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Timestamp: 2020-07-10 06:26:02+00:00

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﻿ SENTENCIA SU-200 DE ABRIL 17 DE 1997 UNIFICACION
SENTENCIA SU-200 DE 17 DE ABRIL DE 1997
CONTENIDO:LA RAZONABILIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE PRESTAR EL SERVICIO MILITAR
TEMAS ESPECÍFICOS:PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR, FUERZAS MILITARES, FINALIDAD DE LAS FUERZAS MILITARES, APLAZAMIENTO DEL SERVICIO MILITAR, EXENCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR, INCORPORACIÓN A LAS FUERZAS MILITARES, DEBERES DE LAS FUERZAS MILITARES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:307 DE JULIO DE 1997, PÁG.1011
Sentencia SU-200 de abril 17 de 1997
Ref.: Expedientes acumulados T-108998, T-109000, T-109923, T-112635, T-113456, T-113714, T-101782, T-103446, T-110434, T-110868, T-114062, T-115612 y T-116360
Acciones de tutela instauradas por Yaneth Rubiano Labro y otros, en representación de sus hijos, soldados bachilleres, contra los comandantes del Ejército Nacional y de la segunda brigada, y contra el Teniente Coronel José Elías Mahecha Cárdenas
Santa Fe de Bogotá, D.C., diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete.
La Sala Plena de la Corte, aplicando el Acuerdo 1 de 1996, que adicionó el reglamento de la corporación, decidió asumir el conocimiento de los procesos acumulados, todos los cuales se examinarán en conjunto mediante esta providencia.
a) El Ejército Nacional cambió la función social de servicio a la comunidad, contemplada en la ley para los soldados bachilleres, por la destinación de estos al control del orden público en zonas donde actúan desde hace varias décadas grupos alzados en armas;
b) Los bachilleres no están debidamente entrenados para afrontar las exigencias de la lucha armada;
c) Muchos de ellos son menores de edad y no deberían ser incorporados a las filas de los combatientes;
Según documentos allegados a los expedientes por solicitud de esta corporación, se tiene que a octubre 31 de 1996, el Ejército Nacional disponía de un total de 44.704 soldados regulares, 18.919 soldados voluntarios, 31.272 soldados bachilleres, 34 soldados campesinos y 2.555 de otros contingentes (ver anexo 1 oficio 88865 nov. 8/96 del jefe departamento personal ejército).
La información que obra en el Expediente 108.998 y que corresponde al oficio 47384 del 21 de febrero de 1997, suscrito por el jefe del departamento de personal del ejército, permite conocer que entre los años de 1995 y 1996 hubo 163 soldados regulares y 284 soldados voluntarios muertos en combate, sin contar los 70 retenidos en poder de la guerrilla al momento de proferir esta sentencia. No aparece en el informe dato alguno acerca de soldados bachilleres muertos durante ese período.
La Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas en los casos acumulados que se mencionan, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política y según las reglas del Decreto 2591 de 1991.
Ya la Sentencia T-409 del 8 de junio de 1992, proferida por la Sala Tercera de Revisión, dejó en claro que el aporte de todo nacional al sostenimiento de las instituciones, mediante su forzosa vinculación temporal a los cuerpos armados y su disposición a tomar las armas cuando las necesidades lo exijan para mantener la legitimidad democrática, la independencia y la integridad del Estado, encuentra sustento en los artículos 95, numeral 3º, y 216 de la Constitución Política, de lo cual resulta que “no se trata de tiránica imposición sino de la natural y equitativa consecuencia del principio general de prevalencia del interés social sobre el privado, así como de las justas prestaciones que la vida en comunidad exige de cada uno de sus miembros para hacerla posible”.
Pero así como la Corte Constitucional ha entendido los derechos, inclusive los fundamentales, bajo los condicionamientos y restricciones que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico —por lo cual tienen alcances y contenidos relativos—, también los deberes, las obligaciones y las cargas que impone la vida en sociedad deben cumplirse en términos razonables y proporcionales a los propósitos que les sirven de fundamento.
