Source: http://www.juntadeandalucia.es/boja/1999/45/3
Timestamp: 2017-08-23 06:27:25+00:00

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BOJA Histórico > 1999 > Boletín 45 > 1. Disposiciones generales >
«LEY DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCIA
Ahora bien, el panorama actual del desarrollo de todas las normas existentes en aras a la especial protección de las personas con discapacidad en Andalucía hace necesario establecer en nuestra Comunidad Autónoma el marco adecuado que, desde una perspectiva integradora, asegure una respuesta uniforme y coordinada de todos los sistemas públicos de protección social a la problemática de las personas con discapacidad en base a las competencias que el Estatuto de Autonomía de Andalucía confiere a nuestra Comunidad Autónoma: Sanidad, educación, asistencia y servicios sociales, desarrollo comunitario, régimen local, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, deporte y ocio, cultura, seguridad social así como autoorganización. Ha sido reivindicación del mismo movimiento asociativo, representante de este colectivo, disponer de una Ley andaluza que dé respuestas a sus
El grupo de personas con discapacidad está integrado por una población heterogénea. Las personas con discapacidad psíquica, visual, auditiva o del habla, las que tienen movilidad
reducida..., todas ellas se enfrentan a obstáculos distintos, de índole diversa, que han de superarse, en cada caso, de manera diferente.
Así, internacionalmente se viene optando por utilizar el término de "personas con discapacidad" de forma general. Por una parte, para evitar la sustantivación de los adjetivos que entrañan las palabras "discapacitado" o "deficiente" o
"minusválido". Por otra parte, porque no todas las personas con deficiencia tienen discapacidad, y porque no todas las personas con discapacidad tienen minusvalía, siendo "discapacidad" el término que menos connotaciones negativas alberga.
Así pues, en el texto legal se utiliza generalmente "persona con discapacidad" y sólo se habla de "minusvalía" cuando sea obligado por las derivaciones legales que conlleva.
3. Cuando por imposibilidad física en las obras de reforma sean inviables las soluciones anteriores se podrá admitir la instalación de ayudas técnicas siempre que estén debidamente homologadas según se determine reglamentariamente.
1. Cuando se dispongan aseos, vestuarios, duchas, probadores, dormitorios u otras dependencias de utilización colectiva, cuyo uso requiera condiciones de intimidad, se reservará un número de ellos que serán accesibles para personas con movilidad reducida o con discapacidad sensorial en función del uso, actividad y aforo del edificio, establecimiento, instalación o número de habitaciones -en caso de establecimientos hoteleros, turísticos y similares- y según se establezca en las normas de desarrollo a la presente Ley.
2. Cuando existan aparcamientos de utilización colectiva se reservará permanentemente un número de plazas en proporción del número total, dimensionadas y señalizadas de forma que puedan ser utilizadas exclusivamente por personas con movilidad reducida. Dichas plazas estarán situadas tan cerca como sea posible de los accesos al interior del edificio,
establecimiento o instalación.
Sección 2ª Edificaciones de viviendas
La construcción o reforma de viviendas destinadas a personas con minusvalía y de los espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario correspondientes a viviendas, cualquiera que sea su destino, sean de promoción pública o privada, se realizará de manera que resulten
accesibles a las personas con cualquier tipo de discapacidad.
Las instalaciones, establecimientos y edificaciones
complementarias de uso comunitario de las viviendas se regirán por lo establecido en la Sección 1ª del presente Capítulo.
En las zonas de uso comunitario de los edificios de viviendas, cualquiera que sea el destino de éstas, habrán de ser
accesibles los siguientes itinerarios y espacios:
b) La comunicación entre el exterior y el interior del
c) Cuando sea obligatorio por las disposiciones vigentes la instalación del ascensor, al menos un recorrido hasta el mismo desde un acceso del edificio, debiendo reunir éste las
condiciones establecidas en el artículo 50.2 de la presente Ley.
e) Al menos un recorrido de conexión entre las zonas y
servicios de uso comunitario, exteriores e interiores, y las viviendas para usuarios de sillas de ruedas, en su caso.
1. A fin de garantizar a las personas con movilidad reducida por causa de su minusvalía el acceso a una vivienda, en los proyectos de viviendas de protección oficial y de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan, financien o subvencionen por las administraciones públicas y demás
entidades vinculadas o dependientes de éstas, se reservará un mínimo del 3% de viviendas de las promociones referidas, en la forma y con los requisitos que se determinen
Las administraciones públicas impulsarán la formación
profesional en interpretación de la lengua de signos y en guías-intérpretes de personas sordo-ciegas.
