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Timestamp: 2019-04-19 10:17:01+00:00

Document:
Costa rica informe de país I nforme final sobre costa rica
CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ (MESECVI) MESECVI-IV/doc.76/12
NFORME FINAL SOBRE COSTA RICA
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL GOBIERNO DE COSTA RICA AL
El presente informe contiene el resultado del análisis de las respuestas dadas al cuestionario enviado por la Secretaría del MESECVI a la Autoridad Nacional Competente –ANC- de Costa Rica, así como incorpora los comentarios y sugerencias del subgrupo de trabajo del Comité de Expertas –CEVI- obtenidos en la VI Reunión que se llevó a cabo en Santo Domingo de Heredia, Costa Rica del 23 al 25 de agosto de 2010.
Las fuentes para el análisis a fin de establecer el avance y los obstáculos confrontados para el cumplimiento de la Convención de Belém do Pará, han sido las respuestas al cuestionario y la revisión de algunas leyes, entre ellas el Código Penal, la Ley contra la Violencia Doméstica, la Ley para el fortalecimiento de la lucha contra la explotación sexual de las personas menores de edad que contiene reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, y la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Por otra parte, las respuestas al cuestionario fueron confrontadas con el Primer Informe sobre Costa Rica obtenido de la Primera Ronda de Evaluación Multilateral del Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) –MESECVI-.
Lamentablemente no se contó con información proveniente de las organizaciones de la sociedad civil –Informes Alternos- que hubiera hecho posible la confrontación con las respuestas que el Estado dio a las preguntas contenidas en el cuestionario elaborado para la Segunda Ronda de Evaluación Multilateral del MESECVI.
El informe contiene apartados sobre los avances y obstáculos observados a partir de la Primera Ronda de Evaluación Multilateral y el cumplimiento de las recomendaciones emanadas del Primer Informe, un resumen de las respuestas al cuestionario consignado de acuerdo a los temas de la Convención que el Comité de Expertas seleccionó para esta segunda ronda de evaluación multilateral. Por último el presente informe consigna las conclusiones y recomendaciones al Estado de Costa Rica.
Se concibe como un avance significativo en el área de Legislación, la emisión de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (Ley No. 8589) de fecha 25 de abril de 2007, vigente a partir del 30 de mayo de ese mismo año. La aprobación de dicha ley, al final de la Primera Ronda de Evaluación Multilateral del MESECVI, constituía una asignatura pendiente de lo cual se hacía mención en las recomendaciones contenidas en el Primer Informe de Evaluación.
Sin embargo, dicha ley no obstante penaliza exclusivamente la violencia contra las mujeres y por lo tanto abandona el carácter neutral de la Ley contra la Violencia Doméstica (Ley No. 7586 de fecha 10 de abril de 1996) que protege a parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, sin expresar el sexo y establece que corresponde a los jueces brindar protección especial a madres, niños, personas de sesenta años o más y personas discapacitadas (sic), se circunscribe a tipificar delitos cometidos en contra de las mujeres en el ámbito privado, es decir tiene como fin proteger los derechos de las víctimas de violencia y sancionar la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial contra mujeres mayores de edad, como práctica discriminatoria por razón de género, específicamente en una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no1 . En ese sentido, la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, aún siendo una ley de segunda generación, excluye la regulación de dicha violencia cuando se cometa en el ámbito público, restringiendo por ende los objetivos y contenido de la Convención de Belém do Pará.
Constituye también un avance del Estado de Costa Rica, las reformas introducidas a la Ley contra el Hostigamiento Sexual, entre otras las referentes a la sustitución de los términos “empleo y la docencia” por los “ámbitos de trabajo y de estudio”, en vista de que amplía el rango de acción para personas trabajadoras de cualquier categoría y en cuanto al estudio, da protección tanto a docentes como a estudiantes; por otra parte, admite el procedimiento administrativo y judicial, permitiendo la participación de la víctima y la prueba indiciaria: en caso de duda establece que se resolverá de acuerdo a lo que sea más favorable para la víctima. Incluye como posibles responsables también a personas que ocupen cargos de elección popular, estableciendo en el caso de los diputados una sanción de carácter moral, mientras que para los alcaldes, regidores, síndicos a quienes puede retirárseles la credencial y por lo tanto quedarán separados del cargo. No se trata, sin embargo, de una ley de carácter penal, salvo que los hechos de hostigamiento conlleven una conducta delictiva y, por otra parte dicha ley no es exclusiva para la protección de las mujeres, sino también de los hombres.
Otro avance se encuentra en la reforma introducida al Código Penal (Ley No. 8220 del 4 de marzo de 2009) que tipifica la Trata Nacional e Internacional de personas, sin embargo la tipificación se encuentra en un solo artículo -172- y no contempla con especialidad que el delito se cometa en contra de mujeres ni otras conductas como el turismo sexual, tal como regula la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas –Protocolo de Palermo- no obstante haber sido ratificado este último, en el año 2002.
Asimismo constituyen avances meritorios, el hecho de que se haya establecido el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar creado, mediante la Ley No. 8688 del 19 de diciembre de 2009 y la actualización del Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y el Abuso Sexual Extrafamiliar (PLANOVI), con vigencia hasta el año 2015.
Por otra parte se observa que se han llevado a cabo procesos de sensibilización, formación y capacitación sobre la violencia contra las mujeres y derechos de las mujeres en el marco de la Convención de Belém do Pará, dirigidos a operadores/as de justicia y otras/os funcionarias/os públicas/os de los sectores de salud y educación.
También se ha fortalecido financieramente al Ministerio Público, lo cual ha permitido ampliar la cobertura de las Oficinas de Atención a Víctimas y Testigos, las cuales han sido útiles para que las mujeres sobrevivientes de violencia tengan una entidad de apoyo cuando en su localidad carezcan de servicios de atención en casos de violencia.
