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Timestamp: 2020-08-14 08:12:22+00:00

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EL BLOG DE EDUARDO ROJO: La saga universitaria nos sigue dando sorpresas. Despido improcedente de profesor ayudante doctor y cómputo de toda su prestación de servicios (contratación administrativa y laboral). Notas a la sentencia del TS de 1 de julio de 2020.
La saga universitaria nos sigue dando sorpresas. Despido improcedente de profesor ayudante doctor y cómputo de toda su prestación de servicios (contratación administrativa y laboral). Notas a la sentencia del TS de 1 de julio de 2020.
1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por la Sala Social delTribunal Supremo el 1 de julio de la que fue ponente la magistrada Mª Lourdes Arastey, también integrada por los magistrados Ángel Blasco, Juan Molins y Ricardo Bodas, y la magistrada Mª Luisa Segoviano.
El interés de la resolución judicial radica a mi entender en la toma en consideración de todo el período de prestación de servicios del profesor demandante, tanto los regulados por normativa administrativa como posteriormente por la laboral, que tendrá consecuencias indudables sobre la calificación jurídica de la extinción contractual decidida por la empresa, la Universidad de Málaga. Además, la sentencia realiza un amplio repaso de la jurisprudencia de la Sala sobre las vicisitudes contractuales de diferentes categoría de profesorado universitario, con recordatorio de las sentencias dictadas desde la primera de 1 de junio de 2017.
La sentencia estima, en los mismos términos propugnados por el Ministerio Fiscal en su preceptivo Informe, el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por un profesor de aquella Universidad contra la sentencia dictada por la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia deAndalucía (sede Málaga) el 20 de junio de 2018, de la que fue ponente el magistrado Raúl Páez
La Sala autonómica había estimado el recurso de suplicación interpuesto por la parte empresarial contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 9 de Málaga el 9 de diciembre de 2017 que había declarado la improcedencia del despido, fallando que la decisión empresarial de dar por finalizado el contrato vigente no era constitutiva de despido sino de válida terminación de aquel. Cabe indicar que la sentencia del TSJ es sustancialmente idéntica a una dictada poco antes, el 11 de abril, de la que fue ponente el magistrado José Luis Barragán, a la que sigue “por razones de coherencia, seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la Ley – artículos 9.3 y 14 de la Constitución”.
El escueto resumen oficial de la sentencia es el siguiente: “Profesor ayudante doctor. Características de esa modalidad contractual. Carácter fraudulento de la contratación. Universidad de Málaga”.
2. El litigio encuentra su origen en sede judicial con la presentación de una demanda, en procedimiento por despido, por parte de un profesor adscrito al Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina, tras la decisión empresarial de dar por finalizado su contrato laboral suscrito el 1 de mayo de 2012 y con vigencia hasta el 30 de abril de 2017. Dicha decisión le fue comunicada el 30 de marzo, y se realizaba con respeto de lo dispuesto en el art. 24 del convenio colectivo del PDI de las Universidades Públicas andaluzas (“1. Cuando proceda la extinción de un contrato temporal, se notificará a la persona afectada y al departamento en el que preste servicios con, al menos, 15 días de antelación, excepto en el caso de los contratos de profesor sustituto interino en que la notificación se hará en cuanto se tenga constancia del fin de las causas que justificaron su celebración”)
De los hechos probados de la sentencia de instancia interesa retener, a los efectos de mi exposición, estos contenidos:
En primer lugar, que el demandante prestaba servicios desde el 1 de octubre de 1982, con sucesivos contratos administrativos de colaboración temporal y ayudante, siempre con dedicación plena, habiéndose prorrogado el último suscrito, el 1 de octubre de 1999, en varias ocasiones hasta su finalización el 30 de abril de 2012.
En segundo término, que sin solución de continuidad se formaliza contrato laboral como profesor ayudante doctor, docente/investigador de duración determinada por una duración de cinco años a contar a partir de del 1 de mayo de 2012. En este contrato, al igual que en todos los restantes, el profesor prestó sus servicios a dedicación plena a tiempo completo en el mismo Departamento en el que inició su actividad universitaria. En la citada fecha la Universidad procedió a dar de alta al profesor en el régimen general de la Seguridad Social.
