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Timestamp: 2019-08-23 13:45:52+00:00

Document:
VII. PRUEBA - Corte interamericana de derechos humanos
B.3. Documentación solicitada en la Resolución de convocatoria, durante la audiencia y con posterioridad a la misma.
Con base en lo establecido en los artículos 46, 47, 48, 50, 51, 57 y 58 del Reglamento, así como en su jurisprudencia constante en materia de prueba y su apreciación35, la Corte examina y valora los elementos probatorios documentales remitidos por las partes en los momentos procesales oportunos, las declaraciones y testimonios rendidos mediante declaración jurada ante fedatario público (affidavit) y en la audiencia pública, así como las pruebas para mejor resolver solicitadas por el Tribunal. Para ello se sujeta a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente teniendo en cuenta el conjunto del acervo probatorio y lo alegado en la causa36.
La Corte recibió diversos documentos presentados como prueba por la Comisión, los representantes y el Estado, adjuntos a sus escritos principales (supra párrs. 5 a 7, 11 y 12). Asimismo, el Tribunal recibió las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidavit) por 14 presuntas víctimas y por 8 peritos37. En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte escuchó la declaración de dos presuntas víctimas, de tres peritos, de un declarante a título informativo y de un testigo38. Los objetos de sus declaraciones fueron establecidos en la referida Resolución del Presidente de la Corte de 19 de diciembre de 2012 (supra párr. 9).
En el presente caso, la Corte admite aquellos documentos remitidos por las partes en la oportunidad procesal debida (supra párrs. 5 a 7) que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda39.
En cuanto a las notas de prensa presentados por las partes y la Comisión junto con sus distintos escritos, la Corte ha considerado que podrán ser apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso, por lo que decide admitir los documentos que se encuentren completos o que, por lo menos, permitan constatar su fuente y fecha de publicación, y los valora tomando en cuenta el conjunto del acervo probatorio, las observaciones de las partes y las reglas de la sana crítica40. Igualmente, con respecto a algunos documentos señalados por las partes por medio de enlaces electrónicos, el Tribunal ha establecido que si una parte proporciona al menos el enlace electrónico directo del documento que cita como prueba y es posible acceder a éste, no se ve afectada la seguridad jurídica ni el equilibrio procesal, porque es inmediatamente localizable por el Tribunal y por las otras partes41. En cuanto a los videos presentados por los representantes, los cuales no fueron impugnados ni su autenticidad cuestionada, esta Corte apreciará su contenido dentro del contexto del acervo probatorio y aplicando las reglas de la sana crítica42.
En relación con artículos o textos en los cuales se señalen hechos relativos a este caso, la Corte considera que se trata de obras escritas que contienen declaraciones o afirmaciones de sus autores para su difusión pública. En tal sentido, la valoración de sus contenidos no se encuentra sujeta a las formalidades requeridas para las pruebas testimoniales. No obstante, su valor probatorio dependerá de que corroboren o se refieran a aspectos relacionados con el caso concreto43.
B.1. Prueba documental presentada con posterioridad a los escritos de solicitudes y argumentos o al escrito de contestación
El 11 de septiembre de 2012, los representantes remitieron una decisión judicial emitida por el Juzgado Octavo del Circuito Especializado de Bogotá de 23 de Agosto de 201244 en relación con lo que consideraron un hecho superviniente por haber tenido lugar con posterioridad al momento de presentación del escrito de solicitudes. Tanto la Comisión como el mismo Estado45 solicitaron que dicha prueba fuera incorporada al expediente del caso. En consecuencia, de conformidad con el artículo 57.2 del Reglamento, el Tribunal considera procedente la admisión de esa documentación por referirse a hechos supervinientes a la presentación del escrito de solicitudes y argumentos, que además son relevantes para la resolución del presente caso.
