.
El día 7 de mayo de 1997, el ex secretario de Antonietti, Jorge Artoni había asegurado que estaba “en el despacho del Brigadier Antonietti, cuando llamó el titular de la SIDE Dr. Hugo Anzorreguy y le dio la noticia sobre el tercer ocupante. Que al actual ayudante del Brigadier Andrés Antonietti, Aníbal Garbarino le hacían pasar personas y equipajes sin pasajeros obviando el pasaje por la aduana (…) Rosa Oviedo y Patricia Soca (de Relaciones Públicas de la Aduana) dejaron pasar a una mujer a pedido de Carlitos Menem (h) sin pasar por Migraciones y que ello ocurrió unos 15 o 20 días antes del accidente. Soca y Rosa Oviedo saben que se pasan bultos, valijas y personas sin registrarse en Migraciones”.
Brigadier Andrés Antonietti
Dr. Hugo Anzorreguy
“Iban tres personas” en ese helicóptero, asegura Artoni que le comentó Antonietti tras colgar el teléfono. Artoni abonó así una de las teorías que circularon sobre el accidente, según la cual en algún momento una tercera persona había viajado junto a Menem hijo y al corredor Silvio Oltra.
Artoni, que había sido el titular del Comité de Provincias de la Secretaría de Seguridad, el 2 de junio de 1997 recibió una balacera en la puerta de su casa, lo que produjo que fuera internado en completo estado de shock.
“Los autores de la agresión se desplazaban en un Ford Taunus verde y frente a la casa de Artoni se encontraron tres casquillos de proyectiles calibre 9 milímetros”, detalló más tarde el Comisario Ramón Campos, de la Unidad Regional de San Martín.
“Vas a ser boleta”, le aseguraron por teléfono. El ex secretario tenía miedo, pero sabía que ya era tarde. Las declaraciones que había hecho frente al Juez firmaban su sentencia.
Hugo Raúl Bocolino vivía cerca de Río Tercero en Córdoba y era chofer de la empresa “Guareschi”. Ese día el destino quiso que viera algo que no tenía que ver.
Viendo que se estaba quedando con poco combustible, Bocolino pensó que era conveniente detenerse en la estación de servicio ESSO ubicada en el Km 211,5 de la Ruta 9. Lo que no sabía es que en pocos minutos más, iba a precipitarse a tierra el helicóptero en el que viajaba Carlos Menem Junior y Silvio Oltra.
Su esposa nunca imaginó que ese día y por medio de la pantalla de la TV, iba ser el último día en que vería a su marido.
Beatríz estaba muy preocupada, y no podía entender que era lo que estaba pasando. Hasta que al fin, el teléfono se dignó a sonar…
Las palabras que escuchaba del otro lado de la línea no le traían la tranquilidad esperada, sino todo lo contrario.
-“Beatríz, ha ocurrido algo terrible. Fui testigo de un hecho que me asusta. Tengo mucho miedo. Ahora no puedo hablar, pero el viernes, cuando vuelva a casa hablamos”, le confesó Bocolino a su aterrorizada esposa.
Ese mismo jueves, un día antes de la supuesta llegada del chofer a su hogar, Beatríz iba a recibir el peor llamado de su vida: su marido había aparecido con tiro en la cara.
Poco después se iba a enterar de que habían querido armar una causa judicial diciendo que Hugo, su cónyuge, se había suicidado.
Otros involucrados que fueron asesinados son:
CARLOS SANTANDER: era un asaltante que aseguraba tener filmaciones de la caída del helicóptero. Lo mataron días después, en un tiroteo
Dr. PEDRO MARTÍNEZ: médico de San Nicolás. Fue asesinado a cuchilladas pocos meses después de la caída del helicóptero. Fue el primer médico en atenderlo.
RODOLFO CORTESE: agente de la SIDE , fue quien le acercó la cassette a Zulema, donde pudo escuchar los gritos de Carlitos grabados por radio antes de caer. ‘Me están tirando, me están tirando, escuchen huevones…’ . Falleció de manera extraña y su cuerpo fue cremado sin autorización de la familia. Intentó vender la cassette, pero la cifra que pedía era muy alta.
ANTONIO PALERMO: DECLARÓ EN EL DIVORCIO DE ZULEMA.Lo asesinaron en su casa de una puñalada en el estómago, quince días después de declarar en el juicio de divorcio.
SONIA ÁLVAREZ : CONFIDENTE DE CARLITOS. Fue su secretaria y amiga durante cinco años. Murió en 1994 en un accidente automovilístico, manejando una 4 x 4. En esa ocasión, Carlitos dijo llorando: ‘Me mataron a Sonia’
Aparte del contundente informe realizado por peritos de la Gendarmería junto a técnicos de las partes interesadas el 16 de febrero de 1995 —que demostró que en los restos del helicóptero había restos de balas —, casi un mes antes de que se produjera la muerte de Carlitos Menem, el agente de Inteligencia Mario Aguilar Rizzi hizo llegar al ministerio del Interior una carta certificada —con aviso de retorno nº 8804— advirtiendo que los hijos del Presidente debían ser cuidados muy especialmente hasta después de las elecciones, porque algo grave les iba a suceder. Incluso advirtió que a Carlitos Menem lo iban a “asesinar mientras volaba en su helicóptero” .
La recepción de esa carta —un mes antes de la muerte de Carlitos— fue admitida por el propio ministro del Interior de esos días, Carlos Corach. – “Necesitamos que el peritaje de la Gendarmería no sea incluido en la causa”, le dijo un escueto Carlos Corach al Juez Carlos Villafuerte Ruzo ni bien supo que las conclusiones eran terminantes y apuntaban directamente a abonar el terreno del atentado. Y es que los doce expertos intervinientes en su confección —de los cuales tres eran especialistas en helicópteros y cuatro en balística y explosivos— aseguraron de manera rotunda que existían “perforaciones, deformaciones e irregularidades atribuibles a impactos de proyectiles de armas de fuego” en cinco lugares diferentes del helicóptero Bell Jet Ranger III, matrícula LV-WFZ serie número 4263 en el que viajaban Carlitos y su amigo Silvio Oltra.
En el mismo sentido, otro perito, Enrique Prueger, hizo un estudio exhaustivo sobre las fotos tomadas el 15 de marzo de 1995 —día del supuesto accidente— y aseguró que “hay pruebas categóricas de que el helicóptero recibió disparos de fusiles de calibre 4.40”.
Zulema Yoma abonó la teoría del atentado desde las 48 horas posteriores a la muerte de su hijo y del piloto de TC Silvio Oltra, que oficiaba de copiloto de su amigo. La ex mujer de Menem viene sosteniendo desde mediados de 1995 que el cadáver de su hijo “fue profanado en el cementerio de San Justo” y que “algunos de sus huesos fueron cambiados para ocultar los balazos que recibió en el atentado”.
Zulema y Carlitos
Su abogado, Juan Gabriel Labaké, presentó ante el magistrado el análisis pormenorizado de la necropsia que una treintena de peritos forenses realizaron sobre el cuerpo del hijo presidencial 15 meses después de su deceso. El estudio revela que “todo indica que al menos el cráneo, examinado por 36 eminentes médicos que realizaron la necropsia, no pertenece a Carlos Menem (h)”.
Dr. Juan Gabriel Labaké,
Labaké explicó también que su equipo de investigadores consultó a la doctora Beatriz Maresca, que es la odontóloga que participó en la necropsia e hizo el estudio de la dentadura del hijo de Yoma y Menem, quien manifestó entre otras cosas:
– “El cajón estaba inexplicablemente roto, comido como por un ácido, sucio y con apreciable cantidad de tierra”.
– “Al abrir el cajón la doctora Maresca observó, en cambio, que los maxilares estaban desprendidos del cráneo, ambos estaban partidos en su parte media, y al superior le faltaba el sector medio y sus 6 dientes”.
– “Mientras el cadáver, incluso el cráneo, estaban con abundante flora cadavérica, los dientes lucían completamente limpios”.
– “El estado en que se encontraron las mandíbulas de Carlitos solo puede explicarse por la intervención de alguien que las extrajo voluntariamente y con la ayuda de algún instrumento o herramienta”.
El impecable informe pericial de los especialistas de Zulema Yoma presenta fotos y peritajes realizados sobre los restos del helicóptero que revelan la existencia de “perforaciones”, entre otros lugares “en un caño del condensador del equipo de aire acondicionado” y otras “perforaciones en la chapa en su parte interior con un rayado sobre la superficie producto del arrastre compatible con las producidas por un impacto de un proyectil con una dirección hacia el frente del helicóptero”.
En su declaración ante la Justicia, Carlos Menem también da fe de estas pericias y las toma como válidas, fiables verdaderas, cosa que negó durante casi 20 años.
