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Timestamp: 2018-02-26 04:17:46+00:00

Document:
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722012000100010
Revista Chilena de Derecho Privado, No 18, pp. 243-258 [julio 2012]
Claudio Fuentes Maureira1, Macarena Vargas Pavez2
1 Profesor de Derecho Procesal y Litigación
2 Profesora de Derecho Procesal Universidad Diego Portales
En las siguientes líneas me referiré a un reciente fallo pronunciado por nuestro máximo tribunal en el contexto de un juicio de impugnación y reclamación de paternidad, conocido bajo el amparo de la ley No 19.968, que estableció los tribunales de familia y su procedimiento. La relevancia del fallo, más allá de tratarse de un pronunciamiento de la Corte Suprema, se debe a que contribuye de manera significativa en materia de Derecho Probatorio en juicios de familia, jurisprudencia que hasta la fecha es escasa.
En particular, el reciente fallo se refiere y desarrolla en extenso el significado de la sana crítica y sus implicancias para el razonamiento judicial que debe ser plasmado en cualquier fallo pronunciado por un juez de familia. Asimismo, la Corte Suprema se pronuncia acerca de un problema probatorio concreto, la posibilidad de decretar acreditada la posesión notoria de la calidad de padre contando con un solo testimonio.
1. LOS HECHOS DE LA CAUSA Y LA HISTORIA PROCESAL
En causa RIT C-1289-2010, caratulado Rocha con Palma, la señora Gloria R.E. demandó impugnando la paternidad del señor EPC y reclamando la paternidad del Sr. KDD. La demanda sostiene que la demandante abandonó el hogar que compartía con el Sr. EPC llevándose consigo a los dos hijos en común que tenía con éste, de cinco y dos años de edad a la fecha de salida del hogar. Posteriormente, junto con los niños comenzó a convivir con el señor KDD.
Consigna la sentencia de primer grado que se encuentra probado que desde el año 2003 a la fecha de la presentación de la demanda, el año 2010, la Sra. Gloria R.E. y sus hijos han convivido con el Sr. KDD. Asimismo, se entiende probado que el Sr. KDD ha cuidado de los hijos de la Sra. Gloria R.E. y que éstos conforman una familia con el Sr. KDD y los hijos que este último tiene en común con la demandante.
La sentencia de primer grado también establece que la paternidad biológica de los niños corresponde, mediante análisis de ADN, al Sr. EPC, demandado de impugnación.
El fallo del juez de familia de Concepción resuelve la causa estimando que no se ha logrado probar la posesión notoria de la calidad de padre, razón por la cual se rechazan ambas acciones.
Ante este resultado adverso se apela la sentencia de fecha 8 de junio de 2011 ante la Corte de Apelaciones de Concepción, la cual confirma la resolución de primer grado. En virtud de lo anterior la Sra. Gloria R.E. presenta recurso de casación en el fondo ante la Excelentísima Corte Suprema, alegando una errónea aplicación del Derecho. En particular la recurrente indica la infracción del artículo 32 de la ley N0 19.968, que consagra el sistema de apreciación de la prueba de la sana crítica, ya que señala que la sentencia:
"falta a la lógica y la experiencia en el establecimiento de la conclusiones"
y sostiene que si se ha acreditado "nombre, trato y fama" mediante diversos medios de prueba. A continuación invoca la infracción del artículo 201 en relación con el 202 del Código Civil, al haber dado preeminencia a la prueba biológica por sobre la posesión notoria.
2. LA SANA CRÍTICA, LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS FALLOS Y LA ERRÓNEA APLICACIÓN DEL DERECHO
Previo al examen de fondo del recurso, la Corte Suprema estima fundamental resolver una pregunta acerca de los límites de la casación en el fondo y la posible revisión mediante ésta de decisiones judiciales que han valorado la prueba bajo el sistema de la sana crítica. En este sentido, la casación en el fondo permite la revisión de las reglas reguladoras de la prueba, propias del sistema de prueba legal, pero respecto de la sana crítica la Corte reconoce que existe jurisprudencia disímil, que sostiene que todo el proceso de valoración de los hechos está en su totalidad entregado al juzgador, por lo que ausente de todo control. Pues bien, es apropósito de esta pregunta que la sala de verano integrada por los ministros Sergio Muñoz, Patricio Valdés, Héctor Carreño, Guillermo Silva y Eugenia Sandoval profundiza acerca de la sana crítica como sistema de valoración de la prueba.
Un aspecto a rescatar del fallo en cuestión tiene relación con la posición del juez de familia, y de cualquier otro juez para estos efectos, que se enfrenta a la sana crítica como método para la valoración de la prueba. En este sentido, la Corte identifica que la sana crítica supone un cambio en el papel del juez en la producción de la sentencia, ya que este sistema:
"pretende liberar al juez de disposiciones cerradas, puesto que no siempre seguirlas es garantía de justicia en las determinaciones judiciales"1.
