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Timestamp: 2019-04-22 20:00:15+00:00

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Cargado por Marco Terranova Dalera
El objetivo de este trabajo es analizar las diversas características y elementos de la figura del arrepentido, tanto en el derecho comparado como en el nacional y provincial; la problemática que plantea su falta de arraigo en nuestra tradición jurídica, así como su alegada incompatibilidad con un derecho penal liberal y garantista; los distintos efectos que su uso puede acarrear dentro del proceso penal, así como su ámbito de aplicación y utilidad dentro del mismo.
30076 y 30077
Apuntes Derecho Penal y Procesal
Delación Premiada o Acuerdo de Colaboración
Derecho Procesal Penal Guía de estudio
COMENTARIOS REFUNDIDO LRJ 2002
Reseña Capitulo Ix Introduccion
La delación premiada
Por Marco Terranova, D.N.I. Nº 37.513.038, Legajo
Nº 13.287.
Cátedra Derecho Penal “Temas Especiales”,
Profesora Dra. Susana García, 5º año Abogacía,
Universidad de Mendoza, 2016.
El crimen organizado – entendido lato sensu: narcotráfico, terrorismo,
trata de personas, lavado de dinero, contrabando de armas,
corrupción, etc. – se ha convertido en un flagelo para la sociedad
moderna, llegando a poner en jaque la existencia misma del Estado
de Derecho. Este fenómeno criminal no ha sido ajeno a la
globalización, generándose redes delictuales internacionales, capaces
de extenderse por regiones enteras y dispersar sus operaciones en
distintos países. Estas organizaciones sofisticadas cuentan con
presupuestos exorbitantes, muchas veces superiores al de los países
en vías de desarrollo, capacidades operacionales que exceden por
mucho a las de las fuerzas de seguridad convencionales, medios
tecnológicos de última generación y verdaderos arsenales. No por
nada países como Brasil y México, entre otros, recurren sus a fuerzas
armadas para combatirlos.
Frente a ésta situación se hizo evidente que las herramientas y
medios tradicionales con que contaban los organismos encargados de
la persecución penal eran insuficientes, al menos para poner
realmente en peligro la existencia de las organizaciones criminales y
enjuiciar a sus jefes y promotores. Surgen así diversos instrumentos
probatorios y técnicas de investigación direccionados a suplir esta
deficiencia: el agente provocador, la entrega vigilada , el testigo de
identidad reservada, el agente encubierto, el delator premiado o
arrepentido, el informante, etc..
Muchas de estas figuras jurídicas se encuentran receptadas en las
llamadas leyes “de emergencia” o “de excepción”, que son
disposiciones a priori transitorias y cuya duración está supeditada a la
existencia de la “amenaza” que las ha motivado. Sin embargo, a
través de los años se ha demostrado que esta situación excepcional
termina convirtiéndose en la regla, perpetuándose indefinidamente
en el tiempo. Es la denominada “falacia de la excepción”.1
Dentro de estas técnicas y herramientas de investigación
encontramos la figura del “arrepentido”, también llamado “delator
premiado”,
“imputado
colaborador”
revelador”.
Instrumento controvertido dentro del derecho penal, que cuenta tanto
con defensores como detractores, pero que sin duda ha sido actor
central en algunos de los procesos criminales más importantes de los
últimos años. Desde el uso del pentismo en los juicios llevados a cabo
1 ANITUA, Juan Ignacio: “La legislación penal en la dinámica de la guerra contra
el mal o elenemigo” en María Laura Böhm y Mariano Hernán Gutiérrez (comps.),
Políticas de seguridad.Peligros y desafíos para la criminología del nuevo siglo,
Editores del Puerto, Bs. As., 2007, pág. 36.
con el fin de esclarecer un hecho delictivo o individualizar a sus autores o partícipes. hasta los procesos más cercanos como el Lava Jato o el Petrolao brasileños. tanto en el derecho comparado como en el nacional y provincial. así como su ámbito de aplicación y utilidad dentro del mismo. Spolansky considera que. para beneficiarse en la reducción o en la eximición de la pena”. As. Ed.3 Por su parte. La Ley. Su principal fundamento se asienta. 203. 1998.. valiéndose de la traición entre pares y pactando con criminales confesos. publicado en: http://www4. Bs. Claudia: “El agente encubierto en el Estado de Derecho”. la problemática que plantea su falta de arraigo en nuestra tradición jurídica.contra la Cosa Nostra italiana en la década del 802. 4 Exposición de motivos del Proyecto de Ley 007 – PE – 2016..hcdn. a cambio de beneficios procesales. El objetivo de este trabajo es analizar las diversas características y elementos de este instrumento. Bs. pág. brindando información acerca de delitos de los que ha participado o no. Ad-Hoc.gob. los distintos efectos que su uso puede acarrear dentro del proceso penal. As. 2. en su supuesta idoneidad como medio probatorio frente a las dificultades que surgen para investigar la criminalidad compleja. coautores. o la vulgarmente llamada Ruta del Dinero K. como en tantos otros instrumentos de política criminal. 2000. como así tampoco es menor la problemática moral que resulta de que el Estado utilice la pena como elemento de cambio. así como su alegada incompatibilidad con un derecho penal liberal y garantista. 3 MOSCATO DE SANTAMARÍA. No son pocas las objeciones constitucionales que se le hacen a la delación premiada. en el ámbito jurídico-penal. Ed. partícipes o encubridores.pdf 4 .ar/dependencias/dcomisiones/periodo-134/134-112. prevenir su consumación o detectar hechos conexos. la palabra arrepentido se refiere a quien ha participado en la ejecución 2 MONTOYA. 2. Noción del arrepentido Moscato ha definido al delator premiado como “aquella persona a la que se le imputa un delito y que brinda a la autoridad judicial información significativa sobre la identidad de los autores. Mario Daniel: “Informantes y técnicas de investigación encubiertas”. pág. el Proyecto de Ley de “Técnicas Especiales de Investigación” del 4 de abril del 2016 (007 – PE – 2016) define al arrepentido como “aquella persona que colabora con la justicia.”4 Por último.
c) Autoinculpación 5 SPOLANSKY. b) Colaboración El arrepentido debe colaborar eficazmente con la investigación. o para prevenir su consumación. prostitución de menores y pornografía infantil (proyecto 0007–PE–2016). o permitan su esclarecimiento mediante la individualización de sus autores. ninguna de ellas describe a la figura en su totalidad. No es menor mencionar que se han presentado proyectos de ley previendo su inclusión para los delitos contra la administración pública (proyectos Nº 5834–D–2013. en La Ley 2001-F. delitos de supresión y suposición del estado civil y de la identidad de las personas (proyecto 9395–D– 2014). sabotaje. entre otros). 1434. entre otros. delitos relacionados con estupefacientes. partícipes o encubridores. 1331–D–2016. impidan su continuación. A su vez.de un acto prohibido por la ley y luego aporta pruebas para esclarecer el hecho delictivo e individualizar a los otros intervinientes responsables ante la ley penal. para lo cual recurro a enumerar las características especiales que definen a un delator primado: a) Elemento subjetivo El delator debe ser una persona que ha participado – en cualquier grado – en la comisión o encubrimiento de un delito para el cuál se encuentra prevista la figura. o detectar otros hechos conexos5 Si bien todas estas definiciones son correctas. espionaje. asociación ilícita. o el secuestro de elementos que sean producto del delito – producta sceleris – o que hayan sido utilizados para su comisión – instrumenta sceleris – . 0284–D–2015. secuestros extorsivos. trata de personas y lavado de activos. 1105–D–2016. contrabando de armas. lo cual amplía indefinidamente los casos en que se puede acudir a la misma. En nuestro país el ámbito de aplicación es bastante amplio: conspiración para cometer traición contra la Patria. la provincia de Mendoza incorpora la figura como principio de oportunidad sin prever limitación alguna en cuanto a su uso. fraude contra la administración pública. Esta colaboración se traduce en el aporte de datos que prevengan la consumación de un hecho delictivo. Norberto Eduardo: “El llamado arrepentido en material penal”. 5 . hechos de terrorismo.
es decir. Sin embargo. EEUU. debido a la dispersión legislativa que existe respecto a la figura tratada. Encyclopedia Bricatannica Publishers.. éste obtendrá un beneficio procesal: normalmente la eximición o reducción de la pena amenazada.El recurrir a este instrumento implica la autoinculpación del colaborador. nos enseña que la palabra “arrepentido” proviene de la expresión italiana pentito. quien hace un profundo estudio de las técnicas extraordinarias de investigación. pueden requerirse para la configuración del instrumento otros requisitos específicos según la naturaleza del ilícito en cuestión (por ej. 6 . nos encontramos con que éste poco tiene que ver con la figura en estudio. 163. guiado por principios 6 Diccionario enciclopédico Lexipedia. Por ello la declaración del arrepentido debe estar rodeada de todas las garantías procesales establecidas para una confesión judicial. previo a su declaración debe informársele de las consecuencias de la misma y la protección que se le puede otorgar frente al peligro que implica delatar a otros sujetos). Inc. sino que de los mismos surgirán los elementos que lo inculpen.. quien incurre en la delación premiada no actúa en virtud de un verdadero arrepentimiento. sin perjuicio de agregarse otras por la especial naturaleza de la delación judicial (por ej. Si bien ninguna norma trae explícitamente este requisito. el reconocimiento de su responsabilidad penal. o que la incriminación sea respecto de individuos jerárquicamente superiores en la organización. ya que el imputado no solo debe ser razón de sus dichos. pág. los presupuestos mínimos que deben concurrir para la configuración de la delación premiada. es decir. en mi opinión. Ellos son. Esta acción encierra un alto contenido moral o religioso.). arrepentirse significa “pesarle a uno haber hecho alguna cosa o haberla dejado de hacer” 6. etc. En efecto. la existencia de una imputación formal previa a la delación. Cuestión terminológica Montoya. Si ahondamos en el significado del verbo arrepentirse. 3. como bien señala Franceschetti. Ed. es casi imposible eludirlo. d) Beneficio procesal En caso de que se corrobore la veracidad de los dichos del imputado colaborador y éstos sean esenciales para el cumplimiento de alguno de los fines arriba citados (aunque ya veremos que esto último no siempre es necesario). Ahora bien. 1999.
En la norma.”7 Por otra parte. (…) Nada de eso. ni pesar. generalmente mediante delación.rae. agente revelador. en una de sus acepciones.424” Conferencia realiazada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza el día 13 de Junio de 1997. Spolansky considera que el término es equívoco. a cambio de beneficios procesales”8. o su menor pena. el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1 de Mendoza ha dicho que: “…no es dable hablar propiamente de arrepentido a quien se dirige la ley. pudiendo interpretarse en un sentido moral o religioso y en otro jurídico-penal. más bien lo hace para obtener una mejora en su situación procesal. en que resulta impropio hablar de “arrepentidos”. en: http://dle. En relación al tema. negocia su impunidad. publicado en LL 1997-C. Por ello. en “Quiroga. ni reprobación. entre ellos Vega. tal como dispone el art. Así parece entenderlo la Real Academia Española en cuanto define al arrepentido. Más allá de eso.424 y.es/?id=3jTr3en 9VEGA. 7 T. colaborador. como lo dijo Zaffaroni. coinciden utilizarse imputado varios autores. Para finalizar. Nada de eso consecuentemente es exigible. lo que está presente y expresamente legislado es una verdadera delación. Montero y Terragni. tampoco debe importarle a la ley los motivos que llevan al imputado a colaborar con la justicia. que se premian con reducción o eximición de pena. voto del Dr. Nº1 Mza. en tanto ellos quedan dentro del fuero íntimo del sujeto y. Fallo del 06/02/1996. A ello hace referencia Vega cuando aclara que la denominación fue utilizada por la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios del Senado en ocasión de tratarse la ley 24. como “aquel delincuente que colabora con la justicia. El autor. 19 de la Constitución Nacional. Ariel”. 403. esto es una acusación o denuncia. 7 . 8 Real Academia Española. ni reparación está presente en la ley. fuera del alcance de los magistrados.O. durante su debate parlamentario9. Dante: “Las figuras del “arrepentido” y del agente encubierto en la ley de reformas al regimen de estupefacientes número 24. no puede desconocerse la aceptación generalizada del término “arrepentido” por la doctrina y jurisprudencia. Mestre Brizuela. debiendo otros términos.morales o religiosos. Arrepentido es aquel que reprueba su conducta anterior. Sostener lo contrario sería caer en una confusión ineludible entre moral y derecho. en reiteradas oportunidades.C. actos éstos.F. a saber: delator premiado o judicial.
previendo la atenuación de la pena en caso de que el delator evite la consumación del delito. 8 .241. Italia En Italia este instrumento se encuentra relacionado con la lucha contra las asociaciones mafiosas y el terrorismo. cuya finalidad era obtener la colaboración de criminales envueltos en el crimen organizado o terrorismo.10 El origen de esta legislación de emergencia se remonta al decreto – ley del 21 de Marzo de 1978. sino que las disposiciones se encuentran contenidas en distintas normas. convirtiéndose con modificaciones en la ley de 6 de febrero de 1980. María Luisa: “Atenuación y remisión de la pena en los delitos de terrorismo”. disociándose de los otros. Ministerio de Justicia. 289 bis. de una legislación excepcional en la que. págs. Un año después se aprueba el decreto – ley Nº 625. Su utilización fue determinante en los juicios realizados en 10 MUÑOZ CONDE. la cual introduce en la Argentina la figura del arrepentido para hechos de terrorismo. No existe en ese país un cuerpo legislativo orgánico que regule la figura integralmente. Éste introduce causas de no punibilidad o atenuación de la pena para integrantes de grupos terroristas que disociándose del grupo evitaran la producción del resultado lesivo o cooperasen con la autoridad policial o funcionarios de policía11. En virtud del mismo. Por otro lado. convertido con modificaciones en la Ley del 19 de Mayo del mismo año. se introdujo en el Código Penal italiano el art. actúa en modo tal que el sujeto recobre la libertad. En sus arts. la figura del pentito adquiere especial relevancia en la lucha contra la mafia siciliana. Puede trazarse cierto paralelismo con la ley 25. la introducción del delator colaborador en la península itálica se remonta a finales de los años setenta. por ejemplo. Tal como señala el autor español Muñoz Conde. Madrid. 1995. Nº 59. en 1978 hubo 2. y haciendo hincapié en su utilización práctica. Posteriormente se aprueba el decreto – ley Nº 304 de 1982. se introduce la figura del arrepentido.785 atentados terroristas.4. 171 a 178. Derecho comparado 5. 1 a 3 prevé la disminución de la pena para los delatores. que atenúa la pena del partícipe en un delito de secuestro con finalidad terrorista o de eversión que. cuando. entre otras cosas. Ello llevó a la creación de una legislazione d’emergenza. Francisco: “Los arrepentidos en el caso de la criminalidad o delincuencia organizada” 11 CUERDA-ARNAU.
para Montoya no quedarían dudas de que “dichas normas se adaptan sobre todo a la figura del arrepentido” 14 12 MONTOYA. quien se valió de múltiples arrepentidos (más de 30) para conocer a fondo el funcionamiento de estas organizaciones y lograr desbaratarlas.Palermo durante la década de los 80 y 90 contra la Cosa Nostra. se aprueba una legislación de emergencia. la figura del Kronzeuge. As. el 129 a). Mas específicamente. 205. en cuyo apartado V se prevé la atenuación y la exención de pena para los partícipes de la asociación criminal y terrorista que:  se empeñen libre y seriamente por impedir la continuación de la asociación o la comisión de un hecho punible que corresponda a uno de sus objetivos.12 Tal era la importancia del instituto en Italia. con la inclusión en el StGB – Código Penal Alemán – de un nuevo parágrafo. una situación de necesidad institucional13. 14 MONTOYA. la introducción del “testigo de la corona” se produce en 1976. Ed. 1995. Mario Daniel: “Informantes y técnicas de investigación encubiertas”. traducción literal del “crown witness” del derecho anglosajón. Reconociendo la existencia de una Ermittlungsnotstand. 9 . Ministerio de Justicia. pueden ser aplicadas a los parientes cercanos del delator. 1998. Ésta contenía. entre otras medidas represivas. Ad-Hoc. teniendo en cuenta que por la colaboración prestada en los juicios contra la Cosa Nostra Salvatore Contorno perdió 35 parientes. Si bien algunos autores no consideran que en esta regulación pueda encontrarse al imputado colaborador propiamente dicho. Bs. María Luisa: “Atenuación y remisión de la pena en los delitos de terrorismo”. que e creó un organismo administrativo encargado de la gestión del Programa de Protección de Colaboradores.. Las medidas de protección.. As. y Tommaso Buscetta 10. tales como el cambio de identidad. págs. Mario Daniel: “Informantes y técnicas de investigación encubiertas”. Ed. pág. Ad-Hoc. Esto último no es menor. 6. Madrid. todavía pueden impedirse. es decir. 241. pág. Alemania A finales de los 70. 1998. al igual que en Italia. Bs.  libremente revelen su conocimiento a una autoridad pública tan oportunamente que los hechos punibles cuya planeación él conoce. el fenómeno terrorista golpeaba la Alemania Federal. 13 CUERDA-ARNAU. Montoya recuerda la actuación del famoso juez Giovanni Falcone. 203 a 205.
