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Timestamp: 2019-09-18 00:59:48+00:00

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Recursos administrativos en el procedimiento sancionador en extranjería | Iberley
Hay cuatro tipos de recursos administrativos: recurso de alzada (artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015); recurso de reposición (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015); recurso extraordinario de revisión (artículos 125 y 126 de la Ley 39/2015); recurso contencioso administrativo (Título III de la Ley 29/2998).
En este bloque se van a tratar los diferentes recursos administrativos que se pueden dar en el régimen de extranjería. Estos son 4: el recurso de alzada, el recurso de reposición, el recurso extraordinario de revisión, y el recurso contencioso administrativo.
El recurso de alzada aparece regulado en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El recurso de reposición se regula en los artículos 123 y 124 de la citada Ley. Y el recurso extraordinario de revisión hace lo propio en los artículos 125 y 126.
Por otra parte, el objeto recurso contencioso administrativo se regula en el Título III de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que comprende los artículos del 25 al 42.
La interposición del recurso deberá expresar: El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo; el acto que se recurre y la razón de su impugnación; lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones; órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación; y las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.
A su vez, serán causa de inadmisión: Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública, debiendo remitir el recurso al órgano competente; carecer de legitimación el recurrente; tratarse de un acto no susceptible de recurso; haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso; o carecer el recurso manifiestamente de fundamento.
Aspectos más relevantes de los recursos administrativos en el procedimiento sancionador de extranjería
El recurso de alzada se interpone frente a las resoluciones y actos que no pongan fin a la vía administrativa; esto es, resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa y actos de trámite cuando: decidan directa o indirectamente sobre el fondo del asunto; determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento; o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
El recurso extraordinario de revisión se podrá imponer frente a actos firmes en vía administrativa en ciertos casos concretos cuando concurra alguna de estas circunstancias: que al dictar el acto se haya incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Por ejemplo, un error en un nombre, un fallo matemático…; que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, que evidencien el error de la resolución recurrida, incluso aunque los documentos sean posteriores; que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia firme, independientemente de que se anterior o posterior a la resolución; o que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible declarado en sentencia firme.
El recurso contencioso-administrativo no es un recurso en vía administrativa, sino que es un recurso judicial que se podrá presentar frente: a disposiciones de carácter general y los actos que se produzcan en aplicación de éstas; a determinados actos expresos y presuntos que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos de trámite; y cuando la inactividad de la Administración y sus actuaciones materiales que constituyan su vía de hecho.
Jurisprudencia sobre recursos administrativos en el procedimiento sancionador de extranjería
Sentencia TSJ Murcia, Sala de lo Contencioso, Nº 322/2018, Rec. 15/2018, de 13/07/2018
Se confirma la sentencia apelada por concurrir una causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto frente al Acuerdo de Expulsión del territorio español de fecha 27-9-2016 dictado por la Delegación del Gobierno en Murcia.
Frente al Acuerdo de expulsión el interesado podía interponer recurso potestativo de reposición o, en su defecto, recurso contencioso administrativo. El 16-12-2016 la defensa interpuso recurso potestativo de reposición frente al Acuerdo de Expulsión solicitando la revocación del mismo.
Interpuesto el recurso en vía administrativa, la Delegación del Gobierno requirió a la interesada para que subsanara la falta de acreditación de la representación que ostentaba la persona que firmaba el recurso.
Este requerimiento fue notificado el 25-1-2017 sin que la Delegación recibiera contestación alguna. El 8-3-2017 la Delegación del Gobierno dictó Resolución expresa por la que acordaba no admitir a trámite el Recurso de Reposición 'por falta de legitimación del firmante del escrito de interposición del recurso'.
Esta resolución ponía fin a la vía administrativa, esto es, causaba estado en vía administrativa (la misma hace constar que frente a ella sólo cabía interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses).
El 21-12-2016 la defensa , presentó recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo de Expulsión dictado el 27-9- 2016 (notificado a la sancionada el 20-10-2016).
