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Timestamp: 2019-03-24 10:12:40+00:00

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Derecho Procesal Penal Jorge Alberto Silva Silva by Emma Morales Cuayahuitl INEPAR - Issuu
AVERIGUACIÓN PREVIA (instrucción administrativa)
SUMARIO 12.1 APERTURA Y CONCEPTO DE LA AVERIGUACIÓN 12.2
DIRECCIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA
BASE CONSTITUCIONAL DE LA AVERIGURACIÓN
CONCLUSIÓN DE LA AVERIGU RACIÓN PREVIA
ARCHIVO RESERVA
FACULTAD RESOLUTIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO
Averiguación previa (instrucción administrativa) 249
12.1 APERTURA Y CONCEPTO DE LA AVERIGUACIÓN
Una vez que se satisface la condición de procedibilidad, estamos en aptitud de iniciar los primeros actos procedimentales. Éstos entran en lo que el código federal denomina “averiguación previa’. La averiguración previa se inicia con una resolución de apertura de la mis­ ma.
se ordenan averiguaciones), y supone que se ha satisfecho el requisito de pro­ cedibilidad correspondiente. Respecto de la existencia de la averiguación previa en la forma legal como está estructurada en México (es decir, en manos del Ministerio Público), ésta ha dado lugar a dos posiciones diametralmente opuestas. Dentro de la primera postura, que no acepta fundamentación constitucional para esta estructura de a averiguación previa, contamos con el propio padre del procesalismo en México: Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. En este caso tenemos a quienes han considerado —como nosotros— que se trata de un raro fenómeno con carta de naturalización en el derecho procesal mexicano, conocido a partir de la legislación secundaria posterior a 1917. En contrapartida hay tratadistas de importancia, como Sergio García Ramirez, quien ha defendido en todos los órdenes a la averiguación previa, inclu­ sive la ha justificado. Independientemente de las bondades que pueda tener la averiguación pre­ via. lo cierto es que está desarrollada en nuestro derecho secundario y que, por fc canto, debe ser objeto de estudio. El periodo de la averiguación previa ha recibido diversos nombres, y para éllos se ha considerado su naturaleza jurídica, o las especiales concepciones de sus autores. Así, se le llama también instrucción administrativa (García Ramí­ rez . preparación de la acción (Rivera Silva), preproceso (González Bustamante . averiguación fase A (códigos poblano y yucateco), fase indagatoria (Briseño Suerra), procedimiento preparatorio gubernativo (Alcalá-Zamora). En otros lu-
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gares se le ha conocido también como indagación preliminar (Florián), preven­ ción policial (legislación argentina), etcétera.
12.2 NATURALEZA JURIDICA
Por lo que hace a la esencia de la averiguación previa normada por la ley secun­ daria, tal parece que no ha habido consenso para determinar qué es. Tanto la ley como los precedentes judiciales y la propia doctrina semuestran en desacuerdo con respecto a su esencia. Podemos decir que las ideas que se han expuesto se reducen a dos corrientes o posiciones fundamentales: а) Criterio de promoción. Entre las ideas que podemos considerar tradiciona­ les o, mejor dicho, más divulgadas, se sostiene que a través de la averigua­ ción previa el Ministerio Público —especialmente el mexicano— prepara la promoción de la acción procesal. Militan en esta corriente González Bustamante, Rivera Silva, Colín Sánchez, etcétera. б)
Criterio de determinación. En este enfoque encontramos las gio García Ramírez. Según este
ideas de Ser­
la acción procesal penal, sino la determinación (del sujeto encargado de promoverla) acerca de si la inicia o no. Es decir, no es lo mismo preparar la promoción de la acción, que realizar los actos necesarios para resolver si se promueve o no la acción procesal. Así, sostiene García Ramírez, “la
averiguación previa. . . tiene como
tivo directo preparar la determinación del Ministerio Público, entendida esta en amplio sentido, por igual comprensivo del ejercicio de la acción penal o del
Averiguación previa (instrucción administrativa) 251
30 ejercicio... No obstante esta realidad, suele otorgarse a la averiguación pre­
via sinónimo de preparación del ejercicio de la acción penal’.1
±^a pi iuici a [jusiuuii nus ncva yen su caii ciiiu; a i a a 111 umuuu uc i|uc ci pe-
nodo de la averiguación previa es condición necesaria para la promoción de la acción penal. Sobre este particular, la tendencia dominante parece indicar que la promocon de la acción es ineficaz si se omite el periodo de la averiguación previa, Aquí encontramos el criterio de Humberto Briseño Sierra, para quien la averi­ guación previa es un antecedente indispensable en el proceso penal.2 Nuestros tribunales de amparo, en un precedente, se han inclinado en este sen­ tido. En el caso seguido contra Antonio Acosta, quien fue procesado y senten­ ciado por el delito de peculado, la Corte resolvió que ahí no había habido averiguación previa, puesto que el Ministerio Público sólo trasladó al tribunal los documentos que le entregó la institución bancaria ofendida. Como el Mi­ nisterio Público no “ordenó” se abriera averiguación, y sólo “ejercitó la ac­ ción penal’, resultó que no es válida, según la Corte, la promoción de la acción.3 En posición opuesta, sostenemos que la llamada averiguación previa no corresponde a un periodo necesario, indispensable, imprescindible, forzoso o ineludible para la promoción de la acción. Cuando menos, no encontramos pre­ cepto legal que así lo ordene directamente. Sostenemos, sí, que se trata de un periodo de preparación, donde se reali­ zan actos similares a los que se realizan en los llamados medios preparatorios
Garcia Ramírez, Sergio, Curso de derecho procesal penal, pág. 332. Briseño Sierra, Humberto, El enjuiciamiento penal, pág. 19. Mayo Ediciones, Actualización, I Penal, tesis 1635, pág. 664.
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a juicio en los campos civil y mercantil. Y que así como en éstos le es potestati­ vo al potencial actor iniciar los medios preparatorios, así también le debe ser al potencial actor penal. En suma, a través del periodo de penal o su auxiliar realizarán los actos promueve o no la acción penal.
averiguación previa el potencial actor necesarios tendientes a determinar si
En el procedimiento mexicano, a diferencia del existente en otros países (el francés, por ejemplo) no existe un tribunal de instrucción autónomo. El po­ tencial actor penal, antes de comparecer frente a los tribunales penales realiza por su parte (unilateralmente) una serie de actos prácticamente autoinstruccionales; es decir, que le permiten conocer por sí mismo los hechos que tal vez habrá de someter al conocimiento del tribunal. En realidad, haber satisfecho las que el proceso deba iniciarse de inmediato.
Un ejemplo de otra área nos ayudará a explicar mejor el fenómeno. El aboga­ do que recibe un cliente en su despacho, con la pretensión de divorciarse, lo que normalmente hace es inquirir o investigar, aunque sea rápidamente, las aseveraciones de su cliente. Así, le pide la copia del acta de matrimonio, le pre gunta por los hijos y por sus actas; le pregunta por los bienes y sus documen­ tos; le pregunta la causa por la que desea divorciarse, y las posibilidades de poder demostrarlas ante el tribunal. En fin, el abogado realiza una especie de “autoinstrucción”. Desea estar seguro de que lo que diga en la demanda se podrá demostrar, para lo cual debe resolver si promueve o no el divorcio ante los tribunales. En el procedimiento penal, el agente del Ministerio Público que recibe una denuncia, antes de enviarla al tribunal prefiere conocer por sí mismo o median­ te el auxilio de sus colaboradores, no sólo el contenido de los hechos en que se basa, sino también si pueden ser demostrados y, además, ser favorable la pretensión. A consecuencia de estos actos, el Ministerio Público podrá estar en posibilidad de resolver si inicia con probabilidad de éxito un proceso penal Este enfoque no resulta novedoso, ya que Florián lo afirmó desde hace mu­ cho tiempo. “Las investigaciones preliminares —afirmó Florián— responden a la exigencia para resolver si se debe o no promover la acción penal."4
Aunque con frecuencia se afirma que dentro de la averiguación previa se deberá tratar de confirmar la existencia del tipo delictivo y la probable respon­
Florián, Eugenio, Elementos de derecho procesal penal, pág. 238.
sabilidad de su autor, la verdad es que tal afirmación resulta estrecha, cuando confrontamos la serie de cometidos establecidos en la ley. Dentro de la llamada averiguación previa, se deberá: Dar la asistencia a los damnificados. Encontramos así la asistencia médi­ ca y la restitución de ciertos bienes tutelados por la ley. b) Aplicar ciertas medidas cautelares (obviamente, de naturaleza anticipati-
específica­
mente establecidos, vigilar lugares o cosas (aseguramientos), sustituir la detención por caución, protesta y arraigo. c) Realizar la investigación. d) Desahogar medios probatorios (que confirmen o rechacen las aseveracio­ nes denunciadas). e) Dictar órdenes de inhumación de cadáveres. f) Documentar sus actividades, etcétera. Algunas de éstas son objeto de estudio de otras ramas del conocimiento, como en el caso de la victimología o de la criminalística, que son las auxiliares más cercanas del derecho procesal.
OBJETO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Asistencia a damnificados Aplicación de medidas cautelares Realizar investigación Desahogo de medios probatorios Ordenar inhumaciones Documentar actuaciones
Márquez Piñero, Rafael, “Averiguación previa”, en Diccionario jurídico mexicano.
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hace muchísimo tiempo su propia autonomía, de manera que también es obje­ to de la criminalística. El orden jurídico sólo normará la función criminalística. “Los criminalistas —recuerda Garmabella al hablar del doctor Quiroz Cuarón— han establecido que para que un caso criminológico quede bien escla­ recido se necesita responder claramente a lo que los especialistas han llamado los siete puntos de oro de la investigación criminológica; los siete puntos clave son: ¿qué sucedió? ¿quiénes son las víctimas?, ¿quién es el victimario?, ¿cuán­ do sucedieron los hechos?, ¿dónde sucedieron?, ¿cómo sucedieron? y ¿por qué?”.6 Aunque la investigación no es siempre actividad ajena al proceso jurisdic­ cional, en esta fase el Ministerio Público realiza una investigación anticipada, previa, preliminar o preparatoria a la que habrá de sucederse en la instrucción judicial, donde se tenderá a la confirmación o rechazo de los datos que original­ mente arrojó la averiguación previa. Durante la investigación, el buen investigador (si emplea un método cien­ tífico) debe estar plenamente consciente de su ignorancia acerca de la respues­ ta que va a encontrar. Lo único que debe tener clarificado es el problema que tratará de resolver. La función investigatoria, se suele diferenciar (en derecho probatorio)
la función probatoria. Como ya lo veremos (cap. 2.9.2), mientras en la investi­ gación se trata de conocer, en la actividad probatoria se trata de confirmar el dato afirmado. Igualmente, en la investigación se desconoce el dato, en tanto que en la actividad probatoria se supone conocido el dato o hipótesis, y sólo se trata de confirmar o rechazar a través del procedimiento correspondiente. En el caso mexicano, las leyes secundarias (no la Constitución) no sólo le dan al Ministerio Público la función investigatoria, sino también la probato­ ria. Luego entonces, lo que en México se suele denominar averiguación previa implica tanto actos de averiguación como de confirmación.
Aunque en otros lugares son conocidos los tribunales de instrucción, en Méxi­ co la instrucción policial o administrativa queda básicamente bajo la dirección del Ministerio Público. No obstante, dentro de la normatividad mexicana encontramos otros fun­ cionarios diversos de los del Ministerio Público, que de alguna manera inter­ vienen o realizan la averiguación previa. Así, por ejemplo, pueden realizar la
Garmabella, José Ramón, Dr. Alfonso Quiroz, sus mejores casos, pág. 88.
Averiguación previa (instrucción administrativa) 255
averiguación previa ciertos, funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Ga­ nadería (art. 265 del Reglamento de la Ley Forestal de 1961) y algunos funcio­ narios de la Secretaría de Hacienda (art. 83 fracción VII del Código Fiscal, art. 4 fracción XI y XII de la Ley Orgánica de la Procuraduría Fiscal de la Secreta­ ria de Hacienda y Crédito Público). Los funcionarios de gobierno que casi siempre son los que realizan la ave­ riguación, y que sólo dependen del Ministerio Público, son las corporaciones de policía judicial, quienes también realizan actos dentro de la averiguación previa. Luego de entrada en vigor la Constitución de 1917, los tribunales penales que realizaban (a la francesa) las actividades de la averiguación previa, con el paso del tiempo (brevísimo) la práctica forense y la nueva codificación secun­ daria dejó como hasta hoy, como director de la averiguación previa al Ministe­ rio Público, y de manera secundaria a algunos otros que ya hemos mencio­ nado.
12.6 BASE CONSTITUCIONAL DE LA AVERIGUACIÓN
Conviene cuestionarnos si ese periodo de averiguación previa se encuentra es­ tablecido en la Constitución. Y aludimos a esto porque en la curia y los postu­ lantes parece haber alguna confusión entre la existencia de la averiguación previa y el monopolio de la promoción de la acción. ¿Alude la Constitución a la averiguación previa? Si leemos el artículo 19 costitucional anterior a las reformas de 1993, advertiremos que la Carta Magna, sí se refería a ese periodo denominado averiguación previa, supuesto que los datos recabados en éste, deberían ser tenidos en cuenta por el tribunal en el momento de determinar si debía o no continuar el procesamiento. Actualmente el nuevo texto constitucional, en su artículo 20 fracción X, sólo menciona a la averiguación previa para preceptuar que las garantías se extien­ den a la averiguación previa.
Cuestión aparte será la de indicar si el Ministerio Público es el único que puede dirigir la averiguación previa, como ya lo vimos. En
de la averiguación previa debe estar bajo la dirección del Ministerio Público, No obstante, la ley secundaria ha establecido tal situación en favor del potenactor penal.
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12.7 CONCLUSIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA
Según la ley procesal, la averiguación previa debe concluir en alguna de las si­ guientes determinaciones: a) Archivo o sobreseimiento administrativo, b) Reserva o suspensión administrativa, c)
Promoción y ejercicio de la acción procesal.
El sobreseimiento administrativo, más conocido en México como resolución de archivo, tiene como principales supuestos los siguientes: a) Que del resultado de la investigación se pueda afirmar que los hechos o conductas descubiertas no puedan ser calificados como delictuosos. b) Que del resultado de la investigación, aunque los datos encontrados sí pue­ den ser calificados como delictuosos, la prueba (confirmación) de éstos re­ sulta totalmente imposible. c)
Que aun cuando esté confirmada la responsabilidad penal del potencial de­ mandado, resulte que tal responsabilidad se ha extinguido, como en los casos de prescripción de la “acción” o derecho, revocación de la querella, etcétera. Tórnese nota de este último supuesto, porque provoca diversos problemas que veremos en la facultad resolutiva del Ministerio Público. Como
se advierte, la
lista y la regulación
resultan demasiado estrechas.
A manera de recomendación, aquí habrá que incluir —si se persiste en que el Mi­ nisterio Público deba sobreseer— casos y regulaciones tales como la cosa juz­ gada, renuncia a la querella, prescripción del derecho, muerte del indiciado, inmunidad dencia. El
de personas, así como aquellos que
puedan provocar la litispenresolución
administrativo consiste en que se extingue el derecho del actor penal para pro­ mover y ejercitar la acción procesal penal, que tenga como supuesto a los he­ chos de esa averiguación. De aquí que se equipare en sus efectos a la resoluciór. de archivo, con una sentencia absolutoria (art. 139 CFPP). (Ya adelantamos que uno de los efectos de la sentencia es la aplicación del principio non bis in idem esto es, no ser juzgado dos veces por lo mismo.) El «vocablo “archivo”, a propósito de esta resolución, resulta criticado por Gar-
cía Ramírez, pues en realidad se trata de un verdadero sobreseimiento, y el archivo sólo es su consecuencia.'
La suspensión administrativa es más conocida con el nombre el fondo, ésta no es una verdadera causa o supuesto de terminación del de averiguación previa, sino tan sólo de suspensión.
reserva. En periodo
Respecto a los supuestos que dan lugar a la reserva, aunque nuestras le­ ves no han sido muy explícitas, he aquí algunos de los que enumera: a) Que los hechos objetos de la averiguación, aun cuando resulten delictuo­ sos —a diferencia del segundo caso, causal de archivo—, la prueba (confir­ mación) de los mismos se encuentra condicionada. Es decir, que resulte factible que con posterioridad se pueda demostrar el hecho (art. 131 CFPP). De momento existe una imposibilidad transitoria para el desahogo de prue­ b)
bas (en el caso del archivo, la imposibilidad es total). Que aun cuando se demuestre que el hecho es delictuoso, se ignore quién o quiénes son sus autores, caso en que se desconoce la identidad de los po­
tenciales demandados. Que se descubra que se ha omitido alguna condición deprocedibilidad. La ley militar prevé a la vez como causal de suspensión del procedimiento “la necesidad del servicio" cuando algún comandante de guarnición así lo pida, y su pedimento es aprobado por la Secretaría de la Defensa Nacional (arts. 447 a 449 CJM).
Al desaparecer el supuesto que da origen a la suspensión o reserva, el Mi­ nisterio Público estará en aptitud de resolver si promueve o no la acción procesal.
C PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN
En los casos no comprendidos en el archivo o la reserva, el Ministerio Público o potencial actor penal promoverá la acción procesal, dependiendo del princi­ pio de oportunidad o legalidad a propósito de la misma, como habremos de ver.
García Ramírez, Sergio, La acción en el proceso penal, pág. 121.
