Source: http://liberalism-in-americas.org/316/
Timestamp: 2018-01-23 07:59:53+00:00

Document:
Manifiesto en derecho en el pleito que sigue el Fiscal del Estado contra la testamentaria del Jeneral D. Eustoquio Diaz Velez, sobre un titulo de propiedad, presentado por el Doctor D. N. Avellaneda (Con un apéndíce sobre las leyes de tierras hasta 1830.). - Liberalism in the Americas Digital Archive
Manifesto in three parts, with various chapters including a summary of public land principles 1819-1822, the enfiteusis system, various systems of land grants, congressional debates, fiscal privileges, Law of 7 October 1858. Followed by an appendix covering three periods of land laws: 1810-1821; 1822-1828; 1829-1830
Taxation, Land Ownership, Government Institutions, Public Revenue, Constitutionalism, Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas
http://liberalism-in-americas.org/id/eprint/316
﻿¿^¡v '~~:K *■> MANIFIESTO ? EN DERECHO EN EL PLEITO Qt'E BIOUE EL FlSCAL DEL EflTADO COSTRA LA TESTAMEN- TARIA BEL JEN KK AL D. EySTOQL'lÜ DlAZ VBLEZ, SUHKE UN TFITLO DE PROriEDAO, PRESENTADO POR EL DOCTOR D. N. AVELLANEDA (Con ua tpáftfe sobre las leyes k tierras ha*í;i UJifc) Buenos Aires Imprenta del ■<.*.•• rallo Victoria 15.1﻿MANIFIESTO (j. .^.e-M.. EN DERECHO EN EL PLEITO que sigue el Fiscal del Estado contra la testamen- taria DEL JENERAL D. EuSTOQUIO DlAZ VeLEZ, sobre un titulo de propiedad, PRESENTADO POR EL DOCTOR D. N. AVELLANEDA K (Con un apéndice subr« las leyes de (ierras hasta 1S30.) Buenos Aires Imprenta del SIGLO, calle Victoria 153﻿Kt melior est intcrpretatio qunm probst Peregrinis, ubi proxime quotíes dubia fuerit fisci probatio, ut de illhís juro certo non liqueat, tuno contra íiscuni judicandura, quasi principes nisi jnstum et certuin lucrum flsci appctere non debeant ut Trajanus traditur in ejus Panegírico.. . .&a, ut alia plura omUtam imitatus ex nostris regibus Philipus II qui Ilispanorum secundus Trajanus virtuto, justitia et prudentia, nam cum anno 1570 esset in Villa del Kscurial, et illud adiret doctor Velazco consilü supremi et Camane Senator, ut consu- leret do causa qu:v máxime nugeret cjus regale patrimonium, res- pondit Rcx Bapiontisimus et justus:—Doctor, semper in cura linbo et nuncia senatui, in dubio semper contra mo judicandum. O pulchrum dictum, utinam Príncipes, hodie imitarentur. [Joan líaptísta Larrea Allegado MMN ftscalium—Fars prima—1732.] Mejor es la opinión que adopta Peregrinus, á saber, que siempro quo fuero dudosa la probanza dol Fisco, do tal manera quono aparez- ca claro su derecho entonces debo fallarso contra el fisco, porque DO debo pretenderse para él un lucro que no sea evidentemente justo, como lo dice Trajauo en uno de sus Panejíricos. . y cerno puede com probarse con muchos ejemplos que omitimos, tomados de nuestros reyes, y especialmente de Felipe II imitador do Trujano; el cual ha- llándose en 1570 en el Escorial recibió al Dr. Yelazco, miembro del consejo supremo y do la Cámara, que se presentaba á consultarlo sobro un negocio que habría aumentado en mucho el real Patrimonio. "Doctor, le dijo el Iíey, tenlo siempro presente, y comunícaselo al con- sejo, que en todos loa casos dudosos debo juzgarse contra mí". Her- mosa sentencia, que ojalá fuera imitada en nuestros dias! Juan Lar- rea—Alegatos fiscales, parte primera—Proemio núm. 9 ■*﻿MANIFIESTO BM DERECHO EXMO SEÑOR Las palabras que coloco al frente de este in- forme ponen la presente cuestión bajo la faz mas desfavorable á mis defendidos.—Reputo sus derechos evidentes, como lo demostrará es- te escrito, y al llamarlos por un momento cues- tionables ó dudosos, repito solamente la apre- ciación que de ellos han hecho los que los han envuelto en esta misma controversia.—V. E. lo ha oído ya en la vista de la causa. El Sr. Fiscal al darse cuenta en su último ale- gato del punto capital de este asunto, lo de- clara cuestionable, para agregar en seguida que se adhiere no obstante á la prosecución de la acción fiscal deducida ante el Gobierno \ Los fiscales de la antigua monarquía española 1 Autos f. 132 vta.﻿habrían concluido de un modo opuesto; y avan- zo esta afirmación, sin considerarla temeraria, desde que puedo invocar para su sosten la au- toridad del célebre Fiscal de Felipe 4. ° , del Fiscal Larrea tan renombrado en España y en sus Indias, de ese "Argos" del Fisco, como lo llama un escritor español. Es duro por cierto, Exmo. Señor, que se nos obligue á penetrar en el Escorial, y buscar allí la sombra de Felipe 2. ° , para poner bajo su protección los derechos que defendemos: pero necesitamos demostrar que la avidez fiscal, in- vadiendo los intereses particulares, no puede siquiera autorizarse ni aun con el ejemplo de aquellos tiempos. Era altamente moral anular los actos que ha- bían puesto en manos sangrientas la tierra pú- blica.—Era justo que se restituyeran al Estado los bienes suyos que indebidamente habian pa- sado al poder de los particulares durante la administración de Rosas, y por contratos sin va- lidez según las leyes jeneredes2.—Pero, el es- píritu fiscal de inquisición y de examen, des- pertado por la ley de 7 de Octubre de 1858, no ha sabido contenerse en tales límites; y mas de una propiedad incontrovertible se vé, como la que hoy defiendo ante V. E., complicada en porfiados litijios. Omito, Exmo. Señor, reflexiones que en pre- sencia de hechos tales naturalmente ocurrirán á la mente de V. E.—Así, nada quiero decir 2 Art. 7 de la \ey de 7 do Octubre de 1S58. 7 sobre la moral administrativa que con un siste- ma semejante se funda, sobre la incertidumbre que se arroja al porvenir, sobre las reacciones que se provocan, si cada Gobierno que viene, se cree con el derecho do conculcar los contra- tos de los Gobiernos pasados, después de vein- te, de treinta años, y á pesar de que fueron cele- brados con todas las solemnidades, y por Go- biernos perfectamente lejítimos. Nada que pueda traer á la memoria funestos recuerdos, se encuentra felizmente en este asun- to.—Trátase de un contrato realizado con los requisitos legales ahora mas de treinta años; y los que lo celebran son el honrado Gobierno del Jeneral Viamont, y el Jeneral Diaz Velcz, el vencedor de Tucuman, el amigo de Belgrano.﻿CAPITULO I El título-Sus antecedentes. El título que voy á recorrer se encuentra ligado al desenvolvimiento de nuestras leyes so- bre la tierra pública, durante treinta años.— Creado bajo el imperio de las primeras, fué después víctima del sistema que se levan- tó en contradicción con aquellas; para venir mas tarde á obtener reparación completa bajo la protección de nuevas leyes. Todos los cambios sufridos durante este pe- riodo por nuestra lejislacion en materia tan im- portante, han dejado su huella sobre estos viejos papeles.—Su historia desarrollándose en el fon- do de una oficina, ha marchado sin embargo íntimamente confundida con la historia del pais. ARTICULO PROCERO 1819-1823 SUMARIO—El Congreso—Sus principios «obro la tierra pública—Mercedes «le tierras—El Capi- tán Eatorrc. El Congreso y el Gobierno arjentino no pen- saban en 1818 que la tierra pública debia rete- nerse inmóvil en el dominio del Estado, sino que por el contrario era necesario entregarla á 9 ta propiedad particular, para buscar con ella el incremento de la población y de la riqueza. Así, el Gobierno debidamente facultado por la ley de 15 de Marzo de 1813 • vendía por precios mínimos la tierra próxima á los centros de población; al mismo tiempo que adoptaba respecto de los lugares lejanos, el antiguo siste- ma de las mercedes, consignado en las leyes de Indias, y que había servido para poblar la Ame- rica 4. En este concepto, el Gobierno suficientemen- te autorizado por resolución del Congreso [1G de Mayo de 1817] dispone dar en merced los terrenos baldíos existentes en la línea de fron- teras, consignándolo asi en el decreto de No- viembre 15 de 1818 5. En el año siguiente, 1819, vuelve á insistirse en el mismo pensamiento—El Congreso reitera y estiende su anterior autorización, empleando palabras dignas por su elevación de ser repe- tidas en todo tiempo.—El Congreso decia "que " á los pobladores de la línea de fronteras les cor- " respondía la propiedad de los campos que "ocuparan, no tanto por título de gracia como "de rigurosa justicia,"—Manda que se les otor- gue los títulos de dominio, " y que se les ma- " nifieste igualmente la gratitud del pais por " los beneficios que e'l refluye de sus fatigas." [Febrero 18 de 1819] °. 3 Ley fio la Asamblea Constiturento. Recopilación pnj. 17. 4 Eutre otr.ns la ley ]. « tít. 4. "Ree. í ind. 5 Recopilación p;íj. 128 y 120. Ü Rcenpi.'nr'ion paj. 131. 2﻿10 Tales eran las ideas económicas en lo concer- niente á la distribución de la tierra publica que profesaba el memorable Congreso que declaró la Independencia; tal el espíritu alto y justo de que se encontraba penetrado para recompensar al animoso poblador del desierto, que desafiando la soledad, la miseria y peligros inauditos, ha si- do el verdadero creador de esta riqueza territo- rial que hoy enciende tantas codicias.—Los que un dia escriban la historia de este Congreso sa- brán hacerle merecido honor por estos actos y por estas palabras. Bajo el imperio de estas disposiciones fué constituido el título orijinario que se encuenti'a en la primera pajina délos autos y que es la verdadera raiz de los derechos puestos hoy en controversia. II merced de Latorrc y »u venta—I<ejItiinidad del dominio en Dloz Velcz. En julio de 1819, preséntase el capitán D. Bartolomé de Latorre esponiendo sus servicios y pidiendo una estension de tierra en la frontera, al otro lado del Rio Salado, para buscar en su es- plotacion medios de subsistencia.—El Gobierno ejerciéndola autorización del Congreso, acoje esta petición y consigna al pié el decreto que principia y concluye con estas palabras: " Usando de las facultades que me ha conferi- "do el Sobei'ano Congreso y teniendo en consi- "deracion la utilidad que reporta el Estado. . . . 11 "vengo en conceder al suplicante la propiedad "de tres leguas de terreno de frente y cuatro "de fondo en el pai'aje que indica." ( 1, vta. de los títulos.) Al volver la pajina, no se presenta ya el Ca- pitán Latorre sino su viuda.—Latorre lia muer- to víctima de su intento. Fué á sus campos á tomar posesión de su propiedad, levantó ran- chos, estableció allí su familia y empleando todo su dinero, compró y puso en ellos ganados. Pe- ro la vida del desierto tiene terribles eventuali- dades; y apenas había pasado un año de este establecimiento, cuando sobreviniendo los indios quemaron los ranchos, mataron al padre y lle- varon en cautividad á sus cinco hijos. Esto costó su merced al Capitán Latorre—Pa- ra pasarla en herencia á sus hijos, necesitó sacri- ficarle su vida.—Jamás título gratuito fué mas terriblemente oneroso7. La viuda no sabiendo qué hacer con sus tier- ras, resuelve venderlas; y antes de verificarlo ocurre al Juez para obtener su permiso. Relata los hechos, los comprueba, y el Juez de 1. a Instancia la faculta para realizar la venta; f. 4 vuelta.—Esta se celebra inmediatamente por un contrato público; y la es critura de f.5 justifi- ca que en Noviembre 25 de 1822 la viuda del Capitán Latorre transfirió en favor del Jeneral Diaz Velez, la propiedad de tres leguas de fren- te por cuatro de fondo, que por el documento de 7 Escrito do f. 2. 6 información siguiente.﻿12 f. 1. rt vta. había sido acordada tres años antes á su marido. El precio de esta venta es mínimo sin duda como lo ha notado el señor Fiscal, teniendo pre- sente los valores del dia, y sin notar di á su vez la fecha de aquella, como la situación de los terrenos. Tenemos por lo tanto en 1822 alJcneral Diaz Velez, sucesor por título de compra del Capitán La torre, y dueño lejítimo de tres leguas de lí ente por cuatro de fondo, es decir, de una es- tension de doce leguas cuadradas, en el paraje de- nominado Tapera de Ponce, al otro lado del Sa- lado, según las determinaciones de la escritura. ¿Puede ponerse en cuestión la lejitimidad de esta propiedad? Creada de conformidad con le- yes espresas, válidamente transferida, comproba- da por documentos pi'iblicos, es la primera tal vez que en cuestiones de este jénero, se presen- ta á V. E. remontándose á un orí jen tan lejano y con carecieres mas irrevocables de su legalidad. Firmiter quiescit atque manet—Descansa sobre cimientos inconmovibles. ARTICULO SECUNDO Inmovilización de la tierra.—liuiltcusls—Rechazo délas mercedes. La pájiua siguiente dista ocho años de la an- terior, pues lleva la fecha de 1830. Así, para mejor esplicar su significación, necesito decir 13 los cambios que ha esperimentado durante estos ocho años la lejislacion de tierras.