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Timestamp: 2019-05-21 15:04:29+00:00

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﻿ SENTENCIA C-123 DE FEBRERO 22 DE 2006
SENTENCIA C-123 DE 22 DE FEBRERO DE 2006
CONTENIDO:SOCIEDADES. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES. SE DECLARAN EXEQUIBLES EL INCISO TERCERO Y LA EXPRESIÓN "SE PRESUMIRÁ LA CULPA" DEL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 24EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 171 Y LOS NUMERALES 28 Y 29 DEL ARTÍCULO 2 Y NUMERALES 7 Y 14 SALVO LA EXPRESIÓN "Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS MERCANTILES" DEL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO 1080 DE 1996.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, REMOCIÓN DEL ADMINISTRADOR SOCIETARIO, RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR SOCIETARIO, ELEMENTOS DE LAS OBLIGACIONES SOLIDARIAS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:413 DE MAYO DE 2006, PG.870
Sentencia C-123 de febrero 22 de 2006
Sentencia C-123 de 2006
Ref.: Expediente D-5936
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 24, incisos 3º y 4º (parcial), y 171 de la Ley 222 de 1995; y artículos 2º, numerales 28 y 29, y 9º, numerales 7º y 14 del Decreto 1080 de 1996.
Se transcribe a continuación los textos de los artículos 24, incisos 3º y 4º (parcial), y 171 de la Ley 222 de 1995; y artículos 2º, numerales 28 y 29, y 9º, numerales 7º y 14 del Decreto 1080 de 1996, resaltando los apartes acusados.
Si se encuentra probado el motivo de la remoción, el liquidador no tendrá derecho al pago de los honorarios definitivos”.
“DECRETO 1080 DE 1996
ART. 2º—Funciones de la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades desarrollará atribuciones administrativas y jurisdiccionales que le corresponden, mediante el ejercicio de las siguientes funciones:
28. Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para el examen de hechos relacionados con la dirección, administración o fiscalización de las sociedades sobre las cuales ejercer inspección, vigilancia o control.
i) ¿Si la presunción de culpa establecida para los administradores en los eventos contemplados en los incisos 3º y 4º del artículo 24 de la Ley 222 de 1995, desconoce la presunción de inocencia e impide la defensa técnica o profesional previstos en los artículos 29 de la Constitución y 8-2 de la Convención americana sobre derechos humanos?
ii) ¿Si el trámite previsto para la remoción del liquidador contemplado en el artículo 171 de la Ley 222 de 1995, desconoce los artículos 28, 29, 31, 228, 229 y 230 de la Constitución, y el artículo 8º de la Convención americana sobre derechos humanos por cuanto el establecimiento del traslado al liquidador por el término de cinco días resulta insuficiente para la observancia de las garantías mínimas judiciales del debido proceso como son la defensa, las formas propias de cada juicio, el principio de legalidad, el derecho a ser oído en condiciones de igualdad ante un juez o tribunal competente y el derecho a probar al no contemplarse un término para la práctica de pruebas? También se examinará si se está frente a una inconstitucionalidad por omisión legislativa y se determinará si la no previsión del recurso de apelación contra la decisión de remoción del liquidador desconoce el derecho a la defensa?
iii) ¿Si el gobierno se excedió en el ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 226 de la Ley 222 de 1995, al regular a través de los artículos 2º y 9º, parcialmente acusados, del Decreto 1080 de 1996, aspectos como la jurisdicción, competencia y procedimiento que se consideran indelegables en virtud del principio de legalidad y, sin con ello, además, desconoció la reserva legal estatutaria prevista para los derechos fundamentales como el debido proceso?
Las intervenciones ciudadanas coinciden en solicitar la exequibilidad de las disposiciones acusadas (1) . Así mismo, el Procurador General de la Nación señala que la Corte debe declarar la constitucionalidad de dichas normas.
3. La responsabilidad de los administradores. Constitucionalidad de la presunción de culpa establecida para los casos contemplados en el artículo 24 de la Ley 222 de 1995.
Al respecto de la nueva regulación de las sociedades, tuvo como fin el legislador adaptarla a las nuevas circunstancias del país, especialmente a los nuevos principios que introdujo la Constitución de 1991, que modifican el papel del Estado y el modelo económico, así como las funciones de sus distintos estamentos, lo que a su vez cambia la orientación en cuanto a su función e intervención en la órbita de los particulares, a fin de que estos puedan participar de manera ágil en las distintas fases de la actividad económica; y, para que la empresa, como base del desarrollo, pueda cumplir adecuadamente la función social que se le encomendó (2) .
“La necesidad de abandonar los modelos tradicionales de responsabilidad referidos al buen padre de familia, que hoy resultan disueltos, para acoger como nuevo patrón el del correcto y leal empresario, ha llevado a proponer un acápite sobre administradores. Una mejor protección del crédito, del público, de los trabajadores y de los mismos socios hace indispensable detallar y precisar las funciones y responsabilidades de los administradores así como las consecuentes acciones de responsabilidad, puesto que es claro que tales funcionarios detentan hoy inmensos poderes y adoptan decisiones de profundas implicaciones sociales, que como es de esperar deben ceñirse a un estricto código de conducta, que resulta concordante con las normas de rendición de cuentas previstas en el capítulo de estados financieros (...).
Confiamos que con estas nuevas disposiciones no sea difícil, como hasta ahora, establecer las responsabilidades de los administradores y lograr el reconocimiento de las respectivas indemnizaciones, con la seguridad que a los buenos administradores el régimen no les impone obligaciones distintas de las que ya tienen” (negrillas fuera del texto) (3) .