En tercer lugar, que consta reconocida, con fecha 29 de abril de 2005, la evaluación positiva de la actividad docente e investigadora del citado profesor para poder ser contratado como profesor ayudante doctor, siendo certificada dicha evaluación, a los efectos de su futura contratación, por la Directora General de Universidades.
3. La sentencia de instancia estimó la pretensión de la parte demandante, interponiéndose recurso de suplicación por la parte empresarial, al amparo de los apartados b) y c) del art. 193 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, es decir solicitando revisión de hechos probados y alegando infracción de la normativa y jurisprudencia aplicable.
El primero será desestimado (vid FD segundo) por no vincular la petición a una modificación concreta del fallo ni alegar de qué forma se ha producido la vulneración normativa, concluyendo con acierto a mi parecer la Sala que “esta completamente vedada para la Sala la posibilidad de confeccionar ex novo un motivo a tal efecto”.
Por el contrario, si será estimada la alegación de vulneración de la normativa y jurisprudencia aplicable (arts. 49, 53 y 56 de la Ley del Estatuto de los trabajadores, y arts. 108 y 110 de la LRJS). Como he indicado con anterioridad, la Sala reproduce la argumentación contenida en la sentencia de 11 de abril de 2018, en un caso semejante y en el que se concluyó, entre una argumentación ciertamente más amplia, que “la demanda se sustentaba en que la concatenación de contratos temporales debía llevar consigo la declaración de la relación como indefinida, omitiendo que, en realidad, el demandante ha venido suscribiendo sucesivos contratos temporales administrativos dentro del marco legal universitario, diferente al marco legal general. Sólo la última contratación ha tenido carácter laboral, como profesor ayudante doctor, y su extinción se ha producido por expiración del tiempo convenido, y esa contratación laboral fue solicitada de forma libre y voluntaria por el demandante, en aplicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga de 23 de diciembre de 2011, siendo la duración de la misma la máxima permitida por el artículo 50 de la Ley Orgánica de Universidades, tras la modificación introducida por la Ley Orgánica 7/2007”.
La Sala argumenta, a partir de los hechos probados, que fue el profesor quien solicitó el 2 de febrero de 2012 la adaptación de su contrato de naturaleza administrativa al marco laboral posibilitado por la reforma de la LOU en 2007, y que dicha petición fue aprobada por la Universidad con efectos a partir del 1 de mayo, en aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la LO 6/2001 en la redacción dada por la LO 4/2007 (“Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley se hallen contratados en universidades públicas como profesores con contrato administrativo LRU, podrán permanecer en su misma situación hasta la extinción del contrato y de su eventual renovación, conforme a la legislación que les venía siendo aplicable. No obstante, dichos contratos podrán ser prorrogados sin que su permanencia en esta situación pueda prorrogarse más de cinco años después de la entrada en vigor de la Ley. Hasta ese momento, las universidades, previa solicitud de los interesados, podrán adaptar sus contratos administrativos vigentes en contratos laborales, siempre que se cumplan los requisitos de cada una de las figuras previstas en esta Ley y no suponga minoración de su dedicación”).
De manera sorprendente a mi parecer, ya que en los hechos probados de la sentencia de instancia consta una clara información al respecto y que supongo que fue constatada en el acto del juicio si es que no lo había sido antes, la Sala autonómica se remite a la demanda y afirma que “no solo en la demanda rectora de las presentes actuaciones se omite de manera indebida la naturaleza administrativa de todos los contratos firmados por el demandante con anterioridad al 01.05.2012, sino que además se obvia que la opción de adaptación de su contrato administrativo a contrato laboral fue elegida voluntariamente por el demandante”.
