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Timestamp: 2019-09-23 07:08:38+00:00

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Acuerdo y Sentencia 684/2013 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 684/13
CAUSA: “HABEAS CORPUS REPARADOR PRESENTADO POR EL DEFENSOR PUBLICO EN LO PENAL, ABOG. RAUL E. CABALLERO CANTERO A FAVOR DEL SR. M. A. M. F.”.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los cuatro días del mes de julio del año 2013, estando reunidos, en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Excelentísimos Señores Ministros, Dres. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y ALICIA PUCHETA DE CORREA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “HABEAS CORPUS REPARADOR PRESENTADO POR EL DEFENSOR PUBLICO EN LO PENAL, ABOG. RAUL E. CABALLERO CANTERO A FAVOR DEL SR. M. A. M. F. ”, a fin de resolver la Garantía Constitucional planteada de conformidad al artículo 133 de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1500/99.
¿ES PROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL SOLICITADA?-
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, arrojo el siguiente resultado: Luis Maria Benítez Riera, Sindulfo Blanco y Alicia Pucheta de Correa.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DOCTOR BENITEZ RIERA DIJO: Que, se presentan ante la Corte Suprema de Justicia el defensor público Abogado Raúl Caballero a solicitar el Habeas Corpus Reparador a favor de su defendido el Sr. M.A. M. F. Alega en lo sustancial que, su representado M. A. M. F. quien se encuentra procesado por la supuesta comisión del hecho punible de Hurto Agravado (art. 162 inc, 1 del CP., en concordancia con el art. 29 del mismo cuerpo legal) en el marco del expediente penal “M. A. M. F. S/ HURTO AGRAVADO Nº 1851/2012, tramitado ante el Juzgado Penal de Garantías Nº 10 de Asunción, ha sido privado de su libertad en forma cautelar ininterrumpidamente desde el 20 de octubre de 2012, es decir, hace 8 (ocho) meses, y por tanto, más allá de la pena mínima de acuerdo a la calificación con la cual se encuentra procesado y fuera del término fijado por el art. 19 de la Constitución Nacional.-
Que por tanto, al haberse superado la pena mínima con reclusión preventiva de acuerdo a la calificación del órgano jurisdiccional – sin sentencia firme- corresponde la libertad ambulatoria de M. A. M. F. hasta la culminación definitiva del proceso, ya que el plazo de duración de aquella – 8 meses- se volvió irrazonable. Solicita se haga lugar al habeas corpus reparador presentado a favor de su defendidoM.A. M. F.(fs. 1/3).-
La Garantía Constitucional de referencia se halla regulada en el art. 133 de la Constitución Nacional, que en la parte pertinente dispone: “…El Habeas Corpuspodrá ser:…2) Reparador: en virtud del cual toda persona que se hallase ilegalmente privada de su libertad podrá recabar la rectificación de las circunstancias del caso. El magistrado ordenará la comparecencia del detenido, con un informe del Agente Público o privado que lo detuvo, dentro de las veinticuatro horas de radicada la petición. Si el requerido no lo hiciese así, el Juez se constituirá en el sitio en que el que se halle recluida la persona, y en dicho lugar hará juicio de méritos y dispondrá su inmediata libertad, igual que si se hubiese cumplido con la presentación del detenido y se haya radicado el informe. Si no existiesen motivos legales que autoricen la privación de libertad, la dispondrá de inmediato; si hubiese orden escrita de autoridad judicial, remitirá los antecedentes a quien dispuso la detención..”.En igual sentido, el art. 19 de la Ley 1500/99, expresa: “Procederá el habeas reparador en los casos en que se invoque la privación ilegal de libertad física de una persona”.
Que, ese constituye el marco jurídico dentro del cual deberá circunscribirse el estudio de viabilidad o no del habeas corpus planteado.
Que, dada la especialidad de la acción presentada, la cual se refiere a la protección de un derecho fundamental como es la libertad de las personas, la Sala Penal, en todos los casos imprime la celeridad que impone la Carta Magna y la Ley 1500/99 que la reglamenta.