En efecto, en el libro I de la Ley 222 de 1995, se estableció el régimen de sociedades, y en el capítulo IV, de los órganos sociales, se consagra en la sección II lo referente a los administradores (arts. 22 al 25), señalando quienes tienen esta calidad, sus deberes y responsabilidades, y lo relacionado con la acción social de responsabilidad contra estos.
En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del administrador, si fuera socio. En todo caso, la autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas solo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad”.
“Acción social de responsabilidad. La acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la compañía, previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios, que podrá ser adoptada aunque no conste en el orden del día. En este caso, la convocatoria podrá realizarse por un número de socios que represente por lo menos el veinte por ciento de las acciones, cuotas o partes de interés en que se halle dividido el capital social.
Sin embargo, cuando adoptada la decisión por la asamblea o junta de socios, no se inicie la acción social de responsabilidad dentro de los tres meses siguientes, esta podrá ser ejercida por cualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera de los socios en interés de la sociedad. En este caso los acreedores que representen por lo menos el cincuenta por ciento del pasivo externo de la sociedad, podrán ejercer la acción social siempre y cuando el patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus créditos.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos individuales que correspondan a los socios y a terceros”.
Puede concluir la Corte, que en materia de sociedades, dada la importante labor que desempeñan sus administradores, en razón a la gran responsabilidad que asumen y la repercusión que sus actuaciones pueden tener en el desarrollo social, ha sido la ley la que les ha impuesto de manera general a estos, ejercer sus funciones con sujeción a los principios de lealtad y buena fe, así como actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios, en interés de la sociedad y teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En tal medida, la actuación de los administradores debe ir más allá de la diligencia común y corriente, pues su gestión profesional de carácter comercial debe orientarse al cumplimiento de las metas propuestas por la sociedad.
Cabe recordar, que la Ley 222 de 1995, impuso a los administradores un grado de diligencia y prudencia superiores a la mediana que hasta entonces tenían (4) , la de un buen padre de familia, pues ahora deberán actuar con la diligencia propia de un buen hombre de negocios, es decir, con la que pondría un comerciante normal en sus propios asuntos, lo que supone una mayor exigencia en la administración de los asuntos propios de la sociedad.
Dicho marco general anotado, así como las reglas específicas que imponen deberes a los administradores, se complementan en la citada Ley 222, con las normas relativas a la responsabilidad solidaria e ilimitada en que estos pueden incurrir por los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. Responsabilidad en la que se presumirá la culpa del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de funciones, violación de la ley o de los estatutos, o cuando hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia.
Al respecto de la responsabilidad de los administradores, los actores demandan los incisos 3º y 4º (parcial) del artículo 24 de la Ley 222 de 1995, en cuanto a la presunción de culpa establecida por el legislador únicamente para los siguientes casos: (i) incumplimiento o extralimitación de funciones y violación de la ley o de los estatutos (inc. 3º); y, (ii) cuando hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas correspondientes (inc. 4º). Consideran los demandantes, que la presunción de culpa establecida en los casos mencionados, desconoce la presunción de inocencia e impide la defensa técnica o profesional previstos en los artículos 29 de la Constitución y 8-2 de la Convención americana de derechos humanos.
En relación con las presunciones, ha considerado esta corporación (5) con fundamento en lo previsto en el artículo 66 del Código Civil (6) , que estas pueden ser de derecho o juris et de jure y simplemente legales o juris tantum. Además, que es un asunto que toca de lleno con el aspecto probatorio de determinado supuesto de hecho. En efecto, en el caso de las presunciones simplemente legales y de derecho, al probarse los antecedentes o circunstancias conocidos, resulta probado el hecho al cual se refiere la presunción. Así pues, a quien favorece una presunción solo corresponde demostrar estos antecedentes o circunstancias y la ley infiere de ellos la existencia del hecho presumido y del derecho subsiguiente, correspondiéndole a la parte que se opone demostrar la inexistencia del hecho que se presume o de los antecedentes o circunstancias de donde se infirió, si la presunción es simplemente legal, o solamente la inexistencia de estos últimos, si la presunción es de derecho.
También ha considerado la Corte, que “(La consagración de una presunción legal libera a una de las partes del proceso de la carga de probar el hecho presumido. Sin embargo, las más de las veces, el sujeto beneficiado debe demostrar la ocurrencia del hecho antecedente a partir del cual se deriva la existencia —al menos procesal—, del hecho presumido. La demostración de los hechos antecedentes no es, usualmente, un asunto complicado. En consecuencia, puede afirmarse que una determinada presunción legal, beneficia a una de las partes del proceso, pues la libera de la carga de demostrar el hecho que se presume y que resulta fundamental para la adopción de una determinada decisión judicial). (No obstante, al beneficiar a una de las partes, la ley que establece la presunción termina por afectar a la parte contraria, que resulta finalmente compelida a demostrar la inexistencia del hecho presumido, bien directamente, ora desvirtuando los llamados hechos antecedentes). Por esta razón, un sector de la doctrina ha entendido que las presunciones tienen el efecto procesal de invertir la carga de la prueba” (7) .