La causa por la muerte del hijo del ex presidente Menem volvió a tomar notoriedad pública después de que Virgina Vallejo, una ex amante del capo narco colombiano Pablo Escobar Gaviria dijera durante una entrevista que la muerte de Carlitos Menem estuvo vinculada con el lavado del dinero del capo del Cartel de Medellín.
Vallejo, ex esposa del cineasta argentino David Stivel, brindó una entrevista al periodista argentino Javier Ceriani radicado en los Estados Unidos , manifestó que la muerte de Carlitos estuvo ligada con el dinero que la familia Escobar habría traído cuando se instaló en el país. Lo dijo así: “Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, después de lavar 800 millones de dólares, los narcos (por la familia de Escobar Gaviria) quedaron libres. Pero las pruebas de ese lavado no pueden desaparecer”.
Ante la prensa, Zulema Yoma no desaprovechó la oportunidad para comentar ante los micrófonos algo que hasta el momento se desconocía, que su ex marido le dijo en enero pasado en Punta del Este: que la muerte de su hijo “fue un atentado”. Además confió que le escribió una “notita” a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que decía: “Tengo fe de que tiene que impulsar esta causa y llegar a buen puerto para aclarar qué le pasó a mi hijo”.
De las tres hipótesis posibles del atentado : atentado a la Embajada de Israel (1992), atentado a la AMIA (1994) y la vinculación con el narcotráfico, es esta última la que Zulema Yoma más considera.
Tanto Vallejo como la diputada Elisa Carrió, entre otros legisladores y especialistas, creen que la viuda del capo narco ingresó al país en forma clandestina. Como probó el juez federal, el arribo de la familia Escobar a la Argentina marcó el ingreso de las mafias colombianas de la droga al país.
Henao y Escobar Gaviria
María Victoria Henao, ex mujer del narco más famoso de Colombia, estuvo detenida 18 meses en la Argentina acusada de lavar unos 800 de millones de dólares en la Argentina, un hecho que la cuestionada Justicia Federal de los años ’90 no probó; por eso fue liberada y más tarde sometida a un juicio oral y público en el que fue absuelta por el delito de lavado de dinero, ya que durante la instrucción de la causa el juez federal Gabriel Cavallo no supo, no quiso o no pudo aportar las pruebas necesarias para su condena.
Las pruebas están, falta que la justicia haga su parte.
Sólo después de que eso suceda, Carlos Menem hijo podrá descansar realmente en paz.
GENERAL JUAN CARLOS ANDREOLI Y CORONEL RODOLFO AGUILAR
1996: El 8 de octubre de 1996, en uno de los momentos más dramáticos en la
investigación por el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador se estrella en el Campo Argentino de Polo, en Palermo el helicóptero que transportaba a dos importantes testigos del caso de las armas: el general Juan Carlos Andreoli, ex interventor en Río Tercero después de la explosión y el coronel Rodolfo Aguilar, ex agregado militar en Lima y jefe de la Central Reunión de Inteligencia Militar (CRIM), ex Batallón de Inteligencia 601. En la Justicia sobrevoló la hipótesis del atentado para acallar a testigos demasiados peligrosos para los responsables de la venta ilegal de armas.
La investigación sobre la caída de un helicóptero del Ejército en el Campo de Polo de Palermo en octubre de 1996 fue reabierta para determinar si fue un atentado vinculado con el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador.
La sala II de la Cámara Federal aceptó como querellante en la causa a Guillermina López Mónico, la viuda del coronel Rodolfo Aguilar, una de las víctimas en el confuso hecho.
Los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun accedieron al pedido del letrado de la viuda, Ricardo Monner Sans, que reclamó ser tenido como querellante en la causa y completar nuevas medidas de prueba
López Mónico, que luego del accidente sufrió amenazas y un secuestro, sospecha que se trató de un atentado perpetrado para entorpecer la investigación judicial sobre el contrabando de armas.
El juez federal Jorge Urso archivó el expediente en diciembre de 2000 tras concluir que se trató de un accidente, con la anuencia del fiscal federal Carlos Cearras. Ahora debe reactivarse el expediente y avanzar sobre algunas eventuales pistas.
El 8 de octubre de 1996, cuando sólo le faltaban siete metros para aterrizar, los mandos del helicóptero Puma 330 dejaron de obedecer, según testimonios de los tripulantes. Viró a la derecha, después a la izquierda y finalmente se desplomó.
Murieron once de los quince pasajeros y tripulantes, entre los que había altos oficiales argentinos y peruanos, con sus esposas.
Entre los fallecidos se encontraban el general Juan Carlos Andreoli, ex jefe de Arsenales del Ejército y ex interventor en Fabricaciones Militares; el coronel Rodolfo Aguilar, jefe de la Central Reunión de Inteligencia Militar (CRIM); el coronel peruano Federico Celi Febres, y el general peruano Hugo Soto Núñez.
Celi Febres traficaba armas para Vladimiro Montesinos, el monje negro del entonces presidente peruano Alberto Fujimori. En tanto, Andreoli estaba al Frente de Fabricaciones Militares cuando en 1995 se produjo el atentado a la planta de esa empresa en Río Tercero. El abogado de su familia no cree en la tesis del atentado.
Aguilar fue, además, agregado militar en Lima en febrero de 1995, cuando avisó al gobierno argentino que en Ezeiza se preparaba un contrabando de armas a Ecuador, país que estaba en guerra con Perú.
La causa Armas
La caída del helicóptero ocurrió pocos días antes de que la cúpula del Ejército, entre ellos el general Martín Balza, tuviera que declarar en la causa del contrabando de armas, que por entonces llevaba 20 meses de instrucción judicial.
El general Andreoli integró la comitiva con los oficiales peruanos, aunque no estaba previsto que participara. Tampoco debía abordar el vuelo que cayó, sino uno anterior, pero hasta ahora no pudo determinarse quién ordenó sumarlo a la delegación.
El nombre de Andreoli fue incluido a mano a último momento en un documento oficial, pero en otra versión del documento hallada por el diario LA NACION figuran otras anotaciones manuscritas.
A diferencia de las esposas de Andreoli y de los peruanos, en cambio, Guillermina López Mónico de Aguilar se salvó porque no abordó el helicóptero debido a su miedo a volar. Para la Fuerza Aérea, lo ocurrido fue un accidente, según consta en un informe, pero sin establecer en forma fehaciente su causa.
Según López Mónico ,” Andreoli no tenía que tomar ese vuelo, pero el general Ricardo Brinzoni le pidió el cambio.Y hay algo más raro. Si había alguien que no podía participar en esos actos con los peruanos era Andreoli.”
Guillermina se refiere a algo tan obvio, que nadie lo advirtió. Andreoli fue director de Arsenales del Ejército, y de esos arsenales partió más del 90 por ciento del contrabando de armas. Cuando estalló el escándalo y el menemista Luis Sarlenga, hoy procesado, fue eyectado de Fabricaciones Militares, Andreoli lo reemplazó.
“Para los peruanos -explica Guillermina- Andreoli era la cara de la traición argentina al Perú.”
Además, y tal como reveló LA NACION, el certificado de defunción del coronel Aguilar contendría elementos falsos. Entre otros, allí consta que el cuerpo lo reconoció su concuñado, el teniente coronel Jorge Horacio Donaire, pero éste lo desmintió al declarar ante el juez Urso.
El programa de actividades para el día de la caída también ofrece elementos de sospecha: figura fechado un mes antes, pero consigna que ese día sólo participarían 12 de las 14 esposas de los oficiales. Lo llamativo es que sólo pocos días antes del siniestro se supo que las mujeres de Aguilar y de un peruano no intervendrían en los actos.
En su resolución, los camaristas recuerdan que, en su momento, “la hipótesis delictiva que pretenden profundizar” la viuda de Aguilar y Monner Sans “es coincidente con al menos una de las líneas de indagación que pretendió ahondar el fiscal para averiguar la verdad real de lo acontecido”.
“En este contexto son atendibles los interrogantes que pretende resolver su abogado a través de nuevas medidas a producirse en autos”, explicaron.
En su escrito, Monner Sans pidió investigar las presuntas irregularidades en los documentos oficiales que presentó el Ejército y pidió las declaraciones de varios protagonistas.
“La muerte del coronel Aguilar iba a permitir que callara una voz que había alertado, desde el Perú, cómo había jefes del Ejército argentino implicados en la venta de armas a Ecuador”, recordó el letrado al reclamar la reapertura de la investigación.
Lima, Río Tercero, Palermo
Las investigaciones sobre el contrabando ilegal de armas, la caída del helicóptero en Palermo y la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero registran militares y pistas en común. En septiembre de 1995, dos meses antes de la explosión en la planta, había viajado a Lima una delegación integrada por el jefe de la fábrica, coronel Jorge Cornejo Torino, según relató la viuda del coronel Rodolfo Aguilar.
