Source: https://www.scribd.com/doc/175649076/EL-RECURSO-JERARQUICO-EN-MATERIA-TRIBUTARIA
Timestamp: 2016-02-10 09:45:03+00:00

Document:
UploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicScribd Selects BooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects AudiobooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects ComicsHand-picked favorites from our editorsScribd Selects Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsTop Shelf ProductionsValiant Comics ZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsP. 1EL RECURSO JERÁRQUICO EN MATERIA TRIBUTARIAEL RECURSO JERÁRQUICO EN MATERIA TRIBUTARIA|Views: 31|Likes: 0Published by Michael CooperMore info:Published by: Michael Cooper on Oct 13, 2013Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/175649076/EL-RECURSO-JERARQUICO-EN-MATERIA-TRIBUTARIA08/02/2014pdftextoriginalEL RECURSO JERÁRQUICO EN MATERIA TRIBUTARIAEL RECURSO JERÁRQUICO EN MATERIA TRIBUTARIA
1. NOTAS SOBRE ALGUNOS ANTECEDENTES REPRESENTATIVOS DEL RECURSO JERÁRQUICO. La doctrina administrativa definió el RECURSO JERARQUICO como la solicitud dirigida al superior jerárquico para que éste revise la decisión impugnada y la revoque o reforme [Lares Martínez, Eloy. Manual de Derecho Administrativo. Ediciones UCV Caracas, 1978]. Con anterioridad a la vigencia de instrumentos legislativos valiosos entre nosotros como la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de 1982, la regulación de las normas sobre el Recurso Jerárquico estaban dispersas a lo largo de la legislación existente; en este particular, la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, cuya última reforma tuvo lugar en el año 1974, señalaba que contra las sanciones de multas impuestas por Inspectores y Fiscales de Hacienda y por los Administradores de Rentas Nacionales, podría ejercerse apelación para ante el respectivo Ministro de quien dependan estos funcionarios. Igual norma encontramos en la Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y demás Ramos Conexos de 1966 al señalar esta normativa hoy derogada, en caso de sanciones de multas impuestas por los empleados fiscales, podrá apelarse para ante el Ministro de Hacienda en el término de cinco (5) días hábiles a contar de la fecha de la notificación que se haga al interesado [ Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y demás Ramos Conexos publicada en la Gaceta Oficial No 1.077 Extraordinario de fecha 17 de Enero de 1967, artículo 74]. Autores como Allan Brewer Carías, con anterioridad a la vigencia de la actual Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así: “El Recurso Jerárquico o de Alzada, también denominado por algunas leyes Recurso de Apelación, es la reclamación que contra un acto administrativo se interpone para ante el superior jerárquico en el orden administrativo, por estimar que dicho acto lesiona un interés legítimo o un derecho subjetivo; es aquel medio de impugnación del acto administrativo ejercido para ante el superior jerárquico de la autoridad administrativa que dictó el acto impugnado [Brewer Carías, Allan, Las Instituciones Fundamentales del Derecho Administrativo y la Jurisprudencia Venezolana, Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Colección Tesis de Doctorado Volumen IV. Caracas, 1964]; en ese entonces legislativo, era comúnmente aceptado tanto por la doctrina administrativa y la jurisprudencia tanto de la antigua Corte Federal y de Casación y posteriormente por la hoy extinta Corte Suprema de Justicia, que este recurso sólo
era admisible en caso que una ley expresamente lo consagrare, hoy en día no es necesario que una ley en particular lo contemple, ya que resulta connatural al ejercicio pleno del derecho a la defensa del ciudadano, en este caso, administrado titular de derechos subjetivos e intereses personales legítimos lesionados con motivo de la actuación administrativa. No obstante esta escenario de aplicación teórico pragmático que regía en ese tiempo, la Ley de Impuesto sobre la Renta del año 1978, publicada en Gaceta Oficial No 2.277 Extraordinario de fecha 23 de Junio de 1978, reguló en su articulado, el régimen de los recursos administrativos y contencioso fiscal contra los actos de liquidación fiscal; en particular, al referirse a los recursos administrativos, preveía el denominado RECURSO DE RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA el cual debía ser interpuesto por el contribuyente ante la Administración General del Impuesto sobre la Renta, por órgano de la Administración que lo originó, dentro del lapso de quince (15) días hábiles que se contaban a partir de la fecha de recibo de la planilla de liquidación; el órgano competente en ese entonces para el conocimiento y decisión de este recurso era la SALA DE RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA, prevista en la anterior estructura organizativa y jerárquica del Ministerio de Hacienda; vemos pues, como en este caso preciso, no se admitía Recurso Jerárquico contra los actos administrativos contenidos en los actos de liquidación fiscal, aun así, si el órgano competente para su conocimiento y decisión era un órgano de rango superior al órgano emisor del acto de liquidación, pudiera pensarse que de hecho constituía esta vía un Recurso Jerárquico contra tales decisiones; esta observación nos lleva a diferenciar necesariamente entre la naturaleza jurídica de ambos recursos administrativos, ya que el denominado Recurso de Reconsideración Administrativa, como su nombre lo indicaba e indica, debía ser interpuesto ante el propio funcionario emisor del acto, en opinión de la doctrina administrativa, es el que se interpone ante la misma autoridad que adoptó el acto, para que esta reconsidere la decisión adoptada [Luis Beltrán Guerra. El Acto Administrativo La teoría del Procedimiento Administrativo. Ediciones de la Procuraduría General de la República. Colección Estudios Jurídicos Especiales No 2, Caracas, 1977]. Al lado del recurso jerárquico y de reconsideración, figuraba el denominado Recurso de Gracia o Súplica, mediante el cual, la administración revisaba el acto en función exclusiva de una facultad discrecional, sobre la base de razones de oportunidad, de mérito y de equidad; así se preveía en la ya citada Ley de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de 1966 en su artículo 75 que confería al Ejecutivo Nacional, a petición del interesado, y cuando las circunstancias lo justificaren la reducción o eximición de las penas aplicadas conforme a esa ley, mediante escrito presentado en el término de diez (10) días de notificada la planilla de liquidación provisional de derechos sucesorales; de igual modo, el Código Orgánico Tributario de 1983 publicado en la Gaceta Oficial No 2.992 Extraordinario de fecha 03 de Agosto de 1982,en su artículo 93 señalaba que el superior jerárquico del órgano que impuso la sanción pecuniaria podía, por vía de gracia, eximir total o parcialmente de la misma a
quienes lo solicitaren, siempre que no hubiere habido intención dolosa a juicio de la autoridad que deba decidir y siempre que la sanción no haya sido impuesta por defraudación, y el lapso para la interposición de este recurso de gracia o súplica era de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en la cual la sanción quedó definitivamente firme; vemos pues en este que se consagraba un recurso denominado atípico de gracia o súplica contra un acto administrativo firme. 2. EL RECURSO JERÁRQUICO EN LA LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos promulgada en el año 1982 vino a consolidar las imprecisiones dogmáticas y procedimentales que surgían con motivo de la interposición del recurso jerárquico; luego de varios proyectos de Ley de Procedimiento Administrativo (proyecto Polanco, proyecto Guerra, entre otros, al establecer por vez primera en el texto de una ley orgánica la conceptualización del recurso jerárquico al señalar que este recurso procederá cuando el órgano inferior decida no modificar el acto de que es autor en la forma solicitada en el recurso de reconsideración, en un lapso de quince (15) días siguientes a la decisión del recurso de reconsideración, de suerte que, constituía prerrequisito para el ejercicio del mismo el agotamiento del recurso de reconsideración, requisito éste hoy obviado de la mayoría de las legislaciones que consagran el ejercicio de los recursos administrativos y judiciales contra los actos del poder público, en los términos garantizados por la Constitución Bolivariana de 1999. En el caso de institutos autónomos este recurso jerárquico podrá ser intentado contra las decisiones de los órganos subalternos de los Institutos Autónomos por ante los órganos superiores de ellos, en este caso, dichos órganos estarían representados por los denominados organismos de adscripción de dichos institutos autónomos, y en cuanto a la decisión del recurso jerárquico, apunta la Ley de la materia que el mismo deberá conocerse y decidirse en el lapso de noventa (90) días siguientes a su presentación, en este caso, días hábiles a tenor de lo dispuesto en el artículo 42 de la citada Ley [Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos publicada en la Gaceta Oficial No 2.818 Extraordinario del 1 de Julio de 1981, artículos 91,95]. En el orden de ideas que venimos exponiendo, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos resulta aplicable de forma supletoria a la materia tributaria, por expreso mandato del artículo 148 del vigente Código Orgánico Tributario de 2001. 3. EL RECURSO JERÁRQUICO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO Con la promulgación del primer Código Orgánico Tributario de 1982 y vigente a partir del 31 de Enero de 1983, que se regula la naturaleza, forma y procedimiento para la interposición del denominado Recurso Jerárquico, viniendo así a colmar ese vacío normativo en materia tributaria y unificar los criterios legales existentes hasta ese entonces. En el Código Orgánico Tributario de 1982 reguló el recurso