Los medios audiovisuales dependientes de las administraciones públicas andaluzas elaborarán un plan de medidas técnicas que de forma gradual permita, mediante el uso de la lengua de signos, de subtitulaciones, de técnicas de audiodescripción o de otras medidas, garantizar el derecho a la información en el plazo más breve posible. La Administración de la Junta de Andalucía emprenderá las actuaciones necesarias destinadas a fomentar que los medios audiovisuales de titularidad privada secunden y adopten las medidas descritas en el presente artículo.
1. El cumplimiento de las previsiones contenidas en el presente Título y de las normas que lo desarrollen será exigible para el visado y supervisión de los proyectos y documentos técnicos, para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, proyectos y documentos técnicos, para la concesión de las preceptivas licencias de edificación y uso del suelo y para el otorgamiento de cualquier concesión, calificación, o
Los órganos de control técnico con funciones inspectoras en la ejecución del objeto de los proyectos o documentos técnicos, así como los que hayan de intervenir en las recepciones, calificaciones y autorizaciones finales, observarán el
cumplimiento de lo establecido en el presente Título y sus normas de desarrollo.
Cualquier medida tendente a adecuar las obras de
infraestructura, edificios, establecimientos e instalaciones, medios de transporte y comunicación existentes a lo dispuesto en el presente Título y otras disposiciones de desarrollo, así como aquellas otras actuaciones no incluidas en su ámbito de aplicación que persigan la misma finalidad, gozarán de
preferencia en el otorgamiento de subvenciones y ayudas y cualquier otra medida de fomento de naturaleza análoga que se conceda o gestione por la Administración de la Junta de Andalucía o sus empresas públicas, según se determine
DE LA GESTION, COORDINACION INTERADMINISTRATIVA Y FINANCIACION
De la gestión y coordinación interadministrativa
Con objeto de garantizar la adecuada ejecución de las
diferentes prestaciones establecidas en la presente Ley, las disposiciones de desarrollo de la misma determinarán los órganos a los que queda encomendada su gestión, sin perjuicio, en su caso, de los instrumentos específicos de coordinación y colaboración que hubieran de preverse al respecto.
2. El Consejo Andaluz de Atención a las Personas con
Discapacidad estará integrado por representantes de la
Administración de la Junta de Andalucía y las entidades locales, del movimiento asociativo de personas con discapacidad y, en su caso, de sus familiares o representantes legales, así como de los agentes económicos y sociales.
- Emitir informes de asesoramiento a todas las
Administraciones Públicas con competencias en el sector para la elaboración de cualquier proyecto o iniciativa normativa que afecte específicamente a la población andaluza con
- Elaborar informes anuales sobre el nivel de ejecución de esta Ley, proponiendo iniciativas, recomendaciones y programas para cada una de las áreas de actuación.
- Aquellas otras que se determinen reglamentariamente.
1. El Consejo de Gobierno, a propuesta de las Consejerías competentes, creará un fondo destinado a subvencionar la supresión de barreras. Este fondo se nutrirá de las
correspondientes dotaciones presupuestarias y del importe percibido de las sanciones pecuniarias impuestas por la comisión de infracciones tipificadas en la presente Ley.
2. El cincuenta por ciento del fondo citado en el apartado anterior irá destinado a subvencionar los programas específicos que elaboren los entes locales para la supresión de barreras en el espacio urbano, en los edificios de uso público y en el transporte de su término municipal.
Estos programas específicos de actuación estarán integrados, como mínimo, por un inventario de los espacios, edificios, locales y medios de transporte que deban ser objeto de
adaptaciones, el orden de prioridades en que se llevarán a cabo, las fases de ejecución del plan y el presupuesto
3. Tendrán prioridad para gozar de la citada financiación aquellos entes locales que se comprometan, mediante convenio, a asignar, con destino a la supresión de las barreras existentes en los mismos, un porcentaje de sus partidas presupuestarias de inversión directa en los elementos de urbanización e
infraestructura, edificios, establecimientos e instalaciones, medios de transporte y comunicación de uso público, de su titularidad o sobre los cuales disponga por cualquier título del derecho de uso.
1. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones que contravengan las obligaciones para con las personas con discapacidad y que estén previstas como tales infracciones en la presente Ley, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que se pueda incurrir.
