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Timestamp: 2019-08-24 09:56:23+00:00

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﻿ Sentencia C-235 de 2014 Corte Constitucional - Gestor Normativo Función Pública
Fecha de Expedición: 09 de abril de 2014
Estudia la constitucionalidad del artículo 166 del Decreto 019 de 2012, en lo que respecta a la actualización del Registro único Empresarial, RUE.
Sentencia C-235/14
NORMAS PARA SUPRIMIR O REFORMAR REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-Actualización del registro único empresarial y social/RENOVACION ANUAL DE REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL-Inexistencia de extralimitación en ejercicio de facultades extraordinarias
La Sala consideró que la facultad de reformar, establecida expresamente en el texto de la ley que otorgó facultades, le permitía al Presidente de la República adoptar la medida de renovar en las cámaras de comercio, los registros de personas sin ánimo de lucro. Para la Corte, el alcance de la prerrogativa conferida al legislador delegado, implica también atender las finalidades de la autorización para expedir normas con fuerza de ley. En este caso, la Corporación estimó que revisados los móviles que inspiraron la expedición de la Ley 1474 de 2011, ocupa un lugar importante el de lograr “la efectividad del control de la gestión pública” y esta se logra con medidas que tiendan a lograr eficiencia y transparencia en aras de un mejor servicio al ciudadano. Tal acontece con la renovación y consecuente actualización de la información de personas jurídicas cuyo actuar en el contexto social, no solo tiene incidencia económica y social, sino que puede comprometer derechos tan importantes para los asociados como lo son el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad entre otros. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional estimó que, la medida adoptada por el legislador delegado, contribuye a realizar el derecho a la información con todas las consecuencias deseables que ello comporta. Finalmente, la Corporación estimó que las inquietudes suscitadas respecto de los costos que comportan los derechos por la prestación del servicio registral, no dan lugar a un pronunciamiento de fondo dado que los enunciados legales que se refieren a esa materia, no fueron demandados, no teniendo cabida en acciones como la tramitada, el control de constitucionalidad oficioso. No obstante, lo cual, la Corte, observó que para estos efectos es pertinente tener en cuenta la regla contemplada en el inciso 4º del artículo 166 del Decreto Ley 019 de 2012.
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Facultades extraordinarias deben ser claras y precisas
EXIGENCIA DE PRECISION Y CLARIDAD EN FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Reglas jurisprudenciales/FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Precisión
REGISTRO PUBLICO-Jurisprudencia constitucional/REGISTRO PUBLICO-Naturaleza/REGISTRO PUBLICO-Presenta en su trasfondo interés público y, corresponde al Estado velar por su protección
REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS JURIDICAS-Finalidad
REGISTRO Y CERTIFICACION DE ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDARIA-Labor en cabeza de las Cámaras de Comercio hasta que Superintendencia de Economía Solidaria estuviese en capacidad de atender dicha gestión
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO-Contenido y alcance/RENOVACION ANUAL DE REGISTRO PÚBLICO PARA PERSONAS SIN ANIMO DE LUCRO-Potestad de reforma conferida al legislador delegado
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 166 (parcial) del Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”
La primera trayectoria inicia con el artículo 40 del Decreto Ley 2150 de 1995, al que denomina, de manera impropia, decreto legislativo, que suprime el trámite del reconocimiento de personería jurídica de las entidades privadas sin ánimo de lucro1 , cuyo régimen se aplica también a los fondos de empleados conforme a lo previsto en los artículos 143 y 144 ibídem; en su lugar, se dispone que la persona jurídica, una vez constituida por escritura pública o documento privado, deberá proceder a inscribirse en el registro que lleve la Cámara de Comercio conforme al reglamento que dicte el Gobierno Nacional. Prosigue con el Decreto 427 de 1996 que contiene el antedicho reglamento, según el cual las entidades privadas sin ánimo de lucro solo estaban obligadas a inscribir los actos que la ley exigía, como las reformas estatutarias y las elecciones de los órganos de administración y vigilancia. Y culmina con el artículo 1.18 del Decreto 4886 de 2011, que asigna a la Superintendencia de Industria y Comercio la función de determinar los libros necesarios para que las cámaras de Comercio lleven el registro mercantil, la forma de hacer las inscripciones e instruir para que dicho registro y el de las personas jurídicas sin ánimo de lucro se lleve de acuerdo con la ley. Según esta trayectoria, a las entidades sin ánimo de lucro no se les exigía la renovación anual de su registro, como sí se hacía con otras personas jurídicas.
