Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2003-23399.htm
Timestamp: 2017-12-17 10:07:39+00:00

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B.O.E. Nº 304 de 20/12/2003
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrÃ³nica.
El Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrÃ³nica, fue aprobado con el objetivo de fomentar la rÃ¡pida incorporaciÃ³n de las nuevas tecnologÃ­as de seguridad de las comunicaciones electrÃ³nicas en la actividad de las empresas, los ciudadanos y las Administraciones pÃºblicas. De este modo, se coadyuvaba a potenciar el crecimiento y la competitividad de la economÃ­a espaÃ±ola mediante el rÃ¡pido establecimiento de un marco jurÃ­dico para la utilizaciÃ³n de una herramienta que aporta confianza en la realizaciÃ³n de transacciones electrÃ³nicas en redes abiertas como es el caso de Internet. El citado real decreto ley incorporÃ³ al ordenamiento pÃºblico espaÃ±ol la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrÃ³nica, incluso antes de su promulgaciÃ³n y publicaciÃ³n en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Tras su ratificaciÃ³n por el Congreso de los Diputados, se acordÃ³ la tramitaciÃ³n del Real Decreto Ley 14/1999 como proyecto de ley, con el fin de someterlo a una mÃ¡s amplia consulta pÃºblica y al posterior debate parlamentario para perfeccionar su texto. No obstante, esta iniciativa decayÃ³ al expirar el mandato de las CÃ¡maras en marzo de 2000. Esta ley, por tanto, es el resultado del compromiso asumido en la VI Legislatura, actualizando a la vez el marco establecido en el Real Decreto Ley 14/1999 mediante la incorporaciÃ³n de las modificaciones que aconseja la experiencia acumulada desde su entrada en vigor tanto en nuestro paÃ­s como en el Ã¡mbito internacional.
El desarrollo de la sociedad de la informaciÃ³n y la difusiÃ³n de los efectos positivos que de ella se derivan exige la generalizaciÃ³n de la confianza de la ciudadanÃ­a en las comunicaciones telemÃ¡ticas. No obstante, los datos mÃ¡s recientes seÃ±alan que aÃºn existe desconfianza por parte de los intervinientes en las transacciones telemÃ¡ticas y, en general, en las comunicaciones que las nuevas tecnologÃ­as permiten a la hora de transmitir informaciÃ³n, constituyendo esta falta de confianza un freno para el desarrollo de la sociedad de la informaciÃ³n, en particular, la AdministraciÃ³n y el comercio electrÃ³nicos.
Como respuesta a esta necesidad de conferir seguridad a las comunicaciones por internet surge, entre otros, la firma electrÃ³nica. La firma electrÃ³nica constituye un instrumento capaz de permitir una comprobaciÃ³n de la procedencia y de la integridad de los mensajes intercambiados a travÃ©s de redes de telecomunicaciones, ofreciendo las bases para evitar el repudio, si se adoptan las medidas oportunas basÃ¡ndose en fechas electrÃ³nicas.
Los sujetos que hacen posible el empleo de la firma electrÃ³nica son los denominados prestadores de servicios de certificaciÃ³n. Para ello expiden certificados electrÃ³nicos, que son documentos electrÃ³nicos que relacionan las herramientas de firma electrÃ³nica en poder de cada usuario con su identidad personal, dÃ¡ndole asÃ­ a conocer en el Ã¡mbito telemÃ¡tico como firmante.
La ley obliga a los prestadores de servicios de certificaciÃ³n a efectuar una tutela y gestiÃ³n permanente de los certificados electrÃ³nicos que expiden. Los detalles de esta gestiÃ³n deben recogerse en la llamada declaraciÃ³n de prÃ¡cticas de certificaciÃ³n, donde se especifican las condiciones aplicables a la solicitud, expediciÃ³n, uso, suspensiÃ³n y extinciÃ³n de la vigencia de los certificados electrÃ³nicos. AdemÃ¡s, estos prestadores estÃ¡n obligados a mantener accesible un servicio de consulta sobre el estado de vigencia de los certificados en el que debe indicarse de manera actualizada si Ã©stos estÃ¡n vigentes o si su vigencia ha sido suspendida o extinguida.
Asimismo, debe destacarse que la ley define una clase particular de certificados electrÃ³nicos denominados certificados reconocidos, que son los certificados electrÃ³nicos que se han expedido cumpliendo requisitos cualificados en lo que se refiere a su contenido, a los procedimientos de comprobaciÃ³n de la identidad del firmante y a la fiabilidad y garantÃ­as de la actividad de certificaciÃ³n electrÃ³nica.
Los certificados reconocidos constituyen una pieza fundamental de la llamada firma electrÃ³nica reconocida, que se define siguiendo las pautas impuestas en la Directiva 1999/93/CE como la firma electrÃ³nica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creaciÃ³n de firma. A la firma electrÃ³nica reconocida le otorga la ley la equivalencia funcional con la firma manuscrita respecto de los datos consignados en forma electrÃ³nica.
Por otra parte, la ley contiene las garantÃ­as que deben ser cumplidas por los dispositivos de creaciÃ³n de firma para que puedan ser considerados como dispositivos seguros y conformar asÃ­ una firma electrÃ³nica reconocida.
La certificaciÃ³n tÃ©cnica de los dispositivos seguros de creaciÃ³n de firma electrÃ³nica se basa en el marco establecido por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en sus disposiciones de desarrollo. Para esta certificaciÃ³n se utilizarÃ¡n las normas tÃ©cnicas publicadas a tales efectos en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas" o, excepcionalmente, las aprobadas por el Ministerio de Ciencia y TecnologÃ­a.
Adicionalmente, la ley establece un marco de obligaciones aplicables a los prestadores de servicios de certificaciÃ³n, en funciÃ³n de si Ã©stos emiten certificados reconocidos o no, y determina su rÃ©gimen de responsabilidad, teniendo en cuenta los deberes de diligencia que incumben a los firmantes y a los terceros destinatarios de documentos firmados electrÃ³nicamente.
Esta ley se promulga para reforzar el marco jurÃ­dico existente incorporando a su texto algunas novedades respecto del Real Decreto Ley 14/1999 que contribuirÃ¡n a dinamizar el mercado de la prestaciÃ³n de servicios de certificaciÃ³n.
AsÃ­, se revisa la terminologÃ­a, se modifica la sistemÃ¡tica y se simplifica el texto facilitando su comprensiÃ³n y dotÃ¡ndolo de una estructura mÃ¡s acorde con nuestra tÃ©cnica legislativa.
Una de las novedades que la ley ofrece respecto del Real Decreto Ley 14/1999, es la denominaciÃ³n como firma electrÃ³nica reconocida de la firma electrÃ³nica que se equipara funcionalmente a la firma manuscrita. Se trata simplemente de la creaciÃ³n de un concepto nuevo demandado por el sector, sin que ello implique modificaciÃ³n alguna de los requisitos sustantivos que tanto la Directiva 1999/93/CE como el propio Real Decreto Ley 14/1999 venÃ­an exigiendo. Con ello se aclara que no basta con la firma electrÃ³nica avanzada para la equiparaciÃ³n con la firma manuscrita ; es preciso que la firma electrÃ³nica avanzada estÃ© basada en un certificado reconocido y haya sido creada por un dispositivo seguro de creaciÃ³n.
Asimismo, es de destacar de manera particular, la eliminaciÃ³n del registro de prestadores de servicios de certificaciÃ³n, que ha dado paso al establecimiento de un mero servicio de difusiÃ³n de informaciÃ³n sobre los prestadores que operan en el mercado, las certificaciones de calidad y las caracterÃ­sticas de los productos y servicios con que cuentan para el desarrollo de su actividad.
Por otra parte, la ley modifica el concepto de certificaciÃ³n de prestadores de servicios de certificaciÃ³n para otorgarle mayor grado de libertad y dar un mayor protagonismo a la participaciÃ³n del sector privado en los sistemas de certificaciÃ³n y eliminando las presunciones legales asociadas a la misma, adaptÃ¡ndose de manera mÃ¡s precisa a lo establecido en la directiva. AsÃ­, se favorece la autorregulaciÃ³n de la industria, de manera que sea Ã©sta quien diseÃ±e y gestione, de acuerdo con sus propias necesidades, sistemas voluntarios de acreditaciÃ³n destinados a mejorar los niveles tÃ©cnicos y de calidad en la prestaciÃ³n de servicios de certificaciÃ³n.
El nuevo rÃ©gimen nace desde el convencimiento de que los sellos de calidad son un instrumento eficaz para convencer a los usuarios de las ventajas de los productos y servicios de certificaciÃ³n electrÃ³nica, resultando imprescindible facilitar y agilizar la obtenciÃ³n de estos sÃ­mbolos externos para quienes los ofrecen al pÃºblico.
Si bien se recogen fielmente en la ley los conceptos de "acreditaciÃ³n" de prestadores de servicios de certificaciÃ³n y de "conformidad" de los dispositivos seguros de creaciÃ³n de firma electrÃ³nica contenidos en la directiva, la terminologÃ­a se ha adaptado a la mÃ¡s comÃºnmente empleada y conocida recogida en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Otra modificaciÃ³n relevante es que la ley clarifica la obligaciÃ³n de constituciÃ³n de una garantÃ­a econÃ³mica por parte de los prestadores de servicios de certificaciÃ³n que emitan certificados reconocidos, estableciendo una cuantÃ­a mÃ­nima Ãºnica de tres millones de euros, flexibilizando ademÃ¡s la combinaciÃ³n de los diferentes instrumentos para constituir la garantÃ­a.
Por otra parte, dado que la prestaciÃ³n de servicios de certificaciÃ³n no estÃ¡ sujeta a autorizaciÃ³n previa, resulta importante destacar que la ley refuerza las capacidades de inspecciÃ³n y control del Ministerio de Ciencia y TecnologÃ­a, seÃ±alando que este departamento podrÃ¡ ser asistido de entidades independientes y tÃ©cnicamente cualificadas para efectuar las labores de supervisiÃ³n y control sobre los prestadores de servicios de certificaciÃ³n.
TambiÃ©n ha de destacarse la regulaciÃ³n que la ley contiene respecto del documento nacional de identidad electrÃ³nico, que se erige en un certificado electrÃ³nico reconocido llamado a generalizar el uso de instrumentos seguros de comunicaciÃ³n electrÃ³nica capaces de conferir la misma integridad y autenticidad que la que actualmente rodea las comunicaciones a travÃ©s de medios fÃ­sicos. La ley se limita a fijar el marco normativo bÃ¡sico del nuevo DNI electrÃ³nico poniendo de manifiesto sus dos notas mÃ¡s caracterÃ­sticas -acredita la identidad de su titular en cualquier procedimiento administrativo y permite la firma electrÃ³nica de documentos- remitiÃ©ndose a la normativa especÃ­fica en cuanto a las particularidades de su rÃ©gimen jurÃ­dico.
Asimismo, otra novedad es el establecimiento en la ley del rÃ©gimen aplicable a la actuaciÃ³n de personas jurÃ­dicas como firmantes, a efectos de integrar a estas entidades en el trÃ¡fico telemÃ¡tico. Se va asÃ­ mÃ¡s allÃ¡ del Real Decreto Ley de 1999, que sÃ³lo permitÃ­a a las personas jurÃ­dicas ser titulares de certificados electrÃ³nicos en el Ã¡mbito de la gestiÃ³n de los tributos.
Precisamente, la enorme expansiÃ³n que han tenido estos certificados en dicho Ã¡mbito en los Ãºltimos aÃ±os, sin que ello haya representado aumento alguno de la litigiosidad ni de inseguridad jurÃ­dica en las transacciones, aconsejan la generalizaciÃ³n de la titularidad de certificados por personas morales.
En todo caso, los certificados electrÃ³nicos de personas jurÃ­dicas no alteran la legislaciÃ³n civil y mercantil en cuanto a la figura del representante orgÃ¡nico o voluntario y no sustituyen a los certificados electrÃ³nicos que se expidan a personas fÃ­sicas en los que se reflejen dichas relaciones de representaciÃ³n.
