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Timestamp: 2019-03-23 02:37:51+00:00

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¿Inmunidad de los acreedores financieros con garantía real frente a los acuerdos de refinanciación homologados? - El Derecho
Foro 01-11-2013	Coordinador: Jacinto José Pérez Benítez
La disposición adicional cuarta de la Ley Concursal (“...
La disposición adicional cuarta de la Ley Concursal (“LEC”) -EDL 2003/29207 necesita pocas presentaciones. Hace referencia a la llamada técnica de escudos de protección de las refinanciaciones de deudores en situación en crisis, introducida en nuestra legislación concursal en la modificación operada por el Real Decreto-Ley 3/2009 y después modificada y ampliada en la posterior reforma de la Ley 38/2011 -EDL 2011/222123-. Los diversos elementos de la regulación de los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente han dado lugar a una masiva producción de comentarios y opiniones. La cuestión ahora formulada se refiere a uno de esos aspectos: el de la extensión (o ausencia de ésta) de sus efectos a los acreedores disidentes con garantía real.
El otro caso, más reciente, es el del Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona de 28 de junio de 2013, de homologación del acuerdo de refinanciación alcanzado por el Grupo Celsa con sus acreedores. Este Auto no se enfrenta con la literalidad de la disposición adicional cuarta LC -EDL 2003/29207 ni se plantea la posible aplicación supletoria al caso del artículo 56.1 LC. Va por un camino diferente: el de la determinación del alcance de la expresión acreedor “dotado de garantía real”. En este caso, el Auto considera que “no es necesario acudir a este criterio [el sentado por el Auto de 10 de abril de 2013 -EDJ 2013/81251-] porque no hay acreedores cuyos créditos estén dotados de garantía real en el sentido de la DA4LC”. Los acreedores disidentes formaban parte de un préstamo sindicado, de manera que “si bien en un sentido lato puede defenderse que tienen sus créditos dotados de garantía real, lo cierto es que individualmente considerados no la tienen… el acreedor financiero disidente… si bien nominalmente puede presumir de disfrutar de garantía real en la realidad sin el apoyo de la mayoría de los acreedores su posición se asemeja a un acreedor sin garantía real que no a uno dotado de ella”. De nuevo, se está ante una solución que, aunque más atenta al tenor de la Ley, parece adoptada para dar una solución determinada para un caso concreto. El mismo criterio de prudencia debe seguirse a la hora de valorar esta solución y su posible aplicación a otros casos. En particular, no parece que pudiera extrapolarse a otros ámbitos del procedimiento concursal más allá del estrictamente relativo a los acuerdos de refinanciación homologados y su alcance subjetivo.
Han pasado cuatro años y medio desde el Real Decreto-Ley 3/2009 -EDL 2009/22291 y casi dos desde la Ley 38/2011 -EDL 2011/222123-. El debate parece haberse reabierto ahora, incluso con mayor intensidad. La razón no está sólo en los precedentes judiciales que se acaban de citar; y en otros que han tratado aspectos diferentes de la regulación de este mecanismo. Está también en que actualmente se tramita el Proyecto de Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización -EDL 2013/178110 (BOCG núm. 52-1). Este Proyecto se refiere a algunos de los aspectos de la regulación introducida por la Ley 38/2011 que más problemas han dado en la práctica y propone modificaciones que van precisamente en esa línea de ir dando pasos para facilitar las refinanciaciones. Así, se reducen las mayorías exigidas para la homologación del 75% actual al 67% y se introduce un nuevo artículo 71 bis LC -EDL 2003/29207 que establece un procedimiento específico para la designación del experto independiente. Sin embargo, no se toca en el Proyecto el tema de la posible extensión, total o parcial, de los efectos del acuerdo homologado judicialmente a los acreedores disidentes con garantía real.
La disposición adicional cuarta de la Ley Concursal -EDL 2003/29207- (en ade...
