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Ley 26854. Medidas Cautelares | Mandato | Ley procesal
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02 El Proceso Cautelar
Derecho y Cambio Social Buena Fe
DESISTE CAUTELAR
Analisis Jurisprudencial Del Contencioso Adm.
929-2014 Secuestro Conservativo
REGULACION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN CAUSAS EN LAS QUE EL ESTADO ES PARTE O INTERVIENE
BUENOS AIRES, 24 de Abril de 2013. (BOLETIN OFICIAL, 30 de Abril de 2013 ) Vigentes TEMA
DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA-MEDIDAS CAUTELARES-MEDIDAS CAUTELARES CONTRA EL ESTADO
CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONEN LA NORMA: 21
TITULO I De las medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviene el Estado nacional (artículos 1 al 19)
ARTICULO 1º - Las pretensiones cautelares postuladas contra toda actuación u omisión del Estado nacional o sus entes descentralizados, o solicitadas por éstos, se rigen por las disposiciones de la presente ley.
1. Al momento de resolver sobre la medida cautelar solicitada el juez deberá expedirse
sobre su competencia, si no lo hubiere hecho antes.
2. La providencia cautelar dictada contra el Estado nacional y sus entes descentralizados
por un juez o tribunal incompetente, sólo tendrá eficacia cuando se trate de sectores
socialmente vulnerables acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental.
1. Previa, simultáneamente o con posterioridad a la interposición de la demanda se
podrá solicitar la adopción de las medidas cautelares que de acuerdo a las reglas
establecidas en la presente resulten idóneas para asegurar el objeto del proceso.
2. La pretensión cautelar indicará de manera clara y precisa el perjuicio que se procura
evitar; la actuación u omisión estatal que lo produce; el derecho o interés jurídico que se pretende garantizar; el tipo de medida que se pide; y el cumplimiento de los requisitos que correspondan, en particular, a la medida requerida.
3. El juez o tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al interés público,
podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la naturaleza del derecho que se intentare proteger y el perjuicio que se procura
1. Solicitada la medida cautelar, el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad
pública demandada que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud.
Con la presentación del informe, la parte demandada podrá expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañará las constancias documentales que considere pertinentes. Sólo cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables lo justificaran, el
juez o tribunal podrá dictar una medida interina, cuya eficacia se extenderá hasta el momento de la presentación del informe o del vencimiento del plazo fijado para su producción. Según la índole de la pretensión el juez o tribunal podrá ordenar una vista previa al Ministerio Público.
2. El plazo establecido en el inciso anterior no será aplicable cuando existiere un plazo
menor especialmente estipulado. Cuando la protección cautelar se solicitase en juicios
sumarísimos y en los juicios de amparo, el término para producir el informe será de tres (3) días.
3. Las medidas cautelares que tengan por finalidad la tutela de los supuestos
enumerados en el artículo 2º, inciso 2, podrán tramitar y decidirse sin informe previo de
ARTICULO 5º - Al otorgar una medida cautelar el juez deberá fijar, bajo pena de nulidad, un límite razonable para su vigencia, que no podrá ser mayor a los seis (6) meses. En los procesos de conocimiento que tramiten por el procedimiento sumarísimo y en los juicios de
amparo, el plazo razonable de vigencia no podrá exceder de los tres (3) meses. No procederá el deber previsto en el párrafo anterior, cuando la medida tenga por finalidad la tutela de los supuestos enumerados en el artículo 2º, inciso 2. Al vencimiento del término fijado, a petición de parte, y previa valoración adecuada del interés público comprometido en el proceso, el tribunal podrá, fundadamente, prorrogar la medida por un plazo determinado no mayor de seis (6) meses, siempre que ello resultare procesalmente indispensable. Será de especial consideración para el otorgamiento de la prórroga la actitud dilatoria o de impulso procesal demostrada por la parte favorecida por la medida. Si se tratara de una medida cautelar dictada encontrándose pendiente el agotamiento de la vía administrativa previa, el límite de vigencia de la medida cautelar se extenderá hasta la notificación del acto administrativo que agotase la vía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8º segundo párrafo.
2. En cualquier momento en que las circunstancias que determinaron su dictado cesaren
o se modificaren, se podrá requerir su levantamiento.
1. Quien hubiere solicitado y obtenido una medida cautelar podrá pedir su ampliación,
mejora o sustitución, justificando que ésta no cumple adecuadamente la finalidad para la que está destinada.
2. Aquél contra quien se hubiere decretado la medida cautelar podrá requerir su
sustitución por otra que le resulte menos gravosa, siempre que ésta garantice
suficientemente el derecho de quien la hubiere solicitado y obtenido.
3. La resolución se dictará previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días
en el proceso ordinario y de tres (3) días en el proceso sumarísimo y en los juicios de amparo.
1. Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren
ordenado y hecho efectivas antes de la interposición de la demanda, si encontrándose agotada la vía administrativa no se interpusiere la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba.
Cuando la medida cautelar se hubiera dispuesto judicialmente durante el trámite del agotamiento de la vía administrativa, dicha medida caducará automáticamente a los diez
(10) días de la notificación al solicitante del acto que agotase la vía administrativa.
2. Las costas y los daños y perjuicios causados en el supuesto previsto en el primer
párrafo del inciso 1 del presente, serán a cargo de quien hubiese solicitado y obtenido la
medida caduca, y ésta no podrá proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción de la demanda; una vez iniciada la demanda, podrá requerirse nuevamente si concurrieren los requisitos para su procedencia.
