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Timestamp: 2019-04-22 04:38:37+00:00

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Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (Vigente hasta el 01 de Septiembre de 2007).
Vigencia desde 29 de Marzo de 2000. Esta revisión vigente desde 29 de Marzo de 2000 hasta 01 de Septiembre de 2007
Artículo primero Modificación del apartado 3 del artículo 1
Artículo segundo Modificación del artículo 2
Artículo tercero Modificación del apartado 2 del artículo 3
Artículo cuarto Modificación del apartado 1 y adición de dos nuevas letras f) y g), al apartado 2 del artículo 6
Artículo quinto Modificación del artículo 7
Artículo sexto Adición de nuevos apartados 5 y 6 al artículo 10
Artículo séptimo Modificación del artículo 11 de la Ley
Artículo octavo Modificación del artículo 12
Artículo noveno Adición de un nuevo apartado 3 al artículo 13
Artículo décimo Modificación del artículo 19
Artículo undécimo Modificación del artículo 21
Artículo duodécimo Modificación del artículo 24
Artículo decimotercero Modificación del artículo 25
Artículo decimocuarto Modificación del artículo 26
Artículo decimoquinto Modificación del artículo 27
Artículo decimosexto Modificación del artículo 28
Artículo decimoséptimo Modificación del artículo 31
Artículo decimoctavo Modificación del artículo 31 bis
Artículo decimonoveno Modificación del artículo 32
Artículo vigésimo Modificación del apartado 2 del artículo 33
Artículo vigésimo primero Modificación del artículo 34
Artículo vigésimo segundo Modificación del artículo 36
Artículo vigésimo tercero Adición de un nuevo artículo 36 bis
Artículo vigésimo cuarto Modificación del artículo 37
Artículo vigésimo quinto Modificación del artículo 38
Artículo vigésimo sexto Modificación del apartado 2 del artículo 40
Artículo vigésimo séptimo Modificación del artículo 47
Artículo vigésimo octavo Modificación del apartado 1 del artículo 48
Artículo vigésimo noveno Modificación del artículo 50
Artículo trigésimo Adición de un nuevo artículo 51 bis
Artículo trigésimo primero Modificación del artículo 54
Artículo trigésimo segundo Modificación del artículo 56
Artículo trigésimo tercero Adición de un nuevo artículo 57
Disposición adicional primera Modificación del artículo 1.dos.2.f) de la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones
Disposición adicional segunda Modificación del artículo 1.dos.2.g) de la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones
Disposición adicional tercera Se modifica el artículo 16 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que pasa a tener la siguiente redacción
Disposición final primera Desarrollo reglamentario de la Ley
La orientación de la política económica española descansa sobre el convencimiento de que el crecimiento estable y no inflacionario de la economía y, consecuentemente, la creación de empleo, requieren otorgar un papel preponderante al buen funcionamiento de los mercados. Junto a ello, la integración de la economía española en el contexto comunitario y, en concreto, en la Unión Económica y Monetaria condiciona el margen de actuación del Gobierno sobre el diseño de la política macroeconómica, fundamentalmente sobre la política monetaria. En este contexto, cobran especial relevancia las políticas de corte microeconómico y, en especial, la política de defensa de la competencia.
La Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, nació con el objetivo de dotar a los poderes públicos de un instrumento eficaz para garantizar la existencia de una competencia suficiente y protegerla frente a todo ataque contrario al interés público, inspirándose en las normas comunitarias de política de competencia.
La profundización en el proceso de liberalización de los mercados que afronta la economía española hace necesario potenciar una política de defensa de la competencia, que garantice la efectividad del esfuerzo liberalizador, evitando que el comportamiento de los operadores económicos desvirtúe el adecuado funcionamiento de los mercados y prive a los consumidores de sus ventajas.
Con este fin, en el Plan de Liberalización aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de febrero de 1997, se fijó como uno de los objetivos prioritarios del Gobierno la reforma del sistema de defensa de la competencia, objetivo al que responde la presente Ley, que culmina el proceso de reforma iniciado con el Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia, en materia de control de concentraciones.