La disposición adicional cuarta de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 (en adelante LC), añadida por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo y redactada de nuevo por la Ley 38/2011, de 10 de octubre -EDL 2011/222123-, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, regula la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación cuyas condiciones se establecen en los artículos 5.bis, 71.6 y en la disposición adicional cuarta LC.
La LC -EDL 2003/29207 sujeta el otorgamiento de la homologación judicial del acuerdo de refinanciación a dos controles que debe efectuar el juez, uno concreto y objetivo de legalidad y otro de oportunidad que deberá valorar (Auto del Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Barcelona de 10 de abril de 2013 -EDJ 2013/81251-).
La disposición adicional cuarta establece como requisitos para solicitar y otorgar la homologación judicial que el acuerdo de refinanciación reúna los requisitos de fondo y forma referidos en el artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207 y que el mismo haya sido suscrito por los acreedores que representen al menos el 75% del pasivo cuya titularidad corresponda a las entidades financieras.
Sobre este control previo de legalidad debe partirse por tanto de lo previsto en el artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207 en el que se regulan los acuerdos de refinanciación destinados a la conservación de la actividad empresarial o profesional del deudor y protegidos frente a la acción rescisoria, siempre que vayan acompañados de un plan de viabilidad, que el acuerdo sea suscrito por los acreedores que representen tres quintos del pasivo, que se acompañe el informe favorable de un experto independiente y se formalicen en instrumento público.
La literalidad de la disposición adicional parece que no deja mucho margen a una interpretación diferente aún cuando contradice los objetivos iniciales de la LC -EDL 2003/29207 al permitir dichos acuerdos como mecanismo para evitar la declaración de concurso y en la práctica pueda obstaculizar la celebración de dichos acuerdos de refinanciación o incluso, en el caso de que pudieran ser homologados judicialmente, avocar a su incumplimiento cuando y por ejemplo dichas garantías reales no incluidas fueran determinantes, directa o indirectamente, para mantener la viabilidad o continuidad, a corto o medio plazo, de la actividad empresarial o profesional del deudor o afectar a la integridad de su patrimonio.
El referido Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona de 10 de abril de 2013 -EDJ 2013/81251 parece dar una solución a este tipo de situaciones y, a su criterio, superados los controles de legalidad y oportunidad y atendidas las circunstancias del acuerdo de refinanciación, concreta los efectos que produce la homologación en las entidades financieras disidentes y aplica por analogía lo establecido en el artículo 56.2 LC -EDL 2003/29207 que permite la suspensión de las ejecuciones hipotecarias en marcha cuando los bienes están afectos a la actividad del deudor concursado. De esta manera se permite mantener íntegro temporalmente el patrimonio del deudor afecto a su actividad para intentar lograr el cumplimiento normal de sus créditos y evitar, en su caso, la declaración de concurso.
En el caso concreto analizado en el referido Auto, además de ponderarse otras circunstancias concurrentes, el acuerdo de refinanciación superaba los límites porcentuales del pasivo exigidos y el plazo de espera no superaba el año y, por tanto, no superaba el plazo señalado en el artículo 56 LC -EDL 2003/29207 ni el de tres años establecido en el párrafo segundo del punto tercero de la disposición adicional cuarta LC.
En consecuencia se cumplieron con creces los controles de legalidad y oportunidad exigidos por la LC -EDL 2003/29207 y previa ponderación de las circunstancias concurrentes se extendieron los efectos de la espera pactada a las entidades financieras disidentes y la paralización de las ejecuciones promovidas o pendientes.
No cabe duda que la lectura de la DA 4ª de la Ley Concursal -EDL 2003/29207-...
No cabe duda que la lectura de la DA 4ª de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 lleva a una conclusión inmediata, a saber, que sin el acuerdo unánime de los acreedores profesionales con garantía real la homologación carece casi de sentido pues en el número 1 in fine de la citada Disposición se prevé expresamente que la extensión subjetiva del acuerdo se limita respecto de aquellas entidades financieras no partícipes del acuerdo o disidentes…cuyos créditos no estén dotados de garantía real.
