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Timestamp: 2017-12-17 23:25:28+00:00

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Sentencia T.S.J. Canarias 565/2010 de 3 de noviembre
IP. Prescripción del derecho de la Administración a comprobar y revisar: Falta de comunicación al sujeto pasivo. No se incluyó el documento de comunicación en el expediente. Procede la anulación de la resolución. Estimación.
SENTENCIA núm. 565/10
Presidente: Don César García Otero.
Magistrados: Don Jaime Borrás Moya.
Don Francisco José Gómez Cáceres.
Don Javier Varona Gómez Acedo.
Don Alfonso Rincón González Alegre.
En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a tres de noviembre de 2.010.
Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas, el presente recurso n.º397/09, en el que son partes, como recurrente, Gines, representado por la Procuradora Sra. Navarro Naranjo, y como demandada, el Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias, representado por el Abogado del Estado, versando la misma sobre impugnación de resolución desestimatoria de reclamación contra liquidación girada al recurrente por concepto de impuesto sobre el patrimonio correspondiente a los ejercicios 1.998, 1.999 y 2.000, y siendo su cuantía 141.000 euros.
Primero.-Mediante resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias de fecha 31 de marzo de 2.009 se desestimó la reclamación interpuesta por la representación de Gines contra la liquidación reseñada en el encabezamiento del presente fallo.
Segundo.-Frente a tal resolución desestimatoria se interpuso recurso contencioso administrativo por la Procuradora Sra. Navarro Naranjo en representación de Gines, formulándose en el momento procesal oportuno la demanda interesando la anulación del acto administrativo impugnado y de la liquidación tributaria de que el mismo trae causa.
Tercero.-Por su parte, la Administración demandada se opuso al recurso interesando su desestimación.
Cuarto.-Finalizado el periodo probatorio se dio traslado a las partes para conclusiones, tras lo cual se trajeron los autos a la vista con citación de partes para sentencia, con señalamiento del día veintinueve de octubre del presente año para votación y fallo, habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Jaime Borrás Moya, que expresa el parecer unánime de la Sala.
Primero.-La cuestión a discernir en el presente procedimiento consiste en determinar si la resolución desestimatoria antes indicada del TEAR de Canarias en relación con la pretensión del recurrente asimismo reseñada es o no ajustada a derecho, alegando la actora que la comunicación de inicio de actuaciones notificada en fecha 22 de mayo de 2.003 sólo se refiere al IRPF, por lo que no interrumpe la prescripción sobre el impuesto sobre el patrimonio, siendo la primera actuación donde se menciona la inclusión en la inspección de dicho impuesto respecto de los ejercicios en cuestión la notificación de fecha 29 de julio de 2.004, encontrándose en la misma prescrito el derecho a comprobar los ejercicios 1.997 a 1.999, alegando igualmente que no existe en el expediente elemento probatorio alguno por parte de la administración respecto de las imputaciones realizadas en relación con el impuesto sobre el patrimonio, habiendo el TEAR denegado la ampliación del expediente en su momento solicitada.
Segundo.-Debe señalarse, en primer lugar, que como puso de manifiesto la representación de la Administración demandada en su escrito de contestación, la alegación de la recurrente de estar prescrito el derecho de la administración para comprobar los ejercicios 1.997 a 1.999 del impuesto sobre el patrimonio no fue realizada en vía administrativa, no pronunciándose en consecuencia el TEAR al respecto. Ello no obstante, no puede compartirse el punto de vista de la demandada sobre que ello constituye una cuestión nueva ya que la prescripción de que se trata pudo y debió ser apreciada de oficio por el TEAR, no apreciando la Sala desviación procesal alguna. Y es que, efectivamente, el examen del expediente administrativo pone de relieve que no aparece el trascendental documento acreditativo de que las actuaciones de comprobación e investigación relativas al repetido impuesto fueron comunicadas al sujeto pasivo en fecha 13 de mayo de 2.003, sin que el documento al que alude la demandada en su contestación, obrante a folio uno del expediente, constituya, a juicio de la Sala, prueba bastante, debiendo por tanto estimarse la alegación de la actora en orden a que únicamente consta de forma fehaciente que en fecha 29 de julio de 2.004 se comunica al sujeto pasivo que la comprobación afecta al impuesto sobre el patrimonio correspondiente a los ejercicios 1.998 a 2.000, con la consecuencia de estar prescrito en tal momento el derecho de la administración para liquidar la deuda tributaria por el repetido concepto correspondiente a los ejercicios 1.997 y 1.998 al haber transcurrido el plazo previsto al efecto en la ley general tributaria, siendo ello claramente imputable a la administración tributaria al no haber incluido el citado documento en el expediente. En relación con el ejercicio no prescrito, llama la atención de la Sala que la resolución del TEAR objeto del presente contencioso nada dice sobre las alegaciones de la recurrente en relación con los defectos achacados por la actora a la regularización practicada, particularmente respecto de documentos que, nuevamente, no aparecen en el expediente administrativo. Así, por ejemplo, en cuanto a las deudas no reconocidas, que fueron declaradas en el impuesto sobre el patrimonio correspondiente al ejercicio 1.997, al estar prescrito el derecho de la administración a la revisión de dicho impuesto en el momento de inicio de las actuaciones inspectoras, como señaló la demanda, debió la inspección partir de tales deudas
adicionando las nuevas que se fueron generando durante la inspección. De la misma manera, no considera la Sala refutado por la demandada el argumento de que se acreditó por la actora la condición de exentos de bienes integrantes del Patrimonio Histórico en virtud de certificación de la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias.
Tercero.-En definitiva, a tenor de lo expuesto resulta que el acto administrativo impugnado incurre efectivamente en las deficiencias apuntadas en la demanda, en particular la omisión de la declaración de estar prescritos los ejercicios 1.997 y 1.998 en cuanto a la comprobación del impuesto sobre el patrimonio de que se trata, por lo que debe reputarse no ajustada a derecho la resolución impugnada, con estimación del presente recurso contencioso administrativo
Cuarto.-A tenor de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no procede en el presente caso efectuar condena en costas al no apreciarse temeridad o mala fe procesal en las partes litigantes.
Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de Gines contra la resolución del TEAR de Canarias a que se refiere el antecedente primero del presente fallo, la cual declaramos no ajustada a derecho y anulamos, así como la liquidación de que trae causa. Ello sin imposición de costas.

References: resolución 
 resolución 
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 artículo 139
 resolución