—La digre- sión será tal vez larga; pero V. E. sentirá des- pués su necesidad. Habiendo desaparecido el Congreso y el Di- rectorio al comenzarlos tumultos del año 20, el réjimen provincial se sustituye al nacional; pero sin que esto traiga en los primeros tiempos mo- dificación alguna al sistema quo el Estado había empleado para la colocación de la tierra pública. Continuábase vendiéndolos campos dentro de fronteras, y dándose en merced los fronterizos. La ley de 28 de Febrero de 1821 dictada pol- la Honorable Junta Provincial, confirma en los términos mas esplícitos la autorización para otorgar tierras en merced, que el Congreso ha- bía conferido al Directorio*. Pero desde 1822 con los nuevos hombres que principian á prevalecer en la escena política, asoma también un nuevo sistema. El decreto de 17 de Abril de 1822 inicia esta segunda dpoca de nuestra lejislacion sobre la tierra pública.—En este decreto el Gobierno prohibe que se estienda título alguno de propie- dad, como igualmente que se admitan denuncias sobre terrenos, hasta la sanción de una nueva ley9. El decreto de 21 de julio de 1822 avanza en el camino abierto por el anterior—Prohibe ter- minantemente la enajenación de los terrenos pú- 8 Recopilación pajina 51. 0 Recopilación, pajina 352.﻿14 blicos, y para no mantenerlos estériles en las manos del Estado, manda que sean puestos en enfite'usisie. Para no descender á pormenores minuciosos, solo agregaré que el nuevo plan de retener en el dominio del Estado, la tierra pública, alcanza por fin su apojeo eu 1826. Se define clara- mente este pensamiento, y se le asigna un obje- to. Lo que hasta entonces solo Labia sido pro- vincial, entra á ser nacional, tomando la verda- dera consistencia de un sistema, que leyes posteriores reglamentan con prolijidad completa. Se inmovilizaba el dominio de la tierra, para hacerlo servir de base al Crédito Público; y la ley de 15 de Febrero de 1826, consolidando la deu- da del Estado, hipotecaba por el art. 5o para la seguridad de su pago, las tierras y demás inmue- blesde propiedad pública, cuya enajenacionjque- daba prohibida en el territorio de la República. El decreto de 16 de Marzo del mismo año 1826 reglamenta esta ley, fulminando la nulidad de todas las enajenaciones posteriores á su fecha11. ABLICULO TERCERO Eiifltéwsls—Discusiones del Congreso—Desconocimiento de la merced de La torre—Díaz Vclez cufUeuta. 1822. No dando ni vendiendo el Estado las tierras de su dominio, para ponerlas temporalmente en 10 Recopilación, pájina 378. 11 Kecop. pnj. 757 15 manos de los particulares, adopta eselusiva y de- cididamente el sistema del enfitéusis—anuncia- do desde el decreto de Abril de 1822. La ley del 18 de Mayo de 1826 establece sus condicio- nes; y cinco decretos posteriores la reglamentan hasta el punto de no haber en toda nuestra le- jislacion patria, otro objeto que haya sido mejor estudiado y mas sabiamente desenvuel- to u. Fuera del enfitéusis, el Estado no practica otro medio de colocación para sus tierras. El enfi- téusis gratis se sustituye á veces á la antigua merced 13. Es necesario leer las sesiones del Congreso pa- ra comprender, después de pasados los hombres y los sucesos, como este pensamiento del enfitéu- sis so habia convertido en la gran preocupación de la época. Es la primera discusión sobre inte- reses materiales que haya tan profundamente ajitado los espíritus. El enfitéusis dejaba el dominio nominal de la tierra en manos del Estado; y de ese modo se sal- vaba el intento capital de basar sobre ella el cré- dito público. Su canon debia servir al Estado para que no quedara sometido á la eventualidad de las contribuciones indirectas; al mismo tiem- po que se la entregaba á los que quisieran es- plotarla, por el contrato que mas se asemeja á la verdadera propiedad. Las discusiones forman un libro, destacándose en ellas los discursos del Dr. Agüero, que son una maravilla de vigor en 12 Decreto de 27 y 28 de Junio do 182C. ] 3 Decreto de 5 de Mayo de 1827.﻿16 el razonamiento, y de aquella dialéctica podero- sa, cuyo secreto por desgracia hemos perdido 14. Cuando tales ideas dominaban de un modo tan esclusivo y sistemático en el Congreso y en el Gobierno, no es estraño por cierto que surjie- ran obstáculos insuperables para el reconocimien- to de lasjestiones particulares fundadas en las mercedes concedidas desde 1813 á 1822. El Go- bierno no quería desprenderse de las tierras y las resistía á todo trance. V. E. me perdonará que me detenga en estos pormenores á la primera vista inconducentes, porque aquí está Exmo. Señor, mi pleito; y poi- que es de lo ocurrido en esta época, entregado después á falsas apreciaciones, de donde ha sur- jido esta cuestión. Un momento mas, y descen- deré á continuar el exámen de los títulos, que en la pájina que he señalado, necesitan tener por comentario el movimiento de ideas que tan lijeramente acabo de describir. Durante la Presidencia no se dié, como no po- dia darse, ninguna ley que revocara las merce- des concedidas desde 1818 á 1822; poi'que tal ley habría sido de una iniquidad sin nombre y sin ejemplo, aniquilando derechos legalmente adquiridos, costosamente conservados y que ha- bían servido de base á transmisiones sucesivas. §• Pero lo que habría asustado mirado en conjun- to y formulado por una ley jeneral, se insinuaba 11 Scsi)iC3 del Congreso, 182G, mineros 133, 131, 132 y 133. 17 fácilmente tomando los casos y las jestiones en detalle; y en este tiempo se desconocieron casi todas las mercedes bajo diversos protestos, y es- pecialmcnte^el de no haberlas los interesados medido, siendo asi que clausula alguna del títu- lo primitivo subordinaba la propiedad conce- dida á tal condición. El Jeneral Díaz Velcz á quien hemos dejado en 1822 y á f 5 de los títulos, sucesor de Lator- re en su merced, se presenté) durante la Presi- dencia á pedir su reconocimiento y la posesión legal. Los autos no designan la fecha de esta presentación; pero de ellos consta de un modo irrevocable el hecho y sus resultados. La petición de Diaz Veloz fué rechazada, y la merced de Latorre desconocida. Su sangre ha- bía regado aquella tierra sin conseguir vincular- la á su nombre, contra la injusticia de los hom- bres y las visicitudes del tiempo. Diaz Yelez en- tonces, á fin de no perderlo todo, tuvo que so- meterse á la omnipotencia del enfitéusis, denun- ciar y pedir bajo este carácter sus terrenos de- clarados de propiedad pública, al mismo tiem- po que otros dos individuos ó mas hacían esta misma jestion y sobre los mismos campos. La mensura va á practicarse, y los tres eníitéu- tas se encuentran sobre el terreno. Resulta este insuficiente parallenar sus denuncias, y enton- ces eludiendo cuestiones,selo dividen proporcio- nalmente. Diaz Velez entra en posesión, como enjiteiita, de una área de tres leguas cuadradas, mas ciento cincuenta milésimos de otra. Las dilijencias de esta mensura efectuada en 3﻿18 Diciembre de 1826 han sido agregadas á los au- tos corrientes f 26; y el agrimensor al iniciarlas, espone, "que procede á la dilijencia de mensu- ra, deslinde, y amojonamiento de los terrenos "denunciados en enjiténsis por D. Eustoquio Diaz "Velez"; espresiones que se repiten en las otras dilijencias de mensura f 31 para el enjileuta D. Feliz Castro. El Departamento Topográfico consultando sus archivos relataba en 1831 estos mismos hechos del modo siguiente: .... Quinto, que este terreno se halla conti- "guo á los que en la misma época (se refiere á "1826 que es la ultima fecha que cita,) fueron "denunciados por Saens y Vidal, sobre cuyos "espedientes el Departamento ha informado en "términos análogos al presente, esto es, que ha- "biéndoseles negado la propiedad en añosjxtsados "por no haber medido antes, les fué admitida la "denuncia en calidad de enfüéusis en cuyocon- "CEPTO FUERON MEDIDOS LOS TRES TERRENOS, CO- "mo queda indicado; pero ocurrió al tiempo "de la mensura, que la totalidad del terreno no "alcanzaba á llenar las tres denuncias; y en con- "secuencia, prévio un acomodamiento de las "partes interesadas (entre ellas, la de Diaz Ve- "lez) se trazó una división proporcional, con lo "que quedaron conformes." (Informe de 18 de Agosto de 1831. f. 11 délos títulos.) 10 § Kenúuien Iia»tal830. Así, siguiendo la historia de los títulos, debe- mos agregar los siguientes hechos. 1 P Que la merced de Latorre por doce le- guas cuadradas, poblada por él y transmitida con la misma ostensión á Diaz Velez, fué injusta- mente rechazada y desconocida en 1826—bajo el imperio de un sistema consignado en todas las leyes de aquel tiempo, concernientes á la tierra pública. 2 P Que en esta situación viéndose Diaz Ve- lez despojado de su propiedad, denunció y obtu- vo en enfitéusis sus propios terrenos. 3 P Que para ubicar tales derechos enfitéuti- cos se practicó la mensura de 1826. (f. 26 de los autos corrientes.) 4 P Que el acomodamiento que entonces hizo Diaz Velez con los otros dos denunciantes, versó sobre estos mismos derechos enfitéuticos- puesto que no podia tratarse de la merced ni de la pro- piedad, desde que ella habia sido desconocida y los campos restituidos al dominio público.﻿20 ARTICULO CUARTO 109» 18—. Reconocimiento «lo las mercedes—Restableci- miento del sistema ¡interior—Licy de 1S30—Su ca- rácter. ¿Pero el rechazo de las antiguas mercedes po- dría subsistir por mucho tiempo? ¿El Jeneral Diaz Velez debería resignarse con las tres y mas leguas que le habían sido adjudicadas en enfitéu- sis, dando por definitivamente perdidas las doce que habia adquirido en propiedad por la escritu- ra de f. 5 en 1822? Una injusticia tal no podia sostenerse sino bajo la fascinación del plan sistemático de no dar la tierra,mas que en enjitéusis; y siendo asi,era indis- pensable que encontrara pronta y eficaz repara- ción, apenas se abandonara este sistema, y los in- tereses heridos levantaran su voz que la razón y el derecho hacían poderosa. No debia pasar mucho tiemjoo, sin que esto sucediera15. 15 Si escribiéramos un capítulo de historia, teniendo entonces la necesidad de espresar completo nuestro pensamiento, nos habríamos apresurado á agregar en el testo, que si bien nunca podrá justilicarso delante do las leyes el rechazo do los derechos sagrados, que significa- ban las antiguas mercedes, la conducta do los hombres do 182G toma- da en su conjunto, y dejando de tener por delante el derecho indivi- dual, puedo ser fácilmente escudada por razones poderosas. Un pensamiento como el suyo, tan larga, tan pacientemente prepa" rado, que so inicia en 1822, para venir rocíen, venciendo dilicultades, á realizarse plenamento on 182G, debia e jercer pAAmoecune^ mucho imperio sobro el juicio do sus autores. No es justo olvidar que el en- litéusis, tal como lo acordaban sus leyes, por veinte años jr pudieudo renovarse perpetuamente, se asemejaba en mucho á la propiedad. 21 La faz política del pais ha cambiado. El sis tema que se iniciara en 1822 concluye en 1820. Desaparece con sus autores, que se alejan de la escena, para dar lugar á otros hombres y á otras ideas. El decreto de Setiembre 13 de 1829 restable- ce las antiguas mercedes—y este decreto las em- plea con cierta profusión para poblar por medio de ellas la nueva línea de fronteras dei Arroyo Aznl (Recopilación, ptíjina 985.) Pronto viene también la ley reparadora de 7 de Junio de 1830 (Recopilación pajina 985.) Esta ley declara en su primer artículo firmes y valederas las donaciones do tierras hechas por el Gobierno, fuera de la antigua línea de fron- teras, con autorización lejislativa; y como en la época anterior habían sido rechazadas, según lo dejamos dicho, á protesto de no haber sido me- didas, cuidaba de agregar las siguientes pala- bras: "aun cuando los agraciados no las hubie- sen mensurado,siempre que hubieran procedido á ocuparlas con establecimientos permanentes." Según el articulo 2 P la ostensión del terreno en cada merced, debia determinarse por una mensura que no escediera los limites que mar- que el titulo. La declaración délos casos comprendidos en el primer articulo debia verificarse según el ar- ticulo 3 P , mediante información por un Jnc;:de 1. p Instancia, dando con el espediente orijinal cuenta alrGrobierrlo, á quien de este modo que- daba librado el juicio supremo y definitivo. El Fiscal Dr. Elizalde en su escrito de f. 12﻿22 vuelta hace depender completamente la validez de la merced de Latorre, de las disposiciones de esta ley. No; aunque la ley de 1830 hubiera de- clarado caducas y nulas estas mercedes, ellas ha- bían sido válidas, y la ley nula; porque hay nuli- dad en las leyes de espoliacion que se lanzan á aniquilar derechos adquiridos, y que á tener im- perio, dejarian la sociedad fluctuante y sin base. El lejislador puede mucho, pero no convertir la ley en ariete de destrucción para intereses leji- timos que otras leyes han creado bajo su am- paro. Para combatir leyes semejantes, no es nece- sario acudir al princiqio que hoy consignan to- das las constituciones prohibiendo la retroacti- vidad, porque las leyes que vienen ex post facto, quebrando las obligaciones y los derechos de los contratos, son ante todo, como dice un juriscon sulto americano, contrarias á los primeros prin- cipios del contrato social, porque importan su disolución ia. Es necesario dejar establecida la verdad. No; la merced de Latorre transmitida en 1822 á Diaz Velez no deriva su fuerza de la ley de 1830, que no pudo quitársela, sino de haber si- do constituida por un contrato irrevocable en conformidad completa con la ley del Congreso promulgada meses antes. La ley de 1830 no hizo mas que declarar esa validez, cuyo reconocimiento era necesario para reparar lo que antes había ocurrido. 