El constituyente colombiano de 1991, para definir el lugar que debe ocupar el ejercicio de la fuerza dentro del orden institucional que tiene por objeto primario y prevalente la búsqueda de los valores y objetivos señalados en el preámbulo de la Carta, entre ellos la pacífica convivencia ciudadana y la cristalización de un orden justo, organizó la República bajo la forma de un Estado social de derecho, “fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” (C.P., art. 1º), cuyos propósitos exigen la previsión de elementos coercitivos y la existencia de cuerpos armados que apoyan a la autoridad civil en la tarea que el sistema jurídico les encomienda.
Cuando se trata de fijar el alcance de los deberes de la persona y del ciudadano consagrados en los numerales 2º, 3º, 4º y 6º del artículo 95 de la Constitución, durante la prestación del servicio militar obligatorio regulado por la ley (C.P., art. 216), ha de explicarse de qué manera se garantiza a los miembros de la fuerza pública, consideradas las características propias de su tarea y los riesgos connaturales a ella, el ejercicio de sus derechos a la vida y a la integridad personal, así como la forma en que su actividad cumpla las finalidades que la justifican institucionalmente.
Para conservar y restablecer en todo el territorio nacional condiciones de seguridad que hagan posible la convivencia pacífica dentro del acatamiento al orden constitucional, la fuerza pública requiere de un personal dedicado exclusivamente al desarrollo de las funciones inherentes a la defensa efectiva de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y la vigencia real del orden jurídico (C.P., art. 217, inc. 2).
Por supuesto, cumplir con esa tarea implica riesgo para la vida y la integridad personal de todo soldado, razón por la cual el artículo 216 de la Constitución consagra la forma en que se repartirá entre la población la carga de arriesgar la vida mientras se presta el servicio militar obligatorio:
“... Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”.
“La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo”.
Pero ninguno de los actores reclama que el desarrollo legal del precepto superior o la gestión de las autoridades de reclutamiento hubieran amenazado o violado los derechos fundamentales de sus hijos al ser incorporados a filas. El origen de sus demandas es un desacuerdo con las autoridades militares en torno a las modalidades en que se exige de sus hijos el cumplimiento del deber, durante el servicio militar obligatorio que se encuentran prestando, al ser enviados a zonas de especial peligro en razón de concentrar, más que otras, permanentes y virulentos enfrentamientos armados, lo que ha llevado a considerarlas como zonas “rojas” o de alto riesgo o “zonas especiales de orden público”.
Por eso, no deben pasarse por alto las siguientes reflexiones, ya expuestas en anterior fallo:
“... la formación del militar (y hay que agregar entre nosotros al policía, aunque su asimilación no es del todo adecuada) es un adiestramiento permanente dirigido a un objetivo específico: saber afrontar las situaciones de peligro. Ahora bien, es de suponer que quien se ejercita en una actividad desarrolla destrezas que se incorporan al repertorio de sus acciones y reacciones cotidianas, que vistas desde afuera pueden parecer excepcionales y extraordinarias pero que para él deben aparecer como normales. Por tanto, en ese campo específico la exigencia que para otro podría ser desmesurada, para él es razonable: afrontar un combate, no huir, no hacer manifestaciones de pánico. La valentía, entonces, así entendida, y vinculada al honor militar, se revela como una destreza exigible de quien se ha preparado para adquirirla, y el no poseerla sería tan vergonzoso (¡deshonroso!) como lo sería para quien ha recibido adecuado entrenamiento en el quirófano, no ser capaz de realizar una operación de cirugía corriente. No es descartable, en ninguno de los dos casos, que circunstancias particulares, específicas, personales o externas, frustren la observancia de la conducta exigible, pero se trata entonces de casos “anormales” que merecen una consideración especial que también el ordenamiento normativo debe tomar en cuenta”.
“Así pues, el acto de valor (...), que para un ciudadano común podría ser heroico, y cuya omisión no sería vergonzosa, para un militar sería apenas debido, y su incumplimiento motivo de baldón” (Cfr. C. Const., S. Plena. Sent. C-563, nov. 30/95, M.P. Carlos Gaviria Díaz).
