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Timestamp: 2019-09-20 19:07:26+00:00

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﻿ Sentencia 2001-00727 de mayo 12 de 2014
SENTENCIA 2001-00727 DE 12 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:LA SUJECIÓN AL ORDEN CRONOLÓGICO PUEDE SER IGNORADA CUANDO SE TRATE DE PROCESOS QUE TAN SOLO REQUIEREN DE LA REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA PARA SER RESUELTOS. ELLO PORQUE SE TRATA DE UNA DE LAS CAUSALES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 1285 DEL 2009, QUE PERMITE A LOS ORGANISMOS DE CIERRE DE LAS JURISDICCIONES OBRAR DE ESA MANERA. SE DEBE RECORDAR QUE LA REPARACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD PROCEDE INCLUSO SI LA ABSOLUCIÓN DEL DETENIDO OBEDECE A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO, AUNQUE CABE PRECISAR QUE, EN ESTE CASO, LA DECISIÓN OBEDECIÓ A LA FALTA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIARAN SU RESPONSABILIDAD Y NO PRECISAMENTE A LA DUDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCESO CARNAL ABUSIVO, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
Sentencia 2001-00727 de mayo 12 de 2014
Rad. 68001233100020010072701
Nº Interno: 36.546
Demandante: Ceferino Cortés Delgadillo y otros.
Demandado: La Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Apelación sentencia de reparación directa.
1. Prelación de fallo(1).
En la actualidad la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho del correspondiente magistrado ponente.
No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16(2), permite decidir sin sujeción al orden cronológico de turno los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.
En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor Ceferino Cortés Delgadillo.
Respecto del tema antes referido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una Jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(3).
Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos años siguientes al hecho que dio origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, dado que la providencia del 13 de septiembre del 2000, mediante la cual el Juzgado Tercero Municipal del Circuito de San Gil absolvió al sindicado como presunto autor del delito de acceso carnal violento contra menor de edad, quedó ejecutoriada el día 23 de octubre del 2000 de conformidad con la constancia secretarial del referido juzgado, mientras que la demanda se formuló el 20 de marzo del 2001 (fl. 28 cdno. 1).
Como se expuso con anterioridad, en punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal, y de la Ley 270 de 1996.
En este sentido, de manera general, se ha señalado que el aplicable es el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad resulta finalmente absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta era atípica.
De igual forma, según la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(4)—.
4 El material probatorio que obra en el proceso.
Dentro de los documentos allegados resulta relevante destacar los siguientes:
— Proveído proferido el 2 de julio de 1999 por la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Socorro, mediante el cual se definió la situación jurídica del señor Ceferino Cortés Delgadillo en los siguientes términos:
1. Proferir medida de aseguramiento de detención preventiva, en contra de Ceferino Cortés Delgadillo, de las condiciones civiles y personales conocidas en autos, como presunto autor del delito de acceso carnal abusivo con menor, Agravado, en concurso, en perjuicio de la menor Jeimi Paola Vanegas Gómez, según hechos sucedidos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar reseñados en autos.
2. Declarar que el sindicado no es acreedor en el momento, al beneficio de la libertad provisional, por alguna de las causales señaladas en el Art 414 Código de Procedimiento Penal, como tampoco a la detención domiciliaria, por las razones anotadas en la parte motiva de este proveído.
3. para efectos del cumplimiento de la detención preventiva, de conformidad con lo señalado por el artículo 198 del Código de Procedimiento Penal, se dispone lib[r]ar a las autoridades respectivas, orden de captura en contra del implicado.
4. Oficiar al DAS de Santafé de Bogotá, impidiendo la salida del país de Ceferino Cortés Delgadillo.
5. De esta decisión, dese aviso a la dirección seccional de fiscalías y DAS de San Gil.
6. Ordenar la reseña del sindicado, al DAS de San Gil y C.T.I. del Socorro.
7. No se decreta embargo y secuestro de bienes del implicado, por ser desconocidos para el despacho.
8. Compúlsese copia de la denuncia y sométase a asignación en esta unidad de fiscalías, a fin de que por separado se investigue el presunto delito de actos sexuales con menor de catorce años (C.P., art. 305) supuestamente cometidos sobre la menor Alien Jineth Vanegas Gómez (6 años), y también atribuidos al imputado Ceferino Cortés Delgadillo, ya que no guardan relación de conexidad con los hechos aquí investigados, pues sucedieron en un contexto de acción diferente” (fls 40-47 cdno. 1).