En efecto, tratándose en este caso de presunciones de carácter legal, como lo ha considerado reiteradamente la Corte, los hechos en que se apoya se deben demostrar, y solo probándolos la presunción opera a favor del que la tiene, a menos que la otra parte demuestre lo contrario. Es decir, que quien se halla favorecido con una presunción legal tiene la carga de probar únicamente los supuestos de la misma, o sea aquellos hechos que siendo ciertos hacen creíble el otro hecho del cual se deduce. Es claro, entonces, que la dispensa de la carga de la prueba para el favorecido con una presunción es apenas parcial ya que solamente opera respecto del hecho deducido (8) .
Lo anterior por cuanto, “(El que la ley permita probar en contrario lo que se deduce de una presunción o, lo que es lo mismo, la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los hechos o circunstancias de que lo infiere la ley, obedece a que las presunciones se fundamentan en probabilidades que en su condición de tales no excluyen la posibilidad de error. Luego, dada esa posibilidad de equivocación, es apenas natural que la deducción sea siempre desvirtuable por prueba en contrario. De esta forma se garantiza el derecho de defensa de la persona contra quien opera la presunción”) (9) .
También porque, “(Las presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material que pueda llegar a existir entre las partes respecto del acceso a la prueba, y a proteger a la parte que se encuentre en situación de indefensión o de debilidad manifiesta, para lo cual el legislador releva a quien las alega en su favor de demostrar el hecho deducido, promoviendo, de esta forma, relaciones procesales más equitativas y garantizando bienes jurídicos particularmente importantes”) (10) .
En el caso concreto, en el que se presume la culpa de los administradores por incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, y cuando hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia, estos tiene la posibilidad de desvirtuar la presunción probando que cumplieron con sus funciones o no se extralimitaron en ellas, que no violaron la ley o los estatutos, o que no tuvieron conocimiento de la acción o la omisión, o votaron en contra de la decisión o no la ejecutaron.
En relación con la presunciones de carácter legal, esta corporación también ha reiterado, que en principio no constituyen un juicio anticipado que desconozca el debido proceso y en especial la presunción de inocencia (11) . Al respecto, en la Sentencia C-388 de 2000, magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte consideró que:
5. Como lo ha aceptado esta corporación, la existencia de las presunciones legales no compromete, en principio, el derecho al debido proceso (12) . En efecto, nada obsta para que el legislador, con el fin de dar seguridad a ciertos estados, situaciones o hechos jurídicamente relevantes y de proteger bienes jurídicos particularmente valiosos, respetando las reglas de la lógica y de la experiencia, establezca presunciones legales. En estos casos, la ley reconoce la existencia empírica de situaciones reiteradas y recurrentes, comúnmente aceptadas, para elevarlas, por razones de equidad, al nivel de presunciones.
En suma, para que una presunción legal resulte constitucional es necesario que la misma aparezca como razonable —es decir, que responda a las leyes de la lógica y de la experiencia—, que persiga un fin constitucionalmente valioso, y que sea útil, necesaria y estrictamente proporcionada para alcanzar el mencionado fin.
Puede concluir la Corte, que las presunciones son un procedimiento de técnica jurídica acogido por el legislador en ejercicio de la libertad de configuración normativa de las instituciones procesales, con el fin de dar seguridad a ciertos estados, situaciones o hechos jurídicamente relevantes y de proteger bienes jurídicos particularmente valiosos. Pero, cabe recordar, que si bien el legislador puede establecer presunciones de carácter legal con las finalidades mencionadas, su libertad de configuración no es absoluta en la medida que se encuentra sujeto a los valores, principios y derechos contenidos en la Constitución. Al respecto la Corte ha señalado (13) , que para que una presunción legal resulte constitucional es menester que sea razonable “es decir, que responda a las leyes de la lógica y de la experiencia, que persiga un fin constitucionalmente valioso, y que sea útil, necesaria y estrictamente proporcionada para alcanzar el mencionado fin”. Presunciones simplemente legales que, en principio, no son violatorias del debido proceso, ni en particular de la presunción de inocencia, pues para la garantía del debido proceso se permite la presentación de descargos a fin de permitir la demostración de la no existencia de culpabilidad, para con ello además, salvaguardar igualmente la dignidad humana, entre otros principios (14) .
En el caso concreto, encuentra la Corte que no están llamados a prosperar los cargos expuestos por los ciudadanos, y por lo tanto no se violan los artículos 29 de la Constitución y 8-2 de la Convención americana sobre derechos humanos, normatividad última que como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional hace parte del bloque de constitucionalidad stricto sensu (15) , por cuanto siendo la presunción de culpa establecida para los administradores en los casos contemplados en los incisos 3º y 4º del artículo 24 de la Ley 222 de 1995 de carácter legal, no impide el ejercicio del derecho de defensa del administrador quien puede presentar la prueba en contrario a fin de desvirtuarla. Cabe recordar además, que como lo ha reiterado la Corte, la defensa técnica se circunscribe únicamente al ámbito penal (16) .
Por lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad de las expresiones “En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador” y “... se presumirá la culpa...” contenidas respectivamente en los incisos tercero y cuarto del artículo 24 de la Ley 200 de 1995, por los cargos estudiados en esta oportunidad.
Debe la Corte previamente precisar, que si bien los actores demandan la totalidad del artículo 171 de la Ley 222 de 1995, los cargos de inconstitucionalidad se circunscriben solamente al inciso segundo, por lo que el análisis de constitucionalidad se limitará a dicho inciso. Respecto de los incisos 1º y 3º, en la medida que no se presentan contra ellos cargos de inconstitucionalidad, la Corte se inhibirá de emitir un pronunciamiento de fondo.