2. El incumplimiento de las normas contenidas en los Capítulos II, III y IV del Título VII, siempre que no obstaculicen, limiten o impidan la utilización del espacio, el equipamiento, la vivienda o el medio de transporte para personas con
1. En relación a los usuarios de los centros a que se
refieren los artículos 32 y 33 de esta Ley:
a) La imposición de cualquier forma de renuncia o menoscabo a sus legítimos derechos, salvo que ello esté autorizado de acuerdo con lo previsto en la normativa que resulte de
d) La omisión o inadecuada prestación de la asistencia
sanitaria y farmacéutica que necesiten.
2. En relación a la accesibilidad urbanística,
arquitectónica, en el transporte y la comunicación:
a) El incumplimiento de las normas técnicas sobre
accesibilidad en la planificación, diseño y urbanización de las vías y demás espacios libres de uso público, así como sobre el mobiliario urbano, que obstaculice o limite su acceso o utilización por las personas con discapacidad.
f) El incumplimiento no superior al 50% de la reserva de viviendas establecida en el artículo 54, cuando no se haya constituido el aval a que se hace referencia en el mismo.
accesibilidad en la planificación, diseño y urbanización de las vías y demás espacios libres de uso público, así como sobre el mobiliario urbano, que impida el libre acceso y utilización por las personas con discapacidad.
c) El incumplimiento de las normas de accesibilidad reguladas en los artículos 52 y 53, que impida el libre acceso y
utilización por las personas con discapacidad.
d) El incumplimiento superior al 50% de la reserva de viviendas establecida en el artículo 54, cuando no se haya constituido el aval a que se hace referencia en el mismo.
2. En las obras que se ejecutasen sin licencia o con
inobservancia de sus cláusulas serán responsables el promotor, el empresario de las obras y el técnico director de éstas.
3. En las obras amparadas por una licencia municipal, cuyo contenido sea manifiestamente constitutivo de una infracción grave o muy grave, serán igualmente responsables el facultativo que hubiese informado favorablemente el proyecto y los miembros de la corporación que hubiesen votado a favor del otorgamiento de la licencia sin el informe técnico previo, o cuando éste fuera desfavorable en razón de aquella infracción, o se hubiese hecho por el secretario de aquélla la advertencia de
5. En general, serán responsables las personas a las que en cada caso se impongan las obligaciones o prescripciones cuyo incumplimiento se tipifica como infracción, así como los titulares de los centros por las infracciones cometidas por el personal que preste sus servicios en los mismos.
6. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor, en su caso, de la reposición de la situación alterada, así como con la indemnización de los daños y
1. El órgano competente para resolver podrá adoptar en
cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales.
1. Las infracciones previstas en la presente Ley serán
sancionadas con multa, con arreglo a la siguiente escala:
b) Las infracciones graves se sancionarán con multa desde
1.000.001 hasta 10.000.000 de pesetas.
c) Las infracciones muy graves se sancionarán con multa desde
10.000.001 hasta 50.000.000 de pesetas.
2. Las cuantías señaladas en este artículo podrán ser
actualizadas por Decreto del Consejo de Gobierno en función del índice de precios al consumo.
2. Los usuarios de los centros a que se refieren los
artículos 32 y 33 de esta Ley, responsables de las infracciones tipificadas en este Título, podrán ser sancionados con la pérdida temporal de la condición de usuario de estos centros con arreglo a la siguiente escala:
3. Con carácter accesorio, el órgano sancionador podrá
acordar, en la resolución del expediente sancionador, la publicación de las sanciones impuestas, una vez hayan adquirido firmeza, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de los sujetos responsables y de la naturaleza y características de las infracciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en los de la provincia y a través de los medios de comunicación social.
Artículo 77. Organos competentes.
Los órganos competentes para resolver el procedimiento
sancionador e imponer las sanciones son:
a) El Delegado Provincial de la Consejería que tenga
atribuida la competencia en la materia de que se trate, en infracciones leves.
a) A los tres años, las impuestas por infracciones muy
Primera. Las entidades locales, en el marco de sus
competencias, llevarán a cabo la adaptación de sus ordenanzas sobre accesibilidad arquitectónica, urbanística, en el
transporte y en la comunicación, a cuanto queda dispuesto en la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de las mismas. En ese mismo plazo, los municipios de más de veinte mil habitantes y las provincias elaborarán las prescripciones técnicas para la normalización y accesibilidad de los elementos del mobiliario urbano.
Segunda. Los planes de evacuación y seguridad de edificios, establecimientos e instalaciones, de concurrencia pública, incluirán las determinaciones oportunas para garantizar su adecuación a las necesidades de las personas con discapacidad.
