Source: https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/-38265156
Timestamp: 2019-10-19 11:26:43+00:00

Document:
de Suprema Corte de Justicia, - Jurisprudencia - VLEX 38265156
Registro No. 20723
"Por consiguiente, si la Ley General de Población exige al interesado que tramite asuntos de la competencia de las autoridades de la República de que previamente compruebe su legal estancia en el país, esta exigencia es válida como regla general para todos aquellos extranjeros que acuden ante las autoridades y fedatarios a que alude el numeral a tramitar asuntos de su competencia, pero el caso de excepción, es decir, cuando no opera esa exigencia, es precisamente cuando un extranjero sufre un accidente de trabajo -como es el caso según se infiere del escrito inicial de demanda laboral- porque en este supuesto, conforme al artículo 133 de la Carta Magna, existe un convenio que el Estado mexicano ratificó como miembro de la Organización Internacional del Trabajo, el cual está obligado a observar y acatar, el que está jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Ley Fundamental, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"‘COPIA FOTOSTÁTICA REGULADA POR EL ARTÍCULO 798 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VALORACIÓN DE LA. Para determinar la eficacia probatoria de la prueba documental privada consistente en copia fotostática sin certificar, debe atenderse, ante todo, a que la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 797 y 801, establece la regla general de que tratándose de pruebas documentales, éstas deben ofrecerse originales. Esta carga que pesa sobre el oferente de pruebas documentales, de exhibir en original las que tenga en su poder, se justifica con mayor razón, cuando el oferente es el patrón y se trata de documentos que, de acuerdo con el artículo 804, tiene obligación de conservar y exhibir en juicio. Por su parte, el artículo 798 cataloga como documentos privados tanto a las copias simples como a las copias fotostáticas, pese a que éstas últimas, en realidad, son representaciones fotográficas del documento considerado como cosa u objeto. Esta observación es importante en virtud de que la naturaleza real de este tipo de probanza no puede desconocerse al efectuar su valoración. En efecto, como la copia fotostática se obtiene mediante métodos técnicos y científicos a través de los cuales es posible lograr la composición, arreglo o alteración de los objetos reproducidos, no puede descartarse la posibilidad de que aquélla no corresponde de una manera real o auténtica al contenido exacto o fiel del documento o documentos de los que se toma. De ahí que cuando el oferente exhibe copias fotostáticas sin certificar y éstas son objetadas, debe señalar el lugar donde se encuentra el original para que se lleve a cabo la compulsa o cotejo correspondiente, y si no lo señala, aquel documento carecerá de valor probatorio, en virtud de que no habrá modo de comprobar su fidelidad o exactitud. Si la copia fotostática que se ofrezca no es objetada, ello no trae como consecuencia el que el documento privado tenga valor probatorio pleno, aunque sí constituirá un indicio cuyo valor será determinado por la Junta al apreciarlo, en conciencia, con las demás pruebas; en efecto, aun cuando el artículo 810 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las copias hacen presumir la existencia de los originales, de ello no puede inferirse que la falta de objeción da lugar a aceptarlas como prueba plena, en virtud de que la especial naturaleza de la copia fotostática, a la que ya se aludió, constituye un riesgo que no puede ser desconocido por el juzgador e impide que le otorgue valor de prueba plena. Por último, puede darse el caso de que el propio oferente de la copia fotostática, aunque no sea objetada, solicite su compulsa o cotejo, señalando el lugar donde se halla el original, la que de efectuarse, perfeccionaría dicha prueba documental.’
En este orden, si el artículo 17 constitucional rige para los extranjeros y en él se establece el derecho fundamental de acceso a la justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, para estar en aptitud de determinar si el artículo 67 de la Ley General de Población obliga a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a requerir a los actores extranjeros para que acrediten su legal estancia en el país previamente a la tramitación del juicio correspondiente en el que se demanden prestaciones derivadas de un despido injustificado, es menester tomar en cuenta lo dispuesto en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa, firmada por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos autorizado para tal efecto; aprobada dicha Convención por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de febrero de mil novecientos noventa y nueve, ratificada por el presidente de la República el trece del mismo mes, según decreto promulgatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto de ese año, que en lo que interesa señala:
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. ...
En este orden, como el contenido de las disposiciones de que se trata no sólo no contravienen el orden jurídico mexicano, sino que, como se vio con antelación, se ajustan a él y, además, reúnen los requisitos de forma y fondo para considerarlas parte integrante del sistema jurídico mexicano, es claro que el instrumento internacional referido se ubica en un plano superior al del artículo 67 de la Ley General de Población, por lo que la obligación que éste impone a las autoridades federales o locales de requerir a los extranjeros que acudan a ellas a realizar algún trámite de su competencia no es exigible a las Juntas de Conciliación y Arbitraje ante las que deban tramitarse los juicios que promuevan extranjeros con motivo de alguna acción derivada de la terminación de la relación de trabajo, incluyendo un despido injustificado, ya que en términos de la convención internacional en comento deben recibir igual trato que los nacionales en lo referente a la garantía de tutela jurisdiccional y, por tanto, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje gozan de iguales derechos que los nacionales para que se diriman sus conflictos.

References: artículo 133
 ARTÍCULO 798
 artículo 804
 artículo 798
 artículo 810
 artículo 17
 artículo 67
 artículo 67