Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/23506
Timestamp: 2020-05-28 13:20:18+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 132/2013
SENTENCIA 132/2013, de 5 de junio
ECLI:ES:TC:2013:132
1. El día 8 de julio de 2002 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional un escrito del Procurador de los Tribunales don Roberto Granizo Palomeque, en nombre y representación de setenta y un Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, por el que se interpone recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento de normas tributarias y de medidas en materia de organización administrativa, de gestión, relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador, al considerar que al considerar que vulnera los arts. 1.1, 9.3, 66, y 134.2 y 7, todos ellos de la Constitución y el art. 12 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
Subsidiariamente, el recurso se dirige también contra determinados preceptos de la citada Ley 2/2002, de 27 de marzo, y, concretamente, contra: a) los arts. 2 a 6, 10, 14 a 16, 18 a 31; disposiciones adicionales primera, tercera a sexta; disposiciones transitorias primera y segunda, al considerar que vulneran el art. 134.2 CE; b) los arts. 7 a 9, 11 a 13, 17; disposición adicional segunda y disposición derogatoria única, apartados 1 y 2, por infringir el art. 134.2 CE; c) el art. 1, apartados 1 a 6, por contradecir el art. 134.7 CE; d) los arts. 12, 13, 30; disposiciones adicionales primera a sexta y disposición transitoria segunda, por vulnerar el art. 1.1 CE; e) los arts. 14 y 30 por vulnerar los arts. 47.2 y 61.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EACan); f) el art. 7.2 por vulnerar los arts. 133.4 CE, 61.1 a) EACan y 21.1 de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA); g) el art. 16 por vulnerar los arts. 149.1.13 y 25 CE; h) el art. 21.1 k) por vulnerar el art. 25.1 CE; i) la disposición adicional cuarta por vulnerar el art. 72.2 de la Ley 30/1992, en relación con los arts. 54.1 d) y 136 del mismo texto legal, y el art. 36 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana.
a) Tras destacar los recurrentes el valor normativo del texto constitucional y la diferencia entre principios y reglas constitucionales, subrayan que el art. 134 CE recoge una regla jurídica —o un conjunto de reglas— directamente vinculada al principio democrático del art. 1 CE, con su concreto supuesto de hecho y su determinada consecuencia jurídica, que se establece para un número indeterminado de actos o hechos (la aprobación de cada presupuesto), y sólo regula este supuesto, siendo esta regla y la norma que la contiene una a partir de las cuales se llega al principio democrático y al del pluralismo político del art. 1 CE. El ejercicio del poder legislativo o de su desdoblada potestad para aprobar el presupuesto (arts. 66.2 y 134 CE) por el órgano que tiene atribuida estas potestades —las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos— no puede dejar de cumplir el principio democrático, ni dejar de atender a otros principios constitucionales que dan cobertura positivizada a todo el Ordenamiento, como es el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE). Y cuando se habla del ejercicio del poder legislativo y de sus límites constitucionales debe considerarse la técnica legislativa utilizada, con independencia de los contenidos regulados por el legislador en la ley, de tal manera que no es admisible cualquier forma de ejercicio o técnica legislativa utilizada, so pena de infringir principios constitucionales y, concretamente, los principios democrático (art. 1.1 CE) y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).
Se preguntan los Diputados recurrentes, a continuación, si nos encontramos ante una nueva categoría legislativa, ante una nueva fuente del Derecho, que pueda haberse creado por vía de costumbre. A su juicio, aunque una ley como la impugnada ofrece una “apariencia de buen derecho”, sin embargo, no es respetuosa con el principio de seguridad jurídica porque no sólo no se limita a modificar leyes preexistentes sino que, de un lado, añade normas nuevas con autonomía que no se integran en las leyes modificadas, y, de otro, deroga leyes de medidas de otros años anteriores. Pues bien, según el principio de competencia cada tipo de ley tiene reservado un contenido material en exclusiva por la Constitución, de forma que la ley de otro tipo que invadiera dicho contenido sería inconstitucional. De este modo, cada tipo de ley tiene un ámbito material reservado, tratando de materias distintas, por lo que una ley no puede invadir el ámbito de la otra. Así, para que opere el principio de jerarquía o el de lex posterior, es requisito previo que se trate de una materia homogénea. Sin embargo, la Ley impugnada es una norma de igual rango de aquellas a las que afecta (deroga, adiciona, modifica, etc.), lo que implica que las consecuencias en las leyes afectadas se producen no en virtud de una función colaboradora de la citada norma legal con todas y cada una de ellas, ni de jerarquía normativa —al ser todas ordinarias—, sino simplemente en virtud del título de ser una ley posterior.
b) A continuación examinan los Diputados recurrentes de qué manera la Ley 2/2002, de 27 de marzo, infringe el principio democrático del art. 1.1 CE y el art. 66 CE (pluralismo, separación de poderes y derechos de las minorías), a cuyo fin efectúan una serie de observaciones. En primer lugar, señalan que la potestad legislativa se ve reforzada en la Constitución Española a través del principio de reserva de ley con la cual se compensa la desconfianza hacia el poder ejecutivo, al igual que una cierta desconfianza hacia el poder legislativo se compensa con la introducción en nuestro sistema de la jurisdicción constitucional.
c) Denuncian también los Diputados recurrentes que la Ley 2/2002 infringe el principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE, en el entendimiento que del mismo ha efectuado el Tribunal Constitucional (SSTC 27/1981, FJ 10; y 195/1994, FJ 2), tanto más cuando la mera existencia de una ley y de su publicación en el diario oficial correspondiente no implican, por sí mismas, que las normas en ella reguladas sean ciertas ni que sean conocidas, pues la seguridad jurídica o certeza en el Derecho exige, como punto de partida, seguridad por legitimidad de origen, y en una ley de contenido indefinido, sin objeto predeterminado, todo su contenido es a priori indefinido. En este sentido y tras concretar las exigencias que el art. 9.3 CE impone al legislador en diferentes supuestos analizados por la doctrina de este Tribunal Constitucional (concretamente, en las SSTC 76/1983, 40/1981, 179/1989, 46/1990, 150/1990 y 142/1993), destacan los recurrentes que a lo largo del texto de la Ley se pueden encontrar abundantes ejemplos que reflejan la contradicción con aquella doctrina. Y a tal fin ponen algunos ejemplos como el de los arts. 24 y 27, referente a la función pública canaria, o el del art. 30 relativo a la Audiencia de Cuentas.
d) Pasan los Diputados recurrentes a continuación a analizar lo que denominan “las leyes de acompañamiento: un extraño caso de acuerdo doctrinal”, en el sentido de que, a su juicio, existe unanimidad en la doctrina científica, tanto del Derecho público como del privado, sobre las dudas constitucionales de esta forma de legislar, manifestando su rechazo y proclamando su incompatibilidad con el ordenamiento jurídico. Unanimidad doctrinal a la que debe unirse la opinión de órganos consultivos, tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta forma de legislar, la encajan los recurrentes en lo que denominan como “legislación de coyuntura” o de urgencia la cual, afirman, ha tomado fundamentalmente dos formas: la del Decreto-ley, imposible para las Comunidades Autónomas, y la de disposiciones en las leyes anuales de presupuestos generales de las Comunidades Autónomas, que exige para su inclusión la existencia de una conexión, bien con las previsiones de ingresos y habilitaciones de gasto, bien con los criterios de política general en que las previsiones presupuestarias se sustentan (art. 134.2 y 7 CE). Ahora bien, a su juicio, ha existido una patente confusión entre los supuestos de legislación coyuntural que no solo ha conducido a la utilización indiferenciada de uno y otro mecanismo, sino que ha implicado que, al amparo de estas normas legislativas dirigidas a situaciones coyunturales y por el valor formal de ley que tienen, se haya procedido a la regulación de otras materias que no estaban relacionadas directa ni indirectamente con los supuestos de hecho que les dieron origen y que son lo que únicamente pueden sustentar su legitimación y su justificación constitucional. La ley de medidas aparece, en cuanto fenómeno patológico, como el depósito residual de lo que estos dos tipos de normas no pueden hacer, aislada o conjuntamente, pues ni regula situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, ni contiene normas para la ejecución de los presupuestos o de la política económica del Gobierno en el ejercicio, ni, en fin, hace frente a la ausencia de la ley anual de presupuestos generales del Estado.