Tras años de calificar la explosión en Río Tercero de accidente, la Justicia concluyó que fue un atentado.
En 1995, el interventor en Fabricaciones Militares era el general Juan Carlos Andreoli, que murió al caer el helicóptero en Palermo.
OTROS MUERTOS, LA MISMA CAUSA.
1997. Víctima de un “ataque cardíaco” muere Vicente Bruzza, técnico de Río Tercero. Vió maquillar en la Fábrica Militar de Río Tercero armas del Ejército para su venta clandestina y había denunciado irregularidades en la explosión del arsenal y en la exportación de armas.
1998. Tres meses después de declarar ante la justicia, muere Francisco Callejas a causa de un paro cardíaco. Era técnico en Río Tercero, y en 1994 viajó a Croacia para calibrar tres cañones vendidos ilegalmente.
1998:El 25 de de agosto fue encontrado muerto en su departamento el capitán de navío retirado Horacio Estrada, una de las piezas clave de la investigación. Tres días antes, había presentado a la justicia un escrito donde reconocía su gestión en el tráfico de armas a Ecuador pero negaba ser responsable de la maniobra. Aunque era diestro tenía un tiro en la sien izquierda.
Capitán Horacio Estrada
1998: el 14 de septiembre, murió otro testigo clave en la causa de las armas, aparentemente de un infarto. Se trata del ex subadministrador de la Aduana de Buenos Aires, Carlos Alberto Alonso, de 55 años, quien debía declarar ante el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky. Alonso era jefe de verificación de embarques de armas, explosivos y pólvora de la Aduana en 1991, cuando fueron trianguladas armas argentinas a Croacia.
El 20 de mayo de 1998, el país entero se resistió a creerlo pero el magnate Alfredo Yabrán, uno de los hombres más poderosos en décadas, se pegaba un tiro de escopeta mientras la policía se acercaba a su estancia de Entre Ríos. Yabrán estaba prófugo por el crimen de José Luis Cabezas, otra muerte que hizo grande a la historia más negra.
Alfredo Yabrán sorprendió a todos los argentinos. En lugar de entregarse a la Justicia o de enviar un comunicado desde su supuesto exilio, apareció muerto de un escopetazo en la boca en una estancia de Entre Ríos.
A la medianoche, el abogado del empresario, Pablo Argibay Molina, dijo que Yabrán se suicidó, y que dejó dos cartas, fechadas dos días antes, en las que responsabiliza de su situación “a dos personalidades políticas, pero dejó a salvo la honorabilidad del nombre de un magistrado”, sin dar más precisiones.
Cuando el país no salía de su estupor e incredulidad, el ministro de Gobierno entrerriano, Faustino Schiavoni, reveló que el cadáver de Yabrán tenía el rostro irreconocible por la deflagración, y que el cráneo presentaba al menos 32 impactos de perdigones.
En lo que el Gobierno calificó en principio como un presunto suicidio, Yabrán, de 53 años y dueño de una fortuna estimada en 600 millones de dólares, murió poco después del mediodía en la estancia San Ignacio, de su propiedad, situada a 30 km de Gualeguaychú.
Aunque inicialmente no había certificación oficial de que el cadáver encontrado allí perteneciera efectivamente a Yabrán -la autopsia comenzó en Concepción del Uruguay, a la medianoche-, la noticia fue el comentario obligado de la gente, y el imán alrededor del cual se polarizaron el Gobierno y la oposición. Nadie estuvo ajeno.
Cientos de lectores llamaron a La Nación , perplejos por el supuesto suicidio, y sus preguntas rondaban la posibilidad de que la ciudadanía estuviera ante un eventual montaje macabro: ¿es realmente Yabrán? Si el cadáver tenía un escopetazo en la cara, ¿cómo saben que era él?
José Felipe Yabrán, un hermano del muerto, reconoció el cuerpo. “El cadáver está irreconocible, pero creo que se trata de mi hermano”, dijo a la jueza.
Cuando la policía llegó al comedor del casco de San Ignacio, el casero buscó la llave del dormitorio de Yabrán. En ese momento se escuchó un estallido. El hombre exclamó: “¡No tiren, que adentro está don Alfredo!” Los restos del empresario no serán velados. La inhumación se hará inmediatamente después de concluidos los trámites legales de rigor.
Yabrán no pudo sobrellevar su condición de prófugo: fuentes de la familia dijeron a La Nación que hizo saber a su esposa, Cristina Pérez, que sufría “una depresión espantosa”.
La fuente oficial más alta que había confirmado el suicidio fue el ministro de Justicia bonaerense, León Arslanian, pero con reparos.
En efecto, Arslanian dijo que la certeza total la darían los resultados de los peritajes técnicos: las pruebas dactiloscópicas y el examen de ADN.
Su deceso, en cambio, fue reconocido sin tardanza por el juez Macchi, quien dicto la exención de la acción penal que pesaba sobre Yabrán en la causa Cabezas.
La muerte del poderoso empresario se produjo minutos antes de que fuera detenido por una comisión policial que lo buscaba en la zona desde hacía varios días.
Yabrán permanecía prófugo desde el viernes último, cuando el juez que investiga el crimen de Cabezas libró una orden de captura internacional contra su persona, a raíz de la declaración de una testigo clave en la causa.
Silvia Belawsky, ex esposa del ex policía bonaerense Gustavo Prellezo (asesino de Cabezas ), reveló al juez José Luis Macchi que aquél le confesó que el fotógrafo de la revista Noticias había sido asesinado porque “molestaba” a Yabrán.
El millonario era conocido por su rechazo hacia a los periodistas.
El director de la revista Noticias, Héctor D«Amico, relató ante la Justicia, en 1997, una expresión que adjudicó al empresario y que resume esa animadversión: “Sacarme una foto sería como pegarme un balazo en la frente”.
El controvertido empresario era también una pieza clave en el ríspido enfrentamiento que mantuvieron el presidente Carlos Menem y el gobernador bonaerense Eduardo Duhalde por la sucesión presidencial, que debía resolverse el año próximo.
Mientras este último sostuvo desde pocos días después de cometido el crimen de Cabezas -el 25 de enero de 1997- que Yabrán sería el autor ideológico del terrible hecho, el Presidente lo consideró “un empresario normal” y lo hizo recibir en la Casa de Gobierno por su jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez.
Jefe de Gabinete Jorge Rodríguez
En tanto las primeras versiones sobre la muerte de Yabrán comenzaron a circular pasadas las 14.30 -el suicidio se habría producido, según la policía entrerriana, a las 13.10- el empresario prófugo era desde la mañana el protagonista de una jornada agitada.
El ministro del Interior, Carlos Corach, confirmó, al mediodía, que se había reforzado la seguridad en todos los pases fronterizos.
La medida, dijo el ministro político, obedecía a una eventual fuga de Yabrán al exterior y en prevención del ingreso de sospechosos iraníes que pudieran tomar represalias ante la ruptura de las relaciones diplomáticas entre la Argentina y ese país islámico.
El secretario de Seguridad Interior, Miguel Angel Toma, a quien el Gobierno habría pedido que viajara a Entre Ríos , había asegurado que la Dirección Nacional de Migraciones enviaría al juez Macchi toda la documentación vinculada con las salidas del país de Yabrán durante los meses de abril y mayo, antes de que se ordenó su captura.
Toma salió así al cruce de acusaciones que, desde la oposición, hablaban de que el Gobierno retaceaba al magistrado de Dolores información referida al empresario hasta ese momento prófugo.
Siempre antes de conocerse la noticia del suicidio, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se aprestaba a pedir al Senado que suspendiera en sus funciones al juez federal de Dolores, Hernán Bernasconi.
Este último, a quien se investigaba por su actuación en la causa de drogas contra el manager de Diego Maradona, Guillermo Cóppola, reclamó para sí la causa Cabezas, en lo que el sector duhaldista, la oposición y la prensa independiente entendieron como una maniobra para proteger a Alfredo Yabrán.
Por la mañana, también, el vocero de Yabrán, Wenceslao Bunge, había acusado al gobernador Duhalde de querer convertir al millonario “en la segunda víctima, después de José Luis Cabezas”, de la maldita policía bonaerense.
Hay que recordar que poco después de que se encontró el cadáver carbonizado del periodista Cabezas en las cercanías de General Madariaga, una corriente investigativa pretendió adjudicar el crimen exclusivamente a la policía bonaerense, cuyos corruptos manejos, supuestamente, habría descubierto el fotógrafo de Noticias.
La hipótesis que se impondría, finalmente, sería la de que el asesinato habría sido ejecutado por una banda de policías y ladrones que actuó a instancias del enigmático empresario.
A partir de las 15, y cuando la noticia de la muerte había invadido todos los ámbitos, la dirigencia política comenzó a tomar posiciones.