La presente Ley, partiendo de la premisa de que la política de defensa de la competencia tiene básica y generalmente un carácter horizontal, en la línea de lo que se ha manifestado en los párrafos anteriores, busca profundizar en los mecanismos que permitan un eficaz funcionamiento de los mercados, con pleno respeto a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional que ha enjuiciado diversos preceptos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, en la medida en que los aspectos sustantivos de la reforma únicamente se refieren a aspectos integrantes del régimen jurídico de defensa de la competencia que en su momento, una vez que se haya procedido conforme indica el alto Tribunal a tramitar y aprobar la correspondiente Ley que regule los criterios de conexión determinantes de las atribuciones al Estado y a las Comunidades Autónomas de competencias en la materia, podrán ser aplicados por unos órganos integrados en una u otra Administración conforme a lo que se establezca en el citado texto legal.
Por ello y cumpliendo lo establecido por el Tribunal Constitucional, que declara entre tanto la validez del sistema actual, se introduce un mandato al Gobierno para que presente al Congreso de los Diputados un proyecto de ley por el que se regulen los criterios de conexión determinantes de la atribución al Estado y a las Comunidades Autónomas de competencias, previstas en el marco legal de defensa de la competencia, referidas al conocimiento y aplicación de la normativa estatal relativa a conductas prohibidas y autorizadas.
La Ley busca asimismo dotar de recursos a los órganos encargados de la defensa de la competencia, ya que en órganos de estas características la escasez de medios conduce a la imposibilidad práctica de cumplir sus fines. Sin embargo, en un contexto como el actual de austeridad presupuestaria se pretende que la mayor dotación de medios no sea sufragada enteramente por el conjunto de los ciudadanos, para lo cual se establece una tasa por el análisis de las operaciones de concentración económica.
La actual reforma no altera, en lo esencial, la tipificación de los acuerdos y prácticas restrictivas de la competencia, manteniéndose los tipos ya establecidos en la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia. No obstante, la aprobación con posterioridad a la Ley 16/1989 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, aconseja establecer claramente que la actuación de los órganos de competencia en relación con el artículo 7 de la Ley 16/1989 debe limitarse a aquellos actos desleales que distorsionen gravemente las condiciones de competencia en el mercado con grave afectación del interés público, dejando a los tribunales ordinarios el conocimiento y enjuiciamiento de conductas desleales de otro tipo.
Al objeto de colaborar con la Administración de Justicia, y posibilitar una más rápida tramitación de los procesos, el Tribunal de Defensa de la Competencia podrá elaborar, a petición de los órganos jurisdiccionales competentes, un informe no vinculante sobre los efectos que las conductas contrarias a la presente Ley pudieran tener sobre los mercados, sectores y operadores afectados, y, concretamente, sobre la procedencia y cuantía de un eventual derecho de indemnización de los daños y perjuicios irrogados.
Con el fin de beneficiar a los operadores económicos de un procedimiento más ágil, se prevé la posibilidad de que se autoricen aquellas operaciones que no pongan en peligro las condiciones de competencia en el mercado, sometidas a compromisos de las partes. Ello supone introducir en los procedimientos de defensa de la competencia la posibilidad de terminación convencional prevista con carácter general en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En materia de ayudas públicas, la experiencia ha demostrado que el actual artículo diecinueve de la Ley establece un instrumento poco efectivo de control de aquellas que distorsionan o puedan distorsionar la competencia. Ello aconseja completar la iniciativa del Ministro de Economía y Hacienda para que el Tribunal estudie casos de ayudas, con la posibilidad de que dicho estudio se inicie también de oficio.
En cuanto al procedimiento sancionador, se introducen reformas concretas, tendentes a lograr una mayor eficacia de los órganos de defensa de la competencia. A tal fin, se limitan las posibilidades de recurso contra cuestiones incidentales, sin que ello implique un perjuicio de los derechos de las partes, toda vez que su derecho de defensa podrá desenvolverse con total plenitud en la fase del procedimiento que se desarrolle ante el Tribunal. La experiencia ha enseñado que la proliferación de recursos sobre cuestiones incidentales y, a menudo, poco fundadas, obstaculiza enormemente el procedimiento en detrimento del interés de los propios administrados.
