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Timestamp: 2019-09-22 12:30:28+00:00

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﻿ Sentencia 2000-00076 de mayo 9 de 2014
SENTENCIA 2000-00076 DE 09 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL- EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA. ES CIERTO QUE CUANDO UNA ENTIDAD ESTATAL PROYECTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA Y PARA TAL EFECTO DECLARE DE UTILIDAD PÚBLICA BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD AJENA DEBE REPARAR LOS DAÑOS QUE CON ESA DECISIÓN LLEGARE A CAUSAR, DADO QUE, LA AFECTACIÓN PARA UNA OBRA DE UTILIDAD PÚBLICA ES UNA RESTRICCIÓN AL DERECHO DE DOMINO, MÁS NO UNA PATENTE QUE PERMITA DESCONOCER LOS DERECHOS DE LOS PARTICULARES PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES. SIN EMBARGO, VENCIDO EL TIEMPO DE LA AFECTACIÓN, LA ENTIDAD DEBE LIBERAR ESOS BIENES O PROCEDER A ADQUIRIRLOS, DENTRO DE LOS PLAZOS Y A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, BIEN INMUEBLE, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Sentencia 2000-00076 de mayo 9 de 2014
Expediente: 24 679
Rad.: 250002326000-2000-00076-01
Dr. Ramiro Pazo Guerrero
Demandante: Sociedad Inversiones y Construcciones Reina S.A.
1.1. Procedencia de la acción.
La acción de reparación directa es la procedente para resolver el conflicto planteado, por cuanto se pretende la indemnización de los perjuicios sufridos presuntamente por la sociedad Inversiones y Construcciones Reina Incor Ltda. (hoy Inversiones y Construcciones Reina Incor S.A.), como consecuencia de la tardanza del Instituto de Desarrollo Urbano IDU de adquirir el terreno de propiedad de la primera para la construcción de una obra pública.
1.2. Competencia de la Sala.
La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada en razón de la mayor de las pretensiones, era de $ 6.322.279.926, que fue la indemnización solicitada por lucro cesante, la cual supera la suma exigida para el efecto por aquella norma(2).
La sociedad demandante está legitimada en la causa, toda vez que alega haber sido afectada con los hechos que se considera causantes del daño y el Instituto de Desarrollo Urbano IDU es una entidad de derecho público(3).
En cuanto a la señora María Victoria Quijano Vargas, quien adujo ser cesionaria del “35% de los derechos litigiosos sobre valor neto a desembolsar que se origine en la calidad de demandante dentro del proceso”, cabe señalar que conforme al criterio jurisprudencial de la sección, en razón de que la entidad demandada no ha aceptado dicha cesión, la misma tiene la calidad de litisconsorte de la sociedad demandante, en relación con el porcentaje cedido. Ha dicho la Sala:
El contrato de cesión de derechos litigiosos es una figura sustancial cuya regulación se encuentra prevista en los artículos 1969 a 1972 del Código Civil; dicha normatividad lo define como un contrato aleatorio, a través del cual una de las partes de un proceso judicial —cedente—, transmite a un tercero —cesionario—, en virtud de un contrato, a título oneroso o gratuito, el derecho incierto sobre el cual recae el interés de las partes del proceso(4).
El cesionario puede intervenir en el proceso del cual hace parte el evento incierto de la litis que adquirió, bien como litisconsorte de la parte cedente —caso en el cual no habrá sucesión procesal— o, bien sustituirlo dentro en el proceso, siempre y cuando la contraparte cedida acepte liberar al cedente. Al respecto, el inciso tercero del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, prevé:
“(...) El adquirente a cualquier título de la cosas o del derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente”.
En relación con el pronunciamiento que hace la parte cedida durante el traslado, la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante providencia del 7 de febrero del 2007, al precisar los requisitos del contrato de cesión de derechos litigiosos, puntualizó:
b. En ese orden de ideas, si bien es cierto que es necesario surtir la comunicación a la parte cedida para que adopte la posición procesal correspondiente —acepte expresamente, guarde silencio, o la rechace-, lo cierto es que ante el silencio de la parte cedida, en el asunto de la referencia, lo procedente era reconocer la existencia de la cesión de derechos litigiosos, y entender que el cesionario adquirente hacía parte de la relación jurídico procesal en calidad de litisconsorte”(5).
Se tiene, entonces, que la aceptación de la parte cedida se torna procedente y necesaria, únicamente, para dar paso a la sustitución procesal ocurrida en virtud de la cesión de derechos litigiosos; como en el presente asunto se guardó silencio, se procederá a tener al señor José Nelson Garavito Morera como litisconsorte de la parte cedente(6).
En síntesis: la cesión de los derechos litigiosos es un negocio jurídico autónomo e independiente del proceso en el cual se controviertan tales derechos y, por lo tanto, ni el juez, ni la contraparte están legitimados para pronunciarse sobre la validez de ese acto; sin embargo, para que opere la sucesión procesal y pueda tenerse al cesionario como parte, es necesario que obre la aceptación expresa de la demandada; en caso contrario, aquel tiene la calidad de litisconsorte.
Dado que en este caso no se dio traslado al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, ni esa entidad aceptó de manera expresa tener a la cesionaria como parte demandante, no operó la sucesión procesal y, por lo tanto, esta ha actuado como litisconsorte y no como demandante.
Con el fin de establecer si la reparación de perjuicios por lucro cesante reclamados por la demandante se produjo en tiempo, resulta necesario determinar cuál es la causa del daño presuntamente causado a la sociedad y cuándo esta tuvo certeza de la existencia del mismo.
Para tal efecto se hará, en primer término, una breve presentación de los eventos en los cuales la administración puede causar daños a los titulares de derechos reales de bienes inmuebles, cuando tales bienes resulten comprometidos, por su destinación, a una obra pública o a la prestación de un servicio de interés colectivo, de manera temporal o definitiva (afectación, expropiación, ocupación temporal, permanente o jurídica); la acción procedente para reclamar la indemnización de esos daños y el momento a partir del cual se considera que se materializan los mismos, con el fin de establecer cuándo empieza a correr el término para presentar en forma oportuna la demanda.
1.4.1. De conformidad con lo previsto en la Ley 1ª de 1943, en las ciudades capitales de departamentos o de población igual o superior a 25.000 habitantes, los municipios podían declarar de utilidad pública o de interés social, con fines de expropiación, los bienes inmuebles requeridos para la construcción de obras públicas, tales como la apertura o ampliación de calles. Contra esa decisión, el afectado podía ejercer los recursos previstos en la ley.
Para efectos de adelantar el trámite de expropiación, la entidad acudía al juez, quien en la sentencia correspondiente debía disponer el avalúo de la indemnización, que sería practicado por los peritos nombrados por las partes, o en su defecto, por el juez. Una vez realizado el pago de la indemnización, se hacía la entrega a la entidad pública de los bienes expropiados. La sentencia debidamente registrada servía como título traslaticio de dominio. El avalúo de los bienes podía ser objetado ante el mismo juez por cualquiera de las partes. La demanda no sacaba los bienes del comercio, pero los nuevos adquirentes, debían tomar el juicio en el estado en que se encontrara.
La misma ley disponía que tratándose de las propiedades afectadas por el impuesto de valorización, que no fueran ocupadas o adquiridas por el respectivo municipio en el plazo de dos años contados a partir de la fecha en que hubieren sido declaradas como de utilidad pública, el titular de los derechos sobre las mismas podía edificarlas, reconstruirlas, reformarlas o enajenarlas libremente.
En resumen, en los términos de la Ley 1ª de 1943, las propiedades privadas podían ser declaradas de utilidad pública cuando se requirieran para la ejecución de obras de interés colectivo. Una vez hecha esa declaración, las entidades facultadas para el efecto podían adquirirlas o expropiarlas, previo trámite judicial, dentro de los dos años siguientes a esa declaración. Durante esos dos años, no podían ejecutarse obras urbanísticas sobre esos inmuebles, los que, además, quedaban fuera del comercio, pero vencido dicho plazo, los mismos podían ser enajenados o construidos, reformados, o urbanizados.
Posteriormente, se expidió la Ley 9ª de 1989(7) que reguló la afectación y expropiación de inmuebles con fines de uso público e interés general; la reserva de zonas destinadas al plan vial y la cesión obligatoria de áreas para zonas verdes y servicios comunales.
De acuerdo con dicha ley, la Nación, las entidades territoriales, las áreas metropolitanas y asociaciones de municipios pueden afectar bienes inmuebles, esto es, imponer restricciones que limiten o impidan la obtención de licencias de urbanización, de parcelación, de construcción, o de funcionamiento, por causa de una obra pública, o por protección ambiental, por un período de hasta tres años, renovables, hasta una máximo de seis, y en caso de las vías públicas, esa afectación puede ser hasta de nueve años. Dicha afectación debe notificarse personalmente al propietario e inscribirse en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia y, queda sin efecto, de pleno derecho, si el inmueble no es adquirido por la entidad pública, durante su vigencia.
La entidad que imponga la afectación debe celebrar un contrato con el propietario del inmueble, a fin de pactar el valor y la forma de pago de la compensación por los perjuicios que pueda sufrir como consecuencia de esa restricción.
