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Timestamp: 2019-10-22 14:41:52+00:00

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﻿ SENTENCIA T-209 DE FEBRERO 28 DE 2008
SENTENCIA T-209 DE 28 DE FEBRERO DE 2008
CONTENIDO:INTERRUPCIÓN DE EMBARAZO. LA SENTENCIA C-355 DE 2006 Y LOS PRESUPUESTOS PARA QUE LA SOLICITUD DE INTERRUPCIÓN DEBA SER ATENDIDA EN FORMA OPORTUNA. REGULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA NO ES UN DERECHO ABSOLUTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ABORTO, CAUSALES DE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO, PROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:439 DE JULIO DE 2008, PG.1239
REVISTA TUTELA N°:103 DE JULIO DE 2008, PG.1137
Setencia T-209 de febrero 28 de 2008
Ref.: Expediente T-1673450
Acción de tutela interpuesta Gladys Belén Arias Becerra contra la EPS Coomeva y el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta.
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araújo Rentería y Manuel José Cepeda Espinosa, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
Manifiesta la accionante que el 16 de febrero de 2007, su hija Eli Johanna Palencia Arias, de 13 años de edad, fue víctima de acceso carnal violento por parte de Luis Enrique Panqueva Contreras y que, como consecuencia de tal agresión, quedó en estado de embarazo; fue igualmente víctima de una infección de transmisión sexual y presentó daños sicológicos que la llevaron incluso a pretender suicidarse cortándose las venas; le resulta muy difícil conciliar el sueño y, con posterioridad a la agresión, continuó recibiendo amenazas por teléfono para que no delatara lo ocurrido.
El referido hecho punible de acceso carnal violento agravado fue denunciado ante la unidad de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, habiendo correspondido su conocimiento al centro de atención integral a víctimas de agresión sexual (Caivas) de la Fiscalía General de la Nación, en donde el respectivo proceso se radicó con el número 140.559.
La aludida menor de edad se encuentra afiliada a Coomeva desde el 25 de julio de 2005 como beneficiaria de su padre, Guillermo Palencia Soto, y aun cuando ha recibido terapias y ayuda sicológica tanto de la Fiscalía como de Coomeva, dicha EPS se negó a la interrupción del embarazo ordenada por el centro de atención integral a víctimas de agresión sexual (Caivas) de la Fiscalía, invocando la objeción de conciencia de su staff de ginecólogos y remitiendo para tal efecto a la menor al Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta.
En el aludido hospital —después de diferentes trámites burocráticos y de manifestar que no tiene vínculo contractual alguno de prestación de servicios con Coomeva EPS, y que no se trata de una urgencia que ponga en peligro la vida de la paciente— el 10 de abril de 2007 se produjo un oficio en el departamento de ginecobstetricia firmado por todos los ginecólogos de la entidad, presentando objeción de conciencia en relación con la práctica del aborto.
2. Contestación del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta.
El subgerente de servicios de salud del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta manifiesta que, con el fin de contribuir a la solución del caso y aún cuando el hospital no tiene vínculo contractual alguno con Coomeva EPS, ni se trataba de una urgencia que pusiera en peligro la vida de la menor, se dio traslado de la solicitud de suspensión del embarazo a la coordinación del departamento de ginecobstetricia, enfatizando que se practicara a la usuaria la valoración completa en lo físico, mental y emocional.
Señala que el 3 de abril de 2007 se recibió en el hospital el Oficio 315 del 2 de abril de 2007 del centro de atención integral a víctimas de agresión sexual de la Fiscalía, mediante el cual se informa sobre el conocimiento que tiene ese despacho de la solicitud de práctica del aborto y da instrucciones sobre la forma de recolección del producto extraído; agrega que el 10 de abril se recibió de la Defensoría del Pueblo el Oficio DPRNS-501 71042, mediante el cual se solicita se autorice a quien corresponda se interrumpa la gestación, y que ese mismo día se recibió respuesta del departamento de ginecobstetricia, firmado por todos los ginecólogos del hospital, quienes presentan objeción de conciencia para practicar el aborto a la menor.
3. Contestación de Coomeva EPS.
Coomeva EPS manifiesta i) que la menor Eli Johanna Palencia Arias se encuentra afiliada como beneficiaria desde el 27 de febrero de 2007, que ostenta rango 1, con 9 semanas cotizadas y su afiliación sigue vigente, ii) que en razón de la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el 29 de marzo de 2007 se autorizó la consulta de control o seguimiento por medicina especializada ginecología y obstetricia, iii) que ordenó a su red de servicios de salud el procedimientote interrupción del embarazo, obteniendo una respuesta negativa en razón de la objeción de conciencia, iv) que aún no ha recibido respuesta de los demás prestadores de salud a los cuales se envió solicitud de realización del procedimiento y, v) que se ha dado cumplimiento a la orden de la Fiscalía mediante solicitud formal a toda la red de prestadores de Coomeva EPS de la realización del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo.
4. Intervención de la Defensoría del Pueblo.
La Defensora del Pueblo, regional Cúcuta, manifestó al juez constitucional de la primera instancia que coadyuvaba la acción de tutela presentada por Gladys Belén Arias, con fundamento en lo ordenado a Coomeva EPS por el centro de atención integral a víctimas de agresión sexual de la Fiscalía, en el sentido de proceder a la suspensión del embarazo, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 4905 del 14 de diciembre de 2006 y en el Decreto 4444 del 13 de diciembre de 2006, con el fin de garantizar los derechos fundamentales protegidos por la Sentencia C-355 de 2006.
Agrega que en el Acuerdo 350 del 22 de diciembre de 2006 se incluye en el plan obligatorio de salud del régimen contributivo y del régimen subsidiado la atención para la interrupción voluntaria del embarazo, y que en el plan obligatorio de salud ya se encuentra cubierto el procedimiento de legrado uterino, con código 12111, en el artículo 67 correspondiente a actividades, procedimientos e intervenciones del POS, adoptado mediante Resolución 5261 de 1994, el cual se puede utilizar para la terminación del embarazo según norma técnica expedida por el Ministerio de la Protección Social.
• Copia de la tarjeta de identidad correspondiente a la menor Eli Johanna Palencia Arias.
• Copia de la denuncia penal formulada por la accionante contra Luis Enrique Panqueva Contreras, ante la unidad de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual.
• Copia del informe técnico, médico legal sexológico, correspondiente al examen practicado a la menor Eli Johanna Palencia Arias, el 21 de marzo de 2007, en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dirección regional nororiente, seccional Norte de Santander, unidad básica de Cúcuta.
• Copia del resultado de la prueba de embarazo practicada a la menor Eli Johanna Palencia Arias, el 16 de marzo de 2007, en la Clínica Médico Quirúrgica de Cúcuta.
• Copia de la certificación de existencia de la investigación penal correspondiente al hecho punible denunciado por la accionante, expedida el 10 de abril de 2007 por la fiscal coordinadora del centro de atención integral a víctimas de agresión sexual (Caivas) de Cúcuta.
• Copia de la relación de evolución ambulatoria de la menor Eli Johanna Palencia Arias, realizada en la IPS Vihonco.
• Copia del folio de historia clínica levantada en consulta externa en la UBA Caobos, el 23 de marzo de 2007.
• Copia del oficio dirigido por Coomeva EPS, el 30 de marzo de 2007, al Hospital Universitario Erasmo Meoz, solicitando la práctica del procedimiento para la interrupción del embarazo, en razón de la objeción de conciencia formulada por los médicos de la EPS Coomeva.
• Copia del resultado de la prueba de VIH practicada a la menor Eli Johanna Palencia Arias, el 26 de marzo de 2007, en Centrolab de Cúcuta.
• Copia de la diligencia de audiencia pública llevada a cabo el 12 de abril de 2007 por el Juez Laboral del Circuito de Cúcuta, en las instalaciones del Hospital Universitario Erasmo Meoz.
• Copia del escrito contentivo de la solicitud de interrupción del embarazo, formulada el 22 de marzo de 2007 por la accionante a Coomeva EPS (fl. 28).
