Source: https://international.vlex.com/vid/vs-guatemala-428299330
Timestamp: 2020-07-09 08:26:35+00:00

Document:
Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de Noviembre de 2004. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Serie C No. 117 - Jurisprudencia - VLEX 428299330
Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de Noviembre de 2004. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Serie C No. 117
Caso: Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala
Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala
Sentencia de 22 de noviembre de 2004
En el caso C.N. y otros,
O.L.F., J. ad hoc;
de conformidad con los artículos 29, 31, 53.2, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”)[1], y con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), dicta la presente Sentencia.
El 13 de junio de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”), la cual se originó en la denuncia No. 11.333, recibida en la Secretaría de la Comisión el 12 de julio de 1994.
La Comisión presentó la demanda con base en el artículo 61 de la Convención Americana, con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión), 19 (Derechos del Niño) y 25 (Protección Judicial) de la referida Convención, todos ellos en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho tratado. La demanda indicada señala que el 3 de julio de 1993 “la comitiva [del periodista y político J.C.N.[2]] fue [supuestamente] rodeada por más de quince hombres armados en las cercanías de un lugar denominado Molino El Tesoro, en el municipio de Chichicastenango de [El] Quiché, y después de identificarlo [supuestamente] le dispararon a quemarropa. En el [supuesto] atentado perdieron la vida [J.C.N.,] J.V.V. [Fajardo][3], A.Á.G. y R.R.G. y resultó herido S.S. [Díaz][4]”. La Comisión alegó que J.C.N. y su comitiva, integrada por M.A. de Carpio[5], J.V.V.F., M.A.L.A.[6], S.S.A.[7], R.S.P.S., A.Á.G., R.R.G. y S.S.D., fueron supuestamente atacados por miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (en adelante “las PAC”) de San Pedro de J.. Asimismo, argumentó que hubo irregularidades en el subsiguiente proceso penal interno, así como una falta de investigación y sanción penal de los autores materiales e intelectuales del atentado.
Además, la Comisión solicitó a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, ordenara al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó a la Corte Interamericana que ordenara al Estado el pago de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del Sistema Interamericano.
Guatemala es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987. Por tanto, la Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo 62 y 63.1 de la Convención.
El 12 de julio de 1994 las señoras M.A. de C. y K.F.[8], la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Human Rights Watch/Americas y el International Human Rights Law Group presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana.
El 27 de agosto de 1996 la Comisión se puso a disposición de las partes para llegar a una solución amistosa.
El 27 de septiembre de 1996 los peticionarios manifestaron a la Comisión su voluntad de participar en la solución amistosa propuesta.
El 30 de octubre de 2001 la Comisión procedió a abrir el caso bajo el No. 11.333 y difirió el tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo, en aplicación de lo previsto en el artículo 37.3 de su Reglamento.
El 4 de marzo de 2003, tras analizar las posiciones de las partes y considerar concluida la etapa de la solución amistosa, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad y de Fondo, con el No. 27/03, mediante el cual recomendó al Estado:
Llevar a cabo una investigación de manera completa, imparcial y efectiva [de] los hechos denunciados a fin de juzgar y sancionar [a] los autores de las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de J.C.N., J.V.V., A.Á.G., R.R. y S.S..
Adoptar las medidas necesarias para que S.S. y los familiares de J.C.N., J.V.V., A.Á.G. y R.R. recib[ier]an una adecuada y pronta reparación por las violaciones […] establecidas.
Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produ[jer]an hechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana.
El 13 de marzo de 2003 la Comisión transmitió al Estado el informe anteriormente señalado y le otorgó un plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de su transmisión, para que informara sobre las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones formuladas.
El 10 de junio de 2003 la Comisión decidió someter el presente caso ante la Corte, tomando en consideración la falta de respuesta del Estado sobre el cumplimiento de sus recomendaciones y los elementos contemplados en el artículo 44.2 de su Reglamento.
