Source: http://www.derhumanos.com.ar/tribunales%20militares.htm
Timestamp: 2014-04-24 01:55:03+00:00

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La Corte advierte que la jurisdicción militar ha sido establecida por diversas legislaciones con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas. Inclusive, esta jurisdicción funcional reserva su aplicación a los militares que hayan incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias. En este sentido se definía en la propia legislación peruana (artículo 282 de la Constitución Política de 1979). El traslado de competencias de la justicia común a la justicia militar y el consiguiente procesamiento de civiles por el delito de traición a la patria en este fuero, supone excluir al juez natural para el conocimiento de estas causas. En efecto, la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. (Sentencia del 30 de mayo de 1999 in re "Castillo Petruzzi")
Constituye un principio básico relativo a la independencia de la judicatura que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. El Estado no debe crear "tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios".
El juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, independiente e imparcial de acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención Americana. En el caso en estudio, las propias fuerzas armadas inmersas en el combate contra los grupos insurgentes, son las encargadas del juzgamiento de las personas vinculadas a dichos grupos. Este extremo mina considerablemente la imparcialidad que debe tener el juzgador. Por otra parte, de conformidad con la Ley Orgánica de la Justicia Militar, el nombramiento de los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, máximo órgano dentro de la justicia castrense, es realizado por el Ministro del sector pertinente. Los miembros del Consejo Supremo Militar son quienes, a su vez, determinan los futuros ascensos, incentivos profesionales y asignación de funciones de sus inferiores. Esta constatación pone en duda la independencia de los jueces militares. (Sentencia del 30 de mayo de 1999 in re "Castillo Petruzzi")
Este Tribunal ha señalado que las garantías a que tiene derecho toda persona sometida a proceso, además de ser indispensables deben ser judiciales, "lo cual implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepción"
-(Sentencia del 30 de mayo de 1999 in re "Castillo Petruzzi")
Además, la circunstancia de que los jueces intervinientes en procesos por delitos de traición a la patria sean "sin rostro", determina la imposibilidad para el procesado de conocer la identidad del juzgador y, por ende, valorar su competencia. Esta situación se agrava por el hecho de que la ley prohibe la recusación de dichos jueces.
La Corte advierte que, según declaró anteriormente (supra 134), los procesos seguidos ante el fuero militar contra civiles por el delito de traición a la patria violan la garantía del juez natural establecida por el artículo 8.1 de la Convención. El derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto. Conviene subrayar que el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, tanto la correspondiente a la primera instancia como las relativas a instancias ulteriores. En consecuencia, el concepto del juez natural y el principio del debido proceso legal rigen a lo largo de esas etapas y se proyectan sobre las diversas instancias procesales. Si el juzgador de segunda instancia no satisface los requerimientos del juez natural, no podrá establecerse como legítima y válida la etapa procesal que se desarrolle ante él. En el caso que nos ocupa, el tribunal de segunda instancia forma parte de la estructura militar. Por ello no tiene la independencia necesaria para actuar ni constituye un juez natural para el enjuiciamiento de civiles. En tal virtud, pese a la existencia, bajo condiciones sumamente restrictivas, de recursos que pueden ser utilizados por los procesados, aquéllos no constituyen una verdadera garantía de reconsideración del caso por un órgano jurisdiccional superior que atienda las exigencias de competencia, imparcialidad e independencia que la Convención establece. (Sentencia del 30 de mayo de 1999 in re "Castillo Petruzzi")
El Estado está obligado, en virtud de los deberes generales de respetar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno (arts. 1.1 y 2 de la Convención) a adoptar las medidas necesarias para asegurar que violaciones como las que han sido declaradas en la presente sentencia no se producirán de nuevo en su jurisdicción. (Sentencia del 30 de mayo de 1999 in re "Castillo Petruzzi")
Esta Corte ha declarado que las normas internas que hacen aplicable a civiles la justicia militar son violatorias de los preceptos de la Convención Americana. Por ello el Estado debe adoptar las medidas apropiadas para reformar dichas normas y asegurar el goce de los derechos consagrados en la Convención a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, sin excepción alguna .