Subraya la Sala el régimen específico de contratación del profesorado universitario con arreglo a la LOU y que la LET solo se aplicará de manera supletoria, y de la redacción de aquella, en concreto del art. 50, concluye que “en el apartado de hechos probados no consta dato alguno del que poder deducir que el contrato firmado por el demandante con la Universidad demandada no se adecúe a lo establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica 6/2001, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, bajo el epígrafe de profesores ayudantes doctores”. Bueno, añado por mi parte, quizás el contrato sea formalmente correcto, pero aquello que tenemos que averiguar, y ya sabemos que la Sala se manifestará en sentido negativo, es si debía formalizarse ese contrato cuando la vida universitaria del profesor desde 1982 pudiera llevar a sostener que ya debía tener la condición de trabajador indefinido por incumplimiento de la normativa aplicable, y es aquí donde la sentencia del TS cobrará un innegable valor por confirmar la sentencia de instancia en la que se había reconocido la antigüedad del profesor no desde la fecha de su primera prestación pero sí desde una, 10 de enero de 1995, muy lejana a la formalización de su primer contrato laboral temporal.
Basándose, pues, en la redacción del art. 50 LOU la Sala es del parecer que la contratación se ajustó plenamente a derecho, no siendo de aplicación la jurisprudencia del TS sentada en sentencia de 22 de junio (que había seguido a la dictada el dia 1 del mismo mes) porque se refería a la contratación de profesorado asociado con una regulación contractual diferenciada de la de los ayudantes, ni tampoco la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014 (asuntoC-190/13, caso Universidad Pompeu Fabra).
Más sorprendente aún me resulta la manifestación contenida en el penúltimo párrafo de la sentencia de la Sala. Como “añadido” a la justificación de la extinción decidida por la Universidad como conforme a derecho, se indica que “a la finalización de contrato laboral firmado el 01.04.2012, el demandante no hizo uso de la posibilidad de acceder bien a la figura contractual de profesor contratado doctor, expresamente prevista en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, contrato que tendría la condición de indefinido con dedicación a tiempo completo, bien a la condición de funcionario de carrera como profesor titular de Universidad, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 19 del I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 9 de mayo de 2008, y al amparo de lo previsto en los apartados 3 y 4 del acuerdo de la Comisión Paritaria de Interpretación y Vigilancia del mencionado Convenio Colectivo de 19 de diciembre de 2012”.
Como no conozco los entresijos del caso no puedo pronunciarse sobre las posibles razones del citado profesor para no accionar en los términos que se recogen en la sentencia, pero tampoco creo que importe mucho a los efectos de resolución del caso, dado que aquello que se juzga no es una actuación de la pare trabajadora sino una de la parte empresarial, es decir si la extinción era conforme a derecho o no, siendo la tesis del trabajador que la contratación se había efectuado en fraude de ley.
4. Contra la sentencia del TSJ se interpuso RCUD por la parte trabajadora, aportándose como sentencia de contraste la dictada por la Sala Social del TSJ de Madrid el 12 dediciembre de 2014, de la que fue ponente el magistrado Ignacio Moreno.
Se trataba de un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid que venía prestando sus servicios desde el 1 de octubre de 1975 con sucesivos contratos de naturaleza administrativa, hasta la formalización de su primer contrato laboral. En el hecho probado tercero de la sentencia de instancia, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 35 de Madrid el 2 de junio de 2014 que desestimó la demanda por despido nulo y subsidiariamente improcedente, , tenemos conocimiento de su cese el 3 de mayo “como Asociado tipo 3, con contrato administrativo, al haber alcanzado el tiempo máximo para permanecer con dicho contrato, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria cuarta de la LOU (modificada por la LOMLOU), habiéndosele dado la opción de transformar su plaza a Asociado en régimen de derecho laboral, opción que no fue aceptada dada su insistencia en ser Profesor Colaborador”, y en el cuarto que “El 13.03.2012 se convocó plaza de Ayudante, en el departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica de la ETS Arquitectura, que fue solicitada y ganada por el actor. El 21.06.2012 se celebró contrato con el demandante, como Ayudante, con una duración hasta el 20.06.2013”, fecha esta última en que se dio por extinguido por la UPM.