Es por ello que se puede compartir la calificada como “inmunidad relativa” de los acreedores con garantía real, disidentes o no partícipes, definida ya por la doctrina –Antonio Fernández y Adrián Thery, Juan Pulgar y que deriva de la consideración de que la exclusión de los efectos del acuerdo homologado únicamente se extiende respecto del bien objeto de la garantía pero no respecto del crédito, en modo tal que si bien no se producirá la paralización de las acciones reales frente a la garantía, la ejecución del crédito no podrá exceder de su propia garantía, vedándose por tanto las posibilidades de actuación frente a terceros bienes distintos al que constituye la garantía.
Al margen de esta interpretación, entendemos que resulta extraordinariamente complejo valorar la cuestión de los efectos –también las razones de paralización de las acciones desde los criterios legales de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 como parece hacer, en lo que hace a esto último, el Auto judicial referenciado.
Sin embargo, sí podría ser dable ampliar la interpretación de la DA -EDL 2003/29207 desde sí misma con una interpretación sistemática de su propio contenido, valorando los instrumentos que se confieren para la toma de decisión sobre la propia homologación.
Estamos haciendo referencia al concepto de “sacrificio desproporcionado” a que se refiere el número 3 de la citada DA -EDL 2003/29207 y que le viene a señalar al Juez el criterio a tomar en consideración para proclamar el efecto extensivo como condición misma de la homologación.
En efecto, dice la DA 4ª-3 -EDL 2003/29207 que el juez otorgará la homologación siempre que el acuerdo…no suponga un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron, marco en el que se incluyen tanto las acreedoras financieras no partícipes como las disidentes. Pero cabría entender más aún, que, como no discrimina, pudieran entenderse incluidos los acreedores con garantía real de modo tal que estuviéramos ante un condicionante que implementara la exclusión genérica del acreedor real a que se refiere el número 1 del precepto.
De entenderse así, podríamos analizar la exclusión del acreedor con garantía real con el propio instrumental de la DA -EDL 2003/29207 atendidos los hechos determinantes de la propia homologación en función de los intereses razonablemente protegibles que deberían medirse con criterios cualitativos enfrentando los intereses del disidente con los de la mayoría para alcanzar una respuesta al nivel de sacrificio que puede imponerse en post de una respuesta global.
La Ley 38/2011, de 10 de octubre -EDL 2011/222123-, que reformó la Ley Concu...
La Ley 38/2011, de 10 de octubre -EDL 2011/222123-, que reformó la Ley Concursal -EDL 2003/29207 (LC), introdujo en nuestro ordenamiento la posibilidad de imponer un acuerdo a quien no era parte de los mismos. En concreto, la Disposición Adicional Cuarta de la LC regula la posibilidad de que el Juzgado homologue los acuerdos de refinanciación (que cumplieran los requisitos fijados en el artículo 71.6 LC), de forma que la espera pactada en los mismos se extiende a las entidades financieras que no han consentido los mismos.
Se superaba, de esta forma, un principio clásico del ordenamiento jurídico español: la relatividad de los contratos (artículo 1.257 de nuestro Código Civil -EDL 1889/1 “los contratos sólo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos”).
Esta parecía ser también la posición de nuestros tribunales. Así, en las Conclusiones de los Magistrados de lo Mercantil de Madrid sobre los criterios de aplicación de la reforma de la LC -EDL 2003/29207 (reunión de 13 de diciembre de 2011) se señalaba que sólo podían considerarse acreedores afectados por el acuerdo de refinanciación homologados, a efectos de su legitimación para oponerse al mismo, “los acreedores financieros no firmantes del acuerdo (…) a los que se extienda el efecto de espera (por tanto, excluidos los acreedores con garantía real)”.
