Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831253.html
Timestamp: 2019-11-20 20:21:45+00:00

Document:
as201831253
Auto Supremo Nº 253
EXPEDIENTE: 091/2017-S
DEMANDANTE: Servicio Nacional del Sistema de Reparto
DEMANDADO: Sociedad Salesiana, “Cine Teatro 16 de Julio”
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Marco Antonio Nina Rodríguez, en representación de la Sociedad Salesiana (Cine Teatro 16 de Julio), en mérito al Testimonio de Poder especial y bastante Nº 1571/2015 de 12 de noviembre, otorgado ante la Notaría Nº 18 de la ciudad de Cochabamba, a cargo de la abogada Karla Susy Cuevas Oropeza (fs. 243-245), contra el Auto de Vista Nº 49/2016-SSA-I de 29 de marzo, (fs. 254 a 255), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso coactivo social seguido por el Sistema Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) contra la entidad que representa el recurrente; el Auto de 16 de febrero de 2017 (fs. 278) por el que se concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 91 de 15 de marzo de 2017 (fs. 286), por el que se admitió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
Demanda, Auto de Solvendo y excepción de prescripción:
Eliana Mercedes Medina Cordero, en representación del SENASIR, en mérito al Poder especial y bastante Nº 644/2011, de 22 de septiembre, franqueado por la abogada Mery Estela Gonzales Aguilar, Notaria Nº 19 de la ciudad de La Paz (fs. 65-70), adjuntando la Nota de Cargo Nº 014/2012 por el importe de Bs. 228.926,45, equivalente a $us. 32.891,73; interpuso proceso coactivo social contra la Empresa “Cine Teatro 16 de julio”, por el cobro por aportes devengados al régimen básico y complementario de largo plazo del Sistema de Reparto, más multas, intereses, gastos judiciales de los periodos devengados y recargos de ley (fs. 71 a 73 vta.).
El Juez Quinto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió el Auto de Solvendo Nº 35/2012, de 26 de septiembre, por el que ordenó la citación y emplazamiento de la empresa coactivada, para que a tercero día, pague la suma adeudada (fs. 80 a 81).
Ángel Gustavo Almonte Rocha, en representación del Cine Teatro 16 de julio, de propiedad de la Sociedad Salesiana en Bolivia, respondió la demanda y opuso la excepción perentoria de prescripción (fs. 85 a 88).
Auto Interlocutorio Definitivo:
El Juez Quinto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció el Auto Interlocutorio Nº 468/2014 de 31 de octubre, declarando PROBADA en parte la demanda de fs. 71 a 73, subsanada a fs. 76 y 79; y PROBADA en parte la excepción de prescripción opuesta por escrito de fs. 85 a 88, respecto del régimen complementario de enero de 1985 a noviembre de 1989, disponiendo que la entidad coactivante, gire una nueva Nota de Cargo, por los periodos no comprendidos en la prescripción, es decir, régimen básico: octubre y noviembre de 1995; y régimen complementario: marzo 1995 (fs. 174 a 179 vta.)
Notificado con el Auto Interlocutorio definitivo, el SENASIR interpuso recurso de apelación (fs. 232 a 238), que fue resuelto por la Sala Social Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que mediante Auto de Vista Nº 49/2016-SSA-I, REVOCÓ la Resolución Nº 468/2014 de 31 de octubre, declarando PROBADA la demanda de fs. 71 a 73, fs. 76 a 79, e IMPROBADA la excepción de prescripción opuesta (fs. 254 a 255).
Argumentos del recurso de casación en la forma y en el fondo:
Contra el indicado Auto de Vista, Marco Antonio Nina Rodríguez, en representación de la Sociedad Salesiana, (Cine Teatro 16 de julio), interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo (fs. 257 a 259 vta.), fundamentando lo siguiente:
En la forma, argumentó que el tribunal de alzada, sólo consideró como fundamento para revocar la resolución de primera instancia, la no presentación de la declaración jurada que debió hacerla el Ente coactivado (Cine Teatro 16 de Julio), omitiendo considerar que para presentar esas declaraciones juradas, el coactivamente debió previamente fiscalizar, revisar y liquidar el monto adeudado, aspecto que no sucedió en el caso presente (art. 61 de la Ley Nº 1732).