— Proveído con fecha 31 de agosto de 1999, emanado de la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito cuarta del Socorro, mediante el cual se negó la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento de detención preventiva por la detención domiciliaria decretada en contra del señor Cortés Delgadillo y se difirió la decisión de otorgamiento de la detención parcial en el lugar de trabajo o domicilio a favor del implicado “a la espera del acreditamiento de algunos requisitos” (fls. 61 – 62 cdno. 1).
— A folios 73 al 79 del cuaderno No. 1 obra decisión del 10 de noviembre de 1999 por medio de la cual se profirió resolución de acusación en contra del señor Ceferino Cortés Delgadillo como presunto autor del delito de acceso carnal abusivo con menor agravado en concurso en contra de la menor Jeimi Paola Vanegas Gómez. En la misma providencia se indicó que continuaba vigente la medida de aseguramiento de detención preventiva emitida en contra del sindicado.
— Sentencia del 13 de septiembre del 2000 proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito a través de la cual se absolvió al señor Ceferino Cortés Delgadillo del delito que se le sindicaba. Para arribar a la anterior decisión, se puso de presente lo siguiente:
“Análisis probatorio.
En realidad de verdad la investigación adelantada por la Fiscalía en los inicios del proceso adolece de grandes fallas que no permiten al juzgador arribar a la certeza suficiente para dictar una sentencia condenatoria, bien porque el hecho no haya existido o porque el acusado no lo cometió y sobre este preciso aspecto es que tendremos que basarnos para producir el último acto con que debe culminar una acusación normalmente.
En estos albores del proceso encuentra el Despacho que no existen pruebas claras y contundentes que a la luz de la sana crítica, manifiestamente muestra una realidad objetiva que nos permita con base en ese material probatorio, fundar una decisión o formar libremente nuestro convencimiento sobre la ocurrencia del ilícito y la responsabilidad de Ceferino Cortés Delgadillo en la conducta sexual para con la menor Jeimy Paola Vanegas.
En síntesis, existen en el proceso una serie de incertidumbres, contradicciones y falencias que con ese escaso y deficiente material probatorio este despacho no puede hacer un pronunciamiento condenatorio conforme a la Constitución Nacional, ley y la sana crítica, teniendo que aplicar la máxima de que “Es mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente”.
Por imperio del artículo 18 de la Constitución Nacional, el imputado goza de un estado jurídico de inocencia que no necesita ser construido, al contrario a los órganos públicos competentes corresponde destruirlo acreditando cabalmente su culpabilidad, si estos fracasan en su intento y no logran probar fehacientemente la existencia del hecho y la participación punible del imputado, el estado de inocencia reconocido por el ordenamiento legal se mantiene prevaleciendo sobre el caudal probatorio que, si bien lo puso en tela de juicio, careció de la envergadura exigida para destruirlo.
La duda para ser beneficiosa debe recaer sobre aspectos fácticos (físicos y psíquicos) relacionados a la imputación, debe referirse a la materialidad del delito, a sus circunstancias jurídicamente relevantes, a la participación del sospechoso y a la existencia de causales de justificación, inculpabilidad, inimputabilidad o excusas absolutorias, circunstancias que se reúnen con creces en este proceso y que por esta razón no hemos podido llegar a la certeza positiva o negativa de la existencia del hecho y la culpabilidad del acusado, tal como se dijo desde el inicio del análisis.
No obstante que el principio del in dubio pro reo, tiene vigencia y validez durante todo el curso del proceso, llegada la última oportunidad en la elaboración de la sentencia definitiva la certeza positiva de la culpabilidad permitirá condenar al imputado; la improbabilidad, la duda strictu sensu o aún la probabilidad determinarán la absolución.
En estos términos y no habiendo otras circunstancias más importantes por discutir, el despacho evidentemente habrá de proferir a favor de Ceferino Cortés Delgadillo, sentencia absolutoria y en consecuencia se revocará la medida de aseguramiento que pesa en su contra y se ordenará la libertad inmediata del acusado, ante el Director de la Cárcel Circuital de Berlín” (fls 128 – 147 cdno. 1).