Esta es precisamente la clave, a mi juicio, de cuándo y cómo la homologación de un acuerdo de refinanciación puede “afectar” a los acreedores titulares de garantías reales. Las dos resoluciones y el acuerdo que citamos en el párrafo anterior no son contrarios a lo dispuesto en la DA 4ª -EDL 2003/29207 y tratan de extender a los acreedores titulares de garantías reales, más allá de lo querido por el legislador. Pero lo que si tratan de hacer es examinar cuáles son los motivos para la exclusión de estos acreedores disidentes y en qué términos debe producirse la misma.
Es cierto que el Auto de 10 de abril de 2013 -EDJ 2013/81251 al que antes nos hemos referido parece exceder ese límite – justificado por el escaso tiempo de la paralización. No me parece una interpretación correcta, sino en exceso “correctora” de la norma. Una cosa es que fuera deseable, de lege ferenda, la aplicación analógica del art.56 LC que este Juzgado y la doctrina propugnan y otra es que la norma, en su actual redacción, lo autorice. Hoy por hoy el acuerdo de refinanciación homologado no debe afectar a los acreedores con créditos que cuentan con garantía real en cuanto a la ejecución de su garantía, pero única y exclusivamente respecto a ella.
La figura de la homologación judicial de acuerdos de refinanciación ha sido...
La figura de la homologación judicial de acuerdos de refinanciación ha sido introducida en la Ley Concursal -EDL 2003/29207 por medio de la Ley 38/2011, de 10 de octubre -EDL 2011/222123-, como un paso más en la búsqueda de soluciones a la insolvencia del deudor que posean suficiente agilidad y sean capaces de prevenir el procedimiento judicializado del concurso de acreedores.
Es importante destacar que la homologación judicial de acuerdos de refinanciación es tributaria de la reforma de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 llevada a cabo por medio de Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo -EDL 2009/22291-, que estableció los requisitos para la eficacia de lo que se ha dado en conocer como “escudo protector” de los acuerdos de refinanciación ante las acciones de reintegración concursal.
Desde la perspectiva sistemática, el que la homologación judicial de acuerdos de refinanciación sea un instituto preconcursal que no queda integrado en el proceso concursal (Disposición Adicional 4ª -EDL 2003/29207-), dificulta extender, por medio de cualquier técnica interpretativa, los efectos de la declaración del concurso sobre las acciones individuales –y, seguramente, sobre cualquier otro extremo a la homologación judicial de acuerdos de refinanciación.
Uno de los principales objetivos de política jurídica que han fundamentado ...
Uno de los principales objetivos de política jurídica que han fundamentado las reformas introducidas en la Ley concursal -EDL 2003/29207 (en adelante, LC) con posterioridad a su entrada en vigor, ha sido facilitar y potenciar los acuerdos de refinanciación como mecanismo preconcursal y como alternativa al concurso. En este sentido, el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo -EDL 2009/22291-, introdujo un tratamiento específico para los acuerdos de refinanciación, que sometía su protección frente a las acciones de reintegración al cumplimiento de exigentes requisitos formales y materiales, combinado con la posibilidad de anticipar la solicitud de declaración de concurso para facilitar un período temporal que permitiese negociar un acuerdo de esa naturaleza y recabar los apoyos necesarios sin la permanente amenaza de la presentación de una solicitud de concurso necesario. Aun cuando los acuerdos de refinanciación acogidos a esta normativa fueron escasos dada su rigurosidad, lo cierto es que el clima positivo generado por la misma permitió la suscripción de un buen número de acuerdos de refinanciación que evitaron en muchos casos el concurso de acreedores.
