Source: https://issuu.com/redesdeexpertos_ceddet/docs/n__7_revista_digital_de_la_rei_en_parlamentos
Timestamp: 2018-02-19 06:40:39+00:00

Document:
Nº 7 REVISTA DIGITAL de la REI en PARLAMENTOS by Fundación CEDDET - issuu
2 Revista co-editada por la Fundación Manuel Giménez Abad y la Fundación CEDDET Redactor Jefe FERNANDO REVIRIEGO Fundación Manuel Giménez Abad
Equipo Coordinador de la REI en Parlamentos: JOSÉ MARÍA CODES Coordinador temático Congreso de los Diputados de España SONIA CRUZ Coordinadora temática de América Latina JOSÉ ALMEIDA Coordinador temático en América Latina
Fundación CEDDET MARÍA SANZ OLIVEDA Gerente del Programa“Red de Expertos” LAURA SÁNCHEZ SAIZ Coordinadora del Área Parlamentaria
ENTREVISTA LUIS FELIPE SILVEIRA DIFINI Presidente del Tribunal Regional Electoral de Rio Grande Do Sul, Brasil
ELVIRA RODRÍGUEZ HERRER Presidenta de la Asamblea de Madrid
ESTUDIOS El Presidente y el Congreso. Escenas de pugilato Constitucional en Argentina Néstor Pedro Sagüés
PANORÁMICAS México. El procedimiento legislativo en México Gastón J. Enríquez Fuentes
Panamá. Notas sobre la función legislativa en Panamá Andrés Wong Pimentel
Perú. El tiempo de los debates en el procedimiento legislativo Giovanni Forno Flórez
NUESTROS PARLAMENTOS Bolivia La Asamblea Legislativa Plurinacional J. Alberto del Real Alcalá
ESTHER GONZÁLEZ-LLANOS Coordinadora técnica
México La pregunta parlamentaria Iliana Araceli Briseño Angeles y Juan Díaz Rebollar
Argentina Digesto jurídico de la Provincia de Río Negro María Beatriz Rodríguez
Paraguay Abogado y parlamentario: Contribución al debate sobre el ejercicio de dos roles Alberto Manuel Poletti Adorno
ACTIVIDADES DE LA REI EN PARLAMENTOS
JOSÉ TUDELA ARANDA Secretario General
ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN MANUEL GIMÉNEZ ABAD 51 La presente publicación pertenece a la REI en Parlamentos está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España. Por ello se permite libremente copiar, distribuir y comunicar públicamente esta revista siempre y cuando se reconozca la autoría y no se use para fines comerciales. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org /licenses/by-nc-nd/3.0/es/. Para cualquier notificación o consulta escriba a redes@ceddet.org. ISSN: 1989-6654 La REI en Parlamentos y las entidades patrocinadoras no se hacen responsables de la opinión vertida por los autores en los distintos artículos.
Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Parlamentos Número 7. 2º Semestre 2010
Editorial l sistema electoral y las relaciones "Gobierno vs. Asamblea" son los dos temas sobre los que giran en este número de la revista, las Entrevistas que habitualmente le sirven de cabecera. En la primera, respondida gentilmente por Luis Felipe Silveira, Presidente del Tribunal Regional Electoral de Rio Grande do Sul de Brasil, se diseccionan las fortalezas y las debilidades del sistema electoral brasileño, y también la evolución de su tratamiento legislativo. Igualmente se abordan puntos más específicos, como las ventajas o desventajas del voto electrónico o el análisis de específicas convocatorias electorales, lo que permite valorar la experiencia práctica del modelo. En la segunda, la Presidenta de la Asamblea de Madrid Elvira Rodriguez Herrer analiza temas de amplio alcance, que van del control parlamentario al transfuguismo; pero también trata cuestiones relativas al derecho parlamentario, como el valor de las costumbres, usos o prácticas parlamentarias o la técnica legislativa, sin dejar de lado otras de cierto interés teórico, aunque con menor proyección práctica, como la regulación y tramitación de las iniciativas legislativas populares. El Estudio corre a cargo en esta ocasión del profesor Nestor Pedro Sagües, Catedrático de Derecho Constitucional, con el trabajo “El Presidente y el Congreso. Escenas de pugilato constitucional”. En él disecciona la relación entre ambos poderes en la política argentina (un país fuertemente presidencialista, quizá demasiado como destaca el propio autor) con claridad y con un profundo conocimiento teórico de la relación interna de poderes. Como ha señalado en otros escritos, lo cierto es que el parlamentarismo es en Latinoamérica un tema cíclico y recurrente, una alternativa siempre presente en la mesa de discusiones cuando se somete a debate una eventual reforma de la Constitución en cualquier país del área. En la sección Panorámicas contamos con tres estudios que abordan cuestiones relativas a la función legislativa desde diferentes perspectivas y que nos acercan a los modelos de México, Panamá y Perú. Los trabajos han sido elaborados por Gastón Enríquez Fuentes, Investigador del
Centro de Tecnología Jurídica y Criminológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Andrés Wong, Asesor Parlamentario y Giovanni Forno Florez, Coordinador de la REI. Las perspectivas y enfoques, ciertamente diversas, sin duda enriquecerán nuestra visión de estas cuestiones. Nuestros Parlamentos cuenta con contribuciones de muy diferente tenor, que se abordan cuestiones relativas a Argentina, Bolivia, México o Paraguay. Por un lado, un estudio sobre el Asamblea Legislativa Plurinacional a cargo de Alberto del Real, que fuera asesor internacional de la cooperación técnica alemana para la Cámara de Diputados de Bolivia; en este trabajo se analiza una institución clave en la refundación del país, y se valora positivamente la apuesta del nuevo texto. Por otro, unas notas sobre la introducción de la pregunta parlamentaria en México y su relevancia, a cargo de Iliana Araceli Briseño y Juan Díaz Rebollar, Subdirectores de Vinculación Institucional en la Secretaría de Gobernación y Consultoría Legislativa en la Secretaría de Economía, respectivamente. En tercer lugar, se incluye también una reseña sobre la virtualidad de la aprobación de un Digesto Jurídico en la Provincia de Río Negro, en Argentina, de cara a solventar los problemas de lo que viene a denominar “inflación y contaminación normativa provincial”, proceso iniciado hace una década; el estudio es desarrollado por Beatriz Rodríguez, coordinadora del mismo. Por último, un apunte elaborado por Alberto Poletti, Profesor y Abogado, sobre la compatibilidad o incompatibilidad de las funciones de abogado y parlamentario en una misma persona, que ha elaborado al hilo de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Se incorporan asimismo en este número las Conclusiones de los foros temáticos de la REI, que abordaron en diferentes puntos el estatuto de los parlamentarios; una tarea realizada por los coordinadores de Perú, España y Costa Rica, José Almeida, José María Codes y Sonia Cruz. FERNANDO REVIRIEGO Redactor Jefe Fundación Manuel Giménez Abad Profesor Titular de Derecho Constitucional. UNED
REI en Parlamentos
Entrevista Luis Felipe Silveira Difini Presidente del Tribunal Regional Electoral de “Rio Grande Do Sul”, Brasil
Entrevista realizada por CARLOS COSTA Miembro de la Junta Electoral de Brasil
Sr. Presidente, a la vista de su experiencia, ¿qué piensa acerca del sistema electoral brasileño? ¿Cuáles son, a su juicio, sus puntos fuertes o, en su caso, sus debilidades? El actual sistema electoral brasileño es absolutamente positivo, teniendo en cuenta que la consolidación de la democracia en Brasil se hizo esperar un cuarto de siglo, algo sin precedente en la vida republicana. Uno de sus puntos fuertes es la fiabilidad del recuento en las elecciones, que tiene lugar de forma segura y rápida. Los puntos débiles, en mi opinión, se encuentran principalmente en el proceso postelectoral, en la forma de crear mayorías en las cámaras legislativas, causa de los grandes escándalos que ha visto la historia brasileña. ¿Podría apuntarnos cuál ha sido la evolución legislativa en Brasil, y especialmente sobre la “ficha limpa” y la rendición de cuentas? La evolución de la justicia electoral brasileña consta de tres etapas: una es el re empadronamiento de los electores, realizado en 1986; la segunda es la introducción de la urna electrónica y la tercera, el uso de la urna biométrica. El denominado proyecto Ficha Limpa (proyecto que prohíbe que candidatos que tengan procesos judiciales puedan participar en las elecciones) fue una importante conquista de la sociedad brasileña, aunque el Supremo Tribunal
Federal no haya llegado a un consenso definitivo en cuanto a su aplicación en las elecciones de 2010, sí hubo mayoría absoluta, por el contrario, en lo relativo a su aplicación en las elecciones de 2012. Una importante victoria de la sociedad brasileña ya que, no olvidemos, se trata de un proyecto de ley de iniciativa popular. En cuanto a las rendiciones de cuentas, debemos apuntar que hemos logrado pequeños avances. La existencia de una forma de control de las cuentas de campaña es importante y fundamental para intentar detener la corrupción, cuyo indicio más visible se refleja en los recursos recaudados en campañas electorales. Éstos se recaudan regularmente para la campaña continuándose incluso finalizada ésta. Podemos decir que los controles pecan de burocráticos, pues se acaba penalizando a los candidatos menos preparados técnicamente para rendir cuentas, aunque sean honestos. Además, la jurisprudencia reciente que implica que la no aprobación de la rendición de las cuentas no lleva a ninguna sanción política a quienes no tengan las cuentas aprobadas, es un retroceso evidente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ve Vd. en la urna electrónica? ¿Puede decirse que es segura? ¿Si es así, por qué? Creo que la urna electrónica solo tiene ventajas.
ENTREVISTA: Luis Felipe Silveira Difini
Recuerdo que, en las elecciones de 1982, las primeras elecciones que tuvieron lugar para cargos ejecutivos aquí en el estado de Río Grande del Sur, especialmente para gobernador (no para Presidente de la República) el recuento tardó quince días y fue bastante discutido (el voto aún era en papel). La urna electrónica ofrece la absoluta seguridad de que el voto colocado en la urna es el voto computado. Además de esto, elimina la campaña de recuento y la presión generada sobre los escrutadores y los votos que validaban o no. También existía la duda sobre si los votos dados permitían la identificación del mismo. Por ejemplo, si alguien colocase el nombre del gobernador en la casilla destinada para el nombre del diputado estatal o federal, ¿valdría el voto o no? Esto no ocurre con la urna electrónica, pues permite el recuento rápido y seguro sin controversia en los resultados, como hemos visto en estas últimas elecciones. Todas las pruebas realizadas con la urna electrónica indican que es absolutamente segura, y aún así el TSE ha ampliado los mecanismos de vigilancia, incluso comprobando las urnas en presencia de representantes de la sociedad. También los partidos, que reciben copias de los respectivos programas, pueden realizar pruebas en cualquier urna electrónica del país. ¿Por qué hacer una urna biométrica y cómo funciona? La urna biométrica es una forma más moderna de identificación del elector, a través de su huella digital, así como el comienzo de un proceso de identificación de todos los ciudadanos con una identificación única. Además de esto, representa un aumento del nivel de seguridad del proceso, porque descarta cualquier posibilidad de que una persona pueda votar en la práctica por otra suplantando su personalidad. Funciona permitiendo al elector acceder a la urna tras validar su impresión digital en el lector de huellas acoplado a la propia urna. ¿Por último, y descendiendo al detalle, ¿qué opinión le merecen las elecciones de 2010?¿Cómo se desarrolló el proceso electoral en Río Grande del Sur? Las elecciones de 2010, desde el punto de vista de la justicia electoral, transcurrieron de manera casi perfecta, en lo que se refiere a su recuento.
Fueron unas elecciones que implicaron a más de ciento treinta millones de votantes y en las que el recuento se realizó en pocas horas conociéndose los resultados el mismo día, a pesar de que Brasil es un país de dimensiones continentales. Desde el punto de vista del debate político, podría haber sido más rica, dado el tiempo disponible para los partidos en la radio y en la televisión, un tiempo que podría aprovecharse mejor para un debate de temas políticos que implicasen a la nación. Pero, lo cierto es que son circunstancias del propio proceso electoral y de la forma en que se diseña el debate. En Río Grande del Sur se dieron unas elecciones de alto nivel, y aquí debemos felicitar a los principales competidores, que honraron sus biografías y mantuvieron unas elecciones de calidad. El recuento fue muy tranquilo, sin controversias en el resultado, y no hay que olvidar que en la segunda ronda el vencedor fue proclamado casi tres horas después de la finalización del proceso electoral.
TEXTO ORIGINAL EN PORTUGUÉS O que o Sr. Pensa sobre o Sistema Eleitoral Brasileiro e quais são os pontos fortes e fracos. O atual Sistema Eleitoral Brasileiro é absolutamente positivo, visto que a consolidação da democracia no Brasil levou um quarto de século, coisa que não tem precedente na vida republicana. Um ponto forte é a confiabilidade da apuração das eleições, que ocorre de forma segura e célere. Os pontos fracos, a meu ver, residem principalmente no pós eleição, na forma de se criar a maioria nas casas legislativas, o que tem sido a causa dos grandes escândalos que têm vindo a público na história brasileira. Poderias falar um pouco sobre a evolução legislativa no Brasil, em especial ficha limpa e prestação de contas? Eu tenho dito que a evolução da Justiça Eleitoral Brasileira tem três momentos: um é o recadastramento dos eleitores, feito em 1986; o segundo é a introdução da Urna Eletrônica e o terceiro é o uso da Urna Biométrica. O projeto Ficha Limpa ( esse projeto proíbe que candidatos que tenham proces-
sos na justiça possam participar das eleições) foi uma importante conquista da sociedade Brasileira, ainda que o Supremo Tribunal Federal não tenha chegado a uma solução definitiva de mérito quanto a sua aplicabilidade ou não, ao menos para as eleições de 2010. Mas houve firme maioria no sentido de que será plenamente aplicável nas eleições de 2012. Isso foi uma importante vitória da sociedade brasileira, pois foi um projeto de lei de iniciativa popular. Quanto às prestações de contas nós temos tido avanços tímidos. A existência de uma forma de controle das contas de campanha é importante e fundamental para deter a corrupção, cuja face mais presente é através dos recursos arrecadados em campanha eleitorais. Arrecada-se regularmente para a campanha e se continua arrecadando após finda a campanha. Ai está a gênese da corrupção brasileira. Os controles pecam por um certo burocratismo, que acaba penalizando aqueles candidatos menos preparados para fazer tecnicamente a prestação de contas, embora não desonestos. Ademais, a jurisprudência recente de que a não aprovação da prestação de contas não leva a nenhuma sanção política àqueles que tiveram suas contas desaprovadas é um evidente retrocesso. Quais as vantagens e desvantagens da urna eletrônica? A urna Eletrônica é segura? Porque? Eu creio que a urna eletrônica só tem vantagens. Eu relembro que na eleição de 1982, a primeira eleição que houve para cargos executivos aqui no Estado do Rio Grande do Sul, especialmente para Governador (não para Presidente da República), a apuração demorou 15 dias e foi bastante contestada (o voto ainda era por papel). A Urna Eletrônica cria a absoluta segurança de que o voto colocado na urna é o voto apurado. Além disso, elimina a campanha da apuração, aquela pressão que havia sobre os escrutinadores, no sentido de validar ou não votos. Também havia uma profunda dúvida se os votos dados permitiam a identificação do mesmo. Por exemplo, se alguém colocasse o nome do governador no local indicado para o nome do deputado estadual ou federal, valia o voto ou não? Isso não acontece com a urna eletrônica, pois ela permite a apuração absolutamente rápida e segura sem qualquer contestação dos
resultados, como mais uma vez nós vimos nestas última eleição. Todos os testes feitos com a urna eletrônica indicam que ela é absolutamente segura, e ainda assim o TSE tem ampliado os mecanismos de fiscalização, inclusive testando as urnas na presença de representantes da sociedade. Também os partidos, que recebem cópias dos respectivos programas, podem realizar testes em qualquer urna eletrônica do país. Porque fazer uma urna biométrica e como ela funciona? A urna biométrica é uma forma mais moderna de fazer a identificação do eleitor, pela sua própria digital, e também é uma semente para um processo de identificação de todo o cidadão através da criação de uma identificação única. Além disso, representa um aumento do nível de segurança do processo, porque elemina qualquer possibilidade de uma pessoa votar por outra. Ela funciona liberando a urna ao eleitor após a identificação da sua impressão digital pelo leitor de digitais acoplado à própria urna.
Qual a sua visão sobre a eleição de 2010? Como foi o processo de eleição no Rio Grande do Sul? A eleição de 2010, do ponto de vista da Justiça Eleitoral, transcorreu com um nível próximo da perfeição, quanto à sua apuração. Essa foi uma eleição que envolveu mais de 130 milhões de votantes e foi apurada em horas, sendo que o resultado saiu no próprio dia, mesmo sendo o Brasil um país de dimensões continentais. Já do ponto de vista do debate político, poderia ter sido mais rica, diante do tempo disponível aos partidos no rádio e na televisão. Tempo que poderia ser melhor aproveitado para uma discussão de temas políticos que envolviam a nação. Mas, enfim, são circunstâncias do próprio processo eleitoral e da forma como se desenha a disputa. No Rio Grande do Sul foi uma eleição em alto nível, e aqui devemos parabenizar os principais concorrentes, que honraram suas biografias e mantiveram uma eleição de nível. Sua apuração foi absolutamente tranquila, não havendo qualquer contestação do resultado, lembrando que no segundo turno o vencedor foi divulgado cerca de 3 horas depois da finalização do processo eleitoral.
DATOS SOBRE LAS ELECCIONES DE 2010
Brasil: 135.803.433 electores inscritos 5.561 municipios (ciudades)
Rio Grande do Sul: 8.107.550 votantes registrados 496 municipios (ciudades)
• Fueron utilizadas 400 mil urnas electrónicas. • En Río Grande del Sur se utilizaron 25.893 urnas. • Fueron convocadas 1.600.000 personas para trabajar en las elecciones. • Tiempo de votación: de las 8h a las 17h.
• El coste por elector en las elecciones de 2010 fue: – R$ 3,60 Brasil (2,11 dólares o 1,50 euros) – R$ 1,80 Río Grande del Sur (1,05 dólares o 0,75 euros) • Número de candidatos en los 26 estados brasileños:
• Las elecciones tienen lugar cada dos años.
– Presidente, 9 candidatos
• Las próximas elecciones son para alcalde (prefeito) y para concejales (vereadores).
– Gobernador, 170 candidatos
• Las elecciones de 2010 fueron para los siguientes cargos (en Brasil se vota a una o más personas y no a partidos/listas cerradas):
– Congresista Federal (Diputado), 6.021 candidatos
– 1 voto para Presidente – 1 voto para Gobernador (Intendente) – 2 votos para Senadores – 1 voto para Congresista Federal (Diputado) – 1 voto para Congresista Estatal
– Senadores, 272 candidatos
– Congresista Estatal, 15.268 candidatos Total: 21.740 candidatos • En la primera ronda (turno) de las elecciones, a las 20h ya se conocía la mayoría de los elegidos.
