Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421774.html
Timestamp: 2019-03-25 03:40:01+00:00

Document:
Auto Supremo: 774/2014
Expediente: SC-153-14- S
Partes: Martha Saavedra Sotelo. c/ Juan Saavedra Saucedo y presuntos
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 304 a 308 vta., interpuesto por Jorge Eduardo Saavedra Ortiz por sí y por sus mandantes Juan Saavedra Saucedo, Jaime Ricardo Saavedra Ortiz, María Lourdes Saavedra Ortiz, Marlene Silvia Saavedra Ortiz, Juan Víctor Saavedra Ortiz, Luis Alberto Saavedra Ortiz y Carlos Ortiz Treu, contra el Auto de Vista de fecha 21 de agosto 2014, cursante de fs. 299 a 300, emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de Usucapión, seguido por Martha Saavedra Sotelo en contra de los recurrentes; la concesión de fs. 314, los antecedentes del proceso; y:
Que, el Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, el 27 de enero de 2014, pronunció Sentencia, por la cual declaró probada en parte la demanda de usucapión solo en lo referente a la pretensión de declaratoria de propiedad de las mejoras que tiene introducidas e improbada en relación a la pretensión de usucapión decenal. También declaró probada en parte la demanda reconvencional interpuesta por los demandados en lo que concierne a la desocupación y entrega de bien inmueble e improbada respecto de la pretensión de pago de daños y perjuicios. Improbada las excepciones de obscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda, en su mérito se ordenó a la demandante Martha Saavedra Sotelo, desocupar y entregar el terreno que se encuentra ubicado en la zona Oeste de la ciudad, UV, 32, Mza. 11, Lote Nº 16 con una superficie de 513,26 mts2, a sus propietarios, previo pago de las mejoras, por parte de los demandados, valor que será calculado en ejecución de sentencia, debiendo desocupar al tercer día del pago.
Contra dicha determinación, plantea recurso de apelación la demandante Martha Saavedra Sotelo, recurso que elevado al Tribunal de Alzada, revocó parcialmente la Sentencia y consiguientemente declaró probada la demanda principal de usucapión e Improbada la demanda reconvencional presentada por los Demandados, como consecuencias de lo resuelto, declaró a Martha Saavedra Sotelo propietario del inmueble objeto del litigio, ubicado en la Zona Oeste de la ciudad, U.V. 32, manzana 11, Lote No. 16 con una superficie de 513.26 mts.2 y de todas las mejoras construidas en dicho inmueble, ordenando su inscripción en Derechos Reales.
Contra el indicado Auto de Vista, que revoca la Sentencia, la parte demandada presentó recurso de casación en el fondo y en la forma, el cual se analiza.
Acusa error de hecho en la apreciación de la prueba, indicando que se ha conculcado los arts. 1286, 1296, 1297, 1309 y 1538 del Código Civil y arts. 374, 397, 398 del Código de Procedimiento Civil, menciona que las pruebas de descargo de fs. 234, 235, 236 y 237 testificales y fs. 84 a 94 y de fs. 140 a 149 literales, prueban y demuestran la verdad sobre la demanda reconvencional.
En otro punto argumenta que el Auto de Vista viola los arts. 1321 del Código Civil y 404 – I de su procedimiento, indicando que el demandante confesó que era casera de la Sra. Adriana Campos, al igual que sabía perfectamente quienes eran los propietarios del lote de terreno.
Acusa la violación de los arts. 90 y 192 del Código de Procedimiento Civil, al ser las normas de orden público y de cumplimiento obligatorio, echando por “la borda” una sentencia justa dictada por el Juez. Resolución de segunda instancia que carece de valoración de las pruebas y de una adecuada fundamentación jurídica.
En otro punto acusa la violación de los arts. 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil, haciendo alusión al recurso de apelación presentado por la parte demandante, que a criterio del recurrente ésta no cuenta con ni un solo artículo o norma que la Juez haya violado o clase de agravio que haya sufrido la apelante, sin embargo el Auto de Vista en forma generosa ha pasado por alto lo establecido en la ley revocando una sentencia justa.
Por todo lo expuesto termina peticionando que se dicte Auto Supremo Casando el Auto de Vista y se declare Probada la demanda reconvencional e improbada la demanda principal de usucapión.