e) Describen los Diputados recurrentes después el procedimiento y vicisitudes de la tramitación del proyecto de la que luego sería la Ley impugnada, identificando algunas de las enmiendas parciales y a la totalidad que fueron presentadas, para concluir que la Ley 2/2002 es inconstitucional en su totalidad por motivos formales y, concretamente, por dos razones. En primer lugar, porque de conformidad con el art. 12.1 del Reglamento del Parlamento de Canarias, el Parlamento funcionará en pleno y en comisiones, reservando el art. 12.2 al Reglamento la regulación de su organización y funcionamiento y del procedimiento legislativo. Esta última previsión supone que el citado Reglamento es fuente del Derecho, conforme a la cual, los proyectos o proposiciones de ley tienen que ser objeto de una materia concreta o, si fuesen varias, debe existir entre ellas una conexión o relación de dependencia en la cual una será la principal y otras las accesorias. El Reglamento parlamentario sienta la regla de homogeneidad del objeto de la ley, siendo una exigencia instrumental al principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE. En consecuencia, la aprobación de un proyecto o proposición de ley con un contenido heterogéneo e inconexo no sólo es contrario al Reglamento parlamentario citado, sino también al principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE, lo que convierte a la ley resultante en inconstitucional. Y, en segundo lugar, porque una ley como la impugnada que regula materias inconexas y heterogéneas, modificando veinte leyes, que es debatida y aprobada por el procedimiento abreviado en el plazo de siete días, no es fruto de un debate parlamentario pleno y sin restricciones, habiendo afectado tal forma de aprobarse la ley al derecho de los Diputados a participar en la elaboración de la ley con vulneración de su derecho fundamental de participación política reconocido en el art. 23 CE, en relación con el art. 1.2 CE, que consagra el principio democrático.
f) A juicio de los Diputados recurrentes, a leyes como la impugnada les son de aplicación los criterios y limitaciones que la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha definido en relación con las Leyes de presupuestos generales del Estado (SSTC 174/1998 y 130/1999), bien por analogía, bien para evitar el fraude a la Constitución, razón por la cual, determinados preceptos de la Ley 2/2002 no resultan ajustados a la Constitución, en primer lugar, por no guardar ninguna relación con el presupuesto (art. 134.2 CE), lo que afecta, concretamente, a los arts. 2 a 6, 10, 14 a 16, 18 a 31, disposiciones adicionales primera, tercera a sexta, disposiciones transitorias primera y segunda. En segundo lugar, por no tener una relación directa con los presupuestos generales (art. 134.2 CE), que afectaría a los arts. 7 a 9, 11 a 13, 17, disposición adicional segunda, y disposición derogatoria única, apartados 1 y 2. Y, en tercer lugar, por crear tributos sin la existencia de una previa ley tributaria sustantiva que así lo prevea (art. 134.7 CE), como sucede con el art. 1, apartados 1 a 6.
g) Para los Diputados recurrentes los arts. 12, 13 y 30, así como las disposiciones adicionales primera a sexta, y la disposición transitoria segunda de la Ley canaria 2/2002, son inconstitucionales por vulnerar el derecho de participación política del art. 1.1 CE, al derivar de enmiendas que no tenían ninguna relación con el texto del proyecto de ley. A su juicio, de la necesaria homogeneidad que es exigible al contenido del proyecto o proposiciones de ley se deriva una exigencia de homogeneidad de las enmiendas con el texto del citado proyecto o proposiciones, sin que se puedan introducir regulaciones ajenas a dicho contenido. La presentación de enmiendas con un contenido extraño al delimitado por el proyecto o proposición implica la vulneración del derecho de participación política de los Diputados y una alteración sustancial del procedimiento de formación de voluntad de la Cámara, con vulneración de pluralismo político, al no poder las minorías parlamentarias contraponer su propuesta y alternativas frente a la de la enmienda, debiendo limitarse a aceptarla o rechazarla.
h) También son inconstitucionales, a juicio de los Diputados recurrentes, los arts. 14 (que modifica el art. 42 de la Ley 8/1987, de 28 de abril, de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias) y 30 (que modifica el art. 36.2 y 3 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias), esta vez por vulnerar los arts. 47.2 y 61.2 del Estatuto de Autonomía, puesto que uno y otro precepto estatutario se remiten, respectivamente, a una ley específica para regular el patrimonio autonómico, de un lado, y la organización y funcionamiento de la Audiencia de Cuentas, de otro, de manera que la ley que modifique esas leyes, al tiempo que regule otras materias, “se burla directamente del Estatuto e indirectamente de la Constitución”
i) El art. 7.2 de la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, que introduce un apartado 7 al art. 37 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre (conforme al cual el Gobierno podrá autorizar gastos plurianuales) es inconstitucional para los Diputados recurrentes por vulnerar tanto el principio de legalidad del gasto público (art. 133.4 CE), como el principio de universalidad presupuestaria [arts. 61.1 a) EACan y 21.1 LOFCA], al permitir al Gobierno, sin límite alguno, autorizar gastos desvinculados de los presupuestos.
j) El art. 16 de la Ley 2/2002, que añade un apartado 2 a la disposición adicional quinta de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario, con relación a las funciones que le corresponden al gestor de la red de transmisión [figura autonómica equivalente a la de gestor de la red de transporte que contempla la legislación básica en los arts. 9.1 f) y 35 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de ordenación del sistema eléctrico nacional] también es inconstitucional, según los Diputados recurrentes, por vulnerar los arts. 149.1.13 y 25 CE, en la medida que es competencia estatal regular la gestión económica y técnica del sistema y la actividad de suministro de energía eléctrica en las Comunidades Autónomas insulares y, sin embargo, el citado art. 16.2 entra a regular la gestión técnica del sistema.
k) El siguiente precepto que es inconstitucional para los Diputados recurrentes es el art. 21.1 k) de la Ley 2/2002, que acota una materia, la de pesca en aguas interiores y marisqueo, por contradecir el art. 25.1 CE, al remitirse en la determinación de un tipo infractor a la “legislación vigente”, expresión esta que comprende también normas reglamentarias, sin poderse identificar en la Ley qué conductas serán sancionables.
l) Por último, también es inconstitucional para los Diputados recurrentes, la disposición adicional cuarta (que introduce un apartado 3 al art. 60 de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de régimen jurídico de los espectáculos públicos y actividades clasificadas), que permite a los agentes de la autoridad, sin motivación ni procedimiento, a clausurar un local (sanción de cierre durante cuarenta y ocho horas sin posibilidad de revocación por la autoridad competente) cuando se esté perturbando la paz ciudadana sin licencia de apertura, incumpliendo los horarios de apertura y cierre o de emisión de ruidos. A su juicio, se vulnera el art. 72.2 de la Ley 30/1992, de carácter básico, en relación con los arts. 54.1 d) y 136 del mismo texto legal, y el art. 36 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, que reservan al órgano competente para resolver los correspondientes procedimientos la adopción de medidas provisionalísimas antes de la iniciación de los procedimientos.
2. La Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite el recurso mediante providencia de 16 de julio de 2002, dando traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Canarias, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Justicia, para que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Todo ello con publicación en el “Boletín Oficial del Estado” (lo que se cumplimentó en el “BOE” núm. 181, de 30 de julio de 2002).
3. El día 26 de julio de 2002 presentó un escrito en el Registro General de este Tribunal el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, señalando que puesto que el objeto del recurso se dirige contra la ley de medidas como vehículo normativo para modificar distintos aspectos del ordenamiento jurídico, coincidiendo con los recursos interpuestos contra las Leyes de medidas 50/1998 y 24/2001, tramitados con los núms. 1390-1999 y 1848-2002, con el objeto de evitar reiteraciones innecesarias se remite a las alegaciones formuladas en los citados recursos. Y con relación a los preceptos concretos de la Ley recurrida que se impugnan por infringir preceptos constitucionales, puesto que se trata de una Ley autonómica, no va a formular alegaciones por no afectar a los intereses y competencias del Estado.
5. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 2 de septiembre de 2002, el Letrado-Secretario General del Parlamento de Canarias, en representación de esta Cámara, compareció ante este Tribunal solicitando, al amparo de lo previsto en el art. 34.2 LOTC, la ampliación del plazo concedido para formular alegaciones. Y mediante escrito registrado en este Tribunal el día 3 de septiembre siguiente, la Directora General del servicio jurídico del Gobierno de Canarias, se personó en el procedimiento suplicando la ampliación del plazo concedido para formular alegaciones por considerarlo insuficiente debido, de un lado, a la necesidad de recabar la posición al respecto del Gobierno de Canarias y, de otro, a la acumulación de asuntos pendientes en ese servicio jurídico.
7. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 13 de septiembre de 2002, la Presidenta del Senado comunicó a este Tribunal el acuerdo de la Mesa de la Cámara de solicitar que se tenga por personada a esta Cámara y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