Que, el mecanismo del habeas corpus se prevé como un correctivo de arbitrariedades que afectan directamente a la persona humana y que no admiten dilaciones, requiriendo una especial atención del órgano jurisdiccional. Ahora bien, no debe ser considerado como un medio impugnaticio de resoluciones judiciales.-
La naturaleza del Hábeas Corpus, conforme a los presupuestos establecidos en nuestro ordenamiento constitucional y legal, es de un instituto jurídico destinado a dejar sin efecto situaciones de hecho que afectan gravemente la libertad de las personas, privándola de ese derecho fundamental, sea por un particular o de un agente público, careciendo tal acto de legalidad. Es un remedio jurídico paliativo de arbitrariedades que afectan directamente a la libertad personal del individuo, sujeto de la protección legal.
Que, tanto la Constitución Nacional como la Ley 1500/99 determinan las reglas especiales que son deducidas de sus textos, a saber: 1) excepción a las reglas de competencia (porque puede plantearse ante cualquier Juez de Primera Instancia, incluso, ante la propia Corte Suprema de Justicia); 2) legitimación procesal (puede presentarse tanto por la persona afectada como por interpósita persona sin necesidad de poder); 3) mínimas formalidades (reducción de los plazos procesales, aplicación del iuranovitcuriae, gratuidad y amplitud de facultades ordenatorias para los órganos jurisdiccionales competentes).-
Que, conforme a las definiciones plasmadas en la Norma Fundamental y los presupuestos legales del Habeas Corpus Reparador, para su procedencia es requerida la presencia de una ilegalidad en la privación de libertad de la persona, situación que, en el caso de verificarse fehacientemente, debe ser inmediatamente corregida por afectar un derecho fundamental de la persona, cual es la libertad.-
Que a fs. 9 obra la Nº 1403 de fecha 26 de junio de 2013, donde el Director de la Penitenciaria Nacional, Abog. Artemio Vera, informa que el Señor M. A. M. F., se encuentra recluido en esta Institución Penitenciaria, desde el 29 de octubre de 2012, remitido por orden del Juez Penal de Garantías Nº 5, Dr. Alcides Corbeta, en la causa caratulada: M. A. M. F. s/ HURTO AGRAVADO.-
Que, a fs. 11, obra el informe de Antecedentes Judicial- área Penal.-
Que, por Oficio Nº 960 de fecha 26 de junio de 2013, (fs. 25) el Juez Penal de Garantías Nº 10 de la Capital, Abog. Rubén Gustavo Ayala Brun informa el estado procesal de M. A. M. F., como sigue:
Caratula del expediente: M. A. M. F. s/ Robo agravado.
Fecha de inicio del procedimiento: 26 de octubre de 2012.-
Hecho punible: hurto agravado.-
Tiempo de reclusión en concepto de medida privativa de libertad: ocho meses y un día hasta la fecha.
Tiempo de condena: aún no posee condena.-
Situación procesal actual: se ha presentado requerimiento conclusivo, acusando y solicitando se eleve la causa a juicio oral y público. El Abogado defensor Raúl Caballero ha solicitado la revisión de la medida privativa del procesado, el cual ha sido rechazado por AI. Nº 266 de fecha 26 de abril de 2013, dicha resolución ha sido apelada por la defensa, y por AI. Nº 92 de fecha 12 de junio de 2013, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, 2da Sala ha confirmado la resolución que resuelve mantener la prisión preventiva de M. M., antes citada. Actualmente se encuentra pendiente de la sustanciación de la audiencia preliminar.-
El recurrente ha fundamentado su pedido de Habeas Corpus Reparador alegando que su defendido se encuentra privado de su libertad en el Penal de Tacumbú, más de 8 meses, es decir, ha compurgado en exceso la pena mínima, que es de 6 meses.
Que, es oportuno recordar que la Sala Penal no puede erigirse como una Tercera Instancia y fungir de órgano jurisdiccional revocador de resoluciones judiciales de jueces naturales a quienes la ley procesal penal les ha conferido competencias para dictar resoluciones. En este sentido, la privación de libertad que soporta M. A. M. F. es en el marco de la causa: M. A. M. F. S/ HURTO AGRAVADO”, Causa Nº 1851, Año 2012, no es ilegal, y la expectativa de pena oscila de hasta diez años y se da como consecuencia del AI. Nº 1005 de fecha 27 de octubre del 2012, dictado por el Juzgado Penal de Garantías, Nº 5, Abog. Alcides Corbetas.
