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Timestamp: 2017-02-28 07:54:38+00:00

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1. Los colegiados podrán ser distinguidos o premiados por acuerdo motivado de la Asamblea General de este Colegio, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma, mediante propuesta de la Junta de Gobierno o del 25 % de los colegiados.
2. De los acuerdos de concesión de honores y distinciones otorgados a funcionarios en activo, se remitirá Certificación a la Administración Pública correspondiente para que consten en el expediente personal del interesado.
El Colegio ejercerá la potestad disciplinaria para corregir las faltas cometidas por acción u omisión de que resulten responsables sus miembros en el ámbito de su actuación profesional, con arreglo a la Ley y a lo que disponen los presentes Estatutos.
1. Las infracciones cometidas por los colegiados serán corregidas por la Junta de Gobierno del Colegio.
2. Las infracciones de los deberes profesionales y colegiales de los miembros de la Junta de Gobierno, serán corregidas por el Consejo General de Colegios.
Los actos de desconsideración hacia los miembros de la Junta de Gobierno.
Los actos graves de desconsideración hacia los miembros de la Junta de Gobierno.
La desatención a los cargos colegiales como consecuencia de las faltas de asistencia no justificadas.
La obstaculización al ejercicio de los derechos de acceso a los cargos y a los puestos reservados a los funcionarios con habilitación de carácter nacional en cualquiera de sus subescalas.
Las actuaciones encaminadas a favorecer, amparar o tolerar el intrusismo.
La infracción de los deberes generales y obligaciones especiales a los que se refiere el artículo 11 de los presentes Estatutos.
El falseamiento o inexactitud grave de la documentación profesional, y la ocultación o simulación de datos que el Colegio debe conocer para ejercer sus funciones o para el reparto equitativo de las cargas colegiales.
La participación en cualquiera de sus formas, aun a título de cómplice o encubridor, en la elaboración de baremos específicos a medida en las Corporaciones en las que ejerzan o pretendan ejercer su profesión, con el fin de imposibilitar el acceso a una plazo por parte de otro funcionario.
Por la comisión de faltas leves, graves o muy graves podrán imponerse las siguientes sanciones:
Suspensión de hasta seis meses en la condición de colegiado.
Separación del cargo que ostente en la organización colegial por un período de un mes a un año.
Separación del cargo que ostente en la organización colegial por el período que reste hasta la finalización del mandato.
Separación del cargo que ostente en la organización colegial durante el mandato en curso y declaración de incapacidad para el siguiente.
1. La comisión de las faltas tipificadas en el artículo 38 de estos Estatutos podrá determinar la imposición de las siguientes sanciones:
Para las faltas leves: apercibimiento privado.
Para las faltas graves: reprensión pública, suspensión de hasta seis meses en la condición de colegiado o separación del cargo que ostente en la organización colegial por un período de un mes a un año.
Para las faltas muy graves: separación del cargo que ostente en la organización colegial por el período que reste hasta la finalización del mandato, separación del cargo que ostente en la organización colegial durante el mandato en curso y declaración de incapacidad para el siguiente o suspensión en la condición de colegiado desde seis meses y un día hasta dos años.
2. En la imposición de estas sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente las siguientes circunstancias:
1. El procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio, mediante acuerdo del órgano competente, cualquiera que haya sido el modo en que haya tenido conocimiento de los hechos.
2. Antes de la iniciación del procedimiento sancionador, podrán realizarse actuaciones previas encaminadas a determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciativa. En especial, estas actuaciones, se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurren en unos y otros. Estas actuaciones previas no forman parte del expediente y por ello no interrumpen el plazo de prescripción. En todo caso, estas actuaciones previas deberán ser acordadas por la Junta de Gobierno del Colegio.
3. Será preceptiva la apertura de expediente en todo procedimiento sancionador, designándose Instructor y Secretario del mismo, pudiendo recaer dichos nombramientos en cualquier colegiado.
4. El Instructor formulará el correspondiente pliego de cargos, comprendiendo en el mismo los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida y de las sanciones que puedan ser de aplicación, notificándoselo al interesado para que pueda contestarlo con las alegaciones que considere convenientes y con la aportación de cuantos documentos y propuesta de pruebas considere de interés.
Concluida la prueba, el Instructor del procedimiento formulará propuesta de resolución, que se notificará al interesado a efecto de que pueda formular alegaciones, elevándose lo actuado a la Junta de Gobierno para que dicte la resolución motivada que proceda.
5. Cuando se incoe un expediente sancionador a un miembro de la Junta de Gobierno, se remitirá al Consejo General, a los efectos de tramitación y resolución del mismo.
6. Para lo no previsto en el presente Reglamento, se estará a lo que dispone el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.
1. La resolución, que pone fin al procedimiento, será adoptada por la Junta de Gobierno y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente.
2. La resolución habrá de ser motivada y en ella no se podrán tener en cuenta hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución.
3. En la resolución que ponga fin al procedimiento deberá determinarse, con toda precisión, la falta que se estime cometida, señalando los preceptos que sirven de base a su apreciación, el colegiado responsable y la sanción que se impone, debiéndose comunicar por escrito y fehacientemente al interesado, con expresión de los recursos que puedan interponerse contra la misma, órgano ante el que han de presentarse y plazos para su interposición.
4. Contra la resolución que ponga fin al procedimiento, el interesado podrá interponer recurso de alzada, ante el Consejo General.
Agotado el recurso corporativo, el interesado podrá recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
5. Las sanciones, una vez firmes, serán ejecutadas por la Junta de Gobierno en los propios términos de la resolución.
1. Las infracciones leves prescriben a los seis meses; las graves, al año, y las muy graves, a los dos años.
2. Los plazos de prescripción de las infracciones comenzarán a contar desde la comisión de la misma, y los de las sanciones desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone. La prescripción de las infracciones se interrumpirá por cualquier acto colegial expreso y manifiesto dirigido a sancionar la presunta infracción.
3. La cancelación supone la anulación del antecedente sancionador a todos los efectos. Las sanciones leves se cancelarán al año; las graves, a los dos años, y las muy graves, a los cuatro años, a contar desde el total cumplimiento de las sanciones.

References: artículo 11
 artículo 38
 resolución 
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 Real Decreto 
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