Source: http://siclapuebla.blogspot.com/2014_05_04_archive.html
Timestamp: 2018-02-19 11:52:45+00:00

Document:
Dos cintas lograron 73% del público que convocó el cine mexicano en 2013
http://www.jornada.unam.mx/espectaculos/2014/05/10/a07n1esp
■ Más de 60 películas no consiguieron llegar a 10 mil asistentes, según números del Imcine
La industria cinematográfica nacional carece de una red de exhibición que garantice la presentación de la mayoría de las películas mexicanas en todo el país. De 248 millones de espectadores que asistieron a las salas cinematográficas comerciales en 2013, sólo dos cintas mexicanas, No se aceptan devoluciones y Nosotros los nobles, lograron la concurrencia de 22 millones de espectadores, de los más de 30 millones que convocó el cine nacional. Más de 60 filmes no superaron los 10 mil asistentes.
De acuerdo con el diagnóstico del Programa Institucional del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) 2014-2018, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, se han establecido diversos estímulos al área, pero la actividad aún registra "numerosos retos y complejidades inherentes a una industria en cambio permanente, que no da tregua a la pasividad en su organización, calidad de producción y difusión, con competencia visible en la gran oferta audiovisual proveniente de todo el mundo".
Una de las expresiones más afectadas son los cortometrajes, por las pocas oportunidades de explotación comercial que tienen, tanto en el ámbito nacional como internacional. "Las posibilidades de acceso al apoyo de la iniciativa privada para estas producciones son prácticamente nulas, ya que su nicho natural es el ámbito cultural, más que de mercado", se estableció en el documento.
En 2013, Imcine apoyó 23 cortometrajes de 179 solicitantes; es decir, sólo cubrió 13 por ciento de una demanda que año tras año también se incrementa. En los siete años recientes se inscribieron mil 283 proyectos en diversas categorías, pero sólo se apoyaron 161.
Según el informe publicado, en 2013 no se asignaron recursos federales para apoyar la distribución de películas mexicanas, a pesar de que un año antes se establecieron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 280 millones de pesos al Estímulo a la Promoción del Cine, de los cuales 80 millones se distribuyeron en 60 proyectos, siete en la categoría de circuito cultural, y 53 en la de circuito comercial –a lo largo de 2012 y 2013, las cintas que recibieron ese apoyo tuvieron en conjunto una taquilla de alrededor de 130 millones de pesos, con más de 3 millones de asistentes.
Para 2014 se estableció un monto de 50 millones de pesos a través del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión a la Distribución Cinematográfica Nacional, con el propósito de incentivar la creación de distribuidoras nacionales interesadas en cine mexicano, así como la distribución independiente de los propios productores.
El gobierno mexicano reconoció que pese a la recuperación de la presencia del cine nacional en las carteleras comerciales, las más de 5 mil salas cinematográficas en todo el país se concentran en las zonas y ciudades más pobladas, dejando relegados sitios que carecen de infraestructura y acceso a ese bien cultural.
Se estima que más de 60 por ciento de la población no cuenta con una sala de cine dentro de su municipio en el país.
Aunado a esto, México no tiene una plataforma que ofrezca contenidos de manufactura nacional para incorporar las nuevas tecnologías al consumo audiovisual, que es uno de los elementos que ha permitido elevar el número de espectadores en las cinematografías del mundo.
Por ello, "el Imcine se encuentra desarrollando la plataforma digital Cinema México, instrumento de modalidad bajo demanda, con el cual se pretende democratizar el acceso a nuestra expresión, dirigido a todo aquel interesado en conocer, por medio de un amplio catálogo de producciones nacionales, el devenir de la cinematografía de nuestro país".
En 2013, tres películas nacionales fueron las más concurridas, acumulando 85 por ciento de la asistencia total. Sólo se mencionan No se aceptan devoluciones, cuya productora fue Pantelion Films, del Grupo Televisa y Lionsgate, y Nosotros los nobles, con la productora Alazraki Films.
El reto para los estrenos mexicanos "sigue siendo incrementar su presencia a escala nacional, ya que la ciudad de México concentra por mucho el estreno de películas. De los 101 títulos mexicanos estrenados en 2013, 100 fueron en la capital del país.
Frente a esto, "Imcine debe estimular la salida de los estrenos nacionales y se ha dado a la tarea de localizar los diferentes cineclubes que existen en el país, información que se desconocía hasta ahora, censando aproximadamente 300.
"Este acercamiento puede establecer los cimientos para que estos circuitos alternativos sirvan como salida de las películas mexicanas, lo que abriría la oferta cinematográfica existente y dotaría a los pequeños exhibidores independientes y cine clubes de películas de estreno", de acuerdo con el programa institucional de Imcine.
El cine nacional ha superado en los dos años ateriores la producción de 100 largometrajes anuales. En 2013, alcanzó 126 (la cifra más alta desde 1959), 67 por ciento con algún tipo de apoyo del Estado.