Como se puede observar, se entregan mayores niveles de autonomía al juez al momento de valorar la prueba a efectos de buscar la justicia del caso concreto. Con todo, esta mayor confianza no es gratuita para los jueces y tiene importantes consecuencias.
En primer lugar, la sana crítica obliga a los jueces a tener un conocimiento acabado de los casos que se les presentan, pues serán sólo ellos los responsables, sin las "espaldas" del legislador, de definir qué hechos se pueden dar por probados y cuáles no. La propia Corte describe el proceso de trabajo que deberá llevar a cabo el juez para poder valorar de manera apropiada toda la prueba, proceso de conocimiento que dista de aquél realizado en los sistemas de prueba legal en el cual una buena parte del análisis de la prueba y su confiabilidad, coherencia y poder probatorio estaban regulados por ley.
Así, la Corte Suprema señala cuál es el estándar de conducta a satisfacer por parte del juez:
"La sana crítica está referida a la valoración y ponderación de la prueba, esto es, la actividad encaminada a determinar primero los aspectos que inciden en la decisión de considerar aisladamente los medios probatorios, para precisar su eficacia, pertinencia, fuerza, vinculación con el juicio y cuanto pueda producir fe en el juzgador (...) Luego, en una valoración conjunta de los medios probatorios así determinados, extraer conclusiones pertinentes en cuanto a los hechos y fijar la forma en que estos sucedieron. En ambos escalones deberá tener presente el magistrado las leyes de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados (...)"2.
Desde esta perspectiva se hace evidente que el trabajo del juez es más arduo al momento de valorar la prueba en este sistema de apreciación, se trata de un proceso de razonamiento más complejo.
La segunda consecuencia tiene relación con la fundamentación de las sentencias. Es así que el fallo deja en claro que:
"las reglas de la sana crítica imponen mayor responsabilidad a los jueces"3
y que la principal consecuencia de aquélla es el deber de fundamentación. En otras palabras, la contracara a esta mayor libertad al momento de apreciar la prueba es una mayor exigencia en la fundamentación de los fallos. A este respecto el fallo realiza una de sus principales contribuciones al establecer con claridad qué debe contener un fallo cuando se refiere a la valoración de las pruebas bajo este sistema de apreciación.
Para desarrollar el punto anterior la Corte examina con minuciosidad todo el cuerpo legislativo vigente en el cual la sana crítica es definida o utilizada como mecanismo de apreciación de la prueba. De dicha revisión la Corte deriva que la sana crítica no sólo impone al juez los parámetros de las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados y la lógica sino que, además, entiende que estos deben ser explicitados en el razonamiento del tribunal. Indica el máximo tribunal:
"e) Los sentenciadores dejarán explicitadas en la sentencia las razones jurídicas, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados en cuya virtud le asignan valor o desestiman las pruebas".
Esta situación descrita por el supremo tribunal tiene impacto en cómo fundamentan las sentencias los jueces en la actualidad.
Lo común en fallos en materia de juzgados de familia está en encontrar decisiones que una vez que enumeran y resumen toda la prueba presentada, se limitan a utilizar la expresión "en virtud de la sana crítica" como un razonamiento autoexplicativo y suficiente para dar a entender al lector el proceso de valoración probato-
ria llevado a cabo por el juez4. Esta situación va en directa contradicción con lo dicho por la Corte Suprema, ya que, por un lado, el razonamiento probatorio debe graficar, como se mencionó antes, la valoración de cada medio de prueba y después las vinculaciones entre unos y otros, y, además, explicitar en cada ejercicio los criterios de valoración que el juez ha utilizado para apreciar.
Es decir, siguiendo el razonamiento del supremo tribunal, la exclusiva mención a la sana crítica como una formula tipo no es suficiente, sino que, además, el juez debe indicar qué máxima de la experiencia, qué regla de la lógica formal o qué conocimiento científicamente afianzado, "con nombre y apellido", está utilizando para otorgarle o no credibilidad a cierto medio de prueba5, no basta en este sentido un mención a:
"este testigo no es creíble en virtud de las máximas de la experiencias".
Como es evidente, eleva las expectativas respecto del trabajo de los jueces.
A mayor abundamiento la propia Corte deja en claro cuál es el parámetro a satisfacer por parte de cualquier razonamiento probatorio, al identificar el papel que cumple la fundamentación de las sentencias al estar dirigida al "examen de las partes y ciudadanos en general". En otras palabras, el razonamiento probatorio seguido por el juez de familia debe plasmarse de forma pristina en su fallo, de modo tal que pueda ser seguido y comprendido por cualquier ciudadano. Nuevamente en palabras de la Corte Suprema:
"debe revelar y conducir lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador en la ponderación de la prueba"6.