• Copia del informe ecográfico rendido el 24 de marzo de 2007 por Somediag, en el cual se confirma el embarazo de 16 semanas que presenta la menor Eli Johanna Palencia.
• Copia del acta de la reunión llevada a cabo el 29 de marzo de 2007 por los médicos de la Clínica Médico Quirúrgica de Cúcuta, en la cual se alude a la existencia de incongruencias entre la fecha de la última menstruación de la menor y la fecha del acceso carnal violento referido por la paciente, con los hallazgos clínicos y de imagenología aportados en la historia clínica, así como a la objeción de conciencia a la cual se acogen los profesionales allí reunidos.
• Copia del Oficio DPR NS-5015 RGG 071041 del 9 de abril de 2007, mediante el cual la Defensoría del Pueblo de Cúcuta solicita a Coomeva EPS se autorice a quien corresponda se interrumpa la gestación por parte de la menor Eli Yohanna Palencia.
• Copia del Oficio 0002488 del 12 de abril de 2007, mediante el cual el Hospital Erasmo Meoz solicita a Coomeva EPS se sirva relevarlo de la realización de la interrupción del embarazo de la menor, en razón de la objeción de conciencia alegada por sus médicos.
• Copia del Oficio FGN Caivas 248 del 21 de marzo de 2007 mediante el cual el centro de atención integral a víctimas de agresión sexual comunicó al director de Coomeva EPS la manifestación de voluntad de interrumpir el embarazo hecha por la menor Eli Johanna Palencia.
• Copia de la comunicación del 10 de abril de 2007, dirigida por Coomeva EPS a la fiscal coordinadora del centro de atención integral a víctimas de agresión sexual, informando acerca de algunas inconsistencias que se encontraron en los datos de la denuncia presentada por la madre de la menor Eli Johanna Palencia.
• Copia de la Resolución 4905 del 14 de diciembre de 2006, emanada del Ministerio de la Protección Social, mediante el cual se adopta la norma técnica para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, se adiciona la Resolución 1896 de 2001 y se dictan otras disposiciones, con anexo 1 por grados de complejidad y anexo técnico.
• Copia del Decreto 4444 del 13 de diciembre de 2006, emanado del Ministerio de la Protección Social, por el cual se reglamenta la prestación de unos servicios de salud sexual y reproductiva, con anexo 2 sobre instrumentos, medicación y requerimientos físicos para la interrupción voluntaria del embarazo.
• Copia del acta de la diligencia de audiencia pública llevada a cabo por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta el 13 de abril de 2007 en las instalaciones de Coomeva EPS, en la cual se alude por parte de la EPS a las gestiones realizadas en relación con la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo de la menor Eli Johanna Palencia.
• Copia del acuerdo dictado el 22 de diciembre de 2006 por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, disponiendo la inclusión en el plan obligatorio de salud del régimen contributivo y del régimen subsidiado del procedimiento de evacuación por aspiración del útero para terminación del embarazo, como alternativa a la técnica de legrado o curetaje que ya estaba incluido en el plan obligatorio de salud para determinados casos.
• Copia del Oficio DPR NS-5015 RGG 071112 del 12 de abril de 2007, mediante el cual la Defensoría del Pueblo de Cúcuta coadyuva ante el Juez Segundo Laboral del Circuito la acción de tutela presentada por la madre de la menor Eli Johanna Palencia.
• Copia de la valoración psicológica practicada a la menor Eli Johanna Palencia, remitida el 22 de marzo de 2007 al centro de atención integral a víctimas de agresión sexual de la Fiscalía.
• Copia del acta de la diligencia de audiencia pública llevada a cabo por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta el 13 de abril de 2007 en las instalaciones del centro de atención integral a víctimas de agresión sexual de la Fiscalía, mediante la cual se recepcionó el testimonio de la fiscal coordinadora de dicho centro.
• Copia del Oficio S.S.S.-30000-0759-07 del 11 de abril de 2007, mediante el cual el subgerente de servicios de salud del Hospital Erasmo Meoz solicita al asesor jurídico su concepto en relación el paso a seguir ante la objeción de conciencia presentada por los médicos del hospital.
• Copia del oficio calendado el 9 de abril de 2007, mediante el cual los médicos especialistas de ginecología y obstetricia del Hospital Erasmo Meoz presentan ante el subgerente de servicios de salud del hospital objeción de conciencia para la realización del aborto de la paciente Eli Johanna Palencia Arias.
• Copia del Oficio 315 del 2 de abril de 2007, mediante el cual la fiscal coordinadora del Caivas solicita al gerente del Hospital Erasmo Meoz que cuando sea practicado el procedimiento a la menor Eli Johanna Palencia, el producto extraído sea trasladado a medicina legal para efectos de la práctica de cotejo de prueba de ADN.
• Copia de la descripción de la evolución de la paciente Eli Johanna Palencia, realizada por el Hospital Erasmo Meoz el 3 de abril de 2007.
• Copia del informe de ecografía y obstetricia realizado en el Hospital Erasmo Meoz el 3 de abril de 2007, en relación con el embarazo de la menor Eli Johanna Palencia.
• Certificación expedida por Coomeva en relación con la vinculación de la menor Eli Johanna Palencia, en su condición de beneficiaria, y en relación con las semanas cotizadas.
• Copia del oficio del 29 de marzo de 2007, mediante el cual la Clínica Médico Quirúrgica de Cúcuta comunica a Coomeva EPS la objeción de conciencia presentada por sus especialistas en ginecobstetricia en relación con la interrupción del embarazo de la menor Eli Johanna Palencia.
• Copia del oficio dirigido el 14 de abril de 2007 por la Fundación Mario Gaitán Yanguas a Coomeva EPS, comunicando su negativa a practicar la suspensión del embarazo de la menor Eli Johana Palencia, en razón de la objeción de conciencia presentada por sus especialistas en ginecología y obstetricia.
• Copia del oficio dirigido el 17 de abril de 2007 por la Clínica San José de Cúcuta a Coomeva EPS, comunicando su negativa a practicar la suspensión del embarazo de la menor Eli Johanna Palencia, en razón de la objeción de conciencia presentada por sus especialistas en ginecología.
• Copia del oficio dirigido el 16 de abril de 2007 por la Clínica Norte S.A. a Coomeva EPS, comunicando su negativa a practicar la suspensión del embarazo de la menor Eli Johana Palencia, en razón de la objeción de conciencia presentada por sus especialistas en ginecobstetricia.
• Copia de la ampliación del informe técnico, médico legal del 18 de abril de 2007, correspondiente al frotis vaginal practicado a la menor Eli Johanna Palencia Arias, el 27 de marzo de 2007, en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dirección regional nororiente, seccional Norte de Santander, unidad básica de Cúcuta.
• Copia del complemento laboratorios del informe técnico, médico legal del 18 de abril de 2007 en relación con la ausencia de espermatozoides reportada por el laboratorio de biología forense.
• Oficio 01409 del 3 de diciembre de 2007, mediante el cual el director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander hace una relación de las actividades que ha desarrollado con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia C-355 de 2006.
• Oficio 8026-1-0353909 del 26 de noviembre de 2007, mediante el cual la Superintendencia Nacional de Salud hace alusión a las visitas de inspección, vigilancia y control en salud pública realizadas entre el 9 de agosto y el 8 de noviembre de 2007 e informa que no se ha radicado queja alguna sobre el presunto incumplimiento de lo señalado en la Sentencia C-355 de 2006, ni en el Decreto 4444 de 2006 por parte de las entidades públicas y privadas que prestan servicios de salud.
• Oficio 269 del 21 de noviembre de 2007, mediante el cual el Tribunal de Ética Médica del Norte de Santander comunica que no ha adelantado ni fallado proceso alguno cuyo objeto sea la objeción de conciencia que pueda alegar algún médico en relación con la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo.