• Fue necesario acceder a 25 teclas en la urna.
• La segunda vuelta terminó entre las 17h y las 19h debido a la zona horaria del estado de Acre.
• El tiempo de votación fue de 2 min en la primera ronda.
• A las 20h30 ya se habían contabilizado más del 90% de los votos de todo el país.
Entrevista Elvira Rodríguez Herrer Presidenta de la Asamblea de Madrid
Sra. Presidenta: ¿Cómo se articulan en la práctica las relaciones entre el Gobierno autonómico y la Asamblea Legislativa en Madrid, y en particular el control del primero por la segunda? En el Organigrama del Gobierno existe una Dirección General de Relaciones con la Asamblea que canaliza las comunicaciones Entrevista realizada por JOAQUÍN BRAGE entre ambas Instituciones. Por otra parte, el Juez y Profesor de viceconsejero de Presidencia y la directora Derecho se sientan en la Junta de Portavoces en Constitucional representación del Gobierno para manifestar el criterio de éste en los casos que determina el Reglamento o avisar de si el Gobierno puede atender las iniciativas que la Junta determina para las sesiones del Pleno. Por lo que respecta a la segunda cuestión, la Asamblea de Madrid ejerce una intensa tarea de control a la acción del Ejecutivo a través de las iniciativas que sus parlamentarios presentan. Los diputados pueden hacer preguntas a los miembros del Gobierno sobre cuestiones concretas, así como pedir su comparecencia para dar cuenta sobre asuntos determinados interpelarlos por razones de política general. Las preguntas pueden ser de respuesta oral, en comisión o en el pleno, o escritas. Las interpelaciones tan sólo pueden ser efectuadas en el pleno. En las comisiones, pueden responder consejeros y otros representantes del Ejecutivo como directores generales o responsables de las empresas públicas, mientras que en el pleno sólo pueden inter-
venir la presidenta y los consejeros. Asimismo, se pueden realizar peticiones de información por escrito. ¿Cómo se regula la iniciativa legislativa popular en la Asamblea madrileña? Según recoge el Reglamento de la Asamblea de Madrid y la Ley autonómica que regula la Iniciativa Legislativa Popular, ésta se ejerce con la presentación de Proposiciones de Ley que tienen que estar suscritas por las firmas autenticadas de cincuenta mil electores madrileños. Los promotores se deben constituir en una Comisión Promotora. Una vez que la Mesa admite la Proposición, lo comunica a la Comisión Promotora para que recoja las firmas necesarias en el plazo de tres meses. Las firmas deberán ir acompañadas del número de DNI y dirección y serán autenticadas por un notario, un secretario judicial o el secretario municipal. Las firmas se deberán entregar en la Secretaría General de la Asamblea de Madrid en los seis días posteriores a al vencimiento del plazo de los tres meses para su recogida. La Mesa de la Asamblea hará el recuento y si las firmas válidas son al menos cincuenta mil, ordenará la publicación de la Proposición de Ley para el inicio de su tramitación parlamentaria. En particular, ¿está permitida la recogida de firmas online como sería de esperar en
ENTREVISTA: Elvira Rodríguez Herrer
estos tiempos y tal y como se reconoce en la iniciativa legislativa ciudadana en la Unión Europea tras el Tratado de Lisboa? ¿Qué otras adaptaciones o reformas cree que podrían o deberían llevarse a cabo en este terreno? La iniciativa legislativa popular es una herramienta muy útil que permite a los ciudadanos impulsar una proposición de ley sobre un determinado asunto. En el caso de las Cortes Generales, como usted sabe, se encuentra regulada en el artículo 87.3 de la Constitución se desarrolló mediante la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. Esta ley orgánica fue modificada en el año 2006 entre otros motivos, para posibilitar la recogida electrónica de firmas. En el caso de la Comunidad de Madrid, el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía de 1983 y la Ley 6/1986, de 25 de junio, de iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, regulan la materia de manera muy similar al régimen nacional. La diferencia más importante es que mientras a nivel nacional se requiere medio millón de firmas, en la Comunidad de Madrid se exigen solo cincuenta mil. Por otro lado, la ley autonómica no ha sido modificada, por lo que a día de hoy no es posible presentar las firmas de manera electrónica. En lo referente al camino que deben seguir las reformas en un futuro, habría que buscar fórmulas para conseguir que la manera más democrática con la que contamos de impulsar leyes, como es la iniciativa legislativa popular, sea cada vez más utilizada y demandada por los ciudadanos porque en la actualidad es una herramienta muy poco utilizada. Desde 2001 se han presentado en la Asamblea de Madrid cuatro proposiciones de ley a través de iniciativas legislativas populares. En el Parlamento de Madrid se han vivido trascendentes casos de transfuguismo político (PRIM, o el caso Tamayo y Sáez), un problema para el que hasta ahora sólo se habían alcanzado soluciones relativas, condicionadas siempre por la doctrina inflexible de nuestro Tribunal Constitucional, desde su STC 10/1983 (su ponente, Rubio Llorente se ha mostrado hace años ya partidario de su revisión), de que el escaño pertenece al parlamentario (y no al partido
político) y ello por mucho que este se desvincule del partido por el que se presentaba o "traicione" a sus electores. ¿Cómo le parece que está la situación actualmente y qué posibles vías (regulación legal específica; pacto político, etc) -y con qué contenidocree que pueden existir para combatir lo que comúnmente se reconoce como una grave lacra de nuestro sistema parlamentario y político en general, propiciando casos demenciales de corrupción, aparte del supuesto todavía más indecente de los parlamentarios ya elegidos de un partido a la postre declarado ilegal por sus vínculos con el terrorismo? La pertenencia al diputado del escaño se fundamenta en la defensa del carácter de representante de todos los ciudadanos que tiene cada parlamentario frente al poder de los partidos políticos. Para evitar fraudes y los posibles excesos se creó el Pacto Antitransfuguismo. Es verdad que no es una norma con rango de ley pero ha dotado a los partidos de un código ético que obliga a hacer un ejercicio de responsabilidad cuando se plantean estas situaciones. El propio caso de Tamayo y Sáez a que se refiere usted es una muestra de ese compromiso porque la oposición se negó a formar un gobierno sustentado en esos dos tránsfugas Ese acuerdo debía llevarse a sus últimas consecuencias para que no se repitan situaciones como las que estamos viviendo en Benidorm o en Pinto. Sin embargo el debate debería ser mucho más profundo y complejo que la discusión formal acerca de si el escaño es de los diputados o de los partidos por los que se presentaron a la elección. En el Derecho parlamentario, es sabido que, desde sus mismos orígenes, una fuente importante son las costumbres, que vienen a hacer normal y obligatorio algo que las normas escritas no prevén, aun cuando tengan un rol mucho menos trascendente en nuestro ámbito que en el anglosajón. ¿Podría mencionarnos las costumbres, usos o prácticas parlamentarias más relevantes que se hayan desarrollado a lo largo de los años en la Asamblea que Vd. preside? La Asamblea de Madrid es un parlamento relativamente joven; en esta legislatura hemos celebrado sus primeros veinticinco años de vida. Es por eso que la regulación es mucho más detallada y completa
Pleno Institucional 25 Aniversario de la Asamblea de Madrid. Junio 2008. Fuente: www.asambleamadrid.es
que cuando aparecieron los primeros parlamentos y los usos y costumbres no son tan frecuentes ni tan fáciles de establecer. Sin embargo, por ejemplo, desde el momento de la constitución de la Asamblea hasta ahora ha imperado la norma no escrita de hacer que todos los Grupos Parlamentarios tengan al menos un representante en la Mesa aunque no le corresponda por el sistema de reparto proporcional. O, si están todos de acuerdo, no es extraño que la Junta de Portavoces acuerde la modificación de los tiempos de intervención que corresponden a los Grupos Parlamentarios respecto a los fijados por el Reglamento, en ciertos debates especiales. Y en cuanto a la técnica legislativa, ¿qué mejoras cree que podría introducirse después de varias décadas de funcionamiento (por ejemplo, estudios de antecedentes sistemáticos antes de aprobar una ley, seguimientos de la aplicación de ciertas leyes, la existencia de "hearings" en el procedimiento legislativo?
Desde el punto de vista de la técnica legislativa, de la documentación preparatoria de los debates o trabajos o, incluso, de los procedimientos para hacer más eficaz el control al Gobierno creo que los Parlamentos deberían incorporar a su trabajo cotidiano las grandes posibilidades que dan las nuevas tecnologías, las bases de datos, las herramientas, las formas de comunicación. En este sentido, es interesante el debate planteado en el Congreso de los Diputados respecto a que las diputadas con baja por maternidad puedan votar electrónicamente. Por otra parte, uno de los grandes retos de los Parlamentos en la actualidad es la conexión con los ciudadanos, con los electores, que parece que sólo los conocen o atienden en circunstancias escandalosas, con el consiguiente desapego con los políticos lo que puede implicar riesgos para la democracia. En este sentido, las nuevas tecnologías pueden abrir los hemiciclos, no sólo como instrumento de conocimiento en tiempo real que, incluso, puede ser interactivo, sino también a través de la enorme potencialidad que prestan los archivos electrónicos de las
Noviembre de 2008. Elvira Rodríguez recibe a los participantes en la segunda Sesión Autonómica de Madrid Modelo de Parlamento Europeo. Fuente: www.asambleamadrid.es
discusiones, debates o acuerdos para aquellos que estén interesados. En nuestro sistema parlamentario nacional, y por proyección en los autonómicos, tienen un peso enorme los grupos parlamentarios, relegando al diputado individual a un papel muy secundario. Hay señales de que eso va a tener que cambiar en alguna medida, propiciado por las posibilidades organizatorias antes absolutamente desconocidas que ofrece Internet a los ciudadanos en general (por ejemplo, el movimiento internáutico contra la llamada "Ley Sinde") y a los diputados en particular (por ejemplo, blogs). ¿Qué opinión le merece esta cuestión, por dónde cree que pueden ir las cosas en el futuro?
En la contestación a la pregunta anterior adelantaba, en parte, mi opinión respecto a esta cuestión. Sin embargo creo que se están mezclando dos cuestiones, importantes pero diferentes. La existencia de los Grupos Parlamentarios en los Parlamentos tiene una doble justificación. De una parte la organizativa: por medio de los Grupos se instrumenta el trabajo parlamentario, se determinan las iniciativas que se incluyen en los Plenos y Comisiones y se efectúa el gobierno interno en la parte política de los Parlamentos. De otra parte, la política: en un sistema de listas cerradas los Grupos sirven de contrapeso
entre los derechos individuales de los diputados como elegidos de los ciudadanos y los del partido o siglas por el que se presentaron. Los Reglamentos atribuyen derechos a los diputados pero también a los Grupos como tales. Por otra parte, creo que no se pueden poner puertas al campo y que la información, en la actualidad, fluye por la red con tanta potencia que es muy difícil ponerle trabas. Por este motivo, es mejor adaptarse y poner los medios para sacar todo lo positivo que puede haber en los cambios. Es muy posible que en un futuro no muy lejano los Reglamentos de los Parlamentos, que ya recogen que sus sesiones son públicas, regulen igualmente la publicidad por medios digitales y la interactividad que dan herramientas como por ejemplo el Twitter o cualquier otra que se invente. Por ejemplo, si está regulado cuál es el decoro que deben mantener en las sesiones los diputados respecto de sus oponentes no resulta descabellado pensar que se les deba exigir, igualmente, cuando expresan sus opiniones en tiempo real a través de la red. Asimismo, es cada vez más frecuente que los parlamentarios recibamos peticiones de los ciudadanos, más o menos organizadas o masivas, para que se tengan en cuenta determinadas opiniones o intereses. Esto, indudablemente, enriquece sobremanera el trabajo que realizamos.
NÉSTOR PEDRO SAGÜÉS Catedrático de Derecho Constitucional Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario Universidad Católica Argentina
El Presidente y el Congreso. Escenas de pugilato Constitucional en Argentina INTRODUCCIÓN. EL PROTECTORADO PRESIDENCIAL SOBRE EL CONGRESO Ha sido frecuente, en Argentina, que el Presidente contase con apoyo partidista mayoritario en ambas cámaras del Congreso. En tales momentos, si dicho acompañamiento es muy intenso, el principio de división de poderes algunas veces se licua, y ocasionalmente, evapora, en particular en instancias temporales donde se combinan ingredientes caudillescos, populistas y autoritarios. Argentina es un país fuertemente (y tal vez, demasiado) presidencialista, donde el titular del Poder Ejecutivo debía contar, al decir de Juan B. Alberdi (el autor intelectual más relevante de la constitución de 1853, todavía vigente, bien que con numerosas enmiendas), con las facultades de un Rey, cuando se lo desobedeciese como autoridad republicana, y al que había que otorgarle –son sus palabras- todo el poder posible, bien que mediante la Constitución. En tal paisaje jurídico-político, no es de extrañar que los presidentes, de derecho y de hecho, ejerciesen una fuerte influencia, o, prácticamente, dirección, sobre el Poder Legislativo, si su partido controlaba las dos Salas (Senado y Diputados) de éste. Recordemos las competencias que adornan al Presidente argentino: es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, a menudo presidente del partido oficialista gobernante, comandante en jefe de las fuerzas armadas, y además, colegislador. La tentativa de la reforma constitucional de 1994, de moderar su primacía mediante la figura de un “Jefe de Gabinete de Ministros” (art. 100 de la constitución), ha fracasado rotundamente en el plano de la realidad política: el aludido “Jefe”, encargado pomposamente de “ejercer la administración general del país” (art. 100 inc. 1º de la constitución), ha concluido convirtiéndose en un auxiliar de un Presidente que lo nombra y remueve a su placer.
ESTUDIOS: El Presidente y el Congreso. Escenas de pugilato Constitucional en Argentina 13 Además, después de la citada reforma de 1994, el Presidente puede, por expresa disposición constitucional (antes ocurría, de algún modo, pero por derecho consuetudinario) ser legislador a secas (entiéndase bien: dictar normas sobre materias legislativas propias del Congreso) de dos modos distintos: legislador directo, mediante los decretos de necesidad y urgencia (art. 99 inc. 3 de la constitución); o legislador por encargo, debido a las delegaciones que al respecto le confiere el Congreso (art. 76). Es cierto que en ambas hipótesis el texto constitucional establece ciertos topes al Presidente, pero ello no impide una cuantiosa producción legislativa del Poder Ejecutivo. En Argentina, conviene decirlo francamente, los presidentes legislan. En ese contexto, no es raro que nuestros presidentes hayan ejercido muchas veces una suerte de protectorado, más o menos pronunciado según los casos, sobre el Congreso; y que éste, por hedonismo, debilidad, inoperancia, espíritu de obsecuencia, ausencia de liderazgos parlamentarios o por una mal entendida lealtad partidaria, consintiese esa dominación, dulce y seductora en ocasiones, agria y soberbia en otras. Como muestra de ello valga un botón: Hace pocos años, el presidente de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados comentó públicamente (palabras más, palabras menos), que él “no entendía” que los legisladores de su partido pudiesen diferir de, u objetar a, los proyectos de ley elaborados por el Presidente. De esta original manera de entender el tema de la división de los poderes –el expositor, obviamente, no era un fanático de Locke o de Montes-
quieu-, se desprendía que los legisladores del oficialismo debían operar como meras poleas de transmisión de los deseos presidenciales. Carecían, por ende, de aptitud para cuestionar éstos; y menos, naturalmente, de la alternativa de votar contra ellos. Como resultado de esta tesis, disentir con el Presidente, en definitiva, equivaldría a un impensable acto de irracionalidad política: el único papel que les correspondía desempeñar a estos bravos legisladores era el de una fiel política de seguimiento. CAMBIOS EN EL ESCENARIO POLÍTICO Después de las elecciones legislativas de 2009, y de la consecuente conformación de las nuevas cámaras, en diciembre de ese año, el paisaje constitucional en parte ha cambiado. El partido presidencial no tuvo asegurada, ya, una mayoría de bancas en las dos Salas del Congreso. No es que, necesariamente, imperase en ellas la oposición. Una fotografía política del Poder Legislativo evidencia en estos meses mayorías y minorías absolutamente inestables, conformadas caso a caso según situaciones mutables y de acuerdo con los temas, influencias e intereses del momento. En muchos casos el Poder Ejecutivo debe recurrir a fuertes presiones para imponer su criterio. En otros, decididamente, pierde las votaciones. La situación imperante provoca escenas de pugilato constitucional, con estrategias cambiantes y recursos algunas veces para o meta constitucionales. Si se permite una alegoría, en determinados asuntos, los protagonistas de estos rounds utilizan técnicas boxísticas clásicas.