Si se requiere destinar el bien privado al uso público de manera indefinida, la entidad estatal competente debe adquirir el inmueble e intentar en primer término, la venta voluntaria del mismo, para lo cual el representante legal de la entidad pública expedirá un oficio disponiendo la adquisición del bien, el cual debe contener la oferta de compra, la identificación precisa del inmueble y el precio base de la negociación, establecido por el Instituto Agustín Codazzi, o quien haga sus veces, para lo cual no podrán tenerse en cuenta las acciones o intenciones manifiestas y recientes del Estado que sean susceptibles de producir una valorización evidente de los bienes. Dicho oficio debe notificarse al propietario e inscribirse en el folio de matrícula inmobiliaria. Los inmuebles quedarán fuera del comercio a partir de la fecha de la inscripción y, mientras subsista, ninguna autoridad podrá conceder licencia de construcción, de urbanización, o permiso de funcionamiento por primera vez para cualquier establecimiento industrial o comercial sobre el inmueble objeto de la oferta de compra. Si hubiere acuerdo respecto del precio y de las demás condiciones de la oferta con el propietario, se celebrará un contrato de promesa de compraventa, o de compraventa.
Agotada la etapa de negociación voluntaria sin que se hubiera perfeccionado el contrato de compraventa, dentro de los dos meses siguientes, la entidad estatal interesada podrá expedir resolución motivada en la cual se ordene la expropiación. Dicho acto debe ser notificado personalmente al propietario del bien, el cual podrá ejercer contra el mismo el recurso de reposición dentro de los diez días hábiles siguientes al de su notificación.
Dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en la cual quede en firme la resolución que ordene la expropiación, el representante legal de la entidad expropiante presentará ante el juez competente la resolución que ordene la expropiación. Una vez transcurridos ese término sin que la demanda se hubiere presentado, quedan sin efecto alguno, de pleno derecho, la resolución que ordenó la expropiación y las inscripciones que se hubieren efectuado en las oficinas de registro de instrumentos públicos.
En este orden de ideas, la Ley 9ª de 1989 reguló de manera más precisa y detallada las finalidades, trámite y término de expiración de la afectación de inmuebles de propiedad privada que se requiera para la prestación de los servicios públicos, restricción que no podía superar los plazos máximos señalados en la misma ley; así como el trámite de adquisición voluntaria o de expropiación de esos mismos inmuebles cuando deban ser destinados de manera indefinida a la prestación de tales servicios.
En ningún caso pueden ser desconocidos los derechos de los particulares, quienes no solo tienen la oportunidad de discutir la legalidad de los actos administrativos que declararen la afectación o expropiación de los inmuebles; sino también de controvertir administrativamente y judicialmente al avalúo de las compensaciones e indemnizaciones a que haya lugar. Todo ello, claro está, dentro de los términos y a través de las acciones legalmente previstas.
Por lo tanto, si la demanda se orienta a discutir la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la entidad estatal hubiere dispuesto la afectación o la expropiación del inmueble por motivos de utilidad pública o interés social, la acción procedente será la de nulidad y restablecimiento del derecho(8) y el término para interponer la demanda empezará a correr desde la fecha de publicación o notificación de los actos, respectivamente; si lo que se pretende es el pago coactivo de las indemnizaciones pactadas o judicialmente declaradas, deberá iniciarse un proceso ejecutivo, dentro del término legal, el cual empezará a correr desde el día siguiente al vencimiento del plazo previsto para el cumplimiento de esa obligación.
Puede suceder que la entidad estatal autorizada por la ley declare de utilidad pública un inmueble pero no adelante el procedimiento señalado en la ley para obtener su enajenación voluntaria ni tramite el proceso de expropiación y, sin embargo, lo ocupe materialmente con la obra pública. En este caso, se está frente a un hecho de la administración, cuya reparación puede ser demandada a través del ejercicio de la acción de reparación directa, y el término para interponerla, según lo previsto en el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo, es de dos años, contados desde el día siguiente al de la finalización de la obra pública, si la ocupación es permanente, o desde que cesa la ocupación temporal del inmueble, o desde que el actor tenga conocimiento de esos hechos, siempre que demuestre que no pudo enterarse de los mismos con anterioridad(9).
También puede suceder que la entidad declare de utilidad pública un inmueble pero no adelante el procedimiento señalado en la ley para obtener su enajenación voluntaria ni tramite el proceso de expropiación ni lo ocupe materialmente, pero se niegue a expedir las autorizaciones administrativas necesarias para que el propietario puedan realizar construcciones sobre el mismo, reformarlo, urbanizarlo, lotearlo, etc. Es decir, que se hubiera producido una ocupación jurídica, en tanto si bien no se despoja materialmente del bien a su titular, sí se le limita el ejercicio de las facultades propias de los derechos reales o de la posesión que se ejerce respecto del predio ocupado, como ocurre en los casos en los cuales se le impide la explotación económica del bien(10).
El afectado, en tal caso, podrá demandar la reparación de los perjuicios que ese hecho le cause, también a través del ejercicio de la acción de reparación directa, la cual puede interponer dentro del término previsto en la ley, contado a partir del momento en que tenga certeza de que el titular está imposibilitado para hacer uso de las facultades que el derecho le reconoce en tal calidad.
1.4.2. Teniendo en cuenta las normas y criterios jurídicos antes señalados, se procederá a establecer, según la demanda, cuál fue el daño que la entidad le causó a la sociedad, es decir, si aquella adelantó el procedimiento de afectación del bien, o de compra voluntaria del mismo, o de expropiación, o de ocupación temporal, permanente o jurídica. Una vez definido ese hecho, conforme a los términos de la demanda, se determinará si esta se presentó o no en tiempo.
Para hacer ese análisis se tendrán en cuenta las pruebas que obran en el expediente, que son fundamentalmente: (i) de carácter documental, las cuales están integradas por las copias de los antecedentes administrativos que dieron origen a la Resolución 16 de 1978 “Por la cual se aprueba el proyecto general de la urbanización Villa María, sectores I y II (Suba), de desarrollo progresivo, se establecen sus normas, se concede licencia y se determina el plazo para la ejecución de obras de urbanismo y saneamiento y se fijan las obligaciones a cargo del urbanizador responsable”; los actos administrativos relacionados con el proyecto vial de la avenida Cundinamarca, en esta ciudad; los oficios y solicitudes cruzados entre el IDU y la sociedad Incor S.A.; los documentos relacionados con la compraventa del inmueble de propiedad de esta por parte de la entidad estatal; las declaraciones de renta de la sociedad y sus soportes y las copias de las escrituras públicas de venta de las unidades que integran la urbanización, y (ii) el dictamen rendido por las peritos nombradas por el a quo, en relación con el cálculo del lucro cesante reclamado por la sociedad demandante(11).
— Las pruebas señaladas demuestran que la sociedad Inversiones y Construcciones Reina S.A. (antes Ltda.) Incor S.A. adquirió “dos predios que hacen parte de la finca Tibabuyes La María, situada en el antiguo municipio de Suba, hoy Distrito Especial de Bogotá, zona de Suba”, distinguidos como: “La Quinta”, con una extensión superficiaria aproximada de 15 hectáreas y 6.800 metros cuadrados, con registro inmobiliario 0500338344, y “La casa de la finca La María”, con una extensión aproximada de 16 hectáreas y con registro inmobiliario 0500324721, por un valor total de $ 35 600 000 (fls. 6-13, cdno. 4). Así consta en La escritura pública 7174 de 27 de diciembre de 1979 de la Notaría Sexta del círculo de Bogotá (fls. 6-13, cdno. 4).
— En relación con esos predios, el Distrito Capital aprobó su desarrollo urbanístico, tal como consta en la Resolución 16 de 21 de marzo de 1978, mediante la cual el Departamento Administrativo de Planeación Distrital aprobó el proyecto de urbanización de desarrollo progresivo “Villa María I y II sectores (Suba)”, y concedió licencia al señor Erasmo Reina Moreno para adelantar las obras de urbanismo y saneamiento en los terrenos de la urbanización, con una vigencia de dos años, contados a partir de la notificación de ese acto (fls. 17-21, cdno. 4). En el numeral 17 del artículo 8º del acto se fijaron las zonas de cesión obligatoria en estos términos:
Artículo octavo: además de lo dispuesto en el contenido general de la presente resolución son obligaciones especiales de los urbanizadores responsables:
17. Las áreas o zonas de terreno destinadas al uso público y las obras de servicios públicos que se hubieran construido o se construyeren en la urbanización a que debe contraerse la escritura pública de que hablan los numerales 14 y 16 del presente artículo son particularmente las mencionadas en las especificaciones contenidas en los planos del proyecto urbanístico general S.242/4:
a) Zonas verdes comunales 43.504,29 m2 (17.84%)
b) Zonas de parqueaderos 7.276,00 m2 (3%)
c) Vías peatonales 24.502,75 m2 (10%)
d) Afectaciones viales (cesión gratuita) 22.178,76 m2 (7%)
Estas áreas serán cedidas gratuitamente por el Urbanizador al Distrito Especial de Bogotá, libres de todo gravamen.
— La sociedad Incor S.A. solicitó prórroga del plazo, la cual le fue concedida, mediante Resolución 55 de 18 de junio de 1980, por la cual se modifica parcialmente la Resolución 16 del 21 de marzo de 1978, en lo relativo al proyecto urbanístico, al presupuesto general y se amplía el plazo para la ejecución de las obras de urbanismo y saneamiento correspondiente” (fls. 182-183, cdno. 3). En ese acto se modificó las zonas de cesión gratuita, así:
ART. 8º—Se anula y reemplaza el numeral 17 del artículo 8º de la Resolución 16 del 21 de marzo de 1978.