— Diligencia de sustentación oral del recurso de apelación interpuesto por el fiscal cuarto delegado contra la providencia del 13 de septiembre del 2000 en la cual desistió del medio de impugnación presentado al considerar que “mis principios éticos no me permiten insistir en una sentencia condenatoria ante tan tamaña evidencia que pregona la inocencia del señor Ceferino Cortés Delgadillo” (fls 154 – 157 cdno 1).
— A folio 279 del cuaderno 1 se encuentra providencia del 19 de octubre del 2000 dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Penal, mediante la cual admitió del desistimiento del recurso de apelación presentado por el fiscal cuarto delegado ante los juzgados penales del circuito del socorro contra la sentencia absolutoria a favor del señor Ceferino Cortés Delgadillo.
— Certificación expedida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Socorro, en la que se indicó lo siguiente:
“Habiendo sido admitido el desistimiento del recurso de apelación por parte del honorable tribunal Superior de San Gil, que atacaba la sentencia exonerativa de responsabilidad proferida a favor del acusado Ceferino Cortés Delgadillo, Declárese legalmente ejecutoriada dicha decisión y en consecuencia se dispone el archivo definitivo del expediente previas anotaciones en los libros de control del Juzgado” (fls 281 cdno. 1).
— Certificado elaborado el 24 de enero de 2001 por la Directora de la Cárcel del Circuito Judicial del Socorro del Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, en el que se acreditó que:
“De manera respetuosa me permito dar contestación al oficio de solicitud de constancia de tiempo de detención de un interno, de acuerdo a la información que reposa en el archivo de la oficina jurídica de este centro carcelario así:
Sindicado: Seferino (sic) Cortés Delgadillo
Autoridad: Juzgado Tercero Penal del Circuito Socorro
Delito: Acceso Carnal Abusivo con menor de 14 años
Fecha: Captura: mayo 24 de 2000
Baja: Septiembre 13 de 2000” (fl 4 cdno. 1).
De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la subsección encuentra que el señor Ceferino Cortés Delgadillo fue privado de su derecho fundamental a la libertad por la supuesta comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de edad, no obstante lo cual, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Socorro, en providencia del 13 de septiembre de 2004(5), lo absolvió de todos los cargos que se le imputaron.
Ahora bien, al analizar la parte considerativa de la anterior providencia, la Sala encuentra, si se quiere, que el juez de instancia, para proferir la decisión, se apoyó en dos razones diferentes, a saber:
i) En unos apartes de la providencia, el operador judicial hizo referencia a que la investigación adelantada por la Fiscalía “adolece de grandes fallas”, por lo que el juzgador no contaba con la certeza necesaria para dictar sentencia en contra del sindicado “bien por que el hecho no haya existido o por que el acusado no lo cometió”, circunstancia que indica que la absolución tuvo soporte en la imposibilidad del ente investigador de acreditar la responsabilidad del sindicado en la acusación que le formuló en su contra, esto es porque no probó que el imputado hubiere cometido el hecho y por qué tampoco hubo certeza respecto de la existencia del hecho.
ii) No obstante, en otros apartes de la misma providencia, el juez hizo referencia a la existencia de una “serie de incertidumbres” respecto de la responsabilidad del encausado, en el sentido de que las pruebas que obraban en el expediente no eran suficientes para proferir una sentencia condenatoria y que, en la medida en que para ese momento dichas dudas resultaban insuperables, se imponía la aplicación “de la máxima de que es mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente” aunado al hecho de que se destacó que el principio in dubio pro reo tiene aplicación a lo largo del proceso penal y que en el momento en que el juez debe proferir sentencia este debe contar con la certeza suficiente de la culpa del sindicado, motivo por el cual “la improbabilidad, la duda strictu sensu o aún la probabilidad determinarán la absolución”.
Ahora bien, ante estas dos posibles interpretaciones acerca de los fundamentos que habrían llevado al juez competente a dictar sentencia a favor del implicado, para la Sala resulta más razonable acoger aquel entendimiento según el cual el fallo absolutorio obedeció a la ausencia de material probatorio para acreditar la conducta punible endilgada y mucho menos la responsabilidad del encartado —que no a la existencia de dudas insuperables que hubieran llevado a la aplicación del principio de in dubio pro reo—, comoquiera que en los términos del artículo 29 de la Constitución Política, esto es el debido proceso, la presunción de inocencia y el mismo buen nombre del investigado constituyen garantías cuyo respeto permite comprender que en el presente caso el procesado fue absuelto porque el hecho no existió o no lo cometió y/o porque la conducta fue atípica —causales previstas en el ya citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal—, en lugar de asumir que esa misma decisión se hubiere apoyado en dubitaciones, dudas o vacilaciones en torno a la responsabilidad del señor Ceferino Cortés Delgadillo, cuestión que en todo caso llevaría a resolverle a su favor.