en 1989. donde primero surge una legislación excepcional para hacer frente al terrorismo interno. Por último. Las penas correspondientes a los delitos relacionados con la actividad de bandas armadas o de elementos terroristas o rebeldes se 15 MUÑOZ CONDE.  Conduzca a la captura del autor de un partícipe del delito.15 Pero. si ha tomado parte en forma directa. puede parecer lógico en tanto responde a un fenómeno coyuntural y no parece adecuada la vía del Código Penal. como en tantos otros casos. Los casos que hacen posible la concurrencia de alguna de las alternativas son:  Impedir la comisión de un ilícito  Ayudar al esclarecimiento de un ilícito. España La misma dinámica encontramos en España. entre los preceptos de la Parte General. señala Montoya. al menos con referencia a su contribución personal en el hecho. págs.A juicio de la doctrina el intento de una codificación provisoria del “testigo de la corona”. otorgándole dos alternativas:  Vía adjetiva: el archivo de la causa por parte del procurador fiscal. Así se llega a la reforma de 1988 que. en palabras de Muñoz Conde. y entre las reglas de determinación de la pena introduce dos artículos: Artículo 57 bis. y no se le veía tan coyuntural como en principio se pensaba. Francisco: “Los arrepentidos en el caso de la criminalidad o delincuencia organizada”. a). ya en plena democracia. mediante la modificación del Código Penal. En ésta norma se requiere una contribución directa y esencial del copartícipe lleve al descubrimiento de un delito en el que ha participado o a impedir la consumación de uno que está por realizarse. Ello. el Código de Procedimiento Penal y la Ley sobre Asociación.  Vía sustantiva: la atenuación o eximición de pena por par del juez. se introduce una regla relativa al colaborador de la justicia en los delitos de terrorismo. habría sido alcanzado definitivamente en el §31 de la Ley de Estupefacientes. 7. 10 . entre otras cosas. porque ya duraba bastante tiempo. 149 y 150. se pasó a una regulación normalizada del fenómeno del terrorismo en el propio Código Penal.
1º: dispone que el juez podrá disminuir la pena en uno o dos grados en los casos de tráfico de estupefacientes o psicotrópicos cuando el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes bien para impedir la producción del delito. b) Que el abandono por el culpable de su vinculación criminal hubiere evitado o disminuido sustancialmente una situación de peligro. siempre que no se imputen al mismo en concepto de autor acciones que hubieren producido la muerte de alguna persona o lesiones de los artículos 418. Artículo 57 bis. 11 . 21 ap. 419 y 420. se introducen normas relacionadas con la figura en estudio: Art. a). se produce una reforma total del Código Penal español. Art. 4º: establece como causal de atenuación genérica la confesión del culpable. 1. salvo que tal circunstancia estuviese ya prevista como elemento constitutivo del tipo penal. impedido la producción del resultado dañoso o coadyuvado eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables. bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado. números 1. 2. evitar el delito o impedir la actuación o el desarrollo de las bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes. mediante la Ley Orgánica 10/1995 del 23 de noviembre. podrá acordar la remisión total de la pena cuando la colaboración activa del reo hubiere tenido una particular trascendencia para identificar a los delincuentes. 376 párr. b). Asimismo. sin tener en cuenta para ello la elevación de pena establecida en el artículo anterior.º del Código Penal. Así. serán circunstancias cualificadas para la graduación individual de las penas: a) Que el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y se presente a las autoridades confesando los hechos en que hubiere participado. a). En los supuestos mencionados en el apartado anterior el Tribunal impondrá la pena inferior en uno o dos grados a la fijada al delito. siempre que ésta sea anterior al inicio del proceso en su contra. Posteriormente.impondrán en su grado máximo. Esta remisión quedará condicionada a que el reo no vuelva a cometer cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo 57 bis.º y 2. En los delitos a que se refiere el artículo 57 bis.
No obstante lo dispuesto en el artículo 300. criminalidad violenta. 8.594) como criterio de oportunidad. o coadyuve eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de organizaciones. 579 bis ap. grupos u otros elementos terroristas a los que haya pertenecido o con los que haya colaborado. de la persecución penal. previa autorización del superior jerárquico. se presente a las autoridades confesando los hechos en que haya participado y colabore activamente con éstas para impedir la producción del delito. Costa Rica Resulta interesante estudiar la inclusión del colaborador imputado en el país centroamericano por una situación particular: es el antecedente directo de la regulación que se hace del mismo en Mendoza. con arreglo a las disposiciones de la ley. total o parcialmente. brinde información esencial para evitar que continúe el delito o que se perpetren otros. que se limite a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que participaron en el hecho. delitos graves o de tramitación compleja y el imputado colabore eficazmente con la investigación. en los casos previstos en este inciso. No obstante. 22 de ese cuerpo normativo dispone que: El Ministerio Público deberá ejercer la acción penal pública. cuando: …b) Se trate de asuntos de delincuencia organizada. En efecto. en todos los casos en que sea procedente. 3º: prevé la posibilidad de que el juez disminuya la pena en uno o dos grados en los casos de hechos de terrorismo cuando el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas. ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados. el representante del Ministerio Público podrá solicitar que se prescinda. siempre que la conducta del colaborador sea menos reprochable que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita.Art. la 12 . el art. En este país la figura se incluyó en el Código Procesal Penal (ley 7.
Julio C. Arce. es decir. Al momento de analizar la figura en el ordenamiento adjetivo mendocino veremos que. siendo el más importante la eliminación de cualquier limitación en cuanto a su ámbito de aplicación. la revelación de esa información ha funcionado para Mosqueda como una suerte de premio o excusa posterior al delito cometido. Vale mencionar que el delator judicial nada tiene que ver con las previsiones del art. Esta es la teoría adoptada por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal en el fallo “Mosqueda”: “Por tanto y con apego a la previsión contenida en el apartado b) del art. Algunos autores (Palacio Laje. con el arrepentimiento activo o desistimiento voluntario.P. Este es un “puente de plata” que se otorga al delincuente que está desarrollando el injusto. definido por Báez como: “el conjunto de normas que regulan los galardones procesales que reciben quienes colaboraron con las investigaciones criminales revelando datos de interés para desbaratar organizaciones mafiosas”16. 9. Bunge Campos. no tendrá derecho de hacerlo con posterioridad. Naturaleza jurídica A la figura en estudio podemos encuadrarla dentro del llamado “derecho penal premial”. se introdujeron varios cambios que conspiran contra la efectividad de la figura.: “El arrepentido”. 13 . si no hubiere querellado. y que. 29 ter del texto legal citado. 43 C.víctima no será informada de la solicitud para aplicar el criterio de oportunidad y. sin que haya existido a su respecto causa alguna de exclusión del injusto penal o de su culpabilidad. salvo que el tribunal ordene la reanudación del procedimiento conforme al artículo siguiente. Marum) lo consideran una excusa absolutoria posterior. publicado en Revista jurídica LA LEY el 21/08/2003. muchos menos. cuyo fundamento deberá buscarse no tanto en razones jurídicas sino en consideraciones de tipo político en sentido amplio. agotó y es la propia norma la que alienta el regreso al campo de lo ilícito. deberá acarrear como efecto 16 BAEZ. Debo aclarar que no es unánime la doctrina en cuanto a la naturaleza jurídica de este instituto. que no se consumó y. no obstante haberse tomado el Código costarricense como fuente legislativa.
P. 17 Cámara Nacional de Casación Penal. dado que opera impidiendo la aplicación de una pena con motivo de circunstancias posteriores a la comisión del hecho delictivo.y reduce los topes mínimos y máximos. merece una atenuación de pena . 2. es decir. Así como al tipificar un delito establece la escala penal dentro de la cual el juzgador "se moverá" a tenor de los arts. mientras que las excusas absolutorias funcionan como tales frente a todo tipo de pena c) finalmente. h). En síntesis. Una tercera teoría. un especial modo de determinación legal de la pena.inmediato y por su relevancia la disminución retroactiva de la punibilidad ya constituida. ha adoptado el derecho español. inc. ap. supuesto que se encuentra hoy en día felizmente derogado). realizando las siguientes observaciones: a) las excusas absolutorias. aquí establece una nueva escala con mínimos reducidos que hasta puede llegar a la exención. en “Mosqueda. la colaboración podría inscribirse dentro de las causas que cancelan la penalidad. establece que se trata de la admisión legal de un correctivo por menor peligrosidad en la determinación de la pena. b) el arrepentimiento no excluye la aplicación de pena de inhabilitación. siempre implican una absolución. Cabe mencionar que el Anteproyecto de Código Penal del año 2013 establece como atenuante general “la cooperación en el esclarecimiento del hecho” (art.”17 Zaffaroni – quien plantea que las excusas absolutorias no existen como tales – diferencia las causas que excluyen la penalidad de las que la cancelan. formulada por Franceschetti. 14 . Esa es la solución que. causa 3454 del 05/11/2001. Sala III. 18. mientras que la figura en estudio puede llevar sólo a una disminución de la misma. Franceschetti rechaza esta postura. una exención de pena. es decir. como indica su nombre. a diferencia de las causas que excluyen la penalidad ya que en estos casos las circunstancias preexisten y deben encontrarse presentes al momento del hecho.. en parte. Otra postura considera a la delación premiada como un de los elementos atenuantes a tener en cuenta por los magistrados al momento de individualizar la pena. Así. este autor sostiene que: “El legislador presume que aquel que colabora con la justicia individualizando autores y objetos fruto de ilícitos. Carlos Ariel”. 40 y 41 del C. las excusas operan incluso luego de dictada sentencia condenatoria (cita el caso de la mujer ofendida que contrae matrimonio con su agresor sexual.incluso una eximición.
prevé la figura como un criterio de oportunidad (art. se produce una distribución de competencias entre los Estados provinciales y la Nación atendiendo a un criterio residual: las provincias se reservan para sí todo el poder no delegado por la Constitución al Gobierno federal (Art. Gustavo Daniel. como regla. ya que en caso de delación el fiscal puede solicitar al tribunal la suspensión total o parcial de la persecución penal a favor del arrepentido”19 Esta es la solución adoptada por el del Código de Procedimiento Penal de Mendoza (ley 6. 391. en http://www. A la vez. Reflexiones acerca del “Proyecto de ley contra las actividades terroristas””.). N. Claudia: “El arrepentido y el agente encubierto. como en sustantivas o de fondo (como excusa absolutoria. Dante: “Investigación penal preparatoria. es hecho por el juzgador al aplicar el art.terragnijurista. Ed. La discusión acerca de la naturaleza sustancial o procesal de la figura no es irrelevante en nuestro país.P. Mendoza). siguiendo al C. Vega funda esta posición en cuanto considera que la figura “no constituye una excusa absolutoria por que a cambio de la delación los órganos de justicia provinciales no prometen impunidad sino un régimen de libertad o de prisión preventiva privilegiado. el cual.P. Es una situación de excepción.P. Mediterránea. “El colaborador”. N. pues se admite legalmente un correctivo por menor peligrosidad en la determinación de la pena.com.730). 121 C.ar/doctrina/colaborador.1431.htm .”.dentro de la cual el juzgador aplicará los artículos aludidos. 1 C. 20 NEIRA.P. 15 .20 Esta pluralidad de opiniones se ha trasladado a la normativa. pág. de Costa Rica. a lo que se suma un compromiso de solicitar oportunamente al poder ejecutivo la conmutación de la pena o el indulto. Córdoba. Por último. 2008. es uno de los supuestos posible de aplicación del principio de oportunidad. donde encontramos la figura tanto en leyes adjetivas o instrumentales (como principio de oportunidad). elemento individualizador de la pena o modo especial de determinación de la escala penal). Entre las 18 FRANCESCHETTI. 41 del C.18 Por último. Notas sobre el Libro Segundo del Código Procesal Penal de Mendoza”. Guariglia) considera al arrepentido un principio de oportunidad. una doctrina procesalista (Vega. como se anticipara. 26 C. Al adoptar éste la forma federal de gobierno (Art.).4 19 VEGA. publicado en LA LEY 1997B.P. correctivo que. cabe mencionar que Neira – quien se encuentra absolutamente en contra de la delación premiada – considera difícil precisar la naturaleza jurídica de la figura debido a su incoherencia con nuestro sistema jurídico-penal y procesal penal.
De allí que el Estado le otorgue un “incentivo” al delincuente.Su finalidad no es otra que el esclarecimiento del hecho delictivo. ésta queda claramente conferida a las provincias (Art. casi de manera aleatoria podría decirse. hoy en día. el imputado colaborador nace como un instrumento de política criminal para combatir el fenómeno de la criminalidad organizada. Dante: “Las figuras del “arrepentido” y del agente encubierto en la ley de reformas al regimen de estupefacientes número 24. Hasta el momento. 1434. 12 C. el legislador nacional debería incluir al delator judicial en el Código Procesal Penal de la Nación. Para Spolansky ellos caen en un retribucionismo puro respecto de delitos de imposible descubrimiento. Norberto Eduardo: “El llamado arrepentido en material penal”. incluido el penal. la cuestión no se ha suscitado. entre las no delegadas. puede darse el caso con la aprobación de alguno de los proyectos de ley antes citados. 75 inc. la figura del arrepentido se funda en un criterio utilitario22. Implica introducir al ámbito penal una suerte de lógica transaccional. 10. 16 . revela información esencial para esclarecer un hecho o desbaratar a una organización delictiva superior. Fundamentación del instituto Como ya he adelantado. 22 SPOLANSKY. P. señala la contradicción en que se ven inmersos quienes buscan impedir su uso argumentando que el Estado no puede renunciar a la pretensión penal por practicidad.atribuciones delegadas encontramos la de dictar los códigos de fondo (Art. a cambio. un “toma y daca” entre el Estado. en La Ley 2001-F. El mismo autor. titular del ius puniendi. quien.147. Vega señala la inconstitucionalidad en que se vería inmersa la ley nacional sustantiva que previese la figura para el caso de “delitos comunes” (aquellos que no son de competencia federal).21 Para evadir la inconstitucionalidad. 47 ap. En virtud de lo expuesto. en una observación inteligente.). luego de la sanción de la ley 27. pero. Surge de la necesidad de contar con herramientas legales eficaces para la investigación de los delitos complejos.N. 21 VEGA.). Si bien existen en doctrina opiniones encontradas acerca de la competencia para legislar sobre principios de oportunidad. mientras que. 5º C. y el delincuente. Como bien señala Spolansky.424” Conferencia realiazada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza el día 13 de Junio de 1997. encontramos la de legislar sobre materia procedimental.
es decir, en relación a hechos que nunca se esclarecen y por los
cuales nunca se aplicará pena alguna.
Palacio Laje, quien propone la inclusión de la figura para casos de
corrupción23, no circunscribe los beneficios al orden procesal.
Considera que la recepción del arrepentido tendría un efecto
preventivo sobre los funcionarios, equiparándolo en cierto modo al
poder disuasivo de la pena. Señala la desconfianza que generaría en
los funcionarios la posibilidad de que “su corruptor – una vez obtenido
el beneficio – se sustraiga a todo peligro denunciándolo, estando
inmune de toda responsabilidad penal”.