258 ENJUICIAMIENTO PENAL
De acuerdo con las leyes secundarias, el Ministerio Público deberá determinar si se promueve o no la acción procesal. Entendemos entonces que si el Ministe­ rio Público está autorizado para resolver si promueve o no la acción tendrá, por lo tanto, cierta facultad resolutiva. La resolución al final de la averigua­ ción
problema más importante aquí es saber si el Ministerio Público puede libre­ mente resolver si existió o no el delito, y si una específica persona es o no res­ ponsable. ¿Puede el Ministerio Público declarar la no existencia de delito y responsabilidad?, ¿no es acaso esto un acto de juzgamiento? Respecto a esta facultad resolutiva del Ministerio Público, encontramos en la doctrina dos claras posiciones: negativas y positivas. Entre la serie de opiniones en torno a la facultad que sostiene que el Minis­ terio Público carece la mayoría de los estudiosos.
de facultad para decidir (posiciones negativas)
Averiguación previa (instrucción administrativa) 259
Alcalá-Zamora respecto a esa función cuasijurisdiccional, sostiene que el Ministerio Público no es una magistratura jurisdicente, sino únicamente requirente, y si por sí y ante sí se le permite impedir que el tribunal decida scbre el fondo, se le erigirá, de hecho, en órgano jurisdiccional negativo, ya que no positivo, es decir, no podrá condenar, pero sí evitar que se condene”.8 Rivera
“archivo”,
criticada porque a través de ella el Ministerio Público se abroga facultades jurisdiccionales", crítica que —dice— con purismo jurídico puede tener vigencia. Algunos penalistas como Olga Islas y Elpidio Ramírez llegan a afirmar que “el no ejercicio de la acción penal constituye una resolución prácticamente definfinitiva, que imposibilita la intervención del órgano jurisdiccional y, por tanto, impide que el individuo sea juzgado por un juez o jurado de ciudadanos. En lugar de ello, y esta aberración sólo ocurre en México, el individuo es juzgado por el poder ejecutivo a través del Ministerio Público”.9 Dentro del campo de opiniones afirmatorias, esto es, las que sostienen que el Ministerio Público sí puede decidir (posiciones positivas), encontramos no solo la práctica cotidiana, sino a otros no menos expertos estudiosos. Briseño Sierra al respecto afirma que no debe confundirse la averiguación con la resolución. En la averiguación o investigación existe sólo pesquisa, pero en ocasiones quienes investigan, con frecuencia utilizan la facultad de mando. Investigar no es mandar, pero para hacerlo se puede emplear el mando, lo que es bien distinto.”10 El propio Rivera Silva, al que ya nos hemos referido, pese a que afirma que “con purismo jurídico” es valedera la corriente negatoria, llega inmediata­ mente a afirmar que “por economía y práctica procesal es correcto no se acuda xa los tribunales para que hagan la declaratoria de la no existencia del delito, cuando el Ministerio Público no tiene elementos que lo comprueben y por ende no puede hacer la consignación”.11 En el caso de que adoptáramos la primera de las ya indicadas tendencias o posiciones, habría que pensar en que si el tribunal es el que tiene que resol­ ver'. debemos entonces abordar el tema de la homologación, para que así el tri­ bunal “juzgue” la no existencia de delito y delincuente, reconociendo o dándole efectos jurídicos totales a la previa determinación del Ministerio Público. A manera de recordatorio, la homologación —dice de Pina— es “el reconoci­ miento judicial de la regularidad de un acto jurídico, necesario para que éste dé sus efectos característicos”.12 A través de este instituto, el tribunal le da­ ría efectos plenamente jurídicos a la determinación del Ministerio Público.
Acalá-Zamora y Castillo, Niceto, Legítima defensa y proceso, pág. 615. Islas.y Olga y Ramírez, Elpidio, El sistema penal en la Constitución, pág. 77. Briseño Sierra, Humberto, Derecho procesal, t. IV pág. 555. Rivera Silva, Manuel, El procedimiento penal, págs. 143 y 144. De Pina, Rafael, “Homologación”, en Diccionario jurídico.
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La verdad es que la homologación no riñe ley positiva. Así, por ejemplo, en el artículo 6
ciertas disposiciones de la
código distrital se dispone
que “el Ministerio Público pedirá al juez ... la libertad del procesado, sea por­ que el delito no haya existido, sea porque existiendo, no sea imputable al pro­ cesado, o porque exista en favor de éste alguna de las circunstancias excluyentes de responsabilidad... o en los casos de amnistía, prescripción y perdón o con­ sentimiento del ofendido". que
Por otra parte, desde el punto de vista de la noción de acción, lo cierto es ahí no existe, ni puede existir acción penal, dada la ausencia de litigio o
contienda, que en el mejor de los casos implicaría una solicitud de reconoci­ miento a la posible renuncia de algún derecho, o ala licitud de una autocomposición o autodefensa. El artículo primero del CFPP dispone que le corresponde exclusivamente a los tribunales declarar cuándo un hecho no es delictuoso. El Código de Justicia Militar no puede resultar más claro cuando prevé que “la facultad de declarar que un hecho es o no delito del fuero de guerra, corresponde exclusivamente a los tribunales militares” (art. 435). Igualmente, el Código de Procedimientos Penales de 1880 y luego el de 1894, establecieron que únicamente los tribunales de justicia podrían determinar la inocencia o la culpabilidad.
SUMARIO 14.1
Instrucción judicial 285
*4.1 NOCIÓN
Instrucción, afirma González Bustamante, significa “enseñar, informar de gona cosa o circunstancia”.1 A su vez, instructor proviene de instructoris, significa supervisor.
Aunque el origen etimológico de las palabras no dan necesariamente la con­ notación de un vocablo, conviene precisar que la instrucción tiene dentro del derecho procesal dos connotaciones: a) La que implica el verbo instruir, es decir, enseñar, mostrar, formar, adoc­ trinar, ilustrar, preparar, encaminar, explicar, etcétera. b) La que denota al sustantivo instrucción, que quiere significar lapso o pe­ riodo dentro del cual se realizan diversos actos procesales. Las definiciones que se han vertido en torno al concepto de instrucción pro­ cesal de alguna manera toman como punto de partida de una las indicadas acepciones. Como vemos, si en el marco conceptual general no ha existido conformi­ dad para definir lo que es la instrucción, esto a su vez ha influido negativamen­ te para conceptuar a la instrucción penal. La instrucción no es privativa del derecho procesal penal, ya que existe instrucción en los procesos civiles, mercantiles, laborales o familiares. El que algunos de los tratadistas de estas áreas no le quieran nombrar asi, no es óbice para negar su existencia. A manera de ejemplo recordemos a Cipriano Gómez Lar a, quien en su obra Derecho procesal civil considera la instrucción, cuyo propósito es “acercarle al juzgador todo el material informativo para que se produzca el juzgamiento con la propiedad jurídica y lógica debida.”2
González Bustamante, Juan José, Principios de derecho procesal penal, pág. 197. G omez Lara, Cipriano, Derecho procesal civil, pág. 26.
286 ENJUICIAMIENTO PENAL
En el propio derecho procesal penal la definición de instrucción varía no sólo de ley en ley, sino también de estudioso a estudioso. Y esto, por desgracia, también se refleja negativamente en la implantación del proceso ante los tri­ bunales. No resulta igual la instrucción legislada y establecida con base en el prin­ cipio acusatorio, que a partir del principio inquisitivo. He aquí algunas ideas que se han vertido en torno a la instrucción en el proceso penal: a)
Para la ley española, la instrucción es “el conjunto de actuaciones enca­ minadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan in­ fluir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos”.
Para nuestro código de 1894, la instrucción “comprende todas las diligen­ cias practicadas para la comprobación de los delitos e investigación de ellos, desde que se comienza el proceso hasta que se dicte el auto a que se refie­ ren los artículos. . . (que declaran cerrado el proceso)”. En el código federal vigente, la instrucción comprende “las diligencias prac­ ticadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y probar la exis­ tencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiaridades
irresponsabili­
dad penal de éste”. Para Barrios de Angelis, es “el conjunto de actos que tiene por finalidad aportar y elaborar los datos constitutivos de la certeza sobre el objeto (existencial y gnoseológico), así como determinar y afectar los bienes o perso­ nas necesarios para la satisfacción”.3 Para Fix Zamudio, “la instrucción es también denominada sumario judi­ cial y según la doctrina mexicana, en la misma se hace investigación por el juzgador para determinar la existencia de los delitos y la responsabili­ dad o irresponsabilidad del acusado”.4
Como se advierte de los anteriores conceptos, hay diversas respuestas a las interrogantes ¿qué es?, ¿dónde se ubica dentro del proceso?, ¿cuál es su na­ turaleza?, ¿para quésirve?, e inclusive ¿cómo se subdivide?, cuestiones que trataremos de examinar con base en las respuestas que se han planteado.
Barrios de Angelis, Dante, Teoría general del proceso, pág. 229. Fix Zamudio, Héctor, “Procedimientos penales”, en Diccionario jurídico mexicano.
288 ENJUICIAMIENTO PENAL
tud del cual la especie (cautelar) se confundiría con el género (preliminar), sobre aquélla se proyectarían así mismo la ‘acción introductiva’ y la pro­ pia ‘acción consultiva’ e)
Proceso preliminar. En la idea de Alcalá-Zamora, la instrucción es un pro­ ceso preliminar. Tiene para ello en cuenta que es una etapa preparatoria, cuya finalidad no estriba en dictar sentencia, sino que con elementos en ella reunidos en todo caso se podrá decidir si ha lugar o no al debate final, “es decir, del proceso de fondo en estricto sentido”.5 Agreguemos que, según la idea del propio Alcalá-Zamora, por proceso pre­ liminar “habríamos de entender el conjunto de actuaciones desenvueltas con anterioridad a la demanda de fondo y relacionadas con el proceso principal en virtud de factores que mudan según la finalidad perseguida por aquél".6
Veamos para qué sirve o cuál es la finalidad de la instrucción. Podemos considerar que de la diversidad de fines planteados por la doctri­ na, éstos pueden aglutinarse en remotos o mediatos por un lado, y próximos o inmediatos por otro. El fin mediato sería la preparación de debate, dice Rafael de Pina. No obs­ tante, cabe hacer una observación. La instrucción no conduce irremediablemente al juicio. Puede ocurrir que durante la instrucción los elementos de confirma­ ción rechacen la existencia de un delito, en cuyo caso sería factible, dentro de la propia instrucción, el sobreseimiento. Esto es, la instrucción no está orien­ tada sólo para preparar el debate, sino para la determinación de llevarse o no a debate un hecho o mejor dicho, un litigio. Respecto al fin inmediato, hay quienes consideran que consiste en com­ probar tanto el delito como la responsabilidad. En verdad, esto resulta parcial, ya que también su fin se orienta a la confirmación de la ausencia del delito o de la responsabilidad. En este enfoque, el fin (según la ley mexicana) más bien sería el confirmar la existencia o inexistencia de ciertos hechos que se califican como delito,y de la responsabilidad o irresponsabilidad del sujeto pasivo del proceso, en ta­ les hechos. Nuestra ley procesal (art. 1 CFPP) estima que la finalidad de la instruc­ ción no consiste únicamente en probar (confirmar), sino también en averiguar.
Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, En torno a la noción del proceso preliminar, págs. 491 y 492 Idem. pág. 455.
Instrucción judicial 289
Pero éstos no son los únicos específicos de la instrucción. Aparte de los fines puramente confirmatorios, la instrucción penal en México posee otros. Así, tenemos fines cautelares, esto es, dejar asegurados determinados bienes, fines psicosociobiológicos del procesado, tal como sería conocer su grado de adaptación o desadaptación social (peligrosidad, le llaman en la curia). De los datos hasta ahora vistos, no cabe duda de que la instrucción a que se refiere la ley sólo es una porción de todo el enjuiciamiento penal. De aquí, que resulte un error denominar a los códigos (como el francés) de instrucción cri­ minal o penal, ya que se trata de denominar al todo en atención a una de las partes.
Ya hemos adelantado que un periodo como es el de la instrucción puede a su vez tener varios subperiodos, de tal manera que cuando aludimos a las subdi­ visiones de la instrucción, queremos con esto referirnos a los subperiodos de la propia instrucción. De la forma en que ha sido establecida en México, la instrucción se divide si dos partes: a) La instrucción administrativa o policial, y b) la instrucción judicial, procesal o intraprocesal. En México, la instrucción administrativa quedó encomendada al Ministe­ rio Público. Corresponde, como ya lovimos, a una subíase de la instrucción donde el Ministerio Público dirigiendo la instrucción, se “autoinstruye". La ley secundaria mexicana a esta subíase le denomina averiguación previa. Dicha subfase se sustenta más en la averiguación que en la confirmación. La instrucción judicial, que es la tradicionalmente conocida, otorga su di­ rección al órgano jurisdiccional. A esta subíase es a la que se refiere nuestro códígo procesal federal en su artículo primero fracciones segunda y tercera. Aquí se tiende más a la comprobación que a la averiguación. En ocasiones la ley, y algunos estudiosos, se han encargado a su vez de subbdividir la instrucción judicial. Franco Sodi la dividió en tres partes: a) la que se extiende de la resolución inicial a la resolución de procesamiento, b) la que va de éste a la resolución de agotamiento de la averiguación, y c) laque va de ésta a la resolución de cerra­ miento de la instrucción.7
Franco Sodi, Carlos, Código de procedimientos penales, pág. 132.
290 ENJUICIAMIENTO PENAL
INSTRUCC1
CFPP ADMINISTRATIVA
JUDICIAL 0 PROCESAL
Franco Sodi y Colín Sánchez
Averiguación previa Preinstrucción
Instrucción Segunda fase
Esta división de Franco Sodi ha proliferado entre nuestros estudiosos, y la han seguido aun cuando cambiando sus denominaciones. En el caso de Colín Sánchez, en la primera edición de su obra aludió a las tres partes a que se refi­ rió Franco Sodi. En las actuales ediciones, Colín Sánchez se refiere sólo a dos subfases, debido a que las reformas del Código del Distrito suprimieron una de ellas. No obstante, de aquí en adelante seguiremos las señaladas tres subfases. pues de acuerdo con la ley federal aún existen en la mayoría de los códigos es­ tatales. Con esta salvedad, y reconociendo que las divisiones obedecen puramente a la ley positiva y no a razones de principios, habremos de continuar.
INSTRUCCIÓN JUDICIAL (preinstrucción)
SUMARIO 15.1
PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN Y CONSIGNACIÓN
EFECTOS DE LA RADICACIÓN
PERSONACIÓN DEL INCULPADO
DENEGACIÓN DEL PROCESAMIENTO PROVISIONAL
Instrucción judicial (preinstrucción) 293
”5.1 UBICACIÓN
Esta, que viene a ser la primera fase de la instrucción judicial y a la que el códi­ go poblano denomina segunda fase de la averiguación previa (arts. 268 y sigts.), se encuentra delimitada entre el momento en que el sujeto activo del proceso comparece ante el tribunal promoviendo la acción penal, y la resolución dicta­ da por el tribunal, mediante la cual dispone el procesamiento definitivo o su denegación. El código federal le llama preinstrucción. Durante esta fase, el tribunal será instruido básicamente en torno a dos temas fundamentales: la existencia o inexistencia de los datos que califican un tipo delictivo y la responsabilidad o irresponsabilidad del sujeto pasivo del proceso. A través de esta fase se trata de demostrar al tribunal que con los datos, pruebas o medios de confirmación aportados, resulta posible la prosecución del proceso o, en su caso, que (hasta ese momento) no existen los elementos fácticos suficientes para proseguir un proceso. Dicho
trar por el acusador que los hechos en que se funda la contienda que se alconocimiento del tribunal, se califican como típicos o delictuosos, y que imebas que demuestran que tales hechos le pueden ser imputados
somete existen (con cier­
ta probabilidad) al penalmente enjuiciado. En otros sistemas, el francés por ejemplo, la instrucción judicial tiene dos fa­ ses: una instrucción preliminar, en la que se trata de esclarecer los hechos y en su caso enviar al imputado a la cámara de acusación; y otra fase de instruc­ ción definitiva, donde al examinarse lo recogido se está en aptitud de decidir si se ha de mantener la acusación, elevando el asunto a lo que conocemos co­ mo plenario. Obviamente, según esta forma de entender la instrucción, no habrá pro­ ceso, pero en la medida en que se vinculen los sujetos en esta instrucción, la posibilidad de hablar de proceso instruccional será más viable, así ocurre en
294 ENJUICIAMIENTO PENAL
la legislación mexicana, donde se ha enviado a la instrucción prácticamente toda la fase probatoria que normalmente le correspondería al proceso principal.
Existe, a nuestro parecer, no sólo en el lenguaje de la curia sino también en gran parte de la doctrina, una lamentable confusión entre lo que es “promover la acción penal" por el sujeto activo del proceso, y la “consignación”. Mediante la promoción de la acción por el actor (ejercicio inicial de la ac­ ción), el sujeto activo del proceso —que en México es el Ministerio Públicoacude ante los órganos jurisdiccionales formalizando el primer acto del ejerci­ cio de la acción, esto es, provocando la función jurisdiccional por ocasión pri­ maria. Adviértase que según esta idea, a la promoción de la “acción activa” le es indiferente que exista o no algún detenido. Para iniciar la acción no es necesario que se envíe o no detenida a alguna persona a disposición del tribunal. En el vocablo consignación encontramos polisemia, es decir, una gran va­ riedad de significaciones. Derivada originalmente del verbo latino consigno, con­ signare, significa sellar, firmar, certificar, anotar, registrar, etcétera. En el campo jurídico, significa además depositar, entregar, dejar a disposición algo. Es conocida, por ejemplo, la “consignación del pago”. Es esa última acepción de la palabra consignación la que se utiliza en el proceso penal: dejar subjudice, o casi siempre detenida a disposición del tribu­ nal, a una persona. En el proceso penal resulta entonces que consignación (es­ pecíficamente del detenido) significa dejar a disposición del tribunal su persona. En este sentido debe interpretarse, por ejemplo, la voz consignación contenida en la fracción III del artículo 20 constitucional. Art. 20 const. frac. III. “Se le hará saber en audiencia pública y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador... ” Resulta
momento en que el Ministerio Público promueve la acción, con la consignación, no siempre ni necesariamente coinciden en el tiempo. Supóngase, por ejemplo, el caso en que se promueve la acción sin dejar a disposición del tribunal al suje­ to pasivo del proceso, solicitando tan sólo se le mande hacer comparecer me­ diante orden de aprehensión o simple comparecencia. Con cierta frecuencia se confunde la consignación con el depósito del bien se­ cuestrado o la persona arrestada. Pero el significado semántico de la voz en la Constitución resulta tan especial que es necesario darle una interpretación específica para la legislación mexicana.
Instrucción judicial (preinstrucción) 295
El primer acto del tribunal, luego de la promoción de la acción, se traduce en la resolución denominada radicación o también auto cabeza de proceso. En el auto de radicación, el juez por sí y como representante del órgano, revisa (para radicar) los presupuestos procesales. Así, la radicación implica re­ visar lá competencia, las formalidades incluso la falta de impedimentos. Son dos los supuestos o dispositivos conocidos que dan lugar a la resolu­ ción de radicación: a) La autoexcitación judicial o prevención de oficio, y b) La heteroexcitación. La inquisitio ex officio o autoexcitación del tribunal no es posible en el de­ recho mexicano actual, puesto que de manera oficiosa el tribunal no puede abrir un proceso. El vocablo “auto cabeza de proceso” resulta más familiar para es­ te supuesto, según lo afirmó Escriche. de
En la legislación argentina, un juez oficiosamente puede dictar auto cabeza proceso, en el que además llama al Ministerio Público para que ejerza la
acción penal. Mediante heteroexcitación queremos referirnos al inicio de un proceso a instancia de parte. Es éste el supuesto que impera actualmente en el derecho mexicano, ya que la radicación de un proceso sólo puede hacerla el tribunal a instancia del Ministerio Público, al promover la acción. Entonces, el sistema mexicano acoge el principio me procedat iudex ex officio. La
conocimien­
to del negocio que se le plantea, independientemente de que el tribunal especí­ fico al cual seacude, sea o no competente. Implica el análisis de los presupuestos procesales (exigir la válida constitución del proceso) y la existencia del interés como requisito de la acción.
