Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.193.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2010:193:TOC
Timestamp: 2019-10-24 01:18:30+00:00

Document:
EUR-Lex - C2010/193/04 - EN - EUR-Lex
EUR-Lex - C2010/193/04 - EN
Document C2010/193/04
Acta de la sesión del jueves 1 de abril de 2010
Anexo I — Lista alfabética de los miembros de la asamblea parlamentaria paritaria
Anexo II — Lista de asistencia a la reunión del 29 de marzo al 1 de abril de 2010 en Tenerife (España)
Anexo III — Anexo de la sesión del lunes 29 de marzo de 2010
Anexo IV — Resoluciones aprobadas
Minutes of the sitting of Thursday, 1 April 2010#Annex I — Alphabetical list of Members of the Joint Parliamentary Assembly#Annex II — Record of attendance at the session from 29 March to 1 April in Tenerife (Spain)#Annex III — Annex of the sitting of monday, 29 March 2010#Annex IV — Resolutions adopted
OJ C 193, 16.7.2010, p. 8–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
(Se abre la sesión a las 9.05 horas)
PRESIDE: Sr. MILUPI
El Copresidente MILUPI comunica la sustitución del Copresidente Michel por el Sr. Arif.
1. Aprobación del acta del miércoles 31 de marzo de 2010, mañana y tarde
2. Informes breves sobre los talleres y debate sobre migración
Se presentan los siguientes informes sobre los talleres:
Energía renovable y abastecimiento de agua (Jo Leinen);
Turismo sostenible (Glen Benedict Noel (Granada));
Migración en la región (Mariya Nedelcheva).
La presentación de este taller precede a las solicitudes incidentales de intervención.
Intervienen: Gahler, Mato Adrover, Ponga, Assarid Imbarcaouane (Malí), Guerrero Salom, William (Seychelles), Jensen, Hamatoukour (Camerún), Zimmer y Ould Guelaye (Mauritania).
El ponente cierra el debate.
3. Votación de las propuestas de resolución incluidas en los informes presentados por las comisiones permanentes
El Copresidente recuerda a la Asamblea los procedimientos de votación.
El impacto económico y financiero del cambio climático en los países ACP
Informe de Buti Manamela (Sudáfrica) y Frank Engel
Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales (ACP-UE/100.642)
Los Grupos del PPE y ALDE solicitan una votación por partes del considerando A; se aprueba el considerando.
El Sr. Manamela (Sudáfrica) presenta una enmienda oral a la enmienda 1; se aprueba la enmienda.
Se solicita una votación por separado de los artículos 10, 13 y 16; se rechazan todos los artículos.
Se aprueba la resolución modificada.
El impacto social de la crisis mundial
Informe de Gibson Hlophe (Suazilandia) y Juan Fernando López Aguilar
Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente (ACP-UE/100.640)
El Grupo S&D solicita una votación por partes del apartado 6; se aprueba el apartado.
El Sr. Schnellhardt presenta una enmienda oral para incluir un apartado 19 bis nuevo; se rechaza la enmienda.
4. Votación de las propuestas de resolución sobre asuntos de carácter urgente
Propuesta de resolución con carácter urgente sobre la reconstrucción y rehabilitación de Haití tras la catástrofe y la relación entre pobreza y catástrofes naturales (ACP-UE/100.726/comp)
El Sr. Assarid Imbarcaouane (Malí) presenta tres enmiendas orales al guión 4 y al apartado 2, letras b) y c) respectivamente; se aprueban las enmiendas.
Se aprueba por unanimidad la resolución modificada.
Propuesta de resolución sobre asuntos de carácter urgente sobre el apoyo a la consolidación de la paz en el sur de Sudán (ACP-UE/100.725)
El Sr. Mugambe (Uganda) presenta una enmienda oral al considerando B; se aprueba el considerando.
El Sr. Gahler presenta una enmienda oral al considerando E; se aprueba el considerando.
5. Votación de los proyectos de conclusiones de los documentos de estrategia regionales
Se aprueban por aclamación las conclusiones sobre los documentos de estrategia regionales.
Se aprueba por aclamación la declaración sobre el Acuerdo UE-América Latina sobre el plátano y sus consecuencias para los productores de plátanos ACP y UE.
El Copresidente comunica que la declaración sobre las regiones ultraperiféricas aprobada en la reunión de la Mesa del domingo 29 de marzo de 2010 no se someterá a votación, ya que los miembros ACP de la Mesa necesitan realizar más consultas a sus asesores y circunscripciones.
El Sr. William (Seychelles) habla de la próxima 5a reunión regional, que se celebrará en las Seychelles en julio de 2010.
La Sra. Malahoo Forte (Jamaica) habla sobre la organización de la Asamblea. Responden el Copresidente Milupi, el Copresidente en funciones Arif y el Sr. Assarid Imbarcaouane (Malí).
8. Fecha y lugar de la 20a Reunión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
La 20a reunión de la APP se celebrará del 2 al 5 de diciembre de 2010 en Kinshasa (República Democrática del Congo).
(Se levanta la sesión a las 10.45 horas)
Charles MILUPI y
Kader ARIF (en funciones)
Mohammed Ibn CHAMBAS y
Cosecretarios Generales
LISTA ALFABÉTICA DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA PARITARIA
Representantes de los países ACP
Representantes del PE
MILUPI (ZAMBIA), Copresidente
MICHEL, Copresidente
BOTSUANA (VP)
CAMERÚN (VP)
CONGO República del (VP)
ISLAS COOK (VP)
GUYANA (VP)
LESOTHO (VP)
LIBERIA (VP)
MALÍ (VP)
SCOTTA' (VP)
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS (VP)
TANZANIA (VP)
MICRONESIA Estados Federados de
NAURU República de
Miembros ACP
Miembros PE
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS, Copresidente
CASA, Copresidente
DAYORI (BENÍN), VC
IBOVI (CONGO República del)
AMON-AGO (COSTA DE MARFIL)
TOGA (ETIOPÍA)
SINGH (FIYI)
ROGOMBE (GABÓN)
BEAUPLAN (HAITÍ)
NORBERT-RICHARD (MADAGASCAR)
ASSARID IMBARCAOUANE (MALÍ)
NAMBALU (NAMIBIA)
HLONGWANE (ZIMBABUE)
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, ASUNTOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
KUTEKALA KAAWA (CONGO República Democrática del), Copresidente
CARVALHO, Copresidenta
BUNDU (SIERRA LEONA), VC
OULD GUELAYE (MAURITANIA)
DEERPALSING (MAURICIO)
POLISI (RUANDA)
JEAN-MARIE (SANTA LUCÍA)
MANAMELA (SUDÁFRICA)
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y MEDIO AMBIENTE
SITHOLE (MOZAMBIQUE), Copresidente
RIVASI, Copresidenta
KENIA, VC
NOEL (GRANADA), VC
MOTLHALE(BOTSUANA)
HAMATOUKOUR (CAMERÚN)
ALMADA (CABO VERDE)
DARBO(CHAD)
JIMÉNEZ (REPÚBLICA DOMINICANA)
HLOPE (SUAZILANDIA)
MPOROGOMYI(TANZANIA)
LISTA DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN DEL 29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2010 EN TENERIFE (ESPAÑA)
MICHEL, Copresidente (2) (3) (4)
FERNANDEZ (Belice)
DAYORI (Benín)
MOTLHALE (Botsuana) (VP)
HAMATOUKOUR (Camerún) (VP)
DARBO (Chad)
BOUNKOULOU (República del CONGO) (VP)
KUTEKALA KAAWA (República Democrática del CONGO)
SOUBANE (Yibuti)
SERICHE DOUGAN (Guinea Ecuatorial)
NOEL (Granada)
RAMOTAR (Guyana) (VP)
TIHELI (Lesotho) (1) (VP)
KOLLIE (Liberia) (VP)
ASSARID IMBARCAOUANE (Malí) (VP)
NAMBAHU (Namibia)
POLISI (Ruanda) (VP)
STRAKER (San Vicente y las Granadinas) (VP)
BUNDU (Sierra Leona)
MA'AHANUA (Islas Salomón) (1)
AWALE (Somalia)
HLOPHE (Suazilandia)
MPOROGOMYI (Tanzania) (VP)
AYLWARD (suplente de BEARDER)
CZARNECKI (suplente de FORD)
GERINGER DE OEDENBERG (suplente de MOREIRA)
GOEBBELS (suplente de DE KEYSER)
GOMES (suplente de FERREIRA, Elisa) (2) (3)
GURMAI (suplente de TOIA)
HIGGINS (suplente de KUHN)
LEINEN (suplente de ALVES)
LISEK (suplente de DELVAUX)
LULLING (suplente de STRIFFLER)
PONGA (suplente de CASPARY)
PREDA (suplente de COELHO)
RINALDI (suplente de GOERENS) (4)
SARGENTINI (suplente de SCHLYTER) (2) (3) (4)
WŁOSOWICZ (en sustitución de HANNAN)
ZWIEFKA (en sustitución de CASA) (3) (4) (5)
Asisten asimismo a la reunión:
Paul BUNDUKU-LATHA, Ministro delegado del Ministerio de Economía, Comercio, Industria y Turismo (Gabón), Presidente en ejercicio del Consejo ACP
Miguel Ángel MORATINOS, Ministro de Asuntos Exteriores (España), Presidente en ejercicio del Consejo de la UE
Ángel LOSSADA, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores (España)
Comité de Embajadores ACP
MAKONGO, Presidencia
Margareta WAHLSTRÖM, Representante Especial de la Secretaría General para la Reducción de los Riesgos de Desastres - Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas
SECRETARÍA ACP
Mohammed Ibn CHAMBAS, Cosecretario General
SECRETARÍA UE
Luis Marco AGUIRIANO NALDA, Cosecretario General
(1) País representado por una persona que no es diputado al Parlamento.
(2) Presente el 29 de marzo de 2010.
(3) Presente el 30 de marzo de 2010.
(4) Presente el 31 de marzo de 2010.
(5) Presente el 1 de abril de 2010.
ANEXO DE LA SESIÓN DEL LUNES 29 DE MARZO DE 2010
Acreditación de los representantes no parlamentarios
Excma. Sra. Da Nana Bema KUMI
Embajada de Ghana, Bruselas
Excmo. Sr. D. James KEMBI-GITURA
Embajada de Kenia, Bruselas
Excma. Sra. Da Mamoruti A. TIHELI
Embajada de Lesotho, Bruselas
Sr. D. Ibrahim NORBERT RICHARD
Embajada de Madagascar, Bruselas
Coronel Abdoulkarim GOUKOYE
Portavoz del Consejo Supremo para la restauración de la Democracia
Excmo. Sr. D. Joseph MA'AHANUA
Embajador, Bruselas
Embajada de las Islas Salomón, Bruselas
Embajador Hamid TAHA
Jefe Adjunto de la Misión
Embajada de Sudán, Bruselas
Embajada de Surinam, Bruselas
Excmo. Sr. D. Panapasi NELESONE
Embajada de Tuvalu, Bruselas
sobre el impacto económico y financiero del cambio climático en los países ACP (ACP-UE/100.642/10/fin.) 20
sobre el impacto social de la crisis mundial (ACP-UE/100.640/10/fin.) 25
sobre la reconstrucción y rehabilitación tras la catástrofe en Haití y la relación entre pobreza y catástrofes naturales (ACP-UE/100.726/10/fin.) 31
sobre el apoyo a la consolidación de la paz en el sur de Sudán (ACP-UE 100.725/10/fin.) 34
Declaración sobre el Acuerdo UE-Latinoamérica sobre el plátano y sus consecuencias para los productores de plátanos ACP y UE 38
Documentos de estrategia regionales - Conclusiones
Conclusiones sobre el Documento de Estrategia Regional (DER) y el Programa Indicativo Regional (PIR) en el marco del 10o FED - Caribe 41
Conclusiones sobre el Documento de Estrategia Regional (DER) y el Programa Indicativo Regional (PIR) en el marco del 10o FED - África Oriental, África Austral y Océano Índico 45
Conclusiones sobre el Informe de Estrategia Regional (IER) y el Programa Indicativo Regional (PIR) en el marco del 10o FED - SADC 48
Conclusiones sobre el Documento de Estrategia Regional (DER) y el Programa Indicativo Regional (PIR) en el marco del 10o FED - África Central 51
Conclusiones sobre el Documento de Estrategia Regional (DER) y el Programa Indicativo Regional (PIR) en el marco del 10o FED - África Occidental 53
Conclusiones sobre el Documento de Estrategia Regional (DER) y el Programa Indicativo Regional (PIR) en el marco del 10o FED - Pacífico 55
sobre el impacto económico y financiero del cambio climático en los países ACP
La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE,
Reunida en Tenerife (España) del 29 de marzo al 1 de abril de 2010,
Visto el artículo 17, apartado 1, de su Reglamento,
Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000, que fija los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como criterios establecidos conjuntamente por la comunidad internacional para erradicar la pobreza,
Vista la Declaración sobre la integración de la adaptación al cambio climático en la cooperación al desarrollo, aprobada por los Ministros de Desarrollo y Medio Ambiente de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de 4 de abril de 2006,
Visto el 4o Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado en Valencia (España) el 17 de noviembre de 2007,
Vista su Resolución sobre las cuestiones de seguridad alimentaria en los países ACP y sobre el papel de la cooperación, aprobada en Liubliana el 20 de marzo de 2008 (2),
Vista su Resolución sobre las consecuencias sociales y medioambientales del cambio climático en los países ACP, aprobada en Praga el 9 de abril de 2009 (3),
Vistas las resoluciones de la Cumbre del G-8 y el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, aprobadas en L'Aquila (Italia) el 10 de julio de 2009,
Visto el Informe sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial de 2010: Desarrollo y cambio climático, publicado en Washington (EE.UU.) el 15 de septiembre de 2009,
Vista su Resolución sobre el cambio climático, aprobada en Luanda el 2 de diciembre de 2009 (4),
Vistas las conclusiones del Consejo Europeo celebrado los días 10 y 11 de diciembre de 2009,
Visto el resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Copenhague del 7 al 18 de diciembre de 2009,
Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales (ACP-UE/100.642/10/fin.),
Considerando que a lo largo de su historia el clima de la Tierra ha sufrido cambios y que estos cambios son un fenómeno natural, pero que la rápida evolución y la magnitud del calentamiento global que se observa en la actualidad son tales que ya no puede cuestionarse su vinculación con la actividad humana,
Considerando que el cambio climático constituye una grave amenaza para la reducción de la pobreza, los derechos humanos, la paz y la seguridad, las existencias de agua y alimentos y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en numerosos países en desarrollo,
Considerando que en el siglo pasado se registró un aumento medio de la temperatura global de la superficie terrestre de 0,74 °C y que el IPCC prevé que esta siga aumentando entre 1,1 °C y 6,4 °C, dependiendo de las diferentes hipótesis,
Considerando que las consecuencias humanas, sociales, financieras y económicas de estos cambios afectarán a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a numerosos sectores, entre otros, la agricultura y la ganadería, las actividades marinas, los flujos turísticos, las infraestructuras físicas y los servicios sanitarios, y que pueden provocar la desaparición de muchos pueblos autóctonos, islas y bosques que constituyen un patrimonio mundial, tanto material como intangible,
Considerando que está fuera de toda duda que los países en desarrollo son los que menos han contribuido al cambio climático, pero se enfrentan a sus consecuencias más graves, y que el cambio climático puede llegar a reducir o, incluso, erradicar las pautas de desarrollo mundiales a través de la destrucción del potencial productivo de dichos países en desarrollo,
Considerando que las frágiles finanzas públicas, los altos niveles de deuda pública y la gran dependencia de los monocultivos de exportación que caracterizan a los países en desarrollo los hacen vulnerables a los choques exógenos; considerando que estos países, dado su elevado grado de dependencia de la producción del sector primario como principal fuente nacional de ingresos, están más expuestos a los efectos del cambio climático,
Considerando que, por lo que respecta a los hogares, el cambio climático reducirá la seguridad financiera, social y física de las personas, lo que aumentará su pobreza y vulnerabilidad, en particular entre los grupos más vulnerables; considerando que, desde una perspectiva macroeconómica, es probable que el cambio climático aumente la necesidad de gasto público y reduzca, al mismo tiempo, las fuentes de ingresos estatales,
Considerando que el cambio climático puede conducir a una creciente escasez de recursos, como la superficie habitable, el agua potable, las tierras cultivables, y favorecer la aparición de nuevos conflictos, inseguridad y flujos migratorios, problemas que pueden acentuar aún más la inestabilidad a escala mundial,
Considerando que la producción agrícola, en la que trabaja el 70 % de la población de los países menos desarrollados, ya sufre la amenaza del aumento de las temperaturas y los cambios de los niveles de las precipitaciones, lo que contribuye a un descenso de la producción y la hace más impredecible; considerando asimismo que las prácticas agrícolas no sostenibles degradan aún más las tierras de una forma que puede ser permanente,
Considerando que prácticamente la totalidad de los mil millones de personas que sufren desnutrición en el mundo vive en zonas rurales y depende de la disponibilidad de tierras cultivables y de la producción agrícola para su subsistencia y, por consiguiente, para su supervivencia,
Considerando que las actividades marinas están cambiando debido a la subida del nivel del mar y al aumento de la acidez de los mares, que causan daños a la biodiversidad, ponen en peligro los ingresos de los pescadores locales, la renta procedente del sector del turismo costero y el ámbito de las actividades comerciales de los países costeros; considerando que el propio turismo a escala industrial es a menudo insostenible para el medio ambiente y, por consiguiente, debería redefinirse,
Considerando que las consecuencias del cambio climático para la agricultura y las actividades marinas representan una amenaza enorme para la seguridad alimentaria,
Considerando que los graves peligros vinculados al cambio climático a menudo resultan impredecibles y devastadores, y pueden acabar con la producción del sector primario, las infraestructuras físicas y el sector del turismo, así como provocar la pérdida de un gran número de vidas,
Considerando que los pequeños Estados insulares en desarrollo a menudo son los más afectados por graves amenazas y sufren igualmente la desventaja de estar situados a baja altitud, por lo que corren el peligro de ser invadidos gradualmente por el mar y, en última instancia, de quedar bajo el agua a medida que sube el nivel del mar,
Considerando que unas condiciones climáticas inestables implicarán que algunas regiones sean designadas zonas de «alto riesgo», lo que reducirá su atractivo para la inversión extranjera directa,
Considerando que los agentes económicos que persiguen con afán su propio beneficio en detrimento del clima mundial, el entorno local, los hábitats y el bienestar social rara vez se responsabilizan de los daños que causan,
Considerando que, en un mundo globalizado con beneficios globales, la responsabilidad de las empresas también ha de ser global, así como la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados,
Lamenta el fracaso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Copenhague del 7 al 18 de diciembre de 2009, que ha demostrado que, pese a que existe un acuerdo prácticamente unánime en torno a los tipos de desafíos existentes, el acuerdo es mucho menor respecto de los métodos que han de aplicarse para hacerles frente; toma nota de que la UE no retiró sus objetivos durante las negociaciones celebradas en Copenhague, por lo que pide a la Comisión y a los Estados miembros que mantengan su compromiso para llegar a un acuerdo ambicioso en México;
Reconoce que la comunidad internacional ha de intensificar sus esfuerzos para limitar el calentamiento global, en particular en los países más industrializados y desarrollados por medio de políticas coordinadas, convergentes, ambiciosas y proactivas de mitigación y adaptación;