En otros, prefieren la lucha libre, sin rehuir la tailandesa o el sumo. Si es necesario, habrá juego sucio. Otra modificación de los escenarios ha sido la apelación al Poder Judicial para terciar o para dirimir en los conflictos suscitados entre los legisladores y el o la Presidente. En Argentina existe un procedimiento difuso o desconcentrado de control de constitucionalidad, similar al norteamericano, de tal modo que un juez de primera instancia puede bloquear determinadas decisiones del Presidente o del Congreso, incluso a través de una medida cautelar dictada inaudita parte. Dicha resolución es apelable ante un órgano de segunda instancia (generalmente, una Cámara de Apelaciones), y de allí ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras el caso llega a los estrados de la Corte Suprema, y es resuelto por ella, cosa que demora varios meses (de vez en cuando, años), la medida cautelar puede seguir aplicándose. Naturalmente, todo esto pone a prueba la antigua doctrina de las political questions (cuestiones políticas no justiciables), que hoy se encuentra en retirada. Los jueces inquieren sobre temas como las políticas públicas en materia de salud, o el pago de la deuda externa. Muchos ven en ello la judicialización de la política. Otros, simplemente, la fuerza normativa de la constitución, es decir, la aplicación de la ley suprema a todos los conflictos que se suscitan en la sociedad. Y también entra en juego otro punto: la legitimación procesal de los legisladores, en cuanto tales, por ejemplo para plantear acciones de amparo o acciones declarativas
REI en Parlamentos de inconstitucionalidad. En Argentina no existe, en el ámbito federal, el control abstracto de constitucionalidad, y la constitución (al igual que las leyes procesales), no les otorga a los congresistas, de modo explícito, aptitud procesal para plantear una acción, por ejemplo, en defensa de la pura legalidad constitucional. Para impugnar como inconstitucional una norma, se exige casi siempre un interés o perjuicio actual, concreto y directo en quien la discute. La cuestión es: ¿un diputado o un senador, como “representantes del pueblo”, pueden plantear, en tal carácter, ante los tribunales, la inconstitucionalidad de una ley, argumentando, por ejemplos, vicios de derecho parlamentario en su sanción? LAS GRANDES BATALLAS Veamos tres episodios recientes de la ahora difícil cohabitación institucional de la Presidencia con el Poder Legislativo. a) La batalla de los vetos. En octubre de 2010, el Congreso sancionó una ley que otorga el 82% móvil a las jubilaciones del sistema nacional previsional. De hecho, esta norma fue una respuesta legislativa coincidente con el criterio de la Corte Suprema de Justicia en materia de ajuste de tales beneficios, en razón del incremento habido en los salarios de los trabajadores en actividad (casos “Badano I” y “Badano II”), todo ello producto, básicamente, del proceso inflacionario. Según algunos cálculos (La Nación, Buenos Aires, 15/10/2010), el aumento importaría una erogación anual de más de ocho mil millones de dólares. El Poder Ejecutivo calificó a la nueva norma como una “estafa”, que desarticularía al Estado y pro-
vocaría su bancarrota, y prontamente la vetó. Para superar el veto, el Congreso debe reunir los dos tercios de votos en cada Cámara (art. 83, constitución nacional). La oposición no cuenta con tal número de votos. El tema tiene una incuestionable dimensión política y social: son varios millones los jubilados y pensionados involucrados en el asunto. El ejercicio del veto en los regímenes presidencialistas, por el Poder Ejecutivo, operando como colegislador (en este caso, negativo), es algo previsible y está constitucionalmente reglado, aunque su ejercicio pueda ser discutible. El Presidente puede vetar por razones constitucionales (si entiende que la norma vetada contradice a la ley suprema), o por motivos de oportunidad y conveniencia. Si tal práctica es excesiva, puede suscitar conflictos entre el Congreso y el Presidente, que a su vez pueden llevar al juicio político (impeachment) para deponer a éste. Un caso renombrado, por ejemplo, fue el tramitado en Estados Unidos contra Andrew Johnson (1868), el vicepresidente de la fórmula encabezada por Lincoln, y presidente después del asesinato de éste, al finalizar la guerra de secesión. Sus vetos, en asuntos importantes, explican en buena medida la acción del Capitolio contra él. Generalmente se ha concebido al veto como una facultad privativa e inherente del Poder Ejecutivo, que se ejercita con absoluta discrecionalidad y que se encuentra exenta de control judicial de constitucionalidad (una típica political question). Sin embargo, hoy día, algunos plantean una cierta “judicialidad” del veto. Por ejemplo, por
razones formales (v. gr., para evaluar si se emitió en tiempo y forma, con la firma del ministro que lo refrenda, etc.), o incluso por razones de fondo (¿qué ocurre si el veto es manifiestamente inicuo y viola el test de razonabilidad al que, en principio, debe someterse todo acto o norma, cuestión que roza ya lo justiciable?). El control formal del veto parece actualmente inexorable; el control de fondo, es mucho más discutido. La batalla del veto puede no estar concluida, y quizá su teatro de operaciones involucre dentro de poco al Poder Judicial. Por lo demás, si el Congreso continúa sancionando normas opuestas al parecer del Poder Ejecutivo, y éste menudea los vetos, el “casus belli” tenderá a agravarse. b) La batalla de los DNU (decretos de necesidad y urgencia). Los presidentes argentinos han hecho uso y sobre todo, abuso, de tales normas, que en definitiva son decretos-leyes, o leyes emitidas bajo el ropaje de un decreto presidencial. El Poder Ejecutivo se ha sentido libre de manos para fabricarlos; y pocas veces el Congreso los ha limitado o abolido. La ley 26.122, regulatoria de los mismos, exige que sean las dos cámaras las que los rechacen, para que pierdan vigencia. Por tanto, basta que una Sala no los cuestione, para que continúen en vigor. Esto es un absurdo, pero así son las cosas. El tema se ha judicializado en parte. La Corte Suprema, en “Verrochi”, y últimamente, en “Consumidores argentinos”, ha puntualizado que solamente circunstancias muy excepcionales justifican su emisión, cuando no sea posible seguir el trámite regular para la sanción de las
ESTUDIOS: El Presidente y el Congreso. Escenas de pugilato Constitucional en Argentina 15 leyes, o hubiere suma urgencia. De hecho, ha entendido en varios fallos que ciertos decretos no superaban ese test o escrutinio, y los ha declarado inconstitucionales. El Poder Ejecutivo considera, por su parte, que efectivamente son normas de excepción, pero que el juez de esa excepcionalidad es el Poder Ejecutivo que pronuncia los DNU. En la práctica, la revisión de constitucionalidad de la oportunidad de la emisión de los DNU es efectuada por el Poder Judicial (implica hoy, por ende, una cuestión justiciable), pero se consuma, por lo común, años después de haberse dictado el DNU del caso (v. gr., ocho, en “Consumidores Argentinos”). Sin embargo, el control legislativo, que en el fondo debería ser el más natural (ya que el Poder Ejecutivo está invadiendo competencias del Congreso), y que hasta ahora es reducido, es muy probable que se incremente en los próximos meses, en la medida en que aumente el estado beligerante entre estos dos poderes. c) la batalla de la legitimación procesal. El Poder Ejecutivo estima que un legislador tiene representación política, y por ella puede actuar en el ámbito parlamentario, pero que carece de aptitud para plantear demandas judiciales en contra de un decreto o de una ley a la que acuse de inconstitucional, salvo que esa norma le cause un perjuicio personal y actual. Algunos tribunales, no obstante (por ejemplo, la Cámara Contencioso Administrativa Federal de Feria, en enero de 2010, caso “Pinedo”), han entendido que si un congresista tiene un agravio como legislador ante el dictado por el Presidente de un Decreto de Necesidad y urgen-
cia, y no puede cuestionarlo en el recinto parlamentario (por encontrarse la Cámara a la que pertenece en receso, sin haber sido convocada por el Poder Ejecutivo o autoconvocada por ella misma), puede ocurrir ante los tribunales e impugnar allí al DNU, v. gr., por no existir razones de urgencia para haber sido emitido. En la especie, se trataba de un DNU que había dispuesto el traspaso de miles de millones de dólares, de las reservas del Banco Central al Poder Ejecutivo, para pagar cuotas de la deuda externa. La Corte Suprema de Justicia, antes (caso “de los Aeropuertos”, “Dromí”, Gómez Diez”, etc.) y últimamente, en el caso “Thomas”, ha subrayado que los legisladores no están habilitados para discutir ante la justicia normas sancionadas (aunque sea irregularmente) por el Congreso, o decretos del Poder Ejecutivo que violen la división de poderes, excepto que mediare un agravio especial y directo, además de actual, contra ese legislador (sería el caso, v. gr., de una ley o resolución que disminuyere inconstitucionalmente su sueldo, o que le impidiese actuar idóneamente como congresista). También, si la norma le causa un perjuicio puntual, como habitante (v. gr., si le impone un tributo inconstitucional. Pero en este caso no la impugnaría como legislador, sino como contribuyente). El problema consiste en determinar, caso por caso, qué regla (un DNU, una ley, etc.,) provoca una lesión directa, personal y presente al legislador. Existen múltiples criterios para detectar la índole de ese agravio. Hay tribunales más generosos en reconocerle legitimación
procesal activa a los congresistas, y otros más renuentes, como la Corte Suprema. Algunas veces los legisladores intentan litigar contra el Presidente; otras, contra el mismo Congreso, o una de sus Salas. SÍNTESIS Cuando el Presidente, en particular en un régimen hiperpresidencialista, pertenece a un partido que no tiene asegurada mayoría en las cámaras del Congreso, aumentan las posibilidades de confrontación entre ambos poderes. Ello exige, en un país habituado al protectorado presidencial sobre el Congreso, adoptar entre ambos poderes nuevos estilos de convivencia política, más diplomáticos, acomodaticios, transaccionales y dialoguistas. Pero tales modulaciones no siempre se dan en el ámbito existencial o fáctico del derecho constitucional. Argentina es una muestra de ello. Si falta la cortesía constitucional, aparece el pugilato constitucional. En ese match, los protagonistas trasladan algunas veces el litigio ante la jurisdicción constitucional, cosa que implica una tentativa (o un resultado) de disminución de la superficie de las political questions, y la consecuente judicialización de espacios otrora exentos de control de constitucionalidad. Todo ello importa un serio desafío para los jueces constitucionales, a los que les resulta cada vez más difícil declararse incompetentes en una contienda que repercute en toda la sociedad, especialmente cuando ésta confía en que ellos resuelvan el conflicto. Un tribunal supremo, ¿puede, en ese contexto, eludir la función de ser árbitro final del proceso político, le guste o no tal trabajo?
GASTÓN J. ENRÍQUEZ FUENTES Profesor de Derecho Constitucional Investigador del Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica Universidad Autónoma de Nuevo León
El procedimiento legislativo en México I n México, la potestad legislativa en el ámbito federal recae en el Congreso de la Unión, que conformado por las Cámaras de Diputados y Senadores garantiza la existencia de un sistema bicameral imprescindible para propiciar el sano equilibrio del poder político dentro del proceso legislativo en la estructura de todo Estado federal. Así, en el marco de la configuración de dicho sistema, cabe destacar que por lo que respecta a las atribuciones constitucionales de cada una de sus Cámaras dentro de dicho proceso se advierte la existencia de un bicameralismo relativamente equilibrado, pues en términos generales ambas Cámaras participan en igualdad de circunstancias dentro del mismo, aunque con salvadas excepciones, tal y como a continuación brevemente se detallará. De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución, en México, el derecho a iniciar leyes federales compete al Presidente de la República, a los Diputados y Senadores del Congreso de
El procedimiento legislativo en México
la Unión, así como a las Diputaciones de los Estados de la República. De esta forma, el proceso de formación de una ley se inicia única y exclusivamente a instancia de los legitimados para hacerlo, previstos en el citado artículo 71, restringiéndose, en consecuencia, el acceso de los particulares interesados (es decir, la llamada iniciativa popular, tan común en otros sistemas políticos) para iniciar algún procedimiento de esta naturaleza a lo que decida la Comisión cameral a que corresponda el asunto, según lo previsto en el artículo 41 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: “Toda petición de particulares, corporaciones o autoridades que no tengan derecho de iniciativa, se mandará pasar directamente por el C. Presidente de la Cámara a la comisión que corresponda, según la naturaleza del asunto de que se trate. Las comisiones dictaminarán si son de tomarse o no en consideración estas peticiones”. Pero, en todo caso, una vez que la iniciativa es admitida a debate por parte de la Comisión correspondiente, aquélla se entenderá que habrá de ser formalmente una propuesta realizada por esta última, toda vez que el artículo 71 constitucional restringe el acceso al proceso de formación de leyes o decretos. En este sentido, cabe señalar que hasta antes de la configuración política de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados en el seno del Congreso de la Unión en 1997, y más notoriamente con la alternancia del poder presidencial en el año 2000, el inicio del proceso legislativo estaba monopolizado por el Pre-
sidente de la República; fenómeno revertido casi por completo en la actualidad, propiciando que políticos y algún sector de la academia planteen la necesidad de introducir la figura de la iniciativa preferente del Jefe del Ejecutivo, a fin de discutir y en su caso aprobar las propuestas legislativas de este último de manera más expedita. Finalmente, por lo que respecta al inicio indistinto en ambas Cámaras del proceso legislativo, huelga señalar que el propio texto constitucional establece limitaciones al mismo, siendo éste el caso concreto de los tributos, toda vez que la Iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74, habrá de ser elaborada por el Ejecutivo Federal y posteriormente remitida a la Cámara de Diputados, quien iniciará la discusión de la misma de manera exclusiva. II El trámite ordinario para el desarrollo legislativo en el sistema político mexicano exige que todas las iniciativas presentadas indistintamente ante las Cámaras de Diputados o de Senadores –con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados, así como de aquellos cuya resolución no sea exclusiva de alguna de ellas–, se discutan sucesivamente en ambas; y, asimismo, constitucionalmente se exige que el debate parlamentario, a propósito de la presentación de una iniciativa legislativa, comience en todo caso
en el seno de las Comisiones camerales, con excepción de lo previsto en el artículo 60 del Reglamento del Congreso de la Unión, el cual señala que ninguna proposición o proyecto podrá discutirse sin que primero pase a la Comisión o Comisiones correspondientes y éstas hayan dictaminado, requisito que sí se podrá dispensar en los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se calificaren de urgente o de obvia resolución. El artículo 72 constitucional establece que las iniciativas de leyes o decretos se discutan preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la Comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara. Así, lo previsto en el citado artículo podría parecer congruente con la redacción del artículo 87 del Reglamento del Congreso de la Unión, que conmina que toda Comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido; sin embargo, en los hechos no se lleva a la práctica ni el cambio de Cámara ante una eventual parálisis legislativa en la Comisión de origen –recurrente esta última por lo demás–, ni se dictaminan en Comisiones los asuntos de su competencia dentro del plazo legal establecido. Por otro lado, de acuerdo a la redacción de los novísimos Reglamentos de cada una de las Cámaras de Congreso de la Unión, el dictamen elaborado en comisiones
constituye un acto legislativo colegiado a través del cual, una o más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada, por escrito, para aprobar o desechar diferentes asuntos, entre los que destacan principalmente las iniciativas de reforma o adición legal sometidas a su consideración. III Una vez aprobado en comisiones, el dictamen pasa al Pleno de la Cámara de origen para su discusión y eventual aprobación, y es aquí donde se comienza la existencia de diversas hipótesis que, según el artículo 72 constitucional, habrán de determinar el ulterior desarrollo del proceso legislativo. La primera de ellas es que si la minuta aprobada por la Cámara de origen es aprobada por la Cámara revisora, ésta será enviada al Presidente de la República para su publicación, quien tendrá diez días para hacerle observaciones, es decir, ejercer el veto –el que por cierto no podrá realizar cuando las Cámaras del Congreso de la Unión ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales–, y si no lo hace lo mandará publicar inmediatamente. Pero, si el proyecto de ley o decreto es desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, éste será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen, debiendo ser confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, a efecto de pasar otra vez a la Cámara revisora, quien deberá aprobarlo por la misma mayoría, para que el
Ejecutivo realice su promulgación. Otras hipótesis que eventualmente se pueden presentar en el desarrollo legislativo serían que el dictamen aprobado en la Comisión de la Cámara de origen sea devuelto a la misma por el voto mayoritario del Pleno, o que la Minuta de la Cámara de origen fuese desechada en su totalidad por la Cámara de revisión, en cuyo caso volverá a aquella con las observaciones que ésta le hubiese hecho. De esta forma, si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes en el Pleno, volverá a la Cámara revisora, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, el proyecto se enviará al Ejecutivo para su promulgación; pero si lo reprobase, entonces no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones; por cierto, esto último sucede igualmente con todo proyecto que fuere desechado en la Cámara de origen, pues no podrá volver a presentarse en las sesiones del año. Asimismo, en no pocas ocasiones sucede que la Cámara revisora realiza cambios sustanciales a una parte del proyecto o Minuta aprobada por la de origen, en cuyo caso esta última deberá discutir únicamente lo modificado por la revisora, sin poder el resto del proyecto ya aprobado por la propia revisora. Una vez aprobados los cambios al proyecto por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo para su promulgación, es decir, ya no volverá a remitirse a la revisora. Analizado el desarrollo del proceso legislativo en el sistema legal
mexicano, finalmente es conveniente enfatizar el actual descrédito de su clase política, pues al igual que sucede con las labores de control y fiscalización, la actividad legislativa que teóricamente desempeña el Congreso de la Unión requiere de la agudeza por parte de sus miembros para afrontar dicha tarea, pero sobre todo de su oportuna participación en los trabajos destinados a la producción legislativa que ellos mismos diseñan; de tal suerte que, ante la parálisis legislativa que se advierte en su seno, la opinión pública demerita las actividades que sus representantes realizan, bajo el argumento de estar falseando irresponsablemente el cargo para el cual fueron electos. Así, el rezago legislativo representa sin duda alguna un fenómeno permanente a lo largo de varias legislaturas en el Congreso de la Unión, debido en buena medida a la ausencia de una eficaz conclusión de los diferentes procesos legislativos instaurados en el seno de las dos Cámaras que conforman al mismo, e iniciados por aquellos legitimados para ello en los términos del artículo 71 constitucional. Y en este orden de consideraciones, podemos afirmar que dicho fenómeno en lo absoluto corresponde al espíritu y sentido de los mecanismos previstos en la Constitución y en la legislación referente al buen proveer legislativo, lo que finalmente redunda en perjuicio de una buena valoración con respecto a la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales –como la legislativa– encomendadas al legislador federal, con graves repercusiones para su imagen pública.
Notas sobre la función legislativa en Panamá n el proceso de formación de la ley interviene el Órgano Legislativo (OL), que en Panamá se denomina Asamblea Nacional (AN), y el Órgano Ejecutivo (OE), el primero en su aprobación y el segundo en la sanción, sin menoscabo de la ocasional participación de otros entes en la presentación formal de la iniciativa. El proceso inicia con la presentación del proyecto de ley ante el Pleno de la AN por aquellos que tienen iniciativa legislativa. En materia de leyes orgánicas tienen iniciativa los Ministros de Estado en virtud de autorización del Consejo de Gabinete, las comisiones permanentes de la AN, la Corte Suprema de Justicia y los Procuradores de la Nación y de la Administración, limitados estos últimos a las reformas de los códigos nacionales, y el Tribunal Electoral en materia electoral. Las leyes ordinarias pueden ser presentadas por cualquier miembro de la AN, los Ministros de Estado en virtud de autorización del Consejo de Gabinete y los Presidentes de los Consejos Provinciales con autorización del Consejo Provincial respectivo.