• Oficio 867-2007 del 11 de diciembre de 2007, mediante el cual el Tribunal Nacional de Ética Médica manifiesta que en la Ley 23 de 1981 no se contempla el instituto de la objeción de conciencia, ni se disponen mecanismos para determinar la procedencia y pertinencia de dicha objeción y agrega que tales tribunales no tienen función de consulta, razón por la cual no pueden dar opiniones en relación con el asunto objeto del proceso.
• Oficio calendado el 17 de enero de 2008, mediante el cual Coomeva EPS hace alusión a las diferentes actuaciones llevadas a cabo en dicha EPS en relación con la solicitud de interrupción del embarazo de la menor Eli Johanna Palencia.
• Oficio S.S.S.30000-0065-08 del 17 de enero de 2008, mediante el cual el Hospital Universitario Erasmo Meoz hace una relación de las diferentes actuaciones llevadas a cabo en dicha entidad relación con la solicitud de interrupción del embarazo de la menor Eli Johanna Palencia.
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante sentencia del 20 de abril de 2007, negó el amparo impetrado por considerar que si bien es cierto que la menor Eli Johana Palencia Arias se encuentra en estado de embarazo y que se denunció una presunta conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento o abusivo, que dio lugar a la correspondiente investigación penal por parte de la Fiscalía, es igualmente cierto que no aparece evidenciado que el estado de embarazo sea fruto del referido acceso carnal violento, por cuanto existen discrepancias entre la fecha en la que tuvo lugar la presunta violación y la fecha en que se dio la fecundación.
La madre de la menor Eli Johanna Palencia Arias impugna la aludida decisión por considerar que se está denegando el amparo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006 para la protección de los derechos de la mujer que es víctima de acceso carnal, como es el caso de su menor hija, cuyas características, afirma, permiten ubicarlo dentro de las tres situaciones previstas en la aludida providencia de la Corte como susceptibles del amparo consistente en la facultad de interrumpir voluntariamente el embarazo.
La Defensora del Pueblo pide a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta que solicite al Caivas de la Fiscalía la ampliación de la declaración de la menor Eli Johanna Palencia, con el fin de establecer con mayor certeza la veracidad de los hechos denunciados, por cuanto no se ha tenido en cuenta lo dicho por la menor en relación con las amenazas que recibió del agresor en el sentido de dar muerte a la madre y a la misma menor en caso de que contara lo sucedido, circunstancia que señala como determinadora de que la menor no hubiese denunciado a su victimario el mismo día de los hechos, dando lugar así a la señalada imprecisión entre la fecha de la denuncia y la presunta comisión del hecho punible.
5.2. Decisión de segunda instancia.
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta —mediante sentencia del 7 de mayo de 2007— confirmó la decisión impugnada, señalando, en primer lugar, que ni la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006, ni el decreto reglamentario de la interrupción voluntaria del embarazo señalan qué procedimiento judicial habrá de seguirse por parte de la gestante o de sus representantes en el evento de que su EPS se niegue a llevar a cabo el procedimiento médico correspondiente.
La accionante reclama el amparo de los derechos fundamentales de su menor hija, al no haberse atendido la solicitud de interrupción del embarazo de esta, pese a haber afirmado que es fruto de un acceso carnal violento y haber presentado la denuncia penal correspondiente. Manifiesta que su caso se enmarca dentro de una de las tres situaciones en las cuales, de acuerdo con la Sentencia C-355 de 2006, resulta excesivo exigir que la mujer continúe con la gestación, ya que ello supone la total anulación de sus derechos fundamentales.
3.1. Esta corporación, mediante Sentencia C-355 de 2006, proferida en virtud de una acción ciudadana, realizó el control de constitucionalidad de los artículos 32-7, 122, 123 (parcial) y 124, estos tres últimos modificados por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, de la Ley 599 de 2000 Código Penal, en relación con la penalización del aborto, fallo que proferido en ejercicio del control jurisdiccional hace tránsito a cosa juzgada constitucional de conformidad con lo previsto en el artículo 243 de la Constitución.
Para esta corporación, la decisión del legislador de sancionar el aborto cuando el embarazo es el resultado de una conducta constitutiva de un hecho punible como el acceso carnal, o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto, es manifiestamente desproporcionada e irrazonable, pues se trata de una intromisión estatal de tal magnitud que anula el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana de las mujeres en cuanto termina considerándolas como mero receptáculo para la reproducción, y no consulta su consentimiento para, ante un hecho de tanta trascendencia como el de dar vida a un nuevo ser, asumir un compromiso u obligación que afectará profundamente su proyecto de vida en todos los sentidos.
Y, en la última hipótesis, relacionada con las malformaciones del feto, certificadas médicamente, cuando estas lo hacen inviable, también se consideró desproporcionado sancionar el aborto, pues pierde peso el deber del Estado de proteger la vida, y entrañaría la imposición de una conducta a las mujeres que excede la que normalmente es exigible a la madre, puesto que la mujer debería soportar la carga de un embarazo y luego la pérdida de la vida del ser que por su grave malformación es inviable, lo que significaría someterla a tratos crueles, inhumanos y degradantes que afectan su intangibilidad moral, esto es, su derecho a la dignidad humana.
(i) Declarar exequible el artículo 32, numeral 7º de la Ley 599 de 2000, que consagra como causal de ausencia de responsabilidad, cuando se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar.
(ii) Respecto del artículo 122 de la Ley 599 de 2000, que tipificaba el delito de aborto en toda circunstancia, se declaró exequible en el entendido que no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos: (i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.
Claro está que cuando la violación se presume por tratarse de una mujer menor de catorce (14) años, la exhibición de la denuncia se torna en una mera formalidad y la falta de la misma no puede ser un pretexto para dilatar la interrupción del embarazo, si la mujer solicita que se le practique el aborto (1) .
Cabe recordar, que el requisito exigido para acreditar la procedencia de la interrupción del embarazo en cada uno de los tres casos no constitutivos de delito, según la Sentencia C-355 de 2006, es el único que puede exigirse como máximo, por lo que, si no se puede establecer por el legislador requisitos que establezcan cargas desproporcionadas sobre los derechos de la mujer ni barreras que impidan la práctica del aborto (2) , tampoco le es dado a los profesionales de la salud exigir otro u otros adicionales en cuanto imponen barreras administrativas al acceso al servicio legal de IVE y resultan contrarios a la Constitución y a otra normatividad tanto nacional como internacional sobre la materia.
3.7. En Colombia, mediante la Sentencia C-355 de 2006, se removió una barrera de orden legal que conllevaba la práctica de abortos en condiciones inseguras con riesgo para la vida y la salud de las mujeres. Por tanto, a partir de la Sentencia C-355 de 2006, las mujeres están autorizadas para acceder a los servicios legales de salud y solicitar la práctica del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, acreditando encontrase en alguna de las tres circunstancias en que dicha práctica no constituye delito. Decisión de las mujeres de interrumpir su embarazo que debe ser respetada por todas las personas, pero en especial por los profesionales de salud, quienes, como garantía del respeto por los derechos fundamentales de las mujeres, deben permitir que el procedimiento de IVE sea realizado a través del sistema general de seguridad social en salud, SGSSS, a fin de no poner en riesgo ni la vida ni la salud de estas.
3.8. En efecto, una vez la interrupción de un embarazo se solicita por la madre gestante, acreditando encontrarse en una de las circunstancias no constitutivas de delito de aborto, los profesionales de la salud del sistema general de seguridad social en salud deben proceder a realizar el procedimiento IVE, (i) de manera oportuna, es decir dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud, de conformidad con la Resolución 4905 de 2006, proferida por el Ministerio de la protección Social; (ii) su atención será integral y con calidad; y, (iii) se hará con sujeción a las normas técnico-administrativas que expida el Ministerio de la Protección Social, las cuales serán de obligatorio cumplimiento, y mientras estas se expiden, los prestadores están obligados al cumplimento de las normas del Decreto 4444 de 2006 que tienen como referente la guía “Aborto sin riesgo: guía técnica y de políticas para sistemas de salud” de la Organización Mundial de la Salud (2003).