Según dichas disposiciones legales, la designación del liquidador (L. 222, art. 162) corresponde a la Superintendencia de Sociedades en la misma providencia que dispone la apertura del proceso liquidatorio, que será escogido de la lista que hubiere elaborado dicha superintendencia con personas idóneas para ejercer dicho cargo. Así mismo se dispone, que el liquidador deberá prestar caución que garantice responder por su gestión y los perjuicios que pudiere ocasionar.
Con el fin de resolver los cargos de inconstitucionalidad propuestos, debe comenzar la Corte por recordar, como ya reiteradamente lo ha considerado, que la Superintendencia de Sociedades, entidad administrativa del orden nacional que en virtud de delegación presidencial ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control, fue investida de funciones jurisdiccionales por el artículo 90 de la Ley 222 de 1995 para conocer y decidir los procesos concursales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución (17) . Para estos efectos, y con fundamento en las facultades conferidas por el artículo 84 de la citada Ley 222, podrá decretar la disolución y ordenar la liquidación de cualquier entidad vigilada, cuando sea del caso, para lo cual, en la providencia de apertura del trámite liquidatorio, designará un liquidador que se convierte en auxiliar de la justicia, el que debe actuar dentro de las estrictas condiciones contempladas en la citada ley (18) .
Ahora bien. El liquidador designado por la Superintendencia de Sociedades para liquidar una entidad vigilada, puede ser removido por esta, de oficio o a petición de la junta asesora, cuando se acredite el incumplimiento grave de sus funciones, para lo cual, según la norma acusada, debe dársele traslado por el término de cinco (5) días, vencido el cual se decidirá sobre su remoción, en providencia contra la que procede únicamente el recurso de reposición.
En efecto, ha previsto el legislador, en virtud de su libertad de configuración, el trámite para la remoción del liquidador por el incumplimiento grave de sus funciones, con garantía del derecho de defensa, mediante el traslado de la respectiva solicitud por el término de cinco (5) días, el que a juicio de la Corte no resulta insuficiente para la observancia de las garantías mínimas del debido proceso, ni desconoce los artículos 28, 228 a 230 de la Constitución, como tampoco el artículo 8º de la Convención americana sobre derechos humanos. Tampoco encuentra la Corte que la no previsión normativa del recurso de apelación contra la decisión de remoción del liquidador viole el derecho de defensa o el artículo 31 superior, por lo que tampoco se está ante una omisión legislativa relativa violatoria del debido proceso.
Al respecto del alcance del debido proceso y las garantías mínimas objeto de protección, esta corporación en Sentencia C-154 de 2004, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis, señaló:
“El artículo 29 constitucional prevé el derecho al debido proceso, como una serie de garantías que tienen por fin sujetar las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas a reglas específicas de orden sustantivo y procedimental, con el fin de proteger los derechos e intereses de las personas en ellas involucrados.
El establecimiento de esas reglas mínimas procesales tiene un origen legal (...). La Corte, empero, ha precisado que la discrecionalidad que tiene el legislador en esta materia no es absoluta sino que debe ejercitarse dentro del respeto a valores fundantes de nuestra organización política y jurídica, tales como, la justicia, la igualdad y un orden justo (Preámbulo) y de derechos fundamentales de las personas como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (C.P., arts. 13, 29 y 229). Igualmente, debe hacer vigente el principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (C.P., art. 228) y proyectarse en armonía con la finalidad propuesta, como es la de realizar objetiva, razonable y oportunamente el derecho sustancial (19) en controversia o definición pues de lo contrario, la configuración legal se tornaría arbitraria (20) (...).
Entre las garantías mínimas objeto de protección, el artículo 29 de la Constitución Política consagra, entre otras, (i) el derecho de acceso a la administración de justicia ante el juez natural de la causa; (ii) el derecho a ser informado de las actuaciones que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación o sanción; (iii) el derecho de expresar libre y abiertamente sus opiniones; (iv) el derecho de contradecir o debatir las pretensiones o excepciones propuestas; (v) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable y sin dilaciones injustificadas y, por supuesto, (vi) el derecho a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra (21) .
La Corte ha hecho énfasis igualmente en que el debido proceso como derecho fundamental de aplicación inmediata (C.P., art. 85), se expresa igualmente a través de principios que regulan el acceso a dicha función pública, dentro de los que se destacan los de celeridad, publicidad, autonomía, independencia, gratuidad y eficiencia (C.P., arts. 228 y 229)” (22) .
“Ahora bien, cabe precisar que el ejercicio del derecho al debido proceso, como todos los derechos fundamentales, puede ser objeto de limitaciones que resultan ser necesarias para realizar otros principios superiores o para garantizar otros derechos fundamentales que en cierto momento pueden verse confrontados con aquel (23) .
Al respecto la Corte ha precisado que en determinadas circunstancias componentes esenciales del debido proceso como son los derechos de defensa y de contradicción, pueden verse limitados para garantizar intereses legítimos alternos, siempre y cuando su núcleo esencial no resulte desconocido, y las limitaciones establecidas sean razonables y proporcionadas (...).
“El principio de la doble instancia (C.P., art. 31) no reviste un carácter absoluto, pues no hace parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso, ya que la procedencia de la apelación puede ser determinada por el legislador de acuerdo con la naturaleza del proceso y la providencia, y la calidad o el monto del agravio referido a la respectiva parte (24) . En ese orden de ideas, la ley puede consagrar excepciones a la doble instancia, salvo cuando se trata de sentencias penales condenatorias o de fallos de tutela, los cuales siempre podrán ser impugnados, según los artículos 29 y 86 de la Carta (25) . Esto significa que en materia penal, la Constitución ordena que todos los procesos sean de doble instancia, con la única excepción de aquellos casos en donde la propia Carta establece fueros especiales, que implican un juicio penal de única instancia, como es el caso de los congresistas, que son investigados y juzgados en única instancias por la Corte Suprema de Justicia. En estos fueros especiales, la garantía del debido proceso es lograda por el hecho mismo de que esos funcionarios son investigados penalmente por la más alta corporación judicial de la justicia ordinaria (26) .