ANDRÈS WONG PIMENTEL Asesor Legal de Diputado en la Asamblea Nacional de Panamá
La primera crítica que resalta es la pobre clasificación constitucional de las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, con lo cual resulta que la mayoría de las leyes son orgánicas, aun cuando solo declaren un día conmemorativo, mientras que importantes leyes como el RORI, la declaratoria de guerra o la facultad para concertar la paz se consideran leyes ordinarias. La distinción entre leyes orgánicas y ordinarias importa no solo por quien está facultada para proponerlas, sino también porque las primeras requieren mayoría absoluta para ser aprobadas, mientras que a las segundas les basta la mayoría de los presentes para su aprobación, aun cuando conlleve declararle la guerra a otro Estado. Los diputados de forma individual o conjunta (sin estar constituidos en Comisión permanente) así como los ciudadanos pueden proponer anteproyectos de ley para que las comisiones permanentes los adopten como propios, si así lo deciden, y las presenten como proyectos de ley ante el Pleno de la AN. No es requisito presentar una cantidad determinada de firmas de proponentes o conseguir el aval de una o más fracciones parlamentarias, como tampoco es imperativo su acogimiento por la comisión y su discusión como proyecto. En Panamá los proyectos de ley requieren ser aprobados en tres debates antes de ser enviados a la sanción del OE. El primero de ellos tiene lugar en la Comisión Permanente encargada de discutirlo por razón del tema central de que trate el proyecto de ley. A ella concurren funcionarios de otros entes públi-
cos, personas particulares y representantes de grupos de interés para expresar su posición, sea para apoyar, rechazar o para enmendar la iniciativa. Las comisiones cuentan con un plazo de diez días, prorrogables por diez días más, para presentar su informe con las conclusiones y recomendaciones, plazo que en muy contadas ocasiones se cumple, sin que su incumplimiento conlleve consecuencias para el proyecto. El debate en Comisión del proyecto de ley, generalmente se hace en conjunto o por partes y luego se vota cada artículo por separado con sus modificaciones, si las hubiere, dependiendo siempre de la extensión del documento. Este procedimiento podría mejorar si se estableciera un plazo para formular enmiendas, ya que hoy día se hacen al calor del debate con graves riesgos de cometer errores de concordancia jurídica y en el menor de los casos de tipo gramatical por el poco tiempo para la reflexión. La publicación de los proyectos de ley en el portal de Internet de la AN le da una difusión más amplia que la que tendría un boletín impreso, pero sería conveniente que las propuestas de modificación también se publicaran en el archivo contentivo del proyecto para mayor publicidad y transparencia antes de su aprobación. En cuanto a la presentación de proyectos de ley, predomina la iniciativa del OE, lo mismo puede decirse de la productividad y del éxito legislativo, indicadores todos dominados por el OE a partir de los gobiernos de era democrática (1990 a la fecha), aunque ha habido momentos en que el OL ha promo-
vido más proyectos, pero no ha tenido éxito en su aprobación y menos en la sanción, ya que son pocos los proyectos gestados por miembros de la AN que son aprobados y no pocos de ellos tropiezan con una objeción presidencial. El primer debate concluye con la aprobación o rechazo del proyecto de ley por la mayoría de los comisionados, de cuyo resultado deben informar por escrito al Pleno, el cual podrá seguir las recomendaciones o variar el criterio de la comisión. Si el informe fuere favorable al proyecto o si siendo desfavorable, el Pleno decide discutirlo, se ubica en el punto del orden del día que le corresponda para el segundo debate, según el orden cronológico de entrada. En segundo debate, también es posible hacer modificaciones y adiciones al proyecto de ley, siempre que ellas no versen sobre materias extrañas al tema que se regula. Tanto en el primero como en el segundo debate, los Ministros de Estado y quienes tienen iniciativa legislativa tienen derecho de voz, pero solo votan los diputados. Para el segundo debate no hay un plazo, pero las intervenciones están limitadas a treinta minutos por tema con derecho a un turno adicional de igual duración para los diputados que hayan intervenido. Es usual que en el primero y segundo debate se invite a expertos a quienes se les concede cortesía de sala para que ilustren a los diputados sobre los temas que se discuten. El tercer debate, también ante el Pleno, debe referirse a la conveniencia o inconveniencia del proyecto y no caben más modificaciones, limi-
Notas sobre la función legislativa en Panamá
tándose a diez minutos la intervención de cada diputado. La voluntad política de la AN de aprobar un proyecto de ley se manifiesta en la respuesta a la pregunta ¿quiere la AN que este proyecto sea ley de la República? a lo cual sigue una votación mediante la cual se decide si se aprueba en tercer debate el proyecto. Una vez aprobado, se firma el proyecto de Ley por el Presidente y el Secretario de la AN y se envía a la Presidencia de la República para la sanción. A partir del recibo del proyecto, el Presidente, conjuntamente con el Ministro del ramo, tendrán treinta días hábiles para sancionarlo o devolverlo con objeciones a la Asamblea Nacional, si no lo hacen en ese plazo no podrán dejar de hacerlo. Luego de la sanción, cuenta con seis días hábiles para promulgarlo en la Gaceta Oficial del Estado. El OE también puede objetar el proyecto parcialmente o en su conjunto, por razones de inconveniencia, de inexequibilidad constitucional o de ambas. Cuando la objeción es total, la AN puede revertirla con la aprobación de 2/3 de sus miembros en un solo debate; si la objeción es parcial, también puede revertirla con la misma mayoría en dos debates (segundo y tercero). En caso de que se apruebe por insistencia, el OE no podrá objetarlo nuevamente y tendrá que sancionarlo y promulgarlo. Lo que suele ocurrir en caso de las objeciones parciales es que regrese a Segundo Debate y se hagan las modificaciones sugeridas por el OE, en cuyo caso no es menester su aprobación con una mayoría calificada.
Cuando el motivo de la objeción es la inexequibilidad constitucional, la AN puede insistir en su aprobación con la mayoría mencionada, en cuyo caso el OE deberá enviarlo a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie y, si lo declara exequible, se tendrá que sancionar y promulgar. En caso de que el OE no sancione un proyecto aprobado por insistencia, el Presidente de la AN lo sancionará en su lugar y lo hará publicar en la GO, y la Ley sancionada y promulgada en esa forma goza de pleno valor jurídico. Si la Ley no se promulga en el plazo mencionado sino posteriormente, ese hecho no es motivo de inconstitucionalidad, pero sí lo sería si no se aprueba en tres debates en tres días distintos y si no se somete a discusión y a votación entre diputados. Bastaría con se demostrara que el proyecto de ley no obtuvo los votos necesarios para su aprobación o que en ella votó quien no estaba investido de la condición de diputado para que la Corte Suprema de Justicia pudiera declarar la inconstitucionalidad de la ley. El proceso de formación de la ley está orientado por un Manual de Técnica Legislativa, aprobado mediante la Resolución No. 27 del Pleno de la AN de 18 de marzo de 2009 que indica la estructura que debe tener la ley, así como las reglas que deben seguirse en la redacción de estos instrumentos jurídicos, cuyo cumplimiento deben examinar los servicios técnicos de la AN, a fin de conseguir que el ordenamiento legal aprobado sea homogéneo en su forma y estilo para su mejor comprensión y aplicación.
Los diputados de forma individual o conjunta (sin estar constituidos en Comisión permanente) así como los ciudadanos pueden proponer anteproyectos de ley para que las comisiones permanentes los adopten como propios.
GIOVANNI FORNO FLÓREZ Secretario Técnico de la Comisión de Seguridad Social del Congreso de la República del Perú.
Abordamos en estas notas la importancia que tiene el debate en el procedimiento de la formación de las leyes, especialmente respecto del tiempo que a ello se dedica.
El tiempo de los debates en el procedimiento legislativo PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO El procedimiento legislativo, conforme lo define el profesor Berlín Valenzuela, está constituido por: “…los pasos – fases determinadas en la Constitución – Ley Fundamental que deben seguir los órganos de gobierno para producir una ley...”. Dentro de tales fases, se dan distintas oportunidades en la que se produce el debate de la materia de ley. Así, conforme lo dispone el artículo 73º del Reglamento del Congreso de la República del Perú, las fases legislativas son seis: a) Iniciativa Legislativa; b) Estudio en Comisiones; c) Publicación de los dictámenes; d) Debate en el Pleno; e) Aprobación por doble votación; y, f) Promulgación. La oportunidad para el debate, en este contexto, se da sólo en dos oportunidades, en la fase de estudio de comisiones y en la fase de debate en el pleno. En Latinoamérica, además del Parlamento Peruano, tienen asambleas legislativas unicamerales Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela. A manera de ejemplo, detallemos dos casos: a) En Costa Rica, la tramitación de los proyectos de ley supone tres debates. El primero se da en comisiones; los dos siguientes se producen en el Pleno, en momentos distintos.
El tiempo de los debates en el procedimiento...
b) En Ecuador, en cambio, el debate legislativo ordinario se da en cinco instancias. En un primer término, se da un debate de calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa, que decide en base a criterios formales si se tramita o no la iniciativa legislativa. En estos casos, es decir cuando procede la calificación, el proyecto pasa a comisión en la cual luego de un segundo debate, se aprueba un informe; éste es materia de un primer debate en el Pleno (tercer debate), luego de lo cual se vuelve a remitir a comisión la proposición con las observaciones por escrito formuladas por los Congresistas. En base a ello, la comisión
aprueba un nuevo informe (supone un cuarto debate); y, finalmente se produce un segundo debate en el Pleno, que es en realidad el quinto debate. En el cuadro que se muestra a continuación (Ver cuadro 1) se reflejan los distintos momentos en que se producen los debates parlamentarios en el procedimiento legislativo ordinario de los países con Congresos unicamerales. Como puede verse, en el caso peruano las oportunidades para el debate son, en general, muy reducidas frente a las posibilidades que encontramos en la legislación comparada. Más aún, si se analizan los casos de los parlamentos latinoa-
mericanos bicamerales, en donde las instancias de debate son mayores, como puede observarse en el siguiente cuadro: (Ver cuadro 2) EL DEBATE PARLAMENTARIO Recurriendo nuevamente a Berlín Valenzuela (PORRUA, 1998: 315): “El debate es la parte fundamental de las sesiones en los Congresos, sus reglas pretenden evitar la monopolización de la participación en las Cámaras y ofrecer la riqueza argumentativa sobre todos los puntos de vista sobre los dictámenes y puntos a resolver y a someter a votación.” Por supuesto cada Parlamento tiene sus reglas particulares para
CUADRO 1. INSTANCIAS DE DEBATE PARLAMENTARIO EN LA LEGISLACIÓN LATINOAMERICANA (CONGRESOS UNICAMERALES) Instancias de debate PAÍS
TOTAL En Comisión
Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Venezuela
CUADRO 2. INSTANCIAS DE DEBATE PARLAMENTARIO EN LA LEGISLACIÓN LATINOAMERICANA (CONGRESOS BICAMERALES) Instancias de debate PAÍS
TOTAL En Diputados
Argentina, Colombia, Paraguay, Rep. Dominicana y Uruguay
Fuente: SPIJ. Elaboración propia.
ordenar el debate y conseguir el objetivo que éste persigue. Tales reglas, como ya hemos podido ver, establecen más o menos oportunidades para el debate en el curso de un procedimiento legislativo. En el mundo moderno y globalizado en que vivimos, la creciente exposición de las funciones legislativas en los medios de comunicación y la mayor participación de la sociedad organizada en la “cosa pública” ha provocado que, en los últimos años, en nombre de una mayor eficiencia y efectividad, los debates parlamentarios, especialmente los que se suscitan en el procedimiento legislativo, se hayan ido recortando cada vez más. La “incontinencia legislativa” que los estudiosos de la técnica legislativa han venido denunciando como principal enemigo de la calidad de la ley y, a través de ella, de la seguridad jurídica; viene afectando considerablemente también el debate legislativo; se debate menos para obtener resultados más rápidos. LA CALIDAD DEL DEBATE Ciertamente el debate no sólo es el espacio que permite la aportación técnica, política, programática o ideológica; es también una forma de expresión de la representación política. Consideramos que
este es, tal vez, el elemento más importante del debate, su implícita representatividad. Es por ello que la reducción del tiempo para el debate podría considerarse un atentado contra la mayor legitimidad de la norma que se somete a discusión. Si bien es cierto, la calidad del debate está directamente vinculada a la calidad de la representación; también está relacionada con la pérdida acelerada de la primacía de centralidad en la aprobación de las leyes, que han venido sufriendo, en general, nuestros modernos parlamentos, dada la mayor capacidad y recursos (humanos y económicos) de los ejecutivos para legislar o proponer la legislación que será materia de discusión en las cámaras. En efecto, el Parlamento Peruano comparte con el Poder Ejecutivo la función legislativa, dado que éste último puede, bajo las circunstancias que la Constitución prevé, dictar Decretos Legislativos y Decretos de Urgencia, que son normas con rango de Ley. Sin embargo el Ejecutivo aún está muy lejos del Congreso en la carrera legislativa. Si analizamos el Período Parlamentario 2001-2006, podemos ver que de las 1604 leyes aprobadas, más del 84% fueron dictadas por el Congreso, correspondiéndole al
Presidente de la República poco más del 15%, conforme podemos ver en el siguiente cuadro. (Ver cuadro 3) Sin embargo, en lo que va del Período Parlamentario 2006-2011, la situación se ha venido revirtiendo, ya que se puede notar un alza importante en la producción legislativa del Poder Ejecutivo (se ha duplicado), tal como se destaca en el cuadro núm. 4. Sin embargo, y a pesar de ello, la mayor parte de la actividad legislativa continúa aún en manos del Congreso (ver cuadro 4). Regresando al tema central de nuestras reflexiones, en los Parlamentos con presencia mayoritaria de partidos o coaliciones afines al gobierno, la tendencia será, probablemente, que el debate sea más formal dado que las decisiones llegan estructuradas previamente al momento del debate, con lo cual, más que intercambio de ideas en la búsqueda de consensos, se producirán tomas de posiciones o posturas frente a la norma debatida. Por el contrario, en aquellas asambleas en donde la mayoría parlamentaria no sea afín al partido de gobierno, o en todo caso no existan mayorías sólidas que permitan decisiones predeterminadas, el debate parlamentario será, probablemente, el instrumento mediante el cual se
CUADRO 3. INCIDENCIA LEGISLATIVA. PERÍODO PARLAMENTARIO 2001-2006 Leyes Congreso Ejecutivo
1,358 41
Total de normas con rango de Ley
CUADRO 4. INCIDENCIA LEGISLATIVA. PERÍODO PARLAMENTARIO 2006-2011 (INFORMACIÓN AL 1º DE DICIEMBRE DE 2010) Leyes Congreso
Fuente: SPIJ. Elaboración propia. llegue a los consensos necesarios para la aprobación de una ley. EL TIEMPO EN EL DEBATE En este contexto, los reglamentos parlamentarios modernos han desarrollado, además, procedimientos abreviados que tienen como objeto acelerar la aprobación de leyes, mediante el recorte de etapas, plazos o ambos; lo cual como se comprenderá reduce aún mas las posibilidades para el debate. Por ejemplo, en el Congreso Peruano, en Período Parlamentario 2006-2011, según la información de su Portal Electrónico al 12 de noviembre de 2010, el 16.43% de las iniciativas legislativas convertidas en Ley se aprobaron sin ser evaluadas y debatidas en Comisión; y el 17.72% del total de iniciativas presentadas en el referido período fueron archivadas en la etapa de comisiones, es decir, no fueron debatidas por el Pleno del Congreso. Sin embargo y pese a todo lo dicho hasta el momento, es preciso mencionar que, como en todo ejercicio de derecho –en este caso el derecho al debate- existen formas abusivas de ello. Es el caso del denominado filibusterismo que es como se conoce al mecanismo de obstruccionismo empleado en el
debate parlamentario y que implica retrasar la toma de decisiones (aprobación de la ley) empleando discursos de muy larga duración. En estos casos, quien dirige el debate debe tener las herramientas para garantizar el derecho al debate pero, al mismo tiempo, cautelar el derecho a que éste se produzca con lealtad y responsabilidad, de tal manera que se cumpla, como señala Abellán Matesanz, con “…encontrar el difícil punto de equilibrio entre permitir que cualquier diputado pueda intervenir y la necesidad de evitar que las discusiones se prolonguen excesivamente.” (Asamblea, Nº 9, 2003: 191). CONCLUSIONES La realidad Iberoamericana presenta Parlamentos abiertos a un mayor debate en sintonía con una mayor apertura democrática, por un lado; y Parlamentos más bien cerrados al debate, dadas las decisiones previamente tomadas en virtud de la presencia de mayorías parlamentarias sólidas, autosuficientes, tal vez con poca apertura al diálogo con las minorías. Entre ambos extremos, una gran casuística. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que sobre la base de ambos extremos se encuentran dos elementos fundamentales: la capa-
cidad de diálogo y la tolerancia; ambos, atributos consustanciales a la poliarquía, para situarnos en el contexto del concepto elaborado por Robert Dahl. En este sentido, consideramos que no resulta tan importante cuánto tiempo dediquen los parlamentos para desarrollar los debates de las leyes; sino que éste, procurando que se dé siempre, cuente con los presupuestos que lo hagan ser un medio de contraposición de ideas, de convencimiento político, de posturas técnicas, pero también ideológicas y, fundamentalmente, un instrumento de diálogo, negociación y verdadera búsqueda del consenso. Si el debate parlamentario se reduce a una mera formalidad, a un rito vacío, entonces resulta absolutamente irrelevante el tiempo que se le otorgue en las etapas del procedimiento legislativo, pues la decisión ya está tomada. Si el debate parlamentario, por el contrario, es concebido como un espacio para el diálogo en la búsqueda de aproximar posiciones, pero también como una manifestación de la representación políticapartidaria y social, entonces la naturaleza de ese debate será de orden cualitativo; no importará, pues, el tiempo que lleve.
NUESTROS PARLAMENTOS
Bolivia: La Asamblea Legislativa Plurinacional J. ALBERTO DEL REAL ALCALÁ Asesor Internacional 2010 de la GTZ-Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Cooperación Técnica Alemana) para la Cámara de Diputados de Bolivia espués de un proceso constituyente complejo, con la nueva Constitución de 2009 Bolivia ha dejado de ser un Estado liberal de Derecho para refundarse como Estado social y democrático de Derecho, de carácter autonómico y plurinacional. La nueva Constitución boliviana proclama un modelo social de “Estado de Derecho, con derechos” para todos. Y no sólo derechos individuales sino también sociales, económicos y culturales. Yo calificaría al nuevo modelo de Estado social de Derecho que asume Bolivia como “Estado de Derecho del Buen Vivir”, dado que la función principal que le asigna la Carta Magna consiste en la búsqueda del buen vivir de sus ciudadanos, tal y como puede constatarse incluso ya desde el mismo Preámbulo constitucional. En buena medida, este modelo de Estado de Derecho vendría a corresponderse con una variante conceptual –y original– en el contexto boliviano del modelo de Estado del Bienestar europeo. En general, en la nueva Constitución de 2009 Bolivia ha mirado, en primer y principal lugar, hacia sí misma, para (auto) “reconocerse” por primera vez en su historia tal y como ella misma es (multiétnica y plurinacional), y en segundo lugar, no ha virado hacia los modelos anglosajones más liberales (o neoliberales) sino hacia el bienestar social europeo. Y ambas miradas incluyen a España.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL: INSTITUCIÓN CLAVE EN LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS Uno de las instituciones clave de la nueva Constitución es la Asamblea Legislativa Plurinacional (en adelante ALP), presidida por la Vicepresidente del Estado. Tres características de la ALP que merece la pena destacar son: En primer lugar, la ALP no se corresponde con el “principio de la división de poderes” sino con el “principio de división de funciones” del Estado. Por eso la Constitución de Bolivia habla de órganos del Estado (Órganos ejecutivo, legislativo, judicial y también electoral) y no de poderes del Estado. En segundo lugar, la Constitución del 2009 no incrementa el presidencialismo (aún cuando establece el tradicional régimen presidencialista que prevalece en América Latina) sino que aumenta el poder del Parlamento (ALP) –y, por consiguiente, el nivel de parlamentarismo– como mecanismo de gestión
colectiva, lo que la acerca un poco más a Europa. Y en tercer lugar, la ALP tiene como una de sus funciones principales la de dictar leyes, derogarlas, abrogarlas y modificarlas, pero también la de interpretarlas, algo ciertamente anómalo en una Asamblea Legislativa. La ALP es el órgano legislativo del Estado cuya estructura es bicameral: está formada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Siendo la ALP la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano. Los miembros de la ALP no pueden desempeñar ninguna otra función pública, bajo pena de perder su mandato, excepto la docencia universitaria. La ALP cuenta con “asambleístas suplentes” que no perciben remuneración salvo en los casos en que efectivamente realicen suplencia. Para ser candidata o candidato a la ALP se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, dieciocho años de edad cumplidos al momento de la elección y haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente. El tiempo del mandato de las y los asambleístas es de cinco años, pudiendo ser reelectas y reelectos por una sola vez de manera continua. En su funcionamiento, las sesiones ordinarias de la ALP se inauguran el 6 de Agosto de cada año, siendo de carácter permanente y contando con dos recesos de 15 días cada uno por año, tiempo en el cual funciona la Comisión de Asamblea en la forma y con las atribuciones determinados por el Reglamento de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, que es la Cámara de mayor peso político, está conformada por 130 miembros, elegidos en votación universal, directa y secreta, garantizándose la igualdad de hombres y mujeres, así como la participación proporcional de los pueblos indígenas originario campesinos de Bolivia. Hecho que asegura la inclusión en la ALP de representantes de los pueblos indígenas originario campesinos, tradicionalmente marginados de la política del país. Téngase en cuenta que dicha inclusión es la razón de que la Asamblea Legislativa de Bolivia incluya en su denominación la de “plurinacional”.
