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Timestamp: 2017-01-16 19:32:04+00:00

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Aportes Andinos No. 32 by Programa Andino de Derechos Humanos - issuu
TEMA	CENTRAL:	Reformas	penales	y	su	impacto	en	el	ejercicio	de	derechos	humanos	Universidad	Andina	Simón	Bolívar	Aportes	Andinos	No.	32	Revista	Electrónica	del	Programa	Andino	de	Derechos	Humanos	[PADH]	Junio	2013	Tema	central:	REFORMAS	PENALES	Y	SU	IMPACTO	EN	EL	EJERCICIO	DE	DERECHOS	HUMANOS	Coordinadora	del	PADH:	Gina	Benavides	Llerena	Coordinador	de	la	Revista:	Francisco	Hurtado	Caicedo	Diseño	de	portada:	Francisco	Hurtado	Caicedo	Para	contactarse	con	la	revista	dirigirse	a	<padh@uasb.edu.ec>	UASB	Sede	Ecuador	Toledo	N22-­‐80	(Plaza	Brasilia)	•	Apartado	Postal	17-­‐12-­‐569	•	Quito,	Ecuador	•	Teléfonos	(593	2)	322	8085,	299	3600	•	Fax	(593	2)	322	8426	ÍNDICE
Una renovada revista de derechos humanos / PADH
El pecado original: Ignorantia juris non excusat / Alex Valle Franco
Construcciones de género a través de las leyes en la actualidad
ecuatoriana: el caso de las Reformas al Código Orgánico Integral
Penal / Virginia Villamediana Carro
Graves violaciones de derechos humanos ¿es adecuado revivir a los
muertos? / Patricia Bastidas Valle
La expansión penal / Jorge Touma Endara
Recursos para el seguimiento de normativa y reformas penales en
América del Sur / Programa Andino de Derechos Humanos
Caso La Cocha 2 y la garantía del debido proceso / Rodrigo Ugsha Cuyo
La acción colectiva frente a la compra de renuncias públicas en el sector
público / Olga González Opsina
Con tu puedo y con mi quiero / Mario Benedetti
Vercomentarios – La consulta en Uruguay / Emilio Bianchic, Pau
Delgado, Helena Suárez.
Payasos sin Fronteras y ACNUR traen la risa a los refugiados en Ecuador
/ Boletín de Prensa de ACNUR
UNA RENOVADA REVISTA
El PADH y la Revista Aportes Andinos
El Programa Andino de Derechos Humanos -PADH- de la Universidad Andina
Simón Bolívar, Sede Ecuador, es un espacio académico, de debate, intercambio de
opiniones y experiencias, orientado a contribuir al desarrollo y consolidación de la
democracia y el estado social de derecho, así como a la promoción de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en los distintos países de América Latina. Entre
sus estrategias se encuentra el trabajo colectivo desde una red de universidades; así
como de organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales, cuya sinergia
enriquezca los procesos de formación, investigación y difusión en el continente.
La Revista Aportes Andinos busca propiciar debates e intercambios de
experiencias sobre aspectos particularmente importantes para nuestra región en el
ámbito de los derechos humanos. En cada número de esta revista, complementariamente
a los artículos y trabajos analíticos que se presentan, se ofrece información documental,
convenios y acuerdos proporcionados por organismos andinos e internacionales, así
como textos legales que pueden servir como herramientas de apoyo para actividades
académicas, de investigación, consulta, reflexión, difusión, promoción y denuncia.
En esta ocasión la Revista Aportes Andinos lanza su número 32, que refleja un
largo camino ya recorrido intentando contribuir al debate académico y profesional con
variadas temáticas y diversos artículos que aporten en el debate sobre uno o varios
derechos humanos, tanto de aquellos reconocidos ya en los ordenamientos jurídicos
nacionales o en instrumentos internacionales, o de otros que por ahora siguen siendo
agenda de colectivos de sociedad civil sin que hayan podido insertarse en los temas
prioritarios de las políticas públicas en la región.
Desde nuestra perspectiva, el ejercicio de derechos humanos no sólo supone una
relación jurídica a considerar (el reconocimiento de una norma y la posibiliad de exigir
4	su cumplimiento y eventual sanción vía judicial) sino también un intento por entender a
las relaciones sociales, indivudales y colectivas, desde un nuevo enfoque en el que la
titularidad de los derechos, su ejercicio cotidiano y las luchas que se emprendan para su
garantía y cumplimiento se vuelvan el centro de la discusión y permitan superar
visiones diversas en que unos sujetos son más que otros por muy diversos privilegios,
entre ellos de género, de clase, de etnia o de nacionalidad.
En esta ocasión nos complace presentar este nuevo formato de revista, que
incluye dos versiones, la primera tipo revista electrónica visible en la pantalla de su
ordenador y la segunda descargable en formato PDF. De este modo, esta nueva
publicación se convierte, no sólo en un aporte oportuno frente al debate de las reformas
penales que se discuten en el Ecuador y la región, sino además una invitación a
estudiantes y docentes, a profesionales, activistas, defensoras y defensores de los
derechos humanos para que sean parte de este proceso que, en esta nueva etapa, busca
consolidarse como un espacio sólido y riguroso de intercambio de opiniones, ideas y
debates y de promoción del ejercicio de derechos humanos.
Reformas penales y sus impactos en el ejercicio de derechos humanos
La acción de criminalizar tiene directa relación con el proceso de selección e
identificación de una persona o grupos de personas que cometen un crimen o delito y la
sanción que se debe aplicar, y por lo tanto se remite inmediatamente a la teoría del
derecho penal y a la sociología criminal, en especial a las teorías que explican, justifican
y legitiman la existencia de un ordenamiento jurídico que permite sancionar a las
personas privándolos de la libertad en función de proteger o tutelar valores que se
consideran importantes en la sociedad.
Basados en los estudios de sociología criminal preparados por Zaffaroni, resulta
oportuno discutir sobre la criminalización como hecho jurídico y social. Este autor
comenta que el proceso de criminalización no se produce por azar sino como resultado
de las disputas de un conjunto de agencias que conforman el sistema penal en dos
momentos, uno primario y otro secundario2.
Por criminalización primaria Zaffaroni entiende:
… [al] acto y el efecto de sancionar una ley penal material, que
incrimina o permite la punición de ciertas personas. Se trata de un acto
formal, fundamentalmente programático, pues cuando se establece que
una acción debe ser penada, se enuncia un programa, que debe ser
cumplido por agencias diferentes a las que lo formulan. Por lo general
la criminalización primaria la ejercen agencias políticas (parlamentos y
ejecutivos).3
Y por criminalización secundaria a:
la acción punitiva ejercida sobre personas concretas, que tiene lugar
cuando las agencias policiales detectan a una persona, a la que se le
atribuye la realización de cierto acto criminalizado primariamente, la
investiga, en algunos casos la priva de su libertad ambulatoria, la
somete a la agencia judicial, ésta legitima lo actuado, admite un
proceso (…), se discute públicamente si la ha realizado y, en caso
afirmativo, admite la imposición de una pena de cierta magnitud que,
cuando es privativa de la libertad ambulatoria de la persona, es ejecuta
por una agencia penitenciaria.4	Desde esa perspectiva las discusiones sobre reformas penales no deberían
limitarse exclusivamente a la tipificación de un delito o referirse exclusivamente como
un tema de técnica jurídica, sino al contrario el eje de las discusiones debería centrarse
Zaffaroni utiliza el término agencia de manera amplia y neutral de entes activos que actúan, para evitar
conceptos más valorativos como corporaciones, burocracias, instituciones. Así agencia engloba a entes
corporativos, gremiales, estatales, sociales o religiosas que tienen agendas políticas específicas y que
influyen en el desarrollo de la institucionalidad y del ordenamiento jurídico penal, así como en el proceso
de aplicación de esas normas.
Eugenio Zaffaroni y otros, Derecho Penal, Parte General, EDIAR Sociedad Anónima Editora,
Comercial, Industrial y Financiera, Buenos Aires, Argentina, 2002, p. 6
Ibíd., p. 7.	6	en clarificar si el ámbito del derecho penal es el adecuado o no para resolver distintos
conflictos sociales, si deben ser considerados delitos y en ese caso contemplar una
sanción penal que incluya eventualmente la privación de libertad. Pero además esas
discusiones deben estar mediadas por el enfoque de derechos humanos y por lo tanto
determinar que acciones deben ser criminalizadas y cuales no en función de, siempre,
garantizar el ejercicio de derechos humanos de la población.
Así, en el presente número se plantean cuatrio temas relevantes que se debaten
actualmente en la Asamblea Nacional del Ecuador en el marco de la discusión del
proyecto de Código Orgánico Integral Penal que fue presentado por el Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos en el año 2010 y que podría tener su segundo y
definitivo debate en los próximos meses.
Alex Valle Franco discute sobre la presunción de derecho por la cual, sin que
sea admisible prueba en contra, todas las personas en una sociedad tienen pleno
conocimiento desde la publicación de las normas penales que un Estado aprueba. En su
análisis se plantean, a manera de ejemplos, dilemas reales y cotidianos sobre el
desconocimiento de la normativa penal por diversas razones, por ejemplo la condición
socio-económico de la persona, el contexto cultural o incluso el origen nacional, y a
partir de aquello propone como alternativa la posibilidad de que el desconocimiento de
la ley penal por estos motivos podría ser considerado un atenuante de la
responsabilidad, por qué no un eximiente.
Su artículo finalmente deja abierta la ventana para la discusión sobre si la
presunción de derecho es adecuada o no frente las realidades distintas y diversas de la
población que en determinado momento puede ser criminalizada, sobre todo al afirmar
que dicha presunción no tiene cabida frente a un sistema que busca en primer lugar
Virginia Villamediana Carro, se centra en un aspecto concreto dentro de la
propuesta de Código Integral Penal, los derechos de las humanas (como lo explicitara
Marcela Lagarde), y enmarca el análisis de las reformas penales en un contexto más
amplio de discusión entre los postulados de la Constitución sobre el reconocimiento de
7	derechos humanos y las acciones y omisiones que se ejecutan en el ámbito legislativo.
Se debe advertir además que el enfoque que realiza la autora tiene un filtro adicional y
quizá más preponderante, una lectura feminista en que los conflictos sociales se leen en
contexto del patriarcado dominante y sus impactos en los derechos de las humanas.
Desde esa perspetiva, temas como la no criminalización del aborto por un parte,
y el modo en que se criminaliza la violencia basada en el género por otra, entran en
debate, no sólo en la Asamblea Nacional, sino que además convoca a la discusión social
sobre estos temas. Su artículo es provocador, sobre todo porque demanda que se deje de
culpabilizar a las mujeres por las agresiones que enfrentan a consecuencia del
patriarcado y la violencia que éste ejerce.
Patricia Bastidas en su ensayo elabora una defensa argumentada sobre la
necesidad actual de mantener la criminalización primara de delitos graves cometidos
por el Estado o con su aquiesencia (genocidio, etnocidio, lesa humanidad, exterminio,
esclavitud, desplazamiento forzado, desaparición forzada, o ejecución extrajudicial)
desde la relación que tienen con los procesos de reparación a las que tienen derecho las
víctimas de estos delitos, incluso si aquello, en palabras de la autora, implica
necesariamente revivir a esos muertos para permitir reuperar su memoria. Sin duda un
artículo que puede plantear debates posteriores a su publicación.
Jorge Touma Endara finaliza el tema central de esta revista con un breve artículo
en el que indaga con algunos ejemplos un proceso de expansión de la criminalización, o
dicho de otro modo que la normativa penal sea considerada como el mecanismo
adecuado para resolver una infinidad de conflictos sociales que podrían ser resueltos de
otro modo. Si bien cierra el tema central de la revista, también invita a quienes la lean a
visitar la propuesta de código penal, e incluso llegar a criticar otros procesos de
criminalización u omisiones que tensionan los derechos humanos.
La sección de actualidad del presente número plantea dos reflexiones necesarias
y actuales en el contexto latinoamericano. En un primer ensayo Rodrigo Ugsha Cuyo
analiza el proceso de justicia indígena aplicado por una comunidad Kichwa en la
8	Provincia de Cotopaxi, Ecuador, frente a un hecho delictivo/conflictivo que además se
convirtió en un caso emblemático por la discusión que generó a nivel nacional en
relación al derecho colectivo de pueblos y nacionalidades indígenas y la reacción del
Estado cuestionando dicho derecho. Así, desde el análisis de las etapas procesales que
se siguieron se hace una analogía con el derecho al debido proceso reconocido
constitucionalmente lo que devela algunos mitos sobre los procesos de justicia indígena
e invita a reflexionar sobre las tensiones que se deben considerar en este tema tan
delicado para varios países de la región.
En un segundo ensayo Olga González Ospina, en base al análisis de la
inconstitucional figura de compra de renuncias obligatorias implementada por Decreto
Ejecutivo en el Ecuador y que implico la salida de miles de funcionaros de Estado,
plantea un necesario debate sobre las acciones y reacciones de los movimientos sociales
aunque precisa la falta de acción colectiva para enfrentar una medida que vulneró los
derechos laborales de los funcionarios públicos, sentando un mal precedente para la
El arte y los derechos de las humanas y los humanos
Resta decir que esta revista es una invitación y una propuesta para todas y todos
que quieran participar en ella. La Universidad Andina Simón Bolívar también es una
muestra de arte, sus paredes, sus salas, sus espacios son un intento de permitir que la
memoria, lo visual, lo creativo contribuya al conocimiento, y en esa línea Aportes
Andinos también busca esa posibilidad. En la última sección podrán encontrar algo de
esa muestra, un proyecto audiovisual , VerComentarios, que nos envían desde Uruguay
como propuesta de acción por los derechos de las humanas, y la intervención de
Payasos Sin Fronteras en la frontera norte del Ecuador como un mecanismo de apoyo
emocional para niños y niñas refugiadas. La invitación para esta sección sigue abierta.
Programa Andino de Derechos Humanos, Junio 2013
9	TEMA CENTRAL
REFORMAS PENAES Y SUS IMPACTOS
EN EL EJERCICIO DE DERECHOS
El pecado original: Ignorantia juris non excusat
Alex Valle Franco1
El presente ensayo pretende hacer un análisis sociojurídico de la presunción de derecho nemini
licet ignorare jus, cuya existencia en el ámbito del derecho penal moderno ha sido cuestionada, debatida
y en algunos casos excluida. Para identificar las posibles causas que vuelven ineficaz a dicha presunción,
se realiza un abordaje desde tres enfoques diversos pero complementarios. Primero, desde un enfoque
fáctico en el que se cuestiona la utilidad real de la presunción en el ámbito penal y sus limitaciones
pragmáticas. Segundo, desde un enfoque sociológico en el cual se analizan los principales conflictos
sociales originados con la vigencia de dicha presunción. En un tercer momento se realiza un análisis de
carácter jurídico que muestra la incompatibilidad de dicha presunción con el sistema constitucional de
derechos y justicia vigente en el Ecuador. Finalmente, se hace una reflexión sobre los puntos abordados y
se busca justificar la exclusión de dicha presunción de la legislación penal ecuatoriana, dejando para el
debate otros elementos que junto con la diversidad cultural deben incluirse en el error de prohibición.
This article offers a socio-legal analysis of the principle: nemini licet ignorare jus (ignorance of
the law is not an excuse to a criminal charge), whose existence in the field of modern criminal law has
been put into question or even excluded. By employing three different-but complementary-approaches,
this article identifies limitations of the principle nemini licet ignorare jus, which render its application
ineffective. These approaches are: First, a pragmatic approach, which evaluates the real utility of the
principle in the field of criminal law. Second, a sociological approach which analyzes the main social
conflict originated from the application of this principle. Third, a dogmatic legal approach which focuses
on the compatibility or incompatibility of such a principle with the Ecuadorian constitutional law. Finally,
this article seeks to justify the exclusion of the principle nemini licet ignorare jus from the Ecuadorian
criminal legislation, leaving the debate that other elements together with cultural diversity must be taken
into account in the error of prohibition.	Introducción
El presente artículo se centra en el análisis de la eliminación de “la presunción de
derecho del conocimiento de la ley” como forma inadmisible y que fue incluida en el
anteproyecto de Código Penal2 presentado por la Comisión designada por la Corte
Ecuatoriano, abogado, Master en Derechos Humanos-UASB, Master en Sociología-FLACSO,
estudiante de doctorado en la Universidad de Bremen, aivalle@hotmail.com
El documento está disponible en <http://bit.ly/AnteProyectoPenal1992>
10	Suprema de Justicia del Ecuador en el año de 1992, conformada por los juristas: Ernesto
Albán, Efraín Torres, Arturo Donoso, Milton Román y Alfonso Zambrano Pasquel y
que, a pesar de su antigüedad, cobra vigencia en el actual contexto de tratamiento del
Código Orgánico Integral Penal en la Asamblea Nacional.
La propuesta de 1992 no solo se ajusta a los postulados teóricos de la doctrina
del derecho penal mínimo sino que se anticipa en el tiempo a las Constituciones de 1998
y 2008 que tienen fuerte énfasis en materia de derechos humanos, en especial la que
está vigente cuyo modelo de Estado se presenta como constitucional de derechos y
justicia. Además, el planteamiento realizado en dicho anteproyecto pretende romper con
una larga tradición ius positivista que en la práctica ha permitido el dominio del imperio
de la ley penal por sobre cualquier otra consideración de carácter subjetivo u objetivo,
dado que la presunción de derecho no admite prueba en contrario. La presunción de
origen decimonónico desconoce realidades sociales y jurídicas que afectan su eficacia,
por lo que su presencia se vuelve innecesaria y lesiva en el nuevo orden constitucional
En el siguiente ensayo se analizarán tres dimensiones que justifican la exclusión
de dicha presunción de derecho del Código Penal ecuatoriano. En primer término se
analizará la inaplicabilidad de hecho a través de una dimensión fáctica; en segundo
término se analizará la dimensión sociológica; y finalmente revisaremos la dimensión
jurídica conforme al actual sistema de derecho vigente en el Ecuador. Cabe señalar que
el análisis no profundizará en las teorías del error tipo o de prohibición derivadas de
dicha presunción de derecho dado que el propósito consiste en la reflexión socio
jurídica de la eficacia y validez de dicha presunción en la actualidad.
La ambiciosa pretensión paleo-iuspositivista (en términos de Ferrajoli) de que
nadie debe ignorar la ley “nemini licet ignorare jus” cae en el campo de lo irreal y hasta
podría ser calificado de acto imposible (metafóricamente hablando), dado que ni aún los
juristas más doctos conocen en extenso el contenido total de todas las leyes vigentes en
una determinada legislación nacional.
11	Esta imposibilidad de hecho es más evidente si observamos que el neófito en el
ámbito jurídico (el profano en términos de Bourdieu) no sólo que no tiene acceso a las
fuentes normativas y a las leyes vigentes sino que aun teniendo la intención de
revisarlas, dicha tarea sería titánica porque debería enfrentarse primero a un amplio
número de normas existentes y segundo a un complejo mundo de códigos, lenguaje y
símbolos propios del ámbito jurídico.
En el primer caso, la legislación ecuatoriana contiene miles de leyes, tan solo
desde el 2008 hasta la actualidad entre la Asamblea Nacional Constituyente y la
Asamblea Nacional se cuentan 93 leyes3. Los ámbitos de aplicación son tan variados
como temáticamente diversos, y en ese sentido ni los mismos abogados están
interesados en conocer todos los contenidos de todas las leyes publicadas en el
correspondiente Registro Oficial. Adicionalmente deben sumarse los costos de tiempo y
de dinero que implicarían una carga de tan gran envergadura en el caso de llevarse a
En el ámbito penal existe una abundante cantidad de disposiciones descritas no
solo en el Código Penal vigente sino en decenas de leyes diversas que contienen más de
230 artículos referentes al ámbito penal4. Esta dispersión vuelve imaginable la tarea de
lectura y asimilación de la ley en materia penal en toda su extensión.
En el segundo caso, se presenta otra limitación de facto que tiene que ver con la
comprensión del sentido de la ley y de su interpretación. Recordemos que la
interpretación auténtica de la ley está reservada únicamente para los legisladores, y que
la interpretación en materia penal no es extensiva sino que debe asumirse en el sentido
literal de sus contenidos. Desgraciadamente dichos contenidos han sido elaborados bajo
una técnica legislativa y un lenguaje desconocido por el ciudadano común, bajo ese
<http://www.asambleanacional.gob.ec/leyes-asamblea-nacional.html>
Diario el Tiempo, disponible en: <http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/97615-ca-digo-integralpenal-a-primer-debate-hoy/>
12	presupuesto su lectura resultaría en extremo difícil sino imposible, tal como se
demostrará en el segundo epígrafe de éste ensayo.
