Source: https://www.scribd.com/doc/139901331/Espagnole-finale-definitive
Timestamp: 2016-08-29 21:33:14+00:00

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BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out more2 / Titre du rapport – FIDHPrólogo------------------------------------------------------------------------------------------------------1 El contexto: la extracción minera en Perú--------------------------------------------------------------2 La Oroya: historia de una tragedia----------------------------------------------------------------------3 Evolución reciente: proceso de liquidación de Doe Run Perú---------------------------------------6 Negando la evidencia-------------------------------------------------------------------------------------7 Análisis sanguíneos y del aire en La Oroya cuando el complejo estaba abierto------------7 Impacto sanitario de la contaminación registrada-------------------------------------------- 10 Análisis sanguíneos y del aire desde el cierre de Doe Run en 2009----------------------- 12 David y Goliat-------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Procesos judiciales múltiples e intrincados---------------------------------------------------------- 15 Proceso judicial en Perú contra el Estado (2002-2006)-------------------------------------- 15 Demanda contra el Estado de Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2005-hoy)------------------------------------------------------------- 15 Proceso judicial en Estados Unidos contra los propietarios y operadores de Doe Run Perú (2008-hoy)-------------------------------------------------------------------- 16 Arbirtraje internacional entre Perú y Doe Run------------------------------------------------ 17 Conclusión: responsibilidades de los implicados--------------------------------------------------- 19 Recomendaciones---------------------------------------------------------------------------------------- 23
En el contexto de un seminario internacional organizado en Perú en julio de 2012 por APRODEH y FIDH, sobre la cuestión de la responsabilidad de las empresas en materia de violaciones de derechos humanos, FIDH viajó a La Oroya y Huancayo con el objeto de reunirse con representantes de la sociedad civil, con el fin de intentar entender la situación de la población de La Oroya, en plena batalla legal a consecuencia del impacto ambiental del complejo metalúrgico de la localidad. Este caso ilustra lo difícil que es obtener justicia para las víctimas de los abusos cometidos por las empresas. FIDH rinde aquí homenaje a los ciudadanos de La Oroya y, en particular, a los que se han atrevido a exigir la verdad, a denunciar las infracciones y a reclamar sus derechos, con gran valentía y determinación.
La actividad minera está muy extendida en Perú, estando además prevista la iniciación de importantes nuevos proyectos de explotación1. Según el Observatorio de Conflictos Mineros en Perú, en 2012, 25 millones de hectáreas a escala nacional eran objeto de concesiones mineras, lo que representa un aumento de un millón de hectáreas con respecto a 2011. La extracción minera se ha convertido en una industria que no requiere mucha mano de obra (el sector de minas y canteras representa un 0,5% del empleo total, en comparación al 17,1% de la industria manufacturera o el 22% del comercio, por ejemplo)2. No obstante, es una actividad que aporta recursos económicos considerables al Estado, representando un 4,2% del PIB en 20113, y produciendo el 10% de la renta nacional total en 20054. Las exportaciones mineras han sido frecuentemente la partida de exportaciones más importante, elevándose al 60% de los ingresos en 20105. El presidente de Perú, Ollanta Humala, elegido en junio de 2011, se comprometió a subir los impuestos a las
1.  Las principales inversiones mineras en curso en Perú, incluyendo los proyectos en fase exploratoria o en expansión, se resumen en “Cartera estimada de proyectos mineros”, septiembre de 2012, Dirección de Promoción Minera, Ministerio de Energía y Minas. 2. O  rganización Internacional del Trabajo, “Sectoral Country Profile”, p.7, 2008: http://www.ilo.org/sector/Resources/ country-profiles/WCMS_161292/lang--en/index.htm 3.  Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú, 2012 – Información económica, “Actividades mineras en el PBI a valores constantes de 1994”: http://www.inei.gob.pe/web/aplicaciones/siemweb/index.asp?id=003 4.  Instituto Revenue Watch, “Peru Country Data, Peru extractive data snapshot”: http://www.revenuewatch.org/countries/ latin-america/peru/country-data 5.  Departamento de Estado de Estados Unidos, Nota sobre Perú, 3 de enero de 2012: http://www.state.gov/r/pa/ei/ bgn/35762.htm
empresas mineras y declaró que la recaudación de esos impuestos se destinaría a costear programas sociales6. Sin embargo, la actividad minera acarrea un coste socio-ambiental especialmente elevado. El gobierno peruano gasta, oficialmente, hasta un 50% de la recaudación de impuestos mineros en indemnizaciones a las regiones por los daños resultantes de esta industria.7 Durante los últimos años, los conflictos relacionados con la industria minera han aumentado vertiginosamente en el país. Los informes anuales de la Defensoría del Pueblo muestran que, mientras que en 2004 se registraron 47 conflictos sociales, en 2012 estaban identificados 229 en 24 regiones. Según el Defensor del Pueblo, la mayoría se debe a problemas sociales y ambientales8. Además, los conflictos son cada vez más violentos. Desde junio de 2011, los conflictos sociales en Perú han causado 19 víctimas mortales, estando muchos de ellos relacionados con la industria extractiva9. En los últimos meses, los enfrentamientos entre las comunidades locales que se oponen a los proyectos mineros y las fuerzas de seguridad han sido particularmente alarmantes en Cajamarca y Espinar. Así, en Cajamarca, en julio de 2012, las autoridades respondieron con un uso excesivo de la fuerza a las manifestaciones en contra del proyecto Conga, consistente en la ampliación de una explotación de minas de oro por Newmont, una empresa multinacional domiciliada en Canadá. Las comunidades locales temen que el proyecto cause daños al medio ambiente como consecuencia del drenaje de los lagos de montaña para su reemplazo por aljibes, así como de la producción masiva de desechos tóxicos10. En Espinar, en la provincia de Cuzco, las actividades de la mina de Tintaya, lideradas por la empresa suiza Xsrata, toparon con la oposición masiva de las comunidades locales, que denunciaban, en particular, la contaminación del agua. El conflicto degeneró en una violencia que condujo a la muerte de dos personas en mayo de 201211. En julio, las partes se sentaron a una mesa de diálogo para tratar las quejas y establecer un mecanismo de seguimiento del impacto medioambiental. Sólo en el departamento de Junín, se contabilizan más de 3.800 concesiones mineras, pequeñas, medianas y grandes, que explotan el cobre, la plata, el plomo, el zinc y otros metales. En esa región concretamente, las concesiones aumentaron en un 8,2% durante los cinco últimos años. En 2012, las concesiones mineras representaron un 25,9% del territorio del departamento de Junín.12
6.  The Washington Post, 6 de junio de 2011: “Nationalist Humala edges out rival in Peru, unnerving investors”, http://www. washingtonpost.com/world/nationalist-humala-wins-election-in-peru-unnerving-investors/2011/06/06/AGu84YKH_story. html 7.  La República, 10 de julio de 2011: “Humala: Habrá impuestos a sobreganancias mineras” 8.  Defensoría del Pueblo, República del Perú, “Violencia en los conflictos sociales”, Informe defensorial n° 156, marzo de 2012: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-156.pdf 9.  Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, “¡Ni un muerto más! La CNDDHH se pronuncia por tres nuevas muertes en conflictos sociales ”, 7 de septiembre de 2012: http://derechoshumanos.pe/2012/09/%C2%A1ni-un-muertomas-la-cnddhh-se-pronuncia-por-tres-nuevas-muertes-en-conflictos-sociales/ 10.  Declaración de organizaciones de DDHH y medioambientales, “Sobre la represión y el quebrantamiento de los derechos humanos en Perú”, 11 de julio de 2012: http://www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/Conga_ NGO_statement.pdf 11.  La República, mayo de 2012, “Protesta en Espinar degeneró en muertes”: http://www.larepublica.pe/29-05-2012/protesta-en-espinar-degenero-en-muertes 12.  Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, 10º informe, agosto de 2012: http://hiperactivacomunicaciones.blogspot. be/2012/08/decimo-informe-del-observatorio-de.html
Uno de los proyectos mineros más grandes de Junín es el complejo Chinalco13, en Toromocho, en el distrito de Morococha. Este proyecto comprenderá una gran mina a cielo abierto, entrañando el desplazamiento de más de 5.000 vecinos. Actualmente, las condiciones de dicho desplazamiento están siendo discutidas con los afectados en la Mesa de concertación para la lucha contra la pobreza, organismo que reúne a representantes de las autoridades (a nivel nacional y local) y de la sociedad civil (sindicatos, iglesias, organizaciones juveniles y femeninas, empresas). El objetivo del proceso es prevenir conflictos vinculados al proyecto y asegurarse de que se toman en consideración las inquietudes de la población. Aun está por ver si un desplazamiento de tal envergadura, que sería el primero en Perú, puede realizarse de modo satisfactorio para las comunidades afectadas, en línea con los principios internacionales en materia de derechos humanos en lo relativo a las expulsiones y desplazamientos motivados por el desarrollo.14
La Oroya es una ciudad de más de 33.000 habitantes, situada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín en la provincia de Yauli. Dista 176 km de Lima y 125 km de Huancayo (capital del departamento) y se encuentra a 3.750 metros de altitud. La ciudad fue construida y creció alrededor de un complejo metalúrgico que se estableció ya en 1922, siendo explotado por una empresa estadounidense hasta 1974, año en el que fue nacionalizado. En su web oficial, aun es calificada como la “capital metalúrgica de Perú y de Suramérica”15. El complejo metalúrgico procesa los diversos minerales extraídos de las minas vecinas, para la obtención de productos puros cuyo valor comercial es mucho mayor. Dentro de los propietarios más recientes del complejo de La Oroya se incluyen Centromin, empresa estatal que explotó la fundición de 1974 a 1997, y Doe Run Company (en adelante, Doe Run Perú, o DRP), filial del estadounidense Grupo Renco16. En la web de Grupo Renco se afirma: “por estar estratégicamente situada en el altiplano peruano, zona conocida por sus minerales polimetálicos, la ciudad de La Oroya se encuentra bien posicionada para obtener considerables beneficios derivados del aumento de la inversión en la minería peruana”.