Por su parte, la Cámara de Senadores es la Cámara de representación territorial de las 9 Regiones (Departamentos) de Bolivia: las regiones de Oriente: Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando; las regiones de Occidente: La Paz, Oruro y Potosí; y las regiones centrales: Chuquisaca y Cochabamba. El Senado boliviano está formada por 36 miembros, 4 Senadores por cada Región Departamento, elegidos por votación universal, directa y secreta. La asignación de los escaños de Senadores en cada departamento tiene lugar mediante el sistema proporcional recogido por la ley. Aunque de menos peso político que la Cámara de Diputados, entre otras funciones destacadas, el Senado conoce de las iniciativas legislativas en materia de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial. En Bolivia nos encontramos, por tanto, con un bicameralismo imperfecto o asimétrico, similar al español. En todo caso, el Congreso y el Senado pueden reunirse en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las funciones de inaugurar y clausurar sus sesiones, recibir el juramento del Presidente/a del Estado, y del Vicepresidente/a del Estado, admitir o negar la renuncia del Presidente/a del Estado, y del Vicepresidente/a del Estado, considerar las leyes vetadas por el Órgano Ejecutivo, considerar los proyectos de ley que aprobados en la Cámara de origen no fueran aprobados en la Cámara revisora, aprobar los estados de excepción, autorizar el enjuiciamiento del Presidente/a, o del Vicepresidente/a del Estado, y designar al Fiscal General del Estado y al Defensor del Pueblo. La ALP tiene un papel importante en la composición de los demás Órganos del Estado Plurinacional de Bolivia. En relación al Órgano Judicial, según la Constitución de 2009 los miembros de los principales órganos judiciales del país (el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental), así como los miembros del Consejo de la Magistratura, son elegidos por sufragio universal (mayoría simple), por un periodo de 6 años no reelegible. Sin embargo, los candidatos (postulantes) por cada Departamento a estos cargos han de ser preseleccionados por la ALP (mediante votación de 2/3 de sus miembros presentes), no debiendo pertenecer los postulantes a orga-
Bolivia: la Asamblea Legislativa Plurinacional
REI en Parlamentos nizaciones políticas, y garantizándose la plurinacionalidad característica de Bolivia, así como la igualdad entre hombres y mujeres. El Órgano Electoral es el único responsable de difundir los méritos de las candidatas y los candidatos en la campaña electoral, que está prohibida llevar a cabo por los preseleccionados. También la ALP deja sentir su peso en el Órgano Electoral Plurinacional. Así, de los 7 miembros (elegidos sin posibilidad de reelección, siendo al menos 2 de ellos indígenas originario campesinos) que componen el Tribunal Supremo Electoral, 6 son elegidos por la ALP (por acuerdo de los dos tercios de votos de los miembros presentes), y el séptimo es elegido por el Presidente/a del Estado. A MODO DE CONCLUSIÓN La Constitución de Bolivia, que habla de órganos del Estado (Órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral) y no de poderes del Estado, ha introducido algunas tareas confusas entre las funciones del Órgano legislativo, que son más propias del Judicial (por ejemplo, ciertas facultades interpretativas sobre las leyes y ciertas facultades penales sobre los miembros de la judicatura, que tiene atribuidas ambas la ALP), cuya única explicación se encuentra en el complejo desarrollo político particular del proceso constituyente boliviano del que proviene la actual Constitución, y la resistencia numantina del poder anterior a atrincherarse en las instituciones (sobre todo en las judiciales) del viejo Estado republicano. Circunstancia que generó una cierta susceptibilidad negativa de los nuevos legisladores hacia la institución judicial. En todo caso, hay que confiar que con el tiempo dichas anomalías acaben corrigiéndose por una u otra vía para establecerse nítidamente la separación de funciones, fortaleciendo con ello el Estado de Derecho. Ahora bien, se trata de imperfecciones que no han de restar mérito a la apuesta que hace la nueva Constitución boliviana de 2009 por mejorar la calidad de vida de todos sus ciudadanos y por visibilizar a aquellos sectores de la población sumidos históricamente en la extrema marginación social, política, económica y cultural, para dotarlos de conciencia como
miembros y sujetos políticos activos, algo que ya hizo la Revolución francesa a partir de 1789 en Europa occidental y que ahora lleva a cabo Bolivia en el siglo XXI. Por eso, una de las metas más trascendentes de la nueva Constitución de 2009 consiste en establecer una sociedad más justa, presidida por el valor de la dignidad humana de todos y para todos, y entre líneas puede leerse que la consecuencia de alcanzarse esta decorosa meta se traducirá en sacar de la pobreza extrema a los sectores indígenas de la población para generar desde ahí una nueva clase media boliviana que dé estabilidad política y económica al país. Perder esta perspectiva histórica no permite comprender bien el proceso de cambio y refundación que está ocurriendo en Bolivia. Claro está, como suele ser habitual, la resistencia al cambio ha sido muy fuerte por parte de las élites que anteriormente dominaban el poder en el viejo Estado republicano. Si con la nueva Constitución la izquierda –que actualmente gobierna– “se ha echado el país a los hombros” con objetivos que en los Estados de Derecho europeos forman parte de la normalidad democrática de cada día (derechos individuales + derechos sociales y económicos: libertad + igualdad como valores inescindibles), en general las élites de los sectores conservadores bolivianos han seguido aferradas al poder perdido, y esto aun cuando han sido desautorizadas por el fuerte apoyo popular que recibió la nueva Constitución en las urnas. Amplio apoyo explicable desde que los pueblos indígenas originario campesinos bolivianos se han concienciado de su condición de sujetos políticos activos y han participado en la construcción del nuevo Estado Plurinacional. Posiblemente, los sectores conservadores se han contagiado de un miedo colectivo excesivo y sobredimensionado, y en sus élites ha faltado la generosidad y el suficiente “sentido histórico de país” –que, por ejemplo, encarnó en la España de 1976 el centrista Adolfo Suárez– desde el que motivar decididamente a las clases medias a transitar hacia el nuevo estado de cosas democrático. Aunque estoy seguro que con el tiempo el entendimiento entre unos y otros bolivianos sin más remedio se producirá.
México. La pregunta parlamentaria ILIANA ARACELI BRISEÑO ANGELES Subdirectora de Vinculación Institucional en la Secretaría de Gobernación
JUAN DÍAZ REBOLLAR Subdirector de Consultoría Legislativa en la Secretaría de Economía ntegrar la pregunta parlamentaria en México, ha llevado muchos años, pero específicamente en las últimas dos legislaturas LIX y LX (2003-2006 y 2006-2009), respectivamente, se presentaron iniciativas de reforma que convertirían el Informe del Ejecutivo Federal en un análisis e intercambios entre poderes. Cabe destacar que independientemente de quien haya presentado dichas iniciativas o en qué Cámara se hayan generado, todas ellas coincidieron en unos mismos puntos: - Necesidad de mecanismos que permitieran el control de la acción gubernamental en un sistema presidencialista. - Conocer con mayor detalle y resolver dudas que hayan surgido de la información contenida en el Informe presentado por el Ejecutivo Federal. -Complementar las comparecencias realizadas por los Secretarios de Estado; así como ahondar en la información que presentan, y obtener mayores datos sobre sus gestiones, con la finalidad nuevamente de una efectiva rendición de cuentas, mayor conocimiento de sus acciones. - El poder Legislativo que emana de la Cámara de Diputados y de Senadores tiene en sus facultades las acciones de controlar la acción de gobierno, sin violar la división de poderes, pero sí de limitar los poderes ilimitados de facto que ejerza el representante del Ejecutivo Federal. - Así como, constituir el Informe y la Pregunta Parlamentaria como una forma de control y diálogo más transparente, abierto entre los poderes, pero sobre todo hacia los ciudadanos. El decreto que reforma los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2008, después de una intensa discusión en ambas Cámaras y de haber sido aprobado por la mayoría de los congresos locales. Dicha reforma establece a su letra lo siguiente: Artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la
REI en Parlamentos Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria. Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad. [Cabe destacar que antes de dicha reforma, el presidente de la República acudía cada 1 de septiembre, -con excepción de cada seis años que hay cambio de representante del Ejecutivo Federal- a entregar el Informe de Gobierno, daba un discurso al pleno del Congreso y representantes de Estado invitados, que terminó con el decreto realizado; dicho evento se realizaba todos los años, y esta ceremonia según algunos analistas políticos era un buen pretexto para medir fuerzas políticas.]
Artículo 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. [...] Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. Con esta reforma, el Ejecutivo Federal presentará el 1 de septiembre su informe por escrito, sin que deba acudir al palacio legislativo, en este caso ha sido el secretario de Gobernación, quien entrega a los Presidentes de las Cámaras, el Informe de Gobierno.
Un intento de evaluación sobre los avances y retos de la pregunta parlamentaria en México Al revisar el dictamen legislativo mediante el cual se reforma la Constitución Política para introducir la figura parlamentaria, el lector encuentra en la exposición de motivos que los legisladores se inspiraron en los postulados teóricos de pensadores como Locke y Montesquieu, particularmente en la necesidad de separar el poder para que no se concentrara en una sola persona, garantizando de esta manera la libertad y la seguridad de los gobernados. En los Estados democráticos el poder se divide para evitar su concentración. Montesquieu trazó las coordenadas de un diseño estratégico para evitar la concentración del poder político y garantizar la vigencia de lo que actualmente conocemos como derechos fundamentales. En esa tesitura, el Congreso de la Unión determinó modificar el formato mediante el cual el Poder Ejecutivo rinde su informe de labores, e introducir la figura parlamentaria, buscando propósitos como los siguientes: a) La incorporación de la pregunta parlamentaria como método de rendición de cuentas. b) Mayor claridad del manejo que el gobierno hace sobre los asuntos públicos. c) Promover una mayor evaluación sobre el actuar de la administración pública. A partir de estos fines que perseguía la reforma legal, a dos años de la introducción de la pregunta parlamentaria en México, nos permitimos detectar algunos avances, así como algunos retos que aún enfrenta esta figura de control parlamentario (ver cuadro 1). Pese a que la Constitución es clara en la secuencia de etapas para la implementación de las preguntas parlamentarias en el sentido de que éstas se formulen una vez hechas la glosa y el análisis del Informe, y posteriormente el Presidente conteste las preguntas de manera adicional al Informe entregado por escrito, y aclarar insuficiencias u omisiones detectadas tanto en las respuestas como en el Informe y anexos, cabe destacar que no se ha realizado de dicha forma. La Pregunta Parlamentaria tiene muchas cosas a favor y pocas en contra; sin embargo,
los retos son mayores cuando las mínimas premisas no son cumplidas, y bajo la figura recurrente de los acuerdos parlamentarios se omite respetar normas aprobadas por los mismos legisladores. Entendemos que es de vital importancia que la Pregunta Parlamentaria sea utilizada sin fragmentar la dinámica del Congreso de la Unión, y
posterior a las comparecencias, ya que correría el riesgo de convertirse más temprano que tarde en letra muerta, perdiendo así la valiosa oportunidad de avanzar hacia la trasparencia, rendición de cuentas y a la construcción de un diálogo que podría abonar no sólo al poder Ejecutivo y a las dependencias a su cargo, sino al conjunto de instituciones que forman el Estado Mexicano.
CUADRO 1. LA PREGUNTA PARLAMENTARIA EN MÉXICO AVANCES
Se acabó con el antiguo formato del informe presidencial, en el que prevalecía la posibilidad, por un lado, de que el Presidente fuera ambiguo en sus respuestas y aprovechara su asistencia en el Congreso como un medio de exposición para refrendar su imagen pública; y por otro, de que la oposición política viera en el día del informe, el instante idóneo para increpar o insultar públicamente al Presidente.
Dar continuidad a las respuestas que manda el Ejecutivo Federal. Pareciera ser que una vez contestadas las preguntas que hizo el Congreso, las respuestas del Ejecutivo se van al archivo.
Las preguntas por escrito le dan la oportunidad al Ejecutivo de motivar, fundar y en algunos casos, comprobar con datos duros sus respuestas.
Las preguntas parlamentarias y sus consecuentes respuestas por parte del Ejecutivo podrían estar estrictamente relacionadas con las comparecencias de los funcionarios del gobierno. Actualmente son mecanismos que caminan por senderos separados.
Las respuestas se entregan por escrito, lo que le da un valor oficial y formal a la información del Ejecutivo.
Darle mayor difusión. El ciudadano promedio desconoce lo que el Congreso pregunta, y lo que el Presidente responde.
Los integrantes del Congreso de la Unión podrán solicitar la comparecencia de los integrantes del Gabinete y rindan cuentas bajo protesta sobre sus funciones.
Sancionar a los integrantes del Gabinete que no estén cumpliendo con sus responsabilidades y/o falten a la premisa de rendir cuentas bajo protesta.
Mayor interacción entre poderes, así como con los secretarios de Estado, en los términos de la gestión.
Lograr que las Preguntas Parlamentarias permeen en la toma de decisiones y en la modificación de programas que no estén funcionando.
Instaurar las preguntas parlamentarias como medio de control y evaluación de cuentas del Poder Ejecutivo.
Que los formatos establecidos en los decretos aprobados se cumplan a cabalidad y no respondan a temas coyunturales.
México. La pregunta parlamentaria
Argentina. Digesto jurídico de la Provincia de Río Negro MARÍA BEATRIZ RODRÍGUEZ Coordinadora del Digesto Jurídico Legislatura de Río Negro Argentina on el objetivo de abordar el creciente flagelo de la inflación y contaminación normativa provincial, hace justo una década se dictó la Ley 3434 que creó una Comisión de los tres Poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con la tarea de estudiar y relevar las fuentes de información y recursos humanos existentes, elaborar informes de diagnóstico, establecer el proyecto y cronograma de la obra, y redactar el proyecto de Ley del Digesto Jurídico de Río Negro. La Ley 3784 del año 2003 avanzó en el sentido de encomendar la ejecución de la obra a la Comisión de Digesto Jurídico, asignar presupuesto dividido por partes iguales entre los tres Poderes, y fijó el plazo de ejecución de la obra en 36 meses. Se haría el Digesto de Leyes, los Decretos Reglamentarios, y la adecuación de la Legislación ordinaria a los Tratados y Pactos internacionales, que por manda de la Constitución Nacional, tienen la misma jerarquía que la Constitución, y por lo tanto su aplicación abarca a la jurisdicción provincial. El proyecto se inició en Septiembre de 2004, se nombró un Director General, un Coordinador de Análisis Normativo, uno de Análisis Documental y otro de Carga Digital de los datos. Se capacitó al recurso humano, (unas treinta personas, entre abogados, documentalistas y operadores de PC). Además se adquirió el equipamiento, y se firmó un Convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que comenzó a brindar asistencia técnica al proyecto. Se definieron los roles, se dieron instructivos de trabajo por escrito, así como también las consultas y respuestas se realizaron por escrito, y se determinaron los criterios tanto generales como particulares Se hizo un amplio relevamiento de toda la legislación provincial y nacional a partir del primer Boletín Oficial publicado desde la sanción de la Constitución en 1958; aproximadamente 85.000 normas en total. En el año 2005, en pleno desarrollo de la tarea, la Ley 4039 amplió la participación de la Legislatura, que pasó a tener mayoría de representantes en la Comisión de Digesto, y se dio prioridad a la culminación de la consolidación del digesto de leyes.
La metodología de trabajo consistió en un doble control de calidad del análisis normativo que realizaron los Abogados para establecer el estado de vigencia y el alcance expreso de la norma, mediante la lectura completa de las Leyes y Decretos. El análisis documental se hizo en base al desarrollo de un índice temático básico de veinte temas o categorías jurídicas, dividido en materias, temas y subtemas, desagregados en hasta seis niveles, que dieron lugar al Tesauro del Digesto. El objetivo consistió en la indización de las normas a través de descriptores, palabras claves, identificadoras institucionales, geográficas y normativas, para luego obtener la recuperación de ellas por parte del usuario interno y externo del Digesto. Ambas planillas de análisis, tanto normativo como documental, se desarrollaron en doble base: digital y papel; fueron digitalizados, validados y migrados a una base de Datos desarrollada al efecto mediante una red informática cerrada con programas antivirus especiales, back up diarios, registro de intervenciones de los distintos niveles de acceso y con un proceso de inviolabilidad de las normas. Se exigió un estándar mínimo mensual por persona de diecisiete Boletines Oficiales (mil trescientas normas) para los Abogados y quinientos setenta y cinco unidades de análisis para los Documentalistas. El operador de carga digital debía cargar mil ciento veinticinco planillas de análisis, leer y corregir ciento cincuenta textos y realizar la carga digital de 103 textos. El Digesto se conformó en tres etapas: análisis normativo y documental, cuyo plazo de ejecución tuvo lugar entre febrero de 2005 y Diciembre de 2006. La segunda consistió en el armado de textos actualizados y ordenados, entre Enero y Mayo de 2006, mientras que la tercera y última etapa que culminó en Septiembre de 2007, llevó adelante la ejecución del análisis epistemológico acerca de las contradicciones, lagunas, superposiciones y fusiones normativas. En esta etapa intervinieron reconocidos especialistas doctrinarios de la Universidad de Buenos Aires.