Debo, en primer lugar, poner de presente ciertas consideraciones que guardan relación con lo planteado por la sentencia que antecede sobre las violaciones de la Convención Americana en que incurrió el Estado del Perú al someter a cuatro civiles -las víctimas del presente caso- a la justicia penal militar. (Sentencia del 30 de mayo de 1999 in re "Castillo Petruzzi")
El preámbulo de la Convención Americana comienza haciendo referencia a las instituciones democráticas, como marco general del régimen de libertades y derechos que busca consolidar la propia Convención. El artículo 29.c) de la misma establece, por otra parte, que ninguna de sus disposiciones puede ser interpretada en un sentido que permita "excluir [...] derechos o garantías [...] que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno". Estas previsiones (y quizá también la contenida en el artículo 32.2, sobre la sujeción de los derechos de toda persona a las exigencias propias del bien común en una sociedad democrática) expresan un compromiso de la Convención con la democracia política representativa que va más allá de lo que podría colegirse del mero artículo 23, referente a los derechos políticos del individuo (votar y ser elegido, etc.). (Sentencia del 30 de mayo de 1999 in re "Castillo Petruzzi")
Todo esto conduce a la constatación de que la Convención Americana establece tres esquemas normativos de protección: en primer lugar, el que obra en los artículos referentes a los distintos derechos amparados (artículos 3 a 25); en segundo lugar, el plasmado en los artículos 1.1 y 2, que consagran el deber de respetar y garantizar dichos derechos y el de adoptar las disposiciones y medidas internas que sean necesarias para tales fines; y en tercer lugar, que, de acuerdo con lo planteado en el párrafo anterior, vincula de alguna manera la protección de los correspondientes derechos a un entorno de democracia política. (Sentencia del 30 de mayo de 1999 in re "Castillo Petruzzi")
Pues bien: la atribución a los tribunales militares de la facultad de juzgar civiles representa para comenzar una ruptura con el principio democrático de la división de poderes*, porque trae a la órbita gubernamental una función propia de otra rama del poder público, la judicial. De contera, en la situación sometida al examen de la Corte esa ruptura se ha efectuado bajo una modalidad particular, especialmente censurable, la que consiste en asignar a la institución que encarna la quintaesencia del poder ejecutivo y coercitivo del Estado, la delicada tarea de recoger pruebas sobre determinados hechos, apreciar el peso de las mismas y valorar, a luz de un determinado cuerpo de normas, lo que resulte probado, para deducir los efectos que correspondan en derecho. Esto implica ya de suyo colocar un segmento de la actividad estatal por fuera de los cánones de la moderna democracia política pero comporta, además, el riesgo de afectar nocivamente la estructura y el funcionamiento de porciones más amplias de la institucionalidad democrática.
El tema de la vinculación de la protección de los derechos humanos a un contexto político e institucional democrático tendría, sin embargo, que ser objeto de desarrollo jurisprudencial antes de que pudieran emitirse condenas específicas de violación de la Convención Americana por motivos relacionados con dicha vinculación. Entre tanto, la Corte ha basado sus reproches a la aplicación de la justicia militar a los civiles en el sólido terreno que proporciona el artículo 8.1 de la Convención. No creo que pueda formularse reparo alguno por ello. Tengo, en cambio, motivos para discrepar de la forma como la Corte ha fundamentado la declaración de que el Estado violó el artículo 8.2.h) de la Convención Americana, referente al "derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior".
Al ocuparse del asunto la Corte razonó de una manera deductiva. Partió de la base, previamente establecida en la propia sentencia, de que el Estado desconoció la "garantía del juez natural" consagrada en el artículo 8.1 de la Convención. Anotó después que "si el juzgador de segunda instancia no satisface los requerimientos del juez natural, no podrá establecerse como legítima y válida la etapa procesal que se desarrolle ante él". Y concluyó de allí que en el presente caso, por haberse violado la garantía del juez natural, se había violado también el derecho de recurrir del fallo ante juez superior. En otras palabras: el Tribunal dedujo de la infracción del artículo 8.1 la del 8.2.h) de la Convención.
Por su misma gravedad, los problemas de naturaleza y estructura de los tribunales internos que juzgaron a las víctimas ensombrecen la totalidad del panorama procesal puesto a consideración de esta Corte. Esto no ha debido llevarla a omitir, sin embargo, una revisión detallada de ese panorama desde la perspectiva particular del artículo 8.2.h). (Sentencia del 30 de mayo de 1999 in re "Castillo Petruzzi")
Los procesos contra civiles adelantados por la justicia penal militar, censurables ya de suyo por cuanto violan la garantía del juez natural pueden, a buen seguro, violar además el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior (como ocurre, por ejemplo, con los procesos castrenses de única instancia), pero cabe también la posibilidad de que no incurran en dicha violación específica. En la primera hipótesis estaremos frente a un reproche adicional al de la infracción del artículo 8.1. En la segunda no, y habrá de omitirse toda condena en relación con el 8.2.h), para respetar las rigurosas distinciones normativas que consagra la Convención. Americana.
