Source: http://futatrawun.blogspot.com/2011/01/comunicado-de-prensa-nacional-e.html
Timestamp: 2017-08-21 19:41:43+00:00

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WALLMAPU FUTA TRAWUN: Comunicado de prensa por certificación de Forestal Mininco- artículos.
Comunicado de prensa por certificación de Forestal Mininco- artículos.
Estimado certificador Smartwood,
Se ha hecho de público conocimiento el proceso de evaluación de forestal Mininco en territorio mapuche.
Tal proceso de certificación tiene serias connotaciones políticas para el Pueblo Mapuche, puesto que el modelo vigente de explotación de recursos forestales, impuesto en Chile por la dictadura de Pinochet, es contradictorio con el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, vigente en Chile, que plantea que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sus prioridades en su proceso de desarrollo. Tal disposición del Convenio se hace imposible de cumplir debido a la fuerte presencia de CMPC y Forestal Arauco en el territorio mapuche, empresas que significan parte significativa de las exportaciones del país y que tributan en Santiago. Las comunidades mapuche, a pesar del beneficio económico que generan para otros las tierras sobre las cuales tienen derechos ancestrales, se han mantenido persistentemente como los más pobres entre los pobres en un país que aspira a ser desarrollado, y sus derechos territoriales y políticos han sido sistemáticamente negados. El modelo de explotación forestal actúa como desalojador del territorio, y los mapuche se ven obligados a migrar a la ciudad, con el evidente trastorno social y cultural que la migración forzada genera.
Le escribo esto para plantearle que sería razonable que en su proceso de evaluación se hiciera una consulta más amplia a las organizaciones mapuche y no solamente a las comunidades colindantes con forestal Mininco, puesto que la presencia de los grandes conglomerados forestales en el territorio mapuche es un hecho de relevancia política para el conjunto del pueblo mapuche, a pesar de que el Estado chileno hasta la fecha no le reconozca derechos colectivos.
El exitoso modelo forestal y la autonomía territorial mapuche. (mar-abr2010-luis garcia huidobro,sj -wmft) La industria maderera de la IX Región ha generado riqueza al país, pero también ha perjudicado al pueblo originario de esas tierras, empobreciéndolo al depredar sus suelos y obligándolo a migrar hacia las ciudades.
Un diálogo entre el nuevo Gobierno y los sectores indígenas debe darse en los términos que expresan los acuerdos internacionales, que ahora obligan al Estado chileno a considerar nuevos rangos de autonomía para estos.
La implementación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue ratificada por el Congreso chileno el año pasado y constituye una obligación política del nuevo Gobierno, a pesar del silencio que sobre este tema mantuvo Sebastián Piñera durante la campaña electoral2. Introduciremos el tema que anunciamos en el título de este escrito a partir de dos artículos del señalado acuerdo internacional, pues estos se refieren a lo que nos parece el centro del conflicto actual entre los mapuches y el Estado chileno,
conflicto que fue noticia durante toda la actividad política del año pasado.
En primer lugar, mencionemos el artículo 15º del Convenio, que exige la protección de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas3 y establece que antes de emprender cualquier programa de explotación se debe consultar a sus residentes para poder determinar si sus intereses serían perjudicados.
Además, estos deben participar en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa ante cualquier daño.
El artículo 7º plantea que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sus prioridades en su proceso de desarrollo. También, debe ser una prioridad el mejoramiento de sus condiciones de vida, trabajo, salud y educación en los planes de desarrollo económico de las regiones que habitan.
Veremos aquí algunos elementos del contexto chileno que dificultan el cumplimiento de estas obligaciones políticas del Estado para con el pueblo mapuche, en particular respecto al exitoso modelo de exportación de productos forestales controlado por dos de los más grandes grupos económicos del país.
MODELO IMPUESTO POR LA DICTADURA
Para explicar de buena forma el conflicto del Estado con el pueblo mapuche sería necesario remontarse hasta la mal llamada “pacificación de la Araucanía”. Sin embargo, para concentrarnos en un aspecto poco discutido y que nos parece central, nos retraeremos solo hasta los comienzos de la dictadura militar: el Decreto Ley Nº 701 sobre fomento forestal (1974). A través de él, se impuso un modelo de desarrollo para la región, en contraposición a la política anterior de redistribución de la tierra para producción agrícola favorecida por la Reforma Agraria.