La segunda trayectoria tiene el mismo punto de partida, pero trae un punto de ruptura: el artículo 63 de la Ley 454 de 19982, para decir que éste “derogó la facultad de las Cámaras de Comercio para llevar el registro y la certificación de las entidades de economía solidaria, conferido por el decreto legislativo, para trasladarlo nuevamente a las Superintendencias”. Prosigue con una serie de resoluciones que empieza con la 0154 de 1999 y se extiende hasta la 4385 de 2010, en las cuales, ante la circunstancia de que la Superintendencia de Economía Solidaria no se organizó para cumplir con su tarea, se prorrogó la facultad de las Cámaras de Comercio hasta el 28 de julio de 2012. Culmina con el artículo 146 del Decreto Ley 019 de 2012, norma que no es objeto de la demanda, que modifica el artículo 63 de la Ley 454 de 1998 y dispone, en su parágrafo, que las Cámaras de Comercio “llevarán el registro de las entidades de economía solidaria establecido en el artículo 6 de la Ley 454 de 1998 en los mismos términos y con las mismas tarifas previstos para el registro mercantil”.
“(…)En este orden de ideas, el Presidente de la República al expedir la norma impugnada, NO SUPRIMIÓ, NI REFORMÓ ningún trámite que existiera en la administración pública; por el contrario CREÓ un nuevo trámite, (que le corresponde al Congreso, previo el procedimiento señalado en el inciso primero del artículo 75 de la ley 1474/11), con el que además de generarle gastos a estas entidades, en beneficio de las Cámaras de Comercio, vulneró por exceso en las facultades conferidas, las normas constitucionales arriba transcritas, especialmente la de separación de poderes y, de contera, el mandato conferido por el Congreso de la República, motivo por el cual esa Corte, atendiendo los hechos, el tenor literal de las normas vulneradas, al igual que sus propias providencias relacionadas con el caso, tales como la C-398 de Septiembre 7 de 1995, en su calidad deo (sic.) guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución Política, debe declararla inconstitucional. (…)”
3.3. Intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia: exequibilidad condicionada. Parte de la premisa fáctica de que “es evidente que antes del Decreto 19 de 2012 no existía norma alguna que ordenara la renovación de la inscripción de las entidades comprendidas en la economía solidaria”. Ante esta circunstancia, afirma que “la norma censurada comporta la creación de un trámite”. De manera paralela considera que dicha norma puede inscribirse en el objeto de reformar trámites. Ante esta dualidad, considera que sería del caso declarar la exequibilidad condicionada de la norma demandada, “en el entendido de que respecto a las entidades de naturaleza solidaria la renovación del registro no causa erogación alguna a cargo de la titular del registro”.
3.4. Intervención del Ministerio de Salud y Protección Social: exequibilidad. Asume que el parágrafo 1 del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, norma que confiere las facultades extraordinarias, en su teleología “no solo se circunscribe a suprimir o reformar regulaciones, sino a adoptar decisiones coherentes para mejorar la función de la administración pública, garantizando la transparencia en la constitución y ejercicio de los objetivos de las entidades de economía solidaria”. Cita jurisprudencia en la cual la Corporación ha advertido que, la precisión en las facultades conferidas por el legislativo al ejecutivo, depende de la fijación de un objetivo claro y específico en torno a la materia a regular. Agrega que la norma demandada se inscribe en los propósitos fijados en la delegación, en la medida en que permite ejercer la inspección, vigilancia y control de los entes de economía solidaria, sobre la base de una información inscrita en un registro público que debe actualizarse de manera periódica.
3.5. Intervención del Ministerio de Trabajo: exequibilidad. A partir del texto del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, del cual hace parte el parágrafo por medio del cual se confieren las facultades extraordinarias, pone de presente que hay una autorización explícita para crear nuevos trámites en el orden nacional, conforme al procedimiento allí fijado. Por lo tanto, las facultades no pueden entenderse de manera limitada a reformar y suprimir trámites. Respalda esta afirmación en la Sentencia C-745 de 2012, en la que se alude, de manera explícita, a la facultad de “imponer nuevos procedimientos”. Sin embargo, en el caso sub examine no se creó un nuevo trámite, como lo entiende, de manera inadecuada, el actor, sino que se simplificaron trámites. En efecto, seis registros que se manejaban de manera independiente: el registro de entidades sin ánimo de lucro (Decreto 2150 de 1995), el registro nacional público de personas naturales y jurídicas que ejercen la actividad de vendedores de juegos de suerte y azar (Ley 643 de 2001), el registro público de veedurías ciudadanas (Ley 850 de 2003), el registro nacional de turismo (Ley 1101 de 2006), el registro de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior que establezcan negocios permanentes en Colombia (Decreto 2893 de 2011) y el registro de la economía solidaria (Ley 454 de 1998), se incorporan en el nuevo registro único empresarial y social (RUES).
