Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2014_12_04/1655
Timestamp: 2019-10-16 23:11:59+00:00

Document:
Gaceta: LXII/3PPO-66
Comunicaciones de Senadoras y Senadores 7
Una, del Sen. David Penchyna Grub, con la que remite su Segundo Informe Legislativo y de Gestión.
Una, del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, con la que remite su Segundo Informe Legislativo.
Una, de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, con la que remite su Segundo Informe de Actividades de la LXII Legislatura.
Una, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que remite su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.
Una, del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, con la que remite su Informe de Actividades durante:
El “Diálogo sobre Políticas de Desarrollo basados en Recursos Naturales” en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los días 17 y 18 de noviembre de 2014, en París, Francia.
Una, del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite el informe de su participación durante la reunión de trabajo del Componente Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebrada del 6 al 8 de noviembre de 2014, en Panamá, Panamá.
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el periodo enero-septiembre de 2014.
Por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de menores.
La minuta propone reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo para armonizar esta disposición con el texto constitucional del artículo 123, apartado A, fracción III, a fin de elevar la edad mínima de admisión a empleo de 14 a 15 años. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el artículo 2, numeral 3, del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, mediante el cual se establece que la edad mínima fijada para emplear a un menor de edad no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en su caso no podrá ser menor a los 15 años.
También se pretende normar los trabajos peligrosos e insalubres en los que está prohibida la utilización del trabajo de menores de edad, con el propósito de prohibir a los menores de 18 años las labores peligrosas.
Las reformas reiteran las obligaciones para toda la sociedad, los padres de familia, empresas y autoridades para preservar el derecho de la niñez y permiten fortalecer las políticas públicas dirigidas a la prevención y erradicación del trabajo infantil y a la protección de la población adolescente, en particular las que permitirán garantizar a esta población la protección del trabajo y el acceso en los espacios de educación.
Por el que se reforman y adicionan los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad universal.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
Las reformas tiene como finalidad el reconocimiento al derecho a la movilidad como un derecho humano, y de este modo la adición de párrafo tercero al artículo 11 constitucional, establece que toda persona tiene derecho a la movilidad universal y será en la Ley General que emita el Congreso de la Unión, donde se establecerán las bases para hacer efectivo este derecho, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.
En concordancia con lo anterior, la reforma a la fracción XXIX-G del artículo 73 constitucional establece que el Congreso de la Unión tendrá facultad para expedir leyes en materia de movilidad universal, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En artículos transitorios, se establece que el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General de Movilidad en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto.
Las reformas que se proponen armonizan el contenido de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, así como con los instrumentos internacionales en materia de igualdad de oportunidades, suscritos por el gobierno de México.
Con la reforma al artículo primero se establece que la ley tiene por objeto regular la educación que imparte la Secretaría de la Defensa Nacional, orientada al conocimiento y la aplicación de la ciencia y el arte militares, así como otras afines a las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, aplicable en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Por otra parte se establece en la minuta que el proceso de admisión en las instituciones de educación militar se señalará en el reglamento respectivo de esta ley, en el que se deberá promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Por el que se expide la Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE TURISMO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
La ley se encuentra estructurada en siete títulos y 216 artículos. En el Título Primero denominado Fundamentos del Juego con Apuesta y Sorteos, define en un Capítulo I, las Disposiciones Generales, en donde se establece que la ley que se expide tiene por objeto regular los juegos con apuesta y sorteos para que se lleven a cabo de forma responsable, segura y salvaguardando el interés social, los derechos fundamentales de los participantes, permisionarios y operadores; garantizar los derechos de los participantes en juegos con apuesta y sorteos, así como los derechos de protección de las niñas, niños, adolescentes, menores de veintiún años, personas con discapacidad mental o psicosocial y quienes padezcan ludopatía; establecer las bases para un ejercicio responsable del juego con apuesta y los sorteos por parte de los permisionarios y operadores, así como señalar sus derechos y obligaciones, y establecer las bases, requisitos y límites para la autorización, el control, la vigilancia, la inspección y la sanción de conductas relativas a todos los tipos de juegos con apuesta y sorteos.
Se establece también que la regulación de los juegos con apuesta o sorteos incluye su organización, oferta, publicitación, comercialización y celebración dentro del territorio nacional, incluyendo los realizados por vía telemática, así como a las personas que intervengan, de manera directa o indirecta, en dichas actividades.
Será la Secretaría de Gobernación, por conducto del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos en el ámbito de su competencia, quien interpretará la Ley para efectos administrativos. Serán principios rectores de los juegos con apuesta y los sorteos el juego responsable; el interés superior de la salud; y la máxima transparencia.
Quedan excluidos de la Ley, los juegos o sorteos organizados por cualquier organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que tenga como objetivo la obtención de recursos para la asistencia pública mediante la realización de las actividades reguladas en esta ley; los juegos de ocio, pasatiempo o recreo que constituyan usos sociales, siempre que quienes participen en ellos no crucen apuestas y no obtengan beneficio económico alguno; los juegos con apuesta celebrados en un domicilio particular con el único propósito de diversión y pasatiempo ocasional, sin fines de lucro, y siempre que en ellos sólo participen personas que tengan parentesco, trato social con los propietarios, poseedores o moradores del lugar en que se lleven a cabo; los sorteos en beneficio de personas morales con fines no lucrativos que estén autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a que se refiere el artículo 79, fracciones VI, X y XVII de dicha Ley; y los juegos con apuesta y sorteos celebrados a bordo de cruceros turísticos que cuenten con permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en términos de lo dispuesto en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, siempre que en ellos sólo participen sus pasajeros. En su Capítulo II, de este título se establecen los derechos y obligaciones de los participantes; y desarrolla en el Capítulo III, las normas que atenderán la prevención y atención de la ludopatía.
En el Título Segundo, denominado Permisos y Obligaciones de los Permisionarios, desarrolla en un Capítulo I, todo lo relativo a los permisos; en un Capítulo II, la regulación que atiende las obligaciones de los permisionarios.
El Título Tercero, al que denomina Certificación y Homologación, desarrolla en su Capítulo I, la Certificación, al que se entiende como el proceso que tiene por objeto asegurar que el personal del Instituto, de los permisionarios y de los operadores cuenten con los conocimientos, habilidades, destrezas y valores necesarios para garantizar condiciones de juego responsable, salvaguardar la salud y seguridad de las personas vinculadas a la celebración de juegos con apuesta y sorteos, prevenir y atender la ludopatía, así como prevenir la comisión de conductas ilícitas dentro de los establecimientos. En Capítulo II, desarrolla las regulaciones normativas de la Homologación.