El 7 de febrero de 2013 el Estado remitió a la Corte un oficio de la Fiscalía General de la Nación que contiene un informe, de 6 de febrero de 2013, del Despacho 44 Delegado ante el Tribunal Superior de la Unidad de Justicia y Paz así como los “clips” de las versiones libres de cuatro guerrilleros de las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (en adelante “FARC”) desmovilizados que fueron rendidas los días 29 de enero y 5 de febrero de 2013. El Estado solicitó que esta información y las versiones libres sean admitidos como pruebas en el proceso. La Comisión y los representantes no se opusieron a la admisión de esa documentación como superviniente. En consecuencia, de conformidad con el artículo 57.2 del Reglamento, el Tribunal considera procedente la admisión de esa información y documentación por cuanto podrían referirse a los hechos del presente caso y fueron producidos con posterioridad a la presentación del escrito de contestación. La prueba presentada será valorada en conjunto con el acervo probatorio y en lo pertinente para el presente caso.
El 27 de septiembre de 2012 los representantes presentaron un escrito en el cual incorporaron a) “información relacionada con posibles mecanismos promovidos para generar confusión y tensión en la zona, que podría afectar el trámite internacional del caso”; así como respecto a la b) “situación de riesgo que actualmente, enfrentan las víctimas”, y c) “la verificada continuidad de la explotación ilegal de madera por parte de la empresa Maderas del Darién, conforme a comunicación y documentos anexos adjuntos”. El Estado se opuso a la admisión del escrito y sus anexos considerando que corresponden a alegatos y pruebas presentados extemporáneamente, por lo que su aceptación podría vulnerar su derecho de defensa pues la presentación de escritos y alegaciones fuera de los espacios procesales reglamentarios sin justificación o procedencia, altera la seguridad jurídica, en tanto etapas procesales preclusivas y perentorias se tornan inconclusas e indeterminadas, afectando así la igualdad de armas por la incertidumbre que tal situación genera para el Estado. La Comisión también presentó observaciones a dicha información, pero no objetó su admisibilidad.
En lo que se refiere a la oportunidad procesal para la presentación de prueba documental, de conformidad con el artículo 57.2 del Reglamento, ésta debe ser presentada, en general, junto con los escritos de sometimiento del caso, de solicitudes y argumentos o de contestación, según corresponda. La Corte recuerda que no es admisible la prueba remitida fuera de las debidas oportunidades procesales, salvo en las excepciones establecidas en el referido artículo 57.2 del Reglamento, a saber, fuerza mayor, impedimento grave o si se tratare de un hecho ocurrido con posterioridad a los citados momentos procesales46.
Con respecto a este escrito, la Corte constata que algunos documentos47 presentados en anexos tienen fecha anterior a la presentación del escrito de solicitudes y argumentos y, por ende, podían haber sido conocidos por los mismos representantes por lo que no serán incorporados al acervo probatorio del caso al no haber sido presentados en el momento procesal oportuno, teniendo en cuenta que no se sustentó en alguna de las causales previstas en el artículo 57.2 del Reglamento. En cuanto a un formulario, sin fecha y sin completar, sobre “encuesta población desplazada [c]uenca [del río] Cacarica – Bajo Atrato – Choco – Colombia”, el Tribunal constata que tampoco justificaron su presentación extemporánea en una de las causales previstas en el artículo 57.2 del Reglamento. Con respecto a los otros documentos que fueran remitidos con ese escrito48, el Tribunal constata que los mismos se refieren a escritos producidos por la misma organización representante de las presuntas víctimas, que se denuncian presuntas situaciones de riesgo en las cuales se encuentran las presuntas víctimas del caso. Al respecto, la Corte constata que dichos escritos se refieren a hechos que no conforman el marco fáctico del caso y a situaciones que son objeto de seguimiento por parte de la Comisión Interamericana en el marco de las medidas cautelares a favor de la Comunidades del Cacarica. Por tanto, esos documentos no pueden ser incorporados al acervo probatorio del caso49.
Por otro lado, el Tribunal constata que junto con los alegatos finales escritos, los representantes y el Estado remitieron varios documentos.
