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Timestamp: 2019-09-22 12:27:37+00:00

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﻿ DECRETO 2057 DE 1999
DECRETO 2057 DE 15 DE OCTUBRE DE 1999
CONTENIDO:SE PROMULGAN UNOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE SON: EL ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE RUMANIA, APROBADO POR LA LEY 381 DE 1997. EL ACUERDO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE TURISMO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO DE ESPAÑA, APROBADO POR LA LEY 350 DE 1997. EL TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO DE ESPAÑA, APROBADO POR LA LEY 285 DE 1996. EL ACUERDO QUE CREA EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHO PARA EL DESARROLLO, APROBADO POR LA LEY 230 DE 1995. EL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO, APROBADO POR LA LEY 340 DE 1996. EL CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y A LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, APROBADO POR LA LEY 265 DE 1996.
TEMAS ESPECÍFICOS:PLANEACIÓN Y DESARROLLO, PROCEDIMIENTO PENAL, INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA DE RELACIONES EXTERIORES, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, ORGANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR
DECRETO 2057 DE 1999
Que el “acuerdo de cooperación técnica, científica y tecnológica entre el gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Rumania”, firmado en Bucarest, el 10 de abril de 1994, aprobado mediante Ley 381 de 10 de julio de 1997, publicada en el Diario Oficial 43.083 del 14 de julio de 1997, fue declarado exequible, junto con la ley aprobatoria, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-042 del 25 de febrero de 1998, y en cumplimiento de su artículo X, para ponerlo en vigor se remitió por el gobierno de Rumania la Nota H (01) 2476 de 14 de junio de 1995 y por el Gobierno de Colombia la nota DM/OJ.AT. 026589 del 22 de mayo de 1998; por lo tanto, el acuerdo entró en vigor el 22 de mayo de 1998;
Que el “acuerdo de cooperación en materia de turismo entre la República de Colombia y el Reino de España”, firmado en Santafé de Bogotá, D.C., el 9 de junio de 1995, aprobado mediante Ley 350 del 16 de enero de 1997, publicada en el Diario Oficial 42.963 del 21 de enero de 1997, fue declarado exequible, junto con la ley aprobatoria, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-421 del 4 de septiembre de 1997, y en cumplimiento de su artículo décimo, para ponerlo en vigor se remitió por el Gobierno del Reino de España la nota (sin número) del 20 de septiembre de 1996 y por el Gobierno de Colombia la nota DM/OJ.AT. 001450 del 14 de enero de 1998; por lo tanto, el acuerdo entró en vigor el 14 de enero de 1998;
Que el “tratado sobre traslado de personas condenadas entre la República de Colombia y el Reino de España”, firmado en Madrid el 28 de abril de 1993, aprobado mediante Ley 285 del 14 de junio de 1996, publicada en el Diario Oficial 42.811 del 21 de junio de 1996, fue declarado exequible, junto con la ley aprobatoria, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-655 del 28 de noviembre de 1996, y en cumplimiento de su artículo undécimo, para ponerlo en vigor se efectuó en Madrid el canje de instrumentos de ratificación el 9 de febrero de 1998; por lo tanto, el tratado entró en vigor el 9 de abril de 1998, con excepción del numeral tercero del artículo 3º del mismo, el cual fue declarado inexequible de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia anotada;
Que el 18 de junio de 1998 Colombia, previa aprobación del Congreso Nacional mediante Ley 230 del 26 de diciembre de 1995, publicada en el Diario Oficial 42.162 del 26 de diciembre de 1995, y declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-378 del 22 de agosto de 1996, realizó el depósito del instrumento de ratificación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Italia del “acuerdo que crea el instituto internacional de derecho para el desarrollo, IDLI”, hecho en Roma el 5 de febrero de 1988, instrumento que entró en vigor para Colombia el 18 de junio de 1998, de conformidad con lo previsto en el artículo XIII del mismo;
Que el 18 de junio de 1998 Colombia, previa aprobación del Congreso Nacional mediante Ley 340 del 26 de diciembre de 1996, publicada en el Diario Oficial 42.958 del 15 de enero de 1997, y declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-467 del 25 de septiembre de 1997, depositó ante el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, el instrumento de adhesión a la “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, el “protocolo” y el “Reglamento para la aplicación de la convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, hechos en La Haya el 14 de mayo de 1954, instrumentos internacionales que entraron en vigor para Colombia el 18 de septiembre de 1998, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la convención;
Que el 13 de julio de 1998 Colombia, previa aprobación del Congreso Nacional mediante Ley 265 del 25 de enero de 1996, publicada en el Diario Oficial 42.703 del 30 de enero de 1996, y declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-383 del 22 de agosto de 1996, depositó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, el instrumento de ratificación del “Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional”, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, instrumento internacional que entró en vigor para Colombia el 1º de noviembre de 1998, de conformidad con lo previsto en su artículo 46,
ART. 1º—Promúlgase el “Acuerdo de cooperación técnica, científica y tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Rumania”, firmado en Bucarest, el 10 de abril de 1994.