A través del decreto, el Estado pagaría el 75% de los costos de forestación, además de concederse rebajas tributarias y líneas de crédito preferentes. Este estuvo en vigencia hasta 1995.
Durante el proceso de su derogación, el presidente Eduardo Frei destacó que con él se bonificó la plantación de la mitad de la superficie trabajada hasta entonces, a un costo fiscal entre 1976 y 1994 de US$ 170 millones (en dólares de 1994).4. Sin embargo, según el mismo mandatario, “durante el período de aplicación del incentivo, sobre el 60% de las bonificaciones fueron percibidas por las más grandes empresas forestales.
Por el contrario, solo un 6,41% de los propietarios de predios menores a diez hectáreas han podido acceder a él”.5.
El fomento a la industria forestal fue, en cierto sentido, uno de los aciertos económicos de la dictadura que la Concertación confirmó como programa de desarrollo para la región —“para el territorio mapuche”, diría el Convenio 169— y, a través de él, se reforestaron miles de hectáreas hasta entonces inutilizadas. Hoy en día, la industria de la celulosa constituye la segunda de las exportaciones chilenas y las arcas fiscales perciben millones de dólares de impuestos por este rubro cada año.
Casi en su totalidad, estos provienen de los dos más grandes grupos económicos: Angelini (Forestal Arauco, filial de Copec) y Matte (CMPC: Forestal Mininco, Inforsa). La expansión de estos conglomerados se dirige actualmente hacia Argentina y Brasil, puesto que, como reconoció Eleodoro Matte, “no hay dónde plantar más en Chile”.6. Con la inversión de US$ 1.400 millones en la planta de celulosa en Guaíba, sur de Brasil, el año pasado, Matte se consolidó como uno de los líderes mundiales del rubro, junto a Angelini.
Las grandes forestales que actualmente se benefician de la explotación del territorio mapuche son consideradas por el economista Hugo Fazio como ejemplo paradigmático del incremento patrimonial que es fruto de la concentración de la propiedad promovida por la dictadura. El investigador plantea que el fisco corrió con el costo de las plantaciones, pero que las utilidades se las llevaron los grandes grupos económicos7. Ya en 1979 el sociólogo Fernando Dahse entregaba datos paradigmáticos del desproporcionado crecimiento económico de los grandes participantes del negocio forestal.8. Por otro lado, el mismo Gobierno militar estuvo pronto a salvar de la quiebra a Copec cuando el manejo especulativo del grupo Cruzat-Larraín la llevó a derrumbarse a comienzos de los ’80. En 1985 esta empresa fue reprivatizada en una operación denunciada como “escandalosa” por Álvaro García, quien después sería ministro de Economía.9.
Fazio concluye que “esta es una historia que es obligatorio recordar para entender cómo se han despilfarrado recursos nacionales y se construye el mapa de la extrema riqueza”.10.
A esto sería posible replicar con el argumento de que el negocio forestal le ha producido muchísima riqueza al país, crecimiento económico, miles de puestos de trabajo directo e indirecto, y aprovechamiento de recursos hasta entonces improductivos -en los cuales Chile tenía ventajas comparativas notables—, cosa que no ocurría en el paradigma agrario anterior. Fue tan así, que la Concertación confirmó con creces el exitoso modelo impuesto por la dictadura. No se trata aquí de demonizar la extracción de recursos naturales ni de asumir un conservacionismo romántico.
Chile necesita de todos los puestos de trabajo que la inversión privada pueda proveer. Pero es necesario constatar que el modelo impuesto no consideró los costos que acarrearía para comunidades mapuches con las cuales el Estado tiene una deuda territorial, deuda que explota en la forma de un conflicto nacionalista frente al que es difícil hacer justicia debido a los altísimos montos económicos involucrados en la demanda mapuche.
El negocio descrito fue muy exitoso, salvo para este pueblo originario al que ahora la comunidad internacional reconoce derechos frente a los cuales el Estado chileno debe responder.
PAGAR LOS COSTOS, SIN LOS BENEFICIOS.