16 The Foderalist, tiúm. i i. 23 Insisto, Señor, sobre este punto no por ajitar una cuestión inútil de jcnealojia, sino porque no debo permitir que se olvide cuan antiguos, cuan sagrados son los derechos que me presento á de- fender ante V. E. § Revalidación de la merced—Sun tramites—Díaz Velez es declarado propietario de doce legua». Ahora, Exmo. Señor, entramos de nuevo en el pleito para no dejai'lo mas. Los antecedentes van á terminar, y la cuestión se presenta. La ley de 1830 mostraba al Jeneral Diaz Ve- lez que habia llegado el momento de hacer va- ler sus menospreciados derechos; y efectivamen- te á f 6. V. E. encuenti'a su presentación, pi- diendo su reconocimiento. Produce la informa- ción requerida por el artíc. 3o n. Se oye al Ajen- te Fiscal y al Departamento Topocráfico1S, vi- niendo tras esta tramitación el Juez de Ia Ins- tancia á pronunciar el siguiente auto. Vistos. . . .se declara que los terrenos "vendi- "dos al Jeneral Diaz Velez por Da. Dionisiá Ma- "rin (viuda de Latorre) se hallan comprendidos "en el articulo l°de la ley de 7 de Julio de 1830, "y que en esta virtud le pertenecen en propie- 'ídad."f. 13. La declaración que este auto envuelve, no pue- de ser mas clara. Pertenecen á Diaz Velez en propiedad los terrenos vendidos por la viuda La- 17 f. 7 vta. y f. 9 vta. 18 f. 10, 11 y 12.﻿24 torre, os decir las doce leguas cuadradas de la merced de f. 1* y de la escritura de í" 5. Mas tarde, á propósito de una pequeña cues- tión entre Diaz Velezy la señora de Latorre so- bre el precio de la compra de 1822, el Juez de 1* Instancia tuvo ocasión de volver sobre este auto, y en términos mas esplícitos esplicar del modo siguiente su contenido, que por otra parte no se halla envuelto en oscuridad alguna. El Sr. Juez dijo: "que su ánimo al espedir aquella pro- videncia, fué que toda la estension délos terre nos perteuecia al Jeneral Diaz Velez, agregando que sobre este particular no ofrecía duda el ci- tado decreto" (foja 20 vta. de los títulos.) El Sr. Fiscal se ha contraído á impugnar esta declaración que absolutamente no es necesaria para el derecho de mis defendidos; pero sus ar- gumentos def G0 han sido de tal manera contes- tados á f 126 que el Sr. Fiscal no ha vuelto á le- vantarlos. La declaración era superfina. El auto de f 13 no requiere otra esplicacion, sino el leerlo; á lo que debe agregai'scquo en todo asunto adminis- trativo ó judicial lo que queda subsistente por siempre es laúltima resolución, que pone sobre las cosas el sello definitivo, el sello do la cosa juzgada. Mandando el articulo 3° do la ley de 7 de Ju- nio de 1830, que una vez pronunciada su declara- ción, el juez remitiera los autos orijinales al Go- bierno, á él venia por lo tanto á quedar librado el juicio último sobre las revalidaciones. Asi se h¡zo en el caso presente, y á f. 18 de 25 los títulos hallamos el siguiente superior de- creto. Vistos. . . . "Con lo espuesto por el Fiscal y el "Asesoren sus dictámenes, se aprueba el auto "proveído por el juzgado de Ia Instancia en lo "Civil, por el cual se declara que los terrenos "vendidos al Jeneral Diaz Velez por Da. Dioni- "sia Marín se hallan comprendidos en la ley de "7 de Julio; y que en esta virtud le pertenecen "en propiedad. En esta virtud otorgúese el cor- respondiente titulo''. . . . f. 18. V. E. lo vé. Pertenecen en propiedad al Je- neral Diaz Velez los tez'renos que le fueron ven- didos por la viuda de Latorre, es decir, las do- ce leguas cuadradas que hasta con especificación de sus linderos designa la escritura de f. 5. La merced de Latorre que no necesitaba mas auto- ridad que la que en sí misma tenia, pasa sin em- bargo por la criba de la ley de 1830 y es reva- lidada en toda su integridad. Creada bajo el amparo de una ley, consolida- da mas tarde por otra, vienen igualmente dos Gobiernos, y el primero constituye la propiedad, y el segundo se obliga á respetarla ¿Qué se pue- de oponer entonces contra un titulo que ála au- toridad de la ley reúne la inviolabilidad de los contratos, como la sanción del tiempo? ■i﻿CAPITULO II Contrato con el Gobierno—Sus motivos determinantes—Situación que creaba el reconocimiento de la merced—Ro- sas—Los campos. Revalidada la merced, reconocida en toda su estensionla propiedad de Diaz Velez, tal como se la habia trasmitido la escritura de f. 5, su rea- lización sobre el terreno ofrecia empero incon- venientes que se encuentran prolijamente enu- merados en el escrito de f. 25, presentado por la Señora de Diaz Velez al Gobierno, y que se desprenden de los hechos narrados en los párra- f osanteriores. Piemos referido justificándolo con las cons- tancias de los autos y con la historia de nuestra lejislaciori de tierras, que la merced de Latorre fué desconocida en 1826; y que en esta situación Diaz Velez tuvo que pedir en enfitéusis sus pro- pios campos, al mismo tiempo que igual jestion hacían otros dos individuos, habiendo los tres hecho un acomodo para la ubicación de sus de- rechos enfitéuticos.—Parece además que la de- claración de ser los campos de propiedad pública habia atraído á ellos intrusos, como en estos ca- sos casi siempre sucede. F. 26. Así, pues, á mas de Diaz Velez existían á tí- tulo de enflteutas ó como intrusos poblados en los campos otras personas, quienes por trasmi- 27 ¡¿iones sucesivas de derechos eran en aquel mo- mento D. José Vidal, el Comandante D. Frau- cisco Aguilera, y por último el Brigadier D. Juan Manuel Rosas;—porque era también ne- cesario que este asunto, que marcha envuelto en todas las vicisitudes de nuestra histéria, re- cojiera al pasar un rayo de aquella siniestra fi- gura. El enfitéusis implicaba forzosamente la pro- piedad pública; puesto que era el Estado el que habia adjudicado aquel título—Volviendo hoy á surjir la propiedad particular, presentándose acatada y reconocida la merced áutes rechazada, el enfitéusis desaparecía, porque el Gobierno no habia podido conferirlo sino sobre tierras verdaderamente de su dominio.—Sublato jure dantis, tollitur jus adquirentis, dice la antigua regla de derecho, que las partidas traducen: "Ninguno pudo dar á otro que ha el."—Regla 12, tit. 34. Part. 7. rt Si la merced de 1819 era válida, no podían subsistir los títulos enfitéuticos conferidos por el Gobierno en 1826 sobre campos, que desde aquella lejana fecha habían salido del dominio del Estado. Pero los enfiteutas y los intrusos se dejarían pacíficamente desalojar? Abandonarían sus establecimientos, sin enta- blar reclamos por indemnizaciones que los pri- meros tenían derecho perfecto para exijir del Gobierno? El problema era todavía mas árduo, y las di- ficultades de su solución no se escapaban á hom-﻿28 brealguno de'esa época. ¿Emplearía con eficacia el Gobierno su autoridad para que tuvieran su realización completa los derechos que acababa de reconocer? ¿La emplearía contra Rosas, el terrible Comandante de campaña, entrando en lucha abierta con él á propósito de una misei'able cuestión de tierras? El Jencral Diaz Velez no quiso afrontar tan- tas complicaciones; y para librar al mismo tiempo al Gobierno de sérios embarazos, hace su esposi- cion en el escrito de f. 25 á f. 27, y concluye pi- diendo que se le transfiera la propiedad de es- tas tierras (las de la merced) á los terrenos que se le han conferido en enfitéusis sobre el Arroyo denominado "Quequen Grande",con un aumento de cincuenta por ciento. Reputo inútil el demostrar que, prescindiendo de las circunstancias especiales de este asunto, una propuesta semejante no era absolutamente onerosa al Estado. Los terrenos que abandona- ba Diaz Velez se hallan en el partido de Chasco- mús, á orillas del Salado y á una tercera parte de la distancia que hay entre Buenos Aires y los campos de Quequen, que hasta hoy después de treinta años son de los mas solitarios y salvajes que presenta la vasta ostensión de nuestra cam- paña lfl. El mismo Fiscal ha dicho (á f. 22 vta. de los autos corrientes) que la permuta de doce leguas á orillas del Salado por diez y ocho á una con- 19 Informe del Departamento Topográfico f. 30. 29 siderable distancia, no podría considerarse * ino equitativa. Bien pues; el Gobierno tramita la petición de Diaz Velez. Escucha al Departamento Topo- gráfico sobrejla situación de los terrenos (f. 30,) al Fiscal y al Asesor sobre las conveniencias de la permuta y los derechos permutados (f. 28 y 30); y concluye pronunciando con el dicta- men de ambos funcionarios su auto aprobato- rio. Por él declara "que la propiedad de las "tierras vendidas á, Diaz Velez por la viuda "de Latorre, es transferida con el aumento "propuesto á los campos de Quequen [f.30.] Este es el contrato que después de treinta y un años se encuentra sometido al juicio superior de V. E.; perfecto en su forma y aceptado por el Gobierno, después de una delibei'acion com- pleta.﻿CAPITULO III Objeciones—Argumento principal-Se lo convierte en un silojismo. Este contrato sin embargo suscita hoy obje- ciones, sin que haya alcanzado á ponerlo á cu- bierto ni su lejitiraidad manifiesta, ni la sanción que imprime el tiempo á los derechos adqui- ridos. Hé ahí lo que se dice condensando la argu- mentación opuesta en pocas palabras. Estas pa- labras pertenecen al Fiscal Dr. Pico que las es- cribió á f. 57, reasumiendo su pensamiento y co- mo quien lo presenta en su última y definitiva espresion. El nuevo fiscal aceptándolas como una fórmala, las ha reproducido igualmente á f. 131. Busco pues la objeción donde el adver- sario la ha preparado en todo su vigor, procu- rando grabarla de un modo duradero. El Fiscal Dr. Pico dice.... "Cuando la ley "de 7 de Julio de 1830 declaró válidas y ^sub- sistentes estas mercedes, el Jeneral Diaz Yelez "presentó su título al Juez de Ia Instancia y "tanto este majistrado como el Gobierno lo de- clararon comprendido en la ley. Este acto de "revalidación no alteró en nada la estension del "terreno, y tanto menos podría hacerlo, cuanto "el artículo 2o de esa ley disponía espresamente "que la "estension de cada merced se entenderá "¿er, la que se determine por una mensura que 31 "no esceda los límites que marque el título." "Solo se reconoció la validez del título —La es- ponsión del terreno estaba ya, fijada por la men- "sura de 1826 y el convenio de las partes intere- sadas.1' (F. 59.) Luego conducido por este encadenamiento de ideas tan especioso en la forma como fiilso en el fondo, el señor Fiscal concluye estableciendo; "que hallándose determinada la estension de la "merced por la mensura de 1í>26, y habiéndose "adjudicado á Diaz Yelez en esta operación tres "leguas y 157 milésimos en conformidad con "los términos de la propuesta, solo tenia dere- "cho á recibir cuatro leguas, setecientos treinta "y cinco milésimos en Quequen,' F. Gl vta. Lo demás, según el señor Fiscal, debe ser devuelto al dominio público. Asi pues para fijar viva y claramente la prin- cipal objeción del señor Fiscal, puedo despren- der el siguiente razonamiento que concreta lo transcripto. "Laleydel830 manda que la estension de las mercedes sea determinada por una mensura. La mensura de 1826 dió á la merced de Latorre una ubicación de tres leguas—Diaz Yelez no pu- do en consecuencia llevar á la permuta sino esta cantidad de terreno. El esceso ha sido el resultado de un error". F. 61. Como V. E. lo vé, no temo la dificultad, pues- to que la encierro espontáneamente en la forma mas contundente que puede asumir una demos- tración, imprimiéndole la concisión de un silojis- mo. De este modo también me constituyo en la﻿32 necesidad de dar una respuesta igualmente el ra, igualmente categórica, lo que por cier siempre se evita en las malas causas. CONTESTACION La mensura de 182G no dió á la merced de La- torre una ubicación de tres leguas—El razona- miento fiscal reposa sobre esta proposición que supone verdadera sin demostrarla,y que es abier- tamente falsa. En 182G la merced fue rechazada, la propie- dad particular que de ella se derivaba descono- cida, y declarados los campos de propiedad pú- blica.