Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as201620074.html
Timestamp: 2019-03-24 11:43:22+00:00

Document:
as201620074
Auto Supremo: 74/2016
Expediente: SC – 65 – 15 - A
Partes: Oscar Salazar Álvarez. c/ José Francisco Lazo Fernández.
Proceso: Pago indebido y otros.
VISTOS: El recurso de nulidad y casación en la forma de fs.1027 a 1032, interpuesto por Adhemar Alpire Pérez en representación de José Francisco Lazo Fernández, contra el Auto de Vista Nº 30/2015 de 21 de enero, cursante a fs. 1019 y vta. y su complemento de fs. 1025, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en el proceso ordinario sobre pago de lo indebido y resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por Oscar Salazar Álvarez contra el recurrente, la contestación de fs. 1036 a 1040, el Auto de concesión de fs.1041, los antecedentes del proceso; y
El demandado José Francisco Lazo Fernández representado por Adhemar Alpire Pérez José Francisco Lazo Fernández, por memorial de fs. 960 a 961, en la vía incidental pide la nulidad de obrados, argumentando como primer incidente y haciendo cita legal de los artículos 118 dela Ley del Organo Judicial que, se planteó la demanda ejecutiva a un juzgado distinto al que tramitó la medida preparatoria, y posteriormente se pretende ordinarizar ante el juzgado que conoce el presente proceso, actuados procesales que origina la nulidad de obrados, conforme al principio de especificidad.
Asimismo como segundo incidente sostiene que, Oscar Salazar –Alvarez, tramitó la medida preparatoria de reconocimiento de firmas ante el Juzgado Noveno de Instrucción en lo Civil de un documento cuya cuantía alcanzaba a la suma de $us. 25.346,16, siendo que correspondía su conocimiento a un Jugado de Partido en lo Civil, por lo que al haber sido tramitado el proceso ejecutivo ante un juzgado incompetente, conlleva la nulidad del referido proceso así como del presente proceso de ordinarización, a ese efecto hace mención a los artículos 27
de la LOJ y 6 del CPC.
Por otra parte, considera como tercer incidente, el hecho de que las fotocopias de 11 letras de cambio fueron legalizadas por el actuario del Juzgado 9no. de Instrucción en lo Civil, en contravención a lo establecido por los arts. 1311 y 1309 del Código Civil y art. 400 del Código de Procedimiento Civil, señala que en obrados no consta la documentación que indica la parte demandante referido a las letras de cambio originales que hubiese adjuntado al proceso ejecutivo, conforme evidencia el certificado (no indica el folio) que presenta como prueba al respecto, por lo que pide la nulidad de obrados hasta el auto de admisión de la demanda.
Notificado el demandante Oscar Salazar Álvarez, responde negando los términos del incidente
Sustanciado el incidente, la Juez del Juzgado Octavo de Partido en lo Civil y Comercial de Santa Cruz, mediante Auto Nº 673/2014 de 29 de octubre cursante de fs. 987 a 989, anula obrados hasta el auto de admisión de fs. 754, manteniendo las medidas precautorias adoptadas por el tiempo de 15 días, y declina de competencia en razón a la materia para ante el Juez Primero de Partido del trabajo y Seguridad Social.
Contra esa resolución de primera instancia, la parte demandada de fs. 999 a 1003 vta., interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 30/2015 de 21 de enero, cursante a fs. 1019 y vta. y su complemento de fs. 1025, revocó el Auto apelado, y declaró improbado el incidente de nulidad de obrados.
En contra de la resolución de segunda instancia, José Francisco Lazo Fernández a través de su representante Adhemar Alpire Pérez, por memorial de fs. 1027 a 1032, planteo recurso de nulidad y casación en la forma.
Hace conocer que plantea el recurso de nulidad y casación en la forma, por haberse quebrantado las normas esenciales del proceso y por violación de las normas adjetivas civiles, a fin de que el Tribunal Supremo de Justicia anule obrados hasta el vicio más antiguo o en su defecto case en la forma el Auto de Vista apelado, y haciendo cita legal de los arts. 115, 117, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado y 255 del CPC., considera que es viable la interposición del presente recurso, por lo que, al amparo de los arts. 250, 251 (191), 252, con relación al art. 254 num. 4) y 255 num. 2) del Código de Procedimiento Civil y art. 17 de la LOL., manifiesta que, interpone recurso de nulidad y casación en la forma.
Asimismo, haciendo conocer los antecedentes de los incidentes interpuestos mediante memorial de fs. 913 a 916, señala que, independientemente de los mismos, el proceso laboral tramitado en el Juzgado Primero del Trabajo y SS. de la capital sobre pago de beneficios sociales y sueldos devengados, que siguió su poderdante José Francisco Lazo Fernández contra de Oscar Salazar Álvarez, cuenta con sentencia ejecutoriada, constituyendo como cosa juzgada. Señala asimismo que, en el referido proceso, el demandado ahora demandante, acredito los recibos de pago a cuenta, al extremo de pretender se descuenten las letras de cambio, sin embargo previa valoración de estas últimas, y al no existir ningún vínculo entre éstas y el demandante, no fueron consideradas por el Juez Laboral, sin embargo sorprendiendo la buena fe de la Juez a quo, pretende el ahora demandante descontar nuevamente los referidos recibos de pago a cuenta o que el importe de los mismos se le restituya por un supuesto pago indebido, a ese efecto hace mención a los alcances del art. 12 indicando, Ley Orgánica Judicial y art. 122 de la Constitución Política del Estado, por cuya razón, manifiesta el apoderado del recurrente que, interpuso el incidente de incompetencia en razón de la materia, por lo que considera que, al existir estos vicios procesales, corresponde al Tribunal Supremo anular de oficio al amparo del art. 252 del Código de Procedimiento Civil.
Por otro lado considera, señalando como primer agravio, el derecho a la defensa debido a que, el Auto de Vista, sostiene que es incorrecta la decisión de la Juez A quo al anular obrados hasta el Auto de admisión de la demanda y declinar competencia en razón de la materia ante el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social, siendo que, en su fundamento coincide con el argumento en el tercer considerando del Auto apelado, extremo que constituye un agravio- reitera- al derecho a la defensa, al no pronunciarse sobre el fundamento que esgrimió la juzgadora para dictar su resolución, citando al respecto el art. 254-4 del CPC.
Asimismo aduce como segundo agravio que, la Juez A quo dejó establecido en el inciso, al momento de hacer los mismos cuestionamientos a los incidentes interpuestos que, su resolución no se originó de los incidentes interpuestos de su parte, como lo interpretó el Auto de Vista recurrido, sino que su actuar obedece a lo dispuesto por los arts. 17. I de la LOJ., 106.I del NPC.(Ley 439), 3. 1 CPC., (Ley 1750) con relación a los arts. 122 y 410 de la CPE., es decir que su reconocimiento de incompetencia en razón de la materia, lo hace de oficio, que no fue considerado por el Tribunal de alzada, pese a la enmienda y complementación interpuesta, lo cual constituye una violación e interpretación errónea a las referidas normas, al abstenerse de pronunciarse con relación a las mismas así como a los vicios procesales denunciados, en ese entendido hace referencia a los arts.251, 252, acusando la violación de los arts. 110, 113, 115 y 116 de la CPE., por existir vulneración de los derechos, a la seguridad jurídica, la igualdad procesal, al debido proceso, a la defensa, por lo que en aplicación de los arts. 122 y 180 de la CPE., 90, 398, 400 del Código de Procedimiento Civil, 30 de la L.O.J., 118, 123 de la anterior Ley de Organización Judicial, corresponde anular obrados hasta fs. 754.
Concluye señalando que corresponde al Tribunal Supremo resolver el presente recurso anulando obrados y/o casando en la forma el Auto de Vista recurrido.
Finaliza solicitando- con carácter reiterativo, se anule o se case el referido Auto.
A su vez, Oscar Salazar Álvarez, responde en base a los fundamentos expresados en el memorial de fs. 1036 a 1040, solicitando se declare improcedente el recurso, si decidiere ingresar al fondo, declare infundado.
La normativa preceptuada por art. 252 del Código de Procedimiento Civil y en la actualidad el art. 17 de la Ley Nº 025 en concordancia con el art. 106 de la Ley Nº 439, establecen la obligación de los Tribunales del examen de oficio de las actuaciones procesales, con la finalidad de observar si se han cumplido con las formas esenciales de un proceso, en afán de que los actos jurisdiccionales otorguen seguridad jurídica a los litigantes, en ese antecedente corresponde realizar las siguientes consideraciones legales:
La extinta Corte Suprema de Justicia, desarrolló la teoría de la improponibilidad, ésta teoría orienta a que el Juez no está obligado a admitir toda demanda, por el simple hecho de que ésta cumpla con requisitos formales, sino que debe además constatar que cumpla con requisitos de procedencia o de fondo o contenido. En otras palabras no toda demanda debe ser admitida necesariamente, contenido jurisprudencial que se encuentra desarrollado en el Auto Supremo Nº 428/2010 de 6 de diciembre, donde se estableció que: “El concepto de "improponibilidad", fue postulado por Morello y Berizonce, en un trabajo llamado "improponibilidad objetiva de la demanda", en el que se estableció que le está permitido al Juez, fuera de los supuestos de inhabilidad formal de la demanda, disponer su repulsa in limine juzgando sin sustanciación acerca de su fundabilidad o merito, cuando el objeto perseguido (por la pretensión) está excluido de plano por la ley, en cuanto esta impida explícitamente cualquier decisión al respecto, o la improcedencia derive de la no idoneidad, juzgada en abstracto, de los propios hechos en que se funda la demanda (causa petendi), los que no son aptos para una Sentencia favorable”, líneas más abajo se continuo indicando que: “el Juez podrá ejercer la facultad de repulsar in limine una demanda cuando advierta objetivamente la falta de presupuestos de la pretensión; es decir, si los hechos expuestos por el actor no coinciden con el presupuesto de hecho contenido en la norma jurídica que fundamenta la pretensión; ese sería el caso, por ejemplo, de quien demanda usucapión extraordinaria alegando posesión por un tiempo menor del exigido por Ley”, razonamiento desarrollado con el cual este Tribunal comparte criterio, por lo mismo, continuó emplazando el rechazo in limine de la demanda, objetivamente improponible, conforme se evidencia del Auto Supremo Nº 212/2015 de 27 de marzo 2015 donde se concluyó “que la improponibilidad puede ser objetiva: cuando el juicio se centra en analizar los efectos jurídicos materiales de la pretensión y la falta de aptitud jurídica del objeto para ser juzgado en derecho, lo que hace posible que el Juez rechace in limine la litis, tal pretensión por ser manifiestamente improponible, por estar inmersa en los supuestos de ser manifiesta y evidentemente contraria a las buenas costumbres o al orden público, al lado de la misma se presenta la improponibilidad desde el punto de vista subjetivo, la cual se centra en el juicio que hace el Juez, pero sobre la falta evidente de interés sustancial en el actor para proponer la pretensión”.
Entendiéndose en consecuencia, que se reconoce de manera uniforme que la facultad del Juez a tiempo de admitir una demanda debe ir más allá del simple análisis del cumplimiento de requisitos extrínsecos o formales de la demanda y que debe extenderse al análisis de los requisitos de admisibilidad intrínsecos o de procedencia de la pretensión. En virtud a esa facultad, que emerge de la atribución de dirección del proceso, el Juez no solo cuenta con la facultad restringida de analizar el cumplimiento de los requisitos formales de una demanda, sino que le corresponde también efectuar un control de proponibilidad de la acción planteada, teniendo la facultad de rechazar in limine o sin trámite completo una demanda que resulte improponible por falta de fundabilidad o por carecer de interés tutelado por el ordenamiento legal.
En el caso de autos, de los fundamentos expuestos en la demanda por la parte actora, se conoce a raíz de un proceso laboral seguido a instancias de José Francisco Lazo Fernández, el Juez Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social, le condenó a cancelar de beneficios sociales la suma de $us.8561.- y de sueldos devengados $us.16.929.- en total $us.25.490.-, Sentencia que mediante Auto de Vista es confirmada por la Sala social y Administrativa de la Ex- Corte Superior de Justicia, en fecha 07 de octubre de 1997 y confirmada mediante Auto Supremo por la Ex Corte Suprema de Justicia, en fecha 29 de junio de 2001, agrega que durante la relación laboral canceló a José Francisco Lazo Fernández el monto total de $us.45.835,5.-, existiendo una diferencia o pago de $us.23.135,5.- que sería para cancelar supuestamente beneficios sociales y en el peor de los casos se ha pagado en demasía la suma de $us.17.885,5.-, en razón de ello en el afán de recuperar su dinero, en fecha 11 de diciembre de 1997, instauro un proceso de medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas de los comprobantes de pago de sueldos que se realizaron a José Francisco Lazo Fernández y que no fueron tomados en cuenta dentro del proceso laboral, y en base a dicha medida preparatoria instauro en el año 2012 un proceso ejecutivo en contra del Sr. Lazo, por la suma de $us.25.346.16 que se ventiló en el Jugado Décimo de Partido en lo Civil- Comercial, que declaro improbada la demanda por lo que al amparo del art. 490 del Código de Procedimiento Civil, asimismo agrega que, ordinariza el citado proceso ejecutivo, demandando la restitución vía acción de repetición, así como el resarcimiento de daños que se relacionan por los costos del proceso y demás gastos emergentes y derivados del proceso laboral en el Juzgado 1ro de Partido del Trabajo y Seguridad Social y el proceso ejecutivo instaurado en el juzgado Décimo de Partido en lo Civil – Comercial, pidiendo se condene al demandado al pago, de: $us.17.885,5 que se le canceló en demasía durante la relación laboral, más al pago de intereses desde el día del pago que a la fecha ascienden a la suma de $us.20.119; $us.6.087.08 que fueron cobrados en el juicio laboral, más al pago de intereses desde el día del pago que a la fecha ascienden a la suma de $us.1.156.- así como al resarcimiento del daño en la suma de $us.117.000.-
De donde se evidencia que el ahora recurrente con la demanda de “pago de lo indebido y resarcimiento de daños y perjuicios” interpuesta en la jurisdicción ordinaria civil, pretende que se deje sin efecto las determinaciones asumidas en la jurisdicción laboral, donde previo proceso se dispuso y se efectuó el pago de beneficios sociales y sueldos devengados en favor del ahora demandado, es decir que la parte actora al haber instaurado con posterioridad un proceso ejecutivo, en base a una medida preparatoria de reconocimiento de firmas de los comprobantes de pago de sueldos que se realizaron a José Francisco Lazo Fernández, pretende desconocer y dejar sin efecto lo que fue resuelto en aquel juicio social, y a partir de ello, lograr la “devolución” de los dineros cancelados por concepto de beneficios sociales y sueldos devengados, con el argumento de que fueron cancelados en demasía.
Al respecto el Código Procesal del Trabajo (Decreto Ley Nº 16896 de 25 de julio de 1979) en su art. 9 refiere: “La Judicatura del Trabajo tiene competencia para decidir las controversias emergentes de los contratos individuales y colectivos del trabajo, de la aplicación de las leyes de Seguridad Social, vivienda de interés social, denuncias por infracciones de las leyes sociales y de Higiene y Seguridad Ocupacional…”, asimismo el art. 44 dispone: “La jurisdicción y competencia de la judicatura laboral y de Seguridad Social son privativas y sus normas son de aplicación preferente a cualquier otro. La jurisdicción por razón de territorio puede ser prorrogado por acuerdo expreso o tácito de partes; en cambio la competencia es improrrogable”, finalmente el art. 252 prescribe: “Los aspectos no previstos en la presente Ley, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de organización Judicial y del Procedimiento Civil y siempre que no signifiquen violación de los principios generales del Derecho Procesal Laboral”.
De la normativa precedentemente desarrollada se conoce que el procedimiento laboral común conlleva todas las instancias y recursos establecidos por el Código Procesal del Trabajo, con lo que queda resuelta definitivamente la cuestión controvertida, no pudiendo ser cuestionada de nuevo en otro proceso, precisamente por el principio de cosa juzgada que supone la no revisión en otro proceso posterior de la controversia resuelta, ya que dicho juicio social ha recorrido todas las instancias y recursos reconocidos por ley, teniendo la calidad de cosa juzgada sustancial o material; como se evidencia en el caso de autos, de fs. 1 a 550, donde cursa la Sentencia de fecha 5 de julio de 1997 emitida por el Juzgado Primero del Trabajo y Seguridad Social, dentro el proceso seguido por José Francisco Lazo Fernández contra La Empresa “El Horcón” representada por Oscar Salazar Álvarez, resolución donde se declaró probada la demanda de pago de Beneficios Sociales y de sueldos devengados, y a través de la cual se constata que la resolución de instancia dictada en dicha demanda tiene calidad de cosa juzgada, porque fue dictada dentro de un juicio social sustanciado dentro de la jurisdicción especial del Trabajo y Seguridad Social. De ahí, que la pretensión en los términos planteados carece de fundabilidad, por lo que resulta siendo improponible, toda vez que en derecho no existe aquella posibilidad de revisar, y en su caso “devolver” a través de un proceso ordinario lo que fue resuelto o el derecho que fue otorgado en un proceso sumario de conocimiento, aspecto que debió ser advertido por la Juez de primera instancia y en consecuencia rechazar la demanda por improponible, situación que no aconteció y dio lugar a la continuidad del proceso, limitándose a declinar competencia en razón de materia, a lo que el Tribunal de alzada, al contrario revoca el Auto apelado y declaró improbado el incidente de nulidad de obrados, abocándose a verificar si contaba con competencia o no para la tramitación de la causa, sin tomar en cuenta que el Juez en materia civil no tiene competencia para revisar, a través de un proceso ordinario, lo resuelto en un proceso sumario de conocimiento en la jurisdicción especial del Trabajo y Seguridad Social en el que se estableció pago de sueldos devengados y otros derechos y beneficios sociales y de consiguiente con calidad de cosa juzgada sustancial.
Conforme estableció la jurisprudencia al resolver casos similares mediante Autos Supremos Nº 527/2015 de 10 de julio y Nº 666/2015 de 12 de agosto, entre otros. Asimismo análogamente aplicable al presente caso, se ha emitido jurisprudencia constitucional, entendiendo que las resoluciones de procesos sumarios no pueden ser atacados en otro proceso ordinario, al efecto se cita la Sentencia Constitucional Nº 468/2010-R de 5 de julio de 2010, que precisó lo siguiente: "Los procesos de conocimiento: ordinarios, sumarios y sumarísimos se ajustan a las reglas contenidas en el Código de Procedimiento Civil. Respecto al proceso ordinario el art. 316 señala lo siguiente: "todo asunto contencioso que no esté sometido a trámite especial se sustanciará y resolverá en proceso ordinario", aquí se dilucidan las pretensiones jurídicas más complejas y de mayor cuantía para las que no se tiene un procedimiento especial, la autoridad competente para su conocimiento es el juez de partido en lo civil y comercial, se trata de un proceso tipo que tiene por objeto una pretensión tendente a que el órgano judicial dilucide, tramite y resuelva mediante la aplicación de normas jurídicas pertinentes a los hechos planteados y discutidos en la causa, el contenido y alcance de la situación jurídica existente entre las partes, previa valoración de elementos de juicio que las partes incorporen mediante sus alegaciones y pruebas, por lo tanto, es necesariamente contradictorio, lo que difiere de los procesos de ejecución civil o ejecutivos y los de ejecución coactiva civil de garantías reales, concluyen con sentencia firme que causa cosa juzgada sustancial; sin recurso ulterior que afecte su eficacia a excepción de la revisión extraordinaria de sentencia de conocimiento privativo de la Corte Suprema de Justicia.
El segundo proceso de conocimiento es el sumario, está consagrado por el art. 317 del mismo cuerpo legal y su tramitación se encuentra a partir del art. 478, comprende aquellos asuntos contenciosos que no estén sometidos a un trámite especial y sean de menor cuantía. Conoce, tramita y resuelve las acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores establecidos de manera periódica por la Corte Suprema de Justicia, reviste las mismas características que el proceso ordinario, se distingue de aquel, por la celeridad en su tramitación, está previsto para hacer más ágil la justicia, por ello, cuenta con una estructura más simple, menos solemne y más abreviada procesalmente; la autoridad jurisdiccional que debe conocer este tipo de procesos es el juez de instrucción en lo civil, en la medida que se encuentre dentro de su competencia. Sus resoluciones no son susceptibles de ser atacadas en proceso ordinario (...)"
Finalmente y a mayor abundamiento, se debe tomar en cuenta que el recurrente durante la sustanciación de los juicios sociales en el que se declara probada el pago de beneficios sociales y sueldos devengados, fue parte en aquellos y se apersonó contestando la demanda y asumió defensa contando con todos los recursos que la ley le asistía en ese momento para hacer valer su derecho.
Por todo lo expuesto, y en observancia del art. 17 de la Ley Nº 025 en concordancia con el art. 106 de la Ley Nº 439, y toda vez que la competencia es de orden público y en virtud a los principios en los que se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el de legalidad y debido proceso, previstos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista por los artículos 271 num. 3) y 275 del Adjetivo Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil y 106 del Código Procesal Civil, ANULA obrados sin reposición, hasta la admisión de la demanda inclusive, por las razones expuestas en la presente resolución.
De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

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