Como resortes de seguridad jurÃ­dica, la ley exige, por un lado, una especial legitimaciÃ³n para que las personas fÃ­sicas soliciten la expediciÃ³n de certificados ; por otro lado, obliga a los solicitantes a responsabilizarse de la custodia de los datos de creaciÃ³n de firma electrÃ³nica asociados a dichos certificados, todo ello sin perjuicio de que puedan ser utilizados por otras personas fÃ­sicas vinculadas a la entidad. Por Ãºltimo, de cara a terceros, limita el uso de estos certificados a los actos que integren la relaciÃ³n entre la persona jurÃ­dica y las Administraciones pÃºblicas y a las cosas o servicios que constituyen el giro o trÃ¡fico ordinario de la entidad, sin perjuicio de los posibles lÃ­mites cuantitativos o cualitativos que puedan aÃ±adirse. Se trata de conjugar el dinamismo que debe presidir el uso de estos certificados en el trÃ¡fico con las necesarias dosis de prudencia y seguridad para evitar que puedan nacer obligaciones incontrolables frente a terceros debido a un uso inadecuado de los datos de creaciÃ³n de firma. El equilibrio entre uno y otro principio se ha establecido sobre las cosas y servicios que constituyen el giro o trÃ¡fico ordinario de la empresa de modo paralelo a cÃ³mo nuestro mÃ¡s que centenario CÃ³digo de Comercio regula la vinculaciÃ³n frente a terceros de los actos de comercio realizados por el factor del establecimiento.
Con la expresiÃ³n "giro o trÃ¡fico ordinario" de una entidad se actualiza a un vocabulario mÃ¡s acorde con nuestros dÃ­as lo que en la legislaciÃ³n mercantil espaÃ±ola se denomina "establecimiento fabril o mercantil". Con ello se comprenden las transacciones efectuadas mediata o inmediatamente para la realizaciÃ³n del nÃºcleo de actividad de la entidad y las actividades de gestiÃ³n o administrativas necesarias para el desarrollo de la misma, como la contrataciÃ³n de suministros tangibles e intangibles o de servicios auxiliares. Por Ãºltimo, debe recalcarse que, aunque el "giro o trÃ¡fico ordinario" sea un tÃ©rmino acuÃ±ado por el derecho mercantil, la regulaciÃ³n sobre los certificados de personas jurÃ­dicas no sÃ³lo se aplica a las sociedades mercantiles, sino a cualquier tipo de persona jurÃ­dica que quiera hacer uso de la firma electrÃ³nica en su actividad.
Adicionalmente, se aÃ±ade un rÃ©gimen especial para la expediciÃ³n de certificados electrÃ³nicos a entidades sin personalidad jurÃ­dica a las que se refiere el artÃ­culo 33 de la Ley General Tributaria, a los solos efectos de su utilizaciÃ³n en el Ã¡mbito tributario, en los tÃ©rminos que establezca el Ministerio de Hacienda.
Por otra parte, siguiendo la pauta marcada por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y de comercio electrÃ³nico, se incluye dentro de la modalidad de prueba documental el soporte en el que figuran los datos firmados electrÃ³nicamente, dando mayor seguridad jurÃ­dica al empleo de la firma electrÃ³nica al someterla a las reglas de eficacia en juicio de la prueba documental.
AdemÃ¡s, debe resaltarse que otro aspecto novedoso de la ley es el acogimiento explÃ­cito que se efectÃºa de las relaciones de representaciÃ³n que pueden subyacer en el empleo de la firma electrÃ³nica. No cabe duda que el instituto de la representaciÃ³n estÃ¡ ampliamente generalizado en el trÃ¡fico econÃ³mico, de ahÃ­ la conveniencia de dotar de seguridad jurÃ­dica la imputaciÃ³n a la esfera jurÃ­dica del representado las declaraciones que se cursan por el representante a travÃ©s de la firma electrÃ³nica.
Para ello, se establece como novedad que en la expediciÃ³n de certificados reconocidos que admitan entre sus atributos relaciones de representaciÃ³n, Ã©sta debe estar amparada en un documento pÃºblico que acredite fehacientemente dicha relaciÃ³n de representaciÃ³n asÃ­ como la suficiencia e idoneidad de los poderes conferidos al representante. Asimismo, se prevÃ©n mecanismos para asegurar el mantenimiento de las facultades de representaciÃ³n durante toda la vigencia del certificado reconocido.
Por Ãºltimo, debe destacarse que la ley permite que los prestadores de servicios de certificaciÃ³n podrÃ¡n, con el objetivo de mejorar la confianza en sus servicios, establecer mecanismos de coordinaciÃ³n con los datos que preceptivamente deban obrar en los Registros pÃºblicos, en particular, mediante conexiones telemÃ¡ticas, a los efectos de verificar los datos que figuran en los certificados en el momento de la expediciÃ³n de Ã©stos.
Dichos mecanismos de coordinaciÃ³n tambiÃ©n podrÃ¡n contemplar la notificaciÃ³n telemÃ¡tica por parte de los registros a los prestadores de servicios de certificaciÃ³n de las variaciones registrales posteriores.
La ley consta de 36 artÃ­culos agrupados en seis tÃ­tulos, 10 disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposiciÃ³n derogatoria y tres disposiciones finales.
El tÃ­tulo I contiene los principios generales que delimitan los Ã¡mbitos subjetivo y objetivo de aplicaciÃ³n de la ley, los efectos de la firma electrÃ³nica y el rÃ©gimen de empleo ante las Administraciones pÃºblicas y de acceso a la actividad de prestaciÃ³n de servicios de certificaciÃ³n.
El rÃ©gimen aplicable a los certificados electrÃ³nicos se contiene en el tÃ­tulo II, que dedica su primer capÃ­tulo a determinar quiÃ©nes pueden ser sus titulares y a regular las vicisitudes que afectan a su vigencia. El capÃ­tulo II regula los certificados reconocidos y el tercero el documento nacional de identidad electrÃ³nico.
El tÃ­tulo III regula la actividad de prestaciÃ³n de servicios de certificaciÃ³n estableciendo las obligaciones a que estÃ¡n sujetos los prestadores -distinguiendo con nitidez las que solamente afectan a los que expiden certificados reconocidos-, y el rÃ©gimen de responsabilidad aplicable.
El tÃ­tulo IV establece los requisitos que deben reunir los dispositivos de verificaciÃ³n y creaciÃ³n de firma electrÃ³nica y el procedimiento que ha de seguirse para obtener sellos de calidad en la actividad de prestaciÃ³n de servicios de certificaciÃ³n.
Los tÃ­tulos V y VI dedican su contenido, respectivamente, a fijar los regÃ­menes de supervisiÃ³n y sanciÃ³n de los prestadores de servicios de certificaciÃ³n.
Por Ãºltimo, cierran el texto las disposiciones adicionales -que aluden a los regÃ­menes especiales que resultan de aplicaciÃ³n preferente-, las disposiciones transitorias -que incorporan seguridad jurÃ­dica a la actividad desplegada al amparo de la normativa anterior-, la disposiciÃ³n derogatoria y las disposiciones finales relativas al fundamento constitucional, la habilitaciÃ³n para el desarrollo reglamentario y la entrada en vigor.
Esta disposiciÃ³n ha sido sometida al procedimiento de informaciÃ³n en materia de normas y reglamentaciones tÃ©cnicas previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de informaciÃ³n en materia de normas y reglamentaciones tÃ©cnicas, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisiÃ³n de informaciÃ³n en materia de normas y reglamentaciones tÃ©cnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la informaciÃ³n.
1. Esta ley regula la firma electrÃ³nica, su eficacia jurÃ­dica y la prestaciÃ³n de servicios de certificaciÃ³n.
2. Las disposiciones contenidas en esta ley no alteran las normas relativas a la celebraciÃ³n, formalizaciÃ³n, validez y eficacia de los contratos y cualesquiera otros actos jurÃ­dicos ni las relativas a los documentos en que unos y otros consten.
ArtÃ­culo 2. Prestadores de servicios de certificaciÃ³n sujetos a la ley.
1. Esta ley se aplicarÃ¡ a los prestadores de servicios de certificaciÃ³n establecidos en EspaÃ±a y a los servicios de certificaciÃ³n que los prestadores residentes o domiciliados en otro Estado ofrezcan a travÃ©s de un establecimiento permanente situado en EspaÃ±a.
2. Se denomina prestador de servicios de certificaciÃ³n la persona fÃ­sica o jurÃ­dica que expide certificados electrÃ³nicos o presta otros servicios en relaciÃ³n con la firma electrÃ³nica.
3. Se entenderÃ¡ que un prestador de servicios de certificaciÃ³n estÃ¡ establecido en EspaÃ±a cuando su residencia o domicilio social se halle en territorio espaÃ±ol, siempre que Ã©stos coincidan con el lugar en que estÃ© efectivamente centralizada la gestiÃ³n administrativa y la direcciÃ³n de sus negocios. En otro caso, se atenderÃ¡ al lugar en que se realice dicha gestiÃ³n o direcciÃ³n.
4. Se considerarÃ¡ que un prestador opera mediante un establecimiento permanente situado en territorio espaÃ±ol cuando disponga en Ã©l, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo en los que realice toda o parte de su actividad.
5. Se presumirÃ¡ que un prestador de servicios de certificaciÃ³n estÃ¡ establecido en EspaÃ±a cuando dicho prestador o alguna de sus sucursales se haya inscrito en el Registro Mercantil o en otro registro pÃºblico espaÃ±ol en el que fuera necesaria la inscripciÃ³n para la adquisiciÃ³n de personalidad jurÃ­dica.
La mera utilizaciÃ³n de medios tecnolÃ³gicos situados en EspaÃ±a para la prestaciÃ³n o el acceso al servicio no implicarÃ¡, por sÃ­ sola, el establecimiento del prestador en EspaÃ±a.
ArtÃ­culo 3. Firma electrÃ³nica, y documentos firmados electrÃ³nicamente.
1. La firma electrÃ³nica es el conjunto de datos en forma electrÃ³nica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificaciÃ³n del firmante.
2. La firma electrÃ³nica avanzada es la firma electrÃ³nica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que estÃ¡ vinculada al firmante de manera Ãºnica y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control.
3. Se considera firma electrÃ³nica reconocida la firma electrÃ³nica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creaciÃ³n de firma.
4. La firma electrÃ³nica reconocida tendrÃ¡ respecto de los datos consignados en forma electrÃ³nica el mismo valor que la firma manuscrita en relaciÃ³n con los consignados en papel.
5. Se considera documento electrÃ³nico el redactado en soporte electrÃ³nico que incorpore datos que estÃ©n firmados electrÃ³nicamente.
6. El documento electrÃ³nico serÃ¡ soporte de:
a) Documentos pÃºblicos, por estar firmados electrÃ³nicamente por funcionarios que tengan legalmente atribuida la facultad de dar fe pÃºblica, judicial, notarial o administrativa, siempre que actÃºen en el Ã¡mbito de sus competencias con los requisitos exigidos por la ley en cada caso.
b) Documentos expedidos y firmados electrÃ³nicamente por funcionarios o empleados pÃºblicos en el ejercicio de sus funciones pÃºblicas, conforme a su legislaciÃ³n especÃ­fica.
7. Los documentos a que se refiere el apartado anterior tendrÃ¡n el valor y la eficacia jurÃ­dica que corresponda a su respectiva naturaleza, de conformidad con la legislaciÃ³n que les resulte aplicable.
8. El soporte en que se hallen los datos firmados electrÃ³nicamente serÃ¡ admisible como prueba documental en juicio. Si se impugnare la autenticidad de la firma electrÃ³nica reconocida, con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrÃ³nico, se procederÃ¡ a comprobar que por el prestador de servicios de certificaciÃ³n, que expide los certificados electrÃ³nicos, se cumplen todos los requisitos establecidos en la ley en cuanto a la garantÃ­a de los servicios que presta en la comprobaciÃ³n de la eficacia de la firma electrÃ³nica, y en especial, las obligaciones de garantizar la confidencialidad del proceso asÃ­ como la autenticidad, conservaciÃ³n e integridad de la informaciÃ³n generada y la identidad de los firmantes. Si se impugna la autenticidad de la firma electrÃ³nica avanzada, con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrÃ³nico, se estarÃ¡ a lo establecido en el apartado 2 del artÃ­culo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
9. No se negarÃ¡n efectos jurÃ­dicos a una firma electrÃ³nica que no reÃºna los requisitos de firma electrÃ³nica reconocida en relaciÃ³n a los datos a los que estÃ© asociada por el mero hecho de presentarse en forma electrÃ³nica.