Dicho número, conforme a lo difundido, "propicia que se revisen las reglas de operación de los instrumentos públicos de fomento a la cinematografía, con la finalidad de homologar procesos administrativos y de gestión que optimicen recursos y simplifique procedimientos para brindarles mayor eficacia, eficiencia y transparencia".
El cine hecho en México ha superado en los dos años anteriores la producción de 100 largometrajes anuales. En la imagen, la actriz Karla Souza en un fotograma de la cinta Nosotros los nobles, producida por Alazraki Films
Publicado por Luis Ortega Morales en 9:02 No hay comentarios:
Etiquetas: Cine, Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine)
Se conformó en Puebla el Frente por la Comunicación Democrática
Puebla, el primer estado en adherirse al Frente por la comunicación democrática
Se conformó en Puebla el Frente por la Comunicación Democrática. Figuras de la izquierda, de la derecha, académicos y activistas coincidieron en la demanda de democratizar las comunicaciones en medios electrónicos en la reforma a las telecomunicaciones.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, senadores de la República como Javier Corral Jurado y personajes de la vida política local, desde periodistas hasta diputados e integrantes del movimiento social respaldaron la conformación de este frente.
La propuesta del Frente por la Comunicación Democrática es la democratización de los medios de comunicación electrónicos en los momentos en que se pretenden realizar las reformas a las leyes secundarias en materia de telecomunicación.
El Frente por la Comunicación Democrática reconoce que la comunicación es un bien público que le pertenece a la sociedad y no al duopolio electrónico. Exige a los senadores que votarán el dictamen que no voten leyes secundarias que vayan en contra de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones aprobada el año pasado.
El encuentro convocó a un plural sector de la sociedad y de la clase política cuyo común denominador ha sido criticar la cultura vertical del morenovallismo.
Paradójicamente, la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se llevó a cabo un día después de que se la plana oficial del perredismo estatal se reuniera con el gobernador Rafael Moreno Valle. Cárdenas Solórzano es uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática.
El Teatro de la Ciudad concentró a exsenadores del PAN como Francisco Fraile García, y a la diputada del PRD Roxana Luna Porquillo.
También acudieron integrantes del Movimiento Democrático Magisterial como Gilberto Maldonado y Miguel Guerra Castillo, militantes de izquierda como Gerardo Pérez Muñoz, así como miembros de otros colectivos.
"No se le puede permitir a un legislador votar en un sentido la Constitución y en otro la ley secundaria", sentenció Javier Corral, senador de la República cuya participación fue muy aplaudida por los asistentes.
Corral planteó que los ciudadanos no se deben olvidar ni distraerse del fundamental debate en telecomunicaciones que se ha puesto para las fechas en las que se realizará el Mundial de Futbol.
"Que no nos metan gol. Que no nos distraigan", advirtió el senador Corral.
La convocatoria no sólo se concentró en los personajes políticos. También acudieron miembros de la academia. Académicos de la UPAEP como Alejandro López Guillén, profesores de la Universidad Iberoamericana Puebla como la maestra Lilia Vélez Iglesias, y profesores de la UAP como Jaime Ornelas de la Facultad de Economía, o la investigadora Rosalba Loreto.
También representantes de la Amedi en Puebla como Roberto Alonso y Rafael Hernández Cano.
El periodista Virgilio Caballero señaló que es urgente la democratización de los medios de comunicación electrónicos para que no queden en manos de un duopolio.
Caballero se congratuló de que concurrida y plural reunión en el Teatro de la Ciudad porque coloca a los poblanos en la vanguardia en la democratización de los medios y como ejemplo a seguir.
"¿A quién representan realmente los legisladores en el país?", se preguntó Virgilio Caballero. "Se habla de que existe una telebancada, un núcleo de legisladores comprometidos con las televisoras. Lo que hemos visto en los últimos 10 años es que la telebancada es todo el Congreso.
"Cuando Televisa y Azteca ordena por donde hay que votar. El pleno vota como un solo hombre con las gloriosas excepciones que conocemos.
"La televisión mercantil ha formado por lo menos a 3 generaciones. Tres generaciones al mismo tiempo que se desplomaba la educación emergía el poder televisivo como el poder absoluto en el país", criticó Caballero.
El representante de la Amedi José Antonio Zavaleta aseveró que hay una preocupación común y signos graves de autoritarismo en la reforma a telecomunicaciones porque hay una tendencia a criminalizar la protesta social.
Zavaleta afirmó que el debate y el espacio público es fundamental para lograr una legislación que no sea un retroceso: "Queremos impulsar un debate amplio, incluyente. En México la lucha por los derechos a la comunicación es de largo aliento. En ello han participado actores políticos y sociales convencidos de la trascendencia pública de esta batalla".
Zavaleta señaló que diversos colectivos y académicos se han pronunciado en contra de la reforma en telecomunicaciones propuesta por Enrique Peña Nieto y trabajada por el senador Javier Lozano: "Han manifestado su repudio a una iniciativa que debilita los derechos de las audiencias, pretende controlar contenidos y señales.