En el presente caso están reunidos diversos elementos que le permiten a la Corte concluir que no se respetó el derecho de las víctimas a una segunda instancia, pero no porque los organismos encargados de actuar en tal instancia pertenecieran a la justicia militar, sino porque no se desempeñaron como tribunales que reexaminaran la totalidad de los hechos de la causa, ponderaran el valor del acervo probatorio, recaudaran las pruebas adicionales que fueran menester, produjeran, de nuevo, una calificación jurídica de los hechos en cuestión a la luz de las normas penales internas y fundamentaran argumentativamente esa calificación. Sólo por este último orden de razones y aunque no comparta las consideraciones que la condujeron al correspondiente resultado, me uno a la conclusión adoptada por la Corte al declarar que el Estado violó el artículo 8.2.h) de la Convención Americana. Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez. (Sentencia del 30 de mayo de 1999 in re "Castillo Petruzzi")
a) el art�culo 8 de la Convenci�n comprende diferentes derechos y garant�as que tienen como prop�sito resguardar el
derecho de toda persona a un proceso justo y asegurar que el Estado garantice judicialmente los derechos;
b) a Gabriel Pablo Ugarte Rivera se le neg� el derecho de contar con un abogado cuando declar� ante la polic�a;
c) los tribunales militares que conocieron el caso actuaron en "franca contradicci�n con los principios de autonom�a e
imparcialidad que deben informar [a los mismos] para conformarse con lo establecido en la Convenci�n". La independencia e
imparcialidad del tribunal constituyen aspectos centrales de las garant�as m�nimas de la administraci�n de justicia y el
art�culo 8 debe interpretarse siempre en los t�rminos m�s amplios, de conformidad con el objeto y fin del tratado;
d) los tribunales militares no son �rganos competentes, independientes e imparciales, porque forman parte, "de acuerdo
con la Ley Org�nica de Justicia Militar peruana [Decreto-Ley No. 23.201] del Ministerio de Defensa; es decir, se trata de un
fuero especial subordinado a un �rgano del Poder Ejecutivo." Los jueces del fuero privativo militar son, asimismo,
miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo, lo cual constituye un requisito para formar parte de aqu�l (art�culos 22 y
31 del Decreto-Ley No. 23.201). Adem�s, no es necesario ser abogado para integrar un tribunal de este fuero. Resulta l�gico
sostener que si el cargo judicial depende del grado militar o de la condici�n de funcionario activo, las decisiones que adopte el
juez o tribunal se ver�n afectadas por un inter�s incompatible con la justicia. Esta posibilidad puede implicar que el
funcionario carezca de la autonom�a e imparcialidad necesarias para investigar hechos como los sucedidos en El Front�n;
e) el tr�mite ante el fuero privativo militar tampoco constituye un recurso efectivo para proteger los derechos de las
v�ctimas y sus familiares y remediar los da�os causados. En el presente caso no se investigaron los hechos ni se sancion� a los
culpables. La Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar concluy� que no hab�a responsabilidad de quienes
intervinieron en la debelaci�n del mot�n. Por otra parte, las autoridades no hicieron lo necesario para salvar la mayor cantidad
de vidas que fuese posible despu�s de la demolici�n del penal, ni aplicaron la diligencia adecuada para la identificaci�n de
los cad�veres;
f) al haber dejado el Estado a las v�ctimas y sus familiares s�lo el procedimiento en el fuero privativo militar a fin de
esclarecer los hechos, identificar los cad�veres y hacer justicia, y al no haber investigado los sucesos de manera diligente, se
neg� a aqu�llas, de hecho, el acceso a un recurso efectivo; y
g) el 17 de julio de 1987, el 6o. Tribunal Correccional de Lima decidi� que Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte
Rivera eran "inocentes, resolviendo el archivo del proceso y la inmediata libertad de los encausados". Dicha decisi�n
result� ineficaz, pues aqu�llos hab�an desaparecido.(Sentencia del 16 de agosto 2000 in re "Durand y Ugarte) MEN�

References: artículo 8
 artículo 8
 artículo 29
 artículo 32
 artículo 23
 artículo 8
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