Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/5198
Timestamp: 2020-04-01 12:10:25+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 193/2004
SENTENCIA 193/2004, de 4 de noviembre
ECLI:ES:TC:2004:193
1. El 13 de enero de 1995 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha al que se acompañaba, junto con el testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de la referida Sala de 31 de octubre de 1994 en el que se acordaba plantear una cuestión de inconstitucionalidad con relación al art. 90.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales (en adelante, LHL), en su redacción originaria, esto es, en la anterior a la modificación operada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre.
a) Don Carlos de la Fuente Ortega presentó el día 13 de diciembre de 1991 ante la Delegación de Hacienda de Guadalajara una declaración de alta en el impuesto de actividades económicas, acogiéndose al epígrafe 6.129 relativo al "Comercio al por mayor de otros productos alimenticios", sin local. Posteriormente presentó ante la misma Delegación de Hacienda declaración de baja con fecha de 29 de abril de 1992, por finalización de la actividad.
b) Con fecha de 14 de octubre de 1992 el Ayuntamiento de Guadalajara le notificó la liquidación del impuesto de actividades económicas correspondiente a la totalidad del ejercicio 1992 (fechada el día 8 de octubre anterior), con una deuda tributaria de 99.118 pesetas, contra la cual formuló recurso de reposición, que fue estimado parcialmente por Resolución del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guadalajara de fecha 8 de febrero de 1993, en tanto que le había sido indebidamente aplicado el índice de situación, ordenando la práctica de nueva liquidación, sin aplicación de dicho índice y con desestimación de las restantes alegaciones (en concreto, la relativa a la vulneración del art. 31.1 CE por el art. 90.2 LHL).
c) Interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (núm. 257/93), alegaba la parte actora que, habiendo declarado su baja por finalización de la actividad en abril de 1992, y practicándose la liquidación por todo el ejercicio impositivo conforme a lo establecido en el art. 90.2 LHL, dicho precepto vulneraba el art. 31.1 CE, y, en especial, el principio de igualdad que constitucionalmente debe inspirar el sistema tributario. A estos efectos proponía el actor como término de comparación aquellos supuestos en los que un contribuyente declara su alta cuando ya ha comenzado el periodo impositivo, en los que la deuda tributaria se prorratea por trimestres, lo que, a su juicio, implica un tratamiento desigual en relación las situaciones de baja: en efecto, en ambos casos se ejerce una actividad económica durante un periodo inferior al ejercicio impositivo, pero mientras una situación tributa por la totalidad de la cuota correspondiente al ejercicio (en los casos de cese en el ejercicio de la actividad económica), la otra lo hace sólo en proporción al tiempo de desarrollo de la actividad (en los supuestos de inicio en dicho ejercicio).
d) Tramitado el recurso, por providencia de 19 de noviembre de 1994 la Sala acordó, al amparo de lo establecido en el art. 35.2 LOTC, conceder a las partes y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días a fin de que alegasen sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 90.2 LHL, aplicable a la liquidación impugnada, por la posible vulneración del derecho a la igualdad ante la Ley consagrado en el art. 14, en relación con el derecho a un sistema tributario justo recogido en el art. 31.1, ambos de la Constitución.
3. Mediante Auto de fecha 10 de diciembre de 1994 la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (sede de Albacete) acordó elevar a este Tribunal cuestión de inconstitucionalidad en relación con el apartado 2 del art. 90 LHL, en su redacción anterior a la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, por posible vulneración del art. 14 en relación con el art. 31.1, ambos de la Constitución, al no establecer el citado precepto un mecanismo de revisión de las cuotas del impuesto de actividades económicas que permita ajustar proporcionalmente la cuantía del tributo en función del tiempo durante el cual se haya realizado efectivamente el hecho imponible, en los supuestos de baja en el ejercicio de la actividad antes de finalizar el período impositivo, a diferencia de lo que ocurre en los casos de alta en el ejercicio de una actividad antes de finalizar dicho período.
4. La Sección Tercera de este Tribunal, por providencia de 31 de enero de 1995 acordó admitir a trámite la cuestión, dando traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el artículo 37.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia e Interior, y al Fiscal General del Estado, para que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Todo ello con publicación en el "Boletín Oficial de Estado" de la incoación de la cuestión (lo que se cumplimentó en el BOE núm. 35, de 10 de febrero de 1995).