Los juegos con apuesta, es el nombre que recibe el Título Cuarto, de la Ley y en su Capítulo I, desarrolla las disposiciones comunes a este tema; en el Capítulo II, establece las normativas relativas a los Órganos Técnicos de Consulta, los cuales serán responsables de tratar los asuntos relacionados con la industria hípica, de los canódromos, peleas de gallos y frontones, así como cualquier otra que determine el Instituto; en el Capítulo III, se regula el Juego con Apuesta en Línea; y en el Capítulo IV, el Juego en Vivo y Máquinas Tragamonedas, los cuales desarrolla en una Sección Primera, el Juego en Vivo y en una Sección Segunda, las Máquinas Tragamonedas; en el Capítulo V, desarrolla la regulación que comprende los Hipódromos, Canódromos y Frontones, en una Sección Primera desarrolla las disposiciones comunes, en tanto que en una Sección Segunda, las regulaciones que se ocupan de los Hipódromos, en una Sección Tercera, los Canódromos y en una Sección Cuarta, las relativas a los Frontones; en el Capítulo VI, se desarrollan las normas que se ocupan de las Ferias, Carreras de Caballos en Escenarios Temporales y Peleas de Gallos, las que desarrolla en tres secciones; en tanto que desarrolla en un Capítulo VII la regulación de las Apuestas Remotas.
El Título Quinto, denominado Sorteos, desarrolla en su Capítulo I, las Disposiciones Comunes en los que señala que los tipos de sorteo que comprende esta Ley serán los sorteos con venta de boletos; sorteos sin venta de boletos; sorteos de propaganda comercial; sorteos en sistemas de comercialización; sorteos de símbolos o números; sorteos en línea, y sorteos celebrados por personas morales con fines no lucrativos que estén autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a que se refiere el artículo 79, fracciones VI, X y XVII de dicha Ley; en el Capítulo II, se desarrollan las normas que permiten proporcionar Información al Participante y describir la Regulación de la Publicidad; en el capítulo III, se describen los Tipos de Sorteos y desarrolla en una Sección Primera, los Sorteos con Venta de Boletos; en una Sección Segunda, los Sorteos con Fines de Propaganda Comercial y sin Venta de Boletos, en la Sección Tercera, los Sorteos en los sistemas de comercialización, y en la Sección Cuarta, los Sorteos en Línea; en el Capítulo IV se establecen las normas que regularán los Sorteos de Símbolos o Números, desarrolladas en una Sección Primera de Disposiciones Comunes; en un Capítulo V, se regulan los sorteos celebrados por personas morales con fines no lucrativos que estén autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la ley del impuesto sobre la renta; y en el Capítulo VI, se describen las regulaciones que se ocupan del finiquito de los permisos en sorteos.
La Autoridad en Materia de Juegos y Sorteos, encuentra su sustento normativo en el Título Sexto de la ley, el cual se encuentra estructurado en tres capítulos, el primero relativo al Instituto Nacional de Juegos y Sorteos; el segundo que se ocupa del Registro Público y Archivos el cual se desarrolla en dos secciones; y el Capítulo III, que se ocupa de las tareas que desarrollara el Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos, órgano que se crea con el fin de coadyuvar con el Instituto en la elaboración de las políticas públicas en materia de juegos y sorteos, transparencia, rendición de cuentas, seguridad, salud y atención a grupos vulnerables.
El Título Séptimo al que denomina, del Control y Vigilancia, desarrolla en el Capítulo I, lo relativo a los Inspectores; en el Capítulo II, se ocupa de la Reclamación, Facultades de Inspección y Procedimiento Administrativo Sancionador los que desarrolla en tres secciones; el Capítulo III, se ocupa de la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita; y el Capítulo IV, de las Sanciones Administrativas; y el Capítulo V, lo dedica a la regulación y sanciones de los Delitos contra el Juego Responsable.
En artículos transitorios se establece que con la expedición de la presente ley, se abroga la Ley Federal de Juegos y Sorteos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1947. Y se contempla que el Ejecutivo Federal deba expedir el Reglamento dentro de los ciento ochenta días naturales posteriores al día de su entrada en vigor.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, PAN.
La Colegisladora considera que tras haber analizado reflexivamente la Minuta y luego de haber escuchado los comentarios de expertos y representantes de diversos sectores sociales, revisado diferentes instrumentos legales, nacionales e internacionales, resoluciones y opiniones, así como reflexiones doctrinales, se allegaron suficientes elementos para sustentar que el contenido debe ser modificado en algunos rubros, fundamentalmente porque se advierten inconsistencias de forma y sólo algunas de fondo.
En base a su argumentación expuesta en las consideraciones de la Minuta, resuelven modificar los siguientes artículos:
El artículo 2, en su fracción II, relativa al bien jurídico tutelado; el artículo 3º, el artículo 4º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 28, 28 Bis, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 44, 48, 63, 66, 69, 74, 77, 78, 84, 86, 97, 102, 103, 109, 110, 118, 121 y 124.
La colegisladora advierte en lo general que el proyecto de decreto contenido en la minuta refiere en algunos casos de derogaciones, la expresión “derogado”, mientras que en otros “Se deroga”, por lo que considera que por cuestiones de técnica legislativa se debe uniformar la expresión y resuelve optar por la expresión “se deroga”.
Por otra parte resuelve readecuar algunas de las penas en artículos diversos que tipifican las modalidades de explotación en materia de trata de personas, específicamente las contenidas en los artículos 12, 14, 18, 22, 24, 28, 28 Bis, 30 y 31. Con el mismos propósito de sistematización se readecuó la estructura de los artículos que establecen los delitos, para que todos quedarán integrados primeramente por la pena, en segundo lugar por la conducta y en tercero por los medios de comisión.
Finalmente la Cámara de Diputados, resolvió realizar modificaciones a los artículos Séptimo y Décimo transitorio.
Oficio por el que comunica modificaciones en la integración de los Diputados ante el Parlamento Centroamericano.
Oficio por el que informa de la sustitución de la Dip. María de las Nieves García Fernández por el Dip. José Alberto Rodríguez Calderón, como Consejero Propietario del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
COMUNICACIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS
Una, por la que solicita al Presidente de la Mesa Directiva convocar a la creación de una comisión de especialistas de alto nivel para continuar el debate iniciado por la OEA en los últimos años, en relación al tema del narcotráfico, específicamente de la marihuana.
Por el que se modifica la integración en comisiones ordinarias.
Propone reformas al Código Penal Federal; Código Federal de Procedimientos Penales; a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; ello con la finalidad de adecuar en la legislación secundaria federal al concepto de reinserción social en observancia al principio de progresividad.