a) Respecto de la impugnación de los arts. 2 a 31, disposiciones adicionales primera, tercera a sexta, disposiciones transitorias primera y segunda, y disposición derogatoria única, apartados 1 y 2, por su contradicción con el art. 134.2 CE, al considerar que no guardan relación alguna con el presupuesto, señala que no puede constatarse dicha contradicción al no ser de aplicación a este tipo de leyes ordinarias los límites fijados por la doctrina del Tribunal Constitucional a las Leyes de presupuestos, de la misma manera que tampoco les es de aplicación la prohibición prevista en el art. 134.7 CE, razón por la cual, no pueden considerase contrarios a esta previsión constitucional.
b) Con relación a la impugnación de los arts. 12, 13 y 30, así como las disposiciones adicionales primera a sexta, y la disposición transitoria, por la vulneración del art. 12.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, al derivar de enmiendas que no tenían ninguna relación con el texto del proyecto de ley, considera que, de acuerdo con la doctrina de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de junio de 1987, “no existe ni en la CE ni en los Reglamentos del Congreso y Senado norma alguna que establezca una delimitación material entre enmienda y proposición de ley”, ni tampoco “por su objeto, ni por su contenido, hay límite alguno a la facultad que los miembros de las Cámaras tienen para presentar enmiendas, exceptuados los que tanto para las enmiendas como para las proposiciones de ley, fijan los arts. 84 y 134.6 CE”. Pues bien, de la lectura del Reglamento del Parlamento de Canarias no se deduce que exista limitación alguna a la hora de enmendar un proyecto de ley y así lo entendió la Mesa de la Cámara que calificó y admitió las enmiendas presentadas de conformidad con lo establecido en los arts. 119 y 140.3 del Reglamento.
c) Con referencia a la impugnación de los arts. 14 y 30 por la vulneración de los arts. 47.2 y 61.2 del Estatuto de Autonomía, al remitirse éstos a una ley específica para la regulación tanto del patrimonio autonómico como de la organización y funcionamiento de la Audiencia de Cuentas, subraya que la reserva de ley no impone que una determinada materia se regule por un instrumento único, con prohibición de cualquier regulación incidental en otras leyes que no estuvieran consagradas de forma íntegra a ese objeto específico y concreto. No cabe duda, pues, de que el Parlamento de Canarias tiene la competencia para modificar la ley reguladora de una y otra materia.
d) Con relación al art. 7.2, que regula la autorización para gastos plurianuales al margen de la Ley de presupuestos, que se considera inconstitucional por vulnerar tanto el principio de legalidad del gasto público (art. 133.4 CE) como el principio de universalidad presupuestaria [arts. 61.1 a) EACan y 21.1 LOFCA], al permitir al Gobierno, sin límite alguno, autorizar gastos desvinculados de los presupuestos, a juicio del Parlamento de Canarias, la efectividad de las subvenciones que el apartado contempla se hacen depender de una cláusula de salvaguarda relativa a la existencia de crédito adecuado y suficiente para la financiación de las obligaciones en los ejercicios correspondientes, manteniendo una total correspondencia con el art. 61.2 de la Ley general presupuestaria. Por otra parte, la inclusión o no de esta previsión en la ley de presupuestos es una decisión que corresponde en exclusiva al legislador.
e) Respecto del art. 16, por su eventual contradicción con la normativa básica del Estado relativa al sector eléctrico, el Parlamento, por razones de economía procesal, se remite a las alegaciones efectuadas en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4244-2002, en el que se impugna más específicamente este precepto.
f) Con referencia al art. 21.1 k), por su eventual contradicción con el art. 25.1 CE, señala el Parlamento que es evidente que los elementos esenciales del ilícito administrativo y de las sanciones correspondientes quedan fijados en la norma legal, sin perjuicio de la remisión colaborativa y subordinada a la legislación de pesca en aguas interiores y marisqueo.
g) Por último, en cuanto a la disposición adicional cuarta, que añade un apartado 3 al art. 60 de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de régimen jurídico de los espectáculos públicos y actividades clasificadas, al que se imputa la vulneración de la normativa básica, a juicio del Parlamento canario, la actuación que se posibilita no tiene propiamente el carácter de medida cautelar para asegurar el objeto de un procedimiento sancionador o de otro tipo, sino que, bien tiende al cese inmediato de una actividad particular que, sometida a un régimen de intervención mediante la obligación de contar con una licencia administrativa, carece de ese título legitimador, bien tiende a imponer la adecuación de la actividad a las medidas correctoras que se deducen del permiso administrativo. Aunque es cierto que el precepto hubiera tenido un encaje más correcto en la función inspectora de la Administración y no en el título relativo al expediente sancionador, este defecto técnico no invalida la licitud y corrección de la regulación introducida.
9. Por escrito registrado en este Tribunal el día 27 de septiembre de 2002, la Directora General del servicio jurídico del Gobierno de Canarias, en la representación que ostenta, presentó sus alegaciones solicitando se dictase Sentencia desestimatoria del recurso de inconstitucionalidad. A tal fin, parte precisando que no es posible pretender la inconstitucionalidad de una ley con la sola afirmación de que vulnera el principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE o los límites previstos en el art. 134 CE, siendo una obligación de los recurrentes la de analizar la concurrencia de los vicios en cada uno de los preceptos de la misma. Dicho esto señala a renglón seguido que toda la fundamentación de los recurrentes descansa en una extrapolación de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional con relación a los límites constitucionales a las leyes de presupuestos, a las denominadas “leyes de medidas” o “leyes de acompañamiento”. Sin embargo, lo cierto es que dicha doctrina se ha elaborado específicamente para las leyes de presupuestos y no para otro tipo de leyes, careciendo las leyes de medidas de una referencia expresa en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, que son una modalidad legislativa creada por el legislador ordinario en el ejercicio de su libertad de configuración normativa. Por tanto, siendo las citadas “leyes de medidas” una categoría distinta de las leyes de presupuestos, la invocación de su inconstitucionalidad por la infracción del art. 134 CE y de la doctrina que a partir de ese precepto ha sentado el Tribunal Constitucional supone intentar aplicar a un tipo de ley los límites previstos para otro tipo.
a) Respecto de los preceptos a los que se reprocha la vulneración del art. 134 CE, insiste en que no son de aplicación a las leyes de medidas los límites fijados por la doctrina del Tribunal Constitucional a las leyes de presupuestos.
c) Con referencia a la impugnación del art. 7.2 de la Ley 2/2002, por entender que vulnera los arts. 133.4 CE, 61.1 a) EACan y 21.1 LOFCA, subraya el Gobierno canario que la autorización de gastos plurianuales en transferencias corrientes y de capital por el Gobierno, cuando no se inicie el gasto en el ejercicio en que se convoquen subvenciones destinadas a la promoción empresarial y al fomento de empleo (la tramitación anticipada de subvenciones sin crédito en el ejercicio corriente era una posibilidad ya prevista en el Decreto 165/2001, de 30 de julio, cuya eficacia quedaba condicionada a la existencia del correspondiente crédito), constituye la única innovación pues ahora se habilita al Gobierno a autorizar gastos (compromisos de gasto) aunque no se inicie el gasto en el ejercicio en que se convoquen las subvenciones, cuando hasta la modificación operada los gastos plurianuales en transferencias de capital venían subordinados al crédito que para cada ejercicio autorizasen los respectivos presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, permitiendo la adquisición de compromisos de gastos para ejercicios posteriores a aquel en el que fuesen autorizados, siempre que su ejecución se iniciara en el propio ejercicio. Y los gastos plurianuales en transferencias corrientes no se permitían con carácter general, salvo que se tratase de transferencias corrientes derivadas de normas con rango de ley o de los autorizados por el Gobierno dentro de los supuestos previstos en las leyes de presupuestos. La modificación operada por la Ley 2/2002 pretende que cuando se haya realizado y resuelto una convocatoria pública de subvenciones en un ejercicio, su abono pueda realizarse en el ejercicio presupuestario siguiente en los casos en los que el plazo para realizar o justificar la actividad subvencionada se extendiera al ejercicio siguiente.
d) Respecto del art. 16 de la Ley 2/2002, por su eventual contradicción con la normativa básica del Estado relativa al sector eléctrico, no sólo supone, a juicio del Gobierno canario, una alegación retórica, sino que la Comunidad Autónoma tiene asumida, ex arts. 30.26, 31.4 y 32.9 EACan, la competencia exclusiva sobre instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, de acuerdo con las bases del régimen minero y energético, como el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen energético y minero, ajustado a sus singulares condiciones. Sin perjuicio de la competencia estatal para fijar las bases del régimen energético, en las que se tiene que tener en cuenta la insularidad y lejanía del archipiélago canario, el precepto impugnado se encuadra dentro del ámbito competencial específico de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin que los recurrentes hayan justificado que se haya producido un exceso de la norma canaria respecto de las bases estatales. Por lo demás, la Ley 54/1997 introduce una nueva regulación que no puede aplicarse de modo uniforme en todo el territorio nacional, por demandar la singularidad geográfica de los territorios insulares y extrapeninsulares un régimen diferenciado. Aunque la disposición final primera declara el carácter básico de aquella Ley, el art. 12 prevé que las actividades de suministro eléctrico en los territorios insulares y extrapeninsulares “serán objeto de una reglamentación singular que atenderá a las especificidades derivadas de su ubicación territorial”, reglamentación que cinco años después aún no se había aprobado. Las disposiciones de la Ley 54/1997 que tengan razón de ser en un territorio insular no podrán tener el carácter básico pretendido.