Tercera. Excepcionalmente, cuando las condiciones físicas del terreno o las de la propia construcción, en el caso de obras a realizar en espacios públicos, edificios, establecimientos o instalaciones existentes, así como cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico o medioambiental imposibiliten el total cumplimiento de la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, podrán aprobarse los proyectos o documentos técnicos correspondientes y otorgarse las licencias o
autorizaciones pertinentes, siempre que quede debidamente justificado en el proyecto y motivado en los informes y resoluciones pertinentes tal imposibilidad. Para lo que habrá de observarse el procedimiento que reglamentariamente se regule.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinados artículos de las disposiciones que regulen la materia no eximirá del cumplimiento del resto de las prescripciones establecidas y, en cualquier caso, cuando resulte inviable el cumplimiento estricto de determinadas prescripciones se procurará, al menos, mejorar las condiciones de accesibilidad existentes y de ofrecer soluciones alternativas a las
estipuladas en las mismas, incluidas, en su caso, ayudas técnicas.
Cuarta. La Administración de la Junta de Andalucía y sus empresas públicas anualmente elaborarán un plan de actuaciones para la adaptación de los edificios, establecimientos,
instalaciones, medios de transporte y de comunicación de ellos dependientes a la presente Ley y sus normas de desarrollo. En dicho plan se determinarán las fases, programas de tiempos, la cuantificación económica de las distintas intervenciones y el orden de prioridades de las mismas, así como los instrumentos para el seguimiento y control del plan.
Quinta. Los planes de adaptación y supresión de barreras dispuestos en la presente Ley serán elaborados por las
correspondientes administraciones públicas en el plazo de dos años desde su entrada en vigor y realizados en un plazo máximo de diez años.
Sexta. La aplicación de las disposiciones de esta Ley a aquellos edificios o inmuebles declarados de interés cultural, inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz o con expediente incoado a tales efectos, así como a los incluidos en catálogos municipales, se sujetará al régimen previsto en la legislación vigente sobre la materia.
Primera. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará las normas reguladoras de los ingresos y traslados en los centros regulados en los artículos 32 y 33, de la ayuda de habilitación profesional del artículo 42, de los centros de valoración y orientación conforme al artículo, del Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, de las ayudas económicas que protejan las necesidades específicas individuales de las personas con discapacidad a través de las prestaciones de carácter no periódico recogidas en la Sección Tercera del Capítulo V, Título V, de esta Ley, así como las disposiciones reguladoras de las normas técnicas de
accesibilidad y eliminación de las barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la comunicación en
Segunda. Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en la presente Ley. Tercera. La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.¯
Sevilla, 31 de marzo de 1999
Presidente de la Junta de Andalucía I I I
En materia de salud se hace hincapié en la Ley en aquellos aspectos de la prevención, asistencia sanitaria y
rehabilitación médico-funcional que, referidos a las personas con discapacidad, son susceptibles de mayor desarrollo, tales como la atención infantil temprana.
En materia de educación se recogen las líneas generales de atención a los alumnos con necesidades educativas especiales. Se contempla el uso de sistemas de comunicación alternativos y medios técnicos que faciliten los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, al igual que las necesarias
adaptaciones del puesto escolar.
En lo que se refiere al acceso a la Función Pública, se reserva un cupo no inferior al 3% del conjunto de las plazas vacantes de las ofertas de empleo público para las personas con
discapacidad, con objeto de que progresivamente se alcance el
2% de los efectivos reales de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades locales.
Asimismo, se complementan las prestaciones existentes con una nueva, la ayuda de habilitación profesional, que viene a cubrir las necesidades de un sector de la población que, no obteniendo el grado de minusvalía suficiente para obtener otro tipo de prestaciones económicas, sí necesita una ayuda que,
condicionada a la realización de un programa de habilitación profesional, les capacite para su posible inserción laboral.
El Título VIII establece los necesarios mecanismos de
coordinación para garantizar la adecuada ejecución de las diferentes prestaciones establecidas en la Ley y crea el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad como instrumento asesor de las Administraciones Públicas en esta materia.
Finalmente, el Título IX regula el régimen sancionador, en el que se hace especial referencia a aquellos aspectos derivados del incumplimiento de las normas sobre accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte, cuestión ésta muy reivindicada por el movimiento asociativo.
La presente Ley tiene como objeto regular las actuaciones dirigidas a la atención y promoción del bienestar de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, con el fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y
posibilitar su rehabilitación e integración social, así como la prevención de las causas que generan deficiencias,
1. Persona con discapacidad: Toda aquella que tenga una ausencia o restricción de la capacidad de realizar una
actividad como consecuencia de una deficiencia.