15.4 EFECTOS DE LA RADICACIÓN Entre los diversos
o radicación del
proceso encontramos los siguientes: a) Previene la competencia en favor del juzgado ante el cual se promueve la acción procesal, con base en el criterio competencial de la prevención. Así, el órgano judicial ante el que se promueva será el competente. Con funda­ mento en este criterio de prevención, las partes quedarán vinculadas a ese órgano específico. b) Da inicio a la actividad judicial, pues se trata del primer acto del tribunal tendiente a la resolución del litigio que se le plantea. Ante la posibilidad de hecho de que el tribunal no resuelva sobre la radicación (guarde silen­
296 ENJUICIAMIENTO PENAL
ció), el acusador puede CPPDF y 142 CFPP).
c) Implica el reconocimiento de la calidad de parte al Ministerio Público. d) Impídela prosecución de un proceso por la llamada actio calumnias, hasta que el proceso concluya.
Alcalá-Zamora y Castillo apunta que “entre la consignación y el procesamien­ to existe un manifiesto paralelismo: una y otro implican que a juicio de la auto­ ridad respectiva (Ministerio Público, juez instructor) existen indicios suficientes para reputar a una persona culpable de un delito y para enderezar contra ella la instrucción''.1 A reserva de clasificar más adelante la resolución de procesamiento, ade­ lantemos que ésta puede ser provisional o definitiva. Luego de que el tribunal radica el proceso, normalmente hace una serie de razonamientos que pueden llevarlo a declarar que los hechos que se le someten son susceptibles de ser calificados como un delito y la aparente responsabili­ dad de alguna persona (independientemente de que estén demostradas). A con­ secuencia
gobernado. Repitiendo, la secuenciación quedaría así: 1. radicación, 2. previo examen de datos fácticos, 3. calificación provisional de esos datos como delito e inclusi­ ve los imputa o atribuye a una persona, y 4. ordena la personación, ya sea me­ diante orden de aprehensión o de simple orden de comparecencia. Pues bien, la declaración del tribunal al inicio del proceso que califica (la declaración, no la orden) que los hechos que le son sometidos a su considera-
Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, Síntesis de derecho procesal, pág. 550.
Instrucción judicial (preinstrucción) 297
ción concretan alguna figura típica delictiva, cuya conducta puede imputár­ sele a un sujeto, es lo que vendría a ser una resolución de procesamiento provisional. No confundamos el auto de radicación, ni la orden de personación con esa resolución provisional (declaración provisional), pues las órdenes de aprehensión y de comparecencia (de personación) sólo podrán ser un efecto de la resolución que declara la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de alguna persona (auto de procesamiento provisional). Llamamos a esta resolución de procesamiento provisional, puesto que de manera provisional y transitoria (efímera, podríamos decir), le finca un proceso a una persona. Tiene como efecto reconocer calidad de parte a un inculpado y el reconocerle todos los derechos de procesado. Si no se diera este reconocimiento tácito o expreso) faltaría un presupuesto procesal, que oficiosamente debe ser analizado. El procesamiento provisional produce como efectos los siguientes: a) Reconoce la calidad de parte al imputado, reconociéndole los derechos de procesado (legitimación ad causam y adprocesum). b) Dentro de otro tipo de efectos señalados por la ley, encontramos también que, tratándose de extranjeros, el tribunal deberá dar aviso a la Secretaría de Gobernación (art. 72 de la Ley General de Población), y respecto a fun­ cionarios o empleados del Servicio Exterior Mexicano, es causa de suspen­ sión de empleo sin goce de sueldo (art. 51, fracción IV de la Ley Orgánica del Servicio Exterior de 1966). c ) Con la resolución de procesamiento provisional, se da inicio a la relación jurídico-procesal, entendida como el vínculo que une a las partes y el tribunal. Más exacto, es un procesamiento provisional instructorio. Debemos precisar que la relación jurídica procesal no surge ni con el deliton ni con la decisión del Ministerio Público para promover la acción, ni con la con­ signación, ni con la radicación, ni con la personación del sujeto pasivo del pro­ ceso, sino con la radicación, seguida de la resolución que implique un procesamiento (aunque sea provisional). En viejas épocas, bajo la litiscontestatio, el proceso se iniciaba con la contes­ tación a la demanda, y no con la presentación de ésta, como-en la litis denuntiatio. Más adelante, el procesamiento podrá tornarse en definitivo o simplemente declararse que no ha lugar a continuar tal proceso. Pero, mientras tanto, durante la primera fase de la instrucción judicial (preinstrucción, le llama el código federal), el procesamiento es provisional. Anticipo del procesamiento (definitivo) diría Ciaría Olmedo. Puede ocurrir que a pesar de la radicación, el tribunal estime que los he­ chos que se le plantean no son suceptibles de calificarse como delictuosos, o que la persona respecto a la cual se pide sea declarada responsable en grado de probabilidad, no debe ser llamada a proceso. Esto es, puede suceder que el
298 ENJUICIAMIENTO PENAL
tribunal, por saneamiento, deniegue el procesamiento provisional, y a conse­ cuencia de ello se niegue a ordenar la personación. En este caso, el procesa­ miento provisional es denegado y, por lo tanto, no pueden producirse los efectos del procesamiento provisional. El plantear al tribunal hechos (probados o no) imposibles de ser calificados como delictuosos, se sancionan ab initio negándose efectos para el procesa­ miento. En cuanto a los sujetos que son consignados al momento de accionarse (es decir, cuando no se requiere orden de aprehensión, o simple comparecenciacomo en la flagrancia), debe dictarse un auto de procesamiento provisional. Perc si acaso los tribunales, no hacen eso en la praxis, ni el legislador lo establece como obligación (dada la rapidez con que se actúa en esta primera fase de instrucción judicial), ello no es óbice, como para negar la existencia de un autc o resolución de esta naturaleza (de manera ficta, cuando menos), pues de otrc modo, no sería posible otorgarle la calidad de parte al consignado, ni que éste ejercite los derechos de un procesado. En estos casos el respaldo constitucional lo encontramos en el artículo 16 cuando exige que el tribunal al momento de consignarle un detenido a pretexte de urgencia o flagrancia, el tribunal debe ratificar o rechazar la detención. Esta disposición se reitera en el artículo 134 del CFPP. Esta resolución de procesamiento provisional resulta a veces extraña en otrc tipo
examen al fondo del objeto del proceso, puesto que tanto la responsabilidad no son elementos del proceso, sino del
el tipo delictivo comc fondo mismo que ha
de resolverse. Si esta resolución que el tribunal hace al fondo del asunto (cuando el enjui ciamiento apenas se está iniciando) concluye con la declaración de que el hecho planteado se clasifica como delictuoso y de que existen datos como para impu­ tarle preventivamente o con probabilidad ese hecho a una persona, es precisa­ mente esta declaración la que estamos denominando de procesamiento.
Habiéndose dispuesto la radicación de un proceso, el tribunal resolverá a la vez si se sujeta o no, con carácter provisional, una persona. Supongamos que, razonando, el tribunal califica la existencia tanto del tipo delictivo como de la responsabilidad del imputado, y dispone su sujeción provi­ sional (le reconoce capacidad y legitimación), el paso siguiente será el aJoar la comparecencia de tal sujeto pasivo del proceso, esto es, del sujeto al que provisionalmente se le está imputando un hecho calificado como delictuoso. A la comparecencia a los actos procesales (sea forzosa o voluntaria) puede también llamársele personación o apersonarse, siguiendo con esto la terminologia de Prieto-Castro.2 Prieto-Castro, Leonardo. Cuestiones de derecho procesal, pág. 102
Instrucción judicial (preinstrucción) 299
La personación es consecuencia de la orden de apersonarse, que en el foro mexicano se denomina orden de comparecencia u orden de presentación. En los casos en que esta orden esté acompañada de una orden que imponga una medida cautelar restrictiva de la libertad, como es la detención, se le llama or­ den de aprehensión y detención. Respecto a la identificación del sujeto pasivo del proceso (al que se le orde­ na se apersone), se debe agregar que no se requiere que sea conocido en su nom­ bre; basta que simplemente se encuentre descrito. Esto es, puede estar identificado incluso hasta por su mote o sobrenombre, o por simples señas par­ ticulares que lo identifiquen, aun cuando hasta ese momento, se desconozca su nombre. A este particular, Manzini llega al extremo de afirmar que sí es posible la “acción penal in incertam personam", ya que esto sólo es necesario para constituir la perfecta relación procesal.3 Sobre este particular se pronunció nuestro viejo Lozano en el siglo pasado, al afirmar que “algunas veces la orden de prisión (orden de aprehensión que supone a la orden de personación) puede ser contra personas cuyo nombre no pueda determinarse; por ejemplo, sabedora la policía de que en cierta casa se reúnen varias personas con un objeto ilícito como un juego prohibido, o la fa­ bricación de monedas falsas, dicta sus órdenes para que sean aprehendidos los que se encuentren en ella; en estos casos es imposible determinar con ante rioridad, nominalmente, sin que esta circunstancia importe infracción constitucional”.4
15.7 CONSIGNACIÓN La consignación se concreta cuando el gobernado queda subiudice, vale decir, bajo la potestad real del tribunal, convirtiéndose en concreta personación. En cierto sentido, significa dejar bajo custodia, esto es, “bajo el cuidado de”, “a disposición de”. No obstante, no se requiere que el sujeto quede privado de su libertad. Pue­ de darse el caso, y esto sería lo normal, que exista un consignado, sin tener que estar detenido, pues la detención sólo es una medida cautelar restrictiva de la libertad. A partir de aquí (dies a quo) —es decir, de la consignación—, se inicia el plazo normal de 72 horas para que el tribunal resuelva si debe o no continuar el proceso contra esa persona. Dicho de otro modo, para que decida si transfor­ ma el procesamiento provisional en definitivo. Se inicia igualmente el plazo de 48 horas, para que se realice la llamada “diligencia de declaración prepara-
Manzini, Vicenzo, Tratado de derecho procesal penal, t. II, págs. 384 y 385. *Lozano, José María, Estudios del derecho constitucional patrio, pág. 42.
300 E N J U I C I A M I E N T O
toria”, de manera que dentro de los primeros momentos siguientes a la consig­ nación, el juez debe dictar una resolución en la cual señale día y hora para que se lleve a cabo tal actuación.
15.8 DENEGACIÓN DEL PROCESAMIENTO PROVISIONAL
Al abocarse el tribunal al conocimiento del asunto (al dictar la radicación del proceso) puede ocurrir que luego de examinar la causa, en lugar de ordenar ti procesamiento provisional, deniegue éste, ya sea por falta de presupuestos pro­ cesales o, por falta de interés como condición de la acción. En algún otro lugar se puede decir por falta de los requisitos de admisibilidad de juzgamiento. En este caso, a pesar de que la promoción de la acción se ha ejecutado, el tribunal o deniega la acción o impide su prosecución. Los casos en que sobreviene la denegatio actionis, se establecen en el en­ juiciamiento para sanear el proceso, y en gran medida, debido a la falta de ne­ cesidad de justificar el proceso. Citemos, entre otros ejemplos de denegación de la acción, los siguientes: a) que el sujeto activo del proceso no esté legitimado. Por ejemplo, que no sea el Ministerio Público el promovente. b) que la causa petendi no encuadre en una descripción delictiva (que no sea típica). c) que aun cuando la causa petendi puede calificarse como delictuosa (que sea típica, antijurídica o culpable), el derecho en que se soporte la pretensión no proceda. Por ejemplo, que esté prescrito, que exista alguna excusa ab­ solutoria, que exista alguna causa de impunidad o inviolabilidad en favor del potencial sujeto pasivo del proceso, etcétera. Los casos en que no se deniega la acción, pero sí su prosecución, significan que, según la ley o el criterio del juez, existe la posibilidad de que pueda corre­ girse el error cometido por el promovente.
Así, si el Ministerio Público promueve contra quien sólo goza de inmuni­ dad parlamentaria (un diputado, por ejemplo), el tribunal sólo suspende el en­ juiciamiento, pero no deniega la acción.
CAPÍTULO 16 DECLARACIÓN PREPARATORIA
SUMARIO 16.1
NOTIFICACIÓN DE LOS HECHOS
NOMBRE DEL ACUSADOR
NATURALEZA DE LA ACUSACIÓN CAUSA DE LA ACUSACIÓN FINALIDAD
EMPLAZAMIENTO PARA CONTESTAR
16.7 RITUAL DE LA AUDfENCIA------------------- _ 16.8
Declaración preparatoria 303
‘6.1 NOCIÓN
En la legislación actual, la
llamada declaración
preparatoria, resulta ser una
diligencia, en la que se reúnen por primeraocasión los sujetos principales del proceso penal. Esta diligencia posee diversidad de actos procesales, cuya finali­ dad es que el inculpado conozca la razón de su procesamiento, que el instructor verifique la existencia de defensor (o en su caso, que sea designado) y recibir, si así lo desea el procesado, su declaración. No se trata, entonces, de un solo y simple acto de declaración, sino de uno o más actos complejos.
16.2 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
La exigencia de esta especial audiencia, dada la importancia que reviste, se encuentra elevada en México a la categoría de acto procesal obligatorio de implantár por las autoridades judiciales, lo cual se traduce en el correlativo dertecho del procesado a exigir su establecimiento. El
autoridades el realizar esta serie de actos procesales. Art. 20 const. fracción III: “se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nom­ bre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conoz­ ca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria". Esta disposición, apunta Zamora Pierce, “consagra el derecho al reo de ser informado
de condicionantes de forma: en
audiencia pública; de tiempo: dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes
304 ENJUICIAMIENTO PENAL
a la consignación a la justicia; de contenido: el nombre de su acusador y la na­ turaleza y causa de la acusación; y le fija a esa información una finalidad espe­ cífica: que el reo conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en ese acto su declaración preparatoria”.1 Ya el Fuero de Aragón, dado por Pedro III en 1348, estableció que “si al­ guno había sido preso sin hallarse en flagrante delito, o sin instancia de parte legítima, o contra ley o fuero, o si a los tres días de la prisión no se le comunica­ ba la demanda, por más que pesase sobre él acusación o sentencia capital, de­ bía ser puesto en libertad por espacio de veinticuatro horas, en virtud de lo que se llamaba vía privilegiada”.2 Aun cuando la Constitución dispone que en las primeras 48 horas siguientes a la consignación ha de celebrarse la declaración preparatoria (plazo que aco­ gen nuestros códigos procesales), tal plazo puede ser reducido en beneficio del imputado, tal como lo hace el Código de Justicia Militar, cuando sólo le conce­ de al tribunal 24 horas para celebrar la declaración preparatoria (art. 491). Por lo que hace al lugar “público”, éAte será aquel al que “el público pueda tener libre acceso” (art. 288 CPPDF), por tanto no puede ser en lugares alejados 0 interiores de áreas reservadas a funcionarios y no amplia para el público.
NOTIFICACIÓN DE LOS HECHOS /
Con cierta similitud a lo que en el proceso civil es el “correr traslado con la copia de la demanda”, en el proceso penal, el acto de la notificación en la decla­ ración preparatoria consiste en la información judicial de ciertos hechos o da­ tos fácticos en que se apoya/el sujeto activo de proceso para accionar. Si recordamos que traslado proviene de translatus, término cuyo significado es transferir, y advertimos que en la diligencia a que nos referimos se transfie­ re el conocimiento de hechos, no es incorrecto hablar de traslado, pero no de la demanda, sino sólo de los hechos en los cuales posteriormente podrá fincar­ se la demanda. Adviértase aquí que quien realiza la información es el titular del órgano jurisdiccional, y no un notificador o el secretario. Se acoge, entonces, el princi­ pio de inmediatividad procesal. Es el juzgador quien personalmente debe dar a conocer esta información. Los hechos que se notifican deben comprender un mínimo de tres datos básicos: a) Nombre del acusador, b) Naturaleza de la acusación, y c) 1 2
Zamora Pierce, Jesús, Garantías y proceso penal, pág. 73. Sergio García Ramírez, Los derechos humanos y el derecho penal, pág. 32.
Declaración preparatoria 305
A. NOMBRE DEL ACUSADOR Por nombre del acusador debe entenderse la respuesta a la interrogante ¿quién el que acusa? Aunque dentro
el acusador formalmente es el Ministerio Público, los estudiosos de la materia han coincidido en que por nombre del acusador, debe dársele a conocer al pro­ cesado no el nombre del agente del Ministerio Público o el de la institución Mi­ nisterio Público, sino el nombre de la persona que dio la notitia criminis, es decir, el nombre del denunciante o del querellante y, en su caso, también el de los testigos de cargo. Al procesado le interesa conocer el nombre del acusador real, y no tanto el del acusador formal. Es precisamente con base en esta disposición por la que se ha llegado a afirmar que en México no son factibles las denuncias anónimas, ni las pesquisas.
B NATURALEZA DE LA ACUSACIÓN
Por naturaleza de la acusación queda la respuesta a la interrogante ¿cuál es la conducta o hecho que se le imputa al procesado? La conducta o hecho que se imputa no debe entenderse como el simple no men iuris de un delito. Esto es, no basta ni importa decirle a un procesado el nommbre del delito que se le imputa, sino que para que la comunicación sea efi­ caz cumpla con el fin que la propia Constitución establece, debe darse a cono­ cer el dato fáctico que se ha calificado como delictuoso: se trata, en parte, de la causa pevendi.
C. CAUSA DE LA ACUSACIÓN
Por causa de la acusación entendemos la respuesta a la interrogante ¿por qué el dato o datos calificados como delictuosos le son imputados al procesado ? o ¿cuáles son los medios o pruebas existentes, que han llevado a imputar tales hechos al procesado ? Aquí se informa, por ejemplo, que un testigo vio al procesado realizar de­ terminada conducta, o que el perito grafóscopo afirma que los rasgos de la fir-
306 ENJUICIAMIENTO PENAL
ma falsificada corresponden al procesado, etc. En el fondo, se le está informando la razón por la cual el tribunal le ha reconocido legitimación en la causa.
No debe perderse de vista que la notificación de los datos anteriores debe estar orientada teleológicamente a que el procesado “conozca bien el hecho punible que se le atribuye”. De manera que de los medios escogidos para llevar a cabo la comunicación, deberán tenerse en cuenta, entre otros, que el idioma emplea­ do para notificar debe ser el mismo que el procesado pueda entender, o que en caso de ser sordo, se utilicen los servicios de un intérprete idóneo. Acogiendo esta idea, algunos textos internacionales han establecido el dere­ cho a “ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no ha­ bla el idioma del tribunal” (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti­ cos); “de ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal” (Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Esta información del juzgador al procesado (además de trabar el contradicto­ rio), produce algunos efectos jurídicos: a) ¡Establece la carga de contestar a la acusación que se le notificó, indepen­ dientemente de la ausencia de capacidad subjetiva del juzgador o de la com­ petencia del tribunal. ' b) Ifnpide al acusador introducir con posterioridad otros hechos o datos fáctiAos, que fueron objeto de la comunicación. Adviértase que la causa petendi no podrá ser adicionada, circunstancia que de manera permanente habrá de fijar el procesamiento definitivo. Sobre el particulaiVol ve remos nuevamente (17.14) Así, si al Ministerio Público se le “olvidó” someter a la consideración del tribunal otros hechos diversos de los que inicialmente planteó, y aun cuando sean constitutivos de otro delito, perderá su derecho para introducirlos en este específico proceso. Lo cual no significa que se extinga su derecho, ya que po­ drá hacerlo en otro proceso, donde el inculpado tenga el derecho a conocer el nombre del acusador, la naturaleza y la causa de la acusación.