El presidente Carlos Menem rehusó formular comentarios, a pesar de que la noticia de la muerte de Yabrán hizo adelantar su regreso a esta ciudad desde La Rioja, donde participaba de los actos conmemorativos del 407º aniversario de la fundación de esa provincia.
En su nombre, el secretario de Medios de Comunicación, Raúl Delgado, descartó que el hecho hubiera causado impacto alguno en el ámbito del Poder Ejecutivo. “Es una cuestión policial y judicial”, sostuvo.
El gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, advirtió que lo sucedido “no debe coartar las investigaciones que se llevan adelante para esclarecer el crimen de Cabezas”.
Otro archienemigo de Yabrán, además de Duhalde, fue el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, quien en su momento lo acusó de ser el jefe de la mafia en la Argentina.
Duhalde y Cavallo
Cavallo pidió que se desmantelara “el sistema de impunidad del que participan miembros de la Justicia federal, de las fuerzas de seguridad y de los poderes Ejecutivo y Legislativo”, sectores a los que relacionó directamente con “la organización criminal” de la que responsabilizó a Yabrán.
El vocero del empresario, Wenceslao Bunge, volvió a la carga al finalizar la jornada: “Hemos perdido a un argentino valioso, honesto y trabajador”, dijo, y responsabilizó a Cavallo de haber encabezado “una campaña tenebrosa de persecución” contra el difunto.
La parábola que comenzó con la muerte de Cabezas no se cierra con la de Yabrán. Vuelve a empezar.
1998: Marcelo Cattaneo uno de los principales protagonistas del escándalo IBM-Banco Nación desapareció el 30 de septiembre de 1998 y se lo encontró ahorcado en la ciudad universitaria el 4 de octubre del mismo año.
Su cuerpo fue hallado colgando de una cuerda de nailon en una construcción ubicada detrás del Pabellón 2 de la Ciudad Universitaria, en Núñez.
La jueza María Gabriela Lanz, a cargo de la investigación de su muerte, caratuló el expediente como “averiguación s/suicidio”.
Marcelo Cattáneo La familia de Cattáneo reconoció su cuerpo y, según allegados, aceptó con dudas la tesis del suicidio.
Cattáneo había sido acusado por dos ex directores del Banco Nación, Alfredo Aldaco y Genaro Contartese, de haberles ofrecido el pago de dinero a cambio de la firma del contrato entre esa entidad e IBM para la provisión de software.
Alfredo Aldaco
Por otra parte, era hermano de Juan Carlos Cattáneo, procesado y ex segundo del secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan -hombre cercano al Presidente-, quien no se halla imputado en la causa.
Juan Carlos Cattáneo
La red de relaciones de Juan Carlos Cattáneo le permitió ser directivo de Tandanor, una empresa del Estado, y de Somisa, adonde llegó de la mano –de las manos– de Kohan y Lorenzo Miguel. Miguel se asesoró con Julio Raele, su hombre de confianza para los temas empresarios. Kohan y Menem le sumaron a Cattáneo otro miembro del sector Vip del menemismo, Emir Yoma, que supervisaba la marcha de la empresa desde el puesto más confortable que se pueda imaginar: según publicó este diario en 1991 la empresa Astramar, de su socio Juan Carlos Sinópoli, llegó a beneficiarse con el 46 por ciento de los fletes de Somisa. Además, Somisa concentró la mitad de sus ventas en una sola compañía comercializadora y llegó a perder la cifra record de 300 millones de dólares.
Emir, Sarlenga, Cattáneo. Tres nombres que aparecen y reaparecen a medida que una nueva revelación indica los nuevos lazos entre la política y los negocios, entre las armas y las computadoras, en muchos casos investigados por la Justicia, en otros simplemente informados por la prensa independiente.
Según fuentes de la investigación, Marcelo Cattáneo iba a ser procesado en un par de meses junto con Contartese y Aldaco. Allegados a su familia dijeron que sufría depresiones.
Pese a que su papel fuera de simple bisagra, Marcelo Cattáneo se había convertido en una pieza importante de la investigación sobre el presunto pago de sobornos de ejecutivos de IBM a funcionarios del Banco Nación para que se contrataran los servicios informáticos de la empresa multinacional.
El acuerdo, firmado en 1993 bajo el rótulo de “Proyecto Centenario”, se complementó con la subcontratación, por parte de IBM, de un sistema “muleto” (alternativo) a la pequeña firma CCR, que a su vez dependía de la compañía Consad.
Consad y CCR eran presididas por Marcelo Cattáneo y Alejandro de Lellis, respectivamente, hermano y cuñado de Juan Carlos Cattáneo, quien fue segundo de Alberto Kohan en la Secretaría General de la Presidencia.
IBM acordó pagar 37 millones de pesos -de los que desembolsó 21 millones- a CCR. La hipótesis del juez federal Adolfo Bagnasco, a cargo de la investigación del caso, es que por esta vía se pagaron los sobornos a los funcionarios que autorizaron el contrato con IBM.
Esta presunción fue respaldada por las declaraciones de dos implicados: los ex directores del Banco Nación Genaro Contartese y Alfredo Aldaco, quienes afirmaron que Marcelo Cattáneo les ofreció dinero en nombre de IBM. Este negó los cargos. Los tres iban a ser procesados en el mediano plazo.
Los familiares de Marcelo Cattáneo nunca creyeron sobre la teoría del suicidio del empresario. Entre los motivos principales que alimentan las sospechas sobre un homicidio está la ropa con que fue encontrado el empresario. “Las zapatillas que llevaba Marcelo Cattáneo no eran de él –aseguró un estrecho allegado a la familia–; ninguno de sus familiares las había visto jamás. El no hubiera comprado jamás ese tipo de zapatillas, y menos de ese color, porque era una persona sumamente formal”. También hay dudas sobre el jogging que llevaba puesto, desconocido para sus allegados.
Otro de los puntos que llena de dudas a los familiares es que Cattáneo haya elegido la antena abandonada de Ciudad Universitaria para quitarse la vida. En aquel lugar, como informó en su edición del lunes este diario, tres hombres vestidos de negro con potentes linternas fueron vistos por un pescador recorriendo la zona dos días antes de que el empresario apareciera ahorcado.
En verdad, quienes investigan el caso creen que Marcelo, que llevaba la agenda de su hermano Juan Carlos -el más reconocido de ambos-, era importante por lo que sabía antes que por haber tenido un real poder de decisión en el asunto.
Su desaparición corta el eslabón que unía a IBM, la Secretaría General de la Presidencia y el Banco Nación. Estas tres puntas podrían descargar responsabilidades en el muerto sin que éste pudiera ya contrapesar tal estrategia con su versión.
2001: El 4 de febrero de 2001 apareció muerto junto a su esposa en un hotel
de Cariló, Mariano Perel, un financista experto en operaciones de lavado de dinero. Al principio se pensó en un suicidio, pero la Justicia determinó que fue un asesinato.
La noche de su muerte Mariano Perel se vio cara a cara con sus asesinos. Lo que no imaginó el financista de 55 años —asesinado junto a su esposa en el balneario de Cariló— era que lo iban a matar. Y no hay rastros ciertos de quiénes fueron, ni de por qué lo hicieron. Aunque los investigadores afirman que Perel sabía que eso podría ocurrirle.
Las principales hipótesis sobre el doble crimen se cierran sobre las supuestas vinculaciones de Perel con el lavado de dinero proveniente de la droga y el tráfico de armas. Los investigadores ven muy difícil atrapar a los autores, a quienes creen fuera del país. El caso podría quedar impune.
No se sabe con certeza con quiénes se reunió Perel en Cariló. Pero los investigadores creen que él y su mujer —la psicóloga Rosa Berta Golodnitzky, de 49 años— estuvieron reunidos, sin saberlo, con sus propios homicidas. O, al menos, que se vieron con quien los iba a traicionar.
Por eso, a la hora de imaginar qué pasó esa noche, piensan en alguien de su más absoluta confianza. Alguien de quien él jamás hubiera sospechado y que no dudó en apretar el gatillo. O desaparecer como una sombra mientras otro disparaba.
El crimen ocurrió durante la madrugada del 4 de febrero. Isidoro Mariano Losanovsky Perel —ese era su nombre completo— y su mujer fueron asesinados con un balazo en la nuca. La Policía supo que estaba ante un crimen mafioso.
Bastó abrir la computadora portátil que Perel había llevado a Cariló para comprender que detrás del crimen había una trama compleja de lavado de dinero, relatos de extorsiones, triangulaciones de divisas y espionaje. Ese hombre que apareció muerto al lado de su mujer se mostraba como un verdadero cerebro de las finanzas.