Como resulta patente en la realidad actual, la simple enumeración de los medios de prueba y la remisión genérica a la "sana crítica" resulta a todas luces insuficiente.
Un último aspecto a rescatar en esta materia se relaciona con el razonamiento seguido por el máximo tribunal con el fin de resolver la primera pregunta jurídica planteada. Concluye la Corte Suprema de manera correcta que, al igual que en el caso de las típicas reglas reguladoras de la prueba del nuestro Código de Procedimiento Civil, los parámetros de la sana crítica y su aplicación también pueden estar sujetos a control mediante este recurso.
La Corte entiende que los parámetros de la sana crítica, si bien deben ser escogidos y aplicados al caso concreto por el juez que en primera instancia conoce de la causa, no es facultativo de este la remisión o no a dichos parámetros. En otras palabras, el juez no puede escoger si se remite o no la sana crítica para resolver un problema de valoración de la prueba, pues:
"(e)s el legislador el que se remite a tales parámetros, es él quien integra la ley con razones, principios, máximas y conocimientos"7.
Se trata, entonces, de una orden explícita del legislador como un límite a la labor del juez y su incumplimiento vulnera una garantía que éste concede a las partes. Más aún la Corte indica:
"su inobservancia, transgresión, equivocada aplicación o errónea interpretación puede dar origen a la interposición de los recursos que contempla la ley, puesto que cuando no se los cumple, no solamente se desobedecen sus determinaciones, sino que, además, se quebranta la ley (...)"8.
En mi opinión, no debe confundirse la decisión del juez de primer grado de escoger qué máximas de la experiencia o conocimiento científico serán utilizadas como parámetro para valorar un determinado medio de prueba con la imposibilidad de examinar dicha decisión. Si bien es cierto que el legislador no enumeró todos los conocimientos científicos o las máximas de la experiencia posibles de invocar, si ordenó la util ización de ciertos parámetros para tomar una decisión y estableció requisitos para poder usarlos. En este sentido no se trata de cualquier conocimiento humano, sino que de uno que se encuentre científicamente afianzado. Tampoco el legislador dijo cualquier experiencia, sino que una que posea un rasgo específico, esto es, que sea una máxima que, como dice la Real Academia Española, sea un:
"principio o proposición generalmente admitida por quienes profesan una facultad o ciencia".
En el caso de la lógica formal se refiere a las leyes que la conforman. La decisión de calificar un determinado parámetro como uno de aquéllos que la ley obliga a utilizar como medio de valoración de la prueba si puede y debe ser objeto de revisión. Permítaseme un ejemplo, un fallo sostiene que la ciencia hoy indica que los hijos de padres homosexuales tienden a mentir más que los hijos de padres heterosexuales y valora conforme a ello un testimonio estimándolo no creíble. ¿Es éste un conocimiento científicamente afianzado que estaríamos dispuestos a aceptar como un parámetro válido para la ponderación de credibilidad de un testigo? Es evidente que los jueces pueden errar al momento de calificar un hecho o una premisa como un máxima de la experiencia o un conocimiento científicamente afianzado. Lo importante es recalcar que el legislador no autoriza a utilizar cualquier criterio para valorar la prueba, sino que sólo aquéllos que menciona, que resultan ser fórmulas o estándares no muy distintos a aquéllos como buen padre de familia o debida diligencia.
En el mismo sentido la Corte indica respecto del recurso presentado:
"no demuestra los yerros denunciados, pues omite señalar la forma en que se han desentendido las normas científicas, técnicas, simplemente lógicas o de la experiencia que la sana crítica ordena respetar(...)"9.
Un último punto es que no debe confundirse la decisión acerca de si un testigo es o no más creíble o más verás que otro, con verificar la adecuada calificación de un parámetro de valoración con aquéllos que el legislador autoriza a utilizar. La primera hipótesis sí parece ser algo imposible de revisar mediante este recurso, ya que la ley no entrega órdenes o prohibiciones a este respecto y no existe una norma legal involucrada. El razonamiento enarbolado por el máximo tribunal es consistente con esta idea al indicar:
"la exposición de motivos (...) deja en evidencia que el propósito final de la recurrente es promover que se lleve a cabo por esta Corte una nueva val oración de las probanzas, distinta de la ya efectuada por los jueces de mérito, actividad que resulta extraña a los fines de la casación en el fondo en los términos propuestos"10.
3. ¿PUEDE ACREDITARSE LA POSESIÓN NOTORIA DE LA CALIDAD DE PADRE CON UN SOLO TESTIGO?