Las áreas y zonas de terreno destinadas al uso público y obras de servicios públicos que se hubieren construido o se construyeren en la urbanización a que debe contraerse la escritura pública de que hablan los numerales 14 y 16 del artículo 8º de la Resolución 16 de marzo 21 de 1978 son particularmente las mencionadas en las especificaciones contenidas en los planos del proyecto urbanístico general S-242/4-2 y S-242/4-3, así:
a) Zonas verdes y comunales 45.196,06 m2
b) Vías vehiculares 36.254,35 m2
c) Vías peatonales 25.930,31 m2
d) Afectación plan vial 71.132,91 m2
e) Cesión gratuita (7% del área total del terreno) 22.531,88 m2
f) Parqueaderos 7.584,13 m2
Estas áreas cedidas gratuitamente por el urbanizador al Distrito Especial de Bogotá libres de todo gravamen.
— El 18 de marzo de 1980, el Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo 2 de 1980, “Por el cual se adopta el Plan Vial para el Distrito Especial de Bogotá y se clasifican sus vías según capacidad, función y uso”. En ese acto se proyectó la avenida Cundinamarca de esta manera:
Adóptese como Sistema Vial Arterial el trazado, la clasificación, especificaciones y usos, de las vías conforme al plano elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, que hace parte del presente acuerdo...
PAR.—Conforma el Sistema de Vías Arterias aquellas cuyo ancho, función, trazado y descripción se determina a continuación:
1. Las vías del sistema arterial de Tipo V-O son las siguientes:
1.1. Longitudinales:
V-O-L-2 (primaria) Avenida Cundinamarca:
Comienza en el Puente de la Balsa sobre el Río Bogotá, como continuación de la actual carretera que de Chía conduce a Bogotá, se dirige hacia el sur, por el actual camino de La Balsa, pasando por el costado occidental del Aeropuerto de Guaymaral, hasta encontrar la actual carretera a Cota, aproximadamente en el sitio denominado Buenos Aires; continúa hacia el sur occidente por el costado occidental de las instalaciones de Claveles de Colombia y de la parcelación Las Flores, para pasar aproximadamente a unos 150 metros al Este de la casa de la hacienda La María. Cruza la Laguna de Juan Amarillo a Tibabuyes, de donde se dirige a la Avenida Medellín, para continuar por el costado occidental de la urbanización Santa Rosita, costa oriental de la urbanización Los Álamos y encontrar la prolongación de la avenida 63, sigue en dirección sur para pasar luego a una distancia de 420 metros aproximadamente, paralela a la cabecera de la pista del aeropuerto internacional El Dorado, hasta encontrar la actual carrera 90 en Fontibón, por la cual continúa, atraviesa la avenida El Centenario; pasa a unos 400 metros al occidente de la casa de Villa Mejía y continúa hacia el sur occidente atravesando el río Tunjuelito a encontrar el límite con el municipio de Soacha, donde empalmará con el Sistema Vial Regional.
En el artículo 22 de dicho acuerdo se previó lo relacionado con la cesión obligatoria del 7% de los terrenos afectados con la vía y el deber de la entidad de adquirir los predios que superaran ese porcentaje y que fueran necesarios para tal efecto:
Cuando un terreno con tratamiento de desarrollo, y/o redesarrollo se encuentre afectado por vías V.O y/o V.1 y/o V.2 y/o V.3 y/o V.3E, el propietario deberá ceder obligatoriamente el siete por ciento (7%) del área bruta del mismo para la construcción de la vía. Cuando el área afectada excediere de este siete por ciento (7%), dicho excedente será negociado por el Instituto de Desarrollo Urbano.
PAR.—Facúltese al alcalde mayor para que en un término no mayor de seis meses a partir de la fecha de vigencia del presente acuerdo, reglamente el procedimiento de negociación de los terrenos objeto del presente artículo.
Los artículos 40, 41 y 44 del acuerdo contienen disposiciones relacionadas con los inmuebles que resultaran afectados con el trazado del sistema arterial:
ART. 40.—El Departamento Administrativo de Planeación Distrital en un término no mayor de seis meses contados a partir de la vigencia de este acuerdo hará llegar copias del mismo a las alcaldías menores, así como de mapas del plan vial aprobado, señalando las afectaciones producidas por el trazado del Sistema Vial Arterial en cada zona administrativa menor.
ART. 41.—Las alcaldías menores y las inspecciones de policía adscritas a ellas tendrán en sus respectivas zonas vigilancia directa sobre las áreas de derecho afectadas por el Sistema Vial Arterial de la ciudad. Con el fin de impedir la ubicación de construcciones en los mismos se tomarán las medidas necesarias para corregir las irregularidades que se presenten e informarán permanentemente al Departamento Administrativo de Planeación Distrital y al Instituto de Desarrollo Urbano la situación de los terrenos afectados.
ART. 44.—El Departamento Administrativo de Planeación Distrital estudiará y definirá el uso de los terrenos que hayan sido afectados por trazados de vías derogadas o modificados en el presenta acuerdo o que requieran variaciones en los proyectos definitivos.
— Mediante escritura pública 1560 de 9 de agosto de 1985, de la Notaría Tercera del círculo de Bogotá (fls. 33-91, cdno. 2), la sociedad demandante cedió al Distrito de Bogotá, a título gratuito, la zona correspondiente al 7% del terreno urbanizado, pero se dejó constancia de que quedaba salvo el terreno afectado para la construcción de la avenida Cundinamarca:
Primera: propiedad del terreno: el cedente declara que es propietario de las zonas que han sido destinadas al uso público y que por medio del presente instrumento pasan a ser propiedad del Distrito Especial de Bogotá, zona que se encuentra ubicada dentro del globo de terreno con una cabida superficiaria de trescientos veintiún mil seiscientos veintidós metros cuadrados con ochenta y siete decímetros de metro cuadrado (321.622,87), denominada Urbanización Villa María I y II sector...
Segunda: cesión gratuita. El cedente transfiere a título de cesión gratuita a favor del distrito, libre de todo gravamen y con destino al uso público el derecho de dominio y la posesión que tiene sobre las siguientes zonas de terreno segregadas del inmueble alinderado en la estipulación anterior...
Tercera: además de los trescientos treinta y cuatro (334) lotes de propiedad de Inversiones y Construcciones Reina S.A., Incor S.A., mencionados en la cláusula segunda (2ª), queda de propiedad de Incor S.A. el área negociable con el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, para el proyecto de la Avenida Regional, actualmente sin construir, artículo ciento veintiséis (126) Acuerdo siete (7) de mil novecientos setenta y nueve (1979) del Concejo de Bogotá, área que junto con las zonas que son objeto de la cesión gratuita en el segundo sector de la urbanización Villa María mediante la presente escritura, les corresponde el registro de matrícula inmobiliaria número 050-0324721...
Quinta: entrega material de las zonas cedidas. El cedente manifiesta igualmente que ha hecho entrega real y material al distrito de las zonas cedidas, según consta en el acta número cero noventa y tres (093) de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), levantada por la Procuraduría Distrital de Bienes de diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1984)...
Sexta: entrega material de obras de urbanismo y saneamiento: el cedente hizo entrega material de las obras de urbanismo y saneamiento a que se encontraba obligado, al término de la licencia o permiso concedido.
— El 23 de abril de 1990, el IDU hizo oferta de compra del terreno afectado a la sociedad demandante (fls. 101-102, cdno. 2):
Por su conducto, el Instituto de Desarrollo Urbano se complace en comunicar a esa sociedad que dentro de los programas de ejecución a corto plazo del Plan Vial, se desarrollará la obra denominada Avenida Cundinamarca en el tramo de la transversal de Suba-Autopista Medellín, con la cual beneficiaremos principalmente las firmas urbanizadoras que construyen importantes obras de urbanismo en este sector de Suba.
En consecuencia, iniciaremos el procedimiento de adquisición por negociación directa y voluntaria con los propietarios de los predios afectados por el trazado vial, es así como hemos establecido que la sociedad que usted representa es actualmente propietaria de una zona de terreno libre de construcción con afectación de 70.352,31 m2 que al descontar el área de cesión obligatoria al D.E. (acuerdos 2/80 y 7/79), equivalen al 7% del área bruta, se negociará un total de 47 838,71 m2, áreas que figuran en el registro topográfico 6999 del cual anexamos copia.
Sin embargo, para posibilitar la pronta adjudicación e inicio de las obras civiles, estamos apelando a la colaboración y buen espíritu cívico de ustedes para que previamente a la legalización de la venta, nos envíen autorización por escrito manifestando el ánimo de permitirnos disponer de esta zona, quedando de nuestra parte el compromiso de realizar la promesa de compraventa una vez convengamos las siguientes condiciones y precios de venta.
El precio a pagar, establecido por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital, para esta zona ha sido fijado en $ 3.000 m2, es decir, la suma de $ 143.516.130, los cuales se pagarán así: a la celebración de la promesa de compraventa y trámite de la cuenta de cobro, un contado de cincuenta por ciento (50%) del precio, y el segundo contado a saldo, esto es, $ 71.758.065 a la firma y registro de la escritura, con su correspondiente cuenta de cobro.
Agradecemos pronta respuesta, ya que los términos de negociación directa son de treinta (30) días a partir de esta comunicación (Ac. 7/87, art. 120).
— En respuesta a esa oferta, la sociedad, en memorial presentado el 3 de mayo de 1990 aclaró que el área afectada era de 48.610,90 metros cuadrados y que el avalúo hecho por la entidad estatal en $ 3.000 metro cuadrado era irrisorio, si se tenía en cuenta que para esa fecha el avalúo comercial del metro cuadrado en el sector era de $ 35.000, por lo que invitaba a la entidad a fijar un precio justo.