10. A los efectos de lo dispuesto en este artÃ­culo, cuando una firma electrÃ³nica se utilice conforme a las condiciones acordadas por las partes para relacionarse entre sÃ­, se tendrÃ¡ en cuenta lo estipulado entre ellas.
ArtÃ­culo 4. Empleo de la firma electrÃ³nica en el Ã¡mbito de las Administraciones pÃºblicas.
1. Esta ley se aplicarÃ¡ al uso de la firma electrÃ³nica en el seno de las Administraciones pÃºblicas, sus organismos pÃºblicos y las entidades dependientes o vinculadas a las mismas y en las relaciones que mantengan aquÃ©llas y Ã©stos entre sÃ­ o con los particulares.
Las Administraciones pÃºblicas, con el objeto de salvaguardar las garantÃ­as de cada procedimiento, podrÃ¡n establecer condiciones adicionales a la utilizaciÃ³n de la firma electrÃ³nica en los procedimientos. Dichas condiciones podrÃ¡n incluir, entre otras, la imposiciÃ³n de fechas electrÃ³nicas sobre los documentos electrÃ³nicos integrados en un expediente administrativo. Se entiende por fecha electrÃ³nica el conjunto de datos en forma electrÃ³nica utilizados como medio para constatar el momento en que se ha efectuado una actuaciÃ³n sobre otros datos electrÃ³nicos a los que estÃ¡n asociados.
2. Las condiciones adicionales a las que se refiere el apartado anterior sÃ³lo podrÃ¡n hacer referencia a las caracterÃ­sticas especÃ­ficas de la aplicaciÃ³n de que se trate y deberÃ¡n garantizar el cumplimiento de lo previsto en el artÃ­culo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn. Estas condiciones serÃ¡n objetivas, proporcionadas, transparentes y no discriminatorias y no deberÃ¡n obstaculizar la prestaciÃ³n de servicios de certificaciÃ³n al ciudadano cuando intervengan distintas Administraciones pÃºblicas nacionales o del Espacio EconÃ³mico Europeo.
3. Las normas que establezcan condiciones generales adicionales para el uso de la firma electrÃ³nica ante la AdministraciÃ³n General del Estado, sus organismos pÃºblicos y las entidades dependientes o vinculadas a las mismas se dictarÃ¡n a propuesta conjunta de los Ministerios de Administraciones PÃºblicas y de Ciencia y TecnologÃ­a y previo informe del Consejo Superior de InformÃ¡tica y para el impulso de la AdministraciÃ³n ElectrÃ³nica.
4. La utilizaciÃ³n de la firma electrÃ³nica en las comunicaciones que afecten a la informaciÃ³n clasificada, a la seguridad pÃºblica o a la defensa nacional se regirÃ¡ por su normativa especÃ­fica.
ArtÃ­culo 5. RÃ©gimen de prestaciÃ³n de los servicios de certificaciÃ³n.
1. La prestaciÃ³n de servicios de certificaciÃ³n no estÃ¡ sujeta a autorizaciÃ³n previa y se realizarÃ¡ en rÃ©gimen de libre competencia. No podrÃ¡n establecerse restricciones para los servicios de certificaciÃ³n que procedan de otro Estado miembro del Espacio EconÃ³mico Europeo.
2. Los Ã³rganos de defensa de la competencia velarÃ¡n por el mantenimiento de condiciones de competencia efectiva en la prestaciÃ³n de servicios de certificaciÃ³n al pÃºblico mediante el ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas.
3. La prestaciÃ³n al pÃºblico de servicios de certificaciÃ³n por las Administraciones pÃºblicas, sus organismos pÃºblicos o las entidades dependientes o vinculadas a las mismas se realizarÃ¡ con arreglo a los principios de objetividad, transparencia y no discriminaciÃ³n.
Certificados electrÃ³nicos
ArtÃ­culo 6. Concepto de certificado electrÃ³nico y de firmante.
1. Un certificado electrÃ³nico es un documento firmado electrÃ³nicamente por un prestador de servicios de certificaciÃ³n que vincula unos datos de verificaciÃ³n de firma a un firmante y confirma su identidad.
2. El firmante es la persona que posee un dispositivo de creaciÃ³n de firma y que actÃºa en nombre propio o en nombre de una persona fÃ­sica o jurÃ­dica a la que representa.
ArtÃ­culo 7. Certificados electrÃ³nicos de personas jurÃ­dicas.
1. PodrÃ¡n solicitar certificados electrÃ³nicos de personas jurÃ­dicas sus administradores, representantes legales y voluntarios con poder bastante a estos efectos.
Los certificados electrÃ³nicos de personas jurÃ­dicas no podrÃ¡n afectar al rÃ©gimen de representaciÃ³n orgÃ¡nica o voluntaria regulado por la legislaciÃ³n civil o mercantil aplicable a cada persona jurÃ­dica.
2. La custodia de los datos de creaciÃ³n de firma asociados a cada certificado electrÃ³nico de persona jurÃ­dica serÃ¡ responsabilidad de la persona fÃ­sica solicitante, cuya identificaciÃ³n se incluirÃ¡ en el certificado electrÃ³nico.
3. Los datos de creaciÃ³n de firma sÃ³lo podrÃ¡n ser utilizados cuando se admita en las relaciones que mantenga la persona jurÃ­dica con las Administraciones pÃºblicas o en la contrataciÃ³n de bienes o servicios que sean propios o concernientes a su giro o trÃ¡fico ordinario.
Asimismo, la persona jurÃ­dica podrÃ¡ imponer lÃ­mites adicionales, por razÃ³n de la cuantÃ­a o de la materia, para el uso de dichos datos que, en todo caso, deberÃ¡n figurar en el certificado electrÃ³nico.
4. Se entenderÃ¡n hechos por la persona jurÃ­dica los actos o contratos en los que su firma se hubiera empleado dentro de los lÃ­mites previstos en el apartado anterior.
Si la firma se utiliza transgrediendo los lÃ­mites mencionados, la persona jurÃ­dica quedarÃ¡ vinculada frente a terceros sÃ³lo si los asume como propios o se hubiesen celebrado en su interÃ©s. En caso contrario, los efectos de dichos actos recaerÃ¡n sobre la persona fÃ­sica responsable de la custodia de los datos de creaciÃ³n de firma, quien podrÃ¡ repetir, en su caso, contra quien los hubiera utilizado.
5. Lo dispuesto en este artÃ­culo no serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los certificados que sirvan para verificar la firma electrÃ³nica del prestador de servicios de certificaciÃ³n con la que firme los certificados electrÃ³nicos que expida.
6. Lo dispuesto en este artÃ­culo no serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los certificados que se expidan a favor de las Administraciones pÃºblicas, que estarÃ¡n sujetos a su normativa especÃ­fica.
ArtÃ­culo 8. ExtinciÃ³n de la vigencia de los certificados electrÃ³nicos.
1. Son causas de extinciÃ³n de la vigencia de un certificado electrÃ³nico:
a) ExpiraciÃ³n del perÃ­odo de validez que figura en el certificado.
b) RevocaciÃ³n formulada por el firmante, la persona fÃ­sica o jurÃ­dica representada por Ã©ste, un tercero autorizado o la persona fÃ­sica solicitante de un certificado electrÃ³nico de persona jurÃ­dica.
c) ViolaciÃ³n o puesta en peligro del secreto de los datos de creaciÃ³n de firma del firmante o del prestador de servicios de certificaciÃ³n o utilizaciÃ³n indebida de dichos datos por un tercero.
d) ResoluciÃ³n judicial o administrativa que lo ordene.
e) Fallecimiento o extinciÃ³n de la personalidad jurÃ­dica del firmante ; fallecimiento, o extinciÃ³n de la personalidad jurÃ­dica del representado ; incapacidad sobrevenida, total o parcial, del firmante o de su representado ; terminaciÃ³n de la representaciÃ³n ; disoluciÃ³n de la persona jurÃ­dica representada o alteraciÃ³n de las condiciones de custodia o uso de los datos de creaciÃ³n de firma que estÃ©n reflejadas en los certificados expedidos a una persona jurÃ­dica.
f) Cese en la actividad del prestador de servicios de certificaciÃ³n salvo que, previo consentimiento expreso del firmante, la gestiÃ³n de los certificados electrÃ³nicos expedidos por aquÃ©l sean transferidos a otro prestador de servicios de certificaciÃ³n.
g) AlteraciÃ³n de los datos aportados para la obtenciÃ³n del certificado o modificaciÃ³n de las circunstancias verificadas para la expediciÃ³n del certificado, como las relativas al cargo o a las facultades de representaciÃ³n, de manera que Ã©ste ya no fuera conforme a la realidad.
h) Cualquier otra causa lÃ­cita prevista en la declaraciÃ³n de prÃ¡cticas de certificaciÃ³n.
2. El perÃ­odo de validez de los certificados electrÃ³nicos serÃ¡ adecuado a las caracterÃ­sticas y tecnologÃ­a empleada para generar los datos de creaciÃ³n de firma.
En el caso de los certificados reconocidos este perÃ­odo no podrÃ¡ ser superior a cuatro aÃ±os.
3. La extinciÃ³n de la vigencia de un certificado electrÃ³nico surtirÃ¡ efectos frente a terceros, en los supuestos de expiraciÃ³n de su perÃ­odo de validez, desde que se produzca esta circunstancia y, en los demÃ¡s casos, desde que la indicaciÃ³n de dicha extinciÃ³n se incluya en el servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados del prestador de servicios de certificaciÃ³n.
ArtÃ­culo 9. SuspensiÃ³n de la vigencia de los certificados electrÃ³nicos.
1. Los prestadores de servicios de certificaciÃ³n suspenderÃ¡n la vigencia de los certificados electrÃ³nicos expedidos si concurre alguna de las siguientes causas:
a) Solicitud del firmante, la persona fÃ­sica o jurÃ­dica representada por Ã©ste, un tercero autorizado o la persona fÃ­sica solicitante de un certificado electrÃ³nico de persona jurÃ­dica.
b) ResoluciÃ³n judicial o administrativa que lo ordene.
c) La existencia de dudas fundadas acerca de la concurrencia de las causas de extinciÃ³n de la vigencia de los certificados contempladas en los pÃ¡rrafos c) y g) del artÃ­culo 8.1.
d) Cualquier otra causa lÃ­cita prevista en la declaraciÃ³n de prÃ¡cticas de certificaciÃ³n.
2. La suspensiÃ³n de la vigencia de un certificado electrÃ³nico surtirÃ¡ efectos desde que se incluya en el servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados del prestador de servicios de certificaciÃ³n.
ArtÃ­culo 10. Disposiciones comunes a la extinciÃ³n y suspensiÃ³n de la vigencia de certificados electrÃ³nicos.
1. El prestador de servicios de certificaciÃ³n harÃ¡ constar inmediatamente, de manera clara e indubitada, la extinciÃ³n o suspensiÃ³n de la vigencia de los certificados electrÃ³nicos en el servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados en cuanto tenga conocimiento fundado de cualquiera de los hechos determinantes de la extinciÃ³n o suspensiÃ³n de su vigencia.
2. El prestador de servicios de certificaciÃ³n informarÃ¡ al firmante acerca de esta circunstancia de manera previa o simultÃ¡nea a la extinciÃ³n o suspensiÃ³n de la vigencia del certificado electrÃ³nico, especificando los motivos y la fecha y la hora en que el certificado quedarÃ¡ sin efecto. En los casos de suspensiÃ³n, indicarÃ¡, ademÃ¡s, su duraciÃ³n mÃ¡xima, extinguiÃ©ndose la vigencia del certificado si transcurrido dicho plazo no se hubiera levantado la suspensiÃ³n.
3. La extinciÃ³n o suspensiÃ³n de la vigencia de un certificado electrÃ³nico no tendrÃ¡ efectos retroactivos.
4. La extinciÃ³n o suspensiÃ³n de la vigencia de un certificado electrÃ³nico se mantendrÃ¡ accesible en el servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados al menos hasta la fecha en que hubiera finalizado su perÃ­odo inicial de validez.