e) Con referencia al art. 21.1 k) de la Ley 2/2002, por su eventual contradicción con el art. 25.1 CE, señala el Gobierno canario que se trata de una cláusula residual o de cierre que delimita conductas típicas mediante una remisión a obligaciones y prohibiciones contenidas en la “la legislación vigente”, utilizando una cláusula admitida por la doctrina del Tribunal Constitucional, pues la delimitación del contenido básico del tipo está contenida en el art. 21.1 k) que acota cuál es la legislación vigente cuyo incumplimiento integra la conducta típica: la legislación de pesca y marisqueo. Eso sí, hay que interpretar que la expresión “legislación vigente” a la que se remite el precepto impugnado lo es a normas con rango de ley, como así ha entendido el Tribunal Constitucional al interpretar la expresión “legislación vigente” del art. 25.1 CE (SSTC 42/1987, FJ 2; 69/1989, FJ 1; 22/1990, FJ 7; y 61/1990, FJ 7).
f) Tanto el art. 14 como el art. 30 de la Ley 2/2002, relativos al patrimonio de la Comunidad Autónoma y a la Audiencia de Cuentas de Canarias, se impugnan por motivos formales, al entenderse que vulneran los arts. 47.2 y 61.2 EACan, que establecen que una ley del Parlamento de Canarias regulará tanto el patrimonio de la Comunidad Autónoma como la organización y el funcionamiento de la citada Audiencia, afirmación esta de la que los Diputados recurrentes deducen que tiene que ser leyes específicas las que regulen y modifiquen esas materias. Para el Gobierno canario no puede admitirse esta visión de la reserva de ley, pues ello implicaría que las materias reservadas a la ley una vez reguladas por una norma con rango legal no podrían ser modificadas por otras leyes posteriores distintas que aquellas que tuviesen como único objeto y finalidad la modificación de aquéllas.
g) En cuanto a la disposición adicional cuarta de la Ley 2/2002, que añade un apartado 3 al art. 60 de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de régimen jurídico de los espectáculos públicos y actividades clasificadas, dedicado a la medidas cautelares en los procedimientos sancionadores, se considera inconstitucional porque, según señalan los Diputados recurrentes, contradice tanto el art. 72.2 de la Ley 30/1992, sobre régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, como el art. 36 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la seguridad ciudadana. Para el Gobierno canario los Diputados recurrentes desconocen el carácter supletorio de la Ley Orgánica 1/1992 en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, pues según la disposición final primera el art. 36 citado no tienen carácter orgánico sino ordinario, de manera que, según la disposición final segunda, las normas contenidas en la citada ley, en la materia citada, sólo serán de aplicación en defecto de las que puedan dictar las Comunidades Autónomas con competencia normativa en esta materia. Pues bien, teniendo la Comunidad Autónoma de Canarias competencia en materia de deporte, ocio y esparcimiento, y espectáculos (art. 30.20 EACan), la regulación de los espectáculos públicos y actividades recreativas contenida en la Ley Orgánica 1/1992 queda desplazada por la normativa autonómica y, concretamente, por la Ley 1/1998, que tipifica las infracciones y sanciones, regula el procedimiento sancionador y establece las medidas cautelares. Pero no sólo tiene legitimidad el legislador canario para establecer medidas cautelares, sino que siquiera existe la contradicción pretendida entre el art. 60.3 de Ley del Parlamento de Canarias 1/1998 y el art. 36.4 de la Ley Orgánica 1/1992, pues uno y otro se han dictado en el ejercicio de competencias diferentes, aquél en materia de locales de ocio, y éste con relación al depósito de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de infracciones (armas, explosivos, embarcaciones y drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas). De hecho, uno y otro se complementan, porque la disposición estatal no es excluyente o incompatible con otras medidas cautelares autonómicas.
1. El objeto del presente recurso de inconstitucionalidad es analizar, en primer lugar, la inconstitucionalidad de la totalidad de la Ley 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento de normas tributarias y de medidas en materia de organización administrativa, de gestión, relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador, al considerar los Diputados recurrentes que vulnera los arts. 1.1, 9.3, 66, y 134.2 y 7, todos ellos de la Constitución Española, y el art. 12 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
a) La imposibilidad constitucional de la existencia de una ley ordinaria que, con carácter anual y contenido impredecible, operase sobre la totalidad del ordenamiento jurídico, respecto de la que concluimos que “ningún óbice existe desde el punto de vista constitucional que impida o limite la incorporación a un solo texto legislativo, para su tramitación conjunta en un solo procedimiento, de multitud de medidas normativas de carácter heterogéneo” [SSTC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 3; 176/2011, de 8 de noviembre, FJ 2 a); 120/2012, de 4 de junio, FJ 3; y 209/2012, de 14 de noviembre, FJ 2 a)].
b) La alteración del sistema de fuentes, con relación a la cual señalamos que el contenido heterogéneo de las leyes de medidas fiscales, administrativas y del orden social “no modifica su naturaleza de ley ordinaria, ni, por ende, altera su relación con las demás normas que integran el Ordenamiento jurídico” porque no alteran el sistema de fuentes establecido por nuestra Constitución [STC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 4; 176/2011, de 8 de noviembre, FJ 2 b); y 209/2012, de 14 de noviembre, FJ 2 b)].
c) La infracción del principio democrático, el pluralismo político, la separación de poderes y los derechos de las minorías, sobre la que concluimos que el principio democrático consagrado por nuestra Constitución (art. 1.1) impone que la formación de la voluntad de las Cortes Generales se articule “a través de un procedimiento cuyos rasgos estructurales ha prescrito el texto constitucional” y en el que opera el “principio mayoritario y, por tanto, la consecución de una determinada mayoría como fórmula para la integración de voluntades concurrentes” [SSTC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 5; 176/2011, de 8 de noviembre, FJ 2 c); y 209/2012, de 14 de noviembre, FJ 2 c)].
d) La infracción del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) al tratarse de una ley de contenido indefinido y sin objeto predeterminado, respecto de la que afirmamos que la norma impugnada tenía un objeto que, “aunque heterogéneo, está perfectamente delimitado en el momento de presentación del proyecto al Congreso de los Diputados, teniendo todos sus eventuales destinatarios (operadores jurídicos y ciudadanos) conocimiento del mismo mediante su publicación en el ‘Diario Oficial de las Cortes Generales’, como finalmente tienen conocimiento del texto definitivo mediante su inserción en el ‘Boletín Oficial del Estado’” [SSTC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 9; 176/2011, de 8 de noviembre, FJ 2 e); 102/2012, de 8 de mayo, FJ 2; 120/2012, de 4 de junio, FJ 3; 209/2012, de 14 de noviembre, FJ 2 d); y 36/2013, de 14 de febrero, FJ 3].
e) En fin, la infracción de una serie de reglas del procedimiento parlamentario, como que se había tramitado el proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (en el caso actual, por el procedimiento abreviado), que fue rechazada no sólo por no haberse denunciado ante la Cámara sino, lo que es más importante, por no haberse acreditado que su alcance era de tal magnitud que hubiese alterado, “no de cualquier manera, sino de forma sustancial, el proceso de formación de la voluntad de una Cámara, habiendo afectado, en consecuencia, al ejercicio de la función representativa inherente al estatuto del parlamentario” [SSTC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 10; 176/2011, de 8 de noviembre, FJ 2 f); 209/2012, de 14 de noviembre, FJ 2 e); y 36/2013, de 14 de febrero, FJ 3].
2. Los Diputados recurrentes solicitan de forma subsidiaria que se declare la inconstitucionalidad de una serie de preceptos de la misma Ley 2/2002, de 27 de marzo, por vulnerar esta vez los límites previstos en el art. 134.2 y 7 CE. Concretamente, consideran que son inconstitucionales y nulos, en primer lugar, por no guardar ninguna relación con el presupuesto, los arts. 2 a 6, 10, 14 a 16, 18 a 31, disposiciones adicionales primera, tercera a sexta, disposiciones transitorias primera y segunda. En segundo lugar, por no tener una relación directa con los presupuestos generales, los arts. 7 a 9, 11 a 13, 17, disposición adicional segunda, y disposición derogatoria única, apartados 1 y 2. Y, en tercer lugar, por crear tributos sin la existencia de una previa ley tributaria sustantiva que así lo prevea, el art. 1, apartados 1 a 6.