Señala que, entre los efectos del cambio climático en los países en desarrollo, se registrará una reducción del potencial productivo, así como de las exportaciones y los ingresos públicos, lo que debilitará sus economías; insiste en que se adopten medidas de apoyo a favor de prácticas agrícolas sostenibles y productivas ya existentes a nivel local a fin de aumentar la seguridad alimentaria y evitar la erosión y el agotamiento innecesarios de la tierra;
Pide a la UE y a los países ACP que inviertan en fuentes de energía limpia alternativas, así como en tecnologías destinadas a mejorar la eficiencia energética, a fin de sacar todas las ventajas que puede tener su utilización para el mercado del empleo, la seguridad energética y la biodiversidad; subraya en particular la necesidad de generalizar el empleo de energías renovables, ante todo la energía solar, así como los métodos de producción agrícola que requieren menos agua; invita igualmente a la Comisión a que apoye soluciones innovadoras, como la creación de «cinturones verdes» alrededor de las ciudades, para responder a las necesidades de alimentos básicos de las poblaciones urbanas en los países en desarrollo;
Pide a la UE y a los países ACP que pongan en marcha conjuntamente un amplio programa público de investigación, en el que participen empresas innovadoras, así como centros de investigación especializados, con objeto de desarrollar nuevas tecnologías de alto rendimiento para explotar las fuentes de energías renovables y otras fuentes de energía limpia, cuyas patentes y procedimientos de fabricación sean accesibles gratuitamente tanto para los empresarios como para las empresas públicas de la UE y de los países ACP, y pide a la UE que financie este programa a gran escala;
Pide a la UE, como parte de su cooperación al desarrollo, y a los países ACP que desarrollen asociaciones tecnológicas para facilitar el uso de tecnologías limpias en los países ACP y que apoyen, por ejemplo a través de la creación de una iniciativa energética ACP-UE, la investigación y el desarrollo de tecnologías similares en los propios países ACP; subraya, en un contexto más amplio, la necesidad de clarificar y mejorar los derechos de propiedad intelectual en los países ACP, a fin de crear un mayor potencial de desarrollo basado en la propiedad privada y su uso para la producción así como garantía;
Subraya la necesidad de que los agentes económicos privados de los Estados miembros de la UE presentes en los países ACP actúen en un modo socialmente responsable y respeten, en particular, los entornos y hábitats, los derechos sociales y salariales de la población, los recursos y espacios naturales, la fauna y la flora de los países en los que desarrollan sus actividades y de los que depende la población local; insiste en particular en la necesidad de mejorar la responsabilidad social de las empresas en el ámbito de la explotación de los recursos naturales;
Pide que los fondos asignados a actividades relacionadas con el clima complementen y no reemplacen a los compromisos a corto, medio y largo plazo de los países donantes ya existentes en el marco de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), y que se mantenga un registro claro de los fondos asignados a través de cada uno de estos dos canales;
Acoge favorablemente la iniciativa del Presidente boliviano Evo Morales Ayma de organizar una Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Tierra Madre en Cochabamba (Bolivia) del 19 al 21 de abril de 2010, como parte de los esfuerzos internacionales realizados en el proceso de Copenhague a Cancún;
Recuerda que los compromisos internacionales asumidos en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio sólo podrán realizarse si los países industrializados cumplen su compromiso de aumentar la ayuda oficial al desarrollo (AOD) hasta el 0,7 % de su PIB;
Pide a la UE y a sus Estados miembros que ayuden adecuadamente a los pequeños Estados insulares ACP a abordar los problemas ocasionados por el cambio climático en sus sectores agrícola y marino/pesquero, incluida la seguridad alimentaria, mediante la promoción del desarrollo de economías verdes a través de la transferencia de tecnología y la dotación de recursos adicionales para financiar sus estrategias de adaptación y mitigación;
Afirma que, a largo plazo, las sumas necesarias para combatir los efectos del cambio climático en los países en desarrollo no pueden obtenerse únicamente de fondos públicos, sino que el sector privado debe contribuir a la recaudación de recursos; acoge con beneplácito las iniciativas de los Estados miembros relativas a la aplicación de gravámenes voluntarios a las emisiones de la aviación y del sector marítimo a fin de contribuir a financiar el coste de la mitigación y la adaptación al cambio climático en los países en desarrollo, e invita a todos los Estados miembros a examinar la posibilidad de aplicar gravámenes similares;
Pide la aplicación del principio de «la entidad responsable paga» como extensión lógica del principio de «quien contamina paga»;
Pide que la UE y los Estados miembros que dispongan de representación propia en el G-20 entablen negociaciones con sus socios del G-20 y la OCDE y, en general, en el seno de las instituciones financieras mundiales, a fin de llegar a un acuerdo acerca de la necesidad de crear una tasa mundial cuyos beneficios solo se usen para financiar bienes públicos mundiales, incluida la lucha contra los efectos más graves del cambio climático;
Observa con preocupación que, aparte de Sudáfrica, ningún país o grupo de países ACP está presente en la mesa del G-20; declara que no es posible desarrollar un nuevo modelo sostenible para la gobernanza mundial sin una participación más destacada de África, el Caribe y el Pacífico;
Pide a los países ACP y a los Estados miembros de la UE que apliquen buenas prácticas internacionales al elaborar su legislación nacional para el desarrollo sostenible, reducir las emisiones de carbono, promover tecnologías energéticas más limpias y fomentar el uso de las energías renovables;
Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a la Presidencia del Consejo de la UE y a la Unión Africana.
sobre el impacto social de la crisis mundial
Vistos los objetivos del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (Acuerdo de Cotonú), incluidas todas sus modificaciones ulteriores,
Vistos los Objetivos de Desarrollo del Milenio promovidos por las Naciones Unidas, en particular, el compromiso de crear una asociación mundial para el desarrollo, así como las conclusiones y recomendaciones de la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York el 25 de septiembre de 2008,
Visto el Consenso de Monterrey, aprobado por la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas de los días 21 y 22 de marzo de 2002, y la Declaración de Doha sobre la Financiación para el Desarrollo, aprobada el 2 de diciembre de 2008 por la Conferencia Internacional de Seguimiento sobre la Financiación para el Desarrollo, encargada de examinar la aplicación del Consenso de Monterrey,
Vista la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda, de 2 de marzo de 2005, así como el Programa de Acción de Accra aprobado durante el Foro de Alto Nivel de Accra sobre la eficacia de la ayuda celebrado del 2 al 4 de septiembre de 2008,
Vista la Comunicación de la Comisión Europea, de 8 de abril de 2009, titulada «Ayudar a los países en desarrollo a afrontar la crisis» (6),
Vistas las Declaraciones emitidas por el G-20 al término de sus reuniones sobre la crisis financiera celebradas el 15 de noviembre de 2008, en Washington, el 2 de abril de 2009, en Londres y los días 24 y 25 de septiembre de 2009, en Pittsburgh,
Vistas las resoluciones aprobadas el 10 de julio de 2009 por la Cumbre del G-8 en L'Aquila (Italia),
Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 2009,
Visto el llamamiento del Presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick, a los países desarrollados para que destinen el 0,7 % de sus medidas de incentivación a un «Fondo de Vulnerabilidad» en favor de los países en desarrollo,
Visto el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la salud en el mundo en 2008, titulado «Atención sanitaria primaria, ahora más que nunca»,
Visto el Informe del FMI sobre las implicaciones de la crisis financiera mundial para los países de bajos ingresos, de marzo de 2009,
Vista la Declaración de la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria celebrada en Roma del 16 al 18 de noviembre de 2009,
Vista la Resolución titulada «Los efectos de la crisis económica y financiera mundial en las economías de África: estrategias y medidas para afrontarlos», aprobada por la 32a Conferencia de la Unión Parlamentaria Africana celebrada en Ougadougou los días 19 y 20 de noviembre de 2009,
Vista su Resolución de 3 de diciembre de 2009 sobre el impacto de la crisis financiera en los Estados ACP (7),
Visto el informe de la Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente (ACP-UE/100.640/10/fin.),
Considerando que la actual crisis, de carácter excepcional, es el producto combinado de una crisis social, medioambiental, energética, económica, financiera y alimentaria; que habrá que adaptar el modelo de desarrollo a fin de asegurar su eficacia y transparencia,
Considerando que, según las estimaciones del Fondo para la Agricultura y la Alimentación, el número de personas en el mundo que padecen hambre se eleva ahora a mil millones, tras aumentar en 100 millones como consecuencia de la crisis mundial; que de aquí a diciembre de 2010 el número de personas que vive en la pobreza podría incrementarse en otros 90 millones,
Considerando que las economías de la mayoría de los países ACP dependen de las exportaciones de materias primas y recursos naturales y que, en muchos países en desarrollo, la crisis ha conducido a una caída de los ingresos en concepto de exportaciones, de las transferencias de fondos de asistencia que reciben y de la inversión exterior directa,
Considerando que los países en desarrollo acusan un descenso de las remesas de sus nacionales residentes en el extranjero y una disminución de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), cuyo montante, según estimaciones de las Naciones Unidas, no alcanza, por un margen de 20 millones de dólares anuales, los compromisos asumidos en 2005 por el G-8 de Gleneagles sobre la ayuda a África,
Considerando que las repercusiones de las diferentes crisis sobre los países ACP pueden hacer más difícil la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
Considerando que el VIH/SIDA no es solo un problema de salud, ya que la propagación de esta enfermedad ha dado lugar a una pandemia que tiene consecuencias sociales, económicas y demográficas en todos los países,
Considerando que, como resultado de la crisis económica y financiera, cabe esperar una mayor emigración de trabajadores cualificados de los países ACP, con lo que se agudizarán las consecuencias de la crisis a largo plazo,
Considerando que la crisis financiera y económica ha estado motivada por la desregulación de los mercados financieros y de la economía, situación de la que los países ACP, que se llevarán la peor parte, no son responsables, lo que también se aplica al cambio climático,
Considerando que las condiciones de empleo están empeorando como consecuencia de la crisis: el paro afecta ahora a más de 59 millones de personas en el mundo y que 200 millones de trabajadores afrontan condiciones económicas sumamente precarias como consecuencia de la crisis financiera y económica tanto en los países ACP como en los de la UE,
Considerando que los grupos de riesgo de la sociedad, en particular los jóvenes, son los más afectados por las consecuencias a medio y largo plazo de la crisis; que el desproporcionado porcentaje de jóvenes desempleados seguirá aumentando;
Considerando que no deben pasarse por alto los efectos de la crisis económica mundial en los países en desarrollo de «renta media» y sus programas de desarrollo social,
Consecuencias múltiples de la crisis
Recuerda que la UE ha de desempeñar un papel decisivo en la atenuación de los efectos de la crisis sobre los países ACP debido a su condición de principal socio comercial de los países ACP, principal proveedor de la inversión privada y mayor donante de AOD a escala mundial;
Alienta a los países donantes a utilizar esta crisis sin precedentes como un catalizador para explorar mejor las posibilidades de activar fuentes adicionales e innovadoras de financiación para el desarrollo, tales como un impuesto mundial sobre transacciones financieras, además de identificar nuevas vías de financiación, con objeto de que los países en desarrollo puedan diversificar sus fuentes de ingresos y aplicar programas de gastos eficientes, concretos y operativos;
Teme que la crisis pueda obstaculizar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por lo que pide que se respeten y cumplan los compromisos de los Estados miembros de incrementar la AOD hasta el 0,56 % del PIB en 2010 y el 0,7 % en 2015; insta a los Estados miembros a que cumplan estos compromisos consagrándolos en su legislación nacional obligatoria; pide una acción coordinada y un refuerzo de los programas de desarrollo a fin de poder mantener los niveles de AOD destinados a salud, educación y protección social;
Invita a su vez a los países ACP a utilizar de forma óptima los fondos europeos con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarollo del Milenio a través de una programación y selección más cuidadosa de los sectores prioritarios en los documentos de estrategia nacional (DEN) y los programas indicativos nacionales (PIN);
Reitera la importancia de los principios de la eficacia de la ayuda establecidos en la Declaración de París y en el Programa de Acción de Accra, así como de los principios de la coordinación entre los donantes que se recogen en el Código de conducta de la UE sobre complementariedad y división del trabajo en la política de desarrollo (8); pide a la reunión del Consejo de Ministros ACP UE que se celebrará en junio de 2010 que renueve su compromiso a este respecto;
Pide a los Gobiernos de la UE y de los países ACP que luchen conjuntamente para acabar con la evasión fiscal, las transferencias ilícitas de capitales y el blanqueo de dinero; subraya la necesidad de prestar apoyo a la creación de capacidades en los Estados ACP, incluidos los regímenes fiscales nacionales y el sistema judicial, a fin de redistribuir más adecuadamente la riqueza;
Apoya la aplicación de prácticas internacionales en materia fiscal, en particular la observancia de los principios de transparencia e intercambio de información entre los Estados ACP que se han comprometido a respetarlos;
Insiste en la necesidad de reducir el coste del envío de remesas, en particular en un momento en que los inmigrantes padecen gravemente la crisis y no pueden transferir tanto dinero como antes a sus países de origen;
Señala que la cooperación regional reviste una gran importancia para superar las consecuencias de la crisis;
Mejora de los sectores sociales
Hace hincapié en el papel de los sistemas de protección social para mitigar la pobreza, y pide que se creen y desarrollen mecanismos de protección social;
Pide a los Gobiernos receptores y a los donantes que, a corto plazo, dirijan su atención a los sistemas de previsión social, a fin de impedir que la gente caiga en la pobreza; apoya la creación de un sistema de alerta mundial sobre la pobreza, un fondo internacional de respuesta rápida que proporcione una red de seguridad a las poblaciones más vulnerables del mundo;
Manifiesta su satisfacción por el mecanismo FLEX relativo a la vulnerabilidad de la Comisión Europea, como medio de apoyo para preservar el gasto social; pide a la Comisión y a los Gobiernos de los países ACP que aprovechen la revisión a medio plazo de los documentos de estrategia por país para examinar las posibilidades de fortalecer los sectores sociales y de aumentar los recursos para el segundo tramo del FLEX con vistas a financiar totalmente el vacío de financiación residual de los Estados ACP candidatos en 2010;
Encarece a los Gobiernos y los donantes a que concedan prioridad a las necesidades sociales básicas y refuercen el apoyo a niños y mujeres vulnerables, muy castigados por la crisis, así como a la población juvenil de riesgo, a los trabajadores de renta baja o formación precaria, a los migrantes, a los trabajadores del campo y a las personas discapacitadas;
Considera que sería necesario hacer esfuerzos para reducir la mortalidad materna e infantil en el África subsahariana, donde es posible que no se alcancen estos ODM; considera que la educación básica y la salud deberían ser puntos centrales de las políticas de desarrollo de las políticas de desarrollo, y que a la vista de la situación actual no es justificable ninguna reducción en el gasto nacional o la ayuda internacional en estos ámbitos;
Considera que los programas de salud, incluida la salud sexual y reproductiva, la promoción de la igualdad de género, la capacitación de las mujeres y los derechos de la infancia deberían ocupar un lugar destacado en la política de desarrollo UE-ACP, en particular en aquellos ámbitos en que la violencia de género es dominante y las mujeres y niños corren peligro de contraer el VIH/SIDA o de que se les deniegue el acceso a la información, la prevención y/o el tratamiento;
Pide a los gobiernos de los países ACP y de los Estados miembros de la UE que adopten medidas específicas para la integración de los jóvenes en la sociedad y la economía;
Destaca que debería facilitarse la creación de empleo mediante la mejora de la educación terciaria, incluidos la formación profesional y el aprendizaje permanente; pide mayores posibilidades para el acceso en pie de igualdad a programas de capacitación y a una formación y enseñanza de calidad; pide que se mejore el acceso a las facilidades crediticias (incluidas las microfinanciaciones), a fin de fomentar la creación de empleo y de microempresas que favorezcan la recuperación de la actividad económica a nivel local;
Subraya la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores, y pide que se adopten más medidas para luchar contra el trabajo infantil y el desempleo juvenil; pide a las partes interesadas que desarrollen estrategias de respuesta a la crisis a nivel nacional y sectorial por medio del diálogo social;
Subraya que la creación de empleo debe estar fundada en el concepto de un trabajo digno, dentro de la línea de actuación para la superación del trabajo precario; considera, por consiguiente, que debería incorporarse en la revisión a medio plazo de los documentos de estrategia por país,una estrategia de crecimiento regional centrada en el empleo y las cuestiones relacionadas con el concepto de «trabajo digno»;