—¿Cómo podía ubicarse entonces un titulo por mandato mismo del Gobierno que lo habia declarado sin valor alguno?—La mensura de 1826 no tuvo entonces por objeto la merced de f. 1. tí Despliego las dilijencias de mensura y leo.— "Yo el agrimensor D. Francisco Mensura en cumplimiento de la comisión ordenada por el Superior Gobierno y con el conocimiento del Departamento Topográfico, con el fin de proce- der á la dilijencia de mensura, deslinde y amojo- namiento de los terrenos denunciados en enfitéu- sis"____f. 26. Luego entonces la mensura tuvo por objeto ubicar un titulo enfitéutico, y ñola merced. 5﻿34 Pero podía tratarse de ambas cosas á la vez? El enfitéusis otorgado por el Estado significa el dominio directo retenido en su poder. La mer- ced implícala propiedad particular omnímoda y completa; y la misma operación recayendo so- bre los mismos campos, no podia considerarlos al mismo tiempo como propiedad pública y co- mo propiedad particular. Así, en 1826 se trató del enfitéusis y no pudo tratarse al mismo tiempo de la merced. Yo sé, Exmo. Señor, todo lo que puede sujerir la pa- sión por los intereses fiscales, pues tengo en es- te momento delante de mí varios volúmenes es- critos por viejos jurisconsultos españoles, abo- gados oficiosos ú oficiales del fisco; pero por mas que el fisco inspire á sus buenos servidores, no se demostrarájamás que la mensura de 1826 tuvo por objeto fijar la estension de una mer- ced que es un titulo de dominio particular, y el enfitéusis que supone el dominio del Estado. § Este es el punto capital de la cuestión y V. E. me permitirá volver á insistir sobre él. Una vez establecido que en la mensura de 1826 no po- dia tratarse de la merced, y que no la tuvo en vista, el pleito desaparece y lajestion fiscal falta de consistencia se desvanece en el aire. Hemos visto por el parágrafo anterior que no puede sostenerse la afirmación opuesta, sin caer en la contradicción y en el absurdo; pero es po- sible llevar todavía mas lojos la demostración, 35 acudiendo á la constancia de los autos. V. E. acaba de leer la enunciación que hacen las mismas dilijencias de mensura; y en su corro- boración vienen los siguientes datos que no pue- den ser mas positivos. Io He citado ya el primer informe del Depar- tamento Topográfico dado en 1831, donde se encuentra la afirmación de los tres hechos—1° denegación de la propiedad particular en 1826. 2o denuncia y concesión del enfitéusis.... "en cuyo concepto fueron medidos, agrega el De- partamento, los tres terrenos como queda indica- do"—3o acomodamiento de los interesados, por- que el terreno no alcanzaba á llenar las tres de- nuncia, (f. 11 de los títulos). 2o La señora esposa del Jeneral Diaz Velez que en 1833 no podia tener la previsión de lo que hoy ocurre, derla al Juez de Ia Instancia... "Aunque estos terrenos fueron vendidos como de propiedad particular, mi marido tuvo que soli- citarlos en enfitéusis, por no haberse reconocido por el Gobierno la lejitimidad de los títulos con que la vendedora procedió á su enajenación, re- sultando que en esta clase se repartieron el ter- reno entre mi marido, Saenz y Vidal" (f. 16 de los títulos.) 3* En 1834, tiene lugar un comparendo ver- bal para arreglar el pago del campo con la viu- da de Latorre, y esponiendo los antecedentes del asunto, Diaz Velez recordó "que en tiempo de la Presidencia se desconocieron los derechos que habia adquirido á la propiedad del terreno,y se le obligó á tomar en enfitéusis la pequeña par-﻿30 te mensurada ásu favor."F. 20. 4o En el escrito de í. 25 que proponía la per- muta, vuelve á repetirse á f. 27 la misma esposi- eion. 5U En su último informe de 1834, f. 38. vta. délos títulos (de que luego hablaremos) el De- partamento Topográfico vuelve á repetir que el ''terreno fué medido y otorgado en 1820 en cali- dad de enjitéusís." Omito otras citaciones. Saliendo ahora de las estancias délos autos para desprender una consecuencia del desenvol- vimiento sucesivo de nuestra lejislacion sobre tierras, que he procurado describir, yo digo que lo que mejor demuestra el rechazo de las merce- des durante la Presidencia, es la ley reparadora de 1830. ¿Qué objeto habría tenido esta ley en venir á declarar la validez de las mercedes tan indisputable, por su lejitimidad como por su orí- jen, si es que no hubiera ocurrido su rechazo en la época anterior? Si Díaz Yelez hubiera obtenido el reconoci- miento de su merced en 1820 ¿qué intento lo ha- bría impulsado para someterla nuevamente á la tramitación impuesta por la ley de 1830? Así V. E. vuelve á tener nuevamente destrui- da la proposición fiscal. La mensura de 1820 ubicó derechos enjitétiticos que Diaz Velez pidió y obtuvo precisamente porque le fué desconoci- da la merced, titule orijinano de su propiedad. Queda también demostrado que no es posible fundar un argumento en el convenio celebrado sobre estos derechos, convenio que podía limi- tar el título enfitéutico, pero que dejaba incó- 37 lame la propiedad, puesto que de ella no se tra taba. § El artículo 28 «le lu ley de 1S30 no es upllcal>le "La ley de 1830 manda que la ostensión de "las mercedes sea determinada por una mensura. "La mensura de 1826 dié á la merced de L%tor- "re una ubicación de tres leguas. Diaz Yelez no "pudo llevar mas á la permuta." Vuelvo á poner por delante el razonamiento fiscal, porque quiero hacer notar todavía en él los siguientes vicios capitales, á fin de que no quede una f ola palabra que pueda servir de asidero á la réplica. Io El artículo 2o de la ley de 1830 manda que se fije la estension de cada merced por una men- sura que no esceda los límites del título, es decir, que se proponga realizar sobre el terreno el titulo de la merced; pero no por cualquiera mensura hecha en años anteriores para un objeto distinto. Esto es tan claro como decisivo. Luego el artí- culo 2o no puede ser ligado con la mensura de 1826. 2o Aplicándolo á una mensura y á hechos ocurridos en 1826, no solamente se violenta el sentido natural de este artículo, sino que con- tra todas las reglas se le dá fuerza retroactiva, como resalta por la sola confrontación de las fe- chas 20. 20 El artículo l'da la ley de 1830 habla especialmente de merce- des "no medidas;" y el artículo 2o se refiere claramente á mensuras que en adelante se practicarán.﻿38 Y saliendo ahora de un análisis tan minucioso para abarcar de una mirada el conjunto, conclui- ré' diciendo que el argumento fiscal es falso des- de su base,y que se halla muy lejos de tener el al- cance que ha querido imprimírsele. El Sr. Fis- cal hace depender la fuerza de la merced de la ley de 1830, cuando ella lo tiene del acto mis- mo de su constitución y del imperio de las leyes bajo las cuales se verificó. Aun cuando la ley de 1830 no hubiera existi- do, será indisputable la validez de la merced, en toda la integridad de su título. Esta propo- sición tiene por comentario, cuanto hemos dicho historiando las leyes de tierras desde 1818 á 1830. CAPÍTULO IV ARTICULO PRIMERO. Continúan las objeciones—El tenor de las declaraciones. Faltan todavía otros argumentos que puedo y debo contestar; pero ya la oposición fiscal desa- lojada de su posición principal ha perdido su vitalidad, y V. E. va á verla vacilar y caer. Di- cen los que saben estratejia, que el arte de las batallas consiste en apoderarse de un punto da- do, y que apenas conquistado, la victoria es in- falible. Otro tanto sucede en las cuestiones judi- ciales. Por vasta que sea la esfera que abar- quen, la dificultad es una, y prevalece en el pleito el que tenga la razón y el derecho para resolverla en su favor. En el párrafo del alegato fiscal antes transcrip- to asoma otro argumento que provoca una con- testación perentoria. Dice el Sr. Fiscal: "Que "tanto el Juez de Ia Instancia como el Gobierno, "solo revalidaron la merced, declarando lejíti- "mo su título, sin referirse á la estension de ter- reno que ella comprendia.1' Aunque esto fue- ra cierto, la observación no tiene trascendencia, una vez ya demostrado que la merced no puede ser rejida por la mensura de 1826. Pero hay algo mas que notar; y es que se in-﻿40 curre en una contradicción jurídica, lo que sor- prende tratándose de un jurisconsulto tan ver- sado como el Sr. Fiscal. Pues ¿qué significa tí- tulo válido, titulo lejítimo, sino aquel que debe producir un resultado completo, á no ser que se opongan los derechos mas fuertes de un terce- ro? De lo contrario, las palabras lejitimidad y validez serian vacias de sentido, si es que no sirven para garantir la integridad de los de- rechos. El señor Fiscal se pone también por otra par- te en contradicción con el tenor literal de las declaraciones que invoca. Omito el auto declaratorio de f. 20 vta., por que á veces es duro contestar con la evidencia palpable y saltante21—¿Pero no es igualmente claro, aunque no tan esplícito, el auto de f. 12 y f. 13 del Juez de 1. 14 Instancia? ¿No sucede lo mismo con el auto superior del Gobierno de f. 18? Uno y otro declaran que "los terrenos (pala- bras del 1?) vendidos al Jeneral Diaz Velezpor Da. Dionisia Marín le pertenecen en toda pro- piedad."—Ahora bien: los terreuos de esta venta son los que designa la escritura de f. 5; y allí yo leo que constituyen una estension de tres leguas de frente por cuatro de fondo, dentro de los lí- mites que se marcan. El señor Fiscal ha establecido, lo que puedo 21 Declaración do f. 20 vta. "Quo su ánimo al ospedir aquella "provtdencií^Cuü que toda la estension do los terrenos vendidos pertone- •'cian en plena propiedad al Jeneral Diiiz Vclez. agregando que sobre ; esto no ofrecía duda el decreto citado." 41 llamar valiéndome del lenguaje jurídico, un falso supuesto. í„:i clausula Din perjuicio <lc tercero—Saenz y Castro. La merced de Latorre, como todos los títulos de este jénero, se halla implícita y esplícitamen- te subordinada á la cláusula—sin perjuicio de tercero,—lo que solo significa decir que no pue- den sobreponerse á derechos ya adquiridos. Los señores Fiscales en varios pasajes de sus escri- tos, haciendo resaltar esta condición, han inten- tado convertirla en un argumento, para restrin- jir la estension de la merced. Esta objeccion aparece casi siempre velada en palabras de sentido incierto; y solo una vez en el escrito de f. 58 se ha presentado con formas mas definidas, enunciándose entonces los nom- bres de D. Anselmo Saenz, y D. Félix Castro, como que hubieran recibido otras mercedes idénticas. Esta sombra, mas que objeccion, traida de propósito para dar un fondo oscuro al cuadro, ha sido desvanecida victoriosamente por los he- rederos del Jeneral Diaz Velez á f. 104. Efectivamente aquí todo es hipotético; y lo que se avanza con aires de misterio, no pasa de ser una suposición gratuita. Para que la cláusula sin perjuicio de tercero obrara, disminuyéndola merced de Latorre—se- ria necesario justificar los hechos siguientes: 9﻿42 1 P Que existen las mercedes de Saenz y de Castro, produciendo sus titulos á la vista, por que el espediente no tiene la menor constancia al respecto. 2 P Que estas mercedes fueron dadas sobre los mismos terrenos que la de Latorre, porque si esto no fuese así, las unas no obstarían á las otras. 3 P Que dadas sobre los mismos terrenos, la ostensión que en ellos había de propiedad pú- blica, era insuficiente para ubicarlas á todas— ¿Qué ostensión tenian las verdaderas 6 supues- tas mercedes de Saenz y Castro, puesto que no es forzoso que todas hayan sido acordadas con doce leguas cuadradas como la de Latorre? 4 P Que las mercedes de Saenz y Castro han sido anteriores en fecha á la de Latorre, es de- cir, al 27 de Julio de 1819; porque de lo con- trario, esta no habría sido dada contra derechos existentes, y la cláusula "sin perjuicio de terce- ro" inserta en todas las mercedes, en vez de per- judicarla, constituiría entonces su mas poderosa defensa. 5 P Que una vez justificada la constitución anterior de estas mercedes, y la imposibilidad do ubicar todas en su integridad, se hayan por fin deducido en tiempo las acciones correspon- dientes, porque los derechos que no so jestionan, se hallan sujetos á la prescripción que los estin- gue. 6 P Que estas acciones en fin hayan sido en- tabladas, ó lo sean hoy por sus verdaderos due- ños, puesto que la jestion de los derechos parti- culares no produce acciones públicas, y el Fisco 43 no es representante ni heredero de los señores Castro y Saenz. Ei acti'o, cuijas.