Pero, como resulta de lo arriba expuesto, los deberes exigibles a las personas no pueden hacerse tan rigurosos que comprometan el núcleo esencial de sus derechos fundamentales, pudiendo ser estos preservados, de modo que la autoridad, al buscar su efectividad y concreción, tiene la obligación de agotar las posibilidades de seguridad y amparo que razonablemente puedan brindarse al soldado en medio de las peculiares circunstancias de su estado y de la responsabilidad que se le encomienda, por lo cual si el riesgo para la vida o la integridad no resulta imperioso o necesario, considerada la situación concreta, no ha de propiciarse su exigencia.
En relación con los deberes —se repite—, es necesario precisar que únicamente pueden ser exigibles en su integridad cuando el obligado a ellos está en capacidad efectiva de cumplirlos, pues, al igual que los derechos, también tienen sus límites.
Como se señaló en otra sentencia de esta corporación, el trato no puede ser el mismo para quien voluntariamente ingresa a las Fuerzas Armadas por vocación, que para aquel a quien corresponde asumir esas funciones únicamente con miras a la definición de su situación militar.
“En armonía con lo que se ha dicho, no se puede tener las mismas expectativas de valor con respecto al profesional de la milicia, incorporado al ejercicio en virtud de una opción personal, que de quién ha sido reclutado sin su consentimiento o aún contra su voluntad manifiesta” (Cfr. C. Const., Sent. C-563/95, M.P. Carlos Gaviria Díaz).
Por ello, las tareas más peligrosas y la responsabilidad de ataque y respuesta armada en zonas y situaciones calificadas como de alto riesgo deben ser atendidas en primer lugar por los soldados voluntarios, luego por los regulares y solo en última instancia por los bachilleres y campesinos.
Como la ha enseñado la jurisprudencia, se trata de un derecho del cual se es titular por el solo hecho de existir, mientras que los demás requieren de la vida del sujeto para tener existencia y viabilidad”.
La vida y la integridad personal son bienes jurídicamente protegidos en el ordenamiento interno, de manera genérica por el preámbulo y por el artículo 2º C.P., y en forma específica a través de los artículos 11 y 12 ibídem, que fueron desarrollados para los militares en servicio activo por el Código Penal Militar. Por otra parte, preocupación constante y en varias forma reiterada por el derecho internacional humanitario, a cuya realización está obligada Colombia, ha consistido en garantizar y promover la preservación y el acatamiento de normas mínimas de humanidad en los conflictos armados, sean estos internos o internacionales, a la vez que propender el respeto a la dignidad de la persona, tanto en el caso de la población civil como en el de la combatiente.
Sobre el tema que ocupa a la Sala, merecen especial atención los artículos 8º y 10 del Protocolo 1, en los que se prevé la protección a los heridos, enfermos y náufragos en el conflicto; el artículo 11, donde se establece que no se puede poner en peligro mediante acción u omisión injustificada la salud, o la integridad física y mental de las personas en poder de la parte adversa; el artículo 37, por medio del cual se prohíbe la utilización de medios pérfidos que atenten contra la vida o la integridad de quienes participan en el combate; y el artículo 75, numeral 2º, donde se estipula:
“Están y quedan prohibidos en todo tiempo y lugar los actos siguientes, ya sean realizados por agentes civiles o militares:
a) Los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular: i) el homicidio; ii) la tortura de cualquier clase, tanto física como mental; iii) las penas corporales; y iv) las mutilaciones; b) los atentados contra la dignidad personal; en especial, los tratos humillantes y degradantes,... y e) las amenazas de realizar los actos mencionados”.
Como ya se dijo en esta providencia, es indudable que hace parte de la función del Ejército Nacional enfrentar a los grupos levantados en armas, y es obvio que para cumplir con esta tarea, esa institución debe desplazar sus efectivos a las zonas donde tales grupos vienen actuando en contra del ordenamiento. Pero no todos los miembros del ejército tienen igual obligación de participar en los enfrentamientos que eventualmente se produzcan, pues por ejemplo en el caso de los menores de edad, el Decreto 2048 de 1993 señala, en el parágrafo 2º del artículo 8º, que los soldados bachilleres menores de edad que sean incorporados al servicio militar, serán destinados a las áreas de servicio de apoyo, auxiliares logísticos, administrativos y de fines sociales.