Pide a los países donantes que ayuden a los Estados ACP a diversificar sus economías y a aminorar su dependencia de un producto único; reitera la necesidad de invertir en proyectos de infraestructura y de interconexión regionales y subraya que la política comercial debería estar basada en una cooperación entre iguales a fin de garantizar la estabilidad de las economías a escala regional y local;
Subraya la necesidad de examinar la sostenibilidad de las inversiones en los países en desarrollo y de mantener un medio ambiente y unas condiciones de vida saludables a largo plazo;
Reitera que la fuga de cerebros constituye una realidad alarmante que amenaza la trayectoria y las perspectivas de desarrollo de los países menos desarrollados, pues tiene un efecto negativo sobre los sectores básicos de la salud y el saneamiento, la educación y la construcción del sector público; propone, por lo tanto, estimular la migración circular;
Subraya que la reciente crisis alimentaria ha demostrado que la agricultura ha sido desatendida durante demasiado tiempo y que es necesario luchar urgentemente contra la desnutrición a través de medidas a largo plazo; alienta a los países afectados, a los donantes y a las instituciones internacionales relevantes a fomentar la inversión en seguridad alimentaria y agricultura, y sobre todo en la agricultura a pequeña escala; considera que la Comisión Europea debería aprovechar la ocasión de la revisión intermedia de los documentos de estrategia por país, en el marco del Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo y del Fondo Europeo de Desarrollo, para examinar con los países receptores la conveniencia de conceder a la agricultura y a la pesca mayor relevancia en la escala de prioridades;
Subraya que las ayudas a la exportación de la UE deberían contribuir a reducir los precios de los alimentos en aquellas regiones en que existe una grave escasez de alimentos;
Se felicita de las inversiones extranjeras en la agricultura cuando promueven el desarrollo y ayudan a la construcción de capacidades locales para transformar materias primas (en particular productos agrícolas) en productos procesados; manifiesta, no obstante, su preocupación por la tendencia actual que se observa en algunos países consistente en arrendar tierras en países en desarrollo para importar su producción; insiste en que dichos contratos deben ser transparentes y que parte del producto debería permanecer en los países productores; expresa su inquietud por la especulación con alimentos;
Pide que se aumenten las capacidades técnicas, financieras y de recursos humanos para ayudar a los pequeños agricultores, los mercados locales y las técnicas modernas de cultivo en los países ACP, a fin de contrarrestar los efectos de la volatilidad de los mercados mundiales;
Invita a los países ACP a considerar prioritario y a indicar como tal el desarrollo del sector agrícola y de la seguridad alimentaria a la hora de elaborar los documentos de estrategia nacionales (DNE) y los programas indicativos nacionales (PIN); sugiere, al mismo tiempo, que se desarrolle el fenómeno de la agricultura urbana;
Pide a la UE que establezca un diálogo con las organizaciones de gestión de la pesca a fin de lograr una pesca sostenible y que los países ACP desarrollen capacidades internas para procesar su pescado;
Subraya que hacia el año 2020 será preciso destinar 100 000 millones de dólares anuales a ayudar a los países en desarrollo a afrontar los problemas relacionados con el cambio climático; pide a los países ACP que establezcan sus propias prioridades de lucha contra el cambio climático y adopten programas nacionales de ajuste; subraya que los fondos no deberían proceder de partidas ya previstas de ayuda al desarrollo, sino movilizar recursos adicionales;
Subraya que la mitigación del cambio climático es un enorme desafío para los países en desarrollo que, sin embargo, con el apoyo financiero y técnico de los donantes, debería convertirse en una oportunidad para promover «tecnologías verdes» en favor del desarrollo de los países («desarrollo verde») mediante la transferencia de tecnologías (energía solar, etc.), así como para crear «empleos verdes»;
Lamenta que no se haya adoptado un acuerdo legalmente vinculante en la Cumbre de Copenhague, por lo que pide una estrategia común UE-ACP para lograr un verdadero compromiso en el marco de la COP 16 que se celebrará en México;
Subraya la importancia de promover una alianza mundial contra el cambio climático destinada a prestar un mayor apoyo a los países en desarrollo más pobres y que están más expuestos al cambio climático, sobre todo a los países menos desarrollados y a los pequeños Estados insulares en desarrollo;
Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, a la Unión Africana y al Parlamento panafricano.
sobre la reconstrucción y rehabilitación tras la catástrofe en Haití y la relación entre pobreza y catástrofes naturales
Visto el artículo 17, apartado 2, de su Reglamento,
Vista la Cumbre del G-7 celebrada en Iqaluit (Canadá) el 6 de febrero de 2010,
Vistos los resultados de la Conferencia de Donantes Internacionales «Hacia un nuevo futuro para Haití» celebrada en Nueva York el 31 de marzo de 2010,
Vistas las conclusiones de la Conferencia Ministerial preparatoria celebrada en Montreal el 25 de enero de 2010,
Visto el debate sobre el terremoto acaecido en Haití, celebrado en el Parlamento Europeo el 20 de enero de 2010, con la Baronesa Ashton, Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad,
Vistas las conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores celebrada en Bruselas el 18 de enero de 2010,
Vista la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah),
Considerando que un terremoto de 7,3 en la escala Richter azotó Haití el 12 de enero de 2010 y provocó daños catastróficos en Puerto Príncipe, Jacmel y otros lugares de la región; que al terremoto le sucedieron numerosas y potentes réplicas que siguieron afectando al país,
Considerando que se calcula que el terremoto se ha cobrado más de 200 000 vidas, ha ocasionado más de 250 000 heridos y ha afectado directamente a más de 3 millones de personas, y que la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) ha pagado un alto precio y llora las 146 muertes y 70 desapariciones notificadas,
Considerando que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) ha informado de que en el país en su conjunto un número no inferior a un millón de personas necesita refugio, particularmente cuando se aproxima la estación de lluvias y hay hasta 500 000 personas desplazadas internamente,
Considerando que, incluso antes del terremoto acaecido el 12 de enero de 2010, en 2008 el país fue devastado por huracanes y tormentas tropicales que provocaron unos daños calculados en un 15 % del PIB,
Considerando que aproximadamente 1,8 millones de personas carecían de seguridad alimentaria antes de producirse el terremoto, en un país en que cerca del 60 % de la población vive en zonas rurales y un 70 % (12 millones de personas) vive con menos de dos dólares estadounidenses al día,
Considerando que esta pobreza extrema ha agravado los efectos destructivos del terremoto y ha sumido al país en una de las crisis humanitarias más graves que éste ha experimentado jamás,
Considerando que la Comisión ha aceptado realizar una asignación de 137 millones de euros para necesidades a corto plazo y un mínimo de 200 millones de euros a medio y a largo plazo, y que los Estados miembros realizarán una dotación adicional de 92 millones de euros; considerando que el Banco Interamericano de Desarrollo calcula que se necesitarán 10 500 millones de euros para reconstruir Haití, a razón de 2 000 millones de euros al año, y que ha tomado nota de la decisión de la Unión de Naciones Suramericanas de crear un fondo de ayuda para Haití de 217 millones de euros,
Considerando que Haití está ahogada por la deuda extranjera, calculada en aproximadamente mil millones de dólares estadounidenses, lo que fue un obstáculo para su desarrollo incluso antes del terremoto, y puede dificultar los esfuerzos de recuperación del país,
Tomando nota de la decisión adoptada por los ministros del G-7 de condonar la deuda a Haití, pero también del hecho de que dicha deuda contraída con los países del G-7 representaba solo 214 millones de dólares estadounidenses de un total de 890 millones,
Considerando que más allá de la operación de socorro inmediata, los esfuerzos de recuperación a medio y largo plazo para reconstruir los medios de vida, las infraestructuras destruidas, las instituciones públicas y las actividades económicas requieren un compromiso internacional a largo plazo,
Expresa sus sinceras condolencias, su compasión y su solidaridad con el pueblo de Haití, las demás naciones afectadas y el personal de las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas y la Comisión Europea, por la pérdida masiva de vidas y la destrucción causada por el terremoto, que ha sido excepcionalmente fuerte; alaba la valentía y la solidaridad ejemplares manifestadas por el pueblo de Haití, quien, inmediatamente después de la catástrofe y antes de que ésta llegara a los medios de comunicación, y en un estado de absoluta pobreza, salvó miles de vidas y dio socorro a miles de heridos y huérfanos;
Acoge favorablemente los esfuerzos realizados por las autoridades y la sociedad civil haitianas, así como por las Naciones Unidas, las ONG y demás donantes bilaterales, a la hora de acudir en ayuda del pueblo de Haití, y alaba el trabajo de las organizaciones y personas al cargo de las operaciones de socorro procedentes de toda la Unión Europea, los países ACP y todo el mundo;
Se congratula sinceramente de la solidaridad manifestada por los Estados miembros pertenecientes a las Naciones Unidas y los socios internacionales reunidos en la Conferencia de Donantes Internacionales «Hacia un nuevo futuro para Haití», celebrada en Nueva York el 31 de marzo de 2010, que dio lugar a unos compromisos por un valor de hasta 9 900 millones de dólares estadounidenses para los tres próximos años y a más largo plazo, e insta a la comunidad internacional a que cumpla los compromisos históricos contraídos;
Apoya el hecho de que los donantes internacionales homogeneizaran sus aportaciones en torno al Plan de acción para la recuperación y el desarrollo de Haití presentado por René Préval, Presidente de Haití, como un claro signo de que las autoridades haitianas encabezarán los esfuerzos de reconstrucción a largo plazo;
Destaca que es crucial que las Naciones Unidas, bajo los auspicios del Gobierno de Haití, sigan a cargo de la coordinación de todas las operaciones civiles y militares por lo que respecta a la restauración de la seguridad y a la ayuda humanitaria, así como a la reconstrucción y al desarrollo;
Pide a las Naciones Unidas que revisen el mandato de la Minustah junto con las autoridades haitianas para responder a las necesidades del país tras la catástrofe, con un énfasis particular en las cuestiones de seguridad;
Pide que se realice una evaluación exhaustiva para identificar las necesidades de la población a corto y largo plazo y que se implique a la comunidad internacional en el proceso de reconstrucción, incluyendo las tres fases de ayuda de emergencia, rehabilitación y reconstrucción;
Expresa su grave preocupación por el bienestar de las personas más vulnerables, en particular las mujeres, los niños y los ancianos; pide a la Comisión y a las Naciones Unidas que presten una atención especial y que apoyen la participación de las mujeres en los esfuerzos de reconstrucción, implicándolas activamente en las fases de rehabilitación, reconstrucción y evaluación de todos los programas de socorro y reconstrucción;
Destaca que deben prestarse servicios a los menores no acompañados y los menores separados de sus familias para que se reúnan con sus padres o sus tutores habituales lo antes posible; pide a la UE y a la comunidad internacional que evalúen urgentemente la necesidad de un plan coordinado para abordar la situación de los miles de niños que han quedado huérfanos por el terremoto; subraya el grave riesgo de adopción ilegal y trata infantil;
Pide a la UE que apoye una moratoria temporal de las nuevas adopciones de niños de Haití durante un período de dos años como máximo a partir del inicio de los esfuerzos de localización; pide a la UE que se esfuerce por cubrir las necesidades básicas de los niños, poner en marcha escuelas temporales y prestar asesoramiento a los niños con carácter de urgencia;
Insta con firmeza a la Comisión Europea y a la comunidad internacional a que realicen un seguimiento de la situación sanitaria de la población haitiana, especialmente de las mujeres y los niños;
Pide a la comunidad internacional que condone la totalidad de la deuda externa de la República de Haití y felicita a todos aquellos que han adoptado o anunciado medidas a tal efecto; subraya que toda ayuda de emergencia para paliar los efectos del terremoto debe concederse en forma de subvenciones y no de préstamos generadores de deuda;
Apoya los esfuerzos realizados por la UE y otros donantes por impulsar la producción alimentaria local mediante la rehabilitación de las infraestructuras dañadas y la puesta a disposición del material necesario (semillas, fertilizantes y herramientas) para los pequeños agricultores, particularmente para la estación primaveral de plantación que empieza en marzo, que representa el 60 % de la producción alimentaria nacional; pide a la UE y demás donantes internacionales que, siempre que sea posible, compren alimentos producidos localmente para sumarse a los esfuerzos de socorro, ya que de este modo contribuirán en gran medida a la economía rural y a la protección de los productores locales;
Destaca la necesidad de centrarse en invertir a largo plazo en la construcción de edificios resistentes a los terremotos que cumplan las normas técnicas apropiadas y en infraestructuras básicas como sistemas de suministro de agua, carreteras, electricidad y transferencia de tecnología, que no existían antes de que se produjera el terremoto o eran en su mayoría inadecuadas, lo que agravaba los efectos potenciales de las catástrofes naturales;
Pide la creación de un fondo administrado por las Naciones Unidas para financiar medidas públicas de sensibilización y formación, sistemas de prevención y alerta temprana, la construcción de estructuras de protección adecuadas y el almacenamiento de equipos médicos y sanitarios de emergencia;
Pide a la comunidad internacional que garantice que el pueblo de Haití y su Gobierno, bajo el control democrático de su Parlamento, sean los principales agentes del proceso de reconstrucción, a fin de que puedan responsabilizarse de su futuro colectivo; pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE que pongan sus conocimientos técnicos a disposición del pueblo y el Gobierno haitianos, reforzando de este modo las capacidades subregionales, regionales, locales y nacionales;
Insta a la comunidad internacional a que se asegure de que la cuestión de la mitigación de la pobreza en Haití ocupe una posición destacada en el orden del día, aunque los medios ya no le dediquen su atención, a fin de ayudar a Haití a emerger de esta catástrofe como una democracia plenamente operativa con una economía que pueda cubrir las necesidades de su pueblo de forma sostenible;
Insta a la UE a que trabaje con las autoridades haitianas para establecer un mecanismo de prevención y mitigación de catástrofes, así como una gestión de capacidades a largo plazo, y subraya que los esfuerzos de reconstrucción deben basarse en prioridades nacionales y respetar al mismo tiempo los principios de eficacia de la ayuda, así como apoyar a las instituciones de Haití para que puedan gobernar con eficacia; apoya la propuesta del Presidente Préval de crear una estructura permanente en las Naciones Unidas que sea capaz de gestionar desde el primer día las crisis ocasionadas por catástrofes naturales;
Considera esencial emprender una repoblación forestal masiva en Haití, habida cuenta de que la presente situación coloca al país en una situación de extrema vulnerabilidad ante todo tipo de catástrofes naturales, y pide que se busquen soluciones alternativas económicas y sostenibles a la deforestación para cocinar los alimentos;
Pide a la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad y a la Comisaria de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis que desempeñen un papel destacado en la coordinación de la respuesta de la UE a la crisis, en colaboración con las Naciones Unidas, haciendo uso de las competencias creadas con arreglo al Tratado de Lisboa para coordinar con mayor eficacia la respuesta de la UE a crisis futuras partiendo de lo que ya se ha conseguido;
Anima firmemente a la creación, a escala internacional, de mecanismos operativos de protección civil capaces de intervenir en situaciones comparables a la de Haití, sobre la base de un preposicionamiento regional o según la recurrencia o la previsibilidad de las catástrofes;
Pide a la Comisión Europea que presente propuestas destinadas a establecer, lo antes posible, una fuerza de protección civil de la Unión Europea basada en el mecanismo europeo de protección civil y a permitir a la Unión reunir los recursos necesarios para prestar una primera ayuda humanitaria de emergencia en las 24 horas posteriores a una catástrofe;
Pide a la Unión Europea que, dada la importancia de la integración y la cooperación regional en la región del Caribe, libere fondos especiales para las regiones ultraperiféricas del Caribe francés (Guadalupe, Martinica y Guyana), a fin de que puedan proseguir e intensificar la ayuda destinada al pueblo de Haití;
Lanza un llamamiento urgente al Gobierno de Haití reconstituido con objeto de que realice los máximos esfuerzos para establecer y fortalecer la democracia en Haití;
Acoge favorablemente la respuesta positiva de la Unión Africana a la propuesta de Abdoulaye Wade, Presidente de Senegal, avalada por una resolución del Parlamento senegalés, sobre el derecho de regreso de los haitianos, e insta a la comunidad internacional a que avance en dicha propuesta mediante la adopción de una resolución de las Naciones Unidas;
Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución a la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, al Presidente de la Comisión Europea, al Presidente y al Gobierno de Haití, al Consejo ACP, a los Estados miembros de la Caricom, a la Comisión de la Unión Africana, al Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea.