13.  CHINALCO (Aluminium Corporation of China), empresa estatal china, es el segundo productor de alúmina del mundo. Según su cibersitio, ha adoptado la estrategia de convertirse en empresa internacional minera polimetálica: http://www.chalco.com.cn/zl/web/chinalco_en_show.jsp?ColumnID=122 14.  OACDH, Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo: Anexo I del informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, A/HRC/4/, 18 de febrero de 2007. 15. http://w ww.oroya.com.pe/, consultado el 14 de julio de 2012. 16.  Doe Run empleaba aproximadamente a 3 800 trabajadores antes de cerrar, en junio de 2009. Cf. CooperAcción, “Una mala privatización”, http://www.cooperaccion.org.pe/noticias/una-mala-privatizacion.html
The Renco Group, Inc. es una empresa holding de inversión familiar, de capital privado, fundado en 1975 y propiedad de Ira Rennert, un multimillonario estadounidense. Basado en Nueva York, el Grupo Renco dispone de una cartera diversificada de filiales operativas en diversos sectores, incluyendo la extracción y la recuperación minera, producción de material de defensa, fabricación de productos metálicos y suministros para la automoción. Entre sus principales filiales se encuentra AM General (Estados Unidos), una joint venture con Mac Andrews y Forbes Holding, Inc., cuyo sector de actividad es el diseño, la ingeniería y la producción de vehículos específicos para clientes militares y comerciales y las filiales Doe Run, domiciliada en San Luís (Misuri, Estados Unidos), y Doe Run Perú, ambas especializadas en siderurgia. Doe Run Perú es propiedad de Doe Run Cayman. No está claro si Doe Run Cayman es filial de la estadounidense Doe Run Corporation o si es, como ésta, filial de la misma matriz: el Grupo Renco17. Otras filiales de Renco son: Inteva, domiciliada en Troy (Estados Unidos), que fabrica sistemas de interior, vallas, motores y aparatos electrónicos; Kings of New Castle (Estados Unidos) – distribución minorista de joyas y gemas; Unarco Material Handling (Estados Unidos) y US Magnesium – productos primarios de magnesio en la región de Salt Lake. El Grupo Renco no se ha adherido públicamente a las normas internacionales en materia de derechos humanos, ni sobre responsabilidad social corporativa. Su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) está dividida en tres ejes: responsabilidad medioambiental, salud y seguridad en el trabajo y compromisos con las comunidades. En cuanto a la protección del medio ambiente, el Grupo Renco declara que: “Nuestra meta es no sólo cumplir sino superar, lo mejor que podamos, todas las normas ambientales del sinfín de entidades federales, estatales y locales que supervisan las operaciones de nuestra empresa”.
En 1996, Centromin presentaba su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), un plan de diez años destinado a asegurar la conformidad de las actividades de la empresa con las normas relativas al medio ambiente que estaban vigentes en Perú. En 1997, el contrato por el que Centromin Perú transfería las acciones a Doe Run, establecía la obligación del Estado peruano de limpiar los suelos de la contaminación acumulada desde la creación del complejo, en 1922, hasta 1997. Según el contrato, Doe Run debía ejecutar la mayoría de las restantes obligaciones derivadas del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Inicialmente, el coste de los nueve proyectos de protección ambiental bajo el PAMA que Doe Run debía se estimó en un importe de 107,6 millones USD. Doe Run Perú asumía también la responsabilidad por toda modificación eventual, conforme a la ley peruana, durante el período de diez años que concluía en 2007.18
17.  Cf. Public Citizen, Global Trade Watch, marzo de 2012, “Renco Group uses trade pact foreign investor provisions to chill Peru’s environment and health policy, Undermine Justice”, p.3 y 6. 18.  EarthJustice, AIDA, SPDA y Public Citizen, 31 de marzo de 2011, “Open letter to Hillary Clinton and Timothy Geithner”: http://www.citizen.org/documents/peru-fta-renco-letter-march-31-2011.pdf.
Concretamente, Doe Run Perú se comprometía, entre otras, a: Construir tres plantas de ácido sulfúrico (para las plantas de cobre, zinc y plomo) con el fin de asegurar que las emisiones de SO2 no rebasaran el nivel máximo permitido por ley; Construir una planta de tratamiento de aguas para la refinería de cobre; Construir un muro en la planta de zinc para evitar vertidos ácidos; y Construir depósitos nuevos para los residuos de arsénico, cobre y plomo, con el fin de evitar la contaminación del río y del aire.19 Plazos específicos para la ejecución de cada uno de los nueve proyectos fueron fijados.20 Posteriormente, a instancias de Doe Run, el PAMA fue modificado y prorrogado en varias ocasiones.21Así, en 1999, se redujo la capacidad requerida para las plantas de ácido (la cantidad de ácido sulfúrico que debían retener)22. El PAMA debía expirar en 2007, pero en 2005, sobre la base de un decreto supremo por el que se autorizaba a las autoridades peruanas a conceder prórrogas, Doe Run solicitó una primera prórroga, que le fue concedida por el Ministerio de Energía y Minas tras una intensa controversia. En consecuencia, el plazo de Doe Run para cumplir los requisitos del PAMA23 se amplió a octubre de 2009. Doe Run solicitó en 2009 una segunda prórroga, que las autoridades peruanas acabaron por concederle en septiembre de 2009, para un período de 30 meses, es decir, hasta mayo de 2012.24 Ahora bien, ni el Estado ni la empresa cumplieron las obligaciones que el PAMA les imponía. Así, cuando cesó la actividad en junio de 2009, Doe Run solamente había construido infraestructuras de ácido sulfúrico para los circuitos de plomo y zinc. En cuanto al circuito para el cobre, solamente se había ejecutado en un 57%.25 Las autoridades peruanas tampoco han cumplido su obligación de sanear los suelos, pretextando que ello sería una pérdida inútil de recursos mientras la empresa siguiese contaminando la zona26. Como consecuencia, en 2006, La Oroya fue calificada como una de las diez ciudades más contaminadas del mundo.27 En 2007, según el Instituto Blacksmith, una ONG medioambiental basada en Estados Unidos, La Oroya todavía figuraba entre los diez lugares más contaminados del mundo.28 El Contrato de Transferencia de Acciones de 23 de octubre de 1997, firmado entre el gobierno de Perú y Doe Run, estipulaba que Centromin y la República de Perú (en su condición de garante) asumirían “la responsabilidad por cualesquiera daños, perjuicios y reclamaciones de terceros atribuibles a las actividades de DRP, Centromin o sus predecesores”, mientras que los nuevos dueños trabajarían para mejorar el complejo mediante proyectos ambientales. Dicho de otra manera, Doe Run Perú quedaba prácticamente exenta de toda responsabilidad durante el periodo de ejecución del PAMA. Únicamente quedaron excluidos de esta cláusula los casos en
19.  La lista de los nueve proyectos figura en http://www.secinfo.com/dVut2.7yH1.y.htm#1stPage 20. ibid. 21.  Decreto Supremo N° 046-2004-EM; Resolución Directoral Nº 178-99-EM/DGM (19/10/1999); Resolución Directoral 133-01-EM/DGM (16/4/2001); Resolución Directoral 028-2004-EM/DGM (25/10/2002). 22.  Op. Cit. (nota 17). 23.  Resolución Directoral Nº 257-2006-EM/AAM (29/5/2006). 24.  Ley Nº 29410, “Ley que prorroga el plazo para el financiamiento y la culminación del proyecto de planta de ácido sulfúrico y modificación del circuito de cobre del complejo metalúrgico de La Oroya”, 25/9/2009. 25.  CooperAcción, 12 de junio de 2012, nota de prensa N° 39: http://www.cooperaccion.org.pe/noticias/modernizaciondel-complejo-metalurgico-de-la-oroya-sera-clave-para-reducir-la-contaminacion.html 26.  Se ha calculado que limpiar el suelo y el agua en La Oroya costaría 175 millones USD al Estado, mientras que el desplazamiento sería mucho menos costoso. Sin embargo, la población local no desea ser desplazada, sino que quiere que se rehabilite el medio ambiente. Cf. Donna O’Kelly y James Wood, Estudio de viabilidad, “Relocation of La Oroya Antigua”, abril de 2007. 27.  Instituto Blacksmith, http://www.blacksmithinstitute.org/top10/worst35d.html 28. http://www.blacksmithinstitute.org/wwpp2007/finalReport2007.pdf
que las reclamaciones derivasen directamente de actos atribuibles exclusivamente a DRP que no estuviesen relacionados con el PAMA29. La prórroga del PAMA, que en principio expiraba en 2007, tuvo como efecto que la citada la cláusula, relativa a la responsabilidad respecto a reclamaciones judiciales de terceros, continuase produciendo efectos. Una tercera solicitud de prórroga se presentó ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso en marzo de 2012, que sin embargo no llegó a ser aprobada gracias a la movilización ciudadana.30
En 2009, Doe Run declaró no disponer de capital suficiente para adquirir los minerales que se procesaban en el complejo. Se inició entonces el proceso de liquidación.31 La empresa aduce que esta situación deriva del hecho que el PAMA no fue prorrogado en 2009, durante un periodo de crisis financiera, lo que condujo a que los acreedores de DRP a no renovar un préstamo rotatorio que DRP requería para sus operaciones cotidianas.32 En noviembre de 2011, la duodécima Fiscalía Provincial Penal de Lima denunció penalmente al propietario de Doe Run, Ira Rennert,33 por la presentación de una deuda ficticia ante Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, el organismo peruano encargado de la administración de los procesos de liquidación). Se le acusaba, así como al representante de Doe Run, Alberto Bruce Neil, de “insolvencia fraudulenta y falsa declaración en proceso administrativo en agravio del Estado, Indecopi y los acreedores de dicha empresa”). El fiscal consideraba que la deuda era ficticia al haber sido creada en beneficio, y por decisión de, Grupo Renco.34 El juez del 39 Juzgado Penal de Lima inició un proceso penal por los cargos formulados por la Fiscalía contra el propietario y directivo de Doe Run, Ira Rennert y Bruce Neil, respectivamente, por un presunto fraude en agravio del Estado y del Indecopi, para favorecer a una sociedad, vinculada a Doe Run, Cayman Limited.35 Al cabo de la instrucción judicial en la que se llevaron a cabo varias audiencias, Indecopi reconoció a Doe Run Cayman Limited como primer acreedor privado en el proceso de liquidación