Conforme a lo expuesto, para el TSJ, el recurso contencioso administrativo interpuesto frente al Acuerdo de Expulsión era inadmisible y ello por los siguientes motivos:
el recurso de reposición se interpuso el 16-12-2016; transcurrido un mes se entendía desestimado por silencio. La Delegación del Gobierno dictó resolución expresa acordando la inadmisión por falta de legitimación el 8-3-2017. Por ello, cuando la Delegación del Gobierno dictó resolución expresa resolviendo el recurso de reposición el mismo ya se entendía desestimado por silencio administrativo ( arts. 124 y 24 de la LPAC ). En efecto, habría sido admisible el recurso contencioso administrativo frente a la desestimación presunta (por silencio administrativo) del recurso de reposición -en este caso sin sujeción a plazo-. Igualmente, habría sido admisible el recurso contencioso administrativo interpuesto frente a la Resolución Expresa de 8-3-2017 que inadmite el recurso de reposición. La defensa de la Sra. Otilia no interpuso recurso contencioso administrativo frente a la Resolución presunta por la que se entiende desestimado el recurso de reposición (tras un mes sin resolverse de forma expresa) sino que se interpone recurso contencioso frente a la Resolución que acordaba la expulsión. Esta aclaración no es baladí pues, dado que no se recurre en sede contenciosa una resolución desestimatoria producida por silencio administrativo, no era necesario entra a analizar en la Sentencia el instituto jurídico de la ampliación de la demanda-recurso regulado en el art. 36.4 de la LJCA .
En conclusión, el recurso contencioso administrativo se interpuso frente a un Acto administrativo expreso que no había alcanzado estado en vía administrativa precisamente porque la persona sancionada con la expulsión había optado por interponer previamente el recurso de reposición frente al mismo".
Sentencia TSJ Andalucía, Sala de lo Contencioso, Nº 898/2015, Rec. 1724/2013, de 31/03/2015
"el acto administrativo impugnado -resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía de fecha 27 de marzo de 2012, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 9 de septiembre de 2011, como ha quedado dicho en el antecedente de hecho y fundamento de derecho primero de la presente resolución- fue publicado en el Tablón Edictal de Resoluciones de Extranjería en fecha 23 de mayo de 2012, previo intento de notificación personal a la interesada en uno de los domicilios que, al efecto, había dejado designado en su recurso de alzada para notificaciones en dos fechas y a horas distintas (concretamente a las 13 horas del día 30 de abril de 2012 y a las 11:55 horas del día 2 de mayo de ese año), que resultó infructuoso por hallarse ausente la destinataria y tras haber caducado en lista el envío, según consta a los folios 88 al 91 del expediente administrativo, conteniéndose en la resolución notificada expresa indicación de que la misma agotaba la vía administrativa y del recurso que cabía interponer (recurso en vía contencioso-administrativa) con expresión del plazo de interposición (dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación), de modo que se ha dado en este caso pleno cumplimiento a las prevenciones contenidas al respecto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, a cuyo tenor: ' Cuando no se hubiese podido practicar la notificación de las resoluciones en los procedimientos regulados en el presente Reglamento, la notificación se hará por medio de anuncio en el Tablón Edictal de Resoluciones de Extranjería. Transcurrido el período de veinte días naturales desde que la notificación se hubiese publicado en el Tablón Edictal de Resoluciones de Extranjería se entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por cumplido dicho trámite y continuándose con el procedimiento, o iniciándose, en su caso, el plazo para interponer el recurso que proceda'.
Debe notarse que la notificación practicada en la forma que ha quedado indicada llegó a conocimiento efectivo de la interesada, quien se personó en las dependencias de la Subdelegación y obtuvo una copia de la resolución (con expresa constancia, por lo demás, de la fecha en que se entendía verificada la notificación de la resolución a la ahora apelante), según consta en la diligencia obrante al folio 92 del expediente, pese a no constar practicada ninguna notificación posterior a la que tuvo lugar por la vía edictal a que acaba de hacerse mención en el párrafo precedente y que ningún defecto en la práctica de notificaciones fue aducido como motivo de impugnación en el escrito de demanda, no siendo invocada irregularidad alguna al respecto sino hasta que el órgano a quo planteó de oficio la posible concurrencia de causa de inadmisibilidad del recurso por caducidad.
Habiéndose presentado el escrito inicial del recurso contencioso-administrativo en el Decanato de los Juzgados de la ciudad de Málaga en fecha 13 de noviembre de 2012, según consta en las actuaciones, resulta que, computando el plazo de dos meses legalmente previsto desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado y de fecha a fecha, claramente la presentación de la demanda se verificó fuera del indicado plazo".