Incluso este autor plantea que se discuta la posibilidad de que, para
darle un impulso efectivo a su proliferación, el arrepentido mantenga
el “beneficio” que hubiere obtenido con su accionar. A mi juicio esta
idea es extrema; pretender que el corruptor mantenga el beneficio
(por ej., una licitación millonaria) con tal de que delate al funcionario
corrupto va mucho más allá de lo aceptable en materia de política
criminal. Una cosa es otorgarle a un delincuente una mejora procesal
a cambio de su colaboración, otra muy distinta, rayana con la
inmoralidad, es asegurarle el provecho del delito cometido.
Tampoco puede soslayarse la importancia que tiene y ha tenido el
reclamo social en materia de seguridad. Muchas de las decisiones
respecto de política criminal son tomadas en base a la presión de la
ciudadanía, la cual, alentada por las terribles consecuencias que
acarrea la criminalidad organizada en la sociedad y la exposición que
ésta obtiene en los medios de comunicación, exige una profunda
revisión de los medios con que cuenta el Estado para combatirla. A
ello debe sumarse el siempre presente oportunismo político. Éste se
demuestra por sí solo mirando la motivación de los distintos
proyectos de ley que contienen la figura: así, luego de los atentados a
la Embajada de Israel y a la A.M.I.A. se enviaron innumerables
proyectos previendo la figura para los casos de terrorismo. Lo mismo
luego de los atentados del 11 de diciembre de 2001. Actualmente
pareciera que el interés se centra en los hechos de corrupción.
En conclusión, la figura del imputado colaborador se sostiene
exclusivamente en criterios utilitarios o prácticos, es decir, en la
necesidad de contar con instrumentos aptos para la investigación y
juzgamiento de aquellos que forman parte de organizaciones
criminales complejas. No es otra cosa que retomar la eficacia perdida
en la lucha con la criminalidad no convencional.
Es importante recalcar esto último, ya que la finalidad de la figura es
el elemento limitador en cuanto a su ámbito de aplicación. Entiendo
23 PALACIO LAJE, Carlos: “El arrepentido en los delitos de corrupción ¿la excusa
absolutoria es posible en estos delitos?”, en La Ley 23/07/2009.
que estamos ante un instrumento excepcional, de utilización
restringida, por lo tanto no debe recurrirse a él en cualquier delito o
frente a cualquier caso que aparezca como de difícil probanza. Esta
limitación debe ser tenida en cuenta, en primer término, por el
legislador. Ello parece haberse entendido parcialmente en el orden
nacional, donde la figura se encuentra contemplada en leyes
especiales o incluida en el Código Penal sólo respecto de
determinados delitos. La situación difiere en la provincia de Mendoza,
donde se incluyó al arrepentido sin ningún tipo de limitación.
Ámbito de aplicación en el derecho nacional
Para una mejor comprensión del instituto haré su tratamiento
siguiendo un orden cronológico en cuanto a su regulación en el
Art. 217 del Código Penal
El arrepentimiento tuvo cabida por primera vez en nuestro derecho
nacional a través del art. 217 del Código Penal. Este artículo se
encuentra contenido en el Libro Segundo, “Parte Especial” Título XI,
“Delitos contra la seguridad de la nación”, Capítulo 1, “Traición”.
Se incluye en la parte especial del Código Penal una excusa
asbolutoria posterior respecto del delito de conspiración para cometer
traición a la Patria (art. 216). La norma en cuestión dispone que
“quedará eximido de pena el que revelare la conspiración (para
cometer el delito de traición a la Patria) a la autoridad, antes de
haberse comenzado el procedimiento”.
Nótese que el legislador tuvo la previsión de limitar temporalmente la
excusa absolutoria, sólo es eficaz el arrepentimiento producido antes
de iniciarse el procedimiento, es decir, previo a que la autoridad haya
por lo menos desplegado una actividad investigativa24.
Art. 14 Ley 13.985.
La Ley 13.985 “Penalidades para los que atentan contra la seguridad
de la Nación” fue aprobada el 27 de septiembre de 1950, derogada
por el último gobierno de facto y restablecida en 1984 por la Ley
23.077.
Esta norma introduce los delitos de espionaje (arts. 2 a 6.) y sabotaje
(arts. 7 y 8).
En lo que a este trabajo importa, en su art. 14 establece que:
24 CREUS, Carlos: “Derecho Penal: Parte Especial”, Ed. Astrea, Bs. As., 2007, Tomo
II, págs. 159/160
“Quedará exento de sanción penal el que habiendo incurrido en los
actos calificados como delito por esta ley, los denuncie ante las
autoridades civiles o militares antes de haberlos consumado”.
“Podrá ser declarado exento de sanción penal todo aquel que luego
de haber consumado el delito lo denuncie a las autoridades civiles o
militares y procure el arresto de los coautores o cómplices”.
El artículo prevé dos supuestos distintos en cada uno de sus párrafos.
En el párrafo primero establece una excusa absolutoria (“Quedará
exento de sanción penal…”) para quien se haya “incurso” (cualquiera
sea el grado de participación) en la ejecución de los delitos previstos
en esa ley. Para beneficiarse a la exención el criminal debe denunciar
los hechos ante las autoridades civiles o militares. Considero que,
dada la gravedad de los hechos y para mayor seguridad jurídica, se
requiere una denuncia formal para que proceda el beneficio. Pero esta
denuncia no puede ser realizada en cualquier momento, sino que
debe serlo antes de que el hecho quede consumado, es decir, se
limita temporalmente la procedencia de la excusa en el iter criminis a
la tentativa del hecho.
Por su parte, el segundo párrafo otorga la posibilidad al juez (“Podrá
ser declarado exento de sanción penal…”) de eximir de sanción penal
al sujeto activo que, luego de consumado el hecho, realice la
mentada denuncia. Se agrega en este caso el requisito de que con la
información suministrada se procure el arresto de los coautores o
Art. 29 ter de la Ley 23.737, modificada por la Ley 24.424.
Hasta aquí podemos ver que la figura se encuentra limitada a los
delitos que atentan contra la seguridad de la Nación. Esto cambia con
la sanción y entrada en vigencia, a principios de 1995, de la Ley de
Reformas al régimen de estupefacientes Nº 24.424.
Mediante esta norma se producen grandes modificaciones al régimen
previsto en la Ley 23.73725. Entre ellas el art. 5 de la ley 24.424
introduce el art. 29 ter, consagrando la figura del imputado
colaborador para los delitos relacionados con estupefacientes.
No caben dudas de que es en este ámbito donde la figura ha tenido
mayor utilización en el país, ello puede verse reflejado en la
abundante jurisprudencia existente.
25 Se introduce el tipo de confabulación para cometer delitos relacionados con
estupefacientes (art. 29 bis); la entrega vigilada (art. 33); el agente encubierto (art.
31 bis a sextes), etc.
fallo del 22/03/1996. quien realiza una sólida defensa de la figura – es necesario que el beneficio quede limitado a quienes puedan aportar datos útiles para individualizar a personas que no estén en un nivel de responsabilidad penal por lo menos igual o inferior a la del arrepentido.C. provenientes de los delitos previstos en esta ley. La reducción o eximición de pena no procederá respecto de la pena de inhabilitación.. Facundo y otros s/ recurso de casación”.P. 866 del Código Aduanero. precursores químicos. sin realizar la norma limitación alguna en cuanto al grado de participación de los mismos. comercialización o tráfico de estupefacientes. A los fines de la exención de pena se valorará especialmente la información que permita desbaratar una organización dedicada a la producción. 20 . materias primas. b) Aportare información que permita secuestrar sustancias.El art.N. “Orozco. partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos. dinero o cualquier otro activo de importancia. 29 ter de la ley 23. proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o un significativo progreso de la investigación. Presupuesto subjetivo La persona debe encontrarse incursa en los delitos previstos en la ley de estupefacientes o en el art. Requisitos de procedencia La jurisprudencia ha distinguido tres requisitos para la procedencia del beneficio procesal26: 15. 26 C. Es muy criticable que el beneficio se extienda a todos los intervinientes en los hechos antes mencionados. bienes.737 establece lo siguiente: A la persona incursa en cualquiera de los delitos previstos en la presente ley y en el artículo 866 del Código Aduanero. 14. Como bien señalan varios autores – entre ellos Spolansky. Sala I. el tribunal podrá reducirle las penas hasta la mitad del mínimo y del máximo o eximirla de ellas. valores. Causa Nº 666. cuando durante la sustanciación del proceso o con anterioridad a su iniciación: a) Revelare la identidad de coautores. medios de transporte.
la C.28 27 CONSOLE. 4 del art. José Mario s/recurso de revisión”. 16. Por otro lado. debe ponérseles en conocimiento antes de comenzar la indagatoria (hay quienes consideran que ello implicaría una presión que atentaría contra la voluntariedad del arrepentimiento). permite que los funcionarios públicos hagan uso del beneficio. En el caso en cuestión.P.N. 479 del C. en el caso “Moray”. cuando al imputado se le pregunta si desea declarar. éste requiera la utilización de la figura. vía revisión. según él.P. considera que el término “durante la sustanción del proceso” abarca el debate oral y público. Sala IV. deberá iniciarse una investigación suplementaria para corroborar los dichos del imputado.737. Causa Nº 2400.N. 29 ter de la ley 23. fallo del 20/06/01. a los vulgarmente llamados “perejiles”. 21 . requirió que se aplique el beneficio procesal del art. la defensora oficial. admitió conceder los beneficios atenuatorios si después de dictada sentencia condenatoria.P. Reg.C. Console. “Moray. Por ello. luego del dictado de sentencia condenatoria. 27.N.N. José: “El arrepentido: Un importante fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal”. Por ello. que. se produjo el secuestro de estupefacientes y el procesamiento de una persona. los “incursos” no comprendan el significado y alcance de la norma en cuestión. lo cual es sumamente criticable teniendo en cuenta el mayor reproche penal que les cabe en virtud de su condición.C. Necesariamente. Menciona que suele suceder que al momento de prestar declaración indagatoria ante el Juez de Instrucción.. mediante recurso de revisión. Condición temporal La norma establece que la colaboración debe producirse “durante la sustanciación del proceso o con anterioridad a su iniciación”. publicado en LL 2000-A. 394. Asimismo. realizando una interpretación extensiva de la ley. al comentar el fallo “Fernández” de la C.La amplitud de la norma lleva a la posibilidad de que los cabecillas de la organización entreguen a sus subordinados. se demuestra la veracidad de los datos aportados “durante la sustanciación del proceso”.P. 28 C. 3451.P. tomó conocimiento de que en virtud de los datos aportados por su defendido (en carácter de arrepentido) durante el proceso. La Cámara hizo lugar al recurso. considerando que las circunstancias antes mencionadas encuadraban en el supuesto de “hecho nuevo” en los términos del inc.C. considera posible que al momento de la apertura del debate.
precursores químicos.P. materias primas. “Orozco. realiza un detallado análisis de los dos supuestos previstos en el art.C. partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos. Sala I. Aníbal Ricardo s/recurso de casación”. En cuanto a la hipótesis del inc.. “Fernández. es suficiente para la procedencia del beneficio procesal. 30 C. Cooperación del imputado. a. 2774. sostiene que el arrepentido debe revelar la identificación de cualquier persona que hubiere concurrido al hecho común (coautores. Son dos los supuestos que permiten otorgar la exención o disminución de pena al colaborador:  Cuando revele la identidad de coautores.737 o al art. valores. bienes. dinero o cualquier otro activo de importancia.N. 29 ter. Reg. en el sentido de “cosa que está enlazada o relacionada con otra.17. que guarda con éste un nexo o interdependencia en razón de las circunstancias o 29C. Aníbal R. Causa Nº 2243.  Cuando aporte información que permita secuestrar sustancias.737. Abarcando todo hecho de igual o distinta naturaleza del suceso investigado. Continúa diciendo que: “…la participación y el encubrimiento aludidos deben darse respecto de "los hechos investigados" es decir.P. respecto "de otros conexos" (conf. 29 ter). Causa Nº 666.N. de aquellos que pudieren adecuarse a las figuras de la ley 23. o de ambas.” Entiende que el adjetivo “conexo” ha sido empleado en su significación vulgar (no jurídica). partícipes primarios y secundarios e instigadores). Reg.C. así como al que hubiere encubierto ese mismo hecho. proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o un significativo progreso de la investigación. 960. provenientes de delitos previstos en la ley 23. pero también. Sala I. fallo del 18/05/99 22 . 866 del Cód. es decir. por lo que la concurrencia de cualquiera de ellas. medios de transporte. Se trata de situaciones diferentes previstas alternativamente. mismo párrafo).”30.29 La Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal en el caso “Fernández. fallo del 22/03/96. Aduanero en que debe estar "incursa" la persona que delata (primer párrafo del art.. Facundo y otros s/ recurso de casación”.
N. en principio. En cuanto al apartado 1). partícipes o encubridores de los hechos mencionados o. a la magnitud del avance investigativo. decretado. medios de transporte. Será esta última. el tribunal pasa a analizar el inc. proporcione datos suficientes que permitan un avance significativo de la investigación. materias primas.737).737. valores. una cuestión deferida a la valoración judicial y hecha sobre la base de las circunstancias acreditadas en cada caso pero atendiendo. el lugar y las personas. hubiere sido confirmado. ya que debe tratarse de un resolutorio que satisfaga la exigencia del dispositivo legal cuando. no hubiese sido recurrido. siempre. En tercer lugar. 306 del C. dinero o cualquier otro activo de importancia. ley 23. La segunda hipótesis mencionada en el texto legal (inciso b) requiere del colaborador el aporte de información “que permita secuestrar sustancias. prevenientes de los delitos previstos en esta ley”. o cuando apelado. Respecto de ella el tribunal considera que los efectos secuestrados deben proceder de o haberse originado en la comisión de alguno de los delitos vinculados con el narcotráfico.P. o a su falta de confirmación por ilegalidad en la incorporación de la prueba vinculada con la actuación de la autoridad policial o judicial. esos datos hubieren posibilitado un progreso importante para el descubrimiento y comprobación de los hechos en que aquel colaborador estuviese implicado o de otros de la misma o diferente especie con ellos conectados. 6°. ha dicho la Sala I de la C. es decir que. 24° y 25°. descartándose la aplicación del benéfico tratamiento penal cuando el secuestro obtenido como consecuencia 23 . sin que deba influir en su procedencia su revocación posterior debida a circunstancias sobrevinientes. bienes. los datos suministrados por el informador deben ser: 1) de tal entidad que basten para decretar el procesamiento de los coautores. Respecto del apartado 2).modalidades ejecutivas vinculadas con el tiempo. 5°. aunque no se alcance el procesamiento de tales personas. 29 ter de la ley 23. es necesario que los datos revelados constituyan el aporte de pruebas suficientes para posibilitar que el juez declare la existencia del hecho delictivo y la participación que le corresponde en él al imputado (art.” Luego.7°.C.N). 2) que permitan un significativo progreso de la investigación. al propio tiempo en que el informador revela la identidad de partícipes o encubridores.P. La declaración se efectúa mediante el auto de procesamiento. precursores químicos.P: “Con relación a la segunda alternativa. b del art. pues la mera enunciación de aquellos permite ratificar su inclusión en dichas figuras (arts. la ley exige que.