Para concluir, podemos decir que este artificio legal creador de este sofisma de
composición que nos hace creer que por el solo hecho de estar tipificado en el
ordenamiento jurídico bajo una presunción de derecho inexcusable indefectiblemente se
cumplirá, cae por su propio peso al revisar la imposibilidad pragmática de su lógica
Adicionalmente, dicha presunción acarrea un efecto negativo que recae sobre la
presunción de responsabilidad del actor del hecho punible, el cual no tiene posibilidad
de argumentar su desconocimiento como causal atenuante5 mucho menos eximente
conforme el artículo 3 del Código Penal actual. La presunción de derecho puede
resumirse en el siguiente razonamiento:
A: La ignorancia de la ley penal no es causa de disculpa
B: P ignora la ley	C: La conducta de P no admite disculpa por ignorancia.	Ergo: P es responsable de la conducta realizada. Tal y como lo señalamos, dicho razonamiento excluye cualquier tipo de
consideraciones objetivas o subjetivas relacionadas con el conocimiento de la ley penal
por parte del responsable de un hecho punible. Pensemos en un caso en el que el
procesado sea una persona indígena que no habla el idioma español y que sólo ha tenido
contacto cultural y social con su comunidad, en una persona con alguna capacidad
especial que lo mantenga aislado de la vida normal, o en un extranjero recién llegado de
otro continente, ente otras varias posibilidades. ¿Acaso en éstos y otros posibles casos
se debe ser tan estricto con la presunción de derecho y juzgar a las personas con el
máximo rigor legal? Estos hechos develan la violencia simbólica implícita en el
presupuesto legal y nos recuerda que el derecho implica la posibilidad de aplicarse por
El artículo 29 núm. 8 del Código Penal ecuatoriano contempla a la rusticidad como circunstancia
atenuante de responsabilidad, pero no se hace referencia al desconocimiento de la ley.
13	la fuerza, por eso Benjamin decía que la ley es tan amenazadora como el destino e
implica la misma indeterminación que la amenaza jurídica6.	Dimensión Sociológica
Bajo éste enfoque se muestra que la presunción de derecho analizada, excluye de
su fundamentación ciertas realidades existentes en el mundo social, las cuales pueden
marcar diferencia al momento de establecer la responsabilidad en materia penal. Entre
las más importantes se puede identificar el desconocimiento del pluralismo
cultural/jurídico y el monopolio simbólico del mundo jurídico. En el primer caso, el paradigma del ius positivismo tradicional como sistema
jurídico hegemónico excluye toda posibilidad de reconocimiento del pluralismo, dado
que el positivismo ideológico “sostiene que el derecho positivo, por el solo hecho de ser
positivo, es justo y debe ser obedecido en virtud de un deber moral.”7 En palabras de
Boaventura de Sousa Santos, “el Estado moderno es mono cultural y es colonial porque
sus instituciones siempre han vivido a partir de una norma, que es una norma
eurocéntrica que no celebra sino, al contrario, oculta la diversidad.”8	La premisa del positivismo ideológico es tajante y violenta respecto de las
consecuencias de ignorar la ley, pues no toma en consideración los elementos culturales
propios de comunidades que conviven bajo el mismo espacio territorial nacional pero
que hablan otro idioma y tienen otros sistemas sociales, de valores, de justicia y de
gobierno; más aún si consideramos los grupos nómadas no contactados que evitan el
contacto con el mundo occidental.
En la vida real se evidencia que la presencia del Estado muchas veces es mínima
o inexistente en algunas regiones o lugares del país, pues en muchos de los casos no
cuenta con instituciones o autoridades oficiales al interior de ciertos conglomerados
Walter Benjamin, Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze, Frankfurt am Main, Ed. Suhrkamp, erste
Auflage, 1965. p. 35.
Susana Pozzolo, “Un Constitucionalismo Ambiguo”, en Miguel Carbonell comp.,
Neoconstitucionalismo (s), México, Ed. Trotta, 2003, p. 194.
Boaventura de Sousa Santos, “Cuando los excluidos tienen derecho”, en Agustín Grijalva y Boaventura
de Sousa Santos comp., en Justicia Indígena, Plurinacionalidad e Interculturalidad en Ecuador, Quito,
Fundación Rosa Luxemburg, 2012, p. 22- 23.
14	humanos, y por ende éstos gozan de una cosmovisión y autonomía natural ajena al
sistema estatal. En ese sentido, cabe preguntarse ¿cómo se puede exigir conocimiento
previo sobre una ley penal en un lugar en el que el Estado está ausente y sobre personas
que se rigen por formas culturales, idiomáticas, de justicia y de conviavilidad propias?
La imposición de un sistema jurídico positivizado único y enlazado con el poder
Estatal que desconoce el ejercicio de la diversidad cultural y de la justicia ancestral por
parte de comunidades indígenas constituye per se una forma de violencia y
colonialismo, ya que la construcción de un Estado constitucional de derechos debe
hacerse en el marco de la heterogeneidad y no de la homogeneización. En ese sentido se
estaría atentando contra el reconocimiento de la diferencia, pues bajo el razonamiento
de Boaventura de Sousa Santos se estaría produciendo una “descaracterización y
homogeneización” bajo el imperio del derecho.
En el segundo caso, Bourdieu afirma que los instrumentos de conocimiento son
instrumentos simbólicos que construyen el mundo objetivo que nos rodea, es decir
actúan como estructuras estructurantes9. En el mundo del derecho existen una serie de
instituciones jurídicas construidas y dominadas por los juristas, éstos expertos son
quienes ejercen el monopolio en su ejercicio e interpretación. Para asegurar dicho
monopolio su formación exige el aprendizaje de conocimientos técnicos y simbólicos
complejos que excluyen de facto a los profanos del derecho, quienes se ven obligados a
contratar los servicios de los expertos/profesionales, ya que éstos son los únicos
competentes para moverse en el mundo jurídico10.
El lenguaje jurídico se traduce en ese sentido como “un poder simbólico
invisible”11, cuya complejidad no permite entender a cabalidad sus contenidos a quienes
no gozan de un conocimiento previo en el área jurídica y menos aún si dicha
comprensión se exige a personas con un diverso origen nacional, cultural y social.
Pierre Bourdieu, Poder, derecho y clases sociales, Bilbao, Ed. Desclée de Brouwer S.A 2ª, 2000, p.89.
Laura Bejarano, Reseña: La fuerza del derecho de Michael Teubner y Pierre Bourdieu, Buenos Aires,
Revista Taripawí. IEF y C.Tomo 1, 2010, p.130.
Manuel Fernández, La noción de violencia simbólica en la obra de Pierre Bourdieu: una
aproximación crítica, Madrid, Universidad Complutense, 2005, p. 17.
15	Aún bajo el supuesto de que todos los ciudadanos se comprometan a conocer los
contenidos de la ley flanqueando los impedimentos fácticos analizados en el primer
acápite del ensayo, éstos se encontrarían con una barrera adicional que limitaría o
distorsionaría su correcto entendimiento.
Las realidades sociales y fácticas analizadas y otras adicionales dan lugar a lo
que la doctrina penal ha denominado como error de prohibición, el cual consiste en “la
ignorancia o falsa apreciación de la ley”, y cuyos efectos consisten precisamente en
atenuar la culpabilidad del sujeto en cuanto éste no ha tenido la conciencia suficiente
del hecho antijurídico cometido12.
Por lo anotado, aparece la necesidad de regular estos casos excepcionales en las
legislaciones nacionales y bajo las consideraciones subjetivas anotadas y no
simplemente ignorarlas o desconocerlas tal y como sugiere el ejercicio de dicha
presunción. En ese sentido, la propuesta elaborada en 1992 (aunque no es completa),
hace bien en considerar en su Atículo 18 numeral 9 como causal que exime de
responsabilidad penal al “error de comprensión culturalmente condicionado” y que
beneficia a aquellas personas “que por su cultura o costumbre no comprenden la
criminalidad de su obrar” ya que no se puede exigir la comprensión de la antijuricidad a
quien culturalmente tiene un entender diverso al hegemónico-occidental13.
A pesar del reconocimiento expreso realizado por varios representantes del ius
positivismo sobre lo “falso y convencional de la presunción de derecho” analizada,
éstos coinciden en que tal ficción es necesaria “para la conservación del orden social”14.
Sin embargo, dicha presunción no goza de eficacia en el mundo jurídico actual y
tampoco es compatible con el actual modelo de Estado constitucional de derechos
Mariano Rodríguez, Revista Ámbito Jurídico, disponible en: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8945>
Anteproyecto de Código Penal, Consideraciones preliminares, Artículo 18 numeral 9. Ver Notal al pie
Joaquín Costa, Fundación Miguel de Cervantes, disponible en: <http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/el-problema-de-la-ignorancia-del-derecho-y-sus-relaciones-el-status-individual-el-referendun-y-lacostumbre--0/html/fefca97c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_14.html>
16	planteado en la Constitución de 2008. Respecto del primer planteamiento, nos
atrevemos a decir que la presunción de derecho analizada carece de eficacia desde el
punto de vista social y jurídico.
La ineficacia social se verifica al constatar conductas ajenas a la estipulada en la
norma, mientras que la ineficacia jurídica se devela al no alcanzar el objetivo
previamente fijado como meta15. Si la presunción de derecho no logra que todos los
ecuatorianos conozcamos la ley penal y nos adecuemos a la norma, podemos
simplemente decir que esa premisa no se puede constatar por las razones fácticas y
sociológicas analizadas en los acápites anteriores.
Si la meta de dicho presupuesto de derecho es evitar el cometimiento de
infracciones penales bajo la amenaza de no condonar su ignorancia, podemos decir que
las estadísticas de aumento de la criminalidad en nuestro país muestran precisamente
todo lo contrario, dado que los problemas sociales estructurales no se resuelven con una
simple disposición normativa, porque si así fuese no tendríamos más guerras, hambre y
Ahora bien, si la meta es juzgar con dureza e inflexibilidad a quien no observó la
norma penal para mantener el orden social, podemos afirmar que ésta tiene un
elevadísimo costo que socava las mismas bases de la justicia en el sentido liberal de dar
a quien lo que le corresponde, dado que no existe proporcionalidad al aplicar la misma
presunción de derecho sobre realidades subjetivas totalmente diversas e independientes.
El reconocimiento de elementos subjetivos que hayan viciado el conocimiento
de la ley penal se hace a través de la consideración del error como institución jurídica, la
cual toma en consideración “la esfera subjetiva del sujeto en una situación concreta y
determinada y sobre la cual el derecho penal debe hacer una valoración específica para
clarificar si a su conducta le es exigible responsabilidad.”16
José Da Silva, Aplicabilidad de normas constitucionales, México, UNAM, p.4, disponible en:
<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1000/5.pdf>
Mariano Rodríguez, Op. Cit., p. 7.
17	Desde esa perspectiva, la propuesta de 1992 es insuficiente al considerar como
causal que exime de responsabilidad penal sólo al “error de comprensión culturalmente
condicionado”, dejando de lado un sinnúmero de posibilidades que pueden enmarcarse
como error de prohibición. Este punto se torna en fundamental si consideramos que la
antijuricidad es un elemento indispensable en la valoración de la responsabilidad penal
Un segundo aspecto a considerar en este acápite es el relacionado con la
incompatibilidad del presupuesto de derecho analizado con el Estado constitucional
vigente, dado que la presunción pertenece al paleo-positivismo que proclama el imperio
de la ley. El nuevo paradigma constitucional considerado como teoría de derecho se
opone al positivismo jurídico como método y ello significa que los principios
constitucionales expanden su ámbito de influencia a todo el ordenamiento jurídico, es lo
que Alexy denomina la omnipresencia de la Constitución17.
En ese sentido, “el nuevo paradigma constitucionalista se explica por su
oportunidad a las nuevas circunstancias jurídicas, históricas y sociopolíticas” las cuales
en el caso concreto deben reemplazar las consideraciones maximalista introducidas en
el derecho penal tradicional por consideraciones minimalistas que excluyan de facto
situaciones de injusticia y desproporcionalidad18.
La presunción de derecho: “el desconocimiento de la ley penal no es causal de
excusa o disculpa” consiste como ya se analizó en un ejercicio de fuerza del imperio de
la ley, por ende no tiene cabida en un sistema constitucional de derechos en el que debe
predominar la defensa del carácter subjetivo del ser humano y en el cual se reconoce el
ejercicio del pluralismo jurídico. No hay que olvidar que en el modelo de Estado actual
“la Constitución es la norma jerárquicamente más elevada, no sólo formalmente, sino
desde un punto de vista sustancial.”19
Alfonso Figueroa, La teoría del derecho en tiempos de constitucionalismo, en Miguel Carbonell comp.,
Neoconstitucionalismo (s), México, Ed. Trotta, 2003, p. 164.
Susana Pozzolo, Op. Cit., p. 192.
18	Finalmente podemos decir que la forma de aplicación e interpretación del
derecho bajo el nuevo modelo jurídico varía notablemente de la vieja tradición
positivista en la que el juez es la boca de la ley, pues los métodos de interpretación
actuales exigen un razonamiento jurídico basado en la ponderación de premisas,
principios y otros elementos fácticos. En ese sentido, el juez esta llamado en última
instancia a hacer prevalecer los valores contingentes relevantes observados en la
constante pugna entre la estricta legalidad y la justicia sustancial, a éste operador de la
justicia le corresponde el ejercicio de adecuación de la ley a los contenidos
constitucionales vigentes y la defensa de los derechos humanos20.
El análisis realizado no pretende de ninguna manera promover el reino de la
anarquía y desobediencia en materia penal al visibilizar como ineficaz a la presunción
de derecho en materia de estudio, pues el sistema jurídico vigente cuenta con suficientes
herramientas de control social para el mantenimiento del orden y la observancia de la
Sin embargo, la presunción de derecho no puede llevar a asumir a los poderes
públicos una postura inerte en la que los ciudadanos demanden el conocimiento de la
ley penal a sabiendas de que el Estado es el legatario del poder, de la iniciativa
legislativa y del orden jurídico y social. Por ende el ámbito normativo no puede
desconocer hechos que orienten al conocimiento de realidades sociales necesarias para
la eficacia de la norma21.
Bajo las reflexiones anotadas debemos preguntarnos si efectivamente la
presunción de derecho de no admitir disculpa por desconocimiento de la ley se asemeja
al pecado original del enfoque judeo cristiano con el cual debemos cargar todos desde el
Íbid., p. 193.
Noemí Nicolau, Acerca de la elaboración de Normas del Contrato, en Miguel Ángel Ciuro, Revista
electrónica de Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas, Año II N. IV, Buenos Aires,
<http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/re_tpenj_004.pdf >
19	nacimiento hasta el momento de celebrar el ritual del bautismo. Acaso ¿el conocimiento
y asimilación de la ley constituirían un bautismo en el mundo jurídico?
Para graficar lo dicho, cito al teólogo y filósofo alemán Franz Hinkelammert,
quien analiza el rol de la ley en el juicio de Jesús de Nazaret, en el que se lo inculpó por
haber violado la ley del Sanedrín al haber curado a un ciego en día sábado. Allí Jesús
sostuvo que “no ha cometido pecado alguno, sino respetado la vida humana, que está
por encima de la ley del sábado, porque la ley es para la vida.”22
Esta cita muestra las diferencias existentes al momento de interpretar la ley por
parte de quien detenta el poder y de la persona sobre quien recae, en el primer caso se
busca proteger la letra de la ley y en el segundo existe una interpretación en favor del
principio pro ser humano. El autor deduce que las leyes aplicadas sin discernimiento
previo conducen a la muerte, y que para salvar la vida es necesario suspenderlas.
Bajo ese razonamiento y en pro del ejercicio de los derechos de
proporcionalidad y el principio de inocencia de las personas en materia penal, es
plenamente conveniente que en el proyecto de Código Orgánico Integral Penal se
elimine la presunción de derecho como forma inadmisible, ya que el derecho no puede
cosificar a las personas bajo el manto de la ley, más bien debe respetar la realidad
contingente de la diferencia del ser humano contemplando todas las circunstancias
subjetivas analizadas, bajo dicho presupuesto el operador de justicia debe juzgar en pro
de los derecho humanos, tal como lo disponen los principios de aplicación de los
derechos en la Constitución vigente, y no de la ley.
Bejarano Laura, Reseña: La fuerza del derecho de Michael Teubner y Pierre Bourdieu, Buenos Aires,
Revista Taripawí. IEF y C. Tomo 1, 2010.
Franz Hinkelammert, El grito del sujeto. Del teatro-mundo del Evangelio de Juan al perro-mundo de la
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20	Benjamin Walter, Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze, Frankfurt am Main, Ed. Suhrkamp, erste
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21	Construcciones de género a través de las leyes en la actualidad
ecuatoriana: el caso de las Reformas al Código Orgánico
Virginia Villamediana Carro1
Este escrito examina algunas de las Reformas al Código Orgánico Integral Penal relacionadas con temas
de género que están siendo discutidas para su aprobación en Ecuador. El objetivo es indagar cómo se está
concibiendo el género desde el estado ecuatoriano a través de las leyes. Lo aquí descrito forma parte de una
investigación realizada en FLACSO-Ecuador en el 2012, para la obtención del título de Maestría en Género
y Desarrollo. La contradicción es lo que muchas veces caracteriza al discurso y la práctica legislativa
ecuatoriana en temas de género y mujeres. Oficialmente se resaltan los discursos en defensa de los derechos
de las mujeres y la equidad de género, lo cual contrasta con la inacción por parte de las autoridades, junto
con propuestas y discursos legislativos que refuerzan estereotipos sexistas.prohibición.
This paper examines some of the amendments of the Criminal Code (Código Orgánico Integral Penal)
related to gender issues that have been presented recently to the Ecuadorian legislature for enactment. The
key objective is to enquire how gender is being conceived by the Ecuadorian state through the law. What I
describe in here is a product of an investigation made in FLACSO-Ecuador in 2012, to obtain the Master in
Gender and Development degree. Contradiction is what sometimes describes the practice in the Ecuadorian
legislative discourse. The official discourse emphasizes women rights and gender equality. In a contradictive
way the legislative assembly takes little to no action to approve the bills related to women and gender. Also,
the language used in these bills and by lawmakers is sometimes reinforcing sexual stereotypes..
Las acciones del estado (entiéndase discursos, prácticas, políticas públicas,
legislación) influyen en diferentes formas y grados en “la producción, reproducción o
transformación de las relaciones de género” (Guzmán, 1998: 56). Las concepciones
dominantes de género, como por ejemplo la idea de que la maternidad es parte esencial de
lo que significa ser mujer, o la heterosexualidad vista como la orientación sexual “natural”
y “normal”, se han construido por medio de la repetición constante de este discurso por
Virginia Patricia Villamediana Carro es venezolana, licenciada en Sicología y Maestra en Ciencias Sociales
con mención en Género y Desarrollo, además es investigadora social, trabaja actualmente en FLACSOEcuador. <virgivilla@gmail.com>
22	parte de las diversas instancias de poder (estado, iglesia, medios de comunicación, sistema
educativo, industria de la moda, etc.) esta repetición constante y cotidiana del discurso
normativo poco a poco se va percibiendo como algo normal y convirtiendo en parte del
sentido común de las personas, moldeando pensamientos, sentimientos y acciones (Ludwig,
2009: 97-101).
En este artículo enfoco el análisis en algunas de las Reformas al Código Orgánico
Integral Penal relacionadas con temas de género que se encuentran en discusión en la
Asamblea Nacional Legislativa ecuatoriana. Esto teniendo en cuenta que las leyes son el
discurso normativo oficial del estado y uno de los ámbitos de acción estatales con mayor
influencia en la configuración de las relaciones de género en la sociedad. Las leyes son la
base para la construcción de políticas públicas y muchas veces también son parte integral
del discurso de las personas que representan al estado. Todo lo cual va poco a poco
reforzando o cambiando las ideas estereotipadas en torno a temas como la masculinidad, la
feminidad, la diversidad sexual, la violencia de género, entre otros.
En Ecuador son escasas las investigaciones que se enfoquen en las construcciones
de género en las leyes, las políticas públicas, el discurso político, los espacios públicos o la
cultura, (Herrera 2001: 33)2. Por tanto, existe la necesidad de profundizar en el estudio de
las formas en que las acciones del estado pueden influir en “la producción, reproducción o
transformación de las relaciones de género” (Guzmán, 1998: 56). (Ludwig, 2009: 93).
La Construcción del género a través de las leyes
Una de las teóricas feministas que plantea la necesidad de investigar con mayor
profundidad las formas en que las acciones estatales pueden ayudar a construir estereotipos,
relaciones y sujetos marcados por el género, es Gundula Ludwig, investigadora de la
Universidad de Marburgo, Alemania. Ella cuestiona que tanto las Teorías Feministas como
En la última década la producción académica ecuatoriana en estos temas ha ido en aumento. Véase por
ejemplo: Vega, 2012; Guchin Mieres, 2010; Mosquera Andrade, 2006.
