Source: https://www.scribd.com/doc/35746573/Informe-Final-Julio-2006-Personas-con-discapacidad
Timestamp: 2016-12-11 04:47:27+00:00

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BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinINFORME FINAL COMISION ESPECIAL DE ESTUDIO SOBRE DISCAPACIDAD - CEEDISJavier Diez Canseco, Presidente Elvira de la Puente, Vicepresidenta José Luis Risco, Secretario Gloria Helfer Rosa Florián Ana Elena Townsend Asesora: Liliana Peñaherrera Equipo Técnico: Alberto Vásquez Zulema Vargas Luis del Aguila
COMISION ESPECIAL DE ESTUDIO SOBRE DISCAPACIDAD CONGRESO DE LA REPÚBLICA
INDICE Presentación 1. Introducción 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2. Población y estadística Las personas con discapacidad en el Perú Encuesta Continua 2005 Consulta Nacional sobre Discapacidad Certificación Registro Nacional de la Persona con Discapacidad 3. Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 4. Situación de los derechos de las personas con discapacidad Constitución Política Punto de partida: Ley General de la Persona con Discapacidad Derechos civiles y políticos 4.3.1. Capacidad de ejercicio 4.3.2. Identidad 4.3.3. Ejercicio de derechos políticos 4.3.4. Igualdad y mandato de no discriminación 4.4. Salud y seguridad social 4.4.1. Acceso a la seguridad social en salud 4.4.2. Servicios de rehabilitación 4.4.3. Transplantes renales 4.4.4. Derechos de los usuarios de los servicios de salud 4.4.5. Prevención 4.4.6. Salud mental 4.4.7. Derechos previsionales 4.5. Accesibilidad 4.5.1. Normas de accesibilidad urbanística y arquitectónica 4.5.2. Estacionamientos para personas con discapacidad 4.5.3. Medios de transporte 4.5.4. Comunicaciones y nuevas tecnologías 4.5.5. Atención preferente 4.6. Educación y deporte 4.6.1. Educación inclusiva 4.6.2. Educción técnica y superior 4.7. Trabajo y empleo 4.7.1. Programas de empleo 4.7.2. Sistemas de cuota 4.7.3. Bonificación en los concursos públicos de méritos 4.7.4. Accesibilidad en el centro de trabajo 4.7.5. Readaptación profesional 4.1. 4.2. 4.3.
4.7.6. Incentivos Tributarios Discapacidad 4.7.7. Empresas promocionales
5. Políticas de Promoción y Seguimiento 5.1. Acceso al crédito 5.1.1. Programa de apoyo a la micro empresa 5.1.2. Fondo de Garantía de Créditos para Personas con Discapacidad 5.1.3. Banco de Proyectos 5.2. Beneficios tributarios 5.2.1. Importación de vehículos, prótesis y otros 5.2.2. Impuesto a la renta 5.2.3. Tributación municipal 5.2.4. Donaciones 5.3. Plan de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad 5.3.1. Resumen de evaluación 5.3.2. Reformulación del PIO 6. Conclusiones 7. Logros de la CEEDIS (con 23 anexos)
PRESENTACIÓN Los logros obtenidos por la CEEDIS en más de tres años trabajando por los derechos de las personas con discapacidad de nuestro país, nos permiten expresar nuestra satisfacción al culminar nuestro mandato al frente de la Comisión, que no es una comisión ordinaria y que por lo tanto desaparece al término de la legislatura 20052006. La labor desarrollada estuvo abocada a tres ejes básicos. El primero de ellos se refiere a la generación de recursos de información sobre la problemática de discapacidad en el Perú. Uno de los resultados más importantes de este trabajo derivó en la elaboración de seis informes en materias tales como: educación, salud, trabajo, niñez, accesibilidad, legislación comparada y el Plan de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad. A eso debemos sumar la Consulta Nacional de Discapacidad, que dio origen al informe “La Voz de los Otros” y una Agenda para la Acción que fue entregada a la entonces Primera Ministra Beatriz Merino y al presidente del Congreso de la República, Dr. Henry Pease. Insumo para estos estudios fueron las presentaciones de los ministros y los informes solicitados - y entregados- por los diferentes ministerios e instituciones públicas, dando a conocer sus propuestas y avances en el tema de políticas especialmente diseñadas para atender las necesidades de las personas con discapacidad, el presupuesto asignado para ellas y el cumplimiento de su sector respecto de la Ley 27050. Un segundo aspecto de nuestro trabajo estuvo abocado a la elaboración de normas legales en materia de discapacidad. Hemos propuesto y generado, alentado y perfeccionado, diversos proyectos de ley, que luego han sido aprobados por el Congreso de la República y promulgados por el Ejecutivo. Uno de los más importantes ha sido la reforma de la Ley 27050, que pone al Perú entre los países con mejor legislación de Latinoamérica en términos de no discriminación. La promoción de derechos de las personas con discapacidad constituye el tercer eje. Hemos gestado una serie de campañas de sensibilización (Discapacidad no es Incapacidad, Ponte en mis Zapatos), talleres de liderazgo, talleres para periodistas, conferencias, seis programas de TV “Soy Igual que Tú” transmitidos por canal 7, spots de radio y televisión, encartes periodísticos “Personas Diferentes, Derechos Iguales” y “Por una Sociedad para Todos”, boletines virtuales semanales, folletos, afiches en paraderos de bus, entre otras publicaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas. Todo el trabajo de la CEEDIS, y materiales y trabajos reunidos de diversas fuentes, está siendo colocado en una Biblioteca Virtual sobre Discapacidad que quedará instalada en la página web del Congreso y de la Biblioteca Nacional. Ahí están contenidas las transcripciones de las presentaciones de los ministros, los informes entregados por los ministerios a solicitud de la Comisión, los programas de TV, los spots de radio producidos, los estudios realizados, las leyes logradas y las que fueron
presentadas a las diferentes comisiones ordinarias del Congreso pero que no pasaron al Pleno para su debate, así como enlaces a documentos e instituciones nacionales e internacionales que tienen información valiosa sobre discapacidad. Esperamos que sea de utilidad para que las personas con discapacidad fortalezcan su liderazgo y su
capacidad de incidencia política, y los funcionarios públicos cuenten con información al momento de diseñar sus políticas, programas, proyectos y actividades para promover la plena integración de las personas con discapacidad a la sociedad. Un aspecto que no puedo dejar de resaltar es el importante tiempo y esfuerzo destinado a atender una serie de casos sociales, coordinando con diversas instituciones públicas y privadas la atención en hospitales; la admisión en colegios, institutos de educación superior y universidades; la atención de casos de discriminación; la entrega de sillas de ruedas, prótesis y otras ayudas compensatorias, entre otras. Hemos absuelto quejas y consultas de muchas personas con discapacidad, a los que la falta de recursos o el limitado acceso a la información no les permitía atender una serie de necesidades y proteger adecuadamente sus derechos. La CEEDIS, una comisión multipartidaria, ha sentado un importante precedente de trabajo conjunto entre Congreso, Ejecutivo y sociedad civil, pero es evidente que aún falta mucho por hacer. En este sentido, no puedo menos que alegrarme por la elección de tres congresistas con discapacidad en el Congreso que está por instalarse: Michael Urtecho (La Libertad), Luis Galarreta (Lima) e Hilaria Supa (Cusco). La labor en favor de las personas con discapacidad debe continuar, y es de esperar que en el Congreso se forme una comisión ordinaria sobre discapacidad, o por lo menos una subcomisión en la Comisión de Salud o de Familia. El reto está planteado: la sociedad, las organizaciones y el Estado tienen la palabra. Diferentes personas hicieron posible que el trabajo de la CEEDIS rindiera frutos, en especial el pequeño pero eficaz equipo de trabajo que nos acompañó estos años liderado por Liliana Peñaherrera, asesora de la comisión, historiadora, periodista y fundadora de la Sociedad Peruana de Síndrome Down. Con perseverancia y habilidad, ella fue colocando temas e iniciativas en diferentes espacios y difundiendo de mil manera diferentes el mensaje de que discapacidad no es incapacidad. En gran parte es gracias a su esfuerzo que esta comisión ha sido exitosa en su quehacer. Zulema Vargas, mujer orquesta y secretaria de la comisión, fue responsable de la administración, la logística y la atención de miles de personas que llegaban todos los días a la comisión en busca de ayuda para recibir atención médica, para denunciar casos de discriminación, o para buscar apoyo a sus iniciativas. Su compromiso, entrega y dedicación trascendieron el aspecto laboral y permitieron mover montañas cuando se trataba de atender a quienes más lo necesitaban. Luis Miguel del Águila, presidente de la Asociación de Distrofia Muscular, fue inagotable fuente de información, moderador de redes de personas con discapacidad y tuvo a su cargo la página web de la CEEDIS. Alberto Vásquez, y antes Oscar Salas, estuvo a cargo del área legal de la Comisión dedicándose con entusiasmo y compromiso a elaborar proyectos de ley de temas tan distintos como tributación, salud mental, día nacional de la visión o discriminación positiva. Magali Zevallos y, luego Alberto Revoredo en la labor de prensa, fueron muy valiosos para difundir el trabajo de la Comisión y elaborar las notas informativas virtuales que semanalmente llegaban a las redacciones de los medios de comunicación y organizaciones de personas con discapacidad de todo el país.
Agradezco también a nuestros colaboradores, consultores, organismos de cooperación internacional (sin el aporte de GTZ y PNUD no hubiéramos podido hacer
tanto), instituciones del Estado, organizaciones de personas con discapacidad y sociedad civil en general, y a los congresistas miembros de la Comisión, en particular la labor desempeñada por la congresista Elvira de la Puente, Vicepresidenta de la Comisión, quién aportó entusiasmo, energía y convicción para sustentar sus puntos de vista, en especial en relación al tema de accesibilidad y cultura. Como Presidente de la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad del Congreso de la República, no puedo menos que agradecer la oportunidad de poder liderar una manera diferente de incidir políticamente en el logro de cambios sustanciales para beneficio de las personas con discapacidad. Nunca antes en el Congreso se habían sentado en la misma mesa representantes de la sociedad civil, ministros, funcionarios públicos y congresistas, para plantear y responder inquietudes sobre el cumplimiento de normas y leyes, para exigir mayor presupuesto y mayor compromiso político, para hacer propuestas. Esta manera de hacer política es inédita, y estoy seguro que los congresistas que de ahora en adelante se comprometan con el tema de discapacidad, mantendrán las puertas abiertas, la mirada amplia y la convicción de que los grandes cambios se hacen día a día, con constancia, uniendo esfuerzos y manteniendo siempre en el horizonte la vista del puerto al que queremos arribar. Y es que, como siempre he afirmado, las personas con discapacidad no queremos ni pena ni falsa caridad, demandamos derechos y oportunidades. Javier Diez Canseco Presidente Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad Congreso de la República
1. INTRODUCCIÓN La Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad (CEEDIS) fue creada el 18 de diciembre de 2002, fecha en que el pleno del Congreso de la República aprobó la creación de una comisión con el objeto de: a) Analizar y diagnosticar la problemática que confrontan las personas con discapacidad en cuanto a su rehabilitación y plena inclusión a la sociedad, incidiendo en los temas de educación, salud, seguridad social, trabajo y accesibilidad; b) Elaborar propuestas legislativas encaminadas al desarrollo y mejora de la legislación existente, así como proyectos de normas jurídicas adicionales, sectoriales o especializadas, que permitan el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; y c) Promover la más amplia participación de las personas con discapacidad y de sus organizaciones, en las actividades de análisis y diagnóstico, así como en la evaluación y discusión de los proyectos legislativos y de política de Estado a proponer al Congreso. En cumplimiento de dicho mandato la Comisión ha estado abocada durante estos años, a labores de investigación y de promoción de derechos, al seguimiento de políticas públicas y a la emisión de normas en materia de discapacidad. La CEEDIS ha elaborado seis informes sobre diversas materias, tales como educación, salud, trabajo, niñez, accesibilidad y sobre el Plan de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad. A eso debemos sumar la Consulta Nacional de Discapacidad, que dio origen al informe “La Voz de los Otros” y una agenda para la acción, y el estudio de legislación comparada elaborado por Javier Mujica para la CEEDIS. Por otro lado, los aportes de la CEEDIS han sido recogidos en diversos proyectos de Ley aprobados por el Congreso de la República, algunos de los cuales han sido propuestos por la propia CEEDIS a partir de los estudios realizados. Ello también ha sucedido respecto de normas de inferior rango, en las que, gracias a la constante coordinación mantenida con los múltiples sectores del Estado, se ha logrado incorporar la variable de discapacidad en una serie de dispositivos. Esa labor de coordinación ha significado, a su vez, un trabajo de seguimiento y fiscalización de las acciones de los diversos órganos del Estado. La promoción de derechos de las personas con discapacidad tampoco ha sido ajena a la Comisión. Se han realizado una serie de talleres y conferencias, así como campañas de sensibilización para la comunidad a través de programas de TV, spots de radio y televisión, encartes, boletines semanales, folletos, afiches, entre otras publicaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas. Estos productos se hicieron en versión escrita y digital, y los spots de radio sobre la matrícula escolar de niños con discapacidad en quechua, con la finalidad de llegar a la mayor cantidad posible de personas con discapacidad en todo el ámbito nacional.
Estas diversas actividades se han realizado en colaboración con otras comisiones del Congreso, congresistas, diversos organismos de cooperación internacional, instituciones del Estado, organizaciones de personas con discapacidad y sociedad civil en general, a las cuales agradecemos su dedicación, entrega y compromiso. Finalmente, cabe mencionar la labor social que ha venido desarrollando la CEEDIS durante todos estos años. Se han atendido una serie de casos sociales, coordinando con diversas instituciones públicas y privadas, la entrega de sillas de ruedas, prótesis y otras ayudas compensatorias. Asimismo, se han absuelto quejas y consultas de muchas personas con discapacidad, a los que la falta de recursos o el limitado acceso a la información no les han permitido atender una serie de necesidades y proteger adecuadamente sus derechos. En ese sentido, el presente informe da cuenta del trabajo de la CEEDIS durante los tres años y medio que duró su mandato, y expresa lo que a su juicio se vislumbra como panorama en materia de discapacidad, dejando una agenda para la acción que sirva de referente a futuros planes y proyectos de trabajo. 2. POBLACIÓN Y ESTADÍSTICA 2.1. Las personas con discapacidad en el Perú La Ley 27050 define a la persona con discapacidad como “aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales, limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro de la sociedad”. Asimismo, señala que la persona con discapacidad tiene los mismos derechos que los que goza la población en general, sin perjuicio de aquellos derechos especiales que se derivan de la Ley y su Reglamento. El goce efectivo y pleno de estos derechos, como se verá más adelante, siguen siendo una meta antes que una realidad, a la cual nos vamos acercando, sin embargo, poco a poco. No se conoce con certeza cuántas personas con discapacidad existen en el Perú. El Censo de 1993, año en que se realizaron paralelamente el Censo Nacional de Población y Vivienda, practicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y el Estudio de Prevalencia de Deficiencia, Discapacidades y Minusvalías, realizado el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), arroja cifras totalmente disímiles. De acuerdo con las cifras arrojadas por el primero, el 1.3% de la población peruana tiene alguna discapacidad. Por el otro lado, el estudio del INR-OPS, que comprendió la visita de 630 viviendas a nivel nacional, la obtención de datos de 3,690 personas y la evaluación clínica de 2,791 personas, concluyó
que el 45,4% de la población estaba afectada por algún tipo de deficiencia, 31,28% tenía alguna discapacidad y 13,08% alguna minusvalía. El distinto resultado de este estudio con el Censo Nacional se debe a la distinta utilización de conceptos y metodología, mucho más técnicas en el segundo caso. Durante el ultimo semestre del 2005, se llevó a cabo la Encuesta Continua a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INEI), la cual señala que 8,7%, es decir 2 249 000 peruanos, tienen alguna discapacidad, siendo la tasa de prevalencia el 10,9%. Por su parte, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) –en convenio con el INEI realizó un estudio de línea de base en Lima Metropolitana y el Callao que arrojó una tasa de prevalencia del 5.7%. Este estudio comprendió 1 889 747 hogares, de los cuales 374 225 albergan al menos una persona con discapacidad (aproximadamente el 20%). Como se ve, para el caso de Lima Metropolitana y Callao las cifras son muy diferentes. Una vez más estamos frente a dos estudios realizados el mismo año, con resultados opuestos, lo que estaría indicando dificultades serias en el diseño de las preguntas y en la metodología de recojo de la información, y una ausencia de coordinación para lograr que las preguntas filtro sobre discapacidad sea la misma en ambas muestras. Ante la falta de información sistematizada de la ENCO 2005, la CEEDIS ha realizado un estimado de población con discapacidad, basándose en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2005, aplicadas sobre el 13.08% del Estudio de la INR-OPS de 1993. Según estos estimados, en el Perú existirían 3 420 716 peruanos con discapacidad, de los cuales 947 539 personas tendrían entre 0 y 19 años; 844 917 entre 20 y 39 años, 656 777 entre 40 y 59 años y 971 483 más de 60 años. 2.2. Censo Nacional de Población y Vivienda 2005 A pesar de los esfuerzos desplegados por la CEEDIS, el INEI no incluyó la pregunta referida a discapacidad dentro del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el año 2005, desaprovechándose así la oportunidad de actualizar las cifras a nivel nacional respecto del número de personas con discapacidad existentes. La CEEDIS solicitó al INEI, mediante reunión de fecha 08 de julio de 2004, la inclusión de una pregunta relacionada a la condición de discapacidad de los encuestados, solicitud que fue reiterada mediante diversos oficios/1 y que fue rechazada debido a un recorte de presupuesto para la realización del Censo. Ante la negativa inicial, la CEEDIS propuso la inclusión de una columna que considere la opción “educación especial” en la ficha censal, propuesta que también fuera rechazada.