5. Por escrito registrado en este Tribunal el día 8 de febrero de 1995, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicaba que dicha Cámara no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, poniendo a disposición del Tribunal las actuaciones que pudiera precisar, con remisión a la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General. Posteriormente, el día 15 de febrero de 1995 se recibió otra comunicación del Presidente del Senado por la que solicitaba que se tuviera a dicha Cámara por personada en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
6. El Abogado del Estado formuló sus alegaciones mediante escrito presentado el día 27 de febrero de 1995, en el que suplicaba que, previos los trámites legales, se dictase Sentencia por la que se desestimara la cuestión de inconstitucionalidad. Parte el Abogado del Estado aclarando que el órgano judicial le imputa a la redacción del art. 90.2 de la Ley de haciendas locales, en su texto anterior a la reforma operada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, una discriminación entre el régimen fiscal del alta en el impuesto de actividades económicas, y el régimen fiscal de la baja en el citado impuesto, dado que en el primero se paga en proporción a los trimestres naturales en los que se desarrolla la actividad mientras que en el segundo se tributa por la totalidad del período impositivo, lo que, a juicio de la Sala cuestionante, quebranta las exigencias constitucionales del principio de igualdad, al no existir causa o justificación objetiva y razonable para esta diferenciación, además de lesionar los principios de un sistema tributario justo, que según el art. 31.1 CE son el de generalidad, igualdad y capacidad económica.
7. El Fiscal General del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado el día 27 de febrero de 1995 en el que solicitaba que se dictase Sentencia por la que declarase que el art. 90.2 LHL, en el período de vigencia comprendido desde su entrada en vigor hasta la entrada en vigor de la Ley 22/1993, es contrario a los arts. 14 y 31.1 CE, al no permitir la reducción de las cuotas en los supuestos de baja producidos durante el período impositivo y sí en los de alta, sin que esta declaración pueda afectar a las situaciones jurídicas que hayan adquirido firmeza.
8. Por providencia de fecha 3 de noviembre de 2004, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 4 del mismo mes y año.
1. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (sede de Albacete) cuestiona la conformidad con la Constitución del art. 90.2 de la Ley de haciendas locales (LHL), en su redacción anterior a la modificación operada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la protección por desempleo, por su posible vulneración del art. 14, en relación con el art. 31.1, ambos de la Constitución española.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad".
2. Antes de comenzar con el examen de las vulneraciones alegadas es preciso concretar, como tantas veces hemos dicho, que el hecho de que la norma cuestionada en el presente proceso constitucional -el art. 90.2 LHL- haya sido modificada por el art. 8 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre y, actualmente, derogada -por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de haciendas locales-, no hace perder su objeto al presente proceso constitucional. En efecto, es nuestra doctrina que en las cuestiones de inconstitucionalidad los efectos extintivos sobre el objeto del proceso como consecuencia de la derogación o modificación de la norma cuestionada vienen determinados por el hecho de que ésta, tras esa derogación o modificación, no sólo siga siendo aplicable en el proceso a quo sino también que de su validez dependa la decisión a adoptar en el mismo (entre muchas, SSTC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 2, y 37/2004, de 11 de marzo, FJ 1).
Pues bien, a la luz de la citada jurisprudencia hay que concluir que el presente proceso no ha perdido su objeto, dado que el precepto enjuiciado resulta aplicable en el proceso contencioso- administrativo que ha originado el planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad, donde se impugna la liquidación girada por el Ayuntamiento de Guadalajara en concepto de impuesto de actividades económicas correspondiente a la totalidad del ejercicio 1992, cuando la parte actora se había dado de baja en el citado impuesto con fecha de 29 de abril de 1992, momento en el que era de aplicación la redacción originaria del art. 90.2 LHL que impedía el prorrateo de las cuotas por trimestres naturales en los supuestos de baja en el ejercicio de actividades económicas.