Uno podría pensar que la llegada de flujos de capital a territorio mapuche es, de por sí, una buena noticia. Sin embargo, Dahse planteaba ya en 1979 que la concentración de la propiedad en Chile conlleva un desempleo estructural, el que debilita la presión de los trabajadores por mejores condiciones laborales y salariales.
Si de sus tablas de datos tomamos solo las empresas forestales que operan en territorio mapuche, nos encontramos con que, en pleno proceso de expansión, estas constituían casos paradigmáticos de reducción de fuerza laboral.11. Además, los mapuches concentran todas las desventajas en el mercado laboral por tener los niveles educacionales más bajos de la región y del país. Su participación en el trabajo es altamente informal y son los más desprotegidos en el sistema de pensiones y de salud. A lo sumo, son contratados en puestos precarios e inestables, en un contexto en el que la tasa de desempleo regional se ha incrementado paulatinamente. Y la
expansión forestal, altamente mecanizada y con pocas plazas de empleo en relación con el tamaño de la industria y el territorio que ocupa, los expulsa de su territorio.
Por otra parte, el modelo es altamente consumidor del agua que abastece a las comunidades, así como es depredador del suelo y de un ecosistema que es vital para la supervivencia de los mapuches rurales.12. Como consecuencia, la población joven mapuche en el sector rural de la IX Región disminuye por la migración forzada, pasando a engrosar la pobreza urbana, mientras aumenta la migración de mayores de 60 años al campo por la desprotección que los expulsa de las ciudades.13.
Hoy la celulosa es la segunda exportación después del cobre: es el 13% del total de las ventas chilenas al exterior en los últimos quince años, según la Corporación de la Madera, Corma. Pero ese exitoso modelo ha empobrecido gravemente a los dueños ancestrales del territorio, en un escenario en el que los costos respectivos no han sido internalizados por la industria. La Región de la Araucanía tiene, por lejos, el PIB per cápita más bajo del país, sus tasas de indigencia doblan el promedio nacional y sus índices de desigualdad (Gini) son sustantivamente más altos que el de todas las otras regiones. Esto sorprende, considerando que previamente a 1970 las provincias de Cautín y Malleco tenían un menor porcentaje de pobreza que varias otras del país.14. Los mapuches de las zonas rurales, en particular los de aquellas con alta concentración de propiedad y fuerte actividad de extracción forestal, son hoy en día los más pobres y vulnerables entre los pobres de Chile, alcanzando en el año 2000 —con la crisis económica— niveles de pobreza por sobre el 40% en Lebu y en torno al 50% en Ercilla y Los Sauces.15. Es cierto que los índices de pobreza en la IX Región han disminuido notablemente desde el 2003, principalmente en la provincia de Cautín, pero esto se debe más a las políticas sociales paliativas que a un cambio significativo y sustentable, como se infiere del hecho de que la tasa de analfabetismo mapuche rural se ha mantenido casi estable entre los años 1996 (16,46%) y 2006 (15,69%), y se sitúa como la más persistente del país. Los análisis de la encuesta CASEN desde 1990 muestran que los únicos chilenos que se mantienen
invariablemente pobres a lo largo del tiempo son los indígenas, mientras otras zonas que antes estaban igualmente deprimidas —las regiones IV, VII y XI— han tenido avances notables, fruto del desarrollo económico. A pesar de esto, se insiste en que los mismos mapuches serían los perjudicados con la radicalización del conflicto por parte de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).16.
Los intereses forestales han sido resguardados celosamente por gruesos contingentes policiales, como si constituyeran los principales intereses del país, asumiéndose una fuerte política represiva y criminalizadora de la demanda social mapuche. Lo que tenemos constituye un claro ejemplo de que el desarrollo económico no siempre significa de modo automático una mejoría en las condiciones de vida de los más pobres. Existe aquí claramente un conflicto de intereses que no reconoce la ideología neoliberal, que no es sino la creencia de que el crecimiento económico conlleva de por sí la superación de la pobreza.
Por un lado, está el interés macroeconómico del país, con un sistema de aprovechamiento de recursos naturales en los que Chile cuenta con enormes ventajas comparativas, lo que además constituye un millonario negocio para los grupos económicos más poderosos. Y, por otra parte, están las comunidades mapuches de la VIII y IX regiones, que en este proceso han visto pauperizarse sus condiciones de vida en relación con el resto del país que crece y avanza sin ellos.