P. sino también como “contrapeso” de los peligros que conlleva la delación para el imputado. solo podrá fundar recurso basándose en la arbitrariedad del juzgador al momento de mensurar el beneficio . si el condenado lograra ser acreedor al mismo). se presenta como una señal de desaliento a imputados que. Capolupo de Durañona y Vedia. la Sala IV de la C. 14 ídem). Por último. quien podría ver lesionado su derecho de igualdad ante la ley. preferirán probablemente soportar algo más en prisión antes que someterse a los riesgos que la delación en mayor o menor medida implica. Considero que resulta peligrosa la libertad que la norma ha otorgado al juez para decidir acerca de la cuantía del beneficio procesal. 5º excluye la exención o reducción de pena respecto de la inhabilitación. ello no solo como “premio” por la colaboración prestada. comercialización o tráfico de estupefacientes. No obstante ello. ha dicho que: “…una reducción escasa del monto de las penas impuestas.C.del aporte de información sea de sustancias estupefacientes tenidas sin fines de comercialización (art. en el caso “Moray”. simpre atentiendo a la natulareza de los datos aportados y su utilidad para el cumplimiento de alguno de los supuestos previstos por la norma. Ello genera un estado de inseguridad jurídica respecto al imputado colaborador. 18. sin otorgar ninguna directiva de interpretación mas que el párr. el párr. en voto de la Dra.” Resulta evidente la postura que ha tomado la jueza: debe otorgarse la exención de pena o grandes reducciones para alentar la utilización de la figura. en el caso de la prisión padecida. Además. Beneficio procesal otorgado por la norma La norma establece que el tribunal podrá reducirle las penas hasta la mitad del mínimo y del máximo o eximirla de ellas. además de mostrarse fútil en comparación con el aporte efectuado (máxime si tenemos en cuenta la real incidencia que esa mínima disminución puede tener. ante tan escasa recompensa. a los fines de gozar de beneficios tales como el de la libertad condicional. Es facultad discrecional de los magistrados considerar la magnitud del beneficio en el caso concreto. 24 . 4º de la misma: A los fines de la exención de pena se valorará especialmente la información que permita desbaratar una organización dedicada a la producción.N.
Ley 25.737 establece que: Art. A la vez.241 sobre hechos de terrorismo La ley 25. el tribunal deberá disponer las medidas especiales de protección que resulten adecuadas. debiendo ser acompañada por la opinión del representante del Ministerio Público. suponen una afectación al derecho a la intimidad. alojamiento transitorio en lugares reservados. ya que las medidas de protección en muchos casos importan restricciones al ejercicio de ciertos derechos y además. 33 bis de la ley 23. introduciéndola en una de las materias donde más uso ha encontrado en el derecho comparado: el terrorismo. cambio de domicilio. Las medidas de protección pueden ser.764 del 2003) que se encuentra en el ámbito de la Secretaría de Justicia. Están podrán incluso consistir en la sustitución de la identidad del testigo o imputado.241. entre otras: custodia personal o domiciliaria. y en la provisión de los recursos económicos indispensables para el cambio de domicilio y de ocupación. En nuestro país el sistema de protección de colaboradores se encuentra regulado por el Programa Nacional de Proteccion a Testigos e Imputados (creado por ley 25. Protección al imputado arrepentido El art. La gestión que corresponda quedará a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación. ayuda económica por no más de seis meses. luego del análisis de trascendencia. El Programa funciona siempre a partir del pedido de la autoridad judicial que recibió la declaración. Es condición inexcusable para el ingreso al Programa la aceptación de la protección por parte del beneficiario. aprobada en el año 2000. asistencia para la reinserción laboral y el suministro de documentación que acredite identidad a nombre supuesto. si fuesen necesarias. que debe basarse en la viabilidad de la aplicación de las medidas de protección y en la adaptabilidad a ellas de la persona cuya incorporación se solicita. amplía el ámbito de aplicación de la figura en tratamiento.19. Encontramos como antecedente directo el proyecto de ley del año 1997 denominado como “Circunstancias atenuantes para la fijación 25 . requiere la conformidad del Director. 20. como en el caso de las custodias policiales. 33 Bis — Cuando las circunstancias del caso hicieren presumir fundadamente un peligro cierto para la vida o la integridad física de un testigo o de un imputado que hubiese colaborado con la investigación.
la ley nos daba una definición de lo que consideraba hechos de terrorismo: “las acciones delictivas cometidas por integrantes de asociaciones ilícitas u organizaciones constituidas con el fin de causar alarma o temor. 26 . 1 de la citada ley de reforma introduce el art.. pero finalmente fue rechazado por la Cámara Alta.P. se consideran hechos de terrorismo las acciones delictivas previstas por el artículo 213 ter del Código Penal. Fue en virtud de estos hechos que se propició la inclusión de la figura del arrepentido como elemento investigativo para los casos de terrorismo. A su vez. Originalmente.268. el art. inflamables. al análisis de cada uno de sus artículos remarcando las diferencias y mejoras introducidas por el legislador respecto de la regulación de la ley 23. entonces.. tal como sucediere en los casos de derecho comparado analizados. siempre que sean idóneos para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas”. La ley sobre hechos de terrorismo presenta respecto del imputado colaborador un sistema refinado y más completo en comparación al introducido por la ley 24. 1 de la ley 25. excarcelación y reserva de identidad de testigos”. 41 del C. siempre que ella reúna las siguientes características: 31 Art.31 Luego.737. Es importante remarcar el contexto histórico en que dieron tanto el proyecto de 1997 y como la ley analizada.P.Se impondrá reclusión o prisión de CINCO (5) a VEINTE (20) años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea.268. en el año 2007.de penas. Se procederá. por disposición del art.241 previo a la reforma de la ley 26. mediante la comisión de delitos. el cual obtuvo aprobación por la Cámara de Diputados.424 para los casos de estupefacientes. 9 de la ley 26. Este proyecto pretendía introducir. 1 de la ley 25 toma la redacción actual. el art. 213 ter al C. ARTICULO 1º — A los efectos de la presente ley. la figura del arrepentido para casos de terrorismo. aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Durante la década de 1990 se produjeron en Argentina dos terribles atentados: a la Embajada de Israel en 1992 y al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina en el año 1994. y que se realicen empleando sustancias explosivas.: Artículo 213 ter. mediante un agregado al art. armas o en general elementos de elevado poder ofensivo.
b) Estar organizada en redes operativas internacionales.. 213 ter del C.a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico. c) Disponer de armas de guerra. No es más que otro ejemplo de la “inflación legislativa” en materia penal que se viene sucediendo en los últimos años en nuestro país. Aunque la remisión al art. 41 quinquies del código de fondo. colabore eficazmente con la investigación. 213 ter pareciere correcta.241 remite al art.734. antes del dictado de la sentencia definitiva. explosivos.241.P. religioso o político. Para obtener el beneficio se deberá brindar información esencial para evitar la consumación o continuación del delito o la perpetración de otro. o que ayude a esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos. Para los fundadores o jefes de la asociación el mínimo de la pena será de DIEZ (10) años de reclusión o prisión. no termina allí la historia de reformas. el legislador omitió modificar el art. siempre que el delito en 27 . las acciones delictivas cometidas con la finalidad específica del artículo 41 quinquies del Código Penal.P. al imputado que. agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas. en su art. Si bien el art. 213 ter del C. Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional. la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. 41 quinquies al C.. 1 de la ley en estudio. podrá excepcionalmente reducirse la escala penal aplicando la de la tentativa o limitándola a la mitad. las únicas acciones que quedan comprendidas en dicha ley son las cometidas con la finalidad del art.P.: Artículo 41 quinquies: Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. A su vez.734 indica que se considerarán comprendidas a los fines del artículo 1° de la Ley 25. tercero incorpora el art. ARTICULO 2º — En los supuestos establecidos en el artículo anterior. la cual en su artículo primero deroga el “joven” art. o suministre datos de manifiesta utilidad para acreditar la intervención de otras personas. 1 de la ley 25. En conclusión. 6 de la ley 26. En el año 2011 es aprobada la ley 26. si bien el art.
sino porque existen diversas teorías en doctrina y jurisprudencia acerca de que quiere decir el art. Es acertado. Se amplía temporalmente la posibilidad de colaborar hasta el dictado de sentencia firme.que se encuentre involucrado el beneficiario sea más leve que aquél respecto del cual hubiere brindado o aportado su colaboración. 44 del C. no tanto por la magnitud de la reducción en sí. Puede suceder que un condenado en primera instancia.html 28 . condenado en primera instancia y conociendo la pena que se le ha impuesto. por ej. Tal como señala Riquert 32. en tanto el arrepentido. la posibilidad de que se brinde información esencial que permita evitar la consumación o continuación del delito o la perpetración de otro. debe tenerse especial cuidado al ponderar los dichos de aquel que. tome la decisión de acogerse a la figura. decide pactar una disminución de la misma a cambio de información. cuando establece que la pena “se disminuirá de un tercio a la mitad”..blogspot. a mi juicio. En este sentido la norma no sólo le otorga un sentido retrospectivo a la figura (permitir es esclarecimiento de un hecho ya consumado). Lo que encuentro errado es otorgar al juez la posibilidad de aplicar la escala de la tentativa.P. Marcelo A. La inclusión del adjetivo “esencial” hace referencia a que sin la información suministrada por el delator no podría haberse llegado a alguno de los objetivos previstos por la norma. sino que también introduce una mirada prospectiva. 3). en http://catedrariquert.ar/2016/04/necesitamos-mas-delatorespremiados. Es positivo en cuanto limita la discrecionalidad del juzgador para determinar la procedencia o no del beneficio. al imputado por los delitos antes mencionados que colabore eficazmente con la investigación. La ley no establece con mayor precisión que implica “colaborar eficazmente con la investigación”.: “¿Necesitamos más delatores premiados (arrepentidos)?. nunca quedará impune por su participación en el ilícito. cuya sentencia se encuentra en revisión por vía recursiva. Resulta positivo. No es fácil en la práctica determinar cuando se está frente a uno u otro supuesto. La ley concede la reducción de la escala penal aplicando la de la tentativa o su limitación a la mitad. eliminar la posibilidad de eximición de pena. si la colaboración ha permitido impedir la continuación del delito o el desbaratamiento de las actividades (art. otorgándole mayor protección al bien jurídico tutelado. en mi opinión. si bien recibe una mejora en su situación procesal. 32 RIQUERT.com. hacia el futuro.
menos información podrá aportar. profundizaré sobre este tema. de esta manera.737: si debe o no tenerse en cuenta la colaboración del imputado al momento de decidir acerca de su excarcelación. ello puede cambiar. ARTICULO 4º — La reducción de pena prevista precedentemente deberá ser decidida por el tribunal del juicio al dictar la sentencia definitiva. podrá ser considerada a los fines de la excarcelación de acuerdo a las normas procesales comunes. El primer párrafo impide que los órganos investigativos tomen participación alguna en la graduación del beneficio. desbaratar sus actividades o acreditar la intervención de alguno de sus miembros en el hecho delictivo. Si bien prima facie puede entenderse que el arrepentido es un inferior dentro de la organización. Por otro. por la introducción de nuevos elementos probatorios. se impide la incriminación de los subalternos dentro de la organización. al tratar diversas cuestiones de índole procesal. Sin embargo tan pronto como la reducción de la escala penal prevista por los artículos 2º y 3º aparezca como probable. ello se ve atemperado en virtud de los dispuesto por este artículo.241 también es defectuosa en cuanto a la amplia discrecionalidad otorgada a los jueces a los efectos de aplicar y graduar el beneficio. cuando la información brindada hubiere permitido acreditar la existencia de la asociación ilícita. ARTICULO 3º — En los mismos supuestos podrá aplicarse el mínimo legal de la especie de pena. 29 .Es destacable la exigencia de la norma en cuanto a que el delito cometido por el delator sea más leve que aquel en que se vieran incursos los delatados. surgen dos dificultades prácticas: por un lado. Sin embargo. Más adelante. la dificultad del investigador para determinar si al delator le corresponde una responsabilidad penal menor que al delatado. La decisión acerca de la procedencia y alcance del beneficio queda totalmente en manos del tribunal interviniente en la etapa del plenario. como ya he señalado. conforme avance la investigación. esto a los efectos de evitar cualquier tipo de negociación entre estos y el imputado. cuánto menor sea la responsabilidad penal del delator. Si bien la ley 25. Por su parte. determinando así el respectivo sometimiento a proceso de quienes no hubieran sido imputados hasta entonces. el segundo párrafo presenta una solución relativa a una cuestión muy debatida en el régimen de la ley 23.
realzan la necesidad de que exista pleno control por parte de los sujetos procesales. ARTICULO 6º — Será reprimida con prisión de uno (1) a tres (3) años cualquiera de las personas que se acojan a esta ley y formulen señalamientos falsos o proporcionen datos inexactos sobre terceras personas. Además. con las cuales se ingresa en una especie de negociación. debe estar rodeada de todas las garantías necesarias para asegurar que ella sea otorgada en un marco de libertad absoluta. sino también de aquellos que puedan verse alcanzados por ella. del modo establecido en las leyes procesales. Incurrir en el tipo implica “defraudar” la confianza de las autoridades que llevan la investigación.N. 5º. 2º) y 3º) del C. como ya resalté anteriormente. que.P. 167 ap. Resulta novedosa la inclusión del delito de “falsedad en el arrepentimiento”. A ello debe sumarse que implica una condena casi segura el formular falsos señalamientos o datos inexactos al acogerse a la figura. incurriere en falsedades. La declaración del colaborador. en virtud del cual se mintió al delatar. Resulta apropiado lo establecido por el art. Es factible que quién se encuentre en un estamento 30 . Cualquier incumplimiento en cuanto a las exigencias antes mencionadas conlleva la necesidad de que las declaraciones del imputado sean nulas de nulidad absoluta.ARTICULO 5º — Las declaraciones de las personas mencionadas en las disposiciones anteriores. a mi juicio resulta inconstitucional – añadir al texto de la norma una exigencia subjetiva en cuanto a la conducta típica: ella debe ser realizada “deliberadamente” o “con el fin de perjudicar a quien se sabe es inocente”. la querella y la defensa. más allá que no pase de una remisión a lo dispuesto por las leyes procesales. Creo que convendría – si se opta por mantener el tipo.P. Los elementos probatorios obtenidos mediante la colaboración prevista en esta ley podrán exclusivamente ser utilizados en el mismo proceso o en otros por hechos relacionados o conexos con el que motivó aquél. Quien comete este delito queda sujeto a una doble imputación: tanto por el delito precedente. Las consecuencias de la misma. resulta un antecedente negativo respecto a la valoración de los jueces para el juzgamiento del hecho terrorista. por error o ignorancia. no solo respecto de quien la realiza. como por la falsedad en el arrepentimiento. Con este agregado se despejarían cualquier tipo de dudas en cuanto al arrepentido que. conforme el art. carecerán de valor si no se producen con el contralor del fiscal.