(Para ser transcrito en este lugar se adjunta fotocopia del texto del “Acuerdo de cooperación técnica, científica y tecnológica entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de Rumania”, firmado en Bucarest, el 10 de abril de 1994, debidamente autenticado por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
“Acuerdo de cooperación técnica, científica y tecnológica entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de Rumania
Denominados a continuación las partes, en cumplimiento del Acuerdo General de Amistad y Cooperación entre la República de Colombia y Rumania, suscrito entre ambos gobiernos en Santafé de Bogotá, el 5 de agosto de 1993;
Artículo II. Las entidades responsables.
Artículo III. Actividades.
— Prestación de asistencia técnica, desarrollada entre otras formas mediante el envío de expertos y la realización de estudios en común.
Artículo IV. Cooperación científica, técnica y tecnológica.
1. Las partes considerando el interés mutuo y los objetivos de su política científica, técnica y tecnológica, acuerdan desarrollar su cooperación incluso para favorecer el intercambio de personal científico y técnico de ambos países.
Artículo V. Transferencia tecnólogica.
Las partes, dentro del límite de sus competencias, teniendo en cuenta el interés mutuo y de conformidad con los objetivos a mediano y largo plazo de sus economías, asumirán los procedimientos necesarios para establecer la cooperación tecnológica más amplia posible, que no excluya a priori ningún campo y tenga en cuenta sus diferentes grados de desarrollo.
— Los recursos humanos, creando las condiciones para elevar el nivel de empleo y mejorar la productividad del factor trabajo, incluyendo el fomento a las actividades de formación y capacitación.
Artículo VI. Áreas de la cooperación.
Las partes establecen, entre otras, acciones de cooperación en las siguientes áreas, que podrán diversificarse de común acuerdo: agricultura, agroindustria, biotecnología, petroquímica, educación, ciencias básicas, energía, minería, petróleos, protección del medio ambiente, salud, saneamiento básico, medicina, transporte, ferrovías, recursos naturales no renovables, fuentes alternas de energía, administración pública y modernización de la infraestructura.
Artículo VII. Formación de recursos humanos.
Las partes adelantarán programas específicos de formación y capacitación de recursos humanos en los ámbitos de interés mutuo. Las acciones de capacitación tendrán en cuenta los aportes de las nuevas tecnologías en la materia.
Artículo VIII. Alcance, funcionamiento e instrumentación del acuerdo.
1. En cumplimiento del “Acuerdo General de Amistad y Cooperación entre Rumania y la República de Colombia”, suscrito en Santafé de Bogotá el 5 de agosto de 1993, las partes acuerdan la constitución de una subcomisión de cooperación técnica, científica y tecnológica en el marco de la comisión binacional.
e) Seguir, controlar y evaluar las actividades y hacer las recomendaciones y modificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos;
Artículo IX. Instrumentos y medios para la realización de la cooperación.
Las partes recíprocamente facilitarán los trámites administrativos y fiscales necesarios para la entrada y salida del personal y de los componentes, elementos y equipos necesarios para la ejecución de proyectos, según la legislación de cada país.
Artículo X. Entrada en vigencia y duración.
2. El presente acuerdo podrá ser modificado o ampliado por las partes, de común acuerdo. Las modificaciones o ampliaciones acordadas entrarán en vigencia conforme al mismo procedimiento previsto en el numeral 1º del artículo X.
Artículo XI. Cláusula evolutiva.
Firmado en la ciudad de Bucarest, el día 10 del mes de abril del año 1994, en dos textos originales, en español y rumano, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de Rumania,
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada del texto original del “Acuerdo de cooperación, técnica, científica y tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Rumania“, firmado en Bucarest, el 1º de abril de 1994, documento que reposa en los archivos de la oficina jurídica de este ministerio.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., el veintiocho (28) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
ART. 2º—Promúlgase el “Acuerdo de Cooperación en Materia de Turismo entre la República de Colombia y el Reino de España”, firmado en Santafé de Bogotá, D.C., el 9 de junio de 1995.
(Para ser transcrito en este lugar se adjunta fotocopia del texto del “Acuerdo de cooperación en materia de turismo entre la República de Colombia y el Reino de España”, firmado en Santafé de Bogotá, D.C., el 9 de junio de 1995, debidamente autenticado por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
“Acuerdo de cooperación en materia de turismo entre la República de Colombia y el Reino de España
Ambas partes dedicarán una atención especial al desarrollo y ampliación de las relaciones turísticas actualmente existentes y al incremento del turismo entre Colombia y España, como medio para que sus pueblos puedan mejorar el conocimiento recíproco de sus respectivas historias, modos de vida y culturas, y para facilitar la cooperación interempresarial en materia turística.
Ambas partes apoyarán la cooperación entre los sectores turísticos de los dos países, tanto de carácter gubernamental como empresarial, y arbitrarán la forma de intercambiar periódicamente expertos en promoción y marketing turísticos, formación e investigación, tecnología turística, así como en desarrollo de actividades y zonas de interés turístico.
e) Favorecer la colaboración de expertos en materias jurídicas relacionadas con el sector turístico. Así mismo, intercambiar información sobre la legislación turística vigente en cada uno de los dos países;
Las dos partes apoyarán la cooperación en materia de formación turística profesional, se facilitarán recíprocamente información sobre los planes de enseñanza en materia de turismo y colaborarán en la formación de gestores de empresas turísticas y de técnicos del sector.
Ambas partes estimularán su colaboración en la ejecución de programas de investigación turística sobre temas de interés mutuo, tanto a través de universidades como de centros de investigación.