Todo el razonamiento previo esbozado por la Corte no impidió que, a pesar de concluir que lo que se pide en concreto es una nueva valoración, de igual forma determinase si la decisión del juez de familia de no decretar la posesión notoria de la calidad de padre tenía sustento.
Por lo anterior, la Corte examina los requisitos para su procedencia, identificando los requisitos legales de plazo, "nombre, trato y fama" y el necesario establecimiento de modo irrefragable de aquéllos.
Desde el punto de vista de la acreditación de estos requisitos la Corte recuerda la disposición del artículo 200 del Código Civil que indica que la posesión notoria sólo puede probarse por un conjunto de testimonios, antecedentes o circunstancias fidedignos. En este escenario la Corte identifica cuál es la cuestión jurídica a resolver:
"Tales exigencias plantean la interrogante acerca de la posibilidad que la posesión en cuestión sea justificada únicamente con el mérito de la prueba testimonial rendida"11.
La cuestión jurídica está soportada por el razonamiento seguido por el juez de familia que rechazó la solicitud al estimar que no era posible acreditar los requisitos de "nombre, trato y fama" mediante una sola prueba testimonial12. Termina la Corte Suprema por confirmar la resolución casada al entender que la respuesta a la pregunta es negativa.
Es nuestra opinión que en esta materia la Corte Suprema resuelve de manera adecuada el problema jurídico planteado.
En primer lugar, al vincular los artículos 198 y 200, entendiendo que una de las formas por las cuales puede acreditarse la paternidad, además del ADN, es la declaración de la posesión notoria de la calidad de padre y, por ende, haciendo aplicable la limitación establecida en el inciso segundo, que indica que la prueba testimonial es insuficiente por si sola. Lo anterior puede corroborarse en la historia de la ley cuando se indica:
"Al respecto, decidió la Comisión incluir en este artículo, como medio probatorio de la filiación, la posesión notoria de la calidad del hijo, siempre que haya durado a lo menos cinco años continuos y se demuestre de modo irrefragable"13.
A mayor abundamiento dice la misma historia de la ley N° 19.585 que:
"Por otra parte, la Comisión resolvió no incorporar la limitación en orden a que no baste para acreditar la posesión notoria la prueba de testigos, porque ya se consignó —en el artículo 198 que proponemos en este informe— que es insuficiente por sí sola la prueba testimonial para establecer la paternidad y la maternidad"14.
En segundo lugar, debido al propio tenor literal del artículo 200, el cual alude, en plural, a antecedentes y conjunto de testimonios. Esta pluralidad de antecedentes no se encuentra justificada de manera arbitraria, ni se trata de una mala técnica legislativa, por el contrario, la historia de la ley muestra amplias discusiones parlamentarias respecto de los medios de prueba y la posibilidad de probar mediante un solo medio la filiación de una persona debido a la trascendencia de ésta y sus implicancias. En este sentido, la intensión de legislador se explicita claramente en la historia de la ley al momento de justificar las limitaciones referidas a la prueba testimonial y la prueba de presunciones:
"En seguida, atendida la trascendencia del establecimiento de la filiación, aceptó la conveniencia de evitar que pudiera darse por acreditada con una sola prueba. En ese sentido, coincidió en que, por sí sola, nunca puede ser suficiente la prueba de testigos. (...) En lo que atañe a las presunciones, recordó la Comisión que, en materia civil, si bien el artículo 1712, inciso tercero, declara que las que deduce el juez deberán ser graves, precisas y concordantes —esto es, no confiere valor a una sola presunción—, el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil permite que una sola presunción constituya plena prueba cuando, a juicio del tribunal, tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar su convencimiento. Estimó la Comisión, Al respecto, que debían aplicarse en la especie las reglas del artículo 1712, en orden a que no basta una sola presunción judicial para dar por establecida la paternidad o la maternidad. Consiguientemente, acordó declarar que, para estos efectos, será insuficiente por sí sola la prueba testimonial, y se aplicarán a la del artículo 1712"15.
Desde esta perspectiva el legislador busca incrementar o aumentar el nivel de fuentes de información que corroboran que se han dado las hipótesis de la posesión notoria, en el entendido que la trascendencia de la materia justifica una mayor exigencia que respecto de la acreditación de otros hechos.
Con todo, la información entregada por el fallo deja abierta una incógnita. En el fallo en cuestión se muestra que no sólo se presentó como medio de prueba para acreditar la posesión notoria la declaración de un solo testigo sino que:
"el resto de la prueba rendida consistente en certificados de nacimientos, declaraciones juradas y fotografías, no aportan en este sentido a la configuración de tal posesión (...)"16.
Como se observa, el fallo no es explícito en el contenido de dichos medios probatorios, pero surge la pregunta acerca de si sería posible probar la posesión notoria mediante una sola prueba testimonial y otros antecedentes probatorios.
