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Timestamp: 2019-03-18 13:47:43+00:00

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Magistrado puede omitir el citado de medios de prueba si considera que no ha sido determinante en su decisión - Actualidad Civil
Magistrado puede omitir el citado de medios de prueba si considera que no ha sido determinante en su decisión
CAS. N.º 3703-2015 Lima Sur
Emitida el 12 de setiembre del 2016
(Publicada en El Peruano, 02-10-17)
Señora Jueza suprema Miranda Molina
Artículo 197 del Código Procesal Civil
[S]ólo se expresan las valoraciones (de los medios probatorios) esenciales y determinantes que sustenta la decisión. En tal sentido, el hecho que la Sala Superior no haya mencionado expresamente los medios probatorios a los cuales alude el recurrente no significa que no los haya valorado, sino que, al amparo de la noma previamente glosada, ha estimado que no eran determinantes en su decisión y por ello no los ha citado. En todo caso, y sin perjuicio de lo antes anotado, el recurrente no demuestra de qué modo la alegada omisión de valoración incidiría directamente en la decisión ahora impugnada, dadas las razonables y acertadas conclusiones a las que ha arribado el Ad quem, debiendo recalcarse que de conformidad con el Principio de Transcendencia de la Nulidad, contenido en el artículo 176, cuarto párrafo del Código Procesal Civil no hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución.
CAS. N.º 3551-2015
MEJOR DERECHO A LA POSESIÓN.
SUMILLA. De conformidad con el artículo 197 in fine del Código Procesal Civil en la resolución sólo se expresan las valoraciones (de los medios probatorios) esenciales y determinantes que sustenta la decisión. En tal sentido, el hecho que la Sala Superior no haya mencionado expresamente los medios probatorios a los cuales alude el recurrente no significa que no los haya valorado, sino que, al amparo de la noma previamente glosada, ha estimado que no eran determinantes en su decisión y por ello no lo ha citado.
Lima, doce de setiembre de dos mil dieciséis.
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Vista la causa número tres mil quinientos cincuenta y uno–dos mil quince, efectuados el debate y la votación correspondientes, emite la presente sentencia:
Se trata del recurso de casación interpuesto por Ismael Bautista Cuba a fojas cuatrocientos setenta y tres, contra la sentencia de vista de fojas cuatrocientos sesenta y uno, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que confirma la sentencia apelada de fojas trescientos setenta y seis, de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, que declara infundada la demanda; en los seguidos por Antonio Mario Bautista Cuba y otro contra Carmen Rosa Jiménez Cárdenas y otro, sobre Mejor Derecho a la Posesión.
Esta Sala Suprema, mediante resolución de fojas cuarenta y tres del presente cuadernillo, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, ha estimado procedente el recurso de casación referido por la causal de infracción normativa de derecho procesal. El recurrente denuncia: Infracción normativa de carácter procesal de los artículos 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, 50, 121, 122 inciso 3, 192 y 197 del Código Procesal Civil, sosteniendo que la sentencia de vista no se encuentra debidamente motivada. Agrega que sólo ha mencionado parte de los medios probatorios presentados por su parte, sin ningún comentario ni opinión acerca de los miembros de la Sala Civil, tampoco se han tomando en cuenta las declaraciones de los testigos vecinos de su predio, ni se han valorado los medios probatorios en forma conjunta, pese a que existen abundantes medios probatorios ofrecidos por los demandantes y que no han sido valorados, como la Constancia de posesión de ambos demandantes, la Resolución número SGSCSAN- 08-0188 de Luz del Sur, la Resolución del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN número 0476-2008-OS/JARU-SU1, el Registro de Padrón de Socios de los demandantes, la Constancia de Vivencia a favor de los demandantes desde el año mil novecientos ochenta y nueve, la Constancia de Vivencia de los vecinos a favor de los demandantes, la Tarjeta de Control de Recién Nacido del hijo de Antonio Mario Bautista Cuba expedida por el Centro de Salud de La Molina consignándose en ella la dirección Manzana “C-16”, Lote número 10, Los Huertos de Manchay, el Recibo de Energía Eléctrica con la mencionada dirección, la Boleta de Venta de Importaciones Hiraoka, y diversas tomas fotográficas de sus familiares directos — hijos y esposa— en el interior de su vivienda, el impuesto predial a nombre de los demandantes, y demás medios probatorios llevados a cabo en la Audiencia de Pruebas.