El 1 de junio de 1995, a instancia de los peticionarios y con fundamento en las supuestas amenazas y actos intimidatorios de que fueron objeto las señoras M.A. de C. y K.F., así como los señores M.A.L.A., Á.I.G.G. y A.M.G., la Comisión solicitó a la Corte Interamericana que ordenara medidas provisionales a favor de estas personas.
Mediante Resolución de 4 de junio de 1995, el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) ordenó medidas urgentes, a través de las cuales solicitó al Estado que protegiera la vida e integridad de las personas mencionadas. Posteriormente, el 26 de julio del mismo año, el Presidente incluyó como beneficiaria de las medidas requeridas a la señora L.M.F.P., hermana de la señora K.F., de quien también se alegó que fue objeto de seguimientos y amenazas constantes.
Mediante Resolución de la Corte de 19 de septiembre de 1995, el Tribunal ratificó las medidas adoptadas por su Presidente el 4 de junio de 1995 y el 26 de julio de 1995. El 1 de febrero de 1996 la Corte decidió prorrogar las medidas dictadas el 19 de septiembre de 1995. La Resolución de la Corte de 10 de septiembre de 1996 ratificó las medidas ordenadas por la Resolución de 19 de septiembre de 1995 y prorrogadas por la Resolución de 1 de febrero de 1996. Posteriormente, en la Resolución de la Corte de 19 de septiembre de 1997, el Tribunal requirió al Estado que suministrara información sobre “los avances concretos en las investigaciones” del caso y que continuara informando cada dos meses a la Corte sobre las referidas medidas.
Mediante Resolución de la Corte de 19 de junio de 1998, el Tribunal levantó las medidas provisionales ordenadas a favor de los señores M.A.L.A., Á.I.G.G., A.M.G. y L.M.F.P., y mantuvo las medidas respecto de las señoras M.A. de C. y K.F.. La Resolución de la Corte de 27 de noviembre de 1998 declaró, inter alia, que el Estado debía adoptar las medidas pertinentes “para solucionar la situación actual y futura de la señora K.F.”. Mediante Resoluciones de la Corte de 30 de septiembre de 1999 y de 5 de septiembre de 2001, el Tribunal requirió, inter alia, que dichas medidas se mantuvieran para proteger la vida e integridad de las señoras M.A. de C. y K.F..
El 8 de julio de 2004 la Corte ratificó en todos su términos su Resolución de 5 de septiembre de 2001 relativa a las medidas provisionales ordenadas a favor de las señoras Arrivilaga de C. y F.. Asimismo, requirió al Estado que ampliara dichas medidas para proteger la vida y la integridad personal de los señores J. y R.C.A., A.M.G., así como de la esposa y los hijos de este último, y de los jóvenes R. y D.C.F., en caso de que estos últimos regresaran al país.
El 13 de junio de 2003 la Comisión Interamericana presentó la demanda ante la Corte (supra párr. 1), en la cual designó como delegados a la señora S.V. y al señor S.C., y como asesoras legales a las señoras L.Y. y M.C.P..
El 1 de agosto de 2003 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente, la notificó al Estado junto con sus anexos y le informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso. Ese mismo día la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado de su derecho a designar un juez ad hoc para que participara en la consideración y decisión del caso.
El 4 de agosto de 2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1.d) y e) del Reglamento, la Secretaría notificó la demanda al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL” o “los representantes”), en su condición de denunciante original y de representante de las presuntas víctimas y sus familiares, y se le informó que contaba con un plazo de 30 días para presentar el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”). Asimismo, de acuerdo con el artículo 35.1.d) del Reglamento, el 1 de agosto de 2003 la Secretaría notificó la demanda a H.R.W. y a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, y el 4 de agosto de 2003 al International Human Rights Law Group, todos los anteriores en su condición de denunciantes originales. Además, el 1 y 7 de agosto de 2003, de acuerdo con el artículo 35.1.e) del Reglamento, la Secretaría notificó la demanda a los familiares de las...

References: artículo 63
 artículo 61
 artículo 1
 artículo 63
 artículo 62
 artículo 37
 artículo 44
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35