—Incumbe laae- cion, al que tiene el derecho de donde se de- riva. ¿Qud hay de todo esto en los autos? §• Consejo fiscal—Conflicto de terrenos. Es imposible también asentir á la grave y so- lemne advertencia con que termina el Sr. Fis- cal, cuando dice que si se reconocen los dere- chos sostenidos por la testamentaria del Jeneral Diaz Velez, surjiria la necesidad de completar las mercedes de Saenzyde Castro: f. G2.—Nada en efecto es mdnos atendible. Primero, porque no ha demostrado tal necesidad; y sobre todo, porque no puede jamás presentarse como un peligro, el administrar justicia á los que la tengan. Pero, estas no son mas que pinceladas hábil- mente arrojadas por el abogado del Fisco para producir impresión: y yo hago mal en sujetar á la crítica jurídica, lo que no ha sido indudable- mente en su intención mas que un adorno ora- torio de su escrito. Es la peroración con sus movimientos apasionados. Supuesta la vei'dad de lo que avanza el Sr. Fiscal, las mercedes de Saenz y Castro habrían sido dadas desde 1819 á 1822.—Y ¿cómo el Sr. Fiscal podría olvidar que la prescripción es un derecho para el Estado, como para el particu-﻿44 lar, y que no hay acción de este jénero que pueda prolongar su existencia, mas allá de cua- renta años? No concluiré este punto, sin decir á V. E. que yo no comprendo estos conflictos artificia- les que quieren hacerse sobre los terrenos; y que lo comprendo menos, trayéndolo á ser apre- ciado por la historia de nuestra lejislacion de tierras. Lo he recordado antes, y vuelve á servirme en este momento: el decreto de 17 de Abril de 1822 prohibió que se admitieran denuncias y que se estendieran títulos sobre terrenos; y dos meses después el decreto de 21 de Julio inhibía terminantemente toda enajenación, lo que sub- sistió hasta 1829. Ahora bien; la escritura de f. 5 fué otorgada en Noviembre del mismo año 1822.—El campo de la merced de Latorre era conocido, puesto que ¿1 lo había poblado; y ¿sabe V. E. cuáles eran sus linderos? Fuera de unos campos de propiedad particular, todos los demás limítrofes eran baldíos! Así no habiendo podido hacerse ninguna ena- jenación posterior, es claro que si la mensura de 1826 hubiera tenido por objeto el ubicar la merced de f. 1. * j habría encontrado terrenos sobrados en que verificarlo. Yo comprendo el conflicto sobre el enfitéu- sis, porque una vez desconocida la merced, y vueltos por esta injusticia al dominio público vos campos déla "Tapera de Ponce de León," todos los que se presentaron sobre el mismo ter- 45 reno para hacer la mensura, podían tener títulos enfitéuticos de la misma fecha, y haber sido á mas anticipados por otros. Hablando de este modo, no aventuro una conjetura, porque cuan- do se repartían los terrenos los tres enfitéutas, sobrevino un cuarto, D. Juan Planes, protes- tando y diciendo que él habia también denun- ciado una parte de ellos. (Dilijcncia de men- sura, f. 28 vta. de los autos corrientes). RESUMEN. Recapitulemos este capítulo como lo hemos hecho con los anteriores. Queda, pues, demos- trado : Io Que la mensura de 1826 no tuvo por ob- jeto la merced de Latorre; y que no puede pol- lo tanto aplicarse á esta operación el art. 2° de la ley de 1830. 2o Que el argumento basado en esta ley pres- cinde sin razón de la lejitimidad anterior de la merced. 3o Que la merced fué reconocida íntegramen- te en toda la estension que ella designa; y que habia terrenos sobrados para ubicarla. 4o Que la cláusula—"sin perjuicio de ter- cero"—no le infiere diminución alguna. Las dificultades se hallan resueltas, y puedo﻿46 afirmar con verdad completa,—que Díaz Velez llevó á la permuta con el Gobierno, un título de tres leguas de frente por cuatro de fondo. Vol- veremos á encontrar la misma conclusión, exa- minando bajo otra faz el asunto. SEGUNDA PARTE. XUEVA FAZ DEE ASISTO. CAPITULO PRIMERO é El título es un error i Fáltanme todavía algunas pajinas de los títulos por recorrer, y habia reservado su exámen para este momento, porque quiero esponerlas con- testando al mismo tiempo otras objeciones del Sr. Fiscal. De este modo, la monotonía de la narración se animará con el debate. El Sr. Fiscal se espresa del modo siguiente en el escrito que el Gobierno ha convertido en sentencia: " Esta es la razón del titulo (habla del contra- " to con el Gobierno) un error, y un error pro- ducido, porque en el espediente en que se " pidió la permuta, no existían la mensura y con- " venio de 1826, que ahora han sido agregados " en copia por el Departamento"—f. 61—Luego en un párrafo posterior agrega el Sr. Fiscal : '' que este error debe ser atribuido á la ignoran-﻿48 "ciadelo que habia pasado en el acto de la "mensura de 1826," para concluir diciendo, " que si so hubiera tenido esto presente, Diaz " Velez en vez de 18, solo habría recibido cuatro " leguas, setecientos treinta y cinco milésimos " en Quequen'-—f. 61 vta. Es únicamente á nombre de estas ideas que se ha suscitado la cuestión—Así, V. E. debe notar que durante la primera instancia no se ha promovido acción alguna de aquellas que el de recho conoce para revocar-un contrato ó modi- ficar sus efectos. Por el contrario se reconoce su validez, atacando tan solo la liquidación que se practicó para realizarlo, como un error de suma ó de cálenlo, debido á la ignorancia de los ante- cedentes, error que puede ser rectificado en cualquier tiempo. Veamos ahora lo que hay de cierto en la afu-- macion del Sr. Fiscal. Contestación. Desde luego sin necesidad de volver otras pajinas del espediente y ateniéndonos á las que hemos recorrido, puedo contradecir victoriosa- mente al Sr. Fiscal. Antes que el Juez de Ia Instancia y el Gobier- no, se pronunciaran revalidando la merced, el Departamento Topográfico agregaba al espe- diente su informe de f. 11; y allí se encuentran las palabras que tantas veces he mencionado, y 4 0 en la que se relatan del modo mas esplícito los dos hechos que supone el Sr. Fiscal ignorados por el Gobierno—la mensura de 182G—y el arreglo en ella hecho por los eufiteutas. Por dos veces, Exmo. Señor, examinó el Gobierno y mandó examinar por su Asesor y Fiscal el espe- diente donde se halla este minucioso informe, Io para revalidar la merced—y 2o cuando se propuso la permuta. Algo mas; cuando se presentó el escrito de f. 25, con este último objeto, la señora de Diaz Velez hace mención esplícita de los eníiteulas existentes en el terreno, y dice que acompaña el espediente del enfitéusis—(Véase f. 26 y f. 27). V. E. dirá que datos tan positivos bastan para mostrar que no se ignoraron en 1S34 los hechos que hoy se objetan ; pero las piezas del proceso me abren camino para ir mas allá, y poner de manifiesto que no solamente se conocieron aque- llos hechos,—sino que ellos provocaron la misma discusión que hoy se suscita después de treinta años, rompiendo hasta el sello de la cosa juzga- da, porque entonces fué y quedó definitivamente resuelta. Este desenvolvimiento, es á la verdad curioso é imprime un nuevo carácter á la discusión, dan- do á la defensa la base mas consistente del de- recho.﻿50 §■ Pleito aiiíiguo—Pleito nuevo—Su identi- dad—101 Fiscal reproduce la oposición de 1884— El Dr. Agrclo y el Departa- mento Topográfico—Resolución del Go- bierno. Dejamos el examen de los títulos á f. 30 después que el Gobierno aceptó, por la resolu- ción que contiene esta pajina del espediente, la permuta que le propusiera el General Diaz Velez. El título por doce leguas cuadradas á orillas del Salado y en el centro del Sud de la campaña, se transfiere por otro de diez y ocho á enormes y peligrosas distancias, en los campos solitarios de Quequen. (Palabras del Fiscal, Dr. Agrelo, f. 28 vía.) Es necesario por lo tanto medir estos últi- mos; y á la mensura debe preceder la liquidación formada por el Departamento Topográfico, con arreglo á la base sobre la que ha sido calcada la permuta. El Departamento practica esta operación; y tomando por punto de partida la mensura de 182(5, y el terreno enfitéutico que en ella fué ad- judicado á Diaz Velez, concluye diciendo, que la nueva propiedad de éste sobre el Quequen debe componerse de cuatro leguas mas setecientos ireinta y cinco milésimos—(Véase los informes 30 y f. 29.) 5Í El Departamento no entendía la nueva si- tuación del asunto; y sin preocuparse de los de- rechos que el reconocimiento de la merced ha- cia dos veces inevitables, salia del terreno jurí- dico que le era desconocido, para entrar en su jurisdicción de superficies y de líneas, acudien do á la mensura de 1826, que era el anteceden- te que conservaba en sus archivos. No era este el mismo intento que hoyse re- suscita, subordinar la merced de f. 1. d á la mensura de 182G? Pero vamos adelante. ^ Conocida la liquidación, la señora de Diaz Velez, se apresura á protestar contra ella, y pi- de, f. 32, esponiendo en su verdad los hechos, la rectificación necesaria.—El Gobierno acusado hoy de ignorancia y de error, lo que casi siem pre presupone omisión culpable, no quiere pro- ceder con lijereza y escucha por segunda vez á su Asesor y á su Fiscal.—Estos refutan la equi- vocación del Departamento, y aconsejan que se corrija la liquidación poniéndola sobre su verda- dera base, es decir, la merced de f 1. rt en toda su ostensión de terreno.—El Gobierno lo ordena- f. 30. La base de la liquidación ha sido pues suje- ta á un nuevo examen, viniendo otra vez á pre- valecer tras de la contradicción. §• Pero no es esto todo—El Departamento vio- lentándose, ejecuta la rectificación de f. 3G para obedecer la resolución superior; pero él ha﻿52 puesto amor propio en este incidente; cree tai- vez que no tomándose en cuenta la mensura de 1826, es desoído en un punto de su competen- cia; y V. E. vá á verlo, venir tenaz por segunda vez á la cuestión, asiéndose de la primera oca- sión que se le presenta. La mensura se practica: f. 37; y el Departa- mento informa contra ella, presentando el esteu- so y nutrido alegato que corre de f. 38 á f. 40— Allí se encuentra todo el arsenal de argumentos vuelto hoy á desplegar como flamante, cuando solo se ha practicado su exhumación. El Departamento concreta cuanto V. E acaba de escuchar en la oposición fiscal—Consig- na como punto de partida la mensura de 1826, la adjudicación de tres y mas leguas que en ella se hizo á Diaz Velez, refiriéndose para el com- plemento de los antecedentes á su estenso infor- me de f. 11, dónde se relata el convenio de los interesados Saenz, Diaz Velez y Castro—Entra luego al terreno jurídico; invoca la ley de 1830, transcribe su art. 2. ° para concluir afirmando que "al practicar su primera liquidación habia procedido en conformidad con los antecedentes del asunto y con el tenor literal de la ley de la materia."— Suprima V. E. desenvolvimientos que una discusión mas estensa hacia necesarios; y ¿no es esto sustancialmente lo mismo que se encuentra en el escrito fiscal de f. 58, que ha determinado la sentencia? Hay mas; y para que la identidad sea com- pleta, para que uno y otro escrito se asemejen 53 como la copia y el orijinal, V. E. encuentra en ellos hasta la insistencia sobre los mismos deta- lles.—El Departamento se vuelve contra clJuez del. rt Instancia que pronuncié la declaración de f. 20 que no era absolutamente necesaria, como lo he demostrado; y el señor Fiscal la ataca también con igual vigor f 60, ignorando el uno, y olvidando el otro la facultad que la ley 3, títu- lo 17, P. 3. * "acuerda al juez para mudar después las palabras de su juicio y poner otras mas opuestas." ¿Como ha podido decir entonces el señor Fiscal, que el Gobierno, el Asesory el Fiscal de aquella época procedieron por error, y que este debe atribuirse ala ignorancia de los anteceden- tes? § El Departamento con su escrito de f. 138 y con su oposición sistema'tica mostraba en verdad su celo; pero mostraba al mismo tiempo la pruden- cia con que las leyes de su institución le prohiben salir de lo puramente facultativo, para entrar en apreciaciones de derecho. El Departamento no comprendía que con los propios datos por él suministrados, se refuta- ban sus conclusiones. Puesto que él mismo esta- blecía que las tres y mas leguas le habían sido entregadas á Diaz Velez en la mensura de 182G no por la merced, sino en calidad de oi/itéusts, según sus propias palabras (f. 38 vta.), venia por﻿54 lo tanto tí resultar inaplicable el artículo 2 ° cíe- la ley de 1830. El Departamento comprendía menos las rela- ciones de derecho, y las complicaciones en los hechos que snrjian forzosamente, después de ha- berse declarado válida y subsistente la merced de 1819. El Gobierno sin embargo se detuvo ante la reiterada oposición del Departamento y sus ra- zones; y antes de concluir el asunto, sintió la ne- cesidad de provocar una tercera discusión. El Departamento debia encontrar por adver- sario al Dr. Agrelo. El Fiscal Doctor Agrelo comprendió con su criterio jurídico, cuánto ha- bía de falso en las deducciones del Departamento, abarcando con una mirada el conjunto legal del asunto. Asi el Dr. Agrelo opuso á la argumentación del Departamento— 1 ° —Que la propiedad originaria de La- torre era de doce leguas, y que asi había sido transferida á Diaz Veloz. 