PRIMERO. Previamente a la absolución del recurso de casación sub examine es necesario hacer un breve recuento de lo acontecido en el proceso. En tal sentido, se advierte que a fojas veintisiete, Antonio Mario Bautista Cuba e Ismael Bautista Cuba interponen demanda sobre Mejor Derecho de Posesión contra Carmen Rosa Jiménez Cárdenas, solicitando que se declare su mejor derecho de poseer respecto del inmueble ubicado en el Lote número 10, Manzana C-16, Sector C del Centro Poblado “Los Huertos de Manchay”, Distrito de Pachacámac, Provincia y Departamento de Lima, con un área total de quinientos metros cuadrados (500 m2), que está sub dividido en dos lotes, Sub Lote 10-A de la Manzana C-16, CPR. Huertos de Manchay, Sector C, propiedad de Antonio Mario Bautista Cuba; y el Sub Lote 10-B de la Manzana C-16, CPR. Huertos de Manchay, Sector C, propiedad de Ismael Bautista Cuba. Como fundamentos de su demanda sostienen que son fundadores del Centro Poblado Rural Los Huertos de Manchay en el año mil novecientos ochenta y seis, es así que cuando tomaron posesión del lugar no existía servicio alguno ni calle transitable, después de definir la estructura urbana, se les adjudicó el lote de terreno signado como la Manzana C-16, Lote 10, Sector C, actualmente subdividido en dos sub lotes, es decir el Sub Lote 10- A, de Antonio Mario Bautista Cuba y el Sub Lote 10-B de Ismael Bautista Cuba en partes iguales, es decir cada sub lote de doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) de área total. Desde el veinte de octubre de dos mil siete, por más de veintiún años, han sido posesionarios en forma pacífica, pública y permanente del inmueble antes indicado, debidamente empadronados ante la directiva en el Libro de Registro de Socios correspondiente; igualmente, con servicio de energía eléctrica instalado desde el año mil novecientos noventa y cinco; que, en dicho inmueble tiene una vivienda construida de material noble en un área de veinticinco metros cuadrados (25 m2), techo de palo y eternit, piso de concreto, ventana de madera y puerta igualmente de madera y triplay, la pared a base de ladrillos king kong de cemento labrado, donde estaban sus bienes, consistentes en camas, frazadas, sábanas, colchones, artefactos eléctricos, utensilios de cocina, en fin, bienes que contiene una vivienda familiar, así como una serie de documentos de valor, que según información de los vecinos, esta persona los ha incinerado para borrar las pruebas en su contra, vivienda que han construido en el año mil novecientos noventa y cuatro. Que, en el año mil novecientos noventa y cinco aproximadamente hicieron instalar el servicio de energía eléctrica, con número de suministro 1144157, Empresa Luz del Sur, medidor número 05137336; la invasora a quien demandan inicialmente hizo cambiar este servicio a su nombre, utilizando sólo la constancia que el traficante de terrenos que dice dirigir la Asociación del Centro Poblado Rural Los Huertos de Manchay, que no pertenece al “Sector C”, le otorgó. Que, como persona humana, apoyando a sus semejantes, por súplicas con llanto y desesperación de no tener una casa donde vivir, lamentablemente le cedieron a Carmen Rosa Jiménez Cárdenas, para que sólo por un pequeño tiempo pueda quedarse en su propiedad, sin haber imaginado que dicha persona tenía una intención malévola de apropiarse del terreno y bienes, es así que a partir del veinte de octubre de dos mil siete, esta mujer está en su casa; a espaldas de la dirigencia del “Sector C”, y a espaldas de los demandantes esta cruel mujer, había tramitado ante una Asociación desconocida, la Constancia de Posesión a la que lamentablemente le brindaron atención, utilizando esa constancia de energía eléctrica y otras maniobras con la pretensión de quedarse con el lote de terreno. La emplazada en tan corto tiempo viene causando muchos daños a los bienes, es así que ha destruido el tanque de agua que tenían, ha cambiado el techo de la casa, ha incorporado paredes improvisadas, ha hurtado todos sus bienes que se encontraban dentro de la vivienda y otros hechos delictivos; y actualmente la demandada, les ha prohibido ingresar a la propiedad con el resguardo de varios delincuentes que están armados, con armas blancas y de fuego, además de cuatro perros bravos de raza doberman.