Entre las medidas que resaltan en las reformas, se encuentran las disposiciones por la que se establece que los procesados sujetos a prisión preventiva y los procesados o sentenciados por delitos políticos, serán recluidos en establecimientos o departamentos especiales; la que establece que cuando la sentencia determine restricción de libertad o derechos, o suspensión condicional de la ejecución de la sentencia, el juez dispondrá la vigilancia de la autoridad sobre el sentenciado, donde la vigilancia consistirá en recabar información periódica de los registros disponibles acerca de posibles nuevas conductas delictivas atribuidas a la persona, a efecto de asegurarse que las mismas se hagan del conocimiento del juez o tribunal del proceso.
También se identifican disposiciones que establece que, en caso de personas indígenas sentenciadas, se considerarán los usos y costumbres, así como las circunstancias en las que se cometió el delito; o la que señala que la autoridad penitenciaria garantizará la gobernabilidad de los centros mediante el cumplimiento de su reglamento interno y la satisfacción de los derechos de las personas privadas de la libertad, de acuerdo con los principios de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad.
Propone por otra parte medidas que establecen que el régimen penitenciario ofrecerá programas para favorecer el ejercicio de los derechos que el artículo 18 de la Constitución establece para las personas privadas de la libertad, desde su ingreso hasta su externación, con sujeción a las necesidades de seguridad y gobernabilidad de los establecimientos. O medidas en las cuales, por cada dos días de trabajo, así como la participación regular en actividades educativas, culturales, deportivas o de cuidado de la salud, de la persona sentenciada, se hará remisión de un día de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta.
Las reformas a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres son para establecer que las autoridades correspondientes pongan en marcha diversas líneas de actuación relacionadas con la igualdad de género y la adopción de medidas de prevención contra cualquier forma de discriminación femenina en el medio rural en colaboración con otras instituciones de los tres órdenes de Gobierno y en su caso de organismos constitucionalmente autónomos.
Se pretende que el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), impulse acciones que fortalezcan las capacidades de las mujeres que habitan en el medio rural, promueva la ampliación del acceso a crédito y tecnología, así como a tierra, empleos remunerados y apoyos para la consolidación de ideas empresariales.
Las reformas a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, propone insertar como materia del objetivo de la política nacional de la igualdad, el establecimiento y empleo de fondos para impulsar acciones específicas o positivas a favor de las mujeres del medio rural, encaminadas a superar y evitar situaciones de discriminación por razón de sexo, así como promover la organización y capacitación que fortalezca el trabajo productivo de las mujeres que habitan en el medio rural, y prestar servicios de asesoría a quienes lo soliciten.
Se plantea modificar la Ley Agraria para considerar la figura de Titularidad compartida, para lograr la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno promoverá y desarrollará el régimen de cotitularidad de bienes, derechos y obligaciones en el sector agrario, que permitirá una cierta independencia y autonomía como sujeto agrario a cónyuges y concubinos. El desarrollo de la figura de cotitularidad permitirá a las mujeres cotitulares tener los mismos derechos que sus cónyuges o concubinos y también las mismas obligaciones.
Esta reforma pretende hacer efectivo el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito de la afiliación y participación en las organizaciones agrarias, por lo que se estima que un efecto inmediato de la Titularidad Compartida, es que se reducirá el desequilibrio existente en cuanto a género en los órganos de representación de los núcleos ejidales o comunales. Además, el reconocimiento de Titularidad Compartida, permitirá al beneficiario conservar sus derechos patrimoniales, en caso de divorcio o separación al igual que su cónyuge titular.
Por otro lado, se hace necesario, la consideración de ambos cónyuges o, en su caso, personas ligadas con una relación de análoga afectividad reconocidas o inscritas en algún registro público, dedicados a la explotación agraria como cotitulares, para que su trabajo y otros derechos de estas personas, la gran mayoría mujeres, sea reconocido.
La adopción del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y la atención social prioritaria a diversos grupos de población responde a la consideración de fomentar un desarrollo rural socialmente justo y viable.
Se proponen diversas modificaciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para incorporar mayores criterios de equidad en las políticas públicas del sector rural. La adopción del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y la atención social prioritaria a diversos grupos de población responde a la consideración de fomentar un desarrollo rural socialmente justo y viable, singularmente por lo que se refiere a la presencia de las mujeres y de los jóvenes.
Propone el reconocimiento de las y los jóvenes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de las y los jóvenes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
Establece los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de las y los jóvenes así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos.
Crea el Sistema Nacional de Indicadores de Derechos de las y los jóvenes, que establece la metodología para medir el grado de ejercicio de los derechos de las y los jóvenes. Asimismo, evalúa el funcionamiento del Sistema Nacional de la Juventud.
La iniciativa propone fomentar la creación de más y mejores fuentes de empleo, proveer al trabajador los mecanismos para que pueda, mediante acuerdo con su empleador, adaptar su jornada de trabajo, de acuerdo a sus necesidades y a las posibilidades del empleador, proteger y fortalecer los derechos adquiridos por el trabajador e imponerle serias penalidades a aquellos patrones que vulneren los derechos reconocidos por ley a los trabajadores.
De los Senadores Marcela Torres Peimbert y Mario Delgado Carrillo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Reglamento del Senado de la República, a efecto de dar mayor celeridad al posicionamiento y trámite de las proposiciones de urgente resolución sobre temas coyunturales.
La iniciativa tiene como propósito que la Cámara de Senadores discuta y atienda de manera oportuna los puntos de acuerdo que se refieren a temas coyunturales. Por ello, con el fin de insertar en la agenda política el debate del acontecer nacional y para ejercer un contrapeso democrático, propone que las proposiciones con punto de acuerdo, avaladas por todo un Grupo Parlamentario como de urgente y obvia resolución, tengan el segundo lugar de prelación dentro del orden del día de las sesiones.
La iniciativa contempla que, dentro de este supuesto, sólo se podrá considerar una proposición con punto de acuerdo por Grupo Parlamentario en cada sesión.
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el Reglamento del Senado de la República. (Dictamen en sentido negativo)
La Ley que se pretende expedir es reglamentaria del artículo 28 Constitucional en materia de competitividad regional, de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular el uso, explotación y operación de las Zonas Económicas Estratégicas. Las Zonas Económicas Estratégicas tienen por objeto crear condiciones que permitan a la economía en su conjunto la inserción en los mercados mundiales bajo reglas fiscales, jurídicas, administrativas y urbanísticas altamente competitivas, mediante la adopción de tecnologías que eleve el contenido nacional y el valor agregado, en un ambiente de certidumbre jurídica que permita a las inversiones nacionales y extranjera contribuir al crecimiento nacional con generación de empleos con salarios dignos.