Oficio 722-2004-JDC-CEED/CR, Oficio 136-2005-JDC-CEED/CR y Oficio 148-2005JDC-CEED/CR.
Sin embargo, se logró el compromiso del INEI de incluir la variable discapacidad en los Censos Continuos que realizarán de manera anual a partir del presente año, con lo cual las cifras podrían irse actualizando periódicamente. La insistencia sobre la necesidad de la realización de un gran censo sobre discapacidad no es gratuita. Sólo a partir de estadísticas confiables puede redefinirse el rol del Estado en materia de discapacidad y las políticas públicas necesarias para la atención de las necesidades de la población con discapacidad. A la fecha el Ministerio de Salud ha implementado un Módulo de Información de Discapacidad/2 que debería ser ejecutado en todos los centros de salud. Dicho sistema debe suministrar mensualmente a la Oficina de Estadística e Informática del Ministerio de Salud, al INR y a la Dirección Sub Regional de Salud de su ámbito, información respecto de las discapacidades temporales y permanentes de todo tipo. A partir de ese sistema se han publicado dos estudios estadísticos: el Anuario Estadístico de la Discapacidad 1998 y el Reporte Estadístico de la Discapacidad en el Perú 1999-2000. Ambos estudios corroboran las cifras obtenidas en el Estudio de Prevalencia efectuado por el INR-OPS. La CEEDIS ha propuesto a través del proyecto de Ley 13872/2005-CR, aprobado por el Pleno del Congreso el 15 de junio de 2006 (Ley de Reforma de la Ley General de la Persona con Discapacidad), aprovechar este sistema de información a fin de que los centros de salud informen al Registro Nacional de las Personas con Discapacidad de los nacimientos de niños con discapacidad y accidente y enfermedades discapacitantes. Asimismo, esta reforma plantea la necesidad de aprovechar los diversos servicios estadísticos que se manejan desde todos los sectores y el propio Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), incorporándose la variable discapacidad en sus diversas mediciones. 2.3. Consulta Nacional sobre Discapacidad Entre agosto y noviembre de 2003, la CEEDIS realizó 29 Audiencias Públicas en todo el país sobre discapacidad, con el apoyo de Cooperación Alemana para el Desarrollo - GTZ, las cuales constituyeron un proceso descentralizado de participación que permitió el debate de propuestas normativas y políticas de Estado, en las cuales las propias personas con discapacidad y sus organizaciones fueron los protagonistas principales. El informe “Voces de los Otros: Consulta Nacional sobre Discapacidad” elaborado por Teresa Tovar y Patricia Fernández da cuenta de estas audiencias/3.
Implementado mediante Resolución Ministerial 314-97-SA/DM, publicada el 17 de julio de 1997. 3 TOVAR Teresa y Patricia FERNÁNDEZ. “Voces de los Otros: Consulta Nacional sobre Discapacidad”. CEEDIS: Lima, julio 2006.
Este trabajo dio lugar a la elaboración de una “Agenda para la Acción”, que propuso principalmente: a) Difundir las normas legales y las disposiciones públicas que benefician a las personas con discapacidad y sus familias, así como desarrollar campañas de sensibilización en medios de comunicación masiva, sobre la situación que éstas viven; b) Vigilar que la perspectiva de discapacidad sea incorporada transversalmente a todos las políticas públicas; c) Sancionar el incumplimiento de las normas sobre discapacidad; d) Garantizar el acceso al transporte público; e) Abrir Oficinas Municipales y Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad/4; f) Otorgar carácter ministerial al CONADIS; g) Incluir en el Seguro Integral de Salud a las personas con discapacidad; h) Otorgar pensión y/o acceso al seguro social a las personas con discapacidad severa y en extrema pobreza; i) Abrir centros de rehabilitación en todos los departamentos del país; j) Promover una educación inclusiva; k) Priorizar el tema de la discapacidad en la Política de Cooperación Internacional; l) Crear el Fondo de Crédito para personas con discapacidad, sus organizaciones y sus familias, como un medio de proporcionar acceso a capital de trabajo en condiciones favorables; m) Impulsar una reforma tributaria que promueva el otorgamiento de beneficios que compensen los altos costos que genera la discapacidad; y n) Declarar la Década de las Personas con Discapacidad. Complementariamente, en dichas audiencias se recogió valiosa información sobre la situación de las personas con discapacidad y sus familias, a partir de la entrevista de 7 700 personas (80% de ellas entre 18 y 70 años). Del total de asistentes, 49,8% reportó tener discapacidad física, 17,15% visual, 16,5% intelectual, 14,6% auditiva, 3,9% mental y 2,3% sordoceguera. Un tercio señaló que tenía la discapacidad desde el nacimiento, un tercio por accidente y un tercio por enfermedad. Solo 3,9% la adquirió debido a la edad. En los varones se debió más a accidentes (38,1% vs. 22,8%), mientras que en las mujeres a enfermedad (35,1% vs. 31,4%), y un significativo 11% reportó que en sus hogares había más de una persona con discapacidad. Respecto de los derechos económicos y sociales, la Consulta reveló que el 94% de las personas con discapacidad consideran que el derecho a un “trabajo digno” es el que menos se cumple. Asimismo, el 15% de las personas con discapacidad reportó que nunca había recibido un diagnóstico medico y el 14,5% que nunca había ido a la escuela. Lamentablemente, la enorme mayoría de personas con discapacidad vive en hogares con bajos ingresos.
La Ley 28164 ha introducido esta obligación en su artículo 10.
Asimismo, el 46% de los encuestados adultos declaró no poseer el DNI, restricción adicional para el ejercicio de sus derechos. Y peor aún, el 87% de los encuestados sostuvo que son víctima de actos discriminatorios. 2.4. Certificación La condición de discapacidad se acredita con el certificado de discapacidad que emitan los hospitales de los Ministerios de Salud, de Defensa y del Interior, así como Essalud. En ese sentido, para lograr el acceso a muchos beneficios excepcionales que otorga de la Ley 27050, es indispensable contar con dicho documento. El certificado de discapacidad ha sufrido una serie de modificaciones desde la aprobación de la Ley. Así, mediante Resolución Ministerial 372-2000SA/DM, publicada el día 27 de noviembre de 2000, se aprobó el primer formato del certificado de discapacidad, el cual sería modificado, posteriormente, por las Resoluciones Ministeriales 1014-2004/MINSA/5 y 252-2006/MINSA/6. La segunda modificación del certificado de discapacidad incorporó la medición del porcentaje de menoscabo, aunque sólo para efectos pensionarios, por lo que su consignación no era obligatoria en todos los casos, contraviniendo el artículo 14 del Reglamento de la Ley que establece la necesidad de precisarse el grado o porcentaje de disminución funcional de la respectiva discapacidad. Esta situación, tal como ha dado cuenta la CEEDIS/7, dio lugar a algunos excesos en la utilización del certificado, permitiendo el acceso a los beneficios que brinda la Ley 27050 a personas con discapacidad leve o temporal. Por ello, la Ley de Reforma de la Ley General de la Persona con Discapacidad señala claramente la obligación de determinar el grado de menoscabo necesario para el acceso a los beneficios excepcionales que otorga la Ley, requiriéndose un menoscabo del 33% o más y de 66% para ser considerado persona con discapacidad severa. Esto ha sido recogido por el Decreto Supremo 003-2006-MIMDES, que modifica el Reglamento de la Ley 27050, introduciendo en el artículo 52 la obligación del Ministerio de Salud de determinar el grado de menoscabo necesario para el acceso al beneficio de la bonificación de 15% en los concursos públicos de méritos. La misma línea sigue el nuevo certificado de discapacidad que establece la cuantificación del grado menoscabo, para lo cual el Ministerio de Salud debe emitir el respectivo instrumento. Respecto de este último certificado de discapacidad, la CEEDIS ha formulado una serie de observaciones las cuales fueron remitidas al Ministerio de Salud mediante Oficio 168-2006-JDC-CEED/CR de fecha 28 de marzo de 2006. Gracias a ello, y a la convocatoria realizada, se ha
Publicada el día 22 de octubre de 2004. Publicada el día 20 de marzo de 2006. 7 Ver: MALDONADO ZAMBRANO, Stanislao. Trabajo y Discapacidad en el Perú. CEEDIS: Lima, julio 2006.
logrado la conformación de un grupo de trabajo en el Ministerio de Salud (con la participación de la Defensoría del Pueblo, el INR, el Ministerio de Educación y la CEEDIS), con el fin de modificar el certificado vigente. Éste debe ser simplificado de manera que pueda ser emitido por cualquier centro de salud a nivel nacional y, adicionalmente, deben eliminarse rubros actualmente contenidos que, en opinión de la CEEDIS, sólo pueden ser evaluados por un equipo multidisciplinario (como las posibilidades de acceso al empleo o a centros de educación regular). Respecto del costo del certificado, debemos señalar que la Resolución Ministerial 298-2004/MINSA ha establecido su gratuidad, sin embargo, ésta no alcanza a los exámenes médicos vinculados que pueden resultar costosos en algunos casos/8. Es ddebido a ello que el número de personas con discapacidad que cuentan con el certificado es mínimo. La CEEDIS ha estimado que sólo el 0.74% de la población con discapacidad en el Perú contaría con el certificado/9. Frente a esta situación, la CEEDIS ha planteado en la Ley de Reforma de la Ley General de la Persona con Discapacidad que los exámenes médicos necesarios para la certificación puedan ser gratuitos cuando así lo determine el equipo de trabajadores sociales de la institución a la que acuden, a fin de que aquellos que tienen menores recursos puedan acceder a la certificación. Asimismo, a fin de reducir los costos que supone la transacción y agilizar su entrega, la Ley de Reforma de la Ley General de la Persona con Discapacidad ha establecido la obligación de los médicos e instituciones de otorgar el referido certificado de manera inmediata cuando se produzcan nacimientos de niños con discapacidad o se presenten accidentes discapacitantes, ya sean de trabajo, ya sean de tránsito. Como se señaló anteriormente, deberán informar al Registro Nacional de las Personas con Discapacidad cuando se materialicen tales supuestos. Finalmente, es importante resaltar que desde la aprobación de la Ley 27050, se han registrado diversos problemas en la aplicación de los beneficios otorgados. Lamentablemente, algunos funcionarios públicos supeditan el otorgamiento de ciertos beneficios a la acreditación de la inscripción en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad a cargo del CONADIS/10, a partir de una interpretación errónea del Reglamento de la Ley y del Reglamento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. En ese sentido, la CEEDIS ha zanjado la discusión, estableciendo a través de la Ley de Reforma de la Ley General de la Persona con Discapacidad, que el
En ESSALUD y los hospitales del Ministerio de Defensa y del Interior, los exámenes médicos necesarias para acreditar la discapacidad son parte de las prestaciones que se brindan a los asegurados. 9 Ver: ARROYO LAGUNA, Juan. El derecho a la salud de las personas con discapacidad. CEEDIS: Lima, julio 2006. El cálculo fue realizado sobre la base de los estimados del INR sobre la población de personas con discapacidad en el Perú. 10 La Ley 27050 sólo lo contempla para la inafectación en el pago de aranceles para importación de autos y prótesis.
certificado de discapacidad es el único documento exigible para el goce de los beneficios establecidos en la Ley. 2.5. Registro Nacional de la Persona con Discapacidad La información contenida en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, de conformidad con la Ley 27050, sólo puede ser utilizada con fines estadísticos, científicos y técnicos. Éste se encuentra a cargo del CONADIS y los datos sobre la filiación de las personas con discapacidad inscritas son confidenciales. Dada la poca infraestructura a nivel nacional con la que cuenta el CONADIS, la CEEDIS ha propuesto mediante la Ley de Reforma de la Ley General de la Persona con Discapacidad la descentralización del Registro a través de las Oficinas Municipales de Atención de las Personas con Discapacidad (OMAPED), las cuales tendrán que remitir la información al Registro a cargo del CONADIS periódicamente. Asimismo, la CEEDIS ha propuesto la inclusión en el Registro de los rubros referidos a las sanciones por incumplimiento de la Ley 27050 y a los beneficiarios del beneficio de inafectación de pagos arancelarios. La Ley de Reforma de la Ley General de la Persona con Discapacidad también incluye una serie de precisiones: i) modifica el término “instituciones voluntarias sin fines de lucro” por “organizaciones de personas con discapacidad” que agrupa de mejor manera las organizaciones a favor de la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad; ii) señala que la confidencialidad de la información contendida en el Registro sólo alcanza a la filiación de las personas con discapacidad y sus familiares; y iii) precisa que aquellos médicos que otorguen certificados falsos respecto de la existencia o no de discapacidad, incurren en el delito de falsificación regulado en el artículo 431 del Código Penal. Finalmente, la Tercera Disposición Transitoria, Complementaria y Final establece, en referencia al registro de las organizaciones y personas naturales que acceden al beneficio de la inafectación del pago de derechos arancelarios, que la SUNAT deberá remitir la información pertinente al CONADIS a fin de mantener actualizado su Registro. 3. CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Durante estos años de trabajo, la CEEDIS ha venido promoviendo un manejo más eficiente del CONADIS a través de reformas legales al texto original de la Ley 27050. Así, en el año 2004, se promulgó la Ley 28164, que modifica la conformación del CONADIS establecida en la Ley General de la Persona con Discapacidad, incluyendo un nuevo representante dentro de sus integrantes, de manera que las asociaciones de familiares de las personas con discapacidad intelectual y las de
los familiares de las personas con discapacidad de la conducta (trastornos mentales) puedan tener cada una un representante. De igual modo, se excluyó de la estructura del CONADIS al Ministerio de la Presidencia (desaparecido), a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas y al representante de las Instituciones privadas de rehabilitación y educación especial de nivel nacional, a fin de lograr una mejor conformación de la institución. En dicha reforma se logró un importante avance al establecer la potestad del Presidente del CONADIS de asistir a las sesiones del Consejo de Ministros, con voz pero sin voto, así como al otorgarle la titularidad del pliego presupuestal y la representación legal del Consejo. Complementariamente, la Ley 28164 incluyó dentro de las funciones del CONADIS la promoción para la creación de guarderías y albergues temporales para personas con discapacidad, apoyados por programas de voluntariado, controlando y supervisando su funcionamiento. Posteriormente, la Ley de Reforma de la Ley General de la Persona con Discapacidad ha propuesto la exclusión del Consejo de los Ministerios del Interior y de Defensa, así como a la Federación Deportiva Especial, aún inexistente/11. Con dicha reforma se pretende corregir la desproporción o desbalance existente en la conformación de dicho Consejo: de 15 miembros, 9 representan al sector público y sólo 6 a la sociedad civil, dejando de lado a aquellos Ministerios que no se encuentran vinculados a la formulación de políticas públicas nacionales a favor de las personas con discapacidad. La reforma, además, por primera vez otorga voz a las personas con discapacidad intelectual o de la conducta dentro del CONADIS, ya que contempla la posibilidad de que ellas mismas, y no sólo sus familiares, asuman su representación en el Consejo. La posición de la CEEDIS ha sido siempre la de promover la participación de las personas con discapacidad, la de sus organizaciones, la de sus familiares y la de otras entidades relacionadas, puesto que su opinión es imprescindible para la definición de las políticas públicas que se relacionan con su desarrollo y la protección y/o promoción de sus derechos fundamentales. Adicionalmente, la Ley de Reforma de la Ley General de la Persona con Discapacidad ha establecido la potestad del Presidente del CONADIS de presentar al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social una terna de candidatos a Secretario Ejecutivo (el cual continúa siendo nombrado por este último). De esta manera se procura garantizar una mejor coordinación entre ambas instituciones. La propuesta inicial de la CEEDIS, realizada sobre la base del modelo establecido por la Ley 27802 (Ley del Consejo Nacional de la Juventud), otorgaba al Presidente del CONADIS la potestad de nombrar al Secretario Ejecutivo, lo cual permitía un manejo autónomo de la institución, sin embargo, la propuesta no fue aceptada. Cabe indicar que sin perjuicio de la cooperación siempre brindada, la CEEDIS ha cumplido un importante rol de seguimiento y fiscalización del CONADIS. El Presidente del Consejo ha sido citado al seno de la Comisión repetidas veces, en
La CEEDIS ha solicitado su conformación repetidas veces mediante oficios y reuniones con las autoridades competentes, sin que se haya procedido a su implementación.