"Demandamos a los legisladores que se respete el espíritu de la reforma constitucional en comunicación que se aprobó en el 2013 y que se privilegie el diálogo y el debate", señaló el representante de Amedi.
Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano señaló que el Senado de la República está bajo un "bombardeo de iniciativas".
El exdirigente del PRD planteó que algunos legisladores han logrado que las iniciativas se discutan ampliamente.
Cárdenas señaló que las reformas buscan limitar derechos lo que ha originado la preocupación de distintos grupos sociales.
"No quieren que haya oportunidades para universidades, para grupos indígenas, para la población que quiera participar en la comunicación de formas privadas, y por eso ha surgido este frente que lo únicos que busca es que no se limiten los derechos de los mexicanos, no se sigan fortaleciendo los monopolios, y no siga acumulándose la riqueza en unos cuántos con el control de los medios".
Entre las propuestas del manifiesto a la nación del Frente por la Comunicación democrática
La actual reforma, señaló el frente: "Deja intacto al duopolio televisivo, privilegia a los concesionarios y no a las audiencias, debilita a los medios públicos, indígenas y comunitarios, lo mismo que los productores independientes aumenta las facultades de la secretaría de gobernación sobre el sector de la radiodifusión a costa del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo
"Sienta las bases para la violación de los derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información, el derecho a la privacidad a través de la legalización de la censura y el control de las ideas.
"La reforma constitucional en telecomunicaciones de junio de 2013 y radiodifusión asentó principios fundamentales que concretan anhelos de larga lucha por el derecho a la información y la democratización de los medios de comunicación.
"Respeto absoluto a lo mandato en la reforma constitucional en Telecomunicaciones y su desarrollo en la legislación secundaria, en estricto apego a los principios pro persona y de progresividad contenidos al interés público.
"Fortalecimiento de las libertades de expresión y de información en medios de comunicación electrónica y la vigilancia de la transmisión de contenidos. Rechazamos cualquier intento de menoscabar el ejercicio de estos derechos fundamentales".
*Cuauhtémoc Cárdenas
*Virgilio Caballero
*Antonio Zavaleta
*Lilia Vélez
*Roxana Luna
*Rosalba Loreto
*Monserrat Gali
*Francisco Fraile García
*José Manuel Rodoreda
*Rafael Hernández García Cano
Atenderá el INEA sólo 3.8 de 5.4 millones de mexicanos
Atenderá el INEA sólo 3.8 de 5.4 millones de mexicanos analfabetos
http://www.jornada.unam.mx/sociedad/2014/05/09/036n1soc
■ De los que no saben leer ni escribir, 27% son indígenas y 64% tienen entre 15 y 64 años
A pesar de que en México hay 5.4 millones de personas que no saben leer ni escribir, el programa institucional de alfabetización y abatimiento del rezago en la enseñanza, que encabeza el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), atenderá como población objetivo a 3.8 millones de entre 15 y 79 años, pues del total, un millón 50 mil tiene "limitantes físicas o mentales" y 400 mil superan los 80 años, por lo que no están contemplados para su atención.
Reconoce que uno de los temas "más sensibles" es la población analfabeta, de la cual 27 por ciento es hablante de una lengua indígena; 64 por ciento tiene entre 15 y 64 años; siete de cada 10 están desempleados, mientras sólo 20 por ciento percibe ingresos de menos de dos salarios mínimo, y al menos la mitad reside en 97 mil localidades rurales.
El organismo concluye que los recursos federales distribuidos a los tres niveles de gobierno no se han aplicado de forma integral y que la falta de calidad de la infraestructura escolar "se debe a la ineficiencia en el gasto".
Con recursos anuales promedio de 10 mil millones de pesos, el Inifed reconoce que no se cuenta con un diagnóstico "real y actualizado" de la infraestructura educativa, a pesar de que enfrenta deterioro provocado por el uso intensivo de los inmuebles, falta de mantenimiento adecuado y desgaste por el paso del tiempo y los efectos de fenómenos naturales.
Asimismo, señala que se dispone de información "poco confiable, y la que se tiene es dispersa, no actualizada e incompleta", por lo que alerta sobre el riesgo que enfrentan las comunidades escolares, pues la SEP detectó que 51 por ciento de los planteles tienen 30 o más años de antigüedad, por lo que requieren reparaciones mayores.
Señala que a partir de 2013, con la aplicación del Programa Escuelas Dignas, se detectaron 25 mil centros educativos que demandaban acciones generales de mantenimiento, además de que 3 por ciento carece de suministro de agua, 6 por ciento no tiene drenaje, 4 por ciento no cuenta con acceso a energía eléctrica y en 86 por ciento no hay bebederos.
Por lo que respecta a la elaboración, producción y distribución de los libros de texto gratuitos, la Conaliteg advierte que en los próximos años se irá definiendo un nuevo catálogo de éstos y otros materiales, el cual "probablemente será mayor que el vigente para el ciclo escolar 2013-2014", que cuenta con mil un títulos y la producción de 239 millones de libros para prescolar, primaria y secundaria, por lo que establece que aún no se puede saber con precisión el impacto presupuestal de las posibles modificaciones.