ARTICULO 9º - Los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias.
1. Las medidas cautelares dictadas contra el Estado nacional o sus entidades
descentralizadas tendrán eficacia práctica una vez que el solicitante otorgue caución real
personal por las costas y daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar.
La caución juratoria sólo será admisible cuando el objeto de la pretensión concierna a
la tutela de los supuestos enumerados en el artículo 2º, inciso 2.
Mejora de la contracautela.
ARTICULO 12. - En cualquier estado del proceso, la parte contra quien se hubiere hecho efectiva una medida cautelar podrá pedir que se mejore la caución probando sumariamente que la fijada es insuficiente. El juez resolverá previo traslado a la otra parte.
1. La suspensión de los efectos de una ley, un reglamento, un acto general o particular
podrá ser ordenada a pedido de parte cuando concurran simultáneamente los siguientes
a) Se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución del acto o de la
norma, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior;
Que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos
materiales irreversibles.
El pedido de suspensión judicial de un reglamento o de un acto general o particular,
mientras está pendiente el agotamiento de la vía administrativa, sólo será admisible si el particular demuestra que ha solicitado la suspensión de los efectos del acto ante la Administración y que la decisión de ésta fue adversa a su petición, o que han transcurrido cinco (5) días desde la presentación de la solicitud sin que ésta hubiera sido
3. La providencia que suspenda los efectos de un acto estatal será recurrible por vía de
reposición; también será admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación interpuesto contra la providencia cautelar que suspenda, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal o un reglamento del mismo rango jerárquico, tendrá efecto suspensivo, salvo que se encontrare comprometida la tutela de
los supuestos enumerados en el artículo 2º, inciso 2.
4. La entidad pública demandada podrá solicitar el levantamiento de la suspensión del
acto estatal en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resolverá el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se
declarará a cargo de la entidad pública solicitante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución, en el supuesto en que se hiciere lugar a la demanda o recurso.
1. Las medidas cautelares cuyo objeto implique imponer la realización de una
determinada conducta a la entidad pública demandada, sólo podrán ser dictadas siempre
que se acredite la concurrencia conjunta de los siguientes requisitos:
a) Inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico, a
cargo de la demandada;
b) Fuerte posibilidad de que el derecho del solicitante a una prestación o actuación
positiva de la autoridad pública, exista;
c) Se acreditare sumariamente que el incumplimiento del deber normativo a cargo de la
demandada, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior;
Estos requisitos regirán para cualquier otra medida de naturaleza innovativa no
1. La medida de no innovar procederá cuando concurran simultáneamente los siguientes
a) Se acreditare sumariamente que la ejecución de la conducta material que motiva la
medida, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior;
c) La verosimilitud de la ilegitimidad de una conducta material emanada de un órgano o
ente estatal;
Las medidas de carácter conservatorio no previstas en esta ley, quedarán sujetas a los
requisitos de procedencia previstos en este artículo.
Medidas cautelares solicitadas por el Estado.
ARTICULO 16. - El Estado nacional y sus entes descentralizados podrán solicitar la protección cautelar en cualquier clase de proceso, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
1. Riesgo cierto e inminente de sufrir perjuicios sobre el interés público, el patrimonio
estatal u otros derechos de su titularidad;
ARTICULO 17. - Cuando de manera actual o inminente se produzcan actos, hechos u omisiones que amenacen, interrumpan o entorpezcan la continuidad y regularidad de los servicios públicos o la ejecución de actividades de interés público o perturben la integridad o destino de los bienes afectados a esos cometidos, el Estado nacional o sus entidades descentralizadas que tengan a cargo la supervisión, fiscalización o concesión de tales servicios o actividades, estarán legitimados para requerir previa, simultánea o posteriormente a la postulación de la pretensión procesal principal, todo tipo de medidas cautelares tendientes a asegurar el objeto del proceso en orden a garantizar la prestación de tales servicios, la ejecución de dichas actividades o la integridad o destino de los bienes de que se trate. Lo expuesto precedentemente no será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la materia, conforme los procedimientos a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su carácter de autoridad de aplicación.
ARTICULO 18. - Serán de aplicación al trámite de las medidas cautelares contra el Estado nacional o sus entes descentralizados, o a las solicitadas por éstos,en cuanto no sean incompatibles con las prescripciones de la presente ley, las nomas previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Código Procesal Civil y Comercial Procesos excluidos.
ARTICULO 19. - La presente ley no será de aplicación a los procesos regidos por la ley 16.986, salvo respecto de lo establecido en los artículos 4º inciso 2, 5º, 7º y 20 de la presente.
TITULO II Normas Complementarias (artículos 20 al 21)
ARTICULO 20. - La vía de la inhibitoria además del supuesto previsto en el artículo 8º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, procederá también para la promoción de cuestiones de competencia entre jueces de una misma circunscripción judicial, en todas las causas en que el Estado nacional, o alguno de sus entes, sean parte. Todo conflicto de competencia planteado entre un juez del fuero contencioso administrativo y un juez de otro fuero, será resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal; mientras que cuando el conflicto de competencia se suscitare entre la Cámara Contencioso Administrativo y un juez o Cámara de otro fuero, el conflicto será resuelto por la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal.
Código Procesal Civil y Comercial Art.8
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