Declaración preparatoria 307
Luego de que el procesado tiene conocimiento de los hechos que se le imputan, estará en posibilidad de responder a la acusación (contestar el cargo, decía la Constitución de 1857). Después de la notificación de los hechos imputados que dan lugar al pro­ ceso; puede ocurrir que el legislador conceda o no un plazo temporal para con­ testar. Según el principio inquisitivo, no es permisible conceder al inculpado pla­ zo alguno para que presente su respuesta o contestación. La negativa, de acuer­ do con este principio para conceder el plazo, se finca en la búsqueda del fin: La verdad histórica. Se piensa que si se diere plazo para contestar, el inculpado Tendría tiempo para pensar y fraguar el cambio de la verdad histórica (distor­ sionarla). Conforme el principio acusatorio, con tintes más democratizantes, al in­ culpado se le concede plazo para producir su contestación. Puede ser de horas, nas, o tal vez meses, pero sí existe un periodo entre la notificación y la contes­ tación. Generalmente, en los procesos civiles se concede al demandado un plazo para u conteste la demanda (se le emplaza), en tanto que en el proceso penal mexicano la contestación debe seguir de inmediato a la notificación del dato criminoso imputado. Luego entonces, podemos decir que en el proceso penal mexicano no exis­ te para responder en la declaración preparatoria— un emplazamiento (enten­ dido en el sentido correcto de conceder plazo), adoptando a este respecto una variable del principio inquisitivo.
'6.6 CONTESTACIÓN
A la contestación o propiamente declaración del inculpado en esta aúdiencia, Briseño Sierra la equipara con una contestación a la demanda.3 Aunque, como veremos más adelante, no se trata de una verdadera con­ testación a la demanda, es claro que sí se trata de una verdadera declaración, cuyo contenido trataremos de revisar. La declaración del inculpado puede asumir alguna de las siguientes formas:
Briseño Sierra, Humberto, El enjuiciamiento penal, pág. 161.
308 ENJUICIAMIENTO PENAL
Confesión, es decir, que el inculpado acepta que realizó los hechos objeto del proceso, esto es, la causa petendi. b) Negación de los hechos, donde el inculpado niega total o parcialmente su relación con los hechos objeto del proceso. c) Actitud neutra, donde el inculpado ni acepta, ni rechaza los hechos. Su ac­ titud raya en lo indiferente e imparcial. Esta posición no se da con frecuencia, y los estudiosos tampoco parecen refle­ jarla. En Estados Unidos se le conoce como nolo contendere. A manera de ejemplo, citemos un caso que ocurrió en tribunales mexica­ nos cuando un inculpado, al contestar a la inculpación, dijo que el día que se dice ocurrieron los hechos se encontraba tan embriagado, que por perder la conciencia no podía aceptar los hechos, pero tampoco los podía negar. Por razones técnicas (en Estados Unidos) el nolo contendere equivale a culpabilidad, salvo para lo civil, al carecerse de prueba de culpabilidad.4 d) Aducir excepciones procesales, donde el inculpado aduce la ausencia o inclumplimiento de algún requisito procesal. e)
Aducir excepciones sustanciales o defensas, donde el inculpado afirma la inexistencia de algún elemento positivo del delito, esto es, alguna circuns­ tancia negativa del mismo (causas de justificacióh). No es posible aludir en este momento como hipótesis de respuesta o con­ testación, al allanamiento, puesto que en el allanamiento el demandado acepta las concretas pretensiones del actor. Como hasta este momento (el de la decla­ ración preparatoria) no se ha concretado la pretensión del Ministerio Público, no resulta entonces factible que el inculpado se allane. La concreción de las pre­ tensiones se hará, como ya lo veremos, dentro del periodo del juicio o plenario (primera instancia le llama el CFPP), que es donde se plantean la demanda y la contestación. Debe hacerse notar que de acuerdo con los derechos que la propia Consti­ tución otorga al inculpado, éste no está obligado a declarar o contestar sobre los hechos de la acusación. El derecho de libertad a callar, implica, entonces, que puede existir audiencia de “declaración preparatoria”, sin declaración del procesado. Precisamente por esta libertad a declarar nos parece inconstitucional el artícu­ lo 498 del Código de Justicia Militar, cuando dispone que “los inculpados tie­ nen obligación de contestar las preguntas que se les hicieren. Si se negaren a ello, se les exhortará a que lo hagan, haciéndoseles entender que su silencio en nada los beneficia... ” Por desgracia, en la práctica, ocurre que algunos señores jueces y agentes del Ministerio Público ven en esta declaración no un derecho del imputado a
Senna, Joseph, Introduction to criminal justice, pág. 336.
Declaración preparatoria 309
reaccionar, sino una “obligación” para rrelativo “derecho del tribunal” a requerirla.
que proporcione información, con
el co­
Resulta conveniente hacer notar que la ley no faculta al funcionario judi­ cial para que pregunte al inculpado si se considera culpable o si desea defen­ derse, como ocurre en otros países.
RITUAL DE LA AUDIENCIA
Esta diligencia se inicia con la recolección por parte del tribunal, de una serie de datos previos que tienden a identificar plenamente al procesado. Así, durante el periodo de las “generales”, se le interrogará al procesado, acerca de su nombre, domicilio, lugar de origen, grupo étnico al que pertenece, etc. Se acostumbra insertar luego de esto, otra sección de “estadística”. Aquí se le pregunta al procesado: estado en que se que encontraba al momento o fecha en que se dicen ocurrieron los hechos (ebrio, bajo el influjo de alguna droga), religión, etcétera. Sigue la sección en la que se designa defensor, o en su caso ratifica al ya nombrado, ya sea que lo haga el propio procesado o el tribunal. Continúa la audiencia con la notificación que el tribunal hace al procesado, siguiéndole la contestación del propio procesado en el caso que desee declarar. Dentro de esta contestación, luego de la espontánea declaración, sigue la provocada a través de interrogantes, tanto del Ministerio Público como del defensor. Esta contestación puede ser oral o escrita. Se acostumbra que durante esta audiencia, las partes ofrezcan algún medio probatorio (alguna breve etapa.
pericial)
diligenciarse
Se establece a la vez en la ley federal (art. 161 CFPP) que en esta diligen­ cia podrán el inculpado o su defensor pedir se prorrogue el plazo de 72 horas para que puedan ofrecer elementos de prueba. Sobre el particular volveremos más adelante (cap. 27.8). Un dato interesante de conocer es el establecido en la Ley de Enjuiciamiento Española y no contemplado por la ley mexicana. De acuerdo con la ley ibera, según lo recuerda Prieto-Castro, “cuando el examen del procesado se prolon­ gue mucho tiempo o el número de preguntas que se le hayan de formular sea tan considerable que hubiese perdido la serenidad de juicio necesaria para con­ testar a lo demás que deba preguntársele, se suspenderá el examen, concedién­ dose al procesado (o a la persona que sea) el tiempo necesario para descansar y recuperar la calma”.5
Prieto-Castro, Leonardo, Derecho procesal penal, pág. 196.
Declaración preparatoria 311
16.8 DENOMINACIÓN
Como hemos advertido, la denominación de declaración preparatoria a esta iudiencia multifacética no resulta adecuada por varias razones, comenzando porque no siempre se trata de una declaración, ya que existe la posibilidad de que el procesado se niegue a declarar en uso del derecho a callar. Pero además, suponiendo que el procesado declare, tampoco sirve para preparar nada, como ya en alguna ocasión lo sostuvo Alcalá-Zamora.6 González Bustamante insiste en que
ratoria. 1 En ocasiones se le denomina declaración indagatoria, o declaración con car­ gos, o declaración inquisitiva. Aquí, el sustantivo declaración, a más de que­ dar estrecho en una audiencia con varios actos, no siempre se declara. En las leyes españolas, la indagatoria es la primera declaración del proce­ sado, tendiente a “indagar" los hechos. En México, la audiencia no tiene por finalidad “indagar” los hechos, sino hacer saber al procesado la causa de la acu­ sación. Su orientación es más de defensa que de prueba. Pedro Hernández sostuvo que debe llamársele “audiencia de información"-, no obstante, debe advertirse que en esta audiencia no sólo se informa, ya que existen otros actos procedimentales.8 Reconocemos que hasta la fecha no se ha aportado un vocablo que impli­ que todos los actos que se suceden en la llamada declaración preparatoria, y que por fuerza de la tradición, tal vez por mucho tiempo seguirá llamándose así.
r Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto,
El nuevo código procesal penal del estado de Michoacán,
Principios de derecho procesal penal, págs. 148 y 149. Principios rectores del proceso penal en materia federal, pág. 16.
'González Bustamante, Juan José, * Hernández, Pedro,
CAPÍTULO 18 ACTOS PRELIMINARES AL DEBATE (inicio del proceso principal)
SUMARIO 181 182
PROCESO PRINCIPAL Y PROCESO PRELIMINAR NOCIÓN DE JUICIO PENAL
FASES DEL JUICIO O PLENARIO 18.4 DESLINDE 185
CONCLUSIONES DEL ACUSADOR
NATURALEZA DE LAS CONCLUSIONES ACUSATORIAS LA DEMANDA PENAL
CONTENIDO DE LA DEMANDA PENAL DE FONDO
A. ELEMENTO FÁCTICO B. ELEMENTO JURÍDICO C. ELEMENTO PRETENSIONAL 189
ACCIÓN PENAL Y DEMANDA
CONTROL DE LOS ACTOS DEL ACUSADOR OMISIÓN DE CONCLUSIONES
CONTROL DE LAS PRETENSIONES
CONTROL DE LA CAUSA PETENDI
NOTIFICACIÓN, TRASLADO Y EMPLAZAMIENTO CONCLUSIONES DE LA DEFENSA 18.17 ACEPTACIÓN 1816
NEGACIÓN Y OPOSICIÓN
OMISIÓN DE CONCLUSIONES DEL DEMANDADO 18.20 RECONVENCIÓN 1821
Actos preliminares al debate (inicio del proceso principal) 337
PROCESO PRINCIPAL Y PROCESO PRELIMINAR
Con anterioridad, al aludir a la división del proceso penal en México puede dividirse en dos grandes periodos: principal. En los capítulos previos liminar, sumario, instrucción, palmente orientado a fuentes de prueba al de
capítulo, ley
expusimos que el proceso el preliminar y el
concluimos la exposición del etc., que como pudimos
la recolección de datos; esto es, proceso. El periodo que sigue, y corresponde
llamado proceso pre­ advertir, estuvo princi­ a la incorporación de las que estudiaremos a partir
de primera instancia (art. 1 frac. IV CFPP).
NOCIÓN DE JUICIO PENAL
La palabra juicio no tiene para todos los procesalistas ni en todos los idiomas la misma connotación osignificado. El concepto más universalmente conocido es el que está conectado con su origen etimológico. Así, juicio (de judicium, decidir) significa resolver; esto es, concluir en uno u otro sentido según se plan­ teó en la lógica aristotélica. Por ejemplo, se dice que según el juicio del juez, fulano fue el responsablede tal delito. En su sentido original juicio significa sentenciar. En otros idiomas —refiere Alcalá-Zamora—, juicio tiene otro significado. Así, en italiano (guidizio) significa proceso, en francés (jugement) y en portu-
338 ENJUICIAMIENTO PENAL
gués (julgamento), significa sentenciar; y en España (juicio) significa tramitación-decisión.1 En la última acepción —tal vez la más aceptada en el lenguaje común de la generalidad de los mexicanos—, juicio es considerado como sinónimo de un ritual procedimental, incluyendo su sentencia. De esta manera, a toda una se­ rie de actos procesales se le denomina juicio. Así, por ejemplo, se alude al jui­ cio laboral, al juicio civil. Ésta es la acepción aceptada por nuestra Constitución (a través de la Suprema Corte) cuando alude a “juicio” en el artículo 14 frac­ ción segunda. En esta acepción, juicio se equivale a la idea de enjuiciamiento. En otra acepción, utilizada por los estudiosos del proceso penal, “juicio” es evocado exclusivamente como una porción de toda la seriación procesal. Es­ to es, como una parte de todo un proceso. Es en este sentido como original­ mente fue tomado por nuestro Código Federal de Procedimientos Penales. Implica la idea de todo el proceso penal principal y su sentencia; es decir, ex­ cluye al que hemos visto como proceso preliminar. En el artículo primero del código federal se concibe al juicio como un pro­ cedimiento en cuyo transcurso el Ministerio Público precisa su pretensión y el procesado su defensa ante el tribunal, el cual valora las pruebas y pronuncia sentencia. Actualmente, el procedimiento en primera principal.
juicio corresponde a lo que instancia, conocido también
nuestra ley denomina como proceso penal
Es este último sentido del vocablo juicio el que tomamos para al plenario o proceso principal penal. El vocablo juicio tal vez no sea para describir este periodo procesal, por lo menos en otros idiomas. No te, lo adoptamos por ser el más aceptado por los procesalistas penales en México.
connotar el mejor obstan­
FASES DEL JUICIO O PLENARIO
SI juicio, plenario o proceso principal, también puede ser fraccionado para su estudio (como ocurrió con la “instrucción”). El fraccionamiento del juicio sirve no sólo para las finalidades didácticas, sino también legislativas y aun de im­ plantación judicial. Consideramos que juicio o plenario en México: a)
subetepas
Preparación del juicio o debate (realmente periodo postulatorio). Es la eta­ pa en la que los actos procesales están orientados a precisar las pretensio-
1 Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, Introducción al estudio de los procedimientos ordinarios en pri­ mera instancia en los países iberoamericanos, págs. 85 y 86.
Actos preliminares al debate (inicio del proceso principal)
nes de las partes. Es aquí donde cada parte habrá de presentar su demanda y su contestación. Este subperiodo, a su vez, puede dividirse en actos preparatorios a cargo del acusador, y en actos preparatorios a cargo de la defensa. b)
Discusión, debate, audiencia de vista. Es la etapa en la que la seriación procesal se orienta principalmente a la asunción de los medios confirmato­ rios, y en la que, a la vez, cada parte tiene la posibilidad de interpretar ca­ da uno de los datos recogidos con anterioridad, mediante los llamados alegatos.
En esta subetapa excepcionalmente se ofrecen y desahogan pruebas, aunque debe aclararse que en otros sistemas, como el español, es aquí donde ordinaria y normalmente se ofrecen y desahogan las pruebas. c) Periodo decisorio, esto es, de fallo o sentencia. En este periodo la activi­
dad del tribunal se encamina a dirimir la contienda, resolviendo el fondo del asunto, absolviendo o condenando.
PROCESO PRINCIPAL, JUICIO 0 PLENARIO-»
Preparación del juicio o debate Actos a cargo de Actos a cargo del la defensa Ministerio (Contestación a la Público demanda) (Presentación de la demanda)
Discusión, debate, o audiencia de vista
Fase decisoria, sentencia, o fallo
18.4 DESLINDE
Cada una de las subetapas o fases del plenario señaladas puede ser fácilmente identificable. Así:
340 ENJUICIAMIENTO PENAL
La preparación del juicio o debate se inicia mediante lo que podría conside­ rarse un auto de apertura del proceso principal, y que en el ritual cotidiano de nuestros tribunales se identifica con la resolución que ordena se le “corra tras­ lado al Ministerio Público, para que presente conclusiones”, cuando en realidad, la resolución de correr traslado sólo es una consecuencia del auto de apertura del proceso principal. Esta fase termina en el momento en que se tie­ ne por contestada la demanda del acusado; es decir, se tienen por presentadas lasconclusiones de éste, o se resuelve que fictamente se han presentado de inculpabilidad. Esta subíase —que se suele llamar preparación del juicio o debate— con­ siste realmente en el momento postulatorio, en especial de concretas preten­ siones. Es aquí donde ambas partes exigen del órgano jurisdiccional la declaración favorable en sus exigencias sustantivas. La discusión, debate, audiencia o vista, se inicia en el momento en que el tribunal cita a las partes para la audiencia de “vista ”, llamada también audien­ cia final, y anteriormente audiencia de fallo. Transcurrida la citada audiencia, la fase concluye con la declaratoria de “visto el proceso". El periodo decisorio comienza con la resolución del tribunal a través la cual deja “citadas” a las partes para “oír sentencia”. La fase concluye el momento en que el tribunal dicta los “puntos resolutivos”, firmando su de­ terminación final (sentencia).
La preparación del juicio o debate se inicia el momento en q j el tribunal “co­ rre traslado ” o “vista” al Ministerio Público para que presente conclusiones. lo que implica la apertura del proceso principal. Dentro del plazo que se le con­ cede, éste deberá presentar un pliego, ocurso o instancia en el que se conten­ gan las pretensiones deseadas. De esta manera, las conclusiones podrán ser “acusatorias” o “no acusatorias”, esto es, en contra o in favor reus. Si las conclusiones son “no acusatorias”, no da lugar al debate y el proce­ so concluye. La conclusión del proceso se formaliza a través de la resolución del tribunal mediante la cual, declarando la ausencia de conclusiones en contra (esto es, en ausencia de demanda), dispone el sobreseimiento del proceso. En el caso de que las conclusiones sean acusatorias (cuando realmente hay demanda), el proceso principal deberá continuar, notificando y emplazando al acusado para que las a cargo de la defensa.
Actos preliminares al debate (inicio del proceso principal) 341
18.6 NATURALEZA DE LAS CONCLUSIONES ACUSATORIAS
En cuanto a la esencia jurídica de las conclusiones acusatorias, han sido consi­ deradas por los estudiosos de manera muy disímbola. Las principales posiciones pueden reducirse a cuatro: a) Como desenlace o cierre del proceso. b) c) d)
Como alegatos. Como réplica. Como demanda. En cuanto a la primera —desenlace— Escriche recuerda que
Novísi­
ma Recopilación, conclusión significó declarar conclusa la causa, que equival­ dría en nuestro sistema a una declaratoria de “visto el proceso”. En su origen etimológico, conclusión proviene sio, conclusionis, terminar.
Considerando las conclusiones como alegatos, el propio Escriche recuerda que ésta es otra de sus acepciones. En México así conciben las conclusiones Arilla Baz, Gómez Lara y Díaz de León.2 Estimándolas como réplica, Briseño Sierra parte de la afirmación de que en el proceso preliminar, al ejercitarse la acción, se presenta la demanda, y que en las conclusiones del Ministerio Público se condensa la réplica.3 La mayoría de los estudiosos las consideran como demanda.