Igualmente, intercambiarán información sobre los estudios de investigación turística que hayan realizado, así como sobre los resultados de su aplicación.
Ambas partes intercambiarán información sobre los programas de desarrollo turístico que se realicen en sus respectivos países, así como sobre los fondos de financiación nacional e internacional que puedan ser aplicados a esos programas.
Ambas partes se informarán recíprocamente de las reuniones y seminarios de carácter técnico-turístico que puedan celebrarse en sus respectivos países, y procurarán la participación activa o pasiva de sus técnicos en esos actos.
Lo dispuesto en este acuerdo se entiende sin perjuicio de las obligaciones que resultan para cada una de las partes de los tratados o convenios Internacionales suscritos para sus respectivos países.
Ambas partes deciden la creación de una comisión mixta de cooperación turística que vele por la aplicación de este acuerdo y sugiera en cada momento las medidas adecuadas para su realización o actualización.
El presente acuerdo entrará en vigor el día en que las partes se hayan notificado mutuamente el cumplimiento de los procedimientos constitucionales internos requeridos para su entrada en vigor.
Firmado en Bogotá, el día 9 de junio de 1995, en dos ejemplares originales en lengua española, teniendo los dos la misma validez.
ART. 3º—Promúlgase el “Tratado sobre traslado de personas condenadas entre la República de Colombia y el Reino de España”, firmado en Madrid el 28 de abril de 1993.
(Para ser transcrito en este lugar se adjunta fotocopia del texto del “Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República de Colombia y el Reino de España”, firmado en Madrid el 28 de abril de 1993, debidamente autenticado por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
1. “Estado trasladante”, es aquel que ha impuesto la sentencia condenatoria y del cual la persona sentenciada habrá de ser trasladada.
2. “Estado receptor”, es aquel que continuará la ejecución de la sentencia y al cual debe ser trasladada la persona sentenciada.
3. “Persona sentenciada”, es la persona que ha sido condenada por tribunal o juzgado del Estado trasladante mediante sentencia definitiva y que se encuentra en prisión, pudiendo estar bajo el régimen de condena condicional, libertad preparatoria o cualquier otra forma de libertad sujeta a vigilancia.
1. Las penas impuestas en uno de los Estados, a nacionales del otro, podrán ejecutarse en establecimientos penitenciarios de este último, de conformidad con las disposiciones del presente tratado.
ART. 3º—Jurisdicción.
1. Las partes designan como autoridades centrales encargadas de ejercer las funciones previstas en este tratado, al Ministerio de Justicia por parte de la República de Colombia y a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia por parte del Reino de España.
ART. 5º—Obligación de facilitar informaciones.
1. Cualquier condenado a quien pueda aplicarse el presente tratado deberá estar informado por el Estado de condena del tenor del presente convenio, así como de las consecuencias jurídicas que se derivan del traslado.
4. Si el condenado hubiere expresado al Estado receptor su deseo de ser trasladado en virtud del presente tratado, el Estado trasladante comunicará a dicho Estado, a petición suya, las informaciones a que se refiere el párrafo 3º que antecede.
5. Deberá informarse por escrito al condenado de cualquier gestión emprendida por el Estado receptor o el Estado trasladante en aplicación de los párrafos precedentes, así como de cualquier decisión tomada por uno de los dos Estados con respecto a una petición de traslado.
ART. 6º—Peticiones y respuestas.
ART. 7º—Documentación justificativa.
3. El Estado trasladante y el Estado receptor podrán, uno y otro, solicitar que se le facilite cualquiera de los documentos o declaraciones a que se refieren los párrafos 1º y 2º que anteceden antes de solicitar un traslado o tomar la decisión de aceptar o denegar el traslado.
ART. 8º—Cargas económicas. La entrega del reo por las autoridades del Estado trasladante a los del Estado receptor se efectuará en el lugar en que convengan las partes. El Estado receptor se hará cargo de los gastos del traslado desde el momento en que la persona sentenciada quede bajo su custodia.
ART. 10.—Bases para la decisión.
1. Las decisiones de cada Estado, aceptando o denegando un traslado en aplicación de este tratado serán soberanas.
ART. 11.—Vigencia y terminación.
1. El presente tratado estará sujeto a ratificación y entrará en vigor a los 60 días del canje de los Instrumentos de ratificación.
2. Cualquiera de los Estados partes, podrá denunciar este tratado, mediante notificación escrita al otro Estado. La denuncia entrará en vigor seis meses después de la fecha de notificación. Las solicitudes que hayan sido presentadas la fecha de denuncia del presente tratado seguirán su trámite normal sin que se vean afectadas por dicha denuncia.
Tomás de la Quadra Salcedo.
ART. 4º—Promúlgase el “Acuerdo que crea el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo, IDLI”, hecho en Roma el 5 de febrero de 1988.
(Para ser transcrito en este lugar se adjunta fotocopia del texto del “Acuerdo que crea el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo, IDLI” , hecho en Roma el 5 de febrero de 1988, debidamente autenticado por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
Traducción Oficial Número 174
de un documento escrito en inglés y francés.
Acuerdo que crea el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo
Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo las partes signatarias
Estimando que ahora es deseable que el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo sea constituido en organización internacional con los órganos, la personalidad jurídica y el régimen jurídico apropiado;
Artículo I. Creación y régimen jurídico.