SEGUNDO. Tramitada la demanda según su naturaleza, el Juez de la causa, mediante sentencia de fojas trescientos setenta y seis, de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, declara infundada la demanda. Como fundamentos de su decisión sostiene que la demandada, a lo largo del proceso, ha acreditado la posesión del terreno bajo litigio desde el año dos mil siete, y que, además, ha celebrado un sinnúmero de contratos en cuya virtud se le ha extendido documentos — que obran en autos — en los cuales ha señalado como su domicilio real y habitual, el inmueble bajo litigio. En cuanto al derecho que alegan los demandantes, referido a su pretensión de Mejor Derecho a la Posesión del bien sub materia a su favor, debe decirse que éstos, no solamente no tienen documento que acredite la adjudicación a favor de los mismos respecto del inmueble sub litis, sino que además, tampoco han acreditado haber poseído en alguna forma u oportunidad, dicho predio, tanto más cuanto, la demandada, por su parte, ha acreditado, no solamente el derecho de posesión que la ampara, en virtud del Contrato de Adjudicación del Lote de Terreno sub materia, celebrado con la Asociación Centro Poblado Rural “Los Huertos de Manchay”, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, sino también la posesión que ostenta, habiéndose inscrito ante la Municipalidad Distrital de Pachacámac como contribuyente, con fecha trece de noviembre de dos mil siete y habiendo realizado la construcción en material noble, que cuenta con todos los servicios elementales y que, además, está viviendo, real y efectivamente, en dicho predio, conforme así lo ha acreditado con las pruebas instrumentales que obran en autos; máxime que dichas documentales no han sido materia de impugnación en su momento por el accionante. Que, siendo ello así y considerando, además, que conforme a lo establecido por los artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil, el juzgador concluye que la demanda debe ser desestimada, dejándose a salvo el derecho de las partes, para hacerlo valer en la forma legal que corresponde, en un juicio mas lato.
TERCERO. Apelada la mencionada sentencia, la Sala Revisora la confirma, mediante sentencia de fojas cuatrocientos sesenta y uno, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince. Como sustento de su decisión manifiesta que al examinar los medios probatorios de la parte demandante se puede apreciar su falta de idoneidad para acreditar la posesión alegada por los mismos. En efecto se trata de documentos que en su mayoría son de reciente factura y de contenido insuficiente como medio de prueba de la posesión alegada. La parte apelante aduce, asimismo, que son elementos probatorios de su posesión continua, pacífica y pública las siguientes pruebas documentales: …..j) Las copias que corren de fojas cincuenta y nueve a sesenta y dos, que acreditarían el pago del impuesto predial hecho por ambos demandantes durante los años dos mil tres a dos mil ocho, sin embargo su examen indica que esos documentos no hacen referencia alguna a los demandantes. Ni en ellos consta pago alguno realizado por ellos ni por otras personas; K) Los recibos de pago del impuesto predial, declaración y liquidación de fojas noventa y nueve a ciento siete, correspondientes a los años dos mil tres y siguientes, realizados el año dos mil ocho, de los cuales no resulta prueba de posesión alguna, sino solamente de un pago extemporáneo, que es por otra parte posterior a la interposición de la demanda. La prueba glosada es insuficiente para acreditar un mejor derecho a poseer el bien de los demandantes; por consiguiente, no hay razón para estimar la demanda y declarar que ellos tienen mejor derecho a poseer que el que tiene la actual poseedora del bien, quien lo hace en mérito a la entrega que le habrían hecho los representantes de la asociación titular del bien litigioso. Todo lo cual ha sido estimado por el Juez correctamente. Los demandantes aseguran enfáticamente que hicieron entrega del inmueble a favor de la demandada, teniendo la condición de invasora por su negativa a devolverlo, lo cual haría ilegítima su posesión; sin embargo, no han realizado prueba idónea para acreditar su anterior posesión y la entrega que hicieron a favor de la misma, ni que ésta haya procedido a invadir el inmueble despojándolos de la posesión.