Las Zonas Económicas Estratégicas pueden crearse con el objetivo de desarrollar Centros Financieros Internacionales, Centros Logísticos Internacionales, Centros de Población Autónomos, Ciudades, Distritos Especiales de Inversión, Zonas sujetas a un Sistema Jurídico Especial, Zonas Turísticas Especiales, Zonas Mineras Sociales o cualquier otro régimen especial no señalado en el presente artículo o que incluya una combinación de varios de estos regímenes para procurar el desarrollo de las inversiones bajo modelos incluyentes.
Son sujetos de la Ley, toda persona física o moral que tenga intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo o tenencia de mercancías, o que preste servicios de cualquier naturaleza, dentro de los límites de la Zona Económicas Estratégicas.
Señala que el Estado mexicano declarará como prioritario para la industria nacional integrar los nuevos procesos logísticos, productivos y tecnológicos que garanticen elevar la competitividad sistémica a través de las Zonas Económicas Especiales, denominadas en lo consecutivo Zonas.
Las Zonas están autorizadas para establecer las mejores prácticas internacionales en materia de logística y competitividad, que permitan generar condiciones de inserción en los mercados internacionales, mediante la atracción de inversión productiva internacional y nacional, la exportación de bienes y servicios, generación de empleo y desarrollo económico en la región, contribuir a la transferencia de tecnología y a la generación de valor agregado nacional.
La política industrial y de competitividad establecerá mecanismos de integración de la industria nacional con las Zonas con el objeto de mejorar su inserción en los mercados internacionales y regionales.
Se crea la Comisión Federal Reguladora de las Zonas Económicas Estratégicas, órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía técnica y operativa, con las atribuciones que en esta Ley se le confieren para autorizar, regular y promover el desarrollo eficiente de las Zonas y la actuación de los operadores.
La Comisión se integra por cinco comisionados, designados de la siguiente forma: un comisionado presidente, nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal y ratificado por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República en la sesión en que se trate; un comisionado, designado por el titular de la Secretaría de Economía; un comisionado, designado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; un comisionado, designado por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; un comisionado representante del sector privado, designado por el Senado de la República, a propuesta de las organizaciones empresariales, industriales y de comercio, legalmente constituidas según las leyes mexicanas, designado por el titular del Ejecutivo Federal y ratificado por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado en la sesión en que sea puesto a su consideración.
La Comisión contará con un Consejo Técnico Consultivo y un Consejo de Mejores Prácticas Internacionales, como órganos técnicos, de opinión, de consulta y concertación, el cual tendrá por objeto coadyuvar al eficiente desempeño de las atribuciones de la Comisión. La actuación de los Consejos observará los principios de independencia, transparencia, objetividad e imparcialidad. La opinión de los mismos será indispensable para que la Comisión expida la autorización para operar una Zona.
De las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión Especial Sur-Sureste, en relación con el proyecto de decreto para expedir la Ley de Zonas Económicas Estratégicas. (Dictamen en sentido negativo)
Tiene la finalidad de que, en el caso de los medicamentos controlados para combatir el dolor en el marco de las actividades de cuidados paliativos, se debe presentar la receta médica debidamente acreditada por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios.
De la misma manera, propone que los tratamientos a base de opioides cuyo desarrollo, formulación y elaboración contienen una tecnología disuasora del abuso, deben representar una oportunidad para que los pacientes adquieran su tratamiento con mayor facilidad y no sean considerados como estupefacientes.
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 226 y 234 de la Ley General de Salud. Dictamen en sentido negativo)
Propone adicionar un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio del Decreto de Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, para establecer que los trabajadores que hayan cotizado bajo el régimen de la Ley del Seguro Social derogada, podrán disfrutar de una pensión de vejez cuando hayan cumplido los requisitos de edad y de semanas cotizadas en los términos establecidos en dicho ordenamiento, aun cuando a la fecha de la solicitud de pensión se hubiese excedido el período de conservación de derechos señalado en el artículo 182 y sin que sea necesario cubrir los requisitos previstos en el artículo 183 de la Ley que se deroga. El pago de la pensión de vejez otorgada en los términos de este párrafo se regirá conforme al transitorio artículo duodécimo del presente Decreto, es decir, estarán a cargo del Gobierno Federal.
Asimismo, a efecto de que la adición que se propone al décimo octavo transitorio no entre en contradicción con otras disposiciones del Decreto en comento, es menester reformar el artículo tercero transitorio del ordenamiento que se invoca.
La reforma al artículo tercero transitorio, establece que los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, así como sus beneficiarios, al momento de cumplirse, en términos de la Ley que se deroga, los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, con excepción de lo dispuesto por el segundo párrafo del transitorio décimo octavo del presente Decreto, podrán optar por acogerse al beneficio de dicha Ley o al esquema de pensiones establecido en el presente ordenamiento.
En tanto que la adición que se propone al artículo octavo transitorio, señala que para el caso de los trabajadores que hayan cotizado bajo el régimen de la Ley del Seguro Social que se deroga, podrán disfrutar de una pensión de vejez cuando hayan cumplido los requisitos de edad y de semanas cotizadas en los términos establecidos en dicho ordenamiento, aun cuando a la fecha de la solicitud de pensión se hubiese excedido el período de conservación de derechos señalado en el artículo 182 y sin que sea necesario cubrir los requisitos previstos en el artículo 183 de la Ley que se deroga. El pago de la pensión de vejez otorgada en los términos de este párrafo se regirá conforme al transitorio artículo duodécimo del presente Decreto.
Tiene como propósito establecer la concurrencia entre el objeto de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el de la Ley Agraria incorporando el principio del desarrollo rural sustentable ya que no se encuentra explícitamente contenido en el cuerpo legal y garantiza que dicho principio este dentro de los mecanismos del gobierno federal.
Propone expedir la Ley General de Planeación Alimentaria, la que tiene por objeto garantizar el derecho de todas y todos los mexicanos a contar con alimentos nutritivos, suficientes y de calidad, de acuerdo a sus necesidades, que sean accesibles a su economía, cultura y situación geográfica de manera oportuna y permanente, asegurando la disponibilidad, estabilidad y suficiencia a través de la planeación y rectoría del Estado a fin de mantener la autosuficiencia y seguridad alimentaria, así como para refrendar la soberanía nacional en la materia.