EL TSJ madrileño desestimará el recurso de suplicación respecto a la petición de nulidad por no apreciar vulneración alguna de la garantía de indemnidad alegada por la parte recurrente, siendo cuestión distinta, tal como expone en el FD noveno “si la extinción del contrato de trabajo del actor, que culmina una dilatadísima prestación de servicios sin solución de continuidad digna de mención, está justificada, y si, en definitiva, resulta fraudulento o no el proceder de la demandada que pone término a la relación sin indemnización”.
Tras un amplio repaso de la doctrina judicial de la propia Sala, de la cláusula 5 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 19997/0/CE sobre contratación de duración determinada, de la sentencia del TJUE antes citada, y a la actividad desarrollada desde octubre de 1975 por el profesor durante su dilatada vida académica y que está recogida en los hechos probados, concluye que “Tan amplio periodo de servicios y la uniformidad de la tarea docente impartida son claramente reveladores de que la enseñanza de esa materia constituía una necesidad permanente del citado centro universitario. En consecuencia, debe entenderse en este caso concreto que la relación laboral del recurrente, por fraudulenta y abusiva, incluso durante un breve periodo de tiempo del curso 2012-2013 sin contrato, no respeta las garantías de la normativa comunitaria de referencia interpretada en la forma ya señalada por la sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 13 de marzo de 2014 (asunto C-190/13)”.
La Sala, en suma, sustentará y apoyará su tesis en la jurisprudencia comunitaria, y resolverá en el sentido de que “En el caso presente, y por aplicación de la interpretación contenida en Sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 13 de marzo de 2014 (asunto C-190/13 ), consideramos que el contrato temporal de Profesor Ayudante suscrito por la demandada con el actor ha devenido fraudulento y abusivo, aunque no exactamente por las razones aducidas por el recurrente, puesto que previamente a su suscripción su contrato era ya indefinido, con una relación de casi cuarenta años de duración, al responder a una actividad normal y permanente de la empresa, y por ello su despido merece ser calificado de improcedente”.
Insisto pues, por mi parte, en que la Sala, al igual que hizo la sentencia de instancia en el litigio ahora objeto de mi análisis, tomaron en consideración para llegar a su conclusión estimatoria de la pretensión toda la vida docente (de naturaleza administrativa y laboral) de ambos profesores.
5. El TS aprecia, con acertado criterio a mi parecer, la contradicción requerida entre ambas sentencias por el art. 219.1 LRJS para poder entrar a conocer de la cuestión sustantiva o de fondo del conflicto y enfatiza, deseo subrayarlo, que en ambos supuestos los profesores “habían venido desarrollando idénticas tareas docente durante un dilatado periodo de tiempo”.
La Sala da respuesta a las alegaciones de infracción de la normativa y jurisprudencia aplicables alegadas por la parte recurrente al amparo del art. 207 e) LRJS, más exactamente los arts. 15.3 y 5 de la LET y la sentencia del TJUE de 13 de marzo de 2014, si bien con anterioridad procede a un recordatorio de la litigiosidad que ha debido resolver en los diversos asuntos que ha conocido sobre la naturaleza de la relación laboral del profesorado universitario, en sus distintas categorías contractuales y la adecuación de su duración (más exactamente, señalo por mi parte, la de la decisión empresarial de extinción) a cada una de ellas, con recuerdo de las sentencias de 1 y 22 de junio de 2017, 15 de febrero de 2018 y 28 de enero de 2019 , referidas al profesorado asociado. Con respecto específicamente hablando al profesorado ayudante, la sentencia recuerda la dictada el 25 de septiembre de 2019 de la que fue ponente la misma magistrada que en la ahora analizada.
Todas esas sentencias han sido objeto de atención detallada por mi parte en anteriores entradas del blog y a ellas me remito, y con respecto a la última citada me permito recomendar su lectura, “El impacto de la jurisprudencia del TJUE y del TS alcanza,evidentemente, a la Universidad. Interino sin derecho a indemnización alfinalizar su (nuevo) contrato. Notas a las sentencias del TS de 25 deseptiembre de 2019 y del TSJ de Galicia de 6 de marzo de 2018”, ya que aborda cuestiones de indudable interés sobre la temática de la (im)posible indemnización a abonar.