Se establece el carácter especial del procedimiento de aplicación de la normativa de defensa de la competencia y, en concreto, del procedimiento sancionador previsto en la misma. Las normas sobre procedimiento administrativo, contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sólo serán de aplicación con carácter supletorio.
Además, se establecen, consecuentemente con la reforma prevista y lo recogido en otras leyes, las funciones de los órganos de competencia, delimitándolas con mayor precisión respecto de las encomendadas a otros órganos e instituciones administrativas, de competencia sectorial.
Por último, se mantiene el estatuto jurídico del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Se modifica el apartado 3 del artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, que pasa a tener el siguiente contenido:
«Artículo 1 Conductas prohibidas
3. Los órganos de defensa de la competencia podrán decidir no iniciar o sobreseer los procedimientos previstos en esta Ley respecto de conductas que, por su escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa a la competencia.»
Se modifica el artículo 2 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, que pasa a tener el siguiente contenido:
«Artículo 2 Conductas autorizadas por Ley
2. El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá formular propuesta motivada al Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, para que adopte o inste a la autoridad pública competente, en su caso, la modificación o supresión de las situaciones de restricción de la competencia establecidas de acuerdo con las normas legales.»
Se modifica el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, que pasa a tener el siguiente contenido:
«Artículo 3 Supuestos de autorización
c) Atendiendo a su escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa a la competencia.»
1. El apartado 1 del artículo 6 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los siguientes términos:
«Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas:
b) De la situación de dependencia económica en la que puedan encontrarse sus empresas clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad. Esta situación se presumirá cuando un proveedor además de los descuentos habituales, debe conceder a su cliente de forma regular otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores similares.»
2. Se añaden dos nuevas letras f) y g), al apartado 2 del artículo 6 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, con el siguiente contenido:
«f) La ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relación comercial establecida sin que haya existido preaviso escrito y preciso con una antelación mínima de 6 meses, salvo que se deba a incumplimientos graves de las condiciones pactadas por el proveedor o en caso de fuerza mayor.
g) Obtener o intentar obtener, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones de cooperación comercial no recogidas en las condiciones generales de venta que se tengan pactadas.»
El artículo 7 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 7 Falseamiento de la libre competencia por actos desleales
2. Cuando, a juicio del Servicio de Defensa de la Competencia, no concurran dichas circunstancias, procederá al archivo de las actuaciones.»
Se añaden dos nuevos apartados, 5 y 6, al artículo 10 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, con el siguiente contenido:
«Artículo 10 Multas sancionadoras
5. No se impondrán multas por infracción del artículo 1 si se hubiera presentado, con anterioridad a la iniciación de una información reservada previa a la incoación de expediente sancionador, notificación A/B ante los servicios de la Comisión Europea en aplicación del Reglamento del Consejo de la CEE número 17/62, de 6 de febrero.
6. Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, si el Tribunal de Defensa de la Competencia apreciara mala fe o grave temeridad en la actuación de alguna de las partes ante los órganos de defensa de la competencia, podrá imponerle una multa no superior a 5.000.000 de pesetas o 30.050,61 euros.»
El artículo 11 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los siguientes términos:
«Artículo 11 Multas coercitivas
d) Al cumplimiento de lo establecido en el artículo 46.5 de esta Ley.»
El artículo 12 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los siguientes términos:
«Artículo 12 Prescripción de las infracciones y de las sanciones
3. La prescripción también se interrumpe por los actos realizados por los interesados al objeto de asegurar, cumplimentar o ejecutar los acuerdos sancionadores.»
Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 13 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, con el siguiente contenido:
«3. El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá, cuando le sea requerido por órgano judicial competente, emitir un informe sobre la procedencia y cuantía de las indemnizaciones que los autores de las conductas previstas en los artículos 1, 6 y 7 de la presente Ley deban satisfacer a los denunciantes y terceros que hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de aquéllas.»