jerárquico al señalar que los actos de la administración tributaria de efectos particulares o generales que determinen tributos, apliquen sanciones, o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados, podrán ser impugnados por quien tenga interés legítimo, mediante la interposición de este recurso [Código Orgánico Tributario 1982, artículo 153]; en la Reforma Parcial del Código Orgánico Tributario vigente a partir del mes de agosto de 1994, se suprimió la posibilidad de impugnar mediante el ejercicio del recurso jerárquico los actos administrativos de efectos generales dictados por la Administración Tributaria aun cuando lesionaren intereses legítimos, personales y directos del contribuyente. En relación a las fases del procedimiento para el conocimiento y decisión del Recurso Jerárquico, los Códigos Orgánico Tributarios de los años 1982 y 1994 señalaban el lapso improrrogable para su interposición que era de veinte (20) días a contarse a partir de la fecha de notificación del acto a impugnar, circunstancia que determinaba su declaratoria de denegación, para el caso que dicho recurso no hubiere sido interpuesto en el lapso antes fijado, así como lo atinente al plazo de decisión el cual estaba fijado en cuatro (4) meses a contarse a partir de la fecha de su interposición y del mismo modo, todo lo relativo a las normas que facultaban a la Administración Tributaria para actuar de oficio en el esclarecimiento de los hechos controvertidos. Ahora bien, cuáles son las normas vigentes en el Código Orgánico Tributario de 2001 sobre el Recurso Jerárquico? De acuerdo al artículo 242 del citado Código, el Recurso Jerárquico procede contra: 1. Todo acto administrativo tributario de efectos particulares que determinen tributos (actos de determinación tributaria); 2. Todo acto administrativo que resulte de un procedimiento de imposición de sanciones 8actos emanados de la Administración Tributaria en ejercicio de la potestad sancionatoria dispuesta por ley y 3. Todo acto administrativo que afectare con su emisión y notificación de cualquier forma los intereses legítimos, personales y directos; el concepto de interés legítimo, personal y directo deviene en lo que hoy es una garantía constitucional según la cual, garantiza a toda persona el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, así como a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente [Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 26]; en este sentido, y con vista de esta última disposición constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia ha derogado la interpretación clásica del interés legítimo, personal y directo dimanada de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, para dar paso a la nueva interpretación de lo que debe entenderse por interés; en tal sentido, la Sala Político Administrativa del TSJ en sentencia de fecha 13 de Abril de 2000 señaló: …el interés para recurrir que exige la nueva Constitución, obviamente sigue siendo “legítimo”, ya que el ordenamiento jurídico no puede proteger intereses ilegítimos. La legitimidad del interés en consustancial al interés como
criterio de legitimación para la admisión del recurso contencioso administrativo, pues el ordenamiento jurídico no puede otorgar protección a los particulares en razón de intereses contrarios a la Constitución o a las leyes… en lo que respecta a la condición de “directo”, debe afirmarse que a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución no se puede exigir tal condición a los recurrentes. Así que, cuando el particular pueda obtener de la impugnación del acto administrativo una ventaja o evitar un perjuicio, aunque no exista una relación inmediata entre la situación derivada o creada por el acto administrativo y el recurrente, debe admitirse que éste es titular de un “interés indirecto”, lo cual lo legitima para ejercer el recurso contencioso administrativo [SPA-TSJ-caso BANCOFIVENEZ vs Junta Emergencia Financiera en Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Colección Textos Legislativos No 28 Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2005,pp 192-193]; Del mismo modo, la actual Ley Orgánica de Jurisdicción Contencioso Administrativa publicada en la Gaceta Oficial No 39.451 de fecha 22 de Junio de 2010, somera y lacónicamente enuncia o intuye la definición de legitimación e interés al señalar en su artículo 29 que están legitimadas para actuar en la jurisdicción contencioso administrativa todas las personas que tengan un interés jurídico actual; estas consideraciones serán aplicables al momento de que el órgano superior decisor del Recurso Jerárquico compruebe que se llenan los extremos señalados por el Código Orgánico Tributario al exigir de parte del contribuyente recurrente el interés legítimo, personal y directo en el asunto. Es también un rasgo característico de nuestro Recurso Jerárquico Tributario, en cuanto a la naturaleza del acto a impugnar, que el mismo sea un acto administrativo no firme, es decir, que, no haya transcurrido el lapso legal para su impugnación sin ejercicio oportuno del recurso correspondiente, por contraposición al acto administrativo firme o que ha causado estado, señalando como aquél que agota la vía administrativa y que configura la palabra final de la Administración sobre un problema determinado [Lares Martínez, Eloy. Manual de Derecho Administrativo. Ediciones UCV 10ª Edición, Caracas, 2001, p 142]. Sobre las exigencias de orden legal para la impugnación de un acto administrativo la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos aplicable de forma supletoria a la materia tributaria señala en su artículo 85 que los interesados podrán interponer los recursos administrativos contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento (acto definitivo) imposibiliten su continuación (acto de ejecución), cause indefensión (acto final) o lo prejuzgue como definitivo (acto definitivo tácito), cuando dicho acto lesione sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos. Entre los supuestos de no procedencia del recurso jerárquico el Código Orgánico Tributario de 2001 señala en su artículo citado 242: 1. Contra los actos dictados por la autoridad competente en un procedimiento amistoso previsto en un tratado para evitar la doble tributación,
2. Contra los actos dictados por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios, cuya recaudación sea solicitada a la República, de conformidad con lo dispuesto en los respectivos tratados internacionales 3. En los demás casos señalados expresamente en este Código o en las leyes. En el primer supuesto están integrados aquellos actos administrativos que se emitieren y notificaren con motivo de los denominados procedimientos amistosos previstos en los Tratados para Evitar la Doble Imposición; a estos efectos, se entiende por tratado para evitar la doble imposición o tributación, aquel convenio internacional suscrito por dos o más países que conformen la Comunidad Internacional de Estados, a través del cual se regulan los modos o formas que impliquen disminución o eliminación de doble o múltiple tributación para personas naturales y jurídicas residentes o no en el Estado donde se produce la ganancia o beneficio económico normalmente gravables de acuerdo a su propio orden tributario interno; en los casos en que entren en conflicto las normas del tratado internacional, al cual los estados contratantes están sujetos por haber consentido en obligarse, en los términos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y demás normas ius cogens, en razón de resultar gravables para un mismo sujeto pasivo determinados beneficios, rentas, patrimonio, sueldos, honorarios u otras ganancias en ambos estados, como por ejemplo, por calificar como residentes fiscales en ambos estados, el propio tratado (al menos los que siguen el Modelo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),una denominada cláusula amistosa de procedimiento amistoso para que de mutuo acuerdo, las más Altas Autoridades representantes de cada Estado resuelvan determinado conflicto [sobre estos particulares recomendamos ampliamente al autor Joaquín De Arespacochaga. Planificación Fiscal Internacional. Ediciones Marcial Pons, Madrid, 1998]. Ahora bien, resulta incoherente el propio Código Orgánico Tributario con esta exclusión, respecto de lo que él mismo ha señalado en su artículo 1 Parágrafo Único, al señalar que los procedimientos amistosos previstos en los tratados para evitar la doble tributación son optativos y podrán ser solicitados por el interesado con independencia de los recursos administrativos y judiciales previsto en su texto; si los procedimientos amistosos son optativos, y el contribuyente afectado hace uso de esta opción, nada obsta necesariamente para que no se produzca un acto o decisión administrativa contraria a sus intereses legítimos, personales y directos (hoy intereses colectivos y difusos o interés jurídico actual), que pueda perfectamente ser objeto de impugnación por los recursos ordinarios consagrados en la ley, por lo que consideramos que este numeral limita el derecho a la defensa del contribuyente, razón para calificarlo como inconstitucional. En el segundo supuesto, se refiere a aquellos actos o decisiones de la Administración Tributaria del país de que se trate, dentro de lo que la doctrina ha calificado como método o mecanismo para evitar o disminuir la doble tributación y conocido en esta terminología como METODO DE DIVISIÓN DEL PRODUCTO,
según el cual, mediante un acuerdo internacional, dos Estados con potestad tributaria para gravar determinada renta o bien, convienen en que únicamente uno solo de dichos Estados percibirá el impuesto que grave esa determinada renta o bien, pero luego la cantidad cobrada la repartirá con el otro Estado con el que la renta o el perceptor se encuentre en determinada situación [Mery Bóveda. Los Métodos para evitar la Doble Tributación Internacional en Venezuela. VI Jornadas Nacionales de Derecho Tributario. Asociación Venezolana de Derecho Tributario AVDT. Caracas, 2002]. En este particular consideramos similares los anteriores comentarios sobre la dudosa constitucionalidad de esta exclusión de los actos susceptibles de ser impugnados por medio del recurso jerárquico. En tercer término, el Código Orgánico Tributario extiende la exclusión del recurso jerárquico en los demás casos expresamente contemplados en el Código o otras leyes; sobre este particular, el propio Código Orgánico Tributario por ejemplo no admite el recurso jerárquico en los casos de decisión denegatoria para el contribuyente a su solicitud de prórroga para el pago de obligaciones tributarias no vencidas (Artículo 46 tercer párrafo); este párrafo antes referido, fue declarado inconstitucional por parte de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia precisamente por violentar el derecho a la defensa; asimismo, existen otras normas del Código Orgánico Tributario que siguen transgrediendo el derecho a la defensa con la inadmisión del recurso jerárquico, como lo es la decisión denegatoria de la Administración Tributaria de conceder fraccionamientos y plazos para el pago (Artículo 47 Parágrafo Primero) y la inadmisión de recurso jerárquico contra el acto administrativo producto del procedimiento de intimación de derechos pendientes (Artículo214), entre otras normas igualmente atentatorias del derecho a la defensa; otra norma excluyente del recurso jerárquico inclusive de del ejercicio oportuno de cualquier recurso de parte del contribuyente la constituye la imposibilidad de impugnar los actos administrativos de contenido consultivo producto del procedimiento de la consulta tributaria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 235 del Código Orgánico Tributario. En cuanto a la forma como debe interponerse el recurso jerárquico, primeramente resulta necesario mencionarlos requisitos exigidos al efecto por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en este sentido, cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona interesada, en el escrito se deberá hacer constar: 1. El organismo al cual está dirigido, 2. La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como representante con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de la cédula de identidad o pasaporte, 3. La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes, 4. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud,
5. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso, 6. Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias, 7. La firma de los interesados. Por su parte, el Código Orgánico Tributario señala al respecto en su artículo 243 como requisitos exigibles al recurso jerárquico: 1. 2. 3. 4. Interposición por escrito, Expresión de las razones de hecho y de derecho en que se funda, Asistencia o representación de abogado o profesional afín a la materia tributaria Acompañar al escrito de recurso, del acto u actos administrativos impugnados o su plena identificación 5. Anunciar o promover pruebas a evacuarse en el lapso probatorio 6. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito de deduzca su verdadero carácter. En relación a la asistencia o representación del profesional afín al área tributaria, si se actúa por medio de apoderado especial o general o bien por medio de representante legal estatutario del contribuyente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del Código Orgánico Tributario, acreditará su representación en la primera actuación, si fuere el caso que se revocó el mandato conferido o se sustituyó en persona o abogado de confianza del poderdante, ésta sustitución o revocación solo surtirá efecto frente a la Administración Tributaria cuando esta circunstancia se haga del conocimiento de la autoridad, es decir, a los efectos de sustanciar el expediente administrativo, deberá anexarse el instrumento poder sustitutivo o revocatorio. Si el recurrente yerra y califica de forma indebida el recurso jerárquico con otra de las especies de recursos administrativos ordinarios (reconsideración, revisión, etc) el órgano decisor no lo desestimará, si del contexto del mismo se desprende que se trataba ciertamente del agotamiento del recurso jerárquico o no de otro. En cuanto al órgano competente para la interposición del recurso jerárquico a los efectos de su tramitación y envío al órgano decisor competente señala el Código Orgánico Tributario a la oficina originadora del acto, sea esta, en el caso del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, las Divisiones de Fiscalización, las Gerencias de Tributos Internos, las Divisiones de Recaudación del domicilio fiscal del recurrente, sin perjuicio de lo dispuesto tanto en la Ley Orgánica de Administración Pública y de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos que señalan por igual a los órganos que integran la administración pública (en este caso a la administración tributaria) el deber de recibir y tramitar todos los recursos, escritos, consultas y demás actuaciones de parte de los administrados contribuyentes. Ahora bien, ¿cuál es el órgano competente para su conocimiento y decisión? Según la definición propuesta del recurso jerárquico, su conocimiento y decisión corresponde al órgano superior en
jerarquía organizativa y funcional al órgano que dictó el acto administrativo impugnado (el órgano administrativo a quo). Si se tratare de actos administrativos dictados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, por órgano de sus dependencias, gerencias, divisiones, oficinas, sectores y unidades competentes; en este sentido, la Resolución No 32 sobre la Organización, Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria SENIAT publicada en la Gaceta Oficial No 4.881 Extraordinario de fecha 29 de Marzo de 1995 aun vigente, en ausencia de normas legales que delimitaran la competencia del funcionario, y en base a las normas de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, se asimilaron las competencias de las Gerencias Regionales de Tributos Internos a las atribuidas a los Administradores de Rentas e Inspectores Fiscales Generales de Hacienda en concordancia con las disposiciones del Código Orgánico Tributario sobre el particular, en especial se atribuyó a las mencionadas Gerencias Regionales de Tributos Internos, las facultades de recibir, tramitar y decidir los recursos previstos en el Código Orgánico Tributario interpuestos por los contribuyentes sometidos a su jurisdicción conforme al ordenamiento jurídico; asimismo, de acuerdo a la Resolución No 32 citada, se atribuyó a la Gerencia Jurídica Tributaria la facultad de supervisar, controlar, coordinar y evaluar la tramitación de los recursos administrativos, jerárquicos y de revisión, e igualmente, fue atribuida a la División Jurídica Tributaria de cada Gerencia Regional en particular la facultad de recibir, tramitar y decidir los recursos jerárquicos interpuestos ante la Gerencia Regional, conforme a lo previsto en el Código Orgánico Tributario [Resolución No 32 de fecha 29 de Marzo 1995 artículos 39 numeral 23, 94 numeral 14 y 100 numeral 6]. En la Reforma del Reglamento de Reorganización del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, se atribuyó a éste servicio autónomo, la competencia para el conocimiento y decisión de los recursos jerárquicos y de revisión previstos en el Código Orgánico Tributario; asimismo, el citado Reglamento de Reorganización previó en su artículo 31 la aplicación supletoria de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en los casos de recursos jerárquico y de revisión tributarios, así como su aplicación preferente si se tratare de recursos administrativos no tributarios; por su parte, todo recurso jerárquico distinto del recurso jerárquico aduanero y los de revisión serán interpuestos ante el Superintendente Nacional Tributario o en quien actúe por delegación (hoy Superintendente Nacional Aduanero y Tributario), en el caso preciso de los recursos aduaneros, se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Aduanas, rigiendo de forma supletoria las disposiciones de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y del Código Orgánico Tributario [ver Reglamento de Reorganización del SENIAT publicado en la Gaceta Oficial No 36.892 de fecha 15 de Febrero de 2000 artículos 3, numeral 9 y 31] . La Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, atribuyó al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, el conocimiento, sustanciación y decisión de los
recursos administrativos interpuestos contra los actos dictados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, de conformidad con el ordenamiento jurídico y de todas las solicitudes y reclamaciones presentadas por los interesados, de acuerdo con las previsiones del ordenamiento jurídico [ver Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT publicada en la Gaceta Oficial No 37.320 de fecha 08 de Noviembre de 2001 artículos 4 numerales12 y 21, y 10 numeral 6]. Asimismo, fue atribuida a las Gerencias Regionales de Tributos Internos del SENIAT, por órgano de la División Jurídica Tributaria de cada una, y conforme a lo dispuesto en la citada Resolución No 32, el conocimiento y decisión del Recurso Jerárquico que se ejerza exclusivamente contra las Resoluciones de Imposición de Sanción previstas en el procedimiento detallado en el Título IV, capítulo III referente al Procedimiento Administrativo de Verificación de Deberes Formales, los demás recursos jerárquicos corresponderá conocerlos y decidirlos, o bien el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario a través de su funcionario delegado, o bien por parte del Gerente General de los Servicios Jurídicos del SENIAT. Justamente, la organización de la antigua Gerencia Jurídico Tributaria (GJT) fueron objeto de modificación a partir del año 2005, mediante la cual se atribuyó a la ahora Gerencia General de los Servicios Jurídicos recibir, tramitar y elaborar los respectivos proyectos de decisión de los recursos jerárquicos interpuestos por los contribuyentes distintos de los recursos aduaneros y los ejercidos contra los actos del procedimiento de verificación de deberes formales, fijándose una cuantía igual o superior a Diez Mil (10.000) Unidades Tributarias [ver Providencia Administrativa No 0318 publicada en la Gaceta Oficial No 38.193 de fecha 24 de Mayo de 2005 sobre la Reorganización de la Gerencia Jurídico Tributaria, artículos 3 numerales 17, 18 y 19 y 13, numerales 1 y 2]. ¿Cuál es el lapso para interponer el recurso jerárquico en los términos del Código Orgánico Tributario? De acuerdo al artículo 244 del Código Orgánico Tributario, el lapso será de veinticinco (25) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acto que se impugna. En este sentido, el actual Código Orgánico Tributario, a diferencia de los Códigos de 1983, 1991 y 1994, se apartó del lapso tradicional fijado en veinte (20) días hábiles más el término de la distancia calculado a razón de 200 kilómetros por día en el caso especifico de los recursos jerárquicos contra los reparos formulados por la Contraloría General de la República, fuesen o no de contenido tributario, según lo preveían de forma taxativa las derogadas Leyes de la Contraloría General de la República años 1975, 1984 y 1995. En el cómputo del lapso de los veinticinco (25) días hábiles debe acatarse lo dispuesto en el artículo 10 del Código Orgánico Tributario vigente, que señala, para el caso de cómputo de lapsos de tiempo por días, se contarán por días hábiles, salvo que sean continuos ,y en los casos en que el