Al respecto también, en Sentencia C-181 de 2002 (27) , la Corte se refirió a la importancia del señalamiento de etapas claras y precisas en el proceso como también a la relevancia de la consagración de términos y su cumplimiento. Al efecto, se expuso:
“... la jurisprudencia constitucional ha subrayado la importancia que tiene, para la conservación de las garantías superiores, el señalamiento de etapas claras y precisas dentro de las cuales se desarrollen los procesos. Este cometido, a los ojos de la doctrina constitucional, es requisito mínimo para una adecuada administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229) y elemento necesario para preservar la seguridad jurídica de los asociados.
Resulta necesario entonces que las etapas del procedimiento se encuentren claramente parceladas a fin de que su identificación sea posible y pueda determinarse el inicio de la etapa subsiguiente como requisito para culminación del procedimiento. De ello puede inferirse que cuando la ley o el reglamento omiten señalar, en un procedimiento específico, cuál es el término dentro del cual debe agotarse una actuación respectiva, esta queda expuesta a una situación de indefinición que la hace virtualmente inoperante.
La desaparición de las fronteras entre etapas diversas de la actuación obstaculiza el desenvolvimiento regular de la misma porque la despoja de su carácter perentorio. Atenta en esta medida contra el principio procesal de la preclusión o eventualidad, que ha sido entendido por la doctrina como “la división del proceso en una serie de etapas de momentos o períodos fundamentales (...), en los cuales se reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del juez, de manera que determinados actos deben corresponder a determinado período, fuera del cual no pueden ser ejercitados y si se ejecutan no tienen valor” (28) .
En cuanto a la mayor o menor brevedad de los términos legales en el desarrollo de un proceso, esta Corte en Sentencia C-800 de 2000 (29) señaló que la brevedad de los mismos no es de suyo inconstitucional por lo que debe estudiarse la finalidad y demás elementos normativos atendiendo el derecho sustancial para así determinar si resulta razonable, proporcional y adecuado al goce efectivo de las garantías constitucionales:
“Para la Corte la fijación de un término breve no es per se inconstitucional. Debe ser estudiado el fin que se persigue y los otros elementos normativos, a la luz del derecho sustancial, para definir si resulta o no razonable, proporcional y adecuado para el propósito de asegurar el efectivo acceso a la administración de justicia y las garantías constitucionales.
En fin, la mayor o menor brevedad de los términos legales ha de corresponder normalmente al juicio que sobre el asunto respectivo se haya formado el legislador, por lo cual no existe en la generalidad de los casos un parámetro del que pueda disponer el juez de constitucionalidad para evaluar si unos días o meses adicionales habrían podido garantizar mejor las posibilidades de llegada ante los tribunales. Y, a no ser que de manera evidente el término, relacionado con derechos materiales de las personas, se halle irrisorio, o que se hagan nugatorias las posibilidades de defensa o acción, no puede deducirse a priori que el término reducido contraríe de suyo mandatos constitucionales”.
Y, en relación con el establecimiento por el legislador de la procedencia o no del recurso de apelación, esta corporación sostuvo en Sentencia C-415 de 2002 (30) , que su no consagración no afecta indispensablemente el debido proceso:
“36. Es evidente que la Constitución da facultades discrecionales al legislador, para que este determine en cuáles casos no procede la apelación de una sentencia judicial. En efecto, el artículo 31 de la Carta señala que “toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. Es claro entonces que eliminar la apelación no afecta necesariamente el debido proceso. Por esta razón, la Corte ha afirmado que la doble instancia no es un principio absoluto que deba regir todos los procesos judiciales (31) y que por tanto, no es forzosa u obligatoria su previsión para todos los asuntos sobre los cuales tiene que producirse una decisión judicial”.
Conforme a lo expuesto considera la Corte, que el término de traslado por cinco (5) días concedido al liquidador, cuando se pretende su remoción, bien de oficio o a petición de la junta asesora, no resulta irrazonable ni desconoce la garantía del derecho de defensa (32) , en la medida que le permite a este contar con el tiempo suficiente y oportuno para contradecir los cargos que por incumplimiento grave de sus funciones se le atribuyen, como también le permiten ejercer el derecho de defensa presentando y solicitando, en dicha oportunidad, las pruebas que pretende hacer valer a su favor.
Debe señalarse, que las modificaciones que, en general, introdujo el legislador al régimen de procesos concursales, pretendieron darle mayor celeridad a dichos trámites, a fin de permitir cumplir en mejor forma la regulación de las relaciones de las sociedades tanto en ámbito interno como en el ámbito externo (33) . Así, por su parte, el trámite para la remoción del liquidador se dispuso igualmente ágil, consagrándose un término de cinco (5) días de el traslado al liquidador, garantizándose de tal manera su derecho de defensa, máxime si se tiene en cuenta que se está ante una cuestión accesoria al trámite principal de liquidación, que requiere un trámite expedito y sumario.