Entre los obstáculos encontrados en las respuestas dadas al cuestionario de la Segunda Ronda de Evaluación Multilateral, se encuentra que [a]unque Costa Rica ha tenido avances significativos en el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres, prevalece resistencia social y patrones sociales y culturales que obstaculizan la aplicación práctica de la legislación y las normas que garantizan esos derechos […] las mujeres […] tienen un acceso limitado a asesoría jurídica y representación legal en los procesos judiciales para la instrucción y defensa de sus derechos, situación que se agrava aún más en el caso de las mujeres en condiciones de discriminación extrema (indígenas, con discapacidad, adultas mayores y mujeres pobres). En materia de violencia contra las mujeres, la misma persiste como un serio problema nacional que se hace cada vez más complejo y se manifiesta en diferentes ámbitos sociales e institucionales. Más allá de la violencia intrafamiliar, en la sociedad costarricense no existe un reconocimiento generalizado de otras formas de violencia contra las mujeres y sus implicaciones, tales como el acoso sexual, la trata de personas, la explotación sexual, la violencia patrimonial y la violencia psicológica. En la práctica opera una desarticulación entre las instancias administrativas de justicia, las instituciones públicas y las organizaciones sociales encargadas de atender a las víctimas de violencia y velar por el cumplimiento efectivo de sus derechos.
Es motivo de preocupación también que en el Código Procesal Penal, según reforma introducida al artículo 18, por la Ley No. 7594 del 10 de abril de 1996, en cuanto al régimen de la acción penal, aún se regule que la violación de una persona mayor de edad que se encuentre en pleno uso de razón, las agresiones sexuales, no agravadas ni calificadas, contra personas mayores de edad, las lesiones leves y las culposas, el abandono de personas, la ocultación de impedimentos para contraer matrimonio, la simulación de matrimonio, las amenazas, la violación de domicilio y la usurpación, el incumplimiento del deber alimentario o del deber de asistencia y el incumplimiento o abuso de la patria potestad, sean perseguibles por acción pública sólo a instancia privada; en vista de que en su mayoría los delitos contemplados en dicho artículo, se refieren a aquéllas conductas que atentan contra la salud, la integridad y libertad física y sexual de las mujeres, la igualdad y la equidad respecto de la manutención de la familia, y cuya averiguación y persecución debe ser responsabilidad del Estado y no de las mujeres quienes generalmente carecen de los medios suficientes para contratar la asesoría y procuración legal y, aunque los tengan no es responsabilidad de ellas en particular, perseguir esa clase de delitos que indudablemente entrarán en contradicción con las normas básicas de organización del Estado costarricense. Se considera que parcialmente esta situación se subsana en cuanto a los delitos contenidos en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, aunque no en su totalidad, desde luego que en esta ley, se requiere la existencia de una relación matrimonial o de unión de hecho declarada o no y porque en el artículo 18 del Código Procesal Penal (reformado), se mencionan conductas delictivas que no son siempre las mismas contempladas en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.
La situación contemplada en el párrafo que antecede, y el contenido último del artículo 36 del Código Procesal Penal, relativo a la posibilidad de que tales delitos sean objeto de conciliación, ignora la falta de paridad o desigualdad existente entre el agresor y la víctima, carece de enfoque de género y permite que el tribunal pueda llevar su solución por la vía conciliatoria cuando lo soliciten en forma expresa la víctima o sus representantes legales, sobre todo porque, como acertadamente se expresa en las preguntas al cuestionario del CEVI, en ocasiones se presiona por parte de los defensores, para que las víctimas concilien.
Otro obstáculo se encuentra en que no se ha podido establecer acuerdos de cooperación con los medios de comunicación y las agencias de publicidad, indispensables para dar a conocer los derechos de las mujeres y para sensibilizar a la población.
La no desagregación de las estadísticas, por razones de sexo y la falta de investigaciones, son un obstáculo para conocer la magnitud del problema, en qué espacios y localidades se presenta con mayor énfasis y en suma, para plantear y ejecutar políticas públicas, planes, programas y proyectos que coadyuven a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Las cifras sistematizadas por el Instituto Nacional de las Mujeres, mediante el monitoreo de medios, no responde a parámetros de carácter científico en cuanto a confiabilidad, oportunidad y por lo tanto, se incumple así el contenido de las literales h. del artículo 8 de la Convención de Belém do Pará que establece:
No obstante, el mayor obstáculo encontrado y que suscitó la preocupación del Pleno del Comité de Expertas durante la VI Reunión del CEVI celebrada en Santo Domingo de Heredia, del 23 al 25 de agosto de 2010, es la derogatoria de los artículos 22 y 25 de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, relativos a los delitos de maltrato físico y emocional infligidos a las mujeres por sus cónyuges o convivientes, respectivamente, por el voto No. 08-015447 dado a la resolución de fecha 15 de octubre de 2008, por la Sala Constitucional. Para el CEVI dicha derogatoria constituye un retroceso en la legislación de Costa Rica y un grave incumplimiento de los compromisos asumidos por dicho país con la ratificación de la Convención de Belém do Pará, circunstancia que hizo saber, por escrito a la Honorable Sala Constitucional. Afortunadamente, a través de la Ley 8929, la Asamblea Legislativa restituyó el delito de violencia física denominándolo “Maltrato” siempre en el contexto matrimonial o de unión de hecho declarada o no y, en cuanto a la violencia psicológica o emocional, dicha Ley la tipifica como “Ofensas a la Dignidad”, siendo el verbo rector el “ofender de palabra”, dejando sin tipificación otras conductas que constituyen violencia psicológica (Ej: por omisión de asistencia, la privación arbitraria de la libertad y limitaciones a la autonomía de las mujeres). Aunque deja vigente el delito de “amenazas contra una mujer” referido a “lesionar un bien jurídico de una mujer o de su familia o una tercera persona íntimamente vinculada, con quien mantiene una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no”, delito que puede referirse a la violencia psicológica sin embargo no contiene la precisión o taxatividad necesaria para establecer los sujetos involucrados en la figura delictiva y cuál es el “bien jurídico” protegido.