23	la Queer no han prestado mucha atención a la relación entre las construcciones de género
dominantes y el poder del estado. Ludwig conjuga las teorías de género de Judith Butler, y
los conceptos de Hegemonía de Gramsci y de Gubermentalidad de Foucault y argumenta
que ser un sujeto femenino o masculino es un efecto del poder que ejerce el estado sobre la
ciudadanía y al mismo tiempo es una precondición para que se pueda construir y mantener
ese poder estatal.
Las ideas en torno al género (identidades, estereotipos, concepciones) serían un
efecto del poder del estado porque las ideas y visiones del mundo que predominen en las
personas que representan al estado, son transmitidas a la sociedad civil mediante una
relación educacional (Gramsci, 1971: 350). Por medio de leyes, políticas, y discursos, el
estado introduce y refuerza ciertas normas e ideas de lo que es una “buena forma de vida”
(como la heterosexualidad, o la familia nuclear tradicional); de lo que es ser una “buena
mujer” (madre y cuidadora) o un “buen hombre” (proveedor).
Ludwig plantea también que el estado necesita de ciertas concepciones e identidades
de género como precondición para mantener su poder. Esto se explica porque tal y como
estén establecidas las relaciones de género en una sociedad, se establecen también los roles
productivos de hombres y mujeres en dicha sociedad, lo que afecta directamente el sistema
económico del estado (Ludwig, 2009: 97-100). Por tanto, la precondición para que el
estado mantenga su poder sería mantener las relaciones, los roles y la identidades de género
dentro de un cierto modelo “ideal”, rechazando o invisibilizando cualquier otra identidad,
rol o concepción de género no normativa. Precisamente rechazar y/o intentar invisibilizar
todo lo que no concuerde con los roles de género no normativos, es lo que en muchos casos
se está haciendo actualmente desde el estado ecuatoriano, tanto en su agenda pública como
en los discursos de sus representantes, reflejándose también en el trabajo legislativo.
Tanto en la Constitución como en el discurso oficial se resaltan frecuentemente los
ideales de equidad, inclusión, no discriminación, y ejercicio y protección de derechos
24	humanos. Sin embargo, esto muchas veces se contradice con discursos discriminatorios y
sobre todo por medio de la no-acción a la hora de tramitar leyes y políticas públicas que
garanticen la práctica de los ideales antes mencionados.
Los discursos oficiales que promueven la equidad y la no discriminación tienen
como referente principal la Constitución ecuatoriana vigente, aprobada en el año 2008. En
ella se consiguieron varios avances significativos para las agendas de género como lo son la
el principio de no discriminación por sexo, identidad de género u orientación sexual, el
reconocimiento de diversos tipos de familia y las uniones de hecho entre dos personas
independientemente de su sexo, el deber y responsabilidad social de respetar y reconocer
las diferencias de género y la orientación e identidad sexual de las personas, la no
discriminación por género en los procesos de selección, contratación y promoción laboral,
la seguridad social progresiva para las personas que se dedican al trabajo del hogar no
remunerado, y la inclusión del enfoque de género en el sistema de salud y de manera
transversal en todas las instancias del estado (República del Ecuador, 2008; Rosero y
Goyes, 2008:78-81).
Este discurso plasmado en la Constitución se contradice con, por ejemplo, el hecho
de que hasta ahora no se han discutido formalmente proyectos de ley como el de Igualdad
entre Hombres y Mujeres y Personas de Diversa Condición Sexo Genérica, o el Proyecto de
Ley de Consejos de Igualdad.
El Proyecto de Ley de Igualdad, permitiría implementar en la legislación secundaria
el principio de igualdad plasmado en la Constitución como principio transversal en un total
de 29 artículos y requisito fundamental para el cumplimiento de lo acordado en la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer de
1979, firmada y ratificada por Ecuador. Sin embargo, este proyecto permanece sin ser
discutido en la Asamblea desde que fue presentado por primera vez en noviembre del 2010
25	y luego aprobado para su designación a una comisión especializada en abril del 20123.
Alrededor de este proyecto existe la preocupación de que no sea aprobado por incluir a las
personas de diversa condición sexo-genérica. Una de las asambleístas entrevistadas para la
investigación de la cual forma parte lo aquí descrito manifestó lo siguiente:
Sí, hay que tener cuidado. Cuando tú dices igualdad entre hombres y mujeres, la
gente dice “está bien, déjala pasar”, pero cuando le completas la otra mitad y
hablas de las personas de diversa condición sexo-genérica, les sale la homofobia,
la discriminación. Por eso hay una preocupación particular por a qué comisión le
pueda llegar esta ley y esperamos que sea cobijada por una comisión con mente
abierta y que sea sensible y entienda lo que está en la Constitución (Godoy,
entrevista, 2012).
Por su parte el Proyecto de Ley de Consejos de Igualdad, pretende viabilizar la
conformación de cinco consejos como mecanismos especializados encargados de la
formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas en los temas de: género,
intergeneracionalidad, etnias, discapacidades y movilidad humana. Así, se permitiría
formalizar la institucionalización de los temas de género y mujeres, que se encuentra en un
proceso de transición desde el 2008. Este proyecto también espera a ser discutido desde que
fue presentado en mayo del 20124.
La demora en la discusión de los proyectos de Ley de Igualdad y de Consejos
Igualdad permitiría entrever que los temas relacionados con el género, las mujeres y en
especial con la diversidad sexual, no son importantes para el estado ecuatoriano actual.
Desde el Ejecutivo se ha argumentado que “para la inmensa mayoría, temas como
matrimonio gay, identidad de género, no son prioridades y tenemos que atender a las
prioridades de las grandes mayorías” (Correa, 2013). Habría que considerar si atender a las
prioridades de las grandes mayorías es excluyente con la atención de temas que garanticen
República del Ecuador. Asamblea Nacional. Memorando No. SAN-2012-1270.
Asamblea Nacional. Memorando No. PAN-FC-2012-135.
26	los derechos plasmados en la Constitución, o si la negativa y la demora para el tratamiento
de estos temas estaría escondiendo el afán de invisibilizar o rechazar todo lo que pudiera
estar cuestionando las concepciones de género más tradicionales y normativas.
Por otra parte, proyectos como el Código Orgánico Integral Penal, que sí están en la
agenda de segura aprobación por parte del estado, son otro claro ejemplo del discurso a
veces contradictorio entre los derechos consagrados en la Constitución y lo plasmado en las
leyes, y del rechazo predominante ante ideas no normativas respecto a temas como la
legalidad del aborto.
A continuación presento un resumen que permitirá analizar los debates presentados
hasta el momento en cuanto a algunas de las Reformas relacionadas con temas de género,
propuestas para el Código Orgánico Integral Penal. Dichas reformas estarán siendo
discutidas en segundo debate por la Asamblea Nacional Legislativa en las próximas
El proyecto de Ley de Código Orgánico Integral Penal entregado a la Asamblea por
el Ejecutivo el 13 octubre de 2011, ha sido fuertemente criticado públicamente por algunas
representantes de los movimientos de mujeres y asambleístas, llamándolo “medieval” y
“lamentable retroceso”, entre otros calificativos.
Desde su presentación hasta el momento actual, el trabajo de cabildeo llevado a
cabo eficientemente por varios sectores de los Movimientos de Mujeres ha logrado que se
revean ciertos aspectos, que se introduzcan algunas reformas, y que algunas otras estén en
proceso de ser revisadas.
Entre los temas que interpelan directamente a las mujeres en este nuevo proyecto,
los que han provocado mayor atención de asambleístas, grupos de mujeres y medios de
comunicación son los relacionados a los derechos sexuales y reproductivos,
27	específicamente las causales para el aborto no punible; y la tipificación como delito de la
“violencia intrafamiliar” y el “femicidio”. Sólo profundizaré en los dos primeros temas.
El aborto ilegal y sus excepciones
En el primer debate que se dio en el Pleno de la Asamblea sobre las reformas al
Código Penal, el foco de la discusión se concentró en el artículo 74, donde se especifican
las situaciones en las que el aborto no se sanciona: 1. Cuando la vida o la salud de la
madre corre peligro y 2. Cuando el embarazo ha sido producto de una violación a mujer
“idiota o demente”5.
Más allá del término utilizado, que de hecho todo indica que será cambiado en el
texto final del Código Penal, no penalizar el aborto en el caso de violación a una mujer con
alguna discapacidad mental ha tenido dos explicaciones o justificaciones por parte de
quienes lo han mencionado dentro de la Asamblea. Por un lado se le llama aborto
“eugenésico”, respecto al cual la Asambleísta Rosana Alvarado dijo lo siguiente:
¿Por qué no empezamos a discutir el tema del aborto eugenésico? Cuando se dice
que únicamente el producto de una violación a mujer demente o idiota, de éste
quieren deshacerse, porque entonces hay el riesgo de que el producto tenga el
mismo tipo de discapacidad, y de ese ser que probablemente venga con
discapacidad, de ese sí está permitido deshacernos (Alvarado, sesión plenaria
174, 2012).
El otro argumento expuesto es que en el caso de la mujer “demente o idiota” no
queda ninguna duda de que fue violada y de que no pudo evitarlo. Lo que estaría
implicando que en el caso de mujeres sin demencia o “no idiotas”, su testimonio de haber
sido violada o su deseo y capacidad de evitar dicha violación quedan en duda.
Algunos grupos de mujeres y asambleístas plantearon que el aborto debe ser legal
en todos los casos de violación. Otros asambleístas y grupos de ciudadanos que se
Asamblea Nacional. Memorando No. PAN-FC-011-173.
28	autodefinen como “Pro-vida”, defienden la idea de eliminar las dos formas de aborto legal
y penalizarlo en cualquier circunstancia. El argumento y exigencia principal de éstos
últimos es que se dé cumplimiento al artículo 45 de la Constitución donde dice “el estado
reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción”
(República del Ecuador, 2008).
En este debate destaca la argumentación del asambleísta Rolando Panchana, quien
defiende la eliminación de toda forma de aborto no punible en el Código Penal. En el caso
del aborto terapéutico por peligro de la salud o vida de la madre, Panchana considera que
con los avances en la ciencia y la medicina en el año 2012 es altamente cuestionable la
necesidad de “tal cosa como aborto terapéutico”, o la necesidad “real de que no haya otra
medida que escoger entre la vida del hijo o hija y la de la madre” (Panchana, sesión
plenaria 174, 2012).
Este argumento refleja ignorancia acerca de la realidad de la medicina actual,
además del interés del asambleísta por defender su postura personal por encina del
cumplimiento responsable con su trabajo como representante de la sociedad civil en el
estado. Una sencilla búsqueda en el Internet, permite a cualquiera conocer que aunque la
mayoría de los casos de mortalidad materna se pueden prevenir gracias a los avances de la
medicina, son aún muchas las condiciones médicas en las que se puede encontrar la madre,
que requieren de un tratamiento médico que sería perjudicial para el desarrollo del feto. Es
el caso del cáncer, del VIH, enfermedades cardíacas,
respiratorias, infecciones,
enfermedades mentales, etc., en las que para salvar la vida de la madre hay que
necesariamente interrumpir el embarazo (OMS, 2012).
En el caso del aborto por violación a mujer “idiota”, Panchana argumenta que un
proceso judicial no puede determinar en menos de nueve meses si hubo en realidad una
Estaríamos legislando erróneamente porque estamos presumiendo que se cometió
una violación por sobre la garantía constitucional indudable del derecho a la vida
29	y para mí lo cierto es la garantía constitucional por sobre la presunción de
violación. En segundo lugar estaríamos abriendo el paraguas para que por
razones de presión social, por razones de clase social, se le ocurra recurrir a la
violación y simplemente ejecutar un aborto… Esto es una realidad a la que no
podemos escapar. Es importante que nos llenemos de razones para defender lo
que la Constitución y que no abramos ventanas que el día de mañana puedan ser
mal usadas para perpetrar delitos que serán peores de lo que queremos evitar
(Panchana, sesión plenaria 174, 2012).
Para este asambleísta, parece ser más importante el cumplimiento de todos los pasos
de un procesamiento judicial que el daño físico, psicológico y emocional de una mujer a
quien el estado fallo protegiéndola de una violación, para luego re-victimizarla obligándola
a llevar a término un embarazo consecuencia de dicha violación. Este argumento también
es fácilmente rebatible, ya que un examen médico legal puede establecer con certeza una
violación sin la necesidad de esperar meses por la resolución de un juez.
Panchana olvida, además, que si se quiere defender lo que está escrito en la
Constitución, también se deben respetar el derecho de toda mujer a decidir sobre su vida
sexual y reproductiva establecidos en el artículo 666. Respecto a esto una asambleísta
argumenta que “cualquiera con conocimientos legales, sabe que una interpretación de la
Constitución no se puede hacer en base a un solo artículo, sino se debe analizar el texto
constitucional en su conjunto” (Romo, sesión plenaria 174, 2012).
Argumentar que las mujeres pueden “recurrir a la violación”, que pueden declarar
que fueron violadas cuando no lo fueron, es presumirlas criminales. Panchana rechaza que
se presuma que ha ocurrido una violación sin ser comprobada por un juez, pero no tiene
Constitución del Ecuador. Artículo 66.3, numerales 9 y 10. Se reconoce y garantiza a las personas: El
derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y
orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en
El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir
cuándo y cuántas hijas e hijos tener.
30	problemas con presumir la mentira por parte de las mujeres. Es común que se presuma
culpable a las mujeres cuando son atacadas sexualmente. Según datos estadísticos de
1.150.380 mujeres, que viven en Quito, el 75% manifiesta haber sufrido algún tipo de
acoso sexual en la vía o transporte público (Diario Hoy, 2012).
En el 2010, cuando una mujer fue acosada en el transporte público de la ciudad de
Quito, un funcionario municipal declaró a los medios de comunicación que una de las
medidas que se tomará para evitar este tipo de incidentes sería prohibir las minifaldas.
Luego de mucha crítica el Municipio capitalino negó que se fuera a tomar esta medida y un
tiempo después se lanzó una gran campaña mediática contra el acoso sexual en las calles
(Diario Hoy, 2012). Sin embargo, la respuesta inicial a este incidente demuestra que, en
muchos casos, lo primero que se sospecha luego de un ataque sexual, es la culpabilidad de
la mujer en algún grado, “se confunde a la mujer libre con la mujer fácil” (Beauvoir, 1999:
Siguiendo con el análisis de lo expuesto por el asambleísta Panchana, la presión
social y económica sobre las mujeres embarazadas, ocasionaría que las mujeres digan que
fueron violadas para realizarse abortos. Esto según el asambleísta, “es una realidad a la que
no podemos escapar”. Sin duda, el estigma de un embarazo no reconocido socialmente y la
pobreza, son algunas de las razones por las que muchas mujeres deciden todos los días
abortar y lo hacen. El hecho de que el estado lo considere legal o no, no hace diferencia en
la decisión de las mujeres. La diferencia está en vivir gracias a practicarse el aborto en las
condiciones sanitarias adecuadas, o morir por hacerlo clandestinamente y en condiciones
precarias. Esta es ciertamente una realidad a la que el estado no puede escapar.
Un argumento final usado por Panchana y por representantes de grupos de la
sociedad civil que se oponen al aborto en cualquiera de sus formas, es el arrepentimiento y
trauma psicológico que pueden sufrir las mujeres luego de un aborto. Se hace referencia a
estudios y casos particulares en los que las mujeres han expresado arrepentimiento luego de
31	practicarse un aborto. Por tanto, el estado debe evitarles un segundo trauma, luego del
producido por la violación. Con este argumento, parece decirse que el estado tiene la
potestad de decidir lo que es mejor para las mujeres, al prohibirles el aborto les ahorra un
sufrimiento más. Afortunadamente, entre la diversidad de voces que hay en el estado,
existen quienes cuestionan la idea de que el estado sea quien decida sobre las libertades
¿Hasta cuando el estado puede exigirle a un ciudadano sobre su comportamiento?
Un embarazo forzado llevado a su término no está dentro de lo que se le puede
pedir a alguien que haga dentro de sus decisiones personales. Lo que más hemos
hablado hoy aquí es sobre si se puede interrumpir el embarazo o no, o si se debe
legalizar el uso de drogas. Parece ser que nuestro gran conflicto es cuál es el
ámbito de la libertad y cómo hacemos para administrar nuestra libertad y la
libertad ajena, creo que eso es sintomático (Romo, sesión plenaria 174, 2012).
De este lado del debate, están quienes defienden la inclusión de la legalización del
aborto en todos los casos de violación, y en algunos casos parecen estar de acuerdo con la
despenalización total del aborto, aunque no lo expresan directamente. El asambleísta Mauro
Andino afirma: “yo respeto el derecho a la vida como el que más, pero también respeto el
derecho a la libertad sexual de la mujer”. Por su parte la asambleísta Rosana Alvarado
critica la injerencia de la “fe” en la elaboración de las leyes. Esto con respecto a que la
mayoría de los argumentos en contra del aborto parecen tener soslayadas creencias
religiosas acerca de lo que es “moral” o lo que es “pecado”. Alvarado menciona haber
recibido correos electrónicos en los que se le exige legislar “de acuerdo a la santa religión
católica”, a lo que la asambleísta responde:
Yo nunca le he mandado a la iglesia la lista de lo que yo considero pecados, pero
no permito que la iglesia me mande la lista de sus leyes. La legislación es trabajo
de los legisladores. El aborto es un tema de salud pública. La Constitución dice
32	con absoluta claridad, que la víctima no puede ser revictimizada (Alvarado, sesión
Al día siguiente de darse este debate en la Asamblea Legislativa, el Presidente de la
República, en declaraciones a varios medios de comunicación, indicó que “vetará cualquier
reforma que busque ampliar las causales de aborto que ya existen en el Código Penal”
(Correa, conversatorio con los medios, 2012). El Presidente no dio más razones para esta
decisión, lo cual dejó una sensación entre algunos legisladores de que todo el debate no es
más que una pérdida de tiempo: “ya sabemos cuál va a ser el resultado. El resultado es que
va venir un veto presidencial y toda esta discusión va a quedar en el olvido” (Montúfar,
declaración a medios, 2012).
Este seguramente es uno de los ejemplos en los que se ve más claramente que la
posición actual del estado ecuatoriano en temas de género y mujeres es de rechazo ante
todo lo que atente con las concepciones más tradicionales acerca de la maternidad y la
sexualidad femenina, por encima del cumplimiento de los derechos consagrados en la
Constitución, como el derecho de toda mujer a decidir sobre su vida sexual y reproductiva.
De todas las reformas previstas para el Código Orgánico Integral Penal, la
tipificación de la violencia intrafamiliar como delito, ha sido otro de los temas de mayor
preocupación para algunas organizaciones de mujeres por las consecuencias tanto positivas
como negativas en cuanto a derechos para las mujeres que pueda tener la elevación a delito
de la violencia intrafamiliar. Para éstas organizaciones no cabe duda que la tipificación de
la violencia intrafamiliar como delito es un avance positivo que contribuirá a la
visibilización de la violencia hacia las mujeres como un problema social grave que hay que
erradicar. Actualmente, este tipo de agresión es legalmente una “infracción” reprimida con
prisión correccional de uno a seis meses según la gravedad. Sin embargo, este avance, tal y
como está concebido en el proyecto del Código Penal, podría significar el fin de uno de los
logros más importantes de los movimientos de mujeres en el ámbito legislativo, la ley 103.
33	La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, conocida como Ley 103, fue
aprobada el 29 de noviembre de 19957. Su objetivo principal es “proteger la integridad
física, psíquica y libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la
prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus
derechos y los de su familia” (Dirección Nacional de la Mujer, 1995). Uno de los aspectos
más importantes de esta ley es que establece medidas de amparo para la persona agredida,
como conceder boletas de auxilio, prohibir el acceso del agresor a la persona violentada,
ordenar la salida del agresor de la vivienda si esta es compartida con la agredida,
allanamiento, entre otras. Dichas medidas de amparo pueden ser ejecutadas por las
autoridades pertinentes de manera inmediata, luego de recibida la denuncia. Al ser
tipificado como delito cualquier acto calificado como “violencia intrafamiliar”, tendrá que
seguir el proceso judicial que se sigue para todo delito y la ley 103 que se basa en la
concepción de este tipo de violencia como una infracción, quedaría derogada.
En caso de que el Código Orgánico Integral Penal sea aprobado tal y como está, y
no se incluyan medidas de protección como las establecidas en la ley 103 o similares, las
personas agredidas tendrían que esperar que finalice el proceso de juicio penal, sin la
seguridad de que su agresor no pueda acercarse o contactarle libremente. En opinión de
Anunziatta Valdez, dirigente del movimiento de mujeres:
No es posible que las mujeres, que por efecto del machismo son golpeadas,
acudan a una instancia de justicia y se les diga que no se les puede dar boleta de
auxilio, lo que significa que tienen que esperar que las golpeen o maltraten para
recién poner una denuncia que luego tiene un proceso engorroso y largo (Valdéz,
sesión plenaria 174, 2012).