Sus archivos desnudaron varias maniobras fraudulentas que involucraban a importantes personajes de la política, la economía, bancos y empresas, dentro y fuera del país. “Alguien con demasiados enemigos”, dicen en los Tribunales de Dolores, donde está la causa judicial.
Perel y Rosita, su mujer, habían llegado a Cariló el viernes anterior a su muerte. Viajaron desde Buenos Aires en una 4×4 y se instalaron en la cabaña 32 del exclusivo complejo Puerto Hamlet. Pensaban quedarse ahí hasta el domingo a la mañana.
Durante ese poco tiempo pasearon por la playa, estuvieron en Pinamar (a 15 kilómetros de Cariló), fueron de compras y llamaron a Valeria, la hija que estaba de vacaciones en Australia. Nada fuera de lo común. Hasta que aparecieron muertos.
Los dos cuerpos estaban en la cama, vestidos con ropa de dormir. El, boca abajo, con su pistola Whalter 7.65 cerca de la mano izquierda. Rosita, su mujer, estaba de costado. Les dispararon con el arma que portaba Perel.
Al principio la Policía creyó que era un suicidio. Pero las pericias revelaron que la muerte les llegó casi inconscientes, porque los habían dormido con éter. Los forenses calcularon que eso ocurrió entre las 3.30 y 4 de la madrugada.
Según fuentes de la investigación, los asesinos entraron a la cabaña porque Perel mismo les abrió la puerta. “Las pericias determinaron que los homicidas usaron éter en aerosol, que tiene un efecto instantáneo”, cuentan en la Policía Judicial bonaerense, a cargo de la investigación. Y agregan que en ese momento, “la mujer estaba dormida, Perel no”. Por eso sospechan que es muy probable que les haya abierto la puerta, totalmente confiado.
Sobre la mesa estaba la notebook de Perel -una Sony Vaio- y cerca de allí, debajo de un plato, sobre la barra que divide el monoambiente, una nota escrita en inglés:
“Soy un gringo colaborador del Citi-bank. Muerto (asesinado) por no pagar la coima (sobornos) del Antfactory Holdings Limited del Citi Group”.
Luego se acreditó que Perel escribió ese mensaje en su computadora personal varios días antes y que lo imprimió en las oficinas de Antfactory el viernes 1º de febrero alrededor de las 17. Lo mismo había hecho, poco antes, con un plano de Cariló. Eso indicaba que el propio contador montó la escena para aparentar un doble asesinato, pero la investigación fue sumando elementos que inclinaron la balanza hacia dos hipótesis que aún perduran. Una indica que Perel mató a su esposa y se suicidó luego de montar esa escena para que sus hijos cobraran uno o más seguros de vida. La segunda, que ambos fueron ejecutados por un asesino profesional.
La primera fiscal del caso, Claudia Castro, no limitó la pesquisa a los contradictorios indicios recogidos en la cabaña 32 y se adentró en los laberintos de Perel. Para eso hizo allanar su departamento, situado en Juncal 3158 (Palermo) y las oficinas de Antfactory, en Juan Domingo Perón 949, cuarto piso.
Fiscal Claudia Castro
La pasión de Perel por las armas quedó reflejada en el hallazgo de seis pistolas y abundantes municiones. Y su minuciosidad por registrar movimientos, negocios e “informes secretos” se tradujo en el secuestro de cuarenta cajas con papeles y disquetes. Esto le daría al caso variantes inesperadas.
Uno de los disquetes contenía información financiera de la empresa Kroll. Es decir que Perel se había dedicado a investigar -valga la redundancia- a una de las principales agencias de investigaciones privadas del mundo. Y lo hizo con el peor ánimo después de perder un contrato de importancia con la firma telefónica Citel (EE.UU.) debido a un informe desfavorable de esa agencia.
El hombre fuerte de Kroll en Argentina era Frank Holder, un ex agente de la CIA que en la actualidad maneja su propia consultora de riesgo empresario. Sus especialidades: prevención y detección de fraudes corporativos, “inteligencia competitiva” y seguridad en general. Llegó a la Argentina en la década del ’90, trabajó en la agregaduría de defensa de la embajada estadounidense y luego comenzó a aplicar sus técnicas en emprendimientos particulares.
En un reportaje publicado por la revista “Fortuna” en mayo de 2006, Holder recordó: “mi primer socio en la Argentina fue Luis Moreno Ocampo”, quien alcanzó notoriedad al desempeñarse como fiscal adjunto en el Juicio a la Junta Militar. Luego montó su estudio jurídico y elaboró un alto perfil anticorrupción con sólido soporte mediático.
“Nos fue muy bien económicamente -dijo Holder- pero teníamos ideas diferentes acerca de cómo llevar el negocio y decidimos separarnos en 1996. Los clientes más grandes de Luis eran las privatizadas y el Estado; los míos eran en un 90% del sector privado. Esto traía un conflicto de objetivos. Luis vendía ética, políticas de transparencia y yo vendía prevención de fraudes e investigaciones”.
Por citar un ejemplo concreto de estos emprendimientos, puede recordarse que en 1996 el equipo de Moreno Ocampo desembarcó en Mar del Plata para hacer una auditoría en la Anses. Ese proceso concluyó trágicamente en 1997 con el asesinato a balazos de uno de sus abogados -Alfredo María Pochat- en manos de Armando Andreo, esposo de una jefa que acababa de ser despedida.
Holder, luego de separarse de Moreno Ocampo, fusionó su organización con la agencia Kroll y se desempeñó en ella hasta 2005, cuando fundó su propia consultora. Parte del documento elaborado por Perel -más de 200 carillas- se refería a los entretelones económicos de la mencionada fusión.
Obviamente, aquella pesquisa de Perel no respondía a su afición por las novelas de espionaje. El contador había obtenido una copia del informe que lo perjudicó y le entabló demanda a través de un estudio jurídico de Miami. Se dijo, incluso, que Perel envió aquel documento a sus abogados para que lo usaran como “herramienta de negociación”. En el año 2000 llegaron a un acuerdo extrajudicial cuyo monto varía según la fuente de información. Perel solía alardear de haber obtenido 370.000 mil dólares y Holder aseguró que “fue mucho menos”.
El ex agente de la CIA -quien suele exponerse a la prensa anteponiendo esta sentencia: “no puedo ser eficiente e invisible al mismo tiempo”- negó que aquel acuerdo extrajudicial haya sido forzado con maniobras extorsivas. Y en medio de un cúmulo de rumores, tuvo que negar toda vinculación de la agencia con la muerte de Perel. “Nosotros no hacemos esas cosas -dijo- y además las diferencias ya estaban saldadas”.
Frank Holder volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de que se difundiera que su operador en la Argentina, Eugenio ‘Pipo’ Ecke, es socio de Fabián Aníbal Picon, dueño del Audi negro -a través de la empresa Palermopack SA- que utilizaba el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, antes de fallecer.
Fabián Aníbal Picon es pareja de la hija de Hugo Anzorreguy -el ex jefe de la SIDE en el gobierno menemista, acusado de desviar pruebas de la investigación del atentado a la AMIA.
Esto lo informó el periodista Juan Cruz Sanz por twitter, y como represalia, le cerraron la cuenta en la red social.
Otro documento hallado en las oficinas de Perel -un “instructivo” de 31 páginas- involucraba a bancos, empresas e inversionistas en lavado de dinero, evasión impositiva y demás maniobras financieras espurias. Y en una suerte de segundo capítulo hablaba de operaciones ilegales que -según Perel- realizó para la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem. El documento, escrito para su familia, tiene un solo propósito: la extorsión.
“Rosita, tenés que asesorarte bien acerca de cómo usar esta información, una vez que ellos saben que la sé y estoy dispuesto a usarla, no tiene más valor porque van a salir a arreglar todo. Una vez que sea pública, tampoco tiene más valor, salvo el hacerles un daño mortal para que se hundan a la mierda como pretenden hacerlo conmigo”, dice uno de los párrafos dedicados a su esposa.
La Justicia bonaerense remitió esta documentación a la Justicia Federal, que promovió varias líneas de investigación relacionadas con los delitos detallados por Perel. Una de ellas apuntó a Hugo Anzorreguy por el presunto delito de malversación de caudales públicos durante su gestión en la SIDE. Otra se orientó al presunto pago de coimas a agentes de la DGI. Y la tercera al banco Mercurio, que fue allanado el 21 de abril de 2001. Las crónicas de la época destacan que durante el procedimiento estuvo presente el asesor legal de esa entidad: León Arslanián, entonces Ministro de Seguridad.
La declaración de dos militares, ex socios de Mariano Perel, no aportó a la causa más que datos folklóricos sobre las manías en materia de espionaje, cámaras ocultas y seguridad que tenía el financista.