Esto, además, constituye un conflicto político de interés internacional, en el marco de una mayor conciencia mundial respecto a los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios ancestrales. No hay aquí, como se ha dicho, una ideología de
conservacionismo indigenista romántico, sino la denuncia de una injusticia social en la que ninguno de los sectores políticos del país ha querido involucrarse. Una solución dialogada a este conflicto es uno de los desafíos pendientes que dejó la Concertación, al que debe agregarse un elemento más de contexto.
Al encontrarnos con una situación de alta conflictividad social, nos damos cuenta de que las demandas territoriales son justas y que no han sido escuchadas debido a la presencia de fuertes intereses económicos. La radicalización de la protesta se debe a que, en este conflicto de intereses, no hay comparación posible entre las diferentes magnitudes de las fuerzas en pugna.
Los mapuches, al tomar conciencia de su dignidad de pueblo sometido y de la injusticia, se encuentran con que no tienen redes de contacto ni acceso a esferas de influencia, como sí las poseen quienes son su contraparte en el conflicto.
El problema no es solo económico. El caso de la riqueza producida por la extracción forestal en territorio mapuche es paradigmático respecto a lo difícil que en Chile ha sido siempre separar la política de los negocios, habiendo sido natural el paso de altos ejecutivos de los grandes grupos económicos beneficiados a puestos de Gobierno de la dictadura militar, y viceversa.17. Las
redes de los empresarios involucrados en el conflicto para hacer resguardar sus intereses —“los intereses del país”— contrastan con la absoluta carencia de contactos que se observa en las comunidades mapuches rurales. Nadie está más lejos del poder que los mapuches para influir y hacer oír sus demandas, en un país donde los contactos son fundamentales.18.
Otro sector implicado es el de los medios de comunicación.
Cuando por la prensa escrita nos enteramos de “terrorismo”, “infiltrados” y “violentistas”, y se invoca la aplicación de la ley antiterrorista, hay que tener presente que el mismo papel del diario que leemos proviene de la zona en conflicto. Desde 1986, en que fue privatizada y la CMPC tomó su control (con una cuestionada resolución de la Comisión Antimonopolios), más de la mitad de este insumo es producido en Inforsa. Así pues, la prensa escrita, que presenta una posición clara en el “conflicto mapuche”, no es un actor independiente como para informar con
precisión.19. Durante todo el año pasado se presentaron como una realidad los supuestos nexos entre la CAM y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), buscándose deslegitimar la protesta social y el proceso de recuperación territorial mapuche.
Así, con la venia de la opinión pública, se contribuye al procesamiento de líderes mapuches por ley antiterrorista, a pesar de las advertencias y recomendaciones de organismos de la ONU y veedores internacionales de derechos humanos.
No queremos canonizar todo el proceso de recuperación territorial, pero sí queremos plantear que, en un conflicto de intereses como el presentado, los más pobres tienen todas las de perder frente a los poderosos.
Contando con esto y sin tocar siquiera el tema de la reivindicación histórica, ¿no es esperable acaso una situación de conflictividad social aguda? El Estado chileno puso en guerra a los mapuches con las empresas forestales al implantar un modelo que
margina a los pobres. El desarrollo del proceso ha determinado que, sin violencia, los mapuches no han conseguido nada. A pesar de esto, se les ha aplicado el máximo rigor de la ley, lo que ha llevado a organizaciones de ese pueblo a disociar lo “legal” de lo “legítimo”.
¿Existe posibilidad para el diálogo con el nuevo Gobierno? Este debe darse en los términos de los instrumentos internacionales que obligan al Estado chileno. En este campo, los mapuches tendrían todas las de ganar. Sin embargo, las experiencias de Perú, Argentina y Chile muestran cómo, por su nulo acceso a los
círculos de influencia y presión, los derechos de los indígenas se pueden seguir violando impunemente, lo que además se da en un contexto de conciencia ciudadana debilitada y de desinformación.
¿Existe garantía en Chile de protección de esos derechos? No, puesto que las obligaciones políticas de los Estados en el contexto internacional no significan mucho en la práctica.