Claro que para ello se requiere de un sistema penal eficaz. pudiendo implicar a inocentes o terceros. en http://www1.). No puede tomarse la declaración del arrepentido sin más. Ello no queda excluido por la condición de arrepentido. ¿cómo se compatibiliza tal garantía con la norma en estudio?. como ya anticipé. Además. desorienta a las autoridades aportando datos falsos o inexactos. formulare imputaciones falsas o proporcionare datos falaces sobre terceras personas con el fin de perjudicarlas. la constitucionalidad de la disposición. tampoco considero que la falsedad deba quedar exenta de sanción. Sin embargo. es necesariamente un imputado. quien al acudir a este instrumento de política criminal.inferior en la organización no cuente con un conocimiento exacto y completo de la misma. N. perderá automáticamente los beneficios que la misma otorga. sino que tal como ha sostenido el Tribunal Constitucional español. es unánime la doctrina en que las declaraciones del arrepentido deben ser realizadas con todas las garantías previstas para la indagatoria. 33 Proyecto de ley Nº 1331-D-2016. para obtener un beneficio procesal. Si al imputado no puede exigírsele que diga la verdad. deben comprobarse sus extremos. En efecto. La fundamentación del delito reside en el reproche penal que merece la conducta de quien. y mucho menos aplicársele pena por tal conducta. obstaculizando el proceso. es el Estado.ar/proyxml/expediente.hcdn. y poniendo en movimiento toda la estructura estatal investigativa sin motivo alguno. con funcionarios capacitados y comprometidos con la investigación. en mi opinión. El mismo establece que cualquier persona que habiéndose acogido a esta ley. entre ellos las falsedades en la delación. tanto el propio como otros que puedan estar llevándose a cabo.gov. El juez o fiscal de instrucción deben investigar y corroborar todos los dichos del imputado. 6 el Proyecto de ley Nº 1331-D-201633. Esta es la solución que adopta en su art. que pretende incluir la figura para los casos de corrupción. debe soportar los efectos negativos que puede acarrear.asp?fundamentos=si&numexp=1331D-2016 31 . Resulta discutible. Es sabido que le asiste al imputado la garantía constitucional de no declarar en su contra (art. No parece ser la situación actual. que cuenten con todos los medios materiales existentes para cumplir con su trabajo. aunque ésta. En mi opinión. como ya adelanté al principio del trabajo. debería limitarse a la pérdida del beneficio concedido. toda declaración indagatoria genera una obligación legal en los órganos instructores: la evacuación de citas. 18 C. el cuál.
el 41 ter. En el año 2002 el Poder Ejecutivo Nacional. art. incluidas la provisión de los recursos indispensables para cambiar de actividades laborales y la sustitución de su identidad. 32 . Esto último se realiza incorporando un artículo en la parte general del Código Penal. proporcionen información que permita conocer el lugar donde la víctima se encuentra privada de su libertad. Se introducen diversas modificaciones relacionadas con los delitos de privación ilegítima de la libertad coactiva (art.) y secuestro extorsivo (art. 41 ter Código Penal. En caso de corresponder prisión o reclusión perpetua.742. Esta comisión estaba integrada por jueces.742.742 (sancionada el 4 de junio del 2003. se adoptarán las medidas de protección necesarias. o cualquier otro dato que posibilite su esclarecimiento. podrá aplicarse prisión o reclusión de ocho (8) a quince (15) años.P.424 y 24. 142 bis C. corriere riesgos en razón de ello respecto de su integridad personal o de su familia. decomiso del inmueble donde se mantuviera a la víctima y la introducción del imputado colaborador para estos casos. durante la sustanciación del proceso o antes de su iniciación. la aparición en el elenco normativo de la ley 25.P. que disponía (luego fue modificado para agregarle los casos de trata de personas) lo siguiente: Las escalas penales previstas en los artículos 142 bis y 170 de este Código podrán reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los partícipes o encubridores que. legisladores y especialistas en la materia a los que se les asignó la delicada misión de analizar la problemática de la privación ilegítima de la libertad y proponer los paliativos necesarios para contener esta modalidad delictiva que en aquellos días copaba los medios de comunicación. De allí surge la ley 25. Encontramos aquí otro ejemplo de la emergencia como fuente legislativa del arrepentido. o la identidad de otros partícipes o encubridores del hecho. promulgada el 19 de junio del 2003) vinculada al secuestro de personas ha consagrado – siguiendo una tendencia ya anunciada por las leyes 24. Ley 25. fiscales. Tal como señala Báez. 21. mediante el decreto 1651/02 crea una comisión asesora para la prevención del secuestro de personas.): agravamiento de penas.521 – al delator judicial. 170 C.ARTICULO 7º — Si fuere presumible que el imputado que hubiera colaborado. Aplican las mismas consideraciones hechas respecto del punto 19.
29 ter de la ley de estupefacientes hace referencia al “incurso” en algunos de los delitos previstos en aquella ley o el art. 21. ya que. aunque con un agregado de importancia: el arrepentido puede serlo aún antes de su iniciación. permite al órgano jurisdiccional reducir la pena en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo.424 y ley 25.364 sobre “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”.Sólo podrán gozar de este beneficio quienes tengan una responsabilidad penal inferior a la de las personas a quienes identificasen. el art.737. tomando así una de las teorías propuestas para la reducción de la pena del delito tentado. En cuanto a los datos aportados. puede aplicarse entre 8 y 15 años de prisión. Para aquellos casos en que corresponde la pena de prisión perpetua (resultado de muerte de la víctima). Por último. 145 bis (trata de personas mayores de 18 años) y 145 ter (trata de menores). Por ello no habría diferencia entre uno y otro régimen.737. si bien sigue la postura de la ley 25. sin especificar ningún grado de participación. pero también tiene características que no encontramos en aquellos. Lo otro que aparece como innovador es que el delator debe revestir la calidad de partícipe o encubridor. Como ya vimos. En su redacción toma elementos de dos de los regímenes antes analizados (ley 23. 33 . Con ella se agregan al Código Penal los arts. por lo que considero que cualquier partícipe o encubridor de un acto terrorista podría acogerse a la figura.521 al excluir la exención de pena. se mantiene la previsión incluida en el art. El art. modificada por ley 24. Por otro lado. la jurisprudencia ha establecido que quedan alcanzados por dicha norma todos los partícipes y los encubridores. Ley 26. 2 de la ley sobre hechos de terrorismo hace referencia al “imputado”. 866 del Código Aduanero.364 sobre trata de personas. impidiendo la posibilidad de que los jefes u organizadores acudan al beneficio. 2 de la ley sobre hechos de terrorismo. El 9 de abril de 2008 se sancionó la ley 26. El positiva la inclusión del primer supuesto en tanto tiende a resguardar la integridad de la víctima y el bien jurídico protegido.521). En cuanto al beneficio otorgado el tratamiento es novedoso. la identidad de los otros partícipes o encubridores o el esclarecimiento del hecho. Se mantiene la expresión “durante la sustanciación del proceso” tomada de la ley 23. estos deben permitir conocer el lugar donde se encuentra la víctima.1.
P. Introdujo sustanciales cambios en la regulación del delito de lavado de activos.P. 22 de la ley 26.683 fue sancionada como respuesta a los reclamos y presiones del GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica).com. 6º y 7º de la ley 25. Basta mencionar que hasta la reforma – es decir. junto a otras novedades concernientes al decomiso y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.241 serán aplicables a los delitos previstos en los artículos 213 ter. Mas precisamente. agregando los dos artículos antes mencionados al texto de la norma. Marcelo A. un organismo intergubernamental creado para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.683 (sancionada el 1 junio de 2011 y promulgada parcialmente el 17 del mismo mes). introduce al imputado colaborador al sistema de la ley 25. en http://catedrariquert. incluyéndolo como art. La reducción de pena prevista no procederá respecto de los funcionarios públicos. En el caso del artículo 6º de la ley 25. además de las reformas ya mencionadas. 34 RIQUERT. la cuál. durante el lapso de 11 años – sólo se dictaron en todo el país tres condenas por blanqueo de capitales. Ley 26. 3°. 31 de la ley 25.5).blogspot.683 sobre lavado de activos Como último ámbito de aplicación de la figura en nuestro derecho nacional surge la ley 26. 5º. hoy llamado GAFILAT. Frente a tal escenario fue que se aprobó esta ley. se modifica el art.html 34 . 213 quáter y 303 del Código Penal. en el nuevo Título XIII “Delitos contra el orden económico y financiero”. 4º. ante la evidente ineficiencia del régimen instaurado por la ley 25. 22. Con ello se amplía el ámbito de aplicación del arrepentido a los casos de trata de mayores y menores.246. Son aplicables las consideraciones vertidas en el punto anterior (7.Además. Bien aclara Riquert34 que ley 26.246 el siguiente texto: Las previsiones establecidas en los artículos 2º. el art. 41 ter del C..246 (2000) para combatir el mentado delito económico.: “¿Necesitamos más delatores premiados (arrepentidos)?.241 la pena será de dos (2) a diez (10) años cuando los señalamientos falsos o los datos inexactos sean en perjuicio de un imputado.683 dispone que se incorpore como art. y en el funcionamiento de la “Unidad de Información Financiera” (UIF).ar/2016/04/necesitamos-mas-delatorespremiados. 303 del C.
241 es aplicable también a los delitos del art. 23. quedando sólo aplicable la figura al art. pero antes de entrar de lleno en la temática del trabajo debo realizar ciertas consideraciones en relación a este instituto procesal.La solución del legislador es remitir a los dispuesto por la ley de hechos terroristas. que fuera unificado recientemente – el Código de 1950 (ley 1. 306 del C. 213 quater y 303 del C.P. Al día de hoy – a casi 17 años de su nacimiento – sólo se encuentra en vigencia en dos circunscripciones judiciales. Excede al objetivo de este trabajo hacer un análisis exhaustivo del principio de oportunidad. 31 de la ley 25. En segundo orden.730.730): el arrepentido como principio de oportunidad. el régimen del arrepentido se aplica a los delitos previstos en los arts. Pero. En el resto de la provincia sigue vigente y es de plena aplicación – salvo en lo que concierne al régimen de prisión preventiva. Ya se hizo referencia a la discusión existente en doctrina respecto a la facultad legisferante en relación al principio de oportunidad.734 (de diciembre del 2011) deroga los arts. es el caso del delator que su conducta típica (formular señalamientos falsos o proporcionar datos inexactos) perjudica a un imputado. 35 .908). Código Procesal Penal de Mendoza (ley 6.P. Con su sanción se produce la consagración de los principios de oportunidad en el ámbito provincial: siendo uno de ellos el arrepentido. 24. fue aprobado el 16/11/1999. así como también a la ley 27. se establece un agravante para el delito de falsedad en el arrepentimiento. ampliando el ámbito de aplicación de dicha norma a los delitos contenidos en los art. 213 ter y quáter del C. el art. Se introducen dos modificaciones relevantes. 213 ter.P (financiación del terrorismo). que pondría fin a la discusión otorgándole la competencia en tal sentido a las provincias. tal como dispone el art. 303 (lavado de activos) y 306 del C.P. En conclusión. Hay que recordar que posteriormente la ley 26. Por un lado se excluye a los funcionarios públicos de la posibilidad de acogerse al régimen del arrepentido. 6 de la ley 26.. Consideraciones previas El Código Procesal Penal de Mendoza según ley 6. 303.734. en la Primera y Tercera.147.
A los fines de la suspensión o prosecución de la persecución penal se valorará especialmente la información que permita desbaratar una organización delictiva. de Costa Rica. b) Aportare información que permita secuestrar los instrumentos.P. conforme a las pautas del apartado uno que antecede. como para el control de ella. provenientes del mismo. 376/405 36 Libro I. págs. 2. 2) Se haya producido la solución del conflicto. tanto para la solución del mismo. tal como señala Vega 35. la persecución penal. Mucho antes de la sanción de la ley citada en el párrafo anterior. proporcionando datos suficientes que permitan el enjuiciamiento de los sindicados o un significativo progreso de la investigación. ob. se dispondrá: 1. Sección cuarta “Criterios de oportunidad y actuación encubierta”: Art. con los recaudos del artículo 280 de este Código. 8) es el principio de oportunidad. 26 . En caso de delitos originados en conflictos familiares. salvo en los supuestos de excepción (principio de legalidad). No obstante. salvo que afecte el interés público o lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio del cargo o con ocasión de él. tomando como fuente legislativa el C. lo que se acreditará sumariamente. o que estime pueda serlo. intervendrán los mediadores. cit. 3. de acuerdo a los arts. o con anterioridad a su iniciación: a) Revelare la identidad de coautores. de mínima culpabilidad del autor o del partícipe o exigua contribución de este. o 36 . Criterio que fuera convalidado por la Suprema Corte de la Provincia en el caso “Sosa Morán” (2005).P. El Tribunal pedirá al Poder Ejecutivo la conmutación o su indulto. o se aplicará el artículo 300. se lo internará en un establecimiento especial.No obstante. Entrando ya en el análisis de la normativa. Su libertad. 5) En los supuestos de los parágrafos siguientes: A toda persona que se encuentre imputada. Mendoza ha sido pionera en la consagración legislativa de los criterios de oportunidad. partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos. 8 y 9 del C.Mza. El Ministerio Público deberá ejercer la acción penal en todos los casos en que sea procedente.. el legislador mendocino se consideró facultado constitucionalmente para introducirlos en la normativa procesal. Capítulo 1 “Acción Penal”. o los efectos del delito. el representante del Ministerio Público podrá solicitar al Tribunal que se suspenda total o parcialmente. valores. “Disposiciones generales”. 3) En los casos de suspensión del juicio a prueba. Precisamente. la excepción al principio de legalidad procesal (art. dinero o cualquier otro activo de importancia. por ello debe promoverla y continuar se ejercicio. En caso de disponerse su prisión preventiva. con arreglo a las disposiciones de la ley. previsto expresamente en el Código en sus artículos 26 a 2836 inclusive: de acuerdo a esta normativa el fiscal 35 Vega.Principio de oportunidad. el fiscal de instrucción es el titular exclusivo de la acción penal pública. a cuyo efecto deberá considerarse la graduación penal del artículo 44 y pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal Argentino. 4) En el juicio abreviado. si durante la substanciación del proceso. Dante.P. bienes. que se limite a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que participaron en el hecho cuando: 1) Se trate de un hecho insignificante.P. Título II “Acciones procesales”.
se produce la suspensión de la persecución penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso.está facultado para solicitar al tribunal la suspensión total o parcial de la persecución penal o su limitación objetiva (“a alguna o varias infracciones”) o subjetiva (“algunas de las personas”) en distintos supuestos. oralmente o por escrito. El ordenamiento procesal costarricense limita su pedido hasta antes de que se formule la acusación del Ministerio Público.P. Si el Tribunal admite la solicitud para aplicar un criterio de oportunidad. el que resolverá lo correspondiente. sus efectos se extienden a todos los que reúnan las mismas condiciones. Art. 4)  Delator judicial o arrepentido (inc.) o de cámara (en la etapa del juicio oral) solicitar su aplicación. La solicitud de todo lo aquí dispuesto deberá formularse por escrito o verbalmente ante el Tribunal. Si la decisión se funda en la insignificancia. 3)  Juicio abreviado inicial o final (inc.P.Plazo para solicitar criterios de oportunidad. Bajo tales supuestos el Tribunal podrá suspender provisionalmente el dictado de su prisión preventiva. 1)  Solución del conflicto (inc. y hasta la citación a juicio (artículo 364). 2)  Suspensión del juicio a prueba (inc. según el trámite establecido para la conclusión del procedimiento preparatorio de la investigación.Efectos del Criterio de Oportunidad. Corresponde al fiscal de instrucción (en la I. Art. Son cinco los casos previstos:  Insignificancia (inc. Si se produjere la reiteración de un ilícito. 28). Puede plantearse a partir del avoque y mientras dure la investigación penal preparatoria hasta la citación a juicio. 27 . El imputado puede oponerse a la suspensión y solicitar que continúe el trámite de la causa. 28 . o la reparación del mismo. 5) Es presupuesto para que proceda el principio de oportunidad que la acción penal se encuentre promovida. con excepción del juicio abreviado final (artículo 418).P. sin necesidad de recabar autorización de sus superiores jerárquicos. con excepción del juicio abreviado final (art. y Cámara del Crimen en la etapa del plenario. el Fiscal de Instrucción podrá solicitar al Tribunal que se deje sin efecto la suspensión dispuesta. al órgano jurisdiccional: juez de garantías durante la I. Los criterios de oportunidad podrán solicitarse durante la sustanciación de la causa.P. evitar el daño. 37 .
por lo que sí el juez de garantías rechaza la aplicación del principio de oportunidad.P. no ejercer la acción penal. No obstante. b) Aportare información que permita secuestrar los instrumentos. con los recaudos del artículo 280 de este Código. En el Código mendocino la aplicación del principio de oportunidad carece de efecto extintivo del acción penal”. proporcionando datos que permitan el enjuiciamiento de los sindicados o un progreso de la investigación. a cuyo efecto deberá considerare la graduación penal del artículo 44 y 37 38 . 26 in fine). 25. 26 . el juez debe resolver en tal sentido. “que aquí el Código de Mendoza se aparta de su fuente.Principio de oportunidad. el recupero de la libertad de su beneficiario. el representante del Ministerio Público podrá solicitar al Tribunal que se suspenda total o parcialmente.P. Destaca Coussirat. o que estime pueda serlo. bienes.P de Mendoza. es decir. provenientes del mismo. valores. El Ministerio Público deberá ejercer la acción penal en todos los casos en que sea procedente.P para su sustanciación (art. el Código de Costa Rica. Su libertad. El delator judicial en el art. Art. La suspensión de la acción penal produce el archivo de la causa y. se dispondrá: 1.37 Puede revocarse la suspensión pedido del Ministerio Público si se produjere la reiteración de un ilícito. 26 del C.El Código remite al trámite de la clausura de la I. dinero o cualquier otro activo de importancia. partícipes o encubridores de investigados o de otros conexos. no se hubiera producido el sobreseimiento por prescripción de la acción penal o extinción de la misma en los casos de suspensión de juicio a prueba. se elevan las actuaciones al fiscal de cámara y si éste coincide con la petición de su inferior. si durante la substanciación del proceso. citando a García. que habla de prescindir. ello. la persecución penal. en su caso. siempre y cuando. o con anterioridad a su iniciación: a) Revelare los hechos suficientes significativo la identidad de coautores. o los efectos del delito. con arreglo a las disposiciones de la ley. que se limite a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que participaron en el hecho cuando: En los supuestos de los parágrafos siguientes:… 5) A toda persona que se encuentre imputada.