18.7 LA DEMANDA PENAL
Leone sostiene que en el proceso penal el Ministerio Público no demanda, ni la condena, ni la absolución del imputado, pues solamente acude ante el juez 3. investirlo de la notitia criminis, para lo cual requiere sólo una decisión.1 En posición diametralmente opuesta a la de Leone, una gran mayoría de autores afirman la existencia de la demanda penal. ceso,
Toda demanda es un acto procesal realizado por uno de los sujetos del pro­ por una de las partes, concretamente por la parte actora. Mediante este
acto del demandante se pide, anhela, desea o pretende alguna cosa. Vale decir, toda demanda contiene o al menos implica alguna pretensión sustancial. Una demanda —escribió Couture— es un “acto procesal introductorio de
- Gómez Lara, Cipriano, Derecho procesal civil, pág. 123; Díaz de León, Marco, “Conclusiones” en Diccionario de derecho procesal penal. Briseño Sierra. Humberto, El enjuiciamiento penal mexicano, págs. 161, así como 196 y 197. Briseño Sierra, Humberto, Derecho procesal, t. IV pág. 55.
342 ENJUICIAMIENTO PENAL
(la) instancia, por virtud del cual el actor somete su pretensión al juez, con las formas requeridas por la ley, pidiendo una sentencia favorable a su interés”.5 Debido a que en la demanda penal se reclama la satisfacción de un interés (estatal o particular), implica reclamar el sacrificio del interés ajeno, recurrien­ do para ello a la acusación al demandado (acriminación), como supuesto de la sanción penal (represión) exigida. La pretensión expuesta en la demanda debe ser de derecho material o sus­ tancial y no procesal. Según esta idea, expuesta por Prieto-Castro, se conside­ ra que no son demandadas aquellas solicitudes o peticiones en las que no se tenga el presupuesto de jurisdicción (en la conciliación no hay demandas), y que tam­ poco son demandadas las peticiones que no tienden a resolver el fondo, sustan­ cial o esencia de la controversia principal.6 Entre otros estudiosos, Alcalá-Zamora, Juan José González Bustamante y Julio Acero identifican a las conclusiones acusatorias con la demanda penal. Las conclusiones, sostiene Alcalá-Zamora, “equivalen a la demanda y con­ testación del proceso civil, pero debido a la distinta marcha de ambos enjuicia­ mientos, mientras éstas fealvo mediar diligencias preparatorias) inician el juicio, las conclusiones penales recaen normalmente al cabo de bastante tiempo (en oca­ siones, años) de comenzada la instrucción; coinciden, en cambio, en ser escritos polémicos, con juegos de pretensiones y existencia de relación procesal entre ver­ daderas partes. . . A nuestra manera de ver, el escrito inicial con el que se promueve la acción, abriendo la instrucción judicial, no es una demanda, pues ahí no existe preten­ sión de resolución de un fondo controvertido. Vale decir que en este escrito ini­ cial aún no se reclama una decisión para la cuestión controvertida, pues ni siquiera las pretensiones materiales están claramente expuestas. La demanda de fondo —verdadera demanda— se plantea en el proceso prin­ cipal, y en el proceso penal mexicano corresponde a las conclusiones acusatorias.
tos previos son denominados por Briseño Sierra supuestos procesales, comitantes corresponden a los requisitos, y los posteriores a los presupuestos.
Couture, Eduardo, Tomado de Ovalle Favela, José, Derecho procesal civil, pág. 47. Prieto-Castro, Leonardo, Cuestiones de derecho procesal, pág. 94. ’ Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, Síntesis de derecho procesal, pág. 583, nota 805.
ac­ con­
Actos preliminares al debate (inicio del proceso principal) 343
Al aludir al contenido de la demanda penal de fondo únicamente nos refe­ riremos a sus requisitos. Los requisitos de toda demanda pueden catalogarse en requisitos de forma y requisitos de esencia o contenido. Las actuales conclusiones acusatorias no requieren, como las de antaño, la concomitante declaración “en el sentido de que en la acusación no procede la malicia. En el sistema seguido ante el Tribunal del Santo Oficio de la Inqui­ sición —recuerda Piña y Palacios— el promotor fiscal bajo juramento expresa­ ba no haber procedido con malicia''.8 En los enjuiciamientos actuales la tendencia se ha inclinado hacia la abolición de la iuramentum calumniae, lo que significa —como lo expresó Alfredo Rocco— que ya no se requiere exigir del actor la buena fe, para que se le dé en­ trada a la demanda. Las conclusiones acusatorias o demanda penal quitos o elementos entre los que cabe destacar tres básicos a) Elementos fácticos. b) Elementos jurídicos. c)
Elementos pretensionales.
A. ELEMENTO FÁCTICO
Mediante el elemento fáctico, se trata de delimitar el objeto del proceso con base en el cual se sustentarán las pretensiones. Consiste en el soporte históri­ co. Dicho con otras palabras, a través del elemento fáctico, o capítulo de he­ lios, se ha de individualizar el objeto en su causa petendi. “Los hechos que fundamentan la demanda —dice Alberto M. Etkin— no son cualquier hecho, jurídico o no, sino que deben constituir la causa petendi, es decir, el fundamento de la pretensión, y que va a ser el thema decidendum de la sentencia.”9 Del análisis de la ley procesal advertimos tres tipos de elementos fácticos: a) Relativo al acto o hecho. b) Relativo al sujeto demandado. c) Relativo a la sanción reclamada. En lo que toca al elemento relativo al acto o hecho, la ley indica que el Mi­ nisterio Público hará una exposición breve o suscinta y metódica de los he-
’ Piña y Palacios, Javier, Derecho procesal penal, pág. 43. *Etkin, Alberto, “Hechos en el proceso”, en Enciclopedia jurídica Omeba, pág. 699.
344 ENJUICIAMIENTO PENAL
chos, reiterando que debe (no que puede) fijaren proposiciones concretas los hechos que atribuya al acusado (arts. 292 y 293 del CFPP y 316 y 317 del CPPDF). A la vez, se destaca que debe contener los elementos de prueba relativos al tipo delictivo y la responsabilidad (art. 317 CPPDF). Es decir, la demanda debe exponer con método todos y cada uno de los actce o datos fácticos históricamente ocurridos, y que importen para calificar tanto e¿ tipo delictivo como la responsabilidad. Además, estos datos deben vincularse ¿ los medios probatorios en que se sustenten. En cuanto al sujeto, el elemento fáctico de la demanda establece que el de mandante debe hacer una exposición, aun cuando sea breve, de las circunstan­ cias peculiares del procesado (arts, 146 y 292 CFPP). Esto es, que debe aludir a la personalidad del justiciable o demandado. En lo relativo a la sanción, el elemento fáctico de la demanda “deberá con­ tener las circunstancias que deban tomarse en cuenta para individualizar la. pena o medida” (art. 293 CFPP). En suma, el elemento fáctico de la demanda importa una muy clara rela­ ción de hechos y se conoce con el nombre de causa petendi, así como también título o causa del derecho aducido; es decir, los hechos de donde se pretende o afirma tener derecho (el ius puniendi).
En este segundo elemento de la las cuesiones de derecho “que se
demanda penal, el sujeto actor debe proponer presenten” (rectius, en que se funden), deberá
citar las leyes, ejecutorias (el código del Distrito Federal alude a jurispruden­ cia) o doctrinas aplicables (arts. 292, 293 del CFPP y 316, 317 del CPDF). En el fondo, mediante el elemento fáctico y el jurídico la demanda penal debe calificar los hechos, dice Rafael de Pina al definir las conclusiones.10 Respecto a esta calificación, la demanda penal, según la ley mexicana, no tiene por qué calificar o encuadrar conductas. Basta tan sólo enumerar los he­ chos, vincularlos a las normas legales y concretar la pretensión. Al juez habré que darle los hechos, en su caso él será quien califique. Como veremos más adelante (cap. 19.7), en la práctica y en varias decisiones de los tribunales se ha introducido la idea de que en la demanda también se tiene que calificar al hecho o dato fáctico en que se sustenta, aunque en otras resoluciones la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que si acaso existe ca-
De Pina, Rafael, “Conclusiones del Ministerio Público”, en Diccionario de derecho.
Actos preliminares al debate (inicio del proceso principal) 345
lificación en las conclusiones, esto no es más que mera opinión, que no vincula al tribunal.11
C. ELEMENTO PRETENSIONAL Fix Zamudio sostiene que en las conclusiones se fijan de manera definitiva los términos de la acusación.12 Es aquí donde se plantea la pretensión de justicia penal, a quA aludió Ciaría Olmedo.13 No obstante, el planteamiento de la pretensión debe ser bien concreto. “La demanda —afirma Alfredo Rocco— contiene una declaración de voluntad de parte; esto es de su intención de que el juez dicte sobre los puntos que se le someten; no son, por tanto, verdaderas demandas que engendren en el magis­ trado la obligación de fallar sobre ellas, aquellas en que la parte se remite al arbitrio judicial pidiéndole un fallo sobre el punto ‘que sea o lo crea oportuno’.”14 Nuestra ley procesal secunda lo anterior cuando ordena que el Ministerio Público determinará su pedimento en proposiciones concretas, que pueden objetivarse primeramente en el deber de precisar si hay o no lugar a la acusación en el fondo, a sostener la responsabilidad penal del demandado), y en solicitar la aplicación de las sanciones correspondientes. Un pliego de conclusiones acusatorias normalmente contiene varias preten­ siones. Por ejemplo, puede el acusador pretender que se declare la existencia del delito de robo, que se declare que determinada persona fue la responsable, que se le declare a esa persona reincidente, que se le condene a una cierta pena ie reclusión, que se le condene al pago del resarcimiento del daño, que se le amo-
346 ENJUICIAMIENTO PENAL
El petitum cobra importancia en la medida misma en que normalmente fija el límite de la decisión; es decir, el thema decidendum. Ello significa que no basta sólo con plantear los hechos, sino que además se debe decir qué consecuencias se quieren con base en esos hechos.
18.9 ACCIÓN PENAL Y DEMANDA
En general, por acción podemos entender a ese poder de acudir ante un órgano jurisdiccional al cual se excita realizando todos los actos legalmente necesarios para llevar la pretensión a lo largo del proceso, procurando obtener resolución que subordine el interés ajeno al propio. Tratándose del pretensor penal deman­ dante, éste normalmente que afirma representar.
Un tema cuestionado por los procesalistas ha sido el saber el momento en que se promueve por el actor de la acción. “En la doctrina —apunta García Ramírez—, habida cuenta de las caracte­ rísticas del enjuiciamiento mixto, se suele plantear el problema del momento procesal al que corresponde el ejercicio de la acción: si al instante en que se ini­ cia el sumario o instrucción, o al tiempo en que se pone en marcha el plenario . . ”15 En México quienes han tratado de dar respuestas a este problema han lle­ gado a resultados diversos. Tenemos así a procesalistas que han afirmado que la acción penal se promueve (ejercita por primera ocasión) al iniciarse el proce­ so preliminar, instrucción o sumario. Pero a la vez hay quienes afirman que la acción se promueve en el proceso principal, plenario o juicio, concretamente en las conclusiones acusatorias. Examinemos cada una de estas posiciones. En la primera se cuentan, entre otros, Guillermo Colín Sánchez, Carlos Cortez Figueroa, Manuel Rivera Silva y Sergio García Ramírez. “La acción penal —anota Colín Sánchez— se ejercita cuando el Ministerio Pú­ blico formula conclusiones, afirman algunos autores; sin embargo, de acuerdo con nuestros puntos de vista, será así hasta el momento de la consignación de los hechos ante el órgano jurisdiccional.”16 “Efectuada la consignación —afirma Cortez Figueroa— por virtud de la cual, y en ejercicio de la acción, se hace valer la pretensión de castigo o de im­ posición de las penas correspondientes al imputado. . . ”17
Curso de derecho procesal penal, pág. 179. Derecho mexicano de procedimientos penales, t. ii, pág. 159. Cortez Figueroa, Carlos, Introducción a la teoría general del proceso, pág. 18.
15 García Ramírez, Sergio, 16 17
Colín Sánchez, Guillermo,
Actos preliminares al debate (inicio del proceso principal) 347
En cuanto al problema de cuándo se ejercita la acción, apunta Rivera Sil­ va que “nosotros creemos que en las conclusiones se precisa la excitación que implica la acción penal procesal (el derecho de perseguir para que se decla­ re el derecho) pero que esta propia excitación se presenta desde la consigna­ ción, aunque sea de una manera informal y que, por tanto, desde ese momento se ejercita la acción penal”.18 Sergio García Ramírez juntamente con Victoria Adato, postulan que la acción penal se produce por medio de la consignación, aunque dicen posterior­ mente se perfecciona.19 En la vertiente contraria, o segunda posición, encontramos a Julio Acero, Niceto Alcalá-Zamora y Leonardo Prieto-Castro. Acero sostiene que “las conclusiones acusatorias equivalen a la demanda en el procedimiento civil, abren propiamente el juicio; constituyen el verdadero ejercicio de la acción, pues es ahí donde se acusa ya en concreto a determinado individuo. . . ”.20 En la idea de Alcalá-Zamora, para quien la acción sólo surge por concreta pretensión punitiva, las conclusiones serían el medio a través del cual se ejerci­ ta la acción.21 En España, Prieto-Castro sostiene a la vez que “el escrito de calificación de las partes acusadoras inicia la fase de plenario del proceso penal ordinario por delitos graves. Con él se produce el comienzo del ejercicio de la acción por dichas partes”.22 Al lado de estas dos tendencias o posiciones que tratan de explicar el mo­ mento en que se promueve la acción penal, ha surgido una tercera, que bien pudiéramos nominar como mixta, y que se origina con Juan José González Bustamente y ha sido secundada por nuestros tribunales. La inculpación, dice González Bustamante, se clasifica en inculpación en abs­ tracto e inculpación en concreto. La primera se da en la fase instructoria o pro­ ceso preliminar como lo hemos venido llamando, y la segunda, en la fase del juicio o plenario, que está en lo que hemos denominado proceso principal. En otro apartado, parte del supuesto de que la acción se clasifica en “acu­ satoria y “persecutoria y que en las conclusiones la “acción persecutoria” se transforma en “acción acusatoria”.23 A partir de esta idea, los tribunales han llegado a afirmar la existencia de una “acción en abstracto"y una “acción en concreto".
Rivera Silva. Manuel, El procedimiento penal mexicano, pág. 288. García Ramírez, Sergio y Adato, Victoria, Prontuario de derecho procesal mexicano, pág. 411. -u Acero. Julio. Procedimiento penal, pág. 156. Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, En tomo a la noción del proceso preliminar, pág. 490. Asimismo en Antagonismo juzgador-partes, pág. 299. -- Prieto-Castro, Leonardo y Gutiérrez Eduardo, Derecho procesal penal, págs. 314 y 315. González Bustamante, Juan José. Principios de derecho procesal penal, págs. 6 y 215. 19
348 ENJUICIAMIENTO PENAL
Entonces tenemos en la jurisprudencia mexicana reconocidas tres posicio­ nes básicas en torno a la respuesta a la interrogante ¿cuándo se ejercita la ac­ ción penal?, a saber: a) En el proceso preliminar. b) c)
En el proceso principal. En ambos momentos.
Analizadas a la luz de la teoría del proceso esta tercera posición o tesis mixta, es procedente rechazarla, dado que en el fondo confunde a la acción con la pretensión. De nuestra parte, sostenemos que la acción se promueve en el proceso pre­ liminar. Basta recordar que la acción es la llave que abre el proceso, aun cuan­ do éste sea preliminar. El hecho de que en la fase preliminar no esté bien precisada y definida la pretensión de derecho sustancial, no nos autoriza para negarle calidad de ac­ ción procesal, cuando ésta es procesal y preliminar, y en todo caso sólo preten­ de confirmar el hecho o dato postulado y aun sin concreta pretensión de sanción. Sobre el particular, nuestro código procesal da a entender que nace desde el proceso preliminar (art. 136 CFPP).
CONTROL DE LOS ACTOS DEL ACUSADOR
En un sistema procesal penal como el mexicano, donde se monopoliza al sujeto actor, adquieren actuar.
Dentro de nuestra ley encontramos varios actos a cargo del Ministerio Pú­ blico, que aun cuando están monopolizados por éste, se hallan fiscalizados a fin de lograr un control de sus actos. Cuatro son los principales actos del acusador que se encuentran sujetos a control, a saber: a) El de promoción de la acción, a fin de procurar una revisión de los actos del Ministerio Público investigador que se niega a promover la acción, que hemos visto con anterioridad (cap. 13.4). b)
El de no presentación de la demanda, que surge cuando el Ministerio Pú­ blico se niega a presentar dentro del plazo legal el pliego de conclusiones (omisión de conclusiones); esto es, se niega a presentar la demanda. El inherente a las pretensiones contenidas en la demanda, para evitar des­ viaciones al fin específico del proceso (control de las pretensiones). Por ejem­ plo, que el acusador presente demanda con pretensiones diversas al objeto del proceso y que pueden dar lugar a una sentencia absolutoria considera­ da injusta.
350 ENJUICIAMIENTO PENAL
El relativo a los hechos o causa petendi, que supone que los hechos expues­ tos en la demanda deben ser “todos los históricamente ocurridos” y que, además, se expongan con claridad y precisión.
OMISIÓN DE CONCLUSIONES
El estudio del segundo de los aludidos tipos de control de los rio Público surge cuando el acusador se niega a presentar delplazo que la ley le concede. ¿Qué
actos del Ministe­ conclusiones dentro cuándo
transcurrir el tiempo o plazo que se le concede y no presenta sus conclusiones?, ¿cuál será el efecto procesal?, ¿existe algún mecanismo para controlar esa inac­ tividad del acusador? Entre las soluciones conocidas se han mencionado las siguientes: a)
Que el tribunal, luego de transcurrido el plazo legal, comunique la inactivi­ dad del agente adscrito —que lo denuncie— a su superior jerárquico, a fin de que éste presente las conclusiones pertinentes. Tal supuesto se contem­ pla en el artículo 291 del CFPP, así como el 315 del CPPDF, cuando disponen que “transcurrido el plazo... , el juez deberáinformar mediante notificación personal al Procurador General de la República (o en su caso el del DF), acerca de esta omisión, para que dicha autoridad formule u ordene la formulación de las conclusiones pertinentes”.
Se ha mencionado también que ante la omisión de conclusiones dentro del
plazo legal, el tribunal deberá estimar, de manera ficta o presuntiva, que las conclusiones son inacusatorias y, en consecuencia, seguir el trámite 'cuando se presentan este tipo de conclusiones. A esta solución de lege ferenda se le han opuesto varios obstáculos, dentro de los que cabe destacar el que indica que ofrece serios problemas a la sociedad. No obstante, este sistema, al igual que el anterior, es acogido por nuestra ley, pues se establece que ante la omisión de conclusiones por parte del agente del Ministerio Público adscrito, tal conducta debe ser denunciada al Procura­ dor para que éste presente las conclusiones omitidas, pero en el segundo siste­ ma si el Procurador persiste enomitir conclusiones, se entenderá, que las conclusiones son de no acusación (arts. 291 CFPP y 315 CPPDF). Sin discordar con la idea anterior, Colín Sánchez nos recuerda,24 que se ha esbozado que si el acusador no presenta conclusiones dentro del plazo legal,
Colín Sánchez, Guillermo, Derecho mexicano de procedimientos penales, t. II, págs. 161 y 162.