ArtÃ­culo 11. Concepto y contenido de los certificados reconocidos.
1. Son certificados reconocidos los certificados electrÃ³nicos expedidos por un prestador de servicios de certificaciÃ³n que cumpla los requisitos establecidos en esta ley en cuanto a la comprobaciÃ³n de la identidad y demÃ¡s circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantÃ­as de los servicios de certificaciÃ³n que presten.
2. Los certificados reconocidos incluirÃ¡n, al menos, los siguientes datos:
a) La indicaciÃ³n de que se expiden como tales.
b) El cÃ³digo identificativo Ãºnico del certificado.
c) La identificaciÃ³n del prestador de servicios de certificaciÃ³n que expide el certificado y su domicilio.
d) La firma electrÃ³nica avanzada del prestador de servicios de certificaciÃ³n que expide el certificado.
e) La identificaciÃ³n del firmante, en el supuesto de personas fÃ­sicas, por su nombre y apellidos y su nÃºmero de documento nacional de identidad o a travÃ©s de un seudÃ³nimo que conste como tal de manera inequÃ­voca y, en el supuesto de personas jurÃ­dicas, por su denominaciÃ³n o razÃ³n social y su cÃ³digo de identificaciÃ³n fiscal.
f) Los datos de verificaciÃ³n de firma que correspondan a los datos de creaciÃ³n de firma que se encuentren bajo el control del firmante.
g) El comienzo y el fin del perÃ­odo de validez del certificado.
h) Los lÃ­mites de uso del certificado, si se establecen.
i) Los lÃ­mites del valor de las transacciones para las que puede utilizarse el certificado, si se establecen.
3. Los certificados reconocidos podrÃ¡n asimismo contener cualquier otra circunstancia o atributo especÃ­fico del firmante en caso de que sea significativo en funciÃ³n del fin propio del certificado y siempre que aquÃ©l lo solicite.
4. Si los certificados reconocidos admiten una relaciÃ³n de representaciÃ³n incluirÃ¡n una indicaciÃ³n del documento pÃºblico que acredite de forma fehaciente las facultades del firmante para actuar en nombre de la persona o entidad a la que represente y, en caso de ser obligatoria la inscripciÃ³n, de los datos registrales, de conformidad con el apartado 2 del artÃ­culo 13.
ArtÃ­culo 12. Obligaciones previas a la expediciÃ³n de certificados reconocidos.
Antes de la expediciÃ³n de un certificado reconocido, los prestadores de servicios de certificaciÃ³n deberÃ¡n cumplir las siguientes obligaciones:
a) Comprobar la identidad y circunstancias personales de los solicitantes de certificados con arreglo a lo dispuesto en el artÃ­culo siguiente.
b) Verificar que la informaciÃ³n contenida en el certificado es exacta y que incluye toda la informaciÃ³n prescrita para un certificado reconocido.
c) Asegurarse de que el firmante estÃ¡ en posesiÃ³n de los datos de creaciÃ³n de firma correspondientes a los de verificaciÃ³n que constan en el certificado.
d) Garantizar la complementariedad de los datos de creaciÃ³n y verificaciÃ³n de firma, siempre que ambos sean generados por el prestador de servicios de certificaciÃ³n.
ArtÃ­culo 13. ComprobaciÃ³n de la identidad y otras circunstancias personales de los solicitantes de un certificado reconocido.
1. La identificaciÃ³n de la persona fÃ­sica que solicite un certificado reconocido exigirÃ¡ su personaciÃ³n ante los encargados de verificarla y se acreditarÃ¡ mediante el documento nacional de identidad, pasaporte u otros medios admitidos en derecho. PodrÃ¡ prescindirse de la personaciÃ³n si su firma en la solicitud de expediciÃ³n de un certificado reconocido ha sido legitimada en presencia notarial.
El rÃ©gimen de personaciÃ³n en la solicitud de certificados que se expidan previa identificaciÃ³n del solicitante ante las Administraciones pÃºblicas se regirÃ¡ por lo establecido en la normativa administrativa.
2. En el caso de certificados reconocidos de personas jurÃ­dicas, los prestadores de servicios de certificaciÃ³n comprobarÃ¡n, ademÃ¡s, los datos relativos a la constituciÃ³n y personalidad jurÃ­dica y a la extensiÃ³n y vigencia de las facultades de representaciÃ³n del solicitante, bien mediante consulta en el registro pÃºblico en el que estÃ©n inscritos los documentos de constituciÃ³n y de apoderamiento, bien mediante los documentos pÃºblicos que sirvan para acreditar los extremos citados de manera fehaciente, cuando aquÃ©llos no sean de inscripciÃ³n obligatoria.
3. Si los certificados reconocidos reflejan una relaciÃ³n de representaciÃ³n voluntaria, los prestadores de servicios de certificaciÃ³n comprobarÃ¡n, los datos relativos a la personalidad jurÃ­dica del representado y a la extensiÃ³n y vigencia de las facultades del representante, bien mediante consulta en el registro pÃºblico en el que estÃ©n inscritas, bien mediante los documentos pÃºblicos que sirvan para acreditar los extremos citados de manera fehaciente, cuando aquÃ©llos no sean de inscripciÃ³n obligatoria. Si los certificados reconocidos admiten otros supuestos de representaciÃ³n, los prestadores de servicios de certificaciÃ³n deberÃ¡n exigir la acreditaciÃ³n de las circunstancias en las que se fundamenten, en la misma forma prevista anteriormente.
Cuando el certificado reconocido contenga otras circunstancias personales o atributos del solicitante, como su condiciÃ³n de titular de un cargo pÃºblico, su pertenencia a un colegio profesional o su titulaciÃ³n, Ã©stas deberÃ¡n comprobarse mediante los documentos oficia les que las acrediten, de conformidad con su normativa especÃ­fica.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores podrÃ¡ no ser exigible en los siguientes casos:
a) Cuando la identidad u otras circunstancias permanentes de los solicitantes de los certificados constaran ya al prestador de servicios de certificaciÃ³n en virtud de una relaciÃ³n preexistente, en la que, para la identificaciÃ³n del interesado, se hubieran empleado los medios seÃ±alados en este artÃ­culo y el perÃ­odo de tiempo transcurrido desde la identificaciÃ³n es menor de cinco aÃ±os.
b) Cuando para solicitar un certificado se utilice otro vigente para cuya expediciÃ³n se hubiera identificado al firmante en la forma prescrita en este artÃ­culo y le conste al prestador de servicios de certificaciÃ³n que el perÃ­odo de tiempo transcurrido desde la identificaciÃ³n es menor de cinco aÃ±os.
5. Los prestadores de servicios de certificaciÃ³n podrÃ¡n realizar las actuaciones de comprobaciÃ³n previstas en este artÃ­culo por sÃ­ o por medio de otras personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas, pÃºblicas o privadas, siendo responsable, en todo caso, el prestador de servicios de certificaciÃ³n.
ArtÃ­culo 14. Equivalencia internacional de certificados reconocidos.
Los certificados electrÃ³nicos que los prestadores de servicios de certificaciÃ³n establecidos en un Estado que no sea miembro del Espacio EconÃ³mico Europeo expidan al pÃºblico como certificados reconocidos de acuerdo con la legislaciÃ³n aplicable en dicho Estado se considerarÃ¡n equivalentes a los expedidos por los establecidos en EspaÃ±a, siempre que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:
a) Que el prestador de servicios de certificaciÃ³n reÃºna los requisitos establecidos en la normativa comunitaria sobre firma electrÃ³nica para la expediciÃ³n de certificados reconocidos y haya sido certificado conforme a un sistema voluntario de certificaciÃ³n establecido en un Estado miembro del Espacio EconÃ³mico Europeo.
b) Que el certificado estÃ© garantizado por un prestador de servicios de certificaciÃ³n establecido en el Espacio EconÃ³mico Europeo que cumpla los requisitos establecidos en la normativa comunitaria sobre firma electrÃ³nica para la expediciÃ³n de certificados reconocidos.
c) Que el certificado o el prestador de servicios de certificaciÃ³n estÃ©n reconocidos en virtud de un acuerdo bilateral o multilateral entre la Comunidad Europea y terceros paÃ­ses u organizaciones internacionales.
El documento nacional de identidad electrÃ³nico
ArtÃ­culo 15. Documento nacional de identidad electrÃ³nico.
1. El documento nacional de identidad electrÃ³nico es el documento nacional de identidad que acredita electrÃ³nicamente la identidad personal de su titular y permite la firma electrÃ³nica de documentos.
2. Todas la personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas, pÃºblicas o privadas, reconocerÃ¡n la eficacia del documento nacional de identidad electrÃ³nico para acreditar la identidad y los demÃ¡s datos personales del titular que consten en el mismo, y para acreditar la identidad del firmante y la integridad de los documentos firmados con los dispositivos de firma electrÃ³nica en Ã©l incluidos.
ArtÃ­culo 16. Requisitos y caracterÃ­sticas del documento nacional de identidad electrÃ³nico.
1. Los Ã³rganos competentes del Ministerio del Interior para la expediciÃ³n del documento nacional de identidad electrÃ³nico cumplirÃ¡n las obligaciones que la presente Ley impone a los prestadores de servicios de certificaciÃ³n que expidan certificados reconocidos con excepciÃ³n de la relativa a la constituciÃ³n de la garantÃ­a a la que se refiere el apartado 2 del artÃ­culo 20.
2. La AdministraciÃ³n General del Estado emplearÃ¡, en la medida de lo posible, sistemas que garanticen la compatibilidad de los instrumentos de firma electrÃ³nica incluidos en el documento nacional de identidad electrÃ³nico con los distintos dispositivos y productos de firma electrÃ³nica generalmente aceptados.
PrestaciÃ³n de servicios de certificaciÃ³n
ArtÃ­culo 17. ProtecciÃ³n de los datos personales.
1. El tratamiento de los datos personales que precisen los prestadores de servicios de certificaciÃ³n para el desarrollo de su actividad y los Ã³rganos administrativos para el ejercicio de las funciones atribuidas por esta ley se sujetarÃ¡ a lo dispuesto en la Ley OrgÃ¡nica 15/1999, de 13 de diciembre, de ProtecciÃ³n de Datos de CarÃ¡cter Personal y en sus normas de desarrollo.
2. Para la expediciÃ³n de certificados electrÃ³nicos al pÃºblico, los prestadores de servicios de certificaciÃ³n Ãºnicamente podrÃ¡n recabar datos personales directamente de los firmantes o previo consentimiento expreso de Ã©stos.
Los datos requeridos serÃ¡n exclusivamente los necesarios para la expediciÃ³n y el mantenimiento del certificado electrÃ³nico y la prestaciÃ³n de otros servicios en relaciÃ³n con la firma electrÃ³nica, no pudiendo tratarse con fines distintos sin el consentimiento expreso del firmante.
3. Los prestadores de servicios de certificaciÃ³n que consignen un seudÃ³nimo en el certificado electrÃ³nico a solicitud del firmante deberÃ¡n constatar su verdadera identidad y conservar la documentaciÃ³n que la acredite.
Dichos prestadores de servicios de certificaciÃ³n estarÃ¡n obligados a revelar la identidad de los firmantes cuando lo soliciten los Ã³rganos judiciales en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas y en los demÃ¡s supuestos previstos en el artÃ­culo 11.2 de la Ley OrgÃ¡nica de ProtecciÃ³n de Datos de CarÃ¡cter Personal en que asÃ­ se requiera.
4. En cualquier caso, los prestadores de servicios de certificaciÃ³n no incluirÃ¡n en los certificados electrÃ³nicos que expidan, los datos a los que se hace referencia en el artÃ­culo 7 de la Ley OrgÃ¡nica 15/1999, de 13 de diciembre, de ProtecciÃ³n de Datos de CarÃ¡cter Personal.
ArtÃ­culo 18. Obligaciones de los prestadores de servicios de certificaciÃ³n que expidan certificados electrÃ³nicos.