Finalmente, cabe cuestionar el uso de la palabra “intrafamiliar” para referirse a la
violencia contra las mujeres. Este término utilizado comúnmente en la ley y en el discurso
Registro Oficial No 839, 11 de diciembre de 1995.
34	de asambleístas, medios de comunicación y algunas representantes de los movimientos de
mujeres, fomenta el estereotipo de las mujeres como madres-esposas-victimas, cuya vida
transcurre dentro del marco privado de la familia. Toda mujer que no cumpla con este
estereotipo, y toda violencia de género que ocurra fuera del “hogar”, parece ser
invisibilizada legal y discursivamente.
Se puede concluir entonces que a pesar de que la Constitución ecuatoriana es
considerada como una de las más avanzadas a nivel de la región latinoamericana en cuanto
a derechos de las mujeres y de las personas con diversa condición sexo-genérica, y que
algunos de los Proyectos de Ley presentados en el Poder Legislativo pretenden viabilizar el
ejercicio pleno de estos derechos; en la práctica se observa una marcada no-acción estatal
que se evidencia en la excesiva demora en la discusión de los proyectos de ley. Está falta de
acción es justificada por los representantes del estado con el argumento de que algunos de
los temas relacionados con el género no son prioridades de “las grandes mayorías”.
En el caso de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, algunos de los
discursos desde los poderes Legislativo y Ejecutivo evidencian un franco rechazo a
cualquier propuesta o reforma que esté por fuera de las visiones más conservadoras y
moralistas acerca del género, la sexualidad, y por sobre todo en contra de la garantía de los
Beauvoir, Simone de (1999)[1949]. El segundo sexo. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
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Valdéz, Anunziatta, 12 de julio de 2012. Sesión Plenaria 174. Intervención de la ciudadanía sobre el Código
Integral Penal. Quito: Asamblea Nacional Legislativa.
36	Graves violaciones a los derechos humanos ¿es adecuado revivir
Patricia Bastidas Valle1
El presente ensayo analiza la necesidad de mantener la criminalización primaria de delitos graves
cometidos por el Estado o con su aquiesencia, con el fin de garantizar los derechos a la verdad, justicia y
reparación que tienen las víctimas y familiares de las víctimas, así como el derecho de toda la sociedad de que
estos hechos no se repitan nunca más. Así, la criminalización primaria debe ser analizada en el marco de los
derechos humanos y la necesidad de reparar las violaciones cometidas por el Estado.
This essay discusses the need to maintain the primary criminalization of serious crimes committed by
the State or with its acquiescence, in order to guarantee the rights to truth, justice and reparation for victims
and families of the victims, and the right of society that these events are not repeated again. Thus, the primary
criminalization should be analyzed in the context of human rights and the need to redress the violations
committed by the State.	Introducción
En el proyecto del Código Orgánico Integral Penal, dentro del Título III, referente a
las Infracciones en Particular, en el Capítulo Primero, bajo el título de Graves Violaciones a
los Derechos Humanos y Delitos contra el Derecho Internacional Humanitario, en la
Sección Primera, se tipifican los siguientes delitos contra la humanidad: genocidio,
etnocidio, delitos de lesa humanidad, exterminio, esclavitud, desplazamiento forzado,
desaparición forzada, ejecución extrajudicial, persecución, apartheid y agresión.
Estos delitos son cometidos por el Estado, entiéndase, por aquellos que detentan el
poder y que, a través de la estructura estatal, generan las condiciones para su cometimiento,
e incluso cuando otros actores cuentan con su aquiescencia; estos delitos tienen como
características que se realizan mediante un ataque generalizado y sistemático contra la
población civil, es decir el conjunto de acciones violatorias de los derechos humanos
Doctora en Jurisprudencia graduada de la Universidad Central del Ecuador en el año 2004, estudiante de la
Maestría de Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar. Fiscal en la Unidad de Delitos
Flagrantes de Pichincha. <patybastidas@yahoo.es>
37	dirigidas contra un grupo humano identificado, por razones políticas, raciales, de etnia,
De otro modo, también se puede decir que estos actos no son aislados ni eventuales,
pueden estar dirigidos a varias víctimas o a una víctima representativa o al líder de un
grupo humano, con lo cual se amedrenta al grupo y eventualmente se lo pone en riesgo.
Además debe cumplir la condición de sistematicidad, es decir, responde a una
política estatal implementada a través de una estructura gubernamental, por ende, en estos
ataques se emplean recursos estatales, entiéndase, vehículos, instalaciones militares y
policiales, personal, logística; en fin, todos los recursos empleados son pagados por los
Finalmente, estos ataques están dirigidos contra población civil, es decir, población
no armada o que en el momento de los ataques, no podrían ser consideradas combatientes;
además son cometidos con terrible atrocidad, con actos inimaginables e impronunciables;
bastaría leer o escuchar los testimonios de las víctimas, quienes no sólo sufrieron
afectaciones físicas sino graves secuelas psicológicas que no les permiten un normal
desenvolvimiento en su vida.
Si bien es cierto, actualmente se critica una indiscriminada criminalización de varias
conductas que no deberían tener cabida en el Derecho Penal, no deja de ser relevante
afirmar que este tipo de conductas sí deben ser tipificadas por varias razones que se
Por qué criminalizar delitos graves cometidos por los Estados
En primero lugar porque estos son delitos cometidos desde el poder, como
consecuencia de decisiones políticas que afectan, e históricamente han afectado
gravemente, los derechos humanos de los grupos más vulnerables de la sociedad, quienes
no tienen más que sus derechos fundamentales2.
Varios de estos delitos cometidos histórica y sistemáticamente en todo el continente han sido presentados
como casos de violaciones de derechos humanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los
38	Se cometen dentro de modelos penales autoritarios, que según Luigi Ferrajoli, al
analizar los distintos sistemas penales, los identifica como sistemas de mera legalidad, es
decir, sin prueba y defensa (en sentido estricto):
…deriva de la sustracción de SG de los principios de la carga de la prueba
y del derecho a la defensa expresados por los axiomas A9 y A10. {…}
Prueba y defensa lo son en sentido estricto sólo si, gracias a la estricta
legalidad o taxatividad de la previsión legal de las hipótesis de delito, el
sistema permite, como en SG, la decidibilidad de la verdad procesal de las
conclusiones jurídicas apoyadas por ellas. {…}., si acusación y defensa
son, como en S1, sólo argumentables pero no también verificables y
refutables, estas mismas garantías están presentes sólo en sentido lato.3
En segundo lugar, deben mantenerse en los códigos penales en respuesta al avance
del Derecho Penal Internacional, que ha desarrollado gran cantidad de doctrina a fin de
romper ciertos principios del Derecho Penal, en los cuales, los perpetradores de estas
violaciones de derechos humanos, se han escudado a fin de procurar su impunidad.
En tercer lugar, y para ser consecuentes con la Constitución del Ecuador, que fue
expedida en el año 2008 y que en el Art. 80 considera imprescriptibles a estos delitos, en
concordancia con el deber del estado de respetar y hacer respetar los derechos
La memoria de las víctimas de estos delitos
Pero ¿qué sentido tiene tratar de revivir a esos muertos? Y aunque parezca una
pregunta absurda, hay mucha gente que considera ésta, una tarea inútil, puesto que ya no
tiene sentido, a decir de muchos, remover el pasado; sin embargo, revivir a estos muertos es
cuáles pueden ser revisados en las páginas web de la CIDH y Corte IDH:
<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/peticiones.asp;
http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/casoscontenciosos>
Luigi Ferrajoli, Derecho y razón, Editorial Trotta S.A., Madrid, 1995, p. 98.
39	A lo largo de la historia de la humanidad, se ha buscado siempre un enemigo sobre
el cual descargar el poder punitivo del Estado, a fin de satisfacer la necesidad de venganza
de la sociedad, distraída siempre por perseguir a los “malos”, lo cual ha resultado siempre
muy conveniente a los grupos de poder, quienes con esta atención distraída, han podido
Y los enemigos han sido muchos, según su turno, los extranjeros, las mujeres
“malas”, aquellas que mediante hechicerías y pactos diabólicos, pretendieron incumplir el
rol de subyugación sabiamente predeterminado por el poder patriarcal; luego los
comunistas, los que cuestionaban el orden establecido, cualquier persona que fuere
diferente, es un peligro que hay que combatir; para lo cual se elabora un discurso que
sustenta esta necesidad de destruir a la amenaza. Zaffaroni dice que “[l]os discursos tienen
una estructura y un contenido”4, la estructura se mantiene siempre pero el contenido puede
variar, además, como lo manifiesta Ávila Santamaría “[l]os discursos crean realidades”5,
por eso son tan peligrosos, porque ciegan a la ciudadanía y le hacen justificar lo que en
lógica racional, no tendría justificación alguna.
La característica de estos enemigos es que generan una emergencia, la necesidad
imperante de actuar de forma inmediata, con lo cual además, se evita responder cualquier
crítica u oposición, puesto que le emergencia amerita esta intervención urgente. Esto no ha
cambiado en lo más mínimo, como bien lo afirma Zaffaroni.
Los demonólogos elaboraron un discurso muy bien armado para liberar su
poder punitivo de todo límite, en función de una emergencia {…}: se alega
una emergencia, como una amenaza extraordinaria que pone en riesgo a la
humanidad, a casi toda la humanidad, a la nación, al mundo occidental,
etc.., y el miedo a la emergencia se usa para eliminar cualquier obstáculo al
Eugenio Raúl, Zaffaroni, La cuestión criminal, Grupo Editorial Planeta, Buenos Aires, 2011, p. 36
Ramiro, Ávila Santamaría, “La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos. Una mirada
desde el garantismo penal”, en prensa.
40	poder punitivo que se presenta como la única solución para neutralizarlo.
(Zaffaroni, “La cuestión criminal”, 36)
Y es a través de estas emergencias que se han cometido las grandes masacres, que
en muchísimo superan a las víctimas ocasionada por delitos comunes; el poder tiene una
estructura que le permite desbordar su poder y eliminar, no sólo al enemigo identificado
sino a aquel que no se alinee a la política de emergencia.
Todo el que quiera oponerse u objeta ese poder es también un enemigo,
cómplice o un idiota útil. Por ende, se vende como necesaria no sólo la
eliminación de la amenaza sino también la de todos los que objetan u
obstaculizan al poder punitivo en su pretendida tarea salvadora. (Zaffaroni,
“La cuestión criminal”, 36)
A través de este discurso, se consigue consolidar la verticalización del poder y
además insertar en el imaginario colectivo, la sensación de peligro constante y por ende, de
necesidad constante también, de la aplicación del poder punitivo, para “cuidarnos” de estos
peligros, legitimando así su uso desbordado, en pos de nuestra seguridad.
Estas emergencias que liberan el poder punitivo ilimitado, obedecen obviamente a
gravísimos delitos cuyo cometimiento es alarmantemente frecuente, como el narcotráfico o
el terrorismo, en cuya lucha nos han embarcado, aún a costa de nuestra soberanía y del
bienestar y la vida misma de nuestros ciudadanos, como sucedió durante el establecimiento
de la Base Militar Norteamericana en Manta; he ahí unos muertos que tienen mucho que
decirnos6.
Además, esta emergencia se traduce en una guerra contra enemigos, las personas
pierden sus derechos elementales, pues son eso, enemigos, es una guerra, no puede haber
Sobre este tema se puede revisar: Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad Pública de la Comisión
Legislativa y de Fiscalización de la República del Ecuador, ¡A nadie le importó! Informe sobre la
implementación del “Acuerdo de cooperación suscrito entre el gobierno del Ecuador y el gobierno de los
Estados Unidos de América concerniente al acceso y uso de los Estados Unidos de América de las
instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades aéreas antinarcóticos”
1999-2009, Coalición No Bases, INREDH, ACJ, SERPAJ, PRODH, APDH, Quito, 2009.
41	miramientos; y ay! de aquel que ponga en duda la emergencia, como se dijo anteriormente,
pasa al bando de los enemigos.
Y estas emergencias abren puertas insospechadas; permiten detenciones arbitrarias,
torturas, que incluyen violencia física, psicológica, sexual y patrimonial; en estas guerras,
los enemigos son considerados culpables sin que medie juicio alguno, por lo tanto, sin
respeto a ninguna de sus garantías.
La mayoría de la población, obviamente las aceptan y apoyan, pues piensan que a
ellos no les va a tocar, entonces están plenamente de acuerdo con que se militaricen las
ciudades, pues las fuerzas armadas son consideradas como elementos que proporcionan
mayor seguridad a la ciudadanía; lo que se desconoce es que son precisamente los militares,
por su formación para la guerra, quienes mayores atrocidades han cometido a través de la
historia; sin que esto exima de responsabilidades a las fuerzas policiales.
Quienes detentan el poder y ejecutan estos actos violatorios de derechos humanos,
ejercen una autoridad incuestionada e incuestionable, a diferencia, claro está, de aquellos a
quienes hay que perseguir, cuya moralidad se vuelve dudosa, y así, se agrava la situación de
los enemigos pues ante los ojos de la comunidad son tan malos que bien merecen todo tipo
de castigos, ya que han escandalizado a los buenos.
Entonces, bajo ese discurso, se justifica todo lo que haya que hacer para restablecer
el orden: si hay que torturar para que hablen, está bien; si en esas torturas además se emplea
violencia sexual contra las mujeres, se justifica argumentando que ellas se lo han buscado;
si hay que matar a esto enemigos en enfrentamiento inexistentes, también está muy bien; y
con ese discurso se han legitimado las más grandes atrocidades.
No es raro escuchar a muchas personas decir que si no fuera por el gobierno de
Febres Cordero Ecuador estaría enfrentando una situación igual que Colombia a
consecuencia de la guerrilla; y que lo que él hizo en contra de los miembros de Alfaro Vive
Carajo fue tan necesario y justificado para mantener la paz en nuestro país.
42	…se ha recurrido con frecuencia, por fenómenos delincuenciales, a estados
de excepción, expandiendo de este modo el poder de la policía en la
definición de las personas que entran al sistema penal.
La justificación para la expansión del poder punitivo no sólo es fáctica,
mediática, política o normativa sino también teórica. La teoría penal que
sustenta lo que se ha venido a conocer como funcionalismo penal o doctrina
penal de la defensa social, no es nueva. (…)
En este contexto, no es difícil entender el por qué la gente común y corriente
apueste a la violencia del estado como forma única y más efectiva para
combatir la delincuencia, ni tampoco sea difícil apreciar una tendencia
expansiva del poder punitivo del estado. (Ávila, La (in)justicia penal en la
democracia constitucional de derechos. Una mirada desde el garantismo
penal, 9)
Y esa, fue en nuestro país, la época en la que más se violaron los derechos humanos,
pero el discurso vende tan bien, que muchos están agradecidos y no ven estos actos como
delitos sino como algo necesario para liberarnos de la amenaza a la que estábamos
expuestos; ese es el peligro del discurso del poder; y, por eso es tan importante revivir y
darles la voz a estos muertos. Nuevamente Ávila Santamaría insiste:
¿Cómo un grupo humano, que efectivamente puede haber generado violencia
contra las personas, puede ser víctima de violación de derechos humanos?
Es cierto, muchas veces, que quienes están presos cometieron infracciones,
pero no menos cierto es que las violaciones a los derechos humanos a las
que se les somete son mucho mayores que las que estas personas cometieron.
El sistema penal no se puede prestar para venganzas o retribuciones
sociales. No se puede exigir respeto o “civilidad”, tratando de forma
irrespetuosa o salvaje. Urge llamar la atención sobre un trato a un grupo
humano que es excesivo, inútil y vejatorio. Insistimos que lo que se pretende
no es generar impunidad frente a esa violencia, sino buscar caminos que
lleven a una sociedad más justa e inclusiva. (Ávila, “La (in)justicia penal en
43	la democracia constitucional de derechos. Una mirada desde el garantismo
penal”, 93)
Bastaría con hacer un análisis sociológico e histórico para evidenciar las graves
violaciones de derechos humanos que se cometieron, principalmente en este régimen, sin
embargo, y aunque es triste admitirlo, no fue ni la primera ni la última vez que hechos así
sucedieron en el Ecuador y que por falta de normativa, quedaron en impunidad aún cuando
se hayan disfrazado de juzgamientos, que lo único que hicieron fue evitar el castigo a los
responsables o buscar un chivo expiatorio hasta calmar la pobre exigencia social por
respuestas ante estos actos7.
Por estas razones, es tan importante que se tipifiquen estas conductas, pues así, los
perpetradores no podrán alegar falta de tipificación, seguridad jurídica, entre otras, para
evadir la responsabilidad que tienen respecto a matanzas y otras violaciones de derechos
¿Revivir a los muertos?
Pues sí, estos muertos tienen tanto que decirnos, tienen derecho a que su memoria se
recupere, a que las víctimas supervivientes y sus familiares conozcan la verdad, y que se
garantice el derecho de toda la sociedad para evitar que estos hechos vuelvan a suceder; es
decir, que no estamos dispuestos a tolerar nuevamente acciones de esta naturaleza, sin que
hay una reacción social, sin que no haya responsabilidad histórica y penal, de los
Ávila Santamaría, Ramiro, La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos. Una mirada
desde el garantismo penal, En prensa.
Sobre estos casos se puede revisar el Informe de la Comisión de la Verdad disponible en la página web del
Comité de Víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado Ecuatoriano
<http://solidaridadyddhh.wix.com/victimasddhhecuador>.
44	Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad Pública de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la
República del Ecuador, ¡A nadie le importó! Informe sobre la implementación del “Acuerdo de
cooperación suscrito entre el gobierno del Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos de América
concerniente al acceso y uso de los Estados Unidos de América de las instalaciones en la Base de la
Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades aéreas antinarcóticos” 1999-2009, Coalición
No Bases, INREDH, ACJ, SERPAJ, PRODH, APDH, Quito, 2009
Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, Editorial Trotta S.A., Madrid,, 1995.
Zaffaroni, Eugenio Raúl, La cuestión criminal, Grupo Editorial Planeta, Buenos Aires, 2011.
Informe de la Comisión de la Verdad, Sin Verdad no hay Justicia, Ecuador, 2010, disponible en <
http://solidaridadyddhh.wix.com/victimasddhhecuador>
Página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos <http://www.oas.org/es/>
Página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos <http://www.corteidh.or.cr>
45	La expansión penal en el Ecuador: ¿un salto al vacío?
Jorge Touma Endara1
El presente artículo confronta la teoría del derecho penal mínimo con algunos ejemplos de tipificación
penal en la propuesta de Código Orgánico Integral Penal, como posibilidad de advertir un proceso de
expansión penal, en que una serie de conflictos y hechos sociales buscan ser resueltos vía privación de
libertad como único mecanismo. Se busca reflexionar sobre la necesidad de ampliar la discusión de las
normas penales antes de su entrada en vigencia o alertar al menos de la eventual necesidad de demandar la
inconstitucionalidad de varios delitos y contravenciones que podrían aprobarse en los próximos meses.
This article confronts the minimum criminal law theory with some examples of criminality in the proposed
Organic Penal Code, as a posibility to warn of a criminal expansion, in which various social conflicts and
events seek to be resolved via deprivation of f liberty as the only mechanism. It seeks to reflect on the need to
expand the discussion of criminal law before its entry into force or, at least, alert to the possible need for
demanding the constitutionality of various crimes and contraventions that could be adopted in the coming
La necesidad de contar con un nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) nadie
la pone en duda; sin embargo tal como se ha concebido al proyecto, podría terminar por
convertirse en un remedio peor que la enfermedad, debido a la gran cantidad de conductas
que sin ninguna fundamentación teórica o práctica, se tipifican como delitos en el proyecto
La expansión del derecho penal, impulsada irresponsablemente por la clase política
para mejorar encuestas o atenuar la efervescencia de la opinión pública respecto a la
inseguridad, debido a las distorsiones de los medios de comunicación social; constituye en
realidad un salto al vacío para la protección de los derechos fundamentales.
Si se tiene presente que el derecho penal, debe tratar sólo aquellas acciones que
lesionan bienes jurídicos fundamentales y que además no encuentren solución en el derecho
administrativo, civil o tributario; entonces se puede advertir el exceso de disposiciones
Jorge Touma Endara, estudiante de la Maestría de Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar.
<jojotouma@hotmail.com>
46	legales que se encuentran incluidas como delitos o contravenciones en el Proyecto de
Código Orgánico Integral Penal2.