Presupuesto subjetivo: la calidad de imputado El arrepentido debe tener la calidad de imputado. siguiendo el Código de Costa Rica. En su calidad de imputado. El legislador local. 2. 26. El Tribunal pedirá al Poder Ejecutivo la conmutación o su indulto. proporcionando datos que permitan su enjuiciamiento o un significado progreso de la investigación . En caso de disponerse su prisión preventiva. el delator debe haber tenido una intervención activa en el hecho objeto de la investigación (en cualquier grado: autor. efectos o activos de importancia relacionados con el mismo”. partícipe) o haber actuado con posterioridad a su ejecución en carácter de encubridor. o evitar el daño.o bien aporta información que permite el secuestro de instrumentos.). conforme a las pautas del apartado uno que antecede. Ello no depende de un criterio puramente subjetivo. revela a la autoridad judicial la identidad de otros intervinientes en el delito investigado (u otros conexos).pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal Argentino.P. o la reparación del mismo. Recuerda Vega que curiosamente uno de los pocos temas (por no decir el único) que se debatió en el tratamiento parlamentario del Código fue el ingreso del arrepentido y del agente encubierto al texto legal. 7 y 282 C. Se hace referencia a cualquier persona que crea.Mza. que se está siguiendo una investigación penal en su contra (conf. o se aplicará el artículo 300. El autor considera que por sus implicancias. salvo el hecho de constituir todos supuestos de procedencia del principio de oportunidad. coautor.38 Vega conceptualiza al delator judicial como “aquella persona que. 26. pese a lo que sugiere la frase inicial del apartado 5 del art. 3. 38 39 . o que estime pueda serlo”. con base en la realidad. se lo internará en un establecimiento especial. arts. ha incluido la figura del delator entre los criterios de oportunidad previstos en el art. aprobados pese a la oposición puntual de todos los organismos consultados al respecto. 26: “A toda persona que se encuentre imputada. A los fines de la suspensión o prosecución de la persecución penal se valorará especialmente la información que permita desbaratar una organización delictiva. antes de la iniciación del proceso o durante su substanciación y a cambio de un régimen privilegiado respecto de su libertad. el tema merecía por lo menos un artículo aparte y no figurar mezclado con otros que no guardan ninguna relación.P.
198 inc. dejando su utilización al libre arbitrio de los operadores del sistema penal. Mza. Colaboración El art. Ello. b) Aportare información que permita secuestrar los instrumentos. o con anterioridad a su iniciación”. indudablemente. proporcionando datos que permitan el enjuiciamiento de los sindicados o un progreso de la investigación. 27. Ello independientemente de los eventuales efectos que tenga la calidad de delator en relación al principio de oportunidad. dinero o cualquier otro activo de importancia.P. Si bien la norma prevé que el arrepentimiento puede realizarse “durante la substanciación del proceso. Ni el ayudante fiscal ni la policía están facultados para celebrar cualquier acuerdo con el imputado. si bien la intención de la ley es que el imputado se arrepienta lo antes posible (de modo de sacar el mayor partido posible de su delación). las tratativas siempre deben ser llevadas adelante por el fiscal de instrucción.P sino que se extiende a todo el proceso.P. 2 C. El legislador mendocino tomó la decisión de seguir lo dispuesto por el art. Presupuesto temporal Debe informársele a la persona desde el momento en que es imputada formalmente (art. valores. aquí se encuentra la principal objeción que se formula al tratamiento legislativo de la figura en Mendoza: no se prevé ningún tipo de limitación en cuanto al ámbito de aplicación de la figura.P. la posibilidad de delatar no se circunscribe a la I.737 en materia de supuestos de colaboración. todo ello bajo pena de nulidad absoluta (art.Por otra parte. partícipes o encubridores de investigados o de otros conexos. 26 dispone el beneficio para el imputado que: a) Revelare los hechos suficientes significativo la identidad de coautores. 271 C. solo deben limitarse a informarle las previsiones del art. o los efectos del delito. por lo tanto. 40 .) la posibilidad de acceder al régimen privilegiado de su libertad a cambio de la delación. opera contra la utilidad de la figura. 29 ter de la ley 23.). Aclara Vega que. las consideraciones vertidas al tratar dicha norma del régimen de estupefacientes. 28.P. incluyendo la etapa del juicio propiamente dicho.P. El delator puede serlo tanto respecto de un hurto simple como de un homicidio agravado. provenientes del mismo. Mza. bienes. 26 y comunicarle inmediatamente al fiscal de instrucción cualquier intención de éste de colaborar. Son aplicables.
Efectos de la delación premiada La ley prevé para el arrepentido dos clases de efectos: el primero está relacionado con la “situación de libertad” del imputado. aquí se hace referencia al “enjuiciamiento”. no basta la simple voluntad de colaborar ni la pura delación. Ello tiene especial relevencia considerando que uno de los supuestos en los que procede la medida cautelar es 41 . Ello porque la ley mendocina pone la investigación en cabeza del Ministerio Público (carácter acusatorio del sistema). Ambos son independientes. Régimen de libertad De acuerdo al régimen general del art. la sola mención de los presuntos intervinientes demandará mayor esfuerzo investigativo que la indicación sobre los lugares en donde se encuentran los instrumentos. por lo tanto. Mza. etc. 5.P. punto 1: la disposición prevé que se dispondrá la libertad del imputado “con los recaudos del artículo 280 de este Código. 29. es el fiscal de instrucción quien debe decidir sobre la libertad del delator prevista en el art. por cuestiones metodológicas. 40 y 41 del Código Penal.La modificación más relevante que encontramos se da con respecto a uno de los objetivos del primer supuesto: en la ley nacional se requiere el procesamiento del delatado. de ser así. no existe en la ley 6. cumpliendo con la premisa de que “no se puede ser juez y parte”. 30. También puede proceder la conmutación de la pena o el indulto. pero ello será tratado. segunda disposición. Durante la etapa preliminar la concesión al imputado del status de delator por parte del fiscal de instrucción exige una mínima corroboración de los datos suministrados por aquel. ya que. Bien aclara Vega que la corroboración dependerá en todos los casos de la naturaleza de los datos aportados por el delator: así.” Ello debe interpretarse en el sentido de que el fiscal al momento de valorar si corresponde o no peticionar la prisión preventiva. asismismo deberá atender a las pautas de determinación de los arts.P. 26 inc. mientras que el segundo tiene que ver con la procedencia del “principio de oportunidad”. 344 C. por lo que la decisión que se adopte sobre la libertad del delator en nada influye en la decisión del fiscal de solicitar en su favor la suspensión total o parcial de la persecución penal. luego de analizar la procedencia del arrepentimiento durante el juicio oral. deberá considerar la pena amenazada según la escala de la tentativa. la figura se convertiría en una fuente de impunidad.730 el dictado del auto de procesamiento. a cuyo efecto deberá considerare la graduación penal del artículo 44 y pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal Argentino.
se lo internará en un establecimiento especial. Sin embargo.Situación de Libertad. salvo los casos de suma pobreza o que se considere innecesaria. la misma debe ser peticionada por el fiscal de instrucción en el plazo fatal de diez días a partir de la imputación (art. 348 C.). 300 parece superflua ya que de acuerdo al art. 26. antes del vencimiento del plazo. Mza. 5.C. A tal fin deberá: 1) Prestar caución. no aplicándose en ningún caso el beneficio de pobreza. 280 inc.cuando “no aparezca como procedente la condena condicional” (art. las previsiones del art. como en todos los casos de “situación de libertad”. 293 del ordenamiento adjetivo. Salvo que se entienda que la caución debe ser siempre real o en su defecto personal.764 para la Nación. 1 del mismo Código todo imputado para gozar de la libertad debe prestar caución. no concurrir a determinados sitios. el término “establecimiento especial” no puede entenderse como una dependencia particular dentro de la misma penitenciaria (ello para asegurar la vida e integridad física del delator): si no existiera tal establecimiento corresponde acudir al régimen del art 300.P. 280 . 4) Abstenerse de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la Ley. En primer orden. el mismo artículo establece que “cuando la cantidad de delitos atribuidos o la evidente complejidad o la difícil investigación lo justifiquen” el fiscal de instrucción podrá solicitar. presentarse a la autoridad los días que fije. resultará de aplicación excepcional el régimen de libertad del art. Asimismo. quien informará periódicamente a la autoridad judicial competente. 42 .). considera el autor que la mención al art. Estimo que lo más apropiado sería establecer un programa de protección tal como en que se encuentra previsto en la ley 25. o se aplicará el artículo 300 (libertad caucionada)”. segunda disposición. Vega realiza dos consideraciones al respecto.P Mza. podrá imponérsele la obligación de no ausentarse de la ciudad o población en que reside. o de someterse al cuidado o vigilancia de la persona o institución que se designe. inc. Con las limitaciones dispuestas por este Código. En caso de decidirse la libertad del imputado colaborador son de aplicación. toda persona a quien se le atribuya la participación en un delito permanecerá en libertad durante el proceso. 3) Permanecer a disposición del órgano judicial y concurrir a todas las citaciones que se le formulen. Por otro lado.P. Allí la ley ordena que “En caso de disponerse su prisión preventiva. 293 inc. una 39 Art. 2) Fijar y mantener un domicilio. 2 C. 28039 Si el fiscal considera que debe restringirse la libertad del delator (aun practicadas las reducciones que ordena la ley). decisión que debe adoptar el juez de garantías. En virtud de lo dispuesto por la reciente reforma al régimen de la prisión preventiva en Mendoza. punto 2). de acuerdo al art.
si bien la intención del legislador ha sido obtener la delación del imputado desde el mismo momento de la imputación desde el mismo momento de la imputación. independientemente de la discusión sobre la libertad. o la reparación del mismo. La audiencia por disposición del art. Claro que el pedido de prórroga debe ser siempre fundado y resuelto por el juez de garantías teniendo en cuenta las consideraciones del caso concreto. si estos resultan positivos. en su caso. 31. la cual no puede exceder de diez días.prórroga al juez de garantías. Considero que una de las hipótesis de “evidente complejidad o difícil investigación” es cuando el fiscal requiere de más tiempo para corroborar los dichos del delator. La delación durante el juicio: distintas hipótesis. 300.” El tribunal puede en este caso – como en todo supuesto que dé lugar al principio de oportunidad – . penúltimo párr. o evitar el daño. 26. si interna el imputado en un establecimiento especial u ordena la libertad caucionada del art. correponde al Ministerio Público investigar los datos aportados y. Ante cualquier omisión del fiscal de instrucción el imputado puede recurrir a control jurisdiccional directo (art. Posible aplicación del principio de oportunidad El arrepentimiento está regulado dentro de los supuestos que pueden dar lugar al principio de oportunidad. En opinión de Vega. El Código establece un parámetro que necesariamente debe ser tenido en cuenta al respecto: “A los fines de la suspensión o prosecución de la persecución penal se valorará especialmente la información que permita desbaratar una organización delictiva. la posibilidad de acogerse a la figura no se limita a la etapa de investigación y así lo entiende el Código al referirse en el primer párrafo del art. Otras de las previsiones de la ley de reforma es la oralidad del procedimiento en el que se decide acerca de la procedencia del pedido prisión preventiva. lo cual podría atentar contra la seguridad del delator. debe informarle inmediatamente al juez de garantías el giro tomado por la investigación para que éste decida si revoca o no la medida de coerción y. 345) y solicitar el cese de la prisión preventiva.) 32. suspender provisionalmente el dictado de la prisión preventiva (art. el fiscal puede solicitar al juez la suspensión total o parcial de la persecución penal a favor del delator. 26 “a la substanciación del proceso”. En ese sentido el autor citado distingue 43 . 294 del Código debe ser pública. En caso de que el imputado decida colaborar luego de dictada la prisión preventiva. por lo que.
a las alternativas previstas en los supuestos 1) y 2) de la segunda disposición del inciso 5 del art. b) Si los datos aportados son de aquellos que posibilitan el secuestro de bienes relacionados con el hecho. 369 del Código). Si los datos son los del punto b) la cámara puede ordenar una inspección ocular (art. 34. 33.P. partícipes o encubridores del hecho investigado. En caso de que las pesquisas duren mas de 15 días (aplicación analógica del art. 388 y 390). El acuerdo. ya que una investigación suplementaria resulta insuficiente. Mza) el debate debe interrumpirse y las actuaciones quedarán radicadas en la fiscalía. una tercera oferta de carácter mediato y que consiste en solicitar al Poder Ejecutivo la conmutación de pena o el indulto a favor del delator. Ambos beneficios presuponen una condena firme. por lo que deben ser implementados al final del proceso. 402) u otros medios de prueba (art.las distintas alternativas que pueden darse si el imputado decide arrepentirse durante etapa del juicio oral:  Durante los actos preliminares del juicio (arts. Cuestiones procesales 44 . Se trata de una verdadera investigación paralela que puede dar lugar incluso a nuevas imputaciones. Conmutación de penas o indulto El Código permite a los órganos judiciales agregar. introducirlos en la discusión. la cámara debe suspender el trámite y remitir el expediente al fiscal de instrucción a fin de que investigue y determine si los datos proporcionados son suficientes para “el enjuiciamiento de los sindicados”. coautores. sería obligatorio para la Cámara del Crimen. una investigación suplementaria resulta suficiente. eventualmente. todos deben ser puestos a disposición del fiscal de instrucción para que éste decida su situación. En el caso del punto a) el tribunal debe suspender el debate y remitir las actuaciones al fiscal de instrucción para que este investigue. Sí. cualquier decisión acerca de la prisión preventiva debe ser requerida por el fiscal de instrucción y resuelta por el juez de garantías. además del delator.  Al momento de declarar en el debate (arts. 403) a fin de corroborarlos y. existen otros imputados. 377 C. 364 a 374). según Vega. 26. Asimismo. por lo tanto no es aplicable una investigación suplementaria (art. siempre y cuando se cumplan los objetivos previstos en la norma. Aquí los efectos dependen de la clase de datos proporcionados: a) Si la delación consiste en revelar la identidad de autores.P.