El ex teniente coronel Carlos Doglioli y el ex subteniente Jorge Taranto sostuvieron que hace cinco años que no veían a Perel y como es lógico juraron y perjuraron que no tuvieron ninguna relación con la muerte del financista. Por supuesto, algunas cosas no se dijeron, como las operaciones que en algún momento hizo la empresa de seguridad de Perel en la que siguieron y escucharon al periodista Marcelo Longobardi por encargo de otro periodista. Tampoco se habló de una cámara oculta que le hicieron a Inés Pertiné , esposa de Fernando de la Rúa.
Teniente Coronel Carlos Doglioli
En realidad, Doglioli y Taranto se vinculan con la vida de Perel anterior a 1996 y en la que el financista jugaba a espía y desplegaba su pasión por las armas, pero nadie cree que de allí haya salido la razón de las muertes.
El caso Perel esconde todo un mundo alucinante, en el cual asoman las transferencias de dinero a paraísos fiscales, la evasión impositiva, las estafas, las extorsiones y, como no podía ser de otra manera, el suburbio de los servicios de inteligencia y las empresas de seguridad. Doglioli y Taranto fueron parte de JAC, la empresa que le dio custodia a la familia Garfunkel, propietaria del Banco del Buen Ayre en el que trabajaba el financista. Perel era el socio principal, junto con Doglioli, y Taranto estaba relacionado con la empresa.
Los militares en su declaración coincidieron en un punto: Perel alardeaba de tener vinculaciones con el Mossad, la CIA, la SIDE e incluso decía que fue oficial de inteligencia israelí en la Guerra de los Seis Días, o sea cuando tenía 20 años. Nadie le creyó todas esas historias, aunque intentó hacer distintos negocios de venta de equipamiento como cámaras ocultas, instrumental antisecuestro y micrófonos para grabaciones clandestinas.
Se afirma que no sólo vendía el equipamiento, sino que el propio Perel hizo algunas operaciones de inteligencia entre las que están las dos mencionadas: el seguimiento y las escuchas a Marcelo Longobardi y una cámara oculta a Inés Pertiné, esposa de Fernando de la Rúa.
Ambas tareas fueron encargadas por otro periodista.
Los movimientos ilegales de lo que el propio Mariano Perel llamó “la guita negra” aparecieron reflejados en la investigación de su muerte. La documentación encontrada en los archivos secretos del financista –una larga carta escrita por él a su familia y otros papeles que confirman datos incluidos en ella– muestra con detalles las operatorias realizadas, según Perel, por el Banco Mercurio, con dos bancos off shore, ubicados uno en Uruguay y otro en Bahamas. El texto, escrito en 1996, fue divulgado ayer por la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense. Bajo la sospecha de que algo podría ocurrirle, Perel cuenta la ruta del dinero sucio para darle a su familia un arma que le permitiera recuperar “toda la plata en negro que tienen nuestra y de nuestros amigos”. Perel extorsionaba al Mercurio por 800 mil pesos en 1998.
En la city reconocen a Mercurio como los pioneros en “exportar” capitales en la década del 80, cuando el control de cambio no permitía la compraventa libre de dólares y mucho menos el giro de fondos al exterior. Así creció Mercurio siendo Casa de Cambio para subir a la categoría de banco en 1994.
Todos lo conocen como Jack, que es más presentable en la city que el bíblico Jacobo. Salvado Jacobo Benadón, presidente del banco, distribuyó el capital accionario entre sus hijos. Mauricio Eduardo, de quien se dice que no le sale dos veces igual su firma generando más de un problema operativo en la entidad, tiene el 45 por ciento de las acciones. Silvio Daniel posee un porcentaje similar, y Daisy Leilani detenta el 10 por ciento restante.
Salvador Jacobo Benadón
Su patrimonio lo construyó cobrando elevadas comisiones a aquellos ansiosos clientes que buscaban enviar dinero a plazas alejadas de la mirada de Impositiva. Jack Benadón, a diferencia de Rubén Beraja y Alberto Spolzky, de los fallidos bancos Mayo y Patricios, respectivamente, se concentró en manejar los fondos de miembros de la colectividad judía de fortuna. También, en la década del 90, se relacionó con el corazón del menemismo, con contactos fluidos con Eduardo Bauzá y Carlos Corach, entre otros.
2003: El 11 de enero se suicidó la diputada formoseña Martha Meza que juraba ser la madre de un hijo extramatrimonial del ex presidente Carlos Menem. Meza ingirió grandes cantidades de un plaguicida. Su hijo, Carlos Nair ha demandado a Carlos Menem para que reconozca su presunta paternidad.
Martha Meza-Carlos Menem y Carlos Nair
Meza adquirió notoriedad el 16 de noviembre de 1995. Ese día blanqueó lo que ya era vox pópuli en el mundillo político: que su hijo Carlos Nair, nació de la relación sentimental con Menem, cuando el ex mandatario, en plena dictadura militar, estuvo detenido en Las Lomitas. “Yo no tuve el hijo de un presidente, quiero aclarar; tuve el hijo de un preso, que es diferente”, dijo sobre aquellos encuentros en la localidad formoseña de la que es oriunda.
No fue la única noticia fuerte que recibió Menem: semanas antes se había enterado de la existencia de su nieta Carla, la hija no reconocida del fallecido Carlos Junior y Amalia Pinetta.
La gran revelación la dio en el programa de Mariano Grondona. Lo hizo en varias frases, en las que dejó entrever una serie de apremios del entorno presidencial para acallar el tema:
– “No quiero dañar a nadie con esto, a nadie, a ninguna familia, a ningún funcionario público, sino simplemente decir la verdad, esa verdad oculta. Esa verdad oculta que hoy, tal vez por presiones, deba salir a luz.”
– “Hace tres meses que me amenazan con que me van a entregar la cabeza de mi hijo en una caja. Me amenazan telefónicamente con que nos van a hacer volar.”
No hablaba del entorno en forma genérica sino que directamente puso bajo un manto de sospecha a Eduardo Bauzá. “Las personas de su entorno lo influyen más que los que lo conocieron en el llano. En la Casa Rosada, más que mandar Menem, manda Bauzá (…). Si Eduardo Bauzá dice ‘pasa’, uno pasa. Si Bauzá no lo dice, no se pasa”, dijo.
Curiosamente, o no tanto, en 1999, el propio Bauzá le dio un cargo en la Secretaría de Desarrollo, por el que cobraba 3600 pesos por mes. “Cuando se enteró de todo lo que me había pasado –me refiero a las amenazas a mi hijo y el posterior autoexilio a Paraguay–, me ofreció Desarrollo Social, en la coordinación del NEA”, contó ya sin recordar lo que pensaba del funcionario.
Efectivamente, Meza viajó a Asunción en 1994. “Gente del gobierno nacional, para apretarme, para que no hable (de la relación sentimental con Menem), quisieron secuestrar a mi hijo, Carlos Nair”, explicó. Vivió durante varios meses en el piso 15 de un departamento alquilado, fuertemente custodiado por efectivos de la Dinar (Dirección de Narcotráfico).
Meza era maestra, pero Menem la empujó a la política. El cambio de profesión modificó su condición económica: en 1988 compró un campo en Las Lomitas estimado en 20 mil dólares. En 1990 se compró una casa en Formosa capital valuada en unos 200 mil dólares. Y en 1991 adquirió una casaquinta en Puente Remanso, tasada en unos 70 mil dólares.
Tenía tres hijos y estaba casada con Antonio Dorrego, intendente de Pirané. Dorrego también fue titular de la regional PAMI de Formosa. Pero tuvo que abandonar ese cargo por denuncias de corrupción. Las crónicas de entonces dijeron que Meza en persona golpeó las puertas de la Casa de Gobierno para que se cajoneara la auditoría contra su marido. “Si lo involucran a mi esposo, yo cuento que Nair es hijo tuyo”, contaban que Meza le dijo a Menem en el verano del ‘94.
Antonio Dorrego, intendente de Pirané
Poco antes, la primera plana de los diarios formoseños se ocuparon largamente de la vida de Meza. Fue cuando la diputada denunció el robo de 100 mil dólares en efectivo y joyas “regaladas por el presidente Menem”, según consta en el sumario policial.
En su legajo también figura una acusación por privación ilegítima de la libertad de su ex secretario Feliciano González, a quien había trasladado con un engaño a Paraguay, a donde fue torturado por las autoridades policiales de ese país. González dijo que lo obligaron a autoimputarse culpable del robo ocurrido en el domicilio de la diputada en la ciudad de Formosa.
Carlos Nair y Antonio Dorrego, habían manifestado que la diputada estaba “agobiada por las presiones políticas y judiciales”. La hija coincidió con ellos. “Les dijo a jueces y políticos que no se olviden que tienen hijos”, comentó.
2003: El subcomisario de la policía bonaerense Jorge Luis Piazza era testigo en la causa de la muerte del subcomisario Jorge Gutiérrez, que investigaba la aduana paralela. En pocos días tenía que declarar en esa causa.