LEGISLACIÓN (Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7 literal c), e) y h) de la Convención de Belém do Pará).
El Estado, a través de la Autoridad Nacional Competente –ANC- al responder la pregunta relativa a la inserción e incorporación de la Convención de Belém do Pará al ordenamiento jurídico de Costa Rica, indica que por el hecho de la ratificación de la Convención de Belém do Pará (28 de junio de 1195, Ley No. 7499), ésta forma parte de la legislación nacional y puede ser aplicada directamente, afirmación que se sustenta en “jurisprudencia nacional al respecto”. Habría sido útil que la ANC citara ejemplos de dicha jurisprudencia.
De las respuestas al cuestionario se colige que en la legislación nacional de Costa Rica no existen disposiciones que incluyan la definición de violencia contra las mujeres, distinguiéndola de la violencia intrafamiliar, familiar o doméstica.
Costa Rica emitió la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (No. 8589), antes referida, la cual inició su vigencia el 30 de mayo de 2007. Sin embargo, de su articulado se colige que se concreta a sancionar la violencia cometida en el ámbito privado, incluyendo el femicidio íntimo (la muerte de una mujer con quien el agente mantenga una relación de matrimonio o unión de hecho declarada o no”). Es decir, el avance en la legislación se concreta al ámbito familiar.
En cuanto a la existencia de disposiciones civiles, penales o administrativas para prevenir, sancionar o erradicar las formas de violencia indicadas en la pregunta tres del cuestionario, en Costa Rica, el concepto de violencia contenido en la Ley contra la Violencia Doméstica (Ley No. 7586) vigente a partir de mayo de 1996, es un concepto neutral, en virtud de que tiene por objetivo la protección de diferentes personas que forman el grupo familiar (mujeres, niños y niñas, personas adultas mayores y/o con discapacidad). La interpretación de tales normas, confirmada en las respuestas al cuestionario, en el sentido de que es utilizada por los agresores en contra de las mujeres, llama la atención del CEVI, considerándola una situación grave y nugatoria del objetivo, filosofía y contenido de la Convención de Belém do Pará.
En la respuesta relativa a las disposiciones legislativas, se menciona también la Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y en la docencia (1995), reformada este año 2010, no obstante por la reforma se introduzcan conceptos más amplios en cuanto a los/as sujetos/as protegidos, se permita la participación de la víctima en el procedimiento y la inclusión de la prueba indiciaria, no responde a los objetivos y contenido de la Convención de Belém do Pará, en cuanto considera la protección tanto de mujeres como de hombres, eludiendo así la consideración de la condición, situación y posición de las mujeres hostigadas y de esa manera, se elude el cumplimiento de derechos humanos específicos de las mujeres.
La mencionada Ley para la Penalización de la Violencia contra las Mujeres (No. 8589, vigente a partir del 30 de mayo de 2007) se tipifica como violencia física el femicidio íntimo, el maltrato consistente en agredir o lesionar en forma reiterada y gravemente a una mujer de parte de su cónyuge o conviviente y la restricción a la libertad de tránsito (locomoción) que incluye como sujeto activo también a las mujeres.
En lo que respecta a la violencia sexual, la Ley de Penalización de la violencia contra las mujeres, tipifica los delitos de violación sexual, conductas sexuales abusivas, explotación sexual –cuando el marido o conviviente de hecho, obligare a la mujer a llevar a cabo relaciones sexuales con terceras personas ajenas al cónyuge o conviviente de hecho, sin ánimo de lucro-.
En cuanto a violencia patrimonial, la ley mencionada contempla la sustracción y el daño patrimonial, la limitación al ejercicio del derecho de propiedad, el fraude de simulación de los bienes susceptibles de considerarse gananciales, la distracción de las utilidades por las actividades económicas familiares y la explotación económica (el hombre que obligue a la mujer por la fuerza a mantenerlo).
La respuesta al cuestionario indica que en el ordenamiento jurídico costarricense no existe normativa sobre violencia institucional y que a nivel administrativo no existen normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
La reparación a las víctimas está prevista únicamente en el Código Penal, en términos generales y no en forma específica para las mujeres sobrevivientes de violencia.
La trata nacional e internacional de personas está contemplada en el artículo 172 del Código Penal, modificado mediante la Ley 8729 –Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al código procesal penal y al código penal vigente a partir del 22 de abril de 2009. Por esta normativa se aumenta el monto de la pena, se regula la trata interna, se amplían los fines de la trata de personas (antes de la reforma eran únicamente tres fines, con la reforma se incluye la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, el matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos y otros más). Por otra parte amplía los derechos de las víctimas y su protección; sin embargo no se expresa en la respuesta al cuestionario si dicha norma se adecua al contenido de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas (Protocolo de Palermo).
Al revisar el Código Penal, se encuentra un norma que coadyuva a la penalización de la trata de personas, contenida en el artículo 7 que expresa: “Independientemente de las disposiciones vigentes en el lugar de la comisión del hecho punible y de la nacionalidad del autor, se penará conforme a la ley costarricense a quienes […] tomen parte en la trata de esclavos, mujeres o niños; se ocupen del tráfico de […], publicaciones obscenas y a quienes cometan otros hechos punibles contra los derechos humanos previstos en los tratados suscritos por Costa Rica, o en este Código”.
En la respuesta a la pregunta cinco del cuestionario, se indica que en Costa Rica no se utiliza “la prostitución forzada” como término legal, pero sí se sanciona el proxenetismo en sus modalidades simple o agravada en los artículos 169 y 170 del Código Penal; se considera oportuno ampliar dicha respuesta, en virtud de que en el artículo 31 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres se expresa esta conducta: sin fines de lucro, por lo que es necesario reiterar la necesidad de conocer si el artículo 172 del Código Penal, es congruente con lo establecido en el Protocolo de Palermo.