2. Persona con minusvalía: Aquella que, como consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, se encuentra en una situación de desventaja que le limita o impide el desempeño de un papel, que es normal en su caso en función de su edad, factores sociales y culturales, y así haya sido calificada la minusvalía por los órganos de las Administraciones Públicas que tengan atribuida esta competencia, de acuerdo con la
Prevención de las discapacidades
Artículo 9. Prevención de las discapacidades.
1. Las Administraciones Públicas desarrollarán una política orientada a la prevención de las discapacidades a fin de evitar que se produzcan deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales, así como reducir la repercusión negativa de las mismas en los aspectos físicos, psicológicos y sociales de las personas, fomentando las medidas encaminadas a potenciar las capacidades residuales en cualquier edad y desde el momento de su
2. A efectos del reconocimiento del derecho a los servicios y actuaciones que tiendan a prevenir la aparición de la
discapacidad, se asimilan a dicha situación los estados previos, entendidos como procesos en evolución que puedan llegar a ocasionar una discapacidad.
En el marco de sus respectivas competencias, las
Administraciones Públicas desarrollarán prioritariamente las siguientes medidas:
1. Orientación, planificación familiar y asesoramiento
genético en grupos de riesgo.
Artículo 11. Detección de las deficiencias y atención
1. Se establecerán sistemas de prevención y detección de las deficiencias y de atención temprana una vez diagnosticadas éstas, a través de programas y protocolos de actuación que se realizarán de forma continuada sobre las personas con
Asistencia sanitaria y rehabilitación médico-funcional
A estos efectos, el ejercicio de estos derechos será
desarrollado reglamentariamente.
Artículo 13. Rehabilitación médico-funcional.
2. Se entiende por rehabilitación médico-funcional el proceso orientado a la recuperación o adiestramiento de una función o habilidad perdida, ya sea por causa congénita o adquirida, teniendo por objeto la prestación de los servicios y ayudas técnicas dirigidas a la consecución de la recuperación de las personas con discapacidad, o en su defecto la aminoración de las secuelas resultantes y del desarrollo de las capacidades residuales.
DE ATENCION A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
1. La presente Ley reconoce a las personas con una discapacidad de tipo físico, psíquico o sensorial, en sus diversos grados y manifestaciones, el derecho a recibir la atención educativa específica que por sus necesidades educativas especiales requieran, tan pronto como se adviertan circunstancias que aconsejen tal atención o se detecte riesgo de aparición de la discapacidad, con el fin de garantizar su derecho a la
educación y al desarrollo de un proceso educativo adecuado y asistido con los complementos y apoyos necesarios.
a) La prevención, detección y atención temprana de sus
especiales necesidades educativas.
b) La evaluación psicopedagógica que determine sus necesidades educativas, las medidas curriculares y de escolarización, y los apoyos y recursos necesarios para atenderlas. Así como a la evaluación de su aprendizaje a través de las adaptaciones de tiempo y medios apropiados a las posibilidades y
características de cada persona.
c) El uso de sistemas de comunicación alternativos y la utilización de medios técnicos y didácticos que faciliten los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, así como las necesarias adaptaciones del puesto escolar.
d) El uso de nuevas tecnologías que mejoren y ayuden a la integración de las personas con discapacidad.
Artículo 15. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
La escolarización del alumnado con discapacidad de tipo físico, psíquico y sensorial se efectuará prioritariamente en los centros sostenidos con fondos públicos, en la modalidad educativa más adecuada, teniendo en cuenta las posibilidades y características del alumno o alumna y el objetivo del mayor grado de integración posible. Cuando se aprecie de forma razonada que las necesidades de dicho alumnado no puedan ser adecuadamente satisfechas en un centro ordinario se propondrá su escolarización en unidades y centros específicos de
1. Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales que hayan obtenido el título de Graduado en Educación
Secundaria tendrán prioridad para ocupar puestos escolares en los niveles de enseñanza postobligatoria, en centros sostenidos con fondos públicos que impartan las enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional. Asimismo, se velará para que estos centros dispongan de los medios personales y materiales necesarios y para que este alumnado pueda continuar sus estudios con las adaptaciones curriculares pertinentes.
2. El alumnado con necesidades educativas especiales que curse estudios universitarios podrá realizarlo con las adaptaciones que se consideren necesarias en determinadas materias o prácticas, cuando por limitación de sus capacidades éstas planteen dificultades especiales y siempre que tales
adaptaciones no impidan alcanzar un desarrollo suficiente de los objetivos generales previstos para estos estudios, ya sean de ciclo medio o largo.