3.9. Ahora bien. La Sentencia C-355 de 2006, se enmarca en documentos internacionales de consenso orientados a la protección de los derechos humanos de las mujeres, los cuales han sido emitidos con ocasión de ciertas conferencias mundiales de la Organización de Naciones Unidas.
En efecto, varias conferencias internacionales, así como la guía técnica de políticas para sistemas de salud: aborto sin riesgos, de la Organización Mundial de la Salud —2003—, han corroborado que el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna, convirtiéndose en un problema de salud pública (3) . En atención a ello, los Estados que conforman la Organización de Naciones Unidas, reconocieron que en aquellos casos en que no sea contrario a la ley, el aborto debe practicarse en condiciones tales que no se ponga en riesgo la vida y la salud de la madre (4) .
También cabe recordar, que la Conferencia internacional sobre población y desarrollo (ICPD) desarrollada en El Cairo en 1994, los gobiernos acordaron abordar el impacto para la salud de los abortos practicados en condiciones de riesgo como un grave problema de salud pública, pues al igual que en la 4ª Conferencia mundial de la mujer (FWCW) que tuvo lugar en Beijing en 1955, afirmaron los derechos humanos de la mujer en el área de la salud sexual y reproductiva, los cuales se basan en el reconocimiento de los derechos básicos de cada pareja e individuo de decidir libre y responsablemente el número de hijos que desean tener, el intervalo entre ellos y el momento de tenerlos y de acceder a la información y los medios para hacerlo, así como en el derecho de obtener el máximo estándar de salud sexual y reproductiva (5) .
En Beijing los gobiernos acordaron que “Los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a tener control y decidir libre y responsablemente sobre temas relacionados con su sexualidad, incluyendo salud sexual y reproductiva, sin coerción, discriminación ni violencia. La igualdad entre mujeres y hombres con respecto a las relaciones sexuales y la reproducción, incluyendo el total respeto por la integridad de la persona, requiere respeto mutuo, consentimiento y responsabilidad compartida sobre la conducta sexual y sus consecuencias” (6) .
En la conferencia de El cairo, los gobiernos del mundo reconocieron que el aborto inseguro es una de las mayores preocupaciones de la salud pública y garantizaron su compromiso para disminuir la necesidad de un aborto a través de la expansión y mejoramiento de los servicios de planificación familiar, mientras que al mismo tiempo reconocieron que, en los casos en que no estén contra la ley, el aborto debe ser sin riesgos (7) . En 1996, la conferencia de Beijing convalidó estos acuerdos e instó a los gobiernos a que consideren la revisión de las leyes que contienen medidas punitivas contra mujeres que se han sometido a abortos ilegales (8) .
La Asamblea General de Naciones Unidas en 1999, revisó y evaluó la implementación de los asuntos tratados en la Conferencia internacional sobre población y desarrollo de 1994, y los gobiernos acordaron iniciar acciones para garantizar que, en aquellos lugares donde el aborto no esté en contra de la ley, se tomen todas las medidas para que este sea accesible y sin riesgo, y los sistemas de salud deben capacitar y equipar a los proveedores de servicios de salud, así como tomar medidas adicionales para salvaguardar la vida de las mujeres (9) .
Además, como ya se advirtió, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado la guía técnica para la prevención del aborto inseguro y el manejo de sus complicaciones (10) , con el fin de ayudar a los gobiernos a cumplir sus compromisos de poner término al aborto practicado en condiciones de riesgo, y sobre la cual se hará alusión en el siguiente capítulo de esta providencia.
3.10. Documentos internacionales que no solo son vinculantes para el gobierno y los jueces de la República, sino que también lo son para los profesionales de la salud en todo nivel, quienes tienen la obligación ética, constitucional y legal de respetar los derechos de las mujeres y garantizar su goce efectivo permitiéndoles el acceso a todos los servicios legales de salud, respetando la Constitución y los fallos que hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, como la Sentencia C-35 de 2006, pues de tal manera contribuyen a la reducción significativa de las altas tasas de mortalidad y morbilidad materna por la práctica de abortos inseguros.
4.2. Esta corporación se ha pronunciado en varias oportunidades sobre la objeción de conciencia, en materias como el servicio militar (11) , la educación (12) , respecto de la obligación de prestar juramento (13) , en materia de obligaciones laborales (14) y en materia de salud (15) , entre otras.
4.3. En relación con la interrupción voluntaria del embarazo, en la Sentencia C-355 de 2006, esta corporación tuvo en cuenta el derecho que tiene los profesionales de la salud de presentar objeción de conciencia. Sin embargo, la Corte consideró, que la objeción de conciencia no es un derecho del cual son titulares las personas jurídicas, o el Estado. Solo es posible reconocerlo a personas naturales, de manera que no pueden existir clínicas, hospitales, centros de salud o cualquiera que sea el nombre con que se les denomine, que presenten objeción de conciencia a la práctica de un aborto cuando se reúnan las condiciones señaladas en esta sentencia. En lo que respecta a las personas naturales, cabe advertir, que la objeción de conciencia hace referencia a una convicción de carácter religioso debidamente fundamentada, y por tanto no se trata de poner en juego la opinión del médico en torno a si está o no de acuerdo con el aborto, y tampoco puede implicar el desconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres; por lo que, en caso de alegarse por un médico la objeción de conciencia, debe proceder inmediatamente a remitir a la mujer que se encuentre en las hipótesis previstas a otro médico que si pueda llevar a cabo el aborto, sin perjuicio de que posteriormente se determine si la objeción de conciencia era procedente y pertinente, a través de los mecanismos establecidos por la profesión médica.
4.5. De tal manera, en relación con la objeción de conciencia, está determinado que, (i) que no pueden existir clínicas, hospitales, centros de salud o cualquiera que sea el nombre con que se les denomine, que presenten objeción de conciencia a la práctica de un aborto cuando se reúnan las condiciones señaladas en esta sentencia; (ii) en atención a la situación subjetiva de aquellos profesionales de la salud que en razón de su conciencia no estén dispuestos a practicar el aborto se les garantiza la posibilidad de acudir al instituto denominado objeción de conciencia; (iii) pueden acudir a la objeción de conciencia siempre y cuando se trate realmente de una “convicción de carácter religioso debidamente fundamentada”, pues de lo que se trata no es de poner en juego la opinión del médico en torno a si está o no de acuerdo con el aborto; y, (iv) la objeción de conciencia no es un derecho absoluto y su ejercicio tiene como límite la propia Constitución en cuanto consagra los derechos fundamentales, cuya titularidad también ostentan las mujeres, y por tanto no pueden ser desconocidos.
4.7. En suma, el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia debe encontrarse acorde con el ordenamiento jurídico, y por tanto no puede constituirse en un mecanismo de discriminación y vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres. En efecto, los profesionales de salud tienen la obligación ética y legal de respetar tanto la Constitución como las sentencias proferidas por esta corporación en sede de control de constitucionalidad, que al hacer tránsito a cosa juzgada constitucional, tienen carácter erga omnes y por tanto son de obligatorio cumplimiento por todas las personas.
2. Las circunstancias que ponen los intereses vitales de la madre en conflicto con los intereses vitales de su criatura por nacer, crean un dilema y plantean el interrogante respecto a si el embarazo debe o no ser deliberadamente interrumpido.
3. La diversidad de respuestas a esta situación es producida por la diversidad de actitudes hacia la vida de la criatura por nacer. Esta es una cuestión de convicción y conciencia individuales que debe ser respetada.
4. No es función de la profesión médica determinar las actitudes y reglas de una nación o de una comunidad en particular con respecto a este asunto, pero sí es su deber asegurar la protección de sus pacientes y defender los derechos del médico dentro de la sociedad (negrillas fuera del texto original).
5. Por lo tanto, donde la ley permita el aborto terapéutico, la operación debe ser realizada por un médico competente en la materia y en un lugar aprobado por las autoridades del caso.
6. Si un médico estima que sus convicciones no le permiten aconsejar o practicar un aborto, él puede retirarse, siempre que garantice que un colega calificado continuará prestando la atención médica (negrillas fuera del texto).