En relación con el personal incorporado a filas, en la Sentencia C-511 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz, la Corte Constitucional consideró:
“El artículo 13 de la Ley 48 de 1993, autoriza al gobierno para establecer diferentes modalidades, para atender la obligación de prestar el servicio militar, distinguiendo cuatro modalidades o categorías:
Distintos elementos integran las categorías creadas por la norma, según patrones geográficos que permiten la subclasificación entre ciudadanos urbanos y rurales, en consideración a la situación sociocultural, económica e histórica propia de cada enclave, y según patrones intelectuales, que distinguen en la población colombiana entre quienes hayan finalizado o no su educación media o de bachillerato. Ambos criterios permiten la definición de desigualdades materiales, de un carácter amplio, entre los ciudadanos colombianos. No significan tales distinciones un desconocimiento del principio y derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Es simplemente el trato diferencial propio de las distintas situaciones objeto de regulación por la ley. No existe en la norma examinada ánimo discriminatorio, de favorecer un estamento de la sociedad en beneficio del otro, ni en su propio beneficio”.
Desde luego, ya que los artículos 216 y siguientes de la Constitución Política remiten a la ley para la reglamentación del servicio militar obligatorio, ha de concluirse que el Estado no actúa de manera indebida ni afecta los derechos de los soldados bachilleres por el solo hecho de trasladarlos a zonas geográficas distintas de las de sus residencias, según los servicios requeridos por la institución armada, pues la posibilidad de traslado es una de sus obligaciones y caracteriza en buena parte el concepto de disponibilidad, propio del servicio militar, salvo en cuanto se refiere a los soldados campesinos, a cuyo favor se consagró legalmente que presten el servicio en la zona en donde residen, compensando en parte el período mayor que les corresponde servir.
5.(sic) Prestación del servicio militar por menores de edad.
La Convención de los derechos del niño de 1989 contiene varias disposiciones destinadas a proteger los derechos del menor de 18 años; entre ellas, su artículo 3º dispone: “En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración principal a que se atenderá será el interés superior del niño...”.
A su vez, el artículo 6º, numeral 2º, ibídem establece: “Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo de niño”. Así mismo, el artículo 38 estatuye en sus numerales 1º y 3º: “1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y a velar porque se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño... 3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las Fuerzas Armadas a las personas que no hayan cumplido 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los estados partes procurarán dar prioridad a los de más edad”.
En cuanto hace, entonces, a los soldados bachilleres menores de edad, es claro que, como regla general, no se les puede permitir participar en combate sin violar sus derechos fundamentales e infringir claras normas de derecho internacional incorporadas debidamente al ordenamiento interno; solo en casos extremos, y no habiendo al menos una persona mayor que pueda cumplir con la labor riesgosa, puede aceptárseles como voluntarios para tareas diferentes a las administrativas y de servicio social, debido a la especial protección que el Estado está obligado a proporcionarles.
“... si la Constitución atribuyó a la ley, como se ha visto, la facultad de regular todo lo relacionado con la prestación del servicio militar y de establecer los casos generales de exención a tal deber, no resulta, en principio, contrario a la Constitución, que la ley ordene a los bachilleres definir su situación militar una vez concluyan sus estudios, pues ninguna norma de jerarquía constitucional ha dispuesto que antes de la mayoría de edad no se puede cumplir con dicha obligación” (C. Const., S. Plena, Sent. SU-277/93, M.P. Antonio Barrera Carbonell).
“Igualmente el artículo 77 del protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), revisado en su constitucionalidad por esta Corte mediante sentencias C-574/92 y C-88/93, M.P. Ciro Angarita Barón, habiendo sido declarado exequible el protocolo, sin perjuicio de la inexequibilidad de la Ley 11 de 1992, preceptúa el citado artículo lo siguiente:
“ART. 77.—Protección de los niños.