Alega que se aplicó el art. 65 del Decreto Ley (DL) Nº 13214, sin considerar la aplicación del art. 1492 del Código Civil, por consiguiente si bien la ley ampara los derechos subjetivos, no amparo la desidia, negligencia y abandono, por consiguiente estos no pueden mantenerse indefinidamente, por ello es que mediando petición de parte interesada, la Ley declara prescritos los derechos no ejercidos.
En el fondo, argumentó que la prescripción solo se interrumpe por una acción judicial y por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor.
En el caso presente la Nota de Cargo Nº 014/2012 de 31 enero, tiene incongruencias respecto de los periodos liquidados; sin embargo de ello, se opuso la excepción de prescripción que fue declarada probada en la Resolución Nº 658/2014, emitida por el Juez a quo; pero que luego fue revocada por la Sala Social Administrativa, Contenciosa Primera, sin considerar que la prescripción, empezó a correr desde enero de 2010 hacia atrás, fecha de notificación con la Nota de Aviso; por lo que todo lo adeudado hasta diciembre de la gestión 1994, habría prescrito, entre ellos los periodos cobrados de enero de 1985 a noviembre de 1994, pues la prescripción, debió considerarse desde el momento en el que se dieron por notificados con la demanda y el Auto de Solvendo, el 16 de octubre de 2012, conforme ordena el art. 1503 del Código Civil.
Afirma que habría prescrito todos los adeudos anteriores al 16 de diciembre de 1997, conforme también se reconoció por éste Tribunal, en el Auto Supremo Nº 21/2015 de 2 de febrero, que estableció que opera por aportes no cobrados por el SENASIR, que sobrepasen a los quince años, lapso de tiempo, que no fue interrumpido por ningún acto antes de la vigencia de la CPE.
Por consiguiente, fundamenta que se incurrió en incongruencia en el fallo de vista, porque no se valoró lo manifestado en la contestación al recurso de apelación, incumpliendo el art. 190 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), vulnerando el principio de exhaustividad y el debido proceso, porque no se motivó debidamente el fallo, citando el recurrente para ello, jurisprudencia constitucional emitida sobre el tema.
También alega que la demanda se sustenta en los arts. 5 inc. h) del Decreto Supremo (DS) Nº 27066, 61 de la Ley de Pensiones, 223 del Código de Seguridad Social (CSS) y su modificación establecida en el art. 32 del DL Nº 10173, 609-612 del Reglamento del CSS (RCSS) y 2 del DS Nº 25890, sin considerar lo establecido en los arts. 465 del RCSS y 4 del DS Nº 25809, que establece la prescripción de las cotizaciones en cinco y quince años respectivamente, normas que se encuentran vigentes y que no fueron modificadas, por ello se colige que el SENASIR, dejó negligentemente transcurrir el tiempo sin ejercitar mediante acción legal alguna la recuperación de aportes pertenecientes al régimen complementario, por los periodos señalados, implicando que se restringió la interpretación de las normas e incurrió en violación de las mismas.
Pide a este Tribunal Supremo de Justicia, casar el Auto de Vista recurrido, manteniendo firme el Auto Interlocutorio Definitivo dictado por el a quo.
El SENASIR, contestó el recurso, argumentando, que el escrito de recurso de casación carece de la técnica recursiva exigida para este tipo de casos, por lo que debe ser declarado improcedente.
Sin embargo, explica que las cotizaciones patronales a la Entidad Gestora, era imprescriptible, en aplicación del art. 65 del DL Nº 13214 de 24 de diciembre de 1975, que luego fue derogado por el art. 7 del DL Nº 13214 de 03 de julio de 1981, estableciendo la prescripción en quince años.
Posteriormente, como efecto de la Ley Nº 1544 de 21 de marzo de 1994, de “Capitalización”, se emitió la Ley Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996, de “Pensiones”, que dispuso, la fecha de Corte del Sistema de Reparto, el 31 de abril de 1997, en aplicación del DS Nº 24586 de 29 de abril de 1997, estableciendo ésta última Ley, la liquidación de los ex Entes Gestores que administraban la seguridad social en el régimen de largo plazo (art. 55), disponiendo que en virtud a esta transición la Ley obligaba a las empresas y entidades públicas y privadas a liquidar las deudas, previa declaración jurada de deuda, concediendo un plazo de diez años computables a partir de enero de 1997, quedando sujetas al cobro coactivo de estas obligaciones; habiéndose luego, modificado el instituto de la prescripción por el art. 2º del DS Nº 25177 de 28 de septiembre de 1998, por las que concede al SENASIR, la facultad de fiscalización, revisión y liquidación de los aportes devengados, pudiendo las empresas o entidades deudoras cancelar los aportes hasta el 30 de abril de 1997.