7. Esta declaración, si bien es respaldada por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, no debe ser considerada como obligatoria para ninguna asociación miembro en particular, a menos que ella sea adoptada por la asociación miembro.
El mismo documento guía, en el capítulo segundo citado, inciso final, aparte 2.4.1., dispone que “Cuando un hospital, clínica, o centro de salud ha sido designado como una institución pública que ofrece servicios permitidos por la ley, no se puede poner en peligro la vida o salud de la mujer negándole esos servicios. Se deben proveer los servicios de aborto en toda la extensión permitida por la ley”.
4.14. Con fundamento en el mencionado Decreto 4444 de 2006, el Ministerio de la Protección Social expidió la Resolución 4905 de 2006 (14 de diciembre), por medio de la cual se adopta la norma técnica para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, se adiciona la Resolución 1896 de 2001 y se dictan otras disposiciones, la que expresamente anexa la guía técnica y de políticas para sistemas de salud, aborto sin riesgo, publicada por la OMS en 2003. Al respecto dispone:
ART. 5º—Celeridad en la prestación del servicio de IVE. La provisión de servicios de IVE debe realizarse en lo posible dentro de los primeros cinco días siguientes a la solicitud y previo el consentimiento informado por parte de la gestante y la presentación de la certificación médica o la copia de la denuncia penal, según el caso.
ART. 7º—Vigilancia en salud pública. El Ministerio de la Protección Social y las entidades territoriales en el ámbito de sus competencias ejercerán la vigilancia en salud pública de la IVE, incluyendo la vigilancia de sus complicaciones y de la morbimortalidad materna, de acuerdo con los instrumentos que para el efecto se definan en el sistema de vigilancia en salud pública Sivigila.
4.16. Por lo anterior, las autoridades administrativas del sistema de salud, deben dar cumplimiento a lo previsto, tanto en el Decreto 4444 de 2006 como en la Resolución 4905, que prevén que en todas las entidades o instituciones que conforman el sistema de salud se debe garantizar un número adecuado de proveedores habilitados para prestar los servicios de interrupción del embarazo de acuerdo con sus disposiciones, para el acceso real y la atención oportuna de las gestantes que requieran servicios IVE en todos los grados de complejidad, y que la provisión de servicios de IVE debe realizarse en lo posible dentro de los primeros cinco días siguientes a la solicitud y previo el consentimiento informado por parte de la gestante y la presentación de la certificación médica o la copia de la denuncia penal, según el caso, so pena de las sanciones respectivas.
5.1. En el presente caso, se presenta tutela contra Coomeva EPS y el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, por cuanto se negó la interrupción del embarazo a la menor Eli Johanna Palencia, víctima de acceso carnal denunciado debidamente como violación ante la Fiscalía General de la Nación.
5.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, toda persona tiene acción de tutela para reclamar la protección de sus derechos fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Esta acción igualmente procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público, en la forma como lo establezca la ley. En dicho sentido, el Decreto 2591 de 1991, artículo 42, dispone que la acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares, entre otros, cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud.
5.3. Observa la Corte que a la luz de la Constitución y de la Sentencia C-355 de 2006, en el presente caso tanto las entidades accionadas como los médicos que conocieron del caso, vulneraron los derechos fundamentales a la menor Eli Johanna Palencia Arias, de 13 años de edad, ya que, habiendo esta solicitado la interrupción de su embarazo, allegando copia de la denunciada en la que se afirmó haber sido objeto de violación, unas y otros se limitaron a manifestar que les resultaba imposible llevar a cabo dicho procedimiento en razón de la generalizada manifestación del ejercicio de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud que atendieron el caso.
5.5. En efecto, obra como prueba en el expediente, (i) denuncia penal formulada por la señora Gladis Belén Arias, madre de la menor Eli Johanna Palencia Arias, por la violación de su hija (16) ; (ii) prueba de laboratorio que dio positiva para embarazo (17) ; (iii) certificación de la coordinadora de Fiscalía sobre el adelantamiento de la investigación por acceso carnal violento agravado, siendo víctima la menor citada (18) ; (iv) oficio enviado por la Fiscalía a Coomeva EPS, solicitando la intervención médica de interrupción del embarazo, tal y como es voluntad de la menor (19) , en razón a que la menor se encontraba afiliada a dicha EPS.
5.6. Además, obra como prueba que, Coomeva EPS, remitió a la menor a la Clínica Médico Quirúrgica, para efectos de la práctica del procedimiento, quienes no lo practicaron (20) , por cuanto el médico director, el médico auditor, cuatro médicos gineco-obstetras, la jefe de enfermería y la auditora de calidad, todos de la misma clínica, realizaron una reunión el 29 de marzo de 2007, a las 8:00 p.m., con el objeto de analizar, discutir y definir la conducta a seguir en el caso de la paciente Eli Johanna Palencia Arias afiliada a Coomeva EPS, y el tema específico lo fue la definición de conducta para interrupción del embarazo por acceso carnal violento de la citada paciente. Las conclusiones de la reunión fueron (i) el caso cumple con los requisitos del Decreto 4444 de 2006; (ii) hay incongruencia entre la fecha de la última menstruación y la fecha de acceso carnal violento referido por la paciente con los hallazgos clínicos y de imagenología aportados en la historia clínica; (iii) la objeción de conciencia permite al gineco-obstetra rechazar la realización del procedimiento, a la cual se acogen los especialistas arriba firmantes; y, (iv) la clínica médico quirúrgica y su staff de especialistas no asumen la responsabilidad ni la realización de la interrupción del embarazo. Conclusiones que fueron comunicadas a Coomeva EPS. S.A.
5.7. Ante la respuesta de la Clínica Médico Quirúrgica, Coomeva envía a la paciente al Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, empresa social del estado, para que allí se efectúe el procedimiento (21) , la que respondió no tener contrato con Coomeva, pero además afirmó no realizar el procedimiento por cuanto los médicos se acogieron a la objeción de conciencia (22) .
5.8. Nuevamente, Coomeva remite a la paciente a la Fundación Mario Gaitán Yaguas, la que respondió a través de su gerente de atención médica, que los profesionales especialistas en ginecología-obstetricia, vinculados a la institución, consultados en forma individual, de manera unánime han hecho uso de la objeción de conciencia, para no realizar el procedimiento anotado (23) .
5.9. Coomeva también remite a la menor a la Clínica San José de Cúcuta, la que respondió a través de su gerente administrativo, que no atendía la solicitud, por cuanto el staff de médicos del servicio de ginecobstetricia se acogió cada uno d ellos a la objeción de conciencia fundamentada en razones de tipo religioso (24) .
5.10. En igual sentido se pronuncio la Clínica Norte S.A., a través de su director científico (25) . Y, la Clínica Santa Ana S.A., quién expreso a través de su gerente estar en disposición de atender la solicitud en relación con los servicios de quirófano, anestesia, medicamentos y hospitalización, pero informa que el equipo de médicos especialistas en ginecología y obstetricia hace uso de la objeción de conciencia para dicho procedimiento (26) .
5.11. De las citadas pruebas se aprecia, que la EPS Coomeva; los centros hospitalarios y clínicos, privados y público, a los que se remitió la menor para la práctica del procedimiento IVE, así como los médicos vinculados a dichas instituciones de salud, vulneraron los derechos fundamentales de la citada menor al negarse a practicar el respectivo procedimiento, y también desconocieron la Constitución, la Sentencia C-355 de 2006, la ley y los reglamentos expedidos por el Gobierno Nacional, pues si bien todos los médicos de la especialidad de ginecología y obstetricia presentaron para el caso objeción de conciencia, ella no cumple los requerimientos que para el efecto consagra tanto la Sentencia C-355 de 2006 como el Decreto 4444 del mismo año y la Resolución 4905 de 2006 expedida por el Ministerio de la Protección Social, y tampoco procedieron a cumplir con la obligación de remitir de manera inmediata a la menor a un profesional de la salud habilitado para llevar a cabo el procedimiento correspondiente.