sesiones informativas en las cuales ha dado cuenta de los planes de trabajo y los logros obtenidos por las distintas gestiones. Finalmente, debe señalarse que la CEEDIS viene impulsando la aprobación de la Ley que regula el Juego de Loterías, que destina un porcentaje de los fondos obtenidos por derechos de explotación de estos juegos al CONADIS. Este proyecto luego de haber sido observado hasta en dos oportunidades por el Ejecutivo fue rechazado por el Pleno del Congreso de la República debido a la insistencia de la Comisión de Producción y PYMES de no incluir a las personas con discapacidad como titulares de autorización de los juegos y de no establecer disposiciones complementarias sobre el plazo de adecuación de los juegos organizados por los gremios de personas con discapacidad que actualmente vienen operando. La CEEDIS ha solicitado al Pleno del Congreso autorización para presentar un nuevo proyecto de Ley que recoja las observaciones formuladas desde diversos sectores, la misma que también ha sido rechazada en el Pleno del día 13 de julio del 2006. 4. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD La Constitución señala en su artículo 7 que las personas con discapacidad tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Asimismo, se señala su derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Más adelante, la Constitución señala en el artículo 23 que el Estado debe brindar atención prioritaria al impedido que trabaja. Estos derechos deben ser interpretados de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados sobre derechos humanos aprobados y ratificados por el Estado peruano, entre ellos la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación hacia las Personas con Discapacidad que Perú suscribió el año 2001. 4.1. Punto de Partida: Ley General de la Persona con Discapacidad La Ley 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, publicada el 06 de enero de 1999, se erige como la norma rectora en materia de discapacidad. Ésta establece una serie de beneficios a favor de las personas con discapacidad, en áreas como la salud, el empleo, la accesibilidad, entre otras (desarrolladas más adelante); y crea y regula el funcionamiento del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS).
La norma citada, muy distinta a las propuestas de Ley iniciales/12, eliminó una serie de beneficios establecidos en las Leyes 23285, 24759 y 24067,
tales como el establecimiento de exoneraciones tributarias para empresas promocionales, bonificaciones para empresas promocionales en la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, creación de un fondo de fomento, etc. En ese sentido, en tanto la Ley 27050 derogó casi la totalidad de normas existentes referidas a la discapacidad, esta norma crea un nuevo marco legislativo para el desarrollo de los derechos del referido colectivo. La Ley 27050 ha sido reformada hasta cinco veces (a través de las Leyes 27139, 27471, 27639, 27920 y 28164) y a la fecha se encuentra pendiente de promulgación por el ejecutivo la Ley de Reforma de la Ley General de la Persona con Discapacidad/13. La mayoría de las modificaciones realizadas se han orientado a incrementar los beneficios legales a favor de las personas con discapacidad (con marcada incidencia en empleo) y a incrementar las funciones del CONADIS. La CEEDIS tuvo una labor importante en algunas de estas modificaciones, especialmente la de la Ley 28164, donde nuestras propuestas fueron recogidas en el texto final, y en la emisión de las normas reglamentarias de la Ley 27050, como la modificación del Reglamento de la Ley 27050 (Decreto Supremo 003-2006MIMDES) y la formulación del Reglamento de Infracciones y Sanciones (Resolución Ministerial 343-2006-MIMDES). Lamentablemente, como se verá más adelante, el balance a cuatro años de aprobación de la Ley 27050 es negativo. A pesar de los esfuerzos legislativos para lograr una mayor igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, no se ha logrado un adecuado cumplimiento de la norma que permita reconocer un verdadero cambio. Asimismo, las medidas de fomento establecidas en las políticas públicas estatales tampoco han logrado los resultados esperados. La Ley 27050 ha sido complementada durante estos años por una serie de normas legales y reglamentarias que han ampliado el panorama de derechos y medidas de fomento a favor de las personas con discapacidad en el Perú. Así, las medidas en materia de discapacidad podemos agruparlas en seis grandes rubros: i) derechos civiles y políticos ii) salud y seguridad social; iii) educación y deporte; iv) trabajo y promoción del empleo; v) accesibilidad; vi) acceso al crédito; y vii) tributación/14. Esta
Los antecedentes se remontan al 16 de octubre de 1995 y concluyen el 06 de enero de 1999, fecha en que fue publicada la Ley 27050. Durante este periodo de más de tres años, se presentaron y debatieron seis Proyectos de Ley y un texto sustitutorio. Los tres primeros, los Proyectos de Ley 1784/1996-CR, 2332/1996-CR y 3113/1997-CR, proponen la creación de la Ley General de la Persona con Discapacidad, mientras los tres restantes, los Proyectos de Ley 3103/1997-CR, 3108/1997-CR y 3115/1997-CR, proponen modificar el artículo 1 de la Ley 23241, Ley que Instituye el Día del Minusválido. 13 Como se señaló anteriormente, la autógrafa de la Ley recoge casi en su integridad el Proyecto de Ley 13872/2005-CR, elaborado y presentado por los miembros de la CEEDIS. 14 A ellas habría que sumar las normas referidas a la certificación y registro.
misma clasificación es la que utilizaremos en el presente informe a fin de presentar las acciones desarrolladas por la CEEDIS.
4.2. Derechos Civiles y Políticos El ámbito de los derechos civiles y políticos es en el que menos se ha avanzado desde la expedición de la Ley 27050. La Ley 27050 no realiza ninguna mención respecto de estos derechos, limitándose a señalar que la persona con discapacidad tiene los mismos derechos que le asisten a la población en general, sin perjuicio de los derechos especiales que le asisten en aplicación de la dicha Ley y otras normas complementarias. Así, pese a los esfuerzos de la CEEDIS y otras entidades del Estado y de la sociedad civil, el panorama sigue siendo desolador. La clasificación que utiliza el Código Civil para determinar la capacidad de ejercicio de una persona, constituye el mayor escollo. 4.2.1. Capacidad de Ejercicio El Código Civil establece una clasificación que incide negativamente en el colectivo de personas con discapacidad, reforzando estereotipos y limitando el pleno ejercicio de sus derechos. Así, de acuerdo con el Código Civil, las personas con discapacidad mayores de edad, dependiendo del grado de su limitación funcional, podrían encontrarse dentro de alguna de las siguientes categorías: Artículo 43.- Son absolutamente incapaces: (...) 2. Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. 3. Los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable. Artículo 44.- Son relativamente incapaces: (...) 2. Los retardados mentales. 3. Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. Las personas comprendidas en estos supuestos (vale decir, que carezcan de discernimiento o que no puedan expresar su voluntad de manera indubitable, que presenten retardo mental o que no puedan expresar su libre voluntad) pueden ser declaradas interdictas mediante un proceso judicial en el que se acredita su incapacidad (absoluta o relativa) para el ejercicio de actos civiles, designándoles un curador. Sin embargo, como es evidente, discapacidad no es incapacidad. La discapacidad mental no coincide necesariamente con la falta de
discernimiento ni con la imposibilidad de expresar la libre voluntad, por lo que no se puede suponer en todos los casos la falta de capacidad para el ejercicio de actos civiles y políticos de estas
personas/15. Más censurable aún es la referencia a personas “sordomudas, ciegosordas y ciegomudas” que realiza el Código, la que, independientemente de la terminología utilizada, presupone la incapacidad de estas personas para comunicarse con los demás. Frente a ello existen numerosos proyectos de Ley/16 que pretenden modificar los artículos del Código Civil señalados (no todos con propuestas compartidas por la CEEDIS), pero la existencia de una Comisión encargada de elaborar un anteproyecto de reforma del Código Civil desde el Ejecutivo, ha impedido que estos puedan ser impulsados por la CEEDIS en las respectivas comisiones/17. La propuesta alcanzada por esa Comisión tampoco resulta satisfactoria/18. Ahora bien, no obstante la clasificación que utiliza del Código Civil actualmente, la declaración de “incapacidad” debe ser realizada judicialmente para surtir efectos. La incapacidad de ejercicio en ningún caso puede presumirse. Pese a lo expresado, debido a la redacción utilizada por el Código Civil, esto no viene siendo entendido de esta forma por las instituciones del Estado ni por la sociedad en general. Ante esta situación, la CEEDIS ha propuesto en el artículo 4, literal i), del proyecto de Ley 14648/2005-CR, que propone la Ley de Salud Mental, la presunción de la capacidad de ejercicio de las personas con trastornos mentales, en tanto no se declare su interdicción (sin perjuicio de la acción de anulabilidad de los actos anteriores a ésta, regulada por el Código Civil). Este proyecto se encuentra en la Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad para dictamen.
Ver: Resolución Defensorial 28-2004-DP, publicada el 10 de diciembre de 2004. Proyectos de Ley 7564/2003-CR, 9826/2004-CR, 10287/2004-CR, entre otros. 17 La Ley 26394, modificada por Ley 26673, creó una Comisión encargada de elaborar un anteproyecto de la Ley de Reforma del Código Civil. Mediante Resolución Ministerial 043-2006-JUS, publicada el 05 de febrero de 2006, el Ministerio de Justicia dispuso la publicación de las propuestas finales para su difusión y debate. 18 Se pretende señalar en el artículo 43 del Código Civil, que gozan de incapacidad absoluta quienes hayan sido declarados judicialmente como tales, por una “discapacidad física, mental, sensorial o de comportamiento que, sin afectar el discernimiento, les impida atender apropiadamente el cuidado de sí mismos o de su patrimonio”. Consideramos que no puede darse la declaración de incapacidad (en el proyecto, relativa) de una persona por el solo hecho de sufrir una discapacidad física, sensorial o del comportamiento. Ello es discriminatorio, la limitación debe estar dada por la carencia de discernimiento.
Además de lo antes señalado, la CEEDIS ha venido impulsando la aprobación del proyecto de Ley 7585/2002-CR (que modifica los requisitos para ser magistrado para no restringir el acceso a personas con discapacidad a dichos puestos) y del proyecto de Ley 7586/2002-CR (que modifica las formalidades para testar por
escritura pública a fin de eliminar la restricción a las personas con discapacidad existente), los cuales fueron presentados por el presidente de la CEEDIS y se encuentran vinculados a las limitaciones existentes en el ejercicio de los derechos civiles de las personas con discapacidad. 4.2.2. Identidad El derecho a la identidad se encuentra establecido en el artículo 2, numeral 1, de la Constitución. No obstante, un gran número de personas con discapacidad carece de algún documento de identificación (Documento Nacional de Identidad – DNI e, incluso, partida de nacimiento), ya que sus padres o tutores no han realizado el trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), o las mismas personas no han realizado el canje de su Libreta Electoral por el DNI. Esta situación puede ser constatada en los diversos centros penitenciarios/19, así como en establecimientos de internamiento psiquiátrico, donde muchos de los pacientes, en total situación de abandono, carecen de documentación alguna. Frente a ello, el proyecto de Ley de Salud Mental presentado por la CEEDIS, ha propuesto en su artículo 4, literal j), la posibilidad de que los directores de los establecimientos de salud estén facultados a solicitar ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la inscripción de aquellos internos en situación de abandono que carezcan de DNI o de Partida de Nacimiento. El RENIEC, a fin de facilitar el acceso de las personas con discapacidad al DNI, ha dispuesto mediante la 599-2004JEF/RENIEC, del 1 de octubre de 2004, la gratuidad de la emisión del DNI para las personas con discapacidad/20. La CEEDIS también ha solicitado al RENIEC el otorgamiento de facilidades especiales para la entrega de la Partida de Nacimiento a niños con discapacidad en edad escolar que no la hayan gestionado en su debida oportunidad, a fin de permitir su inscripción en los centros educativos,
Con fecha 14 de octubre de 2004, mediante Oficio 666-2004-JDC-CEED/CR, la CEEDIS informó a la RENIEC de la falta de documentación de los internos del Penal del Lurigancho, a fin de que se tomen las medidas necesarias. 20 De conformidad con el artículo 1 de la Resolución Jefatural 183-2006-JEF-RENIEC, publicada el 29 marzo de 2006, se precisa que lo dispuesto por la Resolución Jefatural antes citada, continúa vigente en el Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado por Resolución Jefatural 114-2006-JEF-RENIEC.
en el marco del programa “Matrícula Escolar de Niños y Jóvenes con Discapacidad 2006”/21.
Cabe agregar que la Defensoría del Pueblo, mediante Resolución Defensorial 28-2004-DP, publicada el 10 de diciembre
de 2004, también emitió recomendaciones al RENIEC respecto del otorgamiento del DNI, debido a la vulneración a los derechos de identidad e intimidad de las personas con discapacidad/22. 4.2.3. Ejercicio de Derechos Políticos La Constitución Política del Perú reconoce en el artículo 31 el derecho de los ciudadanos de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes. En esa línea, la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, prevé en su artículo 263 la posibilidad de que las personas con discapacidad visual puedan ingresar a la cámara secreta con una persona de su confianza, a fin de que puedan asistirlas en el acto de votación, así como el derecho a que se les proporcione, de ser posible, una cédula especial que les permita emitir su voto. Sin embargo, las personas con discapacidad visual no son las únicas personas que requieren asistencia en el momento de la votación; de igual modo lo requieren las personas que no pueden operar sus sillas de ruedas, las personas que presentan atrofia en los miembros superiores, etc. Por otro lado, para garantizar el ejercicio del derecho de sufragio de las personas con discapacidad, no basta con permitir el apoyo durante la emisión del voto en las mesas de sufragio, sino que se requiere el establecimiento de un marco adecuado de atención y otorgamiento de facilidades durante todo el proceso electoral. Al respecto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ha venido emitiendo resoluciones específicas para cada proceso/23, estableciendo facilidades para la votación de las personas con discapacidad. La última de ellas, la Directiva D01.0-2002GFCE/ONPE, "Facilidades para la Emisión del Voto de los Ciudadanos y Ciudadanas con Discapacidad y su
Oficio 037-2006-JDC-CEED/CR, de fecha 09 de febrero de 2006. El RENIEC había venido consignando la condición de discapacidad de las personas en el rubro de observaciones del DNI pese a que no había sido solicitado por la persona, lo cual vulneraba el derecho a la intimidad de la persona y promovía prácticas discriminatorias. Asimismo, la Defensoría del Pueblo señaló que se venía limitando el acceso de las personas con discapacidad mental al DNI, debido a que el Texto Único de Procedimientos Administrativos de dicha entidad, establecía como uno de los requisitos para la inscripción de estas personas, la presentación de una copia certificada de la resolución judicial consentida de interdicción y de designación de un curador, vulnerando la presunción de capacidad que señalamos en el acápite anterior del presente informe. 23 Resoluciones Jefaturales 111-98-J/ONPE, 127-2000-J/ONPE, 189-2000-J/ONPE, 169-2001-J/ONPE, etc.
Empadronamiento", aprobada por Resolución Jefatural 341-2002-JONPE/24, establece dos tipos de acciones para garantizar el acceso
al voto de los electores con discapacidad: i) el otorgamiento de facilidades el día de la votación/25 y ii) el establecimiento de una base de datos para planificar medidas específicas y más adecuadas a cada tipo de discapacidad en futuros procesos electorales. Esta directiva constituye una medida positiva en la búsqueda de una igualdad de acceso al derecho de sufragio de las personas con discapacidad. Sin embargo, el establecimiento de estas facilidades no se encuentra recogido en ninguna norma legal, por lo que, en principio, no constituyen una obligación formal de la ONPE. Por ello, la CEEDIS ha presentado, con fecha 07 de septiembre de 2005, el proyecto de Ley 13635/2005-CR que establece facilidades para la emisión del voto de las personas con discapacidad y su empadronamiento, el cual recoge el contendido de la citada directiva, con algunas modificaciones, de modo que constituya un referente obligatorio para los futuros procesos electorales. Este proyecto, extiende, a su vez, la posibilidad de que cualquier persona con discapacidad que así lo requiera y/o demande, pueda ser acompañada a la cámara de sufragio por una persona de su confianza. El citado proyecto se encuentra a la fecha en la Comisión de Constitución y Reglamento a la espera de dictamen. Finalmente, el RENIEC ha presentado, con fecha 08 de mayo de 2006, el proyecto de Ley 14670/2005-RE, que propone la reforma del artículo 33 de la Constitución Política del Perú, a fin de que se incluya dentro de las causales de suspensión de ejercicio de la ciudadanía, el “deterioro mental que prive de discernimiento a la persona”. De acuerdo con la exposición de motivos, la mayoría de personas con discapacidad que se encuentran comprendidas en los supuestos de incapacidad de ejercicio contenidos en el Código Civil, no cuentan con sentencia judicial de interdicción que le permita al RENIEC su exclusión del padrón electoral, por lo que, “injustamente y sin motivo alguno, las personas con deterioro mental privadas de discernimiento (...) se encuentran sujetas a la interposición de multas por ser omisas a los procesos electorales”.