1. Los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier forma de atentado al pudor. Las partes en conflicto les proporcionarán los cuidados y la ayuda que necesiten por su edad o por cualquier otra razón.
3. Si, en casos excepcionales, no obstante las disposiciones del parágrafo 2º, participaran directamente en las hostilidades niños menores de 15 años y cayeran en poder de la parte adversa, seguirán gozando de la protección especial concedida por el presente artículo, sean o no prisioneros de guerra.
Estas normas de convenios internacionales, ratificados por Colombia, vinculan al Estado conforme lo consagra la Constitución Política e integran el ordenamiento jurídico colombiano en cuanto a la especial protección que se le otorga a los menores, y especialmente en relación con quienes tienen más de quince (15) años pero son menores de dieciocho (18) años para que, en la prestación del servicio militar y en cuanto a sus riesgos se les reconozca esta especial protección” (resaltado fuera de texto).
Teniendo en cuenta la imperiosa diferenciación por edades que, como quedó expuesto, corresponde a situaciones jurídicas distintas, reconocidas por el orden jurídico y que, en últimas, concretan el valor de la justicia real y efectiva, considera la Sala que el Ejército Nacional sí violó, o al menos puso en grave e injustificado peligro los derechos a la vida y a la integridad personal de los soldados bachilleres menores de edad que envió a las denominadas “zonas rojas”; y en cuanto a los soldados bachilleres mayores de edad, es necesario reiterar que, si bien su obligación va más allá que la de los menores, solo pueden ser enviados a zonas denominadas del orden público, siempre que hayan recibido un entrenamiento suficiente que les permita enfrentar en igualdad de condiciones al enemigo.
Aunque las cifras conocidas por la Corte no dan cuenta de que, hasta ahora, haya muerto algún soldado menor de edad en las zonas de alto riesgo, no implica ello que los allí destacados se encuentren fuera de peligro para sus vidas, ni descarta tampoco la vulneración de los convenios internacionales al respecto, la cual se produce por el solo hecho de colocar a la persona que no alcanza los dieciocho años en una circunstancia de objetivo y evidente peligro para su vida o su integridad. Lo propio acontece con el soldado mayor de esa edad no preparado para el combate y la defensa, cuya protección judicial debe darse por la vía de la tutela si se prueba su falta absoluta de preparación, lo que no se presenta en los casos examinados, según la documentación que obra en los expedientes.
La Corte ha sostenido que, si bien no se trata de un derecho fundamental en principio, lo es por conexidad con el derecho a la vida, y que exige protección estatal, especialmente cuando aquel resulta amenazado por su descuido o falta de asistencia médica, con mayor razón si existe una circunstancia de subordinación e indefensión que impide a la misma persona procurarse los medios de acceso al facultativo o a las instituciones asistenciales, como ocurre con el personal subalterno en los cuerpos armados, los cuales, por tanto, tienen la responsabilidad respectiva, exigible en alto grado.
“Ahora bien, la institución militar y el propio afectado tienen la obligación de propiciar la pronta y eficiente recuperación de la salud quebrantada, aquella disponiendo los elementos médicos, asistenciales y quirúrgicos necesarios y el enfermo sometiéndose a los tratamientos, exámenes, operaciones y terapias que los facultativos autorizados encuentren aplicables.
No cabe duda de que ni el Estado, a través del ejército, puede negar al conscripto los cuidados que su salud y subsistencia reclaman, ni la persona aquejada por padecimientos que le impiden prestar adecuadamente el servicio militar puede resistirse a las prescripciones y terapéuticas científicas pertinentes, con el objeto de permanecer al margen de sus obligaciones dentro de las filas, obviamente siempre que los procedimientos médicos y clínicos que se le ofrecen no lesionen en sí mismos su integridad personal” (Cfr. C. Const., S. Quinta de Revisión, Sent. T-351, ago. 13/96).