2 ° —Que los autos y declaraciones prece- dentes la habían reconocido en toda su inte- gridad. 3 ° —Que el enfitéusis acordado en estos campos había procedido de un concepto equivoca- do, reputándolos como del dominio público cuan- do eran de propiedad particular; y que pol- lo tanto una vez reconocida la merced, era in- cuestionable el derecho que tendría Latorre, sus herederos, ó representantes para recobrar aque- llos terrenos suyos, dejando sin efecto los enfi- 55 túusis concedidos bajo un error. (Con esto se eontesta á la pregunta sobre lo que dejó Diaz Velez en la Tapera. Dejó el campo que él, Saenz, Castro y Planes ocupaban como enfiteu- tas.) 4 ° —Que era por íín esta última, una de las razones que habían inducido la permuta, para evitar los pleitos y reclamaciones de los enfiteu- tas desalojados. Pero se me dirá entonces que si el señor Fiscal ha tomado al Departamento Topográfico su oposición y sus razones, yo también he calca- do el sistema de esta defensa sobre los puntos magistraímente señalados por el Dr. Agrelo. No lo niego, Exmo. Señor, y para hacer mas comple- ta mi confesión, pido á V. E. se sirva permitirme que transcriba literalmente y en toda su severa energía el largo párrafo que acebo de numerar y dividir en cada uno de sus periodos. § Escrito del Dr. Abrelo. "El Fiscal en vista de la mensura practica- ba. ... y de lo espuesto por el Departamento "Topográfico dice: "que el espediente por aho- "ra en el estado que tiene, no permite insisten- "cia alguna sobre el pensamiento que vuelve á "objetar dicho Departamento de que Diaz Ve- "lez no tenia en su poder toda la propiedad que "compró á la viuda de Latorre, y que por lo "mismo no debe compensársele, sino el terre- "no que componía la estancia que tenia estable-﻿5G "ciday que lia pedido con esta fecha D. Juan "Aguilera en espediente separado que el Fiscal "despacha. "Desde que está justificado por autos y de- claratorias obtenidas que la propiedad orijina- "ria de Latorre era de 12 leguas cuadradas y "que solo por equivocación de un concepto erra- ndo se presentaron por baldíos dichos terrenos "por los denunciantes que los ocupan en el dia "en enfitéu8Í8, es incuestionable el derecho que "tendría Latorre, y sus herederos para recobrar "aquellos terrenos suyos, y dejar sin efecto los "enfitéusis concedidos en un concepto equivo- "cado.—Este es el mismo derecho que tiene hoy "D. Eustoquio Diaz Vclez, comprador de aque- "11a propiedad y á quien se le ha mandado sus- tituir en otro lugar; no en la pequeña parte que "le habían dejado al dueño los intrusos, sino en "toda la estension orijinaria que tuvo dicha "propiedad;—para evitar así pleitos y perjui- "ciosque serian consiguientes á los hacendados "establecidos sobre la buena fé de unas conce- "siones enfitéuticas hechas bajo todas las formas "legales. Por estos principios, fué que el Fiscal "dijo en su anterior respuesta que el Departa- mento se habría equivocado en la instrucción "dada al Agrimensor que debia medir los cam- "pos nuevamente concedidos al Jeneral Diaz "Velez: porque después de todos aquellos ante- cedentes, juicios y declaraciones executorias, no "podría ya haber lugar á insistir en aquella pri- "mera idea que les era contraria." f. 42 vía. 57 §• El Asesor encontró desvanecidas con la ré- plica fiscal las objeciones del Departamento Topográfico; y el Gobierno entonces yá sin va- cilar, profundamente penetrado de loque hacia, pronunció su auto que se halla firmado por el Jeneral Viamont, y su ministro el jurisconsulto Dr. D. Manuel García f. 43 vta. La base de la liquidación fué por tercera vez aprobada, y con ella la mensura que la había realizado sobre el terreno. Se otorgó por el Gobierno la escri- tura que hoy encabeza los autos corrientes; y bajo el amparo de la fé pública, de la inviolabi- lidad de los contratos, y de la lejitiinidad de an- tiguos derechos principió una posesión que ha durado ya treinta y un años en la familia del Jeneral Diaz Velez. I ló ahí, lo que se intenta conculcar. 8﻿CAPITULO II RESUMEN Cosa juzgada. Así, Exrao. Señor, las buenas causas pueden convertir en medios de defensa, los argumen- tos mismos de sus opositores. El Sr. Fiscal ha- biéndonos de la ignorancia y del error de los que celebraron el contrato de 1834, nos ha con- ducido tí buscar en aquel entonces la misma dis- cusión que hoy mantenemos—hasta dejarla de- finitivamente juzgada y resuelta; al mismo tiem- po que he tenido oportunidad para vigorizar con nuevas reflexiones mis anteriores respuestas. Entro ahora en un nuevo orden de ideas, pa- ra concretarlas rápidamente. Si el Gobierno tiene hoy competencia para dar la sentencia que motiva esta apelación, tú- vola también en 1834 para pronunciar el auto de f. 43 que cierra los títulos, tras del debate contradictorio que lo precedió. Siempre nues- tros Gobiernos han sido jueces de lo contencioso administrativo. Siendo así, la escepcion de la cosa juzgada, so presenta por si misma. ¿Cuales son sus condicio- nes? La ley Romana lo decia. Exceptio rei jud¿ca- tee obstat,quoties ínter eetsdempersonas eadem ques- 59 i ¿o revócala)', vel alio genere judie i i\ y nuestras le- yes lo han repetido ■*. Así, para que la escepcion tenga lugar se requiere, 1. ° identidad en la cuestión, 2 ° iden- tidad en las personas, objetiva y subjetiva, como la llama Savigni 2S. Hay aqui identidad en las personas, puesto que solo intervienen hoy, como intervinieron en aquel entonces —el Fiscal, y los representantis de Diaz Yelez.—El Gobierno ¿que ha hecho pa- ra pronunciar su sentencia? Escuchar al Fiscal, al Asesor, yrecojerlos informes del Departamen- to Topográfico. V. E. acaba de leer el relato del espediente seguido en 1834. Hay identidad en la cuestión, como en la ma- teria sobre que versa y en su objeto; puesto que no se ha deducido acción alguna que tienda á invalidar el contrato; y solóse trata como se tra- tó en 1834 de rectificar la base de la liquida- ción, que hoy como entonces se suponia equi- vocada, produciendo las mismas consideracio- nes. Pero se dirá—Hay diferencia en los roles que desempeñan las partes —En 1834, el Fiscal sostenía la liquidación; hoy la ataca. Jamás, dice Savigni, esta circunstancia "la diferencia de los roles puede impedir la escepcion ó replicacion de la cosa juzgada.'''1 La contestación del gran ju- risconsulto, que tan profundamente ha tratado esta materia, es absoluta; y á la verdad que no se necesita un esfuerzo de meditación para ad- 22 Ley 7 pr. de exerf. Ley 19 tít. 22. Part. 3*. 23 Savigni Droit Romain tomo 6" pa'j. 412.﻿00 vertir que el cambio de los roles solo es un acc-i dente, siempre que permanezca uno mismo el fondo de la cuestión -4. Por otra parte—¿La ley de 1830 tan invocada por los Fiscales, no defería al Gobierno el jui- cio último y definitivo sobre la revalidación de las mercedes? Luego entonces, la escepcion déla cosa juzga- da puede ser doblemente invocada en este asunto—Io respecto del auto superior que revali- daba la merced en toda su ostensión, desde que concluía declarando á Diaz Velez propietario del terreno que le habia sido vendido por la es- critura de f. 5; auto pronunciado por el Juez Su- premo que la ley misma designaba, y que no puede por lo tanto ser contestado en tiempo al- guno. La escepcion, como acabamos de verlo,se apli- ca igualmente á los autos posteriores, corrijien- do la primera liquidación del Departamento, y aprobándola después en su forma difínitiva con la mensura,que puso á Diaz Velez en posesión de las diez y ocho leguas de la permuta. §• Relimen-Elisión «le los Tribunales. Apenas necesito designar las consecuencias, que derivándose lógicamente de lo espuesto, vienen á cerrar esta parte de mi escrito. Es falso que en 1834 se hayan ignorado los 2i Savign! páj. 421. Gl antecedentes que hoy figuran en la discusión. Ja- más hubo un contrato mas debatido, y pocos se presentarán mas favorables al Estado. Escuchan- do al Dr. Agrelo, hemos penetrado intimamen- te en los motivos que lo determinaron, abrién- donos de este modo nuevos puntos de vista, pa- ra mejor apreciar tanto su conveniencia, como la lejitimidad de la base bajo la cual se efec- tuó. liemos visto que no se adoptó aquella base ni por impremeditación ni por error. Las obje- ciones del Sr. Fiscal fueron opuestas en 1834: y después de haber sido discutidas, el Gobierno las desechó por una resolución definitiva tres ve- c es reiterada. El Gobierno declaró á Diaz Velez propietario de un título de doce leguas cuadradas, 1. ° cuan- do lo revalidó, f. 18; 2. ° cuando admitió la per- muta, tomando este titulo por base, f. 30 vta; 3. ° cuando[rechazó la primera liquidación del Depar- tamento Topográfico, f. 34 vta; 4. ° cuando pro- nunció por fin su auto de f.43. vta. aprobando la mensura y ordenando el otorgamiento de la es- critura de permuta, bajo la base declarada, des- pués de haberla impugnado el Departamento y defendido el Fiscal. Luego entonces la base de la liquidación, Diaz Velez llevando á la jiermuta un titulo reco- nocido de doce leguas, es un hecho que no puede ser hoy removido, sin violar las sentencias que lo declararon. Este hecho se halla después de treinta años puesto bajo la autoridad de la cosa juzgada; esa^fuerza incontrastable de laley,como﻿G2 la define Zacarías, que proteje los juicios con- tra todo ataque y toda modificación,á fin de evi- tar el mayor de los males, la incertidumbre de los derechos *5. Asi, esta cuestión vendrá á morir ante V. E. que es su Juez natural. Los altos Tribunales de Justicia representan el poder conservador de la Sociedad: porque son custodios de la cosa juz- gada, como de las otras instituciones civiles que tienden todas á consolidar la propiedad, 6 impri- mir estabilidad á los derechos individuales que desarrollándose bajo su protección y con el tiem- po, forman los grandes intereses sociales. 25 Véase también Savigní Droit Romain tomo 6« páj. 251. TERCERA PARTE CAPITULO Io Y UNICO PRIVILEJIOS FISCALES. Me apresuro, Exmo. Señor, á concluir porque mi trabajo se halla verdaderamente terminado. Es inútil que recorra mas espacio en la discu- sión,que el que V. E. debe abarcar,antes de venir á pronunciar su superior fallo—El pleito se mide por la acción deducida que le ha dado orijen; y V. E. ha visto como se hallan convencidas de falsedad y de impotencia las imputaciones he- chas al contrato do 1834, y á la liquidación sobre laque este se verificó, al hacer efectiva la permu- ta de las tierras. Se ha atacado únicamente la base de la liqur dación como un error que no podia perjudicar, porque era un error de hecho debido á la igno- rancia de los antecedentes, y sujeto por lo tanto á ser rectificado en cualquiera tiempo. He con- cluido pues, con el Sr. Fiscal, habiendo demos- trado que si hay algo evidente en el presente asunto, es precisamente la proposición opuesta. Pero quiero todavia ir mas allá, y dejar esta- blecido que el pleito es de tal manera imposible,﻿64 que no hay en nuestro derecho camino «abierto parala acción fiscal. §• ¿Hay prescripción contra oí Fisco? Cuando el Fisco reviste personería civil, cuando jestiona, ó cuando contrata, no puede tener superior justicia á ta justicia común. Uno de los antiguos Presidentes de este Tribunal lo ha dicho tan bella como profundamente:—"La "detestable desigualdad que resulta de los pri- "vilejios del fisco, debe ser cuanto antes abolida "en nuestro Estado, si aspiramos á la libertad "civil que solo puede afianzarse, cuando la ley "que á todos toca, obligue también á to- dos" 2S. Pero entre tanto, esos privilejios tan contra- rios á los principios de la justicia como á los progresos económicos de la sociedad, se hallan escritos en nuestras leyes; y tal impresión de pa- vor han dejado en la conciencia pública, que se tiende mas bien á exaj erarlos. Aborda el Fisco una jestion cualquiera; triunfará, se dice, porque es difícil sobreponerse á sus privilejios en una discusión judicial. Examinemos, pues, brevemente los privilejios fiscales en la relación que pueden tener con este asunto. He invocado yo, por ejemplo la cosa juzgada, la prescripción, doble sanción de la ley y del tieni- 2G Castro, Practica forenso pa'j. 4.1 núm. 155. G5 po; y solo habría escrito palabras inútiles, si fuese verdad que son imprescriptibles los bienes del Estado. ¿Pero es cierto que el tiempo que todo lo puede, sea impotente para con el Fisco? Decididamente, no. La ley 1. * tit. 17 Part. 2. =* ha dicho efecti- vamente—"Que la heredad del Rey no se pier- "de por tiempo que ta hubiesen tenido;1' pero esta ley provoca dos contestaciones, que son pe- rentorias. 