En sujeción a lo estrictamente acusado por el recurrente en la forma, se debe indicar que el art. 227 de la norma adjetiva civil, señala: "La apelación de la Sentencia o Auto definitivo se interpondrá, fundamentando el agravio sufrido...", por lo que la Ley impone la presencia del agravio en la apelación, entendiendo, que si el objeto de la apelación es denunciar el agravio y pedir su reparación, no puede existir apelación sin agravio denunciado, porque se tendría un recurso sin objeto de compulsa; especificando, además, que el agravio aparentemente sufrido debe proceder de la resolución emitida por el juzgador, o sea, de la Sentencia o Auto definitivo apelado.
En ese entendido, el art. 236 del mismo procedimiento, concordante con lo manifestado, refiere que el Auto de Vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación, precisión adecuada a lo manifestado anteriormente, puesto que la Resolución de Alzada se enmarca a los puntos señalados en Sentencia o Auto definitivo que hubieren sido objeto de apelación, por lo que resulta evidente que en el recurso de apelación sea imprescindible la expresión de agravios que la Sentencia o Auto definitivo le hubiere causado al apelante.
La previsibilidad del contenido de agravios no implica que el recurso ordinario de apelación este reatado, en su presentación y exposición, a una técnica recursiva de exposición legal de los agravios sujeta a determinados artículos, conforme se desprende del art. 227 del adjetivo civil, que anticipa una exigencia general y no específica sobre la exposición de los fundamentos.
En el presente caso, de la lectura del escrito de recurso de apelación que cursa de fs. 273 a 274 vta, la apelante Martha Saavedra Sotelo, manifiesta su inconformidad con la determinación asumida en Sentencia, acusando como agravios la tergiversación de la verdad, la errónea valoración de las pruebas producidas en obrados y demás aspectos que le ocasionan agravios.
En tal situación, el Tribunal Ad quem, mediante Auto de Vista previo análisis de los antecedentes procesales relativos al recurso de apelación y conforme a la determinación asumida por el Juez A quo, explicó los motivos por los cuales revocaba parcialmente la Sentencia dictada en obrados, decisión que de ninguna manera puede ser acusada de violación de lo dispuesto en el art. 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el Ad quem fundamentó los motivos por los cuales asumía dicha decisión, la misma que guarda la debida congruencia y pertinencia, pronunciándose respecto al debate acaecido en la litis, el cual fue motivo de apelación por la demandante, por el cual se tiene que el Tribunal de Alzada circunscribió su decisión al motivo que le fue impugnado y que fue resuelto por el Juez A quo, no encontrándose impertinencia en la Resolución de Alzada.
Por otro lado, el reclamo efectuado por el recurrente, sobre la supuesta incongruencia e impertinencia en el Auto de Vista, en base a los fundamentos de fondo en que se sustenta la Resolución de Alzada, de ninguna manera corresponde vincularla a la violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez, que dicha acusación únicamente se refiere a la falta de pertinencia o congruencia que adolecería la Resolución de Alzada, situación que no se presenta cuando lo que se cuestiona son los fundamentos en que se basó la decisión de segunda instancia.
Por lo expuesto, corresponde dar aplicación a los arts. 271 núm. 2) y 273 del código de procedimiento civil.
Prácticamente el recurrente acusa la errónea valoración de las pruebas cursantes de fs. 234, 235, 236 y 237 testificales y fs. 84 a 94 y de fs. 140 a 149 literales, pruebas que demostraría la verdad sobre la demanda reconvencional instaurada por los recurrentes.
En ese entendido, se debe analizar cada una de ellas y en consideración a las documentales cursantes de fs. 84 a 94 consistentes en fotocopias legalizadas de un proceso voluntario de declaratoria de herederos seguido por Juan Saavedra Saucedo, Jorge Eduardo Saavedra Ortiz, Jaime Ricardo Saavedra Ortiz, María Lourdes Saavedra Ortiz y Marlene Silvia Saavedra Ortiz y otros, se evidencia que el año 2003 a la muerte de Elena Ortiz Treu de Saavedra, toda la familia Saavedra – Ortiz fueron declarados herederos de todos los bienes derechos y acciones dejados por la de cujus. Por otro lado continuando con las pruebas indicadas se evidencia que los herederos demandaron posesión hereditaria en año 2004 quedando posesionados todos los herederos en los bienes dejados por la de cujus.
Respecto a las literales cursantes de fs. 140 a 149, relativas a otra declaratoria de herederos seguido por María Elena y Carlos Ortiz Treu a la muerte de Margarita Treu de Ortiz el año 1999, la posesión hereditaria del mismo año de todos los bienes dejados por la de cujus y registrados en Derechos Reales, se tiene que evidentemente los demandados cuentan con la legitimación pasiva en el presente caso de autos, no cabe duda alguna que los recurrentes son los propietarios de varios lotes de terreno y entre ellos se encuentra el que es objeto de usucapión; sin embargo, dichas pruebas, tanto de fs. 84 a 94 y de fs. 140 a 149, no demuestran la improcedencia de la usucapión pretendida en la litis, como se dijo a lo mucho hacen evidente que los actuales demandados son los propietarios de dichos terrenos. No existe interrupción alguna a la posesión de la actora, no consta en obrados prueba alguna que la prescripción (usucapión) demandada hubiese sido interrumpida por alguna demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba conforme lo establece el art. 1503 del Código Civil.
Por otro lado respecto a las pruebas de descargo de fs. 234, 235, 236 y 237 consistente en declaraciones testificales se puede considerar que las mismas al igual que las literales indicadas supra, hacen evidente que los propietarios de los terrenos del Barrio 3 de mayo se constituyen los demandados, declaraciones que de ninguna manera demuestran o hacen presumir sobre la improcedencia de la usucapión demandada en obrados. De la misma forma analizando la confesión provocada cursante a fs. 239 la demandante indica que se encuentra viviendo en dicho inmueble por más de 30 años, si bien reconoce la titularidad de los demandantes, dicha aseveración no desvirtúa en nada la posesión que tuvo por más de diez años del lote de terreno objeto de proceso, toda vez que de ninguna manera se puede entender que la demandante tendría la calidad de simple detentadora, en todo caso si inicialmente se constituyó en casera de la Sra. Adriana Campos tía del marido de la demandante, a la venta de la mitad del terreno como se indica en la confesión provocada, terminó la relación de la actora con la Sra. Adriana, ejerciendo en ese momento la actora un poder de hecho sobre el inmueble a título personal, es decir, poseyéndolo para sí dejando la detentación que tenía para la Sra. Adriana, en donde la actora construyó su propia vivienda, ejerciendo su posesión mediante actos que denotan la intensión de tener sobre ella el derecho de propiedad o un derecho real, conforme norma el art. 87 del Código Civil y compartiendo el criterio vertido por el Tribunal Ad quem ésta actitud cambió el status de detentadora a poseedora, posesión que conforme cursa en obrados, nunca fue interrumpida para negarle la usucapión, no cursa prueba alguna que demuestre que la posesión de la actora fue interrumpido conforme lo establece los arts. 1503 y sgtes del Código Civil, más al contrario la actora con la prueba de cargo adjuntada en obrados, demostró que cuenta con la posesión por más de 30 años tiempo por demás suficiente para adquirir la propiedad vía usucapión decenal o extraordinaria, sabiendo que en este tipo de procesos se dicta una Sentencia de carácter declarativo y no constitutivo.
Además, como se estableció del análisis de las pruebas de descargo acusadas en casación, éstas no prueban que la prescripción (usucapión) aducida por la parte actora hubiese sido interrumpido, la parte recurrente a más de señalar la infracción de los artículos referentes a la apreciación de la prueba, no concreta en específico cual la infracción o error de hecho que hubieran cometido el Tribunal de Alzada, de manera general acusa como agravio la violación de los artículos referentes a la prueba en general, valoración de la misma que corresponde a los Tribunales de primera y segunda instancia, solo cuando se haya incurrido en error de hecho o error de derecho en cuanto a su valoración, este Tribunal podrá considerar dicha acusación, la misma que deberá estar plenamente expuesta en el recurso y con la adecuada técnica recursiva, conforme al art. 253 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil, aspecto que se extraña en el memorial del recurso de casación en el fondo en donde de manera general acusa la infracción indicada.
De las consideraciones realizadas se concluye que resulta infundado el argumento expresado en el recurso de casación, correspondiendo resolver en la forma prevista por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 304 a 308 vta., interpuesto por Jorge Eduardo Saavedra Ortiz por sí y por sus mandantes Juan Saavedra Saucedo, Jaime Ricardo Saavedra Ortiz, María Lourdes Saavedra Ortiz, Marlene Silvia Saavedra Ortiz, Juan Víctor Saavedra Ortiz, Luis Alberto Saavedra Ortiz y Carlos Ortiz Treu, contra el Auto de Vista de fecha 21 de agosto 2014, cursante de fs. 299 a 300, emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

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