29. “Acuerdo de transferencia de acciones”, cláusula 6.2, citada en Grupo Renco contra la República de Perú. 30. C  f. carta de AIDA, APRODEH, SPDA al presidente del Congreso peruano, Daniel Abugattás, sobre el proyecto de ley Nº 636/2011-CR relativo a la prórroga del PAMA, 22 de febrero de 2012. 31.  Más información sobre las etapas de la liquidación en “Ley General del Sistema Concursal” y en http://www.indecopi. gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=7&JER=312. 32.  Grupo Renco contra República de Perú, ibid., p. 10. 33. Fuente http://elcomercio.pe/economia/1331424/noticia-denuncian-al-propietario-al-director-ejecutivo-doe-run_1) 34.  Blog El Mantaro Revive, 20 de noviembre de 2011, “Doe Run fingió una deuda para sorprender a Indecopi”: http://elmantarorevive.blogspot.com/2011/12/indecopi-reconoce-doe-run-cayman-como_01.html 35.  Fuente: http://www.larepublica.pe/03-12-2011/juez-abre-proceso-propietario-de-doe-run-ira-rennert-por-creditofraudulento)
(30,01%), y como miembro de la junta de acreedores. Cabe señalar que Doe Run Cayman posee el 99,92% de Doe Run Perú y que es filial del Grupo Renco, propietaria del 100% de sus acciones36. Los acreedores privados restantes son Cormin, el principal negociante de minerales en Perú y filial de Trafigura (5,64%); Volcan Compañía Minera y sus filiales (3,51%); Compañía de Minas Buenaventura y sus filiales (3,36%) y Glencore (2,74%).37 El Estado peruano es el principal acreedor (44,81%), la parte principal correspondiendo a una deuda de la empresa con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) de 163 millones USD por incumplimiento del PAMA38. Doe Run Cayman alega que el MEM no debería ser acreedor, considerando que el incumplimiento del PAMA no puede transformarse en deuda en un proceso de liquidación. Ese importe corresponde a una valoración del coste de las obligaciones restantes resultantes del PAMA, y no a las multas por incumplimiento de la ley peruana. En mayo de 2012, los trabajadores de Doe Run firmaron un primer acuerdo con la empresa encargada de la liquidación, Right Business SA39. Según dicho acuerdo, los trabajadores recibirán el 70% de su salario, al menos, hasta finales de diciembre de 2012. El 13 de julio de 2012, se firmó un segundo acuerdo entre los representantes de los trabajadores y Right Business, con arreglo al cual los trabajadores cobrarán el 30% restante de sus salarios, así como los intereses, cuando la compañía reanude sus actividades. Además, la empresa encargada de la liquidación ha admitido que el procesado del zinc debería reanudarse en julio, ya que las disposiciones del PAMA relativas a esta parte de las actividades sí han sido ejecutadas adecuadamente. El 29 de julio de 2012, el circuito de zinc estaba de nuevo en marcha, lo que implicó la reintegración de 500 trabajadores a tiempo completo.40 El gobierno peruano ha declarado claramente que no autorizará las actividades del complejo metalúrgico de La Oroya mientras no se haya aplicado el PAMA41. No obstante, sí está dispuesto a que se reinicien gradualmente las operaciones del complejo metalúrgico con el fin de resolver, en particular, la demanda de trabajo42. En agosto de 2012, la junta de acreedores rechazó el plan de reestructuración de Doe Run y decidió que Right Business seguiría administrando el complejo, hasta que la finalización del proceso de liquidación de activos43. El complejo reanudó sus actividades a finales de julio de 2012, con la activación del circuito de zinc. La producción de plomo podría reanudarse en enero de 2013, habiendo los preparativos comenzado en noviembre de 201244. Sin embargo, el procesado de cobre, que es la actividad más importante del complejo metalúrgico, no ha sido autorizado hasta la fecha debido al incumplimiento del PAMA.
36.  Gatoencerrado.net, “Suspenden junta de acreedores de Doe Run Perú: Rechazaron plan de reestructuración de Doe Run Cayman”: http://www.gatoencerrado.net/store/noticias/67/67563/detalle.htm 37.  ibid. 38.  Cf. en particular Agencia Peruana de Noticias, noviembre de 2011 “Indecopi convoca audiencia por apelaciones del caso Doe Run Perú”: http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-indecopi-convoca-audiencia-apelaciones-del-casodoe-run-peru-384820.aspx; Blog El Mantaro Revive, 1/12/2011, “Indecopi le reconoce deuda a Doe Run Perú”: http://elmantarorevive.blogspot.com/2011/12/indecopi-reconoce-doe-run-cayman-como.html 39.  El 25 de mayo de 2012, la junta de acreedores de Doe Run escogió a Right Business S.A. como administrador del proceso de liquidación de la empresa. 40.  La República, julio de 2012, “Doe Run Perú reinicia operaciones con 500 trabajadores en La Oroya”: http://www. larepublica.pe/30-07-2012/doe-run-peru-reinicia-operaciones-con-500-trabajadores-en-la-oroya 41.  El Comercio, marzo de 2012, “Gobierno no dará más concesiones a Doe Run para que cumpla con su PAMA”: http://elcomercio.pe/economia/1386262/noticia-gobierno-no-dara-mas-concesiones-doe-run-que-cumpla-su-pama 42.  RPP Noticias, julio de 2012, “Reinicio de operaciones de Doe Run beneficiará a 500 trabajadores”: http://www.rpp.com.pe/2012-07-29-reinicio-de-operaciones-de-doe-run-beneficiara-a-500-trabajadores-noticia_506538. html 43.  Peru21.pe, 28 de agosto de 2012, “Right Business continuará liquidación en marcha de Doe Run”; El Comercio, 13 de noviembre de 2012, “Refinería de La Oroya tendrá nuevo dueño en agosto del 2013”. 44.  Peru21.pe, 22 de noviembre de 2012, “Reactivarán circuito de plomo de La Oroya”.
Según una activista de La Oroya con quien FIDH habló:“Cuando Doe Run empezó a explotar el complejo metalúrgico de La Oroya, en 1997, la empresa construyó duchas y proporcionó ropa a los trabajadores, para que pudieran lavarse y cambiarse antes de volver a casa después del trabajo, por la tarde. También se involucró en obras caritativas. Sin embargo, al mismo tiempo, el período de negociaciones sobre salarios con los trabajadores y los sindicatos pasó de 1 a 5 años. También suprimieron las entregas diarias de leche45 a los trabajadores”. Se dice que mientras Doe Run explotaba el complejo, entre 1997 y 2009, las humaredas tóxicas expulsadas por el alto horno eran más intensas que nunca, que el aire se había vuelto irrespirable y que hacía llorar los ojos. Entre 1999 y 2001, se realizaron tres importantes estudios para medir la presencia de plomo en la sangre de la población de La Oroya. Dichos estudios coincidieron en demostrar que la población sufría un alto grado de intoxicación en sangre, presentando niveles de microgramos de plomo por decilitro de sangre de 10 a 60µg/dl. * El primero de estos estudios fue realizado en 1999 por una coalición de ONGs locales, el consorcio UNES (Unión para el Desarrollo Sustentable). Fueron objeto del estudio 48 mujeres gestantes y 30 niños menores de 3 años. Los resultados mostraron un contenido medio de plomo en sangre de 39,49 mg/dl en las mujeres gestantes y de 41,81 mg/dl en los niños46. Estos resultados se sitúan muy por encima de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). * El segundo estudio fue realizado en 1999 por DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) sobre un grupo de habitantes de La Oroya y puso de manifiesto que la sangre del 99,1% de las personas examinadas contenía plomo en niveles superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).47 * El tercer estudio fue realizado por la propia empresa Doe Run, estudiando los casos de 5.062 niños y adultos. El contenido medio de plomo en sangre era de 17,7 µg/dl, sin embargo se elevaba a 25,7 µg/dl en las 1.198 personas que vivían más cerca del complejo metalúrgico. El nivel máximo registrado fue de 36,7 µg/dl, en los niños de 0 a 3 años, y de 32,9 µg/dl, en los niños de 4 a 6 años.48 La conclusión de este último estudio, sin embargo, fue que las principales fuentes de exposición a la contaminación eran el plomo acumulado en los alrededores del complejo metalúrgico durante los 78 años de explotación, las emisiones corrientes del complejo, las de los automóviles y otras fuentes como la pintura conteniendo plomo, etc.49
45.  Al aportar calcio, el consumo de leche limita los efectos del plomo en el cuerpo humano. 46.  Consorcio Unión para el Desarrollo Sustentable de la provincia Yauili-La Oroya, “Evaluación de niveles de plomo y factores de exposición en gestantes y niños menores de tres años de la ciudad de La Oroya”, 2000, http://bvs.minsa. gob.pe/local/MINSA/1240_GRAL1378.pdf 47.  DIGESA (Ministerio de Salud), 23-30 de noviembre de 1999, Estudio de Plomo en Sangre en una Población Seleccionada de La Oroya. 48.  Citado en “Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Análisis del flujo del comercio y revisión de prácticas de manejo ambientalmente racionales de productos conteniendo cadmio, plomo y mercurio en América Latina y el Caribe”, diciembre de 2010: http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Lead_ Cadmium/docs/Trade_Reports/LAC/Trade_report_LAC_Spanish_and_English.pdf 49.  Doe Run Perú, 2001, “Estudio de niveles de plomo en sangre de la población de La Oroya, 2000-2001”.