¿En que carácter declara el sujeto arrepentido? En ninguna de las leyes nacionales donde se encuentra regulada la figura se ha determinado en que carácter declara el arrepentido. La autora considera que la delación premiada es una forma de coacción al imputado: “La norma en cuestión. inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. que prescribe que al imputado “…en ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir verdad ni se ejercerá contra él coacción o amenaza ni medio alguno para obligarlo.N. parece decirle al imputado "no delincas. Primero.”. es imputado y como tal debería prestar declaración indagatoria. el sujeto. sin embargo dicha voluntad no es libre.un beneficio a cambio de su declaración. han generado ciertas controversias de índole procedimental. a las cuales he de referirme ahora. Es unánime la doctrina en que. 35. sino con ella. más allá del evidente interés que tiene en la resolución de la causa. en tal caso. para que se impida o evite una situación de peligro. sin embargo. como parte en el proceso.P. se te va a eximir de la pena". y. como impedir o disminuir un peligro o aportar pruebas para el descubrimiento de un hecho-pero cuya ilicitud reside en la misma exigencia por parte de la norma.La particular naturaleza de la delación premiada. que en cierto modo es ajena a nuestra tradición jurídica. pero si lo haces --como el bien jurídico que vulneraste con tu conducta compromete el orden público-puedes colaborar para que se descubra la verdad.P. Así pues su contenido es absolutamente coactivo respecto del imputado ya que la norma lo está obligando a hacer algo --que en sí mismo puede ser lícito.tu colaboración es activa e idónea. 296 del C. así como su incorporación al régimen nacional sin prever las implicancias que su uso conllevaría dentro del proceso penal nacional. la indagatoria debe llevarse a cabo según lo dispuesto en el art. para Neira se presentan dos obstáculos 40. Podrá alegarse que el sujeto no es obligado ya que no actúa contra su voluntad. Sin embargo. ya que los hechos sobre los cuales declara – si bien pueden ser relativos a terceros – son en causa propia. No podría hacerlo como testigo.” 40 45 . puesto que al sujeto se le está ofreciendo --mediante el mensaje de la norma en cuestión-. la pena que te corresponde va a ser atenuada y si --además-.
la declaración del imputado colaborador. 41 42 46 . El primer autor señala que la Corte Suprema de los Estados Unidos (en Mc Carthy c.  Antes de formular su información el declarante deberá tener noticias claras de sus derechos y obligaciones: los potenciales beneficios. Tal como señalan Báez41 y Spolansky42.737. en cuanto implica una confesión. que requisitos debe cumplir la información que brinde. analizado en el punto 7.El otro obstáculo señalado por la autora surge de los art. entre ellas la de sustituir su identidad.  Deberá contar con la asistencia de su abogado de confianza. las consecuencias de que incurra en falsedades al momento de declarar. Me expandiré sobre estas dos observaciones al momento de tratar las críticas constitucionales a la figura. se encuentra constitucionalmente obligado a controlar que el reconocimiento de la culpabilidad sea voluntario antes de ser aceptado como fundamento de la condena (este criterio fue sostenido por la Suprema Corte de los Estados Unidos en “Sheldon vs. Todo ello sería incompatible con la garantía de defensa en juicio de los señalados por el delator. deben cumplirse todas las formas establecidas por las leyes procesales para la declaración indagatoria.3. United States”). la confesión debe emanar de una acto libre y voluntario. A ello debe sumarse el “control multilateral” que establece el art. 5 de la ley de hechos de terrorismo. dispone medidas de protección para el delator. debe estar rodeada de diversos requisitos a fin de asegurar su voluntariedad. la protección que puede brindársele. aunque adelanto que no las considero válidas. United States” y “Martin vs. Báez señala que el tribunal que dicte sentencia. Spolansky enumera los requisitos que deben cumplirse para que la delación revista dichos caracteres (libertad y voluntariedad):  La manifestación debe realizarse ante un juez (fiscal en los sistemas acusatorios) y exclusivamente ante él deben realizarse los aportes útiles para identificar a los responsables o secuestrar bienes relacionados con el hecho. El primero. etc. United States) ha establecido que la admisión de la culpabilidad por parte del acusado dependía de la comprensión de los elementos de la ofensa y las consecuencias de ese reconocimiento.3. Por ello. ateniéndose a la reducción legal prevista. Pero ello no es todo. mientras que el segundo dispone el anonimato del denunciante. 33 bis y 34 bis de la ley 23.  Por último.
38.P. entienden que se encuentra nulificada la delación entre parientes.36. El fundamento de la norma reside en preservar la cohesión familiar o la protección integral de la familia. 178 del C. ascendiente. 2 ley 25. Esto. como ya he expresado. la legislación cordobesa.241). impedir la consumación del hecho terrorista. en tanto. a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el denunciado. o por otras circunstancias ajenas al imputado se frustre la obtención de alguno de los resultados previstos por la norma (por ej. siempre y cuando la veracidad de la información suministrada haya sido acreditada.. es el Estado quién debe soportar las consecuencias disvaliosas que el uso de este 47 . debería extenderse a los demás casos previstos en el ordenamiento jurídico. en postura que adhiero.) sólo podrá ser arrepentido quien aporte datos útiles para individualizar a personas que no estén en un nivel de responsabilidad penal por lo menos igual o inferior a la de él. 329 in fine del Código mendocino.). Por ello. ¿Qué sucede frente a la frustración del resultado previsto por la norma cuando la información ha sido idónea? Puede suceder que la información otorgada por el delator se encuentre debidamente confirmada y sea eficaz para el avance de la investigación. el Estado debe cumplir con lo pactado aún cuando no se hubiese logrado el fin propuesto. éste dispone que “nadie podrá denunciar a su cónyuge. etc. 37.?. secuestros extorsivos y trata de personas (art. En este punto no existe diferencia alguna en los distintos regímenes nacionales. pero por negligencia de la autoridad policial o judicial.P. Señala Báez que. lavado de activos (art. Coincido con el autor.P. cabe mencionar que aquí se aparta de su fuente. ¿Cuándo se otorga el beneficio? Si bien la colaboración puede darse en cualquier etapa del proceso el beneficio se otorga siempre al momento de dictar sentencia condenatoria. Pero surge otra duda: ¿el arrepentimiento entra en colisión con lo dispuesto por el art. En efecto. donde sólo se incluye una facultad de abstención para testimoniar por parte del pariente cercano.” Lo mismo prevé el art. como ya he expresado.N. ¿A quienes puede delatar el imputado? No quedan dudas de que en casos de terrorismo. Báez y Riquert. secuestro de estupefacientes. 41 ter C. descendiente o hermano.
ya que sólo instruye en la causa y no juzga delitos. se plantea el problema de si esa reducción o eximición puede ser “anticipada” durante la etapa instructoria. Lo mismo consideró el T.”43 39. partiendo de la base que el valor de los datos aportados por el "arrepentido” recién se justipreciará al momento del debate respectivo. mas aún cuando tales efectos no le son reprochables al imputado. b) del art.C. Ariel” al tratar sobre los requisitos de procedencia del inc. porque si el delator --por hipótesis-aportó una batería de datos fidedignos y precisos. 43 48 .sin contrapartida a su favor. procediendo el juez a practicarla "en abstracto" y en relación a la pena prevista para el delito que podría corresponder al “arrepentido”. por apresuramiento.F. y la investigación. el acusador sufriría las cargas de su delación --particularmente de los peligros-. Sostener lo contrario implicaría un doble perjuicio para el imputado: no sólo pierde el beneficio procesal. lo que implica valorar la información suministrada por éste”. no llega a buen destino. por ineficacia o inexperiencia. y además no podría exigirlo así la ley.737: “Tampoco requiere que la investigación sea exitosa. al analizar la reforma introducida por la ley 24.O.instrumento excepcional pudiese generar.424 al régimen de estupefacientes. Considera el autor citado que puede “argumentarse en dos direcciones”  Postura restrictiva Se apoya en el hecho que admitir la excarcelación en la etapa instructoria implicaría exigirle al juez una valoración de la información que puede resultar “prematura”. sino precisamente lo contrario. 29 ter de la ley 23. sino que también soportaría los peligros derivados de la delación sin la protección del Estado. expone la cuestión en los siguientes términos: “previendo la ley una reducción o eximición de pena para quien delata. y es obvio que lo querido por el legislador no es eso. Nº 1 de Mendoza en el caso “Quiroga. También podría argumentarse la falta de competencia del juez de instrucción en lo referente a expedirse sobre la eventual reducción o exención de las penas previstas en la nueva ley para con los colaboradores de la justicia en el proceso. ¿Debe tenerse en cuenta la colaboración prestada por el imputado al momento de resolver su excarcelación? Vega. por errores. En esas condiciones nadie jamás hablaría.
241 al disponer que: “la reducción de pena prevista precedentemente deberá ser decidida por el tribunal del juicio al dictar la sentencia definitiva. podrá ser considerada a los fines de la excarcelación de acuerdo a las normas procesales comunes.O. se podría hacer una interpretación formal de los términos de la ley 23. Nº 1 de La Plata en el cual sostuvo que “la circunstancia de que su cliente haya sido aceptado dentro del “Programa de protección de testigos e imputados” perteneciente al Ministerio de Justicia de la Nación. descarta al juez de instrucción entre los órganos judiciales facultados para reducir o eximir de pena al “arrepentido”. la letrada alegó que debido a la rigurosa protección estatal a la cual estaba sometido su defendido era imposible que éste se fugara o dificultara la investigación. a la cual adhiere Vega.” Es interesente el caso del famoso arrepentido Leonardo Fariña: el Juzgado Federal N° 3 de La Plata había dictado su procesamiento con prisión preventiva en una causa donde se lo investigaba por la supuesta comisión del delito de evasión impositiva. Sin embargo tan pronto como la reducción de la escala penal prevista por los artículos 2º y 3º aparezca como probable. Su defensora presenta un pedido de excarcelación ante el T..  Postura amplia Para la postura contraria. procede la excarcelación del “arrepentido” en la etapa instructoria ya que su negación implicaría destruir la razón de ser del instituto. negar la excarcelación podría poner en peligro la vida del arrepentido cuando éste se encuentre alojado en el mismo lugar que los delatados.737: al hablar ésta de “’Tribunal”.” En otras palabras.A. a cambio de un beneficio (reducción o exención de la pena que podría corresponderle) anticipado.C. 29 ter de la ley a delatar autores y partícipes de los delitos investigados o a suministrar datos que permitan secuestrar elementos relacionados con estupefacientes. conforme las 49 .B. Fariña se acoge al régimen del arrepentido en una causa por lavado de activos competencia del Juzgado Federal Nº 7 de la C.F. Además. Pasados más de dos años de aquel procesamiento.A. que sería “inducir” a quien se encuentra incurso en los delitos mencionados en el art. neutraliza el riesgo de fuga que ponderó el Tribunal en la resolución anterior. Los magistrados resuelven hacer lugar al pedido de excarcelación establecimiento dos condiciones: “a) Que el inculpado Jorge Leonardo Fariña se mantenga sometido voluntariamente al Programa de protección de testigos e imputados protegidos. Esta solución adopta el artículo 4 de la ley 25.Por último. Por disposición de ese órgano jurisdiccional se incorpora al arrepentido al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.
44 45 50 . donde la figura ha tenido mayor uso en la práctica. 192 del Código de Procedimiento italiano al manifestar que: “Las declaraciones prestadas por el coimputado del mismo delito o por persona imputada en un procedimiento vinculado se evaluarán juntamente con los demás elementos de prueba que confirmen su admisibilidad”.44 40. las que tendrán por objeto no sólo garantizar la seguridad del imputado sino evitar que adopte actitudes elusivas. Montoya señala que el juez Falcone. Todo lo expuesto anteriormente bajo apercibimiento de revocar la excarcelación. Lo mismo dispone el art.”. “con su gran experiencia acerca del tema. En primer lugar. Además. Pueden ser tenidos como indicios: a) la exactitud de las respuestas b) la admisión de parte del arrepentido de su responsabilidad personal que de otra forma no hubiera emergido c) el interés del colaborar al indicar los verdaderos autores de los graves delitos cometidos. d) la ausencia de específicas razones que hagan a la imputación contra sí mismo e) la cautela demostrada durante el interrogatorio f) la solidez de las razones que lo llevaron a confesar su responsabilidad y delatar.condiciones impuestas según la legislación vigente. el tribunal deja a consideración del Director del Programa la necesidad de utilizar la pulsera electrónica. b) Que el imputado comparezca ante cada requerimiento del Tribunal bajo las medidas de seguridad que imponga la autoridad de aplicación. También señalaba Falcone que las declaraciones de los arrepentidos. a posteriori. decía que el uso procesal de las declaraciones del arrepentido no debía ser tratado como una solución general en una investigación relativa al tráfico de estupefacientes ni podía ser desechado con desaprobación desde un punto de vista prejuicioso. la veracidad de las mismas debían ser puestas a prueba en el momento mismo en que se las recibía al: a) preguntar siempre al sujeto que indique los elementos fácticos que vinculen la pertenencia de un individuo a una asociación de tipo mafioso o la responsabilidad en un delito específico b) verificar en que medida el sujeto conoce el interior de la organización a través de interrogatorio sobre diversos aspectos conocidos por el juez mediante otras fuentes de información. ¿Cómo deben valorarse los dichos del arrepentido? Para empezar resulta útil acudir al derecho comparado. serán conectadas con otros elementos del contexto procesal al que se encuentran articuladas.”45 El autor señala que el magistrado italiano seguía ciertas reglas al estimar las declaraciones de los pentito.
a falta de previsión legislativa. Báez sostiene que. Báez. nunca podrán ser utilizadas para incriminar a otra persona. Todos estos autores consideran que este tipo de declaraciones son sólo un medio más de recrear la verdad. y d) la valoración de la existencia de corroboración mínima ha de realizarse caso por caso. están quienes se pronuncian por la validez de este tipo de declaraciones (Montoya. consideran que ese imputado coaccionado. Según este principio el juez no se encuentra 46 51 . a declarar contra sí mismo. Además. aportará pruebas a través de una declaración que no será válida en sí misma por violar la garantía referenciada. Por otro lado. Riquert. b) la declaración incriminatoria de un coimputado es prueba insuficiente y no constituye por sí misma actividad probatoria de cargo mínima para enervar la presunción de inocencia. d) se considera corroboración mínima la existencia de hechos. o inducido al menos. Dentro de esta postura se encolumnan Neira y Terragni. es decir. c) la aptitud como prueba de cargo mínima de la declaración incriminatoria de un imputado se adquiere a partir de que su contenido quede mínimamente corroborado. las pruebas de allí surgidas son prueba ilegal y. cuando es la única prueba de cargo. Así. sino que deben valorarse en conjunto con la totalidad de diligencias tendientes a dilucidar el hecho constitutivo del proceso.”46 En nuestro país la normativa que recepta la figura del arrepentido no prevé reglas especiales en cuanto a la valoración de sus dichos.En España. datos o circunstancias externas que avalen de manera genérica la veracidad de la declaración. Franceschetti). es “sospechosa” o “intrínsecamente sospechosa”. la ponderación de los dichos del delator judicial deben ser evaluados según los principios generales de la valoración probatoria. éste tribunal ha resaltado que: “a) la declaración incriminatoria de un coimputado es prueba legítima desde la perspectiva constitucional. encontramos opiniones disímiles en la doctrina nacional. aplicando la regla de exclusión probatoria. la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de ese país indica que la declaración inculpatoria del coimputado. Spolansky. acudiendo a la sana crítica racional. Quienes advierten que las garantías constitucionales se violan. No deben ser consideradas una suerte de “prueba privilegiada”. A su vez. Tampoco lo hace la ley procedimental nacional o provincial.
al momento de referirme a la naturaleza jurídica de la delación premiada. 41. Son varios los autores (Montoya. Cohen. Para ello. ya que queda subordinada a la acusación. Franceschetti no duda acerca de la validez de la declaración del arrepentido. el desaliento para la formación misma de las organizaciones criminales.atado a previsión normativa alguna. condicionando la ruptura de la estructura 52 . su funcionamiento y los problemas que su uso acarrea en la práctica. En efecto. valorar seriamente los reproches existentes en la doctrina. con doble resultado. podría hacerse un análisis crítico de la misma. llevando indefectiblemente a un derecho penal de autor. ya que están expuestas al peligro de la delación. Por el otro. considera a esta “rama” del derecho penal “una concepción moderna mediante la cual la pena que sigue a la comisión del delito no se aplica o simplemente se atenúa. en otras palabras. o. no hay una “tasación legal” de la prueba. que ésta se encasilla dentro del llamado derecho penal premial. están impregnados de un necesario subjetivismo que la misma norma exige para acordar el beneficio”. siendo lo más grave la disminución de la defensa. sino que sólo debe someter sus conclusiones a las reglas de la lógica. la psicología y la experiencia común. lo que es una forma sui generis de despenalización. Aunque considera que la utilización de “premios” en el proceso penal constituye un peligroso retorno al inquisitivo. este autor como regla desconfía de los dichos del arrepentido. 42. el juez deberá valorar el comportamiento procesal del sujeto que tiene que responder a circunstancias o modelos prefijados para poder acceder al premio consistente en una reducción o eximición de pena. Anitua) que ven al derecho premial como un elemento desestabilizador de la relación causal entre delito y pena. impedir que las ya existentes lleven a cabo sus deseos criminales. Críticas a la figura No es casual que las principales objeciones y críticas al arrepentimiento sean tratadas casi al final del trabajo. citando al investigador peruano Cabrera Peña. En opinión de Cabrera Peña el interés político criminal que alienta el derecho premial es importante puesto que permite obtener efectos devastadores para las asociaciones criminales. aunque no considera que sea suficiente por sí sola para destruir el estado de inocencia. ni siquiera para dar base a un procesamiento. aseverando que “los dichos allí vertidos lejos de ser totalmente creíbles. por un lado. Montoya. por lo menos. Báez. Crítica dogmática al derecho penal premial Ya señale. Considero que sólo luego de tener un conocimiento profundo de la figura. Terragni.