— El 10 de marzo de 1994, la sociedad demandante solicitó al Departamento Administrativo de Planeación Distrital, que expidiera una resolución autorizándola a disponer libremente del predio afectado, en consideración a que la afectación producida 13 años atrás había sobrepasado los 9 años de que trata el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, y para la sociedad constituía una carga gravosa el pago de impuestos, celaduría, administración y mantenimiento de un predio sobre el cual “las autoridades distritales no han tomado ninguna decisión y a las que de conformidad con la norma antes señalada ya se les venció el plazo para ello” (fls. 26, cdno. 4).
— En respuesta a esa petición, la entidad demandada, mediante oficio de 25 de marzo de 1994, señaló que la obra avenida Cundinamarca se ejecutaría por el sistema de concesión y que para esa fecha se estaban efectuando ajustes a los diseños, lo que permitía concluir que la obra no se ejecutaría de manera inmediata; que el tramo de la avenida que se ejecutaría a corto plazo era el identificado como avenida Chile (avenida ciudad de Cali-avenida Cundinamarca) y que en relación con la afectación a que se refería la comunicación, debía pronunciarse el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (fls. 23, cdno. 4).
— El 2 de diciembre de 1997, el demandante solicitó al IDU tener como prueba a ser tenida en cuenta en la revisión del avalúo del predio objeto de la promesa de compraventa, el avalúo que contrató del inmueble que realizó la firma Isabel de Mora Finca Raíz Ltda., miembro de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, conforme al cual el precio del metro cuadrado era de $ 85.000 (fls. 103-105, cdno. 2).
— El 12 de diciembre de 1997, se celebró contrato de promesa de compraventa sobre el predio de propiedad de la sociedad demandante, el cual tenía un área de 49 061,75 metros cuadrados, por $ 1.962.470.000 (fls. 98-102, cdno. 2).
— El 15 de diciembre de 1997, la unidad de estudios y diseños de la subdirección financiera expidió autorización de pago por $ 1.766.223.000, para la adquisición del predio (fls. 47, cdno. 5).
— El 6 de abril de 1998 se reformó la promesa de compraventa, en relación con el plazo para el otorgamiento de la escritura, el cual se acordó prorrogar para el 30 de junio de ese mismo año (fls. 136, cdno. 5).
— El 2 de julio de 1998 se reformó la promesa de compraventa en cuanto al valor del lote, el cual se acordó en $ 4.170.248.750, que se convino pagar así: un primer contado por valor de $ 1.766.223.000, a la firma de ese acuerdo y la suma restante, esto es, $ 2.404.025.750, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en la que el promitente vendedor entregara al Instituto la primera copia de la escritura pública debidamente registrada, junto con el certificado de tradición actualizado (fls. 137-138, cdno. 5).
— El 15 de julio de 1998, se celebró la compraventa del terreno, mediante escritura pública 4668 de 15 de julio de 1998, 4.170.248.750 (fls. 109-114, cdno. 2).
— El 11 de septiembre de 1998, la firma vendedora suscribió un documento en el cual se comprometía a custodiar y cuidar el inmueble y constituir pólizas de garantía de ese compromiso, hasta el 31 de diciembre de 1999, sin perjuicio de que IDU requiriera antes su entrega (fls. 140-141, cdno. 5). El 13 de octubre de ese mismo año, la empresa vendedora solicitó declarar la nulidad de ese convenio, porque adujo que el mismo fue suscrito bajo presión, dado que en la entidad se les exigió la firma del mismo para proceder a suscribir la escritura y pagar el saldo insoluto en los 8 días calendario siguientes (fls. 107-117, cdno. 5). Solicitud que fue reiterada el 5 de noviembre siguiente (fls. 65-75, cdno. 5).
— El 7 de julio de 1999, la sociedad demandante hizo entrega material del lote al Instituto de Desarrollo Urbano (fls. 139, cdno. 5).
1.4.3. Las pruebas documentales traídas al expediente por la parte demandante, que no fueron controvertidas por la entidad, analizadas bajo los criterios antes señalados, permiten concluir lo siguiente, en relación con la presentación oportuna de la demanda:
(i) Desde la expedición del Acuerdo 2 de 18 de marzo de 1980, el Distrito Capital proyectó la construcción de la avenida Cundinamarca, la cual, según su trazado, comprometía parte de los terrenos de propiedad de la sociedad demandante en los cuales se estaban adelantando las obras correspondientes a la urbanización Villa María etapas I y II. La sociedad demandante cedió al Distrito Capital la porción del terreno a la que legalmente estaba obligada, pero se abstuvo de solicitar licencia para construir sobre la porción adicional del terreno por la que pasaría la avenida.
(ii) Durante la vigencia de la Ley 1ª de 1943 ni el Distrito ni el Instituto de Desarrollo Urbano declararon como de utilidad pública la porción del inmueble de la sociedad que excedía el 7% del área destinada a esa vía, que era de cesión obligatoria; tampoco hicieron oferta de compra al titular del derecho de dominio del bien ni iniciaron el trámite para su expropiación. Esto significa que el inmueble no estuvo jurídicamente afectado desde la fecha de expedición del Acuerdo 2.
(iii) Pero, si entendiera que la afectación del inmueble antes de la vigencia de la Ley 9ª de 1989 podía hacerse de facto, lo cierto es que conforme a la Ley 1ª de 1943, esa “afectación” no podía exceder de dos años, que era el término con el cual contaba la entidad para adquirir el bien por enajenación voluntaria o expropiación. Por lo tanto, la limitación que hubiera podido sufrir el inmueble cesó el 18 de marzo de 1982, esto es, dos años después de la expedición del Acuerdo 2 de 1980.
(iv) Con posterioridad a la expedición de la Ley 9ª de 1989, las entidades estatales señaladas no adelantaron el trámite previsto en la Ley para la afectación del inmueble que incluía la notificación de esa decisión al propietario, la inscripción de la limitación en el folio de matrícula inmobiliaria y la celebración de un contrato por el valor de la compensación de los perjuicios que se causaran con la restricción ni tampoco iniciaron el trámite de expropiación del inmueble.
(v) De haberse formalizado la afectación, o de entender que la misma podía constituirse de hecho, esta, por ministerio de la ley, quedó sin efecto, de pleno derecho, nueve años después, porque la entidad pública no adquirió el inmueble durante ese lapso. Así lo reconoció la misma sociedad en la solicitud que formuló el 10 de marzo de 1994 al Departamento Administrativo de Planeación Distrital, que expidiera una resolución autorizándola a disponer libremente del predio afectado, en consideración a que la afectación producida 13 años atrás había sobrepasado los 9 años de que trata el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989 (fls. 26, cdno. 4). Esto significa que los nueve años posteriores a la expedición del Acuerdo 2 de 1980 vencieron 18 de marzo de 1989.
En consecuencia, dado que conforme a las Leyes 1ª de 1943 y 9ª de 1989, la afectación de un bien inmueble requería adelantar un trámite que incluía la expedición de un acto administrativo mediante el cual se declaraba de utilidad pública ese bien; la inscripción de esa restricción en el folio de matrícula inmobiliaria y la notificación personal del acto al titular del derecho, no hay lugar a afirmar que en el caso concreto se produjo dicha afectación porque tales actuaciones no fueron cumplidas por la entidad demandada.
Pero, si se entendiera, como lo propone la parte demandante, que dicha “afectación” procedía de facto, habría que concluir que la demanda presentada el 15 de diciembre de 1998 lo fue por fuera del término legal, dado que dicha restricción no podía superar los dos años, según la Ley 1ª de 1943 ni los 9 años, según la Ley 9ª de 1989, contados a partir de la fecha de su presunta imposición, esto es, desde el 18 de marzo de 1989.
(vi) Ahora bien, en consideración a que el 23 de abril de 1990, la subdirección legal del Instituto de Desarrollo Urbano IDU informó a la sociedad Incor S.A. la iniciación del procedimiento de adquisición por negociación directa y voluntaria del lote de terreno destinado a la construcción de la vía, podría llegar a concluirse que fue a partir de esa fecha que la sociedad tuvo certeza de que el avenida Cundinamarca efectivamente comprometería el terreno de su propiedad y, en consecuencia, a partir de ese momento empezó a correr el término para reclamar la indemnización de los perjuicios que le pudiera haber causado la omisión o retardo de la entidad en celebrar el contrato de compraventa respectivo.
Entendido así el hecho, habría que concluir, igualmente, que para el momento de la presentación de la demanda habría caducado la acción de reparación directa.
(vii) El 10 de marzo de 1994, la sociedad demandante solicitó al Departamento Administrativo de Planeación Distrital, que expidiera una resolución autorizándola a disponer libremente del predio afectado, dado que para la sociedad constituía una carga gravosa el pago de impuestos, celaduría, administración y mantenimiento de un predio (fls. 26, cdno. 4).
Los términos de esa solicitud permiten a la Sala inferir que hasta esa fecha, la entidad demandada no había adquirido el inmueble y tampoco lo había ocupado materialmente con la obra pública proyectada; por el contrario, la sociedad Incor S.A. seguía siendo no solo su propietaria sino que además continuaba ejerciendo actos de posesión sobre el mismo, aunque consideraba que no tenía la posibilidad de usar libremente el bien por encontrarse “afectado” para la construcción de la avenida Cundinamarca, es decir, que se había producido una ocupación jurídica.
Así las cosas, la omisión de la demandada de acceder a la solicitud de autorizar a la sociedad para disponer libremente del predio constituye el hito para contar el término que esta tenía para intentar la demanda de reparación directa, con el fin de reclamar la indemnización de los perjuicios que hubiera sufrido con esa “afectación”, término que por tratarse de una omisión empezó a correr desde la fecha en la cual se debió dar esa respuesta de manera expresa, esto es, vencidos los 15 días de que trata el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo, vigente al momento de los hechos.