En su programa institucional, el Conafe destaca que entre los principales retos que se afronta está la inclusión en las aulas de 3 millones de niños y jóvenes de entre 6 y 17 años que no asisten a la escuela. De ellos, considera como población de "prioridad inmediata" a 71 mil menores en edad de cursar su educación básica que viven en localidades rurales e indígenas que no acceden a ningún sistema formativo.
Etiquetas: Educación, Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA)
Fwd: Dictamen Minuta Ley General de Delitos Electorales
Describe la iniciativa que la reforma político-electoralaprobada por el Honorable Congreso de la Unión modificó el apartado A del artículo 102 para dotar de autonomía constitucional al ministerio público a través de la Fiscalía General de la República, la cual deberá contar con al menos las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República; estos cambios incluyeron delitos electorales que no habían sido incorporados en las últimas reformas electorales de los años 2007, 2008 y 2009.
Dadas las reformas sobre el sistema electoral, la iniciativa destaca la importancia de contar con una Ley General a fin de actualizar los delitos electorales sin modificaciones durante los últimos diecisiete años, en donde el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal, no ha sufrido cambio alguno por lo que en la actualidad varios de los tipos descritos no son actuales a las necesidades sociales vigentes que el país requiere para tener procesos electorales transparentes y en igualdad de condiciones.
La iniciativa pretende crear un apartado para la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales como un organismo especializado de la Fiscalía General de laRepública responsable de la investigación y persecución de los delitos electorales. Su titular será nombrado y removido libremente por el Fiscal General de la República.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General Electoral, y se reforma el artículo 50, incisos l) y m); y se adiciona el inciso n) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada por el senador Miguel Ángel Chico Herrera, a nombre propio y de los senadores integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.
La iniciativa con proyecto de decreto pretende derogar los tipos penales electorales del Código Penal Federal yseñalar que el Código Penal Federal, los códigos penales de las entidades federativas y la legislación procesal vigente serán de aplicación supletoria; señala los tipos penales que constituyen delitos electorales en todo el país y las penas por la comisión de estos delitos, además de la posibilidad de la inhabilitación de uno a cinco años, así como la destitución del cargo.
Establece la competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) y lacompetencia de los ministerios públicos locales en la investigación y persecución de los delitos; regula la facultad de atracción de la Fiscalía especializada y la coordinación entre esta y los ministerios públicos locales, la realización y difusión de los programas y acciones de prevención de los delitos electorales entre la Fiscalía y el Instituto Nacional Electoral.
La propuesta plantea reformar el artículo 50 incisos l) y m)y se adiciona el inciso n) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer que los jueces federales conocerán de los delitos previstos en la Ley General Electoral y de los cometidos por funcionarios electorales y partidistas nacionales.
Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General en materia de Delitos Electorales, presentada por la senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de los senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Esta iniciativa busca establecer un marco jurídico general en materia de delitos electorales a fin de regular claramente el régimen de competencias al prever la concurrencia de los fueros local y federal para la aplicación de la ley. Proporciona las definiciones de los principales elementos normativos de los tipos penales electorales y sistematiza las conductas penales en relación con la calidad del sujeto activo, partiendo de lo general a lo particular; la iniciativa, por otro lado, establece sanciones proporcionales a las conductas y los bienes jurídicos tutelados.
Propone penas que no sean la multa o la privativa de la libertad sino la suspensión de los derechos políticos del inculpado. La iniciativa pretende la creación de la fiscalía especializada en materia electoral y de fiscalíasespecializadas en las entidades federativas. Finalmentese pretende establecer las bases legales idóneas para la sanción de todas aquellas conductas que atenten contra la voluntad popular y el debido desarrollo de los procesos electorales.
Del análisis de los proyectos descritos, las Comisiones Unidas de la colegisladora estiman que el "conjunto de normas penales es la expresión extrema del poder del Estado frente a los ciudadanos; por ello debe garantizar, en última instancia, la eficacia de la autoridad a fin de que cuente con los tipos penales que abarquen correctamente el amplio espectro de sujetos y conductas que puedan perturbar la adecuada función pública electoral, el proceso electoral, las instituciones y el sufragio y hacer posible la persecución y sanción a los infractores; siempre en la inteligencia de que la intervención del Estado, a estos niveles, debe estar perfectamente justificada cuando otros métodos de control son insuficientes"
Establecidos los antecedentes y el contenido de la minuta, los miembros de Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, suscriben el presente dictamen exponiendo las siguientes:
1.- El artículo segundo transitorio, fracción III, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, determinó la obligación para que el Congreso de la Unión expida la Ley general en materia de delitos electorales, misma que establecerá los tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación y las entidades federativas.
2.- El espíritu de la reforma política, conforme a los propósitos del Constituyente Permanente, quiso abrir nuevos cauces para la consolidación de la democracia que exige nuevas formas de interrelación entre las fuerzas políticas.