1. El Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo, llamado en lo sucesivo “el instituto“ o el “IIDD“ se constituye por el presente acuerdo en organización internacional.
2. El IIDD poseerá plena capacidad jurídica y gozará de las capacidades que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de su mandato.
3. El instituto funcionará de acuerdo con las disposiciones del presente acuerdo.
1. Los objetivos del instituto serán:
a) De estimular y facilitar el mejoramiento de los recursos del derecho en el proceso del desarrollo;
b) De estimular la adhesión a la norma de derecho en las transacciones internacionales, y
c) De mejorar las capacidades de negociación de los países en desarrollo en los campos de la cooperación al desarrollo, de las inversiones extranjeras del comercio internacional y de otras transacciones mercantiles internacionales.
2. Con el fin de alcanzar los anteriores objetivos el instituto podrá emprender las siguientes actividades:
a) Formación, asistencia técnica, investigación, creación y explotación de un centro de documentación jurídico, y
b) Otras actividades susceptibles de servir los objetivos del instituto.
3. En sus actividades, gestión y contratación de personal, el instituto no será influenciado por consideraciones políticas.
Artículo III. Facultades.
1. De adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles.
2. De celebrar contratos u otros tipos de acuerdos.
3. De contratar personal.
4. De ser demandante o demandado en acciones jurídicas.
5. De invertir los fondos y los haberes del instituto.
6. De emprender cualquier actividad legal necesaria para el logro de los objetivos del instituto.
Artículo IV. Sede.
1. La sede del instituto será en Roma, Italia, a menos que la asamblea decidiere transferirlo a otra parte.
2. El instituto podrá abrir oficinas en otros lugares en función de las necesidades de sus programas.
1. El instituto será financiado por medios tales como contribuciones voluntarias y donaciones, gastos de matrículas a los cursos y seminarios; ingresos de programas especiales de formación o de actividades de asistencia técnica, ingresos de publicaciones u otras actividades de servicios e ingresos de intereses o de asignaciones especiales, de dotaciones o de cuentas bancarias.
2. Las partes al presente acuerdo no estarán obligadas de darle apoyo financiero alguno al instituto que vaya más allá de sus contribuciones voluntarias. Tampoco serán responsables individual o colectivamente de las deudas, compromisos u obligaciones del instituto.
3. El instituto deberá tomar las disposiciones que satisfagan las exigencias del gobierno del país donde tendrá su sede en lo que concierne su capacidad de cumplir con sus compromisos.
Artículo VI. Organización.
El instituto se compondrá de una asamblea de las partes al presente acuerdo (“asamblea”) de un consejo directivo, de un director y del personal.
a) Cada parte al presente acuerdo designará un representante a la asamblea;
b) La asamblea se reunirá por invitación del consejo directivo o por iniciativa de un tercio de sus miembros. La asamblea adoptará su propio reglamento interno;
c) La asamblea examinará periódicamente las actividades del instituto. La asamblea debe igualmente designar el primer consejo directivo, ratificar los nombramientos sucesivos de dicho consejo así como el plan de trabajo y presupuesto del instituto;
d) Una decisión del consejo directivo que deba ser ratificada por la asamblea de conformidad con el artículo VI.1.C. será considerada como ratificada a los noventa días de haberse enviado su notificación por el instituto a los miembros de la asamblea a menos que antes de dicha fecha una mayoría de los miembros de esta asamblea no hubiere notificado al instituto que se oponen a esta decisión. Las notificaciones se efectuarán por los más rápidos medios de comunicación disponibles o por vía diplomática en el caso de Estados miembros.
a) El instituto funcionará bajo la dirección de un consejo directivo (“consejo”)
compuesto por diez (10) miembros por lo menos y de dieciséis (16) al máximo incluyendo un miembro que deberá ser periódicamente designado por el país en donde el instituto tenga su sede (“representante permanente”) y el director que será miembro de oficio. Los otros miembros del consejo directivo serán escogidos con base en sus logros profesionales en los campos del derecho o del desarrollo y deberán servir a título profesional y no en calidad de representante de gobiernos o de organizaciones;
b) Posteriormente a la creación del primer consejo por la asamblea, el consejo designará sus nuevos miembros a medida que se produzcan vacantes;
c) Con excepción del director y del representante permanente, cada miembro designado posteriormente a la creación del primer consejo formará parte de éste hasta la terminación de la tercera reunión del consejo después de su aceptación por escrito de formar parte del mismo. Los mandatos de los primeros miembros del consejo serán escalonados con el fin de permitir una transición progresiva entre los miembros del consejo;
d) El consejo se reunirá por lo menos una vez al año para desempeñar sus funciones. En su primera reunión nombrará un presidente, un vicepresidente o más y un comité directivo;
e) El consejo deberá, también:
1. Definir normas de funcionamiento del instituto de conformidad con los términos del presente acuerdo.
2. Designar al director y los censores de cuentas del instituto.
3. Aprobar las políticas, el programa anual de trabajo, los presupuestos a informes de los censores de cuentas del instituto, y
4. Hacer y desempeñar cualquier otra actividad, necesaria para ejercer los poderes que le son conferidos por el presente acuerdo.