Cabe recordar, que en la aplicación de normas de carácter sancionatorio, como lo es el la norma acusada, teniendo en cuenta que la remoción del liquidador por el incumplimiento grave de sus funciones puede conllevar responsabilidad por los perjuicios que con tal conducta cause al deudor, a los asociados, acreedores y terceros, deben prevalecer los principios que rigen el debido proceso como garantía de los derechos del implicado; en tal medida, esta persona debe gozar de una oportunidad, no solo para solicitar pruebas, sino igualmente para su práctica cuando lo considere necesario para su debida defensa.
En el presente caso, la norma relativa al trámite para la remoción del liquidador se ajusta a la Constitución, siempre y cuando se entienda que se debe permitir la práctica de las pruebas que este hubiere solicitado en su defensa o las que considere practicar de oficio la superintendencia, en un término razonable, que no implique una dilación injustificada de este trámite o un aplazamiento indefinido de la decisión respectiva.
Al respecto encuentra la Corte, que la norma acusada forma parte de las disposiciones de la Ley 222 de 1995, que modificó el libro II del Código de Comercio y expidió un nuevo régimen de procesos concursales; por tanto, se trata de una normatividad propia del Código de Comercio, que prevé en los artículos 1º y 2º, que en lo no regulado por la ley comercial se aplicarán las disposiciones de la legislación civil (34) . Norma remisoria, que permite para el caso acudir a las propias de la legislación procesal civil que prevén un trámite incidental (35) para decidir cuestiones accesorias a un trámite procesal principal, para el cual dispuso el legislador un término para practica de pruebas de diez (10) días, y que no resulta extraño para el trámite de la remoción del liquidador, si se tiene en cuenta que varias normas de la misma Ley 222 de 1995 reenvían expresamente a esta regulación procesal civil (36) .
Al respecto de la regla del reenvío, ha considerado la Corte, que se erige como un valioso instrumento para la atención y solución de determinadas hipótesis jurídicas, donde, a tiempo que se actualiza la preeminencia del debido proceso, se realiza en cabeza de cada titular el derecho que el ordenamiento jurídico le dispensa. De lo cual se sigue que, la regla de reenvío se acompasa plenamente con el Estado social de derecho y la materialización de sus fine (37) .
5. Ejercicio de las facultades extraordinarias para determinar la estructura, administración y recursos de la Superintendencia de Sociedades. Funciones de la Superintendencia de Sociedades y del superintendente delegado para los procedimientos mercantiles. Cosa juzgada respecto del numeral 14 del artículo 9º del Decreto 1080 de 1996. Constitucionalidad de los numerales 28 y 29 del artículo 2º y numeral 7º del artículo 9º del Decreto 1080 de 1996.
El artículo 226 de la Ley 222 de 1995, confirió al Presidente de la República facultades extraordinarias “por el término de seis meses contados a partir de la publicación de la presente ley para que determine la estructura, administración y recursos de la Superintendencia de Sociedades con el fin de que cumpla adecuadamente las funciones que se le fijan en la presente ley”.
En virtud de dichas facultades, el ejecutivo expidió el Decreto 1080 de 1996, “Por el cual se reestructura la Superintendencia de Sociedades y se dictan normas sobre su administración y recursos”, sobre el cual esta corporación se pronunció en Sentencia C-180 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz, al examinar la constitucionalidad de varias de sus disposiciones, entre ellas de la expresión “y demás procedimientos mercantiles”, del numeral 14 del artículo 9º, la que encontró EXEQUIBLE pero solo en cuanto no excede las facultades extraordinarias. Al respecto dijo la Corte:
“En lo que respecta al artículo 9º numeral 14 también demandado, que concede facultades al superintendente delegado para los procedimientos mercantiles para dirigir, orientar, coordinar y controlar el trámite de “los demás procedimientos mercantiles”, es de anotar que el concepto procedimientos tiene una acepción más amplia, que comprende no solo los procesos concursales, sino también todas aquellas actividades asignadas a la superintendencia, que tengan carácter comercial y que se cumplan con el agotamiento de las ritualidades previstas en las normas respectivas. Por tanto, la norma no excede los límites fijados en la ley de habilitación legislativa, razón por la cual será declarada exequible” (C-180/97).
Por tanto, como el citado numeral 14 del artículo 9º ha sido demandado ahora en su integridad, por el mismo cargo ya analizado y relacionado con el exceso de las facultades extraordinarias, respecto de la expresión “y demás procedimientos concursales” procede estarse a lo ya resuelto en la Sentencia C-180 de 1997.
Ahora bien. Con el fin de resolver los cargos propuestos en esta oportunidad contra los numerales 28 y 29 del artículo 2º y numerales 7º y 14 del artículo 9º del Decreto 1080 de 1996, salvo la expresión ya juzgada por la Corte del numeral 14, relacionados con el exceso de las facultades extraordinarias, debe la Corte comenzar por recordar lo considerado en la Sentencia C-180 de 1997, en la que se preciso el alcance de la habilitación otorgada al gobierno por el legislador para los efectos que se analizan. Consideró la Corte:
“B. Límite material.
Determinar la estructura de una entidad consiste en “dar una formulación innovadora en cuanto a las directivas del ente, su jerarquía, las dependencias que lo integran, las relaciones entre ellas, las funciones que a cada una se asignan, los procedimientos y trámites internos indispensables para cumplirlas y la distribución del personal, las categorías y requisitos que al mismo se exijan, entre otros factores” (38) .