En cuanto a la existencia de sanciones en casos de acoso sexual, se menciona la Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia (marzo 1995), la cual no es exclusiva para el caso de acoso sexual contra las mujeres; las sanciones no son de aplicación general a los sujetos activos, hace distinciones de rangos y, en ese sentido algunos son sancionados moralmente, a otros se les retira la credencial y por lo tanto se les retira del cargo que ejerzan (Ver párrafo relacionado ut supra, en este informe). Con las reformas introducidas a la Ley 7476 contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, se amplió el ámbito de aplicación de esta norma y se incluyó la regulación del procedimiento administrativo (a lo interno de la empresa, institución u organización) que posibilita la aplicación de medidas cautelares.
La violación sexual dentro del matrimonio y de la unión de hecho se encuentra tipificada en la Ley de Penalización de la violencia contra las mujeres (No. 8589 vigente a partir del 30 de mayo de 2007).
En la legislación de Costa Rica en materia de violencia contra las mujeres, no existe prohibición expresa para el uso de la conciliación. En términos generales hay algunas excepciones a la conciliación, sin embargo, el artículo 36 del Código Penal, en forma expresa esta posibilidad es excluida “en los delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de menores de edad y en las agresiones domésticas, el tribunal no debe procurar la conciliación entre las partes ni debe convocar a una audiencia con ese propósito, salvo cuando lo soliciten en forma expresa la víctima o sus representantes legales”2. En la respuesta al cuestionario sobre este tema, se expresa que “en ocasiones se presiona por parte de los defensores (de los agresores), para que las víctimas concilien. El CEVI considera que la redacción del artículo no es contundente pues no entraña una prohibición al respecto, antes bien es permisivo de la aplicación de la conciliación en casos de violencia sexual, sin considerar la disparidad entre las partes –agresor y víctima- las condiciones de género de ésta, el ciclo de la violencia y el síndrome de la indefensión aprendida que la colocan en una situación de mayor vulnerabilidad frente al agresor, de revictimización y que, en caso de concretarse, tiene como resultado la impunidad del hecho delictivo.
El delito de femicidio se encuentra tipificado en el artículo 21 la ley de Penalización de la violencia contra las mujeres (Ley No. 8589) que inició su vigencia el treinta de mayo de 2007. El texto del artículo es el siguiente:
Artículo 21. Femicidio: Se le impondrá la pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho, declarada o no.
De conformidad con dicho texto, se tipifica únicamente el femicidio íntimo, en contraste con lo manifestado en la Declaración sobre el Femicidio del CEVI3 que incluye como sujeto activo a cualquier persona o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión.
4.1.10. En Costa Rica no existe ninguna disposición legal que tipifique como delito la violencia contra las mujeres proveniente del Estado.
Sin embargo, el Estatuto de Roma relativo a la Corte Penal Internacional, fue aprobado mediante la Ley No. 8083 del 7 de febrero de 2001, no obstante no se indica en la respuesta que se haya armonizado la legislación interna, a los preceptos de dicho Estatuto.
4.1.11. Con relación a la protección de los derechos sexuales y reproductivos no se menciona en las respuestas al cuestionario que se hayan emitido disposiciones legales al respecto en Costa Rica y por lo tanto, no hay normas que sancionen a funcionarios/as que impidan a las mujeres la atención adecuada de su salud sexual y reproductiva, ni que despenalice el aborto por violación, ni tampoco que las mujeres tengan acceso libre a la anticoncepción de emergencia.
No obstante, de acuerdo al artículo 121 del Código Penal, se regula el aborto terapéutico.
Artículo 121. Aborto impune. No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una enfermera obstétrica, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios.
En la respuesta a la pregunta relacionada, no se menciona la existencia de normas que tipifiquen como delito la violencia obstétrica, la esterilización forzada, la inseminación artificial no consentida. Por otra parte, no se da respuesta a la interrogante sobre la provisión de cuidados y tratamientos de profilaxia de emergencia para VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, especialmente en casos de violencia sexual.
4.1.12. No se han llevado a cabo campañas específicas sobre la Convención de Belém do Pará.
PLANES NACIONALES. (Artículo 8 y 9 de la Convención de Belém do Pará).
En el año 1995 fue aprobado el Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI) y su Plan Operativo 1996-1998 con las acciones y compromisos institucionales de impulsar acciones efectivas para potenciar el respeto y la equidad entre hombres y mujeres a través de políticas públicas que prevengan y atiendan la violencia intrafamiliar.
El PLANOVI se ejecuta a través del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar, creado mediante la Ley No. 8688 del 19 de diciembre de 20094, que incluye en su composición a las instituciones del Poder Ejecutivo, otras instancias (sic) del Estado y a representantes de la sociedad civil.
El Sistema consta de dos niveles: el político y el técnico; en el primero se crea el Consejo Nacional del Sistema que funciona coordinado por la Presidencia Ejecutiva del mecanismo Nacional de las mujeres (Instituto Nacional de las Mujeres –INAMU-); en el nivel técnico se encuentra la Comisión de Seguimiento, coordinada por una Secretaría Técnica que se encuentra bajo la responsabilidad del Área de Violencia de Género del INAMU, la Comisión de Evaluación y Cumplimiento de las Políticas, coordinada por el Ministerio de Planificación y Política Económica.
El Sistema está integrado por un total de 24 entidades: centralizadas, descentralizadas, autónomas y representantes de la sociedad civil.
Existen sanciones de carácter administrativo aplicadas a funcionarios que incumplen con el Plan5
La primera evaluación del Plan tuvo lugar entre los años 2006-2007, a través del Programa Estado de la Nación y dio como resultado la necesidad de replantearlo y actualizarlo, elaborando un plan de acción que cubre el período 2010-2015, el cual se divulgó en los años 2009 y 2010.