Posteriormente con el fin de reglamentar los alcances del DS Nº 18949 de 13 de julio de 198, para la implementación de la Ley Nº 1732, se emitió la Resolución Ministerial (RM) Nº 816 de 21 de junio de 1999, por la que en su artículo único, se faculta a la Dirección General de Pensiones, determinar el plazo de prescripción, para la recuperación de aportes devengados a favor de la Seguridad Social, a largo plazo, tomando quince años anteriores al 1º de mayo de 1997.
Luego el art. 4 del DS Nº 25714 de 23 de marzo de 2000, derogó el art. 7 del DL Nº 18494, emitiéndose el DS Nº 25809 de 09 de junio de 2000, que en su art. 4 determina la prescripción de los aportes no pagados en quince años, determinado como fecha límite de aportes el 30 de abril de 1997 (fecha de Corte del Sistema de Reparto) y por ello, mediante la Resolución Administrativa (RA) Nº 072.01 de 18 de octubre de 2010, establece que los adeudos hasta la fecha de Corte, podrán ser cancelados previa revisión y liquidación por la Dirección de Pensiones, quien efectuaría la liquidación de esos aportes devengados, estableciendo el alcance definido para cada régimen, desde abril de 1987 a abril de 1997, para el régimen básico y desde mayo de 1982 a abril de 1997 para el régimen complementario.
Por último, refiere que al promulgarse la Constitución Política del Estado el 07 de febrero de 2009, se ha instituido en su art. 48-IV, la imprescriptibilidad de estos adeudos a la Seguridad Social, habiéndose emitido en su mérito jurisprudencia por este Tribunal Supremo, que reconoce los casos de interrupción de la prescripción, anteriores a su vigencia y la actual imprescriptibilidad, que ha sido además ratificada por la SCP Nº 1425/2015-S2 de 23 de diciembre.
Conclusión solicitando que se declare el recurso IMPROCEDENTE o INFUNDADO, con costas.
Sobre los argumentos del recurso de casación en la forma:
Se debe recordar que el art. 265-I del Código Procesal Civil (CPC-2013), aplicable al caso por la permisión de las normas remisivas previstas en los arts. 630 y 633 del RCSS y Disposición Transitoria Sexta del indicado CPC-2013, determina que: ”El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de la apelación y fundamentación.”; esta previsión establece que, el Tribunal de Alzada que se constituye en la instancia de segundo grado, al resolver el recurso de apelación debe cumplir con los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, ciñéndose a lo objetado en el recurso de apelación, no pudiendo en el Auto de Vista disponer cuestiones que no fueron alegados, ni omitir el análisis y resolución de ningún agravio, pudiendo apreciar y considerar el conjunto de la prueba acumulada al proceso, debiendo enmarcar su decisión a las formas previstas por el art. 218-II del Código adjetivo citado.
La motivación de las resoluciones judiciales, constituye un deber jurídico que se enmarca dentro del debido proceso, por el que el juez o tribunal que conoce una causa, debe exponer los hechos, efectuar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan su fallo.
Sobre este deber el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 0092/2012 de 19 de abril estableció que: "La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que:...las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores...".
Se debe puntualizar que, el art. 465 del R-CSS establece que: ”Las cotizaciones cuyo monto no fue determinado y notificado a las empresas respectivas, de acuerdo a los artículos 462 y 463, en un lapso de cinco años a calcularse desde el fin de cada año civil al cual corresponden, no podrán ser exigidas ni pagadas. Las cotizaciones no pagadas, determinadas en base a planillas que entregue el empleador y que no fueren notificadas por la Caja igualmente prescribirán en un lapso de cinco años, a calcularse desde fin del año civil al cual correspondan. Las cotizaciones notificadas prescribirán en un lapso de cinco años a calcularse desde la fecha de notificación.”
Posteriormente, el DL Nº 13214 de 24 de diciembre de 1975, estableció en su art. 65 que el cobro de las cotizaciones patronales y laborales es imprescriptible, por tratarse de contribuciones que, en contrapartida, generan prestaciones; determinando además, conforme a su art. 90, la derogatoria de las disposiciones contrarias al dicho Decreto Ley, quedando subsistentes las normas del Código de Seguridad Social, su Reglamento, los DL Nº 10173 de 28 de marzo de 1972 y 10776 de 23 de marzo de 1973, en las partes que no se le opongan.