3. El director y el personal.
a) El instituto será administrado por un director que será nombrado por el consejo por un mandato de cinco (5) años, renovables;
b) El director nombrará a los directivos y al personal de secretaría necesarios para alcanzar los objetivos del instituto de acuerdo con las directivas en materia de contratación aprobadas por el consejo;
c) El director responderá ante el consejo del funcionamiento y de la gestión del instituto de conformidad con los términos del presente acuerdo y las decisiones del consejo.
Artículo VII. Relaciones de cooperación.
Artículo VIII. Derechos, privilegios e inmunidades.
Artículo IX. Censores de cuentas.
Artículo X. Modificaciones.
Artículo XI. Disolución.
1. El instituto podrá ser disuelto, si por un voto mayoritario de la cuarta quinta parte de los miembros de la asamblea decidiere que el instituto ya no es necesario o que ya no está en medida de funcionar eficazmente.
2. En el caso de una disolución, todos los activos del instituto que quedaren después del pago de sus obligaciones legales serán distribuidos a organismos cuyas actividades sean similares a las del instituto de conformidad con lo que decidiere la asamblea en consulta con el consejo.
Artículo XII. Retiro.
Artículo XIII. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión.
1. El presente acuerdo estará abierto a la firma de los Estados y organizaciones intergubernamentales. Podrá ser igualmente firmado en lugar de un Estado por cualquier organización nacional pública de desarrollo designada por este Estado para actuar a este título. Quedará abierto para la firma durante un período de dos años a partir del primero de junio de 1987, salvo si dicho período fuere ampliado antes de su fecha de vencimiento por el depositario. La firma del acuerdo por cualquier parte elegible de conformidad con esta disposición después de esta fecha precisará la aprobación de la asamblea por mayoría simple.
2. El Gobierno de Italia será el depositario del presente acuerdo.
3. La ratificación, aceptación o aprobación del presente acuerdo será efectuada por los signatarios de conformidad con sus propias leyes, reglamentos y procedimientos.
Artículo XV. Normas transitorias.
A la entrada en vigor del presente acuerdo, el instituto tomará todas las medidas necesarias para adquirir los derechos, obligaciones, concesiones, bienes e intereses de su organismo predecesor, el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo, organización no gubernamental creada en Rótterdam, Países Bajos.
En testimonio de lo cual, los infraescritos, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente acuerdo en un solo ejemplar, en inglés y francés, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Hecho en Roma, el 5 de febrero de 1988.
Traductor Roberto Arango Roa.
Santafé de Bogotá, D.C., 2 de agosto de 1993.
ART. 5º—Promúlganse la “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, el “Protocolo” y el “Reglamento para la aplicación de la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, hechos en La Haya el 14 de mayo de 1954.
(Para ser transcritos en este lugar se adjuntan
fotocopias del texto de la “Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado”, el “Protocolo” y el “Reglamento para la Aplicación de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado”, hechos en La Haya el 14 de mayo de 1954, debidamente autenticadas por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
c) Los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales definidos en los apartados a) y b), que se denominarán centros monumentales”.
4. No se considerará como utilización para fines militares la custodia de uno de los bienes culturales enumerados en el párrafo primero por guardas armados, especialmente habilitados para dicho fin, ni la presencia cerca de ese bien cultural de policía normalmente encargadas de asegurar el orden público.
1. Si una de las altas partes contratantes cometiere, con relación a un bien cultural bajo protección especial, una violación del compromiso adquirido en virtud del artículo 9º la parte adversa queda desligada, mientras la violación subsista, de su obligación de asegurar la inmunidad de dicho bien. Sin embargo, siempre que le sea posible pedirá previamente que cese dicha violación dentro de un plazo razonable.
3. La parte que suspende la inmunidad deberá, en el plazo más breve posible, notificarlo por escrito, especificando las razones, al comisario general de bienes culturales previsto en el reglamento para la aplicación de la convención.
ART. 13.—Transporte en casos de urgencia.
ART. 14.—Inmunidad de embargo, de captura y de presa.
ART. 15.—Personal. En interés de los bienes culturales, se respetará, en la medida en que sea compatible con las exigencias de la seguridad, al personal encargado de la protección de aquellos, si ese personal cayere en manos de la parte adversaria se le permitirá que continúe ejerciendo sus funciones, siempre que los bienes culturales a su cargo hubieren caído también en manos de la parte adversaria.
1. El emblema de la convención consiste en un escudo en punta, partido en aspa, de color azul ultramar y blanco (el escudo contiene un cuadrado azul ultramar, uno de cuyos vértices ocupa la parte interior del escudo, y un triángulo también azul ultramar en la parte superior; en los flancos se hallan sendos triángulos blancos limitados por las áreas azul ultramar y los bordes laterales del escudo).
2. El emblema se empleará aislado o repetido tres veces en formación de triángulo (un escudo en la parte interior), de acuerdo con las circunstancias enumeradas en el artículo 17.
c) Los refugios improvisados en las condiciones previstas en el reglamento para la aplicación de la convención;
4. No podrá utilizarse el emblema para la identificación de un bien cultural inmueble más que cuando vaya acompañado de una autorización, tachada y firmada, de la autoridad competente de la alta parte contratante.
3. Las potencias partes en la presente convención quedarán obligadas por la misma, aun cuando una de las potencias que intervengan en el conflicto no sea parte en la convención. Estarán además obligados por la convención con respecto a tal potencia, siempre que ésta haya declarado que acepta los principios de la convención y en tanto los aplique.