1. ° Solo habla de los bienes pertenecientes al patrimonio del Príncipe; y las mismas leyes de Partidas han distinguido perfectamente estos bienes, de los de la Nación ó del Estado. (Véa- se la misma ley en su principio). 2. ° Suponiendo que la ley comprenda unos y otros bienes, no por eso es menos inaplicable. ¿Por qué no se pierde por el tiempo la heredad del Rey? La misma ley lo dice continuando:— "porque no se puede enajenar;" y cuando se tra- ta de las cosas que se hallan fuera del comercio de los hombres, faltan los términos hábiles para la prescripción, puesto que no puede poner sobre ellas su sello la propiedad particular. La enajenación de los bienes públicos nos sa- ca, pues, del terreno de la ley de Partidas, que como lo dice uno de sus nuevos anotadores, so- lo ha quedado como un monumento de otros tiempos 2T. Una ley de las Ordenanzas reales ha restrinjido 27 Gómez de la Serna. Sobre esta tojr y la siguiente. FAa. do 1849. 9﻿GG también la disposición de "las Partidas, cuando dice: — "Las otras leyes que mandan, que las co- rsas del Rey no so puedan ganar por tiempo, que se entiendan de los tributos ó pechos que nos son debidos" 28. Pero es inútil fatigarse en esta discusión del Siglo XIII. La cuestión, si cuestión hay, des- aparece ante disposiciones espresas de la ley de Indias—Confiéselo, Exmo. señor; iba á decir ante la Constitución, ante la República; pero estas mismas controversias ¿no prueban que la Constitución y la República se hallan muy lejos de presidir todavía los hechos de la vida real? La ley 14, tít. 12, lib. 4 R. I. declara del mo- do mas esplíeito que los poseedores de baldíos, suelos y tierras pueden ampararse con la pres- cripción contra las jestiones fiscales. — El Fiscal del Tribunal Dr. Torres ha citado ante V. E. en otra ocasión, y con el mismo propósito esta ley, invocando al mismo tiempo el art. 4? déla instrucción de 15 de Octubre de 1754. § ¿Cuáles son estos privilejios? Los privilejios del Fisco que pudieran tener aplicación á la cuestión presente son los si- guientes: 1 9 La enmienda contra los fallos que le son adversos. 28 Ley 6 tit. 13 lib. 3.» O. R. y ley 4 lil. 8 lib. 11 X. I?. G7 2 ? La acción restitutoria concedida al Fisco, en su calidad de menor. Los otros privilejios como los que tiene el Fisco, para la recaudación délas contribuciones, cobro de sus créditos y otros mas que seria inú- til enumerar, no se relacionan absolutamente con nuestro objeto—Así, solo voy á analizar los dos que acabo do señalar. IV. . Sentencias contra eí fr'isco. Escribo, Exmo. señor, el presente capítulo para venir bajo un plan coordinado á tratar este punto—Me permito llamar la atención de V. E. La ley 19, tít. 22, partida 3. «■ es la ley de la materia. Si fueran verdaderas las afirmaciones fiscales; si fuera exacto que se aprobó la liquidación de 1S34 por ignorancia de los antecedentes, y poí- no haber tenido preséntela mensura de 182G, "que hoy recien se ha agregado á losautos," es evidente entonces que tendríamos un caso reji- do por las disposiciones de esta ley. El señor Fiscal después de haber establecido las proposiciones que he refutado en este mani- fiesto, debió haber concluido, citándola. La ley habla de las sentencias que fueren pro- nunciadas, "contra el Rey, sus personeros, ó en pleitos que perteneciesen á su Cámara ó su se- ñorío," cuando ellas lo han sido por falta de do- cumentos ó pruebas "que/ueesen átales, que si el﻿C8 juzgador las o vi esse visto, ante que el juicio dies- 8e, que juagara de otra manera." Parece, pues, que el señor Fiscal hubiera es- crito sus frases para calcarla? sobre esta ley. Es de este modo como ha atacado la resolución de f. 43 vta. y las anteriores que dos y tres veces aprobaron la base de la liquidación, con arreglo ala que se realizó la permuta.—Alli está su es- crito, f. 61; alli están las transcripciones que por reiteradas veces he hecho. El caso del señor Fiscal es el caso de la ley— Veamos ahora lo que la ley dispone: "Ca estonce, si fuessen falladas, continúa es- "ta, tales pruebas, bien pueden usar de ellas, pa- "ra desíácer el juicio que fué dado contra él, "fasta tres años, desde el dia en que fué dada la "sentencia."......¡Setiembre de 1834! La ley declara después perpetúala acción, cuando hubo dolo, ó el personero del Fisco hizo engaño. Pero, según la regla de derecho, el dolo nunca se presume, y mucho menos tratán- dose de uno délos altos Poderes del Estado. Este parágrafo es el complemento de cuanto he dicho en la segunda parte. — Pobre, muy po- bre debe ser una oposición que después de ha- ber acumulado todos sus recursos, solo alcanza á llegar hasta una ley que la rechaza! 69 V. Acción restitutoria—iiey de 7 de Octubre de 1838. No me detendré, Exmo. señor, sino un mo- mento. Por mas que los señores Fiscales han hablado alguna vez de los grandes daños inferi- dos al Estado, por el contrato de 1834, no se han atrevido sin embargo á deducir la acción restitutoria que la ley 10, tít. 10, partida 6 63 acuerda para estos casos al Fisco, en su calidad de menor. Asi, pues, solo hipotéticamente puede tratar- se de la restitución in intregrum; desde que du- rante el proceso »*V se discute solo la acción de- ducida. Es un principio invariable y una disposi- ción terminante de nuestras leyes, que la senten- cia debe conformarse con la demanda, bajo pena de nulidad 2". Pero quiero demostrar á V. E. que no se ha deducido la acción restitutoria; porque tal ac- ción es imposible. Seré muy breve. La primera condición de la restitución, es un daño esperimentado, una lesión 30. Ahora bien. ¿El contrato de 1834 infirió daño al Estado? Su- ponerlo, seria lesolver la cuestión por la cues- 29 Ley 1<5, tit. 22, portida 3. 9 Castro—Práctica, páj. 72. Cañada juicio ordinario. P. 1. Cap. núm. 17 y siguientes. 30 Lev 6 ? iu line y Ley, 10 tit. i9—Partida 6. «■ .﻿70 tion, y dar por establecido, lo que precisamente se niega y debe probarse. La acción restitutoria no nos haria sino jirar al rededor de un círculo vicioso.—Es incondu- cente. Pero, voy adelante—La restitución disuelve el contrato; pero á condición de volver las co- sas á su estado primero 3'. Cuál era este esta- do para Diaz Velez? El Dr. Agrelo lo lia des- cripto—Tenia un título revalidado y reconocido por doce leguas, para ser ubicado en los cam- pos que debían desalojar los enfite'utas. El en- fitéusisdado bajo un falso concepto, como decia aquel jurisconsulto, debia retirarse ante la pro- piedad lejítima. ¿Puede el Fisco volver esta situación para los herederos de Diaz Velez? Hoy irían ellos á es- trellarse contra una posesión de treinta años, con buena fe y justo título. La restitución es imposible, porque no tiene términos hábiles. Agre'gase todavía una palabra sobre la ley de Octubre de 1858, que ha desatado las jestiones fiscales, sin alcanzar empero á contenerlas en los justos límites que ella misma trazaba. El artí- culo 7 ? de esta ley establece—"El Poder Eje- cutivo hará reclamar por medio de un Fiscal "los bienes del Estado que hayan pasado á poder "de particulares por actos ó contratos que no de- "biesen tener efectos legales, por las leyes jenera- les. Los contratos que no tienen efectos legales, Lffjrl."5 ib. Savigní tomo 7, piíj. 123. 71 son los contratos nulos.....Por el contrario, la restitución supone esencialmente la validez del contrato 32. El artículo transcripto habla de los contratos sin efecto según las leyes jenerales.—La resti- tución, dice Savigní, "no debe ser acordada, "cuando las leyes jenerales bastan para impedir "la lesión.—Su carácter es el ser el mas estraor- "dinario de todos les auxilios del derecho" 88. Concluyo pues, estableciendo, que bajo cual- quiera aspecto que se la considere, la acción por restitución sería imposible, dados los he- chos que constituyen el asunto. La ley que provocó las pesquisas de los títu- los, no ha puesto tampoco esta acción en manos de sus fiscales; y debemos felicitarnos de ello, porque sancionar lo contrario, habria sido intro- ducir un nuevo elemento de perturbación, para remover una sociedad tan conmovida por tantas causas.—El Fisco pidiendo reparación de todos los contratos que han podido serle perjudiciales, seria un verdadero trastorno social. VI Derecho coman—Lesión. Hablemos ahora de la rescisión por lesión; y apresurémonos á hablar de ella, antes que un nue- vo Código haya suprimido esta acción, que las lejislaciones modernas van rápidamente hacien- SS Ley 1.», t!t. 25, part. 3. p • 33 Savigní ib. páj. 146. Ley pro de min nam si comuni auxilio.﻿72 do desaparecer. Apesar de su oríjen romano tan dudoso, y de su conveniencia tan contro- vertida, se halla sin embargo consignada en to- dos nuestros códigos 34. El Fisco desalojado de sus privilejios, ¿puede venir al derecho común, y pedir por lesión enor- me la rescisión del contrato de 1834? De nin- gún modo; puesto que esta acción siempre im- plica un daño. Ademas, su plazo concluye á los cuatro años y no mas, como dice la ley 35. Pero, considerándola posible ¿qué resultado daria al Fisco? Los principios que rijen los efec- tos de esta acción son inquebrantables, y se aplican igualmente á la permuta como á la ven- ta, según las mismas palabras de la ley. El per- seguido por la acción rescisoria tiene dos ca- minos. Puede ó dejar la cosa, rescindiendo el contrato, ó mantenerlo, supliendo el precio. ¿Cuál es este precio? La ley no admite cues- tión, puesto que agrega:—"que sea tenudo de "suplir el precio derecho de la cosa, al tiempo en "quefué comprada." El Fiscal Dr. Elizalde calculaba, f. lfi, agrupan- do cifras que el Estado había sido damnificado con la permuta, al tiempo de verificarse ésta, en CUARENTA Y CUATRO MIL TESOS. La aCCÍOU por lesión no daria en caso alguno derecho sino á pedir esta cantidad, suponiendo exacta la base 34 Troplong de emptione tom. 2 ? páj. 277 y Rarista do Cárde- nas to:n. 11 t. Lesión. 35 Ley 1 y 6 ttít. 11 Hb. 5 Rec. refundidas en la loy 2 tít. 1 ? lib 10 N. R. y Ley 56 tít. 5 P part. 5 P . 73 sobre la que ha sido levantada la cuenta del Señor Fiscal. §• El Fisco reclama lo que ntinca lo perteneció. Concluyo, Exmo. Señor; pero la referencia del parágrafo anterior me trae á la memoria una idea que me ha perseguido durante tan largo trabajo. Pienso que esta jestion ha sido dedu- cida bajo una faz hipócrita, encubriendo su ver- dadero carácter. Se dice que se quiere reparar una pérdida, y que solo se busca la indemniza- ción del Estado. No, si tal hubiera sido el ob- jeto, ¿por qué el Sr. Fiscal no se limitó á pedir la cantidad que según su propia avaluación, f. 1G, espresaba exactamente aquellos pretendidos per- juicios? Es necesario decir la verdad. Conmoviendo una propiedad que descansa sobre treinta años de posesión, y sobre derechos aun mas antiguos, el Fisco quiere apoderarse de un bien valioso, abriendo honda brecha á la fortuna de una fa- milia, que tiene títulos para ser puesta muy alto en la consideración pública. Hoy los campos disputados tienen algún valor, valor que ha sido creado por treinta años de tra- bajo incesante. Pero ¿cuál era el que tenían cuando los abandonó el Fisco, para que el pro- pietario particular, trasladándose á enormes y peligrosas distancias, como lo decia el Dr. Agrelo, los arrancara al desierto que los poseía? Se dice﻿74 —-Vengan catorce leguas que no debieron salir de manos del Fisco;—y aun suponiendo la justi- cia de esta reclamación, que una sombra de ra- zón no apoya, ¿con qué derecho el Fisco quiere apropiarse ese valor que nunca le perteneció, y que representa exactamente el capital invertido en trabajo, en dinero para la conquista y conser- vación pacífica del suelo? No es esta una declamación. Mi palabra es siempre severa y respetuosa, cuando hablo ante V. E. La economía política, la ciencia de los valores nos enseña que la tierra inculta y no po- seída solo viene después á valer por el trabajo y el capital de aquellos, que para hacer completa su apropiación, han arrancado la piedra, arroja- do al salvaje, muerto á la fiera, y fecundadola después con su sudor. "El valor territorial es una creación del trabajo;" y cuando esta palabra se dijo por un escritor eminente, la ciencia que la necesitaba, se apresuró á