Comisario Piazza
Cuando el 29 de agosto de 1994, fue asesinado el subcomisario Jorge Gutiérrez, Pedro Klodzyck, entonces jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, aseguró que dicha muerte había sido un accidente ”in itinere” (es decir, yendo del trabajo a su casa) y aprovechó la oportunidad para minimizar toda posibilidad de que se tratara de un crimen vinculado a “temas delicados”.
El comisario Jorge Piazza fue el primero en rebelarse contra la propia dirigencia e impulsar la rectificación de las palabras de Klodzyck.
En un expediente elevado en febrero de 1998, Piazza asegura: ”…existen algunos elementos que valorados pueden ser causal de un cambio de acto resolutivo”.
Poco después, el 23 de marzo del mismo año, se conoció la respuesta al pedido de Piazza: la intervención civil de la Policía Bonaerense dio lugar a su solicitud y quedaron desacreditados los dichos de Klodzyck. Lo que Piazza no sabía es que había dado nuevo impulso a los engranajes de una maquinaria que muchos no querían que funcionara: la investigación de la “aduana paralela”.
No era un tema menor. La aduana, las drogas y el contrabando iban de la mano del nombre de altos funcionarios del gobierno y la policía y era una cuestión que ya le había costado la vida al subcomisario Gutiérrez en 1994 como hemos visto.
Piazza no imaginó jamás que la muerte volvería para buscarlo a él en febrero de 2003, a dos días de tener que declarar sobre la muerte de su ex colega.
Y es que pocos se habían percatado de que en el marco de esta misma causa aparecían otras muertes que habían pasado desapercibidas:
-El despachante de aduana José Luis Gussoni, que en 1994 había denunciado irregularidades en el Sistema Informático María (SIM) falleció en enero de 1997 en extrañas circunstancias. Su auto se había incrustado debajo de un camión en plena Panamericana. Según testigos, le habían cortado los frenos.
Lo esperaban para declarar los parlamentarios que por aquel tiempo conformaban una comisión bicameral investigadora acerca los circuitos de corrupción que giró en turno a la Aduana Nacional; el por entonces Presidente de dicha comisión parlamentaria -el histriónico y mediático Mario Das Neves- lo lamentó mucho, así al menos lo dijo públicamente; Gussoni no sobrevivió para declarar ante dicha Comisión Especial Investigadora (1996-1997).
-José Micuccio había muerto mucho antes, en noviembre de 1991, también de manera confusa. Era jefe de la sección Registros de la Aduana de Campana, donde años más tarde se iba a descubrir un ilícito monumental: bolsas de cemento en lugar de bombas hidráulicas, orgullo de la industria nacional.
La investigación de Gutiérrez estaba centrada en la actividad de un depósito fiscal privado, llamado ”Defisa”. Dicho depósito estuvo vinculado a los escándalos del tráfico de armas y la mafia del oro. No era casual.
Su propia esposa aseguró, luego de su muerte: ”Jorge me decía que le llamaban la atención los movimientos del depósito lindante con la comisaría. Me aclaró ‘averigüé quiénes eran y son de la federal’.”
El nerviosismo de Gutiérrez era realmente entendible: luego de su muerte se encontraron anotaciones de propio puño y letra del subcomisario que demostraron que estaba preparando una operación en la que esperaba encontrar drogas. Marihuana o cocaína son las palabras que pueden leerse en sus manuscritos.
Y algo peor: Gutiérrez esperaba encontrarla dentro de automóviles.
Casualmente, el 14 de septiembre de 1994 —quince días después de que lo mataran— 980 vehículos importados que tenían como destino original el depósito fiscal investigado por el subcomisario (Defisa), fueron desviados sin causa justificada hacia Dorrego y Libertador, una zona controlada por un ex represor llamado Carlos Gallone, alias “el Duque”, un siniestro personaje sobre el que nos detendremos más adelante.
Carlos Gallone
Cualquier persona que se decida a analizar los pormenores de la muerte del subcomisario Gutiérrez podrá percibir una extraña sombra de negligencia e ineficiencia a la hora de investigar judicialmente el tema. Asimismo, le llamará la atención la cantidad de esfuerzos y dinero que asignó la propia Policía Federal a efectos de defender al principal acusado del homicidio, Daniel ”Chiquito” Santillán.
Los más importantes testigos de la causa fueron amenazados y amedrentados impunemente para que cambiaran su declaración, mientras que la cúpula de la fuerza policial atenuaba la gravedad de lo sucedido, afirmando que había sido un “accidente”.
El propio comisario Piazza encontró grandes escollos a la hora de tratar de re-investigar la muerte de Gutiérrez.
Sin embargo, no debemos extrañarnos por tanta preocupación por parte de gente de gran poder político y policial. A continuación veremos por qué.
Decíamos que el fallecido subcomisario Gutiérrez investigaba los pormenores del funcionamiento del depósito fiscal Defisa. En torno a dicho depósito giran algunos detalles que llaman la atención:
-Desde 1993 y hasta el año 1995, Defisa ha funcionado de manera irregular, ya que carecía de habilitación para funcionar. En ese mismo perí­odo, justamente, fallece Gutiérrez.
-A pesar de no tener habilitación, Defisa contó durante años con custodia de la Policía Federal y con guardas designados por la Aduana.
-Osvaldo Ferrer y Sergio Gritti, asesores del entonces administrador de Aduanas, Gustavo Parino, antes de ser nombrados funcionarios públicos habían tenido vínculos con Defisa y algunos de sus directivos.
Cuando se suscitó el público escándalo por los reintegros a la exportación de oro y se conocieron los pormenores de lo que después de conocería, justamente, como la “mafia del oro”, la comisión encargada en el Congreso Nacional de investigar los temas de la “Aduana paralela” entrevistó a una de las personas más importantes en el tema: la Dra. Rosa García, quien en enero de 1997 reveló algo que dejó a más de un legislador con la boca abierta: los funcionarios que más se preocuparon por el pago de los reintegros a las exportaciones de oro eran Gustavo Parino, el mismísimo administrador de Aduanas y su principal asesor, Osvaldo Ferrer.
Gustavo Parino
En medio de la charla, un legislador preguntó a García si el oro podía tener canal verde —es decir, la posibilidad de que no fuera controlado por funcionarios de Aduana—, lo cual fue respondido por la funcionaria textualmente: ”Podía y tenía. Me decían (Parino y Ferrer) que era un control selectivo”.
Las deficiencias de la Aduana ya eran un secreto a voces. El 14 de marzo de 1999, el diario Clarín se hizo eco de un pedido de informes que la Cámara de Diputados había enviado al Poder Ejecutivo para saber si —como sospechaba un grupo de legisladores— existía un corredor libre en el puerto de Buenos Aires que facilitara el contrabando y el ingreso de drogas al país ante la falta de controles aduaneros adecuados.
Y es que se demostró que en un año, el 95 por ciento de la mercadería importada de Colombia no había sido revisada por la Aduana de Buenos Aires.
Mientras tanto, la DEA —organismo norteamericano encargado de controlar el tráfico de drogas— señalaba graves fallas en el sistema en un extenso reporte.
Narcotráfico… no investigar
Habían pasado 5 años desde que un grupo de agentes de la SIDE comenzara una exhaustiva investigación sobre un presunto narcotraficante de apellido Solano que, casualmente, tenía un Depósito fiscal en la zona de Barracas, en Capital Federal. Muy cerca del depósito fiscal que investigaba el subcomisario Gutiérrez en 1994.
El último informe elevado por los agentes de la SIDE a sus superiores hacía referencia a la empresa de seguridad que custodiaba el depósito fiscal de Solano, llamada Self Security y cuyo titular es el mismo que en el caso de Defisa SA.
El dossier detalla los últimos movimientos de los agentes de Inteligencia:
“Se concurre nuevamente al depósito ubicado en el barrio de Barracas, con la finalidad de poder lograr infiltrarse, observar los movimientos, como así también poder intentar ver el contenido de los contenedores que se encuentran en el lugar”
“En el lugar se detecta la presencia de personal de vigilancia de una empresa privada. Sobre el uniforme de los guardias, el nombre de la agencia; “SELF SECURITY”.
“Lo único que se puede llevar a cabo, es efectuar una observación sin poderse lograr ingreso al depósito”.
REUNION CON PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD FEDERAL.
-“Por favor averiguame quién es el dueño de SELF SECURITY”
-“Que pasa lo están investigando a “El Duque”?
-“No sé a quien te referís, me pidieron por un trabajo de narcotráfico, tengo buena banca para hacerlo”.
-“Mirá, si estás trabajando al Comisario Carlos GALLONE; tené cuidado porque anda con un tal Solano.