3. A juicio del órgano judicial el art. 90.2 LHL genera una diferencia de trato incompatible con el art. 14 CE, igualdad "ante o en la Ley" que, como hemos señalado en reiteradas ocasiones, impone al legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad que, desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de justificación objetiva y razonable, y resulte desproporcionada en relación con dicha justificación. Lo que prohíbe el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados, y, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción deben ser proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos [entre otras, SSTC 76/1990, de 26 de abril, FJ 9, y 152/2003, de 17 de julo, FJ 5 c)]. Esas desigualdades, para que generen una vulneración del derecho a la igualdad, no deben producirse "en supuestos puntuales", pues "las leyes 'en su pretensión de racionalidad se proyectan sobre la normalidad de los casos, sin que baste la aparición de un supuesto no previsto para determinar su inconstitucionalidad' (SSTC 73/1996, de 30 de abril, FJ 5, y 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 6)" (SSTC 47/2001, de 15 de febrero, FJ 7, y 21/2002, de 28 de enero, FJ 4).
4. Situado el presente proceso constitucional en el ámbito de la igualdad tributaria, debemos constatar, en primer lugar, si el término de comparación que se aporta por el órgano judicial para ilustrar la desigualdad denunciada es homogéneo, requisito indispensable para poder apreciar vulneración del art. 14 en relación con art. 31.1, ambos de la Constitución. Aunque el Abogado del Estado se limita a comparar las situaciones de alta y de baja en el ejercicio de actividades económicas, para de ahí deducir que se trata de situaciones diferentes que pueden ser objeto de un tratamiento diferenciado por el legislador en el ejercicio de su libertad de configuración, basta la mera lectura del Auto de planteamiento de la cuestión para constatar que el órgano judicial no se limita a proponer como término de comparación el hecho del alta o la baja en el desarrollo de una actividad económica durante un ejercicio dado, sino la diferente tributación o contribución a los gastos del Estado con que se grava un mismo período temporal -trimestral-, ya sea como consecuencia de haberse limitado el período impositivo por haber iniciado el ejercicio de la actividad tras el comienzo del año natural, ya lo sea por haber cesado en dicho ejercicio antes de su finalización.
5. El Abogado del Estado niega que esta diferencia de tributación ante idénticas manifestaciones de riqueza tenga relevancia constitucional en la medida en que, a su juicio, en virtud de la doctrina sentada por este Tribunal Constitucional, el principio de capacidad económica resulta predicable únicamente del sistema tributario en su conjunto, razón por la cual resulta constitucionalmente legítima la existencia de figuras tributarias -en concreto, impuestos de carácter real como el ahora enjuiciado- que, no ocupando una posición central dentro de dicho sistema, se exijan por una capacidad económica, no ya real o potencial, sino "meramente virtual" o ficticia. El razonamiento del Abogado del Estado no puede ser acogido.
Ciertamente, hemos señalado que el principio de capacidad económica, como el resto de los que se contienen en el art. 31.1 CE, constituye un "criterio inspirador del sistema tributario" (STC 19/1987, de 17 de febrero, FJ 3), un principio ordenador de dicho sistema (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 6). Pero también hemos dicho que el tributo -cualquier tributo- "grava un presupuesto de hecho o 'hecho imponible' (art. 28 LGT) revelador de capacidad económica (art. 31.1 CE) fijado en la Ley" (STC 276/2000, de 16 de noviembre, FJ 4), por lo que "el hecho imponible tiene que constituir una manifestación de riqueza" (por todas, SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 13, y 276/2000, de 16 de noviembre, FJ 4), de modo que la "prestación tributaria no puede hacerse depender de situaciones que no son expresivas de capacidad económica" (STC 194/2000, de 19 de julio, FJ 4). Y aunque hemos señalado que "basta que dicha capacidad económica exista, como riqueza o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador" para que el principio constitucional de capacidad económica quede a salvo [SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 13, y 14/1998, de 22 de enero, FJ 11 b), entre otras], también hemos precisado que no cabe soslayar que "la libertad de configuración del legislador deberá, en todo caso, respetar los límites que derivan de dicho principio constitucional, que quebraría en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea no ya potencial sino inexistente o ficticia" (SSTC 221/1992, de 11 de diciembre, FJ 4, y 194/2000, de 19 de julio, FJ 9, por ejemplo).
6. Una vez sentado, de un lado, que los términos de comparación propuestos por la Sala cuestionante -el mismo período temporal en el ejercicio de idénticas actividades económicas- son homogéneos y, de otro lado, que el principio de capacidad económica previsto en el art. 31.1 CE resulta igualmente aplicable a los tributos de carácter real, como el impuesto de actividades económicas, procede examinar seguidamente si concurre alguna justificación objetiva y razonable que permita establecer una diferencia de trato ante supuestos de hecho en los que se ha realizado el hecho imponible con la misma intensidad por la sola circunstancia de que la ruptura del período impositivo se haya producido como consecuencia del inicio o del cese en el ejercicio de una actividad económica.