En noviembre de 2001, el Estado formó un grupo técnico (GESTA Zonal del Aire de La Oroya) que debía estudiar la calidad del medio ambiente, con la participación de vecinos de La Oroya y de funcionarios locales. El grupo investigó las fuentes de contaminación en la ciudad y llegó a la conclusión, en 2004, de que el 99% de la contaminación atmosférica derivaba del complejo metalúrgico. Entre las principales emisiones tóxicas figuraban el dióxido de azufre (SO2), el plomo y las micropartículas, así como niveles considerables de arsénico y de cadmio.50 El nivel de SO2 en el aire ha sido registrado constantemente por el Sindicato de Obreros del Complejo Metalúrgico de La Oroya, entre 1998 y 2009. Dichos análisis muestran que las concentraciones de dióxido de azufre superaban frecuentemente el nivel máximo permitido por los estándares del gobierno peruano.51 Un estudio publicado en 2002, indicaba que en más del 80% de los casos el contenido de plomo en sangre de los niños de La Oroya era dos y tres veces superior al nivel preocupante de 10 μg/dl. Asimismo precisaba que los niveles de arsénico, cadmio, partículas en suspensión y dióxido de azufre (CO2) en el aire, superaban los niveles aceptados internacionalmente, lo que planteaba serios riesgos para la salud de la población.52 En 2005, la universidad de San Luís de Misuri publicó un estudio sobre la contaminación en sangre y orina de la población de La Oroya, en comparación con un grupo de habitantes de otra zona. Según el estudio, los niños de La Oroya Antigua (la parte de la ciudad más cercana al complejo) de menos de 6 años, sufrían una contaminación mucho más elevada que los del resto de la ciudad53.
La Oroya Antigua 0% tienen menos de 20 µg/dl 72,73% tienen entre 20 y 44 µg/dl 27,27% tienen entre 44 y 69 µg/dl Otras partes de La Oroya 4% tienen menos de 10µg/dl 24% tienen entre 10 y 19 µg/dl 72% tienen entre 20 y 44 µg/dl
50.  Consejo Nacional del Ambiente, “Diagnóstico de línea de base de calidad del aire de La Oroya”, Edición gráfica industrial IERL Perú, Lima, 1ª edición: diciembre 2004, p. 55. Cf. también la publicación de Gesta Zonal del Aire de La Oroya, con apoyo de CONAM y USAid Peru. En http://cdam.minam.gob.pe:8080/bitstream/123456789/526/1/ CDAM0000398.pdf 51.  http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/geologia/v12_n24/pdf/a07v12n24.pdf 52.  Anna K. Cederstav y Alberto Barandiarán, 2002, “La Oroya no puede esperar”: http://www.aida-americas.org/sites/default/files/La_Oroya_Cannot_Wait_1_0.pdf 53.  Fernando Serrano (Facultad de Salud Pública, Universidad de San Luís, Misuri), diciembre de 2005, “Estudio sobre la contaminación ambiental en los hogares de La Oroya y Concepción, y sus efectos en la salud de sus residentes”.
* El 97% de los niños de edades comprendidas entre 6 meses y 6 años, y el 98% de los niños de 7 a 12 años, presenta niveles elevados de plomo en sangre en el conjunto de La Oroya, y el 100% en La Oroya Antigua. * El nivel presente en la población de La Oroya, de muchos de los metales considerados como más tóxicos, es de más de 3 a 6 veces la media estadounidense, el cadmio en la orina, superando en más de 6 veces la media en Estados Unidos. * El promedio de arsénico en orina observado para cada grupo de edad en La Oroya es de 50 µg/l o superior, siendo hasta 4 veces más en los niños menores de 6 años. Cabe precisar que se considera preocupante un nivel de arsénico en orina superior a 50 µg/l. * Asimismo, se registró un contenido elevado de plomo y otros metales en sangre en Concepción, el sitio de control. De ello se desprende que el problema de la contaminación ambiental no está circunscrito en La Oroya, sino que se extiende por toda la cuenca del Mantaro. Otro estudio, realizado entre junio de 2004 y junio de 2005 sobre una muestra compuesta de recién nacidos de La Oroya, mostró que el 75,3% de ellos tenían niveles de plomo en sangre comprendidos entre 6 y 10 μg/dl, siendo, en el 24,7% de los casos, de más de 10 μg/dl. La conclusión del estudio señala la necesidad de “iniciar programas de prevención en las madres gestantes para evitar futuros daños a la salud de los recién nacidos”.55 De los estudios aquí mencionados se desprende que la contaminación en el aire, suelo y agua es muy grave a partir de 1999, incidiendo directamente en los niveles de metales pesados registrados en la sangre y la orina de la población de La Oroya.
Resumen de los resultados de las investigaciones54:
Sangre Tejidos blandos Tejidos mineralizantes (huesos) 28 a 36 días 40 días Más de 25 años
54.  Fernando Serrano, investigador principal de la Escuela de Salud Pública de la universidad de San Luís. Comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de diputados de Estados Unidos: “Poison harvest: deadly U.S. mine pollution in Peru” – Impacto de la contaminación ambiental en la salud pública y la calidad ambiental en La Oroya y la cuenca del Mantaro, julio de 2012:http://foreignaffairs.house.gov/112/HHRG-112-FA16-WStateSerranoF-20120719.pdf 55.  Godofredo Pebe, Hugo Villa, Luis Escate y Gonzalo Cervantes, “Niveles de plomo sanguíneo en recién nacidos de La Oroya, 2004-2005”, Rev. Peru Med Exp Salud Pública. 2008; 25(4), p. 355: http://www.ins.gob.pe/insvirtual/ images/revista/pdf/Revista254.pdf.
los efectos de la intoxicación por plomo son irreversibles. Una vez realizado el diagnóstico, el tratamiento dependerá del grado de elevación del plomo en sangre y de la presencia de síntomas. Las radiografías de huesos largos para detectar líneas de plomo sólo son útiles como parte de la evaluación de diagnóstico de los niños que presentan más de 45µg/dl.56 Relación entre niveles de plomo en sangre y efectos en la salud de niños y adultos:
Niños Niveles de plomo en sangre en 5µg/dl Adultos
Problemas nerviosos, disminución sensorial y de la capacidad de rápida reacción. Daños renales. Infertilidad (hombres)
Aumento de la presión arterial, pérdida de audición. Interferencia en la capacidad de producir glóbulos rojos (hombres)
Interferencia en el desarrollo de celdas cerebrales, Partos prematuros y peso reducido en neonatos. Disminución de la capacidad de utilización de vitamina D Disminución en cociente intelectual, audición y crecimiento. Discapacidad nerviosa. Transmisión de plomo desde la placenta.
Fuente: Universidad de San Luis, Misuri
El cadmio es un metal que puede ser muy tóxico para el ser humano. Una exposición prolongada al cadmio puede afectar a varios órganos, siendo los riñones y los huesos los más sensibles. Una concentración urinaria de 10 μg/g de creatinina es considerada como nivel crítico. Puede provocar daños en el riñón, lesiones tubulares y cáncer de pulmón. Aparte de terapias de apoyo, no existen métodos específicos para tratar la intoxicación aguda por cadmio.57 El arsénico es un carcinógeno conocido que afecta sobre todo a la piel (cf. tabla), mientras que concentraciones excesivas de dióxido de azufre en la atmósfera pueden provocar deficiencia respiratoria y agravar enfermedades cardíacas o pulmonares.
56.  Hurwitz RL, Lee DA. Childhood lead poisoning: Clinical manifestations and diagnosis, UpToDate, Rose, BD (Ed): Wellesley, MA, 2002. 57.  Elinder CG, Curhan GC, Sheridan A, Epidemiology and toxicity of cadmium, UpToDate, 2012.