Debe señalarse, antes que nada, que algunos de los preceptos que constituyen el objeto del recurso en este apartado han sido, a fecha de hoy, derogados. En efecto, los arts. 7, 8, 11, 12, 13, 17 y 9, que modificaban, respectivamente, los arts. 37, 30, 104, 52.11, 52.12 y 83, e introducían un nuevo art. 67 bis, en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, han perdido su vigencia al haber sido ésta sustituida y derogada por la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la hacienda pública canaria; el art. 14, que daba nueva redacción al art. 42 de la ley 8/1987, de 28 de abril, de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, ha perdido también su vigencia al haber sido derogada esta última norma por la Ley 6/2006, de 17 julio, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias; el art. 18, que modificaba la redacción del art. 12 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de juegos y apuestas, no está vigente tras las entrada en vigor de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los juegos y apuestas, que deroga expresamente aquella Ley; los arts. 20 a 23, que introducían un régimen sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, han sido expresamente derogados por la Ley 17/2003, de 10 de abril, de pesca de Canarias; la disposición adicional cuarta, que introducía un apartado 3 al art. 60 de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de régimen jurídico de los espectáculos públicos y actividades clasificadas, ha perdido su vigencia al haber sido esta norma derogada y sustituida por la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias; y, en fin, la disposición adicional quinta, que modificaba la disposición adicional primera de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias, ha perdido su vigencia al haber sido derogada esta última por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo de Canarias.
3. Para los Diputados recurrentes los arts. 12, 13 y 30, así como las disposiciones adicionales primera a sexta, y la disposición transitoria segunda de la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002 son inconstitucionales por vulnerar el derecho de participación política del art. 1.1 CE, al derivar de enmiendas que no tenían ninguna relación con el texto del proyecto de ley. A su juicio, la presentación de enmiendas con un contenido extraño al delimitado por el proyecto o proposición implica la vulneración del derecho de participación política de los Diputados y una alteración sustancial del procedimiento de formación de voluntad de la Cámara. No comparten esta opinión ni el Parlamento ni el Gobierno de Canarias, para quienes del Reglamento de la Cámara no sólo no se deduce limitación alguna al ejercicio del derecho de enmienda, sino que la interpretación del significado y límites de la potestad de enmendar que hacen los recurrentes ha sido rechazada por el Tribunal Constitucional.
Antes de entrar a analizar esta nueva cuestión planteada por los Diputados recurrentes, debe volver a insistirse en que los arts. 12 y 13, que modificaban, respectivamente, los arts. 52.11 y 52.12 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, han perdido su vigencia al haber sido sustituida y derogada esta norma legal por la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la hacienda pública canaria. Lo mismo ha sucedido con la disposición adicional cuarta, que introducía un apartado 3 al art. 60 de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de régimen jurídico de los espectáculos públicos y actividades clasificadas, que ha perdido su vigencia al haber sido esta norma derogada y sustituida por la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias. También la disposición adicional quinta, que modificaba la disposición adicional primera de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias, ha perdido su vigencia al haber sido derogada esta última por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo de Canarias. Y, en fin, la disposición adicional tercera, que modificaba, entre otros, los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria segunda del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes de ordenación del territorio de Canarias y de espacios naturales de Canarias, han sido objeto de nueva redacción por la Ley 1/2006, de 7 de febrero, por la que se modifica la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias.
Para analizar la posición que ocupa el derecho de enmienda dentro del ejercicio de la potestad legislativa que el Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a su Parlamento (art. 13 EACan), no sólo debemos acudir a las disposiciones que sobre el particular recoge la norma estatutaria, sino también a aquellas otras que puedan estar integradas en el denominado “bloque de la constitucionalidad” y que, por tanto, se erigen en parámetro de apreciación de la constitucionalidad de las leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley (SSTC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 6; y 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 6). Entre esas disposiciones se encuentran las de los reglamentos parlamentarios, “que en algunos supuestos pueden ser considerados como normas interpuestas entre la Constitución y las leyes y, por ello, en tales casos, son condición de la validez constitucional de estas últimas” (SSTC 227/2004, de 29 de noviembre, FJ 2; y 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 6). De esta manera, aunque el art. 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no mencione los reglamentos parlamentarios entre aquellas normas cuya infracción puede acarrear la inconstitucionalidad de la ley, “no es dudoso que, tanto por la invulnerabilidad de tales reglas de procedimiento frente a la acción del legislador como, sobre todo, por el carácter instrumental que esas reglas tienen respecto de uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento, el del pluralismo político (art. 1.1 CE), la inobservancia de los preceptos que regulan el procedimiento legislativo podría viciar de inconstitucionalidad la ley cuando esa inobservancia altere de modo sustancial el proceso de formación de voluntad en el seno de las Cámaras” [SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 1 a); 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 5; y 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 6].
a) Se introducían en el capítulo II (medidas en materia de organización administrativa) una serie de disposiciones que afectaban al art. 4 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes de ordenación del territorio de canarias y de espacios naturales de Canarias (relativo a la organización y funciones de la comisión de valoraciones de Canarias), por lo que no se puede sostener que las enmiendas núm. 23 (que modificaba la disposición transitoria segunda del citado texto refundido con relación a los planes de ordenación e instrumentos de gestión) y núm. 24 (por la que se modificaba la disposición final primera de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias, relativa al plazo para aprobar provisionalmente las directrices de ordenación general y del turismo), no mantuviese la mínima y necesaria conexión con el objeto de la iniciativa legislativa.
b) Se recogían dentro del capítulo III (medidas en materia de gestión) una serie de disposiciones que afectaban a los gastos de carácter plurianual (art. 9), ejercicio presupuestario (art. 10), operaciones de endeudamiento (art. 11), contratación (art. 13) e intervención de obligaciones o pagos (art. 17), regulados en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que no se puede sostener con un mínimo de fundamento que las enmiendas núms. 3 y 4 (que modificaban diversos apartados del art. 52 de esa misma Ley, pero en materia de subvenciones), y núm. 19 (que modificaba el art. 48.2 de la Ley 9/2001, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2002, en cuanto al límite máximo de avales de la Comunidad Autónoma a empresas públicas), no guardaban la mínima y necesaria conexión con el objeto de la iniciativa legislativa.
c) Se incorporaban dentro del capítulo IV (medidas en materia de regímenes sancionadores) unos regímenes sancionadores relativos a servicios sociales especializados (art. 19) y a pesca marítima en aguas interiores, marisqueo y acuicultura (arts. 20 a 23), por lo que la enmienda núm. 21 (que añade un apartado 3 al art. 60 de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de régimen jurídico de los espectáculos públicos y actividades clasificadas, relativo a la adopción de la medida cautelar de clausura de local o cese de actividades del procedimiento sancionador en la materia), guarda la mínima conexión necesaria con el objeto de la iniciativa legislativa.
d) Se preveían dentro del capítulo V (medidas relativas al personal), una serie de disposiciones que incidían en la función pública canaria (art. 24), en el cuerpo de técnicos auxiliares (art. 26) y en la funcionarización (art. 28), reguladas por la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la función pública; en el personal estadístico (art. 25) previsto en la Ley 1/1991, de 28 de enero, de estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias; y en la escala de conservadores y restauradores (art. 27), que se incorpora a la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de patrimonio histórico de Canarias. En consecuencia, las enmiendas núms. 1 y 22 (que modificaban los apartados 2 y 3 del art. 36.2 y 3 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de cuentas de Canarias, creando unos nuevos cuerpos y escalas), núm. 2 (que integraba en los nuevos cuerpos y escalas de la Audiencia de cuentas de Canarias a determinado personal), núms. 5 y 18 (que modificaban el art. 3 de la Ley 8/1989, de 13 de julio, de creación del cuerpo de agentes de medio ambiente de la Comunidad Autónoma de Canarias, con relación al título y forma de ingreso) y núm. 25 (que modificaba el art. 9 de la Ley 10/1990, de 23 de mayo, de colegios profesionales, relativo a la colegiación de los profesionales titulados vinculados con la Administración pública canaria), no carecen de una conexión mínima con el objeto de la iniciativa legislativa.