5.12. En efecto, las pruebas que obran en el expediente no acreditan que cada uno de los médicos que conoció del caso hubiere presentado la objeción de conciencia de manera individual, libre y autónoma, pues si bien así se anunció en las respuestas que enviaron los respectivos gerentes o directores a Coomeva, por el contrario, de las mismas respuestas se puede inferir que la objeción de conciencia fue asumida de manera colectiva y como una decisión de carácter institucional. En relación con la Clínica Médico Quirúrgica de Cúcuta (27) , aparece claro que la decisión sobre la objeción de conciencia se tomo de manera colectiva y con la intervención de personal administrativo, caso en el que además aparece, que dicha determinación se adoptó, no por razones de orden religioso, sino previo el análisis de los hechos denunciados.
5.13. Al respecto de las pruebas que obran en el expediente cabe recordar, que no basta que los profesionales de la salud anuncien la presentación de la objeción de conciencia para quedar eximidos de practicar el procedimiento de IVE, y con ello creerse exentos de todas responsabilidad, pues lo que les corresponde a estos es cumplir con la obligación adicional consistente en remitir de manera inmediata a la mujer solicitante a otro profesional habilitado para llevar a cabo el procedimiento, y así debe estar garantizado tanto por la red pública de salud como por las empresas promotoras de salud para sus afiliados, según lo dispone la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional.
5.14. En conclusión, en este caso, tanto las entidades de salud públicas y privadas como los médicos que atendieron el caso y presentaron de manera conjunta y unánime objeción de conciencia, desconocieron la Constitución, la Sentencia C-355 de 2006 y los decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional sobre la materia, y vulneraron los derechos fundamentales de la menor Eli Johanna Palencia Arias.
5.16. De las pruebas que obran en el expediente se puede concluir, que en este caso, tanto la EPS Coomeva, a la cual se encontraba afiliada la menor accionante en tutela, como las instituciones prestadoras de salud de su red, así como la entidad pública, Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, también vulneraron flagrantemente los derechos fundamentales de la menor Eli Johanna Palencia, al no tener la disponibilidad de profesionales de la salud habilitados para llevar a cabo el procedimiento de IVE. Siendo ello así, correspondía a los jueces de tutela otorgarle a la menor accionante la protección inmediata.
5.17. Manifiesta la vulneración de los derechos fundamentales de la menor Eli Johanna Palencia, correspondía a los jueces de tutela otorgarle de manera inmediata la protección solicitada. Sin embargo, no obraron de conformidad y procedieron a negar la tutela con fundamento en la valoración que hicieron de los hechos denunciados penalmente, de los cuales concluyeron que no se puede determinar claramente que el embarazo es fruto de acceso carnal violento pese a encontrase denunciado (28) , por cuanto existen discrepancias entre la fecha en la que tuvo lugar la presunta violación y la fecha en que se dio la fecundación.
Al respecto de los fundamentos de las sentencias de instancia en esta tutela, considera la Corte que no se adoptaron previa la valoración constitucional correspondiente a los derechos fundamentales vulnerados en atención a lo previsto en la Constitución y lo decidido en la Sentencia C-355 de 2006. Al adentrarse dichos jueces en el análisis de los hechos denunciados, obraron no como jueces constitucionales sino como jueces ordinarios, en cuanto es a estos a los que les corresponde decidir sobre los hechos penales denunciados, previa la investigación respectiva. Jueces de tutela que además de actuar por fuera de sus competencias, al valorar los hechos denunciados también desconocieron lo previsto en el Código Penal, como pasa a explicarse.
5.19. Las conclusiones de los jueces de tutela, además de apartarse de las normas del Código Penal, también desconocieron la Constitución y la Sentencia C-355 de 2006, que por tener efectos de cosa juzgada constitucional, les es de obligatorio cumplimiento. Cabe recordar, que según el artículo 243 de la Constitución, ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución. Además, en virtud del principio de la buena fe, para los casos en que se solicite el procedimiento de IVE y se aduzca que es producto de violencia sexual, solo puede exigirse a la madre gestante la denuncia penal debidamente presentada para que proceda la interrupción del embarazo, máxime que en el caso se trataba de una niña de trece años cuyo acceso carnal se considera abusivo y delictual según el Código Penal.
5.20. Así las cosas, siendo evidentes las pruebas sobre la vulneración de los derechos fundamentales por parte de la entidades e instituciones de salud, y los profesionales de la salud, la Sala estima que la acción de tutela invocada por la señora Gladys Belén Arias Becerra, en representación de su hija Eli Johanna Palencia Arias ha debido prosperar, habiendo actuado de manera contraria los jueces de tutela que negaron el amparo solicitado.
5.21. Por tanto, le corresponde a la Corte revocar los fallos objeto de revisión. También, se ordenará que los jueces que actuaron, tanto en primera como en segunda instancia en la tutela, sean investigados para que se establezca las posibles faltas disciplinarias en que pudieron haber incurrido, de conformidad con las consideraciones expuestas anteriormente. Con dicho fin, la Secretaría General de esta corporación enviará copias de todo lo actuado con destino al consejo seccional —Sala disciplinaria— de Norte de Santander, trámite disciplinario que debe ser vigilado por la Procuraduría General de la Nación. Igualmente, la Fiscalía General de la Nacional deberá investigar, si los mismos jueces, pudieron haber incurrido en el delito de prevaricato, para lo cual, la Secretaría General de esta corporación remitirá copia de todo lo actuado en esta tutela.
5.23. En efecto, en el caso “sub examine”, se tiene que de conformidad con la ecografía practicada a la menor Eli Johanna Palencia el día 24 de marzo de 2007 (29) , para tal fecha presentaba un embarazo de dieciséis (16) semanas y cinco (5) días, lo cual permite señalar como fecha probable del embarazo el 27 de noviembre de 2006. En consecuencia, ya sea que se tome como punto de referencia tal diagnóstico, que se considera el más atendible por cuanto se certifica que fue practicado con equipo de alta definición, o ya sea que se parta de las fechas probables de embarazo resultantes de las demás pruebas practicadas, se tiene que se ha superado el tiempo normal de gestación y debe haber ocurrido el parto.
“ART. 25.—Indemnizaciones y costas. Cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo de tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente por el trámite incidental, dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación.
La mencionada condena será contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra este, si se considera que ha mediado dolo o culpa grave de su parte, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido.
Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, este condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad”.
5.26. Cabe recordar, como quedó explicado anteriormente, que la violencia contra las mujeres, en sus diversas manifestaciones, pero en especial las violencias sexuales constituyen violaciones de derechos humanos y problemas de salud pública; que si bien los profesionales de la salud que atendieron el caso, dijeron presentar objeción de conciencia, esta no reúne los requisitos para su procedencia, en cuanto no fue presentada de manera individual y fundada en razones de orden religioso. Además, dichos profesionales no cumplieron con la obligación subsiguiente de remitir inmediatamente a la solicitante a un profesional habilitado para practicar el procedimiento de IVE.
5.27. En relación con los perjuicios, estos deben ser reparados en su integridad para asegurar el goce efectivo de sus derechos, y así lo deberá tener en cuenta el juez que los liquide, para lo cual valorará que se trata de una menor de edad, cuyo embarazo fue producto del delito de agresión sexual pues fue accedida carnalmente teniendo menos de catorce años, que la violación además de ser una acto violento es de agresión, de humillación y de sometimiento, y que tiene impacto no solo en el corto plazo sino que también es de largo alcance, en los órdenes emocional, existencial y psicológico, incluidos los daños a su salud por la gestación y la enfermedad sexual que le fue trasmitida.
5.28. Los perjuicios que sufrió la menor Eli Johanna Palencia deben ser reparados en su integridad por Coomeva EPS, y solidariamente por las IPS de su red y los profesionales de la salud que atendieron el caso, todos estos contra los cuales podrá repetir posteriormente Coomeva una vez los hubiere cancelado en su totalidad.