Se determinó y dictaminó sobre las patologías de la normativa: derogaciones implícitas, contradicciones y equivalencias normativas, inconsistencia e interdependencias de los contenidos, y fallas lingüísticas o de estructura lógica. La Ley 4270 publicada en Enero de 2007 aprobó la consolidación normativa: las leyes y normas de igual jerarquía y sus respectivos textos ordenados temáticamente, sistematizados, actualizados, fusionados y corregidos. Se anexaron los textos de normas nacionales, a leyes provinciales de adhesión. Se creó una Base de Datos de Leyes Vigentes, que contiene Leyes y Decretos Reglamentarios de alcance general, una Base de Datos Histórica con las normas de alcance general que perdieron vigencia por objeto, plazo, o condición cumplidos, por derogación, subrogación, transitoriedad, fusión, abrogación o desuso. Y una Base de excepción de Leyes de alcance Particular Vigentes, que no integra el Ordenamiento Jurídico Provincial, cuya finalidad es la de diferenciarlas de las de alcance general. El resultado final arrojó ochocientas ochenta y cuatro Leyes Vigentes, tres mil ciento ochenta y dos Leyes no vigentes y ciento cincuenta y cuatro Leyes de alcance particular que se generaron en la Página Web de la Legislatura: www.legisrn.gov.ar Las Leyes y Decretos Reglamentarios siguen actualizándose a partir de su consolidación, a través de un procedimiento de reconsolidación anual. Mediante este procedimiento todos los meses de Abril de cada año, son elevadas a la Legislatura las normas que han sufrido modificaciones o pérdida de vigencia. El Pleno las trata y aprueba, lo que ayuda a no generar mayor inflación, y /o contaminación, que de otro modo desvirtuaría la seguridad jurídica lograda con la primera consolidación, al poco tiempo de puesto en movimiento el Digesto. Es decir, con la obra del Digesto Jurídico, la Provincia ha logrado reducir al setenta por ciento de la Legislación que había perdido vigencia. Y a casi tres años de las reconsolidaciones anuales, podemos decir que el Orden Jurídico se mantiene entre ochocientas y novecientas Leyes vigentes.
Argentina. Digesto jurídico de la provincia de Rio Negro
Paraguay. Abogado y parlamentario: Contribución al debate sobre el ejercicio de dos roles ALBERTO MANUEL POLETTI ADORNO Profesor de Derecho Constitucional y Abogado Paraguay. Doctor en Derecho (Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
epresentar implica substituir a alguien o hacer sus veces, o desempeñar su función en una entidad o campo determinado. Como las personas no pueden ocuparse de todos sus asuntos y también como un Estado no puede convocar permanentemente a todos los ciudadanos para discutir los asuntos importantes, se procedió a idear la representación, que es ejercida en el primer caso por un mandatario que es por lo general un Abogado y en el segundo caso por los miembros de la Asamblea legislativa de un país. La labor de los abogados y la de los miembros del Congreso presenta entonces ciertos aspectos comunes. Ambos viven rodeados de leyes. Uno y otro ocupan el lugar de otras personas en determinados ámbitos y en forma temporal. Son elegidos por sus cualidades. Ahora bien, la modalidad de designación y el origen de la representación es distinta. El mandato de los abogados deriva de un poder otorgado por una o más personas, para ocuparse de ciertos asuntos ante los tribunales o la administración, equivaliendo a una delegación de facultades por el mandante. Los parlamentarios cuentan con una representación de los electores derivada del sufragio. No están sujetos, por lo general, a mandatos imperativos, contando con un margen mayor que el abogado para decidir lo más conveniente para sus representados. El trabajo de un Parlamentario requiere, al igual que el del Abogado, diversos tipos de reuniones y la búsqueda de equilibrio y conciliación ante diversos intereses, cuando no se está defendiendo una posición. Una diferencia fundamental “divide” a ambos. Y es que un Parlamentario puede ejercer su profesión a tiempo parcial fuera de las sesiones del Parlamento. No hay reparos con relación al Parlamentario médico, veterinario, contador, maestro, empresario… pero sí existe una controversia con respecto al legislador abogado. Los defensores de la esta postura que buscan impedir la actuación de legisladores en el foro se fundan sin duda en las particularidades de la justicia. La “igualdad” de las partes hace que ninguna persona quiera tener
como contraparte a un legislador, pues se señala que el mismo, basándose en el fuero, puede influir en mayor medida en un magistrado, sobre todo en países en los que los representantes del Parlamento integran los órganos que eligen a los magistrados de tribunales superiores o juzgan su conducta. También se señala la necesidad de independencia del Poder Judicial y la posibilidad de conflictos de intereses. Analizaremos estos argumentos en forma sucesiva, buscando determinar su alcance y sus límites. LA IGUALDAD DE LAS PARTES ¿Es lógico pensar que un tribunal tendrá preferencia hacia un miembro del Congreso frente a un letrado? ¿Actuaría igual si se está frente a un veterano Abogado y uno que recién comienza la vida tribunalicia? No estoy seguro que la respuesta pueda ser positiva o negativa en todos los casos. Podrían citarse distintos ejemplos y casos a favor de una u otra posición. Permítasenos comentar un caso sobre el que se generó un largo debate al respecto. Nos referimos a la defensa efectuada por John Quincy Adams, ex Presidente de los Estados Unidos (1825-1829) en el caso “Amistad” sobre el barco español que llevaba a esclavos negros secuestrados de Sierra Leona en 1839 con destino a Cuba y que llegó a los Estados Unidos, cuyo gobierno sostenía que debían ser devueltos a España, que en ese entonces aún mantenía sus dominios en la isla caribeña. El legislador Adams defendió el argumento de que al prohibir los Estados Unidos el comercio internacional de esclavos (pese a permitirlo internamente), debían los tripulantes del barco ser considerados hombres libres y permitírseles quedar en EE.UU. o volver a África. Fue esta la tesis aceptada por la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. el 9 de marzo de 1841, al juzgarse el secuestro y el transporte ilegal. Un año después se les permitió volver a su lugar de origen. Sin duda, hizo falta mucho más que la influencia de un miembro de la Cámara de representantes para disuadir a la Corte Suprema de los Estados Unidos de la viabilidad de la demanda. No fue precisamente porque un Abogado legislador intervino en el caso que el
mismo se resolvió favorablemente a los intereses de su representado. Por el contrario, la fuerte presión de numerosas personas interesadas en una solución contraria (la venta internacional de esclavos en los Estados Unidos) podría hacer pensar que los defensores de los esclavos se encontraban en una situación de inferioridad. No es entonces precisamente porque un representante del Estado actúa que podría surgir una desigualdad. Nadie se sorprende o formula ningún tipo de objeción o desigualdad cuando se tiene al Fiscal General del Estado o a altas autoridades del Ministerio Público. No es el particular el que pide en estos casos mayores garantías al tener que litigar contra el representante de la sociedad. En estos casos, debe señalarse que la intervención es no solo permitida sino que también necesaria para poder llevar adelante ciertos procesos. Pero en este caso ¿no se trata igualmente de la intervención de un miembro de un Poder del Estado en asuntos de otro? Creo que no puede evitarse que los hombres y mujeres que participan en la vida política busquen intervenir en la justicia. Una denuncia efectuada por un grupo de legisladores y personas de poder es sin duda un caso que generará discusión y será seguido por la prensa hasta en sus más mínimos detalles. El noble ejercicio de la profesión de Abogado genera no obstante una serie de obligaciones para las partes, que se ven sin duda desconocidas cuando se hace un abuso de poder. LA PROFESIÓN Y EL RIESGO DE INJERENCIAS Y PRESIONES INDEBIDAS La práctica profesional distingue entre el patrocinio y la representación. Así, el Prof. Roberto Enrique Luqui expresa en su obra “Revisión judicial de la actividad administrativa” que “el patrocinio letrado importa estudiar el caso, analizarlo, preparar la estrategia y redactar los escritos en los cuales se vuelca la responsabilidad consiguiente. Bielsa dice: “Patrocinio también deriva de padre, en el sentido de que lo ejerce quien presta ayuda o protección a alguno en la defensa del derecho. En general, este concepto se aplica exclusivamen-
Paraguay. Abogado y parlamentario: Contribución al debate sobre el ejercicio de dos roles
Paraguay, Congreso
te al abogado por ser quien concurre con su autoridad jurídica, a suplir la falta de fuerza del defendido. No es el asesoramiento solamente lo que define esta función, sino también una vinculación moral, una especie de solidaridad ante el poder público y ante el adversario. La firma es la expresión gráfica de su autoría” mientras que la representación legal “implica la facultad de actuar en juicio en nombre de otro (el mandante) y el deber de realizar todos los actos procesales necesarios para impulsar el procedimiento. Es además, el sujeto al cual se le cursan las notificaciones personales y debe concurrir al tribunal los días de nota, a esos efectos”. Un Abogado puede intervenir en un caso sin necesidad de presentarse ante los tribunales. Basta con la firma del escrito para ello y en ese caso, difícilmente pueda señalarse que se ejerce una presión indebida o se encuentra en superioridad frente a la adversa. La profesión de Abogado se encuentra regida por normas deontológicas. Expresa el Preámbulo del Código deontológico de la Abogacía
española aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española que “La honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y veracidad son virtudes que deben adornar cualquier actuación del Abogado. Ellas son la causa de las necesarias relaciones de confianza Abogado-Cliente y la base del honor y la dignidad de la profesión. El Abogado debe actuar siempre honesta y diligentemente, con competencia, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria, guardando secreto de cuanto conociere por razón de su profesión. Y si cualquier Abogado así no lo hiciere, su actuación individual afecta al honor y dignidad de toda la profesión”. No constituye un comportamiento adecuado el hecho de que el Abogado busque impartir temor amenazando al juez con sanciones en caso de que se dicte una sentencia desfavorable. Pero este tipo de comportamiento puede ser desarrollado por cualquier persona, independientemente de que sea o no abogado, parlamentario o esté vinculada a la justicia, constituyendo un acto que no forma parte de las
prácticas adecuadas de la profesión o mandato legislativo. Nos parece entonces adecuado señalar que la presión indebida si bien podría tener origen en el cargo y la situación particular del letrado que simultáneamente al caso ocupa una banca en el Parlamento, no está ligada a la función como miembro del Congreso. Pues se trata de un acto reprochable desde el punto de vista de las reglas que rigen la profesión de Abogado y eventualmente, podría dar inicio a procedimientos administrativos y/o penales. De hecho, el art. 428 del código penal español sanciona como tráfico de influencias al funcionario público que influya en otro prevaliéndose del ejercicio de las facultades a su cargo para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. El Abogado, pese a ser independiente, defiende intereses ajenos y obviamente busca lograr lo mejor para su cliente. Pero no es un funcionario público y por ende no puede realizar la conducta prevista en este artículo, como sí podría hacerlo un legislador. La simple recomendación efectuada no es sancionable. La norma requiere la producción de un perjuicio y que se abuse de una situación de superioridad, situaciones que no pueden ser pasadas por alto ya que forman parte del tipo legal. De hecho, al introducirse elementos ajenos al litigio, se produce un ataque al funcionario que tiene que adoptar una decisión y con ello a la justicia misma. Resulta evidente que una persona que se prevalece de actos tan deleznables no debería seguir siendo ni legisladora ni abogada, existiendo entonces un marco legal adecuado para la prevención de tales actos. En consecuencia, antes de negar a cualquier persona que haya llegado a ocupar una banca en el Congreso la posibilidad de seguir ejerciendo su profesión, la pregunta que podríamos hacernos es si dicha prohibición sería una solución para evitar actos como el tráfico de influencia (hipótesis en la cual el art. 428 del código penal caería en desuetud) o si sería útil adoptar mecanismos para reforzar la independencia del Poder Judicial. Claramente nos inclinamos hacia esta segunda opción.
LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES: LA MEJOR GARANTÍA PARA LAS PARTES Si buscamos proteger a la parte débil frente a la contraparte poderosa, entonces deberíamos impedir no solo al legislador sino también a empresas multinacionales, bancos y personas influyentes que aparecen en los medios de prensa recurrir a los tribunales. Esta solución dista de ser la mejor solución para garantizar el derecho a la defensa de las partes en un litigio. La independencia del Poder judicial está garantizada por ley pero ello no implica que sea respetada en todos los casos. Dos son entonces los caminos seguidos por los Estados en lo que compete a la posibilidad de que el legislador intervenga en los tribunales como litigante: la permisión y la prohibición, que a su vez puede ser absoluta o negativa. Ejemplo del primer grupo son los Estados Unidos de Norteamérica quienes, a nivel federal, carecen de norma alguna que lo impida. Dentro del segundo grupo, podríamos citar que varias Constituciones prohíben a los parlamentarios realizar cierto tipo de actos. Un ejemplo claro tal vez lo constituya el art. 124 de la Constitución uruguaya pues prohíbe a los Senadores y representantes durante su mandato “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados”. La norma restringe la posibilidad de que los mismos actúen en el ámbito administrativo, pero no en el ámbito judicial. En general, la mayoría de las Constituciones latinoamericanas prohíbe el ejercicio de la profesión de abogado, accionista o representante de empresas públicas que contratan con el Estado a los legisladores (Base de Datos Políticos de las Américas. Georgetown University y Organización de Estados Americanos. Compatibilidad e incompatibilidad de cargos de los miembros del Congreso. Estudio constitucional comparado). Otro ejemplo lo encontramos en Francia. Los parlamentarios franceses pueden continuar ejerciendo sus actividades privadas. En materia del ejercicio de la profesión de abogado, conforme a la ley orgánica n° 95-63 del 19 de enero de 1995, se prohíbe a los miembros del Congreso ejercer la profesión de Abogado en
REI en Parlamentos actos que contravengan al interés público (casos de crímenes o delitos contra el Estado) y comenzar a atender un caso luego de que haya comenzado su mandato, quedando abierta la posibilidad de continuar con la representación en casos iniciados antes del acceso al Congreso. En Chile, la ley 20.414 del 28 de diciembre de 2009 “Reforma Constitucional sobre Transparencia, Modernización del Estado y Calidad de la Política”, establece que los Ministros del Poder Ejecutivo al igual que el diputado o senador que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio, ya sea a su nombre o por otra persona, natural, o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que formara parte debe cesar en dicho mandato al entrar en funciones. En este caso, la prohibición resulta absoluta. La jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay al analizar la incompatibilidad del ejercicio de la función de legislador con el rol de Abogado en el Acuerdo y Sentencia N° 300 de fecha 25 de mayo de 2005 en el juicio: “Acción de Inconstitucionalidad en el juicio: Diego Abente Brun s/ Difamación e Injuria” se expresó con relación al art. 248 (Independencia del Poder Judicial) de la Constitución: “De la interpretación armónica de dichas normas constitucionales se constata efectivamente que lo que se pretende evitar es la intromisión de otros poderes en la labor jurisdiccional exclusiva del Poder Judicial o dicho en otros términos que esos Poderes que también tienen sus funciones específicas puedan arrogarse funciones de interpretación y aplicación de la norma jurídica. Ahora bien ¿cómo podríamos considerar una intromisión que un Senador que detente el título de abogado intervenga en juicio representando o patrocinando una persona? ¿Podríamos considerar que ello atenta contra la independencia del Poder Judicial y más específicamente contra el juez natural del caso específico? Creemos que se impone la negativa a dichos cuestionamientos. Sobre el art. 248 la doctrina ha sostenido “… se mencionan algunos actos cuya realización implicaría una violación de tales características y va de suyo que la realización de aquellos habrá de ser indebida para que se produzca
tal violación. En efecto, existe la posibilidad de que los mencionados actos sean realizados en debida forma, en la misma disposición se admite la posibilidad de que órganos de otro poder ejerzan atribuciones judiciales si ello está autorizado constitucionalmente: en ciertos casos pueden revivir procesos fenecidos (art. 17 inc. 4 Constitución, arts. 481 y siguientes del código procesal penal) e igualmente actuando dentro del marco legal se puede paralizar juicios o intervenir en ellos. Por tanto creemos que lo expresado en el art. 248 de la Constitución supone la realización indebida de tales actos…”. Existe, tal como lo señala el fallo citado, la posibilidad de que la representación sea llevada conforme a las reglas, usos y costumbres que rigen a la profesión de abogado. En estos casos, no hay nada que reclamar. Y para los casos en que no sea así, deben preverse mecanismos para que los jueces y altos funcionarios que tengan que decidir un caso cuenten con los mecanismos adecuados para hacer frente a las inconductas de aquellas que llegaren a confundir el ejercicio de un interés nacional como es el de que se haga justicia en un caso particular para, justamente, denegar la misma y obtener beneficios indebidos. En estos casos, los miembros del Poder legislativo tienen la palabra y la decisión. Y los representantes de los jueces deberán presentar y defender su causa… ante los parlamentarios. Si lo hacen bien, no solo pueden conseguir la adopción de las reformas necesarias sino también no podrá serles reprochado el intentar influir frente a otro Poder del Estado. Y es justamente porque en el marco de la Constitución y el Estado de derecho, se encuentran previstas situaciones normales en las que se debe producir un diálogo de poderes, ya sea en actos oficiales o en esferas como la justicia o sanción de leyes que forman parte de la vida pública e interesan a los ciudadanos. Por ende, sus representantes y los organismos de la sociedad civil pueden perfectamente intervenir en estos asuntos, respetando el marco legal. Y siempre que, en el caso de parlamentarios, no se superpongan con las actividades oficiales, que sin duda, merecen mayor atención cuando no una dedicación exclusiva.
urante el segundo semestre de 2010, se han desarrollado varios foros en torno al tema del estatuto de los Parlamentarios, contando con un Foro de Experto liderado por D. Giovanni Forno Flórez, Jefe del Departamento de Comisiones del Congreso de la República del Perú, que ha tratado, del 6 al 20 de diciembre, el tema “Transfuguismo Parlamentario”. Este
en Parlamentos
foro se ha visto complementado con los foros temáticos desarrollados por los tres coordinadores de la REI: Dª Sonia Cruz, (“Prohibición del mandato imperativo.”, Del 15 al 28 de noviembre); D. José Almeida (“Inmunidad parlamentaria”, del 20 de septiembre al 3 de octubre) y D. José María Codes: “Inviolabilidad parlamentaria” (Del 18 al 31 de octubre). REI EN PARLAMENTOS POR PAÍSES
Durante este semestre también hemos realizado un curso corto de actualización, de una semana de duración, con Manuel Delgado – Iribarren, Director de la Secretaría Técnica de la Junta Electoral Central de España como tutor, bajo el título “Las organizaciones políticas supranacionales y parlamentos nacionales”, del 29 de noviembre al 5 de diciembre.
en Parlamentos Izquierda: vista del Grupo de Trabajo del Seminario 2010, en la REI de Parlamentos.
Inferior: vista preliminar del Google Docs a partir del cual se prepararon las ponencias del seminario.