Actos preliminares al debate (inicio del proceso principal) 351
el tribunal deberá tener por abandonado el acto de acusación. Es decir, que con­ curre aquí la preclusión procesal. c) En sentido opuesto al anterior criterio se ha expuesto, como lo hizo Fran­ co Sodi,25 que el tribunal debe, de manera ficta, tener por presentadas las conclusiones de culpabilidad. En contra de ello encontramos que entonces el tribunal, considerado tercero imparcial, invadirá actividad de parte, y tendrá que adivinar cuáles serán las pretensiones del acusador.
El tercero de los señalados actos del Ministerio Público sujetos a control es el referente a las pretensiones contenidas en la demanda. En algunos casos, considerados de importancia, al legislador le interesó es­ tablecer un mecanismo para lograr cierta revisión de lo demandado. A este respecto, en México se instaura un sistema de control interno, es de­ cir, que sólo el Ministerio Público puede decidir lo que demanda y únicamente él puede revisar sus propias pretensiones contenidas en la demanda. De esta manera, las conclusiones presentadas por el agente del Ministerio Público adscrito pueden ser revisadas —en los casos especificados por el legislador— por su superior jerárquico, que de acuerdo con las leyes sería el Pro­ curador de Justicia o, en su caso, el subprocurador. Para lograr la revisión, en el sistema se establece un procedimiento seme­ jante —o emparentado— a la llamada subsanación de la demanda civil. Es de­ cir, el tribunal revisa las pretensiones, y si acaso encuentra algún defecto, ordena que sean “aclaradas", aunque no personalmente por el autor del escrito, sino por su superior. Cabe advertir que el sistema no es de control externo puesto que, aun cuan­ do el tribunal interviene, no está facultado para modificar las pretensiones, si­ no que sólo es un conducto para hacer llegar al procurador el escrito cuestionado, mediante una especie de denuncia a la que la ley tímidamente llama “dar vista al superior". Como se observa se trata de un verdadero mecanismo de saneamien­ to procesal. Pero no todo tipo de pretensiones del agente adscrito está sujeto a la revi­ sión, sino sólo algunos, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: a)
Las llamadas “conclusiones de no acusación es decir, de petición in favor del procesado. El CFPP considera conclusiones de no acusación aquellas en las que no se concretice la pretensión, sea total o parcialmente por el o los delitos señalados en el auto de procesamiento (art. 294 CFPP). En el fondo, no se está presentando demanda en contra, y precisamente ante la
García Ramírez, Sergio, Curso de derecho procesal penal, pág. 391.
352 ENJUICIAMIENTO PENAL
ausencia de pretensiones en contra, el legislador permite la revisión. Las conclusiones llamadas “contrarias”, que son aquellas en cuyas preten­ siones reultan antitéticas, divergentes, contradictorias, incompatibles, incompatibles unas pretensiones con respecto a otras. En cierta forma se equivale este último caso que plantea el legislador, con
lo que el legislador procesal civil quiere indicar al afirmar que las “acciones incompatibles” están prohibidas (por ejemplo, no se puede demandar la nulidad de un matrimonio y el divorcio a la vez). EJEMPLO: Se presentaron conclusiones pretendiendo se declarara la tipifi­
cación del delito de abuso de confianza, así como el delito de fraude. Preten­ siones basadas en un solo hecho. En este caso, la causa petendi puede ser calificada como abuso de confianza o como fraude, en la idea del acusador que obró así, porque no está seguro de cuál es la real tipificación. Muy en el fondo pretende que se declare uno u otro.
CONTROL DE LA CA USA PETENDI
En el caso del fundamento fáctico de la demanda, suele control y saneamiento dos casos (arts. 294 CFPP y 320 CPPDF): a)
a actos de
Cuando en las conclusiones se omita acusar por un delito que resulte declarado probado en el auto de procesamiento. Vale decir, que en las conclusiones acusatorias o demanda penal se desatiende al objeto procesal en lo relativo a la causa petendi (especie de demanda incompleta).
Este medio de control de la causa petendi “olvidada”, se explica en relación con la política procesal, según la cual es más conveniente revisar la conducta del presunto delincuente para evitar que, por error, se le libere. EJEMPLO: cuando en un proceso, se siguió por varios delitos, y las conclu­
siones sólo atienden a unos delitos y a otros no. La revisión aquí será única­ mente por los delitos no comprendidos en el pliego de pretensiones. b)
También dan lugar al control de la causa petendi, cuando se omita acusar a alguna persona contra la cual se decretó el procesamiento definitivo. EJEMPLO: Se abrió el proceso contra dos personas, pero sólo contra una se presentaron conclusiones.
En cualquiera de los anteriores casos, la revisión deberá confirmar la pretensión del inferior, o en su caso modificarla, revocarla o aclararla.
18.14 ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y SUS EFECTOS
La presentación de las conclusiones acusatorias (demanda) por el Ministerio Público normalmente lleva al tribunal a resolver por su admisión. No obs­
Actos preliminares al debate (inicio del proceso principal) 353
tante, es factible una resolución de inadmisibilidad de la demanda; por ejem­ plo, cuando ésta la presenta quien no está legitimado para ello (como es el caso de una persona diversa del agente del Ministerio Público). Realmente, nuestras leyes son nulas en lo atinente a casos de inadmisibilidad de la demanda, donde cabrían, por ejemplo, la falta de presupuestos procesales. La efectos,
admisión de la demanda del acusador por el tribunal tanto de índole sustancial, como procesal, entre los
produce algunos cuales destacan
los siguientes: a) Delimita el thema decidendum, efecto que únicamente es operante bajo el principio acusatorio, no así el inquisitivo. Esto es, la sentencia sólo podrá resolver en torno a los hechos y pretensiones contenidas en la demanda. b)
Impide el agravamiento de las pretensiones del Ministerio Público, de ma­ nera que éste no podrá modificar más adelante su demanda para agravar sus pretensiones. Se da aquí un planteamiento de litis cerrada.
Le impide al querellante revocar la querella, salvo caso específico estable­ cido en la ley (art. 148 CFPP).
NOTIFICACIÓN, TRASLADO Y EMPLAZAMIENTO
Luego que el tribunal tiene por presentada y admitida la demanda, dispone que se le corra traslado a la parte demandada, a fin de que ésta se entere de la acu­ sación concreta y presente sus conclusiones (conteste la demanda). El traslado significa dar a conocer que se ha presentado la demanda, que fsta se ha admitido por el tribunal y, muy especialmente, el dar a conocer los términos de la misma proporcionando copia o por lo menos —como ocurre en México— indicándole al demandado que se encuentra a su disposición en el tri­ bunal, a fin de que comparezca a enterarse de su contenido. La notificación de la demanda, tal como está establecida en nuestra ley, adolece de algunas fallas. Así por ejemplo, siendo tan importante lo contenido en la demanda, ésta se notifica verbalmente. No existe en el sistema un meca­ nismo que obligue a entregar copia escrita de dicha demanda como ocurre, por ejemplo, en el proceso civil y como sucedió en los Tribunales de la Inquisición.26 Además de la notificación, debe emplazarse al demandado para vez presente su contestación. Emplazar proviene de plazo, señalar plazo para
Piña y Palacios, Javier, Derecho procesal penal, pág. 44.
354 ENJUICIAMIENTO PENAL
Actos preliminares al debate (inicio del proceso principal) 355
que se realice el acto procesal de contestar. Entre el dies aquo y el dies ad quem, el penalmente demandado tendrá el tiempo que el legislador considera suficien­ te para preparar su contestación. Entre los efectos que produce la notificación de la demanda se cuentan los siguientes: a)
Impone al penalmente demandado la carga procesal de contestar la
demanda. b) Marca el inicio (dies a quo) del plazo para contestar.
En las conclusiones de la defensa se da la posibilidad de clarificar la posición del penalmente demandado dentro de su derecho de defensa, por lo que la na­ turaleza jurídica de estas conclusiones es la de una verdadera contestación a la demanda (litiscontestatio). En el viejo derecho romano la contestación de la demanda se hacía en presen­ cia de testigos. De esta manera entendemos mejor el origen etimológico de la voz: contestatio y contestan, poner por testigos. Pero hay quien afirma que pro­ viene del francés contestation: disputa, altercado, contienda.
En las derecho
cirlas
conclusiones del penalmente procesal de defensa, entendido
demandado se consagra con éste como oportunidad de decir,
plenitud contrade­ contradic­
ción o contrapretensión. Cuando el legislador concede el derecho de defensa o contradicción, no im­ porta saber si el penalmente demandado tendrá o no buenas razones para ex­ culparse o defenderse. Simple y sencillamente el legislador le da la oportunidad de que pueda contradecir las pretensiones del acusador. No vale entonces negar el derecho a contradecir, so pretexto de que no po­ see los derechos sustanciales en que se pretende fundar las excepciones del pe­ nalmente demandado. En otro lugar dijimos que el derecho de defensa es Adependiente del derecho material en que se sustenta la contrapretensión. Las pretensiones del demandado (contrapretensiones) a su vez se plan­ tean en el cuerpo de sus conclusiones. Las pretensiones de éste, al igual que las del demandante, coinciden en que ambas exigen del órgano jurisdiccional la de­ claración favorable a sus exigencias sustantivas. Uno de los efectos que produce la presentación de conclusiones a la defensa—afirma Colín Sánchez— es el fijar los actos de defensa que versará la audiencia, a la que mejor sería llamarle debate.
cargo de sobre los
356 ENJUICIAMIENTO PENAL
De las actitudes que puede adoptar el demandado en su escrito de conclu­ siones —y aquí seguimos un poco el esquema de Ovalle Favela— encontramos tres correspondientes a aceptación y otras tres referentes a negación y oposi­ ción, y acaso una actitud neutra. а) Aceptación de las pretensiones del demandante (allanamiento). б) Aceptación de los hechos en que se funda la pretensión (confesión). c)
Aceptar el fundamento jurídico de la pretensión del demandante (recono­
cimiento del derecho). d) Negar los hechos en que se funda la pretensión del demandante. e) Negar los fundamentos jurídicos en que dice sustentarse el demandante. /) Oponer excepciones sustanciales.
18.17 ACEPTACIÓN
aceptación indicados
del penalmente demandado puede estar en alguno de (allanamiento, confesión, reconocimiento). No existe
los grados disposición
alguna que prohíba una de estas actitudes por parte del penalmente demanda­ do y, de hecho, en muchos casos se ha visto en nuestros tribunales. Aunque si bien es permisible que el penalmente demandado algunas de estas actitudes, en la actualidad, la mayoría de las restan —o en su caso, le anulan— la eficacia que podría tener. En nuestros días no se le concede eficacia a tales actitudes nuestro sistema legal no resulta factible la actitud auto compositiva tes, ni siquiera la autocomposición intraprocesal.
pueda asumir legislaciones le por cuanto en de las par­
En el caso de que el demandado no ofrezca resistencia a la pretensión del acu­ sador, e incluso esté de acuerdo en ir a la cárcel o al patíbulo, el procedimiento aquí no se dirige a que se solucione el conflicto (pues no existe), sino a buscar una resolución, que sirva como título ejecutivo del actor y como sanción de ia legalidad (cuando de conformidad con la ley, por ejemplo, no proceda la san­ ción). Esto es, que sea el tribunal quien de manera exclusiva disponga si el de­ mandado irá o no a la cárcel o al patíbulo. Si el tribunal, previa revisión, acepta el sometimiento del demandado, prác­ ticamente homologa la autocomposición intraprocesal. Tampoco resulta disponible la materia del proceso, sobre todo si tenemos en cuenta que, de acuerdo con nuestra Constitución, es facultad propia y ex­ clusiva de la autoridad judicial el imponer las sanciones, y no simplemente ho­ mologar convenios interpartes. Por
la confesión como la reina de las pruebas, ha sido prácticamente olvidada.
Actos preliminares al debate (inicio del proceso principal) 357
En el otro sector de actitudes que puede asumir el penalmente demandado (tra­ dicionalmente el más socorrido) se encuentran la negación de los hechos o del derecho expuestos en la demanda, así como también la oposición máxima a tra­ vés de las excepciones. Durante el siglo pasado, a este tipo de actitudes se les conoció como descargas. El hecho de que no se mencione la palabra excepción en nuestro Código Fede­ ral o en el lenguaje cotidiano de los juzgados, salvo en algunas leyes estatales, no significa que las excepciones están ausentes. Las excepciones penales existen. El Código federal de 1908, los códigos de Michoacán y Coahuila; los más destacados estudiosos, como Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Sergio García Ramírez y Percy Mac Lean Estenos, entre otros, se han referido a ellas en el proceso penal. En el terreno de la práctica, se suele aludir a esa reacción del demanda­ do penal mediante la locución defensa, en tanto que a la reacción del deman­ dado civil, con la palabra excepción. No obstante, aunque defensas y excepcio­ nes no deben confundirse, cabe afirmar que ambas caben tanto en los juicios civiles como en los penales. “Actualmente —sostiene Ovalle Favela— podemos destacar dos significa­ dos de la ‘excepción’. ”1. En primer término, con la expresión excepción se designa, con un sen­ tido abstracto, el poder que tiene el demandado para oponer, frente a la preten­ sión del actor, aquellas cuestiones que afectan la validez de la relación procesal e impidan un pronunciamiento de fondo sobre dicha pretensión (cuestiones pro­ cesales), o aquellas cuestiones que, por contradecir el fundamento de la preten­ sión, procuran un pronunciamiento de fondo absoluto (cuestiones sustanciales). "Este significado abstracto de la excepción, como poder del demandado, corresponde al significado abstracto de la acción, como poder jurídico del ac­ tor para plantear pretensiones ante el órgano jurisdiccional, con el objeto de que éste, una vez cumplidos los actos procesales necesarios, resuelva sobre di­ chas pretensiones. Y así como al considerar la acción en su significado abstrac­ to no se alude a la pretensión concreta que se hace valer a través de igualmente al referirnos a la excepción en su sentido abstracto como genérico poder del demandado—, no tomamos en cuenta la cuestión o cuestiones que el demandado plantea contra la pretensión, o su curso procesal, del actor. "2. En segundo término, con la expresión ‘excepciones’ se suelen
las cuestiones concretas que el demandado plantea frente a la pretensión actor, con el objeto de oponerse a la continuación del proceso, alegando que no se han satisfecho los presupuestos procesales (excepciones procesales), o con el fin de oponerse al reconocimiento, por parte del juez, de la fundamentación
358 ENJUICIAMIENTO PENAL
de la pretensión de la parte actora, aduciendo la existencia de hechos extintivos, modificativos o impeditivos de la relación jurídica invocada por el deman­ dante (excepciones sustanciales). En este sentido concreto, se suele hablar más de excepciones que de excepción.”27 Las excepciones tradicionalmente se han clasificado en materiales y en pro­ cesales. A las excepciones materiales también se les ha llamado defensas, o excep­ ciones referentes al litigio, y entre ellas mencionamos, por ejemplo, la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho, etc. A las excepcio­ nes procesales también se les ha denominado impedimentos procesales, y aquí se insertan impedimentos tales como la falta de capacidad objetiva en el órga­ no (esto es, las atinentes a la regularidad del procedimiento). Por lo que hace a las llamadas excepciones procesales, por implicar un cuestionamiento a los llamados presupuestos procesales, durante el proceso se tramitarán como inci­ dentes. En otra clasificación, Ricardo Levene, al referirse a las excepciones previas en el proceso penal, apunta que pueden ser perentorias (que ponen fin al juicio), o dilatorias (que sólo difieren el juicio). Entre las perentorias anota a la cosa juzgada, la condonación o perdón del ofendido, la prescripción y la amnistía. Dentro de las dilatorias incluye la incompetencia, la falta de personalidad en el acusador, la falta de acción y la litispendencia.28 Por último, se puede especular que entre las actitudes de aceptación
de negación y rechazo quepa una actitud neutra, similar a la que ya nos hemos referido en otro apartado (véase 16.6).
OMISIÓN DE CONCLUSIONES DEL DEMANDADO
Al haber transcurrido el plazo para que el demandado diera contestación a la demanda sin haberlo hecho, ello implica, por parte del demandado, una actitud contumacia, que es otro tipo de actitud del demandado frente a la demanda. Tal omisión, que se explica como una incontestación de la demanda (no con­ testación a la demanda o abstención a presentar conclusiones por parte de la defensa), constituye una eventualidad procesal. Esta contumacia (parcial), consistente en omitir presentar conclusiones den­ tro del plazo concedido, podría llegar a suscitar los mismos problemas que en
Ovalle Favela, José, “Excepciones”, en Diccionario jurídico mexicano. Igualmente en Teoría general del proceso, págs. 163 y 164. ~H Levene, Ricardo, “Excepciones previas en el proceso penal”, en Enciclopedia jurídica Omeba.
Actos preliminares al debate (inicio del proceso principal) 359
el caso del Ministerio Público; es decir, ¿cuál será el efecto que se producirá por tal omisión? Mientras que en lo general en el campo civil y mercantil, la no ción de la demanda trae aparejado como efecto la presunción de ser hechos a que se refiere la demanda, en el campo penal este efecto sería de fu­ nestas consecuencias.
contesta­ ciertos los
A diferencia de lo que ocurre en el caso del Ministerio Público, donde el tribunal, según nuestro sistema, tiene que esperar hasta que el acusador pre­ sente conclusiones (plazo no perentorio), en el caso del penalmente demandado, el legislador indicó subrepticiamente que no habrá necesidad de tal espera. Aquí, a diferencia del tratamiento al Ministerio Público, sí se hace efectivo el plazo procesal (plazo perentorio), aunque cabe advertir que la ley no prohíbe que las conclusiones de la defensa sean presentadas luego de vencido el plazo, o que tales conclusiones sean válidas. Volviendo al principal efecto que produce la omisión de conclusiones de la defensa, el legislador ha establecido (arts. 297 CFPP y 318 CPDF) que esto no implica que setenga que presumir la aceptación de los hechos contenidos en la demanda, pues por lo contrario, el legislador ha adoptado la posición de considerar esa contumacia parcial, como una oposición a lo demandado. Así, se establece que si el acusado y el defensor "no hubieren presentado conclusio­ nes, se tendrán por formuladas las de inculpabilidad". Por desgracia, el legislador resulta demasiado lacónico, pues no da respues­ ta a varias interrogantes. Así, ¿qué será lo que tendrá que adivinar el tribu­ nal?, ¿adivinará solamente una negación a los hechos de la demanda, o adivinará también el contenido exacto de las excepciones y defensas oponibles? En el viejo derecho romano, e incluso en las Partidas, sin la contestación no podía seguir el pleito, porque se creía que con la litisconstestatio se iniciaba el proceso. Actualmente se piensa más en la litisdenuntiatio: basta con la de­ manda, aunque ésta no sea contestada.