4. Los Diputados recurrentes imputan a continuación a los arts. 14 (que modifica el art. 42 de la Ley 8/1987, de 28 de abril, de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, relativo a la enajenación de bienes muebles) y 30 (que modifica el art. 36.2 y 3 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, referente al personal a su servicio) de la Ley 2/2002, la vulneración de los arts. 47.2 y 61.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, puesto que uno y otro precepto estatutario se remiten, respectivamente, a una ley específica para regular el patrimonio autonómico, de un lado, y la organización y funcionamiento de la Audiencia de Cuentas, de otro, de manera que la ley que modifique esas leyes, al tiempo que regule otras materias, “se burla directamente del Estatuto e indirectamente de la Constitución”. Para el Parlamento y el Gobierno de Canarias, sin embargo, la reserva de ley no impide la modificación de la ley reguladora de una determinada materia por otras normas que no estuvieran consagradas de forma íntegra a ese objeto específico y concreto.
5. El art. 7.2 de la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, que introduce un apartado 7 al art. 37 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre (conforme al cual el Gobierno autonómico podrá autorizar gastos plurianuales), es inconstitucional, para los Diputados recurrentes, por vulnerar tanto el principio de legalidad del gasto público (art. 133.4 CE), como el principio de universalidad presupuestaria [arts. 61.1 a) EACan y 21.1 LOFCA], al permitir al Gobierno, sin límite alguno, autorizar gastos desvinculados de los presupuestos.
6. El art. 16 de la Ley 2/2002, que añade un apartado 2 a la disposición adicional quinta de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario, con relación a las funciones que le corresponden al gestor de la red de transmisión [figura autonómica equivalente a la de gestor de la red de transporte que contempla la legislación básica en los arts. 9.1 f) y 35 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico] también es inconstitucional, según los Diputados recurrentes, por vulnerar los arts. 149.1.13 y 25 CE, en la medida que, a su juicio, corresponde al Estado regular la gestión económica y técnica del sistema y la actividad de suministro de energía eléctrica en las Comunidades Autónomas insulares.
7. El siguiente precepto que sería inconstitucional para los Diputados recurrentes es el art. 21.1 k) de la Ley 2/2002, que acota una materia, infracciones en materia de pesca en aguas interiores y marisqueo, que, a su juicio, contradice el art. 25.1 CE, al remitirse en la determinación de un tipo infractor a la “legislación vigente”, expresión esta que, a su juicio, comprende también normas reglamentarias, sin poderse identificar en la Ley las conductas sancionables.
8. En último lugar imputan los Diputados recurrentes a la disposición adicional cuarta (que introduce un apartado 3 al art. 60 de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de régimen jurídico de los espectáculos públicos y actividades clasificadas), la vulneración del art. 72.2 de la Ley 30/1992, de carácter básico, en relación con los arts. 54.1 d) y 136 del mismo texto legal, y del art. 36 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, que reservan al órgano competente para resolver los correspondientes procedimientos la adopción de medidas provisionalísimas antes de su iniciación, al permitir a los agentes de la autoridad, sin motivación ni procedimiento, la clausura de un local (sanción de cierre durante cuarenta y ocho horas sin posibilidad de revocación por la autoridad competente), cuando se esté perturbando la paz ciudadana sin licencia de apertura, incumpliendo los horarios de apertura y cierre o de emisión de ruidos.
a) Puesto que el vicio que se imputa al precepto impugnado se plantea desde la perspectiva del correcto ejercicio del orden constitucional de competencias, antes de entrar a resolver la cuestión planteada debe señalarse que la Ley del Parlamento de Canarias 1/1998, de 8 de enero, de régimen jurídico de los espectáculos públicos y actividades clasificadas, ha sido derogada y sustituida por la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, razón por la cual, debe analizarse brevemente los efectos que dicha derogación tiene sobre el objeto del proceso, para lo cual es preciso determinar “si con esa expulsión ha cesado o no la controversia competencial, toda vez que poner fin a la misma a la luz del orden constitucional de reparto de competencias es el fin último al que sirven tales procesos” (por todas, SSTC 24/2013, de 31 de enero, FJ 2; 25/2013, de 31 de enero, FJ 2; 26/2013, de 31 de enero, FJ 2; y 37/2013, de 14 de febrero, FJ 3). De esta manera, si la normativa en torno a la cual se trabó el conflicto resulta sustituida “por otra que viene a plantear los mismos problemas competenciales la consecuencia será la no desaparición del conflicto” (por todas, SSTC 133/2012, de 19 de junio, FJ 2; 24/2013, de 31 de enero, FJ 2; y 26/2013, de 31 de enero, FJ 2). Y ello porque la función de preservar los ámbitos respectivos de competencias “no puede quedar enervada por la sola derogación o modificación de las disposiciones cuya adopción dio lugar al litigio, cuando aquella preservación exige aún, porque así lo demandan las partes, o al menos una de ellas, una decisión jurisdiccional que declare, constatando si se verificó o no la extralimitación competencial denunciada, su definición constitucional o estatutaria” [SSTC 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 2 a); y 224/2012, de 29 de noviembre, FJ 2 a)].
c) Desde la óptica estatal, el art. 149.1.18 CE atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia del “procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas”. Al amparo de este título competencial estatal se dictó la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (en adelante, LPC), que establece y regula las bases, entre otras materias, del “procedimiento administrativo común” para las Administraciones públicas (art. 1). En el art. 72 (“Medidas provisionales”) del título VI (“De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos”) se prevé, con carácter general, que con anterioridad a la iniciación del procedimiento administrativo “el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos expresamente por una norma de rango de Ley” (apartado 2). Más concretamente, pero esta vez con relación a los procedimientos sancionadores, el art. 136 LPC (“Medidas de carácter provisional”), dentro del título IX (“De la potestad sancionadora”), habilita a adoptar “mediante acuerdo motivado” y “[c]uando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores … medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer”. Y, en fin, el art. 54.1 d) LPC (“Motivación”), dentro del título V (“De las disposiciones y los actos administrativos”) insiste en la obligación de motivar, entre otros, “la adopción de medidas provisionales previstas en los artículo 72 y 136 de esta Ley”.
d) Desde el punto de vista autonómico, el art. 148.1 CE habilita a las Comunidades Autónomas a asumir competencias sobre corporaciones locales (2), protección del medio ambiente (9) y promoción del deporte y de adecuada utilización del ocio (19). Por su parte, la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias (EACan), no sólo atribuye a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de deporte, ocio, esparcimiento y espectáculos (art. 30.20), sino el desarrollo legislativo y la ejecución tanto de las normas de procedimiento administrativo que se derivan de las especialidades del régimen administrativo canario (art. 32.14), como de la protección del medio ambiente (art. 32.12).
e) Como hemos visto con anterioridad, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no imposibilita que las Comunidades Autónomas puedan adoptar medidas provisionales en los procedimientos administrativos que, ratione materiae, regulen, sino que, antes al contrario, se lo permite, tanto con carácter general (art. 72 LPC), como dentro de los procedimientos sancionadores (art. 136 LPC), incluso con anterioridad a la iniciación del procedimiento administrativo, con carácter provisional, “en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados” en los supuestos “previstos expresamente por una norma de rango de Ley”, debiendo ser “confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento” (art. 72.2 LPC). Por su parte, la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, no sólo habilita, con carácter general, a la autoridad competente para adoptar medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones para garantizar la seguridad ciudadana (art. 14 de la Ley Orgánica 1/1992), incluso de carácter extraordinario, tales como “el cierre o desalojo de locales o establecimientos” cuando sea imprescindible (art. 15), sino que le autoriza, dentro del procedimiento sancionador, a la adopción de medidas de seguridad de acción preventiva [art. 36.2 b) de dicha Ley Orgánica], incluida “[l]a suspensión o clausura preventiva de fábricas, locales o establecimientos” [art. 36.2 c) de la Ley Orgánica 1/1992].