El artículo 19 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los siguientes términos:
«Artículo 19 Ayudas públicas
3. El Tribunal de Defensa de la Competencia de oficio, o a instancia del Ministro de Economía y Hacienda, analizará los criterios de concesión de las ayudas públicas, en relación con sus efectos sobre las condiciones de competencia con el fin de emitir un informe que elevará al Consejo de Ministros. Dicho informe será público. El Consejo de Ministros, a la vista del contenido del informe del Tribunal de Defensa de la Competencia, decidirá, según los casos, proponer a los poderes públicos la supresión o la modificación de los citados criterios, así como, en su caso, las demás medidas conducentes al mantenimiento o al restablecimiento de la competencia. Todo ello sin perjuicio de las competencias que en esta materia corresponden a la Comisión Europea.»
El artículo 21 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado y pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 21 Composición
2. El nombramiento del Presidente y los vocales será por cinco años renovables por una sola vez. Cada dos años y medio se renovará la mitad de los miembros del Tribunal.
6. El Tribunal estará asistido por un Secretario.»
El artículo 24 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los siguientes términos:
«Artículo 24 Funcionamiento del Tribunal
3. El Tribunal podrá aprobar elaborar un reglamento de régimen interior en el que regule su organización y funcionamiento interno. Dicho reglamento interno se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».»
El artículo 25 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los siguientes términos:
«Artículo 25 Competencia
i) Elaborar el informe que, en materia de ayudas públicas, prevé el artículo 19 de esta Ley.»
El artículo 26 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado como sigue:
«Artículo 26 Funciones consultivas
3. El Tribunal informará los proyectos o proposiciones de Ley por los que se modifique o derogue, total o parcialmente, el presente texto legal, así como los proyectos de normas reglamentarias que lo desarrollen.»
Queda modificado el artículo 27 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, que pasa a tener el siguiente contenido:
«Artículo 27 Competencias del Pleno
h) Mantener relaciones con otros organismos análogos.»
El artículo 28 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 28 Funciones del Presidente
2. El Presidente podrá delegar en el Vicepresidente aquellas facultades que considere convenientes.»
El artículo 31 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los siguientes términos:
«Artículo 31 Funciones del Servicio de Defensa de la Competencia
l) Estudiar y someter al Gobierno las oportunas propuestas de modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, conforme a los dictados de la experiencia en la aplicación del Derecho nacional y comunitario.»
Se modifica el artículo 31 bis de la Ley 16/1989, de 17 de julio, que pasa a tener el siguiente contenido:
«Artículo 31 bis Funciones del Director del Servicio de Defensa de la Competencia
2. El Director del Servicio de Defensa de la Competencia ostenta la jefatura del mismo, pudiendo ejercer todas las competencias que la presente Ley atribuye al Servicio.»
El artículo 32 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado y pasa a tener el siguiente contenido:
«Artículo 32 Deberes de colaboración e información
3. La cesión de datos o antecedentes de naturaleza tributaria se regirá por lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley General Tributaria.»
Se modifica el apartado 2 del artículo 33 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, que pasa a tener el siguiente contenido:
«Artículo 33 Funciones de investigación e inspección
2. Los funcionarios, en el curso de las inspecciones, podrán examinar, obtener copias o realizar extractos de los libros, documentos, incluso de carácter contable y, si procediera, retenerlos por un plazo máximo de diez días. En el curso de las inspecciones, los funcionarios podrán, asimismo, solicitar explicaciones verbales in situ.»
El artículo 34 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los siguientes términos:
«Artículo 34 Investigación domiciliaria
6. Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados para las finalidades previstas en esta Ley.»
El artículo 36 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los siguientes términos:
«Artículo 36 Iniciación del procedimiento
7. El Servicio dará cuenta al Tribunal de Defensa de la Competencia de las denuncias recibidas, del archivo de las actuaciones, de los acuerdos de terminación convencional y de las providencias de incoación de expedientes, sean de oficio o a instancia de parte interesada.»
Se añade un nuevo artículo, 36 bis, a la Ley 16/1989, de 17 de julio, con el siguiente contenido:
«Artículo 36 bis Supuestos de inadmisión y terminación convencional
Quienes acrediten interés legítimo, y no hubieren tomado parte en los acuerdos de terminación convencional, podrán interponer contra los mismos el recurso ante el Tribunal de Defensa de la Competencia previsto en el artículo 47 de esta Ley.»