Los prestadores de servicios de certificaciÃ³n que expidan certificados electrÃ³nicos deberÃ¡n cumplir las siguientes obligaciones:
a) No almacenar ni copiar los datos de creaciÃ³n de firma de la persona a la que hayan prestado sus servicios.
b) Proporcionar al solicitante antes de la expediciÃ³n del certificado la siguiente informaciÃ³n mÃ­nima, que deberÃ¡ transmitirse de forma gratuita, por escrito o por vÃ­a electrÃ³nica:
1.Âº Las obligaciones del firmante, la forma en que han de custodiarse los datos de creaciÃ³n de firma, el procedimiento que haya de seguirse para comunicar la pÃ©rdida o posible utilizaciÃ³n indebida de dichos datos y determinados dispositivos de creaciÃ³n y de verificaciÃ³n de firma electrÃ³nica que sean compatibles con los datos de firma y con el certificado expedido.
2.Âº Los mecanismos para garantizar la fiabilidad de la firma electrÃ³nica de un documento a lo largo del tiempo.
3.Âº El mÃ©todo utilizado por el prestador para comprobar la identidad del firmante u otros datos que figuren en el certificado.
4.Âº Las condiciones precisas de utilizaciÃ³n del certificado, sus posibles lÃ­mites de uso y la forma en que el prestador garantiza su responsabilidad patrimonial.
5.Âº Las certificaciones que haya obtenido, en su caso, el prestador de servicios de certificaciÃ³n y los procedimientos aplicables para la resoluciÃ³n extrajudicial de los conflictos que pudieran surgir por el ejercicio de su actividad.
6.Âº Las demÃ¡s informaciones contenidas en la declaraciÃ³n de prÃ¡cticas de certificaciÃ³n.
La informaciÃ³n citada anteriormente que sea relevante para terceros afectados por los certificados deberÃ¡ estar disponible a instancia de Ã©stos.
c) Mantener un directorio actualizado de certificados en el que se indicarÃ¡n los certificados expedidos y si estÃ¡n vigentes o si su vigencia ha sido suspendida o extinguida. La integridad del directorio se protegerÃ¡ mediante la utilizaciÃ³n de los mecanismos de seguridad adecuados.
d) Garantizar la disponibilidad de un servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados rÃ¡pido y seguro.
ArtÃ­culo 19. DeclaraciÃ³n de prÃ¡cticas de certificaciÃ³n.
1. Todos los prestadores de servicios de certificaciÃ³n formularÃ¡n una declaraciÃ³n de prÃ¡cticas de certificaciÃ³n en la que detallarÃ¡n, en el marco de esta ley y de sus disposiciones de desarrollo, las obligaciones que se comprometen a cumplir en relaciÃ³n con la gestiÃ³n de los datos de creaciÃ³n y verificaciÃ³n de firma y de los certificados electrÃ³nicos, las condiciones aplicables a la solicitud, expediciÃ³n, uso, suspensiÃ³n y extinciÃ³n de la vigencia de los certificados las medidas de seguridad tÃ©cnicas y organizativas, los perfiles y los mecanismos de informaciÃ³n sobre la vigencia de los certificados y, en su caso la existencia de procedimientos de coordinaciÃ³n con los Registros pÃºblicos correspondientes que permitan el intercambio de informaciÃ³n de manera inmediata sobre la vigencia de los poderes indicados en los certificados y que deban figurar preceptivamente inscritos en dichos registros.
2. La declaraciÃ³n de prÃ¡cticas de certificaciÃ³n de cada prestador estarÃ¡ disponible al pÃºblico de manera fÃ¡cilmente accesible, al menos por vÃ­a electrÃ³nica y de forma gratuita.
3. La declaraciÃ³n de prÃ¡cticas de certificaciÃ³n tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de documento de seguridad a los efectos previstos en la legislaciÃ³n en materia de protecciÃ³n de datos de carÃ¡cter personal y deberÃ¡ contener todos los requisitos exigidos para dicho documento en la mencionada legislaciÃ³n.
ArtÃ­culo 20. Obligaciones de los prestadores de servicios de certificaciÃ³n que expidan certificados reconocidos.
1. AdemÃ¡s de las obligaciones establecidas en este capÃ­tulo, los prestadores de servicios de certificaciÃ³n que expidan certificados reconocidos deberÃ¡n cumplir las siguientes obligaciones:
a) Demostrar la fiabilidad necesaria para prestar servicios de certificaciÃ³n.
b) Garantizar que pueda determinarse con precisiÃ³n la fecha y la hora en las que se expidiÃ³ un certificado o se extinguiÃ³ o suspendiÃ³ su vigencia.
c) Emplear personal con la cualificaciÃ³n, conocimientos y experiencia necesarios para la prestaciÃ³n de los servicios de certificaciÃ³n ofrecidos y los procedimientos de seguridad y de gestiÃ³n adecuados en el Ã¡mbito de la firma electrÃ³nica.
d) Utilizar sistemas y productos fiables que estÃ©n protegidos contra toda alteraciÃ³n y que garanticen la seguridad tÃ©cnica y, en su caso, criptogrÃ¡fica de los procesos de certificaciÃ³n a los que sirven de soporte.
e) Tomar medidas contra la falsificaciÃ³n de certificados y, en el caso de que el prestador de servicios de certificaciÃ³n genere datos de creaciÃ³n de firma, garantizar su confidencialidad durante el proceso de generaciÃ³n y su entrega por un procedimiento seguro al firmante.
f) Conservar registrada por cualquier medio seguro toda la informaciÃ³n y documentaciÃ³n relativa a un certificado reconocido y las declaraciones de prÃ¡cticas de certificaciÃ³n vigentes en cada momento, al menos durante 15 aÃ±os contados desde el momento de su expediciÃ³n, de manera que puedan verificarse las firmas efectuadas con el mismo.
2. Los prestadores de servicios de certificaciÃ³n que expidan certificados reconocidos deberÃ¡n constituir un seguro de responsabilidad civil por importe de al menos 3.000.000 de euros para afrontar el riesgo de la responsabilidad por los daÃ±os y perjuicios que pueda ocasionar el uso de los certificados que expidan.
La citada garantÃ­a podrÃ¡ ser sustituida total o parcialmente por una garantÃ­a mediante aval bancario o seguro de cauciÃ³n, de manera que la suma de las cantidades aseguradas sea al menos de 3.000.000 de euros.
Las cuantÃ­as y los medios de aseguramiento y garantÃ­a establecidos en los dos pÃ¡rrafos anteriores podrÃ¡n ser modificados mediante real decreto.
ArtÃ­culo 21. Cese de la actividad de un prestador de servicios de certificaciÃ³n.
1. El prestador de servicios de certificaciÃ³n que vaya a cesar en su actividad deberÃ¡ comunicarlo a los firmantes que utilicen los certificados electrÃ³nicos que haya expedido asÃ­ como a los solicitantes de certificados expedidos a favor de personas jurÃ­dicas ; y podrÃ¡ transferir, con su consentimiento expreso, la gestiÃ³n de los que sigan siendo vÃ¡lidos en la fecha en que el cese se produzca a otro prestador de servicios de certificaciÃ³n que los asuma o, en caso contrario, extinguir su vigencia.
La citada comunicaciÃ³n se llevarÃ¡ a cabo con una antelaciÃ³n mÃ­nima de dos meses al cese efectivo de la actividad e informarÃ¡, en su caso, sobre las caracterÃ­sticas del prestador al que se propone la transferencia de la gestiÃ³n de los certificados.
2. El prestador de servicios de certificaciÃ³n que expida certificados electrÃ³nicos al pÃºblico deberÃ¡ comunicar al Ministerio de Ciencia y TecnologÃ­a, con la antelaciÃ³n indicada en el anterior apartado, el cese de su actividad y el destino que vaya a dar a los certificados, especificando, en su caso, si va a transferir la gestiÃ³n y a quiÃ©n o si extinguirÃ¡ su vigencia.
Igualmente, comunicarÃ¡ cualquier otra circunstancia relevante que pueda impedir la continuaciÃ³n de su actividad. En especial, deberÃ¡ comunicar, en cuanto tenga conocimiento de ello, la apertura de cualquier proceso concursal que se siga contra Ã©l.
3. Los prestadores de servicios de certificaciÃ³n remitirÃ¡n al Ministerio de Ciencia y TecnologÃ­a con carÃ¡cter previo al cese definitivo de su actividad la informaciÃ³n relativa a los certificados electrÃ³nicos cuya vigencia haya sido extinguida para que Ã©ste se haga cargo de su custodia a efectos de lo previsto en el artÃ­culo 20.1.f). Este ministerio mantendrÃ¡ accesible al pÃºblico un servicio de consulta especÃ­fico donde figure una indicaciÃ³n sobre los citados certificados durante un perÃ­odo que considere suficiente en funciÃ³n de las consultas efectuadas al mismo.
ArtÃ­culo 22. Responsabilidad de los prestadores de servicios de certificaciÃ³n.
1. Los prestadores de servicios de certificaciÃ³n responderÃ¡n por los daÃ±os y perjuicios que causen a cualquier persona en el ejercicio de su actividad cuando incumplan las obligaciones que les impone esta ley.
La responsabilidad del prestador de servicios de certificaciÃ³n regulada en esta ley serÃ¡ exigible conforme a las normas generales sobre la culpa contractual o extracontractual, segÃºn proceda, si bien corresponderÃ¡ al prestador de servicios de certificaciÃ³n demostrar que actuÃ³ con la diligencia profesional que le es exigible.
2. Si el prestador de servicios de certificaciÃ³n no cumpliera las obligaciones seÃ±aladas en los pÃ¡rrafos b) al d) del artÃ­culo 12 al garantizar un certificado electrÃ³nico expedido por un prestador de servicios de certificaciÃ³n establecido en un Estado no perteneciente al Espacio EconÃ³mico Europeo, serÃ¡ responsable por los daÃ±os y perjuicios causados por el uso de dicho certificado.
3. De manera particular, el prestador de servicios de certificaciÃ³n responderÃ¡ de los perjuicios que se causen al firmante o a terceros de buena fe por la falta o el retraso en la inclusiÃ³n en el servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados de la extinciÃ³n o suspensiÃ³n de la vigencia del certificado electrÃ³nico.
4. Los prestadores de servicios de certificaciÃ³n asumirÃ¡n toda la responsabilidad frente a terceros por la actuaciÃ³n de las personas en las que deleguen la ejecuciÃ³n de alguna o algunas de las funciones necesarias para la prestaciÃ³n de servicios de certificaciÃ³n.
5. La regulaciÃ³n contenida en esta ley sobre la responsabilidad del prestador de servicios de certificaciÃ³n se entiende sin perjuicio de lo establecido en la legislaciÃ³n sobre clÃ¡usulas abusivas en contratos celebrados con consumidores.
ArtÃ­culo 23. Limitaciones de responsabilidad de los prestadores de servicios de certificaciÃ³n.
1. El prestador de servicios de certificaciÃ³n no serÃ¡ responsable de los daÃ±os y perjuicios ocasionados al firmante o terceros de buena fe, si el firmante incurre en alguno de los siguientes supuestos:
a) No haber proporcionado al prestador de servicios de certificaciÃ³n informaciÃ³n veraz, completa y exacta sobre los datos que deban constar en el certificado electrÃ³nico o que sean necesarios para su expediciÃ³n o para la extinciÃ³n o suspensiÃ³n de su vigencia, cuando su inexactitud no haya podido ser detectada por el prestador de servicios de certificaciÃ³n.
b) La falta de comunicaciÃ³n sin demora al prestador de servicios de certificaciÃ³n de cualquier modificaciÃ³n de las circunstancias reflejadas en el certificado electrÃ³nico.
c) Negligencia en la conservaciÃ³n de sus datos de creaciÃ³n de firma, en el aseguramiento de su confidencialidad y en la protecciÃ³n de todo acceso o revelaciÃ³n.
d) No solicitar la suspensiÃ³n o revocaciÃ³n del certificado electrÃ³nico en caso de duda en cuanto al mantenimiento de la confidencialidad de sus datos de creaciÃ³n de firma.
e) Utilizar los datos de creaciÃ³n de firma cuando haya expirado el perÃ­odo de validez del certificado electrÃ³nico o el prestador de servicios de certificaciÃ³n le notifique la extinciÃ³n o suspensiÃ³n de su vigencia.
f) Superar los lÃ­mites que figuren en el certificado electrÃ³nico en cuanto a sus posibles usos y al importe individualizado de las transacciones que puedan realizarse con Ã©l o no utilizarlo conforme a las condiciones establecidas y comunicadas al firmante por el prestador de servicios de certificaciÃ³n.
2. En el caso de los certificados electrÃ³nicos que recojan un poder de representaciÃ³n del firmante, tanto Ã©ste como la persona o entidad representada, cuando Ã©sta tenga conocimiento de la existencia del certificado, estÃ¡n obligados a solicitar la revocaciÃ³n o suspensiÃ³n de la vigencia del certificado en los tÃ©rminos previstos en esta ley.
3. Cuando el firmante sea una persona jurÃ­dica, el solicitante del certificado electrÃ³nico asumirÃ¡ las obligaciones indicadas en el apartado 1.
4. El prestador de servicios de certificaciÃ³n tampoco serÃ¡ responsable por los daÃ±os y perjuicios ocasionados al firmante o a terceros de buena fe si el destinatario de los documentos firmados electrÃ³nicamente actÃºa de forma negligente. Se entenderÃ¡, en particular, que el destinatario actÃºa de forma negligente en los siguientes casos:
a) Cuando no compruebe y tenga en cuenta las restricciones que figuren en el certificado electrÃ³nico en cuanto a sus posibles usos y al importe individualizado de las transacciones que puedan realizarse con Ã©l.
b) Cuando no tenga en cuenta la suspensiÃ³n o pÃ©rdida de vigencia del certificado electrÃ³nico publicada en el servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados o cuando no verifique la firma electrÃ³nica.
5. El prestador de servicios de certificaciÃ³n no serÃ¡ responsable de los daÃ±os y perjuicios ocasionados al firmante o terceros de buena fe por la inexactitud de los datos que consten en el certificado electrÃ³nico, si Ã©stos le han sido acreditados mediante documento pÃºblico. En caso de que dichos datos deban figurar inscritos en un registro pÃºblico, el prestador de servicios de certificaciÃ³n deberÃ¡ comprobarlos en el citado registro en el momento inmediato anterior a la expediciÃ³n del certificado, pudiendo emplear, en su caso, medios telemÃ¡ticos.
6. La exenciÃ³n de responsabilidad frente a terceros obliga al prestador de servicios de certificaciÃ³n a probar que actuÃ³ en todo caso con la debida diligencia.
Dispositivos de firma electrÃ³nica y sistemas de certificaciÃ³n de prestadores de servicios de certificaciÃ³n y de dispositivos de firma electrÃ³nica
Dispositivos de firma electrÃ³nica
ArtÃ­culo 24. Dispositivos de creaciÃ³n de firma electrÃ³nica.
1. Los datos de creaciÃ³n de firma son los datos Ãºnicos, como cÃ³digos o claves criptogrÃ¡ficas privadas, que el firmante utiliza para crear la firma electrÃ³nica.
2. Un dispositivo de creaciÃ³n de firma es un programa o sistema informÃ¡tico que sirve para aplicar los datos de creaciÃ³n de firma.
3. Un dispositivo seguro de creaciÃ³n de firma es un dispositivo de creaciÃ³n de firma que ofrece, al menos, las siguientes garantÃ­as:
a) Que los datos utilizados para la generaciÃ³n de firma pueden producirse sÃ³lo una vez y asegura razonablemente su secreto.
b) Que existe una seguridad razonable de que los datos utilizados para la generaciÃ³n de firma no pueden ser derivados de los de verificaciÃ³n de firma o de la propia firma y de que la firma estÃ¡ protegida contra la falsificaciÃ³n con la tecnologÃ­a existente en cada momento.
c) Que los datos de creaciÃ³n de firma pueden ser protegidos de forma fiable por el firmante contra su utilizaciÃ³n por terceros.
d) Que el dispositivo utilizado no altera los datos o el documento que deba firmarse ni impide que Ã©ste se muestre al firmante antes del proceso de firma.
ArtÃ­culo 25. Dispositivos de verificaciÃ³n de firma electrÃ³nica.
1. Los datos de verificaciÃ³n de firma son los datos, como cÃ³digos o claves criptogrÃ¡ficas pÃºblicas, que se utilizan para verificar la firma electrÃ³nica.
2. Un dispositivo de verificaciÃ³n de firma es un programa o sistema informÃ¡tico que sirve para aplicar los datos de verificaciÃ³n de firma.
3. Los dispositivos de verificaciÃ³n de firma electrÃ³nica garantizarÃ¡n, siempre que sea tÃ©cnicamente posible, que el proceso de verificaciÃ³n de una firma electrÃ³nica satisfaga, al menos, los siguientes requisitos:
b) Que la firma se verifique de forma fiable y el resultado de esa verificaciÃ³n se presente correctamente.
c) Que la persona que verifica la firma electrÃ³nica pueda, en caso necesario, establecer de forma fiable el contenido de los datos firmados y detectar si han sido modificados.
d) Que se muestren correctamente tanto la identidad del firmante o, en su caso, conste claramente la utilizaciÃ³n de un seudÃ³nimo, como el resultado de la verificaciÃ³n.
e) Que se verifiquen de forma fiable la autenticidad y la validez del certificado electrÃ³nico correspondiente.
4. Asimismo, los datos referentes a la verificaciÃ³n de la firma, tales como el momento en que Ã©sta se produce o una constataciÃ³n de la validez del certificado electrÃ³nico en ese momento, podrÃ¡n ser almacenados por la persona que verifica la firma electrÃ³nica o por terceros de confianza.
CertificaciÃ³n de prestadores de servicios de certificaciÃ³n y de dispositivos de creaciÃ³n de firma electrÃ³nica
ArtÃ­culo 26. CertificaciÃ³n de prestadores de servicios de certificaciÃ³n.
1. La certificaciÃ³n de un prestador de servicios de certificaciÃ³n es el procedimiento voluntario por el que una entidad cualificada pÃºblica o privada emite una declaraciÃ³n a favor de un prestador de servicios de certificaciÃ³n, que implica un reconocimiento del cumplimiento de requisitos especÃ­ficos en la prestaciÃ³n de los servicios que se ofrecen al pÃºblico.
2. La certificaciÃ³n de un prestador de servicios de certificaciÃ³n podrÃ¡ ser solicitada por Ã©ste y podrÃ¡ llevarse a cabo, entre otras, por entidades de certificaciÃ³n reconocidas por una entidad de acreditaciÃ³n designada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y en sus disposiciones de desarrollo.
3. En los procedimientos de certificaciÃ³n podrÃ¡n utilizarse normas tÃ©cnicas u otros criterios de certificaciÃ³n adecuados. En caso de utilizarse normas tÃ©cnicas, se emplearÃ¡n preferentemente aquellas que gocen de amplio reconocimiento aprobadas por organismos de normalizaciÃ³n europeos y, en su defecto, otras normas internacionales o espaÃ±olas.
4. La certificaciÃ³n de un prestador de servicios de certificaciÃ³n no serÃ¡ necesaria para reconocer eficacia jurÃ­dica a una firma electrÃ³nica.
ArtÃ­culo 27. CertificaciÃ³n de dispositivos seguros de creaciÃ³n de firma electrÃ³nica.
1. La certificaciÃ³n de dispositivos seguros de creaciÃ³n de firma electrÃ³nica es el procedimiento por el que se comprueba que un dispositivo cumple los requisitos establecidos en esta ley para su consideraciÃ³n como dispositivo seguro de creaciÃ³n de firma.
2. La certificaciÃ³n podrÃ¡ ser solicitada por los fabricantes o importadores de dispositivos de creaciÃ³n de firma y se llevarÃ¡ a cabo por las entidades de certificaciÃ³n reconocidas por una entidad de acreditaciÃ³n designada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en sus disposiciones de desarrollo.
3. En los procedimientos de certificaciÃ³n se utilizarÃ¡n las normas tÃ©cnicas cuyos nÃºmeros de referencia hayan sido publicados en el "Diario Oficial de la UniÃ³n Europea" y, excepcionalmente, las aprobadas por el Ministerio de Ciencia y TecnologÃ­a que se publicarÃ¡n en la direcciÃ³n de Internet de este Ministerio.
4. Los certificados de conformidad de los dispositivos seguros de creaciÃ³n de firma serÃ¡n modificados o, en su caso, revocados cuando se dejen de cumplir las condiciones establecidas para su obtenciÃ³n.
Los organismos de certificaciÃ³n asegurarÃ¡n la difusiÃ³n de las decisiones de revocaciÃ³n de certificados de dispositivos de creaciÃ³n de firma.
ArtÃ­culo 28. Reconocimiento de la conformidad con la normativa aplicable a los productos de firma electrÃ³nica.
1. Se presumirÃ¡ que los productos de firma electrÃ³nica aludidos en el pÃ¡rrafo d) del apartado 1 del artÃ­culo 20 y en el apartado 3 del artÃ­culo 24 son conformes con los requisitos previstos en dichos artÃ­culos si se ajustan a las normas tÃ©cnicas correspondientes cuyos nÃºmeros de referencia hayan sido publicados en el "Diario Oficial de la UniÃ³n Europea".
2. Se reconocerÃ¡ eficacia a los certificados de conformidad sobre dispositivos seguros de creaciÃ³n de firma que hayan sido otorgados por los organismos designados para ello en cualquier Estado miembro del Espacio EconÃ³mico Europeo.
SupervisiÃ³n y control
ArtÃ­culo 29. SupervisiÃ³n y control.
1. El Ministerio de Ciencia y TecnologÃ­a controlarÃ¡ el cumplimiento por los prestadores de servicios de certificaciÃ³n que expidan al pÃºblico certificados electrÃ³nicos de las obligaciones establecidas en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo. Asimismo, supervisarÃ¡ el funcionamiento del sistema y de los organismos de certificaciÃ³n de dispositivos seguros de creaciÃ³n de firma electrÃ³nica.
2. El Ministerio de Ciencia y TecnologÃ­a realizarÃ¡ las actuaciones inspectoras que sean precisas para el ejercicio de su funciÃ³n de control.
Los funcionarios adscritos al Ministerio de Ciencia y TecnologÃ­a que realicen la inspecciÃ³n a que se refiere el apartado anterior tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de autoridad pÃºblica en el desempeÃ±o de sus cometidos.
3. El Ministerio de Ciencia y TecnologÃ­a podrÃ¡ acordar las medidas apropiadas para el cumplimiento de esta ley y sus disposiciones de desarrollo.
4. El Ministerio de Ciencia y TecnologÃ­a podrÃ¡ recurrir a entidades independientes y tÃ©cnicamente cualificadas para que le asistan en las labores de supervisiÃ³n y control sobre los prestadores de servicios de certificaciÃ³n que le asigna esta ley.
ArtÃ­culo 30. Deber de informaciÃ³n y colaboraciÃ³n.
1. Los prestadores de servicios de certificaciÃ³n, la entidad independiente de acreditaciÃ³n y los organismos de certificaciÃ³n tienen la obligaciÃ³n de facilitar al Ministerio de Ciencia y TecnologÃ­a toda la informaciÃ³n y colaboraciÃ³n precisas para el ejercicio de sus funciones.
En particular, deberÃ¡n permitir a sus agentes o al personal inspector el acceso a sus instalaciones y la consulta de cualquier documentaciÃ³n relevante para la inspecciÃ³n de que se trate, siendo de aplicaciÃ³n, en su caso, lo dispuesto en el artÃ­culo 8.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la JurisdicciÃ³n Contencioso-administrativa. En sus inspecciones podrÃ¡n ir acompaÃ±ados de expertos o peritos en las materias sobre las que versen aquÃ©llas.
2. Los prestadores de servicios de certificaciÃ³n deberÃ¡n comunicar al Ministerio de Ciencia y TecnologÃ­a el inicio de su actividad, sus datos de identificaciÃ³n, incluyendo la identificaciÃ³n fiscal y registral, en su caso, los datos que permitan establecer comunicaciÃ³n con el prestador, incluidos el nombre de dominio de internet, los datos de atenciÃ³n al pÃºblico, las caracterÃ­sticas de los servicios que vayan a prestar, las certificaciones obtenidas para sus servicios y las certificaciones de los dispositivos que utilicen. Esta informaciÃ³n deberÃ¡ ser convenientemente actualizada por los prestadores y serÃ¡ objeto de publicaciÃ³n en la direcciÃ³n de internet del citado ministerio con la finalidad de otorgarle la mÃ¡xima difusiÃ³n y conocimiento.
3. Cuando, como consecuencia de una actuaciÃ³n inspectora, se tuviera conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones tipificadas en otras leyes, se darÃ¡ cuenta de los mismos a los Ã³rganos u organismos competentes para su supervisiÃ³n y sanciÃ³n.
ArtÃ­culo 31. Infracciones.
a) El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en los artÃ­culos 18 y 20 en la expediciÃ³n de certificados reconocidos, siempre que se hayan causado daÃ±os graves a los usuarios o la seguridad de los servicios de certificaciÃ³n se haya visto gravemente afectada.
Lo dispuesto en este apartado no serÃ¡ de aplicaciÃ³n respecto al incumplimiento de la obligaciÃ³n de constituciÃ³n de la garantÃ­a econÃ³mica prevista en el apartado 2 del artÃ­culo 20.
b) La expediciÃ³n de certificados reconocidos sin realizar todas las comprobaciones previas seÃ±aladas en el artÃ­culo 12, cuando ello afecte a la mayorÃ­a de los certificados reconocidos expedidos en los tres aÃ±os anteriores al inicio del procedimiento sancionador o desde el inicio de la actividad del prestador si este perÃ­odo es menor.
a) El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en los artÃ­culos 18 y 20 en la expediciÃ³n de certificados reconocidos, excepto de la obligaciÃ³n de constituciÃ³n de la garantÃ­a prevista en el apartado 2 del artÃ­culo 20, cuando no constituya infracciÃ³n muy grave.
b) La falta de constituciÃ³n por los prestadores que expidan certificados reconocidos de la garantÃ­a econÃ³mica contemplada en el apartado 2 del artÃ­culo 20.
c) La expediciÃ³n de certificados reconocidos sin realizar todas las comprobaciones previas indicadas en el artÃ­culo 12, en los casos en que no constituya infracciÃ³n muy grave.
d) El incumplimiento por los prestadores de servicios de certificaciÃ³n que no expidan certificados reconocidos de las obligaciones seÃ±aladas en el artÃ­culo 18, si se hubieran causado daÃ±os graves a los usuarios o la seguridad de los servicios de certificaciÃ³n se hubiera visto gravemente afectada.
e) El incumplimiento por los prestadores de servicios de certificaciÃ³n de las obligaciones establecidas en el artÃ­culo 21 respecto al cese de actividad de los mismos o la producciÃ³n de circunstancias que impidan la continuaciÃ³n de su actividad, cuando las mismas no sean sancionables de conformidad con lo dispuesto en la Ley OrgÃ¡nica 15/1999, de 13 de diciembre, de ProtecciÃ³n de Datos de CarÃ¡cter Personal.
f) La resistencia, obstrucciÃ³n, excusa o negativa injustificada a la actuaciÃ³n inspectora de los Ã³rganos facultados para llevarla a cabo con arreglo a esta ley y la falta o deficiente presentaciÃ³n de la informaciÃ³n solicitada por parte del Ministerio de Ciencia y TecnologÃ­a en su funciÃ³n de inspecciÃ³n y control.
g) El incumplimiento de las resoluciones dictadas por el Ministerio de Ciencia y TecnologÃ­a para asegurar que el prestador de servicios de certificaciÃ³n se ajuste a esta ley.
El incumplimiento por los prestadores de servicios de certificaciÃ³n que no expidan certificados reconocidos, de las obligaciones seÃ±aladas en el artÃ­culo 18 y las restantes de esta ley, cuando no constituya infracciÃ³n grave o muy grave, excepto las contenidas en el apartado 2 del artÃ­culo 30.
1. Por la comisiÃ³n de infracciones recogidas en el artÃ­culo anterior, se impondrÃ¡n las siguientes sanciones:
a) Por la comisiÃ³n de infracciones muy graves, se impondrÃ¡ al infractor multa de 150.001 a 600.000 euros.
La comisiÃ³n de dos o mÃ¡s infracciones muy graves en el plazo de tres aÃ±os, podrÃ¡ dar lugar, en funciÃ³n de los criterios de graduaciÃ³n del artÃ­culo siguiente, a la sanciÃ³n de prohibiciÃ³n de actuaciÃ³n en EspaÃ±a durante un plazo mÃ¡ximo de dos aÃ±os.
b) Por la comisiÃ³n de infracciones graves, se impondrÃ¡ al infractor multa de 30.001 a 150.000 euros.
c) Por la comisiÃ³n de infracciones leves, se impondrÃ¡ al infractor una multa por importe de hasta 30.000 euros.
2. Las infracciones graves y muy graves podrÃ¡n llevar aparejada, a costa del sancionado, la publicaciÃ³n de la resoluciÃ³n sancionadora en el "BoletÃ­n Oficial del Estado" y en dos periÃ³dicos de difusiÃ³n nacional o en la pÃ¡gina de inicio del sitio de internet del prestador y, en su caso, en el sitio de internet del Ministerio de Ciencia y TecnologÃ­a, una vez que aquÃ©lla tenga carÃ¡cter firme.
Para la imposiciÃ³n de esta sanciÃ³n, se considerarÃ¡ la repercusiÃ³n social de la infracciÃ³n cometida, el nÃºmero de usuarios afectados y la gravedad del ilÃ­cito.
ArtÃ­culo 33. GraduaciÃ³n de la cuantÃ­a de las sanciones.
La cuantÃ­a de las multas que se impongan, dentro de los lÃ­mites indicados, se graduarÃ¡ teniendo en cuenta lo siguiente:
a) La existencia de intencionalidad o reiteraciÃ³n.
b) La reincidencia, por comisiÃ³n de infracciones de la misma naturaleza, sancionadas mediante resoluciÃ³n firme.
c) La naturaleza y cuantÃ­a de los perjuicios causados.
d) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracciÃ³n e) El beneficio que haya reportado al infractor la comisiÃ³n de la infracciÃ³n.
f) Volumen de la facturaciÃ³n a que afecte la infracciÃ³n cometida.
ArtÃ­culo 34. Medidas provisionales.
1. En los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves el Ministerio de Ciencia y TecnologÃ­a podrÃ¡ adoptar, con arreglo a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, y sus normas de desarrollo, las medidas de carÃ¡cter provisional que se estimen necesarias para asegurar la eficacia de la resoluciÃ³n que definitivamente se dicte, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracciÃ³n y las exigencias de los intereses generales.
En particular, podrÃ¡n acordarse las siguientes:
a) SuspensiÃ³n temporal de la actividad del prestador de servicios de certificaciÃ³n y, en su caso, cierre provisional de sus establecimientos.
b) Precinto, depÃ³sito o incautaciÃ³n de registros, soportes y archivos informÃ¡ticos y de documentos en general, asÃ­ como de aparatos y equipos informÃ¡ticos de todo tipo.
c) Advertencia al pÃºblico de la existencia de posibles conductas infractoras y de la incoaciÃ³n del expediente sancionador de que se trate, asÃ­ como de las medidas adoptadas para el cese de dichas conductas.
En la adopciÃ³n y cumplimiento de las medidas de restricciÃ³n a que alude este apartado se respetarÃ¡n, en todo caso, las garantÃ­as, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurÃ­dico para proteger los derechos a la intimidad personal y a la protecciÃ³n de los datos personales, cuando Ã©stos pudieran resultar afectados.
2. En los supuestos de daÃ±os de excepcional gravedad en la seguridad de los sistemas empleados por el prestador de servicios de certificaciÃ³n que menoscaben seriamente la confianza de los usuarios en los servicios ofrecidos, el Ministerio de Ciencia y TecnologÃ­a podrÃ¡ acordar la suspensiÃ³n o pÃ©rdida de vigencia de los certificados afectados, incluso con carÃ¡cter definitivo.
3. En todo caso, se respetarÃ¡ el principio de proporcionalidad de la medida a adoptar con los objetivos que se pretendan alcanzar en cada supuesto.
4. En casos de urgencia y para la inmediata protecciÃ³n de los intereses implicados, las medidas provisionales previstas en este artÃ­culo podrÃ¡n ser acordadas antes de la iniciaciÃ³n del expediente sancionador.
Las medidas deberÃ¡n ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciaciÃ³n del procedimiento, que deberÃ¡ efectuarse dentro de los 15 dÃ­as siguientes a su adopciÃ³n, el cual podrÃ¡ ser objeto del recurso que proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarÃ¡n sin efecto si no se inicia el procedimiento sancionador en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciaciÃ³n no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
ArtÃ­culo 35. Multa coercitiva.
El Ã³rgano administrativo competente para resolver el procedimiento sancionador podrÃ¡ imponer multas coercitivas por importe que no exceda de 6.000 euros por cada dÃ­a que transcurra sin cumplir las medidas provisionales que hubieran sido acordadas.
ArtÃ­culo 36. Competencia y procedimiento sancionador.
1. La imposiciÃ³n de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en esta ley corresponderÃ¡, en el caso de infracciones muy graves, al Ministro de Ciencia y TecnologÃ­a y en el de infracciones graves y leves, al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la InformaciÃ³n.
No obstante, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artÃ­culo 17 serÃ¡ sancionado por la Agencia de ProtecciÃ³n de Datos con arreglo a lo establecido en la Ley OrgÃ¡nica 15/1999, de 13 de diciembre, de ProtecciÃ³n de Datos de CarÃ¡cter Personal.
2. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerÃ¡ de conformidad con lo establecido al respecto en la Ley de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn y en sus normas de desarrollo.
DisposiciÃ³n adicional primera. Fe pÃºblica y uso de firma electrÃ³nica.
1. Lo dispuesto en esta ley no sustituye ni modifica las normas que regulan las funciones que corresponden a los funcionarios que tengan legalmente la facultad de dar fe en documentos en lo que se refiere al Ã¡mbito de sus competencias siempre que actÃºen con los requisitos exigidos en la ley.
2. En el Ã¡mbito de la documentaciÃ³n electrÃ³nica, corresponderÃ¡ a las entidades prestadoras de servicios de certificaciÃ³n acreditar la existencia de los servicios prestados en el ejercicio de su actividad de certificaciÃ³n electrÃ³nica, a solicitud del usuario, o de una autoridad judicial o administrativa.
DisposiciÃ³n adicional segunda. Ejercicio de la potestad sancionadora sobre la entidad de acreditaciÃ³n y los organismos de certificaciÃ³n de dispositivos de creaciÃ³n de firma electrÃ³nica.
1. En el Ã¡mbito de la certificaciÃ³n de dispositivos de creaciÃ³n de firma, corresponderÃ¡ al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la InformaciÃ³n del Ministerio de Ciencia y TecnologÃ­a la imposiciÃ³n de sanciones por la comisiÃ³n, por los organismos de certificaciÃ³n de dispositivos seguros de creaciÃ³n de firma electrÃ³nica o por la entidad que los acredite, de las infracciones graves previstas en los pÃ¡rrafos e), f) y g) del apartado segundo del artÃ­culo 31 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y de las infracciones leves indicadas en el pÃ¡rrafo a) del apartado 3 del artÃ­culo 31 de la citada ley que cometan en el ejercicio de actividades relacionadas con la certificaciÃ³n de firma electrÃ³nica.
2. Cuando dichas infracciones merezcan la calificaciÃ³n de infracciones muy graves, serÃ¡n sancionadas por el Ministro de Ciencia y TecnologÃ­a.
DisposiciÃ³n adicional tercera. ExpediciÃ³n de certificados electrÃ³nicos a entidades sin personalidad jurÃ­dica para el cumplimiento de obligaciones tributarias.
PodrÃ¡n expedirse certificados electrÃ³nicos a las entidades sin personalidad jurÃ­dica a que se refiere el artÃ­culo 33 de la Ley General Tributaria a los solos efectos de su utilizaciÃ³n en el Ã¡mbito tributario, en los tÃ©rminos que establezca el Ministro de Hacienda.
DisposiciÃ³n adicional cuarta. PrestaciÃ³n de servicios por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.
Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artÃ­culo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
DisposiciÃ³n adicional quinta. ModificaciÃ³n del artÃ­culo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Se aÃ±aden apartado doce al artÃ­culo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, con la siguiente redacciÃ³n.
"Doce. En el ejercicio de las funciones que le atribuye el presente artÃ­culo, la FÃ¡brica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda estarÃ¡ exenta de la constituciÃ³n de la garantÃ­a a la que se refiere el apartado 2 del artÃ­culo 20 de la Ley 59/2003, de Firma ElectrÃ³nica."
DisposiciÃ³n adicional sexta. RÃ©gimen jurÃ­dico del documento nacional de identidad electrÃ³nico.
1. Sin perjuicio de la aplicaciÃ³n de la normativa vigente en materia del documento nacional de identidad en todo aquello que se adecue a sus caracterÃ­sticas particulares, el documento nacional de identidad electrÃ³nico se regirÃ¡ por su normativa especÃ­fica.
2. El Ministerio de Ciencia y TecnologÃ­a podrÃ¡ dirigirse al Ministerio del Interior para que por parte de Ã©ste se adopten las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que le incumban como prestador de servicios de certificaciÃ³n en relaciÃ³n con el documento nacional de identidad electrÃ³nico.
DisposiciÃ³n adicional sÃ©ptima. EmisiÃ³n de facturas por vÃ­a electrÃ³nica.
Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio de las exigencias derivadas de las normas tributarias en materia de emisiÃ³n de facturas por vÃ­a electrÃ³nica.
DisposiciÃ³n adicional octava. Modificaciones de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y de comercio electrÃ³nico.
Uno. AdiciÃ³n de un nuevo apartado 3 al artÃ­culo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y de comercio electrÃ³nico.
Se aÃ±ade un apartado 3 con el siguiente texto:
"3. Cuando se haya atribuido un rango de numeraciÃ³n telefÃ³nica a servicios de tarificaciÃ³n adicional en el que se permita el acceso a servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y se requiera su utilizaciÃ³n por parte del prestador de servicios, esta utilizaciÃ³n y la descarga de programas informÃ¡ticos que efectÃºen funciones de marcaciÃ³n, deberÃ¡n realizarse con el consentimiento previo, informado y expreso del usuario.
A tal efecto, el prestador del servicio deberÃ¡ proporcionar al menos la siguiente informaciÃ³n:
a) Las caracterÃ­sticas del servicio que se va a proporcionar.
b) Las funciones que efectuarÃ¡n los programas informÃ¡ticos que se descarguen, incluyendo el nÃºmero telefÃ³nico que se marcarÃ¡.
c) El procedimiento para dar fin a la conexiÃ³n de tarificaciÃ³n adicional, incluyendo una explicaciÃ³n del momento concreto en que se producirÃ¡ dicho fin, y d) El procedimiento necesario para restablecer el nÃºmero de conexiÃ³n previo a la conexiÃ³n de tarificaciÃ³n adicional.
La informaciÃ³n anterior deberÃ¡ estar disponible de manera claramente visible e identificable.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo establecido en la normativa de telecomunicaciones, en especial, en relaciÃ³n con los requisitos aplicables para el acceso por parte de los usuarios a los rangos de numeraciÃ³n telefÃ³nica, en su caso, atribuidos a los servicios de tarificaciÃ³n adicional."
Dos. Los apartados 2, 3 y 4 del artÃ­culo 38 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y de comercio electrÃ³nico se redactan en los siguientes tÃ©rminos:
a) El incumplimiento de las Ã³rdenes dictadas en virtud del artÃ­culo 8 en aquellos supuestos en que hayan sido dictadas por un Ã³rgano administrativo.
b) El incumplimiento de la obligaciÃ³n de suspender la transmisiÃ³n, el alojamiento de datos, el acceso a la red o la prestaciÃ³n de cualquier otro servicio equivalente de intermediaciÃ³n, cuando un Ã³rgano administrativo competente lo ordene, en virtud de lo dispuesto en el artÃ­culo 11.
c) El incumplimiento significativo de la obligaciÃ³n de retener los datos de trÃ¡fico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestaciÃ³n de un servicio de la sociedad de la informaciÃ³n, prevista en el artÃ­culo 12.
d) La utilizaciÃ³n de los datos retenidos, en cumplimiento del artÃ­culo 12, para fines distintos de los seÃ±alados en Ã©l.
a) El incumplimiento de la obligaciÃ³n de retener los datos de trÃ¡fico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestaciÃ³n de un servicio de la sociedad de la informaciÃ³n, prevista en el artÃ­culo 12, salvo que deba ser considerado como infracciÃ³n muy grave.
b) El incumplimiento significativo de lo establecido en los pÃ¡rrafos a) y f) del artÃ­culo 10.1.
c) El envÃ­o masivo de comunicaciones comerciales por correo electrÃ³nico u otro medio de comunicaciÃ³n electrÃ³nica equivalente o el envÃ­o, en el plazo de un aÃ±o, de mÃ¡s de tres comunicaciones comerciales por los medios aludidos a un mismo destinatario, cuando en dichos envÃ­os no se cumplan los requisitos establecidos en el artÃ­culo 21.
d) El incumplimiento significativo de la obligaciÃ³n del prestador de servicios establecida en el apartado 1 del artÃ­culo 22, en relaciÃ³n con los procedimientos para revocar el consentimiento prestado por los destinatarios.
e) No poner a disposiciÃ³n del destinatario del servicio las condiciones generales a que, en su caso, se sujete el contrato, en la forma prevista en el artÃ­culo 27.
f) El incumplimiento habitual de la obligaciÃ³n de confirmar la recepciÃ³n de una aceptaciÃ³n, cuando no se haya pactado su exclusiÃ³n o el contrato se haya celebrado con un consumidor.
g) La resistencia, excusa o negativa a la actuaciÃ³n inspectora de los Ã³rganos facultados para llevarla a cabo con arreglo a esta ley.
h) El incumplimiento significativo de lo establecido en el apartado 3 del artÃ­culo 10.
i) El incumplimiento significativo de las obligaciones de informaciÃ³n o de establecimiento de un procedimiento de rechazo del tratamiento de datos, establecidas en el apartado 2 del artÃ­culo 22.
a) La falta de comunicaciÃ³n al registro pÃºblico en que estÃ©n inscritos, de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 9, del nombre o nombres de dominio o direcciones de Internet que empleen para la prestaciÃ³n de servicios de la sociedad de la informaciÃ³n.
b) No informar en la forma prescrita por el artÃ­culo 10.1 sobre los aspectos seÃ±alados en los pÃ¡rrafos b), c), d), e) y g) del mismo, o en los pÃ¡rrafos a) y f) cuando no constituya infracciÃ³n grave.
c) El incumplimiento de lo previsto en el artÃ­culo 20 para las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos.
d) El envÃ­o de comunicaciones comerciales por correo electrÃ³nico u otro medio de comunicaciÃ³n electrÃ³nica equivalente cuando en dichos envÃ­os no se cumplan los requisitos establecidos en el artÃ­culo 21 y no constituya infracciÃ³n grave.
e) No facilitar la informaciÃ³n a que se refiere el artÃ­culo 27.1, cuando las partes no hayan pactado su exclusiÃ³n o el destinatario sea un consumidor.
f) El incumplimiento de la obligaciÃ³n de confirmar la recepciÃ³n de una peticiÃ³n en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 28, cuando no se haya pactado su exclusiÃ³n o el contrato se haya celebrado con un consumidor, salvo que constituya infracciÃ³n grave.
g) El incumplimiento de las obligaciones de informaciÃ³n o de establecimiento de un procedimiento de rechazo del tratamiento de datos, establecidas en el apartado 2 del artÃ­culo 22, cuando no constituya una infracciÃ³n grave.
h) El incumplimiento de la obligaciÃ³n del prestador de servicios establecida en el apartado 1 del artÃ­culo 22, en relaciÃ³n con los procedimientos para revocar el consentimiento prestado por los destinatarios cuando no constituya infracciÃ³n grave.
i) El incumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del artÃ­culo 10, cuando no constituya infracciÃ³n grave."
Tres. ModificaciÃ³n del artÃ­culo 43, apartado 1, segundo pÃ¡rrafo de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y de comercio electrÃ³nico.
El segundo pÃ¡rrafo del apartado 1 del artÃ­culo 43 queda redactado como sigue:
"No obstante lo anterior, la imposiciÃ³n de sanciones por incumplimiento de las resoluciones dictadas por los Ã³rganos competentes en funciÃ³n de la materia o entidad de que se trate a que se refieren los pÃ¡rrafos a) y b) del artÃ­culo 38.2 de esta ley corresponderÃ¡ al Ã³rgano que dictÃ³ la resoluciÃ³n incumplida. Igualmente, corresponderÃ¡ a la Agencia de ProtecciÃ³n de Datos la imposiciÃ³n de sanciones por la comisiÃ³n de las infracciones tipificadas en los artÃ­culos 38.3 c), d) e i) y 38.4 d), g) y h) de esta ley."
Cuatro. ModificaciÃ³n del artÃ­culo 43, apartado 2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y de comercio electrÃ³nico.
El apartado 2 del artÃ­culo 43 queda redactado como sigue:
"2. La potestad sancionadora regulada en esta ley se ejercerÃ¡ de conformidad con lo establecido al respecto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, y en sus normas de desarrollo. No obstante, el plazo mÃ¡ximo de duraciÃ³n del procedimiento simplificado serÃ¡ de tres meses."
DisposiciÃ³n adicional novena. GarantÃ­a de accesibilidad para las personas con discapacidad y de la tercera edad.
Los servicios, procesos, procedimientos y dispositivos de firma electrÃ³nica deberÃ¡n ser plenamente accesibles a las personas con discapacidad y de la tercera edad, las cuales no podrÃ¡n ser en ningÃºn caso discriminadas en el ejercicio de los derechos y facultades reconocidos en esta ley por causas basadas en razones de discapacidad o edad avanzada.
DisposiciÃ³n adicional dÃ©cima. ModificaciÃ³n de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Se aÃ±ade un apartado tres al artÃ­culo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el siguiente tenor:
"Cuando la parte a quien interese la eficacia de un documento electrÃ³nico lo pida o se impugne su autenticidad, se procederÃ¡ con arreglo a lo establecido en el artÃ­culo 3 de la Ley de Firma ElectrÃ³nica."
DisposiciÃ³n transitoria primera. Validez de los certificados electrÃ³nicos expedidos previamente a la entrada en vigor de esta ley.
Los certificados electrÃ³nicos que hayan sido expedidos por prestadores de servicios de certificaciÃ³n en el marco del Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrÃ³nica, mantendrÃ¡n su validez.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. Prestadores de servicios de certificaciÃ³n establecidos en EspaÃ±a antes de la entrada en vigor de esta ley.
Los prestadores de servicios de certificaciÃ³n establecidos en EspaÃ±a antes de la entrada en vigor de esta ley deberÃ¡n comunicar al Ministerio de Ciencia y TecnologÃ­a su actividad y las caracterÃ­sticas de los servicios que presten en el plazo de un mes desde la referida entrada en vigor. Esta informaciÃ³n serÃ¡ objeto de publicaciÃ³n en la direcciÃ³n de internet del citado ministerio con la finalidad de otorgarle la mÃ¡xima difusiÃ³n y conocimiento.
Queda derogado el Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrÃ³nica y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley.
DisposiciÃ³n final primera. Fundamento constitucional.
Esta ley se dicta al amparo del artÃ­culo 149.1.8.Âª, 18.Âª, 21.Âª y 29.Âª de la ConstituciÃ³n.
1. El Gobierno adaptarÃ¡ la regulaciÃ³n reglamentaria del documento nacional de identidad a las previsiones de esta ley.
2. AsÃ­ mismo, se habilita al Gobierno para dictar las demÃ¡s disposiciones reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y aplicaciÃ³n de esta ley.
La presente ley entrarÃ¡ en vigor a los tres meses de su publicaciÃ³n en el "BoletÃ­n Oficial del Estado".

References: Real Decreto 
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