360 ENJUICIAMIENTO PENAL
México, salvo en tangenciales exposiciones. “Llámase reconvención, de la voz
reconventio,
justicia, iterum convenire, así como entre los romanos se llamaba conventio la demanda que daba principio al juicio.”29 Según Barajas Montes de Oca, en el proceso penal no procede la reconven­ ción “porque al ejecutarse el delito —dice— nace la acción que perseguirá al delincuente hasta que se le imponga la sanción que corresponde; pero, como el ejercicio de la acción penal es exclusivo del Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 21 de nuestra C, será dicha autoridad la encargada de ejercer la acción penal en contra de los detenidos y de consignarlos a la autoridad judi­ cial competente, correspondiéndole a éstos demostrar su no culpabilidad únicamente”.30 Por su parte, Alcalá-Zamora establece que “de la misma manera que en lo civil se conoce la reconvención, determinante de una especie de litisconsorcio mutuo, así también en lo penal cabe que se dé una situación similar, que el CPP ha previsto sólo a propósito de las injurias recíprocas (art. 349), en cu­ yo caso el juez podrá declarar exenta de pena a las dos partes, o alguna de ellas, o bien exigirles caución de no ofender. Si exime a ambas, opera en realidad la compensación ”.31 Las Partidas, recuerda Escriche, aceptaban a la que llamaban recriminación o contraquerella.
“Las leyes procesales penales —apunta Mateo Goldstein— autorizan al que ha sido querellado injustamente por otra persona, para requerir del mismo juez que ha entendido en el proceso, la declaración en la sentencia, de que la acusa­ ción ha sido calumniosa.''32 El problema de si existe o no reconvención en el proceso penal debe partir también del concepto que se le asigne a la reconvención. No es posible traspa­ sar el ritual del procedimiento civil al penal, aunque sí su institución (que no es exclusiva del enjuiciamiento civil). En la doctrina aún se plantean algunos problemas acerca de esta figura. Por ejemplo, si la demanda reconvencional debe tener conexión con la deman­ da principal, y en el caso penal, determinar si un mismo sujeto (el Ministerio
Vicente Caravantes, José. Tomado de Medina Lima, Ignacio, Breve antología procesal, pág. 125. Barajas Montes de Oca, Santiago, “Reconvención”, en Diccionario jurídico mexicano. 51 Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, Síntesis de derecho procesal, pág. 551. Goldstein, Mateo, “Contraquerella", en Enciclopedia jurídica Omeba.
Actos preliminares al debate (inicio del proceso principal) 361
Público, por ejemplo) puede asumir las dos posiciones de representar y tanto al presunto ofendido como al supuesto delincuente, dentro de un expediente en el cual coincidan procesos acumulados.
acusar mismo
En nuestra opinión, la reconvención ni es excepción procesal, ni sustancial, sino otra demanda que da pie a otra relación procesal, aunque acumulada a la primera. No obstante, para quien toma a la reconvención con la acepción de excepción, habrá de admitirla en lo penal, pero si por reconvención se entiende demanda, entonces no podrá haber reconvención en el enjuiciamiento penal me­ xicano, pues al originalmente demandado no se le reconoce legitimación proce­ sal para comparecer como sujeto activo de un proceso. Sin embargo, adviértase que no está prohibido que el Ministerio Público represente a sujetos con inte­ reses contrapuestos.
del Distrito establece que las
conclusiones del Ministerio Pú­
blico (demanda) pueden modificarse por causa superviviente y en beneficio del acusado (art. 319 CPPDF), y la ley federal —en el caso del jurado popular— establece
Público. Las disposiciones legales a que aludimos hacen referencia a la conocida co­ mo modificación de la demanda y que, desde luego, no debe confundirse con la mutación total o cambio de la demanda, según lo ha señalado Vescovi.33 A nuestro parecer, la modificación de una demanda puede recaer sobre los hechos (causa petendi), sobre la pretensión (petitum), o incluso ambas. Si se modifican los hechos, pueden ser para ampliarlos o disminuirlos. En la ampliación se introducen nuevos hechos, sin que necesariamente modifiquen la pretensión que los sostenga. Por ejemplo, el acusador pidió se sancionara con la penalidad de homicidio agravado, y habiendo olvidado proponer los he­ chos en que fundaba su agravación, la ampliación serviría para proponerlos. En el caso de la disminución de los hechos o causa petendi puede ocurrir que el acusador desautorice al órgano jurisdiccional para tener en cuenta he­ chos previamente enumerados en la demanda. Si la modificación se plantea en las pretensiones, esta modificación tam­ bién puede ser ampliatoria o disminutoria. Si se amplían las pretejisiones del acusador, cuando éste agrega pretensiones —normalmente con base en los mis­ mos hechos— a las previamente propuestas. Por ejemplo, que además de la pe-
Yescovi. Enrique. “Modificación de la demanda”, en Enciclopedia jurídica Omeba (apéndice 111).
362 ENJUICIAMIENTO PENAL
na de reclusión previamente pedida, en la ampliación se solicite que también se multe. La ampliación de pretensiones puede surgir asimismo por la hechos sobrevinientes, o que se actualice la cantidad reclamada a en atención a las circunstancias de inflación o devaluación monetaria.
aparición de otra mayor,
En la disminución de las pretensiones prácticamente operaría una renun­ cia a las pretensiones previamente propuestas. En los casos que regula nuestra ley, matizado más por razones de política procesal que por razones de técnica jurídica, sólo se permite la de la demanda cuando ésta tiende a disminuir (en beneficio, establece la ley procesal distrital) ya sea los hechos (causa petendi) o las pretensiones, o am­ bas. Vale decir, cuando la modificación va en beneficio del demandado y pre­ viamente acusado. De
nen meliorem, nom detriorem facere (a cualquiera se le permite mejorar, pero no empeorar la condición del otro). No obstante, este calificativo “en beneficio” no aparece en la ley federal. Se advierte a la vez en la codificación distrital, que la modificación le es permiti­ da al demandante sólo “por causas supervenientes". Digamos, por ejemplo,que el Ministerio Público concluyo demandando pena agravada (homicidio agra­ vado) y luego en las pruebas desahogadas en la audiencia final, resulta (para el acusador) que sólo merece pena simple o atenuada (homicidio simple o en riña), caso en el que la causa superveniente le permite modificar la demanda. Podemos hablar igualmente de modificación de la demanda, para ampliar o disminuir, en el caso en que al subsanarse la demanda, el procurador modifi­ ca las conclusiones previamente presentadas por el agente del Ministerio Pú­ blico subalterno.
DEBATE Y SENTENCIA
SUMARIO 19.1
EL DEBATE EN AUDIENCIA DE JUICIO
FASE CONCLUSIVA O DECISORIA
REQUISITOS SUSTANCIALES 19.7.1
A. CONGRUENCIA CON LOS HECHOS B. CONGRUENCIA CON LA CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS C. CONGRUENCIA CON LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES
D. CONGRUENCIA INTERNA 19.7.2 19.8
Exhaustivldad
ESPECIES DE SENTENCIAS PENALES
A. DESESTIMATORIAS Y ABSOLUTORIAS B. ESTIMATORIAS Y CONDENATORIAS C. DEFINITIVAS Y EJECUTORIAS 19.9
EFECTOS QUE PRODUCE LA SENTENCIA
A. NON BIS IN IDEM
Debate y sentencia 365
Tan luego como el tribunal declara que se han presentado las conclusiones de la parte demandada, de manera real o ficta, cita a las partes a la audiencia de juicio, con lo cual se inicia el subperiodo denominado, audiencia final, audiencia de juicio, audiencia “de vista” debate, audiencia de fallo etcétera. “Podemos definir el debate (vista) —sostuvo Florián— como el tratamien­ to en forma contradictoria, oral y pública del proceso. Es el momento culmi­ nante del proceso penal, como quedó dicho. En él las partes entran en contacto directo; en él se presentan y ejecutan las pruebas y el contenido del proceso se manifiesta en toda su amplitud. En los debates es donde el objeto del proceso halla su definición y donde se alcanzan los fines inmediatos del mismo, por la condena o la absolución o la su­ jeción a una medida de seguridad. Es la fase donde se manifiesta en toda su ex­ tensión la pugna entre las partes, es la más dramática, es en la que se decide sobre la suerte del procesado.”1 En la legislación española, a esta audiencia se le llama juicio oral. Es el pe­ riodo fundamental del plenario. Dentro de esta audiencia se aportan las prue­ bas —en México, de manera muy restringida— y se presentan los alegatos. Los principios acusatorios y de inmediatividad se traslucen en toda su magni­ tud. Adviértase que la controversia no debe confundirse con el debate, pues mientras aquélla es un supuesto indispensable para el proceso, el debate es una etapa culminante del proceso penal.
Florián, Eugenio, Elementos de derecho procesal penal, pág. 282.
366 ENJUICIAMIENTO PENAL
Por su naturaleza, ésta sería la fase tal vez más interesante del proceso penal, pues es aquí donde se prepara la resolución final del proceso: la sentencia. En
menos. Ha
colaborado a ello la ausencia efectiva del juzgador en la audiencia (aniquilamiento de la inmediatividad) y la desmesurada importancia que se le da a la instrucción para el desahogo de todas las pruebas, sin dejar nada o casi nada para el juicio. Colín Sánchez, por ejemplo, señala que en la audiencia las partes reprodu­ cen verbalmente sus conclusiones. Si bien es cierto que así ocurre en la reali­ dad, la verdad es que de acuerdo con los textos legales ese no es un lugar para tal reproducción. En la audiencia de debates cobra o debe cobrar mayor impor­ tancia
deba confirmar o rechazar las afirmaciones contenidas tanto en la demanda co­ mo en la contestación. “Aun cuando la audiencia es el corazón del proceso, por así decirlo —apunta García Ramírez—, del que han de partir los impulsos que culminen en la sen­ tencia, la práctica burocrática judicial ha despojado de formalidad y, en oca­ siones, de sentido y de contenido a la audiencia principal. Este fenómeno ha promovido censuras justas.” Y al respecto, el propio García Ramírez recuerda las frases de Franco Sodi, al afirmar que en la práctica se acusa sólo formulismo, que mediante sub­ terfugios de los funcionarios y renuncias a la audiencia, tiene como origen solamente una causa: “que la casi totalidad de los defensores no saben cum­ plir con sus obligaciones”.2 Las conclusiones de las partes, si bien fijan en puntos concretos el objeto de proceso principal, es en el debate, donde la cuestión litigiosa resulta tras­ cendente y parte del llamado planteamiento de la litis. Luego entonces, el objeto de esta singular, pero importantísima diligen­ cia, es el litigio interpartes.
La confirmación o disprobación de una hipótesis consistente en hechos se lleva a cabo mediante medios o mecanismos que así coadyuvan. Los
García Ramírez, Sergio, La división en fases del procedimiento penal, pág. 377.
Debate y sentencia 367
procedimientos probatorios para eso están llamados: para confirmar o recha­ zar las afirmaciones. En el derecho español, en el juicio oral, audiencia o debate las partes pre­ sentan las “listas de pruebas”, se preparan las mismas y aun se desahogan, sin importar que sean repeticiones de las ya desahogadas. Esto, por desgracia, como ya lo decíamos, en México ha caído en desuso. En esta audiencia, según el Código Federal (art. 306 CFPP), puede ser interrogado el acusado, se puede incluso repetir las diligencias de prueba. Esta repetición sería importantísima, pero desafortunadamente se deja también al buen juicio del juzgador, quien sólo podrá autorizar tal repetición si “lo cree necesario”, y “si resulta posible”. En esta audiencia, dentro del procedimiento ante el jurado, también podrá examinarse a los testigos y peritos, celebrarse careos y demás pruebas posibles. Florián llama la atención hacia la importancia que tiene el no regular o esta­ blecer la preclusión en cuestiones probatorias. Sostiene que para la presenta­ ción de las pruebas no deben existir límites para la aprehensión o adquisición. “El requisito de la ausencia de preclusiones es tan conforme al método de la averiguación de la verdad material, que se admitía aun dentro del proceso inquisitorio.”3 Desahogados los medios de confirmación, ordena nuestra ley, se le dará lectura a las constancias que indiquen las partes, y en el caso del jurado, las que señale el presidente (arts. 306 y 322, CFPP). Aunque en la praxis no se acostumbra pedir tal lectura, es interesante ha­ cer notar que mediante ésta (si concurre el principio de inmediatividad) se lo­ grará la asunción probatoria. Esto es, que el juzgador se entere del contenido de algunos medios de confirmación que no pudieron ser desahogados en el “lu­ gar del juicio”.
se inicia la fase de alegatos. Los alegatos vienen, de cierto modo, a constituir la interpretación que las partes hacen de los procedimientos probatorios, pero en especial, de sus re­ sultados. Aunque referido a los alegatos del acusador ante el jurado, nuestro código dispone que éste se reducirá a una exposición clara y metódica de los hechos
Debate y sentencia 369
imputados al acusado, y de las pruebas rendidas por el análisis que creyere con­ veniente hacer. Los alegatos serían, de acuerdo con Fix Zamudio, la “exposición oral o es­ crita de los argumentos de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, una vez agotada la etapa probatoria y con anterioridad al dicta­ do de la sentencia de fondo en las diversas instancias del proceso”.4 Los
lan la hipótesis, en tanto que aquéllos interpretan o tratan de interpretar los datos que confirman o rechazan tal hipótesis. En el alegato se vincula lo alegado con lo demostrado, y se vincula igual­ mente el dato fáctico con la disposición legal, planteándose la conclusión lógi­ ca del juicio. Los alegatos tradicionalmente se inician con los del acusador, para termi­ nar con los del acusado, lo cual tiene una razón de ser, que se conoce como el derecho de la última palabra. Este derecho, “como es llamado —dice Prieto Castro—, se concede a los acusados, es una demostración más de la preocupa­ ción por la defensa de ellos en las leyes que, como la española, abonan el princi­ pio de contradicción en el juicio”.5 El debateconcluye con la llamada 306 CFPP).
“vista del proceso”
(arts. 425
CPPDF y
Luego de la declaratoria de “visto el proceso", el tribunal “cita a las partes para oír sentencia". Esta citación para “oír sentencia”, es confundida en el Có­ digo Federal con la “cita para la audiencia final”. La citación para sentencia, o mejor dicho la cita a las partes para que es­ tén atentas a enterarse de la sentencia, es el acto procesal mediante el cual el tribunal, luego de tomar conocimiento de las pretensiones de las partes y de los hechos que las soportan, inicia la operación lógico-mental para determinar La procedencia de las pretensiones de éstas. La citación para sentencia, que normalmente se efectúa al concluir la audien­ cia final produce, entre otros efectos, los siguientes: a)
Impide a las partes esgrimir ausencia de capacidad subjetiva en el juzga­ dor; es decir, no podrán recusar. No opera este efecto cuando, después de
Fix Zamudio, Héctor, “Alegatos”, en Diccionario jurídico mexicano. Prieto-Castro, Leonardo, Derecho procesal penal, pág. 333.
370 ENJUICIAMIENTO PENAL
citar para sentencia, hubiere habido cambio de juzgador, y el anterior no hubiere dictado o pronunciado sentencia. Se inicia la actividad lógico-mental a cargo del juzgador, para resolver el fondo controvertido.
Las partes quedan “prevenidas” o alertadas a estar pendientes para cono­ cer el fallo final.
La sentencia es el acto y la decisión pronunciada por el tribunal mediante la cual da solución al fondo controvertido. Es una fórmula compositiva del liti­ gio.
Sentencia proviene del latín sententia, que significa opinión, veredicto, de­ cisión. Según Escriche, deriva de sentiendo: lo que siente. En esta afirmación de Escriche se han apoyado varios autores; no obstante, el sentiendo, lo que siente el juez, era comprensible en el derecho romano de cierta época, cuando el juez decía lo que sentía y no necesariamente lo que tenía que hacerse. Según las Partidas, la sentencia es “la decisión legítima del juez sobre la
causa controvertida en su tribunal”. Adviértase —y en esto coinciden los procesalistas actuales— que la sentencia resuelve sólo el fondo controvertido, de aquí que las conocidas como “sentencias interlocutorias”, no sean propiamente sentencias. A estas interlocutorias, Fix Zamudio prefiere asignarles la naturaleza jurídica de autos,6 puesto que real­ mente eso son. Se ha dicho que la sentencia contiene un “acto de voluntad,” del juzgador. Otros autores afirman que no es acto de voluntad, sino sólo un “juicio lógico" mediante el cual se aplica la norma general al caso concreto. Sea cual fuere la naturaleza jurídica (acto de voluntad o juicio lógico), la sentencia se diferencia de cualquier decisión de un particular, en que proviene de un órgano del Esta­ do provisto de la específica facultad de decidir controversias y de la diversa eficacia jurídica. De forma análoga, se establece principalmente en la Escuela de Viena, que la sen­ tencia no sólo es un acto mediante el cual se aplica la ley, sino también un acto que crea obligaciones a cargo de una de las partes. Todo depende de si la pirá­ mide jurídica se contempla “hacia arriba’’ o “hacia abajo’’.
Fix Zamudio, Héctor, “Sentencia”, en Diccionario jurídico mfyicano.
Debate y sentencia 371
La sentencia es un acto del Estado, como también lo es el legislar o ejecu­ tar; por tanto, los particulares no están llamados a sentenciar. No se olvide que para poderse dictar la sentencia penal deben haberse re­ suelto todas las cuestiones prejudiciales que se hubieren planteado.
Toda sentencia, y la penal no es una excepción, tiene que sujetarse a ciertos principios inspiradores, los cuales ha de acoger. En un Estado de derecho, esto debe darse con mayor razón. Aunque se han mencionado, entre otros principios, la fundamentación y la motivación, cabe advertir que éstos, si bien tienen que ser acogidos por la sentencia, no son principios exclusivos de la misma, puesto que toda resolu­ ción tiene que estar fundada y motivada en atención a lo preceptuado por nues­ tra Constitución. De cualquier manera, mencionamos como principios inspiradores de la sen­ tencia penal —aunque tampoco son exclusivos de ésta— a los llamados princi­ pios de congruencia y al de exhaustividad.
La sentencia debe ser congruente consigo misma y con la litis, afirma Luis Dorantes.7 La congruencia debe ser interna (armonía entre las distintas partes de la sentencia), y externa (adecuada a los puntos puestos en debate). “Una jurisdicción ejercida de oficio —enseña Carnelutti—, en la cual el órgrano jurisdiccional procediese por iniciativa propia, sin atender a la solicitud del sujeto agente, repugnaría al concepto que nos hemos formado modernamente de la función del juez, quien para permanecer imparcial debe esperar a ser re­ querido y limitarse a hacer justicia a quien la solicita; y si nos encontrásemos con un magistrado que sin ser requerido por alguien se dedicase a descubrir y enderezar entuertos, lo consideraríamos más que un héroe de la justicia, un ma­ niaco peligroso, del tipo de don Quijote o del legendario zapatero de Messina.”8
Dorantes Tamayo, Luis, Elementos de teoría general del proceso, pág. 218. ’ Carnelutti, Francesco, Derecho procesal civil y penal.