En todo caso, deben también tomarse en consideración otras medidas incorporadas a la norma. En este sentido, el apartado 3 de la Disp. Adicional Cuarta LC -EDL 2003/29207 determina que el juez únicamente procederá a la homologación cuando, además de concurrir los requisitos materiales y formales exigidos, «no suponga un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron». Es decir, el juez ha de tomar en consideración los efectos que el acuerdo pueda provocar sobre las entidades financieras acreedoras que no se hayan adherido al mismo, ante la previsión de que sus efectos puedan también extenderse a éstas. Y a este respecto no se distingue entre entidades financieras con créditos dotados de garantía real y el resto. A su vez, ese mismo precepto autoriza al juez, previa ponderación de las circunstancias concurrentes, a «declarar subsistente la paralización de ejecuciones promovidas por las entidades financieras acreedoras durante el plazo de espera previsto en el acuerdo de refinanciación, que no podrá superar los tres años». Y de nuevo en este caso tampoco se hace distinción entre las entidades financieras acreedoras disidentes o ausentes y las que se hayan adherido al acuerdo de refinanciación. Sin embargo, el resto del precepto se refiere repetidamente a las entidades financieras afectadas por la habilitación lo que permite considerar que existen también entidades financieras acreedoras que no se ven afectadas por la misma, precisamente, aquéllas disidentes o no adheridas cuyos créditos están dotados de garantía real.
Entendemos, por tanto, que con independencia de las circunstancias del caso, no cabe extender la eficacia de un acuerdo de refinanciación a aquellas entidades financieras acreedoras que, no habiéndose adherido al citado acuerdo, ostenten créditos con garantía real por impedirlo directamente el propio tenor de la Disp. Ad. Cuarta, apartado 1, LC -EDL 2003/29207-, sin perjuicio de que pueda entenderse que esta inmunidad queda limitada exclusivamente al crédito o créditos garantizados. En este sentido, la medida contenida en esta disposición constituye una excepción al principio de relatividad de los contratos que se establece en el art. 1257 del Código civil -EDL 1889/1 y, en cuanto tal, debe ser interpretado restrictivamente. Entre las diferentes opciones que ofrecía el Derecho comparado (desde el modelo abierto de los schemes of arragements ingleses cuyos efectos se extienden a todos los acreedores y respecto del contenido íntegro del acuerdo, hasta el modelo restringido de los accordi di risttructurazione italianos), el legislador español ha optado por una excepción limitada al principio de relatividad de los contratos, en tanto ha circunscrito la extensión de los efectos del acuerdo de refinanciación a la espera prevista en el mismo y ha excluido de la misma a los acreedores no financieros y a los financieros cuyos créditos estén dotados de garantía real.
Más discutible es, sin embargo, si cabe extender la suspensión de la ejecución iniciada por una entidad financiera acreedora disidente o no participante en el acuerdo de refinanciación y que tenga su crédito garantizado con garantía real. A este respecto, como señalábamos anteriormente, del tenor literal de la LC -EDL 2003/29207 podría deducirse que cabe extender la suspensión también a las entidades financieras acreedoras disidentes o no participantes con créditos dotados de garantía real, aunque éstas sean inmunes a los efectos del acuerdo de refinanciación y su homologación judicial (así lo ha defendido por ejemplo PULGAR EZQUERRA, en varios trabajos -«Preconcursalidad y acuerdos de refinanciación», cit., pág. 35, «Acuerdos de refinanciación y fresh money», RCP, 15, 2011, pág. 53; «Acuerdos de refinanciación y escudos protectores en la reforma de la Ley concursal española 22/2003», La Ley, 7731, de 8 de noviembre de 2011, pág. 6, aunque reconociendo en este último trabajo que ello debería haberse recogido de manera explícita en la Ley-), lo cual resolvería en buena medida la falta de eficacia de los acuerdos de refinanciación frente a estos acreedores. Sin embargo, no estableciéndose con carácter expreso que la suspensión puede también extenderse a estos créditos y, en cambio, estableciendo la Ley con claridad que los efectos del acuerdo no se extienden a ellos, parece que debemos inclinarnos por la respuesta contraria (de otro modo, el acreedor cuyos créditos están dotados de garantía real podría sufrir un mayor plazo de suspensión no habiendo declaración de concurso que habiéndose producido ésta, en tanto la LC limita esa suspensión al plazo de un año; ampliamente con otros argumentos, vid. AZOFRA VEGAS, cit., págs. 137 y ss).

References: artículo 56
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 56
 artículo 56
in fine
 artículo 71
de lege ferenda
 Real Decreto 
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