Con respecto a las declaraciones y los documentos denominados “Censo programa para vivir mejor”; “Censo Red de Solidaridad” y “Carta representante legal cuenta de Cacarica” presentadas por los representantes, el Estado indicó que “las citadas declaraciones no [deben ser] admitidas […] y, en tanto que algunas partes de las mismas han sido incorporadas por los representantes en sus alegatos, tampoco [deben ser] tenidas en cuenta por la Corte en el momento de decidir”50. Agregó el Estado que su aceptación por parte de la Corte “daría lugar a una vulneración al debido proceso al impedir el ejercicio de la contradicción de la prueba por parte del Estado”. En cuanto al documento “Censo personería Río Sucio”, el Estado advirtió que “no aparecen en ningun lado ni la firma del Personero ni la del Representante Legal”, que “el documento es un conjunto de planillas con errores significativos” y que “las planillas, evidentemente levantadas por terceros, en muchos casos no llevan la firma de quienes son listados ni la huella dactilar a falta de firma en el caso de quienes no saben firmar, además de que faltan documentos de identidad”. Adicionalmente, el Estado observó que varios de esos documentos pretenden “variar el universo de presuntas víctimas en el caso”. En lo que concierne al documento “Certificado de personas fallecidas”, el Estado resaltó que el señor Alirio Mosquera Palacio no tiene autoridad para certificar el fallecimiento de ninguna persona y que esa “facultad está en cabeza exclusiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con base en un certificado de defunción que expide un médico registrado o el Instituto de Medicina Legal”. En relación con los otros documentos, el Estado señaló que no tenía observaciones que formular.
Por su parte, la Comisión señaló que en relación con los anexos a los alegatos finales escritos de los representantes que “los documentos aportados por los representantes constituyen elementos de prueba importantes para disipar las posibles dudas que tuviera la Corte lnteramericana sobre la identificación de víctimas en casos complejos como el presente y que fueron reflejadas en las preguntas formuladas durante la audiencia”.
Con respecto a los anexos remitidos junto con el escrito de alegatos finales del Estado, los representantes señalaron que los mismos fueron presentados en forma extemporánea, y que esa información “no fue oportunamente valorada por las demás partes durante el proceso y no tuvieron la oportunidad de incluirla en su valoración probatoria en los alegatos finales ni orales ni escritos, por lo que introducirla ahora, genera una afectación a sus derechos procesales”. En los mismos términos, la Comisión señaló que dichos documentos se presentaron fuera de la oportunidad procesal para hacerlo y que lo anterior debe entenderse “sin perjuicio de la valoración que pueda hacer la Corte sobre aquellos documentos solicitados como prueba para mejor resolver”. Además, indicó que varios de los anexos “están dirigidos a cuestionar los listados de victimas de los representantes y del informe de la Comisión”.
En cuanto a los anexos de los alegatos finales de los representantes51, los mismos no fueron objetados por el Estado. La Corte los incorpora al expediente. En relación con los tres documentos en los cuales constan censos52, el Tribunal considera que dicha documentación es útil para la determinación de los listados de presuntas víctimas del caso, por lo que los incorpora al expediente en aplicación del artículo 58.b) del Reglamento. Dichos anexos serán valorados en conjunto con el acervo probatorio y en lo pertinente para el presente caso. Con respecto a los demás documentos, el Tribunal considera que la presentación de dichos documentos es extemporánea, por lo que no serán considerados en esta Sentencia.
Con respecto a los anexos a los alegatos finales escritos del Estado, el Tribunal señala que varios se refieren a diligencias y procedimientos judiciales relacionados con hechos que conforman el marco fáctico del caso53. Además, varios de esos documentos fueron solicitados por la Corte como prueba para mejor resolver. Por tanto, la Corte incorpora esos anexos al expediente de prueba en los términos del artículo 58.a) de su Reglamento, los cuales serán valorados en conjunto con el acervo probatorio y en lo pertinente para el presente caso. Por otro lado, en lo que se refiere a los documentos que pueden permitir aclarar la identidad de las personas que deben ser incluidas en el listado de presuntas víctimas del caso54, el Tribunal los incorpora al acervo probatorio de conformidad con el artículo 58.a) de su Reglamento, por considerarlos útiles y los valorará con el conjunto de los elementos de prueba y en lo pertinente para el presente caso. Con respecto a la normatividad colombiana remitida por el Estado55, la misma es incorporada al expediente de prueba por constituir hechos públicos y notorios, por estar relacionada con la prueba para mejor resolver solicitada por el Tribunal y por considerarla útil para la resolución del presente caso.