En consecuencia, corresponde RECHAZAR el Habeas Corpus Reparador, ante la ausencia de los presupuestos requeridos en los artículos 133 inc. 2 y 19 de la Constitución Nacional para la viabilidad de la Garantía Constitucional solicitada. ES MI VOTO.-
A su turno, el Dr. Sindulfo Blanco manifestó compartir la opinión que antecede por los mismos fundamentos.-
A su turno, la Doctora PUCHETA DE CORREA dijo: Luego de un cabal estudio de los autos que ocupan mi atención y a la luz del voto emitido por el instruido Ministro preopinante Prof. Dr. Luis María Benítez Riera, debo expresar mi ponencia divergente al desenlace jurisdiccional que propone y la cual consiste, por oposición, en dar acogida favorable a la garantía constitucional planteada bajo la rúbrica de Habeas Corpus Reparador a favor del Sr. M. A. M. F. No obstante ello, para fundamentar la posición disidente que adelantadamente anuncio, me habré de apoyar, en lo pertinente, en el prolijo relato ensayado por quien me antecede en la emisión del voto y en el que están descriptos los pormenores jurídicos en los que se fundamenta la promoción del Habeas Corpus y las demás piezas procesales emergentes de la correspondiente tramitación, circunstancias que me ubican en posición idónea para expedirme, conforme a derecho, sobre la materia en tratamiento.
Según surge de la compendiada línea argumentativa en que se sustenta la garantía constitucional planteada, esta se circunscribe a la afirmación de la ilegitimidad de prisión preventiva cuya duración excede el plazo previsto en la ley, habiéndose reclamado la cesación de la medida de coerción personal ante los jueces competentes y por los mecanismos ordinarios, todos sin éxito alguno, circunstancias que motivaron la articulación del Habeas Corpus ante esta instancia en procura de que se remedie la alegada ilegalidad de la privación de libertad no subsanada por los órganos inferiores en tanto no han considerado disposiciones de jerarquía constitucional, normas Internacionales (Tratados y Convenios) y prescripciones legales reglamentarias que rigen la materia.
Entrando en análisis, debe considerarse que el Hábeas Corpus Reparador constituye una garantía de rango constitucional. En efecto el Artículo 133 inciso 2 de la Constitución Nacional dispone que en virtud del Hábeas Corpus Reparador: “toda persona que se halle ilegalmente privada de su libertad puede recabar la rectificación de las circunstancias del caso…”. En concordancia con la norma constitucional, el Art. 19 de la Ley Nº 1500/99 preceptúa: “Procederá el habeas corpus reparador en los casos en que se invoque la privación ilegal de la libertad física de una persona”. Ese es el marco jurídico dentro del cual debe canalizarse el estudio de la viabilidad o no del Habeas Corpus planteado en función al ítem específico en que se fundamenta y con arreglo a las normativas constitucionales y legales que rigen la materia.
Desde esa perspectiva; esto es en función al exceso de la duración de la medida cautelar privativa de libertad (prisión preventiva) que soporta la justiciable, cabe considerar, según surge del Informe del Juez requerido, que por A.I. Nº 1005 de fecha 27 de octubre de 2012 el Juez Penal de Garantías, siendo competente para ello, ha dictado auto de prisión en contra del Sr. M. A. M. F., por lo tanto, la prisión preventiva dictada en su momento resulta ser producto de un acto emanado de autoridad competente y plasmada en orden judicial escrita.