Por lo tanto, de entender que el Distrito Capital incurrió en una ocupación jurídica del inmueble de propiedad de la sociedad demandante al impedir que esta explotara económicamente el bien y que esta solo tuvo certeza cuando se omitió la autorización que solicitó, debe concluirse que el término para presentar la demanda de reparación directa empezó a correr el 26 de marzo de 1994, esto es, al día siguiente de vencidos los quince días que tenía la administración para dar esa respuesta y como la demanda se presentó el de 1998, forzoso es concluir que esta fue extemporánea.
(viii) Podría interpretarse que la sociedad demandante mantuvo durante 18 años 3 meses y 27 días la expectativa de que el Distrito Capital habría de celebrar el negocio jurídico de compraventa voluntaria del inmueble que hacía parte del proyecto vial de la avenida Cundinamarca, interés que, al menos fue expreso en 1990, pero que se mantuvo implícito desde 1980, en tanto, no se derogó el proyecto de construcción la avenida. Es decir, que se generó en la sociedad la confianza legítima de que el contrato habría de celebrarse en cualquier momento. De aceptarse este hecho habría que concluir que el daño, consistente en el retardo de celebrar el contrato de compraventa del inmueble, tal como se afirma en la demanda, solo se consolidó el 15 de julio de 1998, fecha en la cual se celebró el contrato de compraventa del inmueble pero no se reconocieron los perjuicios derivados del retardo que reclama la sociedad demandante. Por lo tanto, la demanda presentada el 15 de diciembre de ese mismo año lo fue en término.
En consecuencia, solo al interpretar la demanda, como se hizo en el último numeral, esto es entendiendo, para efectos de definir si operó o no la caducidad, que la causa del daño aducido por la sociedad demandante fue la tardanza en cumplir el “compromiso” adquirido por el distrito de adquirir el bien inmueble “afectado”, o mejor, ocupado jurídicamente por la construcción de la obra pública, “compromiso” que generó la confianza legítima a la sociedad de que la misma habría de cumplirse efectivamente, habría lugar a considerar que la demanda se presentó en tiempo y, por lo tanto, que resulta procedente el análisis de fondo de la cuestión propuesta. Así las cosas, la Sala procederá a determinar si existió o no el daño aducido en la demanda.
2. Sobre el daño.
La sociedad Incor S.A. reclama la indemnización de perjuicios que adujo haber sufrido durante el lapso en el cual se le privó de la posibilidad de explotar económicamente el inmueble, que estaba comprometido en la construcción de la avenida Cundinamarca y señala que ese perjuicio consistió en la imposibilidad de obtener la ganancia por la venta de ese terreno, en las mismas condiciones en las que comercializó el resto en lotes urbanizados. En pocos términos: lo que reclama la sociedad demandante es el lucro cesante que le habría producido el lote afectado por el distrito si hubiera podido desarrollar el proyecto urbanístico que adelantó en el resto del lote que adquirió y los rendimientos financieros de esas utilidades.
A juicio de la Sala, la sociedad no sufrió daño alguno con la venta del predio de su propiedad al Distrito, 18 años, 3 meses y 27 días después de la expedición del Acuerdo 2 de 1980, que adoptó el sistema vial arterial, en el cual se proyectó, entre otras, la construcción de la avenida Cundinamarca, porque esa venta se hizo en el valor comercial del inmueble, no al momento de la ocupación, sino de la celebración del contrato, el cual incluía la considerable valoración del predio, lograda gracias, justamente a la ejecución de las obras de desarrollo vial de ese sector de la ciudad. A esa conclusión se llega, por las siguientes razones:
En la demanda calculó la suma reclamada como indemnización por el lucro cesante, así:
Entre la fecha de la afectación, 18 de marzo de 1980 y la fecha de la compraventa, 15 de julio de 1998, transcurrieron 18 años, 3 meses y 27 días, tiempo durante el cual se deberá contabilizar el lucro cesante del valor del lote de terreno.
El lucro cesante deberá calcularse teniendo en cuenta el monto de las utilidades que recibió mi poderdante por concepto de la venta de los lotes no afectados del inmueble descrito en la presente demanda y el menor valor que recibió por concepto de la negociación con el IDU, cálculo que deberá efectuarse con los siguientes criterios:
El lote tenía un área de 316.839,49 metros cuadrados y el lote correspondiente a la afectación tenía un área de 49.061,75 metros cuadrados.
Si la sociedad hubiera podido hacer un loteo como lo hizo con el lote de mayor extensión habría efectuado las siguientes cesiones obligatorias señaladas por la ley:
Total cesiones: 43,35% 21.268,28 m2
Para obtener el área neta vendible restamos del área total de las cesiones, que es igual a 27.793,47 m2
De conformidad con la resolución 16 de 1978, el área mínima del lote es de 72 mts2, de 6 metros de frente por 12 de fondo.
Para tener el número total de lotes a vender dividimos el área neta por el mínimo de metros de cada lote, para un total de 386 lotes.
De acuerdo con el precio dado en las escrituras públicas que se anexan de la misma época, la sociedad Incor S.A. vendió a un promedio de $ 2.481 pesos cada metro cuadrado neto de área.
Los predios indemnizados por el demandante se vendieron entre los años 1981 y 1985 con base en los promedios citados el valor total de los lotes que habría podido vender o del valor comercial que ha debido recibir en su momento era el correspondiente a multiplicar el valor del número de lotes por el valor promedio del metro cuadrado, para un total de $ 68.955.599,07.
La fórmula financiera de valor presente y valor futuro que nos permite trasladar dineros en el tiempo, conservando siempre su poder adquisitivo, la misma se aplica con base en el índice de precios al consumidor (IPC)...
Las cifras pedidas por indemnización con la aplicación de las fórmulas citadas son las siguientes:
La suma de $ 68.955.599,07, para el 1º de marzo de 1980 equivalen al 31 de diciembre de 1980 a la tasa del DTF de 1980 (35.28%) a: $ 90.982.483
El valor final a 31 de diciembre de 1997 es igual a: $ 10.466.454.189
El valor final a 5 de enero de 1998 es igual a: $ 10.492.528.676
El valor total pagado por el IDU a Incor S.A. $ 4.170.248.750
Valor real a pagar $ 10.492.528.676
Diferencia a pagar $ 6.322.279.926
Las pretensiones de esta demanda equivalen al dinero que de haberlo recibido cuando correspondía le habría representado a la sociedad una suma equivalente a la citada, esto es, diez mil cuatrocientos noventa y dos millones quinientos veintiocho mil seiscientos setenta y seis pesos, que restado de lo efectivamente pagado arroja un saldo de seis mil trescientos veintidós millones doscientos setenta y nueve mil novecientos veintiséis pesos $ 6.322.279.926.
En pocos términos: lo que el actor reclama es la diferencia entre el precio de venta del lote al Distrito y la sumatoria del valor en el que habría vendido las unidades que hubiera podido construir sobre el mismo, teniendo en cuenta el valor de venta y su actualización con el DTF.
Según los peritos nombrados por el a quo, la suma adeudada por la entidad a la sociedad demandante para 1998 equivalía a $ 12.884.295.491,19 (fls. 1-5 cuaderno dictamen pericial), según el siguiente cálculo:
El predio del demandante tenía un área total de 316.839,49 m2, de los cuales el 37.84% equivalente a 119.892,06 m2 era de cesión obligatoria por lo cual podían ser vendidos 196.947,49 m2 de ese total, efectivamente, 124.845,88 m2 fueron vendidos entre los años 1981 y 1998 y la porción restante de 72.101,61 m2 es el área que habría podido vender sino hubiera sido afectado por la avenida longitudinal de occidente; lo efectivamente comprado por el IDU fue un área de 49.061,75 m2.
Los 124.845,88 m2 fueron vendidos entre los años 1881 y 1998..., a precios corrientes promedio por m2 definidos del análisis, se procedió a trasladar estos precios corrientes a precios constantes del año 1998...
De haber sido posible vender los 72.101,61 m2 el ingreso a precios constantes de 1998 habría sido la suma de $ 5.974.953 885,44.
Esta cifra se establece de la siguiente manera:
Se considera que los precios a los cuales efectivamente se vendieron los lotes en los diferentes años eran los precios comerciales para el momento...
De haber existido disponibilidad adicional de lotes, estos habrían sido vendidos al mismo ritmo de los que efectivamente fueron vendidos (...), esto significa que por ejemplo que si en el año 1981 se vendió el 5.26% de los 124.845,88 m2 disponibles, en el momento en que hubiera sido posible disponer de los 72.101,61 m2 adicionales, la venta habría sido de esa misma proporción...
Por lo tanto, al establecer la venta anual y su precio comercial, se define año a año el monto de los potenciales ingresos, a precios constantes de 1998, los cuales sumados muestran la cifra planteada de $ 5.974.953.685,44.
Esta cifra sobrepasa en un monto de $ 1.804.704.935,44 los $ 4.170.248.750 que fueron cancelados por el lote de 49.061,75 m2 en el año 1998.
Por otro lado, dado que la tasa de interés anual establecida es del 6%, la cual fue causada durante un período de 18 años, la cifra que habría percibido el demandante sería de $ 17.054.544.241,19. Esta cifra es equivalente a aumentarle al producto de la venta que hubiera sido posible realizar año a año con los precios corrientes del mercado, con los correspondientes IIPC, la tasa de interés establecida. A la cifra de $ 17.054.544.241,19 se le resta la que efectivamente recibió, para un saldo a su favor de $ 12.884.295.491,19, de conformidad con lo expresado en la demanda a esa cantidad habría que aplicarle el IPC más el 6% desde la fecha en la que se le efectuó el pago por la venta del lote hasta cuando se haga efectivo el pago de los perjuicios reclamados en la demanda.
