Source: http://www.scribd.com/doc/16932702/captura-en-flagrancia-en-el-nuevo-codigo
Timestamp: 2015-03-03 08:41:37+00:00

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P. 1captura en flagrancia en el nuevo codigocaptura en flagrancia en el nuevo codigoRatings: (0)|Views: 18,141|Likes: 42Published by estigwebMore info:Published by: estigweb on Jun 30, 2009Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/16932702/captura-en-flagrancia-en-el-nuevo-codigo08/13/2013pdftextoriginal SENTENCIA C-591/05 de Junio 9 M.P. CLARA INES VARAS H.1. Interpretación sistemática del procedimiento de captura en flagrancia.El artículo 302 de la Ley 906 de 2004 regula el procedimiento a seguir en casos decapturas realizadas en situación de flagrancia. Luego de reiterar lo establecido en elartículo 32 Superior, procede a establecer una diferencia entre cuando aquélla esrealizada por una autoridad pública o por un particular. En el primero de los casos, elaprehendido será conducido inmediatamente o a más tardar en el término de ladistancia, ante la Fiscalía General de la Nación; en el segundo, el capturado serállevado, en el término de la distancia, ante cualquier autoridad de policía, quienidentificará al aprehendido, recibirá un informe detallado de las condiciones querodearon la captura y pondrá al capturado, en el término de la distancia, a disposiciónde la Fiscalía General de la Nación.Luego de haberse conducido a la persona ante la Fiscalía, ésta adelantará una doblevaloración: examinará si el supuesto delito comporta o no detención preventiva y si lacaptura fue o no legalmente realizada. De tal suerte que si el comportamiento delictivono conlleva imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva o lacaptura en flagrancia fue adelantada de forma ilegal, el fiscal procederá a dejar enlibertad al aprehendido, imponiéndole bajo palabra un compromiso de comparecenciacuando sea necesario.Pues bien, si la Fiscalía, con base en el informe recibido por la autoridad de policía o elparticular que realizó la aprehensión, o con fundamento en elementos materiales oevidencias físicas aportadas, decide llevar al capturado ante el juez de control degarantías, deberá hacerlo inmediatamente o a más tardar dentro de las 36 horassiguientes, con el propósito de que éste se pronuncie, en audiencia preliminar, sobre lalegalidad de la aprehensión, así como en relación con las solicitudes de la Fiscalía, ladefensa y el Ministerio Público.En tal sentido, es necesario examinar qué significan realmente las expresiones “nocomporta detención preventiva” y “captura ilegal”.En lo que concierne a segmento normativo “no comporta detención preventiva”, cabeseñalar que el artículo 307 del C.P.P. prevé la imposición de medidas deaseguramiento privativas o no de la libertad. Dentro de las primeras, se señalan ladetención preventiva en establecimiento carcelario y la detención preventiva en laresidencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento.Ahora bien, una interpretación conforme de la expresión acusada con la Constituciónconduce a afirmar que el fiscal únicamente puede examinar si se cumplen o no lascondiciones objetivas de que trata el artículo 313 del C.P.P.
para imponer medidade aseguramiento de detención preventiva, mas no evaluar si se presentan o no losrequisitos de que trata el artículo 308 de esa misma normatividad, es decir, si esviable inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe de la conductadelictiva que se investiga, y que además la medida de aseguramiento se muestre comonecesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia; o queel imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima; oque resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá lasentencia, facultades todas estas que son de la estricta competencia del juez decontrol de garantías, por cuanto es él quien debe, en virtud del artículo 250.1
constitucional, adoptar las medidas que aseguren la comparecencia de los imputadosal proceso penal.De igual manera, de conformidad con el artículo 302 del C.P.P., una vez es llevado elaprehendido en flagrancia ante el fiscal, éste deberá examinar si dicha captura fue ono legal, y en caso de no serlo, deberá dejar en libertad a la persona, bajo palabra decomparecencia cuando sea requerido. Quiere ello decir que el fiscal deberá examinar sise presentaron o no, en el caso concreto, las condiciones legales de la flagrancia,descritas en el artículo 301 de la Ley 906 de 2004, y por supuesto, si se cumplieron losrequisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional.Al respecto, la Corte en sentencia C – 251 de 2002
, con ponencia de losMagistrados Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández, analizó lafalta de entrega física en los casos de captura en flagrancia en tanto que violación alartículo 28 constitucional, en los siguientes términos: “El artículo 93 de la Carta dispone que los derechos constitucionales se interpretaránde conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificadospor Colombia. De acuerdo con tales tratados, la colocación de la persona a disposiciónde la autoridad judicial, ha de ser física. Así, el Pacto Internacional de Derechos Civilesy Políticos,
ratificado mediante Ley 74 de 1968, y el Pacto de San José, disponenque es obligación de los Estados llevar sin demora a la persona aprehendida o detenidaante una autoridad judicial. En el Pacto Internacional la norma (art. 9)
se refiere alas personas detenidas por infracciones penales, lo cual ha de interpretarse en armoníacon el Pacto de San José que claramente se refiere a cualquier forma de detención(art. 7)