Al respecto la redacción del artículo 200 del Código Civil, resulta poco clara, ya que se señala:
"y se pruebe por un conjunto de testimonios y antecedentes o circunstancias fidedignos que la establezcan (...)".
En mi opinión, debería permitirse, por dos razones. Por un lado, si como muestra la historia de la ley el objetivo es dotar de mayor seguridad a la determinación de la filiación, esto se traduce en que existan múltiples fuentes de información que apunten a acreditar un mismo hecho, en este sentido si en un determinado caso se cuenta con un testimonio y otros antecedentes fidedignos, no se está violando la ratio legis que busca impedir la sola utilización de la prueba testimonial y se cumple, además, con el otro objetivo destinado a tener mayor certeza. Por otro lado, no debe olvidarse que, si bien se trata de una regla establecida en el Código Civil, se trata de una norma cuyo contenido es netamente probatorio y que se sujeta al procedimiento establecido por el legislador en la ley N° 19.968, el cual se ve regido por dos relevantes principios probatorios: la libertad de prueba y la sana crítica. Ambos principios apuntan a que no será el legislador el que establezca el valor probatorio de los medios de prueba y a que el catálogo de medios de prueba será abierto, pudiendo las partes escoger aquéllos a los cuáles echará mano, siempre que el legislador no los prohiba.
Si bien la ley utiliza la expresión 'irrefragable', aspirar en esta materia a una verdad absoluta no parece razonable; esta norma debe ser leída como una precaución del legislador que busca asegurar que existirán diversas fuentes de información, pero pensar que sólo podremos probar algo de forma irrefragable contando con dos testimonios y otros antecedentes y no con un testimonio y otros antecedentes, es cuestionable. Al final del día se trata de probabilidades. En palabras de Francesco Carnelutti:
"desgraciadamente, si pedimos al proceso la verdad verdadera, la verdad pura, la verdad al ciento por ciento, tenemos que reconocer que no nos la puede dar. Lo que nos da es, en la mejor de las hipótesis, un porcentaje de verdad, una especia de verdad de baja ley, cuando no sea incluso, en vez de moneda de oro, un billete de banco"17.
1 Corte Suprema de Chile, Causa rol, N 9607-2011, sentencia 29 de febrero de 2012. Cita Westlaw Chile: CL/JUR/472/2012, considerando primero, fallo de la CS.
2 Corte Suprema de Chile (n. 1), considerando sexto, cuarto párrafo.
3 Op. cit., considerando sexto, párrafo décimo quinto.
4 Ejemplos de este tipo de fallos puede verse en Claudio Fuentes Maureira, "La persistencia de la prueba legal en la judicatura de familia", en Revista de Derecho, año 18, N° 1, Antofagasta, 2011, pp. 119-145.
5 "el aspecto fundamental queda determinado en precisar en la sentencia "las razones, jurídicas, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados" en cuya virtud le asignan valor a las pruebas rendidas en el proceso". Corte Suprema de Chile (n. 1), considerando sexto, párrafo decimoquinto.
6 Corte Suprema de Chile (n. 1), considerando sexto, párrafo décimo quinto.
7 Corte Suprema de Chile (n. 1), considerando sexto, párrafo décimo quinto.
9 Corte Suprema de Chile (n. 1), considerando octavo.
10 Corte Suprema de Chile (n. 1), considerando noveno.
11 Corte Suprema de Chile (n. 1), considerando décimo primero.
12 Op. cit., considerando tercero.
13 Primer informe Comisión Constitución, Historia de la ley N° 19.585, p. 383.
14 Segundo informe Comisión Constitución, Historia de la ley N° 19.585, p. 778.
15 Segundo informe... , (n. 14), p. 771.
16 Corte Suprema de Chile (n. 1), considerando duodécimo.
17 Francesco Carnelutti, Cómo se hace un proceso, traducción de Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redín, Argentina, Editorial Rodamillans S.R.L., 1954, p. 138.
Carnelutti, Francesco, Cómo se hace un proceso, traducción de Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redín, Argentina, Editorial Rodamillans S.R.L., 1954.
Corte Suprema de Chile, Causa rol N° 9607-2011, sentencia 29 de febrero de 2012, Cita Westlaw Chile: CL/ JUR/472/2012.
Fuentes Maureira, Claudio, "La persistencia de la prueba legal en la judicatura de familia", en Revista de Derecho, año 18, N° 1, Antofagasta, 2011.
RECURSO DE PROTECCIÓN. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, 11 DE ABRIL DE 2012, ROL 1471-2012.
Nueve alumnas del liceo A-44 Carmela Carvajal de Prat fueron sancionadas con la cancelación de su matrícula para el año 2012 por haber participado en distintas actividades con ocasión del movimiento estudiantil de 2011.