término o lapso venciera en día inhábil para la Administración Tributaria, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente; de la misma forma, es importante advertir que, si se trata de un acto administrativo tributario notificado al contribuyente por constancia escrita entregada por funcionario de la Administración Tributaria en persona distinta del contribuyente, o bien se notificare por medios postales, correos públicos o privados y correos electrónicos, o bien, mediante aviso de prensa, el lapso para que tenga validez y eficacia dicha notificación será a partir del quinto día hábil siguiente de verificada y sólo a partir de ese quinto día hábil, comenzará a contarse el lapso de los veinticinco (25) días hábiles para la interposición del recurso jerárquico [ver Código Orgánico Tributario 2001, artículos 10, 162 y 164]. Una vez interpuesto el recurso se da por iniciado el procedimiento administrativo correspondiente, por lo que deberá abrirse el expediente administrativo de acuerdo a lo previsto en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos aplicable de manera supletoria, y asimismo, continuar con las fases del procedimiento tributario, previstas en los artículos 148 y siguientes del Código Orgánico Tributario. ¿Cuándo tiene lugar la revocatoria del acto impugnado por errores materiales? Primeramente debe señalarse que, con ocasión del recurso jerárquico interpuesto, antes de producirse su admisión, la oficina originadora y emisora del acto impugnado, si no es la máxima autoridad jerárquica, podrá revocar el acto recurrido o modificarlo de oficio, en caso que se comprueben errores materiales de cálculo, dentro de los tres (39 días hábiles siguientes contados a partir de la interposición del recurso, produciéndose la revocatoria del procedimiento, si se modifica de oficio, el recurso continuará su trámite por la parte no modificada [Código Orgánico Tributario Artículo 246]. ¿Se suspenden los efectos del acto administrativo impugnado con la interposición del Recurso Jerárquico? Conforme al artículo 247 del Código Orgánico Tributario la interposición del recurso suspende la ejecución del acto recurrido, salvo la utilización de medidas cautelares previstas en este Código. Son principios cardinales del acto administrativo la ejecutividad y ejecutoriedad del acto, y la excepción la supone el hecho de que sus efectos principales puedan detenerse por razón de haberse producido la suspensión total o parcial de los mismos; como regla general, la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo norma legal en contrario, y precisamente, si la ejecución del acto pudiera causar grave perjuicio al recurrente o bien se trate de una impugnación sobre la base de la denuncia de vicios de nulidad absoluta de que adolece el acto impugnado, el órgano decisor competente podrá ordenar la suspensión, previa la constitución de caución o garantía suficiente, siendo el funcionario competente responsable por la insuficiencia de la caución fijada [Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos articulo 87].Muy por el contrario, el Código Orgánico Tributario señala en su artículo 247 que la interposición del recurso suspende la ejecución del acto recurrido, quedando a salvo la ejecución de medidas cautelares, en este caso, fijadas por el Órgano Jurisdiccional competente, de manera que, tratándose de este recurso, la regla general es favorable a la suspensión de los efectos del acto en vía administrativa; como excepciones a esta regla, no operará la medida de suspensión de los efectos del acto impugnado en los siguientes casos: 1. Sanciones de clausura de establecimientos; 2. Aplicación de penas de comiso o retención de mercancías, aparatos, recipientes, vehículos, útiles, instrumentos de producción o materias primas y 3. Suspensión de la licencia para el expendio de especies fiscales y gravadas. Si la suspensión acordada solo se hizo en forma parcial, la Administración Tributaria podrá exigir el pago de la porción o porciones que no hubieren sido objetadas ni recurridas por el recurrente, o bien inclusive, quedará facultada la Administración Tributaria para solicitar al Tribunal competente la fijación de las ya referidas medidas cautelares. ¿Cuándo debe dictarse el Auto de Admisión del Recurso Jerárquico? Conforme al artículo 249 del Código Orgánico Tributario, la Administración Tributaria, admitirá el recurso jerárquico dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para la interposición del mismo. Si la oficina que conocerá y decidirá el recurso jerárquico sea distinta a la oficina originadora y emisora del acto impugnado, este lapso de tres (3) días hábiles se contará a partir del día siguiente de la recepción del mismo. ¿Cuáles son las causales de inadmisibilidad del recurso jerárquico? Conforme al artículo 250 del Código Orgánico Tributario, son causales de inadmisibilidad del recurso: 1. Falta de cualidad o interés del recurrente, 2. Caducidad del plazo para ejercer el recurso, 3. Ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del recurrente, por no tener capacidad necesaria para recurrir o por no tener la representación que se atribuye, o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente. 4. Falta de asistencia o representación de abogado En primer lugar es causa de inadmisión la falta de cualidad o interés del recurrente; en este sentido, nos hacemos eco de las anteriores observaciones cuando tratamos lo atinente al interés colectivo y difuso y el interés jurídico actual del contribuyente. En segundo lugar, es causa de inadmisión la caducidad del lapso para su ejercicio, esto es, que hubiere transcurrido íntegramente el lapso de veinticinco
(25) días hábiles sin ejercicio oportuno del recurso, circunstancia que convierten firme el acto no impugnado; es de advertir que el lapso de 25 días hábiles es un lapso de improrrogable cumplimiento. En tercer lugar, es causa de inadmisión la ilegitimidad del representante legal, bien porque los Estatutos Sociales no le facultan para tal representación, o bien porque el poder conferido no otorga esa facultad o bien el instrumento de mandato no estuviere otorgado en forma legal según las normas que sobre el contrato de mandato regulan el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. En cuarto y último lugar, es causa de inadmisión la falta de asistencia o representación de abogado, circunstancia que contradice lo señalado en el artículo 243 del Código Orgánico Tributario que en principio autorizaba la asistencia de abogado u otro profesional afín a la materia tributaria para el ejercicio del recurso jerárquico (Contadores Públicos, Administradores Comerciales, Licenciados en Ciencias Fiscales y Técnicos en Administración Tributaria), con lo cual queda claro que la asistencia o representación de cualesquiera de los profesionales mencionados entre paréntesis, provocará la inadmisión del recurso. Señala el Código Orgánico Tributario en la norma citada, que, de sobrevenir alguna de las causales de inadmisibilidad del recurso jerárquico, se emitirá resolución administrativa que la declare debidamente motivada, y contra la cual podrá interponerse el Recurso Contencioso Tributario; ahora bien, en el caso que se surgiere alguna otra causa o situación suficientemente fundada por la cual no se admitiera el recurso jerárquico fuera de las causales taxativas, podría emitirse y notificarse un Auto de Inadmisión del recurso, lo cual abriría la factibilidad de recurrir de hecho ya no ante el seno de la Administración, sino ante el Tribunal Superior Contencioso Tributario, en resguardo del principio de tutela judicial efectiva y del necesario sometimiento al control de la legalidad de los actos del Poder Público; en todo caso deberá atenerse a lo dispuesto en las normas del Código de Procedimiento Civil, y en lo que esté regulado sobre el particular en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. ¿Está facultada la Administración Tributaria para intervenir en el procedimiento? Como es lógico pensar, la respuesta es plenamente afirmativa, ya que la Administración Tributaria es parte en ese procedimiento, y conforme a lo dispuesto en el artículo 251 del Código Orgánico Tributario, estará facultada para practicar todas las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento del asunto y llevará los resultados al expediente administrativo, así como estará obligada a incorporar al expediente todos los elementos de juicio de que disponga [véanse Código Orgánico Tributario artículos 121, 127 y 177]. ¿Cuál es la oportunidad legal para la promoción de las pruebas?
El lapso de pruebas se abrirá a partir del momento en que el recurso jerárquico sea admitido, es decir, cuando recaiga en el expediente el correspondiente Auto de Admisión, el cual será fijado de acuerdo a la complejidad del asunto controvertido y no podrá ser, en ningún caso, inferior a quince (15) días hábiles, los cuales admitirán prorroga hasta por el mismo tiempo, según la complejidad de las pruebas a evacuar; en este sentido, tal previsión, común para todo procedimiento administrativo tributario, está recogida en este texto legal, que consagra el denominado término de prueba, el cual será fijado de acuerdo a la complejidad de las pruebas y nunca será inferior a diez (10) días hábiles, prescindiéndose de la apertura del lapso de promoción, en aquellos procedimientos que versaren sobre asuntos de mero derecho o cuando el contribuyente no haya anunciado ni promovido pruebas; en materia de evacuación de pruebas [Código Orgánico Tributario artículos 158 y 251] en cuanto a las pruebas a promoverse, el Código Orgánico Tributario señala que el interesado podrá invocar todos los medios de prueba admitidos en derecho, con excepción del juramento y confesión de funcionarios públicos, cuando implique ésta última, prueba confesional de la Administración y en cuanto a la valoración y apreciación de las pruebas, deberá tratarse de pruebas legales y pertinentes al asunto controvertido, encaso contrario, los medios promovidos deberán rechazarse en la resolución definitiva de manera motivada [Código Orgánico Tributario artículos 156, 158 y 159]; entre los medios de prueba encontramos las pruebas documentales, pre-constituidas, pruebas definitivas, experticias, inspecciones judiciales, testimoniales, entre otras admitidas. En cuanto al lapso de evacuación o diligenciamiento de las pruebas, como se denomina en términos del derecho procesal civil, el procedimiento administrativo que implica el recurso jerárquico no regula en particular las modalidades en que deben producirse y desarrollarse esta fase probatoria, por lo que , en todo caso hace aplicables las reglas de evacuación previstas en el Código de Procedimiento Civil, y en particular interpretando extensivamente lo dispuesto en artículo 189 del Código Orgánico Tributario según el cual, el lapso de evacuación será de quince (15) días hábiles, al igual que el lapso de promoción de pruebas, pudiéndose inclusive solicitar prorroga del mismo, de acuerdo a la complejidad de la prueba evacuar. Durante las fases del procedimiento, la Administración Tributaria, como parte en el mismo, podrá solicitar del contribuyente o su representante, y de entidades y particulares, en el lapso para decidir, todas las informaciones adicionales que juzgue necesarias, así como requerir la exhibición de libros y registros y demás documentos relacionados con la materia controvertida, así como exigir ampliación de pruebas o su complementación de las presentadas si fuere el caso [Código Orgánico Tributario artículo 252].