Al respecto Erbetta, refiriéndose a las reformas penales en Argentina, dice:
Lamentablemente el Derecho Penal ha pasado a convertirse en el arma preferida
dentro de una nueva racionalidad política. La incapacidad e impotencia para
resolver el aumento de los conflictos sociales, de los nuevos riesgos y problemas,
ha potenciado el recurso excluyentemente simbólico de utilización de leyes penales
como respuesta y solución a esos problemas. De esta forma, el Derecho Penal se
reduce a una caja vendedora de muchas ilusiones y pocas soluciones.3
Desbordaría el objetivo de este trabajo el analizar todos los tipos penales que de
manera irracional e injustificada, expanden el derecho penal en nuestro país; por lo que me
concentro en exponer sólo algunos tipos penales en los cuales se puede advertir, lo de
fondo; es decir que cuestiones eminentemente administrativas e innecesarias son
penalizadas irresponsablemente.
Algunos casos de expansión penal en la propuesta de COIP
La afirmación de que el derecho penal debe ser de última ratio4, no es una mera
posición ideológica o dogmática, sino la base sobre la cual el sistema penal podría tener
legitimidad y pragmatismo frente a la sociedad actual. La prueba de ello es bien conocida
por todos; mientras más tipos penales existen en un ordenamiento jurídico, mayores son las
probabilidades de violaciones a los derechos humanos y mayores son los niveles de
saturación del sistema judicial, por tanto; el riesgo de impunidad producto del colapso de
un sistema que penaliza todo y que tiene a fiscales trabajando con miles de expedientes, se
incrementa sin lugar a duda.
Sobre los principios de necesidad y de lesividad, véase Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón. Teoría del
garantismo penal, Madrid, Editorial Trotta, 1995, p. 464.
Daniel Erbetta, Seguridad y Reformas Penales ¿Hacia Dónde Vamos?, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos
Aires, 2006, p. 522.
Ramiro Ávila Santamaría, La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos. Una mirada
desde el garantismo penal. Quito, 2013, p. 43, en prensa
47	El profesor Ramiro Ávila Santamaría, respecto al derecho penal mínimo enseña:
El derecho penal mínimo tiene varios sustentos filosóficos, históricos y empíricos.
Filosóficamente, si se considera que el estado está al servicio de las personas,
promueve u protege los derechos, no puede jamás convertirse en un aparato
represor, que aniquila, anula o desconoce los derechos de las personas; su
intervención es excepcional y cuando no existen soluciones más adecuadas o
proporcionales para resolver el conflicto.5
Por ello la súper-penalización se convierte en un boomerang para sus promotores,
que se dedicaron a impulsar la tarea legislativa o el “big bang legislativo penal”6 para la
inclusión de un sin número de tipos penales hasta llevar al síncope al sistema.
Luego los mismos adeptos de la penalización de todo y por todo, aparecen en
medios de comunicación justificando el gasto en armamento, policías, guardias privados,
equipos de tecnología, patrulleros, etc., y en la consiguiente necesidad de declarar un nuevo
estado de emergencia, que fatalmente violentará los derechos humanos de miles de
personas temerosas a quienes en campaña electoral se les ofreció “más seguridad”7.
Este escenario nocivo y aterrador para la mayoría de las personas, resulta ser un
beneficio para la fuerza pública y para quienes tiene negocios lucrativos alrededor de la
seguridad; bien sabido es que en una gran cantidad de adquisiciones de armamento y otros
bienes bajo un estado de emergencia, se burlan los mecanismos de control y calidad del
gasto público; así que una declaratoria de estado de emergencia siempre será bien recibida
por ellos y por los comerciantes de armas que son los que finalmente lucran de esta
situación8.
Ávila Santamaría Ramiro, Op. Cit., p. 124.
Daniel Erbetta, Op. Cit., p. 523.
Frase permanentemente utilizada en campaña electoral por los candidatos del Partido Social Cristiano y
Al respecto revisar las siguientes noticias en página web: <http://bit.ly/GuatemalaArmasSinLicitar>,
<http://bit.ly/TraficoArmasEcuadorArgentina>
48	Pero volviendo al tema de la expansión del Derecho Penal, se puede evidenciar
como la inclusión irresponsable de conductas que fácilmente pueden ser abordadas por el
Derecho Administrativo, son tratadas como delitos; veamos algunos ejemplos obtenidos
del Proyecto de Código Orgánico Integral Penal:
Artículo 279.- Prescripción injustificada.- El profesional que, sin causa justificada,
recete sustancias estupefacientes o psicotrópicas sujetas a fiscalización o
preparados que las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de
Si hubiere extendido la receta a un menor de edad o incapaz absoluto, será
sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.9
Como es de conocimiento, varios medicamentos utilizados para el tratamiento de
enfermedades mentales como estados de ansiedad, neurosis, stress, insomnio, depresión,
trastornos de hiperactividad, entre otros; son fármacos catalogados como sustancias sujetas
a fiscalización. Cabe anotar, que la depresión o estados de ansiedad en una gran cantidad de
casos son esporádicos y no necesariamente dejan evidencia clínica en el paciente que sufrió
Ahora bien, el primer problema que se advierte está en determinar lo que se
considera “causa justificada”, debido a que los estados de ansiedad que provocan los
trastornos del sueño, pueden aparecer y desvanecerse en periodos muy cortos de tiempo, sin
dejar evidencia clínica en los pacientes, lo cual hace muy difícil que un médico pueda
demostrar ante una acusación o proceso que tuvo una causa justificada para prescribir el
El otro gran problema lo encontramos en el segundo inciso de la norma antes
transcrita, ya que justamente las personas que tienen incapacidad absoluta, pueden necesitar
eventualmente consumir un fármaco sujeto a fiscalización, no necesariamente por su
condición de discapacitado, sino porque al igual que cualquier ser humano también pueden
Proyecto de Código Orgánico Integral Penal, Art.279.
49	sufrir esporádicamente trastornos del sueño o cualquier otro episodio temporal relacionado
a su salud mental.
El Ministerio de Salud Pública, está obligado a realizar controles en farmacias del
país, dirigidos al control y comercialización de fármacos sujetos a fiscalización, incluso los
recetarios para la venta de esos medicamentos son especiales, numerados y siempre
auditados; además todos los médicos a quienes se les autoriza el recetar esas sustancias
tienen registro y control por parte de las Direcciones Provinciales de Salud y el CONSEP,
de manera que la pregunta que surge es: ¿porque abrir la puerta para penalizar al
profesional de la salud, por una conducta que no atenta contra un bien jurídico objetivo y
que muy difícilmente se podrá probar en juicio?
Además si existiera una indebida o injustificada prescripción de medicamentos, la
investigación y de ser el caso sanción (no penal) fácilmente puede ser tratada por las
autoridades en el ámbito administrativo. Finalmente no deja de llamar la atención la
desproporción en la pena, ya que se establece hasta 7 años de privación de la libertad, es
decir una pena más grave que la contemplada, por ejemplo, para el delito de robo simple.
Artículo 230.- El propietario, administrador o empleado de droguería, farmacia,
empresa farmacéutica o local de comercio autorizados para la venta de
medicamentos, que despache sustancias catalogadas sujetas a fiscalización o
preparados que las contengan, sin receta o con recetas caducadas, mutiladas,
falsificadas, forjadas o alteradas, será sancionado con pena privativa de libertad
de tres a cinco años.10
¿Cómo el propietario, administrador o un empleado de una farmacia puede
determinar la falsedad de una receta? Pensemos en que alguien entregue al empleado de
una farmacia una receta médica falsificada; ¿será posible que él dada su formación pueda
establecer la veracidad de la misma? ¿En qué momento los farmaceutas se convirtieron en
Proyecto de Código Orgánico Integral Penal, Art.229.
50	peritos capaces de establecer si un documento es o no verdadero?
Los propietarios, administradores o empleados de farmacias deberán partir de la
duda cada vez que se les extienda una receta para despacho, ya que si les falla su intuición
y efectivamente la receta es falsificada, deberán pagar una condena de hasta 5 años de
privación de la libertad. Posiblemente en muchas farmacias se dejará de vender
medicamentos que requieran receta y ante esa eventual escasez o dificultad de conseguir los
medicamentos se dará paso a mafias que sí proveerán los fármacos sin receta.
Ahora analicemos algunas conductas consideradas contravenciones, en las que
incomprensiblemente existe privación de la libertad11:
Artículo 410.- Contravenciones de primera clase.- Serán sancionadas con multa de
un salario básico unificado del trabajador en general y pena privativa de libertad
de uno a cinco días:
1.- Las personas que, fuera de los casos permitidos por las ordenanzas
municipales, ocupen las aceras con objetos que interrumpan o entorpezcan el libre
tránsito de los peatones, o que condujeren objetos que por su forma y calidad,
estorbaren a los transeúntes.
6.- Las personas que sean encontrados en cualquier lugar público en estado de
9.- Los que en calles y plazas reventaren petardos o cohetes, o hicieren fogatas, sin
permiso de la autoridad competente.12
Nuevamente podemos evidenciar como competencias atribuidas a los municipios a
través de ordenanzas son volcadas hacia el Derecho Penal; con la ilusoria esperanza de
solucionar conflictos administrativos que no son graves mediante la amenaza penal.
No existe fundamento alguno para privar de la libertad a un ciudadano por estorbar
a los transeúntes, por encontrarse en estado de embriaguez, o por reventar petardos; además
que efectividad podrían tener esas contravenciones en un país como Ecuador, con una de
Sobre la despenalización de las contravenciones véase Ramiro Ávila Santamaría, Op. Cit.
Proyecto de Código Orgánico Integral Penal, Art. 440 (1, 6, 9).
51	las tasas de consumo de alcohol más elevadas de Latinoamérica y en la que a fin de año la
población se vuelca a las calles a reventar petardos, y bengalas; o cuando en la tradicional
fiesta de “San Pedro y San Pablo” se hacen fogatas; es decir esas prohibiciones no tienen
ni una básica aproximación a la realidad cultural de nuestro país, de manera que lo único
que hacen los legisladores al incluirlas en el catálogo penal, es dejar evidencia de lo ocioso
de esas normas, su posible inaplicabilidad, en vez de encontrar otras vías para resolver
conflictos identificadas en esa tipificación.13
La expansión del derecho penal, instrumentado en el proyecto de Código Orgánico
Integral Penal, plantea la pregunta sobre cómo luchar contra corriente y hacerle frente a una
posición tan irracional, pero a la vez tan bien enclavada en la mente de las personas a
quienes los medios de comunicación y otras agencias penales han covencido que el derecho
penal es la solución a los problemas sociales y la mejor herramienta para lograr seguridad.
Al parecer una de las acciones para sosegar el desenfreno punitivo; sería
implementar una permanente y masiva campaña de información sobre verdades, que
muestren a la ciudadanía la realidad y así permitir diseñar nuevas formas de solución de
conflictos, dejando al derecho penal sólo las situaciones estrictamente necesarias en las que
no se encuentre otras formas de control, prevención, o coerción que coadyuven a la paz
Se debe exigir a la clase política y a los medios de comunicación, que detengan su
discurso clientelar y vacío respecto a temas de criminalidad, y den paso al discurso de los
académicos, profesionales especialistas en la materia, y operadores de justicia; a fin de que
la ciudadanía obtenga información verdadera y contextualizada, lo cual evidentemente
Eugenio R. Zaffaroni, Sistemas penales y derechos humanos en América Latina (Primer Informe), Instituto
Interamericana de Derechos Humanos, Buenos Aires, Depalma, 194, pág. 82, en Ramiro Ávila Santamaría,
52	permitirá que la problemática del Derecho Penal, sea abordada desde una perspectiva
objetiva y seria.
En el evento de que el Código Orgánico Integral Penal, finalmente entre en vigencia
con la gran cantidad de conductas tipificadas como delitos y contravenciones, sin observar
principios de necesidad, lesividad, y mínima intervención penal; deberemos pasar de la
comodidad del debate en las aulas universitarias, a una posición activa que demande la
declaratoria de inconstitucionalidad de esas normas por parte de la Corte Constitucional.
Erbetta, Daniel, Seguridad y Reformas Penales ¿Hacia Dónde Vamos?, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos
Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, Editorial Trotta, 1995.
Proyecto de Código Orgánico Integral Penal, actualizado a diciembre 2012.
Zaffaroni, Eugenio R., Sistemas penales y derechos humanos en América Latina (Primer Informe), Instituto
Interamericana de Derechos Humanos, Buenos Aires, Depalma.
Proyecto de Código Orgánico Integral Penal, actualizado a 2012.
53	Recursos para el seguimiento de normativa y reformas penales
A continuación y como un aporte del PADH para la investigación sobre derechos
humanos y derecho penal se detalla una serie de recursos disponibles para el seguimiento
de normativa vigente y proyectos de ley presentados en los países de América del Sur,
como herramienta útil para el análisis de la normativa vigente penal y de sus reformas en la
Parlamentos de los países de América del Sur
En América del Sur existen tanto parlamentos bicamerales como unicamerales. A
continuación se detalla las páginas de cada uno de ellos con enlace directo al formulario de
consulta para seguimiento de proyectos de ley presentados y de leyes aprobadas.
El Congreso de la Nación de Argentina <http://www.congreso.gov.ar/>es bicameral,
conformado por las cámaras de Senadores y de Diputados. En la página de la Cámara de
Diputados existe un buscador de proyectos presentados ante ambas cámaras por períodos
(2013-1999; 1999-1990; 1989-1983; 1940-1962). También existe otra herramienta para
buscar la legislación nacional, la constitución nacional y el procedimiento legislativo.
Buscador de proyectos presentados: < http://bit.ly/busquedaProyectosLeyArgentina>
Buscador de legislación: <	http://bit.ly/BusquedaLegislacionArgentina>
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia también es bicameral,
comformada por las Cámraras de Diputados <	http://www.diputados.bo/> y de Senadores
<http://www.senado.bo/>, en ámbas páginas web existe opción para buscar tanto proyectos
de ley como leyes aprobadas.
54	1.
Buscador de legilsación en la Cámara de Diputados: <http://www.diputados.bo/index.php/leyes>
Buscadores de la Cámara de Senadores: <	http://www.senado.bo/proyectos_de_ley/camara_de_origen;
http://www.senado.bo/proyectos_de_ley/camara_revisora; http://www.senado.bo/leyes_promulgadas>
El Congreso Nacional de Brasil también es bicameral, comformada por las
Cámraras
<http://www2.camara.leg.br/>
<http://www.senado.gov.br/>, en ámbas páginas web existe opción para buscar tanto
proyectos de ley como leyes aprobadas.
Buscador de legilsación en la Cámara de Diputados: <http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao>
Buscador de proyectos de ley en la Cámara de Diputados: <http://www.camara.leg.br/sileg/default.asp>
Buscador de legislación en la Cámara de Senadores: <	http://www.senado.gov.br/legislacao/>
Buscador de proyectos de ley en la Cámara de Senadores: <	http://www.senado.gov.br/atividade/>
El Congreso Nacional de Chile también es bicameral, comformada por las Cámraras
de Diputados <http://www.camara.cl/> y de Senadores <http://www.senado.cl/>, pero
además existe la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
<http://www.bcn.cl/>, en donde se encuentran las dos herramientas de búsqueda.
Buscador de legilsación: <	http://www.leychile.cl/Consulta>
Buscador de proyectos de ley: <	http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php>
El Congreso de la República de Colombia también es bicameral, comformada por
las Cámraras de Diputados <http://www.camara.gov.co/portal2011/> y de Senadores <	http://www.senado.gov.co/>. En ambas páginas existen buscadores para leyes aprobadas y
Buscador de legilsación en el Senado: <http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/leyes-yantecedentes>
Buscador de proyectos de ley en el Senado: <http://www.senado.gov.co/az-legislativo/proyectos-de-ley>
Buscador de legislación en la Cámara de Diputados: <http://bit.ly/BuscadorLegislativoColombia>
Buscador de proyectosde ley en la Cámara de Diputados: <http://bit.ly/ProyectosEnCursoColombia>
55	Ecuador
La Asamblea Nacional de la República del Ecuador es unicameral conformada
exclusivamente por Asambleístas Nacionales <http://www.asambleanacional.gob.ec/> en
su pagina web existen buscadores para leyes aprobadas y para proyectos de ley en trámite.
Buscador de trámite de proyectos de ley: <http://www.asambleanacional.gob.ec/tramite-de-lasleyes.html>
<http://www.asambleanacional.gov.ec/leyes-asamblea-
nacional.html>
<http://www.congreso.gov.py/>
<http://www.diputados.gov.py/ww2/> y de Senadores <http://www.senado.gov.py/>.
Además cuenta con un Sistema de Información Legislativa que permite hacer busquedas
Buscador del poder legislativo de la República del Paraguay: <http://silpy.congreso.gov.py/>
El Congreso de la República del Perú es unicameral conformado por la cámara de
Congresistas. En su página web existen los siguientes recursos para hacer seguimiento a
proyectos de ley y legislación aprobada.
Buscador de leyes en Perú: <	http://bit.ly/LeyesPerú>
Buscador de proyectos de ley: <	http://bit.ly/ProyectosLeyPerú>
El Parlamento del Uruguay es bicameral formado por las Cámaras de
Representantes y de Senadores <	http://www.parlamento.gub.uy/>. En la página de inicio
cuenta con un formulario de consulta para toda la actividad legislativa.
<http://www.parlamento.gub.uy/indexdb/general/ConsultaGenerica-2.asp>
La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela es unicameral
56	conformada por la Cámara de Diputados <http://www.asambleanacional.gov.ve/> y
contiene las siguientes herramientas de búsqueda en su página web, aunque se precisa que
no existe la posibilidad de buscar el trámite de proyectos de ley.
Gacetas Oficiales del año 2013: <http://www.asambleanacional.gov.ve/tabs/mes/documento?id=21>
Buscador de leyes sancionadas: <http://www.asambleanacional.gov.ve/ley?id=5#Contenido>
Buscador de leyes aprobatorias: <http://www.asambleanacional.gov.ve/tabs/aprobatorias#Contenido>
Recursos a nivel internacional
También exite la Organziación Internacional de Parlamentos [Inter-Parliamentary
IPU]
<	http://www.ipu.org/english/home.htm> y cuenta con los siguientes recursos para la
PARLINE Database on national parliaments: <http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp>
Web Sites of National Parliaments: <http://www.ipu.org/english/parlweb.htm>
Committees and Working Groups of the Union: <http://www.ipu.org/strct-e/comtees.htm>
Cooperation with the United Nations: <http://www.ipu.org/strct-e/un.htm>
Main áreas of activity: <http://www.ipu.org/iss-e/issues.htm>
57	ACTUALIDAD
Caso La Cocha 2 y la garantía del debido proceso1
Rodrigo Ugsha Cuyo2
El presente artículo analiza el proceso de justicia indígena del caso públicamente conocido como “La Cocha
2”, y tiene como objetivo detallar el cumplimiento de las cinco etapas del proceso que aplican las
comunidades Kichwa de la Sierra, en especial en la Provincia de Cotopaxi, y que finalmente permiten hacer
una analogía con lo que en el derecho occidental se conoce como el Derecho al Debido Proceso. Busca ser un
aporte a la discusión sobre la justicia indígena, eliminar ciertos estereotipos, pero sobre todo que se amplíe el
debate por su respeto y garantía.
This article analyzes the process of indigenous justice of the case publicly known as "La Cocha 2". Its aim is
to detail the implementation of the five stages that apply Kichwa communities in Ecuador, especially in the
Province of Cotopaxi, and, finally, allow an analogy to what in Western law is known as the Right to Due
Process. It seeks to be a contribution to the discussion on indigenous justice, eliminate certain stereotypes, but
mainly to broaden the discussion to respect and guarantee.
A partir del 20 de octubre del 2008, asistimos a una etapa en el constitucionalismo
ecuatoriano, lo cual ha significado una especie de descubrimientos, con los que unos están
de acuerdo y otros parece que no. Unos consideran que como estábamos antes estaba mejor,
mientas que otros, en un sentido más general, piensan que el nuevo sistema jurídico
pareciera ser la salvación que esperábamos.
En medio de esta suerte de circunstancias, hay una que ha llamado la atención de
todos, sin importar el peldaño social que ocupemos y es el caso de la denominada “justicia
El presente artículo es parte de la monografía final titulada “Justicia indígena vs. Justicia ordinaria, el
derecho al debido proceso en el Caso La Cocha 2” y presentada en la Universidad Andina Simón Bolívar,
previo a la obtención del título de Especialista Superior en Derechos Humanos.
Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador,
Especialista Superior en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente labora
en la Corte Constitucional del Ecuador como Técnico Constitucional Jurisdiccional.
<ugsharod10@gmail.com>
58	indígena”.