Las Administraciones Públicas realizarán convocatorias
específicas de becas y ayudas económicas individuales para garantizar el desplazamiento, la residencia y manutención cuando las circunstancias así lo exijan.
Las Administraciones Públicas dirigirán la política de
integración laboral de las personas con minusvalía al
cumplimiento de estos dos objetivos:
2. Potenciar la inserción laboral prioritariamente en el sistema ordinario de trabajo.
b) La programación de módulos de Formación Profesional
Ocupacional adaptados a aquellos alumnos cuyas características individuales le impidan su acceso a centros ordinarios.
Se potenciará la integración de los trabajadores con
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo mediante la adopción de medidas que fomenten su contratación, en el marco de las reguladas por la normativa estatal y autonómica
aplicables en la materia, primando de manera especial la primera inserción en el mercado ordinario de trabajo, así como la posibilidad de constituirse en trabajadores autónomos o la de integrarse en empresas de economía social.
1. Se garantiza la igualdad de condiciones con los demás aspirantes a las personas con minusvalía que concurran a las pruebas selectivas para ingreso en los cuerpos de funcionarios y en las categorías de personal laboral y estatutario al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades locales. Para ello se reservará un cupo no inferior al 3% del conjunto de las plazas vacantes de la Oferta de Empleo Público para las personas cuya minusvalía se determine reglamentariamente.
En estas pruebas se establecerán para las personas con
minusvalía que lo soliciten las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para su realización, debiendo formular los interesados la petición concreta correspondiente en la
3. En atención a la naturaleza de las funciones a desarrollar, en las convocatorias se podrá establecer la exención de alguna de las pruebas o la modulación de las mismas a fin de
posibilitar efectivamente el acceso al empleo público a las personas con retraso mental.
Artículo 24. Ayudas a las empresas para la integración laboral. Se potenciará la acción que en la integración laboral realizan las empresas de empleo protegido mediante ayudas para la creación de puestos de trabajo.
Se fomentará el empleo estable de los trabajadores con
minusvalía mediante programas destinados a la creación y mantenimiento de centros especiales de empleo, que,
previamente, hayan sido calificados como tales.
Artículo 27. Servicios de apoyo a la integración laboral. Para la consecución de los objetivos expuestos en los capítulos anteriores se crearán servicios de apoyo a la integración laboral de las personas con discapacidad que llevarán a cabo un seguimiento y evaluación individualizado de los procesos de inserción laboral de aquellas personas que lo requieran.
DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
3. A las necesidades de las personas con discapacidad, los Servicios Sociales Comunitarios responderán mediante
información sobre los recursos existentes, gestión de
prestaciones, ayuda a domicilio y, en general, mediante la atención especial a personas con problemas de integración social.
4. Los Servicios Sociales Comunitarios actuarán tanto a nivel individual como grupal, dando apoyo a las asociaciones de personas con discapacidad, a sus familiares o a sus
representantes legales, promoviendo, en su caso, recursos sociales especializados.
Los Servicios Sociales Especializados, en cuanto instrumentos de atención específica a las personas con discapacidad
dirigidos a posibilitar su integración social, se
estructurarán, fundamentalmente, a través de:
- Centros de valoración y orientación.
3. Para mantener los posibles vínculos familiares existentes se favorecerá que los servicios residenciales acojan a las personas con discapacidad acompañadas de sus padres o
familiares más cercanos cuando éstos también precisen de atención por su edad o situación física.
Los centros de día se configuran como establecimientos
destinados a la atención de aquellas personas que no puedan integrarse -transitoria o permanentemente- en un medio laboral normalizado o que por su gravedad, requiriendo de atención continuada, no puedan ser atendidos por su núcleo familiar durante el día.
A estos efectos deberá distinguirse entre aquellos centros destinados a personas con discapacidad tan grave que dependan de otra persona para las actividades de la vida diaria, como apoyo a la familia, de aquellos otros destinados a personas cuya capacidad les permita la realización de tareas
prelaborales u ocupacionales, en aras de la normalización de sus condiciones de vida.
Artículo 34. Derechos de los usuarios de los centros
residenciales y de día.
1. A participar y ser oídos, por sí o sus representantes legales, en aquellas decisiones o medidas relacionadas con la atención que han de recibir en ellos.
En los supuestos en que dichas decisiones o medidas supongan aislamiento, restricciones de libertades u otras de carácter extraordinario, deberán ser aprobadas por la autoridad
judicial, salvo que razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de la medida, en cuyo caso se pondrá en conocimiento de aquélla cuanto antes.