3.- Al llevar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente Permanente quiso fortalecer a las instituciones electorales con un diseño que fomente la corresponsabilidad de los distintos poderes y órdenes de gobierno en la ejecución de las responsabilidades públicas; esto exige las adecuaciones para facilitar dichos propósitos, especialmente en la regulación del derecho penal electoral.
4.- La reforma política advirtió que, desde 1997, ninguna fuerza política ha tenido mayoría para ejercer acciones de gobierno en forma independiente a las demás; en la democracia, de acuerdo al Constituyente Permanente, caben todas las formas de pensamiento y de ideología; sin embargo, esta característica de pluralidad democrática no siempre ha brindado los resultados esperados al privilegiar la posibilidad de llegar al poder en el corto plazo, en lugar de facilitar los esquemas a largo plazo que redunde en beneficios para la sociedad mexicana.
5.- El propósito del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Delitos Electoralesquiere establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Además tiene como finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular a que se refiere el artículo 35, fracción VIII de la Constitución
6.- Al cumplir con este mandado constitucional, el Honorable Congreso de la Unión, consolida el sistema jurídico penal electoral al establecer los tipos penales que impiden la realización de los principios electorales consagrados en la norma fundamental, de igual forma se describen conductas, realizadas por diversos sujetos activos del delito, que tendrán por sanción desde las sanciones pecuniarias, la pena privativa de la libertad hasta la suspensión de los derechos políticos electorales por no cumplir con el mandato por el cual fue electo.
7.- En este sentido, en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, los diputados de las distintas fracciones parlamentarias han presentado diversas iniciativas para consolidar la reforma electoral en materia político-electoral. Sobre delitos electorales, destaca la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales y reforma el artículo 2° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, presentada por los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, publicada en la Gaceta Parlamentaria el diecinueve de marzo de dos mil catorce.
8.- La iniciativa, de acuerdo a la exposición de motivos, tiene como principio hacer viable el mandato constitucional de que el Congreso expida una Ley General en materia de Delitos Electorales que contenga como mínimo los tipos penales generales, las sanciones correspondientes entendiendo a la calidad del sujeto activo del delito y las formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas para que las conductas ilícitas no queden impunes, incorporando nuevos tipos penales mismos que coinciden con los de la presente minuta con proyecto de decreto.
1.- La colegisladora indica en sus consideraciones que la Ley General en Materia de Delitos Electorales esrespuesta a los reclamos de la sociedad profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción y la falta de coordinación entre las autoridades. Tales circunstancias motivan cambios en la sociedad y sus instituciones y precisamente se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de delitos electorales para establecer tipos penales específicos y determinar las competencias, de la misma forma que las directrices para establecer políticas públicas para la prevención y combate de las conductas que pretendan lesiona los bienes jurídicos tutelados en materia electoral
2.- De esta forma, la minuta proyecto de decreto de Ley General en Materia de Delitos Electorales plantea una legislación novedosa que pretende dar claridad sobre la estructura que debe considerarse en los ordenamientos jurídicos de este tipo y nuevos tipos penales e hipótesis delictivas con base en las experiencias de los últimos procesos electorales, federales y estatales.
3.- La nueva legislación está integrada como sigue:
Establece el objeto de la Ley mismo para establecer los tipos penales, sanciones, distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.Tiene como finalidad, en general, proteger el desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular a que se refiere el artículo 35, fracción VIII de la Constitución.
Este mismo título comprende las definiciones tratadas en la nueva legislación, entre las que se cuenta un catálogo de términos que son utilizados con mayor frecuencia por la autoridad que establezcan las características de los sujetos que han cometido un hecho delictivo; en dicho catálogo de términos se precisa lo que debe entenderse para los efectos de los delitos electorales por "servidor público", "funcionario electoral", "funcionario partidista", "candidato", "documentos públicos electorales", "materiales electorales", "paquete electoral", "precandidato" y "organizadores de actos de campaña" y "consulta popular".
Título segundo. De los delitos electorales.
Prevé las reglas generales y los delitos en materia electoral.
Delitos cometidos por personas sin calidad de funcionario público o de partido. El artículo 7 del proyecto de decreto determina las conductas sancionadas con pena de prisión de seis a tres meses y con multa de 50 a 100 días cuando el sujeto activo vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley; vote más de una vez en una misma elección; haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral; obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales;introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto; recoja una o más credenciales para votar de los ciudadanos; retenga credenciales para votar; solicite votos mediando promesas pecuniarias o de recompensas; obligue a otros a la asistencia de actos proselitistas; solicite votos por paga; amenace con suspender beneficios de programas sociales; solicite evidencia del sentido del voto; vote con credencial de la cual no es titular; organice acarreos para voto específico, apoderamiento, posesión o destrucción de material electoral o bien de insumos para la elaboración de credenciales para votar; obstaculización del traslado y entrega de materiales electorales; impedir la instalación de casillas; influir para provocar actos de temor o miedo sobre el electorado; proporcionar fondos provenientes del extranjero para partidos políticos, candidatos o en apoyo a actos proselitistas, usurpar el carácter de funcionarios de casilla o la provisión de bienes y servicios sin la autorización del órgano electoral administrativo.