Sentencia TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Nº 937/2005, Rec. 1268/2002, de 07/07/2005
"El TSJ confirma la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto por el actor contra la resolución denegatorio de la entrada en territorio nacional. Manifiesta la Sala que siendo el interesado, a tenor de la normativa vigente, quien debe acreditar y justificar cumplidamente el objeto y las condiciones de la estancia prevista, y no habiéndose aportado por el mismo documento o dato alguno que pruebe, siquiera sea indiciariamente, la veracidad de sus afirmaciones, ha de concluirse que la denegación de su entrada en España resulta ser conforme con la normativa, quedando desvirtuadas la totalidad de las alegaciones esgrimidas para justificar que el objeto del viaje sea el de hacer turismo".
Sentencia TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso, Nº 531/2015, Rec. 294/2014, de 07/10/2015
Por la recurrente se interpuso recurso de revisión contra la Sentencia 75/2013 de 8 de abril de 2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la A Coruña en el Procedimiento Ordinario 109/2007, por la que se desestimó el recurso interpuesto por la demandante contra la Resolución de la Subdelegación del Gobierno de 20 de noviembre de 2006 por la que se le impuso una sanción de 90.015 euros, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 54.1.d) de la Ley Orgánica 4/2000 de la Ley de Extranjería , por la ocupación de 15 trabajadoras extranjeras que carecían de permiso de trabajo.
La recurrente entiende que resulta procedente la revisión de la sentencia con arreglo a lo dispuesto en el Art. 102.1 de la LRJCA en base a que documentos, de los que tuvo conocimiento con posterioridad, revelan que la recurrente no mantenía ninguna relación con las trabajadoras extranjeras, que se limitaban a prestar servicio de 'alterne' en un local de su propiedad que tenía arrendado a Lucía , aportando copias de las declaraciones testificales de las trabajadoras ante el Juzgado de Instrucción número 1 de los de Ortigueira, advirtiendo que no tuvo conocimiento de las mismas hasta que se le remitió el testimonio por el Juzgado de lo Penal número 1 de los de Ferrol en fecha 15 de febrero de 2015, por lo que termina interesando que se dicte Sentencia por la que, con estimación del recurso, se rescinda la sentencia impugnada.
"Por su propia naturaleza, el recurso de revisión no permite su transformación en una nueva instancia, ni ser utilizado para corregir los defectos formales o de fondo que puedan alegarse. Es el carácter excepcional del recurso el que no permite reabrir un proceso decidido por sentencia firme para intentar una nueva resolución sobre lo ya alegado y decidido para convertir el recurso en una nueva y posterior instancia contra sentencia firme. El recurso de revisión no es, en definitiva, una tercera instancia que permita un nuevo replanteamiento de la cuestión discutida en la instancia ordinaria anterior, al margen de la propia perspectiva del recurso extraordinario de revisión. De ahí la imposibilidad de corregir, por cualquiera de sus motivos, la valoración de la prueba hecha por la sentencia firme impugnada, o de suplir omisiones o insuficiencia de prueba en que hubiera podido incurrirse en la primera instancia jurisdiccional. Quiere decirse con lo expuesto que este recurso extraordinario de revisión no puede ser concebido siquiera como una última o suprema instancia en la que pueda plantearse de nuevo el caso debatido ante el Tribunal 'a quo', ni tampoco como un medio de corregir los errores en que, eventualmente, hubiera podido incurrir la sentencia impugnada.
Es decir, aunque hipotéticamente pudiera estimarse que la sentencia firme recurrida había interpretado equivocadamente la legalidad aplicable al caso controvertido o valorado en forma no adecuada los hechos y las pruebas tenidos en cuenta en la instancia o instancias y jurisdiccionales, no sería el recurso de revisión el cauce procesal adecuado para enmendar tales desviaciones.
El llamado recurso extraordinario de revisión no es una nueva instancia del mismo proceso, sino que constituye un procedimiento distinto e independiente cuyo objeto está exclusivamente circunscrito al examen de unos motivos que, por definición, son extrínsecos al pronunciamiento judicial que se trata de revisar".
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Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 2144/2016, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 1574/2016, 07-11-2016
Orden: Administrativo Fecha: 07/11/2016 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: Gamo Serrano, María Soledad Num. Sentencia: 2144/2016 Num. Recurso: 1574/2016
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 152/2019, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 667/2018, 20-02-2019
Orden: Administrativo Fecha: 20/02/2019 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Arana Azpitarte, María Fátima Num. Sentencia: 152/2019 Num. Recurso: 667/2018
Resolución de TEAF Navarra, 6811, 29-03-2019
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 29/03/2019 Núm. Resolución: 6811
Resolución de TEAF Navarra, 6865, 29-03-2019
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 29/03/2019 Núm. Resolución: 6865

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