Por otro lado tiene razón el órgano judicial cuando señala que el mecanismo de ajuste proporcional de la cuota no presenta excesivas dificultades, por lo que la justificación del trato desigual no puede encontrarse tampoco en posibles causas técnicas. Prueba de ello es que existen otros tributos en los que, gravándose asimismo rentas presuntas que se ponen de manifiesto en el ejercicio de actividades económicas, se gradúa la tributación de forma proporcional -y no sólo por trimestres, sino incluso por días- al tiempo efectivo de desarrollo de las mismas. Es el caso del régimen de "estimación objetiva por signos, índices o módulos" a que hacía referencia - al momento de plantear la presente cuestión de inconstitucionalidad- el Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre, por el que se aprobaba el Reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas (hoy, régimen de "estimación objetiva" del Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio), en cuyo art. 28.3 se preveía que "[e]n los casos de iniciación con posterioridad al 1 de enero o cese antes del día 31 de diciembre de las operaciones de una actividad acogida a esta modalidad, los signos, índices o módulos se aplicarán, en su caso, proporcionalmente al período de tiempo en que tal actividad se haya ejercitado por el sujeto pasivo durante el año natural" (la misma previsión continúa actualmente recogida en el art. 35.3 del citado Real Decreto 1775/2004). Y es también el supuesto del régimen "simplificado" del impuesto sobre el valor añadido, regulado en aquel entonces por el Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, por el que se aprobaba el Reglamento del impuesto sobre el valor añadido, cuyo art. 98.4 disponía que "[e]n los casos de iniciación con posterioridad al día 1 de enero o cese antes del día 31 de diciembre en las operaciones económicas de un sector de actividad acogido a este régimen especial, los datos que sirvan de base para determinar los índices o módulos se calcularán proporcionalmente al período de tiempo en que tal sector de actividad se haya ejercitado por el sujeto pasivo durante el año natural correspondiente".
En consecuencia, si el legislador no ha encontrado dificultad técnica alguna para graduar la tributación de forma proporcional al número de días de ejercicio efectivo de una actividad económica, en los supuestos de inicio después del día 1 de enero de cada ejercicio o cese antes del 31 de diciembre, tanto en el régimen de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas como en el régimen simplificado del impuesto sobre el valor añadido, ni tampoco la ha encontrado para ajustar la tributación de forma proporcional al número de trimestres o al tiempo efectivo de ejercicio de una actividad, en los supuestos de inicio o de paralización de industrias, respectivamente, en el propio impuesto de actividades económicas, con mayor razón puede afirmarse que no existe ninguna dificultad técnica para efectuar aquel ajuste en este último tributo en los casos de cese en el ejercicio de actividades económicas, en función del número de trimestres de ejercicio efectivo de la actividad económica. Precisamente porque no existía ninguna dificultad técnica, como pone de manifiesto el Auto de planteamiento, la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, sólo dos años después de que entrara en vigor el impuesto de actividades económicas (el día 1 de enero de 1992, en virtud de la disposición adicional tercera LHL, en la redacción que le dio la Ley 18/1991, de 6 de junio) vino a incorporar a la norma cuestionada un nuevo párrafo que equiparaba la tributación imputable al ejercicio de actividades económicas durante un período temporal inferior al período impositivo como consecuencia de una declaración de baja, con la derivada de períodos temporales también inferiores al año natural fruto de declaraciones de alta.
7. De todo lo expuesto hasta este momento se desprende que la norma cuestionada diferencia entre situaciones de hecho que son idénticas, a saber, de un lado, el ejercicio de una actividad económica (empresarial, profesional o artística) durante un período temporal inferior a un año como consecuencia de la presentación de una declaración de alta una vez iniciado el período impositivo; y, de otro lado, el ejercicio de la misma actividad económica durante idéntico período temporal inferior a un año, pero esta vez como consecuencia de la presentación de una declaración de cese una vez iniciado también el período impositivo. Ambas situaciones deben considerarse homogéneas desde la perspectiva de los arts. 14 y 31.1 CE a los efectos de realizar un juicio de igualdad ante la ley tributaria, porque las dos son expresivas de la misma manifestación de riqueza potencial: el beneficio medio presunto que la norma atribuye a la actividad gravada durante un período de tiempo definido.