5.29. Liquidación de perjuicios que se hará por el juez del circuito administrativo —reparto— de Cúcuta, por el trámite incidental, y será decidido dentro del término de los seis (6) meses siguientes al recibo de la comunicación respectiva, para lo cual, la Secretaría General de esta corporación remitirá inmediatamente copias de toda la actuación surtida en esta tutela.
En el citado trámite incidental la menor Eli Johanna Palencia deberá ser acompañada por la Defensoría del Pueblo, para lo cual, la Secretaría General de esta corporación remitirá copias de todo lo actuado en esta tutela.
6.1. En el presente caso, el procedimiento de IVE no se practicó a la menor Eli Johanna Palencia, debido a que todos los médicos de las IPS de la red de la EPS Coomeva, así como la IPS pública, Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, presentaron objeción de conciencia, y no procedieron a remitir inmediatamente a la citada menor a otro profesional de la salud habilitado para llevar a cabo el procedimiento como era su obligación. Le corresponde a la Corte, tomar algunas determinaciones en relación con la falta a dicha obligación, así como respecto del incumplimiento de lo previsto en el Decreto 4444 de 2006.
El Tribunal Nacional de Ética Médica, mediante Oficio 867-2007 del 11 de diciembre de 2007, manifestó que “en la Ley 23 de 1981 no se contempla el asunto de la objeción de conciencia ni se disponen mecanismos para determinar la procedencia y pertinencia de dicha objeción” y, en relación con el eventual uso de tales mecanismos y los resultados obtenidos con los mismos, el aludido tribunal manifestó que “Estos tribunales de Ética Médica no tienen función de consulta por lo cual no podemos dar opiniones sobre el asunto por usted citado”.
6.3. En consecuencia, precisa la Corte en primer lugar, que si bien en la Ley 23 de 1981, “por la cual se dictan normas en materia de ética medica” no se hace alusión expresa a la objeción de conciencia, el señalamiento hecho en la Sentencia C-355 de 2006 y lo dispuesto en las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Médica Mundial, en cuanto a que, presentada la objeción de conciencia el profesional de la salud que la exprese está en la obligación de remitir inmediatamente a la solicitante a otro médico que esté habilitado para llevar a cabo el procedimiento de IVE, sin perjuicio de que “... posteriormente se determine si la objeción de conciencia era procedente o pertinente...”, a través de los mecanismos establecidos por la profesión médica, constituye “per se” fundamento suficiente para que se proceda en consecuencia, para lo cual, bien puede utilizarse las normas generales respectivas.
A lo anterior hay que agregar que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 23 de 1981, al Tribunal Nacional de Ética Médica (30) y a los tribunales seccionales ético-profesionales (31) compete el conocimiento “de los procesos disciplinarios ético-profesionales que se presenten por razón del ejercicio de la medicina en Colombia” y que tales entidades “cumplen una función pública” (32) y disponen de un procedimiento establecido en la misma ley (33) para la determinación de la eventual responsabilidad disciplinaria de los profesionales de la medicina.
Cabe recordar, que de conformidad con la Ley 23 de 1981, uno de los principios que sirven de fundamento esencial para el desarrollo de las normas sobre ética médica, indica que la medicina es una profesión que tiene como fin cuidar de la salud del hombre y propender por la prevención de las enfermedades, el perfeccionamiento de la especie humana y el mejoramiento de los patrones de vida de la colectividad, sin distingos de nacionalidad, ni de orden económico-social, racial, político y religioso; y que, el médico deberá conocer y jurar cumplir con lealtad y honor, entre otros, hacer caso omiso de las diferencias de credos políticos y religiosos, de nacionalidad, razas, rasgos sociales, evitando que estas se interpongan entre sus servicios profesionales y el paciente. En igual sentido se consagra, respecto de los deberes de los médicos en la declaración adoptada por la 3ª Asamblea General de la AMM Londres, Inglaterra, octubre 1949, y enmendado por la 22ª Asamblea Médica Mundial Sydney, Australia, agosto 1968, y la 35ª Asamblea Médica Mundial Venecia, Italia, octubre 1983, en cuanto deben mantener siempre el más alto nivel de conducta profesional; así como en la declaración de Ginebra, adoptada en la 2ª Asamblea General de la Asamblea Mundial Médica, en 1948, en cuanto los médicos deben jurar que no permitirán que consideraciones de afiliación política, clase social, credo, edad, enfermedad o incapacidad, nacionalidad, origen étnico, raza, sexo o tendencia sexual se interpongan entre sus deberes y su paciente.
De otra parte, mediante Decreto 1011 de 2006, se estableció el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud del sistema general de seguridad social en salud, aplicable tanto a los prestadores de servicios de salud, como a las entidades promotoras de salud, entre otros operadores del sector salud (34) , y se señaló como entidades responsables del funcionamiento del sistema al Ministerio de la Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud, así como a las entidades departamentales, distritales y municipales de salud (35) .
En el numeral 3º, el artículo 5º, del referido decreto se asigna a las entidades departamentales y distritales de salud la obligación de “cumplir y hacer cumplir en sus respectivas jurisdicciones, las disposiciones establecidas en el presente decreto y en la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social, divulgar las disposiciones contenidas en esta norma y brindar asistencia a los prestadores de servicios de salud y los definidos como tales para el cabal cumplimiento de las normas relativas a la habilitación de las mismas”.
En el artículo 54 del mismo Decreto 1011 de 2006 se asigna a las entidades territoriales de salud la competencia para adelantar los procedimientos y aplicar las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979, “por la cual se dictan medidas sanitarias”, y en las normas que las modifiquen o las sustituyan.
En el literal f) del artículo 9º de la Ley 10 de 1990 se asigna al Ministerio de la Protección Social la función de “Vigilar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos y las normas técnicas, administrativas y de calidad del servicio, adoptados para el sector salud, e imponer, si es el caso, las sanciones a que hubiere lugar”.
En el artículo 178 de la Ley 100 de 1993 se señalan las funciones de las entidades promotoras de salud, entre las cuales figuran la de “Organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus familias puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional” (36) y la de “Establecer procedimientos para controlar la atención integral, eficiente, oportuna y de calidad en los servicios prestados por las instituciones prestadoras de servicios de salud” (37) .
6.7. La anteriores entidades igualmente vigilarán la observancia de lo dispuesto en el Decreto 4444 de 2007 sobre la adecuada implementación, permanente disponibilidad y oportuna prestación de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, en los casos y condiciones establecidos por esta corporación en la Sentencia C-355 de 2006; cumplimiento que debe verificar tanto la Superintendencia Nacional de Salud como el Ministerio de la Protección Social, no solo en dicho departamento sino en todo el territorio nacional.
6.8. Además, la Procuraduría General de la Nación será informada, para que vigile el cumplimiento de esta decisión, tanto por parte del Ministerio de la Protección Social como por la Superintendencia de Salud, no solo en cuanto a la gestiones administrativas para que cumpla la Sentencia C-355 de 2006 y los reglamentos respectivos, sino en cuanto a las investigaciones e imposición de sanciones por el incumplimiento de las citas normas.
1. El aborto no constituye delito cuando se solicita voluntariamente por una mujer presentando la denuncia penal debidamente formulada en caso de violación o de inseminación artificial no consentida, transferencia de ovulo fecundado no consentida o incesto, certificado médico de estar en peligro la vida de la madre, o certificado médico de inviabilidad del feto.
3. Los médicos o el personal administrativo no puede exigir documentos o requisitos adicionales a los mencionados en el numeral primero, con el fin de abstenerse de practicar o autorizar un procedimiento de IVE.
4. La objeción de conciencia no es un derecho del que son titulares las personas jurídicas.
5. La objeción de conciencia es un derecho que solo es posible reconocer a las personas naturales.
6. La objeción de conciencia debe presentarse de manera individual en un escrito en el que se expongan debidamente los fundamentos.
7. La objeción de conciencia no puede presentarse de manera colectiva.
8. La objeción de conciencia debe fundamentarse en una convicción de carácter religioso.
9. La objeción de conciencia no puede fundamentarse en la opinión del médico en torno a si está o no de acuerdo con el aborto.