.La entrega del capturado a una autoridad judicial cumple varios propósitos, que no selimitan al ejercicio de funciones judiciales. La regulación de la materia en el PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos se encuentra en la norma dedicada a lalibertad y seguridad personal, y en el caso del Pacto de San José, el mandato inicia conuna exigencia de protección y respeto a la libertad y seguridad personales. De ello sedesprende que la regulación sobre la captura tiene un propósito más allá de asegurarque la restricción a la libertad se realice de acuerdo a la ley y ante funcionarioscompetentes. También tiene un propósito protector de la integridad de la persona.En este orden de ideas, resulta abiertamente contrario a los propósitos del artículo 28de la Constitución disponer que se entiende que la persona ha quedado a disposiciónde la autoridad judicial con la mera comunicación de su captura. La Corte ya habíaseñalado que es obligación entregar físicamente al aprehendido a la autoridad judicial
. El Estado, por intermedio del juez, tiene la obligación de garantizar laintegridad física del capturado, así como realizar un proceso mínimo deindividualización, a fin de adoptar las medidas legales pertinentes. En suma, la ordende entregar la persona a una autoridad judicial no tiene como objetivo exclusivoestablecer aspectos de competencia en materia de privación de la libertad, sino queopera como una garantía para la protección integral de la persona.De igual manera, la Corte en sentencia C- 296 de 2002, M.P. Marco Gerardo MonroyCabra, examinó el tema de la captura en flagrancia del servidor público, en lossiguientes términos: “Ahora bien, cuando el capturado en flagrancia es un servidor público, el procedimiento
anterior tiene algunas variaciones establecidas justamente por la norma acusada. Enefecto, ella dispone que la indagatoria de ser posible se le reciba inmediatamente, yque en cualquier caso una vez practicada esta diligencia se le deje en libertad. Es decira la captura y la inmediata indagatoria no puede seguir la privación de la libertad, sinotan solo la adopción de las medidas necesarias para evitar que el sindicado eluda laacción de la justicia.Así las cosas, es claro que la legislación procedimental penal establece una diferenciaentre los particulares sorprendidos en flagrancia y los servidores públicos que seencuentran en la misma situación, pues de cara a la privación de la libertadsubsiguiente a la indagatoria, los primeros podrán ser objeto de tal medida al paso quelos segundos no, pues estos últimos en ese momento deberán ser puestosinmediatamente en libertad.( … ) “De acuerdo con lo expuesto, la aludida limitación sería razonable, justamente porhaber sido establecida para la consecución de un fin constitucionalmente legítimo, peroademás de lo anterior debería ser también proporcionada, pues de lo contrario norespetaría el núcleo fundamental del derecho a la igualdad. En efecto, en relación conel juicio de proporcionalidad que el juez constitucional debe adelantar sobre este tipode disposiciones que introducen límites a los derechos fundamentales, la jurisprudenciaha definido que la verificación debe recaer no solo sobre el hecho de que la normalogre una finalidad legítima, sino que también debe establecerse si la limitación eraadecuada, es decir idónea para alcanzar tal finalidad.Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación realizará un control previo sobre lacaptura operada en flagrancia, a aquel que, eventualmente, adelantará el juez decontrol de garantías si aquélla considera que el supuesto delito comporta detenciónpreventiva y fue legalmente realizada, es decir, si se presentaron las condiciones de laflagrancia, de conformidad con la jurisprudencia sentada por la Corte.2. La Fiscalía General de la Nación puede dejar en libertad a una persona, bajocompromiso de comparecencia, cuando haya sido legalmente capturada en flagrancia yel supuesto delito no comporte detención preventiva.El Acto Legislativo 03 de 2002 introdujo sólo dos modificaciones en materia decaptura: por una parte, dispuso que un nuevo funcionario judicial, denominado juez decontrol de garantías, a solicitud de la Fiscalía, emitiera una orden escrita de captura;por otra, facultó a aquélla para “realizar excepcionalmente capturas”, en los términosde la ley, y sometida a un control posterior en el término de treinta y seis ( 36 ) horas,por parte del juez de control de garantías. A su vez, el artículo 32 constitucional regulala captura en flagrancia, señalando que “el delincuente sorprendido en flagrancia podráser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de laautoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él,para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá procederrequerimiento al morador”.En tal sentido, el procedimiento en caso de flagrancia, regulado en el artículo 302 de laLey 906 de 2004, articula lo dispuesto en el artículo 28 Superior con las nuevasdisposiciones constitucionales del sistema acusatorio en la medida en que la decisiónsobre la legalidad de la aprehensión realizada en flagrancia queda exclusivamente acargo del juez de control de garantías, en tanto que la Fiscalía adopta tan sólo unadeterminación sobre la concesión de libertad en casos en que no se cumplan los
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 artículo 307
 artículo 313
 artículo 308
 artículo 250
 artículo 302
 artículo 301
 artículo 93
e contrario
 artículo 28
 artículo 32
 artículo 302
 artículo 28