Por A.I. Nº 266 de fecha 26 de abril de 2013 se ha resuelto rechazar el pedido de Revisión de medida de prisión preventiva del procesado. El Abogado Defensor ha recurrido dicha resolución, el Tribunal de Apelación Segunda Sala ha dictado el A.I. Nº 92 de fecha 12 de junio de 2013 por el cual se mantiene la prisión preventiva decretada en autos contra el imputado. Se ha formulado imputación en contra del Sr. M. A. M. F. por la supuesta comisión del hecho punible de HURTO AGRAVADO subsumiendo la conducta del mismo dentro de lo tipificado en el Art. 162 Inc. 1º del Código Penal en concordancia con el Art. 29 del mismo cuerpo legal. La calificación jurídica de referencia, no obstante de carecer de definitividad, reconoce, en abstracto, una sanción penal que oscila en el caso del artículo 162 del C.P. de una mínima de seis (6) meses y una máxima de diez (10) años de pena privativa de libertad.
Asimismo, de los informes colectados se tiene por acreditado que el justiciable se encuentra en prisión preventiva desde el 26 de octubre de 2012 (8 meses) que lo cumple efectivamente en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. De la ilación jurídica de las circunstancias reseñadas precedentemente, se puede concluir fácilmente que la medida cautelar privativa de libertad que soporta el procesado excede el límite de la duración de la pena mínima (seis meses) previsto en el tipo penal calificado, tornándose ilegal en los términos del Artículo 19 de la Constitución Nacional; máxime considerando que la defensa ha intentado enderezar la ilegalidad de la privación de libertad por los mecanismos procesales ordinarios y que no obstante de haber sido rectamente empleados, la misma no fue restablecida por los órganos jurisdiccionales ante quienes ha recurrido, según se infiere del informe del Juez, avalando las afirmaciones de la defensa sobre tales extremos.
La disposición legal referenciada es una cláusula constitucional instalada en el Artículo 19 de la Constitución Nacional del año 1992, que prescribe lo que sigue:” La prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio. En ningún caso la misma se prolongara por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para igual delito, de acuerdo con la calificación del hecho, efectuada en el auto respectivo.”. En las condiciones apuntadas, debe reconocerse que la situación jurídica del procesado, en cuanto a la prisión preventiva se refiere, reviste visos de ilegitimidad, por haber excedido el plazo constitucional antedicho.-
En conclusión, considerando que la prisión preventiva que soporta el Sr. M. A. M. F. excede los plazos que limitan la duración de las medidas cautelares privativas de libertad, por imperativo de orden constitucional, corresponde hacer lugar al Habeas Corpus solicitado y ordenar su libertad – en la presente causa: “M. A. M. F. s/ hurto agravado” - la cual deberá hacerse efectiva una vez que el Juzgado Penal de Garantías establezca las medidas adecuadas para garantizar su comparecencia en los actos procesales pendientes de realización y hasta que se dicte sentencia, a cuyo efecto debe comunicarse inmediatamente lo decidido al juez que entiende en la causa; sin perjuicio de que el mismo tenga otra orden restrictiva de libertad emanada de autoridad competente.
Tal es la línea jurisprudencial que sobre la materia viene sustentando la Sala Penal, entre los que se encuentran, entre otros, el Acuerdo y Sentencia Nº 871 del 10 de septiembre de 2007 en el Hábeas Corpus Reparador presentado a favor de Gregorio Alberto Sarabia; y Acuerdo y Sentencia Nº 245 del 27 de mayo de 2010, en el Hábeas Corpus Reparador presentado a favor del Sr. J. C..-
Por tanto, a tenor de los fundamentos esgrimidos, la norma constitucional que rige la materia (Art. 133 inc. 2) y a la disposición constitucional (Art. 19) y legales citadas (Art. 19 y concordantes de la Ley Nº 1500/99) y los precedentes judiciales invocados, corresponde HACER LUGAR a la garantía constitucional planteada. Voto en el sentido y con los alcances expuestos.-
Asunción, 04 de julio de año 2.013.
VISTO: Los méritos que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, la
1) RECHAZAR el Habeas Corpus Reparador planteado por el defensor Abogado Raúl Caballero a favor del Sr. M. A. M. F.
2) ANOTAR, registrar, notificar.
FIRMARON: MINISTROS LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y ALICIA PUCHETA DE CORREA.

References: artículo 133
 resolución 
 resolución 
 Artículo 133
 artículo 162
 Artículo 19
 Artículo 19