Con todo, conviene aclarar que si se eligiera el segundo razonamiento como el motivo principal que hubiera servido de sustento a la decisión a la cual se ha estado haciendo referencia, de igual forma, el reconocimiento de la indemnización encontraría fundamento en las consideraciones ya expuestas, según las cuales aun cuando la decisión de preclusión o absolución se hubiere proferido en aplicación del principio in dubio pro reo, la persona que padece la privación de la libertad no se encuentra en la obligación de soportarla, en cuanto resulta desde todo punto de vista desproporcionado pretender que se le pueda exigir al demandante que asuma en forma inerme y como si se tratase de una carga pública, que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, durante más de 3 meses, una privación de su derecho fundamental a la libertad en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado, a pesar de que la misma Administración de Justicia que limitó y afectó el derecho en mención concluyó que existían dudas que impidieron desvirtuar la presunción constitucional de inocencia que siempre acompañó al sindicado, esto es antes, durante y después del proceso penal correspondiente, razón por la cual se enfrenta la Sala a la detención preventiva que debió soportar quien ante el Estado siempre ha mantenido incólume su condición de inocente.
Por consiguiente, se impone concluir que en ningún caso el demandante estaba en la obligación de soportar el daño que el mismo Estado le irrogó, el cual debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la Administración de resarcirle dicha persona por ese hecho.
En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y se declarará la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor Ceferino Cortés Delgadillo.
Perjuicios materiales, lucro cesante
Cabe señalar en este punto que aun cuando la parte actora en el escrito contentivo de la demanda solicitó el reconocimiento de los emolumentos dejados de percibir por el señor Ceferino Castillo Delgado “entre el lapso comprendido entre el 24 de mayo de 2000 y el día 13 de septiembre de 2000, fecha en que obtuvo su libertad el señor Ceferino Cortés Delgadillo, dejó de percibir la suma de $944.666, como agricultor” por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la Sala estudiará tal pretensión pero a título de lucro cesante.
En relación con el reconocimiento del lucro cesante, tratándose de la privación injusta de la libertad, la Sala ha dicho:
“Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplídola imperfectamente, o retardado su cumplimiento” (destacado fuera del texto original).
El daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente necesidad —para el afectado— de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente conlleva que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Cosa distinta es que el daño emergente pueda ser tanto presente como futuro, dependiendo del momento en que se haga su valoración. De este modo, el reconocimiento y pago —que la parte actora solicita— de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento en que se produce la suspensión del demandante en el ejercicio de sus funciones, no puede catalogarse como una modalidad del daño emergente, sino de lucro cesante. Este último corresponde, entonces, a la ganancia frustrada, a todo bien económico que, si los acontecimientos hubieran seguido su curso normal, habría ingresado ya o lo haría en el futuro, al patrimonio de la víctima. Esto último es lo que ocurre con el no pago de los salarios y prestaciones mientras se prolongó la detención preventiva. De manera que, por tratarse este extremo de un asunto que toca con el rubro del lucro cesante, será abordado inmediatamente después de cuantificar el daño emergente”(6).
“El lucro cesante, de la manera como fue calculado por los peritos, no cumple con el requisito uniformemente exigido por la jurisprudencia de esta corporación, en el sentido de que el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad pública(7). Esa demostración del carácter cierto del perjuicio brilla por su ausencia en el experticio de marras”(8).
En este sentido, cuando se trata, por ejemplo, de los asuntos que se refieren a la privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido de manera reiterada que para la procedencia del reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se requiere que se acredite que la víctima de la referida privación, al momento de la ocurrencia de ese hecho dañoso, desarrollaba alguna actividad económica(9).