El Instituto de Desarrollo Urbano objetó por error grave el dictamen pericial (fls. 74-78, cuaderno dictamen pericial), con fundamento en lo siguiente: (i) Tal como consta en la escritura pública 4668 de 15 de julio de 1998, la sociedad demandante vendió al Instituto el derecho de dominio y posesión material que ejercía sobre el inmueble y, en dicho acto, el representante legal de la sociedad estuvo de acuerdo con el objeto, el precio y la forma de pago y, además, renunció al ejercicio de la acción resolutoria y de cualquiera otra acción real de la que pudiera ser titular, por el hecho de que el inmueble estaba destinado al servicio público; por lo tanto, la peritación no tiene asidero jurídico alguno frente a la acción instaurada; (ii) el listado que se hace en el dictamen de los lotes vendidos en la urbanización Villa María no da cuenta de la ubicación cartográfica o topográfica de los predios ni los identifica por su nomenclatura, ubicación, alinderación y circunscripción territorial, departamental y municipal; (iii) las fotografías que se anexaron al dictamen nada aportan sobre los predios ni sobre los experimentos e investigaciones que pudieron haberse efectuado, en tanto no se relacionan con el objeto del dictamen; (iv) el predio que la sociedad dio en venta al IDU fue avaluado por la Sociedad Colombiana de Avaluadores, el 23 de diciembre de 1997, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 15 de la Ley 9ª de 1898 y 61 de la Ley 388 de 1997; (v) no se demostró que los peritos designados por el a quo estuvieran vinculados con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ni que se hallaran inscritos a las lonjas o asociados y, por lo tanto, es ilegal; (vi) para rendir su dictamen, los peritos se basaron en el precio de las ventas celebradas entre los años 1981 y 1998, los cuales carecen de relación con el predio objeto de este litigio, el cual fue avaluado a la fecha de celebración de la promesa de compraventa; (vii) el predio no puede ser objeto de nuevos avalúos para pretender reajustes de precios, porque la negociación del mismo se hizo de manera voluntaria por parte de la sociedad propietaria; (viii) la pretensión de que se reajuste el precio del inmueble objeto de venta voluntaria constituye la búsqueda de un enriquecimiento ilícito, en detrimento del erario público, y (ix) carecen de todo sustento legal los argumentos expuestos por los peritos en relación con la tasa del 6% causada durante un período de 18 años a favor de la demandante.
Considera la Sala procedente reiterar su criterio en relación con los requisitos que debe reunir el dictamen pericial para que pueda tener eficacia probatoria:
[D]e conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, la peritación como medio de prueba es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. El perito debe informarle razonadamente al juez lo que de acuerdo con esos conocimientos especializados sepa de los hechos —y no cuestiones de derecho— que se sometan a su experticio, sin importarle a cuál de la partes beneficia o perjudica, de manera que su dictamen debe ser personal(12) y contener conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad (CPC, art. 237, num. 2º).
Para su eficacia probatoria debe reunir ciertas condiciones de contenido como son la conducencia en relación con el hecho a probar; que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; que no se haya probado una objeción por error grave; que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; que haya surtido contradicción; que no exista retracto del mismo por parte de perito y en fin que otras pruebas no lo desvirtúen(13). El dictamen del perito debe ser claro, preciso y detallado, en él se deben explicar los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones (art. 237 ejusdem, num. 6º).
A su turno, el artículo 241 ibídem señala que al valorar o apreciar el juez el dictamen de los peritos tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que el juez no está obligado a “... aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores...”(14).
En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho, de suerte que permita al juez otorgarle mérito a esta prueba por llegar a la convicción en relación con los hechos objeto de la misma”(15).
El artículo 238 del Código de Procedimiento Civil regula la manera como debe surtirse la contradicción al dictamen y en relación con lo que debe entenderse como error grave, no hay discusión en la jurisprudencia de que este es el que se opone a la verdad, por la falta de identidad entre la realidad del objeto sobre el que se rinda el dictamen y la representación mental que de él haga el perito; por lo tanto, no constituirán error grave las conclusiones o inferencias a que lleguen los peritos, que bien pueden adolecer de otros defectos. En otros términos, la objeción por error grave debe referirse al objeto de la peritación, y no a la conclusión de los peritos.
En el caso concreto, advierte la Sala que los peritos incurrieron en error en el cálculo del perjuicio porque tomaron como base una extensión del terreno diferente a la señalada en la demanda, esto es, hicieron la liquidación del lucro cesante teniendo en consideración el área del terreno de la sociedad que según la entidad demandada estaba comprometida en el proyecto vial (72.101,61 m2), sin hacer la reducción del predio que debía ser cedido de manera obligatoria, en tanto que en la demanda se reclama la indemnización de perjuicios por 49.061,75 m2, que corresponden al área adquirida por el distrito el 15 de julio de 1998.
Ese error debió motivar la corrección o aclaración del dictamen pero no es constitutivo de error grave, porque no implica un cambio de las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos ni toma como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen(16).
La sociedad demandante manifestó que para el cálculo del lucro cesante que reclama debía tenerse en cuenta que durante los años 1981 a 1985 vendió los lotes que integran la urbanización Villa María sectores I y II, vendió a $ 2.481, promedio, cada metro cuadrado neto de área. Por lo que de haber vendido en esa época el predio que en 1998 vendió al distrito hubiera obtenido un ingreso de $ 68.955.599,07.
Cabe señalar que la venta de las unidades en las que fue dividido el predio de propiedad de la sociedad demandante, que hacían parte de la urbanización Villa María, sectores I y II, en el municipio de Suba y su valor, celebradas entre los años en los años 1981 a 1985, se acreditó con la copia de las escrituras públicas correspondientes, en las cuales consta que la constructora se hizo cargo de las obras de urbanismo y saneamiento, así como de las acometidas para los servicios públicos (fls. 23-353, cdno. 3)(17).
Advierte la Sala que no está acreditado en el expediente cuál fue el lucro obtenido por la sociedad por el ejercicio comercial, es decir, cuáles fueron las ganancias que le reportó la venta de los lotes, una vez hecha la reducción en el precio de venta de los costos correspondientes a las obras de urbanismo, saneamiento y de las acometidas de los servicios públicos.
Adicionalmente, se observa que en el cálculo del lucro cesante, que hicieron tanto la demandante como los peritos no se justificó el por qué tomaron como base el mismo valor de los lotes urbanizados para determinar el lucro cesante que habría obtenido la sociedad por un lote que no tuvo desarrollo urbanístico, es decir, sobre el cual no se hizo inversión alguna.
Pero, dejando de lado la cuantía del perjuicio reclamado, lo que considera la Sala es que no está acreditada su existencia. Si lo que sociedad demandante aduce es que el distrito debió pagarle en 1980 el predio del cual no pudo disponer desde esa fecha por haber quedado “afectado” para la construcción de la avenida Cundinamarca, es claro que el valor que debió recibir en 1998 sería el precio de venta del inmueble que tenía en el primer año, debidamente indexado en el último.
Ese es el criterio que ha mantenido la Sala en los casos de ocupación permanente (material o jurídica) de inmuebles por obras públicas. En efecto, ha considerado la Sala que la indemnización de los perjuicios materiales causados con ocasión de la ocupación permanente de un inmueble está sometida a los principios de reparación integral del daño y comprende los conceptos de daño emergente, que consiste en el precio de la franja o totalidad, según el caso, del inmueble ocupado(18) y del lucro cesante, que se traduce en aquellos ingresos que el propietario del inmueble ocupado dejó de percibir a consecuencia de la ocupación del mismo, aunque en los eventos de ocupación permanente, para efectos de determinar el valor de la indemnización, debe tenerse en cuenta que:
En el evento de la ocupación de inmuebles por trabajos públicos, si se solicita el pago del daño emergente al momento de producirse la ocupación debidamente indexado, la indemnización es compensatoria y comporta legalmente la transferencia de la propiedad ocupada a la entidad condenada, luego el único lucro cesante susceptible de reconocerse será la rentabilidad del dinero. No es posible entonces solicitar al mismo tiempo que la compensación indemnizatoria (daño emergente) y su rentabilidad (lucro cesante), el pago de lo que el terreno hubiere dejado de producir(19).
Así las cosas, si lo que se alega es la ocupación jurídica del predio desde 1980, el precio que debió pagar la entidad demandada en 1998 era el que este tenía en marzo de 1980, suma debida indexada, al 15 de julio de 1998, más los intereses legales que esa suma hubiera producido durante el lapso transcurrido entre el momento en el cual se debió cumplir la obligación y aquel en el que efectivamente se hizo efectiva.
Teniendo en cuenta el precio del lote vendido al Distrito, para 1980, que según el demandante era de $ 68.955.599,07, suma deducida, se insiste, con base en el precio de venta de los lotes urbanizados, se calcula que al 15 de julio de 1998, fecha de celebración del contrato de compraventa, dicha suma equivaldría a $ 3.273.475.523, conforme a la variación del índice de precios al consumidor, según la siguiente fórmula:
Vh: capital histórico o suma que se actualiza: $ 68.955.599,07
Índice final certificado por el DANE a la fecha de esta sentencia: 51.27
Índice inicial a la fecha de la sentencia dictada por el a quo: 1.08
Vp. = $ 3.273.475.523
Además, los intereses legales (6% anual) de esa suma, generados durante 18 años equivalían a: $ 294.612.797
Esas serían las indemnizaciones por daño emergente y lucro cesante, que debió recibir la sociedad demandante el 15 de julio de 1998, en relación con el predio que vendió al distrito, esto, se reitera, sin tener en cuenta que sobre el mismo no se habían adelantado las obras de desarrollo urbanístico que sí se hicieron en los demás lotes, y siempre que hubiera acreditado que el inmueble fue ocupado jurídicamente por la entidad desde el 18 de marzo de 1980, pero además mantuvo durante esos 18 años un compromiso de compra, que generó en la demandante la confianza legítima de que ese acto se materializaría jurídicamente en cualquier momento.