Metal en cuestión Efectos potenciales en la salud No carcinógenos Irritabilidad Cognitivo/disfunción de comportamiento, disminución de cociente intelectual Plomo Debilidad muscular, parálisis Coma, muerte Irritación respiratoria Náuseas, vómitos Arsénico Piel Anormalidades en la piel, oscurecimiento, lesiones Hígado Discapacidad renal conducente a fallo renal Cadmio Desmineralilzación ósea (pérdida de densidad) Próstata Pulmones Fuente: Universidad de San Luis, Misuri Pulmones Vejiga Riñón Carcinógenos
En noviembre-diciembre de 2009, el proyecto “El Mantaro Revive”, ejecutado por Cáritas Arquidiocesana de Huancayo. Los resultados, comparados con los obtenidos por análisis similares efectuados 2 años antes, en noviembre-diciembre de 2007, muestran una asombrosa disminución de la contaminación por SO2 (cf. Tabla más abajo) (disminución del 99,54%).58 La comparación del análisis del aire en 2012 y en 2007 muestra cómo el nivel de contaminación por micropartículas (PM10) disminuyó significativamente, pasando de 66,53 microgramos por decilitro de aire (µg/dl) a 19,91 µg/dl. El nivel de dióxido de azufre también fue disminuyendo, desde 1.177,33 µg/dl a 2,63 µg/dl. Estas cifras han sido publicadas por la misma Doe Run Perú, que, desde 2007, siguiendo las exigencias del gobierno, implementó un sistema de monitoreo de la calidad del aire, a efectos de medir hasta qué punto DRP cumplía con sus obligaciones en materia de medio ambiente.59
58.  Biólogo Daniel Álvarez Tolentino, Equipo técnico del proyecto El Mantaro Revive, diciembre de 2009, “Estudio comparativo entre las concentraciones de dióxido de azufre y material particulado registradas en el periodo de 24 de noviembre al 5 de diciembre del 2007 (fundición en operación) y en el período de 24 de noviembre al 5 de diciembre del 2009 (fundición inoperativo) en La Oroya, Yauli, Perú”. 59.  Plataforma La Oroya por un Cambio, marzo de 2012, Nota de prensa n° 40, “Contaminación del aire disminuyó notablemente en La Oroya”:
NB: ECA = estándar de calidad de aire Fuente: Estudio comparativo de calidad de aire La Oroya Antigua
Micropartículas PM10 Plomo Arsénico Cadmio Disminución del 57,75% Disminución del 98,82% Disminución del 99,37% Disminución del 93,42%
Cantidad de plomo en sangre 0 a 10 µg/dL 10 a 20 µg/dL 20 a 50 µg/dL Porcentaje 52,9% 45% 2,75%
Todos los análisis recientes efectuados desde el cierre del complejo metalúrgico demuestran claramente que el nivel anormalmente elevado de metales pesados en la sangre de los vecinos de La Oroya deriva directamente de la actividad del complejo metalúrgico, siendo posible demostrar una disminución al cabo de dos años del cese de las actividades. Desde que el complejo metalúrgico, dirigido actualmente por la empresa liquidadora Right Business, empezó a funcionar parcialmente, el 28 de julio de 2012 (circuito de zinc), se ha registrado una contaminación atmosférica
elevada. El monitoreo de la calidad del aire que efectuó DIGESA entre el 1 y el 24 de agosto reveló que, al menos durante 10 días, el nivel de dióxido de azufre superó el límite autorizado en Perú de 80 (µg/m3) al día60. Según Right Business, se tomaron medidas inmediatamente para corregir las emisiones.61
Cuando la población local empezó a discutir sobre los resultados de los primeros estudios con la empresa, y a solicitar la adopción de medidas de protección, la respuesta fue, no solo una negativa rotunda y campañas de desinformación, sino, más aún, estigmatización y ataques contra quienes se atrevieron a protestar. “La empresa nos dijo que la culpa era de las madres porque teníamos malos hábitos de higiene” [no lavan a los niños], “hicieron que las madres se sintiesen culpables”, declaró una de las víctimas a FIDH en julio de 2012. La empresa propició un ambiente de distensión en la población de La Oroya, amenazando con despedir a los trabajadores que cooperasen con las ONG. Se produjo una campaña de acoso sistemático a los ciudadanos que protestaban contra la contaminación. Se organizaron manifestaciones y se hicieron llamamientos a matar a quienes se consideraban líderes del movimiento en favor del respeto del medio ambiente y de la salud de la población de la ciudad. En ocasiones, algunas personas padecieron incluso agresiones físicas, mientras que las amenazas verbales, incluso de muerte, se convirtieron en cotidianas. La presión y las intimidaciones eran constantes: “Por ejemplo, la empresa dijo que no haría ciertas obras o que no haría ciertos donativos a la población alegando que uno de los vecinos militaba en una ONG que se oponía a la empresa (…)”, según declaró un activista de La Oroya a FIDH.
60.  Información reciente sobre La Oroya en http://laoroyaporuncambio.blogspot.fr/, consultado el 28/11/12. 61.  RPP noticias, 27 de agosto de 2012, “Right Business: Doe Run está estabilizado y no contamina La Oroya”.
El Estado, incluyendo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Interior y la Municipalidad de La Oroya, también negaba el problema, o intentaba disuadir a los ciudadanos de seguir protestando. Se dice que algunos funcionarios, a principios de los años 2000, alegaban que el plomo no es tóxico y que la población de La Oroya se había inmunizado. Tras el cierre del complejo metalúrgico en junio de 2009, las ONG que se movilizaron para proteger el medio ambiente y la salud de los habitantes de La Oroya, fueron acusadas por los trabajadores del complejo metalúrgico de ser responsables del cierre de la fábrica. “Yo digo que se necesita desarrollo, pero la vida debe respetarse”, resumió un representante de una ONG local ante FIDH. “La legítima preocupación de los trabajadores y de los sindicatos es lograr que la gente tenga trabajo. Pero eso no debería ir en detrimento de su propia salud, o de la salud de sus vecinos, mujeres e hijos”. A pesar de la estigmatización y las amenazas, en 2006 se inició el proyecto “El Mantaro Revive”.62 Uno de sus objetivos era la medición de la contaminación en sangre de un grupo de habitantes de La Oroya (compuesto principalmente de niños, siendo el colectivo más vulnerable a los riesgos de contaminación por plomo). La ejecución del proyecto se complicó al principio, debido al rechazo de la población, a la que se había dicho que las ONG perseguían el cierre del complejo metalúrgico. Después, gracias sobre todo a las actividades de fortalecimiento de capacidades, el proyecto recibió mejor aceptación. Entre 2006 y 2010, El Mantaro Revive midió cada seis meses la cantidad de metales pesados en la sangre de un grupo de habitantes. En 2010, el proyecto inició una nueva fase, con análisis regulares del aire, el suelo y el agua, así como de algunos alimentos (leche, papas). Recientemente, en abril de 2012, se denunciaron intensamente intimidaciones y acoso contra uno de los líderes de una ONG ambiental que promueve la salud de la población de La Oroya, el “Movimiento por la Salud de La Oroya” (MOSAO)63. Pocos días antes de que FIDH visitase Huancayo, el obispo, monseñor Pedro Barreto Jimeno, había sido amenazado en su cuenta Facebook. Estos sucesos recientes muestran que, pese al hecho de que la tensión sea hoy mucho menor que en el pasado, el ambiente de acoso e intimidación sigue siendo parte de la vida diaria de los activistas de derechos humanos y medio ambiente en La Oroya. El tenso ambiente se percibe también en las paredes de La Oroya, cubiertas de pintadas realizadas por los obreros de la fábrica, incluso en 2010 y 2011, clamando que Doe Run no daña al medio ambiente, y estigmatizando a las ONG. Finalmente, pese al proceso de liquidación, la influencia de la empresa sigue siendo fuerte: “Renco tiene sus raíces en La Oroya, nunca dejó de trabajar con sus medios de comunicación”, declaró una víctima a FIDH.
62.  El Mantaro Revive: http://elmantarorevive.blogspot.fr/ 63.  http://es.oxfamamerica.org/tag/mosao/, 11 de abril de 2012, Rosa Amaro y su lucha por un ambiente saludable en La Oroya.
El 6 de diciembre de 2002, un grupo de ciudadanos de La Oroya demandó al Estado peruano (ministerio de Salud y Dirección General de Salud Ambiental, Digesa) por su inacción en cuanto a la obligación del Estado de proteger su derecho a la salud y a un entorno saludable. En primera (1º de abril de 2005) y segunda instancia (11 de octubre de 2005), los tribunales peruanos resolvieron a favor de los demandantes. El 12 de mayo de 2006, el Tribunal Constitucional ordenó al Estado la adopción de una serie de medidas en el plazo de 30 días64: •  el Ministerio de Salud debía implementar un sistema de emergencia para atender la salud de las personas contaminadas por plomo en la ciudad de La Oroya; el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) debía •  realizar un diagnóstico rápido, conforme a lo que prescribe el Decreto Supremo 074-2001PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, con el fin de permitir la implementación de los respectivos planes de acción para el mejoramiento de la calidad del aire; •  el Ministerio de Salud debía declarar el estado de alerta en la ciudad de La Oroya, conforme lo disponen el decreto supremo 074-2001-PCM y la ley 26842 (Ley General de la Salud); y •  Digesa debía establecer programas de vigilancia epidemiológica y ambiental. Además, el Tribunal Constitucional exhortaba a diversos entes públicos, así como a “empresas privadas, como Doe Run Perú SRL, (…) a participar (…) en las acciones necesarias que permitan la protección de la salud de los pobladores de La Oroya , así como la del medio ambiente”.65
64.  La decisión fue notificada al Estado peruano el 27 de junio de 2006. 65. S  entencia del Tribunal Constitucional, cf. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02002-2006-AC.html.