3.6. Intervención del Ministerio de Defensa Nacional: exequibilidad. La intervención plantea que la norma demandada “guarda consonancia con el objeto o finalidad de las facultades extraordinarias conferidas por el Legislador al Presidente de la República, para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios en la administración pública, para lograr una gestión pública más eficiente y generar una cultura de legalidad”. Y lo plantea porque ante la circunstancia de que el artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 no contiene parámetros para identificar las regulaciones, los trámites y los procedimientos administrativos que deban reformarse o suprimirse, dichos parámetros se pueden establecer a partir del objeto de la ley, que es fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad en el control de la gestión pública. Añade la interviniente a su exposición que los principios de la buena fe y la confianza legítima, no impiden modificar expectativas de los administrados, ni conducen a la petrificación del ordenamiento.
3.7. Intervención del Departamento Nacional de Planeación: inhibición y, en subsidio, exequibilidad. Luego de dar cuenta del proceso de formación y del contenido de la norma demandada, en el contexto de la lucha contra la corrupción, y de precisar el alcance de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 1474 de 2011, a la luz de numerosas sentencias, advierte que “La actualización del registro no es una figura caprichosa ni antojadiza sino que, a través de la misma, se preserva la publicidad de actuaciones frente a terceros, tema asociado y complementario a la función registral”. No obstante lo dicho, la intervención plantea que los cargos de la demanda obedecen a “una serie de percepciones o consideraciones de carácter subjetivo sin descender a la forma en que se concreta esa violación”, por lo que su correspondiente concepto de la violación no satisface las exigencias de claridad, especificidad y suficiencia.
3.9. Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores: exequibilidad. Encuentra que “existe una relación de conexidad entre sus disposiciones [refiriéndose a la norma demandada] y los motivos que dieron lugar a las facultades otorgadas por el legislador”. Y dicha relación existe porque la norma demandada tiene como fin “brindar al Estado, a la sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las entidades de economía solidaria y a las entidades sin ánimo de lucro una herramienta confiable de información unificada tanto en el orden nacional como en el internacional”.
3.11. Intervención de los ciudadanos Yenny Samanta Pino, Lorna Patricia Rojas, Jenny Alejandra Meza, Flor María Montaño y Luis Eduardo Barbón, estudiantes de la Universidad Católica de Colombia: inexequibilidad. Consideran que la norma demandada ni reforma ni suprime un trámite, que es el objeto de las facultades extraordinarias, sino que crea uno nuevo, lo que las desborda.
4.1. En el Concepto 5654 el Ministerio Público solicita que se declare la exequibilidad de la norma demandada, luego de acoger el criterio de que la demanda debe estudiarse en razón del principio pro actione.
El análisis tiene tres puntos de partida: el título de la Ley 1474 de 2011, que da cuenta de su materia, el parágrafo 1 del artículo 75 de la misma, que confiere las facultades extraordinarias, y el artículo 1 del Decreto 19 de 2012, que señala el objeto de la norma demandada. A partir de este contexto, advierte que el artículo 166 del referido decreto “integra al Registro Único Empresarial “RUE”, el registro de entidades sin ánimo de lucro creado por el Decreto 2150 de 1995, el de las personas naturales y jurídicas que ejerzan actividades de vendedores de juegos de suerte y azar, el de veedurías ciudadanas, el de turismo, el de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro que establezcan negocios permanentes en Colombia y el de las entidades de la economía solidaria de que trata la Ley 454 de 1998”.
Este registro unificado, para mantener su actualización y, por tanto, garantizar su eficacia, requiere de la inscripción oportuna y de su renovación en los tres primeros meses de cada año, para lo cual se dispondrá los formatos adecuados y se señalará la información requerida. Al examinar la regulación de los registros antes de unificarse, señala que el registro relacionado con la economía solidaria (Ley 454 de 1998) estaba previsto “en los mismos términos y con las mismas tarifas previstos para el registro mercantil”.