Delitos cometidos por funcionarios electorales. Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años a los funcionarios electorales que hagan uso ilícito de Registro Federal Electoral, Padrón Electoral o Lista de Electores; se abstengan de sus obligaciones propias al cargo; obstruyan el desarrollo de la jornada electoral; impidan la entrega de materiales electorales, induzcan el voto; instalen o cierren una casilla sin observar los procedimientos legales; alteren resultados electorales o destruyan materiales electorales; ordenen la expulsión de funcionarios electorales sin causa justificada; permitan la emisión del voto a los ciudadanos que no cumplan con los requisitos de ley; introduzcan boletas electorales ilícitamente a las urnas; divulguen noticias falsas sobre la jornada electoral y su resultado y, en general, realicen cualquier función que no le haya sido encomendada.
Delitos cometidos por funcionarios partidistas o candidatos. Serán castigados con cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años quienes cometan las siguientes conductas: Ejercer presión o inducir a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición; realizar o distribuir propaganda electoral durante la jornada electoral; sustraer, destruir, alterar o hacer uso indebido de documentos o materiales electorales; obstaculizar el desarrollo normal de las votaciones; divulgar noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados;impedir la instalación, apertura o clausura de una casilla, así como el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral; abstención sobre la rendición de rendir cuentas o realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, agrupación política nacional o candidato, una vez que hubiese sido legalmente requerido; solicitar votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación; ocultar, alterar o negar la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral competente y finalmente usar facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados.
Por otro lado, el proyecto de decreto sanciona el condicionamiento de programas gubernamentales con fines electorales. Se prevé que, tratándose de servidores públicos que utilicen este tipo de programas, se incremente hasta una tercera parte más la pena en relación con el tipo genérico correspondiente; de igual forma, la Ley General en materia de Delitos Electoralesdetermina la sanción de la conducta por omisión de quienes habiendo sido electos senadores, diputados federales o locales, asambleístas o presidentes municipales no se presenten, sin causa justificada, a desempeñar el cargo dentro del plazo que para tal efecto se disponga en el ordenamiento jurídico aplicable con la suspensión de sus derechos político-electorales hasta por seis años.
Se protegen los sistemas informáticos del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, de la credencial para votar y de los listados nominales; igualmente sanciona a quien promueva, traslade, subsidie, contrate servicios o bienes ogestione que uno o más ciudadanos proporcionen documentos o información falsa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, así como la conductas que pretendan amenazar o prometan empleo o dádivas a los ciudadanos para que cambien el domicilio de su credencial para votar.
Se prevé la sanción de los ministros de culto que, en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o en el ejercicio de culto religioso, presionen u orienten el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición.
De igual forma, se sancionará a quienes se nieguen,injustificadamente, a dar fe de hechos o a certificar documentos de la elección.
Sobre la Consulta Popular, el proyecto de decreto determina la sanción de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años para los sujetos que,durante el procedimiento de consulta popular, realicenproselitismo o presionen a los electores durante la jornada de la Consulta; asimismo son sancionados cualquier forma de interferencia en el escrutinio y cómputo, la introducción o sustracción de las urnas o de papeletas de la Consulta y la solicitación de votos o pretender el abstencionismo.
Igualmente, se impone de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que durante la Consulta coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para votar o se abstengan de votar por una opción materia de consulta popular o condicione la prestación de servicios públicos, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, por la emisión de la decisión a favor de una opción dentro de la consulta popular.
Título Tercero. Competencias, facultades y coordinación entre la Federación y las entidades federativas.
El proyecto de decreto señala los supuestos en los que la Federación será competente para la investigación, persecución y sanción de los delitos electorales, por lo que fuera de las hipótesis, corresponderá a las entidades de la federación la investigación y persecución de delitos.
En este sentido, la Federación será competente para conocer de los delitos cometidos durante los procesoselectorales federales donde se actualice alguna de las reglas de la competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se inicien, preparen o cometan en el extranjero, para producir efectos en el territorio nacional, o bien se realicen en el territorio nacional los supuestos previstos en los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 del Código Penal Federal o en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y cuando el Ministerio Público de la Federación realice su facultad de atracción o cuando el Instituto Nacional Electoral ejercite sus facultades para organizar los procesos electorales locales conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4.- Los integrantes de la Comisión de Gobernación, al analizar y dictaminar en sentido positivo la minuta proyecto de decreto, contribuyen a la transformación del sistema democrático al reforzar el sistema de derecho electoral penal reafirmando la vocación de nuestro sistema democrático al consolidar los principios rectores del sistema electoral consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, y para los efectos del artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estrados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:
DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley General en materia de Delitos Electorales para quedar como sigue:
Artículo 1. Esta Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitoselectorales. Es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas decoordinación entre los órdenes de gobierno. Además tiene como finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular a que se refiere el artículo 35, fracción VIII de la Constitución.