El artículo 37 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los siguientes términos:
«Artículo 37 Instrucción del expediente sancionador
4. Cuando, tras la instrucción necesaria, el Servicio considere que no se ha acreditado la existencia de prácticas prohibidas, redactará la propuesta de sobreseimiento que se notificará a los interesados para que en el plazo de diez días hagan las alegaciones oportunas. Posteriormente el Servicio, podrá acordar el sobreseimiento del expediente con archivo de las actuaciones. Contra dicho acuerdo podrá interponerse recurso conforme a lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de esta Ley.»
El artículo 38 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los siguientes términos:
«Artículo 38 Instrucción del expediente de autorización
6. En los supuestos a que se refiere el artículo 3.1 de esta misma Ley será preceptivo solicitar el informe del Consejo de Consumidores y Usuarios.»
El apartado 2 del artículo 40 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado como sigue:
«2. El Tribunal podrá disponer la práctica de cuantas pruebas estime procedentes siempre que no sean reproducción de las practicadas ante el Servicio de Defensa de la Competencia, dando intervención a los interesados.»
Se modifica el artículo 47 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 47 Recurso contra los actos dictados por el Servicio de Defensa de la Competencia
En estos casos, y en todos aquellos en que el recurso interpuesto carezca manifiestamente de fundamento, el Tribunal podrá declarar su inadmisibilidad en resolución debidamente motivada.»
Queda modificado el apartado 1 del artículo 48 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, en los siguientes términos:
«Artículo 48 Trámites y resolución
1. El recurso se presentará ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, el cual ordenará al Servicio de Defensa de la Competencia que le remita el expediente con su informe en el plazo de cinco días.»
El artículo 50 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los siguientes términos:
«Artículo 50 Supletoriedad de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Los procedimientos administrativos en materia de defensa de la competencia se regirán por su normativa específica y, supletoriamente, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»
Se añade un nuevo artículo, 51 bis, a la Ley 16/1989, de 17 de julio, con el siguiente contenido:
«Artículo 51 bis Relaciones con otras Administraciones públicas
2. El Servicio de Defensa de la Competencia, cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar la colaboración de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. Con el mismo fin, los servicios competentes de las Comunidades Autónomas podrán elaborar para su remisión al Servicio de Defensa de la Competencia, y a los fines previstos en este artículo, informes relativos a la existencia de prácticas, acuerdos o conductas que consideren contrarios a la presente Ley.»
El artículo 54 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado en los siguientes términos:
«Artículo 54 Sanciones
3. El importe de las multas previstas en esta Ley se ingresará en el Tesoro Público.»
Se modifica el artículo 56 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, que pasa a tener el siguiente contenido:
«Artículo 56 Plazos máximos del procedimiento
Se añade un nuevo artículo, 57 a la Ley 16/1989, de 17 de julio, con el siguiente contenido:
«Artículo 57 Tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración
5. El devengo de la tasa se producirá cuando el sujeto pasivo presente la notificación obligatoria prevista en el artículo 15 de esta Ley, por la que se inicia la actividad o el expediente administrativo, el cual no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
6. La cuantía de la tasa regulada en este precepto será de 500.000 pesetas o 3.005,06 euros cuando el volumen de ventas global en España del conjunto de los partícipes en el acuerdo de concentración sea igual o inferior a 40.000 millones de pesetas o 240.404.841,75 euros, de 1.000.000 de pesetas o 6.010,12 euros, cuando sea igual o inferior a 80.000 millones de pesetas o 480.809.683,51 euros y de 2.000.000 de pesetas o 12.020 euros cuando el volumen de facturación sea superior a 80.000 millones de pesetas o 480.809.683,51 euros.
8. La gestión de la tasa se llevará a cabo por el Servicio de Defensa de la Competencia en los términos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de la Ley, que podrán prever la obligación para los sujetos pasivos de practicar operaciones de autoliquidación tributaria.»