¿PUEDEN SER AUTÓNOMOS LOS MAPUCHES?
El Convenio 169 constituye una ampliación del modo de comprender los derechos humanos y hay que armonizarlo con el necesario desarrollo económico, que no se puede buscar a cualquier costo.
Queremos dejar esta pregunta abierta, sin pretender una respuesta fácil: ¿es posible en el contexto chileno la reclamada autonomía territorial mapuche? Al respecto creemos que los derechos de los indígenas chocan no solo con un modelo económico
exitoso para el país (y perjudicial para ellos), sino además —y esto constituye una debilidad de nuestra democracia— con una forma de concebir el desarrollo que centraliza en Santiago todas las posibilidades de ser actores sociales, económicos y políticos, dejando al sector rural indígena en la más completa marginalidad y obligado a esperar que venga desde afuera toda solución a sus problemas.
“Autonomía” es un concepto que parece quedarle grande a los pobres. “Derecho a decidir sus prioridades en su proceso de desarrollo” parece un contrasentido frente a una política pública diseñada en oficinas sin contacto con la realidad ni cercana a las verdaderas posibilidades de la gente. Así se impuso el exitoso modelo de desarrollo para la IX Región, un gran negocio con consecuencias nefastas para los que no tienen derecho a decidir.
Miles de familias han sido desestructuradas por la migración forzada.
Campesinos y ganaderos que sabían ganarse la vida en sus tierras —pero que no cuentan con herramientas para tener éxito en la ciudad— ven cómo el resto del país crece y supera la pobreza.
Además, se amenaza seriamente su identidad y subsistencia como pueblo mapuche al no proveerse las condiciones básicas de un Estado multicultural para alimentar la identidad indígena fuera del territorio. Ellos tienen que salir del campo porque la clase dirigente no los considera viables en un modelo de desarrollo en el que no
tienen lugar. Simplemente, deben dejar de ser mapuches. ¿Alguien les preguntó su opinión?
En el contexto presentado, en Chile el derecho a la autonomía parece inviable, tanto como lo han sido los escasos intentos por hacer política y planear el desarrollo desde las regiones, desde las comunidades indígenas, desde los pobladores, desde los trabajadores, desde los ciudadanos; es decir, desde las bases y no al margen de ellas. Por el contrario, a espaldas de la gente (y en dictadura, con imposición violenta) se deciden muchas veces las políticas de desarrollo y se asignan los recursos, quedando no solamente los mapuches sino los pobres como meros sujetos de asistencia social.
Lejos de los mapuches y de los más necesitados quedan las esferas de influencia, los centros de opinión, las posibilidades de formación y el poder sobre el destino y el desarrollo. Para que pudiera ser posible una autonomía mapuche son necesarias muchas acciones políticas destinadas al empoderamiento de los ciudadanos y los pueblos. Tendríamos que aspirar a una democracia más perfecta y una justicia social más equitativa. MSJ
1 Este artículo fue escrito antes de la tragedia que hoy vivimos como país. Actualmente, el sector forestal, por las grandes pérdidas en sus plantas de celulosa, se encuentra en la incertidumbre. Sin
embargo, es previsible una pronta recuperación debido a la fortaleza de la industria y el apoyo que brindará el Estado a los sectores que aportan un alto porcentaje del crecimiento económico y el PIB.
Es posible que, en el proceso de reconstrucción, permanezcan en un segundo plano temas como los derechos ciudadanos, los derechos de los pueblos originarios o el fortalecimiento de la democracia.
Tal disociación sería un “estado de excepción atenuado” permanente. En cambio, abogamos por medidas para un crecimiento económico discernido en sus protagonistas y destinatarios. Cuando se
desvela la precariedad de todo lo que nos enorgullece, hacemos votos por una reconstrucción nacional no solo material y económica, sino también cívica, social, ética y espiritual. La necesidad de
esta queda en evidencia cuando la ansiedad y la angustia por la catástrofe sacan a la luz lo mejor y lo peor del país pujante y atrevido que hemos construido.