Lo anterior supone que, sin necesidad de entrar a delimitar si las normas estatales que se dicen infringidas por el precepto autonómico tienen o no la condición de básicas, lo cierto es que, no existe la pretendida contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica. En efecto, cuando el art. 60.3 de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de régimen jurídico de los espectáculos públicos y actividades clasificadas, autoriza a los agentes de la autoridad a la adopción provisional de la medida de clausura de local o cese de actividad, en los supuestos en que pueda derivarse un riesgo grave para las personas o los bienes o cuando se esté perturbando gravemente la paz ciudadana, no está sino autorizando, mediante una norma con rango legal, la adopción de medidas de seguridad similares a las que recogen los arts. 72 y 136 LPC, y 36 de la Ley Orgánica 1/1992, pero en materias de competencia autonómica, todo ello, además, sin perjuicio de la garantía de impugnación de los actos de la Administración mediante la interposición por los interesados de los correspondientes recursos administrativos y jurisdiccionales. No hay que olvidar que, sin perjuicio del obligado respeto a los principios y reglas del procedimiento administrativo común, “coexisten numerosas reglas especiales de procedimiento aplicables a la realización de cada tipo de actividad administrativa ratione materiae”, de manera que “cuando la competencia legislativa sobre una materia ha sido atribuida a una Comunidad Autónoma, a ésta cumple también la aprobación de las normas de procedimiento administrativo destinadas a ejecutarla, si bien deberán respetarse en todo caso las reglas del procedimiento establecidas en la legislación del Estado dentro del ámbito de sus competencias” [SSTC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 32; 98/2001, de 5 de abril, FJ 8 b); y 175/2003, de 30 de septiembre, FJ 10 c)].
1. Voto particular que formula el Magistrado don Manuel Aragón Reyes respecto de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4247-2002.
Tales argumentos son los que, mutatis mutandis, expresé en mi Voto particular a la STC 136/2011, de 13 de septiembre. Entonces, como ahora, se trataba del mismo problema: el de las llamadas “leyes de acompañamiento”. La única diferencia sustancial radica en que entonces juzgábamos una ley de las Cortes Generales y ahora una de un Parlamento autonómico. No obstante, pese a que, por ello, las razones referidas al bicameralismo que en aquel Voto se contenían no pueden proyectarse al supuesto que ahora nos ocupa, que es el de un Parlamento unicameral, el resto de las razones que allí expresé son trasladables en su totalidad al caso ahora resuelto. Y esas razones descansaban en la vulneración indudable, a mi juicio, por ese tipo de leyes del principio democrático y de su proyección en la potestad legislativa parlamentaria, con la consiguiente desnaturalización del significado de la propia potestad legislativa, del procedimiento legislativo parlamentario y del concepto de ley constitucionalmente establecidos.
Madrid, a cinco de junio dos mil trece.
Type and record number Recurso de inconstitucionalidad 4247-2002
Interpuesto por setenta y un Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento de normas tributarias y de medidas en materia de organización administrativa, de gestión, relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador.
Leyes de contenido heterogéneo; principios de participación política y de seguridad jurídica; límites materiales a las leyes de presupuestos; competencias sobre procedimiento administrativo: inaplicabilidad a una ley ordinaria de los límites constitucionales establecidos para las leyes de presupuestos; ejercicio del derecho de enmienda y relación de homogeneidad entre enmiendas e iniciativa legislativa que se pretende modificar (STC 136/2011); reserva estatutaria de leyes específicas que no impide su reforma por otras leyes ordinarias; validez del precepto legal que faculta a los agentes de la autoridad para que ordenen la clausura temporal de establecimientos públicos que, careciendo de licencia de apertura, perturben la paz ciudadana. Voto particular.
Setenta y un diputados impugnan la Ley canaria 2/2002, de 27 de marzo, que contiene disposiciones normativas acerca de contenido heterogéneo: medidas en materia financiera y tributaria, organización administrativa, gestión, regímenes sancionadores, regulación del sector eléctrico y de los espectáculos públicos y actividades clasificadas.
Se desestima el recurso de inconstitucionalidad. En primer lugar, no es causa de inconstitucionalidad que el Parlamento autonómico haya recurrido a un único instrumento legislativo que dé cabida a preceptos de muy diversa naturaleza. A continuación y en aplicación de la doctrina contenida en la STC 136/2011, de 13 de septiembre, acerca de la conexión de homogeneidad exigible a las leyes de contenido heterogéneo, no se observa inconstitucionalidad en las medidas introducidas mediante enmiendas. A su vez, la reserva estatutaria de una materia a ley específica, en este caso la regulación del patrimonio autonómico y de la Audiencia de Cuentas de Canarias, no impide su modificación por otra ley con el objetivo de adaptar su contenido a las nuevas necesidades sin alterar su esencia. Por último, no hay invasión competencial al no existir contradicción con la norma estatal por parte del precepto autonómico que permite a los agentes de la autoridad, sin tener que ajustarse a procedimiento, clausurar locales que estén perturbando la paz ciudadana sin licencia de apertura.
Para determinar cuáles son las reglas y principios aplicables a los instrumentos presupuestarios de las Comunidades Autónomas no sólo hay que acudir a la Constitución, sino también a lo previsto en sus respectivos Estatutos de Autonomía y en las leyes estatales que, dentro del marco constitucional, se hubiesen dictado para delimitar las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas, singularmente la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (SSTC 3/2003, 74/2011) [FJ 2].
Las limitaciones materiales y temporales a que el constituyente ha sometido el instrumento presupuestario sólo a éste se refieren, no pudiendo extrapolarse a otras disposiciones generales que, no siendo fruto de la actividad presupuestaria de las Cortes, ex art. 134 CE, son el resultado del ejercicio genérico de su actividad legislativa, ex art. 66.2 CE (SSTC 136/2011, 209/2012) [FJ 2].
La limitación establecida en el art. 134.7 CE para la modificación de tributos por la Ley de presupuestos sin la previa habilitación de una ley tributaria sustantiva no resulta de aplicación a las leyes de presupuestos de las Comunidades Autónomas, salvo que lo impida alguna disposición integrada en el bloque de la constitucionalidad, singularmente la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas o el Estatuto de Autonomía (SSTC 116/1994, 7/2010) [FJ 2].
Las enmiendas al articulado del texto inicial de un proyecto de ley deben respetar una conexión mínima de homogeneidad con el texto enmendado, de manera que toda enmienda parcial tiene que tener un carácter subsidiario o incidental respecto del texto a enmendar, so pena de afectar a la función y fines asignados al ejercicio de la potestad legislativa por las Cámaras, provocando un vicio que podría alcanzar relevancia constitucional si alterase de forma sustancial el proceso de formación de voluntad en el seno de las Cámaras (SSTC 136/2011, 209/2012) [FJ 3].
La conexión de homogeneidad exigible a las enmiendas introducidas en las leyes de contenido heterogéneo ha de entenderse de modo flexible para que atienda a su funcionalidad, no teniendo que ser dicha conexión de identidad con las medidas previstas en el texto de la iniciativa sino de afinidad con las materias recogidas en el mismo (ATC 118/1999; SSTC 136/2011, 209/2012) [FJ 3].
Doctrina sobre el control constitucional de las normas de contenido heterogéneo (SSTC 136/2011, 36/2013) [FJ 1].
El hecho de que una materia concreta haya sido reservada por el Estatuto de Autonomía a una ley específica no puede implicar que, una vez acometida la regulación de esa materia, se produzca una congelación de su contenido, de manera que no pueda ser modificada por ninguna ley, salvo que sea otra específica, ya que la relación entre las leyes específicas y las restantes leyes ordinarias no puede confundirse con la estricta aplicación del criterio de sucesión temporal de leyes [FJ 4].
La cuestión planteada en relación a las funciones del gestor de la red de transmisión ha sido resuelta por la STC 123/2013, a cuyas conclusiones hemos de remitirnos [FJ 6].
Para apreciar vulneración competencial por inconstitucionalidad mediata o indirecta es preciso que la norma estatal infringida por la ley autonómica sea, en sentido material y formal, una norma básica y por tanto, dictada legítimamente al amparo del correspondiente título competencial que la Constitución haya reservado al Estado, y que la contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica, sea efectiva e insalvable por vía interpretativa (SSTC 26/2012, 197/2012) [FJ 8 b)].
Aunque el art. 28.1 LOTC no mencione los reglamentos parlamentarios entre aquellas normas cuya infracción puede acarrear la inconstitucionalidad de la ley, no es dudoso que la inobservancia de los preceptos que regulan el procedimiento legislativo podría viciar de inconstitucionalidad la ley cuando esa inobservancia altere de modo sustancial el proceso de formación de voluntad en el seno de las Cámaras (SSTC 99/1987, 136/2011) [FJ 3].
El juicio de constitucionalidad no lo es de técnica legislativa, razón por la cual, no corresponde a la jurisdicción constitucional pronunciarse sobre la perfección técnica de las leyes, habida cuenta de que el control jurisdiccional de la ley nada tiene que ver con su depuración técnica (SSTC 136/2011, 102/2012) [FJ 1].