B.2. Documentación entregada durante la audiencia pública por dos declarantes y traslados de peritajes de otros casos sometidos a conocimiento del Tribunal
En lo que se refiere a la documentación entregada durante la audiencia pública por parte del Perito Jesús Alfonso Flórez López y del declarante a título informativo, señor Miguel Samper Strouss, títulados "Peritazgo Antropológico" y "El arreglo de justicia del transicional vigente en Colombia", respectivamente, la Corte nota que dicha documentación fue transmitida a las partes y la Comisión. El Tribunal admite dicha documentación como parte de sus declaraciones, por estimarla útil para la resolución del presente caso.
Por otra parte, la Corte reitera que la Comisión solicitó en su escrito de presentación del caso “el traslado del peritaje brindado por el experto Michael Reed en el caso Manuel Cepeda Vargas contra Colombia, así como el peritaje de Federico Andreu Guzmán en el caso de la Masacre de Mapiripán y en el caso de la Masacre de La Rochela, ambos contra Colombia”. Sobre el particular la Resolución de 19 de diciembre de 2013 ya determinó que los referidos elementos documentales serán incorporados al expediente del presente caso, de modo que las partes han tenido amplias posibilidades de presentar las observaciones que estimen pertinentes sobre la admisibilidad o valoración de tales documentos56.
A través de la Resolución de 19 de diciembre de 2012 (supra párr. 9), se requirió al Estado para que presentara cierta documentación que había sido solicitada por los representantes en su escrito de solicitudes y argumentos57. Del mismo modo se indicó que las partes y la Comisión tendrían la oportunidad procesal para referirse a esta documentación en sus alegatos finales, si lo consideraban necesario. En la Resolución también se estipuló, en cuanto al resto de la información solicitada por los representantes, que “en su debida oportunidad se decidirá acerca de la pertinencia de requerirla”58.
El 4 de febrero de 2013 el Estado remitió parte de la documentación solicitada en la Resolución de 19 de diciembre, y el 7 de febrero de 2013 se le requirió que presentara a la mayor brevedad, la información faltante en relación con lo requerido en el punto resolutivo 14 de la referida Resolución (supra párr. 9). Esa solicitud fue reiterada durante la audiencia pública por el Presidente de la Corte y mediante comunicación de 8 de marzo de 2013. Por otro lado, durante la audiencia el Presidente del Tribunal requirió al Estado la presentación de diversos documentos como prueba para mejor resolver59, muchos de los cuales surgieron de las mismas afirmaciones del declarante a título informativo propuesto por el Estado60, y de los peritos propuestos tanto por la Comisión61 como por el Estado62. Del mismo modo, el Presidente de la Corte aclaró en aquella oportunidad que esa solicitud sería completada con una comunicación escrita dirigida al Estado.
En relación con lo anterior, el 8 de marzo de 2013, de conformidad con el artículo 58.c) del Reglamento, se reiteró al Estado el requerimiento de diversa información y documentación63 como prueba para mejor resolver64. Con respecto a esta solicitud, es pertinente reiterar, tal como se hiciera en comunicaciones escritas a las partes65, que de acuerdo a las disposiciones del Reglamento, el Tribunal puede dirigirse directamente a cualquier órgano o autoridad de los Estados Parte en la Convención, a efectos de solicitar la información o documentación que estime pertinente para la resolución de los casos sometidos a su conocimiento, pudiendo la misma ser directamente remitida a la Corte por el respectivo órgano o autoridad, sin que necesariamente deba ser canalizada a través de los Agentes representantes del Estado para el caso concreto.