2 Más bien el sector que representa se mostró siempre contrario al Convenio. En primer lugar, rechazándolo; en segundo término, exigiendo al Ejecutivo una declaración interpretativa que la OIT
rechazó y, por último, oponiéndose al proyecto de “Código de conducta responsable”. El argumento ha sido que ampliar los derechos indígenas va en contra de estos últimos porque pone en riesgo
la inversión privada (ver distintos documentos de Libertad y Desarrollo disponibles en la web). Lo que intentaremos mostrar en este artículo es que, por el contrario, el modo en que se ha promovido
la inversión privada en la región no ha sido beneficiosa para los mapuches, siendo urgente un modelo de desarrollo acorde a los derechos de esos pueblos.
3 Su artículo 13º plantea que el territorio cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de una u otra manera.
4 La cifra es pequeña respecto a lo que hoy significan Copec y CMPC, los dos grandes beneficiados. Pero el fomento fiscal fue fundamental en un principio para la rápida instauración del modelo, con
utilidades que se multiplicaron exponencialmente en pocos años. En esto hay que considerar además lo que significó que el Estado asumiera los costos del colapso de Copec para luego reprivatizarla.
Alfredo Seguel plantea que “el mayor subsidio a estas empresas lo constituyó el traspaso de tierras y plantaciones correspondientes a propiedades estatales y terrenos expropiados durante la Reforma
Agraria. Del total de diez millones de hectáreas expropiadas, tres millones —ubicadas en la faja costera— fueron vendidas en licitaciones públicas. Los bajos precios y las favorables condiciones
otorgadas por el Estado generaron un rápido vuelco en la propiedad forestal” (Cita de “Invasión forestal”, de Catalán y Antiqueo (1998)), en “Modelo forestal chileno y movimiento autónomo
mapuche: las posiciones irreconciliables en un conflicto territorial” (2005).
5 Una vez que las grandes empresas no han tenido posibilidades de adquirir más territorios en Chile, los Gobiernos de la Concertación han incentivado el ingreso de pequeños propietarios al negocio
forestal a través de subsidios y otros mecanismos, entre ellos, los convenios con las grandes empresas. Si bien a primera vista la inclusión puede ser algo positivo, la estrategia debe ser evaluada con
criterios más amplios de sustentabilidad social y ecológica. En la práctica, a los pequeños propietarios cercados por plantaciones no les queda otra posibilidad (ver lo expresado por Alfredo Seguel
en op. cit., quien es muy crítico de esta nueva estrategia y presenta además sus consecuencias ecológicas).
6 Hugo Fazio, Mapa actual de la extrema riqueza en Chile, LOM-Arcis, 1997, p. 176.
7 Ibídem, pp. 181-187.
8 Fernando Dahse, Mapa de la extrema riqueza, Aconcagua, 1979. Según sus datos, en diez años Celulosa Arauco duplicaba su patrimonio, mientras que Forestal S.A. lo multiplicaba por siete
(ambas pertenecían entonces a Cruzat-Larraín). Papeles y Cartones aumentaba en 62%; Inforsa triplicaba (ambas de Matte); Cholguán (Angelini) se duplicaba. El patrimonio global de Angelini
creció 184% en diez años, el de Cruzat-Larraín 165%, y el de Matte 65%. En los mismos diez años, las empresas que no pertenecían a los cinco grandes grupos económicos crecieron solo 14%.
Hugo Fazio, por su parte, consigna que entre 1987 y 1996 (con Celulosa Arauco y Constitución dueñas de un tercio de los bosques del territorio nacional) el patrimonio de Copec creció 3,4 veces.
Angelini pasó a ser el grupo más grande en el sector forestal. Fazio: Mapa de la extrema riqueza al 2005, LOM, 2005.
9 “Vender en las actuales condiciones… significa entregar en bandeja y a precios muy ventajosos grandes activos del Estado a pequeños grupos económicos, reeditándose así la penosa experiencia de
la década pasada. Se llama a una licitación pública, pero el gran paquete accionario es adquirido cuatro días antes de que este tenga lugar. Y el precio es de menos de la mitad del valor equivalente
al patrimonio. Después se venden nuevos paquetes de acciones a un precio que más que duplica el pagado por Angelini. Más tarde, este se asocia con un grupo de Nueva Zelandia, que compra
un determinado porcentaje del paquete original, valorando las acciones a un monto que cuadruplica el pagado por Angelini. Se ha estimado, además, que con las utilidades obtenidas en el primer
semestre de operaciones de Copec, Angelini podrá recuperar en dos años la inversión inicial”.