Se modifica el artículo 1.dos.2.f) de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la pluralidad de oferta de servicios, el acceso a las redes de telecomunicaciones por los operadores, la interconexión de las redes y suministro de red en condiciones de red abierta y la política de precios y comercialización por los operadores de los servicios. A estos efectos, la Comisión ejercerá las siguientes funciones:
1.º Podrá dictar, sobre las materias indicadas, instrucciones dirigidas a las entidades que operen en el sector, que serán vinculantes una vez publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».
2.º Pondrá en conocimiento del Servicio de Defensa de la Competencia los actos, acuerdos, prácticas o conductas de los que pudiera tener noticia en el ejercicio de sus atribuciones y que presenten indicios de resultar contrarios a la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. A tal fin, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones comunicará al Servicio de Defensa de la Competencia todos los elementos de hecho a su alcance y, en su caso, remitirá un dictamen no vinculante de la calificación que le merecen dichos hechos.
3.º Ejercer la competencia de la Administración General del Estado para interpretar las cláusulas de los títulos habilitantes para la prestación de servicios de telecomunicaciones que protejan la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones y de los servicios a los que se refiere el número 1 del apartado dos de este artículo.»
Se modifica el artículo 1.dos.2.g) de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, que pasará a tener la siguiente redacción:
«g) Ejercer el control sobre los procesos de concentración de empresas, de las participaciones en el capital y de los acuerdos entre los agentes participantes en el mercado de las telecomunicaciones y de los servicios a los que se refiere el número 1 del apartado dos de este artículo, al objeto de garantizar, cuando proceda, el cumplimiento del deber de notificación obligatorio al Servicio de Defensa de la Competencia en los términos establecidos en los artículos 14 y siguientes de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.»
«Artículo 16 Discriminación y dependencia económica
1. El tratamiento discriminatorio del consumidor en materia de precios y demás condiciones de venta se reputará desleal, a no ser que medie causa justificada.
b) La obtención, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, de precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones de cooperación comercial no recogidas en el contrato de suministro que se tenga pactado.»
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Real Decreto 157/1992, de 21 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, en materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia y el Real Decreto 1080/1992, de 11 de septiembre, sobre procedimiento a seguir por los órganos de defensa de la competencia en concentraciones económicas y forma y contenido de su notificación voluntaria, seguirán en vigor hasta que el Gobierno apruebe nuevos textos reglamentarios adaptados a la presente Ley.
Los procedimientos en materia de defensa de la competencia iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor.
1. Se autoriza al Gobierno para que en el plazo de dieciocho meses dicte las disposiciones reglamentarias que regulen los procedimientos en materia de Defensa de la Competencia.
2. Se autoriza al Gobierno para que en el plazo de un año dicte las disposiciones reglamentarias de desarrollo de lo previsto en el artículo 57 de esta Ley en materia de tasas.
Antes del 1 de octubre del año 2000, el Gobierno presentará en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley por el que se regulan los criterios de conexión determinantes de la atribución al Estado y a las Comunidades Autónomas de competencias, previstas en el marco legal de defensa de la competencia, referidas al conocimiento y aplicación de la normativa estatal relativa a conductas prohibidas y autorizadas, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de noviembre de 1999.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a excepción de lo dispuesto en el artículo trigésimo segundo, en cuanto se refiere al apartado 1 del artículo 56, de la Ley 16/1989, de 17 de julio, que entrará en vigor el 1 de enero del año 2001, y en lo relativo al apartado 2 del artículo 56 de la misma Ley, ya en vigor desde el 1 de enero de 1998 en virtud de la disposición transitoria duodécima de la Ley 66/1997, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 37
 artículo 38
 artículo 40
 artículo 47
 artículo 48
 artículo 50
 artículo 51
 artículo 54
 artículo 56
 artículo 57
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 16
e contrario
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 46
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 19
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 113
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 36
 artículo 47
 artículo 37
 artículo 38
 artículo 3
 artículo 40
 artículo 47
 resolución 
 artículo 48
 resolución

 artículo 50
 artículo 54
 artículo 56
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 57
 artículo 56
 artículo 56