El 8 de marzo de 2007 se presentó la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 (PIEG) que contiene los compromisos del Estado para avanzar en la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. La PIEG se sustenta en tres grandes núcleos de acción estratégica: autonomía económica, participación política y cambio cultural.
En el 2008 se formuló el Plan de Acción de la política (2008-2012) que se concibe como un instrumento que orientará el quehacer de las instituciones del Estado.
Cuido como responsabilidad social
Trabajo remunerado de calidad y generación de ingresos
Educación y salud de calidad a favor de la igualdad
Protección efectiva de los derechos de las mujeres y frente a todas las formas de violencia
Fortalecimiento de la participación política de las mujeres y logro de una democracia paritaria
Fortalecimiento de la institucionalidad a favor de la igualdad y la equidad de género.
El objetivo relativo a la violencia contra las mujeres tiene como meta que en 2017 se haya fortalecido y ampliado los servicios de información y asesoría jurídica, públicos y privados, gratuitos y de calidad en todo el país, que les permita a las mujeres ejercer y exigir el cumplimiento de sus derechos y garantizar el respeto a una vida libre de violencia.
4.2.3. El objetivo 3 de la PIEG, Salud y Educación a favor de la igualdad, incluye acciones específicas en sexualidad y salud sexual y reproductiva, acciones asignadas al Ministerio de Educación Pública, Caja Costarricense de Seguro Social y Ministerio de Salud. El Ministerio de Educación incluye en sus informes la creación y lanzamiento de una página web informativa sobre VIH dirigida a la población estudiantil y la realización de un diagnóstico sobre educación integral de la sexualidad elaborado por la Universidad Nacional, que contemplaría el tema de VIH y Sida. También señala que se realizó una propuesta de Educación integral de la sexualidad coordinada con la Asociación Demográfica en 18 centros educativos pertenecientes a los 6 cantones prioritarios.
Por otra parte el Ministerio de Salud informa de la elaboración de la Política de Sexualidad que incluye acciones de prevención y atención del VIH y SIDA.
No existen planes o estrategias con relación a la seguridad pública y prevención del crimen dentro de la PIEG.
4.2.4. No existen planes nacionales de formación continua sobre la violencia contra las mujeres ni sobre los derechos de las mujeres en el marco de la Convención de Belém do Pará. Se llevó a cabo un plan de formación permanente con la policía administrativa, hasta el año 2008 en que fue interrumpido por decisiones de las autoridades. Sin embargo, se desarrolló el tema dentro del Curso Básico Policial en la Escuela Nacional de la Policía.
Se han desarrollado procesos de sensibilización, formación y capacitación sobre violencia contra las mujeres y derechos de las mujeres, dirigidos a funcionarios/as públicos/as, dirigidos a operadores de justicia, funcionarios/as destacados/as de los sectores de educación y salud.
La Escuela Judicial mantiene cursos de actualización y formación dirigidos a diversos grupos de operadores/as de justicia (jueces, fiscales y personal auxiliar).
El INAMU mantiene actualizados los conocimientos de funcionarias encargadas de la definición de políticas y de los servicios de atención.
4.2.5. La sociedad civil participa en el Sistema Nacional de Atención a la Violencia Intrafamiliar y Abuso Sexual Extrafamiliar. Se ha establecido la participación de la sociedad civil en el mecanismo de monitoreo y evaluación del PLANOVI y su Plan de Acción 2011-2013la sociedad civil.
A pesar de los esfuerzos realizados para sensibilizar a los medios de comunicación, como iniciativa del INAMU, no se han podido establecer acuerdos de cooperación con ellos.
ACCESO A LA JUSTICIA. (Artículos 7 literales b), f), g), 8 literal c) de la Convención de Belém do Pará).
Con la entrada en vigor de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, se crearon unidades especializadas en la recepción de las denuncias, en las 7 provincias del país y se completaron los equipos interdisciplinarios de atención, en los juzgados especializados de violencia doméstica que aún no los tenían.
Por otra parte, con el inicio de la vigencia de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, Reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal (Ley No. 8720 del 4 de marzo de 2009) se redefinieron las funciones de la Fiscalía de Atención y Protección a la Víctima, adscrita al Ministerio Público. En ese sentido, de acuerdo a la respuesta dada por la ANC, dicha Fiscalía puede ordenar subsidios, espacios para la atención especializada o protección policial; se amplió la cobertura de las Oficinas de Atención a Víctimas y Testigos en el plano nacional. Tales oficinas suplen la carencia de entidades que brinden atención a las mujeres sobrevivientes de violencia.
Los Juzgados Especializados en Violencia Doméstica, cuentan con personal especializado en la temática. En esos mismos juzgados existen espacios que permiten la privacidad en casos de violencia doméstica.
Únicamente el INAMU presta servicios legales gratuitos, a través de una unidad de servicios ubicados en el centro de la Capital. Algunas organizaciones de mujeres de la sociedad civil, prestan dicho servicio, pero en forma esporádica.
Dentro del sistema de justicia existen intérpretes en los idiomas indígenas; se creó una fiscalía especializada en temas indígenas. Sin embargo no existe un intérprete de idioma indígena en aquellos juzgados en donde exista población indígena; esta población es relativamente poca en Costa Rica.
A partir de la creación de la Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, Ley 8720, se establece la confidencialidad y protección de los datos de la víctima, sus familiares y/o testigos.
En Costa Rica existe el mecanismo nacional para proteger a las mujeres sus hijos e hijas víctimas de violencia y, a través de él, se facilitan recursos para traslados, se coordina la obtención de salvoconductos con el servicio de migración, para salir del país, así como el apoyo de las Embajadas, opera mecanismos de rescate de mujeres, especialmente con la fuerza pública. Con el fortalecimiento de las Oficinas de Atención a Víctimas y Testigos a nivel nacional, se logra la protección de los testigos.