Al respecto, obran en el expediente las declaraciones de los señores Jorge Eliécer Melgarejo Montañez, María Nely López Cristancho y Hernando Rincón Cepeda (fls 320 – 324 cdno. 1) quienes afirmaron que el señor Ceferino Cortés Delgadillo se desempeñaba como agricultor en su finca para la época de los hechos. No obstante, de las mencionadas piezas procesales no se deriva certeza acerca de las sumas mensuales que la víctima podía obtener con ocasión de sus labores económicas.
En estos casos, en los cuales no existe certeza acerca del monto devengado por la víctima directa del daño, se ha concluido que hay lugar a aplicar la presunción según la cual toda persona que se encuentre trabajando devenga, por lo menos, el salario mínimo legal vigente.
En este orden de ideas, procederá la Subsección a realizar la liquidación de dicho perjuicio, así:
Ingresos (2000): $ 260.100
Período a indemnizar: 3.6 meses
Índice final: (abril de 2014 último conocido): 116,24321
Índice inicial: (septiembre de 2000) 61,40907
RA = $ 260.100,00 x 1,892932 = $ 492.351 que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2014, se tomará en cuenta el actual ($ 616.000) para la liquidación; a esta suma se le debe agregar el 25% por las prestaciones sociales que se presume son devengadas por cada trabajador.
Así: $616.000 x 0.25 = 154.000 + 616.000 = $770.000
De conformidad con lo anterior, se tomará la suma de $770.000 como ingreso base de liquidación.
No obstante lo anterior, según se estableció en las pretensiones de la demanda, la parte actora solicitó el reconocimiento de la suma de $944.666(10) la cual actualizada resulta una cifra inferior ($ 1’788.189) a la de la liquidación efectuada, lo que determina que la Sala únicamente pueda reconocer dicho monto en aplicación del principio de congruencia de la sentencia que aquí se profiere.
Total perjuicios materiales por lucro cesante: un millón setecientos ochenta y ocho mil ciento ochenta y nueve pesos ($ 1’788.189).
En la demanda se solicitó el reconocimiento de los perjuicios materiales, por concepto de daño emergente, consistentes en los gastos que el señor Ceferino Cortés Delgadillo habría tenido que realizar por concepto del pago de honorarios del abogado que lo representó durante el curso del correspondiente proceso penal.
La subsección estima procedente la indemnización correspondiente a este último rubro, por cuanto quien actúa como apoderado de la parte actora en este proceso fue también quien asumió la defensa técnica del sindicado en el proceso penal y si bien es cierto que no se encuentra en el expediente una prueba que precise el valor que el actor le debió pagar a su apoderado por la asistencia en el proceso penal, no es menos cierto que el aludido profesional del derecho manifestó en la demanda que por sus servicios en el referido proceso penal se le pagó la suma de $ 3’000.000.
En ese sentido, la Sala ha señalado que en casos en los cuales el apoderado judicial que representa al demandante en el proceso contencioso administrativo sea el mismo que realizó la defensa técnica en el proceso penal, procede el reconocimiento del perjuicio material en la modalidad de daño emergente, con fundamento en el principio de economía procesal, pues incluso la sola manifestación del apoderado de la parte actora en el sentido de haber recibido una determinada suma de dinero como pago de sus honorarios profesionales, con la presentación personal de la demanda, permite tener por acreditado el monto del perjuicio y, por lo tanto, la Sala considera que la condena por este concepto se debe realizar en concreto con el fin de evitar un desgaste innecesario de la administración de justicia(11), para lo cual la suma anteriormente descrita se tendrá como cierta y se actualizará de la siguiente manera:
En consecuencia se reconocerá, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 5’678.797 (cinco millones seiscientos setenta y ocho mil setecientos noventa y siete pesos).
Según lo ha reiterado la Jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad(12); en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(13) , al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(14).
Asimismo, en relación con la acreditación del perjuicio en referencia, se ha dicho que con la prueba del parentesco o del registro civil de matrimonio se infiere la afectación moral de la víctima, del cónyuge y/o de los parientes cercanos(15), según corresponda.
Por otro lado, de conformidad con lo expuesto en sentencia del 6 de septiembre de 2001, resulta claro que la Sala abandonó el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980 y por ende para establecer el valor de la reparación por concepto de perjuicios morales se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(16).
Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala que aquí se reitera, se encuentra suficientemente establecido que el juez debe tener como fundamento el arbitrio judicial y debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto(17) .
Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades propias de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivas y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (C.P., arts. 13 y 209), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros, i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.
En este punto resulta pertinente destacar que la Sección Tercera, de manera reciente, unificó los criterios de reconocimiento y tasación de los perjuicios morales en los supuestos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad y al respecto señaló unos parámetros objetivos para determinar los montos indemnizatorios susceptibles de ser reconocidos en esta tipología de perjuicios.
En efecto, la providencia calendada el 28 de agosto de 2013, precisó lo siguiente:
“... según lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad(18); en esa línea de pensamiento, se ha considerado que ese dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(19), al tiempo, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(20).
Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos de los presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivos y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (C.P., arts. 13 y 209 C.P.), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros: i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.
Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMMLV; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMMLV; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMMLV, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMMLV, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMMLV, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMMLV, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 SMMLV, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.
Se reitera, los anteriores parámetros objetivos sirven como norte, guía o derrotero a efectos de que se garantice el principio de reparación integral del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y los principios de igualdad material y dignidad humana, para lo cual el juez al momento de la valoración del daño moral es preciso que motive con suficiencia las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales se reconoce el respectivo perjuicio”(21).
Ahora bien, aunque en el proceso obran elementos de acreditación precisos que permiten establecer que en contra del señor Ceferino Cortés Delgadillo se impuso restricción de su libertad física como también de su libertad de locomoción desde el 2 de julio de 1999 fecha en la que la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Socorro dictó medida de aseguramiento preventiva, lo cierto es que la parte actora pretendió el reconocimiento de los perjuicios morales causados únicamente por el tiempo en que efectivamente fue detenido en el centro penitenciario de Socorro; para mayor claridad, la demanda se expresó en los siguientes términos:
“Pretensiones: Declarar a la parte demandada administrativamente y extracontractualmente responsable de los perjuicios causados a los demandantes en su modalidad de daño material y moral, por la detención preventiva de que fue objeto el demandante señor Ceferino Cortés Delgadillo, por el tiempo de 3 meses y 19 días en la cárcel del Distrito Judicial de Socorro y haber sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva.” (fls. 37 cdno. 1).
Por lo tanto, la Sala reconocerá a la parte actora únicamente los perjuicios morales causados por el lapso que lo solicitó (3 meses y 19 días) no obstante que sobre la víctima pesó la medida de aseguramiento por un tiempo superior según se evidenció en el acápite de pruebas de esta providencia y que la Jurisprudencia de esta corporación(22) ha accedido a estos perjuicios en aquellos casos en los que la privación de la libertad no es intra muros por las consecuentes restricciones tanto de la libertad de circulación, como de la libertad para fijar residencia, lo cual la Sala ha considerado que reduce las condiciones de severidad de una medida de esa naturaleza pero que, se reitera, la sola circunstancia de estar una persona privada del goce de un derecho fundamental como lo es la libertad en el plano jurídico, sin lugar a dudas causa una afección moral.
En consecuencia, se reconocerá por perjuicios morales para el señor Ceferino Cortés Delgadillo el equivalente en pesos a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes y la misma suma a favor de la señora Leonor Álvarez quien acreditó su condición de esposa de la víctima (fl. 2 cdno. 1).
1. REVÓCASE la sentencia apelada, esto es la que dictó el Tribunal Administrativo de Santander el día 4 de septiembre del 2008 y, en su lugar, se dispone:
“1. Declárase administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor Ceferino Cortés Delgadillo.
2. Como consecuencia de lo anterior, se condena a la demandada a pagar:
Por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente en pesos a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor del señor Ceferino Cortés Delgadillo.
Por concepto de perjuicio morales, la suma equivalente en pesos a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de la señora Leonor Álvarez.
Por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente para el señor Ceferino Cortés Delgadillo la suma de $ 5’678.797
Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante para el señor Ceferino Cortés Delgadillo la suma de 1’788.189
4. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil”.
2. Ejecutoriada esta providencia DEVUELVASE el expediente al tribunal de origen.
Carlos Alberto Zambrano Barrera—Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez.
(1) De conformidad con el Acta de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado 9 del 25 de abril de 2013.
(2) “ART. 16.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:
ART. 63A.—Del orden y prelación de turnos. “Artículo CONDICIONALMENTE exequible”.