CUARTO. En principio, a fin de absolver los cuestionamientos efectuados a la sentencia de vista ahora impugnada, es menester recalcar los fundamentos principales que la sustentan: a) Del examen de los medios probatorios de la parte demandante se aprecia su falta de idoneidad para acreditar la posesión alegada por los mismos. En efecto, se trata de documentos que en su mayoría son de reciente factura y de contenido insuficiente como medio de prueba de la posesión alegada; b) La parte apelante aduce que son elementos probatorios de su posesión las siguientes pruebas documentales: i) Las copias que corren de fojas cincuenta y nueve a sesenta y dos, que acreditarían el pago del impuesto predial hecho por los demandantes durante los años dos mil tres a dos mil ocho; sin embargo, su examen indica que no hacen referencia alguna a los accionantes; ni en dichos documentos consta pago alguno realizado por ellos ni por otras personas; ii) Los recibos de pago del impuesto predial, declaración y liquidación de fojas noventa y nueve a ciento siete correspondientes a los años dos mil tres y siguientes, realizados el año dos mil ocho, no resultan prueba de posesión alguna, sino solamente de un pago extemporáneo, que además es posterior a la interposición de la demanda; c) La prueba glosada es insuficiente para acreditar un mejor derecho a poseer el bien de los demandantes; por consiguiente, no hay razón para estimar la demanda y declarar que ellos tienen mejor derecho a poseer que el de la demandada, quien lo hace en mérito a la entrega que le habrían hecho los representantes de la asociación titular del bien litigioso; d) Los demandantes aseguran que hicieron entrega del inmueble a favor de la demandada, teniendo ésta la condición de invasora, lo cual haría ilegítima su posesión; sin embargo, no han presentado prueba idónea para acreditar su anterior posesión y la entrega que le hicieron, ni que ésta haya procedido a invadir el inmueble despojándolos de la posesión.
QUINTO. De lo expuesto se aprecia que, contrariamente a lo alegado por el recurrente, la sentencia impugnada se encuentra debidamente motivada, habiendo el Ad quem consignado sus fundamentos fácticos y jurídicos de manera ordenada y coherente, dando estricto cumplimiento al deber de motivación contenido en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos 50, inciso 6 y 122, inciso 3 del Código Procesal Civil, así como el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, razones por las cuales esta denuncia no puede prosperar.
SEXTO. Por otro lado, se advierte que el recurrente hace referencia en su recurso a medios probatorios que, según afirman, no se habrían valorado. Al respecto, cabe indicar que, de conformidad con el artículo 197 in fine del Código Procesal Civil, en la resolución sólo se expresan las valoraciones (de los medios probatorios) esenciales y determinantes que sustenta la decisión. En tal sentido, el hecho que la Sala Superior no haya mencionado expresamente los medios probatorios a los cuales alude el recurrente no significa que no los haya valorado, sino que, al amparo de la noma previamente glosada, ha estimado que no eran determinantes en su decisión y por ello no los ha citado. En todo caso, y sin perjuicio de lo antes anotado, el recurrente no demuestra de qué modo la alegada omisión de valoración incidiría directamente en la decisión ahora impugnada, dadas las razonables y acertadas conclusiones a las que ha arribado el Ad quem, debiendo recalcarse que de conformidad con el Principio de Transcendencia de la Nulidad, contenido en el artículo 176, cuarto párrafo del Código Procesal Civil no hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución. Aplicado al caso de autos, tenemos que en caso de subsanarse la supuesta omisión de valoración alegada (que en realidad no existe), el fallo del Ad quem no se modificaría, teniendo en cuenta la solidez de los argumentos contenidos en su sentencia, a los cuales ha arribado luego de una valoración de los medios probatorios ajustada a ley. Razones por las cuales este extremo tampoco puede prosperar. Por las consideraciones expuestas, no se configuran las causales de infracción normativa de carácter procesal denunciadas, en consecuencia, no procede amparar el presente recurso de casación, por lo que de conformidad con el artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto Ismael Bautista Cuba a fojas cuatrocientos setenta y tres; por consiguiente, NO CASARON la sentencia de vista de fojas cuatrocientos sesenta y uno, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que confirma la sentencia apelada de fojas trescientos setenta y seis, de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, que declara infundada la demanda; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Antonio Mario Bautista Cuba y otro contra Carmen Rosa Jiménez Cárdenas y otro, sobre Mejor Derecho a la Posesión; y los devolvieron. Ponente Señor Miranda Molina, Juez Supremo.
S.S. MENDOZA RAMÍREZ, ROMERO DÍAZ, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, YAYA ZUMAETA.

References: Artículo 197
 artículo 176
 artículo 197
in fine
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 139
 artículo 12
 artículo 197
in fine
 resolución 
 artículo 176
 artículo 397
 resolución