Recientemente se creó la Coalición Nacional de Trata, en donde se establece un Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) el cual se activa ante la denuncia de un caso por la línea de emergencia 911; ello constituye la existencia de todos los ítems mencionados en la pregunta, a excepción del cambio de identidad.
No existen en el plano nacional evaluaciones o estudios acerca del tiempo que transcurre entre la solicitud y el otorgamiento de las medidas de protección. Tampoco se dispone de estadísticas sobre el tipo de medidas otorgadas, el número de medidas en correspondencia con las medidas solicitadas. Hasta hace muy poco se introdujo en el Poder Judicial, la variable sexo dentro de sus estadísticas.
Existen protocolos de atención para mujeres, niñas y niños y adolescentes exclusivamente en idioma oficial.
El INAMU cuenta con un protocolo de atención para mujeres sobrevivientes de violencia y en situaciones de trata.
El Patronato Nacional de la Infancia cuenta con protocolos de atención para niños, niñas y adolescentes.
El Ministerio de Seguridad Pública tiene protocolos de actuación policial en casos de violencia doméstica.
El Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguridad Social, también cuentan con protocolos de atención.
En las fiscalías existe un protocolo para atención de víctimas de abuso sexual.
La Secretaría de Género del Poder Judicial llevaría a cabo en el mes de julio de 2010, una serie de talleres, con la finalidad de socializar los protocolos para la no revictimización a la población afectada por la violencia.
La Convención de Belém do Pará no se utiliza en forma sistemática en los juzgados ni en las fiscalías. No se ha hecho estudios o evaluaciones sobre el uso de la Convención y los Tratados Internacionales de derechos humanos en las sentencias y dictámenes judiciales y del Ministerio Público.
No existen estudios sobre el uso de estereotipos, prejuicios, mitos o costumbres en los casos de mujeres víctimas de violencia y cómo esto puede afectar el proceso y/o las sentencias, así como si en la impartición de justicia se toma en cuenta negativamente la historia personal de la víctima o su experiencia sexual antes de emitir sus sentencias.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS. (Artículo 8 literales a), b), d), y f) de la Convención de Belém do Pará).
Los servicios de atención a las mujeres sobrevivientes de violencia, sus hijas e hijos que existen en el país, son definitivamente insuficientes. De parte del Estado solo existen tres Centros Especializados de Atención y Albergue para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos (CEAAM) ubicados uno en el área metropolitana, otro en la región atlántica y otro en la región de occidente. La cobertura de los mismos es baja ya que, en promedio, cada uno de ellos tiene capacidad para atender a 8 familias (madre con sus hijas e hijos). Si partimos de los resultados de la encuesta nacional de violencia que hiciera la Universidad de Costa Rica en el año 2004, que nos indica que 6 de cada 10 mujeres mayores de 18 años ha tenido al menos un incidente de violencia física y/o sexual en su vida, así como que, en promedio el Poder Judicial tramita anualmente 50.000 (cincuenta mil) solicitudes de medidas de protección bajo la Ley contra la Violencia Doméstica, disponer solo de tres CEAAM a nivel nacional, lógicamente es insuficiente.
Dado que este tipo de servicio es muy oneroso por el modelo de atención que se tiene, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de mujeres, no disponen de los recursos para poder darle sostenibilidad a este tipo de servicios. Las ONG se dedican más a la atención y a la prevención de la violencia contra las mujeres. Por el momento no existen proyectos de extensión de este servicio.
Por otra parte se informa que en abril de 2009 se crearon Oficinas de Atención y Protección a Víctimas de Delito, en donde se atiende a mujeres sobrevivientes de violencia y se les ofrece alternativas de protección, mediante equipos de trabajo interdisciplinarios que prestan atención psicológica, apoyo social, asesoría legal y atención criminológica. Tales Oficinas funcionan desde enero de 2010, en 16 localidades del país, a saber: San José, Heredia, Cartago, Alajuela, San Carlos, Pérez Zeledón, Ciudad Neilly, Puntarenas, Liberia, Santa Cruz, Limón y Guápiles.
A partir de enero de 2010 se amplió la cobertura de servicios estatales gratuitos especializados a través de las Oficinas de Atención y Protección a Víctimas de Delitos desde el Poder Judicial en donde se brinda a las mujeres víctimas de un delito, asesoría jurídica gratuita previa al proceso, patrocinio jurídico gratuito durante el proceso y consejería psicológica. Sin embargo, el acceso real de las mujeres a este tipo de servicios es relativo, por cuanto depende mucho de la ubicación del mismo y la accesibilidad geográfica que tengan las mujeres al mismo.
Se han realizado campañas de difusión de los servicios gratuitos especializados, dentro del Sistema Judicial, sin embargo el mensaje no llega a la totalidad de la población.
No se han realizado evaluaciones de los servicios especializados en atención a mujeres sobrevivientes de violencia. No obstante se ha programado una evaluación de los mismos, contando con el presupuesto para el efecto, la cual se realizaría en el segundo semestre de 2010.
4.5. PRESUPUESTO. Artículos 2 literal c), 7 y 8 de la Convención de Belém do Pará).
No hay posibilidad real de conocer el porcentaje del presupuesto nacional destinado a programas de violencia contra las mujeres ejecutado por la institucionalidad pública, por cuanto las mismas no cuentan con un presupuesto específico para este tipo de programas.
La ANC manifiesta que no hay posibilidad real de conocer el porcentaje del presupuesto nacional destinado a programas de violencia contra las mujeres ejecutados por la institucionalidad pública, por cuanto las mismas no cuentan con un presupuesto específico para este tipo de programas.