El 21 de noviembre de 2005, tres ONGs (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente – AIDA, Centro de Derechos Humanos y Ambiente – CEDHA, y EarthJustice) solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre de un grupo de 65 víctimas. El 31 de agosto de 2007, la Comisión ordenó la adopción de las medidas, solicitando al Estado peruano que: •  adoptara las medidas necesarias para establecer un diagnóstico médico especializado de los beneficiarios de las medidas; •  proveyera tratamiento médico especializado y adecuado a aquellas personas cuyo diagnóstico demuestre que se encuentran en una situación de peligro de daño irreparable para su integridad personal o su vida; y •  se coordinara con los peticionarios y los beneficiarios de las medidas para su implementación. El 27 de diciembre de 2006, en los seis meses siguientes a la citada decisión del Tribunal Constitucional, el grupo de víctimas presentó una petición (número 1473-06) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación por parte de las autoridades peruanas de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos66. El 5 de agosto de 2009, la Comisión declaró que la petición era admisible, en base a la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 13, 19, 8 y 25 de la Convención. Al haber fallecido dos de las víctimas mientras la Comisión estaba tramitando la petición, el caso agrupa actualmente a 63 personas. Los demandantes están esperando el informe final sobre el fondo. Parece posible que se publique en marzo de 2013. En marzo de 2010, la Comisión Interamericana celebró una audiencia en Washington para analizar la aplicación de las medidas cautelares. Representantes de los demandantes denunciaron allí la flaqueza de las medidas adoptadas por el Estado hasta la fecha para atender a los habitantes de La Oroya.67 Los demandantes están esperando el informe final sobre el fondo. Parece posible que se publique en marzo de 2013.
66.  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Petición 1473-06, Admisibilidad, Comunidad de La Oroya, 5 de agosto de 2009: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Peru1473-06.sp.htm#_ftn4 67.  Ver en particular, sobre la audiencia: http://www.aida-americas.org/es/project/laoroya_en y el vídeo de la audiencia: http://vimeo.com/10469416
Herculaneum, ciudad del estado de Misuri, en Estados Unidos, es una ciudad en la que opera desde hace años una fundición que procesa diversos metales. En agosto de 2011, las empresas Doe Run, Fluor Corp y A.T. Massey Coal, fueron condenadas a pagar 358,5 millones de dólares (38,5 millones como indemnización por la exposición a emisiones atmosféricas de plomo y 320 millones por daños y perjuicios) destinados a indemnizar a 16 habitantes, por daños a su salud resultantes de la contaminación por plomo entre 1986 y 1994.68 Los demandantes, que habían pasado al menos parte de su infancia cerca de la fundición de Doe Run en Herculaneum, alegaban que las emisiones de plomo habían causado reducción del cociente intelectual y déficit de atención, hiperactividad, asma y otros problemas. De momento, los demandantes no han sido indemnizados, pues el caso ha sido elevado al Tribunal Supremo de Misuri. En otra acción colectiva en presentada 2001 contra Fluor Corporation, Doe Run Resources Corporation, Doe Run Investment Holding Company, Grupo Renco e Ira Rennert, por daños y perjuicios a propiedades inmobiliarias situadas en Herculaneum, las partes llegaron a un acuerdo en abril de 2012, acordando el pago 55 millones USD en concepto de indemnización por daños materiales. Según el acuerdo, Doe Run Resources Corp. es responsable del importe total. Asimismo, el acuerdo libera a anteriores propietarios de la fundición de toda responsabilidad69. En octubre de 2010, como consecuencia de un proceso judicial interpuesto por el gobierno de Estados Unidos, el estado de Misuri y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Doe Run Resources Corp. aceptó abonar una suma de aproximadamente 65 millones USD para rectificar las infracciones a diversas leyes ambientales (entre ellas, la Ley de Aire Limpio y la Ley de Aguas Limpias) en diez de sus instalaciones de extracción y fundición de plomo en el sudeste de Misuri. El acuerdo también obliga a la empresa a abonar una multa de 7 millones USD70. Posteriormente, víctimas adicionales se sumaron al expediente, de manera que, actualmente, 1.760 niños de La Oroya, nacidos entre 1997 y 2009, se han personado en la causa. Doe Run considera que corresponde al Estado peruano indemnizar a estas víctimas, basándose en el contrato de transferencia de acciones de 1997 que estipula, tal y como se explicó más arriba, que el Estado de Perú asumirá la responsabilidad de cualquier demanda legal derivada de las actividades de la compañía durante la vigencia de PAMA, esto es, “mantendrá indemne a la empresa Doe Run contra reclamaciones de terceros, indemnizaciones, u obligaciones respecto de las cuales el Estado ha asumido responsabilidad y obligaciones”.71
68.  El Mantaro Revive, 4 de agosto de 2011, “Sanción aplicada a Doe Run en Estados Unidos debe replicarse en el Perú”: http://elmantarorevive.blogspot.com 69.  Missouri Lawyers Weekly, 30 de abril de 2012, “Doe Run’s owner to pay $55M for property damage”. 70.  Agencia de Protección del Medio Ambiente, octubre de 2010, “Doe Run resources corporation settlement”: http://www.epa.gov/compliance/resources/cases/civil/mm/doerun.html 71.  Contrato de transferencia de acciones, cláusula 6.5.
En agosto de 2011, el Grupo Renco solicitó al tribunal la suspensión del juicio mientras esté pendiente el arbitraje con la República de Perú (cf. más adelante).72 Según algunos analistas, el arbitraje internacional no es más que una mera táctica jurídica del Grupo Renco para trasladar la acción de grupo del Tribunal de Misuri, donde es probable que el resultado no le sea favorable, y llevarla a una jurisdicción federal. De hecho, en junio de 2011, el magistrado federal que había desestimado la solicitud de elevar el proceso a competencia federal, resolvió que la existencia del proceso inversor-Estado, la convertía en un asunto federal.73
El 29 de diciembre de 2010, el Grupo Renco, en su propio nombre y en el de su filial Doe Run Perú, notificó a la República de Perú su intención de iniciar un procedimiento de arbitraje internacional conforme al Tratado de Promoción Comercial entre Estados Unidos de América y la República de Perú (Tratado de Libre Comercio – TLC)74.
El 7 de diciembre de 2005, Perú y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Cooperación Comercial, habitualmente denominado Tratado de Libre Comercio (TLC). Además del acceso al mercado, dicho tratado aborda otras cuestiones de carácter comercial, como la propiedad intelectual, inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, etc. El TLC fue ratificado por Perú en abril de 2006, pero no por el Congreso estadounidense, debido a diversas objeciones formuladas por diputados demócratas. Un Protocolo de Enmienda modificativo del tratado, por el que se introducían algunos cambios en los capítulos sobre cuestiones de empleo, medio ambiente y salud, entre otras cuestiones, fue firmado el 10 de mayo de 2007. El TLC entró en vigor el 1 de febrero de 2009. El capítulo 10 del TLC aborda la Protección de las Inversiones Extranjeras y la Resolución de Conflictos Inversor-Estado. El tratado prevé un trato justo y equitativo a los inversores, el trato de nación más favorecida para los inversores estadounidenses y la protección contra la expropiación. Es interesante observar que el artículo 10.11, sobre Inversiones y Medio Ambiente, advierte que: “Nada en este capítulo se interpretará en el sentido de impedir que una Parte adopte, mantenga o haga cumplir cualquier medida compatible con este capítulo, que considere apropiada para asegurar que las inversiones en su territorio se efectúen teniendo en cuenta posibles asuntos en materia ambiental.”
En general, el TLC incluye protección tanto para los derechos laborales como para el medio ambiente, tanto en su preámbulo como en el capítulo 18 relativo al medio ambiente. Concretamente, el artículo 18.3 señala que: “Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio
72.  Memoria de los demandados sobre su solicitud de suspensión del procedimiento durante el arbitraje, 12 de agosto de 2011: http://www.aida-americas.org/sites/default/files/refDocuments/Doe%20Run%20Motion%20to%20Stay%20 11-08-12.pdf 73.  Public Citizen, Global Trade Watch, marzo de 2012, “Renco Group uses trade pact foreign investor provisions to chill Peru’s environment and health policy, Undermine justice”, p.9 y 13. 74.  http://www.rencogroup.net/press01052011.php
o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en sus respectivas legislaciones ambientales. En consecuencia, una Parte no dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto o derogar, dicha legislación de manera que debilite o reduzca la protección otorgada por aquella legislación de manera que afecte el comercio o la inversión entre las Partes”. Este capítulo protege, asimismo, los derechos a acceder a la justicia y reparación, y estipula sanciones en caso de infracción de la normativa ambiental.
El 7 de abril de 2011, el Grupo Renco inició un procedimiento arbitral contra el Estado de Perú, conforme al TLC y con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (UNCITRAL - CNUDMI).75 Aparentemente, el Grupo Renco reclama no menos de 800 millones USD, alegando haber sido víctima de un trato injusto e inequitativo, así como la falta de prestación de plena protección y seguridad por parte del gobierno de Perú. Adicionalmente, reclama una indemnización por expropiación.