Las alumnas sancionadas recurren de protección en contra del referido establecimiento educacional, de la dirección del mismo y de la directora señora R. del V.P., argumentando la vulneración de las garantías que contempla el artículo 19 N° 2 y 3 inciso 4° de la Constitución Política de la República, esto es, igualdad ante la ley y derecho a un debido proceso.
En total, se interponen cuatro recursos de protección sobre hechos de igual naturaleza, razón por la cual la Corte dispuso su acumulación y los falló en forma conjunta.
En relación con la vulneración del derecho a un debido proceso, las recurrentes señalan que a fines del mes de diciembre de 2011 y primeros días del mes de enero de 2012 fueron informadas por parte de la dirección del liceo de la cancelación de la matrícula para el año en curso. Indican, además, que no tuvieron conocimiento de las causales por las cuales la dirección decidió imponer la referida sanción y que no han tenido oportunidad de formular descargos, lo que:
Por su parte, la recurrida informa que con fecha 12 de septiembre de 2011, cuatro de las recurrentes habrían participado en una funa a la Universidad Andrés Bello donde se realiz
"rompe el debido o justo proceso, cuyo principio rector es la bilateralidad de la audiencia".
aban clases del programa "Salvemos el año escolar". Con cacerolas y sin autorización habrían ingresado a la referida casa de estudios insultando, atemorizando y amenazando a las alumnas participantes, las que debieron abandonar el recinto por una salida alternativa. Por estos hechos —considerados como violentos—con fecha 6 de diciembre de 2011 el Consejo de Evaluación de Curso, con la presencia de la directora y otras autoridades del liceo, determinó que se había infringido el Manual de Convivencia del referido establecimiento educacional.
Respecto de las otras cinco alumnas, la recurrida se señala caso a caso los antecedentes que llevaron a la dirección del liceo a considerar que ellas también habían infringido las normas del Manual de Convivencia: participación de algunas de las alumnas en la funa en la Universidad Andrés Bello, anotaciones negativas, atrasos, situación de condicionalidad, mal rendimiento y, una de ellas, por participar en una velatón de carácter público.
Sobre la base de todos estos antecedentes, la recurrida determinó sancionar a las nueve alumnas con la cancelación de la matrícula para el año 2012 por no cumplimiento o infracciones de carácter grave al Manual de Convivencia del Liceo. Indica, además, que esta decisión se adopta en el marco de la normativa del Ministerio de Educación que permite a los establecimientos educacionales tomar medidas disciplinarias.
Con fecha 11 de abril de 2012 la Corte de Apelaciones de Santiago acoge la acción de protección, deja sin efecto la cancelación de matrícula y ordena el reintegro inmediato de las recurrentes a las actividades escolares.
En su considerando duodécimo la Corte sostiene:
"Que, por otra parte, estos sentenciadores no han logrado adquirir la convicción de que en los procesos que motivaron las sanciones aplicadas, se haya respetado a cabalidad el debido proceso, toda vez que no existió una investigación de los hechos, sino que una cit ación para comunicar la decisión adoptada y de la quesólo alzarse, sin haber existido un proceso en el que se indagaran las situaciones fácticas y la posibilidad de que las recurridas formularan sus descargos".
Aun cuando este fallo no se encuentra firme, estimo que hay dos aspectos interesantes de comentar. En primer lugar, las razones por las cuales la Corte considera que en este caso se ha vulnerado el derecho a un debido proceso y, en segundo lugar, la aplicación amplia de este derecho a procesos no jurisdiccionales.
I. VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Considero que este fallo se encamina en sentido correcto al acoger el recurso interpuesto, pues recoge de algunas de las garantías judiciales que componen el debido proceso consagrado en la Constitución Política de la República y en la Convención Americana de Derecho Humanos.
En primer lugar, la referencia que hace el fallo a la ausencia de "una investigación de los hechos" alude a la exigencia de desarrollar un proceso en el que se averigüen y examinen los hechos objeto de la investigación. Pero no se trata de cualquier proceso, sino que uno que asegure el cumplimiento de ciertas garantías mínimas como, por ejemplo, el derecho a ser informado de los cargos que se formulan o a disponer de tiempo y medios para preparar la defensa.
Tal como se advierte del considerando duodécimo, la Corte estimó que en este caso no hubo un proceso:
("sin haber existido un proceso en el que se indagaran las cuestiones fácticas"),
de modo tal que difícilmente se pudieron cumplir las exigencias mínimas de un debido proceso conforme a la Constitución Política de la República y de los tratados internaciones.
En segundo lugar, el fallo alude a la ausencia de una oportunidad para formular descargos. En este caso, no se cumple con una de las dimensiones más importantes del debido proceso, cual es el derecho a la defensa, entendido como la posibilidad y la oportunidad de las partes de efectuar alegaciones, presentar pruebas y contradecir las de la contraria durante todo el proceso con la seguridad de que ellas serán valoradas por el juez en la sentencia1.
Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta garantía supone, entre otras cosas, el derecho a una comunicación previa y detallada de los cargos que se formulan; a conocer las razones por las cuales se imputa un determinado hecho; a disponer de tiempo y medios adecuados para preparar la defensa; a interrogar a los testigos a su favor y en contra y a controvertir las pruebas.
A juicio de la Corte de Apelaciones de Santiago, la sola comunicación de la sanción en diciembre de 2011 y enero de 2012 sin dar a las alumnas la posibilidad de defenderse en los términos antes señalados, vulnera el derecho a un debido proceso.
Dicho lo anterior, y rescatando el valor de este fallo, no puedo dejar de señalar que la Corte pierde una valiosa oportunidad llenar de contenido y delimitar el alcance del derecho a un debido proceso, avanzado con ello en la construcción de estándares jurisprudenciales nacionales. En efecto, el fallo se limita a enunciar de modo general algunas de las dimensiones que componen el derecho al debido proceso, pero no desarrolla los argumentos por los cuales se configura la situación de vulneración.
¿Qué era lo exigible al establecimiento educacional en este caso? ¿Qué etapas o pasos debió haber seguido para que se resguardara el derecho de las alumnas a un debido proceso? Todo indica que la sola notificación de la sanción no sólo es insuficiente para los estándares exigidos sino que vulnera una garantía constitucional, pero, ¿cómo se liga la actuación de la recurrida con las normas constitucionales e internacionales aplicables en esta materia?
Si bien el considerando duodécimo se refiere —como ya se ha mencionado— a la necesidad de una investigación previa a la imposición de la sanción y al derecho de las recurrentes a formular los descargos, no se ofrece una fundamentación que dé sustento a la decisión adoptada, en circunstancias que existe un gran desarrollo doctrinario y jurisprudencial en esta materia.
Es cierto que esta tarea no siempre resulta fácil. Ello se debe porque el derecho al debido proceso no es una noción clara, simple y estática. Por el contrario, se trata de una noción compleja, compuesta de múltiples dimensiones de textura abierta y en permanente evolución2.
La CIDH define el debido proceso como el:
"conjunto de parámetros o estándares básicos que deben ser cumplidos por todo proceso para asegurar que la discusión y la determinación de los derechos que están en cuestión se hayan realizado en un entorno de razonabilidad y justicia para las personas que intervienen en su desarrollo"3.
El hecho de que la noción de debido proceso esté compuesta por estándares generales —y no reglas específicas— impone una importante carga al juzgador. Le exige realizar un trabajo argumentativo lógico y coherente para el caso concreto, es decir, lo obliga a aplicar en cada caso un criterio de razonabilidad,
"esto es, para considerar si es que en una circunstancia cualquiera se han cumplido o no las exigencias de las garantías es necesario considerar en concreto los valores que ellas proclaman en relación con los demás valores del sistema, al mismo tiempo que las limitaciones propias de la realidad"4
cuestión que se echa de menos en el caso en comento.
También se echa de menos una aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la fundamentación del fallo. No hay mención alguna ni siquiera tangencial a los tratados internacionales de derechos humanos, en general, y del pacto de San José de Costa Rica o convención Americana de Derechos Humanos, en particular. Este punto llama especialmente la atención habida cuenta del gran desarrollo doctrinario y jurisprudencial que existe en torno a las garantías judiciales contenidas en el artículo 8 de este instrumento y que se aplican en forma directa en este caso5.
Tal como se puede observar del fallo en comento, el considerando décimo tercero sólo hace alusión a los Derecho Procesal Civil artículos 19 y 20 de la Constitución Política e, incluso, al auto acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección.
II. APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO A PROCESOS NO JURISDICCIONALESs
Un segundo aspecto que —a mi juicio— es interesante de comentar tiene relación con la interpretación extensiva del derecho al debido proceso aplicada a la actuación de la recurrida.
Se trata, como sabemos, de un establecimiento educacional que aplica una sanción en el marco de sus atribuciones, pero como hemos visto sin llevar adelante un proceso con las mínimas garantías y sin dar oportunidad a las recurrentes a defenderse. ¿Pero son exigibles estos estándares a las decisiones de organismos no jurisdiccionales? ¿Es posible aplicar los mismos parámetros? ¿Qué papel representa el Manual de Convivencia de un establecimiento educacional en un caso como éste?
Si bien comparto de la interpretación amplia que hace la Corte de este derecho al exigir las garantías propias del debido proceso a autoridades (distintas a las judiciales) que tienen la facultad de emitir decisiones o pronunciar sentencias, la ausencia de argumentos sobre el particular, no permite conocer las consideraciones que motivaron esta decisión ni construir estándares jurisprudenciales nacionales al respecto.