Durante el segundo semestre de 2010 se ha llevado así mismo a cabo un seminario presencial, correspondiente a los itinerarios A (Técnica Legislativa) y B (Control Parlamentario). Tras la convocatoria en la REI, postularon para asistir 5 participantes que habían concluido el itinerario A y 2 del B. Se ha tratado del primer seminario tras la consolidación del sistema de itinerarios, al que dedicamos un apartado específico en el número anterior de la Revista Digital. Existiendo plazas vacantes, el Comité Académico, compuesto por el Congreso de los Diputados de España y la Fundación CEDDET, seleccionó, mediante criterios académicos, a otras 15 personas procedentes de las últimas ediciones
de cursos de los itinerarios mencionados. Durante la semana del 14 de noviembre, se asistió a diversas actividades organizadas por el Congreso de los Diputados. Se incluyeron ponencias presenciales de los directores de cursos, visitas guiadas al Congreso de los Diputados, al Senado y a la Asamblea de Madrid (órgano autonómico). Así mismo, hubo varias sesiones destinadas específicamente a exponer los trabajos que los participantes habían preparado en la
REI de Parlamentos mediante la herramienta “Grupos”, que incluye un apartado de foros, espacio para subir ficheros de interés (planificación de los trabajos, información de interés, etc) y posibilita el contacto entre todos los miembros del seminario. De esta forma, todos los participantes se conocían “virtualmente” antes de llegar a España, y han tenido oportunidad de hacer un uso intensivo de la REI, con lo que pueden conservar fácilmente el contacto con los compañeros y
Actividades compañeras del seminario. Esta actividad ha servido como punto de partida para otras nuevas, como la creación de un grupo de país, Brasil, en la REI General, o la postulación de varios asistentes para el puesto de coordinador/a temático en la REI. También nos han hecho llegar diversas propuestas de expertos para los foros de 2011.
La herramienta Grupos será utilizada a partir de ahora para los cursos cortos de actualización de una semana, eliminando así la necesidad de remitir claves cada vez que una persona es admitida en una de estas formaciones. En definitiva, el nuevo entorno de la REI prosigue su consolidación.
ACTIVIDADES DE LA REI EN PARLAMENTOS <
Las actividades de la REI en PARLAMENTOS son coordinadas por profesionales pertenecientes a distintas instituciones. Recuerde que puede contactar con nosotros a través del buzón de correo de la REI; nuestro objetivo es contar con sus aportaciones, sugerencias, comentarios...
JOSÉ MARÍA CODES Coordinador institucional del Congreso de los Diputados de España.
Cursos cortos de actualización para los miembros de la REI
Curso corto itinerario B (Control Parlamentario) con Tatiana Recoder. Formato taller (nuevo). 18 al 24 de julio. <
Curso corto itinerario D (Recursos Documentales) con Inmaculada Moreno. Formato taller (nuevo). 1 semana de octubre a concretar. <
Curso corto itinerario A (Técnica Legislativa) con Sylvia Martí: "EL CONTENIDO DE LA LEY Y LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO". Formato taller (nuevo). 21 al 27 de noviembre.
Y ADEMÁS, CADA SEMESTRE: < <
EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PARLAMENTOS
Foros de experto Foros temáticos
Inscripciones (cursos cortos) y plan de actividades completo próximamente en la REI
JOSÉ ALMEIDA Coordinador temático de América Latina.
SONIA CRUZ Coordinadora temática de América Latina.
MARÍA SANZ Gerente. Programa “Redes de Expertos”. FUNDACIÓN CEDDET
LAURA SÁNCHEZ Coordinadora del Área de Parlamentos. FUNDACIÓN CEDDET
ESTHER GONZÁLEZ-LLANOS Coordinadora Técnica. FUNDACIÓN CEDDET
FOROS DE LA REI
Coordinador: JOSÉ MARÍA CODES Coordinador de la REI en Parlamentos
n octubre de 2010 tuvo lugar en la REI en Parlamentos un foro sobre la inviolabilidad parlamentaria. En este artículo daremos cuenta brevemente sobre las principales aportaciones que tuvieron lugar en el mismo. Debemos empezar recordando que las prerrogativas parlamentarias fueron definidas por Pérez Serrano como el conjunto de garantías para el normal desarrollo y libre actuación de los parlamentarios sin temor a injerencias de otros poderes que puedan perturbar el libre ejercicio de la función parlamentaria. Dentro de estas prerrogativas, una de las más importantes es la inviolabilidad, entendida como la irresponsabilidad por las opiniones expresadas y por los votos emitidos en las Cámaras. Esta institución tiene en Europa un origen remoto, aunque la primera vez que se reconoció expresamente fue en el artículo 9 del Bill of Rights en Inglaterra. Hoy día, se conoce en Inglaterra con la expresión “freedom of speech”, en Francia como “irresponsabilité parlamentaire” y
en Italia como “insindacabalitá”. La Constitución española reconoce la inviolabilidad en su artículo 71.1, según el cual “Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”. El Reglamento del Congreso de los Diputados, por su parte, señala en su artículo 10 que “Los Diputados gozarán de inviolabilidad, aun después de haber cesado en su mandato, por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”. A nivel europeo, se encuentra reconocida en el artículo 46 de la Ley Fundamental de Bonn, en el artículo 64 de la Constitución italiana y el artículo 26 de la Constitución francesa. El fundamento de la inviolabilidad estriba por tanto en la necesidad de que los miembros de la Cámara gocen de libertad de expresión como medio de formar correctamente la voluntad del Parlamento. Desde el punto de vista subjetivo, son titulares de la inviolabilidad los parlamentarios, aunque en España también lo son los miembros de las Asambleas Legislativas (Parlamentos) de las Comunidades
Autónomas, así como el Defensor del Pueblo y sus Adjuntos. Desde el punto de vista objetivo, la inviolabilidad se extiende a las opiniones expresadas por los parlamentarios, con especial relevancia del voto, por lo que no se extiende a actos materiales. En Latinoamérica, podemos encontrar las siguientes regulaciones constitucionales sobre inviolabilidad: – La Constitución de la República Dominicana de 2010 establece en su artículo 85 que “Los integrantes de ambas Cámaras gozan de inmunidad por las opiniones que expresen en las sesiones”. Es interesante destacar aquí que en República Dominicana se unifican los conceptos de inmunidad e inviolabilidad. – La Constitución de Ecuador señala en su artículo. 128 que “Los congresistas gozarán de fuero y no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones y dentro y fuera del Parlamento”. – En Perú, el artículo 93.2 de la Constitución establece que “Los parlamentarios no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.” El Reglamento del Congreso, por su parte, se expresa de manera muy similar a la Constitución: “Los Congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdic-
cional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones”. – El artículo 154 de la Constitución de Panamá reza que “Los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo”. – El artículo 112 de la Constitución de Uruguay señala que “Los legisladores jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones”. – En Costa Rica, el artículo 110 de la Constitución recoge que “El Diputado no es responsable por las opiniones que emita en la Asamblea. Durante las sesiones no podrá ser arrestado por causa civil, salvo autorización de la Asamblea o que el Diputado lo consienta”. – Por último, en Argentina el artículo 68 de la Constitución reconoce la inviolabilidad al afirmar que "Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones y discursos que emita desempeñando su mandato de legislador". Quizá la cuestión más importante a la hora de estudiar la inviolabilidad, y esta fue la cuestión más discutida en el desarrollo del foro, es el alcance de la inviolabilidad parlamentaria, es decir, hasta qué punto las opiniones de los parlamentarios estarán protegidas por la inviolabilidad. Si bien la concepción clásica de la inviolabilidad concebía a esta prerro-
gativa con un alcance ilimitado, evidentes razones de seguridad jurídica y de respeto al principio de igualdad y la lógica exigencia jurídica de que no hay ningún derecho ni prerrogativa ilimitado, llevaron a establecer determinados límites a la inviolabilidad (límites que no afectaron al aspecto temporal, ya que en la gran mayoría de los ordenamientos no se puede exigir responsabilidad a los parlamentarios, una vez que hayan cesado, por las opiniones expresadas durante el tiempo que fueron parlamentarios). El más claro y recogido por todos los textos constitucionales es que para que la inviolabilidad opere, el parlamentario debe emitir sus opiniones “en el ejercicio de sus funciones”, es decir, la inviolabilidad actúa cuando se ejerce la función parlamentaria. Determinar en qué condiciones se está ejerciendo la función parlamentaria es por tanto la clave de la institución de la inviolabilidad, y como suele suceder en Derecho, esta cuestión no ha sido ni es pacífica. Entre la doctrina europea, Manzella mantenía que la función parlamentaria no debe circunscribirse al ámbito de las Cámaras, sino que el ejercicio de las funciones parlamentarias es el que tendría lugar en los salones de las Cámaras y, además, el que se opera con la presencia política en el país. Otros autores, como Mortati y Tosi, reducían el ámbito de la inviolabilidad a las opiniones expresadas en los órganos parla-
mentarios y para-parlamentarios. El fundamento de esta opinión es que lo actuado fuera del Parlamento escapa al control que ejerce el Presidente de la Cámara y que, si la función parlamentaria puede extenderse fuera del Parlamento, podrían producirse abusos en el ejercicio de la función. De esta última opinión es el Tribunal Constitucional español, que en su STC 243/88 afirmó que los parlamentarios son irresponsables por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y en el seno de cualquiera de las articulaciones de las Cortes Generales. En Latinoamérica, mientras que en el caso de Ecuador la inviolabilidad se extiende dentro y fuera del Parlamento, en Perú y en Panamá se extiende al "ejercicio de sus funciones". En Perú el ejercicio de la función parlamentaria se entiende con gran amplitud debido a las múltiples actividades y funciones parlamentarias que se desarrollan tanto dentro como fuera del recinto parlamentario (debates públicos en diversos ámbitos políticoacadémicos, en la prensa, etc.). Algo parecido sucede en Uruguay, donde se interpreta el ejercicio de la función con pocas limitaciones, ya que se considera que el desempeño de la función no coincide con un simple criterio locativo -en el edificio, discutiendo una leysino que la actividad legislativa puede suponer otros actos en el ejercicio de su función.
A partir de estas concepciones se abrió un debate entre los participantes sobre cómo debía entenderse la función parlamentaria y, especialmente, sobre si ésta se extiende más allá de las articulaciones parlamentarias. En general, se llegó a un acuerdo sobre que hay que establecer determinados criterios que aclaren en qué casos se ejerce la función parlamentaria o, al menos, que eviten abusos. Sin embargo, sí que se dieron opiniones divergentes sobre cómo debe entenderse el ejercicio de las funciones parlamentarias. Mientras que algunos compañeros consideraron que la función parlamentaria podía extenderse a debates televisivos, mítines de partido o a la página web del Congresista, otros expresamos que el ejercicio de la función parlamentaria debía circunscribirse a los órganos parlamentarios o de derivación parlamentaria (en este sentido, mi opinión es muy cercana a la expresada por la Corte Suprema de Justicia argentina, que ha afirmado que el privilegio de la inviolabilidad alcanza a las manifestaciones orales realizadas durante las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias, a las presentaciones escritas, y dictámenes de Comisión del Parlamento, o a las de una Comisión especial, por constituir todas ellas parte de la actividad oficial del legislador. También me parece muy adecuada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, que señaló que “la inviolabilidad de votos y opiniones de
los congresistas sólo será amparada constitucionalmente cuando se haga en el ejercicio de sus funciones, y que por tanto no podrán tener amparo las declaraciones ante los medios de comunicación respecto a temas de la realidad nacional, proclamación que inclusive pueda ser realizada dentro del recinto parlamentario. La protección se restringe a las expresiones hechas en el ejercicio de la función parlamentaria". En mi opinión, la jurisprudencia de todos los países debería avanzar en este sentido, porque cualquier interpretación ilimitada de cualquier prerrogativa atenta contra la igualdad ante la ley. Por ello, la inviolabilidad sólo debe actuar cuando el parlamentario actúa en el ejercicio estricto de sus funciones. Para mí, el ejercicio de sus funciones se realiza en el hemiciclo, en las Comisiones, y en los demás órganos de derivación parlamentaria, no en un debate televisivo ante medios de comunicación o en un mitin de partido, como señala el Magistrado del Perú, y es que de otra manera pueden producirse excesos por parte de los parlamentarios pudiendo llegar a vulnerar derechos fundamentales, sobre todo el honor y la intimidad. Parece que las Comisiones de Ética Parlamentaria como mecanismos de autorregulación no tienen una eficacia importante a la hora de evitar estos excesos. Más allá de este tema, también se discutió sobre la necesidad de imponer límites materiales
a la inviolabilidad, de tal modo que incluso cuando un parlamentario opina en el ejercicio de sus funciones, si esa opinión puede ser constitutiva de delito o vulnerar derechos fundamentales, se le pueda exigir responsabilidad. Para ilustrar esta cuestión se estudiaron dos sentencias: en primer lugar, la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Cordova contra Italia. En esta Sentencia la Alta instancia europea de protección de derechos fundamentales señala que para que la inviolabilidad opere tienen que darse tres requisitos: que la inviolabilidad esté reconocida por ley o Constitución, que exista un fin legítimo que apoye el alcance de la inviolabilidad y que se aplique siempre el principio de proporcionalidad. En segundo lugar, una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la que se condenó a un parlamentario de Batasuna por apoyar el terrorismo de ETA en el curso de un debate en el Parlamento Vasco. La Sala afirmó que las opiniones vertidas por los parlamentarios, para estar protegidas por la inviolabilidad, deben contribuir efectivamente a formar la voluntad de la Cámara. Además, la inviolabilidad no protegería las digresiones extrañas al debate parlamentario. El Tribunal Supremo revocó esta Sentencia por considerar que una interpretación tan restrictiva de la inviolabilidad implicaría eliminar la prerrogativa de facto; de esta
misma opinión son importantes Catedráticos en España. No obstante, en algunos países europeos sí que se establecen algunos límites materiales a la inviolabilidad. Concretamente, en los países escandinavos se puede exigir responsabilidad a los parlamentarios si se consiguen mayorías reforzadas en las Cámaras. En Alemania, la inviolabilidad no cubre las ofensas calumniosas. También en Argentina, destacados juristas han afirmado que la tribu-
na parlamentaria no debe convertirse en un medio de difamación impune que pueda afectar el honor de terceros. En mi opinión, y para concluir, los ordenamientos democráticos actuales deben avanzar en esta línea. Si un parlamentario, incluso en el ejercicio de sus funciones, emite opiniones que no atienden a criterios de legitimidad, razonabilidad y proporcionalidad y que no aportan nada al debate parlamentario, vulnerando derechos
Coordinador: JOSÉ ALMEIDA BRICEÑO Coordinador de la REI en Parlamentos
ste Foro se celebró del 6 de septiembre al 3 de octubre del 2010 con una activa participación de los miembros de la Red de Expertos Iberoamericanos (REI) en Parlamentos del Ceddet. Se ofrece aquí un resumen de los objetivos del foro y los resultados obtenidos. El objetivo general del presente foro consistió en analizar y profundizar el estudio de la inmunidad parlamentaria, en especial su origen y la evolución posterior de la normativa que la regula, los requisitos y condiciones para su
tramitación y el procedimiento que se sigue en su desarrollo. Este análisis fue enriquecido y complementado con el conocimiento de los sistemas jurídicos de los participantes. Los objetivos específicos examinados fueron los siguientes: – Evaluar el origen de la inmunidad parlamentaria y su posterior inclusión en diversos sistemas jurídicos. – Analizar el contenido de la inmunidad parlamentaria, y en especial el tiempo de protección que otorga esta prerrogativa.
fundamentales de terceros, debe responder por esas opiniones. Y más aún si con esas opiniones se está cometiendo un delito flagrante, como sucedió en el caso del País Vasco, y es que la comisión de un delito flagrante permitiría que no sólo no actuase la inviolabilidad, sino que tampoco lo hiciera la inmunidad. En aras a lograr una configuración más equilibrada de la institución, toda medida dirigida a evitar excesos injustificados debe ser bienvenida.
– Estudiar el procedimiento que se sigue en la tramitación del suplicatorio que se sigue para solicitar a la cámara el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. – Definir los criterios de resolución del suplicatorio y efectos. Los participantes destacaron los siguientes aspectos del temario planteado en este foro:
Origen y evolución de la inmunidad parlamentaria La inmunidad parlamentaria siempre ha sido una institución polémica y por ello, con mayor razón, existe la necesidad de conocer cuáles son sus antecedentes y si pervive su justificación inicial. Existe una primera concepción en las Asambleas estamentales inglesas del siglo XII, donde emergieron el freedom of speech (libertad de palabra) y el freedom of arrest or molestation (salvaguarda
frente al arresto). Estas instituciones derivaron del hecho que en aquella época existía la prisión por deudas y el Monarca a veces instaba la vía judicial para impedir la asistencia de algunos parlamentarios. Al triunfar la revolución liberal inglesa, en el Bill of Rigths de 1689, se afirmó que “las libertades de expresión, discusión y actuación en el Parlamento no pueden ser juzgadas ni investigadas por otro tribunal que el Parlamento”. Con posterioridad, la Constitución de Estados Unidos de 1787 señaló que los senadores y representantes, durante el periodo de sesiones de sus respectivas cámaras, así como mientras se trasladen a las mismas no podrán ser arrestados, excepto en casos de traición, delito grave y alteración de la paz. Tras la revolución francesa, dos decretos de 1789 y 1790 recogen ambas prerrogativas y se consagran en la Constitución de 1791, que proclamó que “los representantes de la Nación son inviolables; no podrán ser perseguidos, acusados, ni juzgados en ningún tiempo por lo que hubieran dicho, escrito o hecho en el ejercicio de sus funciones de representantes. Podrán ser detenidos en flagrante delito, o en virtud de una orden de detención, pero se deberá notificar de inmediato al cuerpo legislativo y la persecución no podrá continuar sino hasta que el cuerpo legislativo decida que hay lugar a la acusación”. La Constitución española de 1812 también señaló que “los
diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad, podrán ser reconvenidos por ellas”, así como que “en las causas criminales que contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el Tribunal de las Cortes (…) Durante las sesiones de las Cortes, y un mes después, los diputados no podrán ser demandados civilmente, ni ejecutados por deudas”.