En la elaboración de esta Directiva participaron la Confederación Nacional de Discapacitados del Perú – CONFENADIP y la ONG “APRODDIS”, con el auspicio de la International Foundation for Election Systems - IFES (Washington) y la asesoría del Consultor Internacional Jerome Mindes (EE.UU.). 25 Dentro de éstas, en concordancia con el artículo 263 de la Ley Orgánica de Elecciones, se establece la distribución de una Plantilla en Sistema Braille, la cual debe ser distribuida en todos los locales de votación en un número mínimo de un ejemplar.
Dicho proyecto, a opinión de la CEEDIS/26, es inaceptable pues constituye una medida discriminatoria, además de desproporcionada para los fines que persigue. Como se señaló anteriormente, la discapacidad mental no implica necesariamente la falta de discernimiento ni la imposibilidad de expresar la libre voluntad. Una modificación en este sentido sería contradictoria con la propia
Constitución, pues ésta consagra el derecho de toda persona de participar en los asuntos públicos y de elegir libremente a sus representantes. El derecho a la participación política sólo debería ser suspendida por resolución judicial de interdicción, tal como se establece actualmente, lo cual garantiza, además, el derecho al debido proceso reconocido por la Constitución. La CEEDIS considera que, si bien es probable que algunas personas con discapacidad inscritas en el padrón electoral tengan dificultades para el ejercicio del derecho de sufragio, existen mecanismos menos gravosos para dar solución a este inconveniente. Así, la Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859, faculta al Jurado Nacional de Elecciones para otorgar dispensa de voto, con exoneración de multa, a las personas con discapacidad que presenten una copia del “certificado, constancia o credencial” que acredite tal condición. A fin de facilitar el acceso a este beneficio, puede extenderse el plazo para acreditar la discapacidad. 4.2.4. Igualdad y Mandato de No Discriminación Por lo general la sociedad tiende a aislar y segregar a las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Esta discriminación se presenta de manera especial en el empleo, la educación y la accesibilidad. El artículo 2, numeral 2, de la Constitución Política establece el principio de la igualdad ante la ley y recoge el mandato de no discriminación, en virtud del cual prohíbe cualquier distinción que se base en motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, o de cualquier otra índole. El Perú también ha suscrito la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”/27, que establece la obligación de los Estados de adoptar las medidas de carácter legislativo necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad. Por otro lado, existen dos normas específicas en materia de discriminación, la Ley 26772, Ley que dispone que las ofertas de
Mediante Oficio 286–2006-JDC-CEED/CR, de fecha 01 de junio de 2006, la CEEDIS remitió a la Comisión de Constitución y Reglamento su posición respecto del referido proyecto. 27 Adoptado por la OEA y vigente desde el 14 de setiembre de 2001. Perú lo ratificó en el año 2001.
empleo y acceso a centros educativos no pueden contener requisitos que resulten discriminatorios, y la Ley 27270, Ley de contra actos de discriminación, que sanciona de manera penal este tipo de prácticas. Ninguna de estas normas menciona de manera expresa el caso de la discriminación contra personas con discapacidad. Al respecto, se ha emitido la Ley 27751, publicada el 08 de junio de 2002, que señala que en los programas de salud y alimentación que
brinda el Estado, no se aplicará el requisito de límite de edad establecidos por éstos, a las personas con discapacidad por deficiencia intelectual y/o física. Asimismo, la Ley 27050 dispone en su artículo 31, numeral 2, que nadie puede ser discriminado por ser persona con discapacidad. Frente a esta falta de regulación en materia de discriminación, la CEEDIS ha planteado a través de la Ley de Reforma de la Ley General de la Persona con Discapacidad, la introducción en la Ley 27050 de un capítulo orientado a eliminar todas las formas de discriminación que afectan a las personas con discapacidad, propiciando su plena integración e inclusión en la sociedad. La norma tipifica y sanciona de manera específica y concreta los principales actos de discriminación en los que se incurre de manera más frecuente, tanto de manera directa como indirecta. Asimismo, introduce la variable discapacidad en los supuestos prohibidos y sancionados por el Código Penal. Es importante mencionar que la Ley de Reforma de la Ley General de la Persona con Discapacidad legitima la actuación de las organizaciones de personas con discapacidad para intervenir en los procesos sobre discriminación. Con ello se busca que los actos de discriminación cometidos contra personas con discapacidad no queden impunes por la inacción del interesado. 4.3. Salud y Seguridad Social La salud es la base del derecho a la vida, el derecho fundamental por excelencia soporte del derecho a la vida. Sin un adecuado nivel de salud de poco sirve el goce de los demás derechos políticos y sociales. En el caso de las personas con discapacidad, el acceso a prestaciones de salud es imprescindible para lograr su rehabilitación. Pese a lo señalado, son muy pocas las personas con discapacidad que tienen acceso a estos servicios, siendo el sector más excluido el de las personas con discapacidad severa y en situación de extrema pobreza. Estos siguen en la espera de los sistemas de seguridad social prometidos por la Ley 27050.
Al respecto, Juan Arroyo Laguna ha elaborado para la CEEDIS el informe “El derecho a la salud de las personas con discapacidad: Estado de la cuestión”/28. 4.3.1. Acceso a la Seguridad Social en Salud El acceso a la salud y la seguridad social tiene como principal obstáculo el estrecho vínculo existente entre pobreza y discapacidad.
El bajo porcentaje de acceso al empleo de las personas con discapacidad tiene incidencia directa en el bajo porcentaje de acceso al sistema de salud, ya que nuestro régimen público de salud es básicamente uno de seguro social, vale decir, uno contributivo, en el que califican como asegurados obligatorios los trabajadores subordinados y los pensionistas (que reciben un pensión, precisamente, con ocasión de su trabajo subordinado). De este modo, las personas con discapacidad que cuentan con algún mecanismo de seguridad social son las menos en nuestro país. Al respecto el artículo 21 de la Ley 27050 señala la obligación del Estado de promover el ingreso a la Seguridad Social de las personas con discapacidad mediante regímenes de aportación y afiliación regular o potestativa. Sobre el particular, la CEEDIS solicitó al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y al CONADIS, mediante Oficio 526-2005-JDC del 05 noviembre de 2005, se sirvan informarnos sobre las medidas tomadas por dichas instituciones para el establecimiento de tales regímenes. ESSALUD informó que no ha recibido ninguna propuesta técnica de parte del CONADIS mientras éste último señaló en la sesión del 09 de mayo del 2006, que se encuentra trabajando una propuesta, la cual debe ser elevada a ESSALUD en esos días. Cabe señalar que ESSALUD ha implementado planes de atención para aquellos que deseen acceder a sus servicios como afiliados facultativos. No obstante, dichos planes no incluyen ni atenciones en rehabilitación ni prótesis o ayudas compensatorias/29. Aún peor, en el caso del Plan Protección Total se ha excluido de la cobertura a los dependientes adultos con discapacidad total permanente, a pesar de que el artículo 3 de la Ley 26790 señala que los hijos mayores de edad incapacitados en forma total y permanente para el trabajo son
ARROYO LAGUNA, Juan. El derecho a la salud de las personas con discapacidad: Estado de la cuestión. CEEDIS: Lima, septiembre 2004. 29 Los planes establecidos por el Seguro Social de Salud, ESSALUD, son los siguientes: Protección total: dirigido a aquellas personas ex aseguradas a regímenes especiales de salud que cuenten con 56 años o más, o con menos siempre que sufran de una enfermedad crónica. Protección vital: dirigido a aquellas personas ex aseguradas de regímenes especiales menores a 56 años, de otros planes o nuevos facultativos. Sólo les corresponde percibir las atenciones de salud establecidas en el Plan Mínimo de Atención.
afiliados regulares. ESSALUD ha mantenido esta posición pese a los requerimientos de la CEEDIS/30. Por otro lado, la Ley 27050 también ha establecido en el artículo 21 la obligación del CONADIS de coordinar un régimen especial de prestaciones de salud asumidas por el Estado para personas con discapacidad severa y/o en situación de extrema pobreza/31. Esta
labor se ha derivado al Seguro Integral de Salud (SIS), el cual se encuentra dirigido a atender a niños y adolescentes menores de 18 años, madres gestantes y adultos en emergencia, que se encuentren en situación de pobreza o extrema pobreza/32. Así, las personas con discapacidad que sean calificadas como de extrema pobreza, pueden acceder a los servicios que brinda el SIS. Sin embargo, las atenciones del SIS no incluyen servicios de rehabilitación y se limitan a casos de emergencia médica y a problemas habituales de salud de los pacientes focalizados por sus planes, sean éstos personas con discapacidad o no. Frente a ello, la CEEDIS ha impulsado la aprobación del Decreto Supremo 002-2004-SA, mediante el cual se eliminó la gran mayoría de exclusiones de los planes de atención del Seguro Integral de Salud, permitiendo una mayor participación de personas con discapacidad entre los 0 a 17 años de edad. Asimismo, la Ley 28588 ha declarado como prioritaria la implementación de un componente de salud mental. También la Ley de Reforma de la Ley General de la Persona con Discapacidad ha señalado expresamente la obligación del Ministerio de Salud de proceder a establecer el régimen de prestaciones de salud establecido en el artículo 21 de la Ley 27050 en un plazo de
Oficio 233-2005-JDC-CEED/CR de fecha 27 de junio de 2005. El Reglamento de la Ley desarrolla los beneficios de este régimen de prestaciones en sus artículos 33 y 34. Se establece, además, la suscripción de convenios entre el CONADIS, ESSALUD y los Ministerio de Salud, Defensa e Interior, así como con entidades privadas, para el establecimiento de un régimen especial de prestaciones asumidas por el Estado para personas con discapacidad severa y en situación de extrema pobreza. 32 El Seguro Integral de Salud ofrece los siguientes Planes: Plan A, para niños de 0 a 4 años.- Cubre la atención preventiva de enfermedades, su tratamiento, traslado por emergencia, gastos de sepelio. Plan B, para niños y adolescentes de 5 a 17 años.- Cubre la atención y tratamiento de enfermedades, traslado por emergencia, gastos de sepelio. Plan C, para madres gestantes.- Cubre el control prenatal, atención del parto normal y de alto riesgo, atención después del parto (por 42 días), traslado por emergencia, gastos de sepelio. Plan D, para adultos en situación de emergencia.- Cubre la atención inmediata de la emergencia, traslado por el mismo concepto, gastos de sepelio. Plan E, para adultos focalizados (trabajadores del vaso de leche, comedores populares, etc.).- Cubre la atención y tratamiento de enfermedades de estos adultos, traslado por emergencia, gastos de sepelio.
120 días hábiles, de acuerdo con la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final, deberá conformarse una comisión integrada por diversos sectores a fin de que se proceda a su implementación/ 33. La Ley de Reforma plantea, asimismo, la modificación del artículo 20 de la Ley a fin de garantizar a las personas con discapacidad el acceso a los servicios de salud y rehabilitación, así como asignar directamente a los sectores competentes la ejecución de tales medidas. Además, se recoge el
derecho de información y consentimiento en la ejecución de los tratamientos médicos y de rehabilitación, así como la obligación del Ministerio de Salud de promover estrategias de rehabilitación basada en la comunidad. Finalmente, debemos destacar la dificultad que tienen las personas con discapacidad para acceder a un seguro privado al considerarse ésta como una preexistencia que no será cubierta por las atenciones de salud contratadas. El proyecto de Ley de Salud Mental presentado por la CEEDIS garantiza el derecho de las personas a una cobertura de atención en salud mental por los seguros (públicos y privados). 4.3.2. Servicios de Rehabilitación Con relación a los servicios rehabilitación, cabe señalar que como parte de la ejecución de sus prestaciones sociales, ESSALUD cuenta con Centros Especializados de Rehabilitación Profesional (CERP) y Unidades Básicas de Rehabilitación Profesional (UBARP), centros en los que se brinda servicios de evaluación, rehabilitación y capacitación orientados a ofrecer a las personas con discapacidad la oportunidad de acceder a un puesto de trabajo, y que, lamentablemente, sólo se encuentran en algunas ciudades del Perú. Entre las actividades prioritarias de la CEEDIS ha estado el impulso de la implementación de nuevos centros y su reestructuración/34. Asimismo, a partir de los requerimientos de la CEEDIS, se logró la constitución del Banco de Ayudas Biomecánicas y Audífonos “José Carlos Mariátegui” del Instituto Especializado de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores”, mediante Resolución Ministerial de fecha 03 de octubre de 2005, la cual aprobó su Reglamento.
Se elimina del artículo 21 de la Ley 27050, la referencia a la coordinación del CONADIS para el establecimiento del régimen especial de prestaciones. Asimismo, se recogen las condiciones del régimen de salud establecidas en el reglamento a fin de garantizar su debida ejecución. 34 Oficios 109-2005-JDC-CEED/CR (22 de marzo de 2005), 100-2005-JDC-CEED/CR (18 de marzo de 2003), 529-2005-JDC-CEED/CR (05 de noviembre 2005) y 5472005-JDC-CEED/CR (15 de noviembre de 2005). Asimismo, con fecha 29 de marzo de 2005 se realizó una reunión de coordinación al respecto.
Por otro lado, la CEEDIS presentó el 10 de mayo de 2006 el proyecto de Ley 14674/2005-CR, que propone establecer el Día Nacional de la Visión. El proyecto señala además la obligación del Instituto Especializado de Oftalmología – INO, de organizar, en coordinación con el Comité Nacional de Prevención de la Ceguera, una colecta nacional anual como parte de los actos conmemorativos del Día Nacional de la Visión a fin de financiar las actividades del Programa Nacional de Prevención y Control de la Ceguera/35, el cual aprobó el Pleno del Congreso de la Repúbica y fue promulgado por el Ejecutivo y publicado en el diario El Peruano el 13 de julio del 2006.
La CEEDIS también presentó el proyecto de Ley 11376-2004-CR que adjudicaba a título gratuito a favor del Ministerio de Salud, el predio denominado “Cuartel San Martín”, para la construcción del nuevo local institucional del Instituto Especializado de Rehabilitación “Doctora Adriana Rebaza Flores”. Este proyecto fue rechazado por el Pleno del Congreso de la República y terminaron cediéndole 30 000 m2 del Cuartel Tarapacá en el distrito de Chorrillos. Finalmente, debemos señalar que en La Ley de Reforma de la Ley 27050, se ha eliminado la referencia al CONADIS establecida en el artículo 18 de la Ley, referido al otorgamiento de ayuda compensatoria, pues dicha función debe corresponder al Ministerio de Salud como órgano rector en materia de salud. 4.3.3. Trasplantes Renales En junio de 2005, la CEEDIS logró la aprobación de un crédito suplementario para el sector salud de 1 millón de soles, con el fin de facilitar el trasplante renal de los niños que reúnan las condiciones requeridas por los médicos encargados de su salud en el hospital Cayetano Heredia. Un cálculo inicial del Ministerio de Salud en reuniones con la CEEDIS, estimaba que el monto asignado permitiría operar a unos 20 niños, justamente aquellos que requieren con mayor urgencia del trasplante, a un costo de aproximadamente US $15,000 dólares por operación. Esto incluía el pre y post operatorio, sala de cuidados intensivos y seguimiento por un año del resultado de la operación, considerando que los donantes serían los propios familiares de los niños. La lentitud en los trámites administrativos del convenio que sostienen el Ministerio de Salud y ESSALUD para hacer efectivas las operaciones y el posterior seguimiento de los pacientes, originaron la demora en las operaciones. Sin embargo, la Dirección General de
El Comité es un ente de coordinación multisectorial, creado por Resolución Suprema 009-89-SA/DM, encargado de implementar acciones de lucha contra la ceguera. Asimismo, el citado programa ha sido creado mediante Resolución Ministerial 382-2006-SA para combatir el avance de la ceguera en el Perú.