10. La objeción de conciencia no puede vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres.
11. El médico que se abstenga de practicar un aborto con fundamento en la objeción de conciencia tiene la obligación de remitir inmediatamente a la mujer a otro médico que si pueda llevar a cabo el aborto. Y, en el caso de las IPS, estas deben haber definido previamente cual es el médico que está habilitado para practicar el procedimiento de IVE.
12. Cuando se presenta objeción de conciencia el aborto debe practicarse por otro médico que esté en disposición de llevar a cabo el procedimiento de IVE, sin perjuicio de que posteriormente se determine si la objeción de conciencia era procedente y pertinente, a través de los mecanismos establecidos por la profesión médica, o en su defecto por el Ministerio de la Protección Social, conforme a las normas pertinentes.
14. Las mujeres tienen derecho al acceso real, oportuno y de calidad al sistema de seguridad social en salud cuando soliciten la interrupción de su embarazo, en todos los grados de complejidad del mismo.
15. el sistema de seguridad social en salud no puede imponer barreras administrativas que posterguen innecesariamente la prestación del servicio de IVE.
16. El incumplimiento de las anteriores previsiones da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el sistema general de seguridad social en salud.
1. REVOCAR la sentencia proferida el veinte de abril de 2007 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, por medio de la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por la señora Gladys Belén Arias Becerra en representación de la menor Eli Johana Palencia Arias, así como la sentencia proferida el siete de mayo de 2007 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, por medio de la cual se confirmó la decisión de primera instancia.
2. Condenar en abstracto a Coomeva EPS, y solidariamente a las IPS de su red, y a los profesionales de la salud que atendieron el caso y no obraron de conformidad con sus obligaciones, a pagar los perjuicios causados a la menor Eli Johanna Palencia Arias, por la violación de sus derechos fundamentales.
La liquidación de la misma se hará por el juez del circuito administrativo de Cúcuta —reparto—, por el trámite incidental, el que deberá iniciarse dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación respectiva, y deberá ser decidido en el término de los seis (6) meses siguientes, para lo cual, la Secretaría General de esta corporación remitirá inmediatamente copias de toda la actuación surtida en esta tutela a la oficina judicial respectiva. El juez del circuito administrativo a quien corresponda fallar el presente incidente, remitirá copia de la decisión de fondo a este despacho.
3. La Secretaría General de esta corporación comunicará inmediatamente lo aquí resuelto a la accionante y a la Defensoría del Pueblo para que haga el acompañamiento en el respectivo incidente de reparación de perjuicios a favor de la menor.
4. Disponer que la Procuraduría General de la Nación vigile el trámite del incidente de regulación de perjuicios dispuesto en el numeral segundo, para lo cual, la Secretaría General de esta corporación remitirá copia de esta providencia y de lo actuado en esta tutela.
5. Comunicar a la Superintendencia de Salud lo aquí resuelto, para que en ejercicio de sus competencias, investiguen y si es del caso sancionen, las posibles faltas en que se pudo incurrir en este caso por Coomeva EPS y las IPS de su red, así como el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, entidad pública, por el incumplimiento de las disposiciones previstas en el Decreto 4444 de 2007. Igualmente, para que tomen las determinaciones administrativas necesarias a fin de que se cumpla en todo el territorio nacional lo dispuesto en la Sentencia C-355 de 2006 y en el citado decreto. La secretaría de esta corporación compulsará las copias respectivas.
6. Comunicar a la dirección nacional del sistema de salud del Ministerio de la Protección Social lo aquí decidido, para que en ejercicio de sus competencias, investigue y si es del caso sancione, las posibles faltas en que se pudo incurrir en este caso por Coomeva EPS y las IPS de su red, así como el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, entidad pública, por el incumplimiento de las disposiciones previstas en el Decreto 4444 de 2007. Igualmente, para que tomen las determinaciones administrativas necesarias a fin de que se cumpla en todo el territorio nacional lo dispuesto en la Sentencia C-355 de 2006 y en el citado decreto. La secretaría de esta corporación compulsará las copias respectivas.
7. Comunicar a la Procuraduría General de la Nación lo aquí resuelto, a fin de que vigile que la dirección nacional del sistema de salud del Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, cumplan con lo dispuesto en los numerales quinto y sexto de esta providencia, y también vigile que cualquiera otra entidad del sector descentralizado cumpla con lo previsto en el Decreto 4444 de 2006. La Secretaría General de esta corporación le remitirá copia de todo lo actuado.
8. Comunicar al Tribunal Nacional de Ética Médica lo aquí resuelto, para lo cual la Secretaría General de esta corporación enviará copia de esta providencia.
9. Ordenar a la Secretaría General de esta corporación, expida copias de esta providencia y de todo el expediente de tutela, con destino al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander —Sala Disciplinaria—, a fin de que investigue las posibles faltas disciplinarias en que pudieron incurrir los jueces de instancia que actuaron en esta tutela. Iguales copias remitirá a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen la conducta de los funcionarios que fallaron en primera y segunda instancia esta tutela. También se remitirá copia de todo lo actuado con destino a la Procuraduría General de la Nación para que vigile el trámite de estas actuaciones.
10. La Superintendencia Nacional de Salud y la dirección nacional del sistema de salud del Ministerio de la Protección Social, rendirán informe a este despacho, en el término de los dos (2) meses siguientes a la comunicación de esta providencia, sobre las actuaciones realizadas para el cumplimiento de la presente sentencia.
11. Levantar la suspensión del presente proceso.
(1) Aclaración de voto del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa a la Sentencia C-355 de 2006.
(2) Sentencia C-355 de 2006.
(3)Así se reconoció en la Conferencia internacional sobre población y desarrollo (CIPD) desarrollada en El Cairo en 1994.
(4) Naciones Unidas 1995, párrafo 8.25. En el mismo sentido se consideró en la Asamblea General de las Naciones Unidas 1999, párrafo 63.iii.
(5) Naciones Unidas 1995, párrafo 7.3.
(6) Naciones Unidas 1996, párrafo 96.
(7) Naciones Unidas 1995, párrafo 8.25.
(8) Naciones Unidas 1996, párrafo 106.
(9) Naciones Unidas 1999, párrafo 63,iii.
(10) En el año 2003 la OMS publicó Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud.
(11) Sentencias T-409 de 1992, C-511 de 1994, C-561 de 1995, T-363 de 1995, C-740 de 2001, T-355 de 2002, T-332 de 2004.
(12) Sentencias T-539 de 1993, T-075 de 1995, T-588 de 1998, T-877 de 1999, T-026 de 2005.
(13) Sentencias T-547 de 1993, C-616 de 1997.
(14) Sentencias T-982 de 2001, T-332 de 2004.
(15) Sentencias T-411 de 1994, T-744 de 1996, T-659 de 2002, T-471 de 2005.
(16) Folios. 2 y 3, cuaderno 1.
(17) Folio 6, cuaderno 1.
(18) Folio 7, cuaderno 1.
(20) Folios 110 y 111, cuaderno 1.
(21) Folio 112, cuaderno 1.
(22) Folio 113, cuaderno 1.
(23) Folio 114, cuaderno 1.
(24) Folio 115, cuaderno 1.
(25) Folios 119 y 120, cuaderno 1.
(26) Folio 121, cuaderno 1.
(27) Folios 110 y 111, cuaderno 1.
(28) Folio 7.
(29) Informe ecográfico suscrito por el radiólogo de Somediag, doctor Carlos Alberto Carvajal F. Folio 30.
(30) Artículo 63.
(31) Artículo 67.
(32) Artículo 73.
(33) Artículo 74 y siguientes.
(34) Artículo 1º.
(35) Artículo 5º.
(36) Numeral 3º.
(37) Numeral 6º.

References: Resolución 
 artículo 67
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 14
 artículo 243
 artículo 32
 artículo 122
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 86
 artículo 42
 Resolución 
 artículo 243
 artículo 5
 artículo 54
 artículo 577
 artículo 9
 artículo 178
 Artículo 63
 Artículo 67
 Artículo 73
 Artículo 74
 Artículo 1
 Artículo 5