ART. 19.—Conflicto de carácter no internacional.
1. Las potencias protectoras interpondrán sus buenos oficios, siempre que lo juzguen conveniente en interés de la salvaguardia de los bienes culturales, y en especial, si hay desacuerdo entre las partes en conflicto sobre la aplicación o la interpretación de las disposiciones de la presente convención o del reglamento para la aplicación de la misma.
ART. 25.—Difusión de la Convención. Las altas partes contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible en sus respectivos países, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado, el texto de la presente convención y del reglamento para su aplicación. En especial, se comprometen a introducir su estudio en los programas de instrucción militar y, de ser posible, en los de instrucción cívica, de tal modo que los principios puedan ser conocidos por el conjunto de la población, y en particular por las fuerzas armadas y el personal adscrito a la protección de los bienes culturales.
1. La presente convención está redactada en español, francés, inglés y ruso, los cuatro textos son igualmente fidedignos.
1. En las relaciones entre las potencias que estén obligadas por las convenciones de La Haya relativas a las leyes y usos de la guerra terrestre (IV) y a los bombardeos por fuerzas navales en tiempo de guerra (IX), ya se trate de las del 29 de julio de 1899 o de las del 18 de octubre de 1907, y que sean partes de la presente convención, esta última completará la anterior convención (IX) y el reglamento anexo a la convención (IV) y se reemplazará el emblema descrito en el artículo 5º de la convención (IX) por el descrito en el artículo 16 de la presente convención en los casos en que ésta y el reglamento para su aplicación, prevén el empleo de dicho emblema.
2. En las relaciones entre las potencias que estén obligadas por el Pacto de Washington del 15 de abril de 1935 para la protección de Instituciones Artísticas y Científicas y los Monumentos Históricos (Pacto Roerich) y que sean también partes en la presente convención, esta última completará el Pacto Roerich, y se reemplazará la bandera distintiva descrita en artículo III del pacto por el emblema descrito en el artículo 16 de la presente convención, en los casos en que ésta y el reglamento para su aplicación prevén el empleo de dicho emblema.
ART. 38.—Notificaciones. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, informará a los Estados a que se hace referencia en los artículos 30 y 32, así como a las Naciones Unidas del depósito de todos los instrumentos de ratificación, de adhesión o de aceptación previstos en los artículos 31, 32 y 39, y de las notificaciones y denuncias previstas respectivamente en los artículos 35, 37 y 39.
ART. 39.—Revisión de la convención y del reglamento para su aplicación.
6. La aceptación por las altas partes contratantes de las modificaciones de la convención o del reglamento para su aplicación que hayan sido adoptadas por la conferencia prevista en los párrafos 4º y 5º, se efectuará mediante el depósito de un instrumento formal ante el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Hecha en La Haya el 14 de mayo de 1954, en un sólo ejemplar que será depositado en los archivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y del cual se remitirán copias certificadas conforme a todos los Estados a que se hace referencia en los artículos 30 y 32 así como a las Naciones Unidas.
3. Cada una de las altas artes contratantes se compromete a devolver, al término de las hostilidades, a las autoridades competentes del territorio anteriormente ocupado, los bienes culturales que se encuentren en el suyo, si dichos bienes han sido exportados en contravención del principio establecido en el párrafo primero. En ningún caso los bienes culturales podrán retenerse a título de reparaciones de guerra.
10. a) El presente protocolo entrará en vigor tres meses después de que hayan sido depositados cinco instrumentos de ratificación:
b) Posteriormente, entrará en vigor para cada alta parte contratante tres meses después del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión;
14. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, informará a los Estados a que hacen referencia los párrafos 6º y 8º, así como a la Organización de las Naciones Unidas, del depósito de todos los instrumentos de ratificación, de adhesión o de aceptación mencionados en los párrafos 7º, 8º y 15, lo mismo que de las modificaciones y denuncias previstas respectivamente en los párrafos 12 y 13.
d) La aceptación por las altas partes contratantes de las modificaciones al presente protocolo que hayan sido adoptadas por la conferencia a la que se refieren los apartados b) y c) se llevará a efecto por el depósito de un instrumento formal ante el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura;
Hecho en La Haya el catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, en español, en francés, en inglés y en ruso, haciendo fe por igual los cuatro textos en un sólo ejemplar que se depositará en los archivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura, y cuyas copias certificadas y conformes se remitirán a todos los Estados a que se refieren los párrafos 6º y 8º, así como a la Organización de las Naciones Unidas.
ART. 2º—Organización de la vigilancia y la inspección. Tan pronto como una de las altas partes contratantes participe en un conflicto armado al que se aplique el artículo 18 de la convención:
a) Designará un representante para las cuestiones relativas a los bienes culturales situados en su territorio, si esa potencia ocupa el territorio de otro país, deberá nombrar un representante especial para las cuestiones relativas a los bienes culturales que se encuentren en él;
ART. 5º—Atribuciones de los delegados. Será función de los delegados de las potencias protectoras comprobar las violaciones de la convención, investigar, con el consentimiento de la parte ante la cual ejercen su misión, las circunstancias en que se hayan producido, efectuar gestiones en el lugar donde aquéllas hayan ocurrido para hacerlas cesar y, en caso necesario, notificar tales violaciones al comisario general. Los delegados deberán tener informado a este de sus actividades.