Será materia de esta Ley, la Planeación Alimentaria y Nutricional, que deberá fundamentarse a partir del Sistema Nacional de Planeación Democrática, retomando los lineamientos en la materia establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo; las cadenas alimentarias, cuya eficiente integración deberá ser impulsada mediante la asociación de los sectores público, privado y social, incluyendo todas las formas de organización económica, orientadas a la producción, agroindustrialización, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios alimenticios nutricionales; los lineamientos para el otorgamiento de subsidios a las actividades estratégicas y prioritarias para el desarrollo nacional asociadas a la Autosuficiencia y Seguridad Alimentaria y Nutricional; y el aumento en la generación de valor agregado por parte de los productores nacionales a fin de fortalecer sus ingresos.
La ley define al Sistema Nacional de Planeación Alimentaria y Nutricional (SNPAN) como el conjunto de instituciones de los sectores público, privado y social que intervienen en los procesos de planeación, programación, ejecución y operación orientados a la obtención de la Autosuficiencia y Seguridad Alimentaria y Nutricional del país. La política de Estado para la Autosuficiencia y Seguridad Alimentaria y Nutricional consistirá en el conjunto de criterios de actuación del poder público para alcanzar la Autosuficiencia y Seguridad Alimentaria y Nutricional del país.
La planeación de la política de Estado se realizará a través del Consejo Nacional para la Planeación de la Autosuficiencia y Seguridad Alimentaria y Nutricional en coordinación con los Consejos de las Entidades Federativas para la Planeación de la Autosuficiencia y Seguridad Alimentaria y Nutricional, los Consejos Municipales y de las Delegaciones del Distrito Federal para la Planeación de la Autosuficiencia y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Par efectos de sus disposiciones normativas en el ámbito de la materia el proyecto de nueva ley se estructura en un Título Primero, de Disposiciones Generales, con un Capítulo I, en el que se definen el Objeto y finalidades de la ley; un Capítulo II, que comprende la aplicación de la Ley; un Capítulo III, en el que se desarrolla la política de Estado para la Autosuficiencia y Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Planeación; un Capítulo IV, que desarrolla lo relativo a la educación nutricional; en tanto que en su Capítulo V, regula las disposiciones relativas a la investigación científica y el desarrollo tecnológico; en tanto que en el Capítulo VI, se ocupa de la Reserva Nacional de Alimentos; y dispone que en el Capítulo VII, se desarrollen las normas que se ocuparan de la prioridad a la población más vulnerable; y en un Capítulo VIII, desarrolla lo relativo al fomento al cooperativismo y demás formas de organización de productores de alimentos; y dedica un Capítulo IX, para desarrollar lo relativo a la regulación de la simplificación administrativa de los programas; y un Capítulo X, lo destina a regular lo referente a la sustentabilidad y la participación de la mujer.
En el Titulo Segundo, se desarrolla lo relativo al Sistema Nacional de Planeación Alimentaria y Nutricional (SNPAN), ello en cinco capítulos en los que se desarrolla el Carácter, Integración y Atribuciones de los Consejos; los Comités Técnicos, su Nombramiento y sus Atribuciones; los Programas y Proyectos Estratégicos; y, la aplicación del principio de subsidiariedad administrativa.
Con un Título Tercero, el proyecto contempla desarrollar las disposiciones que regularan los medios de Evaluación, Transparencia y Rendición de Cuentas. En tres capítulos desarrolla las regulaciones que se ocuparan de la evaluación de Resultados; de las Sanciones Administrativas y Recursos de Revisión; y del recurso de Inconformidad.
En el régimen transitorio se establece que el Poder Ejecutivo Federal expedirá, a más tardar en ciento veinte días naturales, a partir de la expedición de esta Ley, el Reglamento respectivo. Asimismo se señala que los programas presupuestales consignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, antes de la entrada en vigor de esta norma, serán alineados en función de lo dispuesto por esta Ley, en el Presupuesto respectivo del año subsecuente.
Finalmente en un artículo cuarto transitorio se señala que el Consejo Nacional deberá evaluar el estado actual de todos los programas relacionados con la autosuficiencia y seguridad alimentaria y nutricional, identificar duplicaciones y contradicciones entre las acciones de estos así como publicar el correspondiente reporte diagnóstico a más tardar un año después de la expedición de esta ley.
De las Comisiones Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Propone erradicar por completo la práctica que ciertas empresas implementan, como la de exigir a sus trabajadoras la prueba de embarazo como condición para el ingreso o para la permanencia en el empleo.
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto y se recorre el subsecuente al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.
Las comisiones dictaminadoras coinciden con el objetivo de la minuta para prohibir la utilización de cualquier especie de mamífero marino en espectáculos itinerantes, con la finalidad evitar sufrimiento y mortalidad de ejemplares de estas especies que se encuentran sujetas a protección especial.
Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre.
Las iniciativas tienen el objeto de prohibir el uso de animales en cualquier tipo de espectáculos en el que sean inducidos a realizar acciones fuera de su comportamiento natural y propone que el Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, establezcan la prohibición de utilizar cualquier animal en circos, determinando las sanciones correspondientes, así como la prohibición de uso de ejemplares de vida silvestre en los mismos.
Las Comisiones dictaminadoras coinciden con el objetivo de las dos iniciativas, pero realizan modificaciones a las mismas ya que consideran que la reforma propuesta al artículo 4 de la Ley General de Vida Silvestre se logra con la adición al artículo 78 de dicha Ley; y las reformas sugeridas en ambas iniciativas al artículo 87 Bis 2 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente son innecesarias al aprobarse la adición al artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre.
De la misma manera, proponen adicionar una fracción XXIV al artículo 122 y reforma la fracción II del artículo 127 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente a fin de establecer sanciones a quien incumpla con la normativa propuesta.
Del Sen. Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, con el objeto de prohibir el uso de animales en cualquier tipo de espectáculos en el que sean inducidos a realizar acciones fuera de su comportamiento natural.
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 55 Bis y 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.
La iniciativa propone prohibir el uso de mamíferos marinos y primates en espectáculos públicos, privados y toda actividad que implique interacción con seres humanos y busca que los procesos de importación, exportación y reexportación de mamíferos marinos y primates, que tengan como fin la investigación científica, se deberán acreditar a través de un protocolo de investigación que tenga el aval de una Institución de Educación Superior, el cual deberá ser publicado en la Gaceta Ecológica de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Las comisiones unidas proponen modificar la redacción original para señalar que únicamente queda prohibida la utilización de mamíferos marinos en espectáculos itinerantes.
De la misma manera, a efecto de garantizar que las reformas propuestas sean implementadas proponen la inclusión de dos artículos transitorios para que la SEMARNAT realice las adecuaciones necesarias al Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre en un plazo no mayor a 80 días posterior a la entrada en vigor del decreto y otro que mandata a la SEMARNAT para reubicar los ejemplares de mamíferos marinos en posesión de personas que ejerzan actividades de espectáculos itinerantes en sitios adecuados para su manejo.