Nosotros hicimos hace unos años atrás un trabajo en Europa, pero a éste Solano nunca lo pudimos voltear, mejor dicho, no nos dejaron. Pensá que “El Duque”, merquero, es uno de los “pollos” del Coti Nosiglia. Pero si a vos te parece que tenés banca; anotá, te paso los datos que tengo: Saenz Peña 352 5Â° piso, teléfonos 4383-2303/7154″. Que tengas suerte.
REUNION EN CONFITERIA DE AVDA. LIBERTADOR Y AVDA.BULRRICH.
(con Personal Superior de la SIDE)
-“Bueno señor me encuentro con un dato realmente inusitado; el ex Comisario Carlos Gallone le da seguridad al depósito de la zona de Barracas, y me fue imposible infiltrarme”.
-“Querés un café”….Bueno, escucháme bien; olvidate de éste trabajo. Si tenés algún gasto pasámelo que yo ya te lo pago. Pero te olvidas de todo, porque no solamente te van a voltear a vos, sino que corro riesgo también yo.”
Esta parte del informe que es aún más extenso- nos posiciona sobre la persona de Carlos Gallone, ex represor que posee una agencia de seguridad que custodia depósitos fiscales.
Casualmente, dos de los depósitos vigilados por él han estado vinculados al tema drogas.
En 2008,los comisarios Carlos Enrique Gallone, alias “El Duque”, y Juan Carlos Lapuyole, fueron encontrados culpables por el Tribunal Oral en lo Federal Nº5 y condenados a prisión perpetua por la llamada “Masacre de Fátima”, ocurrida en 1976 y en la que 30 personas secuestradas por la dictadura fueron fusiladas en un predio cercano a esa localidad bonaerense. Según varias fuentes, Gallone fue un protegido de Enrique “Coti” Nosiglia a quien acompañó en su gestión como ministro del Interior durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Como si todo esto fuera poco, existen varios datos que al cruzarse conducen también a la persona del extinto Alfredo Yabrán, otro personaje relacionado al mundo de la droga y lavado de dinero.
Piazza, paredón y después
A pesar de los extraños dichos de la familia del comisario Piazza acerca de que su muerte sería producto de un vulgar robo, los 40 pesos que Norma Romero, su mujer, le había dado, permanecían en el bolsillo de su pantalón.
Por otro lado, los peritajes determinaron que a Piazza lo obligaron a arrodillarse antes de fusilarlo: demasiada saña para un simple robo.
Lo que sí es seguro es que la jueza Marcela Garmendia venía reuniendo testimonios desde octubre del 2000 para reabrir el expediente sobre la muerte del subcomisario Gutiérrez.
Antes de aparecer muerto, Piazza se había reunido con el subcomisario Marcelo García, en La Plata. La intención de García era la de poder contar con su testimonio.
Mientras tanto, la viuda de Piazza asegura que ”todos quieren sacar rédito de lo que pasó, pero que no cuenten conmigo”, agregando que quiere ”que la investigación siga en La Plata. Que no la trasladen. Acá sé cómo investigan. Están los amigos de Jorge”.
Sabias palabras de una mujer que sabe más que lo que dice.
Lourdes di Natale, ex esposa del abogado Mariano Cúneo Libarona y ex secretaria de Emir Yoma, murió al caer ,el 1 de marzo de 2003,desde su departamento del décimo piso de un edificio del barrio porteño de Recoleta, informó la policía.
Los investigadores caratularon la causa como “averiguación de suicidio”, aunque una fuente policial indicó que cerca del cuerpo de la mujer, que cayó a un patio interno, se encontró un cuchillo de cocina, de tipo Tramontina.
El hecho se produjo el sábado 1, cerca de las 22 -aunque trascendió el lunes 3 -, en un edificio de la calle Lucio Mansilla 2429, donde vivía Di Natale, de 45 años.
La causa quedó a cargo del juez de instrucción Ricardo Farías, y del fiscal Carlos Donoso Castex.
Ex pareja de Cúneo Libarona y ex secretaria de Emir Yoma, Di Natale trascendió públicamente cuando denunció ante la Justicia a su ex jefe como presunto participante de la organización que vendió ilegalmente armas argentinas a Croacia.
Cúneo Libarona y Di Natale
La mujer ocupó la primera plana de los diarios por haber denunciado, en 1998, las supuestas conexiones de su jefe, el ex cuñado de Carlos Menem, con la causa que investigaba el desvío de armas a Ecuador y Croacia.
Di Natale afirmó en la Justicia que Emir Yoma recibía en sus oficinas al traficante de armas Diego Palleros y a Luis Sarlenga, ex interventor de Fabricaciones Militares.
También declaró y luego ratificó ante el Juez Federal Jorge Urso que Yoma había cobrado coimas para agilizar la venta de armas.
Di Natale atribuyó a su ex pareja Mariano Cuneo Libarona haber confesado que Yoma cobró 400 mil dólares como coima por su intervención en la venta ilegal de armas y que el traficante de armas Diego Palleros la hizo depositar a su nombre. Los testimonios y las pruebas que Di Natale aportó a la Justicia abrieron el camino que condujo luego al procesamiento y posterior prisión de Emir Yoma, por la causa de las armas.
Di Natale también había dicho ante la Justicia que Yoma era visitado por el traficante de armas de nacionalidad siria, Monzer Al Kassar, quien según ella, le había dado a Yoma una valija llena de armas como regalo.
Su ex pareja, el abogado Mariano Cuneo Libarona, defensor de Emir Yoma, descalificó las pruebas y testimonios aduciendo que Di Natale estaba emocionalmente desequilibrada.
La mujer afirmó también haber sido amenazada de muerte por lo que en su momento no descartó irse del país.
En 2001, Di Natale aportó a la Justicia más copias de varias agendas que tenía de Yoma, en la que se entreveían las relaciones de éste con el titular de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno.
Hace un par de meses, el periodista Christian Sanz se encontró en un local de comidas rápidas con un agente de inteligencia de la Policía Federal, en el marco de una investigación sobre los oscuros manejos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
En un tramo del diálogo con el espía, se deslizó una palabra que cambiaría radicalmente la visión sobre el tema de las muertes irresueltas: “Succinilcolina”. Según su interlocutor, muchas de los decesos no esclarecidos de los últimos años están relacionados a esa palabra.
La succinilcolina, según pude saber posteriormente, es una droga que relaja los músculos de la persona a la que se le inyecta y es casi indetectable en la sangre..
“A Lourdes Di Natale, al igual que a Marcelo Cattáneo en su momento, la mataron inyectándole esa droga. Cuando quedó inconsciente, la arrojaron por la ventana”, aseguró en ese momento la muy confiable fuente, agregando que “las personas que lo hicieron están íntimamente relacionadas con la Policía Federal”.
Se recuerda entonces el caso de Marcelo Cattáneo, quien apareció ahorcado con una nota en su boca y sin signos físicos de haber opuesto resistencia a su muerte. Cattáneo era hermano del testigo más importante de la causa IBM-Banco Nación y su deceso siempre fue considerado un suicidio.
Teniendo en cuenta la información que manejaba Di Natale, no es difícil sospechar a quiénes benefició su muerte. En un reportaje aseguró que tenía “pruebas de muchas cosas. Declaré ante el juez Urso en la causa de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, de la venta ilegal de armas, de la coima. No solamente hablé de Monzer Al Kassar, que lo conocí, sino que tengo pruebas contra la Corte Suprema, pues yo me comunicaba personalmente con (Julio) Nazareno y Adolfo Vázquez (…) De todo lo que dije, no me desdije. Por eso, soy molesta”.
El 28 de septiembre de 1992 un ciudadano llamado Ismail Khalil El Kchoure murió en extrañas circunstancias al “caerse accidentalmente” desde el cuarto piso de un edificio de Marbella. Días más tarde debía declarar contra su ex jefe, el traficante sirio de armas y drogas Monzer Al Kassar. La autopsia determinó que El Kchoure estaba en coma etílico desde por lo menos dos horas antes de que su cuerpo se precipitara al vacío.
Como broche de oro, el relato de una de las secretarias del abogado de Lourdes Di Natale –Rodolfo Chimeri Sorrentino-afirmó que en el departamento de la fallecida se halló el pasaporte de Al Kassar.
Por si todo lo antedicho fuera poco, Lourdes Di Natale ha sido esposa de Mariano Cúneo Libarona, quien en 1991 defendió a Amira Yoma en la causa del Yomagate, cuando se descubrió una red de personas que contrabandeaba valijas Samsonite repletas de narcodólares. Amira Yoma
Este es otro de esos decesos que siempre son travestidos como “suicidios” dentro del mundillo de las infaltables “casualidades permanentes”.
Fuentes (páginas web, diversos autores)
Pájarorojo
Mafiasypolitica
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