Luego, el DL Nº 18494 de 13 de julio de 1981, en su art. 7 derogó el art. 65 del DL Nº 13214, estableciendo como plazo para la prescripción 15 años. Sin embargo, este artículo fue posteriormente derogado por el art. 4 del DS Nº 25714 de 23 de marzo de 2000; estableciendo en su art. 3, la prescripción en 5 años ampliables a 7 para el seguro a corto plazo.
Posteriormente esta norma fue aclarada por el DS Nº 25809 del 8 de junio de 2000, respecto del tratamiento legal de las cotizaciones a seguridad social a largo plazo, estableciendo en su art. 4 que: “Los aportes no pagados y/o no cobrados, por periodos superiores a los quince (15) años prescriben, determinando como fecha límite de aportes el 30 de abril de 1997 (fecha de corte del Sistema Residual de Reparto de la Seguridad Social de largo plazo). El término de la prescripción se interrumpe por una demanda coactiva o cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor”; derogando mediante su art. 6 toda disposición contraria.
Finalmente, el art. 48-IV de la actual CPE señala: “Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles.”
También debe considerarse que el art. 123 de la CPE, establece que: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.”.
Por Consiguiente, si bien el art. 230 del CSS no contempla específicamente la prescripción de la acción de cobro de los aportes devengados a la Seguridad Social, se debe advertir que ésta norma se encuentra inserta en Capítulo V del Título VI denominado, Régimen Jurídico Administrativo de dicho cuerpo legal y se refiere a la acción de los asegurados y beneficiarios; mientras que el art. 465 del RCSS, inserto en el Capítulo III del Título II, previsto en el Capítulo referido al Régimen de Cotizaciones, determina que la aplicación de esta última norma, concierne a la prescripción de las cotizaciones a la seguridad social de las empresas y entidades; régimen que conforme se relacionó línea arriba, sufrió modificaciones en cuanto al plazo determinado para la prescripción, estando en uso, antes de la vigencia de la actual Constitución, los 15 años, como periodo para que opere, todo conforme lo determina el art. 4 del DS Nº 25809 de 8 de junio de 2000, pues ahora en aplicación del art. 48-IV Constitucional, se establece que “…los (….) aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles…”.
Disposición que debe sujetarse a la irretroactividad instituida por la misma Constitución, en el entendido de que dicha imprescriptibilidad opera a partir de su vigencia (9 de febrero de 2009), puesto que su aplicación no tiene carácter retroactivo, conforme lo preceptuado por su art. 123; así como por la jurisprudencia que este Tribunal ha emitido en resguardo de la aludida Constitución, como Norma Suprema del ordenamiento jurídico, conforme establece el art. 410 que prevén los principios de Supremacía Constitucional y Jerarquía Normativa.
Por consiguiente, se concluye que prescripción de los aportes a la seguridad social no pagados, opera en tanto que el plazo y cómputo de los 15 años, no hubiesen sido interrumpido por la vigencia de la Constitución Política del Estado a partir del 9 de febrero de 2009, (oportunidad en la que se publicó oficialmente), o por algún acto administrativo o judicial notificado o por un reconocimiento voluntario de la entidad o empresa deudora; caso contrario, corresponder aplicar el art. 48 parágrafo IV de la CPE, pues determinar lo contrario implicaría vulnerar lo establecido por el art. 123, toda vez que no opera la retroactividad de la ley.
Es importante también aclarar que si bien, luego de la promulgación de las Leyes Nº 1544 de 21 de marzo de 1994, de “Capitalización” y 1732 de 29 de noviembre de 1996, de “Pensiones”, que dispusieron, la Fecha de Corte del Sistema de Reparto, el 31 de abril de 1997, mediante el DS Nº 24586 de 29 de abril de 1997; y la Liquidación de los ex Entes Gestores que administraban la seguridad social en el régimen de largo plazo, se dispuso que las empresas y entidades públicas y privadas deudoras, liquidaran, previa declaración jurada sus adeudos; concediéndoles un plazo de diez años a partir de enero de 1997 para cancelar las mismas, quedando sujetas al cobro coactivo en caso de no hacerlo.