Cuando la competencia legislativa sobre una materia ha sido atribuida a una Comunidad Autónoma, a ésta cumple también la aprobación de las normas de procedimiento administrativo destinadas a ejecutarla, si bien deberán respetarse en todo caso las reglas del procedimiento establecidas en la legislación del Estado dentro del ámbito de sus competencias (SSTC 227/1988, 175/2003) [FJ 8 e)].
Doctrina sobre la pervivencia del objeto en los procesos de inconstitucionalidad pese a la derogación o modificación de la norma, cuando se trata de realizar un control sobre los vicios de validez que pudieran haber incidido sobre la propia aprobación de una norma, ya que en tal caso subsiste el interés constitucional de velar por el recto ejercicio de la potestad legislativa (SSTC 136/2011, 86/2013) [FFJJ 2 a 5].
Doctrina constitucional sobre la pérdida sobrevenida del objeto por derogación o sustitución del contenido de la norma en el recurso de inconstitucionalidad (SSTC 136/2011, 39/2013) [FFJJ 5, 7].
Doctrina sobre la pérdida o pervivencia del objeto pese a la derogación de la norma en procesos constitucionales de naturaleza competencial, según se mantenga viva o no la controversia competencial (SSTC 204/2011, 37/2013) [FJ 8 a)].
Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo. Establecimiento de normas tributarias y de medidas en materia de organización administrativa y de gestión, relativas al personal de la Comunidad y de carácter sancionador
Artículo 66, ff. 1, 2
Artículo 133.4, f. 5
Artículo 134, f. 2
Artículo 134.2, ff. 1, 2
Artículo 148.1, f. 8
Artículo 148.1.2, f. 8
Artículo 148.1.9, f. 8
Artículo 148.1.18, f. 8
Artículo 148.1.19, f. 8
Artículo 149.1.25, f. 6
Artículo 21.1 (redactado por la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre), f. 2
Artículo 30.20, f. 8
Artículo 32.12, f. 8
Artículo 32.14, f. 8
Artículo 61.1 a), f. 5
Artículo 61.1 b), f. 2
Ley del Parlamento de Canarias 7/1984, de 11 de diciembre. Hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
Artículo 30 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), f. 2
Artículo 37 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), f. 2
Artículo 37.7 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), f. 5
Artículo 52.11 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), ff. 2, 3
Artículo 52.12 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), ff. 2, 3
Artículo 67 bis (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), f. 2
Artículo 83 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), f. 2
Artículo 104 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), f. 2
Ley del Parlamento de Canarias 8/1987, de 28 de abril. Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias
Artículo 42 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), ff. 2, 4
Ley del Parlamento de Canarias 4/1989, de 2 de mayo. Audiencia de Cuentas de Canarias
Artículo 36 apartados 2, 3 (redactados por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), ff. 3, 4
Ley del Parlamento de Canarias 8/1989, de 13 de julio. Creación del cuerpo de agentes de medio ambiente de la Comunidad Autónoma de Canarias
Artículo 3 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), f. 3
Ley del Parlamento de Canarias 10/1990, de 23 de mayo. Colegios profesionales
Artículo 9 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), f. 3
Artículo 36.2 b), f. 8
Artículo 36.2 c), f. 8
Artículo 54.1 d), f. 8
Artículo 72.2, f. 8
Decreto legislativo del Gobierno de Canarias 1/1994, de 29 de julio. Aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
Título III, capítulo IX (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), f. 2
Disposición adicional quinta, apartado 4 (redactada por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), f. 2
Artículo 18.1 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), f. 2
Artículo 9.1 f), f. 6
Disposición adicional decimoquinta, apartado 3 (redactada por la Ley 34/1998, de 7 de octubre), f. 6
Disposición adicional quinta, apartado 2 (redactada por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), f. 6
Disposición adicional quinta, apartado 2 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), f. 6
Artículo 58 (redactado por la Ley 7/2011, de 5 de abril), f. 8
Artículo 58 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 7/2011, de 5 de abril), f. 8
Artículo 60.1, f. 8
Artículo 60.2, f. 8
Artículo 60.3 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), ff. 2, 3, 8
Ley del Parlamento de Canarias 6/1999, de 26 de marzo. Juegos y Apuestas
Artículo 12 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), f. 2
Artículo 4 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), f. 3
Disposición transitoria segunda, apartados 1, 2 (redactada por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), ff. 2, 3
Disposición transitoria segunda, apartados 1, 2 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), ff. 2, 3
Ley del Parlamento de Canarias 6/2001, de 23 de julio. Medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias
Disposición adicional primera (redactada por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), ff. 2, 3
Disposición final primera (redactada por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), f. 3
Ley del Parlamento de Canarias 9/2001, de 28 de diciembre. Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2002
Artículo 48.2 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 2/2002, de 27 de marzo), f. 3
En general, ff. 1 a 3, 5, 8
Capítulo III, f. 3
Capítulo IV, sección segunda, f. 7
Artículo 1 apartados 1 a 6, f. 2
Artículo 1.1 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 12/2006, de 28 de diciembre), f. 2
Artículo 1.6 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 9/2003, de 3 de abril), f. 2
Artículos 7 a 9, f. 2
Artículo 11, ff. 2, 3
Artículos 11 a 13, f. 2
Artículo 12, ff. 2, 3
Artículo 14 (redactado la Ley del Parlamento de Canarias 6/2006, de 17 de julio), f. 4
Artículos 14 a 16, f. 2
Artículo 15 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 14/2009, de 30 de diciembre), f. 2
Artículos 18 a 31, f. 2
Artículos 20 a 23 (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 17/2003, de 10 de abril), f. 2
Artículo 21.1 k), f. 7
Disposiciones adicional primera a sexta, f. 3
Disposiciones adicionales tercera a sexta, f. 2
Disposición adicional tercera (redactada por la Ley del Parlamento de Canarias 1/2006, de 7 de febrero), f. 2
Disposición adicional tercera (redactado por la Ley del Parlamento de Canarias 1/2006, de 7 de febrero), f. 2
Disposición adicional cuarta, ff. 2, 3, 8
Disposición derogatoria única, apartados 1, 2, f. 2
En general , ff. 2, 3
Ley del Parlamento de Canarias 17/2003, de 10 de abril. Pesca de Canarias
Artículo 69 k), f. 7
Disposición derogatoria única, f. 7
Ley del Parlamento de Canarias 19/2003, de 14 de abril. Aprueba las directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo de Canarias
Ley del Parlamento de Canarias 1/2006, de 7 de febrero. Modifica la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias
Ley del Parlamento de Canarias 6/2006, de 17 de julio. Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias
Ley del Parlamento de Canarias 11/2006, de 11 de diciembre. Hacienda Pública de Canarias
Ley del Parlamento de Canarias 12/2006, de 28 de diciembre. Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2007
Artículo 190.6, f. 2
Ley del Parlamento de Canarias 8/2010, de 15 de julio. Juegos y Apuestas
Artículo 78.6, f. 2
Ley del Parlamento de Canarias 7/2011, de 5 de abril. Actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias
Título V, capítulo IV, f. 8
Artículo 56.6, f. 8
Ley del Parlamento de Canarias 4/2012, de 25 de junio. Medidas administrativas y fiscales
Atribución de competencias ratione materiaeAtribución de competencias ratione materiae, f. 8 e)
Colisión con normas básicasColisión con normas básicas, f. 8 b)
Competencias de las Comunidades AutónomasCompetencias de las Comunidades Autónomas, f. 8 e)
Iniciativa parlamentariaIniciativa parlamentaria, f. 3
Pérdida sobrevenida de objeto por declaración de inconstitucionalidad de la normaPérdida sobrevenida de objeto por declaración de inconstitucionalidad de la norma, f. 6
Pérdida sobrevenida de objeto por derogación de la normaPérdida sobrevenida de objeto por derogación de la norma, ff. 5, 7
Pervivencia del objeto pese a la modificación de la normaPervivencia del objeto pese a la modificación de la norma, ff. 2 a 5
Potestad legislativaPotestad legislativa, ff. 2, 3, 4
Recurso de inconstitucionalidadRecurso de inconstitucionalidad, ff. 2, 3, 4, 5, 6, 7
Voto particular, formulado unoVoto particular, formulado uno, VP I
Leyes de presupuestos de las Comunidades AutónomasLeyes de presupuestos de las Comunidades Autónomas, f. 2
Normas de contenido heterogéneoNormas de contenido heterogéneo, ff. 1, 3
Técnica legislativaTécnica legislativa, ff. 2 a 4

References: e contrario
 resolución 
 artículo 72

Artículo 66

Artículo 133

Artículo 134

Artículo 134

Artículo 148

Artículo 148

Artículo 148

Artículo 148

Artículo 148

Artículo 149

Artículo 21

Artículo 30

Artículo 32

Artículo 32

Artículo 61

Artículo 61

Artículo 30

Artículo 37

Artículo 37

Artículo 52

Artículo 52

Artículo 67

Artículo 83

Artículo 104

Artículo 42

Artículo 36

Artículo 3

Artículo 9

Artículo 36

Artículo 36

Artículo 54

Artículo 72

Artículo 18

Artículo 9

Artículo 58

Artículo 58

Artículo 60

Artículo 60

Artículo 60

Artículo 12

Artículo 4

Artículo 48

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 21

Artículo 69

Artículo 190

Artículo 78

Artículo 56