En la concepción estatal, enmarcado en el monismo jurídico, aún es inadmisible la
existencia de esta práctica, sobre todo en una sociedad “civilizada y moderna”, como la
nuestra. Y, es que según el ideario, por no decir estereotipo, de la sociedad en general, las
prácticas ancestrales de administración de justicia indígena (que siempre han estado
presentes desde tiempos inmemoriales) solamente consisten en el fuete, el baño con agua,
la ortiga, la caminata con tierra encima, y son consideradas como prácticas de bárbaros,
salvajes, cavernícolas, medievales, ente otros calificativos, pues constituirían violaciones a
Se ha mencionado que aquellas prácticas carecen de todo procedimiento, en donde
se contemple el derecho de la persona a quien se juzga, ya que consideran que, de buenas a
primeras, los indígenas someten a la persona a los “castigos”, sin la menor oportunidad de
defenderse. Es decir, no se sigue lo que en la doctrina, normativa y jurisprudencia estatal y
de occidente se conoce como el derecho al debido proceso.
Y es justamente el tema que a continuación se discute a través del análisis del caso
de conocimiento público denominado “La Cocha 2”, en el cuál, sin querer significar el
derecho al debido proceso como tal, se demuestra como en este caso emblemático, se puede
recorrer y observar la existencia de un minucioso y acucioso procedimiento que permite
configurar a la “justicia indígena”.
Este derecho, considerado como uno de los “más perfectos y sofisticados
instrumentos de resolución de disputas o conflictos de contenido o relevancia jurídica…”3
ha sido ratificado en la actual Constitución que manifiesta que “en todo proceso en el que
se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al
debido proceso”4 y ha sido desarrollado a través de siete garantías básicas en procura y
José García Falconí, ¿Qué es el debido proceso?, disponible en <	http://bit.ly/QueEsDebidoProceso>
Constitución del Ecuador, Art. 76.
59	resguardo del derecho de las personas a una administración de justicia eficaz, oportuna y
equitativa. Al respecto, Olga Edda Ciancia, señala que:
es el derecho a la justicia mediante un procedimiento que no se agota en el
procedimiento formal de los trámites previstos en las leyes adjetivas, sino que
se extiende a la necesidad de obtener una rápida y eficaz decisión judicial que
ponga fin a los conflictos y situaciones de incertidumbre, evitando dentro de
los límites de lo razonable y conforme a las circunstancias de cada caso una
dispendiosa y eventualmente inútil actividad jurisdiccional5.
En este marco conceptual, la Corte Constitucional ecuatoriana, para el periodo de
transición, en una de sus sentencias, se refirió al debido proceso como el “'axioma madre',
el generador del cual se desprenden todos y cada uno de los principios y garantías que el
Estado ecuatoriano se encuentra obligado a tutelar”6.
Nuestra Carta Fundamental vigente, a la par de los principales instrumentos
internacionales de derechos humanos7 establece, como contenido del derecho al debido
proceso, una serie de garantías fundamentales, especialmente en los casos penales como por
ejemplo: el carácter excepcional de la privación de la libertad, orden de juez competente
para dictarla, así como el derecho a saber y conocer las razones de por qué se la ordena; no
ser incomunicados; derecho a la defensa; entre otros8. Además de ello, quienes hayan sido
víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial por parte del Estado, quien
deberá adoptar todos los mecanismos posibles para una reparación integral9.
Ahora bien, en cuanto a la justicia indígena, ¿existe el debido proceso? Sin lugar a
duda esta es la pregunta de muchos y para algunos de ellos tal vez la respuesta obvia es
Olga Edda Ciancia, El debido proceso, en Adolfo Alvarado V y Oscar Zorzoli, Coordinadores, El debido
proceso, EDIAR, Buenos Aires, 2006, p. 140.
Sentencia No. 003-09-SEP-CC, caso 0064-08-EP.
Por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos
Constitución del Ecuador, Art. 77.
Ibíd., Art. 78.
60	simplemente “no”.
Antes de entrar en el desarrollo del capítulo concerniente al tema, valga la siguiente
puntualización. El derecho al debido proceso, en la justicia indígena se cumple “de acuerdo
a la práctica consuetudinaria [ya que] no es posible someter […] a ningún sistema
(Baltazar, 2009: 464)
porque aquello implicaría una afectación al sistema en sí del
derecho indígena que abarca su cultura, conocimientos propios, el dinamismo, la identidad,
entre otros, que forman los elementos esenciales de la justicia indígena.
Contextualización y antecedentes del caso La Cocha 2
El caso concreto ocurrió en la Comuna La Cocha, ubicada en la Parroquia
Zumbahua, perteneciente al cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi; y que constituye una de
las zonas más altas del páramo andino, que promedia entre los 3300 a 4000 m.s.n.m. La
parroquia está conformada por un total de once comunidades: Michacalá, Guantopolo,
Talatac, Yanallpa, Saraugsha, Chami, Tigua Chimbacucho, La Cocha, Rumichaca,
Yanaturo y Ponce.
Debo precisar que para el desarrollo del presente capítulo me basé
fundamentalmente en el Acta de la comuna La Cocha, denominada “Acta de solución de
conflicto por muerte suscitado en la Parroquia Zumbahua y juzgado en la Comuna La
Cocha”10, elaborada durante la Asamblea General llevada a cabo el 16 de mayo del 2010, a
las 12h00, entre dos organizaciones del lugar, la Unión de Organizaciones y Comunidades
Indígenas de Zumbahua (UNOCIZ) y la Unión de Organizaciones y Comunidades
Indígenas de La Cocha (UNOCIC), y que fue presidida por sus respectivas autoridades.
La denominación de La Cocha 2 se debe a que en la misma comunidad, en el año
2002, se llevó a cabo otro caso de administración de justicia por parte de las autoridades
indígenas, por el asesinato del comunero Maly Latacunga, y que la justicia ordinaria, por
vez primera, reconoció esta acción como válida. En efecto, el doctor Carlos Poveda, en ese
Acta No. 24. Acta de solución de conflicto por muerte suscitado en la Parroquia Zumbahua y juzgado en la
Comuna “La Cocha”, de 16 de mayo el 2010.
61	entonces Juez Segundo de lo Penal de Cotopaxi, en aplicación y cumplimiento de la
disposición constitucional, dictó la nulidad de todo lo actuado por un Fiscal de la provincia,
quien había iniciado un proceso penal en contra de las autoridades indígenas que
resolvieron previamente aquel asesinato11. Ocho años después, en esta misma comunidad se
suscitó un nuevo hecho de asesinato que conmocionó a sus habitantes, y la actuación de las
autoridades indígenas puso a la comunidad entera en el ojo del huracán, y fijó la atención
nacional e internacional en los pasos de este colectivo.
El domingo 09 de mayo de 2010, día en que se celebraba una de las acostumbradas
fiestas matrimoniales a los que generalmente concurren grandes cantidades de comuneros12,
Marco Antonio Olivo Pallo, joven de 21 años de edad, oriundo de La Cocha, se encontraba
también entre los asistentes. El joven, habría tenido un altercado con cinco jóvenes de la
comuna Guantopolo, a eso de las 20 horas aproximadamente, quienes con engaños lo
sacaron del medio de la fiesta y lo llevaron hasta la plaza central, en donde, en pandilla, lo
agredieron y uno de ellos lo estranguló. Para terminar el macabro acto, fue colgado de su
propia correa en una verja de la plaza. La víctima fue encontrada por un familiar suyo, Alex
Cunuhuay, quien después de hallarlo dio la voz de alarma y junto con otras personas,
lograron trasladarlo al Hospital Claudio Benatti del lugar, en donde solamente se confirmó
su deceso13.
La justicia indígena tiene cinco etapas y de cuyo cumplimiento son responsables las
autoridades indígenas: 1) Willachiy o Willachina, 2) Tapuna o Tapuykuna, 3)
Chimpapurana, 4) Huchachina – Kishpichina, y 5) Paktachina. Este conjunto de
Fernando García, El estado del arte del derecho indígena en el Ecuador, disponible en
<www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/.../Garcia%20S%20Fernando.pdf>
Al contrario de otras ceremonias matrimoniales que generalmente son consideradas íntimas o solo para el
círculo familiar, en las comunidades como en Zumbahua, llegan además de los familiares y amigos, una gran
cantidad de comuneros, esto debido a que en la comunidad casi se conocen entre todos y el deseo de
acompañar en su momento importante es parte de las costumbres que se mantienen.
Auto de llamamiento a juicio, dictado por el Juez Primero de Garantías Penales de Cotopaxi, de 24 de
septiembre del 2010 a las 18h08.
62	procedimientos han pervivido desde tiempos ancestrales en la vida de los pueblos y
nacionalidades que acorde a las necesidades, sucesos del momento y su realidad cultural,
han resuelto y resuelven los conflictos internos generados en su espacio y tiempo.
El doctor Raúl Ilaquiche, abogado indígena, oriundo de la comunidad Tigua
Yatapungo, los denomina “procedimientos culturales en la administración de justicia
indígena” (Ilaquiche, 2006: 81). Esta práctica, así como los principios rectores de vida, ha
permanecido en la palabra de las generaciones sucesoras hasta el día de hoy. Con este
antecedente detallo a continuación el proceso de juzgamiento del caso La Cocha 2 por cada
Primera etapa: Willachiy o Willachina
En esta primera etapa, la parte afectada o interesada, en forma oral y sin
formalismos mayores, pone en conocimiento de las autoridades indígenas el hecho o delito
que le afecta, solicitando la intervención inmediata y pronta solución (Ilaquiche, 2006: 81).
Al día siguiente de los hechos, el lunes 10 de mayo en horas de la tarde, los hermanos
de la víctima y demás familiares pusieron en conocimiento de las autoridades indígenas de
La Cocha, el asesinato de Marco Antonio Olivo Pallo. Además, mencionaron que habían
hecho las averiguaciones respectivas sobre los responsables y conocieron que unos jóvenes
de la comuna Guantopolo habrían cometido el crimen.
Los dirigentes, Ricardo Chaluiza, Presidente de La Cocha; José Cuchiparte,
Presidente de UNOCIC; y Pablo y Serafín Umajinga, dirigentes de la comunidad
Guantopolo, se reunieron en la ciudad de Latacunga (parada de los buses interprovinciales)
para tomar jurisdicción del caso, coordinar acciones y esclarecer sobre los hechos del
Así como, por petición de los familiares dolientes y por esta petición los
dirigentes de La Cocha, para precautelar la integridad de los involucrados y
para evitar conflictos entre familiares, por lo que nosotros junto con los
dirigentes de la Organización UNOCIC La Cocha, al amparo de lo que nos
63	garantizan los derechos colectivos a favor de los pueblos indígenas, así como
según el Art. 171 de la Constitución de la República, el Art. 343 del Código
Orgánico de la Función Judicial, decidimos asumir la jurisdicción y
competencia, sobre este caso y conforme a la justicia indígena resolverlo…
(Acta No. 24, 2010)
La etapa willachiy o willachina, es equivalente con lo que en la justicia penal
ordinaria se denomina denuncia14, contemplada en el Código de Procedimiento Penal, en
donde se establece el deber de las personas a denunciar un delito del que conozca, ante las
autoridades competentes, misma que puede presentarla en forma escrita o verbal, y luego
de ello debe ser reconocida, bajo prevenciones de ley15. Como se evidencia de la
transcripción hecha de la intervención que hace la autoridad indígena, al momento de
conocer del asesinato asumieron la competencia del caso con dos fines inmediatos: 1)
precautelar la integridad de los involucrados y 2) evitar conflictos entre las familias
En este procedimiento se observan y evidencian dos circunstancias fundamentales:
el primero, es que es similar con una de las garantías del derecho al debido proceso, que es
la de garantizar el cumplimiento de las normas y los derecho de las partes, determinada en
el artículo 76 numeral 1 de la Constitución de la República; y, como segundo, se observa
una semejanza con otra garantía del derecho al debido proceso, que es la de presentarse
ante juez independiente, imparcial y competente, como lo garantiza y manda la
Segunda etapa: Tapuna o Tapuykuna
Al respecto, el criterio del doctor Raúl Llasag es que no se podría traducirla como denuncia o demanda, ya
que el willachina (aviso) consiste en un ruego que hacen las víctimas a sus autoridades comunitarias, para que
ellos resuelvan. Raúl Llasag Fernández, Justicia indígena ¿delito o construcción de la plurinacionalidad? La
Cocha, en Boaventura de Santos Sousa y Agustín Grijalva Jiménez, Editores, Justicia Indígena,
plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador, AbyaYala, Quito Ecuador, 2012, p. 338.
Al respecto revisar los Arts. 42, 46, 49 y 50 del Código de Procedimiento Penal.
Constitución del Ecuador, Art. 76 numeral 7 literal k).
64	En esta etapa del proceso se realizan las diligencias necesarias a fin de esclarecer las
circunstancias de los hechos del conflicto, puesta en conocimientos de las autoridades
indígenas, quienes deberán recabar los elementos de convicción necesarios y establecer la
responsabilidad de los denunciados (Llasag, 2012: 338-340).
La noche de aquel día lunes 10 de mayo, las autoridades indígenas formaron las
primeras comisiones, entre ellas la Comisión de Averiguaciones, que se encargaría de
realizar todas las averiguaciones e investigaciones necesarias del caso, con el fin de
establecer la verdad sobre los hechos denunciados por parte de los familiares del difunto.
El objetivo principal de esta comisión fue dar con el paradero de los asesinos del
joven Marco Antonio Olivo Pallo. El primer resultado fue la detención de uno de los
sospechosos, el señor Iván Candelejo, quien una vez presentado ante las autoridades de La
Cocha, confesó que él no asesinó al joven, sino otra persona, Manuel Orlando Quishpe.
Afirmó también tener una prueba en su poder consistente en una grabación de vídeo de un
celular. Con esta confesión y ante la necesidad de continuar con el trabajo investigativo, se
formó un segundo grupo, la Comisión de Búsqueda, que se encargaría de hallar y detener a
los probables responsables directos del asesinato.
El día miércoles 12 de mayo del 2010, los comuneros de Guantopolo entregan a los
dos primeros involucrados directos, Flavio Hernán Candelejo Quishpe y Manuel Orlando
Quishpe Ante, al Presidente de la Junta Parroquial de Zumbahua fin de que sean
trasladados a la comuna La Cocha y entregados a sus autoridades. En similares
condiciones, el sábado (15 de mayo) a la 01h00 de la madrugada, también entregaron a dos
involucrados más, Kleber Fernando Chaluiza Umajinga y Wilson Ramiro Chaluiza
Umajinga17.
Una vez detenidos los acusados del asesinato, las autoridades de La Cocha,
Todos los involucrados son de la comuna Guantopolo, por lo que sus habitantes, en apoyo inclusive de los
familiares de los culpables, hacen la entrega de los detenidos en forma voluntaria a las autoridades de La
Cocha. Esto se debe a que el deber moral colectivo en las comunidades indígenas es un principio de vida. Lo
hecho por los jóvenes, debía ser juzgado y hacerse justicia, y en aquello no importa si se trata de un familiar o
miembro comunitario.
65	procedieron a convocar inmediatamente a una Asamblea General a toda la comunidad,
principalmente a sus directivos, con el fin de solucionar el caso en cuestión. También
convocó al Fiscal Indígena de Cotopaxi de ese entonces, Abogado Vicente Tibán.
Las autoridades indígenas, conformadas en comisiones de averiguación – tapuykuna
– procedieron a un diálogo directo con los detenidos para obtener sus versiones acerca del
asesinato. Es necesario precisar que no se obliga ni se coacciona a los acusados para esto,
Orlando Quishpe, señalado como el autor principal del crimen, libre y
voluntariamente declaró: “todos participamos, peleamos patadas y puñetes y Kleber le dio
puñetazo en el pecho…”(Acta No. 24, 2010). Iván Candelejo, entre sus declaraciones
…sacó la correa del difunto le entregó a Orlando Quishpe quien los amarró en
el cuello y luego quedó inconsciente, para no arrastrar los otros dos cogen del
pie y otros dos de los brazos y halando apoyando con la correa y lleva al joven
Marco Olivo desde la calle del compañero Marcelo llevan al lado de la iglesia
y al frente de la misma, dejan amarrando en el hierro de 'Ferjas' del parque,
con la intención de que no se caiga al piso (Acta No. 24, 2010).
Orlando Quishpe agregó que “en ese momento no se murió estaba quejando con la
respiración y lo dijo ahí, ahí… hací (sic) dejamos ahorcando…” (Acta No. 24, 2010). Con
similares relatos del asesinato por parte de los detenidos, y demás pruebas obtenidas y
presentadas por las comisiones respectivas, además de los reiterados diálogos, tanto entre
las autoridades comunitarias como con los detenidos, que duró todo el día, el Cabildo de La
Cocha y demás directivos convocados, consideraron estar claros sobre los hechos del
asesinato de Marco Antonio Olivo Pallo. Decidieron dejar a los acusados bajo custodia y
cuidado de las comunas La Cocha y Guantopolo, conformados en Comisiones de Seguridad
hasta el día de la Asamblea General, que se llevó a cabo el domingo 16 de mayo del 2010.
En ningún momento quedaron incomunicados.
66	De la lectura se puede evidenciar nuevamente la similitud con el cumplimiento de
las garantías del derecho al debido proceso consistentes en: la excepcionalidad de privación
de la libertad; conocer las razones de su detención, no estar incomunicado, no ser forzado a
declarar en contra de sí mismo y la aplicación prioritaria de medidas alternativas a la
privación de la libertad18.
En cuanto a la excepcionalidad de la privación de la libertad, para fines de mejor
entendimiento, cabe señalar que en las comunidades indígenas no hay cárceles, o centros de
privación de la libertad, por lo tanto, al hablar de esta garantía del debido proceso, me
refiero justamente a que los cinco detenidos quedaron al cuidado y protección del Cabildo,
con todas las seguridades del caso y bajo responsabilidad de las autoridades comunitarias,
conformadas en Comisiones de Seguridad. Estas comisiones se encargaron de cuidar y
proteger la integridad de los detenidos, así como de su alimentación, de las visitas de los
familiares, entre otros (Acta No. 24, 2010).
Tercera etapa: Ñawinchina o Chimpapurana
Chimpapurana es la tercera etapa del proceso en que las partes involucradas, de
forma exclusiva exponen sus versiones acerca de los hechos o del delito en tratamiento,
mientras las autoridades escuchan con atención y a la vez controlan el buen proceder de las
partes, pero finalmente ellos también intervendrán emitiendo sus criterios y reflexiones
respecto de lo escuchado (Ilaquiche, 2006: 82-83).
En el presente caso y siguiendo el orden del procedimiento, el líder comunitario,
Ricardo Chaluiza, dio la apertura a la Asamblea General y previo al espacio de intervención
de las partes presentó de manera sucinta los hechos sobre el asesinato y todo lo que hasta
ese momento se había logrado averiguar. Como prueba irrefutable, las comisiones de
averiguaciones y de búsqueda, presentaron el contenido de un video de celular, grabado por
Los cinco jóvenes, implicados en el asesinato de Marco Antonio Olivo Pallo, rinden
Constitución del Ecuador, Art. 76 numeral 7 literales c y d; Art. 77 numerales 1, 3, 6, 7 literal c, y 11.
67	su versión de los hechos, verbal y públicamente, ejerciendo su legítimo derecho a la
defensa. La Comisión de Averiguaciones es la encargada nuevamente y en público de hacer
las preguntas a los detenidos ante la Asamblea General y principalmente ante los
familiares del difunto. Cuidando que el diálogo fluya, una de las preguntas de esta
comisión fue: “¿quién puso la correa? [a lo que uno de ellos contestó]…puso Juan, era
para que no se caiga” (Acta No. 24, 2010).
Concluido el desarrollo de esta etapa, el criterio unánime de la asamblea, así como
de los líderes comunitarios fue que los jóvenes eran los culpables del asesinato. Que, esta
conducta hizo un mal a toda la comunidad, y principalmente a sus familias, por lo tanto
deben ser sancionados y recibir una sanción ejemplar,
…los jóvenes de Guantopolo en este momento están haciendo quedar mal, esto
no debe ser así y apoyamos que se haga la justicia indígena ejemplar aunque
sea o no sea mis familiares, sobrinos, primos que esto no debemos permitir…
(Acta No. 24, 2010).
Mediante esta etapa del proceso, como mencioné anteriormente, existe analogía en
garantizar principalmente el derecho a la defensa mediante el cumplimiento de las
siguientes garantías: ser escuchados oportunamente y en igualdad de condiciones, a
someterse a procedimientos públicos; a presentar verbalmente los argumentos de los que se
creen asistidos los involucrados y a replicar argumentos de otros y la obligación de
comparecer de testigos y peritos ante juez o autoridad19.