Del Sen. Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma los artículos 55 bis y 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre, con el objeto de prohibir el uso de mamíferos marinos en espectáculos itinerantes o fijos.
El dictamen se refiere a dos iniciativas que tienen en común la reforma al artículo 104, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dado que en diversas Comisiones Ordinarias de la Cámara de Senadores no se cuenta con el mínimo de tres senadores integrantes, por tanto algunas de ellas se encuentran impedidas para la debida integración de la Junta Directiva, lo que provoca insuficiencia institucional para desahogar los asuntos que, por su naturaleza, compete al Senado.
En ese sentido, el dictamen propone reformar el artículo 104, numeral 1, con el fin de dar a los legisladores la posibilidad de formar parte de hasta cinco comisiones.
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 265 Bis y la Sección Décima, al Capítulo Segundo del Título Octavo del Reglamento del Senado de la República.
Los integrantes de las comisiones dictaminadoras consideraron que la iniciativa es materia exclusiva del Senado de la República y que al tratarse de un procedimiento especial, los integrantes modificaron la iniciativa para que se reforme el Reglamento del Senado de la República en lugar de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, adicionan el artículo 265 Bis y la sección Décima, al Capítulo Segundo del Título Octavo del Reglamento del Senado de la República, con la finalidad de regular el procedimiento que mandata la reforma constitucional en materia de derechos humanos para el caso de hacer comparecer a los servidores públicos que incumplan una recomendación de la CNDH.
Las comisiones dictaminadoras consideran que es viable adicionar un nuevo Título Séptimo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para incluir materias que apoyen a que el Congreso sea considerado un Congreso Abierto; asimismo, concuerdan con los senadores proponentes de que debe haber una comisión bilateral que represente al Congreso ante el órgano garante de transparencia y emita recomendaciones, lineamientos y de esta manera el ciudadano reciba un trato similar en ambas cámaras del Congreso.
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el inciso c. del numeral 2 del artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Las comisiones dictaminadoras coinciden con el objetivo de la iniciativa para corregir un problema de concordancia de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente remite la creación de las comisiones de investigación al párrafo final del 93 constitucional y se deben crear en los términos del tercer párrafo de dicho artículo.
Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el inciso c. del numeral 2 del artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción V, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
La propuesta enviada por la colegisladora propone reformas a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que se establezca claramente en la norma, que la inclusión del enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas será en igualdad de condiciones tanto para las mujeres, como para los hombres indígenas.
Las comisiones dictaminadoras estiman la viabilidad de incluir el término “igualdad” a los de participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, con la finalidad de preservar la perspectiva de género como elemento normativo y consideran que la incorporación a los hombre indígenas como sujetos de la incorporación al desarrollo social en estricta observancia al principio de igualdad, se generaría desventaja hacia las mujeres, por lo que realizan la modificación a la propuesta remitida por la colegisladora.
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito.
El dictamen reforma los artículos 78, 100, 113, 122, 135, 143, 151, 154, 167, 174, 176, 192, 196, 218, 251, 256, 257, 291, 303, 304, 307, 308, 309, 311, 314, 315, 320, 336, 337, 338, 340, 341, 347, 349, 355, 359, 401, 404, 409, 421, 422, 423, 424, 425, y el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de marzo de 2014. Se adicionan los artículos 143, 167, 176, 192, 218, 251, 291, 303, 314, 337, 421, 422; 423, 456. Y se deroga el último párrafo del artículo 174, las fracciones VI y VII del artículo 256; el actual segundo párrafo del artículo 340; el actual tercer párrafo del artículo 373; el actual quinto párrafo del artículo 401; y los actuales segundo y tercer párrafos del artículo 484 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Las dictaminadoras realizaron los siguientes cambios a la iniciativa que motiva el dictamen:
En el artículo 135, se establece que los procedimientos de interposición de la queja se llevaran a cabo de conformidad con las leyes orgánicas del Consejo de la Judicatura, en lo federal y local. Sin embargo, se homologa el plazo para su resolución. Adicionalmente, se reforma el último párrafo para señalar que en ningún caso podrá ordenar el Consejo al órgano jurisdiccional las condiciones y términos en que se subsanará la omisión sino que esta se limitará a resolver en el sentido de que se lleve a cabo el acto omitido; al artículo 154 se realizan adecuaciones en su redacción.
En el artículo 167, Se realiza un ajuste en la redacción conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, y se adiciona un párrafo séptimo en este artículo a fin de establecer que serán considerados como delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa en las entidades federativas: el homicidio doloso, la violación y aquellos delitos graves contra el libre desarrollo de la personalidad, que estén tipificados en su legislación penal. Se elimina la referencia a los delitos en contra de la seguridad de la nación por ser de competencia exclusiva de la federación. Y se realiza una remisión a la denominación genérica al fuero local, con la finalidad de que puedan ser aplicables los que están previstos en las legislaciones locales y que encuadren en el supuesto constitucional y legal.
Al artículo 176 se le realizan adecuaciones en su redacción. En tanto que al artículo 256, se reforma su primer párrafo, con lo que se pretende clarificar que el Ministerio Público podrá no ejercer la acción penal con base en un criterio de oportunidad, a fin de armonizar esta figura con su fundamento constitucional. Además, con la finalidad de garantizar de forma irrestricta el derecho a la reparación del daño, se suprime la posibilidad de aplicar un criterio de oportunidad cuando la víctima u ofendido manifieste su falta de interés jurídico en dicha reparación. Y se reforma pretendiendo aclarar que la colaboración debe tener como objetivo que se aporte información eficaz para la investigación y no sólo la detención de imputado diverso como prevé el texto vigente, debido a que incluso es muy factible que pueda darse este caso cuando el otro imputado ya se encuentre detenido. Se reforma la fracción VI para clarificar el sentido del criterio de oportunidad. Se establece una nueva causal para aplicar un criterio de oportunidad cuando a razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible, resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal; y se deroga la causal VII.
En el artículo 304, en la fracción II, se adiciona un supuesto para la procedencia de la prueba anticipada. La experiencia práctica refiere que los niños menores de doce años que son víctimas de la comisión de un delito, son revictimizados al ser sometidos a diversas audiencias en el desarrollo de un procedimiento para testificar sobre los hechos de los que fueron víctimas, lo cual, demerita los procedimientos de tratamiento psicológico. Si bien esta circunstancia es aplicable en función de todas las víctimas de un delito, se estima que debe realizarse una excepción para el caso de los niños y niñas en razón del interés superior de la niñez previsto en el artículo 4 constitucional. Asimismo, se incluye en el supuesto de excepción al perito, en virtud de que éste no pueda concurrir a la audiencia para desarrollar su actividad y por esa razón se deba realizar con anticipación el acto, ya sea por vivir en el extranjero, que exista un motivo que lo haga temer por su integridad física o incluso su vida, por su estado de salud o incapacidad física o mental que le impida declarar en momento posterior.