Sin embargo, se advierte que esa no fue la situación que se presentó en el caso concreto. Lo que las partes entendieron al momento de celebrar el contrato de compraventa era que la sociedad propietaria del inmueble no había perdido nunca su posesión, es decir, que esa ocupación jurídica no se había producido, y por eso, la negociación voluntaria del bien se hizo sobre el precio que este tenía en el mercado al momento de la celebración del contrato de compraventa, es decir, el avalúo comercial del inmueble, que incluía la considerable valorización obtenida gracias, entre otras cosas, al desarrollo del plan vial en la ciudad y a las demás obras de infraestructura que hubiera adelantado el distrito durante esos 18 años.
En efecto, consta que el 12 de diciembre de 1997, el Instituto de Desarrollo Urbano —IDU y la sociedad Inversiones y Construcciones Reina Incor Ltda. (hoy Inversiones y Construcciones Reina Incor S.A.), celebraron el contrato de promesa de compraventa sobre el predio de que trata este litigio, el cual tenía un área de 49 061,75 metros cuadrados, por un valor de $ 1.962.470.000, el cual sería objeto de revisión, tal como quedó convenido en las siguientes cláusulas (fls. 98-102, cdno. 2):
Primera: objeto: el promitente vendedor promete vender al Instituto de Desarrollo Urbano y este promete comprar a aquel, con destino a la obra Avenida Cundinamarca (Autopista Medellín - Transversal de Suba), mediante escritura pública debidamente registrada el derecho de dominio y la posesión material que ejerce sobre un bien inmueble de cuarenta y nueve mil sesenta y un metros cuadrados con setenta y cinco centímetros cuadrados (49.061,75), inmueble ubicado en el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, en la avenida Cundinamarca, entre calles 132 y 139...
Sexta: valor del contrato: el precio total del bien prometido en venta es la cantidad de mil novecientos sesenta y dos millones cuatrocientos setenta mil pesos (1.962.470.000), moneda corriente cuyo avalúo fue elaborado por la Sociedad Colombiana de Avaluadores... PAR.—Por cuanto el avalúo anteriormente señalado se someterá a revisión, las partes acuerdan que en caso de modificación, el mayor valor se reconocerá por parte del promitente comprador mediante otro sí al presente documento.
Séptima: forma de pago: el promitente comprador se obliga a pagar el precio antes estipulado, así: a) un primer contado por el noventa por ciento (90%) del precio total, o sea, la cantidad de mil setecientos sesenta y seis millones doscientos veintitrés mil pesos (1.766.223.000), moneda corriente, dentro de los cuarenta (40) días hábiles siguientes a la legalización de la presente promesa de compraventa, previo trámite de la orden de pago. b) un segundo contado o saldo por el diez por ciento (10%), o sea la cantidad de ciento noventa y seis millones doscientos cuarenta y siete mil pesos ($ 196.247.000), moneda corriente o el mayor valor que resulte de la revisión presentada dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en la que el promitente vendedor haga entrega al Instituto de Desarrollo Urbano de la primera copia de la escritura pública debidamente registrada, junto con el certificado de tradición actualizado, donde aparezca el Instituto de Desarrollo Urbano como propietario, previo trámite de la orden de pago.
Novena: entrega: el promitente vendedor hará entrega del inmueble objeto de la presente negociación contra el pago del primer contado. Si vencido dicho plazo no hubiere realizado la entrega, se entenderá que por este hecho el promitente vendedor ha autorizado al Instituto de Desarrollo Urbano para disponer de inmediato del inmueble objeto de la presente promesa de compraventa.
Una vez los peritos establecieron el valor comercial de ese inmueble, se celebró el contrato de compraventa mediante escritura pública 4668 de 15 de julio de 1998 (fls. 109-114, cdno. 2), en la cual consta como precio de venta la suma de $ 4.170.248.750, conforme a las siguientes cláusulas:
Primera. objeto del contrato: la vendedora por este instrumento transfiere a título de venta con destino a la obra Avenida Longitudinal de Occidente (Avenida Cundinamarca-Autopista Medellín - Transversal de Suba), a favor del Instituto de Desarrollo Urbano, el derecho de dominio y posesión material que ejerce sobre un inmueble de cuarenta y nueve mil sesenta y un metros cuadrados con setenta y cinco centímetros cuadrados (49.061,75 m2), ubicado en la avenida Cundinamarca, entre calles 132 y 139..., en mayor extensión R371 y matrícula inmobiliaria número 5ON-324721 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santafé de Bogotá, zona norte... Segunda. Determinación del objeto: que el inmueble de esta compraventa, de acuerdo con el registro topográfico 6999D levantado por el área de estudios técnicos del Instituto de Desarrollo Urbano, cuya copia se protocoliza con el presente instrumento público tiene un área de cuarenta y nueve mil sesenta y un metros cuadrados con setenta y cinco centímetros cuadrados (49.061,75 m2) de terreno...Una vez descontada el área requerida para la obra mencionada, queda una zona sobrante de mil seiscientos cincuenta y siete metros con cuarenta y nueve centímetros cuadrados (1.657,49 m2), propiedad del Instituto de Desarrollo Urbano... Tercera: valor: que el precio total y único del bien que transfiere es la suma de cuatro mil ciento setenta millones doscientos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta ($ 4.170.248.750), moneda corriente...
Significa lo anterior que el Instituto de Desarrollo Urbano IDU adquirió el predio de propiedad de la sociedad demandante en el valor comercial que el bien tenía el 15 de julio de 1998, se insiste, con la valorización que el mismo adquirió, gracias, entre otras razones, a la inversión en infraestructura que la misma entidad pública y el Distrito Capital hicieron en esta ciudad, hechos que son externos a la actividad de la urbanizadora.
Para la Sala, las pretensiones formuladas por la sociedad demandante para que se le indemnice el lucro cesante que adujo no haber podido percibir desde 1980 por la explotación económica del inmueble, resultan incoherentes, si se tiene en cuenta que, de una parte, sostiene que el inmueble fue “afectado” por la entidad demandada desde ese año y, en consecuencia, perdió su posesión, pero al mismo tiempo afirma que convino su venta al IDU en 1998, por el avalúo comercial al momento de la negociación, por haber ostentado hasta ese momento el derecho de dominio y su posesión. Si el Distrito ocupó jurídicamente el bien desde 1980, su propietario no estaba en posibilidad de explotarlo económicamente desde esa época y, por lo tanto, no tiene derecho alguno a obtener la reparación por el lucro que este le hubiera reportado.
En otros términos: si el distrito ocupó jurídicamente el predio de que trata este proceso desde 1980, la sociedad propietaria del mismo tenía derecho a recibir el precio del inmueble de esa época, indexado al momento del pago, más los intereses legales de esa suma causados desde la fecha en la que se hizo exigible la obligación, hasta su satisfacción. Pero, si el bien nunca fue “afectado” (ocupado jurídicamente) por la entidad demandada, la sociedad no tiene derecho a obtener reparación alguna, porque la entidad no le causó ningún daño.
Es cierto que cuando una entidad estatal proyecte la ejecución de una obra y para tal efecto declare de utilidad pública bienes inmuebles de propiedad ajena debe reparar los daños que con esa decisión llegare a causar, dado que, como lo ha sostenido esta corporación, la afectación para una obra de utilidad pública es una restricción al derecho de domino, más no una patente que permita desconocer los derechos de los particulares propietarios de los inmuebles(20). Sin embargo, vencido el tiempo de la afectación, la entidad debe liberar esos bienes o proceder a adquirirlos, dentro de los plazos y a través del procedimiento señalado en la ley.
Y también es cierto que cuando una entidad ocupa material o jurídicamente un inmueble de manera temporal o definitiva debe igualmente reparar los daños que cause; sin embargo, en el primer caso, la titularidad del derecho de dominio del bien seguirá en cabeza del particular afectado; en tanto que en el segundo evento la propiedad pasará a la entidad pública, quien tiene el deber de pagar el precio del inmueble al momento de la ocupación, debidamente indexado al momento del pago y los intereses legales generados por esa suma. Se entiende que el particular perdió el bien desde la ocupación y con ello perdió también la expectativa de explotarlo económicamente.
En consecuencia, los demandantes tenían derecho a demandar al distrito el pago del bien ocupado jurídicamente dentro de la oportunidad legal, esto es, dentro de los dos años siguientes a la fecha en la cual se produjo ese hecho o ellos tuvieron certeza del mismo, a fin de que se les reconociera el precio que tenía el inmueble desde esa fecha, debidamente indexado, junto con los intereses legales, o negociar el predio por su valor comercial al momento de la compraventa, como así se hizo, por entender ambas partes que esa ocupación no se había producido en momento alguno, lo cual impide a la sociedad reclamar la reparación de un daño que no se le causó.
1. CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 19 de noviembre de 2002.
(2) En vigencia de Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de directa en el año de 1998 tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de 18.850.000.