IV. Consulta Popular: Los mecanismos de participación mediante los cuales los ciudadanos ejercen su derecho reconocido por el artículo 35, fracción VIII de la Constitución.
V. Servidor Público: La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o local centralizada, organismos descentralizados federales o locales,empresas de participación estatal mayoritaria federales o locales, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos federales o locales, en las legislaturas federal o locales y en la asamblea legislativa del Distrito Federal, en los Poderes Judiciales Federal olocales o Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales o locales, así como en los organismos a los que la Constitución, las constituciones locales o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal otorguen autonomía.
VI. Funcionarios electorales: Quienes en los términos de la legislación electoral integren los órganos que cumplen funciones electorales;
VII. ​Funcionarios partidistas: Los dirigentes de los partidos políticos, de las coaliciones y de las agrupaciones políticas, y sus representantes ante los órganos electorales, así como los responsables de las finanzas de los partidos políticos, coaliciones o candidatos en los términos de la legislación electoral;
VIII. Candidatos: Los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad competente;
IX. Documentos públicos electorales: La credencial para votar, los listados nominales, las boletas electorales, la correspondencia que circule bajo franquicia del Instituto Nacional Electoral o de los Organismos Públicos Locales Electorales, las actas de la jornada electoral, las relativas al escrutinio y cómputo de cada una de laselecciones, paquetes electorales y expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los consejos locales y distritales, y las de los cómputos de circunscripción plurinominal, los formatos aprobados por el Instituto Nacional Electoral o los Organismos Públicos Locales Electorales que tengan como propósito acreditar un acto electoral conforme a la legislación aplicable y, en general todas las actas y documentos expedidos en el ejercicio de sus funciones por los órganos del Instituto Nacional Electoral o de los Organismos Públicos Locales Electorales;
X. ​Materiales electorales: Los elementos físicos, tales como urnas, canceles o elementos modulares para la emisión del voto, marcadoras de credencial, líquido indeleble, útiles de escritorio y demás equipamiento autorizado para su utilización en las casillas electoralesdurante la jornada electoral;
XI. Multa: La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará por días multa, en términos de la legislación aplicable.
XII. Paquete electoral: Es el conjunto de los siguientes documentos: el acta de jornada electoral, la lista nominal de electores, las boletas electorales sobrantes inutilizadas, las que contengan votos válidos y las de los votos nulos, los originales de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas, y en su caso del cómputo por distrito electoral uninominal, los escritos de protesta que se hubieren recibido, así como el informecircunstanciado que elabore la Junta General Ejecutiva, respecto de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
XIII. Precandidato: Es el ciudadano que pretende ser postulado como candidato a algún cargo de elección popular, y que ha cumplido con los requisitos que exige la legislación electoral;
XIV. Organizadores de actos de campaña: Las personas que dirijan, coordinen, instrumenten o participen en la organización de las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general los actos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electoradopara promover sus candidaturas.
IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletasfalsas; obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto;
VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partidopolítico o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma.
VIII. ​Solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto;
XI. Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales;
Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentará la pena hasta en un tercio más. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que porten objetos peligrosos, a la penaseñalada se aumentará hasta en una mitad más;
XIV. Impida la instalación o clausura de una casilla. Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión de ​otros delitos;
XV. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de losciudadanos;
Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que correspondan por lacomisión de otros delitos;
XVIII. A quien por sí o interpósita persona, proporcione fondos provenientes del extranjero a un partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campañaelectoral;
XIX. Expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto departido político o candidato, alterando el costo real de los bienes oservicios prestados;
VIII. Expulse u ordene, sin causa prevista por la ley, el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido político o de candidato independiente u observadores electorales legalmente acreditados oimpida el ejercicio de los derechos que la ley les concede;
IX. Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral competente; o
Artículo 10. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, al que:
I. Se abstenga de informar o rinda información falsa de los recursos y bienes públicos remanentes de los partidos políticos o agrupaciones políticas que hayan perdido su registro, habiendo sido requerido por laautoridad;
II. Se abstenga de transmitir la propiedad o posesión de los bienes adquiridos con financiamiento público o los remanentes de dicho financiamiento, una vez que haya perdido el registro el partido político o la agrupación política del cual forme o haya formado parte, previo requerimiento de la autoridad electoral competente;
III. Sin estar autorizado enajene, grave o done los bienes muebles o inmuebles, que integren el patrimonio del partido político o la agrupación política que haya perdido su registro.
II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a laemisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.
III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición,agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;
V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política; o
Artículo 12. Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años a quienes, habiendo sido electos a un cargo de elección popular no se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara, Asamblea Legislativa o Cabildo respectivo, a desempeñar el cargo, dentro del plazo previsto para tal efecto en el ordenamiento jurídico respectivo.