¿Cuál es el lapso de que dispone la Administración Tributaria para decidir el Recurso Jerárquico? De acuerdo al artículo 254 del Código Orgánico Tributario se fija a la Administración Tributaria un plazo de sesenta (60) días continuos para emitir y notificar la decisión del recurso, los cuales se cuentan a partir de la fecha en que haya culminado en el procedimiento la fase probatoria; se entiende quela norma se está refiriendo a la culminación del lapso de evacuación o diligenciamiento de la prueba previamente promovida en el Expediente Administrativo; por consiguiente, el precitado lapso de 60 días continuos debe empezar a computarse a después del último día del lapso fijado para evacuar las pruebas, e inclusive, si se hubiere dictado un auto concediendo prórroga del lapso de evacuación, deberá computarse una vez finalizado ese lapso prorrogado. En el supuesto de no apertura del lapso para promover y evacuar pruebas, el lapso de los 60 días continuos se contará a partir del día siguiente de aquél en que se hubiere incorporado al expediente el auto que declare no apertura del lapso probatorio. Este nuevo lapso de sesenta (60) días continuos, modifica en su totalidad el anterior lapso de Cuatro (4) meses para el conocimiento y decisión del recurso jerárquico, fijado en los Códigos Orgánico Tributarios de los años 1983, 1991 y 1994. ¿Bajo qué forma se emite el pronunciamiento del órgano decisor sobre el Recurso Jerárquico? La Gerencia General de los Servicios Jurídicos (SENIAT) o la División Jurídico Tributaria de cada Gerencia Regional de Tributos Internos (SENIAT) o el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario (SENIAT) o su funcionario delegado al efecto, emitirá una RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA que como todo acto administrativo requerirá los requisitos de emisión (de fondo y de forma) exigidos por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; con este acto se cierra el procedimiento revisorio activado con motivo del recurso jerárquico y por tanto deberá tenerse como un acto administrativo definitivo; La decisión contenida en la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, debidamente emitida y notificada por los medios legales, podrá: 1.Confirmar el fundamento del acto impugnado con lo cual se declarará SIN LUGAR el Recurso Jerárquico; 2. Reformar el fundamento del acto impugnado con lo cual se declarará PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Jerárquico y 3. Revocar el fundamento del acto impugnado con lo cual se declarará CON LUGAR el Recurso Jerárquico y se declarará la NULIDAD ABSOLUTA o NULIDAD RELATIVA del acto impugnado; la nulidad absoluta apareja la extinción del acto administrativo y todos sus efectos en razón de su ilegalidad o inconstitucionalidad demostrada; la nulidad relativa apareja la anulabilidad del acto impugnado, produciéndose lo que se conoce como CONVALIDACIÓN del acto impugnado; son ambas potestades de la Administración Tributaria como Administración Pública, declarar la nulidad
absoluta del acto impugnado o bien la nulidad absoluta con lo cual se convalida más un se extingue el acto en sus efectos fundamentales; por ejm si hubiese defecto en las notificaciones o no se hubiere notificado en la forma legal, o bien el funcionario hubiere incurrido en extralimitación de sus funciones en la ejecución del acto impugnado, o bien porque el acto carezca de motivación .[véase Código Orgánico Tributario artículos 236 a 241; Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos artículos 19 y 29]. ¿Qué sucede en caso de silencio de parte de la Administración Tributaria en la decisión del recurso jerárquico? En este supuesto, el Código Orgánico Tributario señala que, si vencido el lapso de los sesenta (60) días continuos que tiene para decidir, no emite ni notifica la Resolución Administrativa correspondiente, la Administración Tributaria o el órgano competente al efecto, habrá operado el silencio administrativo por cuanto se considerará que ha resuelto negativamente, con lo cual el interesado podrá ejercer el recurso inmediato siguiente, sin que esta omisión releve de responsabilidad administrativa al funcionario que ocasionó la omisión o la demora [Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos artículo 4]. si se omite la Resolución Administrativa o si se hubiere ejercido de forma subsidiaria el recurso contencioso tributario conjuntamente con el recurso jerárquico, la Administración Tributaria enviará el recurso al Tribunal competente; esta medida, como ya dijimos, no releva de responsabilidad al funcionario que originó la omisión sin justificación; en el caso que el contribuyente recurrente, una vez vencido el lapso de los sesenta (60) días continuos sin que se verificare respuesta efectiva y hubiere impugnado las actuaciones ante el Tribunal por obrar el silencio administrativo negativo, la Administración Tributaria se abstendrá de de emitir pronunciamiento alguno [Código Orgánico Tributario artículo 255]. 4.EL RECURSO JERÁRQUICO CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS DE CONTROL FISCAL De acuerdo a la disposición constitucional, corresponde a la Contraloría General de la República el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales y gozará de autonomía funcional, administrativa y organizativa y orientará su actuación a las funciones de inspección de los organismos y entidades sujetas a su control; asimismo, integrará el Poder Ciudadano que se ejercerá a través del Consejo Moral Republicano [CRBV Arts 273 y 287]. Una de las modalidades del ejercicio del control fiscal externo la constituyó y constituye, por su rango autonómico como órgano del Poder Público, el control fiscal posterior sobre los ingresos, gastos y bienes nacionales (hoy bienes públicos y nacionales) y una de las materializaciones del ejercicio del control posterior en materia de ingresos ha sido y es la formulación de los reparos tributarios dirigidos a los contribuyentes, cuentadantes, garantes o responsables;
es un tema aparte considerar si el reparo estará dirigido solo al contribuyente o a la gestión del funcionario investigado, nos vamos a referir a la responsabilidad en que incurre el contribuyente cuando la Contraloría General de la República formula el reparo, bien por el examen de la cuenta (cuentas de rentas que rinden los funcionarios fiscales que manejan y custodian ingresos tributarios (impuestos, multas, etc) donde figurarán las declaraciones de esos contribuyentes, o bien por el ejercicio de las facultades de fiscalización conferidas al Organismo; ahora bien, ¿qué señalaban las derogadas Leyes de Contraloría de los años 1975, 1984 y 1975 sobre la posibilidad legal para el contribuyente de interponer el recurso jerárquico? La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República publicada en la Gaceta Oficial No 1.712 Extraordinario de fecha 06 de Enero de 1975 disponía que el recurso jerárquico contra las decisiones de los funcionarios emisores del reparo, ante el órgano superior jerárquico (en este caso ante el Contralor General de la República o funcionario delegatario) podrá interponerse dentro de los diez (10) días continuos siguientes a la fecha de su notificación al interesado, en este caso, no habrá lugar a la interposición de recurso de reconsideración y la decisión del recurso jerárquico agotaba la vía administrativa. [Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 1975, artículos 94 y siguientes]. La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República publicada en la Gaceta Oficial No 3.482 Extraordinario de fecha 14 de Diciembre de 1984 admitía la posibilidad legal para el cuentadante, garante, contribuyente o responsable de impugnar el reparo formulado en el lapso de treinta (30) días continuos más el término de la distancia calculado a razón de 200 kilómetros por día; propiamente no calificaba dicho recurso, pero en atención a las facultades conferidas al Contralor General de la República en materia de administración de personal y ejercicio de la potestad jerárquica, correspondía a un recurso jerárquico; no obstante, esta normativa resultaba aplicable al caso de los reparos no tributarios notificados a las personas antes mencionadas en materia de control posterior del gasto y no de los ingresos, caso en los cuales, resultaban preferentemente aplicables las normas del Código Orgánico Tributario[Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 1984 artículos 101, 102 y 103]; es en este sentido que el legislador nuevamente se pronuncia, con ocasión de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República publicada en la Gaceta Oficial No 5.017 Extraordinario de fecha 13 de Diciembre de 1995, en Capítulo II referido a los Recursos contra los Reparos, distingue entre los reparos formulados en materia no reguladas por el Código Orgánico Tributario de los reparos formulados en materias completamente regidas por el Código Orgánico Tributario, al señalar que para aquéllos se fijará un lapso de impugnación de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la notificación del acto más el término de la distancia calculado a razón de 200 kilómetros por día. Si se trataba de reparos tributarios, esta ley remitía en forma expresa y preferente a las normas del Código Orgánico Tributario en cuanto al procedimiento para la interposición del recurso y su posterior conocimiento y decisión, sin reconocerse a favor del contribuyente el
término de la distancia antes referido. [Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 1995 artículos 97 a 101]. En la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal publicada en la Gaceta Oficial No 37.347 de fecha 17 de Diciembre de 2001, en relación a las materia tratadas, designa al control posterior bajo la denominación de Control Fiscal Externo, y en relación a la materia referida a los reparos tributarios, si bien solo remite de manera expresa a las normas del Código Orgánico Tributario el cómputo del lapso de prescripción tributaria y si bien es cierto que, al enumerar a las personas y sujetos al control fiscal incluye a las personas naturales o jurídicas que sean contribuyentes o responsables de conformidad con el Código Orgánico Tributario que negocien, contraten o celebren operaciones con la República, no hace remisión expresa al citado Código Orgánico Tributario, más en este caso, en ausencia de normas sobre el particular en esta legislación, resultarán aplicables las normas sobre el recurso jerárquico aquí comentadas en este estudio; no obstante, sí vemos con preocupación que la actual Ley de Contraloría de 2001, nada regula sobre el procedimiento de formación del reparo fiscal, sea o no de contenido tributario, competencia ésta que le es atribuida a la Contraloría General de la República por mandato constitucional, en razón de su autonomía plena como órgano superior de control fiscal e integrante del Poder Ciudadano por lo que en este caso, una remisión al Código Orgánico Tributario en lo referente al procedimiento de determinación del acto de control fiscal que origina el reparo tributario deberá, necesariamente estar regido por las normas de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y no por las normas del Código Orgánico Tributario; esta materia la trataremos en otro estudio separado oportunamente [Ley Orgánica de la Contraloría General de la República artículos 9 numeral 12 y 114]. Juan Carlos Colmenares Zuleta
Referencias: 1. Eloy Lares Martínez. Manual de Derecho Administrativo Ediciones Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1978, 2000. 2. Luis Beltrán Guerra G. El Acto Administrativo. La Teoría del Procedimiento Administrativo. Ediciones Procuraduría General de la República, Colección Estudios Especiales No 2, Caracas, 1977. 3. Allan Brewer Carías. Las Instituciones Fundamentales del Derecho Administrativo y la Jurisprudencia Venezolana. Colección Tesis de Doctorado Volumen IV Publicaciones de la Facultad de Derecho Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1964.