recojerla, para inscri- birla en todos sus libros 3r'. Bueno* Airo?, Enero 12 do 18C5. NICOLAS AVELLANEDA- 30 J. Garnier. Kconomio politique, páj. 123 ■ ﻿LEYES DE TIERRAS Las diversas colecciones que se han hecho re- copilando las leyes de tierras solo principian desde 1830 ó 36; y por esta razón hemos creido útil agregar una breve enumeración de las leyes ó disposiciones anteriores, para mas fácil inte- lijencia del escrito precedente, calcado en su mayor parte sobre el desenvolvimiento y las diversas peripecias de nuestra lejislacion desde 1818 á 1830. Al primer golpe de vista nada mas confuso, nada mas hetereojéneo que nuestra lejislacion sobre las tierras publicas en los primeros veinte años. Encuéntrase una disposición prohibiendo terminantemente su venta; y al volver la pajina que sigue, ó la que precede, no es difícil hallar una ley ó un decreto autorizando mercedes ó enajenaciones. Ocurre entónces naturalmente﻿78 la idea de que en materia tan importante solo se ha procedido al acaso, bajo las inspiraciones ó los intereses del momento, sin guardar unidad ni plan, y s? abandona un examen estéril poi- que la incoherencia nada puede enseñarnos. Sin embargo, cuando con mirada mas dete- nida se ha abarcado el conjunto, cuando se prin- cipia con espíritu atento á confrontar las fe- chas de las diversas disposiciones, colocándo- las en un drden sucesivo; e- caos entonces súbi- tamente se aclara, y se comprende que estas leyes que parecían la obra de la confusión, han obedecido á principios fijos y constantes, que sucediéndose entre sí, marcan otras tantas épocas perfectamente distintas y separadas. Las fechas que designan estas épocas, lo son también de nuestra historia política; y ellas se- ñalan á su vez el imperio de los dos partidos que han llenado con sus luchas un periodo histórico de cuarenta años. El estudio de esta parte de nuestra lejislacion cobra entonces un interés poderoso; y se quiere, penetrando en todos los detalles, co- nocer á foudo el pensamiento y la conducta de ambos partidos respecto de la tierra pública. La investigación se apodera de este hilo conductor; y es fácil establecer las relaciones y pronunciar un juicio. No es esta la ocasión para entrar plenamente en la materia; y concluiremos espresando el deseo de que las colecciones posteriores sobre leyes do tierras no supriman arbitrariamente veinte años de lejislacion, cuando diariamente se discuten 79 en los tribunales títulos y derechos constituidos bajo su imperio, y cuando es tan curioso como útil su estudio. LEYES DE TIERRAS. [No se hallan conprendidas en este cuadro las cancernientes á éjiios y so- laros de los pueblos de campaña.] PRIMERA EPOCA ÍSIO—1M1 1813—Ley be 15 de Marzo—La Asamblea Constituyente ordena que el S. P. E. pueda dis- poner francamente do las fincas que pertenez- can al Estado, enajenándolas del modo que re- pute mas conveniente al incremento del Erario, Recopilación pajina 17. 1818— Decreto de Noviembre 15—El Gobier- no suficientemente autorizad^por resolución del Congreso (16 de Mayo de 1817) dispone que so den en merced los terrenos baldíos existentes en la linea de fronteras—Recopilación páiinas 128 y 129. 1819— Febrero 18—El Cougreso reitera y estiende la anterior autorización, diciendo que á los pobladores de la línea de fronteras les cor-﻿80 responde la propiedad de los campos que ocu- pan "no tanto por título de gracia, sinó de ri- gurosa justica." Manda que se les otorguen los títulos de dominio y "que se les manifieste igualmente la gratitud del pais por los benefi- cios que él refluye de sus fatigas—Recopilación pajina 131. 1821—Ley de Febrero 28—Después de la di- solución del Congreso,el Gobierno de Buenos Ai- res continua en la facultad de conceder mercedes de tierras, sin subordinación á límites fijos: y la H. Junta Provincial confirma por la ley do esta fecha la autorización conferida por el Congreso. Recopilación, pájina 154. 1821—Decreto de Setiembre 22—El Gobierno continúa desenvolviendo el sistema de las merce- des y lo emplea por el decreto de esta fecha para poblar "Patagones." 1821—Ley de Octubre 30—Asi mismo, esta ley que creaba el crédito público y la caja de amortización, supone también vijente y en ejer- cicio la facultad de vender la tierra pública; puesto que el artículo 50 del capitulo 30 desig- nando los fondos even tuales aplicados á la for- mación del capital jle la caja de amortización enumera el "producto de la venta de tierras públicas." Resumen. Hasta esta época, la facultad de disponer de la tierra pública ha sido completa en el Gobierno—tanto bajo el réjimen nacional como el provincial, cuando sobrevino la disolu- ción de aquel. El Gobierno vendía los campos dentro de 81 fronteras, francamente, como dice la ley de la Asamblea, sin sujeción á limito alguno en el precio como en la ostensión de los campos. Se donábanlos fronterizos con igual amplitud. SEGUNDA EPOCA- 1822—1828 1822—El decreto de 17 de Abril inició esta segunda época. En este decreto el Gobierno prohibe que se estienda título alguno de pro- piedad, como igualmente que se admitan denun- cias,hasta la sanción de una nueva ley sobre ter- renos.—Rec. páj. 352. 1822—Decreto de 21 de Julio. Este decre- to avanzando en el camino abierto por el ante- rior, prohibe terminantemente toda enajenación de terrenos públicos; y para no mantenerlos in- móviles en manos del Estado, les abre otra sali- da, mandando que sean puestos en enjitéusis — Rec.páj. 378. 1824— Decretos de 27 y 28 de Setiembre — Estos dos decretos principian á poner en vía de ejecución el anterior. El último obliga á to- dos los que ocupan terrenos del Estado á pe-﻿82 di ríos en enfiti'usi»; y el primero establece los trámites de la jestion. Es digno de notarse que por estos decretos el enfitéusis no tiene límites respecto del máximum, pero si en cuanto al mínimum. El art. 4 P del decreto del 27 de Setiembre dispone "que los terrenos de pastoreo que se otorguen en eníi- téusis no pueden ser de menos ostensión, que la de media legua de frente, por una y media de fon- do.—Rea páj. 615 y 616. 1825— 18 de Noviembre—Una ley del Con- greso reconoce como fondo público nacional el capital de 15 millones de pesos; é hipoteca á su pago las tierras é inmuebles del Estado.—Re- jistro Nacional páj. 67. 1826— 15 de Febrero—Hasta aqui solo he- mos tenido la iniciación de un nuevo plan, ten- dente á inmovilizar la propiedad de la tierra pú- blica, no debiendo esta salir de manos del Esta- do sino en enjitéusis ,para ser poblada por los particulares. Las leyes y decretos que siguen, contienen la ejecución minuciosa de este doble pensamiento. Ademas, desde la ley del 15 de Febrero de 1826 dada por el Congreso, lo que hasta enton- ces no había sido sino provincial, entra á ser na- cional, tomando la verdadera consistencia de un sistema. Se inmovilizaba la tierra, para que sirviera de base al crédito público. Asi, la ley citada consolida la deuda interior del Estado, anterior al 1 ? de Febrero de 1820; y por su articuto 5 P hipoteca al pago de su capi- tal e intereses las tierras y demás inmuebles de 8.'] la propiedad pública, prohibiendo su enajena- ción en todo el territorio de la República, á no ser que preceda autorización esjjecial del Con- greso.—Rec. páj. 744. 1826—Decreto del 16 Di Marzo—Este de- creto del P. E. N. reglamenta la ley anterior y declara nula toda enajenación de tierras públi- cas después de su lecha, ya sea por venta, do- nación 6 en cualquiera otra forma. — Roen. p;íj. 757. ENFITFÜSIS. 1826—Lev de 18 de Mayo—No dando ni vendiendo el Estado las tierras de su dominio, y queriendo colocarlas temporariamente en ma- nos de los particulares para su población y me- jora, adoptó esclusivay decididamente el sistema del eníitéusis, anunciado desde el decreto de 17 de abril de 1822. La ley citada establece las condiciones del eníitéusis. Lo acuerda por veinte años á lo me- nos. Su precio es un ocho por ciento sobre el valor del terreno, valor que debe ser regulado﻿84 por un Junde cinco propietarios. 182G—Decueto de 27 de Junio—Este decre- to llena algunos vacíos de la ley sobre "enfitéu- sis" reglamentando su ejecución. Es de notarse que este decreto fija en su artículo 15 un míni- mum de ostensión en los campos, para el enfitéu- sis, sin señalar un máximum. Rec. páj. 801. Asi lo habia también hecho el decreto de 27 de Se- tiembre de 1824. 1826— Decreto de 27 de Junto—Otro decre- to con la misma fecha y objeto que el anterior organiza el Juri establecido por la ley del "en- fitéusis." El Juri se compone de cinco propieta- rios, y estos cinco son sacados á lasuerte de doce papeletas que contienen los nombres de otros tantos propietarios, ''losmas inmediatos." 182G—Decreto de 28 de Junio—Este decreto arregla varios detalles sobre los terrenos con- cedidos en enfitéusis, con anterioridad á la última ley de la materia.—Recop. 1827— Decreto de 5 de Mayo—Hemos visto que hasta 1822 sedaban en merced los terrenos fronterizos, vendiéndose los del interior de la Provincia. El decreto citado releva del pago del enftéiisis, á los que fueren á poblarse en la nueva línea de fronteras.—Rec. páj. 854. De este modo, el enfitéusis gratis venia á reem- plazar á la antigua merced. Fuera del enfitéusis, el Estado no practica otro medio de colocación para sus tierras. 1827—Decreto de Noviembre 2G—Ordena el enfitéusis del espacio comprendido entre la an- 85 terior linea de fronteras y la nueva. Este decreto merece mención especial, porque por su segundo articulo se señala un máximum al enfitéusis, que no debe de pasar de tres legua» de frente, por cuatro de fondo. ¿Kstá prohibición es jeneral, 6 solo debe es- tenderse respecto de las tierras de que habla el decreto? El tenor literal del articulo 2 P se opone á la primera interpretación. Resumen—Con este decreto concluye la se- gunda época de nuestra lejislacion sobre tierras, qne se halla debidamente caracterizada por las disposiciones que hemos recorrido. Esta época se inició con las ideas y con los hombres que principiaron á prevalecer en el pais desde 1822; y concluye en 1828 con su separación completa del poder. Aquí se encuentra, por lo tanto, la manifesta- ción entera de las ideas económicas de Rivada- via y de su partido, en lo concerniente á la tier- ra pública.﻿80 TERCERA EPOCA- 1829—1S30 Se hace abandono del anterior sistema, como lo muestran las disposiciones sucesivas que en- tramos á enumerar. 1829— Setiembre 19—Este decreto restablece las antiguas mercedes; y ofrece en propiedad ba- jo condiciones de población una suerte de estan- cia (media legua de frente, por legua y media de fondo) á los vecinos de la campaña "hijos de la provincia, y á los avecindados en ella natura- les de la República, que quieran establecerse en la nueva linea de frontera, Arroyo Azul." Recopilación, pajina 9S5. 1830— Ley de 15 de Junio—Durante la Presi- dencia,no se dió como no podia darse ley ó dispo- sición que tendiera á revocar las mercedes conce- didas por el Gobierno desde 1819 al 22; pero las mismas ideas que habían presidido á las le- yes y los decretos de 182G dominantes en el Congreso y en el Gobierno, eran naturalmente un poderoso obstáculo para todas las jestiones particulares que se fundaban en aquellos titulos gratuitos. El Gobierno no queria desprenderse de las tierras y las resistió á todo trance. Asi la Presidencia desconoció las mercedes bajo diversos protestos, y especialmente el de 8T no haberlas los interesados mensurado, y toma- do en su virtud posecion legal. Escusado es de- cir que muy pocas mercedes habían sido medi- das ya por la distancia de los campos donados, y su poco valor, como por el escaso número de Jos Agrimensores y los peligros que presentaba la operación. Pero las ideas de 182G habían hecho ya su época, y se volvia decididamente á la donación y á la venta. Al mismo tiempo era justo recono- cer las mercedes de los primeros tiempos, he- chas por el Gobierno con plenitud completa de facultades y que en manos de los agraciados for- maban títulos lejítimos ó irrevocables. Verificólo asi la ley de 15 de Junio de 1830, declarando firmes y subsistentes las donaciones de tierras fuera de la antigua linea de fronteras hechas por el Gobierno con autorización lejisla- tiva, aun cuando los "agraciados no las hubiesen mensurado ni tomado posesión judicial," siem- pre que hubieran procedido á ocuparlas con es- tablecimientos permanentes. La estension de cada merced, debia determi- narse por la mensura que se practicase, para ubi- car su titulo [articulo 2°].﻿

References: in dubio
 resolución 
 artículo 2
 artículo 28
 artículo 2
 artículo 2
 resolución 
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 50
 artículo 15