Posteriormente, en respuesta a esos requerimientos, en diferentes oportunidades el Estado remitió documentación de manera parcial a través de sus Agentes representantes para el presente caso, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Fiscalía General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo66. Además, mediante nota de 21 de marzo de 2013 el Estado indicó que “no [era] pertinente la solicitud de información respecto de asuntos que no están directamente ligados con dichos asuntos”, puesto que “lo que está en discusión es la presunta responsabilidad del Estado, única y exclusivamente, por los desplazamientos que supuestamente se habrían producido como consecuencia de la Operación Génesis y el asesinato del señor Marino López”. Con respecto a ello, el Tribunal reitera el contenido de la nota CDH-12.573/179 de 8 de abril de 2013 mediante la cual se había recordado que “la pertinencia y valoración de un requerimiento de prueba efectuado por la Corte corresponde determinarlo a ésta y no a las partes en el litigio”67.
Una vez recibida la documentación, en atención al principio del contradictorio y al derecho de defensa de las partes, aquélla fue transmitida en su totalidad a éstas mediante nota de Secretaría de 19 de junio de 2013. En esa oportunidad, se otorgó a ambas partes y a la Comisión un plazo hasta el 3 de julio de 2013 para que presentaran las observaciones que estimaren pertinentes “respecto de toda la información y documentación remitidas por el Estado y por instituciones colombianas, que habían sido requeridas en aplicación del artículo 58 del Reglamento de la Corte, bajo la expresa advertencia del deber de guardar confidencialidad respecto de dicha información”. Se indicó que la admisibilidad de dicha documentación, así como de alegatos al respecto, serían decididas por el Tribunal en su debida oportunidad.
El 3 de julio de 2013 el Estado manifestó que el contenido de la documentación remitida por la Fiscalía General de la Nación le era desconocido puesto que la misma había sido remitida directamente y en sobre sellado por los conductos diplomáticos. El Estado agregó “que si la Corte tiene en cuenta los nuevas elementos obtenidos en virtud del art. 58.c), en su sentencia, sin haber concedido al Estado la oportunidad de pronunciarse sobre el particular en el momento oportuno, se incurrir[ía] en una flagrante violación del derecho que tienen los Estados a un debido proceso legal”. En sus notas de 15 de julio de 2013 y de 13 de agosto de 2013 el Estado consideró además que la Corte había “vulnerado de manera flagrante el debido proceso al solicita[r prueba para mejor resolver] fuera del momento oportuno” es decir “después de celebrada la audiencia y presentados los alegatos finales”.
Con respecto a las alegaciones del Estado relativas a la oportunidad procesal para solicitar prueba, esta Corte reitera que, de conformidad con el artículo 58.c) del Reglamento, puede requerir a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su elección, que obtenga información, que exprese una opinión o que haga un informe o dictamen sobre un punto determinado “en cualquier estado de la causa”. La potestad reglamentaria de solicitar prueba para mejor resolver en cualquier estado de la causa ha sido puesta en práctica en numerosos casos contenciosos respecto de Colombia68 o de otros Estados69, en distintas etapas procesales, a saber, en la Resolución de convocatoria a la audiencia70, durante la audiencia pública71 o después de la audiencia pública72. La Corte constata que gran parte de dicha documentación había sido requerida al Estado en la Resolución de convocatoria a audiencia (supra párr. 9), y que durante el desarrollo de la misma el Presidente del Tribunal requirió al Estado la presentación de documentos como prueba para mejor resolver (supra párr. 13), aclarando que dicha solicitud sería completada con una comunicación escrita dirigida al Estado.
Por otro lado, en relación con lo manifestado por el Estado en su escrito de 3 de julio de 2013, se le aclaró en su oportunidad que la documentación emitida por la Fiscalía General de la Nación no le había sido transmitida en razón de haber sido remitida por el propio Estado a la Corte través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad acreditada por aquél para recibir comunicaciones y notificaciones oficiales en relación con el presente caso. Sin perjuicio de ello, se transmitió al Estado la documentación proveniente de la Fiscalía y se le otorgó un plazo adicional hasta el 26 de julio de 2013 para que presentara sus observaciones específicamente sobre tal documentación y, mediante nota de 30 de julio de 2013, se prorrogó dicho plazo hasta el 13 de agosto de 2013, a solicitud del Estado73. El 13 de agosto de 2013 el Estado remitió sus observaciones a la documentación presentada por la Fiscalía General de la Nación.