372 ENJUICIAMIENTO PENAL
La jurisdicción ejercida a instancia de parte es nota que caracteriza al prin­ cipio acusatorio, en tanto que la jurisdicción ejercida oficiosamente deriva del inquisitivo. Dependiendo del principio inspirador del sistema (acusatorio o inquisiti­ vo), derivará la aplicación o no del principio de congruencia. En relación con el principio de congruencia, podemos considerar la con­ gruencia de la sentencia en varios órdenes: а) б) c)
Congruencia con los hechos (con la causa petendi). Congruencia con la calificación de los hechos (con el nomen iuris criminis). Congruencia con las pretensiones de las partes (con el petitum).
d) Congruencia interna. A. CONGRUENCIA CON LOS HECHOS
Esto significa que el tribunal sólo debe tener en cuenta las modalidades fácticas expuestas en la acusación, sin poder ir más allá de las mismas. Así, el tri­ bunal únicamente podrá sentenciar por homicidio con “premeditación”, si as: se le plantea la modalidad, mas no podrá condenar por “alevosía” si los hechos que a ésta califican no fueron expuestos en la acusación. La ley establece, asimismo, que los hechos o datos fácticos que han de te­ nerse en consideración sólo serán aquellos que a su vez el Ministerio Público consideró al momento de promover la acción.
no tendrá en cuenta cualquier hecho aducido en la demanda, sino sólo aquellos que, al ser expuestos en la demanda, también fueron considerados por el acu­ sador al momento de promover la acción (art. 168 CFPP). Esto equivale a decir que el material fáctico recogido a lo largo del proce­ so, e invocado, debe ser tenido en consideración de manera congruente: secundum allegata et probata.
B. CONGRUENCIA CON LA CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS
Según afirman algunos, debe existir identidad entre la calificación o nomen iuri; criminis del acusador (expuesta en sus conclusiones) y la sentencia, lo cual se traduce en la prohibición al tribunal de sentenciar por nomen iuris diverso da calificado por el acusador. La
lín Sánchez y el propio Bettiol sostienen por un lado, que la calificación del acu­ sador es una mera opinión que no vincula al tribunal, “el cual puede variar la
Debate y sentencia 373
denominación del delito en la sentencia, siempre y cuando los hechos sean exac­ tamente los mismos en los que se base para llevar a cabo la reclasificación”.9 “El juez —dice Bettiol, fundado en su ley procesal— puede dar al hecho una definición jurídica diversa a la enunciada... y ello es perfectamente lógi­ co porque cuando el juez califica de modo diverso los hechos, no viola ninguna sustancial exigencia de la defensa: de este modo podrá calificar como apropia­ ción indebida un hecho para el que la acusación es de malversación de caudales pú blicos cuando se convenza de que el imputado no era funcionario público.”10 En sentido contrario parece haberse desenvuelto la praxis judicial en Mé­ xico —que es diferente de lo establecido en la ley—, de manera que el tribunal está limitado por la calificación que haga el acusador. Este vincular al juzgador con la calificación que haga el acusador
que el tribunal no es libre para calificar los hechos propuestos, pues su actuar queda atado al acto de voluntad de parte. .. ¡Pero no de justicia! La posibilidad de que el tribunal esté en desacuerdo con la calificación, e incluso recalifique, no pugna con la afirmación de que sólo debe fallar confor­ me a los hechos propuestos. En el campo de la práctica, se sostiene en general por los tribunales mexi­ canos (no en la ley) que el Ministerio Público en su demanda —conclusiones acusatorias— no sólo está obligado a plantear el dato fáctico, el jurídico y el oretensional, sino que además debe calificar el hecho en que se funda su pre­ tensión. Lo que implica que los tribunales han introducido, a través del prece­ dente, un elemento más a la demanda, no contemplado por la ley. A consecuencia de lo anterior surgen varias cuestiones, una de ellas acerca de si es o no posible cambiar la clasificación del delito en conclusiones por de­ lito que se sigue o requiere querella. Si el querellante se querella por “calum­ nia”, y por ella se sigue el proceso, y en conclusiones el Ministerio Público cam­ bia la calificación a la de “difamación” —que también requiere querella—, ¿po­ drá o no el tribunal sentenciar condenatoriamente por difamación, cuando la querella no comprendió a ésta?
C. CONGRUENCIA CON LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES
Si se trata de la congruencia con la acusación, también se le llama principio de correlación entre acusación y sentencia. Aquí la congruencia implica una vinculación entre la decisión y lo pedido. Si la pretensión del acusador expues-
Colín Sánchez, Guillermo, Derecho mexicano de procedimientos penales, t. II, pág. 184. Bettiol, Guiseppe, Instituciones de derecho penal y procesal, pág. 259.
374 ENJUICIAMIENTO PENAL
ta en sus conclusiones consiste en que se “declare” la existencia de ciertos he­ chos, el tribunal sólo podrá declarar o no su existencia, pero no podrá declarar la existencia de otros hechos. En el terreno de la praxis, se sostiene que las pretensiones del acusado (no del acusador) no vinculan al tribunal. Así, si el penalmente demandado se alla­ na a la pretensión del acusador y, por lo tanto, hace suya la pretensión de ser sancionado, esto no vincula al tribunal, quien en su caso puede declarar que no se concretizó el delito. El problema de la congruencia con la pretensión del acusador se agrava, sobre todo cuando tenemos escritores que sostienen que el tribunal en senten­ cia sí puede ir más allá de lo pedido (plus petitio) e incluso en contra de lo pedi­ do (contra petitum). González Blanco, por ejemplo, se manifiesta en desacuerdo con la juris­ prudencia de la Suprema Corte, la cual sostiene la congruencia, y opina que es contraria a la propia Constitución. El tribunal —dice González Blanco—, cons­ titucionalmente, es el único que puede imponer las penas, esto es, aplicar las sanciones, y esto no está condicionado a límites que le imponga el Ministerio Público en sus conclusiones. El tribunal no está supeditado a las penas y mo­ dalidades que pida el Ministerio Público.11 Juventino Castro sostiene que el juez (rectius, tribunal) sí puede condenar aun cuando en las conclusiones no lo pida así el Ministerio Público. No puede por esto entenderse —dice— que el tribunal invada funciones del Ministerio Público. El tribunal no está constreñido por las conclusiones del Ministerio Pú­ blico, y como razón sostiene que en el proceso penal no priva el principio dispo­ sitivo, como ocurre en el civil; además, el tribunal busca la verdad real.12 Merece ser recordada, por meritoria, una resolución de la Suprema Corte de Justicia en la cual se apuntó que “el juez no debe subordinarse a la opinión de una de las partes, como lo es el Ministerio Público”, resolución que recayó cuando el Ministerio Público pidió pena por homicidio imprudencial y el tribu­ nal resolvió que era intencional, yendo más allá de lo pedido.13 En suma, en el plano teórico la respuesta depende del principio acogido (inquisitivo o acusatorio), pero en lo práctico la congruencia parece orien­ tarse a los hechos o base fáctica del proceso, y no a las calificaciones o preten­ siones. D.
Al lado de la congruencia que la sentencia ha de guardar con elementos externos a ella (hechos, calificaciones, pretensiones) también debe ser congruen­ te consigo misma.
González Blanco, Alberto, El procedimiento penal, págs. 139 a 141. Castro, Juventino, Ministerio Público, funciones y disfunciones, pág. 38. T-CIX, Vaca Contreras, Ciríaco, pág. 2161.
Debate y sentencia 375
Alcalá-Zamora y Castillo nos muestra el caso en que un tribunal colegiado donde se resolvía un asunto por homicidio. Uno de los juzgadores resolvió que el enjuiciado sí debía ser condenado, en tanto que los otros dos determinaron la absolución. Hasta aquí todo parecía correcto, pues dos votos contra uno deter­ minaban la absolución, pero observando los argumentos, un juzgador resolvía que el acusado no intervino en los hechos, en tanto que el otro consideró que actuó en
advierte, a
congruencia la
entre los juzgadores.
“Una sentencia es exhaustiva —dice Gómez Lara—, en cuanto haya tratado todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, sin dejar de con­ siderar ninguna.”14 “La exhaustividad
Zamudio—
juzgador de examinar todas y cada una de las pretensiones formuladas por las partes, es decir, todos los aspectos de la controversia planteada por las mismas.”15 La exhaustividad, no puesta en discusión, implica que sean o no proceden­ tes las pretensiones de las partes, deben éstas ser examinadas. Si el defensor pretende se declare la legítima defensa, el tribunal, aun cuando la desestime debe, con base en la exhaustividad, analizarla y no omitir su estudio.
rimatorias. La sentencia penal —y éste es punto más reconocido en la actualidad—, sólo puede condenar, constituir o absolver. La sentencia, así, solamente puede ser condenatoria, constitutiva o absolutoria. Las sentencias absolutorias en­ tran en el género de sentencias y las constitutivas son las estimatorias.
desestimatorias.
Anteriormente, según se nos recuerda, las sentencias en el Tribunal de la In­ quisición podían ser de absolución plena o del cargo, cuando el reo hubiere de­ mostrado su inocencia; absolución de la instancia, si no se demostraba el hecho imputado; reconciliación, si siendo responsable el reo, éste se arrepentía y ab­ juraba; de relajación, en el fondo de incompetencia, pero se entregaba el reo al “brazo secular” para que éste decidiera si lo quemaba vivo, le daba garrote, o lo privaba de la vida.16
* Gómez Lara, Cipriano, Teoría general del proceso, pág. 292. Fix Zamudio, Héctor, “Sentencia”, en Diccionario jurídico mexicano. O’Gorman, Edmundo, La inquisición, pág. 20.
376 ENJUICIAMIENTO PENAL
A. DESESTIMATORIAS Y ABSOLUTORIAS
El término absolutorio proviene del latín absolvo, absolvere, absolví, absolutum, que significa liberar, descargar. Las sentencias absolutorias de la preten­ sión punitiva son también sentencias declarativas: se declara o reconoce que no existió o que el acusado no es responsable. Las sentencias absolutorias pueden ser de dos tipos: absolución plena —también llamada absolución definitiva, es decir, que absuelve del cargo— y ab­ solución de la instancia, absolución de la demanda, absolución por insuficiencia de pruebas, también llamada sentencia dubitativa. En la absolución plena se desestima todo derecho aducido por el deman­ dante y se provoca una liberación total del cargo', es decir, de lo pretendido. En la llamada absolución de la instancia “se absuelve”, pero con fórmula dubitativa. Sobre el demandado queda pendiente la duda de si fue o no respon­ sable. No es una absolución plena, equivale a una absolución de,la demanda, pero no del cargo.
Debate y sentencia 377
En el procedimiento civil es más conocida la absolución de la instancia, sobre todo porque ésta se produce a causa del llamado desistimiento de la demanda o desistimiento de la instancia (no de la “acción” o derecho), que no extingue el derecho de fondo y da la posibilidad de volver a demandar. La absolución de la instancia deja pendiente la duda sobre el inculpado. Y
la duda, recordaba Alcalá-Zamora, “que como efecto social del mismo lo per­
judica, puesto que no logra desvanecer entre las gentes las sombras de culpa­ bilidad que rodeen a un determinado sujeto. Tal consideración fue la que condujo en antaño a suprimir la denominada absolución de la instancia en materia penal”.17 De tal suerte, para que sedé la absolución de la instancia, requiérese la concurrencia de dos características. La primera relativa a la resolución propia­ mente dicha y la segunda, a los efectos que produce tal resolución. El
primer requisito consiste
en que la resolución absuelva o
juicio y no los hechos delictivos imputados. La absolución de la desestima la pretensión, ni el derecho en que se afirma sostener.
desestime el instancia no
Briseño Sierra llega a afirmar que el sobreseimiento “no es más que una abso­ lución de la instancia con otro nombre y los propios resultados lógicos. Pero el legislador común ha tenido una brillante idea. Cuando el Ministerio Público formule conclusiones no acusatorias, el juicio se sobreseerá y la consecuencia será la absolución del reo. Esta mezcolanza de conceptos sería risible si no fuera porque trasciende hacia la libertad y el buen nombre del gobernado”.18 El segundo requisito consiste en que, como efecto, quede la oportunidad de aportar nuevas pruebas o medios de confirmación y, por ende, se reabra o reinicie el proceso. Más adelante volveremos a la naturaleza de la absolución (cap. 40).
ESTIMATORIAS Y CONDENATORIAS
Las sentencias estimatorias estimatorias o parcialmente tensiones o sólo algunas.
de la pretensión punitiva estimatorias, según que se
pueden ser simplemente acojan todas las pre­
Dentro del género de las estimatorias encontramos a las sentencias de con­ dena (otra especie de sentencias son las constitutivas, es decir las que consti­ tuyen o modifican una situación o relación jurídica).
11 Alcalá-Zamora
y Castillo, Niceto, Estampas procesales de la literatura española, pág. 130. Briseño Sierra, Humberto, “Reflexiones sobre las llamadas garantías individuales”, t. 2, pág. 435. 18
378 ENJUICIAMIENTO PENAL
El veredicto del jurado por ejemplo, no condena, pues únicamente declara culpabilidad y es otro el que complementa la sentencia imponiendo la sanción. Condena proviene de condemno, condemnare, y a su vez de cum, con y damnum, daño; esto es, resolución que impone un daño. Con la sentencia condenatoria —sostiene Manzini— “reconoce el juez el fundamento y la realizabilidad de la pretensión punitiva del Estado, hecha va­ ler mediante la acción penal, declara la culpabilidad; establece qué sanciones concretan la responsabilidad del culpable; concede, cuando sea el caso, los lla­ mados beneficios de ley; aplica, si es necesario, las medidas de seguridad y de­ clara en los casos procedentes los efectos civiles de la condena”.19 Al pasar la Suprema Corte de Justicia a ser casi exclusivamente tribunal cons­ titucional, cobra fuerza la clasificación de las sentencias estimatorias en sen­ tencias ilegales y sentencias inconstitucionales, dependiendo de que el precepto normativo que se alegue violado sea la Constitución de manera directa, o una ley secundaria.
C. DEFINITIVAS Y EJECUTORIAS
de ser impugnadas, en sentencias definitivas y en sentencias ejecutorias, estas últimas inimpugnables. “La sentencia penal pronunciada tras el correspondiente debate —dice Manzini— es siempre definitiva, no porque sea en todo caso la última senten­ cia posible en el procedimiento, sino porque define, es decir, cierra el juicio en el grado en que se pronunció”, a lo cual Alcalá-Zamora agrega: “la sentencia es definitiva, no desde el ángulo de las partes (mientras les queda expedita la perspectiva de impugnarla), sino desde el juzgador”.20
Varios son los efectos que se producen en el mundo jurídico con motivo de la sentencia ejecutiva. Entre otros, podemos mencionar los siguientes:
García Ramírez, Sergio y Adato, Victoria, Prontuario penal mexicano, pág. 454. Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, Cuestiones de terminología procesal, pág. 169.
Debate y sentencia 379
POSIBILIDAD DE LA SENTENCIA
í Sin remedio legal
Condena correcta al delincuente
. Cierta posibi­ lidad de anulai ios efectos
Reapertura dei procedimiento
Atenuación injusta al condenado
Agravación injusta al condenado
Condena a un inocente *
Absolución a un delincuente
Absolución a un inocente
1. Sentencia de condena correcta. 2. Se trata de una absolución correcta. 3. Sin posibilidad para disminuir la gravedad. 4. Sin posibilidad de reabrir el procedimiento. 5. Se trata de una absolución correcta.
Inimpugnabilidad y definitividad de la resolución, es decir, se establece la regla de la inmutabilidad. Evita así, según se dice, la incertidumbre jurídica. b) Non bis in idem, que implica el no ser juzgado de nueva cuenta por el mis­ mo hecho. c)
En el caso de los extranjeros sentenciados, de acuerdo con el artículo 72 de la Ley General de Población, el tribunal deberá dar aviso del contenido a la Secretaría de Gobernación.
Estrechamente vinculado a la cosa juzgada, encuéntrase el bis in idem, cuya traducción literal sería: no duplicidad por lo mismo.
Non bis in idem, impide un segundo proceso por el mismo hecho que el an­ terior
también que nadie debe ¡no a la litispendentia).
juzgado ser
hecho—,
380 ENJUICIAMIENTO PENAL
En la actualidad, contra el primero de los apartados —es decir el emparen­ tado con la cosa juzgada— se han elevado las protestas de algunos procesalistas. En el campo penal, podemos plantear algunas cuestiones interesantes. Dentro de la problemática hay que diferenciar la sentencia absolutoria de la condenatoria. En el caso dela absolutoria, la intangibilidad se produce aun cuando resulten nuevas pruebas que demuestren que el sentenciado fue el res­ ponsable; más todavía, aun cuando éste confiese ser el responsable. En este caso, no podrá ser procesado de nueva cuenta. Se trata aquí de la absolución del culpable. No está por demás recordar que en algunos países es permisible la revisión de sentencia absolutoria. García Ramírez, por ejemplo, nos recuer­ da casos en la Unidos.20
URSS, Polonia, Israel e incluso en los Estados
Por otro lado, en el caso de que la sentencia hubiese sido condenatoria, puede ocurrir
(condena del inocente), o que
pruebas demuestren una
atenuada (agravación injusta), o que las nuevas pruebas demuestren una mo­ dalidad agravada (atenuación injusta). En el caso de condena del inocente, la ficción de verdad legal sólo puede dar pie en nuestro sistema a la nulidad de sentencia (reconocimiento de la ino­ cencia del sentenciado). En el caso de condena del inocente, la ficción de ver­ dad legal sólo puede dar pie en nuestro sistema a la nulidad de sentencia reconocimiento de la inocencia del sentenciado). En el caso de la agravación injusta, en nuestro orden jurídico no tenemos remedio legal, y cuando se trate de la atenuación injusta, la justicia también sale burlada. Este principio de política procesal establece la prohibición de enjuiciar de nueva cuenta in idem; es decir, por lo mismo. Para aducir el non bis in idem se debe partir del supuesto de que existió un enjuiciamiento anterior, que coincide con el presente en la identidad del su­ jeto y en la identidad de la causa petendi, por lo menos.
García Ramírez, Sergio, La prisión, págs. 142 y 143.
Emma Morales Cuayahuitl INEPAR
Facultad de Derecho-BUAP Infracciones y Delitos Fiscales Mtro. Valentín Armenta Ramírez

References: resolución 
 artículo 19
 artículo 20
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
 artículo 20
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 resolución 
 resolución 
 artículo 16
 artículo 134
 resolución 
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 resolución 
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 artículo 291
de lege ferenda
 resolución 
 artículo 21
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 72