Se modifica la redacción de los artículos 307, 308 y 309. En tanto que en el artículo 314 se adiciona la incorporación de los registros de la investigación para que puedan presentarlos ante el Juez de control. De igual manera, se realiza una especificación sobre el Ministerio Público. En el artículo 315, se realiza una precisión a la redacción del artículo, lo mismo que al artículo 320.
Finalmente se modifica el artículo 401 en virtud de que no existe justificación alguna de que en todos los casos se lleve a cabo una nueva audiencia, ya que los medios de prueba que se pretenden aportar para este fin, debieron ser ofrecidos desde la etapa intermedia; de suprime el tercer párrafo de este artículo relativo al aplazamiento de la redacción de la sentencia absolutoria, toda vez que la redacción se llevará a cabo después de la emisión del fallo y antes de la explicación de la sentencia, razón por la cual resulta innecesario especificar un plazo. Adicionalmente, se establece que la lectura y explicación de la sentencia se realizará cinco días después a la emisión del fallo, estableciendo con ello una regla general con independencia de que dicte sentencia condenatoria o absolutoria.
Las comisiones aprueban las reformas a los artículos 7, 16, 25, 26, 27, 29, 34, 38, 40, 50 Bis, 55, 56, 64, 65, 71, 74, 75, 76, 77, 87, 90 Bis, la denominación del Título Quinto, Capítulo I, 91, 93, 97, 99, 101, 110, 114, 115, la denominación del capítulo VIII, y el 225; se adicionan los artículos 11 Bis, 35, 40, 55, 211 Bis 2; y se deroga el último párrafo del artículo 35, el tercero y último párrafo del artículo 55, la fracción XI y XIII del artículo 225 del Código Penal Federal.
Se aprueban las reformas los artículos 2, 3, 5, 27, 41, 75, 76, 77, 141, 149. Se adicionan diversos a los artículos 27, 77, 110, la Sección Cuarta del Registro Nacional de Medias Cautelares, Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada y el 127 Bis; y se deroga el párrafo segundo del artículo 76 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Realizando una modificación al artículo 110, de la propuesta original de los autores, donde se añade personal y equipo de los servicios de seguridad privada, para aclarar la norma.
Las dictaminadoras resuelven aprobar las reformas a los artículos 2, 5, 7, 13, 18, 22, 35, 37, 44; se adicionan a los artículos 7, 18 Bis y 46 Bis; y se deroga el último párrafo del artículo 49 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. Realizando una adición al final del primer párrafo del artículo 13, para establecer una referencia a los Tratados internacionales en el tema.
Se acuerda reformar en los términos de la iniciativa los artículos 2, 4, 6, 7, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 34, 36, 40, 43, 46, 47, 48. Se adiciona al artículo 4; y se derogan el párrafo segundo del artículo 1, el párrafo segundo del artículo 2 recorriéndose en su orden el vigente, la fracción IX del artículo 4, el párrafo segundo del artículo 20, el párrafo quinto del artículo 23, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 24, las fracciones I a IV del artículo 25, el párrafo tercero del artículo 26, y la fracción VIII del artículo 32 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En lo que respecta a la Ley de Amparo, se reforman los artículos 12, 61, 73, 75, 77, 79, 124, 138, 165, 170, 173, 182, 191, 227. Se adicionan los artículos 61, 117, 128, 166, 173 y 178 en los términos de la iniciativa, dictaminando cambios a la iniciativa original en los artículos 61, donde se precisa un ajuste en las fracciones que quedan vigentes. Y se sugiere no adicionar un inciso d) a fin de no establecer la procedencia del amparo indirecto respecto del auto de vinculación a proceso, en razón de que este auto no tiene aparejada la restricción de la libertad, tal como lo era el auto de formal prisión, por lo que darle este tratamiento tendría sería continuar equiparando figuras de naturaleza diversa.
En el artículo 75, se ajusta su redacción a fin de no generar estado de indefensión, pero salvaguardando la aplicación de los principios constitucionales que rigen el procedimiento penal acusatorio. En tanto que en el 77, se precisan dos fracciones que no tienen modificación. Al igual que en el 79, se precisan incisos y fracciones que no tienen modificación. En el artículo 117, se realiza ajuste de forma, en razón de que el primer párrafo no sufre modificación. Y en el artículo 124, se precisa párrafo que no sufre modificación; en el 182, se precisan fracciones que no tienen modificación; en el 227, se añade el numeral de las fracciones. Finalmente se resuelve derogar el primer párrafo del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, a fin de armonizarlo con el decreto de reformas, respecto de la no equiparación del auto de vinculación a proceso con el de formal prisión.
Las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se dictaminan en os términos presentados en la iniciativa, reformando así, los artículos 50-bis, 50-ter, 51, la denominación del Título Quinto, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 100, 101, 114, 141, 146, 147, 148, 154, 158, 181 y 243. Se adiciona a los artículos 58, 110, y 131. Se derogan la fracción X del artículo 21, los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 50 TER, las fracciones I. a II del artículo 59, la fracción VI del artículo 60, los párrafos segundo y tercero del artículo 63, el párrafo segundo del artículo 65, las fracciones I a VI y el último párrafo del artículo 66.
Las dictaminadoras, resuelven en los términos de la iniciativa, reformar los artículos 4, 5, 6; 10; 11; 12; 12 Bis; 29. Así como adicionar a los artículos 5, 11, 12 y 32 de la Ley Federal de Defensoría Pública.
De la misma manera se resuelve dictaminar en los términos de la iniciativa, las reformas a los artículos 92 y 96. Y aceptar las adiciones a los artículos 92 y 103; así como derogar la fracción VIII, del artículo 42 y el último párrafo del artículo 102 del Código Fiscal de la Federación.
Finalmente se reforma el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, toda vez que los requerimientos de información protegidos por el secreto financiero que se formulen, con motivo de la adición al artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, impactan en la Ley de Instituciones de Crédito, por tanto se pretende alinear con la reforma antes propuesta.
De los Senadores Arely Gómez González y Roberto Gil Zuarth, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito.
INTERVINO EL SEN. FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, POR LA COMISIÓN, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
El dictamen adiciona la fracción XI al artículo 7, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del mismo; la fracción XX al artículo 9, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del mismo; la fracción XV al artículo 10, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del mismo; una fracción V al artículo 58, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del mismo; y, se reforma el artículo 21, todos ellos de la Ley General de Turismo.