7. Expediente T-101782. Derecho de petición.
Un grupo de los padres de los soldados que actualmente se encuentran prestando servicio militar en los batallones Anzoátegui y Bolívar, presentaron, en abril del presente año, al Teniente Coronel José Elías Mahecha, comandante del batallón de policía militar 2 de Barranquilla, una solicitud dirigida al Comandante de las Fuerzas Militares, General Harold Bedoya Pizarro, con el fin de que este último reconsiderara la decisión de trasladar a sus hijos a zonas de orden público, por estimar que estas son peligrosas, y enviar allí a los soldados bachilleres sería tanto como imponerles una carga mayor a la que les corresponde asumir. Aunque los soldados de la compañía Anzoátegui ya fueron transportados a zonas de orden público, sus padres no han recibido la respuesta que debió anteceder al viaje.
Dentro del proceso radicado bajo el número T-101782, el General Bedoya Pizarro afirmó que nunca recibió la comunicación de los padres de familia, razón por la cual no la contestó (fl. 86). No obstante, está probado que la mencionada solicitud sí se entregó al ejército y, por tanto, esa institución debió responderla dentro del término legal. Como no se usaron los conductos regulares para llevar la solicitud a consideración del oficial a quien iba dirigida, el ejército incurrió en un claro desconocimiento del derecho fundamental de petición de los actores; y, con su conducta omisiva, esa institución ignoró el artículo 23 de la Constitución Política, al no dar respuesta oportuna a la solicitud presentada el 3 de abril de 1996 por los demandantes.
1. CONFIRMAR el fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla del 28 de agosto de 1996, que revocó la tutela concedida a los soldados bachilleres Leonel Barraza, Luis López Velandia, Emerson Elías Yunes, César Steven Castro y Rafael Mesa Bustos contra el Ejército Nacional (Exp. 109000).
2. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Florencia (Caquetá), el 2 de septiembre de 1996, que negó la tutela instaurada a nombre del soldado menor de edad, Angelo Marcio Tabares Lozano, contra el Ejército Nacional (Exp. 108998), y en su lugar CONCEDER la protección solicitada.
ORDÉNASE al Ejército Nacional que, en un término no superior a las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo traslade al soldado, si ya no lo hubiere hecho, a una zona que no esté calificada como de orden público o alto riesgo.
3. CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Veintisiete Penal Municipal de Cali, el día 12 de septiembre de 1996, que negó la tutela incoada en favor del soldado bachiller menor de edad Germán Cifuentes Villota, contra el Ejército Nacional (Exp. T-112635), por cuanto no se fundamentaba en el envío a zonas de orden público, sino en el ingreso a filas.
4. CONFIRMAR el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil Laboral de Decisión el día veinte de septiembre de 1996, mediante el cual se denegó la tutela impetrada por el soldado Wilfor Peña, contra el Ejército Nacional (Exp. 113714).
5. CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Neiva, el 3 de octubre de 1996, que, denegó la tutela propuesta por el soldado bachiller John Alexander Medina, contra el Ejército Nacional, advirtiéndole que si ostenta la calidad de hijo único que tenía a su cargo el sustento de su señora madre, puede acogerse a lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 2048 de 1993 (Exp. 114062).
6. CONFIRMAR el fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, el 13 de noviembre de 1996, que confirmó la negación de la tutela interpuesta por la señora Martha Lucía Salazar en favor de su hijo John Freddy Bueno García (Exp. 116360).
7. CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva, por medio del cual se negó la tutela interpuesta por la señora María del Carmen Gracia de Reina en favor de su hijo Helio Reina Gracia (Exp. 109923).