A quien por sí o a través de terceros, mediante amenaza o promesa de empleo, paga o dádiva; o promesa de entrega de cualquier tipo de recurso o bien, solicite o promueva que una o varias personasentreguen información falsa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se les impondrá hasta una mitad más de la sanción que les corresponda conforme al primer párrafo de esteartículo;
Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origenilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley;
Artículo 16. Se impondrán de cien hasta quinientos días multa a los ministros de culto religioso que, en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto religioso, presionen u orienten el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición.
Artículo 17. Se impondrán de cien hasta quinientos días multa a quien estando obligado se niegue injustificadamente a dar fe de hechos o certificardocumentos concernientes a la elección.
Artículo 18. Se impondrá de cuatrocientos a ochocientos días multa a quienes habiendo sido magistrados electorales, federales o locales, consejeros electorales, nacionales o locales, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral o cargo equivalente en los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas, desempeñen o sean designados en cargos públicos por los Poderes Ejecutivo o Legislativo cuya elección hayan calificado o participado, asuman cargos de dirigencia partidista o sean postulados a cargos de elección popular, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de suencargo.
III. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa para emitir su voto o abstenerse de emitirlo en la consulta popular, durante el procedimiento de consulta popular;
II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a laemisión del sufragio a favor de una opción dentro de la consulta popular;.
COMPETENCIAS, FACULTADES Y COORDINACIÓN ENTRE
Artículo 21. Las autoridades de la Federación serán competentes para investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando:
III. Se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando produzca o se pretenda que produzca efecto en el territorio nacional, o cuando se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional, siempre y cuando produzca o se pretenda que tengan efectos en el extranjero, en términos de los artículos 2o, 3o, 4o, 5o y 6o del Código Penal Federal o en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, o
a. Cuando los delitos del fuero común tengan conexidad con delitos federales; o
Artículo 22. Las autoridades de las entidades federativas serán competentes para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos establecidos en esta ley cuando no sea competente la Federación conforme a lo dispuesto enel artículo anterior.
De la Coordinación entre la Federación y las entidades federativas
Artículo 23. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán prestar el auxilio requerido por la autoridad competente conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 24. La Procuraduría General de la República, por conducto de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales o del servidor público en quien se delegue la facultad, las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias con base en lo dispuesto por la fracción XXI, inciso a) del artículo 73 constitucional y las disposiciones de esta Ley, deberán coordinarse para:
I. Desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y el órgano político-administrativo de sus demarcaciones territoriales, con la finalidad de fortalecer el combate de los delitos previstos en esta Ley;
II. Impulsar acuerdos de coordinación entre dependencias del Gobierno Federal y las entidades federativas, que permitan prestar asistencia en materia de procuración de justicia electoral;
III. Implementar un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y profesionalización de los servidores públicos que participen en los procesos de investigación y procuración de los delitos previstos en esta Ley;
IV. Establecer los protocolos estandarizados para la Federación y las entidades federativas en materia de investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, incluyendo el uso de la fuerza pública;
V. Facilitar la cooperación e intercambio de información entre las diversas instancias de procuración de justicia en el país en materia de delitos electorales;
VI. Recopilar e intercambiar los datos y las estadísticas delictivas de los delitos previstos en esta Ley, de conformidad con la ley aplicable,
VII. Formular políticas integrales sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias para el combate de las conductas previstas en la presente ley;
VIII. Fomentar la participación de la comunidad y de instituciones académicas que coadyuven en los procesos de evaluación de las políticas de prevención de las conductas previstas en la presente ley; y
Artículo 25. Las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas deberán contar con fiscalías especializadas en delitos electorales, dotados de los recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectivaoperación.
Artículo 26. Los programas y acciones para la prevención de los delitos electorales se realizarán en términos del convenio de colaboración que suscriban la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional Electoral.La difusión de estos programas y acciones se realizarán como parte de las campañas de educación cívica que efectúe el Instituto Nacional Electoral en coordinación con la Fiscalía General de la República.
Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los siguientes artículos transitorios.
Artículo Séptimo. Conforme a lo dispuesto en el artículo Décimo Octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, el Senado de la República deberá nombrar, por aprobación de dos terceras partes de sus miembros presentes, al Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. Dicho nombramiento deberá realizarse dentro de los sesenta días siguientes, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO.- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DE DOS MIL CATORCE
Con el presente remito el Dictamen de la Minuta de Ley General de Delitos Electorales aprobado por el Senado, el cuál será analizado, discutido y, en su caso, aprobado en la reanudación de la Sesión Permanente de la Comisión de Gobernación, el día jueves 08 de Mayo del presente a las 12 horas, en el salón "D" del edificio G (Cristales) de este Palacio de San Lázaro.
Coordinación de Reforma del Estado,
Política Interior y Seguridad Nacional.
Publicado por Luis Ortega Morales en 10:19 No hay comentarios:
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 artículo 35
 artículo 2
 artículo 35
 artículo 7
 artículo 72

Artículo 1
 artículo 73
 artículo 35
 artículo 35

Artículo 10

Artículo 12

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24
 artículo 73

Artículo 25

Artículo 26