Por otra parte, Renco pretende obtener un laudo por el que se declare a Perú responsable exclusivo de la ejecución de todo fallo judicial y el pago de daños y perjuicios que puedan ser dictados o derivar de los procesos judiciales. Renco persigue asimismo la obtención de un laudo que imponga al Estado de Perú la liberación e indemnización a los demandantes por toda responsabilidad asociada con los procesos judiciales, y que se haga cargo de la defensa.76 El Grupo Renco alega, de una parte, haber cumplido íntegramente todas las obligaciones impuestas por el PAMA, de otra, que Centromin y el gobierno peruano no han rehabilitado los suelos en la ciudad de La Oroya y sus inmediaciones. Señala asimismo que el gobierno de Perú se ha negado a asumir la responsabilidad por las reclamaciones de los vecinos de La Oroya relativas a los diversos daños resultantes de la contaminación ambiental producida por el complejo.77 Según la empresa, “la República de Perú y Activos Mineros han rechazado expresamente toda responsabilidad por reclamaciones de terceros, de las que son responsables exclusivos conforme al Acuerdo de Transferencia de Acciones y la Garantía. Asimismo, han fallado en, y se han negado a, liberar a los demandantes de toda responsabilidad en los procesos, habiéndose negado asimismo a asumir la obligación de tomar la iniciativa de defenderse contra las reclamaciones”.78 La empresa alega que el gobierno peruano impuso a Doe Run Perú bajo al PAMA responsabilidades añadidas que no estaban previstas en el acuerdo de compraventa inicial. El gobierno prorrogó el PAMA en dos ocasiones, pero se negó a hacerlo por tercera vez, lo que Renco considera como trato injusto, contrario al artículo 10.5 del TLC. Renco alega asimismo que Centromin estaba sometido a menores requisitos que Doe Run en relación con el cumplimiento de sus obligaciones dimanantes del PAMA, lo que constituye un trato discriminatorio contrario al artículo 10.3 del TLC (según el cual, “cada Parte conce75. ibid. 76. ibid. 77. ibid. 78.  The Renco Group, INC., demandante, contra la República de Perú, demandado. Notificación del demandante de su intención de iniciar un arbitraje conforme al Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Perú.
derá a los inversores de la otra Parte un trato no menos favorable que el que conceda, en circunstancias similares, a sus propios inversores”). Según Renco, el Estado peruano ha intentado convertirse en el principal acreedor de la empresa en el procedimiento de liquidación debido a la falta de cumplimiento por Doe Run Perú de sus obligaciones conforme al PAMA. Si el Estado llegase a ser el principal acreedor, podría apropiarse de Doe Run, lo que, según DRP, equivaldría a una expropiación indirecta.79 Finalmente, el Grupo Renco argumenta en el proceso de arbitraje que la negativa de Perú a proteger a Doe Run y Renco contra reclamaciones relativas a la contaminación ambiental causada por su complejo metalúrgico, infringe el artículo 10.4 del TLC, al haber el Estado de Perú asumido toda obligación que le incumba respecto a las inversiones de nacionales de otros países con los que tenga tratados bilaterales de inversión. Por ende, se trataría de una infracción de la cláusula de “tratamiento no menos favorable”. Este argumento trae causa en la falta de intervención del gobierno peruano en el proceso incoado en Estados Unidos contra Renco, en nombre de los niños de La Oroya, por daños personales.80 En marzo de 2012, diputados del Congreso estadounidense instaron al “Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro a que se abstengan de todo apoyo a la empresa en el procedimiento de arbitraje con base en el TLC con el gobierno de Perú. En su caso, el gobierno de Estados Unidos debería exigir a Renco la retirada de la reclamación inversor-Estado”.81
79.  7 de abril de 2011, “Renco commences arbitration against Peru in first case under U.S. FTA”: http://justinvestment. org/2011/04/renco-commences-arbitration-against-peru-in-first-case-under-u-s-fta/ 80.  ibid. 81.  Carta de los diputados estadounidenses a Hillary Clinton, Washington, 29 de marzo de 2012.
El derecho a la salud de la población de La Oroya y, especialmente, de los niños, que son particularmente vulnerables a la contaminación por plomo y otros metales pesados, ha sido claramente violado durante muchos años. No solo el aire ha sido contaminado durante años, como demuestran varios estudios, sino que la calidad del suelo y del agua en la zona pone en peligro los alimentos que consumen las personas, comprometiendo su derecho a alimentarse82 y a disponer de agua limpia83. El impacto ambiental del complejo metalúrgico de La Oroya ha sido documentado ampliamente. Así pues, a la larga, lo que está en juego es el derecho a la vida de los habitantes de La Oroya. Es gracias a la lucha de personas valientes de la empobrecida comunidad de La Oroya, que cabe la posibilidad de poner fin a la escandalosa contaminación causada por el complejo metalúrgico, que la planta reanude sus actividades en condiciones conformes a las normas nacionales e internacionales en materia de salud y medio ambiente, y que los responsables rindan por fin cuentas.
A nivel internacional, el derecho a la salud está garantizado por el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Perú, que reconoce el derecho de todos a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. El derecho a la salud “abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana y se extiende a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano”84. El derecho a la salud incluye la obligación, por parte del Estado, de prevenir “la exposición de la población a sustancias nocivas, tales como radiaciones y sustancias químicas nocivas u otros factores ambientales perjudiciales que afectan directa o indirectamente a la salud de los seres humanos.”85 El derecho a la salud está asimismo garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño. A nivel regional, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre afirma que “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”. El derecho a la salud está
82.  Según el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, “los alimentos destinados al consumo humano deben ser inocuos y estar exentos de sustancias nocivas, como agentes contaminantes procedentes de procesos industriales o agrícolas”: http://www.srfood.org/index.php/en/right-to-food 83.  El derecho al agua ha sido reconocido como derecho humano, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y del derecho a la salud (cf. CDESC, observación general nº 15, 2002, el derecho al agua). El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución (UNGA, A/RES/64/292, “El derecho humano al agua y el saneamiento”) en la que se reconoce que el agua potable y el saneamiento son esenciales para realizar todos los derechos humanos. 84.  CDESC, Observación General nº 14 (2000), El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), párrafo 15. 85.  ibid.
El Estado peruano ha incumplido su obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger a la población de la exposición a sustancias nocivas. Asimismo, ha negado el derecho de la población a estar informada sobre la contaminación y sus consecuencias, así como sobre las medidas paliativas para proteger la salud. El derecho a la información está contemplado en el artículo 19 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El acceso a la información sobre las cuestiones sanitarias está reconocido como elemento esencial del derecho a la salud por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por el relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud.86 A pesar de los alarmantes niveles de contaminación de La Oroya, no se ha realizado ningún estudio epidemiológico extenso87 sobre las consecuencias de décadas de exposición a sustancias nocivas. Más aún, la población de La Oroya no ha tenido acceso a atención médica especializada, pese a los numerosos estudios que subrayan el peligro que corre la población, incluso los realizados por entes públicos, como DIGESA. A día de hoy solamente están abiertos dos centros médicos en La Oroya, estando uno de ellos reservado para los trabajadores (centro médico Esalud). Ninguno de los dos está equipado para tratar específicamente la exposición a sustancias nocivas, como el plomo. El Estado de Perú tampoco ha cumplido las obligaciones dimanantes del PAMA, que incluyen la rehabilitación de los suelos tras décadas de contaminación, antes de la instalación de Doe Run Perú en 1997, por Centromin y sus predecesores. Incluso cuando la más alta instancia judicial de Perú, en mayo de 2006, y después la Comisión Interamericana, en agosto de 2007, exigieron que tomase medidas urgentes en favor de La Oroya, el Estado ha incumplido su obligación de proteger a la comunidad de las actividades de una actor privado, concediéndole incluso prórrogas al PAMA en 2006 y 2009. Ciertamente, el Estado de Perú adoptó medidas diversas para mitigar los impactos negativos para la población de La Oroya, incluyendo la mejora de los servicios médicos para los afectados con la asistencia del ministerio de Salud, el monitoreo de la calidad del aire y el agua, etc.88. No obstante, mientras el complejo seguía plenamente operativo, estas medidas resultaron ser parciales e insuficientes para proteger el derecho a la salud de la población de La Oroya, debido a la emisión de sustancias nocivas.
86.  CDESC, op. cit. UN Doc E/C.12/2000/4 párrafo 3. Cf. también, Relator Especial sobre el derecho a la salud, Informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, A/HRC/7/11, 31 de enero de 2008. 87.  Se han llevado a cabo algunos estudios parciales, como el titulado “Prevalencia de las enfermedades respiratorias en niños escolares de 3 a 14 años y factores asociados a la calidad del aire, La Oroya, Junín”. 88.  Las medidas se detallan en la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la admisibilidad. Cf. Petición 1473-06, 5 de agosto de 2009
La obligación de los Estados de proteger los derechos humanos frente a las actividades de actores no estatales, incluyendo las empresas multinacionales, es un principio ampliamente reconocido en derecho internacional, tal y como recordaban recientemente los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. Esta obligación supone que los Estados “ deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia”.89 El sistema interamericano ha dejado claro que, conforme a la obligación de proteger los derechos individuales, los Estados miembros de la OEA deben asegurar que terceras partes, como las empresas transnacionales, no violan esos derechos y, por consiguiente, deben rendir cuentas en caso contrario. La Corte Interamericana identificó esta responsabilidad en el primer caso que le fue presentado, al declarar que “un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ser obra de un particular, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención”.90
Actualmente se reconoce ampliamente que los actores privados, como las empresas multinacionales, tienen responsabilidades respecto a los derechos humanos, como recordó la ONU cuando el Consejo de Derechos Humanos aprobó los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos” en junio de 2011. Dichos principios dejan claro que “Las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso significa que deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación”.91 Dicha responsabilidad “existe con independencia de la capacidad y/o voluntad de los Estados de cumplir sus propias obligaciones de derechos humanos”92. El hecho de que el Estado de Perú no haya cumplido su obligación bajo el PAMA de eliminar del suelo de La Oroya la contaminación anterior a 1997, no exime a la empresa de su propia responsabilidad por incumplimiento de sus obligaciones bajo el PAMA durante más de doce años. Así como los Principios Rectores de la ONU dejan claro que las empresas “deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, dondequiera que operen” y “buscar fórmulas que les permitan respetar los principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos cuando deban hacer frente a exigencias contrapuestas”93; Doe Run Perú ha procurado, al contrario, eximirse del ordenamiento jurídico peruano en materia de medio ambiente, al solicitar varias prórrogas al PAMA y rebajar los estándares. Los Principios Rectores también dejan claro que “si las empresas determinan que han provocado o contribuido a provocar consecuencias negativas deben repararlas o contribuir en su reparación
89.  Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, A, HRC/17/31, junio de 2011. 90.  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988 (Fondo), Serie C Nº 4. 91.  Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, op.cit., 87.. 92.  ibid., Principio 11. 93.  ibid., Principio 23.