N. 18 de la C. Terragni asevera que la utilización de “colaboradores” no respeta la estructura dogmática del delito. dispone que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”. El art. según el autor citado. la cual que contiene este mismo derecho en su art. Objeciones constitucionales Es sabido que nuestra Constitución. 8 ap. Actualmente esta garantía se encuentra asimismo reconocida por el art. g). que incorpora la Convención Americana de Derechos Humanos. considerado éste como un acto humano típicamente antijurídico. civiles. Ya me referí (en el punto 9. Principio de inocencia y prohibición de ser obligado a declarar contra sí mismo. etc. que es un elemento ajeno al comportamiento delictivo. 75. administrativas o penales y el daño indemnizable subsistente. debido proceso. que si no lo 47 48 49 53 . juez natural. inc.N. En ello coincide Terragni al estimar que “hacerle saber al imputado que su colaboración posiblemente le sea premiada reduce su libertad de decisión porque se le sugiere al reo. confiere a todos los habitantes del país un marco de derechos y garantías (principio de inocencia.47 Anitua señala que “con este mecanismo se le otorga relevancia al comportamiento procesal del acusado. 8 que “la confesión del inculpado solamente es válida sin es hecha sin coacción de ninguna naturaleza”. 22 de la C. . 49 43. 44.triangular del proceso. de manera indirecta. en su parte dogmática. Ello. juicio previo. implicaría un retorno a los supuestos de tipo de autor atendiéndose más a la actitud del sujeto que a los hechos. Parte de la doctrina considera que la utilización de arrepentidos lesiona algunas de estas garantías de índole constitucional. 2 inc. rompiendo su conexión causal del momento de determinación de la pena con el hecho investigado”. de legalidad o reserva. sin perjuicio de las responsabilidades políticas. y precisa en el apartado tercero del art.) cuya conculcación importa la nulidad de la norma o acto procesal lesivo.48 En el mismo orden.1) a la postura de Neira en cuanto a la naturaleza coactiva de este instituto respecto del imputado. para la determinación de la pena. culpable y punible.
Si bien señala que ello es cierto. Ziffer se pronuncia en iguales términos. llegando incluso a expresar que elimina su voluntad. un efecto coactivo que ataca la voluntariedad del imputado”. la libertad de decisión. y es él y su abogado quienes deberán calcular cuáles son las consecuencias más ventajosas para el interesado. Para esta autora. cuando. una mirada muy sesgada de la figura. en un debate público. De esa manera la coacción reduce. quizás. Principio de igualdad ante la ley 50 51 52 54 . Ahora debe elegir entre el mal amenazado (pena en abstracto) que desdeñó al delinquir y algo mejor (reducción o exención de pena)”. de por sí. que debe respetársele al imputado”. Tampoco lo es físicamente. 51 Spolansky reconoce que una de las principales críticas a la figura es que se obliga al imputado a elegir la pena más leve. El arrepentido no es obligado normativamente a transmitir información útil. a mi juicio. por lo que no creo que la delación premiada vulnere la facultad del imputado “de no declarar en su contra”. convertir la confesión y la atenuación de la pena en objeto de trueque puede tener efectos nefastos. es un aléa que el imputado debe afrontar producto de un debate oral. Estima que “las propias palabras del juez ofreciendo una reducción de pena a cambio de una auto incriminación tiene.52 Debo admitir que ambas conclusiones me parecen acertadas. o bien podría ser absuelto.hace su situación será más grave. 45. y hasta anula.50 En la vereda opuesta se encuentran Franceschetti y Spolansky. pues hacerle saber al imputado que su confesión posiblemente lo libere de una pena grave. El primero señala que “la voluntad es libre porque se plantea falsamente aquello que "si no colabora su situación será más grave": su situación no será más grave sino que será igual pues ya conocía el sujeto la consecuencia que tenía su obrar. reduce la libertad de decisión considerablemente. Considerar el arrepentimiento una forma de coacción al imputado. o bien podría tener el mínimo de la escala penal más grave. importa. Entonces puede afirmarse que ahora la libertad es mayor pues son mayores las opciones a seguir para evitar la pena conminada: abstenerse de declarar o colaborar.
“También antenta contra el principio de igualdad ante la ley pues beneficia al que primero "colabora". pero. a los que sin embargo se los trata de manera distinta. dispone que “es inviolable la defensa en juicio de la persona”.Este principio se encuentra incluido en el art. que se inflija un castigo semejante ante la comisión de actos de similar naturaleza. dependiendo solo de su voluntad hacerlo o no.” Continúa diciendo que la delación premiada agravia el principio de igualdad ante la ley. que se halle vulnerado el principio de igualdad ante la ley.” Señala Terragni53 que “los Constituyentes de 1853 estructuraron el Estado que estaban creando bajo la forma republicana. en los siguientes términos: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre.” Nuevamente Franceschetti acude a rebatir el reproche de inconstitucionalidad.) f de la C.A.N. Todos sus habitantes son iguales ante la ley. ya que ésta se dicta para regir erga omnes y sin embargo esta figura posibilitaría una reacción estatal distinta. dispone derecho el “de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia. 18 de la C. No creo. Esta equiparación también comprende. En otras palabras. y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. 2 inc. todo sujeto que colabora está en posición de obtener una pena reducida.H. en el sentido que la igualdad rige para iguales situaciones. Tal como señala Vega “el problema no consiste tanto en las formalidades que deben rodear la actuación del arrepentido.”. sino en relación al resto de los imputados que pueden ver vulneradas sus 53 55 . 8 ap. todos aquellos que cumplan con los requisitos normativos tienen la posibilidad de colaborar y obtener en beneficio procesal. Derecho de defensa en juicio El art. por tanto. no obstante que los hechos que se juzgan fueron cometidos por hombre semejantes. el art. 46.D. Considera que la igualdad ante la ley requiere ser precisada. 16 de la C.N. es decir. como es obvio. de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. cuyo fundamento básico es la igualdad de todos los hombres ante la ley. pues cuando los demás se decidan a hacerlo es posible que la "cooperación" de ellos ya no sea necesaria. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. El que primero colabora se beneficia y el siguiente quizás no tenga esa posibilidad. ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. si éste hubiera llegado primero hubiera podido colaborar y no el otro luego. como testigos o peritos. A su vez.
Añade Terragni la amenaza que para el imputado constituyen los dichos de el delator bajo reserva de identidad.415 (Código Aduanero) “que surgen de los dichos del coimputado Flores los cuales se encuentran reservados en el tribunal. Asimismo señala que el anonimato implica una violación directa a lo dispuesto por el inc. ya que esto implicaría poner en evidencia esa delación.” 54 55 56 . es decir. f). ap. cómo y cuánto puede saber e impidiendo. Rubén y otros” (1997). al orden constitucional.A.” El tribunal denegó la petición estableciendo que no había ninguna imputación que se apoye en las constancias de las actuaciones reservadas. el cual dispone que las personas que denuncien cualquier delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero.F. Por ejemplo. no produce por sí mismo ningún efecto y se podrá defender de los efectos que realmente hubiera generado. y que por ello resulta fácil advertir que se está lesionando el derecho de defensa al no poder ofrecer las pruebas correspondientes a estos hechos. y. asimismo. Nº 1 de Mendoza tuvo la posibilidad de resolver acerca de la cuestión examinada en el fallo “Herbas.”54 El igual sentido se expide Neira al comentar el art. 8 del C. El derecho de defensa no resulta conculcado porque aquello de lo que no se tiene conocimiento.. 2 del art. se mantendrán en el anonimato.O. ley 23.737.C. La autora considera que la norma limita por parte de los otros imputados su derecho de defensa derivado del conocimiento de quien declara. 34 bis de la ley 23. la defensa del imputado solicitó la exhibición de documentación reservada. ya que no puede contrarrestarlos porque no conoce quien los genera ni qué interés lo mueve.737. sus defensores. en principio. por lo tanto.H. no podrán acceder a la totalidad de la prueba en contra de sus clientes cuando en la causa ha delatado un “arrepentido”. 29 ter. En virtud de ello el órgano jurisdiccional entendió que: “Si por el contrario se obtienen pruebas estas van a aparecer en la causa y podrá así defenderse válidamente respecto de ellas el imputado. requiriendo que se hagan conocer actuaciones recibidas en el marco de lo que establece el art. El letrado defensor alegó que a su defendido se le imputaban infracciones a la ley 22. 55 En el caso. la posibilidad de un careo.garantías constitucionales. estas no fueron consideradas al dictar el procesamiento del imputado.D. El T.
” Para fundamentar su posición cita a Beccaría. En este sentido Terragni considera que la delación premiada es jurídicamente indefendible. puede entenderse que la reserva de identidad no deberá regir para la defensa de los demás imputados cuando su declaración se incorpore al proceso . Así. la validez de los compromisos en relación a la actuación de quienes violan la ley penal y. Debe dejarse en claro que en caso que a un colaborador se le otorgue reserva de identidad. Luego hace referencia a la “función didáctica de la ley”: “El Estado no puede dictar una ley que. un modo autofrustrante de convertir en irrealidad el sentido de la amenaza de la ley del Estado. pero el Estado no las reconoce como válidas. por la otra parte. Si tuviere que dictar nuevas leyes en algún rincón abandonado del universo. La deslealtad entre criminales podrá tener sus propias reglas. Si lo hiciese educará de manera a los ciudadanos para que aprecien que es preferible la perfidia a la lealtad.737. el cual expone que “las acusaciones secretas son desórdenes en muchas naciones por la debilidad de su constitución". La ética estatal Los detractores de esta figura alegan que a través del arrepentimiento el Estado se vale. quedaría desestimado el planteo de inconstitucionalidad del art. una conducta moralmente disvaliosa: la delación entre pares. “porque la ley que no se funda en la ética no es Derecho sino un ejercicio de la fuerza por parte del Estado”. Entonces los hombres se acostumbran a enmascarar los sentimientos propios y. 34 bis de la ley 23. ve en él a un enemigo. no debe entenderse ello como reservado a la defensa también. pues ello implicaría. Desgraciados cuanto llegan tales extremos. y a la vez estimula.” 57 . Spolansky sale al cruce de esta objeción recordando que “que nadie tiene el derecho a no ser investigado y que los llamados pactos de silencio entre los miembros de un grupo cuyas obras son delitos no están protegidos por ninguna regla constitucional. antes de autorizar tal costumbre me temblaría la mano". aunque esta última tenga lugar en el oscuro ámbito de la delincuencia. como todas tiene un contenido didáctico. por una parte. siguiendo lo dispuesto por el tribunal mendocino. llegan finalmente a escondérselos a sí mismos. auspiciando esta forma de delación fácilmente identificable como traición.Entonces. pues de resultar útiles sus dichos se incorporarán pruebas que las defensa controlará sin retaceos. ni tampoco protege su incumplimiento.justamente por ello se prevé el cambio de identidad como medida de protección-. "Quien puede sospechar en otro un delator. 47. con el uso de escondérselos a otros.
Personalmente no niego – ¿y quién pudiera hacerlo? – que la delación constituye en sí misma una práctica contraria a los principios éticomorales que deben regir la conducta de cualquier persona. no se le debe otorgar protección a la “ética delincuencial”. Empero. y eso. Quizás esta excepción puede aparecer "repugnante desde el punto de vista moral. En ello coincido plenamente con Spolansky y Franceschetti. a los famosos pactos de silencio. Lo inmoral no es recurrir a la delación premiada. el cual reconocía como eximente la posibilidad de que el particular después de haber corrompido al funcionario. e incluso puede tener el aspecto de una incitación al delito y de una impunidad otorgada a la dilación".N. En primer lugar. Verdadera eficacia del instrumento 58 . se le está otorgando al criminal la posibilidad de redimir su conducta contribuyendo al accionar de la justicia y a la protección del bien jurídico que anteriormente hubiera atacado. ya que no dudo que en ese caso. sería claramente una violación al principio de intimidad del art. pienso que cuando ella es utilizada para combatir la criminalidad no convencional no se la puede considerar reprochable desde el punto de vista moral por dos razones. sino que por sobre ella debe privar el valor justicia. además de llamarse derecho penal de autor. es mucha más profunda que aquella que podría afectarse con una medida como la de exonerar a los arrepentidos. al proponer la figura para los casos de corrupción. Palacio Laje. “lo denuncie a la justicia”. sino renunciar a un instrumento legal para el descubrimiento de la “verdad real” y la concreción del valor justicia porque se quiere respetar los lazos afectivos de la delincuencia organizada. si se termina con una organización mafiosa. según sostiene el jurista italiano. siendo preferible pagar el precio de un criminal en libertad. pero asevera que la herida tal delincuencia genera en el orden moral de nuestra sociedad. se estaría utilizando a la pena como elemento de reconversión ideológica. pero resultaría una decidida y clara medida que bien justifica la lucha contra el flagelo de la corrupción. fundado en motivaciones éticas. 48. no desconoce la controvertida moralidad de la delación premiada. aunque éste no sea el motivo que lo lleva a delatar. Consolida su postura citando las ideas de Carrara.Lo mismo señala Franceschetti al indicar que no debe el Estado llegar al punto de respetar la “ética de la delincuencia”. 19 de la C. que en última instancia es la que impone la obligación de callar lo que se sabe acerca de hechos delictivos (la ley de omertá). Por otro lado. tal como señala Muñoz Conde. Y bien hace la ley en no exigirle al delincuente su verdadero “arrepentimiento”.
56 59 . algunas de las preguntas que deberían formularse para dilucidar la problemática planteada.Creo que aquí finca la más estoica crítica que puede hacérsele al arrepentimiento: en su verdadera utilidad práctica. a mi juicio. máxime si se considera la presión que generan la gran cantidad de opiniones doctrinarias que la rechazan. ¿cuántas organizaciones han sido desbaratadas gracias a su utilización?. si por el contrario. se deslinde de su obligación de protegerlo frente a los peligros que implica la delación. El utilitarismo sólo es argumento justificador de un instituto cuando éste produce la mayor cantidad de beneficios a la mayor cantidad de personas y con el menor sacrificio posible. éstas son. Escasísimos han sido los casos en que el instituto se ha aplicado en la provincia y ha generado diversas controversias y dificultades prácticas. o que el Estado. ¿cuántas condenas se han dictado siguiendo los dichos de los arrepentidos?. o que los delincuentes sean “apretados” para incriminar a quien es inocente. si lograse demostrarse que ella es inútil para cumplir los fines propuestos al momento de legislarla. ¿ha sido útil para enjuiciar a los jefes y promotores de las organizaciones. No es ajeno a la realidad que los operadores judiciales al “pactar” con delincuentes siempre son vulnerables a ir más allá de lo que la ley permite y caer en la ilegalidad. A ello hace referencia Coussirat cuando menciona que en Mendoza ha sido ínfima la incidencia práctica que ha tenido la incorporación del arrepentido a la legislación. Estimo que quienes busquen desechar este instrumento deberían hacer foco en cuáles han sido los beneficios que el arrepentido ha traído a la praxis jurídica penal. sí efectivamente el arrepentido contribuye a combatir la delincuencia organizada. Todas éstas son cuestiones que deberán corroborarse en la realidad. Habría que analizar seriamente si eso sucede en la realidad penal Argentina. o sólo ha servido para apresar a los “perejiles”? ¿su uso ha generado prácticas ilícitas dentro del sistema penal?. luego de obtener la colaboración del imputado. no quedarían entonces motivos valederos para sostener su existencia. son más los efectos perjudiciales derivados de su uso. Teniendo en cuenta que su fundamentación es puramente utilitaria.56 ¿Verdaderamente ha servido como herramienta en la lucha contra la criminalidad organizada?. o.
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