Por tanto, los documentos e información para mejor resolver que fueron requeridos y reiterados en diferentes momentos procesales a saber, mediante la Resolución del Presidente de la Corte de 19 de diciembre de 2012, durante la audiencia pública celebrada en el presente caso y con posterioridad a la misma, son incorporados al acervo probatorio del caso en aplicación del artículo 58 del Reglamento y serán valorados en conjunto con el acervo probatorio, en lo pertinente para el presente caso, y teniendo en consideración las observaciones presentadas por las partes y la Comisión en ejercicio de su derecho de defensa.
Por último, la Corte toma nota que, como fuera constatado por las partes y la misma Corte durante la audiencia pública, varias de las versiones libres de miembros de grupos armados (paramilitares) evacuadas en procedimientos ante la justicia penal ordinaria y como “postulados” en los procedimientos especiales de Justicia y Paz en Colombia, allegadas como pruebas en este caso, pueden llegar a presentar contradicciones o inconsistencias con otras versiones de esos mismos declarantes y/o postulados. Sobre el particular, el Estado señaló que lo anterior “representa una enorme dificultad para el Estado y para la justicia, a cuál se le va dar validez y cómo y cuáles son las razones. En otro proceso judicial probablemente las contradicciones de los testigos se hubieran desechado o hubieran simplemente invalidado el testimonio”74.
Con respecto a la validez de declaraciones testimoniales y confesiones contradictorias, el Tribunal considera necesario analizar las distintas versiones de esos declarantes tomando en consideración si las mismas han sido objeto de diligencias de verificación para determinar la veracidad de las mismas. Asimismo, las referidas declaraciones deberán ser confrontadas con el acervo probatorio en su totalidad, el nivel de descripción de los hechos, y en particular, cuando se trata de confesiones de paramilitares, se deberá tomar en consideración el modus operandi y los elementos de contexto que se refieren al grupo paramilitar al cual pertenece el versionado.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha considerado que el “trabajo analítico” que debe desarrollar la autoridad judicial es aquel que permitirá comparar los distintos testimonios hasta determinar los puntos congruentes que conducirán a la verdad75. En este sentido, se ha venido entendiendo que el hecho de que un testigo se retracte de sus afirmaciones iniciales, no desvirtúa por sí mismo el contenido de lo expresado inicialmente, versión que no se deslegitima por ese sólo hecho, sino que depende del análisis de la prueba en conjunto, sujeta en todo momento al sistema de persuasión racional, en aras de establecer cuándo el declarante habló con la verdad y cuándo no76..
En cuanto al procedimiento especial de Justicia y Paz, la Corte Suprema señaló “que la simple retractación de un declarante de cargo no puede conducir inexorablemente a desestimar sus aseveraciones precedentes” 77 de modo que el juez debe realizar una labor analítica para confrontar las declaraciones anteriores a la retractación. Asimismo, indicó que los miembros de grupos organizados al margen de la ley se ven involucrados en actos delictivos que por realizarse de manera reiterada, dejan de ser hechos extraordinarios y se convierten en eventos rutinarios que fácilmente pueden ser confundidos, olvidados o mezclados con otros eventos de similares características78; resultando en un análisis del testimonio mucho más flexible79. En ese sentido, la Corte Suprema indicó que en esos casos se va a requerir de la autoridad judicial un juicio de valor donde se determine la coherencia de las diferentes versiones libres, el nivel de descripción que se haga de los hechos y, específicamente tratándose de procedimientos de Justicia y Paz, comparar el modus operandi del grupo armado para determinar si corresponde con lo dicho por el postulado80.
Por otro lado, en cuanto a las diligencias de verificación de lo declarado en las confesiones, la Corte nota que la normatividad interna de Colombia81 así como la Corte Suprema de Justicia colombiana también ha pronunciado varias providencias en las cuales indica que antes, durante y después de la versión libre de los postulados a los beneficios de la Ley 975, o “Ley de Justicia y Paz”, la Fiscalía General de la Nación debe ir comprobando la veracidad y totalidad de lo relatado por el desmovilizado82. La Corte Suprema indicó, asimismo, que “la versión libre no se puede limitar al universo fáctico buenamente escogido y relatado por el justiciable, sino que por el contrario, debe ampliarse al que el fiscal construya con la información recolectada, con la que indagará, inquirirá y cuestionará al desmovilizado de manera que pueda constatar la veracidad y totalidad de su dicho”83.