La administración hace referencia a la dirección, gobierno y organización de la entidad, disponiendo adecuadamente de los medios que esta posee para cumplir las funciones que le han sido encomendadas. “Siguiendo a Bielsa, se puede decir que ‘administración’ es ante todo ‘organización y administrar, en el sentido común del vocablo, es ordenar económicamente los medios de que se dispone y usar convenientemente de ellos para proveer a las propias necesidades’. Una buena administración supone el establecimiento o mantenimiento de una relación armónica —y por eso proporcionada— entre la satisfacción de las necesidades y los medios disponibles. En este sentido, la palabra administrar se usa como sinónimo de ordenar, de proveer (Bielsa Rafael. Derecho administrativo. t. 1, págs. 143-44) (39) .
Los recursos son los “bienes o medios de subsistencia; el conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa” (40) . Tales recursos pueden ser económicos, humanos, físicos, etc.
Las facultades que la Ley 222 de 1995 le confiere al Presidente deben entenderse circunscritas a las actividades antes enunciadas, las que deben estar encaminadas a lograr un solo propósito, cual es el cumplimiento adecuado de las funciones que la misma ley le asigna a la entidad gubernamental. Dicho elemento finalista concreta el marco de las facultades y, en consecuencia, toda norma expedida con fundamento en tales autorizaciones que no consulte el objetivo señalado excederá los límites fijados por el legislador ordinario” (C-180/97).
“Así las cosas, considera la Corte que, de acuerdo con los conceptos ya definidos en relación con la facultad del gobierno para determinar la estructura, administración y recursos de la Superintendencia de Sociedades, labor que debía realizar con la finalidad específica consagrada en el artículo 226 de la Ley 222 de 1995, esto es, para el cumplimiento adecuado de las funciones que se le asignaron en la misma ley, no queda duda sobre las actividades que podía desarrollar el legislador extraordinario. En este orden de ideas, si dichas funciones fueron reguladas en forma concreta por la ley de facultades, ha de entenderse que lo que esta delegaba al legislador transitorio era la labor de redistribuirlas entre las distintas dependencias que conforman la entidad, cuya estructura y organización jerárquica sí podía determinar el Presidente; pero, se insiste, no incluía la posibilidad de modificar, suprimir o atribuir nuevas funciones a ese ente administrativo.
En síntesis, no exceden los límites previstos en la Ley 222 de 1995 todas aquellas disposiciones acusadas del Decreto 1080 de 1996, en las cuales se distribuyan entre las distintas dependencias que conforman la Superintendencia de Sociedades, las funciones asignadas a la misma, pero sí las disposiciones que modifican, derogan o crean nuevas funciones” (C-180/97).
En el asunto concreto, para la Corte el Presidente de la República no excedió las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 226 de la Ley 222 de 1995, respecto de los numerales 28 y 29 del artículo 2º que entregan a la Superintendencia de Sociedades la atribución para: (i) interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para el examen de hechos relacionados con la dirección, administración o fiscalización de las sociedades sobre las cuales ejercer inspección, vigilancia o control; y, (ii) imponer multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales cada una, a quienes incumplan las órdenes de la superintendencia, quebranten las leyes o sus propios estatutos, respetando el derecho de defensa y el debido proceso. Con estas funciones, el legislador extraordinario no modificó, adicionó o suprimió las entregadas al ente administrativo por la ley, pues por el contrario, estas son una mera copia de las ya establecidas en la Ley 222 de 1995, artículo 86 numerales 3º y 4º.
Tampoco en relación con los numerales 7º y 14 del artículo 9º del Decreto 1080 de 1996 que entregan al despacho del superintendente delegado para los procedimientos mercantiles funciones para: (i) adelantar las investigaciones correspondientes para determinar la remoción de los administradores que impidan el ejercicio del derecho de inspección o al revisor fiscal, que conociendo de dicho incumplimiento, se abstuviere de denunciarlo oportunamente; y, (ii) dirigir, orientar, coordinar y controlar el trámite de los procesos concursales y demás procedimientos mercantiles. Tampoco vulneró el ejecutivo con las disposiciones acusadas, el principio de legalidad, ni la reserva de ley, ni de ley estatutaria, como pasa a explicarse.
En efecto, como de acuerdo con lo previsto por el artículo 85 numeral 4º de la Ley 222 de 1995, le corresponde a la Superintendencia de Sociedades ordenar la remoción de administradores y revisor fiscal, entre otros, el Decreto 1080 de 1996 le fijo al despacho del superintendente delegado para los procedimientos mercantiles la función de adelantar las investigaciones correspondientes; igualmente, la de dirigir, orientar, coordinar y controlar el trámite de los procesos concursales, para el adecuado cumplimiento de las funciones jurisdiccionales que le compete desarrollar a la citada entidad para el trámite de tales procesos. Funciones que bien pueden ser asignadas por el legislador extraordinario, pues en nada modifican, suprimen o contradicen las dispuestas para el ente administrativo por la ley, y por el contrario si determinan de manera concreta y específica las funciones de una de sus dependencias, las que no son de aquellas materias que corresponde expedir mediante el trámite de una ley estatutaria.
En relación con la reserva de ley estatutaria respecto de los derechos fundamentales, esta Corte recientemente en Sentencia C-981 de 2005 (41) señaló que a la previsión normativa contenida en el literal a) del artículo 152 de la Constitución se le debe dar una interpretación restrictiva en la medida que i) no fue establecida para regular toda materia vinculada con los derechos fundamentales, ii) una interpretación extensiva de dicha reserva contraría las atribuciones del legislador ordinario y iii) su finalidad está dada en desarrollar el texto de la Constitución por lo que habrá de contener las regulaciones básicas o mínimas de los derechos.