Contenido y alcances de la inmunidad parlamentaria Esta concepción original está actualmente sujeta a revisión, por lo que se invitó a los participantes a reflexionar sobre el concepto actual de la inmunidad parlamentaria y los límites y alcances de la inmunidad parlamentaria. Sobre el particular, es de mencionar que es un lugar común que este instituto está “característicamente vinculado a las condiciones históricas de afirmación y consolidación del Estado de Derecho”, como lo señaló el Tribunal Constitucional español. Si bien inicialmente se construyó esta institución pensando en las posibles amenazas del monarca, hoy en día se habla de la supremacía del parlamento frente a los otros poderes y de la necesidad de la defensa del parlamentario frente a posibles agresiones, amedrentamientos, represiones por parte de otros poderes o particulares, que tienen por objetivo final alterar la composición de las cámaras o de impedir el concurso
de alguno de sus miembros en las tareas parlamentarias. En ese sentido, Sonia Cruz nos señala que “si bien este es un tema polémico, pues existen opiniones encontradas sobre la necesidad o no de conservar este privilegio heredado de siglos pasados, la verdad es que devela en su origen la búsqueda de los equilibrios de los poderes y evitar el abuso de autoridad de un poder sobre otro. De no existir la inmunidad parlamentaria en Costa Rica, probablemente ningún legislador se atrevería a decir y denunciar determinados hechos por miedo a ser demandados por difamación y calumnias”. Por otro lado, también se ha apuntado la necesidad que el fundamento actual de esta institución no sirva para generar abusos por parte de los parlamentarios, que protegidos por la inmunidad parlamentaria finalmente se vean beneficiados por la prescripción de los delitos y finalmente se les otorgue un manto de impunidad. Se resaltó que la inmunidad parlamentaria no puede convertirse en impunidad. Al respecto, concordaron Giovanni Forno (Perú) y Alvaro Hernández (Costa Rica) que la justificación de esta institución tendrá fundamento “en la medida que exista un Estado de Derecho debidamente consolidado y desde luego se haga un ejercicio serio y responsable de la actividad y particularmente del control parlamentario”. Asimismo, Sonia Cruz (Costa Rica) agrega que “la inmunidad parlamentaria como escudo resul-
ta difícil de levantar, salvo que acuerdos políticos de varias facciones permitan reunir los votos para hacerlo. En realidad, son casos poco frecuentes pero que en cada Administración pueden suceder en dos o tres ocasiones cuando mucho. En ocasiones ninguno”. Claudio Frossard, de Brasil, señaló que en dicho país “la inmunidad ha sido sinónimo de ‘foro privilegiado’ que pone a senadores, diputados (y otras autoridades) a un juicio ante el Tribunal Supremo, donde el criterio político tiene una importancia fundamental en la decisión final”. Quizás por esta u otras razones, en países como en Panamá y Colombia se eliminó la figura de la Inmunidad parlamentaria. En Panamá, desde el año 2004, la Corte Suprema de Justicia tiene la prerrogativa de investigar y juzgar a los diputados. A su vez, los magistrados de la Corte Suprema son investigados y juzgados por el parlamento, en una especie de control recíproco. Nos manifestó Andrés Wong, que por esta razón este mecanismo aún no se ha puesto en práctica. En Colombia, desde 1991 los congresistas son juzgados por la Corte Suprema de Justicia en instancia única. Claudia Fino y Antonio Martínez comentaron que más del treinta por ciento de senadores y representantes elegidos para el periodo 2006- 2010 han sido juzgados por este procedimiento y que muchos congresistas han renunciado a este fuero porque el proceso ordi-
nario les ofrece mayores ventajas. En todo caso, se advierte que en estos países si bien es cierto que se eliminó la “inmunidad parlamentaria” se conserva un fuero especial, a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
Procedimiento aplicable al levantamiento de la inmunidad parlamentaria En cuanto al procedimiento aplicable, los distintos sistemas jurídicos ofrecen distintas soluciones. Apuntaremos a título de ejemplo las previsiones existentes en esta materia en Perú. Aquí la regulación de esta institución ha sufrido cambios y en su última versión otorga una prerrogativa a las acciones penales que se inicien desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante. Por lo tanto esta prerrogativa no protege frente acciones penales en curso ante la autoridad judicial competente con anterioridad a su elección, lo que no se paralizan ni suspenden. El procedimiento que se sigue es el siguiente: 1. La petición para que se levante la inmunidad parlamentaria y se autorice a tramitar un proceso penal en contra de un Congresista es formulada por una Comisión conformada por Vocales Titulares de la Corte Suprema de Justicia designada por su Sala Plena. Dicha Comisión evalúa que la solicitud de levantamiento de fuero que se presenta
al Congreso de la República esté acompañada de una copia autenticada de los actuados, tanto en la investigación policial, fiscal y judicial; respecto del o de los supuestos delitos en los que estaría involucrado el Congresista. Dicho informe será presentado por escrito, acompañado de la solicitud de levantamiento de fuero, al Congreso de la República. 2. Recibida la solicitud, la Presidencia del Congreso, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la pone en conocimiento de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria compuesta por cinco Congresistas elegidos por el Pleno del Congreso, con el voto de la mitad más uno de su número legal. 3. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, sin referirse al fondo del asunto, tiene un plazo de cuatro días útiles para admitir la solicitud de levantamiento de inmunidad, o según sea el caso, pedir a la Corte Suprema de Justicia que se subsanen los defectos o vicios procesales de dicha solicitud y sus anexos. Luego, evalúa los actuados y determina que sólo exista motivación de carácter legal y no de índole política, racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria. Los pedidos que no se encuentren dentro de los supuestos establecidos en el presente artículo serán rechazados de plano y devueltos a la Corte Suprema de Justicia. 4. Admitida la solicitud, el Presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria con-
voca a sesión dentro de los tres días hábiles siguientes y cita al Congresista para que ejerza personalmente su derecho de defensa, pudiendo ser asistido por letrado. Se señalarán dos fechas con intervalo de un día para el ejercicio del derecho de defensa del parlamentario. La inasistencia del parlamentario no suspende el procedimiento. 5. En el supuesto que el Congresista se allane por escrito, con firma legalizada o fedateada, al pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria dictaminará, en un plazo máximo de tres días hábiles siguientes al allanamiento, aprobándolo o rechazándolo. 6. La Comisión de Levanta-
miento de Inmunidad Parlamentaria dictamina en un plazo máximo de quince días útiles, contados a partir del día siguiente de la realización de la sesión en la que se citó al Congresista denunciado para su defensa. 7. Dentro de los dos días hábiles de emitido el dictamen por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, el Consejo Directivo del Congreso lo consignará en la Agenda del Pleno de la sesión siguiente a la fecha de su recepción a fin de someterlo al debate y votación correspondiente, la cual podrá realizarse en la misma sesión o a más tardar en la subsiguiente, a criterio del Presidente del Congreso. 8. El Congresista aludido en la solicitud de levantamiento de
Prohibición del mandato imperativo
Coordinadora: SONIA CRUZ Coordinadora de la REI en Parlamentos ste Foro, celebrado del 2 al 28 de noviembre de 2010, tuvo como objetivo general, conocer y profundizar en el tema de la prohibición del mandato Imperativo en los parlamentos. Asimismo, se plantearon algunos objetivos específicos que per-
mitieron determinar el origen de esta figura parlamentaria, así como conocer la normativa jurídica que le rige en el estatuto de los Parlamentos y otras disposiciones. Entre otros aspectos, se pretendió también conocer los alcances y el grado de cumplimiento de la
fuero tiene derecho a usar hasta sesenta minutos en su defensa, en cualquiera de las instancias, recibir oportunamente el dictamen respectivo, la transcripción de las intervenciones que realice, así como ser asistido por letrado. El levantamiento del fuero procede con los votos conformes de la mitad más uno del número legal de Congresistas. Lo resuelto por el Pleno es comunicado a la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal Constitucional peruano ha tenido oportunidad de revisar esta regulación en el proceso de inconstitucionalidad presentado por el congresista Javier Valle Riestra y otros parlamentarios (STC 06-2006-PI/TC), mostrando su conformidad a la misma.
prohibición del mandato imperativo en cada país participante y compartir experiencias concretas de la aplicación de este fuero en diversos parlamentos. Con once aportaciones y ciento cincuenta visitas, este Foro constituyó el tercer pilar temático sobre Parlamentos del segundo semestre 2010, dedicado a las diferentes garantías o privilegios parlamentarios; los dos anteriores fueron los dedicados a la “Inmunidad Parlamentaria” y a la “Inviolabilidad Parlamentaria”, moderados respectivamente por los coordinadores José Almeida y José María Codes Calatrava.
DESARROLLO La Prohibición del Mandato Imperativo constituye una garantía parlamentaria que protege al legislador de la imposición de sus propios electores, partidos políticos y otras mediaciones. Así, esta prohibición los resguarda de cualquier obligatoriedad de opinión o votación que responda a una solicitud partidaria o de otra índole. Esto alude, sin duda, a la libertad de voto en todos los asuntos sometidos al Parlamento. El ciudadano busca ser representado y los partidos buscan tener cierta influencia de mandato imperativo sobre sus candidatos propuestos. De ahí la importancia de que los que hayan accedido al cargo público puedan ejercer sus funciones sin perturbaciones ilegítimas. Sin embargo, tampoco se deben desconocer los lazos de confianza que unen al elector con el electo y al electo con el representante. El participante de Ecuador comentó que si bien el concepto de mandato imperativo está sumamente ligado al de representación política, no deben de olvidar el mandato de sus electores. Y es que en verdad, ha sucedido que en nombre de la prohibición del mandato imperativo, el electo se deslinda de los electores, causando desilusión y pérdida de confianza de los votantes. En Ecuador, al igual que en Costa Rica, en la Constitución se consagra que el poder reside en el pueblo quien lo delega en sus representados, pero al contrario de los ecuatorianos, los
costarricenses no cuentan con un sistema de revocatoria para los diputados como el que aquellos tienen. Sin embargo, al igual que en aquel país, han sucedido expulsiones de diputados de sus partidos políticos por desacato de sus acuerdos, pero no así la destitución del Parlamento. En relación con lo expuesto del sistema paraguayo, existe también mucha similitud con lo que ocurre en Costa Rica, pues el concepto de mandato imperativo no está desarrollado explícitamente como tal, pero la Carta Magna sí le garantiza a los diputados la libertad deliberativa, de voto y de expresión y se han tenido casos de transfuguismo parlamentario, en que un diputado se auto-declara independiente después de expulsado o de haber renunciado al partido que lo llevó al poder. Es importante recalcar en relación con esta figura, que el deber es hacia los ciudadanos y no hacia un grupo o persona en particular. En sus orígenes, el mandato imperativo hacia un individuo o grupo, provocaba que las reuniones de las Asambleas se parecieran más a una reunión inconexa de delegados, que a una auténtica sesión. Con la abolición del mandato imperativo, se logró una conquista hacia la libertad de voto, expresión y deliberación como verdaderos miembros de un Parlamento. Sin mandato imperativo, dejó de existir también la voluntad preconstituida pero surgió este deber ante otros actores como los partidos políticos.
A modo de ejemplo y al contrario de Paraguay y Costa Rica, la Constitución peruana sí reconoce explícitamente la prohibición del mandato imperativo, aunque no se menciona en el Reglamento del Congreso. No obstante, el que no se llame con ese nombre en la Constitución, no implica que esta prohibición no exista en esos Parlamentos, sino que aparece bajo el mismo paraguas de la inmunidad y la inviolabilidad parlamentaria. Desde la óptica de algunos autores, como la de Antonio García-Trevijano, la constitución es irresponsable pues desconoce los fundamentos históricos de esa prohibición (Sieyés 1789) que la heredó sin percatarse de que el mandato imperativo cambió de dueño, recayendo en la actualidad en los jefes de los partidos políticos. En tiempos en que los partidos políticos han adquirido preponderancia, la prohibición del mandato imperativo, comienza a plantearse como un privilegio que margina los derechos fundamentales en las esferas de los tribunales constitucionales (recursos de amparo). Conforme a lo expuesto de la experiencia panameña, resulta interesante lo que establece la Constitución de esta nación, en la que le da un lugar a los partidos políticos y electores en forma específica, mientras que en otras constituciones de nuestro continente se hace alusión a que se representa al pueblo en un sentido difuso.
Lo cierto es que el constitucionalismo democrático trajo el Estado de partidos que va dejando en evidencia algunas contradicciones de orden constitucional, pues por un lado, se reconoce el papel protagónico de los partidos políticos, pero por otro, desconoce la presencia y el valor normativo de éstos con la prohibición del mandato imperativo. Esta situación deja entrever una especie de antinomia normativa, pues se contraponen la lógica de la representación con la lógica de la democracia. Sobre la falta de una clara y profunda identidad de los candidatos con el partido que lo lleva al poder, se puede mencionar que las leyes electorales incorporaron sistemas proporcionales con listas cerradas que afianzaron el protagonismo representativo de los partidos, pero que también exige poco sobre la identificación ideológica de los candidatos que provoca en etapas posteriores el denominado transfuguismo político. REFLEXIONES FINALES Probablemente, en la Constitución de los países se irá desnudando la soberanía del Parlamento para irla convirtiendo en preceptos cercanos a la lógica de la representación. Así, pasará de una autonomía absoluta que resguarda las inmunidades de poder, hacia una autonomía condicionada que resguarde los derechos fundamentales de los ciudadanos. A lo interno de los parlamentos se han ido modificando los reglamentos
para darle más protagonismo a los grupos y menos al parlamentario individual. Pero, ¿cómo compatibilizar la legitimidad real y creciente de la representación partidaria? Hoy por hoy, el Parlamento ya no tiene que salvaguardar su ámbito normativo de un gobierno que no es autocrático, sino representativo. Cada vez más, la autonomía política del parlamentario ya no descansará en la prohibición del mandato imperativo, sino en el mayor valor de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Lo importante es que ambos enfoques logran la misma prohibición constitucional del mandato de partido (El concepto de representación a través de la historia). Queda eso sí, la impresión de que la prohibición del mandato imperativo desconoce la democracia de partidos y el Parlamento tiene como atributo principal el ser representativo. Presupone un representante y un representado. La representación de los Parlamentos medievales obedecía al mandato imperativo de personas, municipios o monarcas y no como mandatorio del pueblo. Era una representación de restringidos contornos. Esa representación limitada fue sustituida por el mandato representativo, impulsado por los procesos revolucionarios burgueses. Cabe recordar que al mandato representativo llegan los ingleses por acercamiento empírico y en continente por reformas constitucionales revolucionarias de las teorías de Sieyés.
En la actualidad, la prohibición del mandato imperativo apunta en una dirección muy clara: el empoderamiento individual del accionar del parlamentario, en el entendido de que es mejor un diputado libre de criterio que limitado por los intereses que representa el partido. No obstante, como se mencionó anteriormente, existe la tendencia de reformar los reglamentos para darle mayor legitimidad a los grupos de parlamentarios. Es cierto que el debilitamiento de los partidos políticos obedece a la pérdida de credibilidad que ocasionan las acciones de sus dirigentes, pero también si la institucionalidad y la normatividad son débiles propenderá aún más al declive de aquellos. Se ha llegado a un punto de descrédito de los partidos, que han admitido la libre postulación prácticamente para todos los cargos y quienes resulten electos por esa vía ¿qué mandato tendrán? Uno difuso dado por el pueblo garante de mecanismos para exigirle cuentas al funcionario electo sino hasta que se presente nuevamente como candidato, en los países donde se permite la reelección. Ciertamente, todo abuso es pernicioso. Tanto lo es el mandato imperativo cuando el colectivo anula a sus parlamentarios, como lo es el libertinaje que fomenta la subasta por los votos y opiniones de aquellos. El mandato imperativo debería de caminar hacia una regulación moderada o desregulación que tome en cuenta las nuevas realidades políticas y los derechos de los electores.
Manuel Giménez Abad Programa de Actividades del primer semestre de 2011 ENERO • 28 de Enero: Jornada sobre “La aplicación práctica del procedimiento de subsidiaridad por parte de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas”, en colaboración con el Parlamento de Navarra. FEBRERO • 3 de Febrero: Diálogos sobre “El liberalismo contemporáneo” entre José María Lassalle Ruiz, autor del libro “Liberales: compromiso cívico con la virtud”, Profesor titular de Historia de las Ideas y de las Instituciones de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y José María Ridao Domínguez, miembro del Consejo editorial del diario “El País” y diplomático. • 24 y 25 de Febrero: Jornadas sobre “Nuevas formas e instrumentos de participación política”, con la colaboración de la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, la Fundación “María Domínguez” y la Universidad de Zaragoza, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. • 25 de Febrero: Diálogos sobre “Las relaciones culturales con Iberoamérica en la celebración de los bicentenarios de la independencia” entre Marcelo Uribe, director de Ediciones Era (México), y Alejandro Katz, director de Katz Editores (Argentina), moderado por Jorge Artola, propietario de la librería Diómedes (Montevideo). MARZO • 4 y 5 de Marzo: IV Jornadas sobre “Constitución y libertad religiosa” en Barbastro (Huesca), en colaboración con el centro de la UNED en dicha localidad.
• 5 y 6 de Marzo: 9º Curso para Asesores Jurídicos Parlamentarios Iberoamericanos, en colaboración con la AECID y el Congreso de los Diputados, sobre Parlamento y autonomía política. • 16 de Marzo: Diálogos sobre “Fernando El Católico, un político moderno”, entre Salvador Rus Rufino, Profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de León, y Fernando Vallespín Oña, Catedrático de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. moderado por Guillermo Fatás, Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza. • 31 de Marzo: Concierto de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón en el Auditorio de Zaragoza, en colaboración con la Fundación Ernest Lluch.
impartido por Santos Juliá, Catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED. • 5 de Mayo: Homenaje a Manuel Giménez Abad: Entrega del IX Premio "Manuel Giménez Abad" para trabajos de investigación sobre la descentralización política y territorial, y del VI Premio “Manuel Giménez Abad” para trabajos de investigación sobre el Parlamento. • Mayo/Junio: Inauguración del I Curso de la Escuela de Gobierno en Ecuador. • 12 de Mayo: Seminario sobre “El nuevo rol de la cooperación interparlamentaria tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, tendencias recientes durante el trío de las Presidencias”, en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Real Instituto Elcano, en Madrid. Asimismo, se realizará la presentación del libro “El ABRIL fortalecimiento de los parlamentos • 6 y 7 de Abril: Jornadas “La nacionales en el proceso de integración desafección política tras treinta europea”, coeditado por el CEPC, la Funaños de vigencia de la Constitu- dación y el RIE. ción Española, vista por la primera JUNIO generación de la democracia” • 13 y 14 de abril: III Congreso • 8 de Junio: Jornada sobre sobre Derecho parlamentario en la “Ética y Democracia”, en colaboraFacultad de Derecho de la UNED en ción con la Universidad Autónoma del Madrid, “La reforma del sistema Estado de México y el Consejo Supeelectoral” en colaboración con la rior de Investigaciones Científicas. • 21 de Junio: Seminario sobre UNED y el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Com- “Soberanía estatal e integración europea. Cuestiones teóricas del proplutense de Madrid. • 25 de abril: Inauguración del ceso de estatalización de Europa”, V Curso de la Escuela de Gobierno impartido por Ramón Punset, Catedráen Uruguay. tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. MAYO • 13 de Junio: Inauguración del • 5 de Mayo: Seminario sobre VI Curso de la Escuela de Gobierno en “Historia de España en el Siglo XX”, Uruguay.
Nº 7 REVISTA DIGITAL de la REI en PARLAMENTOS
El Congreso de los Diputados de España y La Fundación CEDDET Presentan la 7 ª Edición de la Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en...

References: artículo 87
 artículo 15
 resolución 
 resolución 
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 41
 artículo 71
 artículo 74
 resolución 
 artículo 60
 artículo 72
 artículo 87
 artículo 72
 artículo 71
 Resolución 
 artículo 73
 Artículo 69

Artículo 93
 resolución 
 artículo 9
 artículo 71
 artículo 10
 artículo 46
 artículo 64
 artículo 26
 artículo 85
 artículo 93
 artículo 154
 artículo 112
 artículo 110
 artículo 68
 resolución