Tampoco se cuenta con información sobre el porcentaje del presupuesto nacional asignado a comisarías de mujeres, fiscalías u otras entidades receptoras de denuncias, capacitación de funcionarios/as, servicios especializados: refugios y casas de acogida; líneas de asistencia gratuitas; asesoría jurídica gratuita, patrocinio jurídico gratuito y consejería psicológica gratuita; campañas de prevención de la violencia contra las mujeres; servicios de salud para las mujeres afectadas por la violencia a nivel nacional.
INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS. (Artículo 8 literal h).
No se han realizado estudios ni investigaciones de parte del Estado, sobre violencia contra las mujeres y/o aplicación de la Convención de Belém do Pará en el país, en los últimos cuatro años. Tampoco se mencionan las medidas que se haya adoptado para realizarlos.
No se han realizado actividades para promover y apoyar la investigación de la violencia contra las mujeres, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, así como con los centros académicos del país. No obstante, en el año 2008 se realizó, conjuntamente con la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica una investigación sobre el Estado de los derechos de las mujeres a nivel nacional. Se espera contar con la publicación de dicha investigación, en el segundo semestre de 2010.
No se han llevado a cabo encuestas periódicas especializadas en violencia contra las mujeres, conocimiento de las mujeres sobre sus derechos, conocimiento de las mujeres acerca de servicios estatales disponibles en caso de verse afectadas por violencia.
Las estadísticas disponibles o accesibles al público, sobre denuncias o casos de violencia, no están desagregadas por sexo, lo cual imposibilita conocer la situación real de denuncias presentadas por las mujeres.
Respecto de otras variables estadísticas relativas a la violencia contra las mujeres, únicamente se cuenta con el número de víctimas de femicidio al año. Cabe recordar que de acuerdo a la legislación vigente en Costa Rica, este delito se comete exclusivamente en el ámbito privado, es decir en relación de matrimonio o de unión de hecho declarada o no y el referente utilizado por el INAMU es el reporte de los medios de comunicación social, específicamente por la Prensa. Se indica que tales datos no coinciden con los registros del Poder Judicial.
La ANC, manifiesta que se han realizado tres investigaciones sobre el tema, por lo que se dispone de esta información sistematizada que abarca las cifras desde 1990 hasta 2006:
Instituto Nacional de las Mujeres. Femicidio en Costa Rica 2000-2004. 1ª Edición. San José, 2009. Colección Producción de Conocimiento. Las cifras estadísticas consignadas en esta investigación, provienen del Poder Judicial.
Asociación Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA). No olvidamos ni aceptamos: Femicidio en Centroamérica 2000-2006. 1ª Edición. San José, Costa Rica, 2010.
Costa Rica cuenta con un Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género –SUMEVIG-, integrado por las siguientes instituciones gubernamentales: Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Seguridad Pública, Defensoría de los Habitantes, Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Fundación de Justicia y Género, Sistema de Emergencias 911 y Ministerio de Justicia y Gracia. El objetivo general de este Sistema es “definir, construir, mantener, enriquecer y dar seguimiento a un sistema de información a partir de la homologación de registros y la construcción de indicadores claves y consensuados que permita mostrar la dimensión de la violencia de género y la respuesta institucional a la misma”. Cuenta con un Comité Técnico coordinado por el INAMU quien además se encarga de la sistematización y recolección para la construcción de indicadores.
Dentro de las funciones de las instituciones integrantes del sistema, está la recolección de los datos que alimentan los 22 indicadores propuestos.
El SUMEVIG ha ejecutado una primera etapa (2008) que consistió en el diseño de los indicadores y su construcción para los años 2006 y 2007. Los mismos se encuentran contemplados en un documento que está a disposición del público en general a través de la página web del INAMU.
4.7.1 Costa Rica cuenta con avances en el cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, esos avances se ven mermados por severos obstáculos que impiden el pleno goce de las mujeres que viven en ese país, a una vida libre de violencia.
4.7.2. Fue emitida una Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, la cual aún en el marco de la consideración de sanciones para los delitos cometidos en el ámbito familiar, es un paso adelante en la emisión de leyes de segunda generación, desde luego que explicita la direccionalidad de la violencia contra las mujeres y abandona la neutralidad de la Ley contra la Violencia Doméstica, ley de primera generación.
4.7.3. Por otra parte, constituye un motivo de preocupación que los agresores hagan uso de la Ley contra la Violencia Doméstica, en contra de las mujeres agredidas.
4.7.4. No existen normas prohibitivas contundentes para evitar el uso de métodos de conciliación, medición o cualquier otro que busque la solución extrajudicial de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.
4.7.5. Dentro de la Ley de Tipificación de la Violencia contra las Mujeres, se contempla el delito de femicidio, en el marco de las relaciones conyugales y de unión de hecho declarada o no. Es decir, no se tipifica el femicidio cometido en el ámbito público.
4.7.6. No existen disposiciones que tipifiquen como delito la violencia contra las mujeres proveniente desde el Estado.
4.7.7. No existen disposiciones que protejan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
4.7.8. No se llevan a cabo campañas nacionales de divulgación sobre los derechos de las mujeres y en especial de la Convención de Belém do Pará.
4.7.9. El PLANOVI de 1995, fue evaluado en el año 2009 y su plan de acción 2010-2015, divulgados en los años 2009 y 2010. El PLANOVI se ejecuta a través del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar: dicho sistema se integra con entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas y representantes de la sociedad civil.
4.7.10. La Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género –PIEG- 2007-2017, contiene los compromisos del Estado para avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; sus tres grandes núcleos de acción estratégica son: autonomía económica, participación política y cambio cultural. Cuenta con un Plan de Acción para los años comprendidos de 2008 a 2012.
4.7.11. Aún falta que el Estado de Costa Rica haga esfuerzos por establecer planes continuos de formación sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y sobre la Convención de Belém do Pará, dirigidos a diversas audiencias, vitales para el avance de los derechos de las mujeres en el país.
4.7.12. Asimismo la ausencia de campañas de divulgación impide la transformación de los estereotipos socioculturales que frenan el acceso a la justicia para las mujeres.