Salud de las Personas ha informado a la CEEDIS el inicio de las operaciones. 4.3.4. Derechos de los Usuarios de los Servicios de Salud
El dictamen recaído en los proyectos de Ley 472/2001-CR, 7991/2003-CR, entre otros, que regula los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, propone la modificación de diversos artículos de la Ley General de Salud (Ley 26842), estableciendo un listado de derechos, las responsabilidades en caso de daños y mecanismos de solución de conflictos. Dicho dictamen fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad el 01 de diciembre de 2005.
Cabe indicar que una de las iniciativas legislativas principales que dieron origen al dictamen fue presentada por la Coalición por los Derechos Humanos en Salud en mayo de 2006. La propuesta recoge casi en su integridad lo establecido por la Iniciativa Legislativa y las observaciones formuladas por la CEEDIS mediante diversos oficios. Ésta regula en términos generales lo siguiente:  El acceso a los servicios de salud - Respeto de los derechos fundamentales de la persona - Atención obligatoria en caso de emergencia - Libertad de elegir el establecimiento de salud en que uno se desea atenderse - Libertad para solicitar una segunda opinión - Recibir medicamentos de calidad  El acceso a información sobre los servicios - Derechos como usuario y paciente - Reglamento de establecimiento - Nombre del médico y de las personas a cargo - Condiciones de los servicios y costos - Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. - Información comprensible en función de su idioma, cultura y circunstancias particulares  La atención y recuperación de los pacientes - Atención sin discriminación - Tratamientos adecuados, eficaces y comprobados - Confidencialidad - Seguridad personal y de sus pertenencias - Se prohíbe la eutanasia y la distanasia  El consentimiento informado
- Necesidad de consentimiento previo a cualquier procedimiento o tratamiento, salvo situaciones de emergencia - Consentimiento por escrito en pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas u otras que puedan afectar la integridad, así como tratamientos experimentales - Consentimiento escrito en tratamientos o exhibiciones con fines docentes  La responsabilidad médica y de los establecimientos de salud - La vulneración de derechos de los usuarios y pacientes se rige por normas civiles, penales, laborales y administrativas, así como el Código de Ética del Colegio Médico del Perú. - Los establecimientos deben establecer normas y reglamentos de funcionamiento
- Los establecimientos deben establecer estándares de atención a través de protocolos - El Ministerio de Salud debe regular criterios de evaluación de los establecimientos y publicar resultados - Responsabilidad solidaria entre el médico y el establecimiento de salud en caso de daños y perjuicios (negligencia, impericia o imprudencia) - Establecimiento debe garantizar recuperación hasta que se determine responsabilidad  Mecanismos alternativos de solución de conflictos - Derecho a plantear quejas y reclamos - Vías alternativas a las judiciales: negociación, mediación, conciliación y arbitraje Pese a que de conformidad con la Ley 26300, Ley de los derechos de participación y control ciudadanos, debió dictaminarse y votarse en el plazo de 120 días calendario desde su presentación, este plazo fue superado en exceso en dicho caso ya que el debate en el Pleno se postergó hasta el 22 de junio de 2006. En dicha sesión se acordó el regreso a Comisión del proyecto a fin de que se discuta la inclusión de un seguro contra negligencia médica. El día 28 de junio se aprobó un nuevo dictamen en la Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad. 4.3.5. Prevención El artículo 15 de la Ley 27050 regula el establecimiento de medidas de prevención (primaria, secundaria y terciaria) a cargo del Ministerio de Salud, en coordinación con el CONADIS, ESSALUD y los Ministerios del Interior y Defensa. Al respecto, la CEEDIS impulsó la aprobación de la Ley 28314 (publicada el 04 de agosto de 2004), que dispuso la fortificación de las harinas de trigo y sus derivados con micro nutrientes.
Esta ley establece que todas las harinas de trigo de producción nacional, importadas y/o donadas que se consumen en el país, deben estar fortificadas, como mínimo, con los siguientes micro nutrientes: a) b) c) d) e) Hierro. Vitamina B1 (Tiamina). Vitamina B2 (Riboflavina). Ácido fólico. Niacina.
4.3.6. Salud mental La salud mental ha sido uno de los puntos en dónde más avances se han realizado durante estos años de trabajo. Desde sus inicios, la CEEDIS ha venido siguiendo de cerca el funcionamiento de diversas instituciones de internamiento psiquiátricos, en especial del Hospital Víctor Larco Herrera. Así, repetidamente hemos expresado nuestra preocupación por la situación de los internos, en particular debido a una serie de hechos que, por su gravedad, ameritaron la reorganización total de los servicios del Hospital: - El fallecimiento de Pablo Esteban Pineda Estrella en la sala de emergencia a manos de otro paciente del Hospital, con fecha 25 de abril de 2004. - La presunta violación sexual de una paciente en la sala de emergencia por un técnico de enfermería del Hospital, con fecha 02 de marzo de 2005. - La presunta violación sexual de una paciente psiquiátrica por el ex Director del Hospital, Carlos Echevarría Quevedo. A ello habría que sumar la situación crítica de la estructura y equipamiento del local (sobretodo en los servicios de emergencia), el estado de abandono en que se encuentra la mayoría de los pacientes albergados, y las constantes denuncias de malos manejos administrativos que dieron lugar a una investigación por parte del Ministerio de Salud.
Es así que a partir de las constantes solicitudes de la CEEDIS, el Ministerio de Salud procedió a conformar un Grupo de Apoyo a la gestión y modernización de la atención psiquiátrica hospitalaria, comisión que se encuentra revisando las condiciones de los diversos establecimientos de salud, en especial del Hospital Víctor Larco Herrera. Por otro lado, el Ministerio de Salud ha creado una Dirección de Salud Mental/36 encargada de formular, difundir y evaluar las políticas públicas en materia de discapacidad. Asimismo, se han aprobado los Lineamientos para la Acción en Salud Mental/37 y el Plan General de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz 2005-2010/38. Además, el Ministerio de Salud ha presentado el proyecto de “Reglamento para la protección de derechos de
personas con trastornos mentales atendidas en establecimientos de salud”, el cual a opinión de la CEEDIS debe ser reformulado (Oficio 167-2006-JDC-CEED/CR de fecha 27 de marzo de 2006). La CEEDIS, por su parte, ha presentado el proyecto de Ley 14648/2005-CR, que propone la Ley de Salud Mental, elaborado en coordinación con la Asociación Psiquiátrica Peruana (APP), la Organización Panamericana de la Salud, la Defensoría del Pueblo, asociaciones de usuarios de estos servicios y otras instituciones, que sobre la base de los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental (Naciones Unidas, 1991)/39, busca garantizar los derechos de las personas con trastornos mentales, regular la atención brindada en los servicios de salud mental y establecer mecanismos de reclamos y revisión de los internamientos realizados. La necesidad de la aprobación del referido proyecto ha sido abundantemente desarrollada por la Defensoría del Pueblo en su Informe Defensorial 102 “Salud Mental y derechos humanos: la situación de las personas internadas en establecimientos de salud mental” (Defensoría del Pueblo: Lima, 2005); en el que se da cuenta de la situación existente en estos servicios y de una sistemática vulneración de derechos de los pacientes. Respecto del acceso a medicamentos, durante los años 2005 y 2006 se presentaron problemas en la entrega de psicofármacos en diversos establecimientos del Ministerio de Salud y el ESSALUD. El
/ La Dirección fue creada mediante Decreto Supremo 023-2005-SA, publicado con fecha 05 de enero de 2006, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 37 / Aprobados mediante Resolución Ministerial 075-2004-MINSA, de fecha 28 de enero de 2004. 38 / Aprobado mediante Resolución Ministerial 012-2006-MINSA, de fecha 11 de enero de 2005.
/ Adoptados por la Asamblea General en su resolución 46/119, de 17 de diciembre de 1991. En adelante, Principios.
retiro de la Olanzapina/40 dio lugar a la entrega de medicamentos genéricos que fueron cuestionados por los usuarios y los especialistas. La APP informó a la CEEDIS/41 que los medicamentos psicotrópicos distribuidos por el Ministerio de Salud no cumplen con las exigencias mínimas para garantizar su calidad, resultando incluso riesgosos para la salud de los pacientes, como en el caso de la thiorizadina. Además, en tanto la legislación actual en materia de medicamentos no exige pruebas de solubilidad y/o biodisponibilidad para el ingreso de un producto farmacológico al país, no se puede garantizar la calidad de los medicamentos genéricos brindados por el Ministerio de Salud.
Ante los requerimientos de la CEEDIS/42, ESSALUD ha dispuesto la inclusión en el petitorio farmacológico de Olanzapina, Clozapina y Risperidona/43. El Ministerio de Salud, a su vez, ha incluido dentro del Petitorio Nacional de Medicamentos psicofármacos atípicos. Pese a los logros mencionados, es necesario dar una adecuada prioridad a la salud mental y consolidar la legislación en dicha materia. 4.3.7. Derechos Previsionales En nuestro país existen dos principales regímenes públicos de pensiones: el régimen del Decreto Ley 19990, Sistema Nacional de Pensiones, y el del Decreto Ley 20530, antes conocido como Cédula Viva. En el caso del Sistema Nacional de Pensiones, los pensionistas perciben pensiones muy bajas, las cuales, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas ascienden a S/.507 Nuevos Soles en promedio. En el caso de huérfanos de padre y madre, la pensión de orfandad máxima es equivalente al cuarenta por ciento de la pensión del causante (artículo 57). Así, los beneficiarios de pensiones de orfandad por invalidez del régimen del Decreto Ley 19990 reciben por parte del Estado una ínfima suma de dinero que no cubre de ningún modo sus necesidades.
Una controversia legal respecto de la titularidad del producto ZIPREXA (Olanzapina), dio como resultado que el Ministerio de Salud y el ESSALUD detuvieran la adquisición de dicho producto. 41 A través de la Carta 027-2006-APP, recibida el día 30 de enero de 2006, en respuesta a la solicitud de informe respecto de la calidad de los productos distribuidos por el Ministerio de Salud. 42 Al respecto fueron enviados a ESSALUD los Oficios 300-2005-JDC-CEED/CR (del 09 de agosto de 2005), 521-2005-JDC-CEED/CR (del 14 de noviembre de 2005) y 0322006-JDC-CEED/CR (del 07 de febrero de 2006). El Ministerio de Salud fue requerido mediante Oficio 031-2006-JDC-CEED/CR del 13 de febrero de 2006. 43 Carta 162-GCA-GDAO-ESSALUD-2006 de fecha 25 de enero de 2006 y Carta 162PE-ESSALUD-2006 de fecha 06 de abril de 2006.
A fin de remediar esta situación, con fecha 30 de marzo de 2006, la CEEDIS presentó el proyecto de Ley 14540/2005-CR que propone modificar el literal b) del artículo 65 de la Ley 19990, en el que se precisan los supuestos de caducidad de las pensiones de sobrevivientes. Y es que de acuerdo con esta norma, la pensión de orfandad caduca en caso el beneficiario inválido recuperara su capacidad laboral, lo cual resulta una barrera para la integración laboral de muchas personas con discapacidad a través de empleos de carácter formativo. De este modo, la propuesta establece que la pensión de orfandad caducará cuando el beneficiario inválido “recobre la capacidad laboral en grado tal que le permita percibir una suma cuando menos equivalente al monto de la pensión que recibe”. Además, el proyecto a la par de permitir el incremento de los ingresos de los beneficiarios de pensiones de orfandad por invalidez, impulsa la integración social de la persona con discapacidad a través de su trabajo. Debemos tener en consideración que el trabajo de estas personas no necesariamente tiene como finalidad una mayor
percepción de ingresos a favor de su núcleo familiar, sino que muchas veces éste es parte de un proceso de integración de la persona discapacitada en la sociedad. Por otra parte, mediante Oficio 384-2005-JDC-CEED/CR, así como durante la sesión del día 03 de octubre de 2005 realizada en las instalaciones del Congreso de la República, la CEEDIS cuestionó los criterios de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para la denegatoria de la pensión de orfandad del hijo mayor de 18 años con invalidez, cuando la adquisición de la discapacidad del menor es posterior a la fecha de fallecimiento del causante, dentro del régimen del Decreto Ley 19990. Al respecto, mediante Oficio 517-2005-GG/ONP recibido con fecha 02 de noviembre de 2005, la ONP puso en nuestro conocimiento el Informe 184-2005-GL.AL-08/ONP, elaborado por la Gerencia Legal de dicha entidad, por medio de la cual nos comunican el cambio de criterio sobre la materia, señalando, tal como sostiene la CEEDIS, que en los casos en que la adquisición de la discapacidad del menor es posterior a la fecha de fallecimiento del causante, subsiste su derecho a pensión de orfandad, ya que la incapacidad sobrevenida no es el hecho que genera la pensión de orfandad sino simplemente su subsistencia alcanzada la mayoría de edad. 4.4. Educación La educación es otro de los puntos donde se han registrado más avances durante la gestión de la CEEDIS. Al menos así lo han puesto de manifiesto la Ley General de Educación y sus reglamentos, así como los diferentes documentos que ha suscrito el Ministerio de Educación, tales como el Acuerdo Nacional, el Plan de Educación para Todos, la Emergencia
Educativa, el Plan de Acción por la Infancia y la Adolescencia, el Plan de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad 2003-2007, entre otros. El estudio “aPRENDER Vida: La Educación de las Personas con Discapacidad”, elaborado por Teresa Tovar y Patricia Fernández para la CEEDIS, nos brinda un diagnóstico general que da cuenta de la realidad educativa de las personas con discapacidad, de su nivel de estudio y tipo de inserción o exclusión del sistema educativo, de los tipos de aprendizajes que se les ofrece, y de los logros alcanzados en el proceso de integración real en los centros educativos integradores. 4.4.1. Educación Inclusiva
El principio de educación inclusiva supone que las escuelas modifiquen sustancialmente su estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica con el fin de dar respuesta a la diversidad de
necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, incluidos aquellos que presentan una discapacidad/44. Este parece ser el camino adoptado por nuestra legislación a partir de la aprobación de la Ley 28044, Ley General de Educación, la cual tiene como uno de sus ejes fundamentales la inclusión de los niños con discapacidad dentro de los centros educativos regulares y que fue el fruto de un trabajo coordinado entre diversas instituciones, incluyendo la CEEDIS. El Decreto Supremo 002-2005-ED, Reglamento de Educación Básica Especial, de fecha 12 de enero de 2005, y la Directiva “Normas para la matrícula escolar de estudiantes con necesidades educativas especiales en instituciones educativas inclusivas y en centros y programas de educación básica especial”/45 también se encuentran orientados en dicho sentido. Sobre la base de estas normas, ningún centro educativo público o privado podrá negarle la matrícula a un niño en razón de su discapacidad. Asimismo, el Ministerio de Educación ha declarado la Década de la Educación Inclusiva 2003-2012/46 y ha reconstituido la Dirección Nacional de Educación Especial, desaparecida desde 1982, a fin de dar un mayor impulso a la temática inclusiva. Lo expuesto guarda concordancia con el artículo 22 de la Ley 27050 que establece que los centros educativos regulares y los centros educativos especiales deben contemplar dentro de su proyecto
Ver TOVAR Teresa y Patricia FERNÁNDEZ. “aPRENDER Vida: La Educación de las Personas con Discapacidad”. CEEDIS: Lima, 2006. 45 Aprobada mediante Resolución Ministerial 0054-2006-ED, de fecha 01 de febrero de 2006. 46 El Decreto Supremo 026-2003-ED dispuso que se lleven a cabo planes y proyectos que garanticen la ejecución de acciones sobre educación inclusiva, declarando la “Década de la Educación Inclusiva 2003-2012”.
curricular las adaptaciones necesarias que permitan dar una respuesta educativa pertinente a estudiantes con discapacidad.
Finalmente, cabe resaltar que con fecha 01 de junio de 2006, se publicó la Resolución Directoral 0354-2006-ED que aprueba la Directiva que establece normas complementarias para la conversión de los Centros de Educación Básica Especial (CEBE) y los Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales. Dicha Directiva, entre otras cosas, establece la obligación de los CEBE de evaluar a los estudiantes con discapacidad leve y moderada a fin de ser reubicados en escuelas inclusivas. A su vez, con fecha 02 de junio de 2006, se publicó la Resolución Directoral 0373-2006-ED que aprueba la Directiva que establece normas complementarias para la organización y funcionamiento de los Programas de Intervención Temprana (PRITE).