Estas normas, no modificaron el régimen de la prescripción de los aportes devengados, instituido en el art. 4 del DS Nº 25809, pues solo aclararon las fechas de corte y la liquidación de dichos Entes Gestores, no siendo evidente que el art. 2º del DS Nº 25177 de 28 de septiembre de 1998, hubiese modificado el régimen de la prescripción, pues tan sólo concedió al SENASIR, la facultad de fiscalización, revisión y liquidación de los aportes devengados, pudiendo las empresas o entidades deudoras, cancelar los aportes hasta el 30 de abril de 1997, mientras que la RM Nº 816 de 21 de junio de 1999 y RA Nº 072.01 de 18 de octubre de 2010, aclararon que la Dirección General de Pensiones, podía recuperación los aportes devengados a favor de la Seguridad Social, a largo plazo, considerando los quince años anteriores al 1º de mayo de 1997; es decir aplicando el plazo previsto por el aludido art. 4 del DS Nº 25809 y que la Dirección de Pensiones, efectuaría la liquidación de esos aportes devengados, estableciendo el alcance para cada régimen, de abril de 1987 a abril de 1997, régimen básico y de mayo de 1982 a abril de 1997, para el complementario; aplicando implícitamente los diez años establecidos en el art. 55 de la Ley Nº 1732, que fue instituido por estas normas, para la recuperación de esos aportes devengados.
En la especie, respecto del recurso de casación en la forma, es evidente que el Tribunal de alzada, sustentó su fallo, solo en la no presentación de la declaración jurada determinada por el art. 61 de la Ley Nº 1732 de Pensiones y no así en la obligación que tenía el Ente demandante para fiscalizar, revisar y liquidar el monto adeudado, aspecto que constituye una cuestión de fondo del asunto y no así de forma, pues estos argumentos responde a las pretensiones alegadas en el recurso de apelación de fs. 231-238 de obrados.
Similar situación ocurre respecto de la aplicación del art. 65 del DL Nº 13214 respecto de la no aplicación del art. 1492 del CC, que constituyen fundamentos de fondo que asumió el Tribunal de alzada, en mérito a la facultad contenida en el art. 265-I del CPC-2013, referido a la pertinencia de la resolución de vista, cumpliendo los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad y ciñendo su fallo a lo objetado en el recurso de apelación, no habiendo dispuesto cuestiones que no hubiesen sido alegados, ni omitió ningún agravio, habiendo apreciado y considerado el conjunto de la prueba acumulada al proceso según su propio criterio, que será analizado al momento de resolver el recurso de casación en el fondo, pero de ninguna manera evidencia la vulneración de una norma adjetiva que determine establecer la nulidad de obrados, debiendo desestimarse esta pretensión por infundada.
Resolviendo los fundamentos del recurso de casación en el fondo, se establece lo siguiente:
Es evidente que en aplicación de las previsiones del art. 7 del DL 18494 de 13 de julio de 1981, aclarado por el art. 4 del DS. Nº 25809 de 08 de junio de 2000, la prescripción de los aportes no pagados y/o no cobrados por periodos superiores a los quince años prescriben y esta prescripción solo se interrumpe por una acción judicial o por cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor, no siendo necesario aplicar las previsiones del Código Civil, en consideración a que estas disposiciones son expresas en materia social.
Por otra parte, revisando detenidamente la Nota de Cargo Nº 014/2012, respecto del contenido de la demanda, se advierte que ciertamente tiene una incongruencia sobre los periodos devengados, pues la primera alude respecto del régimen básico a los periodos octubre y noviembre de 1995; y respecto del régimen complementario, enero de 1985 a noviembre de 1989 y marzo de 1995; mientras que en la demanda se aluden respecto del régimen básico, a los periodos octubre de 1990 a noviembre de 1995; y respecto del régimen complementario, de noviembre de 1984 a diciembre de 1995.
Incongruencia que fue advertida por el juez a quo, al momento de analizar la Nota de Cargo y resolver la prescripción, declarándola probada, únicamente, respecto del régimen complementario de enero de 1985 a noviembre de 1989, disponiendo que se emita una nueva Nota de Cargo, respecto de los periodos marzo de 1995, respecto del régimen complementario y de octubre a noviembre de 1995, respecto del régimen básico.