“Las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las salas o las secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las salas de los tribunales superiores y de los tribunales contencioso-administrativos de distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio”. (Negrillas y subrayas fuera del texto original).
(3) En este sentido, para solo mencionar algunos, la Sala ha proferido los siguientes fallos, de reciente expedición, en relación con los cuales se ha consolidado la jurisprudencia actual en cuanto a los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad:
— Subsección A: Sentencia del 27 de abril de 2011, Expediente 21140, MP: Dr. Hernán Andrade Rincón; Sentencia del 27 de enero de 2012, Expediente 22701, MP: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Sentencia del 21 de marzo de 2012, Expediente 23507; Sentencia del 23 de febrero de 2012, Expediente 18418; Sentencia del 11 de julio de 2012, expediente 24008.
— Subsección B: Sentencia del 12 de mayo de 2011, Expediente 20569, MP: Dra. Stella Conto Diaz del Castillo; Sentencia del 11 de mayo de 2011, Expediente 19457, MP: Dra. Stella Conto Díaz del Castillo; Sentencia del 31 de enero de 2011, Expediente 18626, MP: Dra. Stella Conto Díaz del Castillo; Sentencia del 29 de marzo de 2012, Expediente 16448, MP: Dr. Danilo Rojas Betancourth.
— Subsección C: Sentencia de junio 22 de 2011, Expediente 20713, MP: Dr. Enrique Gil Botero; Sentencia del 10 de octubre de 2011, Expediente 19151, MP: Dr. Enrique Gil Botero; Sentencia del 24 de enero de 2011, Expediente 15996, MP: Dr. Jaime Orlando Santofimio; Sentencia del 23 de mayo de 2012, Expediente 22672, MP: Dra. Olga Mélida Valle de De la Hoz.
(4) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463, reiteradas por esta Subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, Exp. 20.299, entre muchas otras.
(5) Según certificación allegada por la Secretaría del referido Juzgado, se dejó constancia que la sentencia adquirió fuerza ejecutoria el día 23 de octubre del 2000 (fls. 281 cdno. 3).
(6) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 13168.
(7) En ese sentido pueden verse, entre otros, los pronunciamientos de esta Sección, de 2 de junio de 1994, CP Dr. Julio César Uribe Acosta, actor: Julio César Delgado Ramírez, Expediente 8998, o el de 27 de octubre de 1994, CP Dr. Julio César Uribe Acosta, actor Oswaldo Pomar, Expediente 9763.
(8) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 13168.
(9) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008. Expediente 17004. Ver también: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 12 de mayo de 2011. Expediente: 20665.
(11) Sentencia del 13 de marzo 2013, Exp. 25.569; sentencia del 13 de febrero de 2013, Exp. 24.296.
(12) Entre otras, Sentencia de 14 de marzo de 2002, Exp. 12.076. M.P. Germán Rodríguez Villamizar.
(13) Sentencia de 20 de febrero de 2.008, Exp. 15.980. M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(14) Sentencia del 11 de julio de 2012, Exp. 23.688. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 23.998 y del 13 de febrero de 2013, Exp. 24.296.
(15) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1º de marzo de 2006. Expediente 15440. MP: María Elena Giraldo Gómez.
(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646. M.P. Alier E. Hernández Henríquez.
(17) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 27 de junio de 2013. Expediente 31033.
(18) Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002, Exp. 12076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.
(19) Cf. Sentencia del 20 de febrero de 2008, Exp. 15980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(20) Cf. Sentencia del 11 de julio de 2012, Exp. 23688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada en sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 23998 y del 13 de febrero de 2013, Exp. 24296, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, proferidas por la Subsección A de esta Sección, y en sentencia del 24 de julio de 2013, Exp. 27289, M.P. Enrique Gil Botero.
(21) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Expediente 25.022. Magistrado Ponente: Dr. Enrique Gil Botero.
(22) Ver entre otras, sentencia de 23 de junio de 2011. Exp: 19.958; sentencia del 8 de febrero de 2012 Exp: 21.236.

References: ARTÍCULO 16
IN DUBIO
 artículo 18
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 90
 artículo 414
in dubio
 artículo 198
 resolución 
 artículo 18
in dubio
in dubio
in dubio
 artículo 29
 artículo 414
in dubio
 artículo 106
 artículo 16
 artículo 115