4.4.2. Ecuación Técnica y Superior La Ley 27050 original establecía la obligación de los centros educativos públicos y privados de cualquier nivel de adecuar sus procedimientos de ingreso a las necesidades de los postulantes con discapacidad, debiendo, en el caso de las universidades públicas y privadas, implementar programas especiales de admisión. De igual modo, la norma contemplaba la reserva de matrícula de los alumnos universitarios que sufran alguna discapacidad por enfermedad o accidente hasta por cinco años para su reincorporación. Sin embargo, la Ley 28164 impulsada desde la CEEDIS introdujo en el artículo 25 de la Ley 27050 la reserva de un 5% de las vacantes para personas con discapacidad en los procesos de admisión de las universidades, institutos y escuelas superiores. Cabe resaltar, además, que la Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior Tecnológica ha establecido mediante la Directiva 205-2005-UFP-DINESST, la obligación de los Institutos y Escuelas Superiores de conceder el 25% de las becas de estudio que otorguen, a estudiantes con discapacidad/47. Asimismo, la Asamblea Nacional de Rectores ha celebrado un acuerdo con el CONADIS a fin de impulsar acciones orientadas a la población universitaria con discapacidad, a fin de asegurar su permanencia y promoción en las universidades. 4.5. Trabajo y Empleo La Ley 27050 estableció regulaciones relacionadas con el trabajo de la persona con discapacidad, relacionadas por un lado con el acceso y
De conformidad con el Decreto Supremo 005-94-ED los Institutos y Escuelas Superiores deben otorgar becas de estudio, totales y parciales, a no menos del 4% de sus alumnos.
permanencia a un puesto de trabajo y el goce pleno de los derechos laborales que por ello le correspondan, y por el otro, con la promoción de su empleo. Sin embargo, estas políticas de promoción del empleo a lo largo de todos estos años han demostrado ser insuficientes. Como señala el estudio “Trabajo y Discapacidad en el Perú” elaborado por Stanislao Maldonado para la CEEDIS/48, “éstas no han logrado el impacto esperado, principalmente por la falta de políticas públicas orientadas a la distribución solidaria de los costos de contratación de una persona con discapacidad, el empleador y la sociedad en su conjunto”. Estas políticas, como se verá más adelante, fueron complementadas por la Ley 28164 que modifica a la Ley 27050 en algunos artículos. Por su parte, la Ley de Reforma de la Ley 27050 ha establecido una serie de mecanismos adicionales con el fin de lograr una verdadera inclusión laboral del colectivo con discapacidad. La propuesta pretende efectivizar lo planteado en la Ley
27050, a fin de lograr mayor participación y mejores oportunidades laborales para las personas con discapacidad/49. 4.5.1. Programas de empleo La Ley 27050 señala en su artículo 33 que el CONADIS en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo apoya las medidas de fomento del empleo y los programas especiales para personas con discapacidad. El artículo 49 del Reglamento señala que el CONADIS coordina con el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, para que en sus programas y servicios de capacitación y empleo se considere una participación no menor del 2% del total de beneficiarios en favor de las personas con discapacidad. Sin embargo, dicho porcentaje ni siquiera sería cubierto. Adicionalmente, la Ley 28164 dispuso que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cree la “Oficina Nacional de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad”, como la entidad encargada de promover el ejercicio de los derechos de los trabajadores con discapacidad, brindándoles servicios de asesoría, defensa legal, mediación y conciliación gratuitos. Esta oficina, pese a
MALDONADO, op.cit.
Muchas de las propuestas planteadas en el proyecto fueron previamente alcanzadas a la Comisión de Trabajo y la Comisión de Descentralización para que sean incluidas en las propuestas de Ley General de Trabajo (proyectos de Ley 13138/2004-CR y otros) y Ley General del Empleo Público (proyectos de Ley 13263/2004-CR y otros). En el primer caso se recomendó recoger las modificaciones efectuadas a la Ley 27050 por la Ley 28164, así reconocer el derecho de los trabajadores con discapacidad a contar con una adaptación razonable del ambiente de trabajo. En el segundo caso, se recomendó reconocer a favor de los servidores públicos con discapacidad el derecho a la promoción en el ascenso, la regulación del otorgamiento de bonificaciones y la adaptación razonable del ambiente de trabajo.
los requerimientos de la CEEDIS aún no ha sido constituida, sin embargo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Resolución Ministerial 147-2005-TR, ha resuelto que la Dirección Técnica de Bienestar Laboral y seguridad Social de la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo, asuma temporalmente sus funciones en tanto ésta se instale.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha informado a la CEEDIS que viene realizando este servicio a través de una serie de programas, empero, de acuerdo con lo manifestado por el Ministerio, las personas con discapacidad que se acercan a solicitar los servicios de los programas de empleo que ofrece la institución son pocas. El problema se encontraría en la falta de difusión de estos servicios y la inexistencia de programas específicamente diseñados para personas con discapacidad, ya que los actualmente existentes no generan los incentivos necesarios para que las empresas prefieran a trabajadores con discapacidad.
En ese sentido, la Ley de Reforma de la Ley 27050 presentada por la CEEDIS, establece la obligación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de incluir dentro de sus programas de colocación a las personas con discapacidad, con el objetivo de ampliar sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo. Debe tenerse en consideración que en el caso de las personas con discapacidad, encontrar un empleo a la medida de sus necesidades supone elevados costos de transacción por lo que las agencias de empleo y bolsas de trabajo cumplen un papel importante rol en ese sentido/50. 4.5.2. Sistemas de cuota La Ley 28164 introdujo dentro del artículo 33 de la Ley 27050 la obligación del Poder Ejecutivo, sus órganos desconcentrados y descentralizados, las instituciones constitucionalmente autónomas, las empresas del Estado, los gobiernos regionales y las municipalidades, de contratar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al tres por ciento (3%) de la totalidad de su personal. Lamentablemente, las leyes de presupuesto de los últimos años han venido estableciendo la prohibición de contratación de personal en el sector público, lo cual ha dado lugar a un masivo incumplimiento de esta obligación por parte de las instituciones estatales. A la solicitud de información de la CEEDIS casi la totalidad de entidades señalaron que la cuota de 3% no podía ser aplicada en función de la prohibición antes señalada.
De acuerdo con Maldonado aproximadamente un 40% de personas con discapacidad recurre a agencias de empleo y bolsas de trabajo para lograr su inserción laboral.
La Ley de Reforma de la Ley 27050 recientemente aprobada por el Pleno del Congreso extiende la obligación de contratar trabajadores con discapacidad en una proporción no menor al 3%, a empresas privadas con un número de trabajadores superior a 30. La propuesta contempla criterios de disminución del porcentaje en caso la empresa mantenga contratos de formación laboral con personas con discapacidad, con empresas promocionales de personas con discapacidad, entre otros. El objetivo final es establecer la responsabilidad social de las empresas: aquellas que se encuentren por encima de un volumen determinado de trabajadores, deberían contribuir al empleo de personas con discapacidad. 4.5.3. Bonificación en los Concursos Públicos de Méritos El artículo 36 de la Ley 27050 señalaba que en los concursos públicos de méritos en la Administración Pública, las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio obtendrán una bonificación de
quince puntos. Luego, con la Ley 28164 se estableció que la bonificación es porcentual (15%) y se calcula sobre el puntaje final obtenido. Esta modificación respondió en parte a las observaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo en el año 2003 mediante la Resolución Defensorial 039-2003-DP/51 y a las diversas quejas presentadas antes la CEEDIS. Sin embargo, continúan los problemas en la ejecución de este beneficio. Como se señaló antes, las leyes de presupuesto han prohibido todo nombramiento de trabajadores en el Estado por lo que las entidades han recurrido a la contratación de personal a través de los llamados contratos de “servicios no personales”. Es por ello que la Ley de Reforma de la Ley 27050 ha extendido este beneficio a este tipo de contratos/52; el beneficio de la bonificación debe responder a la condición de la persona con discapacidad que postula a un puesto de trabajo y no a la modalidad de su contratación. Asimismo, se recoge la obligación de consignar la bonificación en las bases de los procesos de selección a fin de garantizar su cumplimiento. Finalmente, la norma señala que las evaluaciones deben ser adecuadas a las necesidades del postulante con discapacidad, tal como lo hace el artículo 25 de la Ley respecto
Resolución Defensorial 039-2003-DP de fecha 17 de diciembre de 2003. De acuerdo con la Defensoría, no existía un criterio uniforme respecto a los puntajes sobre los cuales evaluar a los postulantes en los procesos de selección de personal del sector público, así como de en qué etapa del procedimiento de selección de personal debía asignarse el puntaje. 52 La propuesta deja en claro además que la bonificación es de aplicación para las contrataciones de personal bajo el régimen laboral de la actividad privada.
de los procedimientos de admisión y evaluación en los centros educativos.
Cabe señalar que a partir de gestiones realizadas por la CEEDIS, el Ministerio del Interior promulgó el Decreto Supremo 005-2005-IN que reconoce al personal de la Policía Nacional del Perú con discapacidad el derecho a la bonificación del 15% al postular al grado inmediato superior. Asimismo, también en coordinación con la CEEDIS, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha reconocido mediante la Resolución Ministerial 107-2006-TR, el derecho a dicha bonificación del 15% a los cesados durante la década de los noventa que solicitan su reubicación en aplicación de la Ley 27803. 4.5.4. Accesibilidad en el Centro de Trabajo El reconocimiento del derecho de los trabajadores con discapacidad a contar con una adaptación razonable del puesto de trabajo no existe en nuestra legislación, pese a que la Recomendación 168 de
la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas señala que los Estados deberían adoptar medidas para promover oportunidades del empleo de las personas inválidas, las cuales deberían incluir medidas apropiadas para alentar la adaptación, dentro de límites razonables, de los lugares de trabajo, la estructuración de las tareas, las herramientas, la maquinaria y la organización del trabajo para facilitar el empleo. Las medidas de ajuste deben incluir la mejora de la accesibilidad de los locales de trabajo, tanto en el ingreso como en el desplazamiento dentro de los mismos/53. En esa línea, la Ley de Reforma de la Ley 27050 planteada por la CEEDIS ha establecido en el artículo 31-A que los empleadores deberán realizar las modificaciones necesarias en las condiciones y ambientes de trabajo de los trabajadores con discapacidad, determinadas sobre la base de circunstancias de cada caso en particular, a fin de permitirle realizar sus labores y gozar de los beneficios del puesto, en las mismas condiciones que los demás trabajadores en un puesto igual o similar, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empleador. Las modificaciones realizadas pueden ser deducidas por las empresas en el pago del impuesto a la renta/54.
Debe resaltarse que el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado mediante Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA el 08 de mayo de 2006 ha establecido la obligación de las edificaciones destinadas a oficinas de cumplir con las normas de accesibilidad para personas con discapacidad establecidas en la Norma A.120 del Reglamento. 54 El Proyecto de Ley 14245/2005-CR presentado por la CEEDIS, referido al pago de tributos vinculados a personas con discapacidad, propone que las adaptaciones razonables que sean realizadas por los contribuyentes de rentas de tercera categoría a favor de sus trabajadores con discapacidad, puedan ser deducidas a efectos de la determinación de su renta neta.
La CEEDIS considera que estas adaptaciones son necesarias para garantizar al trabajador con discapacidad la oportunidad de lograr el mismo rendimiento y de disfrutar de los mismos beneficios que los que goza un trabajador sin discapacidad alguna que ocupe un puesto igual o similar. 4.5.5. Readaptación Profesional La readaptación profesional es el proceso que permite a las personas con discapacidad obtener y conservar un empleo adecuado, y progresar en el mismo, promoviendo su integración social. La Ley 27050 señala en el artículo 32 que el CONADIS debe coordinar y supervisar la ejecución de planes permanentes de capacitación, actualización y reconversión profesional y técnica para personas con discapacidad, dirigidos a facilitar la obtención,
conservación y progreso laboral dependiente e independiente. Asimismo, el artículo 51 establece que el CONADIS coordina y asesora al empleador y al trabajador que adquiera una discapacidad, para su reconversión y reubicación laboral. Al respecto la OIT considera que cuando un trabajador es afectado por una discapacidad estando ya empleado, en tanto el empleador puede seguir beneficiándose de su experiencia y competencias técnicas acumuladas, deben tomarse medidas para garantizar la permanencia del empleo de las personas discapacitadas. Así, algunos países establecen que cuando el trabajador no se encuentre apto para reanudar su empleo anterior una vez cumplidos los plazos de suspensión del contrato por invalidez temporal, el empleador, quedará obligado a proponerle otro empleo adecuado a sus nuevas capacidades. La Ley de Reforma de la Ley 27050 realiza una propuesta intermedia en materia de readaptación laboral. Así, si bien no se obliga a las empresas a la reubicación del trabajador, sí se establece la obligación de realizar los mayores esfuerzos para garantizar su conservación en el puesto de trabajo a través de mecanismos de reconversión, trasladándose la carga a los servicios de rehabilitación y readaptación laboral de ESSALUD. Claro que, cuando la discapacidad no afecte su rendimiento (antes o después de los servicios de reconversión), debe garantizarse la continuidad del trabajador 4.5.6. Incentivos Tributarios para la Contratación de Personas con Discapacidad De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 27050, las entidades públicas o privadas que empleen personas con discapacidad, obtendrán un
porcentaje adicional en la deducción de las remuneraciones que paguen a estas personas para el cálculo de su impuesto a la renta. Sin embargo, esta disposición recién fue incluida en la Ley del Impuesto a la Renta/55 por el Decreto Legislativo 949, publicado el 27 de enero de 2004. Durante ese año la CEEDIS tuvo diversas reuniones con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de que se reglamente esta disposición y pueda empezar a aplicarse de manera efectiva. En virtud de ello, el 26 de julio de 2004 se publicó el Decreto Supremo 102-2004-EF, el cual establece porcentajes escalonados de deducción. La deducción adicional puede ser de hasta un 80% cuando el porcentaje de labores de personas con discapacidad que laboran para el generador de rentas de tercera categoría es mayor
del 30%, con un tope máximo de veinticuatro (24) Remuneraciones Mínimas Vitales. Porcentaje de personas con discapacidad que laboran en la empresa Hasta 30% Más de 30% Porcentaje de deducción adicional por cada persona con discapacidad 50% 80%
Finalmente la Resolución de Superintendencia 296-2004-SUNAT, publicada el 04 de diciembre de 2004, estableció el procedimiento para el cálculo del porcentaje de deducción adicional. 4.5.7. Empresas Promocionales El artículo 39 de la Ley 27050 define a la Empresa Promocional para Personas con Discapacidad como aquella constituida como persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial y que desarrolla cualquier tipo de actividad de producción o de comercialización de bienes o prestación de servicios y que ocupen un mínimo del 30% de sus trabajadores con personas con discapacidad. El artículo 57 del Reglamento precisa que el 80% de sus trabajadores debe desarrollar actividades relacionadas directamente con el objeto social de la misma. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con el CONADIS, es el encargado de acreditarlas y fiscalizarlas, para lo cual se creó el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad/56, el que se encuentra a cargo de la Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional o dependencia que haga sus veces en las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo.
El Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta ha sido aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-EF, publicado el 14 de marzo de 1999. 56 Creado mediante Decreto Supremo 001-2003-TR.
La Ley 27050 otorga a las empresas promocionales preferencia en las compras estatales, créditos preferenciales y un Banco de Proyectos a cargo del CONADIS. El disfrute de los dos primeros beneficios se da sólo si la empresa promocional es a la vez micro y pequeña empresa/57. Además los gobiernos regionales y locales deben promover la comercialización de los productos manufacturados por las personas con discapacidad, fomentando su participación directa en ferias, mercados y centros comerciales.
Los beneficios descritos no han resultado atractivos para las personas con discapacidad y no han incentivado la inscripción de empresas en el registro de empresas promocionales que lleva el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En el caso del derecho de preferencia, éste no ha sido aplicado efectivamente debido a que el mismo no ha venido siendo consignado en las bases de los concursos públicos de adquisición de bienes y servicios realizados por el Estado. Para remediar esto último, la Ley de Reforma de la Ley 27050 establece la obligación de consignar este beneficio en las bases concursos a fin de garantizar la publicidad de la preferencia y que pueda ser impugnada por no haberse consignado en las bases. El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE) ha emitido el Comunicado 003-2001-PRE, en el que reconoce la aplicación de la preferencia establecida en el artículo 38 de la Ley 27050. Asimismo, la norma elimina la referencia a “productos manufacturados”, reemplazándola por “bienes y servicios”, que excluía del beneficio de la preferencia en la adquisición de productos y servicios, a las empresas promocionales que se dedican a la comercialización de bienes. 4.6. Accesibilidad La Ley 27050 regula en los artículos 43 y 44 la adecuación progresiva del diseño urbano de las ciudades y de las instalaciones públicas y privadas. Los artículos 45, 46 y 46-A se refieren a la accesibilidad de los vehículos públicos y los parqueos públicos y privados. Sin embargo, la accesibilidad es un concepto mucho más amplio. Como señala Jaime Huertas en el informe elaborado para la CEEDIS “Discapacidad y accesibilidad”, “(…) la accesibilidad podemos entenderla en
La CEEDIS ha propuesto en la Ley de Reforma de la 27050 la extensión del alcance de los beneficios de preferencia en las compras estatales y de créditos preferenciales a toda empresa promocional y no sólo a aquellas que son micro y pequeñas empresas. El criterio para asignación de los beneficios debe ser la condición de persona con discapacidad y no su condición de micro y pequeña empresa. El hecho de ser micro y pequeña empresa le otorga beneficios distintos y mayores, los cuales están establecidos en la Ley 24759.
relación con tres formas básicas de la actividad humana: movilidad, comunicación y comprensión” /58.