4. Allan Brewer Carías, Hildegard Rondón de Sansó y Gustavo Urdaneta T. Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y Legislación Comparada. Colección Textos Legislativos 13ª Edición. Caracas, 2004. 5. Comentarios al Código Orgánico Tributario. Asociación Venezolana de Derecho Tributario AVDT Caracas, 1983 6. Comentarios al Código Orgánico Tributario. Asociación Venezolana de Derecho Tributario AVDT Caracas, 1994 7. Comentarios al Código Orgánico Tributario Asociación Venezolana de Derecho Tributario AVDT Caracas, 2001. 8. José Araujo-Juárez. Derecho Administrativo Parte General 1ª Edición 2ª Reimpresión. Ediciones Paredes, Caracas, 2010 9. Sabino Álvarez-Gendín y Blanco. Tratado General de Derecho Administrativo, Tomo IV Bosch Casa Editorial, S.A Urgel 51 bis Barcelona, 1977.
http://valoislamotte.blogspot.com/2011/07/el-recurso-jerarquico-en-materia.html
http://www.juris-line.com.ve/data/docs/201.pdf RECURSO JERARQUICO. ADMISIÓN DEL – ASISTENCIA PROFESIONAL
Fruto de nuestro ejercicio Profesional presentamos a ustedes RECURSO JERARQUICO de impugnación en sede Administrativa de MULTA E INTERESES MORATORIOS, esperamos sea de su utilidad a los fines legales consiguientes. Cordiales, Saludos!!!! Dr: Gilberto Antonio Andrea González ABOGADO-U.C.A.B. Dra: Emilia De León Alonso de Andrea
ABOGADO-U.C.A.B. Ciudadano Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Nor Oriental . Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Su-Despacho.Yo, ______________________ , de Nacionalidad Venezolana ,mayor de edad, de este domicilio, comerciante y titular de la cédula de identidad número: V-____________, actuando en este acto en mí carácter de Heredero de mí causante ______________ quién vida fuere titular de la cédula de identidad número: E-_________, todo lo cual está debidamente probado en el expediente número: 11.109 correspondiente a Declaración de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, debidamente asistido por los Profesionales del Derecho: Dr: Johnny Alexander Martínez Salazar, Dra: Emilia De León Alonso de Andrea y Dr: Gilberto Antonio Andrea González, Venezolano, mayores de edad, de éste domicilio, titulares de las cédulas de identidad números: V11.991.269 ,V-6.198.448 y V-6.873.628 respectivamente , debidamente Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números:141.355, 35.336 y 37.063 e inscritos también por ante el Tribunal Supremo de Justicia bajo los números : 4.024 y 4.025 respectivamente , con la venia de estilo respeto y acatamiento acudo ante su competente autoridad a los efectos de exponer y solicitar:
“PUNTO PREVIO” He acudido ante su competente autoridad para impugnar como en efecto impugno a través del presente Recurso Jerárquico en sede administrativa la Resolución número:03682 de fecha: 01 de Agosto del 2011 Notificada en fecha: 18 de Agosto del 2.011 denominado por el funcionario que lo suscribe como ““RESOLUCIÓN DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN E INTERES MORATORIOS (Tributo Omitido)” la cuál acompaño marcada “A” fundamentado su ejercicio en los artículos 242, 244 y 259 del Código Orgánico Tributario. “RECURSO JERARQUICO” He acudido ante su competente autoridad para impugnar como efecto impugno la “RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA” número : 03682 de fecha 01 de Agosto del 2011 denominada por el funcionario que la suscribe como: “RESOLUCIÓN DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN E INTERES MORATORIOS (Tributo Omitido)” que pretende imponer MULTA e INTERESES MORATORIOS de manera Ilegal e Injusta, en virtud de que en ambos casos se extralimito en sus FACULTADES TRIBUTARIAS, asumiendo PODER TRIBUTARIO que no le corresponde, toda vez que violento las LIMITACIONES QUE LAS NORMAS TRIBUTARIAS le imponen, a saber: Transgrede El Principio “DE QUE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SOLO PUEDE HACER LO QUE
EXPRESAMENTE LE ES FACULTADO POR LA LEY”, en el caso que nos ocupa la Administración Pública Tributaria no está autorizada por ninguna Ley de la República a incrementar la Multa que en su propia RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA había limitado a 10% en dicha Resolución se puede leer expresamente lo siguiente: “…IMPONE MULTA DEL ARTICULO 111 DEL CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO (C.O.T.) (10%) por: 6.106,44 Bs y termina imponiendo por ese mismo concepto la cantidad de: 8.438,28 Bs PLANILLA DE PAGO número: F-04070514982 DE FECHA 25 de Agosto 2011, con todo lo cual terminó creando un NUEVO TRIBUTO, está situación vino a complicar aún más el asunto en cuestión toda vez que EL SENIAT no tiene PODER TRIBUTARIO sino FACULTADES TRIBUTARIAS que no implican la posibilidad de crear nuevos tributos, es preciso expresar QUE EL PRINCIPIO APLICABLE NOS SEÑALA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TRIBUTARIA SÓLO PUEDE HACER LO QUE EXPRESAMENTE LE FACULTA LA LEY, recordemos que LA CREACIÓN DE UN TRIBUTO eso sólo posible a través del acto normativo por excelencia que es un LEY FORMAL consecuencia del Principio de la Legalidad Tributaria que se enuncia en Latín como se expresa a continuación: “ Nullum Tributum sine lege” este Principio neurálgico del Derecho Tributario fue ampliado a nivel Doctrinal por Andrea De León, Abogados Consultores en sitio Web: http://andreadeleon.blogspot.com/ en trabajo de análisis Doctrinal denominado: Derecho Tributario:" El Principio de la Legalidad Tributaria debe ser enunciado así:"Nullum Tributum sine Praevia Lege Tributae" cuyo contenido reproducimos a continuación
:”…En materia de Derecho Tributario el Principio de Legalidad Tributaria se enuncia como NULLUM TRIBUTUM SINE LEGE, esto significa que no existirá un Tributo si éste no está consagrado en forma expresa en una Ley, nosotros agregaríamos tal y como lo hizo nuestro querido profesor Sacerdote Jesuita Padre Perez Llantada en materia Penal cuando éste se refería al Principio de Legalidad Penal, es decir, Nullum Crimen nulla Poena sine lege, él decía (S.J. Perez Llantada) con sobrada razón que habría que enunciar el Principio haciendo referencia a que dicha Ley debía ser previa, quedando enunciado entonces como NULLUM CRIMEN,NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE PENALE, entoces Mutatis Mutandi en materia Tributaria habría que hacer exactamente la misma observación , es decir, no puede existir un Tributo sin una Ley previa todo lo cuál debe constar en el enunciado, es decir, que el Principio quedaría redactado de la siguiente forma: NULLUM TRIBUTUM SINE PRAEVIA LEGE TRIBUTAE. A esto tenemos que agregar que obviamente en materia Tributaria las Competencias serán siempre REGLADAS,nunca serán Potestades DISCRECIONALES,pués debemos recordar que los Organismos como EL SENIAT que vigilan la aplicación de las leyes Tributarias en nuestro País, tienen COMPETENCIAS TRIBUTARIAS establecidas expresamente en la Ley por vía de consecuencia es obvio que EL SENIAT no cuenta con POTESTAD TRIBUTARIA la cuál obviamente está reservada al Legislador y esa POTESTAD TRIBUTARIA que encierra el PODER PARA CREAR TRIBUTOS se agota una vez es dictada la Ley,por lo cuál lo que efectivamente desarrolla EL SENIAT son
competencias Tributarias y NO PODER TRIBUTARIO, por tanto EL SENIAT no puede crear Tributos, adicionalmente a ello debemos agregar que EL SENIAT NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA por lo cual NO PUEDE EJERCER,NI MUCHO MENOS SOSTENER posiciones de representación a nivel Judicial .Esperamos pues sirva de utilidad a los fines legales consiguientes la ideas expuestas en torno al Principio de la Legalidad Tributaria…” (http://andreadeleon.blogspot.com/2010/05/derechotributario-el-principio-de-la.html). Ahora bién vista la extralimitación evidente SIN EMBARGO nuestra representada LA CANCELO según consta de PLANILLA DE PAGO número: F-04070514982 DE FECHA 25 de Agosto 2011 que anexamos al presente escrito a los fines legales consiguientes COMO DEFENSA DE FONDO, es decir, a los solos fines de evitar cualquier otra consecuencia, no afectando el hecho del pago su facultad de impugnación y por tanto de Recurrir de dicha Multa la cuál efectivamente impugna a través del presente Recurso Jerárquico, siendo su objetivo principal que se declare expresamente por parte de su digna autoridad la Nulidad Absoluta de la Resolución Administrativa número: 03682 de fecha 01 de Agosto del 2011 denominada por el Funcionario que la suscribe como: “RESOLUCIÓN DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN E INTERES MORATORIOS (Tributo Omitido)” y recuperar así el monto cancelado en exceso el cuál pasará a constituir un CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE . Obviamente al alterar el 10% tope máximo para la Multa tal y como se desprende del Acto Administrativo que impone el Reparo termino creando un IMPUESTO ADICIONAL INEXISTENTE con lo que afecto la BASE DE MEDICIÓN