8. En cuanto al fallo proferido por el Juzgado Quince (15) Penal Municipal de Barranquilla el 4 de junio de 1996, dentro del proceso radicado bajo el número T-101782:
a) REVOCAR el numeral primero y, en su lugar, TUTELAR el derecho de petición de los actores Elcy de Calle, William Castro P., Margarita Corro, Isabel Aldana de Alonso, Jaime Alonso Mercado, Solomaria Sanandrés, Martha Torres de Anaya, Jorge E. Anaya, Mirian López de Barros, José M. Barros, Esilda O. de Buendía, Enrique Buendía Mendoza, Emma González, Adelaida Ballesteros, Jesús Arteaga, Orlando Cabrera, Ernesto M. Orellano, Omaris R. de Cantillo, Martha de Barranco, Francisco Barranco, José Antequera Peña, Rosalba Díaz Hernández, Marelvis Molina, Yadira Simán Guerra, Neftalí Amaya Wills, Margarita V. de Amaya, Rafael Barraza M., Emerita Torres Guerra, José Molina Jiménez, Catalina de Manotas, Nury de Ahumada, Mary Díaz, Graciela de Roca, Martha Garrido Montaño, Flor M. Bermúdez, Gloria Torres P., Antonio Bermúdez, Narbeny Orozco, Joaquín Reyes, Lilia Rosa Constante y Mario José Quintero.
9. CONFIRMAR el fallo del Juzgado Catorce Penal Municipal de Barranquilla que negó la tutela del derecho a la vida de Heriberto Antonio Díaz Rubiano, incoada por la señora Yaneth Cecilia Rubiano Labro, correspondiente al proceso radicado bajo el número T-103446.
10. CONFIRMAR el fallo adoptado por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá el 12 de septiembre de 1996, que concedió la tutela instaurada en favor del soldado Overlan Rubiano Castañeda (Exp. T-110434).
11. REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala de Familia, del 20 de septiembre de 1996, y en su lugar tutelar los derechos a la vida y a la integridad personal de Edisson Benavides Perdomo (Exp. T-110868).
ORDÉNASE al Ejército Nacional que, en un término no superior a las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, traslade al soldado, si ya no lo hubiere hecho, a una zona que no esté calificada como de orden público o alto riesgo.
12. CONFIRMAR el fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá el 11 de octubre de 1996 (Exp. T-113456), que concedió la tutela a favor de los menores: Iván Darío Daza, Ronald Stib Silva Acevedo, Joe Anthony Delgadillo Sánchez, Richard Arley Puentes Rojas y Raúl Enrique Torres Cuesta.
ORDÉNASE al Ejército Nacional que, en un término no superior a las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, traslade a los soldados, si ya no lo hubiere hecho, a una zona que no esté calificada como de orden público o alto riesgo.
13. REVOCAR los fallos proferidos por el Juzgado Cuarto Promiscuo de Familia de Neiva el 25 de septiembre 1996, y por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, y en su lugar tutelar los derechos de Oscar Eduardo Mazorra Otalora (Exp. T-115612).
14. Por secretaría líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Magistrados: Antonio Barrera Carbonell—Carmenza Isaza de Gómez—Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—Hernando Herrera Vergara—José Gregorio Hernández Galindo—Alejandro Martínez Caballero Fabio Morón Díaz—Vladimiro Naranjo Mesa.
Expediente Peticionario Petición Primera instancia Segunda instancia
T-109000 — Leonel Barraza
— Luis López Velandia
— Emerson Elías Yunes
— César Steven Castro
— Rafael Mesa Bustos No traslado a zonas guerrilleras o de alta peligrosidad. Juzgado 1º Penal Municipal de Barranquilla.
Tutela el derecho a la vida e integridad física de los soldados Juzgado 1º Penal del Circuito de Barranquilla.
T-108998 — Benito Tavares Villacorta Solicita el retiro del ejército por ser menor de edad y por el peligro en las zonas donde fue enviado. Juzgado 4º Penal del Circuito de Florencia.
Negó la tutela argumentando que todo varón está obligado a definir su situación militar. No hubo.
T-112635 — Germán Cifuentes Villota Pide el retiro del ejército por ser menor de edad y porque se amenaza su derecho a la vida. Juzgado 27 Penal Municipal de Cali.
Negó la tutela porque todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar y a tomar las armas, además el peticionario no se encuentra combatiendo. No hubo.
T-113714 — Wilfor Peña Forero Se atenta contra el derecho a la vida ya que por la falta de experiencia en el manejo de las armas no deben ser enviados a zonas de guerra. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil-Laboral de Decisión.