Es necesario entonces que el entorno urbano y arquitectónico, así como los diversos servicios que se prestan en la comunidad, tengan las condiciones adecuadas para ser utilizadas por las personas con discapacidad. 4.6.1. Normas de Accesibilidad Urbanística y Arquitectónica En materia de accesibilidad urbanística y arquitectónica, la CEEDIS ha orientado su trabajo a la fiscalización del cumplimiento de las Normas Técnicas NTE U.190 “Adecuación urbanística para personas con discapacidad” y NTE A.060 “Adecuación arquitectónica para personas con discapacidad”, a través de oficios a diversas
instituciones públicas sobre la base de la Ley 27920 que establece sanciones por el incumplimiento de dichas normas. Estas normas técnicas fueron recogidas y actualizadas por el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo 290-2005-VIVIENDA, de fecha 26 de noviembre de 2005. Sin embargo, la CEEDIS detectó una serie de omisiones y contradicciones entre las normas derogadas y el nuevo Reglamento, por lo cual, con fecha 28 de abril, se realizó una reunión de coordinación con representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a fin de hacerles llegar nuestras observaciones, la mayoría de las cuales han sido recogidas por el Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA de fecha 08 de mayo de 2006 que modifica el Reglamento original. 4.6.2. Estacionamientos para Personas con Discapacidad La Ley 28084, que regula el parqueo especial para vehículos ocupados por personas con discapacidad, estableció una serie de infracciones que debían sancionadas por el personal de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, debido a que no se realizó la modificación respectiva en el Reglamento Nacional de Tránsito (aprobado mediante Decreto Supremo 033-2001-MTC), estas faltas no venían siendo sancionadas. Ante ello, la CEEDIS solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante Oficio 367-2005-JDC-CEED/CR, la adecuación del Reglamento Nacional de Tránsito a lo establecido por la Ley 28084. Al respecto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos remitió el Oficio 1989-2005-MTC/01, recibido el 08 de noviembre de 2005, adjuntando la opinión favorable de la Oficina de Asesoría
HUERTA PERALTA, Jaime. Discapacidad Desconocida” CEEDIS: Lima, 2006.
accesibilidad.:
Jurídica del Ministerio sobre el particular. Dichas reformas al Reglamento Nacional de Tránsito han sido finalmente incluidas en el Decreto Supremo 003-2006-MIMDES, norma que realizó modificaciones al Reglamento de la Ley 27050.
Las nuevas infracciones contempladas en el Reglamento Nacional de Tránsito son las siguientes:  Estacionar un vehículo en zonas de parqueo destinadas a vehículos que transportan a personas con discapacidad o conducidos por estos; y  Utilizar el Permiso Especial de Parqueo para personas con discapacidad por parte de una persona a la cual no le corresponde.
4.6.3. Comunicaciones y Nuevas Tecnologías La CEEDIS impulsó la inclusión dentro de la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión, de la obligación de los programas informativos, educativos y culturales de producción nacional, transmitidos por el Instituto de Radio y Televisión del Perú, de incorporar medios de comunicación visual adicional en los que se utilice lenguaje de señas y textos, para la comunicación y lectura de personas con discapacidad por deficiencia auditiva. De esta manera, dicha norma guarda concordancia con lo establecido por la Ley 27471, Ley de uso de Medios Visuales Adicionales en Programas de Televisión y de Servicio Público por Cable para personas con Discapacidad por Deficiencia Auditiva. Asimismo, la CEEDIS impulsó activamente la aprobación de la Ley 28530, Ley de promoción de acceso a Internet para personas con discapacidad y de adecuación del espacio físico en las cabinas, publicada el 25 de mayo de 2005, la cual establece la obligación de las empresas y entidades públicas que brinden servicios de atención al públicos a través de Internet de contar con accesos especiales para personas con discapacidad visual, así como la obligación de las cabinas públicas de Internet de contar con programas que permitan el acceso a la información de estas personas. La norma también contempla la obligación de las cabinas de adecuar el espacio físico a fin de que sean accesibles para personas con discapacidad. 4.6.4. Medios de Transporte Con fecha 18 de mayo de 2006, se logró la promulgación de la Ley 28735, Ley que regula la atención de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en aeropuertos,
aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y medios de transporte.
Esta norma surge a partir del proyecto de Ley 7084/2002-CR, presentado por la vice presidenta de la CEEDIS, la Congresista Elvira De La Puente Haya, el cual proponía regular las atenciones de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en aviones y aeropuertos, con la finalidad de brindar seguridad y comodidad a tales pasajeros, usando como referencia la Resolución Directoral 218-2003 de la Dirección de General de Aeronáutica Civil que establece las facilidades que deben brindar operadores y empresas de servicios aeroportuarios a pasajeros con dificultades de acceso. La CEEDIS trabajó conjuntamente con la Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad el texto del dictamen, el cual además de recoger las recomendaciones técnicas de la CEEDIS, incorporó dentro de los alcances de la norma a los
terminales y medios de transporte terrestre, marítimo, fluvial y ferroviario. La Comisión de Trasportes y Comunicaciones recogió el texto del dictamen de la Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad dentro de su propio dictamen. Finalmente, la CEEDIS ha coordinado con el Municipio de Lima Metropolitana, la inclusión de líneas accesibles para el transporte urbano en la capital en los proyectos que tiene programados. 4.6.5. Atención Preferente La Ley 27408, que se limitaba a establecer el derecho de atención preferente a mujeres embarazadas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, fue modificada con fecha 11 de marzo de 2006 por la Ley 28683, la cual establece un listado de obligaciones que deben cumplir las diversas entidades a fin de garantizar una atención preferente. Esta norma también establece una serie de infracciones cuyo incumplimiento acarrea el establecimiento de una multa de hasta un 30% de 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Para la realización de esta modificación la CEEDIS solicitó a la Defensoría del Pueblo mediante Oficio 261-2005-JDC-CEED/CR de fecha 13 de julio de 2005, su opinión técnica sobre los actos que debían ser sancionados como incumplimiento a la Ley de atención preferente/59. La respuesta a esta comunicación fue remitida a la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social mediante Oficio 499-2005JDC-CEED/CR, recibido el 25 de octubre de 2005, la cual fue parcialmente incorporada en el proyecto final.
La Defensoría del Pueblo había realizado durante el año 2004, una labor de supervisión del cumplimiento de las normas de atención preferente en diversas instituciones públicas.
5. Políticas de Públicas en Materia de Discapacidad Las políticas públicas formuladas desde el Ejecutivo con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en el Perú han sido muy limitadas durante estos años de trabajo. El trabajo realizado por la CEEDIS ha evidenciado la ausencia de una real voluntad política para abordar la problemática de la discapacidad, situación que se hace latente analizando los escasos recursos asignados por el Estado con este fin. La Ley 27050 contempla una serie de políticas económicas dirigidas a incrementar las oportunidades de una persona con discapacidad, las cuales básicamente se refieren al acceso al crédito y a beneficios tributarios. 5.1. Acceso al Crédito Como s eñala Stalisnao Maldonado, la Ley 27050 resulta muy declarativa en materia de acceso al crédito. Según el artículo 37, el CONADIS en
coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la función de apoyar el otorgamiento de créditos preferenciales para el financiamiento de las PYMES conformados por personas con discapacidad, para lo cual habrá de buscar líneas de crédito de organismos financieros nacionales e internacionales. Sin embargo, desde otras instancias del Estado se vienen realizando también esfuerzos con el propósito de mejorar las condiciones de acceso al crédito de los emprendimientos de personas con discapacidad. Así, a la fecha existen dos programas de acceso al crédito destinados exclusivamente a personas con discapacidad: El Programa de Apoyo a la Microempresa (PAME) y el Fondo de Garantía de Créditos para Personas con Discapacidad (FOGADIS). 5.1.1. Programa de Apoyo a la Microempresa El Programa de Apoyo a la Microempresa (PAME) fue creado en el año 1992 para el público en general. Posteriormente, el 20 de marzo de 2003 se suscribió un convenio entre el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) y el CONADIS con el fin de destinar a los microempresarios con discapacidad y a las micro y pequeñas empresas promocionales legalmente constituidas, hasta un 5% del valor del Fondo Rotatorio del PAME (2.35 millones de soles). Los intereses mensuales del PAME oscilan entre 2.5 y 3.5%, lo cual supera en muchos casos el interés otorgado por la banca comercial. Sin embargo, en el periodo 2003-2004 los beneficiarios con discapacidad que accedieron al programa PAME fueron solo 120 personas, cifra que representa el 0.33% del total de beneficiarios sin discapacidad. Esta cifra refleja que el PAME no está operando en
forma eficiente a fin de brindar facilidades para el acceso de personas con discapacidad a líneas de crédito. Esta situación sería consecuencia del alto número de emprendimientos de personas con discapacidad que se encuentra en la informalidad frente a lo cual el sistema no ha previsto incentivos ni facilidades para la formalización. Además son necesarios programas de capacitación y difusión. 5.1.2. Fondo de Garantía de Créditos para Personas con Discapacidad
El Fondo de Garantía de Créditos para Personas con Discapacidad (FOGADIS) ha sido constituido mediante el Convenio de Cooperación Institucional para la constitución de un Fideicomiso celebrado entre FONCODES (MIMDES) y COFIDE con fecha 16 de octubre de 2003, a partir de fondos de cooperación internacional que fueron obtenidos gracias a gestiones efectuadas desde la CEEDIS. Asimismo, mediante el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional de celebrado entre FONCODES (MIMDES),
COFIDE y CONADIS se estableció mecanismos de coordinación y cooperación entre tales entidades a fin de poner en marcha el Fondo de Garantía. De acuerdo con los convenios, parte del patrimonio fideicometido debió ser destinado a su utilización como garantía de crédito u otras formas financieras para beneficiar a los pequeños y microempresarios con discapacidad y empresas promocionales para personas con discapacidad. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido no se ha realizado la transferencia de los fondos a fin de lograr su implementación, razón por la cual la CEEDIS ha sostenido diversas reuniones con representantes de las instituciones participantes. Finalmente COFIDE informó a la CEEDIS mediante Oficio CF/011042006/AD, de fecha 15 de febrero de 2006, que se encontraba pendiente para la implementación del FOGADIS:  Los aportes del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y FONCODES para el contrato con el Operador de Garantía del FOGADIS.  Opiniones y aportes de FOGAPI al respecto.  Suscripción del contrato.  Selección de las Instituciones Financieras Intermediarias.  Canalización de productos financieros para personas con discapacidad.  Seguimiento de las Instituciones Financieras Intermediarias. La CEEDIS ha solicitado información complementaria del estado de las tareas pendientes referidas a las áreas vinculadas a la capacitación laboral y empresarial de personas con discapacidad; la
promoción y gestión empresarial; y los recursos financieros para trabajadores, MYPES y empresas promocionales. 5.1.3. Banco de Proyectos
De conformidad con el artículo 42 de la Ley 27050, el CONADIS debe coordinar la formación de un Banco de Proyectos para facilitar y promover las empresas promocionales para personas con discapacidad. A su vez, el Reglamento señala en el artículo 58 que el CONADIS administra dicho Banco de Proyectos con el objeto de canalizar los proyectos y apoyar a las personas con discapacidad ante entidades financieras. A pedido de la CEEDIS, el CONADIS informó en la sesión de fecha 03 de mayo de 2006, realizada en las instalaciones del Congreso de la República, que vienen trabajando en un Banco de Proyectos y en el programa “Formando Empresarios”, los cuales podrían ser utilizados en la implementación del FOGADIS, bajo el apoyo técnico de COFIDE.
5.2. Beneficios Tributarios Una de las formas más efectivas de atenuar los efectos económicos que significa enfrentar y sobrellevar una discapacidad es el establecimiento de beneficios tributarios. Así, las legislaciones suelen contemplar diversas medidas de índole tributaria con este fin, tales como donaciones deducibles de impuestos, deducciones en el pago de tributos, exoneraciones e infectaciones y subsidios directos. El Perú ha adoptado diversas medidas en ese sentido. 5.2.1. Importación de Vehículos, Prótesis y Otros El artículo 47 de la Ley 27050 señala que la importación de vehículos especiales, prótesis y otros para uso exclusivo de personas con discapacidad, se encuentra inafecta al pago de derechos arancelarios. La Ley General de Aduanas/60, recoge esta inafectación en el literal d) de su artículo 15. El Decreto Supremo 129-95-EF, publicado el 20 de septiembre de 1995, ha establecido el procedimiento a seguir para gozar de la inafectación de impuestos. Para tal fin, se consideran vehículos especiales a aquellos destinados al uso exclusivo de personas con discapacidad, siempre que se encuentren modificados con adaptaciones integradas al vehículo, para ser maniobrados por estas personas. La Ley de Reforma de la 27050 ha incluido en su Tercera Disposición Transitoria, Complementaria y Final la obligación del CONADIS de presentar anualmente al Ministerio de Economía y Finanzas una
El Texto Único Ordenado ha sido aprobado por Decreto Supremo 129-2004-EF, publicado el 12 de septiembre de 2004.
propuesta de actualización del listado de vehículos especiales, prótesis y otros que podrán importarse con inafectación de impuestos arancelarios.
Asimismo, el proyecto de Ley 14245/2005-CR presentado por la CEEDIS, que regula el establecimiento de beneficios tributarios a favor de personas con discapacidad, propone la inafectación del impuesto a la propiedad vehicular de vehículos automóviles, camionetas y station wagons especiales y para el transporte de personas naturales con discapacidad. De igual modo plantea la inafectación del impuesto a la propiedad vehicular de vehículos de pasajeros accesibles para personas con discapacidad. Lo que se busca con dicha medida es incentivar la importación de vehículos especiales, sobretodo de transporte público, lo cual complementa en buena medida la inafectación en el pago de impuestos referidos a la importación de vehículos especiales y prótesis para el uso exclusivo de personas con discapacidad que ya existe.
5.2.2. Impuesto a la Renta La CEEDIS presentó el 14 de diciembre de 2005, el proyecto de Ley 14245/2005-CR, que regula el pago de tributos de personas con discapacidad. Este proyecto establece un trato diferente para los contribuyentes con discapacidad y los que ejercen su patria potestad, tutela o curatela (siempre que los primeros no generen renta), en lo relacionado al cálculo de las deducciones y pago de tributos por concepto de rentas de cuarta y quinta categoría. De manera general a las rentas de cuarta y quinta categoría se les deduce un valor equivalente a 7 UIT, a partir del cual se comienza a pagar el impuesto a la renta. Dicho monto se encuentra calculado sobre la base de los gastos estimados a la canasta básica de una familia promedio. Sin embargo, pese a que los gastos en los que incurre una persona con discapacidad o sus representantes, esto no es considerado en la deducción del impuesto a la renta de 4 y 5 categoría, estableciéndose de montos deducibles fijos/61 que no dan lugar a la compensación del sobrecosto que significa la discapacidad. De este modo, el proyecto de Ley presentado por la CEEDIS establece que la deducción fija a las rentas de cuarta y quinta categoría para las personas con discapacidad o sus padres, tutores o curadores, debe ser de un valor equivalente a 10 UIT. 5.2.3. Tributación Municipal
En el caso del impuesto a la renta de cuarta categoría, el artículo 45 de Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta establece que el contribuyente podrá deducir de la renta bruta del ejercicio gravable, por concepto de todo gasto, el veinte por ciento (20%) de la misma, hasta el límite de 24 Unidades Impositivas Tributarias.
La Ley de Tributación Municipal/62, publicada el 15 de noviembre de 2004, establece en su artículo 17 que los predios de titularidad de las organizaciones de personas con discapacidad reconocidas por el CONADIS, se encuentran inafectos al pago del impuesto predial.