DEL TRIBUTO incurriendo en franca violación del numeral 1 del artículo 3 del código orgánico Tributario y del artículo 316 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela que establece y consagra EL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD TRIBUTARIA que establece que los Impuestos, Tasas y contribuciones y los incentivos Fiscales sólo pueden ser establecidos u otorgados mediante Leyes. “Impugnación de los Intereses” En el caso que nos ocupa existen “tres momentos” estelares en la vida del Tributo: a) Los 180 días que el Contribuyente tiene para presentar la Declaración. b) El día de Pago efectivo de la autoliquidación y c) La Resolución Administrativa que confirmo el Reparo impuesto, así mismo y de la misma manera se debe observar lo siguiente: a) El Contribuyente pago la Cantidad de: 2.834,60 Bs según consta de planilla 09084 de fecha 18 de Mayo del 2009 razón por la cual dicho monto no genera intereses y debía ser restado del monto total del impuesto no generando en consecuencia interés alguno. b) El Contribuyente pago la cantidad restante en la fecha :19 de Mayo 2011 planilla número:00086770 61.064,40 Bs, razón por la cual dicho monto no genera intereses. Luego es fácil concluir que la Administración Pública Tributaria está calculando intereses de un capital que no forma parte de cantidad insoluta alguna, es decir, se generaron intereses sobre la porción insoluta no sobre la efectivamente solventada, el interés en un primer momento se generó sobre 63.909,00 Bs resultado del Tributo objeto del REPARO FISCAL sin restar la cantidad de: 2.834,60 Bs que se pago y que por tanto ingreso a las Arcas
del Tesoro Nacional en fecha:18 de Mayo del 2009, de la misma manera consta de planilla número : 00086770 de fecha: 19 de Mayo del 2011 SE PAGO LA TOTALIDAD DEL TRIBUTO resultante del tantas veces señalado REPARO FISCAL; es pués necesario concluir que desde ese momento no se pueden generar más intereses, por lo que impugnamos la cuenta de intereses impuesta en virtud de que no respeto para su cálculo las circunstancias antedichas que obran interés y beneficio del Contribuyente siendo a su vez violatorio del Debido Proceso y del Derecho a la Defensa porque no analizo de la manera debida las PRUEBAS más concretamente la Defensa de fondo del Contribuyente como lo fueron sus PAGOS AL FISCO POR CONCEPTO DEL TRIBUTO objeto del presente procedimiento. Es Obvio que la administración Tributaria aquí incurre en el Vicio GRAVE DEL ANATOCISMO (PROHIBIDO POR LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN EL SONADO CASO DE LOS CREDITOS IDEXADOS) pues está cobrando intereses sobre intereses, consecuencia de ello es el hecho cierto de que no fundamento su ACTO ADMINISTRATIVO con los cálculos matemáticos y las formulas de rigor dejando al contribuyente en estado de Indefensión. “Inmotivación por Inconsistencia de la Resolución Administrativa número: 03682 de fecha 01 de Agosto del 2011 denominada por el funcionario que la suscribe como: RESOLUCIÓN DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN E INTERESES MORATORIOS y por expresa violación al procedimiento legalmente establecido”
Todo acto administrativo resolutivo tiene que valerse suficientemente a sí mismo y ser autónomo, debe poder entenderse el espíritu y propósito de la administración pública Tributaria , cuando dicha voluntad está plagada de errores graves estos últimos la hacen inaplicable por ser contradictoria y confusa, en el caso que nos ocupa se puede leer en letras que el monto de los intereses son: TREINTA MIL SETESCIENTOS SESENTA Y OCHO y en número se lee un número totalmente distinto, es decir, 30.668 Bs la diferencia evidente entre una cifra y otra hace inaplicable dicho acto administrativo porque pone en estado de indefensión al contribuyente al no saber cuál es el monto correcto. “FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA” El presente Recurso encuentra su fundamentación Jurídica en que el acto Administrativo Resolución Administrativa número: 03682 de fecha 01 de Agosto del 2011 denominada por el funcionario que la suscribe como: RESOLUCIÓN DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN E INTERESES MORATORIOS aquì impugnado mediante el presente RECURSO JERARQUICO, Violento el Procedimiento Legalmente establecido para ello tal y como lo establece el articulo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo en sus ordinales 1,2,3 y 4, siendo además de ello deficiente en cuanto a su formulación (ACTO ADMINISTRATIVO INFUNDADO) pues no cumple los Principios de Exhaustividad de la Resolución y de autonomía en el sentido de que no se vale a sí misma, así también no especifico en forma detallada y pormenorizada ¿
De donde vienen los Intereses? toda vez que en el cálculo de éstos últimos se trata de Justificar sin Formulas matemáticas ¿cómo se obtuvieron los intereses? y para colmo de males no aparece especificada en el texto de la Resolución la formula matemática correspondiente, en consecuencia el administrado se encuentra en un Estado de Inseguridad Jurídica y de Indefensión (el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela trata acerca de la GARANTIA CONSTITUCIONAL al DEBIDO PROCESO y a otros importantes Derechos y Garantías ciudadanas) en el caso que nos ocupa el contribuyente no puede verificar los cálculos en la Resolución que se le ha impuesto. Simplemente señala de manera superficial un SUPUESTO INTERÉS QUE NO EXPLICA NI APLICA SEGÚN EL MANDATO DEL ARTICULO 66 DEL CÓDIGO ORGANICO TRIBUTARIO Y DE LA MISMA FORMA SEÑALA MUY INFORMALMENTE UNA TASA QUE LLAMA TASA INCREMENTADA , La Sentencia número : 344 del 24 de Mayo de 1.994 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en relación a la Motivación del Acto Administrativo de Reparo ha dicho lo siguiente : “…LA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO NO TIENE PORQUE SER EXTENSA, PUEDE SER SUCINTA, SIEMPRE QUE SEA INFORMATIVA E ILUSTRATIVA…” , así mismo encontramos que la misma sala Político Administrativa en fecha 3 de Mayo del 2.000 señalo expresamente lo siguiente : “…ES POR ELLO QUE LA CAUSA DEL ACTO ADMINISTRATIVO ES UN REQUISITO FUNDAMENTAL PARA SU VALIDEZ Y LA FORMA DE GARANTIZAR EL CONTROL DE LA EXISTENCIA
Y ADECUADA SUBSUCIÓN EN LAS NORMAS DE LOS PRESUPUESTOS FACTICOS QUE CONDICIONAN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA…” los Reparos correctamente expedidos por la Administración Tributaria Nacional o por las Alcaldías han de representar Actos Administrativos debidamente motivados a los efectos de su validez, en el caso que nos ocupa la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA aquí impugnada no ha sido EXPLICATIVA ni mucho menos ILUSTRATIVA, en virtud de lo mismo Sostenemos pues la NULIDAD ABSOLUTA de la Resolución Impugnada por No cumplir a cabalidad con los Requisitos necesarios para que pueda tener la condición Jurídica de Acto Administrativo y/o Resolución como “EXPRESION INEQUIVOCA DE LA VOLUNTAD DE LA ADMINISTRACIÒN PUBLICA TRIBUTARIA, siendo su causa de NULIDAD ABSOLUTA su falta de Motivación pués se trata de una ACTO ADMINISTRATIVO INFUNDADO. A los efectos de Ley acompañamos marcada “A” Copia de la Resolución Número: 03682 de fecha: 01 de Febrero 2.011 la cual me fue notificada el día 18 de Agosto del 2.011 “Promoción de Pruebas” De conformidad al Código Orgánico Tributario promuevo los siguientes Instrumentos Probatorios: 1) Pruebas Documentales DEMOSTRATIVAS DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL Y DE SUS ACCESORIOS (MULTA) : A) Planilla número : 00086770 de fecha: 19 de Mayo del 2011 SE PAGO LA TOTALIDAD DEL TRIBUTO 61.064,40 Bs ) .B) planilla número
F04070514982 POR 2.834,60 Bs que se pago y que por tanto ingreso a las Arcas del Tesoro Nacional en fecha:18 de Mayo del 2009, C) PLANILLA DE PAGO número: F04070514982 DE FECHA 25 de Agosto 2011 por la cantidad de: 8.438,28 Bs por concepto de MULTA 2) Prueba de Informes al Banco Central de Venezuela para que señale la tasa de Interés de los seis primeros Banco comerciales todo lo cual es requisito sine qua nom se puede llevar a cabo la aplicación del artículo 66 del Código Orgánico Tributario (C.O.T.). 2) Promuevo Informe Técnico de Contador para que determine la fórmula para la determinación del Interés incrementado de conformidad al mandato expreso del Legislador del Código Orgánico Tributario en su artículo 66. “PETITORIO” Solicito QUE SE DECLARE LA NULIDAD ABSOLUTA de la Resolución número: 03682 de fecha 01 de Agosto del 2.011 denominada por el funcionario que la suscribe como : “RESOLUCIÓN DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN E INTERESES MORATORIOS”, en virtud de que el acto Administrativo aquí impugnado es Infundado y Violento el Procedimiento Legalmente establecido para ello tal y como lo establece el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo en sus ordinales 1,2,3 y 4 todo lo cual le afecta de NULIDAD ABSOLUTA y así también de la Nulidad Constitucional establecida y consagrada en el artículo 25 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y del numeral 1 del artículo 49 de nuestra Carta Magna que reza expresamente lo siguiente: “…LA DEFENSA Y LA ASISTENCIA
JURIDICA SON DERECHOS INVIOLABLES EN TODO ESTADO Y GRADO DE LA INVESTIGACIÓN Y DEL PROCESO…” solicito pues en consecuencia que las cantidades canceladas hasta la fecha por concepto del ya tantas veces referido RESOLUCIÓN DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN E INTERESES MORATORIOS sean determinadas como CREDITO FISCAL a favor del contribuyente que aquí recurre del Acto Administrativo plenamente identificado en su oportunidad. Es Justicia.