10 Fazio, La transnacionalización de la economía chilena, LOM, 2000, p. 81.
11 De 1977 a 1978 la Papelera redujo su fuerza laboral en un 12,7%, Forestal S.A. en 36% e Inforsa en 19%. Dahse, 1979, p. 202. Ricardo Carrere y Larry Lohmann, en “El papel del Sur. Plantaciones
forestales en la estrategia papelera internacional” (disponible online), confirman la tesis y presentan más investigaciones.
12 Al respecto, los estudios de impacto ambiental de las empresas forestales no coinciden con los de organismos independientes, que apoyan los testimonios de los mapuches respecto a la reducción
y pérdida de recursos hídricos.
13 Ver estudio “Situación socioeconómica reciente de los mapuches en la Región de la Araucanía”. Rodrigo Cerda. www.cepchile.cl
14 Si bien el instrumento de ODEPLAN era distinto a la CASEN, en 1970 se contabilizaba más pobreza en Coquimbo (29,9%) y Aysén (29,5%) que en Arauco (28,3%). Linares (27,5%) tenía
más pobreza que Cautín (27,4%) y Malleco (26,8%). Mapa de la extrema pobreza, ODEPLAN e Instituto de Economía UC, 1970.
15 Lebu: 41,7%, Cañete: 37,1%, Tirúa: 30,3%, Collipulli: 37,2%, Ercilla: 52%, Lumaco: 38,3%, Los Sauces: 48,5%, Traiguén: 41,6%, Carahue: 41,4%, Galvarino: 46,3% (Casen 2000).
16 Ver “Violencia en la Araucanía, causas e impacto económico” de Libertad y Desarrollo, agosto de 2008. Disponible en web.
17 José Piñera, ministro del Trabajo y Alfonso Márquez de la Plata, ministro de Agricultura, fueron también ejecutivos del Grupo Cruzat-Larraín. Felipe Lamarca, ex presidente de la SOFOFA, cercano
a Eduardo Frei y Ricardo Lagos, en dictadura fue jefe de gabinete del ministro de Economía, director del SII y de la SVS. Después encabezó Copec, siendo ejecutivo clave del grupo Angelini.
18 La CMPC ha estado siempre ligada íntimamente al poder político, desde Jorge Alessandri, quien fue presidente de la Papelera y cuñado de Arturo Matte, uno de sus fundadores. Durante
el gobierno de la UP, la CMPC fue bandera emblemática en contra de la ampliación del área de la propiedad social. Eleodoro y Patricia Matte fueron funcionarios de la dictadura. Bernardo
Matte, militante de Renovación Nacional hasta 1992, fue pilar de la carrera política de Andrés Allamand, senador por la Región de los Ríos que se ha hecho parte de la campaña mediática
por ligar a la CAM con las FARC, legitimando la aplicación de la ley antiterrorista. Eleodoro Matte, a través del CEP, fue el puente entre la elite empresarial y el presidente Ricardo Lagos.
Máximo Pacheco Matte (hijo de quien fuera senador por la Concertación y embajador en el Vaticano), primo de los dueños de la Papelera y presidente para América Latina de International
Paper (conglomerado estadounidense que por años también sacó su tajada), es de los empresarios más cercanos a Lagos.
19 La familia Matte también ha contado con participación en el Consejo Asesor de Canal 13 y en el Directorio de TVN.
Videos de lucha Mapuche en contra de la invasión y en favor de los presos secuestrados por el estado chileno.
http://www.youtube.com/watch?v=SoGHz0YA_vs
Temuko, 30 de septiembre de 2010. Fiscalía de Temuko.
Las madres de presos secuestrados por el estado chileno en ayuno, huelga de hambre reunidas con la burocracia estatal chilena en santiago, 29 de septiembre de 2010. Informe de la televisión chilena.
Publicado por Wallmapu Futa Trawun en 15:57
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References: artículo 7
 artículo 15
 artículo 7
 resolución 
e contrario
 artículo 13