En cuanto a la violación del principio de legalidad, aducen los demandantes solamente, que estas materias no son delegables en el Gobierno Nacional para su regulación mediante decretos extraordinarios, por expresa prohibición del artículo 150, numeral 10 de la Carta Política, sin expresar razón alguna para tal afirmación.
Conforme a lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad de los numerales 28 y 29 del artículo 2º y numerales 7º y 14 del artículo 9º del Decreto 1080 de 1996, en cuanto a que su expedición no excede las facultades extraordinarias.
1. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, el inciso tercero y la expresión“ se presumirá la culpa” del inciso cuarto, del artículo 24 de la Ley 222 de 1995.
2. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados y conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión, el inciso segundo del artículo 171 de la Ley 222 de 1995.
3. Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo respecto de los incisos primero y tercero del artículo 171 de la Ley 222 de 1995.
4. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-180 de 1997, que declaró exequible la expresión “y demás procedimientos mercantiles”, contenida en el numeral 14 del artículo 9º del Decreto 1080 de 1996.
5. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, los numerales 28 y 29 del artículo 2º, y numerales 7º y 14 (salvo la expresión prevista en el numeral anterior) del artículo 9º del Decreto 1080 de 1996.
(1) Las intervenciones presentadas en tiempo por la Superintendencia de Sociedades y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo coinciden en solicitar la exequibilidad de las disposiciones acusadas. De manera extemporánea intervinieron la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Universidad Externado de Colombia, que solicitan igualmente la exequibilidad de las disposiciones demandadas. Finalmente, intervino el Colegio de Abogados Comercialistas que solicito la exequibilidad de los artículos acusados de la Ley 222 de 1995 y la inexequibilidad de las normas demandadas del Decreto 1080 de 1996.
(2) Gaceta del Congreso 381 de 4 de noviembre de 1993, exposición de motivos al proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 222 de 1995.
(3) Ver Gaceta del Congreso 61 del 25 de abril de 1995. Pág. 4.
(4) El artículo 200 del Código de Comercio, sin las modificaciones introducidas por la Ley 222 de 1995 consagraba: Los administradores responderán de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. Al respecto de la modificación a este artículo ver comentario, Ospina Fernández, Guillermo. Teoría general de los actos o negocios jurídicos. vol. 2. Editorial Temis, Bogotá, 1983, pág. 332.
(5) Sentencia C-238 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(6) Código Civil, ART. 66.—“Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la misma ley rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias”.
(7) Sentencia C-388 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(8) Sentencia C-374 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(9) “.
(10) “.
(11) Ver sentencias C-238 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-510 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández; C-388 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-374 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(12) Sobre la legitimidad constitucional de las presunciones pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-015 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-109 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); C-540 de 1995 (M.P. Jorge Arango Mejía); C-238 de 1997 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); C-622 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz); C-665 de 1998 (M.P. Hernando Herrera Vergara).
(13) Sentencia C-388 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(14) Sentencia C-506 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra,
(15) El artículo 8-2 de la Convención americana sobre derechos humanos, señala:
“ART. 8º—Garantías judiciales... 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”.
(16) Ver entre otras sentencias las C-131 de 2002, C-948 de 2002 y C-328 de 2003.
(17) Ver sentencias C-233 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz; C-1143 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz y SU-1023 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(18) Sentencia SU-1023 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(20) La Corte ha señalado al respecto que la legitimidad de las normas procesales está dada en la medida de su proporcionalidad y razonabilidad “pues solo la coherencia y equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto”. Sentencia C-925 de 1999 y Sentencia C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(22) Sentencia C-641 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(23) Ver, entre otras, la Sentencia C-648 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(24) Ver sentencia C-153 de 1995.
(25) Sobre este tema pueden consultarse las sentencias C-005 de 1993, C-019 de 1993, C-345 de 1993, C-017 de 1996.
(26) Sentencia C-040 de 2002, M.P Manuel José Cepeda Espinosa.
(28) Devis Echandía, Hernando. Compendio de derecho procesal. t. I, 2ª e., Bogotá. Edit. ABC, 1972, pág. 45.
(31) Al respecto puede consultarse: C-245 de 2001, C-411 de 1997, C-727 de 2000, C-650 de 2001.
(32) En la Sentencia C-652 de 1997, la Corte sostuvo que el legislador está facultado en virtud de la libertad de configuración normativa para establecer los procedimientos judiciales como son los términos que conducen a su realización siempre que resulten razonables y tiendan a garantizar el derecho sustancial.
(33) Ver Gaceta del Congreso 381 de 4 de noviembre de 1993. exposición de motivos al Proyecto de Ley 119 de 1993.
(34) Código de Comercio: “ART. 1º—Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas”. “ART. 2º—En las cuestiones comerciales que no pudieren regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación civil”.
(35) Código de Procedimiento Civil, artículo 137,“... 3. Vencido el término de traslado, el juez decretará la práctica de las pruebas pedidas que considere necesarias y de las que ordene de oficio, para lo cual señalará según el caso, un término de diez días o dentro de él, la fecha y hora de la audiencia o diligencia; no habiendo pruebas que practicar, decidirá el incidente”.
(36) Ver Ley 222 de 1995, artículos 98, 133 y 1888.
(37) Sentencia C-107 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(38) Sentencia C-398 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(39) Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo Y, Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, pág. 483.
(40) Diccionario de Lengua Española, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 21 ed., 1992.

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