http://andreadeleon.blogspot.com/2011/09/derecho-tributario-modelo-de-recurso.html
Introducción Los Recursos Administrativos surgen como un remedio a la legal actuación de la administración. Son medios legales que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los particulares para lograr, a través de la impugnación, que la Administración rectifique su proceder. Son la garantía del particular para una efectiva protección de su situación jurídica. Son denominados Recursos, porque se trabaja con un acto preexistente, es decir, con una materia procedimental ya decidida, que en este caso, es un acto administrativo de efectos particulares, nunca general (Artículo 85). El Recurso Administrativo es un acto por el que un sujeto legitimado para ello pide a la Administración que revise, revoque o reforme una resolución administrativa, o excepcionalmente un trámite, dentro de unos determinados lapsos y siguiendo unas formalidades establecidas y pertinentes al caso. Los Recursos Administrativos se interponen y resuelven ante la misma Administración, por lo que esta se convierte así en Juez y parte de los mismos. De ahí que la garantía que se pretende asegurar ofreciendo mediante la interposición de recursos una posibilidad de reacción contra las resoluciones administrativas se vea limitada por el hecho de ser la propia Administración la que ha de resolver el litigio planteado y que deriva de un acto suyo. Y de ahí que en muchas ocasiones, tras la resolución administrativa, haya que acudir a otras instancias (la vía judicial) para la última consideración y sentencia sobre el asunto en cuestión. Revisión de Oficio. En este tipo de Recurso la Administración Tributaria se reserva en todo momento para corregir sus actos, para subsanar todos los vicios de que adolezcan. Nociones Generales: Los procedimientos de Revisión de Oficio, al igual que los Recursos Administrativos, forman parte de los denominados Procedimientos de Segundo Grado. La diferencia fundamental con respecto a los Recursos Administrativos, es que en estos casos, la Revisión procede "motu proprío", es decir, sin necesidad de requerimiento de los particulares. En estos casos la Administración, ejerce un conjunto de potestades que ponen de manifiesto el principio de autotutela, es decir, la posibilidad de la administración de controlar, no sólo la legalidad sino la oportunidad o conveniencia de sus actos en virtud de los intereses generales que le corresponde tutelar. Estas potestades son las siguientes:
1- Convalidación: Es la figura en virtud de la cual la Administración subsana los vicios de los actos no afectados de nulidad absoluta. Su objeto es un acto viciado de anulabilidad o nulidad relativa. Para su ejercicio no existe límite de tiempo, es decir, que la potestad de convalidación se extiende aún interpuesto el Recurso Administrativo o Judicial (Artículos 81 y 90 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos). 2- Declaratoria de nulidad absoluta: Esta potestad está prevista en el Artículo 83 ejusdem, la cual le permite a la Administración "reconocer" (sinónimo de declarar) la nulidad absoluta de los actos dictados por ésta. Esta potestad opera sólo en aquellos casos en que el acto se encuentra subsumido en las causases del Artículo 19 de la Ley y procede de oficio o a solicitud de particulares. 3- Corrección de errores materiales o de cálculo: Esta potestad es concebida como una derivación o especie de la potestad general de convalidación y se contrae exclusivamente a aquellos casos en que existen errores materiales o de cálculo que no impliquen la nulidad absoluta del acto (Artículo 84). 4- Revocación: Es el poder conferido a la administración para extinguir un acto por razones de oportunidad o conveniencia, bien por razones originarias o sobrevenidas. Actos Administrativos absolutamente nulos: Existen actos que sólo pueden considerarse viciados de nulidad absoluta, es decir, no pueden ser convalidados de ninguna manera. Tal es el caso que su ejecución sea ilegal, por ejemplo: que se pretenda aplicar una sanción distinta a la señalada en la ley; y que sea emitido por un individuo con credenciales falsas de funcionario público. Los actos de la Administración Tributaria serán absolutamente nulos en los siguientes casos: 1- Cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional, o sean violatorios de una disposición constitucional. 2- Cuando resuelvan un caso procedentemente decidido con carácter definitivo, y que haya creado derechos subjetivos, salvo autorización expresa de ley. 3- Cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución. 4- Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. RECURSOS JERÁRQUICOS. Puede definirse como la reclamación que se promueve para que el superior jerárquico del autor del acto que se cuestiona, examinando este acto, lo modifique o lo extinga, siguiendo para ello el procedimiento expresamente establecido en las normas vigentes. Éste es un recurso meramente administrativo, es decir, que se plantea ante la propia Administración para que ella misma reconsidere el caso, lo analice más profundamente y decida teniendo en cuenta datos y argumentos que el contribuyente aportará a lo largo del proceso. Nociones Generales: El Recurso Jerárquico es denominado como un recurso vertical, ya que el mismo se intenta ante la superior jerarquía dentro de la organización. En el caso de los Municipios, ante el Alcalde o en los casos de la Administración Pública Nacional, ante el Ministro respectivo. Es de hacer notar que las decisiones que resuelvan el recurso jerárquico, agotan la vía administrativa, es decir, que al ser dictadas por la máxima autoridad del ente administrativo de que se trate, dicha decisión, abre el camino al ejercicio de los recursos jurisdiccionales judiciales. Situación en la que no procede el Recurso Jerárquico: No procederá el Recurso previsto contra: 1- Los actos dictados por la autoridad competente, en un procedimiento amistoso previsto en un tratado para evitar la doble tributación. 2- Los actos por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios, cuya recaudación sea solicitada a la República, de conformidad con lo dispuesto en los respectivos tratados internacionales. 3- En los demás casos señalados expresamente en el Código Orgánico Tributario o en las leyes. ¿Ante quién se interpone el Recurso Jerárquico y en qué tiempo? El Recurso Jerárquico deberá interponerse ante la Oficina de la cual emanó el acto, y el lapso para interponer el mismo será de 25 días hábiles contados a partir de día siguiente a la fecha de notificación del acto que se impugna. Efectos de la interposición de este Recurso:
La interposición del Recurso suspende los efectos del acto recurrido. Queda a salvo la utilización de las medidas cautelares previstas en el Código Orgánico Tributario. La interposición del Recurso Jerárquico contra una planilla de impuestos o contra el acto tributario de que se trate tiene el efecto de suspender lo que ordena dicho acto. La planilla no se cobrará, ni el acto se ejecutará mientras no se decida tal recurso. Así pues, el recurso tiene un efecto suspensivo que la Administración debe respetar. Pero hay una excepción: Si el acto tiene que ver con clausura de establecimientos, comiso, retención de mercancías, aparatos, recipientes, vehículos, útiles, instrumentos de producción o materias primas, y suspensión de expendio de especies fiscales y gravadas, la interposición del Recurso no suspende la ejecución del mismo. Efectos de la interposición de este Recurso: L Causales de la inadmisibilidad de este Recurso: Son causales de inadmisibilidad del Recurso: 1- La falta de cualidad o interés del recurrente. 2- La caducidad del plazo para ejercer el Recurso. 3- Ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del recurrente, por no tener capacidad necesaria para recurrir o por no tener la representación que se atribuye, o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente. 4- Falta de asistencia o representación de abogado. La resolución que declare la inadmisibilidad del Recurso Jerárquico será motivada, y contra la misma podrá ejercerse el Recurso Contencioso Tributario previsto en el Código Orgánico Tributario. ¿A quién corresponde la decisión del Recurso Jerárquico y qué tiempo tiene para decidir? La autoridad administrativa que va a decidir si el contribuyente tiene razón o no en su recurso no es la misma que decidió la primera vez, sino la autoridad más alta, es decir, la decisión queda en manos de la máxima autoridad de la Administración Tributaria. Si no se trata de impuestos administrados por el Ministerio de Finanzas, el Recurso de dirigirá a la más alta autoridad del respectivo organismo, que puede ser el Presidente del Consejo o el Alcalde si se trata de impuestos municipales o el Gobernador del Estado. La Administración Tributaria dispondrá de un lapso de 60 días continuos para decidir el Recurso, contados a partir de la fecha de culminación del lapso probatorio. Si la causa no se hubiera abierto a prueba, el lapso previsto en el Artículo 254 del Código Orgánico Tributario se contará a partir del día siguiente de aquél en que se hubiere incorporado al expediente el auto que declare no abrir la causa a pruebas. RECURSO DE REVISIÓN. En algunos ordenamientos se designa así aquel mediante el cual se impugnan las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, en los casos de competencia originaria, a los efectos de la reconsideración por parte de la misma Corte. Este es un Recurso que sólo se presentará en la práctica en casos muy excepcionales, tales como si después de haberse dictado la decisión o la sentencia aparecieran pruebas decisivas en el asunto de que se trate, o se prueba que hubo soborno o se cometió algún delito que sirvió de base a la sentencia o decisión. Nociones Generales: Forma de iniciación: A solicitud del interesado. Tipo de procedimiento: Revisión de actos. Órgano que resuelve el procedimiento: Órgano administrativo que haya dictado el acto objeto del recurso. Plazo máximo resolver y notificar: 3 Meses. Efectos de la falta de resolución en plazo: Desestimatorios. Recurso: Contencioso-Administrativo. Plazo de interposición del recurso: 2 meses si el acto fuera expreso ó 6 meses si no lo fuera. Órgano que resuelve el recurso: Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Normativa: Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones publicas y del procedimiento administrativo común, modificada por ley 4/1999, de 13 de enero, (BOE Nº 285, de 27 de noviembre de 1992 y BOE Nº 12, de 14 de enero de 1999). Ente ante quién se intenta este Recurso: La Sala Constitucional, ya que es quien se encarga de atender las violaciones fragantes a la Normas constitucionales. ¿Cuándo procede este Recurso y en qué tiempo es decidido?
El Recurso de Revisión contra los actos administrativos firmes podrá intentarse ante los funcionarios competentes en los siguientes casos: 1- Cuando hubieren aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto, no disponibles para la época de la tramitación del expediente. 2- Cuando en la resolución hubieren influido en forma decisiva documentos o testimonios declarados falsos, por sentencia judicial definitivamente firme. 3- Cuando la resolución hubiere sido adoptada por cohecho, violencia, soborno u otra manifestación fraudulenta, y ello hubiere quedado establecido en sentencia judicial definitivamente firme. El Recurso de Revisión será decidido dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su presentación. Bibliografía - GARRONE, José Alberto. Diccionario Manual Jurídico. Abeledo – Perrot. Argentina. 1.989. - GARAY, Juan. Código Orgánico Tributario". Ediciones Juan Garay. Venezuela. 2.002. - www.monografias.com - www.tuabogadodefensor.com Por: Wendy Naranjo Rendón
Leer más: http://www.monografias.com/trabajos23/recursos-administrativos/recursosadministrativos.shtml#ixzz2gTzw8WnD
http://www.monografias.com/trabajos23/recursos-administrativos/recursosadministrativos.shtml

References: artículo 74
 artículo 75
 artículo 93
 artículo 42
 artículo 148
 artículo 153
 artículo 242
 Artículo 26
 artículo 29
 artículo 85
 artículo 1
 artículo 235
 artículo 243
 artículo 149
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 31
 Resolución 
 artículo 244
 artículo 10
 artículo 51
 Artículo 246
 artículo 247
 artículo 247
 artículo 249
 artículo 250
 artículo 243
 resolución 
 artículo 251
 resolución 
 artículo 189
 artículo 252
 artículo 254
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 255
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 316
 Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 49
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 66
 artículo 66
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 25
 artículo 49
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 83
 Artículo 19
 resolución 
 Artículo 254
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución