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Gregorio Suárez Ponce
1 JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚMERO VEINTISIETE BARCELONA Ref.:Ordinario 1513/12-1ª-B Demandante:XXXXXXXX y otra. Procurador:Sr.Moratal. Demandado:Catalunya Banc S.A Procurador:Sr.Anzizu. SENTENCIA Nº 124/13 En Barcelona, a veintiséis de junio de dos mil trece. Vistos por Dª.Yolanda Arrieta Cavez, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº veintisiete de Barcelona, los presentes autos de juicio declarativo ordinario nº1513/12-1ª-b, sobre acción de nulidad y subsidiariamente resolución del contrato de participaciones preferentes suscrito por las partes, seguidos entre partes, de una y como demandantes, Don XXXXXXXX XXXXXXXX y Doña XXXXXXX, representados por el Procurador Sr.Moratal Sendra y asistidos de la Letrada Sra.Serrano Bartolomé, de otra y como demandada, Catalunya Banc S.A, representada por el Procurador Sr.Anzizu Furest y asistida del Letrado Sr.XXXXXXXX, pronuncio, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la siguiente sentencia: ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. Que por el Procurador Sr.Moratal Sendra, en la representación que tiene acreditada, se promovió demanda que tuvo
2 entrada en este Juzgado turnada por reparto el 5 de diciembre de 2012, en la que, tras exponer los hechos en los que basaba la misma y citar los fundamentos de derecho que estimó aplicables, terminó suplicando se dicte Sentencia por la se declare: 1) la nulidad del contrato de fecha 5 de abril de 2005 para la adquisición de participaciones preferentes Serie B Caixa Catalunya Preferential Issuance Limited y, en consecuencia, se condene a la entidad demandada a devolver a la parte actora el importe de euros, más los intereses legales de dicha suma desde la fecha de la ejecución de la orden de compra y cargo en cuenta de la misma, minorados en las remuneraciones recibidas por la actora y que deberán calcularse en ejecución de sentencia por ser de devengo periódico; 2) subsidiariamente, se declare de conformidad con el artículo del Código Civil la resolución de dicho contrato por incumplimiento por parte de la demandada de sus obligaciones legales de diligencia, lealtad e información en la venta del producto objeto de la presente demanda, en los términos recogidos en la misma; y como consecuencia de ello, se condene a la demandada a pagar a la parte actora en concepto de indemnización el importe de euros, más los intereses legales de dicha suma desde la fecha de ejecución de la orden de compra y cargo en cuenta de la misma, minorados en las remuneraciones recibidas por la actora, y que deberán calcularse en ejecución de sentencia por ser de devengo periódico; y c) se condene a la demandada al pago de las costas derivadas del presente procedimiento. SEGUNDO. Por Decreto de 2 de enero de 2013, tras cumplir el previo requerimiento que se le efectuó, se tuvo por parte al Procurador Sr.Moratal Sendra en la representación indicada, admitiéndose a trámite la referida demanda, de la que se dió traslado a la demandada para que en el término de veinte días compareciera y contestara a la misma, lo que así verificó, terminando suplicando, tras exponer los hechos y citar los fundamentos de derecho que estimó oportunos, se dicte Sentencia en la que se desestime la demanda formulada, imponiendo las costas de este procedimiento a la parte actora. TERCERO. Convocadas las partes a la oportuna Audiencia Previa que previene el artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que tuvo lugar el día 9 de abril de 2013, se ratificó la actora en la demanda, solicitando el recibimiento del pleito a prueba, no impugnando los documentos de la demandada. Concedida la palabra
3 a la demandada, se ratificó en su contestación, no impugnando los documentos aportados de contrario, fijándose asimismo por las partes los hechos objeto de debate, concediéndose a continuación a las partes la posibilidad de proponer la prueba que considerasen procedente, haciéndolo así, proponiéndose por la parte actora prueba documental, reconocimiento judicial de la actora y testifical, y por la parte demandada prueba documental, la cual se admitió y declaró pertinente, con las excepciones obrantes en autos, señalándose día y hora para la celebración de juicio. CUARTO. Que en fecha 25 de junio de 2013 tuvo lugar el juicio para la práctica de la prueba admitida a las partes, exponiendo tras ello las partes los hechos en que basaban sus pretensiones, las conclusiones sobre las pruebas practicadas, así como los fundamentos jurídicos en los que fundan sus respectivas pretensiones, quedando los autos sobre la mesa de la Juzgadora para dictar Sentencia. QUINTO. En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. Que, con carácter previo a entrar a examinar, en su caso, el fondo de la litis, ha de resolverse acerca de la excepción de caducidad de la acción que esgrime la demandada, y ello en relación a que la solicitud de nulidad del contrato por vicio en el consentimiento por error plantea en realidad un supuesto de anulabilidad, y que en el caso de autos nos encontramos ante un contrato de compra-venta de títulos valores que se suscribió en el año 2005, y, por tanto, el plazo de caducidad de la acción es de cuatro años desde la consumación del mismo, dando lugar la acción de nulidad ejercitada transcurrido dicho plazo a la prescripción sanatoria de los mismos, teniendo lugar la consumación del contrato con el pago del precio por parte de la actora y la incorporación a su patrimonio de los títulos, por lo que la acción deberá entenderse caducada. Que tal excepción no puede prosperar, debiéndose hacer referencia en relación a tal cuestión a la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2003, que recoge que el artículo del Código Civil establece que en los casos de error, dolo o falsedad de la causa, el plazo de cuatro años empezará a correr desde la consumación del contrato, norma a la que ha de estarse, de acuerdo con el artículo
4 1969 del citado Código. En orden a cuándo se produce la consumación del contrato, dice la Sentencia de 11 de julio de 1984 que aunque ciertamente el cómputo para el posible ejercicio de la acción de nulidad, con más precisión de anulabilidad, pretendida por intimidación, dolo o error se produce a partir de la consumación del contrato, o sea, hasta la realización de todas las obligaciones, este momento de la consumación no puede confundirse con el de la perfección del contrato, sino que solo tiene lugar cuando están completamente cumplidas las prestaciones de ambas partes, criterio que se manifiesta igualmente en la Sentencia de 5 de mayo de Conforme a dicha doctrina, debe considerarse que si la consumación de los contratos sinalagmáticos no se ha de entender producida sino desde el momento en que cada una de las partes ha cumplido la totalidad de las obligaciones derivadas del mismo, debiéndose por tanto distinguir entre perfección y consumación del contrato, del caso que nos ocupa es lo cierto que además de las obligaciones de pago del precio interno de los títulos se derivan, otras como son el abono de las remuneraciones, sin que estuviera prevista en la orden de suscripción que nos ocupa una fecha de vencimiento o amortización, tratándose por tanto de participaciones de carácter perpetuo. Que por su parte la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de en relación a un contrato de préstamo- vino en afirmar que no puede entenderse cumplido ni consumado el contrato hasta la realización de todas las obligaciones, y, por lo tanto, no consumadas las prestaciones no puede entenderse caducada la acción por anulabilidad del contrato que solicita la parte actora, debiendo decaer por tanto la excepción al respecto aducida por la parte demandada. SEGUNDO. Que ha quedado acreditado, merced a la prueba documental y testifical practicada, que Don XXXXXXXX XXXXXXXX y Doña, que habían sido clientes desde hacia muchos años de la entidad Caixa de Catalunya, en la actualidad Catalunya Banc S.A, ( entidad esta que tiene en la actualidad su capital participado por el FROB), careciendo de formación a nivel financiero, tenían una relación de confianza con el personal de la citada entidad que trabajaba en la oficina ubicada en El Masnou. En el curso de estas relaciones el 5 de abril de 2005 suscribieron el Sr.XXXXXXXX y su esposa Sra.XXXXXXXX con la entidad Caixa Catalunya una orden de suscripción de participaciones preferentes serie B Catalunya Caixa Preferential Issuance Limited con un total
5 de importe nominal de , describiéndose el perfil del producto como conservador, así como que estaba indicado para inversores que quisieran asumir pocos riesgos o con un plazo de inversión muy corto, y con una rentabilidad esperada cercana a la del mercado monetario, sin que se reflejara ni siquiera el dividendo que se percibiría ni la periodicidad de pago de los citados dividendos, y al final de dicho documento se hacía constar que los firmantes conocían el significado y trascendencia de la orden en todos sus términos, sin que se les entregara folleto informativo alguno con las características de la emisión de participaciones preferentes, entregándose a los compradores una libreta. Que la parte demandante expone que el producto que se aconsejó comprar a los mismos tiene un carácter perpetuo y una rentabilidad no garantizada, siendo un instrumento complejo y de un riesgo elevado, que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido, el cual puede llegarse a perder según la situación del mercado, del emisor y las condiciones financieras del producto, estableciéndose una remuneración normalmente fija en un primer momento y variable durante el resto de vida del producto, remuneración que está condicionada a la obtención de beneficios distribuibles, situándose los titulares de estas participaciones preferentes, en el caso de insolvencia del emisor, y en el orden de recuperación de los créditos, por detrás de todos los acreedores comunes y subordinados. TERCERO. Que por la parte actora se solicita la nulidad del contrato de fecha 5 de abril de 2005 para la adquisición de participaciones preferentes Serie B Caixa Catalunya Preferential Issuance Limited y, no sólo por nulidad radical por falta de consentimiento y vulneración de normas imperativas, sino también por nulidad por error en el consentimiento, y que se condene a la entidad demandada a devolver a la actora el importe de euros, más los intereses legales de dicha suma desde la fecha de la ejecución de la orden de compra y cargo en cuenta de la misma, minorados en las remuneraciones recibidas por la actora; y, de forma subsidiaria, que se declare de conformidad con el artículo del Código Civil la resolución de dicho contrato por incumplimiento por parte de la demandada de sus obligaciones legales de diligencia, lealtad e información en la venta del producto objeto de la presente demanda, en los términos recogidos en la misma; y, como consecuencia de ello, se condene a la demandada a pagar a la parte actora en concepto de indemnización el importe de euros, más los intereses legales de dicha suma desde la fecha de ejecución
6 de la orden de compra y cargo en cuenta de la misma, minorado en las remuneraciones recibidas por la actora. Que manifiesta al respecto la actora que la comercialización de las participaciones preferentes se produjo a través de una mera orden de compra, sin que la demandada informara correctamente a sus clientes acerca de la naturaleza y características del producto, en particular del riesgo que conllevaba la inversión y de su carácter perpetuo, siendo la orden de compra absolutamente escueta, habiéndosele entregado además una libreta, lo que fomentó la convicción de los compradores de que lo que en realidad estaban contratando era un depósito, al identificarse la libreta con tal producto de ahorro. Que considera la demandante que la entidad bancaria ha vulnerado la normativa que resultaba aplicable en el caso de autos, dada la fecha de la adquisición, tanto la Ley de Mercado de Valores como el Real Decreto 629/1993 de 3 de mayo, al no haber actuado con la diligencia y transparencia que le eran exigibles, debiendo ofrecer los productos teniendo en cuenta las circunstancias personales de los clientes, y en concreto su perfil, no habiendo informado a la actora de los riesgos que la inversión conllevaba, ni de las características del producto, ni mucho menos de su carácter perpetuo, de que la rentabilidad no estaba garantizada, y que incluso podía haber pérdidas en el capital invertido, así como también de que el valor de mercado de las participaciones preferentes estaba muy por debajo del valor nominal por el que habían sido adquiridas. Que por todo ello solicita la nulidad radical del contrato por falta de consentimiento o contravención de normas imperativas y prohibitivas, o, subsidiariamente, la nulidad relativa o anulabilidad por vicio en el mismo por error en el consentimiento al no informarse de las características y riesgos del producto, o, subsidiariamente, la resolución del contrato por incumplimiento del deber de información, tanto en el momento de contratar como durante la pendencia del contrato. Que a todas estas peticiones se opone la entidad bancaria demandada, que aduce, primeramente, la excepción de caducidad ya resuelta, y en cuanto al fondo de la reclamación manifiesta que se limitó a ejecutar la orden de suscripción y de compra de títulos de la demandante en el mercado secundario, habiendo la demandante cobrado cupones y recibido información fiscal durante años, por lo que mal puede alegarse desconocimiento del producto contratado, negando que concurra causa alguna para poder declarar la nulidad o la resolución del contrato, habiendo cumplido la demandada con las exigencias legales que estaban vigentes a la fecha de la contratación, habiéndose facilitado a la demandante la documentación necesaria
7 para contratar, procediendo examinar las alegaciones de las partes, a la vista de la prueba practicada, a fin de concluir si procede o no en su caso estimar las pretensiones esgrimidas por la demandante. CUARTO. Que las participaciones preferentes tienen su fuente normativa en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros, modificada, con posterioridad a las fechas en las que se firmaron las órdenes de suscripción de las participaciones preferentes que nos ocupan, por el art de la Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se transpone a nuestro Derecho la Directiva 2009/111/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de Que la citada Disposición Adicional establecía que Las participaciones preferentes a que se refiere el artículo séptimo de esta ley tendrán que cumplir, entre otros, los siguientes requisitos: a) Ser emitidas por una entidad de crédito o por una entidad residente en España o en un territorio de la Unión Europea, que no tenga la condición de paraíso fiscal, y cuyos derechos de voto correspondan en su totalidad directa o indirectamente a una entidad de crédito dominante de un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito y cuya actividad u objeto exclusivos sea la emisión de participaciones preferentes. b) En los supuestos de emisiones realizadas por una entidad filial, los recursos obtenidos deberán estar depositados en su totalidad, descontados los gastos de emisión y gestión, y de forma permanente en la entidad de crédito dominante o en otra entidad del grupo o subgrupo consolidable. El depósito así constituido deberá ser aplicado por la entidad depositaria a la compensación de pérdidas, tanto en su liquidación como en el saneamiento general de aquélla o de su grupo o subgrupo consolidable, una vez agotadas las reservas y reducido a cero el capital ordinario. En estos supuestos las participaciones deberán contar con la garantía solidaria e irrevocable de la entidad de crédito dominante o de la entidad depositaria. c) Tener derecho a percibir una remuneración predeterminada de carácter no acumulativo. El devengo de esta remuneración estará condicionado a la existencia de beneficios distribuibles en la entidad de crédito dominante o en el grupo o subgrupo consolidable... f) Tener carácter perpetuo, aunque se pueda acordar la amortización anticipada a partir del quinto año desde su fecha de desembolso, previa autorización del Banco de España. g) Cotizar en mercados secundarios organizados.
8 h) En los supuestos de liquidación o disolución, u otros que den lugar a la aplicación de las prioridades contempladas en el Código de Comercio, de la entidad de crédito emisora o de la dominante del grupo o subgrupo consolidable de las entidades de crédito, las participaciones preferentes darán derecho a obtener exclusivamente el reembolso de su valor nominal junto con la remuneración devengada y no satisfecha y se situarán, a efectos del orden de prelación de créditos, inmediatamente detrás de todos los acreedores, subordinados o no, de la entidad de crédito emisora o de la dominante del grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito y delante de los accionistas ordinarios y, en su caso, de los cuota partícipes. Que de todo ello se deduce que la rentabilidad de las participaciones preferentes viene condicionada a los resultados económicos de la entidad emisora, teniendo un carácter perpetuo, y debiendo estar el dinero invertido en la propia entidad de crédito, y, por tanto, inevitablemente ligado a la situación financiera de dicha entidad, y en cuanto a la liquidación, ha de producirse en un mercado secundario que en la actualidad se encuentra paralizado. Se alega por la parte demandante, en primer lugar, nulidad radical del contrato por ausencia de consentimiento y contravención de las normas imperativas aplicables, en concreto por el incumplimiento de las obligaciones legales de información sobre las características y riesgos del producto contratado por parte de la demandante, solicitud esta que no puede prosperar por qué para ello deberíamos hablar de una ausencia total de consentimiento que es evidente que en este caso no concurre, pues el mismo se prestó por los compradores, pero otra cosa diferente es que dicho consentimiento se encuentre viciado por error ante la falta de información de los riesgos y características del producto por la demandada. QUINTO. Que, ello así expuesto, y en cuanto a la solicitud de declaración de nulidad de las suscripciones de participaciones preferentes por error en el consentimiento, ha de partirse de que los requisitos esenciales que el articulo del Código Civil establece para que pueda hablarse de contrato, son el consentimiento, el objeto y la causa, que significa el fin que se persigue en cada contrato, ajeno a la mera intención o subjetividad, aduciendo en la demanda que hay error en el consentimiento prestado ya que incumplió la demandada con su deber de información acerca de las características y riesgos del producto contratado, disponiendo el artículo º del Código Civil que para que el error invalide el consentimiento deberá recaer sobre la
9 sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo, habiendo puesto de manifiesto el T.S en S. de 17 de mayo de 1988 que para que el error pueda invalidar el consentimiento es necesario que sea sustancial, derivado de actos desconocidos para el que se obliga, y además que sea inexcusable Que, ciertamente, el contrato debe nacer como consecuencia de la voluntad libre y consciente de quienes lo otorgan, lo que supone un consentimiento serio, espontáneo y libre, dado que en otro caso (mediando error, violencia, intimidación o dolo), será nulo, conforme al art del Código Civil. En el supuesto de error, lo declarado corresponde a lo que internamente quiere el declarante, pero esta resolución interna se ha formado por efecto de una representación que no corresponde a la realidad, de forma que la ignorancia o una falsa información han inducido al declarante a decidir algo que no es lo que realmente le hubiese interesado. Para que tal error sea relevante o esencial (art del Código Civil), han de concurrir los siguientes requisitos: 1) ha de ser esencialmente determinante de la voluntad del contratante que lo alega (error sustancial o sobre las cualidades esenciales o verdaderamente determinantes de la voluntad, SSTS , , 14 y , , ); 2 ) ha de existir un nexo de causalidad entre el error sufrido y la finalidad perseguida por el contratante y 3) ha de ser un error excusable o no imputable al contratante que lo ha sufrido, lo que se deduce de los principios de autorresponsabilidad y buena fe ex art. 7 CC (el error es inexcusable cuando hubiera podido ser evitado empleando una normal diligencia media según la condición de las personas y las exigencias de la buena fe, con arreglo a la cual el requisito de la excusabilidad tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando este no merece esa protección por su conducta negligente ya que en tal caso ha de establecerse esa protección a la parte contratante que la merece por la confianza infundida por esa declaración (SSTS de 24 de enero de 2003 ó 17 de julio de 2006). Que como señala la Sentencia de la AP de Pontevedra de 7 de abril de 2010: La formación de la voluntad negocial y la prestación de un consentimiento libre, válido y eficaz exige necesariamente haber adquirido plena conciencia de lo que significa el contrato que se concluye y de los derechos y obligaciones que en virtud del mismo se adquieren, lo cual otorga una importancia relevante a la negociación previa y a la fase precontractual, en la que cada uno de
10 los contratantes debe poder obtener toda la información necesaria para valorar adecuadamente cuál es su interés en el contrato proyectado y actuar en consecuencia, de tal manera que si llega a prestar su consentimiento y el contrato se perfecciona lo haga convencido de que los términos en que éste se concreta responden a su voluntad negocial y es plenamente conocedor de aquello a lo que se obliga y de lo que va a recibir a cambio. Si ello debe ser así al tiempo de celebrar cualquier tipo de contrato, con mayor razón si cabe ha de serlo en el ámbito de la contratación bancaria y con las entidades financieras en general, que ha venido mereciendo durante los últimos años una especial atención por parte del legislador, estableciendo códigos y normas de conducta y actuación que tienden a proteger, no únicamente al cliente consumidor, sino al cliente en general, en un empeño por dotar de claridad y transparencia a las operaciones que se realizan en dicho sector de la actividad económica". Como indica la SAP de Asturias, sección 7, de 25 de Julio del 2011 "La Sentencia del TS de 11 de julio de 1998 manifiesta que: "..."La Ley de Mercado de Valores contiene una serie de normas de conducta de las Sociedades y Agencias de Valores presididas por la obligación de dar absoluta prioridad al interés del cliente ( Art. 79 ), Sentencia que igualmente, con cita de la Sentencia del TS de 27 de enero de 2003, declara que: "...la entidad efectúa, como labor profesional y remunerada, una gestión en interés y por cuenta de tercero, en el marco de las normas de la Ley de mercado de valores, establecidas para regular la actuación profesional de las empresas de servicios de inversión en dichos mercados, y, por ello, muy especialmente observar las "normas de conducta" (Título VII) que disciplinan su actuación, entre las que destacan, dentro del deber de diligencia, las de asegurarse que disponen de toda la información necesaria para sus clientes, manteniéndoles siempre adecuadamente informados y la de cuidar de los intereses de sus clientes, como si fueran propios, todo ello potenciado por un exquisito deber de lealtad. SEXTO. Que enlazando con esta última cuestión relativa a la obligación de la entidad bancaria demandada en este caso de informar debidamente al cliente, es cierto que en el contexto del tráfico de productos financieros, como recuerda la STS , se exige un plus de información y de diligencia a la entidad financiera que comercializa aquéllos, y a concretar esa diligencia del oferente existe un importante núcleo legislativo que recoge los parámetros de actuación de las comercializadoras de tales contratos
11 bancarios, financieros o bursátiles, evolución legislativa que arranca con el R.D. 629/1993, de 3 de mayo sobre normas de actuación en el mercado de valores, hoy derogado por R.D. 217/08, de 11 noviembre, pero que resulta de evidente aplicación dada la fecha en que se suscribió la orden de compra de las participaciones preferentes, en abril de Que el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los Mercados de Valores y Registros obligatorios en su artículo 4 establecía que 1. Las entidades solicitarán de sus clientes la información necesaria para su correcta identificación, así como información sobre su situación financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión cuando esta última sea relevante para los servicios que se vayan a proveer, y a su vez el artículo 5 disponía que 1. Las entidades ofrecerán y suministrarán a sus clientes toda la información de que dispongan cuando pueda ser relevante para la adopción por ellos de decisiones de inversión y deberán dedicar a cada uno el tiempo y la atención adecuados para encontrar los productos y servicios más apropiados a sus objetivos. 2. Las entidades deberán disponer de los sistemas de información necesarios y actualizados con la periodicidad adecuada para proveerse de toda la información relevante al objeto de proporcionarla a sus clientes. 3. La información a la clientela debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la operación que contrata. Cualquier previsión o predicción debe estar razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para evitar malentendidos. 4. Toda información que las entidades, sus empleados o representantes faciliten a sus clientes debe representar la opinión de la entidad sobre el asunto de referencia y estar basada en criterios objetivos, sin hacer uso de información privilegiada. A estos efectos, conservarán de forma sistematizada los estudios o análisis sobre la base de los cuales se han realizado las recomendaciones. Que por su parte el artículo 48.2 de la Ley 24/1988 de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, con el fin de proteger los legítimos intereses de la clientela activa y pasiva de las entidades de crédito, sienta como una de las bases que deben presidir las relaciones entre las entidades de crédito y su clientela que los correspondientes contratos se formalicen por escrito, debiendo los mismos reflejar de forma explícita y con la necesaria
12 claridad los compromisos contraídos por las partes contratantes y los derechos de las mismas ante las eventualidades propias de cada clase de operación. Que, en esta línea, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores ya con anterioridad a su reforma por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, imponía la exigencia en su artículo 78 a las Sociedades y Agencias de Valores y, en general, a cuantas personas o entidades ejerzan actividades relacionadas con los mercados de valores, de respetar las normas de conducta contenidas en el presente título, así como los códigos de conducta que, en su desarrollo apruebe el Gobierno o, con habilitación expresa de éste, el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y el artículo 79 establecía que Toda persona o entidad que actúe en un mercado de valores, tanto recibiendo o ejecutando órdenes como asesorando sobre inversiones en valores, deberá dar absoluta prioridad al interés de su cliente. Es evidente, por tanto, que debía la entidad demandada no solamente realizar un estudio del perfil del cliente para poder valorar que el producto que se le ofertaba era adecuado al mismo, sino también proporcionar a los clientes, de manera completa y comprensible, información adecuada sobre el producto ofertado, sus características y riesgos de modo que les permitiera, en lo posible, comprender la naturaleza y los riesgos del tipo específico de producto financiero que se ofrece y, por consiguiente, poder tomar la decisión de la contratación con un conocimiento fundado de causa, lo cual no se hizo en el caso de autos a la vista la prueba practicada y en relación a ninguno de estos aspectos. Que de la prueba testifical desarrollada, no sólo en la persona de la vecina Sra.XXXXXXXX y de la compañera de trabajo Sra.XXXXXXXX de la demandante Sra.XXXXXXXX, sino también del propio empleado de la demandada Sr. XXXXXXXX, se desprende que los actores tenían un perfil de personas ahorradoras y conservadores, que buscaban la seguridad en sus ahorros, y que eran clientes de la entidad desde hacía muchos años, sin que se realizara una adecuada calificación de los clientes en atención a sus prioridades y características, sin que se haya acreditado que los mismos tuvieran el más mínimo conocimiento en el orden financiero. Que, tal y como se desprende también del documento dos aportado con la demanda, correspondiente a la ficha del inversor que sobre las participaciones preferentes público la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las mismas son valores emitidos por la sociedad que no confieren participación en su capital ni derecho de voto, que tienen carácter perpetuo y su rentabilidad, generalmente de carácter
13 variable, no está garantizada, tratándose de un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido, teniendo una liquidez limitada, por lo que no siempre es fácil deshacer la inversión, pudiéndose llegar incluso a perder el capital invertido, estando condicionada su remuneración a la obtención de beneficios distribuibles por parte del emisor, no siendo acumulable, es decir, que si no se percibe en un periodo determinado el inversor pierde el derecho a recibirla. Que como señala su vez la Sentencia de la Sección Diecinueve de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de mayo de 2011 El derecho a la información en el sistema bancario y la tutela de la transparencia bancaria es básica para el funcionamiento del mercado de servicios bancarios y su finalidad tanto es lograr la eficiencia del sistema bancario como tutelar a los sujetos que intervienen en él (el cliente bancario), principalmente, a través tanto de la información precontractual, en la fase previa a la conclusión del contrato, como en la fase contractual, mediante la documentación contractual exigible. Pues bien, todo ello así expuesto ha quedado acreditado que la entidad financiera demandada no cumplió con la obligación de información a los clientes que le imponía la legislación vigente en las fechas en las que se suscribieron las compras de las participaciones preferentes, y tal ausencia de información adecuada ha generado un vicio esencial del consentimiento que da lugar a la nulidad del contrato (art 1263 del Código Civil). Que de la prueba desarrollada en autos se acredita que no se les informó debidamente de las características y riesgos de las participaciones preferentes que han sido reiteradamente expuestas, y esa carencia se deduce de la propia documental aportada por la demandante, pues ciertamente la orden de suscripción es absolutamente escueta y en ella ninguna referencia se hace a las características de la emisión ni a su riesgos, antes bien, al contrario, se dice que el producto es conservador e indicado para inversores que quieran asumir pocos riesgos o con un plazo de inversión muy corto, lo que claramente se contradice con la nota de perpetuidad, que es una característica de las mismas, y tampoco se ha probado que se les entregara folleto informativo alguno con las características de la emisión de las participaciones preferentes ( que ni se menciona en el documento 1 de la demanda y de la contestación ), antes bien se les entregó una libreta, lo que se reconoció por el empleado de la demandada Sr.XXXXXXXX, lo cual es evidente que bien pudo llevarles a tener convencimiento de que lo que contrataban era un producto de
14 ahorro o un depósito, máxime cuando tampoco se ha discutido que el dinero invertido en las participaciones preferentes procedía de un plazo fijo, debiéndose de mencionar que al respecto del resultado de este pleito poca relevancia tendrá el hecho de que antes de haber contratado las participaciones preferentes pudieran tener los actores fondos de inversión, cuyas características tampoco constan, o que con muchas posterioridad, en concreto durante los años 2010 y 2011, suscribieran productos como bonos de la Generalitat, productos que, en todo caso, en los documentos cuatro a seis de la contestación a la demanda, se califican como conservadores, y que no contradicen que aquel no fuera su perfil, no correctamente valorado por la demandada, ni mucho menos puede desvirtuar el hecho de que ninguna información consta que se le facilitara sobre la naturaleza y riesgos del producto contratado. Que como recoge la Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 18 de febrero de 2011, en relación a un contrato de permuta financiera, No se ha acreditado la existencia de algo más que ese contacto verbal, no existe acreditación de que el Banco explicara por medio de folletos exhaustivos o detallados los caracteres de la operación, ni consta ninguna oferta referida con carácter documental. Se alega por la parte demandada, que en ningún momento se le hizo saber a la cliente que la operación no entrañaba riesgos, pero no nos consta si esos riesgos fueron detallados de forma minuciosa, es cierto que la actora, en tanto que cliente, firmó de forma libre, no hubo desde luego coacción, pero lo que debe quedar acreditado es si sabía perfectamente los riesgos que asumía firmando, y más importante aún, si esa información del riesgo la llevo a cabo la Entidad financiera, como era obligado. Además no debe perderse de vista que la actora en este procedimiento, no es persona experimentada en temas financieros o al menos no se acredita así, y el producto ofrecido ha sido calificado de complejo, basta con leer el contrato marco y los anexos para llegar a tal deducción. Que, por último, debe hacerse referencia a las manifestaciones de la parte demandada relativas a que la demandante va contra sus actos propios, pues estuvo cobrando cupones y recibiendo información fiscal durante un largo periodo de tiempo y que nada ha manifestado en contra, alegaciones estas que tampoco pueden prosperar, y en tal sentido la SAP Zaragoza, Sección 4ª, de 27 de julio de 2004, señala que el hecho de que el contrato produzca sus efectos durante un periodo de tiempo no significa que la parte lo acepte, porque en ese caso, bastaría que comenzase a desplegar eficacia para que no se pudieran ejercitar las acciones de nulidad absoluta o inexistencia o anulabilidad, y, como bien señala la parte demandante, no hubo
15 durante largo tiempo ningún hecho que pusiera en alerta a los clientes, que es lógico que identificaran los cupones o remuneraciones que percibían con los intereses que hubiera podido percibir como si se hubiera tratado de un depósito, remuneración por otra parte, que, como se refleja en la página quince de la demanda, se ha dejado de percibir, y, en todo caso, ello no desvirtúa el hecho acreditado de la falta de la debida información del producto contratado por parte de la demandada hacia su cliente en los términos que han quedado expuestos, y al perder el único incentivo como pudiera ser el pago de dividendos o intereses se convierte la participación preferente en un producto de un elevadísimo riesgo, que adolece de falta de seguridad y rentabilidad que era precisamente lo que los actores buscaban. Que debe, en consecuencia, declararse la nulidad del contrato de fecha 5 de abril de 2005 para la adquisición de participaciones preferentes Serie B Caixa Catalunya Preferential Issuance Limited y, en consecuencia, condenar a la entidad demandada a devolver a los actores el importe de euros, más los intereses legales de dicha suma desde la fecha de la ejecución de la orden de compra y cargo en cuenta de la misma, minorado en las remuneraciones recibidas por los actores; pues los efectos de la nulidad que se declara se recogen en el artículo 1303 del Código Civil, que establece que deben restituirse recíprocamente las cosas del contrato con sus frutos y el precio con sus intereses, siendo obligación de la parte demandada la devolución del principal invertido, es decir, euros, y el interés legal devengado desde las fechas en que se materializó y ejecutó la orden de compra, ello minorado en los importes abonados como remuneraciones. SEPTIMO. Que respecto a las costas procesales causadas se impondrán a la parte demandada (art.394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLO. Que, ESTIMANDO la demanda interpuesta por el Procurador Sr.Moratal Sendra en nombre y representación de Don XXXXXXXX XXXXXXXX y Doña, DEBO DECLARAR y DECLARO la nulidad del contrato de fecha 5 de abril de 2005 para la adquisición de participaciones preferentes Serie B Caixa Catalunya Preferential
16 Issuance Limited y, en consecuencia, DEBO CONDENAR Y CONDENO A CATALUNYA BANC S.A a devolver a los actores el importe de VEINTICUATRO MIL EUROS ( euros), más los intereses legales de dicha suma desde las fecha en que se materializó y ejecutó la orden de compra, todo ello minorado en los importes abonados como remuneraciones a la parte actora, con imposición a la demandada de las costas procesales causadas. Frente a esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación ante la Excma.Audiencia Provincial de Barcelona en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación a las partes. De conformidad con la Disposición Adicional Décimo Quinta de la LOPJ, para la interposición del recurso de apelación deberá constituirse depósito por la suma de 50 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado. Que, de acuerdo con la Ley 10 /2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, para la interposición del recurso de apelación, deberá abonarse la correspondiente tasa. Asi,por esta mi sentencia,lo pronuncio,mando y firmo. LA MAGISTRADA-JUEZ PUBLICACION. La anterior sentencia ha sido publicada por la Sra.Magistrada-Juez que la dictó estando celebrando en Audiencia Pública en el dia de la fecha,doy fe.
SENTENCIA: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 1. SORIA.
SENTENCIA: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 1. SORIA. Teléfono: Fax: N.I.G.: Sobre DEMANDANTE D/ña. Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a. DEMANDADO D/ña. Procurador/a Sr/a. Abogado/a Sr/a.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 414
e contrario
 artículo
4
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 48
 artículo 78
 artículo 79
 artículo 1303