Cuarta etapa: Kishpichirina
En esta cuarta etapa del proceso se realiza la deliberación de la Asamblea a través
de sus máximas autoridades y trata principalmente sobre la sanción a imponer a los
responsables del caso que se juzga (Ilaquiche, 2006: 83-84). Otra característica de esta
etapa es la elaboración de actas en donde quedará establecida la decisión a tomar en el caso
en cuestión (Llasag, 2012: 340).
Constitución del Ecuador, Art. 76 numeral 7, literales c), d), h) y j).
68	La Asamblea General, máximo órgano de autoridad, intervino a través de sus
directivas quienes, de forma ordenada y disciplinada, analizaron todo lo referente a los
hechos y, a la vez, tomaron en cuenta los informes presentados por las dos comisiones.
Entre las autoridades destacadas se observó al representante de la principal organización
indígena del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE),
también al Fiscal Indígena de Cotopaxi, al Jefe Político, entre otros, quienes manifestaron
su interés de una pronta solución del trágico suceso en la comuna La Cocha, observando y
cumpliendo las costumbres ancestrales de los abuelos y líderes históricos, así como del
derecho y facultad establecida en la Constitución, los tratados y convenios internacionales y
demás leyes, para el bien de las partes y de toda la comunidad (Acta No. 24, 2010).
Una vez determinados los grados de responsabilidad de los implicados, llegaron al
consenso de que las sanciones debían ser de acuerdo a esta circunstancia. Así, la sanción
más fuerte o de mayor peso la recibiría el autor principal de este asesinato y sería el último
en ser juzgado. En este sentido, abierto el espacio de intervenciones, hubo las siguientes:
- El Presidente de la comunidad de Yanaturu, propuso hacer caminar desnudos,
cargando piedras de cascajo, luego bañarlos con agua fría y ortiga, con el fin de
- El Presidente de la comunidad La Cocha propuso hacer cargar un quintal de tierra
a cada uno y hacerlos caminar, que den una vuelta entera por la cancha de la plaza
pública, que pidan perdón a todos los presentes, para luego de aquello, bañarlos con
agua, azote y ortiga en un acto de curación. También propuso que los familiares de
la víctima reciban indemnización por parte de los detenidos (Acta No. 24, 2010).
Estas y otras propuestas fueron secundadas por todos los representantes de las
comunidades, organizaciones y entidades presentes, y añadieron la sanción de expulsión de
la comunidad durante un tiempo determinado, y que todos los implicados en este hecho
realicen trabajos comunitarios en favor de las comunidades. Cabe también mencionar que
hubieron propuestas de enviar a la cárcel a los detenidos, a lo que hubieron criterios como:
69	“…la ley representa al sistema occidental, que los indígenas de La Cocha debemos
demostrar a la historia aplicando el Art. 171 de la Constitución y los derechos colectivos”
En esta etapa denominada kishpichirina, asimismo podemos evidenciar la
equivalencia con otras garantías del derecho al debido proceso, acorde a la etapa, como: ser
juzgado por juez independiente e imparcial (autoridades indígenas), y la debida motivación
de las resoluciones resguardadas en nuestra Carta Fundamental20 que se asemeja a las
deliberaciones de las autoridades y miembros de la comunidad para resolver el caso.
Quinta etapa: Paktachina
La última etapa del proceso de juzgamiento es la ejecución de las sanciones
establecidas por la Asamblea General, en consenso y participación de todos, la misma que
debe ser administrada o aplicada de manera inmediata (Ilaquiche, 2006: 84-85).
En el presente caso se dieron dos momentos de la ejecución de sanciones. En el
primero se aplicó a los señores Iván Candelejo Quishpe, Wilson Ramiro Chaluiza
Umajinga, Kleber Fernando Chaluiza Umajinga y Flavio Hernán Candelejo Quishpe,
mediante la Asamblea General llevada a cabo el día sábado 16 de mayo del 2010, misma
que los encontró como partícipes del asesinato y por lo tanto, les impuso las siguientes
1) Indemnización a la madre de familia del joven Marco Antonio Olivo Pallo, por la
cantidad de cinco mil dólares (USD. $5.000,00), mil por cada implicado; monto
que, por voluntad de los familiares del difunto, fue entregado al Cabildo de la
comuna La Cocha, con el fin de que este recurso sirva para la adquisición de
implementos y equipos, que sean puestos al servicio de la comunidad.
2) Expulsión de la comunidad de los jóvenes partícipes del asesinato por el lapso de
dos años, por lo tanto estarán prohibidos de su ingreso a la comunidad hasta que se
cumpla el tiempo establecido.
Constitución del Ecuador, Art. 76 numeral 7 literales k) y l).
70	3) Realizar un proceso de rehabilitación a los jóvenes, para lo cual, se comprometen
a las autoridades, pero principalmente a sus familiares, a fin de que brinden apoyo el
4) Cargar un quintal de tierra y dar una vuelta por la plaza central de la comunidad,
5) Recibir de cada dirigente de la comunidad un látigo; finalmente, el baño con agua
y ortiga durante un tiempo de 30 minutos, en un acto ritual de curación.
6) Pedir perdón públicamente.
En un segundo momento, la Asamblea General se reunió al siguiente domingo, de
fecha 23 de mayo del 2010, decidió y aplicó la siguiente sanción al actor principal del
asesinato, Orlando Quishpe Ante:
1) Que reciba un fuete por cada uno de los dirigentes presentes en la Asamblea,
acompañado de consejos que ayuden a la concientización de los hechos por los que
se le está juzgando.
2) El procesado causante principal del delito, debe caminar y dar una vuelta en la
plaza central de la comunidad cargando un quintal de tierra.
3) Que reciba un baño de agua con ortiga por un tiempo de 40 minutos.
4) Realizar trabajos comunitarios por el lapso de cinco años. Para el cumplimiento
de esta resolución, quedan como vigilantes los dirigentes de las 24 comunidades
presentes y principalmente de Guantopolo, por cuanto el procesado pertenece a esta
5) Pago de indemnización a la madre del difunto por la cantidad de mil setecientos
cincuenta dólares (USD. $1750,00).
En ambos momentos de ejecución de la sentencia, las autoridades indígenas dieron
consejos, les llamaron la atención, les dijeron que se arrepientan, y un juramento público de
que nunca más volverían a cometer mal alguno en contra de una persona. Además de llamar
a pensar más en sus familias, sus padres, sus hermanos, que retornen para ser un ejemplo a
71	seguir y procuren el bienestar, que no se olviden de quienes son.
Generalmente, la persona que ha cometido un mal siente todo el peso de
culpabilidad, por cuanto todos los presentes de alguna forma, abogan por él, sienten y
comparten su dolor, su tragedia.
Tanto la justicia indígena y la justicia ordinaria gozan de legitimidad social, cada
una en sus respectivas jurisdicciones. En el primer caso, el aplicar las sanciones como el
baño con agua y ortiga, el fuete, expulsión de la comunidad por tiempo determinado, entre
otros, comprenden un conjunto de actos de carácter espiritual en el que su fin último es la
reparación del daño y principalmente la curación de la persona infractora, de quien se
espera su retorno a la vida comunitaria, armoniosa, y a la vez, la lucha por ser mejor ser
humano. En el segundo caso, el privar de la libertad, que comprende un aislamiento de la
persona con todo lo que implica su entorno familiar y social por determinado tiempo,
responde a esa otra visión de corregir el mal cometido por una persona, por tanto ha sido y
es considerado como un medio eficaz para reparar el delito y a la vez, rehabilitar a esa
En definitiva, del proceso seguido en la comunidad La Cocha, y en cada una de las
etapas seguidas por los dirigentes de la Comunidad y todos los involucrados, se puede
afirmar que, tal como la justicia ordinaria exige en sus procesos la garantía del debido
proceso, la comunidad indígena en cuestión, cumplió con todos los procedimientos
culturales que perviven tanto en la memoria y sabiduría colectiva, así como en las prácticas
que siempre van acorde a la vida cotidiana, y que además son reconocidos como uno de los
derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas, tanto en la Constitución como en
el Convenio No. 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
De ese modo, del análisis de un caso práctico sobre ejecución de justicia indígena se
puede observar cómo el proceso que se sigue busca finalmente resolver un conflicto que
72	desde la visión occidental tiene carácter penal, y que al final puede ser analizado en
analogía con lo que se conoce como derecho al debido proceso.
Resta decir que la justicia indígena tampoco es inamovible y siempre está en
evolución, y que lo mismo ocurre con la historia del derecho occidental, por lo que otros
análisis son perfectamente válidos siempre que se tenga en cuenta el contexto social y
cultural en el que se dan.
Edda Ciancia, Olga, El debido proceso, en Adolfo Alvarado V y Oscar Zorzoli, Coordinadores, El debido
proceso, EDIAR, Buenos Aires, 2006.
García, Fernando, El estado del arte del derecho indígena en el Ecuador, disponible en
<http://bit.ly/EstadoArteDerechoIndigenaEcuador>
García Falconí, José, ¿Qué es el debido proceso?, disponible en <	http://bit.ly/QueEsDebidoProceso>
Ilaquiche, Raúl, Pluralismo jurídico y administración de justicia indígena en Ecuador: estudio de caso,
Llasag Fernández, Raúl, Justicia indígena ¿delito o construcción de la plurinacionalidad? La Cocha, en
Boaventura de Santos Sousa y Agustín Grijalva Jiménez, Editores, Justicia Indígena,
plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador, Abya Yala, Quito Ecuador, 2012.
73	La acción colectiva frente a la compra de renuncias obligatorias
Olga González Ospina1
El presente artículo se centra en el análisis reacciones de los movimientos sociales frente a una violación
masiva de derechos humanos cometida en contra de funcionarios públicos del Estado Ecuatoriano al amparo
de una figura jurídica implementada mediante decreto ejecutivo denominada “compra de renuncia
obligatoria”. La autora deja abierto el debate sobre las acciones o la falta de acción colectiva que se traduce en
la poca efectividad de mecanismos para oponerse a medidas tan drásticas como la implementada por el
This article focuses on the analysis of social movements reactions against a massive human rights violation
committed against Ecuadorian state officials under a legal concept implemented by executive decree called
"compulsory purchase of resignation." The author leaves open the debate on the actions or lack of collective
action that results in the ineffectiveness of mechanisms to counter such drastic measures as implemented by
the Ecuadorian government.
El presente trabajo pretende sintetizar las acciones o falta de acción colectiva y
protesta social suscitadas a partir de la publicación del Decreto Ejecutivo 813 de 7 de julio
de 2011 el cual, a través del artículo 8, reformó el Reglamento General de la Ley Orgánica
de Servicio Público al añadir un artículo innumerado denominado “cesación de funciones
por compra de renuncias con indemnización”, incorporando de esta forma la figura de la
compra de renuncias con carácter obligatorio.
El mencionado Decreto establece que, para que dicha compra de renuncia
prosperara, requería estar debidamente presupuestada para proceder a entregar la
indemnización prevista en el literal k) del artículo 47 de la LOSEP. La reforma responde al
proceso de reestructuración, optimización y racionalización impulsado por el gobierno del
Abogada, estudiante de la Especialización Superior de Derechos Humanos en la Universidad Andina Simón
Bolívar. <olgagonzalezospina@gmail.com>
74	economista Rafael Correa Delgado2. El valor por concepto de indemnización por las
denominadas renuncias obligatorias es de cinco salarios básicos unificados por cada año de
servicio y hasta un valor máximo de ciento cincuenta salarios, es decir, el tope es de
$39.600 USD3.
Este hecho abrió la puerta a una ola de compras de renuncias obligatorias en el
sector público. A partir del 28 de octubre de 2011, el Ministro de Relaciones Laborales
implementó la compra de renuncias obligatorias provocando la salida de cerca de 5000
funcionarios públicos4. Tras un despiadado operativo policial, iniciado la noche del 27 de
octubre, a los alrededores de distintas dependencias públicas, se desahució de sus trabajos a
centenares de profesionales y trabajadores del sector público. Existen muchos testimonios
que certifican la falta de empatía por parte de las personas encargadas de entregar las
notificaciones, así como la presencia y agresión policial. Se relata cómo ni siquiera se les
permitía retirar sus pertenencias de las estaciones de trabajo5. Se utilizó inteligencia policial
para cometer el despido, hecho corroborado por el gobierno6.
Los argumentos tras las renuncias y las reacciones
Se han sostenido diversos discursos respecto a la compra de renuncias obligatorias
como parte de la reestructuración del sector público, se dice que se debe a una “corrupción
evidente” 7 pero que no se puede demostrar, según el Presidente Rafael Correa. "Esta es una
Decreto Ejecutivo 813, Suplemento del Registro Oficial 489, 12 de julio de 2012.
Nota: “El total de personas que han salido es de 10.000, desde que empezó el proceso (de reestructuración
del Estado) en el 2011 (…) 4.900 salieron por compra de renuncias y 4 100 por jubilación. Esta es una
información que no la manejamos nosotros sino el Comité de Gestión Interinstitucional.” “Francisco Vacas: 9
000 empleados han salido del sector público desde el año pasado”, Francisco Vacas (Ministro de Relaciones
Exteriores), en Diario el Comercio, 10 de mayo de 2012, <http://www.elcomercio.ec/negocios/empleadossalido-sector-publico-pasado_0_697130524.html>
“A Esperanza Bósquez no le dijeron por qué fue despedida”, en Diario el Comercio, Domingo 29 de abril de
2012, <http://www.elcomercio.com.ec/negocios/Esperanza-Bosquez-dijeron-despedida_0_690531026.html>
“El debate sobre los despidos se enciende y la Corte, en silencio”, en Diario el Comercio, 3 de noviembre
de 2011, <http://www.elcomercio.ec/negocios/debate-despidos-enciende-Corte-silencio_0_583741784.html>
“Despidos fueron por 'corrupción evidente'”, en Diario el Universo, 21 de noviembre de 2011,
<http://www.eluniverso.com/2011/11/22/1/1355/despidos-fueron-corrupcion-evidente.html>
75	cantaleta (...) que a los corruptos había que sancionarlos y no había que terminarlos con una
indemnización... palo porque bogas, palo porque no bogas"8, y recalcó que esta medida "se
la ha aplicado después de un extenso análisis".9 Así mismo el presidente Correa señaló que:
Las compras de renuncias han significado adecuadas compensaciones
después de largos procesos de evaluación y hasta de investigación, porque
hasta de esto quiso hacer escándalo la prensa corrupta, un Estado que
persigue, un Estado que espía; ¡no! Un Estado que combate la corrupción.
Y tuvimos que hacer investigaciones en cierta institución, en hospitales
públicos atravesados, carcomidos por la corrupción.10
De igual manera se ha sostenido que se compró la renuncia a funcionarios que “ya
no respondían” que se trató de cuestiones de “maltrato, de resistirse al cambio”11. También
se aseveró que es una forma de dar oportunidades a los jóvenes quienes luego de terminar
sus estudios, no tienen espacios de empleo.12
Es importante recalcar que dicho análisis fue realizado, según el gobierno, por la
Unidad de Formación Interinstitucional del Ministerio de Relaciones Laborales,
conformado por 80 jóvenes quienes fueron los responsables de examinar las carpetas de los
funcionarios, salarios y justificar por qué debían ser desenrolados del sector público13.
Estos acontecimientos causaron conmoción social, por diversos motivos, desde el
punto de vista legal, si se asevera que tras la inteligencia realizada se detectaron casos de
Presidencia de la República del Ecuador, Firma del Acuerdo ético y político con la Confederación Nacional
<http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/10/2011-11-15-Acuerdo-Etico-yPolitico-con-la-Confederacion-Nacional-de-Trabajadores-del-Sector-Publico.pdf>
“Ministro de Relaciones Laborales: Renuncia obligatoria solo para los malos funcionarios”, en Diario el
<http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=155946&umt=
ministro_relaciones_laborales_renuncia_obligatoria_solo_es_para_malos_funcionarios>
76	corrupción, aquella no era la forma de separarlos de la institución, por cuanto para eso
existen los mecanismos legales pertinentes, específicamente el artículo 48 de la LOSEP que
establece que los actos de corrupción son causales de destitución. En el caso de negligencia,
el mismo artículo establece que previa evaluación de desempeño, informes del jefe
inmediato y de la Unidad de Administración del Talento Humano, se lo podrá destituir. Por
lo que se desprende que la compra de renuncias voluntarias generaría el efecto contrario, en
vez de sancionarles por sus actos, ya sea de negligencia o corrupción, se les estaría
premiando con una indemnización.
Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que no hubo una explicación
individualizada de las razones por las cuales se les compraba la renuncia, quedando de esta
forma todos los funcionarios públicos despedidos estigmatizados, al haberse referido
públicamente que su separación de las distintas instituciones públicas era por motivos de
corrupción y negligencia. Se tachó la trayectoria laboral de cientos de funcionarios,
dificultando de esta forma la obtención de nuevos trabajos. Así mismo, es necesario tomar
en cuenta que no solo perdieron sus empleos sino también la posibilidad de volver a
trabajar en el sector público. A esto hay que sumar el grave daño causado a esas miles de
familias, no solo en el aspecto económico sino también en el psicológico.
Paúl Zamora M., redactor del diario el Comercio, hace referencia a las dos etapas
que se ha vivido en el Ecuador en cuanto a política laboral desde que el presidente Rafael
Correa inició su gestión. En primer lugar señala el acercamiento que existió entre el
Ejecutivo y los grupos sindicalistas al impulsar en la Constituyente normas para enfrentar la
precarización de las relaciones laborales, a través del modelo de tercerización y demás que
impulsaron nuevos beneficios, como la licencia de paternidad y más control al reparto de
las utilidades desde las empresas14.
“Política laboral del Régimen creó polarización”, en Diario el Comercio, 01 de mayo de 2013,
<http://www.elcomercio.com.ec/politica/Politica-laboral-Regimen-polarizacion-Ecuador-sindicalismotercerizacion-Losep-leyes_0_911308921.html>
77	El segundo momento resulta antagónico, fue el distanciamiento que tuvo su máxima
expresión con la promulgación del ya referido Decreto 813. Desde que se propuso el
proyecto de ley que incluía la figura de la compra de renuncias obligatorias en el sector
público, los sectores sindicales presagiaban la ola de despidos intempestivos e inestabilidad
laboral que se avecinaba15.
A partir de ese momento, el vínculo entre el gobierno y los sindicatos tradicionales
decayó, perdiendo éste la poca acogida que ya mostraba incluso antes del 2007. El
mencionado artículo establece la división entre los gremios, unos a favor del Gobierno
como la Confederación de los Trabajadores Públicos y otros como la UNE, la CEOSL16,
entre otros, en contra17.
Agrega que si bien es cierto, durante las campañas presidenciales de las elecciones
del 2006 y 2009 el tema laboral tuvo suma importancia, ya para el 2013 no fue un tema de
relevancia incluso en la memoria de los electores, quienes confirmaron 4 años más al
presidente Rafael Correa Delgado. Ahora bien, otros partidos políticos tomaron como
estandarte las reivindicaciones laborales, como es el caso de la alianza MPD – Pachakutik,
empero de ello, su candidato Alberto Acosta obtuvo el antepenúltimo puesto18.
Incluso, es necesario manifestar que existieron pronunciamientos de distintos
órganos a nivel internacional, por ejemplo los líderes de la Internacional de Servidores
Públicos (ISP), quienes señalaron que existen violaciones a los derechos de los trabajadores
públicos en relación con las compras de renuncias forzosas. Tras una visita al país en
búsqueda de reunirse con autoridades de las tres funciones del Estado Jocelio Drummond,
coordinador de la ISP para América Latina, señaló que:
Desde el exterior no se puede imponer una sanción directa sobre el Gobierno
en este momento, pero sí pueden haber denuncias (...) El Régimen puede
Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres.