ART. 6º—Atribuciones del comisario general.
1. Siempre que el comisario general de bienes culturales a petición de los delegados interesados o después de consultar con ellos, lo juzgue necesario, propondrá a la parte ante la cual está acreditada el nombramiento de una persona que, en calidad de inspector de bienes culturales se encargará de una misión determinada. Estos inspectores no serán responsables más que ante el comisario general.
ART. 10.—Gastos. La remuneración y los gastos del comisario general de bienes culturales, de los inspectores y de los expertos correrán a cargo de la parte ante la cual estén acreditados, los correspondientes a los delegados de las potencias protectoras serán objeto de un acuerdo entre esas potencias y los Estados cuyos intereses protejan.
1. Se establecerá un Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Especial.
1. Cada una de las altas partes contratantes podrá oponerse a la inscripción en el registro de un bien cultural por carta dirigida al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta carta deberá ser recibida por el Director General, en un plazo de cuatro meses a contar desde la fecha en que se haya expedido la copia de la petición de inscripción.
4. El Director General o la altas partes contratantes que haya pedido la inscripción podrán hacer todas las gestiones oportunas ante las altas partes contratantes que hayan formulado su oposición, para que se desistan de ella.
Cada una de las dos partes en controversia designará un árbitro. En el caso de que una petición de inscripción hubiere sido objeto de más de una oposición, las altas partes contratantes que hubiesen formulado la oposición designarán conjuntamente un árbitro. Los dos árbitros elegirán un árbitro-presidente de la lista internacional de personalidades previstas en el artículo primero del presente reglamento, si los árbitros no pudiesen llegar a ponerse de acuerdo para hacer esa elección, pedirán al presidente de la Corte Internacional de Justicia que designe un árbitro-presidente, quien no será necesario que figure en la lista internacional de personalidades. El tribunal arbitral así formado fijará su propio procedimiento y sus decisiones serán inapelables.
8. Cada una de las altas partes contratantes puede declarar, en el momento en que se inicie una controversia en la cual sea ella parte, que no desea aplicar el procedimiento de arbitraje previsto en el párrafo precedente. En ese caso, la oposición a la petición de inscripción se someterá por el director general a las altas partes contratantes. Sólo se mantendrá la oposición si las altas partes contratantes lo deciden por una mayoría de dos tercios de votantes. La votación se efectuará por correspondencia, a menos que el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura juzgando indispensable la convocatoria de una reunión en virtud de los poderes que le confiere el artículo 27 de la convención, procediese a convocarla. Si el director general decide que se vote por correspondencia invitará a las altas partes contratantes a que le envíen su voto bajo sobre sellado, en un plazo de seis meses a partir del día en que se les haya dirigido la invitación correspondiente.
c) en el caso especial previsto por el párrafo 5º del artículo 14, cuando se haya confirmado una oposición, como consecuencia de los procedimientos previstos en el párrafo 7º del artículo 14 o en el párrafo 8º de mismo artículo.
ART. 20.—Colocación de emblema.
1. Las personas a que se refieren los apartados b) y c) párrafo segundo del artículo 17 de la convención, podrán llevar un brazalete con el emblema expedido y sellado por las autoridades competentes.
Para el personal encargado de la protección de los bienes culturales.
Es titular de la presente tarjeta en virtud de la Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado.
Fecha de expedición de la tarjeta número de la tarjeta
Fotografía del titular firma o huellas digitales o ambas cosas
Sello en seco de la autoridad que expide la tarjeta
ART. 6º—Promúlgase el “Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional”, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993.
(Para ser transcrito en este lugar se adjunta fotocopia del texto del “Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción Internacional“, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, debidamente autenticado por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
Convenio (1) relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional (2)
Los Estados signatarios del presente convenio, reconociendo que para el desarrollo armónico de su personalidad, el niño debe crecer en un medio familiar, en un clima de felicidad, amor y comprensión;
Artículo 1º. El presente convenio tiene por objeto:
1. El convenio se aplica cuando un niño con residencia habitual en un Estado contratante (“el Estado de origen”) ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado contratante (“el Estado de recepción”), bien después de su adopción en el Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de recepción o en el Estado de origen.
El convenio deja de aplicarse si no se han otorgado las aceptaciones a las que se refiere el artículo 17, apartado c) antes de que el niño alcance la edad de dieciocho años.
Artículo 4º. Las adopciones consideradas por el convenio sólo pueden tener lugar cuando las autoridades competentes del Estado de origen:
c) Se han asegurado de que
1. Las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiera para la adopción han sido convenientemente asesoradas y debidamente informadas de las consecuencias de su consentimiento, en particular en relación con el mantenimiento o ruptura, en virtud de la adopción, de los vínculos jurídicos entre el niño y su familia de origen.
3. Los consentimientos no se han obtenido mediante pago o compensación de clase alguna y que tales consentimientos no han sido revocados, y
1. Ha sido convenientemente asesorado y debidamente informado sobre las consecuencias de la adopción y de su consentimiento a la adopción, cuando este sea necesario.