Denegó la tutela por cuanto el accionante no precisó los derechos fundamentales vulnerados y existe la obligación de tomar las armas. No hubo.
T-114062 — Jhon Alexander Medina Es hijo único y debe contribuir al sostenimiento de su madre y fue enviado a zona roja sin ninguna clase de entrenamiento. Juzgado 3º Promiscuo de Familia de Neiva.
Denegó la tutela porque todo varón colombiano tiene obligación de definir su situación militar. No hubo.
T-101782 — Fernando Calle
— Jhony Ramón Alonso
— José Luis Barros
— Enrique Javier Buendía
— Germán Arteaga
— Elvis Charles Cantillo
— Ronaldo Rafael Barranco
— Luis Alberto Urueta
— Edgar Amaya
— Helmuth Rafael Barraza
— Eric Ahumada
— Fabián Ramiro Manotas
— José Alberto Molina
— Edwin Enrique Cabrera Se tutela el derecho a la vida e integridad personal y el derecho de petición. Juzgado 15 Penal Municipal de Barranquilla
Concedió la tutela para proteger el derecho a la vida de los soldados menores, ordenando suspender su remisión a zonas de orden público. Y negó el amparo para los soldados mayores de edad. No hubo.
T-103446 — Heriberto Antonio Díaz Rubiano Amenaza del derecho a la vida e integridad personal, por el traslado a zonas como Urabá y Valledupar que coloca a los soldados en grave riesgo. Juzgado 14 Penal Municipal de Barranquilla.
Negó la protección porque el soldado está cumpliendo funciones previstas para quienes prestan el servicio militar obligatorio. No hubo.
T-110434 — Overlan Rubiano Castañeda Reclama la protección del derecho a la vida en razón del envío a La Tagua (Putumayo). Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá.
Tuteló, ordenando al ejército el traslado del conscripto a otro batallón. No hubo.
T-110868 — Edisson Benavides Perdomo Solicita protección del derecho a la vida e integridad personal por ser enviado al batallón de La Tagua (Putumayo), sin el debido entrenamiento. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala de Familia.
No concedió la tutela por cuanto los soldados bachilleres deben cumplir sus funciones en todo el territorio nacional. No hubo.
T-116360 — Jhon Fredy Bueno García Protección del derecho a la vida, por envío a zona del Putumayo. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil de Decisión.
Negó la tutela porque todo colombiano tiene obligación de tomar las armas y no existe norma legal que determine que un soldado bachiller no pueda ser trasladado a determinadas zonas. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria.
T-109923 — Helio Reina Gracia Pide traslado a una zona de menor riesgo. Juzgado 6º Penal Municipal de Neiva.
No concede la tutela porque no está dedicado a operaciones para el restablecimiento del orden público, sino que ayuda en el casino de oficiales. Juzgado 5º Penal del Circuito de Neiva.
T-115612 — Oscar Eduardo Mazorra Otálora Pide la protección por ser menor de edad y haber sido enviado a una zona de alto riesgo. Juzgado 4º Promiscuo de Familia de Neiva.
No concede la tutela por considerar que el soldado aunque está en una zona de conflicto, presta el servicio dentro de las instalaciones del batallón. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala de Familia.
T-113456 — Julián Andrés Giraldo
— Iván Darío Daza
— Ronald Stib Silva
— Richard Arley Fuentes
— José Fernando Monguí
— Jorge Andrés Martínez
— Joe Antoni Delgadillo
— Oscar Julián Oicatá y otros. Retiro de los soldados de las llamadas zonas rojas. Juzgado 2º de Familia de Santa Fe de Bogotá.
Tutela los derechos a la vida, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad de los soldados adolescentes que se encuentran en las zonas de conflictos, ordenando su traslado. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá.

References: artículo 95
 artículo 216
 artículo 2
 artículo 11
 artículo 37
 artículo 75
 artículo 8
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 38
 artículo 77
 artículo 23
 artículo 28
 artículo 36