2. A un trato digno, tanto por parte del personal del centro o servicio como de los otros usuarios.
3. Al secreto profesional de los datos de su historia sanitaria y social.
4. A mantener relaciones interpersonales, incluido el derecho a recibir visitas, siendo obligación de la dirección de los centros promover las relaciones periódicas con sus familiares o tutores.
5. A una atención individualizada acorde con sus necesidades específicas.
6. A la máxima intimidad y privacidad, siendo necesario hacer compatible este derecho con las exigencias derivadas de la protección de su vida, de su salud y de su seguridad.
7. A que se les facilite las prestaciones sanitaria,
farmacéutica, formativa, recreativas y similares, así como a la satisfacción de las necesidades que sean imprescindibles para conseguir un adecuado desarrollo personal.
8. A cesar en la utilización de los servicios o en la
permanencia en el centro por voluntad propia o de sus
representantes legales, sin perjuicio de los supuestos en los que la permanencia en el centro esté sometida a decisión judicial.
1. Abonar el importe de las liquidaciones de estancias y los precios de los servicios que se establezcan.
2. Respetar los derechos regulados en los números 2 y 6 del artículo anterior.
3. Conocer y cumplir, en función de sus capacidades, las normas que rijan el funcionamiento del centro.
Se atenderá a las personas con minusvalía psíquica que se vean obligadas a ser privadas de libertad, como medida de seguridad por decisión judicial en centros penitenciarios, promoviendo, además, programas sociales que posibiliten a los jueces y tribunales adoptarlos como medidas sustitutivas. Para ello los servicios sociales se coordinarán con la administración competente en instituciones penitenciarias y con el poder judicial.
La Administración de la Junta de Andalucía promoverá,
coordinada con la autoridad judicial, la atención a las personas presumiblemente incapaces o incapacitadas total o parcialmente, promoviendo entidades sociales sin ánimo de lucro que puedan desempeñar la tutela o curatela de aquellas, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil.
Para ello impulsará la creación de entidades tutelares de ámbito territorial que garanticen el acercamiento al tutelado, cuidando su integración en su propio entorno.
Artículo 39. Coherencia entre las medidas protectoras e integradoras.
Sección 2ª Protección de necesidades básicas a través de prestaciones de carácter periódico
La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá establecer
prestaciones económicas de carácter periódico destinadas a personas con discapacidad que no puedan atender sus necesidades básicas de subsistencia, distintas y compatibles con las prestaciones del sistema de la Seguridad Social y a las que pueda otorgar la Administración del Estado.
Sección 3ª Protección de necesidades específicas a través de prestaciones de carácter no periódico
La acción protectora consistirá en aportaciones económicas que financien total o parcialmente los gastos derivados de la adquisición de ayudas técnicas, asistencia en centros,
adaptación funcional del hogar, ayudas a la movilidad y a la comunicación, así como aquellas otras que favorezcan su integración social.
Artículo 42. Ayuda de habilitación profesional.
Con objeto de sufragar las necesidades de aquellas personas con minusvalía que, no alcanzando el grado necesario para acceder a una pensión no contributiva de invalidez, y teniendo
dificultades de integración laboral, realicen un programa de habilitación profesional que les capacite para su posible inserción laboral, se establece una prestación económica de carácter temporal, en las condiciones y con los límites que se determinan reglamentariamente, denominada ayuda de habilitación profesional.
- El tipo de discapacidad.
- La situación personal y social.
- Las rentas o ingresos de la unidad económica de convivencia donde se integre el solicitante.
Las Administraciones Públicas establecerán los cauces
normativos y las medidas de fomento adecuadas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a las actividades de ocio, culturales y deportivas, tanto las desarrolladas por iniciativa pública como privada.
DE LA ACCESIBILIDAD URBANISTICA, ARQUITECTONICA, EN EL
TRANSPORTE Y LA COMUNICACION
Artículo 46. Disposiciones generales sobre accesibilidad. En los planes urbanísticos, así como en todas las actuaciones que se realicen por cualquier entidad pública o privada o por personas individuales en materia de infraestructura,
urbanización, edificación, transporte y comunicación, se garantizará a las personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad física, permanente o circunstancial, la
accesibilidad y utilización de los bienes y servicios de la sociedad, evitando y suprimiendo las barreras y obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento, de acuerdo con los contenidos de la presente Ley y en los términos que reglamentariamente se fijen.
1. Accesibilidad: Conjunto de características de las
infraestructuras, del urbanismo, los edificios,
establecimientos e instalaciones, el transporte o las
comunicaciones que permiten a cualquier persona su utilización y disfrute en condiciones de seguridad.