8. Antes de pronunciar el fallo a que el mismo conduce sólo nos resta precisar cuál es el alcance concreto que debe atribuirse a la declaración de inconstitucionalidad que lo integra. Pues bien al igual que en otras ocasiones, y por exigencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), procede declarar que únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia aquéllas que, a la fecha de publicación de la misma, no hayan adquirido firmeza al haber sido impugnadas en tiempo y forma y no haber recaído todavía una resolución administrativa o judicial firme sobre las mismas (art. 40.1 LOTC; SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11, y 54/2002, de 27 de febrero, FJ 9, entre otras).
Type et numéro d'enregistrement Cuestión de inconstitucionalidad 69-1995
Fecha de resolución 04/11/2004
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (sede de Albacete), sobre el art. 90.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, en su redacción anterior a la reforma de 1993.
Vulneración del principio de igualdad tributaria: exclusión del prorrateo por trimestres de las cuotas del impuesto de actividades económicas a quienes se dan de baja por cese; Nulidad parcial del precepto estatal.
Al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar, en los casos en los que sólo se realiza de forma parcial el hecho imponible, la totalidad de la cuota tributaria que correspondería al beneficio medio presunto derivado del ejercicio de una actividad económica durante un año natural, se está sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica [FJ 6].
El art. 90.2 LHL, en su redacción originaria, en tanto que no prevé la reducción de las cuotas del impuesto de actividades económicas en los supuestos de cese o baja en el ejercicio de actividades económicas, establece una discriminación contraria a los arts. 14 y 31.1 CE [FJ 7].
El principio de capacidad económica establecido en el art. 31.1 CE impide que el legislador establezca tributos cuya materia u objeto imponible no constituya una manifestación de riqueza real o potencial (SSTC 37/1987, 194/2000) [FJ 5].
El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica de cada contribuyente configura un mandato que vincula a los poderes públicos obligándoles a exigir, en condiciones de igualdad, esa contribución a todos los contribuyentes cuya situación ponga de manifiesto una capacidad económica susceptible de ser sometida a tributación (SSTC 76/1990, 96/2002) [FJ 3].
Ante el desarrollo de las mismas actividades económicas a lo largo de un idéntico período temporal, la norma atribuye un diferente gravamen en función de que la ruptura del período impositivo general se haya producido como consecuencia del inicio o del cese en el ejercicio de la actividad, por lo que los términos de comparación son homologables a la hora de realizar un juicio de igualdad [FJ 4].
En las cuestiones de inconstitucionalidad los efectos extintivos sobre el objeto del proceso como consecuencia de la derogación o modificación de la norma cuestionada vienen determinados por el hecho de que ésta, tras esa derogación o modificación, no sólo siga siendo aplicable en el proceso a quo sino también que de su validez dependa la decisión a adoptar en el mismo (SSTC 111/1983, 37/2004) [FJ 2].
Únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia aquéllas que, a la fecha de publicación de la misma, no hayan adquirido firmeza al no haber recaído todavía una resolución administrativa o judicial firme sobre las mismas (SSTC 45/1989, 54/2002) [FJ 8].
Artículo 90.2 (anula)
Artículo 14 (igualdad en la ley), ff. 1, 3, 4, 7
Artículo 31.1, ff. 1, 3 a 7
Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre. Reglamento del impuesto sobre el valor añadido
Artículo 90.1, ff. 1, 4
Artículo 90.2, ff. 1 a 3, 7
Disposición adicional tercera (redactada por la Ley 18/1991, de 6 de junio), f. 6
Regla 14.4, f. 4
Artículo 85.1.4, f. 4
Artículo 28.3, f. 6
Artículo 35.3, f. 6
Cese de actividad económicaCese de actividad económica, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ContribuyentesContribuyentes, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Cuestión de inconstitucionalidadCuestión de inconstitucionalidad, ff. 2, 8
Cuota tributariaCuota tributaria, f. 4
Efectos de la declaración de inconstitucionalidadEfectos de la declaración de inconstitucionalidad, f. 8
Hacienda localHacienda local, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Impuesto sobre actividades económicasImpuesto sobre actividades económicas, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ImpuestosImpuestos, ff. 4, 6, 7
Materia imponibleMateria imponible, f. 5
Período impositivoPeríodo impositivo, ff. 4, 6, 7
TributosTributos, ff. 5, 6, 7

References: Resolución 
 artículo 37
 artículo 88
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 90

Artículo 14

Artículo 31

Real Decreto 

Artículo 90

Artículo 90

Artículo 85

Artículo 28

Artículo 35