sobre el apoyo a la consolidación de la paz en el sur de Sudán
Visto el Acuerdo General de Paz firmado entre el Gobierno de Sudán y el SPLM/A (Movimiento/Ejército Popular de Liberación del Sudán) de enero de 2005,
Vista la Constitución nacional provisional de Sudán, aprobada en 2005,
Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ambos ratificados por Sudán,
Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Sudán,
Visto el trabajo de la Comisión ministerial de la Unión Africana sobre la reconstrucción y el desarrollo tras el conflicto en Sudán y otras iniciativas de la Unión Africana,
Visto el informe del Presidente de la Comisión de la Unión Africana sobre el proceso de aplicación del Acuerdo General de Paz (AGP),
Visto el comunicado de la 201a reunión del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana celebrada en Addis Abeba el 26 de agosto de 2009,
Visto el Código de conducta de la UE sobre el comercio ilícito de armas ligeras y de pequeño calibre y los sistemas de armas convencionales de las Naciones Unidas,
Vistas sus resoluciones anteriores sobre Sudán, así como las resoluciones del Parlamento Europeo y el Parlamento panafricano sobre Sudán,
Vistas las conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre Sudán,
Vista la comunicación del International Crisis Group de 17 de diciembre de 2009«Sudan: Preventing Implosion» (Sudán: evitar la implosión),
Visto el informe conjunto de ONG de enero de 2010 «Rescuing the peace in Southern Sudan» (Rescatar la paz en el sur de Sudán),
Considerando que el AGP puso término a la terrible y devastadora guerra civil que costó a Sudán más de dos millones de muertes y casi cuatro millones de refugiados y personas desplazadas,
Consciente del hecho de que esta guerra civil, así como el aumento de la violencia, puede achacarse a:
una gran circulación de armas ligeras y de pequeño calibre,
la persistencia de incursiones frecuentes, brutales y sanguinarias del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), grupo rebelde ugandés que opera desde el exterior de Uganda,
Considerando además que el AGP había definido un período provisional de seis años (de 2005 a 2011), y los objetivos que deben alcanzarse, reagrupados en la expresión «dividendos de paz», así como determinadas fechas clave, como las elecciones nacionales inicialmente previstas para 2009 y el referendo de autodeterminación del pueblo del sur de Sudán previsto para enero de 2011,
Considerando que las próximas elecciones nacionales son las primeras que se celebrarán después de la conclusión del AGP y que son decisivas para el proceso de paz, antes de que se celebre el referendo de autodeterminación del sur de Sudán y el referendo de Abyei,
Considerando que se necesitan soluciones en lo que respecta a la ciudadanía, la delimitación de las partes restantes de la frontera norte-sur, la desmilitarización de las zonas fronterizas y el reparto de recursos, en concreto el petróleo, en la perspectiva del referendo de autodeterminación del Sur,
Considerando que el acuerdo entre las dos partes ha permitido salvar las diferencias sobre el censo al atribuir al SPLM/A 40 escaños más en la Asamblea nacional,
Considerando que el SPLM rechaza la exactitud de los datos finales del censo de población y de hogares de mayo de 2008; considerando que en el sur se registró un número de votantes estimado en un 108 %,
Considerando que los progresos realizados recientemente durante las negociaciones entre el Partido del Congreso Nacional (NCP) y el SPLM sobre la Ley relativa al referendo en el sur de Sudán, el referendo de la región de Abyei y las consultas populares en las regiones de Kordofán Sur y Nilo Azul son pasos positivos,
Considerando que el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon precisó con claridad que las Naciones Unidas trabajarían para apoyar a las partes en sus esfuerzos por hacer atractiva la unidad, así como el ejercicio, por parte del pueblo del sur de Sudán, de su derecho a la autodeterminación en un referendo,
Considerando que la Misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Sudán (UNMIS) se creó en 2005 con el objetivo principal de apoyar la aplicación del AGP, que desplegó a más de 9 000 militares y cuenta con más de 3 000 agentes locales civiles e internacionales; que la UNMIS se ha centrado en la supervisión del AGP en detrimento de su mandato de protección civil,
Considerando que en su reunión de enero de 2010 la Comisión ministerial de la Unión Africana sobre la reconstrucción y el desarrollo tras el conflicto en Sudán destacó la necesidad de que las partes sudanesas no ahorren esfuerzos en la superación de los retos a los que se enfrenta la aplicación del AGP, en concreto el buen desarrollo de las elecciones y la transformación democrática del país, la delimitación de las fronteras, la resolución del problema de Abyei sobre la base de la decisión del Tribunal permanente de arbitraje y la resolución del problema de inseguridad existente en el sur de Sudán,
Considerando que, como consecuencia del recrudecimiento de las luchas tribales, miles de personas han muerto en el sur de Sudán desde principios de 2009, la mayoría de las cuales son mujeres y niños de zonas rurales remotas, y que, desde principios de 2010, centenares de personas han perdido la vida como resultado de la violencia en el Estado de Warrap,
Considerando que el sur de Sudán es una de las regiones menos desarrolladas del mundo; que el Fondo de Población de las Naciones Unidas calcula que el porcentaje de alfabetización en la zona es del 24 % y que un 90 % de las mujeres no sabe leer ni escribir,
Considerando que, según el Programa de Alimentación de Warrap, en 2009 la violencia obligó a abandonar sus hogares a 350 000 personas, que tuvieron que depender de la ayuda alimentaria, que la escasez de lluvias estacionales del año pasado destruyó también la cosecha, y que un total de 4,3 millones de personas necesitan ayuda alimentaria, cifra que ha subido con respecto al millón de personas registrado el año pasado,
Considerando que, según la OMS, el sur de Sudán sufre una drástica escasez de médicos, con 0,22 médicos por cada 1 000 personas, y el Gobierno afirma que sólo el 25 % de la población tiene acceso a servicios sanitarios; que el sur de Sudán registra la tasa de mortalidad materna más elevada del mundo y uno de cada siete niños muere antes de cumplir los cinco años; que, según la Comisión del SIDA del sur de Sudán, el porcentaje de sensibilización con respecto al VIH es inferior al 10 %; que el Gobierno del sur de Sudán está lanzando un plan de reconstrucción del sistema sanitario,
Considerando que la comunidad de donantes no ha cumplido los compromisos contraídos en 2005 en Oslo (Noruega), y sólo una pequeña parte de la ayuda de 4 800 millones de dólares comprometidos ha llegado realmente al sur de Sudán,
Considerando que, tras la firma del AGP, la Comisión Europea reanudó la cooperación con Sudán y se ha comprometido a pagar 500 millones de euros, principalmente destinados a los ámbitos de recuperación tras el conflicto, rehabilitación y actividades de desarrollo; que Sudán ha decidido no ratificar la primera revisión del Acuerdo de Cotonú y, por tanto, ya no puede optar a la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo; que la Comisión Europea trabaja en una solución a esta situación,
Reitera solemnemente su pleno respaldo al AGP y solicita urgentemente a todas las partes interesadas que lo apliquen con eficacia en su totalidad para promover la paz general en Sudán; pide una cooperación más estrecha entre el Gobierno sudanés y el Gobierno del sur de Sudán, con vistas a eliminar todo obstáculo al éxito de la agenda del AGP;
Asimismo, pide a la Unión Africana, a la Unión Europea y a la comunidad internacional que acuerden rápidamente los planes de acción y las medidas destinados a apoyar a las partes sudanesas en la aplicación del AGP y a promover la gobernanza democrática en todo Sudán;
Reconoce el papel desempeñado hasta la fecha por los dos socios firmantes del AGP (el NCP y el SPLM) y por el pueblo sudanés en la observancia del acuerdo de paz, y les pide que movilicen su mejor voluntad política para superar las dificultades y completar la aplicación rigurosa del AGP;
Pide al NCP y al SPLM que adopten las reformas democráticas esenciales que sean necesarias para garantizar la credibilidad, la libertad y la justicia de las elecciones nacionales y del referendo del Sur;
Insiste en que todas las libertades fundamentales amparadas por la constitución provisional se apliquen en la práctica, y pide a las autoridades competentes, especialmente a la comisión electoral, que supere los problemas técnicos restantes antes de las elecciones;
Apoya al pueblo de Sudán, cuya activa participación en el proceso de registro de votantes manifiesta un interés notable por participar en las próximas elecciones;
Acoge favorablemente el hecho de que, con las listas de partidos cerradas para mujeres (25 %), Sudán dispondrá de uno de los porcentajes más elevados de representación parlamentaria femenina en la región, pero también expresa su deseo de que los partidos propongan a mujeres fuera de las listas de mujeres;
Pide a ambas partes, a la Unión Africana y a la comunidad internacional que piensen en las futuras relaciones políticas, económicas y de seguridad entre el norte y el sur en caso de que se aprobara la secesión en el referendo, en concreto los mecanismos de transición a la secesión; considera que es necesario un período de transición después del referendo para que se apliquen y gestionen correctamente acuerdos previos al referendo que establezcan las condiciones para una secesión pacífica;
Pide a las partes del AGP que creen un entorno pacífico y estable que permita celebrar un referendo transparente y fiable de conformidad con lo dispuesto en el AGP;
Pide a todas las partes que pongan fin a la violencia; pide al Gobierno de Sudán del Sur que facilite el diálogo intertribal y establezca mecanismos institucionales para conseguir y sustentar la reconciliación tribal;
Pide al Gobierno de Sudán del Sur que realice más esfuerzos en materia de seguridad a escala local, prestando atención a la composición étnica de las unidades, y que dé prioridad a la reforma policial, partiendo de documentos de estrategia existentes y de la Ley de 2009 sobre la policía; subraya la importancia de la reforma del sector de la seguridad;
Insta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que:
ponga a disposición de la UNMIS todos los recursos prometidos para que ésta pueda cumplir su misión en condiciones óptimas;
convierta la protección civil en prioritaria en la UNMIS;
proporcione orientaciones claras a la UNMIS y formación para todo su personal sobre sus responsabilidades en materia de protección civil;
continúe participando en la resolución del problema del LRA y haga todo lo que esté en sus manos para encontrar una solución global y duradera;
Pide a la UNMIS que desempeñe un papel más proactivo en materia de protección civil y que se convierta en un socio activo en la prevención local de conflictos, en cooperación con las autoridades tribales;
Considera que el problema norte-sur no puede considerarse de forma aislada y que la reconciliación es un elemento esencial en todo proceso de paz duradero para el sur de Sudán; pide, por lo tanto, a todas las partes que respeten los derechos humanos básicos de la población, den prioridad al ámbito de la protección de los civiles y lleven a los presuntos criminales ante la justicia a fin de generar confianza;
Pide a la Unión Europea y a los demás donantes, en particular los que contrajeron compromisos en la Conferencia de donantes de Oslo de 2005, que reconozcan las ingentes necesidades humanitarias y de desarrollo existentes en el sur de Sudán, garanticen que los fondos asignados reflejen dichas necesidades y que éstos se desembolsen; les pide, además, que apoyen al Gobierno en la articulación de una visión estratégica para las funciones de los mecanismos de financiación existentes, que encuentren formas creativas de apoyar a las organizaciones indígenas y reconozcan que una sólida sociedad civil es esencial para la estabilidad de Sudán del Sur;
Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo ACP-UE, a la Comisión Europea, a la Unión Africana, a las Naciones Unidas y a los Parlamentos nacionales, regionales y continentales del Grupo ACP.
Declaración sobre el Acuerdo UE-Latinoamérica sobre el plátano y sus consecuencias para los productores de plátanos ACP y UE
En diciembre de 2009, la Unión Europea llegó a un acuerdo en el seno de la OMC con los EE.UU. y los productores latinoamericanos para poner fin a la prolongada disputa sobre los plátanos.