6. Tras el amplio repaso que efectúa la Sala de su jurisprudencia sobre el profesorado universitario, y recordar expresamente, con cita de la importante sentencia de 15 de febrero de 2018, que el ámbito universitario “(no es) un espacio inmune al cumplimiento de la normativa comunitaria y española sobre contratación temporal y las consecuencias de una utilización indebida de la misma", llega ya el momento de dar repuesta al caso enjuiciado.
Y lo hace muy correctamente a mi parecer tomando en consideración toda la vida universitario del recurrente, casi treinta y cinco años, a plena dedicación para la Universidad, por lo que la contratación como profesor ayudante doctor no se ajusta a la finalidad perseguida por dicha norma, en tesis completamente contraria como puede comprobarse a la del TSJ andaluz en la sentencia recurrida, cual es completar la formación del profesorado que acceda a esa categoría, tal como se expone con meridiana claridad en la exposición de motivos de la norma al explicar la razón de las modificaciones operadas en las categorías contractuales de profesorado (“En relación con la contratación del profesorado, esta Ley establece, siguiendo las pautas de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, una serie de modalidades contractuales específicas del ámbito universitario que, por las características propias del trabajo y por las condiciones de la relación laboral, no pueden subsumirse en las figuras previstas en la legislación laboral general. Esta Ley define con mayor precisión la especificidad de estas modalidades contractuales, bien por la necesidad de completar la formación en el caso de los ayudantes y de los profesores ayudantes doctores, bien por la oportunidad de aportar a la universidad el conocimiento y la experiencia de profesionales del sector productivo –profesores asociados– o de docentes e investigadores de prestigio de otras universidades –profesores visitantes”). Exposición de motivos en la que en modo alguno reparó la sentencia recurrida.
El análisis de la “carrera profesional universitaria” del recurrente lleva a la Sala a plantearse, y así debe ser en la vida docente e investigadora, que la contratación como ayudante doctor sigue a la anterior de ayudante, en un proceso continuo de formación y que puede alcanzar conjuntamente un máximo de ocho años. La potenciación del factor formativo es el eje central de esa contratación, que obviamente presupone su necesidad por parte del profesor, siendo ciertamente difícil pensar (aunque cada día aprendamos en nuestra vida) que se dé en el supuesto de una persona que cuando formalizó ese contrato tenía acumulada veinticinco años de experiencia laboral, a tiempo pleno, a sus espaldas, por lo que es totalmente lógica y coherente la respuesta dada por la Sala, cual es que la carencia de justificación de la modalidad contractual utilizada, por cuanto “parece difícil aceptar que ese objetivo del contrato fuera ajustado a la realidad subyacente en el presente caso, en donde lo único que se aprecia es un sucesivo cambio de régimen jurídico de una misma y reiterada prestación de servicios, sin variación ni en el contenido de la actividad ni en la capacitación y competencias del trabajador”.
Una actuación fraudulenta, en suma, que también contraría la jurisprudencia comunitaria, en la tantas veces citada sentencia del TJUE de 13 de marzo de 2014, por haberse utilizado una modalidad contractual de duración determinada que no se ajustaba, en el caso concreto analizado, a los requisitos requeridos por la normativa comunitaria, ni tampoco por supuesto a la española, para poder llevarla a cabo.
7. En definitiva, y con ello concluyo esta sentencia que creo que tiene más importancia de la que a primera vista pudiera parecer, ya que la situación analizada puede darse en muchos más supuestos en las Universidades españolas, se estima el RCUD y se confirma la sentencia de instancia, con declaración de improcedencia del despido.
Buena lectura… a la espera de la próxima sentencia (como en las series) de la saga del profesorado universitario. Continuará… seguro.
Etiquetas: despido, improcedencia, Universidad

References: resolución 
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 52
 artículo 19
 resolución