Las reformas permitirán que los Municipios, Estados y el Distrito Federal, coadyuven con la Secretaría de Educación Pública en la conservación y protección de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación, a través de la elaboración y ejecución de planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación de los mismos.
Se asigna a los Estados y al Distrito Federal, la atribución de ejecutar los programas y planes turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural. En tanto que le corresponde a los Municipios, la atribución de participar en la ejecución de planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural de la Nación.
Con las reformas, se instaura como obligación de los prestadores de servicios turísticos el de fomentar en el turista el reconocimiento y respeto del patrimonio cultural y la diversidad cultural
Finalmente, las reformas establecen que la Secretaría de Turismo, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, promoverá programas que difundan la importancia de respetar y conservar los atractivos turísticos y el patrimonio cultural de la Nación, así como mostrar un espíritu de servicio, hospitalidad hacía el turista nacional y extranjero.
Oficio con el que devuelve los expedientes de los siguientes asuntos, desechados para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional: Proyecto de decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley General de Turismo.
De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados del proyecto de decreto que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. (Dictamen en sentido negativo)
EVIEL PÉREZ MAGAÑA, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN, POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS.
RENÉ JUÁREZ CISNEROS, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN, POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, PRI.
El dictamen tiene como propósito establecer en la Ley que Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que tendrá entre otras de sus funciones, la de impulsar ante las entidades federativas el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.
Con la adición de una fracción VII para recorrer las subsecuentes, se propone facultar a ese organismo para que mediante convenios con la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales coadyuve en el ámbito productivo a resolver necesidades de las comunidades y pueblos indígenas en materia de asistencia técnica, capacitación especializada, asistencia administrativa contable y gastos de operación, con el propósito de fortalecer las iniciativas productivas que surjan desde sus propias aspiraciones y vocación.
De las Comisiones Unidas de Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se establecía el Concurso de Iniciativas para la Innovación del Sur-sureste.
La reforma objeto del Dictamen se refiere al Atlas Turístico de México como una herramienta tecnológica que permite promover de manera eficaz, sencilla y útil la oferta turística a lo largo de nuestro país, por ello se propone reformar el primer párrafo del artículo 14 de la Ley General de Turismo para que el Atlas sea actualizado permanentemente y se realicen las acciones conducentes para su plena difusión.
La actualización en comento se llevará a cabo por la Secretaría de Turismo en concurrencia con los Estados, municipios y el Distrito Federal.
MARIO DELGADO CARRILLO, PRD, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN, QUE FUE DESECHADA.
BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE, PRI.
Propone que la Secretaría de Economía diseñe, fomente y promueva el acceso al financiamiento de MIPYMES en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.
ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, PRD, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.
FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, POR LAS COMISIONES.
NO SE ADMITIÓ A DISCUSIÓN LA PROPUESTA DEL SEN. PEDRAZA.
Oficio con el que remite propuesta de ratificación de los ciudadanos Antonio Luis Betancourt Sánchez y Manuel Loya Valverde, como Magistrados Unitarios Agrarios.
Uno, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta a informar sobre el uso y la comercialización de plaguicidas de aplicación agrícola que se utilizan en el país.
Por el que el Senado de la República condena los homicidios de Adrián Rodríguez y Wilson Castro, defensores de los derechos humanos de los migrantes y solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre las acciones emprendidas para atender y dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger y garantizar la seguridad e integridad de las personas defensoras de los derechos de los migrantes.
Oficio de la Subsecretaría de Gobernación
OFICIO_No_DGPL-2R3A-568
Oficio de la Dirección de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República
OFICIO_No_DGPL-1P1A-2230
Que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con el gobierno de Chiapas, rinda un informe sobre la construcción y equipamiento del hospital Jesús Gilberto Gómez Maza y sobre su funcionamiento y la atención médica que se ha brindado desde su inauguración.
Que exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar e implementar una política integral nacional que garantice el abasto oportuno y eficiente de medicamentos en las instituciones de salud pública.
Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social a fortalecer y difundir con mayor amplitud los programas, políticas públicas y estrategias destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en nuestro país.
Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no aplicar el anunciado incremento acumulado del 3% conocido como gasolinazo, en enero del 2015 y, en su lugar, adoptar un nuevo criterio y determinar los precios de los combustibles tomando como referente el más bajo de los ofertados en la Unión Americana.
De los Senadores Manuel H. Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a considerar la creación de la subsecretaría de ganadería en la estructura orgánica de esa Secretaría, con el fin de promover el crecimiento de dicha actividad económica en nuestro país.
Que exhorta a considerar la creación de la subsecretaría de ganadería dentro de la estructura orgánica de la SAGARPA.
De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo por el que se solicita un informe de la cancelación de la construcción del tren de alta velocidad México- Querétaro.
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal un informe fundado y motivado sobre la cancelación de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro.
Que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre la cancelación de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro.
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL FORMATO PARA LAS COMPARECENCIAS RELATIVAS AL PROCESO DE ELECCIÓN DEL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES
(3 de diciembre de 2014).
LISTA DE CANDIDATAS QUE SE REGISTRARON PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (PROCESO 2014).
Convocatoria a la Novena Reunión Ordinaria de la Comisión, se llevará a cabo el próximo día jueves 04 de diciembre del presente, a las 9:00 horas, en la sala 7, Planta Baja, edificio Hemiciclo del Senado de la República.

References: artículo 123
 artículo 2
 artículo 11
 artículo 73
 artículo 1
in fine
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 72
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 18
 resolución 
 artículo 28
 artículo 182
 artículo 183
 artículo 182
 artículo 183
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 4
 artículo 78
 artículo 87
 artículo 78
 artículo 122
 artículo 127
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 265
 artículo 265
 artículo 85
 artículo 85
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 73
 artículo 174
 artículo 256
 artículo 340
 artículo 373
 artículo 401
 artículo 484
 artículo 135
 artículo 154
 artículo 167
 artículo 19
 artículo 176
 artículo 256
 artículo 304
 artículo 4
 artículo 314
 artículo 315
 artículo 320
 artículo 401
 artículo 35
 artículo 55
 artículo 225
 artículo 76
 artículo 110
 artículo 49
 artículo 13
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 20
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 32
 Artículo 73
 artículo 75
 artículo 117
 artículo 124
 artículo 21
 artículo 50
 artículo 59
 artículo 60
 artículo 63
 artículo 65
 artículo 66
 artículo 42
 artículo 102
 artículo 142
 artículo 92
 artículo 73
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 58
 artículo 21
 artículo 72
 artículo 14