por medios legítimos.”94. Doe Run, por el contrario, ha entablado activamente un proceso de arbitraje internacional contra el Estado de Perú, a fin de evitar ser declarada responsable por un tribunal estadounidense como consecuencia del impacto sobre los derechos humanos de sus propias actividades, a pesar de que los pleitos están motivados por daños sufridos entre 1997 y 2000, y no antes. El arbitraje internacional iniciado por el Grupo Renco aparece asimismo como una estrategia de presión sobre el gobierno de Perú, con miras a obtener condiciones más favorables en el proceso de liquidación de su filial en Perú. Este caso ilustra el conflicto entre, por un lado, el derecho internacional privado, en parti cular el marco legal de protección de las inversiones extranjeras, y, por otro, el respeto de los derechos humanos. Aunque el TLC entre Perú y Estados Unidos prevé la protección del medio ambiente, de los derechos laborales y de la salud, el mismo está siendo utilizado por una empresa privada para demandar a un gobierno con el objeto de eludir su responsabilidad por la violación de derechos humanos. Esto es contrario al espíritu del tratado, que estipula en su artículo 18.3 que “una Parte no dejará de aplicar efectivamente su legislación ambiental, y sus leyes, reglamentos y otras medidas para cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos cubiertos, a través de una acción o inacción sostenidas o recurrentes, de manera que afecte al comercio o la inversión entre las Partes, tras la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo”. (...) Asimismo, “las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en sus respectivas legislaciones ambientales. En consecuencia, una Parte no dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto o derogar, dicha legislación de manera que debilite o reduzca la protección otorgada por aquella legislación de manera que afecte el comercio o la inversión entre las Partes”. En una declaración reciente, John Ruggie, ex representante especial del Secretario General de la ONU sobre las Empresas y Derechos Humanos, refiriéndose a los argumentos esgrimidos por Shell ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Kiobel95, puso en entredicho la estrategia y la táctica jurídica de las empresas multinacionales, susceptibles de contradecir su responsabilidad de respetar los derechos humanos96. En el caso que nos ocupa, la utilización del arbitraje internacional contra Perú con el fin de no someterse a un tribunal estadouni dense resulta especialmente flagrante. De este modo, el Grupo Renco entorpece claramente el derecho de las víctimas a una indemnización efectiva. El Grupo Renco no niega que las víctimas hayan padecido la contaminación, y que no se haya respetado su derecho a la salud, sino que simplemente niega su propia responsabilidad por estos abusos y, por consiguiente, restringe su acceso a un remedio efectivo. Cabe señalar que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú reconoce claramente este derecho en su artículo 18.4: “Cada Parte proporcionará a las personas con un interés jurídicamente reconocido conforme a su legislación sobre un determinado asunto, acceso apropiado y efectivo a reparaciones frente a infracciones a la legislación ambiental de esa Parte o infracciones a una obligación legal bajo las leyes de esa Parte relacionadas con el medio ambiente o con condiciones ambientales que afecten la salud humana”. La cláusula del Acuerdo de Transferencia de Acciones según la cual Centromin y el Estado de Perú garantizaban indemnidad a la empresa contra reclamaciones de terceros durante el período
94.  ibid., Principio 22. 95.  Kiobel v. Royal Dutch Petroleum (10-1491) 96.  John G. Ruggie, Kiobel and Corporate Social Responsibiliy, 4 de septiembre de 2012
de aplicación del PAMA, podría incluso ser contradictoria en sí misma con las obligaciones de Perú en materia de derechos humanos, con arreglo a las cuales el Estado está obligado a regular a los actores privados y a tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que éstos no perjudiquen a los derechos humanos. La exención de responsabilidad de Doe Run, dimanante de este acuerdo, podría haber alentado a la empresa a no respetar los derechos humanos. Más aún, la responsabilidad penal individual de los ejecutivos de Doe Run podría asimismo invocarse ante los tribunales peruanos conforme al derecho nacional, en particular el artículo 304 del Código Penal relativo al delito de “contaminación del medio ambiente”, que prevé penas de cárcel de cuatro a seis años y multas.
•  Supervise estrechamente las actividades del complejo metalúrgico de La Oroya al objeto de asegurarse de que la población no está expuesta a emisiones de sustancias nocivas que superen los estándares nacionales, mediante un monitoreo continuo de la calidad del aire y el agua en los alrededores de La Oroya; •  Se asegure de que se realizan las inversiones adecuadas antes de autorizar a cualquier operador actual o futuro del complejo, la reanudación de la actividad de circuitos adicionales del complejo metalúrgico (circuitos de plomo y cobre); Se cerciore de que la protección del medio ambiente y de los derechos humanos constituyen •  un elemento clave en todo proceso de licitación internacional, y de que no se conceda ningún tipo de exoneración o de inmunidad a cualquier nuevo operador; Tome inmediatamente medidas para rehabilitar los suelos de La Oroya, como preveía en un •  principio el PAMA; •  Cumpla total e integralmente las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; •  Inicie un amplio estudio epidemiológico en La Oroya para valorar la condición sanitaria de la población; •  Provea atención médica especializada para los afectados por afecciones respiratorias y contaminación por metales pesados, en particular por plomo. Los niños deberán ser prioritarios; •  Se plantee fortalecer el marco legal con el fin de responsabilizar a los actores privados en caso de daños a los derechos humanos y al medio ambiente, incluyendo la posibilidad de suspender las actividades de las empresas para prevenir daños al medio ambiente y a los derechos humanos; •  Revise cuidadosamente los contratos y acuerdos de inversión, así como los Tratados de libre comercio, a la luz de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; •  Asegure la protección de los defensores de los derechos humanos y respete el derecho a la libertad de expresión y de asociación pacífica para quienes protestan contra el impacto de los proyectos de inversión; y •  Apoye la elaboración de normas a nivel internacional y regional con miras a establecer normas vinculantes que aseguren la protección de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales, incluyendo mecanismos de responsabilidad empresarial.
FIDH llama al Grupo Renco a que: •  Se abstenga de intentar obtener una indemnización del Estado de Perú mediante un arbitraje internacional en relación con el complejo metalúrgico de La Oroya; •  Se abstenga de intentar eludir su responsabilidad ante los tribunales estadounidenses mediante el arbitraje internacional; y •  P ublique una declaración en favor de los derechos humanos, integre el respeto de los derechos humanos en su estrategia empresarial y revise todas sus actividades a la luz de su responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos. FIDH llama a los socios comerciales de la empresa Renco en todo el mundo a que: •  Usen su influencia para exigir al Grupo Renco que respete los derechos humanos y, en particular, se abstenga de intentar obtener indemnizaciones mediante un arbitraje internacional contra el Estado de Perú, en relación con los daños ambientales y a los derechos humanos causados por el complejo metalúrgico de La Oroya; y •  suspendan sus relaciones comerciales con el Grupo Renco si la empresa no toma medidas en este sentido.
FIDH llama al tribunal de arbitraje a incluir, al menos, un experto en derechos humanos en todo panel que constituya durante la demanda de arbitraje si el proceso continúa. FIDH llama asimismo al panel de arbitraje a que: Tome en cuenta debidamente las convenciones internacionales de derechos humanos ratifi•  cadas por Perú, así como la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos, como establecen en particular los Principios Rectores de la ONU; •  Examine debidamente las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente incluidas en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú; y •  Acepte opiniones de terceros provenientes de ONGs y expertos de derechos humanos.
•  FIDH llama a los Estados Unidos de América a que se abstenga de proporcionar cualquier tipo de apoyo al Grupo Renco en el arbitraje y a que denuncie públicamente la estratagema jurídica del Grupo Renco, por ser contraria a la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos; y •  Revise cuidadosamente sus acuerdos de inversión, así como los acuerdos de libre comercio, a la luz del derecho internacional de derechos humanos.
FIDH llama a la Unión Europea a que: •  Dentro del marco de su acuerdo de libre comercio con Perú, supervise la aplicación por este país de la hoja de ruta sobre el medio ambiente y los derechos humanos, como dispone una resolución del Parlamento Europeo de 13 de junio de 2012, y, en particular, la efectividad de las medidas adoptadas para proteger el medio ambiente y los derechos humanos del impacto negativo de las industrias extractivas; y •  Se asegure de que los futuros tratados de inversión de la UE son conformes al derecho internacional de derechos humanos.
Through activities ranging from sending trial observers to organising international investigative missions, FIDH has developed, rigorous and impartial procedures to establish facts and responsibility. Experts sent to the field give their time to FIDH on a voluntary basis. FIDH has conducted more than 1 500 missions in over 100 countries in the past 25 years. These activities reinforce FIDH’s alert and advocacy campaigns.
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