Adicionalmente a ello, el proyecto de Ley 14245/2005-CR elaborado por la CEEDIS ha propuesto la extensión del beneficio de deducción del 50 UIT de la base imponible del impuesto predial, del que gozan los cesantes o jubilados propietarios de una casa única, a las personas con discapacidad que cumplen con las mismas características, vale decir, a aquellas propietarias de un solo predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de los mismos, y cuyo ingreso bruto no exceda de 1 UIT mensual. Asimismo, a través de dicho proyecto de Ley se plantea la inafectación de los impuestos de alcabala y prediales recaídos sobre las empresas promocionales para personas con discapacidad. En
opinión de la CEEDIS, las cargas tributarias que recaen sobre estas empresas desincentivan su formalización y significan un costo difícil de afrontar, más aún si tenemos en cuenta que uno de los problemas centrales que aquejan a las pequeñas y micro empresas de personas con discapacidad es la falta de financiamiento/63. La propuesta de Ley incluye la inafectación del impuesto de alcabala para las organizaciones de personas con discapacidad a fin de equiparar los beneficios de dichas organizaciones con los de las empresas promocionales de personas con discapacidad/64. Finalmente, cabe resaltar que diversos municipios han venido emitiendo ordenanzas que exoneran a las personas con discapacidad del pago de algunos tributos municipales. Tal es el caso de la Ordenanza 048-2003-MDSMP de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres (que exonera a las personas con discapacidad del pago de derechos de licencias de funcionamiento), la Ordenanza 035-2002-MDI de la Municipalidad Distrital de Independencia (que exonera a las personas con discapacidad de diversos pagos), la Ordenanza 048-2005/MDV de la Municipalidad
El Texto Único Ordenado ha sido aprobado por Decreto Supremo 156-2004-EF. MALDONADO ZAMBRANO, Stanislao. Trabajo y Discapacidad en el Perú. CEEDIS: Lima, diciembre 2004. 64 La Ley 24759, derogada por la Ley 27050, establecía en su artículo 5 que las “empresas promocionales para impedidos” estaban exoneradas de los siguientes tributos: a) Alcabala de enajenación para la compra de inmuebles para sus actividades empresariales; b) Impuesto y tasa para la constitución de la empresa; c) Impuesto a la Renta; d) Impuesto al Patrimonio Empresarial; e) Gastos Registrales en la Constitución de Empresas, y, f) Pago de Licencias Municipales para el funcionamiento de la empresa.
Distrital de Ventanilla (que exonera del pago de derechos de licencia de funcionamiento y autorización para la instalación de kioscos y módulos rodantes a personas con discapacidad), entre otras. 5.2.4. Donaciones
No queremos dejar de indicar que la Ley del Impuesto a la Renta contempla en el literal x) de su artículo 36, la posibilidad de la deducción de la renta bruta de los contribuyentes de tercera categoría por las donaciones efectuadas a las entidades comprendidas en el “Registro de entidades perceptoras de asignaciones cívicas deducibles”, el cual puede ser utilizado por las organizaciones de personas con discapacidad cuyo objeto social comprenda uno o varios de los siguientes fines: (i) beneficencia; (ii) asistencia o bienestar social; (iii) educación; (iv) culturales; (v) científicas; (vi) artísticas; (vii) literarias; (viii) deportivas; (ix) salud; (x) patrimonio histórico cultural indígena; y otras de fines semejantes.
5.3. Plan de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad El Plan de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad 2003 – 2007 (PIO), aprobado mediante Decreto Supremo 009-2003MIMDES del 22 de junio de 2003, establece una serie de políticas públicas con relación al colectivo de personas con discapacidad, orientadas a asegurar su igualdad de oportunidades, y su plena participación e integración. Sobre el particular, Pedro Francke y Carlos Cordero han realizado para la CEEDIS el estudio “El Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad: Balance y Propuestas”/ 65. Si bien el PIO refleja una voluntad de hacer frente a la problemática de las personas con discapacidad a través de una estrategia integral, muy pocas de las metas planteadas se han cumplido. El propio Informe 2004 de la Comisión Multisectorial de seguimiento y monitoreo del PIO señala la necesidad de evaluar su impacto y reformularlo. 5.3.1. Resumen de evaluación El PIO es el resultado del trabajo de una comisión multisectorial de alto nivel creada mediante Decreto Supremo 049-2002-PCM, por lo que representa un esfuerzo conjunto de diversos sectores del Estado y la sociedad civil por dar una respuesta a la problemática de exclusión social que padecen las personas con discapacidad. Sin embargo, tal como señala Pedro Francke, los recursos asignados al plan han sido insuficientes. Se han asignado de poco más de 45 millones de soles para financiar el conjunto de las actividades
FRANCKE Pedro y Carlos CORDERO, “El Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad: Balance y Propuestas”, CEEDIS, Lima: 2005.
contempladas en el PIO durante los cinco años de su implementación, suma por lo demás bastante modesta. Asimismo, existe una escasa participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en su ejecución y seguimiento. Finalmente, las medidas planteadas por el PIO parecen no tener un objetivo claro, por lo que más que transversales, resultan sectoriales. E incluso, dentro de los mismos sectores las medidas resultan inconexas, lo cual ha contribuido a que el PIO no haya sido asumido por las instancias encargadas de su ejecución. La CEEDIS ha mantenido reuniones continuas con los sectores involucrados en la ejecución del PIO a fin de que se expongan los avances alcanzados. A través de éstas sesiones y de las comunicaciones recibidas por cada institución, se ha hecho latente la necesidad de replantear las medidas establecidas en el PIO
5.3.2. Reformulación del PIO La CEEDIS ha presentado con fecha 14 de diciembre de 2005 el proyecto de Ley 14246/2005-CR que propone la modificación del PIO y otorgarlo a rango de ley. De acuerdo con el proyecto presentado, la Comisión Multisectorial creada mediante Decreto Supremo 0092003-MIMDES para el seguimiento del PIO, deberá formular una propuesta de reforma, ampliando su plazo de ejecución hasta el año 2015. En dicha Comisión se incluyen a los representantes de las asociaciones de personas con discapacidad que conforman el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad y al Congreso de la República. La propuesta de reforma del PIO de la Comisión Multisectorial, deberá buscar de conformidad con el proyecto: a) Establecer como objetivo principal la incorporación de la problemática de la discapacidad en todos los programas, proyectos, planes y acciones de las instituciones del Estado, lo cual deberá ser incluido en los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM) de cada sector; Ampliar la cobertura del Plan de Igualdad de Oportunidades hasta el año 2015, estableciendo nuevas metas y acciones a desarrollar; Priorizar las actividades programadas en el Plan de Igualdad de Oportunidades alrededor de objetivos estratégicos, a fin de involucrar a los diversos sectores en el logro conjunto de metas; Incluir mecanismos de seguimiento, monitoreo e implementación del Plan, incorporando indicadores y metas que permitan evaluar
el cumplimiento de los resultados esperados, así como mecanismos de participación de las asociaciones de personas con discapacidad y la sociedad civil en general; e) Incluir dentro de las acciones del Plan de Igualdad de Oportunidades el levantamiento de información de la población con discapacidad en el Perú, a fin de poder lograr una mejor identificación de los principales problemas que enfrenta de dicha población;
El proyecto propone darle mayor fuerza al PIO otorgándole rango legal y estableciendo la obligatoriedad del Presidente del Consejo de Ministros de informar anualmente sobre los avances del mismo ante el Congreso de la República. Se busca de esta manera que el PIO constituya como una norma vinculante para todo el ordenamiento peruano y las instituciones del Estado.
Complementariamente, la norma propuesta declara la Década de los Derechos de la Persona con Discapacidad desde el año 2006 hasta el 2015, debiendo las diversas instituciones del Estado promover la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad por medio de la prevención, atención preferente y adopción de medidas de discriminación positiva, así como del fortalecimiento y la ampliación de los servicios existentes para facilitar su acceso, calidad y cobertura. Respecto de este último punto debemos señalar que la CEEDIS, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Organización Mundial de Personas con Discapacidad (OMPD) y diferentes organizaciones de personas con discapacidad, elaboró una propuesta de Declaración y de Plan de Acción para lograr el “Decenio de las Personas con Discapacidad en las Américas 20062016”. La propuesta fue presentada por la representación peruana en la IV Cumbre de las Américas celebrada en la ciudad de Mar del Plata (Argentina), siendo adoptada en su Plan de Acción. Posteriormente, la Asamblea General de la OEA realizada en República Dominicana, declaró el “Decenio de las Personas con Discapacidad en la Américas 2006-2016”, sobre la base de la propuesta peruana que fue apoyada por los 34 países miembros. Sin perjuicio de la propuesta presentada, la CEEDIS, a partir de las reuniones mantenidas con los sectores encargados de la ejecución del PIO, ha planteado la reformulación del PIO desde el propio Ejecutivo. Así, en la sesión conjunta de evaluación del PIO de fecha 09 de junio de 2006, realizada en las instalaciones del Congreso de la República, se acordó que la presentación por parte de cada uno de los sectores de una propuesta técnica para la modificación y extensión del PIO. Posteriormente, con fecha 23 de junio de 2006, los Ministerios involucrados en su implementación presentaron sus respectivas propuestas.
En dicha reunión, asimismo, se propuso que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social emita algún tipo de dispositivo que formalmente haga efectiva una comisión de reforma y ampliación del PIO. 6. CONCLUSIONES Las propuestas planteadas por la CEEDIS durante todos estos años han estado principalmente dirigidas a garantizar y promover el reconocimiento de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad. Las mayores preocupaciones se han concentrado en el acceso a la salud, a la educación y la promoción del empleo, derechos indispensables para alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades y el goce de una vida digna.
Uno de los principales logros ha sido poner el tema de discapacidad dentro de la agenda política y social. Los estudios desarrollados por la CEEDIS sobre las condiciones de vida de la población con discapacidad han evidenciado que el camino a seguir se encuentra del lado del fortalecimiento de las políticas públicas antes que de la formulación de nuevas leyes. Pese a las reformas normativas desarrolladas, las personas con discapacidad siguen constituyendo un colectivo excluido de diversos ámbitos de la vida sociedad. Prueba de su invisibilidad es la falta de información oficial respecto de su situación. Sin embargo, tal como se ha señalado a lo largo de la presente memoria las personas con discapacidad constituyen un colectivo importante que presenta una serie de necesidades no cubiertas por el Estado y que requieren su atención prioritaria. Si bien en materia de derechos civiles y políticos se han formulado propuestas en materia electoral y discriminación, queda como gran tarea pendiente la reforma del Código Civil. Esta reforma es indispensable respecto de la regulación referida a la capacidad de las personas con discapacidad, puesto que bajo la norma actual se restringe el pleno ejercicio de sus derechos. Asimismo, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, los logros alcanzados requieren ser consolidados a través de políticas públicas a largo plazo, las cuales deberían ser contenidas en un nuevo Plan de Igualdad y Oportunidades reformulado sobre la base de objetivos claros y mecanismos de monitoreo, en los que las mismas personas con discapacidad tengan una participación activa. El trabajo de todos estos años de la CEEDIS consta en una serie de estudios y propuestas que deben continuarse e impulsarse, ya sea a fin de que los proyectos de Ley presentados sean finalmente aprobados y promulgados, ya sea con el objeto de que las labores de propulsión de políticas de Estado o de acciones de la sociedad civil lleguen a un puerto final. A partir de todo lo expuesto nos atrevemos a proponer al Gobierno entrante, tanto Ejecutivo como Legislativo, una agenda prioritaria para el trabajo a favor de las
personas con discapacidad, la que a nuestro parecer debe tener como ejes rectores lo siguiente:
a) Fortalecer el rol del CONADIS como órgano rector en materia de discapacidad. El CONADIS debe asumir un papel más activo en la formulación de políticas públicas a favor de las personas con discapacidad, dejando de lado el papel asistencialista que le ha otorgado la realidad jurídica y política; b) Impulsar la reformulación del PIO, estableciendo indicadores claros que permitan una adecuada fiscalización, orientando sus acciones hacia una política de inclusión e integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos del Estado y la sociedad a partir de políticas transversales en todos los sectores involucrados, e incrementando los recursos destinados para tal fin;
c) Realizar un profundo diagnóstico de la situación las personas con discapacidad en el Perú que arroje estadísticas oficiales del número de personas a nivel nacional, así como respecto de las variables vinculadas al acceso de las personas con discapacidad a los diversos servicios que brinda el Estado, lo cual permitirá la formulación de políticas públicas sobre una base más confiable; d) Garantizar a las personas con discapacidad el acceso a los servicios básicos de salud, sobretodo en las poblaciones de menos recursos, tanto a través de la incorporación de las personas con discapacidad en los sistemas de seguridad social potestativos que brinda ESSALUD (que deben ampliar su cobertura y reducir sus costos prohibitivos), como a través del SIS que debe extender sus servicios en materia de rehabilitación y problemas de salud mental; e) Continuar las políticas orientadas a una educación inclusiva de personas con discapacidad, fortaleciendo el trabajo de las SAANEE y de los centros educativos inclusivos; f) g) Promover el cumplimiento de las cuotas de empleo y la realización de programas de capacitación de personas con discapacidad; y
Buscar un mayor compromiso de los gobiernos locales y regionales con los temas referidos a discapacidad, de modo que se creen oficinas de atención a personas con discapacidad en sus circunscripciones y se ponga un mayor énfasis en la fiscalización del cumplimiento de las normas de accesibilidad urbanísticas y de edificación. Sobre la base de estos ejes rectores, recomendamos a las gestiones futuras la realización de las siguientes tareas pendientes: 1. Promulgar la Ley de Reforma de la Ley 27050 que propone una serie de modificaciones en materia de certificación, registro, empleo y salud de personas con discapacidad; 2. Aprobar el proyecto de Ley 14246/2005-CR presentado por la CEEDIS que propone modificar el PIO y otorgarle rango de Ley, sin perjuicio de continuar
el trabajo con cada uno de los sectores involucrados para presentar una propuesta conjunta de reformulación;
3. Realizar un estudio de prevalencia de discapacidad a nivel nacional e incluir preguntas referidas a la discapacidad en el censo continuo que piensa realizar el INEI; 4. Reformar el Código Civil respecto de la regulación referida a la capacidad de las personas con discapacidad, puesto que bajo la norma actual se restringe el pleno ejercicio de sus derechos civiles; 5. Aprobar los proyectos de Ley 7585/2002-CR y 7586/2002-CR, los cuales eliminan restricciones existentes en el ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad, tanto en materia de acceso a la magistratura como respecto de la posibilidad de testar por escritura pública; 6. Aprobar el proyecto de Ley 13635/2005-CR que regula la votación de personas con discapacidad en comicios electorales; 7. Incluir en el SIS servicios de rehabilitación a favor de personas con discapacidad en situación de extrema pobreza, así como prestaciones en materia de salud mental; 8. Trabajar con el Ministerio de Salud la modificación del certificado de discapacidad actual, de modo que pueda ser emitido por cualquier médico y pueda llegar a un número mayor de personas con discapacidad, así como la expedición de una norma que regule la medición del porcentaje de menoscabo de las personas que se certifican; 9. Aprobar los proyectos de Ley 472/2001-CR, 7991/2003-CR, entre otros, que regulan los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud; 10. Impulsar estrategias y programas de salud basados en la atención comunitaria, el apoyo a la familia y la inserción social; 11. Aprobar el proyecto de Ley 14648/2005-CR que propone la Ley de Salud Mental, estableciendo una serie de soluciones a los problemas a la fecha existentes en dicha materia; 12. Hacer el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo en su Informe 102, referidas a las condiciones de los establecimientos de salud mental; 13. Impulsar la aprobación del proyecto de Ley que regula los Juegos de Loterías el cual destina una parte de los fondos provenientes de dichos juegos a favor de niños y jóvenes con discapacidad; 14. Fiscalizar la conformación de oficinas de atención a personas con discapacidad en todas las regiones y localidades del país, lo que debe venir
acompañado de la asignación de un presupuesto específico y de la formulación de planes de trabajo anuales;
15. Implementar el FOGADIS y reestructurar el Banco de Proyectos que lleva CONADIS con el fin de identificar alternativas y/o productos financieros estandarizados adecuados a las necesidades y habilidades de las personas con discapacidad; 16. Aprobar el proyecto de Ley 14245/2005-CR presentado por la CEEDIS que regula el pago de tributos por personas con discapacidad; 17. Completar la trasformación de las escuelas regulares en centros de educación inclusivos y de los centros de educación básica especial;
18. Reglamentar el artículo 33 de la Ley 27050 a fin de que se de un verdadero cumplimiento de la cuota de 3% en las entidades estatales, el cual debe establecer medidas de fiscalización y sanciones; y 19. Aprobar el proyecto de Ley 14540/2005-CR, que permite el empleo de beneficiarios de pensiones de orfandad por invalidez. Todas estas propuestas requieren un compromiso verdadero de parte del Estado en materia de discapacidad pero, sobre todo, un compromiso de la sociedad con ese gran sector de ciudadanos que tienen una discapacidad y reclaman un lugar y una oportunidad de hacer valer sus derechos.
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