3. El consentimiento del niño a la adopción, cuando sea necesario, ha sido dado libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha sido dado o constatado por escrito, y
Artículo 5º. Las adopciones consideradas por el convenio sólo pueden tener lugar cuando las autoridades competentes del Estado de recepción:
2. Un Estado federal, un Estado en el que están en vigor diversos sistemas jurídicos a un Estado con unidades territoriales autónomas puede designar más de una autoridad central y especificar la extensión territorial o personal de sus funciones. El Estado que haga uso de esta facultad, designará la autoridad central a la que puede dirigirse toda comunicación para su transmisión a la autoridad central competente dentro de ese Estado.
Artículo 8º. Las autoridades centrales tomarán, directamente o con la cooperación de autoridades públicas, todas las medidas apropiadas para prevenir beneficios materiales indebidos en relación con una adopción y para impedir toda práctica contraria a los objetivos del convenio.
Artículo 9º. Las autoridades centrales tomarán, ya sea directamente o con la cooperación de autoridades públicas o de otros organismos debidamente acreditados en su Estado, todas las medidas apropiadas, en especial para:
Artículo 13. La designación de las autoridades centrales
y, en su caso, el ámbito de sus funciones, así como el nombre y dirección de los organismos acreditados, serán comunicados por cada Estado contratante a la oficina permanente de la Conferencia de La Haya de derecho internacional privado.
Artículo 14. Las personas con residencia habitual en un Estado contratante que deseen adoptar un niño cuya residencia habitual esté en otro Estado contratante, deberán dirigirse a la autoridad central del Estado de su residencia habitual.
Artículo 17. En el Estado de origen sólo se podrá confiar al niño a los futuros padres adoptivos si,
1. Si la adopción debe tener lugar en el Estado de recepción tras el desplazamiento del niño y la autoridad central de dicho Estado considera que el mantenimiento del niño en la familia de recepción ya no responde a su interés superior, esta autoridad central tomará las medidas necesarias para la protección del niño, especialmente para:
2. Teniendo en cuenta especialmente la edad y grado de madurez del niño, se le consultará y, en su caso, se obtendrá su consentimiento en relación con las medidas a tomar conforme al presente artículo.
1. Una adopción certificada como conforme al convenio por la autoridad competente del Estado donde ha tenido lugar, será reconocida de pleno derecho en los demás Estados contratantes. La certificación especificará cuándo y por quién han sido otorgadas las aceptaciones a las que se refiere el artículo 17, apartado c.
Todo Estado contratante puede declarar ante el depositario del convenio que no reconocerá en virtud de las disposiciones del mismo las adopciones hechas conforme a un acuerdo concluido en aplicación del artículo 39, párrafo 2º.
b) Los consentimientos exigidos en el artículo 4º, apartados c) y d), han sido o son otorgados para tal adopción;
Artículo 28. El convenio no afecta a ley alguna de un Estado de origen que exija que la adopción de un niño con residencia habitual en ese Estado tenga lugar en ese Estado o que prohíba la colocación del niño en el Estado de recepción o su desplazamiento al estado de recepción antes de la adopción.
Artículo 29. No habrá contacto alguno entre los futuros padres adoptivos y los padres del niño u otras personas que tengan la guarda de éste hasta que se hayan cumplido las condiciones del artículo 4º, apartados a) a c) y del artículo 5º, apartado a), salvo cuando la adopción del niño tenga lugar entre familiares o salvo que se cumplan las condiciones que establezca la autoridad competente del Estado de origen.
1. Las autoridades competentes de un Estado contratante asegurarán la conservación de la información de la que dispongan relativa a los orígenes del niño, en particular la información respecto a la identidad de sus padres así como la historia médica del niño y de su familia.
Artículo 31. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30, los datos personales que se obtengan o transmitan conforme al convenio, en particular aquellos a los que se refieren los artículos 15 y 16, no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos para los que se obtuvieron o transmitieron.
3. Los directores, administradores y empleados de organismos que intervengan en la adopción no podrán recibir remuneraciones desproporcionadas en relación con los servicios prestados.
Artículo 36. En relación con un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales:
Artículo 37. En relación con un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables a diferentes categorías de personas, toda referencia a la ley de ese Estado se entenderá referida al sistema jurídico determinado por la ley de dicho Estado.
1. Cualquier otro Estado podrá adherirse al convenio después de su entrada en vigor en virtud del párrafo 1º del artículo 46.
3. La adhesión sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los Estados contratantes que no hubiesen formulado objeción a la adhesión en los seis meses siguientes a la recepción de la notificación a que se refiere el apartado b) del artículo 48. Podrá así mismo formular una objeción al respecto cualquier Estado en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del convenio posterior a la adhesión. Dichas objeciones serán notificadas al depositario del convenio.
3. En el caso de que un Estado no formule declaración alguna al amparo del presente artículo el convenio se aplicará a “la totalidad del territorio de dicho Estado”.
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada de la traducción oficial de los textos en francés e inglés del “Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional”, suscrito en La Haya el 29 de mayo de 1993, que reposa, en los archivos de la oficina jurídica de este ministerio.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a veintidós (22) días del mes de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

References: artículo 3
 artículo 33
 artículo 46
 artículo 9
 artículo 17
 artículo 5
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 27
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 17

Artículo 1
 artículo 17

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 17
 artículo 17
 artículo 39
 artículo 4

Artículo 28

Artículo 29
 artículo 4
 artículo 5

Artículo 31
 artículo 30

Artículo 36

Artículo 37
 artículo 46
 artículo 48