Tal como lo hizo anteriormente, la Corte desaprovecha la oportunidad de referirse a este punto y desarrollar argumentos sólidos para sustentar una interpretación como ésta, cuestión que, entre otros aspectos, quizá será objeto de crítica por la contraparte en sus escritos de apelación.
En este escenario, me parece interesante traer a colación el voto de minoría de una sentencia dictado hace más de veinte años que sí se hace cargo del punto6. En 1986 un alumno de la Universidad de Santiago de Chile presenta un recurso protección por la aplicación de la sanción de expulsión en razón de supuestas infracciones al Reglamento de Ética Estudiantil de esa universidad. Los hechos que motivaron la sanción fueron los siguientes: interrupción violenta de clases, participar en enfrentamientos con carabineros y haberse negado a abandonar las dependencias de la universidad ante los requerimientos de la autoridad.
El recurrente argumenta su recurso en la violación de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N° 2 y N° 3 inciso 4° y 5° y N° 24 de la Constitución Política de la República. El voto de mayoría rechaza el recurso por considerar que la medida de expulsión ha sido ejercida en cumplimiento del deber de la recurrida de
"velar por el normal desenvolvimiento del quehacer universitario de proteger a la comunidad estudiantil de acciones que alteren la tranquila convivencia que se necesita para lograr los propósitos de toda universidad"7.
El voto disidente, en cambio, considera que la exigencia contenida inciso 5° del N° 3 del artículo 19, que establece:
"toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer las garantías de un racional y justo procedimiento",
es aplicable a cualquier sentencia dictada por una autoridad que tiene la facultad para ello.
El ministro disidente sostiene que una interpretación armónica del artículo 19 y 76 de la carta fundamental y del artículo 170 N° 5 del Código de Procedimiento Civil permite concluir que el constituyente ha querido que una sentencia dictada por una autoridad debe ser
"consecuencia de un procedimiento que se haya ceñido a los principios elementales de justicia y racionalidad contenidos en las normas vigentes y, que como sucede en el caso en estudio, cuando éstos no estén determinadamente señalados por un cuerpo legal, sería necesario recurrir para emitir el juicio, a los principios de equidad que le indique a la autoridad su sabiduría y conciencia, lo que puede inferir, como parece natural, en primer lugar de aquellos que el legislador ha dado para similares situaciones"8.
En definitiva, en casos como éste donde se discuten garantías constitucionales procesales, se espera de nuestros jueces una debida comprensión de los estatutos que las rigen y una debida fundamentación de sus decisiones.
1 Alex Caroca, Garantía constitucional de la defensa procesal, Barcelona, Bosch, 1998, 588 pp.
2 Mauricio Duce, Felipe Marín y Cristián Riego, "Reforma a los procesos civiles orales: consideraciones desde el debido proceso y calidad de la información", en CEJA, Justicia civil: perspectivas para una reforma en América latina, Santiago, Centro de Estudio de justicia de las Américas, 2008, pp. 13-94.
3 Fallo García Ramírez-CIDH, 2004.
4 Duce, Marín y Riego (n. 2), p. 20.
5 Artículo 8.
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable y
6 Recurso de protección. Corte de Apelaciones de Santiago, 6 de mayo de 1986. Alucema Galleguillos, Patricio vs. Universidad de Santiago de Chile.
7 Recurso de protección (n. 6).
8 Recurso de protección (n. 6).
Caroca, Alex, Garantía constitucional de la defensa procesal, Barcelona, Bosch, 1998. [ Links ]
Duce, Mauricio, Felipe Marín y Cristián Riego, "Reforma a los procesos civiles orales: consideraciones desde el debido proceso y calidad de la información", en CEJA, Justicia civil: perspectivas para una reforma en América latina, Santiago, Centro de Estudio de Justicia de las Américas, 2008. [ Links ]
Carnelutti, Francesco, Cómo se hace un proceso, traducción de Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redín, Argentina, Editorial Rodamillans S.R.L., 1954. [ Links ]
Corte Suprema de Chile, Causa rol N° 9607-2011, sentencia 29 de febrero de 2012, Cita Westlaw Chile: CL/ JUR/472/2012. [ Links ]
Fuentes Maureira, Claudio, "La persistencia de la prueba legal en la judicatura de familia", en Revista de Derecho, año 18, N° 1, Antofagasta, 2011. [ Links ]

References: resolución 
 artículo 32
 artículo 201
 artículo 200
 resolución 
 artículo 198
 artículo 200
 artículo 1712
 artículo 426
 artículo 1712
 artículo 1712
 artículo 200
 artículo 19
 artículo 8
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 170
 Artículo 8