4.7.13. Existen unidades especializadas para la recepción de las denuncias en las 7 provincias del país; los juzgados especializados en violencia doméstica cuentan con equipos interdisciplinarios de atención.
4.7.14. La Fiscalía de Atención y Protección a la Víctima del Ministerio Público puede ordenar subsidios, espacios para la atención especializada o protección policial; se ha ampliado la cobertura de las Oficinas de Atención a las Víctimas y Testigos en el plano nacional, las cuales también brindan atención alas mujeres sobrevivientes de violencia.
4.7.15. El mecanismo nacional para la protección a las mujeres, sus hijos e hijas víctimas de violencia, facilita recursos para traslados, coordina la obtención de salvoconductos para salir del país, opera mecanismos de rescate de mujeres.
4.7.16. La Coalición Nacional de Trata cuenta con un Equipo de Respuesta Inmediata –ERI- en el cual se activa la denuncia de un caso por la línea de emergencia 911; sin embargo aún no se lleva a cabo el cambio de identidad de la víctima.
4.7.17. No se han llevado a cabo estudios sobre evaluación y temporalidad entre la solicitud y el otorgamiento de las medidas de protección. Tampoco se dispone de estadísticas sobre el tipo de medidas otorgadas. Hasta hace poco se introdujo la variable sexo en las estadísticas del Poder Judicial.
4.7.18. Los protocolos existentes para la atención de mujeres, niñas, niños y adolescentes en diversas instituciones del Estado, existen únicamente en idioma oficial.
4.7.19. No se han llevado a cabo estudios para establecer si los juzgados y fiscalías usan la Convención de Belém do Pará y los tratados internacionales de derechos humanos en sus sentencias y dictámenes.
4.7.20. Tampoco se han realizado evaluaciones o estudios sobre el uso de estereotipos, prejuicios, mitos o costumbres en los casos de mujeres víctimas de violencia ni en cuanto a que los operadores/as de justicia tomen en cuenta negativamente la historia personal de la víctima o su experiencia sexual antes de emitir su sentencia.
4.7.21. Los tres Centros Especializados de Atención y Albergue Temporal para Mujeres Afectadas por Violencia, sus hijos e hijas –CEAAM- son insuficientes para responder a la problemática de la violencia contra las mujeres. No obstante, a partir de 2010 se amplió la cobertura de servicios estatales gratuitos especializados a través de las Oficinas de Atención a Víctimas del Poder Judicial.
4.7.22. La falta de partidas presupuestarias etiquetadas y suficientes, debe constituir una preocupación para las autoridades costarricenses. Esa situación impide determinar el porcentaje del presupuesto nacional asignado anualmente a las dependencias encargadas de la recepción de las denuncias, los servicios especializados para la atención de las sobrevivientes y su protección.
4.7.23. Con el objetivo de dirigir las políticas públicas, planes, acciones, programas y proyectos, con énfasis en donde se agrave la violencia contra las mujeres, es un imperativo que debe considerar el Estado de Costa Rica, en cuanto a la recopilación de cifras estadísticas desagregadas por sexo, por edad, por etnia, por grado de escolaridad, por lugar de residencia –urbana y rural-, así como que se planifiquen y lleven a cabo investigaciones relativas a la problemática de la violencia contra las mujeres. La desagregación de las estadísticas por motivos de sexo es reciente en el Poder Judicial y aún no se cuenta con resultados al respecto.
No obstante se haya avanzado en la legislación costarricense al emitir la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, se recomienda avanzar en la emisión de legislación que comprenda las diversas formas de violencia que sufren las mujeres en el ámbito público, incluyendo la violencia proveniente del Estado.
Se recomienda que se emitan normas que determinen contundentemente la prohibición de resolver con medios alternativos (conciliación, mediación, aplicación del criterio de oportunidad), los casos de violencia contra las mujeres.
Es necesario que las mujeres costarricenses cuenten con la protección legal de sus derechos sexuales y reproductivos, lo cual se preverá con la emisión de legislación al respecto y con dependencias especializadas en la aplicación de dichos derechos.
La divulgación de la Convención de Belém do Paz y la capacitación de los/as operadores/as de Justicia en su contenido, hará posible que su contenido y el de otros instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos de las mujeres, sirvan de respaldo en las sentencias y dictámenes.
Para contar con mayor información en la elaboración de los informes de país, es necesaria la presentación de informes alternos por las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, lo cual se logrará a través de la divulgación del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará –MESECVI-.
Es necesario que en Costa Rica se hagan los esfuerzos necesarios para establecer más Centros Especializados de Atención y Albergue Temporal para Mujeres Afectadas por la Violencia, sus hijas e hijos –CEAAM- tomando en cuenta el número de solicitudes de protección en el plano nacional.
Para que las mujeres conozcan sus derechos y sepan cómo hacerlos valer, es necesario que se lleven a cabo campañas de difusión de la legislación nacional e internacional.
Debe hacerse un esfuerzo por contar con partidas presupuestarias etiquetadas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, lo cual fortalecerá las instituciones y dependencias especializadas del Estado.
Las estadísticas constituyen un instrumento que permite el planteamiento de políticas públicas, planes, programas y proyectos para atender, prevenir, reducir y sancionar la violencia contra las mujeres.
1 Cfr. Artículo 1 de la citada Ley.
3 Ver MESECVI/CEVI/DEC.1.08, del 15 de agosto de 2008.
4 Ley de Penalización de la violencia contra las mujeres.
5 Ver artículo 6 de la Ley.

References: artículo 18
 artículo 18
 artículo 36
 artículo 8
 resolución 
 artículo 172
 artículo 7
 artículo 31
in fine
 artículo 172
 artículo 36
 artículo 21

Artículo 21
 artículo 121

Artículo 121
 Artículo 1
 artículo 6