A partir de los anteriores elementos de juicio, afirma que el registro único empresarial –ahora registro único empresarial y social- “no es nada nuevo en el sistema jurídico, de allí que la expresión acusada no está creando trámites como lo asume el accionante”; y que “Tampoco es cierto que [dicho registro] genere gastos como lo piensa el accionante, puesto que, de acuerdo con el artículo acusado, no se cobrarán derechos de inscripción y renovación de los registros que se realizan ante las cámaras de comercio”. En estas condiciones, el Ministerio Público no aprecia un ejercicio desbordado o excesivo de las facultades extraordinarias, pues lo examinado se puede enmarcar en la competencia para reformar trámites.
“(…) La falta de competencia genera, pues, un vicio que hace anulable el acto de derecho público indebidamente producido, así como la incapacidad, en el derecho privado, genera una nulidad que nada tiene que ver con la inadecuada elección de la forma que ha de corresponder al acto, conforme a su naturaleza jurídica (…)”
“El artículo 242-3 de la Carta Política que establece un término de caducidad para las acciones de inconstitucionalidad por vicios de forma, no comprende, en modo alguno, aquellas que se dirigen a atacar el acto por desbordamiento en el ejercicio de la competencia. Y no podría hacerlo, porque si la indebida elección de forma para la producción del acto, cumplido por quien tiene competencia, se reputa un vicio menor, saneable por el transcurso del tiempo, la falta de capacidad para producirlo no puede ser saneada por esa vía, pues no puede producir efectos jurídicos un acto que sólo lo es en apariencia por carecer, ab- initio, del presupuesto esencial para surgir el mundo del derecho: la competencia, precedente obligado del uso de la forma” (Sentencia C- 546 de 1993 M.P. Gaviria Díaz)
“El artículo 150.10 de la Constitución prevé la figura de la delegación legislativa (…)
“(…) La jurisprudencia de esta Corporación desde sus inicios ha entendido que el desconocimiento de este precepto constitucional bien sea por la ley habilitante o por el Gobierno en el ejercicio de las facultades conferidas, constituye un vicio de entidad suficiente para acarrear la declaratoria de inexequibilidad de la norma objeto de control, pues puede dar lugar a un vicio de competencia y la competencia es el “presupuesto esencial que da, al funcionario o a la Corporación, legitimidad para acceder a la forma”[35], razón por la cual en estos casos la acción pública no tiene término de caducidad(…)” (negrilla fuera de texto)
No es la primera ocasión en la cual esta Corporación se ve avocada a pronunciarse sobre la constitucionalidad de las facultades en virtud de las cuales se expidió el Decreto Ley 019 de 2012. Esta Sala ya ha tenido oportunidad de referirse a dicha potestad delegada, tal aconteció, entre otras, en las sentencias C- 012 de 2013 M.P, González Cuervo C- 744 de 2012 M.P. Pinilla Pinilla, C- 745 de 2012 M.P. González Cuervo. En el caso presente, nuevamente se censura lo que se estima como un indebido uso de la autorización conferida al ejecutivo para expedir normas con fuerza de Ley. Para decidir la Sala recordará algunos pronunciamientos que ha hecho al referirse a la potestad legislativa delegada y los requisitos constitucionales y jurisprudenciales de esta. Finalmente, se especificará la delegación legislativa conferida al Gobierno en el parágrafo del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011.
“(…) se trata de facultades que buscan autorizar en el Ejecutivo, de manera transitoria, una potestad legislativa que en determinados caso puede ser atendida de manera más expedita por el Gobierno. Así por ejemplo, asuntos de carácter técnico que requieren de respuestas más inmediatas, encuentran una mejor regulación por parte del legislador delegado, cuyo procedimiento de expedición de normas es menos complejo que el procedimiento propio del legislador ordinario. O, también, cuando se trata de asuntos puntuales de la Administración, puede resultar más adecuada la solución normativa establecida por el Gobierno en razón de la proximidad con el problema o asunto que se busca regular. (…)” (sentencia C- 016 de 2013 M. P. Mendoza Martelo)
“(…) la existencia de una ley habilitante (i); la necesidad de una mayoría especial para la aprobación de la ley habilitante (ii); la concesión de las facultades por un término no mayor a 6 meses (iii); la existencia de un presupuesto de hecho, el cual bien puede ser “cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje” (iv); el carácter expreso y preciso sobre lo delegado (v); el carácter provisional de la delegación (vi); la restricción constitucional de conferir tales facultades para expedir códigos, leyes orgánicas y estatutarias o, decretar impuestos (vii).(…)” 4
“(…) Las facultades extraordinarias que el Congreso conceda al Presidente de la República deben ser precisas y su interpretación tiene un carácter estricto, de tal modo que los decretos leyes que se dicten en su desarrollo no pueden tocar temas ajenos a los determinados por la norma habilitante ni desconocer las exigencias y requisitos que en ella se contemplen, pues la función legislativa que entonces cumple el Jefe del Estado es precaria, limitada, dependiente del alcance literal del texto legal que la hace posible en concreto.(…)” (Sentencia C- 395 de 1996 M.P. Hernández Galindo)
“(…) El concepto de precisión al cual hace alusión el numeral 10 del artículo 150 de la Carta Política, se refiere a la claridad en cuanto a la delimitación de la materia pero no al grado de amplitud de dicha leyhttps://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-366-12.htm - _ftn20. De tal modo que conceptos de precisión y amplitud no son excluyentes entre sí (…)” (Sentencia C- 366 de 2012 M.P. Mendoza Martelo)
“(…) La circunstancia de que la materia sobre la cual recaigan las atribuciones extraordinarias para legislar sea amplia y aparezca enunciada de modo general, sin detalle, no implica que las mismas carezcan de precisión y, por tanto, sea inconstitucional pues “lo importante, y esencial, es que la materia descrita en la ley, aun cuando sea de contenido general, permita al intérprete establecer inequívocamente su campo de acción”6. (…)”
“(…) La delimitación material alude a que los decretos que dicte el Presidente sólo pueden versar sobre los asuntos estrictamente señalados en la ley habilitante. El Gobierno sólo puede ocuparse de las materias allí indicadas sin lugar a extensiones ni analogías(...)”
5.3.3.1. La expresión “suprimir”, en cuanto hacer cesar o desaparecer algo, se entiende jurídicamente como sinónimo de abrogar normas o abolir un aspecto sustancial o procedimental regulado en ellas. Y la voz “reformar”, entendida como volver a formar, rehacer, por lo general con la intención de mejorarlo, hace referencia a modificaciones introducidas en los supuestos fácticos o jurídicos contenidos en las reglas de derecho.
En esta ocasión la Corporación estima necesario observar el verbo reformar dado que es esta la actividad que pudo adelantar el Ejecutivo al disponer la renovación del registro cuestionado por el accionante. La Real Academia de la Lengua, al definir la expresión, consigna, entre las varias acepciones, la siguiente: “Modificar algo, por lo general con la intención de mejorarlo”. Por su parte, el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas, en la entrada reformar, contempla, entre los diversos significados, los siguientes: “Modificar”, “cambiar”, “arreglar”, “enmendar” y, en particular, indica “variar una organización o estructura”8
El otro aspecto relevante en esta valoración, es la finalidad perseguida por el legislador cuando entrega al Ejecutivo el poder transitorio de expedir normas con fuerza de Ley. En el asunto en estudio, resulta orientador el objeto de la Ley 1474 de 2011, cuyo tenor literal reza: “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” (negrillas fuera de texto). Entiende la Sala que un móvil subyacente a la autorización del legislador es el efectivo control de la gestión que potencialmente puede incidir en la vida del colectivo social.
La Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre las bondades del registro público y, en particular, sobre el registro mercantil de quienes se dedican a la actividad comercial. En esos pronunciamientos, esta Corporación ha aludido a la naturaleza del registro y sus finalidades, entre otros asuntos. Evidencia de la preocupación por el tema, en sede de constitucionalidad, lo constituye la sentencia C- 640 de 2002 M.P. Monroy Cabra, en la cual, a propósito de la notificación de los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos, se manifestó:
“(…) los registros, por ser públicos, pueden ser consultados por cualquier persona, de manera que esta forma de comunicación de la decisión no les resulta oculta o secreta. En efecto, la publicidad es justamente la razón de ser del registro, por lo cual ni siquiera hay que acreditar un interés jurídico para enterarse del contenido de los asientos o inscripciones (…)”.
“Coinciden unánimemente la doctrina y la jurisprudencia en reconocer que el registro mercantil es un instrumento de publicidad para la vida comercial, cuyo objeto es permitir al público el conocimiento de ciertos datos relevantes para el tráfico mercantil. Algunos hechos y actividades de esta naturaleza producen efectos no sólo entre la partes, sino también frente a terceros, por lo cual, por razones de seguridad jurídica, es menester que exista un mecanismo para su conocimiento público. Por ello, la ley impone al comerciante la obligación de dar publicidad a tales hechos o actos, así como su propia condición de comerciante9. Este interés de terceros, señala acertadamente Garrigues, no es un interés difuso, sino concreto”.
“(…) para la Corte Constitucional el requisito de renovación del registro de matrícula mercantil busca satisfacer objetivos legítimos a la luz del orden constitucional. Así, (i) la estructuración de una base de datos permanentemente actualizada con la información detallada de los comerciantes y sus ocupaciones, (ii) hace de la dinámica económica una actividad organizada y por tanto segura desde el punto de vista económico sino también jurídico (…)” (sentencia C- 277 de 2006 M.P. Sierra Porto).
“(…) El requisito de renovación del registro de matrícula mercantil busca satisfacer fines constitucionales referidos a que la dinámica económica se estructure como una actividad organizada sujeta a la dirección y control del Estado, y por tanto segura desde el punto de vista económico y jurídico, que permite a la comunidad acceso a la información en virtud del principio de publicidad. Y, por lo expuesto, el registro mercantil actualizado constituye una medida adecuada para la satisfacción de dichos fines (…)”
“Con el objeto de mantener la actualización del registro y garantizar la eficacia del mismo, la inscripción en los registros que integran el Registro Único Empresarial y Social, y el titular del registro renovará anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año. El organismo que ejerza el control y vigilancia de las cámaras de comercio establecerá los formatos y la información requerida para inscripción en el registro y la renovación de la misma. Los registros mercantil y de proponentes continuarán renovándose de acuerdo con las reglas vigentes”. (Se subraya lo demandado).
Para la Corte, el enunciado legal transcrito debe ser valorado acorde con las motivaciones expuestas precedentemente, por ello, es menester analizar la congruencia entre la actividad desplegada por el legislador delegado y la potestad autorizada.
PARÁGRAFO 2º.- Las cooperativas cuyo objeto principal sea la prestación de servicios de vigilancia privada y las que tengan por finalidad ser promotores de salud o prestadoras de servicios de salud, se regirán, para efecto de la obtención de personalidad jurídica, por las disposiciones establecidas para las entidades de naturaleza cooperativa.10
Como se puede apreciar, los preceptos reglamentarios preservaron la labor de registro y certificación de las entidades de economía solidaria, en cabeza de las Cámaras de Comercio, hasta tanto la Superintendencia de la Economía Solidaria estuviese en capacidad de atender dicha gestión. Hasta este punto, se puede sostener que el trámite de registro en cuestión existe. Más adelante, como lo pone de presente el mismo accionante, se expidieron por parte de la Superintendencia resoluciones, mediante las cuales se le extendió el plazo a las Cámaras de Comercio para seguir llevando el registro de las entidades de economía solidaria. Oportuna resulta la transcripción de algunos apartes de la Resolución 20101120004385 proferida el 7 de Julio de 2010 y que en lo del caso dispuso:
“(…) Artículo 1°. Las Cámaras de Comercio, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta resolución, continuarán ejerciendo por veinticuatro (24) meses más a partir del 28 de julio de 2010, la función de registro de los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esta formalidad, y de certificación de existencia y representación legal de las organizaciones supervisadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, según la condición establecida en el artículo 1° del Decreto 1798 de 1998.
Se exceptúan las Cooperativas y Precooperativas de trabajo asociado y las organizaciones e instituciones auxiliares de la Economía Solidaria que desarrollan y apoyan la actividad de educación, cuyo registro corresponde a esta Superintendencia, en virtud a lo dispuesto en el Decreto 4588 de 2006 y el artículo 45 del Decreto 2150 de 1995, en concordancia con el Título III Capítulo VII de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa número 007 de 2008) de esta Entidad.(…)”
“ARTÍCULO 1º.- Registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro de que tratan los artículos 40 a 45 y 143 a 148 del Decreto 2150 de 1995 se inscribirán en las respectivas Cámaras de Comercio en los mismos términos, con las mismas tarifas y condiciones previstas para el registro mercantil de los actos de las sociedades comerciales.
“(…) La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones:
(…) 18. Determinar los libros necesarios para que las Cámaras de Comercio lleven el registro mercantil, la forma de hacer las inscripciones e instruir para que dicho registro y el de las personas jurídicas sin ánimo de lucro se lleve de acuerdo con la ley. (…)”
Observa la Corporación que el registro de las personas sin ánimo de lucro encaja en el objeto a reglamentar, pues, tuvo lugar una autorización para variar regulaciones y procedimientos innecesarios existentes. En este punto, se atiene la Corte a la definición plasmada en una de las providencias citadas en el apartado 4 de la parte motiva del fallo, según la cual, se entienden por “regulaciones, esto es, reglamentos de ajuste u ordenación de aspectos de un sistema; “procedimientos” o modo secuencial de ejecutar algunas cosas; y “trámites” como diligencias que hay que recorrer en determinado asunto o negocio hasta su conclusión.11
Los derechos por la prestación de los servicios registrales serán los previstos por la ley para el registro mercantil, el registro único de proponentes y el registro de entidades sin ánimo de lucro, según el caso. Las Cámaras de Comercio no podrán cobrar derechos de inscripción y renovación sobre los registros que se le trasladan en virtud del presente decreto-ley y que a la vigencia del mismo no los causan. (negrilla fuera de texto)
Además, si se revisa el texto legal atacado por el accionante en su escrito de censura, las disposiciones que aluden al carácter oneroso de los derechos por la prestación del servicio registral no aparecen señaladas como objeto de la demanda. El libelo acusatorio advierte que la inconformidad con la norma acusada, recae sobre el aparte subrayado, el cual, ya fue transcrito y destacado en el apartado 1 del capítulo de los antecedentes12. En suma, encuentra la Sala que el actor no plantea dudas sobre la constitucionalidad del cobro por tal servicio, ni reparos sobre la proporcionalidad del mismo, tratándose de asuntos que escapan al problema jurídico a solucionar y, cuyo análisis con miras a un pronunciamiento, supondrían un ejercicio de control de constitucionalidad oficioso no autorizado en estos casos por el Ordenamiento Superior.
III SINTESIS DEL FALLO
La Sala consideró que la facultad de reformar, establecida expresamente en el texto de la ley que otorgó facultades, le permitía al Presidente de la República adoptar la medida de renovar en las cámaras de comercio, los registros de personas sin ánimo de lucro. Para la Corte, el alcance de la prerrogativa conferida al legislador delegado, implica también atender las finalidades de la autorización para expedir normas con fuerza de ley. En este caso, la Corporación estimó que revisados los móviles que inspiraron la expedición de la Ley 1474 de 2011, ocupa un lugar importante el de lograr “la efectividad del control de la gestión pública” y esta se logra con medidas que tiendan a lograr eficiencia y transparencia en aras de un mejor servicio al ciudadano. Tal acontece con la renovación y consecuente actualización de la información de personas jurídicas cuyo actuar en el contexto social, no solo tiene incidencia económica y social, sino que puede comprometer derechos tan importantes para los asociados como lo son el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad entre otros. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional estimó que, la medida adoptada por el legislador delegado, contribuye a realizar el derecho a la información con todas las consecuencias deseables que ello comporta.
NORMAS PARA SUPRIMIR O REFORMAR REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-No era posible pronunciarse por haberse configurado el fenómeno de la caducidad de la acción (Salvamento de voto)
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Término de caducidad por vicios de forma (Salvamento de voto)
Demanda de inconstitucionalidad: en contra el artículo 166 (parcial) del Decreto Ley 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
9 La ley mercantil distingue entre la “matrícula mercantil”, que es el registro de la condición de comerciante, y el registro mercantil que es la anotación de los actos, libros, y documentos respecto de los cuales la ley exige publicidad.
10 La Corte mediante sentencia C- 1145de 2004 declaro exequible de manera condicionada un apartado del inciso 1 del artículo 63 transcrito.

References: artículo 166
 artículo 166
 artículo 166
 artículo 40
 artículo 1
 artículo 63
 artículo 146
 artículo 63
 artículo 6
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 1
 artículo 166
 artículo 242
 artículo 150
 artículo 75
 artículo 150
 Resolución 
 Artículo 1
 artículo 1
 artículo 45
 artículo 166
 artículo 63