Del mismo modo, en relación con el procedimiento especial de Justicia y Paz, el declarante a título informativo propuesto por el Estado, el señor Miguel Samper Strauss, indicó que “es […] evidente que las versiones de los postulados no pueden constituir todas las piezas procesales que arman, […], la investigación y posterior acusación que debe hacer la Fiscalía. […], no deja de ser un proceso judicial y, como toda investigación, los otros elementos [que debe tener en cuenta la investigación, pueden provenir de] la información recopilada por la Fiscalía General de la Nación, luego de siete años de proceso de justicia y paz, [que] es muy importante como para articular esos patrones que se deben esclarecer de macro-criminalidad, patrones que además manda a esclarecer la reciente reforma de justicia y paz y por lo tanto ellos tienen unas fuentes de contraste muy importante con base en las declaraciones de otros desmovilizados, e incluso en fuentes externas”84.
En mérito de lo anterior, la Corte constata que las declaraciones de varios paramilitares fueron objeto de verificaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación antes, durante y después de que se efectuaron. En particular, como resultado del análisis sistemático de esas versiones libres, de su cotejo con el resto de la prueba y de las actividades de verificación en distintos momentos procesales, la Fiscalía General de la Nación ha ido elaborando un “dossier” sobre las actividades del “Bloque Elmer Cárdenas” en el cual figuran distintas informaciones: a) sobre la Operación Génesis e historia del Bloque Elmer Cárdenas; b) sobre las distintas estructuras del “bloque” identificadas por la Fiscalía; c) sobre las estructuras entregadas por Fredy Rendón con datos sobre la evolución militar del “bloque” y sobre las áreas de actividades, d) sobre la conexión del grupo con la fuerza pública, el material utilizado, los grupos combatidos, el lugar de los campamentos y de las bases, entre otras informaciones; e) sobre la Cadena de Mando, Estatutos y Ordenes; f) sobre proceso de desmovilización del bloque; g) sobre las armas utilizadas por el bloque, y h) sobre la ideología85. Esas mismas declaraciones también fueron ponderadas, analizadas y cotejadas con otras pruebas de similar y diferente naturaleza en el marco de la sentencia de primera instancia del Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá el 23 de agosto de 2012 (infra párr. 179).
Por otra parte, con respeto a la forma de ponderar la prueba ventilada en procedimientos internos, tal como ha sido señalado en otros casos sobre Colombia, la Corte reitera que no es un tribunal penal, y que por regla general no le corresponde decidir sobre la autenticidad de la evidencia producida en una investigación a nivel interno cuando la misma ha sido tenida por válida en el fuero judicial competente para ello86, sin que se pudieran verificar o comprobar directamente violaciones a las garantías del debido proceso en la obtención, investigación, verificación o ponderación de dicha evidencia.
En el presente caso, el Tribunal encuentra que los criterios de análisis de veracidad de la prueba por declaraciones de los paramilitares desmovilizados tomados en cuenta tanto por los tribunales internos como por la Fiscalía General de la Nación son pertinentes para que la Corte haga su valoración de esa prueba. En ese sentido, los criterios empleados por la Corte Suprema de Justicia colombiana para la valoración de confesiones que son contradictorias, inconsistentes o que varían con el tiempo, pueden ser útiles y razonables para que los mismos sean aplicados a las circunstancias concretas del presente caso para la determinación de la verdad judicial.
Es por las razones anteriores que este Tribunal considera que las versiones libres de los paramilitares desmovilizados tienen valor probatorio, tomando en consideración prioritariamente las declaraciones que ya fueron investigadas, verificadas, confrontadas con otras pruebas, calificadas y ponderadas tanto por la Fiscalía General de la Nación como por la justicia penal colombiana y, además, tomando en cuenta los otros elementos de prueba y de contexto para determinar cuál de las versiones resulta más consistente con el resto de la evidencia presentada.

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