(3) Si bien algunos de los actos, hechos y omisiones señalados por el demandante como causantes del daño son imputables al distrito, el IDU está legitimado en la causa porque asumió las competencias relacionadas con el desarrollo vial de la ciudad. En efecto, en la página web de esa entidad- http://www.idu.gov.co/web/guest/entidad_historia- consta que “El Instituto de Desarrollo Urbano IDU es una entidad creada el 1º de marzo de 1972 a través del Decreto 255... El IDU siguió operando bajo la vigencia del Decreto 255 por espacio de cinco meses, hasta agosto de 1972, cuando la administración presentó nuevamente al Concejo Distrital un proyecto de acuerdo que hizo referencia a “la organización y funcionamiento del Instituto de Desarrollo Urbano”. El Cabildo asumió el estudio de la nueva propuesta e introdujo en ella sustanciales cambios, y creó el Instituto como organismo autónomo, con recursos propios e independiente de la Secretaría de Obras Públicas, lo que quedó establecido en el Acuerdo 19 de 1972... Una vez, definida su misión, el IDU inició labores como diseñador y ejecutor de la infraestructura vial, que incluía la ampliación y pavimentación de vías públicas y puentes. Asimismo, fue encargado de las obras en las plazoletas, parqueaderos, y obras complementarias como la construcción de edificios e instalaciones para servicios comunales y administrativos de salud, educación, recreación, cultura y transporte masivo. El IDU también debió ocuparse de la adquisición, venta y administración de predios para el desarrollo de sus obras y las operaciones necesarias para la distribución, asignación y cobro de contribuciones para valorización y pavimentos. Con el correr de los años se le asignaron nuevas tareas convirtiéndola en la única entidad encargada del desarrollo de planes viales y de infraestructura de servicios. En la década de los 90 las actividades del IDU fueron modificadas nuevamente pero en esta ocasión se dirigieron al desarrollo de la movilidad y el espacio público, lo cual comenzó a tomar fuerza en 1992. En 1997 pasó a ser no solo una entidad constructora si no que adicionalmente se dedicó al mantenimiento de obras, monumentos y espacio público de la Capital de la República”.
(4) [7] “Cesión de derecho litigioso es el acto jurídico en virtud del cual una persona transfiere a otra, a título oneroso o gratuito, los derechos personales o reales que se controvierten en juicio. Esta cesión se hace efectiva por medio de la entrega del título que contenga la cesión. Este título consiste en un documento privado, aun en el caso en que la controversia trate sobre inmuebles”. Bonivento Fernández, José Alejandro “Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales”, Ed. Librería del Profesional, edición 13, tomo I, págs. 328 y 329.
(5) [8] Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 7 de febrero del 2007, Expedientes 22.043, M.P. Alier Hernández Enríquez.
(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 24 de enero de 2013, Expediente 18.148, C.P. Hernán Andrade Rincón.
(7) Reglamentada por el Decreto Nacional 2400 de 1989; modificada por la Ley 338 de 1997.
(8) Por ejemplo, mediante sentencia de 3 de diciembre de 2007, expediente 16.503, la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió, en segunda instancia, proceso iniciado en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de un acuerdo municipal que afectó, por motivo de utilidad social, un predio urbano de propiedad de los actores en ese proceso.
(9) La Sala Plena de la Sección Tercera de la corporación unificó la jurisprudencia en relación con el término para interponer la demanda en eventos de ocupación de inmuebles, mediante sentencia de 9 de febrero de 2011, Expediente 38.271, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
(10) A la ocupación jurídica se refirió la Sección Tercera de la corporación en sentencia de 16 de febrero de 1992, Expediente 6643, en estos términos: [R]esulta evidente que los intereses del demandante fueron afectados por la integración de su predio al Parque Natural Farallones de Cali, sin que hasta la fecha el ente oficial haya resarcido a cualquier título los efectos patrimoniales de la reservación oficial, olvidándose que con la declaración de Parque Nacional Natural y por mandato expreso del artículo 13 de la Ley 2ª de 1959, en esas tierras ‘quedará prohibida la adjudicación de baldíos, las ventas de tierras, la caza, la pesca y toda actividad industrial, ganadera o agrícola...’, es decir, que respecto de los terrenos afectados, sus propietarios quedaron legalmente imposibilitados e incapacitados para disponer libremente de ‘sus tierras’, o para someterlas a un régimen normal de explotación económica, agrícola o industrial. Cuál es entonces, la diferencia concreta y objetiva para el propietario que se encuentra limitado en el ejercicio de sus derechos de dominio y posesión sobre sus predios, por causa de la declaración de Parque Natural Nacional, frente a quien sufre la misma limitación originada en una ocupación permanente? Sin duda alguna, los derechos conculcados son los mismos, no puede vender, gravar o explotar económicamente su propiedad... En este orden de ideas, bien puede asimilarse la actuación de la administración como una especie de expropiación del predio del actor y, por consiguiente, se impone en su favor un reconocimiento indemnizatorio”. En el mismo sentido, en sentencia de 25 de junio de 1992, Expediente 6974.
(11) Cabe anotar que mediante oficio de 5 de octubre de 2000, la Procuradora Segunda Distrital de Bogotá remitió al a quo, copia auténtica del expediente que se adelantó en contra de los agentes de la Policía que intervinieron en el operativo de 28 de junio de 1993, relacionado con el asalto a un vehículo repartidor de valores de la empresa Brinks, en la zona industrial de Puente Aranda, en los cuales fallecieron varias personas y otras resultaron heridas (cdno. 6 a 10 de pruebas), e identificó en el oficio tanto el radicado, como a la sociedad demandante de este proceso; sin embargo, de su lectura se advierte que no tiene ninguna relación con los hechos de que trata la presente acción, ni es posible ordenar su desglose, porque se desconoce a qué proceso debieron remitirse.
(12) Devis Echandía, Hernando, Compendio de derecho procesal, tomo II, pruebas judiciales, Editorial ABC, 1984, págs. 339 y ss.
(13) Devis Echandía, Hernando, ob. cit., págs. 346 a 350 y ss.
(14) Parra Quijano, Jairo, Manual de derecho probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2004, pág. 649.
(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de abril de 2007, Expediente AG-250002325000200200025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(16) En relación con este aspecto, Corte Suprema de Justicia, auto de septiembre 8 de 1993, Expediente 3446, acogido, por ejemplo, por la Corte Constitucional en Sentencia C-807 de 2002.
(17) Se cita, por ejemplo, la cláusula séptima de la escritura pública 3049 de 26 de noviembre de 1981, mediante la cual sociedad demandante vendió al señor José Vicente Toro Valero, un lote de terreno de los que integran la urbanización Villa María, con una extensión de 83.91 metros cuadrados, por $ 140.000, en la cual la urbanizadora se comprometió a ejecutar por su cuenta las siguientes obras que beneficiarían al lote: “el alcantarillado exterior, los sardineles, los ductos telefónicos para teléfonos públicos, las bases de recebo para las vías peatonales y vehiculare, de conformidad con las especificaciones aprobadas por la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo con el presupuesto oficial y hará llegar hasta el mismo frente del lote los servicios de acueducto y alumbrado eléctrico, de suerte que la casa que allí se construya pueda beneficiarse de tales servicios, pagando el comprador el valor de las instalaciones y conexiones correspondientes al interior del lote...” (fls. 431-436, cdno. 3).
(18) En este sentido se pronunció la Sala en sentencia de 3 de abril de 1997, Expediente 9718.
(19) Sentencia de 3 de abril de 1997, Expediente 9718. Además, debe tenerse en cuenta que respecto del derecho del sujeto damnificado con la ocupación permanente, el inciso primero del artículo 219 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 56 del Decreto-Ley 2304 de 1989, prevé que en la sentencia que ordene reparar el daño, se deducirá del total de la indemnización la suma que las partes hayan calculado como valorización por el trabajo realizado, “a menos que ya hubiera sido pagada la mencionada contribución”. Y en cuanto a la situación del Estado respecto del inmueble, dispone el inciso 2º del mismo artículo, en concordancia con el artículo 220 que, cuando se condene a una entidad pública o a una entidad privada que cumpla funciones públicas, al pago de lo que valga la parte ocupada del inmueble, “la sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio. Mediante Sentencia C-864 del 7 de septiembre de 2004, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del inciso 2º del artículo 219 y 220 del Código Contencioso Administrativo, por considerar que las autoridades públicas tienen el deber constitucional de respetar el derecho de propiedad privada sobre toda clase de bienes y, por consiguiente, cuando requieran bienes inmuebles para cumplir los fines del Estado consagrados en el artículo 2º de la Constitución deben obrar con sujeción al principio de legalidad y garantizando el derecho al debido proceso contemplado en el artículo 29 ibídem, o sea, deben adquirir el derecho de propiedad sobre ellos en virtud de enajenación voluntaria o de expropiación si aquella no es posible, en las condiciones contempladas en la ley, y no pueden obtenerlos mediante su ocupación por la vía de los hechos... No obstante, cuando el Estado ha ocupado de hecho los inmuebles, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución debe responder patrimonialmente e indemnizar en forma plena y completa al titular del derecho de propiedad privada, por el daño antijurídico causado, es decir, por el daño que no tenía el deber de soportar”.
(20) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 11 de julio de 2002. Radicado 1427, C.P. Susana Montes Echeverri.

References: artículo 60
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 136
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 8
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 8
 Resolución 
 artículo 8
 Resolución 
 artículo 22
 resolución 
 artículo 37
 resolución 
 artículo 37
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 artículo 233
 artículo 241
 artículo 238
 artículo 13
 artículo 219
 artículo 56
 artículo 220
 artículo 219
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 90