El acuerdo conllevará reducciones arancelarias importantes (un 35 % entre 2010 y 2017 como muy pronto) para las importaciones no ACP y, por consiguiente, perjudicará la competitividad tanto de los productores ACP como UE.
Además, actualmente la UE está celebrando negociaciones bilaterales con determinados países latinoamericanos con vistas a la firma de acuerdos de libre comercio que podrían generar nuevas e importantes reducciones arancelarias y disminuir considerablemente todo supuesto beneficio para los productores ACP de plátanos derivado de los Acuerdos de Asociación Económica.
El plátano es el cuarto producto de exportación agrícola más importante del mundo. El mercado de la UE representa más de un tercio de todas las importaciones.
Las multinacionales que operan en América Latina controlan más del 80 % del mercado mundial.
En 2008, el 72 % de los plátanos vendidos en Europa procedía de Latinoamérica, mientras que los plátanos provenientes de países ACP y de la UE representaron tan sólo un 17 % y un 10,5 % respectivamente. Casi todas las exportaciones de plátanos ACP se destinan a la UE y, sin embargo, los países latinoamericanos también exportan a América del Norte y América Latina, así como a Rusia.
La producción de plátanos ejerce un impacto importante sobre las comunidades locales, no sólo en términos económicos, sino también con respecto al medioambiente, la migración, la situación de la mujer y las normas laborales.
En algunos países latinoamericanos, la producción de plátanos se ha caracterizado por violaciones significativas de los derechos humanos.
El acuerdo entrará en vigor si el Parlamento Europeo lo aprueba y el Consejo autoriza su celebración.
Los efectos de este acuerdo, que representa un esfuerzo por compaginar desarrollo sostenible y obligaciones de la OMC, ya se están empezando a sentir.
Los productores ACP se verán fuertemente afectados al perder una parte importante de su protección arancelaria. Algunos países ACP, que dependen de manera muy importante de las exportaciones de plátanos, podrían ver desaparecer por completo este sector exportador, lo cual conllevará consecuencias socioeconómicas muy graves.
Sin medidas de acompañamiento apropiadas, las regiones europeas productoras de plátanos, algunas de las cuales figuran entre las más pobres de la UE y tienen una elevada tasa de paro, pagarán un alto precio socioeconómico.
Las multinacionales se beneficiarán espectacularmente a expensas de las pequeñas comunidades agrícolas UE/ACP.
Las regiones productoras de plátanos europeas y ACP precisarán de más apoyo económico para mantener este sector clave y competir con los plátanos provenientes de regiones con niveles de salario, condiciones sociales y legislación medioambiental muy bajos.
La tendencia a precios cada vez más baratos de los plátanos llevará seguramente a una carrera hacia el empeoramiento de las condiciones laborales, incluido el trabajo infantil, así como de la protección del medioambiente, la corrupción y la evasión fiscal en el sector bananero.
La Comisión Europea ha previsto un paquete de apoyo para los productores ACP (medidas de acompañamiento en el sector del plátano) dotado de 190 millones de euros para cuatro años, y otros 10 millones de euros sujetos a determinadas condiciones. Dicho apoyo no contempla nuevos recortes arancelarios que resulten de acuerdos comerciales bilaterales con países latinoamericanos.
Las nuevas concesiones extendidas a Colombia y Perú y ya solicitadas por algunos países centroamericanos van mucho más lejos que los del reciente acuerdo y podrían desestabilizar otros países vecinos, así como las economías de otros productores de plátanos en países ACP y europeos.
No se prevé ningún apoyo adicional para los productores europeos, en particular de las regiones ultraperiféricas.
La Asamblea Parlamentaria Paritaria recuerda que la coherencia de la política para el desarrollo está ahora consagrada en el Tratado de Lisboa y pide que:
La Comisión lleve a cabo un análisis del impacto económico, social y medioambiental del Acuerdo UE-América Latina sobre los plátanos para los productores de plátanos ACP y europeos, tal como prevé la Declaración XXIII del Acuerdo de Cotonú;
La Comisión considere aumentar de manera razonable el paquete financiero para ayudar a los productores ACP y europeos en su adaptación al nuevo régimen comercial y acelere el desembolso de estos fondos;
La Comisión contemple una asistencia financiera y técnica adicional a los países ACP para que afronten los efectos sociales y medioambientales, así como las limitaciones por parte de los proveedores, y promuevan la diversificación después de 2013;
La EU proponga medidas para ayudar a los Estados que dependen en gran medida del plátano a diversificar sus economías, incluido un aumento de la ayuda para el comercio, cumpliendo el compromiso de la Comisión y de los Estados miembros de destinar respectivamente mil millones de euros a la ayuda para el comercio (un 50 % de dicho importe para los países ACP);
La Comisión facilite apoyo para compensar las pérdidas ocasionales de los productores de la UE, introduzca paulatinamente medidas para fomentar la producción sostenible de plátanos en la UE y asegure la aplicación efectiva de la cláusula de salvaguarda relativa a los plátanos en sus acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales;
Toda reducción arancelaria adicional en el marco de los acuerdos comerciales bilaterales con países latinoamericanos que exceda el acuerdo OMC podría dar lugar a medidas compensatorias adecuadas;
La Comisión facilite a los productores ACP y UE una seguridad jurídica real sobre el porvenir del régimen comercial del plátano y que el PE y los Parlamentos nacionales ACP sigan controlando escrupulosamente esta cuestión;
Las autoridades de la UE y de los países ACP aumenten sus esfuerzos para asegurar que todos los países productores de plátanos apliquen efectivamente la agenda de trabajo decente de la OIT;
La Comisión sensibilice a los distribuidores europeos sobre el comercio ético para desincentivar la importación de plátanos de aquellos países que promuevan políticas ineficaces relativas a la evasión fiscal, corrupción, deficientes estándares laborales y violación de los derechos humanos;
El Parlamento Europeo sea plenamente consciente del impacto de las cuestiones suscitadas en la presente declaración antes de proceder a la aprobación del Acuerdo sobre los plátanos.
Conclusiones sobre el Documento de Estrategia Regional (DER) y el Programa Indicativo Regional (PIR) en el marco del 10o FED - Caribe
La región se enfrenta a numerosos desafíos en el ámbito del desarrollo sostenible: poblaciones pequeñas; transporte limitado y caro; vulnerabilidad extrema a los cambios climáticos y las catástrofes naturales; economías basadas en un único cultivo con posibilidades de diversificación limitadas.
La Federación de las Indias Occidentales (1958-1963) lanzó formalmente el proceso de integración en la región. La Carifta reanudó el proceso de integración en 1967 y, desde 1973, la Caricom dio un impulso adicional al proceso mediante diversas iniciativas como la cooperación y la armonización en el ámbito de la política exterior y el Informe Girvan sobre una visión única para una economía única. En 1992, se creó el Cariforum. Entre sus miembros están los países de la Caricom, (11) así como la República Dominicana y Cuba, y es signatario del Acuerdo de Cotonú.
El papel del Cariforum tiene dos vertientes: coordinar la asignación de fondos y gestionar la ejecución de los DER/PIR, así como la aplicación de otros programas regionales financiados por los Estados miembros de la UE, entre otros donantes.
Actualmente, los esfuerzos de integración regional se centran en la CSME, que tiene por fecha objetivo el año 2015, y en la Fase II, pensada para consolidar y complementar la Economía Única.
A pesar de estas iniciativas, actualmente le falta cierto impulso al proceso de integración en la región. Algunos afirman que se debe a una falta de apoyo de base, mientras que otros piensan que el estancamiento puede deberse a que la atención política se centra en cuestiones nacionales, a la política de corto plazo generada por el frecuente cambio de representantes electos o a la creencia política de que la integración en el mercado mundial puede ofrecer unos beneficios económicos más significativos. No obstante, la mayoría reconoce que la falta de recursos ha dificultado el proceso y que, por consiguiente, los DER/PIR deben tratar adecuadamente esta cuestión.
DER/PIR para el Caribe
Los DER/PIR deben hacer frente a los desafíos anteriormente mencionados si realmente pretenden impulsar tanto la integración regional como la integración de la región en la economía mundial. Además, los DER/PIR deben ayudar a la región a aplicar el AAE entre la UE y el Cariforum.
En el marco de los DER/PIR, se han asignado 165 millones de euros al Caribe:
Ámbito prioritario: Cooperación/Integración económica regional y desarrollo de capacidades del AAE (asignación del 85-90 % o 143 millones de euros)
Los principales ámbitos de intervención objetivo se basan en diversos procesos de integración y cooperación del Cariforum ya existentes: la unión económica de la OECO; la CSME; la ampliación de los mercados regionales; la ejecución del AAE (cuya asignación asciende a 72,6 millones de euros) y el desarrollo de los recursos humanos en las instituciones regionales.
Ámbito no prioritario: Vulnerabilidades y cuestiones sociales (asignación del 10-15 % o 22 millones de euros)
El ámbito no prioritario se centra en prestar especial atención a la delincuencia y la seguridad, la capacitación de actores no estatales y el desarrollo de capacidades.
Análisis de los DER/PIR
Grupo de expertos independientes: resulta esencial que la sociedad civil, las universidades y el sector privado participen plenamente en el proceso de revisión intermedia de los DER/PIR.
Por consiguiente, la APP respalda la creación de un grupo de expertos independiente con un mandato consistente en identificar los puntos de estancamiento para acelerar el crecimiento y mejorar la calidad de vida en la región. Tras la identificación de las aportaciones de los recursos humanos y financieros necesarios, el grupo podría elaborar recomendaciones financieras e institucionales sobre el mejor modo de estimular el crecimiento y mejorar la calidad de vida.
Cooperación/Integración económica regional: Además del desarrollo de capacidades y las iniciativas institucionales fomentadas en el ámbito prioritario, la APP considera que parte de los 143 millones de euros debería asignarse a proyectos en los ámbitos de la educación, la creación de empleo, la energía y el transporte marítimo y aéreo.
Realmente se puede fomentar la integración regional e impulsar el desarrollo a través de estas asignaciones de fondos específicas y claramente orientadas.
Crecimiento económico: Los DER/PIR identifican numerosos obstáculos al desarrollo económico: dos de ellos son las estrictas normas de conformidad de las MSF de la UE y las limitadas posibilidades de diversificación económica.
La APP destaca la necesidad de asignar una parte justa de los 30 millones de euros de la financiación para la conformidad con las MSF de los países ACP al Cariforum. En particular, dicha financiación debería centrarse en el sector pesquero, así como en las industrias emergentes como la acuicultura, la transformación de productos agrícolas y los servicios (p. ej. balnearios y turismo ecológico).
La investigación y la innovación pueden impulsar la diversificación económica y, en particular, las PYME y el sector de las empresas agrícolas podrían beneficiarse si se presta mayor atención a la investigación y la innovación.
Ejecución del AAE: Además de la asignación de los DER/PIR, muchos de los PIN se orientan hacia actividades relacionadas con el AAE, por ejemplo en el ámbito de la competitividad, las reformas de la administración pública y las infraestructuras. La asistencia relacionada con el comercio tiene asignados 454 millones de euros de los recursos de los programas nacionales (el 75 % de los 600 millones de euros disponibles).
El AAE requiere cambios estructurales y organizativos considerables. Los desafíos, por ejemplo el refuerzo del servicio jurídico, son considerables, por lo que se debería respaldar suficientemente a la región para que haga frente a dichos retos.
La APP resalta la importancia de que la CE y los Estados miembros de la UE respeten su compromiso de destinar, cada uno de ellos, 1 000 millones de euros en ayudas al comercio (un 50 % para los países ACP) antes de 2010. Tal como se mencionó anteriormente, el cumplimiento de las MSF sigue siendo una prioridad.
La revisión intermedia de los DER/PIR (e, igualmente, de los DEP/PIN) debería constituir una verdadera oportunidad para revisar la financiación, en caso de que los Estados miembros no respeten su promesa en relación con la ayuda para el comercio.
Seguridad alimentaria: La respuesta a la crisis alimentaria mundial fue lenta en la región. Este retraso destaca la necesidad de alcanzar un consenso regional sobre el mejor método de aumentar la producción agrícola. Mientras que algunos países ya dan prioridad a la seguridad alimentaria en su planificación del desarrollo, podría resultar más eficaz utilizar una estrategia de desarrollo general global para garantizar una producción agrícola suficiente. Con el objeto de garantizar la seguridad alimentaria a medio y largo plazo, la región debe contar con ayuda al desarrollo para estimular el sector agrícola.
La APP es consciente de que la CE ha comprometido 1 000 millones de euros durante un plazo de tres años para los veintitrés países más afectados por la crisis alimentaria y acoge satisfactoriamente el hecho de que se hayan destinado 15,8 millones de euros a Haití en 2009.
Recursos humanos y fuga de cerebros: La región se esfuerza por desarrollar internamente una amplia gama de conocimientos especializados, cuya carencia obstaculiza el desarrollo humano, el bienestar, la diversificación económica y el crecimiento.
Asimismo, la región se ve afectada por una considerable fuga de cerebros (12). La libre circulación de los trabajadores y la puesta en común de los recursos humanos en la región alivian parcialmente el problema; por la razón indicada anteriormente, la APP acoge satisfactoriamente la asignación de casi 10 millones de euros al desarrollo de los recursos humanos y al desarrollo de capacidades a escala regional.
No obstante, para solucionar la raíz del problema, la región debe ser capaz de incentivar a los emigrantes para que regresen y compartan las aptitudes que han adquirido en beneficio de la región.
Debería fomentarse un diálogo político serio y, en particular, podría resultar instructivo realizar un análisis de los esfuerzos de Guyana y otros países por invertir la migración durante la década de los noventa. A tal fin, la CE debería destinar fondos al aumento de la cooperación regional en el ámbito de la migración y al desarrollo de capacidades para reducir la fuga de cerebros.
Cambio climático: El cambio climático perjudica de modo desproporcionado a los pequeños Estados insulares como los del Caribe.
Aunque los DER/PIR no contemplan la cuestión de la lucha contra el cambio climático, la Comisión asignó 71 millones de euros en 2009 a evitar la migración relacionada con el cambio climático y 97 millones a la adaptación. La Comisión tiene previsto, además, asignar 3 millones de euros a Cuba y 8 millones de euros a través de la AMCC para apoyar al CCCCC en la aplicación de la estrategia regional.
Resultaría útil que la APP dispusiera de información adicional, tanto en relación con la financiación como con la coordinación, sobre las iniciativas regionales y de la UE, así como sobre programas como la AMCC, la Estrategia de la UE para la reducción del riesgo de desastres en los países en desarrollo, el programa temático del ICD de «medio ambiente y gestión sostenible de los recursos naturales», el Programa marco regional de la comunidad caribeña para 2005-2015 (de la CDEMA), la Estrategia y el marco de gestión globales de desastres (también de la CDEMA) y el CCCCC.
Género: Las cuestiones de género deberían adquirir más importancia en la agenda política, en particular teniendo en cuenta la reciente crisis financiera que ha provocado que las mujeres tengan más dificultades para acceder a «empleos decentes».
Coordinación de donantes: La coherencia en las estrategias de los donantes y los modos de aplicación constituye, sin duda, una prioridad, tanto para reducir las cargas para los gobiernos nacionales y las instituciones regionales como para mejorar la eficacia de la asistencia internacional. No obstante, según indican diversos donantes, diplomáticos y académicos, todavía queda mucho por avanzar para que se respeten los principios de las Declaraciones de París y de Accra sobre la eficacia de la ayuda.
Como uno de los principales donantes, la UE no sólo debería seguir esforzándose por racionalizar sus propios requisitos de donante, sino que también debería cooperar con otros donantes para mejorar la coordinación y minimizar el despilfarro de las ayudas. La APP respalda la ejecución conjunta de proyectos regionales (por ejemplo, CARTAC, PANCAP, CRNM y numerosos proyectos de la OECO) y acoge satisfactoriamente el papel de liderazgo de la CE en la coordinación de donantes para PANCAP. La APP insta a la CE a que ofrezca apoyo financiera a la CDEMA, que reúne a numerosos donantes en el ámbito de la gestión de desastres pero que, según los DER/PIR, no posee actualmente la capacidad de coordinar eficazmente a los donantes.
Aplicación de la ayuda: La APP respalda la creación de un fondo de desarrollo regional, en el marco del Fondo de Desarrollo de la Caricom, para gestionar el FED y otras fuentes de financiación.
La APP espera recibir más información sobre los resultados del estudio de la Secretaría del Cariforum, así como sobre los debates entre la Comisión Europea, las autoridades regionales y el BEI sobre la posibilidad de crear un Fondo de Infraestructuras para el Caribe basado en el modelo africano.
Auditoría: Además de la supervisión parlamentaria de los DER/PIR, la APP recomienda que se realice una auditoría independiente. Sus objetivos serían, en primer lugar, evaluar si los fondos del 10o FED asignados al Cariforum se han gastado de forma eficaz. En segundo lugar, la auditoría debería determinar si los resultados del 10o FED se notaron por igual en toda la región o si se concentraron en ciertos nichos geográficos o sectoriales.
Tal como se ha indicado anteriormente, una parte del ámbito prioritario es la cooperación y la integración económica regional.
La APP respalda completamente este objetivo, aunque al mismo tiempo recalca que debería tratarse de un crecimiento económico sostenible y orientado al desarrollo que pueda reforzar y unificar la posición negociadora de la región a escala mundial.
Del mismo modo, el desarrollo de capacidades en el ámbito del AAE constituye una parte clave del ámbito prioritario y los DER/PIR deben, por consiguiente, ofrecer asistencia técnica y financiera para establecer las estructuras pertinentes.
Los desafíos clave que requieren una respuesta regional consisten en combatir la emigración y la fuga de cerebros, garantizar la seguridad alimentaria y luchar contra el cambio climático.
Se requiere urgentemente una mejor coordinación de los donantes en la región. La APP solicita a la CE que tome en consideración las recomendaciones indicadas anteriormente.
Aunque el Parlamento Europeo puede proporcionar una supervisión parlamentaria por parte de la UE, cabe lamentar que dicho control resulte más difícil para el Cariforum por la falta de un parlamento regional.
Foro del Caribe de Estados ACP
Agencia Caribeña de Respuesta a Emergencias por Desastres
Instrumento Negociador Regional del Caribe
Mercado y Economía Únicos de la CARICOM
Documentos de estrategia por país
Instrumento de financiación de la cooperación para el desarrollo
Asamblea Parlamentaria Paritaria
Programa Indicativo Nacional
Asociación Pancaribeña contra el VIH / SIDA
Grupos de trabajo preparatorios regionales
Conclusiones sobre el Documento de Estrategia Regional (DER ) y el Programa Indicativo Regional (PIR) en el marco del 10o FED - África Oriental, África Austral y Océano Índico
El Documento de Estrategia Regional (DER) para el África Oriental, el África Austral y el Océano Índico engloba 21 Estados y cuatro organizaciones regionales (OR), que son COMESA, EAC, IGAD y COI. Esta cuenca geográfica comprende asimismo una región ultraperiférica europea, Reunión, y un territorio de ultramar francés, Mayotte.
Fines y objetivos perseguidos por el DER
La finalidad del DER, tal como fue elaborado por la Unión Europea y las distintas OR socias, es contribuir a la profundización de los procesos de integración regional que persiguen dichas organizaciones, haciendo hincapié en la apertura de los mercados y la creación de un mercado común.
Esta estrategia se ha fijado como objetivo último contribuir a la erradicación de la pobreza y a la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Al igual que sucede con la integración regional, la realización de dicho objetivo pasa por el crecimiento económico y el desarrollo del comercio.
Procesos de integración regional en curso en la región del África Oriental, el África Austral y el Océano Índico
La región objeto de examen está siendo transformada por cuatro principales OR. Esas cuatro organizaciones regionales persiguen paralelamente objetivos diferentes, pero complementarios.
La organización regional que engloba el mayor número de países es COMESA, y tiene por objetivo crear una zona de libre comercio y una unión aduanera y monetaria entre sus miembros, de modo que la región pueda convertirse en una comunidad plenamente integrada e internacionalmente competitiva, con altos niveles de vida para los pueblos que la componen y todos los que estén dispuestos a unirse a una Comunidad Económica Africana (CEA).
EAC parece perseguir objetivos similares a los de COMESA, e incluso haberle tomado la delantera: en 2005 se creó una unión aduanera y está previsto un mercado común para 2010 y una unión monetaria para 2012:
Las otras dos OR de la región son más restringidas. Se han centrado en zonas más pequeñas, que comparten fronteras comunes, o, en el caso de la COI, la misma cuenca oceánica.
La COI persigue varios objetivos: la solidaridad entre los pueblos, la defensa de los intereses insulares en los recintos internacionales y las organizaciones de integración regional, la preservación y valorización del medio ambiente y los recursos naturales, y la dimensión regional del desarrollo humano.
La IGAD se ha fijado como objetivos: la agricultura, el medio ambiente, la cooperación social y económica, la paz y la seguridad, y la igualdad entre hombres y mujeres.
Ayuda aportada por el DER a la profundización de los procesos de integración regional y la realización de los ODM
Se han destinado al DER 645 millones de euros en relación con el proceso de integración económica de la región. Para la aplicación eficaz de esta estrategia, las cuatro OR trabajan conjuntamente en un Comité Interregional de Coordinación.
Corresponde, pues, al Comité Interregional de Coordinación (que está integrado por representantes de COMESA, IAC, COI e IGAD, así como por representantes de la UE y de la Secretaría ACP) asumir la tarea de realizar una integración regional a través del comercio que sea realmente sinónimo de desarrollo para los pueblos. La cooperación y la coordinación en el seno de este Comité condujo a resultados alentadores durante la aplicación del noveno FED, y sus integrantes se han comprometido a reiterar esta experiencia con el décimo FED. De este Comité dependerá el éxito de la aspiración a generar el desarrollo social y la nivelación hacia arriba de los niveles de vida mediante el crecimiento económico y la apertura regional de los mercados. También a este Comité corresponde la tarea de preservar la permanencia de las distintas OR, sin que todas resulten desestabilizadas.
DER versus Acuerdos de Asociación Económica (AAE)
Se supone que los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) apoyan los procesos de integración regional, y no a la inversa. Por lo tanto, es muy importante reafirmar que no se puede imponer desde el exterior la vía de realización de los procesos de integración regional, y que la UE debe limitarse a apoyar el proceso o los procesos en los términos elegidos por los países ACP.
SADEC, COMESA e IAC decidieron, en la Cumbre de Kampala en 2008, elaborar una agenda de trabajo a fin de aproximar las tres OR para armonizar sus distintas legislaciones y crear un gran mercado común. El proceso consiste en la firma preliminar de un acuerdo de libre comercio, que más adelante debería desembocar en una unión aduanera y, después, en la creación de la CEA.
Paralelamente a este gran proyecto acordado entre las tres OR, existen dos estrategias regionales y tres AAE. Por tanto, es difícil discernir cómo piensa la UE, a través del décimo FED y los AAE, aportar su apoyo a los procesos de integración regional sin crear una competencia entre las distintas OR en la creación de diferentes mercados comunes (pues este programa disfruta del 85 % de los fondos del FED) y sin in fine intentar apoyar de forma prioritaria la celebración de los AAE.
El consejo tripartito que conforman COMESA, SADC y EAC parece considerar los tres AAE en negociación en las dos regiones definidas por el décimo FED piedras angulares para la construcción de la CEA. La UE deberá velar, pues, por que las dos estrategias regionales en curso y los tres AAE objeto de negociación no desorganicen de forma sustancial o duradera este proceso.
El consejo tripartito de COMESA, SADC y EAC decidió en la Cumbre de Kampala de octubre de 2008 establecer una zona de libre comercio, a la que seguirá una unión aduanera. Los AAE objeto de negociación en las configuraciones que componen el tripartito deben afianzar el proceso de integración ya iniciado.
Objetivo de la estrategia tendente a apoyar la paz y la estabilidad regional
La integración política, la buena gobernanza y la seguridad humana son factores clave para el éxito de los procesos de integración económica. Los unos no pueden realizarse sin las otras. Se supone que el objetivo II de esta estrategia apoya esta dimensión ayudando a las cuatro OR de la región a mejorar sus niveles de transparencia, democratización, seguridad, estabilidad y desarrollo sostenible. En este sentido, la fase preparatoria del programa consiste en la identificación adecuada de mecanismos de cooperación interregionales estratégicos que puedan favorecer la pacificación, la democratización y el desarrollo sostenible de la región. De esta fase preliminar nacerán proyectos concretos y reflexionados.
Este programa parece ir por el buen camino. No obstante, los fondos que se le asignan podrían no estar a la altura de las ambiciones y necesidades en este ámbito.
Participación de Reunión y Mayotte en la estrategia
En primer lugar, es de lamentar que en ninguna parte de esta estrategia figure la isla Mayotte, que forma parte plenamente del Océano Índico.
El anexo dedicado a la participación de Reunión en el décimo FED y en los procesos de integración regional va en la dirección correcta. No obstante, las posiciones avanzadas por la Comisión Europea no reflejan su acción concreta con respecto a Reunión en la negociación paralela de los AAE. Las regiones ultraperiféricas (RUP) deben ser consideradas por la Comisión motores potenciales del desarrollo de su cuenca geográfica de pertenencia a todos los niveles, y no sólo en los anexos al décimo FED.
También es de lamentar que no se financie específicamente para la COI un gran proyecto de desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (NTIC), y en particular de Internet de alta velocidad. La discontinuidad digital persiste en esta cuenca oceánica, naturalmente muy dependiente de las conexiones submarinas intercontinentales y en la que las fuerzas del mercado se ejercen en detrimento del usuario en términos de calidad de los servicios ofrecidos y de sobre-coste de las prestaciones con respecto a las regiones continentales. Este décimo FED habría debido alentar la creación de plataformas de difusión de las NTIC a escala regional y, en particular, para la COI.
También sería deseable que la Comisión reflexione sobre la elaboración de un instrumento financiero de cooperación único y específico para las RUP, así como sobre la aplicación de procedimientos de gestión sencillos, a fin de actuar realmente para asegurar que las RUP puedan desempeñar el papel que se les reconoce de motores potenciales del desarrollo regional recíproco.
Lo mismo sucede con los proyectos para la creación de conexiones marítimas, aéreas y ferroviarias, que siguen siendo muy importantes, en particular, entre otras cosas, para el desarrollo del comercio.
A la vista de esta estrategia, se presupone que la integración en el comercio mundial y el dinamismo económico son los factores de los que más carece esta región para completar su desarrollo humano y social. El modelo invocado y que se supone permitirá profundizar en el proceso de integración regional es el de la UE: creación de un mercado común y de una unión aduanera y monetaria. Quizás sea de lamentar que no se haya contemplado como un proceso válido de integración el apoyo a la creación de una política agrícola común en la región. En efecto, la PAC es, del mismo modo que el mercado común, un modelo de éxito de la UE y ha contribuido a generar una unión cada vez más estrecha entre sus pueblos y Estados. Podría resultar también un modelo más que pertinente para la región, a fin de que pueda garantizar, en beneficio de sus pueblos, su derecho común a la autosuficiencia alimentaria (que era la finalidad inicial de la PAC en la UE). Para el undécimo FED, habrá que velar también por encontrar mecanismos que permitan consultar y asociar a los Parlamentos nacionales de los países miembros de las OR de la región.
Conclusiones sobre el Documento de Estrategia Regional (DER) y el Programa Indicativo Regional (PIR) en el marco del 10o FED - SADC
La Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) es un organismo económico y político internacional que tiene por objeto crear condiciones para el desarrollo y el crecimiento económico y social en el África Meridional. Aunque la integración económica es el principal eje de la SADC, también se incluye la cooperación política.
La SADC fue creada en 1980 como Conferencia de Coordinación del Desarrollo del África Meridional (CCDAM) con el objetivo de coordinar la ayuda al desarrollo y reducir la dependencia económica de la por entonces Sudáfrica del apartheid. Doce años más tarde se transformó en la SADC. Actualmente, la SADC está formada por quince miembros: Angola, Botsuana, República Democrática del Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, República Unida de Tanzania y Zimbabue.
Lamentablemente, la pertenencia a la SADC se solapa con otras organizaciones regionales como la Unión Aduanera del África Meridional (SACU), el Mercado Común para el África Sudoriental (COMESA) y la Comunidad del África Oriental (CAO), entre otras. Esta agrupación plurinacional de comunidades económicas regionales sigue planteando un desafío a la integración regional en África Meridional. Además, la región de la SADC está llevando a cabo negociaciones con la UE en tres configuraciones de Acuerdo de Asociación Económica (AAE) diferentes: (SADC, AOM —África Oriental y Meridional— y CAO). El grupo de negociación del Acuerdo de Asociación Económica de la SADC incluye sólo la mitad de sus miembros actuales.
En general, la SADC está marcada por enormes desequilibrios regionales en términos económicos, derivados de economías pequeñas y poco diversificadas, desigualdades pronunciadas y pobreza. Es una de las regiones más pobres del mundo: cerca del 45 % de la población total de la SADC vive con un dólar al día. La SADC tiene la prevalencia de VIH más alta del mundo (un tercio de la población mundial total con VIH/SIDA está en la SADC), con catastróficas implicaciones económicas y sociales en la región, lo que afecta al crecimiento del PIB, a la oferta de mano de obra, a la desigualdad de renta, al desarrollo humano y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en general. Con respecto a la tasa de finalización de la escuela primaria, los países de la SADC se encuentran entre los que presentan las tasas más bajas del mundo. Asimismo, la región se enfrenta a retos en el ámbito de la seguridad alimentaria y del agua, así como de la democracia, la paz y la seguridad, que con frecuencia provocan migraciones masivas de personas en la SADC. También plantean retos importantes algunos asuntos relacionados con la capacitación económica, la participación en la toma de decisiones y los derechos humanos y jurídicos de las mujeres. La sociedad civil de la región se caracteriza por su considerable debilidad y fragmentación y por tener un enfoque retroactivo en sus relaciones con los gobiernos y con las organizaciones regionales.
Reacción propuesta en el IER/PIR de la SADC
El Programa Indicativo Regional asigna 116 millones de euros a la región de la SADC, de la manera siguiente:
Sector prioritario 1: la Integración Económica Regional (asignación del 80 % o 92,8 millones de euros) proporcionará un apoyo general para aumentar la integración económica de la SADC y la liberalización del comercio, así como para abordar las limitaciones de la oferta en materia de infraestructuras regionales y de seguridad alimentaria.
Sector prioritario 2: la Cooperación Política Regional (asignación de un 15 % o 17,4 millones de euros) apoyará la creación de capacidades en el contexto de la gobernanza regional y la aplicación de algunos aspectos de la Estrategia Conjunta África-UE en la prevención de conflictos y en el ámbito de la paz y la seguridad.
Los dos sectores no prioritarios, a saber el mecanismo de cooperación técnica y el apoyo a los participantes no estatales en la aplicación de actividades del IER, recibirán un 5 % de los recursos o 5,8 millones de euros.
Análisis del IER/PIR de la SADC
No hay duda de que la integración regional reviste una importancia esencial para el desarrollo económico y general de los países de la SADC y para permitirles participar en la economía mundial con igualdad de condiciones respecto de los demás agentes internacionales. Habida cuenta de que el IER/PIN apoya con firmeza el desarrollo interregion de la SADC, el programa del 10o FED es obviamente relevante para las realidades de la región. Además, las medidas del PIR previstas están relacionadas con los objetivos concretos estipulados en la agenda de la SADC, en particular en el Plan Indicativo Regional de Desarrollo Estratégico (RISDP), así como en la Estrategia Conjunta África-UE. No obstante, la cuantía de 92,8 millones de euros hubiera sido adecuada si el PIR hubiera proporcionado recursos adicionales para pérdidas de ingresos a corto plazo y la mejora de las infraestructuras económicas regionales. Además, como los países de la SADC dependen enormemente de la exportación de unos pocos productos básicos, y por tanto les afectan profundamente las crisis financiera, económica y social, también deberían proporcionarse recursos para ayudar a los Estados de la SADC a transformar y reestructurar sus economías y emprender medidas de valor añadido que actúan en fases posteriores respecto a los productos básicos.
La cuestión de la multiplicidad de organizaciones regionales en el África Meridional y la división de los Estados miembros de la SADC en tres grupos de AAE —que complican gravemente la cooperación interregional e intrarregional— no ha sido lamentablemente abordada de forma adecuada, ni por la SADC ni por la CE. El IER menciona que la SADC y las demás organizaciones regionales implicadas en actividades de integración económica, en particular COMESA, deben trabajar en estrecha cooperación y coordinar la aplicación de sus respectivas estrategias regionales. El modo exacto en que esta coordinación se llevará a cabo en la realidad sigue siendo un aspecto poco claro.
Además, aunque que una mayor integración regional y cooperación política podrían contribuir indirectamente a mitigar la pobreza, es necesario un vínculo mucho más directo y claro de las medidas del IER para la reducción de la pobreza y la consecución de los ODM en la región de la SADC. Algunos de los factores compartidos que agravan la pobreza en la región son la prevalencia del VIH/SIDA, la desigualdad entre los géneros, la falta de acceso a recursos como los alimentos y el agua y la falta de capital y cualificación humanos.
Por lo que respecta al VIH/SIDA, a menos que la pandemia se aborde de forma integral a escala tanto nacional como regional, las posibilidades de alcanzar los ODM disminuyen cada día para millones de personas de la SADC. Lamentablemente, el IER solo prevé integrar los problemas del VIH como parte del programa de creación de capacidades que se inscribe en el sector prioritario 1. El IER de la SADC debería por tanto poner un mayor énfasis en proyectos regionales de lucha contra el VIH/SIDA mediante, por ejemplo, la dotación de recursos para la aplicación de programas y estrategias en materia de VIH/SIDA de la SADC, incluido el Plan de empresa para el SIDA de la SADC.
Otro importante desafío para los Estados de la SADC es garantizar que los niños que empiezan la escuela finalicen realmente la educación primaria. La epidemia del VIH deteriora en mayor medida la situación en las escuelas, ya que el sector educativo sigue perdiendo personal a un ritmo alarmante, con un abandono del profesorado a causa del SIDA documentado en un 46,2 % y del 32,5 % en Zambia y Mozambique respectivamente. Además, el RISDP de la SADC identifica claramente que sus Estados miembros también presentan peores resultados en la educación secundaria y terciaria y, por lo tanto, se centra en la coordinación, la armonización y el desglose por sexos de la educación y la formación.
Además, se recomienda que el IER apoye medidas de cooperación en materia de seguridad alimentaria sostenible, con objeto de lograr un acceso duradero a alimentos seguros y adecuados en la región. No obstante, además de la seguridad alimentaria, la seguridad y el acceso al agua son extremadamente importantes para el desarrollo económico y social de la región. Habida cuenta de que el agua corriente es un recurso particularmente escaso en Sudáfrica, la demanda de agua podría dar lugar a competencia y disputas. Más de la mitad de la población total de la SADC no tiene acceso a agua segura ni a sistemas de saneamiento. La aplicación del Plan Estratégico Regional de la SADC para el Desarrollo y la Gestión de los Recursos Hídricos, el Protocolo revisado de la promoción de sistemas de cursos de agua compartidos y el desarrollo de infraestructuras hidráulicas mejorarían por tanto directamente el suministro de agua potable y la seguridad alimentaria (ya que habrá suficiente suministro de agua para las necesidades agrícolas). La APP fomenta que se promueva en mayor medida la sostenibilidad medioambiental en el IER, en particular respecto a la lucha contra la deforestación y la degradación de la tierra.
Las políticas migratorias y la situación de los refugiados y los desplazados internos constituyen un reto más para la región, que debería quedar mejor reflejado en el IER.
Por lo que respecta a la aplicación de fondos del PIR, es apropiada para alcanzar los objetivos de la integración regional y la cooperación política, ya que los fondos se entregarían directamente a la organización regional y utilizarían los mecanismos de financiación de la SADC. No obstante, tal como se señala en el IER, en vista del principio de subsidiariedad, pueden aplicarse algunas intervenciones a escala nacional aunque su objetivo la integración regional. Además, deben abordarse de modo más satisfactorio las dificultades surgidas a la hora de aplicar las actividades financiadas.
La matriz de los donantes para la región de la SADC también parece equilibrada. Asimismo, como las intervenciones de la CE están bien relacionadas con los marcos de desarrollo regional y las instituciones de la SADC, existen buenas perspectivas para la coordinación con otros donantes.
Antes de la elaboración del IER/PIR tuvieron lugar consultas entre la Comisión Europea y la Secretaría de la SADC, representantes de las autoridades nacionales y agentes regionales no estatales de los Estados miembros de la SADC para coordinar el IER con los DEP de los países de la región. No obstante, no hay indicios de la participación de órganos parlamentarios nacionales y regionales en estas consultas.
Los ámbitos de apoyo del IER/PIR reflejan adecuadamente la evolución de la situación en la región de la SADC con relación a la integración regional en términos económicos y la cooperación política. Las medidas previstas también facilitarán la aplicación del futuro AAE UE/SADC. No obstante, los países de la región pertenecientes a otra configuración AAE deberían tener la seguridad de que se beneficiarán igualmente del IER.
Deben establecerse vínculos más satisfactorios y directos entre las medidas del IER y la reducción de la pobreza. El VIH/SIDA, la seguridad del agua y el desarrollo de recursos humanos, particularmente en la educación —que constituyen algunas de las causas originarias de la pobreza en los países de la SADC—no sólo deberían abordarse a escala nacional, sino también a escala regional. A tal efecto, estos problemas deben abordarse de modo más satisfactorio en el IER/PIR de la SADC.
Debería aumentarse la financiación general del programa para poder asegurar fondos suficientes para emprender las medidas relativas a los ámbitos detallados anteriormente.
Los Parlamentos nacionales de los países de la SADC, el Foro parlamentario de la SADC y la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE deberían estar más implicados en la programación, la aplicación, la supervisión y la evaluación del Informe de Estrategia Regional de la SADC.
Conclusiones sobre el Documento de Estrategia Regional (DER) y el Programa Indicativo Regional (PIR) en el marco del 10o FED - África Central
a) Integración regional
La integración regional en el África Central está marcada por el hecho de que la definición de la región todavía es vaga, así como por la superposición de dos Organizaciones Regionales con objetivos parcialmente idénticos y distinta composición. La Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC) (13) es operativa desde 1999, mientras que la Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC) (14) data de 1983. La primera se centra ante todo en la unión monetaria, ya que sus Estados miembros comparten el Franco CFA. Así, la CEMAC tiene como principal objetivo construir un mercado común, mientras que la CEEAC obtiene más resultados en materia de integración política, en particular de paz y estabilidad. No obstante, la debilidad institucional de las organizaciones regionales sigue representando un problema, al igual que la aplicación de sus decisiones por los Estados miembros.
La República Democrática del Congo pertenece también a la Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos (CEPGL).
Para la negociación de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) y para el Programa Indicativo Regional, la región está integrada por los países de la CEMAC, más la República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe.
b) Otros retos a escala regional
La región está marcada por la inestabilidad, actual o reciente, de algunos países (Chad, República Centroafricana, República Democrática del Congo). Dos países (Chad y República Centroafricana) carecen de litoral, las interconexiones entre los Estados del África Central son escasas y las poblaciones de la región son muy pobres. No obstante, el África Central dispone de bazas. Así, todos los países se caracterizan por poseer importantes riquezas naturales, entre ellas un gran potencial forestal y agrícola. Para superar la «paradoja de la abundancia», según la cual riqueza natural no es sinónimo de desarrollo, los Estados del África Central deben explotar y repartir mejor sus riquezas. La democracia y la buena gobernanza constituyen otro reto importante.
2. Respuesta que propone el DER/PIR
El Programa Indicativo Regional prevé 165 millones de euros, 15 de ellos para la CEPGL, en los siguientes sectores de concentración:
Sector de concentración 1—Integración económica y comercial y acompañamiento del AAE (97 millones de euros, lo que representa el 65 % de los fondos)— debería destinarse a apoyar los esfuerzos de las organizaciones regionales a favor de la creación de un mercado común, de la interconexión de las redes de carreteras, de telecomunicaciones, eléctricas, etc., y del desarrollo de una política agrícola y de seguridad alimentaria regional.
Sector de concentración 2 —Gestión de los recursos naturales renovables (30 millones de euros, es decir, el 20 % de los mismos)— debería contribuir a mejorar la buena gobernanza del sector forestal, de las zonas protegidas y del potencial pesquero.
Sector de concentración 3 —Integración política (15 millones de euros, es decir, el 10 %)— el objetivo es mejorar las capacidades de la región en materia de prevención, gestión y resolución de conflictos, también mediante el refuerzo de la sociedad civil.
Ámbitos de interés secundario —Apoyos institucionales y facilidad de cooperación técnica (8 millones de euros, es decir, el 5 %)— se persigue, en particular, mejorar la coordinación entre la CEMAC y la CEEAC.
3. Análisis del DER/PIR para África Central
El DER/PIR 2008-2013 se publicó con mucho retraso, lo que plantea el problema, en particular, de la legibilidad de la estrategia europea en la región. Según la Comisión Europea, dicho retraso se debió a los problemas encontrados durante las consultas simultáneas con las dos organizaciones regionales afectadas, pues estas últimas no se pusieron de acuerdo hasta febrero de 2009 sobre sus respectivos papeles y el reparto de los recursos. No obstante, están en preparación tres proyectos, en materia de: paz y seguridad, recursos naturales e integración regional. Hay también proyectos en curso del 9o FED (Fondo Europeo de Desarrollo). Debido al retraso en la preparación del DER/PIR, la revisión intermedia se ha aplazado un año. La Asamblea resalta que deberían realizarse más esfuerzos por promover la coordinación entre las dos organizaciones regionales e intensificar el proyecto común de integración regional, lo que contribuiría a evitar esos retrasos en la programación, que no contribuyen a una mejor previsibilidad y eficacia de la ayuda y provocan, en particular, problemas de desembolso de los fondos del FED en el África Central.
Por otra parte, parece que muchos de los programas pertenecientes al primer sector de concentración se consagran a la mejora de las normas (en materia comercial, sanitaria, de servicios, inversión, etc.) en vez de a la aplicación de proyectos concretos. Por otra parte, parece que muchos de los programas pertenecientes al primer sector de concentración se consagran a la mejora de las normas (en materia comercial, sanitaria, de servicios, inversión, etc.) en vez de a la aplicación de proyectos concretos.
Las negociaciones sobre un AAE regional en el África Central se encuentran por el momento en punto muerto. Ahora bien, la estrategia elaborada en el DER se centra en gran medida en el acompañamiento de los AAE. Para la Comisión, el vínculo entre el AAE y el PIR se debatió con ocasión de la elaboración del DER partiendo de la hipótesis de que habrá un acuerdo, y que el PIR sigue siendo flexible. No obstante, es esencial que se elaboren mecanismos en fases anteriores para garantizar un acompañamiento eficaz de la región, si ésta opta por celebrar un AAE. En particular, habría que identificar mejor los aspectos específicos que deben tenerse en cuenta de forma prioritaria. Paralelamente, la región no debe resultar penalizada por el estancamiento de las negociaciones o por la elección de no avanzar más en los procesos de negociación del AAE, y ello ni desde el punto de vista financiero (en particular por lo que respecta a los fondos concedidos por el FED en concepto de ayuda al comercio) ni por lo que se refiere a la aplicación de los programas, que deben seguir siendo coherentes con la realidad de la región.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) prácticamente no se mencionan en el DER, lo cual es inaceptable, ya que el FED es el primer instrumento de ayuda de la Unión Europea (UE) a los países ACP, y su prioridad debe ser la realización de los ODM. El primer ámbito de intervención es el comercial, pero en ningún momento se contemplan sus consecuencias sobre el empleo y la pobreza. Sin embargo, es esencial –y es el objetivo declarado de los AAE – poner el comercio al servicio del desarrollo. Deberían programarse acciones más concretas y con una repercusión directa sobre la realización de los ODM, en particular en los ámbitos de la salud y la educación, en coherencia con el Instrumento de Cooperación al Desarrollo y el compromiso político de consagrar el 20 % de los recursos a la salud y la educación básica. Incluso en los ámbitos comerciales, es esencial su repercusión sobre la población, en especial en términos de empleo, para que las poblaciones se apropien del proceso de integración regional en curso y comprendan los beneficios de las políticas aplicadas conjuntamente por la UE y la región del África Central. Según la Comisión, el objetivo último de la estrategia regional es la reducción de la pobreza (ODM 1). La Comisión resalta que se elaborarán programas más concretos, en particular para favorecer el empleo, aun cuando esta temática no se mencione directamente en el PIR. Con todo, es lamentable que no sea así, tanto más cuanto que los programas indicativos nacionales no permiten compensar las lagunas actuales del PIR en materia de apoyo a la realización de los ODM.
Un tema importante que merecía un mayor desarrollo en el documento es la agricultura, en relación con la soberanía alimentaria (habida cuenta de que el ODM 1 es la lucha contra la pobreza y el hambre). Se trata de un tema que conecta directamente comercio (en su dimensión de mejora y diversificación de los productos agrícolas, creación de valor añadido y salida del monocultivo de exportación), desarrollo (mejora de la autosuficiencia alimentaria y de la salud de las poblaciones, creación de empleo) y protección del medio ambiente (desarrollo de nuevas técnicas de cultivo más ahorradoras de agua, protección de los suelos, etc.). La agricultura es, además, uno de los principales objetivos declarados en el Documento de Orientación Conjunto (DOC), un documento esencial, pues constituye realmente un eje estratégico elaborado de forma conjunta por la UE y la región del África Central. La agricultura merece, por tanto, un apoyo más directo a escala regional, pero sólo se la menciona de pasada en el primer sector de concentración (apoyo al desarrollo de una política regional, sin más precisiones). Por lo demás, la Comisión ha reconocido la necesidad de reforzar este sector de concentración de la ayuda, tanto por lo que se refiere a la armonización de las políticas como a la diversificación y transformación de los productos.
Reforzar la integración regional es, sin duda, una prioridad justificada, en especial para los países enclavados de la región. No obstante, resulta preciso mostrarse muy vigilantes para que las negociaciones de los Acuerdos de Asociación Económica no jueguen en contra del objetivo de integración regional.
Si bien es interesante observar que la gestión de los recursos naturales (al hacer hincapié en la gestión sostenible de los mismos) constituye uno de los sectores de concentración, hay que subrayar que, en conjunto, el vínculo con la lucha contra la pobreza es muy indirecto. La realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio debería ocupar un lugar central en el Documento de Estrategia Regional, y en este sentido también habría debido reservarse un espacio más importante a la agricultura.
Además, la región está especialmente afectada por la crisis económica mundial, puesto que exporta materias primas cuya demanda en el mercado mundial ha bajado. Esta situación demuestra, si hiciera falta, la necesidad de desarrollar las capacidades de transformación de las materias primas y diversificar las economías, que a menudo dependen de una sola riqueza. Ahora bien, a pesar de los retrasos en la adopción del DER, parece que no se ha tenido en cuenta este elemento fundamental. El DER debería desarrollar una estrategia clara de acompañamiento del comercio para los países de la región a fin de promover la creación de empleo y el desarrollo.
Conclusiones sobre el Documento de Estrategia Regional (DER) y el Programa Indicativo Regional (PIR) en el marco del 10o FED - África Occidental
Este documento, firmado por la Comisión Europea (10o FED) por una parte y por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO) por otra, se redactó sobre la base de un documento regional.
La región del África Occidental está marcada por numerosas disparidades: el desarrollo económico y político es muy distinto entre los quince países (más Mauritania) que forman la región. La mayoría son «países menos desarrollados» (PMD), salvo por Cabo Verde, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria (éste último es un importante productor de petróleo). En cuanto a estabilidad política y democracia, las diferencias también son notables entre Ghana y Malí, por no mencionar la existente entre Guinea y Guinea-Bissau. La situación está mejorando en Costa de Marfil, aunque no está completamente estabilizada. Liberia y Sierra Leona se encuentran todavía en una fase posterior al conflicto. En general, puede considerarse que nueve de los quince países pertenecientes a la CEDEAO se encuentran en una situación delicada.
No obstante, el África Occidental es una de las regiones mejor «integradas» de los países ACP, con instituciones regionales que también disponen de una importante faceta política. La CEDEAO no se ocupa sólo de la integración económica, sino que también desempeña un papel importante en la promoción de la buena gobernanza, la prevención y resolución de conflictos y el mantenimiento de la paz. Obviamente, sus estructuras siguen siendo débiles y la integración todavía no está tan arraigada como sería deseable. Aun así, el África Occidental es la que presenta un mayor volumen de comercio, frente a otras integraciones regionales ACP. Además, los países de la zona de la Comunidad Financiera Africana (CFA) formaron una unión aduanera y monetaria, la UEMAO.
El principal obstáculo al desarrollo de la región radica en su estructura económica. La mayoría de los países son exportadores de materias primas no transformadas, en particular de productos agrícolas. En consecuencia, la ayuda al desarrollo debe favorecer la formación de estructuras industriales, pero especialmente ayudar a estos países a respetar las medidas sanitarias y fitosanitarias de los mercados de exportación (principalmente la UE).
El Programa Indicativo Regional (PIR) del DER asigna un presupuesto de 597 millones de euros a los siguientes sectores de concentración:
Sector de concentración I: Profundización en la integración regional, mejora de la competitividad y AAE
70 % del presupuesto (418 millones de euros)
Sector de concentración II: Consolidación de la buena gobernanza y la estabilidad regional
20 % del presupuesto (119 millones de euros)
10 % del presupuesto (60 millones de euros)
Entre los sectores «adicionales», la Comisión Europea debe perseguir una mayor implicación de la sociedad civil, que está insuficientemente representada a escala regional.
El DER y el PIR deberán someterse a revisión a mitad de periodo, es decir en 2010.
Análisis del DER/PIR para el África Occidental
La seguridad alimentaria es una de las prioridades de la estrategia. Este tema es de máxima importancia en una región que produce y exporta materias primas agrícolas, pero importa productos procesados. Además, durante los últimos 30 años, la producción agrícola no ha desarrollado más que crecimiento demográfico, lo que ha colocado la seguridad alimentaria y la población local en una posición más delicada. La ayuda del PIR para la política agrícola regional (en particular de la UEMAO) destinada a la estrategia regional en materia de producción alimentaria y alivio del hambre no parece ser muy clara. Para la Comisión Europea, la seguridad alimentaria es una de las cinco prioridades del PIR, pero la cooperación con las organizaciones regionales todavía debe concretarse en una hoja de ruta. De igual modo, la Comisión Europea debe apoyar uno de los programas de la política agrícola de la CEDEAO.
Acertadamente, el DER indica las debilidades de las infraestructuras de la región, en particular por lo que respecta al transporte, y señala que constituye una auténtica barrera al comercio regional, y en consecuencia al desarrollo. De nuevo, el PIR no ofrece una respuesta clara, incluso cuando la Comisión asegura que el Programa de Desarrollo del Acuerdo de Asociación Económica (PDAAE) proporcionará un marco útil para canalizar la ayuda de los diversos donantes, particularmente para infraestructuras.
El primer sector de concentración está relacionado con el Acuerdo de Asociación Económica, que todavía no se ha firmado. Asimismo, quedan por aclarar la financiación del AAE del Fondo Regional y el uso de recursos relacionados con la parte de desarrollo del AAE hasta su firma.
El documento no especifica las posibles acciones en materia de inmigración o de política de pesca de la UE ni la eficacia de los acuerdos de pesca.
La APP desea saber qué documentos o estadísticas básicas utilizó la Comisión para iniciar los debates con la región.
La APP desea subrayar la importante función de la agricultura y señala la necesidad de implicar en mayor medida a los sindicatos de agricultores regionales. Asimismo, subraya la necesidad de establecer planes a escala regional para luchar contra la sequía o la langosta del desierto, con vistas a reforzar la seguridad alimentaria a escala regional.
Uno de los objetivos del DER/PIR debe ser la creación de mercados subregionales, ya que los países de la región no exportan a países colindantes, lo que supone una infraexplotación de las posibilidades comerciales. Por consiguiente, es absolutamente necesario abrir los países e integrar los mercados. Además, debe abordarse el problema de la transformación local de los productos porque, en este momento, la región exporta materias primas e importa productos manufacturados. Este aspecto no se recoge en el PIR. Adicionalmente, el PIR tampoco presta la debida atención al desarrollo de infraestructuras regionales.
Incluso si en última instancia el objetivo de cooperación es la mitigación de la pobreza, el vínculo entre el PIR y los Objetivos de Desarrollo del Milenio parece ser demasiado débil. Ciertamente, una articulación más clara entre las estrategias nacionales y la estrategia regional posibilitaría la mejora.
La APP insiste en que el Programa AAE para el desarrollo se financiará con fondos adicionales y no solo con el FED. Por último, la APP también insiste en que el Parlamento de la CEDEAO debe implicarse en el seguimiento de la estrategia regional.
Conclusiones sobre el Documento de Estrategia Regional (DER) y el Programa Indicativo Regional (PIR) en el marco del 10o FED - Pacífico Integración regional en el Pacífico
Integración regional en el Pacífico
La Región del Pacífico comprende 15 pequeños Estados insulares repartidos en una zona oceánica océano del tamaño de África. Se trata de una región que tiene características únicas en el mundo: una población reducida (9,55 millones de habitantes, similar a la de Bélgica), una superficie terrestre de tan sólo 560 000 km2, repartida en 29 millones de km2, lo que representa un grado extremo de dispersión. De hecho, Papúa Nueva Guinea representa el 80 % de la superficie terrestre y muchos de los Estados insulares más pequeños tienen una superficie parecida a la de pequeñas ciudades europeas. Por esas razones, el concepto de integración regional se enfrenta a múltiples desafíos.
En general, los países ACP del Pacífico presentan diversos grados de desarrollo económico y recursos naturales, pero comparten numerosas características humanas y culturales, como el deporte, en particular el rugby a quince. Muchos de estos países comparten los mismos recursos marinos, como la pesca y el turismo, pero se encuentran igualmente expuestos a la subida del nivel del mar que afecta a las zonas costeras. El comercio regional está aún por desarrollar debido a la falta de infraestructuras de transporte y las distancias que deben recorrerse. Desde una perspectiva económica y social, los Estados del Pacífico son sumamente dependientes de sus vecinos mayores, Australia y Nueva Zelanda.
En este contexto tiene lugar la cooperación regional, en el marco del amplio Foro de las Islas del Pacífico (FIP), que reúne cada año a 15 Estados, junto con Australia y Nueva Zelanda. La Secretaría del FIP, que también preside el Consejo de Organizaciones Regionales en el Pacífico (CROP) (que integra a otras diez organizaciones intergubernamentales regionales), aplica el PIR en nombre de los países ACP del Pacífico. El FIP también es el origen de la creación del Plan Pacífico (2006-2015), en el que la cooperación e integración regionales se definen del siguiente modo:
La creación de diálogos o procesos entre gobiernos;
La agrupación de servicios nacionales (como aduanas, sanidad, educación y deporte) a nivel regional;
La reducción de los obstáculos al comercio.
El Plan Pacífico incluye iniciativas para promover el desarrollo en la región en torno a cuatro pilares, a saber: crecimiento económico, desarrollo sostenible, gobernanza y seguridad. Se han hecho algunos avances en los servicios aéreos y marítimos, la seguridad y las infraestructuras de telecomunicaciones, pero las diferencias entre las economías de los países ACP del Pacífico han hecho que resulte difícil aplicar acuerdos comerciales y establecer una infraestructura económica sólida. Quedan aún muchos retos.
En cuanto a la UE, ésta adoptó su primera «Estrategia de la UE para el Pacífico» en 2006, que pretende complementar el Plan Pacífico y centrarse en intensificar el diálogo político, hacer un mayor hincapié en la cooperación regional y mejorar la eficacia de las ayudas. Esta estrategia sirve de base para el DER/PIR vigentes.
Sinopsis del DER/PIRDER/PIR
El primer DER/PIR para la Región del Pacífico para el período 2002-2007 tenía un presupuesto de 29 millones de euros (que fue aumentado a 39 millones con ocasión de la revisión a medio plazo del DER) repartidos de la siguiente manera:
Integración y comercio regional: 9 millones de euros
Desarrollo de recursos humanos: 8 millones de euros
Pesca: 5 millones de euros
Ámbitos no prioritarios (proyectos ya existentes/asistencia técnica): 7 millones de euros
El actual DER/PIR del 10o FED es mucho más ambicioso pues cuenta con 95 millones de euros para el período 2008-2013, repartidos del siguiente modo:
Sector prioritario 1 (Integración económica regional): 45 millones de euros
Sector prioritario 2 (Gestión sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente): 40 millones de euros
Ámbitos no prioritarios (actores no estatales, cooperación técnica, etc.): 10 millones de euros
De este modo, los dos primeros pilares del Plan Pacífico reciben un 90 % de los fondos. Los otros dos pilares, la gobernanza y la seguridad, recibirán ayudas del diálogo estructurado UE-Países ACP del Pacífico y de mecanismos como el Instrumento de Estabilidad.
Análisis del DER/PIR del Pacífico
Los sectores prioritarios del DER/PIR han sido establecidos claramente por la propia región y reflejan sus principales necesidades para poder continuar su desarrollo de forma sostenible. Los dos sectores prioritarios mantienen el impulso logrado por medio del primer PIR en los sectores cruciales para la integración económica y las ayudas al sector de la pesca, si bien el desarrollo de recursos humanos ha dejado de ser un sector prioritario específico.
El sector prioritario 1 se divide en cuatro ámbitos principales de intervención:
Integración económica y comercio (el AAE y otros acuerdos comerciales regionales)
Ayudas al sector privado (mecanismos del sector privado, sectores clave como el turismo y la pesca, promoción del espíritu empresarial)
Mecanismos para el crecimiento económico (comercio justo, competencia, protección de los consumidores, aduanas y normas internacionales)
Recursos humanos (programas integrados de educación y acceso a la formación técnica y profesional).
Muchos de estos sectores se centran en la aplicación del AAE, a pesar de que únicamente Fiyi y Papúa Nueva Guinea lo han firmado hasta ahora.
El sector prioritario 2 tiene los siguientes ámbitos de intervención:
Cambio climático y reducción de los riesgos de desastre
Gestión sostenible de los recursos marinos (incluida la pesca)
Gestión sostenible de los recursos terrestres
Seguimiento medioambiental y gestión de la información
Estos ámbitos constituyen una ampliación constructiva del ámbito de aplicación del PIR y reflejan plenamente las necesidades de los países ACP del Pacífico, así como las prioridades en materia de desarrollo sostenible.
Por último, los ámbitos no prioritarios prestan asistencia técnica para el Foro de las Islas del Pacífico en tanto que ordenador regional (3 millones de euros) y 4 millones para las actividades de actores no estatales. El nivel de desarrollo del sector de los actores no estatales en la región del Pacífico presenta enormes diferencias y existe una necesidad evidente de asistencia para la construcción de capacidades en este ámbito.
En general, la APP acoge con beneplácito el DER/PIR del 10o FED por constituir una contribución positiva al desarrollo económico y social de los países ACP del Pacífico y extrae las siguientes conclusiones para que se tomen en consideración durante la revisión intermedia.
El hecho de que el AAE del Pacífico solo haya sido firmado hasta ahora por Papúa Nueva Guinea y Fiyi cuestiona la atención que se presta en el Sector prioritario 1 del PIR a la aplicación de este Acuerdo, ya que muchos de los Estados de la región aún no han mostrado interés en su aplicación. Es necesario llevar a cabo un análisis claro del efecto que tendrá este retraso sobre la forma en que se gastarán los recursos correspondientes al Sector prioritario 1.
Si bien el PIR recoge algunas medidas positivas para promover la educación y la formación en la región, uno de los principales problemas es la migración de la mano de obra cualificada a los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Aunque sus remesas de fondos son importantes, la mayoría de estos profesionales han sido formados con un alto coste para las economías locales. Es necesario que el Sector prioritario 1 del PIR preste más atención no sólo a la oferta de estas cualificaciones, sino también a la adopción de medidas para que los países ACP del Pacífico se beneficien de contar con su propia mano de obra cualificada. Otro tanto sucede con los deportistas de las islas del Pacífico que son contratados por clubes australianos y neozelandeseses y reciben la nacionalidad de estos países a fin de que puedan jugar con las selecciones nacionales, algo que tiene repercusiones negativas sobre las selecciones del Pacífico, como Fiyi, Samoa y Tonga en el rugby.
La APP acoge con satisfacción la detallada atención que se presta al desarrollo del sector de la pesca, pero pide que se haga más hincapié en la cuestión de la pesca ilegal que causa daños enormes a las poblaciones de peces y al medio de subsistencia de los pescadores locales. La pesca ilegal es realizada por buques de países no pertenecientes a la región que muestran un escaso respeto por las normativas internacionales que regulan las zonas o poblaciones exclusivas. La acuicultura debería promoverse en las comunidades locales del Pacífico para garantizar la seguridad alimentaria y las exportaciones de productos pesqueros.
La APP muestra su preocupación por la falta de consulta parlamentaria durante los preparativos del DER/PIR, y espera estimular este proceso mediante un mayor control sobre los documentos de estrategia nacional (DEN) y los documentos de estrategia regional (DER). No solo es necesario consultar en mayor medida a los Parlamentos nacionales de los países ACP sobre la creación y aplicación del PIR, sino también aumentar las capacidades de los parlamentarios y su personal en este ámbito.
Si bien se felicita por el énfasis que hacen los ámbitos no prioritarios en los actores no estatales, la APP muestra su preocupación por quiénes serán los beneficiarios de los fondos y espera que se verifiquen las credenciales y la reputación de los interesados. Pide igualmente que las ONG tengan una mayor participación en el procedimiento de consulta para el DER/PIR.
Cabe congratularse del hincapié hecho sobre el cambio climático y sus efectos para los pequeños Estados insulares, al igual que de los fondos para contribuir a la protección contra este creciente problema. Sin embargo, es importante que estos fondos no se desvíen para apoyar al creciente grupo de presión que achaca toda la responsabilidad del cambio climático a los países industrializados y sus actividades. Existe una clara diferencia entre la lucha contra el cambio climático y el empleo de este fenómeno con fines políticos.
Las infraestructuras de transporte tienen que ser una prioridad absoluta en todas las actividades de desarrollo regional en la región del Pacífico, ya que las distancias entre los distintos países y a nivel interno, así como las deficientes infraestructuras dificultan el avance hacia el comercio regional o el desarrollo del turismo y otros sectores que incrementarían los beneficios para la población local.
(1) Aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 1 de abril de 2010 en Tenerife (España).
(2) DO C 271 de 25.10.2008, p. 20.
(3) DO C 221 de 14.9.2009, p. 19.
(4) DO C 68 de 18.3.2010, p. 36.
(5) Aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 1 de abril de 2010 en Tenerife (España).
(6) COM(2009)0160 final.
(7) DO C 68 de 18.3.2010, p. 24.
(8) COM(2007)0072 final.
(9) Aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 1 de abril de 2010 en Tenerife (España).
(10) Aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 1 de abril de 2010 en Tenerife (España).
(11) Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Surinam, y Trinidad y Tobago.
(12) Según las previsiones, el 60 % de la población del Caribe con educación terciaria ha abandonado la región y en Jamaica, Granada, Guyana, Haití, San Vicente y las Granadinas, la tasa de emigración alcanza el 80 %.
(13) Compuesta por Camerún, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, la República Centroafricana y Chad.
(14) Compuesta por Angola, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Chad, República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe.

References: resolución 
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 resolución 
 artículo 17
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 artículo 17
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in fine
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