Sin embargo, esta incongruencia no fue advertida al inicio del proceso y no fue opuesta como excepción u observación por parte de la entidad coactivada, conforme permite el inc. c) del art. 32 del DL Nº 10173 de 28 de marzo de 1972, por ello, no puede ahora en casación ser objeto de controversia si esa contradicción de la demanda, fue subsanada en la Sentencia.
Respecto de la prescripción, es evidente que mediante nota de 19 de enero de 2010 el SENASIR, comunicó de manera oficial la deuda atribuida al Cine Teatro 16 de Julio (fs. 34-35, cuya recepción fue reconocida por esta entidad mediante la nota de fs. 36 de obrados, por consiguiente, en mérito a las previsiones contenidas en la última parte del art. 4 del DS Nº 25809 de 08 de junio de 2000, habría interrumpido la prescripción que venía corriendo, hasta esa fecha.
Sin embargo, el razonamiento que efectúa el recurrente, sobre la interrupción de la prescripción, no es el correcto, es decir no puede concluirse que la interrupción se operó con dicha nota de enero de 2010, pues antes de esa fecha, el 09 de febrero de 2009 (un año antes), ya había ingresado en vigencia la Constitución Política del Estado, cuyo art. 48-IV, establece la imprescriptibilidad de las cotizaciones devengadas a la Seguridad Social, por consiguiente, aplicando esta norma de preferente aplicación los quince años previstos por el art. 4 del DS Nº 25809, se computan retroactivamente desde el 09 de febrero de 2009 al 09 de febrero de 1994, implicando que todos las cotizaciones anteriores a este mes, se encuentran prescritas, independientemente que luego de la vigencia de la Constitución se hubiesen realizado citaciones, acciones administrativas o judiciales contra las entidades deudoras de cotizaciones a la Seguridad Social.
Sin embargo, se debe tener presente que cualquier acto o reconocimiento de esos adeudos, automáticamente deja sin efecto la prescripción que estaba corriendo, volviendo a empezar un nuevo cómputo, aspecto que en el caso presente no ha ocurrido.
Por ello es que en mérito a esos razonamiento, se establece que en el caso presente, habría prescrito los periodos enero de 1985 a noviembre de 1989, del régimen complementario, como acertadamente determinó el juez a quo, en la resolución de primera instancia de fs. 174 a 179 de obrados, sin que hubiese operado la prescripción de los periodos octubre y noviembre de 1995, respecto del régimen básico ni marzo de 1995, respecto del régimen complementario, porque son posteriores al 09 de febrero de 1994, periodo a partir del cual, considerando el plazo de 15 años de la prescripción prevista por el art. 4 del DS Nº 25809 y la imprescriptibilidad instituida en el art. 48-IV de la CPE, no puede operar la prescripción de esas obligaciones pecuniarias.
En definitiva, se establece que es evidente que el Auto de Vista, sustentó su fallo de manera errónea en los arts. 5 del DS Nº 27066, 61 de la Ley Nº 1732, 223 del CSS, modificado por el art. 32 del DL Nº 10173 y 609-612 del RCSS y 2 del DS Nº 25890, normas que en ningún momento modificaron el régimen de la prescripción de las cotizaciones a la Seguridad Social a largo plazo, previsto por los arts. 465 del RCSS, que fue aclarado por el art. 4 del DS Nº 25809, que evidentemente fueron soslayadas, incurriéndose en violación por su no aplicación al caso presente, porque la entidad coactivante, no demostró que habría interrumpido la prescripción que venía corriendo, respecto de los periodos comprendidos entre enero de 1985 a noviembre de 1989, del régimen complementario.
Que, en el marco legal descrito, se establece que el Tribunal de Alzada incurrió en, violación de varias normas y en interpretación errónea de otras normas, al revocar la Resolución Nº 468/2014, correspondiendo, en consecuencia, aplicar el art. 220-V del CPC-2013, con la facultad remisiva de los artículos 630 y 633 del RCSS.
POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184-1 de la CPE y 42-I-1 de la Ley de Organización Judicial (L0J), CASA el Auto de Vista 49/2016-SSA-I de 29 de marzo de 2016 cursante a fs. 254 a 255 emitido por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y deliberando en el fondo, mantiene firme y subsistente, (aunque con diferente razonamiento), la Resolución Nº 468/2014 de 31 de octubre, cursante a fs. 174 a 179 vta., sin multa por ser excusable y sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

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