78	reestructurar el Estado siempre y cuando respete los derechos, cosa que
parece no está pasando.19
Por su parte, Verónica Montúfar, principal de la ISP, afirmó que
(…) el proyecto político del gobierno nacional ha logrado el propósito de
crear las condiciones para la muerte de todos los gremios de trabajadores
públicos, los cuales atraviesan por una crisis terminal, que desembocará en
una disolución de facto, dando paso de esta manera a una sociedad dócil y
política estéril de trabajadores públicos al servicio de los designios de los
gobiernos de turno.20
Desde el punto de vista de Eduardo Rodríguez, delegado de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la renuncia obligatoria es una 'aberración jurídica'21. Por su
parte, Carola Fischbach-Pyttel, Secretaria General de la Federación Sindical Europea de
Servicios Públicos (FSESP) envió una carta al Presidente de la República solicitando lo
(…) desistir de la ejecución del Decreto Ejecutivo 813, el mismo que está
seriamente cuestionado por inconstitucional, restablecer en sus puestos de
trabajo a todo el personal despedido por la implementación de este Decreto, y
avanzar en la instauración de una instancia y proceso de diálogo social con
los trabajadores del Sector Público, con acompañamiento internacional, que
logre dar salidas concertadas a la reforma del Estado, respetando el trabajo,
como derechos fundamental en el mundo del trabajo, fortalezca los Servicios
“Líderes sindicales internacionales analizan despidos”, en Diario el Comercio, 13 de marzo de 2012,
<http://www.elcomercio.com.ec/negocios/Lideres-sindicales-internacionales-analizandespidos_0_662333961.html>
<http://www.revistavanguardia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=299&Itemid=215>
“No podemos decir que todos los que salieron son corruptos”, en Diario el Universo, 20 de noviembre de
<http://www.eluniverso.com/2011/11/21/1/1355/no-podemos-decir-todos-salieron-son-corruptos-nopodemos-decir-todos-salieron-son-corruptos.html>
79	Públicos y el derecho de la comunidad ecuatoriana a contar con servicios
públicos de calidad.22
Por otro parte, se formó una nueva organización: la Confederación de Trabajadores
del Sector Público, con Marcelo Solórzano como presidente, la cual reúne a 60 mil obreros
y empleados de las organizaciones sindicales del país23. La organización se conformó en
Guayaquil y contó con la presencia del Presidente Rafael Correa, con quien firmaron el 15
de noviembre de 2011 el Acuerdo Ético-Político, que establece:
(…) los mecanismos mediante el cual los trabajadores del sector público
aportarán a mejorar la calidad de los servicios en el sector público y la
erradicación de actos de corrupción. Con ello se busca mejorar la atención a
los usuarios con eficiencia en un nuevo modelo de gestión pública.24
En esa misma fecha se conformó la Unión Sindical Única del Sector Público del
Ecuador, con 141 representantes y delegados de 36 organizaciones gremiales, sindicales y
de profesionales de distintos sectores; a decir de Alberto Narváez en contra de la política
antilaboral25. En su primera declaración denominada Declaración de Guayaquil
manifestaron que:
(…) impulsaremos, convocaremos y realizaremos en escala acciones de
liberación, protesta, movilización y resistencia hasta derivar en la HUELGA
GENERAL NACIONAL, para detener y revertir el proyecto reformista y
revisionista del Estado, para lo cual también hacemos un llamado a otros
sectores, que así mismo buscan una verdadera transformación social en
“Despidos arbitrarios en el Sector Público Ecuatoriano”, Federación sindical europea de servicios públicos,
Bruselas, 07 de noviembre de 2011, <http://www.epsu.org/IMG/pdf/EPSU_letter_to_Ecuador_Pres.pdf>
Agencia Andes, “Presidente Correa firmó acuerdo con trabajadores”, en el Telégrafo, 15 de noviembre de
<http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/presidente-correa-visita-planta-de-agua-potable-dedaule.html />
“Un 15 de noviembre marcado por los despidos”, en Diario el Comercio, 16 de noviembre de 2011,
<http://www.elcomercio.ec/politica/noviembre-marcado-despidos_0_591541061.html>
80	función de los interés del pueblo ecuatoriano en su conjunto, para conformar
alianzas y arribar a este objetivo.26
Otras organizaciones optaron por las vías legales como fue el caso de la Federación
de Servidores Públicos dirigida por Miguel García, y por el Movimiento Popular
Democrático27.
Los distintos dirigentes gremiales se pronunciaron respecto al mencionado decreto,
entre otros tenemos a Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos,
quien manifestó que se intensificarán las jornadas de protesta, sin dejar de lado la
posibilidad de una paralización de las actividades en caso de no ser atendidos
favorablemente en la Corte Constitucional. Mesías Tatamuez, presidente alterno del Frente
Unitario de los Trabajadores (FUT), estuvo de acuerdo con el anuncio de una paralización,
por cuanto señala que el referido decreto viola la garantía de la estabilidad laboral28.
La CONAIE apoyó a los servidores públicos y según su presidente, Humberto
Cholango, es importante la unidad de los movimientos sociales en la actualidad. Manifestó
que su organización se sumará a las medidas que establezcan los servidores públicos
“porque la aplicación de este Decreto declararía a todo el sector público como de libre
remoción”29.
Otros sectores que también se sintieron afectados protestaron, como es el caso de
los estudiantes de la facultad de ciencias médicas de la Universidad Central del Ecuador,
quienes salieron a las calles de Quito para protestar por el sistema de compras de renuncia
obligatoria que se está aplicando, al verse afectados muchos de los docentes quienes no
“Declaración de Guayaquil”, en Centro de Medios Independientes, 16 de noviembre de 2011,
<http://ecuador.indymedia.org/en/2011/11/37614.shtml>
“Las demandas contra los despidos laborales se resolverán este año”, en Diario el Comercio, 15 de
diciembre de 2011, <http://www.elcomercio.com.ec/negocios/demandas-despidoslaborales-resolveranano_0_608939325.html>
“Burócratas piden anular decreto 813”, en Telégrafo, 6 de agosto de 2011,
<http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/burocratas-piden-anular-decreto-813.html>
“CONAIE respalda a sindicatos por la renuncia obligatoria” en Diario el Comercio, 20 de agosto de 2011,
<http://www.elcomercio.com.ec/politica/Conaie-respalda-sindicatos-renunciaobligatoria_0_538746306.html>
81	podrán continuar dando clases30. Por su parte, el ex presidente de la Unión Nacional de
Educadores (UNE), núcleo de Pichincha manifestó que los educadores se unen a este
reclamo, por cuanto también serán afectados con las renuncias obligatorias31.
El 22 de noviembre del 2011 explotaron dos bombas panfletarias en Guayaquil, los
documentos estaban titulados como:
El derecho al trabajo está garantizado en la Constitución y lo haremos
respetar a sangre y fuego (…) El gobierno de Rafael Correa Delgado y su
movimiento País, han radicalizado su posición de derecha, dictatorial y
antidemocrática.32
Cuestiona el despido masivo de trabajadores y trabajadoras del sector público,
atentando contra la estabilidad laboral. “Y por ende el derecho humano al trabajo. Esta
medida desde ya la calificamos como terrorismo de Estado”33. El documento estaba
firmado por las Fuerzas Armadas Insurgentes Revolucionarias del Ecuador (Faire).
El 8 de marzo del 2012, arrancó la Marcha por el Agua, la Vida, la Dignidad y los
Derechos desde Zamora Chinchipe que fue impulsado por distintos movimientos sociales
entre ellos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador principalmente, pero
además, el Movimiento Popular Democrático (MPD), la Unión Nacional de Educadores34,
y que culminó en Quito el día 22 de marzo del mismo año. Una de las consignas que
pretendía la Marcha, era entre otras:
(…) desarrollar jornadas de lucha en defensa de los derechos humanos,
trabajo, educación, salud, seguridad social, estabilidad laboral y salario
“David Chiriboga minimiza impacto de comprar de renuncia obligatoria en el Ministerio de Salud”, en
<http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=160839&umt=
david_chiriboga_minimiza_impacto_compra_renuncias_obligatorias_en_ministerio_salud>
“Una bomba panfletaria tenia mensaje sobre los despidos” en Diario el Comercio, 23 de noviembre de
2011, <http://www.elcomercio.com.ec/negocios/bomba-panfletaria-mensaje-despidos_0_595740640.html>
“Grupos sociales en un nuevo pulseo con correa”, en Diario el Comercio, 08 de marzo de 2012,
<http://www.elcomercio.com.ec/politica/Grupos-sociales-Correa-nuevo-pulseo_0_659334274.html>
82	digno, explotación laboral, criminalización de la lucha social, la minería a
gran escala a cielo abierto, persecución de los líderes sociales y dirigentes
populares.35
A pesar de llegar a su cometido, la Marcha no tuvo el impacto que se hubiera
esperado, o que hubiera tenido en décadas pasadas. El 4 de abril de 2013, la Corte
Constitucional notificó la resolución de las 3 acciones de inconstitucionalidad en contra del
Decreto 813, la cuales fueron desechadas manifestando que se trata de un conflicto de
índole infraconstitucional, señalando que se encuentra impedida para invadir las
competencias que la Constitución y las leyes confieren a la Función Judicial, en el presente
caso a la jurisdicción contencioso administrativa36.
Acciones colectivas sin impacto
En virtud de todo lo expuesto, se puede evidenciar que si bien en el discurso existió
apoyo hacia los funcionarios públicos despedidos por las distintas organizaciones sociales,
y se han escogido distintos repertorios, como plantones, acciones legales, marchas teniendo
como pico la marcha indígena, estos no han sido suficientes.
Sin pretender de ninguna manera ofrecer una respuesta a la falta de organización de
las personas afectadas por la compra de renuncias obligatorias que bordea los 5000
empleados públicos, es necesario tomar en cuenta que las organizaciones sociales ni se han
organizado de la manera adecuada, ni han tenido el apoyo oportuno para hacer llegar sus
reclamos a la palestra pública y de esa manera formar parte de la agenda política. Años de
lucha y reivindicaciones ganadas han quedado para la historia, las organizaciones sociales
poco a poco han perdido su voz, y más grave aún, es que a pesar de pronunciarse respecto a
ciertos temas de interés, aquello solo queda en el discurso, el cual no se ve plasmado en una
acción colectiva que impacte en la opinión pública.
“Movimientos sociales anuncian una marcha plurinacional para el 8 de marzo”, en Diario la Hora, 17 de
<http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101269247/1/Movimientos_sociales_anuncian_una_marcha_'plurinacional'_para_el_8_de_marzo.html#.UdDpCfkjzPw>
Corte Constitucional de Justicia, Sentencia No. 003-13-SIN-CC, Caso No. 0042-11-IN Acumulados 004311-IN y 0045-11-IN
83	Bibliografía
Agencia Andes <http://www.telegrafo.com.ec/>
Diario El Comercio <http://www.elcomercio.ec/>
Diario El Universo <http://www.eluniverso.com/>
Diario La Hora < http://www.lahora.com.ec/>
Federación sindical europea de servicios públicos <http://www.epsu.org/>
Portal Ecuadorinmediato <http://www.ecuadorinmediato.com/>
Portal Indymedia <http://ecuador.indymedia.org>
Presidencia de la República del Ecuador <http://www.presidencia.gob.ec/>
Revista Vanguardia <http://www.revistavanguardia.com/>
Ley Orgánica de Servicio Público - LOSEP
Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público
Corte Constitucional de Justicia, Sentencia No. 003-13-SIN-CC, Caso No. 0042-11-IN Acumulados 0043-11IN y 0045-11-IN	84	ARTE Y DERECHOS HUMANOS
UN ESPACIO PARA OTROS SENTIRES DE
vamos juntos compañer[a]
85	PROYECTO	Vercomentarios	El	23	de	junio	de	2013	en	Uruguay	hubo	una	consulta	popular	para	decidir	si	la	ciudadanía	estaba	a	favor	de	convocar	un	referéndum	para	derogar	la	ley	que	despenaliza	la	interrupción	voluntaria	del	embarazo,	sancionada	el	22	de	octubre	de	2012.	Sólo	concurrió	a	votar	el	8,92%	de	las	personas	habilitadas.	El	aborto	sigue	siendo	legal	en	Uruguay	dentro	de	las	12	primeras	semanas	de	embarazo.	Con	el	objetivo	de	observar	y	exponer	las	opiniones	y	comentarios	en	contra	de	la	ley,	un	colectivo	de	artistas	y	ciber-­‐feministas	salimos	a	entrevistar	a	las	personas	que	votaron	en	la	consulta.	Nos	preguntamos,	porqué	votan	para	que	haya	un	referéndum?	qué	piensan	de	penalizar	a	las	mujeres	que	se	practican	abortos?	(¿qué	es	lo	que	entiende	usted	que	se	vota	hoy?)	“Cómo	explicarte…	ahora	si	que	me	mataste…	no	se	explicártelo.”	“La	gente	piensa	que	abortar,	o	tomar	cualquier	pastilla,	es	sólo	un	tema	de	contracciones	uterinas	y	listo,	pero	en	realidad	tiene	contraindicaciones	psicológicas	mucho	más	graves,	que	no	es	tomarse	una	pastilla	de	menta,	es	sacarse	a	un	futuro	hijo”	86	“Ahora	cualquier	mugrienta	va	(al	sistema	de	salud)	y	se	hace	el	aborto	sin	problema	ninguno,	y	yo	que	perdí	la	vista,	tengo	que	esperar	4	o	5	meses	para	hacerme	un	campo	visual”	“Huevo,	gusano,	ninfa,	mariposa.	Si	usted	mata	el	huevo,	mató	una	mariposa,	si	usted	mata	un	gusano,	mató	una	mariposa,	si	usted	mata	la	ninfa,	mató	una	mariposa,	y	si	mata	la	mariposa	mató	la	mariposa.	Buenas	tardes.	Bendición,	bendición!”	“Mi	motivo	es	un	motivo	de	vida.	Es	de	vida.	Yo	defiendo	a	la	vida,	es	de	vida,	es	de	vida.	La	vida	ante	todo,	ante	todo,	ante	todo,	pero	ante	todo.”	87	“Si	con	13	o	12	años	quedaron	embarazadas,	bueno,	van	a	tener	que	tener	el	hijo	y	hacerse	madres.”	“Desde	mi	punto	de	vista	la	ley	no	cambiaría	nada	porque	los	abortos	van	a	seguir	existiendo.”	“Una	señora	que	trabaja	en	mi	casa	hace	muchos	años…	la	hija,	hace	mucho	tiempo…	y	bueno,	y	ellos	decidieron	eso	y	vos	no	les	podes	decir	nada,	si	ellos	deciden	eso…	vos	no	estás	en	la	situación	en	la	que	están	y	no	podes	juzgar	a	nadie	por	lo	que	decida...	Cada	cual	sabe	lo	que	hace.	Sí,	es	contradictorio,…es	muy	difícil”	88	Las	personas	entrevistadas	mostraron	una	mezcla	de	confusión	respecto	de	la	votación	y	contradicción	respecto	a	su	actitud	sobre	la	penalización	de	las	mujeres	que	se	practican	abortos.	A	pesar	de	su	postura	opuesta	al	aborto,	sus	comentarios	confirman	la	posición	a	favor	de	la	despenalización	y	la	provisión	de	servicios	de	interrupción	voluntaria	del	embarazo:	nadie	está	a	favor	del	aborto,	simplemente	pensamos	que	es	necesario	que	se	proteja	el	derecho	de	las	mujeres	de	elegir	o	no	la	maternidad,	y	que	cualquiera	sea	su	elección	la	puedan	llevar	a	cabo	de	forma	segura	y	asesorada,	y	sin	ser	juzgadas	ni	penalizadas	por	la	sociedad.	El	video	completo	está	disponible	en	http://bit.ly/vercomentarios-­‐1	Vercomentarios1	es	un	proyecto	ciberfeminista	del	colectivo	de	artistas	y	agentes	de	cambio	social	integrado	por	Pau	Delgado,	Emilio	Bianchic	y	Helena	Suárez.	Para	la	realización	de	este	video	contamos	con	la	colaboración	de	Ana	Laura	López.	Nuestra	misión	es	crear	un	proyecto	artístico-­social	de	alto	impacto,	combinando	aportes	académicos,	producción	artística	y	debates	comunitarios	para	contribuir	a	la	reducción	de	la	injusticia	de	género.	Un	primer	objetivo	consiste	en	relevar,	analizar	e	intervenir	artísticamente	comentarios	relacionados	al	género	que	se	realizan	en	el	espacio	público	y	los	medios,	y	exponerlos	a	la	mirada	de	la	comunidad	en	las	redes	sociales.	Te	invitamos	a	comentar	en:	facebook.com/vercomentariosfcbk	twitter.com/vercomentarios	vercomentarios.tumblr.com
Texto e imágenes en este artículo: Emilio Bianchic, Pau Delgado, Helena Suárez. Video clip: Ana Laura
López y Pau Delgado (cámara), Emilio Bianchic y Pau Delgado (edición), Helena Suárez (producción). <
calleparaguay@gmail.com, ladelentes@gmail.com>
89	BOLETÍN DE PRENSA 1
Payasos sin Fronteras y ACNUR traen la risa
a los refugiados en Ecuador
Quito, 26 julio 2013.- Con la risa a cuestas, el equipo de
Payasos sin Fronteras inicia mañana 27 de julio su gira en
comunidades ecuatorianas de la frontera norte (Carchi y
Sucumbíos), que concluirá en Quito el próximo 7 de agosto
después de casi 20 días entre Colombia y Ecuador. En
colaboración con las oficinas de ACNUR en ambos países,
Payasos Sin Fronteras mantiene desde hace años su
compromiso de trabajo para la población desplazada y
refugiada debido al conflicto armado que vive Colombia.
Gracias al humor y sus actuaciones de circo, PsF apoyan para mejorar la situación emocional de la
población que vive o ha vivido en entornos de conflicto
De los 55,480 refugiados reconocidos viviendo en Ecuador, el 98% de origen colombiano, 12,838 tienen
menos de 18 años. Ellos son especialmente vulnerables a los efectos del conflicto interno que vive su país
desde hace décadas. El hecho de haber tenido que huir forzadamente de sus lugares de origen, en muchas
ocasiones en medio de extrema violencia, hace que estos niños y niñas vivan marcados por el impacto
emocional de este proceso de huida.
En Ecuador, la población refugiada y sus comunidades de acogida en muchas zonas de frontera norte viven
en condiciones de aislamiento, y marcados por el difícil acceso a servicios básicos. En este sentido, las
posibilidades de que existan espacios de esparcimiento o recuperación son escasos, en especial para la
La colaboración de PsF con las diferentes oficinas del ACNUR hace posible esta misión que tiene por objetivo
el acompañamiento emocional, a través del humor blanco y la comicidad universal que brindan las
actuaciones de circo y payaso, a todas aquellas personas que padecen la violencia del desplazamiento
forzado. Esta es la quinta de las expediciones realizada por la ONG española en Colombia entre 2011 y 2013
Para más información: ACNUR www.acnur.org Facebook : ACNUR/UNHCRAmericas, Twitter:
@ACNURAmericas o contactar en Quito a: Sonia Aguilar, AGUILARS@unhcr.org o Andrea Escalante
Tel: +593.2. 2460330 Ext.:1363 En Bogota: Francesca Fontanini
FONTANIN@unhcr.org+5731245728 04
Payasos sin Fronteras: www.clowns.org @psfcwb Samuel Rodríguez srodriguez@clowns.org +34 653
90	Otras organizaciones que están apoyando la iniciativa son: la Casa de la Juventud de Santa Bárbara
(Sucumbíos), la Federación de Mujeres de Sucumbíos, RET, Oxfam Italia, el Consejo Cantonal para la Niñez
y la Adolescencia de Shusufindi (Sucumbíos), el Comité Gestor de la cancha de la Unión de Barrios del sector
Este (Lago Agrio, Sucumbíos), Asociación Solidaridad y Acción (ASA), Servicio Jesuita a Refugiados-Ecuador
(SJR), Fundación Ambiente y Sociedad (FAS) y Organización Hebrea de Ayuda a Inmigrantes y Refugiados (
HIAS), y ello con el apoyo de la Unión Europea.
Todo comenzó un 26 de febrero de 1993 en Croacia y en estos 20 años más de 3 millones y medio de
personas han presenciado las actuaciones de los equipos de artistas profesionales voluntarios de Payasos
ACNUR es la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Los refugiados son personas que o por
fundados temores de persecución han debido abandonar su país de origen y cruzar una frontera para
encontrar protección. En todo el mundo son 15 millones. Hasta junio de 2013, 168.525 personas habían
solicitado asilo en Ecuador.
La campaña “1 familia” es lanzó el 13 de junio y continúa hasta el 31 de diciembre. En Twitter, sigue
#1familia, #refugiados y @ACNURAmericas
91	92	All pages:
El Programa Andino de Derechos Humanos se complace en presentar la Revista Aportes Andinos 32 que refleja un largo camino ya recorrido contribuyendo al debate académico y profesional con variadas temáticas y diversos artículos que aporten en el debate sobre uno o varios derechos humanos, tanto de aquellos reconocidos ya en los ordenamientos jurídicos nacionales o en instrumentos internacionales, o de otros que por ahora siguen siendo agenda de colectivos de sociedad civil sin que hayan podido insertarse en los temas prioritarios de las políticas públicas en la región. En esta ocasión presentamos este nuevo formato de revista, que incluye dos versiones, la primera tipo revista electrónica visible en la pantalla de su ordenador ya disponible en la página web del PADH < http://www.uasb.edu.ec/padh.php> y la segunda descargable en formato PDF.

References: artículo 3
 artículo 29
 Artículo 18
 artículo 74
 artículo 45
 resolución 
 artículo 666
 Artículo 66

Artículo 279

Artículo 230

Artículo 410
 resolución 
 artículo 76
 artículo 8
 artículo 47
 artículo 48
 resolución