2. Barreras: Todas aquellas trabas u obstáculos, físicos o sensoriales, que limitan o impiden el normal desenvolvimiento o uso de los bienes y servicios por las personas con
4. Cambio de actividad: El que, aun manteniendo el uso
anterior, implique otros servicios o prestaciones diferentes que puedan suponer alteraciones de aforo o afluencia de público.
No se considerarán entre los espacios referidos aquellos que se destinen al desarrollo de actividades privativas para las que las disposiciones vigentes admitan el uso limitado o
restringido a determinadas personas, y tal limitación no se deba a la condición de tener una discapacidad.
1. La planificación territorial y urbanística atenderá a que los medios urbanos e interurbanos resulten accesibles. Para ello los planes de ordenación urbana contemplarán la
accesibilidad de manera expresa en sus estudios y
2. La planificación, el diseño y la urbanización de las vías y demás espacios libres de uso público se realizarán de manera que éstos resulten accesibles a las personas con discapacidad. A tal efecto los distintos instrumentos de planeamiento, así como los proyectos de urbanización y de obras ordinarias, garantizarán la accesibilidad a los espacios de uso público, siendo indispensable para su aprobación la observación de las determinaciones y principios básicos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen.
3. Los itinerarios peatonales y espacios libres públicos y privados -de uso comunitario- de utilización y concurrencia pública se diseñarán de forma que sus trazados, dimensiones, dotaciones y calidades de terminación permitan el uso y circulación en condiciones de seguridad a las personas con discapacidad.
Las obras y elementos provisionales que se sitúen o ejecuten en los espacios anteriores se protegerán de forma que se garantice la seguridad de las personas con discapacidad en su
4. En las zonas de estacionamiento de vehículos, así como en cualquier instalación en la que se disponga de asientos para el público, emplazados en las vías o espacios públicos, se reservará un porcentaje de plazas para las personas con discapacidad que será determinado reglamentariamente,
garantizando a éstas su uso exclusivo.
5. Las vías y espacios libres de uso público ya existentes, así como los elementos de urbanización, infraestructura y elementos de mobiliario del entorno urbano consolidado, se adaptarán gradualmente a los parámetros de accesibilidad. Para ello los entes locales elaborarán planes especiales de actuación que garanticen, de acuerdo a un orden de prioridades y plazos, la adaptación de los espacios urbanos y sus elementos a las determinaciones y principios básicos de la presente Ley y las normas que la desarrollen, consignando en sus presupuestos anuales cuantías necesarias para la financiación de estas actuaciones.
Sección 1ª Edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia pública
1. Para la construcción, reforma, cambio de uso o de actividad de edificios, establecimientos e instalaciones que impliquen concurrencia de público, será preceptivo que los espacios y dependencias, exteriores e interiores, de utilización colectiva resulten accesibles a las personas con cualquier tipo de discapacidad.
En las obras de reforma que afecten únicamente a una parte del edificio, establecimiento o instalación, manteniéndose
totalmente el uso y actividad a desarrollar en los mismos y en los cambios de uso o actividad que afecten sólo a partes de los edificios, establecimientos o instalaciones, las condiciones de accesibilidad sólo serán exigibles a los elementos o partes modificadas por la reforma o a las zonas en las que se altere el uso o actividad.
Los edificios, establecimientos e instalaciones de las
administraciones y empresas públicas ya existentes, se realicen o no obras de reforma en los mismos, se adaptarán gradualmente a las condiciones de accesibilidad establecidas en esta Ley y en sus normas de desarrollo. Para ello los poderes públicos elaborarán planes de actuación que garanticen, de acuerdo con un orden de prioridades y las disponibilidades presupuestarias, la accesibilidad de sus edificios, estableciendo un porcentaje mínimo en sus presupuestos anuales hasta conseguir la completa eliminación de las barreras existentes en un plazo de tiempo limitado.
3. Las zonas y elementos de urbanización de utilización colectiva situados en los espacios exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones, deberán cumplir las
condiciones establecidas en el Capítulo II.
edificio, establecimiento e instalación.
c) La comunicación entre los accesos del edificio,
establecimiento o instalación y las áreas y dependencias de utilización colectiva.

References: artículo 50
 artículo 54
 artículo 54
 resolución 
 resolución 

Artículo 77
 artículo 42

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 15

Artículo 24

Artículo 27

Artículo 34

Artículo 39

Artículo 42

Artículo 46